C-621-15
Sentencia C-621/15
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Deber del juez de exponer las razones por las cuales
se aparta de la doctrina probable/DEBER DEL JUEZ DE EXPONER LAS RAZONES POR
LAS CUALES SE APARTA DE LA DOCTRINA PROBABLE-Resulta acorde con la
autonomía judicial y la naturaleza de las fuentes del derecho enunciadas en el
artículo 230 de constitución política
Respecto del cargo por dar a la
jurisprudencia un valor preponderante en el sistema normativo colombiano al
obligar al juez que pretenda apartarse de la doctrina probable y el precedente
judicial a exponer sus razonamientos, la Corte Constitucional concluyó
primeramente que a pesar de las reiteradas decisiones en la materia no existían
los requisitos para declarar cosa juzgada material constitucional. La Corte
determinó que la doctrina probable y el precedente judicial, son dos vías
distintas para darle fortaleza a la decisión judicial y con ello contribuir a
la seguridad jurídica y al respeto por el principio de igualdad. Encontró que
mientras la doctrina probable establece una regla de interpretación de las
normas vigentes, que afecta la parte considerativa de la decisión judicial,  el
precedente judicial establece reglas sobre la aplicación de las normas en casos
precisos, afecta por lo tanto aquellos casos cuyos hechos se subsuman en la
hipótesis y están dirigidos a la parte resolutiva de la decisión. La Corte
reconoció que la utilización de estas fórmulas, lejos de atentar contra el
artículo 230 de la constitución vienen a reforzar el sistema jurídico nacional
y son perfectamente compatibles con la jerarquización de las fuentes que
establece el postulado constitucional, puesto que la jurisprudencia no crea
normas sino que establece las formulas en que el juez, tanto en la parte
considerativa como en la parte resolutiva, debe llevar  la normatividad a los
casos concretos. En cuanto al deber del juez de sustentar las razones por las
cuales se aparta de la jurisprudencia, consideró la Corte que ese tema ya había
sido objeto de profundos estudios de constitucionalidad, que explicaban la
coherencia de la exigencia frente a los objetivos perseguidos con la doctrina
probable y el precedente judicial, y su ponderación frente a la libertad
decisional del juez, ante lo cual se remitió a sus decisiones anteriores, y en
particular aquella de la sentencia C-836 de 2001. En ese orden de ideas,
concluyó la Corporación que la norma demanda, al establecer la obligación del
juez de sustentar las razones por las cuales se aparta de la jurisprudencia, no
hace otra cosa que recoger lo que ya ha sido plasmado por las sentencias de la
Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia al interpretar el mandato
constitucional del artículo 230.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de procedibilidad
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Análisis de
procedibilidad que adelanta la Corte Constitucional puede ser implícita y
explícita
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Características
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES-Alcance
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia
constitucional/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Tipos/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL FORMAL Y MATERIAL-Diferencias/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL FORMAL-Concepto/COSA JUZGADA MATERIAL-Concepto/COSA
JUZGADA ABSOLUTA-Concepto/COSA JUZGADA RELATIVA-Concepto/COSA JUZGADA MATERIAL-Requisitos para su acreditación/COSA
JUZGADA MATERIAL-Elementos
para determinarla/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
MATERIAL-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Jurisprudencia
constitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia
JURISPRUDENCIA-Unificación
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Diferencia respecto de la jurisprudencia de los demás
jueces y tribunales
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Fuente obligatoria para las autoridades/SENTENCIAS
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Valor de cosa juzgada constitucional y de
obligatorio cumplimiento para las autoridades
ACTIVIDAD
JUDICIAL-Sujeción al imperio de la
ley
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Carácter vinculante para las autoridades
PRECEDENTE
JUDICIAL DICTADO POR LAS ALTAS CORTES-Obligación de las
autoridades públicas/PRECEDENTE-Obligatoriedad podría ir avanzando en
otras materias sin que atente con la Constitución Política/DERECHO VIVIENTE-Aplicación/JURISPRUDENCIA-Valor
y alcance
EXTENSION DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES-Jurisprudencia constitucional
LEY-Alcance
SISTEMA DE PRECEDENTES CONSTITUCIONALES-Importancia
VALOR VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL DE ORGANOS DE
CIERRE JURISDICCIONAL Y POSIBILIDAD DE APARTAMIENTO-Jurisprudencia constitucional/APARTAMIENTO
JUDICIAL-Condiciones/FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL COMO FUENTE DE DERECHO-Alcance/PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que justifiquen su decisión
DOCTRINA PROBABLE-Concepto y evolución
DOCTRINA
LEGAL MAS PROBABLE-Concepto
DOCTRINA
PROBABLE-Contenido y alcance
DOCTRINA
PROBABLE-Fundamentos
RATIO
DECIDENDI Y OBITER DICTA-Diferencia
de obligatoriedad
PRECEDENTE JUDICIAL OBLIGATORIO-Fundamentos
Respecto
de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional, la Sentencia C-539 de
2011 reitera que esta se fundamenta en (i) el respeto al principio de la
seguridad jurídica, el cual implica el respecto por las normas superiores y la
unidad y armonía de las demás normas con éstas, de manera que al ser la Corte
Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, “sus
determinaciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y
particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece
interpretaciones vinculantes de  los preceptos de la Carta”; (ii) la
diferencia entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la
obligatoriedad no solo de la parte resolutiva sino de los contenidos de la
parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad
como en el concreto, que son determinantes para la decisión o constituyen la
ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio decidendi y,
por tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, por cuanto “la ratio
decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se
proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para
todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente
de derecho que integra la norma constitucional”.
PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA DE TUTELA-Jurisprudencia constitucional/UNIFICACION DE
JURISPRUDENCIA EN TUTELA-Alcance/JURISPRUDENCIA DE TUTELA-Carácter
vinculante
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Obligatoriedad
PRECEDENTE JUDICIAL-No está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino
que se extiende a las Altas Cortes
FUERZA NORMATIVA DE LA DOCTRINA DICTADA POR ALTAS CORTES, COMO ORGANOS
DE CIERRE DE SUS JURISDICCIONES-Criterios
determinantes
Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la
Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala
disciplinaria- y a Corte Constitucional, como órganos de cierre de sus
jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces
de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto
autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las
altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y
el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de
actuación; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza
legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de
seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos,
entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la
resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como
de la confianza legítima en la autoridad judicial.
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Importancia como fundamento de la obligatoriedad del
precedente jurisprudencial
APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Jurisprudencia constitucional/JUEZ-Condiciones
para apartarse del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las
respectivas jurisdicciones/JUEZ DE INSTANCIA-Condiciones que debe
cumplir la carga argumentativa exigida para apartarse del precedente del
tribunal de cierre
Según lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal,
una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial
sólo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de
contra-argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por:
(i)  ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al
caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones  normativas
realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de
derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad
de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de
cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de
reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de
su desconsideración en el caso que se juzga.
DOCTRINA PROBABLE Y PRECEDENTE JUDICIAL-Distinción
VALOR DE LA JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES-Subreglas/DECISIONES DE AUTORIDADES DE CIERRE DE
LAS RESPECTIVAS JURISDICCIONES-Carácter vinculante
CARACTER VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL-Razones en que se
fundamenta
Referencia: Expediente D-10609
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7
(parcial) de la Ley 1564 de 2012.
Actor: Edier Adolfo Giraldo Jiménez y otro
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil
quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María
Victoria Calle Correa -quien la preside-, Mauricio González Cuervo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz
Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,  Alberto
Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en
los siguientes:
1.
ANTECEDENTES
En escrito presentado el 16 diciembre de
2014, los ciudadanos Edier Adolfo Giraldo
Jiménez y Andrés Felipe Sanmartín Sanmartín, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, demandaron el artículo 7° parcial de la Ley 1564 de 2012,
por considerar que vulnera los artículos 4, 230,  374, 375, 376, 377, 378 y 379
de la Constitución Política.
Mediante Auto del cinco (5) de febrero de dos mil
quince (2015), el magistrado sustanciador resolvió inadmitir la demanda respecto
de todos los cargos formulados.
Posteriormente en escrito presentado el 11 de febrero de 2015, el
ciudadano Edier Adolfo Giraldo Jiménez,
procedió a subsanar los vicios señalados en la demanda de la referencia, y mediante
auto del diecisiete (17) de marzo de dos mil quince (2015) fue admitida.
El despacho consideró pertinente poner en conocimiento
de la demanda a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al
Congreso de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Justicia, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Superior de la Judicatura, e
invitó a participar en el juicio que por esta demanda se propicia a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios de Derecho Justicia y
Sociedad – DEJUSTICIA-, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a las
Universidades Externado, Javeriana, Libre, Nacional de Colombia, Sergio
Arboleda, del Rosario, Pontificia Bolivariana sede Montería y del Sinú
Seccional Montería. Adicionalmente ordenó, correr traslado del expediente al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede
a decidir acerca de la demanda de la referencia.
1.1.
NORMAS DEMANDADAS
“LEY
1564 DE 2012
(Julio 12)
Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012
Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
(…)
Artículo 7°. Legalidad.
Los jueces, en sus providencias, están sometidos al
imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la
costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. (Subrayas fuera del texto que
señala la expresión demandada).
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable,
estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio
en relación con sus decisiones en casos análogos. (Subrayas fuera del texto para señalar el inciso
demandado)
El proceso deberá adelantarse en la forma establecida
en la ley.
Los procesos solo podrán iniciarse a petición de
parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.
Con excepción de los casos expresamente señalados en
la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son
responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por
negligencia suya”.
1.2.
LA DEMANDA
1.2.1.
Los demandantes afirman que el
artículo 7° parcial de la Ley 1564 de 2012, específicamente en lo que respecta
a la expresión “además” del primer inciso; y el segundo inciso del mismo
artículo, vulneran los
artículos 4, 230, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Constitución Política, con
sustento en las siguientes razones:
1.2.2.
Afirman los accionantes que el
artículo 7° de la Ley 1564 de 2012, vulnera la Carta en dos sentidos: primero, incurre
en una violación directa del artículo 230 de la Constitución Política al
agregar expresiones no contenidas en el artículo constitucional indicado,
introduciendo en el texto que reproduce la norma constitucional, la palabra
“además” y derogando la expresión “sólo” literalmente indicada en la última.
1.2.3.
De acuerdo con los ciudadanos
demandantes, en segundo lugar, el referido artículo agrega un inciso que no
está contenido en el artículo 230 Superior y modifica el sistema de fuentes del
ordenamiento jurídico colombiano, otorgando mayor relevancia al precedente
judicial denominado doctrina probable.
1.2.4.
Del ejercicio comparativo
entre el artículo 230 Superior y el artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, los
demandantes coligen que mientras que la primera disposición indica que los
jueces sólo están sometidos al imperio de la ley, la norma demandada sostiene
que los jueces deben tener en cuenta además la equidad, la costumbre, la
doctrina y la jurisprudencia, lo cual denota una modificación exegética,
literal y no subjetiva de los textos constitucionales.
1.2.5.
Sin embargo, la mencionada
vulneración directa al artículo 230 de la Constitución, implicaría otras
violaciones indirectas al texto constitucional, de forma que se vulnera el
artículo 4 Superior, pues una norma de carácter legal modifica la Constitución;
además,  los artículos 374,
375, 376, 377, 378 y 379 del texto constitucional se desconocen de manera
indirecta, en la medida en que no se observan los mecanismos
constitucionalmente instituidos para reformar la Carta.
1.2.6.
Señalan los demandantes que la
Corte constitucional es competente para conocer de la demanda pues como
guardiana de la Carta Superior, no puede permitir que el Congreso u otro órgano
la modifique.
1.2.7.
Respecto de los requisitos de
claridad y especificidad que deben contener los cargos demandados, los
accionantes indican que el objeto de la demanda es el artículo 7 de la Ley 1564
de 2012, pues vulnera de manera directa el artículo 230 Superior y de manera
indirecta los artículos 4 y 374 y siguientes de la Constitución Política.
1.2.8.
En relación con el requisito
de suficiencia, los demandantes consideran que los argumentos antes expuestos
son suficientes para que se examine la constitucionalidad de la norma demandada,
pues incluso desde una interpretación literal exegética de la misma y de la
Constitución, se presentan diferencias sustanciales.
1.2.9.
Finalmente, respecto del
requisito de pertinencia, los demandantes consideran que un pronunciamiento de
la Corte sobre el tema en discusión es sumamente pertinente para resolver el
problema de determinar los límites de la fuerza vinculante del precedente en el
ordenamiento jurídico nacional.
1.3.
INTERVENCIONES
CIUDADANAS
1.3.1.   Universidad Externado de Colombia
Los doctores Felipe Navia Arroyo y Málory Zafra Sierra,
como miembros del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de
Colombia, respetuosamente solicitan a la Corte Constitucional se declare la exequibilidad
de la expresión “además” contenida en el primer inciso del artículo demandado,
y que se declare la exequibilidad tal y como aconteció en la sentencia C-836 de
2001 en punto del segundo inciso del artículo 7° de la ley 1564, por los
siguientes motivos:
1.3.1.1.  En primer lugar, manifiestan que no pareciera ser cierto que el
artículo demandado vulnere de manera directa el artículo 230 de la Constitución
Política, toda vez que sustancialmente ambas disposiciones apuntan a que el
juez en sus providencias deberá, antes que nada, acudir a la Ley como fuente
principal de derecho, sin olvidar que existen fuentes auxiliares en las cuales
se puede apoyar para encontrar una solución a la controversia que debe
dilucidar, valiéndose de la equidad, la costumbre, la doctrina y la
jurisprudencia cuando se presenten vacíos en la ley sustancial.
1.3.1.2. De acuerdo con lo anterior, no resulta claro que con el vocablo
“además” empleado en la disposición demandada, se le esté otorgando mayor importancia
a las fuentes de derecho que tradicionalmente han sido catalogadas como
auxiliares, ubicándolas al mismo nivel de la ley, pues el enunciado legal
referido, denota que la ley se encuentra en un  nivel jerárquico superior
frente a las demás fuentes de derecho.
1.3.1.3. En segundo lugar, los intervinientes indican que lo estipulado en el
segundo inciso artículo 7, aunque no se encuentra literalmente estipulado en el
artículo 230 de la Constitución, tampoco parece vulnerar ningún precepto
superior, para lo cual citan la sentencia T-406 de 1992 con el propósito de
hacer mención a la innegable labor creadora de derecho que con el paso del
tiempo los jueces han venido desarrollando en el ordenamiento jurídico
colombiano.
1.3.1.4. Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con los intervinientes, se
trasplantó la figura de la doctrina probable, que se encuentra regulada
en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896. Dicha disposición fue declarada
constitucional en sentencia C-836 de 2001, siempre que se entendiera que los
jueces están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos
que justifican su decisión.
1.3.1.5.  Los intervinientes concluyen diciendo que no parece existir violación
indirecta, por parte de la norma acusada, de los artículos 4,  374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la
Constitución Política, pues en la disposición demandada, el Legislador
solamente decidió incluir aquello que ya había sido declarado exequible por la
Corte constitucional, estableciendo de manera expresa la interpretación constitucional
dada.
1.3.2.   Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho considera que
la disposición demandada es exequible por los siguientes motivos:
1.3.2.1.  El interviniente, primero, destaca que la norma demandada no vulnera
de ninguna manera la intangibilidad del contenido normativo del artículo 230
constitucional, sino que resulta armónica con aquel, ya que su correcta
interpretación, dada la jurisprudencia proferida por esta corporación, armoniza
las tensiones existentes entre la vinculatoriedad del precedente judicial de
los tribunales de cierre y la autonomía e independencia judicial, que no son
absolutas ni ilimitadas.
1.3.2.2.  Indica que la obligación contenida en la disposición demandada,
referente a que los Jueces de la República expidan providencias sometidas al
imperio de la Ley, teniendo “además” en cuenta la equidad, la costumbre,
la jurisprudencia y la doctrina, no deviene de ninguna modificación por vía
legislativa de la normativa Superior, como lo aduce los accionantes, sino de la
lectura autorizada que del mismo precepto ha efectuado la Corte constitucional,
dimensionando el alcance del concepto del Imperio de la ley. Lo
anterior, en razón a que de acuerdo con el interviniente, el legislador busca
que la jurisprudencia y la doctrina de los tribunales de cierre de las
diferentes jurisdicciones, cumpla su función de instrumento de materialización
del principio de igualdad y robustecimiento del principio de seguridad
jurídica.
1.3.2.3.  De acuerdo con lo expresado, el representante del Ministerio de
Justicia y del Derecho procede a citar múltiples fallos jurisprudenciales
proferidos por esta Corporación, con el fin de indicar que el contenido
constitucional del “imperio de la ley” trasciende el simple acto
normativo expedido por el Congreso de la República, y que se debe entender como
la norma jurídica aplicable al caso concreto, lo que implica que en el marco
del artículo 230 Superior, el concepto de ley debe cobijar todas las fuentes de
derecho aplicables al caso concreto, sin que esto implique que se haya
revaluado el papel de la legislación como la principal fuente de derecho.
1.3.2.4.  El interviniente concluye expresando que considera que la Corte
Constitucional ya ha resuelto, en su jurisprudencia problemas similares al
actualmente analizado, definiéndose los límites a la autonomía judicial
consagrada en el artículo 230 de la Constitución, y el deber, en todo caso no
absoluto, de observancia del precedente jurisprudencial, para entender el
crucial papel que en el sistema democrático y en el ordenamiento jurídico,
tiene el ejercicio de los Jueces de la República de administrar justicia
sujetos al imperio de la ley, contando con la jurisprudencia y las fuentes de
derecho, como herramientas fundamentales para el correcto ejercicio hermenéutico,
lo que no implica de ninguna manera la violación al principio de autonomía
judicial, que no se puede confundir con la mera arbitrariedad o el puro
capricho.
1.3.3.   Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Horacio Cruz Tejada como representante del
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, luego de analizar la figura de la
doctrina probable, la vinculatoriedad de la jurisprudencia en el ordenamiento
jurídico colombiano, y de precisar el alcance del artículo 230 de la Constitución
respecto del sistema de fuentes, estima que la disposición demandada debe ser
declarada exequible por los argumentos que de manera resumida se exponen a
continuación:
1.3.3.1.  La expresión “imperio de la ley” consagrada en
el artículo 230 Superior no puede entenderse bajo la acepción formal de ley
emitida por el legislador, sino que cobija todo el sistema jurídico colombiano,
en el cual tiene cabida las normas constitucionales y legales, así como la
interpretación que de ellas se hace vía jurisprudencial.
1.3.3.2.  A pesar de que nuestro sistema jurídico reposa en una
tradición de derecho legislado, las autoridades judiciales están llamadas a
reconocer la fuerza vinculante del precedente judicial, por lo que la autonomía
judicial no puede constituirse en una imposición para apartarse de aquel sin justificación
alguna. Por lo tanto, los jueces pueden no seguir el precedente judicial,
siempre y cuando hagan explícitas sus razones, y demuestren suficientemente que
la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla mejor los postulados
constitucionales.
1.3.3.3.  El artículo 7° demandado, que manifiesta el nuevo
concepto de doctrina probable -expresado por la Corte Constitucional en
sentencia C-836 de 2001-, no ofrece nada distinto que el alcance que le ha dado
la jurisprudencia de esta corporación a la mencionada figura, de manera que el
legislador ordinario no plantea modificación ni alteración alguna al sistema de
fuentes consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política.
1.3.4.   Universidad Libre de Colombia
Jorge Kenneth Burbano Villamarin, Jorge Andrés
Mora Méndez y Angie Marcela Páez Monroy actuando en representación de la
Universidad Libre solicitan que la disposición demandada sea declarada
exequible condicionalmente, en el entendido que al hacer referencia a la
equidad y la doctrina, el operador jurídico en la resolución de conflictos las
tomará como criterios auxiliares de la administración de justicia en los
términos del artículo 230 de la Constitución Política; para lo cual exponen los
siguientes motivos:
1.3.4.1.  En criterio de los intervinientes, el artículo 7
demandado al poner el término “además”, lejos de imponer una
modificación al sistema de fuentes constitucionalmente estatuido, en realidad
hace aplicación de lo que la Corte señaló, al indicar que una de las
finalidades del CGP es la adecuación de las normas procesales a la Constitución
de 1991, a la jurisprudencia constitucional y a la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, que reconocen fuerza vinculante al precedente judicial y a
la costumbre.
1.3.4.2.  La disposición demandada otorga al juez la
posibilidad “de apartarse de su propio precedente, lo que se conoce como precedente
vertical (sic)”, siempre que cumpla con una carga argumentativa
similar a la que se aplica al momento de apartarse de la doctrina probable, de
manera que no se percibe vulneración directa o indirecta de los artículos 4 y
230 de la Carta.
1.3.4.3.  Respecto de la supuesta vulneración de los artículos
374 a 379 de la Constitución, los intervinientes indican que no se configura
per se una modificación del artículo 230 Superior, sino que se integra
normativamente la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional que ha
examinado el tema, por lo que no se puede concluir que el legislativo atentó
contra los mecanismos de modificación de la Constitución en los artículos mencionados.
1.3.5.   Intervención de los ciudadanos Daniel Orduz,
Natalia Neira y Felipe Novoa.
Los ciudadanos Daniel Orduz, Natalia Neira y
Felipe Novoa solicitan que la Corte se declare inhibida para resolver el asunto
de fondo, o en su defecto declare exequible los textos legales demandados,
esgrimiendo los siguientes argumentos:
1.3.5.1.  Los ciudadanos intervinientes manifiestan en primera
medida que la Corte debe declararse inhibida para dictar fallo sobre el fondo
del asunto, en tanto que los cargos elevados por los demandantes no cumplen con
el requisito de suficiencia, pues se reitera que la norma demandada pretende
modificar el artículo 230 Superior, pero no se exponen argumentos contundentes
donde se colija la incongruencia entre la norma demandada y los preceptos
constitucionales aludidos.
1.3.5.2.  Posteriormente, los ciudadanos intervinientes exponen
algunos fallos dictados por esta Corporación, de los cuales concluyen que
contrario a lo que aduce los demandantes en la presente acción, el precedente
en Colombia sigue siendo un criterio auxiliar del juez, que salvo las
sentencias de constitucionalidad, todavía no es fuente formal de derecho, lo
cual no implica que no deba ser observado por el Juez, quien no solo debe
fundar sus decisiones en la Ley, sino en los demás instrumentos en los cuales
se encuentra contenido el derecho, por lo cual, actuando de forma autónoma
puede apartarse del precedente siempre y cuando motive su decisión en aras de
proteger la igualdad, la legalidad y la seguridad jurídica.
1.3.6.   Intervención del ciudadano Carlos Andrés
Pérez-Garzón
El ciudadano Carlos Andrés Pérez-Garzón solicita
se declare la constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 7 de la
Ley 1564 de 2012, argumentando que:
1.3.6.1.  Sostiene el ciudadano interviniente que la expresión
demandada “además” no viola el artículo 230 de la Constitución Política,
pues no cambia el sentido de este, en tanto no se está equiparando el grado de
sumisión del juez a la ley y a la aplicación de las fuentes auxiliares, sino
que por el contrario el Legislador deja claro que el juez ante todo está
sometido al imperio de la ley, y acto seguido aclara que además de aquella debe
tener en cuenta la equidad, la costumbre la doctrina y la jurisprudencia.
1.3.6.2.  En cuanto al presunto cambio del sistema de fuentes
establecido en el artículo 230 Superior, el interviniente afirma que el
Legislador no vulnera preceptos constitucionales, en tanto que el principio de
libertad de configuración legislativa le permite regular cualquier materia que
desee dentro de los parámetros establecidos en la Constitución, siempre y
cuando no vulnere derechos fundamentales.
1.3.7.   Defensoría del Pueblo
Luis Manuel Castro Novoa, Defensor del Pueblo
Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales, en representación de la
Defensoría del Pueblo, solicita estarse a lo resuelto en la sentencia C-836 de
2001 que declaró exequible el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, siempre y
cuando se entienda que los jueces de la jurisdicción ordinaria, al apartarse de
la doctrina probable dictada por la Corte Suprema de Justicia, están obligados
a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión.
1.3.7.1.  El representante de la Defensoría comienza su
argumentación analizando el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, del
cual concluye de manera precisa que: (i) por regla general, los fallos de la
Corte constitucional hacen tránsito a cosa juzgada; (ii) la Corte no puede
pronunciarse nuevamente sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica
amparada por una sentencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada; (iii) la
cosa juzgada le confiere a las providencias un carácter definitivo e inmutable
en desarrollo del principio de seguridad jurídica; (iv) se está en presencia de
cosa juzgada formal cuando un texto normativo ya ha sido objeto de
pronunciamiento anterior por parte de la Corte; (v) se habla de cosa juzgada
material cuando pese a que no se demanda un texto normativo formalmente
idéntico, su contenido sustancial es igual; (vi) hay cosa juzgada absoluta
cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través
del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia; (vii)
se presenta cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional limita en forma
expresa los efectos de decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un
futuro “se formulen nuevos cargos de constitucionalidad”.
1.3.7.2.  Posteriormente, indica el Defensor del pueblo
interviniente, que pese a que existen diferencias entre la redacción del art.
4° de la ley 189 de 1896, que fue objeto de revisión por parte de la Corte, y
el art. 7° de la Ley 1564 de 2012 es posible afirmar que existe cosa juzgada
material en tanto ambas normas reproducen el mismo sentido normativo.
1.3.7.3.  Seguidamente, se afirma que en el caso concreto, si
bien los argumentos esbozados por los demandantes son distintos a los que
estudió esta Corporación en sentencia C-836 de 2001, se presenta el fenómeno de
la cosa juzgada material en tanto, la sentencia resuelve el fondo de los
cuestionamientos formulados, que en términos generales debaten la fuerza
vinculante de la doctrina probable y su alcance en el sistema de fuentes del
ordenamiento jurídico colombiano.
1.3.7.4.  Con base en lo anterior, la Defensoría indica que la
Corte Constitucional en sentencia C-836 de 2001 delimitó el alcance de lo
establecido en el artículo 4 de la ley antes mencionada que establece que los
jueces y las juezas podrán aplicar la doctrina probable en los casos análogos,
y que cuando la consideren errónea podrán apartarse de su aplicación
argumentando debidamente su decisión.
1.3.7.5.  Los cuestionamientos formulados por los accionantes
quedan resueltos con lo establecido con la sentencia C-836 de 2001 sobre la
vinculatoriedad de la doctrina probable, el papel que desempeña en el
ordenamiento jurídico y su lugar en el sistema de fuentes.
2.
CONCEPTO DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El jefe del Ministerio público le solicita a
la Corte Constitucional, declarar la exequibilidad condicionada de la palabra
“además”, contenida en el artículo demandado parcial, bajo el entendido de que
la vinculación del juez a las fuentes auxiliares del derecho es solo de
naturaleza relativa, es decir únicamente procedente mientras éstas no
contradigan la ley en sentido amplio, y siempre que no se aduzcan razones para
justificar que el juez se aparte de ellas. En segundo lugar, solicita que se
declare exequible el aparte demandado del segundo inciso del mismo
artículo.
2.1.
Luego de realizar un
completo análisis constitucional del sistema de fuentes del derecho, el
Ministerio público manifiesta que mientras exista ley (entendida en su sentido
amplio) aplicable a un caso en concreto, aquella no se puede desconocer en aras
de aplicar fuentes secundarias.
2.2.
Adicionalmente la
vista fiscal indica que el juez está vinculado por las fuentes secundarias, es
decir, la equidad, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, mientras
estas sean secundum legem o praeter legem, de tal manera que el
juez sí puede aducir razones para apartarse de dichas fuentes de derecho, sin embargo
en ningún caso podrá hacerlo para apartarse de la ley en su sentido amplio.
2.3.
Argumenta que,
trasladando las ideas anteriores al problema de la libertad de configuración
legislativa analizado, se debe decir que dicha libertad se encuentra limitada
en dos sentidos: por un lado el legislador no podría modificar el uso de las
fuentes secundarias por defecto, es decir, impidiendo a los jueces acudir a las
fuentes auxiliares como criterios jurídicos; y por otro, tampoco podría
transgredirse el uso de las fuentes secundarias por exceso, es decir obligando
a la autonomía judicial al punto de no permitirle a los jueces un apartamiento
razonado de aquellas.
2.4.
Ya analizando los
cargos concretos, se determina que la palabra “además” contenida en la
disposición acusada admite dos lecturas: por un lado, es posible entender que
aquella vincula al juez a considerar a las fuentes secundarias como de igual
jerarquía a la ley en sentido amplio, de manera que si existiese jurisprudencia
contra legem, se debería ponderar con la Ley para la resolución de un
caso concreto, lo cual no se acopla a los postulados constitucionales.
2.5.
A diferencia de lo
anterior, en una segunda lectura, la expresión analizada daría a entender que
el juez está obligado a acudir a las fuentes secundarias cuando posean el
carácter de secundum legem o praeter legem, y en tanto la ley no sea
concluyente, siendo este, el sentido en el que se debe leer la disposición
demandada.
2.6.
Respecto del reproche
de los demandantes con relación al segundo inciso de la norma demandada, que
obliga a los jueces a  exponer de manera clara y razonada los fundamentos
jurídicos que justifican que su decisión se aparte de la doctrina probable,
considera el Ministerio público que dichos cargos resultan infundados, pues tal
y como se dijo, el constreñimiento del juez a la ley es absoluto, mientras que
el sometimiento del mismo a la jurisprudencia y a otras fuentes auxiliares es
relativo; además no considera como cierto que la norma otorgue un valor
superior a la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia.
3.
CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, para
pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada.
3.2.
CUESTIÓN PREVIA:   CONFIGURACIÓN
DE INEPTITUD SUSTANTIVA PARCIAL DE LA DEMANDA
3.2.1.
Según lo ha sostenido la
Jurisprudencia de la Corte, en Sentencia C-436 de 2011, el estudio de
procedibilidad que se realiza en la sentencia puede ser de dos tipos: (i)
implícito, cuando a primera vista se advierte sobre la conducencia de la
demanda y la misma no presenta resistencia entre los distintos intervinientes,
caso en el cual se entiende que la Corporación mantiene la decisión adoptada en
el Auto Admisorio; o (ii) explicito, si la demanda formulada genera dudas
acerca de su pertinencia, y así lo han advertido los intervinientes o la propia
Corporación, debiendo proceder esta última a hacer un pronunciamiento expreso
sobre el tema. De esta manera, aun cuando una demanda haya sido previamente
admitida por el Magistrado Ponente, tal hecho no desvirtúa la atribución
reconocida a la Corte para definir nuevamente en la sentencia si aquella se
ajusta o no a los requisitos de procedibilidad, pues dicho aspecto se enmarca
dentro del ámbito de competencia de la Corporación para proferir o no una
decisión de fondo.
3.2.2.     Algunos de los intervinientes se refieren justamente
a los defectos sustantivos de la demanda en particular, respecto del argumento
de la variación de las fuentes normativas.  Así, por ejemplo, la intervención
de los ciudadanos Daniel Orduz,
Natalia Neira y Felipe Novoa, explica
como
No obstante, no basta con la simple manifestación de
la existencia de una incongruencia entre la norma y la Constitución para que el
aparte demandado sea retirado del ordenamiento jurídico. Dicha manifestación
debe estar acompañada de una carga argumentativa que cumpla con los requisitos
de certeza, claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia, como bien lo ha
establecido esta Corporación en Sentencia C-898 de 2001. Al faltar a su carga
argumentativa, el accionante está incumpliendo el requisito de suficiencia
exigido por la jurisprudencia citada, pues la demanda debe tener la entidad
para generar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma. El
demandante es reiterativo en que la norma demandada pretende modificar el
artículo 230 de la Constitución, pero no expone argumentos contundentes de
donde se colija la incongruencia entre la norma demandada y los preceptos
constitucionales aludidos. Enfrentar los textos de la norma demandada con la
norma constitucional infringida no es suficiente "evidencia objetiva"
para poder declarar la incongruencia de una norma con el ordenamiento superior
y proceder a retirarla del ordenamiento jurídico, como ha establecido el
demandante de forma errada.
3.2.3.
Al respecto, el artículo 2°
del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener
la demanda en los procesos de inconstitucionalidad. Concretamente, el ciudadano
que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma
determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la
violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del
asunto. Estos son los tres elementos, desarrollados en el texto del aludido
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y por la Corte en sus pronunciamientos, que
hacen posible el pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal.
Es decir, para que realmente exista en la demanda una
imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que estos
permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre
la norma acusada, los argumentos expuestos por los demandantes y la disposición
constitucional supuestamente vulnerada.
En este orden de ideas, en el Auto 032 de 2005, la
Corte Constitucional señaló que no cualquier tipo de argumentación sirve de
sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. En
efecto, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos parámetros
mínimos que puedan llevar a esta Corporación a desconfiar de la
constitucionalidad de la norma acusada. Así las cosas, para que la acción
pública de inconstitucionalidad sea efectiva como forma de control del poder
político, los razonamientos en ella expuestos deben contener unos parámetros
mínimos con el fin de que no se malogre la posibilidad constitucional de
obtener de parte de esta Corporación un fallo de fondo respecto del asunto
planteado.
3.2.4.   En relación con “el concepto de la violación”,   en la sentencia C-1052 de 2000, reiterada
entre otras por la C- 543 de 2013, la Corte precisó las características que
debe reunir el concepto de violación formulado por los demandantes.  De acuerdo
con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras,
ciertas,  específicas,  pertinentes y suficientes.
(i)
La claridad se
refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al
lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que
se basa.
(ii)
El requisito de certeza exige
al actor formular cargos contra una proposición jurídica real y existente, y no
simplemente contra una deducida por él sin conexión con el texto de la
disposición acusada.
(iii)
La especificidad demanda
la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto. Argumentos
vagos, indeterminados, indirectos, abstractos o globales que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan, impiden a la Corte
llevar a cabo un juicio de constitucionalidad.
(iv)
La pertinencia se
relaciona con la existencia de reproches de naturaleza constitucional, es
decir, fundados en la confrontación del contenido de una norma superior con el
del precepto demandado. Un juicio de constitucionalidad no puede basarse en
argumentos de orden puramente legal o doctrinario, ni en puntos de vista
subjetivos del actor o consideraciones sobre la conveniencia de las
disposiciones demandadas.
(v)
Finalmente, la suficiencia guarda
relación, de un lado, con la exposición de todos los elementos de juicio
-argumentativos y probatorios- necesarios para iniciar un estudio de
constitucionalidad; y de otro, con el alcance persuasivo de la demanda, esto
es, el empleo de argumentos que generen una duda mínima sobre
la constitucionalidad de la norma impugnada.
3.2.5.
En relación con la demanda
ahora estudiada, la sala encuentra que plantea tres (3) cargos distintos: 1.-
Violación del artículo 230 constitucional por la variación del sistema de
fuentes normativas; 2.- Violación al artículo 230 constitucional por reconocer
valor a la jurisprudencia y exigir a los jueces una carga para apartarse de
ella; y, 3.- Violación de los artículos 4, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la
Carta como consecuencia de la reforma a la constitución, por parte de una ley
ordinaria al variar el sistema de fuentes normativas consagradas en el artículo
230 superior.
De estos tres (3) cargos, el número 1.- y el número
3.- adolecen de falencias en cuanto a la certeza y suficiencia, que deberán ser
examinadas.
3.2.6.
Respecto del cargo 1.- Violación del artículo 230 constitucional por la
variación del sistema de fuentes normativas, la demanda aduce que la inclusión
de la palabra además en el texto del artículo equipara a las fuentes normativas
principales con las fuentes auxiliares, y obliga al juez a no someter sus
decisiones únicamente a la ley, sino a tener que hacerlo también con las
fuentes que la Constitución califica como auxiliares. El cargo estudiado recae
sobre el primer inciso del artículo demandado así:
Artículo 7°. Legalidad.
Los jueces, en sus providencias, están sometidos al
imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la
costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. (Subrayas fuera del texto que
señala la expresión demandada).
3.2.6.1.
A juicio de la Sala, la
demanda no  recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino sobre
una simplemente deducida por los accionantes, de tal forma que no se evidencia
la confrontación del texto del artículo 230 constitucional con la norma legal
que tenga un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio
texto.
3.2.6.2.
En efecto, la demanda no recae
directamente sobre la contradicción de la palabra además del artículo 7
de la Ley demandada, sino sobre la interpretación que, según los demandantes,
tiene esa palabra al reemplazar y equiparar las fuentes normativas principales
con las auxiliares. Pero lo cierto es que, la palabra además, ni por sí sola,
ni en el contexto del párrafo normativo, tiene un significado que permita, por
fuera de interpretaciones subjetivas, identificar una confrontación con el
sentido del artículo 230 de la Constitución, ni en su texto literal, ni mucho
menos en su desarrollo interpretativo.
La lectura que hace el autor de la demanda y a partir
de la cual sustenta la supuesta contradicción con el postulado constitucional,
no existe realmente en la norma, sino en la interpretación que hace los
demandantes. Nada en el texto del artículo 7 se refiere explicita o
concretamente a la equiparación de fuentes de derecho, y la palabra además
no tiene ni ese significado, ni ese alcance. Por lo tanto la demanda no cumple
con el requisito de certeza exigido por la Corte.
A juicio de este despacho, de la lectura de la norma
acusada, no se infiere la supuesta vulneración de los preceptos
constitucionales señalados y se advierte que las afirmaciones hacen referencia
a interpretaciones subjetivas sobre el sentido y alcance de la expresión
“además” contenida en el artículo 7 de la Ley 911 de 2004. Las apreciaciones
subjetivas no son propias del juicio abstracto de constitucionalidad el cual
debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente
deducida por el actor.
3.2.6.3.
En consonancia con lo
anterior, tampoco cumple el cargo con el requisito de suficiencia, pues los
argumentos erigidos en torno a la inconstitucionalidad de la norma demandada no
logran el alcance persuasivo para dar lugar a una evaluación del cargo.
Le corresponde al demandante la carga de explicar de
manera objetiva y seria por qué el inciso de la norma acusada vulnera la Carta,
pero ello no sucede en la demanda estudiada donde se configura simplemente una
objeción subjetiva y no una controversia constitucional susceptible de ser
analizada por este Tribunal.
En estos términos, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional se ha referido a la suficiencia, señalando:
(…) la suficiencia que se predica de las razones de la
demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto
por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado,
se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su
vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que
supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la
fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas
sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del
razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a
la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una
duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera
que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.
3.2.6.4.
El planteamiento de los
demandantes se fundamenta en un marco de   abstracción que no permite concretar
o verificar la violación que los accionantes pretenden demostrar. No hay
suficientes argumentos que permitan verificar, al menos prima facie, que en
efecto pueda existir una contradicción objetiva entre la expresión “además” con
el artículo 230 constitucional como lo sostiene la demanda.
Los demandantes se limitan a exponer sus
interpretaciones personales y las dudas que le genera la expresión concluyendo,
desde su percepción subjetiva una supuesta contradicción con el artículo 230
sin explicar suficiente y objetivamente la forma en que dicha contradicción
tendría lugar.
El argumento que presenta la demanda es que se
generaría una violación directa del artículo 230 de la Constitución Política
por agregar expresiones no contenidas en el artículo constitucional indicado,
introduciendo en el texto legal que reproduce la norma constitucional, la
palabra “además” y derogando la expresión “sólo” literalmente indicada en la
última.
Considera la demanda que del ejercicio comparativo
entre el artículo 230 Superior y el artículo 7 de la Ley 1564 de 2012,  se
colige que mientras que la primera disposición indica que los jueces sólo están
sometidos al imperio de la Ley, la norma demandada sostiene que los jueces
deben tener en cuenta además la equidad, la costumbre, la doctrina y la
jurisprudencia, lo cual denota una modificación exegética, literal y no
subjetiva de los textos constitucionales.
3.2.6.5.
La falencia en que incurre el
cargo estudiado es que el planteamiento sobre el cual se sustenta la supuesta
contradicción es únicamente el producto de una interpretación subjetiva.
Para la demanda, la palabra además en la redacción del
artículo implica que la Ley “modifica el sistema de fuentes”. El actor sostiene
que mientras el artículo 230 constitucional sostiene que “los jueces, en sus
providencias, solo están sometidos al imperio de la Ley” la norma demanda: “Los
jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán
tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y
la doctrina.”  Cambia con la eliminación de la palabra solo y la inclusión de
la palabra además, todo el orden de las fuentes normativas.
Olvidan los demandantes que el segundo párrafo del
artículo 230 superior, al incluir a la jurisprudencia, los principios generales
del derecho y la doctrina, como criterios auxiliares de la actividad judicial,
está justamente indicando que no son ajenos a las consideraciones que debe
hacer el juez, y olvida igualmente que la interpretación que esta Corporación
ha realizado sobre el artículo 230 ha reiterado la importancia de estas fuentes
en la labor judicial.  Por lo tanto el artículo 230 de la Constitución no
excluye la posibilidad de que el juez, en sus providencias, tenga en cuenta
además de la Ley a la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
3.2.6.6.
Por otra parte, el control de
constitucionalidad de las leyes no se ocupa de revisar la exacta identidad
gramatical de los textos legales con los textos constitucionales, puesto que la
función de la Ley no es la de copiar y reproducir la constitución sino la de
avanzar en la regulación de temas específicos, en consonancia con los
postulados constitucionales. Si en dicha regulación, la ley debe tocar aspectos
que están inmersos en la Constitución, es claro que la norma legal debe
ajustarse a la norma constitucional en su sentido  textual e interpretativo,
pero no es posible suponer que el solo cambio de la redacción implique per se
una contradicción que deba resolverse por la vía de un análisis de
constitucionalidad.  Mientras el sentido material de la norma constitucional se
respete, la formulación gramatical del texto normativo es indiferente e
irrelevante para el examen de constitucionalidad.
3.2.6.7.
Suponer que la palabra además,
o que la redacción integral del artículo 7 de la Ley 1564 de 2012 implica una
transformación del sistema de las fuentes normativas en Colombia, requiere de
una sustentación que no existe en el texto de la demanda. Los argumentos
presentados, que no son otros que la comparación literal de los dos artículos
supuestamente contradictorios, y las afirmaciones basadas en interpretaciones
subjetivas y sin mayor sustento, no son suficientes para lograr el alcance
persuasivo que requiere un examen de constitucionalidad.
3.2.6.8.
Teniendo en cuenta la
inobservancia de los presupuestos básicos señalados por la jurisprudencia de
esta Corporación, la Corte se declarará inhibida para estudiar el cargo de
inconstitucionalidad respecto del cargo de variación del sistema de fuentes
normativas por la inclusión de la palabra además en el artículo 7 de la
Ley 1564 de2012.
3.2.7.
Respecto del cargo 3.-, Violación de los artículos 4, 374, 375, 376, 377, 378
y 379 de la Carta como consecuencia de la reforma a la constitución, por parte
de una ley ordinaria al variar el sistema de fuentes normativas consagradas en
el artículo 230 superior.
Sostiene la demanda que el artículo 7 de la Ley 1564
de 2012 hace una reforma de la Constitución Política y particularmente del
artículo 230 superior,  y puesto que la Constitución es norma de normas y  la
ley no es el mecanismo Constitucional adecuado para derogar, reformar o
modificar un precepto Constitucional, la ley iría en contra de los postulados
constitucionales.
Según expone la demanda, como consecuencia de la
infracción al artículo 230 de la Constitución se vulnerarían los artículos 4,
374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Carta en cuanto a que la constitución es
norma de normas y en cuanto a que una ley ordinaria no es el mecanismo
constitucional de reforma.
3.2.7.1.
Esta argumentación parte de un
error, pues los demandantes confunden la producción legal con la reforma
constitucional. La norma demandada no es un acto legislativo ni tiene la
competencia para reformar el texto constitucional, por lo tanto, el alcance
que  suponen los demandantes que tiene la norma impugnada de derogar un
postulado constitucional es equivocado.
3.2.7.2.
La norma demandada no
transgrede directamente los postulados constitucionales de este cargo, pues no
tiene la vocación de reformar la carta ni de superponerse al orden
constitucional. Existe una clara diferencia entre el poder reformatorio de la
carta y el efecto inconstitucional de una disposición legal. El primer caso
supone la intención de reemplazar una disposición de la Constitución con todos
los efectos que ello implica, y bajo los estrictos parámetros constitucionales
que regulan dicho procedimiento. El segundo, bajo el entendido de la primacía
de la Constitución en el ordenamiento normativo, implica verificar la
incompatibilidad de una disposición legal con una norma constitucional. Ese es
justamente el sentido de la existencia de una acción pública de
inconstitucionalidad.
3.2.7.3.
El cargo parte de un supuesto
equivocado que es el de inferir que de la inconstitucionalidad de la Ley 1564
de 2012, artículo 7 implica una reforma a la Constitución Política porque
supuestamente surge una contradicción con las normas que establecen el valor
superior de la constitución y las reglas para su reforma. Eso no es preciso, y
aceptar un argumento de esa naturaleza llevaría al absurdo de pensar que la
inconstitucionalidad de una norma lleva de la mano un intento de reforma de la
constitución. La reforma es un procedimiento específico, regulado por la
Constitución y con control constitucional, con unos efectos concretos en el
ordenamiento jurídico. La inconstitucionalidad de una norma no es un ensayo
frustrado de reforma, ni siquiera en términos sustantivos, porque al no tener
la ley el valor jurídico de la Constitución, sus efectos no podrían ser
asimilables y siempre estaría disponible la posibilidad de que un ciudadano
demande su vigencia, como sucede en este caso.
3.2.7.4.
No puede llegarse al extremo
de considerar que la exequibilidad de una norma infraconstitucional está
condicionada a la exacta identidad de su redacción con aquellas que, sobre el
tema, contenga la Carta.  Esa posición conduciría a un formalismo absurdo,
incongruente con la necesidad de desarrollar la constitución y los derechos en
ella contenidos a través del marco normativo.
3.2.7.5.
Se concluye entonces de lo
antes dicho, que el sustento del  cargo es falso y carece de fundamento. En
consecuencia, la Corte Constitucional se declarará inhibida para analizar este
cargo.
3.3.
PROBLEMA JURIDICO
Los demandantes plantean tres (3) cargos de los cuales
solo uno (1) cumple los requisitos de admisibilidad. La Corte analizará a
continuación el cargo de inconstitucionalidad y el problema jurídico que
plantea.
El cargo presentado es la infracción al artículo 230
de la Constitución Política por reconocer fuerza vinculante a la jurisprudencia
y exigir de los jueces una carga argumentativa para separarse del precedente y
la doctrina probable.
3.3.1.
Los demandantes señalan que la
norma demandada le da una relevancia tal a la jurisprudencia que la equipara a
la Ley, e incluso que la pone por “encima de esta” al exigir al juez que
exponga su carga argumentativa cuando se aparte del precedente en casos
análogos o cuando se aparte de la doctrina probable, al incluir la expresión:
Artículo 7.
(…)
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable
estará obligado a exponer a clara y razonablemente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio
en relación con su decisión en casos análogos.
3.3.2.
Para los demandantes, el hecho
de que se exija al juez una carga argumentativa cuando se aparte de la doctrina
probable o del precedente, implica que el legislador le está dando un valor
normativo a la jurisprudencia superior al de la Ley, puesto que “esta carga
argumentativa debe ser asumida cuando se aparten de la doctrina probable
(jurisprudencia) no así cuando se aparten de la Ley.”
3.3.3.
Por otra parte, los
demandantes reconocen que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la
fuerza vinculante y el valor del precedente judicial en el ordenamiento
jurídico colombiano en varias jurisprudencias, en el sentido de imponer una
carga argumentativa y una carga de transparencia para los jueces cuando se
aparten de la jurisprudencia aplicable a cada caso. Sin embargo, los accionantes
no hacen ningún análisis sobre la posible existencia de cosa juzgada material
respecto del cargo esgrimido.
En virtud de lo anteriormente señalado esta
Corporación  examinará el  cargo formulado por los demandantes de acuerdo con
el cual la norma demandada le da a la jurisprudencia (doctrina probable y
precedente judicial) un valor normativo preponderante, contrariando con ello lo
previsto en el artículo 230 de la Constitución
Política.
3.3.4.   En consecuencia, esta Corporación
deberá resolver si la expresión “Cuando
el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma
manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en
casos análogos.” contemplada
en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 1564 de 2012  establece para el
juez una carga argumentativa tal, que la convierte en una norma de igual, e
incluso mayor valor jurídico que la Ley; y si ello atenta contra el contenido
del artículo 230 de la Constitución Política.
3.3.5.   Para abordar este problema jurídico, y
teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por los intervinientes en el
proceso, esta Corporación analizará: (i) la inexistencia de cosa juzgada
material, (ii) la jurisprudencia dentro de las fuentes jurídicas en el derecho
colombiano,  (iii) el valor jurídico de la doctrina probable,   (iv) el valor
jurídico del precedente judicial y, (v) el apartamiento de la jurisprudencia en
la decisión judicial.
3.4.
LA
INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA MATERIAL EN EL CASO CONCRETO
3.4.1. En el caso sub examine la cuestión planteada en la
demanda sobre el valor normativo de la jurisprudencia, dio lugar a varias
intervenciones en las que se advierte la posible existencia de cosa juzgada
material. Así lo manifiesta la intervención de la Defensoría del Pueblo, que se
encarga de hacer una comparación entre la decisión C-836 de 2001 y aquella que
compete en el caso concreto, comparando los contenidos normativos demandados y
concluyendo que en virtud de la similitud existente entre ellos solicita:
“Estarse a lo resuelto en la sentencia C-836 de 2001 (…)”
3.4.2. En el mismo sentido se pronuncian la
Universidad Externado de Colombia, que recomienda “estarse a la exequibilidad
declarada en la Sentencia C-836 de 2001” y el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal[1]. Por su parte, el Ministerio del Derecho y la
Justicia, aunque no se refiere directamente a la figura de la cosa juzgada,
sostiene que sobre el punto ya la Corte ha sentado una posición clara.[2]
3.4.5. En virtud de lo sostenido por los
intervinientes antes señalados, la Corte pasará a analizar si se configuran los
elementos necesarios para sostener que sobre el punto que versa la demanda
estudiada ya existe cosa juzgada constitucional.  La cuestión a analizar es la
de si a pesar de que existen diferencias entre la redacción del art. 4° de la Ley
189 de 1896, que fue objeto de revisión por parte de la Corte, y el art. 7° de
la Ley 1564 de 2012, es posible afirmar que ambas normas reproducen el mismo
sentido normativo, y la decisión consignada en la Sentencia C-836 de 2001,
resuelve el fondo de los cuestionamientos formulados, que en términos generales
debaten la fuerza vinculante de la doctrina probable y su alcance en el sistema
de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano.
3.4.6.
Sintetizando la jurisprudencia Constitucional en la materia, la Corte ha
establecido que la cosa juzgada constitucional puede ser formal material,
clasificándose la primera a su vez en absoluta o relativa. La distinción entre
cosa juzgada constitucional formal y material reside en si el pronunciamiento
de la Corte versa sobre la misma norma (lo que involucra un aspecto formal y
gramatical), o sobre el mismo contenido normativo, tomando en cuenta los
requisitos fijados por esta Corporación para que se produzca la cosa juzgada
material.
3.4.6.1. Sobre los requisitos para establecer la cosa juzgada constitucional,
la Corte, en la Sentencia C-090 de 2015, reiterando la jurisprudencia en la
materia, estableció que la cosa juzgada constitucional formal se da en aquellos casos en los que
la Corte Constitucional se ha pronunciado previamente frente a la misma norma
jurídica que pretende nuevamente someterse al análisis de la Corporación.[3]
En consecuencia, esta Corporación ha establecido que la cosa
juzgada formal ocurre “cuando existe una decisión previa del juez
constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a
su estudio”[4] o
también, en aquellos casos en los que “se
trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente
igual”.[5]
En ambos supuestos, no es posible volver a abordar su estudio por existir un
fallo ejecutoriado.[6]
La cosa
juzgada formal puede ser absoluta “cuando el pronunciamiento de
constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se
encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma
es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto
Constitucional”[7]. Es relativa “cuando el juez constitucional
limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la
posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a
los que la Corte ya ha analizado”[8].
3.4.6.2. Por su
parte, la cosa juzgada
material se presenta “cuando
existen dos disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido
normativo, de manera que frente a una de ellas existe ya un juicio de
constitucionalidad por parte de este Tribunal”[9].
En este
sentido, la Corte ha manifestado que el fenómeno de la cosa juzgada opera sobre
los contenidos normativos de una disposición jurídica[10],
razón por la cual tal identidad no involucra solamente aspectos gramaticales[11].
3.4.6.3. Por otra parte, en
la sentencia C-532 de 2013, la Corte reiteró los requisitos para acreditar la
cosa juzgada material así:
(i)
Que exista una sentencia
previa de constitucionalidad sobre una disposición con idéntico contenido
normativo a la que es objeto de demanda, esto es, que los “efectos jurídicos de
las normas sean exactamente los mismos”[12].
(ii)
Que exista identidad entre los
cargos que fundamentaron el juicio de constitucionalidad que dio lugar a la
sentencia proferida por esta Corporación y aquellos que sustentan la nueva
solicitud.
(iii)
Que la declaratoria de
constitucionalidad se haya realizado por razones de fondo.
(iv)
Que no se hayan producido
reformas constitucionales frente a los preceptos que sirvieron de base para
sustentar la decisión; y que se esté ante el mismo contexto fáctico y
normativo. En efecto, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado este
Tribunal, el juez constitucional tiene la obligación de tener cuenta los
cambios que se presentan en la sociedad, pues puede ocurrir que un nuevo
análisis sobre normas que en un tiempo fueron consideradas exequibles a la luz
de una nueva realidad ya no lo sean[13].
3.4.7. En el presente caso, el cargo segundo,
relativo al valor jurídico de la jurisprudencia se dirige contra la frase
contenida en el párrafo segundo del artículo demandado y que reproduce el
siguiente texto: “Cuando el juez se
aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente
los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera
procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos
análogos.”
3.4.8. El argumento expresado por los demandantes se
refiere a que, en conjunto con el primer párrafo del artículo 7 de la norma
impugnada, el texto normativo se dirige a reconocer a la jurisprudencia, tanto
en el sentido del precedente jurisprudencial como de la doctrina probable, un
valor de fuente formal principal, contrariando lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución que concibe la jurisprudencia como una fuente auxiliar de
interpretación legal.
3.4.7. Si bien no existe ninguna sentencia anterior
que se pronuncie respecto de la constitucionalidad de la norma demandada, el
artículo 230 constitucional ha sido la base de una serie de demandas contra
normas que le reconocen valor jurídico a la jurisprudencia en anteriores
ocasiones, con lo cual, la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse y
ratificar su jurisprudencia en este sentido, sentando una firme posición en la
materia.
3.4.8. Así sucede, según lo establecen buena parte de
los intervinientes en el proceso, con la sentencia C-836 de 2001 que tuvo a
bien resolver la cuestión de la exequibilidad de la Ley 169 de 1896 que
establece la fórmula de la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia.
3.4.9. Según lo ha sostenido esta Corte en la
Sentencia C-532 de 2013, en los casos en que no existe identidad de contenido
normativo sino similitudes notables, esta Corporación no puede decretar la
existencia de una cosa juzgada material, sino que debe proceder al examen del
caso planteado a partir del reconocimiento de un precedente. Lo anterior
significa que habrá un nuevo examen y pronunciamiento de fondo, en el que se
debe seguir la misma línea jurisprudencial expuesta, a menos que se estime
preciso cambiarla, siempre que para tal efecto se cumpla con una carga de
argumentación que justifique de manera suficiente la nueva decisión adoptada.
3.4.10. En el caso concreto, la verificación de la
existencia o no de la cosa juzgada material, requiere de una comparación entre
las normas demandadas a fin de verificar si de su tenor literal es posible
identificar un idéntico contenido material.  Para tal efecto, se presentará un
cuadro comparativo entre el precepto legal que fue objeto de examen en la
referida sentencia y el que se somete a control de constitucionalidad en esta
oportunidad.
De la disposición objeto de control
en la Sentencia C-836 de 2001
De la disposición que se somete a
control en esta oportunidad
LEY 169 DE 1896
LEY 1564 DE 2012
Por
medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones
Artículo 4.- Tres decisiones uniformes dadas por la Corte
Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho,
constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos
análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que
juzgue erróneas las decisiones anteriores.-
Artículo 7°. Legalidad.
Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de
la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la
jurisprudencia y la doctrina. (Subrayas fuera del texto que señala la
expresión demandada).
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará
obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de
criterio en relación con sus decisiones en casos análogos. (Subrayas
fuera del texto para señalar el inciso demandado)
El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley.
Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo
los que la ley autoriza promover de oficio.
3.4.11. Una comparación
entre los textos permite concluir que tanto el contenido como el alcance que se
prevé en cada norma es diferente. La Ley 169 de 1989 se refiere exclusivamente
a la Doctrina Probable de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 4
demandado nada indica sobre la posibilidad de que el juez inferior se aparte de
la jurisprudencia, ni sobre la carga argumentativa que se le exige para ello,
como sí lo hace la norma impugnada en el presente caso. Tampoco el artículo de
la Ley 169 de 1989 hace referencia al precedente jurisprudencial obligatorio,
que, como posteriormente se explicará, no es la misma figura de la doctrina
probable.
3.4.12. De acuerdo con lo anterior, la Corte
encuentra que existen diferencias que impiden la acreditación del primer
requisito de la cosa juzgada material, pues la sentencia previa de
constitucionalidad no recae sobre una  disposición con idéntico contenido
normativo a la que es objeto de demanda. Dichas diferencias se encuentran en la
naturaleza de los procesos que están llamadas a regir las normas, en los
aspectos regulados y en las obligaciones que impone.
3.4.13. En virtud de lo explicado, no es entonces
posible decretar la existencia de una cosa juzgada constitucional (CP art.
243), pues –como ya se dijo– existen diferencias sustanciales entre las normas
que dieron lugar a las decisiones, y por lo tanto, el contenido normativo
objeto de la sentencia C-836 de 2001 difiere a aquel que debe resolverse en el
presente caso. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, en la medida en que la
disposición acusada guarda similitudes notables con el precepto legal que fue
objeto de pronunciamiento previo, la Corte hará uso del precedente
constitucional allí expuesto y de aquellos que se refieran a los demás aspectos
del contenido normativo demandado y resulten pertinentes para la solución del
caso concreto.
3.5.
LA
JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES FRENTE AL ARTÍCULO 230 DE LA CONSTITUCIÓN
3.5.1. Han sido diversas las demandas de
inconstitucionalidad que se han interpuesto en razón de la vulneración del
artículo 230 de la Carta Política por la supuesta inclusión de fuentes diversas
a aquellas admitidas en el mandato constitucional, lo que le ha permitido a la
Corte desarrollar ampliamente el punto. En la sentencia C-104 de 1993,  la Corte se refirió a las
diferencias entre la jurisprudencia de los demás jueces y tribunales del país y
la jurisprudencia constitucional, respecto de los efectos erga omnes, y
su efecto vinculante u obligatoriedad.  En punto a este tema, se resolvió
la pregunta de si las sentencias de la Corte Constitucional son fuente
obligatoria –art. 230 inciso 1º C.P. o un criterio auxiliar –art. 230 inciso
2º, a favor de la primera opción, es decir, las sentencias de la Corte
Constitucional son fuente obligatoria para las autoridades. En punto a este
tema sostuvo la Corte:
“Para esta Corporación es muy claro que la
respuesta a tal pregunta no es otra que la de considerar que tal sentencia es
fuente obligatoria. Así lo dispone el artículo 243 superior precitado e incluso
el inciso 1° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que dice: Las sentencias
que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada
constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades
y los particulares” (negrillas fuera de texto).
3.5.2. Luego, en la sentencia C-486 de 1993 en que la Corte
Constitucional debió resolver sobre la constitucionalidad del Decreto 410 de
1971, la Ley 04 de 1989 y los artículos 3 a 9 y 98 a 514 del Código de
Comercio. Según la accionante se encuentra una vulneración del artículo 230 de
la Constitución al preverse que la costumbre mercantil podría ser aplicada como
fuente formal del derecho, pues los jueces sólo están sometidos al imperio de
la ley; conforme lo establecido en el artículo 230 de la Constitución.  En
dicha sentencia la Corte rechaza la tesis de limitar el vocablo “ley” del
artículo constitucional a su sentido formal y estabece que “su campo semántico
no es otro que el de la totalidad del ordenamiento jurídico” para concluir
explicando el proposito de la norma constitucional en el siguiente tenor:
La enfática prescripción del artículo 230  de la CP
–“los jueces, en sus providencias, sólo está sometidos al imperio de la ley”- ,
tiene el sentido de rodear a la actividad judicial de una plenagarantía de independencia funcional frente a
la intromisión de cualquier otro órgano público o privado. La factura reactiva
de la garantía revela el indicado designio. La necesidad de la independencia
judicial se deriva del sentido y alcance de la actividad sentenciadora de los
jueces, la que se sujeta únicamente al ordenamiento jurídico estructurado a
partir de la Constitución, sus principios y valores superiores y aplicado al
caso concreto en términos de verdad y de justicia.”
3.5.3. Más adelante, la sentencia C-836 del 2001 resuelve
sobre una demanda de inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 169 de 1896.
Según los demandantes se encuentra una vulneración a los artículos 1, 2, 3, 4,
5, 29, 228, 230 y 243 de la Constitución Política. La supuesta vulneración se
basaba en primera medida, por la potestad de que jueces de inferior jerarquía
se puedan apartar de la doctrina probable impide darle uniformidad a la
jurisprudencia nacional y de esa forma se hace imposible lograr los objetivos
constitucionales de la eficacia de los derechos y de prevalencia del derecho
sustancial. Y en segunda medida,  por permitir que la propia Corte Suprema
varíe su jurisprudencia cuando la considere errónea lo que genera inseguridad
jurídica.
Esta decisión que constituye un hito en la materia,
establece claramente la concordancia de la figura de la doctrina probable con
la Carta Política, su fundamento constitucional y la necesaria flexibilidad de
la figura a través de las fórmulas para apartarse de la misma.
En la Sentencia, la Corte manifestó que la expresión “imperio de la ley” a la
cual están sometidos los jueces, de conformidad con el artículo 230 C.P. se
debe entender bajo la égida de dos garantías fundamentales: la igualdad ante la
ley y la igualdad de protección de trato por parte de las autoridades.
3.5.4. En la sentencia C-335 de 2008, la Corte
decidió sobre la exequibilidad del artículo 413 del Código Penal, que establece
el tipo penal de prevaricato por acción, y reiteró su jurisprudencia al
reafirmar el carácter vinculante de la jurisprudencia que redunda en (i) una
mayor coherencia del sistema jurídico, (ii) garantiza el derecho a la igualdad
de trato y (iii) contribuye a la seguridad jurídica.
La Corte reiteró que el concepto de “ley”
contenido en el artículo 230 Superior, se refiere a las distintas fuentes del
derecho que deben ser aplicadas para resolver un caso concreto y como tal, bien
puede tratarse de la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter
general, y que se incurre en el delito de prevaricato si cualquier autoridad
pública emite resolución, dictamen o concepto que resulte ser manifiestamente
contrario a la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter
general.
3.5.5. Por su parte, la sentencia C- 539 del 2011 resuelve
una demanda la inexequibilidad del artículo 114 de la Ley 1395 del 2010 ya que
según los demandantes se encuentra una vulneración a los artículos 2, 4, 13,
83, 209, 230 y 240 de la Constitución Política.  En dicha sentencia la Corte afirmó
que: “Una interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el
artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional
que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede
entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la
legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la
aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y
objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos
judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico.”
Esta decisión se adentra en el estudio del valor del
precedente jurisprudencial constitucional como norma de obligatorio
cumplimiento para la administración, reiterando la jurisprudencia en la materia
y sosteniendo que la obligatoriedad del precedente podría ir avanzando en otras
materias sin que ello atentara contra la Carta Política así:
la enumeración de materias a las que se impone
el acatamiento del precedente judicial no es taxativa, ya que (a) en principio,
todas las autoridades administrativas deben acatar como regla general el
precedente judicial de las Altas Cortes; (b) la norma hace referencia a algunas
materias especialmente neurálgicas para el tema de la congestión judicial; (c)
por tanto la norma no excluye la obligación de las autoridades administrativas
de respetar el precedente judicial en otras materias o asuntos administrativos;
y (d) finalmente, el propio Legislador, en la medida en que lo considere
necesario y conveniente, podrá ir extendiendo esta obligación a otras
cuestiones, conforme a la teoría del derecho viviente.
3.5.6. Posteriormente, la sentencia C- 816 del 2011  sobre
la constitucionalidad del artículo 102 de la Ley 1437 del 2011 conforme el cual
se regula “La extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros
por parte de las autoridades”. Según los accionantes se debe declarar la
inexequibilidad de dicha norma por la vulneración de los artículos 4, 230 y 241
constitucionales. Específicamente, en cuanto a la cuestión de la compatibilidad
de postulados normativos que pretendan reconocer a la jurisprudencia un valor
jurídico erga omnes, la Corte se pronunció en la sentencia C-836 de 2011
explicando que:
como una interpretación adecuada del artículo 230
constitucional, debe darse la sujeción de la actividad judicial al imperio de
la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación
de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse a la aplicación
del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos,
incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales,
la cual conforma la totalidad del ordenamiento jurídico, resaltando la
intención del constituyente de darle clara y expresa prevalencia a las normas
constitucionales (artículo 4 Superior) y con ella a la aplicación judicial
directa de sus contenidos.
3.5.7. La más reciente decisión sobre el punto es la
sentencia C- 284 del 2015[14] en que la
Corte resolvió la demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 de la ley
153 de 1887. En esta oportunidad la Corte reitera su posición y establece que
la expresión “Ley” del artículo 230 “ha sido entendida “en un sentido material” de manera que comprende
todas las normas (i) adoptadas por las autoridades a quienes el ordenamiento
jurídico les reconoce competencias para el efecto y (ii) siguiendo el
procedimientos o las formas fijadas con ese propósito.”
3.5.8. Específicamente sobre el valor de la jurisprudencia y
reiterando las posiciones de la Corte, la sentencia referida determinó que:
Con fundamento en la interpretación conjunta
de los artículos 1, 13, 83 y 230 de la Constitución, la Corte ha dicho que el
precedente judicial tiene una posición especial en el sistema de fuentes, en
atención a su relevancia para la vigencia de un orden justo y la efectividad de
los derechos y libertades de las personas. Por ello existe una obligación prima
facie de seguirlo y, en el caso de que la autoridad judicial decida apartarse,
debe ofrecer una justificación suficiente.
3.5.9. Queda claro que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la compatibilidad del Art. 230 C.P. con el
reconocimiento del valor de la jurisprudencia, bajo el entendido de que los
jueces tienen la posibilidad de apartarse del mismo en sus decisiones siempre
que lo hagan con base una justificación suficiente.
3.6.
CONCEPTO DE
DOCTRINA PROBABLE Y SU EVOLUCIÓN EN COLOMBIA
3.6.1. La influencia europea continental en el
derecho constitucional colombiano del siglo XIX, trajo consigo la incorporación
de la fórmula de doctrina legal (como se conocía en España) similar al concepto
francés, muy difundido en el resto de Europa de “jurisprudence constante”.  Se
trata de herramientas útiles para para suplir los vacíos dejados por el
legislador en la norma positiva mediante el uso de la jurisprudencia, como
herramienta de interpretación de la ley para la aplicación de temas o casos
concretos.
La doctrina legal, probable o
jurisprudencia constante, es propia de los sistemas jurídicos legalistas o
mejor conocidos como civil law, en donde la jurisprudencia es
considerada una fuente auxiliar pues no tiene la capacidad de generar
obligaciones generales y abstractas, sino que se limita a interpretar la ley en
su aplicación, y dicha interpretación tiene un mayor o menor grado de
autoridad, pero exclusivamente frente a los jueces de menor jerarquía en sus
decisiones y no como normas obligatorias para la administración en general.
Cosa diferente sucede con los países del
common law, en donde la jurisprudencia cobra un sentido diferente, pues se
trata de la ley surgida de los casos,  case law. En el common law la
regla no surge de la interpretación de una ley sino que se trata de la
implementación de una regla para la solución de un problema concreto en que los
hechos juegan un papel fundamental. La regla del case law no puede
entenderse desligada de los hechos, pues es solo frente a la hipótesis que
ellos plantean que la regla es aplicable, y frente a esa hipótesis, la regla
resulta de obligatorio cumplimiento, tanto para los jueces inferiores como para
los tribunales que la expidan e incluso frente a la administración.
El concepto francés (aún vigente) implica
que la interpretación reiterada y constante que hace la Cour de Cassation
sobre un mismo punto de derecho constituye una autoridad persuasiva, basada en
el principio quieta non movere que conduce a seguir aquellas
interpretaciones normativas que se han mantenido constantes con el tiempo.  En
España, la doctrina legal (también en vigencia) era a tal punto exigible que
permitía activar el recurso de casación en caso de ser vulnerada.[15]
3.6.2.  La doctrina
legal en Colombia. En
Colombia y como incorporación de esta fórmula, la doctrina legal surge
idéntica a la fórmula española en la Ley 61 de 1886 cuyo artículo 37  consagra
su desconocimiento como causal de nulidad de una sentencia y por ende, motivo
válido para interponer el recurso de casación.
El artículo 39 definía la fórmula así:
“Es doctrina legal la interpretación que
la Corte Suprema dé a unas mismas leyes en tres decisiones uniformes. También
constituyen doctrina legal las declaraciones que haga la misma Corte, en tres
decisiones uniformes, para llenar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza
de la necesidad de una cuestión dada que no quede sin resolver por no existir
leyes apropiadas al caso. La Corte para interpretar las leyes, tendrá en cuenta
lo dispuesto en los artículos de 27 a 32 del actual Código civil de la Nación.”
Posteriormente la Ley 153 de 1887 se
encargó de ratificar la fórmula de doctrina legal,  con una cierta
morigeración, implementando en la definición del artículo 10 las palabras más
probable y restando con ello el carácter perentorio de su implementación
así: “En casos dudosos, los jueces aplicarán la doctrina legal más probable.
Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de
Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal probable”.
La Doctrina Legal implicaba un rigor
excesivo en la aplicación de la jurisprudencia, al punto que generó reacciones
de la misma Corte Suprema que encontraba en la fórmula española una llave para
encerrar su capacidad para evolucionar en sus decisiones. La Corte solicitó que
se modificara esa fórmula, pues consideraba que obligaba a los jueces de
inferior jerarquía a buscar en las sentencias reglas generales y a cumplirlas
con rigor, y no a entender los argumentos jurídicos que utilizaba la Corte al
interpretar las Leyes.
3.6.3. La Doctrina
Probable en Colombia. De
este paso luego se llega al concepto de  doctrina probable, incorporado
en Colombia con la Ley 169 de 1896, que abandona la referencia a lo legal, de
tal manera que pierde su acepción normativa y se acerca más al concepto francés
de jurisprudencia constante con autoridad ante los jueces pero sin valor
obligatorio. El artículo 4 de la Ley 169 de 1896, aún vigente, establece que:
Tres decisiones uniformes dadas por la
Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho
constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos,
lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas
las decisiones anteriores.
La fórmula utilizada por la norma es
diametralmente distinta a la de doctrina legal, pues no se trata de que la
norma permita a los jueces apartarse del precedente, sino más bien, el artículo
autoriza a los jueces el uso de la jurisprudencia en casos análogos.
Lo cierto es que esta definición de la
doctrina probable resultaba coherente con un sistema legalista o civil law en
que la jurisprudencia tiene un carácter indicativo, con un grado de autoridad
en cuanto a fuente auxiliar de interpretación de las normas legales, pero no
construye por sí misma reglas autónomas capaces de generar efectos propios, ni
a nivel de derechos, ni a nivel de sanciones o recursos, como ocurría con la
doctrina legal.
3.6.4. El sentido actual
de la doctrina probable en Colombia
A diferencia de la forma en que se
abordaba en el régimen jurídico de la Constitución de 1886, la doctrina
probable en la Constitución de 1991 tiene el valor de fuente normativa de
obligatorio cumplimiento, tal como claramente lo estableció la Corte
Constitucional a lo largo de su jurisprudencia.
En la sentencia C-836 del 2001, la Corte
Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 169 de
1896 que consagra la doctrina probable desde hace más de 100 años, en razón de
una demanda que, con base en el desarrollo jurisprudencial sobre precedente
constitucional obligatorio, se oponía a la fórmula flexible utilizada en dicha
norma.
En la sentencia, la Corte se adentró a
estudiar los fundamentos de la doctrina probable:
“La fuerza normativa de la doctrina
dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada
constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como
órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación
de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de
trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida
como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del
carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha
autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social
que pretende regular.”[16]
En la referida sentencia, la Corte
Constitucional procuró darle a la doctrina probable un valor jurídico explicito,
fundamentando para ello su fuerza normativa en  “el derecho de los ciudadanos a
que las decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y
consistente del ordenamiento jurídico.”
Para la Corte, el derecho a la igualdad
ante la Ley e igualdad de trato por parte de las autoridades obliga
especialmente a los jueces y supone que:
Una decisión judicial que desconozca
caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente
analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la autonomía judicial, en
realidad está desconociéndolos y omitiendo el cumplimiento de un deber
constitucional.
En razón de ello, la Corte no solo
reconoce la constitucionalidad de la doctrina probable de la Corte Suprema,
sino que fortalece su rigurosidad, exigiendo que el apartamiento de la misma
por parte de los jueces de instancia, no sea caprichoso, sino que requiere una
justificación de acuerdo con  la seguridad jurídica, en concordancia con los
principios de la buena fe y la igualdad frente a la ley.[17]
Sin embargo, pese a la importancia, fuerza
normativa y garantía de seguridad jurídica y de la confianza legítima en la
administración de justicia que contiene la doctrina probable, el acatamiento de
la misma no constituye una obligación absoluta para el juez, en la medida en
que tiene la posibilidad de apartarse de la doctrina probable siempre que dé a
conocer de manera clara las razones por las cuales se aparta en su decisión.
Al respecto, la citada Sentencia C-836 de 2001
estableció la diferencia de obligatoriedad entre la ratione decidendi de
la decisión y el obiter dicta, señalando que “la parte de las sentencias
que tiene fuerza normativa son los principios y reglas jurídicas” que hacen
parte de la razón de la decisión, es decir aquellos que son “inescindibles de
la decisión sobre un punto de derecho.” En cambio de ello, las obiter dicta
constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial en los términos del
inciso 2° del art. 230 superior, pues pueden servir para resolver aspectos
tangenciales de la sentencia y en muchos casos permiten interpretar cuestiones
relevantes desde el punto de vista jurídico, que si bien no deben ser seguidos
en posteriores decisiones si pueden resultar útiles.
Respecto del apartamiento de la decisión, la
Corte en la sentencia C-836 de 2001 dejo claro que dicha posibilidad existe,
tanto para la misma Corte Suprema respecto de su doctrina judicial como para
los jueces de inferior jerarquía, pero siguiendo una carga argumentativa, que
por supuesto se diferencia respecto del órgano que pretenda el distanciamiento.
Así, la sentencia indicó: “Ello supone que la carga argumentativa que
corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia
decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano
para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.”
Es en ese sentido que la Corte ha manifestado
en sentencias como la  SU-047/99[18], que el juez puede distanciarse de la doctrina
probable siempre y cuando exponga clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican la razón por la que decide apartarse de ella. Al
respecto esta Corporación ha sostenido en la sentencia C-836 de 2001, que el
apartamiento de la doctrina probable es válido a condición de: “que el cambio
en la jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a una ponderación
de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular.”
En dicha decisión, esta Corporación,
explicó que para evitar que los jueces sean caprichosos al apartarse de una
decisión, si bien no están obligados de forma absoluta al seguimiento del
precedente, al apartarse, los jueces “están obligados a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.
Finalmente la Sentencia C-836 de 2001
consagró también la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia se aparte
de su doctrina probable, (precedente horizontal) en tres supuestos: 1)
cambios sociales que hagan necesario un ajuste en la jurisprudencia. 2) cuando
encuentre que su jurisprudencia contradice “valores, objetivos, principios y
derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico” y 3) cuando exista
un cambio relevante en el ordenamiento jurídico legal o constitucional.
3.7.
EL PRECEDENTE
JUDICIAL OBLIGATORIO EN COLOMBIA
3.7.1. La Corte Constitucional desde su jurisprudencia
temprana ha reconocido el valor del precedente judicial de la ratio
decidendi de sus decisiones, tanto en materia de constitucionalidad como en
materia de tutela.
3.7.2. Al respecto, en la sentencia C-104 de 1993[19] la Corte se pronuncia sobre las diferencias entre las
sentencias de los demás tribunales y las decisiones de constitucionalidad,
estableciendo que aquellas encargadas a la Corte Constitucional tenían
naturaleza erga omnes y además, no constituían un criterio auxiliar de
interpretación sino que “la jurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa
juzgada constitucional -art. 243 CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para
efectos de la expedición o su aplicación ulterior”.
3.7.3. En cuanto a las Sentencias de tutela, los
pronunciamientos sobre la obligatoriedad del precedente se dan a partir del año
1995, con las sentencias T-123[20] y T-260[21] de ese año. En la primera la Corte se refirió a que
las sentencias “sirven como criterio que auxiliar de los jueces, pero si éstos
deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán
justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo,
so pena de infringir el principio de la igualdad» pero será en la segunda donde
por primera vez se refiera al valor de la jurisprudencia en términos de
doctrina constitucional:
Es verdad que, como esta Corporación lo ha sostenido
repetidamente, uno de los principios de la administración de justicia es el de
la autonomía funcional del juez, en el ámbito de sus propias competencias (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992),
pero ella no se confunde con la arbitrariedad del fallador para aplicar los
preceptos constitucionales. Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo
230 de la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta
Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta
Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la
normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían,
no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la
civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en
cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el
juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le
corresponde fijar. [22]
3.7.4. Pocos
años más tarde, en la Sentencia T 566 de 1998[23],
la Corte reitera el precedente de las sentencias antes referidas y va más allá,
pues se pronuncia de forma aún más directa sobre el valor del precedente
judicial en materia de tutelas dándole la connotación propia del case law,
no solo por referirse explícitamente a la importancia de la identidad de los
hechos sino por mencionar el valor de la jurisprudencia respecto de la administración
así:
[E]sta Corporación ya ha precisado en
distintas ocasiones que en el caso de las sentencias de tutela la Corte actúa
como tribunal de unificación de jurisprudencia, y que los jueces que consideren
pertinente apartarse de  la doctrina fijada en esas providencias, en uso
de su autonomía funcional,  deben argumentar y justificar debidamente su
posición. De lo contrario, es decir si cada juez pudiera fallar como lo deseara
y sin tener que fundamentar su posición, se vulneraría abiertamente los derechos
de los ciudadanos a la igualdad y de acceso a la justicia. El primero, porque
la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez
- y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los
jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -,
de manera tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma
absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez. Y el
segundo, en la medida en que las decisiones de la Corte y su interpretación de
la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.
Lo señalado acerca de los jueces se aplica con
más severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la
autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros
Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado
adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este
punto.
3.7.5. Con posterioridad a ello, y como bien lo
indica la Sentencia C-539 de 2011[24], la Corte Constitucional ha señalado repetidamente,
la vigencia y validez de la fuerza vinculante del precedente judicial en
materia de tutela, señalando que las autoridades públicas, tanto
administrativas como judiciales, están obligadas a acatar los precedentes que
fije la jurisprudencia constitucional.
3.7.6. En la sentencia T-439 de 2000[25], la Corte precisó que si bien es cierto que
la tutela no tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, la ratio
decidendi, constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las
autoridades públicas, ya que además de ser el fundamento normativo de la decisión
judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta
interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma.
El precedente por lo tanto, es verdaderamente
una regla de derecho derivada del caso y en consecuencia, las autoridades
públicas solo pueden apartarse de la postura de la Corte cuando se “verifica
que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso
concreto”, o que “existan elementos de juicio no considerados en su
oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera más coherente o
armónica la institución jurídica”, en cuyo caso se exige una “debida y
suficiente justificación”. [26]
3.7.7. En síntesis, respecto de la obligatoriedad de
la jurisprudencia constitucional, la Sentencia C-539 de 2011 reitera que esta
se fundamenta en (i) el respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual
implica el respecto por las normas superiores y la unidad y armonía de las
demás normas con éstas, de manera que al ser la Corte Constitucional el órgano
de cierre de la jurisdicción constitucional, “sus determinaciones resultan
ser fuente de derecho para las autoridades y particulares, cuando a través de
sus competencias constitucionales establece interpretaciones vinculantes
de  los preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia entre decissum,
ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no
solo de la parte resolutiva sino de los contenidos de la parte motiva de las
sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad como en el concreto,
que son determinantes para la decisión o constituyen la ratio decidendi del
fallo; y (iii) las características de la ratio decidendi y, por tanto,
de la jurisprudencia como fuente de derecho, por cuanto “la ratio decidendi
de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta
más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los
jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de
derecho que integra la norma constitucional”.
3.7.8. Pero el precedente
judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino
que se extiende a las Altas Cortes. Al respecto en la sentencia C-335 de 2008[27], refiriéndose en general a las decisiones de todos
los órganos judiciales de cierre jurisdiccional, reitera el carácter vinculante
de la jurisprudencia de los órganos de cierre y, al respecto, afirma:
Reconocerle
fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano,
lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y
económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la
vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por
cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de
los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad
jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares.
3.7.9. Luego en  la Sentencia
C-816 de 2011[28],  la Corporación sostuvo:
La fuerza vinculante de las decisiones de las
denominadas altas cortes surge de su definición constitucional como órganos
jurisdiccionales de cierre, condición que les impone el deber de unificación
jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. El mandato de
unificación jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales
de cierre, se erige en una orden específica del Constituyente para brindar
cierta uniformidad a la interpretación y aplicación judicial del derecho en
desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las personas, mediante la
fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.
3.7.10. En una reciente decisión la Corte, en Sentencia de
Unificación, se refirió con toda claridad a la importancia del precedente de
las Altas Cortes, al pronunciarse sobre la causal de nulidad de sentencias vía
acción de tutela por desconocimiento del precedente. Al respecto la Corte
reiteró:
Ahora bien, como se explicó líneas atrás,
cuando el precedente emana de los altos tribunales de justicia en el país
(Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere
un carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de
primacía de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido
proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia del ordenamiento.
En la práctica jurídica actual, las instancias
de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el derecho es
dado a los operadores jurídicos a través de normas y reglas jurídicas que no tiene
contenidos semánticos únicos. Por tanto, el derecho es altamente susceptible de
traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas
interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la propia
ambigüedad del lenguaje. Eso genera la necesidad de que, en primer lugar, sea
el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en segundo
lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en
pro de la igualdad.[29]
3.7.11. Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la
Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala
disciplinaria- y la Corte Constitucional, como órganos de cierre de sus
jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces
de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto
autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las
altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y
el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de
actuación; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza
legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de
seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos,
entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la
resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como
de la confianza legítima en la autoridad judicial.
3.7.12. Por otra parte, la Corporación ha sido muy
clara en recalcar la importancia del principio de igualdad como fundamento de
la obligatoriedad del precedente jurisprudencial, pues el trato diferenciado
por parte de los jueces a ciudadanos cuyos casos se fundamentan en iguales
cuestiones fácticas, no sería otra cosa que una vulneración al principio de
igualdad que es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un eje
definitorio de la Constitución Nacional. Al respecto, la sentencia C-816 de
2011 estableció que:
En suma, el deber
de igualdad en la aplicación de las normas jurídicas, al ser un principio
constitucional, es a su vez expresión del otro principio constitucional
mencionado, el de legalidad. El ejercicio de las funciones administrativa y
judicial transcurre en el marco del estado constitucional de derecho y entraña
la concreción del principio de igualdad de trato y protección debidos a los
ciudadanos, en cumplimiento del fin estatal esencial de garantizar la
efectividad de los derechos, y en consideración a la seguridad jurídica de los
asociados, la buena fe y la coherencia del orden jurídico. Lo que conduce al
deber de reconocimiento y adjudicación igualitaria de los derechos, a sujetos
iguales, como regla general de las actuaciones judiciales y administrativas.
Precisamente,
tanto (i) la extensión administrativa de las sentencias de unificación
-ordenada en la norma legal demandada- como (ii) la fuerza de los precedentes
judiciales, son mecanismos puestos a disposición de los jueces y la
administración, para concretar la igualdad de trato que unos y otros deben a
las personas.
3.7.13. Queda entonces claro que para la Corte el
carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho de la jurisprudencia
emanada de las altas cortes en sus respectivas jurisdicciones y de la Corte
Constitucional en todo el ordenamiento jurídico, está ampliamente reconocido. Como
lo sostuvo en la sentencia SU-053 de 2015 “los órganos judiciales de cierre
cumplen el papel fundamental de unificar la jurisprudencia, con base en los
fundamentos constitucionales invocados de igualdad, buena fe, seguridad
jurídica y necesidad de coherencia del orden jurídico.”
3.8.
EL APARTAMIENTO
DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Como se ha visto, la Corte Constitucional ha desarrollado
una extensa jurisprudencia en la que ha determinó la importancia y carácter
vinculante del precedente  para las autoridades judiciales, como el deber que
recae en el juez de instancia de aplicar el precedente en las decisiones que
incumban casos posteriores con similares supuestos de hecho, con el fin de
garantizar seguridad jurídica, la igualdad de trato en la actividad judicial y
mantener la línea jurisprudencial respecto al caso en concreto. Sin embargo, en
diferentes oportunidades esta Corporación ha manifestado que el juez puede
también desligarse del precedente, y cuando lo hace tiene el deber de
argumentar de manera rigurosa y clara las razones por las cuales decide
apartarse de tal precedente. En la Sentencia C-400 de 1998[30] la Corte manifestó:
En ese orden de ideas, un tribunal puede
apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal
evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones
que justifican a el apartamiento de las decisiones anteriores y la
estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para
justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la
interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el
precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado
el sistema jurídico de determinada manera. Por ello, para que un cambio
jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones
que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no sólo
sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino,
además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que
fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho.
3.8.1. Fuera de las anteriores consideraciones, la
Corte ha considerado que el acatamiento del precedente, sin embargo, no debe
suponer la petrificación del derecho. En este sentido, el  juez puede apartarse
tanto de los precedentes horizontales como de los precedentes verticales; pero
para ello debe fundar rigurosamente su posición y expresar razones claras y
válidas para distanciarse de los precedentes vinculantes.
3.8.2. El apartamiento judicial del precedente es la
potestad de los jueces de apartarse de la jurisprudencia de los órganos
jurisdiccionales de cierre, como expresión de su autonomía judicial
constitucional[31]. Para que el
apartamiento sea válido es necesario  el previo cumplimiento del estricto deber
de consideración del precedente en la decisión, ya que la jurisprudencia de las
altas corporaciones judiciales de cierre no puede ser sencillamente ignorada
frente a situaciones similares a las falladas en ella.
3.8.3. Según lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal,
una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial
sólo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de
contra-argumentación que explique las razones del apartamiento,
bien por: (i)  ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el
precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones
normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la
regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la
posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las
corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en
primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de
explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga.
3.8.4. Asimismo, la carga argumentativa del juez que
se desliga del precedente implica una exigencia tal, que si él no realiza una
debida justificación de las razones que lo alejaron de tal precedente
constitucional se genera un defecto que puede viciar la decisión. “el
desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un
defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas
las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical, en
virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe”[32].
3.8.5. Por lo cual y a pesar de la regla general de
obligatoriedad del precedente judicial, siempre que el juez exprese
contundentemente las razones válidas que lo llevaron a apartarse del precedente
constitucional, su decisión será legítima y acorde a las disposiciones legales
y constitucionales, como se ha determinado en distintas decisiones de esta
Corporación como T-446/2013, T-082 de 2011, T 194/2011, que fueron reiteradas en
la sentencia T- 309 del 2015, concluyendo lo siguiente:
La Corte ha reconocido que es preciso hacer
efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de
autonomía e independencia en su actividad, al punto que si bien está obligado a
respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores funcionales,
también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le
impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho. En
consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o
vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente
conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto
casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se
es consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone
razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo
que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro
sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no
resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de
suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de
la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las
autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores
judiciales.
3.8.6. De tal forma que el juez debe cumplir con la
obligación de seguir el precedente en los casos posteriores que sean idénticos,
en la medida en que esto garantiza  el derecho que tiene todo ciudadano de
igualdad de trato en la interpretación y aplicación de la ley dentro de la
actividad judicial, como también garantiza seguridad jurídica en la misma
aplicación de la norma. Sin embargo,  tal como se planteó en la Sentencia T-309
de 2015, los jueces tienen la libertad de
“apartarse de
dicho precedente, en el caso de decisiones adoptadas por órganos de cierre
sería la misma Corporación y en el caso del precedente horizontal los mismos
jueces, siempre que cumplan la carga argumentativa antes descrita y
construyendo una mejor respuesta al problema jurídico, so pena de incurrir en
la causal de procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que
tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo,
entre otros.”
3.8.7.
Como se explicó, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el valor
vinculante del precedente de las Altas Cortes en tanto que órganos de cierre de
sus jurisdicciones, y con ello la obligación de los jueces de instancia de
apegarse a ellos en sus decisiones, pero esa obligación no coarta la libertad
de decisión del juez o autonomía judicial protegida constitucionalmente en
tanto él puede apartarse del precedente si cumple con los requisitos que para
ello se han establecido. Al respecto, la sentencia
C-634 de 2011[33], la Corte dio claridad sobre las condiciones que debe
cumplir la carga argumentativa exigida al juez de instancia para apartarse del
precedente del tribunal de cierre y en general de la Corte Constitucional según
tenga lugar:
Resulta válido que
dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política,
puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso
esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre
otros (i) hacer
explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor
sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii)demostrar suficientemente que la
interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los
derechos, principios y valores constitucionales.
(…) Sin embargo, debe resaltarse
que la opción en comento en ningún modo habilita a las autoridades judiciales
para, en el ejercicio distorsionado de su autonomía, opten por desconocer el
precedente, tanto de carácter vertical como horizontal, ante la identidad de
supuestos jurídicos y fácticos relevantes, sin cumplir con los requisitos antes
mencionados.  Por lo tanto, resultarán inadmisibles, por ser contrarias a
los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, posturas que
nieguen la fuerza vinculante prima facie del precedente, fundamenten
el cambio de jurisprudencia en un simple arrepentimiento o cambio de parecer, o
sustenten esa decisión en el particular entendimiento que el juez o tribunal
tengan de las reglas formales de derecho aplicables al caso.
3.8.8. En síntesis,
reiterando lo sostenido por esta Corporación[34]: (i) la
jurisprudencia, es “criterio auxiliar” de interpretación de la
actividad judicial -CP, artículo 230.2-, y de este modo los jueces en sus
providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley” -CP,
artículo 230.1-; (ii) sin embargo, las decisiones de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y
la Corte Constitucional -en todos los casos, como guardián de la Constitución-,
tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para
la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad,
buena fe y seguridad jurídica -CP, artículos 13 y 83-; (iii) excepcionalmente,
el juez puede apartarse del precedente judicial vinculante de
los órganos jurisdiccionales de cierre, mediante una argumentación explícita y
razonada de su apartamiento, en reconocimiento a la autonomía e
independencia inherentes a la administración de justicia y al ejercicio de la
función judicial -CP, artículo 228-.
3.8.9.  Ahora bien, a
lo largo de la jurisprudencia de esta Corporación se ha sostenido que las
decisiones de la Corte Constitucional en materia de interpretación de la
constitución en materia de derechos fundamentales tiene prevalencia respecto de
la interpretación que sobre la misma realicen los demás órganos judiciales. Así
quedó sentado en la ratio decidendi de la Sentencia C-816 de 2011[35], en que la
Corte decidió declarar exequibles el inciso primero y el inciso séptimo del
artículo 102 de la ley 1437 de 2011, entendiéndose que las autoridades, al
extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas
por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus
decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte
Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la
resolución de los asuntos de su competencia. a su vez compiló la línea
jurisprudencial en la materia.
En la Sentencia C-539 de
2011[36] la Corte decidió declarar exequible
la expresión “que en
materia ordinaria o contenciosa administrativa”  contenida en
el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, en el entendido que los precedentes
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado -y el
Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria- a que se refiere la
norma, deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte
Constitucional, la cual es prevalente en materia de interpretación de los
derechos fundamentales y de la Constitución en general.
En ambas decisiones de importancia fundamental para
la materia, se establece una regla sobre el valor normativo del precedente
jurisprudencial de los jueces en Colombia, consistente en que si bien los
precedentes de las altas cortes son obligatorios para los jueces de instancia y
aún para ellos mismos, los precedentes en materia de interpretación de derechos
fundamentales emanados de la Corte Constitucional tienen un valor preponderante
y deben ser seguidos por los demás tribunales y jueces del país.
3.9.
CASO CONCRETO
3.9.1. Análisis de la
constitucionalidad de la expresión acusada del artículo 7 de la Ley 1564.
La norma demanda establece en su segundo
párrafo que: “Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado
a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación
con sus decisiones en casos análogos.”
3.9.1.1. Por una parte, ha quedado
suficientemente claro que la posición de la Corte Constitucional respecto del
valor vinculante de la jurisprudencia de las Altas Cortes tanto a nivel
vertical como horizontal es que ello resulta plenamente compatible con el
enunciado del Art. 230 constitucional, pues lejos de contradecir su sentido
material, fortalece el concepto de orden normativo sistemático e integral y
protege los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la Ley.
3.9.1.2.  Las sub reglas decantadas sobre el
valor de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tanto en la figura de la doctrina
probable de la Corte Suprema de Justicia, como en general, sobre la aplicación del
precedente vertical y horizontal en los casos con hechos similares, son claras
en aceptar que la jurisprudencia es una herramienta útil para lograr la
coherencia del sistema jurídico nacional, perseguir el cumplimiento del
principio de igualdad, y lograr la eficiencia del sistema judicial.
3.9.1.3. La consideración bajo la cual la
jurisprudencia tiene la capacidad de fijar reglas de aplicación e
interpretación de las normas para los jueces, no es una regla absoluta, y
justamente por ello y en protección a la autonomía del juez se ha planteado a
lo largo de la jurisprudencia constitucional y al menos desde 1896 con la Ley
169 de ese año, el derecho colombiano ha consagrado la posibilidad para el juez
de apartarse de la doctrina probable.
3.9.1.4. Ahora bien, para garantizar la vinculatoriedad
de las decisiones de las Altas Cortes y con ello su función de cierre y
unificación de la jurisprudencia, las decisiones de la Corte Constitucional han
sido claras en exigir al juez de instancia que quiera apartarse, que
previamente tome en consideración el precedente y luego fundamente con claridad
los fundamentos que justifican su decisión. De la misma forma se exige, en
virtud de la seguridad jurídica, que cuando una Alta Corte decida apartarse de
su propio precedente, lo haga con base en unos presupuestos determinados y no
de forma caprichosa.
3.9.1.5. En conclusión, la obligatoriedad del
precedente sentado en la jurisprudencia de las Altas Cortes deja abierta la
posibilidad de que el juez de instancia se aparte, solo que para hacerlo, y con
el objeto de generar un grado de seguridad jurídica aceptable, se exige que el
juez que decida apartarse de la jurisprudencia deba adelantar una carga
argumentativa que justifique su decisión.
3.9.1.6. En materia de doctrina probable, la
sentencia C-836 de 2001 claramente estableció la validez e importancia de la
figura y explicó que la misma conlleva la exigencia de una carga argumentativa
para el juez que quiera apartarse de ella. Esa misma regla, aunque de forma más
explícita y ampliada a la jurisprudencia de todas las Atlas Cortes de derecho
colombiano, se incorpora en la norma impugnada en la presente demanda.
3.9.1.7. El examen de coherencia, importancia y
validez de la figura de la doctrina probable, a la luz de la Constitución
Colombiana, incluyendo la necesidad de una carga argumentativa para que el
inferior se aparte de ella, tiene los mismos elementos que aquellos que se
consideraron en la sentencia C-836 de 2001 y SU-047 de 1999, con lo cual la
Corte reiterará su jurisprudencia respecto de la constitucionalidad de la norma
respecto de la alusión a la Doctrina Probable y la correspondiente obligación
del juez de inferior jerarquía de adelantar una carga argumentativa en caso de
querer apartarse de ella en su decisión.
3.9.1.8. En lo que corresponde al precedente
judicial horizontal y la obligación de adelantar una carga argumentativa
suficiente para apartarse de él, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que se trata de una herramienta útil para lograr los objetivos
constitucionales, inicialmente en materia de derechos fundamentales. La
utilización de esta herramienta se ha ido expandiendo a otras materias, tal
como se vio en el caso del derecho contencioso administrativo, y en ese caso,
la Corte, al revisar la constitucionalidad de la Ley 1437 de 2011 en la sentencia
C-816 de 2011 la Corte determinó la exequibilidad de la norma e incluso
estableció la posibilidad de que la figura se expandiera a la Corte Suprema de
Justicia.
3.9.1.9. Es menester indicar que esta
Corporación, en las citadas sentencias C-539 y 816, ambas de 2011, estableció
que si bien el precedente jurisprudencial de todas las Altas Cortes tienes un
valor obligatorio para los jueces de instancia, el precedente de la Corte
Constitucional, en cuanto se refiere a la interpretación de derechos
fundamentales, tiene un valor preeminente y por lo tanto, aún las Altas Cortes
están obligadas a seguirlo.
3.9.1.10. En la norma demandada, encuentra la
Corte que lo que existe es un esfuerzo del legislador por implementar a través
de la Ley una fórmula jurídica que ha sido ampliamente desarrollada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de las demás Altas Cortes y cuya
importancia y funcionalidad en el derecho colombiano actual resulta de la mayor
valor, por lo que, el artículo demandado  contribuye a dar aún más solidez a
las decisiones de los tribunales de cierre y con ello fortifica la seguridad
jurídica del sistema judicial colombiano.
3.9.1.11. En ese sentido, respecto de la
constitucionalidad de la norma, en lo que se refiere a imponer al juez una
carga argumentativa para apartarse de la doctrina y del precedente judicial, la
Corte declarará la constitucionalidad de la norma demandada, en virtud a su
amplia jurisprudencia en la materia, en particular el precedente desarrollado
en la jurisprudencia de la Corte y reiterado en la reciente sentencia T-309 de
2015, en que la corporación fija las pautas sobre el apartamiento del
precedente jurisprudencial tal como se indicó anticipadamente.
3.10.      CONCLUSIONES
3.10.1. Correspondió a la Sala determinar si el
artículo 7 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, constituía una violación a la
Constitución Política en virtud de que su redacción no contiene la palabra solo
sino que incorpora la palabra además y se refiere a la obligación
del juez de exponer clara y razonablemente los fundamentos jurídicos de su
decisión cuando pretenda apartarse de la doctrina probable y el precedente
judicial. Todo lo cual, para los demandantes constituía un cambio en el sistema
de fuentes, por equiparar las fuentes principales a las auxiliares y por dar a
la jurisprudencia un valor normativo superior incluso al de las leyes. Se
planteó que con ello, se generaba además una especie de reforma a la
Constitución y por ende se violaban las reglas sobre reforma constitucional.
3.10.2. La Sala inició por rechazar el cargo que
se presentó como subsidiario en la demanda y que se refiere a la violación a
las normas sobre reforma constitucional, pues es claro que el hecho de que una
norma legal vaya en contravía de la constitución no implica una reforma
constitucional, sino justamente, una posible exequibilidad por
inconstitucional. Sobre este cargo se declaró inhibida por faltar el requisito
de certeza.
3.10.3. En cuanto al cargo que sostenía que la
palabra además implicaba un cambio en la estructura jerárquica de las fuentes
normativas en Colombia, la Corte encontró que la supuesta contradicción entre
el artículo demandado y la norma constitucional, basada en la inclusión de la
palabra “además” no surgía del tenor literal del texto demandado sino de
la interpretación subjetiva de la demandante y además, que no existía la
argumentación suficiente para generar en la Sala la convicción necesaria para
adelantar un estudio de constitucionalidad.  En función de lo anterior, la
Corte se declaró inhibida frente a este cargo de la demanda.
3.10.4. Finalmente, respecto del cargo por dar a
la jurisprudencia un valor preponderante en el sistema normativo colombiano al
obligar al juez que pretenda apartarse de la doctrina probable y el precedente
judicial a exponer sus razonamientos, la Corte Constitucional concluyó
primeramente que a pesar de las reiteradas decisiones en la materia no existían
los requisitos para declarar cosa juzgada material constitucional.
3.10.5. La Corte determinó que la doctrina
probable y el precedente judicial, son dos vías distintas para darle fortaleza
a la decisión judicial y con ello contribuir a la seguridad jurídica y al respeto
por el principio de igualdad. Encontró que mientras la doctrina probable
establece una regla de interpretación de las normas vigentes, que afecta la
parte considerativa de la decisión judicial,  el precedente judicial establece
reglas sobre la aplicación de las normas en casos precisos, afecta por lo tanto
aquellos casos cuyos hechos se subsuman en la hipótesis y están dirigidos a la
parte resolutiva de la decisión.
3.10.6. La Corte reconoció que la utilización de
estas fórmulas, lejos de atentar contra el artículo 230 de la constitución
vienen a reforzar el sistema jurídico nacional y son perfectamente compatibles
con la jerarquización de las fuentes que establece el postulado constitucional,
puesto que la jurisprudencia no crea normas sino que establece las formulas en
que el juez, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva, debe
llevar  la normatividad a los casos concretos.
3.10.7. En cuanto al deber del juez de sustentar
las razones por las cuales se aparta de la jurisprudencia, consideró la Corte
que ese tema ya había sido objeto de profundos estudios de constitucionalidad,
que explicaban la coherencia de la exigencia frente a los objetivos perseguidos
con la doctrina probable y el precedente judicial, y su ponderación frente a la
libertad decisional del juez, ante lo cual se remitió a sus decisiones
anteriores, y en particular aquella de la sentencia C-836 de 2001.
3.10.8. En ese orden de ideas, concluyó la
Corporación que la norma demanda, al establecer la obligación del juez de
sustentar las razones por las cuales se aparta de la jurisprudencia, no hace
otra cosa que recoger lo que ya ha sido plasmado por las sentencias de la Corte
Constitucional en su reiterada jurisprudencia al interpretar el mandato
constitucional del artículo 230, por lo cual, la decisión que se tomará es la
de declarar la constitucionalidad del segundo inciso del artículo demandado
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo el
artículo 7°  de la Ley 1564 de 2012.
SEGUNDO.- Declararse INHIBIDA para decidir de fondo, en
relación con el cargo contra la palabra además del párrafo primero,
artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, por la supuesta violación al artículo 230 de
la Constitución.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y
archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidente (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO         LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado                                                      Magistrado
Ausente
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO       GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO          JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS                          LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                          Magistrado                                                              Con
aclaración de voto
MARTA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria  General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-621/15
PRECEDENTE ADOPTADO POR LAS ALTAS CORTES-Norma derecho con naturaleza vinculante (Aclaración de
voto)/PRECEDENTE-Falta de análisis sobre su vínculo con la jerarquía en
el sistema de fuentes de derecho (Aclaración de voto)
ALTAS CORTES-Función
constitucional de servir como intérpretes autorizados del derecho (Aclaración
de voto)/HERMENEUTICA DE NORMAS LEGALES-Función compatibilizada con la
estructura del sistema de fuentes y el principio de supremacía constitucional
(Aclaración de voto)
LEY-Confiere
carácter vinculante a la jurisprudencia (Aclaración de voto)/LEY-Reconocimiento
de la jurisprudencia como norma jurídica sustantiva (Aclaración de voto)/PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Naturaleza superior (Aclaración de voto)/CORTE
CONSTITUCIONAL-Función de
definir contenido y alcance de norma de mayor jerarquía y obligatoriedad en el
orden jurídico (Aclaración de voto)
DECISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE NORMAS
CONSTITUCIONALES APLICABLES EN ASUNTOS DE SU COMPETENCIA-Carácter vinculante sin perjuicio del carácter
obligatorio erga omnes de sentencias que efectúan control abstracto de
constitucionalidad (Aclaración de voto)
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE FUENTES DE
DERECHO-Falta de integración para
realizar distinción en cuanto a su jerarquía entre jurisprudencia de
disposiciones legales y la que define contenido normativo y alcance de los
preceptos constitucionales (Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado hacia las
decisiones de la Corte, aclaro mi voto en la sentencia C-621 del 30 de
septiembre de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Prelelt Chaljub), fallo en el que se
declaró exequible el inciso segundo del artículo 7o de la Ley 1564
de 2012 y se inhibió respecto de las demás previsiones acusadas.
Estuve de acuerdo
con la decisión, pues comparto la misma en cuanto considera que el precedente
adoptado por las altas cortes es una norma derecho con naturaleza vinculante y
que cumple funciones esenciales en términos de uniformidad del orden jurídico,
predictibilidad de las decisiones judiciales y eficacia del derecho de igualdad
ante las autoridades judiciales. No obstante, considero que la ponencia dejó de
analizar un aspecto importante, estudiado en otras decisiones de las Corte y
que versa sobre el vínculo entre el precedente y la jerarquía dentro del
sistema de fuentes de derecho.
Asumo como cierta y necesaria la premisa
según la cual las altas cortes tienen la función constitucional de servir como
intérpretes autorizados del derecho legislado. Así por ejemplo, la hermenéutica
que el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia hacen de las normas
legales debe ser, de ordinario, adoptada y replicada por los demás jueces en
sus decisiones. Sin embargo, esta circunstancia debe ser compatibilizada con la
estructura del sistema de fuentes y. en particular, con el principio de
supremacía constitucional.
La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido, respecto de este último aspecto, que si bien es válido que la ley
confiera carácter vinculante a la jurisprudencia y la reconozca, en su pleno
sentido, como norma jurídica sustantiva, debe también tener en cuenta que el
precedente constitucional tiene naturaleza superior. Y no porque la Corte
Constitucional tenga jerarquía superior sobre las demás altas cortes, sino
porque este Tribunal tiene la función de definir el contenido y alcance de la
norma de mayor jerarquía y obligatoriedad en el orden jurídico, conforme lo
estipula el artículo 4o de la Constitución.
Esta fue la razón por la cual, por
ejemplo, la Corte condicionó, a través de la sentencia C-634/11 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva) el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de dejar sentado que si bien el
legislador estaba válidamente habilitado para conceder carácter vinculante a
las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de
Estado, en todo caso ese mismo carácter vinculante se predicaba de las
decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas
constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.
Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias
que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.
La razón de la decisión en dicho caso fue
considerar que, de acuerdo con la estructura que la Constitución confiere al
orden jurídico, los efectos unificadores y vinculantes de la jurisprudencia
constitucional tienen una mayor intensidad y, por ende, los jueces solo pueden
apartarse de dicho precedente cuando demuestren razones poderosas y conclusivas
que lo sustenten, siendo lo usual el acatamiento irrestricto de la
jurisprudencia. Para la Corte en dicha sentencia, "Los fallos
de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto como
abstracto de  constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza
vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga omnes en el caso de los fallos
de control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de
revisión de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio
decidendi, tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas. Esto
en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el
principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente
de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos
normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de
su labor de intérprete autorizado del Texto Superior. (...) El desconocimiento del precedente judicial de las altas
cortes por parte de las autoridades administrativas, especialmente de la
jurisprudencia constitucional, implica la afectación de derechos fundamentales,
y por tanto una vulneración directa de la Constitución o de la ley, de manera
que puede dar lugar a (i) responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria
por parte de las autoridades administrativas; y (ii) la interposición de
acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela, contra actuaciones
administrativas o providencias judiciales. "
Lo expuesto en la sentencia respecto de
la cual aclaro voto, no desconoce ni recoge las reglas fijadas por la Corte en
sus sentencias anteriores. Sin embargo, en mi criterio los argumentos sobre el
valor preponderante del precedente constitucional en el sistema de fuentes
debían haberse integrado a esta decisión, con el fin de realizar la necesaria
distinción, en cuanto a su jerarquía, entre la jurisprudencia que interpreta
autorizadamente las disposiciones de índole legal y aquella que define el
contenido normativo y el alcance de los preceptos constitucionales.
Estos son los
motivos de mi aclaración de voto.
Fecha ut supra.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] El artículo 7
de la ley 1564 de 2012 constituye una manifestación del desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional en relación con la fuerza vinculante
del precedente judicial (horizontal y vertical) y con el alcance de la
expresión "imperio de la ley", el cual comprende todo el sistema
jurídico. (…)La fuerza vinculante que le otorga el artículo 7° del Código
General del Proceso al precedente judicial, el cual se manifiesta bajo el nuevo
concepto de doctrina probable (sentencia C-836 de 2001), no es nada distinto
que el alcance que a la jurisprudencia le ha impreso esta alta corporación en
diversas decisiones. En ese orden de ideas, el legislador ordinario no plantea
modificación ni alteración alguna al sistema de fuentes consagrado en el
artículo 230 de la Constitución Política.
[2] “Teniendo en cuenta todo
lo anterior, consideramos que la Honorable Corte Constitucional ya ha resuelto,
en su jurisprudencia sobre disposiciones jurídicas con contenido normativo
similar a la demandada, el problema planteado en este proceso por la tensión
existente entre la fuerza vinculante de determinadas decisiones judiciales y la
autonomía e independencia judicial.”
[3]
Sentencia C-687 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4]
Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-489 de
2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[5]
Sentencia C-687 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-030 de
2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[6]
Sentencia C-030 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C-543 de 1992.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[7]
Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-310 de
2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[8]
Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Auto de Sala Plena,
A-174 de 2001. Ver, inter alia: Sentencias C-366 de 2006, C-850 de 2005, C-710
de 2005.
[9]
Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver: Sentencia C-427
de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia C-532 de 2013 M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[10]
Sentencia C-427 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[11]
Sentencia C-687 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[12]
Sentencia C-565 de 2000 reiterada en la Sentencia C-710 de 2005.
[13]
Según señala la citada sentencia,
“Sobre este punto, en la Sentencia C-310 de 2002 se dijo que: “De igual manera, la jurisprudencia señala que si la disposición es
declarada exequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al
juez constitucional para ‘pronunciarse sobre la materia previamente resuelta,
ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad
del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados
en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.’
No obstante, atendiendo al carácter dinámico de la Constitución, que se deriva
de su relación directa con la realidad sociopolítica del país, es posible que
el juez constitucional se vea obligado a revaluar la interpretación previamente
adoptada en torno al alcance de un determinado texto jurídico, debiendo
adelantar un nuevo juicio de inconstitucionalidad; esta vez, a partir de
acontecimientos distintos a los que respaldaron la decisión positiva que se
adoptó en el pasado –cambios sociales, económicos, políticos o culturales–, aun
cuando no se hayan presentado cambios sustanciales o formales en las
disposiciones constitucionales que suscitaron su aval inicial. Por supuesto
que, en estos casos, la actividad desplegada por el organismo de control
constitucional no atenta contra la cosa juzgada material, pues ‘el nuevo
análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser
contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y
permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución
jurídica’”
[14] M.P.  Mauricio González
Cuervo
[15]
Moliner Gonzalo, La garantía de la seguridad Jurídica en las Sentencias de
Casación, en Tribuna Abierta Nº 35, 2013, Explica:  “en la
tradición jurídica española, anterior a la ubicación de la Jurisprudencia
dentro del organigrama civil de las fuentes del derecho en el art. 1.6 CC —lo
que, como se sabe, no se produjo hasta la reforma introducida en el mismo en el
año 1974 (R.D. de 31 de mayo de 1974)— en concreto en la legislación procesal,
se le había dado ya a la misma un lugar preferente dentro de las previsiones
procesales legales con el recurso de casación, pues lo que entonces se conocía
como «doctrina legal», aun sin estar reconocida como fuente ni siquiera
complementaria del derecho, era susceptible de abrir el recurso de casación en
cuanto que el mismo, según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, podía
fundarse en la infracción de ley o en la «infracción de doctrina legal», lo que
significó que a efectos el recurso de casación se pudiera denunciar tanto la
infracción de una fuente del derecho propiamente dicha como la infracción de la
jurisprudencia a pesar de no venir ésta reconocida como fuente del derecho.”
[16]
Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[17]
Artículos 6 y 83 de la Constitución Política de Colombia
[18]  M.P. Carlos Gaviria
Díaz, Alejandro Martínez Caballero.
[19] M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[20] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
[21] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[22]
Sentencia T-260 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández,
reiterada en la Sentencia T-715 de 1997.
[23] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
[24] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
[25]  M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[26]
Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001,
citadas en la Sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[27] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto
[28] M.P. Mauricio González
Cuervo
[29]
Sentencia SU-053 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[30] M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[31]
Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[32] Sentencia T-102 de 2014
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
[34] Ver entre otras,
Sentencia SU-053 d 2015, T-309 de 2015, C-816 de 2011, C-634 de 2011.
[35] M.P. Mauricio González
Cuervo
[36] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva