C-532-13
Sentencia C-532/13
Sentencia C-532/13
SISTEMA DE ELECCION DE
MAGISTRADOS QUE CONOCEN DE PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Aplicación del
principio del mérito
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición
La cosa
juzgada constitucional es una institución jurídica procesal, que tiene su
fundamento en el artículo 243 de la
Constitución Política, mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas
en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes
y definitivas.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
FORMAL-Configuración
La jurisprudencia constitucional ha dicho que la cosa juzgada formal tiene ocurrencia cuando existe una decisión
previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada
posteriormente a su estudio.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
MATERIAL-Configuración
La cosa juzgada material se
presenta cuando existen dos disposiciones distintas que tienen
identidad de contenido normativo y en relación con una de ellas ya ha habido
previamente un juicio de constitucionalidad por parte de esta Corporación
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
MATERIAL-Jurisprudencia constitucional
COSA JUZGADA MATERIAL-Elementos
para determinarla
COSA JUZGADA MATERIAL-Efectos
respecto a fallos de exequibilidad o inexequibilidad
COSA JUZGADA MATERIAL-Declaración
debe ser adoptada por Sala Plena
COSA JUZGADA MATERIAL-No
configuración
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL-Aplicación
En aquellos casos en que se
llega a la conclusión de que no existe identidad normativa sino similitudes
notables en las materias objeto de regulación, luego de haberse practicado la
comparación entre el contenido de las disposiciones frente a las cuales se
alega la existencia de una cosa juzgada material; el juez constitucional debe
optar por seguir la técnica del precedente, lo cual implica que el nuevo caso debe
resolverse, en sus elementos comunes, del mismo modo como se adoptó la decisión
en el caso anterior.
CARRERA JUDICIAL-Jurisprudencia
constitucional
SISTEMA DE CARRERA
ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL-Mérito como elemento esencial/MERITO-Criterio para provisión de cargos
públicos dentro de la administración
FUNCIONARIOS JUDICIALES-Elección
por mérito
MAGISTRADO DE JUSTICIA Y PAZ-Requisitos
son los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de Tribunal Superior
de Distrito Judicial
MAGISTRADO
DE JUSTICIA Y PAZ-Competencia
Se consagra como
competencia de los magistrados de justicia y paz, el deber de adelantar la
etapa de juzgamiento de los procesos que se rigen por dichas leyes, esto es, el
referente al procesamiento y la sanción de las personas vinculadas a grupos
armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que
hubieren decidido desmovilizarse individual o colectivamente y, como consecuencia
de ello, contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.
MAGISTRADOS
DE JUSTICIA Y PAZ-Atribuciones
Entre las atribuciones que se consagran a cargo de los
citados magistrados se encuentran, entre otras, (i) la de disponer sobre la
detención preventiva de quienes son objeto de formulación de imputación; (ii)
la de adoptar medidas de protección para víctimas y testigos; (iii) la de
excluir de la lista de postulados a quienes incumplen los compromisos asumidos
para ser beneficiario de las medidas especiales consagradas en la ley; (iv) la
de imponer medidas cautelares sobre bienes para garantizar la reparación de las
víctimas; y (v) la de establecer las penas que correspondan dentro del concepto
de alternatividad.
FUNCIONARIOS JUDICIALES
ORDINARIOS Y FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y PAZ-Diferencia no puede justificar
que en el primer caso se requiere cumplir las condiciones de elección pública
con base en el mérito y en el segundo no
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Inexequibilidad expresión
“las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el
artículo 53 de la Ley 270 de 1996” contenida en parágrafo artículo 28 Ley 1592
de 2012
En criterio de la
Corte, es claro que la expresión: “las cuales serán elaboradas de acuerdo con
el procedimiento señalado en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996”, contenida en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, consagra un procedimiento de elección alejado del concurso
público de méritos, por lo que desconoce abiertamente el mandato del artículo
125 de la
Constitución Política. Por esta razón, se declara su inexequibilidad en la
parte resolutiva de esta providencia.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Exequibilidad expresión “La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados
de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a
partir de las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura”
La Corte considera que el resto del parágrafo
demandado del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012, conforme al cual: “La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados
de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a
partir de las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura” es exequible, por los cargos analizados, en el entendido que los
empleos a los que se refiere dicho precepto legal, deberán ser provistos de la
lista de elegibles vigente en materia penal. Lo anterior, por una parte, porque
en el proceso de selección de los funcionarios judiciales, salvo aquellos que
tienen régimen especial consagrado en la
Constitución, no se puede prescindir del concurso público de méritos, con el
propósito de elegir para dichos cargos a las personas que obtengan los mejores
puntajes y, por ende, demuestren objetivamente estar en las mejores condiciones
para el desempeño de las funciones propias de su cargo; y por la otra, porque
el registro de elegibles, como ya se dijo, se debe elaborar atendiendo al
criterio de especialidad, cuya trascendencia es aún mayor en la denominada
jurisdicción de justicia y paz, pues supone que los aspirantes deben tener
conocimientos, habilidades o experticia en derecho penal y especialmente en
justicia transicional, teniendo en cuenta los diferentes mecanismos que se
consagran en las Leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012, con el fin de asegurar no
sólo el valor de la justicia dentro del concepto de alternatividad, sino
también los derechos correlativos de las víctimas.
Referencia: expediente D-9515
Demanda de inconstitucionalidad
contra el parágrafo del artículo 28 (parcial) de la
Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la
Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan
de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.
Demandante:
Marcela Patricia Jiménez Arango
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, quince (15) de agosto de dos mil trece
(2013)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en el artículo 241, numeral 4º, de la
Constitución Política, la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango instauró
demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 28 (parcial)
de la Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a
la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan
de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242
del Texto Superior y en el Decreto 2067 de 1991, procede la
Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto del precepto legal
demandado, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 48.633 de
diciembre 3 de 2012, destacando y subrayando los apartes demandados:
“LEY
1592 DE 2012
(Diciembre
3)
(…) Artículo 28. Modifíquese
el artículo 32 de la
Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo 32. Competencia
funcional de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
en materia de Justicia y la Paz. Además de las competencias
establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
designados por el Consejo Superior de la
Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los
procesos de los que trata la presente ley.
El juzgamiento en los procesos a
los que se refiere la presente ley, en cada una de las fases del procedimiento,
se llevará a cabo por las siguientes autoridades judiciales:
1. Los Magistrados con
funciones de control de garantías.
2. Los Magistrados con
funciones de conocimiento de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial.
3. Los jueces con
funciones de ejecución de sentencias de las salas de Justicia y Paz de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, quienes estarán a cargo de vigilar
el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados,
de acuerdo con la distribución de trabajo que disponga el Consejo Superior de la
Judicatura en cada una de las salas de Justicia y Paz.
Parágrafo. El Consejo
Superior de la Judicatura adoptará las decisiones conducentes y proveerá los
cargos que sean necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades
judiciales mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por magistrados
diferentes. La Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de Tribunal
Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las
listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996.”
III. DEMANDA
3.1. En criterio de la demandante, el aparte normativo
acusado vulnera los artículos 125 de la
Constitución Política y 156, 157 y 158 de la
Ley 270 de 1996[1],
por las siguientes razones:
- En primer lugar, porque desconoce que el artículo 125 de la
Constitución Política consagra que el ingreso, la permanencia y el retiro en
los cargos de carrera, incluidos los de la
Rama Judicial, debe hacerse a través del concurso público de méritos, cuya
finalidad no sólo es garantizar la eficiencia y eficacia en las labores que se
desempeñan por las autoridades públicas, sino también asegurar la realización
del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos.
En este orden de ideas, sostiene que: “la norma demandada
infringe la Carta al no disponer el concurso público de méritos para acceder a
cargos en la denominada jurisdicción de justicia y paz, toda vez que la
elección se hace por invitación pública a quienes cumplan los requisitos, de
conformidad con el art. 53 de la Ley 270 de 1996 que es norma expresa para la
elección de los magistrados y consejeros de las denominadas Altas Cortes, que,
como se sabe, no acceden por concurso público de méritos”.
En palabras de la accionante, esta obligación resulta
exigible a pesar de la vocación de transitoriedad que tienen los jueces de la
denominada jurisdicción de justicia y paz, pues así lo ha admitido esta
Corporación en casos similares, por ejemplo, al pronunciarse sobre los jueces
de descongestión en la Sentencia C-713 de 2008.
En desarrollo de lo expuesto, pone de presente que en un
caso idéntico al que es objeto de demanda, este Tribunal se pronunció sobre una
norma que permitía que los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial creados en virtud de la ley de justicia y paz, sean elegidos por la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Al resolver sobre la materia, en la
Sentencia C-333 de 2012, este Tribunal señaló que dicho precepto se ajustaba a
la Constitución, en el entendido que a partir de la notificación del fallo, el
cargo en mención debía ser provisto teniendo en cuenta la lista de elegibles
vigente.
En este sentido, la accionante insiste en que dichos cargos deben
ser provistos por una lista de elegibles que esté vigente o, en su defecto,
mediante la convocatoria a un nuevo concurso de méritos.
- En segundo lugar, porque la norma acusada vulnera los
mandatos consagrados en la Ley 270 de 1996, en concreto, los artículos 156, 157
y 158, en los que (i) se reconoce que la carrera judicial se fundamenta en el
mérito como criterio para asegurar el ingreso, la permanencia y el retiro en el
servicio público; y en los que (ii) se señala que el cargo de magistrado de
tribunal es de carrera, con excepción de aquellos casos en que la ley
expresamente disponga que es de libre nombramiento y remoción[2].
Con fundamento en lo anterior, la accionante expresa que:
“como no se dispuso por la Ley 1592 de 2012 que los cargos de justicia y paz
sean de libre nombramiento y remoción, se debe colegir que son de carrera y que
se deben proveer por mérito, previo concurso público y abierto”. Por esta
razón, se concluye en la demanda que el precepto legal acusado deviene en
inconstitucional, pues permite que los magistrados de justicia y paz tengan un
sistema de nombramiento, elección o designación diferente al previsto en la
Constitución Política y en la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura
4.1.1. El representante de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura afirma que el precepto legal demandado desconoce lo dispuesto en el
artículo 125 del Texto Superior. De ahí que, señala que dicha Corporación se
somete a lo dispuesto sobre la materia en la
Sentencia C-333 de 2012, conforme a la cual: “En síntesis, la
Sala decide que el Congreso de la República desconoce la regla constitucional
según la cual ‘los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera
(art. 125 CP), al indicar que los funcionarios judiciales encargados de
adelantar los procesos en el contexto de la ley de reincorporación de grupos al
margen de la ley (conocida como ley de justicia y paz) deben provenir de listas
enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, y que esa misma Sala, podrá conformar los grupos de apoyo
administrativo y social para estos tribunales, pero que la nominación de los
empleos estará a cargo de los magistrados de los tribunales creados por la ley,
sin precisar que la designación de unos y otros, debe hacerse teniendo en
cuenta la lista de elegibles vigente”.
De igual manera, se considera que la norma acusada infringe
los mandatos previstos en los artículos 156, 157 y 158 de la
Ley 270 de 1996, referentes al mérito como criterio para acceder a la carrera
judicial.
4.1.2. De lo expuesto, el interviniente concluye que: “Por
lo tanto se entendería vulnerada la
Constitución al aplicar el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996, para el nombramiento de los magistrados de justicia y paz, al
establecer una elección diferente a la del concurso público de méritos,
infringiéndose el derecho de igualdad, ya que según el parágrafo final del
artículo 130 de la Ley 270 de 1996, (…) son de carrera los cargos de magistrado
de Tribunal Superior de Distrito Judicial”.
4.2. Intervención del Ministerio de Defensa Nacional
4.2.1. La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional
solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del precepto legal
demandado previsto en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012. Inicialmente, considera que la norma acusada no desconoce la
regla constitucional que establece el sistema de méritos para acceder a la
función pública en condiciones de igualdad y transparencia, por tres razones:
(i) la misma Constitución, en el artículo 125, excepciona de tal regla algunos
casos, cuando dispone que habrá empleos cuyo sistema de nombramiento será el
que se determine en la ley; (ii) el Texto Superior confiere un amplio margen de
configuración al legislador para expedir normas como las de justicia y paz; y
finalmente, (iii) las funciones que se cumplen por los magistrados de esta
jurisdicción difieren de los parámetros, principios y reglas jurídicas
aplicables de forma usual para el resto de autoridades judiciales, por lo que
pueden ser objeto de un tratamiento distinto por parte del legislador.
La conjugación de estas razones permitiría sostener que, en
principio, el aparte demandado del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012 constituye un sistema especial de selección de carácter
público, que parte de la elaboración de listas para proveer los cargos de magistrados
de justicia y paz, con fundamento en el procedimiento previsto en el artículo
53 de la Ley 270 de 1996[3].
En palabras del interviniente, aunque el mencionado sistema permite exigir la
acreditación de requisitos que evalúen el mérito, difiere del sistema de
selección mediante concurso público, exigido por la jurisprudencia de esta
Corporación, “pues no es lo mismo someterse a unas pruebas de carácter
competencial y funcional, a que algunas personas evalúen la hoja de vida y la
acreditación de requisitos mínimos, sin someterse a pruebas o exámenes
previos.”
Por esta razón, como el aparte demandado no incluye
criterios específicos que examinen el mérito de quienes aspiran al cargo de
magistrado de justicia y paz, pero tampoco los excluye; el representante del
Ministerio de Defensa Nacional considera que se puede seguir la misma línea
expuesta en la Sentencia C-333 de 2012, en la que se reconoció que los
requisitos para desempeñarse como magistrado en los actuales Tribunales
Superiores del Distrito Judicial, son los mismos para ser magistrado de
justicia y paz.
4.2.2. Con fundamento en lo expuesto, el interviniente
sostiene que lo adecuado sería declarar la exequibilidad condicionada de la
norma, en el sentido de exigir que dicho empleo deberá ser provisto de la lista
de elegibles actualmente vigente o de las que se elaboren en el futuro, con la
salvedad de que la aplicación de la norma que permite la realización de una
invitación pública a quienes aspiren al cargo y cumplan con los requisitos para
que sus hojas de vida sean evaluadas, tan  sólo se utilizaría en aquellos casos
en que se presente el agotamiento de la lista de elegibles o se produzca una demora
en la realización del concurso público.
4.3. Intervención de la
Universidad de Nariño
4.3.1. El Director de los Consultorios Jurídicos y
Centros de Conciliación de la Universidad de Nariño solicita a la
Corte declarar la inexequibilidad del precepto legal acusado previsto en el
parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012, por las siguientes razones:
En primer lugar, considera que la norma demandada, al dejar
en manos de la Corte Suprema de Justicia la provisión de cargos de magistrados
de Tribunal Superior de Distrito Judicial para los procesos de justicia y paz,
a partir de listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, cuya elaboración se apoya en una simple invitación pública, estaría
legitimando un sistema de designación que desconoce los principios
constitucionales de mérito, transparencia, libre concurrencia e igualdad de
oportunidades, por más de que las personas que aspiren tengan y puedan
acreditar una formación académica aceptable. Para tal efecto, se hace
referencia a la Sentencia C-713 de 2008, en la que esta Corporación examinó la
forma de nombramiento de los jueces de descongestión.
En segundo término, afirma que la falta de concurso público
vulnera el derecho a la igualdad, ya que no se estipula de manera clara cómo
las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura satisfacen el criterio del mérito como factor determinante para
acceder al cargo de magistrado de justicia y paz.
En tercer lugar, además de desconocer el artículo 125 del
Texto Superior, el precepto legal demandado no satisface lo previsto en el
artículo 156 de la Ley 270 de 1996, en la medida en que el sistema de selección
que se adopta no permite escoger a los funcionarios más “idóneos” para ocupar
el cargo, al impedir la evaluación del mérito a través de un concurso público y
abierto.
Finalmente, el interviniente concluye con una referencia al
concurso público como columna principal del sistema de carrera, que lo lleva a
expresar que el hecho de permitir que los magistrados de justicia y paz sean
nombrados en forma distinta a como se hace con las demás autoridades públicas,
constituye una clara vulneración de la
Constitución, ya que, en sus propias palabras, se prescinde de un criterio
objetivo de selección, como lo es el concurso público y abierto de méritos.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
5.1. El Procurador General de la
Nación solicita a la Corte estarse a la resuelto en la
Sentencia C-333 de 2012, por medio de la se cual declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 67 de la Ley 975 de 2005. Para comenzar, la
Vista Fiscal considera que el fenómeno de la cosa juzgada constitucional se
presenta cuando la controversia versa sobre la misma disposición o sobre igual
contenido normativo examinado con anterioridad, siempre que los cargos
propuestos sean idénticos.
5.2. En este sentido, por una parte, considera que entre el
precepto legal demandado y aquel que fue objeto de examen en la citada
Sentencia C-333 de 2012 existe identidad de contenido normativo. Al respecto,
transcribe el texto analizado en dicha ocasión, conforme al cual:
“Artículo 67. Los Magistrados
de los Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la
presente ley, serán elegidos por la
Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Los requisitos exigidos para ser
Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse
como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
La
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para
estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los
Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.” (Sombreado acorde
con el concepto de la Vista Fiscal).
De lo anterior infiere que: “como se puede advertir, el
contenido de la norma es exactamente el mismo, toda vez que dispone que la
forma de elección de los funcionarios allí enunciados se efectúa por medio de
listas elaboradas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura de las cuales elige la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia”.
5.3. Por otra parte, a partir de la síntesis de las razones
de inconstitucionalidad expuestas en el expediente D-8803, el Procurador
considera que se presenta identidad en los cargos formulados[4].
Desde esta perspectiva, afirma que debe declararse la existencia de una cosa
juzgada constitucional y, por ende, estarse al resuelto en la
Sentencia C-333 de 2012.
VI. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
6.1. Competencia
La Sala Plena de la
Corte Constitucional es competente para decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 28 (parcial) de la
Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la
Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan
de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”,
presentada por la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, en los términos
del numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución Política.
6.2. De los problemas jurídicos y del esquema de
resolución
6.2.1. De acuerdo con los argumentos expuestos en la
demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la
Vista Fiscal, le corresponde a esta Corporación establecer, si el precepto
legal demandado previsto en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, en el que se establece el sistema de elección de los
magistrados de justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, por virtud del cual su designación le corresponde a la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, a partir de listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento de
elección de los magistrados de las Altas Cortes (Ley 270 de 1996, art. 53),
vulnera el artículo 125 de la
Constitución Política, según el cual “los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera”, en el entendido que la jurisprudencia
constitucional ha considerado que ni siquiera los funcionarios judiciales con
vocación de transitoriedad, pueden ser excluidos de las reglas del concurso
público de méritos[5],
consagrado en los artículos 162 y subsiguientes de la
Ley 270 de 1996.
6.2.2. Para resolver el citado
problema jurídico, la Corte inicialmente se pronunciará sobre la existencia de
una eventual cosa juzgada constitucional de tipo material (6.3); en seguida
hará una breve exposición sobre el precedente jurisprudencial que exige que los
cargos en la Rama Judicial se deben proveer mediante concurso público de
méritos (6.4); luego de lo cual se procederá al examen del caso concreto.
6.3. Cuestión previa: inexistencia de cosa juzgada
material
6.3.1. A partir de las intervenciones
reseñadas y del concepto de la Vista Fiscal, en el asunto bajo examen, se
plantea la posible existencia de una cosa juzgada material frente al examen de
constitucionalidad realizado por esta Corporación en la
Sentencia C-333 de 2012 al inciso 1° del artículo 67 de la
Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
6.3.2. Al respecto es preciso señalar que
la cosa juzgada constitucional es una institución jurídica procesal, que tiene
su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política[6], mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una
sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.
De ella surge una restricción negativa consistente en la imposibilidad de que
el juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto. Esta
figura ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte de esta Corporación
en los que se ha destacado su finalidad, sus funciones y consecuencias, así
como las distintas modalidades que puede presentar[7]. Una de dichas modalidades corresponde a la distinción entre la
cosa juzgada formal y la cosa juzgada material.
Con el propósito de distinguir su alcance,
la jurisprudencia constitucional ha dicho que la cosa
juzgada formal tiene ocurrencia “cuando existe
una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que
es llevada posteriormente a su estudio”[8]; mientras que, por el contrario, la cosa juzgada material
se presenta cuando existen dos disposiciones distintas que tienen identidad
de contenido normativo y en relación con una de ellas ya ha habido previamente
un juicio de constitucionalidad por parte de esta Corporación[9]. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los
contenidos de una disposición jurídica. Sobre este punto, en la
Sentencia C-310 de 2002, se dijo que:
“[La] Corte
[ha entendido] que hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada
formal, en aquellos eventos en los que existe un pronunciamiento previo del
juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y
posterior escrutinio constitucional.[10]
Así mismo, la jurisprudencia ha sido enfática en manifestar que se presenta el
fenómeno de la cosa juzgada material cuando a pesar de
haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido
normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron
objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se
apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación.[11]”
6.3.3. Más allá de la modalidad de cosa
juzgada constitucional que se presente en cada caso, este
Tribunal también ha dicho que los efectos de esta institución se predican
tanto de los fallos de inexequibilidad como de los de exequibilidad, teniendo
en cuenta que, por una parte, así lo prevé el inciso 1° del artículo 243 del
Texto Superior, al no distinguir el carácter obligatorio, inmutable y
definitivo de una decisión por el tipo de determinación que se adopta[12];
y por la otra, porque los pronunciamientos de esta Corporación adquieren valor
jurídico y fuerza vinculante por el simple hecho de provenir del órgano a quien
se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución[13].
No obstante, en tratándose de la cosa juzgada material, la doctrina de la
Corte igualmente ha precisado que sus efectos varían dependiendo de si la
norma fue declarada inexequible o exequible[14].
6.3.4. En el primer escenario, esto es, cuando este Tribunal
se enfrenta a una disposición con idéntico contenido normativo al de otra que fue
previamente declarada inexequible por razones de fondo, le compete a esta
Corporación decretar la inconstitucionalidad de la nueva norma objeto de
análisis, por desconocer el mandato previsto en el inciso 2° del artículo 243
de la Constitución Política, según el cual: “Ninguna autoridad podrá
reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan en la
Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución”.
Al respecto, en la
Sentencia C-096 de 2003, se señaló que esta modalidad de cosa juzgada material
exige acreditar los siguientes requisitos:
“De conformidad con [el inciso 2°
del artículo 243 del Texto Superior], para determinar si un “acto jurídico” del
legislador constituye una reproducción contraria a la
Carta, es preciso examinar cuatro elementos:
1.   Que una norma haya sido
declarada inexequible
2. Que se trate de un mismo
sentido normativo, esto es, que el contenido material del texto
examinado sea similar a aquel que fue declarado inexequible por razones de
fondo, teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se inscribe la norma
examinada, ya que su significado y sus alcances jurídicos pueden variar si el
contexto es diferente;[15]
3. Que el texto legal,
supuestamente reproducido, haya sido declarado inconstitu-cional por “razones
de fondo”, lo cual hace necesario analizar la ratio decidendi del
fallo anterior;[16]
4. Que subsistan las
disposiciones constitucionales que sirvieron de referencia en la sentencia
anterior de la Corte.[17]
Cuando estos cuatro elementos se
presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material,
en sentido estricto, y, en consecuencia, la norma reproducida, debe ser
declarada inexequible, pues la cosa juzgada material limita la competencia del
legislador para reproducir el contenido material de la norma contraria a la
Carta Fundamental. Cuando el legislador desconoce esta prohibición, la
Corte debe proferir un fallo de inexequibilidad por la violación del mandato
dispuesto en el artículo 243 de la
Constitución Política.”
La importancia de esta modalidad de cosa juzgada material
radica, en primer lugar, en que propende por la seguridad jurídica, en cuanto
impide que una norma declarada inexequible y que es contraria por razones de
fondo a los mandatos previstos en la
Constitución Política, pueda ser introducida de nuevo en el ordenamiento
jurídico; en segundo lugar, en que garantiza el respeto por el Estado Social de
Derecho, en la medida en que le fija un límite al legislador (ordinario o
extraordinario), por virtud del cual no puede reproducir un acto jurídico que
ha sido considerado incompatible con la
Carta; y finalmente, en que condiciona la labor de la propia Corte
Constitucional, pues le exige a este Tribunal que sea consistente con sus
decisiones y que haga explícita la ratio decidendi que fundamenta sus
sentencias.
6.3.5. En el segundo escenario, esto es, cuando el
legislador promulga una disposición cuyo contenido normativo ha sido previamente
declarado exequible o exequible de forma condicionada[18], la decisión de la
Corte no puede ser distinta a estarse a lo resuelto en la sentencia previa, a
menos que se presenten circunstancias excepcionales que enerven los efectos de
la cosa juzgada, como ocurre, por ejemplo, (i) cuando se presentan reformas
constitucionales que varían los parámetros de comparación[19]; (ii) cuando así lo
demanda el carácter dinámico del Texto Superior[20];
(iii) o cuando se presenta la necesidad de realizar una nueva ponderación de
valores o principios constitucionales que conduzcan a introducir ajustes en su
jurisprudencia, o incluso, a cambiarla[21].
En este orden de ideas, la existencia de esta modalidad de
cosa juzgada exige acreditar los siguientes requisitos[22]:
(i) Que exista una sentencia previa de constitucionalidad
sobre una disposición con idéntico contenido normativo a la que es objeto de
demanda, esto es, que los “efectos jurídicos de las normas sean exactamente los
mismos”[23].
(ii) Que exista identidad entre los cargos que fundamentaron
el juicio de constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por esta
Corporación y aquellos que sustentan la nueva solicitud.
(iii) Que la declaratoria de constitucionalidad se haya
realizado por razones de fondo.
(iv) Que no se hayan producido reformas constitucionales
frente a los preceptos que sirvieron de base para sustentar la decisión; y que
se esté ante el mismo contexto fáctico y normativo. En efecto, como en
reiteradas ocasiones lo ha señalado este Tribunal, el juez constitucional tiene
la obligación de tener cuenta los cambios que se presentan en la sociedad, pues
puede ocurrir que un nuevo análisis sobre normas que en un tiempo fueron
consideradas exequibles a la luz de una nueva realidad ya no lo sean[24].
En caso de que se acredite el cumplimiento de
los citados requisitos, en virtud de la preservación de los principios
de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad, esta
Corporación no sólo tiene la obligación de estarse a lo resuelto, sino
que además debe declarar la exequibilidad o exequibilidad condicionada de la disposición
demandada, lo cual incluye la reproducción de los condicionamientos
exigidos por la Corte, como quiera que sobre dicha disposición todavía
no se ha realizado pronunciamiento alguno[25].
6.3.6. Por último, en criterio de este Tribunal, la cosa
juzgada material no puede ser decretada por un sólo magistrado al momento de
adelantar el control de admisibilidad de la demanda, ya que su reconocimiento
le corresponde a la Sala Plena por medio de una sentencia. Esta regla se
justifica, entre otras, por las siguientes razones:
“(i) La
existencia de cosa juzgada material, equivale a la declaración de
exequibilidad o inexequibilidad de un precepto legal. Y de acuerdo con la
Constitución (arts. 241 y ss) y la ley (estatutaria de la administración de
justicia, el Decreto 2067/91 y el reglamento interno de la
Corte), es esta Corporación en Sala Plena la que debe adoptar decisiones de
esa índole.
(ii) Las
providencias que profiere la Corte en ejercicio del control constitucional, son
de obligatorio cumplimiento y producen efectos erga omnes. Pero para que
ello tenga lugar, es necesario que el fallo lo emita el órgano
constitucionalmente competente, en este caso, la
Sala Plena. De no ser así, se estaría aceptando que las decisiones de
inconstitucionalidad o constitucionalidad de un precepto legal se adopten por
un sólo magistrado, lo cual contraría el orden supremo.”[26]
6.3.7. Dentro de este contexto, la
jurisprudencia también ha señalado que en aquellos casos en que se llega a la
conclusión de que no existe identidad normativa sino similitudes notables en
las materias objeto de regulación, luego de haberse practicado la comparación
entre el contenido de las disposiciones frente a las cuales se alega la
existencia de una cosa juzgada material; el juez constitucional debe optar por
seguir la técnica del precedente, lo cual implica que el nuevo caso debe
resolverse, en sus elementos comunes, del mismo modo como se adoptó la decisión
en el caso anterior. Precisamente, en la
Sentencia C-266 de 2002, se expuso que:
“En relación con la posible
existencia de cosa juzgada en relación con la constitucionalidad de la norma
demandada, la Corte observa que no existe identidad entre las mencionadas
disposiciones normativas. La regulación anterior establecía que los concursos
en la Procuraduría General de la Nación eran de ingreso y de ascenso “para el
personal escalafonado” (art. 140 lit. b) de la
Ley 201 de 1995), con lo cual se definían los tipos de concursos en la entidad
sin excluir la posibilidad del concurso mixto, entendiendo por éste aquél en el
que pueden tomar parte tanto personas escalafonadas como no escalafonadas
ajenas a la entidad; por el contrario, la disposición ahora acusada, además de
definir los tipos de concursos en la entidad, restringe la posibilidad de
participar en los concursos de ascenso “sólo” a los inscritos en la carrera de la
Procuraduría, con lo que se excluye el concurso mixto. Dado que no existe
identidad normativa entre las referidas disposiciones, tampoco opera respecto
de la norma acusada la institución de la cosa juzgada constitucional. La
sentencia C-110 de 1999 tiene el carácter de precedente para el caso que ahora
ocupa a la Corte, el cual deba ser seguido o ser abandonado porque existen
razones constitucionales de peso que justifiquen el cambio de precedente en
materia de la constitucionalidad de los concursos cerrados en la
Procuraduría General de la Nación.”[27]
Al tratarse de un precedente, en palabras
de la Corte, se presenta una menor rigidez en términos de vinculación frente al
fallo previo, pues es claro que en relación con dicha decisión no se predican
los efectos de la cosa juzgada constitucional (CP. art. 243). Por esta razón,
siempre que se acredite la existencia de un principio de razón suficiente es
posible que el tribunal constitucional se aparte del mismo, como respuesta al
carácter dinámico de la Constitución, al contexto social y normativo en el que
la norma es introducida, o a la necesidad de realizar ajustes o cambios en el
criterio jurisprudencial que ha sido acogido por esta Corporación[28]. En todo caso, este Tribunal siempre ha reiterado que se prioriza
el deber de seguir el precedente, pues ello responde a la necesidad de
salvaguardar los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad,
buena fe y confianza legítima[29].
No cabe duda de que la interpretación
armónica de estos principios impone que todas las autoridades públicas y,
especialmente, las judiciales actúen con consistencia y uniformidad, de modo
tal, que siempre deben estar en disposición de adoptar la misma decisión cuando
concurran los mismos presupuestos de hecho o de derecho, sin que les sea
permitido defraudar la confianza de los ciudadanos con la adopción de
decisiones sorpresivas que no se ajusten a las que sean previsibles conforme a
los precedentes judiciales sólidamente establecidos. A juicio de este Tribunal,
la confianza de los ciudadanos no sólo se garantiza “con la (…) publicidad del
texto de la ley, ni se agota [con] la simple adscripción nominal del principio
de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de
las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los
jueces va a ser razonable, consistente y uniforme”[30].
Lo anterior ha sido objeto de varios
pronunciamientos de esta Corporación, en los que se prioriza el respeto al
precedente y se sujeta la posibilidad de apartarse del mismo a la formulación
de una justificación suficiente. Al respecto, en la
Sentencia C-795 de 2004, se dijo:
“Es indudable que el respeto al
precedente juega un papel esencial en la justicia constitucional, tal y como ha
sido destacado por esta Corte y por la teoría jurídica. Sin embargo, el
principio de respeto al precedente no puede ser inquebrantable, al punto de
impedir la posibilidad de cambiar la doctrina. Más aún cuando el juez advierte
posibles inconsistencias en sus determinaciones, frente a los fundamentos
teóricos consolidados en el pasado. En esos casos, su deber en justicia y por
razones de seguridad jurídica, autocontrol judicial y respeto a la igualdad,
será el de justificar el cambio de jurisprudencial y modificar el precedente.
[Sobre la materia] ha dicho la Corte que: “(…) un tribunal puede apartarse
de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene
la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que
justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de
una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un
cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación
actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por
el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema
jurídico de determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no
sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un
peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no sólo sobre los
criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre
las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el
principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho.”[31]
En conclusión, en los casos en que no existe
identidad de contenido normativo sino similitudes notables, esta Corporación no
puede decretar la existencia de una cosa juzgada material, sino que debe
proceder al examen del caso planteado a partir del reconocimiento de un
precedente. Lo anterior significa que habrá un nuevo examen y pronunciamiento
de fondo, en el que se debe seguir la misma línea jurisprudencial expuesta[32], a menos que se estime preciso cambiarla, siempre que para tal efecto
se cumpla con una carga de argumentación que justifique de manera
suficiente la nueva decisión adoptada.
Con fundamento en las consideraciones
previamente expuestas, se procederá a determinar si en el presente caso se está
en presencia de una cosa juzgada constitucional (CP art. 243) o si, por el
contrario, se trata de una hipótesis en la que se reconoce la existencia de un
precedente.
6.3.8. En el asunto sub judice, a
partir de las intervenciones reseñadas y del concepto de la
Vista Fiscal, se afirma que la cosa juzgada material se predica de la
Sentencia C-333 de 2012, en la que se declaró la exequibilidad condicionada
del inciso 1° del artículo 67 de la Ley 975 de 2005.
6.3.8.1. En este orden de ideas, en
primer lugar, se verificará si existe una sentencia previa de
constitucionalidad sobre una disposición con idéntico contenido normativo a la
que es objeto de demanda. Para tal efecto, se presentará un cuadro comparativo
entre el precepto legal que fue objeto de examen en la referida sentencia y el
que se somete a control de constitucionalidad en esta oportunidad.
De la
disposición objeto de control en la
Sentencia C-333 de 2012
De la
disposición que se somete a control en esta oportunidad
Ley 975 de 2005.- Por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.
Ley 1592 de 2012.- Por medio de la cual se
introducen modificaciones a la Ley 975
de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.
Artículo 67.- Los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley,
serán elegidos por la Sala Plena de la
Corte Suprema de justicia, de listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Los requisitos exigidos para ser Magistrado de estos
Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado de
los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para
estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los
Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.
Artículo 28.- Modifíquese el artículo 32
de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así: (…) Parágrafo.- El Consejo
Superior de la Judicatura adoptará las decisiones conducentes y proveerá los
cargos que sean necesarios para garantizar que las funciones de las
autoridades judiciales mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas
por magistrados diferentes. La Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de Tribunal
Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las
listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996.
6.3.8.2. Una comparación entre
ambos textos permite concluir que, por una parte, es claro que existe una
innegable coincidencia normativa entre la disposición incorporada en la
Ley 1592 de 2012 y la que fue objeto de examen en la citada Sentencia C-333 de
dicho año, en tanto ambas se circunscriben a prever el mismo sistema de
elección de los magistrados de justicia y paz de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, por virtud del cual su designación le corresponde a la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, a partir de listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Y, por la otra, que mientras en la
Ley 975 de 2005 no se preveía un procedimiento para la elaboración de la
listas por parte del Consejo Superior de la
Judicatura; en la nueva disposición, esto es, en el parágrafo del artículo 28
de la Ley 1592 de 2012, al contenido normativo descrito en el párrafo anterior,
se agrega otro conforme al cual las listas se elaborarán según el procedimiento
previsto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para la elección
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
En efecto, en la disposición actualmente demandada se alude,
por vía de remisión, al procedimiento que se debe tener en cuenta en la
mencionada Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para la elaboración de las listas, a partir de lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 270 de 1996, cuyo rigor normativo establece que: “Con
el objeto de elaborar las listas a que se refiere este artículo, el Consejo
Superior de la Judicatura invitará a todos los abogados que reúnan los
requisitos y que aspiren a ser magistrados, para que presenten su hoja de vida
y acrediten las calidades mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo
Superior de la Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales
se incluyen los nombres de los aspirantes que aparecen en ella”.
6.3.8.3. De acuerdo con lo
anterior, la Corte encuentra que existen diferencias que impiden la acreditación
del primer requisito de la cosa juzgada material, pues la sentencia previa de
constitucionalidad no recae sobre una disposición con idéntico contenido
normativo a la que es objeto de demanda. Dicha distinción se halla en la
inclusión, por vía de remisión, de un procedimiento concreto para la
elaboración de las listas a cargo del Consejo Superior de la
Judicatura, que no fue objeto de examen por esta Corporación al momento de proferir
la Sentencia C-333 de 2012.
No es entonces posible decretar la existencia de una cosa
juzgada constitucional (CP art. 243), pues –como ya se dijo– existen
diferencias normativas que lo impiden. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, en
la medida en que la disposición acusada guarda similitudes notables con el
precepto legal que fue objeto de pronunciamiento previo, es necesario determinar
si en el caso sub examine resulta o no aplicable el precedente
constitucional allí expuesto.
6.4. Del precedente jurisprudencial referente a la
carrera judicial y a la provisión de cargos mediante concurso público de
méritos
6.4.1. Esta Corporación en la citada Sentencia C-333 de 2012
tuvo la ocasión de realizar un estudio de constitucionalidad sobre la carrera
judicial y la provisión de cargos mediante concurso público de méritos, con
ocasión de una demanda promovida contra el artículo 67 de la
Ley 975 de 2005, referente al sistema de elección de los magistrados de
justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Por la
importancia del citado fallo para la resolución del cargo propuesto en la
presente demanda, en este acápite, en términos metodológicos: (i) se abordará
inicialmente una explicación del contenido de la disposición actualmente
demandada; (ii) con posterioridad se delimitará el alcance de la acusación y se
determinará si el precedente planteado en la citada providencia le resulta
aplicable; y por último, (iii) se hará el pronunciamiento concreto de
constitucionalidad frente al precepto acusado.
Contenido y alcance de la disposición acusada
6.4.2. El precepto legal acusado previsto en el parágrafo
del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012, se expidió como consecuencia de la decisión
del legislador de introducir algunas modificaciones o cambios puntuales al
proceso de justicia y paz consagrado en la
Ley 975 de 2005, con el fin de agilizar el trámite de los asuntos sometidos a
su conocimiento[33].
La disposición a la cual se inserta el aparte del parágrafo
demandado, establece una modificación al marco de competencias que
originalmente se previó para los magistrados de justicia y paz de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En efecto, bajo la vigencia de la
Ley 975 de 2005 se señaló que los citados funcionarios tendrían bajo su
conocimiento no sólo la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata
dicha ley, sino también “el cumplimiento de las penas y las obligaciones
impuestas a los condenados”. Con la modificación realizada en la
Ley 1592 de 2012, la actuación de los citados magistrados se circunscribe al
juzgamiento, ya que los pormenores propios de la ejecución de las sentencias,
se traslada a unos jueces de ejecución creados por virtud de la misma ley[34].
Al examinar los antecedentes legislativos se observa que la
disposición acusada se incorporó mediante una enmienda al articulado propuesto
para primer debate en la Cámara de Representantes[35].
En los informes de ponencia, al explicar la finalidad del artículo propuesto,
tan sólo se hace referencia a la creación de unos magistrados con funciones de
ejecución de sentencias de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial[36],
cuyo alcance fue objeto de precisión en el informe de conciliación, al
determinar que este tipo de competencias, en la estructura orgánica de la
Rama Judicial, corresponde a los jueces de ejecución[37].
Por esta razón, a pesar de los cambios introducidos con la
Ley 1592 de 2012, en concreto con lo previsto en el artículo 28, en lo que se
refiere a los magistrados de justicia y paz de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, se seguirá contando en su integración con magistrados de
control de garantías y magistrados de conocimiento, tal y como se dispuso en la
Ley 975 de 2005[38].
6.4.3. En este contexto, el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, en el que se encuentra el precepto legal demandado, le
impone al Consejo Superior de la Judicatura la obligación de adoptar las
medidas conducentes para garantizar que las funciones mencionadas, “sean
ejercidas por magistrados diferentes”; al mismo tiempo que prevé el sistema de
elección de dichos magistrados, por virtud del cual su designación le
corresponde a la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, a partir de listas enviadas por la citada Sala
Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Para la conformación de dichas listas se acude, por vía de
remisión, al artículo 53 de la Ley 270 de 1996, en el que se dispone –como ya
se dijo– el procedimiento de selección de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Nada se dice en los
antecedentes legislativos sobre la modificación realizada en el sistema de
elección de los magistrados de justicia y paz.
Determinación del cargo planteado por la accionante
contra la disposición acusada y análisis del precedente formulado en la
Sentencia C-333 de 2012
6.4.4. En criterio de la accionante, el precepto legal
acusado previsto en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012 vulnera los artículos 125 de la
Constitución Política y 156, 157 y 158 de la
Ley 270 de 1996, por cuanto desconoce que el ingreso, la permanencia y el
retiro en los cargos de carrera, incluidos los de la
Rama Judicial, debe hacerse a través del concurso público de méritos, cuyo
propósito no sólo es garantizar la eficiencia y eficacia en las labores que se
desempeñan por las autoridades públicas, sino también asegurar la realización
del principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la administración de
justicia.
Esta obligación también resulta exigible frente a los
funcionarios judiciales transitorios como lo son los magistrados de justicia y
paz, pues así lo ha admitido esta Corporación en casos similares, al plantear
la exigibilidad de esta regla frente a otras autoridades que igualmente tienen
vocación de transitoriedad, como ocurrió en la
Sentencia C-713 de 2008 frente a los jueces de descongestión.
Por último, en palabras de la demandante, la exigencia del
concurso constituye el mecanismo principal e idóneo que prevé el Constituyente
para determinar el mérito (CP. art. 125), que se impone al cargo de magistrado
de justicia y paz, al entender que no tiene la categoría de ser de libre
nombramiento y remoción.
6.4.5. En opinión de la mayoría de los intervinientes[39],
la disposición acusada es inconstitucional por desconocer el artículo 125 del
Texto Superior, al estipular un sistema de designación de los magistrados de
justicia y paz que se aparta de los principios constitucionales de mérito, transparencia,
libre concurrencia e igualdad de oportunidades.
Por el contrario, uno de los intervinientes pide que se
declare la exequibilidad condicionada del precepto demandado[40],
en el entendido de exigir que dicho empleo debe ser provisto de la lista de
elegibles actualmente vigente o de las que se elaboren en el futuro, con la
salvedad de que la aplicación de la disposición acusada, tan  sólo se
utilizaría en aquellos casos en que se presente el agotamiento de la lista de
elegibles o se produzca una demora en la realización del concurso público.
Para este interviniente, es posible realizar un ejercicio de
ponderación en el que se admita el carácter primordial y principal del concurso
público de méritos, al tiempo que se reconoce que las funciones que se cumplen
por los magistrados de esta jurisdicción difieren de los parámetros, principios
y reglas jurídicas aplicables de forma usual para el resto de las autoridades
judiciales. En este sentido, afirma que pueden ser objeto de un tratamiento
distinto por parte del legislador, no sólo porque así lo permite el artículo
125 del Texto Superior, al disponer que habrá empleos cuyo sistema de
nombramiento será el que se determine en la ley; sino también porque así se
deriva del amplio margen de configuración que tiene el legislador para expedir el
marco normativo que regula los procesos de justicia y paz.
6.4.6. Por último, en criterio de la
Vista Fiscal, como previamente se expuso, se presenta una hipótesis de cosa
juzgada constitucional, la cual fue examinada en el acápite anterior de esta
providencia.
6.4.7. Este mismo cargo fue objeto de decisión por parte de
esta Corporación en la citada Sentencia C-333 de 2012. En dicha oportunidad,
entre otras, se cuestionó la exequibilidad del inciso 1° del artículo 67 de la
Ley 975 de 2005, en el que se consagra –como ya se dijo– el mismo sistema de
elección de los magistrados de justicia y paz de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, por virtud del cual su designación le corresponde a la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, a partir de listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Esta coincidencia se constata con la
trascripción de algunos de los apartes de la demanda D-8803[41], en la que se
manifestó que:
“(…) no obstante
la vocación de transitoriedad de la denominada Justicia y Paz, los cargos deben
proveerse por concurso público de méritos y de las listas actuales de elegibles
para sus respectivos cargos y niveles.
En efecto, así
se dijo en la Sentencia C-713 de 2008, lo cual es aplicable en este asunto […]
[…]
El mérito es un
criterio constitucional para el acceso a cargos públicos, entre otros, de la
Rama Judicial, tanto para funcionarios como empleados, así en efecto lo dijo
la corporación constitucional en sentencia C-588 de 2009 […]”
Más adelante se señaló que:
“[…] en tanto
que para los empleados se sigue la regla general en el sentido de que los
magistrados como para los empleados sin tener en cuenta el mérito para acceso a
cargos públicos previo el concurso público y abierto como lo impone el canon
125 constitucional.
La Ley 975 de 2005 estableció un sistema de
elección tanto para los magistrados como para los empleados sin tener en cuenta
el mérito para acceso a cargos públicos previo el concurso público y abierto
como lo ordena la Carta Fundamental.
En la denominada
jurisdicción de Justicia y Paz no se ha establecido el mérito como criterio de
acceso para los magistrados ni para los empleados. El merito es regla general
en la administración pública, así lo explicó la
Corte Constitucional en sentencia C-588 de 2009 […]”.
Y concluye que:
“[…] según la
Carta, los cargos de la Rama Judicial, tanto de magistrados como de empleados,
deben proveerse por mérito a través de un concurso público y abierto. Como el
concurso de méritos no se consagró para la denominada justicia y paz, ni para
magistrados ni para empleados, la norma deviene en inconstitucional y por tanto
deberá ser retirada del ordenamiento jurídico nacional. Se deberá ordenar, en
consecuencia, el nombramiento de magistrados y empleados de la denominada
jurisdicción de Justicia y Paz de la lista de elegibles que al efecto se
encuentre vigente para el momento de la sentencia de constitucionalidad o en
caso de ordenar su inmediata convocatoria pública.”
Esta coincidencia también se constata en el planteamiento
del problema jurídico de la Sentencia C-333 de 2012, en la que se afirmó que:
“3.1. Para la Sala Plena de la
Corte, la demanda de la referencia plantea el siguiente problema jurídico: ¿Viola el Congreso de la
República la regla constitucional según la cual ‘los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera’ (art. 125, CP), al indicar que los
funcionarios judiciales encargados de adelantar los procesos en el contexto de
la ley de reincorporación de grupos al margen de la ley (conocida como ley de
justicia y paz) pueden ser elegidos o designados sin necesidad de presentarse
al concurso ordinario de méritos (i) a pesar de que la propia Constitución
excluye de tal regla algunos casos dentro de los cuales están los que ‘determine
la ley’, pues  (ii) en el pasado la jurisprudencia ha considerado que los
funcionarios judiciales no pueden ser excluidos del concurso de carrera,
incluso si se trata de nombramientos provisionales (C-713 de 2008)?”.
En conclusión, no cabe duda de que en
ambas oportunidades, tanto los preceptos constitucionales y legales
supuestamente infringidos, como las razones que dan lugar al juicio de
constitucionalidad, son exactamente los mismos. Así, por una parte, en la
demanda D-8803 (antecedente de la
Sentencia C-333 de 2012), se alegó el desconocimiento de las mismas normas que
se invocan en esta nueva solicitud, en concreto, los artículos 125 de la
Constitución Política y 156, 157 y 158 de la
Ley 270 de 1996; y por la otra, existe plena identidad en el cargo propuesto,
pues en ambas demandas se plantea el desconocimiento del concurso público de
méritos como requisito constitucional para acceder a la carrera judicial,
incluso en cargos con vocación de transitoriedad, como lo serían los de la
jurisdicción de justicia y paz.
6.4.8. En la
Sentencia C-333 de 2012, la Corte abordó el examen de la carrera judicial y
del concurso público de méritos. Para tal efecto, recordó que el artículo 125
de la Constitución establece de manera clara y diáfana que “los empleos en
los órganos y entidades del Estado son de carrera”, con cuatro excepciones:
tres de ellas específicamente diseñadas por el Constituyente (los empleos de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción y los trabajadores
oficiales) y la última establecida en términos generales y amplios, en cuanto
habilita al legislador para consagrar otro tipo de excepciones[42].
En criterio de la Corte, una visión restringida del citado
precepto constitucional conduciría a la declaratoria de constitucionalidad de
la norma sometida a examen, ya que podría alegarse que el sistema de elección
de los magistrados de justicia y paz corresponde, precisamente, a una de las
excepciones que pueden establecerse mediante ley. Sin embargo, este Tribunal
consideró que no es posible llegar a dicha conclusión, a partir de la regla
establecida en la Sentencia C-713 de 2008, conforme a la cual los funcionarios
judiciales deben ser elegidos de una lista conformada mediante concurso público
de méritos, sin importar que su cargo fuese tan sólo temporal[43].
Esta circunstancia le exigía a esta Corporación valorar las
características especiales que tiene la ley de justicia y paz y el ámbito de
configuración normativa que se reconoce al legislador, entre otras, para
regular la forma de designación de las autoridades judiciales previstas para su
desarrollo. Para la Corte, la búsqueda de la paz como valor fundamental del
Estado Social de Derecho, le otorga al Congreso de la
República un amplio margen de configuración en la definición de los distintos
componentes que permiten el diseño de este tipo procesos, “sin relevarlo de
cumplir con los parámetros constitucionales mínimos”, especialmente en términos
de razonabilidad y proporcionalidad[44].
Con fundamento en lo anterior, si bien la
Sala Plena consideró que el legislador tiene un amplio margen de configuración
normativa, por lo que puede expedir reglas especiales en materia de justicia y
paz, entre ellas las referentes a la forma de designar a las autoridades que la
integran; se encuentra al mismo tiempo sujeto al mandato previsto en el
artículo 125 del Texto Superior, por virtud del cual debe garantizar un sistema
de selección (el concurso público de méritos) que asegure la idoneidad de quienes
ingresan a la carrera judicial, como elemento estructural de la
Constitución Política de 1991[45].
A continuación, esta Corporación destacó que si bien existen
diferencias entre los funcionarios judiciales ordinarios y los de justicia y
paz, en virtud de las cuales se pueden justificar diferentes “sistemas de
selección por concurso de méritos que contemplen las especiales y específicas
condiciones técnicas y profesionales que requieren dichos cargos de justicia y
paz”. Dicha diferencia no puede dar lugar a que el proceso de selección de
estos últimos se haga alejado del carácter público y transparente que brinda la
herramienta del concurso público.
Por esta razón, en criterio de la
Corte, a pesar de reconocer que la norma no excluye la transparencia y la
capacidad en la selección de los magistrados, entre otras razones, por la
entidad de las autoridades a las cuales se otorga su designación; su rigor
normativo sí se aparta de las reglas del concurso como parámetro principio y
primordial de verificación del mérito en la elección de los funcionarios
judiciales, como de forma reiterada lo ha exigido en otras oportunidades esta
Corporación[46].
En virtud de lo expuesto, se concluyó que:
“6.5. En
principio, la Corte está llamada a declarar la inconstitucionalidad de las
disposiciones normativas acusadas, en tanto conllevan una violación a la
Constitución. No obstante, por varios motivos, la
Sala considera que la solución acertada en el presente caso no es la
declaratoria de inexequibilidad.
6.5.1. En primer
lugar, el principio de conservación del derecho, obliga a la
Corte Constitucional a proteger el valor social y político de la construcción
de la voluntad del legislador. Por lo cual, en principio, el juez
constitucional está llamado a conservar el orden jurídico.
6.5.2.
Adicionalmente, en el presente caso la declaratoria de inexequibilidad puede
agravar la violación de la Constitución que se pretende evitar. En efecto,
declarar la inexequibilidad de los apartes normativos actuales, generaría un
vacío normativo aún mayor. La inseguridad jurídica, y la amenaza a los derechos
involucrados serían más grandes. Una decisión de tal estilo podría poner en
riesgo la aplicación e implementación de la ley de justicia y paz, con los
consecuentes daños que para la Nación ello implicaría.
6.5.3. Teniendo
en cuenta que los apartes normativos estudiados no incluyen los criterios
constitucionales para la selección de funcionarios, pero tampoco los excluyen,
es posible para la Corte Constitucional tomar un camino que conserve el
derecho, en cuanto a los parámetros jurídicos legales existentes, y proteja la
Constitución, declarando la exequibilidad de la [norma demandada], pero de
forma condicionada.
6.5.4. Por
supuesto, no es competencia de la
Corte Constitucional establecer cuál debería ser el método especial y
particular de elección de los funcionarios judiciales creados por la ley de
justicia y paz. Pero la Corte si debe tomar una decisión que permita la
aplicación de las normas.
Por tanto,
teniendo en cuenta (i) que en la actualidad existe una lista de personas
elegibles, a la luz del concurso público general de la rama judicial
establecido legalmente y (ii) que tal concurso garantiza las condiciones de
mérito y de calidad, ya que (iii) el propio legislador decidió, como se anotó
previamente, que para poder ser Magistrado de Justicia y Paz deben cumplirse
los requisitos para el cargo de Magistrados de Tribunal ordinario[[47]],
la Sala Plena de la Corte Constitucional entenderá que la norma es exequible,
en el entendido que a partir de la notificación de esta
sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos mencionados, deberán
ser provistos de la lista de elegibles vigente. Por lo
tanto, es una decisión que se inspira en el sentido de la voluntad legislativa,
literalmente manifestada. // Por supuesto, por respeto a los derechos de las
personas que podrían haber accedido ya a los cargos en cuestión, la decisión
que adopta la presente sentencia sigue en cuanto a sus efectos la regla
general, a saber: la decisión tiene efectos hacia el futuro. La solución, por
tanto, comprende aquellos casos que ocurran una vez se encuentre en firme la
presente sentencia.”
Conforme a esta argumentación, la
Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada del inciso 1° del
artículo 67 de la Ley 975 de 2005, “en el entendido que a partir de la
notificación de la sentencia, los empleos a los que se refieren los incisos
mencionados [se hace referencia al inciso 1° y 3°] deberán ser provistos de la
lista de elegibles vigente”[48].
Examen concreto de constitucionalidad frente al precepto
acusado
6.4.9. Como ya se dijo, en el presente caso, el examen de
inconstitucionalidad propuesto por la accionante contra el precepto legal
acusado previsto en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, parte del mismo supuesto que fue objeto de análisis en la
Sentencia C-333 de dicho año, esto es, que los magistrados de justicia y paz
no pueden ser excluidos del sistema de selección por concurso de méritos, a
pesar de las condiciones especiales y específicas que tiene dicho cargo.
Incluso la accionante que promueve el presente juicio, es la misma que actuó
como demandante en el fallo de la referencia.
En el asunto bajo examen, encuentra la
Corte que el precepto legal demandado guarda similitudes notables con el que fue
objeto de acusación en la citada Sentencia C-333 de 2012, pues mantiene el
mismo sistema de selección de los magistrados de justicia y paz de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial. La diferencia radica en que la
nueva disposición incluye, por vía de remisión, el procedimiento al cual se
debe acudir por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para proceder a la integración de las listas que se deben enviar a la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Para tal efecto, la ley se apoya en
el sistema previsto para la elección de los magistrados de la citada
corporación judicial y del Consejo de Estado.
Precisamente, en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996 se describe dicho procedimiento, en los siguientes términos: “Con
el objeto de elaborar las listas a que se refiere este artículo, el Consejo
Superior de la Judicatura invitará a todos los abogados que reúnan los
requisitos y que aspiren a ser magistrados, para que presenten su hoja de vida
y acrediten las calidades mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo
Superior de la Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales
se incluyen los nombres de los aspirantes que aparecen en ella”.
6.4.10. Como se observa de lo expuesto, la variación
normativa que se introdujo con la Ley 1592 de 2012 supone una modificación
frente al sistema de elección de los magistrados de justicia y paz, que no fue
objeto de examen en la Sentencia C-333 de 2012. En efecto, en el juicio que se
adelantó por este Tribunal, no se preveía un procedimiento para la conformación
de las listas por parte de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
La pregunta que surge consiste en determinar si dicho
procedimiento tiene la entidad suficiente para suscitar una variación en el
precedente expuesto en la citada Sentencia C-333 de 2012.
A juicio de esta Corporación, ello no es posible, con
fundamento en las siguientes razones:
- En primer lugar, no cabe duda de que el fallo en mención supuso la realización de un examen de compatibilidad entre el
ámbito de configuración normativa que tiene el legislador, en la definición del
sistema de selección de los magistrados de justicia y paz de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, al amparo de los objetivos que justifican la
especialidad de la Ley 975 de 2005, en concreto la búsqueda del valor supremo
de la paz; y la regla que emana del artículo 125 del Texto Superior, conforme
a la cual los funcionarios judiciales deben ser elegidos de una lista
conformada mediante concurso público de méritos, sin importar el carácter
definitivo o temporal del cargo.
Para la Corte, luego de realizar el examen de rigor, era
claro que el precepto legal acusado desconocía que la provisión de cargos en el
sistema de carrera judicial debe estar fundada en el mérito, lo que suponía
exigir que la designación de los magistrados de justicia y paz debía realizarse
a partir de la lista de elegibles vigente (previo concurso público y abierto).
Dicha solución era posible, básicamente, por tres razones: (i) porque en dicho
momento existía una lista de personas elegibles, a la luz del concurso general
de la Rama Judicial; (ii) porque en el concurso realizado se garantizaban las
condiciones de mérito y calidad para ingresar a la administración de justicia;
y (iii) porque el propio legislador decidió que “para ser magistrado de
justicia y paz deben cumplirse los requisitos para el cargo de magistrados de
tribunal ordinario”, por lo que se dejaba a salvo el conocimiento, la capacidad
y las calidades profesionales de quienes aspiraban a ser elegidos en dichos
cargos.
En todo caso, expresamente se dijo que: “por respeto a los
derechos de las personas que podrían haber accedido ya a los cargos en
cuestión, la decisión que adopta la presente sentencia sigue en cuanto a sus
efectos la regla general, a saber: la decisión tiene efectos hacia el futuro.”
En el asunto sub-judice, la
Sala Plena considera que el citado precedente responde a una línea
jurisprudencial consolidada de esta Corporación referente al carácter
estructural del concurso público de méritos, como criterio de acceso,
permanencia y retiro en el sistema de carrera judicial.
Por esta razón, en lo que se refiere a los cargos de
magistrados de justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial,
al amparo de lo previsto en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, en criterio de esta Corporación, no cabe duda de que es aplicable
el precedente expuesto en la citada Sentencia C-333 de 2012, en el sentido de
exigir que la provisión de dichos cargos se debe hacer a través de las reglas
del concurso público y abierto de la
Rama Judicial, con el propósito de afianzar el criterio del mérito y la
transparencia de quienes pretenden ingresar a la administración de justicia.
Sin embargo, antes de pronunciarse sobre los efectos que sobre la disposición
cuestionada se producen por la continuidad en la línea jurisprudencial expuesta
por esta Corporación, es preciso examinar el nuevo componente normativo que se
introduce en el precepto legal demandado, referente a que las listas se
elaborarán según el procedimiento previsto en la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia para la elección de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
- En desarrollo de lo expuesto, en segundo lugar, encuentra este
Tribunal que el procedimiento al cual alude la disposición acusada (art. 53 de la
Ley 270 de 1996[49])
fue previsto por el legislador estatutario con el propósito de desarrollar el
mandato consagrado en el artículo 231 de la
Constitución Política, conforme al cual: “Los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán nombrados por la
respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la
Judicatura”. En este orden de ideas, aun cuando el citado procedimiento no
excluye la transparencia y la igualdad como parámetros para la selección de los
funcionarios judiciales, pues así lo reconoció de forma expresa esta
Corporación[50],
su alcance es insuficiente como herramienta para establecer el mérito, que
opera como criterio para la provisión de cargos públicos dentro del sistema de
carrera judicial.
Lo anterior ocurre, en primer lugar, porque los cargos de
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no son de
carrera, lo que implica que su sistema de elección, más allá de acreditar la
idoneidad del profesional para desempeñar dichos cargos, no constituye un desarrollo
de los mandatos consagrados en los artículos 125 del Texto Superior y 156 y
subsiguientes de la Ley 270 de 1996. En segundo lugar, porque el examen de las
hojas de vida de los candidatos, la acreditación de las calidades mínimas y la
explicación del Consejo Superior de la
Judicatura sobre la inclusión de sus nombres en la lista de aspirantes, no resultan
suficientes para determinar los conocimientos, la experiencia y las destrezas de
quienes ingresan a la carrera judicial, así sea en cargos con vocación de
transitoriedad. Por último, porque pese a que dichas listas se conforman por
las personas que se han inscrito previamente con la finalidad de ser elegidos
como magistrados, lo cierto es que dicha elaboración se hace discrecionalmente
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, sin someter a los aspirantes a un concurso de méritos que permita
seleccionar de manera objetiva y en igualdad de oportunidad, a quienes obtengan
los mejores puntajes. En efecto, como se dijo en la
Sentencia C-333 de 2012, es el concurso público la herramienta necesaria e
indispensable que permite acreditar el mérito y que garantiza los criterios de
excelencia que rigen el acceso a la
Rama Judicial.
Dentro de este contexto, aun cuando en la citada Sentencia
se afirmó que no le corresponde a esta Corporación definir el sistema de elección
de los funcionarios judiciales, entre ellos, los de justicia y paz; sí debe establecer
el marco en el que dicho sistema tiene aplicación a partir de la regla
principal del concurso público. En este contexto, afirmó que:
“Por supuesto, no es competencia
de la Corte Constitucional establecer cuál debería ser el método especial y
particular de elección de los funcionarios judiciales creados por la ley de
justicia y paz. Pero la Corte si debe tomar una decisión que permita la
aplicación de las normas. (…) Así, para la
Sala, la norma legal acusada en sus incisos primero y tercero, violan el
artículo 125 de la Constitución Política que impone como regla la carrera
administrativa fundada en el mérito, como criterio principal y primordial de
selección de las personas dedicadas a la función pública”.
En consecuencia, en criterio de la
Corte, es claro que la expresión: “las cuales serán elaboradas de acuerdo
con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996”, contenida en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, consagra un procedimiento de elección alejado del concurso
público de méritos, por lo que desconoce abiertamente el mandato del artículo
125 de la Constitución Política. Por esta razón, se declarará su
inexequibilidad en la parte resolutiva de esta providencia.
- Ahora bien, en tercer lugar, a partir de lo expuesto en
las Sentencias C-713 de 2008 y C-333 de 2012, la
Corte ha admitido que el legislador puede consagrar reglas especiales y
particulares que rijan la elección de los funcionarios judiciales, como ya se
dijo, siempre que las mismas se expidan en el marco del concurso público de
méritos y, además, respondan a las particularidades propias que identifican a
cada instancia judicial, básicamente en desenvolvimiento del criterio de
especialidad que distingue las diferentes categorías de empleos y las
habilidades que se exigen para cada uno de ellos.
El criterio de especialidad se encuentra recogido, por una
parte, en el artículo 163 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia cuando prevé la obligación de
realizar de forma permanente procesos de selección, para la provisión de las
vacantes que se presenten en “cualquier especialidad y nivel dentro de la
Rama Judicial” y, por la otra, en el artículo 165 de la misma ley, en la
medida en que dispone que el registro de elegibles se hará teniendo en cuenta
las diferentes categorías de empleos.
En lo que se refiere a los magistrados de la denominada
jurisdicción de justicia y paz, más allá de que se les exijan los mismos
requisitos que se consagran en el ordenamiento jurídico para ocupar dicho cargo
en los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial[51], es claro que, por razón
de las funciones que están llamados a cumplir, sus aspirantes deben tener y
acreditar conocimientos y habilidades especiales, tanto en derecho penal como
en justicia transicional.
Precisamente, en las Leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012, se
consagra como competencia de los magistrados de justicia y paz, el deber de
adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos que se rigen por dichas
leyes, esto es, el referente al procesamiento y la sanción de las personas
vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse individual o
colectivamente y, como consecuencia de ello, contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional.
Entre las atribuciones que se consagran a cargo de los
citados magistrados se encuentran, entre otras, (i) la de disponer sobre la
detención preventiva de quienes son objeto de formulación de imputación[52]; (ii) la de
adoptar medidas de protección para víctimas y testigos[53]; (iii) la de excluir de la
lista de postulados a quienes incumplen los compromisos asumidos para ser
beneficiario de las medidas especiales consagradas en la ley[54]; (iv) la de imponer
medidas cautelares sobre bienes para garantizar la reparación de las víctimas[55]; y (v) la de
establecer las penas que correspondan dentro del concepto de alternatividad[56].
Por lo demás, no sobra recordar que a pesar de que los
cargos de magistrados de justicia y paz tiene una vocación temporal[57], propia de los
procesos de justicia transicional, su importancia resulta transcendental para
alcanzar los fines y propósitos que justifican la aplicación de las Leyes 975
de 2005 y 1592 de 2012. En efecto, se trata de un conjunto normativo que se
expidió como un medio para materializar la paz, a partir de la consagración de
varias herramientas cuyo objeto es contribuir a la superación del conflicto
armado interno, dentro de un marco jurídico que pretende asegurar la justicia,
la reconciliación y los derechos de las víctimas.
En desarrollo de lo anterior, encuentra la
Corte que existen diferencias entre los funcionarios judiciales ordinarios y
los de justicia y paz, en virtud de los cuales se pueden justificar distintos
sistemas de selección que contemplen las especiales y específicas condiciones
técnicas y profesionales que demandan cada uno de dichos cargos. Sin embargo,
tal y como se expuso en la Sentencia C-333 de 2012, y se reitera en esta
oportunidad, ello no significa que se pueda prescindir del concurso de méritos
para acceder a los cargos reseñados, así sea de manera temporal o transitoria.
La diferencia en la especialidad no puede dar lugar a que el proceso de
selección se realice alejado del carácter público y transparente que brinda la
herramienta del concurso público. De ahí que, resulta exigible del Consejo
Superior de la Judicatura y demás autoridades involucradas en el desarrollo del
sistema de carrera judicial el cumplimiento irrestricto y sin dilaciones del
mandato normativo consagrado en el artículo 163 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el cual ordena que “los
procesos de selección serán permanentes con el fin de garantizar en todo
momento  disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten en
cualquier especialidad y nivel dentro de la
Rama Judicial”.
Con fundamento en lo expuesto, la
Corte considera que el resto del parágrafo demandado del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, conforme al cual: “La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados
de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a
partir de las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura” es exequible, por los cargos analizados, en el entendido que
los empleos a los que se refiere dicho precepto legal, deberán ser provistos de
la lista de elegibles vigente en materia penal.
Lo anterior, por una parte, porque en el proceso de
selección de los funcionarios judiciales, salvo aquellos que tienen régimen
especial consagrado en la Constitución, no se puede prescindir del concurso
público de méritos, con el propósito de elegir para dichos cargos a las
personas que obtengan los mejores puntajes y, por ende, demuestren
objetivamente estar en las mejores condiciones para el desempeño de las
funciones propias de su cargo; y por la otra, porque el registro de elegibles,
como ya se dijo, se debe elaborar atendiendo al criterio de especialidad, cuya
trascendencia es aún mayor en la denominada jurisdicción de justicia y paz,
pues supone que los aspirantes deben tener conocimientos, habilidades o experticia
en derecho penal y especialmente en justicia transicional, teniendo en cuenta
los diferentes mecanismos que se consagran en las Leyes 975 de 2005 y 1592 de
2012, con el fin de asegurar no sólo el valor de la justicia dentro del
concepto de alternatividad, sino también los derechos correlativos de las
víctimas.
6.4.11. Por lo demás, como en la
Ley 1592 de 2012 no se dispuso la derogatoria expresa del artículo 67 de la
Ley 975 de 2005, en la que igualmente se consagra que los magistrados de
justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial deberán ser
elegidos por la Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, a partir de listas
enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, debe entenderse que su aplicación se sujeta a las modificaciones
realizadas por el precepto legal demandado (artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012) y a la decisión que en esta oportunidad se adopta por la
Corte[58].
No es posible considerar que dicha disposición fue objeto de
derogatoria tácita, pues el artículo 71 del Código Civil señala que ella tiene
ocurrencia cuando las normas de una nueva ley no pueden conciliarse con las de
la ley anterior; y no cuando se trata de una simple reiteración del contenido
material de una norma a la cual se le adicionan nuevos ingredientes normativos[59].
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión: “las cuales
serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996”, contenida en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012.
Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión: “La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados
de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a
partir de las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura”, en el entendido que los cargos a los que
se refiere dicho preceptos legal, deberán ser provistos de la lista de
elegibles vigente en materia penal.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Presidente
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con
aclaración de voto
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO NDEL MAGISTRADO
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
A LASENTENCIA C-532/13
MAGISTRADOS DE JUSTICIA Y PAZ-Designación
conforme procedimiento señalado en artículo 53 Ley 27 de 1996 acorde con la
Constitución (Salvamento parcial de voto)
No obstante que estoy de acuerdo
con la decisión proferida consistente en exigir que los cargos de magistrados
de justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial sean
provistos a través de las reglas del concurso público y abierto de la
Rama Judicial, con el propósito de afianzar el criterio del mérito y la
transparencia de quienes pretenden ingresar a la administración de justicia, no
comparto la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión: “las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996”,
contenida en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, por entender que la misma, en virtud del principio de
conservación del derecho, podía ser susceptible de aplicación en hipótesis
extraordinarias y excepcionales, en un contexto normativo acorde con el mandato
constitucional referente al concurso público, en los términos consagrados en el
artículo 125 de la
Constitución Política y según lo previsto en las Sentencias C-713 de 2008 y
C-333 de 2012.
SISTEMA DE ELECCION DE
MAGISTRADOS QUE CONOCEN DE PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Exequibilidad
condicionada (Salvamento parcial de voto)
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo
analizado, las expresiones: “La Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de Tribunal
Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a partir de las
listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996”,
contenidas en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, en el entendido que los cargos a los que se refiere dicho
preceptos legal, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente en
materia penal. En todo caso, la previsión final que remite al proceso de
selección consagrado en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996, tan sólo aplicará en aquellas hipótesis excepcionales y
extraordinarias, en las que, por algún motivo, a pesar de la obligación de
programar de forma permanente procesos de selección, no exista un registro de
elegibles vigente en materia penal, se haya agotado el mismo o no queden en él
candidatos disponibles, y mientras se surte el respetivo concurso público.”
Magistrado
Ponente:
Luis
Guillermo Guerrero Pérez
Referencia: Expediente D-9515
Con el acostumbrado respeto, me
permito salvar parcialmente el voto en relación con el fallo adoptado
mayoritariamente por esta Corporación en la sentencia de la referencia, según
las razones que expongo a continuación:
No obstante que estoy de acuerdo con
la decisión proferida consistente en exigir que los cargos de magistrados de
justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial sean provistos
a través de las reglas del concurso público y abierto de la
Rama Judicial, con el propósito de afianzar el criterio del mérito y la
transparencia de quienes pretenden ingresar a la administración de justicia, no
comparto la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión: “las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996”, contenida en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, por entender que la misma, en virtud del principio de
conservación del derecho, podía ser susceptible de aplicación en hipótesis
extraordinarias y excepcionales, en un contexto normativo acorde con el mandato
constitucional referente al concurso público, en los términos consagrados en el
artículo 125 de la Constitución Política y según lo previsto en las Sentencias
C-713 de 2008 y C-333 de 2012.
Para tal efecto,
es preciso señalar que la sentencia de la cual parcialmente me aparto supone
que el Consejo Superior de la
Judicatura y las demás autoridades involucradas en el desarrollo del sistema
de carrera judicial, cumplirán de forma permanente y sin dilaciones con el
mandato consagrado en el artículo 163 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el cual ordena que: “los procesos
de selección serán permanentes con el fin de garantizar en todo momento
disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten en cualquier
especialidad y nivel dentro de la
Rama Judicial”. De ahí que, en la parte motiva del fallo en mención, se
haya realizado un llamado al cumplimiento del citado precepto legal, con miras
a mantener un listado permanente de candidatos.
Sin embargo, como se infiere de su
lectura, la Sentencia C-532 de 2013 no se cuestiona por aquellas circunstancias
excepcionales y extraordinarias en las que no existen candidatos disponibles en
el registro de elegibles o, peor aún, no existe un registro de elegibles
vigente. Al respecto, la mayoría de la Sala consideró que en este punto era
mejor guardar silencio, en el entendido que resulta aplicable el régimen
general previsto en la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de
Justicia) para regular la ocurrencia de situaciones administrativas, en
especial, el artículo 132, que se refiere a las vacancias y a la posibilidad de
hacer uso de las figuras del encargo y la provisionalidad[60].
En mi opinión, la solución que se
deriva de la Sentencia C-532 de 2013 y de la posición adoptada por la mayoría
de la Sala, no resulta acorde con la necesidad de salvaguardar el principio de
transparencia y el criterio del mérito, como parámetros ineludibles que rigen
el acceso a los cargos de carrera en la
Rama Judicial, conforme a la jurisprudencia reiterada por esta Corporación. En
efecto, la regulación sobre situaciones administrativas supone que la
designación de una persona para ocupar un cargo público, ya sea en encargo o en
provisionalidad, queda en cabeza del nominador, de manera discrecional, sin
convocatoria y sin motivación, con personal de carrera o con abogados ajenos al
servicio y, en general, sin limitación alguna, más allá de acreditar los
requisitos generales y especiales del cargo, hasta tanto el mismo sea provisto
en propiedad.
Por el contrario, en mi
criterio, en el caso bajo examen, cabía una solución distinta, que protegiera
el valor social y político que envuelve la creación normativa por parte del
legislador, como ya se dijo, en desarrollo del principio de conservación del
derecho.
Lo anterior suponía reconocer que el procedimiento al cual
aludía la disposición acusada (art. 53 de la
Ley 270 de 1996)[61],
podía aplicarse de forma supletoria en el proceso de designación de los
magistrados de justicia y paz, hasta tanto el cargo fuese provisto en propiedad
mediante las reglas del concurso público y abierto de méritos, en aquellos
casos excepcionales y extraordinarios en los que, por alguna razón, a pesar de
la obligación de programar de forma permanente procesos de selección[62], no llegase a
existir un registro de elegibles vigente[63];
se hubiere agotado el mismo a partir de quienes superaron las etapas del
concurso; o se acabare la lista de candidatos disponibles, entre otras, por la
posibilidad que tienen los aspirantes de manifestar las sedes territoriales de
interés[64].
En este sentido, no sólo cabía proferir un fallo
condicionado referente a la necesidad de salvaguardar el concurso público de
méritos, en virtud del precedente expuesto en la
Sentencia C-333 de 2012, sino también condicionar la posibilidad de acudir al
proceso de selección previsto en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1993, solamente a aquellos casos excepcionales y extraordinarios
previamente descritos.
Esta solución resultaba adecuada, necesaria y proporcional.
Era adecuada, porque además de salvaguardar el artículo 125 del Texto Superior,
permitía garantizar el principio democrático en la producción normativa. Era
necesaria, en la medida en que preveía que ante circunstancias excepcionales y
especiales, en las que no existiese una lista de elegibles vigente o todavía se
encontrara en trámite el agotamiento de un concurso, existiese una solución
normativa que asegurara la vigencia del principio de permanencia en la
administración de justicia, como expresamente lo exige el artículo 228 de la
Constitución[65].
Y, finalmente, era proporcional, en cuanto permitía dar
respuesta a un conjunto de contingencias que podrían afectar la realización del
citado principio de permanencia en la administración de justicia, a través de
la aplicación excepcional de un procedimiento de elección, que fue avalado ya por
la Corte en cuanto a la realización de los principios de igualdad y
transparencia (Sentencia C-037 de 1996), dado que no sólo parte de la
obligación de efectuar una invitación pública, lo cual supone la exigencia de
acreditar las calidades mínimas requeridas para ejercer el cargo, sino que,
además, le impone al Consejo Superior de la
Judicatura el deber de indicar y explicar las razones por las cuales se
incluyen los aspirantes. Se trata entonces de un procedimiento abierto y
público, en el que se prevén un conjunto de herramientas destinadas a
garantizar una mayor objetividad en la selección.
Por consiguiente, conforme a las consideraciones expuestas,
se propuso la siguiente parte resolutiva, la cual no fue acogida por el pleno
de esta Corporación:
“Declarar
EXEQUIBLES, por el cargo analizado, las expresiones: “La
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados
de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta ley a
partir de las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996”,
contenidas en el parágrafo del artículo 28 de la
Ley 1592 de 2012, en el entendido que los cargos a los que se refiere
dicho preceptos legal, deberán ser provistos de la lista de elegibles vigente
en materia penal.
En todo caso, la previsión final
que remite al proceso de selección consagrado en el artículo 53 de la
Ley 270 de 1996, tan sólo aplicará en aquellas hipótesis excepcionales y
extraordinarias, en las que, por algún motivo, a pesar de la obligación de
programar de forma permanente procesos de selección, no exista un registro de
elegibles vigente en materia penal, se haya agotado el mismo o no queden en él
candidatos disponibles, y mientras se surte el respetivo concurso público.”
Fecha ut supra,
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA,
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO Y
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-532/13
Referencia: expediente D-9515.
Demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 28 (parcial) de la Ley
1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley
975 de 2005 `por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios` y se dictan otras disposiciones”.
Demandante:
Marcela Patricia Jiménez Arango.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Con el
debido respeto aclaramos el voto frente a la declaratoria de inexequibilidad de
la expresión “las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996”[66], contenida en el parágrafo
del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012[67].
La discusión sobre la constitucionalidad de la disposición parcialmente demandada
se fundó en el supuesto según el cual los cargos de magistrado de Tribunal
Superior de Distrito Judicial en materia de Justicia y Paz deben ser provistos
a través de concurso público de méritos, siguiendo para el efecto la sólida
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha construido al respecto,
principalmente, a través de las sentencias C-713 de 2008[68] y C-333 de 2012[69].
La
deliberación se enfocó, de manera principal, en la posibilidad de que, pese a
desconocer tal regla, el apartado “las cuales serán elaboradas de acuerdo
con el procedimiento señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996” pudiera
mantener su validez dentro del ordenamiento jurídico, en tanto se aplicara a
casos excepcionales.
La
idea inicial, partiendo del proyecto presentado por el Magistrado a quien le
correspondió por reparto la ponencia del asunto, consistió en considerar que
tal remisión a la Ley Estatutaria operaría en casos en los que no se contara
con lista de elegibles. En nuestra opinión debía aplicarse un mecanismo para
provisión de cargos cuando por un motivo justificado hiciera falta la
lista de elegibles, pues estos no podían quedar vacantes, y el procedimiento
para proveerlos tampoco podía ser ad hoc; en esa medida, la remisión
al procedimiento establecido en la Ley Estatutaria de Justicia [artículo 53]
era razonable.
Considerábamos,
empero, que ese procedimiento debía aplicarse solo cuando la ausencia de la
lista de elegibles se debiera a una justa causa establecida en la Constitución,
la Ley o la jurisprudencia de esta Corte. En esa medida, estimamos que el
condicionamiento que se proponía en el proyecto inicial era deficitario, pues
en uno de sus apartes señalaba:
“En todo caso, la previsión final que remite al proceso de
selección consagrado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, tan sólo aplicará
en aquellas hipótesis excepcionales y extraordinarias, en las que, por
algún motivo, a pesar de la obligación de programar de forma permanente
procesos de selección, no exista un registro de elegibles vigente en materia
penal, se haya agotado el mismo o no queden en él candidatos disponibles”.
Esta
proposición de modulación, que no fue acogida por la mayoría de la Sala Plena,
se parece a lo que en teoría constitucional se conoce como una cláusula de
fuga, pues establece un umbral por donde puede desaparecer la meritocracia
que había protegido la Constitución, y la Corte, entre otras, en la sentencia
C-333 de 2012[70].
En efecto, si solo basta con establecer que no existe un registro de elegibles
para proceder a aplicar el modo de provisión alternativo, entonces la incuria,
o incluso la desobediencia de los mandatos constitucionales, podrían justificar
la elusión de la meritocracia.
Por
esta razón, planteamos a la Sala Plena dos propuestas, con el fin de hacer
efectivo el principio del mérito en la designación de los magistrados que
conocen de los procesos de Justicia y Paz:
Primera
propuesta:
“En todo caso, la previsión final que remite al proceso de
selección consagrado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, tan sólo aplicará
en aquellas hipótesis excepcionales y extraordinarias, en las que, por
una justa causa establecida en la Constitución y la jurisprudencia de esta
Corte, falte una lista de elegibles. En todo caso, no cualquier falta de lista
de elegibles justifica la aplicación del procedimiento previsto en esta ley”.
Segunda
propuesta:
“En todo caso, la previsión final que remite al proceso de
selección consagrado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, tan sólo aplicará
en aquellas hipótesis excepcionales y extraordinarias, en las que, por
una causa estrictamente justificada, falte una lista de elegibles.”.
Para
la aplicación de estas alternativas de decisión, era necesario que en la parte
motiva de la sentencia se señalaran algunas hipótesis que constituyeran motivos
justificados, como por ejemplo, la anulación judicial de la lista, o que perdió
vigencia, o que se agotaron los nombres, o murieron o invalidaron. Sin embargo,
estas no fueron acogidas por la mayoría.
La
dificultad de preservar la consistencia argumentativa y de brindar seguridad
jurídica a través de un fallo modulado, nos llevó a apoyar la decisión de
inexequibilidad; la cual, además, determina la aplicación de la Ley 270 de
1996, y concordantes, a la provisión de cargos de magistrados que conocen de
los procesos de Justicia y Paz, incluyendo, de manera justificada, aquellos
eventos en los que no existe lista de elegibles. En todos los casos, entonces,
deberá atenderse a los lineamientos definidos por el legislador en tal
normativa.
En
este sentido, también cabe destacar el llamado que se hace en la providencia
C-532 de 2013 a garantizar la permanente realización de procesos de selección,
con el objeto de contar con la respectiva lista de elegibles (artículo 163 de
la Ley 270 de 1996) y así materializar de manera adecuada el principio del
mérito.
En
estos términos expresamos las razones que nos llevaron a aclarar el voto.
Fecha ut
supra,
María Victoria Calle Correa
Jorge Iván Palacio Palacio
Magistrada                                                Magistrado
Luis Ernesto Vargas Silva
Magistrado
[1]
Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
[2]
Disponen las normas en cita: “Artículo 156. Fundamentos de la carrera
judicial. La carrera judicial se basa en el carácter profesional de
funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de
igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos
aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para
el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.” “Artículo 157.
Administración de la carrera judicial. La administración de la carrera
judicial se orientará a atraer y retener los servidores más idóneos, a
procurarles una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud
ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y
empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad
del servicio, exigiéndoles, al mismo tiempo, en forma permanente conducta
intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento.” “Artículo 158. Campo
de aplicación. Son de Carrera los cargos de Magistrados de los Tribunales y
de las Salas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean
de libre nombramiento y remoción.”
[3]
Dispone la norma en cita: “Artículo 53. Elección de magistrados y consejeros.
Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las
vacantes que se presenten en la respectiva Corporación, de listas superiores a
cinco (5) candidatos, enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Estos Magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el
Presidente de la República. // Con el objeto de elaborar las listas a que se
refiere este artículo, el Consejo Superior de la
Judicatura invitará a todos los abogados que reúnan los requisitos y que
aspiren a ser Magistrados, para que presenten su hoja de vida y acrediten las
calidades mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo Superior de la
Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen
los nombres de los aspirantes que aparecen en ella. // El Magistrado que deba
ser reemplazado por destitución estará inhabilitado para participar en la
elección de su sucesor y en la de cualquier otro integrante de la
Corporación que por el mismo tiempo se encuentre en la misma situación. // Los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la
Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la
Judicatura, de los Tribunales, los Jueces y los Fiscales, no podrán nombrar a
personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados
por matrimonio o unión permanente. Así mismo, los citados funcionarios, una vez
elegidos o nombrados, no podrán nombrar a personas vinculadas por los mismos
lazos con los servidores públicos competentes que hayan intervenido en su
postulación o designación. // Parágrafo 1º. La provisión transitoria de
las vacantes se hará directamente por cada Corporación o Tribunal y no podrá
exceder, en ningún caso, de tres meses. Parágrafo 2º. Los funcionarios
públicos en cuya postulación o designación intervinieron funcionarios de la
Rama Judicial, no podrán designar a personas con las cuales los postulantes o
nominadores tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil. Constituye causal de mala conducta la violación a ésta
disposición.”
[4]
“La demandante considera que las expresiones impugnadas vulneran el artículo
125 de la Constitución Política y los artículos 156, 157 y 158 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, por cuanto no disponen
realizar un concurso público de méritos para acceder a los cargos de
magistrados y de empleados de los nuevos tribunales. Aduce que el proceso de
selección y nombramiento no respeta el derecho a la igualdad, ni es el idóneo
para atraer a las personas más capacitadas al servicio público. Arguye que
todos los servidores de la administración de justicia, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 158 de la ley en comento, salvo que se trate de servidores de
libre nombramiento y remoción, son de carrera. Por tanto, para ingresar a dicha
carrera, es menester realizar un concurso público de méritos”. (Sombreado acorde
con el concepto de la Vista Fiscal).
[5]
Sentencias C-713 de 2008 y C-333 de 2012.
[6]
Dispone la norma en cita: “Los fallos que la
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional. // Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras
subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la
confrontación entre la norma ordinaria y la
Constitución”.
[7]
Sobre la materia se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-774 de
2001, C-310 de 2002, C-004 de 2003, C-039 de 2003, C-1122 de 2004, C-469 de
2008, C-600 de 2010, C-283 de 2011, C-254A de 2012 y         C-1017 de 2012.
[8]
Sentencia C-489 de 2000.
[9]
Sentencia C-427 de 1996.
[10]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-427 de 1996, C-489 de 2000 y C-774 de
2001.
[11]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-427 de 1996, C-447 de 1997, C-774 de 2001
y C-1064 de 2001.
[12]
Dispone la norma en cita: “Los fallos que la
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional”.
[13]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-301 de 1993, C-037 de 1996,  C-310 de
2002 y C-181 de 2010.
[14]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-310 de 2002, C-096 de 2003, C-211 de
2003, C-710 de 2005, C-1266 de 2005, C-259 de 2008 y C-181 de 2010.
[15]
Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996. MP: Alejandro Martínez Caballero,
donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando
se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir,
formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales; C-551 de
2001, MP: Álvaro Tafur Galvis, donde la
Corte declaró que había ausencia de cosa juzgada formal o material respecto de
los artículos 16 numeral 1° y artículo 17 inciso 2° de la
Ley 599 de 2000, pues no se trataba de contenidos normativos idénticos;
C-1064/01, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, donde la
Corte examinó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con
omisiones legislativas.
[16] Corte Constitucional, C-774 de 2001, MP: Rodrigo
Escobar Gil, donde la Corte analizó el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.
[17]
En la sentencia C-447 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero, donde la
Corte sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como una
petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el
respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial la
Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus
decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de
seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente
previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no
es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez.
(…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los
criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de
sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de
jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada
constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra
consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el
ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables
injusticias.”
[18]
En cuanto a los fallos de exequibilidad se pueden consultar las Sentencias
C-311 de 2002 y C-096 de 2003. Por su parte, en lo que se refiere a los
pronunciamientos de exequibilidad condicionada, se puede examinar la
Sentencia C-394 de 2002 y C-443 de 2009.
[19]
En la Sentencia C-460 de 2008 se negó la existencia de una cosa juzgada
material en sentido amplio, por los cambios constitucionales introducidos al
sistema penal de enjuiciamiento.
[20]
En la Sentencia C-774 de 2001 se apeló al concepto de “Constitución viviente”
para realizar un nuevo examen de constitucionalidad sobre la figura de la detención
preventiva. Al respecto, se dijo que: “El concepto de
‘Constitución viviente’ puede significar que en un momento dado, a la luz de
los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales
de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la
Constitución, -que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y
valorativos, de esas realidades- un pronunciamiento que la
Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones
constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el
juicio de Constitucionalidad de una determinada norma.”
[21]
En la Sentencia C-228 de 2002 se realizó una nueva ponderación de valores y
principios constitucionales para determinar el alcance de los derechos de las
víctimas, específicamente en lo referente a los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación.
[22]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-1121 de 2005 y C-1266 de 2005.
[23]
Sentencia C-565 de 2000 reiterada en la
Sentencia C-710 de 2005.
[24]
Sobre este punto, en la Sentencia C-310 de 2002 se dijo que: “De igual manera, la jurisprudencia señala que si la disposición es
declarada exequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al
juez constitucional para ‘pronunciarse sobre la materia previamente resuelta,
ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad
del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados
en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.’
No obstante, atendiendo al carácter dinámico de la
Constitución, que se deriva de su relación directa con la realidad
sociopolítica del país, es posible que el juez constitucional se vea obligado a
revaluar la interpretación previamente adoptada en torno al alcance de un
determinado texto jurídico, debiendo adelantar un nuevo juicio de
inconstitucionalidad; esta vez, a partir de acontecimientos distintos a los que
respaldaron la decisión positiva que se adoptó en el pasado –cambios sociales,
económicos, políticos o culturales–, aun cuando no se hayan presentado cambios
sustanciales o formales en las disposiciones constitucionales que suscitaron su
aval inicial. Por supuesto que, en estos casos, la actividad desplegada por el
organismo de control constitucional no atenta contra la cosa juzgada material,
pues ‘el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar
de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios
constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una
institución jurídica’ (…)”.
[25]
Sentencias C-311 de 2002, C-1075 de 2002, C-096 de 2003, C-181 de 2010 y C-241
de 2012.
[26]
Auto 027A de 1998 reiterado en las Sentencias C-1299 y 1300 de 2005.
[27]
Sombreado por fuera del texto original.
[28]
Sentencia C-228 de 2002.
[29]
Sentencias C-931 de 2004 y C-539 de 2011.
[30]
Sentencia C-836 de 2001.
[31]
Sombreado y subrayado conforme al texto original.
[32]
Sobre la materia se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-424 de
2005, C-535 de 2005, C-079 de 2007 y C-094 de 2007.
[33]
En la exposición de motivos se expone que: “(…) luego de analizar detenidamente
la experiencia acumulada por la
Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y Paz durante más de cinco años de aplicación de la
Ley 975 de 2005, [se ha] podido confirmar la necesidad de introducir algunas
modificaciones a la ley vigente, con el fin de agilizar el trámite de los
procesos. Esto, a su vez, va a permitir agilizar la respuesta del ente
investigador frente a las expectativas de justicia que provienen tanto del
ámbito nacional como del ámbito internacional, en particular, de los órganos
internacionales de supervisión de derechos humanos encargados de hacer
seguimiento a la situación de Colombia”. Gaceta del Congreso No. 690 de 2011,
p. 9.
[34]
En este sentido, el artículo 28 de la Ley 1592 de 2012 dispone que: “Artículo
28. Modifíquese el artículo 32
de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así: Artículo 32. Competencia
funcional de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
en Materia de Justicia y la Paz. Además de
las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la
Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los
procesos de los que trata la presente ley.
El juzgamiento en los procesos a los que se refiere la
presente ley, en cada una de las fases del procedimiento, se llevará a cabo por
las siguientes autoridades judiciales:
1. Los Magistrados con funciones de control de
garantías.
2. Los Magistrados con funciones de
conocimiento de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial.
3. Los jueces con funciones de ejecución de
sentencias de las salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, quienes estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las
penas y de las obligaciones impuestas a los condenados, de acuerdo con la
distribución de trabajo que disponga el Consejo Superior de la
Judicatura en cada una de las salas de Justicia y Paz.
Parágrafo.- El Consejo Superior de la
Judicatura adoptará las decisiones conducentes y proveerá los cargos que sean
necesarios para garantizar que las funciones de las autoridades judiciales
mencionadas en el presente artículo, sean ejercidas por magistrados diferentes.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de
magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial a los que se refiere esta
ley a partir de las listas enviadas por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53
de la Ley 270 de 1996.”
[35]
Gaceta del Congreso No. 838 de 2011, p. 14.
[36]
En el informe de ponencia para segundo debate en la
Cámara de Representantes se dijo que: “El artículo 27 modifica el artículo 32
de la Ley 975 de 2005, sobre la Competencia funcional de los
magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial en materia de
justicia y paz. Para materializar la pretensión de celeridad de los procesos
de justicia y paz, uno de los fines del proyecto de ley, se propone la creación
de los magistrados con funciones de ejecución de sentencias de las salas de
justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, quienes
estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las penas y de las obligaciones
impuestas a los condenados, de acuerdo con la distribución de trabajo que
disponga el Consejo Superior de la
Judicatura en cada una de las Salas de Justicia y Paz. La existencia de estos
magistrados reducirá de manera significativa la carga de los magistrados de las
salas de conocimiento, quienes deberán concentrar sus esfuerzos en el
esclarecimiento de la verdad y en dictar justicia conforme a los procedimientos
de la Ley 975 de 2005”. Gaceta del Congreso No. 681 de 2012, p. 13.
[37]
Sobre este punto, se señaló que: “Al artículo 28. Se cambia la referencia de ‘magistrados
con funciones de ejecución de sentencias’ en el numeral 3° por ‘jueces
con funciones de ejecución de sentencias’ teniendo en cuenta que hoy en la
estructura de la Rama Judicial sólo existen los segundos y no los primeros, y
que se generaría una contradicción con el artículo 18B del proyecto en el que
se habla de ‘jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad’ (…)”.
Gaceta del Congreso No. 744 de 2012, pp. 1 y 2.
[38]
Lo anterior se puede constatar en los artículos 13, 18 y 19 de la referida Ley
975 de 2005.
[39]
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y Universidad de Nariño.
[40]
Ministerio de Defensa Nacional.
[41]
Tomados de la Sentencia C-333 de 2012.
[42]
El inciso 1° del artículo 125 del Texto Superior dispone que: “Los empleos en
los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley”.
[43]
Al respecto, se transcribieron los siguientes apartes del fallo en mención: “Así mismo, la norma dispone que “los jueces de descongestión tendrán
la competencia territorial y material específica que les señale el acto de su
creación”. Los jueces de descongestión no son cargos permanentes y por
tanto no forman parte de la estructura misma de la administración de justicia.
Son cargos creados de manera transitoria por el Consejo Superior de la
Judicatura, dentro de la facultad prevista en el artículo 257-2 de la
Constitución y de conformidad con las políticas y programas de descongestión
judicial establecidos por dicho organismo. (…)  Ahora bien, es cierto que los
jueces de descongestión tienen vocación de transitoriedad (…). Sin embargo, la
Corte quiere llamar la atención, con especial rigor, para dejar en claro que
en virtud de los principios constitucionales de transparencia e igualdad, y del
mérito como criterio de acceso a la función pública, su designación hace
inexcusable tomar en cuenta y respetar el orden de las listas de elegibles,
conformadas por quienes han agotado todas las etapas del concurso de mérito y
se encuentran a la espera de su nombramiento definitivo. Sólo de esta manera la
creación de jueces de descongestión es compatible con los principios que rigen
la función pública y la designación de los jueces, en particular el mérito.”
[44]
Desde esta perspectiva, se reiteró lo expuesto en las Sentencias C-319 de 2006
y C-370 de 2006.
[45]
Sentencias C-588 de 2009 y C-249 de 2012.
[46]
Se reiteran, por dicha vía, las Sentencias C-713 de 2008, SU-917 de 2010 y
SU-446 de 2011.
[47]
Precisamente, el inciso 2° del artículo 67 de la
Ley 975 de 2005 dispone que: “Los requisitos exigidos para ser magistrado de
estos tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como magistrado
de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial”.
[48]
No sobra recordar que en la Sentencia C-333 de 2012, el pronunciamiento de esta
Corporación también recayó sobre el inciso 3° del artículo 67 de la
Ley 975 de 2005, según el cual: “La
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para
estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los
Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.”
[49]
Como ya se dijo, la norma en cita dispone que: “Con el objeto de elaborar las
listas a que se refiere este artículo, el Consejo Superior de la
Judicatura invitará a todos los abogados que reúnan los requisitos y que
aspiren a ser Magistrados, para que presenten su hoja de vida y acrediten las
condiciones mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo Superior de la
Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen
los nombres de los aspirantes en ellas.”
[50]
En este sentido, la Corte se pronunció en la
Sentencia C-037 de 1996, al sostener que: “En cuanto al procedimiento
contemplado en el inciso segundo, encuentra la
Corte que él no desconoce postulado constitucional alguno sino que, por el
contrario, garantiza el ejercicio del derecho fundamental a la igualdad y
permite que los asociados conozcan las razones que llevaron al Consejo Superior
de la Judicatura a definir la lista de candidatos que se presenta a las
respectivas corporaciones, a lo cual aquéllos tienen derecho (arts. 23 y 228
CP)”.
[51]
El artículo 67 de la Ley 975 de 2005 dispone que: “(…) Los
requisitos exigidos para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos
exigidos para desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales
Superiores de Distrito Judicial. (…)”.
[52]
Ley 975 de 2005, art. 18.
[53]
Ley 975 de 2005, art. 13.
[54]
Ley 975 de 2005, art. 11A.
[55]
Ley 975 de 2005, art. 11C.
[56]
Ley 975 de 2005, arts. 3, 24 y 29.
[57]
Al respecto, el artículo 72 de la
Ley 975 de 2005 modificado por el artículo 36 de la
Ley 1592 de 2012 dispone que: “La presente ley deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias y rige a partir de su promulgación. Para el caso de
desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno
nacional, la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con
anterioridad a la fecha de su desmovilización. // En relación con los
desmovilizados individuales, es decir, aquellos cuyo acto de desmovilización
sea certificado por el Comité Operativo para la
Dejación de las Armas (CODA), el procedimiento y los beneficios consagrados en
esta ley se aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su
desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.”
[58]
Sobre este punto, el artículo 41 de la Ley 1592 de 2012 dispone que: “La
presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 7º, 8º, 42,
43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de la Ley 975 de 2005”.
[59]
La norma en cita establece que: “La derogación de las leyes podrá ser expresa o
tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la
antigua. //  Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no
pueden conciliarse con las de la ley anterior. // La derogación de una ley
puede ser total o parcial.”
[60]
Dispone la norma en cita: “Artículo 132. formas de
provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la
Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras: 1. En
propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado
todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate
de traslado en los términos del artículo siguiente. // 2. En
provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia
definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente
previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal,
cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.
// Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el
nominador solicitará a la
Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la
Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de
candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo.  // En caso de vacancia temporal en la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional o el Consejo Superior de la
Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la
respectiva Corporación. // 3. En encargo. El nominador, cuando las
necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes,
prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se
desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en
propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas
respectivas. // Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el
nombramiento se encuentre en vacaciones, la
Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado
mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato.”
[61]
La norma en cuestión dispone que: “Con el objeto de elaborar las listas a que
se refiere este artículo, el Consejo Superior de la
Judicatura invitará a todos los abogados que reúnan los requisitos y que
aspiren a ser magistrados, para que presenten su hoja de vida y acrediten las
calidades mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo Superior de la
Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen
los nombres de los aspirantes que aparecen en ella”.
[62]
El artículo 163 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia dispone
que: “Los procesos de selección serán permanentes con el fin de garantizar en
todo momento disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten
en cualquier especialidad y nivel dentro de la
Rama Judicial. // Todos los procesos de selección para funcionarios y
empleados de Carrera de la Rama Judicial serán públicos y abiertos.”
[63]
El artículo 165 de la Ley 270 de 1996 dispone que la inscripción individual en
el registro tendrá una vigencia de cuatro años.
[64]
El parágrafo del artículo 165 de la Ley 270 de 1996 dice que: “En cada caso de
conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán
manifestar las sedes territoriales de su interés”
[65]
Dispone la norma en cita: “La administración de justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes
con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. (…)” Subrayado y sombreado por fuera del texto original.
[66] Primer
resolutivo de la sentencia C-532 de 2013.
[67] “Por
medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 `por la cual
se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios` y se dictan otras disposiciones”.
[68] MP
Clara Inés Vargas Hernández; SPV Humberto Antonio Sierra Porto y Nilson Pinilla
Pinilla; AV Humberto Antonio Sierra Porto, y SV Jaime Araujo Rentería.
[69] MP
María Victoria Calle Correa – unánime.
[70]
MP. María Victoria Calle Correa (unánime).