T-131-16
Sentencia
T-131/16
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza
Esta Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo que
el agua potable para el consumo humano tiene el carácter de fundamental. El
agua tiene tanto un alcance subjetivo como
objetivo. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales
hace referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. En
efecto, los derechos fundamentales constituyen un sistema de valores
positivizado por la Constitución que guía las decisiones de todas las
autoridades, incluido el Legislador. Como derecho subjetivo, la tutela del
derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en
escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de
particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Contenido
El contenido de
este derecho ha sido precisado por la Corte de conformidad con la Observación
General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas de la siguiente manera: “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre,
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
PRESTACION ADECUADA Y EFICIENTE DE SERVICIOS PUBLICOS-Fin social del Estado
En un
principio el Estado tiene la obligación constitucional de prestar
eficientemente los servicios públicos domiciliarios, ya sea de forma directa o
indirecta a través de entidades territoriales o particulares. Sin embargo, en
cualquier caso el Estado mantiene la facultad de regulación, control y
vigilancia de dichos servicios, lo anterior con la finalidad de que sean
prestados de manera eficiente a todos los ciudadanos.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza jurídica, alcance y contenido
DERECHO AL AGUA POTABLE Y A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por negativa de
instalación de acueducto y alcantarillado
DERECHO AL AGUA POTABLE Y A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a empresa de acueducto
suministrar provisionalmente agua potable a la vivienda del peticionario a
través del medio que se estime idóneo y eficaz, en una cantidad que garantice
el consumo diario
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a Alcaldía Municipal inscribir al accionante y a su núcleo
familiar en los programas de reubicación o mejoramiento de vivienda del
municipio
Referencia: expediente T-5.268.139
Acción de tutela instaurada por José Albeiro Sánchez Murillo contra
ACUAVALLE S.A E.S.P- Oficina de Alcalá, Valle
Tema: (i) el
contenido del derecho fundamental al agua potable, (ii) la prestación de los
servicios públicos como una finalidad social del Estado,  (iii) el alcance y
contenido general del derecho a la vivienda digna.
Problema
jurídico: le corresponde a la Sala Séptima de Revisión de Tutelas establecer si
ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá, está vulnerando los derechos fundamentales a la
salud, a la vida digna y al agua potable del actor y de su núcleo familiar, al
negarse a autorizar la instalación del acueducto y alcantarillado en su
vivienda debido a la inexistencia de redes de alcantarillado conforme a las
condiciones técnicas requeridas.
Derechos Fundamentales invocados: Agua, salud, vida digna.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
-quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de las decisiones adoptadas (i) por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, el catorce (14) de
mayo de dos mil quince (2015), que concedió el amparo de los derechos
fundamentales a la vivienda digna, en conexidad con los derechos a la vida,
integridad física y a un ambiente sano del señor José Albeiro Sánchez
Murillo, en el curso de la acción de tutela interpuesta por él en contra de
ACUAVALLE S.A E.S.P- Oficina de Alcalá Valle y; (ii) por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Cartago, Valle, el veintiséis (26) de agosto de dos mil
quince, que revocó la decisión de primera instancia.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Doce de la
Corte Constitucional eligió, el diez (10) de diciembre de dos mil quince
(2015), para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala
de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
El señor José Albeiro Sánchez Murillo solicita
le sean tutelados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al
agua. En consecuencia, pide se ordene a la entidad accionada la instalación del
servicio de acueducto y alcantarillado en su vivienda sin costo alguno.
Fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:
1.2.
HECHOS
1.2.1.
El actor, de 67 años de edad, indica que
es una persona de la tercera edad, jefe de hogar, que vive en precarias
condiciones junto con su cónyuge y su hija de 19 años de edad.
1.2.2.
Agrega que adquirió su vivienda a través
de un contrato de permuta y debido a su difícil situación económica no ha podido
realizar la escritura pública.
1.2.3.  Señala que en varias oportunidades se ha acercado a las oficinas
de la accionada con el fin de solicitar la instalación del servicio de
suministro de agua potable en su vivienda, ubicada en el municipio de Alcalá, en
la vía que conduce hacia la Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo.
Solicitud que le ha sido negada.
1.2.4.  Asegura que su vivienda cuenta con el servicio de energía
eléctrica y no entiende las razones por las cuales la accionada se niega a
prestarle el servicio requerido con urgencia, pues él y su esposa son personas
de la tercera edad, que tienen complicaciones de salud y es necesario dicha prestación.
1.2.5.  Advierte que se acercó a la Personería Municipal para solicitar su
colaboración con el requerimiento de agua potable. En esta medida, ordenaron
una visita socioeconómica para certificar el estado de vulnerabilidad del
núcleo familiar del actor. Visita que es anexada al expediente.
1.2.6.
Con base en lo expuesto, el tutelante solicita
le sean protegidos sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al
agua potable. En consecuencia, requiere se ordene a la accionada la instalación
del servicio de acueducto y alcantarillado en su vivienda, el  cual es urgente
debido a el precario estado en el cual se encuentran.
1.3.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.3.1.
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle, mediante auto del treinta (30) de
abril de dos mil quince (2015), la admitió y ordenó vincular, al Municipio de
Alcalá, Valle, a la Secretaría de Hacienda y a la oficina de Planeación
Municipal, lo anterior, toda vez que sus intereses podrían verse afectados con
la decisión que se adoptara.
1.3.2.
Así mismo, ordenó notificar el contenido
del auto al accionante, a la entidad accionada, ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá
y a las entidades vinculadas anteriormente, para que pudieran pronunciarse
sobre los hechos relatados en la demanda.
1.3.3.
Igualmente, ordenó oficiar al
representante legal de ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá, Valle, para que en el
término de dos (02) días contados desde la notificación del auto, informara si
el señor JOSÉ ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO había solicitado ante dicha entidad la
instalación del servicio de agua potable para la casa de habitación ubicada en
la vía que conduce hacia la Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo, en
caso positivo los motivos por los cuales no se le ha aceptado su inscripción e
instalación.
1.3.4.
Siguiendo con el mismo lineamiento, ofició
al Municipio de Alcalá, Valle, a la Secretaría de Hacienda y a la oficina de
Planeación Municipal del Alcalá, para que en el término de dos (02) días desde
la notificación del auto informaran: (i) Qué tipo de riesgos se podrían
generar al señor  JOSÉ ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO, en caso de aprobar algún tipo
de mejora o adaptación como acometida para el servicio de acueducto; (ii) si
la casa de habitación ubicada en la vía que conduce a la Institución Arturo
Gómez Jaramillo del perímetro urbano del municipio de Alcalá, Valle, en la que
reside el señor JOSÉ ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO y su esposa, se encuentra en alto
riesgo y; (iii) si la entidad ACUAVALLE S.A E.S.P. de Alcalá, Valle,
y/o JOSÉ ALBEIRO SÁNCHE MURILLO han solicitado ante esas entidades
certificación y/o permiso de uso de suelos que permita acreditar los requisitos
para la obtención de una matrícula de servicios públicos.
1.3.5.   Por último, ordenó practicar diligencia de inspección judicial al
lugar donde reside el accionante, ubicada en la vía que conduce a la Institución
Arturo Gómez Jaramillo del perímetro urbano del Municipio de Alcalá, Valle.
Dicha diligencia tuvo lugar el día (11) de mayo de dos mil quince (2015) a las
2:00 pm.
1.3.6.
Respuesta de la Oficina de Planeación
Municipal de Alcalá, Valle.
Mediante oficio del cuatro (04) de mayo de dos mil quince (2015),
el Secretario de Planeación Municipal de Alcalá, Valle, dio respuesta a las
preguntas formuladas por el juzgado de instancia, al respecto indicó:
“1. Qué tipo de riesgos se podrían generar al señor JOSE ALBEIRO
SÁNCHEZ MURILLO, en caso de aprobar algún tipo de mejora o adaptación como
acometida para el servicio de acueducto?
RTA/ El único riesgo que se evidencia sería que para la
instalación de la acometida domiciliaria de acueducto es de una extensión
aproximada de 10 ml y se debe hacer intervención en la vía Avenida Sur la cual
hace poco fue intervenida para su rehabilitación actividad que se debe realizar
por parte del propietario o solicitante de la acometida.
2.Si la casa de habitación ubicada en la vía que conduce a la
Institución Arturo Gómez Jaramillo del perímetro urbano del municipio de
Alcalá, Valle, en la que reside el señor JOSE ALBEIRO SÁNCHEZ MURILLO y su
esposa, se encuentra en alto riesgo?
RTA/ Para su aclaración y dentro de lo que especifica el EOT
detalla que esta área se encuentra en zona rural y teniendo en cuenta la
cartografía del área rural, también perteneciente al esquema de ordenamiento
territorial. No se encuentra en Zona de Alto Riesgo de acuerdo al plano de
erosión No. 5
3. Si la entidad ACUAVALLE S.A  DEL ALCALÁ, VALLE,  y/o JOSÉ
ALBEIRO SÁNCHE MURILLO han solicitado ante esas entidades certificación y/o
permiso de uso de suelos que permita acreditar los requisitos para la obtención
de una matrícula de servicios públicos?
RTA/ Después de revisar los archivos que reposan en la secretaría
de planeación se puede evidenciar que hasta la fecha no se ha solicitado por
parte de ninguna de las anteriores nombradas certificados de uso del suelo, ni
apariencia que lo relacione”.
1.3.7.
Respuesta de la Secretaría de Hacienda
Municipal de Alcalá, Valle.
Mediante oficio del cinco (05) de mayo de dos mil quince (2015),
la Secretaria de Hacienda Municipal de Alcalá, Valle, da respuesta a los
numerales 1, 2 y 3 del punto Quinto contenido en el auto admisorio proferido el
treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Alcalá, Valle. Al respecto precisó:
“En cuanto al numeral 1: Evaluar el tipo de riesgo que se
podría generar como resultado de una mejora del predio, no es una labor que sea
de nuestra competencia. La evaluación y gestión del riesgo es competencia
exclusiva de la oficina de planeación Municipal.
En cuanto al numeral 2: La
determinación de las zonas de Alto Riesgo es una gestión que compete
exclusivamente, a la Secretaría de Planeación del Municipio.
En cuanto al numeral 3: Ni el
accionado ni la accionada han presentado ante ésta entidad, solicitudes de
certificación y/o permiso de usos de suelo. Hallamos perentorio destacar, que
esa no es una labor misional de nuestra entidad”.
1.3.8.
Respuesta de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Alcalá,
Valle.
Mediante oficio del cinco (05) de mayo de dos mil quince (2015), la
Doctora Victoria Murillo Polo, en calidad de apoderada de la entidad accionada
ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Alcalá, Valle, dentro del término correspondiente
contestó la tutela. Al respecto resaltó:
“El Accionante demanda a Acuavalle S.A. E.S.P., la empresa que
represento por ser los prestadores de los servicios públicos en el municipio y
frente al asunto y dentro del marco de nuestras competencias, nos hemos limitado
por ahora a informar al interesado cuales son las exigencias de documentos y
también las técnicas para acceder al servicio; lo que realmente sucede y que
ha atrasado la autorización de la acometida solicitada; es que en el sector
donde reside el interesado no tiene red de alcantarillado y no se puede
autorizar una nueva acometida sin que existan construidas estas redes de
alcantarillado para conducir a través de ellas los residuos domésticos
provenientes del vivienda interesado en el servicio.
Estos requisitos están consagrados en el decreto 302 del año 2000
en su artículo 7, Acuavalle S.A. E.S.P., destaca que no ha negado el servicio,
está a la espera que se allegue la documentación que corresponde demostrando la
manera técnica de cómo se van a manejar las aguas residuales ya que no existe
construido alcantarillado en la zona y esta obligación reitero le corresponde
al municipio.
Como quiera que no existe alcantarillado sobre la vía donde está
ubicada la vivienda del Accionante; es posible autorizar la domiciliaria de
alcantarillado siempre y cuando el interesado construya un poso séptico o el
municipio amplié la cobertura de la red de alcantarillado, hasta el sector
donde está construida la vivienda del demandante.
Es necesario precisar que la autoridad ambiental en este caso la
CVC, es la competente para aprobar el sistema de tratamiento y disposición
final de las aguas residuales, de conformidad con el numeral 7.5 del artículo 7
del decreto 302 del 2000; como requisito previo para de nuestra parte autorizar
la acometida; la otra solución es que el municipio construya la red que hace
falta.
Lo expuesto en diez puntos por el demandante en los hechos hace
conocer su condición personal y familiar por la falta del servicio de
acueducto, es una situación que no ha propiciado la empresa que represento;
sino por quien tiene la obligación de construir la red de acueducto que es de
responsabilidad exclusiva del municipio, es decir que no es que nuestra empresa
se niegue a autorizar el servicio; sino que el problema es que no existen redes
de alcantarillado donde se pueda evacuar los residuos de la residencia.
Si autorizamos una acometida de acueducto sin tener previsto la
disposición estaríamos siendo los generadores de problemas de salubridad
pública enormes.
Lo afirmado en los hechos que fundamentan la tutela es una versión
acomodada del demándate para ampararse en una supuesta violación de sus
derechos fundamentales, que le convaliden el obtener un servicio sin el lleno
de los requisitos de ley; los cuales sus vecinos hasta donde existen redes si
han cumplido para el disfrute del servicio, no se puede equiparar esta
situación para salvaguardar el derecho a la igualdad, con otras personas que se
cumplieron con las exigencias técnicas y de ley para la obtención del servicio.
Para probar que no existe red de alcantarillado en el sector donde
reside el demandado en el municipio de Alcalá, Valle, adjuntamos certificación
de la Coordinación de Operaciones de Acuavalle. S .A. E.S.P.
Nos oponemos a que se nos obligue a autorizar una acometida
domiciliaria de acueducto, donde no existe red de alcantarillado por que el
municipio de Alcalá no la ha construido, siendo su responsabilidad la
prestación de los servicios públicos atendiendo el crecimiento del casco urbano
municipal, con la salvedad que mientras esto no se cumpla Acuavalle S.A.
E.S.P., no podrá autorizar la conexión.
[…]
El derecho de acceso a los servicios públicos domiciliarios está
sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos. En efecto cuando en el artículo
134 de la Ley 142 de 1994 prescribe que toda persona que habite o utilice de
manera permanente un inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los
servicios públicos, debe entenderse que ese título debe ser legitimo conforme a
las normas civiles.
Las situaciones tácticas del Accionante frente a las personas que
tienen el servicio no es la misma, como para predicarse una violación al
derecho a la igualdad, pues la corte superior, ha reiterado que igualdad no es
igualitarismo y deben analizarse las situaciones de hecho y derecho de cada
situación y en el presente caso, señor Juez, no son las mismas […]
Solicito al señor Juez, de manera respetuosa, rechazar por
improcedente el amparo deprecado, debido a que ACUAVALLE S.A. E.S.P no ha sido
sujeto activo de vulneración alguna a los derechos constitucionales del
Accionante, con fundamento en las razones anteriormente expuestas”. (Subrayado fuera del texto)
1.3.9.
Diligencia de Inspección Judicial
El once (11) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado
Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle, realizó la diligencia de Inspección
Judicial programada mediante auto del treinta (30) de abril de dos mil quince
(2015), a las 2:00 PM en la vivienda del tutelante. En dicha diligencia se
hicieron presentes el tutelante, el juez promiscuo municipal y su secretaria.
También se hacen presentes en la diligencia  la  Dra. Gloria Estella Raigoza
Londoño  Personera    Municipal, el señor Carlos Humberto Rodríguez Tabares  en
su condición de Coordinador  2 de  la Oficina  de ACUAVALLE de Alcalá y Carlota
Gutiérrez  Giraldo  en   su   condición   de Ingeniera Civil Apoyo Profesional
en Coordinación de   Mantenimiento  de  agua  4  de la entidad accionada. A
continuación se transcriben apartes de la diligencia, a saber:
“[…] Se   procede a   la   ampliación   de   la   tutela   del
señor   JOSE ALBEIRO SANCHEZ MURILLO a  quien se la  toma  el juramento de
rigor conforme a la Ley vigente… PREGUNTADO: Dígale al despacho como está
conformado su núcleo familiar y a qué se dedica cada uno de ellos? CONTESTÓ:
vivimos mi esposa es ama de casa, mi hija trabaja en la panadería la ñapa hace
turnos, se gana $70.000 semanales. PREGUNTADO: Dígale al Despacho si la casa
cuenta con servicio sanitario, lavamanos, lavaplatos? CONTESTO: Cuenta con
servicio sanitario que desagua a la quebrada, no hay lavaplatos, ni lavadero.
PREGUNTADO: Dígale al Despacho si en este momento hay alguna persona que les
suministre agua? CONTESTO: Una vecina del frente nos da el agua, dos pimpinas.
PREGUNTADO: Tiene algo más que agregar en la presente diligencia? CONTESTO: No.
Así termina su ampliación.
Seguidamente se procede a recibir testimonio a la Ingeniera
CARLOTA GUTIERREZ GIRALDO titular de la cédula 29811940 de Sevilla, con el
cargo de Apoyo Profesional en Coordinación de Mantenimiento agua 4 de
ACUAVALLE. Interrogada por sus condiciones civiles y demás generales de ley […]
PREGUNTADA: Sírvase informar al Despacho las condicionas en que se
encuentra el inmueble desde al punto de vista de seguridad? CONTESTO: Es una
construcción de un piso en guadua y esterilla soportado por guaduas de
aproximadamente 2.20 metros de altura apoyada sobre la tierra, a un lado de la
vivienda está una construcción de concreto reforzado y ladrillo, de
aproximadamente ocho metros de altura, cuya cimentación ha perdido el
confinamiento lateral por escavasiones realizadas debajo de la vivienda por el
propietario, a causa de esto se observan socavación y grietas en el talud
vertical que puede generar una desestabilización de ambas construcciones con
riesgo de colapso del edificio del colegio sobre la vivienda del accionante,
además esta vivienda está ubicada a más de ocho metros sobre la vía sobre un
talud pendiente a 45 grados. PREGUNTADA: Dígale al Despacho si el área donde se
encuentra construida la vivienda cuenta con redes de acueducto y alcantarillado
y si hay viabilidad para una acometida para acueducto? CONTESTO: Sobre la vía
que da a la Concentración Agrícola a la cual tiene acceso el predio no tiene
redes de acueducto, ni alcantarillado, la red de acueducto más cercana está a
120 metros del predio sitio hasta el cual debería construirse su domiciliaria
el solicitante del servicio. Cerca de esta red existe un alcantarillado pero a
este no llegarían las aguas residuales por gravedad, existe al riesgo de que no
le llegue al agua por falta de presión en caso de que él construya su
domiciliaria desde la red, definitivamente la red de alcantarillado la empresa
no puede prestar este servicio. PREGUNTADO: Dígale al Despacho si en su
concepto en   calidad    de   ingeniera    civil   existe    algún   riesgo
inminente para los moradoras da la vivienda? CONTESTO: Existe un riesgo de
desestabilización del talud entre la vivienda y la vía por acción de las aguas
de escorrentía. Con respecto a la construcción vecina al desconfinacimiento de
su cimentación agravado por las aguas lluvias de la cubierta, las cuales caen
de una altura de 8 metros, aceleran esta desestabilización lo cual generan un
riesgo de asentamiento y colapso. En el caso de no hacerse las obras de
protección en corto plazo. Además la cimentación de la vivienda es precaria ya
que las guaduas se pueden podrir y provocar el colapso de la vivienda.
[…]
Se le concede el uso da la palabra a la DRA. GLORIA ESTELLA
RAIGOZA LONDOÑO en su condición de Personera Municipal y DIJO: Como
representante del Ministerio Público pude constatar que la vivienda del señor
JOSE ALBEIRO SANCHEZ MURILLO se encuentra en estado de vulnerabilidad y de alto
riesgo, podrían estar en riesgo inminente  sus vidas lo cual es un derecho
fundamental, está por encima de los demás derechos de rango constitucional, ya
que la construcción vecina requiere obras de estabilización de sus cimientos y
manejo de aguas lluvias del techo correspondiente a la Institución Educativa
Arturo Gómez Jaramillo sede 1 Santo Tomás por lo cual es indispensable que se
le brinde, solucione, reubique con el fin de proteger la vida de las personas
que habitan la vivienda.
Se termina la diligencia…”
1.4.
DECISIÓNES JUDICIALES
1.4.1.
Decisión de primera instancia, Juzgado Promiscuo
Municipal de Alcalá, Valle del Cauca.
En la sentencia del catorce (14) de mayo
de dos mil quince (2015), el  Juzgado Promiscuo Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, resolvió conceder
el amparo de los derechos fundamentales a la vivienda digna, en conexidad con
los derechos a la vida, integridad física y a un ambiente sano del señor José
Albeiro Sánchez Murillo y su núcleo familiar. Así mismo, ordenó a la Alcaldía
Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, que en un término no mayor a  tres (03)
meses desde la notificación de la providencia, procediera a reubicar al actor y
a su núcleo familiar en una vivienda digna, en un sector igual o mejor al que
tiene actualmente, teniendo en cuenta que el inmueble y mejoras así adquiridos
pueden ser tenidos en cuenta como forma de pago del inmueble donde fuere
reubicado.
Por otro lado declaró la improcedencia
de la acción, para ordenar la cometida del servicio de acueducto y suministro
de agua potable en la vivienda del tutelante, toda vez que no cumple con los
requisitos exigidos para realizar dicha instalación, ya que no existen redes de
alcantarillado en sector, y la más cercana, se encuentra a 120 metros de
distancia y no sería posible conectarla por gravedad, puesto que la vivienda se
encuentra por debajo del nivel de dicha red. Aunado a lo anterior, el
detrimento de la vivienda y su construcción en guaduas y esterilla podrían
colapsar.
1.4.2.
Impugnación
Inconforme con la decisión de instancia, el Secretario de
Planeación e Infraestructura Municipal de Alcalá impugnó. Al respecto indicó:
“[…]el Juez de tutela fue acucioso en cuanto a
que en compañía del Ministerio Público y de un ingeniero de la empresa
accionada, realizó diligencia de inspección judicial, de la cual se concluyó
que era imposible por parte de Acuavalle instalar acometida para la instalación
del servicio de acueducto y suministro de agua potable a la vivienda en razón a
que no existe red de alcantarillado y de igual manera se evidenció que la
vivienda presenta peligro de colapso, pero no se indagó sobre la capacidad
económica del jefe de la morada en aras de que sean estos quienes en defensa de
su vida e integridad física se trasladen por su cuenta a otro lugar y no sea el
municipio quien tenga que asumir esta carga por cuanto en primer término no se
cuenta con planes de vivienda que permitan  la reubicación y mucho menos en los
términos que se dan en la sentencia para tal efecto.
En segundo término esta orden genera una carga
económica para un municipio donde su presupuesto es precario para tener que
desembolsar gruesa suma de dinero a efectos de adquirir una vivienda para
reubicar a una familia a la cual se le han tutelado sus derechos. Tenga la
plena seguridad señor juez que si esta tutela es confirmada en segunda
instancia se van a venir una avalancha de tutelas en el mismo sentido, lo cual
va hacer de imposible cumplimiento por la entidad territorial que represento y
ello por las razones anotadas.
No soy ajeno ni indolente a la pobreza, pero si
solicito se pondere esta situación materia de impugnación y se ordene que en
primer lugar, sea el accionado quien en defensa de la integridad física y la
vida de él y sus dependientes, desocupen el inmueble por su cuenta y si
evidencia que efectivamente están en imposibilidad económica de hacerlo, ahí si
enrutar tal responsabilidad al estado […]”.
1.4.3.
Decisión de segunda instancia, Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca.
Mediante fallo del veintinueve (29) de agosto de dos mil quince
(2015), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle del Cauca,
confirmó la sentencia de primera instancia, respecto de la improcedencia de la
acción de tutela para obtener la instalación gratuita de los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado, así como la acometida individual en la vivienda
del accionante.
Sin embargo, en lo concerniente a la orden de amparo impartida
para proteger el derecho fundamental a la vivienda digna del tutelante y su
núcleo familiar, advierte que de los hechos descritos en la tutela no se
evidencia vulneración de este derecho fundamental por parte de las entidades
accionadas. Tampoco el actor solicitó reubicación, ni su vivienda conforme al
POT se encuentra en zona de alto riesgo. Por lo anterior revoca los numerales
segundo, tercero y cuarto de la sentencia  impugnada.
1.5.
PRUEBAS DOCUMENTALES
En el trámite de la acción de amparo se
anexaron como pruebas:
1.5.1. Copia
de la factura de energía eléctrica por un valor de setenta y ocho mil
trecientos cincuenta pesos M/C ($78.350), en el mes de agosto de dos mil
catorce (2014), en el cual se evidencia que la vivienda del actor y su núcleo
familiar pertenece al estrato 2 (Folio 6, cuaderno No. 2).
1.5.2. Copia
del contrato de permuta realizado entre la señora Adalgisa, esposa del
tutelante y María Amparo Céspedes dos lotes de terreno (Folio 7, cuaderno No.
2).
1.5.3.
Copia de la promesa de contrato de
compraventa celebrado entre María Amparo Céspedes (Prometiente comprador) y
José Hugo Castrillón (Promitente vendedor) (Folios 8-9, cuaderno No. 2)
1.5.4.
Copia de la cedula de ciudadanía del
tutelante, José Albeiro Sánchez Murillo, donde se puede evidenciar que
el actor nació en el año 1949, es decir que a la fecha tiene 67 años de edad
(Folio 10, cuaderno No. 2)
1.5.5.
Copia de respuesta emitida por la
Comisaria de Familia del Municipio de Alcalá donde hace referencia a la visita
socio familiar realizada al señor José Albeiro Sánchez Murillo (Folio 11,
cuaderno No. 2)
1.5.6.
Copia del informe de visita socio familiar
realizada a la vivienda del tutelante (Folios 12-13, cuaderno No. 2).
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de  tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala analizar si ACUAVALLE S.A E.S.P. oficina de Alcalá, Valle del Cauca, está vulnerando los derechos
fundamentales a la salud, a la vida digna y al agua potable del accionante y de
su núcleo familiar, al negarse a autorizar la instalación del acueducto y
alcantarillado en su vivienda debido a la inexistencia de redes de
alcantarillado conforme a las condiciones técnicas requeridas.
Para resolver
la controversia, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas  examinará:
(i) el contenido del derecho fundamental al agua potable, (ii) la
prestación de los servicios públicos como una finalidad social del Estado,  (iii)
el alcance y contenido general del derecho a la vivienda digna y, (iv) a
la luz de las anteriores premisas, analizará el caso concreto.
2.3.
EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE
2.3.1. La
naturaleza fundamental del derecho al agua
2.3.1.1.
En nuestra Constitución Política no se consagra expresamente el derecho
al agua como un derecho fundamental. Sin embargo, en virtud del contenido
del artículo 93 Superior que preceptúa: “Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno” (negrilla fuera de texto), esta garantía hace parte del
catálogo de derechos fundamentales que cualquier ciudadano puede invocar para
solicitar su protección bajo nuestro ordenamiento constitucional, teniendo en
cuenta que es reconocida en varios instrumentos internacionales de derechos
humanos, como más adelante se analizará.
2.3.1.2.
En otras palabras, en virtud de la figura jurídica del bloque de
constitucionalidad[1],
el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno para
enriquecer el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior.
2.3.1.3.
Ahora bien, uno de los instrumentos internacionales a partir de los
cuales se ha reconocido el derecho al agua es el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyo artículo 11 dispone
lo siguiente:
“1. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho (…)”
2.3.1.4.
A pesar de que en el artículo 11 del PIDESC no se reconoce de manera
expresa el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas –órgano encargado de verificar el
cumplimiento del Pacto- ha entendido que la lista es enunciativa e incluye el
derecho al agua, pues es una condición fundamental para la supervivencia
humana. Así lo explicó en la Observación general No. 15 en noviembre de
2002:
“En el párrafo 1 del
artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho
a un nivel de vida adecuado, ´incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados´, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra
"incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser
exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de
las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en
particular porque es una de las condiciones fundamentales para la
supervivencia. Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un
derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación
general Nº 6 (1995)) [ii]. El derecho al agua también está indisolublemente
asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo
12)[iii] y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párrafo 1
del artículo 11)[iv]. Este derecho también debe considerarse conjuntamente
con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos,
en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana”. (Negrilla
fuera de texto)
2.3.1.5.
En este mismo documento se define al agua como un derecho humano,
que se concreta en que todas las personas deben disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Bajo esta perspectiva,
esta Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo que el agua
potable para el consumo humano tiene el carácter de fundamental[2].
2.3.1.6.
También otros tratados internacionales como la Convención para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la
Convención sobre los Derechos de los Niños, consagran el derecho al agua.
Como derecho fundamental, el
agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo[3]. La dimensión
objetiva de los derechos fundamentales hace referencia a su poder
vinculante frente a todos los poderes públicos. En efecto, los derechos
fundamentales constituyen un sistema de valores positivizado por la
Constitución que guía las decisiones de todas las autoridades, incluido el Legislador.
Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser
reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por
parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata
de agua para consumo humano. El reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha
dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una línea jurisprudencial amplia de
protección por medio de la acción de tutela.[4]
2.3.1.7.
La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en
cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello, la
jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho
individual y colectivo. El derecho al agua es un derecho colectivo, por
ejemplo, respecto de la obligación de protección y conservación de las fuentes
hídricas para las generaciones futuras.[5]
Estas obligaciones serán, en consecuencia, reclamables por medio de acciones
judiciales como las acciones populares.
2.3.2. Contenido
del derecho fundamental al agua.
2.3.2.1.
Dada la importancia del agua y su protección reforzada a nivel
constitucional, esta Corporación en diversas oportunidades ha reconocido que el
derecho al agua es un derecho fundamental.[6]
El contenido de este derecho ha sido precisado por la Corte de
conformidad con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de la siguiente manera: “el
derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para el uso personal y doméstico”[7].
2.3.2.2.
La disponibilidad del agua hace referencia al abastecimiento
continuo de agua en cantidades suficientes para los usos personales y
domésticos. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las necesidades
especiales de algunas personas derivadas de sus condiciones de salud, del clima
en el que viven y de las condiciones de trabajo, entre otros. La exigencia
de calidad del agua se relaciona con la salubridad del recurso, es
decir, el agua disponible no debe contener micro organismos o sustancias
químicas o de otra naturaleza que puedan constituir una amenaza para la salud
de las personas. La accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con (i)
la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, (ii) la
factibilidad de contar con instalaciones adecuadas y necesarias para la
prestación del servicio de acueducto, (iii) la obligación de remover
cualquier barrera física o económica que impida el acceso al agua,
especialmente de los más pobres y los grupos históricamente marginados, y (iv)
el acceso a información relevante sobre cuestiones de agua. Finalmente, la aceptabilidad
hace referencia a la necesidad de que las instalaciones y los servicios de
provisión de agua sean culturalmente apropiados y sensibles a cuestiones de
género, intimidad, etc.[8]
Estos contenidos implican entonces tanto obligaciones positivas –y complejas-
como negativas para el Estado.[9]
2.3.2.3.
De lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse que la naturaleza
jurídica del derecho al agua como fundamental deviene de su consagración en un
instrumento internacional de derechos humanos, el cual ha sido ratificado por
el Estado Colombiano, y cuyo ejercicio no puede limitarse ni siquiera en los
estados de excepción. Por tanto, integra el denominado bloque de
constitucionalidad.
Además, es pertinente reiterar que el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a
través de la Observación General número 15 especificó que el derecho humano al
agua es aquella garantía que le permite a todas las personas disponer de
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso
personal y doméstico.
Respecto a la
protección del derecho fundamental al agua, en lo atinente a la provisión del
servicio de acueducto para el consumo humano, esta Corporación ha resuelto,
entre otros, los siguientes casos:
2.3.2.4.
En la Sentencia T- 381 de 2009[10],
se analizó la pretensión de un grupo de personas naturales, y de una
sociedad comercial- que solicitaban la protección de sus derechos fundamentales
al agua potable, a la vida, a la dignidad, a la salud, a la salubridad pública,
a la libertad de empresa y a la subsistencia, presuntamente vulnerados por el
Instituto Nacional de Concesiones INCO, la Sociedad Concesionaria Concesión
Autopista Bogotá – Girardot S.A. y la Sociedad Constructora Semaica, aduciendo
que con las obras que estaban adelantando para construir un túnel en una
carretera nacional, se habían afectado las fuentes naturales de agua que se
surtían para consumo humano, para riego y para desarrollar actividades
comerciales turísticas. En esta oportunidad le correspondió a la Sala
determinar, entre otros aspectos, el alcance y fundamento del derecho
fundamental al agua, la titularidad de esta garantía y la procedencia de su
protección a través de la acción de tutela. Concluyó esta Corporación, que el
agua potable es un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del
derecho a la vida en condiciones dignas cuando, por ejemplo, está destinada al
consumo humano. También precisó que la protección del derecho al agua potable
cuando está destinada a otras actividades como el turismo, la explotación
agropecuaria o a terrenos deshabitados, no debe invocarse ante el juez de
tutela. En definitiva, la Sala ordenó conceder el amparo al agua potable y ordenó
la búsqueda de una solución definitiva para garantizar el derecho al agua
potable con medidas específicas para el logro de dicho fin.
2.3.2.5.
Luego, la Sentencia T-418 de 2010[11],
abordó, entre otros, el estudio del siguiente problema jurídico: ¿existe
vulneración del derecho al agua potable cuando un municipio niega la prestación
del servicio público de acueducto a los ciudadanos, aduciendo que el acueducto
municipal no tiene cobertura en la zona rural en donde se encuentran ubicadas
sus viviendas (problemas técnicos y financieros)? En esta oportunidad, la Sala
respondió afirmativamente a este problema jurídico, y desarrolló ampliamente
los siguientes supuestos: 1. la acción de tutela es el mecanismo idóneo
para invocar la protección del derecho al agua cuando compromete el mínimo
vital en dignidad de las personas; 2. todas las personas
tienen derecho a que se les asegure progresivamente la dimensión positiva de
este derecho fundamental, esto es, el acceso al servicio público de acueducto; 3.
las personas que habitan en el sector rural y con limitados recursos
económicos tienen derecho a ser protegidos especialmente para acceder al
servicio público de agua potable; 4. los trámites y procedimientos ante
la administración no deben constituir obstáculos para impedirle a una persona
acceder a dicho servicio. Finalmente, resolvió conceder la protección de los
derechos fundamentales al agua, a la vida, a la salud, y ordenó a la
Alcaldía de Arbeláez que adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar
un plan específico para la comunidad rural a la que pertenecen los accionantes,
entre otras medidas a observar.
2.3.2.6.
En la Sentencia T-055 de 2011[12],
se abordó el caso de una persona que le solicitó a las Empresas Públicas de
Medellín -EPM- la conexión del servicio público de acueducto a un inmueble que
no contaba con las condiciones técnicas y legales contenidas en el Decreto 302
de 2000; dicha negativa se fundaba en que la vivienda de los actores no contaba
con los requerimientos ambientales y de saneamiento básico para el manejo final
de las aguas negras. La Sala consideró que si bien le correspondía a EPM
prestar el servicio público de acueducto a los accionantes y no a los vecinos,
quienes de forma solidaria les estaban suministrando el agua potable que éstos
requerían, su actuación no devenía en arbitraria porque había expuesto
criterios jurídicos razonables para negarse a la instalación de las redes de acueducto
a dicho inmueble, ante la inexistencia de redes de alcantarillado que
permitieran el correcto manejo y disposición final de las aguas negras de los
predios a los que prestaría sus servicios. La Corte agregó que también era
obligación de la empresa defender el medio ambiente sano. Por las anteriores
razones, la Sala ordenó al propietario del inmueble realizar los ajustes
técnicos para conectarse al servicio público de alcantarillado; ordenó a EPM
que informara a las autoridades ambientales respectivas el presente caso, con
el fin de que éstas dentro de la órbita de sus competencias, impusieran las
sanciones correspondientes en caso que el actor no cumpliera con lo dispuesto
por esta Corporación; y señaló que una vez realizadas las adecuaciones técnicas,
EPM debía conectar el servicio público de acueducto. De esta manera, protegió
los derechos al agua potable y al medio ambiente.
2.3.2.7.
Posteriormente, en Sentencia T-916 de 2011[13], se
estudió el caso de una madre que interpuso acción de tutela en nombre propio y
en representación de su hijo menor de 18 años, en contra del Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga y la Alcaldía del municipio San Juan Girón
(Santander), por considerar que le estaban vulnerando sus derechos
fundamentales, debido a que no le suministraban el servicio público de agua
potable con la periodicidad, la eficiencia, cantidad y calidad que requieren
para su subsistencia y la de su núcleo familiar. En esta ocasión, la Sala
tuteló los derechos fundamentales de la accionante y ordenó al municipio de San
Juan de Girón realizar una gestión activa junto al AMB para de esta forma,
garantizar de manera definitiva el derecho al agua potable de los accionantes
de manera eficiente y continua, y de conformidad con las competencias asignadas
a los entes territoriales en la Constitución y en la ley.
2.3.2.8.
Igualmente, mediante Sentencia T- 082 de 2013[14], esta Corporación
estudió la acción de tutela interpuesta por los habitantes del barrio Brazuelos
de Bogotá en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Lo
anterior, debido a que los accionantes consideraban que la entidad accionada
había vulnerado sus derechos fundamentales al negarse autorizar la instalación
del servicio definitivo de acueducto y alcantarillado en las trescientas
treinta (330) nuevas viviendas de interés social que con licencia de
construcción construyó la empresa ARPRECO S.A.A en el barrio Brazuelos Sector
Santo Domingo de Bogotá, debido a que a juicio de la accionada no era posible
instalar los medidores porque las aguas residuales domesticas drenaban en el
río Tunjuelo. En esta oportunidad, la Sala Séptima de Revisión reiteró la
importancia y fundamentalidad del derecho al agua potable y alcantarillado,
añadió que tales derechos no son ilimitados ni absolutos, y las condiciones
para su prestación se encuentran establecidas en la Ley 142 de 1994, sus leyes
modificatorias y decretos reglamentarios. De igual forma, se refirió a la
obligación que tiene el Estado de proveer de manera eficiente y oportuna la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, razón por la cual, concedió
la protección de los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) conectar el servicio
público de acueducto y alcantarillado y, a suscribir el respectivo contrato de
condiciones uniformes con los accionantes.
2.3.2.9.
En Sentencia T-028 de 2014[15],
la Corte Constitucional estudió el caso de una familia que no se le instalaba
el servicio de agua potable por no contar con redes locales de acueducto. En dicha
ocasión se le endilgaba a la Empresa Aguas de la Península del Municipio de
Maicao, la vulneración de los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas y a la salud, en virtud de la omisión de adoptar medidas tendientes a
garantizarle a la actora y a su núcleo familiar el suministro mínimo de agua
potable, debido a la inexistencia de redes locales de acueducto, a las deficiencias
recurrentes en la prestación del servicio y al cobro irregular del servicio, el
cual no corresponde al consumo del líquido. Para resolver el caso concreto,
este Alto Tribunal precisó el derecho que le asiste a los ciudadanos de reclamar mediante acción de tutela, que se le proteja
judicialmente aquellas dimensiones del derecho al agua que comprometan su
mínimo vital en dignidad. Así mismo, enfatizó en el derecho que tiene toda
persona a que la Administración le asegure un mínimo vital de agua en condiciones
adecuadas de disponibilidad, regularidad y continuidad y, que por lo menos
exista un plan de acción debidamente estructurado que asegure, progresivamente,
el goce efectivo de esta dimensión del derecho, por tanto, mientras se implementa el plan que asegure el goce efectivo de
los derechos, deberán adoptarse medidas paliativas que aseguren algún
mínimo acceso de supervivencia a agua potable.  De esta manera,
concedió la protección de los derechos fundamentales de los accionantes y
ordenó a la Alcaldía del municipio de Maicao y a la empresa Aguas de la
Península para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la providencia, programara y llevara a cabo el suministro
provisional de agua potable a la vivienda de la peticionaria y demás habitantes
afectados, en una cantidad que garantizara el consumo diario. La cantidad de
agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable establecido como
parámetro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar
entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua por persona por día para
asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud. Para el efecto,
podrá hacer uso de cualquier sistema tecnológico que garantice el
abastecimiento de agua diariamente a la comunidad.
2.3.2.10.
Siguiendo el mismo lineamiento, en el año 2014, esta misma
Corporación profirió la Sentencia T-790[16].
En dicha oportunidad se resolvió la petición de un ciudadano y su familia
integrada por varios niños, que vivían en un predio rural del municipio de  San
Martín (Meta), el cual no contaba con conexión al servicio de acueducto y
alcantarillado. Por tanto, los accionantes se abastecían a través de aljibes
construidos hace más de medio siglo. En esta decisión se reiteró la
jurisprudencia constitucional referida al acceso a un mínimo de agua en
condiciones de calidad, asequibilidad, disponibilidad y cantidad, sin importar
el lugar donde se ubique la residencia del accionante.
Como en aquella ocasión, al igual que en el caso hoy
objeto de estudio, no era posible ordenar a la Empresa de Servicios Públicos
extender las redes del acueducto, debido a que se estaba frente a una
imposibilidad técnica: “[E]l predio del accionante atraviesa una tubería del
Acueducto de Ariari, pero la misma es una línea de conducción en tubería de
hierro dúctil de 18 pulgadas con altas presiones lo que no permite conexiones
de tipo domiciliario”; la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional ordenó como medida alternativa y provisional, mientras se
desarrollaban los estudios, adecuaciones técnicas, y despliegue de la
infraestructura, a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de San Martín
de los Llanos (Meta) CAFUCHE S.A. E.S.P. que programara y llevara a cabo el
suministro provisional de agua potable a la vivienda del peticionario a través
de carro tanques, en una cantidad que garantizara el consumo diario, hasta
tanto se construyera una estación de bombeo.
2.3.2.11.
Por último, recientemente esta Corte mediante Sentencia T-760 de
2015[17],
estudio un acumulado en el cual la Empresa de Servicios Públicos de
Dosquebradas Serviciudad, E.S.P, se negaba a instalar el servicio de acueducto,
vulnerando de esta manera los derechos fundamentales de los tutelantes y de sus
pequeños hijos, debido a que los terrenos donde se encontraban construidas sus
viviendas presentaban riesgo hidrológico.
En esta medida, al estar ubicadas las viviendas en una
zona de riesgo no mitigable, no era posible la instalación de servicios
públicos domiciliarios. Como sustento de su afirmación la entidad accionada
afirmó que existe una prohibición contenida en el Artículo 35 de la Ley 388 de
1997, la cual explícitamente excluye la posibilidad de urbanizar en las que
existe riesgo no mitigable. Para solucionar la
controversia planteada, en dicha oportunidad la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional reiteró la jurisprudencia de esta Corporación en lo
concerniente el acceso al agua como derecho fundamental protegible a través de
acción de tutela, concretamente en casos de sujetos de especial protección
constitucional y además sostuvo que “cuando por motivos
técnicos, físicos, o jurídicos es imposible tender redes de acueducto y
alcantarillado, debe garantizarse el acceso a un mínimo de agua a través de
instrumentos provisionales, como carro tanques, pilas públicas de agua, u otros”.
En esta medida, la Sala fue explicita
al indicar que sin importar el terreno donde esté ubicada la vivienda el agua
potable es un derecho fundamental, el cual debe ser prestado por las entidades
encargadas de ello y en caso de que debido a imposibilidades técnicas no sea
posible instalar la red de acueducto, las empresas prestadoras de servicios
públicos deben hacer lo posible por garantizar el acceso a un mínimo de
agua a través de instrumentos provisionales. Con base en lo anterior, en dicha
ocasión se concluyó que: “las personas que por motivos de pobreza están
compelidas a tener su vivienda en zonas que amenaza riesgos hidrológicos no
mitigables siguen siendo titulares del derecho fundamental a un mínimo de agua
potable. Por ello, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, de
Dosquebradas (Risaralda), Serviciudad E.S.P, deberá garantizar un suministro de
cincuenta (50) litros de agua por persona a los dos núcleos familiares de los
accionantes, a través de carro tanques, pilas de agua potable, u otro medio que
se estime idóneo y eficaz. El suministro de agua será provisional y entre
tanto se realiza la reubicación de las familias que habitan el barrio Lusitania
Baja. Esta orden tiene efectos inter comunis, y se extiende a todas las
familias la urbanización Lusitania Baja. El abastecimiento de agua será
provisional y entre tanto se realizará la reubicación de las familias de los
solicitantes”·
2.3.2.12.
En resumen, la protección del derecho fundamental al agua, en su
contenido de aseguramiento para el consumo humano (i) hace parte del
núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas; (ii) la
prestación del servicio de acueducto implica una corresponsabilidad entre
varios actores y un compromiso frente al medio ambiente; y (iii) en caso
de que la instalación del servicio de acueducto no pueda realizarse
inmediatamente por razones de inviabilidad técnica, financiera entre otras, se
deben adoptar medidas paliativas que aseguren el acceso mínimo al servicio de
agua potable.
2.4.
LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DEL
ESTADO
2.4.1. Como
se mencionó con anterioridad, el artículo 365 Superior establece, entre
otros aspectos, que (i) la prestación de los servicios públicos es inherente
a la finalidad social del Estado; (ii) la prestación eficiente de los
servicios públicos, a todos los habitantes del territorio nacional, constituye
un deber estatal; y (iii) la prestación de dichos servicios públicos
estará sometida al régimen jurídico que fije la ley.
2.4.2. Por
su parte, el artículo 366 señala que son objetivos fundamentales de la
actividad estatal, la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la
población en materia de saneamiento ambiental y agua potable, entre otras.
Estos objetivos se concretan, por ejemplo, en la destinación específica de las
transferencias que la Nación hace a las entidades territoriales a través de
Sistema General de Participaciones, a la prestación y ampliación de cobertura
de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico,
entre otros (inciso 4 del artículo 356, modificado por el Acto Legislativo 4 de
2007).
Finalmente,
los artículos 367 al 370 establecen, entre otros aspectos, que las
condiciones, competencias y responsabilidades en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios se someterán a la ley que regule todo lo concerniente a
esta materia.
2.4.3. Con fundamento en el marco
constitucional precedentemente citado, fue expedida la Ley 142 de 1994[18] “por
la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones”; este régimen legal desarrolla las condiciones,
competencias y responsabilidades respecto a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios (artículos 367 a 370 Superiores).
2.4.4. Específicamente, en lo
atinente a las responsabilidades que tienen las personas jurídicas y naturales
en el aseguramiento de los fines previstos en la Constitución y en la
prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios, esta normativa
contempla como responsables (i) al Estado y a los municipios, (ii)
a las empresas prestadoras de los servicios públicos y (iii) a los
urbanizadores.
2.4.5. En primer lugar, el Estado
es el responsable de la prestación de los servicios públicos, ya sea en forma directa
o indirecta a través de comunidades organizadas o los particulares. Sin
embargo, en cualquier caso, el Estado mantiene su facultad de regulación,
control y vigilancia en la prestación de dichos servicios (inciso 2 del
artículo 365 Superior).
Ahora, en cumplimiento de este
deber constitucional, el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 establece lo
siguiente:
“El Estado intervendrá en
los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta
Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365
a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines: (...)
2.3. Atención prioritaria de
las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico.
2.4.
Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico
que así lo exijan.
Prestación eficiente”.
2.4.6. Específicamente, en lo
atinente a la intervención del Estado, el artículo 370 Superior confiere
al Presidente de la República dos importantes funciones, éstas son: (i)
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y (ii)
ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.
2.4.7. En cuanto a la responsabilidad
de los entes territoriales en la efectiva prestación del servicio
público de acueducto, el artículo 5 de la Ley 142 asigna, entre otras,
las siguientes responsabilidades:
“(…) Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se
presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica
conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en
los casos previstos en el artículo siguiente (…)
(…)
5.6. Apoyar
con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios
públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las
actividades de su competencia (…)”
2.4.8. En segundo lugar, cuando
los servicios públicos domiciliarios son prestados indirectamente por particulares,
entre los que se encuentran las empresas, su obligación principal en el
contrato de servicios públicos, es la prestación continua de un servicio de
buena calidad.
No obstante,
para el cumplimiento de dicha obligación, deben darse unas condiciones previas
para la prestación del servicio público, específicamente en lo atinente al
servicio de acueducto y alcantarillado; al respecto, el artículo 7 del Decreto
302 de 2000, modificado por el Decreto 229 de 2002, establece:
“Condiciones
de acceso a los servicios. Para obtener la conexión de los servicios de
acueducto y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes
requisitos: (…)
7.1 Estar
ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo segundo
del artículo 12 de la Ley 388 de 1997.
7.2 Contar
con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por construir,
o la cédula catastral en el caso de obras terminadas.
7.3 Estar
ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de
acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las
conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble
(...)”
2.4.9. En tercer lugar, los
urbanizadores y/o constructores, de conformidad con el artículo 8° del
Decreto 302 de 2000 “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en
materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado”, tienen las siguientes obligaciones a su cargo:
“Construcción
de redes locales. La construcción de las redes locales y demás obras,
necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o de
alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores; no
obstante, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá ejecutar estas
obras, en cuyo caso el costo de las mismas será asumido por los usuarios del
servicio.
Las redes
locales construidas serán entregadas a la entidad prestadora de los servicios
públicos, para su manejo, operación, mantenimiento y uso dentro de sus
programas locales de prestación del servicio, exceptuando aquellas redes que no
se encuentren sobre vía pública y que no cuenten con la servidumbre del caso.
Parágrafo.
Cuando la entidad prestadora de los servicios públicos no ejecute la obra,
exigirá una póliza de estabilidad por cuatro o más años para garantizar la
estabilidad de las redes locales”
2.4.10. Por
su parte, el numeral 30 del artículo 3 del Decreto 302 de 2000 define la
red local de acueducto como “…el conjunto de tuberías y accesorios que
conforman el sistema de suministro del servicio público de acueducto a una
comunidad y del cual se derivan las acometidas de los inmuebles”.
En síntesis,
en un principio el Estado tiene la obligación constitucional de prestar
eficientemente los servicios públicos domiciliarios, ya sea de forma directa o
indirecta a través de entidades territoriales o particulares. Sin embargo, en
cualquier caso el Estado mantiene la facultad de regulación, control y
vigilancia de dichos servicios, lo anterior con la finalidad de que sean
prestados de manera eficiente a todos los ciudadanos.
2.5.
EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA.
2.5.1. Naturaleza
Jurídica del Derecho a la Vivienda Digna
De
conformidad con el Estado Social de Derecho como modelo adoptado por la
Constitución de 1991, que en su parte dogmática establece una carta de derechos
que el Estado debe garantizar. Entre ellos se encuentran los derechos
económicos, sociales y culturales, los cuales abarcan prerrogativas que
progresivamente deben tener la oportunidad de gozar y ejercer todos los
ciudadanos colombianos. En efecto, la garantía de estos derechos está en cabeza
del Estado, pero dado su carácter principalmente prestacional, en principio no
pueden ser garantizados de forma inmediata, sino que requieren un desarrollo
progresivo.[19]
Nuestro
ordenamiento interno, en el artículo 51 de la Constitución Política, reconoce
el derecho constitucional fundamental a la vivienda digna. Al respecto señala
la disposición:
“Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
La
interpretación de dicha disposición se ha visto nutrida por las diferentes
obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado Colombiano en materia
de derechos económicos, sociales y culturales[20],
las cuales hacen parte del ordenamiento interno acorde con el bloque de
constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución Política[21].
Es así como en
el ordenamiento internacional, el derecho a la vivienda adecuada se encuentra
reconocido por el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y
Culturales, en el numeral primero del artículo 11, el cual dispone que:
“1. Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento” (negrilla fuera de texto
original).
Entre otros
instrumentos internacionales que mencionan el derecho a la vivienda digna, se
encuentran: El párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del
artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, el párrafo 2 del artículo 14 de
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, el párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, el artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso y el
Desarrollo en lo Social, el párrafo 8 de la sección III de la
Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 (Informe de
Hábitat:  Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos, el párrafo 1 del artículo 8 de la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo y la Recomendación Nº 115 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961).
En el ámbito
interno, el derecho a la vivienda digna no fue desde un principio reconocido
por la jurisprudencia constitucional como un derecho fundamental autónomo que
pudiera ser exigido a través de la acción de tutela, debido a que éste se
encuentra dentro del rango de los denominados “Derechos económicos, sociales
y culturales”, los cuales se caracterizan por su contenido principalmente
prestacional. La Corte afirmaba que aunque la garantía de estos derechos está
en cabeza del Estado, por su carácter principalmente prestacional, no podían
ser garantizados de forma inmediata, sino que requerían de un desarrollo legal
previo que garantizara su eficacia.
Esta postura
fue adoptada por la Corte Constitucional en sus primeros pronunciamientos, como
es el caso de las sentencias T- 495 de 1995, MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa y
T- 258 de 1997, MP, Dr. Carlos Gaviria Díaz.[22]
Sin embargo,
la posición de la Corte ha ido cambiando paulatinamente; posteriormente se
manifestó que pese al contenido principalmente prestacional que tiene el
derecho a la vivienda digna, éste podía excepcionalmente ser objeto de
protección a través de la acción de tutela, por ejemplo en los casos en los que
su desconocimiento directo o indirecto implica la vulneración o la amenaza de
derechos, respecto de los cuales existe consenso de su naturaleza fundamental,
como la vida, la dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido
proceso, entre otros[23].
De igual
manera, la Corte Constitucional señaló que era procedente la acción de tutela
para proteger el derecho a la vivienda digna cuando se evidenciaba una
afectación  directa del mínimo vital tanto en el demandante como en su familia,
especialmente cuando se trataba de personas que se encuentran en una situación
de debilidad manifiesta[24],
pues el derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de la
dignidad del ser humano[25].
Lo anterior fue sostenido por esta Corporación por ejemplo en la Sentencia T-
203 de 1999.[26]
Posteriormente esta
Corporación desarrolló un criterio más por el cual la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales resulta exigible a través de la
acción de tutela y el cual se mantiene en la actualidad. Se trata de la
concepción de los derechos sociales como derechos fundamentales en forma
autónoma. En este orden de ideas, la Corte ha afirmado que el carácter
principalmente programático de dichos derechos y su dependencia en muchos casos
de una erogación presupuestaria, no es suficiente para sustraerles  su carácter
fundamental. Al respecto ha manifestado:
“…todos los
derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente - poseen un
matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los
derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la
fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos
prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de los
pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado
superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea
explicable desde una perspectiva histórica”.[27]
En lo concerniente al desarrollo jurisprudencial de la
tesis del carácter fundamental autónomo del derecho a la vivienda digna, la
Corte ha descartado el argumento de que su contenido principalmente
prestacional y de desarrollo progresivo impida su reconocimiento como
fundamental. Como bien lo ha precisado esta Corporación en numerosos fallos,
todos los derechos fundamentales tienen una faceta prestacional y progresiva
–incluso los tradicionales derechos civiles y políticos- sin que ello tenga
incidencia sobre su naturaleza constitucional[28].
La Corte ha afirmado que
lo determinante es que el derecho se pueda traducir en una prerrogativa
subjetiva y que esté dirigido a la realización de la dignidad humana.
Por ejemplo, en el caso
del derecho a la salud[29], en un principio la jurisprudencia constitucional no
fue unánime respecto a su naturaleza, razón por la cual se sirvió de medios
argumentativos como el factor de conexidad y el de la transmutación. Hoy en día
la Corte acepta la naturaleza fundamental autónoma del derecho a la salud,
atendiendo, entre otros factores, a que por vía normativa y jurisprudencial se
han ido definiendo sus contenidos, lo que ha permitido que se torne en una
garantía subjetiva reclamable ante las instancias judiciales.
En resumen,
(i) en un principio el derecho a la vivienda digna no era considerado
fundamental por su contenido principalmente prestacional, (ii) para adquirir
el rango de fundamental, debía estar en conexidad con un derecho fundamental,
como por ejemplo la vida o el mínimo vital y,  (iii) en la actualidad,  esta
Corte  ha afirmado que el derecho a la vivienda digna es un derecho
fundamental autónomo, y lo  determinante es su traducción en un derecho
subjetivo y su relación directa con la dignidad humana.
2.5.2.   Contenido
del derecho a la vivienda digna.
La
noción de vivienda digna implica contar  con un espacio propio o ajeno,
que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y familiares
en unas condiciones mínimas de dignidad, para así poder desarrollar su proyecto
de vida[30].
Este concepto fue reiterado por esta Corporación en la Sentencia T- 238A de
2011[31];
al respecto, en esa ocasión esta Corte señaló:
“La
jurisprudencia constitucional ha entendido que el derecho a la vivienda implica
contar de un espacio físico privado propio o ajeno, que les permitan a las
personas, por un lado, protegerse de los rigores del medio ambiente y, por el
otro, desarrollar sus actividades personales y familiares en un ambiente de
intimidad, con unas mínimas condiciones de dignidad y que permita satisfacer su
proyecto de vida. De manera concreta, debe señalarse que la inestabilidad del
terreno donde se encuentra construida una vivienda puede configurar, si así lo
determinan las circunstancias del caso concreto, que el inmueble no cumpla con
los requerimientos mínimos de habitabilidad y, por tanto, significando la
exposición de sus habitantes a un riesgo extraordinario que compromete su
derecho fundamental a la seguridad personal, incluso, a la vida y a la
integridad personal y, por lo tanto,  requiere la intervención del juez de
tutela.”
El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas[32], en la
Observación General No. 4,  manifiesta que para que una vivienda pueda
considerarse adecuada en los términos del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), es necesario lo siguiente:
“7.
En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un
sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que
resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo
considere exclusivamente como una comodidad.  Debe considerarse más bien
como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y
así debe ser por lo menos por dos razones.  En primer lugar, el derecho
a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los
principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto.  Así pues,
"la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se
derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se
interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y
principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos.  En segundo
lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se
debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada.
Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia
Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5:  "el
concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada
y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos,
todo ello a un costo razonable.” (Negrilla Fuera del texto)
De lo anterior
se puede concluir que a la luz de la Observación General No. 4 del Comité del
Pacto[33],
el derecho a una vivienda adecuada es fundamental para el ejercicio de todos
los derechos económicos, sociales y culturales. Además, en su opinión, este
derecho no se puede limitar a garantizar a las personas un techo o un lugar
cubierto donde puedan habitar, sino que debe ser interpretado mucho más allá de
una simple comodidad. Para el Comité implica “el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad en alguna parte”, y en ese orden de ideas, el
concepto de “vivienda” debe ir atado al de adecuación, es decir,
disponer de un lugar donde poderse resguardar, que permita un espacio con una
seguridad, una iluminación y una ventilación adecuadas, acordes con una
infraestructura necesaria para los servicios básicos, y todo ello a un precio
razonable[34].
La citada observación
menciona y describe siete condiciones que configuran el derecho a la vivienda
adecuada, a saber: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de
servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d)
habitabilidad; e) asequibilidad, f) lugar y g) adecuación cultural.
Ahora bien,
para efectos del caso concreto, es necesario resaltar el alcance de los
siguientes contenidos de la vivienda adecuada: i) la seguridad jurídica de
la tenencia, según el cual todas las
personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice
una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas,
ii) la habitabilidad, la cual implica que una vivienda adecuada debe ser
“habitable” en el sentido de poder ofrecer “el espacio adecuado a sus
ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento
u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de
enfermedad”[35]
y la garantía de la seguridad física de los ocupantes, y iii) la asequibilidad,
que se relaciona con la capacidad de acceder a una vivienda adecuada, que
satisfaga sus necesidades primarias, y con la obligación de los Estados tienen
la obligación de proteger especialmente a los grupos poblacionales que se
encuentran en alguna desventaja de acceso pleno y sostenible a los recursos
adecuados para conseguir una vivienda. Dentro de estos grupos vulnerables, el
Comité resalta a las víctimas de desastres naturales y a las personas que viven
en zonas en que suelen producirse desastres.
Acorde con los
criterios expuestos en la Observación General, los estados tienen la obligación
internacional de apoyar el derecho de todos los ciudadanos a un lugar seguro
para vivir en paz y dignidad, acorde con sus necesidades humanas.
Adicionalmente,
la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre  el tema de la
procedencia de la acción de tutela, específicamente en los casos en que los
accionantes solicitan la protección del derecho a la vivienda digna debido a
que su morada amenaza ruina.
En la Sentencia T-045 de 2009[36], la Sala
Séptima de Revisión analizó la acción de tutela interpuesta por Leonidas Pulido Baquero, quien solicitó la adecuación de
la red de alcantarillado en torno a la
Diagonal 33 C con Transversal 13 esquina, barrio
La Resurrección de Bogotá pues las aguas negras estaban causando
problemas en su vivienda y en la de algunos de sus vecinos.
En esta
oportunidad, la Sala concedió el amparo de los derechos del accionante y ordenó
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que
realizara los trabajos para terminar con el problema de taponamiento del
alcantarillado y filtración de aguas negras.
Dentro
de las consideraciones, se determinó que a la hora de analizar la procedencia
de la acción en los casos de posibles afectaciones al derecho a la vivienda
digna se deben tener en cuenta los siguientes puntos: “(i) la
inminencia del peligro; (ii) la
existencia de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la
afectación del mínimo vital; (iv) el
desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que
afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la
existencia de otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo
pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar procede.”
Para finalizar dicho aparte, indicó que “el derecho a la
vida en condiciones salubres, va también de la mano de la dignidad humana; por
esto, las personas no deben estar sometidas en su morada a situaciones que
afecten o pongan en peligro su salud y el normal desarrollo vital, como serían
la persistencia de malos olores, humedad constante, peligro de inundación,
deslizamientos, amenaza de ruina, etc. La presencia de alguno de estos
factores también pondría en el ámbito de la protección constitucional por vía
de tutela, el derecho a una vivienda digna.”[37] (Negrilla
Fuera del texto)
En resumen,
el derecho a la vivienda digna requiere para su perfeccionamiento de unas
condiciones mínimas de habitabilidad, lo que supone disponer de un lugar donde
se pueda resguardar y que cuente con seguridad, iluminación y ventilación
adecuada[38],
con la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios básicos y
que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y familiares
en unas condiciones mínimas de dignidad. Los Estados tienen la obligación de
promover que todos los ciudadanos tengan un lugar seguro para vivir en paz y
dignidad, acorde con sus necesidades humanas y, debe proteger especialmente a
los grupos poblacionales que se encuentran en alguna desventaja de acceso pleno
y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda, como las
madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos suficientes para
adquirir una vivienda adecuada a sus necesidades, la población ubicada en zona
de riesgo, los desplazados por la violencia, las personas de la tercera edad
y los niños.
De la misma
manera, esta Corporación ha estudiado casos en que se presenta la protección
del derecho a la vivienda digna ante situaciones en las que los hogares
amenazan ruina, ello teniendo en cuenta que este factor va en contra de la
dignidad humana, cosa que también trasciende al ámbito de otros derechos como
el de la vida o la salud.
3.
CASO CONCRETO
3.1.1.  Hechos
Probados
Antes de avocar el estudio de los supuestos fácticos para acoger o
desestimar las pretensiones del accionante, es pertinente referirse a los
hechos que se encuentran debidamente probados en el presente caso y que a
continuación se resumen:
3.1.1.1.
El actor adquirió la vivienda en el mes de febrero del año dos mil
catorce (2014), supuestamente para mejorar las condiciones de vida de la
familia, lo cual no ha sido posible. Puesto que la situación actual que viven
es compleja, lo cual les ha generado mucho estrés.
3.1.1.2.
Se encuentra probado que el tutelante ha solicitado en varias
oportunidades la instalación del acueducto en su vivienda, sin embargo, este no
es posible puesto que el terreno donde se ubica la vivienda requiere de
adecuaciones, además las redes de acueducto y alcantarillado que se encuentran
más cerca de la vivienda están a 120 metros, razón por la cual debería
construirse su propia domiciliaria el solicitante. Hecho que tampoco es viable
debido a la crítica situación económica del tutelante y su núcleo familiar y a
las pésimas condiciones en las cuales se encuentra su vivienda.
3.1.1.3.
De igual forma, del estudio socioeconómico realizado a la vivienda
del tutelante por el Área de Trabajo Social de la Comisaría de Familia del
Municipio de Alcalá, Valle, se pudo constatar que: “en el momento las
condiciones habitacionales de esta familia no garantizan ningún bienestar para
los integrantes, en primer lugar porque no cuentan con agua potable y en
segundo lugar por las condiciones en las cuales se encuentra el terreno para
acceder a la puerta principal de la casa, don José Albeiro debe desplazarse por
unas escalas en barro y por las cuales se ha caído en repetidas ocasiones, por
lo tanto el transporte del agua de una casa vecina es muy difícil y riesgoso”[39].
3.1.1.4.
En el mismo estudio, la personería municipal pudo constatar que la
economía de la familia se encuentra en déficit, ya que solo se suple lo
necesario y pese a que existe una economía compartida y todos aportan sus
capacidades, los ingresos son mínimos teniendo en cuenta los gastos que existen
en un hogar. También agregó que por su edad el tutelante no labora y la
economía del hogar depende del trabajo de su hija en la panadería la ñapa,
del de su esposa, quien se dedica a oficios varios y el subsidio que recibe el
tutelante por ser de la tercera edad.
3.1.1.5.
Así mismo, para la Sala resulta importante resaltar que conforme a
la inspección judicial realizada por el Juzgado de instancia a la vivienda de
la señor Sánchez Murillo se pudo constatar que el actor y su núcleo familiar se
encuentran en estado de vulnerabilidad, y pueden estar en riego inminente sus
vidas, puesto que la construcción vecina requiere de obras de estabilización,
las cuales al no realizarse generarían un riesgo de asentamiento y colapso
sobre la vivienda del actor, que es precaria ya que las guaduas que la
sostienen se pueden podrir. En esta diligencia se precisó:
“[…]
Sírvase informar al Despacho las condicionas en que se encuentra el inmueble
desde al punto de vista de seguridad? CONTESTO: Es una construcción de un piso
en guadua y esterilla soportado por guaduas de aproximadamente 2.20 metros de
altura apoyada sobre la tierra, a un lado de la vivienda está una construcción
de concreto reforzado y ladrillo, de aproximadamente ocho metros de altura,
cuya cimentación ha perdido el confinamiento lateral por escavasiones
realizadas debajo de la vivienda realizadas por el propietario, a causa de esto
se observan socavación y grietas en el talud vertical que puede generar una
desestabilización de ambas construcciones con riesgo de colapso del edificio
del colegio sobre la vivienda del accionante, además esta vivienda está ubicada
a más de ocho metros sobre la vía sobre un talud pendiente a 45 grados
[…]
PREGUNTADO:
Dígale al Despacho si en su concepto en   calidad    de   ingeniera    civil
existe    algún   riesgo inminente para los moradoras da la vivienda? CONTESTO:
Existe un riesgo de desestabilización del talud entre la vivienda y la vía por
acción de las aguas de escorrentía. Con respecto a la construcción vecina al
desconfinacimiento de su cimentación agravado por las aguas lluvias de la
cubierta, las cuales caen de una altura de 8 metros, aceleran esta desestabilización
lo cual generan un riesgo de asentamiento y colapso. En el caso de no hacerse
las obras de protección en corto plazo. Además la cimentación de la vivienda es
precaria ya que las guaduas se pueden podrir y provocar el colapso de la
vivienda […]”
3.1.1.6.
Se constató que la situación económica del accionante y su núcleo
familiar, el cual está conformado por su esposa e hija, es crítica pues el
ingreso que perciben solo les alcanza para subsistir y no cuentan con el dinero
necesario para realizar las adecuaciones necesarias al terreno y tampoco a su
vivienda, la cual está construida con esterilla y guaduas.
3.1.1.7.
De igual manera, de las pruebas obrantes en el expediente se puede
evidenciar que en estos momentos la vivienda solo cuanta con dos camas para
dormir y el servicio de energía eléctrica. No se encuentra en condiciones dignas
ni habitables.
3.1.1.8.
Por último, para la Sala es importante precisar que el Juzgado
Promiscuo Municipal de Alcalá, en primera instancia, solicitó y realizó las
pruebas necesarias para evidenciar que además del problema de agua potable que
tiene la vivienda del actor, esta no es habitable debido a la deficiente
construcción sobre la cual se levantó. Además de la precaria situación
económica en la que se encuentra el núcleo familiar. Precisiones que pueden ser
corroboradas con la inspección judicial y la visita socioeconómica realizada
por la Personería Municipal, entidades que han sido enfáticas en sostener que
debido al mal estado de la vivienda  la vida del tutelante y su núcleo familiar
se encuentran en un riesgo. Derecho que debe ser protegido de manera inmediata.[40]
3.1.2. Examen de procedencia de la
acción de tutela
3.1.2.1.   Legitimación
en la causa por activa
Los artículos 86
constitucional y 10° del Decreto 2591 de 1991 indican que es titular de la
acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le
resulten vulnerados o amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el
amparo constitucional o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus
apoderados, representantes o agentes oficiosos, para el caso de las personas
que no están en condiciones de interponer la acción por sí mismas.
En virtud de lo
establecido precedentemente, encuentra la Sala que el tutelante si está
legitimado para representar sus propios intereses, puesto que es la titular de
los derechos, por tanto, el caso objeto de estudio cumple con este requisito.
3.1.2.2.
Legitimación en la causa por pasiva
Con respecto a quien
va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991
expresa que: “se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.
Por su parte, la
Corte Constitucional en la Sentencia T- 416 de 1997[41] explicó en qué consiste
la legitimación por pasiva así:
“La
legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado
la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”
En el caso
estudiado se demandó a la empresa prestadora de servicios públicos ACUAVALLE S.A.
E.S.P, pues a juicio del accionante, es dicha entidad la presunta vulneradora
de los derechos fundamentales invocados, al negarse a instalar el servicio de
acueducto en su vivienda. Aunado a lo anterior, la entidad demandada es una autoridad
pública, de modo que se cumplen las reglas de legitimación por pasiva.
3.1.2.3.
Examen de inmediatez
La inmediatez es
una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el
propósito de la Carta Política de hacer de la acción de tutela un medio de
amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y
eficaz.
Por ello, es
indispensable estudiar cada caso en concreto, toda vez que es necesario que la
acción sea promovida dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la
ocurrencia de los hechos que se consideran vulneratorios de derechos
fundamentales, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la
transgresión o amenaza de los derechos. En consecuencia, ante la injustificada
demora en la interposición de la acción, se vuelve improcedente el mecanismo
extraordinario, por ende, se debe acudir a los mecanismos ordinarios de defensa
judicial.
A propósito de
este requisito de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte
Constitucional en la Sentencia T- 792 de 2009[42]
estableció que:
“la
jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el hecho de que el mismo exige
que la acción sea promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término
razonable luego de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o
amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez entre la solicitud de
amparo y el supuesto vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse,
según ha dicho la Corte, en cada caso concreto, con plena observancia de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
En cuanto al
requisito de inmediatez, encontramos que se encuentra acreditado, toda vez que
el perjuicio es actual e inminente, pues el tutelante y su núcleo familiar no
gozan del servicio de agua potable en su vivienda, sino que tienen que recurrir
a un vecino, quien les suministra mediante piletas este recurso fundamental. Además
es importante que sea la empresa prestadora de dicho servicio quien de manera
permanente preste el mismo a la vivienda, ya que el agua es un servicio público
esencial y necesario para la satisfacer las necesidades básicas de todas las
personas e incluso para una vida digna.
3.1.2.4.
Examen de subsidiariedad
Esta Corporación
ha reconocido que en ciertas ocasiones, aunque existen mecanismos judiciales
diferentes a la acción de tutela que serían procedentes para solucionar la
controversia planteada, la tutela es el medio adecuado cuando se advierte que
ellos no son idóneos.
La Sala estima que
teniendo en cuenta las especificidades de la situación del peticionario, como (i)
su necesidad de que se le suministre agua potable; (ii) los riesgos a
los que se enfrenta para llevar el agua a su vivienda pese a su avanzada edad,
y (iii) que el derecho fundamental al agua es una necesidad inherente al
derecho a la vida digna de las personas, los otros mecanismos de defensa a los
que eventualmente pueda acceder, no son idóneos para lograr de manera oportuna
la protección de sus derechos fundamentales, puesto que aunque la negativa de
la empresa se sustenta en la imposibilidad de realizar las adecuaciones
técnicas para la instalación del acueducto por los problemas de
desestabilización del terreno, tiene la obligación de buscar otras medidas
paliativas para hacer llegar el servicio a la vivienda del tutelante.
Por estas razones,
la acción de tutela se torna en el medio eficaz para solicitar la protección de
los derechos fundamentales al agua potable, a la vida digna y a la salud del
accionante y de su núcleo familiar.
3.1.3. Análisis
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor José Albeiro
Sánchez Murillo.
3.1.3.1.
En el presente caso el actor de 67 años de edad y su núcleo
familiar, están viendo vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la
salud y al agua potable, toda vez que la empresa prestadora del servicio de
acueducto en Alcalá, Valle del Cauca (ACUAVALLE S.A E.S.P) se niega a instalar
el servicio definitivo de agua potable en su vivienda debido a que por razones
técnicas no es viable.  En palabras de la entidad accionada:
“[…] el sector donde reside el interesado no tiene red de
alcantarillado y no se puede autorizar una nueva acometida sin que existan
construidas estas redes de alcantarillado para conducir a través de ellas los
residuos domésticos provenientes de la vivienda del interesado en el servicio.
Como quiera que no existe alcantarillado sobre la vía donde está
ubicada la vivienda del Accionante; es posible autorizar la domiciliaria de
alcantarillado siempre y cuando el interesado construya un poso séptico o el
municipio amplié la cobertura de la red de alcantarillado, hasta el sector
donde está construida la vivienda del demandante […]
no es que nuestra empresa se niegue a autorizar el servicio; sino
que el problema es que no existen redes de alcantarillado donde se pueda
evacuar los residuos de la residencia.
Si autorizamos una acometida de acueducto sin tener previsto la
disposición estaríamos siendo los generadores de problemas de salubridad
pública enormes”.
3.1.3.2.
Por otro lado, la  Secretaría de Planeación Municipal de
Alcalá, Valle,  manifestó que: “la instalación de la
acometida domiciliaria de acueducto es de una extensión aproximada de 10 ml y
se debe hacer intervención en la Vía Avenida sur la cual hace poco fue
intervenida para su rehabilitación actividad que se debe realizar por parte del
propietario o solicitante de la acometida […]”.
3.1.3.3.
En efecto, de las pruebas obrantes dentro del expediente se
puede evidenciar la negativa de la empresa accionada de instalar el servicio de agua potable, por tanto, a su juicio no es viable autorizar una
acometida de acueducto sin tener redes de alcantarillado, pues con ello se
estarían generando problemas de salubridad pública. Además, obligar al
tutelante a construir un pozo séptico es colocarle una carga que no puede
soportar, la cual le produciría sobrecostos y su situación económica es
precaria, sus ingresos solo le alcanzan para sobrevivir. Tal y como quedo
probado en la visita técnica realizada con acompañamiento de la Personería
Municipal a la vivienda del tutelante.
3.1.3.4.
Sin embargo, de las pruebas recolectadas por el
juez de primera instancia, este despacho pudo concluir que a pesar de no ser
viable por parte de la empresa accionada instalar el servicio de acueducto que
requieren, el derecho al agua potable del señor José Albeiro Sánchez Murillo y
su núcleo familiar, está siendo vulnerado, pues tal y como se manifestó en la
parte considerativa de este proyecto los obstáculos técnicos, jurídicos o
físicos que impidan extender las redes de acueducto y alcantarillado a
viviendas particulares, no son excusa para negar la prestación del servicio, ya
que en este caso la empresa tiene la obligación de adoptar medidas paliativas
que aseguren el acceso mínimo al servicio de agua potable, para lo cual
tienen diversas alternativas como instalar pilas provisionales de agua potable,
realizarlo, usando carro tanques, u otras medidas.
3.1.3.5.
En esta medida, la decisión del Juez Promiscuo
Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, de declarar improcedente la acción de
tutela para ordenar el suministro de agua potable a la vivienda del actor
debido a la imposibilidad de la instalación del mismo, no fue adecuada ni
acorde con la jurisprudencia reiterada de este Alto Tribunal, ya que la
imposibilidad para extender la red de acueducto y alcantarillado no es excusa
para que le empresa prestadora de dicho servicio público evada su obligación de
suministrar así sea un mínimo de agua potable al tutelante y su núcleo
familiar.
3.1.3.6.
Lo anterior, debido a  que el derecho al agua es la
garantía de contar con un servicio público de acueducto que suministre agua
para consumo humano en condiciones de disponibilidad, calidad, accesibilidad y
no discriminación. Por tanto, se cumplen las obligaciones básicas en materia
de disponibilidad cuando la empresa prestadora del servicio garantiza el acceso
a la cantidad mínima esencial de agua. En este caso, sin embargo, el suministro
de agua a la vivienda del actor no lo proporciona la entidad accionada si no un
vecino mediante pimpinas, lo cual no garantiza el deber mínimo en la materia
puesto que los usuarios no tienen todos los días una cantidad esencial de agua,
por ende no cuentan con un recurso hídrico mínimo para abastecer sus
necesidades mínimas.
3.1.3.7.
Por otro lado, tampoco encuentra la Sala que la entidad accionada y
la Alcaldía Municipal tengan previstas otras formas alternativas de suministro
o almacenamiento de agua que garanticen el acceso mínimo de agua potable al
tutelante y a su núcleo familiar, sino que ambas entidades enfatizan en que no
es viable la prestación del servicio y no buscan las maneras de solucionar tal
situación y proveer el mínimo requerido para la subsistencia. De esta forma, la
provisión de agua mediante carro-tanques, pilas provisionales de agua potable,
u otras medidas, hasta tanto se solucione de manera definitiva la instalación
del servicio de acueducto en la vivienda del tutelante, garantizaría una
cantidad mínima de agua disponible, tal como lo argumentó la Corte en la sentencia
T-381 de 2009[43],
tesis reiterada recientemente mediante Sentencias T- 616 de 2010[44], T- 790 de
2014[45]
y T-760 de 2015[46].
No obstante, como no existen en este caso mecanismos que
logren el disfrute del mínimo de agua indispensable para los usos diarios, ya
que no es posible llevar a cabo el suministro a través de las instalaciones
domiciliarias del acueducto, constituyen para esta Sala una vulneración del
deber mínimo en materia de disponibilidad y, con ello, un desconocimiento del
derecho al agua.
3.1.3.8.
Con base en lo enunciado, para la Sala, la entidad prestadora del
servicio público vulneró el derecho al agua del actor y su núcleo familiar por
cuanto, en estos momentos no se les está prestando el servicio de agua potable,
ni se han previsto otras formas de distribución que garanticen el contenido
mínimo del derecho, tales como carro tanques,  pilas provisionales de agua
potable, u otras medidas. Por ende, esta carencia impide que el señor José
Albeiro Sánchez Murillo y su familia cuenten con el agua potable mínima que les
permita llevar a cabo sus planes de vida dentro del Estado Social de Derecho.
Teniendo en cuenta lo descrito, la Sala concluye que en la
actualidad sí existe vulneración a los derechos fundamentales del actor y su
núcleo familiar, por parte de la empresa accionada, por cuanto su vivienda en
estos momentos no cuenta con el servicio público domiciliario de acueducto.
Lo anterior se fundamenta, como se afirmó en la parte considerativa
de esta providencia, en el hecho de que el servicio de agua potable
tiene el carácter de fundamental, cuando su ineficiente prestación o ausencia
de estos, afecta de manera notoria derechos y principios constitucionales
fundamentales, situación que se evidencia en el caso objeto de
estudio.
3.1.3.9.
Por otro lado, es importante precisar que aunque
el tutelante solo alegó la vulneración de su derecho fundamental al agua
potable, de las pruebas obrantes en el expediente y la diligencia de inspección
judicial realizada por el juez de primera instancia se constata que la vivienda
del actor no está en condiciones de habitabilidad y en cualquier momento puede
colapsar debido a su precaria construcción[47],
por tanto nos encontraríamos eventualmente frente a una amenaza al derecho a la
vivienda digna, situación que también fue evidenciada por el Juez Promiscuo
Municipal en primera instancia, motivo por el cual tuteló dicho derecho
fundamental. Al respecto, el Secretario de Planeación Municipal enfatizó en que
al no estar la vivienda en zona de riesgo no existe la obligación de reubicar
al tutelante y a su núcleo familiar, además de que no existe a su juicio,
certeza de que la situación económica del actor no le permita por sus propios
medios cambiarse de vivienda. Opinión que es a todas luces contraria a la
jurisprudencia desarrollada por esta Corporación, puesto que en varias
oportunidades la Corte Constitucional ha sido enfática en reiterar su doctrina
frente a la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho a una
vivienda digna cuando se presentan fallas en el inmueble que afectan gravemente
las condiciones de habitabilidad del mismo y amenazan los derechos
fundamentales a la vida e integridad física de sus ocupantes, especialmente
cuando los demandantes no cuentan con recursos para proveerse otra solución de
vivienda. Con respecto a la situación económica del actor, de las pruebas
allegadas es claro que los ingresos del hogar no son suficientes para
satisfacer las necesidades mínimas, por tanto no es viable que con dichos
ingresos puedan adquirir una nueva vivienda.
En
esta medida, es substancial aclarar que no solo se protege el derecho a la
vivienda cuando ésta se encuentra ubicada en zona de riesgo, ya que también es
garantía del derecho que la misma pueda ser habitable en condiciones dignas y
que cuente al menos con los servicios públicos esenciales, los cuales deben
estar provistos e instalados en el predio de acuerdo con los lineamientos que
para el efecto fueron establecidos en la Ley 142 de 1994[48]. Lo anterior, con la
finalidad de poder ofrecer el espacio apropiado a sus ocupantes y de
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Por
tanto, se debe igualmente garantizar también la seguridad física de los
ocupantes siempre que se vean amenazados los derechos fundamentales a la vida e
integridad física de los mismos, situación que se evidencia en el caso objeto
de estudio y que fue certificada tanto en la visita socioeconómica realizada a
la vivienda como en la inspección judicial. Diligencias que coincidieron en
recomendar una reubicación pues se encuentra en riesgo inminente la vida
e integridad física de sus ocupantes.
3.1.3.10.
En atención a lo anterior, la Sala considera que en el caso objeto
de estudio se evidencia una afectación real del derecho a la vivienda digna del
tutelante y su núcleo familiar, lo cual incluso pone en riesgo su derecho a la
vida. Es por esta razón que aunque el actor nunca solicitó la protección de
este derecho, en esta ocasión se debe proteger ya que la labor del juez
constitucional, tal y como lo ha señalado esta Corte no solo debe
circunscribirse a las pretensiones que cualquier persona exponga en su demanda,
sino que si se evidencia la afectación directa de un derecho de rango
constitucional este amparo debe ser inmediato, puesto que en materia de tutela,
el juez puede conceder el amparo incluso por derechos no alegados (fallos
extra y ultra petita). Al respecto, la Sentencia T-464 de 2012,[49] señala:
“[…] dada la naturaleza de la
presente acción, la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las
pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que
su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los
preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los
derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta
procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos
sean extra o ultra petita.
Argumentar lo contrario
significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o
amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no
podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo
expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la
administración de justicia tendría que desconocer el mandato contenido en el
artículo 2o superior y el espíritu mismo de la Constitución Política, pues -se
reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el
cimiento mismo del Estado social de derecho.
Recuérdese que en materia de
tutela, el juez puede al estudiar el caso concreto, conceder el amparo
solicitado, incluso por derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta
acción, así lo permite. Es decir, el juez de tutela puede fallar extra y ultra
petita”.[50]
3.1.3.11.
Es por esta razón que se ordenará la Empresa
de Servicios Públicos Domiciliarios ACUAVALLE S.A E.S.P. del Municipio de
Alcalá, Valle del Cauca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia y por su cuenta y
riesgo, programe y lleve a cabo el suministro provisional de agua potable a la
vivienda del peticionario a través de carro tanques, pilas de agua potable, u
otro medio que se estime idóneo y eficaz, en una cantidad que garantice el
consumo diario, hasta tanto la Alcaldía Municipal de Alcalá, encuentre la
manera de inscribir al tutelante en un programa de reubicación o mejoramiento de
vivienda. La cantidad de agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo
razonable establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua
por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de
salud.
3.2.
CONCLUSIÓN
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, ACUAVALLE
S.A E.S.P de Alcalá, Valle, vulnera el derecho fundamental al agua potable y a
la vida digna del señor José Albeiro Sánchez Murillo y su núcleo familiar, al
negarse a suministrar agua a su vivienda aduciendo imposibilidades técnicas,
pues a su juicio al no existir redes de acueducto y alcantarillado se podrían
producir problemas fuertes de salubridad pública.
En esta oportunidad, la Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional concluye que dicho derecho fundamental está
siendo vulnerado puesto que los obstáculos técnicos, jurídicos
o físicos que impidan extender las redes de acueducto y alcantarillado a
viviendas particulares, no son excusa para negar la prestación del servicio, ya
que en este caso la empresa tiene la obligación de adoptar medidas paliativas
que aseguren el acceso mínimo al servicio de agua potable, para lo cual
tienen diversas alternativas como instalar pilas provisionales de agua potable,
realizarlo, usando carro tanques, u otras medidas.
Por tanto, la Sala ordena a la empresa accionada el
suministro de agua provisional mediante carro tanques, pilas provisionales de
agua u otras formas, hasta tanto la Alcaldía Municipal realice la reubicación
de la familia a una vivienda habitable o el mejoramiento de la misma. Asimismo,
se deja claro que los costos derivados del suministro deberán ser asumidos por
la empresa demandada sin que pueda realizar cobro alguno por dicho concepto al
accionante.
Lo anterior, en razón a que de las pruebas allegadas a la
tutela se evidencia que aunque el actor no solicitó la protección de su derecho
a la vivienda digna, debido al grave estado en el que se encuentra su casa es
necesario adoptar medidas en aras de proteger su vida y la de su familia, ya
que ésta se encuentra en riesgo de colapsar. Esta orden es dada en razón a la
facultad que tiene el Juez Constitucional de fallar extra o ultra petita cuando
percibe una evidente  violación o amenaza de violación de un derecho
fundamental como el derecho a la vida.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el veintiséis (26)
de agosto de dos mil quince (2015), por el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Cartago, Valle, que revocó la decisión de primera instancia proferida
el catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Alcalá, Valle del Cauca. En su lugar, CONCEDER la protección
de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable y a la
vivienda digna del señor José Albeiro Sánchez Murillo y su núcleo familiar.
SEGUNDO. ORDENAR a la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Alcalá, Valle del Cauca ACUAVALLE S.A E.S.P que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, programe y lleve a cabo el suministro provisional de agua
potable a la vivienda del peticionario a través de carro tanques, pilas provisionales
de agua u otro medio que se estime idóneo y eficaz, en una cantidad que
garantice el consumo diario, hasta tanto la Alcaldía Municipal de Alcalá, Valle
del Cauca, encuentre la manera de inscribir al tutelante en un programa de
reubicación o mejoramiento de vivienda. La cantidad de agua a proveer debe
obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta
(50) y cien (100) litros de agua por persona por día para asegurar la
satisfacción de todas las necesidades de salud. Los costos derivados del
suministro serán asumidos por la empresa y no se podrá realizar cobro alguno
por dicho concepto al accionante.
TERCERO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Alcalá, Valle del
Cauca, que en un término no superior a seis (6) meses, realice las
gestiones necesarias para inscribir al accionante y a su núcleo familiar en los
programas de reubicación o mejoramiento de vivienda del municipio.
CUARTO. COMUNICAR
la presente decisión a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
y al Personero de Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, para que dentro de la
órbita de sus competencias, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta
providencia.
QUINTO. Líbrense
por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
El bloque de constitucionalidad es el término jurídico que se utiliza para
referir que la Constitución no sólo está integrada por el articulado que
formalmente figura en ella, sino que también la conforman otras disposiciones
que reúnan las siguientes características: (i) que se encuentren establecidas
en tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, y (ii) que
reconozcan un derecho humano y (iii) que su limitación esté prohibida en los
estados de excepción.
[2]
Un resumen detallado de los casos en que la Corte
Constitucional en sede de tutela ha amparado el derecho fundamental al agua
puede hallarse en la Sentencia T-418 de 2010.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[3]
Corte Constitucional, Sentencia C-220 del 29 de marzo de 2011.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[4]
Un resumen detallado de los casos en los que la Corte Constitucional en sede de
tutela ha amparado el derecho fundamental al agua puede hallarse en la Sentencia
T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[5]
La Corte señaló lo siguiente en la Sentencia T-418 de 2010,
M.P. María Victoria Calle Correa: “Hay dimensiones del derecho que generan
obligaciones de respeto, de protección y de garantía, de las cuales no son
titulares las personas individualmente, sino colectivamente. Las protecciones
de las fuentes hídricas de las cuales puede depender eventualmente el consumo
de agua de las futuras generaciones, hace parte, sin duda, de los ámbitos de
protección del derecho al agua, pero no se trata de un derecho individual.”
[6] Ver las
sentencias T-270 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-888 de 2008,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-546 de 2009,
M.P. María Victoria Calle Correa; T-418 de 2010,
M.P. María Victoria Calle Correa; T-616 de 2010,
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[7]
Cfr. Sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[8]
Ver Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas.
[9]
La Corte señaló algunos ejemplos de estos dos tipos de obligaciones en la
sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, de la siguiente
manera:
“3.5.6. Como se indicó,
las obligaciones derivadas del derecho fundamental al agua pueden implicar
facetas positivas, que demanden medidas complejas por parte del Estado, como la
realización de obras, o facetas negativas, que supongan la abstención por parte
de la Administración. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
3.5.6.1. Como ejemplo de
protección a una faceta positiva del derecho, puede citarse la reciente
sentencia T-974 de 2009, en la cual la Corte Constitucional tuteló los derechos
a la vida y la salud de una comunidad que se veía afectada ante las constantes
inundaciones producidas por el desborde del río La Vieja. Los tutelantes
alegaban que la no construcción de un colector interceptor de alcantarillado
que evita la salida directa de las descargas al Río y la falta de mantenimiento
de unos diques de protección en el mismo, eran la causa de las inundaciones que
pongan en peligro los mencionados derechos constitucionales. La Corte
Constitucional decidió conceder la acción de tutela, considerando que (i) desde
hacía más de 3 décadas –desde mediados de los años 70 del siglo pasado– la
Administración conocía el problema y había decidido tratarlo;  (ii) que las
normas, tanto constitucionales y legales como reglamentarias, territoriales y
convencionales imponían el deber de tomar medidas; y (iii) que los derechos de
los accionantes estaban en riesgo.
3.5.6.2. También se han
tutelado facetas negativas del derecho al agua. La Corte consideró que se había
irrespetado el derecho a acceder al agua, incluso en el caso de predios
rurales, no urbanos, cuando por actos positivos de la Administración, así se
encontraran justificados, se había afectado el acceso al agua a las personas
que habitan permanente o temporalmente en los mismos. Así ocurrió, por ejemplo,
en la sentencia T-381 de 2009, caso en el que, luego de reconocer el impacto
que una obra había tenido sobre el acceso a fuentes de agua para los predios de
los tutelantes, la Corte resolvió ordenar que se adoptaran las medidas adecuadas
y necesarias para asegurar que el problema encontrara una solución definitiva.”
[10] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[11] M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[12] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[13] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[14]
Ibidem
[15]
MP, María Victoria Calle Correa
[16]
MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[17]
MP, Alberto Rojas Ríos
[18] Reglamentada Parcialmente por el
Decreto Nacional 1641 de 1994. Reglamentada por los Decretos Nacionales 3087 de 1997,
302 de 2000, 556 de 2000, 421 de 2000, 847 de 2001. Adicionado por la Ley 689 de 2001.
Reglamentada por el Decreto
Nacional 1713 de 2002. Reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 549 de 2007.
[19] Sentencia T-865 de 2011,
MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] Colombia aprobó el Pacto de los derechos económicos, sociales y
culturales por Ley 74 de 1968 y lo ratificó, el 29 de octubre de 1969.
[21] “Artículo 93: Los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta
Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia.”
[22] En Sentencias como la
T-495 de 1995 y T-258 de 1997 la
Corte Señaló: “[…] El derecho a la vivienda digna es un derecho de carácter
asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser prestado
directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean
creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas
para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de los programas
y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la adquisición de vivienda,
especialmente en los sectores inferiores y medios de la sociedad, donde aparece
detectado un déficit del servicio; para tal efecto los particulares deben
cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Este derecho de contenido social no le otorga a la
persona un derecho subjetivo para exigir en forma inmediata y directa del
Estado su plena satisfacción, pues se requiere del cumplimiento de condiciones
jurídico-materiales que lo hagan posible.
[Por otra parte] la Constitución señaló el
derecho que tiene toda persona para acceder a la vivienda en condiciones
dignas. Dicho derecho, que se cataloga como de segunda generación y que se
sitúa junto con otros derechos de carácter económico, no tiene la protección
inmediata que le puede brindar la acción de tutela, pues en su condición de
derecho asistencial, le corresponde al Estado la obligación de desarrollar
planes de vivienda, ya sea directamente o por medio de contratos con
particulares, todo de acuerdo con la ley. Por tal motivo, las condiciones
jurídicas, económicas y materiales son las que determinarán la efectiva
materialización de tal derecho […]”
[23] Ver sentencias T-036 de
2010, T-895 de 2008, T-894 de 2005, T-791 de 2004, T-363 de 2004, T-756 de
2003, T-1073 de 2001, T-626 de 2000, T-190 de 1999 y T-617 de 1995, entre
otras.
[24] Sentencia
T- 036 de 2010, T-079 de 2008, T-1075 de 2007, T- 363 de 2004 y T-756 de 2003,
entre otras.
[25] Sentencias
T-036 de 2010, T-959 de 2004, C-560 de 2002, T-1165 de 2001, C-328 de 1999,
T-666 de 1998, T-011 de 1998,  T-617 de 1995, T-021 de 1995 y C-575 de 1992.
[26] “[…]aunque se ha
dicho que el derecho a la vivienda digna no es exigible directamente por vía de
tutela, lo cierto es que esta restricción desaparece cuando su quebrantamiento
vulnera o pone en peligro derechos fundamentales.
Ciertamente, la
Corte Constitucional ha reconocido en prolija jurisprudencia que, en virtud
del factor de conexidad, los derechos de segunda generación v.gr. los derechos
a la salud, a la seguridad social o a la vivienda digna, pueden ser protegidos
de la misma forma que los derechos fundamentales. A este respecto, la
Corte ha dicho:
Los derechos
fundamentales por conexidad son
aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin
embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e
inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no
fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la
vulneración o amenaza de los segundos […]”
[27]Ver Sentencias T-016 del
22 de enero de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-075 de 2012, MP, Dr.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28]Al respecto, la
Corte explicó lo siguiente en la sentencia C-372 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: “La
Corte Constitucional ha entendido que todos los derechos fundamentales, tanto
los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y
culturales, implican obligaciones de carácter negativo y positivo. A diferencia
de lo que solía afirmar parte de la doctrina, para la
Corte no es cierto que solamente los derechos económicos, sociales y
culturales tengan contenidos prestacionales; los derechos civiles y políticos
también requieren de la adopción de medidas, la destinación de recursos y la
creación de instituciones para hacerlos efectivos”. Esta afirmación es reiterada
por la Corte en las Sentencias T- 133 de 2006, T-016 de 2007, T-760 de 2008,
T-245 de 2012, T-314 de 2012 y t-075 de 2012.
[29] Sentencia T-760 de 2008
M.P. Manuel José Cepeda.
[30] Ver sentencias T-079 de 2008
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-894 de 2005
M.P. Jaime Araújo Renteria, T-791 de 23 de 2004  M.P. Jaime Araújo Rentería y
T-958 de  2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[31] MP, Dr. Mauricio
González Cuervo
[32]La
mencionada observación establece elementos que asisten a la interpretación del
artículo 51 constitucional, en virtud del artículo 93 superior, pues el Comité
es el órgano que interpreta  con autoridad el Pacto Internacional de DESC. El
parágrafo 7 de la observación contiene algunos aspectos centrales del derecho a
la vivienda adecuada que sirven de pauta de interpretación de la disposición
constitucional.
[33] Observación General No.
4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).
ONU, Comité del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y
culturales. Disponible en: http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=428687&parent_id=425976#_edn3
[34] Así lo reconoce la
Comisión de Asentamientos Humanos y la
Estrategia Mundial de Vivienda. Disponible en: http://ww2.unhabitat.org/chs18/English/hsc182s.pdf.
[35] Comité del Pacto
Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales.
[36]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[37]
Dicha postura fue reiterada mediante Sentencia T-197
de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[38] Observación General No
4, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[39]
Cfr, Folio 13, cuaderno Nro. 2.
[40]
Cfr, Folios 12-13 y 46,-48 del cuaderno No. 2.
[41]
MP, Antonio Barrera Carbonell
[42]
MP, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[43]
MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[44]
MP, Luis Ernesto Vargas Silva
[45]
MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[46]
MP, Alberto Rojas Ríos
[47] Inspección
Judicial “Es una construcción de un piso en guadua
y esterilla soportado por guaduas de aproximadamente 2.20 metros de altura
apoyada sobre la tierra, a un lado de la vivienda está una construcción de
concreto reforzado y ladrillo, de aproximadamente ocho metros de altura, cuya
cimentación ha perdido el confinamiento lateral por escavasiones realizadas
debajo de la vivienda realizadas por el propietario, a causa de esto se observan
socavación y grietas en el talud vertical que puede generar una
desestabilización de ambas construcciones con riesgo de colapso del edificio
del colegio sobre la vivienda del accionante, además esta vivienda está ubicada
a más de ocho metros sobre la vía sobre un talud pendiente a 45 grados”. (Folios 46-48, Cuaderno No. 2)
[48]CFR
T-055 de 2011, MP, Jorge Iván Palacio Palacio.
[49]
MP, Jorge Iván Palacio Palacio
[50]
Ver entre otras las Sentencias T-310 de 1995 y T- 553 de 2008.