T-200-18
Sentencia T-200/18
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa a través de apoderado en defensa de sus
propios intereses
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Defensora de
familia del ICBF en representación de menor de edad
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
ESTADO DE
INDEFENSION-Configuración cuando se da la circulación de
información u otro tipo de expresiones a través de medios que producen un alto
impacto social que trascienden la esfera privada de quienes se ven involucrados
La
Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha señalado que el estado de
indefensión, por ejemplo, se puede presentar en la relación que existe entre el
medio de comunicación y la persona involucrada en la noticia que este divulga.
Ello, en razón a que la actividad informativa que desempeñan este tipo de
organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a
diversos sectores de la sociedad, también tiene el poder de impacto social,
comoquiera que puede influir o generar determinada opinión en el conglomerado.
La Corte ha reconocido que esta situación de indefensión no requiere ser
probada, precisamente, en razón al poder de divulgación que ostentan los medios
de comunicación.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Solicitud
de rectificación previa como requisito específico de procedibilidad
En los casos en que la acción de tutela se interpone contra el
particular que divulga información tachada de inexacta o errónea, el numeral 7
del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, establece un requisito especial de
procedencia consistente en la solicitud de rectificación previa ante el medio
de comunicación. Por mandato de la norma precitada, la acreditación de este
requisito se encuentra a cargo del accionante, quien deberá aportar con la
demanda de tutela la transcripción de la información o la copia de la
publicación y de la petición de rectificación solicitada. No obstante,
la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que hay eventos en los cuales no
es necesario realizar la solicitud previa de rectificación para que la tutela
sea procedente, por ejemplo, cuando la información publicada es veraz,
pero expone elementos propios de la vida íntima de las personas, afectando el
derecho a la intimidad. Así, lo ha determinado la Corte en pronunciamientos
anteriores, al revisar casos en los que el medio de comunicación accionado: (i)
reveló detalles íntimos de la familia del menor de edad que había sido víctima
de una agresión sexual; (ii) divulgó elementos que permitieron la
identificación de unos niños en un proceso policivo; y (iii) publicó datos de
una investigación penal seguida en contra de un ex funcionario público, por
abuso sexual en contra de un menor de edad,
facilitando la identificación de la víctima.
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Reiteración de jurisprudencia
LIBERTAD DE PRENSA Y SU RELACION CON LOS DERECHOS
A LA HONRA, AL BUEN NOMBRE, A LA INTIMIDAD Y A LA RECTIFICACION-Reiteración de jurisprudencia
LIBERTAD DE PRENSA Y DE INFORMACION-Contenido y alcance
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad
La Corte ha señalado que, en virtud del principio
de veracidad, (i) la información
no sólo tiene que ver con el hecho de que no sea falsa o errónea, sino también
con (ii) el hecho de que no sea equívoca; esto es, que no se base en “invenciones,
rumores o meras malas intenciones” o que no induzca “a error o
confusión al receptor”. Igualmente, (iii)
se considera inexacta la información, y por ende violatoria del principio de
veracidad, cuando es presentada como un hecho cierto e indiscutible,
correspondiendo en realidad a un juicio de valor o a una opinión del emisor, o
cuando los hechos de carácter fáctico que enuncia no pueden ser verificados.
Por otro lado, en lo que respecta al principio de
imparcialidad, esta Corte ha
determinado que, además de constituir un límite a la libertad de información y,
por consiguiente, a la libertad de prensa, es una exigencia ligada únicamente “al
derecho del público a formarse libremente una opinión, esto es, a no recibir
una versión unilateral, acabada y "pre-valorada" de los hechos que le
impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios,
expuestos objetivamente”.
MEDIOS DE COMUNICACION-Responsabilidad
social
DERECHO A LA RECTIFICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
La
rectificación en condiciones de equidad es un derecho fundamental autónomo, con
un contenido propio que permite diferenciarlo de otros derechos. En particular,
el derecho a la rectificación, consagrado en el artículo 20 Superior, procura a
través de una solicitud ante el medio de comunicación, el restablecimiento de
la veracidad e imparcialidad en la información, y en efecto, la protección de
la honra y el buen nombre del afectado.
LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHOS DE MENORES DE EDAD-Reiteración de jurisprudencia
Aunque los medios de comunicación poseen el
derecho a publicar información relacionada con menores de edad, tal
prerrogativa va ligada al cumplimiento estricto de ciertas cargas derivadas de
su responsabilidad social, tales como, (i) el deber de emitir información
cierta, objetiva y oportuna; (ii) el deber de ser diligentes y cuidadosos en la
divulgación de información que involucre situaciones atinentes a la vida íntima
de los niños y de sus familias. Lo anterior, teniendo en cuenta que, aun siendo
verdadera, la publicidad y la forma de presentar determinada información puede
violar los derechos fundamentales de los allí involucrados, implicando daño a
la intimidad, la honra y el buen nombre.
INDEMNIZACION EN
ABSTRACTO CUANDO SE VULNERA EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS-Requisitos
La
indemnización en abstracto solo puede concederse cuando el juez constitucional
verifica de manera estricta que se cumplen los requisitos previstos en el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. Una vez acreditados, el juez de tutela
está facultado para ordenar la condena in genere del perjuicio moral ocasionado por la
violación a la intimidad del menor, para lo cual, seguirá el procedimiento
dispuesto en la norma precitada y las condiciones fijadas por la jurisprudencia
de esta Corte en casos análogos relacionados con la protección al derecho a la
intimidad de menores de edad.
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Orden a grupo editorial,
si aún no lo ha hecho, rectificar en condiciones de equidad la información
contraria al principio de veracidad publicada en diario en relación con
accionante
DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA HONRA DE MENOR-Condenar en abstracto a periódico, a pagar y reparar integralmente los
perjuicios morales causados a menor de edad por publicación de noticia sobre
abuso sexual
Referencia: Expedientes Acumulados
T-6.433.282 y T-6.442.273
Acciones de tutela interpuestas por (i)
Santos Aguillón Guarín, por intermedio de apoderado judicial, contra el Grupo
Editorial El Periódico de los Colombianos S.A.S (T-6.433.282); y (ii) AA, en
calidad de Defensora de Familia y en representación de la menor de edad BB,
contra el periódico QHubo (T-6.442.273).
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil
dieciocho (2018)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, José Antonio
Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
Anotación preliminar
En cuanto al proceso T-6.442.273, es importante
mencionar que los hechos que ocupan la atención de la Sala versan sobre la
posible vulneración del derecho a la intimidad de una menor de edad de dos (2)
años, como consecuencia de la publicación de una noticia, en la que el medio de
comunicación, presuntamente, involucró a dicha menor en un caso de abuso
sexual.
Con base en lo dispuesto por la Corte en materia de
protección de los derechos fundamentales de las niñas y los niños, y con el
propósito de prevenir las eventuales
consecuencias negativas para la intimidad de la menor de edad involucrada en
esta situación, la Sala dispondrá suprimir de esta providencia y de toda
futura publicación de la misma, su nombre y los de sus familiares, al igual que
los datos e informaciones que permitan su identificación[1].
A.
LAS DEMANDAS
DE TUTELA ACUMULADAS[2]
1.
En el caso
T-6.433.282, el señor Santos Aguillón Guarín interpuso acción de tutela contra el
Grupo Editorial El Periódico de los Colombianos S.A.S, con el propósito de
obtener el amparo de sus derechos al buen nombre, a la honra, a la
rectificación y al derecho de petición, los cuales considera que fueron
vulnerados con la noticia publicada el dieciséis (16) de enero de 2017, en la
cual se informó que la Policía Nacional, presuntamente, le había incautado un
arma de fuego por encontrarse en estado de embriaguez.
2.
Con relación al
proceso T-6.442.273, la señora AA, en calidad de Defensora de Familia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, el “I.C.B.F.”)
y actuando en representación de la menor de edad BB, presentó acción de tutela
contra el Periódico QHubo, con el fin de obtener la protección de los derechos
a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la integridad moral de su
representada. A juicio de la tutelante, el medio de comunicación accionado
violó los derechos invocados, al haber publicado, el ocho (8) de mayo de 2017,
una noticia en la que, aparentemente, fue suministrada información que permitió
identificar a la mencionada menor de edad en un caso de presunto abuso sexual.
B.
HECHOS
RELEVANTES DEL EXPEDIENTE T-6.433.282
3.
Manifestó el señor
Santos Aguillón Guarín que, el catorce (14) de enero de 2017, en el municipio
de Jericó (Boyacá), el carro de su hijo colisionó con otro vehículo y que
estando ahí, llegó un agente de la Policía Nacional, quien les pidió los
documentos de identidad y que ante la pregunta de si se encontraba armado,
contestó afirmativamente e hizo entrega de su pistola marca Walther P99,
calibre 9 mm[3].
4.
En la edición del
dieciséis (16) de enero de 2017, el Diario Extra, que circula en algunos
municipios del departamento de Boyacá, publicó una noticia con el título “BORRACHO
Y ARMADO”, en la cual informó que, en la carrera 4 No. 3 – 72 del municipio
de Jericó (Boyacá), agentes de la Policía Nacional incautaron al señor “Santos
Aguilón Guarín” una pistola marca Walther P99 calibre 9 mm, por presentar “señales
de alicoramiento”. El titular de la nota, junto con una fotografía de un
hombre detenido por la policía, se encontraba ubicada en la parte inferior
izquierda de la primera página del periódico, mientras que el desarrollo de los
hechos se localizó en la parte inferior de la página tres (3) del diario, en la
sección judicial[4].
5.
El veintiuno (21) de
marzo de 2017, el accionante, por intermedio de apoderado judicial, presentó
ante el Grupo Editorial El Periódico de los Colombianos S.A.S., propietario del
Diario Extra, solicitud de rectificación de la información contenida en la nota
del dieciséis (16) de enero del mismo año, para que se procediera a indicar que
este “[j]amás fue detenido, que no consumió bebidas embriagantes, y
que no se encontraba en la vía pública haciendo actividades delictuales, ni que
contravinieran el Código de Policía”[5].
6.
La entidad accionada
no respondió a la solicitud de rectificación presentada por el accionante.
7.
Por lo anterior, el
nueve (9) de mayo de 2017, el señor Santos Aguillón Guarín, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el medio de comunicación
mencionado, al considerar que la no rectificación de la información contenida
en la edición del Diario Extra, del dieciséis (16) de enero de 2017, y la falta
de respuesta a la solicitud de rectificación presentada el veintiuno (21) de
marzo del mismo año, vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, a la
honra, a la rectificación y al derecho de petición. Adicionalmente, señaló que
no es cierto lo informado por el medio accionado, puesto que, mediante la
Resolución No. 0031 del veintinueve (29) de marzo de 2017, el Comandante de
Policía del departamento de Boyacá[6], revocó la resolución por medio de la
cual se dispuso el decomiso de la pistola, al encontrar que “no existen
pruebas de que el presunto infractor consumiera bebidas embriagantes y el mismo
no posee antecedente alguno con relación al uso y porte del arma referenciada”[7].
En consecuencia, solicitó al juez de tutela que (i) ordene al medio
accionado realizar la rectificación de la información en los mismos términos
que publicó la noticia (tamaño del aviso, número de página y día lunes). Así
mismo, (ii) realice dicha rectificación en un medio televisivo de amplia
audiencia y, (iii) dé respuesta a la solicitud de rectificación presentada el
veintiuno (21) de marzo de 2017[8].
C.
RESPUESTA DE
LA ENTIDAD ACCIONADA Y TERCERO VINCULADO
Accionado: Grupo Editorial El Periódico de los Colombianos S.A.S.
8.
El gerente del medio
de comunicación accionado, solicitó negar las pretensiones del accionante, bajo
el argumento de que la nota periodística cuestionada y la foto que la acompaña,
no hace referencia al señor Santos Aguillón Guarín. En ese sentido, adujo que
la información contenida en dicha noticia se refiere exclusivamente al señor “Santos
Aguilón Guarín”, persona diferente a quien ahora reclama el amparo.
9.
Por otro lado, afirmó
que no es cierto lo alegado por el demandante en cuanto que no se dio respuesta
a la solicitud de rectificación. Para tal efecto, aportó copia del oficio con
fecha del veinticuatro (24) de marzo de 2017, mediante el cual el representante
legal del medio accionado, negó dicha solicitud bajo el argumento de que la
noticia no lo involucra de ninguna manera. Manifestó en dicha respuesta que el
tutelante no aportó con dicha petición el material probatorio suficiente para
demostrar que la información suministrada vulneró sus derechos fundamentales al
buen nombre y a la honra. Adujo que la nota no identifica plenamente al actor,
pues no fueron suministrados datos sobre su fisionomía, edad, número de
identidad, nombre, entre otros. Agregó que la foto incluida en la publicación
no es del peticionario, sino de un homónimo que coincide con circunstancias de
tiempo, modo y lugar de los hechos[9].
Tercero vinculado: Policía Nacional – Comandante del departamento de
Boyacá
10.
El Comandante de
Policía del departamento de Boyacá, solicitó al juez de tutela que niegue las
pretensiones del actor, en razón a que la presunta violación de los derechos
fue endilgada exclusivamente al medio de comunicación accionado.
11.
No obstante,
manifestó que no era cierta la información publicada por el medio de
comunicación sobre la incautación del arma de fuego al actor, por cuanto, “no
corresponden a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue
incautado dicho elemento, ya que el procedimiento se fundamentó en el Decreto
2535 de 1993, artículo 83, literal a, el cual reza así: ‘Consumir licor o
sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos en lugares
públicos’”[10].
D.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Civil
del Circuito de Bogotá D.C., el diecinueve (19) de mayo de 2017
12.
El Juzgado Dieciocho
Civil del Circuito de Bogotá D.C., tuteló el derecho de petición del señor
Aguillón Guarín y, en consecuencia, ordenó al medio de comunicación accionado
que, en el término de los diez (10) siguientes a la notificación de esta
providencia, pusiera en conocimiento del actor la contestación emitida el
veinticuatro (24) de marzo de 2017 frente a la petición que fue radicada el
veintiuno (21) de ese mismo mes y año. Así mismo, desvinculó del proceso a la
Policía Nacional.
13.
Para arribar a esta
decisión, el a quo analizó dos aspectos: la violación del derecho de petición
y la afectación de los derechos al buen nombre y la honra. En cuanto al primer
tema, señaló que el Diario Extra, a pesar de que allegó copia del oficio del
veinticuatro (24) de marzo de 2017, no acreditó haber entregado al actor dicha
respuesta. Con relación al segundo asunto, manifestó que no se tiene certeza de
que se trate de la misma persona, porque el apellido cambia en una letra, el
documento de identidad no fue suministrado. Sumado lo anterior al hecho que el
actor manifestó que no era la persona que aparecía en la foto incluida en la
noticia. Por lo demás, concluyó que esta situación genera un debate probatorio
cuyo escenario de solución no le correspondía al juez de tutela.
Incidente de desacato
14.
Mediante oficio del
catorce (14) de junio de 2017, reiterado el veintisiete (27) del mismo mes y
año, el señor Santos Aguillón Guarín, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso incidente de desacato contra el Grupo Editorial El Periódico de los
Colombianos S.A.S, argumentando que las circunstancias de tiempo, modo y lugar
que se narran en la noticia mencionada hacen referencia a su situación, sin
embargo, el medio distorsionó parcialmente algunos hechos. Adujo que la
respuesta del medio no explica quién es, supuestamente, la persona a que se
refiere la nota. En consecuencia, solicitó que, a título de rectificación, el
medio haga público lo manifestado en la respuesta a la petición, esto es, que
el actor no guarda ningún tipo de relación con la publicación realizada por el
Diario Extra, el dieciséis (16) de enero de 2017[11].
15.
El Juzgado Dieciocho
Civil del Circuito de Bogotá, en providencia del veintiocho (28) de junio de
2017, resolvió declarar improcedente el incidente de desacato, al considerar
que la entidad accionada cumplió el fallo de tutela por haber puesto en
conocimiento del actor la respuesta a la solicitud de rectificación[12].
E.
HECHOS
RELEVANTES DEL EXPEDIENTE T-6.442.273
16.
El ocho (8) de mayo
de 2017, el periódico Qhubo, que circula en el departamento del Tolima, publicó
en la primera página de su edición impresa, una noticia titulada: “¡AY DIOS
UNA MÁS”, en la cual informó que, “autoridades investigan un posible
caso de violación de una niña de dos años y 11 meses de edad en la vereda el [DD]
de [FF]. La pequeña fue remitida a Ibagué.” (Texto original en
mayúsculas). Lo anterior está acompañado de una fotografía de una niña que
tiene el rostro cubierto y se encuentra acostada en una camilla.
17.
En la página dos (2)
del periódico mencionado, se desarrolló la noticia bajo el título: “[FF].
Niña de dos años sería víctima de tocamientos. Llamada alertó abuso sexual”.
A continuación, se trascribe el reporte publicado:
“Un nuevo
caso de abuso sexual se conoció en [FF] donde la víctima sería una niña
de dos años y 11 meses de edad.
La
denuncia la hizo una persona de manera anónima y de inmediato las autoridades
acudieron a la vivienda de la menor de edad, ubicada en la vereda [DD] de la “Villa [GG]”.
De igual
manera el hecho se conoció a través de un trino que publicó el gobernador del
Tolima, Óscar Barrera a través de su cuenta de Twitter. “Seguimos alertas con
el abuso a niños y niñas que informan de un presunto caso en [FF]. No más, debemos denunciar y
estar unidos”, escribió el mandatario tolimense en la red social.
Caso. El viernes en la tarde ingresó al Hospital
La Candelaria de [FF] un
pequeña de dos años y 11 meses de edad, por un presunto abuso sexual.
La niña
ingresó con su progenitora, quien señaló que ellos viven en zona rural con el
padrastro y la hija de este.
Luego que
ella conoció que al Instituto de Bienestar Familiar hicieron una llamada
anónima donde referían que la niña era abusada sexualmente.
De igual
manera, la señora refirió que desconoce sobre un posible abuso sexual hacia su
niña.
Sin embargo,
la mujer indicó que la niña desde hace seis meses, sí tiene comportamientos que
denominó como “extraños”, como lo son tocarse los genitales, algo inusual y
anormal para la edad de la chiquilla.
Del Hospital
de [FF], donde fue
valorada por un ginecólogo, la menor de edad fue remitida (…) a psiquiatría
infantil en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.
En el centro
hospitalario de “La Musical”, donde ayer en la mañana fue valorada por un
pediatra y hoy tendrá la cita con el psiquiatra infantil.
En el
análisis preliminar de los profesionales de la salud establecieron, que la
pequeña fue manipulada sexualmente y al parecer no alcanzó a ser penetrada”. (Subrayado fuera del original).
18.
Por lo anterior, la
señora AA, en calidad de Defensora de Familia del I.C.B.F., actuando en
representación de la menor de edad, interpuso acción de tutela contra el
periódico Qhubo, solicitando la protección de los derechos fundamentales a la
intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra e integridad moral,
los cuales considera que fueron vulnerados con ocasión de la noticia que fue
publicada, en la edición impresa del periódico, el ocho (8) de mayo de 2017.
19.
La Defensora de
Familia, manifestó que (i) el periódico accionado suministró información que
permite la identificación de la niña; (ii) la madre de la menor afirmó que, a
pesar de que no se ve el rostro, la fotografía publicada en la noticia
corresponde a la menor; (iii) las afirmaciones del diario en relación a la “manipulación
sexual” no tenían prueba alguna, ni se podían extraer del resultado de los
exámenes médicos[13]; y (iv) la nota fue publicada sin la
autorización de los padres y de la Defensora de Familia, en contravía de lo
dispuesto en los numerales 3, 6 y 8 del artículo 47 del Código de Infancia y
Adolescencia (en adelante, el “C.I.A.”). Por lo demás, solicitó al juez
de tutela ordenar al periódico realizar la rectificación de la información
publicada, al considerar que “de las valoraciones médicas ordenadas, no se
concluye la afirmación que hace el periódico”; así mismo, le advierta que
los documentos anexos a la tutela deben ser utilizados exclusivamente para
rectificar la información y se abstenga de publicar noticias que afecten los
derechos a la intimidad y la honra de la menor de edad y su familia, so pena de
las sanciones correspondientes.
F.
RESPUESTA DE
LA ENTIDAD ACCIONADA Y DE LOS TERCEROS VINCULADOS
Accionado: Periódico Qhubo
20.
El representante
legal del periódico mencionado, se opuso a las pretensiones de la accionante,
al considerar que la noticia correspondía a hechos “verificados y allegados
por fuente confiable y precisa”, no suministró información exacta sobre el
nombre de la menor de edad o de sus padres, ni de su dirección de domicilio, y
la fotografía utilizada de manera ilustrativa no es de la menor, pues fue
descargada del portal web de un medio de comunicación mexicano[14]. En esa
medida, alegó que no era necesaria la autorización de los padres o la Defensora
de Familia, para publicar la noticia.
21.
Con relación a los
exámenes médicos, adujo que en ninguna parte de la nota hizo referencia a la
valoración médica realizada en el Hospital NLC. Agregó que es cierta la
información publicada sobre la manipulación sexual de la menor porque
corresponde con lo manifestado por los médicos que la atendieron en primera
instancia. Por último, agregó que, previo a la interposición de la acción de
tutela, la accionante no presentó la solicitud de rectificación ante el
periódico, lo cual impidió que se diera una explicación sobre la posible
violación de los derechos invocados.
Tercero vinculado: CC, madre de la menor de edad
22.
La señora CC, en
calidad de progenitora de la niña BB, informó que (i) vive en la vereda DD, en
la finca de su suegra, con su hija de dos (2) años, su compañero permanente y
la hija de él; (ii) el señor EE, padre de la menor, vive en la ciudad de
Ibagué; (iii) el medio accionado no pidió autorización para publicar la noticia;
(iv) la información contenida en dicha publicación es falsa, pues nunca ocurrió
manipulación sexual en contra de su hija; y (v) la niña que aparece en la
fotografía es su hija.
23.
Alegó que debido a la
publicación de la noticia, la comunidad la señala como una madre irresponsable
y a su pareja como violador, lo cual le ha quitado oportunidades laborales. En
consecuencia, solicitó ordenar al diario accionado que explique quién le
suministró la información y cómo obtuvo la fotografía de su hija.
G.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de
Familia del Circuito de “FF” (Tolima), el veintitrés (23) de mayo de 2017
24.
El Juzgado Promiscuo
de Familia del Circuito de “FF”, resolvió negar la solicitud de amparo, al
considerar que el medio de comunicación accionado fue diligente y preciso al
emitir la noticia, en tanto no individualizó a la menor de edad, ni fue
demostrado que la fotografía que aparece en la publicación del ocho (8) de mayo
de 2017, corresponda a dicha menor de edad.
Impugnación:
25.
La Defensora de
Familia impugnó el fallo de primera instancia, fundado en que el periódico
accionado omitió el deber de publicar información cierta y diligente, dado que
incluyó datos que, en el caso concreto, permitieron la identificación de la
menor de edad en un presunto caso de abuso sexual, esto es, dio información
correspondiente a la edad y lugar de residencia. Así mismo, señaló que la
entidad accionada realizó afirmaciones que no se derivan de los resultados de
los exámenes médicos. Concluyó que el medio de comunicación accionado
desconoció el deber contenido en el artículo 47 del C.I.A., al afirmar que la
menor había sido manipulada sexualmente, sin tener los medios probatorios para
hacerlo.
Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala Civil Familia de
Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el veintiuno
(21) de julio de 2017
26.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil Familia de Decisión, confirmó el
fallo impugnado, en el sentido de declarar improcedente el amparo, al
considerar que la accionante no presentó previamente la solicitud de rectificación
ante el medio de comunicación accionado, tal y como lo establece el numeral 7°
del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
H.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
27.
En el proceso T-6.433.282,
por medio del auto del veintidós (22) de febrero de 2018, el Magistrado
sustanciador, a fin de integrar en debida forma el contradictorio (art. 61,
C.G.P)[15],
dispuso oficiar al señor EE, en calidad de padre de la menor de edad, para que
se informara de la acción en curso, expresara lo que considerara pertinente y,
controvirtiera las pruebas acopiadas. No obstante, mediante oficio del seis (6)
de marzo de 2018, la Secretaría General de esta Corte informó que, vencido el
término de traslado, no se recibió comunicación alguna.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
28.
Esta
Corte es competente para conocer de estas acciones de tutela, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución
Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud
del Auto del catorce (14) de noviembre de 2017, expedido por la Sala de
Selección de Tutela Número Once de esta Corte, que decidió someter a revisión y
acumular las decisiones adoptadas por los jueces de instancia en ambos procesos,
por presentar unidad de materia.
B.
PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
29.
En virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada
jurisprudencia constitucional dictada en la materia[16] y los
artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un
carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede
excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando
existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias
del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a
un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el
accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses
a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se
produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[17].
30.
Antes de realizar el
estudio de fondo de las acciones de tutela seleccionadas y acumuladas, la Sala
procederá primero a verificar si estas cumplen los requisitos de
procedibilidad.
Procedencia
de la acción de tutela – Casos concretos
31.
Legitimación por
activa: Al regular la
acción de tutela, la Constitución establece quiénes son los legitimados para
interponerla. Dice al respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá
acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”
(subrayas fuera del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en
la causa por activa.
32.
En el proceso T-6.433.282,
el señor Santos Aguillón Guarín, titular de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados, interpuso la acción de tutela por intermedio de
apoderado judicial[18],
en los términos establecidos en el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991. Por tal motivo, la Sala concluye que en el presente caso existe
legitimación en la causa por activa.
33.
Por otro lado, en el
caso T-6.442.273, la señora AA, invocando su calidad de Defensora de
Familia del I.C.B.F., interpuso la acción de tutela, en representación de la
menor de edad. En este asunto, la Sala considera que se acredita el requisito
de legitimación en la causa por activa, por las siguientes razones: (i) es deber de todo individuo en nuestra
sociedad actuar como agente oficioso de los derechos y garantías de los niños,
niñas y adolescentes ante la vulneración o amenaza de sus derechos[19];
(ii) esta acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos de
una niña de dos (2) años de edad; y (iii) la funcionaria mencionada actuó en
defensa de los derechos de la menor de edad, en concordancia con lo anterior, y
dando cumplimiento al deber previsto en el numeral 11 del artículo 82 del C.I.A.[20].
34.
Legitimación por
pasiva: El artículo 5º
del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda
acción u omisión: (i) de las autoridades públicas, que haya violado, viole o
amenace violar un derecho fundamental, y (ii) de los particulares, que se
encuentren en los supuestos establecidos por la misma norma. En este orden, el
artículo 42 del decreto referido, dispone que la solicitud de amparo procede
contra particulares cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas
o erróneas (núm.7) y, respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión (núm.9).
35.
La Corte
Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha señalado que el estado de
indefensión, por ejemplo, se puede presentar en la relación que existe entre el
medio de comunicación y la persona involucrada en la noticia que este divulga.
Ello, en razón a que la actividad informativa que desempeñan este tipo de
organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a
diversos sectores de la sociedad, también tiene el poder de impacto social,
comoquiera que puede influir o generar determinada opinión en el conglomerado.
La Corte ha reconocido que esta situación de indefensión no requiere ser
probada, precisamente, en razón al poder de divulgación que ostentan los medios
de comunicación[21].
36.
En los casos bajo
análisis, la Sala encuentra que, con base en los antecedentes, es dado concluir
que los particulares responsables de la información emitida son los medios de
comunicación demandados quienes recolectaron, analizaron, procesaron y
divulgaron las noticias cuestionadas por los accionantes, es decir, el
Periódico Qhubo, que circula en el departamento del Tolima (T-6.442.273), y el
Grupo Editorial El Periódico de los Colombianos S.A.S., encargado de la
publicación del Diario Extra en el departamento de Boyacá (T-6.433.282). Por lo
anterior, la Sala considera que se acredita, en ambos casos, la legitimación en
la causa por pasiva.
37.
Inmediatez: Conforme a lo previsto en el artículo 86
de la Constitución Política y el alcance que le ha dado la jurisprudencia
constitucional al principio de inmediatez, la acción de tutela debe ser
interpuesta dentro de un término prudente y razonable respecto del momento en
el que presuntamente se causa la vulneración[22].
Cabe anotar que la razonabilidad del término no se valora en abstracto, sino
que corresponde al juez de tutela evaluar, a la luz de las circunstancias de
cada caso, lo que constituye un término razonable.
38.
En los casos sub
examine, la Sala observa que, en el proceso T-6.442.273, la acción de
tutela fue interpuesta en los dos (2) días siguientes a la publicación de la
noticia que, presuntamente, violó el derecho a la intimidad de la niña[23];
y en el proceso T-6.433.282, el señor Santos Aguillón Guarín, por intermedio de
su apoderado judicial, presentó la acción constitucional, aproximadamente,
dentro del mes y medio siguiente a la radicación de la solicitud de
rectificación en las instalaciones del medio de comunicación accionado[24].
Por lo anterior, es posible colegir que transcurrió un término prudente y
razonable entre la conducta que presuntamente vulneró los derechos invocados
por los tutelantes y el ejercicio de la acción constitucional.
39.
Subsidiariedad: En los casos en que la acción de tutela
se interpone contra el particular que divulga información tachada de inexacta o
errónea, el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, establece un
requisito especial de procedencia consistente en la solicitud de rectificación
previa ante el medio de comunicación. Por mandato de la norma precitada, la
acreditación de este requisito se encuentra a cargo del accionante, quien
deberá aportar con la demanda de tutela la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la petición de rectificación solicitada.
40.
No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha dispuesto que hay eventos en los cuales no es
necesario realizar la solicitud previa de rectificación para que la tutela sea
procedente, por ejemplo,
cuando la información publicada es veraz, pero expone elementos propios de la
vida íntima de las personas, afectando el derecho a la intimidad. Así, lo ha
determinado la Corte en pronunciamientos anteriores, al revisar casos en los
que el medio de comunicación accionado: (i) reveló detalles íntimos de la
familia del menor de edad que había sido víctima de una agresión sexual[25];
(ii) divulgó elementos que permitieron la identificación de unos niños en un
proceso policivo[26];
y (iii) publicó datos de una investigación penal seguida en contra de un ex
funcionario público, por abuso sexual en contra de un menor de edad, facilitando la
identificación de la víctima[27].
41.
Por lo demás, al
descender a los casos bajo estudio, observa la Sala que, en el proceso
T-6.433.282, el señor Santos Aguillón Guarín, mediante oficio del veintiuno
(21) de marzo de 2017, solicitó al Diario Extra de Boyacá la rectificación de
la información publicada en la edición impresa del dieciséis (16) de enero de
2017, al considerar que esta no era exacta y veraz. Por tal motivo, se
encuentra acreditada la condición de procedencia especial prevista en el
numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
42.
Con relación al caso
T-6.442.273, considera la Sala que, contrario a lo sostenido por el juez de
tutela de segunda instancia, la Defensora de Familia no estaba obligada a
agotar la solicitud de rectificación previa ante el Periódico Qhubo, para
interponer la acción de tutela en favor de la menor de edad representada. Lo
anterior, por cuanto la situación de la que se deriva la potencial vulneración
de los derechos fundamentales de dicha menor de edad, es análoga al supuesto en
el que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no es exigible la solicitud de
rectificación previa como condición de procedibilidad de la acción de tutela,
en aquellos casos en los que existen indicios de una posible violación del
derecho a la intimidad por la revelación de datos que permiten identificar a un
menor de edad en un presunto caso de abuso sexual; situación que se evidencia
en los hechos expuestos por la accionante.
43.
Anota
la Sala que si bien en estricto sentido la Defensora de Familia solicitó
mediante la acción de tutela la rectificación de la información publicada, en
particular, de las afirmaciones relacionadas con los resultados de los exámenes
médicos practicados a la menor; no es menos cierto que los argumentos invocados
por la accionante, principalmente, buscaban demostrar que el medio de
comunicación accionado violó el derecho a la intimidad de la menor de edad por
haber divulgado datos que facilitaron su identificación. En ese sentido, aunque
plantear la inconformidad al periódico antes de acudir a la acción de tutela
habría sido deseable, pues les habría permitido a este tomar correctivos para
preservar los derechos de la menor de edad, evitando así que la controversia
escalara a los estrados judiciales, lo cierto es que, de acuerdo con la
jurisprudencia constante de esta Corte, en el presente caso no era preciso
exigir la solicitud de rectificación previa como condición de procedibilidad de
la acción de tutela. Por las
anteriores razones, considera la Sala que, en el proceso T-6.442.273, la acción
de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad.
C.
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
44.
Acorde con los
fundamentos fácticos expuestos en la Sección I anterior de esta providencia, le
corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si:
(i)
En el proceso
T-6.433.282, el Grupo Editorial El Periódico de los Colombianos S.A.S., vulneró
los derechos al buen nombre, a la honra y a la rectificación del señor Santos
Aguillón Guarín, en primer término, al omitir dar respuesta a la solicitud de
rectificación presentada el veintiuno (21) de marzo de 2017 y, posteriormente,
al negarse a rectificar la información publicada en la edición impresa del
Diario Extra, del dieciséis (16) de enero de 2017.
(ii)
En el proceso
T-6.442.273, el periódico Qhubo vulneró los derechos fundamentales a la
intimidad personal y a la propia imagen de la menor de edad, al publicar una
noticia en la que, presuntamente, fueron divulgados datos que permitieron
identificar a dicha menor como víctima del delito de abuso sexual, y porque se
hicieron afirmaciones sobre la configuración de dicha conducta ilícita, a
partir de los exámenes médicos que fueron practicados.
43. Teniendo en cuenta que los problemas jurídicos planteados abordan
materias que han sido ampliamente reiteradas por la jurisprudencia
constitucional, la Sala procederá a motivar brevemente esta providencia, en
aplicación de lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991[28].
Para tal efecto, reiterará la doctrina constitucional en torno a los siguientes
temas: (i) libertad de prensa, como manifestación de la libertad de expresión y
de información; (ii) los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a
la intimidad; (iii) el derecho fundamental a la rectificación; y (iv) los
límites del ejercicio a la libertad de prensa frente a los derechos de los
menores de edad. Con base en ello, la Sala procederá a resolver los casos
concretos.
D.
LA LIBERTAD DE
PRENSA, SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA HONRA, EL BUEN NOMBRE Y LA INTIMIDAD,
Y EL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Libertad de expresión: ejercicio de la libertad de
información por parte de la prensa
44.
La
Corte ha establecido que la libertad de expresión constituye una categoría
genérica que agrupa diversos derechos y libertades[29],
entre los cuales se destacan, por su importancia para el presente análisis, la libertad de información y la libertad de prensa[30]. La primera,
entendida como aquella que protege la libertad de buscar, transmitir y
recibir información veraz e imparcial sobre “hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos,
funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el
receptor se entere de lo que está ocurriendo[31],
mientras que la segunda, se relaciona con la posibilidad que tiene toda persona
de difundir información y opiniones a través de los medios masivos de
comunicación, sean tradicionales o modernos, así como el derecho a fundar y
mantener en funcionamiento tales medios[32].
45.
La
libertad de prensa, en tanto manifestación de la libertad de expresión y
elemento esencial para la existencia de la democracia[33],
goza, prima facie, de un estatus de prevalencia frente a otros derechos,
e impone a quien la ejerce (individuos o medios de comunicación) una
responsabilidad social que tiene diferentes connotaciones[34].
De ahí que, en relación con la transmisión de informaciones sobre hechos, los
medios están particularmente sujetos, entre otros, a los parámetros de (i)
veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre informaciones y opiniones[35],
y (iii) garantía del derecho de rectificación.
46.
Con
relación al primer parámetro, es importante señalar que los principios de
veracidad e imparcialidad constituyen, por un lado, un límite para quien ejerce
como medio de comunicación y, por otro, una garantía para los receptores de la
información. En cuanto a su contenido y alcance, la Corte ha señalado que, en
virtud del principio de veracidad, (i) la información no sólo tiene que
ver con el hecho de que no sea falsa o errónea, sino también con (ii) el hecho
de que no sea equívoca[36]; esto es, que no se
base en “invenciones, rumores o meras malas intenciones”[37] o que no induzca “a
error o confusión al receptor”[38]. Igualmente, (iii) se
considera inexacta la información, y por ende violatoria del principio de
veracidad, cuando es presentada como un hecho cierto e indiscutible,
correspondiendo en realidad a un juicio de valor o a una opinión del emisor, o
cuando los hechos de carácter fáctico que enuncia no pueden ser verificados[39]. Por otro lado, en lo
que respecta al principio de imparcialidad, esta Corte ha determinado
que, además de constituir un límite a la libertad de información y, por
consiguiente, a la libertad de prensa, es una exigencia ligada únicamente “al
derecho del público a formarse libremente una opinión, esto es, a no recibir
una versión unilateral, acabada y "pre-valorada" de los hechos que le
impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios,
expuestos objetivamente”[40].
47.
Por
lo demás, la jurisprudencia constitucional ha concluido que el medio de
comunicación, en razón a la responsabilidad social que le asiste, tiene la
obligación de suministrar información veraz e imparcial, que garantice la
formación de una opinión pública libre de intereses particulares, que respete
los derechos fundamentales de la persona centro de la información y que
reivindique el ejercicio de la actividad periodística[41].
En una sociedad en la que el poder de impacto de los medios de comunicación va
en ascenso, la divulgación de una noticia falsa, inexacta, errada o
parcializada, no solo distorsiona el objeto de la libertad de prensa, sino que
también puede generar daños irreparables en los derechos al buen nombre, a la
honra e intimidad del ciudadano sobre el que versa la información[42].
Derechos a la honra, al buen nombre y a la intimidad
48.
Por
lo anterior, es de suma importancia reiterar que el derecho genérico a la
libertad de expresión, en su manifestación específica de libertad de prensa, no
es absoluto, sino que encuentra límites razonables en el respeto por los
derechos fundamentales mencionados en precedencia, a saber: (i) la honra,
previsto en el artículo 21 de la Constitución Política y definido
por la Corte como “la estimación o deferencia
con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la
colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por
consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el
valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”[43]; (ii) el buen nombre, contenido en el artículo 15
Superior, el cual guarda relación directa con el derecho a la honra, pero se
diferencia de este último, en que se concibe como “la reputación, o
el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho
frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o
injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”[44];
y (iii) la intimidad, también comprendido por el artículo 15 de la Carta
y que ha sido entendido por esta Corte como “[la] esfera de protección del
ámbito privado del individuo y de su familia, la cual se traduce en una
abstención de conocimiento e injerencia en aquella órbita reservada que le
corresponde a la persona y que escapa al conocimiento público y, por tanto, no
debe ser materia de información suministrada a terceros ni de intervención o
análisis de grupos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones”[45].
Derecho fundamental a la rectificación
49.
En
el supuesto de que la publicación de información falsa o parcializada derive en
la violación de alguno de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra
y a la intimidad, la persona afectada tiene el derecho fundamental a obtener
del medio de comunicación, la rectificación de aquello que es contrario a la
veracidad o que resulta ser una exposición sesgada o parcializada de los hechos[46].
Es importante mencionar que, por mandato del artículo 20 de la Carta, la
rectificación debe realizarse en condiciones de equidad, lo cual, se cumple
cuando (i) la noticia y su rectificación deben tener un despliegue informativo
equivalente[47]; (ii) el medio de comunicación
reconoce la equivocación; (iii) se hace oportunamente y; (iv) siempre y
cuando el medio no se limite a difundir lo que dice la persona o entidad que ha
sido perjudicada con la información[48].
50.
En
cuanto a la carga de la prueba, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que recae sobre la persona interesada en obtener la rectificación de la
información y no sobre el medio de comunicación. En ese sentido, esta Corte ha
reiterado que, “basta con que la persona afectada logre demostrar que
la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación;
o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla”[49]
(subrayado fuera del texto original).
51.
Por
otro lado, es pertinente mencionar que, con excepción de lo que ocurre cuando
la información es divulgada por televisión[50], el ordenamiento jurídico no fija
un plazo específico para que el afectado presente la solicitud de rectificación
ante el medio de comunicación, ni establece un término para que este último
responda. No obstante, bajo la premisa de que la falta de regulación específica
no puede dejar en suspenso la eficacia de un derecho fundamental, esta Corte ha
considerado en reitera jurisprudencia que, con el propósito de materializar el
mandato del artículo 20 de la Constitución en lo atinente al derecho a la
rectificación, el medio de comunicación está obligado a dar respuesta a la
solicitud de rectificación dentro de un plazo que resulte razonable de cara a
las circunstancias del caso concreto. Así mismo, las respuestas del medio deben
sustentarse de forma clara y concreta.
52.
En
ese orden, sobre la oportunidad con la que la rectificación debe ser efectuada
para que cumpla con su cometido de garantizar la protección efectiva de los
derechos de quien ha sido afectado por una información errónea, esta Corte ha
señalado que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término
razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa
verificación de los hechos”[51].
53.
Por
lo demás, se colige que la rectificación en condiciones de equidad es un
derecho fundamental autónomo[52], con un contenido propio que
permite diferenciarlo de otros derechos. En particular, el derecho a la
rectificación, consagrado en el artículo 20 Superior, procura a través de una
solicitud ante el medio de comunicación, el restablecimiento de la veracidad e
imparcialidad en la información, y en efecto, la protección de la honra y el
buen nombre del afectado[53].
E.
LA LIBERTAD DE PRENSA Y LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD. REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA
54.
El ejercicio
de la libertad de información por parte de la prensa frente a los derechos de
los menores de edad, entran en conflicto especialmente, cuando se divulgan
noticias sobre su participación en delitos o la comisión de estos en su contra.
En estos casos, la reiterada jurisprudencia de esta Corte ha establecido que, prima
facie, existe una primacía de los derechos de estos sujetos de especial
protección constitucional frente al ejercicio de las libertades de expresión y
de prensa; advirtiendo que, ello no supone que se prohíba el desarrollo de dichas libertades, sino
que estrictamente comporta una regulación de su ejercicio para que no se
acceda, sin control, a la intimidad de este grupo de la población[54].
55.
Los instrumentos de
derecho internacional[55],
el ordenamiento jurídico interno[56]
y la jurisprudencia constitucional[57]
regulan las condiciones mínimas para el ejercicio de la libertad de expresión,
en su faceta a la libertad de prensa, cuando se ven involucrados los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes.
En particular, las fuentes precitadas han establecido que, aunque los
medios de comunicación poseen el derecho a publicar información relacionada con
menores de edad, tal prerrogativa va ligada al cumplimiento estricto de ciertas
cargas derivadas de su responsabilidad social, tales como, (i) el deber de emitir
información cierta, objetiva y oportuna; (ii) el deber de ser diligentes y
cuidadosos en la divulgación de información que involucre situaciones atinentes
a la vida íntima de los niños y de sus familias. Lo anterior, teniendo en
cuenta que, aun siendo verdadera, la publicidad y la forma de presentar
determinada información puede violar los derechos fundamentales de los allí
involucrados, implicando daño a la intimidad, la honra y el buen nombre.
56.
Por lo demás, la
Corte ha determinado que, so pena de incurrir en una violación del derecho a la
intimidad, los medios de comunicación deben tener especial cuidado cuando
publiquen noticias sobre la comisión de delitos sexuales en contra de menores
de edad y, en especial, abstenerse de revelar elementos o datos que permitan su
identificación como víctima[58].
Vale resaltar que, aunque es de suma importancia informar a la
comunidad sobre este tipo de casos para promover su prevención, el interés
superior del menor (art. 44, C.P.) y la responsabilidad social que le asiste al
medio de comunicación (art. 20, C.P.), le impone a este último la carga de
evitar cualquier clase de sensacionalismo en el manejo de contenidos referentes
a la infancia y la ejecución de delitos sexuales en su contra, entiéndase
informes periodísticos apresurados o imprecisos, tergiversación de datos
oficiales, señalamientos sin fundamento, etc.[59]
F.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA INDEMNIZACIÓN EN ABSTRACTO O IN GENERE CUANDO SE
VULNERA EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
57.
El
Decreto 2591 de 1991, en su artículo 25[60], prevé que, en el marco del
proceso de tutela, el juez constitucional está facultado para ordenar la
indemnización en abstracto por el daño emergente causado, solo si ello es
indispensable para asegurar el goce efectivo del derecho vulnerado.
58.
La
jurisprudencia reiterada y pacífica de este Tribunal ha enfatizado en que, el
ejercicio de la facultad prevista en la disposición precitada es excepcional,
debido a que la acción de tutela no tiene un carácter indemnizatorio,
pecuniario ni reparatorio[61]. Por esta razón, la
posibilidad de ordenar la indemnización en abstracto a través la acción de
tutela, se limita a casos excepcionales y siempre que se verifique el
cumplimiento de los siguientes requisitos: “i) que la indemnización sea
necesaria para el goce del derecho, ii) que el afectado no cuente con otro
medio de defensa judicial; y, iii) que la violación sea manifiesta y provenga
de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria”[62].
59.
Unido
a ello, en numerosos
pronunciamientos esta Corte ha reiterado que “tratándose del perjuicio debe
existir una prueba mínima sobre su ocurrencia la cual se define conforme al
concepto de daño emergente previsto en el artículo 1614 del Código Civil. A
partir de estos elementos se colige que la indemnización en abstracto se limita
al perjuicio o pérdida que proviene de la vulneración del derecho fundamental”[63].
60.
Con
base en lo anterior, y de manera excepcional, este Tribunal ha ordenado la
indemnización en abstracto en contra de medios de comunicación, cuando ha
constatado que de la violación del derecho a la intimidad de menores de edad se
deriva un perjuicio moral. Por ejemplo, en la sentencia T-611 de 1992, la Corte
confirmó la condena en abstracto que decretó el juez de segunda instancia, en
contra de diferentes periódicos y en favor de la esposa y las hijas de un
conocido cantante que fue asesinado en extrañas circunstancias. En esta
ocasión, el perjuicio moral se encontró acreditado por el hecho de que los
medios de comunicación habían invadido la intimidad de las menores, al publicar
numerosas noticias en la que fueron revelados datos de su vida privada y
familiar, con el fin de explotar publicitariamente el homicidio de su padre.
61.
Posteriormente,
en la sentencia T-439 de 2009, esta Corporación conoció de la acción de tutela
interpuesta por una señora para obtener la protección de sus derechos a la
intimidad, la honra, el buen nombre y a la imagen, los cuales consideraba
vulnerados por dos medios de comunicación que divulgaron una entrevista suya en
un documental que tenía por objeto informar, entre otras cosas, sobre el
conflicto armado en Colombia. Entre los tópicos abordados en esta oportunidad,
fueron estudiados los efectos que había tenido la publicación realizada por los
medios en la vida privada de los hijos de la tutelante, encontrando que “[l]a
divulgación del reportaje con datos desuetos de la vida privada de la
accionante,  y especialmente las modalidades visuales- imagen y voz empleadas
en este caso, vulneraron y afectaron, sin duda, la intimidad personal y
familiar  de los hijos menores de edad de la señora”. Teniendo en
cuenta lo anterior, y el informe de una psicóloga que acreditó la afectación a
la estabilidad emocional de los niños, la Corte ordenó “la indemnización de
los perjuicios y del daño emergente causados a la accionante y a su familia,
con este acto lesivo a sus derechos tutelados”.
62.
Por último, en la sentencia T-496 de
2009 se estudió una acción de tutela que planteaba un problema jurídico similar
al que ahora ocupa la atención de la Sala. En esta ocasión, este Tribunal revisó la solicitud de
amparo elevada por una señora, en nombre propio y en representación de su
nieta, contra dos periódicos que publicaron noticias en las cuales se informó
que la menor había sido víctima de un delito de abuso sexual por parte de la
pareja de la accionante. La tutelante alegó que los medios accionados habían
(i) revelado su identidad y la de su nieta, pese a que no les fue solicitada
autorización para ello; además, (ii) que divulgaron hechos inexactos, en tanto,
afirmaron que existió violación, cuando los dictámenes de Medicina Legal
determinaron otra cosa. En consecuencia, solicitó que los diarios demandados
procedieran a corregir la información y que pagaran a su favor y de su nieta
una indemnización, por la violación de sus derechos fundamentales.
63.
Aunque la accionante
–abuela de la niña- indicó que la información era errada, el problema
constitucional que ocupó la atención de la Corte fue la develación de la
identidad de la menor y de su familia. Al respecto, concluyó que los diarios
accionados aprovecharon el comunicado de prensa de las autoridades oficiales y
divulgaron información que permitió la identificación de la menor víctima del
delito sexual, razón por la cual, consideró que era procedente la concesión del
amparo deprecado.
64.
De igual modo, esta
Corte reconoció, en el caso concreto, la indemnización en abstracto solicitada
por la accionante. Para ello, en primer término, reiteró los requisitos que
exige la jurisprudencia para que proceda de manera excepcional la
condena en abstracto, prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 (ver supra,
numeral 58). Luego, al descender al caso concreto, determinó que los requisitos
enunciados fueron acreditados, comoquiera que (i) la tutela representa el medio
más expedito para proteger los derechos vulnerados a la accionante y su menor
nieta, y no se observa la existencia de otro medio que tenga la idoneidad y
eficacia para perseguir la indemnización correspondiente; y (ii) la vulneración
del derecho es manifiesta y consecuencia de una actuación arbitraria e
injustificada frente a los derechos de la menor, en tanto se demostró que la
situación afrontada por los hechos ocurridos y el rechazo intransigente del que
fueron objeto aquellas, les produjo tristeza, dolor y vergüenza frente a las
personas con las que interactúan. En esa medida, este Tribunal señaló que
resultaba “necesario indemnizar en abstracto los perjuicios morales sufridos
por la peticionaria y su nieta representados en el dolor, sufrimiento y
vergüenza ocasionados por las publicaciones del Diario del Huila y La Nación de
la ciudad de Neiva, que publicaron una noticia relacionada con unos sucesos que
las afectan.”
65.
En consecuencia,
concluyó que “la reparación integral debe estar a cargo de los medios
escritos de comunicación de Neiva Diario del Huila y La Nación,
proporcionalmente a la responsabilidad que a cada uno le corresponda, y será
decidida [por el Juzgado Civil del Circuito de Neiva (reparto), mediante
trámite incidental]  dentro del término máximo de seis (6) meses siguientes
al recibo de la comunicación respectiva, para lo cual la Secretaría General de
esta corporación remitirá inmediatamente copia de toda la actuación surtida en
esta tutela.”
66.
A partir de lo
anterior, es dado colegir que la indemnización en abstracto, en casos de
violación a la intimidad de los menores de edad, siempre que estuviesen
probados los términos que se expusieron anteriormente (ver supra,
numeral 58), es una medida excepcional. Así, la indemnización en
abstracto solo puede concederse cuando el juez constitucional verifica de
manera estricta que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991. Una vez acreditados, el juez de tutela está facultado
para ordenar la condena in genere del perjuicio moral ocasionado por la
violación a la intimidad del menor, para lo cual, seguirá el procedimiento
dispuesto en la norma precitada y las condiciones fijadas por la jurisprudencia
de esta Corte en casos análogos relacionados con la protección al derecho a la
intimidad de menores de edad.
G.
SOLUCIÓN DE
LOS CASOS CONCRETOS
Expediente T-6.433.282: Acción de tutela presentada
por Santos Aguillón Guarín, por intermedio de apoderado judicial, contra Grupo
Editorial El Periódico de los Colombianos S.A.S.
67.
En
el asunto sub examine, la Sala observa que la noticia publicada por el
Diario Extra, en la edición impresa del dieciséis (16) de enero de 2017,
presenta como un hecho cierto que, las autoridades del municipio de Jericó
atendieron un requerimiento de la comunidad, por presuntos disturbios, en el
cual encontraron al señor “Santos Aguilón Guarín” armado y con “señales
de alicoramiento”. Informó la nota de prensa que, por lo anterior y con el
fin de evitar riñas, las autoridades procedieron a incautar la pistola marca
Walther P99 calibre 9 mm, que portaba el sujeto mencionado (ver supra,
numeral 3).
68.
Por
su parte, el señor Santos Aguillón Guarín, por intermedio de apoderado
judicial, solicitó ante el medio de comunicación y, luego, ante el juez de
tutela, la rectificación de la noticia mencionada, al considerar que la
información divulgada por el periódico accionado es falsa (ver supra,
numerales 5 a 7). Ello, fundado en que
la resolución por medio de la cual la Policía Nacional ordenó la devolución del
arma de fuego, demuestra que no se encontraba en estado de embriaguez, ni
tampoco cometiendo actividades delictuales en vía pública (ver supra,
numeral 11). No obstante, el
periódico accionado, en el trámite de la primera instancia, aportó la respuesta
a la solicitud de rectificación, en el sentido de negar lo pretendido por el
accionante, bajo el argumento de que la nota no se refería a él (ver supra, numerales 8 y 9).
69.
Por lo anterior,
corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si el Grupo Editorial El
Periódico de los Colombianos S.A.S., vulneró los derechos al buen nombre, a la
honra y a la rectificación del señor Santos Aguillón Guarín, en primer término,
al omitir dar respuesta a la solicitud de rectificación presentada el veintiuno
(21) de marzo de 2017 (ver supra, numeral 5 y 6) y, posteriormente, al negarse a rectificar la
información publicada en la edición impresa del Diario Extra, del dieciséis
(16) de enero de 2017. Para tal efecto, es necesario verificar si la forma en la que
fue presentada la noticia se ajustó o no a los principios de veracidad e
imparcialidad de la información y, en consecuencia, si había mérito para
acceder a la rectificación solicitada.
70.
La
Sala encuentra que, contrario a lo sostenido por el juez de tutela de primera
instancia, el medio de comunicación sí estaba obligado a rectificar los hechos
divulgados en la edición del dieciséis (16) de enero de 2017, por haber
desconocido el principio de veracidad. Como fue señalado en el fundamento
jurídico 46 de esta providencia, la
responsabilidad social prevista en el artículo 20 de la Carta, impone a los
medios el deber de publicar información cierta, exacta e inequívoca, lo que de
suyo implica no inducir a error al receptor de la noticia. En el caso concreto,
el Diario Extra desconoció esta obligación específica, al haber presentado la
nota de prensa, en un sentido en el que no era posible determinar el sujeto
respecto del cual versaban los hechos relatados.
71.
Por
un lado, el medio accionado aseguró que la nota no hacía referencia al actor, y
por el otro, el señor Santos Aguillón Guarín afirmó que los hechos publicados
lo involucraban directamente. Al respecto, la Sala advierte que el periódico
introdujo elementos que generan duda respecto de la identidad de la persona en
la que se centra la noticia, puesto que, al mismo tiempo que utilizó una
fotografía que no correspondía con la fisionomía del accionante, decidió
incluir datos que permitieron al lector relacionar a este último con la
información noticiosa, por ejemplo, (i) el lugar donde ocurrieron los hechos
(Calle 4 No. 3 – 72 del municipio de Jericó); (ii) la marca del arma incautada
(Walther P99 calibre 9 mm); y (iii) el nombre del accionante, el cual, tan solo
difiere en una letra del sujeto mencionado en la noticia[64].
72.
De esta
forma, contrario a lo sostenido por el juez de primera instancia en cuanto al
amparo del derecho de petición, la Corte considera que el Diario Extra, además
de incumplir con las cargas correlativas al ejercicio de la libertad de prensa,
en particular, la de informar hechos exactos e inequívocos, vulneró el derecho
fundamental a la rectificación del señor Santos Aguillón Guarín. Ello, por
no haber respondido dentro de un plazo razonable la solicitud de rectificación
presentada el veintiuno (21) de marzo de 2017 y, en efecto, por abstenerse
de poner en conocimiento del afectado las razones claras y concretas por las
cuales no consideraba procedente realizar la corrección de la nota publicada.
Con esta conducta irregular el responsable de la divulgación impidió, en un
primer momento, la garantía del derecho a la rectificación del accionante.
73.
Posteriormente,
el medio de comunicación demandado perpetuó la violación del derecho
fundamental a la rectificación, al haber manifestado en la contestación de la
acción de tutela, que no procedía la corrección de la información imprecisa que
había publicado como un hecho cierto, ello, bajo un argumento que, como se
demostró, carece de todo fundamento fáctico. En efecto, aunque el diario
aseveró que la publicación no era susceptible de ser rectificada porque los
hechos narrados eran ciertos y no se ocupaban de la situación del accionante,
la Sala encuentra que, los elementos de juicio aportados al proceso y el texto
de la noticia acusada, demuestran que la forma en la que fue presentado el
reportaje desconoció el principio de veracidad, en su componente, de
proporcionar información exacta e inequívoca.
74.
Unido
a lo anterior, estima la Sala que la conducta objeto de reproche
constitucional, también derivó en la violación de los derechos fundamentales al
buen nombre y a la honra del actor, comoquiera que fue etiquetado por su
comunidad como un “borracho” e infractor de la ley[65],
pese a que, como fue demostrado con antelación, no existe plena certeza de que
lo informado corresponde a la situación del accionante. De hecho, si en gracia
de discusión se aceptara que el señor Aguillón Guarín es el mismo sujeto al que
se refiere la noticia, existe prueba de que la incautación del arma no se
produjo porque aquel estuviera en estado de embriaguez o “alicoramiento”[66],
lo que de suyo, también causaría eventualmente la vulneración de los derechos
anotados.
75.
Sobre
la base de lo anterior, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera
instancia que amparó el derecho de petición y, en su lugar, tutelará los
derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la rectificación del
accionante. En consecuencia, ordenará al medio de comunicación accionado que,
en caso de que no lo hubiese hecho aún, rectifique en condiciones de equidad la
información contraria al principio de veracidad que fue publicada en la edición
del dieciséis (16) de enero de 2017. Para tal efecto, deberá publicar en las
mismas condiciones de la noticia precitada, por lo menos, (i) que incurrió en
un error al divulgar información inexacta y equívoca y, (ii) lo que sostuvo
bajo la gravedad de juramento en la contestación de la acción de tutela, esto
es, que el accionante, “no guarda ningún tipo de relación con la nota
publicada en nuestra edición del dieciséis (16) de enero de 2017, bajo el título
BORRACHO Y ARMADO”[67].
Expediente T-6.442.273: Acción de tutela presentada
por la Defensora de Familia, Regional Tolima, contra Periódico Qhubo
76.
En
el asunto sub judice, la Sala observa que el Periódico Qhubo, que
circula en la ciudad de Ibagué, en su edición impresa del ocho (8) de mayo de
2017, publicó una noticia sobre la investigación que adelantan las autoridades
competentes acerca de un presunto caso de abuso sexual cometido en contra de
una menor de edad de dos (2) años y once (11) meses. Para ello, el medio de
comunicación accionado informó cuales eran las circunstancias de modo, tiempo y
lugar donde ocurrieron los hechos, absteniéndose de suministrar los nombres de
la menor y de su grupo familiar. Unido a ello, adjuntó una fotografía a título
ilustrativo, de una niña con el rostro cubierto y acostada en una camilla. Por
último, hizo referencia a que le fueron realizados unos exámenes médicos cuyos
resultados establecieron que “la pequeña fue manipulada sexualmente y al
parecer no alcanzó a ser penetrada.”[68] (ver supra, numerales 16 y 17).
77.
Por
su parte, la Defensora de Familia, Regional Tolima, promovió acción de tutela
contra el periódico mencionado, a fin de que fuera protegido el derecho a la
intimidad de la menor de edad, el cual, a su juicio, resultó vulnerado por la
revelación de información que permitió identificar a la niña como víctima del
delito de abuso sexual (ver supra, numeral 18). De igual modo,
reprochó las afirmaciones que hizo el medio en cuanto a los resultados de los
exámenes médicos (ver supra, numeral 19). A su vez, la madre de
la niña, declaró ante el juez de tutela que nunca dio autorización para
publicar la nota precitada, que dicha información es falsa, que la niña que aparece en la
fotografía es su hija y que la publicación de la nota le ha generado un daño
grave, debido a que la comunidad la señala como una madre irresponsable y a su
pareja como un violador (ver supra, numerales 22 y 23).
78.
Frente a lo anterior,
el juez de tutela de primera instancia negó el amparo al considerar que la niña
no había sido identificada en la noticia cuestionada, mientras que, el juez de
segunda instancia, declaró improcedente la acción de tutela, por no haberse
agotado la solicitud de rectificación ante el medio accionado.
79.
Por
lo expuesto en precedencia, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar
si el periódico Qhubo
vulneró los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen
de la menor de edad, al publicar una noticia en la que, presuntamente, fueron
divulgados datos que permitieron identificar a dicha menor como víctima del
delito de abuso sexual, y en la que se hicieron afirmaciones sobre la
configuración de dicha conducta ilícita, a partir de los exámenes médicos que
le fueron practicados a la niña.
80.
Una
vez revisados los elementos de prueba aportados al proceso, la Sala observa
que, en la narrativa de los hechos publicados en la edición del ocho (8) de
mayo de 2017, el periódico Qhubo introdujo algunos datos que, por las
circunstancias del caso concreto, resultaron suficientes para facilitar la
identificación de la menor BB. En particular, se trata de: (i) la edad exacta
de la menor de edad; (ii) la conformación del grupo familiar (madre, padrasto y
la hija de este último); y (iii) su lugar de residencia, esto es, el nombre de
la vereda y del municipio en el que está ubicado su hogar.
81.
Aunque
el medio de comunicación se abstuvo de suministrar los nombres de la menor de
edad y de su grupo familiar, lo cierto es que, la presentación de la noticia y
la declaración rendida por la madre de la niña, ponen de presente que la
lectura en conjunto de los datos precitados y el espacio en el que circula el
diario accionado, condujeron a que la menor y su grupo familiar fueran
identificados por la comunidad en la que residen. Para el caso concreto,
observa la Sala que la baja densidad de población presente en una vereda y la
comunicación a sus habitantes de una noticia sobre un caso de abuso sexual, en
el que se reveló la edad exacta de la víctima y la composición de su grupo
familiar, terminó facilitando la identificación de las personas involucradas.
Lo anterior, unido a que, en la declaración rendida en el trámite de las
instancias, la madre de la presunta víctima afirmó que la divulgación de la
nota permitió a los vecinos de la vereda relacionar a su hija con el caso de
abuso sexual[69].
82.
Conforme
a lo expuesto en la parte motiva (ver supra, numerales 54 a 56), los medios de
comunicación, en virtud de la responsabilidad social y el mandato de interés
superior del menor, (i) deben promover políticas de difusión que garanticen el
derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes; (ii) ser cautelosos
al momento de publicar noticias sobre la comisión de delitos en contra de
menores; y (iii) abstenerse de suministrar datos que faciliten su
identificación. Por lo anterior, y teniendo en cuenta la forma en la actuó el
medio accionado, la Sala concluye que la intromisión arbitraria en los aspectos
de la vida privada de la niña BB, comportó una violación de su derecho
fundamental a la intimidad. Vale anotar que la conducta violatoria de dicho
derecho, por consiguiente, constituyó una infracción a los deberes de
protección contemplados en los artículos 33 y 47.8 del C.I.A.
83.
Sin
perjuicio de lo anterior, la Sala estima pertinente aclarar que, contrario a lo
sostenido por la madre de la menor, no es dado afirmar que la fotografía
incluida en la noticia permitió la identificación de la niña, primero, porque
la señora CC no demostró que la niña de la imagen fuera su hija, y segundo,
porque el medio accionado aportó evidencia de que la fotografía utilizada a
título ilustrativo corresponde a otra menor[70].
84.
Finalmente,
la Sala advierte que las afirmaciones realizadas por el periódico Qhubo en
cuanto a los resultados de los exámenes médicos que fueron practicados a la
menor, por el presunto caso de abuso sexual, son inexactas frente al contenido
de los dictámenes médicos aportados por la Defensora de Familia, además que
incluyen como hecho cierto un juicio de valor exclusivo del emisor.
Específicamente, el medio accionado reportó que, “[e]n el análisis
preliminar de los profesionales de la salud establecieron, que la pequeña fue
manipulada sexualmente y al parecer no alcanzó a ser penetrada”; sin
embargo, una vez revisados los exámenes médicos allegados por la tutelante, se
pudo constatar que los médicos tratantes no concluyeron que la menor hubiera
sido “manipulada sexualmente”, sino que, advirtieron que el hecho de no
haber encontrado evidencia física sobre el delito no descartaba, per se,
la ocurrencia del presunto abuso sexual. De este modo, el medio no solo
tergiversó la información oficial, sino que de manera irresponsable se aventuró
a asegurar que “al parecer [la menor] no alcanzó a ser penetrada”.
85.
Por
tal comportamiento, la Sala estima imperioso recordar que la protección
constitucional reforzada de la que goza la libertad de prensa, para informar
sobre los hechos de interés público, tal como el peligro al que están expuestos
los niños por el aumento de casos de violencia sexual, no es absoluta,
comoquiera que encuentra un límite razonable en la protección del interés
superior del menor y en la eficacia de sus derechos fundamentales a la
intimidad, a la honra y al buen nombre; objetivo que, por lo menos, se
garantiza con el deber que tienen los medios de comunicación de transmitir
información veraz e imparcial y, especialmente, ser diligentes y cuidadosos en
la forma que manejan la información y la presentan a la opinión pública.
86.
Con
base en lo anterior, la Sala procederá a revocar los fallos de tutela de
primera y segunda instancia y, en su lugar, tutelará el derecho fundamental a
la intimidad y a la honra de la menor de edad. Dado que, en este caso concreto,
la violación a la intimidad deriva de la revelación de la identidad de la niña
y que la rectificación de la información inexacta podría generar su
re-victimización, la Sala, en primer lugar, ordenará al medio accionado que, si
es del caso, y si aún no lo ha realizado, dentro del término de cuarenta y
ocho horas (48) siguientes a la notificación de la presente providencia, haga
retirar de su página en internet cualquier información, noticia, reporte o
datos que estén relacionados con el suceso motivo de esta acción, que permitan
individualizar o deducir la identidad de la niña protegida en esta acción. Y,
en segundo lugar, dictará
una orden de prevención al medio accionado para que se abstenga de efectuar
publicaciones que atenten contra la intimidad, la honra o el buen nombre de la
niña y de su familia, advirtiéndole que, en caso de hacerlo, incurrirá en las
sanciones previstas por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
Procedencia en el caso concreto de la indemnización en abstracto o in
genere
87.
A
continuación, se exponen las razones por las cuales la Sala encuentra
acreditados, en el caso concreto, los requisitos legales y jurisprudenciales
para condenar al medio de comunicación accionado al pago de la indemnización en
abstracto, exclusivamente, por los perjuicios morales causados a la niña.
88.
Tal
y como fue expuesto con antelación (ver supra, numerales 57 a 59), por
regla general, en el proceso de tutela no procede el resarcimiento de los daños
causados por la acción u omisión de las autoridades y/o particulares. Para
ello, el ordenamiento jurídico ofrece las acciones y los escenarios judiciales,
idóneos y eficaces,  para declarar responsable al causante del perjuicio y
definir los términos de su indemnización. Sin embargo, en virtud de lo previsto
en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela, de manera excepcional
y siempre que se cumplan con los requisitos para ello, tiene la posibilidad
de ordenar la indemnización en abstracto por los perjuicios que se derivan de
la violación del derecho a la intimidad de menores de edad, tal como lo ha
reconocido la jurisprudencia constitucional reiterada en la materia. Para que
proceda lo anterior, esta Corte ha reiterado que deben acreditarse las
siguientes condiciones: “i) que la indemnización sea necesaria para el goce
del derecho, ii) que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial;
y, iii) que la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria.”[71].
89.
Al
descender al asunto sub judice, la Sala observa que, de acuerdo con la
información suministrada por la Defensora de Familia que promovió la solicitud
de amparo, la publicación de la noticia que identificó a la niña como víctima
de los presuntos abusos sexuales cometidos por la pareja de su madre, propició
que los habitantes de la vereda en que reside la etiquetaran de “la niña
violada”[72]. Esto demuestra que, por decisión
arbitraria del periódico accionado, se sometió la integridad moral de la menor
al escarnio público, sin que, por su corta edad, tuviera la posibilidad de
defenderse o reaccionar frente a los ataques de la comunidad con la que
interactúa. En palabras de la madre, la vida privada de su hija fue puesta “en
boca de toda la gente de la vereda”[73], producto de la información
divulgada por el periódico Qhubo. A la luz del precedente constitucional
aplicable (ver supra, numerales 62 a 65), dicha conducta vulnera los
derechos fundamentales a la intimidad y a la honra de la niña, en un grado de
intensidad tan alto, que causa un perjuicio moral susceptible de ser
indemnizado mediante la acción de tutela.
90.
Ello,
es posible en la medida que, para el caso concreto, “la indemnización
adquiere una estrecha cercanía con la reconstrucción de la integridad del
derecho fundamental mismo; no se trata solamente de una erogación económica,
sino de la forma como el ordenamiento jurídico garantiza el restablecimiento
del goce efectivo del derecho fundamental. Ante el impedimento de devolver las
cosas al estado previo al hecho generador de la vulneración, la indemnización
se convierte en el único medio de reparación posible y, por tanto, la
liquidación y pago están vinculados al restablecimiento pleno de los derechos
fundamentales del ciudadano afectado”[74].
91.
Aclara
la Sala que, en el asunto bajo revisión, solo es posible indemnizar en
abstracto los perjuicios causados a la menor, por los siguientes motivos: (i)
la demostración del perjuicio moral causado; (ii) la protección constitucional
reforzada que predica la Constitución respecto de los derechos de los niños y
las niñas; (iii) la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra debido a
su corta edad (2 años); y (iv) el hecho de que la acción de tutela fue
interpuesta por la Defensora de Familia, exclusivamente, para proteger los
derechos de la niña. Por el contrario, la madre de la menor afectada, si así lo
considera, puede reclamar la protección de sus derechos y la eventual
reparación de los daños causados, a través de los recursos judiciales
pertinentes.
92.
En
cuanto al carácter residual de la acción de tutela para condenar in genere los
perjuicios ocasionados a la niña, la Sala considera que la intensidad del daño
inmaterial sufrido y la alta probabilidad de que este siga produciendo sus
efectos, justifican en el caso concreto, exceptuar la regla general de
subsidiariedad, según la cual, es improcedente decretar la indemnización de
perjuicios, materiales o morales, mediante este mecanismo constitucional.
93.
Por
último, es claro para la Sala que, la violación del derecho a la intimidad y a
la honra de la niña fue consecuencia de una acción clara y arbitraria de parte
del Periódico Qhubo. Este medio de comunicación sin considerar los deberes
correlativos a la libertad de prensa y las reglas especiales para difundir
información sobre menores de edad, publicó la noticia con elementos que
permitieron la identificación de la niña en la comunidad que habita, además que
realizó aseveraciones inexactas en cuanto a la ocurrencia del presunto delito
sexual. De este modo, desconoció abiertamente la Constitución y las normas de
derecho internacional que amparan los intereses de los menores de edad[75],
generando una afectación grave e intensa en la imagen y probablemente en el
desarrollo personal de la menor de edad.
94.
Sobre
la base de las razones anotadas, y en atención a lo previsto en el artículo 25
del Decreto 2591 de 1991, esta Sala, de manera oficiosa, condenará al medio de
comunicación accionado, a pagar y reparar integralmente los perjuicios morales
causados a la niña BB, por la violación de sus derechos fundamentales a la intimidad
y a la honra. Así mismo, dispondrá que corresponderá al juez competente
garantizar la reparación integral de los perjuicios sufridos por la menor.
95.
Ahora
bien, en cuanto a la autoridad competente para tramitar el incidente de
liquidación de perjuicios, esta Corte, en la sentencia T-1029 de 2010, señaló
que la interpretación constitucional que debe dársele al artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991, “es aquella en la cual una vez el juez de tutela ha
ordenado la liquidación de los perjuicios, debe remitir el expediente al juez
competente, quien debe iniciar de oficio el incidente para determinar el monto
de la liquidación y resolverlo en no más de seis meses después de haberlo
recibido. Para la Sala no cabe duda que cuando la norma hace alusión a que la
liquidación “se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o
ante el juez competente”, hace referencia a que cuando la liquidación se
ordena contra el Estado la misma se hará frente a los jueces administrativos y cuando
es contra particulares es el juez de primera instancia.” (negrilla
fuera del texto original)[76].
96.
Dado
que el medio de comunicación responsable de pagar los perjuicios es de naturaleza
privada, la Sala ordenará que, el juez de primera instancia (Juzgado Promiscuo
de Familia del Circuito de “FF”, Tolima), realice la liquidación de los
perjuicios causados, por trámite incidental que deberá iniciarse dentro de los
diez (10) días siguientes al recibo expediente del proceso de tutela, y deberá
ser decidido en el término de los tres (3) meses siguientes.
97.
Finalmente,
se ordenará que (i) el cumplimiento de las medidas adoptadas deberán ser
vigiladas por la Procuraduría General de la Nación con la dependencia
correspondiente; y (ii) la parte afectada deberá ser acompañada por la
Defensoría del Pueblo durante este trámite, para lo cual la Secretaría General
de esta Corporación remitirá copia de esta providencia y de lo actuado en esta tutela.
H.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
98.
En el proceso
T-6.433.282, la Corte resuelve tutelar los derechos fundamentales a la honra,
al buen nombre y a la rectificación del señor Santos Aguillón Guarín, por
considerar que el Diario Extra, en su edición del dieciséis (16) de enero de
2017, publicó una noticia contraria al principio de veracidad. En particular,
el medio accionado indujo a error al lector, al divulgar información equívoca
acerca de la persona y el modo como ocurrieron los hechos.
99.
En el proceso
T-6.442.273, la Corte concluye que es procedente el amparo del derecho a la
intimidad de la menor de edad, debido a que, el periódico Qhubo, en su edición
del ocho (8) de mayo de 2017, (i) reveló datos que permitieron identificar a la
menor como víctima de un caso de presunto abuso sexual; y (ii) publicó
información inexacta sobre los resultados de los exámenes médicos practicados a
la niña.
100.
Como resultado de las
sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia,
observa la Sala lo siguiente:
(a)
Cuando los medios de
comunicación publiquen informaciones falsas, equívocas, inexactas o
parcializadas sobre las personas, éstas pueden acudir a la acción de tutela,
siempre y cuando hayan cumplido con la condición de solicitar previamente al
medio la respectiva rectificación. Dicha solicitud, en virtud de reiterada
jurisprudencia, no se requiere en aquellos casos en los que se exponen
elementos propios de la vida íntima de las personas, afectando el derecho fundamental
a la intimidad.
(b)
La libertad de
expresión, en su faceta de libertad de información y libertad de prensa, no es
absoluta, pues se encuentra limitada por los principios de veracidad e
imparcialidad de la información, la distinción entre informaciones y opiniones
y la garantía de rectificación.
(c)
Los medios de
comunicación, en virtud del principio de veracidad, por lo menos, están
obligados a divulgar información cierta, exacta e inequívoca; y por mandato del
principio de imparcialidad, tienen la obligación de presentar información
objetiva, lo cual, implica en la medida de las posibilidades, confrontar las
diferentes versiones de lo ocurrido.
(d)
El derecho
fundamental a la rectificación, aplicable a informaciones mas no a opiniones o
juicios de valor expresados en los medios de comunicación, tiene por finalidad
esencial no solo corregir información falsa o parcializada, sino también
prevenir violaciones de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y
a la intimidad.
(e)
Aunque los medios de
comunicación poseen el derecho a publicar información relacionada con menores
de edad, tal prerrogativa va ligada al cumplimiento estricto de ciertas cargas
derivadas de su responsabilidad social, tales como, el deber de emitir
información cierta, objetiva y oportuna, el deber de ser diligentes y
cuidadosos en la divulgación de información que involucre situaciones atinentes
a la vida íntima de los niños y de sus familias.
(f)
A fin de evitar la
violación del derecho a la intimidad, los medios de comunicación deben ser
cuidadosos cuando publiquen noticias sobre la comisión de delitos sexuales en
contra de menores de edad y, en especial, abstenerse de revelar elementos o
datos que permitan la identificación de la víctima.
(g)
Por
regla general, en el proceso de tutela no procede el resarcimiento de los daños
causados por la acción u omisión de las autoridades y/o particulares. Para
ello, el ordenamiento jurídico ofrece las acciones y los escenarios judiciales,
idóneos y eficaces, para declarar responsable al causante del perjuicio y
definir los términos de su indemnización.
(h)
Sin
embargo, en virtud de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991,
el juez de tutela, de manera excepcional y siempre que se cumplan con los
requisitos para ello, tiene la posibilidad de ordenar la indemnización en
abstracto por los perjuicios que se derivan de la violación del derecho. Para
que proceda lo anterior, esta Corte ha reiterado que deben acreditarse las siguientes
condiciones: “i) que la indemnización sea necesaria para el goce del
derecho, ii) que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial; y,
iii) que la violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria.”[77]. En el caso concreto, la
intensidad del daño inmaterial sufrido y la alta probabilidad de que este siga
produciendo sus efectos, justifican en el caso concreto, exceptuar la regla
general de subsidiariedad, según la cual, es improcedente decretar la
indemnización de perjuicios, materiales o morales, mediante este mecanismo
constitucional. Lo anterior, por cuanto se configuran en el caso los requisitos
señalados en la jurisprudencia constitucional, y se evidenció de lo probado en
el expediente una afectación grave e intensa en la imagen y probablemente en el
desarrollo personal de la menor de edad.
101.
Sobre la base de lo
anterior, y comprobado en ambos casos la violación de los derechos
fundamentales del accionante y de la menor de edad representada por la
Defensora de Familia, la Sala resuelve conceder la protección solicitada y, en
consecuencia, impartir las respectivas órdenes de amparo (ver supra,
numerales 76, 95, 97 y 98).
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada por la Sala en el Auto del quince (15) de
marzo de 2018.
SEGUNDO.- REVOCAR, en
el proceso T-6.433.282, la sentencia proferida en primera instancia, el
diecinueve (19) de mayo de 2017, por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de
Bogotá D.C., que concedió el amparo del derecho fundamental de petición. En su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a
la rectificación del señor Santos Aguillón Guarín.
TERCERO.- ORDENAR al Grupo Editorial El Periódico de los
Colombianos S.A.S., propietarios del Diario Extra, que si es del caso, y si aún no lo ha
realizado, rectifique en condiciones de equidad la información contraria al
principio de veracidad que fue publicada en la edición del dieciséis (16) de
enero de 2017 contra el señor Santos Aguillón Guarín. Para tal efecto, por lo
menos, deberá publicar en las mismas condiciones de la noticia precitada, (i)
que incurrió en un error al divulgar información equívoca y; (ii) que el accionante,
“no guarda ningún tipo de relación con la nota publicada en [la]
edición del dieciséis (16) de enero de 2017, bajo el título BORRACHO Y ARMADO”[78].
CUARTO.- REVOCAR, en
el proceso T-6.442.273, la sentencia proferida en segunda instancia, el veintiuno (21) de julio de
2017, por la Sala Civil Familia de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, que confirmó la sentencia proferida en primera instancia, el
veintitrés (23) de mayo de 2017, por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de “FF” (Tolima), que negó el amparo solicitado. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la intimidad y a la honra de la menor de edad.
QUINTO.- CONDENAR en abstracto al periódico Qhubo, a pagar y reparar
integralmente los perjuicios morales causados a la niña BB, por la violación de
sus derechos fundamentales a la intimidad y a la honra. Se dará en consecuencia
aplicación al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, disponiéndose la reparación
integral de los perjuicios sufridos por la menor de edad.
La liquidación de los perjuicios se hará por el juez
de primera instancia (Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de “FF”,
Tolima), por trámite incidental que deberá iniciarse dentro de los diez (10)
días siguientes al recibo del expediente del proceso de tutela, y deberá ser
decidido en el término de los tres (3) meses siguientes.
SEXTO.- ORDENAR que, por intermedio de la Secretaría
General de esta Corte, se remita copia del presente fallo y de lo actuado en
esta tutela, a la Defensoría del Pueblo, para que, con la dependencia
correspondiente, haga el acompañamiento en el respectivo incidente de
reparación de perjuicios a favor de la menor.
SÉPTIMO.- ORDENAR que, por intermedio
de la Secretaría General de esta Corte, se remita copia del presente fallo y de
lo actuado en esta tutela, a la Procuraduría General de la Nación, para que,
con la dependencia correspondiente, vigile el trámite del incidente de
regulación de perjuicios dispuestos en el numeral quinto.
OCTAVO.- ORDENAR al periódico Qhubo
que, si es del caso, y si aún no lo ha realizado, dentro del término de cuarenta y
ocho horas (48) siguientes a la notificación de la presente providencia, haga
retirar de su página en internet cualquier información, noticia, reporte o
datos que estén relacionados con el suceso motivo de esta acción, que permitan
individualizar o deducir la identidad de la menor de edad protegida en esta acción.
NOVENO.- PREVENIR al periódico Qhubo para que se abstenga de efectuar
publicaciones que atenten contra la intimidad, la honra o el buen nombre de la
menor de edad y de su familia, advirtiéndole que, en caso de hacerlo, incurrirá
en las sanciones previstas por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
DÉCIMO. – LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes de ambos procesos, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. En el proceso T-6.433.282,
a través del Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá D.C., y en el
proceso T-6.442.273, a través del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de “FF”
(Tolima).
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
A LA SENTENCIA T-200/18
Referencia: Expedientes Acumulados
T-6.433.282  y T-6.442.273
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado
respeto expongo a continuación las razones por las cuales me aparto de manera
parcial de la decisión adoptada en la sentencia de la referencia.
Del expediente
T-6.433.282:
En el caso sub examine, el accionante solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la
rectificación y al derecho de petición, los cuales consideró vulnerados por el
Diario Extra al no emitir una  respuesta a su solicitud de rectificación frente
a la noticia publicada el 16 de enero de 2017, bajo el título “BORRACHO Y
ARMADO”, en la que el medio de comunicación informó que la Policía Nacional
le incautó un arma Walter P99 calibre 9mm por presentar “señales de
alicoramiento”. Arguyó el demandante que los hechos relatados no son
ciertos porque mediante Resolución del 29 de marzo de 2017, el
Comandante de la Policía revocó la resolución por medio de la cual se dispuso
el decomiso de la pistola, al encontrar que “no existen pruebas de que el
presunto infractor consumiera bebidas embriagantes y el mismo no posee
antecedente alguno con relación al uso y porte del arma referenciada”.
Al abordar el caso concreto, la sentencia parte de la
convicción de que existe duda respecto de la persona sobre quien recae la
noticia, fundada en que de una parte, hay coincidencia en aspectos como el
lugar donde ocurrieron los hechos, la marca del arma y el nombre -que tan solo
difiere en una letra de uno de sus apellidos (Aguilón-Aguillón)- y de otra
parte, en contraposición, que el accionado en su respuesta aseguró que la
noticia no se trataba del tutelante. Sin embargo, a pesar de persistir la duda
de si la nota periodística era respecto del accionante, la sentencia resuelve
tutelar el derecho fundamental a la rectificación.
-El conflicto jurídico parte de la existencia de la
oposición de intereses entre las partes y por ende, de afirmaciones que
resultan contrarias. Específicamente, en el caso bajo estudio, el accionante
afirma que la nota periodística se refiere a él, y por el contrario, el medio
accionado niega que la noticia fuera acerca del tutelante.
Es en este punto es donde entran los medios probatorios a
desempeñar un papel importante, y conforme a ellos, es que considero que no hay
duda con respecto a que la noticia efectivamente hacía referencia al
accionante, ya que todas las circunstancias y datos suministrados (salvo una
letra en el apellido), coinciden. Considera el suscrito, que el operador
judicial no debe otorgar el mismo valor a: i) lo manifestado por el
accionado, que no cuenta con soporte probatorio alguno[79] y ii)
lo dicho por el accionante, que se encuentra acreditado con las pruebas
obrantes en el expediente, para concluir que existe duda en cuanto a los
hechos.
Entonces, bajo el presupuesto de que la noticia era
respecto del accionante, en principio la rectificación solicitada por el
tutelante, era procedente. No obstante, en este caso específico no resulta
viable el amparo deprecado, por las siguientes razones:
1. Del contenido de la Resolución No.31 del 29 de marzo de 2017[80],
por medio de la cual se revoca por parte de la Policía Nacional el decomiso del
arma del accionante, se obtiene lo siguiente: i) que coincide la
dirección en que ocurrieron los hechos, ii) que el decomiso del arma se
formalizó mediante Resolución No.027 del 15 de
marzo de 2017, iii) que las razones por las cuales se incautó el
arma al señor Santos el 14 de enero de 2017, fue precisamente la prevista en el
literal c del artículo 85 del Decreto 2535 de 1993, que señala que el arma será
decomisada a “Quien porte o transporte armas,
municiones, explosivos y sus accesorios en notorio estado de embriaguez o bajo
el efecto de sustancias psicotrópicas”,
iv) que fue con respecto a dicha causal que el accionante ejerció su
derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo adelantado por la
Policía Nacional, y v) que la decisión de incautación del arma fue
revocada, porque los agentes que realizaron el procedimiento, omitieron
realizar las pruebas para determinar el estado de embriaguez del demandante.
Hechas estas precisiones, la noticia publicada
por el periódico Extra no dista de la realidad, si tenemos en cuenta, primero,
que la nota periodística en principio se fundamentó “según informe de las
autoridades”, es decir, está replicando información recibida de los agentes,
y segundo, que conforme al procedimiento adelantado por la Policía Nacional, el
arma se decomisó realmente por aparente estado de embriaguez del accionante.
Distinto es, que con posterioridad a la publicación noticiosa, el
29 de marzo de 2017, luego de adelantar el procedimiento administrativo
005/2017 y ante la ausencia de medios probatorios, la Policía Nacional
decidiera revocar la decisión de decomiso del arma[81], situación
que nos pone bajo un escenario diferente como podría ser la necesidad del
accionante de que la noticia se actualice, pero en ningún caso la
rectificación.
En otras palabras, para el 16 de enero de 2017
-fecha en que se publicó la noticia-, los hechos expuestos por el accionado
resultaban ser ciertos, esto es, que la Policía Nacional le incautó al accionante el arma Walter P99
calibre 9mm por presentar “señales de alicoramiento”.
2. Ahora, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial sobre el
derecho fundamental a la rectificación que expone la sentencia, la carga de la
prueba recae en la persona interesada en obtener la rectificación de la
información publicada, y en ese sentido tendríamos entonces, que el accionante
no cumplió con dicho deber, si tenemos en cuenta que la prueba con la cual
pretende justificar su solicitud de rectificación, esto es, la Resolución del
29 de marzo de 2017, es posterior a la fecha de presentación de la solicitud de
rectificación ante el medio accionado -21 de marzo de 2017-. En otros términos,
el demandante no presentó prueba conducente junto con la solicitud de
rectificación, por lo que en principio la accionada en ese momento tampoco
tenía evidencias para proceder conforme a lo requerido por el actor.
En conclusión, por las razones dadas, considero que no era
procedente el amparo deprecado por el accionante.
Del expediente
T-6.442.273:
Esta acción de amparo fue presentada por una funcionaria de la
Defensoría de Familia, para la protección de los derechos fundamentales a la
intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra e integridad moral de
una menor de edad, los cuales consideró vulnerados por el periódico QHubo, al suministrar en una nota periodística
por presunta manipulación sexual, información que permitió la identificación de
la menor de edad involucrada.
Frente al caso, comparto los
argumentos que llevaron a la Sala a amparar los derechos fundamentales de la
menor de edad; no obstante, difiero de la medida concerniente a la indemnización
del daño emergente en abstracto, toda vez que la finalidad para la cual fue
instituida en el Decreto 2591 de 1991, conforme al desarrollo jurisprudencial dado por esta Corporación a
la misma, no se cumple para el caso.
La Corte[82] ha considerado que aún
en los procesos en que se conceda la tutela, la condena en abstracto tiene un
indudable carácter excepcional, limitado a los fines previstos por la norma,
cuyo reconocimiento exige que se cumplan determinados requisitos a saber:
(i) Que el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial para obtener el resarcimiento del
perjuicio. Por tanto, si el accionante tiene posibilidad de intentar la
acción ordinaria enderezada a la indemnización de los daños que se le han
causado, no es la tutela el medio judicial idóneo para ello, pese a haber
prosperado.
(ii) La violación del
derecho tiene que haber sido consecuencia de una acción arbitraria, de manera
tal, que el desconocimiento del derecho sea ostensible y que el accionado haya
trasgredido los mandatos constitucionales de forma irrazonada y con evidente
abuso de su poder.
(iii) Debe ser
necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho y no para obtener el
resarcimiento de los perjuicios causados.
(iv) Debe adelantarse
con plena observancia de las reglas del debido proceso. Por tanto, no son
admisibles los fallos de tutela que contengan condenas en abstracto si aquel
contra quien se instauró la acción no ha gozado del derecho de defensa, de la
oportunidad de controvertir las pruebas allegadas en su contra y de la
posibilidad de hacer valer las que lo favorezcan.
La indemnización del daño emergente en
abstracto de ninguna manera asegura el goce efectivo de los derechos a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la
honra e integridad moral de una menor de edad, en razón a que con ello no se
hacen cesar los efectos provocados por la vulneración, ni se devuelven a su
estado anterior ni se reponen sus derechos fundamentales. Realmente se estaría
simplemente resarciendo los perjuicios ocasionados por la noticia, que no es
precisamente el fin último del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
Al reconocer en la sentencia
la indemnización del daño emergente se está supliendo la labor propia de la jurisdicción
ordinaria, a la cual puede acudir la familia en nombre propio y en
representación de la menor, para intentar
la indemnización de los daños o perjuicios causados con el actuar irresponsable
del medio de comunicación.
Por tanto, considero que los
derechos fundamentales de la menor de edad continuarán siendo afectados a pesar
de la indemnización que reciba de parte del medio accionado, es decir, no se
logrará el goce efectivo de los derechos por el simple hecho de recibir una
compensación pecuniaria. La única manera de lograr que cese la afectación y de
devolver el goce efectivo de los derechos de la menor de edad ya referidos,
sería garantizándole el ejercicio del derecho a la rectificación.
Y es que con la rectificación
de la nota periodística se podría corregir la afectación que ha sufrido el
entorno donde vive, crece y se desenvuelve la menor de edad, el cual
actualmente gira en torno a reproches por parte de los vecinos, con
afirmaciones que van desde tener una “mala madre” hasta que su padrastro
es un “violador”, aunado al hecho de que la menor seguirá siendo
relacionada como “víctima del delito de abuso sexual” en su comunidad.
Por lo enunciado, considero que la menor de edad tiene derecho a
la rectificación y al ofrecimiento de disculpas por las afirmaciones carentes
de veracidad y sustento efectuadas en la publicación del 8 de mayo de 2017 por
parte del accionado y por la publicación de datos que en últimas, permitieron
su identificación. Lo anterior, en aras de restablecer el orden y la tranquilidad
del hogar de la niña.
Por tanto, la sentencia debió
dejar planteada la posibilidad de que la familia de la menor de edad, en su
representación, pudiera hacer uso de la rectificación; y que en el evento de
que los accionantes optaren por hacer uso de su derecho: i) el periódico
accionado debía proceder de conformidad, teniendo especial cuidado en no re
victimizar a la menor de edad con ello, y ii) la familia debía contar
durante todo el proceso con el acompañamiento de la defensora de familia (Art.47.8
del CIA).
Por
las razones expuestas, salvo parcialmente el voto.
Fecha ut supra,
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
[1] La Corte Constitucional ha aplicado esta misma medida
de protección sobre el derecho a la intimidad, por lo menos, en sentencias
T-794 de 2007, T-302 y T-948 de 2008, T-496 de 2009, T-453 de 2013.
[2] Mediante auto del catorce (14) de noviembre de 2017,
la Sala de Selección de Tutelas Número Once de esta Corte, dispuso seleccionar
para revisión, y acumular entre sí, los fallos de tutela correspondientes a los
procesos T-6.433.282 y T-6.442.273.
[3] Según
consta en la copia de la Resolución No.0031 del 29 de marzo de 2017, “por
medio de la cual se resuelve recurso de reposición presentado por el
Departamento de Seguridad Casa Comercial la Moneda de Oro Ltda. (…) dentro
del proceso administrativo 005/2017”, expedida por el Comandante de
Departamento de Policía de Boyacá. Ver, Folio 10 del cuaderno No. 2.
[4] Ver,
Folios 13 y 14 del cuaderno No. 2.
[5] El peticionario expuso los siguientes fundamentos
fácticos: (i) afirmó que lo relatado por el diario es contrario a la realidad,
puesto que, lo que realmente ocurrió fue que, el catorce (14) de enero de 2017,
cuando se dirigía por la Carrera 4 No. 3 -72 del municipio de Jericó, se
presentó un accidente de tránsito en el que fue colisionado el automóvil de su
hijo. Aduce que, el agente de policía que arribó al lugar del accidente,
solicitó a las personas presentes sus documentos de identificación, momento en
el cual le informó al funcionario que se encontraba armado y le presentó la
respectiva autorización; (ii) manifestó que el agente de policía no precisó en
su informe de incautación que él se encontraba en estado de embriaguez. Agregó
que ni siquiera le fue practicada prueba de alcoholemia para constatar el
supuesto estado de “alicoramiento” que señaló el diario accionado. Incluso,
afirmó que en ese momento no podía consumir licor debido a que se encontraba en
tratamiento médico; (iii) indicó que, en la semana del cinco (5) al diez (10)
de marzo de 2017, estando en su oficina de comerciante y ganadero, recibió
copia de la edición del Diario Extra, del dieciséis (16) de enero del mismo
año, advirtiendo que no es la persona de la fotografía que acompaña la noticia,
además que se tergiversa su apellido, al cambiar las dos (2) L que conforman el
apellido Aguillón, por el de “Aguilón”; y (iv) por último, afirmó que la
publicación de la noticia le ha ocasionado perjuicios en los ámbitos personal,
familiar y laboral, este último, debido a que sus negocios de comerciante y
ganadero han sido afectados por la imagen de “delincuente” que le generó el
diario. El accionante adjuntó a la demanda de tutela, copia del Certificado de
Existencia y Representación de la empresa Casa Comercial la Moneda de Oro
Ltda., en el cual se encuentra registrado como uno de los socios capitalistas.
Ver, Folios 3 y 4 del cuaderno No. 2.
[6] Coronel Juan Darío Rodríguez Martínez.
[7] Según
consta en la copia de la Resolución No.0031 del 29 de marzo de 2017, “por
medio de la cual se resuelve recurso de reposición presentado por el Departamento
de Seguridad Casa Comercial la Moneda de Oro Ltda. (…) dentro del
proceso administrativo 005/2017”, expedida por el Comandante de
Departamento de Policía de Boyacá. Ver, Folio 10 del cuaderno No. 2.
[8] Ver,
Folio 22 del cuaderno No. 2.
[9] En
el oficio anotado, el medio de comunicación, a pesar de que negó la
rectificación, afirmó: “EL DIARIO EXTRA – BOYACÁ, se permite informar y
ACLARAR que el señor SANTOS AGUILLON GUARÍN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.296.738 de Bogotá, no guarda ningún tipo de relación con la
nota publicada en nuestra edición del día 16 de enero de 2017, bajo el título
BORRACHO Y ARMADO” (Mayúsculas hacen parte del texto original). Ver, Folios
40 y 41 del cuaderno No. 2.
[10] Ver,
Folios 45 y 46 del cuaderno No. 2.
[11] Ver,
Folios 1 a 3 y 31 a 35 del cuaderno No. 3.
[12] Ver,
Folio 47 del cuaderno No. 3.
[13] Según lo previsto en la copia de la epicrisis
expedida por el Hospital NLC, el cinco (5) de mayo de 2017, y en la copia del
examen realizado por Medicina Legal, sin fecha visible. Ver, Folios 12 y 13 del
cuaderno No. 2.
[14] El
accionado refiere que la fotografía de la niña con el rostro cubierto fue
descargada del siguiente link: www.notimundo.com.mx/portada/nina-intoxicada-piedras-negras/. Ver Folio 37 del cuaderno No. 2.
[15] El
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito “FF”, Tolima, por medio de auto del
once (11) de mayo de 2017, resolvió admitir la acción de tutela y, en
consecuencia, notificar al periódico accionado y vincular a los representantes
legales de la niña, la señora CC y el señor EE. No obstante, reposa en el
expediente, constancia de citación expedida por el citador, el diecinueve (19)
de mayo de 2017, en la que indicó que no fue posible comunicarse con el señor EE.
Ver, Folios 24 y 47 del cuaderno No. 2.
[16] Ver, entre otras, sentencias T-119 de 2015, T-250 de
2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015, y T-317 de 2015.
[17] Decreto 2591 de
1991, artículo 8. La tutela como mecanismo transitorio. “Aun cuando el afectado
disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en
la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la
autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha
acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. (…)”.
[18] Según
consta en el poder judicial especial otorgado por el señor Santos Aguillón
Guarín al abogado Hernán Carlos Carrillo Hernández. Ver, Folio 1 del cuaderno
No. 2.
[19] Ver, sentencias T-094 de 2013, T-124 de 2014, T-773
de 2015, T-466 de 2016, entre otras.
[20] Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 82,
numeral 11, prescribe: “Promover los procesos o trámites judiciales a que
haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los
adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de
estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la
representación judicial a que haya lugar.”
[21] En la sentencia T-695 de 2017, la Corte reiteró: “(…)
que el individuo se halla en situación de indefensión, a causa del impacto
social que puede ocasionar la difusión masiva de contenidos y su potencial
influencia en las creencias y opiniones de las personas. Lejos de ser un
particular más, los medios son organizaciones que, debido a la naturaleza de su
actividad, ejercen de facto también un amplio poder social que puede llegar a
lesionar derechos individuales con un incontrastable efecto multiplicador. De
ahí que se reconozca el papel de la tutela en esta relación asimétrica para la
protección de las prerrogativas fundamentales del individuo”.
[22] Ver, sentencia C-543 de 1992.
[23] Ver, Folios 5 y 25 del cuaderno No. 2.
[24] Ver, Folios 24 y 52 del cuaderno No. 2.
[25] Ver, sentencia T-496 de 2009.
[26] Ver,
sentencia T-904 de 2013.
[27] Ver,
sentencia T-453 de 2013.
[28] Decreto 2591 de 1991, artículo 35: "Las
decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la
jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas
constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente
justificadas (…)."
[29] La Constitución Política, en su artículo 20, dispone
que “[s]e garantiza a toda persona [natural o jurídica] la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son
libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. Esta norma
constitucional consagra varios derechos y libertades fundamentales que, aunque
diferenciables en cuanto a su objeto, contenido y ámbito de aplicación,
comúnmente se agrupan bajo la categoría genérica de “libertad de expresión”.
Ver, sentencia T-022 de 2017.
[30] Ver,
sentencias T-391 de 2007 y T-904 de 2013.
[31] La
libertad de información se diferencia de la libertad de opinión (también llamada “libertad de expresión en sentido
estricto”), en su objeto de protección y el alcance en su ejercicio, pues
la libertad de opinión comprende la libertad para expresar y difundir el propio
pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación de fronteras y por cualquier
medio de expresión. Ver, sentencia T-904 de 2013.
[32] El concepto de prensa en el marco del derecho a la
libertad de prensa y su íntima relación con el derecho a la libertad de
información, impone de suyo, distintas manifestaciones del quehacer
periodístico que no se limitan a la publicación en periódicos. Comprende
básicamente, la utilización de mecanismos de difusión masivos: periódicos,
radio, televisión, algunas formas de colocación de información y opiniones en
internet, revistas, entre otros. Ver, sentencias T-213 de 2004 y T-391 de 2007.
[33] La Corte Constitucional ha establecido que
la libertad de prensa constituye un requisito esencial para la existencia de la
democracia, teniendo en cuenta que “una prensa libre contribuye a informar y
formar a los ciudadanos; sirve de vehículo para la realización de los debates sobre
los temas que inquietan a la sociedad; ayuda de manera decisiva a la formación
de la opinión pública; actúa como instancia de control sobre los poderes
públicos y privados, etc. Además, la libertad de prensa es fundamental para el
ejercicio pleno del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues para
que una persona pueda definir y seguir de manera apropiada la orientación que
le desea dar a su existencia es necesario que tenga la posibilidad de conocer
distintas formas de concebir la vida y de comunicar su propia opción vital”.
Ver, sentencia T-066 de 1998.
[34] Sobre responsabilidad social de los medios de
comunicación, se puede consultar, por lo menos, las sentencias T-066 de 1998,
T-602 de 1995, T-213 de 2004 T-1319 de 2001, C-010 de 2000, SU-1723 de 2000,
T-391 de 2007, entre otras.
[35] Ver, sentencia T-080 de 1993.
[36] Ver, sentencias T-129 de 2010, T-549 de 2008, T-003
de 2011.
[37] Ver, sentencia T-439 de 2009.
[38] Ver, sentencia T-298 de 2009.
[39] Ver, sentencia T-1202 de 2000.
[40] Ver,
sentencia T-080 de 1993.
[41] En cuanto a la libertad de información y prensa,
resultan de gran importancia, para entender los principios de veracidad e
imparcialidad, los artículos constitucionales 73; el cual declara que la
actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e
independencia profesionales, y el 74; el cual  asegura la inviolabilidad del secreto
profesional, que interesa en grado sumo a los periodistas, y el derecho de
acceso a los documentos públicos como una regla general cuyas excepciones
únicamente la ley puede establecer. A todo lo cual se agrega la perentoria
prohibición de todas las formas de censura.
[42] En ese sentido se pueden consultar las sentencias
T-512 de 1992 y T-080 de 1993.
[43] Ver, sentencia T-411 de 1995, reiterada en la
sentencia T-022 de 2017, entre otras.
[44] Ver, sentencia C-489 de 2002, reiterada en la
sentencia T-022 de 2017, entre otras.
[45] Ver, sentencia C-872 de 2003, reiterada en la sentencia
T-022 de 2017, entre otras. Es importante destacar que, el derecho a la
intimidad también está previsto en múltiples instrumentos internacionales de
protección de derechos humanos, como por ejemplo en el artículo 12 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde se señala que “Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación” indicando a
su vez que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques”. De igual forma en el artículo 17.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prescribe lo siguiente:
“[n]adie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques.” También fue consignado en el artículo 8.1 del
Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales, donde se dispuso que “[t]oda persona tiene derecho al respeto de
su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia” y el
artículo 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica dispone a su vez que “[n]adie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
[46] Desde
sus primeros pronunciamientos, la Corte Constitucional ha reconocido el
carácter fundamental del derecho a la rectificación, al considerar que se trata
de “un derecho de la misma naturaleza fundamental del que tiene el sujeto
activo a informar y de los derechos a la honra y al buen nombre que por su
conducto se protegen”. Ver, sentencias T-479 de 1993, T-074 de 1995, T-472
de 1996, T-066 de 1998, entre otras.
[47] En
la sentencia T-066 de 1998, la Corte advirtió que la equivalencia no se puede
predicar de la extensión, pero sí de la posición y el realce de la noticia,
pues de lo que se trata es de que el lector pueda identificar con facilidad la
relación existente entre la rectificación y el artículo enmendado. Es decir, la
determinación de la forma y el lugar en que debe realizarse la rectificación
depende de la manera en que apareció la noticia a enmendar. Por ejemplo, en la sentencia T-404 de 1996, esta
Corporación avaló la rectificación que hiciera un diario de amplia divulgación
nacional, en la página 2A, sobre una noticia que había aparecido en la página
14B. El argumento que validaba la rectificación consistió en que ésta había
sido ubicada en una página de la sección más importante del diario, mientras
que la información inicial enmendada había sido publicada en las últimas
páginas de la sección B. Sin embargo, esto no significa que todas las
rectificaciones a las que deba proceder tal diario puedan hacerse en la misma
página 2A. El lugar donde se publique la enmienda, y el realce que habrá de
tener, dependerán del lugar y el realce que poseyó la noticia.
[48] Ver,
sentencias T-603 de 1992, T-274 de 1993, T-332 de 1993, T-479 de 1993, T-595 de
1993, T-381 de 1994, T-074 de 1995, T-472 de 1996, T-066 de 1998, T-1198 de
2004, T-003 de 2011, entre otras.
[49] Ver, sentencias T-260 de 2010, T-022 de 2017, entre
otras.
[50] En efecto, cuando la violación de los derechos a la
honra, al buen nombre u otros se deriva de la publicación de información por
televisión, el artículo 30 de la Ley 182 de 1995, prescribe que, la persona
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la transmisión del programa
donde se originó el mensaje motivo de la rectificación, salvo fuerza mayor,
puede solicitar por escrito la rectificación ante el director o responsable del
programa, para que se pronuncie al respecto; a su vez, el medio de comunicación
dispondrá de un término improrrogable de siete (7) días hábiles contados a
partir de la fecha de la solicitud para hacer las rectificaciones a que hubiere
lugar. Dispone la norma precitada que, si recibida la solicitud de
rectificación no se produjese pronunciamiento tanto del responsable de la
información o director del programa controvertido, la solicitud se entenderá
como aceptada, para efectos de cumplir con la rectificación.
[51] Ver,
sentencias T-256 de 2013, T-145 de 2016, entre otras.
[52] Ver,
sentencia T-145 de 2016.
[53] Ver, sentencia T-487 de 2017.
[54] Ver, sentencias T-496 de 2009 y T-453 de 2013.
[55] El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Colombia mediante Ley 74 de
1968; el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada
internamente mediante Ley 16 de 1972; el artículo 2° de la Convención sobre los
Derechos del Niño, aprobada mediante la Ley 12 de enero 28 de1991; y como
herramienta de interpretación específica, el informe “Infancia y medios de comunicación”,
presentado en 2010 por Save the Children y Unicef, contentivo de “Recomendaciones
para el tratamiento de la infancia en  niños, niñas y adolescentes en los
medios de comunicación”.
[56] El artículo 44 de la Constitución Política de 1991,
que de manera inequívoca establece que los derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de
protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e
indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de
desarrollo y formación; el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su
artículo 33 dispone que: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia
arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y
correspondencia.  Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o
circunstancia que afecte su dignidad”, y en su artículo 47, instituye la responsabilidad
especial de los medios de comunicación e indica que, sin perjuicio de su
autonomía y demás derechos, deberán “abstenerse de entrevistar, dar el
nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la
identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores
o testigos de hechos delictivos”, (énfasis fuera del original),
debiendo responder por la violación de tales preceptos. Ver, sentencia C-442 de
2009.
[57] Ver, entre otras, las sentencias T-321 de 1993, T-293
de 1994, T-505 de 2000, T-611 de 1992, T-391 de 2007, C-442 de 2009, T-496 de
2009, T-260 de 2012, T-904 de 2013, T-453 de 2013.
[58] Ver, en relación con la divulgación de datos que
permiten la identificación de los menores de edad en casos de delitos sexuales,
la sentencias T-496 de 2009 y T-453 de 2013.
[59] A partir de lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 2° de la Convención sobre los Derechos del Niño, el informe “Infancia y medios de comunicación”, presentado en 2010 por Save the
Children y Unicef, señaló que uno de los
riesgos de la práctica periodística es que los niños y niñas aparezcan
caracterizados por atributos o circunstancias que obvien el hecho de que son
niños o niñas, o que no se proporcione el contexto de la situación, o que se
caiga en estereotipos al enfocar la noticia. El documento destaca que los
profesionales de los medios “pueden jugar un papel relevante en este
aspecto, creando conciencia social sobre la responsabilidad de todos los
agentes sociales, incluidos los medios de comunicación, ante la infancia y
contribuyendo a una visión ajustada a la realidad de la infancia como colectivo”;
así, se solicita evitar cualquier clase de sensacionalismo en el manejo de los
contenidos referentes a la infancia. Ver, sentencia T-453 de 2013.
[60] "Artículo
25. Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio
judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una
acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos
artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio,
tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente
causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así
como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante
el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses
siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá
inmediatamente copia de toda la actuación...".
[61] Ver,
Sentencia T-458 de 2010.
[62] Ver, Sentencia T-095 de 1994, T-496 de 2009, entre
otras.
[63] Ver,
Sentencia T-375 de 1993.
[64] Ver, Folio 14 del cuaderno No. 2.
[65] En virtud del principio de buena fe consagrado en el
artículo 83 Superior, se presume como cierta la afirmación del apoderado del
actor, según la cual, la publicación de la noticia “fue un duro golpe tanto
para la personalidad de mi prohijado, como para su entorno familiar y su
círculo de amigos. También sus negocios se ven afectados, pues ante la opinión
pública ha quedado como una persona delincuente bochinchera, problemática e
irrespetuosa de la ley y del orden.” Ver, Folio 6 del cuaderno No. 2.
[66] Mediante
la Resolución No. 0031 del veintinueve (29) de marzo de 2017, el Comandante de
Policía del departamento de Boyacá, revocó la resolución por medio de la cual
se dispuso el decomiso de la pistola, al encontrar que “no existen pruebas
de que el presunto infractor consumiera bebidas embriagantes y el mismo no
posee antecedente alguno con relación al uso y porte del arma referenciada.”
Ver, Folio 10 del cuaderno No. 2.
[67] Ver, folio 41 del cuaderno No. 2.
[68] Ver, Folio 52 del cuaderno No. 2.
[69] La madre de la niña, bajo la gravedad de juramento,
rindió declaración ante el juez de tutela de primera instancia, en el siguiente
sentido: “(…) a mi marido ni trabajo ni trabajo le dan porque según la gente
él es el violador, y nos han traído una serie de perjuicios, estamos en boca de
toda la gente de la vereda, nos señalan  a mi como una persona inconsciente,
que cómo puedo vivir con ese señor que es el violador de mi hija, mi compañero
es señalado constantemente como un violador y reitero que nadie ya le da
trabajo por esa noticia infundada de un periódico irresponsable (…)”. Ver,
Folio 49 del cuaderno No. 2.
[70] Una vez consultado el link que suministró el medio
accionado como fuente de la fotografía, la Sala pudo constatar que la imagen de
la niña utilizada de modo ilustrativo no es la niña BB, sino que corresponde a
una noticia publicada por un medio de comunicación mexicano, el veintisiete
(27) de febrero de 2017.
[71] Ver, Sentencia T-095 de 1994, T-496 de 2009, entre
otras.
[72] En
el escrito de impugnación del fallo de primera instancia, la Defensora de
Familia que promovió la acción de tutela en favor de la niña, manifestó que: “era
necesario que el periódico identificara y valorara la veracidad de la
información que tenía, para efectos de proceder a su publicación, y de esta
forma, evitar un futuro y seguro daño emocional y psicológico a la niña y su
familia; y más aún cuando  la información publicada compromete y condiciona su
futuro. En el entendido que con la noticia publicada la niña fue etiquetada en
la comunidad donde reside como ‘la niña violada’, lo que causa daño grave a la
intimidad personal y a la familia, al buen nombre, a la honra y a la intimidad
e integridad moral de la niña y la familia (…)”. Ver, Folio 80 del cuaderno
No.2.
[73] Ver,
Folio 49 del cuaderno No.2.
[74] Ver,
sentencia T-1029 de 2010.
[75] Op. cit.
[76] En esa dirección, resolvió la Corte en la Sentencia
T-1090 de 2005.
[77] Ver, sentencia T-095 de 1994, T-496 de 2009, entre
otras.
[78] Ver, folio 41 del cuaderno No.2.
[79] Código General del
Proceso. Art.167: “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen
”.
[80] Fls.10-12 y vtos.
[81]
Mediante Resolución del 29 de marzo de 2017,
el Comandante de la Policía Nacional revocó la resolución por medio de la cual
se dispuso el decomiso de la pistola, al encontrar que “no existen pruebas
de que el presunto infractor consumiera bebidas embriagantes y el mismo no
posee antecedente alguno con relación al uso y porte del arma referenciada”.
[82]
T-529 de 2011.