T-612-17
Sentencia
T-612/17
DERECHO A LA EDUCACION-Naturaleza jurídica
DERECHO A LA EDUCACION-Tratamiento
constitucional con doble connotación como derecho y como servicio
DERECHO A LA EDUCACION-Fundamental tanto para
los menores de edad como para los adultos
PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Concepto, alcance y
contenido
La autonomía
universitaria es el derecho que le asiste a las instituciones de educación
superior de auto determinar su ideología, forma de administración y sus
estatutos, entre otros aspectos. Esta garantía se encuentra consagrada
expresamente en el artículo 69 de la Constitución, así: “[s]e garantiza la autonomía
universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley”. En desarrollo del mandato
superior, los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 establecen el ámbito de aplicación de este
derecho que permite a las instituciones de educación superior definir, por
ejemplo, el proceso de selección y admisión de sus alumnos.
CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A
UNIVERSIDAD PUBLICA-Fundamento jurídico y jurisprudencia constitucional
De acuerdo con el mandato de asegurar el acceso progresivo a la
educación superior, el Estado ha desarrollado y adoptado una serie de medidas
para destinar recursos y emplear mecanismos que permitan el ingreso de las
personas a la formación de este nivel. Algunas de estas acciones, como la
creación de cupos especiales, están enfocadas en sectores específicos de la
población y pretenden garantizar la aplicación del principio de la diversidad
étnica y cultural, asegurar la protección de derechos de grupos
tradicionalmente marginados o discriminados e implementar beneficios para
individuos con méritos particulares o diferenciales, como ocurre en el caso de
los reservistas de honor o los deportistas con reconocimientos oficiales.
CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A
UNIVERSIDAD PUBLICA-Asignación
CUPOS ESPECIALES DE ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Se exhorta a
Universidad para que continúe con servicio de educación a joven medallista nacional, en caso que éste siga
cursando el programa de medicina y acredite el cumplimiento de los requisitos
académicos exigidos
Referencia:
Expediente T-6.203.374
Acción de
tutela interpuesta por Jorge Andrés Meneses García contra la Universidad del
Quindío
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá
D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por el magistrado Alberto Rojas Ríos y las
magistradas Diana Fajardo Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos emitidos el 10 de febrero de 2017 por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío) y el 28 de marzo de
2017 por la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Armenia (Quindío), dentro de la acción de tutela promovida
por Jorge Andrés Meneses García contra la Universidad del Quindío. El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección Número Seis, mediante auto del 30 de junio de
2017.[1]
I.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Andrés Meneses García, actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales a la educación y al debido proceso, presuntamente vulnerados por
la Universidad del Quindío al negarle la admisión al programa de medicina
dentro del cupo especial establecido para la población de deportistas con reconocimientos
oficiales. A continuación, se exponen los antecedentes de la acción de tutela:
1.  Hechos
1.1.    El 28 de octubre de 2016, el señor Jorge Andrés Meneses
García, de 18 años de edad,[2]
pagó el valor correspondiente al pin de inscripción de pregrado de la
Universidad del Quindío.[3]
El 4 de noviembre del mismo año, completó los trámites para aspirar a un cupo
dentro del programa de medicina (presencial-jornada diurna) bajo un régimen especial
por ser medallista nacional.[4]
1.2.    Junto con la solicitud de inscripción, el accionante aportó
certificados expedidos por el Instituto Departamental del Deporte y Recreación
del Quindío (INDEPORTES Quindío)[5]
y la Liga de Baloncesto del Quindío.[6]
En los documentos se indica que Jorge Andrés Meneses García forma parte de la
selección departamental desde el 2012, además se hace mención a su trayectoria
deportiva, su participación en el torneo nacional (categoría sub 20) realizado
en Bogotá y su proceso en los juegos intercolegiados municipales y nacionales.
1.3.
El Consejo Académico de la universidad expidió
el Acuerdo 009 del 7 de octubre de 2009, “por medio del cual se fijan
criterios para la asignación de cupos de aspirantes a ingresar a la Universidad
del Quindío bajo regímenes especiales”[7]. El Acuerdo establece lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: La
Universidad del Quindío reservará tres (3) cupos por cada uno de los programas
de pregrado que ofrece, para la población vulnerable (comunidades negras,
desplazadas por la violencia e indígenas), bachilleres con méritos de acuerdo
con la Ley Estatutaria del Deporte y Reservistas de Honor.
PARÁGRAFO 1. Los aspirantes a
ingresar a los programas de formación en pregrado en las condiciones de
excepción a que se refiere este artículo, deberán realizar el proceso de inscripción
y presentar las certificaciones correspondientes de la autoridad competente, de
conformidad con lo que al respecto establezca el Consejo Académico.
PARÁGRAFO 2. Cuando haya
varios aspirantes por cada una de las condiciones de excepción establecidas en
este artículo, se aplicará como criterio de selección el resultado de las
pruebas de Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente
Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.”
1.4.    El 17 de noviembre de 2016, la Universidad del Quindío
publicó la lista de admitidos al programa de medicina. Los tres cupos para los
regímenes especiales se otorgaron a un afrodescendiente, una víctima de
desplazamiento forzado y un miembro de comunidad indígena.
1.5.    El accionante manifestó que presentó una petición el 21 de
noviembre de 2016, dirigida al Presidente del Consejo Superior de la
Universidad del Quindío. Pese a que el accionante aportó el documento
contentivo de dicha solicitud, el mismo no tiene sello de la institución
educativa que acredite su radicación. En el escrito, el señor Meneses García solicitó
un cupo especial en representación de los deportistas y aseveró que: (i) hay
desigualdades en el proceso de selección y admisión de personas oriundas del
Quindío, (ii) las transferencias del Departamento a la institución son cuantiosas,
lo que obliga al Consejo a fijar políticas inclusivas para los bachilleres
quindianos,  (iii) aunque el Acuerdo 009 de 2009 quiere ampliar las
oportunidades de acceso a la educación superior a cinco sectores específicos de
la población (indígenas, personas en situación de desplazamiento, afrodescendientes,
deportistas de alto rendimiento y reservistas de honor), solo otorga tres
cupos, lo que considera una conducta discriminatoria, y (iv) en su caso, se
presentó al programa de medicina con el mejor puntaje en las pruebas de Estado
(358 puntos) dentro de los deportistas de alto rendimiento, pero que los cupos
fueron otorgados a aspirantes que estaban en otros grupos, excluyendo los
deportistas, conducta que considera discriminatoria y que se genera por una
interpretación equivocada del Acuerdo 009 de 2009.[8]
1.6.    El 23 de enero de 2017, Jorge Mario Meneses Marín, padre
del actor, presentó petición en la que solicitó a la universidad que se le
adjudicara un cupo a su hijo en la facultad de medicina (periodo académico
2017-1), dentro del régimen especial de los bachilleres con méritos deportivos.
Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la lista de admitidos a la
institución de educación superior no se benefició a ningún inscrito en esta
categoría de excepción.[9]
1.7.    El 31 de enero de 2017, la universidad rechazó por
improcedente la solicitud del cupo en el programa de medicina (primer semestre
del año 2017) para Jorge Andrés Meneses García.[10]
Explicó que el actor concursó
como aspirante regular, con un puntaje en las pruebas de Estado de 358 y que el
cierre para el programa al que se presentó fue de 408, “quedando el
aspirante en LISTA DE ESPERA a 216 posiciones abajo del último candidato
admitido en el tipo de prueba por el cual concursó”.
Adicionalmente, señaló que el
accionante concursó dentro del régimen especial para medallistas nacionales y
que “con más de un aspirante inscrito en los diferentes tipos de pruebas de
estado (sic) en los distintos tipos de Regímenes especiales, se
eligieron a los tres mejores puntajes”. Sobre el proceso de selección, se
lee lo siguiente:
“[L]a asignación de los tres
(3) cupos para aspirantes reconocidos en cinco (5) tipos de RÉGIMEN ESPECIAL,
se llevan a cabo por el resultado de las pruebas de estado en donde se eligen
los tres (3) mejores puntajes (de mayor a menor), un criterio imparcial y ajeno
de cualquier injerencia del alma mater que garantiza la transparencia y
aplicabilidad inmediata de la selección.
De ninguna forma es posible
asignar un (1) cupo para cada tipo de RÉGIMEN ESPECIAL y que cada uno de los
aspirantes reconocido en cualquiera de los cinco (5) tipos de régimen participa
en igualdad de condiciones y tiene la misma relevancia y oportunidad de acceso
a ser elegido en el proceso de selección de la Universidad, es una necesidad
elegir de los aspirantes reconocidos como RÉGIMEN ESPECIAL (sin importar cuál
sea) aquellos que tengan los mejores tres (3) puntajes en las pruebas de
estado.”
Precisó que en el texto del
artículo 1° del Acuerdo 009 de 2009 se resaltó que la denominada “población
vulnerable” está compuesta por (comunidades negras, desplazadas por la
violencia e indígenas). Añadió que se encerró la información en paréntesis como
una “interrupción para incluir un inciso aclaratorio que EXPLIQUE mejor qué
abarca”, por lo que debe entenderse que dentro de la población vulnerable
existen tres regímenes diferenciables, sumados al de los medallistas nacionales
y los reservistas de honor. Para terminar, la
institución educativa informó que el accionante ocupó el puesto número 30
dentro de los inscritos en las condiciones de excepción y que, de esta manera,
no era posible asignarle un cupo.[11]
1.8.
El accionante solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la educación. En consecuencia,
pidió que se inaplicara la expresión “tres (3)”, contenida
en el Acuerdo 009 de 2009, que se refiere al número de cupos especiales que
pueden ser otorgados a personas dentro de las siguientes 5 categorías: miembros
de comunidades indígenas, personas en situación de desplazamiento,
afrodescendientes, deportistas de alto rendimiento y reservistas de honor. Asimismo,
instó porque el artículo primero del Acuerdo de 2009 fuera interpretado con
arreglo a los postulados constitucionales, de manera que no existiera
discriminación. Para sustentar sus pretensiones el accionante expuso lo
siguiente:
“Los cupos especiales
aprobados por el acuerdo 009 dan una interpretación ambigua ya que en su parte
considerativa busca reconocer cinco sectores específicos de la población con
sustento legal para otorgar cupo en cada uno de los programas de la Universidad
y enumera la población comunidades negras, desplazados por la violencia,
bachillerees con méritos de acuerdo a la ley estatutaria del deporte y reservistas
de honor, y en su parte resolutiva del mencionado acuerdo solo otorga tres
cupos de los cinco regímenes especiales”.[12]
Adicionalmente, el señor Meneses García aseveró que una
interpretación del Acuerdo es que los cupos especiales deben distribuirse de
manera que se asigne uno solo a la población vulnerable (comunidades negras,
desplazadas por la violencia e indígenas), dado que ese grupo se encerró en
paréntesis dentro del texto original y los dos restantes a un inscrito en el
régimen especial de los medallistas nacionales y otro al de los reservistas de
honor. En palabras del actor:
“Se dice que de forma ambigua
porque también se puede dar una segunda interpretación  en el artículo primero
cuando dice que se reservará tres cupos para cada uno de los programas de
pregrado y menciona abriendo “PARANTESIS” para la población vulnerable
(comunidades negras, desplazadas por la violencia e indígenas), lo que encierra
el paréntesis sería un (1) cupo, bachilleres con mérito de acuerdo con la ley
estatutaria del deporte (ley 181 de enero 1995), este sería el segundo cupo (2)
y reservistas de honor tercer cupo (3). Quedando siempre dos poblaciones por
fuera de los cupos, especial hecho que constituye una verdadera discriminación
por cuanto si la constitución y la ley les ha querido dar una protección y reconocimiento
especial, como si ocurre en la Universidad Tecnológica de Pereira y en la
mayoría de universidades del país”.[13]
Finalmente, el señor Jorge Andrés
Meneses García solicitó que se adoptara una medida provisional, debido al
inicio del calendario académico para el primer semestre del 2017.
2.   Traslado y contestación de la demanda
2.1.
El Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío), mediante auto del 31 de enero
de 2017, admitió la acción de tutela y ordenó vincular a la Gobernación del
Departamento del Quindío, la Secretaría de Educación Departamental, el
Ministerio de Educación Nacional y a INDEPORTES Quindío. A su vez, negó la
medida provisional ya que no estaba probada la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable dada “la falta de sustento probatorio que permita al
despacho colegir el escalafón logrado por el promotor de la vía resultados de
la prueba de Estado, respecto de otros aspirantes con condiciones semejantes,
máxime cuando podría verse comprometida la salvaguarda de derechos
fundamentales de terceros aspirantes”.[14]
2.2.    Para terminar, ordenó notificar a la institución educativa demandada
para que en el término de dos días, contados a
partir del recibo de la comunicación, ejerciera su derecho a la defensa, aportara
la documentación de soporte del proceso de inscripción y selección de los
aspirantes al programa de medicina para el periodo 2017-01, así como el listado
de los “aspirantes descritos con identificación de la modalidad en la que se
presentaron (aspirantes ordinarios o de grupos minoritarios), con el respectivo
puntaje de pruebas de Estado por ellos obtenido”.[15]
2.3.
Respuesta de la Secretaría de Educación Departamental de Quindío[16]
2.3.1. Mediante
escrito del 1 de febrero de 2017, el Secretario de Educación Departamental[17]
contestó la acción de tutela y aseguró que la
entidad no ha vulnerado los derechos del accionante pues no tienen competencia
legal dentro del asunto solicitado.
2.3.2. Expuso
que los Departamentos, a través de sus Secretarías de Educación, “gozan del
reconocimiento y certificación para la prestación del servicio educativo,
correspondiente a la administración del mismo en los niveles de básica
primaria, secundaria y media vocacional”.[18] Advirtió que en el nivel
superior, el servicio es prestado por las instituciones autorizadas para tal
efecto y que el ejercicio de inspección y vigilancia de las mismas corresponde,
de manera exclusiva al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación.[19]
2.3.3. Solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, “teniendo en
cuenta que no existe amenaza o vulneración de los derechos fundamentales cuyo
amparo solicita el accionante, originados con ocasión de acción u omisión de
esta entidad pública”.[20]
2.4.
Respuesta de la Universidad del
Quindío
2.4.1. El
rector encargado de la Universidad del Quindío[21] se pronunció con respecto a la acción
de tutela, mediante escrito del 3 de febrero de 2017. Señaló que no se está
ante la posible configuración de un perjuicio irremediable dado que el
accionante no ha elevado solicitud formal ante la institución. Precisó que la
única petición estudiada fue la del padre del actor, quien radicó la misma pese
a que, para la fecha, su hijo ya era mayor de edad.
2.4.2. Reiteró
que aunque existen 5 regímenes especiales, la universidad solo asigna 3 cupos
para el programa de medicina a los inscritos con los mejores puntajes en las
pruebas de Estado en dichas categorías. Resaltó que el actor participó en
igualdad de condiciones pero el beneficio se otorgó a otros, de acuerdo al
mérito académico.
2.4.3. Precisó
que el Consejo Superior de la Universidad estableció los criterios de
inscripción y admisión de aspirantes a sus programas,[22] que en el
artículo 9 del Acuerdo N°066 del 2000 se consagró que el ingreso está sometido
a las pruebas de Estado y que ACADEMUSOFT es el sistema a través del cual se
determina cuáles son los mejores inscritos.
2.4.4. Finalmente,
consideró que el estado del accionante dentro del proceso de selección continúa
siendo “NO ADMITIDO” y que una interpretación diferente podría vulnerar
derechos de otros aspirantes. Por lo anterior, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela puesto que el accionante cuenta con la
acción de nulidad simple o nulidad y restablecimiento de derecho para resolver
su controversia.
2.5.
Respuesta de INDEPORTES Quindío
La jefa de la oficina jurídica
del Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío[23]
contestó la acción de tutela, mediante escrito del 6 de febrero de 2017. Señaló
que la entidad no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues la
Universidad del Quindío es la única encargada de pronunciarse respecto del
proceso de inscripción y admisión de estudiantes para los programas de pregrado
que oferta. Por lo anterior, solicitó que se desvinculara al instituto dentro
del trámite la acción de amparo.
2.6.    Respuesta del Ministerio de Educación
Mediante escrito del 6 de febrero
de 2017, la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación contestó la
acción de tutela y solicitó ser desvinculada del trámite de tutela de la
referencia. En el escrito hizo alusión al principio de autonomía universitaria,
que se deriva del artículo 69 de la Constitución Política y que fue
desarrollado por la Ley 30 de 1992, y a las funciones de inspección y
vigilancia del Ministerio sobre las instituciones de educación superior.
3.  Decisiones judiciales objeto de revisión
3.1.    Decisión de primera instancia
3.1.1. El
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío), mediante sentencia del
10 de febrero de 2017, tuteló el derecho fundamental a la educación en conexión
con los principios de buena fe y confianza legítima de Jorge Andrés Meneses
García. En consecuencia, ordenó al representante legal de la Universidad del
Quindío que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
sentencia, realizara las actuaciones administrativas tendientes a la inclusión
y formalización del ingreso del accionante al grupo de admitidos para el
programa de medicina (primer semestre del año 2017), sin que fuera posible la
desestimación de cupos ya conferidos a otros estudiantes. Finalmente, ordenó
que se brindara acompañamiento pedagógico, docente y psicosocial, de manera que
se realizara un proceso de empalme al accionante debido a que ya se había dado
inicio a las clases del programa.
3.1.2. El
juez mencionó que no había encontrado un precedente jurisprudencial que hubiera
resuelto un caso similar al de la referencia, por lo que era necesario adoptar
una decisión basada en principios y reglas constitucionales. Aseveró que dada
la ineficacia de los medios ordinarios, la tutela procedía de manera principal
y definitiva.
3.1.3. Sostuvo
que el problema objeto de estudio se puede resolver de acuerdo al apego a la
literalidad de la norma. El juzgado señaló que el artículo primero del Acuerdo
009 de 2009 estableció la reserva de tres cupos en cada programa de la
universidad, “para la población vulnerable (comunidades negras, desplazadas
por la violencia e indígenas), bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley
Estatutaria del Deporte y Reservistas de Honor”.[24] Añadió
que lo que se encerró en el paréntesis hace parte de una sola categoría para
abarcar a las personas que hacen parte de la población vulnerable, a la que se
le debe entregar un único cupo para el inscrito con mejor puntaje en las
pruebas de Estado.
3.1.4. Concluyó
que del análisis hermenéutico del acuerdo se infiere que los tres cupos
preferenciales para las personas que se encuentren en los regímenes especiales
deben distribuirse de la siguiente manera:
(i)   Para la población vulnerable conformada por comunidades
negras, desplazadas por la violencia e indígenas, un cupo que deberá disputarse
entre ellos.
(ii) Para
los bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley Estatutaria del Deporte, un
cupo que deberá disputarse entre ellos.
(iii)
Para los militares que sean reservistas
de Honor, un cupo que deberán disputarse entre ellos.
3.2.    Solicitud de aclaración, modificación y o adición
3.2.1. El
15 de febrero de 2017, el rector de la Universidad del Quindío[25] presentó
solicitud de aclaración, modificación y o adición del fallo proferido por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío). Resaltó que Jorge
Andrés Meneses García ocupó la posición número 30 dentro de las personas
inscritas en los regímenes especiales.
3.2.2. Alegó
que con la decisión del juez de tutela se vulneraron los derechos de 26
personas inscritas por las categorías de excepción, sin contar a las que se les
asignó el cupo, o los 122 aspirantes regulares que tuvieron mejor puntaje en
las pruebas de Estado que el peticionario y de las que no se dijo nada en la
providencia.[26]
Por lo anterior, solicitó que se aclarara, modificara o adicionara la
providencia del 10 de febrero de 2017 ante la imposibilidad de cumplir con el
numeral segundo de la parte resolutiva que ordenó la inclusión del actor en el
programa de medicina “sin que sea dable para el efecto la desestimación de
cupos ya conferidos a otros estudiantes que a la fecha han alcanzado derechos
consumados y los cuales gozan de confianza legítima respecto de las actuaciones
de la administración estatal, auspiciado por el respecto a los actos propios
que de ellos se predica”.[27]
3.2.3. Mediante
auto del 17 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Armenia (Quindío) negó la solicitud de aclaración de la sentencia del 10 de
febrero de 2017. Consideró que la petición no se presentó por la existencia de
aspectos confusos contenidos en la parte resolutiva o que influyan en ella y
que, por el contrario, se refería al fondo de la decisión. Finalmente, sobre la
situación de los estudiantes con mejor puntaje en las pruebas estatales que el
actor, recordó que la acción de amparo tienen efectos inter partes.
3.3.    Impugnación
3.3.1. El
rector de la Universidad del Quindío[28] presentó escrito de impugnación el 17 de febrero de 2017. Comentó
que el ingreso a la institución depende del resultado de examen de Estado, lo
que en el caso analizado se dejó a un lado, pues el sistema de mérito no se
tomó en consideración y se otorgó un derecho mediante la aplicación de la buena
fe y la confianza legítima, decisión que damnificó a la universidad y a
terceros.
3.3.2. Estimó
que la interpretación que realizó el juez de instancia del Acuerdo 009 de 2009 “puso
en un plano de desigualdad a los iguales” y que correspondía reconocer la
existencia de 5 regímenes especiales, “con igualdad de condiciones,
representación, importancia y acceso a la educación formal superior en el alma
mater”.[29]
3.4.    Decisión de segunda instancia
3.4.1. La
Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Armenia (Quindío), mediante sentencia del 28 de marzo de 2017,
confirmó la sentencia adoptada el 10 de febrero de 2017 por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Armenia (Quindío), en primera instancia.
3.4.2. La
Sala se refirió a la educación como un atributo con una doble dimensión derecho-
deber. Por otra parte, advirtió que las universidades pueden regular las
exigencias para la inscripción y admisión a sus programas ya que cuentan con
autonomía que, aunque no es absoluta, comprende el “direccionamiento
ideológico del centro y la implementación de estándares de idoneidad
estudiantil y gestión”.[30]
3.4.3. Sobre
el caso particular, señaló que el Acuerdo 009 de 2009 no contiene 5 categorías
especiales sino 3, a saber: (i) la población vulnerable (comunidades negras,
desplazadas por la violencia e indígenas), (ii) bachilleres con méritos de
acuerdo con la Ley Estatutaria del Deporte y (iii) reservistas de honor.
Precisó que como el régimen especial de la población vulnerable se redactó en
paréntesis, ello quería decir que todos los sujetos que se encontraban en
dichas condiciones debían competir por un cupo.
3.4.4. Sostuvo
que el accionante fue sometido a una denegación injustificada del acceso a una
carrera profesional, que la decisión no desconoce los resultados de las pruebas
de Estado, pues el accionante obtuvo el mejor puntaje en su categoría y que no
hay discriminación respecto de otras personas que se postularon.
II.
CONSIDERACIONES
1.       Competencia
y procedibilidad
1.1.    La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de esta referencia.
1.2.    Legitimación en la causa por activa y pasiva
1.2.1. De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que tiene toda
persona para solicitar, de manera directa o por quien actué legítimamente a su
nombre, la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción
de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”.[31]
1.2.2. En el caso particular, los requisitos en mención se cumplen cabalmente pues la tutela
fue interpuesta por Jorge Andrés Meneses García,
actuando en nombre propio, quien para la fecha de la presentación de la demanda
(30 de enero de 2017) era mayor de edad.[32] Por su parte, la acción de amparo se dirigió
contra la Universidad del Quindío,[33] institución de naturaleza pública, con
régimen especial, creada por el Acuerdo Municipal Nº 23 de 1960, adscrita al
Departamento,[34] con personería jurídica, autonomía
académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente. De esta manera, la entidad demandada está legitimada por
pasiva en virtud de los artículos 86 de la Carta Política y 5 del Decreto 2591 de 1991.
1.3.    Inmediatez
1.3.1. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción
de tutela debe interponerse en un término prudencial contado a partir de la
acción u omisión que amenaza o genera una afectación a los derechos
fundamentales. Sobre el particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la
inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de
tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto”.[35]
1.3.2. En este caso, el acto que supuestamente vulneró los
derechos fundamentales del accionante se dio con la publicación de la lista de
admitidos al programa de medicina (periodo
académico 2017-1), el 17 de noviembre
de 2016, que excluyó a Jorge Andrés Meneses García de uno de los cupos especiales
otorgados por la Universidad del Quindío. Por su parte, la acción
constitucional se ejerció el 30 de enero de 2017, por lo que entre uno y otro
evento transcurrieron solo 2 meses y 13 días, término que la Sala estima razonable.
1.4.    Subsidiariedad
1.4.1. Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591
de 1991 señalan que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Sin embargo, esta Corporación ha establecido que “un medio judicial
únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente
aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado”.[36]
1.4.2. En el caso
que nos ocupa, la Universidad del Quindío manifestó en la contestación que la
controversia del accionante podía ser resuelta a través del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.[37] No obstante,
para dar validez a tal aseveración es necesario identificar el acto o los actos
que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales del accionante y si
efectivamente pueden ser objeto de control por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
1.4.3. La Sala encuentra que la posible amenaza de los derechos
del tutelante se pudo presentar por: (i) el Acuerdo 009 de
2009, que fijó los criterios “para la asignación de cupos de aspirantes a
ingresar a la Universidad del Quindío bajo regímenes especiales”, particularmente,
la interpretación que hace la institución educativa del mismo, y (ii) por la lista de admitidos al programa de medicina (periodo
académico 2017-1), mediante la cual no se otorgó uno de los cupos especiales al
señor Meneses García.
1.4.4. En ese sentido, si la solicitud de la institución accionada
estaba encaminada a que se declarara la improcedencia de la tutela dado que el
actor no acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
adelantar el control del Acuerdo 009 de 2009, la Sala debe advertir que dicho
argumento no es admisible en virtud de la jurisprudencia de esta Corporación
que ha sido enfática al declarar que la tutela es
procedente para resolver los conflictos que se suciten por la asignación de
cupos especiales en las universidades, dada la ineficacia del mecanismo
ordinario de defensa judicial. Sobre el particular, la sentencia T-441
de 1997,[38]
reiterada en otras oportunidades, señaló lo siguiente:
“[L]a existencia de otro mecanismo judicial sólo
imposibilita el recurso a la acción de tutela cuando ese instrumento se
demuestra como eficaz. La eficacia del recurso ordinario no se determina de
manera general sino en relación con el caso concreto bajo análisis.
(…)
La situación descrita
evidencia la importancia del factor tiempo para la realización del sueño de
ingresar a la universidad. Ante este hecho y en vista del trámite prolongado
que exigiría el mecanismo judicial ordinario, sólo puede concluirse que éste se
demuestra en este caso como ineficaz, por cuanto la duración del proceso que
inicia compromete seriamente las aspiraciones del demandante de absolver los
estudios universitarios. Por lo tanto, y con miras a impedir un perjuicio
irremediable para el actor, debe declararse que la demanda de tutela sí es
procedente en este caso”.[39]
1.4.5. De otra parte, tanto la interpretación de la institución
educativa del Acuerdo 009 de 2009 como la lista de admitidos al programa de medicina
(periodo académico 2017-1) son actos académicos no susceptibles de ser
controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos
eventos, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional[40] y del Consejo de Estado,[41] la
acción de tutela es el único mecanismo judicial para controlar estos actos.
Sobre el particular, la sentencia T-341 de 2003[42]
indicó lo siguiente:
“La acción de tutela
constituye mecanismo idóneo para controvertir los actos académicos de los
establecimientos educativos en general, pues ‘en un Estado Social de Derecho
las actuaciones de esa naturaleza no pueden sustraerse del respeto a los
derechos fundamentales’[43].
Es la posición de la jurisprudencia, sostenida por ejemplo cuando las
directivas escolares imponen sanciones disciplinarias sin garantizar el debido
proceso[44]
o cuando interpretan las normas de los reglamentos internos de manera que no se
aviene a la Constitución.[45]
Sin embargo, ha dejado claro la jurisprudencia que el juez constitucional debe
respetar la autonomía de los docentes, salvo cuando advierta un ejercicio
arbitrario de la misma, o la violación flagrante de garantías
constitucionales”.[46]
1.4.5.1.   Particularmente, en las sentencias T-187 de 1993[47]
y T-052 de 1996,[48] esta Corporación revisó dos acciones
de tutela en las que los accionantes cuestionaban los actos mediante los cuales
se definía el proceso de admisión de aspirantes en programas de posgrado. En
estas oportunidades, la Corte estimó que debido a que los actos objeto de
controversia eran netamente académicos, la tutela era el mecanismo principal
para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los actores.
1.4.5.2.   En ese mismo sentido, mediante Auto del 19 de diciembre de
2014,[49]
la Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la demanda que instauró un actor en la que solicitó la nulidad simple de 42 actas del
Comité de Currículo de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), entre las cuales se encontraba una
que se refería la selección de aspirantes al programa. La Sección consideró que
las actas no podían ser controvertidas por tratarse de actos de carácter
académico.
1.4.5.3.   Con
posterioridad, mediante el Auto del 21 de abril de 2016,[50] la Sección
Primera del Consejo de Estado se pronunció con respecto la súplica presentada
por el accionante contra el Auto del 19 de diciembre de 2014, antes enunciado.
La Sección respectiva reiteró que las actas demandadas eran actos académicos
por lo que no eran susceptibles de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
1.4.6.
Por tanto, bien sea porque el mecanismo judicial
frente al primer acto es ineficaz o porque no existe un medio judicial frente
al segundo, el amparo solicitado en el presente caso debe entenderse procedente.
2.  Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes
expuestos con antelación, la Sala Séptima de Revisión considera que el problema
jurídico a resolver en el presente caso es el siguiente:
¿Vulnera una universidad pública (Universidad
del Quindío) los derechos fundamentales a la
educación y al debido proceso de un deportista con reconocimientos oficiales (Jorge Andrés Meneses García), inscrito a uno de los programas ofertados por la
institución, al establecer cinco regímenes especiales, como medida para ampliar el acceso a la educación superior,
y reservar solo tres cupos para asignar entre los aspirantes dentro de las categorías
de excepción que obtengan los mejores puntajes en las pruebas de Estado?
Para resolver el problema jurídico
planteado, se estudiarán a continuación los siguientes temas: (i) el derecho a la educación
y naturaleza jurídica, (ii) la autonomía universitaria, (iii) el fundamento jurídico
y la jurisprudencia constitucional con respecto a la asignación de cupos
especiales en las universidades, y (iv) se procederá a determinar si existió o no una
vulneración de los derechos del accionante por la actuación de la universidad
accionada.
3.
El derecho a la educación y su
naturaleza jurídica
3.1.    El artículo 44 de la Constitución Política establece que la
educación es uno de los derechos fundamentales reconocidos a los niños. Por su
parte, el artículo 67 Superior consagra que la educación tiene una doble
connotación ya que “es un derecho de la persona
y un servicio público que tiene una función social”, cuya responsabilidad
está en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado.
3.1.1.A su vez, diversos instrumentos internacionales se han
pronunciado sobre la protección de dicha garantía, a saber: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo
26),[51]
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26),[52] y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13).[53]
De los instrumentos citados se desprende que todas las personas tienen derecho
a la educación, que el Estado tiene el deber de adelantar las acciones progresivas
para garantizar su gratuidad, efectividad, así como el acceso a la educación
superior, que debe darse en términos de igualdad y teniendo en cuenta el mérito
académico.
3.1.2.Adicionalmente, la Observación
General Número 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del
Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas establece
que la educación, independientemente de su forma y nivel, debe contar con cuatro
características interrelacionadas: (i) disponibilidad, (ii) accesibilidad,
(iii) aceptabilidad y (iv) adaptabilidad,[54] que se concretan en lo siguiente:
“a. Disponibilidad. Debe haber
instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del
Estado Parte.  Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos
factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo,
las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra
protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos,
agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de
enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de
informática, tecnología de la información, etc.
b. Accesibilidad. Las
instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin
discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres
dimensiones que coinciden parcialmente:
No discriminación. La
educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables
de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos
(véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); Accesibilidad
material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su
localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal)
o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de
educación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al
alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las
diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza
primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser
gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la
enseñanza secundaria y superior gratuita.
c. Aceptabilidad. La forma y
el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos
pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados
culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados
en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en
materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13).
d. Adaptabilidad. La educación
ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de
sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los
alumnos en contextos culturales y sociales variados.”
3.2.    Por otra parte, la Corte Constitucional se ha referido a la
naturaleza del derecho a la educación de mayores de edad. Sobre el particular, estableció en la sentencia T-329 de 1993[55] que la “doctrina
constitucional afirma el carácter de derecho fundamental a la educación, con
independencia de la edad del titular del derecho, por la estrecha vinculación
existente entre la educación y los valores del conocimiento, el libre
desarrollo de la personalidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la
cultura, entre otros”. Más adelante, esta Corporación reconoció que, tratándose de los
adultos, dicha garantía era de carácter fundamental “puesto que la educación es inherente y esencial al ser
humano, dignificadora de la persona humana, además de constituir el medio a
través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica
y los demás bienes y valores de la cultura”.[56]
3.2.1.Adicionalmente, existen pronunciamientos de esta Corporación que estiman que
una vez se adquiere la mayoría de edad, el derecho a la educación deja de ser de
aplicación directa e inmediata y pasa a ser meramente prestacional.[57]
3.2.2.Ahora bien, este Tribunal
ha sostenido que debido a la estructura compleja los derechos constitucionales
y que su eficacia depende de múltiples obligaciones, se hace necesario
distinguir entre su fundamentalidad y justiciabilidad (posibilidad de exigencia judicial), que
son cuestiones relacionadas pero independientes.[58] A
partir de esta diferenciación, la Corte se refirió sobre la justiciabilidad de
los derechos y estimó que la tutela es procedente, prima facie, en los
siguientes eventos:
“(i) salvaguardar todas las facetas negativas del derecho; (ii)
garantizar aquellas facetas positivas que no suponen altas erogaciones; (iii)
asegurar las dimensiones que han sido objeto de concreción normativa, bien sea
por vía jurisprudencial, legal o reglamentaria; (iv) verificar si obligaciones
de desarrollo progresivo son judicialmente exigibles, a partir de los mandatos
de progresividad y –muy especialmente- en eventos en que se constate un
retroceso injustificado en el nivel de eficacia de un derecho, o cuando la
violación surja del desconocimiento del principio de igualdad y la prohibición
de discriminación; y (v) analizar si, como juez de tutela, puede contribuir a
la creación de garantías, cuando la regulación general es en principio
adecuada, pero deja por fuera sujetos vulnerables, personas en condición de
debilidad manifiesta, o facetas imprescindibles para la satisfacción de la
dignidad humana”.[59]
3.2.3.Sobre el derecho a la
educación, en la sentencia C-520 de 2016[60] se dejó claro que su carácter
fundamental se predica de todas las personas, aunque, por ejemplo, “en materia de condiciones de acceso a la educación, tanto los
tratados de derechos humanos como la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional, han diferenciado entre obligaciones de aplicación inmediata y
deberes progresivos, con base en parámetros de edad del educando y nivel
educativo”.
3.3.    Esta Corte también se refirió al derecho a la educación
superior y su naturaleza.[61]
Así pues, en la sentencia T-068 de 2012[62] la Sala
Séptima resaltó que esta garantía goza de un
carácter progresivo y es fundamental dada su relación estrecha con la dignidad
humana. Asimismo,
adujo que el núcleo esencial contiene “la garantía de que su goce efectivo
está a cargo del Estado, lo que significa que si bien éste último no tiene una
obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la
educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de
procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo”.[63]
3.3.1.Posteriormente, esta Corporación
consideró que la educación superior, excepcionalmente, adquiere el carácter de
fundamental, que su protección se garantiza en lo concerniente a los
componentes del acceso y permanencia, cuando se vulneren o amenacen otros
derechos iusfundamentales[64]
y reiteró que la obligación estatal presenta diferencias por nivel de enseñanza.
3.3.2.Además, en la sentencia C-520 de 2016,[65]
este Tribunal resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º
(parcial) del artículo 4º de la Ley 1678 de 2013, “por medio de la cual se
garantiza la educación de Posgrados al 0.1% de los mejores profesionales
graduados en las instituciones de educación superior públicas y privadas del
país”, la Corte reiteró que en materia de educación superior “todos las
obligaciones estatales para asegurar el acceso a los distintos niveles que la
componen son de naturaleza progresiva y, a medida que se llega a las escalas
más altas de la educación, es un principio aceptado en los ámbitos interno e
internacional, el uso del mérito como criterio para la distribución de cupos y
recursos”.
3.4.
En suma, el derecho a la educación, por
disposición expresa del texto constitucional es fundamental en el caso de
niños. No obstante, esta Corporación, de la lectura armónica de la Carta
Política y los
tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, reconoció su carácter
fundamental cuando se trata de adultos, ya que es inherente al ser humano y dada
su relación estrecha con la dignidad humana.
3.4.1.Dicho esto, debe
resaltarse que el carácter fundamental del derecho a la educación implica la existencia
de obligaciones en cabeza del Estado, las cuales pueden ser de aplicación inmediata o de carácter progresivo, lo que depende de la
edad de la persona o del nivel educativo del que se trate. Adicionalmente, de
acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el principio de progresividad “(i) cuestiona la inacción estatal,
(ii) ordena dar pasos adelante o la adopción de medidas constantes; (iii)
prohíbe –prima facie– los retrocesos, y (iv) exige que las medidas respeten el
principio de igualdad y el mandato de no discriminación”.[66]
3.4.2.En el
caso de la educación superior, la Corte reconoció su fundamentalidad, y en
varias ocasiones amparó el componente de acceso y la permanencia de las
personas en la educación de este tipo como expresión del principio de
progresividad.
4.  Autonomía
Universitaria
4.1.    Habiendo
establecido los aspectos esenciales del derecho a la educación, esta Sala
abordará el tema de la autonomía universitaria, su concepto, finalidad y alcance.
4.2.    La
autonomía universitaria es el derecho que le asiste a las instituciones de
educación superior de auto determinar su ideología, forma de administración y
sus estatutos, entre otros aspectos.[67]
Esta garantía se encuentra consagrada expresamente en el artículo 69 de la
Constitución,[68]
así: “[s]e garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la
ley”. En desarrollo del mandato superior, los artículos 28[69] y 29[70] de
la Ley 30 de 1992 establecen el ámbito de aplicación de este derecho que
permite a las instituciones de educación superior definir, por ejemplo, el
proceso de selección y admisión de sus alumnos.
4.3.    En la sentencia T-180 de 1996[71], la Corte
Constitucional se refirió a la finalidad y a los límites de la autonomía
universitaria en los siguientes términos:
“La finalidad de la autonomía
universitaria es la de evitar que el Estado, a través de sus distintos poderes,
intervenga de manera ilegítima en el proceso de creación y difusión del
conocimiento. Con ello se asegura un espacio de plena autonomía en el que el
saber y la investigación científica se ponen al servicio del pluralismo y no de
visiones dogmáticas impuestas por el poder público, que coartarían la plena
realización intelectual del ser humano e impedirían la formación de una opinión
pública crítica que proyecte el conocimiento en el proceso de evolución social,
económica y cultural.
(…)
Los altísimos fines
que persigue la autonomía universitaria no pueden servir de excusa a los
centros docentes para que, prevalidos de esa valiosa garantía institucional,
vulneren los principios y derechos en los que se apoya el ordenamiento
jurídico. De igual manera, no puede predicarse como correlato de la garantía
institucional consagrada en el artículo 69 de la Carta, la inmunidad judicial
de los actos de las Universidades que sean susceptibles de vulnerar los
derechos fundamentales de sus estudiantes. Sin embargo, la intervención del
juez debe limitarse a la protección de los derechos contra actuaciones
ilegítimas, sin que le esté dado inmiscuirse en el ámbito propio de libertad de
la Universidad para fijar sus políticas académicas e investigativas”.
4.4.    La Corte estableció algunas subreglas con respecto a la
autonomía universitaria que se resumen de la siguiente manera:
“a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no
es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el
interés general y el bien común.[72]
b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección
y vigilancia de la educación que ejerce el Estado.[73]
c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el
pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad
para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no
podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución.[74]
d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean
estudiar en el centro educativo superior, pero una vez aceptados son
obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento concreta la
libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de
educación superior.[75]
e) El Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar
la autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo.[76]
f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo.
Limitado porque es una garantía para el funcionamiento adecuado de la institución.
Es complejo, como quiera que involucra otros derechos de las personas.[77]
g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la
órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean
razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial
el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios
objetivos de mérito académico individual.[78]
h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben
regularse por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria.[79]
i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía
universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las
conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el
reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones
está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa.[80]”[81]
4.5.    Adicionalmente, esta Corporación reconoció que la autonomía
universitaria protege, de manera amplia, la independencia de las instituciones
de educación superior de interpretar sus reglamentos y que la intervención del
juez constitucional en estos casos depende de que la interpretación no se
ajuste a la Constitución o afecte derechos fundamentales.[82]
4.6.    En suma,
en virtud de la autonomía universitaria, las instituciones de educación
superior están facultadas para determinar libremente los procedimientos y
criterios para la selección y admisión de sus alumnos, así como para
interpretar sus reglamentos. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoce
que dicha autonomía está limitada por la Constitución y los derechos
fundamentales.
5.  Fundamento jurídico
y jurisprudencia constitucional con respecto a la asignación de cupos
especiales en las universidades
5.1.    De acuerdo con el mandato de asegurar el acceso progresivo
a la educación superior, el Estado ha desarrollado y adoptado una serie de
medidas para destinar recursos y emplear mecanismos que permitan el ingreso de
las personas a la formación de este nivel. Algunas de estas acciones, como la
creación de cupos especiales, están enfocadas en sectores específicos de la
población y pretenden garantizar la aplicación del principio de la diversidad
étnica y cultural, asegurar la protección de derechos de grupos tradicionalmente marginados o discriminados e
implementar beneficios para individuos con méritos particulares o diferenciales,
como ocurre en el caso de los reservistas de honor o los deportistas con
reconocimientos oficiales.
5.1.1.En sintonía con lo antes
expuesto, el artículo 2 de la Ley 14 de 1990[83] establece que el “Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez, ICETEX, deberá
destinar anualmente un cinco por ciento (5%) de los créditos para estudios en
el país, y un mínimo de tres (3) cupos de las becas disponibles anualmente para
especializaciones en el exterior, a fin de atender las solicitudes que sobre
estos beneficios presenten los "Reservistas de Honor". A su vez, la Ley 70 de 1993[84]
dispuso en su artículo 37 la obligación del Estado de adoptar medidas para que
las comunidades negras conozcan sus derechos en materias como el trabajo, la
educación y la salud, entre otros. Aunado a lo anterior, el artículo 40 de la
misma ley se refiere a la obligación estatal de destinar partidas
presupuestales para garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación
superior a los miembros de estas comunidades.
5.1.2.En el caso de los deportistas, la
Ley 181 de 1995[85]
contempla en su artículo 43 que “[l]as universidades públicas o privadas
establecerán mecanismos de estímulo que faciliten el ingreso de los deportistas
colombianos con reconocimientos deportivos oficiales a sus programas
académicos”.
5.1.3.Además, el artículo 51 de la Ley
1448 de 2011[86]
ordena a las instituciones de educación superior que, en el marco de su
autonomía, fijen procesos de selección, admisión y matrícula que permitan a las
víctimas de la violencia el acceso a los programas ofertados, “especialmente mujeres cabeza de
familia y adolescentes y población en condición de discapacidad”.
5.2.    Dicho esto, corresponde hacer un análisis de la jurisprudencia
constitucional que se ha pronunciado sobre la creación y asignación de
cupos especiales por parte de las universidades, en virtud de la autonomía que
la Constitución les ha conferido.
5.2.1.Inicialmente, en sentencia T-441 de 1997[87], la Sala Tercera de
Revisión estudió el caso de un accionante que presentó el examen de admisión
para la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena. El peticionario indicó
que ocupó el puesto 87 y que no fue admitido pues de
los 100 cupos disponibles, 70 se asignaron dentro del plan normal de admisiones y los
30 restantes, de acuerdo al reglamento de la universidad, se destinaron a los
hijos de profesores, empleados y cónyuges; bachilleres provenientes de los municipios del sur de Bolívar y San
Andrés y Providencia; deportistas y reinsertados. El actor señaló que los cupos
especiales son prohibidos a la luz de la Constitución Política, que los beneficiaros
de los mismos tuvieron peores puntajes en el examen de admisión que él y, por
lo anterior, solicitó la protección de sus derechos fundamentales y que se
declarara la nulidad del acto administrativo que estableció estos cupos y aquel
que asignó los mismos dentro del programa para el que se presentó.
5.2.1.1.   La Sala tuteló los derechos a la igualdad y a la educación
del actor. Para arribar a tal decisión, estableció que los cupos en las
universidades públicas, y particularmente, los cupos especiales dispuestos para
determinados grupos de individuos se deben ver como bienes escasos, razón por
la cual, su adjudicación debe ceñirse a criterios objetivos que garanticen la
imparcialidad, transparencia e igualdad en dichos procesos. Asimismo, dejó
claro que aunque el mérito es la vía principal para la asignación de cupos universitarios,
es posible la utilización de otros criterios. Sobre el particular se determinó
lo siguiente:
“[E]l
criterio esencial de asignación de los cupos sí debe ser el mérito académico.
Es decir, este es el parámetro que debe regir el proceso general de
distribución de estos bienes escasos. Sin embargo, es aceptable que las
universidades utilicen otros criterios que flanqueen el parámetro básico de
adjudicación de los cupos, cuando, por ejemplo, se persigue contrarrestar las
condiciones desiguales con las que arriban a los exámenes de admisión los
distintos aspirantes a ingresar a la universidad, o se procura dar cumplimiento
a los fines de la institución universitaria.
Con todo, estos criterios
adicionales no pueden desvirtuar el procedimiento general de otorgamiento de
los cupos y deben tener en cuenta el merecimiento académico. Ello significa,
por una parte, que el número de plazas de estudio por asignar de acuerdo con
estos criterios será reducido con respecto al total de los cupos. Y, por la
otra, que en el procedimiento de admisión de alumnos a través de estos
criterios se debe tener en cuenta la capacidad académica de los aspirantes”.[88]
5.2.1.2.   Adicionalmente,
la Sala adelantó un análisis de cada uno de los cupos especiales existentes
para el ingreso a la facultad de medicina de la Universidad de Cartagena y concluyó
que las plazas destinadas a los hijos y el cónyuge o compañero(a)
permanente de los profesores, empleados, ex-profesores, ex-empleados y
jubilados de la Universidad; los bachilleres de los municipios de Mompóx y
Magangué; y deportistas, eran inconstitucionales y que el acto que consagraba
dichos privilegios debía ser inaplicado. Ahora bien, debido a que el  asunto de
los deportistas guarda relación con el caso sub examine, se traerá a colación
lo expresado respecto de los cupos especiales para dicho grupo, a saber:
“[E]l fomento del deporte
contribuye de manera importante al desarrollo de una formación humanística e
integral (…). Sin embargo, el hecho de que la universidad deba comprometerse
con la promoción del deporte no constituye una razón suficiente para crear un
cupo especial para favorecer el acceso de los deportistas a los estudios
superiores. Si bien no se niega que la presencia en la universidad de
deportistas de alto rendimiento puede constituir un estímulo para la práctica
de las actividades de recreación física, este objetivo puede lograrse a través
de medidas menos lesivas de los intereses de los otros aspirantes a acceder a
la universidad.”[89]
5.2.2.Posteriormente, mediante la sentencia T-531 de 1998,[90]
la Sala Segunda revisó la acción de tutela interpuesta por una madre en representación de su hija, quien se presentó al programa de química y farmacia
de la Universidad del Atlántico (1998-1) y no fue admitida, pese a tener mejor
puntaje que uno de los aceptados, ya que este era beneficiario de un cupo
establecido en favor de miembros de comunidades indígenas. La Sala reiteró lo expuesto en la sentencia T-441 de 1997
(antes reseñada) sobre el mérito académico y la posibilidad de establecer cupos
especiales cuando se quiere contrarrestar situaciones de desigualdad. No obstante, el amparo solicitado se negó en atención a que
el último puntaje ponderado fue de 289.30 y el de la accionante fue de 283.30 por lo que ni siquiera hizo parte de la lista de
preseleccionados. Sumado a eso, la Sala advirtió que sí existió un admitido con un puntaje en las pruebas ICFES inferior
al de la demandante, pero que estaba cobijado por un cupo especial.
5.2.3.En la sentencia
T-1340 de 2001,[91]
la Sala Octava amparó los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la
educación de una joven indígena a quien, debido a la decisión adoptada por la Universidad
de Nariño, se le revocó la asignación del cupo especial al que había accedido pues,
después de iniciado el semestre académico, el Gobernador del cabildo desvirtuó que
la accionante  perteneciera a la comunidad. La Sala se pronunció sobre la
constitucionalidad de la asignación de cupos especiales para miembros de
comunidades indígenas y sostuvo que dichas medidas se justifican por el principio
de la diversidad étnica y cultural, y se ajustan al artículo 13 Superior
“porque teleológicamente su búsqueda es la igualdad real -en favor de regiones
marginadas y discriminadas de la patria- y en pro del enriquecimiento cultural
de la Nación Colombiana”.[92]
5.2.4.Los beneficios en el proceso de admisión para miembros de
comunidades indígenas también fueron objeto de análisis en sentencia
T-703 de 2008,[93]
en la que la Sala Segunda de Revisión estudió el caso de un indígena a quien la
Universidad del Valle le negó la asignación de un cupo especial al considerar
que no había acreditado su condición de indígena pues no aparecía registrado en el censo que lleva la
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia. La Sala concedió
el amparo de los derechos del actor al considerar que existen diferentes medios
para probar la condición de indígena y que las universidades no pueden establecer
requisitos que impidan el acceso a estos cupos
especiales, cuya constitucionalidad está dada por el principio de la diversidad étnica y
cultural. Adicionalmente, reiteró que el mérito académico no es el único
criterio para la selección de estudiantes y que estos beneficios para personas
pertenecientes a grupos poblacionales
tradicionalmente marginados o discriminados son acciones positivas inspiradas
en la “concepción sustantiva del principio de igualdad”.
5.2.5.Más adelante,
en la sentencia T-110 de 2010,[94]
se examinó el caso de un grupo de jóvenes indígenas quienes presentaron acción
de tutela al considerar que la Universidad Industrial de Santander vulneró sus
derechos fundamentales a la educación y la igualdad al derogar los beneficios
mediante los cuales se garantizaban la asignación de cupos especiales para
miembros de comunidades indígenas.
5.2.5.1.   En la providencia se reiteró que las universidades pueden
establecer cupos para minorías
étnicas si respetan el orden constitucional y los derechos de los demás, lo que
no significa que la Constitución consagre una obligación en cabeza de las
instituciones de educación superior, aunque sean de naturaleza pública, de
implementar un sistema de selección de aspirantes mediante este beneficio, pues
en estos casos prima la autonomía universitaria.
5.2.5.2.   Adicionalmente, la Sala analizó la
constitucionalidad de la supresión de los cupos especiales por parte de la
universidad accionada, sin haber establecido una acción afirmativa de remplazo.
La Corte recalcó que una medida no es
inconstitucional por el hecho de interferir “en los derechos fundamentales de una
persona o un grupo de personas con intereses en común”, pues también se requiere que sea
desproporcionada. En el asunto revisado la Sala concluyó lo siguiente:
“[S]i bien las
universidades pueden no adoptar un sistema en específico para garantizar la
inclusión real de los miembros de pueblos indígenas en la educación superior,
resulta injustificado suprimirlo, y no poner nada en su reemplazo que pretenda
cumplir funciones equivalentes, bajo el pretexto de que con la supresión del
programa se va a garantizar la igualdad, pues por el contrario se está es
obrando en contra de ese derecho”.[95]
5.2.5.3.   Por lo antes expuesto, la Sala amparó los
derechos de los accionantes e inaplicó para su caso la normatividad que había
derogado el sistema de cupos especiales.
5.2.6.Finalmente,
en la sentencia T-551 de 2011[96]
se revisó la tutela interpuesta por un hombre con discapacidad visual total,
quien consideró que la Universidad del Magdalena vulneró su derecho a la
igualdad, en atención a que en el Reglamento estudiantil existían cupos
especiales y estímulos económicos (becas) a favor de personas pertenecientes a
poblaciones en situación de vulnerabilidad, excluyendo de estos beneficios a la
población en situación de discapacidad. Su solicitud no iba dirigida a acceder
a un cupo en la Institución, dado que ya fungía como estudiante de la misma. En
su lugar, pretendía la asignación de una beca, toda vez que no contaba con los
recursos para costear el pago de la matrícula.
5.2.6.1.   Con el fin de
dar solución a este caso, la Sala Séptima de Revisión aclaró que cuando un
establecimiento de educación superior, en virtud de su autonomía universitaria,
decide implementar cupos especiales, beneficios económicos, becas u otros, en
favor de grupos de personas en razón a su grado de vulnerabilidad, debe cuidar
que dichas medidas vayan acorde con los fines esenciales del Estado Social de
Derecho y de la Constitución, y cerciorarse de que dichas iniciativas no vulneren
el derecho a la igualdad de otros grupos sociales.
5.2.6.2.   Con base en lo
anterior, y en aras de dar aplicación al concepto de educación inclusiva, la
Sala ordenó implementar medidas que garanticen la accesibilidad a la educación
de personas en condición de discapacidad. En concreto y como una medida
transitoria, dispuso el reintegro del estudiante y que se le brindara la
posibilidad de concursar por uno de los cupos especiales preestablecidos por la
institución para las personas que hacen parte de poblaciones vulnerables.
5.3.    Del
análisis de las sentencias anteriormente citadas es dable afirmar que, en
virtud de su autonomía universitaria, la implementación de cupos especiales u
otro tipo de beneficios como becas por parte de instituciones de educación
superior, es constitucionalmente admisible si (i) su creación constituye una
acción positiva en favor de sectores con méritos diferenciales y en pro de la
igualdad material de grupos sociales minoritarios o que se encuentren, de algún
modo, en situación de vulnerabilidad, (ii) su implementación y desarrollo
respeta el principio de igualdad, y no pone en riesgo derechos fundamentales de
otros sectores de la población, y (iii) se aplican dando prevalencia al mérito
académico como principal criterio de admisión a este tipo de instituciones.
6.  Caso concreto
6.1.    Jorge Andrés Meneses García, de 18 años de edad, presentó
acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a
la educación y al debido proceso. El actor se inscribió en la Universidad del
Quindío para aspirar a un cupo dentro del programa de medicina (periodo
académico 2017-1) y se postuló bajo un régimen especial por ser medallista
nacional.[97]
6.2.    El Acuerdo 009 del 7 de octubre de 2009, expedido por el
Consejo Académico de la Universidad del Quindío, fijó los criterios para la
asignación de cupos de aspirantes a ingresar a la universidad bajo regímenes
especiales, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO PRIMERO: La
Universidad del Quindío reservará tres (3) cupos por cada uno de los programas
de pregrado que ofrece, para la población vulnerable (comunidades negras,
desplazadas por la violencia e indígenas), bachilleres con méritos de acuerdo
con la Ley Estatutaria del Deporte y Reservistas de Honor.
PARÁGRAFO 1. Los aspirantes a
ingresar a los programas de formación en pregrado en las condiciones de
excepción a que se refiere este artículo, deberán realizar el proceso de
inscripción y presentar las certificaciones correspondientes de la autoridad
competente, de conformidad con lo que al respecto establezca el Consejo
Académico.
PARÁGRAFO 2. Cuando haya
varios aspirantes por cada una de las condiciones de excepción establecidas en
este artículo, se aplicará como criterio de selección el resultado de las
pruebas de Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente
Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.”
6.3.    El 17 de noviembre de 2016, la
Universidad del Quindío publicó la lista de admitidos y los tres cupos
especiales fueron asignados a personas que hacían parte de los regímenes
especiales establecidos para “comunidades negras, desplazadas por la
violencia e indígenas”.
6.4.    El 23 de enero de 2017, el padre del
accionante presentó una petición al Consejo
Académico de la institución demandada en la que solicitó que le fuera asignado
un cupo a su hijo en la facultad de medicina
para el periodo académico 2017-1, teniendo en cuenta que dentro de los cupos
especiales no se benefició a ningún medallista nacional. Sin perjuicio de ello,
el 31 de enero de 2017, la universidad rechazó por improcedente la solicitud
presentada y reiteró que el estatus del accionante seguía siendo “NO
ADMITIDO”.
6.5.    El señor Jorge Andrés Meneses García solicitó que se inaplicara la expresión “tres (3)” del Acuerdo
009 del 7 de octubre de 2009 que se refiere al número de cupos en cada uno de
los programas de pregrado que la institución reserva para aspirantes en
condiciones de excepción, ya que una interpretación equivocada y restrictiva
del mismo vulneró su derecho al acceso a la educación superior.
6.6.    El accionante señaló que el acuerdo pretende ampliar las
oportunidades de acceso a la educación superior a cinco sectores
específicos de la población (indígenas, desplazados, afrodescendientes,
medallistas nacionales y reservistas de honor) y que en la parte resolutiva
solo otorga tres cupos dentro de los cinco regímenes especiales. Por otra parte,
advierte que la redacción del artículo primero del Acuerdo puede ser
interpretada de manera que se entregue un cupo entre los medallistas
nacionales, otro a los reservistas de honor y el restante a la denominada “población
vulnerable”, debido a que en el original se encerró entre paréntesis quiénes
componen dicha categoría (miembros comunidades negras, personas en situación de
desplazamiento y miembros de comunidades indígenas).
6.7.    De acuerdo a la información suministrada por la Universidad
del Quindío, el señor Meneses García se inscribió al programa de medicina
(2017-1) con un puntaje en las pruebas de Estado de 358. El actor concursó como
aspirante regular y quedó en lista de espera a 216 posiciones abajo del último
candidato admitido. También concursó dentro de uno de los regímenes especiales (deportista
con reconocimientos oficiales) y entre todos los inscritos ocupó el puesto
número 30.
La siguiente tabla, elaborada a
partir de la información suministrada por la Universidad del Quindío, contiene
la relación de los inscritos dentro de los regímenes especiales para el
programa de medicina (periodo académico 2017-1). Los aspirantes están
organizados de acuerdo al puntaje obtenido en las pruebas de Estado. En el
puesto número 30 se encuentra el accionante.
Puesto
Tipo
de prueba
Puntaje
obtenido
Estado
de admisión
Tipo
de admisión
1.
Nueva
69,3
Admitido
Desplazada
2.
Nueva
65,45
Inscrito
Desplazada
3.
Nueva
55,15
Inscrito
Afrodescendiente
4.
Nueva
52,29
Inscrito
Desplazada
5.
Nueva
50,19
Inscrito
Indígena
6.
Nueva
47,29
Inscrito
Afrodescendiente
7.
Nueva
47,05
Inscrito
Desplazada
8.
Nueva
37,35
Inscrito
Indígena
9.
Nueva 2014-2
402
Lista Espera
Desplazada
10.
Nueva 2014-2
401
Admitido
Indígena
11.
Nueva 2014-2
401
Inscrito
Desplazada
12.
Nueva 2014-2
397
Inscrito
Desplazada
13.
Nueva 2014-2
394
Inscrito
Indígena
14.
Nueva 2014-2
389
Inscrito
Indígena
15.
Nueva 2014-2
387
Inscrito
Desplazada
16.
Nueva 2014-2
383
Inscrito
Indígena
17.
Nueva 2014-2
377
Inscrito
Desplazada
18.
Nueva 2014-2
375
Inscrito
Indígena
19.
Nueva 2014-2
375
Inscrito
Indígena
20.
Nueva 2014-2
374
Inscrito
Desplazada
21.
Nueva 2014-2
371
Inscrito
Indígena
22.
Nueva 2014-2
367
Inscrito
Indígena
23.
Nueva 2014-2
366
Inscrito
Desplazada
24.
Nueva 2014-2
365
Inscrito
Desplazada
25.
Nueva 2014-2
364
Inscrito
Indígena
26.
Nueva 2014-2
364
Admitido
Afrodescendiente
27.
Nueva 2014-2
361
Inscrito
Afrodescendiente
28.
Nueva 2014-2
361
Inscrito
Indígena
29.
Nueva 2014-2
360
Inscrito
Indígena
30.
Nueva 2014-2
358
Inscrito
Medallista
6.8.    El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío),
en primera instancia y la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío), en segunda instancia, concedieron
el amparo de los derechos del accionante y sostuvieron que la lectura del
artículo primero del Acuerdo 009 de 2009 permitía inferir que los regímenes
especiales dentro de la Universidad del Quindío eran solo tres, a saber: (i)
población vulnerable, (ii) bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley
Estatutaria del Deporte y (iii) Reservistas de Honor.
6.9.    Las instancias judiciales recalcaron que solo correspondía asignar
un cupo para todas las personas inscritas que se encontraran dentro de la
denominada población vulnerable. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo
primero del acuerdo incluyó dentro de esta denominación y mediante el uso de
paréntesis a los miembros de comunidades negras, personas en situación de
desplazamiento y a los miembros de comunidades indígenas.
6.10.    Para comenzar el análisis del caso objeto de revisión, la
Sala considera necesario pronunciarse sobre la sentencia de primera instancia
emitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío), en la
que se indicó que “analizado el precedente jurisprudencial, no se encontró
un tema analogizable con el sub examine, por lo que la decisión a adoptar se
debe basar en principios y reglas constitucionales”. Ciertamente, lo
expuesto por la instancia judicial resulta desacertado debido a la
existencia de varios pronunciamientos de esta Corporación sobre cupos
especiales en instituciones universitarias. De ahí que el fallo resulte
discordante con respecto a la Constitución y a la interpretación que de la
Carta Política hace esta Corte.
6.11.    Inicialmente, esta Sala reconoce que todas las personas
tienen derecho a la educación y aunque existe una distinción entre obligaciones de aplicación
inmediata y deberes progresivos, con base en parámetros de edad del educando y
nivel educativo, lo cierto es que este Tribunal se ha pronunciado con respecto
a la protección de los componentes de acceso y permanencia en materia de
educación superior.
6.12.    Por otra parte, aunque en los
fallos de instancia se hace alusión a la autonomía universitaria y a que la
misma no tiene carácter absoluto, desatendieron que en virtud de los artículos
69 de la Constitución, así como el 28 y 29 de
la Ley 30 de 1992, las instituciones de educación superior están facultadas
para determinar los criterios de selección y admisión de sus alumnos, siempre y
cuando los mismos sean razonables y proporcionales. A esto se suma que la
jurisprudencia constitucional reconoce que las universidades tienen un amplio
margen para establecer medidas que garanticen el acceso a la educación superior
y que la Carta Política no consagra una obligación de implementar un sistema de selección de
aspirantes mediante la creación de cupos especiales. No obstante, se reitera
que el principio de progresividad implica la prohibición de retrocesos, por lo
que las medidas de admisión diferenciada solo pueden ser suprimidas o revocadas
en los eventos en que exista una justificación constitucional para dicha
determinación.
6.13.     Concretamente, las decisiones revisadas desconocieron la
interpretación de la Universidad del Quindío del Acuerdo 009 de 2009, sobre el
número de regímenes especiales que reconoce la universidad, para los que se
reservaron tres cupos.
La siguiente tabla presenta, de
manera comparativa, la postura de la entidad accionada y la que adoptaron los
jueces de tutela con respecto al artículo 1 del acuerdo.
Interpretación
del Acuerdo 009 de 2009 (Nro. de regímenes especiales)
Universidad
del Quindío
Jueces de
Instancia
Miembros
de comunidades negras
Población vulnerable, compuesta por miembros de comunidades negras,
personas en situación de desplazamiento y miembros de comunidades indígenas.
Personas
en situación de desplazamiento
Miembros
de comunidades indígenas
Bachilleres con méritos
deportivos
Bachilleres con méritos
deportivos
Reservistas de Honor
Reservistas de Honor
6.14.    La interpretación de la Universidad del Quindío permite que
personas dentro de 5 categorías compitan por 3 cupos especiales. En
contraposición, la interpretación del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Armenia (Quindío) y de la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío) restringe el número de
regímenes excepcionales sin que medie una razón fundada en motivos constitucionales
y desconoce el mérito como criterio a aplicar, incluso en estas medidas que
amplían las oportunidades de acceso a la educación superior.
6.15.    Para esta Sala, en el Acuerdo 009 del 2009 existen cinco
grupos perfectamente diferenciables que pueden ser beneficiarios de los tres
cupos reservados por la institución, a saber: miembros de comunidades
negras, personas en situación de desplazamiento, miembros de comunidades
indígenas, bachilleres con méritos de acuerdo con la Ley Estatutaria del
Deporte y Reservistas de Honor. En este caso, debe
respetarse la interpretación de la Universidad del Quindío que se adecua a los
preceptos constitucionales y que permite participar por la admisión en los
programas de la universidad a los integrantes de los grupos enunciados en el
artículo primero, siendo el criterio de desempate el puntaje de las pruebas de
Estado. Lo anterior, en virtud de la autonomía universitaria y de la
jurisprudencia constitucional con respecto a los cupos especiales dentro de las
universidades.
6.16.    Si lo que pretendían las instancias judiciales era
descartar la interpretación del Acuerdo 009 de 2009 hecha por la universidad
demandada, debieron demostrar que la misma no se ajustaba a la Constitución o
que vulneraba derechos fundamentales y no simplemente imponer su apreciación
con respecto a la literalidad del contenido del acuerdo. En el análisis de los
jueces de tutela correspondía, entre otras cosas, tener en consideración que
dentro de los primeros 30 inscritos en los regímenes especiales para la
asignación de cupos dentro del programa de medicina (periodo académico 2017-1) habían
12 personas en situación de desplazamiento, 4 afrodescendientes, 13 miembros de
comunidades indígenas y un deportista con reconocimientos oficiales (Jorge Andrés Meneses García), por lo que la interpretación que pretendía asignar un
solo cupo a la denominada “población vulnerable” restringe
desproporcionadamente los derechos de las personas que integran estos grupos, que
cuentan con un alto número de aspirantes y que, pese a ello, tendrían menos
posibilidades de ser admitidos dada la decisión adoptada que dejó de lado el
mérito académico como criterio para el proceso de selección.
6.17.    Así las cosas, esta Sala revocará las sentencias de
instancia y exhortará, más no ordenará a la Universidad del Quindío para que continúe
prestando el servicio de educación a Jorge Andrés Meneses García, en el caso que este siga
cursando el programa de medicina y acredite el cumplimiento de los requisitos
académicos exigidos. Sobre este punto debe tenerse en cuenta que: (i) las
providencias que tutelaron los derechos del actor fueron enfáticas al señalar
que la universidad no podía desestimar cupos ya conferidos para dar
cumplimiento a la orden de admitir al señor Meneses García y (ii) que el
peticionario formalizó su ingreso a la carrera para la que se presentó en los
primeros meses del 2017, por lo que debería considerarse no afectar la continuidad
de su formación profesional, que se concretó por una decisión de dos
autoridades judiciales dentro del trámite de una acción de tutela.
6.18.    Por lo anterior, la Sala revocará las
sentencias del 10 de febrero de 2017,
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (Quindío),
en primera instancia, y del 28 de marzo de 2017, emitida por la Sala de Decisión
Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia
(Quindío), en segunda instancia, mediante las cuales se tuteló el derecho fundamental a la educación en conexidad con los
principios de buena fe y confianza legítima de Jorge Andrés Meneses García. En
su lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales a la educación y al
debido proceso del accionante. Adicionalmente, exhortará a la Universidad del Quindío para
que continúe con la prestación del servicio de educación superior a Jorge
Andrés Meneses García.
III.  DECISIÓN
Una universidad no vulnera los derechos fundamentales de un
aspirante a uno de los cupos especiales, instaurados para ampliar las
oportunidades de acceso a la educación superior, cuando establece un número mayor
de regímenes especiales o categorías de aspirantes (miembros de comunidades
negras, personas en situación de desplazamiento, miembros de comunidades
indígenas, bachilleres con méritos deportivos y reservistas de honor) respecto
del número de cupos ofertados, a partir de una interpretación razonada de un
acuerdo que se ajusta a la Constitución y establece el mérito como criterio de
desempate.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias del 10 de febrero de 2017, proferida por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Armenia (Quindío), en primera instancia, y
del 28 de marzo de 2017, emitida por la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quindío), en segunda
instancia, mediante las cuales se tuteló el
derecho fundamental a la educación en conexidad con los principios de buena fe
y confianza legítima de Jorge Andrés Meneses García. En su lugar, NEGAR el
amparo de los derechos fundamentales del accionante.
SEGUNDO.- EXHORTAR a la Universidad del Quindío para que continúe con la prestación del servicio de
educación superior a Jorge Andrés Meneses
García, en el caso que este siga cursando el
programa de medicina y acredite el cumplimiento de los requisitos académicos
exigidos.
TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la
Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes
–a través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] Sala de Selección Número Seis de 2017, integrada por las Magistradas
Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera.
[2] Según consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía, el señor
Jorge Andrés Meneses García nació el 19 de noviembre de 1998 en Pereira
(Risaralda), por lo que actualmente tiene 18 años de edad. Folio 23 del
cuaderno principal del expediente.
[3] De acuerdo al “formato de cancelación de banco” de la Universidad del
Quindío (Nro. de recibo 765435), Jorge Andrés Meneses García pagó, el 28 de
octubre de 2016, sesenta y tres mil seiscientos pesos ($63.600) por concepto de
pin de inscripción de pregrado. Folio 9 del cuaderno principal del expediente.
[4] El accionante aportó un documento con membrete de la Universidad del
Quindío en el que constan sus datos de inscripción y, especialmente, que se
encuentra dentro del régimen especial por ser medallista nacional. Folio 10 del
cuaderno principal del expediente.
[5] El 3 de noviembre de 2016, el Instituto Departamental del Deporte y
Recreación del Quindío (INDEPORTES Quindío) expidió documento en el que hace
constar que Jorge Andrés Meneses García forma parte de la selección
departamental de la Liga Quindiana de Baloncesto desde el año 2012. Se pone de
presente que en el año 2016, el joven participó en el torneo nacional (categoría
sub 20) realizado en Bogotá y que el equipo ocupó el tercer puesto. Folio 13
del cuaderno principal del expediente.
[6] El 9 de noviembre de 2016, el Presidente de la Liga de
Baloncesto del Quindío expidió documento en el que hace constar que Jorge Andrés Meneses García forma parte de las selecciones
departamentales desde el 2012, se le destacó como “una persona íntegra,
responsable, disciplinada y con un alto nivel deportivo” y se le dio una
valoración deportiva excelente. Folio 14 del cuaderno principal del expediente.
[7] El Acuerdo 009 del 7 de octubre de 2009 fue expedido por el Consejo
Académico de la Universidad del Quindío. Dentro de las consideraciones se hizo
mención al artículo 7, 13, 68 y 70 de la Constitución Política; así como la Ley
70 de 1993, en concordancia con el Decreto 804 de 1995; la Ley 14 de 1990 y la
Ley 181 de 1995, que en su artículo 43 consagra que “[l]as universidades
públicas o privadas establecerán mecanismos de estímulo que faciliten el
ingreso de los deportistas colombianos con reconocimientos deportivos oficiales
a sus programas académicos”. Folios 11-12 del cuaderno principal del
expediente.
[8] La petición que menciona el señor Jorge Mario Meneses García
tiene fecha del 21 de noviembre de 2016 y se dirige al Presidente del Consejo
Superior de la Universidad del Quindío. No tiene sello de recibido por parte de
la institución educativa. Folio 15 del cuaderno principal del expediente.
[9] La petición presentada por el señor Jorge
Mario Meneses Marín, padre del accionante, fue recibida por la Universidad del
Quindío el 23 de enero de 2017, se le asignó el radicado 2017-RE629 y se
dirigió al Consejo Académico de la institución educativa. Folio 18 del cuaderno
principal del expediente.
[10] Según la Universidad del Quindío, los 5 regímenes especiales
son para miembros de comunidades indígenas, personas en situación de
desplazamiento, afrodescendientes, medallistas nacionales y reservistas de
honor.
[11] La respuesta de la universidad está firmada por la Secretaria
General de la Universidad del Quindío. En el documento se advierte que en
sesión del 26 de enero de 2017, el Consejo Académico trató el caso de Jorge
Andrés Meneses García y acordó que el estado del proceso de selección se
mantenía en “NO ADMITIDO”. Folios 43-48 del cuaderno principal del expediente.
[12] Folio 5 del cuaderno principal del expediente.
[13] Folio 5 del cuaderno principal del expediente.
[14] Folio 24 del cuaderno principal del expediente.
[15] Folio 24 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[16] Folios 49-50 del cuaderno principal del expediente.
[17] Álvaro Arias Velasquez.
[18] Folio 49 del cuaderno principal del expediente (reverso).
[19] De acuerdo a la Secretaría de Educación Departamental, el marco
jurídico que regula las facultades de inspección y
vigilancia de las intituciones de educación superior se encuentra en el
artículo 33 de la Ley 30 de 1992 y los artículos 4, 5, 6 y 8 de la Ley 1740 de
2014, entre otros.
[20] Folio 50 del cuaderno principal del expediente.
[21] El señor Luis Fernando Polanía Obando manifestó que fue
encargado como rector de la Universidad del Quindío, mediante Resolución N°
2734 del 2 de febrero de 2017, por el señor José Fernando Echeverry Murillo
(rector).
[22] Acuerdos N° 084 de 1996 y N°066 del 2000.
[23] Liliana Ramírez Giraldo.
[24] Folio 110 del cuaderno principal del expediente.
[25] José Fernando Echeverry Murillo.
[26] Junto con la solicitud de aclaración,
modificación y o adición, la Universidad del Quindío anexó un listado de los
122 inscritos para el programa de medicina (primer semestre del año 2017) que
no fueron admitidos y que tienen mejor puntaje que Jorge Andrés Meneses García
en las pruebas de Estado. Dentro de ese listado se encuentran 13 de los
inscritos dentro de los regímenes especiales. Folios 123-127 del cuaderno
principal del expediente.
[27] Folio 121 del cuaderno principal del expediente.
[28] José Fernando Echeverry Murillo.
[29] Folios 132-133 del cuaderno principal del expediente.
[30] Folio 21 del cuaderno de segunda instancia del expediente.
[31] Decreto 2591 de 1991, art.
13.
[32] El accionante cumplió 18 años de edad el 19
de noviembre de 2016.
[33] Reconocida como universidad por la Ley 56 de 1967 y el Decreto 1583 de
enero 18 de 1975 del Ministerio de Educación Nacional.
[34] La Universidad del Quindío se encuentra adscrita al Departamento de
acuerdo a la Ordenanza Nº 014 de 1982.
[35] Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa).
[36] Corte Constitucional, sentencia T-311 de
1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y SU-772 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[37] Según lo expuesto en la contestación de la
tutela por el la Universidad del Quindío, “la presente Acción de Tutela debe
ser contraria al accionante aytendiendo que el mismo está haciendo uso de este
medio Constitucional de manera Principal, cuando existen otros medios para que
un Juez resuelva el presente caso pues el petitum de la misma se evidencia es
una Acción de Simple Nulidad o de Nulidad y restablecimiento del Derecho”. Folio 58 del cuaderno principal del
expediente.
[38] Corte Constitucional, sentencia T-441 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz). La providencia adujo que los
Acuerdos de la universidad pública accionada que establecían “cupos especiales - es decir mecanismos particulares
para favorecer el acceso de bachilleres pertenecientes a determinados grupos
sociales a la Universidad - pueden ser demandados ante los tribunales
administrativos, por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho”. A su vez, advirtió que la acción de
amparo es procedente para resolver las controversias respecto de los cupos
especiales ofertados en las universidades. Dicho estudio se reiteró en las
sentencias T-531 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell) y T-1340 de 2001 (MP
Álvaro Tafur Galvis). Esta última concluyó “que la tutela es un instrumento
procesal idóneo para reclamar por parte de los interesados la asignación
de cupos especiales, cuando se estima que eventualmente en la selección y
asignación de los mismos, se hayan violado derechos
fundamentales de los aspirantes a ingresar, por parte de los centros de
educación superior”.
[39] Corte Constitucional, sentencia T-441 de 1997 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[40] Corte Constitucional, sobre los actos netamente
académicos que no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo pueden consultarse las
siguientes sentencias: T-187 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), en la
que el accionante cuestionó el acto mediante el cual no fue admitido a la especialidad de cirugía (dentro de un concurso de
méritos); T-314 de 1994 (MP
Alejandro Martínez Caballero), en la que la controversia giraba en torno al
proceso de revisión de una calificación de la asignatura de español; T-024 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero), en
la que se estudió un caso en el que se le canceló el registro de matrícula a
una estudiante; T-052 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero), en la que el
peticionario cuestionó el acto mediante el cual se le asignó el “tercer puesto
dentro del concurso de méritos para acceder a dos cupos en el programa de
especialización en el área de pediatría”; T-341 de 2003 (MP Jaime Araújo
Rentería) en la que la controversia
giraba en torno a una calificación de insuficiente en “comportamiento social” impuesta a un niño sin
razones suficientes y desconociendo el debido proceso y T-733 de 2016 (MP María
Victoria Calle Correa), en el que se analizó una tutela interpuesta debido a la
cancelación de la matrícula a la accionante por la inasistencia injustificada
durante 3 días consecutivos a sus estudios.
[41] Consejo de Estado, Sección Primera.
Radicación número: 76001-23-31-000-2000-02962-01, sentencia del 6 de marzo de
2008. CP. Rafael Ostau de Lafont Pianeta; Radicación número:
25000-23-24-000-2010-00564-01, sentencia del 16 de julio de 2015. CP. María
Elizabeth García González (e) y Radicación número:
25000-23-41-000-2013-02128-01, sentencia del 13 de octubre de 2016. CP. María
Elizabeth García González.
[42] Corte Constitucional, sentencia T-341 de 2003 (MP Jaime Araújo Rentería).
[43]
Corte Constitucional, T-187 de 1993, T-314
de 1994  y T-024 de 1996 entre otras.
[44] Cfr. T-124 de 1998,
SU-641 de 1998, y T-1086 de 2001 entre muchas.
[45] Sentencia T-1317 de 2001 M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[46] Sentencias T-314 de 1994, T. 052 de 1996,  reiteradas recientemente
en T-859 de 2002.
[47] Corte Constitucional, sentencia T-187 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[48] Corte Constitucional, sentencia T-052 de 1996 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[49] Consejo de Estado, Sección Primera. Radicación número:
11001-03-24-000-2014-00355-01, Auto del 19 de diciembre de 2014. CP. Guillermo
Vargas Ayala.
[50] Consejo de Estado, Sección Primera. Radicación número:
11001-03-24-000-2014-00355-01, Auto del 21 de abril de 2016. CP. María Elizabeth
García González. En la providencia, la Sección consideró que los actos “estrictamente
académicos, tales como: reglas de admisión de estudiantes, programación
académica, entregas de informe y sustentación de trabajos de grado, estado de
la investigación de la maestría, entre otros, los cuales al ser expedidos en
virtud de la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, no pueden
ser controvertidos a través del medio de control de nulidad.”
[51] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 26. “1.
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para
todos, en función de los méritos respectivos. || 2. La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz. || 3. Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
[52] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 26. Desarrollo
Progresivo. “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a
nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
[53] Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 13. Derecho
a la Educación: “1. Toda persona tiene derecho a la educación. || 2. Los
Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el
pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas
para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr
una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y
promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. || 3. Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio del derecho a la educación: a. la enseñanza primaria debe ser
obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en
sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional,
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita; c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados
y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d.
se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación
básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria; e. se deberán establecer programas de
enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial
instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias
mentales. || 4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los
padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. ||
5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción
de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los
Estados partes”.
[54] Corte Constitucional, sentencias T-743 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; SVP Mauricio González Cuervo), T-348 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-055 de 2017 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado) y  T-209 de 2017 (MP Aquiles
Arrieta Gómez), en las que esta Corporación se refirió a las cuatro características
interrelacionadas del derecho a la educación de las que trata la Observación General
No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a saber: (i)
disponibilidad, (ii) accesibilidad, (iii) aceptabilidad y (iv) adaptabilidad.
[55] Corte Constitucional, sentencia T-329 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[56] Corte Constitucional, sentencia T-807 de 2003 (MP Jaime Córdoba
Triviño), en la que la Sala Cuarta de Revisión indicó que el derecho a la
educación también reviste el carácter de fundamental tratándose de adultos “puesto
que la educación es inherente y esencial al ser humano, dignificadora de la
persona humana, además de constituir el medio a través del cual se garantiza el
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de
la cultura”. La postura antes reseñada fue reiterada en las sentencias T-899 de
2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-884 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-641 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SVP Luis Guillermo
Guerrero Pérez) y T-277 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo). También pueden
consultarse las providencias C-520 de 2016 (MP María
Victoria Calle Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez (e), Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos) y C-003 de 2017
(MP Aquiles Arrieta Gómez; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[57] Corte Constitucional, sentencia T-650 de 1996 (MP
Jorge Arango Mejía), en la que se indicó que “el derecho a la educación de los
mayores de 18 años, es de carácter prestacional, que puede ser demandado del
Estado, pero, no son titulares de un derecho fundamental de aplicación
inmediata”. También pueden consultarse las sentencias T-534 de 1997 (MP
Jorge Arango Mejía), T-1704 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero) y T-295 de 2004 (MP Rodrigo
Escobar Gil), en las que se resalta que el derecho a la educación de mayores de
edad es de tipo prestacional. En dichas providencias, los accionantes
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales, la prestación del
servicio de educación básica o la entrega de diplomas,
actas de grado y certificados de estudios.
[58] Corte Constitucional: sobre la fundamentalidad y la justiciabilidad de
los derechos constitucionales pueden consultarse las siguientes sentencias:
T-428 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-594 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) y T-743 de 2013 Luis Ernesto Vargas Silva; SVP Mauricio González
Cuervo).
[59] Corte Constitucional, sentencia T-594 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), reiterada en el fallo T-481 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos).
[60] Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez (e), Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria
Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos).
[61] Corte Constitucional, sentencia C-311 de 1994 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa), en la que esta Corporación se pronunció con respecto a la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30 de 1992 (subsidiariamente se
atacó el artículo 42 de la misma). El actor señaló que la ley demandada debió
expedirse surtiendo los trámites propios de una ley estatuaria ya que, a su
juicio, se había regulado el derecho fundamental a la educación. No obstante,
para la Corte no se reguló el núcleo esencial del derecho a la educación como
derecho fundamental, sino que se organizó el servicio público de la educación
superior, lo que se hizo mediante una ley ordinaria. La Corte declaró la
exequibilidad de la Ley 30 de 1992 (por aspectos formales) y se estuvo a lo
resuelto en la sentencia C-022 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz; AV José
Gregorio Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo Mesa), que declaró exequible,
por aspectos formales, el artículo 142 de la Ley 30 de 1992, salvo la expresión
"y expida las normas reglamentarias de la presente Ley", la cual se
declaró inexequible.
[62] Corte Constitucional, sentencia T-068 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[63] Corte Constitucional, sentencia T-068 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[64] Corte Constitucional, sentencia T-138 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio; SV Jorge Iván Palacio Palacio), reiterada en las providencias T-680 de
2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-689 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; AV Alejandro Linares Cantillo) y T-089 de 2017 (MP María Victoria Calle
Correa, SV Alejandro Linares Cantillo). Sobre el carácter fundamental del
derecho a la educación superior también se puede consultar la sentencia C-535
de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado con SVP; SVP y AV Antonio José Lizarazo
Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger y Diana Fajardo Rivera; AV Alberto Rojas
Ríos).
[65] Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez (e), Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria
Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos).
[66] Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez (e), Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria
Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos).
[67] Corte Constitucional: Respecto al alcance y los límites del derecho
Constitucional a la autonomía universitaria pueden consultarse las Sentencias:
T-515 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-180 de 1996 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), C-337 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara), T-441 de 1997
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz) , T-974 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-361 de
2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-457 de 2005 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-254 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y T-141 de 2015 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa, SV MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[68] Constitución Política, Articulo 69: “Se garantiza la autonomía
universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley. || La ley
establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. || El Estado
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. || El Estado
facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.”
[69] Ley 30 de 1992. Artículo 28: “La autonomía
universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad
con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar
los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional”.
[70] Ley 30 de 1992. Artículo 29: “La autonomía de las
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo
con la presente Ley en los siguientes aspectos: || a) Darse y modificar sus
estatutos. || b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. || c)
Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
correspondientes títulos. || d) Definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. || e) Seleccionar
y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. || f) Adoptar el régimen
de alumnos y docentes. || g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional. || Parágrafo.
Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere
notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)”.
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-180 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[72] Sentencias T-492 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y
T-649 de 1998 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[73] Sentencia C-194 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-547 de 1994
M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-420 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[74] Sentencias T-123 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-172 de 1993
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-506 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía,
T-515 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[75] Sentencia C-547 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-237 de 1995
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[76] Por lo tanto, existe control estricto sobre la ley que limita la
autonomía universitaria. Sentencias T-02 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, C-299 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-06 de 1996 y C-053 de
1998 M.P. Fabio Morón Díaz.
[77] Sentencias T-574 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-513 de
1997 M.P. Jorge Arango Mejía.
[78] Sentencias T-187 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-02 de
1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-286 de 1995 M.P. Jorge Arango
Mejía, T-774 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-798 de 1998 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa y T-019 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[79] Sentencia T-061 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-515 de
1995 y T-196 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[80] Sentencia T-237 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-184 de
1996 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[81] Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999 (MP Alejandro
Martínez Caballero). Esta decisión ha sido reiterada, entre otros casos, en las
sentencias T-974 de 1999 (MP Álvaro Tafur Galvis) y la sentencia T-1317 de 2001
(MP Rodrigo Uprimny Yepes [e]).
[82] Corte Constitucional, sentencias T-1317 de 2001 (MP Rodrigo Uprimny
Yepes (e) y T-1228 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis). También pueden consultarse
las providencias T-933 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-756 de 2007 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa) y T-020 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) en las
que la Corte reconoció “un amplio margen de autonomía al ente universitario
para desarrollar los contenidos del reglamento y, especialmente, para
aplicarlos e interpretarlos sin injerencias”.
[83] Ley 14 de 1990, por la cual se establece la distinción "Reservista de Honor", se
crea el escalafón correspondiente y se dictan otras disposiciones.
[84] Ley 70
de 1993, por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política.
[85] Ley 181 de 1995, por la cual se establece la distinción
"Reservista de Honor", se crea el escalafón correspondiente y se
dictan otras disposiciones.
[86] Ley 1448 de 2011, por la cual se
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
[87] Corte Constitucional, sentencia T-441 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), reiterada en los fallos T-531 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-268
de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1340 de 2001 (MP Álvaro Tafur
Galvis) y T-703 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[88] Corte Constitucional, sentencia T-441 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[89] Corte Constitucional, sentencia T-441 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[90] Corte Constitucional, sentencia T-531 de 1998 (MP Antonio Barrera
Carbonell).
[91] Corte Constitucional, sentencia T-1340 de 2001 (MP Álvaro Tafur
Galvis).
[92] Corte Constitucional, sentencia T-1340 de 2001 (MP Álvaro Tafur
Galvis).
[93] Corte Constitucional, sentencia T-703 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[94] Corte Constitucional, sentencia T-110 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa; SVP Mauricio González Cuervo).
[95] Corte Constitucional, sentencia T-110 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa; SVP Mauricio González Cuervo).
[96] Corte Constitucional, sentencia T-551 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[97] Para acreditar su calidad de medallista nacional, el señor Jorge Andrés Meneses García aportó certificados del Instituto
Departamental del Deporte y Recreación del Quindío (INDEPORTES Quindío) y la
Liga de Baloncesto del Quindío. Folios 13-14 del cuaderno principal
del expediente.