C-427-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-427/08
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTO LEGISLATIVO-Caducidad
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Incompetencia de la Corte Constitucional para estudiar cargos de
contenido material
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Procedencia de revisión material por sustitución de la Constitución
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO REFORMATORIO DE LA
CONSTITUCION-Criterios jurisprudenciales respecto
del concepto de sustitución de la Constitución
De acuerdo a
lo establecido por el artículo 241-1 de la Constitución y en armonía con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional no es posible ejercer la revisión de
constitucionalidad de un Acto Legislativo por su contenido material. Su
competencia se limita exclusivamente a conocer de la posible
inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación. Sin embargo,
la Corte ha admitido que es posible la revisión material de un Acto Legislativo
cuando dicho acto comprenda una sustitución de la Constitución.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VICIOS DE
COMPETENCIA-Requisitos/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE REFORMA CONSTITUCIONAL POR SUSTITUCION DE LA
CONSTITUCION-Actor debe sustentar plenamente en qué consiste la sustitución
de la Constitución
La jurisprudencia de la Corte ha establecido que una
demanda que plantee la sustitución de la Constitución mediante un acto
legislativo, para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2 del
Decreto 2067 de 1991, debe sustentar plenamente en qué consiste dicha
sustitución, por ello el actor debe sustentar plenamente en qué consiste la
sustitución denunciada. No le basta, por tanto, afirmar que con la modificación
de una disposición en concreto se sustituyó o se derogó la Constitución
precedente, sino que debe justificar, con argumentos suficientes, que tal
cambio implica la abrogación de la Constitución vigente.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VICIOS DE COMPETENCIA-Ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de cargo específico
ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007-Trámite
legislativo
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Requisito
de la mayoría absoluta de los integrantes de la respectiva cámara/PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO-Cumplimiento de requisito de mayoría absoluta por votos
manuales y electrónicos
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007-Aprobación
por mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Representantes en
segunda vuelta
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VICIO DE
PROCEDIMIENTO-Cumplimiento del requisito de mayoría
absoluta para su aprobación
El curso
seguido por el proyecto de acto legislativo mediante el cual se reformaron los
artículos 356 y 357 de la Carta y los documentos aportados al expediente, permiten
a la Corte concluir que en la votación en segunda vuelta en la Plenaria de la
Cámara de Representantes se cumplió en debida forma con la mayoría requerida
para su aprobación en el artículo 375 superior, al haberse contabilizado la
totalidad de los votos efectivamente sufragados y no solamente los votos
emitidos mediante el mecanismo electrónico, habida cuenta que la norma
constitucional no distingue entre votos manuales y votos electrónicos para
efectos de la conformación de la mayoría. En la votación para la aprobación del
Acto Legislativo 04 de 2007 en la segunda vuelta en la Plenaria de la Cámara de
Representantes la totalidad de los votos emitidos, incluidos los emitidos por
medio manual como los emitidos por medio electrónico, cumplen con la exigencia
constitucional contenida en el artículo 375 de la Carta.
PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD Y DE IDENTIDAD FLEXIBLE-Contenidos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VULNERACION
DE LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE-No vulneración por cuanto en todas las etapas del trámite el tema
fue objeto de discusión y votación
A partir de
la Constitución y de las demás normas que regulan el proceso de formación de
las leyes la Corte ha señalado, entre otros principios que rigen el proceso
legislativo, (i) el principio de consecutividad y, (ii) el principio de
identidad flexible. En cuanto a su contenido ha indicado la jurisprudencia: “El
principio de consecutividad “exige que los proyectos de ley se tramiten en
cuatro debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las
cámaras legislativas, salvo las excepciones constitucionales o legales”. El
principio de identidad flexible o relativa supone que el proyecto de ley que
cursa en el Congreso sea el mismo durante los cuatro debates parlamentarios,
bajo el entendido que las comisiones y las plenarias de las cámaras pueden
introducir modificaciones al proyecto (artículo 160, CP), y que las
discrepancias entre lo aprobado en una y otra Cámara se puede superar mediante
un trámite especial (conciliación mediante Comisiones de Mediación), que no
implica repetir todo el trámite. En el presente proceso la Corte constató que
no se vulneraron los principios de consecutividad e identidad flexible respecto
del artículo 3º y los parágrafos del artículo 4º del Acto Legislativo 04 de
2007, en la medida que la norma que establece el monitoreo del gasto ejecutado
por las entidades territoriales con recursos del sistema general de participaciones,
sí fue considerada y aprobada durante la primera vuelta del trámite del acto
legislativo acusado y el texto del artículo 4º fue igualmente introducido
durante la primer vuelta y las modificaciones hechas al texto finalmente
aprobado, en ninguna medida significan un cambio esencial.
Referencia: expediente
D-6882
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo
No. 04 de 2007 “Por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política”.
Actor: Andrés
de Zubiría Samper.
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, DC.,
treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El ciudadano
Andrés de Zubiría Samper, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandó la inexequibilidad del Acto Legislativo No. 04 de 2007 “Por
el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política”.
Mediante auto del 3 de agosto de 2007, el Magistrado
Sustanciador admitió la demanda presentada contra el acto legislativo de la
referencia y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto de
30 de Octubre de 2008[1] ordenó continuar el trámite
del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10
días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al
señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República y al
Presidente del Congreso de la República.
Presentado a
consideración de la Sala el proyecto de sentencia por el magistrado Jaime
Araujo Rentería, quien había sido sorteado como ponente, luego de la discusión
correspondiente, en virtud de las decisiones que fueron adoptadas en la sesión
del 30 de abril de 2008, se designó como nuevo ponente de la sentencia en este
proceso al magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
Así las cosas,
cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II.
NORMA OBJETO DE REVISION
A continuación se transcribe el texto del Acto
Legislativo cuestionado, conforme su publicación en el Diario Oficial No. 46.686, de 11 de julio de 2007:
ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007
(julio 11)
por el cual se reforman los artículos 356 y
357 de la Constitución Política.
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. El inciso 4° del artículo 356 de la Constitución
Política quedará así:
Los recursos del Sistema General de Participaciones de
los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de
los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los
servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la
prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.
Artículo 2°. El literal a) del artículo 356 de la Constitución
Política quedará así:
a) Para educación, salud y agua potable y saneamiento
básico: población atendida y por atender, reparto entre población urbana y
rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En la distribución por
entidad territorial de cada uno de los componentes del Sistema General de
Participaciones, se dará prioridad a factores que favorezcan a la población
pobre, en los términos que establezca la ley.
Artículo 3°. Adiciónense al artículo 356 de la Constitución
Política los siguientes incisos:
El Gobierno Nacional definirá una estrategia de
monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades
territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, para
asegurar el cumplimiento del metas de cobertura y calidad. Esta estrategia
deberá fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control
social y en los procesos de rendición de cuentas.
Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en
el inciso anterior, el Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6)
meses contados a partir de la expedición del presente acto legislativo,
regulará, entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos en los
cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las
entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal
situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya
lugar.
Artículo 4°. El artículo 357 de la Constitución Política quedará
así:
El Sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un
porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los
ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores,
incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
Para efectos del cálculo de la variación de los
ingresos corrientes de la Nación a que se refiere el inciso anterior, estarán
excluidos los tributos que se arbitren por medidas de estado de excepción salvo
que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue el carácter permanente.
El diecisiete por ciento (17%) de los recursos de
Propósito General del Sistema General de Participaciones, será distribuido
entre los municipios con población inferior a 25.000 habitantes. Estos recursos
se destinarán exclusivamente para inversión, conforme a las competencias
asignadas por la ley. Estos recursos se distribuirán con base en los mismos
criterios de población y pobreza definidos por la ley para la Participación de
Propósito General.
Los municipios clasificados en las categorías cuarta,
quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar
libremente, para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la
administración municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los recursos que
perciban por concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito
General, exceptuando los recursos que se distribuyan de acuerdo con el inciso
anterior.
Cuando una entidad territorial alcance coberturas
universales y cumpla con los estándares de calidad establecidos por las
autoridades competentes, en los sectores de educación, salud y/o servicios
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, previa
certificación de la entidad nacional competente, podrá destinar los recursos
excedentes a inversión en otros sectores de su competencia. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia.
Parágrafo transitorio 1°. El monto del Sistema General de Participaciones, SGP,
de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará tomando como base
el monto liquidado en la vigencia anterior. Durante los años 2008 y 2009 el SGP
se incrementará en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más
una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento será
igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3.5%.
Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de inflación
causada, más una tasa de crecimiento real de 3%.
Parágrafo transitorio 2°. Si la tasa de crecimiento real de la economía
(Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DANE para el año respectivo es
superior al 4%, el incremento del SGP será igual a la tasa de inflación
causada, más la tasa de crecimiento real señalada en el parágrafo transitorio
1° del presente artículo, más los puntos porcentuales de diferencia resultantes
de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada por el DANE
y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención integral de la
primera infancia. El aumento del SGP por mayor crecimiento económico, de que
trata el presente parágrafo, no generará base para la liquidación del SGP en
años posteriores.
Parágrafo transitorio 3°. El Sistema General de Participaciones, SGP, tendrá un
crecimiento adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios
anteriores para el sector educación. La evolución de dicho crecimiento
adicional será así: en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento
(1.3%), en el año 2010 de uno punto seis por ciento (1.6%), y durante los años
2011 a 2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%). En cada uno de estos años,
este aumento adicional del Sistema no generará base para la liquidación del
monto del SGP de la siguiente vigencia. Estos recursos se destinarán para
cobertura y calidad.
Parágrafo transitorio 4°. El Gobierno Nacional definirá unos criterios y
transiciones en la aplicación de los resultados del último censo realizado, con
el propósito de evitar los efectos negativos derivados de las variaciones de
los datos censales en la distribución del Sistema General de Participaciones.
El Sistema orientará los recursos necesarios para que de ninguna manera, se
disminuyan, por razón de la población, los recursos que reciben las entidades
territoriales actualmente.
Artículo 5°. El presente acto legislativo rige a partir del 1° de
enero de 2008.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Dilian Francisca Toro Torres.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Alfredo Ape Cuello Baute.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.”
III.
DEMANDA
El demandante
considera que el Acto Legislativo demandado vulnera el artículo 375 de la
Constitución Nacional. Se señala que cuando se surtió el último debate (el
octavo en la Plenaria de la Cámara de Representantes), el día 12 de junio de
2007 se presentaron varias irregularidades que se precisan:
En primer lugar,
en las horas de la tarde de la sesión plenaria, el vocero del Polo Democrático,
Representante Germán E. Reyes Forero, solicitó ante el presidente de la
corporación que se verificara el quórum y al realizarse éste, no se encontraban
en el recinto del salón elíptico del Capitolio Nacional, el número de
representantes requerido por las normas constitucionales: La mitad más uno, es
decir, no estaban presentes 84 representantes a la Cámara, partiendo del
presupuesto que la corporación legislativa tiene un total de 166 miembros: 161
por la circunscripción territorial y 5 por la circunscripción especial (2 de
las negritudes, 1 indígena, 1 de minorías políticas y 1 colombianos residentes
en el exterior).
Así entonces, al
producirse la votación de la ponencia mayoritaria (favorable) del proyecto de
acto legislativo 166/2006 Cámara y 011/2006 Senado, fueron registrados 71 votos
electrónicos y 8 votos manuales, para un gran total de 79 votos a favor de la
ponencia, pero en forma misteriosa, luego de que el presidente de la Cámara de
Representantes, Dr. Cuello Baute, dio orden verbal perentoria de cerrar los
registros de votación, aparecieron siete votos adicionales por el sí, dando un
resultado espurio de 86 sufragios favorables a la ponencia.
Adiciona el
demandante, que como puede probarse mediante las grabaciones magnetofónicas y
audiovisuales, tanto de la oficina de grabaciones del Salón Elíptico del
Capitolio Nacional, como del Canal del Congreso del día 12 de junio de 2007,
votaron favorablemente la ponencia mayoritaria al proyecto referido únicamente
un total de 79 representantes a la Cámara, ya que los otros siete votos
aparecieron con posterioridad a la orden presidencial de cerrar el registro de
la votación, razón por la cual el trámite del acto legislativo tiene un vicio
de procedimiento en su formación y por tanto deberá ser declarado inexequible
ya que no obtuvo la mayoría requerida por la Constitución que obliga a que en
la segunda vuelta el proyecto sea aprobado por la mayoría de los miembros de
las dos Cámaras, circunstancia ésta última que no se dio ya que la ponencia
mayoritaria en la Cámara de Representantes sólo fue aprobada por 79
representantes y no por los 84 que ordena la norma superior.
En segundo
lugar, el demandante advierte que existen algunas diferencias entre lo
debatido en el primer periodo y lo debatido en el segundo. En primera vuelta,
afirma, que el proyecto estaba contenido solo en cuatro artículos, el primero
que determinó que el sistema general de participaciones está dirigido a tres
sectores: Educación, Salud y Agua potable y saneamiento básico. En el segundo,
se precisaron los criterios para la distribución del sistema general de
participaciones que son: población atendida y por atender, reparte entre
población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal y equidad. En el
tercero, se preciso el concepto de sistema general de participaciones, al igual
que estableció un periodo de transición. En el cuarto, se fija la entrada de
vigencia del acto legislativo, es decir el 1 de enero de 2008.
En segunda vuelta, se indica, pasó de
cuatro a cinco artículos. En el primero se mantiene la destinación de los
recursos del sistema general de participaciones. En el segundo, se conservan
los criterios de distribución. No obstante, aparece un texto nuevo regulado en
el artículo tercero ya que se adicionaron dos incisos nuevos que no fueron
discutidos en primera vuelta que son del siguiente tenor: “El Gobierno
Nacional definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral
al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema
General de Participaciones, para asegurar el cumplimiento del metas de
cobertura y calidad. Esta estrategia deberá fortalecer los espacios para la
participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de
cuentas. ║ Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
anterior, el Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6) meses
contados a partir de la expedición del presente acto legislativo, regulará,
entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos en los cuales está
en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades
territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la
determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar.”
Así las cosas,
al confrontar los textos aprobados tanto en la primera vuelta como en la
segunda, nos encontramos que los incisos anotados solo fueron aprobados en la
segunda vuelta que estos no fueron considerados ni discutidos en la primera
vuelta y por ende vulneran en forma palmaria el texto del artículo 375 de la
Constitución.
Igualmente,
manifiesta el demandante, que el artículo cuarto únicamente fue discutido en la
segunda vuelta, pero no en la primera, por lo tanto viola también el artículo
constitucional mencionado.
Por último, indica
que con relación a los vicios de procedimiento en la formación de los actos
legislativos, la Corte Constitucional ha señalado por vía de interpretación
que: “El anterior examen muestra que cuando la constitución adjudica a la
Corte el control de los vicios de procedimiento en la formación de una reforma
constitucional en general, y de una ley que convoca un referéndum en
particular, no sólo le atribuye el conocimiento de la regularidad del trámite
como tal, sino que también le confiere competencia para que examine si el
constituyente derivado, al ejercer el poder de reforma, incurrió o no en un
vicio de competencia.”
IV.
INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
La ciudadana
Natalia Succar Jaramillo, actuando en representación del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, interviene en el presente proceso con el propósito de
solicitar la exequibilidad del cuerpo normativo acusado, con base en los
siguientes argumentos:
En relación con
la falta de quórum en el octavo debate, se señala que el actor parte de un
contexto limitado del debate de la reforma constitucional, por cuanto el acto
legislativo acusado cumplió con las mayorías exigidas. Se afirma que” la
aprobación del proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representantes se
surtió el día 12 de junio de 2007, sesión que había sido debidamente anunciada
y a la cual asistieron 158 representantes, de los 166 de la corporación,
quienes aprobaron de las siguiente forma, cada uno de los artículos, tal y como
consta en el acta No 55 de la fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 327
de 2007.
·
Artículo. 1 Votaron favorablemente por éste
artículo 95 representantes de los cuales 16 fueron votos manuales.
Desfavorablemente votaron 6 representantes de los cuales 1 fue voto manual.
·
Artículo 2. Votaron favorablemente por éste
artículo 93 representantes de los cuales 14 fueron votos manuales.
Desfavorablemente votaron 34 representantes de los cuales 6 fueron voto
manuales.
·
Artículo 3. Votaron favorablemente por éste
artículo 91 representantes de los cuales 12 fueron votos manuales.
Desfavorablemente votaron 10 representantes de los cuales 2 fueron votos
manuales.
·
Artículo 4. Votaron favorablemente por éste
artículo 92 representantes de los cuales 12 fueron votos manuales.
Desfavorablemente votaron 11 representantes de los cuales 1 fue voto manual.
·
Artículo 5. Votaron favorablemente por éste
artículo 91 representantes de los cuales 14 fueron votos manuales.
Desfavorablemente votaron 9 representantes de los cuales 1 fue voto manual.
·
Título. Votaron favorablemente por unanimidad
todos los asistentes.
Agrega la
interviniente, que es importante aclara que los textos definitivos aprobados
por cada una de las cámaras, fueron sometidos a estudio de una comisión de
conciliación conformada para el efecto, en la cual se adoptaron textos
definitivos, tal y como consta en las respectivas actas, textos éstos que
fueron sometido a la aprobación de las respectivas comisiones y plenarias.
En relación con
los supuestos temas no aprobados en primera vuelta, se observa que es necesario
aclarar que la afirmación efectuada por el demandante no corresponde a la
verdad, toda que al confrontar el texto del proyecto de acto legislativo
aprobado en primera vuelta en el Senado el 22 de diciembre de 2006, se
encuentra en el inciso 6 del artículo 3 establece: “ El gobierno nacional
definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto
ejecutado por las entidades territoriales con recursos del SGP, para asegurar
el cumplimiento de metas de cobertura y calidad. La ley desarrollará los
criterios para este propósito”. Por consiguiente, tal monitoreo,
seguimiento y control integral de gasto no” apareció” como lo afirma en forma
equivocada el actor en la segunda vuelta, toda vez que el asunto discutido,
debatido y aprobado por el Congreso de la República desde la primera vuelta
legislativa.
Ahora bien, en
cuanto al artículo 4, expresa la interviniente, que el texto de la norma fue
incorporado al debate legislativo, independientemente de que el texto propuesto
difiera del aprobado. Por consiguiente, el debate surtido en el Congreso de la
República al acto legislativo No 4 de 2007 guardó total coherencia temática
cumpliendo el mandato constitucional. Afirma entonces, que revisadas las
modificaciones realizadas en la segunda vuelta, se encuentra que guardan una estrecha
relación temática y de conexidad, con lo aprobado en el congreso de la
República en la primera vuelta, por lo que no se presenta vicio alguno en su
trámite.
2. Intervención del Ministro del Interior y de Justicia
El ciudadano
Fernando Gómez Mejía, actuando su calidad de Director del ordenamiento jurídico
del Ministerio del Interior y de Justicia, interviene en el presente proceso
con el fin de solicitar la declaratoria de exequibilidad del acto legislativo
acusado con base en los siguientes fundamentos:
En primer lugar,
se indica que en la sesión plenaria de la cámara de representantes del 12 de
junio de 2007, fueron puestas a consideración de la plenaria las ponencias
presentadas para el segundo debate en la cámara, segunda vuelta, del proyecto
de acto legislativo, de las cuales se aprobó la ponencia mayoritaria, luego se
votó el articulado y quedo aprobado el texto. Se afirma que: 1. la plenaria de
la cámara votó la proposición de suficiente ilustración para dar paso a la
votación del proyecto, con 87 votos a favor y 31 en contra, para un total de
118 votos, como consta en el certificado del secretario general de la cámara en
la página 36 de la gaceta correspondiente. 2. la proposición de la ponencia
denominada mayoritaria, presentada por el representante Roy Barrera, contrario
a lo afirmado por el accionante, fue votada favorablemente como lo demuestra la
certificación expedida por el señor secretario general de la cámara con 93
votos a favor y 6 en contra. 3. Posteriormente se hizo votación del articulado
del proyecto el cual fue aprobado. 4 Queda en evidencia, que dentro del grupo
de honorables representantes que votaron negativamente la ponencia mayoritaria
al proyecto en cuestión algunos pusieron en duda la votación no obstante que la
misma se certificó y se hicieron las aclaraciones del caso.
En segundo lugar,
señala el interviniente que la discusión y aprobación del proyecto de acto
legislativo en segunda vuelta, se hizo teniendo en cuenta las materias discutidas
durante el primer periodo y el texto que fue aprobado en primera vuelta y por
lo tanto, se respetaron las disposiciones constitucionales y legales
establecidas para el trámite del proyecto de acto legislativo acusado.
3. Intervención del Departamento Nacional de Planeación Nacional
El ciudadano
Christian Alier Hernández Guerrero, en representación del Departamento Nacional
de Planeación, interviene en el presente proceso para solicitar la
exequibilidad del acto legislativo acusado con base en los siguientes
argumentos:
Se señala, que
acorde con las actas los 78 votos por el sí y no 79 votos por el sí a que alude
el demandante, correspondieron en estricto sentido a la votación electrónica
que se llevó a cabo por la plenaria de la Cámara de Representantes. Los demás
votos por el Sí no aparecieron súbitamente como parece indicarlo el demandante,
sino que concernieron al registro manual para votaciones. Así entonces, lo que
el demandante parece querer ver como un mecanismo manual” confabulado” dado que
los resultados del mismo aparecieron con posterioridad al mecanismo
electrónico, no es sino el desarrollo normal de un procedimiento dual para un
intento de votación – se advierte que fue un intento, dado que como se
explicará enseguida, hasta este momento no hubo una votación que fuera
formalmente cerrada-. En ese sentido, debe recordársele al demandante que la
circunstancia de que uno y otro mecanismo concurran en momentos distintos
obedece a la mecánica misma de los procedimientos utilizados en cada caso.
Se agrega que,
so prejuicio de tener los resultados in limine, mal habría hecho el presidente
de la cámara de representantes en contabilizar exclusivamente los votos del
mecanismo electrónico- que es instantáneo- dejando de lado el mecanismo manual
– que no es inmediato-. Una interpretación de ese errado alcance – de haberse
cerrado formalmente y en ese momento la votación- habría cercenado el derecho
al voto de unos congresistas y por ende, el espíritu democrático que gobierna
el funcionamiento de esa corporación.
Además, en
ningún momento el presidente de la cámara de representantes ordenó el cierre
formal de la votación, mucho menos cuando iban contados los 78 votos
electrónicos por el sí – y no 79 votos electrónicos a que alude el demandante –
inclusive la votación no pudo cerrarse formalmente tal y como lo manifestó
expresamente aquél.
Señala el
interviniente que los hechos que fundamentan el cargo del demandante son
imprecisos, puesto que pretende hacer ver que hubo un momento del cierre formal
de la votación, con un número de votos insuficientes para la aprobación del
proyecto, cuando lo cierto es que para el momento en que se hizo el primer
registro, la votación no había sido formalmente cerrada.
Ahora bien,
basado en las actas y en las gacetas del congreso, se indica que la iniciativa
encaminada a darle al gobierno una herramienta que le permitiera monitorear el
gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del sistema
general de participaciones, si fue considerada y aprobada durante la primera
vuelta del trámite del acto legislativo en cuestión (artículo 3 Acto
legislativo No 4 de 2007).
Finalmente, en
relación con el contenido del artículo 4 del acto legislativo, manifiesta el
interviniente que si fue considerado y aprobado- inclusive en casi toda su
totalidad- durante la primera vuelta de su trámite, por el senado de república
y la cámara de representantes. La circunstancia de que casi toda la totalidad
del texto aprobado en primera vuelta coincida con la literalidad del texto del
hoy artículo 4 cuestionado, exime hacer un análisis en relación con los temas
nuevos que según el demandante fueron incluidos. Así las cosas, se expresa que
modificaciones como las que se verifican en el presente caso, específicamente
en la estructura del articulado del proyecto de acto legislativo, constituyen
meras modificaciones formales, menores o accidentales, que en ninguna medida
afectan la esencia de la reforma constitucional debatida en el congreso.
4. Intervención de la Universidad Santo Tomás
El ciudadano
José Joaquín Castro Rojas, como Director del Consultorio Jurídico de la
Universidad Santo Tomás, interviene en el presente proceso para exponer que con
respecto al cargo por vulneración del principio de consecutividad se atiene a
lo que determine la Corte en el estudio de las pruebas, y con relación a la
discusión en segunda vuelta de temas que no fueron aprobados en la primera
solicita que la Corte se inhiba por cuanto el demandante no cumplió con la
carga de argumentación requerida para fundamentar éste cargo.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, mediante Concepto No. 4445
recibido el 10 de diciembre de 2007, solicita a la Corte se declare inhibida en
relación con el cargo de vicios de competencia por ineptitud sustancial en su
formulación y exequible por no existir vulneración del artículo 375 superior,
con base en los siguientes planteamientos:
3. Ineptitud
sustancial del cargo formulado por vicios de competencia
(…)
Sin embargo, en
el presente caso, no es dable aplicar los criterios sentados por la Corte
Constitucional en relación con los requisitos que debe cumplir la formulación
de los cargos en las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes para que
se active la competencia de la Corte. Así, por tratarse de un Acto Legislativo,
no se exige al demandante de un Acto Legislativo por vicios de fondo, la
identificación del objeto sobre el que versa la acusación, esto es, el precepto
o preceptos jurídicos que, a juicio del actor, son contrarios al ordenamiento
constitucional, ni tampoco se requiere que determine el concepto de la
violación o exposición de las razones por las cuales el actor considera que el
contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones
que son objeto de la demanda.[2]
En contraste, al
actor lo que le corresponde es definir, de manera clara y precisa, si el Acto
Legislativo sustituye parcial o totalmente la Constitución, determinación que
atenderá a los criterios señalados por la Corte Constitucional en diversos
pronunciamientos sobre la exequibilidad de actos legislativos.
(…)
En suma, al
demandante que formule un cargo contra un Acto Legislativa por vicios de competencia,
le corresponde determinar que la reforma de la Carta en realidad genera una
sustitución de la misma, así:“(a) se aprecia si la reforma introduce un
nuevo elemento esencial a la Constitución, (b) se analiza si dicho elemento
reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente y, luego, (c) se
compara el nuevo principio con el anterior para verificar, no si son distintos,
lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente diferentes, al
punto que resulten incompatibles”.[3]
3.2. Habiendo precisado el alcance de la doctrina constitucional que se
ha venido elaborando por la Corte en torno al concepto de sustitución de
Constitución como límite de competencia al poder de reforma constitucional, y
teniendo en cuenta que como el control constitucional de los Actos Legislativos
no es de carácter oficioso, sino rogado (por demanda ciudadana), la Corporación
en estos casos tan sólo puede pronunciarse sobre los cargos formulados por los
demandantes,[4] se concluye por este despacho, que
la Corte ha de declararse inhibida para conocer de este cargo por ineptitud
sustancial en su formulación.
En efecto, el
ciudadano De Zubiría se limita a enunciar que, según la Sentencia C-551 de
2003, la Corte Constitucional no sólo tiene competencia para conocer la
regularidad del trámite de los actos legislativos, sino también para examinar
si el constituyente derivado, al ejercer el poder de reforma, incurrió o no en
un vicio de competencia. Es claro entonces, que el actor no realizó un juicio
de sustitución, es decir, no formuló un cargo específico que concluyera con una
sustitución parcial o total de la Constitución, lo que genera la inhibición de
la Corte Constitucional en relación con el examen de este cargo.
4. En el
debate en Plenaria de la Cámara de Representantes en Segunda Vuelta, no hubo
incumplimiento del quórum decisorio, ni del requisito de la mayoría absoluta en
segunda vuelta de los Actos Legislativos.
4.1. El actor afirma que cuando se verificó el
quórum, no se encontraba presente “el número de representantes requerido por
las normas constitucionales: la mitad más uno, es decir, no estaban
presentes 84 Representantes a la Cámara, partiendo del supuesto que la
corporación legislativa tiene un total de 166 miembros (…)”.
La anterior afirmación, refleja una confusión del
actor en relación con los conceptos de quórum decisorio y quórum deliberatorio.
Según lo consagra la Constitución Política en su artículo 145,[5] el quórum decisorio, como su nombre lo indica, es el necesario para
entrar a decidir, y es el que requiere la presencia de la mayoría de
los miembros de la Comisión o Cámara respectiva. Por el contrario, el quórum
deliberatorio es el que se exige para discutir el Proyecto, y precisa la asistencia de
más de una cuarta parte de los integrantes de la respectiva corporación, no,
como lo establece el actor, de la mitad más uno de los miembros.
(…)
En el momento en que se solicitó la verificación del
quórum, en el caso en estudio, el Proyecto estaba en discusión, no se estaba
decidiendo su aprobación, por lo que se necesitaba de no menos de una cuarta
parte de los miembros de la Cámara de Representantes, no de la mayoría de los
integrantes.
En el hilo de lo expuesto, debe decirse que el
artículo 145 de la Carta es claro al señalar que para discutir un proyecto de
ley o proyecto de acto legislativo, lo que se requiere es contar con un quórum
deliberatorio, el cual, en este caso, estaba plenamente conformado, según es
plasmado por el Acta No. 55 de 12 de junio de 2007, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 327 de 17 de julio de 2007. Así, el Acta en mención establece que
hubo 80 registros de Representantes presentes en la discusión del Proyecto, lo
que se traduce en la existencia de quórum deliberatorio: la cuarta parte de los
166 miembros de la Cámara es 41.5, y estaban presentes 80.
Adicionalmente, la Secretaría le certifica al
Presidente de la Cámara que existe quórum deliberatorio, en los siguientes
términos: “La Secretaría le certifica que se ha desintegrado el quórum
decisorio y que existe quórum deliberatorio”, por lo que más adelante, el
Vicepresidente de la Cámara (quien en ese momento dirigía la Sesión), indica: “Entonces
se continúa con el quórum deliberatorio”.
4.2. El ciudadano De Zubiría afirma que al
producirse la votación de la ponencia favorable se registraron 71 votos
electrónicos y 8 votos manuales, para un total de 79 votos a favor de la
ponencia, y que después de haberse dado la orden de cerrar los registros,
aparecieron siete votos adicionales favorables a la ponencia, dando un
resultado de 86 votos, lo cual supondría la mayoría absoluta requerida
constitucionalmente.
Sin embargo, al leer el Acta No. 55 de 12 de julio
de 2007, se observa que lo que ocurrió realmente fue que cuando se iba a cerrar
el registro por el Secretario, el Presidente de la Cámara ordenó que no se
hiciera porque faltaban Representantes por votar: “Cierre el registro
Secretario, no, un momento con tranquilidad, no se ha cerrado el registro,
faltan Congresistas por votar”. Luego se producen los votos de quienes
faltaban por hacerlo, y más adelante el Presidente solicita: “Secretario
certifique la votación y la volvemos a abrir para volver a repetirla, pero
certifique esta votación”. El Secretario certifica que por el SI había 86
votos y por el NO 44. Al verificar la votación se da un total de 93 por el SI y
6 por el NO, lo cual es certificado después.
Lo anterior, significa que se cumplió con lo
establecido en el segundo inciso del artículo 375 Superior, en el numeral 1°
del artículo 119 y en el artículo 225 de la Ley 5 de 1992, pues la ponencia
favorable al Proyecto de Acto Legislativo fue aprobada por la mayoría absoluta
requerida, en razón a que votaron a favor no menos de la mitad más uno de los
integrantes de la Cámara de Representantes: se obtuvieron 86 votos favorables a
la ponencia y se requerían más de 84 votos. (…)
4.3. En atención a lo expuesto, este despacho
considera que en el debate en Plenaria de la Cámara de Representantes en el
segundo periodo, no existen vicios de trámite relacionados con el quórum
requerido constitucionalmente, ni con la necesaria aprobación por mayoría
absoluta de los actos legislativos en segunda vuelta.
5. No existe vulneración del inciso 3° del
artículo 375 Superior
5.1. El accionante considera que la aprobación del Acto
Legislativo No. 04 de 2007 vulnera el artículo 375 de la Constitución Política
que prohíbe debatir en el segundo período iniciativas que no hubiesen sido
presentadas en el primero, en tanto incorpora temas nuevos en la segunda
vuelta, es decir, agrega temas que no fueron ni considerados ni discutidos
en la Primera Vuelta. Específicamente, el actor resalta que el contenido
del artículo 3 y los parágrafos del artículo 4 no fueron debatidos en la
primera vuelta.
(…)
Para el
Ministerio Público, este cargo no debe prosperar ya que el trámite del proyecto
de Acto Legislativo, se ajustó a los principios de consecutividad e identidad
relativa que la Corte Constitucional[6] ha señalado deben estar
presentes en el trámite de todo proyecto de ley.
(…)
Afirma el
demandante que con la inclusión en segunda vuelta, del artículo tercero y de
los parágrafos transitorios del artículo 4, se abordan temas que no fueron ni
considerados ni discutidos en la Primera Vuelta. Al respecto el Ministerio
Público observa que:
5.2. En
relación con el artículo 3°:
1. El texto
definitivo del artículo tercero del Acto Legislativo No 04 de 2007, que alude a
las estrategias de monitoreo, seguimiento y control al gasto que fijará el
Gobierno Nacional, y que deben seguir las entidades territoriales que se beneficien
con los recursos del Sistema General de Participaciones, corresponde al inciso
6° del artículo 3° del Proyecto de Acto Legislativo No 11 de 2006 Senado, 169
de 2006 Cámara. Entonces, no se trata, como afirma el actor, de un texto
nuevo, lo que sucedió es que se independizó el contenido de ese inciso y
pasó a ser un artículo autónomo, por lo que tuvo la oportunidad de ser
discutido desde el inicio del trámite legislativo y durante el curso de las dos
vueltas.
2. En cuanto al
segundo inciso del artículo 3° del Acto Legislativo, éste, esencialmente
desarrolla el inciso 1°, en el sentido que establece que el Gobierno Nacional,
en el término máximo de seis meses, regulará la materia, de donde se concluye
que el mencionado inciso 2° no es un asunto nuevo, sino que precisa el alcance
del inciso 1°. No existe, entre los incisos 1° y 2° del artículo 3 del Acto
Legislativo en estudio, una relación remota, distante o meramente tangencial,
por el contrario, lo que existe es una relación de conexidad clara y específica,
estrecha, necesaria o evidente.
5.3. En
cuanto a los parágrafos transitorios del artículo 4°:
Los cuatro
parágrafos transitorios sí fueron objeto de estudio en la primera vuelta, pues
hacían parte del artículo 3° del texto aprobado por el Congreso en primera
vuelta.[7] En la segunda vuelta, al
adicionarse el artículo 3°, estos parágrafos pasaron a conformar el artículo
cuarto. Comparando los textos aprobados tanto en primera como en segunda
vuelta, se observa que los parágrafos transitorios 1 y 2 tienen idéntico
contenido en ambas vueltas. Por su parte, se presentaron modificaciones
consustanciales en los parágrafos transitorios 3 y 4.
Por todo lo
anterior, las diferencias surgidas entre lo aprobado en primera vuelta y lo que
finalmente corresponde al artículo 3° y a los parágrafos transitorios del
artículo 4° del Acto Legislativo No. 04 de 2007, constituyen modificaciones en
el orden de los artículos y adiciones cuyo objetivo es desarrollar y precisar
aspectos de la materia central tratada en el curso de los ocho debates y aprobada
mediante el acto legislativo en estudio: las transferencias.
5.4. En ese orden, siguiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para el Ministerio Público, las modificaciones y adiciones se
ajustan plenamente a los principios de consecutividad e identidad relativa,
pues con ellas no se está regulando un tema nuevo, ni tampoco se está alterando
la esencia de la reforma constitucional.
Finalmente, es
de observar que el presente análisis sobre los vicios de procedimiento, se hizo
sólo en relación con los expuestos por el demandante. Es decir, el examen se
ciñó a los incisos 2° y 3° del artículo 375 Superior.” [8]
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte
Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo
dispuesto en los artículos 241, Num. 1, y 379 de la Constitución, por estar
dirigida contra un acto legislativo.
2. Problemas Jurídicos
Según el
demandante, el Acto Legislativo 01 de 2007 debe ser declarado inexequible en su
totalidad por las siguientes razones: (i) por no haber obtenido la mayoría
requerida por la Constitución que obliga a que en la segunda vuelta el proyecto
sea aprobado por la mayoría de los miembros de las dos Cámaras; y (ii) porque
el Congreso desbordó su competencia al reformar la Constitución. Igualmente
señala que respecto de los artículos 3 y 4, existen algunas diferencias entre
lo debatido en el primer periodo y lo debatido en el segundo, por lo cual se
violó el artículo 375 de la Carta.
Para los
intervinientes, el acto legislativo es exequible, pues (i) en su aprobación
obtuvo la mayoría exigida por la Carta en su artículo 375 y porque todos los
textos incorporados durante la segunda vuelta guardan identidad temática con
las materias debatidas y aprobadas en la primera vuelta. Por su parte el
Procurador General de la Nación considera, que existe ineptitud sustancial del
cargo formulado por vicios de competencia, como quiera que el demandante no
precisó en qué forma el acto legislativo demandado sustituía la Carta. En
cuanto a los vicios de procedimiento, el Procurador señala que en el debate en
Plenaria de la Cámara de Representantes en Segunda Vuelta, no hubo
incumplimiento del quórum decisorio, ni del requisito de la mayoría absoluta en
segunda vuelta de los Actos Legislativos, ni tampoco vulneración del inciso 3°
del artículo 375 Superior, como quiera que existe identidad material entre lo
aprobado en primera y segunda vuelta.
Por lo anterior,
la Corte debe resolver (i) si con la reforma introducida por el Acto
Legislativo 04 de 2007, se produjo una sustitución de la Constitución Política;
(ii) si el proyecto de acto legislativo demandado, obtuvo la mayoría
requerida por la Constitución (art. 375) en la segunda vuelta en la plenaria de
la Cámara de Representantes; y (iii) si el artículo 3º y los parágrafos
del artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2007, fueron debatidos en el primer
período legislativo, acorde con el artículo 375 de la Carta Política.
3. Cuestiones preliminares
3.1.   Ausencia
de caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad
De conformidad
con lo dispuesto en el Art. 379 superior, la acción pública contra los actos
reformatorios de la Constitución sólo procederá dentro del año siguiente a su
promulgación.
En el presente
caso el Acto Legislativo No. 04 de 2007 “Por el cual se reforman los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política”, fue publicado en el en el
Diario Oficial No. 46.686, de 11 de julio de 2007. La demanda D-6882 fue
instaurada el 3 de agosto de 2007. Por tanto, no ha caducado la acción pública
de inconstitucionalidad.[9]
3.2.   Inhibición
para ejercer control material de un Acto Legislativo.
De acuerdo a lo
establecido por el artículo 241-1 de la Constitución y en armonía con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional no es posible ejercer la revisión de
constitucionalidad de un Acto Legislativo por su contenido material. Su
competencia se limita exclusivamente a conocer de la posible inconstitucionalidad
por vicios de procedimiento en su formación. Sin embargo, la Corte ha admitido
que es posible la revisión material de un Acto Legislativo cuando dicho acto
comprenda una sustitución de la Constitución. En la sentencia C-551 de 2003[10]
que revisó la Ley 796 de 2003 mediante la cual se convocaba a un referendo, la
Corte dijo que el poder de reforma de la Constitución del Congreso se encuentra
limitado por lo que no es posible la sustitución, derogación o subversión de la
Constitución por parte del Congreso. Al respecto se dijo en la sentencia:
“El
Constituyente derivado no tiene entonces competencia para destruir la
Constitución. El acto constituyente establece el orden jurídico y por ello,
cualquier poder de reforma que el constituyente reconozca únicamente se limita
a una revisión. El poder de reforma, que es poder constituido, no está, por lo
tanto, autorizado, para la derogación o sustitución de la Constitución de la
cual deriva su competencia. El poder constituido no puede, en otras palabras,
arrogarse funciones propias del poder constituyente, y por ello no puede llevar
a cabo una sustitución de la Constitución, no sólo por cuanto se estaría
erigiendo en poder constituyente originario sino además porque estaría minando
las bases de su propia competencia.”[11]
En la sentencia C-1040 de 2005[12]
la Corte resumió los criterios sentados por la jurisprudencia en cuanto al
concepto de sustitución de la Constitución. Dijo:
a.
Que el poder de reforma definido por la
Constitución colombiana está sujeto a límites competenciales.
b.
Que por virtud de esos límites competenciales el
poder de reforma puede reformar la constitución, pero no puede sustituirla por
otra integralmente distinta u opuesta.
c.
Que para establecer si una determinada reforma a
la Constitución es, en realidad, una sustitución de la misma, es preciso tener
en cuenta los principios y valores del ordenamiento constitucional que le dan
su identidad.
d.
Que la Constitución no contiene cláusulas
pétreas ni principios intangibles y que, por consiguiente, todos sus preceptos
son susceptibles de reforma por el procedimiento previsto para ello.
e.
Que el poder de reforma no puede, sin embargo,
derogar, subvertir o sustituir en su integridad la Constitución.
f.
Que sólo el constituyente primario tendría la
posibilidad de producir una tal sustitución.[13]
En la misma sentencia la Corte avanzó sobre el concepto de
sustitución de la Constitución y llegó a las siguientes conclusiones:
Primero, como la competencia de un órgano
es el presupuesto para analizar el procedimiento que dicho órgano ha de seguir
para expedir una norma, el análisis de si el reformador de la constitución
actuó dentro de su órbita de competencia es una cuestión diferente y previa a
la de juzgar si el procedimiento se llevó a cabo respetando las formas
establecidas. También es una cuestión distinta a juzgar si el contenido
material del acto acusado contradice la Constitución, lo cual escapa al control
constitucional que ejerce la Corte sobre las reformas constitucionales.
Segundo, la especificidad del juicio
relativo a la competencia del reformador radica en que en éste la Corte se
circunscribe a estudiar si el reformador sustituyó la Constitución, sin que por
ello efectúe un control material ordinario del acto acusado. Es decir, en el
juicio de sustitución no hay una comparación entre la reforma y la Constitución
con miras a establecer si la primera contradice la segunda, dado que, por
definición, una reforma constitucional contradice la Constitución por ella
reformada.
Tercero, el concepto de sustitución
refiere a una transformación de tal magnitud y trascendencia, que la
Constitución anterior a la reforma aparece opuesta o integralmente diferente a
la que resultó después de la reforma, al punto que ambas resultan
incompatibles. La jurisprudencia ha aludido a sustituciones totales y a
sustituciones parciales y ha sostenido que el reformador tampoco puede
introducir sustituciones parciales entendiendo por tales aquellas en las cuales
un eje definitorio de la identidad de la Constitución sea remplazado por otro opuesto
o integralmente diferente. Sólo en una de sus sentencias la Corte ha declarado
inexequible parte de una reforma constitucional por haber llegado a la
conclusión de que el reformador excedió su competencia y sustituyó la
Constitución, en todo o en parte. No obstante, la Corte ha suministrado
ejemplos para ilustrar cuándo se estaría ante una sustitución total o parcial
de la Constitución. Además, en las sentencias en las cuales declaró exequibles
artículos de actos reformatorios de la Constitución -fuesen estos referendos o
actos legislativos- la Corte estableció que dichos actos no representaban
sustituciones parciales de la Carta.
Cuarto,
la Corte ha subrayado que el concepto de sustitución se distingue de otros con
los cuales no puede confundirse, tales como los de intangibilidad e
irreversibilidad, o afectación y vulneración de contenidos, los cuales aluden a
juicios materiales de las reformas constitucionales que escapan a la
competencia de la Corte Constitucional. La Corte solo tiene competencia para
verificar que el poder de reforma, que es constituido, no haya adoptado un acto
mediante el cual sustituya la Constitución que lo habilitó exclusivamente para
reformarla.
Quinto, la Corte ha fijado criterios de
prudencia judicial para orientar el control de los actos reformatorios de la
Carta e impedir que el subjetivismo determine la conclusión del juicio de
sustitución. En esa dirección, esta Corporación ha delineado los rasgos
generales del método que ha de aplicarse para identificar sustituciones totales
o parciales de la Carta.
Sexto, la Corte ha dicho que la
aplicación del método para identificar sustituciones en ningún caso puede
conducir a volver irreformables normas de la Carta porque no hay normas pétreas
ni principios intangibles en la Carta de 1991. Toda ella es reformable, más no
sustituible.
De este modo, en la presente oportunidad
la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido de que el reformador de la
Constitución no es soberano y ejerce una competencia limitada por las normas adoptadas
por la Asamblea Constituyente en 1991. Se subraya que, de conformidad con el
artículo 374 de la Carta, la Constitución puede ser “reformada” por el
Congreso, no derogada, subvertida o sustituida. A su vez, el artículo 380 de la
Carta permite distinguir entre la derogación de una Constitución, de un lado, y
las reformas introducidas a una Constitución, de otro, reformas que si bien
pueden cambiar el contenido de las normas constitucionales no sustituyen la
Constitución por otra Carta opuesta o integralmente diferente, como sucedió
cuando se promulgó la nueva Constitución en 1991. En el artículo 379 de la
Carta se establece que la Corte debe controlar que el reformador respete todos
“los requisitos” establecidos en el Título XIII de la Constitución, el primero
de los cuales es precisamente la competencia del órgano que expide la reforma
regulada en el primer artículo de dicho Título. Esta competencia es un
presupuesto para que dicho órgano, en este caso el Congreso de la República,
pueda luego seguir el trámite para modificar válidamente la Constitución. El
requisito que debe verificar la Corte es que el Acto Legislativo sea una
reforma, no una derogación o sustitución de la Constitución, como lo ordena el
artículo 374 en concordancia con el artículo 380 de la Constitución Política.
La Corte enfatiza que el único titular de un poder constituyente ilimitado es
el pueblo soberano, en virtud del artículo 3º de la Carta. En 1991 el poder
constituyente originario estableció un poder de reforma de la Constitución, del
cual es titular, entre otros, el Congreso de la República que es un órgano
constituido y limitado por la propia Constitución y, por lo tanto, solo puede
ejercer sus competencias “en los términos que esta Constitución establece”, no
de manera ilimitada. El Congreso, aun cuando reforma la Constitución, no es el
detentador de la soberanía que “reside exclusivamente en el pueblo”, el único
que puede crear una nueva Constitución. Adicionalmente, la Corte constató que
el pueblo puede investir a una Asamblea Constituyente de la competencia para
expedir una nueva Constitución, posibilidad expresamente permitida en el
artículo 376 de la Carta. Solo por medio de este mecanismo puede ser sustituida
la Constitución vigente por una opuesta o integralmente diferente.[14]
De acuerdo a la
jurisprudencia de la Corte se ha establecido que una demanda que plantee la
sustitución de la Constitución mediante un acto legislativo, para cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991,[15]
debe sustentar plenamente en qué consiste dicha sustitución.[16]
Al respecto la Corte ha dicho lo siguiente:
Ahora bien, el hecho de que el control
jurisdiccional ejercido por la Corte se despliegue en los términos indicados
por la jurisprudencia significa que en una demanda por sustitución
constitucional contra una reforma constitucional el actor debe sustentar plenamente
en qué consiste la sustitución denunciada. No le basta, por tanto, afirmar que
con la modificación de una disposición en concreto se sustituyó o se derogó la
Constitución precedente, sino que debe justificar, con argumentos suficientes,
que tal cambio implica la abrogación de la Constitución vigente.
La Corte
reconoce que la carga argumentativa se incrementa considerablemente cuando se
trata de descalificar una reforma constitucional por considerarla constitutiva
de sustitución constitucional. No obstante, la Corte acepta que dicha exigencia
es necesaria si se tiene en cuenta la magnitud de la pretensión, la
trascendencia de la decisión de la Corte, el compromiso del principio
democrático y la naturaleza misma de las disposiciones que se cotejan.[17]
En el caso bajo estudio, el actor no formuló un cargo
específico contra el Acto Legislativo 04 de 2007, del cual se derivara la
sustitución de la Constitución, toda vez que se limitó a afirmar que con
fundamento en la sentencia C-551 de 2003, la Corte Constitucional no sólo tiene
competencia para conocer sobre los vicios de procedimiento en el debate y
adopción de los actos legislativos, sino también para examinar si el
constituyente derivado, al ejercer el poder de reforma, incurrió o no en un
vicio de competencia. Por lo tanto, la demanda no cumple con la carga de
argumentación ni los elementos señalados por la jurisprudencia para poder
entrar a pronunciarse sobre la supuesta sustitución de la Constitución.
4. Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 375 de la
Carta
Después de
revisar el curso seguido por el proyecto de acto legislativo mediante el cual
se reformaron los artículos 356 y 357 de la Carta y los documentos aportados al
expediente, la Corte concluye que en la votación en segunda vuelta en la
Plenaria de la Cámara de Representantes se cumplió en debida forma con la
mayoría requerida para su aprobación en el artículo 375 superior, al haberse
contabilizado la totalidad de los votos efectivamente sufragados y no solamente
los votos emitidos mediante el mecanismo electrónico.
El artículo 375
de la Constitución señala: “Podrán presentar proyectos de acto legislativo
el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales
o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco
por ciento del censo electoral vigente. || El trámite del proyecto tendrá
lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de
ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el
Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el voto de la mayoría
de los miembros de cada Cámara. || En este segundo período sólo podrán
debatirse iniciativas presentadas en el primero.”
La norma
constitucional no distingue entre votos manuales y votos electrónicos para
efectos de la conformación de la mayoría. Por su parte la Ley 5 de 1992, por
la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de
Representantes, al regular los tipos de votación, en el artículo 128,
prescribe: “Podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que acredite
el sentido del voto de cada Congresista y el resultado total de la votación.”
En anteriores
oportunidades la Sala Plena de esta Corporación, al verificar el cumplimiento
del requisito de mayoría cualificada en la aprobación de un acto legislativo,
ha tenido en cuenta la totalidad de los votos emitidos sin distinguir entre los
votos emitidos por medio manual y los votos emitidos por medio electrónico.[18]
En la votación
para la aprobación del Acto Legislativo 04 de 2007 en la segunda vuelta en la
Plenaria de la Cámara de Representantes la totalidad de los votos emitidos,
incluidos los emitidos por medio manual como los emitidos por medio
electrónico, cumplen con la exigencia constitucional contenida en el artículo
375 de la Carta. Dicha votación se desarrolló así:
1. El segundo
debate se surtió en la plenaria de la Cámara de Representantes con ponencias
publicadas en la Gaceta del Congreso No. No 259 de 8 de junio de 2007 ( Fl.469
y ss cuad. 3 ).
2. El proyecto
de acto legislativo fue aprobado en la sesión del 12 de junio de 2007 como consta
en el Acta No 55 de 2007 publicada en la Gaceta No 327 de 17 de julio de 2007 (
Fls 560 a 594 Cuad. 3 ) y en la certificación expedida por el Secretario
General de dicha Corporación (Fl. 4 y ss Cuad. 3 ).
3. En igual
forma, certifica el Secretario General de la Cámara de Representes que se
cumplió con el aviso de la votación, ordenado en el artículo 8° del Acto
Legislativo No 1 de 2003, como consta en el Acta No 54 de 2007, publicada en la
Gaceta del Congreso No 318 de 29 de junio de 2007 ( Fl. 516 Cuad. 3)
4. En el acta No 55 de 2007, se evidencia que la sesión ordinaria del
martes 12 de junio de 2007 inició a las 10:00 a.m., y se estableció en el orden
del día:
“III
Proyectos para segundo debate
1. Proyecto de Acto Legislativo número
169 de 2006 Cámara, 011 de 2006 Senado, por el cual se reforman los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política ( segunda vuelta )
Autor: Ministro de Hacienda
y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera.
Ponentes: honorables
Representantes Roy Barreras Montealegre,Myriam Paredes, Álvaro Morón. Edgar
Gómez Román, William Vélez, Gustavo Puentes Díaz. Karime Mota y Morad, Carlos
Soto, Guillermo Rivera. River Franklin Legro y David Luna Sánchez.
Publicación proyecto: Gaceta
del Congreso número 366 de 2006,
Publicación ponencia para
primer debate: Gaceta del Congreso número 221 de 2007.
Publicación ponencia para
segundo debate: Gaceta del Congreso número 259 de 2007.
Aprobado en Comisión: 30 de mayo de 2007”[19]
5. La discusión y aprobación del proyecto se inició así:
“(…) Vamos con el primer
punto de proyectos.
El Subsecretario General,
doctor Jesús Alfonso Rodríguez C, informa:
Proyecto de Acto
Legislativo número 169 de 2006 Cámara, 011 de 2006 Senado, por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
El informe de ponencia
es como sigue:
Señor Presidente, hay una
ponencia positiva radicada en primera instancia en la Comisión, y hay tres
ponencias suplementarias, las cuales piden el archivo del proyecto. (… )”[20]
6. Posteriormente se solicita la verificación del quórum y se
constata que sólo existe deliberatorio:
“(…) Dirige la Sesión el
Vicepresidente, honorable Representante, Jorge Homero Giraldo:
Una moción de orden.
Intervención del
honorable Representante Germán Reyes Forero:
Yo estoy muy preocupado
señor Presidente. porque los ponentes no sé a quién le están hablando si a los
cuadros, a los muros, a la Policía Nacional no entiendo a quién le están
hablando, por que aquí no están los Congresistas, llamo la atención sobre eso,
entonces verificación del quórum en este momento.
Dirige la Sesión el
Vicepresidente, honorable Representante, Jorge Homero Giraldo:
Señor Secretario sírvase
abrir el registro.
El Subsecretario General,
doctor Jesús Alfonso Rodríguez C, informa:
Se ordena la apertura del
registro para verificar el quórum, los auxiliares del registro informar los
representantes que están en el salón contiguo que se acerquen que estamos
verificando el quórum.
Está abierto el registro
electrónico y el registro manual.
Dirige la Sesión el
Vicepresidente, honorable Representante Jorge Homero Giraldo:
Sírvase cerrar el registro,
señor Secretario.
El Subsecretario General,
doctor Jesús Alfonso Rodríguez C, informa:
Si señor Presidente.
La Secretaria le certifica
que se ha desintegrado el quórum decisorio y que existe quórum deliberatorio.
Verificación de Quórum:
Cámara de Representantes
República de Colombia
RCS N°. 2599 12-06-07
Sí: 80
3:46:48 p.m.
VERIFICA JUNIO 12 DE 2007
Verificación de quórum
Besaile Fayad Musa
Brillo Peláez James
Patiño Amariles Diego
Avila Durán Carlos E.
Morales A. Silfredo
Gaviria Muñoz Simón
Luna Sánchez David
Lozano Fernando José V.
Amin Escaf Miguel
Carvajal C. José T.
Celis Gutiérrez Carlos
Cervantes V. Jaime
Cortés Lucero
Crissien B. Eduardo
Fernández Q, Jairo A.
Giraldo C. Héctor F.
Hoyos G, Germán D.
Lizcano A. Oscar M.
Lozano Galdino Juan
Mota y M. Karime
Pérez Alvarado Jorge
Posada Sánchez Augusto
Raad Hernández Elias
Rangel Sossa Miguel
Rapag Matar Fuad E.
Restrepo Cuartas Jaime
Restrepo Orozco Luis
Ricardo Amanda
Rodríguez R. Roosvelt
Salas Moisés I.uis E.
Sánchez M. Odin H.
Serrano Morales Luis
Soto Jaramillo Carlos
Uribe Nicolás
Vives H. Manuel J.
Yepes Martinez Jaime A.
Zuluaga A. Jaime
Acosta Osio Alonso
Arboleda Palacio Oscar
Betancourt Hernando
Montoya Toro Orlando
Pardo Rodríguez Pedro
Rendón Roldán Liliana
Vélez Mesa William
Arango Torres Fabio
Barreras Montealegre Roy
Barrios Barrios Luis Felipe
Bermúdez Sánchez José
Cabrera Báez Ángel C.
Castro Caycedo José
Granados Becerra Juan
Motoa Solarte Carlos
Orozco Vivas Felipe
Torres Murillo Edgar
Velásqucz S. Sandra
Wilchez Carreño Oscar
Bravo Realpe Oscar
Vargas Polo Víctor
Castro Gómez Santiago
Córdoba Suárez Juan
Yanet L. Zaida M.
Gallardo Archbold Julio
García Angarita Gonzalo
Garcíaherrreros Jorge
González Ocampo Jorge
Guerra de la Rosa Orlando
Hernández Guzmán Iván
Ibarra Obando Luis J.
Leguizamón Roa Marco
León L. Buenaventura
Mantilla S. Jorge
Naranjo Escobar Diego
Paredes A. Miryam A.
Paz Ospina Marino
Piamba Castro José
Puentes Díaz Gustavo
Rodríguez Pinzón Ciro
Sanabria Heriberto
Tamayo Tamayo Fernando
Zuluaga Díaz Carlos
No: O
Abstiene: O
Excusados: O
Lista de Representantes a
la Cámara
Verificación Quórum
Sesión Plenaria martes 12 de
junio de 2007 Ramiro Hernández Rodrigo
Gómez Román Edgar Alfonso
Giraldo Jorge Homero
Olaya Rivera Fabiola
Jiménez Salazar Pedro
Antonio
Chavarro Cuéllar Carlos
Ramiro
Duque Quiroga Orlando
Giraldo Castaño Héctor Faber
Herrera Cely José Manuel
Cotrina Néstor Homero
Piedrahita Cárdenas Carlos
Arturo
Florez, Velez Omar
Benítez Maldonado Eduardo
Augusto
Gallardo Archbold Julio E.
Silva Meche Jorge Julián
Polanco Jusayu Orsinia
Patricia
González Britto Wílmer David
Torres Murillo Edgar Eulises
Morón Cuello Álvaro
Ángel Barco Enrique Emilio
Espinosa Arrieta Gabriel
Antonio
Conde Romero José María
Pacheco Camargo Tarquino
Registro Manual:
Dirige la Sesión el
Vicepresidente, honorable Representante Jorge Hornero Giraldo:
Entonces se continúa con el
quórum deliberatorio. (…)”.[21]
7. Posteriormente, después de la intervención de varios Representantes,
se verificó nuevamente el quórum para declarar la sesión permanente y se
constata que existe quórum decisorio:
“Secretario General doctor Jesús Alfonso
Rodríguez C. Informa:
La Sesión se inició a las
12: 13, de acuerdo a la relatoría señor Presidente. Por lo tanto, estamos a 6
minutos de que se venza el plazo para que la Plenaria declare la sesión
permanente.
Dirección de la Sesión
por la Presidencia, doctor Jorge Homero Giraldo:
¿Quiere la plenaria
dec1ararse Sesión Permanente?
Secretario General doctor
Jesús Alfonso Rodríguez C. Informa:
La Secretaria le informa al
señor Presidente, que de acuerdo al registro electrónico y al registro manual,
se reintegró el quórum decisorio y que la Plenaria ha aprobado que se declare
la Sesión Permanente. ( … )[22]”
8. Mas adelante, nuevamente se verificó el quórum
decisorio al aprobar la suficiente ilustración:
“Dirige la Sesión el Presidente,
honorable Representante Alfredo Cuello Baute:
La Plenaria se ha pronunciado, sin embargo
tengo nada más cinco inscritos, si la Plenaria quisiera escucharlos por cinco
minutos, entre esas está la Representante Gema López que ya habló.
Vamos a abrir el registro para saber cómo
se pronuncia la Plenaria con respecto a la suficiente ilustración.
El Secretario General, doctor Angelino
Lizcano Rivera, informa:
Si, es aceptando la suficiente ilustración.
Se abre el registro electrónico, y manualmente en la Secretaría.
La Subsecretaria Auxiliar, doctora Flor
Marina anuncia los votos manuales:
José Manuel Herrera                                   Sí
Pedro Jiménez                                               Sí
Rubén Darío Salazar                                    Sí
Fabio Arango                                                             Sí
Edgar Gómez Román                                    Sí
Fabio Amín                                                     Sí
Dirige la Sesión el Presidente, honorable
Representante Alfredo Cuello Baute:
Vamos a cerrar el registro, Secretario
certifique la votación.
El Secretario General, doctor Angelino
Lizcano Rivera, informa:
Señor Presidente por el SI:87, por
el NO: 31.
Ha sido aprobada la suficiente ilustración
señor presidente.”[23]
9. La aprobación del proyecto de ley se efectuó teniendo en cuenta
los votos electrónicos y los votos manuales, los cuales son verificados dos
veces para evitar errores o repeticiones:
“Intervención del honorable Representante Roy
Leonardo Barreras Montealegre:
Creo que no hay inconveniente alguno en que el Presidente
defina que votemos la ponencia mayoritaria, ya es mayoritaria y estoy de
acuerdo con el doctor Rivera, de manera que Presidente proceda, votemos la
proposición con que termina el informe de la mayoría de los ponentes y por
supuesto votaré como la bancada de Gobierno sí a esa proposición.
Dirige la Sesión el Presidente, honorable Representante
Alfredo Cuello Baute:
Vamos a abrir el registro, estamos votando la
ponencia presentada por el grupo de ponentes, encabezado por el doctor Roy
Barreras como coordinador, votando Si, se aprueba esa ponencia, votando No, se
niega.
De aprobarse esta ponencia no hay necesidad de votar
las otras porque queda ya de una vez aprobado darle trámite a este proyecto,
esta abierto el registro vamos a votar.
El Secretario
General, doctor Angelino Lizcano Rivera, informa:
Si, es aprobando la ponencia del grupo mayoritario, los
votos manuales en la Secretaría por favor.
El Subsecretario General, doctor .Jesús Alfonso Rodríguez
C, anuncia los votos manuales:
Rubén Darío Salazar                         Vota Si
Gustavo Puentes                                Vota
Si
Edgar Gómez Román
Vota Sí
Fabio Arango
Vota
Si
Se solicita el favor a los Representantes que están
votando manualmente abstenerse de hacerlo en el sistema electrónico.
José Manuel Herrera                          Vota Si
Pedro Jiménez                                    Vota
Si
José Ignacio Bermúdez
Rodrigo Romero                                Vota No
Buenaventura León                                     Vota
Si
Fabiola Olaya                                   Vota
Si
Julián Silva                                        Vota
No
Dirige la Sesión el Presidente, honorable
Representante Alfredo Cuello Baute:
Cierre el registro Secretario, no, un momento con
tranquilidad, no se ha cerrado el registro, Faltan Congresistas por votar.
Intervención del honorable Representante Guillermo
Rivera Flórez:
Señor Secretario sírvase certificamos la votación.
Dirige la Sesión el Presidente, honorable Representante
Alfredo Cuello Baute:
Bueno retírense para cerrar el registro. Vamos a
cerrar el registro y verificar la votación, certifique la votación Secretario,
si hay duda la verificamos.
Certifique la votación Secretario, dejen contar al
Secretario, déjelo certificar la votación, vamos a certificar la votación, la
votación suficiente hay más de 120 votos en la Plenaria, más de 90 votos por el
Sí, si tienen alguna duda la verificamos Representante López sin ningún
problema.
Secretario certifique la votación y la volvemos a abrir
para volver a repetirla, pero certifique esta votación.
El Secretario General, doctor Angelino Lizcano
Rivera, informa:
Señor Presidente, cumpliendo su orden y dejo constancia
que hasta este momento me da la orden que le dé la votación, la votación SI: 86
y NO: 44.
Cámara de Representantes
República de Colombia
RCS N° 2601
12-06-07
7:09:37 p.m.
PAL 169 de 2006
Junio 12 de 2007
Proposición con que termina el informe Roy Barreras.
por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
Sí: 78
Besaile Fayad Musa
Ávila Durán Carlos E.
Morales A. Silfredo
Roncallo F. Rodrigo
Duque Q. Orlando
Lozano F. José V.
Quintero M. Carlos A.
Riaño C. Alfonso
Amin Escaf Miguel
Benítez M. Eduardo A.
Carvajal C. José T.
Ceballos A. Sandra
Celis G. Carlos A.
Cortés Lucero
Elias Vidal
Bernardo Hoyos G.
Germán D.
Lizcano A. Oscar M.
Mota y M. Karime
Raad Hernández Elías
Rangel Sossa Miguel
Rapag Matar Fuad E.
Restrepo C. Jaime
Restrepo Orozco Luis
Ricardo Amanda
Rodríguez R. Roosvelt
Salas Moisés Luis E.
Sánchez M. Odin H.
Soto Jaramillo Carlos
Uribe Nicolás
Vives H. Manuel J.
Yepes M. Jaime A.
Zuluaga A. Jaime
Acosta Osio Alonso
Arboleda P. Oscar
Betancourt Hernando
Chajín Flor Ricardo
Montoya Toro Orlando
Morón Cuello Álvaro
Conde Romero José M.
Pardo Rodríguez Pedro
Rendón R. Liliana
Rodríguez Constantin
Vélez Mesa William
Barrero Montealegre Roy
Barrios B. Luis F.
Cabrera Báez Ángel C.
Castro Caicedo José
Granados B. Juan
Lara Vence Karelly P.
Motoa Solarte Carlos
Orozco Vivas Felipe
Pacheco C. Tarquino
Torres Murillo Edgar
Varón Cetrino Germán
Velásquez S. Sandra
Bravo Realpe oscar
Vargas Polo Víctor
Castro G. Santiago
Córdoba Suárez Juan
Cuello Baute Alfredo
Cuello D. Vladimiro
Yanet Lind Zaida M.
Gallardo A. Julio
García A. Gonzalo
Garciaherreros Jorge
González Ocampo Jorge
Guerra de la Rosa Orlando
Hernández G. Iván
Leguizamón Roa Marco
Mantilla S. Jorge
Naranjo E. Diego
Paredes A. Miryam A.
Paz Ospina Marino
Piamba Castro José
Ramírez R. Pedro
Rodríguez P. Ciro
Sanabria Heriberto
Tamayo Tamayo Fernando
No: 42
Amín Saleme Fabio
Ángel Barco Enrique
Avendaño L. Pompilio
Brito Peláez James
Castillo G. Nancy D.
Durán Barrera Jaime
Espinosa A. Gabriel
Giraldo Jorge Homero
González B. Wilmer
Gordón May Alberto
Barón C. Liliana
Hurtado Pérez Oscar
López de Joaqui Gema
Marín Oscar de Jesús
Morales Gil Jorge I.
Mavdi Aranque Pedro
Olano Becerra Germán
Osorio B. Héctor
Parodi Díaz Mauricio
Patiño Amarillo Diego
Piedrahita C. Carlos
Pinillos A. Clara
Pizo M. Crisanto
Rivera F. Guillermo
Salamanca C. Pablo
Santos M. Guillermo
Silva Amín Zamir E.
Suárez Flórez Mario
Tapasco T. Dixon
Valencia M. Juan
Gaviria Muñoz Simón
Luna Sánchez David
Cotrina Néstor Homero
Gómez Agudelo Oscar
Wilches C. Oscar
Borja Díaz Wilson A.
Díaz Ortiz Gloria F..
Galvis Romero Miguel
Garzón Martinez René
Legro Segura Rivera
Obando Ordóñez Pedro
Reyes Forero Germán
Registro manual para votaciones
Proyecto de Acto Legislativo número 169 de 2006
Tema a votar: Prop. con que termina el informe Roy
Barreras
Sesión Plenaria: martes 12 de junio de 2007.
SI
Salazar Orozco Rubén Dario
Puentes Díaz Hernán Gustavo
Gómez Román Edgar Alfonso
Arango Torres Fabio
Herrera Cely José Manuel
Jiménez Salazar Pedro Antonio
León León Buenaventura
Olaya Rivera Fabiola
No
Romero Hernández Rodrigo
Silva Meche Jorge Julián
Dirige la Sesión el Presidente, honorable
Representante Alfredo Cuello Baute:
La votación, no dejaron cerrarla.
Intervención del honorable Representante Roy
Leonardo Barreras Montealegre:
Verifíquela señor Presidente por favor.
Dirige la Sesión el Presidente, honorable Representante
Alfredo Cuello Baute:
Para que quede tranquilidad vamos a verificar la
votación que acabamos de hacer, volvamos a abrir el registro para que tengan
tranquilidad.
El Subsecretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
c., informa:
Se está verificando la votación.
Carlos Ramiro Chavarro                             Vota
Si
Rubén Dario Salazar                                   Vota
Sí
Gustavo Puentes
Vota
Sí
Pedro Jiménez                                             Vota
Sí
Lucero Cortés                                              Vota
Sí
Buenaventura León
Vota
Sí
José Manuel Herrera
Vota
Sí
Edgar Gómez Román
Vota
Sí
Roy Barreras
Vota
Sí, ya votó electrónicamente, ya aparece su voto en el tablero. Se les pide el
favor a los Representantes que votan electrónicamente que no vuelvan a votar
manualmente.
Fabio Arango                                              Vota
Sí
Fabiola Ola ya                                            Vota
Sí
Rodrigo Romero                                         Vota
No
Carlos Arturo Quintero                               Votó
electrónicamente
Carlos Granados                                                  Vota
Sí
Ornar Flórez                                               Vota
No
Eduardo Crissien                                                  Vota
Sí
Eduardo Crissien                                                  Vota
Sí
Julián Silva                                                 Vota
No
Dirige la Sesión el Presidente, honorable Representante
Alfredo Cuello Baute:
Cierre el registro Secretario, certifique la
votación. El Secretario General, doctor Angelino Lizcano Rivera, continúa con
la lectura:
Presidente por el NO: 6 por el SI: 93
ha sido aprobado el informe de ponencia en donde se verificaba la votación
anterior, este informe solicita se le dé segundo debate al Acto Legislativo en
segunda vuelta, y fue aprobado por las mayorías exigidas en segunda vuelta por
el artículo 375 de la Constitución.
Cámara de Representantes
República de Colombia
RCS N° 2602
12-06-07
7:16:41 p. m.
PAL. 169 de 2006
Junio 12 de 2007
Prop. con que termina el informe Roy Barreras
Por la cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
Sí: 81
Ávila Durán Carlos E.
Morales A. Silfredo
Roncallo F. Rodrigo
Duque Q. Orlando
Lozano F. José V.
Quintero M. Carlos A.
Riaño C. Alfonso
Amin Eseaf Miguel
Benítez M. Eduardo A.
Carvajal C. José T.
Ceballos A. Sandra
Celis G. Carlos A.
Cervantes V. Jaime
Elias Vidal Bernardo
Fernández Q. Jairo A.
Hoyos G. Germán D.
Lizcano A. Oscar M.
Lozano Galindo Juan
Mota y M. Karime
Pérez Alvarado Jorge
Raad Hernández Elías
Rangel Sossa Miguel
Rapag Malar Fuad E.
Restrepo C. Jaime
Restrepo Orozco Luis
Ricardo Amanda
Rodrigo R. Roosvelt
Salas Moisés Luis E.
Sánchez M. Odin H.
Soto Jaramil1o Carlos
Uribe Nicolás
Vives H. Manuel J.
Yepes M. Jaime A.
Zuluaga A. Jaime
Acosta Osio Alonso
Arboleda P. Oscar
Betancourt Hernando
Chajín Flor Ricardo
Montoya Toro Orlando
Morón Cuello Álvaro
Conde Romero José M.
Pardo Rodríguez Pedro
Rendón R. Liliana
Rodríguez Constantin
Vélez Mesa William
Barrero Montealegre Roy
Barrios B. Luis F.
Bermúdez S. José
Cabrera Báez Ángel C.
Castro Caicedo José Lara
Vence Karelly P.
Motoa Solarte Carlos
Orozco Vivas Felipe
Pacheco C. Tarquino
Torres Murillo Edgar
Varón Cotrino Germán
Velásquez S. Sandra
Bravo Realpe Oscar
Vargas Polo Víctor
Castro G. Santiago
Córdoba Suárez Juan
Cuello Baute Alfredo
Cuello D. Vladimiro
Yanel L. Zaida M.
Gallardo A. Julio
García A. Gonzalo
Garciaherreros Jorge
González Ocampo Jorge
Guerra de la Rosa Orlando
Hernández G. Iván
Ibarra Obando Luis J.
Leguizamón Roa Marco
Mantilla S. Jorge
Naranjo E. Diego
Paredes A. Miryam A.
Paz Ospina Marino
Piamba Castro José
Ramírez R. Pedro.
Rodrígucz P. Ciro
Sanabria Heriberto
Tamayo Tamayo Fernando
No: 3
Gaviria Muñoz Simón
Luna Sánchez David
Díaz Ortiz Gloria E.
Registro manual para votaciones
Proyecto de Acto Legislativo número 169 de 2006
Tema a votar: Prop. con que termina el informe Roy Barreras
Sesión Plenaria: martes 12 de junio de 2007.
SI
Chavarro Cuellar Carlos Ramiro
Salazar Orozco Rubén Darío
Puentes Díaz Hernáu Gustavo
Jiménez Salazar Pedro Antonio
Cortés Méndez Lucero
León León Buenaventura
Herrera Cely José Manuel
Gómez Román Edgar Alfonso
Arango Torres Fabio
Olaya Rivera Fabiola
Granados Becerra Juan Carlos
Crissien Borrero Eduardo
NO
Romero Hernández Rodrigo
Flórez Vélez Omar de Jesús
Silva Meche Jorge Julián
Dirige la Sesión el Presidente, honorable Representante
Alfredo Cuello Baute:
Representante Castro.
Intervención del honorable Representante José
Fernando Castro Caicedo:
Señor Presidente. ya es tardía la intervención que me
da, porque yo lo que pretendía era que se corroborara que quienes votaron en el
tablero no lo hicieran también manualmente, y eso no se hizo, gracias
Presidente.
Dirige la Sesión el Presidente. honorable
Representante Alfredo Cuello Baute:
Ha sido corroborado y vamos a pasar al articulado,
las constancias al final del proyecto, votemos el articulado, constancias al
final del proyecto. (…)”[24]
10. De lo
descrito antes se puede afirmar que:
·
Un representante de la Cámara solicitó la
verificación del quórum. Ante esta solicitud la Secretaría certificó que se había
desintegrado el quórum decisorio y que existía quórum deliberatorio (Gaceta del
Congreso 327 de 2007 fl 568 y 569 cuad. 3 ).
·
Posteriormente, al verificar el quórum para
declarar la sesión permanente el secretario constató que se había integrado
nuevamente el quórum decisorio (Gaceta del Congreso 327 de 2007 fl 572 cuad. 3
).
·
Lo mismo se constató, más adelante, al votar la
suficiente ilustración (Gaceta del Congreso 327 de 2007 fl 584 cuad. 3 ).
·
Decidida la suficiente ilustración por la
plenaria, se procedió a votar la ponencia mayoritaria que fue aprobada, según
el Secretario General, por 84 votos afirmativos y 44 negativos (Gaceta del
Congreso 327 de 2007 fl 585 cuad. 3 ).
·
Posteriormente se verificó la anterior votación
quedando aprobada la ponencia mayoritaria, según el Secretario General, por 93
votos afirmativos y 6 negativos, incluyendo los votos manuales y los electrónicos
(Gaceta del Congreso 327 de 2007 fl 586 y 587 cuad. 3 ). Por so el Secretario
dice: “…informe de ponencia en donde se verificaba la votación anterior,
este informe solicita se le dé segundo debate al Acto Legislativo en segunda
vuelta, y fue aprobado por las mayorías exigidas en segunda vuelta por el
artículo 375 de la Constitución.”
Lo anterior
permite concluir que se cumplieron las exigencias del artículo 375 de la
Constitución ya que: (i) se verificó en varias oportunidades la conformación
del quórum decisorio y (ii) se aprobó la ponencia por las mayorías exigidas en
la Constitución, tal y como se confirmó en dos oportunidades durante la sesión,
ya que la totalidad de los votos emitidos, incluidos los emitidos por medio
electrónico como los emitidos por medio manual, suman la mayoría absoluta.[25]
5. Respeto de los principios de consecutividad e identidad flexible en
la aprobación del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de
2007
A partir de la
Constitución y de las demás normas que regulan el proceso de formación de las
leyes la Corte ha señalado, entre otros principios que rigen el proceso
legislativo, (i) el principio de consecutividad y, (ii) el
principio de identidad flexible. En cuanto a su contenido ha indicado la
jurisprudencia: “El principio de consecutividad “exige que los
proyectos de ley se tramiten en cuatro debates de manera sucesiva en las
comisiones y en las plenarias de las cámaras legislativas, salvo las excepciones
constitucionales o legales”.[26] El principio de identidad
flexible o relativa “supone que el proyecto de ley que cursa en el
Congreso sea el mismo durante los cuatro debates parlamentarios”, bajo el
entendido que las comisiones y las plenarias de las cámaras pueden introducir
modificaciones al proyecto (artículo 160, CP), y que las discrepancias entre lo
aprobado en una y otra Cámara se puede superar mediante un trámite especial
(conciliación mediante Comisiones de Mediación), que no implica repetir todo el
trámite.[27]”[28]
En el presente
proceso la Corte constató que no se vulneraron los principios de consecutividad
e identidad flexible respecto del artículo 3º y los parágrafos del artículo 4º
del Acto Legislativo 04 de 2007, en la medida que la norma que establece el
monitoreo del gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del
sistema general de participaciones, sí fue considerada y aprobada durante la
primera vuelta del trámite del acto legislativo acusado y el texto del artículo
4º fue igualmente introducido durante la primer vuelta y las modificaciones
hechas al texto finalmente aprobado, en ninguna medida significan un cambio esencial,
como se verá a continuación.
El texto
aprobado, que el demandante considera que no fue discutido en la primera
vuelta, es el siguiente:
“Artículo 3°. Adiciónense al artículo 356
de la Constitución Política los siguientes incisos:
El Gobierno Nacional definirá una estrategia de
monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades
territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, para
asegurar el cumplimiento del metas de cobertura y calidad. Esta estrategia
deberá fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control
social y en los procesos de rendición de cuentas.
Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en
el inciso anterior, el Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6)
meses contados a partir de la expedición del presente acto legislativo,
regulará, entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos en los
cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las
entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal
situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya
lugar.”
Como se ve, el
objeto del anterior artículo es la definición de un sistema de control de los
recursos de las transferencias y el cumplimiento de las metas fijadas en
cobertura y calidad, tema que fue discutido desde la primera vuelta.
El Gobierno
Nacional, por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público presentó a
consideración del Congreso de la República el proyecto de Acto Legislativo por
medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política,
ante la Secretaría General del Senado, el cual fue radicado con el número 11 de
2006 Senado.
En la primera
vuelta, el tema objeto de debate, fue discutido en varias oportunidades:
1. En el Senado
fue el tema fue introducido en la Plenaria por una proposición presentada por
la Senadora Gina María Parody D´echeona, aún cuando el mecanismo de control
propuesto era otro. El texto de la proposición presentada, que quedó
incorporada en el texto definitivo del Proyecto de Acto Legislativo aprobado
por la Plenaria del Senado fue el siguiente:
“Artículo 3º. El artículo 357 de la Constitución Política quedará
así: (…)
Cuando un departamento con los recursos asignados por el Sistema
General de Participaciones no aumente la cobertura en educación, salud y agua
potable y saneamiento básico en dos períodos fiscales seguidos, de acuerdo con
las metas establecidas, para el siguiente período fiscal se aplicará la figura
del encargo fiduciario con los recursos a que tenga derecho, con el objeto que
se cumplan las metas en el servicio o los servicios para ese periodo.
La asignación de la entidad fiduciaria, así como la expedición de
los actos administrativos, que en desarrollo del mismo se produzca,
corresponderá al Gobierno Nacional.” (Gaceta del
Congreso 504 de 2006 pg. 3).
La proposición
fue justificada por la Senadora Parody D´echeona por la ausencia de controles
efectivos para el manejo de los recursos de las transferencias y la importancia
de que la asignación de recursos se refleje en el incremento de cobertura y de
eficiencia:
“Antes del acto legislativo de 2001 teníamos entidades territoriales
que no voy a entrar a señalar, cuáles son esos datos, se encuentran en
Planeación, se encuentran en el Ministerio de Educación para no entrar a
estigmatizar distintas entidades, pero se producía por ejemplo un crecimiento
de recursos de 185%, mientras que el crecimiento en el acueducto, en el
alcantarillado era de 5% constante, tenemos hoy departamentos y municipios, en
donde por ejemplo existen los tubos del acueducto pero no han sido conectados,
no por falta de recursos, sino por ineficiencia de los gobiernos locales.
También se produjeron otros crecimientos que finalmente en
alcantarillado, acueducto y educación, no se vieran respaldados con el mismo
crecimiento y después del acto de 2001 aunque disminuyó la brecha entre el uno
y el otro, es decir, entre los recursos que se mandaban y el crecimiento en
educación y en acueducto, sigue habiendo un bache que se atribuye a la
corrupción de gobiernos locales, cuando este se presente y a esto va dirigida
la proposición señora Presidenta, cuando esto se presente qué buscamos con esta
proposición, es que se creen unos encargos fiduciarios, de tal manera que se
distribuyan y se cumplan las metas para los cuales fueron dados en
transferencias estos recursos.
En ese sentido va la proposición cuando durante dos años fiscales
las metas para las cuales se entregaron las transferencias no se cumplan, que
se constituya un encargo fiduciario que sí pueda cumplir y cumpla la meta tanto
del Gobierno central como de los gobiernos locales que es la satisfacción de
las necesidades, eso es todo Presidenta.”  (Gaceta
del Congreso 02 de 2007 pg. 24).
2. En la Cámara
de Representantes, el proyecto fue radicado con el número 196 de 2006, y en la
ponencia para primer debate[29], la cual fue aprobada[30],
aparece el tema de que versa el artículo 3° del Acto Legislativo que se
analiza; el contenido era el siguiente:
“Artículo 3º. El artículo 357 quedará
así: (…)
El Gobierno Nacional definirá una estrategia de
monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades
territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, para
asegurar el cumplimiento del metas de cobertura y calidad. La ley desarrollará
los criterios y procedimientos para este propósito”
Esta
modificación fue justificada en la ponencia en los siguientes términos:
“Aunque consideramos
que el mecanismo de control de los recursos del SGP propuesto en Senado va en
la dirección correcta, dada la importancia del uso eficiente de estos, hemos
planteado una propuesta alternativa que busca diseñar un sistema de monitoreo,
control y evaluación, que garantice el cumplimiento de las coberturas y metas
propuestas.
Este sistema será coordinado por el Gobierno Nacional
e involucrará la participación de las comunidades y de los organismos de
control. A pesar de que lograr coberturas universales en los servicios básicos
es objetivo común e indiscutible, no es suficiente y debe ser complementado con
la garantía de avance en la calidad de los servicios prestados. Por ello
consideramos pertinente que sólo se puedan orientar recursos hacia otros
sectores”[31].
Esta
modificación se conservó en el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de
Representantes.[32]
3. Posteriormente, la Comisión de Conciliación acogió el texto
aprobado por la Cámara de Representantes, incluyendo el artículo relativo al sistema
de control de los recursos de las transferencias y el cumplimiento de las metas
fijadas en cobertura y calidad, por considerar que: “Después de un detallado
estudio de los textos aprobados en Senado y Cámara, consideramos que en la
Cámara se hicieron ajustes beneficiosos para el desarrollo de las regiones, por
lo que decidimos acoger el texto aprobado en la Cámara de Representantes, el cual
además representa las intenciones de la mayoría de los Congresistas.”[33]
Como se puede
apreciar, a partir de la descripción anterior, el
tema que se debatió y aprobó en la segunda vuelta del trámite del Acto
Legislativo 04 de 2007, y que quedó consignado en el artículo 3°, fue el mismo
que se había discutido y aprobado en primera vuelta tanto en la Cámara de
Representantes como en el Senado. Dicho tema fue el siguiente: mecanismos de
control de los recursos del Sistema General de Participaciones frente al
cumplimiento de las metas fijadas en cobertura y calidad.
El problema y la materia estuvieron
presentes en los debates de la primera vuelta, tanto en la Cámara de
Representantes como en el Senado, aun cuando el texto normativo no fue idéntico
en todos los casos, lo cual responde a las exigencias del principio de
identidad flexible. Según la Corte: “(…) bajo el actual esquema
constitucional el mismo ha sido relativizado, en el sentido que por su
intermedio ya no se exige que el proyecto sea aprobado de manera idéntica en
todos los debates parlamentarios, es decir, que su contenido material deba
guardar estricta equivalencia durante el trasegar del trámite legislativo. (…)”.[34]
Esta
relativización del principio de identidad obedece a la necesidad de respetar
las competencias del Congreso como legislador y a la importancia del principio
democrático. Al respecto ha señalado esta Corporación que: “La razón de ser
de esta facultad [la de introducir reformas], ha dicho la Corte, tiene relación
directa con la esencia misma del debate democrático y obedece “a la idea
acogida por el constituyente según la cual la formación de la ley debe estar
abierta a la expresión de todas las diferentes corrientes de pensamiento
representadas en las plenarias de cámaras congresionales”, así como “a la
necesidad de flexibilizar el trámite a fin de que el principio democrático se
haga efectivo al ejercer la actividad legislativa.””[35]
Lo anterior
muestra que, contrario a lo señalado por el demandante, el artículo concerniente
a la implementación de un sistema de control de los recursos del Sistema
General de Participaciones, estuvo presente en la primera vuelta, en los
debates del Senado, de la Cámara y, posteriormente, quedó incluido en el texto
presentado por la Comisión de Conciliación y aprobado por la plenaria de la
Cámara y por la plenaria del Senado.
Lo mismo puede
afirmarse en relación con el artículo 4 del Acto Legislativo y sus parágrafos.
Como lo señala el Procurador General en su intervención, el tema objeto del
mencionado artículo - es decir, la definición de un sistema de incremento de
los recursos del sistema general de participaciones - sí fue discutido desde la
primera vuelta. El texto definitivo aprobado por el Congreso fue una
combinación, por un lado, del método de incremento del sistema general de
participaciones propuesto por el gobierno en el proyecto original, que se
convirtió en un sistema transitorio y, por otro lado, del método de incremento
del sistema general de participaciones propuesto por el Senador Juan Fernando
Cristo desde la ponencia para primer debate en el Senado, que se convirtió en
la regla general para incrementar el sistema general de participaciones una vez
superado el período de transición.
El proyecto
presentado originalmente por el gobierno, en el artículo 3, proponía, en
esencia, el mecanismo de incremento del sistema general de participaciones que
en el Acto Legislativo 4 de 2007 quedó incorporado como un mecanismo
transitorio en los parágrafos 1 a 4, con algunos ajustes definidos en los
diferentes debates y con variantes fruto de la controversia parlamentaria. El
artículo 3 de dicho proyecto señalaba:
“Artículo 3º. El artículo 357 de la Constitución Política quedará
así:
El monto del Sistema General de Participaciones de los
departamentos, distritos y municipios se incrementará, durante los años 2009 y
2010, en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada en el año
anterior, más un incremento de 3.5%, tomando como base el monto liquidado en la
vigencia 2008. A partir del año 2011 el incremento será la tasa de inflación
causada en el año anterior, más un incremento de 2%.
Si el crecimiento real de la economía (Producto interno Bruto)
certificado por el DANE, para el año respectivo, es superior al 4%, el
crecimiento adicional del Sistema General de Participaciones de que trata el
presente artículo se incrementará en una proporción equivalente al crecimiento
que supere el 4%, previo descuento de los porcentajes que la Nación haya tenido
que asumir cuando el crecimiento real de la economía no haya sido suficiente
para financiar el porcentaje de crecimiento adicional a la inflación del
Sistema General de Participaciones.
Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y
sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para
inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración
municipal, hasta un veintiocho (28%) de los recursos que perciban por concepto
del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y
municipios, exceptuando los recursos que se destinen para educación, salud y
agua potable y saneamiento básico.
Cuando una entidad territorial alcance coberturas universales en los
sectores de educación, salud y/o servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico, previa certificación de la entidad nacional
competente, podrá destinar los recursos excedentes a inversión en otros
sectores de su competencia. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.”
(Gaceta del Congreso 366)
En la ponencia
para primer debate en el Senado, el senador Juan Fernando Cristo, en el pliego
de modificaciones propuso que el artículo segundo quedara así:
“Artículo 2º. El artículo 357 de la Constitución Política, quedará
así:
Artículo 357. El monto del Sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un
porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los
Ingresos Corrientes de la Nación durante los cinco (5) años anteriores,
incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes
de la Nación a que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los
tributos que se arbitren por medidas de estados de excepción, salvo que el
Congreso, durante el año siguiente les otorgue el carácter permanente. Sin embargo, el Congreso mediante
ley con aprobación de mayoría absoluta, podrá en caso de crisis fiscal de
magnitud que lo amerite, suspender o limitar el crecimiento de las
participaciones hasta por tres años, caso en el cual la Nación solo podrá
utilizar los recursos así conseguidos a atacar las causas del déficit, sin que
pueda ser utilizado dicho ahorro en nuevo gasto nacional.
Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y
sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para
inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración
municipal, un porcentaje equivalente al que les autorizó el Acto Legislativo
número 1 de 2001, calculado sobre las bases de la nueva ley de distribución de
recursos.
Parágrafo Transitorio. La base inicial de liquidación deberá ser el
monto correspondiente a la liquidación de los recursos para la vigencia
presupuestal de 2009 de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo
número 1 de 2001.”
El Senador
justificó su propuesta de modificación con base en los siguientes argumentos: “1.
Mantiene unidas las participaciones con los ingresos corrientes, pero ponderado
por el promedio del crecimiento de los últimos 5 años incluida la estimación
del presupuesto. Se incrementa en un año para atenuar tanto la tasa de
crecimiento como de decrecimiento en caso de que se presente, haciendo que
obtengan los beneficios del crecimiento y paguen los costos de las recesiones
pero a un ritmo más moderado, evitando los choques fuertes.” (Gaceta del
Congreso 448 de 2006)
Después de las
discusiones surtidas en los debates en la primera vuelta en el Senado, el texto
aprobado por la plenaria de esa Corporación fue una combinación de la propuesta
del gobierno y la propuesta del senador Cristo, el primero como mecanismo
transitorio y el segundo como regla general:
“Artículo 3º. El artículo 357 de la Constitución Política quedará
así:
Artículo 357. El monto del Sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará, a partir del año 2008,
en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más un incremento
adicional de 3%, tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior.
Durante los años 2008 y 2009, se hará un incremento transitorio adicional de
1%. Durante el año 2010 este incremento transitorio será de 0.5% adicional.
Estos incrementos adicionales harán parte de la base de liquidación a partir
del año 2011.
Si el crecimiento real de la economía (Producto Interno Bruto)
certificado por el DANE, para el año respectivo, es superior al 4%, el
crecimiento adicional del Sistema General de Participaciones de que trata el
presente artículo se incrementará en una proporción equivalente al crecimiento
que supere el 4%.
A partir del año 2020 el monto del Sistema General de
Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará
anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que
hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años
anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes
de la Nación a que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los
tributos que se arbitren por medidas de estado de excepción salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue el carácter permanente. (…).” (Gaceta 504 de 2006)
Esta misma
discusión fue retomada desde el primer debate en la Cámara de Representantes.
En la ponencia para primer debate en la Cámara se consideró la inclusión de
ambas propuestas, bajo los siguientes argumentos:
“En el primer debate en Senado surgió la iniciativa de hacer
transitoria la fórmula propuesta. Esto tiene fundamento en el hecho de que en
la actualidad el país se encuentra en una complicada situación de orden
público, que compromete recursos no sólo en su componente militar, sino en su
componente social. Igualmente, el Gobierno Nacional asumió la responsabilidad
de atender las pensiones del ISS, asunto que demanda recursos importantes del
presupuesto nacional. La idea es que hacia 2020 esta situación haya sido
superada y que menos recursos sean requeridos para estos fines.
Sin embargo, los honorables Representantes consideramos que dicha
transitoriedad debe ser más corta. La economía colombiana se encuentra en una
senda de crecimiento favorable que está construyendo las bases para un
desarrollo sólido en el mediano plazo y consideramos de vital importancia que
las regiones hagan parte de este proceso, como socios del Gobierno Nacional.” (Gaceta del Congreso 542 de 2006)
Igualmente
sucedió en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes
(Gaceta 608 de 2006) y el texto definitivo aprobado por la plenaria señalaba:
“Artículo 3º. El artículo 357 de la Constitución Política, quedará
así:
Artículo 357. El sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un
porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los
ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores,
incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes
de la Nación a que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los
tributos que se arbitren por medidas de estado de excepción salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue el carácter permanente.
El dos por ciento (2%) del sistema General de Participaciones, será
distribuido entre los municipios con población inferior a 25.000 habitantes.
Estos recursos deberán ser destinados exclusivamente para inversión, conforme a
las competencias asignadas por la ley. Estos recursos se distribuirán con base
en los mismos criterios de población y pobreza definidos por la ley para la
Participación de Propósito General.
Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y
sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para
inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración
municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los recursos que perciban por
concepto del sistema General de Participaciones de Propósito General,
exceptuando los recursos que se distribuyan de acuerdo con el inciso anterior.
Cuando una entidad territorial alcance coberturas universales y
cumpla con los estándares de calidad establecidos por las autoridades
competentes, en los sectores de educación, salud y/o servicios públicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, previa certificación de la
entidad nacional competente, podrá destinar los recursos excedentes a inversión
en otros sectores de su competencia. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia.
El Gobierno Nacional definirá una estrategia de monitoreo,
seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades
territoriales con recursos del sGP, para asegurar el cumplimiento de metas de
cobertura y calidad. La ley desarrollará los criterios y procedimientos para
este propósito.
Parágrafo transitorio 1°. El monto del sistema General de
Participaciones, sGP, de los Departamentos, Distritos y Municipios se
incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior.
Durante los años 2008 y 2009 el sGP se incrementará en un porcentaje igual al
de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%.
Durante el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada,
más una tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el
incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de
crecimiento real de 3%.
Parágrafo transitorio 2°. si la tasa de crecimiento real de la
economía (Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DANE para el año
respectivo es superior al 4%, el incremento del SGP será igual a la tasa de
inflación causada, más la tasa de crecimiento real señalada en el parágrafo
transitorio 1° del presente artículo, más los puntos porcentuales de diferencia
resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada
por el DANE y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención
integral de la primera infancia. El aumento del sGP por mayor crecimiento
económico de que trata el presente parágrafo, no generará base para la
liquidación del sGP en años posteriores.
Parágrafo transitorio 3°. Durante los años 2008 a 2016 el sistema
General de Participación, sGP, tendrá un crecimiento del uno por ciento (1%)
adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios anteriores, el cual
será destinado exclusivamente al sector educación. En cada uno de estos años,
el aumento adicional del sGP para el sector educación de que trata el presente
parágrafo, no generará base para la liquidación del monto del sGP de la
siguiente vigencia.
Parágrafo transitorio 4°. El Gobierno Nacional definirá unos
criterios y transiciones en la aplicación de los resultados del último censo
realizado, con el propósito de evitar los efectos negativos derivados de las
variaciones de los datos censales en la distribución del sistema General de
Participaciones. De ninguna manera, se podrán disminuir, por razón de la
población los recursos que reciben las entidades territoriales actualmente.” (Gaceta del Congreso 679 de 2006)
El texto
definitivo conciliado, es esencialmente el que quedó incluido en el Acto
Legislativo 4 de 2007, con algunas modificaciones en cuanto a los porcentajes y
los términos:
“Artículo 357. El Sistema General de Participaciones de los
Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un
porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los
ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores,
incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.
Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes
de la Nación a que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los
tributos que se arbitren por medidas de estado de excepción salvo que el
Congreso, durante el año siguiente, les otorgue el carácter permanente.
El dos por ciento (2%) del Sistema General de Participaciones será
distribuido entre los municipios con población inferior a 25.000 habitantes.
Estos recursos deberán ser destinados exclusivamente para inversión, conforme a
las competencias asignadas por la ley. Estos recursos se distribuirán con base
en los mismos criterios de población y pobreza definidos por la ley para la
Participación de Propósito General.
Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y
sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para
inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración
municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los recursos que perciban por
concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito General,
exceptuando los recursos que se distribuyan de acuerdo con el inciso anterior.
Cuando una entidad territorial alcance coberturas universales y
cumpla con los estándares de calidad establecidos por las autoridades
competentes, en los sectores de educación, salud y/o servicios públicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, previa certificación de la
entidad nacional competente, podrá destinar los recursos excedentes a inversión
en otros sectores de su competencia.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. El Gobierno Nacional
definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto
ejecutado por las entidades territoriales con recursos del SGP, para asegurar
el cumplimiento de metas de cobertura y calidad. La ley desarrollará los
criterios y procedimientos para este propósito.
Parágrafo transitorio 1°. El monto del Sistema General de
Participaciones –SGP- de los Departamentos, Distritos y Municipios se
incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior.
Durante los años 2008 y 2009 el SGP se incrementará en un porcentaje igual al
de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante
el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una
tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento
será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de
3%.
Parágrafo transitorio 2°. Si la tasa de crecimiento real de la
economía (Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DANE para el año
respectivo es superior al 4%, el incremento del SGP será igual a la tasa de
inflación causada, más la tasa de crecimiento real señalada en el parágrafo
transitorio 1 del presente artículo, más los puntos porcentuales de diferencia
resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada
por el DANE y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención integral
de la primera infancia. El aumento del SGP por mayor crecimiento económico de
que trata el presente parágrafo, no generará base para la liquidación del SGP
en años posteriores.
Parágrafo transitorio 3°. Durante los años 2008 a 2016 el Sistema
General de Participación, SGP, tendrá un crecimiento del uno por ciento (1%)
adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios anteriores, el cual
será destinado exclusivamente al sector educación. En cada uno de estos años,
el aumento adicional del SGP para el sector educación de que trata el presente
parágrafo, no generará base para la liquidación del monto del SGP de la
siguiente vigencia.
Parágrafo transitorio 4°. El Gobierno Nacional definirá unos
criterios y transiciones en la aplicación de los resultados del último censo
realizado, con el propósito de evitar los efectos negativos derivados de las
variaciones de los datos censales en la distribución del Sistema General de
Participaciones. De ninguna manera, se podrán disminuir, por razón de la población
los recursos que reciben las entidades territoriales actualmente.” (Gaceta del Congreso 644 de 2008)
En conclusión, el
mecanismo adoptado en el texto definitivo aprobado por el Congreso fue una
combinación de la propuesta del gobierno en el proyecto original y de la
fórmula sugerida por el Senador Juan Fernando Cristo desde el primer debate en
el Senado, enriquecidas con los aportes efectuados a lo largo del debate
parlamentario encaminadas a superar las diferencias existentes y a encontrar
alternativas que valoraran los distintos puntos de vista manifestados a lo
largo del debate. El todas las etapas del trámite el tema fue objeto de
discusión y de votación. Por lo tanto, se respetaron los principios de
consecutividad y de identidad flexible.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- INHIBIRSE
de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del
cargo por vicios de competencia formulado contra el Acto Legislativo 04 de
2007, por ineptitud sustancial de la demanda.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el Acto
Legislativo 04 de 2007.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTERÍA                       MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado                                                 Magistrado
Con
salvamento de voto
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO                                RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
Magistrado
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO        MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado                                                  Magistrado
Impedimento
aceptado
NILSON PINILLA
PINILLA                CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-427 DE 2008 DEL
MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VICIOS DE
COMPETENCIA-Constituye un verdadero cargo de
inconstitucionalidad (Salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO POR VICIOS DE
PROCEDIMIENTO-Procedencia (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente D-6882
Demanda de inconstitucionalidad
contra el  Acto Legislativo No. 04 de 2007 “Por el cual se reforman los
artículos 356 y 357 de la Constitución Política”
Magistrado Ponente:
MANUEL JOSE CEPEDA
ESPINOSA
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito manifestar mi
discrepancia frente al presente fallo, puesto que considero, en primer término,
que el cargo por vicios de competencia formulado contra el Acto Legislativo 04
de 2007, constituía un verdadero cargo de inconstitucionalidad, de conformidad
con la propia jurisprudencia de esta Corporación, y que por tanto esta Corte
debió entrar a estudiar de fondo el cargo por sustitución de la Constitución
Política en materia de autonomía territorial, cargo que, adicionalmente
considero, debía prosperar.
En segundo lugar, estimo
que los cargos por vicios de procedimiento en el trámite del Acto Legislativo sub
examine, también debían prosperar, pues en realidad como se evidencia del trámite
que obra en el expediente, el Acto Legislativo 04 de 2007 no contó con la
mayoría requerida para ser aprobado en segunda vuelta en la Plenaria de la
Cámara de Representantes e igualmente se desconoció el principio de
consecutividad e identidad en la aprobación del artículo 3º y los parágrafos
del artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2007, por lo que este Acto
Legislativo también adolecía de vicios de forma.
Con fundamento en lo
anterior, salvo mi voto a la presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Cfr. Cuaderno
Principal, folios 59 -60.
[2] Sentencia C-1052 de
2001.
[3] Ídem.
[4] Sentencias C-543 de
1998, C-487 de 2002, C-614 de 2002 y C-668 de 2004.
[5] Según el artículo
145 Superior “las Cámaras y las Comisiones no podrán abrir sesiones ni
deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo
podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la
respectiva corporación (…)”. Asimismo, el artículo 116 de la Ley 5 de 1992
señala: “El quórum es el número mínimo de miembros asistentes que se
requieren en las Corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir. Se
presentan dos clases de quórum, a saber:
1. Quórum deliberatorio. Para
deliberar sobre cualquier asunto se requiere la presencia de por lo menos la
cuarta parte de los miembros de la respectiva Corporación o Comisión
Permanente.
2. Quórum decisorio (…).”
[6] Sentencias C-1040
de 2005 y Sentencia C-332 de 2005.
[7] Ver Decreto 283 de
2007, a través del cual el Gobierno Nacional publicó el “Proyecto de Acto
Legislativo, por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política” (aprobado en primera vuelta).
[8] Hasta aquí la
ponencia original del Magistrado Jaime Araujo Rentería
[9] Lo presentado hasta
el momento corresponde al proyecto de sentencia elaborado por el Magistrado
Jaime Araujo Rentería.
[10] Sentencia C-553 de
2003 MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[11] Sentencia C-551 de
2003 MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[12] Sentencia C-1040 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[13] Sentencia C-1040 de
2005 MP: Manuel
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto
Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
Todas las anteriores reglas
jurisprudenciales fueron reiteradas por la Corte en las sentencias C-1200 de
2003, C-970 y C-971 de 2004.
[14] Sentencia C-1040 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[15] En la sentencia C-1052 de 2001, la Corte sintetizó en
qué consisten estos requisitos así:
"La claridad de la demanda es un requisito
indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues
aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla
general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y
técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto
Fundamental” no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la
argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las
justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos
de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una
proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida
por el actor, o implícita” e incluso
sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda Así, el ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con
una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la
interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces,
de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no
han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.
De otra parte, las razones son específicas si definen
con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta
Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional
concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se
fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición
objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos,
abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las
disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación
impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
La pertinencia también es un elemento esencial de las
razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir
que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza
constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma
Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de
ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales y
doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista
subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido
de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un
problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición
en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo
contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de
inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus
efectos.
Finalmente, la suficiencia que se predica de las
razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar,
con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y
probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto
del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha
sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué
consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991),
circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la
Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las
pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la
suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la
demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución,
si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada,
de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la
presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario
un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional".
[16] Sobre el tema también se puede consultar la sentencia
C-970 de 2004 en la que la Corte concluyó que las disposiciones del Acto
Legislativo por medio de las cuales se conferían facultades extraordinarias al
Gobierno para que, de manera supletoria, expidiese la normas con fuerza de ley
necesarias para la puesta en marcha del sistema acusatorio introducido en la
reforma, no podían tenerse como una sustitución de Constitución. También se
puede revisar la sentencia C-971 de 2003 en la que se llega a la misma
conclusión en relación con la habilitación contenida en el Acto Legislativo No.
01 de 2003 para que el Presidente de la República, si oportunamente no lo
hiciere el Congreso, adoptase mediante decreto con fuerza de ley las normas electorales
que desarrollen el artículo 109 constitucional sobre financiación de partidos y
campañas políticas antes de la realización de las elecciones departamentales y
municipales subsiguientes a la reforma.
[17] Sentencia C-1124 de
2004 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. La sentencia revisó la demanda de
inconstitucionalidad contra el
inciso primero del parágrafo transitorio 1º del artículo 2º del Acto
Legislativo 01 de 2003.
[18] Por ejemplo, en la
sentencia C-816 de 2004 (MMPP Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes, con
tres salvamentos de voto y un salvamento especia separado) en la que la Corte
estudió la constitucionalidad de un Acto Legislativo, al verificar el
cumplimiento de las mayorías al votar la ponencia.
[19] Gaceta del Congreso No
327 de 2007, pag. 6.
[20] Gaceta del Congreso
No 317 de 2007, pag 12.
[21] Gaceta del Congreso
No 327 de 2007, pags 20 y 21.
[22] Gaceta del Congreso
No 327 de 2007, pag. 24.
[23] Gaceta del Congreso
No 327 de 2007, pag. 36.
[24] Gaceta del Congreso
No 327 de 2007, pags 37-39.
[25] En la sentencia C-816
de 2004 (MMPP Jaime
Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes, con tres salvamentos de voto y un
salvamento especial separado)
la Corte declaró un Acto Legislativo al verificar la inexistencia de mayoría
absoluta al votar la ponencia en segunda vuelta.
[26] Corte
Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[27] Corte
Constitucional, Sentencia C-940 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). En la
sentencia, la Corte consideró que el principio de identidad “(…) adquiere en la
Constitución de 1991 una connotación distinta a la que tenía en el régimen
constitucional anterior, (…) si en la Carta de 1886 se exigía que el texto
aprobado en cada uno de los debates fuera exactamente el mismo, por lo cual
cualquier modificación aun menor implicaba repetir todo el trámite, hoy en día
se ha abandonado el principio de identidad rígido, para permitir que las
comisiones y las plenarias de las cámaras puedan introducir modificaciones al
proyecto (CP art. 160), y que las discrepancias entre lo aprobado en una y otra
Cámara no obliguen a repetir todo el trámite, sino que las comisiones
accidentales preparen un texto unificado que supere las diferencias, texto que
es entonces sometido a la aprobación de las plenarias.”
[28] Sentencia C-453 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se revisó la
constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 974 de 2005 “Por la
cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las
corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al régimen de
bancadas”.
[29] Gaceta del Congreso No
542 de 2006 (flS 5 y ss cuad. 4)
[30] Gaceta del Congreso No
677 de 2006 (Fl 1 y ss cuad. 8)
[31]Gaceta del Congreso No
542 de 2006 (flS 11 y ss cuad. 4)
[32] Gaceta del Congreso No
29 de 2007 (fls 133 y ss. Cuad. 3), texto definitivo publicado en la Gaceta 679
de 2006.
[33] La aprobación por
la plenaria de la Cámara de representantes se encuentra en la Gaceta del Congreso No
34 de 2007 ( flS 371 y ss cuad. 3 ) y la aprobación por la plenaria de
Senado se encuentra en la Gaceta
del Congreso No 71 de 2007 (flS 414 y ss cuad. 1).
[34] Corte
Constitucional, sentencia C-1040 de 2005 (MMPP Manuel José Cepeda Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto,
Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández).
[35] Sentencia C-138 de
2007 (MP Álvaro Tafur Galvis).