C-467-16
Sentencia
C-467/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL CODIGO CIVIL-Exequibilidad de la categorización de los animales como bienes
muebles o inmuebles por destinación
[L]Sala concluyó que, ni desde la perspectiva de los efectos
simbólicos, ni desde la perspectiva de los efectos jurídicos del
Derecho, la categorización de los animales como bienes muebles o como
bienes inmuebles por destinación contenida en los artículos 655 y 658 del
Código Civil, infringe la prohibición constitucional de maltrato animal.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Facultad de precisar concepto
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
DEFINICIONES LEGISLATIVAS-Alcance y límites
[E]ste tribunal ha entendido que, eventualmente, el control de las
definiciones legales podría ser viable al menos desde dos perspectivas. (…) Por un lado, desde la
perspectiva de los efectos
jurídicos materiales, puesto que, aunque en principio las categorizaciones
y las calificaciones legales carecen de un contenido regulativo propio, esto
es, no contienen una prescripción que pueda ser objeto de confrontación con el
ordenamiento superior, sí pueden ser controladas en la medida en que se le
pueda adscribir algún efecto jurídico. (…) Asimismo, la Corte ha entendido que
el control constitucional se puede extender a los efectos simbólicos de las
definiciones, de las categorizaciones y de la terminología legal,
independientemente de sus efectos jurídicos materiales. En la medida en que a
través de los enunciados legales los órganos de producción normativa pueden
transmitir ideas y mensajes que rebasan su contenido prescriptivo, como cuando
a través de un lenguaje peyorativo se difunden ideas discriminatorias en contra
de cierto colectivo, este tribunal ha concluido que cuando el legislador
transmite mensajes cuya emisión se encuentra vedada en la Constitución Política
en virtud del principio de igualdad, de la prohibición de discriminación o de
otro mandato semejante, el escrutinio judicial se puede extender a esta faceta
no prescriptiva del sistema jurídico.
TERMINOLOGIA O DEFINICIONES LEGALES
INDEPENDIENTE DE SUS EFECTOS JURIDICOS-Jurisprudencia
constitucional
LENGUAJE-La
jurisprudencia constitucional ha considerado que el significado de una
expresión proviene, ante todo de uso, de la manera que es empleado en un
contexto concreto
Por la razón anterior, las indagaciones
orientadas a determinar el significado “verdadero” o intrínseco de las palabras
resultan inadecuadas, o al menos claramente insuficientes. Así las cosas, las
reflexiones de este tipo, normalmente vinculadas al análisis etimológico de las
palabras o a su interpretación literal, deben articularse con otro tipo de
exploración que dé cuenta de la situación en la que se emiten los enunciados,
(…) Son estos factores de contexto, más que la etimología o el significado
literal o textual, las que permiten determinar el contenido de los enunciados
legales, y en particular, el referente, la connotación y la carga de las
palabras que en estos aparecen.
MALTRATO ANIMAL-Prohibición legal como conducta castigada por el
orden constitucional vigente
[L]a jurisprudencia ha migrado hacia un
reconocimiento de la prohibición constitucional de maltrato animal, aunque,
como se verá más adelante, con diferencias muy importantes en cuanto a su
fundamento, contenido y alcances, en escenarios como los operativos de
recolección de perros callejeros por las instituciones sanitarias, la tenencia
de animales silvestres por particulares, la destinación de bienes de uso
público al espectáculo taurino, y las competencias de las autoridades
nacionales y locales en la regulación y el control de espectáculos taurinos.
PROTECCION DE LOS ANIMALES QUE SE DERIVA DE LA
CONSTITUCION-Jurisprudencia constitucional
DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTECCION ANIMAL-Límites legítimos/LIMITES AL DEBER DE PROTECCION ANIMAL-Fuentes de justificación para exceptuar el deber
constitucional de protección
MALTRATO ANIMAL-Prohibición
Así las
cosas, la materialización de la prohibición de maltrato animal se produce, no
por vía de su calificación abstracta como seres sintientes ni como sujetos de
derechos, sino con la identificación de las modalidades y de los escenarios en
los que se infringe sufrimiento a los animales individualmente considerados, y
con la adopción de medidas idóneas y eficaces para la erradicación de estas
modalidades y escenarios en los que se produce el sufrimiento animal. Así las
cosas, el deber constitucional del legislador consiste en individualización y
caracterización de las distintas formas y modalidades de maltrato que se
producen en la interacción entre los seres humanos y los animales, en
evaluarlas de cara al conjunto de principios y valores constitucionales, y en
adoptar las medidas que sean consistentes con este entramado de mandatos, bien
sea para regularizar y estandarizar estas prácticas, o bien sea para
prohibirlas inmediata o progresivamente. Nada de ello tiene que ver con una
calificación o una categorización general de los animales, cuestión por lo
demás bastante más sencilla que la de enfrentar un fenómeno altamente complejo
como el maltrato animal.
Referencia:
Expediente D-11189
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 655 y 658 (parciales) del Código Civil
Actor: Ricardo María Cañón,
actuando en su calidad de Personero de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D. C., treinta y uno (31)
de agosto de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente
sentencia, con fundamento en las siguientes
I.
ANTECEDENTES
1.
Demanda de
inconstitucionalidad
1.1.
Texto demandado
El día 15 de diciembre de 2015,
el ciudadano Ricardo María Cañón Prieto, quien afirma actuar en su calidad de Personero
de Bogotá D.C., demandó las expresiones “como los animales (que por esto se
llaman semovientes)” y “los animales que se guardan en conejeras, pajareras,
colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o
se adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de un edificio”, contenidas
en los artículos 655 y 658 del Código Civil, respectivamente.
A continuación se transcribe y
subraya el texto demandado:
“CÓDIGO
CIVIL
Ley
57 de 1887, artículo 4º, con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la
República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52)
de la misma Constitución
(…)
ARTÍCULO 655.
MUEBLES. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a
otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se
llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como
las cosas inanimadas.
Exceptúanse las que
siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el
artículo 658.
ARTÍCULO 658.
INMUEBLES POR DESTINACIÓN. Se reputan inmuebles, aunque por su
naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo
y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento.
Tales son, por ejemplo:
Las losas de pavimento.
Los tubos de las cañerías.
Los utensilios de
labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio
de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca.
Los abonos existentes en ella y destinados
por el dueño de la finca a mejorarla.
Las prensas, calderas,
cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento
industrial adherente al sueño y pertenecen al dueño de éste.
Los animales que se
guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros
vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de
un edificio”.
1.2.
Cargos
1.2.1.
A juicio del accionante, la
calificación de ciertos animales como bienes muebles o como bienes inmuebles
por destinación es incompatible con la orientación ecológica de la Constitución
y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, enfoque que exige, primero,
su reconocimiento como fines en sí mismos y no como meros objetos o
instrumentos al servicio del hombre, y por otro, un deber general de protección
hacia los mismos por parte del Estado y de la sociedad.
Para acreditar la vulneración del ordenamiento
superior, el actor sigue la siguiente metodología: (i) primero, se
identifica la base normativa de la orientación ecológica del texto
constitucional; (ii) segundo, se indican las consecuencias que se derivan del
enfoque anterior respecto de los animales; (iii) finalmente, a partir de las
consideraciones anteriores, se indican las razones por las que las expresiones
atacadas son contrarias a la Carta Política, y en particular, a los artículos
1, 2, 8, 11, 49, 79, 80, 88, 95.8 y 366 de este cuerpo normativo.
1.2.2.
Con respecto al fundamento de la “Constitución
ecológica”, el demandante señala que el reconocimiento del medio ambiente y de
sus elementos constitutivos es una constante dentro del texto constitucional, y
que, por tanto, esta orientación constituye un eje transversal del sistema
jurídico. Es así como el artículo 8 establece como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas naturales de la Nación, el artículo 79
determina que todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente
sano, y que, como consecuencia de ello, el Estado debe proteger la diversidad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para la consecución de estos fines, y el artículo 95.8 establece
que las personas en general, y los ciudadanos en particular, deben proteger los
recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Referencias directas e indirectas semejantes se encontrarían en los artículos
7, 11, 49, 49, 58, 63, 65, 66, 67, 72, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 215, 226,
150, 189, 246, 268.7, 277.4, 282.5, 289, 360, 361 y 366. Este entramado
normativo se encuentra complementado con instrumentos internacionales que
apuntan al mismo tipo de reconocimiento, tal como se encuentra en el Protocolo
de Kioto, la Declaración de Río, la Convención Internacional sobre Comercio de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el Protocolo de Montreal, y el
Tratado de Cooperación Amazónica.
Por su parte, la jurisprudencia constitucional habría
evolucionado en esta misma dirección. En la sentencia T-760 de 2007[1], por ejemplo, se estableció que, a la luz de la Constitución
de 1991, la protección del medio ambiente debe irradiar todo el orden jurídico,
el funcionamiento de las agencias estatales, y la actuación de los
particulares. Por su parte, en la sentencia C-666 de 2010[2] se reafirmó la necesidad de entender la vida humana
en su conexión esencial con el medio ambiente, y se aclaró que la defensa de
los animales se desprende de la propia dignidad humana. Y recientemente, en la
sentencia T-296 de 2013[3] dio cuenta del origen del deber de salvaguardar el medio
ambiente, asociándolo nuevamente al concepto de dignidad, y a la relación
inescindible entre el hombre y su entorno natural.
1.2.3.
Partiendo de la premisa anterior,
el accionante identifica las consecuencias jurídicas de la orientación
ecológica de la Constitución.
A su juicio, el reconocimiento del medio ambiente a
nivel constitucional se traduce, entre otras cosas, en un deber general de
protección a los animales, deber que, a su turno, impide definirlos y tratarlos
como objetos, cosas o instrumentos, pues se trata de seres sintientes.  De
hecho, tanto la propia Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
reconocido este deber general, así como las consecuencias que de él se
derivan.  En la sentencia T-760 de 2007[4], por ejemplo, este tribunal sostuvo que “los
animales domésticos cumplen de hecho, funciones importantísimas en los plantes
individual y social, que son reconocidas a nivel jurídico y que justifican su
protección a través de la acción de tutela (…) tal relación trae como
consecuencia el cumplimiento juicioso de varias obligaciones que se sintetizan
en el deber de cuidado del animal”.
Asimismo, el Consejo de Estado sostuvo expresamente
que aunque las personas pueden aprovechar las utilidades que proporcionan los
animales, relacionadas con su supervivencia, la compañía, la investigación o la
recreación, este aprovechamiento debe hacerse sin perjuicio de los derechos que
les asisten, de modo que no sean “tratados simplemente como objetos o cosas
[ni] sometidos a tratos crueles, degradantes, [ni] mantenidos en malas
condiciones de salud y libertad (…)  [ni sometidos] a sufrimientos innecesarios
cuando se experimente con ellos en el campo científico, etc.”[5]. Incluso,
expresamente sostuvo que la responsabilidad extracontractual derivada de la
tenencia de animales domésticos no puede fundarse en su consideración como
objetos o bienes, sino como fines en sí mismos y como titulares de derechos: “la
dignidad ínsita al ser humano no permite asimilarlo a una cosa u objeto; por
tal motivo, la responsabilidad derivada de los animales domésticos,
domesticados o fieros no podría ser entendida como una especie de aquella que
se refiere al hecho de las cosas. A contrario sensu, el principio de dignidad
implícito en estos seres vivos haría que toda institución jurídica –incluida la
responsabilidad extracontractual civil o del Estado- tuviera en cuenta esta
condición, que serían fines en sí mismos, y que, por lo tanto, son susceptibles
de ser titulares de derechos (…)”; dentro del catálogo de derechos de los
que serían titulares los animales, estarían, por ejemplo, el derecho a la vida
con las excepcionales establecidas en la Constitución, la dignidad en el trato,
la prohibición de tratos crueles y violentos de manera innecesaria, la libertad
en condiciones de seguridad y razonabilidad, la no separación del entorno
natural o hábitat cuando no sean domésticos, la alimentación adecuada, la
salud, la recreación, la seguridad, entre otros.
1.2.4.
Partiendo de las premisas
anteriores, el actor argumenta que como los animales son fines en sí mismos y
por ente titulares de un amplio catálogo de derechos, y que como existe un
deber general del Estado, de la sociedad y de las personas de protegerlos, su
calificación como bienes se encuentra constitucionalmente vedada, por ser
incompatible con el status jurídico que les fue otorgado en el ordenamiento
superior. Y así las cosas, los preceptos demandados son inconstitucionales
porque, por un lado, la calificación legal allí contenida trasmite la idea de
que los animales son meros instrumentos al servicio del hombre, y que incluso
pueden ser maltratados en función de los beneficios que puedan proporcionar al
ser humano, y por otro, porque la norma introduce a los animales al tráfico
jurídico y los somete al régimen de los bienes, pudiendo ser objeto de
apropiación y transacciones comerciales, en los mismos términos de los demás
objetos, prescindiendo de su condición de seres sintientes, cosificándolos, y
privándolos de la protección que constitucionalmente les fue otorgada.
Adicionalmente, el accionante sostiene que aunque la
definición civilista puede explicarse desde una perspectiva histórica, hoy en
día carece de todo sustento. En efecto, el Código Civil es una normatividad
pre-constitucional, expedida antes de que entrara a regir la actual
Constitución de 1991, la cual, sin embargo introdujo un cambio de paradigma en
el entendimiento de las relaciones entre el ser humano y su entorno natural,
entre ellos los animales. De este modo, la normatividad legal debe ser adecuada
a los nuevos imperativos constitucionales.
Asimismo, aunque podría argumentarse que aquel estatuto
se enmarca en el campo del derecho privado, que tiene por objeto regular las
controversias de orden patrimonial originadas en el tráfico de bienes, y que
por tanto la calificación de los animales como bienes es indiferente o
irrelevante porque se inscribe en el ámbito civil y sus efectos se producen en
ese escenario específico, esta tesis del es del todo infundada, ya que el
status que se asigna a los animales en el ordenamiento jurídico no solo alimenta
y promueve la idea de que son meros objetos, sino que también los pone en una
situación de total desprotección jurídica por parte del Estado y de los
particulares, al permitir que los animales puedan ser objeto de apropiación y
del tráfico jurídico, “a merced de cualquier trato cruel y degradante como
se ha vuelto una costumbre, la cual parece no estar llamada a ser superada,
entre muchas causas, por el evidente menosprecio de normas otrora
constitucionales que aún no han sido retiradas del ordenamiento jurídico o
condicionadas respecto a su entendimiento aplicación”. Es justamente dicha
definición la que legitima matar a animales indefensos con capacidad de goce y
de dolor, asimilar esta conducta al daño de un celular o una silla, y la que
impide sancionar penal civil, administrativo, disciplinaria o policivamente
esta acción.
Por
ello, países como Francia, Alemania y Austria han optado por actualizar y
adecuar la legislación civil a los nuevos valores y principios que irradian las
sociedades contemporáneas, atribuyendo a los animales la calidad de seres vivos
y sensibles, e impidiendo que puedan ser tratados como objetos inanimados.
1.2.5.
De este modo, que la legislación
civil asigne a los animales el status de bien mueble o de bien inmueble
configura una transgresión del deber general de protección animal, así como de
la prohibición general de maltrato en contra de los mismos.
1.3.    Solicitud
De acuerdo con el análisis precedente, el peticionario
solicita a este tribunal, como pretensión principal, declarar la
inexequibilidad de las expresiones demandadas y ordenar al Congreso de la
República y a las autoridades distritales y departamentales que en el plazo de
dos años legislen de manera sistemática y organizada y adopten las demás
medidas que sean necesarias para superar de manera definitiva el déficit de
protección en el que se encuentran los animales en Colombia, mediante acciones
preventivas, educativas, de socialización y sensibilización, sancionatorias,
prestacionales y asistenciales.
En subsidio, se solicita declarar condicionalmente
exequible las expresiones demandadas, “bajo el entendido que los animales
son seres vivos y son titulares de derechos, con las limitaciones y
restricciones necesarias, razonables, proporcionales y válidas, contenidas en
la Constitución y la ley, desarrolladas en los precedentes constitucionales de
la Corte Constitucional, y los proferidos por los demás órganos de cierre o
límite de cada jurisdicción”.
2.       Trámite procesal
Mediante auto del día 9 de febrero, el entonces magistrado
sustanciador admitió la demanda, y en consecuencia, ordenó:
-
Correr traslado de la misma a la
Procuraduría General de la Nación por el lapso de 30 días, para que rindiera
concepto en los términos de los artículos 242.5 y 278.5 de la Carta Política.
-
Fijar en lista la disposición
acusada, con el objeto de que fuese impugnada o defendida por cualquier
ciudadano.
-
Comunicar de la iniciación del
proceso a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo y a la
Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales.
-
Invitar a participar dentro del
proceso a Dejusticia, al Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del
Estado, a la Asociación Defensora de Animales y del Ambiente (ADA), a la
Sociedad Protectora de Animales de Colombia, a Tierra Digna, a la Organización
para la Educación y Protección Ambiental (OPEPA), a la Corporación Taurina de
Bogotá, a la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), y a las facultades
de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Rosario, CES, EAFIT y de
Medellín.
3.     Intervenciones
3.1.1. Intervenciones
relativas a la procedencia y al alcance del escrutinio judicial (Ministerio de
Justicia, Defensoría del Pueblo y Colectivo Ecologista Campo y Centro de
Estudios Tierra Digna[6])
3.1.2. Con respecto a la viabilidad del control
constitucional propuesto por el accionante, algunos intervinientes consideran
que la demanda satisface las condiciones para un pronunciamiento de fondo,
mientras que otros sostienen que la Corte debe expedir un fallo inhibitorio por
ineptitud sustantiva del escrito de acusación.
3.1.3. Los cuestionamientos a la aptitud de la demanda, formulados por el
Ministerio de Justicia y por el Colectivo Ecologista Campo y Centro de Estudios
Tierra Digna, apuntan a descalificar los cargos planteados por el accionante,
sobre la base de que se habrían estructurado prescindiendo de la Ley 1774 de
2016, que ya revaluó la calificación de los animales, asignándoles el status de
seres sintientes, y que radicó en el Estado, en la sociedad y en las personas
el deber de protegerlos. Con esta recalificación se habría solventado el
déficit que se le atribuyó a la legislación civil, e incluso, se habrían
derogado las disposiciones que el accionante estimó inconstitucionales.
Es así como como para el Ministerio de Justicia el
pronunciamiento judicial requerido por el accionante carece de objeto, en tanto
con la expedición de la citada ley las previsiones demandadas no solo tienen un
alcance distinto al supuesto en la demanda, sino que además, propiamente
hablando, fueron objeto de una derogación tácita. A su juicio, con la Ley 1774
de 2016 perdió vigencia el contenido normativo acusado que cosificaba a los
animales y que desconocía su condición de seres sintientes. De esta suerte, en
la medida en que la referida ley dispuso expresamente que los animales no son
cosas sino seres sintientes, y que como consecuencia de ello existe un deber
especial de protección hacia estos, que comprende el deber del Estado de
formular e implementar políticas orientadas a la consecución de este objetivo,
se produjo una derogación tácita de las previsiones atacadas, y por esta vía,
una carencia actual de objeto en la pretensión del demandante.
Por su parte, para el Colectivo Ecologista Campo y
Centro de Estudios Tierra Digna, las acusaciones no pueden ser valoradas en el
escenario del control abstracto de constitucionalidad, en la medida en que la
deficiencia que el actor atribuye al Código Civil fue solventada
definitivamente con la Ley 1774 de 2017. Es así como la citada normatividad asignó
un nuevo status jurídico a los animales de acuerdo con los nuevos hallazgos
científicos y con las nuevas concepciones sobre las relaciones entre los seres
humanos y su entorno natural, según se desprende del propio trámite de
aprobación legislativa, reconociendo su condición de seres sintientes.
Con ello, aunque técnicamente la citada ley no produjo
como efecto jurídico la derogatoria de los artículos del Código Civil que
definen a los animales como bienes muebles o como bienes inmuebles por
destinación, sí precisó que se trata de seres sintientes que deben ser
respetados y protegidos. Con esta definición se fundamentó y avanzó en un
esquema de protección para los animales que por su desarrollo y sofisticación
en el sistema nervioso tienen una mayor capacidad para experimentar
sensaciones, emociones y dolor, y fortaleció y robusteció el deber general de
cuidado de la naturaleza frente a los demás animales. Y aunque formalmente la
modificación legal se introdujo en relación con tan solo uno de los dos
preceptos demandados, esto es, en relación con el artículo 655 del Código
Civil, más no en relación con el artículo 658 del mismo cuerpo normativo, el
entramado legal, la finalidad inmanente a la Ley 1774 de 2017 y la regla de
prevalencia de las reglas posteriores sobre las anteriores, permiten concluir
que la recalificación legal de los animales se extiende a todo el derecho
positivo, y por tanto, a las dos previsiones legales objeto del
cuestionamiento. En este orden de ideas, y en atención a que las acusaciones
planteadas por el accionante habrían prescindido de este elemento esencial de
la Ley 1774 de 2016 a partir del cual debían ser interpretados los textos legales
impugnados, no sería viable el control propuesto en la demanda de
inconstitucionalidad.
3.1.4. Frente a este señalamiento, la Defensoría del Pueblo argumenta que el
reconocimiento legal del status jurídico de los animales como seres sintientes
en la Ley 1774 de 21016, y la inserción de tal reconocimiento en el artículo
655 del Código Civil, no torna inviable el pronunciamiento judicial, en la
medida en que el déficit señalado por el accionante se mantiene aún a pesar de
la reforma legal. De hecho, las previsiones legales objeto de la demanda aún
subsisten en el ordenamiento jurídico, de modo que el régimen de propiedad
privada sobre los animales se mantiene, que es justamente el problema que se
puso de presente en la demanda de inconstitucionalidad: “el parágrafo, si
bien explica que los animales son seres sintientes, mantiene las relaciones
entre ambos desde la lógica de la utilidad, permitiendo que los seres humanos
puedan decidir sobre la vida y el bienestar animal a partir de un criterio
eminentemente económico, lo que en la mayoría de las ocasiones puede terminar
por justificar acciones en su contra, al considerar que no existen
restricciones para su ‘uso, disfrute y aprovechamiento’ como bienes”.
Además, una revisión exhaustiva del proceso de aprobación
parlamentaria revela que el propósito del Congreso nunca consistió en revaluar
el enfoque de la legislación civil que cosifica a los animales, ni tampoco el
de sustraerlos del tratamiento de bienes, que es justamente lo que cuestiona el
accionante. Y si el órgano legislativo hubiese pretendido excluir a los
animales de la categoría de bienes, se hubiese insertado un parágrafo en todos
y cada uno de los artículos del Código Civil que hacen esta asimilación, como
son los artículos 659 y 687, y no obstante ello, la precisión sobre la
condición de seres sintientes únicamente se introdujo en el artículo 655: “si
la intención del legislativo era ampliar el marco de protección jurídica a los
animales, a través de la modificación del Código Civil, éste debió considerar
la posibilidad de pronunciarse sobre todas aquellas disposiciones que otorgan
el tratamiento de bienes a los animales. No obstante, el Congreso se limitó a
introducir un parágrafo al artículo que define los bienes muebles, lo que
resulta inocuo respecto de los contenidos del resto del cuerpo normativo que
regulan la materia”.
De este modo, en la medida en que la Ley
1774 de 2016 no subsanó las deficiencias de orden constitucional vinculadas a
la cosificación de los animales, resulta procedente el examen judicial
planteado por el actor.
3.2.
Intervenciones relativas al
alcance del pronunciamiento judicial (Defensoría del Pueblo).
Con respecto al alcance del examen
judicial, la Defensoría del Pueblo sostiene que para asegurar la eficacia del
fallo judicial, el pronunciamiento de la Corte debe extenderse al parágrafo del
artículo 655 del Código Civil, así como a los artículos 659 y 687 de este mismo
cuerpo normativo, por la estrecha relación que guarda con las disposiciones
demandadas.
Es así como el artículo 659 del Código
Civil ubica a los animales dentro de la categoría de “muebles por anticipación”,
entendiendo que son tales cuando se encuentran contenidas dentro de un inmueble.
Y el artículo 687 se refiere a los animales bravíos, domésticos y domesticados,
facultando a las personas para adquirirlos mediante su ocupación. En la medida
en que todos estos preceptos asignan a los animales el status de bienes, que es
precisamente el déficit que el accionante le atribuye a los preceptos
demandados, resulta imperioso el pronunciamiento judicial respecto de todo este
entramado normativo, pues de lo contrario, una decisión referida exclusivamente
a las normas acusadas permitiría mantener en el ordenamiento jurídico la regla
que asimila los animales a objetos susceptibles de apropiación personal: “la
entidad solicita que el Alto Tribunal acoja el mecanismo excepcional de
integración de la unidad normativa, teniendo en cuenta que cualquier decisión
que se tome respecto de los artículos demandados -655 y 658-, puede tener
efectos sobre los artículos 659 y 687 del Código Civil, al guardar estrecha
relación con las expresiones que sobre la propiedad de los animales contienen
(…) los artículos 659 y 687 del Código Civil sobre los que se solicita la
integración normativa hacen referencia a la propiedad frente a los animales,
por lo que de acuerdo con los argumentos presentados por el demandante en
contra de los artículos 655 y 658 se mantendrían vigentes, en los otros
artículos (…) la Defensoría del Pueblo advierte que, al resolver la
constitucionalidad de solo dos artículos del Código Civil, la declaratoria no
tendría mayor eficacia jurídica y sería inocua, puesto que se mantendría su categoría
como cosas en las otras disposiciones relacionadas con la propiedad frente a
los animales”.
3.3.    Intervenciones relativas a la constitucionalidad de
los preceptos demandados (Universidad Militar Nueva Granada[7], Lukas Grande Jiménez, Defensoría del Pueblo,
Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado[8], Universidad EAFIT)
3.3.1. Con respecto a la constitucionalidad de los preceptos demandados, los
intervinientes asumieron dos posturas: por un lado, el ciudadano Lukas Grande
Jiménez, el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado y la
Universidad EAFIT consideran que las acusaciones del accionante son infundadas;
por otro lado, la Universidad Militar Nueva Granada y la Defensoría del Pueblo
estiman que los preceptos demandados son inconstitucionales.
3.3.2.  La defensa de los artículos 655 y 658 del Código Civil se estructura a
partir de tres tipos de argumentos.
3.3.2.1.
En primer lugar, el ciudadano
Lukas Grande Jiménez precisa el contenido  y el alcance de la denominada “Constitución
ecológica”, aclarando que este paradigma se traduce un deber general de
protección hacia la naturaleza y hacia los animales en particular, y no en la
consideración de los animales como titulares de derechos o como seres
sintientes, consideración que por sí sola “ni quita ni pone rey”, y que tampoco
redunda en unos mayores estándares de protección. De hecho, en la sentencia
C-889 de 2012[9] este tribunal precisó que el efecto jurídico material
de la orientación ecológica de la Constitución frente a los animales consiste
en el deber de garantizar su bienestar, bienestar para el cual no resulta
relevante ni imprescindible que estos sean calificados o designados como seres
sintientes ni como sujetos derechos como tal.
3.3.2.2.   La segunda línea de defensa, planteada por el
ciudadano Lukas Grande Jiménez, el Instituto Colombiano de Responsabilidad
Civil y del Estado y la Universidad EAFIT, se orienta a precisar el alcance y
los efectos de la calificación de los animales como bienes en el Código Civil,
concluyendo que la acusación del accionante parte de una comprensión deficiente
del funcionamiento de las categorías jurídicas.  La razón de ellos es que la
calificación legal cuestionada por el actor tiene únicamente efectos clasificatorios,
y en modo alguno ordenan la realización de una conducta en relación con los
animales. Es así como el artículo 655 del Código Civil distingue los bienes
muebles por naturaleza de los bienes inmuebles por destinación, y dentro de
aquellos distingue entre las cosas inanimadas y los semovientes, según su
capacidad de movimiento por sí solos. Esta conceptualización no está llamada a
orientar la conducta humana hacia los animales, y mucho menos tiene la
potencialidad de provocar el maltrato animal al que hace referencia el
accionante, pues se trata simplemente de una ficción jurídica con efectos
meramente operativos. Por ello, que los animales sean reputados como bienes
muebles por la ley para efectos de fijar las condiciones en que se desarrolla
el tráfico económico, no comporta una valoración de su naturaleza intrínseca, en
nada altera su condición de seres sintientes, tampoco autoriza a las personas
para que se comporten de cualquier modo en relación con ellas, y mucho menos
impide su protección.
Por tal motivo, a juicio del ciudadano
Lukas Grande Jiménez, la defensa efectiva de los animales no se obtiene por vía
de la declaratoria de inexequibilidad de preceptos legales que son ajenos al
maltrato animal, como las que se controvierten en el presente proceso judicial,
sino por vía de la adopción de medidas de distinto tipo que tengan la
potencialidad de reorientar la conducta de las personas en este frente. Y así,
aunque la Constitución ecológica impone al Estado, a la sociedad y a las
personas unos altos estándares de protección frente a la naturaleza en general,
y frente a sus elementos constitutivos como los animales, la materialización de
este imperativo no se obtiene mediante la eliminación de categorías jurídicas
que no tienen por objeto o efecto orientar la conducta humana frente a los
animales, sino únicamente organizar conceptualmente el universo exterior, a
efectos de facilitar el tráfico jurídico.
En este sentido, antes que promover la
declaratoria de inexequibilidad de preceptos como el que actualmente se
controvierte, se deben adoptar medidas afirmativas o de discriminación
positiva, incluso a nivel penal, como las que ya de hecho se encuentran en la Ley
1774 de 1996, que penalizan distintas formas de maltrato hacia los animales: “La
búsqueda de mecanismos de protección a los animales no se logra por la vía de
la inexequibilidad de un criterio legal empleado únicamente para efectos de
clasificación de los bienes (..) no puede endilgárseles a las normas demandadas
que éstas sean las fuentes de presuntas patentes de corso para el maltrato
animal, cuando realmente se trata de una manifestación cultural deplorable que
data desde la época de colonia en nuestro país, (…) La protección animal es una
realidad que no puede eludirse, pero entendemos que la adecuación del sujeto de
derecho hacia el reconocimiento de la dignidad animal se logra por la vía de la
concienciación del ciudadano (…) y no se logra por vía de la declaratoria de
inexequibilidad de disposiciones normativas cuyo contenido es eminentemente
enunciativo de definiciones legales (…) Entre las medidas que se han
implementado sobre este punto particular se encuentra la Ley 1774 de 2016, que
tipifica delitos y establece las competencias para conocer de las conductas
típicas, antijurídicas y culpables contra los animales (…)”[10].
Por el contrario, la calificación de los
animales como cosas genera en su favor un cierto nivel de protección, ya que
frente a los bienes en general existe un deber de abstención de los terceros; y
si los animales se excluyeran de la categoría de cosas no podrían ser objeto de
apropiación personal, y por tanto cualquier persona podría provocarles daño,
sin que esto se tradujera en una obligación de reparación.
3.3.2.3.   Finalmente, el ciudadano Lukas Grande Jiménez, el
Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado y la Universidad
EAFIT defienden la constitucionalidad de los preceptos legales demandados a
partir de su integración con las previsiones de la Ley 1774 de 2016. En este
sentido, se argumenta que cualquier déficit del Código Civil fue subsanado en
la citada ley, ley que no solo reconoce en los animales su condición de seres
sintientes, sino que además se insertó en el artículo 655 del referido cuerpo
normativo. Con ello, el legislador superó de manera definitiva el déficit de
protección que podría derivarse de la calificación de los animales como bienes.
3.3.3. Por el contrario, la Universidad Militar Nueva Granada[11] y la Defensoría del Pueblo[12] estiman que los preceptos demandados son
inconstitucionales.
Para la Universidad Militar Nueva Granada la
inconstitucionalidad se explica porque la calificación de los animales como
cosas autoriza a las personas a utilizarlos como objetos de transacción, y a
aún más, a maltratarlos o desvalorizarlos, lo cual conduce, en últimas, a
afectar el ecosistema en su integridad. Esta concepción de los animales choca
con la preceptiva constitucional, que reconoce el valor de la biodiversidad,
que propugna por el desarrollo sostenible del país, y que establece como deber
de todas las personas la protección de los recursos naturales, tal como se
encuentra en los artículos 79, 80 y 95 de la Carta Política. Adicionalmente, el
artículo 1 de la Ley 84 de 1989 establece que los animales tienen especial
protección en todo el territorio nacional contra el sufrimiento y el dolor. En
últimas, los preceptos demandados avalan una forma indirecta de maltrato mediante
las figuras propias del derecho civil.
Dentro de esta misma línea argumentativa, la
Defensoría del Pueblo sostiene que la Constitución ecológica excluye las
visiones utilitaristas de los animales, según lo ha establecido la propia Corte
Constitucional en las sentencias C-666 de 2010[13] y C-126 de 1998[14],  y el propio Consejo de Estado en diferentes fallos.
Este último tribunal sostuvo que la responsabilidad extracontractual por los
daños causados por los animales no se podía regir por las reglas civilistas relativas
a la responsabilidad por el hecho de las cosas, ya que el ordenamiento jurídico
debe reconocer el valor de los animales como seres vivos y su capacidad para
ser titulares de derechos, y en este entendido, aquellos no podrían ser
asimilados a cosas u objetos, ni tener su mismo régimen jurídico[15]. De este modo, la Constitución Política exige
respecto de los animales, un deber general de protección y una prohibición de
padecimientos, maltratos y crueldades sin justificación. Y en este marco, reglas
de la estirpe del Código Civil que cosifican a los animales son insostenibles
dentro del ordenamiento jurídico, ya que resultan lesivas de la propia dignidad
humana y de los postulados básicos de la Constitución ecológica.
4.
Concepto de la Procuraduría
General de la Nación
4.1.
Mediante concepto rendido el día 4
de abril de 2016, la Vista Fiscal solicita a este tribunal un fallo inhibitorio
por ineptitud sustantiva de la demanda. A su juicio, el escrito de acusación
adolece de dos deficiencias insalvables que impiden la estructuración del
juicio de constitucionalidad propuesto por el accionante.
4.2.    En primer lugar, los cargos del escrito de acusación
se habrían construido a partir de consideraciones ajenas al control abstracto
de constitucionalidad. Según el demandante, las disposiciones atacadas
infringen lo que denomina la “Constitución ecológica”, cuya noción se hace
derivar de los artículos 1, 2, 8, 11, 49, 79 , 80, 88, 95 y 366 de la Carta
Política; y pese a que la Corte Constitucional ha reconocido que la
Constitución Política recoge una orientación semejante, de dicho enfoque no se
deriva que los animales silvestres y domésticos, en tanto seres vivos, sean
titulares de derechos, que sean merecedores de medidas afirmativas de
protección a cargo del Estado por su condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta, o que el deber de protección hacia los mismos se encuentre recogido
en los tratados internacionales relativos al medio ambiente.
Por el contrario, el eje transversal de la
Constitución Política es el reconocimiento de la dignidad humana, de modo que “solamente
de la condición de ser humano brota la obligación estatal de reconocer la
personalidad jurídica por la cual se concibe a la persona como sujeto de
derechos y obligaciones”. En este escenario, el deber de protección hacia
la fauna se deriva, no de su condición como tal de animales, como lo supone erradamente
el accionante, sino porque contribuyen al desarrollo humano y porque son parte
integral del desarrollo sostenible al que apunta el ordenamiento
constitucional.
En este orden de ideas, los cargos de la
demanda se construyen a partir de una falsa premisa que asimila, sin fundamento
normativo alguno, a los seres humanos y a los animales, y a partir de esta
premisa se concluye equivocadamente que estos últimos no pueden tener el status
de “cosa” dentro del sistema jurídico. Por ello, “el cargo de
inconstitucionalidad aducido en la demanda es impertinente, por cuanto el
parámetro de constitucionalidad invocado en realidad no encuentra fundamento en
la Constitución o en el bloque de constitucionalidad, lo que quiere decir que
fuerza a la Constitución y la hace decir algo que esta no dice”.
4.3.    Asimismo, las acusaciones de la demanda se habrían
amparado en un entendimiento manifiestamente inadecuado del sistema jurídico,
ya que las mismas disposiciones legales que se cuestionan por el accionante
solventan el déficit que se le atribuye, al reconocer expresamente el status de
seres sintientes de los animales, categorización esta que, a su turno, no es
excluyente de la de “cosa” o “bien”. De esta suerte, hoy en día la legislación
civil establece que los animales son una especie particular de bienes muebles o
inmuebles por destinación, por tratarse de seres sintientes que requieren un
trato respetuoso.
Es decir, no existe una incompatibilidad
entre el reconocimiento de la condición de seres sintientes de los animales,
con su calificación como bienes muebles o inmuebles ni con la facultad para que
pueden ser objeto de derechos reales. De hecho, los artículos 686 y 687 del
Código Civil permiten que bajo ciertas circunstancias los animales salvajes
sean objeto de apropiación, y que los domésticos integran el patrimonio de las
personas como bienes muebles o como bienes inmuebles, pero incluso en este
escenario, el ordenamiento jurídico prevé distintas modalidades de protección
hacia los animales, así: (i) porque ningún derecho puede ser ejercido
arbitrariamente; (ii) porque la propiedad se puede extinguir por su falta de
ejercicio, por razones de utilidad pública o ser contraria a la moral social;
(iii) porque la propiedad privada tiene una función social y ecológica; (iv) porque
el artículo 3 de la Ley 1774 de 2016 establece el deber de protección animal y
el deber de solidaridad social, y sanciona, incluso a nivel penal, la infracción
a tales deberes.
En este orden de ideas, el accionante
atribuye al ordenamiento jurídico un alcance del que realmente carece, al
suponer que por el hecho de que los animales eventualmente puedan ser objeto de
derechos reales, carecen de toda forma de protección. Y al no cumplirse la
carga de certeza, la Corte debe descartar las pretensiones de la demanda.
Por lo demás, el accionante asume
equivocadamente que el maltrato animal es consecuencia de la calificación que
de los mismos hace el Código Civil, al considerarlos como bienes y no como
sujetos de derecho. Con ello, el demandante desconoce que tanto la legislación
civil como otras leyes especiales que consagran la distintas modalidades para
salvaguardar la fauna, y que exigen un trato adecuado a los animales.
4.4.    Por las razones anteriores, la Vista Fiscal solicita a
este tribunal que se declare inhibido para pronunciarse de fondo sobre la
constitucionalidad de los artículos 655 y 658 del Código Civil.
II.
CONSIDERACIONES
1.     Competencia
Este tribunal es competente para resolver la
controversia planteada, en la medida en que corresponde a una acción de
inconstitucionalidad contra una prescripción legal, asunto que en virtud del
artículo 241.4 de la Carta Política, debe ser resuelto por esta corporación.
2.     Asuntos a resolver
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
corresponde a la Corte resolver las siguientes cuestiones:
En primer lugar, se debe establecer la procedencia del
escrutinio judicial propuesto por el actor, teniendo en cuenta que algunos de
los intervinientes y la Procuraduría General de la Nación consideran que el
juicio de constitucionalidad es inviable, en tanto, por un lado, las
acusaciones de la demanda se habrían amparado en un entendimiento
manifiestamente inadecuado de la legislación al prescindir de las
modificaciones que al ordenamiento jurídico introdujo la Ley 1774 de 2016 al
definir a los animales como seres sintientes, y en tanto, además, se habrían
planteado cuestiones ajenas al control abstracto de constitucionalidad, al asumir
equivocadamente que la Constitución prohíbe tratar y considerar a los animales
como bienes, objetos o cosas.
En segundo lugar, en caso de dar una respuesta
afirmativa al interrogante anterior, se debe fijar el alcance del
pronunciamiento judicial, ya que según la Defensoría del Pueblo, el juicio de
constitucionalidad debe recaer no solo sobre los preceptos demandados, esto es,
sobre los artículos 655 y 658 del Código Civil, sino también sobre todos
aquellas previsiones de la legislación civil que expresa o tácitamente
atribuyen a los animales la condición de bienes, cosas u objetos susceptibles
de ser objeto de apropiación y de transacciones en el tráfico jurídico, y en
particular, sobre el parágrafo del artículos 655 y sobre los artículos 659 y
687 del citado cuerpo normativo
Finalmente, una vez determinada la viabilidad y el
alcance de la controversia constitucional, se debe establecer la
constitucionalidad de los preceptos cuestionados, y en particular, si la
calificación de los animales como bienes, desconoce la orientación ecológica de
la Constitución, así como las previsiones normativas de la Carta Política en
que se sustenta este enfoque, vale decir, los artículos 1, 2, 8, 11, 49, 79,
80, 88, 95.8 y 366 del texto constitucional.
A continuación se aborda cada una de estas
problemáticas.
3.     Aptitud de la demanda y viabilidad del escrutinio
judicial
3.1.    Tal como se explicó en los acápites precedentes, en el
auto admisorio de la demanda el entonces magistrado sustanciador[16] estimó que, prima facie, la controversia
planteada por los accionantes podía ser resuelta por este tribunal en el marco
del control abstracto de constitucionalidad. Sin embargo, a lo largo del
proceso judicial la Procuraduría General de la Nación y algunos de los intervinientes
pusieron de presente diferentes circunstancias que podrían impedir la
estructuración del juicio de constitucionalidad, tanto por una posible carencia
actual de objeto por una eventual modificación o derogación de las
disposiciones impugnadas, como por una posible ineptitud sustantiva de la
demanda por haberse planteado problemáticas extrañas a la constitucionalidad
del sistema jurídico.
De este modo, los reparos a la procedencia
del escrutinio judicial son de dos tipos:  (i) por un lado, la Procuraduría
General de la Nación, el Ministerio de Justicia y el Colectivo Ecologista Campo
y Centro de Estudios Tierra Digna argumentan que la expedición de la Ley 1774
de 2016 hace inviable el examen propuesto por el accionante, ya que con el
reconocimiento de la condición de seres sintientes de los animales allí
establecida, quedaron derogados los preceptos demandados, o al menos, quedó
subsanado el déficit alegado por el accionante, con lo cual, el escrutinio
judicial recaería sobre contenidos normativos inexistentes; (ii) y por otro
lado, la Procuraduría General de la Nación sostiene que los cargos de la
demanda plantean cuestiones ajenas al control constitucional, por estar relacionadas,
no con la oposición entre los textos demandados y el ordenamiento superior,
sino con la presunta contradicción entre aquellos y premisas y posturas de
orden ideológico que no se encuentran positivizadas en el texto constitucional,
máxime cuando la orientación ecológica no envuelve ni implica el reconocimiento
de los animales como sujetos de derechos, ni su asimilación a los seres humanos,
y cuando el ordenamiento superior se estructura en función de la dignidad, que,
como tal, se predica exclusivamente de los seres humanos.
Procede la Corte a valorar estos
cuestionamientos a la procedencia del escrutinio judicial propuesto por el
actor.
3.2.
Con respecto al impacto
de la expedición de la Ley 1774 de 2016 en la viabilidad del control, la Sala
estima que el reconocimiento de la condición de seres sintientes de los
animales contenida en dicho cuerpo normativo por sí solo no subsana las
falencias que el accionante atribuye a la legislación civil.
En efecto, el actor plantea dos tipos de
cuestionamientos a la normatividad demandada: (i) por un lado, se argumenta que
independientemente de los efectos jurídicos concretos de los artículos 655 y
658 del Código Civil, la sola circunstancia de que el legislador haya definido
a los animales como cosas,   alimenta y promueve la idea de que los animales son
instrumentos al servicio del hombre, y de que pueden ser tratados como objetos
y no como fines en sí mismos; (ii) y por otro lado, se advierte que con la
asimilación de los animales a los demás bienes, aquellos quedan expuestos al
maltrato y quedan en una situación de desprotección jurídica, toda vez que, con
el aval del propio derecho positivo, pueden ser objeto de todo tipo de operaciones
propias del tráfico jurídico, como la apropiación, la venta y otras formas de
enajenación según las condiciones del mercado, la constitución de derechos
reales, e incluso la explotación y la destrucción material.
A juicio de la Sala, ninguno de estos
señalamientos del demandante desaparecen con las precisiones de la Ley 1774 de
2016, en el sentido de que los animales son seres sintientes y no cosas.
3.2.1.
Primero, desde la
perspectiva de las ideas e imaginarios que el legislador transmitiría al conglomerado
social a través de una inadecuada categorización de la realidad, la Sala
encuentra que el déficit normativo, de existir, subsiste aún con la expedición
de la Ley 1774 de 2016.
La razón de ello es que con la reforma
aludida, los animales son calificados simultáneamente como bienes muebles o
inmuebles por destinación, y como seres sintientes, de suerte que la denominación
que a juicio del actor resulta lesiva de la orientación ecológica de la Carta
Política, se mantiene incluso con la nueva normatividad. Esto es así aún si se
asume que la Ley 1774 de 2016 derogó tácitamente los apartes normativos
demandados, pues como en este escenario las expresiones lingüísticas se mantienen
en los textos legales, persistiría el mensaje errado del legislador sobre la
condición de inferioridad de los animales, y sobre la potestad de los seres
humanos para instrumentalizarlos para favorecer sus propios intereses.
3.2.2.
Y segundo, desde el
punto de vista normativo, tampoco encuentra la Sala que la expedición de la Ley
1774 de 2016 tenga como efecto jurídico directo la derogación o la modificación
de las reglas que someten a los animales al régimen de los bienes muebles e
inmuebles, que es, precisamente, el cuestionamiento del accionante.
Una interpretación histórica, sistemática y
teleológica de la Ley 1774 de 2016 permite concluir que este cuerpo normativo
fue estructurado, no en función del objetivo de reconfigurar integralmente el
estatuto de los animales, o en función del propósito de suprimir la sujeción de
estos últimos al régimen de bienes previsto en la legislación para impedir que
puedan ser objeto de apropiación o que puedan hacer parte del tráfico jurídico,
sino en función del objetivo de proveer al Estado, a la sociedad y a las
personas de distintas herramientas jurídicas para impedir el maltrato animal en
todos los escenarios, incluso en los regulados por el ordenamiento civil.
Es así como durante el trámite de la ley se
sostuvo que el propósito de la nueva normatividad era dotar al Estado, a la
sociedad y a las personas de instrumentos jurídicos para evitar el maltrato
animal, ya que aunque la Ley 84 de 1989 había establecido una prohibición
general en este sentido, la misma no se encontraba respaldada con herramientas
que pudieran garantizar su materialización efectiva. De modo que el objetivo
fundamental del Congreso, antes que excluir a los animales de la legislación
civil, fue el de proveer a la institucionalidad de mecanismos sancionatorios
específicos que pudiesen disuadir a las personas de maltratar a los animales.
En este sentido, en la Exposición de
Motivos a la referida ley se sostuvo que “la Ley 84 de 1989  (…) constituyó
en su momento un importante avance en la legislación colombiana en relación con
los temas ambientales y, en particular, con la protección de los animales (…)
sin embargo (…) no ha sido eficaz debido a que no tiene los instrumentos
necesarios que le permitan a las autoridades hacer efectiva la protección a los
animales (…) por esta razón es urgente una reforma para tipificar algunas
conductas, establecer sanciones efectivas, dar herramientas eficaces a las
autoridades, ampliar el concepto de protección, implementar procedimientos más
eficaces y, ante todo, propender por una educación de la sociedad en una ética
de la no violencia hacia los seres vivos”[17].
El texto de la ley es consistente con este
propósito, ya que en este se sienta un principio general de reconocimiento de
la condición de los animales como seres sintientes y una prohibición general de
maltrato, para luego dotar al Estado de las herramientas, especialmente de
orden sancionatorio, para materializar este imperativo general. Los artículos 1
y 2 de la Ley 1774 de 2016 hacen tres precisiones en torno al estatuto jurídico
de los animales, estableciendo que no son cosas, que son seres sintientes y
que, en esta condición, deben recibir especial protección contra el sufrimiento
y el dolor; el primero de estos preceptos establece que “los animales como
seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento
y el dolor, en especial, el causado directamente o indirectamente por los
humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas
conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un
procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial”; y el artículo
2 replica la fórmula sobre la condición de seres sintientes de los animales,
pero se inserta en el artículo 655 del Código Civil en la forma de un parágrafo
adicional. El artículo 3º establece un deber general de protección y una
prohibición general de maltrato, y los artículos subsiguientes crean dos
herramientas para materializar los imperativos especiales: se tipifican como
delito los ataques a la vida y a la integridad física y emocional de los
animales con sus correspondientes causales de agravación punitiva, y cuyo
conocimiento queda radicado en los jueces penales municipales, se establece un
procedimiento y unas reglas de competencia especiales para conocer de las
contravenciones previamente establecidas en la Ley 84 de 1989, y se habilita a
las autoridades policivas para retener bajo la figura de la retención material
preventiva, a los animales de los que se presume razonablemente que hayan sido
objeto de maltrato. Finalmente, se aclara que la protección a los animales
tiene como límite y como excepción las prácticas orientadas a la producción de
alimentos y “las actividades entrenamiento para competencias legalmente
aceptadas”.
Es en este contexto que debe entenderse el
parágrafo introducido al artículo 655 del Código Civil. El proyecto de ley
presentado en la Cámara de Representantes no contemplaba ninguna reforma a la
legislación civil, de suerte que la iniciativa se introdujo posteriormente
cuando el proyecto pasó al Senado de la República, y la senadora Claudia López
propuso esa modificación, para que los animales dejen de ser considerados como
meros objetos o cosas, y se entiendan como seres sintientes[18]. Aunque durante el debate parlamentario no
se precisaron los efectos jurídicos perseguidos con la introducción del
parágrafo y la iniciativa adolece de un alto nivel de ambigüedad, lo cierto es
la proposición que finalmente fue acogida no apuntaba a impedir que los
animales quedaran comprendidos en el régimen civil de los bienes, sino que se
reconociera su verdadero estatuto y su condición de seres sintientes en todos
los escenarios, incluido el civil.
Así las cosas, el efecto jurídico razonable
de la reciente reforma legal no es que los animales pierden automáticamente la
condición de bienes que se les otorgó en el Código Civil, sino que ahora
conforman una categoría especial de los mismos, a la luz del cual deben tener
un tratamiento especial derivado de su status de seres sintientes.
En este orden de ideas, en la medida en
que, al menos prima facie la Ley 1774 de 2014 no derogó ni modificó las
reglas que someten a los animales al régimen de bienes muebles y de inmuebles
por destinación, que son las que fueron sometidas a control constitucional en
este proceso judicial, la Corte concluye que no se configura una carencia
actual de objeto, y que por tanto, con fundamento en esta consideración no
podría este tribunal inhibirse de pronunciarse sobre la validez de las normas
atacadas.
3.3.
El segundo
cuestionamiento a la viabilidad del escrutinio judicial, formulado por la
Procuraduría General de la Nación, apunta a poner en evidencia la presunta
impertinencia de los cargos, por no confrontar la medida legislativa impugnada
con la Constitución sino con modelos ideológicos y conceptuales específicos que
asimilan a los animales con los seres humanos, y que pretenden que aquellos
cuenten con el mismo régimen jurídico de estos últimos, pero sin que este
propósito tenga respaldo en la Carta Política.
La Corte estima, sin embargo, que está
crítica no hace improcedente el escrutinio judicial, ya que, según el
accionante, la “cosificación” que subyace a la legislación civil se opone a los
imperativos derivados de la orientación ecológica de la Constitución, y en
particular, a la prohibición general de maltrato animal, orientación y
prohibición que, al menos prima facie, tienen soporte constitucional y
que han sido reconocidas expresamente por la jurisprudencia de este tribunal.
En este orden ideas, el interrogante sobre si de la prohibición general de
maltrato se deriva una prohibición de asimilar los animales a los bienes sí
constituye una problemática que puede ser objeto de análisis y definición por
parte de esta corporación en el escenario del control abstracto de
constitucionalidad.
3.4.
Por las razones expuestas,
la Corte concluye que sí hay lugar al examen propuesto por el accionante.
4.
Alcance del pronunciamiento
judicial
4.1.    Según se explicó, la Defensoría del Pueblo intervino en
este proceso, solicitando a la Corte que extienda el alcance del juicio de
constitucionalidad al inciso 2 del artículo 655 y a los artículos 659 y 687 del
Código Civil, en la medida en que todos estos preceptos contienen la misma
calificación que se cuestiona en la demanda, esto es, la asimilación de los
animales a los bienes, a las cosas, y a los objetos, por lo cual, para asegurar
la eficacia del pronunciamiento judicial, el escrutinio debería recaer sobre
todos estos contenidos normativos que adolecen de la misma falencia detectada
por el accionante. En este orden de ideas, corresponde a este tribunal
determinar el alcance del análisis judicial.
4.2.    Teniendo en cuenta lo anterior, los contenidos
normativos que a juicio de la Defensoría deben ser objeto del control, son los
siguientes:
Primero, el inciso 2 del artículo 655 del Código
Civil, que establece como excepción a la categoría general de bienes muebles,
aquellos que aunque por naturaleza pertenecen a esta clase, en razón de su
destinación se reputan inmuebles: “Muebles son las que pueden transportarse
de un lugar a otro (…) exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se
reputan inmuebles por su destino, según el artículo 658”. Según la entidad,
como el texto remite a un precepto que califica a algunos animales como
inmuebles por destinación, el control se debe extender a esta prescripción.
Segundo, el fragmento del artículo 659 del Código
Civil que reputa a los animales de un vivar como bienes muebles por
anticipación, para efectos de que se puedan constituir derechos reales sobre
los mismos de manera independiente del inmueble en el que se encuentran. En
este sentido, el texto determina que “los productos de los inmuebles y las
cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los
árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aún antes de su
separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o
cosas a otra persona que el dueño (…)”.
Finalmente, el fragmento del artículo 658 que
establece la distinción entre animales bravíos, domésticos y domesticados, en
los siguientes términos: “se llaman animales bravíos o salvajes los que
viven naturalmente libres e independientes del hombres, como las fieras y los
peces; domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo
la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, y domesticados los
que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la
domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del hombre”.
4.3.
La Sala encuentra, sin embargo, que no es procedente
la conformación de la unidad normativa, como quiera que, al existir diferencias
sustantivas entre los contenidos normativos impugnados en la demanda de
inconstitucionalidad y los propuestos por la Defensoría del Pueblo, así como en
el contexto en el que se enmarcan todos estos preceptos, las acusaciones
formuladas en contra de los artículos 655 y 658 del Código Civil no son
aplicables necesariamente al inciso 2º del artículo 544 ni a los artículos 659
y 687 del mismo cuerpo normativo.
Tal como se explicó anteriormente, lo que
cuestiona el accionante es que los animales sean calificados como bienes
muebles o inmuebles, ya que, a su juicio, esta cosificación provoca, alimenta y
avala el maltrato animal. Esta objeción, sin embargo, no es automáticamente
aplicable a las disposiciones identificadas por la Defensoría del Pueblo.
En el primer caso, esto es, con respecto
al inciso 2 del artículo 655, esta norma contiene únicamente a una remisión al
artículo 658, precepto que, al definir a los bienes inmuebles por destinación,
incluye dentro de esta categoría a ciertos animales. Sin embargo, a esta
remisión, en sí misma considerada, no les son aplicables los señalamientos del
accionante, sino únicamente al aparte del artículo 658 que alude a los
animales, aparte que, precisamente, fue demandado y será objeto de control.
Por su parte, el artículo 659 del Código
Civil se refiere específicamente a los animales de un vivar como bienes muebles
por anticipación, precisando que estos son independientes del lugar en el que
habitan, y que por tanto, no necesariamente corren la misma suerte del inmueble
en el que se encuentran. Como puede advertirse, a este contenido tampoco le son
aplicables los señalamientos de la demanda, que apuntan es a la calificación de
los animales como bienes.
Finalmente, el artículo 687 del Código
Civil contiene una clasificación general de los animales en bravíos, domésticos
y domesticados, clasificación que en ningún momento se refiere ni al status
jurídico de los mismos, ni al régimen que les es aplicable, por lo cual, este
contenido difiere del que fue objeto de los cargos de la demanda de
inconstitucionalidad.
4.4.    En definitiva, la Corte se abstendrá de extender el
alcance del juicio de constitucionalidad propuesto por la Defensoría del
Pueblo, en atención a que las diferencias sustantivas en el contexto, en el
contenido, en el alcance y en los efectos jurídicos de las normas impugnadas y
de las prescripciones cuyo análisis se propone, impiden atribuir las
deficiencias advertidas por el accionante en relación con los preceptos
demandados, a las prescripciones identificadas por el interviniente.
5.
Planteamiento del problema
jurídico y estándares del juicio de constitucionalidad
5.1.    Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la
Corte debe establecer la validez de los apartes normativos, contenidos en los
artículos 655 y 658 del Código Civil, que califican a los animales como bienes
muebles o como bienes inmuebles por destinación, a la luz de los
cuestionamientos de la demanda de inconstitucionalidad.
El escrutinio judicial se estructura a
partir de tres elementos:
Primero, el contenido normativo
impugnado es la categorización de los animales como bienes. Es
decir, lo que se estima inconstitucional es la regla que considera a los
animales como un tipo de bienes muebles o de bienes inmuebles por destinación.
Segundo, el estándar del juicio de
constitucionalidad con arreglo al cual se formularon las acusaciones, es la
prohibición de maltrato animal, mandato que, a juicio del demandante y
de algunos de los intervinientes, tiene un status constitucional, y de la cual
se deriva la imposibilidad para el ordenamiento jurídico de asimilar los
animales a los objetos.
Y finalmente, la infracción de la Carta
Política se produciría por dos vías: (i) por un lado, porque
independientemente de los efectos jurídicos de la asimilación anterior, esta
transmitiría y alimentaría la idea, hoy en día superada, de que los animales son
cosas que pueden ser tratadas como cualquier otro objeto, incluso si esto les
provoca sufrimiento; en este sentido, el accionante y los intervinientes que
actuaron en su defensa, argumentaron que aunque la calificación legal por sí
sola no autoriza el maltrato animal, sí favorece este fenómeno, por vía de difundir
un mensaje errado sobre los animales, que desconoce su condición de seres
sintientes; (ii) y por otro lado, porque como consecuencia de la categorización
legal, los animales quedan sujetos al régimen civil de los bienes, régimen en
virtud del cual pueden ser objeto de apropiación y de todo tipo de
transacciones y operaciones en el mercado, situación ésta que los expone, al
amparo del propio ordenamiento jurídico, a las distintas modalidades de
maltrato.[19] De esta manera, la inconstitucionalidad se produciría
tanto por los efectos simbólicos, como por los efectos jurídicos
propiamente dichos, de la asimilación de los animales a las cosas.
5.2.    En este contexto, la controversia constitucional
plantea dos tipos de interrogantes relacionados con el presunto desconocimiento
de la proscripción de maltrato animal: (i) primero, si desde la perspectiva de
los efectos simbólicos del Derecho, la calificación de los animales como
bienes muebles o inmuebles transmite la idea de que son instrumentos al
servicio del hombre y de que se les puede infringir sufrimiento en función de
la utilidad que le puedan proporcionar, y si esta circunstancia alimenta o
favorece el fenómeno del maltrato animal; (ii) y segundo, si desde la
perspectiva de los efectos jurídicos del Derecho, la sujeción de los
animales al régimen jurídico de los bienes muebles o inmuebles, propio de la
legislación civil, constituye una autorización tácita o indirecta de maltrato
animal, al habilitar a las personas para realizar toda suerte de operaciones
jurídicas, económicas y materiales sobre aquellos, exponiéndolos, al amparo del
derecho positivo, al fenómeno aludido.
5.3.    Para resolver estos interrogantes, la Corte seguirá la
siguiente metodología:
Primero, en la medida en que las
acusaciones de la demanda de inconstitucionalidad recaen sobre una definición
legal, definición que como tal carece de efectos jurídicos propios, pero
que a juicio del accionante resulta lesiva de la Carta Política tanto por las
ideas que transmite, como por los efectos jurídicos materiales indirectos que
produce, resulta necesario precisar la viabilidad, la naturaleza y el
alcance del control constitucional de las definiciones legales.
Segundo, en la medida en que la totalidad
de los cargos se estructuran en función de la proscripción de maltrato
animal, se resolverán dos cuestiones: (i) por un lado, se determinará si
esta prohibición puede servir como referente del escrutinio judicial, teniendo
en cuenta que no se encuentra positivizada expresamente en la Carta Política;
(ii) en caso de dar una respuesta afirmativa al interrogante anterior,
concluyendo que la proscripción de maltrato animal constituye un estándar
constitucional al que se debe sujetar la legislación nacional, se precisará el
contenido, el alcance y los efectos jurídicos materiales del citado principio,
y en particular, si el mismo resulta incompatible con la catalogación de los
animales como bienes en la legislación civil.
Finalmente, a partir de las
consideraciones anteriores valorarán los cargos de la demanda, estableciendo si
la calificación de los animales como bienes muebles o como bienes inmuebles por
destinación, contenida en los artículos 655 y 658 del Código Civil, desconoce
la prohibición constitucional de maltrato animal.
6.       El escrutinio judicial de las definiciones legales
6.1.    Tal como se explicó en los acápites anteriores, el
accionante cuestiona las definiciones de los artículos 655 y 658 del Código
Civil, en la medida en que incluyen dentro de la categoría de “bienes” a los
animales, los cuales, al ser en realidad seres sintientes, e incluso sujetos de
derechos, no deberían ser descritos ni tratados por el legislador como meros
objetos o cosas. De modo pues que el señalamiento del actor recae sobre una
definición legal, y no sobre una prescripción propiamente dicha que permita,
prohíba u ordene un comportamiento determinado, como ocurre de ordinario en el
control abstracto de constitucionalidad.
6.2.     Esta circunstancia, esto es, el hecho de que el
control judicial propuesto por el accionante recaiga sobre una definición
legal, genera algunas dificultades, y dota al escrutinio judicial de algunas
particularidades y especificidades que deben ser tenidas en cuenta por este
tribunal al abordar los cargos de la demanda.
En efecto, en general, el control
constitucional apunta a identificar y a excluir del ordenamiento jurídico
aquellas prescripciones legales que se oponen a la Constitución Política, esto
es, a confrontar dos normas, una de rango constitucional y otra de rango legal,
a efectos de determinar su compatibilidad, y de retirar el sistema jurídico
aquellas disposiciones legales que se oponen a la Carta Política. Como puede
advertirse, la condición de posibilidad de este ejercicio analítico es que los
enunciados a cotejar se encuentren en un mismo nivel lógico, y que, por tanto,
ambos tengan un uso o un contenido regulativo o prescriptivo, orientado a
regular la conducta humana o a definir la estructura o el funcionamiento del
sistema jurídico.
Empero, en la hipótesis planteada se
propone una confrontación entre enunciados estructuralmente disímiles, desde
distintos puntos de vista. Primero, en la demanda se propone someter a
escrutinio una disposición legal a la luz de una prescripción jurídica, esto
es, una regla que permite, ordena o prohíbe un comportamiento, o de un mandato
de optimización, en este caso la prohibición de maltrato animal, mientras que
el enunciado con el que se pretende cotejar no es ni una regla ni un mandato de
optimización, sino una definición que, como tal, carece de efectos jurídicos
propios, y que tampoco establece una pauta o una directriz en relación con los
comportamientos que pueden realizarse respecto de los animales, por tratarse de
una norma jurídica incompleta[20]. Es decir, mientras que el estándar constitucional
prohíbe maltratar a los animales, la disposición legal objeto de control
únicamente describe a los animales como un especie de bienes muebles o de
bienes inmuebles, y no determina, al menos en principio, los comportamientos
permitidos, prohibidos u obligatorios en relación con los animales.
Además, en el caso propuesto el análisis
se formula entre enunciados que se encuentran en niveles lógicos distintos. La prohibición
de maltrato animal constituye lo que se denomina una norma de primer nivel o
una regla de conducta, es decir, una regla que ordena, proscribe o permite un
comportamiento determinado, mientras que las definiciones legales no son reglas
de conducta sino reglas sobre reglas, o normas de segundo orden o meta-normas,
en tanto no se refieren al comportamiento humano, sino a la estructura o al
esquema de funcionamiento del sistema jurídico, como, por ejemplo, las reglas
que definen el uso que el legislador le otorga a los signos lingüísticos que
integran las leyes.[21]
6.3.    Este tipo de dificultades ya ha sido identificado por
esta corporación en múltiples oportunidades. En la sentencia C-507 de 2004[22], por ejemplo, la Corte se inhibió de pronunciarse
sobre la validez del artículo 34 del Código Civil, que definía al impúber como “el
varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido los doce”. En
este fallo se sostuvo que, propiamente hablando, no era posible pronunciarse
sobre la constitucionalidad de la definición legal, porque se trataba de un
enunciado que únicamente fijaba el uso dado por el legislador a una expresión
lingüística, por lo cual, al carecer de todo contenido regulativo, no tenía la
potencialidad de vulnerar la Carta Política. En este orden de ideas, la Corte
se inhibió de evaluar la validez del texto legal, sobre la base de que “la
simple lectura del texto del artículo 34 del Código Civil muestra que (…) éste
se limita a establecer cuál es el uso que se les da a las expresiones
mencionadas en los textos legales (…) En consecuencia, el alegato no es
susceptible de ser analizado en sede de constitucionalidad, pues la norma que
formalmente se demandó no contiene la regla jurídica acusada (…) No desconoce
la Corte que el artículo 34 del Código Civil está estrechamente relacionado con
las reglas de capacidad fijadas en muchas otras disposiciones del sistema
legal. Pero para que proceda la demanda en contra del artículo 34 por esta
razón, deben demandarse también aquellas otras disposiciones que abordan el
tema, en especial el artículo 1504 del mismo Código (…) la norma fija una
definición estipulativa que cobra importancia en materia de capacidad en tanto
genere efectos y consecuencias jurídicas. El artículo 34 del Código Civil, por sí
solo, no los genera”.
6.4.
Pese a la dificultad anterior,
este tribunal ha entendido que, eventualmente, el control de las definiciones
legales podría ser viable al menos desde dos perspectivas.
6.5.     Por un lado, desde la perspectiva de los efectos
jurídicos materiales, puesto que, aunque en principio las categorizaciones
y las calificaciones legales carecen de un contenido regulativo propio, esto
es, no contienen una prescripción que pueda ser objeto de confrontación con el
ordenamiento superior, sí pueden ser controladas en la medida en que se le pueda
adscribir algún efecto jurídico. De modo pues que aunque las definiciones no
son per se constitucionales o inconstitucionales, sí pueden ser
evaluadas en el escenario del control abstracto de constitucionalidad cuando son
puestas en contacto con los efectos jurídicos que contempla el propio
ordenamiento jurídico para dicha categoría.
Con este propósito, esta corporación he hecho uso de
distintas estrategias. Así, en algunas ocasiones ha identificado el régimen
jurídico de la categoría legal cuestionada, considerado globalmente y en
conjunto, para luego evaluarla a la luz de este régimen general. En otras
ocasiones, la Corte ha apelado a la figura de la unidad normativa, integrando
la categoría jurídica con otras disposiciones no demandadas que le asignan uno
o más efectos jurídicos específicos y concretos no identificados previamente en
la demanda de inconstitucionalidad, con el propósito, nuevamente, de efectuar
el escrutinio judicial en función de estas consecuencias jurídicas determinadas.
Este
es el caso de la sentencia C-534 de 2005[23], que nuevamente se pronuncia sobre la definición de
impúber contenida en el Código Civil, y respecto de la cual este tribunal se
abstuvo de evaluar un año antes. A juicio de esta corporación, aunque en
principio el examen propuesto carece de sentido porque la sola definición no
produce ningún efecto jurídico susceptible de infringir la Carta Política, esta
puede articularse con otras normas del mismo Código Civil que fijan las
consecuencias jurídicas de la definición legal de la expresión “impúber”, referidas
a la actividad negocial de los impúberes, y especialmente a su incapacidad de
negociación y a la posibilidad de declarar la nulidad de los actos jurídicos
celebrados por estas personas: “En este orden de ideas, la Corte aclaró
que “el artículo 34 del Código Civil no contiene un efecto jurídico independiente,
pues solo establece una definición (…) el uso de esta definición en la
legislación civil lo establecen otras disposiciones distintas a dicho
artículos. Luego los efectos jurídicos, y por ende la posibilidad real de ser
acorde o contraria a la Constitución, solo se entienden integrando la
definición con las disposiciones que le confieren efectos. Por lo tanto, si
bien el análisis de esta Corte estará centrado en la distinción normativa
introducida en el artículo 34 del C.C., lo cierto es que, como dicha distinción
sugiere un trato normativo concreto que constituye una norma jurídica derivada
de varias disposiciones, luego dicho trato es lo que se configura como objeto
de estudio por parte de esta Corporación”.
Así
reconfigurado el debate, se examinaron las disposiciones impugnadas en su
dimensión regulativa, vinculándola a los efectos en materia de capacidad,
tutelas, curadurías e inhabilidades testamentarias, y se declaró la
inexequibilidad de las expresiones “varón” y “y de la mujer que no ha
cumplido doce”¸ contenidas en el artículo 34 del Código Civil, para que
fuesen considerados impúberes quienes no han cumplido 14 años, sean hombres o
mujeres.
Bajo
esta misma óptica, en la sentencia C-385 de 2014[24] este tribunal evaluó la validez de la definición
legal de la expresión “habitante de la calle” prevista en la Ley 1641 de
2013, por disponer que para pertenecer a este grupo poblacional requiere haber roto
vínculos con el entorno familiar.[25] La Corte hizo notar que aunque en principio la sola
definición no podía infringir la Carta Política porque ésta por sí sola no
tiene ningún efecto jurídico, sí puede ser constitucional o inconstitucional en
la medida en que se integre con el régimen de los habitantes de la calle previsto
en la misma ley. Así planteado el debate, se encontró que como los habitantes
de la calle eran destinatarios de una serie de medidas especiales de protección
estructuradas en función de la condición de vulnerabilidad y precariedad económica
y en función de los riesgos y desventajas inherentes a la habitación en la
calle, la definición legal era infra-inclusiva, por no hacer destinatarios de
las medidas de protección a las personas que, encontrándose en esa situación de
fragilidad derivada de su precariedad económica y por vivir en la calle,
mantienen vínculos con su familia. De este modo, al integrar la definición
legal con el régimen previsto en la ley 1641 de 2013, se pudo efectuar el
control constitucional, y se declaró la inexequibilidad de la expresión “y,
que ha roto vínculos con su entorno familiar”¸ que hacía parte de la
definición de “habitante de la calle”.
De
esta manera, el juez constitucional ha considerado viable el escrutinio
judicial de las definiciones legales, en la medida en que sea posible
articularlas con otros elementos del sistema jurídico que fijen las
consecuencias jurídicas de dicha categorización, y en tal caso, el control
constitucional consiste en determinar la compatibilidad de tales efectos
jurídicos con los mandatos de la Carta Política.
6.6.      Asimismo, la Corte ha entendido que el control
constitucional se puede extender a los efectos simbólicos de las
definiciones, de las categorizaciones y de la terminología legal,
independientemente de sus efectos jurídicos materiales. En la medida en que a
través de los enunciados legales los órganos de producción normativa pueden
transmitir ideas y mensajes que rebasan su contenido prescriptivo, como cuando
a través de un lenguaje peyorativo se difunden ideas discriminatorias en contra
de cierto colectivo, este tribunal ha concluido que cuando el legislador
transmite mensajes cuya emisión se encuentra vedada en la Constitución Política
en virtud del principio de igualdad, de la prohibición de discriminación o de otro
mandato semejante, el escrutinio judicial se puede extender a esta faceta no
prescriptiva del sistema jurídico. Este tipo de control se ha efectuado en
relación con normas de primer nivel, esto es, normas de comportamiento, pero
también en relación con normas de segundo nivel, es decir, en relación con
normas que definen la estructura del orden jurídico, el sistema de fuentes del
derecho, o las definiciones que precisan el uso que el legislador asigna a las
expresiones mediante las cuales se regula el comportamiento humano en sociedad.
Este es el caso de la sentencia C-804 de
2006[26], en la que se declaró la inexequibilidad del precepto
del Código Civil que permite el uso genérico del masculino, al determinar que,
en general, las expresiones “hombre”, “niño”, “adulto” “hombre”, “niño”,
“adulto” y sus equivalentes, se refieren indistintamente a personas de los
dos sexos, salvo que en el contexto específico la diferenciación entre géneros
sea relevante.[27] Aunque se trata de una regla de segundo orden que no
tiene por objeto describir un estado de cosas en el mundo, ni tampoco permitir,
prescribir o prohibir una conducta, sino únicamente estipular el uso que se le
da la terminología legal, de acuerdo con los usos y convenciones lingüísticas
generalmente aceptadas, este tribunal consideró que, independientemente de los
efectos jurídicos de la disposición legal, el legislador desconocía e invisibilizaba
la realidad femenina, y que el Congreso carecía de la potestad para transmitir,
directa o indirectamente, explícita o implícitamente, mensajes en contra de
alguno de los dos géneros, por lo cual, opto por declarar la inexequibilidad
del precepto legal.
Dentro de esta misma aproximación, en
diferentes oportunidades este tribunal ha sometido a escrutinio judicial las
expresiones y los signos lingüísticos como tal, por fuera de sus efectos
jurídicos materiales, en el entendido de que más allá de su denotación, los
mismos pueden tener una connotación que puede transmitir ideas cuya emisión le
está vedada al legislador, normalmente por resultar lesiva de la prohibición de
discriminación o de la dignidad humana. Así, (i) en la sentencia C-478 de 2003[28] se declaró la inconstitucionalidad de las expresiones
del Código Civil que asociaban la discapacidad mental a categorías como “furiosos
locos”, “mentecatos” e “idiotismo y locura furiosa”[29]; (ii) en la
sentencia C-1235 de 2005[30] se hizo lo propio en relación con los vocablos “amos”,
“criados” y “sirvientes”, contenidos en el artículo 2349 del Código
Civil, y se ordenó su sustitución por “empleadores” y “trabajadores”,
respectivamente; (iii) en la sentencia C-037 de 1996[31] se expulsó del ordenamiento jurídico la locución “recursos
humanos” contenida en el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, sobre la base de que esta terminología concibe a los seres humanos
como instrumentos, medios u objetos manipulables;  (iv) en la sentencia C-078
de 2001[32] se advirtió que el vocablo “robo”, empleado en
el Código Civil para referirse a la sustracción violenta de una mujer como
causal de nulidad de matrimonio, admitía varios sentidos, uno de los cuales era
inconstitucional por cosificar e instrumentalizar a la mujer, pero que como
quiera que también tenía un significado que carecía de esta connotación, como
sinónimo de rapto, debía ser declarado exequible; (vi) en la sentencia C-253 de
2013[33] se descartaron las acusaciones en contra de la
expresión “comunidades negras” empleada en la Ley 70 de 1993 y en el
Decreto 2374 de 1993, considerada por el demandante como oprobiosa y ofensiva
para este grupo poblacional, al considerar que no solo las medidas adoptadas
por el legislador se estructuraban en beneficio de este grupo, sino que,
además, el signo lingüístico como tal carecía de la carta peyorativa que se le
atribuía, y que, aún más, era una expresión de auto afirmación de la población
negra; (vi) recientemente, en la sentencia C-458 de 2015[34] se declaró la constitucionalidad condicionada de
distintas expresiones empleadas por el legislador para designar a las personas
con discapacidad, tales como “limitados”, “minusválidos” o “discapacitados”,
ya que, a juicio de este tribunal, transmitían la idea de que se trata de
personas inferiores, o de que su ser se agota en su condición de discapacidad.
Así pues, el juez constitucional se
encuentra habilitado para evaluar la constitucionalidad de los efectos
simbólicos de las definiciones legales, por fuera de sus efectos jurídicos
materiales, en el entendido de que el legislador carece de la potestad para
trasmitir mensajes que se oponen al entramado de principios que orientan el
ordenamiento superior, como aquellos que denigran a determinados colectivos en
razón de la pertenencia étnica, de la condición de discapacidad, de la
orientación sexual, del género, de la condición migratoria, del estado de
salud, de la filiación política o religiosa, o de una circunstancia análoga.
6.7.      En este último escenario, sin embargo, en el que el
juez constitucional evalúa la validez de la terminología y de las definiciones
legales en función de las ideas que el legislador transmitiría implícita e
indirectamente a la comunidad jurídica, el escrutinio judicial reviste varias
particularidades, no solo porque en principio el control constitucional tiene
por objeto evaluar el contenido regulativo de los enunciados legales y en este
caso el examen judicial rebasa la faceta normativa del derecho, sino también
porque la identificación de los mensajes implícitos del legislador exige un
ejercicio analítico meticuloso y cuidadoso.
En este orden de ideas, este tribunal ha
establecido diferentes pautas para llevar a cabo esta especial forma de control
constitucional:
-
Primero, en la medida en que el
derecho positivo se expresa mediante el lenguaje ordinario, la identificación
de los mensajes transmitidos por el legislador debe tener en cuenta las
herramientas de las que se dispone en general en la comunidad lingüística para
materializar los actos comunicativos.[35] Aunque en determinados contextos el derecho positivo
responde a ciertas excepcionalidades gramaticales, semánticas y pragmáticas, en
general puede afirmarse que el lenguaje del derecho es estructuralmente
coincidente con el lenguaje ordinario, y que, por consiguiente, su
entendimiento debe responder al mismo modelo y esquema de este último.
-
Segundo, en la medida en que el
derecho cumple fundamentalmente una función y un rol prescriptivo, esto es,
orientado a la regulación de la conducta humana en sociedad, las definiciones
legales, deben ser entendidas, interpretadas y evaluadas en el marco de este
propósito general del derecho positivo. En este orden de ideas, como el Código
Civil no pretende explicar los fenómenos sociales o naturales sino regular la
conducta en el marco de las relaciones civiles, la calificación de los animales
como bienes muebles o inmuebles debe ser comprendida en función de este
propósito específico.
-
Tercero, por la razón anterior, el
escrutinio judicial no debe estar orientado a evaluar en abstracto la
definición legal, sino en el contexto específico en el que se inserta la
categorización efectuada por el legislador. De esta suerte, no se trata de
determinar si la calificación que se hace de los animales como bienes muebles o
bienes inmuebles es en general o intrínsecamente correcta o incorrecta, sino si
lo es en el marco específico de la legislación civil, y si lo es en función de
los efectos jurídicos que se producen en este contexto particular del Código
Civil, sin extrapolar dicha definición a otros escenarios que son ajenos a esta
regulación.
Así las cosas, dentro de
las variables de contexto que deben ser tenidas en cuenta para identificar los
efectos simbólicos y materiales de las definiciones legales, se encuentran las
siguientes[36]: (i) el contexto cultural de la categorización legal,
que comprende “la vida social y cultural de la época, las creencias
políticas o religiosas o los tabúes presentes, factores estos que determinan el
tipo de discurso de una comunidad”[37]; (ii) los
interlocutores del discurso en el que se enmarca la definición o la
calificación legal, su intención y su papel en la interpretación de los
enunciados, que incluye su edad, clase social, sexo, origen, y sistema de
creencias y actitudes; (iii) el tipo de discursos en el que se emiten las
expresiones y el nivel de formalidad del contexto de la situación; (iv) el tipo
de acto de habla que se efectúa mediante los enunciados lingüísticos, y en
particular, si se realiza un acto informativo, directivo o prescriptivo,
expresivo u operativo[38].
-
Asimismo, debe tenerse en cuenta
que la relación entre las palabras y la realidad es convencional, de modo que
son los acuerdos sociales tácitos los que fijan el vínculo entre los signos
lingüísticos y la realidad que designan, así como las condiciones para el uso
de los primeros, y que tales estipulaciones no son necesarias ni forzosas[39]. De este modo, la pregunta por el significado de las
palabras es un interrogante acerca del lenguaje, y su respuesta, por
consiguiente, no depende de los estados de cosas en el mundo: “las palabras
constituyen símbolos para representar la realidad (…) los símbolos
tienen sólo una relación convencional con los objetos representados; la
representación no emana de una conexión causal con el fenómeno representado,
sino de convenciones establecidas implícitamente por los hombres (…) cuando se
inquiere ‘qué significa X’ (…) la pregunta se responde señalando en qué
condiciones se usa la expresión de que se trata; la respuesta debe, entonces,
consistir en una información acerca del lenguaje, y no acerca de la realidad
mencionada por él, salvo en el aspecto obvio de que definir una palabra implica
acotar los hechos a que la palabra se refiere (…) cuando decimos que la
relación entre símbolos lingüísticos y la realidad es convencional y no
natural, no significamos solamente que la palabra que denota una clase de
objetos, designando propiedades comunes a ellos, podría ser reemplazada por
otra (..) sino también que el mismo término podría tener un significado
distinto del que posee en el lenguaje ordinario y que hay libertad para
otorgárselo sin incurrir en falsedad (…) por ejemplo, si dijéramos ‘no tengo
nada de pan’, usando la palabra ‘pan’ con significado equivalente al de
‘dinero’, el valor de verdad del enunciado no varía”[40].Sin
perjuicio de lo anterior, cuando ya se establecen y se asientan las
convenciones y los códigos lingüísticos sobre el significado de las palabras,
las posibilidades de establecer nuevas asociaciones entre las palabras y la
realidad son limitadas, pero no por razones de tipo lógico, sino por razones de
conveniencia.
-
Por la razón anterior, las
indagaciones orientadas a determinar el significado “verdadero” o intrínseco de
las palabras resultan inadecuadas, o al menos claramente insuficientes. Así las
cosas, las reflexiones de este tipo, normalmente vinculadas al análisis
etimológico de las palabras o a su interpretación literal, deben articularse
con otro tipo de exploración que dé cuenta de la situación en la que se emiten
los enunciados, el status, el rol, las condiciones, las intenciones y
propósitos de los interlocutores, y el marco social del acto comunicativo: “el
esencialismo conceptual se muestra también en la preferencia que tienen muchos
pensadores, entre ellos los juristas, por el análisis etimológico de las
palabras como medio para determinar su significado. Si se supone que las
palabras suponen un único y verdadero significado, determinar el procedimiento
de formación de las expresiones lingüísticas podrá servir de guía para detectar
el concepto que quisieron captar quienes le dieron origen a la palabra y que se
supone que debe mantenerse incólume en sus futuros usos.// Pero el análisis
etimológico constituye una pauta muy poco fiable para establecer el significado
de las palabras, pues el procedimiento seguido para inventar un ruido, un
fonema o una grafía, aun cuando se lo haya hecho por derivación o combinación
de otros sonidos, palabras o rasgos, no determina necesariamente el uso que a
tal ruido, fonema o grafía haya de dársele de hecho”[41].  Son estos
factores de contexto, más que la etimología o el significado literal o textual,
las que permiten determinar el contenido de los enunciados legales, y en
particular, el referente, la connotación y la carga de las palabras que en
estos aparecen.
7.
La prohibición de maltrato
animal
Tal como se explicó en los acápites
precedentes, el accionante sustenta su pretensión en la presunta infracción de
la prohibición de maltrato animal, prohibición que, a su juicio, habría sido
desconocida por el legislador al calificar a los animales como bienes muebles o
inmuebles, prescindiendo de su condición de seres sintientes y de sujetos de
derechos.
Lo anterior lleva a la Corte a resolver dos
interrogantes acerca de esta prohibición: primero, si efectivamente esta
constituye un estándar constitucional, ya que no se encuentra positivizada
expresamente en la Carta Política; y segundo, si de la prohibición anterior se
deriva un imperativo que conduzca a excluir la denominación de los animales
como bienes susceptibles del tráfico jurídico.
Pasa la Corte a resolver estos dos interrogantes.
7.1.    La prohibición de maltrato animal como estándar
constitucional
7.1.1. El reconocimiento de la proscripción de maltrato animal como estándar
constitucional ha estado rodeado de múltiples dificultades.
7.1.1.1.   Desde el punto de vista normativo, los inconvenientes
se explican porque la propia Carta Política no contiene un mandato semejante.
De hecho, la Constitución solo contiene referencias tangenciales al medio
ambiente en general, a la fauna, y a los recursos naturales, más no a los
animales individualmente considerados, que es precisamente a lo que apunta la
prohibición aludida.
En este escenario, el reconocimiento del
principio se ha efectuado a partir de su subsunción en otras categorías ya
depuradas y decantadas conceptual y jurisprudencialmente, como el derecho a un
medio ambiente sano, o el deber de protección de los recursos naturales. Estas
inferencias indirectas, sin embargo, han llevado aparejadas otras dificultades.
Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano reclama la consideración del
ecosistema como un todo, desde una perspectiva sistémica y global, mientras que
la proscripción de maltrato animal parte del reconocimiento del valor
intrínseco de los individuos como tal, independientemente de su contribución a
la conservación de los recursos naturales o del Planeta como tal. Por ello,
aunque en escenarios concretos las pretensiones de corte ambientalista y las
pretensiones de corte animalista pueden coincidir, difieren en los supuestos
conceptuales y teóricos que los sustentan, y en muchas ocasiones existen
divergencias materiales, e incluso diferentes aproximaciones y “sensibilidades”
hacia los problemas concretos que involucran el maltrato animal.
Así, mientras ciertas vertientes del
ambientalismo proponen el vegetarianismo y el veganismo como mecanismo para
reducir el impacto de la alimentación humana en el Planeta, el animalismo lo
hace pero por razones vinculadas a la necesidad de evitar el sufrimiento de los
animales, individualmente considerados, propio de la producción a escala de
carne, leche y otros derivados. Incluso, mientras ciertas vertientes
ambientalistas desaconsejan la producción extensiva de carne o leche, porque al
emplear mayores extensiones de tierra y mayores recursos, se incrementa el
impacto ambiente, el animalismo da preferencia a aquellas formas de producción
de carne, huevos o leche que provocan menos sufrimiento, incluso si esto exige
menor eficiencia en el proceso productivo. Y mientras los espectáculos taurinos
o circenses en principio no son considerados como amenazas para el paradigma
ambientalista, “puesto que los individuos no tiene mayor peso moral porque
existe un todo comprehensivo que relativiza los intereses y derechos de los
elementos constitutivos”[42], para el
animalismo sí constituye una muy importante fuente de preocupación, porque el
sufrimiento de los animales tiene un peso propio.[43]
7.1.1.2.   Además, la prohibición de maltrato animal suele entrar
en conflicto con actividades humanas arraigadas histórica y culturalmente, y
que también se encuentran respaldadas constitucionalmente a partir de otros
valores y principios reconocidos en el ordenamiento superior. Una lectura
literal de la prohibición de maltrato animal podría llevar a cuestionar desde
los patrones de la alimentación hasta la investigación científica, pasando por
la industria cosmética y sanitaria, o las prácticas deportivas y de
entretenimiento. De este modo, la consideración de los animales como individuos
o entes morales tiende a desafiar y a poner en entredicho el orden
constitucional establecido, al menos en su vertiente más antropocentrista, entrando
en disputa con valores y principios como la libertad de expresión, el derecho
al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud o el derecho al
trabajo, en los distintos escenarios de la vida social.
7.1.1.3.   Finalmente, debe tenerse en cuenta que los debates
vinculados a la prohibición de maltrato animal han ingreso sólo muy
recientemente en el escenario constitucional colombiano, y en ámbitos limitados
y restringidos. De hecho, el paradigma del bienestar animal se ha planteado en
contextos puntuales e icónicos de presunto maltrato, como la utilización de
animales en espectáculos circenses y taurinos, el uso de animales de tracción
animal o la tenencia de animales silvestres por particulares, pero no ha  extendido
a otros escenarios críticos como la producción de carne, leche o pieles o la
experimentación con animales con fines médicos, industriales o científicos.
7.1.2. Este acercamiento, sin embargo, ha venido mutando progresivamente a lo
largo del tiempo, en escenarios como el uso de animales en espectáculos
públicos y la tenencia de animales domésticos, salvajes y silvestres.
De hecho, a nivel normativo, desde la
expedición de la ley 84 de 1989  se reconoció y positivizó el imperativo del
bienestar animal, de suerte que, en realidad, se trata de un estándar jurídico
de vieja data, si bien su alcance ha sido restringido, y su implementación ha
estado atravesada por múltiples dificultades. Es así como el Estatuto Nacional
de Protección de los Animales estableció, entre otras cosas, el deber de toda
persona de respetar a los animales, el abstenerse de causar daño o lesión y el
de realizar actos de crueldad en contra de los mismos[44], el de denunciar todo acto de crueldad animal[45], y el de adoptar las medidas para garantizar el
bienestar de los animales que se encuentren bajo su cuidado[46].
7.1.3. Ese reconocimiento de carácter legal se proyectó en el nivel  constitucional,
en el marco de la acción de tutela, al considerarse que el sufrimiento y el
bienestar animal constituían variables de análisis relevantes al momento de
evaluar las actuaciones de las agencias estatales y de los particulares, y que,
por consiguiente, el maltrato hacia los animales tenía trascendencia
constitucional.
Este es el caso, por ejemplo, de la sentencia
T-760 de 2007[47], en la que se debía resolver el amparo propuesto por
una persona a la que le fue decomisada una lora por las autoridades ambientales,
por no contar  con el permiso requerido para la tenencia de este tipo de
especies, y quien argumentaba que el animal le brindaba un acompañamiento
emocional muy importante en su vida cotidiana. En su momento, la Corte validó
la actuación de las agencias estatales sobre la base de que la tenencia ilegal
de animales silvestres afectaba el deber de proteger la fauna silvestre,
protección vinculada, a su turno, con el derecho a un medio ambiente sano. De
manera muy marginal se sostuvo, a modo de argumento complementario, que los
animales individualmente considerados también tenían un valor propio, y que, por
tanto, el sufrimiento al que puedan ser sometidos también debe ser considerado
al evaluar la actuación de las autoridades ambientales. En este orden de ideas,
la Corte concluyó que el decomiso de la lora era admisible no solo porque se
amparaba en el incumplimiento de la normatividad ambiental relacionada con una
especie amenazada y en potencial peligro de extinción, sino también porque el
eventual provecho o ventaja que el animal pudiese proporcionar a la accionante
en su estado de salud debía ser contrastado con los sufrimientos a los que
normalmente son expuestos estos animales en cautiverio, ya que, con frecuencia,
su comercio implica camuflarlos, drogarlos para transportarlos desde su origen
hasta su destino de venta, teñirles las plumas, apiñarlas en empaques
inapropiados como costales, cajas de cartón o bolsas plásticas, cortar o
lesionar sus alas y picos, y ante todo, privarlos de su estado y de su entorno
natural. De este modo, la Corte comenzó a articular en su análisis
argumentos vinculados al bienestar animal.
Por
su parte, en las sentencias C-666 de 2010[48] y C-283 de 2014[49] se abordó expresamente el interrogante sobre el
status de la prohibición de maltrato animal en el contexto de los espectáculos
públicos con animales, y se concluyó que este tenía rango y naturaleza
constitucional.
En el primer caso, este tribunal evaluó la
constitucionalidad de las normas de la Ley 84 de 1989 que establecen una
excepción a la prohibición general de maltrato animal para el rejoneo, el
coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y
las riñas de gallo, a la luz del citado imperativo. En su momento, la Corte
sostuvo que aunque la Corte Política no contiene un mandato específico que
imponga un deber general de protección a los animales, del entramado de
principios, valores y derechos sí se infiere la existencia de una obligación
implícita de protección animal, que impone, entre otras cosas, una prohibición
de maltrato.
Partiendo de este eje analítico, la prohibición
constitucional de maltrato se hizo derivar de los derechos y deberes asociados
al medio ambiente, y de la propia dignidad humana, concebida a partir del
principio de solidaridad. La Corte sostuvo que el reconocimiento del medio
ambiente en la Carta Política constituía un eje transversal del ordenamiento
superior, en el entendido de que el ecosistema, no solo constituye una fuente
de recursos al servicio del hombre, sino que, además, el hombre mismo es un
elemento constitutivo de este entorno natural, y su vida no puede desplegarse
por fuera de él. Y a su turno, como de este reconocimiento se deriva un deber
del Estado, de la sociedad y de los individuos de proteger los recursos
naturales, dentro de los cuales se encuentran los animales, el bienestar animal
vendría a tener rango y status constitucional.[50]
De igual modo, la Corte sostuvo que la
propia dignidad humana impone un principio de reconocimiento y de respeto hacia
las demás formas de vida que tienen capacidad de sentir. Dentro de esta aproximación,
aunque la persona es el fin primordial del Estado, y aunque su consideración
moral constituye la piedra angular de la Constitución Política, la noción misma
de dignidad, que envuelve un principio de solidaridad respecto de todas las
formas de vida sintientes, genera obligaciones respecto de los animales. De
modo pues que la superioridad moral de los hombres incluye, precisamente, el
reconocimiento y respeto de otras formas de vida que, al igual que la humana,
tienen la capacidad de sentir, así como el deber de evitar el sufrimiento, el
daño y el maltrato.
Bajo esta nueva perspectiva, entonces, en
la sentencia C-666 de 2010[51] se evaluó la validez de las disposiciones legales que
permiten la realización de los espectáculos aludidos. El punto de partida del
fallo fue el reconocimiento de que prácticas como la tauromaquia, el coleo, el
rejoneo, las novilladas, o la riñas de gallo, constituyen escenarios que
producen sufrimiento animal. Reconociendo, sin embargo, que el deber de
protección animal puede encontrar límites en otros valores, principios y
derechos constitucionales, vinculados a la libertad religiosa, a los hábitos
alimenticios, la investigación o la experimentación médica, la Corte concluyó
que la excepción a la prohibición general de maltrato se justificaba desde la
perspectiva constitucional en atención al respaldo y el arraigo cultural de
este tipo de prácticas, pero que, en cualquier caso se deben tomar medidas para
aminorar o eliminar el sufrimiento y el dolor, que solo pueden desarrollarse en
aquellos municipios en los que dichas actividades sean manifestación de una
tradición regular, periódica e ininterrumpida, y en aquellas temporadas en las
que usualmente se realizan estos eventos, y que, finalmente, las autoridades
municipales no pueden destinar dinero público a la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de tales actividades.
Una vez instalado en la jurisprudencia el
debate sobre el maltrato animal, en la sentencia C-283 de 2014[52] comenzaron a extraerse las primeras consecuencias del
estatus constitucional de la prohibición de maltrato animal. En este nuevo
marco, la Corte declaró la exequibilidad de la norma legal que prohíbe el uso
de animales silvestres, tanto nativos como exóticos, en circos fijos e
itinerantes[53], cuestionada por desconocer el derecho al trabajo, el
derecho a escoger profesión u oficio, el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y la iniciativa privada de los propietarios de los circos y de
quienes laboran en ellos, así como el derecho a la cultura y a la recreación de
los niños.
La Corte sostuvo que la prohibición legal
era consecuente con todo el entramado de valores y principios que irradian la
Constitución Política, en la medida en que las eventuales restricciones a la
libertad económica de los propietarios y trabajadores de los circos, derivada
de la medida legislativa demandada, se amparan en la necesidad de suprimir una
muy importante y grave fuente de maltrato animal, como es la explotación animal
en los circos, y en la medida en que, en todo caso, la limitación legal no
impide la actividad circense como tal, que en general está permitida, sino una
modalidad específica en la que se emplean a los animales como instrumento del
espectáculo.
7.1.4. Este reconocimiento se ha afianzado a lo largo del tiempo, pues en
distintos escenarios este tribunal ha sostenido que la proscripción del
maltrato animal constituye un imperativo constitucional, tal como se encuentra,
por ejemplo, en las sentencias T-146 de 2016[54], T-296 de 2013[55], T-436 de 2014[56] y T-095 de 2016[57].
7.1.5.      En estos términos, la jurisprudencia ha migrado hacia
un reconocimiento de la prohibición constitucional de maltrato animal, aunque,
como se verá más adelante, con diferencias muy importantes en cuanto a su
fundamento, contenido y alcances, en escenarios como los operativos de
recolección de perros callejeros por las instituciones sanitarias[58], la tenencia de animales silvestres por particulares[59], la destinación de bienes de uso público al
espectáculo taurino[60], y las competencias de las autoridades nacionales y
locales en la regulación y el control de espectáculos taurinos[61].
7.2.    El reconocimiento del status de los animales como
seres sintientes o como sujetos de derechos a la luz de la prohibición de
maltrato animal
7.2.1.      Habiéndose establecido que la prohibición de maltrato
animal constituye un estándar constitucional, corresponde determinar, de
acuerdo con las acusaciones de la demanda de inconstitucionalidad, si del mismo
se deriva una prohibición para el legislador de categorizarlos como bienes
muebles o inmuebles, como efectivamente se hace en los artículos 655 y 658 del
Código Civil.
7.2.2. Este interrogante, aunque reciente, ya ha sido abordado en el escenario
judicial. El Consejo de Estado, por ejemplo, con ocasión de una demanda de
responsabilidad patrimonial del Estado interpuesta contra el municipio de
Anserma por la muerte provocada por un novillo a una trabajador de un matadero,
concluyó que la hipótesis fáctica planteada no podía ser operada a partir de la
figura de la “responsabilidad por el hecho de las cosas” contemplada en la
legislación civil, ya que, propiamente hablando, los animales no podían ser
considerados como cosas u objetos, sino como seres sintientes y sujetos de
derechos. Luego de incorporar a su análisis los debates contemporáneos sobre el
status de los animales, dicho tribunal concluyó que los animales, al igual que
la naturaleza considera en su conjunto, o incluso las futuras generaciones,
constituyen fines en sí mismos, están dotados de dignidad, y no son meros
objetos o instrumentos al servicio del hombre.[62]
7.2.3. La Corte estima que, en principio, el mandato constitucional de
bienestar animal no envuelve una prohibición abstracta o general para el
legislador de colocar a los animales dentro de la categoría de los bienes, sino
únicamente en la medida en que dicha calificación, en el caso concreto y
específico, promueva o alimente el fenómeno del maltrato animal.
La razón de ello es que el deber
constitucional de protección animal está vinculado con la obligación de
garantizar que en las relaciones entre seres humanos y animales se preserve el
bienestar de estos últimos, bienestar que, a su turno, no guarda una relación
directa ni con los signos lingüísticos mediante los cuales estos son
designados, ni con las categorizaciones que se haga de ellos en el ordenamiento
jurídico, sino con los postulados básicos del bienestar animal, postulados a
luz de los cuales estos deben, al menos: (i) no ser sometidos a sed, hambre y
malnutrición, lo cual se garantiza a través de un acceso permanente a agua de
bebida así como a una dieta adecuada a sus necesidades; (ii) no ser mantenidos
en condiciones de incomodidad, en términos de espacio físico, temperatura
ambiental, nivel de oxigenación del aire, entre otros; (iii) ser atendidos
frente al dolor, enfermedad y las lesiones; (iv) no ser sometidos a condiciones
que les genere miedo o estrés; (v) tener la posibilidad de manifestar el comportamiento
natural propio de su especie.[63]
Así las cosas, la materialización de la prohibición de
maltrato animal se produce, no por vía de su calificación abstracta como seres
sintientes ni como sujetos de derechos, sino con la identificación de las
modalidades y de los escenarios en los que se infringe sufrimiento a los
animales individualmente considerados, y con la adopción de medidas idóneas y
eficaces para la erradicación de estas modalidades y escenarios en los que se
produce el sufrimiento animal. Así las cosas, el deber constitucional del
legislador consiste en individualización y caracterización de las distintas
formas y modalidades de maltrato que se producen en la interacción entre los
seres humanos y los animales, en evaluarlas de cara al conjunto de principios y
valores constitucionales, y en adoptar las medidas que sean consistentes con
este entramado de mandatos, bien sea para regularizar y estandarizar estas
prácticas, o bien sea para prohibirlas inmediata o progresivamente. Nada de
ello tiene que ver con una calificación o una categorización general de los
animales, cuestión por lo demás bastante más sencilla que la de enfrentar un
fenómeno altamente complejo como el maltrato animal.
En este orden de ideas, la calificación legal de los
animales como bienes muebles o como bienes inmuebles no constituye una
modalidad autónoma de maltrato, porque no pone en peligro ningún de los
postulados del bienestar animal, ni tampoco guarda relación con los escenarios
habituales de maltrato. Resulta evidente que la categorización legal de los
animales, en sí misma considerada, no los expone a condiciones de sed, hambre o
malnutrición, ni a la incomodidad en razón del espacio físico, de la temperatura
ambiental o del nivel de oxigenación, ni al dolor, a la enfermedad o a lesiones
físicas, ni al miedo, a la angustia o a la ansiedad.
Por esta misma razón, su categorización como seres
sintientes o como sujetos de derechos no constituye una condición necesaria o
suficiente para la satisfacción del deber de protección animal ni para la
erradicación de los escenarios de maltrato animal, y la recalificación legal de
los animales como seres sintientes tampoco tiene por sí sola la potencialidad
de acabar con las fuentes del maltrato animal.
Por el contrario, la intervención legislativa en estos
escenarios a la luz de los estándares de bienestar animal reviste un alto nivel
de complejidad, porque implica mucho más que una recalificación legal
abstracta, y exige intervenir variables de orden cultural, patrones
alimentarios de vieja data, y reconfigurar modelos de producción no susceptibles
de ser alterados unilateral y automáticamente. Es decir, la intervención
legislativa en los ámbitos en los que se produce el maltrato animal, como la producción
de materias primas (carne, lácteos y pieles), la investigación y
experimentación con fines científicos e industriales, la utilización de
animales como fuerza de trabajo o espectáculos públicos, y la tenencia de
animales domésticos y salvajes, requiere de instrumentos y herramientas
altamente sofisticadas, que rebasan por mucho la sola recalificación legal de
los animales.
7.2.4. De hecho, en aquellos casos en los que este tribunal se ha pronunciado sobre
la prohibición de maltrato animal, ha concluido que la materialización de este
principio no se obtiene por vía de la variación de su status legal, considerado
en abstracto, sino por vía de la adopción de medidas concretas y específicas
que regularicen la actividad humana en su interacción con los animales, como la
adopción de protocolos para el ejercicio de actividades que provocan
sufrimiento animal, o su prohibición inmediata o progresiva.
Tal como se expresó anteriormente, este
tribunal ha abordado desde distintas perspectivas las problemáticas inherentes
al uso de animales en los espectáculos taurinos[64] y circenses[65], a la tenencia de animales silvestres por
particulares[66], y a la uso de vehículos de tracción animal,
reconociendo que, en muchas ocasiones, estos constituyen una muy importante
fuente de maltrato, como la humanización de animales silvestres que son
extraídos de su entorno natural y privados de la relación con sus congéneres,
del hacinamiento, de la imposición de castigos que son empleados como refuerzos
negativos para inducir comportamientos antinaturales en los animales, o la
producción heridas físicas graves.
Al abordar todas estas problemáticas se ha
encontrado que la soluciones efectivas a la luz de la proscripción del maltrato
animal no se refieren a la variación de su status legal, considerado en
abstracto, sino a medidas concretas como la imposición de condiciones para el
ejercicio de actividades que provocan sufrimiento animal, la adopción de
protocolos, o incluso, la prohibición inmediata o progresiva.
7.2.5.  Así las cosas, la Corte concluye que el deber constitucional de
protección animal no envuelve una prohibición abstracta de asignar a los
animales el status de bienes muebles o inmuebles, ya que esta calificación, por
sí sola, no se encuentra vinculada ni constituye una condición necesaria o
suficiente de los estándares de bienestar animal.
Así las cosas, solo si en el caso
particular la calificación legal envuelve una habilitación, tácita o expresa,
para maltratar a los animales, esto es, para desconocer los estándares del
bienestar animal, la categorización es incompatible con la prohibición
constitucional de maltrato. La evaluación de medidas semejantes, por tanto, no
pueden realizarse en abstracto, sino determinando en concreto, es decir,
respecto de la medida legislativa específica, los efectos de la definición
legal.
8.       Análisis de los cargos. La calificación legal de los
animales como bienes muebles o inmuebles en la legislación civil, a la luz de
la prohibición de maltrato animal
8.1.    Teniendo en cuenta el análisis precedente, pasa la
Corte a evaluar la constitucionalidad de los artículos 655 y 658 del Código
Civil, determinando si la asignación a los animales del status de bienes
muebles o de bienes inmuebles por destinación, infringe la prohibición
constitucional de maltrato animal.
El accionante y algunos de los
intervinientes consideran que, en la medida en que los artículos 655 y 658 del
Código Civil asimilan los animales a los objetos inanimados, el legislador
transmite el mensaje, hoy en día inconcebible, de que los animales son cosas,
objetos o instrumentos que pueden ser utilizados al servicio del hombre,
incluso maltratados, y que además, los somete a un régimen jurídico que los
expone a este fenómeno.
Por el contrario, los intervinientes que
defendieron la constitucionalidad de la medida legislación argumentan que la
definición del Código Civil no confiere a las personas una habilitación para
maltratar a los animales, sino que únicamente les otorga a estos últimos el
status de bienes con el propósito de regular las relaciones civiles sobre
estos, cuestión esta que, a su turno, es totalmente ajena al fenómeno del
maltrato animal. Adicionalmente, con las previsiones de la Ley 1774 de 2016,
incorporadas directamente a la normativa demandada, en el sentido de que los
animales son seres sintientes, queda definitivamente despejada cualquier duda sobre
la presunta facultad conferida a las personas para tratarlos como cualquier
otro objeto, y para infringirles sufrimiento.
Teniendo en cuenta, por un lado, que las
acusaciones de la demanda de inconstitucionalidad versan tanto sobre los efectos
jurídicos materiales como sobre los efectos simbólicos de la
definición legal, y por otro, que prima facie la proscripción del
maltrato animal no envuelve una prohibición para el legislador de considerar
los animales como bienes, sino únicamente en la medida en que dicha
calificación, evaluada en concreto, se traduzca en una afectación de los
estándares del bienestar animal, la Corte debe responder dos interrogantes: (i)
por un lado, si la sujeción de los animales al régimen de los bienes
contemplado la legislación civil implica, directa o indirectamente, una
habilitación para el maltrato animal, o si permite que la relación entre los
seres  humanos y los animales se sustraiga de los estándares del bienestar
animal; (ii) y, por otro lado, si la asimilación de los animales a los bienes
independientemente de los efectos jurídicos de la preceptiva legal, transmite
el mensaje de que los animales pueden ser tratados como cualquier otro objeto o
instrumento del hombres, incluso si ello genera o provoca sufrimiento animal.
Y a su turno, el análisis de estos
preceptos debe hacerse desde dos perspectivas: (i) por un por un lado, desde la
perspectiva de sus efectos jurídicos materiales, esto es, teniendo en
cuenta las implicaciones y las consecuencias específicas que tiene la
calificación de los animales como bienes muebles o como bienes inmuebles por
destinación en la legislación, determinando si, de manera implícita o
indirecta, la ley faculta o habilita a las personas para maltratar a los
animales, o si permite que la relación entre seres humanos y animales se
sustraiga de los estándares del bienestar animal descritos en el párrafo
anterior; (ii) y por otro lado, desde la perspectiva de los efectos
simbólicos de la definición legal, es decir, estableciendo si la asimilación
de los animales a los bienes, independientemente de los efectos jurídicos de
los preceptos legales, transmite el mensaje de que los animales pueden ser
tratados como cualquier otro objeto o instrumento del hombre.
8.2.      Desde la perspectiva de los efectos jurídicos
materiales, la Sala comparte la aproximación del Instituto Colombiano de
Responsabilidad Civil y del Estado, de la Universidad EAFIT, del ciudadano
Lukas Grande y del Colectivo Ecologista Campo y Centro de Estudios Tierra
Digna, en el sentido de que la sujeción de algunos animales al régimen de los
bienes establecidos en el Código Civil, no configura una modalidad de maltrato
animal.
8.2.1.  En primer lugar, aunque la tesis implícita del accionante es que de
manera indirecta el legislador permite y avala el maltrato animal, por vía de
considerar a los animales como objetos, y de permitir en otras normas del mismo
Código Civil que las personas dispongan libremente de los bienes que tienen
como propietarios, como poseedores o como tenedores, en realidad, las
disposiciones demandadas operan en un ámbito regulativo distinto al que tiene
la proscripción del maltrato animal, por lo cual, las normas atacadas por el
actor no tienen la potencialidad de anular o menoscabar el referido mandato
constitucional.
En efecto, la definición legal que se cuestiona se
proyecta exclusivamente en el escenario civil, escenario que, por su propia
naturaleza, escapa a la definición del trato que deben recibir los animales
como seres sintientes. Así, el Código Civil regula, en relación con los bienes,
el fenómeno de la propiedad, de la posesión y de la tenencia, y fija las reglas
con sujeción a las cuales se despliegan las operaciones que hacen parte del
tráfico jurídico. Este régimen, sin embargo, no tiene consecuencias en relación
con el tipo de trato que deben recibir dichos animales en el ámbito civil, como
tampoco la tiene en relación con los objetos inanimados o con la flora, que
también reciben la calificación de bienes. De hecho, existe una profusa
legislación en diferentes ámbitos que establece una amplia gama de limitaciones
de los propietarios, los poseedores y de los tenedores en relación con bienes
inanimados y con la flora, por razones de orden público o por razones de orden
ambiental, entre muchas otras.
En este orden de ideas, la consecuencia de la
asimilación legal es que, en el ámbito civil, los animales son considerados
como bienes muebles o como bienes inmuebles, según el caso, a efectos de que
sobre los mismos se puedan efectuar las operaciones jurídicas contempladas en
la legislación civil, pero sin que lo anterior implique haber dispuesto o
regularizado el trato que deben tener los animales en su condición de seres
sintientes. Así las cosas, los artículos 655 y 658 del Código Civil deben ser
entendidos e interpretados como normas que tienen un alcance definitorio,
orientado a establecer las condiciones en las cuales los animales pueden ser
objeto de relaciones jurídicas en el ámbito civil, pero sin que lo anterior
tenga implicaciones en relación con los estándares del bienestar animal.
Lo anterior significa que la regulación
civil es ajena a las modalidades y a los escenarios habituales del maltrato
animal. Así, en razón de la asimilación legal que hoy se cuestiona, el
ordenamiento jurídico permite, en relación con algunos animales, su apropiación
y comercialización, pero no establece ningún lineamiento en relación con
cuestiones críticas en las cuales se “juega” el bienestar animal, tales como si
están permitidas o no prácticas como la tauromaquia, la caza deportiva o la
experimentación con animales con fines científicos o industriales, o las
condiciones a las cuales se debe sujetar la industria cárnica, pelera o lechera
para la extracción de la materia prima de los animales.
Aún más, propiamente hablando, los
artículos 655 y 658 del Código Civil constituyen normas de segundo nivel, es
decir, disposiciones que no establecen directamente una prescripción sobre el
comportamiento humano, permitiendo, obligando o prohibiendo determinada
conducta, sino que, por el contrario, son reglas acerca de las reglas que
integran el sistema jurídico. Por esto, las demandadas precisan el uso que el
legislador le da a las expresiones “bienes muebles” y “bienes inmuebles por
destinación”, incluyendo dentro de estas categorías conceptuales a algunos
animales, más no establecen el repertorio de conductas permitidas en relación
con estos últimos. Al no tratarse de normas de comportamiento, mal puede
concluirse que implícita o indirectamente el legislador haya habilitado a las
personas para maltratar a los animales.
En definitiva, la categorización legal y
la proscripción del maltrato animal se encuentran, desde el punto de vista
regulativo, en planos diferentes.
8.2.2.      Pero, además, tal como lo pusieron de presente algunos
de los intervinientes que participaron en este proceso judicial, los animales
fueron reconocidos en el ámbito de la propia legislación civil como seres
sintientes. Es así como el artículo 1 de la Ley 1774 de 2016 determina que los
animales no son cosas sino seres sintientes que deben recibir especial
protección contra el sufrimiento y el dolor, y, en especial el causado directa
o indirectamente por los seres humanos. Por su parte, el artículo 3º de la
misma ley positiviza los estándares del bienestar animal a los que se hizo
referencia en los acápites anteriores, determinando que “en el cuidado de
los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como mínimo (…) que
no sufran hambre ni sed (…) que no sufran injustificadamente malestar físico ni
dolor; (…) que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido;
(…) que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; (…) que puedan
manifestar su comportamiento natural”. Y el artículo 2º añade un parágrafo
al artículo 655 del Código Civil, asignando la condición de seres sintientes a
los animales en el escenario civil.
De allí se deriva que, al lado de la
definición estipulativa sobre el status civil de los animales como bienes
muebles o como bienes inmuebles, definición que no fija ningún parámetro sobre
el trata que deben dar las personas a los animales, se encuentra un reconocimiento
expreso de su valor intrínseco y de su condición de seres sintientes, y una
directriz general sobre la forma en que deben ser considerados y tratados en
este este escenario civil.  Con ello, el efecto jurídico de las previsiones de
la Ley 1774 de 2016, es que en el ámbito civil los animales constituyen una
categoría particular de bienes que cuenta con un régimen especial y
diferenciado, derivado de su condición de seres sintientes, y que existe una
directriz específica sobre el tipo de trato que se debe dar a los animales en
el marco de las relaciones reguladas en la legislación civil.
8.2.3. En este orden de ideas, la Corte concluye que desde la perspectiva de
los efectos jurídicos, las definiciones de los artículos 655 y 658 del Código
Civil no contravienen la prohibición constitucional de maltrato animal, no solo
porque la asimilación legal, al proyectarse exclusivamente en el escenario
civil, es extraña a los estándares de bienestar animal, y ajena a los
escenarios habituales del maltrato animal, sino también porque con la entrada
en vigencia de la Ley 1774 de 2016, el ordenamiento jurídico determinó que en
este ámbito específico las relaciones entre el ser humano y los animales debe
regirse por los imperativos constitucionales asociados al bienestar animal, en
razón de los cuales estos no deben ser sometidos a sed, hambre y malnutrición; a
incomodidad en términos de espacio físico, temperatura ambiental y aireación; a
dolor, enfermedad y lesiones; a condiciones de miedo o estrés, y se les debe
permitir desenvolverse conforme a su comportamiento natural.
8.3.
Por otro lado, desde la perspectiva
de los efectos simbólicos del Derecho, la Corte tampoco encuentra asidero a
los señalamientos del accionante y de los intervinientes que solicitaron la
declaratoria de inexequibilidad de los artículos 655 y 658 del Código Civil,
pues un entendimiento razonable de la disposición legal descarta la tesis de
que la “cosificación” de los animales invita, alienta o fomenta el maltrato
hacia los mismos.
8.3.1.      La razón de ello es que la calificación legal de los
animales como bienes muebles o como bienes inmuebles por destinación no hace
parte de un discurso descriptivo o explicativo que tenga por objeto definir el
status ontológico de los animales, sino que, por el contrario, se trata una
definición meramente estipulativa, operativa y de origen convencional, que apunta
a precisar el alcance que se le otorga a las expresiones “bien mueble” y “bien
inmueble” en el contexto de la legislación civil, a efectos sujetar a ciertos
animales al régimen de los bienes en el escenario del derecho privado.
De este modo, cuando el legislador fijó el
alcance de los vocablos “bienes muebles” y de “bienes inmuebles por
destinación”, incluyendo de esta categoría a los animales, no pretendió hacer
ninguna afirmación sobre la naturaleza intrínseca de estos últimos, ni sostener
o difundir la idea de que desde el punto de vista ontológico, aquellos son
equivalentes a cualquier objeto inanimado, cuestión esta que escapa al Derecho
en general, sino únicamente que para los efectos de la legislación civil, los
animales tendrían, en principio, el mismo trato de los demás bienes.
En este orden de ideas, el mensaje
razonable que transmiten los artículos 655 y 658 del Código Civil no es que los
animales carecen de valor, o que pueden ser considerados y tratados como
cualquier objeto inanimado, sino que, en principio, pueden ser objeto de las
operaciones jurídicas reguladas en la legislación civil para los demás bienes. No
encuentra la Corte que de manera vedada o subrepticia, a través de la
asimilación de los animales a los bienes, el legislador transmita ideas sobre
el status de estos últimos que alimente el maltrato animal.
Lo anterior significa que, desde el punto
de vista el control constitucional, la categorización legal debe ser evaluada,
no en función de su correspondencia con la realidad, esto es, respondiendo al
interrogante metafísico o al interrogante empírico sobre si efectivamente los
animales pueden ser asimilados a los objetos inanimados, sino en función de la
compatibilidad de los efectos jurídicos que se derivan de esta calificación,
con el ordenamiento superior, y en este caso, con la proscripción del maltrato
animal. Es decir, el análisis judicial debe partir de una correcta comprensión
del status lógico de los enunciados legales impugnados que descarta la
sustancialización del debate constitucional, y que conlleva a sustituir la
controversia sobre la naturaleza de los animales, por el interrogante acerca
las consecuencias jurídicas materiales específicas que se derivan de la
asimilación de los animales a los bienes en materia civil, y de la
compatibilidad de tales efectos con la prohibición constitucional de maltrato
animal.
Ya en otras oportunidades la Corte ha
precisado la naturaleza y el status lógico de este tipo de definiciones,
aclarando que no tienen ninguna pretensión ontológica, y que deben ser
interpretadas y evaluadas a partir de los efectos jurídicos que producen en el
ámbito específico en el que se encuentran inscritas. En la sentencia C-669 de
2014[67], por ejemplo, se advirtió que la definición de
“persona” o de “personalidad” contenida en el Código Civil, según la cual “la
existencia legal de toda persona principia al nacer, esto, al separarse
completamente de su madre”, debía ser entendida como una definición de tipo
estipulativo, y que como únicamente tenía por objeto fijar el ámbito temporal
de aplicación de la legislación civil a los seres humanos, no podía ser
empleada como referente para determinar la validez de las normas ajenas a la
legislación civil, como aquellas que tipifican el delito de manipulación
genética o el delito de aborto, y que tampoco podía cuestionarse su validez
basados en consideraciones empíricas o filosóficas sobre la condición de los
seres humanos no nacidos.
En este sentido, la Corte precisó que “la
definición de la legislación civil es de tipo estipulativo, y por tanto, sin
pretensiones ontológicas [y] sin la connotación de corte esencialista (…) en el
escenario del derecho común la introducción de la noción de personalidad no
pretendía dar cuenta de un rasgo inherente a la realidad, sino únicamente fijar
el ámbito temporal de aplicación de la legislación civil; en este contexto, el
legislador optó por acotar temporalmente el reconocimiento de los derechos,
sometiéndolos a la condición resolutoria del nacimiento, en atención a la poca
utilidad que tendría para una criatura que aún no ha nacido, ser titular de
derechos [civiles], como el derecho a celebrar contratos, el derecho a adquirir
bienes, etc., si muere antes de nacer. Los artículos del Código Civil no
pretendían, entonces, encontrar o dar cuenta de la esencia de la personalidad,
ni dar una definición universalmente válida o intrínsecamente correcta, sino
únicamente delimitar el ámbito de aplicación del correspondiente régimen
normativo (…) la demandante y los intervinientes, en cambio, trasladaron las
categorías de la legislación civil a un escenario sustancialmente distinto, con
el propósito de responder a un interrogante de naturaleza diferente,
relacionado con el status del ser humano no nacido (…) otra dificultad se
refiere a que la noción de personalidad ha tenido una protección más allá de
sus propios términos. Pese a que ésta se estableció en el marco de la
legislación común con el objeto de acotar temporalmente la aplicación del régimen
allí establecido, actualmente, como se considera que se trata de una definición
sustantiva que da cuenta de una realidad, la definición se ha extrapolado y
trasladado a otros campos, especialmente al ámbito del derecho constitucional.
Ya no es que para efectos de la aplicación del régimen común se haya estipulado
un concepto que permite diferir el reconocimiento de los derechos [civiles] al
nacimiento, sino que, a la inversa, el alcance de los derechos fundamentales se
fija en función de las determinaciones del Código Civil, establecidas en un
escenario y en un contexto distinto al de los derechos fundamentales”. De
este modo, para este tribunal las definiciones legales pueden ser evaluadas en
el escenario del control constitucional en la medida en que de las mismas se
derive un efecto jurídico específico que pueda ser objeto de confrontación con
las prescripciones del ordenamiento superior.
8.3.2. No desconoce este tribunal que, en general, a las definiciones legales subyace
normalmente alguna concepción ideológica y conceptual, y que en la hipótesis
planteada la asimilación de los animales a los bienes podría tener como sustrato
una serie de imaginarios en relación con el status de los animales, sobre el
tipo de vínculo deben tener los seres humanos con los aquellos, y sobre el rol
que deben cumplir en la vida natural y en la vida social, y que, incluso, la
legislación civil pudo haberse estructurado al amparo de una concepción
“objetivadora” y “cosificadora” de los animales, y que tal concepción puede ser
funcional a distintas formas de explotación animal.
No obstante, desde la perspectiva del
control constitucional, el punto relevante es que la definición legal, en sí
misma considerada, no apunta a definir el status ontológico de los animales
sino a establecer su régimen jurídico en el ámbito civil, y que al amparo de
tal definición, el ordenamiento legal no justifica, ni promueve ni avala el
maltrato animal. Así las cosas, no corresponde al juez constitucional someter a
escrutinio las bases ideológicas y conceptuales que pretenden adjudicarse a la
legislación civil, ni  tomar partido en debates metafísicos o ideológicos que
son ajenos a la propia normatividad.
8.4.      Finalmente, la Corte destaca la importancia de la
prohibición constitucional de maltrato animal, pero reconoce que, en la medida
que el fenómeno subyacente reviste un muy alto nivel de complejidad, por estar
vinculado a prácticas arraigadas históricamente, a imaginarios fuertemente afincados
en las distintas culturas, y a las dinámicas esenciales del propio sistema
productivo, las soluciones deben ser consistentes con la naturaleza de esta
problemática, y por tanto, deben orientarse hacia medidas concretas que intervengan
los elementos estructurales del fenómeno y las bases de las relaciones tradicionales
entre los seres humanos y los animales.
9.       Recapitulación y conclusiones
9.1.
El ciudadano Ricardo María Cañón
Prieto demandó parcialmente los artículos 655 y 658 del Código Civil, los
cuales establecen que los animales, en su calidad de semovientes, son bienes
muebles, y que los animales que se viven en vivares que se adhieren al suelo,
como conejeras, pajareras, estanques, colmenas o similares, se reputan bienes
inmuebles. A juicio del accionante, la asimilación de los animales a los bienes
infringe la prohibición constitucional de maltrato animal, por dos razones:
primero, porque se permite que los animales sean tratados como objetos o cosas,
cuando en realidad son seres sintientes que tienen valor propio, y que incluso
son titulares de una amplia gama de derechos; y segundo, porque transmite una
idea equivocada sobre la naturaleza de los animales, sugiriendo que son meros
instrumentos al servicio del hombre, que pueden ser tratados como tales.
9.2.
Teniendo en cuenta la problemática
planteada por el accionante, así como los insumos que frente a esta
controversia proporcionaron el Ministerio Público y los intervinientes en este
proceso, la Corte abordó los siguientes interrogantes: (i) en primer lugar, si
la controversia esbozada por el accionante era susceptible de ser evaluada en
el escenario del control abstracto de constitucionalidad, teniendo en cuenta
que según algunos de los intervinientes la expedición de la Ley 1774 de 2016
resuelve definitivamente el presunto déficit de la legislación civil al
reconocer la condición de seres sintientes de los animales, y que según el
Ministerio Público el accionante planteó un debate ideológico que no involucra
ningún postulado constitucional; (ii) en segundo lugar, se determinó el alcance
del pronunciamiento judicial, como quiera que el accionante demandó
parcialmente los artículos 655 y 658 del Código Civil, pero la Defensoría del
Pueblo sostuvo que el escrutinio judicial debía extenderse a los otros apartes
del mismo artículo 655 y a los artículos 659 y 687 del mismo cuerpo normativo,
en tanto compartían el mismo contenido y por ende, la misma falencia; (iii) finalmente,
se evaluó la constitucionalidad de los preceptos atacados, esto es, la
consideración de los animales como bienes muebles o como bienes inmuebles por
destinación, a la luz de la prohibición de maltrato animal.
9.3.
Con respecto a la viabilidad del
escrutinio judicial, la Sala concluyó que el juicio de constitucionalidad
propuesto por el accionante era procedente.
Primero, en atención a que ninguna de las
deficiencias atribuidas a la normatividad demandada queda definitivamente
subsanada con la expedición ulterior de normas que reconocen la calidad de
seres sintientes de los animales. Aunque la Ley 1774 de 2016 recalifica a los
animales en los términos señalados, la categorización de los mismos como bienes
muebles o como bienes inmuebles aún subsiste en el ordenamiento jurídico, de
suerte que tantos los presuntos mensajes errados sobre la condición de los
animales, así como la presunta facultad para infringirles sufrimiento y
tratarlos como cualquier otro objeto, se mantendrían en el ordenamiento
jurídico.
Y segundo, en atención a que los reclamos
del demandante, expresados en una terminología que tiene una alta carga emotiva
e ideológica relativa al status de los animales, pueden ser traducidos en
términos constitucionales, y en particular, en función de la prohibición de
maltrato animal, que tiene asidero en el texto de la Carta Política, y que ha
sido reconocida jurisprudencialmente como un estándar constitucional.
9.4.
Con respecto al alcance del
pronunciamiento judicial, la Sala encontró que no era viable la extensión del
juicio de constitucionalidad propuesto por la Defensoría del Pueblo, en la
medida en que los contenidos normativos por esta señalados, difieren de manera
muy sustantiva de los que fueron objeto de los señalamientos en el escrito de
acusación, así: (i) el aparte del artículo 655 del Código Civil únicamente
remite al artículo 658, pero en sí misma no hace una calificación de los
animales como objetos, cosas o como bienes muebles o inmuebles, por lo cual no
le son aplicables las críticas de los apartes normativos demandados; (ii) el
artículo 687 contiene una clasificación general de los animales en bravíos,
domésticos y domesticados, clasificación esta que no fija el status jurídico de
cada uno ellos, que es justamente lo que se cuestiona en el escrito de
acusación.
9.5.
Una vez establecida la viabilidad
y el alcance del escrutinio judicial, la Corte evaluó la calificación de los
animales como bienes muebles o como bienes inmuebles por destinación, en
función de la prohibición de maltrato animal, por transmitir la idea de que los
animales son equivalentes a cualquier otro objeto, o por habilitar a las
personas para infringirles sufrimiento.
Para resolver este interrogante, la Sala
partió de las siguientes premisas de análisis: (i) primero, aunque la demanda
de inconstitucionalidad recae sobre una definición legal y,  en principio, las
definiciones no son per se constitucionales o inconstitucionales porque
carecen de efectos jurídicos propios, sí pueden ser objeto de análisis en este
escenario, desde dos perspectivas: desde la perspectiva de sus efectos
jurídicos materiales derivados, cuando la calificación legal se integra con el
régimen que les es propio, o con una o más consecuencias jurídicas específicas;
y desde la perspectiva de sus efectos simbólicos, para determinar si el
legislador, a través de los textos legales, implícitamente transmite mensajes
cuya emisión se encuentra vedada en razón de algún principio, valor o derecho
constitucional; (ii) segundo, pese a que la proscripción de maltrato animal no
se encuentra positivizada expresamente en el texto de la Constitución de 1991,
sí tiene un status constitucional por derivarse directamente de otros mandatos
constitucionales, relativos tanto al deber de protección del medio ambiente,
como a la dignidad humana que reclama el reconocimiento y el respeto por las
otras formas de vida sintiente; (iii) tercero, la prohibición de maltrato
animal apunta a que en el trato entre los seres humanos y los animales se
preserven los consensos que se han alcanzado en torno al bienestar animal y que
aluden a que no se vean sometidos a ser, hambre y malnutrición; a incomodidad;
a dolor, enfermedad o lesiones; a condiciones que les produzca miedo o estrés,
y a la posibilidad de desenvolverse conforme al comportamiento natural propio
de su especie; (iv) finalmente la calificación de los animales como bienes
muebles o inmuebles no es per se una forma de maltrato, ya que esta, en
sí misma considerada, no afecta o cercena ninguna de las libertades que
integran el bienestar animal; por ello, el análisis sobre la vulneración de
este mandato no puede hacerse en abstracto, sino evaluando si en el caso
particular la calificación legal envuelve una habilitación, tácita o expresa,
para maltratar a los animales.
Partiendo del marco anterior, la Corte
descartó las acusaciones de la demanda, y concluyó que la categorización de los
animales como bienes muebles o como bienes inmuebles por destinación, en el
contexto de la legislación civil, no envuelve una transgresión de la
prohibición de maltrato animal.
9.6.     Así las cosas, la Sala concluyó que, ni desde la
perspectiva de los efectos simbólicos, ni desde la perspectiva de los efectos
jurídicos del Derecho, la categorización de los animales como bienes
muebles o como bienes inmuebles por destinación contenida en los artículos 655
y 658 del Código Civil, infringe la prohibición constitucional de maltrato
animal.
Desde la perspectiva de los efectos jurídicos
materiales, los artículos 655 y 658 del Código Civil no constituyen ni un
título ni una habilitación directa o indirecta de maltrato animal. Lo anterior,
en la medida en que la definición legal de los animales como bienes muebles o
inmuebles se proyecta exclusivamente en el escenario civil, escenario en el
cual no se define el trato que los seres humanos deben dar los animales, asunto
que ya estaba regulado en otros cuerpos normativos y que con la entrada en
vigencia de la Ley 1774 de 2016, se reiteró que, en el contexto de las
relaciones civiles, las relaciones entre el hombre y los animales se debe regir
por los imperativos del bienestar animal.
Desde la perspectiva de los efectos simbólicos,
la definición legal, razonablemente entendida e interpretada, tampoco alimenta
o favorece el maltrato animal. La razón de ello es que las definiciones de los
artículos 655 y 658 del Código Civil no son enunciados descriptivos que tengan
por objeto responder al interrogante sobre el status ontológico de los
animales, sino únicamente asignar a estos últimos el régimen civil de los
bienes muebles y de los bienes inmuebles, régimen que, a su turno, se refiere a
los títulos y a las operaciones jurídicas que se pueden realizar sobre estos,
más no al tipo de vínculo y relación que debe existir entre los seres humanos y
los animales. Así las cosas, el mensaje que transmite el legislador no es que
los animales sean sustancialmente equivalentes a todos los seres inanimados, y
que por tanto puedan ser asimilados y tratados como una piedra, como un árbol o
como un libro, como sostiene el accionante, sino que, en el ámbito civil, los
animales tienen el mismo régimen jurídico de los bienes en general, y que, por
tanto, pueden ser objeto de los títulos y de las transacciones reguladas en la
legislación civil.
9.7.
Por último, la Corte precisó que
el fenómeno del maltrato animal representa actualmente un gran desafío para la
humanidad, pero enfatizó en que, para enfrentar adecuadamente problemáticas de
alta complejidad como estas, más allá de cambio formales, se requiere obrar
sobre los escenarios reales, concretos y específicos en los que se produce el
maltrato animal.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia y en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución
RESUELVE
DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones “como
los animales (que por eso se llaman semovientes)” contenida en el artículo
655 del Código Civil, y “los animales que se guarden en conejeras,
pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otro vivares, con tal que se
adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de un edificio”,
contenida en el artículo 658 del Código Civil.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidente
(Con salvamento de voto)
GUSTAVOP CUELLO IRIARTE
Conjuez
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
SERGIO MUÑOZ LAVERDE
Conjuez
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICHA MÉNDEZ
Secretaria General
LA SECRETARIA GENRAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR QUE
En cumplimiento a lo ordenado por el Magistrado LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ, en oficio del 13 de junio de 2019 y, atendiendo
que la situación de salud de la doctora MARIA VICTORIA CALLE CORREA, la
imposibilita a firmar la Sentencia C-467/16, en aras de garantizar la
publicidad de la misma se procederá a realizar su notificación.
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los trece
(13) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019)
MARTA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-467/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL CODIGO CIVIL EN RELACION
CON LA CATEGORIZACION DE LOS ANIMALES COMO BIENES MUEBLES O INMUEBLES POR
DESTINACION-Lo procedente era
proferir una decisión inhibitoria (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente D-l
1189. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 655 y 658
(parciales) del Código Civil. Actora: María Cañón Prieto; en calidad de
Personero de Bogotá D.C.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERREO PÉREZ
Comedidamente me permito expresar la
razón de ser de mi discrepancia con la decisión que declaró exequibles, las
expresiones "como los animales que por eso se llaman
semovientes " contenida en el artículo 655 del Código Civil y "los
animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y
cualquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte del
suelo mismo o de un edificio ", contenida en el
artículo 658 del Código Civil.
En mi criterio, es apropiada la propuesta
original que fue debatida en la Sala, de declarar la exequibilidad condicionada
de los artículos 655 y 658 del Código Civil, la cual resaltaba el evidente
avance y la línea jurisprudencial que se ha trazado por la Corte en la materia,
a partir de la sentencia C-666 de 2010, en cuanto que los animales no pueden
ser considerados solamente como objetos, sino como seres sintientes que deben
ser cuidados y protegidos, como seres vivos parte de la naturaleza, de manera
acorde con la preservación y el respeto por nuestro entorno y el principio de
dignidad humana, que proscribe el maltrato de tales seres.
Ahora bien, en este asunto, la
argumentación a la que acudió la actora, adolece de certeza y pertinencia, por
cuanto, no es coherente con lo reglado por el Código Civil, y así lo admitió la
Sala en el aparte en el que señaló que no cabía -hacer un análisis en torno a
la pretensión del actor conforme a la cual los animales son titulares de
derechos y en tal calidad, sujetos de protección constitucional contra toda
forma de maltrato, por cuanto las normas acusadas contienen una regulación de
carácter civil, de alcance definitorio, orientado a establecer las condiciones
en las cuales los animales pueden ser objeto de relaciones jurídicas, pero no
disponen nada en relación con el tratamiento que deban recibir ni con las
obligaciones que, de otras normas, tanto constitucionales como legales, se
derivan para todas las personas en relación con la proscripción del maltrato animal.
Y es que la expedición de la Ley 1774 de
2016, claramente impone una perspectiva conceptual distinta de las normas
demandadas, en la medida en que calificó a los animales como seres sintientes,
lo que modificó en mi criterio, no solo el artículo 655 del Código Civil -que
lo hizo de manera expresa- sino también el artículo 658 demandado.
Observó, que aunque la demanda se
presentó el 15 de diciembre de 2015, cuando aún no se había expedido la Ley
1774 de 2016, en esencia los cargos y la pretensión de la actora, coincidían
con lo finalmente fue la categorización que hizo el legislador en la nueva
normatividad de los animales como seres sintientes y en consecuencia, lo
procedente era proferir una decisión inhibitoria.
Fecha ut supra,
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y
ALBERTO ROJAS RIOS
A LA SENTENCIA C-467/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL CODIGO CIVIL EN RELACION
CON LA CATEGORIZACION DE LOS ANIMALES COMO BIENES MUEBLES O INMUEBLES POR
DESTINACION-Procedía el
control del lenguaje (Salvamento de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL CODIGO CIVIL EN RELACION
CON LA CATEGORIZACION DE LOS ANIMALES COMO BIENES MUEBLES O INMUEBLES POR
DESTINACION-La clasificación
de los seres sintientes como cosas es inconstitucional (Salvamento de
voto)
Referencia: expediente D-11189
Actor: Ricardo María Cañón Prieto, en
calidad de Personero de Bogotá D.C.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
655 y 658 (parciales) del Código Civil
Magistrada Ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional salvamos
el voto a la sentencia C-467 de 2016[68],
relativa a la demanda contra los artículos 655 y 658 (parciales) del Código
Civil, contra los enunciados que incorporan a los animales en las categorías de
los bienes muebles y los bienes inmuebles por destinación y, en consecuencia,
como cosas[69].
Hace
unos días miles de personas se conmovieron por un nuevo caso de maltrato animal[70].
En esta oportunidad, en Turquía, un grupo de niños decidió ahogar a un cachorro
en pegante. Las imágenes del perro Pascal, vivo y embalsamado, rápidamente se
difundieron a través de las redes sociales, y la indignación crecía acompañada
de la dificultad para entender la razón de lo ocurrido.
Acusaciones
a los padres de los niños, preguntas sobre la educación, e incluso
cuestionamientos directos a los menores por su extrema crueldad fueron el común
denominador de las reacciones ante lo ocurrido.
Pascal
actualmente se recupera, pero la situación recuerda no ya a un niño, sino a uno
de los grandes pensadores de la historia. René Descartes, conocido por su
trabajo en la física, la mecánica y la filosofía, en sus investigaciones acerca
de la razón humana concluyó que, en la medida en que el alma depende del
pensamiento y los animales carecen de pensamiento, tampoco tienen alma. Se
trata de simples autómatas, cuyas reacciones son explicables por la física,
pero no por la capacidad de sentir.
No
es extraño que Descartes sea uno de los principales blancos del movimiento
animalista, pues desde su punto de vista, no es posible establecer ningún
reproche al maltrato animal (es un sinsentido), ni menos aún una obligaciones
morales de respeto a los animales.
Así
pues, Descartes y los niños que atacaron a Pascal arribaron a actitudes afines
por vías distintas. La repentina crueldad de los niños, basada en una supuesta
ignorancia sobre la naturaleza, coincide con la apuesta definitiva del pensador
por la razón humana (y sólo humana)[71].
En
otras oportunidades he presentado votos particulares (algunas veces
individuales, otras acompañada por otros Magistrados) en asuntos relacionados
con la relación entre seres humanos y animales, o sobre la posibilidad de
reconocer derechos a los animales.
En
la sentencia C-666 de 2010, en el salvamento de voto, se sostuvo que el
maltrato animal que se produce en las corridas de toros es inconstitucional;
pero señalé que su prohibición debe darse de forma progresiva, para evitar una
lesión intensa de los derechos de las personas que, de buena fe y en un
escenario normativo distinto al de la constitución ecológica y los recientes
avances en el reconocimiento de la capacidad de los animales para sentir, decidieron
ganar su sustento en tales actividades.
Posteriormente,
en la sentencia C-889 de 2012, en salvamento de voto a la decisión mayoritaria
según la cual las alcaldías municipales sólo pueden exigir requisitos asociados
a la seguridad y salubridad públicas para el arrendamiento de plazas de toros.
Esa
decisión desconocía el principio de rigor subsidiario del derecho
ambiental (que habilita a las autoridades de los entes territoriales para
adoptar medidas más estrictas que las legales en defensa del ambiente), así
como las subreglas establecidas en esa dirección en la ya citada
sentencia C-666 de 2010. Además, en esa ocasión se hizo mención a diversas
orientaciones filosóficas construidas en torno a la posibilidad de reconocer
derechos a los animales y señalé como particularmente prometedora la
aproximación de Martha Nussbaum, para quien se trata de un problema de justicia
marcado por la indiferencia de los más grandes filósofos y teóricos políticos
occidentales, así como en la teoría contractualista de John Rawls, que Nussbaum
asume como punto de partida para su reflexión[72].
En
ese contexto, la autora formula una vigorosa propuesta para reconocer  derechos
a los animales no humanos, partiendo de (i) las deudas de la dignidad humana en
temas centrales para los derechos humanos, como los derechos de las personas
con discapacidad o la situación de los migrantes; (ii) la posibilidad de cubrir
esas deficiencias con base en una idea de inspiración aristotélica, aunque
según explica la autora, con ciertas variantes: el florecimiento como propósito
de todo ser viviente; (iii) la necesidad de exclusión del sufrimiento de los
seres sintientes, desde un acercamiento de Jeremy Bentham; (iv) la representación
de los intereses de los animales no humanos en la suscripción del contrato; (v)
las capacidades de cada especie, como fundamento de sus derechos, y (vi) la
imaginación humana aplicada a la defensa de estos seres, con quienes
compartimos un entorno, pero a quienes negamos ampliar las fronteras de la
justicia (título de su libro)[73].
Cuando
la Corte dictó la sentencia C-283 de 2014, en la que declaró exequible la
decisión legislativa de prohibir el uso de animales no humanos en circos,
basándose en investigaciones exhaustivas acerca de cómo en estos espacios –y en
otros ámbitos de cautiverio como los zoológicos– los animales sufren
intensamente, ven menguadas sus capacidades y por lo tanto su posibilidad de florecer,
al tiempo que deben adaptar su existencia a espacios incompatibles con sus
intereses vitales (limitados para la recreación, la sexualidad, la locomoción e
incluso para los riesgos y oportunidades que les ofrece su hábitat), presenté
una aclaración de voto en la que, primero, celebré la decisión legislativa de
avanzar en la defensa de los animales y, segundo, propuse por primera vez que
es necesario, en el estado actual del conocimiento científico y del desarrollo
jurídico, reconocer a los animales al menos el derecho a erradicar el
sufrimiento innecesario.
Esta
idea se basa en la Declaración de derechos de los animales, en decisiones
legislativas y de otros órganos de cierre del sistema jurídico colombiano, en
avances del derecho comparado y en la doctrina de la Corte acerca de los
derechos fundamentales[74].
Se sostuvo que puede que persistan muchos aspectos por precisar en una doctrina
de derechos de los animales, pero ello no justifica que la Corte Constitucional
cruce los brazos en lo que ya está claro: la necesidad de erradicar, progresiva
pero decididamente, el sufrimiento de los animales[75].
Consideramos
que actualmente es posible efectuar un balance más amplio, de mediano plazo, en
torno a los problemas relacionados con los animales. Hacia el año 2005, un
conjunto de sentencias marcaron la pauta de la jurisprudencia constitucional.
En criterio de la Corte Constitucional la dignidad, como producto de la razón,
era solamente humana y, en consecuencia, ningún problema de relevancia
constitucional podría surgir en torno a los derechos de los animales. Era, por
decirlo de forma ilustrativa, una Corte cartesiana, en materia animal.
En
el año 2010 la sentencia C-666 de 2010 supone un giro radical, aunque no
definitivo en la jurisprudencia constitucional. Si bien la Corte no reconoció
derechos de los animales, sí señaló la existencia de un deber de protección y
una prohibición de maltrato, basado en la constitución ecológica, la función
social y ecológica de la propiedad y la dignidad humana.
Todos
estos principios tienen una inmensa relevancia constitucional: la dignidad,
como fundamento de los derechos humanos, fue llevada al plano del respeto
animal a partir de un argumento que considero incontrovertible (aunque
insuficiente): aun si los animales no tienen dignidad, la que tiene el ser
humano le  prohíbe actuar irrazonablemente, infligiendo sufrimiento por capricho,
a quienes son seres sintientes; la constitución ecológica es un principio
transversal, reflejado en más de cuarenta artículos de la Carta Política, que
impregna o irradia tanto las normas de derechos humanos, como la actuación y
organización del Estado; y la nueva concepción de la propiedad, como ecológica
y social, es una de las decisiones constituyente que dan forma a nuestro estado
social de derecho.
Si
bien ello no llevó a la consecuencia normativa necesaria, es decir, a la
inexequibilidad inmediata o diferida de las excepciones al maltrato animal, con
fines de diversión humana, debe destacarse que los mandatos de protección y
bienestar animal se fundan en auténticos pilares del orden constitucional
actual.
Sin
embargo, las decisiones posteriores se han mostrado dubitativas e incluso
regresivas en torno a los principios y subreglas sentados en el año 2010. Estos
procesos constitucionales, en los que un problema nuevo lleva a la modificación
del pensamiento jurídico de un Tribunal Constitucional, naturalmente son
difíciles y suponen ese camino pedregoso. Lo que resulta lamentable de ello es
que mientras tanto los animales continúan siendo objeto (no sujetos) de
múltiples actos que afectan su bienestar.
Arribamos,
finalmente, al caso que suscita nuestra opinión.
En
la sentencia C-467 de 2016[76]
la Corte concluyó que resulta válido que el Código Civil incluya a los animales
en el régimen de las cosas, contra toda intuición, contra todo conocimiento
actual sobre los animales (recogido adecuadamente por el legislador en la
exposición de motivos que dio lugar a la prohibición de animales en circos y,
posteriormente, en la sentencia C-284  de 2014[77]),
y de los principios sentados en la sentencia C-666 de 2010[78]
acerca de los animales como seres sintientes, protegidos a través de la
constitución ecológica, y cuya propiedad debe ser ecológica y socialmente
adecuada. Son cosas que el hombre puede mover (bienes muebles), cosas que se
adhieren a un inmueble o frutos de otras cosas.
Para
llegar a esa conclusión, la Corporación señaló, en primer término, que no puede
adelantarse un examen constitucional del lenguaje, pues este es de naturaleza
excepcional y sólo procede frente a eventuales amenazas a la dignidad humana o
la prohibición de discriminación (entre humanos); segundo, que la clasificación
del Código Civil no posee efectos normativos; y, finalmente, que lo único que
se desprende de esa clasificación es un modo de habilitar el comercio y las
actividades de quienes derivan su subsistencia de los animales.
Salvamos
nuestro voto porque esos argumentos se oponen de manera evidente y radical a
los que nutrían el primer proyecto, que no obtuvo la mayoría en la Sala. El
control del lenguaje, aunque excepcional, sí procedía en este caso debido a que
los mandatos de bienestar y protección animal se desprenden de tres principios
centrales de la Carta (la constitución ecológica, las funciones social y
ecológica de la propiedad y la dignidad humana). Consideramos que sin lugar a
dudas la clasificación de los seres sintientes como cosas es inconstitucional
–al menos es compatible con– un trato indigno hacia los seres con quienes
compartimos el entorno; y sostuvimos que esa decisión no desconocía la
propiedad privada, aunque sí obligaba a quien la ejerce, a hacerlo de forma
distinta a como lo hace con las cosas; de una forma que satisfaga los
mencionados mandatos de protección y bienestar animal.
En
nuestro criterio, es evidente que las cosas no sienten y que, en
consecuencia, el abuso sobre una cosa es de una naturaleza muy distinta al
abuso sobre un animal. El primero puede generar un reproche por desperdicio; el
segundo, la indignación, la rabia y la vergüenza que surgen cuando se constata
una violación de un derecho.
Celebramos,
entonces, que el Legislador haya dado el paso de llamarlos seres sintientes,
pues no me cabe duda de que el foro democrático refleja una tendencia social
que no tendrá ya retroceso, aunque lamentablemente se mantengan
vigentes las normas del Código Civil que fueron objeto de juzgamiento en
esta sentencia, posiblemente por errores de técnica legislativa.
Sin
embargo, consideramos también que mientras el Tribunal Constitucional se
comporte cartesianamente ante los animales, será difícil proteger desde
la Constitución a Pascal, y a muchos otros seres sintientes, de conductas
como las de los niños del pegamento.
Fecha
ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-467/16
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL CODIGO CIVIL EN RELACION
CON LA CATEGORIZACION DE LOS ANIMALES COMO BIENES MUEBLES O INMUEBLES POR
DESTINACION-Debió declararse
la inexequibilidad de las normas demandadas (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente D-11189
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 655 y 658 (parciales) del Código
Civil
Asunto:
Ricardo María Cañón, actuando en su calidad de personero de Bogotá D.C.
Magistrado
Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez
¡Son
los animales, estúpido!
Con el acostumbrado respeto que me merecen las
decisiones de esta Corporación, me permito consignar las razones de  mi
salvamento de voto. Pero de manera preliminar considero que lo que debo hacer
es explicar el título del mismo, para que nadie se sienta ofendido.
Se
trata de una inocente variación del slogan que utilizó Bill Clinton en la
campaña presidencial de 1992 -the economy, stupid- y que la cultura
popular ha adaptado de miles de maneras como fórmula para llamar la atención
sobre los temas esenciales en una determinada situación, para que lo esencial
no quede a la deriva. La expresión, ya universal, debo advertir, no tiene
connotaciones peyorativas.
Así que: ¡son los animales, estúpido!, por lo que la
resolución de este caso no podía derivar en proteger al Código Civil y la
tradición jurídica -al parecer sacrosanta- contenida en los manuales de bienes,
ni perderse en disquisiciones lingüísticas ni preocuparse por el comercio de
"semovientes”: ello por encima de los derechos de los animales.
Y una vez entendido que ¡son los animales! la demanda
propuesta se simplifica y centrado el debate en 1o importante, creo que debió
la Corte proceder a considerar que la Carta Política de 1991, en aquellos
artículos que sirvieron de fundamento al demandante en esta ocasión, amparó la
diversidad natural de Colombia y creó el deber de su protección por
parte del Estado -artículo 79 Constitución Política- Y por naturaleza debemos
entender todo el universo que rodea a la especie humana en la totalidad de sus
elementos y con independencia de ella: los animados y los inanimados: las
montañas, los ríos, las plantas, y, claro, la fauna.
Esta última es, según el DRAE, el conjunto de los
animales de un país, región o medio determinado, esto es, sin distingo de su
condición de ser domésticos, domesticados o salvajes. Así, a todos los animales
se extiende el deber que tiene la especie humana de proteger1os y esto implica
-por contera- que cada uno de sus individuos Ll ene el derecho de ser
protegido.
No hay deberes a medias ni derechos por fracciones. La
sentencia C-467 de 2016, en mi sentir, terminó amparando la tesis contraria:
deberes mínimos para la especie humana, derechos inexistentes para los
animales, sin considerar seriamente en su debate que Son seres que tienen sistemas
nerviosos complejos, son capaces de dolor y de vida en sociedad.
Es decir, para restarle importancia al asunto que
resuelve, la providencia vuelve una y otra sobre la idea según la cual las
normas demandadas son una simple cuestión lingüística o un sencillo asunto de
técnica de derecho civil y ­como esto es así- no deben preocuparse el
legislador  ni la Corte de debates ontológicos acerca de los animales -del ser
en general y de sus propiedades trascendentales, según DRAE.
Y es en este último punto en el único en el que
acierta, porque aquí no estamos ante debates filosóficos sobre la trascendencia
del alma de mamíferos, aves, peces, reptiles y batracios; no, nos encontramos
ante un hecho evidente y es la complejidad biológica de la vida animal y que es
un acto de violencia equiparar un caballo o un perro a 'In tubo fe una cañería,
una losa del pavimento, un alambique, una cuba o un  tonel. -Artículo 658
demandado.
O yendo más allá, que el derecho civil actual no
incumple el deber de protección de la naturaleza que se deriva de la
Constitución en favor de los animales cuando les iguala, para efectos legales,
a una silla o a un espejo de tocador e, incluso, a una de esas aspiradoras
nuevas que se operan solas y limpian toda la casa sin “una fuerza externa ",
es decir, al tenor del artículo 655 demandado, "moviéndose ellas a sí
mismas".
Pero el yerro del Pleno va más allá. Pasa en relación
con la “constitución ambiental" y en especial el artículo 79 de la Carta
lo mismo que pasó por años en el Tribunal respecto del alcance del artículo 42
-el referido a la familia. En este último caso, que presente como ejemplo para
ilustrar la idea, la Corte interpretó muchas veces la norma superior desde una
perspectiva eminentemente heteropatriarcal y solo fue luego de un largo proceso
cuando finalmente aplicó una hermenéutica que sé que correspondía con las
realidades sociales. Por ello consideramos hoy en Colombia inconstitucional la
exclusión del matrimonio de parejas del mismo sexo.
Hay que decido con claridad: la sentencia C-467 de
2016 perpetúa una concepción antropocéntrica, según la cual la especie humana
tiene un rol de primacía en relación con el medio ambiente. En ese supuesto el
hombre debe proteger la naturaleza porque tiene un compromiso –algo así como de
hermano mayor- con su entorno y, por supuesto, con la: generaciones venideras.
La noción misma de desarrollo sostenible -que se ha presentado al mundo como la
panacea ambiental-  se enmarca dentro de esta lógica.
Sin embargo el único fin en sí mismo -bajo ese
discurso- es el ser humano. No solo sus necesidades básicas sino también
factores como sus costumbres de consumo y sus tradiciones culturales determinan
hasta dónde va a contaminar el entorno y a explotar a otras especies. Si es
necesario matar un río poniendo hidroeléctricas que alimenten con energía los
televisores en las ciudades, ese fin -bajo unos patrones de razonabilidad, se
dice- justifica el medio.
Son las mismas razones que han hecho perdurar aviesas
prácticas como las corridas de toros, las peleas de gallos y el correbous
catalán, en las cuales aunque existen dolor y daño evidentes del animal,
aquellos se justifican en razón de un servicio a la especie humana, que en esos
casos es de entretenimiento y, supuestamente, de preservación de una tradición
cultural. Es decir, el animal padece y muere públicamente porque un grupo de
homo sapiens quiere reunirse a hacer libraciones como las hacían sus
antepasados hace un puñado de siglos.
Existen otras alternativas constitucionales y lo que
pedía la demanda era que se discutiera ese aspecto. Así como para dar alcance
al artículo 42 de la Constitución se pudieron explorar opciones a la
hermenéutica heteropatriarcal para lograr armonizar y garantizar derechos que
antes se negaban  por inexistentes -el derecho a contraer matrimonio por parte
de parejas del mismo sexo, por ejemplo-, en esta sentencia la Corte no hizo el
más mínimo esfuerzo por siquiera considerar remotamente abandonar las -razones
antropocéntricas para llegar a conclusiones distintas que, en mi parecer,
armonizan plenamente con los principios de la Carta Política de 1991.
¿Puede considerarse que la Constitución tiene una
visión diferente a la antropocéntrica? Es una obra hecha por humanos, pero ello
no implica en estricta causalidad que deba seguírsele leyendo como un tratado
de supremacía de esta especie por encima de las otras.  Es un pacto homo
sapiens para organizar su vida social y su relación con su territorio, que
entre sus fines  puntuales busca un medio ambiente sano, proteger la diversidad
e integridad de este y garantizar la conservación de los recursos naturales
-artículos 79 y 80 Constitución Política-.
La visión antropocéntrica ha perpetuado y sigue
manteniendo lo que Yuval Harari llamó la esclavitud silenciosa, la de los
animales, aquella en la que se les considera que son cosas y bienes. Nuestra
Carta, especialmente en sus artículos 79 y 80, exige otra lectura totalmente
distinta.
Digamos que nuestra especie apareció hace unos
doscientos millones de años. Durante miles de siglos, explica también Harari,
el hombre fue un primate más. Poco a poco, con el pasar del tiempo, desarrolló
su potencial para modificar y -lo que es peor- destruir su entorno. Y luego,
durante miles de años la humanidad creyó que casi todos los lugares, los
animales, las plantas y los fenómenos naturales “tienen consciencia y
sentimientos, y pueden comunicarse directamente con lo humanos". Es decir,
tuvo una concepción ecocéntrica en la que todos los elementos que conforman el
entorno natural están en condición de igualdad con nuestra especie.
Con esto quiero recalcar que la tradición civilista de
la teoría de las personas y los bienes no es una necesidad absoluta, lo que
también equivale a decir que el antropocentismo no es una ley natural. En
palabras de Jefe Seattle de 1as tribus Dwasmich y Suquamech: "Esto
sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra.
Todo va enlazado como la sangre que une a una familia".
Por cierto, esta última cita fue extraída de una sentencia
de la propia Corte. De esta manera quiero señalar que la concepción ecocéntrica
no es ajena a la jurisprudencia del Tribunal. Se deben destacar en este marco
las sentencias T-411 de 1992 -la que recoge 10 dicho por el Jefe Seattle-,
C-585 de 2010, C-632 de 2011, y C-449 de 2015. Queda entonces claro que la
salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza no puede darse por la simple
utilidad material que esta pueda representar para el ser humano, sino porque se
trata de una entidad viviente compuesta por otras múltiples formas de vida que
a su vez son sujetos de derechos.
Considerar que los animales son bienes y cosas
desconoce la Constitución y en nada se remedia la vulneración con la
introducción del vago concepto de "seres sintientes", al que aluden
la ley, la jurisprudencia y la sentencia C-467 de 2016, exclusivamente en su
parte considerativa. Con la decisión tomada por la mayoría, pervive hoy en
nuestro ordenamiento la contradicción según la cual "seres
sintientes" pueden seguir siendo cosas.
Por lo anterior, la Corte debió declarar inexequibles
las normas demandadas.
Fecha un supra
JORGE IVAN PALACIO
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-467/16
DIGNIDAD HUMANA-Concepto tiene directa y principal
relación con el ambiente en que se desarrolla su existencia, y de éste hacen
parte los animales (Aclaración de voto)
DERECHOS DE LOS ANIMALES-Enfoques (Aclaración
de voto)
ANIMALES-Como seres sintientes, resulta
irrazonable que el ser humano no les prodigue un trato decente y no tome en
consideración sus intereses (Aclaración de voto)
DIGNIDAD-Fuente de obligaciones jurídicas
respecto de los animales (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-11189
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra
los artículos 655 y 658 (parciales) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
1. Con el acostumbrado respeto me permito separarme de los
razonamientos de la posición mayoritaria en la sentencia de la referencia. La
Corte decidió lo siguiente:
“Declarar EXEQUIBLES, por los
cargos analizados, las expresiones “como los animales (que por eso se llaman
semovientes)” contenida en el artículo 655 del Código Civil y “los animales que
se guarden en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros
vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de
un edificio”, contenida en el artículo 658 del Código Civil.”
La mayoría estimó que la calificación como “cosas” de los animales
no se opone a su consideración como seres sintientes dignos de protección
contra el maltrato, tal y como está previsto en la regulación civil vigente.
Además, argumentó que no cabía hacer un análisis en torno a la pretensión del
actor conforme a la cual los animales son titulares de derechos y sujetos de
protección constitucional contra toda forma de maltrato, por cuanto las normas
acusadas contienen una regulación de carácter civil, definitoria, orientada a
establecer las condiciones en las cuales los animales pueden ser objeto de
relaciones jurídicas, pero no disponen nada en relación con el tratamiento que
deban recibir ni con las obligaciones que, de otras normas, se derivan para
todas las personas como consecuencia de la proscripción del maltrato animal.
La posición mayoritaria argumentó que no se configuraban los
supuestos que permiten ejercer un control de constitucionalidad sobre el empleo
del lenguaje. De la Constitución se deriva el deber de protección a los
animales en su condición de seres sintientes, y, por consiguiente, la
interdicción de las conductas de maltrato. En ese sentido, las disposiciones
demandadas se desenvuelven en un ámbito distinto, que no afecta tal
consideración. Puntualizó que los preceptos acusados contienen una calificación
de los bienes en muebles e inmuebles, y que en ella se incluye a los animales,
pues sobre ellos es posible constituir derechos reales y realizar operaciones
propias del tráfico jurídico. La denominación de los animales como bienes
jurídicos responde a una necesidad de la vida de relación y no afecta la
regulación contenida en otras disposiciones para desarrollar el deber de protección
a los animales como seres sintientes (Ley 1774 de 2016). Esta calificación
supone un límite derivado de la función ecológica, mediante la cual se prohíben
tratos crueles, la generación injustificada de dolor o su abandono. Por esta
vía se explican todas las medidas administrativas y penales de protección a su
favor, que responden a su capacidad de sentir y a la forma en que debe
expresarse la dignidad humana.
Finalmente, la mayoría  expresó que, si bien es cierto que el
artículo 1° de la Ley 1774 de 2016 señala que “los animales como seres
sintientes no son cosas”, lo hace con la idea de resaltar que son
merecedores de “especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en
especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”, sin que
esto excluya que de ellos pueda predicarse la aplicación del régimen general de
“cosas”, en los términos en que se hace en el artículo 2° de la misma ley, para
efectos de predicar respecto de ellos todo el régimen de los bienes y las
obligaciones.
2. Aunque coincido con la decisión de la
mayoría, mi desacuerdo radica
en el tipo y la suficiencia de la argumentación. Considero que, con base en una perspectiva
sistémica del ordenamiento jurídico, la Corte debió profundizar en los
argumentos con respecto al estatuto de los animales y su relación con la
dignidad humana. En efecto, nuestro ordenamiento no es completamente
antropocéntrico, pero tampoco defiende la idea de que los animales tienen
derechos. En su lugar, ha optado por una postura intermedia de proscripción del
sufrimiento animal a partir de la razón, idea que jurídicamente se traduce en
deberes derivados de la dignidad humana que se resumen en la búsqueda del menor
sufrimiento para los seres sintientes. De acuerdo con ello, todas las normas
que se refieran a los animales necesariamente contienen directrices sobre su
tratamiento y, por ende, deben considerar su conceptualización como entes que
pueden padecer sufrimiento. En suma, la categoría de seres sintientes se
relaciona con todas las disposiciones jurídicas y aporta elementos decisivos
para su interpretación y para establecer su constitucionalidad, lo cual también
opera para analizar la consideración de los animales como “cosas”.
3. A pesar de que la conceptualización filosófica y la jurídica
son distintas, es importante ubicar el debate sobre el estatuto de los animales
en la primera de estas disciplinas. La discusión se plantea, en general, desde
dos extremos, que actualmente son tipos ideales. Uno de ellos derivado del
antropocentrismo ético exclusivo, según el cual los efectos producidos en los
seres no humanos sólo son evaluados en la medida en que repercuten directa o
indirectamente sobre los humanos. En el otro extremo se ubica la perspectiva
que atribuye derechos a los animales de la misma manera que se reconocen
derechos a los seres humanos. Ambas tendencias, no obstante, se entienden
englobadas dentro de lo que se denomina “movimiento animalista”, al compartir
sus líneas generales: la reivindicación de una nueva ética que tenga en cuenta
a todos los seres con capacidad de sentir. Con todo, el sustento de esta
consideración y sus alcances son los elementos que generan desacuerdos entre
los filósofos y perfilan dos extremos: el animalismo no radical y el radical.
Las distintas posturas derivan de una tesis fundamental: no puede
defenderse la idea de negar consideración moral a los animales no humanos, por
lo que nuestro comportamiento hacia los animales está sujeto a escrutinio
moral. En efecto, hacemos parte de la comunidad animal y somos animales
sensibles. Por eso, todos los seres humanos pueden comprender el sufrimiento de
los animales, de hecho, hay evidencias de su desaprobación generalizada[79],
pues la comunidad humana actual no soporta que se les haga sufrir
innecesariamente. Sin embargo, algunos sectores aprueban el uso y
aprovechamiento de los animales bajo ciertas circunstancias[80].
Estas perspectivas, relativamente recientes en la historia, han
llevado a renunciar al antropocentrismo ético exclusivo, que ahora está matizado
por la conciencia ecológica y por una nueva relación con el medio ambiente.
Como consecuencia, el antropocentrismo actual no se corresponde con el
especeísmo, entendido como la discriminación basada en la especie, pues esta no
es una característica moralmente relevante.
Para simplificar de manera extrema, una visión antropocéntrica
exclusiva kantiana afirmaría que irrespetamos
a la humanidad cuando tratamos a cualquier ser vivo de formas inhumanas, no
importa la especie, por eso, desde esa perspectiva, el maltrato animal sería
relevante por ofender a los humanos. Pero el movimiento animalista, en el que
se encuentra el utilitarismo contemporáneo de Peter Singer, considera que no hay una forma moralmente justificable de excluir de
consideraciones morales a los no humanos que claramente pueden sufrir. Por su
parte, la perspectiva radical de los derechos de los animales rechaza la
necesidad de distinguir entre los derechos humanos y los derechos de los
animales, dicho razonamiento se fundamenta en que se trata de una “comunidad de
iguales” (Regan)[81]. Por su parte, la filosofía
feminista cuestiona el individualismo como argumento central del estatus moral
de los animales, en efecto, más que identificar las propiedades intrínsecas o
innatas que los animales no humanos comparten con los humanos, algunas
feministas han alegado que debemos entender el estatus moral en términos
relacionales, dado que el reconocimiento moral es una práctica social
invariable[82].
4. Estos debates han tenido un impacto en la dimensión jurídica,
que debe considerar, y de hecho considera, aspectos morales, políticos[83]
e incluso científicos. Desde una mirada general, se mantienen las dos
tendencias actuales del movimiento animalista: de un lado, la de los defensores
de los animales en el sentido débil, que se ubica en el ámbito anglosajón y que
está protagonizada por los partidarios del “bienestar animal”, que proponen
diferenciar el marco protector a los animales en función de sus usos esenciales
(investigación biomédica) y no esenciales (espectáculos o producción
industrial), de forma que sólo deberían estar permitidas las prácticas con
animales que ofrezcan un indiscutido y amplio beneficio a la sociedad. Por otro
lado, la postura más radical, que rechaza la necesidad de distinguir entre los
derechos humanos y los derechos de los animales, por tratarse de individuos que
pertenecen a la misma “comunidad de iguales”.
Como puede observarse, cualquiera que sea la perspectiva, un punto
común es la existencia de obligaciones morales con los animales, de ellas han
derivado deberes y obligaciones jurídicos. Un ejemplo claro proviene de la
nueva sensibilidad hacia estos seres que comporta deberes y obligaciones
bioéticas que se han traducido en documentos legales[84].
El elemento común a las dos posturas es que los tratos crueles y
el sufrimiento a los animales repugnan a la racionalidad humana, por lo tanto,
se impone evitar el daño y el sufrimiento gratuito o innecesario de los
animales, además, para el derecho, es evidente que es del interés de la
sociedad evitar el sufrimiento animal.
5. La importancia de la inclusión de preceptos que censuren el
sufrimiento evitable de los animales puede entenderse mejor a partir de la idea
de ecosistema moral[85],
según la cual cualquier elemento nuevo que se introduzca puede modificar
directa o indirectamente el conjunto moral. Por eso es importante insertar
elementos éticos adecuados en el trato a los animales no sólo por su valor
intrínseco como seres vivos, sino porque puede esperarse que esos aspectos
contribuyan a modificar favorablemente el sistema ético global que orienta
nuestra relación con el medio ambiente.
Considero que los sistemas jurídicos actúan de manera análoga en
relación con el medio ambiente, cada norma es relevante para la comprensión de
la totalidad de las normas relacionadas con los deberes y obligaciones hacia
los animales como parte de un esquema que se fundamenta en lo ambiental. En el
caso particular de Colombia, el ordenamiento jurídico debe leerse a la luz de
los preceptos protectores del ambiente, que se han denominado “constitución
ecológica”. De acuerdo con ello, la introducción de cláusulas que se refieren a
los animales como seres sintientes que merecen ser tratados de tal forma que se
evite su sufrimiento genera cierto estatus jurídico que se traduce en una
esfera de protección para ellos.
En efecto, este reconocimiento implica que los animales resultan
valiosos para las personas en una pluralidad de aspectos que van más allá de su
mera utilización económica. Incluso, podría afirmarse que la sociedad tiene
“derecho” (en el sentido coloquial del término) a exigir a todos y cada uno de
sus miembros que respeten la esfera de tutela que ha decidido otorgarles a los
animales y que se especifica en una limitación de sus posibilidades de empleo[86].
La aceptación de esta tesis no descalifica el uso de ciertas palabras o
expresiones para referirse a los animales, lo fundamental es el alcance del
estatuto de protección. En efecto, el objetivo no es tratar al animal como a
cualquier materia prima, sino como ser sintiente. Bajo este razonamiento, ser
denominados “cosas” no los hace tratables como objetos inanimados y sin
sensaciones.
Como puede observarse, todos estos argumentos remiten a la idea de
un trato humano, acorde con la dignidad de las personas. No obstante, que esta
categoría implique valores éticos y sociales no vacía de contenido las decisiones
legislativas o judiciales, por el contrario, pretende dotarlas de sentido. En
efecto, la idea del buen trato como trato humano depende de identificar algunos
indicios objetivos del consenso social para reducir la preocupación legítima de
que esas nociones sean puramente subjetivas.[87]
De acuerdo con lo dicho previamente, todas las normas que se
refieran a los animales necesariamente contienen prohibiciones, permisiones u
obligaciones sobre su tratamiento y, por ende, deben considerar su
conceptualización como seres sintientes. Bajo esas circunstancias, esta
expresión se relaciona con todas las disposiciones jurídicas y aporta elementos
decisivos para su interpretación y para establecer su constitucionalidad, lo
cual también opera para analizar la consideración de los animales como “cosas”.
6. Con base en las razones previamente expuestas,
considero que la argumentación de la mayoría resulta contradictoria cuando
afirma que los animales pueden ser llamados “cosas”, sin analizar el impacto
que puede tener esa denominación en los deberes que tenemos los humanos frente
a los animales como seres sintientes. De hecho, la posición mayoritaria
invierte una parte importante de su argumentación en distinguir los atributos
de “cosa” y “seres sintientes”, predicables de los animales, para separarlos de
manera tajante y total. Uno de los fundamentos centrales para lograr ese
objetivo, es que las normas que los incluyen pertenecen a distintas ramas del
Derecho con finalidades igualmente diversas. De esa manera, la mayoría concluyó
que no cabía hacer un
análisis en torno a la pretensión del actor conforme a la cual los animales son
titulares de derechos y sujetos de protección constitucional.
Desde mi punto de vista, aunque la pretensión del actor sí era muy
amplia, era necesario e importante pronunciarse sobre la protección
constitucional de los animales y su relación con la dignidad humana. No sólo
por la fundamentación teórica descrita previamente, sino porque el argumento
según el cual las normas civiles y, en particular la expresión “cosas” no
disponen nada en relación con el tratamiento a los animales, desconoce el
carácter sistemático del ordenamiento y el alcance actual de los deberes hacia
los animales. En efecto, estos se deben desplegar en los más diversos contextos
y situaciones, por lo que es lógico pensar que en las relaciones civiles
también pueden generarse condiciones en las que exista el deber de tratar a los
animales como seres sintientes.
Aunque los contenidos demandados, a primera vista, no parezcan
tener relación con el trato a los animales, desde una perspectiva sistémica que
tome en consideración la dignidad humana como fundamento interpretativo, todas
las normas que se refieran a ellos tienen algo que ver con su tratamiento como
seres sintientes, en especial porque se trata de una disposición que usa la
misma palabra que proscribe otro precepto protector en el mismo cuerpo
normativo. En efecto, el artículo 1° de la Ley 1774 afirma que los animales no
son cosas, pero en el artículo siguiente, que corresponde a la reforma
parcialmente acusada en esta oportunidad, los ubica como muebles, que son parte
de las cosas, para efectos civiles. Por lo tanto, sí era necesario desarrollar
una argumentación que mostrara la comprensión sistemática del ordenamiento. No
puede pensarse que simplemente se trata de normas que atienden a materias
distintas -lo cual es dudoso por la sola pertenencia al mismo cuerpo normativo-
y por eso, desde el punto de vista constitucional es legítimo que una pueda
contener la expresión “cosas” y la otra la considere impropia para referirse o
tratar a los animales.
El argumento que separa las ramas del derecho como si las
distintas normas que pertenecen a cada una de ellas no fueran parte del mismo
sistema jurídico me parece inadecuado, además, todo razonamiento en estos temas
debe considerar la manera en la que la dignidad humana prevista en la
Constitución, y el carácter ecológico de la misma, se proyectan sobre todas las
demás disposiciones del ordenamiento.
7. La argumentación mayoritaria afirma que otras normas del
sistema jurídico establecen un deber de protección a los animales en su
condición de seres sintientes, y, por consiguiente, la interdicción de las
conductas de maltrato. Sin embargo, las disposiciones demandadas se desenvuelven
en un ámbito distinto, que no afecta tal consideración. Esta idea desconoce la
realidad de las relaciones de tráfico jurídico y su impacto sobre los animales,
pues que un animal pueda ser objeto de relaciones jurídicas puede impactar su
condición de ser sintiente, especialmente porque muchos de esos vínculos
involucran su tenencia y traslado, situaciones en las que es indiscutible que
puede sufrir.
El argumento que defiendo acerca de la necesidad de involucrar el
análisis sobre la dignidad humana y el estatuto animal en la motivación de la
Corte encuentra un soporte adicional si se considera que el mismo artículo 655
del Código Civil parcialmente acusado, en su parágrafo, reconoce a los animales
como seres sintientes, con lo que claramente el Legislador pretendió insistir
en los deberes que acarrea cualquier relación con los animales, incluso el
ejercicio de derechos reales sobre ellos. Es evidente que resulta inaceptable
pensar que existen normas que se refieren a los animales pero que no tienen
nada que ver con los deberes correlativos a su tenencia y manejo, como lo
afirma la mayoría.
De acuerdo con ello separar en compartimentos estancos las ramas
del derecho, a fin de entender las normas que las integran como elementos
desligados entre sí, no contribuye a entender la perspectiva del derecho como
sistema y además ignora que las cláusulas constitucionales se proyectan en todo
el ordenamiento jurídico. Para este caso en particular es fundamental
considerar la dignidad humana y su rol en la definición de los animales como
seres sintientes, por lo tanto, todo comportamiento humano frente al animal
debe ser ponderado moralmente y, gracias a la categoría jurídica de seres
sintientes, también debe ser evaluado jurídicamente por medio de la imposición de
obligaciones o prohibiciones, para dejar todas las demás conductas en el marco
de la permisión, como es propio de un régimen de libertades en un Estado Social
de Derecho.
8. La interpretación que propongo no afectaría la posibilidad de
que sobre los animales se constituyan derechos reales y se realicen operaciones
propias del tráfico jurídico, tesis que defiende la mayoría y con la que estoy
de acuerdo. Con todo, la categoría de seres sintientes no puede ser separada
del resto del ordenamiento, es un elemento indispensable para su comprensión,
especialmente porque el Código Civil, a pesar de las reformas, es una norma
antigua, cuya interpretación debe acoplarse a las nuevas tendencias y a la
propia Constitución. En efecto, la dignidad humana ha permitido dotar de un
estatuto especial a los animales, que no son meros objetos de explotación pues,
aunque sean parte de actos y negocios jurídicos, son seres sintientes que
merecen una consideración específica distinta a la que corresponde a un objeto
inanimado.
9. Por otra parte, una de las tesis mayoritarias es que los
fragmentos acusados no afectan la regulación contenida en otras disposiciones
para desarrollar el deber de protección a los animales como seres sintientes.
Esta afirmación es la conclusión que necesariamente se deriva de la separación
conceptual ya referida y de la cual discrepo. La mayoría alega que
“la materialización de la
prohibición de maltrato animal se produce, no por vía de su calificación
abstracta como seres sintientes ni como sujetos de derechos, sino con la
identificación de las modalidades y de los escenarios en los que se infringe
sufrimiento a los animales individualmente considerados, y con la adopción de
medidas idóneas y eficaces para la erradicación de estas modalidades y escenarios
en los que se produce el sufrimiento animal.”
Además, considera que “[n]ada de ello tiene
que ver con una calificación o una categorización general de los animales,
cuestión por lo demás bastante más sencilla que la de enfrentar un fenómeno altamente
complejo como el maltrato animal.” Estos razonamientos pretenden minimizar
o incluso invisibilizar la importancia de las disposiciones y denominaciones en
un sistema jurídico, desnaturalizar la idea propia de sistema y soslayar la
relación de las normas entre sí y con la realidad. Bajo esos postulados asume
que la calificación de los animales no es relevante, con lo que desconoce todo
el debate filosófico al respecto y el impacto que ha tenido en las discusiones
jurídicas contemporáneas, pues pretende decir que el único contexto de
reconocimiento animal debe ser el de los escenarios de evidente sufrimiento. No
obstante, la denominación de los animales como cosas para hacerlos objeto de
derechos reales, también puede generar sufrimiento, y por eso debe ser
entendida desde su estatuto como seres sintientes. No en vano el mismo artículo
655 los considera así en su parágrafo.
Finalmente, es importante destacar que todas las
normas que se refieran a los animales tienen vínculo con su trato, y con ello, con
la dignidad humana que implica una relación que reconoce el carácter de los
animales como seres que pueden padecer sufrimiento. Aunque una metodología de
interpretación de las normas que asuma el énfasis propio que el ordenamiento
constitucional le ha dado a la dignidad humana como generadora de protección
animal no es una condición suficiente para el logro de los estándares de
bienestar animal, sí es una condición necesaria, que no es menor cuando se
pretende el cambio de ciertas conductas arraigadas en la sociedad.
Por las razones anteriores reitero mi discrepancia con algunos de
los argumentos esgrimidos por la mayoría.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[3]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[4]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[5]
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, Acción Popular, Radicado 25000-23-24-000-000-2011-00227-01. Actor: Ángela
María Maldonado Rodríguez y otros. Demandado: Ministerio del Medio Ambiente,
Fundación Instituto de Inmunología de Colombia y otros. C.P. Enrique Gil
Botero.
[6]
Mediante concepto presentado por Camilo Andrés González y
Viviana González Moreno.
[7]
Mediante concepto presentado por los estudiantes Sandra
Milena Huertas y Luis Armando Martínez Pulido.
[8]
Mediante concepto presentado por Maximiliano Aramburo Calle y
Mateo Posada Arango.
[9]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[10]
Planteamiento del ciudadano Lukas Grande Jiménez.
[11]
A través de los estudiantes Sandra Milena Huertas y Luis
Armando Martínez Pulido.
[12]
Concepto presentado durante el proceso judicial con
posterioridad a la radicación de la demanda.
[13]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[14]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[15]
Se trata de la sentencia de la Sección Tercerea de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del día 23 de mayo de 2012,
exp. 17001-23-31-000-1999-00909-01, C.P. Enrique Gil Botero.
[16]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[17]
Exposición de Motivos a la Ley 1774 de 2016, Gaceta No. 479
del 10 de septiembre de 2014.
[18]
En este sentido, la senadora sostuvo lo siguiente: “Lo que
tendríamos que modificar, y ese es mi llamado, lo que tendríamos que modificar
en ese artículo es la definición del código civil según la cual los animales
son bienes muebles, es quitarles esa categoría y pasarlos a la categoría de
seres sintientes, de hecho, esa sería una nueva modificación al Código Civil,
entonces le pediría al señor presidente que nos pongamos de acuerdo por lo
menos en esas dos proposiciones de mi parte (…)”.
[19]
En este sentido, la Defensoría del Pueblo argumenta que el
efecto jurídico de la cosificación es que los animales quedan desprovistos de
la protección constitucional inherente a los seres sintientes, y que, por el
contrario, quedan sometidos exclusivamente a un régimen jurídico basado en
consideraciones económicas, así como en las nociones de propiedad y de
transabilidad: “los artículos 655 y 658 del Código Civil (…) pone [a los
animales] en un plano de una absoluta cosificación, carente de cualquier protección
por parte del ordenamiento jurídico más allá de un radio económico o de tipo
resarcitorio, en vez de una protección in natura o de tipo axiológico,
como titulares de derecho que son (…) atribuyen a los seres vivos la [condición
jurídica] de cosa o de un bien, cumpliendo un efecto útil en las relaciones
entre particulares para tópicos propios del campo del derecho civil y privado a
partir de controversias del derecho bienes y de los fundamentos de la
responsabilidad contractual y extracontractual (…) en términos demostrativos
(…) podemos destacar que seguir bajo la penumbra conceptual de equiparar a los
animales como simples bienes (…) es lo que hace posible que matar a un animal
indefenso con capacidad de goce y dolor, sea igualado a dañar un teléfono
celular  o una silla, sin que haya una consecuencia jurídica (penal, civil,
administrativa, disciplinaria o policiva) acorde con la ofensa y la gravedad de
la infracción cometida”.
[20]
Sobre la estructura y tipología de normas jurídicas cfr. Jerónimo
Betegón, Marina Gascón, Juan Ramón de Páramo, y Luis Prieto Sanchís, Lecciones
de teoría del Derecho, McGraw Hill, Madrid, 1997.
[21]
Estas definiciones hacen parte hacen parte de lo que la
dogmática denomina “reglas de segundo orden” o “meta-normas” es
decir, reglas sobre las reglas de conducta. Sobre la distinción entre las
normas reguladoras o meta normas, y las normas reguladas o normas-objeto, cfr.
Jerónimo Betegón, Marina Gascón, Juan Ramón de Páramo, y Luis Prieto
Sanchís, Lecciones de teoría del Derecho, McGraw Hill, Madrid, 1997; asimismo
cfr. Gustavo González Solano, “El control constitucional en Costa Rica.
Sobre incoherencias, paradojas e inconstitucionalidades de nuestro control
constitucional”, en Revista de Ciencias Jurídicas, San José de Costa
Rica, No. 101, 2003. Documento disponible en: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/issue/view/1391.
Último acceso: 15 de julio de 2016.
[22]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[23]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[24]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[25]
Según el artículo 2.b. de la Ley 1641 de 2013, habitante de
la calle es la “persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la
calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitorio y, que
ha roto vínculos con su entorno familiar”.
[26]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[27]
Se trata del artículo 33 del Código Civil, según el cual “las
palabras hombre, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se
aplican a individuos de la especie humana, se entenderán que comprenden ambos
sexos, en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la
disposición o el contexto se limitan manifiestamente a uno solo. Por el
contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el
sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, menos que expresamente las extienda
la ley a él”.
[28]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[29]
En particular, declaró la inexequibilidad simple de las
expresiones “los furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en
los mentecatos”, contenida en el artículo 140 del Código Civil, y de “de
imbecilidad o idiotismo”, “locura furiosa”, y “de locos”, previstas
en el artículo 554 del mismo cuerpo normativo.
[30]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[31]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[32]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[33]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[34]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[35]
Sobre las herramientas de la comunidad lingüística para
interpretar la ley y para identificar las denominadas “implicaturas
conversacionales”, cfr. Diego Eduardo López Medina, La letra y el
espíritu de la ley, Universidad de los Andes – Ed. Temis, Bogotá, 2008.
[36]
Sobre las variables extra lingüísticas que se deben tenerse
en cuenta para determinar el uso eufemístico y disfemístico de las palabras, cfr.
Eliecer Crespo Fernández, El eufemismo, el disfemismo y los procesos
mixtos: la manipulación del referente en el lenguaje literario inglés desde
mediados del siglo XIX hasta la actualidad”, Universidad de Alicante, 2005.
Documento disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10297?locale=en. Último acceso: 18 de junio de 2015
[37]
Eliecer Crespo Fernández, El eufemismo, el disfemismo y
los procesos mixtos: la manipulación del referente en el lenguaje literario
inglés desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad”, Universidad de
Alicante, 205, p. 53. Documento disponible en:  http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/10297?locale=en. Último acceso: 18 de junio de 2015; último acceso: 18 de junio de
2015.
[38]
Sobre la clasificación de los actos de habla como actos
representativos, directivos, comisivos, expresivos o declarativos, cfr. John
Searle, Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje, Ed. Planeta
Agostini, Barcelona, 1994. Documento disponible en: http://www.textosenlinea.com.ar/libros/Searle%20-%20Actos%20de%20Habla.pdf. Último acceso: 16 de junio de 2015; sobre el uso descriptivo,
expresivo, directivo y operativo del lenguaje cfr. J. L. Austin, Cómo
hacer cosas con palabras, 1955. Documento disponible en: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/117185/170d785d8cfed13cd022cee1adf3f6e2.pdf?sequence=1. Último acceso: 26 de junio de 2015
[39]
Sobre el lenguaje como convención y sobre las críticas al
esencialismo lingüístico, cfr. Carlos Santiago Nino, Introducción al
análisis del derecho, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, pp. 248-258.
Documento disponible en: http://es.slideshare.net/rubenradaescobar/introduccion-al-analisisdelderechocarlossantiagonino. Último acceso: 23 de junio de 2015.
[40]
Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho,
Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, pp. 250-251. Documento disponible en: http://es.slideshare.net/rubenradaescobar/introduccion-al-analisisdelderechocarlossantiagonino. Último acceso: 23 de junio de 2015.
[41]
Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del Derecho,
Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 251. Documento disponible en: http://es.slideshare.net/rubenradaescobar/introduccion-al-analisisdelderechocarlossantiagonino. Último acceso: 23 de junio de 2015.
[42]
Al respecto cfr. Diego López Medina, El cambio
dogmático-jurídico como respuesta al cambio social: la labor del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional en la reconsideración del estatuto jurídico
de los animales, en Alberto Montaña Plata y Andrés Felipe Garzón (eds.),
“La constitucionalización del Derecho Administrativo – XV Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo”, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2014, pp. 540-563. Documento disponible en: http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/modelos.pdf. Último acceso: 1 de agosto de 2016.
[43]
Al respecto cfr. Diego López Medina, El cambio
dogmático-jurídico como respuesta al cambio social: la labor del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional en la reconsideración del estatuto jurídico
de los animales, en Alberto Montaña Plata y Andrés Felipe Garzón (eds.),
“La constitucionalización del Derecho Administrativo – XV Jornadas
Internacionales de Derecho Administrativo”, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2014, pp. 540-563. Documento disponible en: http://diegolopezmedina.net/wp-content/uploads/2014/03/modelos.pdf. Último acceso: 1 de agosto de 2016. En este sentido, se sostiene
que “en agendas provenientes del ambientalismo y de la biología, hombres y
animales son vistos como elementos de ecosistemas más generales y
comprehensivos. Así, los animales humanos comparten los ecosistemas con
los animales no humanos. Desde esta visión ambientalista, tanto animales
humanos como no humanos son vistos como especies y evaluados conforme al
impacto y consecuencias que la vida colectiva tiene sobre el ecosistema. Aquí
se privilegia el punto de vista del ecosistema en su conjunto y los intereses
de los animales individuales –tanto humanos como no humanos- son juzgados desde
perspectivas utilitaristas y consecuencialistas. Por tanto, los individuos no
tienen derechos porque se privilegia el punto de vista del sistema y no de
ninguno de sus elementos particulares”.
[44]
El artículo 6 de la Ley 84 de 1989 contiene un amplio
catálogo de conductas que se presumen como actos de crueldad, y que incluyen:
“a. Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o
con arma de fuego; b. Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal
obrando por motivo abyecto o fútil; c. Remover, destruir, mutilar o alterar
cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vive, sin que medie razón
técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con
el mismo. d. Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con
procedimientos que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte
inevitable o necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del capítulo quinto
de esta ley. e. Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas
así provocadas un espectáculo público o privado. f. Convertir en espectáculo
público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados
o sin adiestrar. g. Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o
incrementar la agresividad o la pericia de otros animales. h. Utilizar para el
servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos,
deformes o enfermos gravemente o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o
empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro motivo no se
hallen en estado físico adecuado.; i. Usar animales cautivos como blanco de
tiro, con objetos susceptibles de causarles daño o muerte o con armas de
cualquier clase; j. Toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio
suficiente, abrigo, higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado,
doméstico o no, que le cause daño grave o muerte; k. Pelar o desplumar animales
vivos o entregarlos a la alimentación de otros; l. Abandonar substancias
venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a animales diferentes de
aquellos a los cuales específicamente se trata de combatir; m. Recargar de
trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del exceso o esfuerzo
superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento, extenuación
manifiesta o muerte; n. Usar mallas camufladas para la captura de aves y
emplear explosivos o venenos para la de peces. La utilización de mallas camufladas
para la captura de aves será permitida únicamente con fines científicos,
zooprofilácticos o veterinarios y con previa autorización de la entidad
administradora de los recursos naturales; o. Envenenar o intoxicar a un animal,
usando para ello cualquier sustancia venenosa, tóxica de carácter líquido,
sólido o gaseoso, volátil, mineral u orgánico; p. Sepultar vivo a un animal; q.
Confinar uno o más animales en condiciones tales que le produzca la asfixia; r.
Ahogar a un animal; s. Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio
susceptible de causar daño o sufrimiento prácticas de destreza manual con
animales vivos o practicar la vivisección con fines que no sean científicamente
demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas
para ello; t. Estimular o entumecer a un animal con medios químicos, físicos o
quirúrgicos, para fines competitivos, de exhibición o utilización en
espectáculo público o privado y en general aplicarles drogas sin perseguir
fines terapéuticos; u. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de
escenas cinematográficas o audiovisuales destinadas a la exhibición pública o
privada, en las que se cause daño o muerte a un animal con procedimientos
crueles o susceptibles de promover la crueldad contra los mismos; v. Dejar
expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o domesticado en estado
de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse la subsistencia; w.
Realizar experimentos con animales vivos de grado superior en la escala zoológica
al indispensable, según la naturaleza de la experiencia; x. Abandonar a sus
propios medios animales utilizados en experimentos; y. Causar la muerte de
animales grávidos, cuando tal estado sea patente en el animal, salvo que se
trate de industrias legalmente establecidas que se funden en la explotación del
nonato; z. Lastimar o arrollar un animal intencionalmente o matarlo por simple
perversidad.”.
[45]
El artículo 4 de la Ley 84 de 1989 establece que “toda
persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a
cualquier animal. Igualmente debe denunciar todo acto de crueldad cometido por
terceros del que tenga conocimiento”.
[46]
El artículo 5 de la Ley 84 de 1989 establece que “además
de lo dispuesto en el artículo anterior, son también deberes del propietario,
tenedor o poseedor de animal, entre otros: a.  Mantener el animal
en condiciones locativas apropiadas en cuanto a modalidad, luminosidad,
aireación, aseo e higiene; b. Suministrarle bebida, alimento en cantidad y
calidad suficientes, así como medicinas y los cuidados necesarios para asegurar
su salud, bienestar y para evitarle daño, enfermedad o muerte; c. Suministrarle
abrigo apropiado contra la intemperie, cuando la especie de animal y las
condiciones climáticas así lo requieran. PARAGRAFO.- Cuando se trate de
animales domésticos o domesticados, en cautividad o confinamiento las
condiciones descritas en el presente artículo deberán ser especialmente
rigurosas, de manera tal que los riesgos de daño, lesión, enfermedad o muerte
sean mínimos.”.
[47]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[48]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[49]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[50]
En este sentido, en la sentencia C-666 de 2010 se sostuvo que
“Dentro de los deberes
consagrados por la Constitución de 1991 se encuentran los que imponen un trato
deferentes y consecuente con el bienestar animal. Así, el artículo 8º de la
Constitución prevé un deber de protección al establecer que ‘es obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación’.  Dentro de las riquezas naturales se encuentra incluido el recurso
fáunico, que está integrado por los animales (…) el que exista un deber de
protección respecto de los mismos excluye automáticamente una posición de
indiferencia en los relativo a los recursos naturales, entre ellos los animales
(…) las disposiciones que sirven como sustento a las regulaciones protectoras
del recurso fáunico de nuestro país responden al interés de índole
constitucional de conservar los distintos elementos que armónicamente integran
el concepto de ‘ambiente”, velando, de esta forma, por el bienestar y respeto
de cada uno de estos”.
[51]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[52]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[53]
El artículo 1 de la Ley 1638 de 2013 prohíbe “el uso de
animales silvestres ya sean nativos o exóticos de cualquier especie en
espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin importar su denominación, en
todo el territorio nacional”.
[54]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[55]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[56]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57]
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[58]
Sentencia T-095 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[59]
Sentencia T-146 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[60]
Sentencia T-296 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
[61]
Sentencias T-296 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) y C-889 de 2012 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[62]
Sentencia correspondiente al expediente 1700123300019990901,
rad. 22592, 23 de mayo de 2012, sección tercera, subsección C, C.P. Enrique Gil
Botero. En este sentido, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente: “La
responsabilidad derivada del comportamiento de los animales debe ser analizada
como una especie de aquella relativo al hecho de las cosas? (…) los
discapacitados, los animales y otros seres vivos tienen dignidad en sí mismos,
porque al margen de que no manifiesten su voluntad en el denominado contrato
social, sí son sujetos que tienen un propósito vital y finalidad en la
existencia, tanto así que entrar en relación directa y permanente con el ser
humano (…) Entonces, al margen de la discusión teleológica o fundamentalista de
la dignidad humana (idealismo y racionalismo vs cristianismo), así como de su
contenido y alcance de principio basilar en el reconocimiento de la titularidad
de derechos subjetivos, es pertinente reconocer valor propio en los animales y
otros seres vivos, lo cierto es que esta circunstancia no impide ni supone la
negación de esta fundamentación filosófica que permite que la interpretación y
hermenéutica del ordenamiento jurídico se efectúe bajo el reconocimiento de que
son seres vivos dotados de valor propio y, por lo tanto, titulares de algunos
derechos. De modo que una lectura constitucional del Código Civil no puede
arrojar como resultado que la responsabilidad por el hecho de los animales sea
regida bajo los principios, ni las reglas propias de lo referente a las cosas”.
[63]
Los estándares de bienestar animal ya han sido sistematizadas
en distintos instrumentos, entre ellos, en las declaraciones de la Organización
Mundial de Sanidad Animal, y nivel doméstico, en el artículo 5 de la Ley 84 de
1989 y en el artículo 3 de la Ley 1774 de 2016.// El artículo 5 de la
Ley 84 de 1989 establece que “son deberes del propietario, tenedor o
poseedor de un animal, entre otros: a) Mantener el animal en condiciones
locativas apropiadas en cuanto a movilidad, luminosidad, aireación, aseo e higiene;
b) Suministrarle bebida, alimento en cantidad y calidad suficiente, así como
medicinas y los cuidados necesarios para asegurar su salud, bienestar, y para
evitarle daño, enfermedad o muerte; c) Suministrarle abrigo apropiado contra la
intemperie, cuando la especie de animal y las condiciones climáticas así lo
requieran. Parágrafo. Cuando se trata de animales doméstico o domesticados, en
cautividad o confinamiento las condiciones descritas en el presente artículo
deberán ser especialmente rigurosas, de manera que los riesgos de daño, lesión,
enfermedad o muerte sean mínimos”.  Por su parte, el artículo 3 de la Ley
1774 de 2016 establece que “El trato a los animales se basa en
el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la
prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así
como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; b)
Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de
ellos asegurará como mínimo: 1. Que no sufran hambre ni sed, 2. Que no sufran
injustificadamente malestar físico ni dolor; 3. Que no les sean provocadas
enfermedades por negligencia o descuido: 4. Que no sean sometidos a condiciones
de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; c)
Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación
de asistir y de proteger a los animales con acciones diligentes ante
situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y
eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es
su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato
contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los
que se tenga conocimiento.”(subrayado por fuera de texto).
.
[64]
Al respecto cfr. las sentencias T-296 de 2013 (M.P.
Mauricio González Cuervo), C-889 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
C-666 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-761 de 2009 (M.P. Juan
Carlos Henao), C-367 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-1192 de
2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Asimismo, cfr. los autos 183, 060 y 025
de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[65]
Al respecto cfr. la sentencia C-283 de 2014 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio).
[66]
Al respecto cfr. las sentencias T-146 de 2016 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-608 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y
T-760 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[67]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[68]
MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SV. María Victoria Calle Correa, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos.
[69]
Los enunciados mencionados forman parte del Libro II del Código Civil relativo
a los bienes, de su título I, que se refiere a las clases de bienes y,
finalmente, del capítulo primero de ese título, que habla de las cosas
corporales. De ahí que, al incluir a los animales en las categorías de
‘muebles’ e ‘inmuebles por destinación’, también se les incluye dentro de las
‘cosas’.
[70]
Acá considero prudente realizar tres aclaraciones. La primera es que acudo a
esta historia con el fin de construir un argumento basado en la relación entre
seres humanos y animales. Si bien puede tener un contenido emotivo, su
propósito, como se verá es el de identificar diversos modos de pensar esa
relación, que tienen relevancia para las discusiones constitucionales actuales.
La segunda es que aprovecho la historia considerando que ocurrió lejos del
país, así que no se refiere a un caso que pueda ser objeto de conocimiento por
parte de la Corte Constitucional. En cambio, constituye un ejemplo de hechos
que ocurren a diario. Y, finalmente, encuentro llamativo el nombre del animal
(Pascal), pues precisamente se refiere a otro pensador que, como Descartes
compartía puntos de vista incompatibles con el reconocimiento de derechos de
los animales o con la existencia de deberes hacia los animales, lo que da un
aire de paradoja a la historia.
[71]
Sobre la posición de Descartes, entre muchos artículos, puede consultarse Adela
Cortina, Las fronteras de la persona, pgs 52-57 y, especialmente, estas líneas:
“Con la edad moderna surge la postura más extrema en lo que respecta a la
indiferencia con respecto a los animales, que es la posición de Descartes. Si
el teleologismo de cuño aristotélico les había reconocido un alma sensitiva, el
mecanismo cartesiano en pleno siglo XVII los convierte en máquinas incapaces de
sentir y, por lo tanto, de sufrir. El animal es sólo materia extensa, carece de
capacidad de pensar y no es, por tanto, sino una máquina. Una posición
descabellada que ha atraído la enemiga, no sólo de los animalistas, sino de
cuantos gozan de sentido común, como es el caso de Ortega:
‘Los únicos que se han
creído en claro respecto al animal han sido los cartesianos (…) Mas para lograr
esa rigurosa discriminación entre el hombre y la bestia tuvo previamente
Descartes que convencerse de que el animal era un mineral, es decir, una pura
máquina. Cuenta Fontenelle que visitando en su juventud a Malebranche entró en
la habitación una perra preñada que había en la casa. Para que no molestase a
los presentes Malebranche –un dulcísimo sacerdote valetudinario, con la espina
dorsal rizada en tirabuzón– hizo que le expulsaran a palos. El pobre animal se
alejó dando aullidos conmovedores, que Malebranche, cartesiano, escuchó impasible.
‘No importa, decía ¡Es una máquina, es una Máquina!’. No sobra mencionar, por
lealtad con la autora, que su posición es que debe respetarse el valor de los
animales, sin llegar a reconocerles derechos. Taurus, 2009.
[72]
Martha Nussbaum, Las fronteras de la justicia. Paidós, 2007.
[73]
Puede  observarse una descripción más amplia de su punto de vista en el
salvamento de voto que suscribí a la sentencia C-889 de 2012. Deseo señalar,
sin embargo, que si bien la doctrina propuesta por Naussbaum me parece la más
poderosa actualmente, no está exenta de generar dudas importantes, como lo
acepta la propia autora. El ‘litigio’ sobre los derechos de los animales pone
en entredicho algunas de las afirmaciones centrales del discurso de los
derechos humanos basado en una dignidad humana de origen kantiano. De ahí que
las propuestas de los animalistas siempre susciten grandes discusiones
filosóficas. Aunque estas discusiones escapan al alcance de este salvamento, me
parece importante señalar que, según entiendo, estas propuestas no implican
necesariamente una oposición o una descalificación a la dignidad humana de
corte kantiano, sino que constituyen un complemento actualmente necesario.
[74]
La parte central del voto individual que suscribí en esa oportunidad se refiere
precisamente a las razones por las que considero que la jurisprudencia actual
de la Corte exige el reconocimiento de ese derecho. Sin embargo, deseo indicar
que existen muchas razones adicionales a las expuestas; voces que, desde
frentes muy distintos reclaman un avance del sistema jurídico en esa
dirección.  Así, vale tener en consideración las propuestas sobre una ética
del cuidado que complemente a la ética de la autonomía, propuesta
desde algunas autoras feministas, como Carol Gilligan; la insuficiencia de la dignidad
humana para tratar adecuadamente los derechos de las personas con ciertas
discapacidades; los estudios recientes que demuestran que los animales no están
privados de razón (aunque esta no sea igual a la del ser humano) y que
descubren día a día nuevas capacidades en ellos; un derecho constitucional que
viene gestándose en la región andina acerca de los derechos de la madre tierra,
principalmente, desde la expedición de las constituciones de Ecuador y Bolivia;
y las ideas que, desde el movimiento animalista (o desde algunas de sus
vertientes) sostiene que el ser sintiente es un concepto que supera la
idea del dolor, y tiene que ver con la posibilidad de un ser de hallarse
involucrado en algo. Evidentemente, se trata de discusiones apasionantes y ello
explica también la gran diversidad de posiciones que defienden los animalistas.
En lo que tiene que ver con la discusión que ocupó a la Corte deseo señalar que
la razón por la que me refiero a posiciones construidas desde el feminismo,
desde el análisis de la situación de personas con discapacidad, o de
animalistas no significa, como se suele caricaturizar, que considere que estos
grupos se encuentran en la misma situación de hecho. Significa, básicamente,
que los problemas de justicia y de derechos humanos se encuentran siempre que
se identifica la explotación del más débil por el más fuerte. Y en ello sí
existe una coincidencia innegable entre los sujetos mencionados.
[75]
Posteriormente, en el auto 025 de 2015 presenté salvamento de voto a la
decisión adoptada por la Corte en el caso del arrendamiento de la Plaza de
Toros la Santa María, en la que estimo que la decisión mayoritaria se apartó de
aspectos centrales de la C-666 de 2010, al dictar la sentencia T-296 de 2013.
Sin embargo, en la medida en que esa decisión habla de un caso concreto, no
considero necesario resumir la discusión jurisprudencial que se adelantó en esa
ocasión.
[76]
MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. SV. María Victoria Calle Correa, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos.
[77]
MP. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Ernesto Vargas Silva.
[78]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. María Victoria Calle
Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio, AV.
Conjuez Diego López Medina, y Nilson Pinilla Pinilla.
[79]
D.S. FAVRE, “Movement toward and international convention for the protection
of animals”, en D.E. BLACKMAN, Animal welfare and the law, Cambridge
University Press, 1989. Citado por: Brels, S. (2012, May). La protección del bienestar
animal: una preocupación universal que se debe considerar globalmente y
seriamente en Derecho internacional. En Derecho Animal. Forum of Animal
Law Studies (Vol. 3, No. 2, pp. 1-6).
[80]
“Eating animals is wrong not because it is a violation of the animal’s
rights or because on balance such an act creates more suffering than other
acts, but rather because in eating animals or using them in other harmful,
violent ways, we do not display the traits of character that kind, sensitive,
compassionate, mature, and thoughtful members of a moral community should
display.” Gruen, Lori, "The Moral Status of Animals", The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N.
Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/moral-animal/>.
[81]
Sánchez, M. A. (2002). El debate ético actual sobre la relación del hombre con
los animales. JR Lacadena. Los derechos de los animales. Madrid: Editorial
Desclée de Brouwer. SA.
[82]
“Moral considerability is not an intrinsic property of any
creature, nor is it supervenient on only its intrinsic properties, such as its
capacities. It depends, deeply, on the kind of relations they can have with us.”
Anderson, Elizabeth, 2004, “Animal Rights and the Values of Nonhuman Life”,
in Animal Rights: Current Debates and New Directions, Cass R.
Sunstein and Martha C. Nussbaum (eds.). Oxford: Oxford University Press, Chapter
13. Pg 289.
[83]
Nino, C. S. (1994). Derecho, moral y política: una revisión de la
teoría general del derecho. Ariel.
[84]
Con respecto al panorama europeo puede consultarse. Lacadena, J. R. (Ed.) (2002). Los
derechos de los animales. Universidad Pontificia Comillas.
[85]
Sánchez, M. A. (2002). El debate ético actual sobre la relación del hombre con
los animales. JR Lacadena. Los derechos de los animales. Madrid:
Editorial Desclée de Brouwer. SA. Pg 122.
[86]
HAVA GARCÍA, Esther: «La protección del bienestar animal a través del Derecho
Penal», Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXI (2011), pp. 259-304.
[87]
Wenner, Craig, Judicial Review and the Humane Treatment of Animals (November 1,
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