T-119-19
Sentencia T-119/19
RESTITUCION
DE TIERRAS EN EL MARCO DE REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
JUEZ-Atención
de reglas o principios fijados en la ley 1448 de 2011 para el trámite de la
acción de restitución de tierras
ACCION
DE RESTITUCION DE TIERRAS-Alcance
LEY
DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Proceso de
restitución de tierras/PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Etapas
LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Personas que pueden
presentar la acción de restitución de tierras
LEY
DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Etapa de
oposición a la solicitud de restitución
LEY
DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Exige
demostrar la buena fe exenta de culpa para acceder a compensación
JUEZ DE RESTITUCION
DE TIERRAS-Función jurisdiccional
PROCESO
DE RESTITUCION DE TIERRAS-Distinción entre opositores y segundos ocupantes
JUEZ DE RESTITUCION
DE TIERRAS-Protección derechos de los segundos ocupantes,
según los Principios Pinheiro
LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Tipos
de oposiciones
ACUMULACION
DE PROCESOS-No es una figura rogada
Entiende la
Sala, que, la acumulación procesal no es una figura rogada, es decir, que en
principio no requiere de una solicitud en ese sentido, ya que la misma opera
desde el momento en que los funcionarios, conocedores de los trámites, procesos
o demandas a acumular, sean informados sobre la iniciación del procedimiento de
restitución, oportunidad en que los mismos proceden a remitir las diligencias
al juez que conoce de la solicitud de restitución, dentro del término que este
disponga para ello. Es decir, que el término para acceder a la acumulación, es
desde el momento en que se comunica a las autoridades de la admisión de la
solicitud de restitución hasta el término que el juez de restitución disponga
para remitir las diligencias que venían conociendo relativas al mismo predio,
situación que aplicaría para el caso de procesos o actuaciones que se encontraban
ya surtiendo por otras autoridades
JUEZ
DE RESTITUCION DE TIERRAS-Deber
legal de tramitar bajo un mismo proceso todas las solicitudes de restitución,
cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos
OPOSITOR
EN LA LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Definición
Opositores
son aquellas personas que sean víctimas de la violencia, de la pobreza o de los
desastres naturales, o no hacen parte en la etapa judicial del proceso de
restitución de tierras, tras considerar que son i) titulares de derechos
inscritos o legítimos sobre el predio solicitado en restitución o ii) se
consideran afectadas por el eventual resultado de la solicitud, como ocurre con
los que a pesar de que no tuvieron ninguna relación (directa ni indirecta) con
el abandono o despojo, allí tienen su vivienda o de allí extraen su
sustento-segundos ocupantes, así como iii) aquellas que pretenden tachar la
condición de víctima del solicitante. En efecto, según el artículo 88 ibidem,
si alguno de estos sujetos se hace parte en el proceso judicial adquiere la
condición de opositor
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por defecto procedimental absoluto y orgánico por cuanto se omitió fallar de
manera acumulada las solicitudes en proceso de restitución de tierras
Referencia: expediente T-6.658.240
Demandantes: Enedis Isabel Fonseca Pérez y otros
Demandado: Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio
José Lizarazo Ocampo, quien la preside, Gloria Stella Ortiz Delgado y Cristina
Pardo Schlesinger, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
de la sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual
se revocó la providencia dictada el cuatro (04) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cartagena,
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, dentro de la acción de
tutela promovida por Enedis Isabel Fonseca Pérez y otros en contra del Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta.
El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de
Selección Número Tres, por medio de Auto de veintitrés (23) de marzo de dos mil
dieciocho (2018), y repartido a la Sala Quinta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.
Solicitud
Los accionantes,
representados por la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron
acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, por considerar que vulneró sus derechos
fundamentales a la restitución, al debido proceso, a la vivienda y al trabajo,
al proferir la sentencia dentro del proceso de restitución de tierras con
radicado No. 2015-0008, de fecha 23 de julio de 2015.
2.
Hechos
2.1. Los accionantes manifiestan que de
acuerdo con la categorización efectuada por la Unidad Administrativa
Especializada en Restitución de Tierras - Territorial Magdalena, con respecto a
los predios La Gloria o Para Ver y El Alivio, con matrícula inmobiliaria números
222-3450 y 222-6150 respectivamente, ubicados en el corregimiento de la Avianca
(Pivijay – Magdalena), existen tres grupos de víctimas: la familia Sánchez,
vianqueros y fundanences.
2.2. También informan que los diferentes
grupos poblacionales presentaron solicitudes colectivas de restitución de
tierras: la familia Sánchez representados por su apoderada y solicitante Nancy
Sánchez, los vianqueros por la Comisión Colombiana de Juristas, los fundanences
por abogados de la Defensoría del Pueblo, y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena actuó en representación de otros solicitantes.
2.3. Señalan que la demanda instaurada
por la familia Sánchez, fue admitida el 18 de marzo de 2015 por el Juez Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, en
proceso radicado bajo el número 2015-0008, y que tres (3) meses después, esto
es, el 18 de junio del mismo año, la Comisión Colombiana de Juristas presentó
la respectiva acción colectiva de restitución de tierras despojadas, sobre
parcelas ubicadas dentro de los predios de mayor extensión La Gloria o Paraver
y El Alivio, bajo el radicado 2015-0042, y que en la misma, se pidió de manera
expresa que “la solicitud radicada fuera acumulada al proceso 2015-0008 que
ya se encontraba en curso en su Despacho”.
2.4. Afirman que el 3 de septiembre de
2015, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena presentó también
demanda solicitando la restitución de tierras, dentro de los predios
mencionados, con radicado 2015-0071.
2.5. Indican que el 6 de octubre de 2015,
la Comisión Colombiana de Juristas inició nuevo proceso en representación de una
víctima, bajo el radicado 2015-0082, y que de igual forma actuaron: dos
funcionarios de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena bajo los radicados
2015-0090 y 2015-0085, así como la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Territorial Magdalena, en
representación de otra víctima con la misma pretensión, bajo el radicado
2016-0059.
2.6. Aseveran que todas las anteriores
solicitudes de restitución se encuentran agrupadas en dos procesos: i) el
2015-008, correspondiente a la familia Sánchez y ii) el 2015-0042, que
acumuló las demás solicitudes.
2.7. Aseguran que el 23 de julio de
2015, el Juez Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta
profirió sentencia dentro del radicado 2015-0008, en la cual accedió a las
pretensiones de la familia Sánchez, y ordenó la restitución jurídica y material
de los predios La Gloria o Para Ver y El Alivio.
2.8. Afirman que la referida providencia
fue dictada, aun cuando el juzgado tenía conocimiento que existían otros grupos
poblacionales registrados como víctimas de abandono y despojo sobre los
predios, toda vez que así le había sido informado por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena mediante oficio
DTMSI-201500120 de fecha 19 de febrero de 2015 dirigido al proceso 2015-0008.
2.9. Indican que por lo anterior, la
Comisión Colombiana de Juristas presentó en agosto de 2015 solicitud de nulidad
contra la sentencia del 23 de julio 2015; la cual fue negada al considerar que
ambos procesos no se encontraban en igual instancia y por tanto, no podían ser
acumulados. Ello, a pesar que al momento de la solicitud de acumulación
radicada el 18 de junio de 2015, ambos procesos estaban en etapa judicial.
Señalan que nuevamente el 31 de agosto
de 2015, solicitaron la acumulación del proceso 2015-0042 al 2015-0008 así como
la suspensión de los efectos del fallo, y que en respuesta, el 26 de enero de
2016, el accionado resolvió de manera negativa ambas pretensiones.
2.10. Agregan que la Comisión Colombiana
de Juristas en aras de buscar una solución para las víctimas que viven y
trabajan en los predios, gestionó ante la Procuraduría Delegada para Asuntos de
Restitución de Tierras un acercamiento interinstitucional, en el que
participaron además del accionado, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Territorial Magdalena y las
diferentes víctimas. Como producto de dicha actuación, el accionado mediante
auto del 25 de enero de 2016, suspendió por el término de 3 meses la entrega
material del predio, durante el desarrollo del diálogo jurídico.
2.11. Dicen que el 6 de octubre de 2016,
la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena presentó nulidad
en contra de la referida sentencia, al considerar que el juez carecía de
competencia para fallar ambos procesos: “el 2015-0008 porque existe (sic)
unos terceros representados por la Defensoría que deben entenderse como
oposición y en el 2015-0042 porque la familia Sánchez se presentó como
opositora dentro del trámite”[1].
2.12. Aclaran que la Comisión Colombiana
de Juristas no presentó oposición al proceso 2015-0008 de la familia Sánchez,
al considerar que lo pertinente era la acumulación procesal por tratarse de
víctimas sucesivas.
2.13. Señalan que la decisión judicial
del accionado, generó un alto grado de incertidumbre para quienes ocupan y
viven en los predios (vianqueros y algunos segundos ocupantes), toda vez que
ordenó la entrega material del predio, sin ningún tipo de medidas para quienes
allí se encuentran; situación que vulnera su derecho al debido proceso, a la
vivienda y al trabajo.
2.14. Explican que conforme al material
probatorio obrante en el expediente de la acción de restitución de tierras 2015-0042
-del cual extraen apartes pertinentes al escrito de tutela-, los vianqueros
tienen posesión y arraigo familiar, social y económico con el predio desde hace
más de 23 años, toda vez que allí han crecido, han vivido y desarrollado sus
labores agropecuarias. Adicionalmente, hacen un recuento de los antecedentes de
los predios con el fin de brindar mayor claridad, así:
“1. Los predios La Gloria de 566 Hectáreas y El
Alivio de 36 Hectáreas se encuentran ubicados en el corregimiento de la
Avianca, en la jurisdicción del municipio de Pivijay (Magdalena). Los
campesinos que en calidad de poseedores trabajan las parcelas ubicadas al
interior de los bienes, tienen destinados los suelos a ganadería, cría de
animales de granja y en una menor porción al cultivo de pan coger. Así mismo,
es el lugar de residencia de muchos de ellos.
2. La relación de los Vianqueros con las parcelas se
origina, en la mayoría de casos, con la llegada de sus padres y abuelos desde
la década del 70 y 80 quienes habían trabajado dichas tierras en calidad de
tenedores con autorización de sus propietarios.
3. En 1977 y 1983, el señor Daniel Sánchez Martínez adquirió
los predios La Gloria y El Alivio respectivamente, quién continuó con la
tradición de la zona, permitiendo a los campesinos explotar los inmuebles
mediante contratos de aparcería para hacer en ellos cultivos de pan coger con
la única condición de no construir viviendas en el predio.
4. Tras la muerte del señor Daniel Sánchez Martínez
en el año 1989[2],
sus herederos adelantaron el respectivo proceso de sucesión el cual incluía la
adjudicación de los predios La Gloria y El Alivio a su masa sucesoral. No
obstante, dichos herederos no lograron explotar los mencionados predios, ni
hacer presencia en la zona. De acuerdo a la información consignada en las
resoluciones de inclusión, esto se dio debido al contexto generalizado de
violencia y en particular a las amenazas y hostigamientos que recibió la
familia Sánchez por parte del ELN. Mientras tanto, el grupo de los vianqueros
seguía haciendo cultivos de pan coger.
5. Con posterioridad a ello, un grupo de 18
campesinos provenientes de Fundación ingresaron a los predios La Gloria y El
Alivio, y durante la noche construyeron viviendas. Esto, argumentando que el
predio La Gloria se trataba de un baldío y no propiedad del señor Daniel
Sánchez.
6. La anterior situación generó serias tensiones con
el grupo de Vianqueros, quienes se negaron a aceptar la llegada de personas
diferentes a quienes habían labrado la tierra por años. Adicional esto, el
Procurador Agrario de la época insistía en que podía llegarse a negociaciones
con el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (en adelante INCORA)
para buscar la adjudicación de los predios a los diferentes grupos de
campesinos; igualmente, el señor Camilo Sánchez, quien figura como sucesor de
Daniel Sánchez, incentivó a los Vianqueros para que lucharan por la tierra y en
ese sentido, su familia negociara con el INCORA la venta de las fincas y la
respectiva adjudicación a quienes ejercían explotación.
7. Así las cosas, los Vianqueros crearon en 1992 el
Comité Verdal (sic) de Usuarios Campesinos de La Avianca y solicitaron al
gerente regional del INCORA que adelantaran acciones dirigidas a solucionar la
situación de tenencia de la tierra.
8. Fue así como el 19 de octubre de 1993 se llevó a
cabo una visita previa al predio La Gloria por parte del INCORA, en la cual
además de verificar los linderos y la topografía del predio, se estableció el
aprovechamiento económico del mismo y sus ocupantes, encontrando que existía
una explotación por parte de la familia Sánchez de aproximadamente 130 Ha a
través de ganado al partir con pastos naturales en regular estado, una
explotación de campesinos que asistieron a la diligencia de aproximadamente 60
Ha con cultivos de pan coger, y otras 15 Ha de campesinos que no asistieron a
la diligencia pero que también sembraban cultivos de pan coger. Finalmente se
dejó constancia de 280 Ha sin explotación al momento de la visita.
9. De acuerdo a declaraciones de los solicitantes,
la primera etapa de negociación se encaminó a la compra de los predios a sus
propietarios. No obstante, según las voces de los profesionales del extinto
INCORA estos bienes no era propiedad privada y por tanto no podrían comprarlos,
insistiendo a los campesinos que no desocuparan los bienes, pues en algún
momento el Estado se los adjudicaría. A pesar de ello, la entidad inició
trámite de extinción de dominio (por abandono del mismo) y no trámite de
clarificación de la propiedad, como debía suceder en caso de duda sobre la
calidad jurídica del predio.
10. En ese orden de ideas, el INCORA dio inicio a
las diligencias administrativas para establecer la procedencia de “declarar o
no extinguido”, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre el
predio rural denominado La Gloria, mediante Resolución No.512 el 27 de mayo de
1994.
11. De otra parte, tras varias reuniones mediadas
por el Procurador Agrario de Santa Marta, en diciembre de 1994, este adelantó
una conciliación entre los dos grupos campesinos y realizó una división
material de los predios así: a los vianqueros les entregó parcelas de 11.5
hectáreas c/u y a los fundanenses de 8.5 hectáreas c/u aproximadamente. A
partir de allí, los dos grupos de campesinos iniciaron un ejercicio de posesión
sobre una porción de tierra específica al interior de los predios, con la
intención que algún día les fuera adjudicado por parte del Estado.
12. Posteriormente, el 17 de febrero de 1998 el
INCORA realizó nueva diligencia de inspección ocular al predio rural, en la
cual advierte que 45 familias campesinas ocupaban y explotaban parcelas al
interior del predio de la Gloria en extensiones aproximadas de 11,2500 Has y 8
Has.
13. Con la disolución del INCORA los trámites
adelantados fueron perdiendo fuerza y los campesinos no volvieron a tener
noticia de esta entidad, ni del naciente Instituto de Desarrollo Rural –
INCODER. Mientras tanto, los poseedores continuaron ejerciendo la posesión de
los predios, siempre a la espera de la titulación que el Estado prometió
entregar.
14. En el año 2007, trece años después de que los
campesinos habían iniciado posesión, el tramite dio un giro mediante Resolución
2760, en la que se declaró que no había lugar a la extinción de dominio sobre
la totalidad de la Gloria, toda vez que no había sido posible la explotación
del bien por parte de sus propietarios, por la situación de violencia vivida en
el territorio.
15. Debido a la decisión tomada por el INCODER de no
extinguir el dominio sobre el bien, los herederos Sánchez interpusieron una
acción reivindicatoria ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay,
admitida el 2 de abril de 2009, sobre la cual no se informó a los poseedores ni
a la Procuraduría General de la Nación para que se realizara la participación
del Procurador Agrario en las diligencias de conciliación. Situaciones que no
fueron saneadas dentro del proceso. Proceso que se falló de manera favorable a
la familia Sánchez, reconociéndoles el derecho de propiedad sobre los predios
solicitados.
16. En razón a dicha sentencia, se han llevado a
cabo tres intentos de desalojo del bien, incluso a través de la fuerza, los
cuales han sido infructíferos, toda vez que las familias que actualmente viven
y explotan las parcelas consideran que el Estado les falló al prometer una
adjudicación que nunca cumplió.”
3.
Argumentos
y pretensiones
Los accionantes solicitan que se amparen
sus derechos fundamentales a la restitución, al debido proceso, a la vivienda y
al trabajo y, en consecuencia, se declare la nulidad de la sentencia proferida
el 23 de julio de 2015 por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, y se ordene la acumulación del proceso
2015-0042 al 2015-0008, para que se resuelva en la misma sentencia las ordenes
a dar respecto de todos los solicitantes que reclaman los predios La Gloria y El
Alivio.
Señalaron que en
la referida providencia judicial se configuran los siguientes defectos:
i) Procedimental, que surgió del incumplimiento del juez de tramitar
en un solo proceso todas las solicitudes correspondientes a los predios La
Gloria o Para Ver y El Alivio, exigencia establecida en el inciso tercero del
artículo 76 de la Ley 1448 de 2011[3],
y que se traduce en una afectación grave al derecho al debido proceso de 38
solicitantes, al derecho al trabajo de 24 personas que afirman vivir de la
producción de su predio, el derecho a la vivienda de 12 familias, constituidas
por 52 personas (20 niños, 24 adultos y 3 adultos mayores) que al
materializarse la orden de entrega de los predios quedarán sin donde vivir y
trabajar. Adicionalmente, precisaron que la obligación de acumulación recaía en
el accionado en razón a que tuvo conocimiento de la existencia de los
diferentes solicitantes respecto de los predios, el 19 de febrero de 2015 por
informe de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas - Territorial Magdalena y el 18 de junio de 2015 con la
solicitud de acumulación presentada por la Comisión Colombiana de Juristas, y
aun así, obvió proceder conforme al inciso segundo del artículo 95 ibídem[4].
ii) Orgánico, el cual resultó de la inatención del artículo 79 de la
Ley 1448 de 2011[5]
que establece la competencia entre los Jueces Civiles del Circuito y los
Tribunales Superiores - Sala Civil, todos especializados en restitución de
tierras, y que los accionantes expusieron en estos términos: “Así las cosas
se tiene que, en el proceso 2015-0008 no se encontraron oposiciones reconocidas
y por tanto quien falló fue el juez. No obstante en los trámites siguientes si
se evidenciaron terceras personas y opositores que, de haberse cumplido con el
ejercicio de acumulación, serían opositores también del trámite 2015-0008, pues
más allá del radicado al que se presentaron, lo real es que su interés se da
exactamente sobre el mismo predio que se debate en todas las solicitudes. (…) El
anterior panorama indica que el presente caso vincula no solo grupos de
personas víctimas sucesivas, caso en el cual podría ser fallado por el Juez de
Restitución, sino que también vincula a terceros representados por la
Defensoría y a opositores reconocidos dentro del trámite, hecho que varía la
competencia para el fallo del presente caso”.
iii) Error
inducido, al considerar como bien privado El Alivio, con fundamento en un
informe allegado por la Superintendencia de Notariado y Registro que señala “la
tradición del predio surge de una falsa tradición que de manera posterior fue
saneada a través de un proceso reivindicatorio de la propiedad”, sin tener
en cuenta que conforme a la instrucción conjunta número 13 y 251 de 13 de
noviembre de 2014 del Instituto de Desarrollo Rural - INCODER y la
Superintendencia de Notariado y Registro, las providencias judiciales no pueden
considerarse un título originario del Estado. Explicaron que en el caso
concreto, lo que se ha traditado no ha sido el dominio completo sino la
posesión de este, la cual no fue objeto de estudio, si se tiene en cuenta que
la sentencia que pone fin a la acción reivindicatoria, advierte que no es de su
resorte estudiar la eficacia o validez del título. Señalan que esta situación
es delicada, pues si se llegare a demostrar que el predio corresponde a baldío
y no a propiedad privada, se deben cumplir otros supuestos para su restitución.
Finalmente,
solicitaron los accionantes la aplicación del enfoque de la acción sin daño.
Señalaron que si bien la ley no establece unos criterios, en caso de víctimas
sucesivas, para advertir a quien debe restituir y a quien compensar, lo claro
es que es una decisión que el juez debe tomar teniendo en cuenta la
integralidad de los derechos, así como los elementos probatorios recaudados
dentro del trámite que le permitan establecer que va a causar el menor daño
posible con la decisión a tomar. Pusieron también de presente “el arraigo de
los solicitantes a los predios objeto del proceso de aquí estudiado, pues son
ellos quienes por más de 23 años, a pesar del conflicto armado han permanecido
en los predios. En ese sentido, para lograr una verdadera reparación es
importante analizar el contexto y las expectativas de las víctimas sobre el
proceso y no como pretende el enunciado juez, realizar una compensación que,
generaría un nuevo desplazamiento de las tierras por las que tanto han luchado
y trabajado, causando así una revictimización a causa de una decisión sin
fundamento”.
4.
Pruebas
relevantes
Reposan como
prueba documental, los siguientes:
Del proceso
de restitución de tierras 2015-0008:
-
Copia
de la hoja de reparto del proceso de restitución de tierras 2015-0008 al
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta, de fecha 3 de febrero de 2015[6].
-
Copia
del auto del 6 de febrero de 2015, mediante el cual el Juzgado Primero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, dentro del
radicado 2015-0008, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas emitir un “informe detallado de las
personas naturales o jurídicas diferentes a los solicitantes que se hicieron
parte dentro del trámite administrativo de cada uno de los predios objeto de
restitución, todo ello en un término de dos (2) días, a efecto de entrar inmediatamente
decidir la admisión o inadmisión de la demanda”[7].
-
Copia
de la respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas – Territorial Magdalena, con fecha de recibido del 19 de
febrero de 2015, en la cual informa al accionado acerca de las actuaciones
administrativas adelantadas frente a los predios, así como la relación de los
solicitantes inscritos en el registro de tierras despojadas en calidad de
poseedores[8].
-
Copia
del auto admisorio de la solicitud de restitución de tierras presentada por la
familia Sánchez, de fecha 10 de abril de 2015, proferido dentro del radicado
2015-0008[9].
-
Copia
del auto de fecha 26 de marzo de 2015, mediante el cual el Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta advierte que
omitió dar traslado de la solicitud de restitución 2015-0008 a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena [10].
-
Copia
del oficio del Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta, con fecha de recibido del 10 de abril de 2015, con el
cual se le comunica a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas - Territorial Magdalena acerca de la admisión
de la solicitud de restitución 2015-0008[11].
-
Copia
de las diligencias de inspección judicial realizadas a los predios en la etapa
probatoria del 2015-0008, en las cuales se advierte la existencia de parcelas y
de construcciones habitadas[12].
-
Copia
de la constancia secretarial de fecha 16 de junio de 2015, por la cual declara
cerrada la etapa probatoria dentro del proceso 2015-0008[13].
-
Copia
del auto de fecha 26 de junio de 2015, mediante el cual el Juzgado Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta corre
traslado por el término de 5 días para alegar de conclusión dentro del
2015-0008[14].
-
Copia
de la sentencia proferida por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Santa Marta, el 23 de julio de 2015, dentro del
proceso de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas o Abandonadas
Forzosamente con radicado 2015-0008[15].
-
Copia
del edicto mediante el cual se notificó la sentencia 23 de julio de 2015,
dentro del proceso de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas o
Abandonadas Forzosamente con radicado 2015-0008, el cual se fijó del 29 al 31
de julio de 2015, cobrando ejecutoria el 5 de agosto del mismo año[16].
-
Copia
de la solicitud de nulidad del proceso de restitución de tierras 2015-0008
presentada por la Comisión Colombiana de Juristas[17].
-
Copia
del auto que corrió traslado de las solicitudes de nulidad de la Comisión
Colombiana de Juristas y de la Defensoría del Pueblo de la Regional Magdalena,
de fecha 20 de agosto de 2015[18].
-
Copia
del auto del 14 de diciembre de 2015 proferido por el accionado dentro del
2015-0008, por el cual resolvió negar la nulidad planteada por la Comisión
Colombiana de Juristas, la suspensión de los efectos del fallo proferido el 23
de julio de 2015, la acumulación del proceso bajo el radicado 2015-0042 al
2015-0008 y la adición interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Territorial Magdalena, así como
la nulidad planteada por la Defensoría del Pueblo[19].
-
Copia
de la solicitud del 15 de diciembre de 2015, de suspensión de la entrega
material de los predios por el término de 3 meses, suscrita por la mesa de
trabajo conformada por la Procuraduría, la Comisión Colombiana de Juristas, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena, la Defensoría del Pueblo del Magdalena y la apoderada de
la familia Sánchez[20].
-
Copia
del auto del 25 de enero de 2016 proferido dentro del radicado 2015-0008, por
el cual se suspende la entrega material de los predios por el término de 3
meses[21].
-
Copia
del auto del 8 de febrero de 2016, mediante el cual el accionado, siguiendo los
lineamientos de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio Público, ordenó
realizar diligencias de inspección judicial de los predios para realizar la
caracterización de las personas que se encuentran ocupando los predios en
litigio y las mejoras construidas en los mismos por parte de estos[22].
-
Copia
de las diligencias de inspección judicial llevadas a cabo por el Juez Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta,
dentro del proceso con radicado No.2015-0008, entre el 17 y el 18 de febrero de
2016, con el fin establecer linderos, mejoras levantadas, construcciones hechas
en los predios, caracterización de las personas que los habitan, entre otros,
en cumplimiento de los lineamientos propuestos por la mesa de trabajo convocada
por el Ministerio Público, a las parcelas ubicadas en los predios de mayor
extensión, así:
PARCELA
PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN
Las Delicias
El Alivio[23]
La Esperanza
La Gloria[24]
No Te Duermas
La Gloria[25]
El Edén
La Gloria[26]
La Fortuna
La Gloria[27]
María Auxiliadora
La Gloria[28]
Los Cerezos
La Gloria[29]
Cuatro Vientos
La Gloria[30]
El Pellizco
La Gloria[31]
Las Margaritas
La Gloria[32]
Si Nos Dejan
La Gloria[33]
Los Nogales
La Gloria[34]
El Tropezón
La Gloria[35]
Los Deseos
La Gloria[36]
Alza el Pie
La Gloria[37]
Santa Ana
La Gloria[38]
La Escondida
La Gloria[39]
El Tesoro
La Gloria[40]
El Girasol
La Gloria[41]
Las Flores
La Gloria[42]
Nuevo Mundo
La Gloria[43]
El Mondonguito
La Gloria[44]
Los Olivos
La Gloria[45]
Media Luna
La Gloria[46]
Santo Cachón
El Alivio[47]
Las Marías
La Gloria[48]
San Martín
El Alivio[49]
El Porvenir
La Gloria[50]
Vista Hermosa
La Gloria[51]
Bello Horizonte
La Gloria[52]
El Esfuerzo
La Gloria[53]
Bella Rosa
La Gloria[54]
La Raquelita
La Gloria[55]
Las Camelias
La Gloria[56]
Buenavista
La Gloria[57]
Tierra Nueva
El Alivio[58]
-
Copia
del auto del 7 de septiembre de 2016, mediante el cual se cita a la mesa de
trabajo para el 23 de septiembre de 2016[59].
-
Copia
del auto del 15 de septiembre, con el cual se aplaza la mesa de trabajo para el
29 de septiembre de 2016, por limitaciones logísticas[60].
-
Copia
del auto de fecha 20 de septiembre de 2017, que resolvió negar la solicitud de
nulidad presentada por el Director Jurídico de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras el 6 de octubre de 2016 contra la
sentencia dictada dentro del proceso 2015-0008[61].
-
Copia
del auto del 11 de octubre de 2016, por el cual el accionado niega la solicitud
de dar traslado a la nulidad planteada por la Comisión Colombiana de Juristas
en esa misma fecha[62].
-
Copia
de las comunicaciones del 4 de octubre de 2017, por medio de las cuales el
accionado dispone el cumplimiento del fallo del 23 de julio de 2015[63].
Del proceso
de restitución de tierras 2015-0042:
-
Copia
de la solicitud de restitución de tierras de la señora Enedis Isabel y Otros[64].
-
Copia
del acta de la diligencia de inspección ocular llevada a cabo el 17 de febrero
de 1998 por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA, al
predio rural La Gloria[65].
-
Copia
del acta individual de reparto de la solicitud de restitución de tierras de la
señora Enedis Isabel y Otros, de fecha 18 de junio de 2015, al Juzgado Primero
Civil del Circuito de Restitución de Tierras[66].
-
Copia
de la comunicación del 9 de julio de 2015, por la cual el accionado solicitó a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas - Territorial Magdalena, informar las personas que se hicieron pate
dentro del trámite administrativo de cada una de las parcelas objeto de
restitución dentro del predio de mayor extensión 222-3450, con el fin de
decidir la admisión o inadmisión de la demanda[67].
-
Copia
de la respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas - Territorial Magdalena, con fecha de recibido del 21 de
julio de 2015, en la cual se informa al juzgado lo solicitado, así como también
que la familia Sánchez hace parte de los solicitantes de los predios[68].
-
Copia
del auto admisorio de la solicitud de restitución de tierras de la señora
Enedis Isabel y Otros, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta el 20 de agosto de 2015,
dentro del radicado No.2015-0042, en el cual también se resolvió la solicitud
de acumulación presentada por la Comisión Colombiana de Juristas[69].
-
Copia
del recurso de reposición interpuesto por la Comisión Colombiana de Juristas
contra el auto del 20 de agosto de 2015 que negó la acumulación procesal
solicitada[70].
-
Copia
del auto de fecha 26 de enero de 2016, mediante el cual el juez accionado
resolvió el recurso de reposición de la Comisión Colombiana de Juristas, y
confirmó la decisión que negó la acumulación procesal[71].
5.
Trámite
procesal y contestación a la demanda de tutela
La acción de tutela correspondió por reparto a la Sala
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, la cual
resolvió, mediante Auto del 22 de noviembre de 2017: i) admitirla, ii)
correr traslado al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, para
que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, iii) vincular a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
– Territorial Magdalena y a la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena y iv)
suspender la entrega del predio cuya restitución se ordena en el proceso
identificado con el radicado 2015-0008.
Mediante Auto del 23 de noviembre de 2017, resolvió
vincular a la Procuradora 46 Judicial I para la
Restitución de Tierras, Margarita Llanos
Torrenegra, a las partes, a terceros intervinientes, opositores y sus
apoderados, de los procesos de restitución de tierras 2015-0008, 2015-0042, así
como de los acumulados a este último.
Así mismo, el 30 de noviembre de 2017, vinculó al
trámite de acción de tutela al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga – Magdalena, al
Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud del Municipio
de Pivijay – Magdalena, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la Alcaldía Municipal
de Pivijay – Magdalena, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia
Nacional de Tierras, Agencia Nacional de Infraestructura y a la Procuraduría
Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras.
Vencido el término de traslado, se recibió respuesta
por parte del accionado e intervención de los vinculados.
5.1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta, mediante oficio No.1922 del 27 de noviembre de
2017, solicitó negar las pretensiones. Adujo que el
proceso 2015-0008 fue justo y cumplió con todas las etapas procesales, que no
se violó el debido proceso, por el contrario, la Comisión Colombiana de
Juristas y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –
Territorial Magdalena en todo momento tuvieron
conocimiento de la existencia de la solicitud de restitución presentada por la
familia Sánchez, y nunca se hicieron parte en el mismo ni como solicitantes
(con solicitud de restitución acumulada en tiempo) ni como opositores,
mostrando una conducta negligente. Explicó que la solicitud de restitución
2015-0042, impetrada por la Comisión Colombiana de Juristas en representación
de 32 solicitantes, fue presentada el 19 de julio de 2015, cuando la solicitud
de la familia Sánchez (2015-0008) se encontraba al despacho para proferir la
respectiva sentencia.
Sostuvo que con la acción de tutela se pretende
desconocer el principio de la seguridad jurídica de la sentencia proferida a
favor de la familia Sánchez. También señaló que la sentencia del 23 de julio de
2015 por la cual se ordena la restitución a la mencionada familia, no viola el
derecho a la restitución de los representados por la Comisión Colombiana de
Juristas, toda vez que tienen una expectativa de ser restituidos, ya no a la
restitución material de los predios pero sí a una restitución en grado de
compensación en equivalencia en tierras en la misma región, lo que evitará su
desarraigo. Y por último, solicitó declarar improcedente la acción de amparo
por no cumplir con el requisito de inmediatez, toda vez que fue presentada dos
(2) años y cuatro (4) meses después de la ejecutoria de la sentencia atacada.
5.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas – Territorial Magdalena, por medio de la comunicación
URT-DTMS-01501, luego de realizar un relato de los hechos victimizantes
ocurridos en la zona donde se encuentran ubicados los predios La Gloria/Paraver
y El Alivio, y de exponer las actuaciones procesales adelantadas en pro de
todos los solicitantes involucrados en el asunto, manifestó que comparte los
argumentos presentados por la accionante, y que la sentencia del 23 de julio de
2015 vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, la restitución, la
vivienda y el trabajo de todas las víctimas que accionaron bajo el radicado
2015-0042 y sus procesos acumulados.
Además señaló, que por competencia, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena debería decidir los procesos
judiciales 2015-0008 y 2015-0042, teniendo en cuenta que la sentencia del 23 de
julio de 2015, proferida dentro del radicado 2015-0008, no contempló la
existencia de una evidente oposición entre los derechos reclamados por quienes
ostentaban la calidad de propietarios y poseedores de los predios solicitados,
actuando en contravía de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.
5.3. Nancy Sánchez Bermúdez, en nombre propio y en representación de
la familia Sánchez, solicitó desatender las pretensiones de los “otros
solicitantes” por cuanto se trata de irregularidades que debieron ser
debatidas dentro del proceso de restitución. Explicó que el trámite de la
solicitud de restitución radicado bajo el 2015-0008, se efectuó conforme a las
normas procedimentales, en especial el traslado de que trata la Ley 1448 de
2011, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas – Territorial Magdalena, que tuvo lugar el 10 de abril de 2015, así
como las publicaciones que tenían por objeto invitar a todo aquel que
considerara tener derecho sobre los predios, para que se hiciera parte como
solicitante u opositor.
Arguyó que no es cierto que se haya violado el debido
proceso y que existan nulidades procesales, más cuando no se intentaron antes
de la sentencia, sólo después de ella, y que si bien es cierto, los accionantes
no intervinieron dentro del proceso, no se explica cómo sí después de la decisión
es que actuaron. Sostuvo que la accionante fue negligente, lo cual no la
faculta para alegar la nulidad.
También manifestó que “es visible en el plenario
que la familia Sánchez tiene el dominio absoluto y pleno de los predios, que es
igual a propiedad privada y que los demás solicitantes son poseedores
irregulares y de mala fe y que no tienen otra alternativa que la opción de las
compensaciones, sea en dinero o especies que para ser merecedor de estos
beneficios y de los demás que señala la ley deben comprometerse a hacer entrega
voluntaria”.
5.4. La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, solicitó que se les garantice a sus
representados el derecho fundamental a la restitución de tierras en calidad de
poseedores de buena fe, y que en caso de decidir de fondo sobre el derecho de
titulación, se les reconozca como segundos ocupantes y se les permita seguir
ejerciendo la posesión, o en su defecto, se les otorgue la adjudicación de un
predio, de proyectos productivos y subsidios de vivienda, así como el valor
comercial de sus parcelas y de las mejoras que se prueben dentro del proceso.
5.5. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Tierras, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Infraestructura y
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicitaron su
desvinculación de la acción de tutela incoada, por falta de legitimación por
pasiva al no existir nexo entre los hechos relatados por la accionante y las supuestas
acciones u omisiones de esas entidades.
6.
Decisiones
Judiciales
6.1.
Primera
Instancia
La Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, mediante sentencia del 4 de diciembre de 2017, concedió el
amparo deprecado, al concluir que el accionado incurrió en un defecto
sustantivo por inadvertencia de la norma a aplicar, al no practicar en debida
forma la notificación del auto admisorio, al no vincular a las personas que
tenían un interés legítimo y podían verse afectadas con lo resuelto en el
proceso de restitución, y por tanto, por no garantizar el derecho a conocer el
estado de los procesos, de que trata el numeral 11 del artículo 28 de la Ley
1448 de 2011. En consecuencia, declaró la “nulidad de lo actuado en el
proceso identificado con el radicado No.470013121001-2015-0008-00, a partir del
auto de fecha 10 de abril de 2015 correspondiente al auto admisorio del mismo,
conservando la validez y eficacia de las pruebas practicadas, respecto de quienes
tuvieron la oportunidad de controvertirlas de conformidad con lo establecido en
el artículo 138 del C. G. del P, con el fin de que se surta la vinculación de
las personas que advertidas por la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas
en el oficio No.DTMSI-201500120 del 19 de febrero de 2015 dentro del cual se
encuentran los aquí tutelantes”, de igual manera ordenó al juez accionado “que
se pronuncie nuevamente respecto de la solicitud de acumulación del proceso
2015-0042 que cursa en el mismo despacho, presentada por la Comisión Colombiana
de Juristas en calidad de apoderado de los aquí accionantes”.
6.2.
Impugnación
Inconforme con
la decisión, la abogada Nancy Sánchez Bermúdez, en nombre propio y en
representación de la familia Sánchez, impugnó el fallo de tutela con fundamento
en los siguientes planteamientos: i) Que el juez de tutela declaró la
violación al debido proceso sin analizar si se daban los fundamentos jurídicos
para la acumulación, ii) En su parecer, del artículo 95 de la Ley 1448
de 2011 no se desprende que el juez deba suspender el proceso hasta tanto
lleguen todas las solicitudes, iii) Que la parte accionante fue
negligente y se hizo parte dentro del proceso de restitución de tierras de
forma extemporánea, cuando la sentencia ya se había emitido y estaba para su
publicación, y por último, iv) que el recurso de apelación presentado
por los accionantes contra la decisión del accionado que negó la solicitud de nulidad,
no fue presentado en los términos del artículo 321 del Código General del
Proceso.
6.3.
Segunda Instancia
Mediante
sentencia de fecha 15 de febrero de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia decidió la impugnación presentada por la familia Sánchez, y
revocó el fallo de primera instancia, al estimar que el amparo invocado no
atiende el presupuesto de subsidiaridad.
El ad quem
concluyó que el descontento de los accionantes radicó en la omisión del
accionado de llamarlos al proceso 2015-0008 por tener interés directo en las
resultas del mismo, y que por tanto, los querellantes cuentan con el recurso
extraordinario de revisión contemplado en el artículo 72 de la Ley 1448 de
2011, invocando la causal 7 prevista en el artículo 355 del Código General del
Proceso, que establece: “estar el recurrente en alguno de los casos de
indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no
haya sido saneada la nulidad”.
7.
Trámite
en Sede de Revisión de Tutela
7.1. Una vez seleccionado el
proceso de la referencia, la Sala de Revisión, mediante Auto del 24 de mayo de
2018, en procura de los principios de economía y celeridad procesal y de la
protección efectiva de los derechos fundamentales que, eventualmente, les asiste
a los accionantes, dispuso como medida provisional la suspensión del
cumplimiento de la sentencia proferida el 23 de julio de 2015 dentro del
proceso de restitución y formalización de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente bajo el número 2015-0008, adelantado por la familia Sánchez.
7.2. Adicionalmente, encontrándose el
expediente en el despacho del magistrado sustanciador, se recibieron los
siguientes escritos:
7.2.1. De la Comisión Colombiana de
Juristas, de fecha 29 de mayo de 2018, en el cual puso de manifiesto, su
interés en que esta Corporación se pronuncie sobre asuntos como: i) la
categoría de “víctimas sucesivas”, sus diferencias con los segundos
ocupantes y las reglas que deben ser atendidas por los operadores judiciales
para dar plena garantía de los derechos de todas las partes involucradas en el
proceso de restitución de tierras, ii) el régimen de imprescriptibilidad
de los baldíos en el derecho colombiano, y iii) la prevalencia del trámite
de tutela sobre el recurso extraordinario de revisión para el sub judice.
También allegó con el escrito copia de la sentencia proferida dentro del
proceso de restitución y formalización de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente, radicado bajo el número 2015-0042.
7.2.2. De Nancy Sánchez Bermúdez, con
fecha 5 de junio de 2018, quien en nombre propio y en representación de la familia
Sánchez solicitó se reconsidere la medida provisional dictada o en su defecto,
se resuelva la revisión en el término estrictamente prudencial.
7.2.3. Del Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, recibido por
el despacho el 12 de junio de 2018, en el cual informó que mediante sentencia
de fecha 21 de mayo de 2018, proferida dentro del proceso de restitución de
tierras 2015-0042, se le reconoció el derecho fundamental a la restitución de
tierras a los tutelantes, y que por tanto, era procedente la confirmación del
fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el entendido de que no le vulneró a
los accionantes derecho fundamental alguno. Para el efecto, allegó copia del
referido fallo.
7.2.4. De la Directora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central, con fecha de recibido
19 de junio de 2018, mediante el cual manifestó que la orden de compensar,
contenida en la sentencia del 21 de mayo de 2018 proferida en el proceso de
restitución de tierras 2015-0042, no garantiza de manera efectiva los derechos
de los accionantes (víctimas sucesivas), toda vez que su ejecución significa
perder su relación jurídica y material con el predio dentro del cual han
desarrollado su vida por más de 20 años, lo que a su vez desconocería sus
derechos a la vivienda, al trabajo, al arraigo en relación con el libre
desarrollo de la personalidad. Así mismo, informó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas – Territorial Magdalena presentó ante el juez
accionado, solicitud de aclaración de la sentencia del 21 de mayo de 2018, con
el fin de que se indicaran las medidas a que tenían derecho los señores Sara
Olga Arévalo de la Hoz y Willington Rojas Martínez, en su calidad de segundos
ocupantes. Por último, solicitó como medida provisional, “la suspensión del
cumplimiento de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2018 dentro del proceso
de restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente radicado bajo
el número 2015-0042”.
7.2.5. Del Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, recibido por
el despacho el 25 de junio de 2018, mediante el cual informó que mediante auto
del 8 de junio de 2018 ordenó convocar una mesa de trabajo con la intervención
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas – Territorial Magdalena, la familia
Sánchez, la Comisión Colombiana de Juristas, la Defensoría del Pueblo, con el
fin de “concretar un arreglo de amigable composición, que garantice el goce
efectivo de los derechos de las víctimas y la realización material de la
Justicia Restaurativa y Reparadora, tendientes a consolidar la paz y la
reconciliación social entre la parte accionante en esta tutela y la familia
SANCHEZ, ambas parte víctimas del despojo”. En efecto, adjuntó copia del
proveído que convoca la mesa de trabajo para el 22 de junio de 2018.
7.2.6. Del Observatorio de Restitución y
Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, de fecha 25 de junio de 2018, mediante
el cual exponen los argumentos por los cuales consideran que la acción de
tutela debería decidirse a favor de los demandantes. Efectúan un análisis de la
necesidad de clarificar la propiedad en los procesos de restitución y de las
normas aplicables al caso para concluir que: “1. Es necesario involucrar en
todos los procesos de restitución a la ANT como entidad competente para la
clarificación de la propiedad. 2. El juez de restitución debe realizar siempre
un examen de las pruebas en su poder (pronunciamiento de la ANT, certificado de
la SNR, folio de matrícula, etc.) con el fin de comprobar si existen indicios
para considerar que el predio solicitado es baldío. 3. En este examen, en el marco
de la restitución, siempre debe aplicarse la presunción contenida en el
artículo 675 del Código Civil y considerarse que el predio es baldío a menos
que se compruebe que este salió del patrimonio de la Nación por medio de una
adjudicación válida. 4. En el caso en que se establezca que el predio es baldío
y el solicitante no cumpla con los requisitos para su adjudicación, deben
contemplarse las medidas subsidiarias de restitución en favor del ocupante
despojado materialmente del predio de acuerdo con el artículo 72 de la Ley
1448. Todas estas consideraciones nos llevan a considerar que en el caso
concreto no debió asumirse que el predio es de propiedad privada con el
certificado de la SNR como única prueba”.
7.2.7. De la Directora Jurídica de
Restitución de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central, recibido
el 29 de junio de 2018, mediante el cual solicitó se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, la restitución, la vivienda y el trabajo
agrario de los accionantes. En efecto, indicó que contrario a lo señalado por
la Corte Suprema de Justicia - al resolver la impugnación del fallo de tutela -
el recurso extraordinario de revisión resulta inoperante, toda vez que de
materializarse la sentencia 2015-0008 proferida por el juez accionado, se estaría
frente a un perjuicio irremediable, y que por tanto, se hace procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio. Igualmente, solicitó a esta
Corporación que “en su papel de intérprete de la Carta Política, mediante
fallo de tutela, cree una subregla constitucional que permita entender el
alcance que tiene la disposición contenida en el art. 87 de la Ley 1448 de
2011, frente al traslado de la demanda”.  Adicionalmente, propuso como
problemas jurídicos a resolver por esta Corporación, los siguientes: i) “¿Existe
un deber constitucional reforzado de integrar el contradictorio por parte del
juez de restitución de tierras, en el evento en que se conozcan terceros
interesados en condición de vulnerabilidad?” y ii) “¿El juez
encartado vulneró el principio de igualdad material al aplicar indistintamente
el artículo 87 de la Ley 1448 de 2011, a víctimas sucesivas de despojo y
abandono forzado y personas vulnerables, cuando el espíritu de la norma lo consagró
para opositores fuertes?”. Por último, señaló que proferir una sentencia
sin la vinculación de las 47 personas - advertidas por el accionado en varias
oportunidades – constituyó defectos como el exceso ritual manifiesto y la
aplicación irrazonable del art.87 de la Ley 1448 de 2011, y que por tal motivo,
se hace necesario que la Corte subsane el yerro integrando de forma correcta el
contradictorio y ordenando dictar una sentencia integral en la que se defina
los derechos de todas las personas.
7.2.8. De Nancy Sánchez Bermúdez, con
fecha 29 de junio de 2018, quien en nombre propio y en representación de la
familia Sánchez solicitó ser escuchados en audiencia pública. En atención a
este requerimiento, el magistrado sustanciador profirió auto el 10 de julio de
2018, en el cual decidió negarla al considerar que la misma resultaba
innecesaria.
7.2.9. De Sara Arévalo de la Hoz,
Willington Rojas Martínez, Abraham Rojas Martínez, Nubis Ternera Orozco y Noris
Crespo Gutiérrez, de fecha 12 de julio de 2018, mediante el cual solicitan de
manera conjunta se les vincule a este proceso de revisión tutelar por contar
con un interés que podría verse afectado con la decisión que se adopte y que se
ordene la nulidad de todo lo actuado en los procesos de restitución de tierras
2015-0008 y 2015-0042, de manera que se les permita ejercer su defensa.
7.2.10. De la Defensora Delegada para
Asuntos Constitucionales y Legales, y Defensor Delegado para Asuntos Agrarios y
Tierras de la Defensoría del Pueblo, recibido el 23 de julio de 2018, en el
cual se hace un recuento de los antecedentes que dieron lugar a la acción de
tutela bajo revisión, así como las consideraciones referentes a los derechos
fundamentales que advierten vulnerados en el caso concreto, y por último,
solicitaron: a) que se revoque la sentencia de la Sala Civil y Agraria de la
Corte Suprema de Justicia, b) conceder el amparo de los derechos fundamentales
de los accionantes, y como consecuencia, c) se declare la nulidad de las
sentencias proferidas en los procesos 2015-0008 y 2015-0042, y d) se ordene su
acumulación, para que se resuelva en una misma sentencia el reclamo de las
víctimas de despojo de los predios La Gloria y El Alivio, y demás personas a
las que se les reconozca algún derecho sobre los mismos.
7.3. De otra parte, mediante Auto del 26
de junio de 2018, la Sala dispuso: i) como medida provisional la suspensión del
cumplimiento de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2018 proferida dentro
del proceso de restitución de tierras 2015-0042, ii) la práctica de pruebas[72] y iii) la suspensión
de términos del trámite de revisión.
Dentro de los medios probatorios obtenidos,
se tienen los siguientes:
-
El
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta remitió copia de los veintidós (22) cuadernos correspondientes al
proceso de restitución de tierras 2015-0042[73]
y de los cuatro (4) cuadernos correspondientes al proceso de restitución de
tierras 2015-0008[74].
-
La
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
- Territorial Magdalena, remitió: a) la relación de los solicitantes que se
presentaron en el trámite administrativo adelantado por esa Unidad respecto de
los predios La Gloria y El Alivio[75];
b) copia del proceso administrativo adelantado con respecto a los predios La
Gloria y El Alivio. Adicionalmente, en su escrito, puso en
consideración de la Sala, cuatro (4) vicios procedimentales que tienen
presuntamente la virtualidad de crear nulidad de las sentencias proferidas en
los procesos de restitución 2015-0008 y 2015-0042, por su flagrante y lesiva
vulneración del debido proceso. Dentro de las razones aducidas se encuentran: i)
la falta de notificación a los sucesores de uno de los propietarios del predio
La Gloria - incumpliendo en efecto con lo dispuesto en el art.87 de la Ley 1448
de 2011; ii) la inaplicación del precedente constitucional T-034 de
2017, en cuanto omitió notificar y vincular a todos los terceros lo que originó
que se tramitaran en dos procesos (2015-0008 y 2015-0042) una controversia que
tenía identidad de objeto, cual era los predios “Paraver o La Gloria y El
Alivio”; iii) la falta de notificación a las personas que aparecen de la
anotación 17 a la 24 del folio de matrícula inmobiliaria No.222-3450,
correspondiente al predio La Gloria, como beneficiarios del “Predio
declarado en abandono forzado por poseedor-ocupante o tenedor”, quienes tenían
un interés legítimo sobre el inmueble. Aclara que las personas referidas fueron
inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y se
presentaron dentro del proceso de restitución de tierras 2015-0042; iv)
en los folios de matrícula inmobiliaria Nos.222-3450 y 222-6150 se omitió
registrar por parte del Registrador de Ciénaga Magdalena, la Resolución RM-191
del 6 de noviembre de 2014 por medio de la cual, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –
Territorial Magdalena, inscribió a 27
personas - accionantes dentro del proceso 2015-0042-, en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas. Por último, explicó que la decisión de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena tuvo como
fundamento la posición de la Corte Suprema de Justicia que sostenía que los
bienes baldíos eran susceptibles de adquirir por prescripción, la cual, fue
modificada y unificada con posterioridad; así mismo, expuso que conforme a la
Ley 1448 de 2011, los bienes baldíos pueden ser objeto de restitución[76].
-
El
Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay (Magdalena) allegó copia del fallo
proferido el primero (1º) de diciembre de dos mil diez (2010), dentro del
proceso reivindicatorio No.47551318900120090017200 adelantado por Nancy Sánchez
Bermúdez y otros contra Jorge E. Tatis Pacheco y otros[77].
También se
recibieron las siguientes intervenciones:
-
El
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial Magdalena, mediante escrito
de fecha 19 de julio de 2018, señaló que a la entidad le corresponde el censo o
inventario de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los
particulares con el objeto de lograr su correcta identificación física,
jurídica, fiscal y económica, y que de acuerdo con el artículo 42 de la
Resolución 070 de 2011, la inscripción en el catastro no constituye título de
dominio, ni sanea los vicios que adolezca la titulación presentada o la
posesión del interesado, y no puede alegarse como excepción contra el que
pretenda tener mejor derecho.
-
La
Comisión Colombiana de Juristas, mediante comunicación del 23 de julio de 2018,
señaló que las cuatro irregularidades procesales advertidas por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena reafirman la necesidad de que la Corte se pronuncie
frente al tratamiento que debe dársele a las víctimas sucesivas, y sobre la
obligatoriedad de la notificación a las personas que no han sido reconocidas
como dueños del predio pero de cuya existencia se tiene conocimiento y se
encuentran relacionadas en algunos instrumentos. Adicionalmente, informó que la
mesa de trabajo convocada para el 22 de junio de 2018, al no llegar a acuerdo
alguno, quedó suspendida hasta tanto esta Corporación adopte una decisión de
fondo. Y por último, indicó que “al día de hoy los accionantes se mantienen
firmes en su postura de permanecer en las tierras que han explotado
económicamente durante años y en las cuales han materializado sus planes de
vida. Tres generaciones de vianqueros insisten en que sea respetado su arraigo
campesino y los proyectos que han emprendido, como el establecimiento de una
cooperativa para la producción y distribución de huevos, la cual ya cuenta con
más de 300 aves y las instalaciones necesarias para tal fin”.
-
La
Procuradora 46 Judicial I para la Restitución de Tierras, Luz Margarita Llanos
Torrenegra, mediante escrito del 23 de julio de 2018, señaló: i) que “no
resulta establecido en el proceso de tutela, que el Juez Primero de Restitución
de Tierras, en las actuaciones a que dieron lugar las actuaciones para
acumular, haya incurrido en una “vía de hecho”, o causado un perjuicio
irremediable hasta el punto que su actuación pueda considerarse como un puro
hecho material, producto de torcidas intenciones y con el propósito de vulnerar
el derecho al debido proceso, vivienda y trabajo de los actores”, y ii) que
en las audiencias de concertación se concretó un acuerdo en el que la familia
Sánchez aceptaría la restitución en términos de compensación y de otra parte, el
predio se restituiría a quienes resultaren favorecidos con la sentencia, pero
que el mismo no pudo asumirse en razón a que la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Territorial Magdalena consideró
que el avalúo del predio efectuado por el IGAC, era muy costoso.
-
La
abogada Nancy Sánchez Bermúdez, en nombre propio y en representación de la
familia Sánchez, solicitó negar el amparo solicitado por los accionantes e
informó que “en cuanto a las razones fácticas y jurídicas por los cuales se
declaró que el ALIVIO pertenece al régimen privado: hago conocer que dicha
Entidad [Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Magdalena], adelantó
medida de clarificación de
propiedad con fundamento al Certificado de Tradición y a la Escritura Pública y
a la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Pivijay a
favor de la familia Sánchez. La misma se fundamentó en los artículos 673 del
CCC que consagra los modos de adquirir la propiedad o el dominio: la tradición,
la ocupación, la accesión, la sucesión por causa de muerte y el artículo 673 que
consagra la prescripción que tiene relación con un justo título, una posesión
regular. Como se puede ver del Certificado de Instrumentos Públicos y de sus
escrituras se desprende que hay una tradición desde el año 1944, es decir, por
más de 50 años”. Adicionalmente, allegó copia de los siguientes
documentos:
·
Resolución
013 del 16 de enero de 1991, por medio de la cual, el Alcalde Municipal de
Pivijay, ordena al señor Manuel Joaquín Anaya y demás personas que se
encuentren en el inmueble, el desalojo de los predios La Gloria y El Paraver.
Lo anterior, por solicitud presentada por el señor Efraín Sánchez Bermúdez[78].
·
Resolución
de fecha 30 de junio de 1993, por medio de la cual, el   Alcalde Municipal de
Pivijay, admite la querella civil policiva presentada por el señor Camilo
Sánchez Flórez contra Pacho Beltrán y hermanos, Luis y Aroldo Lobato Ternera,
Rafael Pacheco, hermanos Anaya y otros, por perturbación u ocupación de hecho
en los predios de la finca “La Gloria”[79].
·
Denuncia
penal radicada por Nancy Sánchez Bermúdez el 27 de julio de 1993, por los
mismos hechos de la querella civil, en la cual además precisó que desde el 3 de
junio del mismo año, un número indeterminado de personas habían entrado a los
predios La Gloria o Paraver y El Alivio con armas (de fuego y machetes) a
usurpar las tierras amenazando a los administradores y a los parceleros que allí
sembraban, destruyendo cultivos de maíz y yuca, así como dos casas de bareque
(estando el trabajador adentro con su mujer)[80].
·
Declaraciones
extraprocesales, que coinciden en afirmar que tras la muerte de Daniel Sánchez
Martínez, su heredero Camilo Sánchez Flórez es quien ha estado al frente de las
fincas La Gloria o El Paraver y El Alivio[81].
·
Resolución
del 10 de enero de 1995, por medio de la cual, el Alcalde Municipal
de Pivijay, admite la querella civil policiva presentada por la señora Nancy
Sánchez Bermúdez por perturbación y ocupación de hecho de los predios La
Gloria o El Paraver y El Alivio, y fijó el día 13 de enero del mismo
año para llevar a cabo la diligencia de inspección ocular y lanzamiento[82].
·
Diligencia
de inspección ocular y lanzamiento, de fecha 13 de enero de 1995, en la cual se
dejó constancia de la existencia de más de 60 personas con parcelas divididas
de aproximadamente 11 hectáreas cada una, con cultivos de maíz y yuca y casas
construidas con bareque y techo de zinc y de palma, quienes manifestaron tener
autorización por parte del Procurador Agrario y presentaron documentos que
soportaban que el INCORA había iniciado diligencias administrativas tendientes
a establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido en todo o en
parte el derecho de dominio privado sobre el predio rural denominado “La
Gloria”; razón por la cual, la Inspección Central de Policía se abstuvo de
ordenar el lanzamiento de los ocupantes de los predios La Gloria o El Paraver y
El Alivio[83].
·
Comunicación
del Director Territorial Magdalena del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
de fecha 9 de abril de 2008, por medio de la cual informó al Registrador de
Instrumentos Públicos de Ciénaga – Magdalena que mediante Resolución No.2760
del 16 de octubre de 2007 se “resolvió que no hay lugar a extinguir a favor
de la nación el derecho de dominio privado sobre la totalidad del predio rural
denominado LA GLORIA, ubicado en el municipio de PIVIJAY, para que se sirva
inscribirla en el folio de matrícula inmobiliaria No.222-3450”[84].
-
La
Procuradora Delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, en su
concepto, refirió que si bien existe el recurso de revisión el mismo no es
eficaz para garantizar la protección urgente de los derechos fundamentales de
los tutelantes; más aún cuando “las decisiones de restitución en sede de
revisión han tardado más de los 2 meses estipulados en la ley. A manera de
ejemplo, esta Delegada tiene conocimiento de la presentación de tres acciones
de revisión en 2013, 2014 y 2015 y solo una de ellas, la más antigua, ha
finalizado con decisión de archivo por desistimiento tácito. Las otras dos
están en etapa de notificaciones y alegatos de conclusión”. También señaló
que en virtud del inciso tercero del artículo 76 y el artículo 95 de la Ley
1448 de 2011, existe el deber general de tramitar en un solo proceso todas las
solicitudes de restitución que versen sobre el mismo predio, así como los
procedimientos administrativos y judiciales en los cuales se hallen
comprometidos derechos sobre el predio objeto de restitución; y que en el caso
concreto, la decisión de no acumulación ha tenido consecuencias en la
estabilidad del fallo y el cierre oportuno de la discusión. Por último, sugirió
valorar la posibilidad de modular los fallos del 23 de julio de 2015 y del 21
de mayo de 2018, toda vez que con ello se podría definir una medida que cumpla
con condiciones de integralidad y que observe los principios que irradian el
proceso de restitución de tierras y el enfoque de la acción sin daño.
7.4. Por último, mediante auto del 24 de
octubre de 2018 se dispuso reiterar la práctica de medios probatorios y extender
la suspensión de términos de conformidad con el artículo 64 del acuerdo 02 de
2015. Dentro del término de traslado de las pruebas, se recibió escrito por
parte de la abogada Nancy Sánchez Bermúdez, quien actúa en nombre propio y en
representación de la familia Sánchez, y por parte de la Comisión Colombiana de
Juristas en representación de los accionantes.
Dentro de los medios probatorios
obtenidos, se tienen los siguientes:
-
Auto
del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Santa Marta, del 8 de junio de 2018, mediante el cual convoca a una mesa de
trabajo para concretar un arreglo de amigable composición que garantice el goce
efectivo de los derechos de las víctimas, junto con las respectivas citaciones
y actas de las reuniones efectuadas los días 5 de febrero de 2016 y 25 de mayo
de 2018[85].
-
Certificado
de Existencia y Representación Legal de la Cooperativa Multiactiva
Agroindustrial La Avianca y registro fotográfico de la existencia de la
actividad avícola y agraria emprendida por los accionantes[86].
-
Estudio
presentado por la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el folio de
matrícula inmobiliaria 222-6150, correspondiente al predio denominado “El
Alivio”, en el cual concluye:
“Verificados los antecedentes registrales del predio objeto de
estudio, se evidencia que nace a la vida jurídica el acto jurídico de
protocolización de posesión mediante la escritura  8 del 27 de enero de 1944 de
la Notaría única de Pivijay, inscrita el 2 de marzo de 1944, de Ternera Barrios
Aurelio, situación que está manifestada en el folio de matrícula en la parte de
complementación lo cual da la certeza de la inexistencia de titular de derecho
real de dominio en este predio.
Posteriormente en la anotación 23 del folio de matrícula 222-6150,
se encuentra inscrita la sentencia del 23 de julio de 2015 proferida por el
Juzgado 1 Civil de Santa Marta, en proceso de Restitución de Tierras, siendo la
restitución material al propietario del inmueble literal p artículo 91 de la
Ley 1448 de 2011, siendo beneficiarios los señores: (…)”[87]
-
Informe
de la Agencia Nacional de Tierras sobre la naturaleza jurídica del predio
denominado “El Alivio”, con matrícula inmobiliaria 222-6150, en el cual se
expone:
Frente a la
interpretación del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, precisó que de acuerdo con
la circular 05 del 29 de enero de 2018 de esa entidad, “cuando estos
asientos registrales den cuenta de la figura jurídica de falsa tradición y la
certificación de registro no dé cuenta de la integridad de la historia de
propiedad del inmueble que permite establecer el antecedente propio de
titularidad plena, pero de la información de instrumentos públicos se evidencie
el tratamiento de un predio sometido a régimen privado de propiedad privada, en
virtud de los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima,
salvo acreditación contraria debidamente allegada, se debe afirmar que este
inmueble salió del dominio de la nación y en consecuencia está sometido a un
régimen privado de propiedad”. Y con fundamento esta regla, concluyó
que “el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 222-6150, se
encuentra sometido al régimen de propiedad privada”, salvo que de existir
elementos de convicción adicionales en el antiguo sistema, que no fueron objeto
de análisis, la condición jurídica del inmueble podría variar[88].
II.
FUNDAMENTO
JURÍDICO DE LA DECISIÓN
1.     Competencia
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala de Revisión, es competente para examinar
las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31
al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Problema
jurídico
De acuerdo con las situaciones fácticas
expuestas y las decisiones de instancia mencionadas, le corresponde a la Sala
Quinta de Revisión determinar si el accionado vulneró los derechos
fundamentales a la restitución, al debido proceso, a la vivienda y al trabajo
de los accionantes, al proferir la sentencia - del 23 de julio de 2015 - dentro
del proceso de restitución de tierras con radicado 2015-0008, en la que se
ordenó la protección del derecho de restitución a favor de la familia Sánchez,
sin presuntamente: i) dar cumplimiento al parágrafo tercero del artículo
76 de la Ley 1448 de 2011[89],
ii) atender el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011[90] que establece la
competencia entre los Jueces Civiles del Circuito y los Tribunales Superiores -
Sala Civil especializados en restitución de tierras, y iii) tener
certeza sobre la naturaleza jurídica de los predios, concretamente, frente a la
posibilidad de que uno de los bienes pertenezcan a la Nación en su condición de
baldío.
Para resolver el anterior cuestionamiento y teniendo
en cuenta que las pretensiones se orientan a que se deje sin efectos la sentencia
del 23 de julio de 2015 proferida por el Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta, la Sala de Revisión abordará los siguientes
ejes temáticos: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales - reiteración de jurisprudencia y aplicación al
caso concreto; superado el test, se procederá a analizar (ii) los
defectos específicos (procedimental, orgánico y error inducido) que se le atribuyen a la
providencia atacada, a partir del análisis del procedimiento de restitución
de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011 y del régimen jurídico de los bienes baldíos de la Nación, su carácter
imprescriptible y su forma de adquisición.
Previo a resolver los
temas propuestos, se hace necesario esclarecer si en esta oportunidad se
satisface la legitimación por activa y por pasiva de la acción de tutela.
1.     Legitimación
en la causa
3.1. Legitimación
en la causa por activa. El artículo 86 Superior establece que la
acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier
persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, dispone que dicha acción “podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos”.
En
esta oportunidad, los accionantes Enedis Isabel Fonseca Pérez y otros, representados por la
Comisión Colombiana de Juristas, están legitimados en la causa para presentar
acción de tutela en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, que en el marco de un
proceso de restitución de tierras obvió el cumplimiento de disposiciones
normativas y, con ello, según lo afirmaron, vulneró su derecho fundamental
al debido proceso, entre otros.
3.2. Legitimación
en la causa por pasiva. De conformidad con los artículos 86 de la
Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta es
demandable a través de la acción constitucional, dado que es la autoridad
judicial que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de los accionantes Enedis Isabel Fonseca Pérez y otros. Y en efecto, el juez demandado
en ejercicio de sus funciones adoptó la providencia cuestionada en la presente
solicitud de amparo.
2.
Procedencia excepcional de la acción
de tutela contra sentencias o providencias judiciales
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, es
posible acudir a la acción de tutela para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Sin embargo, para esta Corporación, el mecanismo de protección constitucional
contra providencias judiciales procede de manera excepcional.
Lo anterior, para salvaguardar los principios de autonomía
judicial y seguridad jurídica, que podrían verse comprometidos por la revisión
por vía de tutela de sentencias judiciales. Por esta razón, la Corte ha
sostenido que la acción constitucional solo procede cuando se cumplen estrictos
requisitos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional.
Así las cosas, esta Corporación en la
sentencia C-590 de 2005 esquematizó
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra una
sentencia o una providencia judicial, los cuales, el juez al analizar la
procedencia de la acción constitucional, debe verificar que se cumplan: (i) que
el asunto tenga relevancia constitucional;  (ii) que la
solicitud de amparo cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iii) que el
accionante identifique, de forma razonable, los hechos que causan la violación
y que esta haya sido alegada dentro del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; (iv) que el fallo impugnado no sea de tutela, y (v) que
el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
antes de acudir a la tutela;
(i) Relevancia constitucional del caso por las siguientes
razones: En primer lugar, en el caso concreto se debate la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la vivienda y al trabajo, originada por la decisión proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta, el 23 de julio de 2015, presuntamente sin el cumplimiento del inciso tercero del artículo 76 de la Ley 1448 de
2011[91],
sin atender el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011[92] que establece la
competencia entre los Jueces Civiles del Circuito y los Tribunales Superiores -
Sala Civil especializada en restitución de tierras, y al considerar como bien
privado El Alivio, no siéndolo. Notándose en esta última razón, una injerencia
en el ámbito de los bienes baldíos, temática que, como ha sido expuesto en
múltiples sentencias de esta Corte, es de relevancia y de interés general[93].
En
segundo término, se encuentra involucrado el goce efectivo del derecho a la
restitución de tierras, que comprende “una política dirigida a favorecer la recomposición del tejido social y la
construcción de una paz sostenible, especialmente, en los territorios golpeados
por la violencia”[94].
(ii) Requisito de la inmediatez. Por su naturaleza,
la acción de tutela debe ser presentada en un término razonable desde la
ocurrencia del presunto hecho vulnerador, que puede consistir en la acción u
omisión de una autoridad pública o, como ocurre en este asunto, de una
autoridad judicial.
En el caso examinado, la providencia cuestionada fue proferida el 23
de julio de 2015, y la presentación de la acción de tutela, tuvo lugar el 15 de
noviembre de 2017, esto es, que transcurrieron dos años y cuatro meses
aproximadamente entre la decisión que presuntamente vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes y la fecha en que se acudió a la acción
constitucional. Ahora bien, durante ese tiempo se advierten actuaciones por
parte de los demandantes con la finalidad de conseguir la protección de sus derechos,
como son la solicitud de nulidad del 31 de agosto de
2015 con el objeto de que se accediera a la acumulación del proceso 2015-0042
al 2015-0008, así como la suspensión de los efectos del fallo, la gestión ante
la Procuraduría Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras para un
acercamiento interinstitucional con todos los actores involucrados. Asimismo,
el 6 de octubre de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas - Territorial Magdalena [95] presentó nulidad en
contra de la referida sentencia, al considerar que el juez carecía de
competencia para fallar ambos procesos, siendo esta última resuelta el 20 de
septiembre de 2017 mediante auto proferido por el juez accionado, y fue el 4 de
octubre de 2017, que se dispuso en consecuencia, mediante comunicaciones, el
cumplimiento del fallo del 23 de julio de 2015. Por tanto, desde esta última
actuación, pasó un mes y
doce días, con lo cual el requisito se encuentra
satisfecho, pues se observa un lapso razonable y prudencial desde la
ocurrencia del último hecho que se considera violatorio de los derechos
fundamentales y la utilización de la vía tutelar.
(iii) Los
demandantes identificaron de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados y así lo señaló en el proceso judicial en
el que se produce la sentencia objeto de revisión.
Los
accionantes afirman que la vulneración de los derechos invocados se debe a que el
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta incurrió en el defecto i)
procedimental, que surgió del incumplimiento del juez
de tramitar en un solo proceso todas las solicitudes correspondientes a los
predios La Gloria o Para Ver y El Alivio, exigencia establecida en el inciso
tercero del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011[96];
ii) orgánico, el cual resultó de la inatención del artículo 79 de la Ley
1448 de 2011[97]
que establece la competencia entre los Jueces Civiles del Circuito y los
Tribunales Superiores - Sala Civil, en caso de aceptarse oposiciones; y iii)
error inducido, al considerar como bien privado El Alivio, con fundamento en un
informe allegado por la Superintendencia de Notariado y Registro, sin tener en
cuenta que conforme a la instrucción conjunta número 13 y 251 de 13 de
noviembre de 2014 del Instituto de Desarrollo Rural - INCODER y la
Superintendencia de Notariado y Registro, las providencias judiciales no pueden
considerarse un título originario del Estado.
(iv) No se
trata de sentencia de tutela. El presente amparo no se dirige contra
un fallo de tutela, sino contra una sentencia del Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta, proferida el 23
de julio de 2015 dentro de un proceso de restitución de tierras.
(v)
Que la irregularidad procesal tenga un efecto decisivo o determinante en la
sentencia. En el asunto bajo estudio, en caso de que prosperara, el
argumento concerniente a afirmar que el predio El Alivio es efectivamente un
bien baldío, dicha situación por sí sola tendría la fuerza para modificar de
manera sustancial la decisión adoptada por el juzgado accionado en el proceso
de restitución 2015-0008, en razón a que la orden
consistiría en restituir materialmente la ocupación y no la propiedad, y en
caso, de verificarse que -sea la familia Sánchez o los tutelantes-, cumplen con
los supuestos legales para la adjudicación, se ordenaría a la autoridad
administrativa competente expedir la resolución de adjudicación correspondiente.
Así
mismo, de hallarse que los procesos de restitución de tierras implicados eran
acumulables, y que existieron opositores, la competencia para proferir el fallo
variaría.
(vi)
Agotamiento de todos los medios ordinarios de defensa judicial. Los accionantes
agotaron los mecanismos judiciales que tenían a su alcance para que les fuera
decidida de manera favorable sus pretensiones. En efecto, frente a la sentencia
del 23 de julio de 2015, la Comisión Colombiana de
Juristas presentó solicitud de nulidad el 31 de agosto de 2015 con el objeto de
que se accediera a la acumulación del proceso 2015-0042 al 2015-0008 así como
la suspensión de los efectos del fallo; gestionó ante la Procuraduría Delegada
para Asuntos de Restitución de Tierras un acercamiento interinstitucional con
todos los actores involucrados, así como también, el 6 de octubre de 2016, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena [98]
presentó nulidad en contra de la referida sentencia, al considerar que el juez
carecía de competencia para fallar ambos procesos.
Ahora
bien, no obstante, en principio, el procedimiento establecido en la Ley
1448 de 2011 es “el principal para reclamar o ventilar asuntos relacionados
con esa materia y solo de manera excepcional, frente a situaciones específicas
resultaría procedente la acción de tutela”[99], en
el presente caso, dicha normatividad no prevé mecanismos judiciales mediante
los cuales los accionantes pudieran cuestionar la decisión judicial censurada, en
primer lugar, porque no se les hizo parte dentro del proceso 2015-0008 y en segundo
término, porque es un trámite que se surte en única instancia, conforme lo
dispone el artículo 79 de la mencionada ley.
De
otra parte, si bien el fallo objeto de controversia, en los términos del artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 es susceptible de recurso extraordinario de revisión, se advierte
que ninguno de los hechos que fundamentan los defectos que se invocan[100],
se adecua a los presupuestos que trae el artículo 355 del Código General del
Proceso.
Resulta oportuno hacer referencia a los argumentos
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que sirvieron de
sustento para revocar el fallo de tutela de primera instancia en este trámite
de tutela. Estimó la alta Corte que los accionantes cuentan con el recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal 7 prevista en el
artículo 355 del Código General del Proceso, que establece: “estar el
recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad”
y que por tanto, la solicitud de amparo no tenía vocación para prosperar.
Sin embargo, advierte esta Sala que de acuerdo con
la Ley 1448 de 2011, artículo 86, el inicio del proceso de restitución de
tierras debe notificarse al representante legal del
municipio en donde esté ubicado el predio y al Ministerio Público, así como a
los terceros indeterminados mediante publicación de la admisión de la
solicitud, en un diario de amplia circulación nacional; circunstancias éstas
que no se alegan por los ahora accionantes. Ha de precisarse
que la inconformidad de los accionantes, si bien podría en últimas traducirse
en la ausencia de vinculación al proceso en el cual tienen un interés directo,
la misma no se fundamenta en la ausencia de notificación del auto admisorio de
la demanda u otro, sino en la falta de resolución y trámite oportuno a la
solicitud de acumulación de los procesos o solicitudes de restitución de
tierras; razón por la cual, la hipótesis no se adecua a la establecida en el
Código General del Proceso como causal de revisión.
Para poder afirmar que el recurso extraordinario de
revisión es idóneo[101],
tendría que partirse del presupuesto de que la Corte Suprema de Justicia, al desentrañar
el recurso, se va pronunciar respecto de la necesidad o
no de dar traslado o de notificar a las personas - con interés en los predios
objeto de restitución - que se encuentran debidamente determinadas dentro del
proceso de restitución de tierras, diferentes a las ya previstas por la Ley
1448 de 2011; lo cual probablemente no tendría asidero, si tenemos en cuenta
que esa Corporación - a pesar de indicar que el asunto debía ventilarse
mediante el recurso extraordinario - al pronunciarse de fondo frente a la
presunta “falta de notificación o emplazamiento”, lo hizo en los
siguientes términos: “En efecto, de las actuaciones surtidas dentro del
proceso 2015-0008, se advierte que se presentó solicitud por parte de la señora
Nancy Sánchez Bermúdez y Otros, se enteró del proceso a la Unidad de
Restitución de Tierras, además, se publicó el edicto convocando a las partes
que creyeran tener derechos sobre los inmuebles objeto de la Litis, y no se
acreditó haber realizado actuación alguna por parte de los aquí gestores, ni
oposición o solicitud en el sentido de manifestarle oportunamente al juez su deseo
de defender sus prerrogativas; circunstancias que habilitan al despacho
recriminado para dictar la sentencia el 23 de julio de 2015”.
Es decir, que de aceptarse que la situación
planteada por los accionantes puede ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia
vía recurso extraordinario de revisión, este resultaría a toda luz inocua, más
aún cuando la alta Corte repara que conforme al expediente 2015-0008, se
llevaron a cabo las notificaciones y/o publicaciones que la Ley 1448 de 2011
prevé como forzosas[102]
y no ahonda en la necesidad de vincular a los terceros determinados con interés
en las resultas del proceso, no previstos por la ley. En estos términos, dado
que la inconformidad de los accionantes - referente a la inoportuna resolución
de la solicitud de acumulación procesal - difiere de la causal prevista en el
Código General del Proceso, el recurso extraordinario de revisión no sería
procedente ni efectivo.
En
este orden de ideas, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
concluye la Sala que la acción de tutela que en esta oportunidad es objeto de
revisión, cumple con los requisitos generales de procedencia contra providencia
judicial, por lo que pasará a su análisis de fondo y a adoptar una decisión
definitiva frente a las solicitudes contenidas en el amparo constitucional.  Para
el efecto, es necesario verificar la existencia de alguna o algunas de las
causales específicas de procedibilidad ampliamente elaboradas por la
jurisprudencia constitucional[103], a saber:
(i)      Defecto
orgánico: tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la
decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
(ii)   Defecto
procedimental, absoluto: se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo
del procedimiento legalmente establecido o por exceso ritual manifiesto, el cual se presenta
cuando el funcionario judicial en aras del rigorismo en las formas, sacrifica
de manera injustificada su deber de dar prevalencia al derecho sustancial.
(iii)     Defecto
fáctico: se genera debido a una actuación del juez sin el apoyo
probatorio que permita aplicar el supuesto legal que fundamenta la decisión.
(iv)    Defecto
material o sustantivo: tiene lugar cuando existe una falencia o yerro en una
providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de
las normas jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez, o cuando se
presenta una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión, o por
desconocimiento del  precedente judicial en materia constitucional.
(v)      Error
inducido: también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace
referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada
a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión
violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima
de engaño, por fallas estructurales de la administración de justicia o por
ausencia de colaboración entre los órganos del poder público.
(vi)    Decisión
sin motivación: tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha
motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
(vii)   Desconocimiento
del precedente: se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o
limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
(viii)  Violación
directa de la Constitución: se presenta cuando el juez le da un alcance a una
disposición normativa abiertamente contrario a la Constitución.
Los
casos en que procede la acción constitucional contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
supuestos específicos de procedibilidad en eventos en los que no se está ante
una burda trasgresión del texto fundamental pero sí frente a decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Con
todo, es necesario que las causales de procedibilidad invocadas se aprecien de
una manera evidente o protuberante, y que las mismas sean de tal magnitud, que
puedan desvirtuar la juridicidad de la decisión judicial objeto de reproche.
Por lo anterior, esta Corporación ha sido enfática en señalar que no toda
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una causal
genérica de procedibilidad de la acción.
En este contexto, surge diáfano que, la procedencia de la
acción tutelar contra una decisión judicial está supeditada al cumplimiento de rigurosos requisitos, “[n]o
se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su
tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para
proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un
proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la
aplicación uniforme y coherente –es
decir segura y en condiciones de igualdad– de
los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”[104].
Teniendo
en cuenta los criterios específicos esbozados con anterioridad, la Sala caracterizará
a continuación los que interesan a la presente causa, por cuanto son los vicios
que se le endilgan a la sentencia del 23 de julio de 2015, proferida
por el Juez Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.
Del defecto
procedimental[105]
Entre las causales de procedibilidad de la acción tuitiva contra
providencias judiciales encontramos el defecto procedimental, que se puede
estructurar a partir de dos formas: (i) la absoluta, que se
presenta en los eventos donde el funcionario judicial sigue un procedimiento
diferente al establecido en la ley, u omite alguna de las principales fases del
proceso y quebranta los derechos de defensa y contradicción de las partes; y
(ii) por exceso ritual manifiesto, el cual se manifiesta cuando el
fallador desconoce el contenido del artículo 228 de la Constitución Política,
en tanto le impide a las personas el acceso a la administración de
justicia y el deber de dar prevalencia al derecho sustancial.
En ese sentido, el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto se presenta en los casos donde el juez o magistrado obstaculiza “la
efectividad de los derechos constitucionales por motivos formales”, es
decir, el procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho sustancial
y en ese sentido, deniegan justicia, por “(i) aplicar disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso
concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma
irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación
de las pruebas”.
Igualmente,
esta Corporación ha reiterado que el
funcionario judicial “incurre en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un
medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii)
renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos
probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en exceso rigurosa del
derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento
de derechos fundamentales”.
Para la procedencia de la tutela por defecto procedimental, en
cualquiera de sus dos formas, se precisa la concurrencia de los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional: “(i) que no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con
el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal
tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de [vulnerar] derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada [dentro] del
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior
se presente una vulneración [de] derechos fundamentales”.
Del defecto orgánico[106]
Esta Corte ha sostenido, en forma reiterada, que la probada
incompetencia del funcionario judicial configura un defecto orgánico que afecta
el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción
correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de
la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que
“representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la
medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en
los términos que la Constitución y la ley establecen”.
Ha considerado así mismo que “la extralimitación de la esfera de
competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros
supuestos, se produce cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una
que no les corresponde” y también cuando adelantan alguna actuación o emiten
pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se
surtan determinadas actuaciones.”
En consecuencia, la actuación judicial está enmarcada dentro de
una competencia funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente,
que de ser desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y
por ende, el desconocimiento del derecho al debido proceso.
Del defecto por error inducido[107]
El error inducido acaece cuando una providencia judicial en
apariencia no tiene defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al
principio del debido proceso, con base en los elementos probatorios que obran
en el expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley,
sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida bajo la
determinación o influencia de aspectos correctamente aportados al proceso,
estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se fundamenta en
elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa,
equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales.
De esta manera, se trata de una violación de derechos
fundamentales que no es atribuible al funcionario judicial accionado, puesto
que el defecto en la providencia es producto de la inducción al error de que es
víctima el juez de la causa, por lo que la actuación judicial resulta lesiva de
derechos fundamentales. De esta manera, la Corte en la sentencia SU-014 de
2001, expresó que la ocurrencia de esta causal exige la acreditación de al
menos dos presupuestos: i) que la decisión judicial se fundamente en la
apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan
violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii)
que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental.
En suma, se trata de un defecto que hace referencia a situaciones
exógenas al proceso y que afectan la decisión del juez de conocimiento, pues
con la misma, se produce un perjuicio ius fundamental que debe
ser remediado.
3.     Del caso concreto
3.1.
Primer cargo: Configuración del defecto procedimental
Con el propósito
de resolver de fondo el defecto atribuido a la sentencia del 21 de julio de
2015 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, la Sala procede a verificar brevemente
el procedimiento de restitución de tierras en los términos de la Ley 1448 de
2011.
3.1.1.
Procedimiento para la Restitución de
Tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011
Es un hecho
irrefutable que durante más de cinco décadas, Colombia ha padecido un conflicto
arma­do interno que ha producido un masivo y sistemático despojo de tierras,
desplazamiento forzado de personas e intensificación de la concentra­ción de la
propiedad de la tierra, los cuales se pretenden poner fin, luego de la firma
del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la cons­trucción de
una paz estable y duradera”.
Con el fin de
construir una paz sostenible y reparar el enorme daño sufrido por las víctimas
del conflicto, el legislador dictó en
su beneficio medidas de atención, asistencia y reparación integral - contenidas
en la Ley 1448 de 2011[108] - que
posibilitan el efectivo goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la
reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición
de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos
constitucionales[109].
Es así como la ley en comento, incluyó dentro de las
medidas de reparación, la restitución de tierras que
pretende hacer justicia a las víctimas revirtiendo los efectos del despojo,
privando a los victimarios de las tierras ilegalmente apropiadas con ocasión
del conflicto, o las que fueron adquiridas aprovechando las condiciones de
extrema vulnerabilidad de las víctimas. También busca el restablecimiento del
proyecto de vida de las víctimas y promover retornos en condiciones de
sostenibilidad, seguridad y dignidad,[110]
lo que se traduce no solo en la restitución y formalización de los predios,
sino en la dignificación de las víctimas a través de la materialización y goce
efectivo de sus derechos[111].
Tal y como se indicó en la C-330 de 2016: “El
hecho lesivo que origina la pretensión de restitución afecta bienes mucho más
amplios que el conjunto de facultades sobre un terreno, en que se concreta el
derecho de propiedad o el hecho de la posesión, es decir, la relación material
de la persona con su predio. Ese hecho desconoce o vulnera bienes iusfundamentales adicionales,
como la vivienda digna, el mínimo vital, el acceso a la tierra y la producción
de alimentos. Genera entonces un desarraigo, que incide en el ejercicio del derecho a
la autonomía y menoscaba la dignidad de la persona. Esa situación se extiende
en el tiempo, desde el hecho desencadenante del abandono o despojo hasta el
momento en que sea posible la reparación”. Es entonces, precisamente la función del juez de restitución de
tierras, el de ocuparse no únicamente de asuntos de tierras - oportunidad para
corregir los problemas de la estructura agraria y de ordenamiento territorial
en el país -, sino, dentro de una visión de interdependencia e integralidad de
los derechos de las víctimas, el de contribuir a la paz y a la equidad social y
propiciar la democratización del acceso a la tierra, elementos cardinales del
orden constitucional de 1991[112].
El texto de la ley tiene como propósito hacer realidad en forma expedita y
segura el derecho de restitución de tierras despojadas por actos generalizados
de violencia armada ilegal.
En efecto, para
hacer viable la intención del legislador, se instituyó la acción de restitución
como una acción atípica, concentrada en un proceso mixto, el cual consta de dos
etapas, una de carácter administrativo y la otra, de naturaleza judicial. Si
bien en la mencionada ley se establece el procedimiento para cada una de las
etapas definidas en razón a la autoridad competente para gestionarlas, ellas
deben entenderse como un único procedimiento. En otras palabras, estamos frente
a un mismo proceso que consta de dos etapas, y por tanto, al constituir un
todo, su interpretación no habrá de limitarse a los lineamientos procesales
especiales sino que su interpretación debe extenderse a las disposiciones
sustantivas, así como a los principios generales dispuestos para la protección
de las víctimas.
Este proceso
especial, goza de algunas ventajas que redundan en economía procesal, por
cuanto la etapa inicial - administrativa -, cumple un papel bastante
importante, que implica filtrar en un primer momento, los casos que cumplan con
los requisitos previstos por la ley – preparados de acuerdo al predio sobre el
cual recaen-, evitando de esta manera que la actividad judicial se desborde con
asuntos que no merecen su priorización y atención, así como también, adelantar
un recaudo probatorio muy significativo que facilita la labor del juez de restitución,
en la medida en que esa oportunidad también se determinan las víctimas
despojadas, la época en que tuvieron ocurrencia los hechos victimizantes, y se
identifican plenamente los predios que se pretenden restituir; de manera que el
juez cuando conoce del asunto, cuenta con un expediente bastante completo desde
el inicio, lo que le permite fácilmente comprobar la veracidad de los hechos y
adoptar la decisión que en derecho corresponda. Adicionalmente, en este proceso
los jueces tienen el deber de tramitar bajo el mismo, todas las solicitudes que
recaigan sobre el mismo predio, con miras a adoptar una decisión expedita e
integral para las víctimas.
La sentencia C-820 de 2012[113]
reiteró que la naturaleza especial de la acción de restitución constituye “una forma de
reparación, en tanto a través de un procedimiento diferenciado y con efectos
sustantivos no equivalentes a los propios del régimen del derecho común, se
fijan las reglas para la restitución de bienes a las víctimas definidas en el
artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Esa especialidad, que explica su condición
de medio de reparación, se apoya no solo en las características del proceso
definido para tramitar las pretensiones de restitución, sino también en las
reglas sustantivas dirigidas a proteger especialmente al despojado. Cabe
destacar, por ejemplo, el régimen de presunciones sobre la ausencia de
consentimiento o causa ilícita, las reglas de inversión de la carga de la
prueba, la preferencia de los intereses de las víctimas sobre otro tipo de sujetos,
la protección de la propiedad a través del establecimiento de restricciones a
las operaciones que pueden realizarse después de la restitución y el régimen de
protección a terceros de buena fe -de manera tal que los restituidos no se
encuentren obligados a asumir el pago de valor alguno por las mejoras
realizadas en el predio, debiendo éste ser asumido por el Estado-.”. Todas estas
características hacen del proceso de restitución de tierras el medio más
considerado y eficaz para restablecer en sus derechos a las víctimas
despojadas.
Como se explicó,
consta de dos etapas. La primera de las etapas se encuentra a cargo de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a quien se le asignó la
competencia para constituir y administrar el "Registro de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente", y en consecuencia, para
determinar el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el
núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio, su relación jurídica
con el mismo, así como el período durante el cual tuvo la influencia armada.
Este primer trámite puede iniciar de oficio o por solicitud de la parte
interesada y concluye con la decisión de inclusión o no del predio en el
registro, previa comunicación
al propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio
objeto de registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que
acrediten la propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de buena fe,
conforme a la ley[114].
Una vez inscrito
el predio en el registro, el despojado queda
habilitado para presentar directamente la demanda escrita u oral ante el Juez o
Magistrado, por sí mismo o a través de apoderado, dando inicio al trámite
judicial para la formalización de la restitución – titulación y entrega del
respectivo predio-[115].
De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011,
se identifican dos tipos de personas como titulares del derecho a la
restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas
forzadamente: (i) las propietarias o poseedoras de predios y (ii) las
explotadoras de baldíos que pretendan adquirir la propiedad por adjudicación,
en ambos casos, que hayan sido despojadas de las tierras u obligadas a
abandonarlas como consecuencia de los hechos que configuren las violaciones
definidas en el artículo 3º de la ley, entre el 1 de enero de 1991 y el término
de vigencia de ésta.
Entonces, en esta segunda etapa, el Juez Civil del
Circuito, especializado en restitución de tierras, con la admisión de la
solicitud que reúna las exigencias del artículo 84 ibídem, dispone entre otras
órdenes: i) la notificación del inicio del proceso al representante
legal del municipio a donde esté ubicado el predio, y al Ministerio Público, ii)
el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas que consideren que
deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y a quienes
se consideren afectados por el proceso de restitución, el cual se entenderá
surtido con la publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de
amplia circulación nacional, con inclusión de la identificación del predio y
los nombres e identificación de la persona quien abandonó el predio cuya
restitución se solicita, y iii) el traslado a personas determinadas,
esto es, a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el
certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté
comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando
la solicitud no haya sido tramitada con su intervención.
Así mismo, la
ley establece un término para recibir las oposiciones a la solicitud de
restitución, que se deberán presentar bajo la
gravedad del juramento ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a
la solicitud, contados a partir de la
notificación de la admisión de la solicitud, según sentencia de
constitucionalidad C-438 de 2013[116].
Igualmente, el juez de conocimiento tiene la facultad de practicar las pruebas
que considere necesarias, para lo cual cuenta con treinta (30) días; para
finalmente, con base en las pruebas recaudadas, proferir el fallo definitivo
sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto
de la demanda y decretar las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los
opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso.
Ahora,
en caso de que la restitución resulte materialmente imposible, el artículo 97
de la Ley 1448 de 2011 prevé las denominadas compensaciones en especie y
reubicación como pretensiones subsidiarias, para que con cargo a los recursos
del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, le sea entregado al solicitante un bien inmueble de
similares características al despojado. Los casos previstos por el legislador
para que procedan las compensaciones son: (i) tratarse de un inmueble ubicado
en zona de alto riesgo o amenaza de inundación, derrumbe u otro desastre
natural, (ii) tratarse de un inmueble sobre el que se presentaron despojos
sucesivos y ya el pedido fue restituido a otra víctima despojada de ese bien,
(iii) cuando en el proceso repose prueba que acredite que la restitución del
bien implicaría un riesgo para la vida del despojado o de su familia, y (iv)
cuando se trate de un inmueble destruido parcial o totalmente y sea imposible
su reconstrucción.
Adicionalmente, se prevé la acumulación procesal entendida
como el ejercicio de concentración de todos los procesos o actos judiciales,
administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades
públicas o notariales en los cuales esté comprometidos derechos sobre el predio
objeto de la acción. También son susceptibles de la acumulación las demandas en
las que varias personas reclamen inmuebles colindantes o vecinos y las
impugnaciones de registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente[117].
Dicha
acumulación está dirigida “a obtener una decisión jurídica y material con
criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y
estabilidad de los fallos”, y en el caso de los predios colindantes, se
dirige a materializar “criterios de economía procesal y procurar retornos de
carácter colectivo de manera integral bajo criterios de justicia restaurativa”[118].
Por
su parte, el artículo 100 de la misma ley, consagra que la entrega del predio
restituido se hará al despojado en forma directa cuando sea el solicitante o a
la Unidad a favor del despojado “dentro de los tres días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia”[119].
En cuanto a la
competencia para conocer de las demandas de restitución de tierras, el artículo
79 de la mencionada ley, previó que los Jueces Civiles del Circuito,
especializados en restitución de tierras, conocerán y decidirán en única
instancia los procesos de restitución de tierras y los procesos de
formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma
forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores
dentro del proceso; en caso contrario, de existir oposición, serán decididos
por los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala
Civil, especializados en restitución de tierras. Para este efecto, los Jueces
Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, tramitarán el
proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su competencia al
Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Y por último,
conforme al artículo 74 ibídem, los proceso de restitución de tierras se
tramitan en una única instancia, y en caso de que el Juez Civil del Circuito
especializado en restitución de tierras no decrete la restitución a favor del
despojado, la sentencia será objeto de consulta ante el Tribunal Superior de
Distrito Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jurídico y la defensa
de los derechos y garantías de los despojados.
3.1.2.
Verificación del defecto en el caso
concreto
La Comisión
Colombiana de Juristas en representación de los accionantes, alegó como primer
cargo, que la sentencia proferida el 23 de julio de
2015 por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta, les vulneró sus derechos fundamentales a la
restitución, al debido proceso, a la vivienda y al trabajo, al no tramitarse en
un solo proceso todas las solicitudes correspondientes a los predios La Gloria
o Para Ver y El Alivio, incumpliendo de esa manera con la exigencia establecida
en el inciso tercero del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011[120] y obviando proceder
conforme al inciso segundo del artículo 95 ibídem[121].
Señaló que sobre
los predios La Gloria o Para Ver y El Alivio existían varias solicitudes de
restitución de tierras las cuales fueron puestas en conocimiento del accionado
en dos oportunidades, a saber: i) el 19 de febrero de 2015 por informe
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas - Territorial Magdalena y ii) el 18 de junio de 2015 con la
solicitud de acumulación presentada por la Comisión Colombiana de Juristas.
Respecto de la
primera oportunidad, en la cual el accionado tuvo conocimiento de la existencia
de las diferentes personas que tenían interés en los mismos predios pretendidos
por la familia Sánchez, observa la Sala lo siguiente:
La abogada Nancy
Sánchez en causa propia y en representación de la familia Sánchez, presentó
demanda de restitución de tierras el 3 de febrero de 2015 siendo repartida al
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta – accionado de esta tutela -, bajo el radicado 2015-0008[122].
El Juez Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta antes
de proceder a la admisión de la solicitud de restitución incoada por la familia
Sánchez - con radicado 2015-0008-, requirió a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – Territorial Magdalena un “informe
detallado de las personas naturales o jurídicas diferentes a los
solicitantes que se hicieron parte dentro del trámite administrativo de
cada uno de los predios objeto de restitución, todo ello en un término de dos
(2) días, a efecto de entrar inmediatamente decidir la admisión o inadmisión de
la demanda”[123].
De lo cual se advierte, que al indagar acerca de “personas diferentes a las
solicitantes”, el juez accionado exteriorizó su intención de identificar a
los demás interesados en los predios.
En este primer
momento, surge la inquietud consistente en saber cuál era la finalidad del
accionado al solicitar la información correspondiente a las personas que se
hicieron parte dentro del proceso administrativo de los predios, diferentes a
la familia Sánchez. Al respecto, ha de indicarse que del expediente no se
advierte que la intención haya sido la de vincular a los demás inscritos por
los predios La Gloria o Para Ver y El Alivio en el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente", en la medida en que no se dispuso lo
pertinente en el auto admisorio, así como tampoco buscaba comunicarles de la
existencia del proceso 2015-0008, por cuanto ello tampoco tuvo ocurrencia. Esto,
lleva a la Sala, a considerar que, aparentemente, el accionado pretendía
verificar en un primer momento que no existiera otro inscrito con mejor o igual
derecho sobre los predios, antes de admitir dar trámite a lo pretendido por la
familia Sánchez; lo anterior, aun cuando ese no era el momento procesal
oportuno para que el juez de restitución de tierras considerara a simple vista el
derecho de cada uno de los solicitantes sobre los predios y determinara que la
familia Sánchez tenía una mejor prerrogativa respecto del resto de inscritos sobre
los mismos, ya que es precisamente en el transcurso del proceso de restitución
de tierras que ello se debe dilucidar.
De otra parte, del
expediente resulta claro, que el accionado, previamente a admitir la solicitud
de restitución de la familia Sánchez[124],
tuvo acceso a la información correspondiente a las demás víctimas, diferentes a
los solicitantes, que se hicieron parte dentro del trámite administrativo adelantado
para cada uno de los predios objeto de restitución y por tanto, tuvo conocimiento
de la relación de los solicitantes efectivamente inscritos -previo agotamiento
del procedimiento administrativo-, en el registro de tierras despojadas en
calidad de poseedores de los predios, en la medida en que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Territorial
Magdalena atendió en ese sentido su requerimiento el 19 de febrero de 2015[125]. En otras palabras, en
esa fecha, antes de admitir la demanda de restitución de la familia Sánchez, el
juez accionado tuvo conocimiento de la existencia del resto de víctimas que en
calidad de poseedores fueron inscritas por la mencionada Unidad para los
predios La Gloria o Para Ver y El Alivio, dentro de los cuales se encontraban
los vianqueros, accionantes de esta acción de tutela.
Dentro de las
disposiciones normativas invocadas por los accionantes, está el artículo 76 de
la Ley 1448 de 2011, que señala textualmente en la parte pertinente: “ARTÍCULO
76. REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE.
Créase el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” como
instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también
las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y
su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto
de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el
período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio.
(…) La conformación y administración del registro estará a cargo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que se
crea por esta Ley. La inscripción en el registro procederá de oficio, o por
solicitud del interesado. En el registro se determinará el predio objeto del
despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del despojado o de
quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio
o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro.
En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y
compensación en el mismo proceso. (…) La inscripción de un predio en el
registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la
acción de restitución a que se refiere este Capítulo”. (Subrayado fuera de
texto)
Si bien el
precepto legal transcrito parece que consagró exclusivamente los lineamientos
de la etapa de índole administrativa del proceso de restitución tierras, es
preciso indicar, que el aparte subrayado, claramente corresponde a la etapa
judicial del proceso de restitución, en razón a que “las solicitudes de
restitución” y “las compensaciones” a que hace referencia, le son
propias. En primer término, porque la Ley 1448 de 2011, en su artículo 83, al
referirse a la solicitud de restitución, lo hace en los siguientes términos: “Cumplido el requisito de procedibilidad a que se
refiere el artículo 76, el despojado podrá dirigirse directamente al Juez o
Magistrado, según lo dispuesto en el artículo 79, mediante la presentación de
demanda escrita u oral, por sí misma o a través de apoderado” o a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas quien puede “solicitar al Juez o Magistrado
la titulación y entrega del respectivo predio incluido en el registro de
tierras despojadas a favor del titular de la acción” conforme al artículo 82
ibídem; esto es, que la solicitud de restitución
tiene lugar una vez agotada la etapa administrativa y por ende, con ella inicia
la etapa judicial.
En segundo lugar,
porque de acuerdo con los artículos 97 y 98 ibídem, las compensaciones se
solicitan ante el juez de restitución de tierras y son decididas en la
sentencia judicial que pone fin al proceso de restitución de tierras.
En consecuencia,
los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras, y los
Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras, tienen
el deber legal de tramitar todas las solicitudes de restitución y
compensación en un mismo proceso, ello, cuando resulten varios despojados de un
mismo predio o múltiples abandonos.
Por su parte, la
Ley 1448 de 2011, dispone: la notificación del
inicio del proceso al representante legal del municipio a donde esté ubicado el
predio y al Ministerio Público, la publicación de la admisión de la solicitud para
el traslado a las personas indeterminadas que consideren que deben comparecer
al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y por último, el traslado a
personas determinadas, esto es, a quienes figuren como titulares inscritos de
derechos en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria
donde esté comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución y a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención. En
este sentido, tenemos que para el momento en que el juez accionado tuvo
conocimiento de la relación de los solicitantes inscritos en el registro de
tierras despojadas en calidad de poseedores de los predios la Gloria o Para Ver
y el Alivio, es decir, para el 19 de febrero de 2015, no tenía el deber legal expreso
de vincular a los accionantes[126],
en la medida en que en ninguna parte la ley dispone
el deber de notificar la admisión de la demanda a las demás víctimas que
pretenden la restitución del mismo inmueble cuando se encuentran plena y previamente
identificadas.
En efecto, la Ley
1448 de 2011 dispone la publicación de la
admisión de la solicitud de restitución en un diario de amplia circulación
nacional, con inclusión de la identificación del predio y los nombres e
identificación de la persona que abandonó el predio cuya restitución se
solicita, para efectos de entender cumplido el traslado a terceros
indeterminados que consideren tener derecho sobre el bien. Sin embargo, en
este caso, no estamos frente a terceros indeterminados, en razón a que los
ahora tutelantes, fueron debidamente identificados y determinados por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena como poseedores de las
parcelas ubicadas dentro de los predios de mayor extensión, objeto de este
litigio, y que por lo mismo, se trata de una población, que al igual que los
solicitantes iniciales (familia Sánchez), también fueron víctimas del
desplazamiento, y en razón al conflicto, tuvieron que abandonar temporalmente dichos
predios.
Estamos frente a una población vulnerable, campesinos despojados
de las parcelas donde venían desarrollando su proyecto de vida y víctimas del
conflicto armado interno, que probablemente no tengan acceso permanente a
medios de comunicación masivos dada la ubicación de los predios, razón por la
que resulta desproporcionado afirmar que se entienden enterados de la demanda
de la familia Sánchez con una nota en un diario de amplia circulación nacional.
Por el contrario, el juez de restitución de tierras –quién actúa en nombre y
representación del Estado-, contando con los medios idóneos y con la
información de contacto de esta población, perfectamente pudo disponer la comunicación
de la existencia de la solicitud de restitución del predio a las personas, que
estando plenamente identificadas, también tenían interés legítimo como víctimas
poseedoras, en aras de propender por una decisión integral que facilitara la
finalidad de la Ley 1448 de 2011, como lo es lograr el restablecimiento de la
situación de las víctimas de manera masiva con garantía de no repetición.
La ley en
comento, está cimentada en principios que redundan en el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas, al
establecer que deben ser tratadas con consideración y respeto, garantizando su
participación en las decisiones que las afecten - para lo cual, contarán con
información, asesoría y acompañamiento necesario-, también, se les debe
garantizar un proceso justo y eficaz, remover los obstáculos administrativos
que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas de atención,
asistencia y reparación, así como trabajar de manera armónica y articulada para
el cumplimiento de los fines previstos en la ley, permitir la participación
activa de las víctimas y por último, por medio de las diferentes entidades a
las cuales se asignan responsabilidades en relación con las medidas
contempladas en esta ley, promover mecanismos de publicidad eficaces, los
cuales estarán dirigidos a las víctimas. A través de estos deberán brindar
información y orientar a las víctimas acerca de los derechos, medidas y
recursos con los que cuentan, al igual que sobre los medios y rutas judiciales
y administrativas a través de las cuales podrán acceder para el ejercicio de
sus derechos. Asimismo, es derecho de las víctimas conocer el estado de
procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que
tengan un interés como parte o intervinientes.
En ese contexto, las autoridades administrativas y
judiciales deben tener la disposición para lograr el cometido de la ley de
víctimas y por ende, del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, que pretende una decisión
estable frente a las víctimas despojadas de un mismo predio, sean propietarios
o poseedores. En este sentido, les es dado hacer uso de la información y de los
medios -eficaces e idóneos- para que las víctimas despojadas tengan un acceso
real a la justicia y a la reparación.
Atendiendo el
deber de los jueces de observar las disposiciones sustantivas y los principios
generales dirigidos a proteger a las víctimas del conflicto despojadas de sus
predios, para esta Sala, el accionado debió comunicar de la existencia del
proceso 2015-0008 a los inscritos en el “Registro
de tierras despojadas y abandonadas forzosamente" en calidad de poseedores de las parcelas
que hacen parte de los predios de mayor extensión La Gloria o Para Ver y El
Alivio, los cuales se encontraban debidamente
determinados antes de admitir la demanda de la familia Sánchez, para que si así
lo quisieran, se hicieran parte dentro del proceso de restitución 2015-0008. Lo
anterior, en procura de satisfacer el impositivo previsto en el inciso tercero
del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, que implica promover su
vinculación para efectos de definir bajo un mismo proceso y sentencia, la
restitución de los predios referidos y las compensaciones a que hubiere a lugar.
No obstante, en
el caso sub examine se observa que en lugar de proceder el juez
accionado, conforme la lógica le impone, optó por obviar dicha información y en
su lugar, continuó el proceso únicamente con los solicitantes iniciales
-familia Sánchez.
Con todo, es necesario dejar en claro, que la Sala de ninguna manera reprocha que el accionado haya
solicitado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas la información relativa a personas diferentes a los
demandantes antes de admitir la solicitud de restitución, sino el hecho de
haber omitido valorar y actuar conforme a las disposiciones sustantivas y
principios que regulan el procedimiento de restitución de tierras.
En cuanto al
segundo momento, en el cual el accionado tuvo conocimiento de la existencia de
las diferentes solicitudes de restitución concurrentes frente a los mismos
predios, esto es, la solicitud de acumulación presentada por los tutelantes el
18 de junio de 2015[127]
-junto con la solicitud colectiva de restitución-, ante el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Restitución de Tierras, la Sala advierte:
En armonía con lo expuesto al comienzo de este
acápite, en cuanto a que las solicitudes de
restitución de despojados de un mismo predio o múltiples abandonos se deben
tramitar en un mismo proceso, en ese sentido, la figura de la acumulación resulta
ser un medio idóneo para este fin, al definirse en la misma ley, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 95. ACUMULACIÓN PROCESAL. Para efectos del proceso de restitución de que trata la presente
ley, se entenderá por acumulación procesal, el ejercicio de concentración en
este trámite especial de todos los procesos o actos judiciales, administrativos
o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades públicas o notariales
en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la
acción. También serán objeto de acumulación las demandas en las que varios
sujetos reclamen inmuebles colindantes, o inmuebles que estén ubicados en la
misma vecindad, así como las impugnaciones de los registros de predios en el
Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente.
Con el fin de hacer efectiva esta
acumulación, desde el momento en que los funcionarios mencionados sean
informados sobre la iniciación del procedimiento de restitución por el
magistrado que conoce del asunto, perderán competencia sobre los trámites
respectivos y procederán a remitírselos en el término que este señale.
La acumulación procesal está
dirigida a obtener una decisión jurídica y material con criterios de
integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de
los fallos. Además, en el caso de predios vecinos o colindantes, la acumulación
está dirigida a criterios de economía procesal y a procurar los retornos con
carácter colectivo dirigidos a restablecer las comunidades de manera integral
bajo criterios de justicia restaurativa.
Parágrafo 1º. En los casos de acumulación procesal de que trata el presente
artículo, los términos se ampliarán por un tiempo igual al establecido para
dichos procesos.
Parágrafo 2º. En
todo caso, durante el trámite del proceso, los notarios, registradores y demás
autoridades se abstendrán de iniciar, de oficio o a petición de parte,
cualquier actuación que por razón de sus competencias afecte los predios objeto
de la acción descrita en la presente ley incluyendo los permisos, concesiones y
autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se
hubieran otorgado sobre el predio respectivo.
De la norma
trascrita se observa, que para obtener una decisión
jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y
unificación para el cierre y estabilidad de los fallos así como por economía
procesal y para procurar los retornos con carácter colectivo, todo tipo de
trámite, proceso, demanda o solicitud de cualquier naturaleza, incluso de
restitución, que tenga la capacidad de incidir en la de definición de los
derechos que recaen sobre los predios, tienen vocación para ser acumulados.
De la misma
disposición normativa, entiende la Sala que, la acumulación procesal no es una
figura rogada, es decir, que en principio no requiere de una solicitud en ese
sentido, ya que la misma opera desde el momento
en que los funcionarios, conocedores de los trámites, procesos o demandas a
acumular, sean informados sobre la iniciación del procedimiento de restitución,
oportunidad en que los mismos proceden a remitir las diligencias al juez que
conoce de la solicitud de restitución, dentro del término que éste disponga
para ello. Es decir, que el término para acceder a la acumulación, es desde el
momento en que se comunica a las autoridades de la admisión de la solicitud de
restitución hasta el término que el juez de restitución disponga para remitir
las diligencias que venían conociendo relativas al mismo predio, situación que
aplicaría para el caso de procesos o actuaciones que se encontraban ya
surtiendo por otras autoridades.
De otra parte, el juez de restitución tiene también el
deber legal de tramitar bajo un mismo proceso de restitución de tierras, todas
las solicitudes de restitución cuando resulten varios
despojados de un mismo predio o múltiples abandonos[128]. Si bien el
legislador no señaló expresamente desde cuándo y hasta qué momento era
procedente acumular y tramitar de manera conjunta esas solicitudes, sí dejó
claro en su texto, que la finalidad de la misma es “obtener una decisión jurídica y material con criterios de
integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de
los fallos”, por lo que razona esta Sala, que en
aras de garantizar su efectivo cumplimiento, la facultad de acumular las solicitudes de restitución, es viable a partir del
momento en que inicia el proceso de restitución -con la solicitud de
restitución- y se extiende hasta antes de proferir el respectivo
fallo. Esto es, al efectuar un análisis sistémico de los artículos 95 y 76 de
la Ley 1448 de 2011, bajo los principios de celeridad, seguridad jurídica y estabilidad
de los fallos, la solicitud de acumulación procesal puede presentarse en
cualquier momento hasta antes de la sentencia que ponga fin al proceso de
restitución de tierras inicial, siempre y cuando se trate de demandas de
restitución que recaigan sobre los mismos predios, esto, en virtud del deber de
tramitar bajo un mismo proceso todas las solicitudes en los términos del
artículo 76 ibídem.
Ahora, si bien
los jueces civiles especializados en restitución de tierras necesariamente deben
acudir a la legislación civil para determinar los derechos de los solicitantes
de restitución y en otros casos, acuden a sus disposiciones procesales para
efectos de interpretar o suplir los vacíos normativos,
desde ya advierte la Sala que siendo el procedimiento de restitución de tierras
de carácter especial, abreviado y por tanto, con etapas procesales reducidas,
de plano se descarta específicamente la aplicación del artículo 148 de la Ley 1564 de 2012 -Código
General del Proceso. La disposición procesal refiere que la acumulación de dos
o más procesos procede de oficio o a petición de parte siempre que deban
tramitarse por el mismo procedimiento y se encuentren en la misma instancia,
incluso así no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, presupuestos
que no divergen con la acumulación de que trata la Ley 1448 de 2011 en su
proceso de restitución, en tanto podrían ser perfectamente aplicables. No
obstante, la acumulación prevista por ese cuerpo normativo, al referirse a la
oportunidad procesal en la cual puede hacerse uso de esta prerrogativa, dispone
claramente que procederá “hasta antes de señalarse fecha y hora para la
audiencia inicial”, lo cual discrepa enormemente con el proceso especial de
restitución, si tenemos en cuenta que dentro de sus etapas no se estipularon
audiencias de ningún tipo, dada la brevedad y la necesidad de resolver de
manera expedita la situación de las víctimas despojadas del conflicto armado
interno.
En el caso sub
examine, la solicitud de restitución inicial o primigenia corresponde a la
presentada por la abogada Nancy Sánchez en nombre propio
y en representación de la familia Sánchez, el 3 de febrero de 2015, bajo el
radicado 2015-0008, la cual fue decidida por el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta  -accionado de
esta tutela-, el 23 de julio de 2015. Por su parte, el 18 de junio de 2015, los
vianqueros -ahora tutelantes- presentaron también demanda colectiva de
restitución de tierras, junto con la respectiva solicitud de acumulación al
proceso de restitución primigenio, la cual correspondió por reparto, al mismo
Juzgado Primero Civil del Circuito de Restitución de Tierras, con el radicado
2015-0042.
Así las cosas, tenemos que al mismo juez accionado le
fue asignada, en un primer momento, la solicitud colectiva de restitución de la
familia Sánchez (2015-0008) y, antes de proferir el fallo en este proceso,
recibió por reparto la solicitud colectiva de restitución de los tutelantes
(2015-0042). Es decir, que a pesar de haber tenido conocimiento de ambas
solicitudes de restitución (propietarios y poseedores), y pese a haber tenido
el deber de acumularlas -de manera oficiosa en un primer momento y luego por
solicitud expresa de la parte-, decidió proferir fallo en una de ellas, el 23
de julio de 2015, obviando la solicitud de acumulación de los tutelantes.
La solicitud de
acumulación de la Comisión Colombiana de Juristas en representación de los
ahora accionantes, fue presentada el 18 de junio de 2015 -antes de que se
emitiera el fallo en el proceso primigenio-, y fue resuelta por el juez accionado el 20 de agosto del mismo
año con el auto admisorio del proceso de restitución de tierras 2015-0042 -después
del fallo del proceso primigenio-, en los siguientes términos: “A prima
facie, y sin entrar a disernir de fondo esta figura procesal, se rechazará de
plano esta petición, habida cuenta que la norma procesal civil es clara en
exigir su trámite siempre que los procesos se encuentren en la misma
instancia…, situación jurídica que no se vislumbra en el caso de marras, como
quiera que el proceso bajo el radicado 2015-0008 al cual se pretende acumular
la presente demanda ya culminó sus etapas procesales mediante sentencia de
fondo adiada veintitrés (23) de julio de 2015. Por ello, se negara (sic) la
acumulación procesal impetrada”[129].
Entonces, habida
cuenta que la solicitud de acumulación tuvo lugar antes del 23 de julio de 2015
- fecha en que se profirió la sentencia de restitución dentro del proceso
primigenio-, tenemos que, contrario a lo señalado por el juez accionado,  para
la fecha en que se invocó la acumulación, ambas solicitudes de restitución sí
se encontraban en la misma instancia, que aunque en diferente etapa procesal, ello
de ninguna manera impedía su acumulación; porque a pesar de hallarse en etapas
distintas, el juez accionado tenía el deber legal de proceder a dar
cumplimiento a los artículos 76 y 95 de la Ley 1448 de 2011 y por ende, a
tramitar conjuntamente la solicitud de restitución de la familia Sánchez
(2015-0008) y de los ahora tutelantes (2015-0042 y sus acumulados).
A criterio de
esta Sala, el operador judicial en lugar de negar la acumulación, debió
suspender el proceso que se encontraba avanzado hasta tanto ambos se
encontraran en la misma etapa procesal de la instancia, para que, luego de
escuchar a propietarios y poseedores, y después de que ambos refutaran por la
vía probatoria sus pretensiones, proferir el fallo que en derecho corresponde. Porque
si bien estamos frente a un proceso con características especiales, con
términos evidentemente abreviados, no puede por ello, el juez pretender sacrificar
los derechos sustanciales y procesales de las víctimas beneficiarias de la
restitución de tierras. Tan es así, que la misma Ley 1448 de 2011 previó la
ampliación de los términos establecidos para dicho proceso - por un tiempo igual - en caso de acaecer la acumulación procesal[130].
Así, el juez accionado, al no proceder conforme al
mandato legal y a los principios constitucionales, consintió un conflicto que
pudo haberse evitado y solucionado en esa instancia, de haber accedido en su
momento, a la acumulación procesal y decidido la restitución en una misma sentencia.
No obstante, ahora existen dos fallos. Uno, correspondiente al proceso
2015-0008, en el cual se ordena la protección del derecho fundamental a la
restitución de tierras abandonadas y despojadas a causa del conflicto armado
interno a favor de la familia Sánchez, y por ende, la restitución jurídica y
material de los predios La Gloria o Para Ver y El Alivio. Otro, perteneciente
al proceso 2015-0042, en el cual también se dispone proteger el derecho
fundamental de restitución de tierras a la mayor parte de los solicitantes así
como la restitución de las parcelas respectivas - pertenecientes a los predios
de mayor extensión La Gloria o Para Ver y El Alivio - a cada uno de ellos, al
considerar que de acuerdo con el acervo probatorio “se da fe que un 90% de
los solicitantes a beneficiarse por el derecho a la restitución, han estado
ejerciendo posesión sobre el predio que reclaman y en consecuencia lo han
explotado en actividades agrícolas y ganaderas, a ello se suma que en la fecha
en que esta agencia judicial practicó diligencias de inspección judicial sobre
las parcelas objeto de restitución, se evidenció que las víctimas de despojo a
reconocer se encontraban sobre los inmuebles encartados en el ejercicio del
usufructo de la tierra mediante la explotación pecuaria y agrícola”.
De acuerdo con lo anterior, efectivamente estamos
frente a dos grupos de víctimas que merecen igual atención por parte del
Estado. De una parte, la familia Sánchez que como propietarios, tiene derecho a
que se le restituya los predios que con ocasión del conflicto armado tuvieron
que abandonar, y de otra parte, el grupo de campesinos que llegaron a esas
tierras con sus padres y continuaron trabajando parcelas de las mismas
propiedades y obteniendo de ellas su sustento por más de 24 años en condición
de poseedores; tiempo durante el cual, guardaron la expectativa de una posible
adjudicación de tierras, que el mismo Estado, a través del entonces INCORA, les
creó, al efectuar la parcelación del predio La Gloria y al entregárselos para
que continuaran allí con sus actividades agropecuarias[131].
Ahora, con el fin de materializar el derecho a la
restitución de tierras, el inciso cuarto del artículo 72 de la Ley 1448 de
2011, dispone que el restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el
registro de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria y que el derecho de
posesión que tenga la víctima, se reestablecerá con la declaración de
pertenencia en los términos señalados en la ley. En cuanto a este último evento,
los artículos 2529 y 2532 del Código Civil[132], vigentes para la época que
inició la posesión, disponen que quien pretenda obtener título de propiedad
sobre un inmueble deberá demostrar posesión material, pública, pacífica e
ininterrumpida por el término de diez (10) años para posesiones regulares y de
veinte (20) años para posesiones irregulares, respectivamente. En efecto, si tenemos
en cuenta que los accionantes han ejercido la posesión de las parcelas – de
propiedad privada - por más de 24 años (salvo que se demuestre lo contrario),
esto es, por un tiempo superior al exigido para posesiones regulares e incluso
han superado los 20 años de las irregulares, tienen derecho a que se declare a
su favor la pertenencia y por ende, a que se les restituya material y
jurídicamente las respectivas parcelas.
Bajo este análisis, en principio[133],
habría que restituir los predios La Gloria o Para Ver y El Alivio tanto a la
familia Sánchez como, las parcelas ubicadas en ellos, a los accionantes que
cumplan con los requisitos legales para adquirir la propiedad. Sin embargo, jurídica
y materialmente es imposible entregar los predios de mayor extensión La Gloria
o Para Ver y El Alivio a la familia Sánchez, y, las parcelas que de ellos hacen
parte, a los accionantes. Para ello, la Ley 1448 de 2011, en el artículo 97 y
el inciso quinto del artículo 72, dotó de herramientas al juez de restitución
para dar solución a este conflicto. Esta última disposición señala: “En los
casos en los cuales la restitución jurídica y material del
inmueble despojado sea imposible (…) se le ofrecerán alternativas de
restitución por equivalente para acceder a terrenos de similares
características y condiciones en otra ubicación, previa consulta con el
afectado. La compensación en dinero sólo procederá en el evento en que no sea
posible ninguna de las formas de restitución”.
Esto es, que al encontrarse el juez de restitución de
tierras ante el dilema, de entregar los predios objeto de esta tutela a los
propietarios o a los campesinos con vocación a obtener el título de pertenencia
que se encuentran trabajando los mismos, a criterio de esta Sala, en virtud de
una interpretación teleológica o finalista[134]
de la disposición mencionada, resulta posible jurídicamente, buscar un consenso,
aplicando el principio a la participación, de que trata la Ley 1448 de
2011, para llegar a una decisión consensuada que garantice el retorno de la paz
y la estabilidad de la restitución de la tierra[135]. En
el que las víctimas, con la aquiescencia del director del proceso y de las
demás autoridades intervinientes e involucradas en razón a sus competencias,
propongan una solución que resulte equitativa para las partes.
Conforme a lo anterior, de haber admitido la
acumulación procesal en este caso, el juez accionado hubiera permitido que
ambos grupos de víctimas involucradas en esta contienda conocieran de los
medios probatorios allegados y decretados en ambos procesos, hubieran podido
ejercer su derecho a la contradicción, así como plantear los hechos que
sustentan los defectos que se alegan en esta tutela como son la falta de
competencia y la presunta naturaleza baldía del predio El Alivio, lo que en últimas
hubiera terminado en una decisión de restitución definitiva sin dilaciones y sin
causar daño, dada la participación activa de las víctimas, bajo el marco del respeto
de los derechos fundamentales al debido proceso, incluido el de contradicción
que tienen ambos grupos de víctimas involucradas en esta contienda, y a la
restitución que se debe a las víctimas despojadas de los predios “La Gloria o
Para Ver” y “El Alivio”. Lo anterior, teniendo en cuenta que estamos frente a
víctimas despojadas en razón al conflicto de los mismos predios, en diferentes
periodos, y que por tanto, resultaba importante que el juez contara con la versión
de ambas partes hasta llegar a una verdad única, luego de valorar de manera
integral las pruebas aportadas y decretadas, para lograr una decisión más justa
y acertada que ayude, a la construcción de una paz duradera, al cumplimiento de
los fines del Estado en cuanto al aprovechamiento y redistribución equitativa
de las tierras, la reubicación colectiva de las comunidades campesinas y la protección
de las víctimas como personas vulnerables.
Por el contrario, al decidir la demanda de restitución
de los tutelantes el 21 de mayo de 2018, esto es, cerca de tres años después de
haber ordenado la entrega jurídica y material de los predios “La Gloria o Para
Ver” y “El Alivio” a la familia Sánchez, se puso en un riesgo evidente los
derechos fundamentales a la vivienda, el trabajo y la restitución de los
vianqueros, que de no haber sido evitado por las actuaciones adelantadas por la
Comisión Colombiana de Juristas con el apoyo de Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena y la Procuraduría
Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras,
hubieran sido víctimas de un nuevo desplazamiento, en la medida en que hubieran
tenido que abandonar las tierras sin tener un rumbo definido y sin protección
alguna por parte del Estado.
En efecto, con la sentencia del 23 de julio de 2015 –
objeto de revisión-, que ordena la entrega de los predios -incluidas las
parcelas reclamadas por los tutelantes- sin fijar medidas de restitución que dignifique
a las víctimas poseedoras, que viven y vienen obteniendo su sustento del
trabajo que realizan en esas tierras, se puso en riesgo los derechos
fundamentales a la vivienda y al trabajo de los accionantes, así como la
garantía de no repetición - principio fundamental en la estructura de la
reparación. Esto, a pesar de haber podido acumular las demandas de restitución
de manera oficiosa o en su defecto, accedido a solicitud de la acumulación
presentada por la Comisión Colombiana de Juristas oportunamente y haber podido
en la misma sentencia, determinar la situación de cada uno de ellos, y en
consecuencia, emitir las ordenes de restitución y de protección a que tienen
derecho, de manera que no tuviera cabida una posible desprotección y riesgo de
repetición de desplazamiento de los campesinos poseedores de las parcelas
ubicadas en los lotes de mayor extensión ya referidos.
En otros
términos, el juez de restitución debe entrar a medir el contexto y las
circunstancias de los solicitantes en aras de propender por la restitución sin
daño. Es deber del juez de restitución de tierras analizar, como por ejemplo en
el caso bajo estudio, el impacto social de restituir el predio “La Gloria” y
“El Alivio” a la familia Sánchez y en consecuencia, afectar a más de 34
familias integradas -con niños y personas de avanzada edad- que dependen
económicamente de la explotación de la tierra, que al igual, fueron víctimas
del conflicto armado y que, en principio, tienen también derecho a la entrega
de las parcelas que hacen parte de los mismos predios por la posesión que han
ejercido por más de 24 años, más aun, sin tomar de manera concomitante, medidas
para su protección y restitución efectiva. Teniendo en cuenta que ante casos de
múltiple desalojo de un mismo predio, se hace imposible restituir a varias
familias el mismo predio, atendiendo los motivos y fines de la ley, el juez
puede pactar la entrega de un bien inmueble de similares características o una
compensación en dinero al despojado.
La acción de restitución de tierras es la instancia
apropiada para solucionar las disputas por la tenencia de la tierra que el
conflicto armado ha generado. Las heridas del pasado deben sanarse a través de
un proceso que garantice la participación equilibrada de las partes en
conflicto y que sea capaz de sentar las bases de un nuevo comienzo. Un juicio
civil de carácter transicional posibilita una controversia entre las partes,
que se resuelve de forma expedita y garantizando el equilibrio en el proceso.
El juez tiene la posibilidad, además, de impulsar la construcción de soluciones
amistosas, dialogando con las partes y sometiendo a examen sus peticiones. El
proceso judicial, por lo tanto, tiene grandes potencialidades para ofrecer
soluciones que pongan punto final a los conflictos y conduzcan a la
reconciliación[136].
Por lo anterior,
para esta Sala de Revisión, no es de recibo la justificación proporcionada por
el juez accionado para negar la solicitud de acumulación de los acá accionantes,
consistente en la imposibilidad de acumular las demandas de restitución en
razón a que la primigenia había culminado sus etapas procesales mediante
sentencia, porque si bien la solicitud de acumulación fue resuelta con
posterioridad, la misma fue allegada al despacho mucho antes de que ello
ocurriera. Por tanto, se advierte la configuración de este primer defecto, bajo
una interpretación inspirada en el principio
constitucional de la dignidad humana, el derecho fundamental al debido proceso,
así como los principios de la restitución, a la seguridad jurídica y
estabilidad de los fallos en pro de garantizar una real y efectiva
reivindicación a las víctimas del conflicto armado de que trata el artículo 3
de la Ley 1448 de 2011, despojadas de sus predios en razón al mismo - en
calidad de propietarios, poseedores o explotadoras de bienes baldíos.
En consecuencia, se advierte que en el caso bajo
estudio concurren los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional
para la procedencia de la tutela por defecto procedimental, así: (i) no
hay posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, por cuanto los accionantes
agotaron los mecanismos judiciales que tenían a su alcance para que les fuera
decidida de manera favorable sus pretensiones y si bien el fallo objeto de
controversia, en los términos del artículo 72 de la Ley
1448 de 2011 es
susceptible de recurso extraordinario de revisión, se advirtió que ninguno de
los hechos que fundamentan los defectos que se invocan, se adecua a los
presupuestos que trae el artículo 355 del Código General del Proceso; (ii) el defecto procesal tiene una
incidencia directa en el fallo que se acusa de vulnerar derechos fundamentales,
en razón a que de haberse accedido a la acumulación, la
decisión hubiera sido proferida con criterios de
integralidad y seguridad jurídica, tanto para la familia Sánchez como para las
familias campesinas que poseen los predios; (iii) la irregularidad fue alegada por los accionantes dentro del proceso
2015-0008, una vez tuvieron conocimiento de que el juez accionado había
proferido la sentencia de restitución sin haber accedido previamente a la
acumulación solicitada del proceso; y (iv) como consecuencia de lo
anterior, se vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
restitución de tierras.
De acuerdo con
todo lo dicho, esta Sala concluye que el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta incurrió en un defecto
procedimental en tanto omitió su deber de acumular las solicitudes que versaran
sobre los predios “La Gloria o Para ver” y “El Alivio”, específicamente
los procesos 2015-0008 y 2015-0042 (y acumulados), y en su lugar, decidió
fallar ambos procesos de manera aislada, teniendo como resultado la sentencia
de fecha 23 de julio de 2015 en la que se ordenó la restitución de los bienes “La
Gloria o Para ver” y “El Alivio” a la familia Sánchez, sin haber adoptado
las medidas tendientes a proteger el derecho de restitución a que tienen los
tutelantes - también víctimas del conflicto armado interno-, como poseedores de
las parcelas ubicadas dentro esos predios.
3.2.
Segundo cargo: Configuración del defecto orgánico
El segundo de
los cargos atribuidos a la sentencia del 23 de julio de 2015 proferida por el
juzgado accionado, se relaciona con la presunta falta de competencia para
emitir el referido fallo, en razón a la existencia de opositores.
La competencia
para conocer los procesos de restitución de
tierras y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes
abandonaron en forma forzosa sus predios, se encuentra claramente definida en
el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011. De acuerdo con esta disposición, los Jueces Civiles del Circuito, especializados en
restitución de tierras, conocen y deciden en única instancia, aquellos
casos en que “no se reconozcan opositores dentro del proceso”, ya que en
caso de existir opositores, la competencia para decidir queda radicada en los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil,
especializados en restitución de tierras. En esta última situación, el juez
Civil del Circuito, especializado en restitución de tierras, debe tramitar el
proceso hasta antes del fallo y luego, remitirlo para lo de su competencia, al
Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente.
Ahora, en aras
de determinar la competencia y por ende, la existencia del defecto alegado por
los tutelantes, se hace necesario establecer quiénes son “opositores”
dentro del proceso de restitución de tierras.
La sentencia C-715
de 2012, analizó el cargo presentado en acción de constitucionalidad contra la
expresión "opositora" contenida el numeral 3 parcial
del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, que textualmente señala “Cuando
la parte opositora hubiere probado la propiedad,
posesión u ocupación, y el posterior despojo de un bien inmueble, no podrá
negársele su restitución con fundamento en que un acto administrativo posterior
legalizó una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima”. Luego
de estudiar la posible violación del debido proceso, del acceso a la justicia y
a la reparación en contra de la parte solicitante o víctima, esta Corporación
declaró su inconstitucionalidad con fundamento en que la expresión acusada “está
en contradicción con las normas constitucionales, vulnerando el derecho a la
reparación, y limitando el acceso efectivo de las víctimas a obtener la
restitución, en la medida que establece la presunción para el derecho a la
restitución en cabeza de la parte opositora, aun cuando ello contraríe los
intereses de la víctima”.
Más adelante, la
sentencia C-795 de 2014 estudió la constitucionalidad de la condición contenida en el inciso primero del artículo 100 de la
Ley 1448 de 2011, que señala que la entrega del predio objeto de restitución a
la víctima, deberá hacerse “dentro de los tres días siguientes al pago de
las compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiera lugar a
ello, o dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”. Para resolver este
conflicto, esta Corte expuso que “en la resolución de la tensión que subyace entre los derechos de
las víctimas y los terceros de buena fe exenta de culpa, la Corte halla vulnerado el
derecho a la igualdad, porque el legislador debiendo propender por la adopción
de acciones afirmativas hacia las víctimas del desplazamiento forzado que
fortalecieran su derecho fundamental a la restitución efectiva del predio o
bienes, dispuso en su lugar tomar medidas restrictivas sobre el goce efectivo
de sus derechos al dejar de brindar un trato preferente y favorable a las víctimas,
dada su calidad de sujetos de especial protección constitucional y como parte
más vulnerable en la relación jurídica procesal respecto de los opositores”.
En efecto, resuelve la  inexequibilidad de la expresión demandada y concluye
que “la
entrega del predio objeto de restitución debe operar inmediatamente, esto es,
dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, con
independencia de la cancelación de la compensación a los opositores de buena fe
exenta de culpa. De lo contrario, solo contarían las víctimas del
desplazamiento forzado con un derecho formal reconocido por una sentencia, que
se traduciría en una simple hoja de papel o en una declaración de solo buenas
intenciones, al no poder materializar sus derechos reclamados”.
De lo anterior, pareciera definirse de manera implícita
el término “opositor”, como aquel que tiene una relación de derecho con el
predio en virtud de un justo título, pero que no tiene la calidad de víctima; bajo
el entendido que de tenerla, sería beneficiario de la presunción legal
analizada en la C-715 de 2012 y de la condición contenida en el inciso primero del artículo 100 de la
Ley 1448 de 2011, estudiado en la C-795 de 2014[137]. Esto,
en razón a la relación de despojado (víctima) y despojador (victimario) en la
que fue concebida la referida ley[138].
Sin embargo, conforme la jurisprudencia en asuntos de
restitución abundaba, se comenzaron a identificar
nuevas formas de vínculos de terceros con el bien despojado, que no eran ni
solicitantes, pero tampoco opositores, ya que no cumplían con la carga
probatoria exigida para tal[139].
De ahí, los segundos ocupantes comenzaron a ser sujetos relevantes en los
procesos ya que en muchos casos, su intervención procesal daba pie a que frente
a ellos se dictaran órdenes judiciales, aunque no se probara su fe exenta de
culpa, razón por la que se empezaron a expedir decisiones administrativas por
parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, tendientes a proteger a este grupo poblacional vulnerable, como por
ejemplo, el Acuerdo 018 de 2014, posteriormente derogado por el Acuerdo 021 de
2015, luego por el Acuerdo 029 de 2016 y este a su vez, por el 33 del mismo año,
cuyo fin fue el de adoptar el reglamento para el cumplimiento de las
providencias y medidas de atención a segundos ocupantes en el marco de la
acción de restitución de tierras.
El tema fue ampliamente abordado por esta Corporación en
la sentencia C-330 de 2016 que declara la exequibilidad de la expresión “exenta
de culpa”, contenida en los
artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011, bajo el “entendido de que
es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial,
frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad,
y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con
lo establecido en la parte motiva de esta providencia. Para llegar a tal conclusión,
previamente, la providencia dedicó parte de la exposición a efectuar la distinción
entre opositores y segundos ocupantes.
Para definir los “segundos ocupantes” la Sala Plena
acudió al Manual de aplicación de los Principios Pinheiro -al considerar que
hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato[140]-, en
la que “Se
consideran ocupantes secundarios todas aquellas personas que hubieran establecido su
residencia en viviendas o tierras abandonadas por sus
propietarios legítimos a consecuencia de, entre otras cosas, el desplazamiento
o el desalojamiento forzosos, la violencia o amenazas, o las catástrofes
naturales así como las causadas por el hombre”; y para hacer la definición clara, a modo de ejemplos
explica que “puede tratarse de colonizadores en espera de una futura
adjudicación; personas que celebraron negocios jurídicos con las víctimas
(negocios que pueden ajustarse en mayor o menor medida a la normatividad legal
y constitucional); población vulnerable que busca un hogar; víctimas de la
violencia, de la pobreza o de los desastres naturales; familiares o amigos de
despojadores; testaferros o ‘prestafirmas’ de oficio, que operan para las
mafias o funcionarios corruptos, u oportunistas que tomaron provecho del
conflicto para ‘correr sus cercas’ o para ‘comprar barato’”.
Precisa que, los segundos ocupantes son quienes por
diferentes causas, ejercen su derecho a la vivienda en predios abandonados o
despojados en el marco del conflicto armado, es decir, como resultado de
estrategias de control territorial de los grupos inmersos en el conflicto, o
surgir como consecuencia de problemas históricos de equidad en el reparto de la
tierra; sin embargo, con independencia de esa heterogeneidad constituyen una
población relevante en procesos de justicia transicional, y especialmente en el
marco de la restitución de tierras. Explica entonces la sentencia que “la distinción entre opositores y segundos
ocupantes es relevante para comprender adecuadamente el problema jurídico
planteado en la demanda. La primera expresión hace referencia a una categoría
procesal incorporada a la ley de restitución de víctimas y restitución de
tierras. El segundo concepto se refiere a una población que debe ser tenida en
cuenta al momento de establecer políticas, normas y programas de restitución de
tierra en escenarios de transición, como presupuesto para el éxito y la
estabilidad de las medidas, y para la seguridad en los derechos de las víctimas
restituidas, especialmente, en lo que tiene que ver con la tenencia de la
tierra, la vivienda y el patrimonio”.
Luego concluye la sentencia
que los
conceptos “opositor” y “segundo ocupante” no son sinónimos, ni es
conveniente asimilarlos al momento de interpretar y aplicar la ley de víctimas
y restitución de tierras. En muchos casos los opositores son segundos
ocupantes, pero es posible que haya ocupantes que no tengan interés en
presentarse al proceso, así como opositores que acuden al trámite sin ser
ocupantes del predio.”[141]
En tanto, el
Acuerdo 33 de 2016, expedido en atención a las consideraciones desarrolladas
por esta Corporación en la sentencia C-330 de 2016 respecto de los segundos
ocupantes, para efectos de determinar las medidas de protección, los cataloga
así: i) Ocupantes secundarios sin tierra que habitan o derivan del predio
restituido sus medios de subsistencia, ii) Ocupantes secundarios poseedores u
ocupantes de tierras distintas al predio restituido, que habitan o derivan del
predio restituido sus medios de subsistencia, y iii) Ocupantes secundarios
propietarios de tierras distintas al predio restituido, que habitan o derivan
del predio restituido sus medios de subsistencia.
Conforme
al texto de la Ley 1448 de 2011, en el proceso de restitución de tierras, en su
etapa judicial, luego de que el juez admite la demanda, se da inicio al término
para la oposición. Al respecto, el artículo 87 ibídem,
prescribe que la solicitud deberá trasladarse (i) a quienes figuren como
titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad de
matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el cual se
solicite la restitución y (ii) a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando la
solicitud no haya sido tramitada con su intervención. Además, que “[c]on la
publicación a que se refiere el literal e) del artículo anterior se entenderá
surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas que
consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos
legítimos y a quienes se consideren afectados por el proceso de restitución”.
El artículo 88 ibídem dispone que “Al escrito de oposición se acompañarán los
documentos que se quieran hacer valer como prueba de la calidad de despojado
del respectivo predio, de la buena fe exenta de culpa, del justo título
del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer valer el opositor en el
proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de la calidad de
despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de
restitución o formalización”.
Esto es, que: i) el opositor puede ser el titular inscrito de derechos, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o
cualquier persona que se considere afectada por el proceso de restitución, y ii) puede presentarse con
diferentes intenciones o intereses dentro del proceso de restitución, de acuerdo con la última disposición legal.
Esta Corte, en la sentencia
C-330 de 2016, se refirió a ellas –las intenciones- en tres tipos de
oposiciones distintas: (i) aquellas que persiguen demostrar la calidad
de víctima de despojo en relación con el mismo predio objeto del trámite de
restitución de tierras (supuesto regulado por el artículo 78 de la misma Ley[142]); (ii)
las destinadas a tachar la condición de víctima del solicitante y (iii)
las que pretenden demostrar la existencia de una relación jurídica o material
sobre el predio objeto del trámite, generada por una conducta de buena fe exenta de culpa.[143]
Recientemente la sentencia T-008 de 2019, se refirió a
los opositores así: “Como conclusión, la Sala
entiende que muchos de los opositores al interior del proceso de
restitución de tierras pueden tratarse de personas (i) igualmente víctimas (de
la violencia, de la pobreza, de desastres naturales) como quien acude a
solicitar la restitución, (ii) que por su condición de vulnerabilidad llegó al
predio y se instaló allí (bajo una conducta si bien de buena fe, no
necesariamente exenta de culpa[144]),
(iii) que no tuvo relación directa ni indirecta con el despojo del bien, (iv)
que su interés no necesariamente es la titulación del predio, sino que allí
tiene su vivienda o de allí extrae su sustento, lo que lo convierte en segundo
ocupante legítimo, y que (v) como consecuencia de la sentencia de restitución
está perdiendo el lugar donde vive o del que depende su mínimo vital. Lo cual
implica que los jueces de restitución deben utilizar herramientas y criterios
tanto internos como internacionales para diferenciar el estándar probatorio
exigible, y determinar quiénes son o no segundos ocupantes de buena fe simple o
exenta de culpa[145]”.
Lo anterior,
lleva a la Sala a considerar, de una interpretación conjunta de desarrollo conceptual
efectuado por la sentencia C-330 de 2016, por la sentencia T-008 de 2019, así
como del texto de los artículos 87 y 88 de la Ley 1448 de 2011, que opositores son
aquellas personas que -sean víctimas de la violencia, de la pobreza o de los
desastres naturales, o no- se hacen parte en la etapa judicial del proceso de
restitución de tierras, tras considerar que son i) titulares de derechos
inscritos o legítimos sobre el predio solicitado en restitución o ii) se
consideran afectadas por el eventual resultado de la solicitud, como ocurre con
los que a pesar de que no tuvieron ninguna relación (directa ni indirecta) con
el abandono o despojo, allí tienen su vivienda o de allí extraen su sustento –segundos
ocupantes, así como iii) aquellas que pretenden tachar la condición de víctima
del solicitante.
En efecto, según el artículo 88 ibídem,
si alguno de estos sujetos se hace parte en el proceso judicial adquiere la
condición de opositor.
En el caso sub examine, estamos, de una parte,
frente a víctimas de la violencia y del despojo inscritos en el “Registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente" por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas – Territorial Magdalena, como son: la
familia Sánchez, en calidad de propietarios y de otra, gran parte de los
accionantes como poseedores.
La Comisión Colombiana de Juristas en representación
de los poseedores -tutelantes-, adujo que de haberse dado la acumulación procesal
del 2015-0042 (y sus acumulados) al 2015-0008 – asunto resuelto en el acápite
inmediatamente anterior-, las oposiciones advertidas en el proceso de
restitución con radicado 2015-0042 y sus acumulados, hubieran determinado la
competencia del Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil,
especializados en restitución de tierras, para proferir la sentencia definitiva
de ambos.
Los accionantes hicieron alusión, puntualmente a la
existencia de las siguientes presuntas oposiciones procesales:
a.     “En
auto del 18 de enero de 2017 surtido dentro del trámite 2015-0042 el juez
señaló: “se observa que es menester vincular al presente trámite a terceros con
interés legítimo, los cuales conminan inexorablemente a este operador judicial
vincularlos al trámite de la referencia, a efectos [que] ejerzan su defensa y
no soslayar derecho alguno, en consecuencia se vinculará a los señores Lacides
Brito, Manuel Santiago Palmera, Abraham Rojas y José Satos Cantillo […] y a los
señores Cesar Segundo López, Jesús María Quintero, Luis Antonio Valero, Zunilda
Paloma Quintero en relación al predio la Gloria o Para Ver. Esta actuación
debió haberse dado en el marco del proceso 2015-0008 y no en el 2015-0042 como
efectivamente sucedió. […]”
b.     “De
otra parte, si los procesos se encontrasen acumulados desde un inicio al
proceso 2015-0008, la contestación de la defensoría a favor de Willington
Rojas, Jorge Eliecer Ternera de la Hoz, Nuvis Esther Ternera Orozco, Sara Olga
Arévalo de la Hoz y Abraham Rojas, hubiese sido allegada al primer trámite
impetrado y no al 2015-0042 como ocurrió el 18 de octubre de 2017”.
c.      “Finalmente,
a las solicitudes propias de este caso se suma la remisión que realiza el Juez
Segundo Civil del Circuito Especializado de Santa Marta a través de auto del 27
de junio de 2017 de la solicitud concerniente al predio Mano de Dios reclamado
por Jorge David Charris Bolaño bajo el radicado 2014-0036, el cual se traslapa
con el predio La Gloria, este envío se da con el fin que la misma sea acumulada
al trámite que se adelanta sobre el predio La Gloria. Es de aclarar que la
solicitud remitida tiene oposición del señor Carlos Arturo Rueda Acevedo, la
cual fue reconocida por el Juzgado Segundo mediante auto del 21 de junio de
2016. Lo que indica que dicha oposición debió trasladarse a la solicitud
2015-0008”.
De acuerdo con
el análisis efectuado de la sentencia del 21 de mayo de 2018, proferida dentro
del proceso de restitución 2015-0042, y demás medios probatorios obrantes en el
expediente de la acción de tutela, se advierte que:
La Defensoría
del Pueblo Regional Magdalena, actuó dentro del proceso de restitución de
tierras como representante judicial de los terceros Nuvis Ternera Orozco por la
parcela el Tesoro, Wilington Rojas Martínez por la parcela el Tropezón, Sara
Olga Arévalo de la Hoz por la parcela Nuevo Mundo, Jorge Eliecer Ternera por la
parcela Las Flores y Abraham Rojas por la parcela Los Nogales. En su defensa,
la comentada Defensoría del Pueblo sustentó la oposición alegando que se trata
de personas que actualmente ocupan y ostentan la calidad de propietarios de las
parcelas que forman parte del globo de terreno de mayor extensión del predio
llamado a ser restituido, que no ejercieron presión alguna, por sí ni por
interpuesta persona para la adquisición de sus parcelas, y que fueron
compradores de buena fe[146].
Adicionalmente,
los señores Sara Olga Arévalo de la Hoz, Willington Rojas Martínez, Abraham
Rojas Martínez, Nubis Ternera Orozco y Noris Elena Crespo Gutiérrez, quienes no
fueron inscritos en el “Registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente" por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas -
Territorial Magdalena, tuvieron el tratamiento de opositores dentro del proceso
de restitución 2015-0042, en su condición de segundos ocupantes.
Respecto de la
parcela “El Tropezón”, ubicada dentro del lote de mayor extensión La Gloria o
Para Ver, se hicieron parte dentro del proceso de restitución, los señores
Fabio Rebollo Montaño y Abraham Rojas Martínez; el primero de ellos, en calidad
de víctima del conflicto armado interno e inscrito
en el “Registro de tierras despojadas
y abandonadas forzosamente" por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas - Territorial Magdalena, y el segundo, en calidad de comprador del
referido predio, quien asegura que en el año 2002 compró la parcela con un área
de 7 hectáreas y que, en efecto, se opone a la restitución del mismo lote al
señor Fabio Rebollo Montaño.
Es decir, que
dentro del proceso de restitución 2015-0042 se admitieron oposiciones a las
pretensiones de los solicitantes poseedores de las parcelas ubicadas dentro de
los predios de mayor extensión “La Gloria o Para Ver” y “El Alivio”[147], toda vez que los
mismos pretenden demostrar la existencia de una
relación jurídica o material sobre el predio objeto del trámite, generada por
una conducta de buena
fe exenta de culpa.
De acuerdo con lo
antes expuesto, la competencia para dictar la sentencia en el radicado
2015-0042, conforme al artículo 79 de la
Ley 1448 de 2011 y el desarrollo jurisprudencial constitucional, correspondía a los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras.
Por
consiguiente, de haberse accedido por el juez accionado, a la acumulación de
los procesos 2015-0042 (y sus acumulados) y 2015-0008, tal y como se explicó en
el acápite anterior, hubiera variado la competencia también para este último, y
en efecto, el juez accionado debía haber remitido los expedientes al Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil,
especializado en restitución de tierras, para que emitiera la sentencia
respectiva y fuera éste y no el accionado, el que definiera la situación
de restitución de los acá tutelantes y de la familia Sánchez.
Así las cosas,
encuentra la Sala, que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta incurrió en un defecto orgánico, toda vez
que al resultar procedente la acumulación de los procesos 2015-0008 y
2015-0042, y al existir oposición en este último, la competencia para
decidirlos recaía en la Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena[148] conforme
al inciso tercero del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.
Al haber encontrado configurados los defectos
procedimental y orgánico, la Sala se abstendrá de estudiar el defecto por error
inducido, invocado en la demanda, por sustracción de materia. En consecuencia,
los accionantes podrán, si a bien lo tienen, alegar el referido defecto ante el
juez especializado, quien podrá decretar los medios probatorios pertinentes,
para una vez acumulados los procesos de restitución y culminada la práctica de las
pruebas que considere pertinentes y conducentes, se proceda a remitir los
expedientes debidamente acumulados a la Sala Civil Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para lo de
su competencia.
4.
Conclusiones
6.1. Se presentó
un defecto procedimental en tanto el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta omitió su deber de acumular
las solicitudes que versaran sobre los predios “La Gloria o Para ver” y “El
Alivio”, específicamente los procesos 2015-0008 y 2015-0042 (y acumulados),
y en su lugar, decidió fallar ambos procesos de manera aislada, teniendo como
resultado la sentencia de fecha 23 de julio de 2015 en la que se ordenó la
restitución de los bienes “La Gloria o Para ver” y “El Alivio” a la familia
Sánchez, sin haber adoptado las medidas tendientes a proteger el derecho de
restitución que tienen los tutelantes como poseedores de las parcelas ubicadas
dentro esos predios.
6.2. La
sentencia de fecha 23 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Primero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, también
incurrió en un defecto orgánico, toda vez que al resultar procedente la
acumulación de los procesos 2015-0008 y 2015-0042, y al existir oposición en
este último, la competencia para decidirlos recae en la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena conforme al inciso tercero del
artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.
6.3. Al haber encontrado configurados los defectos
procedimental y orgánico, la Sala se abstendrá de estudiar el defecto por error
inducido, invocado en la demanda, por sustracción de materia. En consecuencia,
los accionantes podrán, si a bien lo tienen, alegar el referido defecto ante el
juez especializado, quien podrá decretar los medios probatorios pertinentes,
para una vez acumulados los procesos de restitución y culminada la práctica de
estas pruebas, se proceda a remitir los expedientes debidamente acumulados a la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, para lo de su competencia.
6.4. Al incurrir en defectos procedimental absoluto y orgánico, la
sentencia proferida por el Juez accionado vulneró el derecho fundamental al
debido proceso y a la restitución de los accionantes, por lo tanto, es
necesario (i) dejar sin efectos las sentencias
proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, dentro de
los procesos de restitución de tierras 2015-0008 y 2015-0042, de fechas 23 de
julio de 2015 y 21 de mayo de 2018 respectivamente; y (ii) ordenar al Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta que, en el término de cuarenta y ocho
horas (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia,
acceda a la acumulación procesal de los expedientes 2015-0042 (y sus
acumulados) y 2015-0008, y atendiendo los términos abreviados del proceso de
restitución de tierras -una vez se surtan los trámites procesales en esa
instancia hasta antes del fallo-, sean enviados los expedientes de manera
inmediata a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que profiera sentencia de
fondo que atienda los criterios de integralidad, seguridad jurídica y
estabilidad de la restitución.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR los
términos suspendidos mediante auto del 24 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia de fecha 15 de
febrero de 2018, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que al estimar que el amparo invocado no atendía
al presupuesto de subsidiaridad, revocó el fallo del 4 de diciembre de 2017 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena; en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la restitución, de los accionantes.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, dentro de los procesos de restitución de tierras
2015-0008 y 2015-0042, del 23 de julio de 2015 y 21 de mayo de 2018
respectivamente, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO.- ORDENAR al
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta que, en el
término de cuarenta y ocho horas (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, acceda a la acumulación procesal de los expedientes
2015-0042 (y sus acumulados) y 2015-0008, y atendiendo los términos abreviados
del proceso de restitución de tierras -una vez se surtan los trámites
procesales en esa instancia hasta antes del fallo-, sean enviados los
expedientes de manera inmediata a la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que profiera
sentencia de fondo, conforme los considerandos de esta providencia.
QUINTO.- LIBRAR las comunicaciones –por
la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La
solicitud de nulidad fue resuelta por el juez accionado, mediante auto del 20
de septiembre de 2017. La presunta falta de competencia para fallar el radicado
2015-0008, sustentada en el conocimiento que tuvo el juez del informe del 19 de
febrero de 2015 -por medio del cual la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Territorial Magdalena, informó de
la existencia de 44 inscritos en el registro por los predios objeto de estudio-, fue
negada con fundamento en el art.88 de la Ley 1448 de 2011, que “dictamina
que las OPOSICIONES son expresas y no operan automáticamente… es decir, se
convierte en una figura rogada cuya aplicación debe activarse por quienes
ostentan tal condición”. Ver CD obrante a folio 53 del Cuad. de segunda
instancia de la acción de tutela. De otra parte, si bien con respecto a la
falta de competencia para decidir el radicado 2015-0042 se guarda silencio,
advierte la Sala, previa revisión del expediente, que la familia Sánchez fue
reconocida como opositora dentro del proceso de restitución de los vianqueros,
y actuaron como tal hasta después de alegar de conclusión y antes de que se
profiriera el fallo, ello, por desistimiento aceptado por el juez accionado.
Ver CDs correspondientes al expediente 2015-0042.
[2]
El señor
Daniel Sánchez Martínez falleció el 18 de mayo de 1989, según lo informado por
la abogada Nancy Sánchez Bermúdez, quien actúa en nombre propio y en
representación de la familia Sánchez. Ver fol.631 Cuad. Revisión.
[3] Ley 1448 de
2011, art.76: “Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o
múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro.
En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación
en el mismo proceso”.
[4] Ley 1448 de
2011, inciso segundo art.95: “Con el fin de hacer efectiva esta acumulación,
desde el momento en que los funcionarios mencionados sean informados sobre la
iniciación del procedimiento de restitución por el magistrado que conoce del
asunto, perderán competencia sobre los trámites respectivos y procederán a
remitírselos en el término que este señale”.
[5] Ley 1448 de
2011, art.79: “En los procesos en que se reconozca personería a opositores,
los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras,
tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su
competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial”.
[6] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fol.209.
[7] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fol.211.
[8] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fls.214-223. En
el documento se señala: “En atención a lo relacionado, finalmente se
concluye que fueron inscritos en el registro de tierras despojadas y
abandonadas forzadamente cuarenta y cuatro (44) solicitantes por el predio de
mayor extensión denominado La Gloria con el folio de matrícula No.222-3450 y
dos (2) solicitantes por el predio El Alivio, con folio de matrícula
No.222-6150, en calidad de poseedores.
De igual manera,
informarle a su despacho, que treinta y cuatro (34) solicitantes inscritos en
el registro de tierras, otorgaron la representación judicial para que sea
adelantada por la Comisión Colombiana de Juristas, en el marco del convenio
suscrito con la UAEGRTD, y los otros doce (12) solicitantes lo asumirá la
Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, en el marco de la Circular Conjunta
de Fortalecimiento del acompañamiento y representación judicial en los procesos
de restitución de tierras para las víctimas del conflicto y sujetos de
condición vulnerable”.
[9] Cuad. 1,
Solicitud de tutela, fls.106-108 y vtos.
[10] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fol.271.
[11] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fls.278-282.
[12] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno2”, fls.42-88.
[13] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno2”, fl.259.
[14] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno2”, fl.263.
[15] Cuad. 1,
Solicitud de tutela, fls.109-143 y vtos.
[16] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno2”, fl.414.
[17] Cuad. 1,
Solicitud de tutela, fls.144-153 y vtos.
[18] Cuad. 1,
Solicitud de tutela, fol.154.
[19] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno3”, fls.132-141.
[20] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno3”, fl.142.
[21] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno3”, fls.143-144.
[22] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno3”, fls.145-147.
[23] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls.174-178.
[24] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 179-181.
[25] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 182-183.
[26] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 184-185.
[27] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 186-187.
[28] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 188-189.
[29] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 190-191.
[30] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 192-194.
[31] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 195-196.
[32] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 197-199.
[33] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fl. 200 y fls. 1-4 del Cuad. 3, Solicitud de tutela.
[34] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.5-6.
[35] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.7-8.
[36] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.9-13.
[37] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.14-15.
[38] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.16-17.
[39] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.18-19.
[40] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.20-22.
[41] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.23-24.
[42] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.25-26.
[43] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.27-28.
[44] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fl.29.
[45] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.31-33.
[46] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.34-36.
[47] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.37-39.
[48] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.40-42.
[49] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.43-44.
[50] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.45-48.
[51] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.49-50.
[52] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.51-53.
[53] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.54-56.
[54] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.57-58.
[55] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.59-61.
[56] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.62-64.
[57] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.65-68.
[58] Cuad.
3, Solicitud
de tutela, fls.69-71.
[59] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno4”, fls.60-61.
[60] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno4”, fl.72.
[61] Cuad. 1,
Solicitud de tutela, fol.155-161 y vtos.
[62] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno4”, fls.124-125. En
el documento se señala: “el despacho se abstendrá por sustracción de materia
de atender tal solicitud, habida cuenta que la Comisión Colombiana de Juristas
no es sujeto procesal dentro del presente trámite preferencial, ni está
legitimado ni por pasiva y mucho menos por activa para hacerse parte en el
proceso”. Providencia notificada en el estado del 12 de octubre de 2016.
[63] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno4”, fls.160-163.
[64] Cuad. 1,
Solicitud de tutela, fls.165-206 y vtos, y fls.1-103 del Cuad.2, Solicitud de
tutela.
[65] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls.167-173 y vtos.
[66] Cuad. 1,
Solicitud de tutela, fol.164.
[67] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno4”, fl.110.
[68] Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno4”, fls.111-116.
[69] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 119-159 y vtos.
[70] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 160-163 y vtos.
[71] Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls.164-166 y vtos.
[72] Mediante el
auto se solicitó: i) a la Unidad de Restitución de Tierras- Territorial
Magdalena, un informe detallado de las personas que se hicieron parte dentro
del trámite administrativo de los predios La Gloria (Paraver) y El Alivio, la
calidad del solicitante (víctima o no de abandono forzado) y la respectiva
relación jurídica con los predios (incluidos posibles opositores); ii)
al Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Pivijay – Magdalena, copia de la
sentencia proferida dentro del proceso reivindicatorio No.47-551-31-89-001-2009-00172-00
con constancia de ejecutoria; iii) a la Agencia Nacional de Tierras, certificación
de la naturaleza
jurídica del predio El Alivio e informe del procedimiento de clarificación del
mismo; y iv) al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, copia del expediente de restitución de
tierras adelantado bajo el radicado No. 2015-0042.
[73] En cinco
(5) CDs, obrantes a folios 434, 435, 438, 439 y 442 del cuaderno de revisión.
[74] CD
obrante a folio 444 del cuaderno de revisión.
[75] Vista del folio
466
al 475 del cuaderno de revisión.
[76] Cuaderno
de revisión, fls.
445
al 494
[77] Cuaderno
de revisión,
fls.
495 al 502.
[78] Cuaderno
de Revisión, fls. 653 al 655.
[79] Cuaderno
de Revisión, fol. 659.
[80] Cuaderno
de Revisión, fls. 666-667.
[81] Cuaderno
de Revisión, fls. 673 al 678.
[82] Cuaderno
de Revisión, fl. 681.
[83] Cuaderno
de Revisión, fls. 679-680.
[84] Cuaderno
de Revisión, fl. 688.
[85] Cuaderno
de Revisión, fls. 797 al 815.
[86] Cuaderno
de Revisión, fls. 817 al 821.
[87]
Cuaderno
de Revisión, fls. 825 al 834.
[88] Cuaderno
de Revisión, fls. 974 al 980.
[89] Ley 1448 de
2011, art.76: “Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o
múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro.
En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación
en el mismo proceso”.
[90] Ley 1448 de
2011, art.79: “En los procesos en que se reconozca personería a opositores,
los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras,
tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su
competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial”.
[91] Ley 1448 de
2011, art.76: “Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o
múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro.
En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación
en el mismo proceso”.
[92] Ley 1448 de
2011, art.79: “En los procesos en que se reconozca personería a opositores,
los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras,
tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su
competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial”.
[93] Sentencias
T-548 de 2016 MP. Jorge Iván Palacio Palacio;  T-407 de 2017 MP. Iván Humberto
Escrucería Mayolo; T-430 de 2018 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[94] Sentencia
C-330 de 2016 MP. María Victoria Calle Correa.
Extracto reiterado en la T-208A de 2018.
[95] Entidad
vinculada por el juez constitucional, mediante auto del 22
de noviembre de 2017.
[96] Ley 1448 de
2011, art.76: “Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o
múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro.
En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación
en el mismo proceso”.
[97] Ley 1448 de
2011, art.79: “En los procesos en que se reconozca personería a opositores,
los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras,
tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su
competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial”.
[98] Entidad
vinculada por el juez constitucional, mediante auto del 22
de noviembre de 2017.
[99] Sentencias
T-529 de 2016, T-679 de 2015, T-208A de 2018.
[100]
Se alega
la falta de resolución oportuna de la solicitud de acumulación, la falta de
competencia del juez accionado para decidir la solicitud de restitución de
tierras por existir oposición en el expediente 2015-0042 y la duda respecto de
la calidad jurídica del predio El Alivio.
[101] Aplicando
la
causal 7ª prevista en el art. 355 del Código General del Proceso.
[102] Ley
1448 de 2011, art.86 literales d) y e).
[103] Sentencia
C-590 de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño
[104] Sentencia C-590 de 2005, T-208A de 2018.
[105] SU-355
de 2017. MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo
[106] SU-198
de 2013. MP. Luis Ernesto Vargas Silva
[107] T-273
de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado
[108] Ley inspirada
en los parámetros establecidos por la Corte Constitucional dada la precariedad
de la protección de las tierras abandonadas por la población desplazada,
mediante Auto 008 de 2009.
[109] Ley 1448 de
2011, art. 3°: “Se consideran víctimas, para los efectos
de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
[110] Ley 1448 de
2011, art. 73.
[111] La restitución
de tierras fue prevista como derecho de la víctima siempre que hubiera sido
despojada de ella, conforme al art. 28, numeral 9º de la Ley 1448
de 2011. Ver también SU-648 de 2017. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
[112] Sentencia C-330
de 2016. MP. María Victoria Calle Correa
[113] Sentencia C-820
de 2012. MP. Mauricio González
Cuervo
[114] Ley 1448 de
2011, art.76.
[115] Ley 1448 de
2011, art. 82 y 83.
[116] Sentencia C-438
de 2013. MP. Alberto Rojas Ríos.
[117] Ley 1448 de
2011, art.95.
[118] Ley 1448 de
2011, art.95.
[119] Ley 1448,
art.100: “La entrega del predio objeto de restitución se hará al
despojado en forma directa cuando este sea el solicitante, o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a favor
del despojado, dentro de los tres días siguientes al pago de las
compensaciones ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiera lugar a ello,
o dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”. El aparte subrayado fue declarado inexequible mediante
la sentencia C-795 de 2014.
[120] Ley 1448 de
2011, art.76: “Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o
múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro.
En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación
en el mismo proceso”.
[121] Ley 1448 de
2011, inciso segundo art.95: “Con el fin de hacer efectiva esta acumulación,
desde el momento en que los funcionarios mencionados sean informados sobre la
iniciación del procedimiento de restitución por el magistrado que conoce del
asunto, perderán competencia sobre los trámites respectivos y procederán a
remitírselos en el término que este señale”.
[122] Hoja de reparto
del proceso de restitución de tierras 2015-0008. Ver Cuad. 1, Primera
Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fol.209.
[123] Auto del 6 de
febrero de 2015, emitido dentro del radicado 2015-0008. Ver Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fol.211.
[124] Auto admisorio
de la solicitud de restitución de tierras presentada por la familia Sánchez, de
fecha 10 de abril de 2015, proferido dentro del radicado 2015-0008, obrante en
Cuad. 1, Solicitud de tutela, fls.106-108 y vtos.
[125] Comunicación de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas – Territorial Magdalena, con fecha de recibido del 19 de febrero de
2015. Cuad.
1, Primera Instancia, CD a fol.56: PDF “2015-0008 Cuaderno1”, fls.214-223. En
el documento se señala: “En atención a lo relacionado, finalmente se
concluye que fueron inscritos en el registro de tierras despojadas y
abandonadas forzadamente cuarenta y cuatro (44) solicitantes por el predio de
mayor extensión denominado La Gloria con el folio de matrícula No.222-3450 y
dos (2) solicitantes por el predio El Alivio, con folio de matrícula
No.222-6150, en calidad de poseedores.
De igual manera,
informarle a su despacho, que treinta y cuatro (34) solicitantes inscritos en
el registro de tierras, otorgaron la representación judicial para que sea
adelantada por la Comisión Colombiana de Juristas, en el marco del convenio
suscrito con la UAEGRTD, y los otros doce (12) solicitantes lo asumirá la
Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, en el marco de la Circular Conjunta
de Fortalecimiento del acompañamiento y representación judicial en los procesos
de restitución de tierras para las víctimas del conflicto y sujetos de
condición vulnerable”.
[126] En tanto la Ley
1448 de 2011, no prevé de manera textual el deber del juez de vincular a las
demás victimas inscritas en el registro de tierras despojadas.
[127] Acta individual
de reparto de la solicitud de restitución de tierras de la señora Enedis Isabel
y Otros, de fecha 18 de junio de 2015, al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Restitución de Tierras, obrante en Cuad. 1, Solicitud de tutela, fol.164.
[128] Ver también sentencia
T-008 de 2019. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
[129] Ver copia del
auto admisorio de la solicitud de restitución de tierras de la señora Enedis
Isabel y Otros, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta el 20 de agosto de 2015,
dentro del radicado No.2015-0042, en el cual también se resolvió la solicitud
de acumulación presentada por la Comisión Colombiana de Juristas. Cuad.
2, Solicitud
de tutela,
fls. 119-159 y vtos.
[130] La Sentencia
C-099-13 MP. María Victoria Calle Correa,
señala “el proceso tiene en principio una
duración de cuatro meses, contados a partir de la solicitud, que puede
ampliarse por un término igual, si se presenta la acumulación prevista en el
artículo 95 de la misma ley”.
[131] Si bien se
advierten algunas actuaciones policivas tendientes a obtener el lanzamiento
de los ocupantes de los predios La Gloria o El Paraver y El Alivio, los
accionantes contaban con el aval del Procurador Agrario para continuar en las
parcelas, lo que impidió que las mismas prosperaran. De lo dicho por la familia
Sánchez, la Inspección Central de Policía se abstuvo de ordenarlo en razón a
que en la diligencia de inspección ocular y lanzamiento, se advirtió la
existencia de más de 60 personas con parcelas divididas de aproximadamente 11
hectáreas cada una, con cultivos de maíz y yuca y casas construidas con bareque
y techo de zinc y de palma, quienes manifestaron tener autorización por parte
del Procurador Agrario y presentaron documentos que soportaban que el INCORA
había iniciado diligencias administrativas tendientes a establecer la
procedencia legal de declarar o no extinguido en todo o en parte el derecho de
dominio privado sobre el predio rural denominado “La Gloria”.
[132] Disposiciones modificadas
por los art.
4 y 6 de la Ley 791 de 2002, que redujeron los términos de la prescripción
adquisitiva del dominio a la mitad; pero que teniendo en cuenta que “la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y
que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la
modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del
prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a
contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir” (art.41 de la Ley 153 de 1887), para el caso
resultan aplicables los artículos 2529 y 2532
originales del Código Civil.
[133] Salvo
que el juez de restitución de tierras, luego de efectuar un análisis minucioso
del recaudo probatorio, de caso por caso, considere lo contrario.
[134] El método de interpretación
jurídica teleológico o finalista, se basa en la identificación de los objetivos
de la legislación, de manera que resulta justificada una interpretación del
precepto legal, cuando ese entendimiento concuerda con tales propósitos
[135] Se
advierte en el expediente, a folios 797 al 815 del Cuaderno de Revisión, que
existe ánimo conciliatorio entre las víctimas involucradas en esta acción de
tutela.
[136] Debates
sobre la acción de restitución. Dejusticia, 2017.
[137] El opositor
goza de una protección constitucional y legal y por ende, en caso de que el
opositor pruebe la buena fe exenta de culpa en la obtención del título que le
otorga derechos sobre el predio objeto de restitución, tiene derecho a una
compensación en los términos del artículo 98 de la Ley 1448 de 2011.
[138] Sentencia T-315 de 2016, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[139] Argumento de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para
emitir los lineamientos respecto de las órdenes judiciales que se venían dando a
favor de los segundos ocupantes. Ver también sentencias C-330 de 2016 y T-008
de 2016.
[140] Ver sentencias:
T-821
de 2007 MP. Catalina Botero Marino, C-035 de 2016
MP. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-330 de 2016
MP. María Victoria Calle Correa.
[141] Esta Corporación en Sentencia C-330 de
2016 MP. María Victoria Calle Correa, reconoció que existe una omisión legislativa en la
Ley 1448 de 2011, frente a los segundos ocupantes en condición de
vulnerabilidad que no tuvieron ninguna relación (directa ni indirecta) con el
abandono o despojo y, señaló que la falta de protección acarrea, no solamente
una discriminación indirecta de dicha población en relación con los opositores
que demuestren la buena fe exenta de culpa, sino también el desconocimiento del
principio 17 de Pinheiro.
[142] Ley 1448 de
2011, art.78: “Inversión de la carga de la prueba. Bastará
con la prueba sumaria de la propiedad, posesión u
ocupación y el reconocimiento como desplazado en el
proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para
trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la
pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que
estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo
predio.”
[143] Sentencia C-330
de 2016, MP. María Victoria Calle Correa.
[144] De acuerdo con
la sentencia C-820 de 2012. MP Mauricio González Cuervo. La buena fe exenta de
culpa, “(…) se acredita demostrando no solo la conciencia de haber actuado
correctamente, sino también la presencia de un comportamiento encaminado a
verificar la regularidad de la situación”. Asimismo, este Tribunal en la
sentencia C-740 de 2003 reiteró la distinción entre la buena fe simple y la
buena fe cualificada: “La buena fe simple, que equivale a obrar con lealtad,
rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas
sus actuaciones. El Código civil, al referirse a la adquisición de la
propiedad, la define en el artículo 768 como la conciencia de haberse adquirido
el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro
vicio. Esta buena fe se denomina simple, por cuanto, si bien surte efectos en
el ordenamiento jurídico, estos sólo consisten en cierta protección que se
otorga a quien así obra. Es así que, si alguien de buena fe adquiere el derecho
de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero propietario, la ley
le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la
pérdida del derecho si aminoran sus efectos. Tal es el caso del poseedor de
buena fe condenado a la restitución del bien, quien no será condenado al pago
de los frutos producidos por la cosa (C.C. art. 964 párr. 3º); o del poseedor
de buena fe que adquiere la facultad de hacer suya la cosa poseída (C.C.
arts. 2528 y 2529).//” Además de la buena fe simple, existe una buena fe con
efectos superiores y por ello denominada cualificada, creadora de derecho o
exenta de culpa. Esta buena fe cualificada, tiene la virtud de crear una
realidad jurídica o dar por existente un derecho o situación que realmente no
existía.// La buena fe creadora o buena fe cualificada, interpreta
adecuadamente una máxima legada por el antiguo derecho al moderno: “Error
communis facit jus”, y que ha sido desarrollada en nuestro país por la
doctrina desde hace más de cuarenta años, precisando que “Tal máxima indica
que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación comete un
error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una
situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situación no
existen por ser meramente aparentes, normalmente y de acuerdo con lo que se
dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultará
adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier
persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, por tratarse de un
derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad
o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe
cualificada o buena fe exenta de toda culpa.”
[145] Corte
Constitucional, sentencia T-315 de 2016. MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[146] Cuaderno
1 de primera instancia,  Cd obrante a folio 101: PDF “2015-0042 cuaderno 20”, fls.389
al 397.
[147] Encuentra la
Sala innecesario corroborar la ocurrencia del resto de oposiciones procesales
aludidas por la parte accionante.
[148] De
acuerdo con la distribución de competencias efectuada por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo ACUERDO No.
PSAA15-10410 de 2015 “Por el cual se establece el mapa de los despachos
civiles especializados en restitución de tierras”, el Circuito Judicial
Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta pertenece al
Distrito Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena.