SU397-19
Sentencia SU397/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORTES-Procedencia
más restrictiva, en la medida que solo tiene cabida cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional
DERECHO
A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA-La sentencia
C-792 de 2014 estableció que todos los ciudadanos tienen derecho a la
impugnación y procede frente a todas las sentencias condenatorias, ya sea en
vigencia de la Ley 600 de 2000 o de la Ley 906 de 2004
DERECHO
A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA
INSTANCIA-Delimitación de los efectos de la sentencia
C-792/14
DERECHO
A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Instrumentos
internacionales
ACTO
LEGISLATIVO 01 DE 2018-Derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria
DOBLE
CONFORMIDAD JUDICIAL-Contenido
PRINCIPIO
DE CONGRUENCIA EN EL SISTEMA PENAL-Contenido y
alcance
PRINCIPIO
DE CONGRUENCIA ENTRE LA SENTENCIA Y LA RESOLUCION DE ACUSACION EN EL MARCO
PROCESAL DE LA LEY 600 DE 2000
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL SISTEMA
PENAL-Aplicación de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
DERECHO A IMPUGNAR UNA SENTENCIA
CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-Se respetó precedente fijado en sentencia
C-792/14
Referencia:
expediente T-7.271.160
Acción de tutela
instaurada por Édgar Antonio Ahumada Sabogal contra la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto
de 2019.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, y en los artículos 33 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha aprobado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la decisión judicial
adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
resolvió la acción de tutela interpuesta por el señor Édgar Antonio Ahumada
Sabogal contra la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, con ocasión
de la sentencia emitida el 29 de agosto de 2018, en la que resolvió no casar el
fallo condenatorio proferido el 20 de febrero de 2017 por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Villavicencio en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos:
Los hechos que se indican a continuación corresponden
a los supuestos fácticos narrados en el escrito de tutela. Los mismos fueron
complementados con las decisiones de los jueces penales de instancia,
únicamente respecto de la responsabilidad del accionante, y no de las demás
personas procesadas por la misma causa:
1. El 6 de septiembre de 2005, la Cooperativa de Caficultores de
Calarcá (Coocafé Ltda.) y la Financiera del Valle celebraron un contrato de
fiducia mercantil irrevocable de administración, cuyo objeto era servir de
medio de pago de las obligaciones que el fideicomitente contrajera con los
inversionistas beneficiarios por la recompra de derechos de beneficio.
2. En el marco de dicho contrato, se creó un patrimonio autónomo con
los bienes fideicomitidos y con los demás bienes que como resultado del
contrato recibiera la Fiduciaria. Para el efecto, Coocafé Ltda. transfirió a la
Financiera del Valle facturas cambiarias de compraventa endosadas en propiedad,
originadas en el contrato de compra y exportación de café suscritas por Ecocafé
S.A., las cuales servirían como fuente de pago de las obligaciones.
3. Con el fin de obtener recursos para el patrimonio autónomo, la
banca de inversión VIMESA S.A., en calidad de intermediaria y organismo
compensador garante de las obligaciones que contrajera el mencionado
patrimonio, contactó inversionistas (personas naturales y jurídicas) para que
entregaran recursos a la fiducia.
4. En el desarrollo del contrato de fiducia suscrito, Coocafé Ltda.,
en su condición de fideicomitente, ofertó a la Alcaldía de Villavicencio la
cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición que tenía a su favor
en el fideicomiso Coocafé Ltda. – VIMESA S.A.
5. Las ofertas fueron aceptadas por el ente territorial. En consecuencia,
durante las vigencias fiscales de los años 2005 y 2006, el municipio se
constituyó como inversionista beneficiario de la referida fiducia, por lo que
dispuso la colocación de excedentes de liquidez de recursos de regalías y del
Sistema General de Participaciones por un valor de treinta mil millones de
pesos en el patrimonio autónomo.
6. El accionante fue contratado por la banca de inversión VIMESA S.A.
mediante contrato de corretaje, por lo que en ejercicio de este rol, fue quien
puso en contacto a los tesoreros de la Alcaldía de Villavicencio con VIMESA,
para que el municipio actuara como inversionista beneficiario y efectuara la
colocación de los recursos públicos indicados anteriormente.
7.  En virtud de esta labor, el actor recibió honorarios en el año
2005 por la suma de $142.500.000, y comisiones en el año 2006 por
$2.649.691.187 y en el 2007 por $2.089.986.255.
8. No obstante, el ente territorial resultó afectado patrimonialmente
por el valor de seis mil millones de pesos, correspondientes a dos mil millones
de pesos de recursos de regalías y cuatro mil millones de pesos de recursos del
Sistema General de Participaciones para el sector educación y de recursos
propios, que no le fueron devueltos por la Financiera del Valle.
9. Por los hechos descritos, los cuales fueron consignados en informes
de la Superintendencia Financiera, la Contraloría General de la República, la
Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, el
13 de marzo de 2009, y bajo el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000,
la Fiscalía Diecisiete Delegada para Delitos contra la Administración Pública
declaró formalmente abierta una investigación.
10. En consecuencia, el 11 de agosto de ese año dispuso la vinculación
mediante indagatoria del actor y de otra persona que también participó en la
celebración del negocio jurídico como intermediario financiero, en calidad de
intervinientes del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, así
como de los dos tesoreros de la Alcaldía de Villavicencio. En el caso del
accionante, la diligencia de indagatoria se llevó a cabo el 21 de agosto de
2009.
11. De este modo, el 3 de diciembre de 2009, al accionante se le
impuso detención preventiva, medida que fue revocada el 8 de marzo de 2010. El
20 de abril siguiente, la Fiscalía clausuró el ciclo instructivo y el 1 de
junio del mismo año, emitió resolución de acusación en su contra. Esta decisión
fue objeto de varios recursos, los cuales fueron desestimados en última
instancia por la Corte Suprema de Justicia el 29 de septiembre de 2010.
12. La audiencia preparatoria se celebró el 15 de febrero de 2011. La
vista pública de juzgamiento inició el 28 de abril posterior y culminó el 24 de
mayo de ese año.
13. Agotada la audiencia de juicio oral, en sentencia del 3 de agosto
de 2011, y conforme a la conducta imputada por la Fiscalía, el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Villavicencio absolvió de toda responsabilidad al
accionante y a su colega, y condenó a los demás procesados por los punibles de
peculado, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos
legales y cohecho por dar u ofrecer.
En la citada providencia, el fallador recordó que a juicio de la
Fiscalía existen diversas pruebas que incriminan al actor, como el hecho de que
las comisiones obtenidas por su trabajo durante los años 2005 y 2006 fueron
canceladas a través de terceras personas. Además, el Juzgado recalcó que según
los funcionarios del municipio implicados en los hechos, la labor del procesado
no se circunscribió al cumplimiento del contrato de corretaje, por cuanto,
entre otras actividades, con él pactaban los rendimientos financieros. En este
sentido, el Juzgado aseguró que, a juicio de la Fiscalía, la participación del
sindicado resultó fundamental «para la destinación ilegal e insegura de los
excedentes de liquidez», porque «sin su intermediación o la de otros agentes
comerciales seguramente la alcaldía no habría realizado o [no se habría]
enterado de esta clase de inversiones».
No obstante, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio
consideró que si bien está demostrado que los intermediarios financieros
entregaron las ofertas de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición a la Alcaldía de ese ente territorial, no existe prueba de que
hubiesen suscrito dichas ofertas, pues estas solo fueron realizadas y firmadas
por los representantes legales del patrimonio autónomo. En este orden, encontró
demostrado que el accionante se encontraba vinculado a VIMESA mediante contrato
de corretaje, por lo que su actividad estuvo encaminada a la consecución de los
recursos, con la presentación de los portafolios de servicios y las propuestas.
De este modo, el Juzgado afirmó:
«[P]odemos observar
que la actividad efectuada por [el] acusado estaba basada en el contrato de
corretaje descrito anteriormente, el cual tenía el objetivo de adelantar las
gestiones necesarias para contactar las personas naturales y jurídicas que
actuarían como inversionistas en las operaciones derivadas del patrimonio autónomo,
lo que a la postre desarrollaron y lograron con la aceptación de la Alcaldía
Municipal a través de sus tesoreros en las diferentes ofertas de cesión de
derechos de beneficio con pacto de readquisición, pero tal como indica el ente
investigador cada acusado recibió unas sumas de dinero correspondientes a
comisiones por esos negocios, tanto así que fueron negociados porcentajes de
comisión.
Evidencia la
anterior situación que la intención principal y fundamental de dichos
intermediarios financieros, corresponde a la de recibir cuantiosas sumas de
dinero por concepto de comisión, circunstancia que está plenamente probada por
la Fiscalía».
En relación el punto precedente, aclaró que las comisiones recibidas
se encuentran amparadas por el ordenamiento jurídico vigente y que «no se
acredita probatoriamente la intención requerida para que se configure el
aspecto subjetivo del tipo penal, cual es la intención dolosa de apropiarse de
dineros de la administración». Al respecto, precisó que la colocación en el
patrimonio autónomo de los excedentes de liquidez de recursos de regalías y del
Sistema General de Participaciones es únicamente atribuible a los miembros
responsables de la Alcaldía de Villavicencio y que tales recursos nunca
estuvieron a disposición del señor Ahumada, pues los mismos eran transferidos
directamente por la administración municipal a la Fiduciaria, la cual, a su
vez, los consignaba en la cuenta del patrimonio autónomo. En su opinión, por
esta misma razón, no es posible sostener que la pérdida del dinero por el
inadecuado manejo del patrimonio autónomo sea responsabilidad de los
intermediarios financieros.
Afirmó que el hecho de que el pago de las comisiones se realizara a
través de terceros solo probaría una evasión tributaria frente al necesario
aumento de su patrimonio.
Así, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio concluyó:
«[E]sta instancia
no comparte las razones expuestas por la Fiscalía en la resolución acusatoria
como en la audiencia pública, por cuanto no se puede afirmar la existencia
siquiera de una mínima prueba que demuestre la responsabilidad de los
procesados, en consecuencia, respecto de la conducta de peculado por
apropiación a favor de terceros en calidad de intervinientes se emite decisión
absolutoria a favor de Édgar Ahumada Sabogal».
Finalmente, el
Juzgado consideró que el detrimento patrimonial causado al municipio como
resultado del negocio jurídico ya descrito fue el resultado de la actuación de
los tesoreros del ente territorial, quienes «aceptaron y renovaron las ofertas
de cesión», y del representante de Coocafé, cooperativa que, en últimas, se
benefició de las inversiones realizadas por la Alcaldía de Villavicencio.
14. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Diecisiete Delegada para
Delitos contra la Administración Pública y la Procuraduría Penal Judicial II
180.
14.1 El 25 de agosto de 2011, la Fiscalía aseguró que los dos
intermediarios financieros tenían pleno conocimiento de los riesgos y ventajas
del negocio jurídico propuesto a los funcionarios de la Alcaldía. De ahí que
hubiesen tenido la capacidad para convencerlos de realizar cada colocación por
sumas superiores a los cinco mil millones de pesos. En su opinión, es claro que
la labor de conseguir que una entidad territorial deposite semejantes
cantidades de dinero no se le asigna a una persona que ejerza simple funciones
de corredor, si no a quien tenga especial experticia en el asunto. Además, en
el caso puntual del señor Ahumada Sabogal, indicó que está demostrado que
conocía previamente a los dos funcionarios de la Alcaldía que celebraron el
contrato de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición, pues
con uno de ellos tenía relación de amistad desde el colegio y con el otro
formaron parte del gobierno municipal de Villavicencio entre los años 1999 y
2000.
De la misma forma, y en cuanto a las importantes comisiones recibidas,
el ente acusador sostuvo que «Si según la tesis del juzgador toda la
responsabilidad recaía en el oferente, es decir, en quien suscribió el contrato
fiduciario, por qué motivo era el comisionista o corredor el que terminaba
recibiendo una mayor comisión. La respuesta no es otra que era este quien tenía
la labor corruptiva de contactar a los funcionarios que a través de halagos
accederían a realizar los negocios».
Con fundamento en lo expuesto, la Fiscalía Diecisiete Delegada para
Delitos contra la Administración Pública señaló:
«[S]e advierte, en
grado de certeza, que se encuentra altamente comprometida la responsabilidad
del acusado Édgar Antonio Ahumada en el delito de peculado por apropiación a
favor de terceros, en calidad de interviniente. Por ende, se reclama [que] se
revoque la sentencia absolutoria proferida a su favor y se profiera sentencia
condenatoria, librando la correspondiente orden de captura».
14.2 La Procuraduría Penal Judicial II 180 apeló el fallo en similar
sentido que la Fiscalía.
Adujo que para convencer a los funcionarios de la Alcaldía de invertir
recursos públicos en un patrimonio autónomo constituido por particulares, el
señor Ahumada se aprovechó de que es oriundo de la región y de que con
anterioridad había ocupado importantes cargos públicos en el municipio. Así,
destacó que el actor, a pesar de su experiencia en el sector público,
específicamente en el manejo de recursos del Estado, y de su formación
profesional, consiguió que los tesoreros municipales efectuaran colocaciones en
el patrimonio autónomo, contrariando así lo dispuesto en el artículo 17 la Ley
819 de 2003[1].
En su sentir, la entrega de prebendas a los tesoreros, la omisión en
la revisión de la operación financiera y las jugosas comisiones recibidas por
lograr la aceptación de la oferta son pruebas de la ilicitud de su conducta.
15. El 20 de febrero de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio confirmó las condenas impuestas en primera instancia y revocó la
sentencia frente a la absolución de los intermediarios financieros. En
consecuencia, y en calidad de cómplices del delito de peculado por apropiación
a favor de terceros, los condenó a pena principal de 120 meses de prisión,
multa de tres mil millones de pesos e inhabilitación para el ejercicio de
cargos públicos por el mismo término de la pena principal. Adicionalmente, negó
la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión
domiciliaria, y dispuso una orden de captura en su contra.
Para sustentar su decisión, el ad quem explicó que la figura
del interviniente alude a un concepto restrictivo de coautor en los delitos
especiales o cualificados. Un sindicado es interviniente en la medida en que no
tiene las calidades exigidas al autor, por lo que se le sanciona con la misma
pena de este, pero reducida en una cuarta parte. Por el contrario, la
complicidad es una forma de participación en la que el responsable realiza un
aporte esencial en la fase ejecutiva del delito, con actos precedentes,
simultáneos e, incluso, posteriores a ella. A diferencia de la autoría, en la
complicidad se carece del dominio funcional de los hechos, pues la intervención
está limitada a facilitar la conducta del autor en la realización de los
mismos.
En aplicación de lo anterior, el Tribunal aclaró que si bien en la
parte resolutiva de la resolución de acusación, la Fiscalía atribuyó
responsabilidad al accionante a título de interviniente, lo cierto es que esta
figura exige la existencia de coautoría y las pruebas no permiten inferir que
este haya actuado a dicho título en el delito de peculado. Resaltó que el actor
fungió como «partícipe cómplice tal y como se precisa en la parte considerativa
de la acusación, en la que se hacen precisiones tales como: Édgar Ahumada
Sabogal (…) contribuy[ó] y fue partícipe de las acciones encaminadas a la
disposición irregular de los recursos del ente territorial (…). Todo apunta a
que resultó del todo determinante la participación del sindicado en los hechos
que se le atribuyen”».
Así, manifestó que la figura del interviniente no forma parte de la
participación, sino de la autoría, la cual, aunque es evidente respecto de los
funcionarios de la Alcaldía de Villavicencio, no lo es frente a los
intermediarios financieros, por cuanto no existe prueba alguna del cumplimiento
de dos de los requisitos esenciales de la coautoría: «el previo acuerdo común y
el codominio del hecho». En este punto, el Tribunal determinó que el accionante
siempre careció del dominio del hecho, toda vez que la colocación dineraria
estuvo en cabeza de los tesoreros municipales. De este modo, actuó como simple
colaborador del delito cometido por otro, «sin que su aporte fuera necesario,
pues la empresa VIMESA bien pudo utilizar a otras personas para contactar a
esos mismos inversionistas». Además, «su actuar no estuvo orientado por un
designio criminal común que sí confluye entre los extesoreros [de la Alcaldía]
y el representante de Coocafé».
La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio señaló que la
conducta de los intermediarios financieros desbordó la función propia del
contrato de corretaje. Esto, pues las distintas pruebas que obran en el
expediente, específicamente las declaraciones de los tesoreros de la Alcaldía,
dan cuenta de que su labor no se limitó a realizar las ofertas. Por el
contrario, llevaron a cabo diversas actividades para conseguir que finalmente
los tesoreros de la Alcaldía hicieran las colocaciones y concluyeran las
operaciones con éxito.
Al referirse a los pagos de las comisiones realizados a través de
terceros, el juzgador de segunda instancia concluyó que tal proceder devela que
los acusados tenían claridad sobre la ilicitud de su comportamiento. Frente al
valor de las comisiones, argumentó que las importantes cantidades de dinero
recibidas son indicativas de la magnitud del trabajo que aquellos realizaron
para convencer a los funcionarios de la Alcaldía de que depositaran recursos
públicos en un patrimonio autónomo constituido por particulares.
Estimó que el a quo, para absolver de responsabilidad a los
intermediarios, no tuvo en cuenta que la actuación de estos permitió encausar
la consumación del delito y conseguir la apropiación de recursos públicos a
favor de terceros, a través de la celebración de contratos que resultaron
ilegítimos. En este sentido, recordó que está demostrado que el actor contactó
a los empleados de la Alcaldía gracias a su conocimiento de la región y sus
vínculos familiares y de amistad y que prestó su concurso en la estructuración
del negocio fiduciario y, con ello, en la comisión del delito contra la
administración pública. En este sentido, destacó que el accionante tenía
conocimiento del fin ilícito buscado por el patrimonio autónomo Coocafé –
VIMESA, es decir, de la colocación de dineros públicos para apalancar sus
actividades comerciales privadas, razón por la cual su actuación es dolosa.
16. El 10 de marzo de 2017, el actor solicitó la notificación personal
del fallo y, en aplicación lo decidido por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-792 de 2014, impugnó la decisión adoptada por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Villavicencio en segunda instancia.
En el escrito presentado, arguyó que si bien en la citada sentencia la
Corte analizó la procedencia de la impugnación contra la primera sentencia
condenatoria que se dicte en un proceso penal adelantado bajo la Ley 906 de
2004, la Ley 600 del 2000, esta es, la norma en cuyo marco se adelantó el
proceso seguido en su contra, contiene normas similares a las que estudió esta
Corporación en la mencionada oportunidad. En consecuencia, y con el fin de
proteger su derecho fundamental a la igualdad, afirmó que en su caso
corresponde la «aplicación extensiva» del precedente fijado en la Sentencia
C-792 de 2014.
17. Sin embargo, mediante oficio n.º 0822 del 16 de marzo de 2017, la
Secretaría del Tribunal le informó a su apoderado judicial que, en atención a
lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 176 de la Ley 600 de 2000, la
sentencia condenatoria no le fue notificada personalmente, por cuanto este tipo
de notificación solo procede cuando el sindicado se encuentra privado de la
libertad.
En relación con la impugnación, explicó que en la providencia n.º
48.557, adoptada el 10 de agosto de 2016 en el proceso 2009-00723-01, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió, con fundamento en
«la ausencia de soporte legal», no acoger el criterio de la Corte
Constitucional. Por tanto, continuó el Tribunal, el único recurso que procede
contra las sentencias condenatorias proferidas en segunda instancia por los
tribunales superiores es el extraordinario de casación. De este modo, le
sugirió presentar dicho recurso, pues «la apelación no tiene vocación de
prosperidad y de no presentarlo, usted sí le vulneraría el derecho de defensa técnica
a su representado».
18. El 5 de abril de 2017, el accionante solicitó a la Secretaría del
Tribunal poner en conocimiento de los magistrados de la Sala Penal la petición
de notificación personal del fallo y la impugnación presentada contra este.
19. En consecuencia, mediante auto del 4 de mayo siguiente, el
magistrado sustanciador reiteró lo sostenido por la Secretaría de la
Corporación en el oficio n.º 0822 del 16 de marzo de 2017, frente a la
solicitud de notificación personal de la sentencia condenatoria y la
improcedencia de la impugnación, en atención a la postura de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
20. Ante esta situación, el 21 de junio de 2017, el actor interpuso
recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, a
pesar de que, en su opinión, «este era inefectivo para cumplir con la garantía
de la apelación».
En virtud de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000[2],
acusó el fallo de segunda instancia de haber sido dictado en un juicio viciado
de nulidad, como resultado de la vulneración del principio de congruencia. En
este sentido, cuestionó que el Tribunal hubiese cambiado la calificación
jurídica realizada por la Fiscalía en la resolución de acusación dictada el 1
de junio de 2010, de interviniente a cómplice. Alegó que el ad quem
vulneró el principio anotado, toda vez que desconoció que todo el trabajo de la
defensa estuvo encaminado a desvirtuar su participación en el delito de
peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de interviniente y, por
tanto, a desestimar los presupuestos de la coautoría.
En este sentido, indicó que el Tribunal no adelantó el trámite que
exige el artículo 404 de la citada Ley[3]
para variar la calificación jurídica inicialmente formulada por la Fiscalía
Diecisiete Delegada para Delitos contra la Administración Pública y ratificada
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, lo que implicó que
no pudo controvertir las nuevas acusaciones.
De la misma forma, puso de presente que el juez penal de primera
instancia lo absolvió de toda responsabilidad, conforme a la resolución de
acusación formulada, es decir, por el delito de peculado por apropiación a
favor de tercero en calidad de interviniente, y que en el recurso de apelación
incoado por la Fiscalía contra la decisión de primera instancia, el ente
acusador no varió la calificación jurídica de la conducta.
En este orden, sostuvo que frente al cambio en el título de imputación
no tuvo la oportunidad de demostrar que su actuación no reúne ninguno de los
requisitos previstos para la estructuración de la participación a título de
cómplice, de manera que no pudo probar que su contribución a la consumación del
delito no fue trascendental, tampoco que no ayudó al autor en la realización
del hecho, y que su proceder no fue doloso.
Por lo anterior, y de acuerdo con lo prescrito en el numeral 3 del
artículo 306 de la Ley 600 de 2000, solicitó la nulidad de la actuación desde
el momento en que la Fiscalía clausuró la fase de investigación, con el fin de
desvirtuar la acusación de su participación en los hechos a título de cómplice.
Además, con los mismos argumentos relativos a los efectos de la
variación de la calificación jurídica, como cargo subsidiario, atacó la
sentencia adoptada el 20 de febrero de 2017 por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Villavicencio con fundamento en la causal segunda del artículo 207
de la Ley 600 de 2000, es decir, por falta de consonancia con los cargos
formulados en la resolución de acusación.
21. En auto del 1 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación promovida por el
accionante y por la otra persona condenada por los mismos hechos en segunda
instancia. Para el efecto, aclaró:
«Aunque los libelos
no cumplen íntegramente los requisitos formales establecidos en la ley (canon
212 del Código de Procedimiento Penal del 2000), con el propósito de garantizar
las finalidades del recurso extraordinario de casación, esencialmente, la efectividad
del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen
en la actuación penal y, atendiendo la posición de los impugnantes dentro del
proceso, en particular, frente a una sentencia condenatoria proferida por
primera vez respecto de (…) y Ahumada Sabogal en sede de segunda instancia, la
Corte los admite».
22. En sentencia del día 29 del mismo mes, la misma Corporación
resolvió no casar la sentencia condenatoria.
22.1 Para sustentar su decisión, expuso que si bien, en principio,
debe existir «perfecta armonía» personal –en cuanto al sujeto activo–, fáctica
–en torno al hecho investigado, con todas las circunstancias y motivos de
agravación y atenuación– y jurídica –en punto de los delitos imputados– entre
la resolución de acusación y la sentencia, pues es con base en la primera que
el procesado establece la estrategia defensiva más favorable a sus intereses,
lo cierto es que conforme a la jurisprudencia de la Sala[4],
esta regla no es absoluta. Por el contrario, «admite la intervención del
juzgador para degradar la intensidad de la atribución jurídica de
responsabilidad, incluso si no se acudió a la facultad establecida en el
artículo 404 del Código Adjetivo Penal, cuandoquiera que, siendo de menor
entidad, la conducta punible guarde identidad en cuanto al núcleo básico
esencial de la imputación fáctica y no implique desmedro para los derechos de
las partes e intervinientes».
La Sala determinó que la posibilidad de introducir variaciones a la
imputación jurídica contenida en la resolución de acusación puede concretarse a
través de dos mecanismos: uno, el procedimiento previsto en el artículo 404 de
la Ley 600 de 2000, que permite hacerlo una vez concluida la práctica de las
pruebas en la audiencia pública de juzgamiento a iniciativa del fiscal o del
juez; y dos, mediante la facultad de este último para disminuir en la sentencia
la entidad jurídica de los hechos materia de acusación. En ambos eventos,
explicó la Sala, se deben seguir las siguientes reglas: (i) el trámite previsto
en el citado artículo 404 solo es imperativo cuando se pretende cambiar la
calificación jurídica señalada en la resolución de acusación por una más
gravosa; (ii) el juez puede degradar la responsabilidad en la sentencia, es
decir, puede condenar por un delito de inferior gravedad o reconocer una
circunstancia de atenuación punitiva; (iii) debe respetarse «la intangibilidad
del núcleo esencial de la imputación fáctica», lo que significa que este no
puede ser cambiado; y (iv) la modificación de la adecuación típica de la
conducta «puede hacerse dentro de todo el Código Penal, sin estar limitada por
el título o el capítulo, ni, por ende, por la naturaleza del bien jurídico
tutelado».
En similar sentido, la Sala consideró que la jurisprudencia también ha
admitido la posibilidad de condenar al inculpado bajo un grado de participación
diverso al enunciado en la resolución de acusación, cuando el nuevo título de
imputación no le sea más gravoso. Respecto del caso concreto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó:
«Así, bien es
posible atemperar en la sentencia la atribución jurídica de interviniente a
cómplice por la elemental razón que tal decisión no afecta sino que beneficia
al procesado, en la medida en que el descuento punitivo previsto para el
cómplice de una sexta parte a la mitad[5]
es mayor que el autorizado en el inciso tercero del canon 30 para el
interviniente, de tan solo una cuarta parte[6]
(CSJ SP 22 de jun. 2006, rad. 24.824; CSJ SP, 15 jun. 2000)».
Frente al argumento desarrollado en la demanda de casación, relativo a
que la modificación en la imputación jurídica afectó el derecho de
contradicción porque durante el proceso el trabajo de la defensa estuvo
dirigido a desvirtuar los presupuestos de la coautoría, la Sala manifestó que
esta también fue desechada por el Tribunal Superior de Villavicencio. Afirmó
que este, en su Sentencia, adujo que el señor Ahumada no tuvo el dominio del
hecho, sino que contribuyó a la realización de la conducta antijurídica de los
tesoreros de la Alcaldía de la misma ciudad. En este sentido, luego de
transcribir el análisis de dicho Tribunal, la Sala concluyó:
«Nótese cómo,
aunque el recurrente asegura que su cliente no se pudo defender de la
complicidad deducida en segunda instancia, lo cierto es que a lo largo de la
actuación rebatió la esencia de la imputación fáctica consistente en que su
cliente (…), en su condición de comisionistas o intermediarios financieros,
excedieron los límites del contrato de corretaje para ayudar a los tesoreros
del municipio de Villavicencio a esquilmar los caudales públicos».
22.2 De otro lado, antes de pronunciarse sobre el recurso
extraordinario de casación formulado por quien, al igual que el actor, fungió
como intermediario financiero, la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia
aclaró que «aunque el mandatario judicial de Ahumada Sabogal no elevó ningún
cargo en orden a rebatir el juicio de reproche edificado en su contra por el
juez plural, la Corte evaluará el asunto a la par de las censuras formuladas
por la defensa de [la otra persona sentenciada], en tanto [ambos] fueron
condenados por primera vez en segunda instancia».
Con el fin establecer si la labor de los
procesados se limitó al ejercicio legal del trabajo de intermediación o, si,
por el contrario, su actuación transcendió el plano antijurídico penal, la Sala
abordó el alcance de los contratos de agencia comercial y de corretaje de
acuerdo con la legislación comercial y la jurisprudencia de la Sala de Casación
Civil de la misma Corporación[7].
Al respecto, dijo que no obstante existen diferencias importantes entre los dos
tipos de contratos, estos se asemejan en que tanto el corredor como el agente
son comerciantes independientes, actúan por cuenta de otro y la finalidad de su
quehacer es gestionar intereses ajenos.
En este orden, sostuvo que la suma de varias
circunstancias permitió al ad quem establecer con certeza la
responsabilidad de los acusados en la comisión del delito de peculado por
apropiación a favor de terceros en calidad de cómplices.
En similar sentido, aseguró que si bien algunas de
las actividades realizadas por los procesados y señaladas por el Tribunal como
indicativas de un comportamiento deliberado y encaminado a la consumación del
delito se inscriben dentro de las gestiones propias de los contratos de
corretaje y de agencia comercial, otras exceden el marco legal de dichos
contratos, tal y como quedó debidamente probado, incluso, con las declaraciones
de los dos tesoreros municipales implicados. Resaltó que, conforme a los
contratos celebrados, es evidente que su gestión se debía limitar a promover el
negocio, contactar futuros inversionistas y poner en contacto a las partes del
contrato para que decidieran si celebraban o no el negocio ofrecido. En
consecuencia, «no les asistía ningún deber de adentrase en las minucias
derivadas de la ejecución del contrato, como cuando le llevaban a los tesoreros
las ofertas de cesión de derechos suscritas por el representante legal de
Coocafé y los soportes de las transferencias de dineros a la cuenta del
patrimonio autónomo o de los rendimientos causados una vez cumplidos los plazos
pactados y a su turno regresaban a Coocafé las referidas ofertas signadas por
dichos funcionarios públicos, o cuando pactaban con estos los plazos de las
inversiones y montos de las utilidades, porque tales aspectos debían ser del
exclusivo resorte de los contratantes».
Agregó que a la inferencia razonable de
responsabilidad de los procesados se debe añadir el hecho de que está
demostrado que para recibir las onerosísimas comisiones resultantes de las
labores de intermediación, los acusados acudieron a la estrategia de fraccionar
los pagos, para lo cual se valieron de familiares, amigos, conocidos y hasta
desconocidos. En este mismo sentido, y en cuanto a las altas tarifas de las
mencionadas comisiones, la Sala de Casación Penal puso de relieve que según el
representante legal de VIMESA S.A. –quien aceptó los cargos formulados en su
contra–, las mismas alcanzaron porcentajes importantes, los cuales resultaban
de la diferencia entre un tope máximo del 22% –que se pagaba con el dinero
público invertido– y el monto de los rendimientos ofrecidos al municipio.
De este modo, la Sala de Casación penal de la
Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia proferida el 20 de
febrero de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.
2. Solicitud de tutela
Con fundamento en lo expuesto, el 10 de diciembre
de 2018, el señor Édgar Antonio Ahumada Sabogal interpuso acción de tutela
contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia.
2.1 Para fundamentar su solicitud, manifestó que
la sentencia emitida el 29 de agosto de 2018 por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto por violación directa de la
Constitución porque la mencionada decisión no garantizó el derecho a la doble
conformidad judicial del fallo condenatorio adoptado en segunda instancia.
Aseguró que este derecho, el cual forma parte del derecho de defensa y se
encuentra reconocido en los artículos 29 de la Constitución, 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 8.2.h de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), implica la garantía de que la decisión
inculpatoria dictada por primera vez en segunda instancia o en sede de casación
sea revisada de forma integral por una autoridad judicial diferente de quien la
profirió.
Al respecto, añadió que en la Sentencia C-792 de
2014, la Corte Constitucional precisó que el derecho a la impugnación recae
sobre todas las sentencias inculpatorias, con independencia de la estructura
del proceso penal, el número de instancias en las que se adelante el juicio o
el tipo de delito, o de si la condenada se produjo por primera vez en segunda
instancia.
Sostuvo que era imprevisible que la Corte Suprema
de Justicia efectuara un análisis de fondo sobre su responsabilidad penal, dado
que el recurso extraordinario de casación, de acuerdo con la normativa que lo
regula y lo dicho por esta Corporación en la Sentencia C-792 de 2014, no es
idóneo para satisfacer la garantía de doble conformidad judicial. Además,
indicó que aunque presentó un recurso de apelación en contra de la decisión de
segunda instancia, este fue rechazado por el Tribunal Superior de
Villavicencio, quien decidió no remitirlo a la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia.
2.2 Así mismo, el actor alegó que la decisión de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un
defecto por violación del precedente constitucional contenido en la Sentencia
SU-215 de 2016, «al confundir la garantía de doble conforme y la de doble
instancia». Afirmó que en esta providencia, si bien la Sala Plena negó el
amparo de los derechos fundamentales invocados, reconoció que el derecho a la
doble conformidad judicial es aplicable a los procesos regulados por la Ley 600
de 2000.
2.3 El accionante sostuvo que la sentencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema también incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 404 de la Ley 600
de 2000, que establece el procedimiento que debe adelantar el juez para variar
la calificación jurídica en la audiencia de juzgamiento. Explicó que, en
concordancia con la jurisprudencia constitucional[8],
el procesado tiene derecho a defenderse de las modificaciones a la imputación
jurídica, incluso cuando estas sean más favorables a su situación. Al respecto,
agregó que, de hecho, dado que fue absuelto en primera instancia, «la mal
llamada “reducción” de la calificación jurídica realmente constituyó una acto
de agravamiento» de su situación, pues con el nuevo título de imputación fue
condenado en segunda instancia.
2.4 Finalmente, el actor aseveró que la sentencia
cuestionada incurrió en un defecto por falta de motivación. Sobre el
particular, insistió en que el recurso extraordinario de casación no es un
recurso efectivo para revisar integralmente las decisiones condenatorias
dictadas por primera vez en segunda instancia. Sin embargo, en el evento en que
se considere que en el caso concreto sí lo era, «se puede observar que el
análisis realizado por la Sala de Casación Penal se encuentra viciado de falta
de motivación, por cuanto no analiza la totalidad de las circunstancias
fácticas y jurídicas que fueron alegadas a lo largo del proceso penal».
Con fundamento en lo expuesto, el señor Édgar
Antonio Ahumada Sabogal solicitó dejar sin efectos la sentencia proferida el 29
de agosto de 2018 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
3. Trámite de instancia
La acción de tutela fue tramitada ante la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante auto del 12 de
diciembre de 2018 ordenó su notificación a la autoridad judicial accionada y
vinculó al trámite de tutela a la Fiscalía General de la Nación, a la Sala
Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y al Juzgado Primero Penal del
Circuito de la misma ciudad.
3.1 Contestación del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Villavicencio
El 13 de diciembre de 2018, por medio de correo
electrónico, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio únicamente
precisó los nombres de las partes, sus apoderados, y de los terceros
intervinientes en el proceso penal, así como sus direcciones, los correos
electrónicos y el teléfono o celular de contacto.
3.2 Contestación de la Procuraduría Tercera Delegada para la
Casación Penal
El mismo día, la Procuraduría Tercera Delegada para
la Casación Penal informó que rindió concepto ante la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia con ocasión del recurso extraordinario de casación
interpuesto por los procesados, en el que solicitó no casar la sentencia adoptada
el 20 de febrero de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio.
3.3 Contestación de la Dirección Especializada
contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación
Mediante escrito remitido al juez de tutela el 19
de diciembre de 2018, la entidad solicitó denegar el amparo de los derechos
fundamentales invocados. Para ello, se limitó a indicar que la variación de la
calificación jurídica de la conducta por parte del fallador de segunda
instancia no alteró el núcleo esencial de la imputación fáctica ni vulneró los
derechos del procesado.
II. LA SENTENCIA QUE SE REVISA
En sentencia del 16 de enero de 2019, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la protección
constitucional solicitada.
La Sala estimó que la acción de tutela interpuesta
no satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Lo anterior, por
cuanto el actor dejó transcurrir un año y siete meses entre la decisión
adoptada el 4 de mayo de 2017 por el magistrado sustanciador de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Villavicencio, mediante la cual rechazó el recurso de
impugnación contra la sentencia condenatoria de segunda instancia, y la
interposición de la acción de tutela. En cuanto al cumplimiento del requisito
de subsidiariedad, resaltó que el accionante no interpuso el recurso de
reposición que se encuentra regulado en el artículo 176 de la Ley 906 de 2004,
contra esa decisión del Tribunal.
En relación con la pretensión encaminada a que se
deje sin efectos la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de
casación, la Sala anotó que su homóloga penal analizó los cargos propuestos en
la demanda, conforme a la jurisprudencia en vigor. En este sentido, advirtió
que la pretensión de tutela se funda exclusivamente en la inconformidad con la
decisión atacada, la cual fue tomada bajo los principios de autonomía e
independencia que guían la función judicial. Por tanto, «el accionante no puede
pretender anteponer su propia interpretación a la de la autoridad accionada y atacar,
por esa vía, la decisión que considera lo desfavoreció, pues tal finalidad
resulta ajena a la de la acción de tutela, mecanismo que dada su naturaleza
excepcional no fue creado para erigirse como una instancia más dentro de los
juicios ordinarios».
Esta sentencia no fue objeto de impugnación.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, y con la selección
y el reparto efectuados, la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión judicial mencionada.
2. Asunto previo: procedencia de la acción de tutela en el caso
concreto
Dado que la acción de tutela se interpone contra la sentencia emitida
el 29 de agosto de 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que
resolvió no casar el fallo inculpatorio proferido el 20 de febrero de 2017 por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, es preciso definir, en
primer lugar, si la misma es procedente.
Para el efecto, debe
reiterarse que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la acción de
tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales cuando
amenacen o vulneren derechos fundamentales[9].
En criterio de la Corte, la procedibilidad de la acción de tutela en estos
casos se fundamenta en la necesidad de lograr un equilibrio entre el principio
de autonomía e independencia judicial y la eficacia y prevalencia de los
derechos fundamentales, así como en la lectura teleológica del artículo 86 de
la Carta[10].
Actualmente, en aplicación
del precedente fijado en la Sentencia C-590 de 2005[11],
la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede cuando
satisface dos tipos de causales: por un lado, las denominadas generales,
mediante las que se establece si la providencia judicial cuestionada puede ser
objeto de estudio por el juez de tutela; y, por otra, las causales especiales
o específicas, a la luz de las cuales se define si una providencia violó
derechos fundamentales[12].
En cuanto a los requisitos generales de procedibilidad, en la
citada sentencia, la Corte definió los siguientes: (i) que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional[13];
(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable[14];
(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración[15];
(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[16];
(v) que el accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible[17];
y (vi) que no se trate de sentencias de tutela[18].
Con fundamento en lo expuesto, a continuación la Sala establecerá si
la acción de tutela de la referencia cumple los requisitos generales de
procedencia contra providencias judiciales.
2.1 El presente proceso satisface el presupuesto
de legitimación en la causa por activa y por pasiva[19],
toda vez que el accionante es el destinatario de la decisión judicial a la que
atribuye la afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia; y la acción de tutela se
dirigió contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
autoridad judicial que profirió dicha decisión. Además, en el expediente obra
constancia de que se vinculó al proceso de tutela a la Fiscalía General de la
Nación, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y al Juzgado
Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, los dos últimos en calidad de
jueces de segunda y primera instancia en el proceso penal, respectivamente.
2.2 Esta acción de tutela plantea un asunto de relevancia
constitucional, en la medida en que el accionante cuestiona aspectos
relacionados con la posible conculcación de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, por
cuenta de una sentencia judicial que, en principio, (i) no tuvo en cuenta los
estándares de protección del derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria desarrollados por esta Corporación en las Sentencias C-792 de 2014
y SU-215 de 2016 y (ii) rechazó, de manera equivocada, los argumentos
presentados para demostrar la violación del principio de congruencia.
2.3 Ahora bien, en criterio de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, la presente acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el actor no interpuso el recurso de reposición de
que trata el artículo 176 de la Ley 906 de 2004 contra la providencia dictada
el 4 de mayo de 2017 por el magistrado sustanciador de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Villavicencio, mediante la que rechazó el recurso de
impugnación contra la sentencia condenatoria de segunda instancia.
No obstante, la Sala encuentra que la acción de tutela sí cumple este
requisito, por varias razones. En primer lugar, porque la acción se dirigió
contra la sentencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia que resolvió no casar el fallo condenatorio aprobado por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, y no contra el auto que señala el
juez de tutela.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto
en el numeral quinto de la parte resolutiva de dicha sentencia, contra la misma
«no procede recurso alguno».
En segundo lugar, aunque se admitiera la hipótesis de la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que el proceso penal adelantado
contra el actor se sujetó a las reglas de la Ley 600 de 2000, y no a las
previstas en el actual Código de Procedimiento Penal, por lo que es claro que
el accionante no podía interponer el recurso de reposición regulado en el
artículo 176 de la Ley 906 de 2004 contra la negativa del Tribunal Superior de
Villavicencio de dar trámite a la impugnación incoada.
Si bien al tenor del artículo 189 de la Ley 600 de 2000, «el recurso
de reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban
notificarse», lo cierto es que en el auto suscrito el 4 de mayo de 2017, el
magistrado sustanciador le manifestó al accionante que contra la decisión de
fondo que pretendía atacar, es decir, contra la sentencia que lo condenó en
segunda instancia por el delito de peculado por apropiación en favor de
terceros en calidad de cómplice, el único recurso que procedía era el
extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Incluso, en la
mencionada providencia, luego de la exposición de la tesis de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia en relación con la improcedencia del recurso de
impugnación contra las sentencias condenatorias emitidas por primera vez en
segunda instancia, el magistrado dispuso: «se procede a devolver el proceso a
la Secretaría de la Sala para que se surtan los traslados inherentes a ese
recurso [se refiere a la casación]. Entérese al togado de la presente decisión
y continúese con el trámite posterior».
Finalmente, en relación con la acción de revisión, la Corte constata
que, en atención a lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, ni
los antecedentes del caso ni la pretensión de tutela encuadran en alguna de las
causales de la acción allí previstas[20].
Esta es una razón suficiente para concluir que este medio de defensa judicial
tampoco era procedente en este caso.
En consecuencia, queda demostrado que la acción de tutela de la
referencia sí satisface el requisito de subsidiariedad.
De otro lado, la Sala encuentra que varias circunstancias refuerzan la
conclusión anterior. En efecto, la falta de disposiciones constitucionales que
dieran claridad sobre la competencia para resolver el recurso de impugnación y
la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
que negaba la existencia del derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria dictada en segunda instancia son circunstancias que, aunadas a las
ya descritas, obligaron al accionante a agotar la vía ordinaria mediante la
interposición del recurso extraordinario de casación.
2.4 Igualmente, en opinión de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el asunto de la referencia incumple el requisito de
inmediatez, toda vez que el actor dejó transcurrir un año y siete meses entre
la interposición de la acción de tutela y la citada decisión del 4 de mayo de
2017.
Sobre el particular, basta con reiterar que la acción se dirigió
contra la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que resolvió no casar el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Villavicencio, y no contra el auto del 4 de mayo de 2017.
Además, la providencia judicial cuestionada data del 29 de agosto de
2018, lo que significa que la acción de tutela se interpuso aproximadamente
cuatro meses y dos semanas después, y no un año y siete meses después, como lo
pretende hacer ver el juez de tutela. En criterio de la Sala, este término
resulta razonable para cuestionar la constitucionalidad de un fallo que
confirma una condena impuesta por primera vez en segunda instancia.
2.5 De otro lado, la irregularidad procesal alegada por el actor
–negativa frente a la solicitud de dar trámite al recurso de impugnación– se
encuentra reflejada en la sentencia misma y, si existió, es evidente que afectó
sus derechos fundamentales, por cuanto le habría privado de una oportunidad
procesal adicional para exponer sus puntos de vista y defenderse.
2.6 El accionante identificó de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración y los derechos fundamentales vulnerados y alegó tal
vulneración en el escrito del recurso de impugnación incoado contra la
sentencia condenatoria.
2.7 Finalmente, la providencia cuestionada no es una sentencia de
tutela, sino un fallo de carácter penal.
En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la solicitud de amparo
es procedente y, en consecuencia, pasará a estudiarla de fondo.
3.
Presentación del caso y problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, el 11 de agosto de 2009, y
bajo el procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, la Fiscalía Diecisiete
Delegada para Delitos contra la Administración Pública vinculó al accionante y
a otra persona a una investigación por la presunta comisión del delito de
peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de intervinientes.
Luego de que se surtieran las etapas procesales correspondientes, en
sentencia del 3 de agosto de 2011, conforme a la conducta imputada por la
Fiscalía, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio absolvió a los
acusados de toda responsabilidad. No obstante, en razón de la apelación
formulada por la Fiscalía y el Procurador Penal Judicial II 180, el 20 de
febrero de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio revocó la
sentencia de primera instancia y condenó a los procesados a la pena principal
de 120 meses de prisión, multa de tres mil millones de pesos e inhabilitación
para el ejercicio de cargos públicos por el mismo término de la pena principal,
por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, pero a título de
cómplices.
Por lo anterior, el 10 de marzo de 2017, y en aplicación lo decidido
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014 respecto de la
posibilidad de impugnar la primera sentencia condenatoria que se dicte en un
proceso penal, el actor interpuso recurso de impugnación contra la decisión de
segunda instancia. Dado que, con fundamento en la postura de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, el 4 de mayo siguiente, el
magistrado sustanciador rechazó la procedencia de la impugnación, el 21 de
junio del mismo año, el accionante presentó recurso extraordinario de casación.
En su escrito, acusó el fallo de segunda instancia de haber vulnerado el
principio de congruencia, como resultado del cambio en la calificación jurídica
de la conducta.
Sin embargo, el 29 de agosto de 2018, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia proferida el 20 de
febrero de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Para
sustentar su decisión, indicó que la jurisprudencia también ha admitido la
posibilidad de condenar al inculpado bajo un grado de participación diverso al
enunciado en la resolución de acusación, cuando el nuevo título de imputación
no le sea más gravoso. Adicionalmente, con ocasión del recurso extraordinario
de casación formulado por la otra persona condenada en el proceso, y atención a
que ambos «fueron condenados por primera vez en segunda instancia» bajo los
mismos cargos, la Sala emitió pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad
de los implicados en la comisión del delito endilgado.
Por estos hechos, el 10 de diciembre de 2018, el
señor Ahumada Sabogal interpuso una acción de tutela contra la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia. Estimó que la sentencia incurrió en los
defectos de violación directa de la Constitución, porque no garantizó el
derecho a la doble conformidad judicial reconocido en los artículos 29 de la
Constitución, 14.5 del PIDCP y 8.2.h de la CADH, y desarrollado
jurisprudencialmente en la Sentencia C-792 de 2014; violación del precedente
constitucional, específicamente del contenido en la Sentencia SU-215 de 2016,
en la cual la Corte estableció que el derecho a la doble conformidad judicial
también es aplicable a los procesos regulados por la Ley 600 de 2000; defecto
sustantivo, por desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 404 de la Ley
600 de 2000, que establece el procedimiento que debe adelantar el juez para
variar la calificación jurídica en la audiencia de juzgamiento; y falta de
motivación, por cuanto en la sentencia de casación, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia no analizó todas las circunstancias fácticas y jurídicas
que fueron alegadas a lo largo del proceso penal.
Conforme a lo expuesto, corresponde a la Corte Constitucional resolver
el siguiente problema jurídico: ¿La sentencia emitida en sede de casación el 29
de agosto de 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró los
derechos fundamentales del señor Ahumada Sabogal al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia, porque (i) no satisfizo
los estándares de protección del derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria desarrollados por esta Corporación en la Sentencia C-792 de 2014 y
(ii) se equivocó al considerar acertada la variación de la calificación
jurídica de la conducta, bajo el argumento de que ello es admisible cuando el
nuevo título de imputación no le sea más gravoso al procesado?
Para dar solución al problema jurídico planteado, la Sala Plena de la
Corte Constitucional desarrollará los siguientes temas: (i) las causales
especiales o específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, puntualmente las causales de defecto sustantivo,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución; (ii) el derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada
por primera vez en segunda instancia; (iii) las medidas provisionales adoptadas
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para impugnar la
primera sentencia condenatoria; y (iv) El principio de congruencia entre la
sentencia y la resolución de acusación en el marco procesal de la Ley 600 de
2000. Por último, resolverá el caso concreto.
Con base en lo anterior, la Corte determinará si
es menester conceder la acción de tutela interpuesta por el señor Édgar Antonio
Ahumada Sabogal contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia y, en consecuencia, revocar la sentencia de tutela proferida el 16 de
enero de 2019 por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación.
4. Trámite
ante la Corte Constitucional
4.1 En atención
a las acusaciones dirigidas contra la sentencia de la Sala de Casación Penal,
en particular, la falta congruencia respecto de la resolución de acusación
dictada el 1 de junio de 2010 contra el accionante, por el delito de peculado
por apropiación a favor de terceros en calidad de interviniente, mediante auto del 31 de mayo
de 2019, el despacho de la magistrada ponente solicitó a la Dirección
Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación que
remitiera copia de dicho documento[21].
4.2 El 10 de junio de 2019, la Fiscalía General de
la Nación, por intermedio del Grupo de Apoyo Legal de la Dirección
Especializada contra la Corrupción, envió a la Corte Constitucional la decisión
solicitada, en la cual se observa que, en efecto, el 1 de junio de 2010, la
Fiscalía Auxiliar Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió, en el
numeral tercero, acusar al señor Édgar Antonio Ahumada Sabogal «como
interviniente del delito de peculado por apropiación a favor de tercero»[22],
con fundamento en los siguientes hechos:
En primer lugar, la Fiscalía destacó el monto de
las comisiones recibidas por el procesado como consecuencia de su labor de
intermediación entre el municipio de Villavicencio y VIMESA S.A. En este sentido,
puso de presente que de los veintidós pagos recibidos, trece se hicieron a
través de terceras personas. En opinión del ente acusador, «la única razón por
la que todas esas maniobras de fraccionamiento se realizaron fue para esconder
la destinación de los dineros obtenidos por las actividades ilícitas de las que
se valió para lograr que los funcionarios de la Alcaldía, entre ellos su amigo
Agustín Hortúa Rodríguez [tesorero del ente territorial al momento de los
hechos], con quien tenía lazos de amistad por haber sido compañeros del colegio
en Acacías, y su hermano Agustín Hortúa Holguín, autorizara situar excedentes
de liquidez en los patrimonios autónomos particulares».
En segundo lugar, de manera puntual, la Fiscalía
afirmó que la labor del señor Ahumada no se circunscribió al cumplimiento de
las actividades previstas en el contrato de corretaje celebrado con VIMESA
S.A., esto era, poner en contacto a esta con los inversionistas. Al respecto,
estimó que el papel del procesado fue determinante para que, no solo su amigo
Agustín Hortúa Rodríguez «situara sin ningún reparo excedentes de liquidez en
patrimonios autónomos», sino además para que el municipio perdiera importantes
recursos. Indicó que llegó a esta conclusión luego de examinar las declaraciones
de otros implicados. Así, el señor Hortúa Rodríguez sostuvo que pactaba los
rendimientos financieros de las colocaciones con el sindicado. De igual forma,
otro funcionario que también fungió como tesorero del ente territorial precisó
que los dos intermediarios financieros, entre ellos el señor Ahumada, le
entregaban las propuestas, se encargaban de recoger copia de las consignaciones
de los rendimientos y del capital y posteriormente le llevaban la certificación
en la que constaba que la inversión se había realizado.
En tercer lugar, y respecto las utilidades
obtenidas por el señor Ahumada, señaló que este y el otro intermediario
financiero eran quienes pactaban los rendimientos, «obviamente ello con el
propósito de obtener una comisión más alta, pues recordemos que su porcentaje
de comisión resulta de la diferencia entre lo acordado con el municipio y el
pactado con la banca de inversión». En este punto, la Fiscalía añadió:
«Entonces, si la labor del agente comercial, según lo expuesto en los alegatos
precalificatorios era solo la de relacionar a los intervinientes en la
negociación ¿Por qué razón obtenía un porcentaje más alto que la misma banca de
inversión? La respuesta a este interrogante solo puede definirse por el rol de
los intermediarios, los cuales ya conocían a los tesoreros y se sentían seguros
de sus propósitos ilegales».
En cuarto lugar, al referirse al título de
imputación, la entidad citó una sentencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia que aborda la teoría del dominio del hecho, conforme
a la cual es autor quien domina finalmente la realización del delito, lo que
abarca las hipótesis de la autoría mediata y la coautoría[23].
Esta última representa la cooperación de varios sujetos en la ejecución del
ilícito en quienes deben concurrir: «a) la decisión común y anterior de
realizar el hecho; b) la aportación objetiva de una contribución trascendente
en la ejecución de la conducta delictiva y c) que ese aporte no se encuentre en
el ámbito de los actos preparatorios». Desde esta perspectiva, continua la
sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 30 de la
Ley 599 de 2000, interviniente es el coautor de las conductas que requiere
autor cualificado, como aquellas que se han tipificado contra la administración
pública. En estos delitos el punible solo lo puede ejecutar el sujeto que reúna
la condición prevista en el tipo penal, «pero como puede suceder que sujetos
que no reúnan dicha condición también concurran a la realización del verbo
rector, ejecutando la conducta como suya, es decir como autor, es allí donde
opera la acepción legal de intervinientes».
Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía resaltó
que desde el inicio de la negociación, los dos intermediarios financieros
participaron en cada uno de sus aspectos y etapas. Así, directamente ofrecieron
el producto a la Alcaldía de Villavicencio, hicieron los trámites para que se
suscribieran las ofertas de cesión de derechos de beneficio, obtuvieron los
certificados de depósito y estuvieron atentos a la fecha en que se cumplían las
renovaciones, con el fin de solicitar la comisión «y entregar parte de ella a
los funcionarios públicos que hoy están siendo investigados por el delito de
cohecho». Con fundamento en estos hechos, aseguró que «es muy probable que el
comportamiento del sindicado fue necesario para la estructuración del delito,
en tanto que, sin su intermediación o la de otros agentes comerciales,
seguramente la Alcaldía no habría realizado o [no se habría] enterado de esta
clase de inversiones».
En consecuencia, la entidad profirió resolución de
acusación en contra del señor Édgar Antonio Ahumada Sabogal «como interviniente
del delito de peculado por apropiación a favor de tercero».
4.3 En el término de traslado de las pruebas, el
21 de agosto de 2019, el señor Miguel González Roncancio, quien también fue
condenado por primera vez en segunda instancia en razón de su labor como
intermediario financiero, presentó un escrito ante la Secretaría General de la
Corte Constitucional, en el cual afirmó que la decisión de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia también vulneró sus derechos fundamentales a la doble
instancia y al debido proceso, por desconocimiento del principio de congruencia.
5. Causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
Como se indicó anteriormente, para que la acción
de tutela contra providencias judiciales prospere debe sujetarse a alguna de
las causales de procedibilidad especiales o específicas, caracterizadas por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 y desarrolladas en la
jurisprudencia posterior.
Esto significa que la irregularidad que se alega
debe encuadrarse razonablemente como un (i) defecto orgánico, el cual se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada
carece de manera absoluta de competencia para ello, conforme a lo previsto en
las normas que regulan la competencia; (ii) defecto procedimental absoluto,
que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez no tenía el
apoyo probatorio con base en el cual aplicó el supuesto legal en el que
sustentó su decisión; (iv) defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; (v) error inducido, el cual tiene lugar cuando el juez fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afectó derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; y
(viii) violación directa de la Constitución, que se presenta cuando el
operador judicial desconoce un postulado de la Carta Política de 1991, es
decir, el valor normativo de los preceptos constitucionales.
De otro lado, la Corte ha definido un criterio adicional de
procedibilidad, de carácter restrictivo, cuando se trata de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, en atención a que «dichos organismos judiciales son los llamados a
definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones»[24].
Este criterio está dado por la urgencia de la intervención de juez
constitucional y la incompatibilidad insuperable entre la decisión judicial
adoptada y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el alcance de los
derechos fundamentales[25].
«En los demás eventos, los principios de autonomía e independencia judicial, y
especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas
jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias
aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y
hubiera llegado a otra conclusión»[26].
Ahora bien, pasa la Sala a reiterar brevemente la
jurisprudencia que aborda las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela en las que, en criterio del accionante, incurrió la sentencia
aprobada el 29 de agosto de 2018 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
5.1 Defecto material o sustantivo
En la Sentencia SU-632 de 2017, reiterada en la Sentencia SU-072 de
2018, la Corte sostuvo que el defecto material o sustantivo se configura cuando
la decisión que toma el juez desborda el marco normativo sobre el que debió
apoyarse para decidir el caso puesto a su consideración, por una falencia o
yerro en los procesos de interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico[27].
En consecuencia, este defecto se fundamenta en los límites que gobiernan la
competencia de las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, al amparo de los principios de autonomía e independencia judicial[28].
En este sentido, el defecto sustantivo aparece cuando el fallador
desconoce abiertamente y por completo la norma legal o infralegal aplicable,
pues «Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela,
debe tratarse de una irregularidad de tal entidad, que lleve a la emisión de un
fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales»[29].
Por esta razón, ha dicho la jurisprudencia, «el camino a seguir por el juez de
tutela ante la alegación de un defecto sustantivo es estrecho; no debe ser el
juez constitucional quien señale la interpretación correcta o conveniente en un
caso específico por encima del juez natural»[30].
En la citada Sentencia SU-632 de 2017, con apoyo en las Sentencias
SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, la Sala Plena sistematizó las circunstancias
que materializan el defecto material o sustantivo, así:
«(i) Cuando existe
una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido
declarada inconstitucional[31].
(ii) La aplicación
de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas
en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada[32].
(iii) Por
aplicación de normas constitucionales no aplicables al caso concreto. En este
evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto
vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada[33].
(iv) Porque la
providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia[34].
(v) Al aplicar una
norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes.
En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio
decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico[35].
(vi) Por aplicación
de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente
contrario a la constitución[36]».
Adicionalmente, en la Sentencia T-1095 de 2012, la Corte advirtió que
una providencia judicial incurre en defecto material o sustantivo por
«interpretación irrazonable», cuando confiere a la disposición jurídica un
sentido o un alcance que no tiene (interpretación contraevidente o contra
legem), produciendo una afectación injustificada a los intereses legítimos
de una de las partes[37];
o cuando le otorga una interpretación que en principio parece posible, pero que
en realidad es contraria a los postulados constitucionales o conduce a
resultados desproporcionados[38].
Así mismo, en las Sentencias T-830 de 2012 y T-360 de 2014, esta Corporación
aclaró que el defecto sustantivo también se presenta cuando la decisión
judicial se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical– sin
justificación suficiente.
De este modo, el defecto material o sustantivo se configura en
situaciones excepcionales en las que, en franco desconocimiento de los límites
de la autonomía e independencia judicial, el fallador aplica una norma o regla
jurisprudencial claramente inaplicable al caso, o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contradice la hermenéutica jurídica aceptable.
5.2 Defecto por decisión sin motivación
A partir de las Sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005, la
jurisprudencia estableció la falta de motivación de las decisiones judiciales
como un criterio específico autónomo de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Este defecto ha sido entendido como la ausencia de sustento argumentativo o la falta de
profundidad y pertinencia de las consideraciones que soportan la decisión, que
lesiona los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte afectada[39].
En reiterada jurisprudencia, la Corte
ha destacado la necesidad de que las decisiones judiciales se soporten en un
análisis juicioso y claro de todos los hechos y asuntos planteados dentro del
debate judicial[40].
Esto se traduce en la exigencia de una explicación de «las razones que llevaron
al juez a desechar o encontrar demostrados los cargos que fundamenten el caso
objeto de resolución»[41].
No obstante, la jurisprudencia también ha sostenido que la verificación de la
ausencia de motivación de las decisiones judiciales tiene relación directa con
la complejidad del asunto, pues mientras que en algunos casos unas breves
consideraciones bastarán para resolver la controversia, en otros será necesario
que el juez argumente de manera pormenorizada la decisión que va a adoptar. En
todo caso, «siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno
de los cuales gira la controversia y si es del caso, aducir la razón jurídica
por la cual el fallador se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a
su consideración»[42].
Al respecto, en la Sentencia T-233 de
2007[43],
esta Corporación afirmó:
«Ahora bien, la motivación
suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en
cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos
intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra
respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de
autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a
considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente
defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez
de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado.
En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria
convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad» (negrilla fuera del texto).
Así, solo la falta de consideración del problema jurídico central del
caso implica que la decisión carece de motivación y, por tanto, que vulnera el
principio de contradicción y el derecho de defensa. No es suficiente entonces
alegar que el juez se abstuvo de analizar una cuestión determinada. Más allá de
esto, es preciso demostrar que la omisión es de tal importancia que produjo una
decisión diferente a la que correspondía en derecho.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte ha
establecido que una providencia incurre en este defecto cuando: (i) omite
pronunciarse sobre los hechos relevantes del caso o sobre los argumentos de las
partes, que pueden resultar fundamentales para definir el sentido de la
decisión[44];
(ii) no justifica el motivo por el cual estima
innecesario abordar ciertos temas o (iii) los aborda solo de manera aparente o
sin sustento probatorio o jurídico alguno[45];
y (iv) cuando, de manera deliberada, pasa por alto, dentro de la valoración de
los hechos y de las normas aplicables, los principios constitucionales y
derechos fundamentales relevantes[46].
En conclusión, el defecto de decisión sin motivación se configura
cuando el juez incumple el deber de explicar los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones, bien sea porque el fallo carece de razones que lo
sustenten o porque estas son insuficientes. Desde esta perspectiva, «la
motivación de los actos jurisdiccionales constituye una barrera a la
arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al
ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la
providencia»[47].
5.3 Defecto por desconocimiento del precedente constitucional
Esta Corporación ha sostenido que este defecto se configura cuando el
juez desconoce el precedente judicial de orden constitucional, sin referirse expresamente
a la jurisprudencia que resuelve casos análogos y sin exponer razones
suficientes que ameriten el distanciamiento[48].
Para entender el alcance de este defecto, es pertinente hacer dos
precisiones sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional.
En primer lugar, desde la Sentencia SU-047 de 1999, existe claridad acerca de
que solo la decisión y la ratio decidendi de las sentencias, es
decir, la regla que se aplicó para resolver el caso, tienen valor normativo. De
este modo, los argumentos accesorios utilizados para dar forma al fallo
judicial, conocidos como obiter dicta, no tienen efectos vinculantes
para futuras decisiones.
En segundo lugar, el fundamento normativo de la obligatoriedad de las
sentencias de la Corte varía según se trate de fallos de constitucionalidad o
de sentencias de revisión de tutela. En relación con los fallos de
constitucionalidad, la naturaleza vinculante de las sentencias se deriva de sus
efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional, pues al tenor
del artículo 243 superior, las normas que la Corte declara inconstitucionales
no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad. En todo caso, como se indicó
en el acápite dedicado a la caracterización del defecto material o sustantivo,
las providencias judiciales que se aparten de las sentencias de
constitucionalidad de la Corte incurren en ese defecto, en la medida en que
interpretan o aplican el derecho viviente de forma incompatible con el alcance
que la Corte Constitucional le ha dado a la Constitución[49].
Respecto de las sentencias de las salas de revisión, los principios de
igualdad, supremacía constitucional y seguridad jurídica, así como la
efectividad de los derechos fundamentales, implican que solo la ratio
decidendi de la jurisprudencia en vigor prevalece sobre la interpretación
llevada a cabo por otras autoridades judiciales[50].
Así, «cualquier decisión judicial que omita toda referencia al precedente
vigente y que, por lo tanto, contiene una respuesta contraria a la que surgiría
del precedente aplicable, es una decisión que, en principio, se muestra
irrazonable e incurre en arbitrariedad, porque carece de la debida
justificación o comporta el desconocimiento de los postulados constitucionales»[51].
Ahora bien, en reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha indicado que
para determinar la procedencia de la acción de tutela por esta causal
específica es preciso cumplir las siguientes exigencias:
«(i) Determinar la
existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso
concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes.
(ii) Comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta
necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad. (iii) Verificar si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del precedente judicial bien por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por
considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una
interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y
más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el principio pro homine»[52].
Igualmente, en la Sentencia SU-114 de 2018, la Corte explicó que este
defecto no se configura cuando el funcionario judicial «i) refiere el balance
judicial vigente (regla de transparencia); ii) ofrece un argumento suficiente y
adecuado para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial (regla de
cambio); y iii) explica que su propuesta desarrolla de mejor manera los
derechos y principios superiores (regla de suficiencia en jurisprudencia
constitucional)».
De conformidad con lo expuesto, el defecto por desconocimiento del
precedente se presenta cuando una autoridad judicial se aparta del precedente
constitucional vinculante, sin cumplir con la exigencia argumentativa que esta
postura demanda.
5.4 Defecto por violación directa de la Constitución
Este defecto se funda en el artículo 4 superior, el cual expresamente
dispone que «La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales». Esta norma contiene el principio
de supremacía constitucional, el cual considera la naturaleza normativa de la
Constitución y revela el carácter de esta como fuente primaria en el
ordenamiento jurídico[53].
Aunque pareciera que este principio se limita al reconocimiento de la
jerarquía normativa del texto constitucional, la jurisprudencia ha explicado
que la noción de fuerza normativa de la Constitución hace alusión, al menos, a
tres características esenciales de las normas constitucionales: (i) tienen
prevalencia en el ordenamiento jurídico y constituyen el parámetro fundamental
para verificar la validez formal y material de las normas de menor jerarquía[54],
(ii) son la principal referencia para interpretar el derecho
infraconstitucional[55]
y (iii) en algunos casos, tienen eficacia jurídica directa[56].
Ahora bien, en un comienzo, en vigencia de la doctrina de las vías de
hecho[57],
el defecto de violación directa de la Constitución se entendió comprendido en
los supuestos jurídicos que daban lugar a la configuración de un defecto
sustantivo. Así, verbi gratia, en la Sentencia SU-1722 de 2000, la Corte
señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente prohíbe al
superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante
único» supuso en el caso concreto la materialización de un defecto sustantivo.
Igualmente, en la Sentencia SU-159 de 2002, la Sala concluyó que existe un
defecto sustantivo cuando en el curso de una actuación penal se vulneran los
derechos fundamentales del procesado.
Si bien en estricto rigor todas las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales producen, en sí mismas, un quebrantamiento de la Carta, en la
Sentencia C-590 de 2005 ya citada, la violación directa de la Constitución se
erigió como un defecto autónomo y específico de procedibilidad. En esta
oportunidad se dijo que dicha causal opera en dos circunstancias: cuando se
deja de aplicar una disposición constitucional a un caso concreto o cuando se
aplica la ley al margen de los preceptos constitucionales[58].
En la actualidad, la jurisprudencia en vigor considera que este
defecto se configura, además, cuando: (i) en la solución del caso no se
interpretó o aplicó una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional[59];
(ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata[60];
(iii) el juez no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución[61];
y (iv) el fallador omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar
de que la norma a la que se sujetaba el caso era incompatible con la
Constitución[62],
incluso si las partes no solicitaron tal aplicación[63].
En resumen, en razón de que el ordenamiento jurídico vigente reconoce
valor normativo superior a los preceptos constitucionales, y que estos
contienen mandatos de aplicación directa por las distintas autoridades,
incluidos los jueces, «resulta posible que una decisión judicial pueda
discutirse a través de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida
e irrazonablemente tales postulados»[64].
6. El derecho a impugnar la sentencia condenatoria dictada por
primera vez en segunda instancia
6.1 En el escrito de tutela, el actor sostuvo que en las Sentencias
C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, la Corte Constitucional afirmó que el derecho a
la impugnación recae sobre todas las sentencias condenatorias, con
independencia de la estructura del proceso penal, la ley bajo la cual este se
surtió –Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004–, el número de instancias en las que
se adelantó el juicio o el tipo de delito. Además, indicó que de acuerdo con la
normativa que lo regula y lo dicho por la Corte en la Sentencia C-792 de 2014, el
recurso extraordinario de casación no es idóneo para satisfacer la garantía de
doble conformidad judicial. El actor considera que ambos precedentes son
aplicables a su caso, por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra bajo
los ritos de la Ley 600 de 2000, fue condenado por primera vez en segunda
instancia y se vio obligado a interponer el recurso extraordinario de casación
contra esa decisión, aunque «este era inefectivo para cumplir con la garantía
de la apelación».
La Sala constata que, en efecto, esta Corporación se ha pronunciado en
varias oportunidades sobre el derecho a impugnar la sentencia inculpatoria[65].
No obstante, para el análisis de esta jurisprudencia conviene distinguir entre
(i) las sentencias que se refieren a los fallos emitidos en única instancia
contra los aforados constitucionales[66],
(ii) aquellas que se relacionan con el derecho a impugnar la primera condena
que se dicte en sede de casación[67],
entre las que sobresale la Sentencia SU-215 de 2016[68],
referida por el accionante; y (iii) las que abordan este derecho respecto de
los fallos condenatorios emitidos por los tribunales superiores en segunda
instancia, que son las que resultan relevantes para resolver el presente caso.
6.2. Este Tribunal se ha referido en dos providencias al asunto
relevante para resolver el presente caso, es decir, al derecho a impugnar la
primera sentencia condenatoria proferida por los tribunales superiores en
segunda instancia. La primera decisión es la ya citada Sentencia C-792 de
2014[69],
decisión en la que esta Corporación se pronunció sobre una demanda de
inconstitucionalidad formulada contra varios artículos de la Ley 906 de 2004,
que no preveían la posibilidad de impugnar la sentencia de responsabilidad
penal de segunda instancia.
En la mencionada sentencia, la Corte consideró que el legislador sí
omitió prever medios de impugnación contra las sentencias condenatorias que se
dictan dentro de un proceso penal, por lo que declaró la inconstitucionalidad
de dicha omisión. Para llegar a esta conclusión, constató que la impugnación de
los fallos condenatorios es un verdadero derecho subjetivo de naturaleza
fundamental y no solo una orientación o principio general constitucional, como
lo había comprendido la jurisprudencia hasta la fecha, bajo el entendimiento
equivocado de que este derecho se halla subsumido en la garantía de la doble
instancia[70].
Este derecho, observó la Sala, el cual «integra el núcleo básico del derecho de
defensa», se encuentra reconocido en tres disposiciones del ordenamiento
superior, así: (i) el artículo 29 del texto constitucional, el cual establece
que «toda persona (…) tiene derecho (…) a impugnar la sentencia condenatoria»;
(ii) el artículo 8.2.h de la CADH, que dispone que «toda persona inculpada de
delito tiene el (…) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior»; (iii) y el artículo 14.5 del PIDCP a cuyo tenor «toda persona
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a
lo prescrito por la ley».
De este modo, y luego de analizar el alcance de estas disposiciones y
de la jurisprudencia de los organismos de los sistemas mundial y regional de
derechos humanos[71],
la Sala afirmó que el derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria
exige la existencia en el ordenamiento jurídico de un recurso que permita:
1. Atacar todo fallo penal condenatorio, al margen del número de
instancias que tenga el proceso[72],
toda vez que los artículos 29 superior, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP
reconocen el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, no en función de la
etapa en la cual se produce la decisión judicial, sino en función del contenido
incriminatorio del fallo.
2. Cuestionar todos los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de
la sentencia («defensa especial y calificada»), pues «independientemente de la
denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo
importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión
recurrida»[73].
De esta consideración emergen, a su vez, las siguientes pautas fundamentales:
«(i) [P]rimero, en
la medida en que el operador jurídico debe evaluar todas las bases de la
providencia cuestionada, es decir, todos aquellos elementos que tienen
repercusión en la decisión judicial, éste debe contar con amplias facultades
para efectuar una revisión completa, amplia y exhaustiva del fallo; (ii) segundo,
la evaluación de todos los elementos determinantes de la condena exige una
nueva aproximación al caso que dio origen al litigio judicial, y no solo un
análisis de la decisión que resolvió la controversia; es decir, el examen
debe recaer primariamente sobre la controversia sobre la cual se pronunció el
fallo judicial, y sólo secundariamente, y a partir del análisis anterior, sobre
la providencia condenatoria como tal; (iii) y finalmente, como se requiere
un ejercicio analítico y valorativo de todos los elementos determinantes del
fallo condenatorio, la revocatoria de la decisión condenatoria se debe producir
cuando se verifique que ésta carece de alguno de sus fundamentos o elementos
determinantes, y no solo cuando se configure una de las irregularidades o
vicios determinados previamente en el derecho positivo; en otras palabras, el
recurso judicial no debe estar sujeto a un conjunto cerrado de causales de
procedencia establecidas previamente por el legislador, sino que debe existir
un examen abierto de la sentencia» (negrilla fuera del texto original).
3. Controvertir la decisión ante una autoridad judicial distinta de la
que impuso la condena, con la finalidad de que «el acto incriminatorio sea
validado por dos operadores jurídicos distintos».
Ahora bien, sobre la idoneidad del recurso extraordinario de casación
para satisfacer los estándares de protección indicados en precedencia[74],
y después de analizar su configuración al tenor de lo preceptuado en la Ley 906
de 2004, y con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos[75],
en particular en los casos Herrera Ulloa vs Costa Rica[76]
y Mohamed vs Argentina[77],
esta Corporación concluyó que dicho recurso no satisface los estándares
constitucionales del derecho a impugnar la sentencia que impone por primera vez
una condena en segunda instancia, al menos por estas razones:
«(i) [N]o todas las sentencias
condenatorias que se dictan por primera vez en la segunda instancia son
susceptibles de ser impugnadas, porque el recurso no procede contra los
fallos que juzgan contravenciones, porque el recurso puede ser
inadmitido a discreción cuando se considere que la revisión judicial no es
necesaria para los fines de la casación, y porque cuando los
cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparación integral,
son aplicables todas los condicionamientos de la legislación común; (ii) el
tipo de examen que efectúa el juez de casación es distinto del que se efectúa
en el marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la controversia
que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia recurrida, y
porque el juez no tiene plenas potestades para revisar integralmente el
fallo sino sólo a partir de las causales establecidas de manera taxativa en el
derecho positivo; (iii) por regla general, en sede de casación no existe
una revisión oficiosa del fallo recurrido, porque la valoración de la
sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el casacionista»
(negrilla fuera del texto).
Con fundamento en lo expuesto, la Sala estableció que el derecho a impugnar
las sentencias condenatorias que se dictan dentro de un proceso penal tiene
como contrapartida el deber del legislador de diseñar e implementar un recurso
judicial que permita el ejercicio de tal prerrogativa. En consecuencia, y en
razón de que declaró la inconstitucionalidad con efectos diferidos de las
normas enjuiciadas, exhortó al Congreso de la República para que en el término
de un año, «contado a partir de la notificación por edicto de esta Sentencia»,
regulara integralmente el derecho a impugnar «todas las sentencias
condenatorias». Además, precisó que si el término del exhorto expiraba sin una
regulación legislativa en la materia, correspondía entender que procede una
impugnación integral contra «todas las sentencias condenatorias ante el
superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena».
El segundo fallo en esta misma línea argumentativa es la Sentencia
SU-217 de 2019[78],
en la cual la Corte analizó el caso de una persona absuelta en un primer
momento y condenada en segunda instancia por la comisión del delito de falsedad
ideológica en documento público, bajo el trámite procesal de la Ley 600 de
2000. El Tribunal Superior de Neiva y la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia rechazaron el recurso de impugnación formulado contra esa
decisión, con fundamento en la ausencia de una disposición legal que lo
habilitara[79].
A juicio del accionante, el precedente fijado en la Sentencia C-792 de 2014 era
aplicable a su caso, a pesar de que, como ya se explicó, en esta providencia la
Corte revisó la constitucionalidad de varias normas de la Ley 906 de 2004,
actual Código de Procedimiento Penal.
Esta Corporación no solo encontró acertado el argumento expuesto por
la parte actora, sino que además reiteró que «El derecho a la doble conformidad
de la sentencia penal condenatoria es un componente del debido proceso penal,
que supone que toda persona que se vea afectada por una decisión condenatoria
de carácter penal, tiene derecho a impugnarla a través de un mecanismo que
permita la revisión de todos los elementos que conllevaron a la decisión
condenatoria».
Por tanto, la Sala Plena dispuso dejar sin efecto la decisión del
Tribunal Superior de Neiva que rechazó el recurso de impugnación, ordenó a esa
Corporación y a la Corte Suprema de Justicia darle trámite y, nuevamente,
exhortó al Congreso de la República para que regule el procedimiento para el
ejercicio del derecho a la impugnación de la primera sentencia condenatoria en
materia penal[80].
6.3 Visto lo anterior, la Sala observa que la jurisprudencia
constitucional más reciente reconoce que los artículos 29 superior, 8.2.h de la
CADH y 14.5 del PIDCP prevén la existencia del derecho a impugnar la primera
sentencia condenatoria que se dicte en el marco de un proceso penal, mediante
el cuestionamiento de todos los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de
la sentencia, ante un juez diferente del que impuso la condena, al margen de si
se trata de un proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004,
o de si la primera sentencia inculpatoria se dictó en segunda instancia o,
incluso, en sede de casación. En este sentido, el mecanismo para impugnar debe
garantizar que la autoridad competente para resolver el recurso pueda realizar
una revisión completa del fallo, que abarque no solo la sentencia recurrida,
sino principalmente el problema jurídico central del caso, y que no esté sujeta
a causales que impidan el examen abierto de la misma.
Si bien, en principio, y de acuerdo con la normativa que lo regula, el
recurso extraordinario de casación no cumple estas características, corresponde
al juez de tutela determinar si en el caso concreto el pronunciamiento de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación cumple
materialmente los requerimientos básicos establecidos por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez
constitucional deberá examinar, esencialmente, si (i) más allá del examen de la
sentencia impugnada y del estudio de las causales de casación alegadas, la Sala
de Casación Penal analizó la controversia jurídica que subyace al fallo
cuestionado, y (ii) si la revisión del fallo la adelantó una autoridad judicial
distinta de la que impuso la condena.
Para comprender el alcance de esta última afirmación, procede la Sala
a analizar el Acto Legislativo 01 de 2018 y las medidas provisionales adoptadas
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para conocer la impugnación
de la primera sentencia condenatoria.
7. El Acto Legislativo 01 de 2018 y las medidas provisionales
adoptadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para
permitir la impugnación de la primera sentencia condenatoria
7.1 En su momento la Sentencia C-792 de 2014 no fue suficiente para
que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores habilitaran la
posibilidad de impugnar el fallo inculpatorio dictado en segunda instancia o en
sede de casación. En los años posteriores a su aprobación, para el efecto, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó, entre otros
argumentos, (i) la ausencia de una disposición legal que regulara el recurso y
fijara la competencia para su conocimiento y decisión[81],
(ii) la violación del debido proceso –en la medida que «se crea, sin tener
facultades para ello, un trámite específico al borde de los preestablecidos por
el legislador»[82]–,
(iii) la falta de cumplimiento por parte del Congreso de la República del
exhorto formulado en la mencionada sentencia[83],
y (iv) la inaplicabilidad de la Sentencia C-792 de 2014 a los procesos tramitados
bajo la Ley 600 de 2000[84].
Inicialmente, y en los casos de primera condena en segunda instancia, la
respuesta de la Corte Suprema de Justicia frente a los recursos de impugnación
incoados con fundamento en las mencionadas sentencias consistió en ordenar la
devolución de las actuaciones al tribunal superior de origen «para que se
restablezca el procedimiento ajustándolo al único medio establecido legalmente
para controvertir las sentencias de segunda instancia»[85],
esto es, al recurso extraordinario de casación.
7.2 Mientras tanto, el 21 de marzo de 2017, el presidente de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los ministros de Justicia y
el Derecho e Interior, el Fiscal General de la Nación, así como varios
senadores y representantes a la Cámara, radicaron el proyecto de acto
legislativo que culminó con la promulgación del Acto Legislativo 01 del 18 de
enero de 2018, «Por medio del cual se modifican los artículos 186, 234 y 235 de
la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a
impugnar la primera sentencia condenatoria». De acuerdo con la exposición de
motivos[86],
esta reforma constitucional buscó viabilizar el ejercicio del derecho a la
impugnación de la primera sentencia condenatoria, según los estándares de
protección fijados en la Sentencia C-792 de 2014, mediante el ajuste de las
competencias y de la composición de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
En lo que concierne al ejercicio del derecho a impugnar la primera
sentencia condenatoria dictada en segunda instancia, la reforma constitucional
atribuyó, mediante la modificación del artículo 235 superior, dos nuevas
competencias a la Corte Suprema de Justicia: «Conocer del derecho de
impugnación y del recurso de apelación en materia penal, conforme lo determine
la ley» (numeral 3) y resolver, a través de la Sala de Casación Penal, la
solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena que profieran los
tribunales superiores en segunda instancia (numeral 7).
7.3 Aunque de conformidad con lo resaltado en precedencia, el Acto
Legislativo 01 de 2018 zanjó la discusión normativa acerca de la autoridad
competente para conocer el recurso de impugnación, en un comienzo, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se mantuvo en la posición de
negar la procedencia de ese recurso, aduciendo la falta de desarrollo legal de
la reforma constitucional[87].
Así, por ejemplo, en sentencia de casación del 14 de marzo de 2018[88],
dicha Sala declaró la improcedencia «del trámite de la impugnación especial
creado por el artículo 3, numeral 7º, del Acto Legislativo 01 de 2018, por
cuanto el Congreso de la República no ha expedido una ley a través de la cual
fije el procedimiento de la nueva figura de rango constitucional, que por sus
características especiales no puede asimilarse a los recursos actualmente
contenidos en los procedimientos penales vigentes en Colombia». Del mismo modo,
en sentencia de casación del 23 de mayo de 2018[89],
la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó:
«Es así como el
presupuesto que echaba de menos la Corte, relacionado con la falta de
competencia, se colma con el artículo 3º, numeral 2º del Acto Legislativo 01 de
2018, que modifica el artículo 35 de la Constitución Nacional, en tanto se
atribuye a la Sala la competencia para conocer de la solicitud de doble
conformidad frente a las sentencias condenatorias dictadas por primera vez en
segunda instancia.
No obstante, no se
ha superado el requerimiento relacionado con la expedición de la ley reguladora
del trámite que corresponderá al ejercicio de la doble conformidad penal, razón
por la cual, es inviable su ejecución a pesar de la asignación de competencia
fijada en el Acto Legislativo 01 de 2018, que modificó el artículo 235 de la
Constitución Política.
En efecto, aún con
la asignación de la nueva competencia a la Corte Suprema de Justicia, el mismo
acto legislativo establece que ella estará sujeta a lo que “determine la ley”,
luego, será la norma la que estipule el procedimiento a seguir en estos
eventos.
Por lo demás, si se
trajese, para el efecto, el trámite de la apelación de sentencias, es claro que
la Corte estaría actuando como verdadero legislador, suplantando al que
directamente reseña el acto legislativo pues, no se duda, esa transmutación del
procedimiento a los casos de doble conformidad representa dar una vigencia que
no poseen intrínsecamente a las normas de procedimiento penal.
Entonces, no le
corresponde a la Sala, a partir de la competencia asignada por la Constitución,
crear un procedimiento para efectivizar el ejercicio de la doble conformidad en
materia penal, pues ello implicaría asumir las funciones del legislador».
En la misma oportunidad, la Sala afirmó que incluso si diera
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 235 de la Constitución
–conformación de una sala compuesta por tres magistrados que no hayan
participado en la decisión inicial–, era imposible adelantar el examen de la
primera sentencia de condena, por cuanto aún no se encontraban regulados los términos
del recurso ni el trámite como tal.
7.4 No obstante, ante la persistencia de la falta de desarrollo legal
del Acto Legislativo 01 de 2018, y en razón de la urgencia de proteger el
derecho a impugnar la primera sentencia inculpatoria, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia implementó tres soluciones según la instancia
en que se hubiese proferido la decisión objeto de reproche, es decir, según si
se trataba de sentencias dictadas contra aforados constitucionales[90],
de fallos incriminatorios proferidos por primera vez en casación[91]
o de aquellos adoptados por primera vez en segunda instancia.
En relación con este último supuesto, en un primer momento, y con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte IDH, en la cual esa Corporación ha
insistido en que «independientemente de la denominación que se le dé al recurso
existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice
una examen integral de la decisión recurrida»[92],
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que la
exigencia de doble conformidad judicial podía garantizarse a través del recurso
extraordinario de casación. Con este propósito, en los términos de esa Sala,
«flexibilizó los criterios para acceder al recurso y abrió paso para que, en
sede extraordinaria, se estudiara la determinación de la condena, conforme a
las críticas formuladas por el impugnante»[93].
Así, en algunas oportunidades, aunque decidió inadmitir la demanda de
casación, en la misma providencia analizó lo atinente a la doble conformidad
judicial[94];
en otras ocasiones, si bien inadmitió la demanda, dispuso que, por tratarse de
procesos adelantados bajo el rito procesal de la Ley 906 de 2004, agotado el
trámite de insistencia[95],
la actuación regresara a la Corte «con el propósito de garantizar el principio
de doble conformidad»[96];
en otros eventos, como en el sub judice, a pesar de presentar
falencias técnicas, admitió la demanda y se pronunció sobre el fondo del
asunto, «atendiendo la posición jurídica del impugnante –fue condenado por
primera vez en segunda instancia–»[97];
de hecho, en algunas de estas sentencias, revocó el fallo de segunda instancia
y absolvió al procesado[98].
No obstante, posteriormente, en sesión de la Sala Plena del 3 de abril
de 2019, y con el objetivo de dar cumplimiento a una orden de tutela adoptada
por su homóloga civil, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia estableció las siguientes «medidas provisionales» orientadas a
garantizar, «dentro del marco procesal de la casación»[99],
el recurso de impugnación especial –como lo ha llamado dicha Sala– o, lo
que es lo mismo, el derecho a impugnar la primera condena proferida en segunda
instancia por los tribunales superiores:
«(i) Se mantiene
incólume el derecho de las partes e intervinientes a interponer el recurso
extraordinario de casación, en los términos y con los presupuestos establecidos
en la ley y desarrollados por la jurisprudencia.
(ii) Sin embargo,
el procesado condenado por primera vez en segunda instancia por los tribunales
superiores tendrá derecho a impugnar el fallo, ya sea directamente o por
conducto de apoderado, cuya resolución corresponde a la Sala de Casación Penal.
(iii) La
sustentación de esa impugnación estará desprovista de la técnica asociada al
recurso de casación, aunque seguirá la lógica propia del recurso de apelación.
Por ende, las razones del disenso constituyen el límite de la Corte para
resolver.
(iv) El tribunal,
bajo esos presupuestos, advertirá en el fallo que, frente a la decisión que
contenga la primera condena, cabe la impugnación especial para el procesado y/o
su defensor, mientras que las demás partes e intervinientes tienen la
posibilidad de interponer recurso de casación.
(v) Los términos
procesales de la casación rigen los de la impugnación especial. De manera que
el plazo para promover y sustentar la impugnación especial será el mismo que
prevé el Código de Procedimiento Penal, según la ley que haya regido el proceso
–en 600 de 2000 o 906 de 2004–, para el recurso de casación.
(vi) Si el procesado
condenado por primera vez, o su defensor, proponen impugnación especial, el
tribunal, respecto de ella, correrá el traslado a los no recurrentes para que
se pronuncien, conforme ocurre cuando se interpone el recurso de apelación
contra sentencias, según los artículos 194 y 179 de las leyes 600 y 906,
respectivamente. Luego de lo cual, remitirá el expediente a la Sala de Casación
Penal.
(vii) Si además de
la impugnación especial promovida por el acusado o su defensor, otro sujeto
procesal o interviniente promovió casación, esta Sala procederá, primero, a
calificar la demanda de casación.
(viii) Si se
inadmite la demanda y –tratándose de procesos seguidos por el estatuto adjetivo
penal de 2004– el mecanismo de insistencia no se promovió o no prosperó, la Sala
procederá a resolver, en sentencia, la impugnación especial.
(ix) Si la demanda
se admite, la Sala, luego de realizada la audiencia de sustentación o de
recibido el concepto de la Procuraduría –según sea Ley 906 o Ley 600–,
procederá a resolver el recurso extraordinario y, en la misma sentencia, la
impugnación especial.
(x) Puntualmente,
contra la decisión que resuelve la impugnación especial no procede casación.
Ello porque ese
fallo correspondiente se asimila a una decisión de segunda instancia y, tal
como ocurre en la actualidad, contra esas determinaciones no cabe casación
(cfr., entre otros pronunciamientos, CSJ AP6798-2017, rad. 46395; CSJ AP 15
jun. 2005, rad. 23336; CSJ AP 10 nov. 2004, rad. 16023; CSJ AP 12 dic. 2003,
rad. 19630 y CSJ AP 5 dic. 1996, rad. 9579).
(xi) Los procesos
que ya arribaron a la Corporación, con primera condena en segunda instancia,
continuarán con el trámite que para la fecha haya dispuesto el magistrado
sustanciador, toda vez que la Corte, en la determinación que adopte,
garantizará el principio de doble conformidad».
7.5 Conforme a lo expuesto, se concluye que si bien la falta de
desarrollo legal del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria
persiste, la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
avanzado hacia su protección. Para el efecto, y puntualmente en los casos en
que el primer fallo incriminatorio es adoptado por los tribunales superiores,
dicha Sala ha empleado el recurso extraordinario de casación. Así, en un
comienzo, la Sala flexibilizó las barreras que por mandato legal y de ordinario
tiene la casación, de suerte que en varias oportunidades, no solo decidió la
demanda como tal, sino que, además, se pronunció sobre el fondo del asunto y
analizó la responsabilidad del condenado; y más recientemente, optó por definir
«medidas provisionales» orientadas a habilitar el ejercicio de este derecho,
las cuales, en todo caso, son aplicables «dentro del marco procesal de la
casación».
7.6 Ahora bien, aunque en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, más específicamente en la Sentencia C-792 de 2014, la Corte
Constitucional concluyó que el recurso de casación no es idóneo para satisfacer
las exigencias sustanciales del derecho a la doble conformidad judicial, nada
se opone a que ante la inactividad del legislador en el desarrollo del aludido
derecho, de manera transitoria, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia viabilice su ejercicio con los medios que tiene a su
alcance, como en un comienzo lo hizo al emplear la casación con este propósito
adicional, o después mediante el trámite del recurso de impugnación
especial, con los términos y las pautas generales del recurso de apelación.
Este es un remedio judicial que, aunque no es óptimo, si cumple
materialmente las condiciones sustanciales definidas por esta Corporación en la
citada sentencia –(i) análisis de la controversia jurídica que subyace al fallo
judicial cuestionado, más allá de las causales de casación y de la sentencia
recurrida, y (ii) revisión del fallo por una autoridad judicial distinta de la
que impuso la condena– resulta respetuoso del valor normativo y vinculante de
la mencionada reforma constitucional y de la comprensión de la Constitución
como norma jurídica con eficacia directa (artículo 4 superior)[100].
Si bien es lógico que el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria esté
sometido a las etapas, formas y términos que dispongan la Constitución y
la ley, de estas exigencias no se sigue que la falta de desarrollo legislativo
de tal derecho constitucional pueda ser invocada para negar su exigibilidad.
Como bien lo indicó está Corporación en la sentencia T-970 de 2014, «la
garantía y efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la voluntad
del legislador. Sin duda es un actor muy importante en la protección de los
derechos fundamentales, pero la Constitución, siendo norma de normas, es una
norma jurídica que incide directamente en la vida jurídica de los habitantes y
se debe utilizar, además, para solucionar casos concretos»[101].
De este modo, es claro que, no solo los jueces de tutela, sino también
los jueces y magistrados de la jurisdicción penal, según las circunstancias
específicas del asunto puesto a su consideración y los otros derechos
fundamentales o intereses constitucionales en conflicto, están llamados a
garantizar, en el ámbito de sus competencias, la mayor realización posible del
derecho a impugnar el primer fallo inculpatorio[102].
Así lo anotó este Tribunal en el numeral tercero de la parte resolutiva de la
Sentencia SU-215 de 2016, al referirse al ejercicio del derecho a la doble
conformidad judicial respecto de la condena emitida por primera vez en
casación: «la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus competencias, o en su
defecto el juez constitucional, atenderá a las circunstancias de cada caso para
definir la forma de garantizar el derecho constitucional a impugnar la
sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal»[103].
8. El principio de congruencia entre la sentencia y la resolución
de acusación en el marco procesal de la Ley 600 de 2000
De otro lado, en opinión del accionante, la sentencia dictada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual
resolvió no casar el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio, que revocó la decisión absolutoria de primera instancia y lo
condenó a una pena privativa de la libertad de 120 meses y al pago de una multa
de tres mil millones de pesos, incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000. Esta
norma establece el procedimiento que, a su juicio, el juez plural debió
adelantar para variar la calificación jurídica de interviniente a cómplice del
delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Al respecto, afirmó que
la Corte Suprema de Justica se equivocó al considerar acertado el cambio de
imputación en segunda instancia, pues en su caso tal decisión no constituyó una
disminución de la gravedad de los cargos –como lo exige la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal para que el cambio no vulnere el principio de
congruencia–, sino que, por el contrario, la nueva acusación permitió su
condena. Todo lo anterior, sin que previamente se le haya permitido defenderse
del cambio de acusación.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a estudiar este
argumento a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación y de la
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
8.1 Jurisprudencia de la Corte Constitucional
8.1.1 La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias
oportunidades sobre la importancia del principio de congruencia en materia
penal[104].
Sobre el particular, ha sostenido que tal principio se encuentra reconocido en
los artículos 29 y 31 superiores, así como en los artículos 8.2 (literales b y
c) de la CADH[105]
y 14.3 (literales a y b) el PIDCP[106],
y que forma parte integral del derecho de defensa, pues representa un límite a
la competencia de las autoridades judiciales para decidir. Este principio se
expresa en la necesaria coherencia o correlación que debe existir entre la
acusación y la sentencia, por lo que la acusación cumple dos funciones (i)
constituye el punto de partida para que el sindicado edifique su estrategia de
defensa y construya su propia valoración jurídica de los hechos y (ii) es el
marco fáctico y jurídico dentro del cual el juez debe resolver el caso. En este
sentido, ha dicho la Corte, «no se trata de una simple directriz, llamada a
dotar de una mayor racionalidad y coherencia al trámite procesal en sus
diversas etapas, sino de una garantía judicial esencial para el procesado»[107].
Sin embargo, esta Corporación ha destacado que la jurisprudencia de
los organismos mundial y regional de derechos humanos han convalidado la
posibilidad de que el órgano acusador o el fallador puedan variar la
calificación jurídica de los hechos, «sin que ello atente contra el derecho de
defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se
observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la
nueva calificación»[108]
(negrilla fuera del texto).
Igualmente, siguiendo esta línea, también ha precisado que el
ordenamiento jurídico colombiano ha previsto de tiempo atrás y en los diferentes
estatutos procesales el carácter provisional de la calificación jurídica, lo
que supone que bajo determinadas condiciones la Fiscalía y los jueces de
instancia pueden proceder a su variación.
8.1.1.1 Así, bajo la vigencia del Decreto Ley 2700 de 1991[109],
este Tribunal declaró la exequibilidad del carácter provisional de la
calificación jurídica de la conducta contenida en la resolución de acusación en
la etapa de instrucción, al considerar que aquel no impide el ejercicio del
derecho de defensa, por cuanto no puede entenderse que esta «resida en su
certidumbre acerca de que la administración de justicia permanezca en el error»[110].
Además, porque la provisionalidad de la imputación también protege la
presunción de inocencia, la cual solo se desvirtúa con la sentencia
condenatoria[111].
En todo caso, al establecer que el recurso de casación «es el instrumento idóneo con el que cuenta el interesado para resolver
la falta de consonancia entre la acusación y la sentencia»[112],
la Sala Plena advirtió que de acuerdo con la norma objeto de control
constitucional el cambio en la imputación jurídica está sometido a tres reglas[113]:
(i) el enjuiciado debe conocer antes de la sentencia el fundamento de la
acusación, toda vez que «Esta garantía es la consonancia que se predica entre
la acusación y la sentencia»; (ii) las modificaciones que se introduzcan a la
acusación no pueden ser de tal naturaleza que rompan la coherencia entre la
acusación y la sentencia; y (iii) al procesado «no se le puede sorprender
con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse»
(negrilla fuera del texto).
8.1.1.2 De similar manera, ya en vigencia del sistema penal acusatorio
estatuido mediante la Ley 906 de 2004[114],
la Corte ha sostenido que el principio de congruencia se extiende al vínculo
existente entre la imputación de cargos y la formulación de la acusación, razón
por la cual en esta última no se pueden incorporar hechos nuevos o no imputados
previamente al procesado[115].
Al respecto, la Corte ha explicado que esto no significa que la valoración
jurídica de los hechos entre la imputación de cargos y la acusación deba
permanecer inamovible, pues la intensidad que presenta el principio de
congruencia entre estos dos momentos es menor que aquella que une la acusación
y la sentencia[116].
Así mismo, ha afirmado que «el fallo es un acto jurídico complejo conformado
por dos momentos procesales, el del anuncio del sentido del fallo y el texto
definitivo de la sentencia, que deben guardar congruencia entre sí»[117].
8.1.1.3 Ahora bien, en lo que concierne a la solución del presente
caso, el inciso 1 del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 también dispone la
naturaleza provisional de la calificación jurídica de la conducta punible, por
lo que es viable su modificación por el fiscal o el juez «por error en la
calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural
del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva,
desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante
que modifiquen los límites punitivos» (negrilla fuera del texto).
Al respecto, en la Sentencia C-620 de 2001, la Corte estableció
que durante la etapa de juzgamiento, el juez puede modificar parcial o
totalmente la calificación jurídica si, luego de analizar el acervo probatorio,
encuentra que la acusación realmente no corresponde a la conducta llevada a
cabo por el procesado[118].
Desde esta perspectiva, la posibilidad de cambiar la calificación jurídica
obedece a la necesidad de que el juez, como director del proceso, pueda
corregir los errores que se cometan en el transcurso del mismo, pues son fines
de todo proceso penal el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la
verdad y la justicia material.
Frente al mismo artículo, en la Sentencia C-1288 de 2001, la
Sala Plena sostuvo que lo verdaderamente trascendental, para efectos de la
protección del derecho de defensa, «no es que la acusación se mantenga
incólume, sino que ante la variación de la acusación el encartado también pueda
modificar su estrategia defensiva, y que igualmente se le respete el derecho
de contradecir los hechos nuevos, además de que se tengan en cuenta los
propios» (negrilla fuera del texto). Sobre este punto, en la Sentencia C-199
de 2002, la Corte aclaró que el límite natural a la modificación de la
calificación de la conducta punible está en la «imposibilidad en que se
encuentra el juzgador de introducir hechos nuevos en el momento de variar
la calificación provisional» (negrilla fuera del texto), por cuanto tal
actuación constituiría una nueva acusación[119].
Por el contrario, dijo la Sala, las
circunstancias en que se cometió el comportamiento sí pueden ser objeto de
modificación, por cualquiera de las causas que la misma norma prevé.
En similar sentido, y en relación con la oportunidad procesal para
variar la calificación jurídica por parte del fiscal o del juez, en la citada
Sentencia C-199 de 2002, este Tribunal indicó que, al tenor del ya mencionado
artículo 404 de la Ley 600 de 2000, por regla general el cambio debe tener
lugar en la audiencia pública de juzgamiento. Explicó la Corte que el numeral
primero de la norma precisa que en el evento en que el fiscal sea quien
advierta la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá
a variarla y así se lo hará saber al juez en su intervención durante dicha
audiencia; finalizado lo anterior, se correrá traslado a los demás sujetos
procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su
suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las
pruebas necesarias. No obstante, si es el juez quien advierte la necesidad de
variar la calificación jurídica provisional, así se lo hará saber al fiscal en
la audiencia, limitando su intervención exclusivamente a la calificación jurídica
que estime procedente y sin que ella implique valoración alguna de
responsabilidad.
Dado que tanto el fiscal como el juez pueden modificar la imputación y
que pueden existir divergencias entre los dos funcionarios, si el juez persiste
en su posición, «prevalece el criterio del juez, con fundamento en el principio
constitucional de prevalencia del derecho material sobre el instrumental, que
encuentra desarrollo en la obligación que tiene el juez de adoptar medidas –vg.
el cambio de adecuación– que eviten fallos absolutorios por razones de forma»[120].
En todo caso, «Si el juez ejerce esta facultad de señalar una nueva
calificación de la conducta, debe darse a los sujetos procesales la oportunidad
de controvertir tal variación, corriéndoles el traslado respectivo y dándoles
la oportunidad de solicitar la suspensión de la audiencia y la práctica de
nuevas pruebas»[121],
tal y como lo regula el numeral primero del artículo ejusdem. Para la
garantía del derecho de defensa, el cambio en la calificación jurídica por el
juez o del fiscal en la audiencia se considera parte integral de la acusación,
de suerte que este acto complejo será el punto de referencia de la congruencia
entre la sentencia y la acusación.
8.1.2 Ahora bien, en materia de revisión de sentencias de tutela[122],
hasta la fecha la Corte no se ha ocupado de un caso de las características que
presenta el sub judice, es decir, un proceso penal tramitado por la Ley
600 de 2000, en el que luego de la absolución de primera instancia bajo un
determinado título de imputación, el juez plural hubiese optado por cambiar la
calificación jurídica en la sentencia y dictado fallo condenatorio.
En todo caso, resulta relevante mencionar que la Corte ha considerado
que el recurso extraordinario de casación es el mecanismo idóneo para
cuestionar la falta de congruencia entre la sentencia y la acusación, incluso
si el accionante se encuentra privado de la libertad[123].
Igualmente, luego de encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad de
la acción, ha negado el amparo de los derechos fundamentales invocados, al
constatar, en unos casos, que conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, el juez se encontraba facultado para variar la calificación
jurídica de la conducta punible[124]
y, en otros, que la sentencia sí guardaba coherencia con la resolución de
acusación[125].
Así, por ejemplo, resulta de especial interés la Sentencia T-480 de
2006, en la cual la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
estudió la acción de tutela interpuesta por dos personas condenadas en primera
instancia por el delito de concusión a 90 meses de prisión y, en virtud del
recurso de apelación incoado contra esta decisión, en segunda instancia por el
delito de cohecho propio a 64 meses de prisión. En opinión del accionante, para
la modificación de la calificación jurídica, el fallador de segunda instancia debió
haber adelantado el trámite del artículo 404 de la Ley 600 de 2000.
La Sala confirmó la sentencia de tutela que negó el amparo solicitado,
en atención a que, conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el juez de segunda instancia puede variar la calificación
jurídica presente en la condena, siempre y cuando respete (i) el núcleo central
de la imputación fáctica y (ii) el principio de la no reformatio in pejus
(artículo 31 superior), pudiendo condenar atenuadamente.
En similar sentido, en la Sentencia T-1038 de 2012[126],
la Sala Segunda de Revisión analizó el caso de dos personas a quienes por el
trámite establecido en la Ley 600 de 2000 se acusó inicialmente por el delito
de peculado por apropiación, y luego, por virtud del cambio en la calificación
jurídica, se les acusó del delito de estafa agravada. En primera instancia se
les condenó por esta conducta, pero apelado el caso, el juez de segunda
instancia decidió regresar a la tipificación de peculado por apropiación,
cuestión que para los accionantes generó la violación del principio de
congruencia entre la acusación y la sentencia y, por tanto, sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa.
Sin embargo, la Corte negó el amparo de los derechos invocados, por
considerar que, al tenor de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, y por ser la acusación un acto complejo, el juez
respeta la congruencia si condena con base en (i) la resolución de acusación; o
(ii) la variación formulada por el fiscal o (iii) por el propio juez en la
audiencia pública de juzgamiento o (iv) por una conducta atenuada, es decir,
menos grave. En el caso del juez, «por la razón
de que si puede absolver, también puede atemperar, siempre y cuando se respete
el núcleo básico de la conducta imputada». De este modo, al comprobar
que el juez de segunda instancia estaba
facultado para dictar sentencia con base en lo expuesto en la resolución de
acusación inicial o en la variación efectuada en audiencia por el fiscal, la
Corte concluyó que la sentencia objeto de reproche no incurrió en un defecto
sustantivo ni procedimental, así como tampoco en un exceso de ritual
manifiesto.
Así mismo, en la Sentencia T-309 de 2014[127],
la Sala Novena de Revisión conoció la acción de tutela instaurada por un señor
condenado bajo la Ley 906 de 2004 a ocho años de prisión por el delito de acto
sexual abusivo agravado en concurso homogéneo y sucesivo respecto de sus dos
hijas menores, mediante sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, la cual revocó el fallo absolutorio del primera instancia. Contra esta
decisión, el actor interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue
inadmitido por falencias técnicas. A su juicio, la sentencia de segunda
instancia había vulnerado el principio de congruencia, pues la condena se
sustentó en hechos no mencionados en la formulación de imputación ni en el
escrito de acusación, providencias que se remitieron a hechos ocurridos en la
única oportunidad en la que el acusado vio a las menores luego de haber
abandonado a sus hijas.
Esta Corporación revocó la sentencia que concedió la protección
constitucional solicitada, en razón de que, a diferencia de lo sostenido por la
parte actora, el escrito de acusación no se refería a hechos acaecidos en una
fecha cierta, sino a abusos en general cometidos por el imputado respecto de
sus hijas. Además, la Sala resaltó que durante el trámite del proceso, se hizo
clara alusión a actos sexuales homogéneos y sucesivos, lo que supone que el
delito se cometió varias veces.
En suma, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación tanto en
sede de constitucionalidad como de tutela, la variación de la calificación
jurídica por parte del juez, bajo los parámetros procesales de la Ley 600 de
2000, debe atender las siguientes reglas: (i) bajo ninguna circunstancia, el
juez puede introducir hechos adicionales o diferentes que sustituyan la
calificación inicial, esto es, el núcleo básico de la imputación fáctica, o
vulnerar el principio de la no reformatio in pejus; (ii) el juez respeta
la congruencia si condena con base en la resolución de acusación, la variación
formulada por el fiscal o por él mismo en la audiencia pública de juzgamiento
–cuando existan discrepancias con el fiscal–, o en una conducta atenuada en la
sentencia; y (ii) lo fundamental, para efectos de la protección del derecho de
defensa, es que ante la variación de la acusación en la audiencia de
juzgamiento, el procesado también pueda modificar su estrategia defensiva.
8.2 Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia
La Sala Plena de la Corte Constitucional encuentra que, en el mismo
sentido de su jurisprudencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que la congruencia constituye una garantía del derecho de defensa[128].
Esta implica que la sentencia debe guardar armonía con la resolución de
acusación en los aspectos personal, fáctico y jurídico. El primero se refiere a
la identidad necesaria que debe existir entre los sujetos acusados y los
indicados en el fallo; el segundo, a la coincidencia entre los hechos
contenidos en la acusación y los juzgados en la sentencia; y el tercero, a la
correspondencia entre la calificación jurídica dada a la conducta punible en la
resolución de acusación y la consignada en la decisión[129].
Mientras la congruencia personal y fáctica deben ser absolutas, la
jurídica es relativa «porque el juez puede condenar por una conducta punible
diferente a la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando no agrave la
situación del procesado con una pena mayor»[130].
Lo anterior es así porque la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, de
tiempo atrás, ha reconocido que en el fondo, lo que busca la garantía de la
congruencia es que el proceso transcurra «alrededor de un eje conceptual
fáctico – jurídico que le sirve como marco y límite de desenvolvimiento y no
como atadura irreductible»[131].
Con la instauración en el ordenamiento jurídico del instituto de la
variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible en la
etapa de juzgamiento mediante el artículo 404 de la Ley 600 de 2000[132],
en el auto del 14 de febrero de 2002 (radicado 18.457), la Corte Suprema de
Justicia fijó las siguientes reglas con sujeción a las cuales se puede variar
la imputación jurídica contenida en la resolución de acusación, sin lesionar el
principio de congruencia[133]:
1. Se puede cambiar la imputación jurídica de la conducta, así como
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el acto, pero no
el hecho como tal, es decir, «el comportamiento, naturalísticamente
considerado, como acto humano, como acontecer real, no puede ser trocado». Este
último constituye el «núcleo esencial de la imputación» y goza de
«intangibilidad».
2. La modificación de la adecuación típica de la conducta se puede
hacer dentro de todo el Código Penal, sin estar limitada por el título o el
capítulo ni a la naturaleza del bien jurídico tutelado[134].
3. Se puede hacer no solo como consecuencia de prueba sobreviniente,
sino antecedente, pues el artículo 404 prevé que el cambio también puede
hacerse «por error en la calificación»[135].
4. El trámite previsto en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000 solo
es procedente si la modificación hace más gravosa la situación del procesado.
De este modo, «si el fiscal estima que el acusado debe ser condenado, pero por
una especie delictiva menos grave o que se le debe reconocer una circunstancia
específica de atenuación o, en general, que se le debe aminorar la
responsabilidad, así lo debe alegar y no proceder a modificar la calificación a
su favor». Igualmente, sin adelantar el trámite aludido, el juez podrá degradar
la responsabilidad en la sentencia, «por la elemental razón de que si puede
absolver, puede atenuar». En consecuencia, sin que pueda ser entendido como
desconocimiento del principio de congruencia, podrá (i) condenar por un delito
de menor gravedad, (ii) reconocer una circunstancia de atenuación punitiva o
(iii) condenar al inculpado con un grado de participación diferente al señalado
en la resolución de acusación, cuando el nuevo título de imputación no le sea
más oneroso (por ejemplo, de coautor a cómplice). Todo lo anterior, siempre y
cuando se respete la «intangibilidad del núcleo esencial de la imputación
fáctica» (regla 1).
5. El cambio lo puede hacer el fiscal por iniciativa propia o a
petición del juez, pues aquel, en la etapa de juzgamiento, continúa con la
función acusadora.
6. Si el juez es quien advierte la necesidad de cambiar la
calificación, debe seguir las siguientes reglas: (i) «Debe manifestarlo en el
momento de la intervención del fiscal en la audiencia, ya que la mutación solo
se puede hacer en esta precisa oportunidad procesal y por una vez»; (ii) «Debe
expresar los motivos por los que estima que debe ser modificada»; (iii) «No
implica valoración alguna de la responsabilidad»; y (iv) «si el fiscal admite
que hay necesidad de reformarla, procederá a hacerlo. Si no, deberá expresar
las razones para oponerse. Pero, de todos modos, expuesto el criterio del juez,
este será considerado como materia del debate y de la sentencia, para efectos
de la consonancia entre esta y la acusación, debiendo el juez instruir a los
sujetos procesales al respecto».
7. La variación hecha por el fiscal o la manifestación del juez sobre
la necesidad de hacerlo no son providencias o actos decisorios, por lo que no
son recurribles; son simples posiciones jurídicas que deben ser conocidas por
las partes para que puedan debatirlas.
8. La audiencia pública es la oportunidad procesal para cambiar la
calificación jurídica, porque solo en este punto es que se cuenta con todos los
elementos de juicio para determinar si la imputación inicial es la adecuada o
no. Así, con la mutación de la calificación o con la oposición del fiscal a la
manifestación del juez sobre la exigencia de que ello ocurra, corresponde
correr traslado a los sujetos procesales, particularmente a la defensa, para
que puedan solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para
efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de nuevas pruebas.
9. La calificación jurídica solo se puede cambiar una vez, «pues debe
llegar un momento en que la imputación devenga en definitiva e intangible, en
guarda del derecho de defensa, de la lealtad procesal, del orden del proceso y
del principio de preclusión».
10. La resolución de acusación, su modificación por el fiscal del caso
y la manifestación del juez en la audiencia acerca de la necesidad de
modificarla no se excluyen para efectos de verificar la congruencia, de suerte
que la sentencia puede estar en consonancia con cualquiera de ellas. Por ende,
«habrá congruencia si al condenar, la conducta se califica con la denominación
jurídica que se le dio en la resolución de acusación, o en la variación, o por
la propuesta por el juez como objeto de debate y no admitida por el fiscal, o
por una figura atenuada con relación a ellas».
Ahora bien, la facultad del juez de cambiar en la sentencia la
calificación jurídica de la conducta punible cuando con ello se disminuya la
responsabilidad del acusado (regla 4) ha sido objeto de pronunciamiento por
parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en varias
oportunidades[136].
Así, por ejemplo, en auto del 2 de diciembre de 2008 (radicado 30.446), la Sala
explicó:
«El estatuto
procesal penal del 2000 despojó a la resolución acusatoria de aquella
connotación tradicional de “ley del proceso”, entendiendo por esta el acto
invariable, intocable en el juzgamiento, respecto de la conducta. Y le restó
esa característica sencillamente porque de manera expresa autoriza varias oportunidades
que permiten su variación[137].
Es claro, entonces,
que la providencia que califica un sumario con acusación ya no es “ley”
inmodificable para el juicio. Constituye solamente un objeto más de ese posible
acto complejo que es la “acusación”, conformado -cuando es del caso- por esa
resolución y por las diversas situaciones que se presentan en el incidente de
variación de la calificación jurídica[138]».
En similar sentido, y en cuanto a la oportunidad procesal para variar
la calificación jurídica de la conducta, en sentencia del 16 de marzo de 2016
(radicación 44.288)[139],
la Sala de Casación Penal expuso:
«Esa posibilidad de
introducir variaciones a la imputación jurídica contenida en la
acusación puede concretarse a través de dos mecanismos: uno, el
procedimiento contemplado en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000 que permite
hacerlo una vez concluida la práctica de las pruebas en la audiencia pública de
juzgamiento a iniciativa del fiscal o del juez, y, dos, mediante la
facultad de este último para degradar en la sentencia la entidad jurídica de
los hechos materia de acusación» (negrilla fuera del texto).
En lo que atañe al presente caso, resultan de interés las providencias
en las que dicha Sala, en virtud de la formulación de un recurso de casación
contra la sentencia de segunda instancia, ha examinado si tal determinación por
parte del juez plural vulnera el principio de congruencia, cuando el procesado
ha sido absuelto en primera instancia respecto de una imputación, pero
condenado en segunda con fundamento en el cambio de la calificación jurídica en
la sentencia.
Al respecto, justamente en la última sentencia citada[140],
la Corte conoció del recurso de casación impetrado por tres personas, dos de
ellas absueltas en primera instancia como presuntos coautores del delito de
homicidio en persona protegida y luego condenados en segunda instancia como
coautores del delito de favorecimiento. En criterio de los demandantes, la
sentencia de segundo grado vulneró su derecho de defensa, pues no tuvieron la
oportunidad de defenderse de la nueva acusación, así como el principio de
congruencia, como resultado de la falta de aplicación del artículo 404 de la
Ley 600 de 2000, que, como ya se sabe, regula el procedimiento para cambiar la
calificación jurídica en la audiencia de juzgamiento.
La Sala decidió no casar la sentencia, al comprobar que si bien se
produjo un cambio en la calificación jurídica, los hechos que sustentaron la
resolución de acusación y que permitieron la condena en segunda instancia eran
básicamente los mismos, de suerte que «por lo menos en términos generales, sin
duda alguna puede sostenerse que en los hitos del proceso se sostuvo el mismo
fundamento fáctico». Agregó que, en todo caso, las variaciones en el recuento
histórico que hizo la sentencia inculpatoria «fueron meramente accidentales»,
en la medida en que no cambiaron las conductas penalmente relevantes de los
procesados. En este sentido, reiteró que lo fundamental, de acuerdo con la
jurisprudencia, «es establecer si se condenó a una persona por sucesos respecto
de los cuales tuvo oportunidad de defensa», situación que aconteció en este
caso.
De este modo, la Corte Suprema de Justicia concluyó:
«Entonces, si
los presupuestos fácticos de la sentencia condenatoria estaban incluidos en la
resolución de acusación como hechos jurídicamente relevantes, lo cierto es que
durante la etapa de juicio se garantizó a los procesados la efectiva
oportunidad de su controversia.
(…)
De esa manera, es
claro que los sindicados conocieron desde su vinculación al proceso que los
hechos por los cuales se les investigaba se referían a haber ocasionado la
muerte de (…) y luego encubrirla. Esa imputación fáctica fue ratificada en la
resolución de acusación siendo efectivamente controvertida por aquéllos en el
juicio no sólo mediante el ejercicio de la defensa técnica sino, inclusive, de
la material. Por todo ello, forzoso es concluir que [los procesados] fueron
condenados por hechos suficientemente conocidos y controvertidos por ellos, lo
cual descarta la denunciada indefensión.
Así las cosas, la
decisión del Tribunal Superior de Antioquia consistente en condenar a [los
procesados] por un delito evidentemente menos grave que el de homicidio en
persona protegida por el cual se les acusó, sin discusión alguna, es legal aun
cuando no se haya surtido el trámite de variación de la calificación jurídica
provisional».
En otro caso de similares características –personas absueltas en
primera instancia por el delito de concusión en calidad de cómplices y
condenadas en segunda instancia por el delito de abuso de autoridad por acto
arbitrario e injusto en calidad de autores–[141],
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó una demanda de casación
instaurada bajo el argumento de que la sentencia de segundo grado se produjo
por un delito distinto a aquel por el cual se formuló la resolución de
acusación y en un grado de participación diferente.
Dicha Corporación decidió negar parcialmente las pretensiones de la
demanda, luego de reiterar que el principio de congruencia se vulnera
únicamente cuando el juez «agrava la responsabilidad del acusado, ya sea porque
adiciona hechos nuevos, suprime causales de atenuación reconocidas en la
acusación o incluye agravantes, o modifica desfavorablemente el grado de
participación atribuido en ella», pero no cuando se cambia el delito por otro
de diferente especie. Lo anterior, al constatar que (i) el punible de abuso de
autoridad por acto arbitrario e injusto es de menor entidad al de concusión,
atribuido en la acusación; (ii) los hechos por los cuales los procesados fueron
condenados en segunda instancia están «en perfecta armonía con los hechos
jurídicamente relevantes identificados por la Fiscalía»; y (iii) los acusados
orientaron su estrategia probatoria y defensiva a rebatir esos hechos. No
obstante, casó parcialmente la sentencia, toda vez que los encartados fueron
llamados a juicio como cómplices y el ad quem los declaró penalmente
responsables en calidad de coautores, «proceder que, sin duda, terminó
desfavoreciéndolos punitivamente».
Así mismo, mediante sentencia de 11 de abril de 2018[142],
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación
formulado contra un fallo adoptado por el Tribunal Superior de Manizales, que
revocó la sentencia absolutoria dictada en primera instancia. El demandante
había sido acusado y absuelto en primera instancia por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes y condenado en segunda instancia por el
reato de tráfico de estupefacientes en la modalidad de «conservar con fines de
venta». En el mismo sentido de los casos descritos anteriormente, la Sala
decidió no casar la sentencia cuestionada, por considerar que no hubo un cambio
en la imputación fáctica.
8.3 En suma, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, la calificación jurídica de la conducta
imputada, contendida en la resolución de acusación, se puede variar mediante
(i) el procedimiento descrito en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, es
decir, en la audiencia pública de juzgamiento, a iniciativa del juez o el
fiscal, o (ii) en la sentencia. En ambos casos, bajo ninguna circunstancia, ni
el juez ni el fiscal pueden alterar o sustituir el núcleo esencial de la
imputación fáctica, es decir, el acto humano como tal, objeto de investigación.
Este límite es, en últimas, el punto que determina la congruencia de la
decisión de fondo y permite salvaguardar el derecho de defensa, en la medida en
que los hechos materia de averiguación son los que definen la estrategia
probatoria y defensiva del procesado. Ahora bien, si el juez modifica la
imputación jurídica en la sentencia, además del límite descrito, su decisión no
puede agravar la situación jurídica del acusado. Esto significa que no puede
condenar por un delito de mayor gravedad, reconocer una circunstancia de
agravación punitiva o condenar por un grado de participación que resulte más
gravoso (por ejemplo, de cómplice a coautor).
Para terminar, es preciso resaltar que la postura de la Corte Suprema
de Justicia sobre el último límite de la variación de la calificación jurídica
descrito en precedencia coincide con el criterio de la Corte Constitucional y
la jurisprudencia de la Corte IDH. En efecto, según se explicó a lo largo de
este acápite, para las tres corporaciones al juez le está vedado introducir
hechos adicionales o diferentes que sustituyan la calificación inicial, esto
es, el núcleo básico de la imputación fáctica, pues es sobre aquellos que el
procesado erige su defensa y, por tanto, ejerce su derecho de contradicción a
lo largo del proceso. Además, tanto para este Tribunal como para la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el juez de segunda instancia
tampoco puede franquear el principio de la no reformatio in pejus, de
manera que, al variar la calificación jurídica de la conducta imputada, no
puede agravar la situación del condenado.
9. Estudio del caso concreto
Corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar si
la sentencia emitida en sede de casación el 29 de agosto de 2018 por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales del
señor Édgar Antonio Ahumada Sabogal al debido proceso, a la defensa y al acceso
a la administración de justicia. Lo anterior, en la medida en que, en los
términos del accionante, (i) no satisfizo los estándares de protección del
derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria desarrollados por esta
Corporación en la Sentencia C-792 de 2014, y (ii) se equivocó al considerar
acertada la variación de la calificación jurídica de la conducta, bajo el
argumento de que ello es admisible cuando el nuevo título de imputación no le
sea más gravoso al procesado.
Con fundamento en las consideraciones generales que anteceden este
apartado, pasa la Corte a resolver cada uno de los problemas jurídicos
planteados.
9.1 La sentencia de casación adoptada por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia sí satisface las exigencias definidas en la
Sentencia C-792 de 2014
9.1.1 En el fundamento jurídico n.º 6 de esta providencia, se explicó
que en concordancia con lo dicho por esta Corporación en la Sentencia C-792 de
2014, el derecho fundamental a impugnar la primera sentencia condenatoria exige
la existencia en el ordenamiento jurídico de un recurso que permita, primero,
atacar todo fallo penal condenatorio, al margen del número de instancias que
tenga el proceso; segundo, cuestionar todos los aspectos fácticos, probatorios
y jurídicos de la sentencia o, en otras palabras, realizar un examen integral
de la decisión recurrida; y, tercero, controvertir la decisión ante una
autoridad judicial distinta de la que impuso la condena. El segundo elemento
mencionado requiere, a su vez, que el juez cuente con amplias facultades para
efectuar una revisión completa, amplia y exhaustiva del fallo; así mismo, que
el recurso permita analizar principalmente la controversia sobre la cual se
pronunció el fallo judicial y, solo secundariamente, la providencia
condenatoria como tal; y finalmente, que el mismo no esté sujeto a un conjunto
cerrado de causales de procedencia establecidas previamente por el legislador.
También se precisó que, en términos abstractos, el recurso
extraordinario de casación no satisface los estándares de protección indicados
en precedencia, esencialmente porque no recae sobre la controversia que da
lugar al proceso judicial, sino sobre la providencia recurrida, y porque el
juez no tiene plenas potestades para revisar integralmente el fallo, por cuanto
su análisis está limitado por las causales establecidas en el derecho positivo.
Sin embargo, en el mismo apartado y en el siguiente, se aclaró que,
ante la falta de desarrollo legal del derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria y en razón de la urgencia de proteger el derecho constitucional a
impugnar la primera sentencia inculpatoria, la Corte Suprema de Justicia
resolvió, en un primer momento, garantizar la exigencia de doble conformidad
judicial a través del recurso extraordinario de casación, esto es, en la misma
sentencia que resolvía el recurso. Por ello, se afirmó que en el caso concreto,
es deber del juez constitucional examinar, primordialmente, si más allá del
examen de la sentencia impugnada y del estudio de las causales de casación
alegadas, la Sala de Casación Penal analizó la controversia jurídica que
subyace al fallo judicial cuestionado y si la sentencia recurrida fue revisada
por una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena. Al respecto,
se sostuvo que este es un remedio judicial que, aunque no es óptimo, si cumple
materialmente las condiciones sustanciales ya anotadas, resulta respetuoso del valor
normativo y vinculante de la mencionada reforma constitucional y de la
comprensión de la Constitución como norma jurídica con eficacia directa.
9.1.2 Como pasa a demostrarse, la sentencia adoptada el 29 de agosto
de 2018 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sí
satisface las exigencias indicadas anteriormente.
9.1.2.1 La Sala encuentra que la controversia sustancial del proceso
penal adelantado contra el accionante giró en torno a estos dos problemas
jurídicos: (i) si en el marco del negocio jurídico celebrado entre la Alcaldía
de Villavicencio y la banca de inversión VIMESA S.A., la conducta del procesado
se ciñó a lo dispuesto en el contrato de corretaje que suscribió con la
mencionada sociedad, y (ii) si el señor Ahumada tuvo el dominio del hecho o si,
por el contrario, solo actuó como colaborador del delito cometido por otros o
si de ninguna manera participó en la realización de la conducta antijurídica.
De lo anterior dan cuenta, en lo que corresponde, la resolución de
acusación formulada por la Fiscalía, las sentencias de instancia y los alegatos
de la defensa.
En efecto, en la calificación del mérito sumarial,
el ente acusador aseguró que el señor Ahumada desbordó el objeto del contrato
de corretaje celebrado con VIMESA S.A., pues su actuación no se contrajo a
poner en contacto a los inversionistas con esa sociedad, tal y como este lo
estipulaba. Al respecto, destacó que el accionante realizó los trámites para
que se suscribieran las ofertas de cesión de derechos de beneficio, obtuvo los
certificados de depósito, estuvo atento a la fecha en que se cumplían las
renovaciones con el fin de solicitar la comisión y pactó los rendimientos
financieros con los servidores públicos implicados. Por ello, estimó que «el
comportamiento del sindicado fue necesario para la estructuración del delito, en
tanto que, sin su intermediación o la de otros agentes comerciales, seguramente
la Alcaldía no habría realizado o [no se habría] enterado de esta clase de
inversiones».
En la orilla opuesta, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Villavicencio consideró que la actividad del actor se sustentó en el contrato
de corretaje suscrito con VIMESA S.A. y que las comisiones recibidas por el
actor, las cuales, a su juicio, están amparadas por el ordenamiento jurídico
vigente, no son prueba de la ilicitud de su conducta. Sobre el particular,
precisó que la inversión en el patrimonio autónomo de los excedentes de
liquidez de recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones es
una conducta que debe ser reprochada únicamente a los tesoreros de la Alcaldía
de Villavicencio, por ser garantes de las finanzas del ente territorial, y que
la pérdida del dinero por el inadecuado manejo del patrimonio autónomo no es
responsabilidad de los intermediarios financieros.
En la sentencia, el Juzgado advirtió que el apoderado del procesado
pidió la absolución de este con fundamento en que las afirmaciones de la
Fiscalía se desvirtuaban con «las pruebas recaudadas dentro del proceso, donde
con claridad se estableció que la conducta desplegada por su prohijado se
circunscribió en todos los aspectos a lo establecido en el contrato de
corretaje». En este, «adquirió la obligación legal de prestar a VIMESA S.A.
servicios profesionales independientes de intermediación, orientados a la
consecución de inversionistas públicos y privados para vincularlos a las
operaciones que llegaren a derivar de patrimonios autónomos constituidos, por
los cuales estaba facultado para recibir comisiones». Adicionalmente, «no
existe (…) prueba alguna que indique el señor Ahumada Sabogal tuvo injerencia
respecto de la administración de los recursos propios [del] patrimonio
autónomo».
Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio
consideró que la conducta del actor sobrepasó la función propia del contrato
aludido, al encontrar probado que prestó su concurso en la estructuración del
negocio fiduciario y, con ello, en la comisión del delito contra la
administración pública. Para fundamentar esta afirmación, al igual que la
Fiscalía, el juez plural llamó la atención sobre, por un lado, las
declaraciones de los tesoreros de la Alcaldía, las cuales, en su criterio, dan
cuenta de que el trabajo del señor Ahumada fue más allá de la simple
realización de las ofertas; y, por otro, sobre los vínculos de amistad que
unían al actor con los funcionarios del municipio responsables de la colocación
de los dineros en el patrimonio autónomo. Así, encontró demostrado que el señor
Ahumada llevó a cabo diversas actividades para conseguir que finalmente los
tesoreros de la Alcaldía hicieran las colocaciones y, por tanto, cooperó para
la consumación del delito y la apropiación de recursos públicos por parte de
terceros.
9.1.2.2 Ahora bien, en el contexto anterior y como resultado de la
condena impuesta en segunda instancia y de la negativa del Tribunal Superior de
tramitar el recurso de impugnación, el actor presentó recurso extraordinario de
casación. Aunque la demanda no cumplía con los requisitos formales prescritos
en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, mediante auto del 1 de agosto de
2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la admitió a trámite, en
atención a que el actor y el otro procesado recurrente –quien también fungió
como intermediario financiero– fueron condenados por primera vez en segunda
instancia.
9.1.2.3 En sentencia de casación el 29 de agosto de 2018, y con el
objeto de decidir el recurso, en primer lugar, la Sala de Casación Penal
consideró infundadas las causales alegadas por el actor –juicio viciado de
nulidad y falta de consonancia con los cargos formulados en la resolución de
acusación– contra el fallo condenatorio de segunda instancia. En segundo lugar,
a pesar de que el señor Ahumada no elevó ningún cargo encaminado a defender su
inocencia[143],
la Sala Penal realizó, no solo un examen integral de la decisión recurrida,
sino que, además, se ocupó de la controversia jurídica que suscitó el proceso
penal.
De este modo, para encausar este análisis, la Sala planteó el
siguiente problema jurídico: «corresponde dilucidar el alcance de las figuras
jurídicas de corretaje y agencia comercial, de cara a las obligaciones
impuestas en los contratos de este tipo, suscritos por (…) y Ahumada Sabogal
con las firmas VIMESA y (…), así como examinar el resto de medios documentales
y testimoniales concernientes al tema de prueba».
En consecuencia, abordó el alcance de los
contratos de corretaje y agencia comercial a la luz de la legislación comercial
y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, para
concluir que tanto el corredor como el agente son comerciantes independientes,
actúan por cuenta de otro y la finalidad de su quehacer es gestionar intereses
ajenos.
En este orden, explicó que la condena en segunda
instancia fue el resultado de las siguientes circunstancias, las cuales, por su
gravedad, le permitieron al ad quem establecer con certeza la
responsabilidad de los intermediarios financieros:
«i) No se trató de
simples ofrecimientos sino de “diversas labores para conseguir que finalmente
los funcionarios públicos efectuaran las colocaciones y concluyeran las
operaciones con total éxito”. Al efecto, a partir de los testimonios de los
tesoreros, se describió que los procesados se ocuparon de explicar las ventajas
del negocio, llevar las propuestas, recoger las copias de las consignaciones
efectuadas por el ente territorial, remitir las certificaciones de las
inversiones, llevar las pruebas de las consignaciones de los rendimientos,
entre otras actividades.
ii) Pago
fraccionado de las comisiones a través de terceros, lo cual, en sentir del juez
plural devela el conocimiento de los enjuiciados sobre la ilicitud de su
comportamiento porque “quien recibe el producto de su trabajo que considera
abiertamente legal no acude a estrategias de ninguna índole y menos contrarias
a derecho para disfrazar los pagos que se le efectúan”.
iii) Hallazgo de
papelería en blanco de la Alcaldía de Villavicencio y comprobantes de egreso
del pago de comisiones –en las que aparecen las siglas de los nombres de los
tesoreros–, en las oficinas de (…).
iv) Cuantioso valor
de las comisiones percibidas por los enjuiciados por concepto de la
intermediación.
v) Contacto con los
empleados de la Alcaldía Municipal con capacidad de invertir los recursos
públicos teniendo en cuenta el conocimiento de la región y sus vínculos
familiares y de amistad.
vi) Participación
en la estructuración del negocio fiduciario.
vii) Labor de
puente entre el patrimonio autónomo y el ente territorial, a nombre de las
intermediarias con las que laboran.
viii) Conocimiento
y experiencia profesional de los acusados que permite “inferir que sabían del
especial manejo de los recursos del Estado”».
Posteriormente, la Sala de Casación Penal aseguró
que si bien algunas de las actividades realizadas se inscribieron a las
gestiones propias de los contratos de intermediación comercial, otras, conforme
a las pruebas recaudadas a lo largo del proceso, excedieron el marco legal de
dichos contratos. Sobre esta cuestión, insistió en que no obstante la gestión
de los intermediarios se debía limitar a promover el negocio, contactar futuros
inversionistas y poner en contacto a las partes del contrato para que
decidieran si celebraban o no el negocio ofrecido; aquellos optaron por llevar
a los tesoreros las ofertas de cesión de derechos suscritas por el
representante legal de Coocafé, así como los soportes de las transferencias de
dineros a la cuenta del patrimonio autónomo y los comprobantes de los
rendimientos causados. Así mismo, decidieron regresar a Coocafé las referidas
ofertas aceptadas por los funcionarios públicos, y, además, pactar con estos
los plazos de las inversiones y los montos de las utilidades.
Agregó que para recibir las onerosísimas
comisiones, los acusados acudieron a la estrategia de fraccionar los pagos,
para lo cual se valieron de terceras personas. En este mismo sentido, y en
cuanto a las altas tarifas de las mencionadas comisiones, la Sala de Casación
Penal resaltó que las mismas alcanzaron porcentajes importantes, en la medida en
que fueron el resultado de la diferencia entre un tope máximo del 22% –que se
pagaba con el dinero público invertido– y el monto de los rendimientos
ofrecidos al ente territorial.
Por todo lo anterior, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia afirmó:
«La
injerencia manifiesta de los procesados en la consolidación de las inversiones
superó el más elemental interés orientado a percibir la comisión derivada de la
concreción del negocio, pues, como quedó visto, desarrollaron gestiones que iban
más allá del deber de promover la consecución de intermediarios y poner en
contacto a las partes a efecto de que negociaran los términos del objeto
contractual, lo que resulta indicativo, como lo concibió el Tribunal, de la
intención de colaborar en la perpetración del delito de peculado a título de
cómplices».
9.1.2.4 Visto lo anterior, la Sala Plena de esta Corporación concluye
que la sentencia contra la cual se interpuso la acción de tutela de la
referencia sí satisface los estándares de protección del derecho a la doble
conformidad judicial fijados por la Corte en la Sentencia C-792 de 2014, toda
vez que (i) hizo una revisión completa, amplia, exhaustiva e integral de la
controversia jurídica que dio origen al proceso penal adelantado contra el actor,
que no se limitó a la decisión condenatoria adoptada por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Villavicencio, ni a las causales de casación alegadas; y
(ii) fue dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
es decir, por una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena.
Es claro que la fórmula de la Sala de Casación penal de la Corte
Suprema de Justicia para garantizar la impugnación de la primera condena
resultó razonable, de modo que el derecho a la doble conformidad del accionante
logró su máxima realización, en la medida de las posibilidades fácticas y
jurídicas del caso, pues hizo uso de las herramientas legales, procesales y
jurisprudenciales de las que disponía para ese momento.
En este sentido, la sentencia de casación del 29
de agosto de 2018 no incurrió en el defecto de violación directa de la
Constitución, ya que, contrariamente a lo afirmado por el accionante, sí
garantizó el derecho a la doble conformidad judicial reconocido en los
artículos 29 de la Constitución, 14.5 del PIDCP y 8.2.h de la CADH, y
desarrollado jurisprudencialmente por esta Corporación, particularmente en la
Sentencia C-792 de 2014, en la medida en que dos jueces diferentes analizaron
su responsabilidad en la comisión de los hechos indilgados.
Igualmente, la Sala Plena encuentra que la sentencia de casación
cuestionada no presenta un defecto por falta de motivación, como lo sostiene el
actor, pues, como ya se tuvo la oportunidad de demostrar, dicha decisión sí
consideró y resolvió los problemas jurídicos centrales del proceso. Al
respecto, se reitera que no es suficiente alegar que el juez se abstuvo de
analizar una determinada cuestión. Más allá de esto, es preciso demostrar que
la omisión es de tal importancia que produjo una decisión diferente a la que
correspondía en derecho.
Aunque el señor Ahumada manifestó que la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia no analizó todas las circunstancias fácticas y jurídicas
que fueron alegadas a lo largo del proceso penal, no explicó cuáles fueron los
argumentos o las pruebas que la Corte Suprema de Justicia dejó de considerar
para proferir un fallo absolutorio y, por tanto, no concretó esta afirmación en
omisiones puntuales. Por consiguiente, el estudio propuesto por el actor resulta
imposible de adelantar por la Corte en este punto.
Así mismo, la Sala Plena concluye que la aludida
sentencia no incurrió en el defecto de violación del precedente constitucional,
específicamente del contenido en la Sentencia SU-215 de 2016, porque como se
explicó en el fundamento jurídico n.º 6.1 de esta providencia, dicha sentencia
se refiere al derecho a impugnar la primera condena que se dicte en sede de
casación, y no a la impugnación de los fallos condenatorios emitidos por los
tribunales superiores en segunda instancia, siendo este el supuesto fáctico y
jurídico relevante en el presente caso.
9.1.3 Ahora bien, esta Corporación no pasa por
alto que el 10 de marzo de 2017, en aplicación lo decidido por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014, el apoderado judicial del actor
impugnó la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Villavicencio en segunda instancia.
Sin embargo, mediante oficio n.º 0822 del 16 de marzo de 2017, la
Secretaría del Tribunal Superior de Villavicencio se negó a tramitar el
recurso, pretextando que la Corte Suprema de Justicia decidió en una
providencia del 10 de agosto de 2016, con fundamento en «la ausencia de soporte
legal», no acoger lo previsto en la mencionada sentencia. Además, le indicó que
el único recurso que procedía contra las sentencias condenatorias proferidas en
segunda instancia por los tribunales superiores era el extraordinario de
casación. De este modo, le sugirió presentar dicho recurso, pues «la apelación
no tiene vocación de prosperidad y de no presentarlo, usted sí le vulneraría el
derecho de defensa técnica a su representado».
La posición de la Secretaría del Tribunal fue
reiterada al accionante por el magistrado sustanciador en auto del 4 de mayo
siguiente.
De acuerdo con lo sostenido en el fundamento
jurídico 6.4 de esta decisión, la jurisprudencia constitucional más reciente
reconoce que los artículos 29 superior, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP
prevén la existencia del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria
que se dicte en el marco de un proceso penal, ante un juez diferente del que
impuso la condena, al margen de si se trata de un proceso adelantado bajo la
Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004, o de si la primera sentencia inculpatoria
se dictó en segunda instancia o, incluso, en sede de casación.
Dado que la Sentencia C-792 de 2014 actualizó el
entendimiento de la Constitución en este sentido, luego del 24 de abril de
2016, fecha en que venció el exhorto al Congreso de la República para legislar
sobre la materia, las autoridades judiciales debían actuar en consonancia con
lo dispuesto en la mencionada sentencia de unificación, es decir, entendiendo
que procede la impugnación integral contra «todas las sentencias condenatorias
ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena». No sobra
recordar que esta forma de comprender el alcance de la Sentencia C-792 de 2014
fue puesto de presente por la Corte Constitucional en la reciente Sentencia
SU-217 de 2019[144].
En atención a lo anterior, es claro que el Tribunal
Superior de Villavicencio estaba obligado a dar trámite y remitir a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el escrito de impugnación
presentado por el accionante el 10 de marzo de 2017, contra la sentencia emitida
en segunda instancia por su Sala Penal el 20 de febrero del mismo año.
Aunque esto no se sucedió, según se explicó en
precedencia, al resolver el recurso extraordinario de casación formulado por el
actor, la Sala Penal de la Corte se pronunció sobre el fondo del asunto y, con
esto, protegió el derecho fundamental del demandante a impugnar la primera
sentencia condenatoria dictada en su contra.
Sin embargo, en razón de la omisión en que
incurrió la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio al negarse a
admitir el recurso de impugnación interpuesto por el accionante y remitirlo a
la Corte Suprema de Justicia, la Sala Plena considera necesario tomar medidas
adicionales.
De este modo, en la parte resolutiva de esta
sentencia, advertirá al Tribunal Superior de Villavicencio que en próximas
oportunidades deberá informar en los fallos que contengan la primera condena
que contra la misma procede el recurso de impugnación. Luego de los trámites de
rigor, deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia para que, de ser el caso, resuelva la solicitud de doble
conformidad judicial, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 235 de la Constitución.
9.1.4 Ahora bien, dada la persistencia del déficit de regulación legal
del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria en materia penal, la
Corte reiterará el exhorto formulado en las Sentencias SU-217 y SU 218 de 2019,
en la cual se conminó al Congreso de la República a regular el procedimiento
para el ejercicio del mencionado derecho, de conformidad con lo prescrito en
los artículos superiores 29 y 235, numerales 2 y 7.
9.1.5 Resuelto el primer problema jurídico dentro del asunto de la
referencia, la Corte procede a verificar si, como lo sostuvo el accionante, la
sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en
un defecto sustantivo, por desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 404
de la Ley 600 de 2000, que establece el procedimiento que debe adelantar el
juez para variar la calificación jurídica en la audiencia de juzgamiento.
9.2 El cambio de la calificación
jurídica de la conducta en la sentencia de segunda instancia no vulneró el
derecho a la defensa del accionante
9.2.1 En el fundamento jurídico n.º 8 de la presente providencia, la
Corte explicó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, la calificación jurídica de la conducta
imputada, contendida en la resolución de acusación, se puede variar mediante
(i) el procedimiento descrito en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, es
decir, en la audiencia pública de juzgamiento, a iniciativa del juez o el
fiscal, o (ii) en la sentencia. Adicionalmente, se indicó que en ambos casos,
bajo ninguna circunstancia, ni el juez ni el fiscal pueden alterar o sustituir el
núcleo esencial de la imputación fáctica, es decir, el acto humano como tal,
objeto de investigación. Al respecto, se sostuvo que este límite es el punto
que determina la congruencia de la decisión de fondo y permite salvaguardar el
derecho de defensa, en la medida en que los supuestos fácticos materia de
averiguación son los que definen la estrategia probatoria y defensiva del
procesado.
También se precisó que si el juez modifica la imputación jurídica en
la sentencia, además del límite descrito, su decisión no puede agravar la
situación jurídica del acusado. Esto significa que no puede condenar por un
delito de mayor gravedad, reconocer una circunstancia de agravación punitiva o condenar
por un grado de participación que resulte más gravoso.
De igual forma, se destacó que el criterio de la Corte Suprema de
Justicia, respecto de la imposibilidad de variar el núcleo esencial de la
imputación fáctica, coincide con la posición de la Corte Constitucional y de la
Corte IDH sobre el particular.
9.2.2 Ahora bien, para establecer si el cambio de la calificación
jurídica en la sentencia de segunda instancia vulneró el derecho a la defensa
del accionante, se expondrán los supuestos fácticos de la resolución de
acusación y de la sentencia de segunda instancia, con el objeto de
confrontarlos y así establecer si entre los mismos existe una relación de
consonancia o de incongruencia. Además, se verificará si, en efecto, la pena
impuesta para quien participe en calidad de cómplice en la realización de un
delito es menor que la prevista para el interviniente.
Para el efecto, antes, corresponde recordar dos elementos. En primer
lugar, según se explicó en la primera parte de este acápite, la controversia
sustancial del proceso penal adelantado contra el accionante giró en torno a
dos problemas jurídicos: si la conducta del procesado se ciñó a lo estipulado
en el contrato de corretaje que suscribió con VIMESA S.A. y si aquel tuvo el
dominio del hecho, o solo actuó como colaborador del delito cometido por otros,
o si de ninguna manera participó en la realización de la conducta antijurídica.
En segundo lugar, que, de conformidad con expuesto por el actor en el recurso
extraordinario de casación, el Tribunal Superior de Villavicencio vulneró el
principio de congruencia toda vez que desconoció que todo el trabajo de la
defensa estuvo encaminado a desvirtuar los presupuestos de la coautoría, es
decir, su participación a título de interviniente.
9.2.2.1 Como ya se dijo, en la resolución de acusación dictada el 1 de
junio de 2010, la Fiscalía Auxiliar Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
afirmó que la labor del señor Ahumada no se circunscribió al cumplimiento de
las actividades previstas en el contrato de corretaje celebrado con VIMESA S.A.
Lo anterior, en la medida que su actuación no se limitó a poner en contacto a
dicha sociedad con los inversionistas, sino que, además, adelantó diversas
actividades orientadas a que los tesoreros de la Alcaldía de Villavicencio
invirtieran recursos en el patrimonio autónomo, las cuales incluyeron pactar
los rendimientos financieros de las inversiones.
En consecuencia, al constatar que desde el inicio
del negocio jurídico, los dos intermediarios financieros participaron en cada
uno de sus aspectos y etapas, la Fiscalía estimó que su comportamiento fue
necesario para la estructuración del delito. Así, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso 4 del artículo 30 de la Ley 599 de 2000, a cuyo tenor
interviniente es el coautor de las conductas que requiere autor cualificado, y
por encontrar que el actor tuvo «el dominio funcional del hecho», la entidad
profirió resolución de acusación en contra del señor Édgar Antonio Ahumada
Sabogal «como interviniente del delito de peculado por apropiación a favor de
tercero».
9.2.2.2 Por su parte, en la sentencia condenatoria proferida el 20 de
febrero de 2017, la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, en primer lugar,
y en lo que concierne al caso del señor Ahumada, puso de presente que el
defensor de este, en calidad de no recurrente, manifestó:
«[Al señor
Ahumada] no puede reprochársele ninguna participación en la presunta
disposición irregular de recursos del ente territorial por cuanto su labor no
era siquiera de empleado de alguna de las personas jurídicas, sino simplemente
actuó como agente de corretaje y durante el tiempo que ejerció su labor no
existió pérdida alguna de dinero, porque los dineros faltantes datan de 2008,
cuando ya no fungía como agente de VIMESA S.A.
Estima que lo que
hicieron las partes contratantes fue cumplir con lo pactado, esto es, el
corredor realizó las actividades propias de su función, adelantando las
actividades necesarias para poner en conocimiento de potenciales inversionistas
las ofertas hechas por la banca de inversión y lo propio hizo VIMESA al pagar
las comisiones por la materialización de las inversiones, que no excedieron el
2% del total de la inversión efectuada por la Alcaldía de Villavicencio.
La actividad
comercial desarrollada, sostiene el defensor, no constituye delito alguno y
menos el de peculado por apropiación, pues la labor del señor Ahumada consistía
en mediar para facilitar un acercamiento contractual de ambos extremos sin
convertirse en parte de alguno de ellos; de ahí que resultara acertado que el a
quo exonerara de responsabilidad penal al procesado por atipicidad de la
conducta. (…).
En suma, argumenta
que Ahumada Sabogal no era el ordenador del gasto público del ente territorial,
no tuvo disponibilidad material o jurídica de los dineros públicos; no tenía
capacidad de disposición y representación de las entidades involucradas; y
tampoco hizo parte de las entidades privadas que contrataron con el ente
territorial, lo cual, a su juicio, es suficiente para confirmar el fallo
absolutorio proferido a favor de su prohijado».
En relación con la responsabilidad del acusado, el Tribunal precisó
que la figura del interviniente no forma parte de la participación, sino de la
autoría, la cual, aunque es evidente respecto de los funcionarios de la
Alcaldía de Villavicencio, no lo es frente a los intermediarios financieros,
por cuanto no existe prueba alguna del cumplimiento de dos de los requisitos
esenciales de la coautoría: «el previo acuerdo común y el codominio del hecho».
En este sentido, el Tribunal determinó que el accionante siempre careció del dominio
del hecho, toda vez que la colocación dineraria estuvo en cabeza de los
tesoreros municipales. De este modo, actuó como simple colaborador del delito
cometido por otro, «sin que su aporte fuera necesario, pues la empresa VIMESA
bien pudo utilizar a otras personas para contactar a esos mismos
inversionistas». Además, «su actuar no estuvo orientado por un designio
criminal común que sí confluye entre los extesoreros [de la Alcaldía] y el
representante de Coocafé».
Igualmente, señaló que, a diferencia de lo sostenido por el juez penal
de primera instancia, la conducta de los intermediarios financieros desbordó la
función propia del contrato de corretaje. Esto, pues las distintas pruebas que
obran en el expediente, específicamente las declaraciones de los tesoreros de
la Alcaldía, dan cuenta de que su labor no se limitó a realizar las ofertas.
Por el contrario, llevaron a cabo diversas actividades para conseguir que
finalmente los tesoreros de la Alcaldía hicieran las colocaciones y concluyeran
las operaciones con éxito.
9.2.2.3 De acuerdo con lo anterior, la comparación entre los
presupuestos fácticos de la acusación y de la condena en segunda instancia
permite afirmar que el objeto del juicio en esos dos momentos se contrajo a
establecer si las actividades adelantadas por el actor se circunscribieron al
ejercicio legal del trabajo de intermediación financiera y si tuvo el dominio
del hecho delictivo.
De este modo, puede sostenerse que en las etapas del proceso aludidas
se mantuvo el mismo fundamento fáctico y que los hechos planteados en la
resolución de acusación, así como los argumentos esgrimidos por el procesado
para desvirtuarlos, fueron considerados y analizados por el fallador de segunda
instancia.
9.2.2.4 A esta misma conclusión llegó la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de
casación, oportunidad en la que, sobre la presunta violación del principio de
congruencia por la variación de la calificación en la condena de segunda
instancia, afirmó:
«Ahora bien, el
letrado asevera que dicha modificación afectó el derecho de defensa porque
durante la actuación el ejercicio del contradictorio estuvo dirigido a
desvirtuar los presupuestos de la coautoría, misma que precisamente el Tribunal
desechó al advertir que Ahumada Sabogal y Hurtado Orozco no tuvieron el dominio
del hecho en la comisión del injusto, sino que contribuyeron a la realización
de la conducta antijurídica de (…).
(…)
Nótese cómo, aunque
el recurrente asegura que su cliente no se pudo defender de la complicidad
deducida en segunda instancia, lo cierto es que a lo largo de la actuación
rebatió la esencia de la imputación fáctica consistente en que su cliente y
(…), en su condición de comisionistas o intermediarios financieros, excedieron
los límites del contrato de corretaje para ayudar a los tesoreros del municipio
de Villavicencio a esquilmar los caudales públicos».
9.2.2.5 Ahora bien, en relación con el cambio en el título de
participación, en este punto se constata que al tenor de lo preceptuado en los
incisos 3 y 4 del artículo 30 de la Ley 599 de 2000, la complicidad implica la
imposición de una pena menor que la prevista para la coautoría, ya que la
reducción de la condena en la primera puede ser de una sexta parte a la mitad,
mientras que en la segunda la pena se rebajará solo una cuarta parte[145].
Así lo anotó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia cuestionada:
«En el caso
examinado se observa que aunque, en efecto, Ahumada Sabogal y (…) fueron
acusados por el delito de peculado por apropiación en grado de intervinientes y
condenados en sede de segunda instancia a título de cómplices, dicha
modificación no comporta aflicción alguna para los mentados acusados porque la
pena imponible conforme a esta última categoría dogmática de participación es
más benigna que la que les hubiera podido corresponder de haber sido
sentenciados como intervinientes».
9.2.3 Conforme a lo expuesto, la Sala Plena de esta Corporación estima
que la sentencia de casación contra la cual se interpuso la presente acción de
tutela no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento de lo dispuesto
en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, pues la Sala Penal del Tribunal
Superior de Villavicencio estaba habilitada para cambiar en la sentencia la
calificación jurídica de la conducta imputada, si, como en efecto ocurrió, (i)
mantenía incólume el núcleo básico de la imputación fáctica y (ii) la variación
en el título de participación resultaba más benigno al procesado.
9.2.4 Con todo, esta Corporación estima necesario precisar que la
acción de tutela y, puntualmente, la invocación del derecho a la doble
instancia no constituyen una tercera instancia para que la Corte Constitucional
analice la responsabilidad penal de la accionante y determine si la Corte
Suprema de Justicia se equivocó en su decisión. En el presente caso, el estudio
de fondo se debe entender circunscrito a la presunta vulneración del principio
de congruencia y, por tanto, del derecho fundamental al debido proceso, la
cual, según se expuso en precedencia, no tuvo lugar.
9.3 En virtud de lo anterior, y por encontrar demostrado que el fallo
proferido el 29 de agosto de 2018 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia no vulneró los derechos fundamentales del señor Édgar
Antonio Ahumada Sabogal al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia, se confirmará la sentencia adoptada el 16 de enero
de 2019 por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, que negó la
protección constitucional solicitada.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada por Auto del
6 de junio de 2019.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida
el 16 de enero de 2019 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Édgar
Antonio Ahumada Sabogal al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia.
TERCERO.- ADVERTIR a la Sala Penal del
Tribunal Superior de Villavicencio que en próximas oportunidades deberá
informar en los fallos que contengan la primera condena que contra la misma
procede el recurso de impugnación. De presentarse la impugnación, y luego de
los trámites de rigor, deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia para que, de ser el caso, resuelva la solicitud
de doble conformidad judicial.
CUARTO.- EXHORTAR, una vez más, al Congreso de la
República, a que regule el procedimiento para el ejercicio del derecho a la
impugnación de la primera sentencia condenatoria en materia penal, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 235, numerales 2 y 7, de la
Constitución.
QUINTO.- Por Secretaría General, LIBRAR las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y archívese el expediente.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
Ausente con excusa
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] «Artículo 17. Colocación de excedentes de
liquidez. Las entidades territoriales deberán invertir sus excedentes
transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en
títulos que cuenten con una alta calificación de riesgo crediticio o que sean
depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo
crediticio. || Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando
sus excedentes de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo mientras estos
últimos obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual
tendrán un plazo de un (1) año a partir de la vigencia de la presente ley».
[2] «Artículo 207. Causales. En materia
penal la casación procede por los siguientes motivos: || (…) 3. Cuando la
Sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad».
[3] Ley 600 de 200, artículo 404: «Concluida la práctica de pruebas, si la calificación
provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o
prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma
de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia
atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites
punitivos, se procederá así:
1. Si el Fiscal General de la
Nación o su delegado, advierte la necesidad de variar la calificación jurídica
provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al Juez en su
intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se
correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán
solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de
estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias.
Si se suspende la diligencia, el
expediente quedará inmediatamente a disposición de los sujetos procesales por
el término de diez días para que soliciten las pruebas que consideren
pertinentes. Vencido el traslado, el juez, mediante auto de sustanciación,
ordenará la práctica de pruebas y fijará fecha y hora para la continuación de la
diligencia de audiencia pública, la que se realizará dentro de los diez días
siguientes.
Si los sujetos procesales acuerdan
proseguir la diligencia de audiencia pública o reanudada ésta y practicadas las
pruebas, se concederá el uso de la palabra en el orden legal de intervenciones.
2. Si el juez advierte la necesidad de
variar la calificación jurídica provisional, así se lo hará saber al fiscal en
la audiencia pública, limitando su intervención exclusivamente a la
calificación jurídica que estima procedente y sin que ella implique valoración
alguna de responsabilidad. El fiscal podrá aceptarla u oponerse a ella.
Si el fiscal admite variar la
calificación jurídica, se dará aplicación al numeral primero de este
artículo.
Cuando el proceso sea de competencia
del Fiscal General de la Nación, podrá introducir la modificación por medio de
memorial dirigido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando el
proceso sea de aquellos que conoce en su integridad la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, se introducirá la modificación por decisión notificable en
estrados».
[4] Se citan las Sentencias SP6354-2015 y SP,
16 de marzo de 2016, rad. 44.288.
[5] La primera fracción se aplica al máximo
punitivo y la segunda al mínimo, de acuerdo con la regla primera del artículo
60 del Código Penal.
[6] Deducible frente a ambos extremos
punitivos.
[7] Se citan las Sentencias CSJ SC17005-2014,
que a su vez cita las Sentencias del 6 de octubre de 1954 (LXXVIII-861), 13 de
abril de 1955 (LVVV-13), 8 de agosto de 2000 (expd. 5383), 9 de febrero de 2011
(expd. 00900) y 1 de diciembre de 2011 (rad. 1999-01889-01).
[8] Se cita la Sentencia C-025 de 2010.
[9] Es preciso aclarar que la jurisprudencia
constitucional sobre este tema ha variado a lo largo de los años. En efecto, en
un principio, esta Corporación admitió que la acción de tutela solo era
procedente contra decisiones judiciales que incurriesen en una vía de hecho
(Sentencias T-119, T-100, T-083 y T-008
de 1998, T-432 y T-201 de 1997, T-572 de 1994, y T-198 y T-079 de 1993), es decir, contra decisiones arbitrarias y
caprichosas y, por tanto, abiertamente violatorias del texto superior.
Posteriormente, la Corte admitió que en virtud de la comprensión sistemática de
la Constitución, el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra fallos
judiciales implica aceptar la procedibilidad de dicha acción más allá de la
«burda trasgresión de la Constitución (Sentencia T-401 de 2006)».
[10] En la Sentencia T-191 de 2009, la Corte
analizó las razones que justifican la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Particularmente, aclaró que dichas razones son de
orden iusfilosófico y constitucional, y que estas guardan una relación directa
con el nuevo modelo previsto en la Carta de 1991. Así lo explicó: «En cuanto a
las razones de orden constitucional estas obedecen (i) en primer lugar, a que
la Constitución Política es norma de normas, tiene la mayor jerarquía normativa
al encontrarse en la cúspide de la pirámide del ordenamiento jurídico, y por
tanto constituye el máximo precepto normativo con la máxima vigencia y máxima
eficacia jurídica; (ii) en segundo lugar, y en consonancia con la premisa
anterior, a que existe un claro mandato de orden constitucional relativo a que
todos los poderes públicos –ejecutivo, legislativo y judicial-, y por ende
todas las autoridades públicas, deben respetar los derechos fundamentales. Lo
anterior significa que los derechos fundamentales vinculan por igual a todas
las autoridades públicas, a todas las ramas del poder público y a todas las
entidades y organismos del Estado; (iii) en tercer lugar, a que por expreso
mandato constitucional, la acción de tutela procede sin excepción, contra todas
las autoridades públicas de todas las ramas del poder público; y (iv)
finalmente, a que el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal
Constitucional».
[11] En esa oportunidad, la Corte examinó la
constitucionalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 con base en la
presunta improcedencia de la acción de tutela contra la Sentencia que resuelve
el recurso de casación en materia penal. Con este propósito, sostuvo: «es claro
para esta Corporación que una ley ordinaria no puede modificar o suprimir la
Constitución Política y con mayor razón uno de los mecanismos de protección de
los derechos fundamentales en ella consagrados; que la acción de tutela procede
contra decisiones judiciales en los casos en que esta Corporación ha
establecido y con cumplimiento de los presupuestos generales y específicos ya
indicados; que al proferir la Sentencia C-543-92, la decisión de la Corte no
fue excluir la tutela contra decisiones judiciales; que la procedencia de la
acción de tutela contra tales decisiones está legitimada no solo por la Carta
Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto
instrumentos de derecho internacional público que hacen parte del bloque de constitucionalidad
y que vinculan al Estado colombiano, y que los argumentos expuestos contra la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son infundados
y, por lo mismo, fácilmente rebatibles».
[12] Este abordaje de la acción de tutela se
diferencia de la situación definida inicialmente como vías de hecho en que
mientras la configuración de una vía de hecho requiere que el juez actúe por
fuera del ordenamiento jurídico, los requisitos en comento «contemplan
situaciones en las que basta que nos encontremos con una decisión judicial
ilegítima violatoria de los derechos fundamentales para que se viabilice la
acción de tutela contra decisiones judiciales» (Sentencia T-639 de 2006).
[13] Sentencias SU-033 de 2018, T-458 de 2016 y
T-1008 de 2012.
[14] Sentencias T-016 de 2019, T-436, T-237 y
T-180 de 2018, T-732 de 2017 y T-715 de 2016, entre otras.
[15] Sentencias SU-090 de 2018, T-604 y T-137
de 2017, T-287 de 2015, T-250 de 2014, y T-823, T-822 y T-797 de 2013.
[16] En la Sentencia C-590 de 2005, la Corte
aclaró que, «de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio». También se pueden consultar las Sentencias
T-079 de 2014, SU-159 de 2000 y T-008 de 1998.
[17] Sentencia SU-770 de 2014, oportunidad en la que la
Sala Plena confirmó la decisión que declaró la improcedencia de la acción, al
comprobar que «la demanda de
tutela no satisface uno de los requisitos formales o causales genéricas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, como es
el de identificar de manera razonable los hechos que generan la violación y
que, en caso de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al
interior del proceso».
[18] Ver Sentencia SU-627 de 2015.
[19] En la Sentencia T-240 de 2004, la Corte
Constitucional indicó: «Las autoridades judiciales, cuando incurren en vía de
hecho, vulneran el derecho fundamental al debido proceso que asiste a quienes
intervienen en el respectivo proceso judicial. Por el contrario, quienes
pudiendo intervenir en un proceso y no participan en él, carecen de legitimidad
para cuestionar, en sede de tutela, una actuación judicial».
[20] Ley 600 de 2000, artículo 220:
«Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas, en los siguientes casos: || 1. Cuando se haya condenado o
impuesto medida de seguridad a dos o más personas por una misma conducta
punible que no hubiese podido ser cometida sino por una o por un número menor
de las sentenciadas. || 2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o
que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o
proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición
válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción
penal. || 3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos
nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan
la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. || 4. Cuando con
posterioridad a la Sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el
fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero. || 5.
Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de
revisión se fundamentó en prueba falsa. || 6. Cuando mediante pronunciamiento
judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió
para sustentar la sentencia condenatoria. || Lo dispuesto en los numerales 4 y
5 se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación
de procedimiento y Sentencia absolutoria».
[21] La resolución de acusación a la que se
hace referencia fue proferida por la Fiscalía 17 Delegada de la Unidad
Especializada en Delitos contra la Administración Pública también contra los
señores José Guillermo Jaramillo Cárdenas, como interviniente en el delito de
peculado por apropiación a favor de terceros; Agustín Hortúa Gutiérrez y Miguel
González Roncancio, como autores del delito de peculado por apropiación, en
concurso con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y
cohecho propio; y Gabriel Fernando Hurtado Orozco, como presunto responsable de
los delitos de peculado por apropiación a título de interviniente y cohecho por
dar u ofrecer. En el trámite de la acción de tutela, la Dirección Seccional de
Bogotá de la Fiscalía General de la Nación informó a la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia que la Dirección Especializada contra la
Corrupción de la entidad «está a cargo de la custodia de los archivos de la
extinta Unidad Nacional Especializada para los Delitos contra la Administración
Pública».
[22] En virtud del numeral tercero del auto del 31 de mayo de 2019, a
cuyo tenor se dispuso «COMUNICAR la presente providencia a las partes y enviarles copia
completa de la misma, para que en caso de que tengan copia de la prueba
solicitada en el numeral primero de esta decisión, la remitan a este despacho dentro de los tres (3) días siguientes a la
comunicación de esta providencia», el accionante, el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Villavicencio y la Fiscalía Once Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia remitieron copia del mismo documento.
[23] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, 2 de septiembre de 2009, radicado n.º 29.221.
[24] Sentencia SU-050 de 2017.
[25] Sentencias SU-072 de 2018, SU-654, SU-573
y SU-050 de 2017, SU-566, SU 565 y SU-236 de 2015, SU-770 y SU-768 de 2014,
entre otras.
[26] Sentencia SU-917 de 2010.
[27] Sentencia T-441 de 2018.
[28] Sentencia T-156 de 2009. En la Sentencia
T-581 de 2011, esta Corporación explicó: «Frente a la configuración de este defecto [se refiere al defecto
sustantivo], puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la
esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública
de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho». También se
pueden consultar las Sentencias SU-288 de 2016, T-007 de 2014 y T-140 de 2012.
[29] Sentencias T-521 de 2015 y SU-950 de 2014.
[30] Sentencia SU-416 de 2015, que reiteró la
Sentencia SU-949 de 2014.
[31] Cfr. Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999 y SU-159 2002.
[32] Cfr. Sentencia T-790 de 2010, T-510 de 2011.
[33] Cfr. Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007.
[34] Cfr. Sentencia T-100 de 1998.
[35] Cfr. Sentencia T-790 de 2010.
[36] Cfr. Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
[37] Sentencias T-462 de 2003, T-001 de 1999 y
T-765 de 1998.
[38] Sentencias T-066 de 2009 y T-079 de 1993.
[39] Sentencias T-416 de 2016, T-513 de 2011,
T-709 de 2010, T-1012 de 2010 y T-428 de 2007.
[40] Sentencias T-671 y T-453 de 2017, T-645 de
2014, T-261 de 2013, SU-424 de 2012, T-709 y T-395 de 2010 y T-302 de 2008,
entre muchas otras.
[41] Sentencia C-037 de 1996.
[42] Sentencia T-709 de 2010.
[43] Reiterada en las Sentencias T-296 de 2018,
T-258 de 2017, T-416 de 2016, T-271 de 2015, T-443 de 2013 y T-464 de 2011,
entre otras.
[44] Sentencia T-261 de 2013.
[45] Sentencia SU-424 de 2012.
[46] Sentencia T-269 de 2018.
[47] Sentencia T-302 de 2008, reiterada, entre
otras, en las Sentencias SU-424 de 2012 y T-453 de 2017.
[48] Sentencia T-292 de 2006, reiterada en las
Sentencias T-1112 de 2008, SU-811 de 2009, T-288 de 2011, T-1029 de 2012, T-267
de 2013, T-170 de 2015 y T-121 de 2017, entre otras.
[49] Sentencias T-292 de 2006 y T-468 de 2003.
[50] Sentencia T-1112 de 2008.
[51] Sentencia T-731 de 2006, reiterada en las
Sentencias T-146 de 2014 y T-334 de 2018.
[52] Sentencia T-1112 de 2008, reiterada en las
Sentencias T-351 de 2011, T-028 y T-1083 de 2012, T-718 de 2013, T-390 de 2015,
SU-091 de 2016 y T-088 de 2018, entre otras.
[53] Sentencia C-415 de 2012.
[54] Sentencias C-674 de 2017, C-054 de 2016,
C-269 de 2014, C-1290 de 2001, 400 de 2013, C-560 de 1999 y T-006 de 1992.
[55] Sentencias C-415 de 2012, C-649 de 2001 y
C-070 de 1996.
[56] Sentencias C-279 de 2013, C-1177 de 2005, C-207 de
2003, C-426 de 2002, C-1195 de 2001, C-1341 de 2000, C-215 de 1999, T-268 y
C-037 de 1996 y T-006 de 1992. Un ejemplo prototípico de norma constitucional
directamente aplicable es el artículo 85 de la Constitución. En efecto, el
citado artículo dispone que los derechos allí consagrados (artículos 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37
y 40) «Son de aplicación inmediata». Desde sus primeras Sentencias, esta
Corporación ha interpretado esta cláusula en el sentido de que los derechos
enumerados «no requieren de previo desarrollo legislativo o de algún tipo de
reglamentación legal o administrativa para su eficacia directa y que no
contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que son
exigibles en forma directa e inmediata» (Sentencia T-002 de 1992).
[57] Ver Supra n.º 11.
[58] Esta subregla ha sido aplicada en las
Sentencias SU-098 de 2018, T-619, T-374 y SU-337 de 2017, SU-415 de 2015, T-967
de 2014, SU-1073 de 2012, T-220 de 2011, T-255 y T-007 de 2013, y T-1095 y
T-1086 de 2012, entre otras.
[59] Sentencias T-022 de 2018 y T-638 de 2017
[60] Sentencias T-252 y T-174 de 2016, T-204 de
2015 y T-818 de 2013.
[61] Sentencias
T-209 de 2015, T-704 de 2012, T-809 de 2010, T-590 de 2009 y T-199 de 2005.
[62] Sentencias
SU-918 y T-283 de 2013 y T-809 de 2010.
[63] Sentencia SU-024 de 2018.
[64] Sentencia
SU-918 de 2013.
[65] Además de las sentencias que de manera
específica se refieren al derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria
penal, en las Sentencias C-838, C-319 y C-248 de 2013, T-1045 de 2006, T-1005
de 2005 y C-345 y C-019 de 1993, la Corte coincidió en concluir que al tenor de
lo dispuesto en el artículo 31 superior, «la ley puede consagrar excepciones a
la doble instancia, salvo cuando se trata de sentencias penales condenatorias o
de fallos de tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados, según los artículos
29 y 86 de la Carta» (Sentencia C-040 de 2002).
[66] Sentencias SU-373
de 2019, SU-198 de 2013, SU-195 de 2012, T-146 de 2010, T-965 y SU-811 de 2009,
y T-1246 de 2008.
[67] Sentencias SU-218 de 2019, SU-215 de 2016
y C-998 de 2004.
[68] Con aclaración de
voto de los magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, y salvamento
de voto de los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva. En este fallo,
la Sala Plena analizó el caso dos personas que fueron condenadas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de estafa agravada
en razón de la cuantía, en el marco de un proceso penal adelantado bajo los
parámetros procesales de la Ley 600 de 2000, previa absolución en instancias.
Por lo anterior, solicitaban la aplicación del precedente fijado en la
Sentencia C-792 de 2014 –providencia a la que se hará mención enseguida–, en la
cual la Corte Constitucional sostuvo que todas las personas tienen el derecho
fundamental a impugnar las condenas impuestas por primera vez en un proceso
penal. Los tutelantes sostenían que esa decisión vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la doble instancia y a acceder a la administración de
justicia, por cuanto la condena se les impuso en casación, luego de su
absolución en primera y segunda instancia.
[69] Con salvamento de voto de los magistrados
Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y María Victoria Sáchica Méndez (E).
[70] Al respecto, esta Corporación aclaró: «Esta
calificación de la impugnación como un derecho subjetivo de naturaleza
constitucional y convencional tiene relevancia y transcendencia jurídica, toda
vez que esta Corporación ha entendido que las facultades normativas del
legislador difieren según el status o condición jurídica de la institución
regulada, y que mientras los principios o directrices generales establecidas en
la Carta Política eventualmente podrían ser objeto de limitaciones, salvedades
o excepciones, esta posibilidad se encuentra vedada respecto de los derechos
fundamentales. || Esta consideración explica, por ejemplo, que este tribunal haya
avalado el diseño legislativo de algunos procesos judiciales de única
instancia, porque aun cuando ello implica una limitación a la garantía de la
doble instancia, esta tiene el status de una orientación general que no tiene
un carácter absoluto».
[71] Entre otras, se analizaron las Sentencias
de la Corte IDH en los casos Mohamed vs. Argentina (23 de noviembre de 2012,
Serie C, n.º 255), Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2 de julio de 2002, Serie C,
n.º 107), Barreto Leiva vs. Venezuela (17 de noviembre de 2009, Serie C, n.º
206), Vélez Loor vs. Panamá (23 de noviembre de 2010, Serie C, n.º 218) y
Liakat Alí Alibux vs. Suriname (30 de enero de 2014, Serie C, n.º 276). Del
Comité de Derechos Humanos de la ONU se citaron los casos de Reid vs. Jamaica
(4 de julio de 1999), Cesario Gómez Vásquez vs. España (Comunicación 701/1996),
Domukovsky y otros vs. Georgia (Comunicación 623 a 627/1995), Pérez Escolar c.
España (Comunicación 1156/2003) y Lumley vs. Jamaica (Comunicación 662/1995).
[72] la Corte argumentó que el derecho a la impugnación
«garantiza que toda sentencia condenatoria expedida en el marco de un proceso
penal pueda ser controvertida por quien ha sido declarado penalmente
responsable, sin que en ningún caso la estructura del proceso penal, el número
de instancias que se surtan en el juicio, el tipo de infracción cometida o la
sanción impuesta, pueda ser invocada para establecer una excepción a los
derechos de defensa y de contradicción. Así las cosas, toda Sentencia que
determina la responsabilidad penal e impone la correspondiente sanción, debe
poder ser recurrida, independientemente de cualquier otra consideración».
[73] Casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2 de
julio 2004, Serie C, n.º 107) y Mohamed vs. Argentina (23 de noviembre de 2012,
Serie C, n.º 255).
[74] la Sala Plena de la Corte Constitucional
precisó que este recurso se encuentra previsto únicamente para revisar fallos
de tribunales o sentencias por delitos que tengan una pena privativa de la
libertad igual o superior a los cinco años. Sin embargo, destacó que la Ley 906
de 2004 dispone que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad discrecional
para aceptar recursos que no cumplan esa condición cuando lo estime necesario
para el desarrollo jurisprudencial o para la protección de los derechos fundamentales.
Por ello, la interpretación flexible de las causales que se pueden invocar en
la demanda «ha convertido a esta herramienta en “una manera, casi ilimitada, de
corregir errores judiciales que vulneren derechos fundamentales” (Sentencia C-142 de 1993, reiterada en la
Sentencia C-934 de 2006)».
[75] En el caso Norín Catrimán y otros vs Chile
(2014), la Corte IDH sistematizó su jurisprudencia y explicó que un recurso
eficaz para garantizar la impugnación del fallo condenatorio debe cumplir los
siguientes seis criterios: (i) recurso ordinario, en este entendido el derecho
a interponerlo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la
calidad de cosa juzgada; (ii) recurso accesible, las formalidades requeridas
para su admisión deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que
el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados
por el recurrente; (iii) recurso eficaz, ya que no basta con su existencia
formal, sino que éste debe permitir que se obtengan resultados o respuestas al
fin para el cual fue concebido; (iv) recurso que permita un examen o revisión
integral del fallo recurrido; (v) recurso al alcance de toda persona condenada;
(vi) recurso que respete las garantías procesales mínimas.
[76] En Herrera Ulloa vs Costa Rica la Corte
IDH examinó el caso de un periodista contra quien se dictó un fallo
condenatorio por el delito de difamación, como consecuencia de varias
publicaciones suyas efectuadas en un reconocido diario, en contra de un
diplomático. Para este tipo de procesos el ordenamiento jurídico interno no
preveía la doble instancia, de modo que el fallo únicamente podía ser atacado
mediante el recurso de casación. Aunque el condenado hizo uso de este recurso,
la corte de casación confirmó el fallo de primera y única instancia. Al
respecto, la Corte sostuvo: «En el presente caso, los recursos de casación
presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no
satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que
permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo
e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal
inferior. Esta situación conlleva a (sic) que los recursos de casación
interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa,
y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico La Nación,
respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no
satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en
cuanto no permitieron un examen integral sino limitado».
[77] En Mohamed vs Argentina la Corte IDH
analizó el caso de un hombre que trabajaba como conductor de un bus colectivo
en la ciudad de Buenos Aires, quien en desarrollo de esta labor atropelló a una
señora que falleció después. Aunque en primera instancia el juez absolvió al
conductor, luego de la apelación del fallo por el Fiscal del Ministerio
Público, por el representante del querellante y por el abogado del conductor,
el tribunal superior revocó la sentencia apelada y lo condenó por el delito de
homicidio culposo a la pena de tres años de prisión. Si bien la legislación
argentina prevé el denominado recurso extraordinario federal para atacar
decisiones judiciales de segunda instancia en el marco de un proceso penal, la
circunstancia de que su procedencia estuviese supeditada a la configuración de
la «cuestión federal» o a la existencia de una «arbitrariedad manifiesta» en el
fallo atacado, condujo a que el recurso fuese rechazado. La Corte IDH concluyó
que el señor Mohamed debía contar con un recurso ordinario, accesible y Pde
suficiente amplitud para que su condena fuese nuevamente estudiada, y que el
recurso extraordinario federal no cumplía estas condiciones porque su
precedencia está supeditada a que se acreditara la arbitrariedad del fallo y
porque además, tiene un alcance restringido en cuanto excluye de plano el
examen de cuestiones fácticas y probatorias.
[78] Comunicado de prensa n.º 15, del 21 de
mayo de 2019. Con salvamento de voto del magistrado Carlos Bernal Pulido y
aclaración de voto de los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y José Fernando Reyes Cuartas, y la magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[79] Este caso constaba de dos expedientes. El
expediente T-6.011.878 corresponde al pronunciamiento de fondo que se relata.
Frente al expediente T-6.056.177, la Corte declaró la improcedencia de la
acción al comprobar que el apoderado judicial no contaba con poder especial
para interponer la acción de tutela.
[80] La Corte también advirtió que para efectos
de esta regulación, resulta indispensable un diagnóstico del impacto
presupuestal y administrativo de la implementación del procedimiento legal. Por
esta razón, exhortó al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno nacional
para que, con participación de la Corte Suprema de Justicia, y en el marco del
principio de colaboración armónica, «dispongan de lo necesario para adelantar
dicho diagnóstico y para que se cuente con los recursos presupuestales y administrativos
necesarios para la puesta en marcha del procedimiento que se adopte».
[81] La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de
fecha 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016, en el que precisó que
«la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la Sentencia C-792 de
2014, de implementar, a partir del vencimiento del término de un año, la
impugnación en todos los casos en que se dictara sentencia condenatoria por primera vez, resulta
irrealizable, porque
ni la Corte, ni
autoridad judicial alguna cuenta con
facultades para introducir reformas o definir reglas que permitan poner en
práctica este derecho».
AP4214-2016, 29 junio de 2016, radicación 47.902 y AP4094-2016, 29
junio de 2016, radicación 23.933.
[82] AP-4810, 27 julio de 2016, radicación 48.442.
[83] AP-4428, 12 julio de 2016, radicación 48.012;
AP-4810, 27 julio de 2016, radicación 48.442 y AP6760-2017, 10 de noviembre de
2017, radicación 49.148.
[84] AP5809-2016, 31 de agosto de 2016,
radicación 48.729; AP5985-2016 7 de septiembre de 2016, radicación 48.728;
AP8039-2016, 23 de noviembre de 2016, radicación 37.915
[85] AP5226-2016, 10 de agosto de 2016,
radicación 48.557.
[86] Gaceta del Congreso n.º 167 del 24 de
marzo de 2017, en la cual se publicó la exposición de motivos del Proyecto de
Acto Legislativo n.º 13 de 2017 Senado, «Por medio del cual se modifican los
artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política y se implementa el derecho
a impugnar las sentencias condenatorias», oportunidad en la que se indicó: «La
fecha de vencimiento para que el Congreso regulará la impugnación de Sentencias
condenatorias venció el 24 de abril de 2016 [se refiere al exhorto de la
Sentencia C-792 de 2014] generando inseguridad jurídica al únicamente contar
con la implementación de la impugnación vía jurisprudencial de este derecho que
no cuenta con reglas claras para su protección y menos con las instancias
necesarias para su práctica. || (…) A la fecha, el desarrollo del derecho a
impugnar las sentencias condenatorias no ha sido regulado por el Congreso de la
República lo cual ha conllevado a que los procesos penales que se adelantan
ante la Corte Suprema de Justicia cuya Sentencia es condenatoria no cuenten con
el derecho a impugnar por cuanto no se encuentra la estructura funcional u
orgánica que permita que un superior jerárquico o funcional avoque la
impugnación en contra de un órgano de cierre como es en este caso la Corte
Suprema de Justicia. || Inevitables efectos jurídicos conllevan a la necesidad
de regular con urgencia la impugnación de Sentencias condenatorias ante la
Corte Suprema de Justicia con el fin de evitar el efecto perverso de la
prescripción de aquellas decisiones que están llamadas a ser resueltas por vía
de impugnación pero que al no contar con un juez natural de segunda instancia
llevaría a su inevitable declaratoria».
[87] AP4719-2018, 31 de octubre de 2018,
radicación 50.977.
[88] Radicación 54.747.
[89] SP1783-2018, radicación 46.992.
[90] Al respecto, se puede consultar la
Sentencia SU-373 de 2019.
[91] Sentencia SP4883-2018 del 14 de noviembre
de 2018 (radicación 48.820): «cuando
la primera condena se dicte en sede de casación, la Sala de Casación Penal ha
de integrarse de manera tal que tres de sus magistrados no conozcan del asunto,
a fin de que queden habilitados para pronunciarse sobre la doble conformidad,
si ésta llegare a solicitarse por la defensa. De ahí que, en asuntos como el
aquí analizado, el magistrado ponente ha de convocar a los cinco magistrados
que le siguen en orden alfabético, a fin de conformar sala (de seis
integrantes) para discutir la ponencia y dictar la sentencia. Los tres
magistrados restantes integrarán sala para revisar, dado el caso, la doble
conformidad». En consecuencia, en los procesos en que así se ha solicitado,
cuando el fallo de casación cobró ejecutoria después del 18 de enero de 2018
–fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2018–, al considerar
que la sentencia «no ha hecho tránsito a cosa juzgada, pues si bien transcurrió
el término de notificación y ejecutoria, materialmente no ha alcanzado el
carácter de inmutable, vinculante y definitivo, debido a que existe la
posibilidad de ser revisado a través de la impugnación especial» (AP1127-2019
del 27 de marzo de 2019 -radicación 54.747-), la Corte Suprema de Justicia ha
ordenado la devolución del expediente al tribunal superior de origen para dar
trámite al mencionado recurso.
[92] Casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2 de
julio 2004, Serie C, n.º 107) y Mohamed vs. Argentina (23 de noviembre de 2012,
Serie C, n.º 255).
[93] AP1263-2019, 3 de abril de 2019,
radicación 54.215.
[94] AP2250-2018, 30 de mayo de 2018,
radicación 49.849: «Además, en atención a la garantía la “doble conformidad”,
como viene de indicarse, no se observa que el Tribunal al emitir fallo
condenatorio desatendiera algún medio probatorio o lo valorara de manera
inadecuada al no sujetarse a los parámetros de la sana crítica, por el
contrario, apreció cada uno de ellos y en su conjunto, encontró demostrada más
allá de toda duda razonable la materialidad de las conductas reprochadas y la
responsabilidad del acusado, especialmente, conforme con los testimonios de 4
de las menores víctimas que acudieron a juicio, quienes de manera contundente
describieron los hechos criminales e identificaron al autor, sin que alguna de
las pruebas de descargo desvirtuara lo dilucidado». En el mismo sentido, se
pueden consultar los autos AP2248-2018, 30 de mayo de 2018, radicación 49.898,
y AP407-2018, 31 de enero de 2018, radicación. 49.114.
[95] Ley 906 de 2004, artículo 184: «ADMISIÓN.
Vencido el término para interponer el recurso, la demanda se remitirá junto con
los antecedentes necesarios a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia para que decida dentro de los treinta (30) días siguientes sobre la
admisión de la demanda. || No será seleccionada, por auto debidamente motivado
que admite recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de
la Sala o por el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera
de los siguientes supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de
señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su
contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas
de las finalidades del recurso. || En principio, la Corte no podrá tener en
cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo,
atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición
del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá
superar los defectos de la demanda para decidir de fondo. || Para el efecto, se
fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los
treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para
ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda».
[96] AP5344-2018, 5 de diciembre de 2018, radicación
51.860. En esta misma línea se encuentra el AutoAP5323-18, 5 de diciembre de
2018, radicación 50.867, oportunidad en la que la Sala indicó: «No obstante lo
anterior, toda vez que el procesado fue condenado por el delito de acceso
carnal abusivo con menor de 14 años, por primera vez en segunda instancia, con
el fin de garantizar el principio de doble conformidad y dado que se avizora la
vulneración al principio de legalidad de la pena, la Corte encuentra necesario
intervenir oficiosamente. Por tanto, una vez se surta la notificación de la
presente providencia y se agote el mecanismo de la insistencia previsto en el
inciso segundo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, las diligencias deben
retornar al despacho para se dicte el fallo de rigor». También se puede
consultar el AutoAP5318-2018, 5 de diciembre de 2018, radicación 50.782.
[97] SP650-2017, 25 de enero de 2017,
radicación 48.377 y SP20081-2017, 29 de noviembre de 2017, radicación 47845,
entre otras.
[98] SP4179-2018, 26 de septiembre de 2018,
radicación 47.789; SP3168-2017, 8 de marzo de 2017, radicación 44.599; y
SP5330-2018, 5 de diciembre de 2018, radicación 51.692.
[99] AP1263-2019, 3 de abril de 2019,
radicación 54.215.
[100] El entendimiento de la Constitución como
norma directamente aplicable tiene una relación intrínseca con la tipología de
las normas que contiene la Carta y la manera en que esta dispone la producción
del derecho. De este modo, la noción de la Constitución como norma directamente
aplicable no significa necesariamente que la norma fundamental no requiera
desarrollo legal para su aplicación. Por el contrario, esta idea únicamente
pone de presente que existen determinadas normas superiores que, en razón del
derecho subjetivo que reconocen o de su precisión y completud, pueden ser
aplicadas directa e inmediatamente, de suerte que, prima facie, no es
menester «la reiteración de su contenido en normas de otra jerarquía para
garantizar su efectividad (C.P., art. 4º)» (Sentencia C-757 de 2001). Respecto
del derecho fundamental al debido proceso, la Corte ha reconocido, a la luz del
artículo 85 constitucional, su carácter de derecho de aplicación inmediata, el
cual «vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad
procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación
de las resoluciones judiciales» (Sentencia T-572 de 1992). Esta consideración
ha sido matizada en jurisprudencia posterior en el sentido de que la definición
del debido proceso como un derecho fundamental de aplicación inmediata solo es
predicable de su contenido o núcleo esencial, por cuanto es evidente que la
materialización de sus garantías depende de los procedimientos judiciales y
administrativos, las etapas, las formas y los términos que, en virtud de la
reserva de ley, deben ser definidos exclusivamente por el legislador (sentencia
C-818 de 2011). En este contexto, ha dicho la Corte, «El debido proceso es un
derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y
principios que, articulados, garantizan que la acción punitiva del Estado no
resulte arbitraria (…) algunas de las reglas constitucionales que configuran
este derecho son de aplicación inmediata y anulan cualquier norma que las
limite o restrinja. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad del delito y de
la pena no admite restricción ninguna, como tampoco el principio de la no
reformatio in pejus, o el principio de favorabilidad» (Sentencia C-475 de
1997). Además de estas garantías, que forman parte del núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso, en la sentencia C-166 de 2017, la Sala
Plena de la Corte Constitucional mencionó las siguientes: «el derecho al juez
natural, el derecho a un proceso público, el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez, el derecho a presentar pruebas y controvertirlas, el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y el derecho a la defensa
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser
oído y obtener una decisión favorable» (negrilla fuera del texto).
[101] Desde esta perspectiva, se entiende por
qué, por ejemplo, en la sentencia C-792 de 2014, tantas veces citada, la Corte
dispuso que vencido el término del exhorto sin que el legislador regulara el
derecho a impugnar «todas las sentencias condenatorias», correspondía entender
que procede una impugnación integral contra «todas las sentencias condenatorias
ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena».
[102] En la sentencia C-475 de 1997, la Sala
Plena dijo: «como la concepción “absolutista” de los derechos en conflicto
puede conducir a resultados lógica y conceptualmente inaceptables, la Carta opta
por preferir que los derechos sean garantizados en la mayor medida posible,
para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y
proporcionales que aseguren su coexistencia armónica». Igualmente, en la
Sentencia SU-215 de 2016, respecto del derecho a impugnar la primera sentencia
condenatoria, en el numeral tercero de la parte resolutiva la Sala Plena
dispuso: «la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus competencias, o en su
defecto el juez constitucional, atenderá a las circunstancias de cada caso para
definir la forma de garantizar el derecho constitucional a impugnar la
sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal,
respecto de las providencias que para esa fecha aún no se encuentren
ejecutoriadas».
[103] Aunque en la mencionada sentencia la Sala
negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, afirmó: «todo lo
anterior no supone desconocer que en la Sentencia C-792 de 2014, aun cuando no
se creó una decisión controlante de este caso, la Corte sí expuso una
jurisprudencia que doctrinalmente actualizó el entendimiento de la
Constitución. De tal suerte, la interpretación constitucional efectuada por la
Corte en la Sentencia C-998 de 2004, hoy debe revisarse a la luz de las
consideraciones efectuadas en la Sentencia C-792 de 2014, y que constituyen
para asuntos como el presente doctrina constitucional (CP art 230). El
caso bajo examen está gobernado por la Sentencia C-998 de 2004, pero hacia
futuro, y en los términos y bajo las condiciones de la Sentencia C-792 de 2014,
la cosa juzgada de esa decisión se ha de ver afectada por la Constitución
viviente. En virtud de esa
interpretación viviente, el derecho a impugnar las condenas impuestas por
primera vez en un proceso penal ordinario no se limita a los fallos de primera
instancia, sino que incluye las estatuidas por primera vez en casación. (…) La
Corte considera entonces que resultaría irrazonable impedir la impugnación de
las sentencias condenatorias impuestas por vez primera en casación, tras
instancias absolutorias».
[104] Sentencias C-025 de 2010, C-937 de 2004,
C-199 de 2002, C-1288 de 2001, C-1288, C-760 y 620 de 2001, C-541 de 1998 y
C-491 de 1996.
[105] «2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: || (…) b. Comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada. || c. Concesión al inculpado
del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa».
[106] «3. Durante el proceso, toda persona
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: || a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda
y en forma detallada, de la naturaleza y causa de la acusación formulada contra
ella; || b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación
de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección».
[107] Sentencia C-025 de 2010.
[108] Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala
(20 de junio de 2005, Serie C, n.º 126). También se puede consultar el caso
Pélissier y Sassi vs. Francia (25 de marzo de 1999), oportunidad en la
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado era
responsable por violación del derecho de los peticionarios a ser informados de
manera detallada sobre la acusación, así como del derecho a disponer del tiempo
y las facilidades necesarios para la preparación de su defensa (artículos 6.1 y
6.3 incisos a) y b) de la Convención Europea de Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales). Lo anterior, por cuanto: «al hacer
uso del derecho que incuestionablemente tenía para recalificar hechos sobre los
cuales tenía jurisdicción propiamente, la Corte de Apelaciones de
Aix-en-Provence debió haber provisto a los peticionarios de la posibilidad de
ejercer sus derechos de defensa respecto de dicha cuestión de manera práctica y
efectiva y, en particular, de manera oportuna».
[109] Artículo 442: «Requisitos formales de la resolución de acusación. La resolución de
acusación tiene carácter interlocutorio y debe contener: || (…) 3. La calificación jurídica provisional, con
señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal».
[110] Sentencia C-491 de 1996. Además, la Sala
Plena indicó: «Si las diligencias iniciales dentro del proceso daban lugar para
pensar algo que en el curso del mismo se demuestra equivocado o susceptible de
ser corregido, la obligación del juez al adoptar decisión de mérito es la de
declarar que el equívoco o la inexactitud existieron, dilucidando el punto y
resolviendo de conformidad con lo averiguado».
[111] Ibidem.
[112] Sentencia C-541 de 1998.
[113] Artículo 220, numeral 2: «Causales. En
materia penal el recurso de casación procede por los siguientes motivos: || (…)
2. Cuando la Sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la
resolución de acusación».
[114] Artículo 448: «Congruencia. El
acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la
acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena».
[115] Sentencia C-025 de 2010.
[116] Ibidem.
[117] Sentencia C-342 de 2017.
[118] En esta Sentencia, la Corte manifestó no
compartir: «el criterio de la demandante y del Procurador, cuando afirman que
al facultar al juez para declarar la nulidad de la resolución de acusación se
estaría violando el ámbito de competencia del fiscal, pues de sostenerse que la
decisión del fiscal debe quedar incólume, es decir, que sea inmodificable por
el juez, se caería en el absurdo de avalar la permanencia en el error con la
excusa de estar protegiendo los ámbitos de competencia del juez y del fiscal».
[119] Este criterio fue reiterado en la
Sentencia T-655 de 2015: «La imputación fáctica, entonces, se convierte en
una barrera todavía mucho más fuerte e infranqueable que la imputación
jurídica, pues, opuestamente a esta, ni siquiera puede ser modificada en el
escenario del juicio, una vez consignada en la acusación y, por supuesto,
tiene que ser respetada de forma rígida por el juez al condenar, todavía en
mayor medida que el marco señalado por los delitos, pues mientras se puede
sancionar por punibles menos graves, los hechos son inmodificables»
(negrilla fuera del texto). En el mismo sentido, se puede consultar la Sentencia
T-480 de 2006.
[120] Sentencia C-199 de 2002.
[121] Ibidem.
[122] Otras Sentencias de interés son la T-282A
de 2012, en la cual la Corte estudió el alcance del principio de congruencia en
materia disciplinaria; T-1067 de 2012, en la cual verificó la procedibilidad de
la acción de tutela para cuestionar la falta de congruencia entre la diligencia
de indagatoria y la resolución de acusación; T-655 de 2015 (con aclaración de
voto del magistrado Alberto Rojas Ríos), oportunidad en la que se ocupó de
determinar si el desconocimiento del principio de congruencia podría también
ocasionar la afectación de los derechos fundamentales de los demás sujetos
procesales; y T-1094 de 2008, en la que determinó que el desconocimiento del
principio de congruencia no da lugar a la declaratoria de nulidad de todo lo
actuado a partir de la sentencia condenatoria de primera instancia, sino a la
exclusión de los cargos arbitrariamente imputados y al ajuste de la decisión a
la resolución de acusación en segunda instancia.
[123] Sentencia T-212 de 2006.
[124] Sentencias T-1038 de 2012 y T-480 de 2006.
[125] Sentencias T-105 de 2019, T-309 de 2014 y
T-062 de 2013.
[126] Con aclaración de voto del magistrado
Mauricio González Cuervo.
[127] Con salvamento de voto del magistrado
Alberto Rojas Ríos y aclaración de voto del magistrado Luis Ernesto Vargas
Silva.
[128] SP1326-2018, 9 de mayo de 2018, radicación
51.563: «La determinación exacta, circunstanciada y concreta de la conducta
endilgada en el acto de acusación es de singular importancia para el derecho de
defensa, como que una tal materialización del cargo hace efectivo el derecho
inherente a quien se le atribuye la realización de un delito, de conocer de
manera expresa, clara y sin ambigüedades los hechos que originan la imputación
penal, con el fin de ejercer sin cortapisas la vigilancia del desarrollo regular
del procedimiento, ofrecer pruebas a su favor y controlar la producción de las
de cargo, ser oído para expresar las explicaciones que estime pertinentes
frente a la conducta punible imputada, alegar personalmente o por medio de
abogado, o ambas, efectuando las críticas de hecho y de derecho contra los
argumentos acusatorios, y recurrir las decisiones adversas, en especial, la
Sentencia en la que se imponga una pena o una medida de seguridad». También se
pueden consultar las sentencias de 15 de mayo de 2008, radicación 25.913, y de
16 de marzo de 2011, radicación 32.685.
[129] Sentencia del 2 de diciembre de 2008,
radicación 30.446
[130] Auto del 30 de junio de 2004, radicación
20.965.
[131] Sentencia del 29 de julio de 1998,
radicación 10.827.
[132] Al respecto, en la providencia que se
cita, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que en vigencia del
Decreto 2700 de 1991, en la Sentencia, el juez podía, dentro de ciertos
límites, degradar la responsabilidad, sin desconocer la consonancia. En
relación con los estrechos márgenes que tenía el juez para variar la
calificación jurídica bajo ese régimen procesal, la Sala indicó: «en la ley
procesal anterior, la resolución de acusación era intangible, en el sentido de
que en el curso del juicio no se podía variar la calificación dada a la
conducta punible. || Verbigracia, si la resolución de acusación se emitía por
homicidio simple y el fiscal o el juez se percataban, en la etapa de
juzgamiento, que la adecuación típica era equivocada, pues existía prueba que
demostraba que era agravado o la agravante se demostraba en la etapa probatoria
del juicio, nada se podía hacer, pues la imputación jurídica hecha en el pliego
de cargos era inmutable, por lo que si se condenaba solo podía ser por
homicidio simple. (…) Es importante reiterar que cuando el error en la
calificación no versaba sobre el género sino sobre la especie del delito (por
ejemplo, se acusaba por homicidio culposo y se consideraba que lo que se
tipificaba era un homicidio doloso), no había manera de corregir el desatino,
comoquiera que no se podía decretar la nulidad ni se podía variar la
calificación, debiendo el juez respetar la dada por el fiscal, pues al no
existir error en la denominación jurídica, esto es, en el género del delito,
que era el único capaz de afectar la estructura del proceso, sino en la
especie, no se podía invalidar lo actuado. || 2. En orden a prevenir la
inconsecuencia que resultaba de que no se pudiera enmendar el error cometido en
la calificación jurídica del comportamiento, al proferirse la resolución de
acusación, o de que no se pudiera variar, no obstante que en la etapa
probatoria del juicio se allegaran elementos de convicción que demostraban que
era incorrecta, el nuevo estatuto procesal penal permite que se cambie. || Se
cuestionaba como ilógico e injurídico (sic), además de injusto, que la ley
procesal derogada no permitiera mudar la calificación, pues no sólo se impedía
remediar un error, sino que se tenía que condenar por un delito menos grave,
cuando por prueba legal, regular y oportunamente aducida, aparecía acreditado
uno de mayor entidad».
[133] Estas reglas han sido reiteradas, entre
otras providencias en AP2208-2018, 30 de mayo de 2018, radicación 52.814;
SP1326-2018, 9 de mayo de 2018, radicación 51.653; AP2185-2015, 29 de abril de
2015, radicación 45.429; AP1537-2015, 25 de marzo de 2015, radicación 45.104;
Sentencia del 2 de diciembre de 2008, radicación 30.446; y Auto del 24 de enero
de 2006, radicación 24.812.
[134] En la providencia en comento, la Sala
explicó: «En la ley procesal actual, a diferencia de la anterior, la imputación
jurídica provisional hecha en la resolución acusatoria es específica (art.
398.3), (por ejemplo, homicidio agravado previsto en los artículos 103 y 104.1
del Código Penal), sin que se exija el señalamiento del capítulo dentro del
correspondiente título, lo que significa que para efectos del cambio de la
adecuación típica o de la congruencia, esos límites desaparecieron».
[135] En decisiones posteriores, la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia cambió esta tesis para sostener que la
variación de la calificación no puede efectuarse con base en prueba
antecedente, porque esto implicaría que el fiscal puede hacer modificaciones
oficiosas a la calificación provisional en la etapa del juicio, por no valorar
pruebas aportadas, lo cual derivaría en la violación del derecho fundamental al
debido proceso (ver Sentencia del 2 de julio de 2008, radicación 26.122 y Auto
del 23 de abril de 2008, radicación 29.339).
[136] SP1402-2017, 8 de febrero de 2017,
radicación 46.099; sentencia de 28 de mayo de 2008, radicación 22.959;
sentencia de 16 de marzo de 2006, radicación 21.378; sentencia de 20 de abril
de 2005, radicación 21.576; sentencia de 6 de abril de 2005, radicación 21.356;
sentencia de 16 de marzo de 2005, radicación 19.745; sentencia de 5 de febrero
de 2004, radicación 21.942; sentencia de 4 de febrero de 2004, radicación
14.343. y sentencia de 9 de julio de 2002, radicación 19.590.
[137] Sentencia del 20 de marzo del 2003,
radicación 19.960.
[138] Sentencia del 1 de enero de 2007, radicación 23.540.
[139] SP3339-2016.
[140] Ibidem.
[141] SP3633-2018, 29 de agosto de 2018,
radicación 51.513.
[142] SP606-2018, radicación 47.680.
[143] Como se indicó en los antecedentes, la
otra persona que fungió como intermediario financiero y que, al igual que el
accionante, fue absuelta en primera instancia y condenado en segunda, también
presentó recurso extraordinario de casación contra el fallo inculpatorio. En su
escrito, el mencionado demandante planteó que la Sala Penal del Tribunal
Superior de Villavicencio incurrió en diversos errores de hecho –falso juicio
de existencia por omisión y suposición, falso juicio de identidad por
tergiversación y falso raciocinio–, que lo habrían conducido a establecer que
él y el señor Ahumada Sabogal son responsables, en calidad de cómplices, del
delito de peculado por apropiación. Lo anterior, al no haberse limitado a
cumplir las funciones propias de los contratos suscritos –él, de agencia
comercial con una sociedad de inversiones financieras, y Ahumada, de corretaje
con VIMESA S.A.–, sino a colaborar, de manera ilícita, con los tesoreros del
ente territorial en la consumación de sus acciones criminales. En este sentido,
aseveró que ellos, tal y como lo sostuvo el a quo, únicamente
desarrollaron las labores encomendadas como intermediarios del sistema
financiero.
[144] En el Comunicado de prensa n.º 15, del 21
de mayo de 2019, se lee: «En el caso del señor Rodríguez Oviedo (expediente
T-6.011.878), la Corte encontró que la sentencia condenatoria que le fue
impuesta, en segunda instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, fue expedida con posterioridad al 24 de abril de 2016, fecha a partir
de la cual, según la Sentencia C-792 de 2014, las autoridades judiciales
estaban en la obligación de “dar trámite a la impugnación de todas las
sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien
impuso la condena”, aunque el Congreso no hubiere legislado sobre el asunto».
[145] Al respecto, se pueden consultar las
sentencias C-015 de 2018 y C-1122 de 2008 (con aclaración de voto de los
magistrados Jaime Araújo Rentería y Rodrigo Escobar Gil, y salvamento de voto
del magistrado Nilson Pinilla Pinilla).