T-081-17
Sentencia T-081/17
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional
Excepcionalmente, esta
Corte ha señalado que el juez constitucional puede abocar el conocimiento de
demandas de tutela, por medio de las cuales se pretende el reconocimiento de la
pensión de invalidez, cuando se compruebe que el medio ordinario de defensa
judicial carece de idoneidad o eficacia para garantizar de manera oportuna la
protección de los derechos del accionante. Esta situación ocurre cuando, por
ejemplo, (i) se evidencia que dicha prestación es el único medio que tiene la
persona en situación de discapacidad para sobrevivir y garantizar para sí mismo
y para su familia una vida en condiciones de dignidad, (ii) el beneficiario de la pensión en razón a que se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta es titular de una especial
protección constitucional, (iii) pese a existir mecanismos ordinarios para la
defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los
derechos fundamentales invocados, (iv) el reconocimiento de la pensión no se
hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable, y
(iv) cuando el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda
administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo
vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción
sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho
reclamado.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE INVALIDEZ
PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos
para obtener reconocimiento y pago
El
reconocimiento de la pensión de invalidez está sujeto al cumplimiento de tres
distintos aspectos, como son: i) un mínimo de semanas de cotización al sistema
-50 semanas si es mayor de 20 años y 26 semanas si es menor de dicha edad-; ii)
un tiempo determinado durante el cual esas cotizaciones debieron haberse
efectuado -los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez si es mayor de 20 años y un (1) año
inmediatamente anterior a dicho momento si es menor de los 20 años de edad-, y
iii) la existencia certificada de una pérdida específica y considerable de su
capacidad laboral -50% o más-.
MORA EN EL PAGO DE APORTES Y
COTIZACIONES PENSIONALES-Entidad administradora de pensiones no puede hacer
recaer sobre el trabajador las consecuencias negativas que se puedan derivar de
la mora del empleador en el pago de dichos aportes
DERECHO AL MINIMO VITAL Y A
LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Fondo de Pensiones reconocer y pagar pensión de
invalidez
Referencia: Expediente T-5.652.718
Acción de tutela interpuesta por
el ciudadano Rubén Darío Chiquito Romero, por intermedio de apoderado judicial,
contra Colfondos S.A. y Admontaxis S.A.S.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos
mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1.
El señor Rubén Darío Chiquito Romero interpuso acción de tutela contra
Colfondos S.A. y Admontaxis S.A.S., con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y a la
seguridad social, los cuales considera, fueron vulnerados como consecuencia de
la negativa de Colfondos a reconocer la pensión de invalidez, bajo el argumento
de que no cuenta con las 50 semanas cotizadas dentro de los
tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (ley 860 de
2003, art. 39). Alega el tutelante que las semanas que hacen falta para
acreditar el requisito aludido, son las que Admontaxis dejó de cotizar como
empleador, razón por la cual, a su juicio, al no ser imputable a él no podía
representar una razón para impedirle el acceso a la pensión solicitada.
2.
Con fundamento en lo anterior, solicitó al juez de tutela que ordene
a Colfondos S.A. y Admontaxis S.A.S. reconocer la pensión de invalidez, por
cuanto cumple con los requisitos de ley para el efecto.
B.
HECHOS RELEVANTES
3.
El apoderado del señor Rubén Darío Chiquito Romero indica que su
poderdante, de 58 años de edad[1],
celebró contrato de trabajo a término indefinido con la empresa Admontoya, el 9
de diciembre de 2012, en la ciudad de Medellín; contrato que tenía por objeto
la conducción de un vehículo taxi propiedad del empresa empleadora[2].
4.
Manifiesta que, el 21 de agosto de 2013, el accionante, en
desarrollo de sus actividades laborales, empezó a sufrir un fuerte dolor en el
ojo derecho. Afirma que esta situación fue informada al empleador el 24 del
mismo mes y año, que le ordenó dirigirse a la clínica.
5.
Señala que le fue diagnosticado un Herpes Zoster, enfermedad que le
causó la pérdida total de la visión en el ojo derecho y afectó un alto
porcentaje de la funcionalidad del ojo y del oído izquierdo[3].
6.
Por lo anterior, el 23 de diciembre de 2014, la empresa Mapfre
Colombia Vida Seguros Ltda., dictaminó que el actor tenía un 51.90% de pérdida
de capacidad laboral; como fecha de estructuración de invalidez se estableció
el 8 de octubre de 2013, momento en el cual oftalmología definió las secuelas
funcionales definitivas[4].
El accionante manifestó por escrito, ante el Comité de Calificación de
Invalidez de Mapfre, que estaba de acuerdo con el sentido del dictamen[5].
7.
Con fundamento en el dictamen precitado, el accionante solicitó a
Colfondos S.A. el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin embargo, el 16
de abril de 2015 la entidad negó lo pedido, bajo el argumento de que el
afiliado no acreditó las 50 semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha
de estructuración de la invalidez (artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), pues solo había cotizado 34.42
semanas en el tiempo indicado[6].
8.
Mediante oficio del 4 de septiembre de 2015, el peticionario
manifestó su inconformidad frente a la objeción de Colfondos respecto del
reconocimiento de la prestación reclamada. Alegó que no se habían tenido en
cuenta las cotizaciones correspondientes al período que estuvo vinculado laboralmente
con la empresa Admontoya[7]
y debían agregarse al cómputo de semanas cotizadas para el cumplimiento del
requisito de la Ley 860 de 2003.
9.
Asevera que la empresa Admontoya fue suprimida del entorno
comercial cuando el accionante presentó la sintomatología mencionada y que en
su reemplazo, fue constituida la empresa Admontaxis S.A.S. el 28 de noviembre
de 2013, cuyo gerente y representante legal es el mismo de la empresa suprimida[8].
10.
Aduce que, el 31 de agosto de 2015, Admontaxis S.A.S decidió
retirar del sistema de seguridad social al accionante, pese a que se encontraba
enfermo, sin trabajo, sin pago de incapacidades médicas[9], sin reconocimiento de la
pensión de invalidez, y desconociendo que estaban pendientes tratamientos para
evitar la propagación del Herpes Zoster y una cirugía de su hombro derecho,
ordenada por presentar síndrome de maguito rotador[10]. Alega que tal
circunstancia afecta su estabilidad económica, en la medida que no tiene otra
fuente de ingresos para garantizar su subsistencia y la de su compañera
permanente[11].
11.
El 30 de octubre de 2015, el señor Rubén Darío Chiquito Romero,
por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra
Admontaxis S.A.S. y Colfondos S.A., solicitando la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y a la seguridad
social, los cuales considera fueron vulnerados con ocasión de la negativa del
fondo de pensiones a reconocer la pensión de invalidez, por no cumplir con el
requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez.
12.
En cuanto a las semanas de cotización que le hacen falta para
acceder a la pensión de invalidez, el actor manifiesta que son las que Admontaxis
S.A. dejó de cotizar durante los primeros nueve (9) meses de vigencia del
contrato de trabajo. Por ello, considera que la empresa referida debe asumir la
omisión patronal, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993[12] y lo
previsto en las sentencias T-1251 de 2005, T-838 de 2011 y T-761 de 2010.
13.
Frente al incumplimiento y mora en el pago de los aportes al
sistema de seguridad social por parte del empleador, señala que la ley otorga a
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) las acciones de cobro para
solicitar dichas sumas de dinero (artículo 24 de la Ley 100 de 1993[13]). De esta
manera, no es imputable al trabajador el incumplimiento del empleador, ni es
procedente negar el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo dicho
supuesto, por cuanto corresponde a los fondos de pensiones solicitar el pago de
las cotizaciones adeudadas por los empleadores.
14.
Por lo anterior, solicita al juez de tutela que ordene a
Colfondos S.A. y Admontaxis S.A.S., reconocer la pensión de invalidez.
C.
RESPUESTAS DE LAS
ENTIDADES ACCIONADAS
Empresa Admontaxis S.A.S.
15.
Mediante providencia del 3 de noviembre de 2015, el Juzgado Décimo
Tercero Penal Municipal de Medellín con función de control de garantías, que conoció
por reparto de la demanda de tutela, dispuso la notificación del auto admisorio
a la empresa accionada. Sin embargo, en oficio del 4 de noviembre del mismo
año, el notificador dejó constancia de que intentó comunicar el proveído a la
empresa accionada en la dirección suministrada por el apoderado del actor, sin que
lograra el cometido, pues le informaron que dicha empresa se “terminó”[14].
16.
El 5 de noviembre de 2015, el apoderado del señor Chiquito Romero
informó al juez de tutela de primera instancia que los socios propietarios de
la empresa Admontaxis S.A.S. son los señores John Jairo Gallón Rivera, quien
también tenía el cargo de Gerente y Representante legal, y Gabriel Alonso
Montoya Marín, quien ostentaba el cargo de Subgerente. Adujo que de acuerdo con
la Cámara de Comercio de Medellín, dicha sociedad se encuentra disuelta desde
el 1º de octubre de 2015. Esta operación de liquidación de sociedades, a juicio
del apoderado, es frecuente por parte de las personas mencionadas, con el fin
de evadir y eludir responsabilidad patronal para con sus empleados. Por tal
motivo, aportó la dirección del domicilio y del establecimiento comercial en el
que actualmente trabajaba el señor John Jairo Gallón Rivera, para que se
surtieran las notificaciones correspondientes[15].
17.
Por lo anterior, mediante providencia del 6 de noviembre de 2015,
el juez de la causa ordenó que se notificara de la admisión de la presente
acción de tutela al Gerente y Representante Legal de la empresa accionada, en
la dirección suministrada por el apoderado del demandante. No obstante, el 9 de
noviembre de 2015, el notificador dejó constancia de que el sujeto a notificar
no se encontraba en su residencia, razón por la cual el oficio fue recibido por
el portero del edificio[16].
18.
Vencido el término de traslado, el gerente y representante legal
de la empresa accionada guardó silencio frente a la acción de tutela.
Colfondos S.A.
19.
Colfondos S.A. no contestó la acción de tutela.
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: sentencia proferida por el Juzgado Décimo Tercero Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Medellín (Antioquia), el 13 de noviembre
de 2015.
20.
El Juzgado Décimo Tercero Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Medellín declaró improcedente la acción de
tutela, por considerar que el problema relacionado con la mora en el pago de
los aportes por parte del empleador debe ser solucionado en otras instancias
judiciales, ya sea a través de una denuncia por la evasión de obligaciones
parafiscales o un proceso declarativo laboral para una vez cumplido pueda
acudir a un proceso ejecutivo.
21.
Aclara que no desconoce la situación de vulnerabilidad del actor, pero
considera que aquel dejó transcurrir aproximadamente seis (6) meses para
interponer la demanda de tutela, cuando pudo desde un principio acudir a la
jurisdicción laboral para controvertir la decisión de Colfondos; argumentó
además que la tardanza también descarta la afectación al mínimo vital y la
configuración de un perjuicio irremediable, en tanto se infiere que el actor tuvo
los recursos económicos para garantizar su manutención durante ese período.
22.
Finalmente, señala que no se observa vulneración de los derechos a la
salud y a la seguridad social del actor, pues no le han sido negados los
servicios médicos que ha requerido por razón de su enfermedad.
Impugnación
23.
La apoderada del demandante manifestó que el juez de primera instancia
no examinó a fondo los argumentos expuestos en la demanda de tutela, por lo
cual desconoció que la conducta omisiva de las entidades accionadas es actual y
que la pensión de invalidez es un derecho que adquiere carácter fundamental,
cuya protección se puede reclamar a través de la acción de tutela. En ese
sentido, reiteró que los efectos que se derivan de la mora del empleador en el
pago de las cotizaciones no pueden trasladarse al trabajador, porque
corresponde a los fondos de pensiones ejercer las acciones establecidas en la
ley para obtener el pago de los aportes adeudados (Ley 100 de 1993, arts. 22,
23 y 24)[17].
24.
Finalmente, en cuanto al término transcurrido entre la negativa de la
pensión de invalidez y la fecha de interposición de la acción de tutela, aduce
que es un término que encuentra justificación en la enfermedad y precaria
situación del actor y su familia.
Segunda
instancia: sentencia del Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Medellín
(Antioquia), del 15 de diciembre de 2015.
25.
El Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de
Medellín confirmó la sentencia proferida en primera instancia, bajo el
argumento de que el actor no aportó suficiente material probatorio para
realizar un análisis más detallado, específicamente, los comprobantes de pago
en los que se discrimine los descuentos realizados por el empleador para el
pago de la seguridad social, en los que se evidencie la omisión y la
constitución en mora de aquel frente a Colfondos. Por ello, considera que el
presente asunto debe ser sometido ante la jurisdicción laboral ordinaria a fin
de que el actor aporte las pruebas que considere pertinentes para acceder al
derecho prestacional reclamado.
E.
PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
26.
El 27 de septiembre de 2016, el magistrado sustanciador en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, y con el ánimo de obtener los elementos
de juicio necesarios para adoptar una mejor decisión, decidió mediante auto
decretar la práctica de pruebas. Para tal efecto, dispuso:
PRIMERO-. Por Secretaría General, OFÍCIESE al señor Rubén Darío Chiquito
Romero para que en el término de los dos (2) días siguientes a la notificación
del presente auto informe a este despacho:
(i)        ¿Desde cuándo y hasta cuándo estuvo vigente la relación
laboral de la que fue parte con Admontaxis S.A.S.? ¿En virtud de qué modalidad
contractual se estableció la relación laboral alegada? Para ello, se solicita
que aporte cualquier medio de prueba conducente para la demostración de su
respuesta, como por ejemplo, comprobantes de pago, cotización al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones o contratos suscritos por las partes
para el efecto.
(ii)       ¿Celebró contratos de trabajo con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez (8 de octubre de 2013)? Para ello, se solicita
remitir los soportes probatorios correspondientes, que resulten conducentes.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, OFÍCIESE a Colfondos S.A., para que, en
el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de este Auto se
sirva enviar a esta Corporación documento donde conste la historia laboral del
señor Rubén Darío Chiquito Romero, C.C.10.240.577 de Manizales, en la que
reporte detalladamente: (i) el tiempo total cotizado al sistema general de
pensiones, (ii) el reporte de todas las cotizaciones realizadas a favor del
accionante hasta la fecha de recibo del presente auto, especificando quienes
realizaron los respectivos aportes; (iii) el reporte con el total de semanas
cotizadas entre el 8 de octubre de 2010 y el 8 de octubre de 2013 (inclusive),
con la especificación de quienes realizaron los respectivos aportes.
TERCERO.- Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Cámara de Comercio de
Medellín, para que en el término de los dos (2) días siguientes a la
notificación del presente auto, remita a esta Corporación copia del certificado
de existencia y representación legal de las siguientes empresas: (i) Admontoya
y (ii) Admontaxis S.A.S.
CUARTO.- Por Secretaría General, OFÍCIESE a Admontaxis S.A.S, para que en
el término de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto,
informe a este despacho:
(i)        Si tiene o tuvo algún tipo de vínculo laboral con el señor
Rubén Darío Chiquito Romero. Para ello, remita copia de los soportes
correspondientes. En caso de que no exista contrato de trabajo, explique la
forma de vinculación.
(ii)       Si tiene alguna relación con la empresa Admontoya. En caso
afirmativo, explique cuál era su relación e indique si le dio continuidad al
contrato de trabajo que aquella celebró con el señor Rubén Darío Chiquito
Romero.
(iii)      Aporte copia de los comprobantes de pago a la seguridad social
en pensiones del señor Rubén Darío Chiquito Romero, mientras duró la
vinculación laboral.
27.
Como respuesta de lo anterior, el 28 de
octubre de 2016 la Secretaría General de esta Corporación, puso en conocimiento
del Magistrado Sustanciador que durante el término establecido, en repuesta al
auto de pruebas se recibieron los siguientes documentos:
a.
Comunicación de fecha 7 de octubre de 2016
suscrita por Colfondos, a través de la cual remitió la historia laboral
completa y detallada del señor Rubén Darío Chiquito Romero.
b.    Comunicación del 5 de octubre de 2016 suscrita por la Cámara de
Comercio de Medellín (Antioquia), mediante la cual remitió: (i) copia del
certificado de cancelación de matrícula de Admontoya, del 31 de marzo de 2015;
y (ii)  copia del certificado de cancelación de matrícula de Admontaxis S.A.S.,
del 1 de octubre de 2015.
Suspensión de los términos del proceso
28.
El 2 de noviembre de 2016, la Secretaría General de esta Corte
envió al despacho del magistrado sustanciador, escrito firmado por el apoderado
del señor Rubén Darío Chiquito Romero, en el que responde a los interrogantes
planteados en el auto de pruebas, en los siguientes términos:
(i)
En cuanto a la vigencia de la relación laboral
del actor con la empresa Admontaxis S.A.S., afirmó que la misma se inició de
manera verbal a comienzos del mes de octubre de 2012 con la empresa Admontoya,
que fue reemplazada por Admontaxis S.A.S. Indicó que el 9 de diciembre de 2012,
dos (2) meses después de haberse iniciado el contrato verbal, se formalizó la
relación laboral de manera escrita y a término indefinido.
Agrega que la liquidación de Admontoya se produjo con el fin de
evadir las obligaciones laborales con el accionante, pues lo tuvo
aproximadamente diez (10) meses sin seguridad social, luego de haber celebrado
el contrato de trabajo.
(ii)
Aseveró que, con intermediación de la empresa
Multiservicios Expertos S.A.S, la empresa Admontaxis S.AS. afilió al actor al
sistema de seguridad social solo hasta que se presentó el percance médico el 10
de septiembre de 2013. Indicó que esta última empresa solo cotizó los meses de
septiembre y octubre de 2013, “porque ya en el mes de noviembre esta empresa
dejó de hacerlo, por el incumplimiento o mora en el pago de los aportes a la
Seguridad Social, que debía hacer la empresa ADMONTOYA; [así como] lo
manifestó la empresa MULTISERVICIOS con fecha de 6 de noviembre de 2013
(…)”[18].
(iii)
Señaló la inexistencia de comprobantes de
pagos al trabajador de parte de la empresa Admontoya, por cuanto los salarios
se entregaban descontando diariamente del producido que generaba el taxi en su
trabajo.
(iv)
Por otro lado, manifestó que con posterioridad
a la fecha de estructuración de la invalidez (8 de octubre de 2013) el actor no
ha celebrado contrato de trabajo con ninguna empresa, porque su condición
física y, la depresión que ello le causa, le impiden realizar cualquier
actividad laboral.
(v)
Finalmente, indicó que las empresas Admontoya
y Admontaxis S.A.S. fueron liquidadas por sus propietarios Gabriel Alonso
Montoya Marín y John Jairo Gallón Rivera, sin embargo, refiere que en la ciudad
de Pereira existe el establecimiento de comercio “Muebles Comodos 2”, de
propiedad de uno de los empleadores, el señor Gallón Rivera.
(vi)
El apoderado del accionante, aportó:
-
Copia de la cédula de ciudadanía del actor.
-
Copia del contrato de trabajo suscrito el 9 de
diciembre de 2012 entre el actor y la empresa Admontoya.
-
Copia de un pagaré en blanco suscrito por el
accionante.
-
Copia del oficio del 27 de octubre de 2014,
expedida por Colfondos, mediante el que se informa al accionante del trámite
que debe seguir para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
-
Copia del oficio del 29 de febrero de 2015,
expedido por Colfondos, en el que se informa al actor que la Junta de
Calificación le dictaminó un 51.90% de pérdida de capacidad laboral.
-
Copia del 4 de noviembre de 2015, expedido por
Colfondos, mediante el cual se responde la petición presentada por el actor el
15 de septiembre de 2015, en la que informó que el empleador Admontoya no había
pagado unos aportes a pensión. Al respecto, la dependencia de cobranzas de
dicha entidad manifestó “no encuentra que exista el empleador Admontoya con
Nit 16608554-5. Por lo cual no es viable su solicitud de generación y cobro de
deudas presuntas para el afiliado…”. Por este motivo, le solicitó al actor
que allegara los soportes de pago del empleador para proceder al recobro.
-
Copia del dictamen emitido el 14 de agosto de
2014, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en el
que se determinó que el actor tiene un 55.45% de pérdida de capacidad laboral.
-
Copia de un certificado del 11 de septiembre
de 2014, expedido por Colpensiones, en el que consta que el actor se trasladó a
Colfondos.
-
Copia del oficio del 14 de noviembre de 2013,
suscrito por el accionante, en el que deja constancia que su único empleador es
Admontoya, que tiene conocimiento de que sus aportes se realizaron a partir de
agosto de 2013 a través de la empresa Multiservicios, con la cual no tiene
ningún vínculo laboral.
-
Copia del reporte de semanas del 11 de
septiembre de 2014, expedido por Colpensiones, en el que consta las semanas
cotizadas por el actor entre 1978 y 1987.
-
Copia del certificado de cancelación de
matrícula de la empresa Admontaxis S.A.S., del 1 de octubre de 2015.
-
Copia del certificado de aportes a salud, del
21 de noviembre de 2013, expedido por la Nueva EPS.
-
Copia de las planillas de los aportes a salud
y pensión del actor, realizados por Montoya Gabriel Alonso, correspondientes a
los meses entre marzo y septiembre de 2014.
-
Copia del certificado de incapacidades
expedido el 1 de agosto de 2015, por la Nueva EPS, entre septiembre y agosto de
2015.
-
Copia del Certificado de Matrícula de Persona
Natural, expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, en el que certifica que
Gallón Rivera Jhon Jairo tiene un establecimiento comercial dedicado al
comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomesticos de uso doméstico,
entre otros.
-
Copia del oficio del 6 de noviembre de 2013,
expedido por la empresa Multiservicios Expertos, mediante la que informa que
nunca ha tenido vínculo laboral con el actor, que sirve de intermediario de la
empresa Admontoya para el pago de los aportes a seguridad social de sus
trabajadores. Indica que el 13 de septiembre de 2013 se le informó a Admontoya
la terminación de la prestación de servicios.
29.
Por otro lado, el 3 de noviembre de 2016, llegó por correo certificado
al despacho del magistrado sustanciador, escrito del señor John Jairo Gallón
Rivera, quien fue representante legal de la extinta empresa Admontaxis S.A.S.,
mediante el cual responde y aporta los documentos solicitados en el auto de
pruebas.
(i)
En relación con las dos primeras preguntas,
manifestó que el accionante “ingresó a laborar el 9/12/2012 para dicha
administradora. Sin embargo, se hace necesario aclarar en estos puntos, que el
día 10 de marzo de 2013 [el trabajador] presentó carta de terminación de
contrato de trabajo a partir del 12 de marzo de 2013”.
(ii)  En cuanto a la tercera pregunta, señaló que “Admontaxis tenía
afiliados a los trabajadores a seguridad social por medio de la empresa
Multiservicios[19];
anexando certificación del mes de agosto de 2013; en el cual se evidencia el
accionante. Igual se anexa el retiro y afiliación respectiva del sistema de
seguridad de Rubén Darío Chiquito Romero como lo evidencian los pagos
realizados el 12 de febrero de 2014 una vez disuelta Admontoya y constituida
Admontaxis”.
(iii)
A partir de los documentos aportados, se
observa que el accionante presentó una acción de tutela contra Colfondos S.A. y
Admontaxis S.A.S., con el fin de reclamar el pago de las incapacidades
adeudadas. Esta demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, quien mediante
sentencia del 17 de noviembre de 2015 resolvió negar la protección solicitada
por el actor[20].
Además, aportó la contestación a dicha acción de tutela del representante legal
de Admontaxis S.A.S.
(iv)
De igual modo, el señor Gallón allegó:
-
Copia del contrato de trabajo celebrado el 9
de diciembre de 2012 entre el actor y la empresa Admontoya;
-
Copia de la cédula de ciudadanía y de la
licencia de conducción del accionante;
-
Copia del oficio del 13 de marzo de 2013,
suscrito por Gabriel Alonso Montoya Marín, en calidad de representante legal de
Admontoya, en el que informa de la renuncia del accionante desde el 1 de marzo
de 2013 y, por lo cual solicita “el retiro total de la entidad promotora de salud
donde se encuentre el señor Rubén afiliado actualmente”. Esta copia no
tiene fecha de recibido de ninguna entidad promotora de salud[21].
-
Copia del oficio del 10 de marzo de 2013,
suscrita por el señor Rubén Darío Chiquito Romero, en la cual pone de presente
a la empresa Admontoya su “intención de presentar renuncia al cargo laboral
que desempeño desde el día marzo 1 de 2013 hasta el día marzo 12 de 2013 como
conductor”.
-
Copia de las planillas de los aportes a salud
y pensión realizados por Gabriel Alonso Montoya Marín, representante legal de
Admontaxis S.A.S., correspondientes a los meses de diciembre de 2014 a julio de
2015.
-
Copia de dos consignaciones del 12 de febrero
de 2014, realizadas por John Jairo Gallón al señor Gabriel Alonso Montoya y a
la empresa Admontaxis S.A.S.
-
Copia del certificado de cancelación de
matrícula de Admontaxis S.A.S., del 1º de octubre de 2015, expedida por la
Cámara de Comercio de Medellín.
30.
Teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 64 del Reglamento Interno de esta Corte, y por la importancia que
tienen las pruebas aportadas por el apoderado del actor y por quien fue
representante legal de la extinta empresa Admontaxis S.A.S., para llegar al
convencimiento respecto de la situación litigiosa, la Sala mediante auto del 11
de noviembre de 2016 ordenó la suspensión de los términos del proceso con el
fin de poner a disposición de las partes o terceros con interés las pruebas
aludidas anteriormente y con ello, asegurar en la mayor medida posible el
derecho al debido proceso en el presente trámite de revisión.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
31.
A través del Auto del veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis
(2016) expedido por la Sala Siete de Selección de Tutelas, esta Corporación
escogió el presente caso para su revisión. Por lo anterior, la Sala Tercera de
Revisión asumió competencia para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
B.   CUESTIONES
PREVIAS – PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
32.
El Decreto 2591 de 1991 establece en sus primeros artículos
las características y exigencias de la acción de tutela a partir de los cuales
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sistematizado los requisitos
básicos de procedencia de esta acción constitucional. En el análisis de
procedibilidad de la acción, el juez del caso debe analizar la legitimación por
activa[22],
la legitimación por pasiva[23],
la invocación de un derecho fundamental[24], la subsidiariedad de la acción de
tutela[25]
y la inmediatez en la interposición de la acción[26].
Procedencia
de la acción de tutela – Caso concreto
33.
Legitimación por activa. El señor Rubén Darío Chiquito
Romero, titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados,
presentó la acción de tutela a través de apoderado judicial debidamente acreditado[27]; por tanto,
se cumple el requisito de la legitimación en la causa por activa (C.P. 86°,
Decreto 2591 de 1991 art. 1° y art. 10°).
34.
Legitimación por pasiva. La jurisprudencia constitucional
ha señalado que la legitimación por pasiva se refiere a la aptitud legal que
tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela y quien está
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cuando esta resulte demostrada[28].
En el presente caso se debe analizar la procedibilidad de la acción respecto de
dos empresas distintas: (i) Colfondos S.A., y (ii) Admontaxis S.A.S.
35.
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra Colfondos
S.A., el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que viole
o amenace un derecho fundamental. A su vez el artículo 86 prevé que la acción
de tutela es procedente frente a particulares cuando, entre otros casos, estos
se encuentran encargados de la prestación de un servicio público[29]. En el caso
concreto, el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos es una organización
privada que presta el servicio público de seguridad social, por tanto, se entiende acreditado este requisito de
procedencia.
36.
Con relación a la legitimación por pasiva de la empresa Admontaxis
S.A.S., se observa que, el 9 de diciembre de 2012, el señor Rubén Darío celebró
contrato de trabajo con la empresa Admontoya. El accionante afirmó que dicha empresa
no pagó sus cotizaciones a Colfondos durante los primeros diez (10) meses de
trabajo y que fue liquidada y reemplazada por la empresa Admontaxis, la cual continuó
haciendo los aportes al fondo de pensiones desde enero de 2014 hasta julio de
2015. Por estas razones, alega que la empresa Admontaxis, que a su juicio,
reemplazó a la liquidada Admontoya, es la responsable de la vulneración de sus
derechos fundamentales, por cuanto en su condición de empleador, incumplió con la
obligación de pagar las cotizaciones al respectivo fondo de pensiones,
impidiendo acreditar el número de semanas que exige la ley para acceder a la
pensión de invalidez.
37.
Teniendo en cuenta lo anterior y que el numeral 9 del artículo 42 del
Decreto 2591/91, establece que la acción de tutela procede contra las acciones
u omisiones de particulares, “cuando la solicitud sea para tutelar a quien
se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción…”, en principio, le
correspondería a la Sala verificar si el accionante se encontraba frente a la
empresa Admontaxis S.A.S. en una situación de subordinación, originada en la relación
trabajadora-empleador, con el fin de determinar si dicha empresa puede ser
sujeto pasivo de la acción de tutela.
38.
No obstante, la Sala estima que resulta innecesario agotar el análisis
expuesto, en razón a que con base en las pruebas que fueron practicadas en sede
de revisión, se pudo determinar que la empresa Admontaxis S.A.S., y la empresa
Admontoya, no son susceptibles de ser demandadas a través de la acción de
tutela, comoquiera que al momento de la presentación de la solicitud de amparo
dichas personas jurídicas ya estaban extintas.
39.
En efecto, el magistrado sustanciador dispuso solicitar a la Cámara de
Comercio de Medellín que remitiera copia del certificado de existencia y
representación legal de las empresas Admontoya y Admontaxis S.A.S., ante lo
cual la entidad requerida allegó copia de los certificados de cancelación de
matrícula de las empresas mencionadas, en los cuales consta que la empresa
Admontoya fue liquidada el 31 de marzo de 2015 y la empresa Admontaxis S.A.S
fue liquidada el 1 de octubre del mismo año.
40.
Dado que la acción de tutela fue presentada el 30 de octubre de 2015 y
que previo a dicho momento las empresas Admontoya y Admontaxis S.A.S. ya habían
sido liquidadas y disueltas, la Sala considera que no se satisface el requisito
de legitimación en la causa por pasiva frente a dichas empresas, porque no es
factible endilgar la vulneración de los derechos fundamentales invocados a unas
personas jurídicas, de derecho privado, que por haberse extinguido no pueden
ser titulares de derechos y obligaciones.
41.
Inmediatez. Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de
interponer la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del
hecho o la conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales[30]. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis del
requisito de inmediatez se debe flexibilizar cuando se demuestre que el sujeto
que reclama el amparo es sujeto de especial protección constitucional por
encontrarse en una situación de debilidad manifiesta[31].
42.
En el caso concreto, se observa que entre la conducta que
presuntamente causó la vulneración de los derechos fundamentales invocados por
la accionante, esto es, la objeción de Colfondos a la solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez con fecha del 16 de abril de 2015[32], y la fecha de la interposición de la acción de tutela, 30 de octubre
de 2015[33], trascurrieron aproximadamente seis (6) meses.
43.
Por otro lado, de las pruebas que reposan en el expediente se
puede determinar que el accionante se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta que justifica un análisis menos estricto sobre el requisito de
inmediatez. Ello, en consideración a que el señor Rubén Darío fue calificado
con un 51,90% de pérdida de capacidad laboral, debido a que padece ceguera en
el ojo derecho por herpes zoster y glaucoma en el ojo izquierdo[34].
44.
Por las anteriores razones, la Sala considera que el término de
seis (6) meses que trascurrió entre la interposición de la acción de tutela y
la conducta que causó la veneración, es prudente y razonable para reclamar la
protección de los derechos fundamentales invocados, máxime, si se tiene
en cuenta que el tutelante durante dicho interregno se mantuvo activo en la
reclamación de sus derechos, en tanto, el 10 de septiembre de 2015 presentó
oposición frente a la negativa del fondo de pensiones a reconocer la pensión de
invalidez[35].
45.
Subsidiariedad. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y subsidiaria, es decir,
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los derechos
fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar un
perjuicio irremediable. En ese sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de
1991, que desarrolla la subsidiariedad fijada en la norma constitucional,
dispone que la eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será
evaluada por el juez de tutela atendiendo a las circunstancias en las que se
encuentre el accionante.
46.
Es importante mencionar que, conforme lo dispuesto por esta Corte, el
juicio de procedibilidad de la acción de tutela no puede ser igual en todos los
casos, pues este debe ser flexible cuando se trata de personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta y demandan una protección
constitucional especial como son, los ancianos, los niños, las mujeres
embarazadas, las madres o padres cabeza de familia o las personas que padecen
algún tipo de  discapacidad física o mental[36];
eventos en los cuales la procedencia de la acción se hace menos estricta[37].
47.
En atención a lo anterior, por regla general, la acción de tutela no es procedente para reclamar el
reconocimiento y pago de prestaciones periódicas, como es el caso de la pensión
de invalidez,  por cuanto se trata de un asunto que por disposición legal compete
a la justicia ordinaria laboral o a la contencioso administrativa, dependiendo
de los elementos del caso concreto.
48.
No obstante, excepcionalmente, esta Corte
ha señalado que el juez constitucional puede abocar el conocimiento de demandas
de tutela, por medio de las cuales se pretende el reconocimiento de la pensión
de invalidez, cuando se compruebe que el medio ordinario de defensa judicial
carece de idoneidad o eficacia para garantizar de manera oportuna la protección
de los derechos del accionante[38].
Esta situación ocurre cuando, por ejemplo, (i) se evidencia que dicha
prestación es el único medio que tiene la persona en situación de discapacidad para
sobrevivir y garantizar para sí mismo y para su familia una vida en condiciones
de dignidad[39],
(ii) el beneficiario de la pensión en razón a que se encuentra en una situación
de debilidad manifiesta es titular de una especial protección constitucional,
(iii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos
invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales
invocados, (iv) el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta
evidente la configuración de un perjuicio irremediable[40], y (iv)
cuando el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda
administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo
vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción
sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado[41].
49.
De acuerdo con los fundamentos de hecho que plantea el asunto sub
judice, la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de la
seguridad social, en principio, es la idónea para resolver la controversia que
se plantea en el presente caso, esto es, determinar si existe mora en el pago
de los aportes por parte del empleador y si el señor Rubén Darío cumple con los
requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de invalidez[42].
50.
Sin embargo, la Sala considera que, en el caso concreto, el medio
judicial ordinario no es eficaz para la satisfacción de las garantías iusfundamentales
reclamadas por el actor, en especial del derecho al mínimo vital, si se tiene
en cuenta su condición de sujeto de especial protección constitucional y la
situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra. Esto, debido a: (i)
su avanzada edad -58 años- y su discapacidad visual -pérdida de capacidad
laboral del 51.90% y alteración visual en ambos ojos[43]-, que le dificultan
ingresar al mercado laboral; (ii) a la falta de un ingreso básico propio que le
permita sufragar los gastos mínimos de su manutención y de su compañera
permanente, lo que condiciona su subsistencia a la caridad de amigos y
familiares. En efecto, de acuerdo con la declaración notarial extrajudicial,
rendida el 31 de diciembre de 2010, el accionante es conductor y convive hace
nueve (9) años con la señora Mercedes Ortiz Olaya, quien tiene por ocupación
ama de casa. Así mismo, se indica que el actor es quien “vela por el
bienestar económico y manutención de su compañera”[44]; (iii) al deterioro de
su estado de salud[45];
y (iv) a que se encuentra retirado del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, pese a que tiene pendiente una cirugía de manguito rotador[46] y
procedimientos médicos para controlar la enfermedad consistente en el herpes zoster
de ojo derecho y glaucoma del ojo izquierdo. En ese sentido, el actor afirmó en
la demanda de tutela que “se encuentra aún en tratamientos y terapias
médicas, con el fin de evitar la propagación de la enfermedad (herpes zoster) a
su otro ojo u otros órganos de los sentidos, como es el oído, motivo por el
cual se requiere con urgencia que cuente con la seguridad social que
traía…igualmente tiene programada una cirugía de su hombro derecho, al
presentar síndrome de Maguito Rotatorio…”[47].
51.
En consecuencia, atendiendo al grado de protección especial que la
Constitución otorga a las personas que se encuentran en condición de debilidad
manifiesta, se puede colegir que la acción de tutela es el medio idóneo
y eficaz para el reconocimiento del derecho pensional, siempre y cuando,
se constate el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para dicho fin.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA
DECISIÓN
52.
Acorde con los fundamentos fácticos expuestos, corresponde a la Sala
determinar si el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., vulneró los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Rubén Darío Chiquito
Romero, al negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada,
con fundamento en el incumplimiento de los requisitos legales necesarios para
ello, pese a que, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, el accionante
habría laborado como empleado dependiente y no se habrían realizado los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social en pensiones.
53.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala analizará el
tema de la seguridad social, el régimen jurídico de la pensión de invalidez y
los requisitos y beneficiarios de la prestación. A continuación se estudiará el
tema de la mora del empleador en el pago de las cotizaciones al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones. Finalmente, se resolverá el caso concreto.
D.  DERECHO FUNDAMENTAL A
LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
54.
El artículo 48 de la Constitución Política dispone
que la seguridad social es un servicio público y un derecho de carácter
irrenunciable, el cual debe ser prestado por el Estado con fundamento en los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación. Con la finalidad de desarrollar este mandato constitucional, el
Legislador mediante la Ley 100 de 1993 creó y estructuró el Sistema General de
Seguridad Social Integral, que está conformado por los regímenes generales para
pensiones, salud, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios.
55.
En lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, el legislador a través de la ley 100 de 1993 estableció una serie de
prestaciones asistenciales y económicas que amparan los riesgos de vejez,
invalidez, o muerte, así como también, el derecho a la sustitución pensional, a
la pensión de sobrevivientes y a la indemnización sustitutiva, entre otras.
56.
En cuanto a la pensión de invalidez, esta Corte ha
definido que se trata de una compensación económica tendiente a resguardar las
necesidades básicas de aquellas personas cuya capacidad laboral se ve
disminuida, como una fuente de ingreso para solventar una vida en condiciones
de dignidad[48].
Este derecho adquiere una connotación especial al buscar preservar los derechos
de los sujetos de especial protección como las personas que tienen una
disminución física, sensorial o psiquiátrica[49].
Para que esta prestación sea otorgada, la entidad encargada tendrá que hacerlo
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes que regulan la materia.
57.
En ese sentido, la ley 100 de 1993 en el capítulo
III, regula lo relativo a la pensión de invalidez por riesgo común. En el
artículo 38 dispone que se considera una persona inválida cuando por “cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido
el 50% o más de su capacidad laboral”[50].
58.
Por su parte, el artículo 39 de la ley precitada, modificado por
la ley 860 de 2003[51],
consigna el concepto de estado de invalidez y los requisitos para acceder a la
citada prestación de la siguiente manera:
“Artículo
39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez.  Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2.  Invalidez causada por accidente: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo 1. Los menores de veinte (20) años de
edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.[52]”
59.
En suma, el reconocimiento de la pensión de invalidez está sujeto al
cumplimiento de tres distintos aspectos, como son: i) un mínimo de semanas de
cotización al sistema -50 semanas si es mayor de 20 años y 26 semanas si es
menor de dicha edad-; ii) un tiempo determinado durante el cual esas
cotizaciones debieron haberse efectuado -los tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez si es mayor de 20 años
y un (1) año inmediatamente anterior a dicho momento si es menor de los 20 años
de edad-, y iii) la existencia certificada de una pérdida específica y
considerable de su capacidad laboral -50% o más-.
E.   MORA DEL
EMPLEADOR EN EL PAGO DE LAS COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES
60.
En cuanto al pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social, la
Ley 100 de 1993, en su artículo 22, dispone que el empleador es el responsable de
realizar el pago de su aporte y de efectuar los descuentos que para los pagos a
la seguridad social, deba realizar al trabajador. Además, prescribe que dicho
pago lo realizará a la entidad elegida por su empleado y que, en todo caso,
será el responsable por la totalidad del aporte en el evento de que no hubiere
efectuado el descuento al trabajador[53].
61.
En concordancia con lo anterior, los artículos 23[54] y 24 de la Ley 100 de
1993, dotaron de mecanismos especiales de cobro a las entidades encargadas de
administrar los recursos de las pensiones, con el propósito de evitar que la
mora en los aportes al sistema de seguridad social atentaran contra derechos
prestacionales de los trabajadores. Específicamente, el artículo 24 de la ley
100 establece:
“Acciones de cobro. Corresponde
a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las
acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el
valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”.
62.
Teniendo en cuenta las obligaciones radicadas en cabeza del empleador y
de las administradoras de pensiones, los medios judiciales dispuestos en la Ley
100 de 1993 se convierten en un garantía a favor del trabajador que impide
trasladarle las consecuencias negativas de la negligencia en el pago de las
cotizaciones. Por esta razón, el conflicto entre el empleador y la entidad
administradora de pensiones en cuanto a la mora en el pago de los aportes, no
puede invocarse como excusa para denegar el derecho pensional que reclama el
afiliado/trabajador.
63.
Ahora bien, en desarrollo de las relaciones
trabajador/empleador/administradora de pensiones, se pueden presentar casos en
los que el acceso a la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, se
dificulta como consecuencia de que el empleador o la entidad administradora
incumplen con sus deberes legales. Lo que ocurre, por ejemplo, respecto del
empleador, cuando paga de manera extemporánea o no paga los aportes a la
administradora de pensiones a pesar de que está vigente el vínculo laboral con
el trabajador, y en relación con la administradora de pensiones, cuando omite
utilizar los mecanismos de cobro previstos en la ley frente a la mora patronal
en la cancelación de las cotizaciones.
64.
Esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse ampliamente
acerca de tales situaciones y, en efecto, ha concluido que “cuando un
patrono no realiza la transferencia de los recursos a las entidades encargadas
de administrar el Sistema Integral de Seguridad Social o lo hace tardíamente,
atenta contra los derechos constitucionales y legales de sus trabajadores toda
vez que de las cotizaciones oportunas depende el reconocimiento de la
prestación social reclamada”[55].
65.
Como consecuencia de la aplicación de las disposiciones precitadas a los
casos en los que existe mora del empleador en el pago de las cotizaciones, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado las siguientes sub-reglas:
“a) Para que nazca la obligación
de las Entidades Administradoras de Pensiones de reconocer y pagar una pensión
de invalidez a un beneficiario afiliado a la misma, deben reunirse dos
requisitos: i) que la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 50%,
según lo exige taxativamente el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y ii) que el
monto de cotizaciones sea igual o superior a 50 semanas durante los últimos
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, según lo establecido en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003.
b) Cuando se realicen cotizaciones
con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez y que
correspondan a ciclos causados con anterioridad a la misma, y las entidades
encargadas de administrar el Sistema General de Pensiones acepten dichos pagos,
se presenta la figura del “allanamiento a la mora”, lo cual implica que los
dineros cancelados extemporáneamente convalidan dichos aportes, toda vez que no
se objetaron los pagos en el  momento en que se recibieron los mismos[56].
c) El incumplimiento del
empleador en el pago de los aportes a la seguridad social, dentro de los cuales
se encuentra el porcentaje descontado oportunamente al salario del trabajador, así
como la negligencia de las Administradoras de los Fondos de pensiones en el
recaudo de los mismos, no puede convertirse en un perjuicio para éste ya
que las entidades de los distintos subsistemas de pensiones, cuentan con los
mecanismos legales que les permiten el cobro de las cotizaciones no pagadas por
los patronos y las faculta para imponer sanciones por la cancelación
extemporánea de las mismas[57].”[58] (Subrayado y
negrilla fuera del original)
63. En atención a tales
preceptos, la Corte ha concedido el amparo de los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital, y en efecto, ha ordenado a la respectiva
administradora de pensiones que reconozca y pague la pensión de invalidez,
cuando ha comprobado que la negativa o la objeción al pago de dicha prestación,
es producto de la mora del empleador en el pago de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones y de la inactividad del fondo de pensiones en la
reclamación de las cotizaciones adeudadas o de la aceptación de la cancelación
tardía de las mismas[59].
64.
Finalmente, aunque en la mayoría de las acciones de tutela conocidas por
esta Corte[60],
el asunto objeto de análisis ha versado sobre las cotizaciones que el empleador
hizo de manera extemporánea (allanamiento a la mora), la Sala considera que las
subreglas anotadas (supra, núm. 63, literal c) se pueden extender a los
casos en los que el empleador omite pagar los aportes y el fondo de pensiones
ignora su deber de requerir a este último para que cumpla con su obligación, comoquiera
que (i) se trata de la misma responsabilidad del empleador de pagar los aportes
del trabajador, incluso si no le ha hecho ningún descuento (ley 100/93, art.22);
(ii) los mecanismos de cobro, previstos en la ley 100 de 1993, tiene por
finalidad evitar la mora del empleador y salvaguardar los derechos del
trabajador (arts. 23 y 24); lo que, en efecto, (iii) impide que se trasladen al
trabajador las consecuencias negativas de la desidia del empleador en el pago
de los aportes al fondo de pensiones (supra, núm. 61).
F.    SOLUCIÓN
DEL CASO CONCRETO
65.
En el asunto bajo estudio, el señor Rubén Darío Chiquito Romero se
encuentra en situación de debilidad manifiesta en razón a que fue calificado
con un 51,90% de pérdida de capacidad laboral, como consecuencia de las
enfermedades que padece -herpes zoster en el ojo derecho y glaucoma en el ojo
izquierdo-. Dichas patologías de origen común, sumadas a su edad (58 años), le
imposibilitan acceder al mercado laboral y obtener una fuente de ingresos, lo
que afecta gravemente su situación económica.
66.
Por su parte, Colfondos negó al accionante la pensión de invalidez por
no acreditar el requisito señalado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en
lo que se refiere a las 50 semanas de cotización en los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, la cual
ocurrió el 8 de octubre de 2013. Aduce la entidad, que el accionante solo
cotizó un total de 34.42 semanas en el término señalado.
67.
Al respecto, el actor manifestó ante Colfondos, y en la demanda de
tutela, que las semanas que hacían falta para cumplir con el requisito aludido,
correspondían a los aportes que dejó de pagar su antiguo empleador,  Admontoya,
en el período comprendido entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013. Frente
a esto, mediante escrito del 4 de noviembre de 2015, Colfondos informó al
peticionario que no era viable el cobro de dichas deudas en razón a que no
encontró que existiera el empleador Admontoya. Por este motivo, requirió al
actor para que allegara los soportes de pago del empleador para así proceder
con el recobro de los aportes.
68.
Con base en los anteriores hechos, resulta necesario
determinar si el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., vulneró
los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del señor Rubén Darío
Chiquito Romero, al negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
reclamada, con fundamento en el incumplimiento de los requisitos legales
necesarios para ello, pese a que, en los tres años anteriores a la fecha de
estructuración el accionante estuvo vinculado mediante contrato de trabajo,
pero el empleador, Admontoya, no habría pagado los aportes del accionante al
sistema de seguridad social en pensiones.
A fin de solucionar el
problema jurídico planteado, la Sala debe tener en cuenta los siguientes
elementos probatorios:
69.
El 9 de diciembre de 2012, el señor Rubén Darío celebró contrato de
trabajo a término indefinido con la empresa Admontoya, cuyo representante legal
era Gabriel Alonso Montoya Marín, para prestar sus servicios como conductor de
vehículo taxi. La matrícula de esta empresa fue cancelada por la Cámara de
Comercio de Medellín el 31 de marzo de 2015.
70.
En sede de revisión, se dispuso oficiar a Colfondos a fin de que
remitiera la historia laboral del señor Rubén Darío. A partir de los documentos allegados por el fondo de pensiones, la Sala
observa que dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de
la pérdida de capacidad laboral, es decir, entre el periodo comprendido del 8
de octubre de 2010 y el 8 de octubre de 2013, el actor cuenta con las
siguientes semanas de cotización:
Planilla
Fecha de pago
Período
Días
IBC
Total cotizado
Empleador
955,053,809
2011/01/03
2010/12
14
240,333
240,333
Transportes Envigado
S.A.
955,188,494
2011/02/01
2011/01
30
536,000
536,000
Transportes Envigado
S.A.
955,328,534
2011/03/01
2011/02
30
536,000
536,000
Transportes Envigado
S.A.
955,494,665
2011/04/01
2011/03
30
536.000
536.000
Transportes Envigado
S.A.
955,636,571
2011/05/02
2011/04
30
536,000
536,000
Furgones MAD S.A.S
958,543,644
2012/09/28
2012/08
25
472,250
472,250
Furgones MAD S.A.S
958,543,644
2012/10/23
2012/08
0
00
00
Furgones MAD S.A.S
958,897,622
2012/11/21
2012/10
30
567,000
567,000
Furgones MAD S.A.S
959,187,351
2013/01/08
2012/11
1
19.000
19.000
Furgones MAD S.A.S
959,476,856
2013/02/27
2012/11
14
264.460
264.460
Furgones MAD S.A.S
959,187,351
2013/02/26
2012/11
0
00
00
Montoya Marín
961,478,521
2013/12/18
2013/10
30
589.500
589.500
Montoya Marín
TOTAL
234
71.
De acuerdo con la anterior información,
el actor cuenta con 234 días cotizados al sistema general de seguridad social
en pensiones dentro de los tres  (3) años anteriores a la fecha de
estructuración de invalidez (8 de octubre de 2013), lo que equivale a 33,42
semanas, y no 34,42 semanas, como lo sostuvo la entidad accionada al negar la
pensión de invalidez.
72.
Con fundamento en el número de semanas registradas en la historia
laboral del accionante (33,42), Colfondos objetó el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, por considerar que el afiliado no acreditó el requisito
de las 50 semanas que exige la ley.
73.
No obstante, a partir de la historia laboral precitada, los fundamentos fácticos
y los documentos que reposan en el proceso de tutela, se evidencia que en
noviembre de 2012, el representante legal de la empresa Admontoya afilió al
señor Rubén Darío al sistema de seguridad social en pensiones, a través de
Colfondos, en virtud de la relación laboral que aquellos celebraron para que se
desarrollara la labor de taxista. En este punto, es necesario precisar que si
bien el contrato de trabajo fue celebrado por escrito en el mes de diciembre de
2012, de acuerdo con lo informado por el apoderado del actor y lo registrado en
la historia laboral, es posible colegir que la relación laboral comenzó con la
empresa Admontoya, de manera verbal, en noviembre de 2012.
74.
De igual modo, se observa que el representante legal de la empresa Admontoya,
a pesar de que presentó la planilla respectiva, no pagó a Colfondos el aporte a
pensión del accionante correspondiente al mes de noviembre de 2012. Además, se
advierte que luego del momento de la afiliación, el empleador dejó de presentar
las planillas y pagar las cotizaciones del trabajador relativas a los meses de
diciembre de 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2013. Solo a partir de octubre de 2013, resolvió pagar los
aportes a pensión del accionante. En efecto, de acuerdo con la historia laboral
aportada por Colfondos[61],
Montoya Marín (representante legal de Admontoya, y luego subgerente de
Admontaxis S.A.S.), además de cancelar el mes de octubre de 2013, pagó los
aportes a pensión del actor correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de 2013. Luego, desde enero de 2014 hasta julio de 2015, la empresa
Admontaxis S.A.S. es la que aparece como responsable de las cotizaciones del
actor al fondo de pensiones.
75.
En cuanto a la mora del empleador en el pago de los aportes, se tiene
que el 10 de septiembre de 2015 el actor presentó ante Colfondos una objeción
frente a la negativa del pago de la pensión de invalidez, manifestando que no
aceptaba la devolución de saldos, porque las semanas que hacen falta para
acceder a la pensión eran aquellas que Admontoya dejó de pagar. Por ello,
aportó copia del contrato laboral celebrado con dicha empresa, a fin de que el
fondo de pensiones cobrara las cotizaciones adeudadas. Tales argumentos fueron
expuestos como fundamento de la demanda de tutela objeto de estudio.
76.
Al respecto, en sede de revisión, el apoderado del actor allegó copia de
la respuesta emitida por Colfondos el 4 de noviembre de 2015. En ella, se
informó al peticionario que no era viable el cobro de dichas deudas en razón a
que no encontró que existiera el empleador Admontoya. Por este motivo, requirió
al actor para que allegara los soportes de pago del empleador para así proceder
con el recobro de los aportes.
77.
Visto lo anterior, frente al tema de la omisión en el pago de los
aportes por parte el empleador, se tiene que, por
disposición legal, es la obligación del empleador remitir de manera puntual y
completa las referidas cotizaciones a las administradoras de fondos de
pensiones (art. 22, Ley 100 de 1993). No obstante, también será responsabilidad
de dichos fondos, exigir de los empleadores la remisión oportuna de dichas
cotizaciones. Por esta razón, y previendo las posibles demoras en este trámite,
el legislador puso a disposición de los fondos de pensiones, herramientas
jurídicas para que dicho cobro se haga efectivo (art. 24, Ley 100 de 1993).
78.
En armonía con las anteriores disposiciones,
esta Corte ha sido enfática en señalar que la negativa por parte de los fondos
de pensiones de reconocer y pagar la pensión de invalidez con fundamento en la
mora patronal en el pago de los aportes comporta una vulneración de los
derechos fundamentales del trabajador, no solo porque se trasladan a aquel las
consecuencias negativas de un hecho ajeno a su voluntad, sino también porque
afecta las condiciones de subsistencia de un sujeto de especial protección
constitucional, esto, si se tiene en cuenta que las personas que pretenden
acceder a dicha prestación son aquellas que se encuentran en situación de
discapacidad o tienen una afectación en su salud, que por lo general les impide
garantizarse su manutención y el acceso al mercado laboral (supra,
núm. 57 a 64).
79.
Sobre la base de lo anterior, en el caso
bajo estudio, la Sala considera, por una parte, que el empleador faltó a su
deber legal de pagar oportunamente los aportes correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2012, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio, agosto y septiembre de 2013, a pesar de que el vínculo laboral con el
actor estaba vigente; y por otra, que Colfondos mantuvo una conducta pasiva
frente a la mora patronal, en detrimento de las garantías iusfundamentales
del afiliado. Tan solo cuando el señor Chiquito Romero se opuso ante Colfondos por
la negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez porque consideraba que
las semanas que hacían falta eran aquellas que dejó de pagar la empresa
Admontoya, dicho fondo de pensiones hizo una búsqueda en su sistema para
determinar que no era viable el cobro del monto adeudado porque no encontró que
existiera el empleador Admontoya. Incluso, requirió al actor para que allegara
los soportes de pago de los aportes para continuar con el proceso de cobro al
empleador.
80.
Desde la perspectiva de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, la Sala considera que la
conducta de Colfondos es inadmisible constitucionalmente, en tanto no solo
omitió desde un principio su deber de requerir al empleador para que se pusiera
al día en el pago de los aportes, sino que también se negó a iniciar el proceso
de cobro solicitado por el afiliado, con fundamento en que dicho empleador no
existía, lo cual, a juicio de la Sala, fue una actuación negligente y
descuidada, si se tiene en cuenta que se limitó a constatar que la empresa Admontoya
no aparecía en la historia laboral del afiliado y nunca indagó las razones por las
que el señor Montoya Marín afilió al trabajador al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones.
81.
Además, Colfondos solicitó al actor que allegara los soportes de pago
del empleador para proceder al recobro de los aportes. Al respecto, aclara la
Sala que si bien es cierto tales documentos resultan útiles para que el fondo
de pensiones identifique los períodos de cotización en que el empleador realizó
los descuentos al trabajador pero no pagó los aportes, también lo es que tales
soportes de pago no pueden convertirse en condición necesaria para que el
respectivo fondo inicie los procedimientos administrativos o judiciales para
exigir la cancelación de los aportes al empleador. Además, en el caso objeto de
análisis, en cuanto a la existencia de comprobantes de pagos
de parte de la empresa Admontoya, el apoderado del accionante aseveró que no
existen, por cuanto los pagos mensuales se hacían descontando diariamente del
producido que generaba el taxi en su trabajo.
82.
Por estas razones, y teniendo en cuenta la historia laboral del actor,
es posible colegir que el fondo de pensiones accionado no utilizó los
mecanismos legales que tenía a su disposición para reclamar al empleador el pago
de los aportes adeudados desde noviembre de 2012 hasta septiembre de 2013, los
cuales de haberse cobrado representarían para el accionante, aproximadamente, un
total de 319 días o 45,57 semanas, que sumadas a las 33,42 registradas, darían
un total de 78.99 semanas, con las cuales se acreditaba el requisito de las 50
semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez. Cabe anotar que el número total de semanas que
fueron dejadas de cotizar se obtiene a partir del siguiente ejercicio
aritmético:
Fecha Final
(Último mes sin pagar los
aportes)
30/09/2013
Fecha Inicial
(Inicio de la relación
laboral con Admontoya[62])
15/11/2012
Número de días
319
# días /  7 días (semana) =
# semanas
45,57
Total semanas dejadas de
cotizar
45,57
83.
En atención a la situación descrita y conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia, es necesario resaltar que una entidad administradora de pensiones no puede negar
a un trabajador la pensión de invalidez a que tiene derecho bajo el argumento
de que el empleador incumplió con el deber de pagar los aportes. Al respecto, esta
Corte ha señalado que, la responsabilidad del trabajador para lograr el
reconocimiento pensional se limita a cumplir con los requisitos legalmente
establecidos según el tipo de pensión cuyo reconocimiento se pretenda
(invalidez, vejez, o sobrevivencia), y “no es de su resorte verificar y
mucho menos responsabilizarse de que su cotización en pensiones sea
efectivamente trasferida por el empleador a su fondo de pensiones”[63].
84.
En efecto, en el caso sub judice,
se comprobó que la mora del empleador y la inactividad del fondo de pensiones
en cuanto al cobro de los aportes adeudados, impidieron que el accionante
cumpliera con el requisito de las 50 semanas cotizadas con anterioridad a la
fecha de estructuración de la invalidez. Aunque en la historia laboral solo se
encuentran registradas 33.42 semanas, se constató, por un lado, que el
empleador dejó de pagar las cotizaciones del accionante correspondientes a 45,57
semanas y, por el otro, que Colfondos desatendió su deber de promover en contra
de la empresa referida las acciones judiciales para obtener el pago de los
aportes adeudados. Por este motivo, la Sala insiste en que, no le corresponde
al accionante en calidad de trabajador soportar las consecuencias negativas de
la desidia de su patrono, ni la negligencia de la administradora de pensiones,
en el pago y cobro de los aportes a la seguridad social.
85.
Así, teniendo en cuenta (i) que el
accionante fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51,90%; (ii)
que el empleador y el fondo de pensiones son los responsables de que no se haya
acreditado el requisito de las 50 semanas cotizadas con anterioridad a los tres
años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; y (iii) que desde
la perspectiva de los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad y del trabajador no es admisible trasladar al actor los efectos
negativos de la omisión de las entidades referidas, considera la Sala que el
señor Rubén Darío es titular del derecho a la pensión de invalidez.
86.
Ahora bien, el señor John Jairo Gallón Rivera, quien fue representante
legal de la extinta empresa Admontaxis S.A.S., en sede de revisión, informó que
el señor Chiquito Romero presentó ante la empresa Admontoya la carta de
terminación unilateral del contrato de trabajo con efectos a partir del 12 de
marzo de 2013. Para ello, aportó copia simple de un oficio con fecha del 10 de
marzo de 2013 suscrito por el accionante y dirigido a la empresa Admontoya[64]. De igual
forma, el señor Gallón aportó copia de un oficio del 13 de marzo de 2013,
suscrito por el señor Gabriel Alonso Montoya Marín, mediante el cual dejó
constancia que el señor Chiquito Romero renunció al cargo desde el 1 de marzo
de 2013 y, por este motivo, solicitó “el retiro total de la entidad
promotora de salud donde se encuentre el señor Rubén afiliado actualmente”[65]. En relación
con esta situación, cabe anotar que ninguna de las partes ni intervinientes en
el proceso de tutela demostró que el actor hubiera sido desafiliado del sistema
de seguridad social en pensiones como consecuencia de la supuesta terminación
del contrato de trabajo, por el contrario, (i) la historia laboral indica que
fue afiliado en noviembre de 2012 por el señor Montoya Marín; (ii) el 9 de
diciembre de 2012 se celebró contrato de trabajo por escrito entre el señor
Chiquito Romero y Admontoya; y (iii) el actor sostuvo en la demanda de tutela
que estuvo vinculado laboralmente con Admontoya durante el período comprendido
entre noviembre de 2012 y septiembre de 2013; tiempo en el cual no se
registraron aportes por parte del empleador.
87.
Frente a los anteriores elementos de juicio, la Sala considera que, si en
gracia de discusión, se confiriera credibilidad a carta de terminación del
contrato de trabajo en marzo de 2013 y, en efecto, se aceptara que el empleador
presentó la novedad relativa a la desafiliación del trabajador del sistema de
seguridad social en pensiones, tal circunstancia no constituye una razón que
impida la protección de los derechos fundamentales del actor, toda vez que
persiste la mora del empleador durante los meses anteriores a la fecha de terminación
del vínculo laboral, y por lo tanto, se continúan trasladando al trabajador las
consecuencias negativas de la mora patronal, cual es la de negar el
reconocimiento de la pensión de invalidez por no acreditar las semanas de
cotización que exige la ley.
88.
En efecto, de acuerdo con la historia laboral, se tiene que el empleador
Montoya Marín (representante legal de Admontoya) a pesar de que afilió al actor
al sistema de seguridad social en pensiones en noviembre de 2012, no pagó los
aportes a Colfondos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de
2012, enero, febrero y los 12 días de marzo de 2013, esto, suponiendo que el
actor fue desafiliado del fondo de pensiones al día siguiente de la terminación
del contrato de trabajo (13 de marzo de 2013). De esta manera, es claro que el
empleador dejó de cotizar, cuanto menos, 16,71 semanas, que sumadas a las 33,42
semanas registradas en la historia laboral dentro del tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez (8 de octubre de 2013), implica un
total de 50,13 laboradas, con las cuales se satisface también el requisito de
las 50 semanas de cotización, establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Fecha Final
(Fecha de terminación del
contrato de trabajo)
12/03/2013
Fecha Inicial
(Inicio de la relación
laboral)
15/11/2012
Número de días
117
# días /  7 días (semana) =
# semanas
16,71
Total semanas dejadas de
cotizar
16,71
89.
Expresadas así las circunstancias fácticas que rodean el presente caso,
así como revisadas las pruebas documentales que obran en el expediente y en
aplicación del precedente constitucional fijado en la materia, la Sala
considera que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital del señor Rubén Darío Chiquito Romero.
90.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de tutela proferida en segunda
instancia, que confirmó la sentencia emitida en primera instancia, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, concederá el
amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital
del accionante. Por lo anterior, ordenará a Colfondos
S.A., que por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, si
aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, reconozca y pague la reclamada pensión de
invalidez al accionante y empiece a pagarla en la periodicidad debida, cubriendo
lo causado desde octubre 8 de 2013, fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral, en las mesadas frente a las cuales no haya operado la
prescripción.
De la posible sustitución patronal y liquidación/disolución
de las empresas Admontoya y Admontaxis S.A.S. con el fin de defraudar las
obligaciones laborales
91.
En lo que respecta a los períodos que no fueron pagados por la empresa
Admontoya, es necesario mencionar que, el 31 de marzo de 2015, se inscribió la
cancelación de la matrícula de esta empresa ante la Cámara de Comercio de
Medellín. Al respecto, el accionante aseveró en la demanda de tutela que su
empleador Admontoya fue sustituida, el 28 de noviembre de 2013, por la empresa
Admontaxis S.A.S., con el propósito de evadir el pago de las prestaciones
laborales adeudadas al actor. De acuerdo con los soportes allegados en sede de
revisión, la empresa Admontaxis S.A.S. se declaró disuelta el 1º de octubre de
2015.
92.
Con relación a lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela no
es el medio judicial idóneo para definir si la liquidación de las empresas
mencionadas se realizó con el fin de evadir el pago de las obligaciones con sus
trabajadores, entre ellos, el accionante. En virtud de la naturaleza residual y
subsidiaria de la acción de tutela, se colige que son otros los escenarios
judiciales apropiados, para que el fondo de pensiones o el trabajador aporten
los elementos probatorios que demuestren, primero, que la empresa Admontoya fue
reemplazada por la empresa Admontaxis S.A.S., y segundo, que la supuesta
sustitución patronal y consecuente liquidación de ambas empresas se promovió
con el ánimo de defraudar a los trabajadores.
93.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que con el fin de salvaguardar
los recursos del sistema de seguridad social en pensiones, incluso, del mismo
fondo de pensiones privado, le corresponde a Colfondos agotar los mecanismos
que están a su disposición para cobrar los recursos adeudados por el empleador.
Aunque esta situación escapa de la esfera de competencia de la acción de
tutela, en atención a que la empresa Admontoya, en su condición de empleadora,
fue la que omitió el pago de los aportes del actor y que su matrícula de
comerciante fue cancelada el 31 de marzo de 2015, la Sala considera importante
destacar algunas normas que reglamentan los deberes de las principales figuras
societarias, a saber:
94.
En primer lugar,  en cuanto a las sociedades de capital o por acciones, el
Estatuto de Comercio, en su artículo 252 dispone:
“En las
sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por
las obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los
liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos
por ellos. En las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que
procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las
operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, como
representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de
consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio
respectivo”.
95.
Por su parte, el artículo 373 del mismo
ordenamiento jurídico, establece: “(...) La sociedad anónima se
formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de
sus respectivos aportes; será
administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación
seguida de las palabras ‘Sociedad Anónima’ o de las letras ‘S. A.’ (...)” (subrayas
fuera del original)
96.
En
la sentencia C-865 de 2004, la Corte conoció una acción pública de
inconstitucionalidad, presentada contra el artículo 252 y el aparte subrayado
del artículo 373 del Código de Comercio. A juicio de los accionantes, el legislador
al establecer en las disposiciones acusadas la limitación de riesgo en las
sociedades anónimas, incurrió en una comisión legislativa relativa, pues no
previó una disposición especial que permitiera proteger los derechos de los trabajadores
y pensionados en una situación fáctica concreta, cual es, el incumplimiento de
la sociedad a las normas que regulan el pago de las acreencias laborales.
En opinión de los demandantes, al igual que los socios de las sociedades de personas,
los accionistas de las sociedades de capital, deben ser llamados a responder
solidariamente por las obligaciones que surjan de la empresa social.
97.
Al respecto, este Tribunal declaró
exequible por los cargos analizados las expresiones: “En las sociedades por
acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones
sociales”, previstas en el inciso 1° del artículo 252 del Código de
Comercio, y las expresiones: “(...) responsables hasta el monto de sus respectivos aportes (...)”,
contenida en el inciso 1° del artículo 373 del Código de Comercio, por el cargo
analizado.
98.
La Corte consideró que lejos de existir
una omisión legislativa relativa, la separación patrimonial prevista en las
disposiciones acusadas, permiten el logro de diversos fines constitucionales y
salvaguardan la integridad del derecho de asociación. En esa dirección, precisó
que para la protección de los derechos de los trabajadores y pensionados, sin
vulnerar los derechos de los empresarios, el ordenamiento jurídico ha
establecido diversas herramientas legales de protección, entre las cuales, se
encuentran:
“- La posibilidad de
llamar a responder a los asociados cuando su conducta infiera daño a los
trabajadores o pensionados, en atención al incumplimiento del deber
constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminen laedere). (artículo
2341 del Código Civil).
- La interposición de las acciones
contra los asociados por el abuso en ejercicio del derecho de limitación
patrimonial. (artículo 830 del Código de Comercio).
-  La interposición de acciones de
simulación, paulina o revocatoria, en aras de reintegrar el patrimonio de la
sociedad, cuando sean insuficientes los bienes para garantizar el pago de las
obligaciones labores asumidas (artículos 1766 y 2491 del Código Civil, y los
artículos 183 y 184 de la Ley 222 de 1995).
-  La acción de nulidad de los
contratos celebrados por la sociedad, cuando los mismos incurran en causa u
objeto ilícito (artículos 1740 y subsiguientes del Código Civil y 899 y subsiguientes
del Código de Comercio).
- La exigibilidad por parte de las
autoridades de control de acreditar el pago efectivo de las reservas legales
(artículo 452 del Código de Comercio).
- La imposibilidad de distribuir
utilidades entre los accionistas mientras “no se hayan enjugado las pérdidas de
ejercicios anteriores que afecten el capital social” (artículo 151 del Código
de Comercio).
- La responsabilidad solidaria e
ilimitada de los administradores por los perjuicios que dolosa o culposamente
ocasiones a la sociedad, a los socios o a terceros (artículo 200 del Código de
Comercio).
- La responsabilidad subsidiaria
en casos de concordato o liquidación de sociedades subordinadas (parágrafo del
artículo 148 de la Ley 222 de 1995)
- La responsabilidad por actos
defraudatorios de los socios (artículo 207 de la Ley 222 de 1995).
- La responsabilidad de los
administradores por insuficiencia de los bienes para solucionar el pasivo
externo, en casos de liquidación obligatoria de sociedades (artículo 206 de la
Ley 222 de 1995.
- Las acciones de los liquidadores
para integrar el capital social en casos de liquidación obligatoria (artículo
191 de la Ley 222 de 1995).
- La responsabilidad por los
perjuicios que se generen a los terceros por parte de los administradores y
revisores fiscales, cuando omiten preparar y/o difundir los estados financieros
(artículo 42 de la Ley 222 de 1995).
- La responsabilidad patrimonial
del Estado por las fallas en la inspección, vigilancia y control de las
sociedades comerciales (artículo 90 de la Constitución Política)[66]”[67]
99.
Por otra parte, en lo que respecta a la responsabilidad por obligaciones
laborales de la sociedad por acciones simplificada, la Ley 1258 de 2008, en su
artículo 1º dispone que esta sociedad podrá constituirse por una o varias
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto
de sus respectivos aportes. Además, establece que el o los accionistas no
serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier
otra naturaleza en que incurra la sociedad, salvo cuando se utilice la
sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros (art. 42) En ese
evento, tanto los accionistas como los administradores que hubieren realizado,
participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente
por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados[68].
100.      Señala
el mismo artículo 42 de la Ley 1258 de 2008 que la declaratoria de nulidad de
los actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades,
mediante el procedimiento verbal sumario, además, que la acción indemnizatoria
a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos
defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Supersociedades o de
los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los
civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante el trámite del
proceso verbal sumario.
101.      Frente
a lo anterior, en la sentencia C-090 de 2014 se resolvió declarar exequible las expresiones laborales contenidas en el
artículo 1º de la Ley 1258 de 2008. La Corte arribó a dicha conclusión al
considerar que “el establecimiento del límite de la responsabilidad de los accionistas de
una sociedad por acciones simplificadas al monto de los aportes, frente a las
obligaciones laborales de la sociedad, no constituye una desprotección de los
derechos del trabajador ni un incumplimiento de las disposiciones
constitucionales que amparan el trabajo y la dignidad del trabajador,
cuando quiera que existen mecanismos jurídicos para la defensa de los mismos,
al tiempo que la separación patrimonial cumple el propósito constitucional de
incentivar la creación de empresa y el desarrollo económico del país”.
102.      En
segundo lugar, es importante señalar que en relación con las sociedades de
personas, entre las que se encuentra las limitadas, el legislador dispuso que
todos los socios serán administradores (art. 359 del C. de Co.) y, en efecto,
les adjudicó una responsabilidad solidaria e ilimitada. Así, por ejemplo,
ocurre en materia laboral, en tanto los socios deben responder solidariamente
por las obligaciones de este tipo en que incurra la sociedad[69].
103.      En
ese sentido, el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que: “son
solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato
de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre  sí
en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad
de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí,
mientras permanezcan en indivisión”[70].
104.      A
partir de lo anterior, se puede colegir que, de acuerdo con la regulación
mercantil vigente el riesgo que corren los
miembros de una sociedad de personas es prácticamente ilimitado (sociedades limitadas,
también sociedades en comandita simple, colectivas y empresas unipersonales), en tanto el riesgo que corren los socios
de una sociedad de capital o por acciones es limitado (las anónimas,
simplificadas por acciones (SAS), y comanditarias por acciones)[71]. En
todo caso, cuando se utilice la creación o liquidación de una sociedad con el
fin de cometer fraude al pago de obligaciones laborales, por mandato legal, la
víctima puede reclamar, a través de diferentes medios judiciales y dependiendo
del grado de responsabilidad de los socios, en otros casos hasta los
administradores, el pago de los valores adeudados y de la indemnización por los
perjuicios causados.
105.      De
lo anterior, resulta claro que Colfondos cuenta con mecanismos y estrategias
que le permitirán recuperar los recursos cuyo aporte al sistema se omitió por
los empleadores del señor Chiquito Romero. A este respecto, se reitera el
mandato del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de asignar a las
administradoras de fondos de pensiones la obligación de adelantar los cobros de
los pagos omitidos, destacando especialmente que  “la liquidación mediante
la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo”[72]:
esta obligación, considera la Sala, resulta fundamental para salvaguardar los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
G.  SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
106.      Conforme con los supuestos fácticos y los medios
probatorios visibles en el expediente de la referencia, se tiene que Colfondos
S.A. objetó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada por
el señor Rubén Darío Chiquito Romero, con fundamento en que no se acreditó el
requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez; ello, sin tener en cuenta que el señor
Montoya Marín (representante legal de la empresa Admontoya), pese a haber
afiliado al trabajador, omitió pagar los aportes comprendidos entre noviembre
de 2012 y septiembre de 2013. A pesar de ser su deber y tener a su disposición
las herramientas administrativas o judiciales idóneas, el fondo de pensiones optó
por no reclamar al empleador el pago de las cotizaciones adeudadas. Por lo
tanto, procede la protección de los derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital del actor.
107.      Como
resultado de las sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de
esta providencia, observa la Sala lo siguiente:
a)    Por
regla general, la acción de tutela no es
procedente para reclamar el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas,
como es el caso de la pensión de invalidez,  por cuanto se trata de un asunto
que por disposición legal compete a la justicia ordinaria laboral o a la
contencioso administrativa, dependiendo de los elementos del caso concreto. No
obstante, excepcionalmente, el juez constitucional puede abocar el conocimiento
de demandas de tutela, por medio de las cuales se pretende el reconocimiento de
dicha prestación, cuando se compruebe que el medio ordinario de defensa
judicial carece de idoneidad o eficacia para garantizar de manera oportuna la
protección de las garantías iusfundamentales del tutelante.
b)    Procede el
amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, y
en efecto, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, cuando se
comprueba que la negativa o la objeción al pago de dicha prestación, es
producto de la omisión o de la mora del empleador en el pago de los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones y de la inactividad de la
administradora del fondo de pensiones en la reclamación de las cotizaciones
adeudadas.
108.       En este orden de ideas, procede el amparo de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante,
protección que se materializa mediante el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. El fondo de
pensiones empezará a pagarla en la periodicidad debida, cubriendo lo causado
desde octubre 8 de 2013, fecha de estructuración de la pérdida de capacidad
laboral, en las mesadas frente a las cuales no haya operado la prescripción.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR LA SUSPENSIÓN DE
TÉRMINOS decretada por esta la Sala de Revisión en el
asunto objeto de estudio.
Segundo.- REVOCAR la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2015 por el Juzgado Veintisiete Penal
del Circuito de Medellín, que confirmó el fallo emitido el 13 de noviembre de
2015 por el Juzgado Décimo Tercero Penal Municipal de Medellín con Función de
Control de Garantías, mediante los cuales se declaró improcedente la acción de
tutela formulada por el señor Rubén Darío Chiquito Romero, y en su lugar,
CONCEDER la protección de derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo
vital solicitada por el accionante.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS el oficio No. BP-R-I-L-18517-04-2015 del 16
de abril de 2015, mediante el cual Colfondos S.A. objetó la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez presentada por el accionante.
Cuarto.- ORDENAR a Colfondos S.A.,
que por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no
lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, reconozca y pague la reclamada pensión de
invalidez al accionante y empiece a pagarla en la periodicidad debida,
cubriendo lo causado desde octubre 8 de 2013, fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral, en las mesadas frente a las cuales no haya
operado la prescripción.
Quinto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía, el accionante nació el 30
de octubre de 1958. Folio 14 del cuaderno No.2.
[2]
Según consta en la copia del contrato de trabajo a término indefinido celebrado
entre el actor y Admontoya, el 9 de diciembre de 2012. Folios 32 a 35 del
cuaderno No.2. Además, el actor aportó copia simple del pagaré en blanco que
suscribió a favor de Admontoya. Folio 36 del cuaderno No.2.
[3]
Según consta en la copia del certificado de incapacidades médicas emitido por
la Nueva EPS, el 17 de julio de 2014, el accionante estuvo incapacitado de
manera continua desde septiembre de 2013 hasta julio de 2014. Folio 18 del
cuaderno No.2
[4]
Folios 21 a 25 del cuaderno No. 2. En el dictamen proferido por Mapfre, el 23
de diciembre de 2014, con base en la historia clínica aportada, se indica que
se trata de un paciente con diagnósticos de secuelas herpes zoster ocular
derecho, necrosis retinal aguda, glaucoma neurovascular y neuritis óptica ojo
derecho, glaucoma ojo izquierdo, con mal pronóstico de recuperación funcional.
Además, se refiere que el diagnostico a calificar es: (i) secuelas de herpes
zoster ocular derecho; (ii) necrosis retinal aguda, glaucoma neurovascular y
neuritis óptica ojo derecho; y (iii) glaucoma ojo izquierdo. Folio 24 del
cuaderno No.2.
[5]
Folio 21 del cuaderno No.2.
[6]
Según consta en la copia del oficio de objeción a la solicitud de pensión de
invalidez reclamada por el accionante, expedido por Colfondos el 16 de abril de
2015. Folios 26 a 31 del cuaderno No. 2.
[7]
Recibido el 10 de septiembre de 2015 en las instalaciones de Colfondos. Folios
31 del cuaderno No.2.
[8]
El señor Gabriel Alonso Montoya Marín. Folio 3 del cuaderno No.2.
[9]
El actor aportó copia simple del certificado de incapacidad médica, expedido
por la Nueva EPS el 10 de agosto de 2015, con fecha de inicio del 6/08/15 y
fecha de terminación 04/09/15. En este oficio se indica que Admontaxis S.A.S.
es el empleador del accionante. Folio 18 del cuaderno No.2 Además, según
certificado expedido por la Nueva EPS, el actor estuvo incapacitado del 6/09/13
al 01/08/14. Folio 18 del cuaderno No.2. Así mismo, según certificado expedido
el 26 de agosto de 2015 por la Nueva EPS, el accionante se afilió el 14/09/13,
siendo el último período cotizado el 01/08/15, estado actual retirado. Folio 19
del cuaderno No.2
[10]
Folio 16 del cuaderno No.2.
[11]
Según consta en la copia simple de la declaración notarial extrajuicio No.3176,
expedida el 31 de diciembre de 2010, el accionante y la señora Mélida Yepes
Alzate conviven bajo el mismo techo y en unión marital de hecho compartiendo
mesa y lecho ininterrumpidamente desde hace 9 años. Así mismo, manifestaron los
declarantes que es el accionante quien vela por el bienestar económico y
manutención de su compañera. Folio 15 del cuaderno No.2.
[12]
Ley 100 de 1993, art. 22. “Obligaciones del empleador. El empleador será
responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su
servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento
de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias
que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas
sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a
su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el gobierno. El
empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no
hubiere efectuado el descuento al trabajador”.
[13]
Ley 100 de 1993, art. 24. “Acciones de cobro. Corresponde a las entidades
administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con
motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación
mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo”.
[14]
Folio 39 del cuaderno No.2.
[15]
Folio 40 del cuaderno No.2
[16]
Folio 41 del cuaderno No.2
[17]
Con relación al tema del allanamiento a la mora, el accionante citó apartes de
las sentencias T-1251 de 2005 y T-838 de 2011 para señalar que la omisión en el
pago de los aportes por parte del empleador no pueden ser atribuidos al
trabajador.
[18]
Folio 68 del cuaderno principal.
[19]
Según consta en (i) la copia de la relación de trabajadores del mes de Agosto
de 2013 dirigida a la empresa Admontoya, en el renglón 11 aparece el
accionante, (ii) en  la copia de la factura de venta, con fecha del 26 de
septiembre de 2013, expedida por Multiservicios, en la que se indica que se
encuentran canceladas la cotizaciones del actor por los meses de julio, agosto
y septiembre de 2013, y (iii) en la copia del certificado de aportes a salud
expedido por la Nueva Eps, en la que se registra que Multiservicios pagó los
aportes del actor correspondientes a los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2013.
[20]
Según consta en la copia del fallo de tutela de primera instancia proferido el
17 de noviembre de 2016, por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín.
[21]
Cabe mencionar que también se aportó copia de un certificado expedido por la
Nueva EPS, en la que se registra el retiro del actor, pero no es legible la
fecha.
[22]
Cfr. Constitución Política, Art. 86; Decreto 2591/1991, arts. 1, 10, 14 y
46-51.
[23]
Cfr. Constitución Política, Art. 86; Decreto 2591/1991, arts. 1, 5, 13, 14, 23
y 42-45.
[24]
Cfr. Constitución Política, Art. 86; Decreto 2591/1991, arts. 1, 2, 4, 5, 6
nums. 2 y 3, 14 y 41.
[25]
Cfr. Constitución Política, Art. 86; Decreto 2591/1991, arts. 6 nums. 1, 2 y 3,
8 y 9.
[26]
Cfr. Constitución Política, Art. 86 y múltiples sentencias de la Corte
Constitucional como la T-290 de 2011, T-764 de 2007, T-335 de 2007 y T-600 de
2002.
[27]Folio
12 del cuaderno No.2
[28]
Sentencia T-185/16
[29]
Ver sentencia C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esa ocasión la
Corte Constitucional estudió la demanda de
inconstitucionalidad contra el  numeral 3º (parcial) del artículo 42 del
Decreto Ley 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” y al respecto señaló: “Son tres las hipótesis
previstas por el Constituyente respecto de la procedencia de la acción de
tutela en el caso de acciones u omisiones de particulares, a saber: a)
Cuando el particular presta un servicio público; b) Cuando la conducta del
particular afecta grave y directamente el interés colectivo; y c) Cuando el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular.” (Destaca
la Sala).
[30]
Cfr. Sentencia SU-961/99.
[31]
En cuanto al análisis de procedibilidad en materia del requisito de inmediatez,
esta Corte ha señalado que “el mismo se torna menos estricto y está
condicionado a la verificación de los siguientes presupuestos: i) la existencia
de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal, como podrían ser
la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho nuevo, entre otros; ii) cuando la
vulneración de los derechos fundamentales es continua y actual; iii) la
carga de la interposición de la solicitud de amparo en un determinado plazo
resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra, contraria a la
obligación de trato preferente conforme al artículo 13 Superior” (subrayado
fuera del original). Cfr. Sentencia T-435/16.
[32]
Folio 27 del cuaderno No.2.
[33]
Folio 1 del cuaderno No.2.
[34]
Folio 18 del cuaderno No.2.
[35]
Folio 31 del cuaderno No.2.
[36] En la
Constitución de 1991 se establecieron varias disposiciones en las que se
prodiga una especial protección a las personas con discapacidad, entre las que
encontramos los incisos 2º y 3º del artículo 13 de la Carta Política, que
aseveran que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados”, agregando que “El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”. En igual sentido, el artículo 47 de la Carta Política establece
que el Estado “adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”; a su vez, el
artículo 54 superior preceptúa de manera expresa el deber del Estado de “...
garantizar a los  minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”, y el artículo 68, determina en su último inciso que
“la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado”. De los anteriores mandatos constitucionales se
deduce que la voluntad del constituyente de 1991, era otorgarle una especial
protección a todos aquellos que por sus condiciones particulares se encuentran
en situación de debilidad manifiesta,  con el fin de atenuar las
diferencias entre los sujetos de especial protección y las otras personas, para
lo que el Estado pondrá en marcha y al servicio de estos todo su aparato
institucional.
[37]
Corte Constitucional, sentencia T-080/08.
[38]
En ese sentido, se pueden consultar las sentencias T-308/16, T-413/16,
T-165/16, entre otras.
[39]
Sentencia T-200/11, reiterada por la sentencia T-165/16
[40]
Sentencia T-722/11.
[41]
Sentencia T-043/14
[42]
En este sentido, la Ley 712 de 2001, mediante la cual se reformó el Código
Procesal del Trabajo en el artículo 2, estableció: “El artículo 2º del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: "ARTICULO 2º.
Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y
de seguridad social conoce de: (…) 4. Modificado por el art. 622, Ley 1564 de
2012. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral
que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores
y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza
de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan (…)”.
(Subrayado fuera del texto original)
[43]
Según consta en la copia del dictamen para la calificación de la invalidez, del
23 de diciembre de 2014, el accionante tiene un 51.90% de pérdida de capacidad
laboral y adolece de “alteración agudeza visual –ojo derecho ciego- ojo
izquierdo 20/60” y de alteración de campo visual. Folio 23 del cuaderno No.2.
[44]
Folio 15 del cuaderno No.2.
[45]
Según consta en la copia del formato de Atención de Consulta Externa, expedido
el 27 de julio de 2015, el actor padece síndrome de manguito rotatorio y fue
remitido a “cirugía para artroscopia quirúrgica del hombro derecho
–reparación del mango rotador-“. Folio 16 del cuaderno No.2.
[46]
Folio 16 del cuaderno No.2.
[47]
Folio 3 del cuaderno No.2.
[48]
Sentencia C-227/04.
[49]
Ver sentencias T-26/92, T-011/93, T-427/92, T-144/95, T-1007/04, T-413/16,
entre otras.
[50] El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, tal y como fue
modificado por el Decreto 19 de 2012 , establece que corresponde a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, a las Administradoras
de Riesgos Laborales - ARL, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez
y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, determinar en una
primera oportunidad, la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de
invalidez , el origen de estas contingencias y su fecha de estructuración. De
la misma manera, la norma consagra que, en caso de inconformidad, el interesado
podrá solicitar que su dictamen sea remitido a la Junta Regional de
Calificación de la Invalidez, decisión que será apelable ante la Junta
Nacional.
[51]
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de
Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. Esta
Corte, en la Sentencia C-428 de 2009 entró a resolver si las condiciones
establecidas por la Ley 860 de 2003, en comparación con las contenidas en el
artículo 39 de la ley 100 de 1993, resultaban contrarios al principio de
progresividad. De acuerdo con lo analizado, declaró la constitucionalidad del
requisito de las 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez y declaró la inexequibilidad del requisito de
fidelidad al Sistema. La calificación de la pérdida de capacidad laboral, el
origen de la contingencia y su fecha de estructuración deberá hacerse de
acuerdo con el manual único que, para esos efectos, expidió el Gobierno
Nacional. En un principio, estos trámites fueron regulados por el Decreto 917
de 1999, luego esta norma fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, actualmente
vigente, normatividad que contiene las especificaciones técnicas que deberán
seguir las autoridades medico laborales encargadas de realizar la calificación
tanto de la pérdida de capacidad laboral como ocupacional.
[52]
Esta Corte mediante la sentencia C-020/15 declaró exequible el parágrafo 1º del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 ‘por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se dictan otras disposiciones’, en el entendido de que se aplique, en
cuanto sea más favorable, a toda la población joven conforme a los fundamentos
jurídicos 60 y 61 de la parte motiva de dicha sentencia.
[53]
Ley 100 de 1993, artículo 22, estipula: “Obligaciones del empleador. El
empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los
trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada
afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el
de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y
trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las
correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine
el gobierno.
El empleador responderá por la totalidad del aporte
aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”.
[54]
Ely 100 de 1993, artículo 23, establece: “Sanción moratoria. Los aportes que
no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un
interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto
sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de
reparto correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de
los respectivos afiliados, según sea el caso. Los ordenadores del gasto de las
entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación
oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será
obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del
aporte patronal a la seguridad social, como requisito para la presentación,
trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente”.
[55]
Sentencia T-080/11.
[56]
Sentencia T-860/05.
[57]
Sobre el asunto, la sentencia T-668 de 2007 consagró: “De lo expuesto, es
claro, entonces, que la ley atribuye claramente a las entidades administradoras
de pensiones la función de exigir al patrono la cancelación de los aportes
pensionales, para solventar las situaciones en mora y para imponer las
sanciones a que haya lugar, no siendo posible a aquellas alegar a su favor su
propia negligencia en la implementación de esa atribución. También ha precisado
la Corporación que, estando la entidad administradora facultada para efectuar
el cobro de lo que por concepto de aportes le adeuda el empleador y no
habiéndolo hecho, una vez aceptado el pago en forma extemporánea se entenderá
como efectivo y, por tanto, se traducirá en tiempo de cotización.
Además de lo anterior, tampoco les es dable a
tales entidades, hacer recaer sobre el trabajador las consecuencias negativas
que se puedan derivar de la mora del empleador en el pago de los aportes o de
la falta de descuento de los mismos, toda  vez que, no obstante la falta de
transferencia de dichas sumas a las entidades responsables, al trabajador se le
hicieron o se le han debido hacer las deducciones mensuales respectivas, por lo
cual se encuentra ajeno a dicha situación.”
[58]
Sentencia T-080/11
[59]
En ese sentido, se pueden consultar las sentencias T-974/05, T-1251/05,
T-854/07, T-080/11, T-451/13, T-711/15, entre otras.
[60]
Ibídem.
[61]
Folio 35 del cuaderno principal.
[62] La Sala de Revisión toma el 15 de noviembre de 2016
como fecha probable de inicio de la relación laboral entre el accionante y la
empresa Admontoya. Ello, debido a que, si bien el contrato de trabajo fue
celebrado por escrito en el mes de diciembre de 2012, de acuerdo con lo informado
por el apoderado del actor y lo registrado en la historia laboral allegada por
Colfondos, la relación de trabajo comenzó con la empresa referida, de manera
verbal, a mediados del mes de noviembre de 2012. En efecto, la historia laboral
indica que en noviembre de 2012 el accionante estuvo vinculado, en primer
lugar, con la empresa Furgones MAD S.A.S. durante 14 días, y segundo lugar, con
Montoya Marín, representante legal de la empresa Admontoya (supra II,
núm. 70).
[63]
Sentencia T-854/07.
[64]
Folio 144 del cuaderno principal.
[65]
Folio 143 del cuaderno principal.
[66]
Un ejemplo lo constituye la asunción de responsabilidad subsidiaria del Estado
en relación con las prestaciones sociales de la Empresa de Puertos de Colombia.
Al respecto, el artículo 35 de la Ley 1ª de 1991, dispone que: “La Nación
asumirá el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las
demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias
ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia, así como su
deuda interna y externa. (...)”
[67]
Sentencia C-865/04
[68]
En relación con el asunto del abuso de las personas jurídicas societarias, se
puede consultar la sentencia No.801-055 del 16 de octubre de 2013, proferida en
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales por la Superintendencia de
Sociedades. De igual modo, este tema se puede revisar en el auto 801-017366 del
10 de diciembre de 2012, proferido por la autoridad mencionada.
[69]
Ver sentencia C-831/10
[70]
Mediante sentencia C-520/02, la Corte Constitucional se declaró inhibida de
fallar sobre los apartes subrayados de este artículo por ineptitud de la
demanda.
[71]
Al respecto, la Corte en la sentencia C-831/10 señaló que: “Quien invierte
en una sociedad de personas, está arriesgando no sólo su participación en la
sociedad, sino su propio patrimonio, mientras que quienes invierten en
sociedades de capital arriesgan sólo su participación en la sociedad, más no su
patrimonio personal”.
[72]
Ley 100 de 1993, Art. 24.