C-539-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-539/11
PRECEDENTE JUDICIAL EN RESOLUCION DE PETICIONES Y
EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A PENSIONES, SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES Y  CIERTOS DAÑOS-Fuerza vinculante
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser claros, ciertos, específicos,
pertinentes y suficientes
PRECEDENTE JUDICIAL DICTADO POR LAS ALTAS CORTES-Obligación de las autoridades públicas
Todas las autoridades públicas, de carácter
administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se
encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa
sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el
precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria,
contencioso administrativa y constitucional. La anterior afirmación se fundamenta
en que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la
ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial,
constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de
Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales
como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la
Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los
artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad –art.29
CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la
buena fe de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la
función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente
judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza
vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política.
SUJECION DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A LA
CONSTITUCION Y LA LEY-Contenido
AUTORIDADES PUBLICAS ADMINISTRATIVAS-Acatamiento de las decisiones judiciales y del
precedente judicial dictado por las Altas Cortes/AUTORIDAD PUBLICA-Prerrogativas
justificadas en una razón suficiente/ACTIVIDAD
JUDICIAL-Sujeción al imperio de la
ley
INTERPRETACION ADECUADA DEL IMPERIO DE LA LEY-Contenido/INTERPRETACION ADECUADA DEL IMPERIO DE LA
LEY-Debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas
constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación
jurisprudencial de los máximos órganos judiciales
RESPETO DEL PRECEDENTE JUDICIAL POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Hace
parte del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Obligación de interpretar y aplicar las normas a los
casos en concreto de conformidad con la Constitución y el precedente judicial
constitucional
Las
autoridades administrativas deben necesariamente respetar y aplicar el
precedente judicial, especialmente el constitucional y si pretenden apartarse
del precedente deben justificar con argumentos contundentes las razones por las
cuales no siguen la posición del máximo intérprete, especialmente del máximo
intérprete de la Constitución.
INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION POR
PARTE DE LA ADMINISTRACION-Jurisprudencia
constitucional/SENTENCIAS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Constituyen para las autoridades administrativas una
fuente obligatoria de derecho
La
jurisprudencia constitucional ha precisado que, dado que todas las autoridades
se encuentran sometidas al “imperio de la ley” lo cual significa por sobre todo
al imperio de la Constitución, de conformidad con los artículos 2 y 4
Superiores, (i) la tarea de interpretación constitucional no es tarea reservada
a las autoridades judiciales, y (iii) que dicha interpretación y aplicación de
la ley y de la Constitución debe realizarse conforme a los criterios
determinados por el máximo tribunal competente para interpretar y fijar el
contenido y alcance de los preceptos de la Constitución. Esta obligación por parte de las autoridades
administrativas de interpretar y aplicar las normas a los casos en concreto de
conformidad con la Constitución y con el precedente judicial constitucional
fijado por esta Corporación, ha sido reiterada en múltiples oportunidades por
esta Sala, poniendo de relieve el deber de las autoridades administrativas de
ir más allá de las normas de inferior jerarquía para aplicar principios,
valores y derechos constitucionales, y de aplicarlos en aras de protegerlos y
garantizarlos. En relación con los parámetros de interpretación constitucional
para la administración, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que
(i) la Constitución es la norma de normas, (ii) su interpretación definitiva
corresponde a la Corte Constitucional, de conformidad con el art. 241
Superior,  (iii) que por tanto al ser la guardiana de la integridad y
supremacía de la Constitución, la interpretación que haga de ella es vinculante
para todos los operadores jurídicos, administrativos o judiciales; y (iv) que
el nivel de vinculatoriedad del precedente judicial es absoluto en el caso de
las autoridades administrativas, quienes no gozan de la autonomía que le
corresponde a los jueces. A este respecto ha dicho la Corte: “La Constitución
Política es una norma. Por lo mismo, su aplicación y respeto obliga a un
constante ejercicio hermenéutico para establecer su sentido normativo. La
función definitiva en esta materia corresponde a la Corte Constitucional,
conforme se desprende del artículo 241 de la Constitución. Así, al ser
guardiana de la supremacía e integridad de la Carta, la interpretación que la
Corte haga del texto constitucional es vinculante para todos los operadores
jurídicos, sea la administración o los jueces.” En suma, en relación con la obligatoriedad
y alcance de la doctrina constitucional, la jurisprudencia de esta Corte ha
aclarado que esta deviene de que la Constitución es norma de normas, y el
precedente constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana de
la supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no sólo para la
interpretación de la Constitución, sino también para la interpretación de las
leyes que obviamente debe hacerse de conformidad con la Carta, por eso, las
sentencias de la Corte Constitucional constituyen para las autoridades
administrativas una fuente obligatoria de derecho.
MARGEN DE LIBERTAD INTERPRETATIVA DE LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS AL MOMENTO DE APLICAR UNA NORMA A UN CASO PARTICULAR-Debe ser ajustada a la Constitución y a la Ley/APLICACION
DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Debe ser estricta cuando se trata de decisiones de
control abstracto de constitucionalidad con efectos erga ommes
CORTE CONSTITUCIONAL-Encargada de fijar la interpretación auténtica de los
preceptos constitucionales/SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Tienen
una proyección vinculante
NORMA INEXEQUIBLE-Efectos/SENTENCIA DE
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Al
servidor público le está vedado acordarle a la ley un significado distinto de
aquel que la Corte consideró que era el único ajustado a la Carta Política
En
cuanto a los efectos de los fallos de inexequibilidad, es claro que la norma
jurídica es expulsada del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada para
fundamentar ninguna actuación o decisión por parte de las autoridades públicas,
ni seguir produciendo ningún tipo de efectos jurídicos, ya que ello implica la
violación directa de la Constitución. A este respecto la Corte sostuvo que “una
vez la Corte Constitucional declara inexequible una disposición legal, ningún
servidor público puede emitir resolución, dictamen o concepto fundado en
aquélla, por cuanto de esta manera se estaría desconociendo directamente la
Constitución. De igual manera, una vez proferido un fallo de exequibilidad
condicionado, al servidor público le está vedado acordarle a la ley un
significado distinto de aquel que la Corte consideró que era el único ajustado
a la Carta Política.”
VINCULATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Componentes/RATIO
DECIDENDI, OBITER DICTUM Y DECISUM-Componentes básicos de los fallos de
constitucionalidad
ACCION DE TUTELA-Obligatoriedad de la aplicación del precedente judicial por parte de
las autoridades públicas/ACCION DE TUTELA-Vigencia y validez de la
fuerza vinculante del precedente judicial/RATIO DECIDENDI-Constituye un
precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas/SENTENCIAS DE TUTELA-Valor doctrinal de los fundamentos jurídicos o
consideraciones/ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional sobre
interpretación de texto normativo/RATIO
DECIDENDI EN SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Fuerza y valor de precedente
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL DE ORDEN
CONSTITUCIONAL-Afecta derechos
fundamentales de los destinatarios de las normas/DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL DE ORDEN CONSTITUCIONAL-Puede conllevar a una infracción directa de preceptos constitucionales
o legales o de un acto administrativo de carácter general, casos en los cuales
se configura igualmente el delito de prevaricato por acción/ACCION DE TUTELA-Procede
cuando los jueces en sus providencias se apartan arbitrariamente del precedente
horizontal o vertical
FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL COMO FUENTE
DE DERECHO-Jurisprudencia
constitucional
OBLIGACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DE TENER EN
CUENTA LOS PRECEDENTES JUDICIALES PARA SUS DECISIONES Y ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS-Alcance del contenido
normativo
SUJECION DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS A LA
CONSTITUCION, A LA LEY Y PRECEDENTE JUDICIAL DE LAS ALTAS CORTES-Reglas jurisprudenciales fijadas en múltiples
pronunciamientos de la Corte Constitucional
La Corte reitera nuevamente el mandato superior de
sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y por
ende al precedente judicial de las Altas Cortes, en desarrollo del Estado
Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; los fines esenciales del
Estado–art.2-; la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; la sujeción de
las autoridades públicas a la Constitución -artículos 6º, 121 y 123 CP-; el
debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; el derecho a la igualdad
–art.13 CP-; la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; los
principios de la función administrativa –art. 209 CP-; la fuerza vinculante del
precedente judicial -artículo 230 superior-; y la fuerza vinculante de las
decisiones de constitucionalidad -artículo 241 de la Carta Política-. En
desarrollo de estos preceptos constitucionales, la Sala reitera igualmente, las
reglas jurisprudenciales expuestas en detalle en la parte motiva y
considerativa de esta sentencia, que han sido fijadas y desarrolladas en
múltiples pronunciamientos de esta Corporación, entre las más importantes las
siguientes: (i) todas las autoridades públicas administrativas se encuentras
sometidas al imperio de la Constitución y la ley, por expreso mandato
constitucional, lo cual implica el necesario acatamiento del precente judicial
emanado de las Altas Cortes; (ii) el entendimiento del imperio de la ley, a la
que están sujetas las autoridades administrativas y judiciales, debe entenderse
como referido a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y
legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos
judiciales; (iii) todas las autoridades administrativas se encuentran obligadas
a interpretar y aplicar las normas a los casos concretos de conformidad con la
Constitución y la ley; (iv) todas las autoridades administrativas deben aplicar
las normas legales en acatamiento del precedente judicial de las Altas Cortes o
fundamentos jurídicos aplicados en casos análogos o similares, aplicación que
en todo caso debe realizarse en consonancia con la Constitución, norma de
normas, y punto de partida de toda aplicación de enunciados jurídicos a casos concretos;
(v) el respeto del precedente judicial por parte de las autoridades
administrativas se fundamenta (a) en el respeto del debido proceso y del
principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122
Superiores-; (b) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la
Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas Cortes,
cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (c)
en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser
arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (d) en que el
desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad implica la
responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P.); y (e) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar
la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P; (vi) si existe por tanto una interpretación judicial vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar
al caso en concreto similar o análogo dicha interpretación; ya que para estas
autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para
los jueces; (vii) aún en aquellos asuntos o materias que eventualmente no hayan
sido interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o respecto de
los cuales existan criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades
administrativas no gozan de un margen de apreciación absoluto, por cuanto se
encuentran obligados a interpretar y aplicar las normas al caso en concreto de
manera acorde y ajustada a la Constitución y a la ley, y ello de conformidad
con el precedente judicial existente de las altas Cortes; (viii) en caso de
falta de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable,
corresponde, prioritariamente, al alto tribunal precisar, aclarar y unificar
coherentemente su propia jurisprudencia; (ix) en caso de existencia de diversos
criterios jurisprudenciales sobre una misma materia, corresponde igualmente a
las autoridades públicas administrativas, evidenciar los diferentes criterios
jurisprudenciales aplicables para fundamentar la mejor aplicación de los
mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, y
optar por la decisión que, de mejor manera interprete el imperio de la
Constitución y de la ley, para el caso  concreto; (x) los fallos de la Corte
Constitucional tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de
constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante,
en su parte resolutiva (erga ommes en el caso de los fallos de control de
constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de tutela) y, en
ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi tienen fuerza vinculante
para todas las autoridades públicas; (xi) el desconocimiento del precedente
judicial de las Altas Cortes por parte de las autoridades administrativas,
especialmente de la jurisprudencia constitucional, implica la afectación de
derechos fundamentales, y por tanto una vulneración directa de la Constitución
o de la ley, de manera que puede dar lugar a (i) responsabilidad penal,
administrativa o disciplinaria por parte de las autoridades administrativas,
(ii) la interposición de acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela
contra actuaciones administrativas o providencias judiciales.
APLICACION DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA
ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCION DE PETICIONES O EXPEDICION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS-Problema jurídico
planteado se distingue del precedente en materia judicial
El problema jurídico planteado hace referencia directa
a la aplicación del precedente judicial en materia administrativa, para la
solución de peticiones o expedición de actos administrativos, y no a la
aplicación del precedente en materia judicial. Estos problemas, si bien
presentan unos elementos comunes, como se puso en evidencia en el recuento
jurisprudencial realizado en la parte motiva de esta sentencia, constituyen
situaciones jurídicas bien distintas, tanto por los sujetos obligados a aplicar
el precedente, que en este caso son las autoridades administrativas, como por
el nivel de vinculatoriedad del precedente judicial, que en el caso de las
autoridades administrativas es estricto, en razón a que éstas se encuentran
sujetas, como todas las autoridades públicas y servidores públicos en el país,
a la Constitución y a la ley, más no gozan de la autonomía que se predica de
las autoridades judiciales, en virtud de la cual les es permitido a estas
últimas apartarse del precedente judicial impuesto por las Altas Cortes en
ciertos casos excepcionales y razonablemente justificados.
APLICACION DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN
MATERIA ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCION DE PETICIONES O EXPEDICION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS-Finalidad del
Legislador con la creación de la norma de descongestión judicial/APLICACION DEL PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA
ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCION DE PETICIONES O EXPEDICION DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS-Finalidad de la
medida
La voluntad del legislador fue la de consagrar
expresamente el deber de las autoridades administrativas de acatar y aplicar el
precedente judicial, tanto en la jurisdicción ordinaria, en la contencioso
administrativa, como en la constitucional, especialmente en algunas materias
neurálgicas que han producido gran congestión judicial a partir de las acciones
judiciales que han generado, tales como las acciones de tutela interpuestas o
acciones judiciales que se han originado por el desconocimiento del precedente
judicial por parte de las autoridades administrativas a la hora de adoptar sus
decisiones o desarrollar sus actuaciones administrativas. Por tanto, la
finalidad de la medida es claramente la adopción de mecanismos para
descongestionar la justicia colombiana, a través del acatamiento del precedente
judicial por parte de las autoridades administrativas, especialmente en
relación con ciertos temas neurálgicos, en donde se presenten situaciones
similares o análogas que tengan que decidir estas autoridades con el fin de
lograr celeridad y uniformidad a los procesos administrativos e impedir la
congestión judicial debido a la generación de controversias judiciales por el
desconocimiento del precedente judicial en casos similares o análogos, objetivo
que resulta plenamente constitucional.
DERECHO VIVIENTE-Jurisprudencia constitucional
OMISION LEGISLATIVA-Modalidades/OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-No
procede el análisis constitucional/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procede
su estudio constitucional por cuanto se trata de una disposición legal
incompleta que vulnera ciertas garantías constitucionales/OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Cumplimiento de criterios para su configuración
SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA-Los  precedentes
jurisprudenciales a que se refiere la norma acusada deben respetar la
interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional
Referencia: expediente  D-8351
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 114
(parcial) de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial”
Demandante: Franky Urrego Ortiz
Magistrado Ponente:
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., seis (6) de julio de dos mil once (2011).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, el ciudadano Franky Urrego Ortiz solicitó ante esta Corporación la
declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 114 (parcial) de la Ley 1395 de
2010 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
Mediante
providencia del primero (1º) de diciembre de dos mil diez (2010), el magistrado
sustanciador dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los
requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.
En
la misma providencia comunicó la iniciación del presente proceso al Presidente
de la República y al Presidente del Congreso para los fines del artículo 244 de
la Constitución, así como al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro
de Defensa Nacional, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de la
Protección Social, al Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN y al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC.
Así
mismo, se invitó a participar en el presente juicio a las facultades de Derecho
de las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de
los Andes, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, Icesi de Cali, de Ibagué y
del Rosario, al igual que al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y al
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DeJusticia, con el objeto
de que emitieran concepto técnico sobre la norma demandada, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II.
LAS NORMAS DEMANDADAS
Se
transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su
publicación en el Diario oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010.
“LEY
1395 DE 2010
(julio 12)
Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
ARTÍCULO 114. Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas
de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y
salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados
con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en
conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o
expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes
jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por
los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos
análogos.” (expresiones
subrayadas demandadas)
III.
LA DEMANDA
El
demandante considera que las expresiones demandadas contenidas en el artículo
114 de la Ley 1395 de 2010, vulneran los artículos 2º, 4º, 13, 83, 209, 230 y
241 de la Carta Política.
En
este sentido, considera que la disposición demandada quebranta los artículos 13
y 83 C.P. por cuanto el legislador estableció que solo en el caso de 6 materias
es obligatorio aplicar el precedente jurisprudencial, y así mismo excluye otras
controversias en las que a su juicio la aplicación del precedente no es
obligatorio, sin existir justificación constitucional para el trato diferente,
máxime cuando el sistema de fuentes es el mismo. Estima que de esta manera se
autoriza a la Administración a que incluso cuando existe precedente jurisprudencial,
pueda pasarlo por alto en las materias no contempladas expresamente en la norma.
Así
mismo, considera que se vulnera los artículos 2º y 4º superiores, en tanto que
el defecto de la norma demandada consiste en que las entidades estatales no
están atadas a los precedentes constitucionales que fijan el alcance de los
derechos fundamentales, así como establece reglas jurisprudenciales en materia
tributaria referentes a la garantía efectiva del derecho al debido proceso,
sobre el reten social, reintegro de servidores públicos, solicitud de historias
clínicas, etc., considerando al respecto que resulta de imperiosa aplicación el
precedente constitucional.
De
otra parte, afirma que se vulnera el artículo 230 C.P. en la medida que conforme a la norma demandada el precedente jurisprudencial se estructura
siempre que haya 5 o más pronunciamientos análogos, sustituyendo el precedente
ordinario, mientras que la administración debe esperar los 5 pronunciamientos
de que trata el artículo demandado para poder aplicar el precedente.
Sostiene
que también se violan los principios de economía, celeridad y eficiencia puesto
que en todos los casos que haya precedente frente a cada una de las
reclamaciones que hagan los administrados la regla general debe aplicarse para
prevenir que éstos acudan a la jurisdicción.
Finalmente,
afirma que se vulnera el artículo 209 Superior, porque ordena que solo en 6
casos sea obligatorio la aplicación del precedente jurisprudencial.
IV.
INTERVENCIONES
1.       De entidades públicas
1.1   Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales –DIAN-
El Departamento mediante apoderada judicial presentó
escrito defendiendo la constitucionalidad de los artículos demandados, con base
en los siguientes argumentos:
- El departamento comienza por hacer relación de los
antecedentes legislativos de la norma demandada, mencionando que el objetivo
era la adopción de medidas para descongestionar la justicia colombiana, que en
relación con el tema del precedente, los ponentes de proyecto consideraron que
la idea no era tanto acogerlo a la manera del derecho norteamericano pero si
permitir que los jueces en algunos casos similares o parecidos, puedan tener en
cuenta las decisiones de otros jueces y magistrados de las altas cortes en
casos semejantes. La intención era entonces permitir que a través de la
unificación de criterios jurisprudenciales las decisiones administrativas
puedan ser unánimes respecto de casos similares con el fin de lograr celeridad
a los procesos en curso e impedir controversias futuras en casos en los que se
ha presentado jurisprudencia relativa sobre casos análogos.
- Menciona que uno es el caso de la aplicación del
precedente en materia administrativa, para la solución de peticiones o
expedición de actos administrativos, y otras es la situación que presenta la
aplicación del precedente en materia judicial, determinado por la Ley 153 de
1987, cuando se presentan 3 sentencias en el mismo sentido en casos similares, y
en el mismo sentido el artículo 10 subrogado por el artículo 4º de la ley 169
de 1989.
Considera que es optativo del juez adoptar el criterio
auxiliar de la jurisprudencia en sus decisiones, razón por la cual considera
que las apreciaciones del demandante respecto de las supuestas vulneraciones
constitucionales son inocuas.
- De otra parte, considera que no se configura la
omisión legislativa relativa alegada por el actor, por cuanto no cumple con
ninguno de los requisitos exigidos para tales efectos, y que el precepto no se
refiere al acatamiento del precedente judicial por los jueces, disposiciones
que permanecen intactas, sino al acatamiento del precedente judicial por parte
de las autoridades administrativas.
- En suma, considera que el artículo 114 de la Ley
1395 de 2010 no vulnera el artículo 13 C.P. “en tanto que la norma no pretende excluir del acatamiento del precedente en algunas materias con respecto
a otras en materia judicial, sino que contempla un precedente especial para
algunas materias en via administrativa respecto de las cuales el legislador
contempló que debía darse especial atención de acuerdo a las implicaciones
específicas que acarrean.”
- Así mismo, considera que la norma no vulnera el
artículo 83 C.P. “por cuanto el juez continúa con la libertad de
interpretación judicial siendo su deber ajustarse a las previsiones legales y
jurisprudenciales que se encuentren vigentes al momento de emitir decisión, por
lo que en materia jurisdiccional sería irrelevante el número de
pronunciamientos que conforman el precedente que contempla la norma demandada
para la vía administrativa en la medida que impele a los funcionarios a acatar
los precedentes en los términos mencionados y no a los jueces como parece
entender el demandante”.
- Encuentra que tampoco se vulneran los artículos 2º y
4º C.P. “en tanto que como se analizó anteriormente no fue el espíritu del
Legislador el relevar a algunas entidades estatales del acatamiento de la
constitución, la ley y la jurisprudencia, pues el espíritu de la norma
demandada tiende más hacia dar celeridad a los procesos administrativos en
curso acatando criterios jurisprudenciales relativos que eviten futuras
controversias en vía ordinaria o contencioso administrativa en casos en las que
se han resuelto situaciones similares”
- Estima que tampoco se vulnera el artículo 230
superior, “en la medida que no estaba vedado para el legislador establecer
la conformación de precedentes en materia administrativa y menos aún el poder
establecer las materia en que dicho precedente sería obligatorio, pues la
Constitución no impide tener tratamiento diverso a situaciones diversas que
ameriten tratamiento diferente en materia administrativa, máxime cuando las
implicaciones de las decisiones que se adoptan en esas materias (pensiones,
impuestos, aduanas, etc), son de gran relevancia para el conglomerado social
que espera uniformidad de criterios ante la diversidad de criterios que se
presentan en dichas materias en la actualidad, en las que 5 sentencias sobre el
mismo tema podrían ser suficientes para hacer pronunciamientos masivos en el
mismo sentido en casos análogos con el fin de brindar seguridad jurídica a la
ciudadanía”
A su juicio, el hecho de que en la vía jurisdiccional
se acepten 1 o 3 pronunciamientos en todos los campos del derecho no implica
que el legislador no pueda establecer un número superior en materia
administrativa cuando así lo considere necesario.
- Constata que “tampoco se violan los principios de
economía, celeridad y eficiencia puesto que es precisamente en virtud de dichos
principios en que se funda la norma demandada con el fin de finiquitar de
manera eficaz los procesos que reúnan condiciones similares que permitan una
descongestión efectiva de los despachos judiciales, previniendo los futuros
litigios desde la vía gubernativa”.
- Igualmente, estima que “no se vulnera el artículo
209 C.P. en la medida en que si bien la norma contempla como obligatorio el
acatamiento del precedente jurisprudencial en los casos taxativamente
mencionados por parte de las entidades estatales, ello no es óbice para afirmar
que en virtud de la previsión demandada, las entidades públicas estén
autorizadas a desechar la jurisprudencia reiterada en casos diferentes, pues
así como los jueces, los funcionarios públicos encargados de expedir actos
administrativos, están en la obligación de dar aplicación a las normas que se
encuentren vigentes para el caso controvertido, analizar las pruebas, la
jurisprudencia, doctrina y demás aspectos que sean necesarios para proferir los
actos administrativos debidamente fundamentados respetando el debido proceso en
todas las materias, de tal forma que no es dable hacer una lectura plana de las
normas aplicables máxime cuando por simple lógica jurídica es deber del
funcionario el acatamiento de las reglas generales del derecho”
- Finalmente, sostiene que pese a que frente al artículo
204 CP el demandante no presentó argumento alguno, tampoco se vulnera.
- Por lo anterior considera que la norma acusada es
constitucional.
1.2  Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio a través de apoderado judicial presentó
concepto mediante el cual solicita la exequibilidad condicionada “en el
sentido de constituir criterio auxiliar de interpretación para el ejercicio de
la función administrativa, con acopio de los precedentes igualmente proferidos
por la misma Corte Constitucional dada su calidad de órgano de cierre
constitucional para la guardia de la integridad y supremacía de la Constitución”.
Para fundamentar lo anterior presentó las siguientes consideraciones:
- Respecto del cargo por violación del artículo 230
Superior, el ministerio comienza su intervención diferenciando entre los
sistemas “common law” en donde la jurisprudencia es fuente formal del derecho y
el “statutory law” en donde lo es la ley.  Menciona que en el escenario
jurídico colombiano se le ha instituido desde el comienzo un carácter auxiliar
a la jurisprudencia, de conformidad con los artículo 4º, 8º y 10º de la Ley 153
de 1887, este último subrogado por el artículo 4º de la Ley 169 de 1889.
Menciona así mismo que el artículo 230 de la
Constitución ha establecido que los jueces en sus providencias solo están
sometidos al imperio de la ley, de manera que la equidad, la jurisprudencia,
los principios generales del derecho y la doctrina quedan como criterios
auxiliares de la actividad judicial.
De otra parte, afirma que este criterio quedó plasmado
en la jurisprudencia de la Corte en las sentencias C-113 de 1993, C-131 de 1993
y C-083 de 1995, en donde determinó que la jurisprudencia no es vinculante sino
“optativa” para los funcionarios judiciales.
Por lo anterior, considera que no se puede aplicar la
tesis del carácter vinculante de la jurisprudencia al contenido del artículo
114 de la Ley 1395 de 2010, lo cual constituiría una modificación del
ordenamiento jurídico y el artículo 230 superior.
- Posteriormente, manifiesta la necesidad de una
declaratoria de exequiblidad condicionada de la norma demandada, de tal manera
que se ajuste a los artículos 241 (numerales 4, 5, 6, 8, 9 y 10) y 243 de la
Constitución Política.
En este sentido afirma que la norma contribuye al
desconocimiento del precedente jurisprudencial constitucional emitido por la
Corte Constitucional cuando dicta sentencias de constitucionalidad y de
unificación en sede de revisión de acciones de tutela, de manera que se
desconocería la competencia constitucional (art.241 superior) confiada a la
Corte Constitucional y los efectos de cosa juzgada constitucional de sus fallos
señalados en el artículo 243 superior, cuando en ejercicio de sus funciones
igualmente funge como juez de unificación jurisprudencial. Menciona para el
efecto la jurisprudencia de la Corte a este respecto.
Por lo anterior, considera que no es factible
desconocer por causa de una lectura ligera de la norma, el precedente
constitucional fijado por la Corte Constitucional, pues con ello se afectaría
ostensiblemente la vigencia del orden justo, la igualdad de trato, la confianza
legítima en que descansa la función pública de la administración de justicia, y
la seguridad jurídica propia del Estado Social de Derecho.
- Así mismo, sostiene que el condicionamiento es
necesario para ajustar la norma al Preámbulo y los artículos 6º, 13 y 83 de la
Constitución Política, ya que el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 al fijar
el efecto vinculante del precedente jurisprudencial a cargo de las autoridades
públicas en determinados asuntos, de igual forma deja abierta la opción, sin
definición de una sub-regla legal clara, sobre la observancia de uno de los dos
precedentes jurisprudenciales allí expresados (ordinario o contencioso
administrativo), echando de menos que es factible y por tanto constituyente de
un trato injustificado para el Administrado, que ante un mismo asunto de
derecho que deba ser resuelto por la autoridad pública, medien criterios
jurisprudenciales encontrados como lo ha reconocido la Corte en la sentencia
C-104 de 1993, por lo considera que se afecta la confianza legítima. Menciona
el caso del derecho pensional, en donde existen criterios jurisprudenciales
disímiles de la Corte Suprema y del Consejo de Estado
Considera que el hecho de que la norma haga
responsables a las autoridades públicas por el desconocimiento del precedente
jurisprudencial es gravoso, ya que el artículo 6º superior solo los hace
responsable por la observancia de la ley, lo cual resulta más gravoso cuando no
se tiene certeza por parte de la Administración del precedente que se debe
observar al tiempo de adoptar determinadas decisiones administrativas sobre
asuntos en los que medien criterios jurisprudenciales encontrados de las Altas
Corporaciones.
1.3
Ministerio del Interior y
de Justicia
El Ministerio a través de apoderada
judicial intervino dentro del presente proceso de constitucionalidad para
defender la norma demandada en el proceso de la referencia, de la siguiente
manera:
- En relación con el cargo por violación del derecho a
la igualdad, en tanto la norma acusada excluiría de la obligatoriedad del
precedente jurisprudencial temas diferentes a los 6 asuntos contemplados en
ella, precisa el Ministerio que dicha norma no hace más que enfatizar, para
estos 6 asuntos, una obligación que ya existía en el ordenamiento jurídico para
todos los asuntos que debe resolver la Administración Pública al dar respuesta
a una petición o expedir un acto administrativo que resuelva una situación de
interés particular.
En este sentido, menciona que el artículo 413 de la
ley 599 de 2000 o Código Penal, todo servidor público, incluidos los que resuelven
peticiones o expiden actos administrativos para definir la situación de una
persona frente a cualquier asunto, no pueden so pena de incurrir en el delito
de prevaricato por acción, contrariar de manera manifiesta la ley, la cual de
conformidad con la sentencia C-335 de 2008, incluye las distintas fuentes del
derecho que deben ser aplicadas para resolver un caso concreto y como tal, bien
puede tratarse de la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter
general, agregando que el desconocimiento de la jurisprudencia sentada por una
Alta Corte implicaría el desconocimiento de la “ley” en el sentido antes
indicado, si el operador jurídico desconoce con ello una subregla
constitucional constante, esto es, criterios constantes y uniformes fijados por
el juez constitucional en fallos de reiteración sobre interpretaciones de la
Constitución, la ley o un acto administrativo de carácter general. Así mismo,
indica que la Corte precisó que los funcionarios que consideren automáticamente
que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas Cortes,
sólo pueden hacerlo si justifican de manera suficiente y adecuada su decisión,
pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad.
Por tanto concluye que, antes de expedirse la ley 1395
de 2010, ya existía la obligación de los servidores públicos de aplicar el
precedente jurisprudencial de las altas Cortes, cuando apartarse de dicho
precedente implique el desconocimiento directo de la Constitución, la ley o un
acto administrativo de carácter general, o cuando el operador jurídico se aleja
de manera manifiesta, de una subregla constitucional constante, derivada de
interpretaciones constantes y uniformes del juez constitucional respecto de la
Constitución, la ley o un acto administrativo, o cuando sin implicar ello, no
justificaren de manera suficiente y adecuada el hecho de apartarse de la línea
jurisprudencial trazada por dichas Cortes en relación con asuntos análogos en
los cuales se hubieren controvertido los mismos hechos y pretensiones.
Estima que con la norma acusada, el legislador decidió
formalizar aún más esta obligación de atender el precedente jurisprudencial, en
los 6 casos allí enunciados, razón por la cual encuentra que contrario a una
discriminación, la norma demandada deja vigente la obligación de los operadores
jurídicos de la Administración Pública de aplicar el precedente jurisprudencial
en todos los casos que decidan sobre todas las materias, enfatizándola aún más
con respecto a los casos señalados en ella.
Con base en estos mismos argumentos, considera que los
cargos de violación de los artículos 2, 4, 241 y 209 de la Carta Política,
quedan desvirtuados, ya que acorde con el ordenamiento jurídico vigente los
servidores de la Administración Pública, como los demás servidores públicos, al
resolver una situación jurídica particular y concreta a través de derechos de
petición o actos administrativos, deben acatar la Constitución, la ley y los
actos administrativos de carácter general, incluyendo las subreglas
constitucionales que respecto de los mismos haya fijado la Corte
Constitucional.
Afirma igualmente que el actor no fundamenta de manera
adecuada su cargo de violación al principio de igualdad, por cuanto no sustenta
el trato diferente discriminatorio, ya que la norma trata de casos especiales
de congestión judicial, y correspondía al actor mostrar porqué los asuntos no
contemplados en la norma demandada estaban en la misma situación de congestión
judicial que los sí contemplados en ella, para reclamar un trato igual a los
mismos, justificación que no aparece en la demanda.
- En cuanto al cargo relativo a la violación de los
artículos 13 y 230 superiores, por el aparte normativo que dice “se hubieren
proferido en cinco o más casos análogos”, considera que no se plantea un cargo
de inconstitucionalidad sino un posible conflicto de aplicación entre dos
normas de carácter legal, por un lado el artículo 4º de la ley 169 de 1896 que
habla de tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, y otro el aparte
demandado que es igualmente una norma legal. Por esta razón considera que el
argumento carece de pertinencia porque se estructura a partir de un alcance
subjetivo sobre la naturaleza de la disposición frente a la cual compara la
norma acusada, razón por la cual encuentra que frente a esta expresión no
existe un verdadero cargo de constitucionalidad. Así mismo considera que carece
de pertinencia por cuanto compara el régimen propio de los jueces en materia de
jurisprudencia y el de los servidores de la Administración Pública, ya que la
norma acusada se refiere a una obligación de los servidores de la
administración pública de aplicación del precedente jurisprudencial.
- Finalmente estima que en la misma sentencia de la
Corte que le sirve de fundamento al actor, se exponen razones suficientes para
exigir por el Legislador un mayor número de pronunciamientos de las altas
Cortes para que su jurisprudencia se entienda como doctrina probable, razones
que consisten en la complejidad de la realidad social, que hace que tres
decisiones en un mismo sentido pueden no ser suficientes para dar certeza a los
jueces (o a los servidores de la Administración Pública).
- Por tanto solicita declarar exequibles los apartes
“encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales
y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados
con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en
conflictos tributarios o aduaneros” y “que en materia ordinaria o contenciosa
administrativa”, contenidos en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 y
considera que respecto del aparte que dice “se hubieren proferido en cinco o
más casos análogos”, procede emitir una sentencia inhibitoria, por ausencia de
cargo.
1.4 Intervenciones extemporáneas
El Ministerio de la Protección Social, mediante apoderada
judicial, presentó concepto extemporáneo ante esta entidad para defender la
constitucionalidad de la norma demandada, tal y como consta en el certificado
de Secretaría General de esta Corporación a folio 114 del cuaderno principal.
2. Intervenciones ciudadanas
Intervención
del señor Nixon Torres Carcamo
El
ciudadano presentó escrito para coadyuvar la inexequibilidad de los apartes
demandados del artículo de la referencia, con fundamento en los mismos
argumentos expuestos en la demanda.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante concepto 5084 del 11 de febrero de 2011, el
señor Procurador General de la Nación emitió concepto en el que solicitó a la
Corte declarar exequible la expresión: “se
hubieren proferido en cinco o más casos análogos”, contenida en el artículo
114 de la Ley 1395 de 2010, con fundamento en los siguientes argumentos:
1.
El Procurador General de la Nación considera que los problemas jurídicos
planteados corresponden a “determinar si las expresiones demandadas, al
limitar en la materia y en la fuente, la aplicación del precedente
jurisprudencial, vulneran el derecho a la igualdad de trato y los principios de
vigencia de un orden justo, seguridad jurídica, economía, celeridad y
eficiencia de la administración de justicia; y si el exigir que un precedente
se haya reconocido en cinco o más casos análogos, y no en tres, como se
establece en la Sentencia C-836 de 2001, va en contra de la Carta Política.”
2.
De otra parte, aclara previamente que las expresiones
demandadas, que hacen parte del artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, o nuevo Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
circunstancia prevista para el 2 de julio de 2012, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 308 de la ley, quedará derogado. Las medidas transitorias en esta
materia de la Ley 1395 de 2010 serán reemplazadas por las medidas permanentes
de la Ley 1437 de 2011. No obstante, considera que al estar la norma que
contiene las expresiones demandadas vigentes en este momento, procede a emitir
concepto sobre la constitucionalidad de la misma.
3.
La Vista Fiscal analiza el tema de nuestro
sistema de fuentes, la teoría del precedente y su desarrollo en varias
sentencias relevantes de la Corte. A este respecto, menciona que el sistema de
fuentes se encuentra establecido en el artículo 230 Superior,  y este tema ha
sido desarrollado por las sentencias C-083 de 1995, declaró exequible el
artículo 8° de la Ley 153 de 1887.
En este sentido considera que el precedente
judicial no aparece, en principio, como una fuente de derecho, sino como un
mero criterio auxiliar de la actividad de los jueces; y no se aplica sino en
ciertos casos: en los que no haya ley exactamente aplicable. No obstante lo
anterior, menciona que la Corte ha desarrollado una amplia jurisprudencia
constitucional sobre el tema del precedente judicial, tales como la sentencia C-113
de 1993, la C-131 de 1993, la C-083 de 1995, la C-037 de 1996, la C-037 de 2000,
la C-836 de 2001, la T-292 de 2006, la C-335 de 2008, y otras como la C-427 de
2006, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, C-370 de 2006 y C-209 de 2007.
Con
base en este análisis jurisprudencial, el Ministerio concluye que existen dos
omisiones en la norma demandada, de manera que para subsanar la primera, solicita
a la Corte “declarar exequible de manera condicionada la expresión: “que en
materia ordinaria o contenciosa administrativa,” contenida en el artículo 114
de la Ley 1395 de 2010, en el sentido de que se incluya como criterio
obligatorio de interpretación, con prelación sobre los demás precedentes, a los
precedentes reconocidos por la Corte Constitucional al realizar el control de
constitucionalidad, tanto abstracto como concreto.”
Con
el fin de subsanar la segunda omisión solicita a la Corte “declarar
exequible de manera condicionada la expresión: “encargadas de reconocer y pagar
pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores
o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos
oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o
aduaneros,”  contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, en el
entendido de que el precedente judicial es fuente formal y obligatoria de
derecho en estos casos y en los demás casos que deban ser estudiados por
“entidades públicas de cualquier orden”.
En
cuanto a la expresión “se hubieren proferido en cinco o más casos análogos”,
contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, solicita a la Corte
declararla exequible, por cuanto impone una condición respecto del precedente
judicial que no encuentra irrazonable ni contrario a la Carta.
VI.FUNDAMENTOS
DE LA DECISIÓN
1.
Competencia de la Corte
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
la disposición acusada forma parte de una Ley de la República, en este caso, de
la Ley 1395 de 2010.
2.
Asunto bajo revisión. Problema jurídico planteado
2.1 De conformidad con la demanda presentada, las
expresiones acusadas contenidas en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010,
vulneran los artículos 2º, 4º, 13, 83, 209, 230 y 241 de la Carta Política, así
como los principios de economía, celeridad y eficiencia de la Administración
Pública, por cuanto (i) reducen el ámbito de aplicación del precedente
jurisprudencial a tan solo 6 materias; (ii) reduce la jurisprudencia a la de la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, excluyendo la jurisprudencia
constitucional que fija el alcance de los derechos fundamentales; y (ii) fija
una tasa legal de cinco (5) o más pronunciamientos para que se reconozca y
aplique el precedente jurisprudencial.
2.2 En su
intervención, la  Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales –DIAN- defiende la
constitucionalidad de los artículos demandados, afirmando (i) que el objetivo
de la medida es la adopción de medidas de descongestión, (ii) que hay que
diferenciar entre la aplicación del precedente en materia administrativa y en
materia judicial, ya que en este caso se trata del acatamiento del precedente
judicial por parte de las autoridades administrativas, (iii) y que por tanto el
artículo demandado no vulnera los artículos 2, 4, 13, 83, 209 y 230 C.P., ni se violan los principios de economía, celeridad y eficiencia.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, solicitó la exequibilidad condicionada de la norma acusada, “en el
sentido de constituir criterio auxiliar de interpretación para el ejercicio de
la función administrativa, con acopio de los precedentes igualmente proferidos
por la misma Corte Constitucional dada su calidad de órgano de cierre
constitucional para la guardia de la integridad y supremacía de la Constitución”.
Lo anterior al considerar que (i) es necesario diferenciar entre los sistemas
de “common law” en donde la jurisprudencia es fuente formal del derecho y el
“statutory law” en donde lo es la ley, razón por la cual considera que no se
puede aplicar la tesis del carácter vinculante de la jurisprudencia al contenido
del artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, lo cual constituiría una modificación
del ordenamiento jurídico y el artículo 230 superior; y (ii) que sin embargo es
necesario una declaratoria de exequiblidad condicionada de la norma demandada,
de tal manera que se ajuste a los artículos 241 (numerales 4, 5, 6, 8, 9 y 10)
y 243 de la Constitución Política, así como al Preámbulo y a los artículos 6º,
13 y 83 de la Constitución Política, en cuanto al reconocimiento del precedente
jurisprudencial constitucional.
El Ministerio del Interior y de Justicia en su
concepto defiende la norma demandada argumentando que no existe violación de
los artículos constitucionales que se estiman vulnerados, y por tanto solicita
declarar exequibles los apartes acusados, y declararse inhibida respecto de la
expresión “se hubieren proferido en cinco o más casos análogos”. Lo anterior,
ya que (i) la obligatoriedad del precedente jurisprudencial para los 6 asuntos
contemplados en ella no hace más que enfatizar una obligación que ya existía en
el ordenamiento jurídico para todos los asuntos que debe resolver la
Administración Pública, de conformidad con el artículo 413 de la ley 599 de
2000 o Código Penal, so pena de incurrir en prevaricato, y que por tanto ya
existe la obligación de los servidores públicos de aplicar el precedente
jurisprudencial de las altas Cortes, y deja vigente la obligación de los
operadores jurídicos de la Administración Pública de aplicar el precedente
jurisprudencial en todos los casos que decidan sobre todas las materias,
enfatizándola aún más con respecto a los casos señalados en ella; (ii)
igualmente considera que el cargo por contener la norma una relación a los
cinco o más casos análogos, no plantea un cargo de inconstitucionalidad sino un
posible conflicto de aplicación entre dos normas de carácter legal entre el artículo
4º de la ley 169 de 1896 que habla de tres decisiones uniformes dadas por la
Corte Suprema, y el aparte demandado que habla de cinco casos, razón por la
cual considera que el argumento carece de pertinencia.
2.3 El Procurador General de la Nación en su concepto de
rigor, solicitó a la
Corte declarar exequible la expresión: “se
hubieren proferido en cinco o más casos análogos”, y exequible de manera
condicionada la expresión“que en materia ordinaria o contenciosa
administrativa,” “en el sentido de que se incluya como criterio obligatorio de
interpretación, con prelación sobre los demás precedentes, a los precedentes
reconocidos por la Corte Constitucional al realizar el control de
constitucionalidad, tanto abstracto como concreto” y así mismo la
exequibilidad condicionada de la expresión “encargadas de reconocer y pagar
pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores
o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos
oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o
aduaneros,”  “en el entendido de que el precedente judicial es fuente formal y
obligatoria de derecho en estos casos y en los demás casos que deban ser
estudiados por “entidades públicas de cualquier orden”, expresiones
contenidas todas en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, al analizar nuestro
sistema de fuentes consagrado en el artículo 230 Superior, y constatar que
existen dos omisiones en la norma demandada.
3.
Cuestión previa: Configuración de ineptitud sustantiva parcial de la demanda
De manera preliminar, la Sala analizará si en este
caso se configura ineptitud sustantiva de la demanda que amerite un
pronunciamiento inhibitorio dentro del presente proceso de constitucionalidad.
3.1 El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala los
requisitos para las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad,
determinando que deberán contener (i) el señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las
normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por
las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda.
3.2 De otra parte, acerca del requisito relativo de que
se expongan las razones por las cuales los textos constitucionales se
consideran violados, esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha
insistido en  la necesidad que las demandas de inconstitucionalidad sujetas a
estudio, cuenten con verdaderos cargos contra las normas acusadas.
Es
decir, para que realmente exista en la demanda  una imputación o un cargo de
inconstitucionalidad, es indispensable que estos permitan efectuar a la Corte
Constitucional  una verdadera confrontación entre la norma acusada, los
argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional
supuestamente vulnerada.
En
este orden de ideas, esta Corporación ha entendido que los cargos de
inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y
suficientes[1].
Pues
bien, los cargos serán claros si permiten comprender el concepto de
violación que se pretende alegar.  Para que dicha comprensión se presente por
parte del juez de constitucionalidad, no solo  es forzoso que la argumentación
tenga un hilo conductor, sino que quien la lea –en este caso la Corte
Constitucional- distinga con facilidad las ideas expuestas, las razones
esbozadas, que los razonamientos sean sencillamente comprensibles. Para esto,
es necesario que la argumentación del actor constitucional se desenvuelva de
una manera lógica, coherente y congruente, de tal manera que no presente
confusión, o ambigüedad.
En
cuanto a la certeza, los cargos gozarán de esta en dos aspectos
diferentes: i) en primer lugar, siempre y cuando las acusaciones se realicen
respecto de una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, y
ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; ii)  en segundo
lugar, serán ciertos los cargos elevados, siempre y cuando ellos no constituyan
inferencias o consecuencias subjetivas derivadas por el actor respecto de las
disposiciones demandadas, al extraer de éstas efectos o implicaciones jurídicas
que las normas no contemplen objetivamente dentro de su ámbito normativo. En
este sentido, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas
devienen objetivamente del “texto normativo“.  Así las cosas, los
supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del
demandante respecto de la norma demandada no podrán constituir un cargo cierto.
La especificidad como parámetro de los cargos y
razonamientos de la demanda, exige que éstos deban mostrar sencillamente una
acusación de inconstitucionalidad de manera concreta contra la
disposición atacada.  Así las cosas, los cargos de inconstitucionalidad deben
dirigirse mediante acusaciones concretas directamente contra la norma demandada
y no pueden sustentarse en exposiciones vagas,  indeterminadas, indirectas,
abstractas y globales, que en cuanto tales, no permitan directamente
realizar un juicio de constitucionalidad.  En resumen, este parámetro pretende
que el cargo realizado sea efectivamente de inconstitucionalidad y que sus
fundamentos sean específicos, determinados, concretos, precisos y particulares
en relación a la norma acusada.
En igual forma, los cargos deben ser pertinentes.  A
parte de que los cargos no pueden ser confusos, inciertos, vagos, abstractos e
indeterminados, es necesario que éstos efectiva y realmente ostenten una naturaleza
constitucional. Esto significa, (i) de un lado, que los cargos contrapongan
normas de inferior categoría a las normas constitucionales; (ii) de otro lado,
que los razonamientos que se esbocen sean de orden constitucional, esto es,
respecto de la vulneración del contenido normativo de las normas de superior
jerarquía. Por esta razón, no podrán ser aceptados cargos basados en argumentos
legales, doctrinarios, políticos, concepciones del bien, contextuales o de
conveniencia. De igual manera, no aparejan pertinencia aquellos cargos que
pretenden sustentar la inconstitucionalidad de la norma acusada en relación con
su aplicación práctica, o que tenga relación con situaciones de hecho,
y que se base por tanto en ejemplos, acaecimientos particulares,  hechos
personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias, en
las que hipotéticamente se aplicó o será aplicada la norma demandada.
Finalmente, los cargos deben ser suficientes.
La suficiencia de los cargos de constitucionalidad hace referencia a que la carga
argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de una forma
mínima y proporcional al objetivo de demostrar la inconstitucionalidad del
enunciado normativo demandado. De esta manera, se deben exponer razonamientos
lo bastante fundados para que pueda pretender desvirtuar la presunción de
constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico, presunción de
corrección frente al texto constitucional que se deriva del principio
democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento
democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento
de un estudio de constitucionalidad.
El cumplimiento de los anteriores requisitos aseguran
entonces que los cargos presentados en la demanda “despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad
de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional“[2].
Cuando estos requisitos no se cumplen, existe ineptitud sustantiva
de la demanda por inexistencia de cargos de constitucionalidad, y la Corte no
puede entrar a pronunciarse de fondo respecto del litigio constitucional
planteado.
Pasa
la Corte a estudiar si las impugnaciones presentadas por la demanda en esta
oportunidad satisfacen estos criterios para constituir verdaderos cargos de
constitucionalidad.
3.3
En el proceso que ahora nos ocupa la
Corte encuentra que los cargos presentados en contra de la expresión “encargadas
de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y
salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados
con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en
conflictos tributarios o aduaneros, …” y en contra de la expresión “que
en materia ordinaria o contenciosa administrativa”, contenidas en el
artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, constituyen verdaderos cargos de
constitucionalidad, ya que logran despertar una duda acerca de la
constitucionalidad de las mismas, exponiendo de manera clara, cierta,
pertinente y suficiente, el porqué considera que presuntamente estas
expresiones vulneran los artículos 2º, 4º, 13, 83, 209, 230 y 241 de la Carta
Política, así como los principios de economía, celeridad y eficiencia de la
Administración Pública.
Así,
en el libelo se argumenta que con estas expresiones demandadas (i) se reduce el
ámbito de aplicación del precedente jurisprudencial a tan solo 6 materias,
excluyendo otras controversias, de manera que con ello se vulneraría los
artículos 13, 83 y 209 C.P.; (ii) se restringe el precedente judicial a la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado,
excluyendo la jurisprudencia constitucional que fija el alcance de los derechos
fundamentales; y (iv) por tanto, resultan también violatorias de los principios
de economía, celeridad y eficiencia.
3.4 Otra cosa sucede en relación con el cargo presentado
respecto de la expresión “en cinco o
más casos” contenida igualmente en el artículo 114 de la ley 1395 de 2010, ya
que respecto de esta expresión la Corte encuentra que no existe un verdadero
cargo de inconstitucionalidad, por cuanto el argumento presentado en el libelo carece de la claridad, certeza, especificidad y
suficiencia exigidas para fundamentar el concepto de la violación de la Constitución
por la expresión demandada, razón por la cual la Sala considera que en lo que
concierne a esta expresión se configura ineptitud sustantiva de la demanda.
En
este sentido, constata la Sala que si bien el demandante invoca como vulnerado
el artículo 230 de la Carta Política, no expone de manera cierta, específica y
suficiente, las razones por las cuales la citada expresión normativa desconoce
este precepto superior.  La demanda se limita a afirmar que con la expresión
demandada el Legislador fija una exigencia de cinco (5) pronunciamientos para
que se estructure precedente jurisprudencial y sea aplicado por la
administración pública, lo cual en su criterio, sustituye el parámetro ordinario
que determina la aplicación del precedente judicial y vulnera el artículo 230 C.P., pero no desarrolla la carga argumentativa mínima y necesaria para demostrar tal aserto.
Por
consiguiente, la Corte encuentra que la demanda no presenta los argumentos de
manera clara, cierta, específica y suficiente, para fundamentar la acusación
realizada respecto de la expresión demandada, por las siguientes razones:
(i) Falta de claridad: la argumentación
de la demanda carece de claridad, por cuanto es un razonamiento que no permite
comprender cuál es el concepto de la violación alegada, y por tanto no
posibilita el entendimiento del razonamiento expuesto y la identificación de
manera clara de la razón de la vulneración de la Constitución.
Así, la exposición presentada no permite identificar una
hipótesis de contradicción normativa entre la disposición acusada y el enunciado
normativo constitucional, por cuanto no se logra consolidar un problema de
constitucionalidad que tenga un mínimo de fundamento argumentativo.
(ii)
Falta de certeza: De otra parte, el
cargo no goza de certeza por cuanto los
argumentos esbozados constituyen interpretaciones, inferencias o deducciones
subjetivas respecto del alcance de la disposición demandada. De esta
manera, el razonamiento presentado corresponde  a una apreciación subjetiva y
no responde a un análisis objetivo en relación con la posibilidad de que el
Legislador fije una tasa legal respecto del número de sentencias requeridas
para que se constituya precedente judicial en el ámbito administrativo.
(iii) Falta de pertinencia: De otra parte, los argumentos presentados en la
demanda no ostentan una naturaleza constitucional, por cuanto son
argumentos de carácter práctico o de conveniencia, de manera que
se presenta una convicción personal por la cual encuentra conveniente
que no se fije una determinada tasa legal para constituir precedente judicial
en materia administrativa.
(v) Falta de suficiencia: Finalmente, encuentra la Sala que el razonamiento
planteado en la demanda no es suficiente, por cuanto no desarrolla mínima
y satisfactoriamente la carga argumentativa que le corresponde, de
tal manera que logre despertar en el juez constitucional una sospecha fundada
respecto de la inconstitucionalidad de los enunciados normativos demandados.
Como lo explicó esta Sala, este requisito de
suficiencia de la argumentación, se deriva del principio democrático y
de las reglas formales y sustanciales del procedimiento democrático de
producción de normas, que prima facie hacen presumir la
constitucionalidad y corrección de las normas, razón por la cual sin un
suficiente desarrollo de la argumentación no es posible para el operador
constitucional adelantar un estudio de constitucionalidad.
(vi)
Por las anteriores razones, la Sala
concluye que respecto de la expresión “en cinco o más casos” contenida en el artículo 114 de la ley 1395 de 2010, se configura ineptitud sustantiva de la demanda,
razón por la cual esta Corte, en la parte resolutiva de esta sentencia, se
declarará inhibida para pronunciarse de fondo respecto de esta expresión
demandada.
4. Problema jurídico y esquema de resolución
4.1 De conformidad con lo anterior, el problema jurídico
que debe resolver la Corte en esta oportunidad se limita a establecer si las
expresiones demandadas “encargadas de reconocer y pagar pensiones de
jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados,
o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales,
daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, …”
y “que en materia ordinaria o contenciosa administrativa” contenidas en
el artículo 114 de la ley 1395 de 2010, violan los artículos 2º, 4º, 13, 83,
209, 230 y 241 de la Constitución Política, al regular la aplicación del
precedente judicial en materia administrativa, delimitando las entidades y
materias a las cuales se debe aplicar, así como refiriendo el precedente
judicial a aquel dictado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado.
4.2 Para resolver este problema, la Corte (i) reiterará
su jurisprudencia en relación con la sujeción de las autoridades
administrativas a la Constitución y la ley, y por tanto la obligación de las
autoridades administrativas de acatar el precedente judicial; (ii) la fuerza vinculante
del precedente judicial para las autoridades públicas; para luego (iii) entrar
a analizar la constitucionalidad de las expresiones demandadas.
5. La sujeción de las autoridades administrativas a la
Constitución y la ley, y la obligación de las autoridades públicas de acatar el
precedente judicial dictado por las Altas Cortes
La Corte reitera en esta oportunidad que todas las
autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier
orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y
a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se
encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas
Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y
constitucional.
5.1 La
anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades
administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato,
el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del
Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los
fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la
jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado
expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio
de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado
de ceñimiento a la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los
principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante
del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la
fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política. A este respecto, las normas
superiores disponen:
El
artículo 1º Superior consagra a Colombia como un Estado Social de
Derecho, lo que presupone el sometimiento de todas las autoridades públicas,
incluyendo a las autoridades administrativas y judiciales, a la Constitución y
la ley, así como el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en
todas las actuaciones y decisiones adoptadas por las autoridades
administrativas, en cumplimiento de la necesaria adecuación de la actividad
estatal al derecho, a los preceptos jurídicos superiores, a la ley y a la
fijación del contenido y alcance que de éstos preceptos realicen las máximas
autoridades judiciales autorizadas por la propia Carta Política para ello.
El
artículo 2 de la Carta Política establece que serán fines esenciales del
Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, así como que las autoridades de la República
están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado, finalidades superiores que se materializa en primera línea a través del
cumplimiento de la obligación de las autoridades administrativas de obedecer y
aplicar la Constitución y la ley, así como de acatar el precedente judicial o
interpretación que de la Constitución y de la ley realicen las Altas Cortes al
fijar el contenido y alcance de las mismas.
El
artículo 6º constitucional dispone que los servidores públicos serán
responsables no solo por infringir la Constitución y las leyes sino también por
la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esta norma
superior consagra una vinculación positiva de los servidores públicos a la
Constitución y la ley, de manera que todas las actuaciones de la administración
generarán responsabilidad si no se llevan a cabo con fundamento en la Carta
Política y en la ley. Por tanto, es un mandato categórico el que todos los
servidores públicos sin excepción actúen de conformidad con la Constitución y
la ley. Ahora bien, la remisión a la Constitución y a la ley o al “imperio de
la ley”, de conformidad con la interpretación que esta Corporación ha hecho de
éstas incluye también la legítima interpretación judicial del contenido y
alcance de las mismas que realizan los máximos tribunales encargados por la
propia Constitución de llevar a cabo esa tarea.
El
artículo 13 superior consagra el derecho a la igualdad en su modalidad
de trato ante la ley y de trato por parte de las autoridades públicas, de
manera que determina que todas las personas son iguales ante la ley y recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. De esta garantía
hace parte el trato igualitario en la aplicación de la Constitución y la ley de
manera igual a los casos iguales, similares o semejantes, para lo cual es
determinante la aplicación del precedente judicial uniforme para los mismos
casos, hechos o situaciones fácticas por parte de las autoridades administrativas.
El
artículo 29 de la Carta Política consagra el derecho fundamental al
debido proceso y el principio de legalidad cuyo texto establece que el debido proceso
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y que
nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de las forma propias
de cada juicio.  La obligación de las autoridades administrativas de aplicar la
Constitución y la ley y de tener en cuenta el precedente judicial para todas
sus actuaciones y decisiones se deriva de forma directa de este mandato
superior que garantiza el debido proceso y el principio de legalidad.
El
precepto 83 Superior determina que las actuaciones de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fé, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.
El
artículo 121 Superior prescribe que “ninguna autoridad del Estado
podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
ley”, reiterando la sujeción de todas las autoridades públicas a la
Constitución y a la ley, así como la vigencia del debido proceso y del
principio de legalidad. Con esta norma, se amplía la prescripción del artículo
6º dirigido a los servidores públicos, reiterando el sometimiento a la
Constitución y la ley, en esta ocasión para los órganos estatales en cuanto
tales.
El
artículo 123 constitucional  consagra una vinculación positiva de todos
los servidores públicos y de todas las autoridades a la Constitución, la ley y
el reglamento, en los siguientes términos: “Los servidores públicos están al
servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. Esta norma superior
(i) reitera y amplia el fundamento constitucional de la sujeción de todas las
autoridades públicas administrativas a la Constitución y a la ley; (ii) reitera
igualmente la vigencia del debido proceso administrativo y el principio de
legalidad; (iii) se encuentra en armonía con la relación de superioridad
jerárquica entre la Constitución, la ley y los reglamentos; e (iv) implica el
sometimiento de toda la administración pública al derecho.
El
artículo 209 de la Carta Política  prescribe que la función
administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, principios que cuyo desarrollo
resulta imperativo la aplicación de la Constitución y la ley en concordancia
con la interpretación que de ellas hagan las máximos tribunales judiciales
encargados de fijar su contenido y alcance normativo.
De
otra parte, el artículo 230 constitucional, en relación con el sistema
de fuentes colombiano, establece que las autoridades judiciales, están
sometidas al “imperio de la ley”, respecto de cuyo concepto la jurisprudencia
constitucional ha esclarecido que a partir de una interpretación armónica con
la integridad de la Constitución, incluye igualmente el precedente judicial que
determina el contenido y alcance normativo de la ley.
5.2 A partir del análisis de estas normas superiores, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido y reiterado en múltiples pronunciamientos[3] que todas las autoridades
públicas administrativas, en el ejercicio de sus funciones y para la adopción
de sus decisiones, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que sus
actuaciones se encuentran determinadas por las expresas atribuciones y
potestades asignadas constitucional y legalmente, dentro de los límites que
establece la Carta Política.
Así mismo, ha sostenido que esta
sujeción implica el necesario acatamiento de las decisiones judiciales y del
precedente judicial dictado por las Altas Cortes en la jurisdicción ordinaria,
contencioso administrativa y constitucional, por cuanto son los máximos órganos
encargados de interpretar y fijar el contenido y alcance de las normas
constitucionales y legales, interpretación que se incorpora al entendimiento y
aplicación de los preceptos jurídicos.
A este respecto ha fijado esta Corporación
las siguientes reglas jurisprudenciales:
5.2.1 Dentro de los
propósitos constitucionales que orientan la actividad de todas las autoridades
públicas se encuentra cumplir con las finalidades constitucionales del Estado
constitucional de derecho y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta, y el hecho de que la Constitución
establezca que las autoridades del Estado están encaminadas a garantizar los
principios y derechos constitucionales tiene repercusiones fundamentales
respecto de la interpretación constitucional del alcance de las potestades de
las autoridades estatales, y por lo tanto, también de la forma como dichas
autoridades deben ejercer sus funciones.
De esta manera, las potestades
constitucionales otorgadas a las autoridades públicas deben ser interpretadas a
partir del complejo dogmático de la Constitución, y el alcance de las
prerrogativas otorgadas a las autoridades públicas debe estar justificado en un
principio de razón suficiente.[4]
5.2.2 Una interpretación
adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional,
significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad
judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como
referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe
entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y
legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los
máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento
jurídico. [5]
Sobre este tema, ha resaltado la
Corte que (i) la intención del constituyente ha sido darle clara y expresa
prevalencia a las normas constitucionales –art. 4º Superior- y con ella a la
aplicación judicial directa de sus contenidos; (ii) que esto debe encontrarse
en armonía con la aplicación de la ley misma en sentido formal, es decir
dictada por el Legislador, la cual debe ser interpretada a partir de los
valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución; (iii)
que por tanto es la Carta Política la que cumple por excelencia la función
integradora del ordenamiento; (iv) que esta responsabilidad recae en todos las
autoridades públicas, especialmente en los jueces de la república, y de manera
especial en los más altos tribunales; (v) que son por tanto la Constitución y
la ley los puntos de partida de la interpretación judicial; (vi) que
precisamente por esta sujeción que las autoridades publicas administrativas y
judiciales deben respetar el precedente judicial o los fundamentos jurídicos
mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas anteriores; (vii) que
esta sujeción impone la obligación de respetar el principio y derecho de
igualdad tratando igual los casos iguales; (viii) que mientras no exista un
cambio de legislación, persiste la obligación de las autoridades públicas de
respetar el precedente judicial de los máximos tribunales, en todos los casos
en que siga teniendo aplicación el principio o regla jurisprudencial; (ix) que
no puede existir un cambio de jurisprudencia arbitrario, y que el cambio de
jurisprudencia debe tener como fundamento un cambio verdaderamente relevante de
los presupuestos jurídicos, sociales existentes y debe estar suficientemente
argumentado a partir de razonamientos que ponderen los bienes jurídicos
protegidos en cada caso; (x) que en caso de falta de precisión o de contradicción
del precedente judicial aplicable, corresponde en primer lugar al alto tribunal
precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia jurisprudencia; y (xi)
que en estos casos corresponde igualmente a las autoridades públicas
administrativas y a los jueces, evidenciar los diferentes criterios
jurisprudenciales existentes para fundamentar la mejor aplicación de los
mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, “y
optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la ley” para
el caso en concreto. [6]
5.2.3 La jurisprudencia
de esta Corte ha precisado que el respeto del precedente judicial por parte de
las autoridades administrativas hace parte del respeto del debido proceso y del
principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122
Superiores-, en cuanto (i) las autoridades están sometidas al imperio de la
Constitución y de la ley, y por tanto se encuentran obligadas a aplicar en
todas sus actuaciones y decisiones administrativas la Constitución y la ley;
(ii) el contenido y alcance de la Constitución y la ley es fijado por las altas
Cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza
vinculante; (iii) las decisiones de las autoridades administrativas no pueden
ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) el
desconocimiento del principio de legalidad implica la responsabilidad de los
servidores públicos (art. 6 y 90 C.P.-; (v) las actuaciones y decisiones de las
autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley
–art. 13 C.P.[7]
Por tanto, si existe una interpretación institucional
vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto
dicha interpretación.
5.2.4  Así
las cosas, la jurisprudencia constitucional ha concluido que todos los
funcionarios públicos, y por tanto todas las autoridades administrativas, deben
acatar el precedente judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e
interpretar las normas, en el sentido dictado por la autoridad judicial, para
todas las situaciones fácticas análogas o similares. A este respecto ha dicho:
“Esta definición de la correcta interpretación y
aplicación de una norma, frente a un caso concreto, tiene por efecto que todo
funcionario, no sólo judicial, está en la obligación de aplicar e interpretar
las normas, en el sentido dictado por el juez, de igual manera, en todo evento
en el cual la situación fáctica concuerde, en lo esencial, con los hechos
considerados al construirse la ratio decidendi.” [8] (Resalta la Sala)
En punto a este tema, ha
resaltado que el debido proceso y el principio de legalidad que debe regir la
administración pública, apareja la obligación de las autoridades
administrativas de motivar sus propios actos, obligación que incluye el
considerar explícita y razonadamente la doctrina judicial que sirve de
fundamento para cada actuación y decisión. Lo anterior, en cuanto esto (i) garantiza
la certeza por parte de los sujetos, partes y ciudadanos en relación con la ley
y la jurisprudencia, (ii) asegura una interpretación y aplicación consistente y
uniforme de las mismas, (iii) lo cual a su vez promueve la estabilidad social,
la certeza, la seguridad jurídica, y la igualdad, evitando la arbitrariedad por
parte de las autoridades administrativas.
5.2.5 De
otra parte, ha señalado esta Corte que las autoridades administrativas se
encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para
los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido
el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes
pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y
justificada. En este sentido ha dicho la Corte:
“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más
severidad cuando se trata de la administración, pues ella no cuenta con la
autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto de los Seguros
Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado
adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este
punto.” [9]
(Resalta la Sala)
En otra oportunidad dijo la Corte sobre este mimo
asunto:
“La obligatoriedad del precedente es, usualmente,
una problemática estrictamente judicial, en razón a la garantía institucional
de la autonomía (C.P. art. 228), lo que justifica que existan mecanismos para
que el juez pueda apartarse, como se recordó en el fundamento jurídico 4., del
precedente. Este principio no se aplica frente a las autoridades
administrativas, pues ellas están obligadas a aplicar el derecho vigente (y las
reglas judiciales lo son), y únicamente están autorizadas -más que ello,
obligadas- a apartarse de las normas, frente a disposiciones clara y
abiertamente inconstitucionales (C.P. art. 4).  De ahí que, su sometimiento a
las líneas doctrinales de la Corte Constitucional sea estricto”. [10]
En consecuencia, las autoridades administrativas deben
necesariamente respetar y aplicar el precedente judicial, especialmente el
constitucional y si pretenden apartarse del precedente deben justificar con
argumentos contundentes las razones por las cuales no siguen la posición del
máximo intérprete, especialmente del máximo intérprete de la Constitución. [11]
5.2.6 Acerca
del tema relativo a la interpretación de la Constitución por parte de la
administración, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, dado que
todas las autoridades se encuentran sometidas al “imperio de la ley” lo cual
significa por sobre todo al imperio de la Constitución, de conformidad con los
artículos 2 y 4 Superiores, (i) la tarea de interpretación constitucional no es
tarea reservada a las autoridades judiciales, y (iii) que dicha interpretación
y aplicación de la ley y de la Constitución debe realizarse conforme a los
criterios determinados por el máximo tribunal competente para interpretar y
fijar el contenido y alcance de los preceptos de la Constitución.[12]
Esta obligación por parte de las autoridades
administrativas de interpretar y aplicar las normas a los casos en concreto de
conformidad con la Constitución y con el precedente judicial constitucional
fijado por esta Corporación, ha sido reiterada en múltiples oportunidades por
esta Sala, poniendo de relieve el deber de las autoridades administrativas de
ir más allá de las normas de inferior jerarquía para aplicar principios,
valores y derechos constitucionales, y de aplicarlos en aras de protegerlos y
garantizarlos.[13]
5.2.7 En
relación con los parámetros de interpretación constitucional para la
administración, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que (i) la
Constitución es la norma de normas, (ii) su interpretación definitiva
corresponde a la Corte Constitucional, de conformidad con el art. 241
Superior,  (iii) que por tanto al ser la guardiana de la integridad y
supremacía de la Constitución, la interpretación que haga de ella es vinculante
para todos los operadores jurídicos, administrativos o judiciales; y (iv) que
el nivel de vinculatoriedad del precedente judicial es absoluto en el caso de
las autoridades administrativas, quienes no gozan de la autonomía que le
corresponde a los jueces. [14]
A este respecto ha dicho la Corte:
“11. La Constitución Política es una norma. Por
lo mismo, su aplicación y respeto obliga a un constante ejercicio hermenéutico
para establecer su sentido normativo. La función definitiva en esta materia
corresponde a la Corte Constitucional, conforme se desprende del artículo 241
de la Constitución. Así, al ser guardiana de la supremacía e integridad de la
Carta, la interpretación que la Corte haga del texto constitucional es
vinculante para todos los operadores jurídicos, sea la administración o los
jueces.” [15]
(Negrillas fuera de texto)
En suma, en relación con la obligatoriedad y alcance
de la doctrina constitucional, la jurisprudencia de esta Corte ha aclarado que
esta deviene de que la Constitución es norma de normas, y el precedente
constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana de la
supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no sólo para la interpretación
de la Constitución, sino también para la interpretación de las leyes que obviamente
debe hacerse de conformidad con la Carta, por eso, las sentencias de la Corte
Constitucional constituyen para las autoridades administrativas una fuente
obligatoria de derecho.
5.2.8 En
cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades administrativas,
al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado esta Corte
que éstas se enfrentan a una gama de posibles interpretaciones, frente a las
cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Constitución y a la
ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene dada en
materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción ordinaria o
Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo por el Consejo de
Estado y en materia constitucional por la Corte Constitucional. De esta manera,
una vez establecida la interpretación de la ley y de la Constitución por los
máximos Tribunales con competencias constitucionales y legales para ello, el
operador administrativo se encuentra en la obligación de seguir y aplicar el
precedente judicial, obligación que se torna absolutamente estricta cuando se
trata de decisiones de control abstracto de constitucionalidad con efectos erga
ommes.
Acerca de este tema ha dicho la Corte:
“Bajo estas consideraciones, debe admitirse que los
funcionarios públicos se enfrentan a un marco interpretativo dentro del cual
están, prima facie, en libertad de seleccionar la opción hermenéutica (sentido
normativo) que consideren ajustada al texto positivo, tanto Constitucional como
legal. El carácter prima facie de la autonomía interpretativa del funcionario,
se deriva de la existencia de funciones institucionales para fijar los sentidos
admisibles de un texto legal o constitucional. Así, en el ámbito del derecho
común, corresponde a la casación la tarea de unificar la interpretación de los
textos legales; función que, de igual manera, se ejerce en el ámbito del
derecho público por parte del Consejo de Estado. Así mismo, la interpretación
que de la Constitución hace la Corte Constitucional o las restricciones a las
interpretaciones admisibles de las normas legales que impone en sede de control[2]. Habiéndose institucionalizado una
determinada interpretación de un texto, el aplicador está en la obligación de
seguir las orientaciones de las autoridades judiciales, aunque goce de la
facultad –restringida- de apartarse de dichas interpretaciones, salvedad hecha
de las decisiones de exequibilidad que son imperativas en ciertos casos (C.P.
art. 243).” [16] (Resalta la Sala)
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha
aclarado que en aquellos asuntos o materias que eventualmente no hayan sido
interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o respecto de los
cuales existan criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades
administrativas no gozan de un margen de apreciación absoluto, por cuanto se
encuentran obligados a interpretar y aplicar las normas al caso en concreto de
manera acorde y ajustada a la Constitución y a la ley, y ello de conformidad
con los parámetros constitucionales y legales fijados por las altas Cortes, de
manera que no  desconozcan el sistema axiológico de la Constitución y de la ley
y, los parámetros que los máximos tribunales ordinarios, contenciosos y
constitucionales hayan fijado para la interpretación de la Constitución y de la
ley, interpretación de la Constitución y de la ley que debe hacerse de manera
sistemática.
A modo de ejemplo, en relación con los parámetros de
interpretación constitucional ha ser aplicados por las autoridades
administrativas, ha dicho esta Corte:
“12. Resulta claro que en los puntos que no han
sido precisamente definidos por el juez constitucional, la administración y los
jueces gozan de un razonable margen de apreciación. Dicho margen de
apreciación no es absoluto.
Al momento de interpretar la Constitución, la
administración (al igual que los restantes operadores jurídicos) está obligada
a considerar parámetros constitucionales de interpretación. En particular, ha de garantizarse que el ejercicio
hermenéutico no conduzca a la ruptura de la unidad de la Constitución, ni al
desconocimiento de los fines constitucionales, sean globales para todo el
Estado o los precisos definidos en las normas que regulan las distintas
instituciones juridico-constitucionales.” [17](Énfasis puesto por la Sala)
Por tanto, en ausencia de un precedente judicial
pacífico y consolidado en una materia, las interpretaciones que realicen los
funcionarios administrativos deben desestimarse si son arbitrarias o
irrazonables, al encontrarse en contravía de la Constitución y de la ley. La
arbitrariedad o irrazonabilidad de una interpretación realizada por una
autoridad administrativa se evidencia si (i) no resulta posible derivar de la
norma el sentido normativo propuesto; y (ii) dicha interpretación hace
nugatorios los fines, principios, valores y derechos consagrados por la
Constitución, esto es, el orden constitucional entendido de manera sistemática,
de manera que la administración se encuentra obligada tanto por los aspectos
sustanciales como procedimentales de la Carta.[18]
5.2.9 En armonía con lo hasta aquí expuesto, en amplia
jurisprudencia[19],
esta Corporación ha reconocido la fuerza vinculante de los fallos de la Corte
en ejercicio del control concreto y abstracto de constitucionalidad, y ha
sostenido que si bien la jurisprudencia no es obligatoria –art. 230 superior-
las pautas jurisprudenciales fijadas por la Corte, que tiene a su cargo la
guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, determinan el
contenido y alcance de la normatividad fundamental, de tal manera que cuando es
desconocida se está violando la Constitución, en cuanto la aplican de manera
contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad.
A
este respecto ha dicho la Corte:
“Si
bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución
Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo
la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos
los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas
deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de
una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso
administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera
contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad
a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar.” [20]( Resalta la Sala)
Este
criterio ha sido reiterado por la Corte en múltiples oportunidades, insistiendo
en las particularidades que ofrece la jurisprudencia constitucional en relación
con aquella sentada por la jurisdicción ordinaria, de manera que se insiste en
que la Corte es la encargada de fijar la interpretación auténtica de los
preceptos constitucionales, de manera que tienen un aspecto subjetivo, relativo
al caso concreto, y objetivo, que implica consecuencias generales en cuanto
determina el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o análogos.[21]
De
otra parte, la Corte ha insistido en que sus sentencias de amparo tienen una
proyección doctrinal vinculante, en cuanto se trata de interpretar la
Constitución misma, lo cual debe tener un efecto multiplicador aplicable a los
casos similares o análogos, por cuanto de lo contrario se desvirtuaría su
verdadera esencia y se convertiría tan solo en otra instancia de una
jurisdicción.[22]
5.2.10 Respecto del tema relativo a los efectos de los
fallos de control abstracto de constitucionalidad respecto de las leyes, de
conformidad con el artículo 243 constitucional, la jurisprudencia de esta Corte
ha señalado que los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y que por tanto ninguna
autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado
inexequible por razones de fondo.
En
cuanto a los efectos de los fallos de inexequibilidad, es claro que la norma
jurídica es expulsada del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada para
fundamentar ninguna actuación o decisión por parte de las autoridades públicas,
ni seguir produciendo ningún tipo de efectos jurídicos, ya que ello implica la
violación directa de la Constitución.[23]
A
este respecto la Corte sostuvo que “una
vez la Corte Constitucional declara inexequible una disposición legal, ningún
servidor público puede emitir resolución, dictamen o concepto fundado en
aquélla, por cuanto de esta manera se estaría desconociendo directamente la
Constitución. De igual manera,
una vez proferido un fallo de exequibilidad condicionado, al servidor público
le está vedado acordarle a la ley un significado distinto de aquel que la Corte
consideró que era el único ajustado a la Carta Política.” [24]
(Negrilla de la Corte)
Lo
anterior significa que por expreso mandato constitucional, todas las
autoridades públicas en Colombia, incluidas las autoridades administrativas y
judiciales, deben acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de
constitucionalidad.
Sobre
el  nivel de vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional, esta Corte ha
precisado, que es necesario distinguir entre los tres componentes básicos de
los fallos de constitucionalidad: la ratio decidendi, los obiter
dictum y el decisum.[25]
Siendo estrictamente obligatorios la decisión y la ratio decidendi que la
sustenta.   Así mismo, ha aclarado que el desconocimiento de un fallo de
control de constitucionalidad, por las autoridades públicas, tanto administrativas
como judiciales, por aplicación de una norma legal que haya sido declarada
inexequible por la Corte, puede implicar la comisión del delito de prevaricato,
y que es vinculante tanto la parte resolutiva como las consideraciones que
fundamentan de manera directa e inescindible tal decisión.[26]
5.2.11 Ahora
bien, específicamente en cuanto a la obligatoriedad de la jurisprudencia
constitucional en materia de amparo tutelar frente a las autoridades
administrativas, ha afirmado esta Corte que no son de recibo las razones de
algunas autoridades administrativas para no aplicar el precedente judicial
argumentando que las decisiones de tutela únicamente tienen efectos inter
partes, y ha insistido al efecto que si bien es cierto que la parte resolutiva
de una sentencia de tutela tiene efectos inter partes, no puede sostenerse lo
mismo respecto de la ratio decidendi, la cual es el fundamento directo e
inescindible de la decisión y en cuanto tal constituye una norma que adquiere
carácter general, y por tanto su aplicación se convierte en obligatoria para
todos los casos que se subsuman dentro de la hipótesis prevista por la regla
judicial,  en aras de garantizar el derecho a la igualdad y el debido proceso.[27]
Por tanto, la Corte Constitucional ha señalado en
múltiple jurisprudencia, la vigencia y validez de la fuerza vinculante del
precedente judicial en materia de tutela, señalando que las autoridades
públicas, tanto administrativas como judiciales, están obligadas a acatar los
precedentes que fije la jurisprudencia constitucional. Así, precisó que si bien
es cierto que la tutela no tiene efectos más allá del caso objeto de
controversia, la ratio decidendi, constituye un precedente de
obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación
fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta
aplicación de una norma. [28]
Por tanto, las autoridades públicas solo pueden apartarse de la postura de la
Corte cuando se “verifica que existen hechos en el proceso que hacen
inaplicable el precedente al caso concreto”, o que “existan elementos de
juicio no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan
desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica”, en
cuyo caso se exige una “debida y suficiente justificación”. [29]
Así
mismo, ha recabado la jurisprudencia de esta Corte, en que si bien la parte
resolutiva de los fallos de revisión obligan tan solo a las partes, el valor
doctrinal de los fundamentos jurídicos o consideraciones de estas sentencias
trasciende el asunto concreto revisado y que en cuanto fija el contenido y
alcance de los preceptos constitucionales, hace parte del concepto de “imperio
de la ley” a la cual están sujetos los jueces y las autoridades públicas de
conformidad con el artículo 230 Superior. [30]
En
síntesis, respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional, se
reitera aquí, que esta se fundamenta en (i) el respeto al principio de la
seguridad jurídica, el cual implica el respecto por las normas superiores y la
unidad y armonía de las demás normas con éstas, de manera que al ser la Corte
Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, “sus
determinaciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y
particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece
interpretaciones vinculantes de  los preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia
entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta,
ratificando la obligatoriedad no solo de la parte resolutiva sino de los
contenidos de la parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de
constitucionalidad como en el concreto, que son determinantes para la decisión
o constituyen la ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio
decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, por
cuanto “la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en
la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y
valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede
ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional”.[31] (Resalta la
Sala)
5.2.12
Finalmente, es relevante mencionar que la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que el desconocimiento del precedente judicial, especialmente de
orden constitucional, termina afectando derechos fundamentales de los
destinatarios de las normas, de manera que en estos casos, la Corte podrá
conocer estos casos por vía de tutela, cuando (i) la interpretación realizada
por el funcionario administrativo es abiertamente irrazonable o arbitraria,
(ii) el funcionario ha desconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional
tanto en sede de control abstracto como en sede de control concreto de
constitucionalidad, y (iii) existe una interpretación de la Corte ajustada a la
Constitución contraria a la aplicada por el operador administrativo. [32]
Así
mismo, la Corte ha aceptado que el desconocimiento de la jurisprudencia sentada
por una Alta Corte puede conllevar, a su vez, una infracción directa de
preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general,
casos en los cuales se configura igualmente el delito de prevaricato por
acción.[33]
De
igual manera, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera
sistemática, que la acción de tutela procede cuando los jueces en sus
providencias se apartan arbitrariamente de los precedentes sentados por las
Altas Cortes (precedente vertical) o sus propias decisiones (precedente
horizontal), y que cuando se apartan del precedente horizontal o vertical deben
ofrecer un argumento suficiente que justifique el cambio, asegure la igualdad y
conjure la arbitrariedad. [34]
Por
tanto, esta Corte ha precisado que el precedente constitucional es vinculante y
que su desconocimiento por parte de los servidores públicos tanto
administrativos como judiciales, da lugar a (i) la interposición de acciones
judiciales, como la tutela, y (ii) da lugar a la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, al configurarse dicho desconocimiento
como una vía de hecho judicial.
6. Jurisprudencia constitucional en relación con la
fuerza vinculante del precedente judicial
Ahora
bien, sobre el tema relativo a la fuerza vinculante del precedente judicial[35] como fuente
de derecho, esta Corte tiene una amplia jurisprudencia en donde ha resaltado la
importancia, el papel y el grado de vinculatoriedad que le corresponde a la
jurisprudencia de las Altas Cortes y a la jurisprudencia constitucional, en el
marco del paradigma constitucional de la Constitución de 1991, que fijó un
Estado Social y Democrático de Derecho, determinó un catálogo de principios y
de derechos fundamentales como eje vertebral y núcleo esencial de la
Constitución, determinó la primacía de la Constitución y de los derechos
fundamentales, y la prevalencia del derecho sustancial.
Así,
la Corte al referirse al tema del precedente judicial como fuente de derecho
para las autoridades públicas de carácter judicial, ha hecho importantes
aclaraciones en relación con la fuerza vinculante del precedente judicial,
especialmente del precedente constitucional, y la obligación de las autoridades
en general y, de las administrativas en particular, de aplicar las leyes y
normas de conformidad con la interpretación que de ellas hayan realizado las
Altas Cortes, consideraciones que resultan relevantes para el presente estudio
de constitucionalidad.
6.1 En la sentencia C-104 de 1993, la Corte afirmó que la
diferencia entre la jurisprudencia de los demás jueces y tribunales del país y
la constitucional, es que (i) las sentencias de la Corte Constitucional, como
las del Consejo de Estado que declaren o nieguen una nulidad -art. 175 del
código contencioso administrativo- tienen efectos erga omnes, mientras
que en general las sentencias judiciales sólo tienen efectos inter partes;
de manera que (ii) la jurisprudencia de los jueces y tribunales no constituyen
un precedente obligatorio[36],
constituyendo solo un criterio auxiliar –art. 230 Superior-, mientras que “la
jurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa juzgada constitucional -art.
243 CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para efectos de la expedición o
su aplicación ulterior.”
6.2 Mediante la sentencia C-113 de 1993, la Corte estudió
el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que regula los efectos de los fallos
de la Corte en asuntos de constitucionalidad, para concluir que (i) las
decisiones en firme de la Corte son de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades, además de las decisiones que recaigan en las acciones públicas de
inconstitucionalidad, las cuales tienen efecto erga omnes, por la
naturaleza misma de la acción y  por su finalidad; (ii) en relación con el
inciso segundo que fijaba los efectos de las decisiones de la Corte en cuanto
determinaba que éstas sólo podían tener efectos hacia el futuro, salvo en tres
materias: penal, policiva y disciplinaria, para garantizar el principio de
favorabilidad, la Corte afirmó que sólo esta Corporación, con fundamento en la
Constitución, puede en la misma sentencia, señalar los efectos de sus
sentencias, máxime cuando se trata de las sentencias dictadas en asuntos de
constitucionalidad. Esto encuentra fundamento en el claro mandato superior del
artículo 241 C.P. a esta Corporación de guardar la  "integridad  y
supremacía de la Constitución", en cuyo desarrollo la Corte debe fijar los
efectos de sus sentencias.
6.3 En la sentencia C-131 de 1993, esta Corporación estudió
la exequibilidad del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, el cual señala los
requisitos para presentar una acción de inconstitucionalidad, y de una
expresión del artículo 23 de la misma normativa, la cual señalaba que la
doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte “será
criterio auxiliar obligatorio para las autoridades y corrige la jurisprudencia”.
Mediante
este pronunciamiento, la Corte analizó en primer lugar, las características
formales del ordenamiento jurídico, al ratificar el principio de supremacía de la
Constitución, y reconocer que la Constitución es norma de normas –art. 4
Superior-, y reiterar la estructura piramidal, jerárquica o estratificada de
las normas dentro del ordenamiento jurídico, de manera que las normas
inferiores deben ajustarse a las superiores y finalmente todas deben ajustarse
a la norma de normas o Constitución, que
es norma normarum.
De
otra parte analizó el tema de las fuentes del derecho las cuales pueden ser
formales o materiales. En cuanto a las fuentes formales del derecho, se refirió
al contenido del artículo 230 Superior, para aclarar que las fuentes están
constitucionalmente clasificadas en dos grupos que tienen diferente jerarquía:
(i) una fuente obligatoria: el "imperio de la ley" (inciso 1°), y
(ii) las fuentes auxiliares: la equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina (inciso 2°). Aclaró la Corte en esa
oportunidad que por "imperio de la ley" debe entenderse “ley en
sentido material -norma vinculante de manera general- y no la ley en sentido
formal -la expedida por el órgano legislativo-. Ello por cuanto, según se vió,
la primera de las normas es la Constitución -art. 4° CP-“.
En
tercer lugar, al referirse a la cosa juzgada constitucional la Corte precisó
que el artículo 243 C.P. implica tanto que las sentencias de constitucionalidad
de la Corte (i) tienen efectos erga
omnes y no simplemente inter
partes, (ii) obligan por regla general para todos los casos futuros y no
sólo para el caso concreto, (iii) tienen certeza y seguridad jurídica, en
cuanto no se puede juzgar nuevamente por los mismos motivos, y los fallos de
constitucionalidad no pueden ser nuevamente objeto de controversia; y (iv) a
diferencia del resto de los fallos, la cosa juzgada constitucional tiene
expreso y directo fundamento constitucional -art. 243 CP-. En este sentido
concluyó que “Todos los operadores jurídicos de la República quedan
obligados por el efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la
Corte Constitucional.”
En
este pronunciamiento la Corte reiteró el criterio fijado en la sentencia C-104
de 1993, en cuanto a las  diferencias entre la jurisprudencia de los demás
jueces y tribunales del país y la jurisprudencia constitucional, respecto de
los efectos erga omnes, y su efecto vinculante u obligatoriedad.  En
punto a este tema, se resolvió la pregunta de si las sentencias de la Corte
Constitucional son fuente obligatoria –art. 230 inciso 1º C.P. o un criterio
auxiliar –art. 230 inciso 2º, a favor de la primera opción, es decir, las
sentencias de la Corte Constitucional son fuente obligatoria para las
autoridades. En punto a este tema sostuvo la Corte:
“Para
esta Corporación es muy claro que la respuesta a tal pregunta no es otra que la
de considerar que tal sentencia es fuente obligatoria. Así lo dispone el
artículo 243 superior precitado e incluso el inciso 1° del artículo 21 del
Decreto 2067 de 1991, que dice: Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de
obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares” (negrillas
fuera de texto).
En
cuarto lugar, sobre el tema relativo a las partes de la sentencia de
constitucionalidad que tienen la fuerza de la cosa juzgada, este fallo reiteró
que la parte resolutiva goza de cosa juzgada explícita, por expresa disposición
del artículo 243 de la Constitución, y gozan de cosa juzgada implícita algunas
consideraciones de la parte motiva que guarden unidad y relación directa con la
decisión, los cuales “son también obligatorios y, en esas condiciones, deben
ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia”.
En
quinto lugar, este pronunciamiento se refirió a los fundamentos de la cosa
juzgada implícita, respecto de lo cual dijo la Corte que son “.. dos los
fundamentos de la cosa juzgada implícita: primero, el artículo 241 de la Carta
le ordena a la Corte Constitucional velar por la guarda y supremacía de la
Constitución, que es norma normarum, de conformidad con el artículo 4° idem. En
ejercicio de tal función, la Corte expide fallos con fuerza de cosa juzgada constitucional,
al tenor del artículo 243 superior. Segundo, dichos fallos son erga omnes,
según se desprende del propio artículo 243 constitucional.” Desconocer esta
cosa juzgada desconocería la interpretación y sentido que esta Corporación como
suprema guardiana de la Constitución le otorga a las normas cuando las
encuentra conformes o inconformes con la Constitución, y atentaría contra la
seguridad jurídica dentro de un ordenamiento normativo jerárquico, como
claramente lo es el colombiano por disposición del artículo 4° superior. Así
mismo, en esta sentencia la Corte distinguió entre cosa juzgada explícita y
cosa juzgada implícita.
Finalmente,
en esa misma oportunidad, la Corte reiteró el criterio jurisprudencial fijado
en la sentencia C-113 de 1993, en cuanto a que “sólo la Corte
Constitucional, ciñéndose a la preceptiva superior, puede fijar los alcances de
sus sentencias. (…)” razón por la cual concluyó que la norma no podía
regular sin violar la Constitución los efectos de los fallos de esta
Corporación, cuya determinación le compete exclusivamente a la Corte Constitucional
de conformidad con el artículo 241 Superior.
6.4 En otra ocasión, mediante la sentencia C-083 de 1995, la Corte declaró exequible el
artículo 8° de la Ley 153 de 1887[37],
norma preconstitucional respecto de la cual se trataba de dilucidar si había
operado el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviviente. En esta
oportunidad la Corte (i) consideró que en el derecho no hay lagunas, por cuanto
existiendo jueces existe también la posibilidad de una valoración jurídica para
cada conducta en concreto; (ii) analizó la jurisprudencia constitucional a
partir de los conceptos de analogía, doctrina constitucional y reglas generales
del derecho,  y distinguió entre la función interpretativa e integradora de la doctrina.
En
esta decisión, la Corte se refirió a las fuentes formales o modos de creación
del derecho, considerando que son fundamentalmente dos las maneras de creación
de las normas jurídicas generales: la legislación y la costumbre. Respecto del caso
específico del ordenamiento jurídico colombiano, hizo un análisis del artículo
demandado con el artículo 230 Superior.
En
relación con la doctrina constitucional, la Corte encontró razonable que siendo
las normas constitucionales fundamento de los fallos, la aplicación de las
normas superiores se realice teniendo en cuenta la interpretación que de ellas
haya hecho su intérprete supremo, de conformidad con el artículo 241 Superior, con
fundamento en que, quien aplica la Constitución aplica la ley en su expresión
primara, esto es, la ley de leyes.  Aclaró sin embargo, que de conformidad con
el artículo 4º de la ley 69 de 1896 la jurisprudencia del máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria constituye pauta optativa para los jueces.
Con
base en lo anterior, la Corte concluyó que el artículo 8 de la ley 153 de 1887
se encontraba ajustado al artículo 230 de la Constitución, en razón a que lo
que hace este artículo es referir a las normas constitucionales como fundamento
inmediato de la sentencia, y a la jurisprudencia constitucional, lo cual
constituye una exigencia razonable que garantiza la seguridad jurídica y cumple
una función integradora.
En
este mismo fallo, la Corte se refirió a las reglas generales de derecho, y la
diferenciación entre reglas y principios, y a los principios generales del derecho,
consagrados en el artículo 230 de la Carta de 1991.
6.5 En otra oportunidad, mediante la sentencia C-037 de
1996, al estudiar la Ley 270 de 1996 o ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, y en lo pertinente para el presente estudio de constitucionalidad, al
analizar los artículos 45 y 48 de esa normativa, esta Corporación declaró
inexequibles algunas expresiones de estos artículos, como las expresiones
relativas a las condiciones para los efectos retroactivos de las sentencias de la
Corte contenidas en el artículo 45[38],
así como la exequibilidad condicionada del numeral segundo del artículo 48, y
la inexequibilidad de algunas expresiones del numeral primero del artículo en
comento.
En
esta decisión la Corte advirtió que además de la parte resolutiva de los fallos
de constitucionalidad, las expresiones de la parte motiva de éstos que guarden
“una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva”
tienen fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos.
En
relación con el artículo 45 sobre las reglas para fijar los efectos de las
sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad,
en este fallo se reiteró la jurisprudencia fijada sobre el artículo 241 de la
Carta Política, respecto de la naturaleza e implicaciones del control de
constitucionalidad, y los efectos de las decisiones adoptadas en el ejercicio
de su competencia, insistiendo en que solo la Corte puede definir los efectos
de sus sentencias, para finalmente concluir que “el legislador estatutario no podía delimitar ni
establecer reglas en torno a las sentencias que en desarrollo de su labor
suprema de control de constitucionalidad ejerce esta Corte.” Por esta razón, se declaró únicamente la
exequibilidad de la expresión “Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a
menos que la Corte resuelva lo contrario”, contenida en el artículo que se
examinaba y el resto de la norma se declaró inexequible.
En
cuanto al artículo 48[39]
que fija el alcance de las sentencia en el ejercicio del control
constitucional, se reiteró que es la Corte la suprema autoridad encargada en
virtud del artículo 241 superior de interpretar y de definir los alcances de
los preceptos contenidos en la Carta Política, razón por la cual resultaba
inconstitucional que la norma pretendiera que solo el congreso interpretara por
vía de autoridad, lo cual es válido en relación con la ley pero no con el texto
constitucional.
Respecto
de los efectos y alcances de las sentencias de la Corte, esta Corporación
reiteró los criterios fijados en la sentencia C-131 de 1993, en cuanto a la
cosa juzgada constitucional y sus características como a) tener efectos erga
omnes y no solo inter partes, b) su obligatoriedad para todos los casos
futuros e imposibilidad de volver a juzgar por los mismos motivos, c) la
vinculatoriedad de las decisiones para todos los operadores jurídicos, y d) la
obligatoriedad de la parte resolutiva y de la parte motiva que tenga relación
directa con la decisión.
En
relación con el tema de la doctrina constitucional, en este fallo se reiteró lo
ya expuesto por la sentencia C-083 de 1995, razón por la cual se declaró la
exequibilidad de la norma por cuanto (i) solo es de obligatorio cumplimiento la
parte resolutiva de las sentencias de la Corte, y (ii) la parte motiva
constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de
las normas de derecho en general, y solo tendrán fuerza vinculante los
conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa
e inescindible con la parte resolutiva.
Acerca
de la vinculatoriedad de las sentencias de constitucionalidad en control
concreto o fallos de tutela, la Corte precisó que (i) si bien estas decisiones
solo tienen efectos para las partes en los procesos en concreto, (ii)  la
doctrina constitucional que fija el contenido y alcance de los derechos
constitucionales, trasciende las situaciones concretas y constituyen pauta que
unifica y orienta la interpretación de la Constitución, (iii) en razón de que
debe existir un equilibrio y armonización entre los principios de independencia
judicial y de igualdad en la aplicación del derecho, ésta última a través la
función unificadora de la doctrina de las altas cortes y especialmente de la
doctrina constitucional.
6.6 En la sentencia C-836
de 2001, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 69 de
1896, que precisa la noción de “doctrina probable”, su alcance y
aplicación, a partir de cuyo análisis la Corte realizó importantes precisiones
que son relevantes para el presente estudio de constitucionalidad.
(i)
En este pronunciamiento[40]
la Corte al analizar el alcance de los artículos 230 y 228, en armonía con los
artículos 113 sobre colaboración armónica de los diversos órganos del Estado,
el principio de igualdad –art. 13 C.P.- y la prevalencia del derecho
sustancial, se planteó la pregunta acerca de cuál era el sentido que debía darse
al sometimiento de los jueces al imperio de la ley y a la autonomía de éstos en
la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.
A
este respecto, esta Corporación precisó que la función judicial, así como la
función de todas las autoridades públicas, y por lo tanto, también las
atribuciones y potestades asignadas constitucional y legalmente para cumplirla,
deben entenderse enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta.
Por esta razón, enfatizó en que
una interpretación correcta del concepto de autonomía de los jueces, debe estar
mediada por el concepto de sometimiento de los jueces a la Constitución y a la
ley, cuya finalidad es la garantía de los principios y derechos fundamentales,
y al principio de razón suficiente, de tal manera que esta potestad no puede
entenderse hasta el extremo de implicar el desconocimiento de estos principios,
derechos  y deberes.
(ii) Respecto del valor normativo
de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y la garantía de la igualdad,
esta Corporación entendió que la expresión “imperio de la ley” a la cual
están sometidos los jueces, de conformidad con el artículo 230 C.P. se debe entender bajo la égida de dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la
igualdad de protección de trato por parte de las autoridades. Así mismo,
resaltó la función interpretativa del juez como un papel creador que tiene una
justificación teleológica, sustancial y normativa en el Estado Social de
Derecho.
En esta sentencia la Corte afirmó
que la función creadora del juez mediante su jurisprudencia se lleva a cabo a
través de la construcción y ponderación de principios de derecho, que informan
el ordenamiento jurídico a través de la tarea de interpretación e integración
del ordenamiento jurídico, y que es allí precisamente donde radica la
importancia de la tarea del juez y del precedente judicial.
(iii) Acerca de la fuerza vinculante
de la doctrina dictada por la Corte Suprema, la Corte encontró que esta
proviene de (a) la autoridad constitucional que le es otorgada y su función de
unificador de la jurisprudencia ordinaria; (b) de la obligación de los jueces
de materializar la igualdad de trato frente a la ley y de trato por parte de
las autoridades; (c) del principio de buena fé; y (d) del carácter decantado de
la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido,
confrontándola continuamente con la realidad social que pretenda regular.
En este último fundamento, encontró
la Corte la razón de la figura de “doctrina probable” constituida por un número
plural de decisiones judiciales, las cuales han sido formuladas aplicando la
ley a situaciones sociales concretas y por tanto fijando el alcance de la misma
frente a dichas situaciones. Frente al carácter probable de esta doctrina, la Corte
evidenció que tres decisiones sobre un mismo punto de derecho pueden no ser
suficientes para dar certeza a los jueces sobre el alcance interpretativo de la
ley, pero no puede ser óbice para desconocer las interpretaciones que hace la
Corte Suprema de Justicia.
(iv) De otra parte, constató la
Corte que el fundamento constitucional de la vinculatoriedad de la doctrina
elaborada por la Corte Suprema se encuentra en últimas en el derecho a la
igualdad ante la ley y la igualdad de trato, que se materializa a través de las
decisiones judiciales fundadas en interpretaciones uniformes y consistentes, y
no se podría garantizar si existiera una discrecionalidad absoluta de los
jueces para interpretar y aplicar la ley. Sostuvo que la discrecionalidad no se
puede confundir con el concepto de autonomía judicial, la cual debe
necesariamente ejercerse y desarrollarse en armonía con los principios y
derechos de la Carta, especialmente con el derecho a la igualdad, ya que solo a
través de una interpretación y aplicación consistente, coherente y uniforme de
la ley se pueden garantizar los principios y derechos constitucionales. Una
actuación contraria de los jueces, so pretexto de su autonomía judicial sería
arbitraria y se encontraría en clara contravía de la Carta Política.
(v) Adicionalmente, este falló
señaló que no solamente la garantía de la igualdad, desde un punto de vista
material, justifica la obligación de los jueces y de la Corte Suprema de seguir
formalmente las decisiones de ésta última, sino que también lo hace, desde un
punto de vista formal, la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la
confianza legítima en la administración de justicia, cuya garantía es
inaplazable para el ejercicio de las libertades individuales.
Resaltó esta Corporación, que la
certeza que puedan tener los ciudadanos y la comunidad jurídica acerca de las
decisiones similares de las autoridades es una garantía basada en el principio
de seguridad jurídica, ya que la previsibilidad de la interpretación y
aplicación de la ley en las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido
material de los derechos y obligaciones, certeza que tiene un valor
indiscutible para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de
las personas, razón por la cual se excluye la posibilidad de cambios
arbitrarios de la jurisprudencia.[41]
Por el contrario, la falta de seguridad jurídica conduce a la anarquía y al
desorden social, razón por la cual tampoco puede aceptarse la facultad omnímoda
de los jueces para interpretar la ley, sino que estas decisiones deben
considerar la doctrina de la Corte Suprema.
(vi) Así mismo, en la sentencia
reseñada se insistió en que, desde un punto de vista subjetivo, la seguridad
jurídica también está relacionada con la buena fé, consagrada en el artículo 83
de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Esta
máxima se aplica en general para toda la actividad del Estado, y con mayor
razón de la actividad judicial.[42]
(vii) En relación con la
vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Suprema frente a los jueces
inferiores, encontró la Corte que ésta se fundamenta por el principio de
república unitaria –art.1º- que implica la unidad del ordenamiento jurídico. Así
mismo, reiteró el importante papel que cumple la unificación de la
jurisprudencia, que da unidad al ordenamiento jurídico, tanto en la
jurisdicción ordinaria, en la contencioso administrativa y en la
constitucional.
(viii) De otra parte, en materia
de unificación de la jurisprudencia en materia de control concreto de
constitucionalidad en fallos de tutela, esta Corte estableció que aunque los
efectos jurídicos de la parte resolutiva de un fallo de revisión obligan a las
partes, el valor doctrinal de los fundamentos jurídicos y consideraciones de
estas sentencias trasciende el asunto revisado, interpretación que hace parte
del “imperio de la ley” a que están sujetos los jueces de conformidad con el
artículo 230 C.P..  Así mismo, enumeró los múltiples fines constitucionales que
cumple la uniformidad de la jurisprudencia, entre los cuales se encuentra la
promoción de (a) los derechos y la justicia material, (b) la confianza,
credibilidad y buena fé, (c) la unificación de la interpretación razonable y la
disminución de la arbitrariedad, (d) la estabilidad y seguridad jurídica, entre
otros. [43]
(ix) Encontró la Corte
igualmente, que es a los jueces y especialmente a la Corte Suprema de Justicia,
como máximo tribunal, al que le corresponde la función de unificar la
jurisprudencia nacional a través de la interpretación del ordenamiento
jurídico. A este respecto explicó esta Corte, que dada la necesidad de que la
jurisprudencia se adapte a las realidades jurídicas y sociales, no se le puede
dar una obligatoriedad tan estricta que implique la petrificación del derecho.
Sobre
el cambio de jurisprudencia se aceptó la posibilidad de variar el precedente
judicial para evitar la petrificación y corregir eventuales errores o
equivocaciones, o dar una interpretación más progresiva o garantista de los
valores y derechos constitucionales, o adecuar a las cambiantes necesidades
socio-jurídicas.[44]
(x) En relación con el tema
acerca de qué partes de las sentencias tienen fuerza normativa, la Corte (i) reiteró
la distinción entre las consideraciones obiter dicta y las ratio
decidendi que constituyen los fundamentos jurídicos necesarios y
suficientes, relacionados directa e inescindiblemente con la decisión sobre un
determinado punto de derecho; y (ii) concluyó que sólo estas últimas
consideraciones resultan criterio obligatorio, mientras que los obiter dicta
constituyen criterio auxiliar de la actividad judicial, de conformidad con el
artículo 230 Superior.
(xi)
Finalmente, en esa sentencia, la Corte resaltó que la aplicación del precedente
judicial tiene  claras implicaciones para la garantía de la igualdad de trato,
ya que “en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que
las autoridades deben otorgar  a las personas  supone además una igualdad en la
interpretación y aplicación de la ley”.  Así mismo, y ante la pregunta de
si los jueces deben aplicar el precedente judicial sentado por el órgano de
cierre de la jurisdicción, la Corte sostuvo que “cuando no ha habido un
tránsito legislativo relevante, los jueces están obligados a seguir
explícitamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en todos los
casos en que el principio o regla jurisprudencial sigan teniendo aplicación”.
6.7 Mediante la sentencia C-335 de 2008, la Corte al
estudiar la exequibilidad del artículo 413 del Código Penal, que establece el
tipo penal de prevaricato por acción, reiteró su jurisprudencia al reafirmar el
carácter vinculante de la jurisprudencia que redunda en (i) una mayor
coherencia del sistema jurídico, (ii) garantiza el derecho a la igualdad de
trato y (iii) contribuye a la seguridad jurídica.
En
esta decisión, la Corte analizó el contenido y alcance del delito de
prevaricato por acción, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia y, aclaró que en algunos casos se incurre en
este delito no por desconocer la jurisprudencia sentada por una alta Corte, la
cual constituye una fuente autónoma de derecho, sino porque el apartarse de
ella implica una vulneración directa de las normas constitucionales o legales o
de un acto administrativo de carácter general, esto es, “no por desconocer
simplemente la jurisprudencia sentada por una Alta Corte, considerada ésta como
una fuente autónoma del derecho, sino porque al apartarse de aquélla se comete,
a su vez, una infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de
un acto administrativo de carácter general”.
Así,
este fallo analizó el tipo penal de conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia al respecto.  En lo relevante para este estudio, la
Corte concluyó que de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, la expresión “ley”, contenida en el
artículo 413 del Código Penal, no debe entenderse solo como ley en sentido
formal, esto es, como “acto normativo expedido por el Congreso de la
República” sino, en armonía con la Constitución, como “norma jurídica
aplicable al caso concreto”, lo cual incluye la Constitución, la ley en
sentido formal, las normas que integran el bloque de constitucionalidad o la
jurisprudencia constitucional.
Por
tanto, a partir de una interpretación armónica de los artículos
constitucionales mediante los cuales se consagra el principio de legalidad en
Colombia, esta Corporación concluyó que “todos los servidores públicos,
incluidos por supuesto los jueces y los particulares que ejercen funciones
públicas, pueden incurrir en el ilícito de prevaricato por acción, a causa
de la emisión de una providencia, resolución, dictamen o concepto
manifiestamente contrario a los preceptos constitucionales, la ley o un acto
administrativo de carácter general.”
En
tal sentido, la jurisprudencia constitucional reiteró que el concepto de “ley”
contenido en el artículo 230 Superior, se refiere a las distintas fuentes del
derecho que deben ser aplicadas para resolver un caso concreto y como tal, bien
puede tratarse de la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter
general, y que se incurre en el delito de prevaricato si cualquier autoridad
pública emite resolución, dictamen o concepto que resulte ser manifiestamente
contrario a la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter
general.
Lo
anterior, lo coligió la Corte a partir del análisis de (i) el carácter
vinculante que presenta la jurisprudencia sentada por las Altas Cortes; (ii)
los efectos de los fallos de control de constitucionalidad sobre las leyes; y (iii)
los casos en los cuales el desconocimiento de la jurisprudencia sentada por una
Alta Corte conlleva, a su vez, una infracción directa de preceptos
constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general.
En
relación con el carácter vinculante de la jurisprudencia sentada por las Altas
Cortes, reiteró la Corte que no se puede interpretar el artículo 230 de la
Constitución, en el sentido que la jurisprudencia elaborada por las altas
Cortes constituya solo un criterio auxiliar de interpretación, sin verdadero
vinculatoriedad, por razones de (i) coherencia del sistema jurídico, (ii)
garantia del derecho a la igualdad, (iii) seguridad jurídica, (iv)
interpretación armónica de los principios de autonomía e independencia judicial
y otros principios y derechos fundamentales como la igualdad.
En
este mismo fallo, se insistió en el carácter vinculante de la jurisprudencia
constitucional, cuyo desconocimiento puede implicar incluso la responsabilidad
penal de los servidores públicos, no solo de los jueces sino de las autoridades
administrativas y de los particulares que desarrollen funciones públicas. Lo
anterior, por cuanto las pautas jurisprudenciales fijadas por la Corte, la cual
tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política,
determinan el contenido y alcance de la normatividad fundamental, de tal manera
que cuando es desconocida, se está violando la Constitución, en cuanto la
aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de
constitucionalidad.
En
suma, la Corte sostuvo en este fallo, la necesidad de abandonar una concepción
decimonónica de la jurisprudencia, insistiendo en la fuerza vinculante de la
misma, aún en un sistema jurídico de origen romanista, legislado y de tradición
continental europea, al redundar en igualdad, seguridad jurídica, garantía de
principios y derechos fundamentales.
Con
fundamento en las consideraciones expuestas, pasa la Sala a continuación a
analizar la constitucionalidad de las expresiones demandadas.
7.
Análisis constitucional de las expresiones demandadas
7.1
Alcance del contenido
normativo de las expresiones demandadas
7.1.1 El artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 determina que
las entidades públicas de cualquier orden, que se encuentren encargadas de reconocer
y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus
trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego,
vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios
o aduaneros, tendrán en cuenta para la solución de peticiones o expedición de
actos administrativos, los precedentes jurisprudenciales que en materia
ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones,
se hubieren proferido en cinco o más casos análogos.
Observa
la Sala que esta norma establece de manera general la obligación de las
entidades públicas de tener en cuenta los precedentes judiciales para sus
decisiones y actuaciones administrativas. Este precepto se compone de dos
partes normativas: (i) en una primera parte, establece los sujetos activos, esto
es, las entidades públicas de cualquier orden, de nivel nacional, regional o
local, que se encuentren encargadas de a) reconocer y pagar pensiones de
jubilación, b) prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o
afiliados, o c) se encuentren comprometidas en daños causados con armas de
fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflicto
tributarios o aduaneros; y (ii) en la segunda parte, determina el objeto de la
obligación para las entidades anteriormente identificadas, el cual se refiere, a
que deberán tener en cuenta, para la solución de sus peticiones o la expedición
de sus actos administrativos, los precedentes jurisprudenciales que en materia
ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones,
se hubieren proferido en cinco o más casos análogos.
7.1.2 Encuentra la Sala, que la primera parte de la norma
demandada delimita el sujeto activo de la obligación de tener en cuenta el
precedente judicial en dos sentidos: (i) en primer lugar, en un sentido formal de
determinación orgánica de las entidades públicas, estableciendo que la norma se
dirige a todas aquellas entidades públicas de cualquier orden, tanto de orden
nacional, como regional y local; (ii) en segundo lugar, la norma delimita el
sujeto activo en un sentido material de determinación competencial relativa a
las materias o competencias de estas entidades, estableciendo que se aplicará a
aquellas entidades encargadas de ciertos temas, materias o competencias, que
serán aquellas encargadas de a) reconocer y pagar pensiones de jubilación, b)
prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o c) que se
encuentren comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos
oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflicto tributarios o
aduaneros.
7.1.3 De otra parte, el segundo segmento de la norma delimita
el objeto de la obligación de las autoridades administrativas de tener en
cuenta el precedente judicial en tres sentidos: (i) en primer lugar, en un
sentido material, relativo a aplicar el precedente judicial para la solución de
sus peticiones o la expedición de sus actos administrativos; (ii) en segundo
lugar, en un sentido orgánico, al determinar que los precedentes
jurisprudenciales que tendrán en cuenta serán los que existan en materia
ordinaria o contenciosa administrativa; (iii) en tercer lugar, aplica el
principio de analogía, en cuanto exige que los precedentes aplicables serán los
que existan por los mismos hechos y pretensiones; y (iii) en cuarto lugar, en
un sentido procedimental, al determinar una cantidad mínima de decisiones
existentes para que se configure el precedente judicial a tener en cuenta,
exigiendo la norma que se tendrá en cuenta el precedente judicial que se
hubiere proferido en cinco o más casos análogos.
7.1.4 El libelo acusa las expresiones que contienen algunas
de las delimitaciones expuestas anteriormente: (i) en primer lugar, se demanda
la restricción respecto del sujeto activo de la obligación en cuanto a que se
aplique solamente a las entidades públicas “encargadas de reconocer y pagar
pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores
o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos
oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o
aduaneros, …” ; y (ii) en segundo lugar, se demandan las
delimitaciones que contiene el precepto respecto del objeto de la obligación de
tener en cuenta el precedente judicial, en cuanto a que dicha obligación haga
referencia solamente al precedente judicial “que en materia ordinaria o
contenciosa administrativa” por los mismos hechos y pretensiones, se
hubieren proferido en cinco o más casos análogos.
7.2 La constitucionalidad de las expresiones
demandadas
7.2.1  En
esta oportunidad, la Corte reitera nuevamente el mandato superior de sujeción
de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y por ende al
precedente judicial de las Altas Cortes, en desarrollo del Estado Social y
Constitucional de Derecho –art.1 CP-; los fines esenciales del Estado–art.2-;
la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; la sujeción de las
autoridades públicas a la Constitución -artículos 6º, 121 y 123 CP-; el debido
proceso y principio de legalidad –art.29 CP; el derecho a la igualdad –art.13
CP-; la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; los principios de la
función administrativa –art. 209 CP-; la fuerza vinculante del precedente judicial
-artículo 230 superior-; y la fuerza vinculante de las decisiones de
constitucionalidad -artículo 241 de la
Carta Política-.
7.2.2 En
desarrollo de estos preceptos constitucionales, la Sala reitera igualmente, las
reglas jurisprudenciales expuestas en detalle en la parte motiva y considerativa
de esta sentencia, que han sido fijadas y desarrolladas en múltiples
pronunciamientos de esta Corporación, entre las más importantes las siguientes:
(i) todas las autoridades públicas administrativas se
encuentras sometidas al imperio de la Constitución y la ley, por expreso
mandato constitucional, lo cual implica el necesario acatamiento del precente
judicial emanado de las Altas Cortes;
(ii) el entendimiento del imperio
de la ley, a la que están sujetas las autoridades administrativas y
judiciales, debe entenderse como referido a la aplicación del conjunto de
normas constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial
de los máximos órganos judiciales;
(iii) todas las autoridades
administrativas se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las normas a
los casos concretos de conformidad con la Constitución y la ley;
(iv) todas las autoridades
administrativas deben aplicar las normas legales en acatamiento del precedente
judicial de las Altas Cortes o fundamentos jurídicos aplicados en casos
análogos o similares, aplicación que en todo caso debe realizarse en
consonancia con la Constitución, norma de normas, y punto de partida de toda
aplicación de enunciados jurídicos a casos concretos;
(v) el respeto del precedente judicial por parte de
las autoridades administrativas se fundamenta (a) en el respeto del debido
proceso y del principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y
122 Superiores-; (b) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la
Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas Cortes,
cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (c) en
que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias
y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (d) en que el
desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad implica la
responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 y 90 C.P.); y (e) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar
la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P;
(vi) si existe por tanto una
interpretación judicial vinculante, las autoridades administrativas deben
aplicar al caso en concreto similar o análogo dicha interpretación; ya que para
estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia,
válido para los jueces;
(vii)
aún en aquellos asuntos o materias que eventualmente no hayan sido
interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o respecto de los
cuales existan criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades
administrativas no gozan de un margen de apreciación absoluto, por cuanto se
encuentran obligados a interpretar y aplicar las normas al caso en concreto de
manera acorde y ajustada a la Constitución y a la ley, y ello de conformidad
con el precedente judicial existente de las altas Cortes;
(viii) en caso de falta de
precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde, prioritariamente,
al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia
jurisprudencia;
(ix) en caso de existencia de
diversos criterios jurisprudenciales sobre una misma materia, corresponde
igualmente a las autoridades públicas administrativas, evidenciar los
diferentes criterios jurisprudenciales aplicables para fundamentar la mejor
aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en
su totalidad, y optar por la decisión que, de mejor manera interprete el
imperio de la Constitución y de la ley, para el caso  concreto;
(x)
los fallos de la Corte Constitucional tanto en ejercicio del control concreto
como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen
fuerza vinculante, en su parte resolutiva (erga ommes en el caso de los
fallos de control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para
los fallos de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio
decidendi tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas;
(xi)
el desconocimiento del precedente judicial de las Altas Cortes por parte de las
autoridades administrativas, especialmente de la jurisprudencia constitucional,
implica la afectación de derechos fundamentales, y por tanto una vulneración
directa de la Constitución o de la ley, de manera que puede dar lugar a (i)
responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria por parte de las
autoridades administrativas, (ii) la interposición de acciones judiciales,
entre ellas de la acción de tutela contra actuaciones administrativas o
providencias judiciales.
Con
fundamento en todo lo anterior, la Sala ratifica la obligación de todas las
entidades públicas y autoridades administrativas de aplicar el precedente
judicial dictado por las Altas Cortes, tanto en la jurisdicción ordinaria por la
Corte Suprema de Justicia, como en la jurisdicción contenciosa administrativa por
el Consejo de Estado, y en la jurisdicción constitucional por la Corte
Constitucional, a partir de las normas constitucionales y reglas
jurisprudenciales que fueron analizadas en detalle en la parte considerativa de
esta sentencia y que se sistematizan en este apartado.
7.2.3 En
este caso, evidencia la Sala que la norma demandada consagra la obligación por
parte de las entidades públicas de tener en cuenta el precedente judicial. Por tanto,
se trata aquí de determinar la constitucionalidad de las expresiones acusadas del
precepto normativo, a partir del anterior análisis que ha desarrollado esta
Corte en relación con la obligación de las autoridades administrativas de
acatar la Constitución, la ley y la interpretación que hagan las máximas
autoridades judiciales encargadas legítimamente de interpretarlas, y por tanto
respecto de la fuerza vinculante del precedente judicial ordinario, contencioso
administrativo y constitucional de las Altas Cortes para las autoridades
administrativas.
Así las cosas, observa la Corte que en esta
oportunidad el problema jurídico planteado hace referencia directa a la
aplicación del precedente judicial en materia administrativa, para la solución
de peticiones o expedición de actos administrativos, y no a la aplicación del
precedente en materia judicial. Estos problemas, si bien presentan unos
elementos comunes, como se puso en evidencia en el recuento jurisprudencial
realizado en la parte motiva de esta sentencia, constituyen situaciones
jurídicas bien distintas, tanto por los sujetos obligados a aplicar el
precedente, que en este caso son las autoridades administrativas, como por el
nivel de vinculatoriedad del precedente judicial, que en el caso de las
autoridades administrativas es estricto, en razón a que éstas se encuentran
sujetas, como todas las autoridades públicas y servidores públicos en el país,
a la Constitución y a la ley, más no gozan de la autonomía que se predica de
las autoridades judiciales, en virtud de la cual les es permitido a estas
últimas apartarse del precedente judicial impuesto por las Altas Cortes en
ciertos casos excepcionales y razonablemente justificados.
7.2.4 Con
fundamento en las normas constitucionales y reglas jurisprudenciales señaladas
en este fallo, la Sala encuentra, que la expresión demandada contenida en el
primer aparte normativo del artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, relativa a la delimitación
del sujeto activo de la obligación de
tener en cuenta el precedente judicial, en cuanto dicha obligación se refiere a
aquellas entidades públicas “encargadas de reconocer y pagar pensiones de
jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados,
o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales,
daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, …” es
constitucional, por las siguientes razones:
(i) Esta expresión no vulnera los artículos 2, 4, 29, 13 C.P., como alega la demanda, en tanto que si bien delimita a ciertas entidades públicas o
servidores públicos encargados de algunos temas o asuntos puntuales y
neurálgicos como las pensiones, o prestaciones sociales o salariales, o
aquellas comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos
oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios o
aduaneros, la obligación de tener en cuenta o acatar el precedente judicial, lo
hace (i) sin que esto implique una exclusión de la obligación general de todas
las autoridades administrativas de respetar la Constitución y la ley y por ende
el precedente judicial; y (ii) con fundamento en una razón constitucionalmente
válida y justificada, como es la descongestión judicial en ciertos temas que presentan
una gran relevancia jurídica y social y constituyen un problema por la
congestión judicial que han venido generando.
(ii) Así las cosas, la Corte encuentra que el artículo 114 de la
Ley 1395 de 2010 hace parte de un conjunto de medidas establecidas para
descongestionar la administración de justicia, acorde con los principios de
economía, celeridad y eficiencia de la Administración Pública (art. 209 C.P.). En efecto, el mandato legal dirigido a las entidades públicas de cualquier orden,
encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales
y salariales de sus trabajadores y afiliados, o comprometidos en daños causados
con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en
conflictos tributarios y aduaneros, de tener en cuenta para la solución de
peticiones o expedición de actos administrativos, los precedentes
jurisprudenciales, constituye un mecanismo legítimo desde la perspectiva
constitucional, para agilizar la actuación de la Administración y evitar que se
generen sobrecostos adicionales por la indexaciones y los intereses moratorios
que implican las condenas judiciales.
Esta fue precisamente la justificación aducida en la exposición de
motivos del proyecto con respecto al que sería el artículo 114 de la Ley 1395
de 2010, que evidencia la voluntad del legislador de consagrar expresamente el
deber de las autoridades administrativas de acatar y aplicar el precedente
judicial, en algunas materias especialmente neurálgicas que han producido gran
congestión judicial, por el desconocimiento del precedente judicial en casos
similares o análogos, por parte de las autoridades administrativas, a la hora
de adoptar decisiones o adelantar actuaciones administrativas.
Así, la finalidad del Legislador con la creación de
esta norma de descongestión judicial, se evidencia en la exposición de motivos del proyecto que pasó a ser la ley 1395 de 2010, en
donde se justificó el hoy artículo 114 de la ley 1395 de 2010, de la siguiente
manera:
“Sobre
el deber de acatar los precedentes. En la jurisdicción ordinaria laboral, en la
contencioso administrativa y en la constitucional, como consecuencia de las
decisiones de los jueces en acciones de tutela, se han venido trazando lineas
jurisprudenciales en determinadas materias, como, por ejemplo, pensiones de
jubilación, prestaciones sociales, daños causados con armas de fuego o
vehículos oficiales, daños causados a reclusos y entidades públicas al pago de
sumas que generan para el erario público sobrecostos adicionales por las
indexaciones y los intereses moratorios que tales condenas implican.
Hoy las justicias contencioso administrativa y laboral cuentan con más
de veinte mil procesos de esta misma naturaleza. Con mecanismos para que haya
una misma voluntad política del Estado y de entidades como CAJANAL y otras de
previsión social, se podría generar una gran descongestión en las distintas
jurisdicciones”.[45] (Resalta la Corte)
Así
mismo en la ponencia para tercer debate del mismo proyecto, en la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes, se justificó el hoy artículo 114 de la
ley 1395 de 2010, que en ese momento aparecía como artículo 75, de la siguiente
manera:
“Artículo
75. En este artículo se incluye el deber de acatar los precedentes
judiciales contenidos en cinco o más sentencias por parte de las entidades
públicas de cualquier orden, al reconocer y pagar las pensiones de jubilación,
prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o
comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños
a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, con el
propósito de disminuir la gran congestión judicial generada por los asuntos
resueltos (Por la Administración Pública) sin consideración a la amplia
interpretación que sobre estos aspectos ha trazado la jurisprudencia ordinaria,
constitucional y administrativa colombiana”[46] (Resalta la Sala)
De estas consideraciones ilustrativas, colige la Sala
que la voluntad del legislador fue la de consagrar expresamente el deber de las
autoridades administrativas de acatar y aplicar el precedente judicial, tanto
en la jurisdicción ordinaria, en la contencioso administrativa, como en la
constitucional, especialmente en algunas materias neurálgicas que han producido
gran congestión judicial a partir de las acciones judiciales que han generado,
tales como las acciones de tutela interpuestas o acciones judiciales que se han
originado por el desconocimiento del precedente judicial por parte de las
autoridades administrativas a la hora de adoptar sus decisiones o desarrollar
sus actuaciones administrativas.
Por tanto, la finalidad de la medida es claramente la
adopción de mecanismos para descongestionar la justicia colombiana, a través
del acatamiento del precedente judicial por parte de las autoridades
administrativas, especialmente en relación con ciertos temas neurálgicos, en
donde se presenten situaciones similares o análogas que tengan que decidir estas
autoridades con el fin de lograr celeridad y uniformidad a los procesos
administrativos e impedir la congestión judicial debido a la generación de
controversias judiciales por el desconocimiento del precedente judicial en
casos similares o análogos, objetivo que resulta plenamente constitucional.
(iii) En consecuencia, para la Corte, la disposición demandada
resulta acorde con el mandato superior de sujeción de las autoridades públicas
a la Constitución y a la ley (arts. 6º, 121 y 123 C.P.), el Estado Social de Derecho (arts. 1º, 2º de la C.P.), la jerarquía superior de la
Constitución (art. 4º C.P.), el debido proceso y el principio de legalidad, el
derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), la buena fe de las autoridades públicas
(art. 83 C.P.), los principios de la función administrativa (art. 209), la
fuerza vinculante del precedente judicial (art. 230 C.P.) y la fuerza vinculante de las decisiones de constitucionalidad (arts. 241 y 243 C.P.).
Así también, encuentra la Sala que la expresión demandada
se encuentra en plena armonía con el espíritu del Legislador, por cuanto la
norma lo que busca es promover la descongestión judicial y evitar futuras
controversias judiciales, por ausencia de aplicación del precedente judicial en
situaciones análogas o similares, dado que el desconocimiento del mismo puede
acarrear responsabilidad administrativa, disciplinaria o incluso penal del
funcionario público. Esto último por cuanto de conformidad con el artículo 413
de la ley 599 de 2000 o Código Penal, todo servidor público, incluidos
los que resuelven peticiones o expiden actos administrativos para definir la
situación de una persona frente a cualquier asunto, pueden incurrir en
el delito de prevaricato por acción, cuando contrarían de manera manifiesta la
ley, la cual de conformidad con la sentencia C-335 de 2008, mencionada en la
parte considerativa de este fallo, incluye las distintas fuentes del derecho
que deben ser aplicadas para resolver un caso concreto y como tal, se refiere a
la aplicación de la Constitución, de la ley en sentido formal o de un acto
administrativo de carácter general, y por tanto incluye igualmente el alcance
interpretativo del contenido y alcance normativo sentado por la jurisprudencia judicial
de las Altas Cortes.
Adicionalmente, considera la Corte que las materias de
que trata la expresión demandada, revisten una especial relevancia
constitucional, como es el caso específico de las pensiones, ya que se trata de
derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad social –art. 48
Superior-, de personas de la tercera edad, que son sujetos de especial
protección constitucional.
(iv) Ahora bien, a juicio de la Corte, la enumeración de materias
a las que se impone el acatamiento del precedente judicial no es taxativa, ya
que (a) en principio, todas las autoridades administrativas deben acatar como
regla general el precedente judicial de las Altas Cortes; (b) la norma hace
referencia a algunas materias especialmente neurálgicas para el tema de la
congestión judicial; (c) por tanto la norma no excluye la obligación de las
autoridades administrativas de respetar el precedente judicial en otras
materias o asuntos administrativos; y (d) finalmente, el propio Legislador, en
la medida en que lo considere necesario y conveniente, podrá ir extendiendo esta
obligación a otras cuestiones, conforme a la teoría del derecho viviente.
(v)
De conformidad con lo anterior, a juicio de esta Sala, la norma tiene
igualmente fundamento constitucional en la doctrina del derecho viviente,
respecto de la cual se ha pronunciado esta Corte en amplia jurisprudencia[47]. Esta
doctrina hace referencia al alcance de las interpretaciones judiciales de
disposiciones legales, las cuales pueden llegar a constituir derecho viviente,
en cuanto se trate de interpretaciones judiciales (i) consistentes, aunque no
necesariamente idénticas o uniformes; (ii) consolidadas, de forma que se
refieran a reiteraciones de una misma línea jurisprudencial y se hayan
extendido en la correspondiente jurisdicción; y (iii) relevantes, en cuanto
fijen el alcance y efecto normativo del precepto jurídico de que se trate. Esta
teoría ha tenido especial relevancia para esta Corte, en la determinación de la
procedencia de demandas de inconstitucionalidad respecto de interpretaciones
judiciales de normas legales. De esta forma, la Corte ha aceptado que en
ciertos eventos, en los que la interpretación judicial de un precepto legal que
cumpla con los requisitos señalados, se genera un derecho viviente.
(vi) Con fundamento en lo expuesto, evidencia esta Corporación
que la delimitación fijada por el Legislador respecto de ciertas entidades
públicas, autoridades administrativas encargadas de ciertas materias, encuentra
justificación constitucional, ya que (i) es una medida que coadyuva en procesos
de descongestión judicial, sin perjuicio de la obligación general de todas las
entidades públicas y autoridades administrativas en general, de aplicar la Constitución
y la ley, y con ello el precedente judicial de las Altas Cortes, en sus decisiones
y actuaciones; (ii) no vulnera ninguno de los preceptos de orden Superior a los
que se ha hecho referencia en la presente sentencia; y (iii) encuentra
fundamento constitucional igualmente en la doctrina del derecho viviente.
Por tanto, la Corte concluye que la expresión acusada “encargadas de reconocer y pagar pensiones de
jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados,
o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales,
daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, …” contenida en el inciso primero del artículo 114 de la Ley
1395 de 2010, se ajusta a la normatividad constitucional y por tanto declarará
su exequibilidad en la parte resolutiva del presente fallo.
7.2.5 En relación con la expresión “que en materia
ordinaria o contenciosa administrativa”, la Corte encuentra que se
configura una omisión legislativa relativa por las siguientes razones:
(i)
La jurisprudencia constitucional ha
determinado los requisitos para que se configure y prospere el cargo de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, precisando que deben
cumplirse con cinco exigencias a saber: (a) la existencia de una norma respecto
de la cual se pueda predicar necesariamente el cargo por inconstitucionalidad; (b)
la exclusión de las consecuencias jurídicas de la norma de aquellos casos
o situaciones análogas a las reguladas por la norma, que por ser
asimilables, debían de estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o la
omisión en el precepto demandado de un ingrediente o condición
que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el
texto legal con los mandatos de la Carta; (c) la inexistencia de un
principio de razón suficiente que justifica la exclusión de los casos,
situaciones, condiciones o ingredientes que debían estar regulados por el
precepto en cuestión; (d) la generación de una desigualdad negativa para
los casos o situaciones excluidas de la regulación legal acusada, frente a los
casos y situaciones que se encuentran regulados por la norma y amparados por
las consecuencias de la misma, y en consecuencia la vulneración del
principio de igualdad, en razón a la falta de justificación y objetividad
del trato desigual; y (e) la existencia de un deber específico y concreto de
orden constitucional impuesto al legislador para regular una materia frente
a sujetos y situaciones determinadas, y por consiguiente la configuración de un
incumplimiento, de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.[48]
De otra parte, ha indicado esta Corporación que la omisión
legislativa reviste dos modalidades: omisión legislativa absoluta, caso en el
cual no procede el análisis constitucional por inexistencia de disposición
legal y la omisión legislativa relativa, caso en el cual sí procede el estudio
constitucional por cuanto se trata de una disposición legal incompleta que
vulnera ciertas garantías constitucionales.[49]
Preponderantemente,
la configuración de omisión legislativa relativa se ha referido a la
vulneración del principio de igualdad y al debido proceso, pero esta Corte ha
establecido también que ello no siempre es así y que este tipo de
incumplimiento del legislador en su deber de legislar puede estar referido a la
vulneración de otras garantías constitucionales.[50]
Ha
establecido igualmente esta Corporación que en los casos en que se configure
una omisión legislativa relativa, la Corte debe proceder a dictar o bien una
sentencia de inexequibilidad simple en aras de restablecer la igualdad, como
cuando se suprime del ordenamiento jurídico una regulación contentiva de un
trato discriminatorio; como también una sentencia aditiva, en virtud de
la cual se completa o perfecciona la regulación examinada, se restablece la
voluntad del constituyente, que no acató el legislador, y se elimina la
vulneración de garantías constitucionales, en ejercicio de su función propia de
guarda de la supremacía e integridad de la Constitución consagrada en el Art.
241 de la misma.[51] Así también, cuando se configura la omisión
legislativa por vulneración del principio de igualdad, esta Corte ha
establecido que la solución puede encontrarse en una sentencia de
exequibilidad condicionada que permita extender la cobertura de aquellos
contenidos normativos de los que se predica la omisión, a los sujetos
excluidos.[52]
(ii)
En el presente caso considera la Sala que se cumple con los criterios para la
configuración de omisión legislativa relativa, por cuanto:
(a)
se configura la existencia  una norma respecto de la cual procede predicar la omisión, en este caso la expresión “que en materia
ordinaria o contenciosa administrativa”, en razón a que el Legislador
omitió en esta expresión incluir como precedente judicial a ser tenido en
cuenta por las entidades públicas, también al precedente que en materia
constitucional sea dictado por la Corte Constitucional tanto en control
abstracto como en control concreto de constitucionalidad;
(b)
se configura igualmente una exclusión de las consecuencias jurídicas
que prevé la norma, en este caso, se excluye de la consecuencia jurídica
relativa al acatamiento del precedente judicial por parte de las entidades
públicas o autoridades administrativas, el caso análogo del precedente
constitucional, respecto del cual el Legislador omitió extender los efectos
jurídicos de la norma. De esta manera, el Legislador no podía excluir el
precedente constitucional, por cuanto constituye un expreso mandato constitucional,
contenido en los artículos 241 y 243 superiores, que por ser asimilable al caso
del precedente judicial en materia ordinaria o contenciosa administrativa debía
de estar contenido en el texto normativo demandado. Lo anterior, configura una
clara omisión por parte del Legislador, que de acuerdo con el precepto
constitucional contenido en el artículo 241 Superior, resulta esencial e
imprescindible para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta;
(c)
se cumple así mismo con la inexistencia de un principio de razón suficiente
que justifique la exclusión de los casos, situaciones, condiciones o
ingredientes que debían estar regulados por el precepto en cuestión, esto es, del
precedente constitucional;
(d)
así mismo evidencia la Sala que la norma genera una desigualdad negativa
para los casos o situaciones excluidas de la regulación legal acusada, en
cuanto se exonera a las entidades públicas o autoridades administrativas de la
obligación de tener en cuenta el precedente judicial constitucional en sus
decisiones, lo cual genera, en consecuencia, la vulneración del principio de
igualdad, en razón a la falta de justificación y objetividad del trato
desigual; y
(e)
se constata la existencia de un deber específico y concreto de orden
constitucional impuesto al legislador, en cuanto los artículos 241 y 243 superiores
determinan que a la Corte se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, y el que las decisiones de la Corte tendrán efectos de cosa
juzgada constitucional, efecto que no solo incluye la obligatoriedad frente a
todas las autoridades públicas, de la parte resolutiva de las decisiones
adoptadas, sino también la fuerza vinculante de las consideraciones ratio
decidendi que sirven de fundamento directo e imprescindible para
fundamentar el fallo. Por tanto, la Sala constata la existencia de un incumplimiento
respecto de un deber específico impuesto por el constituyente al Legislador.
(iii)
De igual modo, esta
Corporación reitera en este punto, que el entendimiento del imperio de la
ley a la que están sujetas las autoridades administrativas y judiciales
debe comprenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas
constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los
máximos órganos judiciales. Según esto, todas las autoridades administrativas
se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las normas legales a los casos
concretos de conformidad con la Constitución y la ley. Al mismo tiempo, el
respeto por el precedente judicial por parte de las autoridades administrativas
se fundamenta en: (a) el respeto al debido proceso y del principio de
legalidad; (b) el hecho que el contenido y alcance normativo de la
Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las Cortes cuyas
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (c) las
decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben
motivarse de manera objetiva y razonable; (d) el desconocimiento del
precedente implica la responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º y 90 C.P.); (e) las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar
la igualdad de todos ante la ley.
De manera particular, reafirma esta Sala que de conformidad con el
artículo 243 de la Carta Política los fallos de la Corte Constitucional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional y tienen fuerza vinculante para todas
las autoridades públicas. Por último, el desconocimiento del precedente
judicial de las altas cortes por parte de las autoridades administrativas,
especialmente de la jurisprudencia constitucional, implica la afectación de
derechos fundamentales y por tanto, una violación directa de la Constitución o
de la ley, que puede dar lugar a responsabilidad penal, administrativa o
disciplinaria de las autoridades administrativas.
(iv) Así mismo, esta Corporación evidencia que si bien es una
alternativa válida dentro del margen de configuración del legislador, comenzar
por imponerle a las autoridades administrativas que tengan en cuenta el
precedente judicial en los ámbitos de la jurisdicción ordinaria y contencioso
administrativa, también lo es que las materias a que alude la norma igualmente
pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional,
evento en el cual su interpretación debe ser vinculante para las autoridades
administrativas. Por tanto, el legislador incurrió en este caso en una omisión
legislativa al no tener en cuenta la obligatoriedad  y los efectos erga
omnes de los fallos de constitucionalidad de esta Corte, consagrada en los
artículos 241 y 243 de la Constitución, como tampoco las reglas que se imponen
en las sentencias de unificación de jurisprudencia en materia de protección de
derechos fundamentales, temas en los cuales la Corte Constitucional es órgano
de cierre.
(v) En consecuencia, la Sala concluye que el
Legislador omitió incluir en la norma el precedente constitucional dictado por la
Corte Constitucional  tanto en control abstracto como concreto de
constitucionalidad, de manera que desconoce la competencia constitucional
-art.241 superior- confiada a la Corte Constitucional y los efectos de cosa
juzgada constitucional de sus fallos señalados en el artículo 243 superior.
Por
tanto, esta Corte declarará la exequibilidad condicionada de la expresión “que en materia ordinaria o
contenciosa administrativa” contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de
2010, en el sentido de que se entienda que  los
precedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma, deben respetar la
interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional.
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión  “encargadas
de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y
salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados
con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en
conflictos tributarios o aduaneros, …” contenida en el artículo 114 de la
ley 1395 de 2010.
SEGUNDO.- Declarar
EXEQUIBLE la expresión “que en materia ordinaria o contenciosa
administrativa”  contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010,
en el entendido que los precedentes jurisprudenciales a que se refiere la norma
deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional.
TERCERO.-
INHIBIRSE de emitir un
pronunciamiento de fondo acerca de la expresión “en cinco o más casos”
contenida en el artículo 114 de la ley 1395 de 2010, por ineptitud sustantiva
de la demanda.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado ponente
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia C- 1052 de 2001 Corte Constitucional
[2] Ibídem.  Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos
véase las siguientes Sentencias de esta Corporación: C-918 de 2002, C- 150, C-
332 y C- 569, estas últimas de 2003.
[3] Ver Sentencia C-836 de 2001, entre
muchas otras.
[4] Ver Sentencias C-539 de 1999 y C-836 de
2001.
[5] A este
respecto ha dicho la Corte: “14. La sujeción (…) al imperio de la ley, como se
dijo anteriormente, no puede reducirse a la observación minuciosa y literal de
un texto legal específico, sino que se refiere al ordenamiento jurídico como
conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la realización de
los valores y objetivos consagrados en la Constitución.”
Sentencia C-486 de 1993. Ver también la sentencia C-836 de 2001.
[6] Sobre estos criterios se puede consultar la sentencia C-836 de 2001.
[7] A este respecto la Corte señaló: “Carece de fundamento objetivo la
actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende
de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad
rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art. 121), es condición de
existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la
responsabilidad de los servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la
autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio
de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley
(CP art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter
razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de
los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden
interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el
ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de
hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.”Sentencia
T-079 de 1993. (Resalta la Sala)
[8] Sentencia T-439 de 2000.
[9] Sentencia T-566 de 1998.
[10] Sentencia T-439 de 2000.
[11] Ibidem.
[12] Ver sentencia SU-1122 de
2001.
[13]A modo de ejemplo, la Corte ha señalado: “Ese principio de reconocer
la eficacia real de los derechos de las personas, y uno de esos derechos es la
seguridad social en pensiones, plantea la obligación para los operadores
jurídicos (entre ellos los funcionarios que tramitan las solicitudes de
pensiones en el I.S.S.) de superar las simples normas reglamentarias, para
poner especial cuidado en los principios constitucionales y ponderar y reflexionar
sobre los valores jurídicos y los derechos fundamentales constitucionales
(T-715/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero). O sea que  no solamente
se deben leer los reglamentos del I.S.S. sino que hay que aplicar de manera
preferencial la Constitución, las leyes de la República e interpretarlas respetándose los derechos, los principios y los valores. Por
consiguiente, las Resoluciones del I.S.S. que solo tienen en cuenta la
reglamentación interna de la Institución y la Ley 100 de 1993, carecen de motivación suficiente porque pasan por alto la Constitución Política y otras leyes que pueden y generalmente son necesarias para resolver
cada caso concreto.” Sentencia T-827 de 1999. (Resalta la Sala)
En otra oportunidad la Corte señaló:
“Esta consideración no es novedosa en la jurisprudencia de la Corporación. En efecto, el control constitucional de normas con fuerza de ley, supone que la Corte analiza la interpretación que de la Constitución realiza el legislador, sea ordinario o
extraordinario. Respecto de los funcionarios de la administración, ha
señalado su obligación de interpretar las normas que han de aplicar de acuerdo
con la Constitución.” Sentencia SU-1122 de 2001. (Resalta la Sala)
[14] Sentencia T-116 de 2004.
[15] Sentencia T-116 de 2004.
[16] Sentencia SU-1122 de 2001.
[17] Sentencia T-116 de 2004.
[18] Sentencia T-116 de 2004.
[19] Ver además sentencias SU- 047 de 1999, C- 836 de 2001, C-335 de 2008,
y T-260 de 1995, T-175 de 1997, T-068 de 2000, T-252 de 2001, T-698 de 2004,
entre otras.
[20] Sentencia T-260 de 1995.
[21] Ver sentencia T- 175 de 1997.
[22] Ver sentencia T- 068 de 2000.
[23] Ver sentencia C-335 de 2008 y T- 355 de 2007.
[24] Sentencia C-335 de 2008.
[25] Sobre estos conceptos ver las sentencia SU- 047 de 1999, sentencia C-
836 de 2001 y C-335 de 2008, entre otras.
[26] Sentencia C-335 de 2008.
[27] Sentencia T-439 de 2000.
[28] Ver sentencia T-439 de 2000, entre muchas otras.
[29] Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001.
[30] Ver sentencia C- 252 de 2001.
[31] Sentencia T-292 de 2006.
[32] Ver entre muchas otras la Sentencia SU-1122 de 2001.
[33] Ver sentencia C-335 de 2008.
[34] Ver sentencia T- 698 de 2004.
[35] Ver sentencias C-113 de 1993, C-131 de 1993, C-083 de 1995, C-037 de
1996, C-037 de 2000, C-836 de 2001, T-292 de 2006, C-335 de 2008, entre otras.
[36]El precedente obligatorio es denominado "stare decisis" en el
sistema anglosajón.
[37] Artículo 8. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido, se aplicarán las leyes que regulen los casos o materias
semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales
del derecho.
[38] Del artículo 45 la Corte declaró exequible la expresión del inciso
primero: “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”, mientras que declaró inexequibles las expresiones
restantes, relativas a las condiciones para los efectos retroactivos.
[39] “ARTICULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL
CONSTITUCIONAL. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control
constitucional tienen el siguiente efecto:
1.            Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con
motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán
de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La
parte motiva constituirá  criterio auxiliar para la actividad judicial y para
la aplicación de las normas de derecho en general. Sólo la interpretación que
por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general.
2.            Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la
acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su
motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
[40] Mediante esta sentencia se declaró exequible el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse
de la doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los
términos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia.
[41] La Corte Constitucional ha aceptado desde sus comienzos la necesidad
de que los cambios jurisprudenciales por parte de una misma autoridad judicial
obedezcan a razones fundamentadas explícitamente.  En la Sentencia T-256/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), dijo: “17. El derecho de igualdad ante
la ley abarca dos hipótesis claramente distinguibles: la igualdad en la ley y
la igualdad en la aplicación de la ley. La primera está dirigida a impedir
que el Legislador o el Ejecutivo en ejercicio de su poder reglamentario
concedan un tratamiento jurídico a situaciones de hecho iguales sin que exista
para ello una justificación objetiva y razonable. La segunda, en cambio,
vincula a los jueces y obliga a aplicar las normas de manera uniforme a todos
aquellos que se encuentren en la misma situación, lo que excluye que un mismo
órgano judicial modifique arbitrariamente el sentido de decisiones suyas
anteriores.”
“La igualdad en la aplicación de la ley por parte de los órganos
judiciales guarda íntima relación con el derecho fundamental a recibir la misma
protección y trato de las autoridades (CP art.13). En este orden de ideas, un
mismo órgano judicial no puede otorgar diferentes consecuencias jurídicas a dos
o más situaciones de hecho iguales, sin que exista una justificación razonable
para el cambio de criterio.”
“La desigual aplicación de la ley se concreta, en consecuencia, no
obstante existir una doctrina jurisprudencial aplicable a supuestos de hecho
similiares - término de comparación - el órgano que profirió el fallo se aparta
de su criterio jurídico previo de forma no razonada o arbitraria, dando lugar a
fallos contradictorios y allanando el camino a la inseguridad jurídica y a la
discriminación.” (resaltado fuera de texto)
[42] La Corte ha referido la prohibición de venirse contra el acto propio y
el principio de la confianza legítima tanto a la autoridades estatales, como a
los particulares. Refiriendo este principio a la actuación de la administración,
ver Sentencias T-475/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-578/94 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), entre otras.  Refiriéndolo a la actividad de los
particulares ver: Sentencia T-503/99 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-295/99 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), entre otras.
[43] Ver también Sentencia C-104 de 1993.
[44]  Ver sentencias SU-047 de 1999 y C-836 de 2001.
[45] Gaceta del Congreso No. 825 de 2008.
[46] Gaceta No. 262 de 2010.
[47] Sobre este tema se pueden consultar las sentencias C-1436 de 2000, C-426 de 2002, C-207 de 2003, C-569 de 2004, C-803 de 2006, C-802 de 2008, C-309 de 2009, C-637 de 2009, y C-842 de 2010.
[48] Sobre el tema de la omisión legislativa relativa pueden consultarse
entre numerosas sentencias, las siguientes: C-192 de 2006, C-073 de 2006, C-045
de 2006, C-833 de 2006, C-1230 de 2005, C-061 de 2005, C-800 del 2005, C-509 de
2004, C-809 de 2002, C-185 de 2002, C-427/2000, C-1549/2000, C-1549 de 2001,
C-1255 de 2001, C- 675 de 1999,  C-146 de 1998 y C-543 de 1996, .
[49] Ver Sentencias C-185 de 2002 y C-833-06, entre muchas otras.
[50]A este respecto ha dicho esta Corte en Sentencia C-208/07,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[51] Ver Sentencia C-833 del 2006, M.P.: Jaime Araújo Rentería
[52] Ver Sentencia C-208 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.