T-673-14
Sentencia T-673/14
ACCION
DE TUTELA EN LOS CASOS DE DESVINCULACION LABORAL DE SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL
Aunque en
principio la acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, no es el
mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral en los casos en que el
accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por
encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su
empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, el
recurso de amparo pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo
de protección principal. En aquellos casos en los cuales se perciba la
afectación de los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad, adulta mayor o perteneciente a otros grupos vulnerables, la
acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no
puede exigírsele previamente el agotamiento de las vías ordinarias, toda vez
que el asunto cobra relevancia constitucional ante la posibilidad de que se
trate de un acto discriminatorio
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O
DISMINUCION FISICA
El amparo
hacia la estabilidad laboral predicable de cualquier tipo de vinculación
laboral ha sido identificado como una “estabilidad laboral reforzada” que a la
vez constituye un derecho constitucional, la que no solo implica el derecho a
no ser desvinculado, sino además a la reubicación en su trabajo conforme a sus
condiciones de salud. Limita la facultad del empleador de desvincular al
trabajador mientras no justifique una justa causa y que la misma sea avalada
previamente por el Ministerio de Trabajo. La Corte ha establecido que son
titulares de la estabilidad laboral reforzada los trabajadores que presentan
disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral y
que posteriormente son despedidos aun cuando el empleador tiene conocimiento de
dicha situación. En esta circunstancia, les asiste la garantía de permanecer en
su lugar de trabajo hasta que se configure una causal objetiva de despido que
sea previamente calificada por la autoridad laboral competente
ACCION
DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL CUANDO SE TRATA DE PREVENIR LA
VULNERACION DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia
excepcional cuando existe nexo de causalidad entre el despido y el estado de
salud
El criterio
determinante para establecer si efectivamente existió una vulneración del
derecho fundamental es el motivo por el cual el trabajador fue despedido, y si
el mismo corresponde o se encuentra ligado con su estado de salud; es decir, la
relación de causalidad o el nexo entre ambos eventos. Por esta razón, el juez
constitucional debe analizar los sucesos propios de cada caso, así como el
material probatorio que obre en el expediente y que le permita concluir si
existe una amenaza de las garantías constitucionales. En cada caso concreto
deberán estudiarse las circunstancias propias del despido, del estado de salud
de quien alega la vulneración y el nexo causal entre ambos aspectos, con el fin
de determinar la legalidad de la terminación de la relación laboral.
ESTABILIDAD
LABORAL EN EL EMPLEO-Aplicable a todas las modalidades de
contrato
Según la
jurisprudencia constitucional la estabilidad laboral en el empleo es aplicable
a todas las modalidades de contratos, entre éstos los que suscriben las empresas
de servicios temporales, los cuales tienen en principio una vigencia
condicionada al cumplimiento del tiempo pactado o a la finalización de una
labor determinada.
SOLIDARIDAD
ENTRE EL CONTRATISTA INDEPENDIENTE Y EL BENEFICIARIO DE LA OBRA-Pago
de prestaciones laborales a trabajadores por el incumplimiento derivado de una
relación laboral
Cuando una
empresa-beneficiaria contrata la ejecución de algunas obras o servicios con
un contratista independiente, que a su vez vincula
personal para el desarrollo de las actividades contratadas, la
empresa-beneficiaria puede ser responsable solidariamente de las obligaciones
laborales que ese contratista independiente incumpla. La empresa beneficiaria
puede repetir en contra del contratista o incluso tomar medidas encaminadas a
observar el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales con el objetivo
de reducir el riesgo de la declaratoria de responsabilidad solidaria en su
contra, por lo que puede pactar la supervisión, control y cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista con el Sistema de Riesgos Profesionales,
Pensiones y Salud, así como los aportes a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y salud ocupacional.
DERECHO
AL MINIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden
a empresa reintegrar al accionante a un cargo en el que pueda desempeñar sus
funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que padece
DERECHO
AL MINIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden
a empresa cancelar a trabajador todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad
Referencia: expedientes acumulados (i)
T-4337966 acción de tutela interpuesta por Wilson Felipe Villa Atehortúa contra
la Empresa Constructora Las Galias, TLC Humanos Colombia SAS, Construcciones
Otálvaro y Salud Total EPS; (ii) T-4348356 acción de tutela interpuesta por
Nubia Elsy Garzón Segura contra Molinos Roa S.A.; (iii) T-4353250 acción de
tutela interpuesta por Jorge Enrique Pérez Ruíz contra Nidia Amparo Salazar
Herreño y Evacol Ltda.; (iv) T-4358214 acción de tutela interpuesta por Yeison
Alexander Monsalve Villalba contra de la sociedad Surtidiagnóstico Ltda.; (v)
T-4355303 acción de tutela interpuesta por Lenka Indira Linet Cerchar Pereira
contra Solentanche Bacchy Cimas S.A. y Concreto S.A., que integran el Consorcio
Puerto Brisa; y (vi) T-4363218 acción de tutela interpuesta por Diego Alejandro
Pava Cano contra la empresa Labor Temporal S.A.S. y la empresa Furima S.A.S.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil catorce
(2014).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrado Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
en segunda instancia por (i) el Juzgado Noveno Civil Municipal de Manizales,
Caldas, que negó la protección invocada en la solicitud de amparo invocada por
el señor Wilson Felipe Villa Atehortua (T-4337966); (ii) el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Villavicencio, que confirmó la decisión adoptada por el
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio el que en su momento declaró
improcedente la acción de tutela impetrada por la señora Nubia Elsy Garzón
Segura (T-4348356); (iii) el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, que
confirmó la decisión adoptada por el Juzgado 34 Penal
Municipal de Bogotá que en su momento negó el amparo invocado por Jorge Enrique Pérez Ruíz (T-4353250); (iv)
el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá, que confirmó el fallo
dictado por el Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá en el
sentido de negar la protección de derechos fundamentales invocada por Yeison
Alexander Monsalve Villalba (T-4358214); (v) el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Riohacha que confirmó la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de
Dibulla, quien declaró improcedente el amparo solicitado (T-4355303); y (vi) el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de conocimiento de Medellín, que confirmó la
decisión del Juzgado Primero Penal Municipal con
funciones de conocimiento Medellín,
quien en su momento negó el amparo (T-4363218).
I. ANTECEDENTES
La Sala de Selección número 5, mediante Auto de 15 de
mayo de 2014, acumuló los expedientes de la referencia por considerar que
existía unidad de materia.
Los expedientes acumulados tienen en común la
terminación de relaciones laborales de varios trabajadores que padecen
limitaciones físicas que les impiden el normal desarrollo de sus actividades.
Los accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales al
trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, los cuales consideran vulnerados
por las empresas demandadas.  No obstante, por las circunstancias concretas, se
procederá a precisar cada uno de los casos:
1. Expediente T-4.337.966. Caso: Wilson Felipe
Villa Atehortua contra la Constructora Las Galias, TLC Humanos Colombia SAS,
Construcciones Otálvaro y Salud Total EPS
1.1. Situación fáctica expuesta por el actor
- El accionante es una persona de 21 años de edad, con
formación académica hasta noveno bachillerato. De acuerdo con su historia
clínica presenta una masa tiroidea y masa cervical derecha, a partir de lo cual
se le diagnosticó un cáncer de tiroides (crecimiento anormal y descontrolado de
las células que componen el tejido de la tiroides).
- Afirma que la enfermedad comenzó desde el mes de
mayo de 2013, de acuerdo con el primer diagnóstico a partir del examen de “utrasonografía
diagnóstica de glándulas salivales con transductor de 7 mhz o más”.
- Informa que desde el 15 de agosto de 2013 comenzó a
laborar con la Constructora Las Galias S.A., mediante contrato laboral a
término indefinido, cumpliendo con funciones de ayudante de construcción en la
urbanización San Sebastián Cuarta Etapa de la ciudad de Manizales[1].
- Refiere que el 13 de enero de 2013, después de gozar
de un periodo de vacaciones fue despedido sin justa causa y sin autorización
del Ministerio del Trabajo, a pesar de encontrarse en un tratamiento de
rehabilitación.
- Aduce que su estado de salud ha empeorado debido a
que no ha contado con dinero para asistir a las citas médicas y controles
respectivos.
1.2. Pretensiones
Solicita se ordene a las firmas accionadas su
reintegro, atendiendo las necesidades de ubicación y adaptación acordes con sus
condiciones de salud, sin solución de continuidad, así como el pago de todas
las prestaciones a cargo, hasta tanto no se culmine su tratamiento médico y/o
se determine su pérdida de capacidad laboral.
1.3. Traslado y contestación de la tutela
Avocado el conocimiento de la presente acción, el
Juzgado Noveno Civil Municipal, corrió traslado a los gerentes de las
sociedades accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos de la presente
solicitud de amparo. Adicionalmente, citó al accionante para que rindiera declaración
jurada con el objeto de ampliar algunos aspectos consignados en el escrito de
tutela.  Surtido el trámite de rigor, se allegaron los informes que se
relacionan a continuación.
1.3.1. Constructora Las Galias S.A.
A través de su representante judicial señaló que el
actor nunca laboró con esa empresa, advirtiendo que en desarrollo de su
ejercicio suscribe convenios con contratistas independientes. Añadió que una
vez hecho el rastreo al parecer el señor Villa Atehortua laboró con “TLC
HUMANOS COLOMBIA S.A.S. y con CONSTRUCCIONES OTÁLVARO”.
1.3.2. Construcciones Otálvaro S.A.S.
Por medio de apoderado judicial[2] expuso que en
ningún momento fueron informados sobre el estado de salud del actor.
Añadió que la relación laboral se dio desde el 22 de
septiembre de 2013 hasta el 22 de diciembre de ese mismo año, a través de un
contrato de obra o labor determinada. En tal sentido advirtió que la obra
correspondió a la primera etapa en el “Proyecto VIP San Sebastián Cuarta
etapa”, el que terminó el 21 de diciembre de 2013.
Afirma que el trabajador presentó tres incapacidades
de tres días cada una, cumpliéndose la última de ellas el 22 de diciembre de
2013, por lo que se procedió a pagarle la liquidación de sus prestaciones
sociales. Liquidación que se cumplió el 16 de enero de 2014, la cual recibió
sin problema y sin manifestación al respecto.
Concluye advirtiendo que cuando se dio por terminado
el contrato, el accionante no estaba incapacitado, no había hecho conocer
ningún diagnóstico al empleador, no estaba calificado y las incapacidades
presentadas eran menores, por lo que no podría hablarse en este caso de
estabilidad laboral reforzada.
1.3.3. Salud Total EPS
La representante legal de la sucursal de Manizales de
esta EPS indicó que el señor Villa Artehortua se encuentra afiliado en el rango
1 en calidad de cotizante, con 38 semanas cotizadas al sistema.
Explica que actualmente presenta un diagnóstico de “cáncer
de tiroides” y de la historia clínica se desprende que fue valorado en
consulta externa el 10 de diciembre de 2013 por el médico tratante especialista
en cirugía de cabeza y cuello, quien con posterioridad a la realización del
examen físico y con ayuda de resultados diagnósticos señaló que “el usuario
presenta una masa tiroidea y masa cervical derecha, hallazgo clínico conformado
por ecografía, por lo tanto se beneficia de la realización de los
procedimientos quirúrgicos denominados TIROIDECTOMÍA TOTAL con VACIAMIENTO
LINFÁTICO RADIAL DE CUELLO UNILATERAL”, los que están incluidos en el POS y,
en consecuencia, han sido autorizados por la EPS. Agrega que la enfermedad
padecida por el accionante fue catalogada de origen común.
En orden a lo expuesto subraya que atendiendo el
diagnóstico dado por los médicos adscritos a su red de prestadores, ha actuado
en cumplimiento de sus obligaciones, autorizando la totalidad de los servicios
prescritos, de forma oportuna y pertinente, bajo criterios de seguridad y
racionalidad técnico científica.
1.3.4. Wilson Felipe Villa Artehortua
Explicó
que venía trabajando en la Urbanización San Sebastián Cuarta Etapa, de la
ciudad de Manizales desde el 15 de agosto de 2013 hasta el 22 de diciembre del
mismo año, fecha en la cual se les indicó que salían a vacaciones hasta el 13
de enero de 2014. Una vez regresó fue informado sobre la terminación de su
relación laboral debido a que estaba enfermo. Posteriormente fue llamado para
recibir la liquidación respectiva en las oficinas de la Constructora Las
Galias.  Advirtió que el 13 de enero de 2014 cuarenta de sus compañeros fueron
reintegrados a sus labores en a urbanización San Sebastián.
En cuanto a su estado de salud expuso que viene en tratamiento
desde el año 2013 y se encuentra pendiente una cirugía para el cáncer de
tiroides, situación que le fue informada verbalmente. Sobre su situación
personal y familiar manifestó que vive con su mamá y su hermano, por lo que le
corresponde velar  por sostenimiento de su progenitora.
1.4. Decisión judicial objeto de revisión
1.4.1. Fallo de instancia
El Juzgado Noveno Civil Municipal del Manizales, negó
el amparo al estimar que el presente asunto envuelve una discusión de derechos
surgidos a partir de una relación laboral, por lo que deben ser resueltos por
la jurisdicción ordinaria.
Explicó además que en este caso no estaban dados los
presupuestos para configurar una protección laboral reforzada a favor del
trabajador, debido a que para la fecha en que se terminó su contrato no se
encontraba incapacitado. Finalmente, adujo que en materia de salud la cobertura
ha sido brindada de manera completa e integral por parte de su EPS.
1.5. Pruebas relevantes aportadas en el expediente
·
Fotocopia de la cédula
de ciudadanía del señor Wilson Felipe Atehortua (folio 10, cuaderno de
instancia).
·
Certificado de afiliación
a Salud Total EPS a partir del 12 de diciembre de 2012 (folio 11, cuaderno de
instancia).
·
Copias de remisión para
valoración especializada en cirugía de cabeza y cuello “prioritaria” con fecha
03 de mayo de 2013 (folio 16, cuaderno de instancia).
·
Copia de autorización
de consulta por medicina general para transcripción de incapacidades otorgada
el 20 de diciembre de 2013 (folios 17, cuaderno de instancia).
·
Copia de autorización
de servicios “op-procedimientos dx y tto-citología por aspiración” del
22 de octubre de 2013, expedida por Salud Total EPS (folio 20, cuaderno de
instancia).
·
Copia de la citación “prioritaria
a consulta con medicina laboral” con fecha 20 de diciembre de 2013 (folio 21,
cuaderno de instancia).
·
Copia del informe del
estudio “anatomopalogico” donde se le practicó un “Bacaf de tiroides”
y se diagnosticaron hallazgos consistentes con carcinoma papilar (folio 22,
cuaderno de instancia).
·
Copia de orden de ayuda
diagnóstica del 15 de octubre de 2010, donde se concluye: “tumor maligno de
los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello” (folio 24, cuaderno de
instancia).
·
Copia de la
ultrasonografía diagnóstica de glándulas salivales con transductor de 7 Mhz o
más, donde se especificó que “amerita valoración prioritaria por cirugía de
cuello y realización de bacaf” dada el 03 de mayo de 2013 (folio 24,
cuaderno de instancia).
·
Copia de la ecografía
de cuello del 3 de mayo de 2013 (folio 25, cuaderno de instancia).
·
Poder otorgado por el
representante legal de Constructora Las Galias a la abogada Gladys Gallo Meza
(folio 33, cuaderno de instancia).
·
Certificado de
existencia y representación de Constructora Las Galias S.A.
·
Poder otorgado por la
representante legal de Construcciones Otálvaro S.A.S. a la abogada Gladys Gallo
Meza (folio 46, cuaderno de instancia).
·
Contrato individual de
trabajo por la duración de una obra o labor determinada suscrito entre el señor
Wilson Felipe Villa Atehorua y la firma Construcciones Otálvaro S.A.S. con
fecha de iniciación 23 de septiembre de 2013 (folio 49, cuaderno de instancia).
·
Acta de recibo y
entrega final de obra entre la Constructora Las Galias y Construcciones
Otálvaro, suscrito el 23 de diciembre de 2013, por “suministro de mano de obra
para la construcción de campamento provisional, excavación, instalación de
tubería y lleno entre cámara existente ubicada en glorieta de parqueadero
cosmobus a cámara 96 del aclantarillado, manejos varios de aguas escorrentía,
cerramiento y obras complementarias UVAE  y construcción canal 3 primera etapa
en el proyecto VIP San Sebastián IV Etapa” (folio 50 cuaderno de instancia).
·
Copias de certificados
de incapacidades correspondientes a 7 días desde el 13 de diciembre de 2013
hasta el 22 siguiente (folios 52 a 55 cuaderno de instancia).
·
Copia de la historia
clínica de fecha 3 de febrero de 2014, donde se refiere que tiene pendiente
programación de procedimiento quirúrgico (folios 71 y 72 cuaderno de
instancia).
2. Expediente T-4348356. Caso: Nubia
Elsy Garzón Segura contra Molinos Roa S.A.
2.1. Situación fáctica expuesta por la accionante
- La actora ingresó a laborar para Molinos Roa S.A.
por contrato de trabajo a término indefinido el 1° de agosto de 2005, en el
cargo de operaria de empaquetado[3].
- Desde el mes de mayo de 2008 fue trasladada al cargo
de “auxiliar de laboratorio”, el que desempeñó hasta el día 20 de
noviembre de 2013[4].
- En desarrollo de las actividades asignadas realizó
movimientos repetitivos de manos y brazos durante toda la jornada de trabajo y por
el tiempo en el que estuvo vinculada laboralmente. De acuerdo con el examen de
ingreso a la empresa, al momento de su vinculación no presentaba ningún
problema de salud o enfermedad, particularmente en miembros superiores.
- A mediados del año 2011 comenzó a sentir dolores en
sus brazos, manos y espalda, por lo que se vio obligada a consultar con el
médico de su EPS. Como resultado de las consultas médicas y de acuerdo con
exámenes especializados se le diagnosticó “Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral”
(agosto de 2012).
- Desde el inicio de sus problemas físicos informó su
situación a la empresa a través de la oficina de salud ocupacional. Igualmente
la EPS Salud Total, mediante oficio del 9 de octubre de 2012, hizo una serie de
recomendaciones, dentro de las que se contaban su reubicación y reasignación de
funciones. En el término máximo de 10 días la empresa debía de informar sobre
su cumplimiento.
- La empresa a través de oficio del 15 de marzo de
2013, transmitió las recomendaciones de la EPS para que la accionante las
tuviera en cuenta. A pesar de lo expuesto la actora no fue reubicada y por el
contrario se le exigió un mayor rendimiento laboral.
- En cumplimiento de sus funciones como auxiliar de
laboratorio, el día 26 de octubre de 2013 se presentó una situación en la
realización de una “contra-muestra” al arroz del agricultor Fredy Josué
Salazar, la cual fue explicada o aclarada en las diligencias de descargos o
aclaración de hechos realizadas el 30 de octubre de 2013 y 6 de noviembre 2013,
dejando presente que debía estar reubicada o con otras funciones desde octubre
de 2012.
En relación con esta situación expuso que para los
días 26, 27 y 28 de octubre de 2013 se encontraba sola en su área de trabajo,
atendiendo funciones que normalmente se cumplen entre dos personas, cuando el
señor Salazar de manera autónoma, repentina y sin su autorización, tomó una
nueva muestra del producto que pretendía entregar, dando un resultado diferente
al inicialmente reportado, en cuanto a la calidad del mismo, situación que
también se repitió el lunes 28 de octubre de 2013, en presencia del ingeniero
Acosta (jefe de la accionante).
- Durante el tiempo que estuvo vinculada con Molinos
Roa nunca tuvo problemas o llamados de atención por el cumplimiento de sus
funciones. Por lo que la situación que conllevó a su llamado a descargos se dio
a partir de dos situaciones particulares: (a) Rendimiento: debido a su estado
de salud, por la afección del túnel carpiano y debido a que su compañera de
trabajo se encontraba incapacitada le correspondió ocuparse individualmente de
las tareas que por su carga exigen el concurso de al menos dos personas; y (b) Contramuestra:
evento extraordinario a partir del reclamo de un agricultor y su reacción ante
la negativa de volver a hacer la prueba, evento que se presentó en otras
oportunidades, incluso con los ingenieros jefes.
- El 20 de noviembre de 2013, la empresa dio por
terminado su contrato de trabajo de manera unilateral, a pesar de su delicado
estado de salud y de no cumplirse lo solicitado por la EPS Salud Total en
cuanto a las recomendaciones y la reubicación a otro cargo o funciones.
Situación que considera irregular máxime cuando no se pidió autorización al
Ministerio del Trabajo para poder cumplir con su desvinculación.
- Resalta que extrañamente el examen de egreso
practicado por la IPS Natural Corp, dio como resultado “Egreso
satisfactorio”, siendo contrario a la realidad y a su estado de salud.
- En cuanto a su situación personal expone que es
madre cabeza de familia, con un hijo de 15 años de edad, tiene un crédito de
vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro[5]
y actualmente se encuentra pagando un crédito con Bancolombia.
- A través de escritos radicados el 14 y 16 de
diciembre de 2013, en la empresa Molinos Roa S.A. en Bogotá y Villavicencio,
solicitó el reintegro al cargo que venía desempeñando, atendiendo las
recomendaciones hechas por la EPS Salud Total, así como el pago de los salarios
y prestaciones causadas, dada su estabilidad laboral reforzada. Solicitud que
fue resuelta de manera negativa.
- Por otra parte, explica que al momento de su desvinculación estaba
afiliada a la organización sindical Sinaltrainal, con quien la empresa
actualmente se encuentra en proceso de negociación del pliego de peticiones,
por lo que cuando fue citada a rendir descargos, se debió comunicar a la
organización sindical para ser asistida en dichas diligencias.
2.2. Pretensiones
Conforme con lo expuesto solicita que se ordene a la
empresa Molinos Roa S.A. que atienda las recomendaciones hechas por la EPS
desde octubre de 2012 y, en consecuencia, proceda a su reubicación o
reasignación de funciones.
2.3. Traslado y contestación de la acción de tutela
El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio,
avocó conocimiento del amparo y corrió traslado a la sociedad Molinos Roa S.A..  Surtido el trámite de rigor, se recibió el
informe que se relaciona a continuación.
2.3.1. Molinos Roa S.A.
El
representante legal de sociedad Molinos Roa S.A. -planta industrial de la
ciudad de Villavicencio, solicita que se niegue el amparo impetrado, debido a
que la accionante fue desvinculada al desconocer lo dispuesto en el numeral 6°
del art. 7 del Decreto Ley 2351 de 1965[6],
en concordancia con los numerales 1, 2 y 6 del Reglamento Interno de Trabajo[7], en hechos
acaecidos el 25 de octubre de 2013, cuando permitió que el agricultor Freddy
José Salazar, incluyera nuevas muestras que alteraron el precio y el valor del
producto entregado, situación que no fue informada oportunamente con el fin de
tomar los correctivos del caso.
Expuso
que en este caso no existe un nexo causal entre la terminación del contrato de
trabajo y la afectación física alegada por la trabajadora, requisito
indispensable para otorgar la protección a la estabilidad laboral reforzada (artículo
26 de la Ley 361 de 1997). Además con base en jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia refirió que la incapacidad
debe ser “severas y profundas”, situación que no se presenta en este caso[8].
Respecto
a la eventual vulneración del derecho a asociación sindical, señaló que la actora
se vinculó al sindicato de la empresa el día que rindió la primera diligencia
de descargos, con lo cual se desvirtúa el nexo causal entre la afiliación y la
terminación del contrato, lo que reafirma su conducta irregular. Agrega que se
respetó el debido proceso, en la medida que se le brindó la oportunidad de participar
en el proceso sancionatorio.
Por
último resalta que la condición de madre cabeza de familia y su eventual
afectación al mínimo vital no pueden ser tenida en cuenta para configurar una
estabilidad laboral, dado que la permanencia del trabajador en el desempeño de
sus funciones está soportada básicamente en el cumplimiento de sus
obligaciones, sin que pueda justificar su actuar irregular en las mencionadas
garantías fundamentales.
2.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
2.4.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio
declaró improcedente el amparo, argumentando que una vez revisado el material probatorio, no existe un nexo causal entre
el despido y la enfermedad que padece la señora, sino que obedeció al trámite
sancionatorio que le adelantó el empleador en su contra, por lo que no hay
lugar a la protección a la estabilidad laboral reforzada que ha previsto la
Corte Constitucional, la cual solo procede cuando el despido obedece a la
discriminación por su condición física. En consecuencia, la discusión planteada
gira en torno a asuntos de carácter litigioso atinentes a la terminación de un
contrato de trabajo, siendo competente para ello el juez laboral.
2.4.2. Impugnación
La accionante impugnó el fallo de primera instancia. Expuso
que en este caso se cumplen los supuestos planteados por la Corte
Constitucional para otorgar la protección propia de la estabilidad laboral
reforzada, dado que se puede verificar que padece de “síndrome bilateral de
túnel carpiano”. Igualmente, la empresa accionada tenía conocimiento de su
situación de salud desde que aparecieron los síntomas. Además, de acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional[9]
el operador jurídico tiene vedado condicionar el amparo a una calificación de
pérdida de capacidad laboral expedido por juntas competentes o al porcentaje
específico de discapacidad.
Refirió que de acuerdo con la actual posición de este
Tribunal Constitucional[10],
no es posible exigir la existencia de un nexo causal entre el despido y la
situación de salud para que prospere la acción de tutela, debido a que en todos
los casos se debe contar con la autorización del Ministerio del Trabajo para su
desvinculación.
2.4.3. Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Villavicencio, confirmó la sentencia impugnada, al considerar que el asunto
sometido a examen era de naturaleza legal, propio de la justicia ordinaria.
2.5. Pruebas relevantes aportadas en el expediente
·
Certificación laboral
de Molinos Roa S.A., expedida el 15 de mayo de 2013, donde se especifica que la
accionante estuvo vinculada con esa empresa desde el 1° de agosto de 2005,
desempeñando los cargos de operaria de empaquetado y auxiliar de laboratorio
(folios 20 al 22 del cuaderno de instancia).
·
Certificado de
existencia y representación legal de la accionada Molinos Roa S.A. (folios 23 a
25 del cuaderno de instancia).
·
Copia del oficio del
Sindicato Nacional del Sistema Agroalimentario Sinaltrainal donde se certifica
que el 30 de octubre de 2013, la actora se afilió a esa organización (folio 26
del cuaderno de instancia).
·
Copia del acta de
descargos del 30 de octubre de 2013 (folios 27 a 31 del cuaderno de instancia)[11].
·
Copia del acta de
descargos del 6 de noviembre 2013 (folios 27 a 31 del cuaderno de instancia)[12]
·
Copia del oficio de
terminación del contrato de trabajo, del 20 de noviembre de 2013 (folios 33 y
34 del cuaderno de instancia).
·
Copia del examen de
egreso practicado a la señora Nubia Elsy Garzón Segura (folios 36 y 37 del
cuaderno de instancia).
·
Copia del formato de
remisión e informe de enfermedad profesional de ARL Positiva (folio 38 del
cuaderno de instancia).
·
Copia del oficio de
Salud Total EPS con fecha 9 de octubre de 2012 sobre recomendaciones y
reubicación, debido a su patología en miembros superiores (folio 39 del
cuaderno de instancia).
·
Copia de documentos
donde reposa la historia clínica de la señora Nubia Elsy Garzón Segura y las
consultas médicas alusivas a su problema de salud desde el 2012 (folios 40 a 46
del cuaderno de instancia).
·
Copia del oficio
remitido por Molinos Roa S.A. a la señora Nubia Elsy Garzón Segura, sobre las
recomendaciones y reubicación de Salud Total EPS. En concreto se señala: “De
acuerdo con el soporte médico (…) medicina laboral, le solicita tener en cuenta
las siguientes recomendaciones con el objetivo de alcanzar su mejoría en su
estado de salud. Evitar movimientos repetitivo y elevación del hombro por
encima de 90 grados; Realizar pausas laborales activas cada 2 horas por 5
minutos; evitar manejo de cargas superiores a 5 kilos; evitar sobreesfuerzos en
manos; disminuir tiempo de exposición en un 50% en tareas donde requiera
movimientos repetitivos en miembros superiores (…)” (folio 47 del cuaderno
de instancia).
·
Acta de terminación
de la etapa de arreglo directo dentro de la negociación colectiva, adelantada
entre la empresa y Sinaltrainal (folios 48 y 49 del cuaderno de instancia).
·
Copias de las órdenes
de terapias programadas en proceso de rehabilitación, dadas el 21 de noviembre
y 26 de diciembre de 2013 (folios 50 y 51 del cuaderno de instancia).
·
Declaración
extrajuicio hecha por la señora Nubia Elsy Garzón Seguro sobre su condición de
madre cabeza de familia (folio 52 del cuaderno de instancia).
·
Desprendible de
nómina del 1° al 15 de noviembre de 2013 donde se constatan los ingresos de la
señora Nubia Elsy Garzón Segura, así como sus descuentos –figura un crédito por
libranza con Bancolomiba (folio 53 del cuaderno de instancia).
·
Estado de cuenta
crédito de la señora Nubia Elsy Garzón Segura con Bancolombia (folio 54 del
cuaderno de instancia).
·
Estado de cuenta con
crédito de la señora Nubia Elsy Garzón Segura con el Fondo Nacional del Ahorro
(folio 55 del cuaderno de instancia).
·
Certificado final de
estudio del hijo de la accionante correspondiente al año 2013, quien cursó el
grado octavo (folio 56 del cuaderno de instancia).
·
Copia de la reclamación
de reintegro hecha por la señora Nubia Elsy Garzón a la empresa Molinos Roa S.A.
del 12 de diciembre de 2013 (folios 57 a 63 del cuaderno de instancia).
·
Copia del oficio de
respuesta de Molinos Roa a la reclamación de reintegro, del 18 de diciembre de
2013, donde se consignó: “Consideramos que no es posible el reintegro
solicitado, en atención a que hemos cumplido a cabalidad con las normas de
nuestro ordenamiento jurídico que regula la situación planteada” (folio 66
del cuaderno de instancia).
·
Reglamento interno de
trabajo de la sociedad Molinos Roa S.A. (folio 95 del cuaderno de instancia).
3. Expediente T-4353250. Caso: Jorge Enrique Pérez Ruíz contra Nidia Amparo Salazar Herreño y Evacol
Ltda.
3.1. Situación fáctica expuesta por el actor
- Indicó que desde mediados del mes de diciembre de
2012 y hasta el 4 de enero de 2013, se vinculó laboralmente con la señora Nidia
Amparo Salazar Herreño para ejercer labores como ayudante o auxiliar en la
instalación de paredes y techos en “drywall”, en la ciudad de Cúcuta.
- Señaló que el 19 de diciembre de 2012, por
indicaciones de su empleadora se trasladó a la ciudad de Bucaramanga para
cumplir con una remodelación en las instalaciones de la sociedad Evacol Ltda.,
ubicadas en el quinto piso del centro comercial El Cacique.
- Expuso que el 26 de diciembre de 2012 la señora
Salazar Herreño le ordenó que cargara unos materiales de construcción, entre
ellos, unas bolsas de cemento, desde el primero hasta el quinto piso del centro
comercial mencionado; encontrándose en esa actividad sufrió un accidente
laboral el cual le generó “Protrusión discal posterocentral L5-S1 condiciona
compromiso biforaminal”, diagnóstico que fue resultado de una resonancia
magnética de columna lumbar practicada con sus propios recursos.
- Explicó que informó de esta eventualidad a su
empleadora quien le indicó que “no había efectuado la afiliación a seguridad
social pues ésta tenía un costo de $300.000.oo por persona, pero que con
inyecciones de diclofenaco aliviaría mis dolencias pues por experiencia
ocurrida con otros trabajadores, lo mío era un simple lumbago normal en ese
tipo de trabajos”.
- Precisó que desde el día del accidente y mientras estuvo
laborando en la ciudad de Bucaramanga, los dolores de espalda se hicieron frecuentes
y en ocasiones  insoportables, por lo que una vez regresó a la ciudad de Cúcuta,
buscó a su empleadora para que asumiera el costo del tratamiento, ante lo cual
ofreció $30.000 para que se inscribiera a una cooperativa donde sería afiliado
a seguridad social y se encargarían de la atención integral en salud, lo cual
no aceptó. Anotó que el 16 de abril de 2013 acudió ante el Inspector del
Trabajo de Cúcuta, quien llevó a cabo audiencia de conciliación, donde la accionada
negó cualquier tipo de relación laboral con el actor.
- En cuanto a su situación personal resaltó que, cada
día se acentúa más el dolor de espalda y no cuenta con afiliación a seguridad
social que le permita adelantar el tratamiento que requiere, así como tampoco dispone
de ingresos, ni recursos suficientes para ello.
3.2. Pretensiones
Teniendo en cuenta los hechos expuestos, solicitó que
se ordenara a la señora Nidia Amparo Salazar Herreño su reintegro al cargo que
venía desempeñando o a otro igual o de mejores condiciones, donde se tenga en
cuenta su estado de salud. Igualmente, requirió que la accionada asumiera el
costo del tratamiento integral para la recuperación de su salud y la
consecuente afiliación al Sistema General de Seguridad Social, el pago de los
salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar desde el despido indirecto
que ocurrió el 4 de enero de 2013 hasta que se produzca el reintegro, así como
el pago de las incapacidades médicas que me sean dictaminadas y de la
indemnización de 180 días de que habla el inciso 2° del artículo 26 Ley 361 de
1997[13].
3.3. Traslado y contestación de la acción de tutela
El Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta, avocó
conocimiento del amparo y corrió traslado a la señora Nidia Amparo Salazar
Herreño y a Evacol Ltda. En igual sentido se vinculó al señor Luis Fernando
Mira Gómez y a la firma Salhe
Arquitectura. Surtido el
trámite de rigor, se recibieron los informes que se relacionan a continuación.
3.3.1. Nidia Amparo Salazar Herreño
La
señora Salazar Herreño solicitó negar el amparo impetrado en su contra, toda
vez que en ningún momento ostentó la condición de empleadora del accionante y,
por ende, no desconoció sus derechos fundamentales.
Aclaró
que celebró un contrato de obra civil con el señor Luis Bernardo Mira Gómez, el
que se encuentra regulado en el título XVI capítulo VIII artículo 2053 del
Código Civil, que a la luz de la norma en mención Mira Gómez tomó la
denominación de “Artífice”, negocio jurídico dentro del cual ordenó la
instalación de un “Dry Wall”, pactándose una fecha específica para su
elaboración y para la correspondiente aprobación de dicha obra. De acuerdo con
estas condiciones contractuales el señor Luis Bernardo Mira Gómez, era el
encargado de suministrar la materia prima o materiales, así como la
contratación de mano de obra (trabajadores) a su cargo y por su cuenta y riesgo
exclusivamente.
Sugirió
que al parecer el artífice Luis Bernardo Mira Gómez, para la confección de la
obra ordenada, contrató al accionante, siendo él, responsable por los derechos
laborales que emanen a su favor.
Advirtió
que el único contacto que tuvo con el actor se dio cuando el señor Mira Gómez
lo autorizó para recibir a su nombre la suma de treinta mil pesos ($30.000),
debido a que era su cuñado.
En
cuanto a las afecciones de salud del accionante, señaló que no le constan, en
la medida que en el expediente solamente reposaba una orden médica para una
resonancia expedida en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela y una supuesta
historia clínica.
3.3.2.
Luis Fernando Mira Gómez
El
señor Mira Gómez pidió que se negara el amparo en lo que a él respecta,
advirtiendo que el 19 de diciembre de 2012, la señora Salazar Herreño,
atendiendo su recomendación, contrató al actor de manera verbal e indefinida
para que cumpliera las funciones de ayudante de “Drywall”. Para ello
pactó una asignación de $566.700 que equivalía a un salario mínimo legal
vigente.
Con
el fin de formalizar su vinculación y cumplir con la afiliación a seguridad
social,  les solicitó hojas de vida y fotocopia de los documentos de identidad,
debido a que desarrollarían una remodelación en el local de la firma Evacol
Ltda., en la ciudad de Bucaramanga, en el horario de 6 pm a 6 am.
Advirtió
que a partir del accidente laboral sufrido por el accionante el 26 de diciembre
de 2012 en horas de la madrugada, el único acceso a la salud a que tuvo derecho
por parte de su empleadora fue al de un farmaceuta, quien le recomendó reposo
total, sugerencia que no fue acatada, toda vez que la señora Salazar Herreño le
asignó la supervisión de la remodelación[14],
ya que en su sentir se trataba de un lumbago que podía ser tratado con inyecciones
de diclofenaco. En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad social indicó
que “no las había realizado porque cada una tenía un costo de $300.000 por
persona”. Finalmente aseguró que las veces en que el actor se acercó a la
oficina Salhe Arquitectura, firma que pertenece a la accionada, fue por requerimiento
hecho por ella.
3.3.3.
Salhe Arquitectura
La representante legal de esta sociedad solicitó se
declarara improcedente en amparo en lo que a ella respecta, teniendo en cuenta
que el accionante no hace alusión alguna a esa persona jurídica.  Transcurrido
el término concedido para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
la accionada Evacol Ltda., guardó silencio.
3.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
3.4.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta, declaró
improcedente el amparo, en la medida que no encontró que entre las partes
existiera una relación laboral, por lo que no era posible dar aplicación a la
protección que surge a partir del derecho a la estabilidad laboral reforzada,
debiendo para tal efecto acudir a la acción ordinaria laboral.
Se suma a lo anterior, la falta de inmediatez, debido
a que los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2012, y el amparo se
interpuso hasta el 26 de julio de 2013, lo cual constituye un indicio de la
inexistencia de un perjuicio irremediable.
3.4.2. Impugnación
El actor impugna la decisión adoptada por el a quo en
la medida que se limitó a valorar lo expuesto por la accionada, sin tener en
cuenta que su vínculo laboral fue con la señora Salazar Herreño y nunca con el
señor Mira Gómez.
Afirmó que se desconoció su condición actual de salud,
la cual quedó acreditada con el examen médico que tuvo que practicarse con sus
propios recursos.
En lo atinente a la inmediatez, también desconoce que
la accionada lo engañó con diferentes promesas de colaborarle con su tratamiento
médico
y debido a su reiterado incumplimiento acudió a la Oficina de Trabajo en donde
hizo pública su intención de desconocer su relación laboral (abril de 2013),
por lo que no transcurrieron más de 4 meses desde ese momento hasta que
interpuso el amparo.
3.4.3. Sentencia de segunda instancia
El
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta confirmó el fallo impugnado. Para
ello argumentó que dentro del expediente no existe prueba para establecer que
al momento en que supuestamente se terminó la relación laboral se encontraba
incapacitado, en rehabilitación o bajo recomendaciones médicas, puesto que los
exámenes que allega fueron practicados el 11 de enero y 05 de febrero de 2013 y
la incapacidad fue expedida el día 16 de enero de ese año, fechas posteriores a
la culminación de la obra, por lo que no se puede afirmar que la terminación de
la relación laboral obedeció a su estado de salud.
Tampoco
encontró acreditado el vínculo laboral entre el actor y la señora Salazar
Herreño y de haberse demostrado una relación de ese orden sería con el señor
Mira Gómez. También destacó que en este caso la causa que dio origen al
contrato culminó con el trabajo adelantado para la sociedad Evacol Ltda., por
lo que no se puede exigir su renovación indefinida.
Finalmente
resaltó que en el presente caso no se cumplió con el presupuesto de inmediatez
toda vez que la terminación del contrato de trabajo se dio el 30 de diciembre
de 2012 y la acción fue iniciada el día 26 de julio de 2013, transcurriendo un
lapso superior a 6 meses, situación de donde se infiere la inexistencia de un
perjuicio irremediable.
3.5. Pruebas aportadas en el expediente
·
Copia del resultado
de resonancia magnética de fecha 11 de enero de 2013 suscrito por el médico
Joseph Patiño de la Unidad San Rafael, donde se concluye: “protusión discal
posteroecentral L5-S1 condiciona compromiso biforaminal” (folio 2 del
cuaderno de primera instancia).
·
Fotocopia historia
clínica del Hospital de Los Patios, donde se señala que el 5 de febrero de
2013, una orden de servicios para consulta neurocirugía y un informe de
evolución por ortopedia (folios 3 a 5 del cuaderno de primera instancia).
·
Fotocopia del acta de
audiencia de conciliación celebrada el 16 de abril de 2013 en la Oficina del
Ministerio del Trabajo (folio 6 del cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la orden
dada por el kinesiólogo Gustavo Contreras para fisioterapia de rectificación de
la columna el 13 de enero de 2013, recomendando 20 días de fisioterapia (folio
7 del cuaderno de primera instancia).
·
Copia del comunicado
del señor Luis Bernardo Mira Gómez, donde señala que el vínculo laboral del
actor es con la señora Nidia Amparo Salazar Herreño (folios 8 a 10 del cuaderno
de primera instancia).
·
Fotocopia escrito de “cuenta
mano de obra” suscrito por la señora Salazar Herreño (folio 11).
·
Copia del “Contrato
mano de obra instalación Dry Wall No. 007-006” con destino a la franquicia
Evacol ubicada en el centro comercial El Cacique de la Ciudad de Bucaramanga,
el que en su cláusula tercera señala: “El pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en la instalación
de la fachada serán a cargo exclusivo de éste, pero si no cumple
satisfactoriamente con tales obligaciones, el contratante podrá retener los
pagos parciales o de la liquidación final las sumas necesarias para ello” (folio
23 del cuaderno de primera instancia).
·
Fotocopia formato de
referencia emitido el 30 de enero de 2013 por el Hospital de Los Patios, donde
se hace la remisión a neurocirugía (folios 58 y 59 del cuaderno de primera
instancia).
4. Expediente T-4358214. Caso: Yeison Alexander Monsalve Villalba en contra de la sociedad Surtidiagnóstico Ltda.
4.1. Situación fáctica expuesta por el actor
- Describió
que desde el 01 de marzo de 2013 inició a trabajar con la sociedad Surtidiagnóstico
Ltda., mediante contrato de trabajo verbal, con una remuneración básica de $589.500.
- Especificó
que el 23 de julio de 2013 cuando se bajaba del bus, una vez terminada su
jornada laboral como auxiliar de ventas, sufrió una caída siendo atendido en el
Centro Poucunico Del Olaya -CPO, y posteriormente por la EPS Salud Total, por
lo que se dispuso tratamiento médico, cirugías de clavícula, radiografías,
terapia física, incapacidades, estando pendiente de definir la calificación de
pérdida de capacidad laboral.
- Anotó
que el 09 de octubre de 2013, su empleador dio por terminada la relación
laboral, alegando que la empresa no estaba atravesando una buena situación
económica y financiera, cancelando su contrato a pesar de encontrarse en
tratamiento médico y gravemente enfermo, toda vez que padece de un síndrome
trauma contundente con fractura de clavícula y además requiere un nuevo
procedimiento quirúrgico. Afirmó que desde su desvinculación se encuentra
desafiliado del sistema de seguridad social integral.
- En
cuanto a su situación personal expuso que no pudo seguir colaborando con la
manutención de su hogar, el que está integrado por su hermana de 17 años de
edad y su madre que cuenta con 57 años. Agregó que presenta fuertes dolores en
el hombro, difíciles de soportar a pesar de los medicamentos, no puede hacer
fuerza y padece estados depresivos que lo han aislado de sus familiares
cercanos.
4.2. Pretensiones
En
orden a lo expuesto solicita ser reintegrado a su trabajo y reubicado durante
el tiempo que dure el tratamiento, el pago de salarios dejados de percibir, las
prestaciones sociales respectivas, así como indemnización correspondiente.
4.3. Traslado y contestación de la acción de tutela
El
Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá avocó conocimiento de la tutela, a partir
de lo cual ordenó correr traslado de la misma a las accionadas para que se
pronunciaran en torno a los hechos y pretensiones expuestas por el accionante. Surtido el trámite de rigor, se recibieron
los informes que se relacionan a continuación.
4.3.1. Surtidiagnóstico Ltda.
El
representante legal de la sociedad accionada informó que el accionante fue
contratado a través de contrato laboral verbal a término indefinido el 2 de junio
de 2013 y finalizó el 21 de octubre del mismo año, con una remuneración mensual
de $589.500.
A
lo anterior, añadió que el salario le fue cancelado hasta el 20 de octubre del
año inmediatamente anterior, tal como consta en la planilla de nómina adjunta a
la respuesta de tutela.
Indicó
que luego de la terminación del contrato laboral, el actor no se comunicó con
la empresa, ni radicó soportes de incapacidad que permitieran demostrar la
afectación a su salud, además señaló que desconocía la existencia dictamen
médico laboral alguno, donde se determinara una supuesta pérdida de capacidad
laboral. Agregó que la lesión causada por accidente no ocurrió en su lugar de
trabajo, ya que de ser así, la ARL Sura lo habría atendido. Advirtió que el señor
Monsalve Villalba se le vinculó laboralmente en el almacén de Implementos Médicos
de propiedad de su hermana, por lo que se le canceló la seguridad social hasta
el 30 de noviembre de 2013.
Por
último señaló que la acción de tutela fue invocada cinco meses después de la
finalización de la relación laboral, lo cual descarta la existencia de
debilidad manifiesta y hace improcedente el amparo.
4.3.2.
Salud Total EPS
La
EPS informó que el señor
Yeison Alexander Monsalve Villalba estuvo afiliado como trabajador dependiente
de Surtidiagnóstico Ltda. desde el 5 de junio de 2013, reportando cierre de
contrato laboral el 1° de octubre de 2013. Precisó que en la actualidad no
tiene afiliación activa con la citada EPS, por tanto no puede suministrársele
la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de Salud.
Indicó que el actor presenta incapacidades del
24 de julio al 22 de agosto de 2013, del 23 de agosto al 5 de septiembre de
2013 y del 6 de septiembre al 21 de septiembre de 2013. Además de ello, no
registra accidente de trabajo ni enfermedad laboral. En consecuencia solicitó
que se le desvinculara de la presente acción de tutela.
4.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
4.4.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado 34 Penal Municipal de Bogotá negó la acción
de tutela al estimar que en el presente asunto el accionante no se encuentra en
una situación de especial protección que haga procedente el amparo
constitucional, así como tampoco se encuentra probado que la causa de
terminación de la relación laboral haya obedeció al reporte de sus
incapacidades. No existe prueba que demuestre que el accionante padece una
enfermedad que lo incapacite laboralmente, contrario a ello la accionada indicó
que la terminación del contrato se dio por la situación económica y financiera
por la que atraviesa la empresa, siendo entonces competencia de la jurisdicción
laboral, establecer si el despido fue injusto, por lo que se cuenta con otra
vía judicial para resolver esta controversia.
4.4.2. Impugnación
El accionante impugnó el fallo de tutela proferido por
el a quo, toda vez que en su sentir dio plena credibilidad a la
accionada, desconociendo la verdad soportada en el material probatorio
aportado.
Reiteró que el hecho de no contar actualmente con
seguridad social le ha generado serios inconvenientes, ya que se encuentra en
tratamiento médico y con orden de nueva cirugía, lo que le impide su desarrollo
laboral de manera adecuada, por lo que se debió solicitar al Inspector de
Trabajo la respectiva autorización para su desvinculación. Respecto del tiempo
que se tomó para interponer la acción de tutela, indicó que ello se debió a que
agotó la conciliación ante el Ministerio de Trabajo.
4.4.3. Sentencia de segunda instancia
El
Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá, confirmó el fallo impugnado. Argumentó
que aunque efectivamente se ha visto afectado en su estado de salud, esta sola
circunstancia no hace procedente de manera directa la acción de tutela, máxime
cuando se ha superado el estado de discapacidad, en la medida que no se ha
generado una nueva incapacidad médica laboral.
Destacó
que a pesar de no ser admisible que el empleador negara conocer el estado de
salud del accionante, ni el actor ni su empleador hacen mención específica al
respecto. En consecuencia, no es posible concluir que la empresa accionada haya
tenido conocimiento de su situación.
En
cuanto al nexo causal entre el despido y el estado de salud del accionante,
para el ad quem, la terminación del contrato del señor Monsalve Villalba
fue producto de la situación económica por la que atravesaba la empresa.
Terminó concluyendo que ante la ausencia de elementos suficientes que permitan
conceder el amparo, corresponde esclarecer esta situación a la jurisdicción
ordinaria laboral.
4.5. Pruebas aportadas en el expediente
·
Certificado de la
Cámara de Comercio de la sociedad Surtidiagnósticos Ltda. (folios 7 y 8 del
cuaderno de instancia).
·
Copia del resumen
historia clínica del señor Yeison Alexander Monsalve Villalba, de fecha 23 de
octubre de 2013, donde se consigna: “paciente con fractura de clavícula a
quien se le realizó manejo quirúrgico, se realizó osteosíntesis con placa y
tornillo hasta la acromioclavicular (…) en cuatro meses requerirá un nuevo
procedimiento quirúrgico, para retirar el material” (folios 9 a 11 del
cuaderno de instancia).
·
Copia de las incapacidades,
del 23 de agosto y 16 de septiembre de 2013 por 14 y 16 días respectivamente
(folios 12 a 14 del cuaderno de primera instancia).
·
Copia de la carta a
través de la cual le informaron la terminación de su relación laboral el 9 de
octubre de 2013, donde se específica: “debido a la situación económica y
financiera por la que atraviesa la empresa (…) nos vemos obligados a prescindir
de sus servicios, a partir de la fecha.” (folio 16 del cuaderno de
instancia).
·
Copia de las órdenes para
procedimientos quirúrgicos del 23 de octubre de 2013, alusivos a la “extracción
del dispositivo implantado en el hombro por artrotomía” (folios 19 a 22 del
cuaderno de instancia).
5. Expediente T-4355303. Caso: Lenka
Indira Linet Cerchar Pereira en contra de Solentanche Bacchy Cimas S.A. y
Concreto S.A., que integran el Consorcio Puerto Brisa
5.1. Situación fáctica descrita por la actora
-
Informó que fue contratada como Auxiliar Administrativa el día 5 de
febrero de 2013, a través de un contrato por obra o labor con una asignación
mensual de $650.000.
-
Explicó que el 20 de abril de 2013, el bus en que se transportaba al sitio de
trabajo colisionó con otro vehículo resultando herida de gravedad. El
diagnóstico inicial emitido en la E.S.E. Hospital Santa Teresa de Jesús De
Ávila del municipio de Dibulla fue: “paciente con dolor de gran intensidad
en cadera y muslo izquierdo que no calma medicación administrada, más fractura
de cadera y luxación de cabeza de fémur izquierda”.
-
Expuso que debido a lo complejo de su lesión fue remitida a la ciudad de Riohacha
a una institución de Segundo Nivel, Hospital Nuestra Señora de los Remedios,
siendo intervenida quirúrgicamente el 10 de mayo de 2013, de “fractura de
acetábulo de cadera izquierda”. A partir de ello estuvo incapacitada desde
el 20 de abril de 2013 hasta el 15 de septiembre de 2013.
-
El 22 de septiembre de 2013, se dio por terminado su contrato de trabajo a
pesar de encontrarse en rehabilitación al momento de su desvinculación e
incluso sin haber sido calificado su grado de pérdida de capacidad laboral y
sin la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo.
-
En cuanto a su situación personal afirmó que es madre cabeza de familia,
desempleada desde la terminación del contrato laboral, por lo que no ha podido
cubrir sus necesidades y las de su núcleo familiar.
5.2. Pretensiones
De
acuerdo con la situación fáctica expuesta solicitó que se declarara la
ineficacia de la terminación del contrato de trabajo por violación a los
derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, estabilidad
laboral reforzada, mínimo vital, entre otros y, por tanto, se ordenara su
reintegro al cargo que desempeñaba, atendiendo recomendaciones hechas por la
ARL Sura, junto con el reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir.
5.3. Traslado y contestación de la acción de tutela
El Juzgado Promiscuo Municipal de Dibulla admitió la
solicitud de tutela y requirió a la empresa demandada para que rindiera un informe
sobre los hechos que originaron el amparo.
5.3.1. Consorcio Puerto Brisa
A través de su representante legal la sociedad
accionada solicitó que se negara la pretensión expuesta en la acción de tutela.
Como sustento de su solicitud precisó que la terminación del contrato de
trabajo obedeció a una justa causa de conformidad con el artículo 61 del C. S.
T., debido a que se terminó la obra para la cual fue contratada.
Destacó que mientras estuvo vigente la relación
laboral, pagó en forma oportuna los aportes a la seguridad social, acompañó a
la actora en su proceso de recuperación y cumplió con el pago de las
incapacidades y prestaciones económicas que se derivaron del accidente de
trabajo. En consecuencia, se opuso al reintegro debido a que la actora no está en
una condición de discapacidad, ni se encuentra limitada físicamente y no logró
probar que se encontraba en estado de debilidad manifiesta.
5.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
5.4.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Promiscuo Municipal de Dibulla, concluyó
que no es procedente el amparo solicitado, en vista de que no se probó que la
peticionaria pueda considerarse como una persona discapacitada o en estado de
debilidad manifiesta, ya que si bien se constata que sufrió un penoso accidente
que la mantuvo incapacitada durante un periodo considerable de tiempo, obra
también dentro del expediente un documento emanado de la Comisión Laboral de la
Administradora de Riesgos Laborales Sura que indica que la trabajadora el día
16 septiembre de 2013 se encontraba en adecuadas condiciones de salud para
retornar a las actividades propias de su cargo. Así las cosas, estimó que
existe una vía de reclamación idónea y eficaz en la jurisdicción ordinaria,
para dirimir las pretensiones de la accionante.
5.4.2. Impugnación
La
accionante impugnó el fallo de tutela proferido por el a quo, sin
exponer argumentos adicionales.
5.4.3. Sentencia de segunda instancia
Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha,
confirmó la decisión del juez de primera instancia, al estimar que la culminación del contrato de obra de la
actora se dio una vez terminado su periodo de incapacidad, es decir, cuando
había sido reintegrada a sus labores, con lo que no se cumple con uno de los
presupuestos jurisprudenciales exigidos para que se configure la estabilidad
laboral reforzada.
5.5. Pruebas aportadas en el expediente
·
Certificación de
existencia y representación de la Constructora Concretos S.A. (folios 10 a 29
del cuaderno de instancia).
·
Certificado de
existencia y representación de la empresa Soletanche Bachy International
-sucursal Colombia (folios 31 y 32 del cuaderno de instancia).
·
Copia del contrato de
trabajo por obra o labor determinada celebrado entre la señora Lenka Indra
Linet Cerchar Pereira y el Consorcio Puerto Brisa con fecha de inicio 5 de
febrero de 2013 y hasta que el consorcio cumpliera el 85% de la ejecución de la
obra (folios 33 y 34 del cuaderno de instancia).
·
Copia simple de concepto
médico de aptitud laboral, del 24 de septiembre de 2013, donde se consignó: “esperar
concepto médico y seguir las recomendaciones hechas por ARL SURA” (folio 35
del cuaderno de instancia).
·
Copia del “Otros
Si” realizado al contrato, extendiendo el término de duración al 90% de
ejecución de la obra (folio 36 del cuaderno de instancia).
·
Copia de la comunicación
dirigida por el Consorcio Puerto Brisa a la ARL Sura informando que a partir
del 21 de septiembre de 2013, daba por terminado el contrato laboral de la
señora Cerchar Pereira (folio 37 del cuaderno de instancia).
·
Copia de la
certificación laboral expedida por el Consorcio Puerto Brisa, donde se señala
que estuvo vinculada laboralmente desde el 5 de febrero hasta el 22 de
septiembre de 2013.
·
Copia de la
comunicación del Consorcio Puerto Brisa a la señora Cerchar Pereira, donde se
le informa que el 22 de septiembre de 2013, finalizó la labor para la cual fue
contratada “del proyecto La construcción del viaducto la plataforma y el
muelle ubicado en Dibulla-Guajira”, por lo que daba por terminado su
relación laboral (folio 39 del cuaderno de instancia).
·
Copia de la
constancia de accidente, en la que se consagra que “del accidente ocurrido
el 20 de abril de 2013 (…) resultaron lesionadas 23 personas mayores de edad”
dentro de las que cuenta la accionante (folios 42 a 48 del cuaderno de
instancia).
·
Copia de la historia
clínica y complementaria de la señora Cerchar Pereira que dan cuenta del
ingreso a urgencias, remisión a una E.S.E. de segundo nivel, realización de
cirugía, control de evolución, término de incapacidad, tratamiento y terapias
para rehabilitación (folios 49 a 65 del cuaderno de instancia).
·
Copia de las
recomendaciones de reintegro hechas por la ARL Sura, a partir de “accidente
laboral del día 20 de abril de 2013 [que le ocasionó] fractura de la
rama isquiopubica izquierda” (folios 66 y 67 del cuaderno de instancia).
·
Copia auténtica de los
registros civiles de los hijos de la accionante (folios 68 y 69 del cuaderno de
instancia).
·
Copia del acta de
liquidación del 22 de septiembre de la señora Cerchar Pereira (folio 98 del
cuaderno de instancia).
·
Copia de las actas de
liquidación del 22 de septiembre de Hernando Caballero García, Miyer Manuel
Gonzales Pestaña, Alexander Osorio Navarro y Saúl Hernando Zapata Foronda
(folios 100 a 107 del cuaderno de instancia).
·
Copia de la
certificación expedida por el Director Técnico del Consorcio Puerto Brisa,
donde señala que “con base en el programa de ejecución de trabajos, a la
segunda semana del mes de septiembre del año 2013 se tenía un porcentaje de
avance superior al 90% del total de la construcción del viaducto de acceso y
muelle en el Proyecto Puerto Brisa localizado en el municipio de Dibulla,
Departamento de La Guajira” (folio 108 del cuaderno de instancia).
6. Expediente T-4363218. Caso: Diego Alejandro Pava Cano contra
las empresas Labor Temporal S.A.S. y Furima S.A.S.
6.1. Situación fáctica descrita por el accionante
- Afirmó que desde el 6 de octubre de 2011 se vinculó
laboralmente con la empresa Labor Temporal S.A.S, mediante contrato de trabajo
de obra o labor determinada para desempeñarse como trabajador en misión en la
empresa Furima S.A.S. en el cargo de Operario de Producción, devengando un
salario mínimo legal vigente más auxilio de transporte.
- Expresó que el 24 de marzo de 2012, cuando se
encontraba ejecutando labores en la empresa Furima S.A., sufrió un accidente de
trabajo, donde por aplastamiento le amputaron parte de las falanges del segundo
y tercer dedo de la mano derecha.
- Señaló que el día 21 de junio de 2012, la terapeuta
ocupacional y el médico laboral de la ARL Sura, le enviaron comunicación a la
empresa Labor Temporal S.A.S., con las recomendaciones para facilitar su
proceso de reintegro laboral.
- Indicó que el 31 de julio de 2012, la gerente de la
empresa Furima S.A.S. le remitió comunicación donde le indicó que, de acuerdo
con las recomendaciones médicas para el reintegro dadas por la ARL Sura, se le
asignó el cargo u oficio de Matachero en C02.
- Resaltó que el 6 de agosto de 2012 la ARL Sura, le
notificó que se le calificó con pérdida de capacidad laboral del 17.26%, contra
la que interpuso recurso de apelación. La misma fue confirmada por la Junta
Regional de Invalidez de Antioquia y finalmente la Junta Nacional de Invalidez
la estableció en 17.88%.
- Aclaró que el 11 de marzo del año 2013, estando en
el proceso de calificación de invalidez, la empresa Labor Temporal S.A.S. lo
desvinculó al igual que a 23 trabajadores más, sin tener en cuenta que en su
caso se debía contar con la autorización del Ministerio del Trabajo de
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
- Relató que el día 31 de julio de 2013, remitió derecho
de petición a la empresa Labor Temporal S.A.S., solicitando su reintegro,
recibiendo respuesta negativa, debido a que el accidente no lo afectó de manera
vital.
- En cuanto a su situación personal expuso que es una
persona sin recursos económicos, desempleado, en estado de debilidad manifiesta
al contar con una disminución física de 17.88%, desvinculado del sistema de seguridad
social, toda vez que no ha conseguido trabajo en otras empresas.
- Por último argumentó que cumple con el requisito de
inmediatez, en la medida que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en
forma definitiva emitió el dictamen el 20 de junio de 2013 y a partir de esa
fecha elevó la solicitud de reintegro y posteriormente acudió a la acción de
tutela.
6.2. Pretensiones
Atendiendo
la situación expuesta, solicitó que se ordenara su
reintegro, la reubicación de una manera definitiva al cargo que venía
desempeñando al momento del despido y se le cancelaran los salarios y
prestacionales a que tiene derecho, así como la sanción prevista en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997.
6.3. Traslado y contestación de la acción de tutela
El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Medellín,
avocó el conocimiento de la
presente acción, corriendo traslado del caso a los representantes legales de las
empresas Labor Temporal S.A.S. y Furima S.A.S.
6.3.1. Labor Temporal S.A.S.
La representante legal de la sociedad accionada
manifestó que el actor se encuentra en capacidad para laborar, por lo que no
fue despedido por su accidente de trabajo, sino en razón de la terminación de la
obra o labor  para la cual fue contratado. Expuso igualmente que el accionante
no cumplió con el requisito de inmediatez dado que la solicitud de amparo se
interpuso seis meses después del despido.
Destacó que la empresa lo llamó para que se
reintegrara, respecto de lo cual dijo encontrarse en otra ciudad y tener
interés en volver a laborar en la sociedad accionada. Por lo anterior, solicitó
que fuera negada la solicitud de amparo dado que la entidad no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados por el actor.
6.3.2. Furima S.A.S.
La representante legal de esta sociedad expuso que no
es la empleadora del accionante, quien tan solo prestó sus servicios como
trabajador en misión de manera temporal. Agregó que al momento de terminarse la
relación laboral el actor no se encontraba incapacitado, por lo que no era
obligación de las accionadas tener un trato preferente.  Destacó que la
terminación del contrato se dio por baja en la producción y en ningún momento por
la condición del actor, por lo que se debe probar conexidad entre la debilidad
manifiesta y la desvinculación laboral.
6.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
6.4.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Primero Penal
Municipal con funciones de conocimiento Medellín, negó el amparo al entender que en este caso no estaban dados los requisitos para que procediera la acción
de tutela, en primer lugar, por cuanto la empresa llamó al actor con el fin de
reintegrarlo al cargo que desempeñaba, pero manifestó que se encontraba en otra
ciudad y que no le interesaba regresar; y en segundo lugar, por cuanto no se
dio el requisito de inmediatez, toda vez que entre la ocurrencia del hecho y la
presentación de la tutela transcurrió un lapso de 6 meses, no existiendo
entonces un plazo razonable para interponer la acción constitucional e invocar
la vulneración al mínimo vital.
6.4.2. Impugnación
El actor interpuso recurso de apelación al estimar que
el a quo no tuvo en
cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al principio de
inmediatez, toda vez que las reclamaciones estuvieron sujetas a la emisión de
dictámenes por parte de las Juntas de Calificación hasta el 20 de junio de
2013. Por lo que no se puede hablar de inactividad de su parte ya que agotó
todos los mecanismos que la ley le ofrecía relacionados con su accidente de
trabajo y a partir de ello solicitó el reintegro a las labores que desempeñaba.
Aceptó que al momento del despido no estaba
incapacitado, sin embargo adviertió que la estabilidad laboral reforzada en su
caso está relacionada con la pérdida o disminución física de la capacidad
laboral que tienen los trabajadores debido a accidentes de trabajo y que
repercuten en su vida laboral de una manera permanente, por lo que era
obligatorio el permiso de la Oficina de Trabajo.
Igualmente informó que el juez dio por cierta la
afirmación hecha por una de las empresas accionadas cuando manifestó que lo
llamaron para que se reintegrara a su trabajo, a pesar de que él sí demuestra
que le solicitó a las empresas accionadas su reincorporación laboral.
6.4.3. Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de conocimiento
de Medellín, confirmó la decisión del juez de primera instancia. Consideró que no
existía una relación de causalidad entre la discapacidad que padece el actor y
la desvinculación laboral, ya que para ese momento no se encontraba
discapacitado, ni en tratamiento médico y si bien perdió dos falanges de su
mano derecha, ello no significa necesariamente que por tal situación pretenda
estar indefinidamente en la empresa. Así, a pesar de que no se contó con el
permiso del Ministerio de Trabajo para proceder a su despido, también se debe
tener en cuenta que junto con él se despidieron otras 23 personas más, lo que
evidencia que fue una situación general en la empresa, de ahí que no pueda
hablarse de discriminación en contra del actor por el despido de que fue
objeto.
6.5. Pruebas aportadas en el expediente
·
Copia de
certificación laboral de fecha 4 de marzo de 2013, expedida por la empresa Labor
Temporal S.A.S., siendo enviado como trabajador en misión a la empresa Furima
S.A.S. en cuatro periodos así: i. 6 de octubre al 30 de octubre de 2011; ii. 25
de noviembre al 26 de diciembre de 2011; iii. 10 de enero de 2012 al 23 de
diciembre de 2012; iv. 14 de enero de 2013 a la fecha de expedición de la
presente certificación (folio 12 del cuaderno de instancia).
·
Copia de “Descripción
Operatoria” del 27 de marzo de 2012, suscrita por el médico ortopedista,
quien en su diagnóstico prequirúrgico sugiere “amputación dedos mano
derecha”.
·
Copia del formato de
informe de accidente de trabajo del empleador a la ARL Sura, en el que se
consignó la siguiente descripción del accidente: “estaba en la matechera de
la caja fía (máquina sopladora) elaborando unas matachas, la máquina arrancó el
ciclo y se paró, el trabajador abrió la máquina para revisarla y esta inició
nuevamente, aplastándole los dedos índice y medio de la mano derecha, el
accidente ocurrió porque se hizo un mal movimiento de parte del trabajador, ya
que debió haber puesto el stop (botón de seguridad) de la máquina” (folios
14 y 15 del cuaderno de instancia).
·
Copia de Fax emitido
por la empresa Furima S.A. del accidente de trabajo (folio 16 del cuaderno de
instancia).
·
Copia de comunicación
de fecha 31 de julio de 2012, que me remitió la gerente de Furima S.A.S. al
señor Pava Cano, informando que “de acuerdo a las recomendaciones médicas
para el reintegro dadas por la (sic) Sura el pasado 21 de junio (…) se le
asignó el cargo/oficio Matachero en CO2” (folio 17 del cuaderno de
instancia).
·
Copia de comunicación
de fecha 6 de agosto de 2012, que remitió al señor Pava Cano a la ARL Sura
calificando mi pérdida de la capacidad laboral en 17.25% (folios 19 a 25 del
cuaderno de instancia).
·
Copia de comunicación
de fecha 18 de abril de 2013, que me remitió la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Antioquia, a través de la cual se confirmó el dictamen dado por
la ARL (folios 26 a 30 del cuaderno de instancia).
·
Copia de comunicación
de fecha 20 de junio de 2013, que me remitió la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez, adjuntándome el dictamen proferido, estableciendo una pérdida de
capacidad laboral del 17.88% (folios 31 a 34 del cuaderno de instancia).
·
Copia de derecho de
petición de reintegro laboral y asignación de funciones, de fecha julio 31 de
2013, remitido a la empresa Labor Temporal S.A.S. (folios 35 a 40 del cuaderno
de instancia).
·
Copia de la respuesta
al derecho de petición elevado por el actor, en el que se le indica que su
despido fue acorde con la ley y por ello no cabe el reintegro laboral (folios
41 y 42 del cuaderno de instancia).
•
Copia de la carta
remitida por la ARL Sura indicando las recomendaciones para el reintegro
laboral del accionante (folio 59 del cuaderno de instancia).
•
Copia del comunicado
enviado a la empresa usuaria Furima S.A.S. donde constan las recomendaciones.
•
Copia de la carta
emitida por la ARL Sura otorgando una prórroga a las restricciones para el
reintegro a las labores del accionante.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Sala Quinta de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para decidir estos asuntos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241.9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Problema jurídico.
En el presente caso las relaciones
laborales sometidas a estudio se rigen bajo distintas modalidades
contractuales, como lo son por obra o labor celebrados directamente y/o en
misión, a término indefinido verbales y escritos, los que según los empleadores
se dieron por terminados a partir de la culminación de la obra para la cual
fueron vinculados, procesos por faltas al reglamento interno y para proteger la
estabilidad económica y financiera de la empresa, sin tener en cuenta
enfermedades de origen común y profesional, así como las secuelas presentadas
con ocasión de accidentes de origen común y laborales.
En orden a lo expuesto, la Sala Quinta debe
establecer si en los casos expuestos procede la acción de tutela para proteger
los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de
los accionantes, al ser desvinculados sin tener en cuenta la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraban y sin contar con la autorización del Ministerio
del Trabajo o de quien haga sus veces en las respectivas entidades
territoriales.
Para solucionar el problema jurídico
planteado, esta Sala: (i) reiterará la jurisprudencia  acerca de la procedencia
excepcional de la acción de tutela cuando se ponen en riesgo derechos
fundamentales de sujetos de especial protección; (ii) la estabilidad laboral reforzada de las personas discapacitadas;
(iii) La responsabilidad solidaria entre el contratista independiente y la empresa
beneficiaria por los incumplimientos derivados de una relación laboral; y, por
último, (iv) se resolverán los casos concretos.
3. La procedencia excepcional de la acción de
tutela para proteger los derechos fundamentales de sujetos de especial protección
en materia laboral. Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser incoada
ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: “i) no
exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver un conflicto
relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, ii) existiendo otras
acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la protección del derecho
de que se trate, o, iii) existiendo acciones ordinarias, resulte necesaria la
intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio
irremediable”[15].
En este sentido, la
subsidiariedad y la excepcionalidad de la acción de tutela llevan implícito que
los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como mecanismos
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos, sean utilizados de
manera preferente, siempre que resulten conducentes para conferir una eficaz
protección constitucional a los derechos fundamentales de las personas. Por
tanto, quien invoca la transgresión de sus derechos fundamentales a través del
recurso de amparo, debe agotar los medios de defensa disponibles por la
legislación para el efecto[16].
Ello con el fin de asegurar que la tutela no sea considerada una instancia
adicional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el
legislador[17].
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-262 de 1998, señaló:
“la acción de tutela no ha sido concebida
como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino
como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida
en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que
el juez constitucional tomará el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la
jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de
la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de
las otras jurisdicciones.”
Ahora bien, si el juez constitucional,
atendiendo a situaciones extraordinarias, comprueba que los otros medios
judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas, la
tutela resulta procedente excepcionalmente. Sobre el particular, esta Corporación en la sentencia T-742 de
2011 manifestó:
“la sola existencia de un medio
alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de
la acción de tutela, porque como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y
eficaz para la defensa de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si
el juez constitucional constata que el otro medio de defensa no resulta
conducente para la protección efectiva de los derechos invocados, - al no
asegurar, por ejemplo, la eficacia necesaria para su defensa real -, el
fallador puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de
los derechos fundamentales, admitiendo la procedencia en estas circunstancias,
de la acción de tutela.”
Así mismo, en la sentencia T-864 de 2011, este
Tribunal sostuvo que “la jurisprudencia de la Corte también ha reconocido
que la acción de tutela procede como mecanismo de protección de manera
excepcional, en los casos en que el accionante se encuentra en una condición de
debilidad manifiesta o sea un sujeto protegido por el derecho a la estabilidad
laboral reforzada, es decir, en los casos de mujeres en estado de embarazo, de
trabajadores con fuero sindical y de personas que se encuentren incapacitadas
para trabajar por su estado de salud o que tengan limitaciones físicas.[18]”
En este sentido, la Corte ha destacado que “en los
casos de personas protegidas por la estabilidad laboral reforzada no existe
dentro de los procesos ordinarios un mecanismo preferente y sumario para que
opere el restablecimiento de sus derechos como trabajadores. Por lo tanto, la
jurisprudencia constitucional ‘considera [que] la acción de tutela [es]
procedente para ordenar el reintegro al trabajo (…) de los trabajadores con
limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, despedidos sin autorización de
la oficina del trabajo así mediare una indemnización.’[19]. Lo
anterior, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas en
situación de debilidad y evitar que los trabajadores despedidos bajo estas
circunstancias deban adelantar un proceso engorroso que no sea idóneo o eficaz
para la protección de sus derechos fundamentales”[20].
De lo anterior se desprende que aunque en principio la
acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, no es el mecanismo adecuado
para solicitar el reintegro laboral en los casos en que el accionante sea
titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada por encontrarse en una
situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su empleo sin
autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, el recurso de
amparo pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de
protección principal[21].
Entonces, si bien la acción de tutela no es por regla
general el mecanismo adecuado para solicitar el reintegro laboral, en casos
donde se predique la estabilidad laboral reforzada, aplicable a aquellas
personas con invalidez y quienes por su estado de salud, limitación física o psíquica se
encuentran en condiciones de discapacidad y en circunstancias de debilidad
manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición como
mecanismo transitorio, así no se haya calificado su nivel de discapacidad, este trámite se convierte, transitoria o
definitivamente[22],
en el mecanismo más adecuado de protección del derecho.
En estos casos, la acción de tutela es el
mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales del
trabajador que cumple con las condiciones descritas, cuya finalidad es expandir
el postulado de la igualdad real y efectiva y, de esta forma, garantizarles a
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el ejercicio
pleno de sus derechos fundamentales[23].
Así, aunque no exista un derecho a permanecer en el empleo, la desvinculación
laboral de estas personas solamente pude cumplirse, previa autorización del
Ministerio de Trabajo. Así lo reiteró esta corporación en la sentencia T-772 de
2012, al resolver ocho casos similares a los ahora estudiados. En concreto se
señaló:
“esta Corporación no sólo considera que en
estos eventos la acción de tutela es procedente, sino que además es el
mecanismo apropiado para solicitar el reintegro laboral. Además, su procedencia
también se predica frente a las personas que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, caso en el cual podrá concederse de manera transitoria
mientras las autoridades competentes deciden lo pertinente.[24] En este
último caso, la procedencia de la acción de tutela busca evitar la
configuración de un perjuicio irremediable y no releva al trabajador de acudir
a las vías ordinarias judiciales”.
En conclusión, en aquellos casos en los
cuales se perciba la afectación de los derechos fundamentales de una persona en
situación de discapacidad, adulta mayor o perteneciente a otros grupos
vulnerables, la acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar
su amparo y no puede exigírsele previamente el agotamiento de las vías
ordinarias, toda vez que el asunto cobra relevancia constitucional ante la
posibilidad de que se trate de un acto discriminatorio (art. 13 Superior).
4. La estabilidad laboral reforzada de
las personas con discapacidad[25]. Reiteración de
jurisprudencia
Este Tribunal a través de un
amplio desarrollo jurisprudencial ha definido quiénes son los sujetos de
especial protección, siendo claro que dentro de la mencionada categoría se
encuentran, entre otros, las madres cabeza de familia, los niños, las mujeres
embarazadas, los ancianos y los discapacitados[26]. Dado que el caso bajo estudio se centra
en el grupo de los discapacitados, esta Sala solo hará consideraciones sobre
este particular.
De
conformidad con el artículo 13 de la Constitución, el Estado está en la
obligación de adoptar medidas tendientes a la protección de personas en estado
de debilidad manifiesta, ya sea por su condición física o mental o por ser
sujetos tradicionalmente discriminados. Por su parte, el artículo 47 Superior
obliga a las entidades públicas a adelantar políticas para la previsión,
integración y rehabilitación de aquellos sujetos que tengan algún impedimento
físico o psíquico. A su vez, el artículo 54 Constitucional también establece en
cabeza del Estado el deber de “propiciar la ubicación de personas en edad de
trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”.
En cuanto a los instrumentos internacionales que protegen los
derechos de las personas con disminuciones físicas o mentales, se encuentran
entre otros[27]:
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales[28]
- El Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales[29].
- La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[30].
- Las
Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad[31].
- El Convenio 159 de la OIT Sobre la Readaptación Profesional y el
Empleo de Personas Inválidas[32].
- La Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
Personas con Discapacidad[33].
Esta Corporación en la sentencia C-824 de 2011,
reconoció que de conformidad con las disposiciones de rango superior alusivas a
los derechos de las personas con limitaciones o con discapacidad, “es
evidente que los Estados tienen obligaciones específicas y preferentes en
relación con la adopción de medidas para evitar la discriminación y garantizar
los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.” En
este sentido, las autoridades están
llamadas no solo a eliminar todas las formas de discriminación, sino que además
deben adoptar medidas de inclusión y acciones afirmativas encaminadas a
garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad[34].
En esta materia el Congreso ha expedido diferentes
leyes. Entre las más significativas se encuentran la 361 de 1997, “por la
cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones”; la 1145 de 2007, “por medio de la cual se organiza el Sistema
Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”; y la 1346 de 2009, “por medio de la cual se aprueba la
´Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad´[35]. Normatividad que es una clara muestra del principio de
progresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales, en
tanto persiguen avanzar significativamente en la garantía de los derechos de
las personas que padecen algún tipo de limitación[36]. También
es desarrollo de la forma organizativa acogida por la Constitución de 1991,
como Estado social de derecho (art. 1º superior). Así mismo, responde a los
fines esenciales (efectividad de los derechos, art. 2º superior) y sociales
(derechos sociales, económicos y culturales, arts. 42 ss), que lleva al
reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables del ser humano (art.
5º superior).
Esta Corporación ha venido desarrollando una serie de
subreglas que avanzan en la garantía del ejercicio efectivo de todos los
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En el caso
de la personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, también se ha
utilizado el término “discapacitado”, queriendo significar las personas
que padecen alguna deficiencia física o mental que les impide actuar en la
sociedad en igualdad de condiciones respecto de quienes no sufren dolencia
alguna[37].
La sentencia T-198 de 2006 distinguieron
los conceptos de deficiencia, discapacidad e invalidez, para señalar que
implican una disminución de las capacidades físicas, mentales o sensoriales de
la persona. Al respecto, señaló:
“Así mismo, se encuentra establecido que se presenta
una clara diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En
efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la
invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad
necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez
sería el producto de una discapacidad severa. (…)
Por el contrario, podría afirmarse que el concepto de
discapacidad implica una restricción debida a la deficiencia de la facultad de
realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal
para ser humano en su contexto social. En este sentido, discapacidad no puede
asimilarse, necesariamente a pérdida de capacidad laboral. Así, personas con un
algún grado discapacidad pueden desarrollarse plenamente en el campo laboral, y
en consecuencia, la equiparación hecha por la entidad demandada carece de
fundamento constitucional, legal y científico.
De la misma manera puede afirmarse que la
protección otorgada por la Constitución y desarrollada por la Ley 361 de 1997
se encuentra dirigida a la discapacidad, y no solamente a la invalidez.
En efecto, la invalidez implica
incapacidad para desarrollarse en el campo laboral por haber perdido el 50% o
más de la capacidad laboral, y en consecuencia resultaría inaplicable la
protección laboral reforzada establecida, puesto que la persona no estaría en
las condiciones aptas para realizar ninguna clase de actividad.
Por el contrario, dicha protección cobra
plena aplicación en los casos de los trabajadores discapacitados, toda vez que
lo que se busca es permitir y fomentar la integración de este grupo a la vida
cotidiana, incluyendo el aspecto laboral.”
En materia laboral y del derecho a la seguridad
social, la Corte ha venido
desarrollando una línea jurisprudencial que abandona una visión restringida y
formal del concepto “limitación” y ha aceptado la condición de sujeto de
especial protección constitucional  en casos en donde no necesariamente existe
un dictamen médico que lo certifique. Así sostuvo:
“Desde la pluricitada sentencia T-198 de
2006 se ha dicho que ‘en materia laboral, la protección especial de quienes por
su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende
también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados o de invalidez.”[38]
A su vez, el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997 consagró expresamente un freno al ejercicio de cualquier
facultad otorgada a los nominadores, al prohibir que en ningún caso una
limitación física puede ser motivo para obstaculizar un vínculo laboral o ser
una razón para el despido, sin importar el tipo de relación laboral,
estableciendo incluso una sanción pecuniaria[39].
El amparo hacia la estabilidad laboral predicable de cualquier tipo de
vinculación laboral ha sido identificado como una “estabilidad laboral
reforzada” que a la vez constituye un derecho constitucional, la que no solo
implica el derecho a no ser desvinculado, sino además a la reubicación en su
trabajo conforme a sus condiciones de salud.  La Corte en la sentencia T-663 de
2011 expuso:
“el derecho
a la estabilidad laboral reforzada no puede ser entendido simplemente como la
imposibilidad de retirar al trabajador que ha sufrido una disminución en su
estado de salud, sino que además implica el derecho a la reubicación en
un puesto de trabajo conforme a sus condiciones de salud en el que ´pueda
potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no
obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los
intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los
del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas´”[40].
De lo expuesto se extrae que cuando un
trabajador se encuentra en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a que el
Estado y los particulares le garanticen la estabilidad laboral reforzada, es
decir, que una vez acaecida
una circunstancia que le disminuya o limite su capacidad laboral, en lo
sensorial, lo físico o lo sicológico, cuenta con la posibilidad de permanecer
en el empleo y ser reubicado de acuerdo a su condición de salud, como medida de
protección a su especial condición, lo que significa que goza de cierta
seguridad en la continuidad de la relación laboral[41].
Lo anterior limita la facultad del
empleador de desvincular al trabajador mientras no justifique una justa causa y
que la misma sea avalada previamente por el Ministerio de Trabajo[42].
Al respecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-744 de
2012[43],
destacó la obligación del Estado colombiano de ofrecer no solo una protección
especial a las personas que se encuentran en situación manifiesta de debilidad,
ya sea física o psíquica, sino además brindar las garantías necesarias para que
puedan alcanzar su rehabilitación o una integración social, mediante una
atención especializada, adoptando medidas en su favor. En cuanto a las
condiciones para estar inmerso en este tipo de protección especial estableció:
“Aunque la Corte acepta que el concepto de
discapacidad no ha tenido un desarrollo pacífico[44], ha
concluido que laboralmente ‘la protección especial de quienes por su condición
física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las
personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les
impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados’[45].
El amparo cobija a quien sufre una
disminución que dificulta o impide el desempeño normal de sus labores, por
padecer (i) una deficiencia, entendida como una pérdida o anormalidad
permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica, de
estructura o función; (ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o
impedimento del funcionamiento de una actividad, por disminución frente al
ámbito considerado ‘normal’ para el ser humano; o (iii) minusvalidez,
desventaja humana que limita o impide el desempeño de una función, acorde con
la edad u otros factores sociales o culturales[46].”
Estos postulados han sido desarrollados por
distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional, a través de los cuales
se ha destacado que el empleador debe respetar un procedimiento especial para
dar por terminado un contrato laboral de una persona que se encuentra en alguna
de las circunstancias descritas. Así en la sentencia T-232 de 2010 se indicó:
“Ese procedimiento reforzado de
terminación, ha dicho la Corte, es el enunciado por la Ley 361 de 1997.[47]
El artículo 26 de dicha Ley dispone, justamente, que ‘ninguna persona
limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo’.[48]
Por lo tanto, si se comprueba que el empleador no respetó dicha garantía en la
desvinculación, deben tener lugar conjuntamente dos consecuencias: (i) en
primer lugar, se la privará de eficacia y se deberá proceder a ordenar el
reintegro del trabajador;[49]
(ii) en segundo lugar, deberá pagársele al trabajador desvinculado ‘una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de
las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren’ (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997).”
En la providencia en cita también se
explicó por qué es importante acudir ante la autoridad laboral, al margen de si
existe o no una justa causa para la terminación de la relación laboral. En
concreto se dijo:
“7. Ahora, es necesario precisar que la
autorización previa de la oficina del trabajo se requiere en principio ante
cualquier clase de terminación contractual, y por lo tanto deben exigirla los
empleadores cuando vayan a dar por terminada la relación laboral en virtud de
un despido sin justa causa, el advenimiento del plazo en los contratos a
término fijo o la finalización de la obra en los contratos por obra o labor.
Esta exigencia tiene su razón de ser en el principio constitucional que ordena
concederle primacía a la realidad sobre las formas (art. 53,
C.P), pues la observancia de la oficina del trabajo tiene el propósito
inmediato de evitar que bajo la forma de una terminación legal se esté
dispensando, en detrimento del trabajador, un tratamiento discriminatorio
basado en su debilidad manifiesta.”[50]
Por otra parte, la Corte ha
establecido que son titulares de la estabilidad laboral reforzada los
trabajadores que presentan disminución en su estado de salud durante el
transcurso del contrato laboral y que posteriormente son despedidos aun cuando
el empleador tiene conocimiento de dicha situación. En esta circunstancia, les
asiste la garantía de permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure
una causal objetiva de despido que sea previamente calificada por la autoridad
laboral competente[51].
En este punto la
jurisprudencia ha reseñado tres requisitos que deben configurarse para la
procedencia de la acción de tutela cuando se invoca la vulneración del derecho
a la estabilidad laboral reforzada aduciendo un trato discriminatorio por parte
del empleador en razón al estado de salud de la persona afectada, a saber: “(i)
que el peticionario pueda considerarse como una persona discapacitada o con
reducciones físicas que lo sometan a un estado de debilidad manifiesta para el
desarrollo de sus labores; (ii) que el empleador tenga conocimiento de
tal situación; y (iii) se demuestre el nexo causal entre el despido y el estado
de salud del actor”[52].
La disminución física o el
delicado estado de salud del trabajador ha sido considerado como un criterio
sospechoso de discriminación dentro del análisis que debe realizar el juez
constitucional para la procedencia de la acción de tutela, cuando se da por
terminado el vínculo laboral con una persona que se encuentra en tal condición[53]. No obstante, ello no significa que por esa
sola circunstancia se deba acceder a la protección invocada.
Debe entonces hacer un
estudio que le permita establecer cuáles fueron las causas que dieron lugar al
despido y si las mismas pueden considerarse como una actuación discriminatoria
por parte del empleador. En ese evento, si el juez encuentra que este último
tenía conocimiento de la condición especial de su trabajador y aun así decide
despedirlo, tal circunstancia puede ser considerada como un acto de
discriminación, pero no como un hecho concluyente a la hora de definir la
ilegalidad del despido.
Es por esto que el criterio
determinante para establecer si efectivamente existió una vulneración del
derecho fundamental es el motivo por el cual el trabajador fue despedido, y si
el mismo corresponde o se encuentra ligado con su estado de salud; es decir, la
relación de causalidad o el nexo entre ambos eventos. Por esta razón, el juez
constitucional debe analizar los sucesos propios de cada caso, así como el
material probatorio que obre en el expediente y que le permita concluir si
existe una amenaza de las garantías constitucionales.
La Corte ha realizado este
tipo de análisis en repetidas oportunidades, de las cuales es posible
establecer que el nexo causal a que se ha hecho referencia es el
elemento decisivo para acceder[54] o no[55] a la protección del derecho a la
estabilidad en el empleo. Sobre este aspecto ha dicho la corporación lo
siguiente:
“No es suficiente el mero hecho de la presencia de una enfermedad o una
discapacidad en la persona para que el empleador decida desvincularla de manera
unilateral sin justa causa. Para que la protección vía tutela prospere debe
estar probado que la desvinculación laboral se debió a esa particular
condición. Es decir, debe haber nexo de causalidad probado entre  la
condición de debilidad manifiesta por el estado de salud y la desvinculación
laboral. (…) Esta protección especial tiene fundamento, además, en el
cumplimiento del deber de solidaridad, pues en tales circunstancias, el
empleador asume una posición de sujeto obligado a brindar especial protección a
su empleado en virtud de la condición que presenta”[56].
En síntesis, en cada caso
concreto deberán estudiarse las circunstancias propias del despido, del estado
de salud de quien alega la vulneración y el nexo causal entre ambos aspectos,
con el fin de determinar la legalidad de la terminación de la relación laboral.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional también ha
comprendido que la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación
de discapacidad opera siempre que se presente una relación trabajador empleador,
con independencia de la modalidad contractual adoptada por las partes. En cuanto al tipo de vinculación
contractual y la verificación que debe hacer la autoridad competente ha
señalado:
- Contrato realidad y presunción de los
contratos verbales[57].
Como una garantía a favor del trabajador, el artículo 24 del Código Sustantivo
del Trabajo dispone que “se presume que toda relación de trabajo personal
está regida por un contrato de trabajo”, lo cual implica un traslado de la carga de la prueba al
empresario, debido a que la relación laboral se prueba a partir de la
configuración de los elementos esenciales del contrato de trabajo de acuerdo a
la realidad de los hechos. Al respecto la Corte ha expresado:
“debe advertirse que la relación de trabajo
dependiente nace primordialmente de la realidad de los hechos sociales, por
cuanto cada vez que una persona natural aparece prestando servicios personales
bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica,
surge a la vida del derecho una relación jurídica de trabajo dependiente,
originando obligaciones y derechos para las partes contratantes que
fundamentalmente se orientan a garantizar y proteger a la persona del
trabajador.[58]”[59]
Es necesario para desvirtuar dicha
presunción, que el supuesto empleador acredite fehacientemente que no se
alcanzó a configurar un contrato de trabajo. Sobre éste tópico ha dicho la
Corte:
“El empleador, para desvirtuar la presunción,
debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o
comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo,
sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del
contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien
examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para
verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la
presunción”.[60]
Es así como el principio de primacía de la
realidad sobre las formas lleva implícita la garantía de los derechos de los
trabajadores más allá de las condiciones que formalmente se hayan pactado[61].
En consecuencia, existe una relación laboral cuando la realidad demuestre que “una
persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada
subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica”[62];
de ese modo nacen derechos y obligaciones entre las partes, lo que acarrea la
aplicación de todas las prerrogativas de orden laboral[63].
- Contratos a término fijo.  De acuerdo con el
artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo este tipo de vinculación se debe
configurar por escrito y su duración total no podrá ser superior a tres años. Este
vínculo puede ser renovado indefinidamente en dos eventos: (i) si antes de la
fecha del vencimiento del término pactado, ninguna de las partes diera
preaviso, con anterioridad a treinta (30) días. En este caso se entenderá prorrogado
por un tiempo igual al pactado inicialmente y así de manera sucesiva; (ii) “si
el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse
sucesivamente el contrato hasta por tres (3) periodos iguales o inferiores, al
cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año,
y así sucesivamente”.
Sobre la garantía de la estabilidad laboral reforzada
en estos contratos, esta Corporación indicó en la sentencia T-449 de 2008:
“[E]n los contratos laborales celebrados a término
definido en los que esté inmerso un sujeto de especial protección y en los que
el objeto jurídico no haya desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo
ó (sic) de la prorroga para dotar de eficacia la terminación unilateral del
contrato, sino que, es
obligación del patrono acudir ante Inspector del Trabajo para que sea éste
quien, en aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad
sobre las formas, determine si la decisión del empleador se funda en razones
del servicio, como por ejemplo el incumplimiento por parte del trabajador de
las obligaciones que le eran exigibles, y no en motivos discriminatorios, sin
atender a la calificación que formalmente se le haya dado al vínculo laboral.”
Por ende, en estos casos también es necesario acudir a
la Oficina del Trabajo para obtener la autorización necesaria para dar por
terminado el contrato al vencimiento del plazo inicialmente pactado o de una de
las prórrogas, ya que, como se mencionó anteriormente, la llegada del término
no es razón suficiente para darlo por terminado[64]. En consecuencia, en los
contratos a término fijo “la
función del servidor competente de la oficina del trabajo será la de verificar,
en la terminación de los contratos a término fijo, no sólo el advenimiento del
plazo pactado, sino también si subsisten las causas, la materia del trabajo y
si el empleado ha cumplido cabalmente y dentro de lo que resulte posible con
sus obligaciones, y en caso afirmativo deberá denegar la autorización.[65]”
- Contratos a término indefinido o por obra
o labor determinada: “[la autoridad competente] deberá advertir si en
realidad existe un contrato a término indefinido, o si existe una de obra, y en
este último caso si han cesado las razones que lo originaron, y según el caso
deberá proceder a definir si la terminación fue adecuada o si sólo lo fue en
apariencia, porque en realidad supuso una discriminación lesiva de los derechos
del trabajador.[66]”
- Contratos celebrados con empresas de servicios temporales. El
artículo 71 de la Ley 50 de 1990[67],
reglamentado por el Decreto 4369 de 2006 dispone: “[e]s empresa de servicios
temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros
beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades,
mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente
por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el
carácter de empleador”.
El artículo 74 de la misma norma, establece
que los trabajadores vinculados a dichas empresas pueden ser de dos clases: (i)
de “planta”, quienes desarrollan sus funciones en las dependencias
propias de las empresas de servicios temporales y; (ii) en “misión”,
haciendo referencia a aquellos que prestan sus servicios personales en las
entidades usuarias para cumplir con la tarea o labor que éstas contratan con
las empresas temporales. Este tipo de contratación se encuentra limitado a las
siguientes situaciones según el artículo 77:
“1. Cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del
Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal
en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la
producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos
estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de
seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.”
Como complemento de dicha disposición, el
artículo 6 del Decreto 4369 de 2006 establece en su parágrafo que: “Si
cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el
presente artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del
contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni
celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios
Temporales, para la prestación de dicho servicio”[68].
Por ello, este Tribunal ha expuesto que en
los contratos celebrados entre las empresas de servicios temporales y sus
trabajadores en misión se establecen verdaderas relaciones laborales en las
cuales la empresa es para todos los efectos el empleador, “precisando que
dicho vínculo laboral subsiste mientras el usuario requiera de los servicios
del trabajador o haya finalizado la obra para el cual fue contratado. Así
mismo, ha señalado que cuando el usuario necesite de la contratación permanente
del servicio de los trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de
contratación distinta a la que se cumple a través de dichas empresas”[69].
Por último, es necesario reiterar que según la
jurisprudencia constitucional la estabilidad laboral en el empleo es aplicable
a todas las modalidades de contratos, entre éstos los que suscriben las
empresas de servicios temporales, los cuales tienen en principio una vigencia
condicionada al cumplimiento del tiempo pactado o a la finalización de una
labor determinada. Lo anterior, por cuanto mediante dicho principio “lo que
se busca es asegurar al empleado la certeza mínima de que el vínculo laboral
contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera tal que este
no quede expuesto, en forma permanente, a perder su trabajo y con el los
ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión
arbitraria del empleador”[70].
En tal medida, la autorización del Ministerio del Trabajo para el
despido de una persona discapacitada resulta de vital importancia en el estudio
de los casos de violación del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada, toda vez que la prosperidad del amparo “está condicionado a que
se compruebe que el despido se efectuó por motivo de la incapacidad o de la
limitación del afectado”, lo que en la mayoría de los casos se blinda si está
de por medio el permiso de la autoridad respectiva[71].
En conclusión, el derecho a la estabilidad
laboral reforzada de los trabajadores que se encuentren en situación de
debilidad manifiesta, por causa de una disminución de la capacidad física,
síquica o sensorial, sin importar si existe o no calificación de la pérdida de
capacidad, conlleva el derecho a mantenerse en el empleo o a ser reubicado
conforme a unas funciones congruentes con su estado de salud, lo cual debe
incluir la capacitación para el adecuado cumplimiento del nuevo cargo y, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar.
5. La responsabilidad solidaria entre el contratista
independiente y la empresa beneficiaria por los incumplimientos derivados de
una relación laboral. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo
establece la responsabilidad solidaria que se origina en virtud de las
relaciones laborales. Al respecto, la mencionada norma establece: “Contratistas
independientes. 1. Son contratistas independientes y, por tanto,
verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas
naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la
prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado,
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con
libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o
dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades
normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el
contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no
obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del
caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.” (Negrilla
por fuera del texto)
Entonces,
cuando una empresa-beneficiaria contrata la ejecución de algunas obras o
servicios con un contratista
independiente, que a su vez vincula personal para el desarrollo de las
actividades contratadas, la empresa-beneficiaria puede ser responsable
solidariamente de las obligaciones laborales que ese contratista independiente
incumpla. En tal sentido en la sentencia T-225 de 2012, se señaló:
“la ley laboral colombiana
autoriza al empresario colombiano a desconcentrar la unidad productiva y
confiarle a un experto la realización del contrato trasladando a personas
naturales o jurídicas la realización de dichas tareas, así como la carga
administrativa y logística, sin que ello no implique un total desprendimiento
dando lugar a suponer una responsabilidad solidaria en algunos casos.
(…)
debe entenderse que el
objetivo de la norma no es más que proteger la parte más frágil de la relación
laboral, el trabajador, quien puede sufrir de los abusos que se le pueda
ocasionar por parte del empleador - contratante respecto del incumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.”
Ahora bien, la norma en mención consagró
una excepción ligada a la afinidad de las actividades sociales desarrolladas
por el contratista independiente y la empresa beneficiaria, en el sentido que
no sean extrañas las actividades de ambas empresas, por lo que la naturaleza de
la obra contratada debe ser inherente o también análoga con actividad ordinaria
del beneficiario. En relación con este punto este Tribunal Constitucional ha
explicado:
“Dicho requisito se
configura como la relación de causalidad entre el contrato de obra y el
laboral. Sin embargo, dicha excepción no debe entenderse en términos estrictos,
pues no se exige exactitud o integralidad de los objetos sociales entre las
mismas pues dicha exigencia desdibujaría la figura de la solidaridad ya que en
la práctica encontrar tal precisión e igualdad sería complejo.
De otro lado, debe tenerse
presente que en la actualidad la legislación comercial autoriza la constitución
de sociedades mercantiles sin objeto social específico como las conocidas
Sociedades Anónimas Simplificadas que nacieron a partir de la ley 1258 de 2008.
Por consiguiente, la exigencia de no realizar “labores extrañas a las
actividades normales de su empresa o negocio” no debe interpretarse en
sentido estricto. De lo contrario, se dificultaría en la práctica la aplicación
de dicha solidaridad, debe hablarse más bien, de una afinidad entre los objetos
sociales y sobre todo de la posibilidad de que el trabajador puede desempeñar
su labor profesional o expertis técnico en la empresa condenada a ser solidaria.”[72]
Ante esta situación la empresa beneficiaria
puede repetir en contra del contratista o incluso tomar medidas encaminadas a
observar el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales con el objetivo
de reducir el riesgo de la declaratoria de responsabilidad solidaria en su
contra, por lo que puede pactar la supervisión, control y cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista con el Sistema de Riesgos Profesionales,
Pensiones y Salud, así como los aportes a las Cajas de Compensación Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y salud ocupacional.
A su vez en la sentencia C-593 de 2014[73], le
correspondió a la Corte Constitucional analizar (i) si la expresión “a menos que se trate
de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio”,
contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo desconocía el
mandato de igualdad, al distinguir, para efectos de la aplicación de la
solidaridad de aquél que se beneficia con una obra, entre los trabajadores que
realizan labores propias del giro ordinario de los negocios de la empresa, y
aquellos que desarrollan tareas ajenas. Para el ciudadano, este trato diferente
generaba una afectación del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas,
la primacía de la realidad sobre las formas y el principio de favorabilidad, de
estos últimos y (ii) si el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, al
regular el procedimiento para la imposición de sanciones a los trabajadores,
desconocía su garantía constitucional al debido proceso.
La Corporación consideró que, a diferencia de lo
sostenido por el actor, la distinción realizada por el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo, busca proteger al trabajador de posibles encubrimientos
de verdaderas relaciones laborales a través de contratistas independientes. En
otras palabras, lo que persigue el legislador es diferenciar y hacer viables
los derechos de los trabajadores contratados por terceros, que desarrollan
actividades propias y misionales de la empresa beneficiada, a través de la
imposición de su responsabilidad solidaria en el pago de los salarios y demás
prestaciones sociales.
7. Análisis de los casos concretos.
A continuación se procederá a estudiar cada
uno de los asuntos sometidos a estudio, para realizarlo se verificará la
existencia de la relación laboral y que se cumplan las tres reglas
jurisprudenciales bajo las cuales es posible ordenar el reintegro del
trabajador por la vulneración de la estabilidad laboral reforzada, a saber: (i)
la discapacidad o reducción física que dificulta el desarrollo de las labores;
(ii) el conocimiento que de dicha situación tenga el empleador; y (iii) la
relación de causalidad entre la desvinculación y el estado de salud.
7.1. Expediente T-4.337.966. Caso: Wilson Felipe
Villa Atehortua contra la Constructora Las Galias, TLC Humanos Colombia SAS,
Construcciones Otálvaro y Salud Total EPS
El 23 de septiembre de 2013, el actor firmó contrato
laboral por obra o labor determinada con Construcciones Otálvaro S.A.S., en el
cargo de ayudante de construcción “Proyecto VIP San Sebastián Cuarta etapa”,
de la ciudad de Manizales[74],
a fin de cumplir con “la construcción de un campamento provisional,
excavación, instalación de tubería y lleno entre la cámara ubicada en la
glorieta a cámara 96, cerramiento obra”, la que sería coordinada por
Constructora Las Galias.
De la historia clínica se desprende que el señor
Villa Aterhortua padece “cáncer de tiroides”[75],
siendo valorado en consulta externa el 10 de diciembre de 2013 por el médico
tratante especialista en cirugía de cabeza y cuello, quien con posterioridad a
la realización del examen físico y con ayuda de resultados diagnósticos señaló
que “el usuario presenta una masa tiroidea y masa cervical derecha, hallazgo
clínico conformado por ecografía, por lo tanto se beneficia de la realización
de los procedimientos quirúrgicos denominados TIROIDECTOMÍA TOTAL con VACIAMIENTO
LINFÁTICO RADIAL DE CUELLO UNILATERAL”. A partir de lo anterior, al actor
se le otorgaron incapacidades correspondientes a 7 días, desde el 13 de
diciembre de 2013 hasta el 22 siguiente.
Según lo dicho por el accionante, su empleador le
informó que tendría vacaciones del 22 de diciembre de 2013 al 13 de enero de
2014, sin embargo cuando regresó se le indicó que debido a su estado de salud
no podía seguir trabajando, a pesar de que 40
de sus compañeros fueron reintegrados al “Proyecto VIP San Sebastián Cuarta etapa”.
Por su parte, la Constructora Las Galias señaló que el
actor nunca laboró con esa empresa, advirtiendo que en desarrollo de su
ejercicio suscribe convenios con contratistas independientes, como ocurre con
Construcciones Otálvaro. Esta última expuso que la relación laboral por obra
correspondió a la primera etapa en el “Proyecto VIP San Sebastián Cuarta
etapa”, el que terminó el 21 de diciembre de 2013 y cuando se dio por
terminado el contrato, el accionante no estaba incapacitado, no había hecho
conocer ningún diagnóstico al empleador, ni estaba calificado, además que las
incapacidades presentadas eran menores, por lo que no podría hablarse en este
caso de estabilidad laboral reforzada.
Para sustentar su afirmación allegó el acta de recibo
y entrega final de obra entre la Constructora Las Galias y Construcciones
Otálvaro, suscrito el 23 de diciembre de 2013, por “suministro de mano de
obra para la construcción de campamento provisional, excavación, instalación de
tubería y lleno entre cámara existente ubicada en glorieta de parqueadero
cosmobus a cámara 96 del alcantarillado, manejos varios de aguas escorrentía,
cerramiento y obras complementarias UVAE  y construcción canal 3 primera etapa
en el proyecto VIP San Sebastián IV Etapa”.
Solución del caso.
(i) Existencia de la relación laboral. En los contratos por obra o labor determinada corresponde a la
autoridad competente establecer si en realidad existe un contrato de obra y en caso
de ser así, si han cesado las razones que lo originaron. Según el caso deberá
proceder a definir si la terminación fue adecuada o si sólo lo fue en
apariencia, porque en realidad supuso una discriminación al trabajador dada su
condición de vulnerabilidad. Ello en aras de cumplir con el principio
constitucional que ordena concederle primacía a la realidad sobre las formas
(art. 53, C.P), correspondiendo a la oficina del trabajo verificar que bajo la
forma de una terminación legal se esté auspiciando un tratamiento discriminatorio.
De acuerdo con la situación fáctica
expuesta, en este caso el accionante celebró un contrato de obra o labor, con
la empresa Construcciones Otálvaro, contratista del “Proyecto VIP San
Sebastián Cuarta etapa”, que coordina Construcciones Las Galias, situación
que fue reconocida por las partes. Al respecto, la Sala de Revisión destaca que
de acuerdo con el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, existe una
responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales surgidas con
el personal encargado de cumplir con el desarrollo de las actividades
contratadas. Por tanto, la empresa-beneficiaria puede ser responsable
solidariamente de las obligaciones laborales que ese contratista independiente
incumpla.
En ese orden de ideas, la Constructora Las
Galias (empresa-beneficiaria) y Construcciones Otálvaro (firma contratista),
resultan solidariamente responsables respecto de las obligaciones surgidas a
favor del actor, máxime cuando las actividades sociales desarrolladas por el
contratista independiente y la empresa beneficiaria son análogas.
Establecido el vínculo laboral y la
responsabilidad de las empresas accionadas, corresponde a la Sala verificar si
en este caso concurren los presupuestos para establecer la protección laboral
reforzada.
(ii) La discapacidad o reducción física que dificulta el
desarrollo de las labores.A
pesar de que en esta oportunidad no existe una calificación de la pérdida de
capacidad laboral, es evidente la disminución física a la que se ha visto
sometido el actor con ocasión del cáncer de tiroides que padece[76], situación que lo ha llevado a
ausentarse en algunas oportunidades de su trabajo, condiciones que le permiten
hacerse acreedor a una estabilidad laboral reforzada.
(iii) El conocimiento que de dicha situación tenga el
empleador. La enfermedad
que lo aqueja comenzó desde el mes de mayo del  2013, a partir de lo cual se le
otorgaron incapacidades, la última de ellas correspondientes a 7 días, desde el
13 de diciembre de 2013 hasta el 22 siguiente, de donde se extrae que el
empleador conocía el estado de salud del actor.
(iv) La relación de causalidad entre la desvinculación
y el estado de salud, y la falta de autorización de la autoridad competente.No obstante el deteriorado estado de
salud del accionante, el
empleador desvinculó al señor Villa Artehortua sin solicitar la autorización de
la oficina del trabajo y no logró desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio, en la medida que, de acuerdo a lo informado por el accionante, su empleador le indicó que
tendría vacaciones del 22 de diciembre de 2013 al 13 de enero de 2014, sin
embargo cuando regresó se le especificó que debido a su estado de salud no
podía seguir trabajando.
Entonces, a pesar de contarse con un acta de
terminación de obra, según lo expuesto por el actor, se presentó el reintegro
de 40 de sus compañeros quienes continuaron trabajando en el “Proyecto VIP San Sebastián Cuarta etapa”. En consecuencia, era necesario contar con
la autorización de la autoridad competente para su desvinculación, al ser la
encargada de verificar si han cesado las razones que lo originaron el contrato
y de esta manera definir si la terminación fue adecuada o si sólo lo fue en
apariencia, porque en realidad supuso una discriminación lesiva de los derechos
del trabajador. Esta Sala considera que el motivo ofrecido por el accionado
para terminar el contrato no es suficiente, por lo que este se torna ineficaz.
A
partir de tales consideraciones, se revocará la decisión proferida por Juzgado Noveno Civil Municipal del
Manizales que negó el amparo en el presente asunto y, en su lugar, concederá la protección de los
derechos fundamentales invocados. En consecuencia, se ordenará a la empresa Construcciones Otálvaro,
reintegrar al señor Wilson Felipe Villa Atehortua a un cargo en el que pueda
desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que padece, y a
la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculado sin que medie solución de continuidad, en todo caso, se compensará de
dicha suma el valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en
cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y, si
es preciso, deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
7.2. Expediente T-4348356. Caso: Nubia
Elsy Garzón Segura contra Molinos Roa S.A.
La actora ingresó a laborar para Molinos Roa S.A. por
contrato de trabajo a término indefinido desde el 1° de agosto de 2005,
desempeñando los cargos de operaria de empaquetado y auxiliar de laboratorio.
Al realizar movimientos repetitivos de manos y brazos,
durante toda la jornada laboral, a mediados del año 2011 comenzó a sentir
dolores en sus brazos, manos y espalda, por lo que se vio obligada a consultar
con el médico de su EPS. Como resultado de las consultas médicas y de acuerdo
con exámenes especializados, en agosto de 2012 se le diagnosticó “Síndrome
del Túnel Carpiano Bilateral”.
A partir de lo anterior la EPS Salud Total, mediante
oficio del 9 de octubre de 2012, hizo una serie de recomendaciones, dentro de
las que se contaban su reubicación y reasignación de funciones, situación que
no se cumplió.
El 20 de noviembre de 2013, la empresa dio por
terminado su contrato de trabajo de manera unilateral, en la medida que desconoció lo dispuesto en el numeral
6° del art. 7 del Decreto Ley 2351 de 1965[77],
en concordancia con los numerales 1, 2 y 6 del Reglamento Interno de Trabajo[78], en relación
con el incidente presentado con las muestras de arroz del agricultor Freddy
José Salazar, recibidas el día 26 de octubre de 2013[79].
Solución
del caso.
(i) Existencia de la relación laboral. Se
encuentra que entre las partes existió un contrato laboral a término indefinido,
de acuerdo con el certificación
laboral dada por Molinos Roa S.A., el 15 de mayo de 2013, donde se especifica
que la accionante estuvo vinculada con esa empresa desde el 1° de agosto de
2005, desempeñando los cargos de operaria de empaquetado y auxiliar de
laboratorio, el cual se dio por terminado
a partir de una supuesta falta laboral.
(ii) La discapacidad o reducción física que dificulta
el desarrollo de las labores. En
efecto, la accionante padecía una enfermedad denominada “Síndrome del Túnel Carpiano Bilateral”, a partir de lo cual la EPS hizo
recomendaciones alusivas a la necesidad de reubicación y reasignación de
funciones, en las que, de acuerdo con el soporte de medicina laboral, se le
recomienda “Evitar
movimientos repetitivos y elevación del hombro por encima de 90 grados;
Realizar pausas laborales activas cada 2 horas por 5 minutos; evitar manejo de
cargas superiores a 5 kilos; evitar sobreesfuerzos en manos; disminuir tiempo
de exposición en un 50% en tareas donde requiera movimientos repetitivos en miembros
superiores”.
(iii) El conocimiento que de dicha situación tenga el
empleador. Conforme con el
material probatorio obrante, se puede determinar que la sociedad empleadora
conocía la situación de salud de la accionante, en tanto que la ARL Positiva,
como Salud Total EPS hicieron recomendaciones y presentaron solicitudes de
reubicación de la accionante, incluso la empresa Molinos Roa S.A. dirigió oficio a la señora
Nubia Elsy Garzón Segura, sobre las recomendaciones y reubicación sugerida por Salud
Total EPS. En concreto se señala: “De acuerdo con el soporte médico (…)
medicina laboral, le solicita tener en cuenta las siguientes recomendaciones
con el objetivo de alcanzar su mejoría en su estado de salud. Evitar
movimientos repetitivo y elevación del hombro por encima de 90 grados; Realizar
pausas laborales activas cada 2 horas por 5 minutos; evitar manejo de cargas
superiores a 5 kilos; evitar sobreesfuerzos en manos; disminuir tiempo de
exposición en un 50% en tareas donde requiera movimientos repetitivos en
miembros superiores (…)”.
(iv) La relación de causalidad entre la desvinculación
y el estado de salud. En
atención a este presupuesto la Sala encuentra que la empresa empleadora
justifica la desvinculación de la actora en la existencia de un proceso
disciplinario adelantado en su contra, al presuntamente haber faltado al
Reglamento Interno de Trabajo -Artículo 43 “Son Obligaciones especiales del
trabajador. Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y diligente en
el lugar tiempo y condiciones convenidos (…) Realizar personalmente la labor en
los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento, procedimientos
he instructivos de la empresa y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones
que a modo particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden
jerárquico establecido”. Sentado lo anterior, se debe destacar que dentro
del mencionado trámite se recibieron descargos a la señora Garzón Segura, quien
manifestó:
“Lo que sucedió fue que el ingeniero Luis
Alberto llegó el 26 de octubre y le dijo a tres muchachas del turno anterior
que necesitaba esas trillas el lunes a primera hora, que él pasaba a revisar,
pero como yo me encontraba sola porque mi compañera se encontraba incapacitada
entonces me tocó llegar a recibir paddy y me desocupé casi a las 5 o 6 de la
tarde de recibir paddy y ahí me puse hacer las trillas que fue descascarar,
pulir y analizar hasta terminar turno, pero no alcancé porque eran muchas y yo
por mi enfermedad del túnel carpiano me duelen mucho las manos y no me rinde.
Me toca hacer pausas por orden médica (adjunto soporte) y también muestra las
recomendaciones que debo tener y entonces yo dejé para el día siguiente
(Domingo) las que me quedaron que fueron como 20 ya que tenía turno de 7 am a
12 del mediodía, pero entonces llegué en la mañana y me tocó recibir los carros
que amanecieron en el parqueadero, terminé de recibirlos como a las 10 y media
de la mañana y de ahí me fui al casino un momentico a desayunar, pero no me
demoré nada, me regresé y me puse a hacer las trillas. Me quedaron pendientes 2
trillas por hacer para el día lunes, pero entonces me tocó el día lunes en la
mañana recibir los carros que amanecieron del día Domingo y no las alcancé a
hacer por estar recibiendo lo carros y fue cuando el ingeniero Luis Alberto
llegó a revisar y yo le dije que me habían quedado pendiente por revisar 2
trillas y de una vez me gritó y me regañó, no me dejó explicarle nada. Mi caso
es delicado yo tengo orden de reubicación pero él me dijo que no tenía donde
reubicarme que me quedara en el laboratorio y que hiciera lo que pudiera y lo
que no pudiera no lo hiciera. Él me dijo eso delante de dos compañeros pero
solo verbalmente.”[80]
En diligencia posterior se consignó:
“1. El día sábado 26 de Octubre, recibió
usted la instrucción clara del señor Miguel Ángel Castro (Jefe de planta), que
el lunes a primera hora debían estar todos los análisis de los viajes
ingresados hasta el día 25 de Octubre, así tuviera que trabajar unas horas
adicionales el Domingo 27 de Octubre? Respuesta/ Sí yo la recibí pero yo pensé
que Gloria iba a ir a trabajar también y ella no llegó, porque el Ingeniero le
dio permiso para ingresar hasta el día lunes a la empresa por una cirugía
ocular. Solo llegamos a trabajar mi compañero Albert y yo, entonces yo me puse
a recibir los carros y él a traer las muestras como hasta las 10 y media de la
mañana y ahí salí a desayunar un momentico y me devolví, le dije a Albert que
se hiciera cargo, entonces yo le dije a Albert el sábado que se encargara del
recibo de paddy y que muestreara mientras yo hacia las trillas que el ingeniero
me había mandado, y me puse a pre limpiarlas, pesarlas, descascararlas,
pulirlas y me puse hacer aseo dejando los pulidores limpios y después me senté
a analizarlas (…) faltaron dos porque no alcance el día domingo. Salí muy
cansada de mis manos porque me dolían mucho, yo pensé que el lunes cuando
llegara las hacia a primera hora, para poderle entregar todo completo pero el
tiempo me hizo una mala jugada y no alcancé.
2. Explique porque (sic) si no le alcanzó
el tiempo habían análisis de los viajes del 26 cuando aún no se habían acabado
los del 25 de Octubre? Responder/ habían trillas atrasadas porque mi compañera
no había venido hacía 4 días entonces yo no alcanzaba hacerlas trillas
atrasadas.
3. Explique porque (sic) motivo se
encontraron las contra muestras del señor agricultor Fredy Josué Salazar de
viajes ingresados los días 26 y 27 de Octubre con unas diferencias
significativas en la impureza? Respuesta/ porque vino el agricultor e hizo la
contra muestra y al ver que estaba pasando mucho paddy entero debajo de la
bandeja de la zaranda entonces él me pidió que le pasara otra vez ese arroz por
la prelimpia pero yo le dije que no, que yo no podía, que se hacía así y que
cualquier cosa hablara con el Ingeniero Luis Alberto, entonces él se disgustó y
cogió la bandeja y hecho(sic) otra vez en la cárter, yo no pude hacer nada se
me salió de las manos y al limpiar la cárter y hacer el análisis y recoger el
arroz entero al pesarlo le dio 5.8, entonces yo hice la valida corrección en la
carpeta para mandar a báscula para que lo arreglaran y en el momento yo no caí
en cuenta de llamar al ingeniero Luis Alberto, pero el día Lunes en la mañana
yo le explique al ingeniero apenas llego y él se puso muy furioso y me regaño
muy fuerte, realmente yo no lo hice en contra de la empresa nunca, sino porque
el mismo lo hizo, el mismo día lunes que sucedieron las cosas al ingeniero Luis
Alberto le sucedió lo mismo, un agricultor le pidió que pasara otra vez el
arroz de debajo de la bandeja cuando le estaban sacando la impureza que lo
pasara otra vez y al pesarlo le bajo la impureza también se le salió de las
manos igual que a mí. (…)
7. Porque permitió que una persona que no
pertenece a la empresa realice una labor que es de su responsabilidad?
Respuesta/ yo le dije que no se podía y me puse brava pero él la hecho allá y
dijo que era su arroz y que le costaba mucha plata.
8. Tiene claro que cuando pasa alguna
anomalía o queja relevante de un agricultor debe informar de inmediato al
gerente de la planta o al jefe de producción, si es así porque (sic) no
informó? Respuesta/sí señora, porque el señor estaba muy furioso y me envolató
no me dio tiempo.
9. Tenía usted conocimiento que esto ya
había sucedido y que acciones debía tomar de acuerdo a las instrucciones de la
gerencia de la planta, si las sabia cuáles eran? Y porque (sic) no las tomó?
Respuesta/ Sabía a medias porque la información que dio el otro grupo no fue
completa, y no sabía qué medidas tomar hasta después de que paso fue que me lo
dijeron.
10. Sabe usted de las implicaciones que
tiene para los pagos de la materia prima no cumplir con los procedimientos
establecidos y no tener a tiempo los análisis de laboratorio? Respuesta/ pero
es que no fue culpa mía, tenía tareas de 4 días atrasadas por estar haciendo
una cosa no hice otra y además estoy restringida y mantengo con mucho dolor de
manos, y como el ingeniero me había dicho que me reubicaba ahí mismo en el
laboratorio lo que pudiera lo hiciera y lo que no pudiera que no lo hiciera
testigos de esto William Parrado y Gloria Calderón porque él no tenía para
donde mandarme, entonces porque (sic) me exige tanto trabajo.”[81]
De lo expuesto se desprende que la empresa accionada
no adoptó las medidas necesarias para que la accionante pudiera cumplir
adecuadamente las funciones asignadas, máxime si se tiene en cuenta que sufría
del “síndrome del Túnel
Carpiano Bilateral”, a
partir de lo cual más allá
de una simple recomendación por parte de la accionada, no se adoptaron las
medidas necesarias para su recuperación o el cumplimiento del tratamiento
atinente a su enfermedad.
Cabe
resaltar que el derecho a la estabilidad laboral reforzada, entre otros
aspectos, implica el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo conforme
a sus condiciones de salud en el que se permita al trabajador potencializar su
capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no obstante la discapacidad
que le sobrevino, de forma que se concilien los intereses del empleador de
maximizar la productividad de sus funcionarios y los del trabajador en el
sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas.
Así,
es claro para esta Corporación que la peticionaria no podía continuar
trabajando tal y como lo venía haciendo, toda vez que padecía limitaciones
físicas que se lo impedían. Pese a ello, el empleador no la reubicó y por el
contrario le endilgó una responsabilidad, cuando no contaba con la plenitud de
sus capacidades físicas, situación ampliamente conocida por la sociedad
accionada, ya que la actividad encomendada normalmente debía cumplirse entre
dos personas, situación que tampoco se posibilitó.
Al
quedar probados los padecimientos de la actora y de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte, la firma empleadora debió demostrar no solo la
existencia de una causa objetiva para el despido, sino además solicitar
autorización a la oficina de trabajo, sin embargo, el empleador incumplió con
esta obligación.
En
consecuencia, es evidente que la empresa accionada violó la garantía de
estabilidad laboral reforzada de la señora Garzón Segura, por lo que el despido
se torna ineficaz.
A
partir de tales consideraciones, se revocará la decisión proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Villavicencio, que confirmó la sentencia adoptada por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio,
quien a su vez declaró improcedente el amparo. En consecuencia, se
ordenará a la empresa Molinos Roa S.A., reintegrar a la señora Nubia Elsy
Garzón Segura a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo
con la discapacidad parcial que padece y a la cancelación de todos los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad, en todo caso, se compensará de dicha suma el valor sufragado a
título liquidación. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico
laboral para realizar dicho reintegro y, de ser necesario, brindar una
inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Así como el pago
de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
7.3. Expediente T-4353250. Caso: Jorge Enrique Pérez Ruíz contra Nidia Amparo Salazar Herreño y
Evacol Ltda.
De acuerdo a lo expuesto por el accionante celebró
contrato verbal con la señora Nidia Amparo Salazar Herreño desde mediados del
mes de diciembre de 2012 y hasta el 4 de enero de 2013, para desempeñarse como
ayudante o auxiliar en la instalación de paredes y techos en “drywall”,
siendo contratado en la ciudad de Cúcuta donde inicialmente prestó sus
servicios, pactándose una asignación de $566.700
que equivalía a un salario mínimo legal vigente.
El 19 de diciembre de 2012, por indicaciones de su
empleadora, se trasladó a la ciudad de Bucaramanga para cumplir con una
remodelación en las instalaciones de la sociedad Evacol Ltda., ubicadas en el
quinto piso del centro comercial El Cacique, en el horario de 6 p.m. a 6 a.m..
Estando en cumplimiento de esta misión el 26 de diciembre de 2012, sufrió un
accidente laboral el cual le generó “Protrusión discal posterocentral L5-S1
condiciona compromiso biforaminal” diagnóstico que fue resultado de una
resonancia magnética de columna lumbar practicada con sus propios recursos, el
11 de enero de 2013.
Advirtió
que a partir del accidente laboral sufrido, la señora Salazar Herreño le asignó
la supervisión de la remodelación[82],
ya que en su sentir se trataba de un lumbago que podía ser tratado con
inyecciones de diclofenaco. En cuanto a la afiliación al sistema de seguridad
social indicó que “no las había realizado porque cada una tenía un costo de
$300.000 por persona”.
Precisó que desde el día del accidente y mientras
estuvo laborando en la ciudad de Bucaramanga, los dolores de espalda se
hicieron frecuentes y en ocasiones  insoportables. Al momento de interposición
de la acción de tutela, en su historia clínica se consignó una remisión por
consulta neurocirugía y un informe de evolución por ortopedia (30 de enero de
2013). Refiere que a su regreso a la ciudad de Cúcuta la accionada no lo volvió
a llamar para ningún trabajo y tampoco le respondió por el tratamiento médico
requerido.
Luego de haber intentado en varias ocasiones solucionar
su situación con la empleadora, el 16 de abril de 2013 acudió ante el Inspector
del Trabajo de Cúcuta, quien llevó a cabo audiencia de conciliación, donde la
accionada negó cualquier tipo de relación laboral con el actor.
Por su pate la señora Nidia Amparo Salazar Herreño, afirma que en ningún
momento ostentó la condición de
empleadora del accionante, habiendo celebrado exclusivamente un contrato de
obra civil con el señor Luis Bernardo Mira Gómez, dentro del cual ordenó la
instalación de un “Dry Wall”, con destino a la franquicia Evacol ubicada en el
centro comercial El Cacique en la ciudad de Bucaramanga, el que en su cláusula tercera señala: “El pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en
la instalación de la fachada serán a cargo exclusivo de éste, pero si no cumple
satisfactoriamente con tales obligaciones, el contratante podrá retener los
pagos parciales o de la liquidación final las sumas necesarias para ello”.
A
su vez, el señor Luis Fernando Mira Gómez afirmó que la señora Salazar Herreño,
atendiendo su recomendación, contrató al actor de manera verbal e indefinida
para que cumpliera las funciones de ayudante de “Drywall”, siendo en
consecuencia su única y exclusiva empleadora.
Los jueces de instancia negaron en la medida que no
encontraron acreditado la existencia del vínculo laboral y la falta de
inmediatez de la acción de tutela, en la medida que la desvinculación se dio en
el mes de diciembre del año 2012 y el amparo se interpuso hasta el 26 de julio
de 2013.
Solución del caso.
(i) El requisito de inmediatez. La
Corte ha señalado en diferentes ocasiones que si bien la acción de tutela no
tiene un término de caducidad, ello no es óbice para pensar que el titular del
derecho deba, en principio, interponerla en un plazo o tiempo razonable. De tal
manera, “si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o amenaza contra
derechos cardinales y la presentación de la acción de tutela transcurre un
lapso inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una menor
gravedad o, aún más, irrealidad de la violación acusada, por lo cual no es
razonable brindar la protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no
sería inmediato sino inoportuno”[83].
No obstante, cuando se trate de sujetos de especial protección, como por
ejemplo las personas con algún tipo de discapacidad, los requisitos de
procedibilidad de la acción se flexibilizan[84].
De acuerdo con lo anterior, encuentra esta Sala que el
requisito de inmediatez se cumplió en este asunto. El actor intentó, previo a
la interposición de la acción de tutela, agotar diversos mecanismos para lograr
solucionar su situación; es así como se vio obligado a acudir a la oficina del
Ministerio del Trabajo para llegar a una conciliación (4 de abril de 2013),
siendo esta la última actuación desplegada por el accionante, por lo que no transcurrieron
más de 4 meses desde ese momento hasta que interpuso la solicitud de amparo (26
de julio de 2013), tiempo que
resulta razonable, máxime si se tiene en cuenta las consideraciones
particulares del caso. Por ello, considera este Tribunal que en el presente asunto
la acción de tutela se torna procedente, debido a que, de lo contrario, se
estarían imponiendo cargas desproporcionadas al accionante.
(ii) La configuración del vínculo laboral. El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo
dispone que “se presume que toda relación de trabajo personal está regida
por un contrato de trabajo”, lo cual implica que la existencia de una
relación laboral se da fundamentalmente a partir de la realidad de los hechos.
Al respecto la Corte ha expresado:
“...debe advertirse que la relación de
trabajo dependiente nace primordialmente de la realidad de los hechos sociales,
por cuanto cada vez que una persona natural aparece prestando servicios
personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o
jurídica, surge a la vida del derecho una relación jurídica de trabajo
dependiente, originando obligaciones y derechos para las partes contratantes
que fundamentalmente se orientan a garantizar y proteger a la persona del
trabajador.[85]
De ahí que el artículo 24 del Código
Sustantivo del Trabajo haya dispuesto que ‘se presume que toda  relación de
trabajo personal está regida por un contrato de trabajo’, con lo cual la ley le
está otorgando primacía legal al hecho real de la prestación de un servicio
personal, haciendo automática la aplicación del derecho del trabajo.[86]”
[87]
De lo anterior se desprende que la relación
de trabajo surge de la prestación efectiva y real del servicio, es decir,
constituye un fenómeno fáctico con consecuencias jurídicas ya que de ella se
deriva un conjunto de derechos y obligaciones para trabajadores y empleadores,
toda vez que se presume legalmente regida por un contrato de trabajo[88].
Es así como el principio de primacía de la
realidad sobre las formas (art. 53 C. Pol.) lleva implícito la garantía de los
derechos de los trabajadores más allá de las condiciones que formalmente se
hayan pactado. En consecuencia, existe una relación laboral cuando la realidad
demuestre que una persona natural aparece prestando servicios personales bajo
continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica. De
ese modo nacen derechos y obligaciones entre las partes, lo que acarrea la
aplicación de todas las prerrogativas de orden laboral.
En este caso, existe una discrepancia en
torno a establecer la persona que fungió como empleador del accionante. Es así
como el señor Mira Gómez afirma que la empleadora es la Nubia Amparo Salazar
Herreño y esta a su vez afirma que celebró con el señor Bernardo Mira Gómez “Contrato mano de obra instalación Dry
Wall No. 007-006” con
destino a la franquicia Evacol ubicada en el centro comercial El Cacique de la
Ciudad de Bucaramanga, el que en su cláusula tercera señala: “El pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el
CONTRATISTA ocupe en la instalación de la fachada serán a cargo exclusivo de
éste, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, el contratante
podrá retener los pagos parciales o de la liquidación final las sumas
necesarias para ello”.
De lo expuesto, la Sala de Revisión destaca
que de acuerdo con el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, existe una
responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales surgidas con
el personal encargado de cumplir con el desarrollo de las actividades
contratadas. Por tanto, los dos extremos de la relación comercial son
solidariamente responsables de las obligaciones laborales que surjan con
ocasión de la prestación personal del servicio.
Ahora bien, en cuanto a la existencia de la
relación laboral, en este caso se puede verificar que (i) existió subordinación
ya que por indicaciones de la empleadora se desplazó a la ciudad de Bucaramanga
y cumplió el horario indicado (6 a.m. a 6 p.m.), incluso en desarrollo de
órdenes dadas por la accionada sufrió el accidente que lo aqueja, al cargar
unos materiales de construcción y posteriormente le fue asignada la función de supervisor
de la remodelación, donde debía llevar a cabo compra de materiales como
pintura, láminas de dryWall, cemento, arena, entre otros; (ii) con
ocasión de las funciones desarrolladas recibía remuneración pactada en un
salario mínimo legal mensual vigente ($566.700);
(iii) y finalmente existió prestación
personal del servicio siendo auxiliar en la instalación del “Dry Wall”
ejercicio en el cual sufrió el accidente que lo aqueja, con lo cual se invierte
la carga de la prueba para el empleador quien para desvirtuarla tendrá que
acreditar que esa relación nunca estuvo presidida por un contrato de trabajo,
aportando los elementos probatorios que le permitan al fallador llegar a tal
conclusión.
Establecido el vínculo laboral y la
responsabilidad de las empresas accionadas, corresponde a la Sala verificar si
en este caso concurren los presupuestos para establecer la protección laboral
reforzada.
(iii) La discapacidad o reducción física
que dificulta el desarrollo de las labores. A partir del accidente laboral, el actor sufrió una “protusión discal posteroecentral L5-S1
condiciona compromiso biforaminal”, lo que terminó por impedirle continuar
trabajando tal y como lo venía haciendo, toda vez que padecía limitaciones
físicas.
(iv) El conocimiento que de dicha situación
tenga el empleador. La
lesión se produjo en desarrollo de las funciones asignadas, por lo que además
se le asignaron nuevas tareas, lo que permite concluir que su padecimiento era
claramente conocido por su empleador.
(v) La relación de causalidad entre la
desvinculación y el estado de salud. Del material probatorio obrante se destaca que una
vez regresaron a la ciudad de Cúcuta
el actor no volvió a ser tenido en cuenta para cumplir con ningún trabajo y
tampoco recibió el tratamiento médico requerido.
Entonces, al quedar probados los padecimientos del
peticionario y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el empleador debió
demostrar que existía una causa objetiva para el despido y además solicitar
autorización a la oficina de trabajo. Pese a ello, el empleador incumplió tales
cargas al no aportar prueba alguna que justificara su decisión de terminar el
contrato laboral con el accionante, ni solicitar permiso a la oficina de
trabajo. Por el contrario, negó la relación laboral existente.
A
partir de tales consideraciones, esta Sala revocará la decisión proferida por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta, que confirmó la sentencia adoptada por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cúcuta que declaró
improcedente el amparo. En consecuencia, la Sala ordenará a la señora Nidia Amparo Salazar
Herreño reintegrar al señor Jorge Enrique Pérez Ruiz a un cargo en el que pueda
desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que padece y cancelar
todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin que
medie solución de continuidad, en todo caso, se compensará de dicha suma el
valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en cuenta las
observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso
deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad
laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997.
7.4. Expediente T-4358214. Caso: Yeison Alexander Monsalve Villalbaen contra de la sociedad Surtidiagnóstico Ltda.
El accionante
fue vinculado a través de contrato laboral verbal a término indefinido el 2 de
junio de 2013, el que finalizó el 21 de octubre del mismo año, con una
remuneración mensual de $589.500.
El
23 de julio de 2013 cuando se bajaba del bus una vez terminada su jornada
laboral sufrió una caída, siendo atendido en el Centro Poucunico Del Olaya
-CPO, donde en su historia clínica se consignó: “paciente con fractura de clavícula a quien se le
realizó manejo quirúrgico, se realizó osteosíntesis con placa y tornillo hasta
la acromioclavicular (…) en cuatro meses requerirá un nuevo procedimiento quirúrgico,
para retirar el material”. Posteriormente
fue valorado por la EPS Salud Total, de
quien ha venido recibiendo tratamiento médico, cirugías de clavícula,
radiografías, terapia física, lo que le acarreó una serie de incapacidades (del 24 de julio al 22 de agosto de 2013,
el 23 de agosto al 5 de septiembre de 2013 y el 6 de septiembre al 21 de
septiembre de 2013) y actualmente se encuentra pendiente de la calificación de
pérdida de capacidad laboral.
El 09 de octubre
de 2013, el empleador dio por terminada su relación laboral, alegando que la
empresa no estaba atravesando una buena situación económica y financiera, por
lo que era imperioso cancelar su contrato, a pesar de encontrarse en
tratamiento médico y gravemente enfermo.
Por
su parte, el empleador afirma que el actor no se comunicó con la empresa, ni ha
radicado soportes de incapacidad que permitan demostrar la afectación a su
salud. También señaló que la acción de tutela fue invocada cinco meses después
de la finalización de la relación laboral, lo cual descarta la existencia de
debilidad manifiesta y hace improcedente el amparo.
Solución
del caso.
(i) Existencia de la relación laboral. Las partes reconocen que existió un contrato laboral verbal a término indefinido, el que inició
el 2 de junio de 2013 y finalizó el 21 de octubre del mismo año, con una
remuneración mensual de $589.500.
(ii) La discapacidad o reducción física que dificulta
el desarrollo de las labores. Están
probadas las limitaciones del peticionario para realizar sus actividades
laborales regularmente. Revisadas las pruebas que obran en el expediente este
Tribunal Constitucional encuentra que al accionante sufrió un accidente que le
produjo “fractura
de clavícula a quien se le realizó manejo quirúrgico, se realizó osteosíntesis
con placa y tornillo hasta la acromioclavicular”, lo que ha llevado a que reciba constante tratamiento
médico como cirugías de clavícula,
radiografías y terapia física.
(iii) El conocimiento que de dicha situación tenga el
empleador. La lesión
sufrida le acarreó una serie de
incapacidades por casi 2 meses (del 24 de julio al 22 de agosto de 2013, el 23 de agosto al 5 de
septiembre de 2013 y el 6 de septiembre al 21 de septiembre de 2013). El
empleador manifiesta que desconocía el
estado de salud del accionante, no obstante, la Sala encuentra irrazonable este
argumento, por cuanto el actor se ausentó de su trabajo por un lapso aproximado
de dos meses debido al accidente sufrido, aspecto que es evidente para cualquier
empleador.
(iv) La relación de causalidad entre la desvinculación
y el estado de salud. La
empresa empleadora afirma que era
imperiosa la necesidad de recortar su planta de personal debido a la situación
económica que estaba atravesando. En este caso es obvio que la afección sufrida
no le permitía ejecutar adecuadamente sus funciones
laborales. Pese a ello, Surtidiagnósticos Ltda. decidió finalizar el contrato
de trabajo alegando una supuesta inestabilidad económica y financiera.
Al respecto se debe tener
en cuenta que cuando el trabajador es una persona en situación de discapacidad,
se adquiere estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de
cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no
exista una causal justificativa del despido, sin que lo sea un eventual
desequilibrio económico y en caso de ser absolutamente necesario recortar la
planta de personal, no deben ser las personas con afección en su salud las
primera llamadas a dejar el empleo.
Entonces, al tratarse de un sujeto de especial
protección, atendiendo su situación física, es obligación de la empresa brindar
todas las garantías para que permanezca en el cargo debido a que cuenta con una
protección laboral reforzada, por lo que era indispensable contar con la
autorización de la autoridad competente para poder dar por finalizado el
vínculo. Incluso si la situación de la empresa fuera insostenible, debería ser
de los últimos llamados a dejar su cargo. Por tanto, la terminación del vínculo
es ineficaz.
A
partir de tales consideraciones, esta Sala revocará la decisión proferida por
el Juzgado
39 Penal del Circuito de Bogotá, que confirmó la sentencia adoptada por el Juzgado
34 Penal Municipal de Bogotá que en su momento negó el amparo. En
consecuencia, la Sala ordenará
a la sociedad Surtidiagnóstico Ltda. reintegrar al señor Yeison Alexander
Monsalve Villalba a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de
acuerdo con la discapacidad parcial que padece y a la cancelación de todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación
hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad, en todo caso, se compensará de dicha suma el valor sufragado a
título de liquidación. Además, debe tener en cuenta las observaciones del
médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle
una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Así como el
pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997.
5. Expediente T-4355303. Caso: Lenka
Indira Linet Cerchar Pereira en contra de Solentanche Bacchy Cimas S.A. y
Concreto S.A., que integran el Consorcio Puerto Brisa
La
accionante fue contratada como Auxiliar Administrativa el día 5 de
febrero de 2013 a través de un contrato por obra o labor (90% de la ejecución
de la construcción del viaducto de acceso y muelle en el Proyecto Puerto Brisa
localizado en el municipio de Dibulla, Guajira), con una asignación mensual de
$650.000.
El
20 de abril de 2013, el bus en que se transportaba al sitio de trabajo
colisionó con otro vehículo resultando herida de gravedad. El diagnóstico
inicial emitido en la E.S.E. Hospital Santa Teresa de Jesús De Ávila del
municipio de Dibulla fue: “paciente con dolor de gran intensidad en cadera y
muslo izquierdo que no calma medicación administrada, más fractura de cadera y
luxación de cabeza de fémur izquierda”.
Debido
a la gravedad de su lesión fue remitida a la ciudad de Riohacha a una
institución de Segundo Nivel, Hospital Nuestra Señora de los Remedios, siendo
intervenida quirúrgicamente el 10 de mayo de 2013 de “fractura de acetábulo
de cadera izquierda”. A partir de ello estuvo incapacitada desde el 20 de
abril de 2013 hasta el 15 de septiembre de 2013.
El
22 de septiembre de 2013, se
le comunicó la finalización de la labor para la cual fue contratada “del
proyecto La construcción del viaducto la plataforma y el muelle ubicado en
Dibulla-Guajira”, por lo que se daba por terminado su relación laboral, a
pesar de encontrarse en rehabilitación,
sin haberse calificado su grado de pérdida de capacidad laboral y sin contar
con la autorización del Ministerio de Trabajo.
El Consorcio
Puerto Brisa, argumentó que la
terminación del contrato de trabajo obedeció a una justa causa de conformidad
con el artículo 61 del C. S. T., al terminarse la obra para la cual fue
contratada, de acuerdo con la certificación expedida por el Director Técnico
del Consorcio Puerto Brisa, donde señala que “con base en el programa de
ejecución de trabajos, a la segunda semana del mes de septiembre del año 2013
se tenía un porcentaje de avance superior al 90% del total de la construcción
del viaducto de acceso y muelle en el Proyecto Puerto Brisa localizado en el
municipio de Dibulla, Departamento de La Guajira”.
Solución del caso.
(i) Existencia de la relación laboral. De acuerdo con el material probatorio, la
señora Lenka Indra Linet Cerchar Pereira y el Consorcio Puerto Brisa celebraron
contrato de trabajo por obra o labor determinada con fecha de inicio 5 de
febrero de 2013 y hasta que el consorcio cumpliera el 85% de la ejecución de la
obra, término que posteriormente fue aumentado al 90%.
(ii) La discapacidad o reducción física que dificulta
el desarrollo de las labores. A partir del
accidente de tránsito sufrido tuvo como consecuencia fractura de cadera
y luxación de cabeza de fémur izquierda (fractura de la
rama isquiopubica izquierda) situación que la incapacitó
laboralmente desde el 20 de abril al 15 de septiembre de 2013 y al momento de
su reintegro aún estaba recibiendo terapia física[89].
(iii) el conocimiento que de dicha situación tenga
el empleador. Dado el prolongado periodo de
incapacidad (aproximadamente 5 meses), así como el informe médico de aptitud laboral, del 24 de septiembre de 2013,
donde se consignó: “esperar concepto médico y seguir las recomendaciones
hechas por ARL SURA” y la comunicación dirigida por el Consorcio Puerto
Brisa a la ARL Sura informando que a partir del 21 de septiembre de 2013, daba
por terminado el contrato laboral de la señora Cerchar Pereira, evidencian el
conocimiento que tenía la firma empleadora del estado de salud de la
accionante.
(iv) La relación de causalidad entre la desvinculación
y el estado de salud. Está demostrado
que el accionante sufrió un accidente automovilístico que le dificultaba sus
actividades diarias, especialmente, las laborales, encontrándose en
rehabilitación. Pese a ello, siete días después de reintegrarse a sus funciones
fue despedida con el argumento que se había cumplido con la obra para la cual
fue contratada, sin contar con la autorización de la autoridad competente.
Es así como en los contratos por obra o
labor determinada, corresponde a la autoridad competente determinar si en
realidad existe un contrato de obra, y en este último caso si han cesado las
razones que lo originaron, y según el caso deberá proceder a definir si la
terminación fue adecuada o si sólo lo fue en apariencia, porque en realidad
supuso una discriminación al trabajador, dada su condición de vulnerabilidad. Ello
en aras de cumplir con el principio constitucional que ordena concederle
primacía a la realidad sobre las formas (art. 53,
C.P.), correspondiendo a la oficina del trabajo verificar que bajo la forma de
una terminación legal se esté auspiciando un tratamiento discriminatorio.
De cara al caso planteado, a pesar de que
en esta oportunidad no existe una calificación de la pérdida de capacidad
laboral, es evidente la disminución física a la que se ha visto sometida la
accionante a partir de las intervenciones quirúrgicas en su cadera izquierda
que la mantuvo alejada de su trabajo por 5 meses aproximadamente, condiciones
que le permiten hacerse acreedora a una estabilidad laboral reforzada.
En esa medida, la Corte constata que a
pesar de deteriorado estado de salud, el empleador desvinculó a la señora Cerchar Pereira sin solicitar la
autorización de la oficina del trabajo y no logró desvirtuar la presunción de
despido discriminatorio, en la medida que a pesar de contarse con un acta de
terminación de obra, el proyecto aún no ha culminado en su totalidad (100%). En consecuencia, el despido se torna
ineficaz.
A
partir de tales consideraciones, esta Sala revocará la decisión proferida por
el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Riohacha, que confirmó la sentencia adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Dibulla que en su
momento declaró improcedente el amparo. En consecuencia, la Sala ordenará al Consorcio Puerto Brisa
reintegrar a la señora Lenka Indira Linet Cerchar Pereira a un cargo en el que
pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que
padece y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculada sin que medie solución de continuidad, en todo caso, se compensará de
dicha suma el valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en
cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si
es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
6. Expediente T-4363218. Caso: Diego Alejandro Pava Cano contra
las empresas Labor Temporal S.A.S. y Furima S.A.S.
El accionante fue vinculado laboralmente por la empresa Labor Temporal S.A.S, mediante contrato de trabajo
de obra o labor determinada para desempeñarse como trabajador en misión en la
empresa Furima S.A.S. en el cargo de Operario de Producción, devengando un
salario mínimo legal vigente más el auxilio de transporte. Siendo enviado en
misión en cuatro periodos así: i. 6 de octubre al 30 de octubre de 2011; ii. 25
de noviembre al 26 de diciembre de 2011; iii. 10 de enero de 2012 al 23 de
diciembre de 2012; y iv. 14 de enero de 2013 al 11 de marzo de 2013.
El 24 de marzo de 2012, cuando se encontraba
ejecutando labores en la empresa Furima S.A., sufrió un accidente de trabajo, en
el que por aplastamiento, le amputaron parte de las falanges del segundo y tercer
dedo de la mano derecha.
Atendiendo las recomendaciones de la ARL, el 31 de
julio de 2012 la empresa Furima S.A.S., le asignó el cargo u oficio de
Matachero en C02.
El 6 de agosto de 2012, la ARL Sura le notificó que se
le calificó con pérdida de capacidad laboral del 17.26%, contra la que
interpuso recurso de apelación. La misma fue confirmada por la Junta Regional
de Invalidez de Antioquia y finalmente la Junta Nacional de Invalidez la
estableció en 17.88%.
El 11 de marzo del año 2013, estando en el proceso de
calificación de invalidez la empresa Labor Temporal S.A.S., el actor fue
desvinculado al igual que 23 trabajadores más.
El 31 de julio de 2013, remitió derecho de petición a
la empresa Labor Temporal S.A.S., solicitando su reintegro y recibió como
respuesta que el accidente no lo afectó vitalmente.
Las empresas accionadas manifestaron que la
terminación del contrato de trabajo obedeció a la culminación de la obra para
la cual fue contratado, en la medida que se había presentado una baja en la
producción.
Solución del caso.
(i) Existencia de la relación laboral. Dentro del material probatorio recaudado se destaca
que la empresa Labor
Temporal S.A.S., envió al actor como trabajador en misión a la empresa Furima
S.A.S. en cuatro periodos así: i. 6 de octubre al 30 de octubre de 2011; ii. 25
de noviembre al 26 de diciembre de 2011; iii. 10 de enero de 2012 al 23 de
diciembre de 2012; iv. 14 de enero de 2013 al 11 de marzo de 2013, de donde se desprende
que se configuró una relación laboral por algo más de un año.
(ii) La discapacidad o reducción física que dificulta
el desarrollo de las labores. A partir del accidente laboral sufrido el actor perdió dos dedos de su mano derecha, lo que obligó a la empresa
donde prestaba sus servicios, de acuerdo a la recomendación hecha por la ARL, a
reubicarlo en el “cargo/oficio Matachero en CO2”.
(iii) El conocimiento que de dicha situación tenga el
empleador. La terapeuta
ocupacional y el médico laboral de la ARL Sura, le enviaron comunicación a la
empresa Labor Temporal S.A.S., con las recomendaciones para facilitar su
proceso de reintegro laboral, las que además fueron acogidas por la empresa
donde el accionante prestaba desarrollaba su labor, lo que denota el
conocimiento de su estado de salud.
(iii) La relación de causalidad entre la
desvinculación y el estado de salud. Encuentra la Sala que en este asunto, el accionante
fue vinculado laboralmente por
la empresa Labor Temporal S.A.S, mediante contrato de trabajo de obra o labor
determinada para desempeñarse como trabajador en misión en la empresa Furima
S.A.S.. Al respecto, este
Tribunal ha señalado que en los contratos celebrados entre las empresas de
servicios temporales y sus trabajadores en misión, se establecen verdaderas
relaciones laborales, en las cuales la empresa es para todos los efectos el
empleador, “precisando que dicho vínculo laboral subsiste mientras el
usuario requiera de los servicios del trabajador o haya finalizado la obra para
el cual fue contratado. Así mismo, ha señalado que cuando el usuario necesite
de la contratación permanente del servicio de los trabajadores en misión, debe
acudir a otra forma de contratación distinta a la que se cumple a través de
dichas empresas”[90].
Según la jurisprudencia constitucional, la estabilidad
laboral en el empleo es aplicable a todas las modalidades de contratos, entre
éstos los que suscriben las empresas de servicios temporales, los cuales, como
ya se señaló, tienen en principio una vigencia condicionada al cumplimiento del
tiempo pactado o a la finalización de una labor determinada. Lo anterior, por
cuanto mediante dicho principio “lo que se busca es asegurar al empleado la
certeza mínima de que el vínculo laboral contraído no se romperá de manera
abrupta y sorpresiva, de manera tal que este no quede expuesto, en forma
permanente, a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten su propio
sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del empleador”[91].
Conforme con lo expuesto, la Sala verifica que en este caso se cumplen los requisitos
jurisprudenciales para acceder al reintegro, en la medida que (i) el actor
sufrió amputación de los dedos de su mano derecha, situación que le impide
desempeñarse en diferentes actividades laborales, por lo se encuentra en una
situación de debilidad manifiesta; (ii) el empleador conocía de sobra esta
situación, debido a que fue a partir de un accidente de trabajo que el actor
vio disminuida su capacidad laboral de manera permanente; y (iii) no se
constata que la empresa de servicios temporales, ni la
empresa contratista hayan solicitado autorización al Ministerio de Trabajo para
la desvinculación del actor, situación que torna ineficaz el despido.
A partir de tales consideraciones, esta Sala revocará la decisión
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
conocimiento de Medellín, que confirmó la sentencia
adoptada por el Juzgado Primero
Penal Municipal con funciones de conocimiento Medellín que en su momento negó
el amparo. En consecuencia, la
Sala ordenará a las empresas Labor Temporal S.A.S. y
Furima S.A.S. reintegrar al señor Diego Alejandro Pava
Cano a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la
discapacidad parcial que padece y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad, en todo caso, se compensará de dicha suma el valor sufragado a
título de liquidación. Además, deben tener en cuenta las observaciones del
médico laboral para realizar dicho reintegro y, en caso de ser necesario,
brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Así
como el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de
1997.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- En el expediente T-4.337.966, REVOCAR la
sentencia dictada por Juzgado Noveno Civil Municipal
del Manizales que negó el amparo dentro de la acción de tutela invocada por
Wilson Felipe Villa Atehortua en contra de la Constructora Las Galias, TLC
Humanos Colombia SAS, Construcciones Otálvaro. En su lugar, CONCEDER la
protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a
la seguridad social, al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital del
accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, ORDENAR a la empresa Construcciones
Otálvaro, reintegrar al señor Wilson Felipe Villa Atehortua a un cargo en el
que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que
padece y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado
sin que medie solución de continuidad; en todo caso, se compensará de dicha
suma el valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en cuenta
las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es
preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la ley 361 de 1997.
SEGUNDO.- En el expediente T-4348356, REVOCAR la sentencia
dictada por por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Villavicencio, que confirmó la sentencia adoptada por el Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Villavicencio, quien a su vez declaró improcedente el
amparo, dentro de la acción de tutela interpuesta por Nubia Elsy Garzón Segura
contra Molinos Roa S.A..  En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al
trabajo, a la vida digna y al mínimo vital del accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, ORDENAR a la empresa Molinos Roa
S.A., reintegrar a la señora Nubia Elsy Garzón Segura a un cargo en el que
pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que
padece y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculada sin que medie solución de continuidad; en todo caso, se compensará de
dicha suma el valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en
cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si
es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la ley 361 de 1997.
TERCERO.- En el expediente, T-4353250 REVOCAR la sentencia
proferida por el Juzgado 39 Penal del Circuito
de Bogotá, confirmó el fallo dictado por el Juzgado 34 Penal
Municipal de Bogotá en el sentido de negar la protección de derechos
fundamentales, dentro de la acción de tutela
interpuesta por Jorge Enrique Pérez Ruíz contra Nidia Amparo Salazar Herreño y
Evacol Ltda..  En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al
trabajo, a la vida digna y al mínimo vital del accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, ORDENAR a la señora Nidia Amparo
Salazar Herreño reintegrar al señor Jorge Enrique Pérez Ruiz a un cargo en el
que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que
padece y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculada sin que medie solución de continuidad, en todo caso, se compensará de
dicha suma el valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en
cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si
es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la ley 361 de 1997.
CUARTO.- En el expediente T-4358214, REVOCAR la sentencia
proferida por el Juzgado 39 Penal del Circuito
de Bogotá, confirmó el fallo dictado por el Juzgado 34 Penal
Municipal de Bogotá en el sentido de negar la protección de derechos
fundamentales, dentro de la acción de tutela
interpuesta por Yeison Alexander Monsalve Villalba en contra de la sociedad
Surtidiagnóstico Ltda..  En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al
trabajo, a la vida digna y al mínimo vital del accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, ORDENAR a la sociedad
Surtidiagnóstico Ltda. reintegrar al señor Yeison Alexander Monsalve Villalba a
un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la
discapacidad parcial que padece y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad, en todo caso, se compensará de dicha suma el valor sufragado a
título de liquidación. Además, debe tener en cuenta las observaciones del
médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle
una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Así como el
pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la ley 361 de 1997.
QUINTO.- En el expediente, T-4355303 REVOCAR la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Riohacha, que confirmó la sentencia adoptada por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Dibulla que en su momento declaró improcedente el
amparo, dentro de la acción de tutela interpuesta por Lenka Indira Linet
Cerchar Pereira en contra de Solentanche Bacchy Cimas S.A. y Concreto S.A., que
integran el Consorcio Puerto Brisa.  En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social, al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital del accionante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, ORDENAR al Consorcio Puerto Brisa
reintegrar a la señora Lenka Indira Linet Cerchar Pereira a un cargo en el que
pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que
padece y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculada sin que medie solución de continuidad, en todo caso, se compensará de
dicha suma el valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en
cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si
es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la ley 361 de 1997.
SEXTO.- En el expediente, T-4363218 REVOCAR la sentencia
proferida por Juzgado Tercero Penal del Circuito de
conocimiento de Medellín, que confirmó la sentencia
adoptada por el Juzgado
Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento Medellín que en su
momento negó el amparo, dentro de la acción de tutela
interpuesta por Diego Alejandro Pava Cano contra las empresas Labor Temporal
S.A.S. y Furima S.A.S..  En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al
trabajo, a la vida digna y al mínimo vital del accionante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, ORDENAR ordenará a las empresas Labor Temporal S.A.S. y Furima S.A.S. reintegrar al señor Diego Alejandro Pava Cano a un cargo en el que
pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad parcial que
padece y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculada sin que medie solución de continuidad, en todo caso, se compensará de
dicha suma el valor sufragado a título de liquidación. Además, debe tener en
cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si
es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Así como el pago de la indemnización de que trata el
artículo 26 de la ley 361 de 1997.
SÉPTIMO.- Por Secretaría líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Explica
que las labores asignadas consistían principalmente en alzar formaletas,
piedras, concreto, instalación y desarme de techos, etc.
[2] La apoderada
judicial es la misma que en el trámite de tutela representó a la Constructora
Las Galias.
[3] Según lo expuesto
por la accionante, como operaria tuvo que cumplir con las siguientes funciones:
“empacar arroz, verificar calidad del empaque y sellado de la maquina
empaquetadora, supervisar calidad del arroz, elaborar ofertas y demás
presentaciones, informar novedades, entre otras”.
[4] Afirma que en este
cargo le correspondía: “coordinar y supervisar las actividades de los
operarios del área, tomar muestras de las diferentes materias primas y
productos, analizar y reportar resultados, atender y tramitar reclamos y/o
devoluciones, realizar control de plagas y otros, ejecutar planes de muestreo,
elaborar reporte de impurezas, preparar vitamina, realizar análisis de
impureza, rendimiento y factores de graduación al arroz blanco y paddy que
ingresaran a la planta, realizar análisis al arroz que ingresa al proceso de
trilla y al que se encuentra en bodegas de almacenamiento y al arroz que pasa
al proceso de pre-limpieza, realizar análisis de muestras en proceso, realizar
aseo del laboratorio y los equipos, realizar control de parámetros de calidad
en empaquetado, realizar muestreo e inspección de materias primas en recepción
y de producto terminado, realizar pruebas experimentales de laboratorio y hacer
seguimiento los subproductos, entre otras”.
[5] De acuerdo a lo
consignado en el escrito de tutela a la fecha adeuda 2 cuotas y tiene un saldo
al 18 de diciembre de 2013 de 18 millones de pesos.
[6] Justa causa por
parte del empleador para la terminación del contrato de trabajo: “Cualquier
violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al
trabajador, de acuerdo con los art. 58 y 60 del C.S. del L, o cualquier falta
grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos
arbitrales, contratos individuales o reglamentos”.
[7] Obligaciones a
cargo del trabajador: “Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y
diligente en el lugar, tiempo y condiciones convenidos; realizar personalmente
la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este
reglamento, procedimientos instructivos de la empresa y acatar y cumplir las
órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus
representantes según el orden jerárquico establecido y comunicar oportunamente
a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitar daños y
perjuicios”.
[8] Sentencias de
casación 15 de julio de 2008 radicado 35532, 03 de noviembre de 2010 radicado
38992, 15 de julio de 2008 radicado 32532, 16 y 24 de marzo de 2010,
radicaciones 36115 y 37235.
[9] Hace alusión a las
sentencia T-780 de 2008, T-1046 de 2008, T-936 de 2009, T-039 de 2010 y T-198
de 2006.
[10] Sentencia C-824 de
2011.
[11] En esta oportunidad manifestó: “Lo que sucedió fue que el ingeniero
Luis Alberto llegó el 26 de octubre y le dijo a tres muchachas del turno
anterior que necesitaba esas trillas el lunes a primera hora, que él pasaba a
revisar, pero como yo me encontraba sola porque mi compañera se encontraba
incapacitada entonces me tocó llegar a recibir paddy y me desocupé casi a las 5
o 6 de la tarde de recibir paddy y ahí me puse hacer las trillas que fue
descascarar, pulir y analizar hasta terminar turno, pero no alcancé porque eran
muchas y yo por mi enfermedad del túnel carpiano me duelen mucho las manos y no
me rinde. Me toca hacer pausas por orden médica (adjunto soporte) y también
muestra las recomendaciones que debo tener y entonces yo dejé para el día
siguiente (Domingo) las que me quedaron que fueron como 20 ya que tenía turno
de 7 am a 12 del mediodía, pero entonces llegué en la mañana y me tocó recibir
los carros que amanecieron en el parqueadero, terminé de recibirlos como a las
10 y media de la mañana y de ahí me fui al casino un momentico a desayunar,
pero no me demoré nada, me regresé y me puse a hacer las trillas. Me quedaron
pendientes 2 trillas por hacer para el día lunes, pero entonces me tocó el día
lunes en la mañana recibir los carros que amanecieron del día Domingo y no las
alcancé a hacer por estar recibiendo lo carros y fue cuando el ingeniero Luis
Alberto llegó a revisar y yo le dije que me habían quedado pendiente por
revisar 2 trillas y de una vez me gritó y me regañó, no me dejó explicarle
nada. Mi caso es delicado yo tengo orden de reubicación pero él me dijo que no
tenía donde reubicarme que me quedara en el laboratorio y que hiciera lo que
pudiera y lo que no pudiera no lo hiciera. Él me dijo eso delante de dos
compañeros pero solo verbalmente. Ahora me siento acosada laboralmente por él,
porque no está viendo las circunstancias sino que me está juzgando sin escuchar
explicaciones (…) Cree usted que ha faltado al
Reglamento Interno de Trabajo Artículo 43. Son Obligaciones especiales del
trabajador, Numeral 1 que dice “Prestar sus servicios de manera puntual,
cuidadosa y diligente en el lugar tiempo y condiciones convenidos” y Numeral 2.
“Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los
preceptos del reglamento, procedimientos he instructivos de la empresa y acatar
y cumplir las órdenes e instrucciones que a modo particular le imparta la
empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido”. Respuesta/
no, porque yo debo estar reubicada en otro lugar debido a la enfermedad del
túnel carpiano que no me permite realizar las mismas funciones que antes, ni
con la misma rapidez pues ya no tengo la misma sensibilidad que antes y las
tuerzas de mis manos son muy pocas”.
[12] En concreto se
señaló: “1. El día sábado 26 de Octubre, recibió usted la instrucción clara del
señor Miguel Ángel Castro (Jefe de planta), que el lunes a primera hora debían
estar todos los análisis de los viajes ingresados hasta el día 25 de Octubre,
así tuviera que trabajar unas horas adicionales el Domingo 27 de Octubre?
Respuesta/ Sí yo la recibí pero yo pensé que Gloria iba a ir a trabajar también
y ella no llegó, porque el Ingeniero le dio permiso para ingresar hasta el día
lunes a la empresa por una cirugía ocular. Solo llegamos a trabajar mi
compañero Albert y yo, entonces yo me puse a recibir los carros y él a traer
las muestras como hasta las 10 y media de la mañana y ahí salí a desayunar un
momentico y me devolví, le dije a Albert que se hiciera cargo, entonces yo le
dije a Albert el sábado que se encargara del recibo de paddy y que muestreara
mientras yo hacia las trillas que el ingeniero me había mandado, y me puse a
pre limpiarlas, pesarlas, descascararlas, pulirlas y me puse hacer aseo dejando
los pulidores limpios y después me senté a analizarlas (…) faltaron dos porque
no alcance el día domingo. Salí muy cansada de mis manos porque me dolían
mucho, yo pensé que el lunes cuando llegara las hacia a primera hora, para
poderle entregar todo completo pero el tiempo me hizo una mala jugada y no
alcancé.
2. Explique porque (sic) si no le
alcanzó el tiempo habían análisis de los viajes del 26 cuando aún no se habían
acabado los del 25 de Octubre? Responder/ habían trillas atrasadas porque mi
compañera no había venido hacía 4 días entonces yo no alcanzaba hacerlas
trillas atrasadas.
3. Explique porque (sic) motivo
se encontraron las contra muestras del señor agricultor Fredy Josué Salazar de
viajes ingresados los días 26 y 27 de Octubre con unas diferencias
significativas en la impureza? Respuesta/ porque vino el agricultor e hizo la
contra muestra y al ver que estaba pasando mucho paddy entero debajo de la
bandeja de la zaranda entonces él me pidió que le pasara otra vez ese arroz por
la prelimpia pero yo le dije que no, que yo no podía, que se hacía así y que
cualquier cosa hablara con el Ingeniero Luis Alberto, entonces él se disgustó y
cogió la bandeja y hecho(sic) otra vez en la cárter, yo no pude hacer nada se
me salió de las manos y al limpiar la cárter y hacer el análisis y recoger el
arroz entero al pesarlo le dio 5.8, entonces yo hice la valida corrección en la
carpeta para mandar a bascula para que lo arreglaran y en el momento yo no caí
en cuenta de llamar al ingeniero Luis Alberto pero el día Lunes en la mañana yo
le explique al ingeniero apenas llego y él se puso muy furioso y me regaño muy
fuerte, realmente yo no lo hice en contra de la empresa nunca, sino porque el
mismo lo hizo, el mismo día lunes que sucedieron las cosas al ingeniero Luis
Alberto le sucedió lo mismo, un agricultor le pidió que pasara otra vez el
arroz de debajo de la bandeja cuando le estaban sacando la impureza que lo
pasara otra vez y al pesarlo le bajo la impureza también se le salió de las
manos igual que a mí.
7. Porque permitió que una
persona que no pertenece a la empresa realice una labor que es de su
responsabilidad? Respuesta/ yo le dije que no se podía y me puse brava pero él
la hecho allá y dijo que era su arroz y que le costaba mucha plata.
8. Tiene claro que cuando pasa
alguna anomalía o queja relevante de un agricultor debe informar de inmediato
al gerente de la planta o al jefe de producción, si es así porque (sic) no
informó? Respuesta/si señora, porque el señor estaba muy furioso y me envolató
no me dio tiempo.
9. Tenía usted conocimiento que
esto ya había sucedido y que acciones debía tomar de acuerdo a las
instrucciones de la gerencia de la planta, si las sabia cuáles eran? Y porque
(sic) no las tomó? Respuesta/ Sabía a medias porque la información que dio el
otro grupo no fue completa, y no sabía qué medidas tomar hasta después de que
paso fue que me lo dijeron.
10. Sabe usted de las
implicaciones que tiene para los pagos de la materia prima no cumplir con los
procedimientos establecidos y no tener a tiempo los análisis de laboratorio?
Respuesta/ pero es que no fue culpa mía, tenía tareas de 4 días atrasadas por
estar haciendo una cosa no hice otra y además estoy restringida y mantengo con
mucho dolor de manos, y como el ingeniero me había dicho que me reubicaba ahí
mismo en el laboratorio lo que pudiera lo hiciera y lo que no pudiera que no lo
hiciera testigos de esto William Parrado y Gloria Calderón porque él no tenía
para donde mandarme, entonces porque (sic) me exige tanto trabajo.”
[13] “En ningún caso la limitación de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medié autorización de la oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos
o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del
requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización
equivalente a. ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.
[14] Entre sus oficios estaba el
llevar a cabo compras de materiales como pintura, láminas de Drywall, cemento,
arena, entre otros.
[15] Sentencia  T-1015
de 2008.
[16] Sentencia T- 417 de
2010.
[17] Ibídem
[18] Sentencia T-198 de
2006.
[19] Sentencia T-661 de
2006.
[20] Ibídem.
[21] Sentencia T-864 de
2011.
[22]  Sentencia T-111 de
2012.
[23] Ibídem
[24] Sentencia T-125 de
2009.
[25] En este acápite se
seguirán los lineamientos expuestos en la sentencia T-372 de 2012.
[26] Considérense
discapacitados los minusválidos, las mujeres embarazadas, los enfermos de VIH
sentencia SU-256 de 1996; madres cabeza de familia SU-388 de 2005 y padres
cabeza de familia SU-389 de 2005, entre otros. El artículo 47 C.P.
señala: “El
Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran”.
[27] Al respecto puede
verse la sentencia C-824 de 2011 en donde se hace un recuento completo de los
múltiples instrumentos internacionales que propenden por la igualdad real y
efectiva de las personas con discapacidad.  Postura recogida entre otras en la
sentencia T-372 de 2012
[28] Aprobado por la
Ley 74 de 1968.
[29] Aprobado por la Ley 319 de 1996 y declarado exequible por la
Sentencia C-251 de 1997.
[30] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
diciembre de 2006, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009 y revisada mediante la
Sentencia C-293 de 2010[30], en donde la
Corte adelantó el análisis material sobre el contenido y estipulaciones de
este instrumento internacional.
[31] Adoptada mediante
Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
diciembre de 1993.
[32] Aprobado por el Estado colombiano mediante Ley 82 de 1988. En
virtud de este se expidió la recomendación número 168 sobre la readaptación
profesional y el empleo de  personas inválidas.
[33] Adoptada por la
Asamblea General de la OEA en 1999 e incorporada al derecho interno por Ley
762 de 2002. En virtud de dicho tratado, Colombia, como Estado parte, se
comprometió a adoptar las medidas legislativas, sociales, educativas, laborales
y de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra
las personas discapacitadas y a propiciar su plena integración en la sociedad.
Tanto la Ley aprobatoria como la
Convención fueron declaradas exequibles por la
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-401 del 20 de mayo de 2003.
[34] En concreto se explicó: “En este sentido, especial atención
le ha merecido a la Corte la garantía de la igualdad y de la no discriminación
a las personas con limitaciones o con discapacidad, el cual ha sido reconocido
y garantizado en innumerables oportunidades (Ver sentencia
T-288 de 1995 y C-983 de 2002, entre otras), haciendo énfasis en la
necesidad de brindar un trato especial a ese grupo poblacional e insistiendo en
que el derecho a la igualdad trasciende la concepción formal y debe tener en
cuenta las diferencias reales, y que en relación con las personas con
discapacidad, ‘la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un
medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena
participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un
derecho fundamental mediante el que se ‘equipara’ a las personas en
inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.’
Así mismo, ha insistido en que los derechos específicos para las personas con
discapacidad implican necesariamente, acciones afirmativas a favor de éstas, de
manera que ‘autorizan una "diferenciación positiva justificada" en
favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos
discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad
manifiesta (CP art. 13)’ (Sentencia
T-288 del 5 de julio de 1995)”.
[35] Adoptada por la Asamblea General de la
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
[36] El contenido de este principio fue ampliamente desarrollado en la
sentencia C-727 de 2009 en la cual se dijo: “De lo anterior se derivan dos
clases de deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar y poner en marcha
medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades
entre los asociados y al hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones
constitucionales de satisfacción progresiva de los derechos económicos,
sociales y culturales básicos de la población (cláusula de erradicación de las
injusticias presentes). Y, por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o
ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia
de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y
directamente a agravar la situación de injusticia, de exclusión o de
marginación que se pretende corregir, sin que ello impida avanzar gradual y
progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos.”
[37] Sobre este tema en la sentencia T-198 de 2006 se señaló: “La elaboración de una noción de discapacidad ha sido un
proceso muy lento y difícil. En cada momento de la historia, con base en los
conocimientos científicos con los que se ha contado, los legisladores han
regulado diversos aspectos de esta problemática. De allí que la terminología
empleada en la materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho, hoy por
hoy, se trata de un concepto en permanente construcción y revisión”.
[38] Sentencia T-094 de
2010. En el mismo sentido ver las sentencias T-198 de 2006, T-513 de 2006,
T-819 de 2008, T-504 de 2008, T-992 de 2008, T-603 de 2009, T-643 de 2009,
T-784 de 2009, T-263 de 2009, T-866 de 2009, T-065 de 2010, T-094 de 2010,
T-663 de 2011 y T-292 de 2011.
[39] La norma en cita reza: “No discriminación a persona en situación de
discapacidad. En ningún caso la
limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación
laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo. Sin
perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de
autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado
incurra en alguna de las causales establecidas en la ley como justas causas
para dar por terminado el contrato. Siempre se garantizará el derecho al debido
proceso. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso
primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente
a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.
[40] Sentencia T-663 de
2011.
[41] Sentencia
T-742 de 2011.
[42] Ibídem
[43] En esta oportunidad
le correspondió a la Corte estudiar una demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012. Se acumulan demandas. Según
los demandantes, la norma acusada es inexequible porque el ejecutivo desbordó
los límites de las facultades extraordinarias conferidas por el legislador, al
catalogar de innecesario el trámite previo ante el Ministerio de Trabajo para
terminar los contratos de trabajo de personas que presentan alguna
discapacidad. Así mismo, porque desconoce los derechos a la igualdad, a la
estabilidad laboral reforzada y al debido proceso, al suprimir tal exigencia y
dar así a ese grupo poblacional el mismo trato que a los demás trabajadores,
omitiendo que son sujetos de especial protección constitucional. La Corte
determinó que la supresión de la autorización previa del Ministerio de Trabajo
para terminar unilateralmente los contratos de trabajo de las personas con algún
tipo de discapacidad, cuando exista justa causa, configura un exceso en el
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 1474 de 2011.
Se declara la inexequibilidad del artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, que
derogó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por el cargo de exceso en el
ejercicio de las facultades extraordinarias.
[44] En el fallo T-198
de marzo 16 2006, la Corte efectuó un estudio detallado de los conceptos de
deficiencia, discapacidad y minusvalidez, con fundamento en las normas
internacionales, la preceptiva nacional y los antecedentes jurisprudenciales.
[45] T-1040 de
septiembre 27 de 2001.
[46] Cfr. T-196 de 2006,
previamente citada.
[47] ‘Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones’.
[48] Al controlar la constitucionalidad de esta norma, en la Sentencia
C-531 de 2000, la Corte estimó que “[c]uando la parte trabajadora de dicha
relación está conformada por un discapacitado, uno de [los principios
constitucionales] adquiere principal prevalencia, como es el principio a la
estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta
seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista
una causal justificativa del despido, como consecuencia de la protección
especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de
personas”.
[49] En efecto, la
Corte declaró que el inciso segundo del artículo 26 debía ser declarado
exequible, bajo el entendimiento de que “carece de
todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona
por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de
Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para
el despido o terminación del respectivo contrato”. Sentencia C-531 de 2000.
[50] T-232 de 2010.
[51] Ver Sentencias T-1040
de 2001, T-198 de 2006, T-642 de 2010, T-415 de 2011 y T-754 de 2012, entre
otras.
[52] Sentencia T-111 de
2012. Cfr. Sentencias T-050 de 2011, T-269 de 2010, T-519 de 2003. Posición
además reiterada en las sentencias T-077 de 2014 y T-453 de 2014.
[53] Sentencia T-173 de
2011.
[54] Por ejemplo, en la sentencia T-111
de 2012 la Corte amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la
accionante al considerar que al momento del despido se encontraba disminuida en
su capacidad física (demostrado con las incapacidades por la cirugía de
apendicitis y el tratamiento para el síndrome del túnel carpiano), situación
que era conocida por la entidad demandada y que a pesar de ello dio por
terminado el vinculo laboral sin la autorización del inspector de trabajo. Lo
anterior constituyó en aquella oportunidad, una presunción del despido en razón
al estado de salud de la accionante. De igual forma, en sentencia T-269 de 2010
este Tribunal declaró ineficaz el despido y ordenó el reintegro del actor, por
cuanto el empleador tenía pleno conocimiento del accidente de trabajo sufrido
por el trabajador durante la vigencia de la relación laboral, así como de la
discapacidad generada a raíz del mismo.
[55] En la sentencia
T-116 de 2013 la Corte señaló que no podía entenderse que la entidad demandada
estuviera enterada del estado de salud del accionante para la fecha de
terminación de la relación laboral, puesto que no se evidenciaba ninguna
dificultad para el normal desempeño de sus funciones. Al contrario, adujo, el
accionante no intentó probar si quiera sumariamente que su desvinculación fue
discriminatoria y, más bien, el empleador sí logró acreditar la inexistencia
del nexo causal entre la terminación del contrato y el estado de salud del
actor (como el envío de cuatro cartas de terminación del contrato a otros
trabajadores y la ausencia de incapacidades durante el último año de vigencia
de la relación laboral).
[56] Sentencia T-689 de
2004. En aquella oportunidad fue confirmado el fallo del juez de instancia que
negó la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada de una señora
que argumentaba haber sido víctima de tratos discriminatorios por parte de su
empleador desde el momento en que este se enteró de la enfermedad que padecía
hasta el momento en que se dio por terminado el vínculo laboral. La
Corte, basándose en el requisito de nexo causal, concluyó que, contrario a lo
manifestado por la accionante, la decisión de la empresa correspondió a razones
empresariales probadas a lo largo del proceso y a la imposibilidad de
reubicación que fue debidamente demostrada. Además, tuvo en cuenta que el
empleador siempre atendió los requerimientos de salud de la peticionaria y que
al momento del despido no se encontraba incapacitada.
[57] Sentencia T-255 de
2004.
[58] Sobre el particular
Mario de la Cueva sostiene que “el aspecto esencial en la vida de las
relaciones obrero-patronales, es la relación de trabajo, o sea, el hecho mismo
de la prestación de un servicio, el cual hecho determina, por sí solo, la
aplicación del derecho del trabajo, cualquiera que haya sido la voluntad de las
partes”. En “Derecho Mexicano del Trabajo”. Ed. Porrúa. 1954.
[59] Sentencia C-1110 de
2001.
[60] Sentencia C-665 de 1998.
[61] T-868 de 2013.
[62] Sentencia C-1110 de
2001.
[63] Sentencia T-449
2010.
[64] Ver sentencias T-1083 de 2007 y T-449 de 2008, entre otras. En
este sentido, la sentencia T-996 de 2010, señaló: “Ahora
bien, en atención a la tesis anterior, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que cuando la relación laboral depende de un contrato de
trabajo a término fijo o de obra o labor contratada, el vencimiento del término
de dicho contrato o la culminación de la obra, no significan necesariamente una
justa causa para su terminación. De este modo, en todos aquellos casos en que
(i) subsistan las causas que dieron origen a la relación laboral y (ii) se
tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus funciones, el
trabajador tiene el derecho de conservar su trabajo aunque el término del
contrato haya expirado o la labor haya finiquitado”.
[65] Como fue expuesto
por esta Corte en la sentencia C-016 de 1998:“el sólo advenimiento del plazo
inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para
legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se
garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad, en
cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su empleo, si
de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de
otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral”.
[66] Sentencias T-992 de
2005, T-872 de 2004, T-1003 de 2006.
[67] Por la cual se
introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
[68] Esta norma, igualmente, contempla unas consecuencias jurídicas
generadas a partir de la transgresión de los límites
legales. Se encuentran dentro de ellas (i) pago de multas, (ii) sanciones y,
(iii) la cancelación de la autorización de funcionamiento.
[69] Ibidem.
[70] Corte Constitucional,
Sentencia T-889 de 2005.
[71] Sentencia T-472 de
2014.
[72] Sentencia T-225 de
2012.
[73] Ver comunicado de
prensa Núm. 33 del 20 de agosto 2014.
[74] Explica
que las labores asignadas consistían principalmente en alzar formaletas, piedras,
concreto, instalación y desarme de techos, etc.
[75] El 3 de mayo de 2013,
se le practicó una ultrasonografía diagnóstica de glándulas salivales con
transductor de 7 Mhz o más, donde se especificó que “amerita valoración
prioritaria por cirugía de cuello y realización de bacaf”. De acuerdo con
el informe del estudio “anatomopalogico” del 30 de octubre de 2013, se
le diagnosticaron hallazgos consistentes con carcinoma papilar.
[76] El 3 de mayo de 2013,
se le practicó una ultrasonografía diagnóstica de glándulas salivales con
transductor de 7 Mhz o más, donde se especificó que “amerita valoración
prioritaria por cirugía de cuello y realización de bacaf”. De acuerdo con
el informe del estudio “anatomopalogico” del 30 de octubre de 2013, se
le diagnosticaron hallazgos consistentes con carcinoma papilar, en concreto se
señaló: “el
usuario presenta una masa tiroidea y masa cervical derecha, hallazgo clínico
conformado por ecografía, por lo tanto se beneficia de la realización de los
procedimientos quirúrgicos denominados TIROIDECTOMÍA TOTAL con VACIAMIENTO
LINFÁTICO RADIAL DE CUELLO UNILATERAL”.
[77] Justa causa por parte
del empleador para la terminación del contrato de trabajo: “Cualquier
violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al
trabajador, de acuerdo con los art. 58 y 60 del C.S. del L, o cualquier falta
grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos
arbitrales, contratos individuales o reglamentos”.
[78] Obligaciones a
cargo del trabajador: “Prestar sus servicios de manera puntual, cuidadosa y
diligente en el lugar, tiempo y condiciones convenidos; realizar personalmente
la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este
reglamento, procedimientos instructivos de la empresa y acatar y cumplir las
órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus
representantes según el orden jerárquico establecido y comunicar oportunamente
a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios”.
[79] La accionante
explicó que esta situación se dio a partir de dos situaciones particulares: (a)
Rendimiento: debido a su estado de salud que se encuentra debidamente
documentada y el estar sola durante estos días; y (b.) Contra-muestra:
Situación extraordinaria presentada por el reclamo de un agricultor y su
reacción ante la negativa de volver a hacer la prueba, evento que se presentó
en otras oportunidades, incluso con los mismos ingenieros jefes.
[80] Acta de descargos
del 30 de octubre de 2013.
[81] Acta de descargos
del 6 de noviembre 2013
[82] Entre sus oficios estaba el
llevar a cabo compras de materiales como pintura, láminas de Drywall, cemento,
arena, entre otros.
[83] Sentencia T-183 de
2013.
[84] Ver por ejemplo
Sentencia T-662 de 2013. Así mismo, la
Sentencia T-589 de 2011 sostuvo que “el operador judicial debe examinar la
situación fáctica que define el asunto sometido a su conocimiento, y las
particularidades de quien reclama el amparo constitucional, pues, si se trata
de sujetos de especial protección constitucional (personas de la tercera edad o
en condición de discapacidad, etc.) o de personas que se encuentren en
condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad se
flexibiliza haciéndose menos exigente”.
[85] Sobre el particular
Mario de la Cueva sostiene que “el aspecto esencial en la vida de las
relaciones obrero-patronales, es la relación de trabajo, o sea, el hecho mismo
de la prestación de un servicio, el cual hecho determina, por sí solo, la
aplicación del derecho del trabajo, cualquiera que haya sido la voluntad de las
partes”. En “Derecho Mexicano del Trabajo”. Ed. Porrúa. 1954.
[86] Esta presunción es
de naturaleza legal, de manera                que puede ser desvirtuada  por el
empleador con la demostración del hecho contrario al presumido, esto es,
probando que el servicio personal del trabajador no se prestó con el ánimo de
que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le impusiera
dependencia o subordinación.
[87] Sentencia C-1110 de
2001.
[88] Cfr. sentencia
T-255 de 2004.
[89] De acuerdo con la
historia clínica el lunes 9 de septiembre de 2013, asistió a una cita de
control donde se le otorgó la última incapacidad hasta el día 15 de septiembre
de 2013. El 15 de octubre siguiente, se le ordenaron 30 sesione de
fisioterapia. Finalmente el 15 de noviembre de 2013, se reiteró la necesidad de
continuar con la fisioterapia.
[90] Ibidem.
[91] Corte Constitucional,
Sentencia T-889 de 2005.