T-920-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-920/04
ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO Y DEBIDO PROCESO-Interpretación
de cláusulas del contrato es razonable/ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO Y DEBIDO PROCESO-No se probó violación
VIA DE HECHO POR DICTAMEN PERICIAL EN
PROCEDIMIENTO ARBITRAL
VIA DE HECHO EN DECISIONES DE TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO-Procedencia
Tanto jueces como árbitros pueden llegar a incurrir en
vías de hecho en su labor de administrar justicia. Es necesario para estar
incurso en tal figura haber actuado arbitrariamente. La arbitrariedad en la
actividad de los jueces de la República se ha encuadrado dentro de las
siguientes tipos de defectos: orgánico, sustancia, procedimental y fáctico. La
Corte ha aclarado que tratándose de arbitramentos en equidad si bien se puede
incurrir en conductas arbitrarias, éstas no serían encuadradas dentro de los
posibles efectos de un fallo en derecho. Así las cosas, los posibles defectos
serían: falta de motivación material o evidente irrazonabilidad. No obstante,
si el arbitraje es en derecho los tipos de defecto bajo los cuales se
analizaría la conducta serían los mismos en los que podría incurrir un juez de
la República.
VIA DE HECHO EN PROCESO ARBITRAL
VIA DE HECHO POR DEFECTO PROCEDIMENTAL
Si bien existe un sistema de normas
que establece las formalidades y etapas a seguir en los diferentes asuntos
litigiosos que deben ser respetadas por los jueces o particulares que
administren justicia, no todo desconocimiento de éstas permite la procedencia
de la tutela. Sólo cuando quien administre justicia haya actuado completamente
por fuera del procedimiento establecido se configura una vía de hecho de carácter
procedimental. La vía de hecho por defecto procedimental se ha relacionado con
el recaudo de medios probatorios en el proceso.
ERROR GRAVE EN DICTAMEN PERICIAL-El haberse pronunciado ultra petita  no
lo constituye
El haberse pronunciado más allá de lo
pedido no constituiría error grave en la medida en que el objeto de estudio no
fue algo “fundamentalmente” diferente, toda vez que al incluir lo que se
preguntaba, aunque excediéndolo, existe una clara relación entre los términos
en que se decretó y emitió el peritazgo. Declarar que un peritazgo que vaya más
allá de lo pedido, sin más fundamento que éste, es un defecto procedimental.
Por otro lado, de llegarse a desvirtuar la validez del dictamen por haberse
pronunciado sobre un objeto diferente al pedido, se rechazarán las conclusiones
ultra petitum, mas no lo que se haya dicho con relación a lo pedido. Si bien se
presentó un error de carácter procedimental al haber considerado que la
objeción por error grave en el dictamen pericial estaba llamada a prosperar,
tal error no es constitutivo de una vía de hecho, puesto que así se hubiera
considerado el peritazgo como prueba no hubiera cambiado el sentido del Laudo.
El Tribunal consideró que el peritazgo emitido dentro del proceso adolecía de
error grave, toda vez que se había pronunciado sobre un objeto diferente al
solicitado. La Sala observa que tal calificación del peritazgo es errada, toda
vez que si bien, en un comienzo, el experticio pudo haberse extralimitado en lo
pedido  la extralimitación no implicaba un objeto de estudio fundamentalmente
distinto al que era materia del dictamen, debido a que comprendía en su
plenitud lo pedido, pero iba más allá. En esa medida, existe concordancia con
lo solicitado en un porcentaje casi pleno, lo que hace que no se pueda predicar
la fundamentalidad en la diferencia de objeto.
ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO Y DEBIDO PROCESO-Se
cumplió obligación con primera entrega de auditoría
Para la Sala, era razonable considerar como
cumplida la obligación con la primera entrega de la auditoría,
independientemente del número de errores que esta pudiera contener. Lo
anterior, puesto que en los términos de la cláusula quinta del Acta de
Liquidación se establece de manera simple la obligación de entregar dentro de
los treinta días siguientes la aceptación o el rechazo de los trabajos. Además,
la posibilidad de que la auditoría entregada en los treinta días se pudiera
tener como parcial o definitiva no estaba incluida en los términos del
contrato; por tanto, era razonable no exigir una cualificación de la auditoría
dada dentro del término establecido. Además, en la medida en que, como la misma
AFA reconoce, existía divergencia en la comprensión de la forma en la que debía
calificarse los trabajos por ésta entregados, era razonable no exigir que el
informe inicialmente dado cumpliera con los parámetros que después de varias
reuniones entre AFA y Electrocosta fueron pactados. La objeción de AFA a la
labor del Tribunal no se tendrá como vía de hecho, toda vez que, por un lado,
la Sala no encuentra un error manifiesto en la apreciación de si Electrocosta
valoró el total de los lotes debidos, y así existiera tal error esto no
cambiaría las resultas del proceso, puesto que, como se indicó, el Tribunal
valoró la obligación de entrega de las auditorías como simple y no cualificada
y en esa medida habría sido irrelevante para declarar el incumplimiento si la
auditoría se realizó sobre todos los lotes.
ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO Y DEBIDO PROCESO-No
existía obligación de realizar auditoría en visita conjunta
En cuanto a la exigencia de la realización
de visitas conjuntas para la determinación de si se había configurado un error
en la auditoría, la Sala encuentra que si bien el Tribunal estableció un límite
de tiempo inexistente en el contrato para su realización, la interpretación de
la cláusula j. sin el establecimiento del límite no habría cambiado las
resultas del proceso, toda vez que, como el mismo Tribunal lo indica, de
haberse realizado las visitas conjuntas y comprobado que sí existía error en la
auditoría de AFA no se habría derivado la obligación de pagar el mayor tiempo
en la ejecución de la obra, como señala AFA, sino, únicamente, el deber de
cubrir los costos derivados de la visita conjunta por parte de Electrocosta. De
la no realización de la inspección conjunta no se puede derivar lógicamente la
inexistencia de errores en la labor de AFA y la consecuente exoneración del
cubrimiento de los costos de la elaboración de todas las correcciones, como
pretendía el Juez de segunda instancia, ni el cubrimiento de los costos por
mayor tiempo en la ejecución del contrato, como pretendía AFA.
ERROR GRAVE EN DICTAMEN PERICIAL Y VIA DE
HECHO POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-No todo error la configura
En criterio de la Sala sí se incurrió en un
defecto procedimental en la aplicación del artículo 238, numeral 4º, del Código
de Procedimiento Civil que permite acoger una objeción de prueba pericial
cuando existe error grave. A la luz del mencionado artículo, el Tribunal ha
debido considerar la prueba pericial de manera conjunta con las demás pruebas
que constan en el expediente, puesto que no existía imprecisión de alta
envergadura en el pronunciamiento pericial. Se repite, el haberse pronunciado
más allá de lo pedido, incluye el objeto de lo pedido, por lo que no se puede
predicar la manifiesta equivocación. Ahora bien, teniendo en cuenta que de no
haberse incurrido en este error de tipo procedimental el Tribunal habría tenido
que valorar, dentro de la sana crítica, la prueba pericial de manera conjunta
con las demás pruebas que constaban en el expediente, la Sala -atendiendo a que
no todo error implica vía de hecho- encuentra que el mencionado defecto no
conlleva la pérdida de efectos del Laudo Arbitral cuestionado.
Referencia: expediente T-888314
Peticionario: AFA Consultores y Constructores
S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal de Arbitramento
conformado por los árbitros Jairo Morales Navarro, Iris Crismatt Mouthon y
Norberto Gari García
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D. C., veintitrés (23) de septiembre
de dos mil cuatro (2004)
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo
Monroy Cabra, quien la preside,  en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias
proferidas por el Juzgado 3º Civil Municipal de Cartagena, el 27 de agosto de
2003, y el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena, el 6 de octubre de 2003
I. ANTECEDENTES
AFA Consultores y Constructores  S.A.
E.S.P.[1]
manifiesta, actuando a través de apoderado, que el Tribunal de Arbitramento
conformado por los árbitros Jairo Morales Navarro, Iris Crismatt Mouthon y
Norberto Gari García, incurrió en una vía de hecho por error sustantivo y
fáctico en el Laudo proferido el 23 de mayo de 2003 y su Aclaración del 20 de
junio del mismo año. El presunto error sustantivo se presentó, toda vez que
interpretó de manera irrazonable las cláusulas del contrato COMER 005 y los
términos del Acta de liquidación de tal contrato del 9 de febrero de 2001,
contrato y liquidación suscritos entre la accionante y la Empresa
Electrificadora de la Costa Atlántica, Electrocosta S.A. E.S.P.[2], derivando de tal
comprensión el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Electrocosta,
en particular la de realización de las auditorías sobre las obras de AFA dentro
de los 30 días siguientes a la entrega de la labor contratada, a pesar de que,
según AFA, tal auditoría no se había hecho sobre el 100% de la labor realizada.
Por su parte, el presunto error fáctico se presentó, puesto que, a pesar de que
tal obligación sí existía, el Tribunal no valoró las pruebas que demostraban
plenamente el incumplimiento del contrato por parte de Electrocosta y el
desequilibrio económico del contrato que esto implicaba, en virtud de los
mayores tiempos en la ejecución del contrato que se habían generado. Los
presuntos errores manifiestos se sustentan en los siguientes hechos:
1. El 28 de agosto de 2000 se suscribió el contrato COMER
005,  entre AFA y Electrocosta, con el objeto de levantar la cartografía de
los  departamentos de Córdoba y Sucre y el censo de usuarios a los cuáles les
prestaba el servicio Electrocosta en tales departamentos.
2. Aduce la accionante que, en virtud de las dificultades
económicas que estaba pasando, debidas al incumplimiento del pago de otros
contratos suscritos anteriormente con Electrocosta, fue necesario suscribir el
Acta de terminación de mutuo acuerdo del contrato COMER 005, el 9 de febrero de
2001. En tal Acta se acordó un plazo de 60 días calendario para la entrega de
los trabajos señalados en el contrato COMER 005. Según tal término, la fecha de
entrega de los trabajos de cartografía debería hacerse el 15 de febrero de 2001
para Córdoba y el 19 del mismo mes para Sucre.
Los términos en los cuáles quedó fijada la
obligación en la mencionada Acta, cláusula quinta, son los siguientes: “una
vez el contratista entregue el trabajo realizado Electrocosta – Electricaribe
(entendiéndose también la auditoría de los contratos) cuenta con  treinta días
para aceptar o rechazar dichos trabajos. Si pasados los treinta días
estipulados anteriormente en el informe de auditoría no es entregado, el
contratista podrá tramitar la factura respectiva. ”
3. Indica la demandante que el 14 de febrero de 2001 AFA
entregó el total de los trabajos acordados.
4. Según la demandante, el 21 de marzo de 2001,
Electrocosta entregó un informe parcial de auditoría, toda vez que faltaban por
auditar el municipio de Montería y otros municipios de Córdoba. Por no estar
completo, en criterio de la contratista –ahora demandante-, el informe fue
rechazado a través de escrito del 3 de abril de 2001. Además de que, en
criterio de la accionante, la auditoría fue parcial, ésta presentó un alto
margen de error,  lo que, en su parecer, hacía mayor el incumplimiento de la
obligación de auditar en cabeza de la entidad contratante.
5. El 10 de abril de 2001 se entregó por parte del
contratante un segundo informe parcial –en criterio del demandante- de
auditoría en el cual disminuyó el porcentaje de error frente al inicialmente
presentado. Sin embargo, en este informe tampoco estaban auditadas la totalidad
del departamento de Córdoba e igualmente presentaba un alto margen de error.
Tal complementación del informe de auditoría se hizo 40 días hábiles después de
la entrega de la labor realizada por el Contratista.
6.  Con fecha de 20 de abril de 2000, recibido por AFA el
23 de abril, el contratante entregó un tercer informe de auditoría,
corrigiéndose así, en criterio de la ahora accionante, los informes parciales.
En el informe final se señala 11.530 como número de fincas auditadas que fueron
rechazadas.
En parecer de la accionante, el informe de
auditoría fue extemporáneo, toda vez que la totalidad de la auditoría fue
entregada 48 días después de entregada la labor contratada y no 30, como se
había establecido en el Acta de liquidación.
7. Frente al informe recibido el 23 de abril de 2000, el
30 de abril de 2001, la contratista manifestó su inconformidad debido, en su
criterio, a la incongruencia de éste.
8. No obstante, el 3 de mayo de 2001, AFA presentó las
correcciones. A pesar de que los informes de auditoría habían sido
oportunamente cuestionados por parte de AFA, el 3 de mayo de 2001, Electrocosta
rechazó las correcciones presentadas por AFA, por extemporáneas. Tal rechazo
desconoce, según AFA, la cláusula del Acta de terminación de mutuo acuerdo
según la cual “si se llegare a rechazar parte alguna del trabajo  realizado,
en consideración a los estándares de calidad pactados en los contratos el
contratista deberá hacer dicho trabajo en un plazo no mayor de 8 días
calendarios”. Al rechazar la corrección de los predios impidió el trámite
de legalización de la factura sobre el estudio cartográfico de éstos presentado
por AFA.
9. En parecer de la accionante, en virtud de la tardanza
y los errores en la entrega de la auditoría, el contratante debió haber
aceptado la factura sobre los predios corregidos, a la luz del Acta del 9 de
febrero de 2001 según la cual “si pasados los 30 días estipulados [con los
cuáles cuenta el contratante para entregar el informe de auditoría éste] no es
entregado, el contratista podrá tramitar la factura respectiva.”
10. Hechos semejantes ocurrieron con respecto a la
cartografía del departamento de Sucre. En efecto, AFA entregó al contratante el
19 de febrero de 2001 la cartografía de este departamento, en cumplimiento de
lo estipulado en el Acta del 9 de febrero de 2001. A partir de esta fecha, el
contratante contaba con 30 días hábiles para entregar la auditoría.
12. El 27 de marzo de 2001 se presentó un informe parcial,
en criterio de AFA, toda vez que dejó de auditar  un alto porcentaje de las
fincas de varios municipios de Sucre.
13. El 2 de abril de 2001, el contratante presentó un
segundo informe parcial que complementaba y corregía el anterior. Tal informe
fue rechazado el 5 de abril de 2001 por AFA, tanto por sus errores, como por su
presunto carácter parcial.
14. El 20 de abril de 2001, el contratante entregó a AFA
un informe parcial el cual contiene la revisión de los informes anteriores. Tal
informe fue presentado 44 días hábiles después de haberse entregado el trabajo
por parte de AFA y, por tanto, en criterio del demandante fue extemporáneo.
Este informe también fue rechazado por AFA, el 3 de mayo de 2001, por no
comprender la revisión total del trabajo y por no haberse hecho la revisión
conjunta en campo como lo determina el anexo de los contratos denominado
procedimiento para la evaluación de calidad, cuyo literal j. señala “en caso
de que el contratista no acepte la validez de un lote se aceptará la revisión
conjunta.”
15. Con respecto a la entrega de los suministros del
departamento de Córdoba, aconteció algo similar, en dicho de la peticionaria.
Según el Acta de liquidación del 9 de febrero de 2001, AFA se comprometía a la
entrega de la labor contratada en el término de 60 días. AFA entregó los
suministros el 16 y el 29 de marzo de 2001.
16. A pesar de que la entrega de los suministros fue
oportuna, en criterio de la accionante, los informes de auditoría no lo fueron.
En efecto, el 7 de mayo de 2001 se recibió informe de auditoría del suministro
y tal informe no incluyó el análisis de todos los lotes. Por tal razón fue
rechazado por AFA, en escritos del 11 de mayo y el 16 de mayo.
17.  El segundo informe de auditoría fue presentado el 11
de junio de 2001. Este informe fue tardío, toda vez que se entregó 78 días
hábiles después de la entrega realizada por el contratista, debiéndose haber
entregado a los 30 días hábiles. Por presentar inconsistencias, el informe del
11 de junio también fue rechazado por AFA.
18. El 13 de junio de 2001, el contratante presentó el
tercer informe de auditoría. A pesar de  la discrepancia frente a dicho
informe, el contratante no accedió a la realización de la visita conjunta en
campo, como lo ordenaban los contratos.
19. En criterio de AFA, la tardanza en la entrega total de
las auditorías, el alto margen de error de éstas y la remisión para la
realización  de visitas conjuntas generaron mayores tiempos de ejecución para
el contratista –el contrato COMER  005 que debió ejecutarse entre el 28 de
agosto de 2000 y el 28 de diciembre de 2000, se extendió, debido a
Electrocosta, hasta el 4 de julio de 2001, fecha de la entrega del último
informe de auditoría-. A tal mora por parte del contratante, se añadió la
tardanza en la cancelación de las obras entregadas. Además, como las
diferencias en la aplicación de los márgenes de error en la práctica de las
auditorías y los suministros no auditados no debían deducirse de las facturas
que presentara el contratista y fueron deducidas por el contratante, también se
causó un perjuicio.
20.  AFA buscó, a través de arreglo directo, que se
solucionaran las diferencias mencionadas en el numeral antecedente, pero no
logró llegar a ningún acuerdo con Electrocosta.
21. Debido a que AFA consideraba que se había incumplido
el contrato, lo cual había generado un consecuente desequilibrio en las
condiciones del contrato, acudió a la Cámara de Comercio de Cartagena para que
se convocara un tribunal de arbitramento y éste dirimiera el conflicto. Como
hechos de la demanda presentó los arriba expuestos y como pretensiones las
siguientes: “Primero. Que se declare que Electrificadora de la Costa
Atlántica S.A. E.S.P. incumplió el Acta de Terminación por mutuo acuerdo de los
contratos COMER el (sic) 005 y COMER el (sic) 006 de fecha 28 de agosto de
2000, los dos, suscrita, el acta, el 9 de febrero de 2000 (sic).
Subsidiariamente, en el improbable caso que
no se acceda a la petición anterior, pido que se declare en relación con el acta
de terminación de mutuo acuerdo del Contrato COMER 005,  la ocurrencia de
hechos o circunstancias no imputables al contratista que dieron lugar al
rompimiento de la ecuación económica del contrato y que derivaron para el
contratista los perjuicios económicos por: A) Incumplimiento en los tiempos de
entrega de la auditoría por parte del Contratante; B) Incumplimiento al negarse
a ejecutar la revisión conjunta en campo de las inconsistencias señaladas en
los informes de auditoría presentado (sic) por el contratante; C)
Incumplimiento en el trámite y pago de las cuentas por el Contratante al
Contratista; y E) Mayores tiempos de ejecución de los contratos generados por
las circunstancias anteriormente señaladas.
Segunda: Que como consecuencia de la
petición primera principal, o de la subsidiaria, se condene a Electrificadora
de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. al restablecimiento económico de AFA
Consultores y Constructores S.A. E.S.P., mediante el pago de los siguientes
conceptos:
a)
Por intereses
sobre los valores de las cuentas presentadas y pagadas con retardo la suma de
$13.956.705 (...)
b)
Por concepto de
intereses  por retardo en el pago sobre el impuesto al Valor agregado (IVA)
liquidados sobre el valor de cada factura presentada y pagada con retardo, la
suma de $2.011.094 (...)
c)
Por concepto de
mayores costos de administración causados por el retardo en cuatro meses en el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato comer 005 y el acta
de 9 de febrero de 2001, la suma de $247.092.000. (...)
d)
Por conceptos de
valores por trabajos ejecutados sobre fincas o AOL, y no canceladas en
oportunidad por parte del contratante por defectuosa o mala liquidación la suma
de $ 23.245.422 (...)
Tercera: Que la suma de $286.305.221 a que
sean condenadas (sic) Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. sea con
indexación.
Cuarta: Que se condene a Electrificadora de
la Costa Atlántica S.A. E.S.P. al pago de las costas y pagos de este proceso
incluyendo los honorarios del abogado gestor.”
22.  Electrocosta propuso excepciones previas consistentes
en cumplimiento de lo pactado e inexistencia de la obligación endilgada por AFA
y la consecuente no configuración de perjuicios derivados de la actuación de la
contratante.
23. Dentro del proceso se decretó de oficio el peritaje
sobre los libros, papeles, carpetas y documentos del convocante que contenían
las revisiones de la cartografía sobre las cuáles, según el convocante, no le
fue practicada la auditoria.
24. Los peritos rindieron informe según el cuál sí se
había incumplido el contrato por parte de Electrocosta y, en consecuencia,
debían  indemnizarse los perjuicios, los cuáles determinó en el peritaje.
25. Electrocosta objetó por error grave el dictamen
pericial, por considerar que no respondía a lo pedido por el Tribunal de
Arbitramento.
26.  Mediante Laudo Arbitral proferido el 23 de mayo de
2003, el Tribunal conformado por los árbitros Jairo Morales Navarro, Iris
Crismatt Mouthon y Norberto Gari García resolvió declarar probada la excepción
de cumplimiento de lo pactado y la de inexistencia de la obligación, invocadas
por la parte convocante. En consecuencia, denegó la pretensión primera, tanto
en lo principal como en lo subsidiario, y la pretensión segunda, a excepción
del literal a, relativa a la mora en el pago de las facturas por parte del
convocado. Con respecto a la objeción presentada frente al dictamen pericial,
el Tribunal declaró que prosperaba de manera parcial. Las razones para tales
decisiones se pueden exponer como sigue[3]:
a.
El Tribunal verificó
que AFA había entregado dentro del término pactado el trabajo encomendado tanto
de las cartografías de Córdoba y Sucre, como de los suministros de Montería,
Cereté, Canalete y Buenavista.
b.
Según los términos del
Acta de liquidación, Electrocosta o la auditoría de los contratos contaban con
30 días para aceptar o rechazar  dichos trabajos. Pasado tal término sin que el
informe de la auditoría fuera entregado, AFA podía tramitar la factura
respectiva. También se estipuló que si se llegare a rechazar alguna parte del
trabajo hecho, AFA debía rehacer el trabajo en un término de 8 días calendario.
c.
Según el análisis del
acervo probatorio, el Tribunal encontró que “la auditoría sí realizó el
encargo dentro del termino pactado en el acta de fecha 9 de febrero del 2.001,
acorde a la siguiente tabla” (se transcribe textualmente):
AUDITORÍA
FECHA LÍMITE DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA
Cartografía de Córdoba
30 de marzo del 2.001
21 de marzo de 2.001
Cartografía de Sucre
3 de abril del 2.001
27 de marzo del 2.001
Suministros de Córdoba
15 de mayo de 2.001
7 de mayo de 2.001
a.
Para el Tribunal, “al
precisar la cláusula novena de[l acuerdo del 9 de febrero de 2001] que en lo no
modificado por él se seguiría aplicando “todos los términos y condiciones
pactadas en los contratos COMER 005 y COMER 006 quedando claro que todos los
actos que de aquí en adelante se ejecuten tienden exclusivamente a la
liquidación del mismo”, resulta[ba] evidente que aquel contrato constituye aún
fuente de obligación y derechos para las partes.
En el aludido contrato y en el documento
denominado CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE CLIENTES que obra a folios 000123 a
000133 y 00028U del cuaderno de pruebas documentales principales se lee en  su
orden. “CLAUSULA OCTAVA:  obligaciones del contratista. El contratista se
obliga a la corrección inmediata de cualquier error u omisión de la información
presentada del  lote, que a juicio de El contratante esté en detrimento de la
calidad exigida en el documento anexo” “CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE DATOS.
Esta corrección se hará sin ningún tipo de cargo económico para el
contratante.; y “j. En caso de que el contratista no acepte la invalidez de
un lote se procederá a una inspección conjunta entre (sic) personal del (sic)
contratista y personal del (sic) contratante, los costos derivados de esta
inspección serán por cuenta del causante del error. (contratista vs.
Contratante)...”
La estipulación contractual y la convenida
en el documento denominado CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO DE CLIENTES
antes dichas, indican, de una parte que no pueden resultar a cargo de El
contratante los gastos o costos en que necesariamente tuviese que incurrir El
contratista para corregir error u omisión en cualquier información presentada,
cosa bien diferente es que los costos derivados de la inspección consecuente al
evento en que El Contratista no acepte la invalidez alegada por El Contratante
sobre un posible error, sean por cuenta del causante mismo. Siendo ello así,
además de ser manifiestamente extemporánea la solicitud de revisión conjunta
formulada por el convocante en comunicación dirigida a La Convocada con fecha
11 de mayo de 2.001 (folio 430 a 432 del cuaderno de pruebas documentales anexo
a la solicitud de convocatoria), resulta que continúan siendo a cargo de El
Contratista los costos y gastos que demanden la corrección de esos errores de
conformidad con lo establecido en la cláusula octava del contrato COMER 005. Y
decimos extemporánea porque para el 11 de mayo de 2.001 el término de 8 días
calendario para las correcciones por parte del Contratista ya había
fenecido, así: para la entrega de la Cartografía de Córdoba el día 29 de marzo
de 2.001, y para la Cartografía de Sucre, el día 5 de abril del 2.001. Ahora
bien con respecto a los suministros de Córdoba El Contratista se encontraba en
tiempo para hacer las correcciones a que hubiere lugar o pedir la inspección
conjunta de que trata el literal “j” del anexo PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO DE
CLIENTES; pero no se pronunció con relación a dicho item.”
b.
Con respecto al
peritaje y la objeción grave contra este presentada indicó el Tribunal: “En
dicho dictamen, se destaca, que lo que este Tribunal pretendía establecer eran
situaciones fácticas que apuntaran a la existencia de correcciones y/o
aclaraciones presentadas por el Convocante, en desarrollo del contrato COMER
005 y el Acta de 9 de febrero de 2.001, análisis Cartográfico de los municipios
donde el Convocante practicó o debió practicar la labor objeto del contrato
mencionado, fechas en que fueron presentadas por el Convocante cuentas de
cobro, fecha de pago; la existencia o no de mayores tiempos en la ejecución del
contrato, precisando en el evento de que se hubieren presentado, cual fue la
causa de ello, y finalmente, verificar pagos conceptos y fecha en que estos
fueron efectuados por El Convocado a El Convocante. Ciertamente el Tribunal no
solicitó a los señores peritos determinar a cuanto ascendían supuestos
perjuicios causados por el Convocado a El Convocante, extemporaneidades de
cumplimiento calificadas por estos expertos, desconociendo la contabilización
legal de los términos (...) y menos aún calificación y graduación de los mismo.
Al hacerlo incurrieron en inferencias, juicios o deducciones que rebasan el
objeto de su encargo. (...)
En cuanto a la objeción por error grave
formulada por la apoderada de la Convocada, el Tribunal considera que está
llamada a prosperar parcialmente, puesto que (...) no se trata de refutar de
manera simple los razonamientos y conclusiones de los peritos en un balance o
contraposición de un criterio a otro criterio, sino que este dictamen o
experticio tiene reparos, deficiencias y equivocaciones de tal entidad o
magnitud que al no haber sido respondidas de manera satisfactorias las
preguntas contenidas en el interrogatorio señalado por el Tribunal y rebasar el
ámbito del mismo, ocupándose de aspectos ajenos a su encargo (...) rebasaron el
lindero de sus atribuciones e invadieron la de los Árbitros”
27. AFA solicitó aclaración del Laudo Arbitral por juzgar
que contenía apreciaciones infundadas, interpretaciones y valoraciones erradas;
insuficiencia en la valoración y estimación de las pruebas, en particular en lo
relativo al incumplimiento del contrato según los términos establecidos en el
Acta del 9 de febrero de 2001. Además, por considerar que la providencia
cuestionada no reúne los requisitos de los artículos 304 y 305 C.P.C. en cuanto
no es congruente la parte motiva con la resolutiva.
28.  El Tribunal, en Auto del 20 de julio de 2003, no
accedió a lo solicitado por considerar que el Fallo era congruente, puesto que
analizaba todos los hechos y circunstancias descritos en la parte motiva y con
base en éstos tomaba la decisión reflejada en la parte motiva. Además, en
criterio del Tribunal, el Convocante no fue preciso en su solicitud, toda vez
que señaló que la providencia desconocía requisitos de los artículos 304 y 305
del C.P.C., pero no indicó los motivos. A esto agregó que la aclaración sólo
procedía sobre errores aritméticos y ninguno había sido cometido en el fallo
cuestionado.
A las consideraciones expuesta, el Tribunal
añadió las siguientes:  en relación con el cumplimiento de la labor de
auditoría “resulta un contrasentido pretender que la labor de la auditoría
debía recaer sobre el cien por ciento (100%) de los trabajos y entregas
realizados por La Convocante, cuando en el mismo documento denominado
condiciones para la Ejecución del Censo de Clientes en el literal b) que obra a
folio 000288U establece que la misma se practicará al azar sobre los registros
por cada lote.
Sea de ello lo que fuere, es evidente que
por haberlo convenido así las partes al dejar vigente las estipulaciones
contenidas el contrato COMER 005 en su cláusula octava según la cual El
Contratista quedaba obligado a corregir de manera inmediata cualquier error u
omisión en la información presentada sobre lote(s) a juicio de El Contratante,
cuando éste considerare que iba en detrimento de la calidad exigida en el
Documento anexo al mismo y que dicha corrección se haría sin ningún tipo de
cargo económico para el Contratante, de acuerdo con la estipulación también
vigente contenida en el documento denominado  “CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO” mal pueden interpretarse de manera aislada parcial y selectiva los
documentos de los cuales emanan derechos y obligaciones a  cargo de cada una de
las partes, solicitando que los mayores costos y tiempos empleados se
trasladen a la convocada, cuando fue precisamente ese específico aspecto
regulado por las partes exonerando a ésta última de cualquier gasto como consecuencia
de ello.”
29.  En criterio de AFA, tanto el Laudo Arbitral como su
aclaración incurrieron en vía de hecho, puesto que la cláusula del contrato
COMER 005 que señaló  que cualquier corrección en la información presentada se
haría sin ningún costo para el contratante no era aplicable al caso, toda vez
que de lo que se trataba no era de una corrección de información del trabajo
realizado por AFA, sino del reconocimiento de los gastos en que el contratista
incurrió para demostrarle a Electrocosta sus propios errores en los informes de
auditoría, los cuáles en su mayoría fueron rechazados por estar mal hechos,
circunstancia que fue aceptada por la Contratante al corregirlos.
30. En cuanto a la consideración de la solicitud de
inspección conjunta realizada por AFA, la cual encontró extemporánea el
Tribunal, la accionante señala que el accionado aplicó una cláusula contractual
de manera indebida, toda vez que en este caso no se trataba de realizar
correcciones al trabajo realizado por AFA en cuanto a la información de la
cartografía, sino de errores cometidos por Electrocosta en el trabajo de
auditoría. Al ser así las cosas,  en criterio de la accionante, debió haberse
realizado la inspección conjunta para verificar las inconsistencias de los
informes de auditoría  que rendía la contratante las cuales corrían a cargo del
causante del error, según el literal j de las condiciones par la ejecución del
censo de clientes.
31. Agrega AFA que, en la providencia que resuelve la
solicitud de adición y aclaración del Laudo,  el Tribunal incurrió en vía de
hecho, puesto que afirmó que Electrocosta podía realizar la auditoría al azar
sobre los registros de cada lote. En criterio de AFA, tal afirmación desconoce
el literal b de las Condiciones de la ejecución del Censo de datos  que señala “El
contratante seleccionará una muestra de registros por cada lote según tamaño
determinado por las tablas 10.2 y 10.3 para inspección normal nivel 2 de
acuerdo a lo indicado en la norma referenciada”, la cual indica que la
convocante debía entregar la información en lotes de 1200 a 10.000 registros y
la Convocada Electrocosta debía efectuar su auditoría seleccionando una muestra
al azar por cada lote y que de por cada lote de 1200 registros debía hacer en
el campo una muestra de 80 registros (de acuerdo a las tablas 10.2 y 10.3). En
conclusión, considera AFA que debió entenderse que las muestras sobre los lotes
eran las que se tomaban aleatoriamente, pero el auditaje sí debía recaer sobre
el 100% “del trabajo efectuado”[4].
31. En lo relativo a la valoración del dictamen pericial,
la accionante estimó que se había desconocido el debido proceso por parte de la
accionante, toda vez que éste sí absolvió las preguntas formuladas por el
Tribunal, especialmente si se observa la aclaración rendida. Con respecto a la
extralimitación del dictamen aducida por el Tribunal, observó la demandante que
tasar el monto de los perjuicios era un asunto inescindible de la determinación
de la existencia de éstos, motivo por el cual no se podía considerar como error
grave. Además, si bien en la demanda AFA no solicita expresamente la
indemnización de perjuicios pidió  el restablecimiento económico contractual
que equivale a una indemnización. A esto agrega que, si bien el Tribunal
descartó la tasación de perjuicios, ha debido tener en cuenta el análisis
técnico realizado por los peritos.
32. En consecuencia, solicita declarar la nulidad parcial
del Laudo Arbitral del 23 de mayo de 2003 y su Aclaración de 20 de junio  para
que, a su vez, se denieguen la excepción de cumplimiento de lo pactado y de
inexistencia de la obligación  invocadas por Electrocosta y se deseche la
objeción al dictamen pericial para apreciarlo como prueba. En consecuencia, se
ordene al Tribunal proferir un nuevo laudo arbitral.
Contestación de las entidades vinculadas
1. Jairo Morales Navarro, Iris María Crismatt Mouthon y
Norberto Gari García, como integrantes del Tribunal de Arbitramento que
profirió el laudo del 23 de mayo de 2003, cuestionado en la tutela, solicitaron
se declarara improcedente la tutela por haberse promovido contra un Tribunal
que ya cesó en sus funciones y, en consecuencia, no existe.  Además, puesto que
la acción de tutela fue creada para la protección de los derechos fundamentales
de la persona humana y no de la jurídica.
No obstante, el Tribunal procedió a
desvirtuar el dicho de la accionante al señalar que en el procedimiento
arbitral se hizo un completo estudio de las pruebas allegadas y si se dejó de
practicar  alguna esto se debió a la renuncia que expresamente se hizo sobre
éstas por parte de AFA. Agrega que los argumento ahora presentados en la tutela
difieren de aquellos expuestos en el proceso arbitral. En la demanda arbitral
no se solicitó que se reconocieran los gastos en que el contratista incurrió
para demostrarle a Electrocosta  sus propios errores en los informes de
auditoría ni que se comprobaran los errores cometidos por Electrocosta en su
trabajo de auditoría o que reconociera los costos fijos derivados de los
mayores tiempos en la ejecución del contrato. De haberse pronunciado el
Tribunal sobre estos aspectos que no eran objeto de la demanda habría incurrido
en causal de nulidad del Laudo, de acuerdo al numeral 8 del artículo 163 del
Decreto 1818 de 1998.
Por último, indicó que la tutela no era el
mecanismo idóneo para cuestionar el laudo arbitral, toda vez que los
cuestionamientos planteados por AFA atañen al cumplimiento del debido proceso,
al cual se refieren las causales de anulación de laudos.
2. Electrocosta solicitó se negara la tutela, en virtud
de que el Laudo no adolecía de ninguna de las causales de vía de hecho. Del
mero desacuerdo en la interpretación de las cláusulas contractuales no se
deriva una vía de hecho. Con respecto a la valoración probatoria cuestionada
por la accionante, estimó Electrocosta que no configura una violación al debido
proceso, pues se trata de una diferencia interpretativa del valor del peritaje
y no de una conducta caprichosa.
II. DECISIONES JUDICIALES
A. Primera Instancia
El Juzgado 3º Civil Municipal de Cartagena,
en Sentencia del 27 de agosto de 2003, declaró improcedente la acción de
tutela, puesto que consideró que la accionante contaba con el recurso de
revisión para cuestionar el laudo arbitral cuya nulidad se solicitaba. En
criterio del a quo  para interponer el recurso de revisión no se exige
requisito especial distinto a la inconformidad del perjudicado con el fallo.
B. Segunda instancia.
El Juzgado 4º Civil del Circuito de
Cartagena revocó la decisión del a quo,  en fallo del 6 de octubre de
2003. Con respecto a los mecanismos de protección del derecho al debido
proceso, consideró el Juzgado que los hechos planteados por el demandante en la
tutela no encajan en ninguna de las causales de anulación o revisión de laudos
arbitrales. En consecuencia, era procedente la tutela para estudiar la eventual
vulneración del debido proceso.
Al entrar al estudio del asunto de la
tutela, observó el Juzgado que el peritaje rendido ha debido ser considerado,
puesto que si bien no se incluía en la demanda expresamente la solicitud de
indemnización de perjuicios, los cuales tasó el peritaje, de la petición de
restablecimiento económico del contrato podía derivarse tal solicitud. Era
deber del juez buscar la intención del actor e interpretar integralmente la
demanda y no lo hizo.
Por otro lado, en criterio del ad quem,  para
que se aplicara el literal j de las condiciones para la ejecución del censo de
datos, es decir para que fuera obligatoria la realización de la inspección conjunta,
sólo se necesitaba que el contratista no aceptara la validez de los lotes
rechazados por el informe de auditoría. Para convocar la inspección conjunta no
existía plazo alguno, como expuso el Tribunal. En el caso bajo estudio,
consideró el Juez, aparece probado que AFA no aceptó la invalidez de su trabajo
y, no obstante, no se realizó la inspección conjunta. Mientras que la
inspección ocular no se realizara no se podía establecer de manera definitiva
si había existido o no error en los trabajos entregados por AFA, por tanto no
podían empezar a correr los ocho días para corregir los errores sino después de
realizadas las inspecciones. El término de ocho días se había fijado para la
corrección de errores, mas no para la solicitud de inspección conjunta. El
hecho de que no se haya logrado demostrar de manera definitiva quién cometió
errores impide que la reelaboración de los trabajos se hiciera a costa del
contratista.
Con base en lo señalado, el Juzgado
consideró que sí se había presentado una vía de hecho pero ésta no era, como
alega el accionante, por aplicación indebida de una norma de carácter
sustancial, sino por valoración indebida de la cláusulas de unos documentos que
constituyen el  acervo probatorio (Contrato COMER 005, Acuerdo de 9 de febrero
de 2001 y anexo de condiciones de ejecución del censo).
Por tales motivos, ordenó convocar de nuevo
al Tribunal de Arbitramento para que éste profiriera un nuevo laudo arbitral.
Adición de la Sentencia
En providencia del 20 de octubre de 2003,
por solicitud de AFA, el Juzgado aclaró y adicionó su Sentencia revocando el
fallo de tutela del juez de primera instancia –toda vez que en la Sentencia de
segunda no lo había hecho-; señalando que los miembros del Tribunal tenían 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la Sentencia para proferir
el  Laudo Arbitrar de reemplazo –puesto que en el fallo no había fijado término
para el cumplimiento de la orden-; y, por último, aclaró el fallo “en los
términos en que señala en (sic) la parte considerativa  de esta providencia.”
la cual indicó[5]:
“[el fallo] sentó no como argumento propio la procedencia o no de mayores
costos, sino haciendo eco del querer del actor en desarrollo del ejercicio de
la acción arbitral, por encontrarla entre sus pretensiones, lo que me permite
concluir que si el debate gira alrededor del reconocimiento de esos mayores
costos derivados de inspección judicial o según la interpretación se lo Jueces
Arbitrales, del  error; al estudiar en cumplimiento de la orden de tutela el
proceso para producir el nuevo Laudo arbitral, y de llegar a acceder a la
pretensión referida a reconocimiento de los mayores costos, devendrá el estudio
de la procedencia de la pretensión referida a pago indexado, o indemnización de
perjuicios, conceptos ya decantados por la doctrina y la jurisprudencia cuando
de reconocimiento de pagos se trata para el logro del equilibrio económico
entre las partes(...) pero es claro que no es a este fallador a quien corresponde
entrar al reconocimiento de las pretensiones, toda vez que no puede sustituir
al juez de la causa.”
III. PRUEBAS
De las aportadas al expediente son
pertinentes las siguientes:
1. Demanda ordinaria por incumplimiento de Acta de
liquidación y de los contratos celebrados entre AFA y Electrocosta y
Electricaribe S.A. E.S.P. en la cuál se plantea el incumplimiento de las
electrificadoras en la realización de las auditorías  a las obras entregadas
por AFA y se pretende el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato, en virtud de los mayores costos que la entidad contratante debió
asumir al haberse extendido la duración del contrato, debido al presunto
incumplimiento por parte de las contratantes.
2. Contestación de Electricaribe según la cuál las
diferencias entre AFA y esta entidad no pueden ser conocidas a través de
tribunal de arbitramento, toda vez que esto no fue establecido en los contratos
suscritos.
3. Reforma de la demanda, presentada el 29 de julio de
2002 ante la Cámara de Comercio de Cartagena, en la cuál se excluye a
Electricaribe de la diferencia a ser dirimida por el Tribunal, quedando
exclusivamente Electrocosta como convocada. Las pretensiones varían en cuanto
el contrato cuyo cumplimiento se analiza es el COMER 005 del 28 de agosto de
2000, con su Acta de liquidación suscrita el 9 de febrero de 2001. Sin embargo,
se pretende, al igual que en la demanda inicial: declarar el incumplimiento de
Electrocosta; subsidiariamente, declarar la ocurrencia de hechos no imputables
al contratista que derivaron en desequilibrio económico del contrato por
presunto incumplimiento en los tiempos de entrega de la auditoría, negativa a
realizar la revisión conjunta en campo de las inconsistencias señaladas de los
informes de auditoría e incumplimiento en el trámite, y pago de las cuentas por
el Contratante.
Dentro de los medios probatorios
solicitados en la demanda se incluye la inspección judicial, en los siguientes
términos: “en las oficinas de mi poderdante pido al Honorable Tribunal de
Arbitramento la práctica de una inspección judicial sobre los folders, roles,
carpetas, y documentos que contienen las revisiones de la cartografía cuya
auditoría no fue practicada en  debida forma por el contratante, para
determinar: a) la existencia de las correcciones, aclaraciones presentadas por
el contratista a las notas de auditoría; b) la cartografía practicada a cada
uno de los municipios y que fue injustamente rechazada por el contratante,
examinar la fotografía (sic) practicadas a las fincas cuyas auditorías se
pedían aclaración, corrección y aprobación de las mismas.”
4. Acta de Audiencia de instalación del Tribunal de
Arbitramento, del 11 de octubre de 2002, en la cual constan como árbitros Iris
Crismatt Mouthon, Jairo Morales Navarro, Norberto Gari García y Mariano Garrido
García.
5. Acta de la primera Audiencia de trámite, del 27 de
noviembre de 2002. En ésta, entre otros aspectos, se resuelve: “de oficio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Decreto 1818 de 1998
inciso 2º (...) decrétase con intervención de Peritos Economistas, Inspección
Judicial sobre los libros, papeles, folders, Carpetas y Documentos de El
Convocante que contienen las revisiones de la Cartografía sobre las cuales,
según el Convocante, no le fue practicada la Auditoría en debida forma.”
6. Acta No 6 del 13 de enero de 2003, en la que los
peritos designados para realizar la inspección decretada por el Tribunal
solicitan veinte días para evaluar los documentos puesto a su disposición. El
Tribunal los concede en el entendido de que en éstos deberán analizar: “a)
si existen correcciones o aclaraciones presentadas por el Convocante, cuando
fungió como contratista de la convocada en el contrato COMER 005 y con base en
el acta de terminación de mutuo acuerdo del mencionado contrato 005 del 9 de
febrero de 2001, b) análisis de cartografía en cada uno de los municipios donde
el convocante practicó o debió practicar dicha labor y si además de ellos se
encuentran fotografías sobre los inmuebles acerca de los cuales se solicitó por
la Convocada aclaración, corrección y aprobación de auditorías, c) fechas en
que fueron presentadas por el Convocante a la Convocada cuentas de cobro en
desarrollo del contrato COMER 005 o del acta mencionada, y fecha de pago. d) Si
se presentaron mayores tiempos de ejecución del contrato COMER 005, y cuál fue
la causa de ello, e) Verificar pagos, concepto y fecha efectuados por la
convocada a el convocante en desarrollo del contrato COMER 005, o como
consecuencia del Acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato COMER 005,
y si con ellos se cubrieron la totalidad de los costos fijos y variables en que
incurrió la convocante.”
7. Peritazgo económico financiero presentado en el
proceso. En el encabezado del peritazgo señalan que analizaron los siguientes
documentos: cartografiá, censo  de suscriptores y usuarios, comunicaciones
producidas por AFA dirigidas a las Electrificadoras, facturas e informes de la
interventoría del contrato. El dictamen se dividió en consideraciones generales
sugeridas por el Tribunal de Arbitramento, bases para la estimación del
perjuicio económico sufrido por AFA por la violación al Acta de Terminación por
mutuo acuerdo del 9 de febrero de 2001, y estimación financiera de los
perjuicios económicos.
En desarrollo de la primera parte, con
respecto a la existencia de correcciones realizadas por AFA señaló:
“En
efecto la convocante sí realizó los trabajos pertinentes para corregir los
errores o fallas cuando las hubo al igual que para comprobar que no existían
tales fallas en el desarrollo del contrato Comer 005/2000. Opinamos que muchas
de estas fallas son atribuidas probablemente a la metodología en la aplicación
de la auditoría, pero que se hubiesen podido corregir sin mayores contratiempos
si se hubiese adelantado la revisión conjunta de campo  prevista en el
contrato.”
Con relación al análisis de cartografía en
cada uno de los municipios y a la existencia de fotografías sobre el inmueble
acerca de los que se solicitó aclaración, corrección y aprobación por parte de
la convocada afirmó:
“se
pudo constatar la existencia de informes, cuadros, gráficas etc, que se
refieren a los trabajos cartográficos adelantados por la convocante en los
departamentos y municipios de Córdoba, Sucre Cesar y Guajira respectivamente,
conforme a los objetivos de los contratos respectivos. De igual manera (...)
comprobamos la realización de trabajos adicionales dirigidos a corregir o
aclarar las inconsistencias señaladas por la auditoría mediante la toma de
fotografías o mediante la utilización de las facturas  expedidas por la
electrificadora a sus suscriptores.”
En lo referente a la verificación de si se
presentaron mayores tiempos de ejecución del contrato Comer 005 y cuál fue la
causa de ello se indicó:
“La iniciación de los trabajos se dio
realmente el 5 de octubre/2000 y no en la fecha prevista inicialmente.
El periodo establecido en el contrato para
la ejecución de los trabajos era de cuatro meses a partir de su iniciación.
De acuerdo con el acta de terminación por
mutuo acuerdo suscrita entre las partes el 9 de febrero de 2001, la relación
contractual entre AFA y Electrocosta, debió terminar el 30 de marzo de 2001.
Los últimos pagos los realizó la convocada
a la convocante así: agosto 17/2001, canceló la factura No 260, correspondiente
al Comer 005/2000, la cual había sido recibida por la convocada el 5 de
julio/2001.
Las
consideraciones de los términos de tiempos anteriores, constituyen bases
suficientes para que  (....) concluyamos que en efecto sí se presentaron
mayores tiempos en la ejecución del Comer 005/2000 por: a) incumplimiento de la
auditoría en la entrega de los lotes debidamente auditados acorde a las fechas
fijadas en el contrato y en el acta de febrero 9 de 2001 b) los informes de
auditoría fueron incongruentes pues sucesivamente registraron altos márgenes de
error, que posteriormente fueron corregidos por la convocada y
consecuencialmente generaron mayores tiempos en la revisión y mayores costos
administrativos y operativos tanto fijos como variables, a cargo de la
convocante.”
Al responder acerca de los pagos conceptos
y fechas efectuados por la Convocada al convocantes en desarrollo del contrato
COMER 005 /2000, o como consecuencia del acta de terminación por mutuo acuerdo
del contrato comer 005, y si con ellos se cubrieron la totalidad de los costos
fijos y variables en que incurrió la convocante se dijo:
“en
nuestra opinión, la consideración de la magnitud del contrato COMER 005/2000,
así como la cobertura de los trabajos objeto del mismos (sic), es elemento
suficiente para comprender que la estructura administrativa, operativa y demás
elementos (equipos-instalaciones-vehículos-recursos humanos y financieros),
debieron responder a los criterios de eficiencia, eficacia y economía e
indudablemente a los criterios de rentabilidad propia de las finanzas privadas.
En este orden de ideas afirmamos nuevamente que tuvimos para el estudio y
análisis todos los documentos que comprueban los conceptos y cuantías de los
pagos realizados por la convocada, así como las fechas en que fueron
cancelados, pero que dentro de éstos no fueron cancelados los derivados de los
mayores tiempos en que incurrió la convocante por el incumplimiento por parte
de la convocada en sus compromisos de revisiones o de auditorías a los trabajos
presentados por la convocante.”
8. Ampliación y corrección del peritaje. Con respecto a
las normas tenidas en cuenta para calificar la validez de las auditorías indicó
la cláusula quinta del acta de febrero 9 de 2001 y con base en  ésta señaló “como
los informes de auditoría presentados por el contratante eran parciales y
presentaron varias modificaciones, tomamos como fecha de entrega los informes
definitivos de auditoría.”
Con relación a las inspecciones conjuntas
indica “no existen evidencias que se hayan efectuado las inspecciones
conjuntas, pero en el material probatorio que se anexa por distritos, se
establece que el contratista solicitó al contratante se practicaran las
inspecciones conjuntas en forma reiterada, pero nunca se accedió a ello.”
En lo atinente a la oportunidad de las
correcciones presentadas señaló que si bien se tomó más tiempo, esto se debió a
las inconsistencias contenidas en los informes de auditoría.
Posteriormente indicó, con relación a si la
determinación de la extemporaneidad tuvo en cuenta los términos de duración
señalados en la cláusula quinta del Acta de Liquidación de los contratos, que
sí había sido considerada tal cláusula e indicó que los motivos de la extemporaneidad
habían sido que los informes eran parciales y con alto grado de error, y no se
realizaron las visitas conjuntas.
9. Texto del contrato COMER 005. En la cláusula 2ª,
literal c, se consagra que “el contratante se reserva el derecho de rechazar
cualquier lote si este no incluye por omisión o error la totalidad de la
información requerida por el Contratante, la cual se incluye en el documento
anexo “condiciones de la ejecución del censo de   datos”. El contratante podrá
utilizar cualquier medio propio o contratado para verificar y evaluar la
exactitud de la información suministrada por el contratista. El contratista
deberá proceder de conformidad con las instrucciones, órdenes y autorizaciones
impartidas por escrito por el Contratante. La coordinación y verificación de
los servicios que ejerza el contratante o sus representantes no releva al
contratista de su responsabilidad por la dirección de los mismos.” Por su
parte, la cláusula 8ª indica “obligaciones del contratista. El contratista
se obliga a la corrección inmediata de cualquier error u omisión en la
información presentada del lote, que a juicio de el contratante esté en
detrimento de la calidad exigida en el documento anexo “condiciones de
ejecución del censo de datos”. Esta corrección se hará sin ningún tipo de cargo
económico para el contratante.”
10. Escrito de condiciones para la ejecución del censo de
clientes. En lo referente al procedimiento para la evaluación de la calidad de
la información reportada se señala, en el literal b., “el contratante
seleccionará al azar una muestra de registros por cada lote según tamaño
determinado por las tablas 10.2 y 10.3 para inspección normal (nivel II) de
acuerdo a lo indicado por la norma de referencia.”
Por su parte, el literal j indica “en
caso de que el contratista no acepte la invalidez de un lote se procederá a una
inspección conjunta entre personal del contratista y personal del
contratante,   los costos derivados de esta inspección serán por cuenta del
causante del error (contratante vs. Contratista).
El contratante dará por rechazada la
cartografía si llegase a encontrar cualquier diferencia entre la misma y la
realidad física. En tal caso procederá la rectificación inmediata por parte de
el contratista para considerar su aceptación.”
11. Acta de liquidación de los contratos COMER 002 y COMER
003 de 2000 y de terminación de mutuo acuerdo de los contratos Comer 005 y
Comer 006 de 2000. En la cláusula quinta señala “en la entrega de
información cartográfica y de los suministros se tendrá en cuenta el siguiente
trámite: Una vez que el Contratista entrega el trabajo realizado
ELECTROCOSTA/ELECTRICARIBE, (entendiéndose aquí también la auditoría de los
contratos) cuenta con  treinta días para aceptar o rechazar dichos trabajos. Si
pasados los treinta días estipulados anteriormente el informe de auditoría no
es entregado el Contratista podrá tramitar la factura respectiva. Si se llegare
a rechazar parte alguna del trabajo realizado, en consideración a los
estándares de calidad pactados en los contratos, el contratista deberá rehacer
dicho trabajo en un plazo no mayor a ocho días calendario.” Por su parte,
la cláusula novena indica “en lo no modificado por este documento se
seguirán aplicando todos los términos y condiciones pactados en los contratos
COMER 005 y COMER 006, quedando claro que todos los actos que de aquí en
adelante se ejecuten tienden exclusivamente a la liquidación de los mismos.”
12. Carta dirigida por AFA a Electrocosta-Electricaribe el
28 de marzo de 2001, en la cual señalan que a pesar de que ellos han entregado
de manera oportuna las cartografías, los informes de auditoría no han sido
entregados dentro de los tiempos previstos en la cláusula quinta (30 días para
aceptar o rechazar los trabajos) del Acta de febrero 9 de 2001, puntualizándole
lo siguiente:
a)
Los informes
entregados por la Auditoría plantean criterios diferentes a los consignados en
el Contrato y en las condiciones para la Ejecución del Censo de Clientes, por
lo que consideramos que estos informes no pueden ser definitivos, hasta tanto
estos criterios no sean aclarados en reunión concertada para marzo 30/01,
máxime que en el contrato no define en forma clara la Auditoría a la
Cartografía y  a la Tabla Maestra.
b)
Que la situación
planteada en el literal anterior conlleva a mayores tiempo (sic) de revisión y
costos que no estaban previstos, por lo que le solicito no entregar informes de
auditoría hasta tanto los criterios no sean claros y se ajusten al contrato y a
lo estipulado en las condiciones de campaña y a las comunicaciones cruzadas
anteriormente, con el fin de minimizar los costos. (...)”
13. Comunicación del 5 de abril de 2001, de Electrocosta
dirigida a AFA en la cual se señalan los consensos sobre los parámetros de
auditoría y fecha definitiva de entrega de las auditorías, de acuerdo a reunión
del 4 de abril de 2001.
14. Escrito del 3 de mayo de 2001 en el cual AFA objeta
la nueva auditoría realizada después de la reunión en la cual se unificaron
parámetros y se propone una nueva revisión de las auditorías realizadas.
15. Escrito del 10 de mayo de 2001 en el cual Electrocosta
responde a AFA negando las correcciones solicitadas y considerando vigente el
informe de auditoría entregado el 20 de abril de 2001.
16. Escrito del 10 de mayo de 2001 en el cual AFA objeta
la comunicación del 10 de mayo enviada por Electrocosta y solicitan formalmente
la revisión conjunta de la cartografía y suministros de Córdoba, y cartografía
de Sucre.
17.  Escrito del 16 de mayo donde AFA reitera la solicitud
de realización de revisión conjunta.
Pruebas solicitadas por la Corte
Mediante auto del 17 de agosto de 2004, la Sala Sexta de
Revisión solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Cartagena que enviara copia de algunos folios del expediente del
arbitraje ahora cuestionado, para tener un conocimiento completo de éste.
Dentro de las pruebas allegadas se deben destacar las siguientes:
1. Contestación
de la demanda presentada por Electrocosta en la cual señala como excepciones de
mérito “inexistencia de la obligación: Fundamento esta excepción en el hecho
de que la obligación esgrimida por el demandante (...) no corresponde a lo
pactado en los términos del acta de transacción del 9 de febrero de 2000, a los
términos contractuales y a la ejecución del contrato.” motivo por el cual
los mayores costos que exigía el demandante con ocasión de los mayores tiempos
de ejecución de la obra se derivan de actuaciones impulsadas por el demandante
cuyo costo ya había sido remunerado. Además de la inexistencia de la obligación
se planteó el cumplimiento por parte de Electrocosta de todo lo pactado en el
acta del 9 de febrero y la cancelación de los servicios aceptados.
2. Objeción
al dictamen pericial por error grave presentada por Electrocosta, toda vez que
no había sustentado los motivos que llevaron a aseverar que la auditoría había
sido deficiente.  La objeción radicó además, en el hecho de que los peritos,
sin tener competencia para esto, afirmaron que existía un desequilibrio
económico debido al incumplimiento por parte de Electrocosta, toda vez que
extralimitó los parámetros del dictamen solicitado, desconociendo lo
establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil
3.
Oposición a la objeción del dictamen pericial presentada por el apoderado de
AFA en la cual señala que los peritos no cometieron ningún error, dado que en
el cuaderno de pruebas aparecían los documentos en los que se fundamentaba su
experticio, los cuales no fueron  tachados de falsos por la parte convocada.
4. Alegatos
de conclusión presentados por Electrocosta en los cuáles indica que dentro del
proceso no existe certeza de la existencia de perjuicio alegado ni de su
cuantía. Indica que el peritazgo rendido no es idóneo para la determinación de
la cuantía del daño, puesto que, como habían señalado adolece de error grave,
lo que le hace perder su fuerza probatoria. El primer error que se le endilga
al peritaje consiste en la incorrecta fijación de la fecha en la cual fueron
entregados los informes de auditorías, toda vez que no tuvieron en cuenta la
presentación de éstas dentro del plazo de  30 días, sino la auditoría sobre las
correcciones presentadas por AFA después de realizada la auditoría a la obra.
El segundo radicó en que los peritos consideraron equivocadamente que la
auditoría se debía realizar sobre el 100% de las actividades del contratista,
toda vez que esto se aparta de los términos del contrato.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia.
Esta Corte es competente de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de
1991, para revisar el presente fallo de tutela.
B. Fundamentos
1. Procedencia de la acción de tutela
La
Sala encuentra que si bien existen dentro del ordenamiento jurídico mecanismos
para cuestionar las decisiones de los tribunales arbitrales, la naturaleza
taxativa de las causales de los recursos de anulación y revisión hacen que no
todas las posibles objeciones presentadas contra un dictamen pericial encuadren
dentro de estos recursos.  En consecuencia, cuando alguna de las partes de un
proceso arbitral considere que en su caso el Tribunal de Arbitramento incurrió
en una arbitrariedad que desconoce el debido proceso y ésta no encuadre dentro
de las causales de los recursos existentes, procederá la tutela para estudiar
de fondo el problema jurídico existente.
En el presente caso, la Sala encuentra que los
defectos endilgados al Laudo Arbitral del 23 de mayo de 2003 y la providencia
que negó la aclaración del mismo no encuadran dentro de las causales de la
anulación o la revisión. En efecto, según el artículo 380 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia con la Ley 446 de 1998 son causales de revisión:
“1. Haberse encontrado después de
pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida
en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse declarado falsos por la justicia
penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia
recurrida.
3. Haberse basado la sentencia en
declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón
de ellas.
4. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la
producción de dicha prueba.
5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
6. Haber existido colusión u otra maniobra
fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no
haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al
recurrente.
7. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.
8. Ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada, entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la
excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y
haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a
revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada.”
Por su parte, el recurso de anulación procede, según
el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, en los siguientes supuestos:
“Artículo
163. Son causales de anulación del laudo las siguientes:
1. La
nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa ilícita. Los
demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán invocarse cuando hayan
sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el
transcurso del mismo.
2. No
haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal, siempre que
esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia de
trámite.
3. No
haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este decreto, salvo
que la actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o debió conocer
la providencia.
4.
Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente
solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para
evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el
interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.
5.
Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el
proceso arbitral o su prórroga.
6.
Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia
aparezca manifiesta en el laudo.
7.
Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones
contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de
arbitramento.
8.
Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros
o haberse concedido más de lo pedido y
9. No haberse decidido sobre cuestiones
sujetas al arbitramento. (Artículo 38 Decreto 2279 de 1989).”
La entidad accionante solicita se deje sin validez el
Laudo por la incorrecta interpretación de los términos del contrato suscrito
entre AFA y Electrocosta y la indebida valoración del dictamen pericial
rendido, actuaciones que, en parecer de la demandante, constituyen vías de
hecho.
La Sala observa que para atacar estos presuntos
errores no es procedente ninguno de los recursos cuyas causales se trascriben.
Por tal motivo, entrará a determinar el problema jurídico del caso y,
posteriormente, pasará a darle solución.
2. Problema jurídico
En la presente ocasión, corresponde a la Sala Sexta
determinar si el Tribunal de Arbitramento demandado desconoció abiertamente el
debido proceso de AFA (i) al considerar a la luz de los términos del contrato
COMER 005 y el Acta de liquidación del 9 de febrero de 2001 que no existía la
obligación  de realizar la auditoría a la obra entregada, y la visita conjunta
para verificar los resultados de la auditoría, en los términos señalados por
AFA, y (ii) al juzgar procedente la objeción por error grave propuesta por
Electrocosta frente al peritazgo realizado, por haberse pronunciado más allá de
lo pedido.
Antes de entrar a analizar los asuntos planteados, la
Sala estima oportuno señalar que abordará el problema jurídico (i) a la luz de
una presunta vía de hecho de carácter sustantivo, toda vez que las cláusulas
del contrato se entienden como ley para las partes y el señalado problema
implica la comprensión de los términos del contrato. Por otra parte, a pesar de
que el problema jurídico (ii) se relaciona con la apreciación del dictamen pericial
presentado dentro del procedimiento arbitral, la Sala no lo estudiará como una
presunta vía de hecho de carácter fáctico, sino procedimental; lo anterior, en
virtud de que si bien se trata de la apreciación de una prueba, el ámbito de
análisis que de ésta tuvo el Tribunal se circunscribió a su cotejo frente al
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, cuyo alcance dado por el
Tribunal deberá ser analizado por la Sala.
3. Vía de hecho en decisiones arbitrales
Tanto jueces como árbitros pueden llegar
a incurrir en vías de hecho en su labor de administrar justicia. Es necesario
para estar incurso en tal figura haber actuado arbitrariamente. La
arbitrariedad en la actividad de los jueces de la República se ha encuadrado
dentro de las siguientes tipos de defectos: orgánico, sustancia, procedimental
y fáctico. La Corte ha aclarado que tratándose de arbitramentos en equidad si
bien se puede incurrir en conductas arbitrarias, éstas no serían encuadradas
dentro de los posibles efectos de un fallo en derecho. Así las cosas, los
posibles defectos serían: falta de motivación material o evidente
irrazonabilidad[6].
No obstante, si el arbitraje es en derecho los tipos de defecto bajo los cuales
se analizaría la conducta serían los mismos en los que podría incurrir un juez
de la República.[7]
Para tal fin, se considera oportuno reiterar la sistematización de causales de
vía de hecho realizada por esta Corte:
“(...) la
Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela
contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una
norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta
incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto
fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma
absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental).
En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del
otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación
como acto judicial”.[8]
Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o
expresamente, cada vez que esta Corporación confiere un amparo constitucional
contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles
defectos.”. [9]
A la luz de estos parámetros generales,
la Sala procederá a profundizar sobre la vía de hecho de carácter sustancial y
procedimental por ser pertinentes al cado de la referencia.
3.1. Vías de hecho por defectos sustantivos
La Corte ha sido unánime en su
jurisprudencia; siempre y cuando la interpretación de una norma realizada por
quien administre justicia (sea juez o particular, de manera excepcional) no
desborde el límite de lo razonable, la mera divergencia interpretativa con el
criterio del fallador no constituye una vía de hecho. Ha dicho esta
Corporación:
“En materia de interpretación judicial, los
criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente
restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del
juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos
procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no
coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la ley
asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en
ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una vía
de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio
democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la
adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho.”[10] (el
subrayado es nuestro)
De aceptarse vía de hecho frente a interpretaciones
razonables se estaría llegando a afirmar que sería procedente dejar sin efectos
una providencia judicial simplemente porque el criterio del juez de tutela no
coincide con el del fallador accionado.
No obstante, cuando se evidencia que el
alcance dado por el juez o el particular que administre justicia a la norma
aplicable al caso es totalmente caprichoso, arbitrario o equivocado sí
es dable hablar de vía de hecho.
3.2. Vías de hecho por defectos
procedimentales
Si bien existe un sistema de normas que
establece las formalidades y etapas a seguir en los diferentes asuntos
litigiosos que deben ser respetadas por los jueces o particulares que
administren justicia, no todo desconocimiento de éstas permite la procedencia
de la tutela. Sólo cuando quien administre justicia haya actuado completamente
por fuera del procedimiento establecido se configura una vía de hecho de
carácter procedimental.
La vía de hecho por defecto
procedimental  se ha relacionado con el recaudo de medios probatorios en el
proceso. En la Sentencia T-996/03, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas, se
estudió la presunta vía de hecho por la no práctica de las pruebas solicitadas
en la demanda a pesar de que ya habían sido decretadas dentro del proceso
laboral en cuestión. Señaló la mencionada Sentencia:
“El
fallador incurre en defecto procedimental cuando sin motivo alguno niega la
solicitud o práctica de testimonios o de cualquier otro medio probatorio, o
cuando habiéndolo decretado, después, por simple capricho, se abstiene de
continuar o culminar su práctica para apresurar y tramitar etapas posteriores,
lo que conlleva la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.[11]
Sobre este
punto en particular, la Corte reconoce un amplio margen de autonomía de los
funcionarios judiciales para decidir sobre el decreto de las pruebas que estime
pertinentes, conducentes y relevantes, con el fin de precisar los hechos objeto
de valoración. Así, el juez puede ordenar la práctica de las pruebas
solicitadas por los sujetos procesales, o las que de oficio crea pertinentes y
denegar las que considere que no aportan elementos de juicio para el
esclarecimiento de la verdad. Pero cuando no observa estas reglas
necesariamente el proceso estará viciado.
(...)
el
defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el
juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o
cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo (...) cuando
pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales.”
En la Sentencia citada se encontró que
sí había existido vía de hecho, toda vez que, a pesar de que los actores de la
tutela no habían acudido a la segunda audiencia de trámite en el proceso
laboral -hecho del cuál el Juez había inferido el desinterés en la prueba
inicialmente solicitada-, en virtud de que el Juez había accedido inicialmente
a decretarla tenía el deber procesal de cumplir con su propia decisión. Por tal
motivo concedió la tutela.
Por otra parte, toda vez que  el
conjunto de normas procesales no se pueden tener como fin en sí mismo, sino
como medio para la efectiva garantía del derecho de defensa de las partes, para
que se incurra en vía de hecho por defecto procedimental, además del
desconocimiento de la norma o la insostenible interpretación de ésta, se
requiere que el ejercicio del derecho de defensa se haya visto efectivamente
obstaculizado por éste.[12]
3.2.1. Error grave en dictamen
pericial –razonabilidad en su declaración-
El artículo 238 del Código de
Procedimiento Civil señala los parámetros para la contradicción del dictamen
pericial. El numeral 4 del mencionado artículo prevé la posibilidad de objetar
por error grave el peritazgo en los siguientes términos:
“4. De la
aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días,
durante los cuales podrá objetar el dictamen, por error grave que haya sido
determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el
error se haya originado en éstas.”
Jurisprudencialmente el error grave en el dictamen
pericial se ha determinado como  una equivocación de elevada magnitud. Ha señalado
la Corte Suprema de Justicia que:
"(...), si se objeta un dictamen por
error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el
peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como
consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros
peritos ...' (G.J. t. LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese
linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje,
'...es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus
atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y
estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del
dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán
erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se
deriven...', de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por
error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de
Procedimiento Civil '... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones,
inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada
recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se
proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus
razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando
correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador,
que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a
otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra,
proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de
fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ...' (G. J. tomo LXXXV, pág. 604).
En efecto, si en una situación igual a la
que en este expediente se configura, la contribución técnica pedida a los
expertos fue la de efectuar directamente y de acuerdo con bases tentativas
señaladas de oficio por el órgano judicial, la muestra de la eventual
liquidación del importe de un daño patrimonial apoyada en la valoración
razonada de circunstancias fácticas emergentes de la instrucción probatoria a
las que, más que percibir en su objetividad, corresponde apreciar según
procedimientos experimentales de tasación respecto de cuya operación se supone
los peritos son profundos conocedores, resulta en verdad disonante con el
concepto normativo de la objeción por error grave el pretender, ante el trabajo
realizado, descalificarlo porque en opinión del litigante interesado, aquellas
bases señaladas por el juez para ser tenidas en cuenta, carecen por completo de
legitimidad jurídica y por consiguiente le abren paso a la que dice es '... una
objeción de puro derecho.'" (subrayas y negrillas ajenas al texto)[13]
Para lo atinente al proceso de
la referencia, vale la pena resaltar que si bien se ha estimado que la variación
en el objeto de estudio puede llegar a constituir un error grave en el
peritaje, es necesario que se haya tomado “como objeto de observación y
estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del
dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto”, es decir, que el
peritaje se haya realizado desconociendo radicalmente lo solicitado por el
juez, hasta el punto de ignorarlo.
Por su parte, la doctrina ha indicado que uno de los
requisitos para la validez del peritaje es que los peritos no excedan los
límite de su encargo, y, por tanto, las investigaciones sobre otros puntos son
nulas. Se ha dicho que  “para que la peritación cumpla el requisito de su
contradicción (...) es indispensable que el dictamen se limite a los puntos que
han sido planteados a los peritos y a las aclaraciones o adiciones que
posteriormente se les sometan (...)
En este sentido dice Lessona, que el perito “no puede
excederse de los límites de su mandado, so pena de ver rechazadas las
conclusiones ultra petitum” (...)
Mallard advierte que la misión de los peritos está
circunscripta por los términos de la providencia judicial que los designe (debe
entenderse que también por una providencia posterior que determine el
cuestionario o exija adiciones o ampliaciones) y que las investigaciones sobre
otros puntos son nulas (...)”[14]
En este orden de ideas, el haberse pronunciado más
allá de lo pedido no constituiría error grave en la medida en que el objeto de
estudio no fue algo “fundamentalmente” diferente, toda vez que al
incluir lo que se preguntaba, aunque excediéndolo, existe una clara relación
entre los términos en que se decretó y emitió el peritazgo. Declarar que un
peritazgo que vaya más allá de lo pedido, sin más fundamento que éste, es un
defecto procedimental. Por otro lado, de llegarse a desvirtuar la validez del
dictamen por haberse pronunciado sobre un objeto diferente al pedido, se rechazarán
las conclusiones ultra petitum, mas no lo que se haya dicho con relación a lo
pedido.
Ahora bien,  para que se incurra en una vía
de hecho, el defecto procedimental debe ser determinante en las resultas del
proceso. Este aspecto se analizará en el proceso de la referencia  en el
acápite del caso concreto para determinar, en definitiva, si procede la tutela
en la presente ocasión.
4. Del caso concreto
En la presente ocasión, la Sala Sexta de
revisión negará la tutela al debido proceso de AFA, por considerar que (i) la
interpretación de las cláusulas del contrato realizada por el Tribunal de
Arbitramento en el Laudo Arbitral del 23 de mayo de 2003 y el Auto de
Aclaración del 20 de junio del mismo año es razonable y, en esa medida no
constituye grave error sustantivo, y (ii) si bien se presentó un error de
carácter procedimental al haber considerado que la objeción por error grave en
el dictamen pericial estaba llamada a prosperar, tal error no es constitutivo
de una vía de hecho, puesto que así se hubiera considerado el peritazgo como
prueba no hubiera cambiado el sentido del Laudo.
(i) La Sala encuentra razonable el alcance
dado a las cláusulas del Contrato COMER 005, el Acta de Liquidación del
contrato del 9 de febrero de 2001 y las Condiciones para la ejecución del censo
de clientes, por los motivos que a continuación se exponen.
AFA sostiene que el Tribunal erró al
calificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de Electrocosta debido
a dos razones:
1) La primera, expuesta dentro de la
demanda, consistente en el alto porcentaje de errores encontrado en la
auditoría los cuales sólo fueron corregidos por Electrocosta pasados los
treinta días con los que contaba para la entrega de la calificación de los
trabajo de AFA. En criterio del Tribunal, Electrocosta sí entregó oportunamente
los informes y en esa medida cumplió los términos del contrato. Para sostener
esto se fundamenta en la cláusula quinta del Acta de Liquidación según la cual “una
vez el contratista entregue el trabajo realizado Electrocosta – Electricaribe
(entendiéndose también la auditoría de los contratos) cuenta con  treinta días
para aceptar o rechazar dichos trabajos. Si pasados los treinta días
estipulados anteriormente en el informe de auditoría no es entregado, el
contratista podrá tramitar la factura respectiva. ”(subrayas ajenas al texto)
Dentro del análisis del acervo
probatorio, el Tribunal encontró que la entrega de las auditorías se había dado
de la siguiente manera:
AUDITORÍA
FECHA LÍMITE DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA
Cartografía de Córdoba
30 de marzo del 2.001
21 de marzo de 2.001
Cartografía de Sucre
3 de abril del 2.001
27 de marzo del 2.001
Suministros de Córdoba
15 de mayo de 2.001
7 de mayo de 2.001
Como fecha de entrega de las auditorías en
las cuales se aceptaba o rechazaba el trabajo de AFA, el Tribunal tuvo la de la
entrega de la primera calificación del trabajo; en esta medida, consideró que
Electrocosta había cumplido oportunamente con su obligación de entrega de las
auditorías.
Para la Sala, era razonable considerar como
cumplida la obligación con la primera entrega de la auditoría,
independientemente del número de errores que esta pudiera contener. Lo
anterior, puesto que en los términos de la cláusula quinta del Acta de
Liquidación se establece de manera simple la obligación de entregar dentro de
los treinta días siguientes la aceptación o el rechazo de los trabajos. Además,
la posibilidad de que la auditoría entregada en los treinta días se pudiera
tener como parcial o definitiva no estaba incluida en los términos del
contrato; por tanto, era razonable no exigir una cualificación de la auditoría
dada dentro del término establecido.
Además, en la medida en que, como la misma
AFA reconoce, existía divergencia en la comprensión de la forma en la que debía
calificarse los trabajos por ésta entregados, era razonable no exigir que el
informe inicialmente dado cumpliera con los parámetros que después de varias
reuniones entre AFA y Electrocosta fueron pactados. Para evidenciar con mayor
claridad la divergencia que existía en la forma correcta de realización de la
auditoría, la Sala trascribirá la carta dirigida por AFA a
Electrocosta-Electricaribe el 28 de marzo de 2001:
a)
Los informes entregados
por la Auditoría plantean criterios diferentes a los consignados en el Contrato
y en las condiciones para la Ejecución del Censo de Clientes, por lo que
consideramos que estos informes no pueden ser definitivos, hasta tanto estos
criterios no sean aclarados en reunión concertada para marzo 30/01, máxime
que en el contrato no define en forma clara la Auditoría a la Cartografía y  a
la Tabla Maestra.
b) Que la situación
planteada en el literal anterior conlleva a mayores tiempo (sic) de revisión y costos
que no estaban previstos, por lo que le solicito no entregar informes de
auditoría hasta tanto los criterios no sean claros y se ajusten al
contrato y a lo estipulado en las condiciones de campaña y a las comunicaciones
cruzadas anteriormente, con el fin de minimizar los costos. (...)”(subrayas
ajenas al texto)
Sólo hasta el 4 de abril de 2001 se llega a
un consenso sobre los parámetros de la auditoría –según consta en comunicación
enviada por Electrocosta a AFA el 5 de abril relacionada en el acápite de
pruebas-.
2) Por otro lado, AFA sostiene que el
Tribunal desconoció que Electrocosta había incumplido el contrato no sólo
porque el informe inicialmente presentado contenía errores de calificación del
trabajo, sino porque no se realizó sobre el 100% de la obra[15]. El Tribunal en su
Auto de Aclaración del 20 de junio de 2003 indica que  “resulta un contrasentido
pretender que la labor de la auditoría debía recaer sobre el cien por ciento
(100%) de los trabajos y entregas realizados por La Convocante, cuando en el
mismo documento denominado condiciones para la Ejecución del Censo de Clientes en
el literal b) que obra a folio 000288U establece que la misma se practicará
al azar sobre los registros por cada lote.” (subrayas ajenas al
texto)
La Sala encuentra que, contrario a lo
señalado por AFA, el Tribunal no desconoció las cláusulas del contrato para realizar
la apreciación, toda vez que no señaló que las muestras para la auditoría se
deberían realizar al azar, como indica AFA, sino –según el literal b. de
las Condiciones para ejecución del censo de clientes-  al azar dentro de
cada lote. Asunto diferente es que en criterio del Tribunal sí se hubieran
tomado muestras al azar por cada lote, apreciación que no es dable entrar a
cuestionar en la presente ocasión, puesto que no fue expuesta por AFA y así lo
hubiera sido no entraría en el espectro de una vía de hecho, puesto que, como
esta Corporación ha indicado[16],
el margen de apreciación probatoria es bastante amplio y, en esa medida, en
principio, no le corresponde al juez de tutela cuestionar la valoración de las
pruebas a menos que encuentre errores de bulto y trascendentes en las resultas
del proceso.
La presente objeción de AFA a la labor del
Tribunal no se tendrá como vía de hecho, toda vez que, por un lado, la Sala no
encuentra un error manifiesto en la apreciación de si Electrocosta valoró el
total de los lotes debidos, y así existiera tal error esto no cambiaría las
resultas del proceso, puesto que, como se indicó, el Tribunal valoró la
obligación de entrega de las auditorías como simple y no cualificada y en esa
medida habría sido irrelevante para declarar el incumplimiento si la auditoría
se realizó sobre todos los lotes.
Por otro lado, el Juez de segunda instancia
considera que existió una vía de hecho en la interpretación del literal j. de
las  condiciones  para la ejecución del contrato, pues para que se llevaran a
cabo las visitas conjuntas sólo se requería la no aceptación de la calificación
del trabajo por parte del contratista, sin que existiera plazo alguno para
esto. El término de ocho días no se había fijado para la solicitud de visita
conjunta, sino para la corrección de los errores. En juicio del ad quem, el
que no se haya logrado demostrar de  manera definitiva quién cometió errores
impide que la reelaboración de los trabajos se hiciera a costa de AFA.
El Tribunal señaló en su Laudo que “En
el aludido contrato y en  el documento denominado CONCIDICONES PARA LA
EJECUCIÓN DE CLIENTES que obra a folios 000123 a 000133 y 00028U del cuaderno
de pruebas documentales principales se lee en  su orden. “CLAUSULA OCTAVA:
obligaciones del contratista. El contratista se obliga a la corrección
inmediata de cualquier error u omisión de la información presentada del  lote,
que a juicio de El contratante esté en detrimento de la calidad exigida en el
documento anexo” “CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE DATOS. Esta corrección se
hará sin ningún tipo de cargo económico para el contratante.; y “j. En caso
de que el contratista no acepte la invalidez de un lote se procederá a una
inspección conjunta entre (sic) personal del (sic) contratista y personal del
(sic) contratante, los costos derivados de esta inspección serán por cuenta del
causante del error. (contratista vs. Contratante)...”
La estipulación contractual y la convenida
en el documento denominado CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO DE CLIENTES
antes dichas, indican, de una parte que no pueden resultar a cargo de El
contratante los gastos o costos en que necesariamente tuviese que incurrir El
contratista para corregir error u omisión en cualquier información presentada,
cosa bien diferente es que los costos derivados de la inspección consecuente al
evento en que El Contratista no acepte la invalidez alegada por El Contratante
sobre un posible error, sean por cuenta del causante mismo. Siendo ello así,
además de ser manifiestamente extemporánea la solicitud de revisión conjunta
formulada por el convocante en comunicación dirigida a La Convocada con fecha
11 de mayo de 2.001 (folio 430 a 432 del cuaderno de pruebas documentales anexo
a la solicitud de convocatoria), resulta que continúan siendo a cargo de El
Contratista los costos y gastos que demanden la corrección de esos errores de
conformidad con lo establecido en la cláusula octava del contrato COMER 005. Y
decimos extemporánea porque para el 11 de mayo de 2.001 el término de 8 días
calendario para las correcciones por parte del Contratista ya había
fenecido, así: para la entrega de la Cartografía de Córdoba el día 29 de marzo
de 2.001, y para la Cartografía de Sucre, el día 5 de abril del 2.001. Ahora
bien con respecto a los suministros de Córdoba El Contratista se encontraba en
tiempo para hacer las correcciones a que hubiere lugar o pedir la inspección
conjunta de que trata el literal “j” del anexo PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO DE
CLIENTES; pero no se pronunció con relación a dicho item.”
En cuanto a la exigencia de la realización
de visitas conjuntas para la determinación de si se había configurado un error
en la auditoría, la Sala encuentra que si bien el Tribunal estableció un límite
de tiempo inexistente en el contrato para su realización, la interpretación de
la cláusula j. sin el establecimiento del límite no habría cambiado las
resultas del proceso, toda vez que, como el mismo Tribunal lo indica, de
haberse realizado las visitas conjuntas y comprobado que sí existía error en la
auditoría de AFA no se habría derivado la obligación de pagar el mayor tiempo
en la ejecución de la obra, como señala AFA, sino, únicamente, el deber de
cubrir los costos derivados de la visita conjunta por parte de Electrocosta.
De la no realización de la inspección conjunta
no se puede derivar lógicamente la inexistencia de errores en la labor de AFA y
la consecuente exoneración del cubrimiento de los costos de la elaboración de
todas las correcciones, como pretendía el Juez de segunda instancia, ni el
cubrimiento de los costos por mayor tiempo en la ejecución del contrato, como
pretendía AFA.
Por último, y teniendo en cuenta el
análisis de la actuación del Tribunal hasta ahora realizado, era razonable que
en el laudo hubiera prosperado la excepción de inexistencia de la obligación en
cabeza de Electrocosta, puesto que la cláusula octava de las Condiciones para
la ejecución del censo de clientes señalaban expresamente que la corrección de
los errores señalados por el contratante en su auditoría sería realizada de
forma inmediata por el contratista “sin ningún tipo de cargo económico para
el contratante”. Al existir una cláusula de tal naturaleza, era altamente
complejo señalar que podría predicarse la obligación de cubrir el costo por los
mayores tiempos en la ejecución de la obra si estos mayores tiempos se habían
derivado, precisamente, de la corrección de los errores de la labor de AFA,
según la calificación realizada por la auditoría, independientemente de que tal
calificación hubiera estado plenamente exenta de errores o no hubiera cubierto
la totalidad de los lotes.
(ii) Como se señaló en la parte considerativa, para
que prospere la objeción contra un peritazgo es indispensable, en términos del
artículo 238, numeral 4, que exista un error grave o de gran magnitud[17].
Todo peritaje debe ceñirse al objeto de lo pedido. El
objeto de le pedido, en términos del artículo 236 del Código de Procedimiento
Civil es determinado por el juez. En efecto el artículo 236 indica:  “Para
la petición, el decreto de la prueba y la posesión de los peritos, se
observarán las siguientes reglas:
1. La parte que solicite un
dictamen pericial determinará concretamente las cuestiones sobre las cuales
debe versar, sin que sean admisibles puntos de derecho.
2. El juez resolverá sobre la procedencia del
dictamen, y si lo decreta, determinará los puntos que han de ser objeto del
mismo, de acuerdo con el cuestionario de las partes y el que de oficio
considere conveniente formular. (...)”
En esa medida, el concepto emitido por los peritos no
puede exceder los términos del decreto del peritaje. Al deberse ceñir a los
“puntos objeto del mismo” no puede pronunciarse, por ejemplo, sobre aspectos
ajenos a éstos así estén relacionados con el objeto de la demanda e incluso con
las pretensiones de ésta, a menos que dentro de los puntos determinados por el
juez esto esté comprendido.
En esos términos, para el caso concreto, en principio
parecería razonable que el Tribunal de Arbitramento no hubiera tenido en cuenta
el dictamen pericial debido a que si bien dentro de las pretensiones de la
demanda estaba comprendida la indemnización de perjuicios derivados del
presunto incumplimiento de Electrocosta tal tasación de perjuicios no estaba
incluida dentro de los puntos objeto de análisis de los peritos.  No obstante,
el sólo hecho de que existiera alguna divergencia entre lo pedido a los peritos
y su pronunciamiento no era factor determinante para descartar el análisis del
peritazgo en su totalidad, como se procederá a explicar.
Según el análisis de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia realizado, si bien la divergencia entre los términos del peritaje
y lo solicitado puede llegar a constituir error grave, se hace indispensable
que se haya tomado “como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente
distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el
objeto”
El Tribunal consideró que el peritazgo
emitido dentro del proceso adolecía de error grave, toda vez que se había
pronunciado sobre un objeto diferente al solicitado. La Sala observa que tal
calificación del peritazgo es errada, toda vez que si bien, en un comienzo, el
experticio pudo haberse extralimitado en lo pedido  la extralimitación no
implicaba un objeto de estudio fundamentalmente distinto al que era materia del
dictamen, debido a que comprendía en su plenitud lo pedido, pero iba más allá.
En esa medida, existe concordancia con lo solicitado en un porcentaje casi
pleno, lo que hace que no se pueda predicar la fundamentalidad en la diferencia
de objeto.
Para sustentar lo afirmado, la Sala
encuentra dentro del acervo probatorio varios elementos: (i) Los medios
probatorios solicitados por AFA en su demanda dentro de los cuales se encuentra
la inspección judicial en los siguientes términos: “en las oficinas de mi
poderdante pido al Honorable Tribunal de Arbitramento la práctica de una
inspección judicial sobre los folders, roles, carpetas, y documentos que
contienen las revisiones de la cartografía cuya auditoría no fue practicada en
debida forma por el contratante, para determinar: a) la existencia de las
correcciones, aclaraciones presentadas por el contratista a las notas de
auditoría; b) la cartografía practicada a cada uno de los municipios y que fue
injustamente rechazada por el contratante, examinar la fotografía (sic)
practicadas a las fincas cuyas auditorías se pedían aclaración, corrección y
aprobación de las mismas.”; (ii) el Acta de la primera audiencia de
trámite, del 27 de noviembre de 2002, en la cual, entre otros aspectos, se
resuelve: “de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 151
del Decreto 1818 de 1998 inciso 2º (...) decrétase con intervención de Peritos
Economistas, Inspección Judicial sobre los libros, papeles, folders, Carpetas y
Documentos de El Convocante que contienen las revisiones de la Cartografía
sobre las cuales, según el Convocante, no le fue practicada la Auditoría en
debida forma.”;  y (iii) el Acta No 6 del 13 de enero de 2003 en la que los
peritos designados para realizar la inspección decretada por el Tribunal
solicitan veinte días para evaluar los documentos puesto a su disposición. El
Tribunal los concede en el entendido de que en éstos deberán analizar: “a)
si existen correcciones o aclaraciones presentadas por el Convocante, cuando
fungió como contratista de la convocada en el contrato COMER 005 y con base en
el acta de terminación de mutuo acuerdo del mencionado contrato 005 del 9 de
febrero de 2001, b) análisis de cartografía en cada uno de los municipios donde
el convocante practicó o debió practicar dicha labor y si además de ellos se
encuentran fotografías sobre los inmuebles acerca de los cuales se solicitó por
la Convocada aclaración, corrección y aprobación de auditorías, c) fechas en
que fueron presentadas por el Convocante a la Convocada cuentas de cobro en
desarrollo del contrato COMER 005 o del acta mencionada, y fecha de pago. d) Si
se presentaron mayores tiempos de ejecución del contrato COMER 005, y cuál fue
la causa de ello, e) Verificar pagos, concepto y fecha efectuados por la
convocada a el convocante en desarrollo del contrato COMER 005, o como
consecuencia del Acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato COMER 005,
y si con ellos se cubrieron la totalidad de los costos fijos y variables en que
incurrió la convocante”.
Habiéndose delimitado en estos términos
el objeto de lo pedido, los peritos presentaron su experticio en los siguientes
términos:
En el encabezado del peritazgo señalan que
analizaron los siguientes documentos: cartografiá, censo  de suscriptores y
usuarios, comunicaciones producidas por AFA dirigidas a  Electrificadoras,
facturas e informes de la interventoría del contrato. El dictamen se dividió en
consideraciones generales sugeridas por el Tribunal de Arbitramento, bases para
la estimación del perjuicio económico sufrido por AFA por la violación al Acta
de Terminación por mutuo acuerdo del 9 de febrero de 2001, y estimación
financiera de los perjuicios económicos.
Con respecto a la existencia de
correcciones realizadas por AFA señaló:
“En
efecto la convocante sí realizó los trabajos pertinentes para corregir los
errores o fallas cuando las hubo al igual que para comprobar que no existían
tales fallas en el desarrollo del contrato Comer 005/2000. Opinamos que muchas
de estas fallas son atribuidas probablemente a la metodología en la aplicación
de la auditoría, pero que se hubiesen podido corregir sin mayores contratiempos
si se hubiese adelantado la revisión conjunta de campo  prevista en el
contrato.”
Con relación al análisis de cartografía en
cada uno de los municipios y a la existencia de fotografías sobre el inmueble
acerca de los que se solicitó aclaración, corrección y aprobación por parte de
la convocada afirmó:
“se
pudo constatar la existencia de informes, cuadros, gráficas etc, que se
refieren a los trabajos cartográficos adelantados por la convocante en los
departamentos y municipios de Córdoba, Sucre Cesar y Guajira respectivamente,
conforme a los objetivos de los contratos respectivos. De igual manera (...)
comprobamos la realización de trabajos adicionales dirigidos a corregir o
aclarar las inconsistencias señaladas por la auditoría mediante la toma de
fotografías o mediante la utilización de las facturas  expedidas por la
electrificadora a sus suscriptores.”
En lo referente a la verificación de si se
presentaron mayores tiempos de ejecución del contrato Comer 005 y cuál fue la
causa de ello se indicó:
“La iniciación de los trabajos se dio
realmente el 5 de octubre/2000 y no en la fecha prevista inicialmente.
El periodo establecido en el contrato para
la ejecución de los trabajos era de cuatro meses a partir de su iniciación.
De acuerdo con el acta de terminación por
mutuo acuerdo suscrita entre las partes el 9 de febrero de 2001, la relación
contractual entre AFA y Electrocosta, debió terminar el 30 de marzo de 2001.
Los últimos pagos los realizó la convocada
a la convocante así: agosto 17/2001, canceló la factura No 260, correspondiente
al Comer 005/2000, la cual había sido recibida por la convocada el 5 de
julio/2001.
Las
consideraciones de los términos de tiempos anteriores, constituyen bases
suficientes para que  (....) concluyamos que en efecto sí se presentaron
mayores tiempos en la ejecución del Comer 005/2000 por: a) incumplimiento de la
auditoría en la entrega de los lotes debidamente auditados acorde a las fechas
fijadas en el contrato y en el acta de febrero 9 de 2001 b) los informes de
auditoría fueron incongruentes pues sucesivamente registraron altos márgenes de
error, que posteriormente fueron corregidos por la convocada y consecuencialmente
generaron mayores tiempos en la revisión y mayores costos administrativos y
operativos tanto fijos como variables, a cargo de la convocante.”
Al responder acerca de los pagos conceptos
y fechas efectuados por la Convocada al convocantes en desarrollo del contrato
COMER 005 /2000, o como consecuencia del acta de terminación por mutuo acuerdo
del contrato comer 005, y si con ellos se cubrieron la totalidad de los costos
fijos y variables en que incurrió la convocante se dijo:
“en nuestra opinión, la consideración de la
magnitud del contrato COMER 005/2000, así como la cobertura de los trabajos
objeto del mismos (sic), es elemento suficiente para comprender que la
estructura administrativa, operativa y demás elementos
(equipos-instalaciones-vehículos-recursos humanos y financieros), debieron
responder a los criterios de eficiencia, eficacia y economía e indudablemente a
los criterios de rentabilidad propia de las finanzas privadas. En este orden de
ideas afirmamos nuevamente que tuvimos para el estudio y análisis todos los
documentos que comprueban los conceptos y cuantías de los  pagos realizados por
la convocada, así como las fechas en que fueron cancelados, pero que dentro de
éstos no fueron cancelados los derivados de los mayores tiempos en que incurrió
la convocante por el incumplimiento por parte de la convocada en sus
compromisos de revisiones o de auditorías a los trabajos presentados por la
convocante.”
Además de haber respondido la totalidad
de las preguntas realizadas, los peritos entraron a calcular el monto de los
perjuicios, aspecto no solicitado por el Tribunal.
Igualmente, los peritos aclararon y
ampliaron su experticio, según lo solicitado, como se pudo constatar en el
expediente. En efecto, con respecto a las normas tenidas en cuenta para
calificar la validez de las auditorías indicó la cláusula quinta del acta de
febrero 9 de 2001 y con base en  ésta señaló “como los informes de auditoría
presentados por el contratante eran parciales y presentaron varias
modificaciones, tomamos como fecha de entrega los informes definitivos de
auditoría.”
Con relación a las inspecciones conjuntas
indica “no existen evidencias que se hayan efectuado las inspecciones
conjuntas, pero en el material probatorio que se anexa por distritos, se
establece que el contratista solicitó al contratante se practicaran las
inspecciones conjuntas en forma reiterada, pero nunca se accedió a ello.”
En lo atinente a la oportunidad de las
correcciones presentadas señaló que si bien se tomó más tiempo, esto se debió a
las inconsistencias contenidas en los informes de auditoría.
Posteriormente, indicó, con relación a si
la determinación de la extemporaneidad tuvo en cuenta los términos de duración
señalados en la cláusula quinta del acta de liquidación de los contratos, que
sí había sido considerada tal cláusula e indicó que los motivos de la
extemporaneidad habían sido que los informes eran parciales y con alto grado de
error y no se realizaron las visitas conjuntas.
Así las cosas, en criterio de la Sala sí se
incurrió en un defecto procedimental en la aplicación del artículo 238, numeral
4º, del Código de Procedimiento Civil que permite acoger una objeción de prueba
pericial cuando existe error grave. A la luz del mencionado artículo, el
Tribunal ha debido considerar la prueba pericial de manera conjunta con las
demás pruebas que constan en el expediente, puesto que no existía imprecisión
de alta envergadura en el pronunciamiento pericial. Se repite, el haberse
pronunciado más allá de lo pedido, incluye el objeto de lo pedido, por lo que
no se puede predicar la manifiesta equivocación.
Ahora bien, teniendo en cuenta que de no
haberse incurrido en este error de tipo procedimental el Tribunal habría tenido
que valorar, dentro de la sana crítica, la prueba pericial de manera conjunta
con las demás pruebas que constaban en el expediente, la Sala -atendiendo a que
no todo error implica vía de hecho- encuentra que el mencionado defecto no
conlleva la pérdida de efectos del Laudo Arbitral cuestionado. La razón para
esto es que así se hubiera tenido en cuenta el peritazgo, el sentido del fallo
no habría cambiado, puesto que si bien el peritaje era claro en indicar que AFA
sí había realizado correcciones a los defectos determinados por la auditoría y
desplegado actividades para determinar si habían existido errores en la
auditoría realizada por Electrocosta, para el Tribunal, dentro de la
interpretación de las cláusulas del contrato cuya razonabilidad se analizó en
el aparte (i) del caso concreto, la obligación en cabeza de Electrocosta se
cumplía plenamente al entregar informes de auditoría dentro de los 30 días
siguientes a la entrega del trabajo por parte de AFA, sin entrar a juzgar si
tal auditoría contenía o no errores o sin calificar el informe como parcial o
definitivo. En efecto, debido, principalmente, a este alcance dado a las
cláusulas del contrato prosperó la excepción de cumplimiento de lo pactado e
inexistencia de la obligación señalada por AFA en cabeza de Electrocosta y el mismo
alcance se le hubiera podido dar así  se hubiera considerado el peritaje.
La Sala encuentra necesario precisar que si
bien el dictamen en uno de sus puntos que sí coincidían con lo pedido señaló
que sí se presentaron mayores tiempos de ejecución del contrato y estos eran
atribuibles a Electrocosta, basó esta conclusión en  aspectos que, en criterio
del Tribunal, no derivaban en la responsabilidad de Electrocosta por los
perjuicios  derivados de los mayores tiempos de duración del contrato. En efecto,
el fundamento de los peritos para indicar que Electrocosta era responsable fue
la entrega extemporánea, en criterio de los peritos, de las auditorías, toda
vez que cuando se presentaron tenían errores y estaban incompletas. Como ya se
analizó, para el Tribunal, independientemente de las discusiones entre AFA y
Electrocosta acerca de la corrección y completud de las auditorías, lo
determinante para el cumplimiento del contrato por parte de Electrocosta era
que  un informe sobre la calidad de las obras se hubiera entregado dentro del
plazo establecido.
Para que el dictamen pericial hubiera
constituido prueba determinante en las resultas del proceso, éste debía haber
demostrado que existía una obligación derivada de las cláusulas contractuales
de entregar a los 30 días una auditoría cualificada en los términos señalados
por la demanda arbitral. Sin embargo, como se analizó, esto no fue así. Por tal
motivo, el error del Tribunal con respecto al peritaje no es una vía de hecho.
En conclusión, al no haber sido determinante
el error en las resultas del proceso, la Sala no lo tendrá como vía de hecho.
En consecuencia, la Sala Sexta de Revisión
revocará la Sentencia proferida por el Juzgado 4º Civil del Circuito de
Cartagena el 6 de octubre de 2003 para, en su lugar, negar la tutela al debido
proceso de AFA.
Por otro lado, en cumplimiento del artículo
7º del Decreto 306 de 1992 que señala “Cuando el juez que conozca de la
impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo
de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha
providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en
cumplimiento del fallo respectivo”, se retrotraerán las actuaciones
surtidas en cumplimiento del Fallo que ahora será revocado.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO : REVOCAR la Sentencia del Juzgado 4º  Civil del Circuito de
Cartagena del 6 de octubre de 2003 y su Auto de aclaración del 20 de octubre
del mismo año, y, en consecuencia, NEGAR la tutela al debido proceso de
AFA Consultores y Constructores S.A. E.S.P.
SEGUNDO : DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones que se hayan surtido
en cumplimiento de la Sentencia del Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena
del 6 de octubre de 2003, en cumplimiento del artículo 7º del Decreto 306 de
1992.
TERCERO: Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de 1991, el juzgado
de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el
cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la sentencia T-920/04
ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO-Improcedencia/LAUDO
ARBITRAL-Anulación es competencia del Tribunal Superior (Salvamento de
voto)
La competencia para conocer de la anulación
de un fallo arbitral por “no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento”,  radica en el “tribunal superior del distrito judicial que
corresponda a la sede del tribunal de arbitramento” –artículo 37 y 38 D.l 2279
de 1989-, de modo que era la Sala Civil del H.
Tribunal Superior de Bolivar quien debía resolver sobre la vulneración de las
garantías constitucionales de la accionante -esto si el recurso de nulidad del
Laudo le hubiese sido propuesto en término-. Por consiguiente lo que
correspondía era revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Cartagena para resolver la acción de tutela de la referencia y, en
su lugar, declararla improcedente, sin adentrarse en el estudio de la
pretensión.
Referencia: expediente T-888314
Acción de tutela de AFP Consultores y
Constructores S.A. E.S.P. contra el Tribunal de Arbitramento conformado por
Jairo Morales Navarro, Iris Crismatt Mouthon y Norberto Gari García
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el habitual respeto manifiesto las razones de mi
desacuerdo con el fallo mayoritario de la Sala que revocó la sentencia
proferida el 6 de octubre de 2003 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Cartagena, para en su lugar negar la tutela al debido proceso, concedida a AFA
Consultores y Constructores S.A. E.S.P. y dejar sin efecto las actuaciones
surtidas en cumplimiento de la decisión.
Considero, como los demás integrantes de la
Sala, que los tribunales de arbitramento, al igual que todas las autoridades,
están sometidos al ordenamiento constitucional y que la normativa de la Carta
Política sobre los derechos fundamentales prevalece, respecto de la que
organiza la actividad estatal, reconoce autonomía e independencia a los jueces
en sus decisiones e inviste transitoriamente a los particulares de la función
de administrar justicia.
Por ello el debido proceso se aplica en
todas las actuaciones judiciales y administrativas, los jueces están en el
deber de restablecer los derechos fundamentales al interior de los asuntos
sometidos a su conocimiento y las partes y los terceros deben hacer uso de los
recursos ordinarios y extraordinarios con igual fin[18].
El apoderado de AFP Consultores
y Constructores S.AQ. E.S.P. reclama el amparo de las garantías
constitucionales de su representada, fundado en que el Tribunal de Arbitramento
conformado por los doctores
Jairo Morales Navarro, Iris Crismatt Mouthon y Norberto Gari García se apartó
del debido proceso porque no se pronunció sobre el desequilibrio que presentó
la relación obligatoria generada por el contrato COMER 005 y el Acta que lo
liquidó, a la vez que no interpretó las estipulaciones contractuales ni valoró
el dictamen pericial como correspondía.
Ahora bien, la competencia para conocer de la anulación
de un fallo arbitral por “no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento”,  radica en el “tribunal superior del distrito judicial
que corresponda a la sede del tribunal de arbitramento” –artículo 37 y 38
D.l 2279 de 1989[19]-,
de modo que era la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Bolivar quien debía resolver sobre la vulneración de las garantías
constitucionales de la accionante -esto si el recurso de nulidad del Laudo le
hubiese sido propuesto en término-[20].
Por consiguiente lo que
correspondía era revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Cartagena para resolver la acción de tutela de la referencia y, en
su lugar, declararla improcedente, sin adentrarse en el estudio de la
pretensión.
Finalmente, cabe precisar que los árbitros accionados
-quienes por cierto cesaron en sus funciones en los términos del numeral 5 del
artículo 43 del decreto 2279 de 1989- intervinieron en el presento asunto, y
sobre la congruencia de la decisión manifestaron que “[e}n la demanda
arbitral no se solicitó que se reconocieran los gastos en que el contratista
incurrió para demostrarle a Electrocosta sus propios errores en los informes de
auditoría ni se comprobaran los errores cometidos por Electrocosta en su
trabajo de auditoría o que reconociera los costos fijos derivados de los
mayores tiempos en la ejecución del contrato”.
En estas circunstancias nada le impide a la accionante
acceder a la justicia, para que se resuelva sobre lo acontecido por fuera del
marco contractual y compromisorio, mediante el ejercicio de una acción
ordinaria la cual, además, le daría la oportunidad de obtener el resarcimiento
de los perjuicios que según afirma le fueron causados.
Fecha ut supra
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1] En adelante AFA
[2] En adelante Electrocosta
[3] Por ser el objeto de la demanda, se trascribirán textualmente
algunos apartes.
[4] Folio 15 de la demanda de tutela
[5] Por la complejidad del texto se trascribe.
[6] Ver sentencia SU-837/02, M.P. Manuel José Cepeda en la cual se
conocía de la tutela contra un recuso de homologación contra un laudo arbitral
en equidad.
[7] Ver Sentencia T-192/04, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra en la que se estudiaba la presunta vía de hecho en la cual
había incurrido un Tribunal de Arbitramento la cual había repercutido en la
violación al derecho al acceso a la administración de justicia. Para la Corte
el hecho de que el Tribunal de Arbitramento no hubiera enviado el expediente a
la jurisdicción contencioso administrativa una vez se concretó el no pago
completo de honorarios, a pesar de que presuntamente ya había transcurrido el
término de caducidad, no constituía una vía de hecho ni una vulneración del derecho
al acceso a la administración de justicia.
[8] ST-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.)
[9] Ver sentencia T-008/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,(En esta
ocasión la Corte estudiaba la supuesta vía de hecho por haber tenido en cuenta
una prueba nula de pleno derecho en un proceso penal. La Corte, después de
determinar que en el proceso existía un testimonio recaudado con reserva de
identidad obtenido contrariando el debido proceso, encontró que esto no
constituía vía de hecho porque dentro del proceso esa no era la única prueba en
contra del sindicado. Sólo de basarse un proceso en la prueba inválidamente
obtenida se hubiera constituido vía de hecho  en el mismo)
[10] Ver Sentencia T-1001 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil (En esta
ocasión, la Corte denegó la tutela por considerar que el Consejo Superior de la
Judicatura al resolver un conflicto de competencia existente entre la justicia
penal militar y la justicia penal ordinaria asignándole competencia a la
justicia penal militar no había incurrido en vía de hecho porque era dable
sostener, “bajo una apreciación razonable y coherente de las pruebas allegadas,
que los hechos sometidos a su consideración guardan relación directa con el
servicio y que los resultados de la operación “RESCATE”, antes que inscribirse
en conductas contrarias a los derechos humanos, son una consecuencia necesaria
del enfrentamiento suscitado.” Se estudió también la razonabilidad del alcance
dado al término de la norma constitucional que consagra la competencia de la
justicia penal militar cuando el hecho hubiera sucedido “en servicio activo, y
en relación con el mismo servicio” ). Ver también Sentencia T-085 de 2001, M.P.
Alejandro Martínez Caballero (En esta ocasión la Corte encontró que frente a la
existencia de diferentes posiciones doctrinales y jurisprudenciales en cuanto a
la validez de los títulos valores que figuraban dentro del proceso en copia
pero con la firma original, era razonable el criterio del juez accionado según
el cual la copia de las facturas cambiarias con firma original sí constituía
título ejecutivo. Por tanto, no se concedió la tutela.) También se puede ver la
Sentencia T-441/02, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (En este caso no se tuteló
el derecho al debido proceso que alegaban que la Superintendencia de Sociedades
había incurrido en una vía de hecho dentro de su actuación como juez de un
proceso concursal al darle al principio par conditio creditorum un alcance que
hacía que no se pudiera aprobar el acuerdo concordatario al que habían llegado
la mayoría de acreedores y el deudor. La Corte consideró que el alcance dado
por la entidad accionada, por ser razonable aunque controvertido, no constituía
una vía de hecho) Igualmente la T-901/02, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en la
cual no se encontró como irrazonable el criterio judicial según el cual era
necesario probar el perjuicio producido por el decreto de medidas cautelares
posteriormente levantadas, así lo embargado hubiera sido dinero. Es decir que
no se presumía que el perjuicio consistiera en los intereses que se hubieren obtenido
de haber tenido este dinero disponible para transacciones financieras. Por tal
motivo, se negó la tutela contra providencia judicial.
[11] En este sentido ver la sentencia SU-087 de 1999, donde la Corte
consideró que había vulneración al debido proceso porque la autoridad judicial
dejó de practicar una prueba que ya había decretado con anterioridad.
[12] La efectiva afectación con  el defecto procedimental se analizó
en la Sentencia T-1062/02, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra la cual concedió la
tutela por grave defecto procedimental en cuanto a la vinculación de la parte
civil dentro del proceso penal y la efectiva garantía del derecho de defensa.
En la mencionada sentencia se dijo: “1.1. Dentro del proceso penal, plurales
son las sentencias que han concedido la tutela por indebida notificación al
sindicado. Lo anterior porque con tal omisión le están vulnerando su derecho al
debido proceso en la medida en que, por desconocimiento, se torna imposible
hacer ejercicio del derecho de defensa tan caro para quien por esto puede
perder su libertad.
“Por
ejemplo, en la sentencia T-654/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se concedió la
tutela porque se probó que, pese a que el
indagado había manifestado claramente el lugar en el que podía ser informado
sobre cualquier decisión judicial y que, por carencia de medios económicos, no
contaba con un defensor de confianza ni le había sido nombrado defensor de
oficio, el juzgado no le informó sobre la expedición del cierre de
investigación[12] ni le nombró un defensor
de oficio. Lo anterior, sumado a la casi absoluta falta de defensa técnica
(defecto procedimental), y la no práctica de las pruebas solicitadas por el
sindicado (defecto fáctico) llevaron a la Corte a considerar que se constituía
una vía de hecho.
“Por otro lado, en la sentencia T-639/96, M.P.
Antonio Barrera Carbonell, se concedió la tutela por encontrar que el juzgado[12] decretó clausura de la
investigación, sin adelantar diligencia alguna tendiente a lograr la
comparecencia del procesado, a pesar de que tenía a su disposición la dirección
donde podía ser localizado. En ese caso, al accionante no se le notificó
siquiera de la apertura de investigación en su contra.
“En
los dos casos anteriormente reseñados se pueden observar factores comunes que
llevaron a esta Corporación a encontrar configurada vía de hecho:
“1.
Denotada negligencia del juez en la realización de intentos de notificación
“2.
Consecuente falta de notificación de las diligencias en el proceso penal
“3.
Adelantamiento de un proceso penal contra persona ausente”
[13] Corte Suprema de Justicia, Auto sep. 8/93, Exp. 3446. M.P. Carlos
Esteban Jaramillo Schloss. La mencionada providencia fue reiterada en el
proceso No 16519, Sentencia del 29 de agosto de 2002, Corte Suprema de
Justicia, Sala Penal, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote; igualmente, en la
Sentencia de reemplazo dictada en el Expediente No. C-4533 el 12 de agosto de
1997, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado
Ponente José Fernando Ramírez Gómez (S-043/97). En sentido semejante Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia de reemplazo dentro del
expediente No. 8978 Inst., 29 de julio de 1997, Magistrado Ponente José Roberto
Herrera Vergara en la cual se afirmó: “como quiera que el dictamen pericial
con  su aclaración y adición no presenta bases equivocadas de tal entidad o
magnitud  que imponga la repetición de la prueba, pues no existe en aquel
cambio del objeto fin de examen, o de sus atributos, ni estudio distinto del
encomendado, ha de concluirse que no se evidencian conceptos errados que
hayan llevado a falsas conclusiones configurativas del error grave aducido por
el objetante.” (subrayas ajenas al texto)
[14] DEVIS Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba
Judicial, Tomo II, 5ª edición, 1995, Bogotá, Editorial ABC, pp. 345 y 346
[15] La misma AFA vacila en la exigencia que le establece al Tribunal,
puesto que en algunas ocasiones se refiere al deber de Electrocosta de haber
auditado toda la obra y otras se refiere al deber de haber auditado todos los
lotes y escoger dentro de estos algunas obras al azar para calificarlas. Cfr.
Auto de Aclaración (fl. 54 cuaderno principal) y acción de tutela (fl. 15 de la
demanda, cuaderno principal)
[16] Si bien el
respeto a la autonomía judicial hace que se permita que quienes administren
justicia, sean jueces o particulares, valoren libremente el acervo probatorio
dentro de las normas de la sana crítica, se ha establecido de manera uniforme
que la falta de consideración o la notoriamente errada apreciación de un medio
probatorio, si éste tiene “la capacidad inequívoca de modificar el sentido del
fallo” (T-025/01, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), conlleva una vía de hecho. Ha dicho la Corte:
“La falta de consideración de un medio probatorio que
determina el sentido de un fallo, constituye una vía de hecho susceptible de
control por vía de tutela. Como la prueba es el fundamento de las decisiones de
la justicia, es obvio que su desconocimiento, ya sea por ausencia de
apreciación o por manifiesto error en su entendimiento, conduce
indefectiblemente a la injusticia judicial. La necesidad de evitar tan funesta
consecuencia, violatoria del derecho al debido proceso, ha llevado a la Corte a
sostener que los yerros ostensibles en esta delicada materia, pueden remediarse
mediante la acción de tutela, siempre y cuando, claro está, los interesados no
dispongan de otro medio de defensa judicial.”( Ver Sentencia SU-477/97, M.P. Jorge Arando Mejía (En
esta ocasión en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra un
acto administrativo que negaba la devolución de un dinero pagado a la
administración del Atlántico no siendo éste debido por no haber prueba
suficiente de que los dineros hubieran sido depositados en cuentas de la
administración del departamento a pesar de constar en el expediente una serie
de recibos bancarios que servían de medio probatorio para comprobar tal
afirmación. La Corte concedió la tutela y ordenó que el proceso se volviera a
surtir estudiando las pruebas y dándoseles el valor que el juez determinara) En
la Sentencia T-442/94, M.P. se consideró que existía vía de hecho de carácter
fáctico en un proceso en el cual se decidía la custodia de un menor, toda vez
que no se tuvieron en   cuenta los elementos probatorios que obraban en el caso
(dictámenes psiquiátricos) según los cuales el menor no debería estar bajo la
custodia de sus padres a quienes el juez se la asignó. En el mismo sentido
T-488/99, M.P. Martha Victoria Sáchica (En esta ocasión se encontró la
existencia de una vía de hecho en un proceso de filiación en el cual, a pesar
de haberse decretado, no se había practicado el experticio científico necesario
para determinar la paternidad de quien alegaba ser padre del menor); también
T-329/96, M.P. José Gregorio Hernández, y T-452/98, M.P. Hernando Herrera
Vergara. Igualmente, En la Sentencia T-814/99, M.P. Antonio Barrera Carbonell
se concedió la tutela al debido proceso puesto que los funcionarios judiciales
demandados habían omitido la valoración de la prueba que demostraba la
trascendencia y posible afectación que un proyecto de construcción implicaba
para la comunidad y por tal motivo, dentro de una acción de cumplimiento, no
habían encontrado incumplida la norma legal que establecía la obligación de
realizar una consulta popular en caso de que la obra planeada amenazara con
crear un cambio significativo en el uso del suelo. Por último, ver la Sentencia
T-235/04, M.P. Marco Gerardo Monroy en la cual se decretó una vía de hecho de
carácter fáctico puesto que en el proceso ejecutivo cuestionado no se había
valorado la confesión de la deuda cuyo análisis podría haber implicado la
suspensión de la prescripción de la acción cambiaria. Valga aclarar que la
acción fue interpuesta por el demandante del proceso ejecutivo.)
Así las
cosas, en caso de que se presente el desconocimiento del tipo de pruebas
trascendentes dentro del proceso, se estará actuando fuera de los márgenes
permitidos por la autonomía judicial.
[17] Las normas del Código de Procedimiento Civil en materia de
pruebas son aplicables en los procesos arbitrales, por mandato del artículo 151
del Decreto 1818 de 1998
[18] Sentencia C-083 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en igual
sentido sentencia C-739 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[19] Compete al Consejo de Estado conocer del recurso de anulación de
laudos arbitrales proferidos en contratos originados en contratos estatales,
mediante sentencia contra la cual no procede sino el recurso de revisión
–artículo 128 C.C.A., modificado por el numeral 5 del art. 36 de la Ley 446 de
1998.
[20] Sobre la improcedencia de la acción de tutela para solventar la
incuria procesal de las partes se pueden consultar, entre otras, la sentencia
T-759 de 2003.