T-971-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-971/212
SERVICIO MEDICO-Suspensión
Las
Entidades Promotoras de Salud no pueden suspender los servicios médico
asistenciales argumentando, entre otros motivos, pérdida de la calidad de
beneficiario, falta de pago de los aportes correspondientes del empleador,
pérdida del vínculo laboral y ausencia de suministro de un servicio que no se
había prestado, entre otras circunstancias.
DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Protección constitucional
En
reiterada jurisprudencia emitida por esta Corporación se ha dispuesto que el
derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo. Según el
artículo 49 de la Constitución Política, la salud tiene una doble connotación
–derecho constitucional y servicio público. En tal sentido, todas las personas
deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar,
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO-Régimen especial de
seguridad social en salud para los docentes
Los afiliados a los regímenes especiales
se encuentran excluidos de la aplicación de las normas generales que aplican al
Sistema Integral. Dentro de las personas excluidas del régimen general se
encuentran, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
los cuales están sujetos a la normativa existente para este régimen especial.
ACCION DE TUTELA CONTRA FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO-Hecho
superado ya que en la actualidad el accionante se encuentra recibiendo los
servicios médicos asistenciales por parte de la IPS
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
Referencia: expediente T-3579703
Acción de tutela instaurada por William Méndez Acosta contra
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduciaria la Previsora y la
Secretaría de Educación de Bogotá.
Magistrado Ponente:
ALEXEI JULIO ESTRADA.
Bogotá D.C., veintidós (22)
de noviembre de dos mil doce (2012).
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alexei
Julio Estrada, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo proferido en única instancia por el Juzgado Sexto
Penal del Circuito de Bogotá D.C., con Funciones de Conocimiento en el trámite
de la acción de tutela de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
El
ciudadano William Méndez Acosta interpuso acción de tutela en contra del Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduciaria la Previsora S.A., y la
Secretaría de Educación de Bogotá D.C., por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la salud y la seguridad social con la suspensión del servicio
médico asistencial que recibía. Solicita, en consecuencia se reactive su afiliación
al sistema de salud y asistencia médica.
De
acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, el
accionante sustenta su pretensión en los siguientes:
Hechos:
1.-
El señor Méndez Acosta trabajaba como docente al servicio de la Secretaría de
Educación de Bogotá. Como consecuencia de una pérdida de capacidad laboral del
68 % no pudo continuar trabajando e inició el trámite para el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez[1].
2.
- El diez (10) de febrero de dos mil doce (2012) el Juzgado Dieciséis (16)
Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento profirió sentencia
en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional
Bogotá, por medio de la cual resolvió tutelar el derecho de petición al señor
William Méndez Acosta.[2]
3.-
Manifiesta que el treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012), la IPS Médicos
Asociados S.A., la cual le brindaba atención en salud, le informó que debía
suspender la prestación del servicio médico asistencial, bajo el argumento de
que en la actualidad no ostenta la calidad de docente activo o la de pensionado[3].
4.-
El 13 de junio de 2012, el accionante solicitó al Fondo Prestacional del
Magisterio- Fiduciaria la Previsora S.A., la reactivación de la prestación del servicio
médico, sin obtener respuesta a su petición.
5.-
Alega que él y su núcleo familiar se encuentran sin cobertura en salud y
seguridad social, con ocasión de la suspensión referida.
Solicitud
de tutela.
6.-
Con fundamento en los hechos narrados anteriormente, el demandante requirió el
amparo de sus derechos fundamentales a la salud y la seguridad social y solicitó
se ordene al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Bogotá y a la
Fiduciaria la Previsora S.A., afiliarlo de nuevo al sistema de salud y
asistencia médica[4].
Respuesta
de la Fiduciaria la Previsora – FIDUPREVISORA S.A.
7.-
La entidad accionada, por intermedio de su representante legal, se pronunció
respecto de los hechos de la tutela y solicitó negar el amparo invocado.
8.-
Señala que la Fiduprevisora S.A. no presta servicios médicos a los docentes, ni
es una Entidad Promotora de Salud (EPS), sino que sólo es una entidad
administradora fiduciaria, por lo que únicamente procede, en virtud del encargo
fiduciario, a cancelar a los contratistas los valores por los servicios médicos
que suministran a los educadores sometidos al régimen de la Ley 91 de 1989. Expone
que se trata de un régimen de excepción que no se encuentra sometido a lo
establecido en la Ley 100 de 1993 y que estos servicios de salud son prestados
a través de contratistas médicos a los docentes activos y afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Económicas del Magisterio.
9.-
Refiriéndose en concreto al caso sub judice, aduce que el petente no tiene la
calidad de docente y, en consecuencia, ya no tiene un vínculo con el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En tal virtud, no pertenece a
un régimen excepcional y debe vincularse como particular a una Entidad
Promotora de Salud -EPS- si cuenta con la capacidad económica para ello o, de
lo contrario, ser atendido dentro de la red Hospitalaria con cargo a la
Secretaria de Salud del Distrito de Bogotá, acorde con los lineamientos de la
Ley 100 de 1993.
10.-
Finalmente, en lo relacionado con el trámite para acceder a la pensión de
invalidez pretendida por el señor Méndez Acosta, manifiesta que la Secretaría
de Educación debe radicar la solicitud y posteriormente dictar el acto
administrativo, tras lo cual la Fiduprevisora S.A., previo al reconocimiento, confronta
la documentación y procede al pago. Anota que, verificadas las bases de datos
se encontró que la Secretaría de Educación Distrital no ha iniciado el trámite
para el reconocimiento de la pensión de invalidez del actor.
Respuesta
de la Secretaria de Educación de Bogotá.
11.-
Mediante escrito presentado por la Directora de Talento Humano, la Secretaría
de Educación de Bogotá D.C., informó que las prestaciones sociales económicas
en cabeza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser
reconocidas por parte del citado Fondo, mediante aprobación del proyecto de
resolución por parte de la Fiduciaria. Dicho proyecto de resolución debe ser elaborado
y reconocido mediante resolución suscrita por el Director de Talento Humano de la
Secretaría de Educación en nombre y representación de la Nación, de conformidad
con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y la resolución No. 1352 de 2010.
12.-
Refiere que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
del ciudadano Méndez Acosta se encuentra actualmente en estudio de la cuota
parte al Instituto de los Seguros Sociales y que, con posterioridad a este
trámite, será remitida a la Fiduciaria la Previsora S.A., para que esta entidad
revise y apruebe la liquidación presentada. Una vez agotada dicha etapa, se
devolverá el expediente al Fondo Prestacional con el fin de proceder con la
expedición del acto administrativo definitivo, de acuerdo al orden cronológico
de radicación. Por lo anterior, solicitó un término de cuarenta (40) días
hábiles al Fondo de Prestaciones Sociales, Regional Bogotá, para dar
cumplimiento a la petición presentada, a fin de expedir el acto administrativo
para ser aprobado por la Fiduprevisora S.A.
Decisión
judicial objeto de revisión.
Sentencia
de única instancia.
13.-
Mediante sentencia de nueve (9) de julio de dos mil doce (2012), el Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, decidió no tutelar
los derechos fundamentales invocados por el peticionario. En consideraciones
del a-quo, la desvinculación del servicio de salud que presta el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio al accionante, obedece a que no ostenta
en este momento ni la calidad de trabajador activo, ni la de pensionado,
situación que se da por estar en trámite la solicitud de pensión que por
invalidez solicitara ante la Secretaría de Educación de Bogotá. Acoge los
argumentos esgrimidos por las entidades accionadas y concluye que para poder
acceder a los servicios de salud debe vincularse como particular a una Entidad
Promotora de Salud en caso de tener capacidad económica o, de lo contrario, se
debe acercar a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para que le sea
realizada la encuesta SISBEN para así acceder al régimen subsidiado de Salud.
Pruebas
relevantes allegadas al expediente
En
el expediente obran las siguientes pruebas en copia simple:
- Copia
de la solicitud de reactivación de servicios médicos, dirigida al Fondo
Prestacional de Magisterio – Fiduprevisora S.A. (Folio 4).
- Copia
de la certificación del Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, donde se
informa que el accionante se encuentra afiliado al Fondo Prestacional del
Magisterio de Bogotá y su pensión de invalidez se encuentra en trámite. (Folio
5).
- Copia
de la resolución No. 02036 de la Secretaría de Educación del 15 de febrero de
2011, por la cual se retira a un docente de la planta de personal docente de la
Secretaría de Educación Distrital. (Folio 6).
- Copia
de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis (16) Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento del diez (10) de febrero de dos mil doce (2012), por
la cual se resuelve tutelar el derecho de petición al señor William Méndez
Acosta, en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Regional Bogotá. (Folio 7).
Actuaciones
adelantadas por la Corte Constitucional dentro del trámite de revisión.
14.-
Para mejor proveer, el Magistrado
Ponente, mediante auto del veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce
(2012) ordenó la práctica de las siguientes pruebas que aportaran mayores
elementos de juicio para adoptar una decisión:
15.-
En primer término, se ordenó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
de Bogotá, informar si en la actualidad el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio de Bogotá brinda los servicios médico asistenciales señor William
Méndez Acosta,  de ser afirmativa la respuesta, a qué Empresa Promotora de
salud – EPS – reencuentra adscrito y en qué calidad.
16.-
Por medio de oficio 430-01-00- EE 00091053 del dos (2) de octubre de dos mil
doce (2012), el Vicepresidente del Fondos de Prestaciones – Fiduprevisora S.A.,
reiteró a este Despacho que no brinda servicios de salud, por cuanto no es una
EPS ni una IPS y que sólo actúa en nombre y representación del Patrimonio
Autónomo que se creó mediante el contrato de Fiducia Mercantil celebrado con la
Nación – Ministerio de Educación Nacional para la administración del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Añadió que en desarrollo de
sus obligaciones contractuales, suscribe la prestaciones de los servicios médico
asistenciales en diferentes regiones del país, para la prestación de dichos
servicios a los docentes afiliados.
17.-
Adicionalmente, indicó que en la Regional Bogotá a la que pertenece el
accionante y a la cual se encuentra adscrito, se suscribió la contratación de
la prestación de los servicios médico asistenciales con UT MEDICOLSALUD 2012,
siendo ésta la encargada de la prestación de servicios médico asistenciales de
los educadores adscritos al Departamento de Bogotá D.C. Por lo anterior,
sugirió requerir la información solicitada a dicho contratista, por ser éste
quien tiene el deber de prestar los servicios médicos, tratamientos,
medicamentos y cirugías al peticionario.
18.-
En el mismo auto, se ordenó que por Secretaría General de esta Corporación se
solicitara al señor William Méndez Acosta, que informara (i) si en la
actualidad el  Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá le está
brindando los servicios médico asistenciales, a qué Empresa Promotora de salud
– EPS – se encuentra adscrito y en qué calidad y, (ii) a partir de qué momento
se reactivó el servicio médico.
19.-
En respuesta al anterior requerimiento el señor William Méndez Acosta, mediante
escrito recibido en la Secretaría de esta Corporación, el día tres (3) de octubre
de dos mil doce (2012), informó a este Despacho: (i) estar afiliado al servicio
médico asistencial por cuenta de la FIDUPREVISORA S.A., en calidad de
pensionado por invalidez y que; (ii) la reactivación de la afiliación se hizo
efectiva a partir del día quince (15) de agosto de dos mil doce (2012).
20.-
Mediante auto posterior, del ocho
(08) de octubre de dos mil doce (2012), el suscrito magistrado ponente ordenó oficiar
a UT MEDICOLSALUD 2012, -seccional Bogotá- para que remitiera información
respecto de la afiliación al régimen de Seguridad Social en Salud del señor
Méndez Acosta.
21.-
En respuesta al anterior requerimiento, el apoderado judicial de  UT
MEDICOLSALUD 2012, remitió escrito de fecha diecisiete (17) de octubre de dos
mil doce (2012), informando que (i) el señor William Méndez Acosta, aparece
como afiliado activo al régimen de seguridad social en salud desde el veintitrés
(23) de julio de dos mil ocho (2008) a UT MEDICOLSALUD 2012 por conducto de la
FIDUPREVISORA S.A.; (ii) pertenece al régimen contributivo; y (iii) aparece
registrado como cotizante pensionado.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto
bajo revisión y planteamiento del problema jurídico.
2.
La acción de tutela que dio lugar a este proceso, fue instaurada por el
ciudadano Méndez Acosta, con el fin de que se le reactiven los servicios médico
asistenciales. De acuerdo con la información suministrada se tiene que el
peticionario trabajaba como docente al servicio de la Secretaría de Educación
de Bogotá, pero, como consecuencia de una pérdida de capacidad laboral del 68 %
no pudo continuar laborando e inició el trámite para el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez. Por lo anterior, el treinta (30) de mayo de dos mil
doce (2012), la IPS Médicos Asociados S.A., la cual le brindaba atención en
salud, le informó que debía suspender la prestación del servicio médico
asistencial, bajo el argumento de que en la actualidad no ostenta la calidad de
docente activo ni de pensionado, quedando él y su núcleo familiar sin cobertura
en seguridad social en salud, con ocasión de la suspensión referida.
Advierte
esta Sala que en el caso bajo estudio se observa una carencia actual de objeto por
hecho superado, por cuanto en el trámite de revisión de la presente acción de
tutela, la entidad demandada reactivó los servicios médico asistenciales que
requería el accionante. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que cuando se presenta un hecho superado el juez de tutela puede
proferir un fallo de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados, que le permitan determinar
el alcance de los mismos, pero sin impartir ninguna orden de amparo del
derecho, por haber desaparecido en ese momento el supuesto de hecho que generó
la acción[5].
3. Sobre este particular, en la
Sentencia T-170 de 2009 esta Corte señaló que: “no
es perentorio para los jueces de instancia (…) incluir en la argumentación de
su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda. Sin embargo pueden hacerlo, sobre todo si consideran
que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso
estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes”, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto
2591 de 1991[6].
Lo que es potestativo para los jueces de instancia, se convierte en
obligatorio para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como
autoridad suprema de la jurisdicción constitucional “tiene el deber de
determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”.
4.
En este orden de ideas, aun cuando se configuró un hecho superado en el
presente caso, la Sala de Revisión entrará a determinar si con la suspensión de
los servicios médico asistenciales al docente retirado del servicio activo por
encontrarse en trámite el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá vulneró sus derechos a
la salud y a la seguridad social.
Para
resolver el problema jurídico planteado, el análisis de la Sala se va a centrar
en los siguientes aspectos: (i) la
jurisprudencia relativa al derecho a la salud como derecho fundamental y su
protección constitucional; (ii) el régimen de seguridad social en salud del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; lo cual le permitirá (iii)
determinar si se configuró la vulneración de los derechos invocados.
Jurisprudencia
relativa al derecho a la salud como derecho fundamental y su protección
constitucional.
5.
En reiterada jurisprudencia emitida por esta Corporación se ha dispuesto que el
derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo. Según el
artículo 49 de la Constitución Política, la salud tiene una doble connotación
–derecho constitucional y servicio público. En tal sentido, todas las personas
deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar,
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
6.
Con la sentencia T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
reconoció el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se
trata de derechos políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, por lo
que se pronunció de la siguiente manera:
“De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que
acoge la Sala en la presente sentencia, la fundamentalidad de los derechos no
depende –ni puede depender- de la manera como estos derechos se hacen efectivos
en la práctica.  Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de
manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar
democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la
Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos
vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir
la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones
estatales de orden negativo o de abstención).
“Significan de modo simultáneo, admitir que en el
Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las
mismas oportunidades ni disponen de los medios –económicos y educativos-
indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones
para valorar.  De ahí el matiz activo del papel del Estado en la
consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas
personas ubicadas en situación de desventaja social, económica y
educativa.  Por ello, también la necesidad de compensar los profundos
desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción
estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción)”.
7.
Se observa una clara concepción en la jurisprudencia de esta Corte acerca del
carácter de derecho fundamental de la salud que envuelve un contenido
prestacional. Partiendo de este presupuesto, corresponde al Estado como
principal tutor dotarse de los instrumentos necesarios para garantizar a los
ciudadanos la prestación de la salud en condiciones que lleven consigo la
dignidad humana, por lo que ante el abandono del Estado, de las instituciones
administrativa y políticas y siendo latente la amenaza de transgresión, el juez
de tutela debe hacer efectiva su protección mediante este mecanismo sin
excepción. Por lo tanto, las Entidades Promotoras de Salud no pueden suspender
los servicios médico asistenciales argumentando, entre otros motivos, pérdida
de la calidad de beneficiario, falta de pago de los aportes correspondientes
del empleador, pérdida del vínculo laboral y ausencia de suministro de un
servicio que no se había prestado, entre otras circunstancias.
El
régimen de seguridad social en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
8.
Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se crean los parámetros generales para
el Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, teniendo fundamento en el
artículo 48 de la Constitución, el cual establece entre otras cosas que “[l]a
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio  que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley”. Sin embargo, el artículo 279 de la misma ley estableció
una serie de regímenes especiales que no hacen parte del sistema general y
conforman regímenes especiales. Lo anterior implica que los afiliados a los
regímenes especiales se encuentran excluidos de la aplicación de las normas
generales que aplican al Sistema Integral.
Dentro
de las personas excluidas del régimen general se encuentran, los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los cuales están sujetos
a la normativa existente para este régimen especial.
9.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentra regulado
por normas especiales, así:
- La
Ley 91 de 1989, en la que se establece que el Fondo es una cuenta
especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria
estatal o de economía mixta. Adicionalmente, tiene como finalidad primordial la
eficaz administración de los recursos de la cuenta especial de la Nación.
El
medio que la Ley determinó para que se hicieran las atenciones prestacionales
fue el de la fiducia (actualmente en cabeza de la Fiduciaria La Previsora S.A.),
que es el medio que se ha venido utilizando desde la expedición de la ley en
comento para cumplir con la garantía del derecho a la seguridad social
establecida en la Constitución Política.
El
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene como función
general la de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales o nacionalizados
que se encuentren vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales[7].
Dentro de las funciones específicas se encuentra la de garantizar la prestación
de los servicios médico asistenciales, a través de las entidades que determine
el Consejo Directivo del Fondo.[8]
- Por
otra parte, el Acuerdo 04 de 22 de julio 2004 del Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
estableció un nuevo modelo de prestación de servicios de salud para sus
afiliados. En dicho Acuerdo se dispuso aprobar el nuevo modelo de prestaciones
de servicios de salud para el Magisterio, el cual tiene como características
fundamentales ser un régimen especial y contar con una  cobertura a nivel
nacional, incluyendo a los hijos del afiliado entre 18 y 25 años que dependan
económicamente de éste y se encuentren estudiando, a los hijos del afiliado con
discapacidad permanente sin límite de edad y a los nietos del docente hasta los
primeros 30 días de nacido, cuando el hijo del docente sea beneficiario del
afiliado.
- Adicionalmente, en el Acuerdo
N ° 013 del 30 de diciembre de 2004, el Consejo Directivo del Fondo en
cuestión aprobó ciertos cambios en las condiciones para la prestación de los
servicios de salud de los afiliados y beneficiarios del Fondo, se determinó
como usuarios a: (i) docentes activos y docentes pensionados, (ii) beneficiarios
de los afiliados: cónyuge o compañero (a) permanente, hijos hasta los 18 años
de edad, hijos entre los 19 y 25 años que se encuentren estudiando, hijas en
estado de embarazo, nietos recién nacidos hasta los primeros 30 días de edad y
los padres del educador que dependan económicamente de éste y no sean
pensionados[9].
- Finalmente, el
Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio expidió
el Acuerdo 03 del 10 de marzo de 2006, en cumplimiento de la Sentencia T-015
del veinticinco (25) de enero de dos mil seis (2006) de la Corte
Constitucional, por medio del cual se incluyó la modalidad de cotizantes
dependientes en los servicios médico asistenciales.
Análisis del caso concreto.
De
conformidad con las pruebas que reposan en el expediente de tutela se tiene
probado que:
(i) El
señor Méndez Acosta trabajaba como docente al servicio de la Secretaría de
Educación de Bogotá, pero, como consecuencia de una pérdida de capacidad
laboral del 68 % no pudo continuar laborando e inició el trámite para el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
(ii)
Para la fecha de la presentación de la acción de tutela el peticionario no
contaba con servicios médico asistenciales, por parte de la IPS Médicos Asociados
S.A., pues los mismos habían sido suspendidos en atención a que no ostentaba la
calidad de docente activo ni la de pensionado mientras se encontraba en trámite
su solicitud de pensión por invalidez. Razón por la cual solicitó reactivación
del servicio médico asistencial.
(iii) En
respuesta al requerimiento realizado mediante auto de pruebas decretadas en
sede de revisión por esta Corporación, el abogado de la UT MEDICOLSALUD 2012,
mediante escrito de fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012), certificó
que el accionante se encuentra registrado en el régimen contributivo como
cotizante pensionado, y que los servicios médico asistenciales se le prestan por
intermedio de la IPS Médicos Asociados, de conformidad a los servicios de salud
que la FIDUPREVISORA S.A., como asegurador en salud de los docentes y sus
beneficiarios, autorizó en el respectivo Plan de Manejo en Salud para el
Magisterio.
De
lo anterior se puede concluir, que en la actualidad el accionante se encuentra
recibiendo los servicios médico asistenciales por parte de la IPS, información
que fue verificada por este Despacho, mediante comunicación telefónica con el
señor William Méndez Acosta, en el trámite de revisión de la presente acción
constitucional.
Vulneración
de los derechos fundamentales y su superación durante el trámite de revisión.
Por
todo lo expuesto, contrario  al criterio del juez  de instancia, esta
Sala encontró que de acuerdo con los documentos e información que reposaban en
el expediente, efectivamente existió una amenaza grave e inminente a los
derechos fundamentales a la salud y seguridad social del accionante, provocada
por la suspensión de los servicios médico asistenciales por encontrarse en trámite
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. No obstante, a pesar de
haberse demostrado una vulneración a los derechos fundamentales invocados, que
en principio hubiese ameritado un pronunciamiento positivo por parte de esta
Corporación, es claro afirmar que el hecho motivador de esta conducta ha
desaparecido, por cuanto, se encuentra probado que de los hechos constatados durante
el trámite de revisión el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de
Bogotá reactivó los servicios médico asistenciales al accionante a partir del
quince (15) de agosto de dos mil doce (2012)[10]
por intermedio del contratista UT MEDICOLSALUD 2012 quien, a su vez, presta los
servicios en salud a los docentes activos y pensionados del Magisterio a través
de la IPS Médicos Asociados[11],
de conformidad con el Plan de Manejo en Salud autorizado por la FIDUPREVISORA
S.A. para el Magisterio.
En
consecuencia, la Sala de Revisión considera que respecto a las pretensiones del
peticionario se configura un hecho superado, pues la actuación que realizó la IPS
Médicos Asociados, en el sentido de reactivar los servicios médico
asistenciales, hizo que se superaran los hechos que motivaron esta acción.
Finalmente,
aun cuando se ha demostrado que la situación que generó el presente proceso ha
sido superada, y a su vez la transgresión de los derechos fundamentales
a la salud y a la seguridad social ha sido remediada con la reactivación de los
servicios médico asistenciales, esta Sala considera necesario prevenir a
las entidades accionadas, para que en situaciones futuras no incurran en
acciones u omisiones como las que dieron lugar a esta acción de tutela, es
decir, no podrán suspender los servicios médico asistenciales mientras se
encuentre en trámite una solicitud de reconocimiento pensional, so pena de la
imposición de las sanciones correspondientes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela.
De acuerdo con lo
anterior, la Sala de Revisión declarará la carencia actual de objeto por
presentarse un hecho superado en la acción de tutela instaurada por William
Méndez Acosta  contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduciaria
la Previsora S.A. y la Secretaría de Educación de Bogotá y se abstendrá de
emitir orden alguna.
III.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR la carencia
actual de objeto por hecho superado en el asunto de la referencia.
SEGUNDO.- ADVERTIR a la
Fiduciaria la Previsora S.A. – FIDUPREVISORA S.A., que en ningún caso
podrá suspender el pago de los aportes en salud del accionante mientras esté en
trámite el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez.
TERCERO.- PREVENIR a
UT MEDICOLSALUD 2012 a efectos de que continué prestando la
atención integral en salud que requiere el señor William Méndez Acosta mientras
subsista la relación contractual de la prestación de los servicios médico
asistenciales con la  FIDUPREVISORA S.A., para la regional Bogotá.
CUARTO.- Por Secretaría
LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Obra dentro del expediente Resolución No.
02036 de la Secretaría de Educación por medio de la cual se resuelve retirar
del servicio por invalidez al docente provisional Méndez Acosta William a
partir del 12 de marzo de 2011, por presentar una pérdida de capacidad laboral
del 68 %.  (Folios 6 del cuaderno principal. En adelante, se entiende que los
folios a que se haga referencia, forman parte del cuaderno principal, a menos
que se diga expresamente lo contrario).
[2] Por medio de sentencia proferida el 10 de febrero de 2012. el Juzgado
Dieciséis (16) Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento,
resuelve tutelar el derecho fundamental de petición al accionante, ordenando al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Bogotá resolver
de fondo la petición sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez del peticionario. (Folio 7).
[3] Certificación proferida por el Fondo
Prestacional del Magisterio de Bogotá,  donde consta que el accionante se
encuentra afiliado al Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá y su pensión
de invalidez se encuentra en trámite.  (Folio 5).
[4] Folio 2.
[5] El fenómeno de la carencia actual de objeto
tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería
en el vacío, lo cual puede presentarse a partir de dos eventos distintos:
el hecho superado o el daño consumado.
La
carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo del juez se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo.
Ahora
bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos, tanto para los jueces de
instancia como para esta Corporación, es que la providencia judicial incluya la
demostración de que en realidad  se ha satisfecho por completo lo
que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el
hecho superado[5], lo que autoriza a declarar
en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a
prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a
prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a
advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma
se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
[6] “ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en
el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela,
y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio
de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá
a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión.”
[7] Artículo 4 de la Ley 91 de 1989.
[8] Numeral segundo del artículo 5 de la Ley 91 de 1989.
[9] “ (…) los
servicios médicos asistenciales que conforman el plan de atención en salud se
prestarán a todos los usuarios, entendiéndose como usuarios los siguientes:
Afiliados: Docentes
activos y docentes pensionados que cotizan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Beneficiarios: el Grupo
de Beneficiarios de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio podría estar conformado por el grupo familiar descrito a
continuación:
-El cónyuge.
-El compañero(a)
permanente cuya unión sea superior a dos años, según las normas vigentes.
-Los hijos de los
educadores hasta los 18 años de edad.
-Los hijos mayores de 18
años de edad con incapacidad permanente.
-Los hijos entre 19 y 25
años, siempre y cuando se demuestre dependencia total del educador afiliado y
se acredite su condición de estudiante (validada semestral o anualmente según
corresponda): se debe incluir para estos casos los períodos de vacaciones.
-Las hijas beneficiarias
según coberturas anteriores y que se encuentren en estado de embarazo, así como
su recién nacido hasta los primeros treinta días de edad.
-Los padres de los educadores  solteros y
sin hijos, mientras no estén pensionados y dependan económicamente de éste.”
[10] Folio 23 del cuaderno constitucional.
[11] Folio 28 del cuaderno constitucional.