C-180-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-180/14
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS-Competencia
La Corte
declara la inexequibilidad de las normas
examinadas de los incisos 4º y 5° del artículo 23 y el inciso 2° del artículo
24 de la Ley 1592 de 2012, con el fin de ajustar el trámite del incidente a la
Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad que imponen
establecer mecanismos judiciales expeditos y eficaces para que las víctimas, en
el marco de un proceso de transición hacia la paz obtengan la reparación
efectiva de las afectaciones padecidas, y sea el Juez de Conocimiento quien
dentro del proceso penal cumpla la función de disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito (artículo 250
numeral 6 de la Constitución Política). Lo anterior
no obsta para que, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala del Tribunal
Superior del Distrito Judicial en cada caso, la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
participen en la ejecución de las medidas adoptadas judicialmente conforme al
marco funcional definido en la Ley 1448 de 2011, para garantizar que la
satisfacción integral de los derechos de la víctima no dependa exclusivamente
de la capacidad del procesado de abarcar todos los componentes de la reparación
pues en ello también debe intervenir el Estado a través de las mencionadas
Unidades, como obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos
que han sido masivamente vulnerados.
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Contenido y alcance
DERECHO A LA JUSTICIA Y JUEZ NATURAL-Desconocimiento/PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL Y
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Jurisprudencia constitucional
La
Corte considera que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la
competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las
víctimas, pues ello implica desconocer el principio de juez natural consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por consiguiente, el incidente
de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe adelantarse hasta su
culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las competencias que
corresponden a  la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011.   Cabe precisar que la decisión
de inexequibilidad adoptada se refiere a la hipótesis en que la víctima decida
solicitar la reparación dentro del proceso penal, evento en el cual por virtud
del principio de juez natural corresponde al Tribunal de Justicia y Paz ordenar
en cada caso en concreto las medidas de reparación a favor de las víctimas,
toda vez que las otras formas de reparación que no surjan de un proceso penal
seguirán a cargo de las Unidades Administrativas Especiales de Atención y
Reparación Integral a las víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas de acuerdo con las competencias señaladas en la Ley 1448 de 2011,
pues cabe resaltar que esta decisión no modifica las funciones atribuidas por
otras disposiciones legales a la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en lo concerniente a la ayuda
humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas.
UNIDAD NORMATIVA-Jurisprudencia constitucional/UNIDAD
NORMATIVA-Integración/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Causales
de procedencia
La jurisprudencia constitucional ha señalado que es
procedente integrar la unidad normativa cuando sea necesario para evitar que el
fallo sea inocuo o resulte indispensable para pronunciarse de fondo sobre un
asunto ya sea porque: a) la expresión demandada carece de un
contenido deóntico claro unívoco, o de un ámbito regulador propio, por lo que
es necesario incluir en el juicio de constitucionalidad otros enunciados
normativos que la complementan y permitan conformar una proposición jurídica
completa; b) se trata de un enunciado que se encuentre íntima e
inescindiblemente relacionado con otra norma que parezca prima facie
inconstitucional; c)
resulta imprescindible para que el fallo no sea inocuo porque el contenido
normativo se replica en otra disposición no acusada.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Marco constitucional
Los derechos constitucionales de las víctimas a la
verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, como
lo ha señalado esta Corte, encuentran fundamento en los siguientes preceptos de
la Constitución: 1. El principio de dignidad humana (Art.1° CP), 2. El deber de
las autoridades de proteger los derechos de todos los residentes en Colombia
(Art. 2° CP), 3. Las garantías del debido proceso judicial y administrativo
(art. 29, CP), 4. La cláusula general de responsabilidad del Estado por los
daños antijurídicos que causen los servidores con dolo o culpa grave (art. 29,
CP), 5. La consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango
constitucional (Art. 250 num. 6 y 7 CP), 6. La integración del bloque de
constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (Art. 93 CP), 7. El derecho a acceder a la justicia
(art. 229 CP), 8. El  Artículo Transitorio 66, (Artículo 1 del Acto legislativo
01 del 31 de julio de 2012), que contempla el deber de adoptar instrumentos de
justicia transicional que garanticen
en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación y establece que en cualquier caso se aplicarán
mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la
reparación de las víctimas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Instrumentos internacionales/DERECHO A LA VERDAD-Dimensiones/DERECHO
A LA JUSTICIA-Alcance/DERECHO A LA REPARACION-Contenido y alcance/DERECHO
A LA REPARACION-Indemnización/DERECHO A LA REPARACION-Directrices
sobre la justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de
delitos/PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA CONTRA
LA IMPUNIDAD-Principios
A
las previsiones de la Constitución Política, como lo ha señalado reiterada
jurisprudencia, se suman diversos tratados internacionales que conforme al
artículo 93 ídem integran el bloque de constitucionalidad y a partir de los
cuales se han definido los estándares o lineamientos en materia de justicia,
verdad y reparación de las víctimas, así: 1. Derecho a la verdad. El derecho
internacional ha reconocido dos dimensiones del derecho a la verdad: una
individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y
deber de recordar).  Los Estados deben garantizar el derecho a saber para lo
cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales como la creación de
comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados
de esclarecer  los hechos y juzgar a los responsables, conforme a los artículos
8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo derecho se
ocupan los Principios 1 a 5 de los Principios para la lucha contra la
impunidad. 2. Derecho a la Justicia. Su garantía impone al Estado la obligación
de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de las
conductas delictivas y evitar la impunidad.
Encuentra fundamento en el artículo 2 del Pacto internacional de
Derechos Civiles y Políticos, los artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la
Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, los artículos
1, 3, 7-10 de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, los artículos 1, 3,
7-10 de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, los artículos 18 y 24 de la
Declaración Americana de Derechos Humanos,  los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8
de la Convención Americana de Derechos Humanos relativos al derecho de acceso a
los tribunales para hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y
efectivos. Esta obligación implica: i) el establecimiento de mecanismos
jurídicos idóneos para llegar al descubrimiento de los hechos y la condena de
los responsables; ii) El deber de investigar todos los asuntos relacionados con
graves violaciones de los derechos humanos; iii) el derecho de las
víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo; y iv) el deber de respetar
las garantías del debido proceso. 3. Derecho a la reparación. Este
derecho se apoya en el principio general del derecho según el cual el
responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo. Sobre el derecho
de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una adecuada
reparación versan los artículos 14 de la Convención contra la Tortura y otros
tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, el artículo 75 del Estatuto de Roma  y el artículo 63.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, relacionado con el
deber de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de disponer “el pago de
una justa indemnización a la parte lesionada”, cuando se ha establecido la
violación de un derecho o libertad protegido por la Convención.
JUSTICIA TRANSICIONAL-Jurisprudencia constitucional/JUSTICIA
TRANSICIONAL-Concepto/DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, LA JUSTICIA
Y LA REPARACION-Obligaciones del Estado/JUSTICIA
TRANSICIONAL-Implica la articulación de
medidas judiciales o extrajudiciales
DERECHO A LA JUSTICIA-Amplio margen de configuración legislativa/DERECHO
DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LAS VICTIMAS DENTRO DEL PROCESO
PENAL-Jurisprudencia constitucional/JUSTICIA TRANSICIONAL-Deberes
para el Estado frente al derecho a la justicia/DERECHO A LA JUSTICIA-Reglas
jurisprudenciales/DERECHO A LA JUSTICIA-Aunque el Estado tiene la
potestad para modularlo tiene límites/DISCRECIONALIDAD DE LOS ESTADOS EN LA
ADOPCION DE MEDIDAS DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Límites/INTERVENCION DE LA
VICTIMA EN EL MARCO DE PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA REPARACION-Reglas jurisprudenciales
JUSTICIA TRANSICIONAL-Desarrollo legislativo/MECANISMOS DE
REPARACION DENTRO DE UN MARCO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Aspectos que comprende/NORMAS DE
JUSTICIA TRANSICIONAL-Derecho de las víctimas a obtener de los
jueces y tribunales la tutela judicial de sus derechos mediante un recurso
efectivo
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que “El derecho a la tutela judicial efectiva
comprende no solo la posibilidad que se  reconoce a las personas, naturales o
jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado,
sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las
condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el
artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo
constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el
compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a
través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se
protejan las garantías personales que se estiman violadas.”   De este modo, el
derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las
personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva
de fondo las pretensiones.” Igualmente, uno de los lineamientos fijados desde el
derecho internacional en relación con las normas de justicia transicional se
refiere al derecho de las víctimas a obtener de los jueces y tribunales la
tutela judicial de sus derechos mediante un recurso efectivo. Las normas contenidas en los artículos 23, inciso 4° y
5º y 24 inciso 2° de la Ley 1592 de 2012, en lo acusado, desatienden esta
obligación pues la providencia que falla el incidente de identificación de
afectaciones causadas, en virtud de las mismas, sólo es una declaración fáctica
cualitativa sobre los daños ocasionados pero no una decisión de condena al pago
de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados, ni sobre el monto de
los mismos porque le está prohibido tasarlos al juez, y tampoco resuelve sobre
otras medidas de reparación como las de rehabilitación, restitución,
satisfacción y garantías de no repetición, todo lo cual queda sujeto al criterio meramente discrecional de las
autoridades administrativas a las cuales se remite el expediente. Además en
virtud de la prohibición de tasar los perjuicios contenida en el inciso 4° del
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, el deber de determinar y cuantificar los
perjuicios que es cosustancial al derecho a la reparación tampoco puede
cumplirse, de modo que el componente de indemnización queda sin definición
judicial pues serán las autoridades administrativas. Para la Sala es claro que, si
el legislador en cumplimiento indicadas
–no las judiciales- las que recibido el expediente definirán sobre la
procedencia, contenido, términos y condiciones de pago de la indemnización, con
grave afectación del derecho a la tutela judicial efectiva.
INDEMNIZACION A VICTIMAS EN PROCESO PENAL-Aspectos
por los cuales es esencial un pronunciamiento judicial concreto que incluya la
tasación de perjuicios de modo que defina su contenido y alcance/PROCESO
PENAL-No puede ser un medio para relevar al desmovilizado de su deber de
indemnizar los daños ocasionados/DESCONOCIMIENTO AL DERECHO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Incidencia en el derecho a la justicia de
las víctimas/NORMAS QUE REGULAN EL INCIDENTE DE IDENTIFICACION DE
AFECTACIONES-Consecuencias/INDEMNIZACION
A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DENTRO DEL PROCESO PENAL-Alcance de la obligación del Estado cuando resultan
insuficientes los bienes del victimario o del grupo armado ilegal al cual
perteneció
Frente
al elemento puntual de la indemnización, es preciso reiterar dos aspectos por
los cuales es esencial un pronunciamiento judicial concreto dentro del proceso
penal que incluya la tasación de los perjuicios de modo que se defina su
contenido y alcance: (i) Como ya lo ha expresado esta Corporación el proceso
penal no puede ser un medio para relevar al desmovilizado de su deber de
indemnizar los daños ocasionados. El desconocimiento del derecho a la tutela
judicial efectiva tiene notable  incidencia en el derecho a la justicia de las
víctimas teniendo en cuenta que la forma como las normas demandadas regulan el
incidente de identificación de afectaciones sustrae al condenado de la
obligación de responder por los perjuicios causados, pues traslada a las
autoridades administrativas todo lo concerniente a la definición y
materialización de las medidas de reparación, de tal forma que la reparación
judicial es inexistente ya que termina convertida en la simple posibilidad de
alcanzar una reparación exclusivamente administrativa, en la cual no es
trascendente el deber de reparar del victimario y del grupo armado ilegal al
que perteneció y sólo es determinante la obligación del Estado de concurrir a la
reparación como garante de los derechos humanos que fueron masivamente
violentados en el conflicto armado; esto por cuanto al fallar el incidente de
identificación de las afectaciones causadas el juez, conforme a las normas
examinadas, no puede atribuir al desmovilizado obligación alguna referida al
cumplimiento de determinadas medidas de reparación a favor de las víctimas. ii)
En el evento en que los bienes del
victimario resulten insuficientes para cumplir con la condena al pago de la
indemnización, para garantizar la efectividad del derecho a la reparación debe
acudirse a los bienes provenientes del grupo armado ilegal al cual perteneció y
de no alcanzar éstos, como lo indicó la Corte en la sentencia C-370 de 2006, es
obligación del Estado asumir el pago de la indemnización a las víctimas del
conflicto armado hasta alcanzar el monto determinado por la Sala del Tribunal
Superior del Distrito Judicial correspondiente, partiendo de la premisa que en
ningún caso es posible que por  acto administrativo se desconozca o modifique
la condena judicial al pago de la indemnización, ni mucho menos se sustraiga
del cumplimiento de misma a cualquiera de los obligados, quienes tienen el
deber de cumplirla en las condiciones fijadas por el funcionario judicial
competente.
.
Referencia: expediente D-9813
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 24, inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012.
Demandante: Maribeth Escorcia Vásquez
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce
(2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y cumplidos los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente
sentencia con fundamento en los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, la señora Maribeth Escorcia Vásquez
demandó la inexequibilidad del artículo 24, inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012
por estimar que desconoce los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y
el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe la norma demandada,
publicada en el Diario Oficial No.48.633
del 3 de diciembre de 2012,
y se subraya el inciso acusado:
“LEY 1592 DE 2012
(Diciembre 3)
Por medio de la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras
disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DECRETA:
(…)
Artículo  24. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23A, del siguiente tenor:
Artículo 23A. Reparación
integral. Con el fin de asegurar a las víctimas una
reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, según corresponda, adoptarán las
medidas articuladas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción
y garantías de no repetición, según corresponda por el hecho victimizante, de
conformidad con el modelo de reparación contemplado en la Ley 1448 de 2011 y
sus normas complementarias.
En concordancia con el artículo 23 de la
presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el
fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas
medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.”
III. INTEGRACIÓN NORMATIVA
Aunque la demanda de inconstitucionalidad se dirige contra
el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012,
a efectos de fijar el alcance de la sentencia cabe precisar que también hace
parte del objeto de control la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso 4° y la expresión “y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes
para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar” del inciso 5° del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, disposiciones
respecto de las cuales se hará integración normativa por las razones que en
extenso se expondrán en la parte considerativa.
IV. LA DEMANDA
La ciudadana Maribeth Escorcia Vásquez solicitó
declarar la inexequibilidad del artículo 24, inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012
por estimar que desconoce los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y
el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, demanda que fue
admitida mediante auto del 2 de septiembre de 2013.
A juicio de la demandante el artículo 24, inciso 2°,
de la Ley 1592 de 2012 vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, la verdad, justicia y reparación y de acceso a la administración de
justicia por las siguientes razones:
Aduce el quebrantamiento
del derecho de las víctimas a la justicia porque la disposición
cuestionada impide al juez natural pronunciarse sobre la reparación e
indemnización de las víctimas, con lo cual se desconoce que sus derechos
superan la simple pretensión indemnizatoria, pues el artículo 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos establece que también tienen derecho a ser oídos
por el juez competente. Considera el demandante que el artículo acusado impide a
las víctimas presentar su pretensión de reparación en el proceso judicial e interponer
recursos contra la sentencia en cuanto no contiene pronunciamientos sobre la
reparación, lo cual desconoce los principios de juez natural y legalidad.
La demandante señala
que el artículo 24, inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012 vulnera el derecho de las
víctimas a la reparación, consagrado en el artículo 63 de la Convención
Americana de Derechos Humanos cuyo texto cita en apoyo al cuestionamiento
expresado. Indica que el derecho a la reparación integral tiene diversos
componentes: indemnización justa, rehabilitación, restitución, compensación,
satisfacción y garantías de no repetición. Partiendo de lo anterior, considera
que la norma niega a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos
la reparación material e inmaterial que ya había garantizado la Ley 975 de
2005.
Esta reparación integral, a juicio de la
demandante, debe producirse dentro del proceso judicial y no en sede
administrativa toda vez que la reparación por ésta vía no incluye a todas las
víctimas que sufrieron daños con el hecho victimizante ni a todas las conductas
punibles que pueden presentarse en el terreno judicial.
Añade que de acuerdo
al artículo demandado, las víctimas no podrán obtener en condiciones de igualdad
una reparación integral, judicial e individual, como si lo hicieron otras
víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad que solicitaron la
reparación mediante el incidente de reparación integral que regulaba el
artículo 23 de la Ley 975 de 2005 y pudieron solicitar y obtener la reparación
por sentencia judicial en la forma y con los componentes del derecho a la
reparación integral, y además tuvieron la oportunidad de impugnar la sentencia
para cuestionar este aspecto.
Señala la demandante que las formas de
reparación contenidas en la Ley 1448 de 2011 deben ser complementarias y no
excluyentes de la reparación de carácter judicial pues ésta en los procesos de
justicia y paz constituye uno de sus pilares.
Por último la accionante hace algunas
reflexiones acerca de la importancia de la jurisdicción y la necesidad de llamar
la atención sobre la que califica como flagrante violación de las garantías
constitucionales y legales de las víctimas.
V. INTERVENCIONES
1. Ministerio de Justicia y del Derecho
El Viceministro de Política Criminal y Justicia
Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó a la Corte
Constitucional:
1. Se declare inhibida para decidir sobre el fondo de
la demanda interpuesta contra el artículo 24 de la Ley 1592 de 2012 por
ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que en ella no se desarrolla con
suficiencia el cargo por vulneración al principio de igualdad, por cuanto “la
demandante no profundizó en la supuesta inequidad de la norma, pues se limitó a
sostener que las víctimas de los procesos de justicia y paz perderán la
oportunidad de que un juez determine el monto de la reparación de sus daños,
pero sin explicar por qué dicho tratamiento es desproporcionado o irracional”.
En relación con los demás cargos, sostiene el Ministerio que les falta claridad
por lo que resultan poco precisos, e incurren en falta de certeza pues la
demanda confusamente plantea las víctimas no tendrán derecho a un pronunciamiento
del juez, sin embargo la norma acusada no dispone que los procesos adelantados
en justicia y paz respecto de la responsabilidad penal de los postulados serán
tramitados conforme a lo establecido por la Ley 1448 de 2011.
2. En subsidio de lo anterior, el Ministerio de
Justicia y del Derecho solicita se declare la exequibilidad del precepto
acusado, por cuanto:
La mejor manera de
cumplir con la reparación integral a las víctimas en escenarios de violaciones generalizadas
a los derechos es mediante programas masivos de reparación administrativa.
La reparación por vía
judicial no fue eficaz ni integral, por lo que la remisión a la Ley 1448 de
2011 es el medio adecuado para satisfacer ese derecho.
La limitación de los montos
de indemnización es compatible con la Constitución dentro de  un programa de
reparación integral por vía administrativa en un contexto de justicia
transicional.
Advierte que el estándar de justicia es diferente pues
la identificación individual y tasación tradicional de los daños en contextos
ordinarios, en los que se trata de volver a la víctima a la situación en que se
encontraría de no haberse producido el delito, es inaplicable en justicia
transicional donde lo que se busca es aproximar a la reparación a la mayor
cantidad de víctimas en condiciones de igualdad.
En casos de transición política la reparación deberá
ser justa y adecuada en cuanto a las formas y modalidades de reparación. “De
acuerdo con la doctrina de la justicia transicional, la mejor manera de reparar
a las víctimas en este tipo de contextos es a través de programas masivos que
incorporen tanto una suma de dinero como otros servicios y beneficios que, en
conjunto, constituyan un programa de reparación integral, que atienda a las consecuencias
negativas de las violaciones de los derechos humanos”, de allí que la
reparación no se hace en proporción al daño sufrido por la víctima.
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural solicita declarar exequible la norma
demandada, al considerar  que el carácter integral de las reparaciones no se
deriva del valor de la indemnización, sino de que contenga los cinco elementos
de la reparación: indemnización, restitución, medidas de satisfacción, rehabilitación
y garantías de no repetición, por lo cual la norma acusada garantiza un
verdadero y eficiente resarcimiento a las víctimas del conflicto permitiendo
cumplir con todos los componentes de la reparación integral referidos en el
artículo 69 de la Ley 1448 de 2011.
Indica el Ministerio que la inexequibilidad de la
norma demandada que se solicita es nociva para los derechos de las víctimas, al
dejarlos sin medidas establecidas por el legislador a su favor. Sostiene que el
legislador dentro de su libertad de configuración puede imponer restricciones
que permitan desarrollar una política mediante la cual se busca resarcir el
daño derivado de las graves violaciones ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno.
Concluye que los cargos formulados se basan en una
comprensión equivocada de la norma, carecen de la solidez argumentativa
suficiente para acogerlos y no cumple la demandante con la carga adicional que
implica a formulación de un cuestionamiento por violación del principio de
igualdad.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito
público interviene en defensa de la constitucionalidad de la norma, al
considerar que:
A partir de la Ley 1592 de 2012 las víctimas en los
procesos de justicia y paz son destinatarias de las medidas de justicia
transicional, en concordancia con el artículo 23, por lo cual una vez el juez
falle el incidente de determinación de afectaciones causadas remitirá el
expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los registros
correspondientes y el acceso a los programas que consagra la Ley 1448 de 2011.
No hay entonces desconocimiento del derecho a la
justicia pues los responsables de las conductas delictivas serán juzgados y
sancionados, tampoco se quebranta la verdad porque el procesado debe contribuir
al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos
armados organizados al margen de la ley y lo dicho por las víctimas será
incorporado al fallo del incidente de identificación de afectaciones causadas a
las víctimas.
La rama judicial no es la única parte del poder público
competente para garantizar los derechos de las víctimas, además, al incluirlas
en el programa de reparación integral de la Ley 1448 de 2011 se les garantizan
la ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación en condiciones que
reivindiquen su dignidad mediante medidas sostenibles.
En la exposición del cargo por desconocimiento del
derecho a la reparación integral la demandante no expone la razón de la censura
por lo cual el Ministerio solicita a la Corte declararse inhibida al respecto.
Respecto del reclamo ciudadano sobre el
desconocimiento de la garantía de reparación integral por vía judicial en condiciones
de igualdad sostiene la representante del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público que el legislador tiene la facultad de crear o modificar las
disposiciones legales y en materia de procedimientos tiene libertad de
configuración siempre que se ajuste a criterios de proporcionalidad y
razonabilidad y respete los derechos que conforman el debido proceso. Señala
que en la demanda no se expone porqué la medida adoptada por el legislador es
desproporcionada o irrazonable y tampoco se demostró el trato desigual e
injustificado que censura.
Añade que el cargo parte de una consideración
subjetiva y es que las víctimas que presentaron sus pretensiones bajo el amparo
de la Ley 975 de 2005 si pudieron determinar la forma de reparación integral,
pero quienes lo hagan bajo la modificación introducida por la Ley 1592 de 2012
no podrán. Por lo expuesto solicita a la Corte Constitucional se inhiba de
pronunciarse de fondo sobre éste cargo.
En relación con la censura por desconocer el derecho a
impugnar el fallo que decide sobre las formas de reparación y la motivación de
las decisiones judiciales, sostiene que la demandante se fundamenta en
apreciaciones subjetivas dado que la norma no releva del deber de los jueces de
motivar sus decisiones y además el artículo 27 la Ley 1592 consagra los
recursos que puede interponer.
4. Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional
solicita a la Corte declare la exequibilidad de la disposición demandada, pues
debe examinarse en el contexto de una justicia transicional cuyo objetivo es
contribuir a la paz y a la reincorporación de los miembros de grupos armados al
margen de la ley a la vida civil.
Hace el Ministerio de Defensa algunas consideraciones
en relación con la pena alternativa y su finalidad, así como la definición de
víctima que contempla la Ley 1448 de 2011, para concluir que la norma garantiza
a las víctimas ser reparadas.
5.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas intervino a través de su director general,
para solicitar a la Corte declarar la exequibilidad de la norma demandada por
las siguientes razones:
1- La remisión a las normas de la Ley 1448 de 2011
pretende articular los dos procesos de justicia transicional con el fin de
garantizar a las víctimas obtener las medidas de reparación integral adecuadas y
optimizar entre otras cosas el proceso de restitución de tierras. Señala que la
norma demandada debe interpretarse en forma sistemática observando que conforme
a lo dispuesto en los artículos 17B, 38 y 39 el legislador estableció un
régimen de transición que armoniza la ley de justicia y paz con la ley de
víctimas y que no tiene por finalidad someter a las víctimas a otro proceso
ante otra autoridad a efectos de obtener la reparación, pues permite que en los
procesos en los cuales ya se han adoptado medidas cautelares la restitución de
tierras se realice en el marco de la Ley 975 de 2005.
2- El inciso 2º del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012
no vulnera los principios de juez natural y al recurso judicial efectivo en
materia de reparación porque la incorporación de una etapa administrativa en el
proceso encaminado a la restitución de tierras a las víctimas fue avalado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-715 de 2012, en la cual se determinó
que la medida no afecta de manera grave los derechos de las víctimas pues por
el contrario busca garantizarlos. Así, un proceso de restitución con estos dos
componentes permite aprovechar la eficiencia de los procedimientos
administrativos adelantados por el poder ejecutivo y la protección de las
garantías propias  de las actuaciones judiciales.
6. Universidad Sergio Arboleda
El Centro de Estudios sobre Justicia Transicional,
Víctimas y Restitución de Tierras de la Universidad Sergio Arboleda solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad
del inciso 2° del articulo 24 de la Ley 1592 de 2012 por cuanto reemplazar el
procedimiento establecido por la Ley de justicia y paz a favor de la reparación
integral de las víctimas por uno de carácter administrativo, restringe las
posibilidades de acceder a la reparación integral dentro del proceso judicial  y
establece condiciones de evidente desigualdad.
7. Estudiantes de la Universidad Católica de Colombia
Estudiantes del grupo de acciones constitucionales de
la Universidad Católica de Colombia presentaron dos escritos de intervención en
diverso sentido. En el primero de ellos se solicita a la Corte Constitucional
desestime la demanda de inconstitucionalidad del inciso 2° del articulo 24 de
la Ley 1592 de 2012, por cuanto “la labor designada a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Integral a las Victimas y/o Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras se centra en coordinar la
ejecución de políticas publicas con el acompañamiento de los Comités
Territoriales de Justicia Transicional”, por lo cual el traslado del
expediente a estas Unidades no vulnera los derechos de acceso a la
administración de justicia, debido proceso o la reparación integral, pues lo
que busca es garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. También
indican que el Congreso de la República tiene la potestad de disponer la
remisión del expediente a las Unidades administrativas en mención para efectos
de la aplicación de las medidas de justicia transicional.
Otro grupo de
estudiantes de la misma Universidad intervino para solicitar que se declare la inexequibilidad
de la norma acusada por considerar que vulnera derechos fundamentales. Luego de
referirse al concepto de Justicia Transicional indica que es deber del Estado garantizar
que las víctimas sean reparadas de forma adecuada, diferenciada y efectiva por
el daño sufrido, a través de medidas acordes con el principio de
proporcionalidad. Señalan que la disposición cuestionada viola el derecho
fundamental a un debido proceso pues no permite a la víctima presentar su
pretensión de reparación y tampoco establece que el Juez deba pronunciarse
sobre la reparación de la víctima.
8. Universidad
Santo Tomás de Bogotá
Para la Facultad
de Derecho de la Universidad Santo Tomas de Bogotá, la norma acusada viola el
derecho a la reparación, el debido proceso y las normas internacionales
integrantes del bloque de constitucionalidad. Señala que la reparación integral
de las victimas incluye una serie de garantías que buscan la plena protección
de sus derechos por lo que una dilatación o traslado del expediente para que un
tercero decida, negaría la posibilidad de que se resuelva su situación mediante
sentencia judicial, lo que es incompatible con un debido proceso justo y
transparente. Sostiene la Universidad que la norma acusada compromete los
principios y compromisos que ha tenido Colombia con la comunidad internacional,
pues aleja la posibilidad de una verdadera reparación integral.
VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de las
competencias previstas en los artículos 242.2 y 278 del texto constitucional,
el Procurador General de la Nación, el 17 de octubre de 2013, presentó concepto
número 5650, en el cual solicita a la Corte declarar exequible el artículo 24,
inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012, con base en las siguientes consideraciones:
1- En primer lugar el Señor Procurador
solicita realizar la integración normativa con el artículo 23 de la Ley 1592 de
2011 dado que: (i) el propio
inciso acusado remite al citado artículo 23, que modificó el artículo 23 de la
Ley 975 de 2005, lo que indica
una conexidad normativa con el segmento demandado en el presente proceso; (ii)
la remisión del expediente también está prevista en el inciso 5º del artículo
23 de la Ley 1592 de 2012; y (iii) El artículo 23, inciso 4º prevé que las
afectaciones causadas a la víctima en ningún caso serán tasadas, lo cual es el
fundamento para ordenar la remisión de los procesos a las autoridades
administrativas mencionadas en el parágrafo acusado. Igualmente solicita la
integración normativa del artículo 40 de la Ley 1592 de 2011, por cuanto “la decisión de constitucionalidad podría
afectar el contenido de la regla de vigencia del incidente de identificación de
las afectaciones, debido a su conexidad con el artículo 23 que, precisamente,
lo creó”.
2- Indica que cualquier análisis sobre los derechos de
las víctimas debe partir de tres supuestos: (i) las víctimas son sujetos de
especial protección constitucional debido a sus condiciones de debilidad
manifiesta; (ii) los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación constituyen el núcleo de sus derechos en el marco de procesos
penales y de actuaciones ante cualquier autoridad del Estado; (iii) estos
derechos encuentran fundamentos tanto en la Constitución Política como en el
Derecho Internacional, por conducto del denominado bloque de
constitucionalidad.
3- La norma acusada modificó el incidente
de reparación integral previsto en el modelo original de la Ley 975 de 2005 en los
siguientes aspectos: (i) parte de la declaratoria de legalidad de la aceptación
total o parcial de los cargos formulados por parte del tribunal; (ii) tiene
como propósito identificar las afectaciones causadas a las víctimas por la
conducta criminal y no los daños; (iii) la víctima ya no presenta un pretensión
de reparación, sino una versión sobre las afectaciones; (iv) en el incidente de
identificación de afectaciones basta con la prueba sumaria para determinar la
existencia de las mismas; (v) Está prohibido tasar las afectaciones causadas a
la víctima; (vi) luego de incorporar la versión de la víctima a la decisión que
falla el incidente, la Sala del Tribunal debe remitir el expediente a las
autoridades administrativas allí previstas para que, de manera preferente,
accedan a la reparación integral prevista en la Ley 1448 de 2011.
4- El precedente contenido en la Sentencia C-099 de 2013 que
avaló las reparaciones administrativas es aplicable a las víctimas de conductas
juzgadas por la Ley 975 de 2005, porque la mayoría son víctimas de crímenes de
lesa humanidad, tales como la tortura, el genocidio, la desaparición forzada,
las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones, lo que les permite acceder a
la justicia contencioso administrativa para buscar la reparación judicial de
los daños que se les hayan causado, y en cualquier caso la reparación por vía
administrativa que incorpora componentes adecuados de reparación por conducto
de un medio más expedido y eficaz.
5-
Teniendo en cuenta que el incidente de reparación integral, tal y como estaba
previsto en el modelo original de la Ley 975 de 2005,
ha sido poco eficaz en términos de asegurar la reparación a las víctimas como
parte integral de sus derechos, por su duración prolongada y la poca vocación
reparadora de los bienes del miembro del grupo armado ilegal y que el derecho a
la reparación no se agota en la compensación económica de la víctima, sino que
integra por otros componentes que se relacionan con los derechos a la verdad y
la justicia, el Congreso de la República, en ejercicio de su amplio margen de
configuración legislativa, adoptó como solución armonizar el derecho a la
reparación administrativa –con sus consecuentes ventajas en términos de
eficacia- con la posibilidad de acudir a la reparación judicial en los casos
más graves, donde el daño es especialmente intenso para las víctimas, lo que no
vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación, por cuanto tienen acceso a ella por vías complementarias que se
encuentran plenamente ajustadas a la Constitución.
6- Frente al principio de
igualdad sostiene el Procurador General de la Nación que “el trato
diferenciado se encuentra plenamente justificado en el entendido de que la
reparación judicial para las víctimas de crímenes de lesa humanidad o graves
violaciones a los Derechos Humanos, atiende específicamente a la magnitud del
daño, el que resulta menos intenso para aquellas víctimas de otras conductas,
para quienes resulta adecuada la reparación por vía administrativa”.
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución,
para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el inciso 2º del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
2. Cuestión Previa: Integración de la Unidad normativa.
La demanda centra el cargo de inconstitucionalidad en la
imposibilidad para las víctimas de presentar en el trámite incidental del
proceso penal la pretensión sobre la forma de reparación integral y la
prohibición de obtener un pronunciamiento al respecto por parte del juez penal
que adelantó el proceso por las previsiones de la ley de justicia y paz, lo
cual a juicio de la demandante desconoce los derechos de las víctimas a la
justicia y a la reparación integral, y genera una situación de desigualdad
frente a quienes pudieron reclamar sus pretensiones en vigencia del incidente
de reparación integral que contemplaba inicialmente la Ley 975 de 2005.
Solicitó el Procurador General de la Nación la integración
de la unidad normativa con lo previsto en los artículos 23 y 40 de la Ley 1592
de 2012, en tanto en el primero de ellos sustituye el incidente de reparación
integral por el incidente de identificación de afectaciones y prohíbe
expresamente al funcionario judicial tasar el monto de los perjuicios, norma
que da origen a la remisión que establece el inciso 2º del artículo 24 ídem,
identificado por la demandante como acusado. Frente al artículo 40 de la Ley
1592 de 2012, la petición de integración se soporta en que al hacer referencia
al incidente de identificación de afectaciones, la decisión que se adopte
respecto del artículo 24 demandado incide en la regla
de vigencia de dicho incidente.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que es
procedente integrar la unidad normativa cuando sea necesario para evitar que el
fallo sea inocuo o resulte indispensable para pronunciarse de fondo sobre un
asunto ya sea porque:
a) la expresión demandada carece de un contenido deóntico claro
unívoco, o de un ámbito regulador propio, por lo que es necesario incluir en el
juicio de constitucionalidad otros enunciados normativos que la complementan y
permitan conformar una proposición jurídica completa;
b) se trata de un enunciado que se encuentre íntima e
inescindiblemente relacionado con otra norma que parezca prima facie
inconstitucional;
c) resulta
imprescindible para que el fallo no sea inocuo porque el contenido normativo se
replica en otra disposición no acusada[1].
En el presente caso, la integración de la unidad
normativa con el artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, que modificó el artículo
23 de la Ley 975 de 2005, resulta imprescindible por las siguientes razones:
a) El inciso demandado complementa lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, sobre el
trámite del incidente de individualización de afectaciones, en cuanto señala el
procedimiento consecuente a la finalización del mismo, de allí que en la parte
inicial del parágrafo demandado se indique que la remisión se hace en
concordancia con el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, modificado por el
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012.
b- El artículo 23 de la Ley 1592 en el inciso 5°
consagra lo que desarrolla el artículo 23A, adicionado por el artículo 24 ídem.
En efecto, contempla el referido artículo que:
“[l]a Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en
la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de
macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de
la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, y
remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas
en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.”
En este caso, el artículo 23 replica la remisión cuestionada
por la demandante y contenida en el texto del inciso 2° del artículo 24 demandado,
por lo que la integración resulta necesaria para evitar que el fallo sea
inocuo.
En efecto, consagra el inciso 2º del artículo 24 de la
Ley 1592 de 2012 que : “En concordancia con el
artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá el expediente a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de
las distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado
colombiano.”, envío que ya había
anticipado el artículo 23 ídem, al determinar que la Sala dictado el fallo del
incidente: “remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de
las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera
preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras
de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.”
La
remisión que hace la norma a las Unidades Administrativas Especiales se
fundamenta en que al fallar el incidente de identificación de afectaciones causadas
el juez las identifica más no las tasa, con lo cual les asigna esta obligación respecto
de esas afectaciones que han sido identificadas mediante providencia judicial.
Por lo anterior la integración normativa con el artículo 23 ídem resulta
imprescindible para entender y fijar el alcance del contenido normativo
cuestionado.
Para dar claridad la Sala precisa que por
virtud de la integración de la unidad normativa señalada, se entienden como
apartes demandados del artículo 23, los siguientes que aparecen resaltados:
Artículo  23. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará
así:
Artículo 23. Incidente
de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal
Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la
aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio de oficio
al incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas
con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de
la actuación. Este incidente no podrá extenderse por más de veinte (20) días
hábiles.
La audiencia del incidente se iniciará con la intervención de la
víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exponga las
afectaciones causadas con la conducta criminal. Bastará con la prueba sumaria
para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la carga de la
prueba al postulado, si este estuviere en desacuerdo.
La Sala examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien
la promueve no es víctima, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los
términos de esta ley.
Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en
conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado
estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se incorporará a
la decisión que falla el incidente, junto con la identificación de las
afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso serán
tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba
ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el fundamento de las
respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente.
La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la
audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón de
macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de
la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, y
remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas
en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.
Parágrafo 1°. La Defensoría del Pueblo, previo a la
audiencia del incidente de identificación de las afectaciones causadas, deberá
explicar a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla,
las distintas rutas de acceso a los programas de reparación integral a los que
se refiere la Ley 1448 de 2011.
Parágrafo 2°.
No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la
víctima no ejerza su derecho a participar en el incidente de que trata el
presente artículo.
Parágrafo 3°. A la audiencia de incidente de
identificación de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas a efectos de suministrar la información que sea requerida por la sala
del tribunal superior de distrito judicial y de informar a la víctima sobre los
procedimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.
Parágrafo 4°. Si participare en el incidente del que
trata el presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la
condición de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la
Uni­dad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un sujeto
de reparación colectiva en los términos de la Ley 1448 de 2011. Si la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al
valorar la información suministrada considera que efectivamente se trata de un
sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la reparación
colectiva administrativa.
Parágrafo 5°. La Sala del Tribunal Superior de Distrito
Judicial correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las
medidas necesarias para asegurar que en el incidente de identificación de las
afectaciones causadas a las víctimas participen las víctimas correspondientes
al patrón de macrocriminalidad que se esté esclareciendo dentro del proceso, de
conformidad con los criterios de priorización.
No sucede lo mismo frente a la solicitud
del Procurador General de la Nación de incluir en la integración normativa el
artículo 40 de la Ley 1592 de 2012[2]
por cuanto si bien ésta norma establece la aplicación de las reglas del
incidente de individualización de las afectaciones a los incidentes de
reparación integral en curso, desde el punto de vista sustancial esta
disposición no guarda conexidad con el contenido normativo que censura la
demandante y tampoco puede afirmarse que cualquier decisión que se adopte sobre
el  procedimiento incidental en mención incide o determina la vigencia del
artículo 40 en comento. En este orden, resulta improcedente su incorporación al
análisis constitucional del contenido normativo demandado por no cumplirse
ninguno de los tres presupuestos que imponen la integración normativa.
3.  Planteamiento del caso
Mediante acción de control de constitucionalidad la
ciudadana Maribeth Escorcia Vásquez
solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del artículo 24, inciso 2°, de la Ley 1592 de 2012, que adicionó el
artículo 23A a la Ley 975 de 2005, porque a su juicio niega a las víctimas de
las conductas investigadas por la Ley de Justicia y Paz, la posibilidad de obtener la verdad, justicia y reparación integral a
través de la acción penal.
El Procurador General de la Nación solicita desestimar la
pretensión al considerar que éste es un medio idóneo establecido por el
Congreso de la República dentro de su libertad de configuración legislativa
para garantizar los derechos de las víctimas, opinión que comparten los
Ministerios de Justicia, Agricultura, Hacienda y Defensa Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Tierras despojadas.
Por su parte la academia, en voces de representantes de las
universidades Sergio Arboleda, Católica de Colombia y Santo Tomás, estiman que la disposición acusada viola el derecho a la reparación, el debido
proceso y las normas internacionales que integran del bloque de
constitucionalidad, pues  impide a la víctima
presentar su pretensión de reparación y al juez pronunciarse sobre la misma.
4. Problema jurídico
En atención a los cargos formulados en el
escrito de la demanda, corresponde a la Sala Plena resolver si la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas” del
inciso 4° y el inciso 5° del artículo 23 y el artículo 24, inciso 2[3]
de la Ley 1592 de 2012, en lo acusado, tienen las siguientes
implicaciones, y por tanto deben ser excluidas del ordenamiento: i) vulneran el
principio de juez natural porque la decisión sobre la adopción de medidas de reparación
y sus formas compete a autoridades administrativas, según lo aduce la
demandante; ii) establecen una limitación al derecho de acceso a la
administración de justicia de las víctimas que conduce al desconocimiento de su
derecho a la justicia ante la imposibilidad de presentar pretensiones
reparatorias dentro del proceso de justicia y paz; y iii) desconocen el derecho
a la reparación integral de las personas afectadas con las conductas punibles
porque en la sentencia dictada por el juez penal no se adoptará una decisión al
respecto.
Con el fin de
resolver el problema jurídico planteado, la Corte se referirá a los siguientes aspectos: (i) Marco constitucional de los derechos de las víctimas; ii) Justicia
transicional y derechos de las víctimas; (iii) Antecedentes
y alcance de la norma demandada; y iv) Análisis concreto de los cargos.
4. Marco constitucional de los derechos de las víctimas.
Los derechos constitucionales de las víctimas a la
verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, como
lo ha señalado esta Corte[4],
encuentran fundamento en los siguientes preceptos de la Constitución:
El principio de
dignidad humana (Art.1° CP)
El deber de las
autoridades de proteger los derechos de todos los residentes en Colombia (Art.
2° CP)
Las garantías del
debido proceso judicial y administrativo (art. 29, CP)
La cláusula general
de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los
servidores con dolo o culpa grave (art. 29, CP)
La consagración de
los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional (Art. 250
num. 6 y 7 CP)
La integración del
bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP)
El derecho a acceder
a la justicia (art. 229 CP)
El  Artículo Transitorio
66, (Artículo 1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012), que contempla
el deber de adoptar instrumentos de justicia transicional que garanticen en el mayor nivel posible, los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y establece
que en cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el
esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Para efectos del debate
constitucional que plantea la demanda cabe resaltar tres normas constitucionales
que fijan los parámetros de análisis respecto de los derechos de las víctimas a
la justicia y a la reparación integral:
De una parte, el artículo
2 de la Constitución Política establece que uno de los fines esenciales del
Estado es “garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”
y que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
En segundo lugar, el
artículo 250 de la Constitución Política, según el cual:
La Fiscalía General de la Nación tiene el deber de velar por
la protección de las víctimas y solicitar al Juez de control de garantías las
medidas necesarias para ello y al Juez de conocimiento “las medidas
judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas lo mismo que disponer
el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el
delito” (artículo 250 numeral 6)
La ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa
(artículo 250 numeral 7)
Y en tercer lugar, el Acto Legislativo 01 de 2012[5], el cual establece que:
Los
instrumentos de justicia transicional “garantizarán en el mayor nivel posible,
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”
En cualquier caso se
aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad
y la reparación de las víctimas.
El tratamiento
penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como la
suspensión de la ejecución de la pena, la aplicación de sanciones
extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales de
ejecución y cumplimiento de la pena y la renuncia condicionada a la persecución
judicial penal de todos los casos no seleccionados, estará sujeto al
cumplimiento de condiciones tales como el reconocimiento de responsabilidad, la
contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de
las víctimas.
A
las previsiones de la Constitución Política, como lo ha señalado reiterada
jurisprudencia, se suman diversos tratados internacionales que conforme al
artículo 93 ídem integran el bloque de constitucionalidad y a partir de los
cuales se han definido los estándares o lineamientos en materia de justicia,
verdad y reparación de las víctimas, así:
Derecho a la
verdad. El derecho
internacional ha reconocido dos dimensiones del derecho a la verdad: una
individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y
deber de recordar).  Los Estados deben garantizar el derecho a saber para lo
cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales como la creación de
comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados de
esclarecer  los hechos y juzgar a los responsables, conforme a los artículos 8
y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo derecho se
ocupan los Principios 1 a 5 de los Principios para la lucha contra la
impunidad. [6]
Derecho a la
Justicia. Su garantía
impone al Estado la obligación de investigar, juzgar y condenar a penas
adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la impunidad. [7]
Encuentra fundamento en el artículo 2 del Pacto internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la Tortura
y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, los artículos 1, 3,
7-10 de la Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la tortura, los artículos 1, 3, 7-10 de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, los artículos 18 y 24 de la
Declaración Americana de Derechos Humanos[8],
los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
el artículo 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos[9]
y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos[10]
relativos al derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos
mediante los recursos ágiles y efectivos.
Esta obligación implica: i) el
establecimiento de mecanismos jurídicos idóneos para llegar al descubrimiento
de los hechos y la condena de los responsables[11];
ii) El deber de investigar todos los asuntos relacionados con graves
violaciones de los derechos humanos[12];
iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo;
y iv) el deber de respetar las garantías del debido proceso.
Derecho a la
reparación. Este derecho
se apoya en el principio general del derecho según el cual el responsable de un
daño o agravio debe repararlo o compensarlo. Sobre el derecho de las víctimas
de violaciones de los derechos humanos a obtener una adecuada reparación versan
los artículos 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles,
Inhumanos y Degradantes, 9 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo 75 del
Estatuto de Roma[13]
y el artículo 63.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos[14],
relacionado con el deber de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de disponer “el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada”, cuando se ha establecido la violación
de un derecho o libertad protegido por la Convención.
Además
de las disposiciones del bloque de constitucionalidad en mención, cabe resaltar
otros actos normativos de derecho internacional que constituyen pautas
orientadoras para el Estado, como la Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder,
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/34, de 29 de
noviembre de 1985, en la cual respecto del derecho de acceso a la
administración de justicia, consagra que:
“4. Las víctimas serán tratadas con
compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo
dispuesto en la legislación nacional.
5. Se
establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y
administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante
procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos
y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener
reparación mediante esos mecanismos.
6. Se
facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a
las necesidades de las víctimas: ( …)
e)
Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución
de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.”
(resaltado fuera de texto)
Sobre la Indemnización, establece:
“12. Cuando no sea suficiente la
indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados
procurarán indemnizar financieramente:
a) A
las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o
menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;
b) A
la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan
muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de
la victimización.
13. Se
fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos
nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán
establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el
Estado de nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por
el daño sufrido”.
De
igual forma, las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a
los niños víctimas y testigos de delitos, adoptadas por Resolución 2005/20
del Consejo Económico y Social, al referirse al Derecho a la reparación
consagra:
“35. Siempre que sea posible, los niños
víctimas y testigos de delitos deberán recibir reparación, a fin de conseguir
su plena indemnización, reinserción y recuperación. Los procedimientos para
obtener y hacer ejecutoria una reparación deberán ser fácilmente accesibles y
adaptados a los niños.
36. Siempre y cuando los procedimientos
estén adaptados a los niños y se respeten las presentes Directrices, se deberán
fomentar procedimientos penales y de reparación combinados, junto con
mecanismos extrajudiciales y comunitarios como los de justicia restaurativa.
37. La reparación puede incluir el
resarcimiento por parte del delincuente por orden judicial, ayuda proveniente
de los programas de indemnización de las víctimas administrados por el Estado y
el pago de daños y perjuicios ordenado en procedimientos civiles. Siempre que sea
posible, se deberá considerar el costo de la reinserción social y educacional,
el tratamiento médico, la atención de salud mental y los servicios jurídicos.
Deberán establecerse procedimientos que garanticen que la ejecución de las
órdenes de reparación y el pago en concepto de reparación se anteponga a la de
las multas.”
Los
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones[15],
adoptada por Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de
diciembre de 2005, contempla igualmente que los Estados se asegurarán de que su
derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales adoptando
procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras
medidas que den un acceso igual a un recurso judicial efectivo y rápido, con independencia de quien resulte ser en definitiva
el responsable de la violación, y disponiendo para las víctimas los
recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados, incluida la reparación.
Al referirse al Derecho de las víctimas a disponer de
recursos, establece  el Principio VII que “Entre los recursos contra las
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las
violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes
derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho
internacional: a ) Acceso igual y efectivo
a la justicia; b ) Reparación adecuada,
efectiva y rápida del daño sufrido.” (resaltado fuera de texto)
En relación con el acceso a la justicia señala que “12.
La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de
derechos humanos o de una violación grave del derecho internacional humanitario
tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo
previsto en el derecho internacional. Otros recursos de que dispone la víctima
son el acceso a órganos administrativos y de otra índole, así como a
mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho
interno. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para
asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e
imparcial deberán reflejarse en el derecho interno”. Y, “13. Además del
acceso individual a la justicia, los Estados han de procurar establecer
procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de
reparación y obtener reparación, según proceda.” (resaltado fuera del
texto)
En concordancia con lo expuesto, indica el Principio 15
que “Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover
la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho
internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad
de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus
obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las
víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y
constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.”, y en
complemento de ello el Principio 16 señala que “Los Estados han de procurar
establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas
cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus
obligaciones.”
Por último, prevé el Principio 17 que “Los Estados
ejecutarán, con respecto a las reclamaciones de las víctimas, las sentencias de
sus tribunales que impongan reparaciones a las personas o entidades responsables
de los daños sufridos,… Con ese fin, los Estados deben establecer en su
derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que
obliguen a reparar daños”.
Y por último, los Principios para la lucha contra
la impunidad, consagran que la reparación puede  realizarse por medio de
programas especiales financiados con recursos nacionales o internacionales,
dirigidos a la víctima individualmente considerada y a las comunidades, y en
cuyo diseño pueden intervenir las víctimas. Señalan los Principios 34 y 35 que
la reparación debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima
y comprender medidas de indemnización, restitución, rehabilitación y de
satisfacción, dirigidas a evitar la repetición de los hechos causantes del
daño.
En
cuanto atañe al desarrollo jurisprudencial sobre los derechos de las víctimas
hay que mencionar que, si bien luego de promulgada la Constitución de 1991 la
jurisprudencia inicialmente se concentró en la protección del derecho de las
víctimas a la reparación en su componente de indemnización por los daños
materiales e inmateriales, la Corte Constitucional[16]
posteriormente, teniendo en cuenta los estándares internacionales en materia de
derechos de las víctimas, ha reconocido y dictado medidas encaminadas al
respeto, protección y garantía de los derechos a la verdad, justicia,
reparación integral, incluyendo en ella componentes de satisfacción, rehabilitación,
restitución y garantías de no repetición, tanto en el ámbito individual como
colectivo que van más allá de la indemnización económica del daño y buscan la reparación
plena, medidas que luego fueron incorporadas en la Ley 975 de 2005, cuya
modificación ahora es materia de análisis.
5. Justicia transicional y derechos de las víctimas.
A efectos de resolver el problema jurídico
que plantea la demanda es necesario hacer una breve referencia a los estándares
internacionales de protección de los derechos de las víctimas en contextos de
justicia transicional.
5.1. Justicia Transicional.
Por justicia transicional se entiende el
conjunto de herramientas jurídicas, políticas y sociales que se fijan con
carácter temporal para superar la situación de confrontación y violencia generalizada y establecer condiciones
que permitan la reconciliación, restablecer la confianza
ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho.
El artículo 8ª de la Ley 1448 de 2011, define la
justicia transicional como “los
diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los
intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones
contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos,
se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a
las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la
no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas
ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz
duradera y sostenible.”
En
sentencia C-052 de 2012, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 3° (parcialmente) de la Ley
1448 de 2011, señaló la Corte:
“Puede entenderse por justicia
transicional una institución jurídica a través de la cual se pretende integrar
diversos esfuerzos, que aplican las sociedades para enfrentar las consecuencias
de violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de
derechos humanos, sufridos en un conflicto, hacia una etapa constructiva de
paz, respeto, reconciliación y consolidación de la democracia, situaciones de
excepción frente a lo que resultaría de la aplicación de las instituciones
penales corrientes.”
En similar sentido, en la sentencia C-579
de 2013 señaló la Corte que:
“La justicia transicional está
constituida por un conjunto de procesos de transformación social y política
profunda[17] en los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanismos para resolver los problemas
derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de lograr que los
responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la
reconciliación[18].
Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, tienen distintos
niveles de participación internacional y comprenden “el enjuiciamiento de
personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional,
la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de
todos ellos”[19].
El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas define la justicia
transicional como “toda la
variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad
por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a
fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y
lograr la reconciliación”[20].
La justicia en sociedades en proceso de
transición democrática hacia la paz exige un abordaje distinto ante la tensión
entre la obligación estatal de impartir justicia y la necesidad de fijar
condiciones que permitan la superación del conflicto y la consecución de la
paz. Este abordaje en justicia transicional no implica necesariamente la
preeminencia de la paz o de la justicia, pues ambos deben ser asumidos en términos de respeto
y garantía.
Lo anterior impone ponderar las
obligaciones y derechos que existen para un Estado en proceso de transición con
el fin de lograr un equilibrio entre los derechos constitucionales a la
justicia y la paz, bajo el entendimiento que ninguno de ellos es absoluto y que
en contextos de justicia trasnacional el derecho a la justicia puede ser
modulado para armonizarlo con la efectividad de otros derechos y el
cumplimiento de deberes del Estado, como la paz, la reparación a las víctimas o
el logro de la verdad[21].
Pero esta modulación es posible siempre y cuando el fin sea legítimo y no dejen
de garantizarse, ya sea por medios judiciales o extrajudiciales, los derechos
que tienen las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no
repetición.
En este sentido el Juez Diego García-Sayán
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un voto concurrente de la
Sentencia por el Caso de la Masacre de El Mozote, en que lo acompañaron cuatro
jueces más de la Corte, indicó:
“… en ciertas situaciones de tránsito de un conflicto
armado a la paz, puede ocurrir que un Estado no se encuentre en posibilidad de
materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos y obligaciones
contraídas internacionalmente. En esas circunstancias, tomando en consideración
que no se le puede conferir a ninguno de esos derechos y obligaciones un
carácter absoluto, es legítimo que se ponderen de manera tal que la plena
satisfacción de unos no afecten de forma desproporcionada la vigencia de los
demás. Así, el grado de
justicia al que se pueda llegar no es un componente aislado, del cual se
podrían derivar legítimas frustraciones e insatisfacciones, sino parte de un
ambicioso proceso de transición hacia la tolerancia recíproca y paz”.
En este ejercicio de ponderación
encaminado a alcanzar la justicia en sociedades en transición es imprescindible
el reconocimiento de estándares internacionales derivados de las obligaciones
que en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha
contraído el Estado colombiano con la comunidad internacional y con su
población, los cuales constituyen una serie de límites relacionados
particularmente con el respeto y garantía de los derechos a la justicia, a la
verdad y a la reparación de las víctimas.
Así, el derecho internacional ha diseñado una serie de
estándares que buscan evitar que la necesidad de lograr la paz anule las
pretensiones de justicia de las víctimas y que la obligación de luchar contra
la impunidad impida ofrecer una solución para la superación del conflicto.
La observancia de dichos estándares parte de la
sujeción al principio clásico del derecho internacional conforme al cual ningún
Estado puede invocar dificultades de orden interno para desentenderse del
cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En el caso Colombiano, conforme
a las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad  y las normas
constitucionales señaladas en el acápite anterior, el Estado tiene la
obligación de asegurar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación.
En este sentido, el artículo 66 transitorio – incorporado
por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2012 - relativo a la aplicación de
criterios de priorización y selección en el ejercicio de la acción penal,
imposición de penal alternativa y suspensión de la ejecución de la pena como
instrumentos de justicia transicional, establece en el inciso 5 que “[E]n
cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de
instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al
cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el
reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la
verdad y a la reparación integral de las víctimas, la liberación de los
secuestrados, y la desvinculación de los menores de edad reclutados
ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al margen de la
ley.”
5.2. Derechos de las víctimas en procesos de transición democrática hacia la paz -
justicia transicional.
Si bien en procesos de transición
democrática hacia la convivencia pacífica es posible modular el deber estatal
de juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos,
esta flexibilización debe sujetarse a ciertos límites mínimos de protección de
los derechos de las víctimas, por cuanto el reconocimiento de
sus derechos fomenta la confianza ciudadana, promueve la ruptura de esquemas cíclicos de violencia y fortalece el Estado de Derecho.
Por lo anterior, es importante
garantizar que los derechos de las víctimas logren efectividad en espacios que
desbordan el debate en la judicatura y  particularmente en el proceso penal
bajo el entendido que este no es el único escenario en el cual tienen cabida,
de allí que la normativa nacional e internacional antes citada promuevan el
reconocimiento y restablecimiento de sus derechos por mecanismos judiciales y
extrajudiciales.
Para satisfacer
los derechos de las víctimas y la justicia, de tal forma que sea compatible con
la búsqueda de la paz en un contexto de justicia transicional el legislador
puede apelar a diversas medidas y figuras jurídicas, dado que no existe una fórmula única (judicial o administrativa) que por
mandato constitucional deba aplicarse en todos los contextos para la
satisfacción de los derechos de las víctimas.
En el ámbito nacional en el proceso de transición a la
superación del conflicto es viable incorporar en la legislación nacional medios
judiciales o extrajudiciales de protección y garantía de los derechos de las
víctimas, siempre que no impliquen un sometimiento o violación del principio de
dignidad humana o de otros derechos como el de acceso a la administración de
justicia y las garantías constitucionales que integran el debido proceso
administrativo y judicial.
Al respecto, en la sentencia C-579 de 2013, indicó la
Corte:
“La justicia transicional implica la
articulación de una serie de medidas, judiciales o extrajudiciales[22],
y puede abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de
la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la
remoción del cargo o combinaciones de todas las anteriores[23],
tal como ha reconocido el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[24].
…
Si bien en el entendimiento de una parte
de la población la justicia es comúnmente ligada con el castigo[25],
la complejidad de los procesos de justicia transicional y su necesidad de
responder a violaciones masivas hacen que los mismos no puedan centrarse
exclusivamente en medidas penales[26].
Por lo anterior, la justicia penal es sólo uno de los mecanismos de la justicia
transicional que debe aplicarse conjuntamente con medidas de verdad, reparación
y no repetición para satisfacer los derechos de las víctimas”
Derecho a la Justicia.
La Constitución Política otorga al legislador un
amplio margen de configuración respecto del derecho a la justicia, pues lo
faculta para expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformarlos
(artículo 150, numeral 2), regular mediante ley estatutaria los procedimientos
y mecanismos de protección de los derechos  fundamentales (artículo 152),
atribuir excepcionalmente funciones jurisdiccionales a las autoridades
administrativas y determinar la forma en que los particulares administrarán
justicia (artículo 116) y para regular el acceso a la justicia (artículo 229,
CP), le atribuye la potestad de fijar los términos en que podrán intervenir
las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa  (artículo
250, numeral 7) y de determinar el
diseño de medidas y procesos de justicia transicional (artículo transitorio 66)
El derecho de acceso a la
administración de justicia guarda estrecha relación con el derecho al recurso
judicial efectivo, como lo ha resaltado en varias oportunidades esta
Corporación, pues sólo si se permite acceder a instancias judiciales para
reclamar la protección de los derechos y el curso de los procedimientos sigue
reglas que permitan la intervención de las partes e intervinientes conforme a
las garantías de un debido proceso, se  facilita la solución pacífica de los
conflictos y el goce de los derechos.
En relación con el derecho de acceso a la
administración de justicia de las víctimas dentro del proceso penal, en la sentencia
C- 1149 de 2001, al pronunciarse sobre la participación de las víctimas en los
procesos que adelanta la justicia penal militar, la Corte indicó que:
“se vulnera el derecho a acceder a
la administración de justicia  de las víctimas y perjudicados
con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, por
cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de
obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a
obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al
no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios
ocasionados. El acceso a la administración de justicia no es sólo para hacerse
parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y
dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han
causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo
sucedido. En la forma como se ha previsto la institución de la parte civil
en el Código Penal Militar, se desvirtúa su naturaleza misma que es
esencialmente indemnizatoria y se le asigna una finalidad que no le es propia
restándole toda efectividad y eficacia; además, se les limita o restringe el
derecho a elegir entre el ejercer la acción civil dentro del proceso penal o
fuera de éste ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, debiendo acudir
única y necesariamente a ésta.”(resaltado fuera del texto)
Del mismo modo, en un contexto de justicia
transicional cuando se hace referencia a la justicia como derecho de las
víctimas y correlativo deber del Estado, se debe entender como un mandato que
se materializa en medidas que favorezcan el
esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las conductas punibles
cometidas por parte de los victimarios y la reparación efectiva, oportuna y
adecuada a las víctimas de los actos violentos generalizados, pues aún en
periodos de transición los Estados no pueden anular las obligaciones
internacionales respecto del derecho a la justicia de las víctimas.[27]
De acuerdo con los lineamientos  marcados por el
derecho internacional y la jurisprudencia constitucional en el marco de la
justicia transicional existen ciertos deberes para el Estado, frente al derecho
a la justicia, de ineludible cumplimiento: i) de investigar con seriedad y
sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos; ii)
proporcionar a las víctimas un recurso judicial efectivo; iii)  respetar las
reglas del debido proceso; y iv) el deber de imponer penas adecuadas a los
responsables.
En relación con estos deberes es preciso
señalar que aunque el derecho a la justicia puede ser modulado[28] y en este sentido el
derecho internacional y los artículos 150-17 y 201-2 de la Constitución Política
autorizan al Estado a conceder amnistías e indultos por delitos políticos, con
el fin de alcanzar una paz duradera y estable[29], esta potestad tiene
límites: No implica la posibilidad de conceder amnistías generales luego de la
cesación del conflicto interno y nunca puede abarcar conductas que impliquen
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o vulneraciones graves de los
derechos humanos[30].
También indica el derecho
internacional que la legislación interna debe establecer un recurso judicial
efectivo en garantía del derecho de las víctimas a la justicia, lo cual implica
el deber de darles a conocer los mecanismos disponibles para reclamar sus
derechos, tomar medidas de protección de tal forma que se garantice su seguridad
y utilizar los medios jurídicos adecuados para que las ellas puedan iniciar las
acciones pertinentes y presentar demandas de reparación. Igualmente es  parte del derecho a la Justicia de las víctimas la facultad
de intervenir en todas las etapas del procedimiento penal.
Otro de los límites a la discrecionalidad
de los Estados en la adopción de medidas de justicia transicional es la
observancia de las garantías fundamentales del debido proceso, que en
coherencia con el derecho a una tutela judicial
efectiva comprende: el derecho al acceso real, libre, amplio e irrestricto al
órgano jurisdiccional para satisfacer determinadas pretensiones, el derecho a
que la actuación judicial se desarrolle conforme a las reglas del debido
proceso y los estándares necesarios para hacer posible la eficacia del derecho,
y el derecho a la efectividad de la sentencia.
Esta Corporación, en sentencia C-370 de 2006, advirtió
que en el marco de los procesos de justicia y paz, debe darse la posibilidad de
intervención de la víctima durante el curso de toda la actuación judicial, en
virtud del derecho a la justicia. Señaló al Corte en esa oportunidad: “Es claro que actualmente se
encuentra superada la concepción reductora de los derechos de las víctimas a
una simple pretensión indemnizatoria. La adaptación de los derechos de las
víctimas a los estándares internacionales a través de la jurisprudencia,
comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la
justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas
las fases de la actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia
en condiciones de igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva
del carácter bilateral del derecho a un  recurso judicial efectivo en
virtud del cual los derechos de las víctimas no pueden verse menguados en
relación con los que asisten al procesado. La consideración contemporánea de la
víctima como protagonista activo del proceso, conduce al goce de estándares de
protección similares a los de otros intervinientes en el proceso.”
En la sentencia C-715 de 2012[31]
al examinar algunas disposiciones de la Ley 1448 de 2011, esta Corporación
enunció las reglas que han surgido del desarrollo jurisprudencial de los
derechos de las víctimas de graves delitos entre las cuales cabe destacar que
el derecho a la justicia implica:
“(xi) la legitimidad de la víctima y de
la sociedad, en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario para hacerse parte civil dentro de los
procesos penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño;
(xii) la importancia de la participación
de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29,
229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos;
(xiii) la garantía indispensable del
derecho a la justicia para que se garantice así mismo el derecho a la verdad y
a la reparación de las víctimas.”
Derecho a la reparación
A partir del marco constitucional antes presentado y
los lineamientos que al respecto ha establecido el derecho internacional, se
establece que en materia de reparación las víctimas tienen en términos
generales dos derechos: i) a tener y poder ejercer un recurso accesible, rápido
y eficaz para obtener la reparación y ii) a ser reparadas adecuadamente por los
perjuicios sufridos.
El primer matiz del derecho a la reparación, esto es, la
disponibilidad de un recurso efectivo, impone al Estado distintas obligaciones
de procedimiento frente al ejercicio del derecho a la reparación: i)  respeto
por la dignidad de las víctimas; ii) garantía en cuanto a establecer medios que
permitan a las víctimas participar en el diseño y ejecución de los programas de
reparaciones; y iii) el deber de garantizar mecanismos adecuados, efectivos y de
fácil acceso, a través de los cuales las víctimas, sin discriminación alguna,
puedan obtener una reparación que tenga en cuenta la gravedad del daño que han
sufrido e incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
medidas para evitar la repetición de las violaciones. Como parte de esta
garantía corresponde a los Estados difundir la existencia de los recursos que
tienen las víctimas con la mayor amplitud posible y contemplar medidas que
permitan proteger a las víctimas contra actos intimidatorios que hagan
nugatorio el establecimiento normativo del recurso.
Para tal efecto la legislación interna puede
establecer diversos instrumentos judiciales y extrajudiciales  mediante los
cuales cumpla con este deber, considerando que el objetivo es garantizar que la
reparación a la víctima sea adecuada, oportuna y eficaz, sin que el proceso
penal se constituya en el mecanismo jurídico exclusivo y excluyente, y siempre
que el instrumento escogido garantice un trato con respeto hacia la víctima[32],
sea rápido y accesible.
El Comité contra la Tortura en la Observación General Nº
3 (2012), al explicar y aclarar el contenido y alcance de las obligaciones que
impone el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a los Estados partes, señaló que:
“20.     Para dar cumplimiento al artículo 14, los
Estados partes han de promulgar leyes que ofrezcan expresamente a las víctimas
de tortura un recurso efectivo y reconozcan su derecho a obtener una reparación
apropiada, que incluya una indemnización y la rehabilitación más completa
posible. Esa legislación debe permitir ejercer tal derecho a título individual y
asegurar que se disponga de un recurso judicial. Si bien las reparaciones
colectivas y los programas administrativos de reparación pueden ser una forma
de resarcimiento aceptable, esos programas no pueden dejar sin efecto el
derecho individual a un recurso efectivo y a obtener reparación.
21.       Los Estados partes deben
disponer en su derecho interno que las víctimas de violencia o traumas han de
obtener protección y cuidado adecuados de manera que los procedimientos
jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación
no den lugar a un nuevo trauma.”(resaltado fuera de texto)
Igualmente,
como pauta significativa a considerar en la interpretación de los derechos
constitucionales conforme al artículo 93-2 de la Constitución[33],
puede acudirse a lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la cuenca del
rio cacarica (Operación Génesis) contra Colombia del 20 de noviembre de 2013, que
en relación con la reparación integral sostuvo:
“470. En relación con
las medidas de reparación, la Corte resalta que el Derecho Internacional
contempla la titularidad individual del derecho a la reparación. Sin perjuicio
de ello, el Tribunal indica que, en escenarios de justicia transicional en los
cuales los Estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números de
víctimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los
tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen
una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación. En esos
contextos, esas medidas de reparación deben entenderse en conjunto con otras
medidas de verdad y justicia, siempre y cuando se cumplan con una serie de
requisitos relacionados, entre otros, con su legitimidad –en especial, a partir
de la consulta y participación de las víctimas-; su adopción de buena fe; el
nivel de inclusión social que permiten; la razonabilidad y proporcionalidad de
las medidas pecuniarias, el tipo de razones que se esgrimen para hacer
reparaciones por grupo familiar y no en forma individual, el tipo de criterios
de distribución entre miembros de una familia (órdenes sucesorales o
porcentajes), parámetros para una justa distribución que tenga en cuenta la
posición de las mujeres entre los miembros de la familia u otros aspectos
diferenciales tales como si existe propiedad colectiva de la tierra o de otros
medios de producción[34].
471. Asimismo, un criterio de justicia respecto a la
reparación pecuniaria debe involucrar aspectos que, en el contexto específico,
no resulten ilusorios o irrisorios y permitan una contribución real para que la
víctima enfrente las consecuencias negativas que dejaron las violaciones de
derechos humanos en su vida.
472. En el presente caso, la Corte reconoce y valora
los avances llevados a cabo por el Estado en materia de reparación de víctimas
del conflicto armado, los cuales se han venido desarrollando, con más ahínco, a
partir de la promulgación de la Ley de Víctimas.
(...).
474. Por último, no puede dejarse a un lado el
principio de complementariedad del derecho internacional, reconocido por el
préambulo de la Convención Americana[35]
y que ha también sido tenido en cuenta por la Corte en otros casos[36]
para reconocer las indemnizaciones compensatorias otorgadas a nivel interno y
abstenerse de ordenar reparaciones en ese sentido, de ser ello pertinente.”
En la sentencia
SU-254 del 24 de abril de 2013, al referirse a las vías de reparación integral
para victimas de violación de derechos humanos y de desplazamiento forzado y la
diferencia entre la vía judicial y la administrativa, dijo la Corte:
“En
relación con las diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas
de delitos en general, así como de graves violaciones a los derechos humanos y
del desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a la
reparación integral, en general los ordenamientos prevén tanto la vía judicial
como la vía administrativa. Estas diferentes vías de reparación a víctimas
presentan diferencias importantes: (i) la  reparación en sede judicial
hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas individualmente
consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía se
encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la verdad
en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de
restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este
tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño
antijurídico causado a la víctima. ii) Mientras que por otra parte, la
reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma comparativa (i)
por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una
reparación, que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes
o medidas de reparación, se guía fundamentalmente por el principio de equidad,
en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación plena del daño,
ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía
del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que facilita el acceso de
las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos y económicos
y más flexibles en materia probatoria. Ambas vías deben estar articuladas
institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre
ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y
proporcional a las víctimas.”
El segundo matiz de este derecho de las víctimas, - a
ser reparadas adecuadamente por los perjuicios sufridos - impone al Estado la
correlativa obligación de reparar a las víctimas teniendo en cuenta que la
reparación incluye las formas siguientes: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición; igualmente el
deber de reparar sin perjuicio de que luego repita contra el autor de la
violación[37],
hacerlo sin establecer distinciones injustificadas entre las víctimas y
garantizar la ejecución de las decisiones judiciales que impongan medidas de
reparación[38].
Esta
Corporación en la sentencia C-370 de 2006, al declarar inexequible la norma que
consagraba límites
al derecho a la reparación derivados de aspectos presupuestales (artículo 55 de la Ley 975 de 2005), indicó:
“En virtud de tal disposición,
la Red de Solidaridad, al momento de liquidar y pagar las
indemnizaciones que hayan sido decretadas por los jueces de conformidad con las
disposiciones establecidas en la misma Ley 975 de 2005, habrá de sujetarse a
los límites establecidos para ello en el Presupuesto Nacional. Ello implica
que, en virtud de esta norma, pueden presentarse situaciones en las cuales una
indemnización que ha sido reconocida y ordenada por un juez, creando así un
derecho cierto y concreto en cabeza de una o más víctimas, puede ser limitada
al momento de su liquidación y pago por parte de la Red de Solidaridad Social,
en caso de que no exista suficiente disponibilidad de recursos en el
Presupuesto Nacional para ello. En otras palabras, la norma que se estudia
permite que la materialización de un derecho cierto y reconocido judicialmente
–v.g. el derecho a recibir una indemnización decretada judicialmente en tanto
elemento de la reparación por los daños sufridos en virtud de violaciones de
los derechos humanos- quede sujeta a una contingencia posterior, consistente en
que existan suficientes recursos dentro del Presupuesto Nacional para pagarla.
6.2.4.3.1.3. En criterio de la Corte, esta limitación es
desproporcionada, y constituye una afectación excesiva del derecho de las
víctimas a la reparación. Una vez que se ha ordenado, como consecuencia de un
proceso judicial adelantado con las formalidades de la ley, que una persona que
ha sido víctima de una violación de sus derechos humanos tiene derecho a
recibir una determinada suma de dinero en calidad de indemnización, se
consolida a su favor un derecho cierto que no puede estar sujeto a
posteriores  modificaciones, mucho menos cuando éstas se derivan de la
disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Una vez se
haya llegado a una decisión judicial sobre el monto de la indemnización a
decretar para reparar los daños sufridos por las víctimas, ésta genera un
derecho cierto que no puede ser modificado posteriormente por la Red de
Solidaridad Social, en su función de liquidador y pagador de dichas
indemnizaciones.
6.2.4.3.1.4. Adicionalmente, el deber de reparar recae sobre el
responsable del delito que causó el daño, de tal forma que el presupuesto
general de la nación no es la única fuente de recursos para financiar el pago
de las indemnizaciones judicialmente decretadas. La norma juzgada parecería
eximir al condenado de su deber de reparar en cuanto al elemento de la
indemnización.
6.2.4.3.1.5. Lo anterior no significa que la disponibilidad de
recursos públicos sea irrelevante o que la Comisión Nacional de Reparación y
Rehabilitación pierda su facultad de fijar criterios para distribuir los
recursos destinados a la reparación (artículo 52.6). Lo que sucede es que el
derecho cierto no se puede desconocer en virtud de los recursos disponibles en
una determinada vigencia fiscal. Las limitaciones presupuestales justifican
medidas de distribución equitativas y temporales de los recursos escasos, pero
no el desconocimiento del derecho judicialmente reconocido, situación diferente
a aquella en la cual se puede encontrar quien no cuenta a su favor con una
providencia judicial específica que ya haya definido el monto de la
indemnización a que tiene derecho.”
En la misma decisión, al pronunciarse sobre el deber
complementario del Estado en materia de pago de indemnizaciones, y la
responsabilidad solidaria de los miembros del grupo organizado al margen de la
ley al cual perteneció el victimario, la Corte Constitucional determinó:
“6.2.4.4.10. Para la Corte es claro que si los beneficios que
establece la ley son para el grupo específico, o para sus miembros en razón a
la pertenencia al bloque o frente correspondiente, éste debe tener correlativas
responsabilidades de orden patrimonial, incluso al margen de la determinación
de responsabilidades de índole penal, siempre y cuando se establezca el daño y
la relación de causalidad con la actividad del grupo específico y se haya
definido judicialmente la pertenencia del desmovilizado al frente o bloque
correspondiente.
(...)
No obstante, si bien el artículo 54, inciso segundo, señala que el
Fondo para la Reparación se nutre de “los bienes o recursos que a
cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados
ilegales a que se refiere la presente ley”, no señala a qué título responden
los miembros del grupo específico, es decir, del bloque o frente dentro del
cual realizaron actividades delictivas. Tampoco indica en qué situación se
encuentran las víctimas de cada frente o bloque en punto a la indemnización de
los perjuicios que tales grupos específicos le ocasionaron. De tal manera que
dicho artículo establece un mecanismo de reparación colectiva, sin indicar
aspectos esenciales de la responsabilidad en que dicha reparación colectiva
encuentra fundamento. Esto crea una ambigüedad sobre las bases y los
alcances de dicha responsabilidad, a tal punto que se podría concluir que las
víctimas solo tienen derecho a la reparación en la medida en que el perpetrador
específico del delito que les ocasionó el daño cuente con recursos suficientes
para pagar la correspondiente indemnización, lo cual sería una afectación
desproporcionada de dicho derecho que quedaría librado a la disponibilidad de
recursos de cada individuo perpetrador del delito. Esa interpretación es
manifiestamente inconstitucional en el contexto de la desmovilización de grupos
armados al margen de la ley estimulada por beneficios penales. Por eso, es
necesario condicionar la exequibilidad de la norma, sin impedir que el Fondo de
Reparación sea alimentado por recursos del presupuesto nacional y por
donaciones, habida cuenta del goce efectivo del derecho a la reparación de las
víctimas que podría verse seriamente disminuido si el Fondo de Reparación fuera
integrado exclusivamente con bienes o recursos de los integrantes de cada
frente o bloque armado ilegal.
6.2.4.4.12. Los argumentos relativos a la necesidad de proteger
los derechos de las víctimas a la reparación se atienden con el
condicionamiento que la Corte introducirá a la norma, en el sentido que quienes
judicialmente hayan sido calificados como integrantes del grupo armado
específico responden civilmente, de manera solidaria, con su patrimonio, por
los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del bloque o frente al
cual pertenecieron, no solo por los perjuicios derivados de los delitos por los
cuales fueren individualmente condenados.” (Enfasis fuera del texto)
Sobre las reglas resaltadas por la jurisprudencia
constitucional, en la sentencia C-715 de 2012 al examinar algunas disposiciones
de la Ley 1448 de 2011, esta Corporación señaló:
“5.2.3 En cuanto al derecho a la reparación, la
jurisprudencia de la Corte ha fijado los siguientes parámetros y estándares
constitucionales, en armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional
en la materia:
...
(ii) el derecho a la reparación integral
y las medidas que este derecho incluyese encuentran regulados por el derecho
internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la
determinación de los beneficiarios, aspectos que no pueden ser desconocidos y
deben ser respetados por los Estados obligados;
(iii) el derecho a la reparación de las
víctimas es integral, en la medida en que se deben adoptar distintas medidas
determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la justicia
restaurativa, en cuanto se trata de la dignificación y restauración plena del
goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas;
...
(xi) el derecho a la reparación desborda
el campo de la reparación económica, e incluye además de las medidas ya
mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia. En este sentido,
el derecho a la reparación incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción
de la verdad y de la memoria histórica, como medidas destinadas a que se haga
justicia, se investigue y sancione a los responsables. Por tanto, la Corte ha
evidenciado el derecho a la reparación como un derecho complejo, en cuanto se
encuentra en una relación de conexidad e interdependencia con los derechos a la
verdad y a la justicia, de manera que no es posible garantizar la reparación
sin verdad y sin justicia;”
6. Antecedentes y alcance
de la norma demandada
6.1. Breve reseña sobre el desarrollo legislativo de normas
de justicia transicional
Dentro del marco normativo diseñado luego de la
Constitución de 1991 para superar la situación de violencia generalizada la
primera referencia que se puede hacer al respecto es la Ley 418 de 1997, “Por la cual se
consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de
la justicia y se dictan otras disposiciones.", la cual en el Titulo II fijó medidas humanitarias para la atención a las
víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto armado
interno. Esta normativa ha sido prorrogada en varias oportunidades, la última
de ellas por cuatro años mediante el artículo 1 de la Ley 1421 de 2010.
Posteriormente
el legislador expidió la Ley 975 de 2005 una ley de justicia transicional cuyo
objetivo es fijar las reglas de un proceso de paz y reconciliación nacional garantizando los derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación integral a las víctimas de los delitos cometidos por los
grupos armados organizados al margen de la ley, cuyos miembros se han
desmovilizado colectiva o individualmente y se han acogido al procedimiento
penal previsto en esta ley.
En
relación con el derecho a la Justicia, la Ley 975 consagra que las víctimas
tienen derecho a que se adelante una investigación penal rápida, minuciosa,
independiente e imparcial de los delitos cometidos por los miembros de estos
grupos y se adopten las medidas necesarias para que los responsables de los
mismos sean procesados, juzgados y sancionados debidamente, a través de la
imposición de la pena alternativa.
En
materia de reparación integral, la Ley 975 de 2005 establece que las víctimas
tienen derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a
cargo del autor o partícipe del hecho (artículo 38.3[39]),
reparación que abarca los daños y perjuicios sufridos por las víctimas, puede ser
individual y/o colectiva, ésta última orientada a la reconstrucción psicosocial
de las poblaciones afectadas por la violencia, y debe preverse de manera
especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de
violencia sistemática. La reparación, dispone la citada normativa, comprende
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías
de no repetición.
Desde
el punto de vista procedimental, la Ley 975 de 2005, establecía que previamente
a proferir sentencia se abría el incidente de reparación integral en el cual se
determinaban los perjuicios, las formas de reparación a adoptar y el monto de
la indemnización a las víctimas. Decidido el incidente, el Tribunal de Justicia
y Paz  incorporaría su contenido en las condenas impuestas al desmovilizado en
la sentencia.
La
Corte Constitucional al abordar el análisis de la intervención de las víctimas
dentro del proceso penal de justicia y paz, en la sentencia C-370 de 2006 (que
por su relevancia se cita en extenso), resaltó la importancia de reconocerles
el derecho a intervenir en las distintas fases procesales como materialización
de la garantía a un recurso judicial efectivo, e igualmente se pronunció sobre
el deber de reparar a las víctimas por parte de los desmovilizados, la
responsabilidad solidaria del grupo armado al cual perteneció el victimario y
el deber del Estado de concurrir subsidiariamente al pago de las
indemnizaciones, consideraciones que resulta oportuno reiterar. Dijo al
respecto:
“6.2.4.1.10. En principio podría sostenerse que si bien en la
justicia ordinaria se aplica el  principio general de derecho según el
cual quien causa un daño debe repararlo, en procesos de justicia transicional a
través de los cuales se enfrentan violaciones masivas y sistemáticas de
derechos humanos y ante un universo enorme de víctimas directas e indirectas,
quien debe responder es el Estado y no  los perpetradores. Incluso podría
sostenerse que puede ser una condición de quienes deciden someterse a un
proceso de paz tras un legado de violaciones masivas y sistemáticas de derechos
humanos, que el componente patrimonial de las reparaciones sea asumido por el
Estado y no por los responsables del daño, quienes no estarían dispuestos a
arriesgar su patrimonio personal que se vería completamente menguado si con él
tuviera que sufragarse los cuantiosos daños producidos. Finalmente podría
sostenerse que esta forma de reparación – a través de recursos públicos y no del
patrimonio personal de los responsables – no supone una violación del derecho
de las víctimas pues finalmente estas recibirán algún tipo de reparación, sin
importar la fuente a través de la cual se financian.
6.2.4.1.11. Este argumento sin embargo tiene una serie de
debilidades constitucionales que la Corte no puede dejar de advertir. En primer
lugar, como entra a explicarse, no parece existir una razón constitucional
que permita excepcionar el principio general según el cual todo aquel que cause
un daño antijurídico está obligado a repararlo y trasladar el costo total de la
reparación a los ciudadanos y ciudadanas. En segundo término, incluso si se
aceptara que el Estado puede efectuar este traslado de responsabilidad, lo
cierto es que no está autorizado para perdonar – ni penal ni civilmente – a
quien ha cometido delitos atroces o al responsable de actos de violencia masiva
o sistemática. Eximir completamente de responsabilidad civil al causante del
daño equivale a una amnistía integral de la responsabilidad debida. Finalmente,
parece constitucionalmente desproporcionado renunciar a perseguir el patrimonio
de los responsables del daño, al menos, en aquellos casos en los cuales pueda
comprobarse que las personas responsables tienen inmensas fortunas mientras que
quienes han sufrido dicho daño, por efecto de este, se encuentran en dolorosas
condiciones de pobreza y desarraigo. Entra la Corte a explicar cada una de
estas cuestiones.
6.2.4.1.12. En primer lugar, al menos en principio, no parece
existir una razón constitucional suficiente para que, frente a procesos de
violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según el cual quien
causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la
Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han
considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del
perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos
de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el
cual el Estado resulte responsable – por acción o por omisión – o cuando los
recursos propios de los responsables no son suficientes para pagar el costo de
reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria
que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades no parece variar en
procesos de justicia transicional hacia la paz.
6.2.4.1.13. En efecto, en contextos de transición a la paz, podría
parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse
a un proceso de negociación, conserve una parte de su patrimonio de forma tal
que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática y
en el Estado de derecho. Lo que sin embargo parece no tener asidero
constitucional alguno es que el Estado exima completamente de responsabilidad
civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y traslade la
totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se
estaría produciendo una especie de amnistía de la responsabilidad civil,
responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los
ciudadanos y ciudadanas de bien que no han causado daño alguno y que, por el
contrario, han sido víctimas del proceso macrocriminal que se afronta. La
Corte no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la ley demandada
parece necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, pero esto
solo de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para que el
legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las
circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es
relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia
masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De
esta manera, resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este
tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos
causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un
límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia
digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que
habrá de determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada
caso individual.
6.2.4.1.14. Como lo señala el Ministerio del Interior y de la
Justicia, los grupos armados al margen de la ley y sus cabecillas han acumulado
inmensas fortunas o “grandes recursos económicos”…. Usualmente los bienes
obtenidos ilícitamente han sido escondidos o trasladados a testaferros o
incluso a terceros de buena fe a través de los cuales “lavan” los
correspondientes activos. Sin embargo, las víctimas de los grupos armados
suelen ser personas humildes que, además de haber sido vulneradas en su
dignidad y derechos, han sido despojadas de sus propiedades, desarraigadas de
su tierra, privadas de las personas que aportaban el sustento familiar, en fin,
completamente desposeídas…
6.2.4.1.15. Finalmente, no sobra señalar que, en todo caso, la
reparación no puede quedar absolutamente sometida a la voluntad política de
quienes definen las normas de presupuesto, pues es un derecho de las víctimas
que debe ser satisfecho, especialmente, en procesos que persigan la paz y la
reconciliación. Por ello,  resulta razonable que la reducción de las penas
que la norma establece se encuentre acompañada de la adopción de otras medidas
que, como el pago de los daños y la restitución de los bienes, puedan
constituir un marco justo y adecuado para alcanzar de forma sostenible la
finalidad buscada.” (resaltado fuera del texto)
Posteriormente el Decreto 1290 de 2008 creó el Programa de Reparación Individual por vía
Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de
la ley, que en el artículo 11 contemplaba que “El reconocimiento de las medidas de reparación a las
que se refiere el presente programa, no excluye aquellas que sólo fuere posible
tramitar por la vía judicial, de modo que la víctima podrá acudir para estos
efectos ante la autoridad judicial respectiva”, decreto que fue
derogado por el artículo 297 del Decreto 4800 de 2011.
Con el objetivo de regular de manera
integral en un cuerpo normativo los derechos de las víctimas y los mecanismos
de satisfacción judicial y extrajudicial, el Congreso de la República expidió
la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones” Entre otros mecanismos de reparación dentro de un marco de justicia transicional, esta ley implementó
un programa masivo de reparaciones por vía administrativa con enfoque
diferencial que surgió en ese momento como complemento a la reparación de las
víctimas en sede judicial[40].
Sobre
las características de este programa, la Corte Constitucional en la sentencia
C-250 de 2012, al pronunciarse sobre la exequibilidad del límite temporal
señalado en el concepto de víctimas, señaló:
“La Ley contempla la satisfacción de
reclamos individuales, pero también de carácter colectivo, pues las víctimas
reconocidas por el artículo 3 son tanto los individuos como los grupos o
comunidades que comparten una identidad o proyecto de vida común. Para
garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición que se deberá implementar un programa masivo de reparaciones
con enfoque diferencial. Esto último garantiza que se tendrán en cuenta las
diferencias entre víctimas al igual que la diferencia de daños sufridos por
ellas en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad.”
Como lo ha expresado esta Corporación en varias
oportunidades,[41]
al expedir la Ley 1448 de 2011 el legislador optó por fórmulas concretas de
armonización entre los derechos de las víctimas en aras de lograr la paz, que pueden
implicar restricciones al derecho a la justicia, pero que en todo caso exigen
un mínimo de protección constitucional de los derechos a la verdad, a la reparación,
y las garantías de no repetición.
Indicó esta Corte en la sentencia SU-254 de 2013 que
el establecimiento de la reparación por vía administrativa regulada en la ley
1448 de 2011 no excluye y por el contrario viene a complementar la vía judicial
como medios para obtener la reparación integral de las víctimas, pues “Ambas vías deben estar articuladas
institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre
ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y
proporcional a las víctimas.”
Finalmente, con la reforma constitucional
incorporada a través del Acto Legislativo 01 de 2012 se configura un Sistema de
Justicia Transicional, constituido por el artículo transitorio 66 y las
disposiciones que lo desarrollen, así como otras normas que aún antes de su
expedición fueron creadas como herramientas jurídicas a utilizar en el proceso
de superación del conflicto armado como la Ley 418 de 1997, la Ley 975 de 2005,
la Ley 1424 de 2010 y la Ley 1448 de 2011.
6.2. Alcance de las modificaciones introducidas por los artículos 23 y 24 de la
Ley 1592 de 2012 al incidente de reparación integral
Mediante
la Ley 975 de 2005, el legislador estableció el marco jurídico que regula el
proceso de desmovilización y reinserción y que tiene por objeto: i) Facilitar
el proceso hacia la paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida
civil de miembros de grupos armados al margen de la ley; ii) Garantizar los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral
en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional y iii) Facilitar los
acuerdos humanitarios.
Contemplaba la Ley 975 de 2005 que luego de la audiencia de
verificación de aceptación de cargos, y previamente a la sentencia, se
adelantaría el trámite del incidente de reparación integral, el cual tenía por
objetivo escuchar a la víctima sobre la forma concreta en que solicitaba fuera
satisfecho su derecho a la reparación integral y las pruebas en que se
fundamenta, luego de agotada una etapa de conciliación, el Tribunal determinaba
los perjuicios causados, para terminar el incidente con una decisión sobre las
medidas de reparación, hecho lo cual si correspondería celebrar la audiencia de
sentencia e individualización de la pena, a la cual se incorporaban las
resultas del incidente de reparación integral a fin de condenar al procesado
por la Ley de justicia y paz al pago de la indemnización que se hubiera fijado
y la realización de otros actos constitutivos de medidas de reparación, como
solicitud de perdón, actos simbólicos para satisfacer el componente de no
repetición, etc., es decir, incorporaba la sentencia las distintas medidas de reparación
integral (materiales y morales, individuales o colectivas) a favor de las
víctimas[42].
Con la trasformación del incidente de reparación
integral en un incidente de identificación de las afectaciones causadas,
una vez realizado el control sobre la aceptación total o parcial de los cargos,
en la misma audiencia la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial dará
inicio al incidente, en desarrollo del cual la víctima indicará las
afectaciones derivadas de la conducta punible y en el evento de no ser
aceptadas por el procesado la víctima debe demostrarlas, luego de lo cual el incidente
finalizará con un fallo que contendrá la identificación de los daños -sin la
determinación de los perjuicios y su tasación-, y la versión dada por la
víctima en la audiencia con el fin de contribuir al esclarecimiento del patrón
de macro-criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al
margen de la ley, así como de los contextos, las causas y los motivos del
mismo.
Fallado el incidente, según las normas cuestionadas,
el expediente es enviado a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas autoridades que serán las
encargadas de aplicar las distintas medidas de justicia transicional que
adopte el Estado.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1592 de 2012,
la decisión que se adopte en el incidente de identificación de afectaciones
causadas tampoco hará parte de la sentencia. Señala la referida norma:
“Artículo
25. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
Artículo
24. Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la
ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las
accesorias.
Adicionalmente
se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley; la declaratoria
de extinción del derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios
que recaigan sobre los bienes destinados para la reparación, así como sobre sus
frutos y rendimientos; la acumulación jurídica de penas; la obligación del
condenado de participar en el proceso de reintegración de que trata el artículo
66 de la presente ley una vez se encuentre en libertad; las circunstancias
previstas en el artículo 25 de la presente ley, así como los compromisos que
debe asumir el condenado por el tiempo que disponga la sala de conocimiento.
En
el evento que el condenado incumpla alguno de los compromisos u obligaciones
determinados en la sentencia se le revocará el beneficio de la pena alternativa
y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción principal y las accesorias que le
fueron impuestas.
La
Sala de Conocimiento en el marco de la presente ley, según el caso, se ocupará
de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder
a la pena alternativa.”
De acuerdo con los antecedentes legislativos las
modificaciones introducidas por la plenaria del Senado al proyecto de ley 096 de 2011 Cámara 193 de 2011 Senado, acogidas mediante conciliación por el Congreso y que
quedaron consignadas en el artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, tienen por
finalidad: i) dar celeridad al proceso penal de tal forma que se dicte
sentencia, aunque no exista una manifestación del juez sobre la reparación a la
víctima, para luego si ocuparse de determinar la afectación que la conducta
punible trajo a la víctima; ii) racionalizar la distribución de los recursos
entregados por los procesados para la reparación de las víctimas con el fin de
otorgar en alguna medida una indemnización a todas las víctimas de delitos
enjuiciados por la ley de justicia y paz, con independencia de los bienes
aportados por el victimario dentro del proceso judicial; iii) estandarizar el
monto de la reparación económica a otorgar, teniendo en cuenta el delito del
cual se es víctima.
Sobre la motivación de la reforma al incidente de
reparación integral en el  Informe de
conciliación al proyecto de ley 096 de 2011 Cámara, 193 de 2011 Senado
(Gaceta del
Congreso 746 de 2012)[43] quedó
consignado:
“...Una vez realizado dicho estudio, decidimos acoger integralmente el
texto aprobado en cuarto debate por la
Plenaria del Senado de la República, así como el título aprobado en la
misma célula legislativa, con cuatro ajustes formales que en nada afectan su
contenido sustancial....
JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS
ADOPTADOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA. Si bien el Senado de la República
incorporó varias modificaciones que se incluyen integralmente en el texto que
se adopta en esta conciliación, quisiéramos referirnos a las dos modificaciones
más importantes, por considerar que su relevancia amerita una justificación
especial.
(...)
b) Transformación del incidente de
reparación integral en un incidente de identificación de las afectaciones
causadas (artículo 23 del proyecto y 23 de la Ley 975)
El proyecto de ley incluye una serie de
disposiciones para homologar el sistema de reparación judicial que venía
funcionando a través del incidente de reparación integral, y el sistema de
reparación administrativa que se consagró a través de la Ley de
Víctimas. El diagnóstico de la forma en la que viene funcionando el Fondo para la
Reparación de Víctimas nos llevó a la conclusión de que los bienes
entregados por los postulados no son suficientes para pagar las reparaciones
ordenadas en derecho por los Tribunales. Con ello lo que se genera es una falsa
expectativa a las víctimas, ya que se ordena una indemnización que nunca será
satisfecha ni por el Estado (que según el artículo 10 de la Ley 1448
de 2011 solo responde solidariamente hasta el monto de la reparación
administrativa) ni por los postulados (ya que si se tiene en cuenta que en la
sentencia de Mampuján la reparación ordenada equivaldría a otorgar el
50% de los bienes con vocación reparadora del Fondo al 0.4% del total de las
víctimas, es claro que no hay suficientes bienes, y que existe una situación de
desigualdad entre las víctimas).
La experiencia internacional muestra que
todos los países que han enfrentado violaciones masivas a los Derechos Humanos
por un amplio período de tiempo se ven abocados a implementar programas
administrativos de reparación masiva en marcos de justicia transicional, en
donde la reparación integral entendida en términos judiciales, encuentra
ciertos límites.
La falta de una adecuada articulación
entre las decisiones de justicia y paz y los programas de reparación
administrativa ha generado que la reparación integral ordenada penalmente se
esté concentrando exclusivamente en el componente indemnizatorio. Se suma a lo
anterior que en las sentencias proferidas por los tribunales de justicia y paz
se exhorta a diferentes entidades estatales a cumplir con diversas medidas
presentadas como reparatorias, pero que en la práctica suponen el diseño de
políticas públicas desarticuladas para cada sentencia.
Por todo lo anterior el proyecto de ley
propone una remisión expresa del componente de reparación integral a la
Ley 1448 de 2011. Con ello se busca garantizar que el proceso de justicia
y paz se concentre en esclarecer los patrones de macrocriminalidad y
las afectaciones causadas a las víctimas, y que remita al programa
administrativo de reparación de víctimas para que estas sean reparadas de
manera preferente y a través de las distintas medidas que garantizan la
integralidad de la reparación.
Adicionalmente el proyecto incluye una
serie de medidas para fortalecer la capacidad de las instituciones de perseguir
los bienes no entregados por los postulados, de tal forma que sea posible
ampliar los recursos que entrarán al Fondo para reparar a todas las víctimas.
Por todas estas razones, hemos decidido
adoptar los cambios adoptados por el Senado de la República en la
materia. En consecuencia, se reitera que la Comisión de Conciliación por
unanimidad acoge integralmente el texto aprobado por el Senado de la
República, con los ajustes formales y sustanciales que se anotaron
anteriormente y que se incorporan en el texto conciliado”
7. CASO CONCRETO
La demandante solicita excluir del
ordenamiento jurídico el inciso final del artículo 24 de la Ley 1592 de 1012,
que adicionó el artículo 23A a la Ley 975 de 2005, al considerar que la remisión
que establece el inciso acusado a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas con el fin de que la
víctima sea objeto de la aplicación integral de las distintas medidas de
justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano, no garantiza el
derecho a la reparación integral, el cual debe ser satisfecho en sede judicial
y no administrativa.
Los cuestionamientos que formula la
demandante tienen fundamento en la eliminación del incidente de reparación
integral y la imposibilidad de que el funcionario judicial incorpore en la
sentencia la condena a las medidas de reparación integral a favor de la víctima
de la conducta punible, aspectos por los cuales considera que la norma
demandada desconoce los derechos a la justicia y a la reparación integral de
las víctimas y el derecho a la igualdad.
El Procurador General de la Nación solicita desestimar la pretensión
al considerar que la reparación a través de las Unidades Administrativas Especiales
en mención es un medio idóneo establecido dentro de la libertad de
configuración legislativa del Congreso para fijar los mecanismos de garantía de
los derechos de las víctimas, opinión que comparten los Ministerios de
Justicia, Agricultura, Hacienda y Defensa Nacional y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Tierras Despojadas. Distinta es la posición de los
representantes de las Universidades Sergio Arboleda, Católica de Colombia y
Santo Tomás, quienes consideran que la norma acusada
viola el derecho a la reparación, el debido proceso y las normas
internacionales que integran del bloque de constitucionalidad, porque niega a
la víctima el derecho a presentar su pretensión de reparación y a que el juez
se pronuncie al respecto.
Como la disposición citada en la demanda
establece una norma encaminada a dar aplicabilidad a lo que establece el
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, que modificó el artículo 23 de la Ley 975
de 2005, en relación con el incidente de identificación de afectaciones
causadas, por las razones expuestas en la cuestión previa, el control de
constitucionalidad se hará respeto de las expresiones resaltadas por la Sala al
definir la integración de la unidad normativa del inciso 5° del artículo 23 de
la Ley 1592 de 2012 y el inciso 2º del artículo 24 de la misma ley. Precisado
lo anterior, la Sala abordará el examen de cada uno de los cargos presentados
por la ciudadana.
7.1. Primer cargo: Desconocimiento del derecho a la
Justicia y Juez Natural
Para efectos de abordar el
análisis del cargo planteado es preciso, en primer lugar retomar el contenido normativo de las disposiciones examinadas.
Bajo la regulación establecida en los artículo 23 y 24
de la Ley 1592 de 2012, una vez realizado el control sobre la aceptación total
o parcial de los cargos, en la misma audiencia la Sala del Tribunal Superior
del Distrito Judicial dará inicio al incidente de identificación de
afectaciones causadas en desarrollo del cual la víctima indicará las
afectaciones ocasionadas con la conducta punible y en el evento de no ser
aceptadas por el procesado la víctima debe demostrarlas, luego el incidente
finalizará con un fallo que contendrá la identificación fáctica de los daños,
pero sin la determinación y tasación concreta de los perjuicios.  Fallado el
incidente el expediente es enviado a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de
las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera
preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras
de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar, como autoridades
encargadas de aplicar las distintas medidas de justicia transicional que adopte
el Estado.
En virtud de las disposiciones
acusadas la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, dentro del proceso penal, serán
las autoridades que deben decidir sobre la indemnización de los perjuicios
materiales e inmateriales, así como las demás medidas
de reparación aplicables en el caso concreto (rehabilitación, restitución,
satisfacción, garantía de no repetición), pues el
fallo del incidente sólo tiene contenido descriptivo
sobre los daños que padeció la víctima como consecuencia de la conducta punible
y, en este orden, no implica una decisión
concreta sobre el deber de reparar ni la forma en que corresponde hacerlo al
condenado, de modo complementario al grupo armado ilegal al que pertenecía y al
Estado. La identificación de las afectaciones de acuerdo con las normas
examinadas consiste en el reconocimiento del daño como una situación fáctica
carente de valoración económica, pues el inciso 4° del artículo 23 de la Ley
1592 de 2012 prohíbe al Tribunal hacer dicha tasación.
Frente al control de constitucionalidad de las
disposiciones cuestionadas se parte del presupuesto que el legislador tiene
libertad de configuración en el diseño de los instrumentos mediante los cuales
se garantiza los derechos de las víctimas durante el proceso de transición
democrática hacia la paz, pero esta potestad no es absoluta pues está marcada
por unos límites o estándares mínimos de protección que no pueden desconocerse,
dentro de los cuales se encuentra el concepto de juez natural, como
parte integrante del derecho a un debido proceso.
Ha entendido la jurisprudencia constitucional que juez natural es aquél a quien la
Constitución o la ley le ha asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su
definición. En este orden, el principio de juez natural hace referencia
de una parte a la especialidad,
pues el legislador deberá consultar como principio de razón suficiente la
naturaleza del órgano al que atribuye las funciones judiciales, y de otro lado,
a la predeterminación legal del Juez que conocerá de determinados
asuntos, lo cual supone: i) que el órgano judicial sea previamente creado por
la ley; ii) que la competencia le haya sido atribuida previamente al hecho
sometido a su decisión; iii) que no se trate de un juez por fuera de alguna estructura
jurisdiccional (ex post) o establecido únicamente para el conocimiento de algún
asunto (ad hoc); y iv) que no se someta un asunto a una jurisdicción
especial cuando corresponde a la ordinaria o se desconozca la competencia que por
fuero ha sido asignada a determinada autoridad judicial.
En relación con el principio de juez natural y la
potestad de configuración del legislador, la Corte Constitucional en la
sentencia C-111 de 2000, señaló: “La radicación de una competencia en una
determinada autoridad judicial, no configura una decisión de índole,
exclusivamente, constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del
legislador, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla
de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado.”
En este sentido, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, indicó: “El
Estado no debe crear ‘tribunales que no apliquen normas procesales debidamente
establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los
tribunales ordinarios’”, y en el mismo sentido en el  Caso Apitz Barbera y
otros Vs. Venezuela en Sentencia de 5 de agosto de 2008,  párr. 50, señaló: “el
Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente
establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los
tribunales ordinarios. Con esto se busca evitar que las personas sean juzgadas
por tribunales especiales, creados para el caso, o ad hoc”.
Cabe agregar que cuando
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1.) y el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos (art. 14.1) establecen dentro de las garantías
judiciales que "toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o
de cualquier otro carácter” no está restringiendo la potestad del
legislador de modificar las reglas de competencia sino descartando la facultad
de establecer tribunales ad hoc, esto es, creados ex post para resolver una controversia
en particular.
En el caso concreto los
incisos examinados desconocen el principio de juez natural, por cuanto los
numerales 6 y 7 del artículo 250 de la Constitución Política radican en
el juez de conocimiento la obligación de adoptar medidas de reparación, a
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, cuando la víctima opta por hacer
valer su derecho a la reparación dentro del proceso penal, de tal forma que en
este caso la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial es el juez
natural para la definición de las pretensiones relacionadas con la reparación
que formule la víctima dentro de los procesos penales de justicia y paz, y a
quien le corresponde determinar el contenido concreto de las medidas de
reparación. No puede el legislador transferir la competencia establecida en los
numerales 6 y 7 del artículo 250 de la Constitución a las mencionadas
autoridades administrativas, sin  incurrir en flagrante desconocimiento del
principio de juez natural, pues deja la decisión sobre la entrega de
tierras, el pago de una justa indemnización y en general todas las medidas de
reparación aplicables sujeta a criterios meramente discrecionales de las
mencionadas autoridades administrativas en aquellos casos en que la víctima
opta por reclamar dentro del proceso penal sus derechos, cuando es el juez
penal el previamente establecido por las citadas disposiciones constitucionales
como el competente para definir mediante providencia judicial sobre las medidas
de reparación aplicables con base en la solicitud que en éste sentido realice
la víctima y lo que se pruebe en la actuación penal.
Para la Corte es
claro que de acuerdo al mandato constitucional consagrado en el artículo 250 en
cita, a la justicia penal no sólo le incumbe determinar si se cometieron
conductas punibles y las circunstancias en que éstas se cometieron, sino
también atender a las víctimas y procurar la efectividad de sus derechos dentro
del proceso penal cuando el afectado decide acudir a éste para reclamar la
garantía y protección de sus derechos. Ésta es la visión de la justicia penal
que surge de la misma adopción del modelo de Estado Social de Derecho, en el
cual la dignidad humana y los derechos que de ella dimanan son el fin y el
fundamento de las normas que se imponen para garantizar el cumplimiento de la
ley y la sanción de la infracción a la misma. En el Estado Social de Derecho
las víctimas son relevantes y su protección mediante la decisión del Juez penal
garantiza la efectividad de sus derechos, siendo éste uno de los fines
esenciales del Estado, conforme al artículo 2 de la Constitución Política.
No
ofrece discusión que el legislador puede apelar a medidas judiciales y
extrajudiciales para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas
a la reparación, sin embargo, ello no lo faculta para sustituir en el
proceso penal la decisión judicial por los actos administrativos que
eventualmente expidan las Unidades Administrativas Especiales para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas luego de recibir el expediente con base en las remisiones dispuestas
en las normas demandadas. No cabe sustraer del proceso de justicia y paz la
competencia para que el juez penal decida sobre la reparación integral de las
víctimas, pues ello implica desconocer el principio de juez natural consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política en concordancia con la función
que le fue asignada en los numerales 6° y 7° del artículo 250 ídem.
Por
consiguiente, el incidente encaminado a la reparación previsto en la Ley 975 de
2005 debe adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin
perjuicio de las competencias que corresponden a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de
reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de
2011.
Cabe precisar que declarar, con fundamento en las
disposiciones constitucionales mencionadas, que dentro del proceso judicial
penal el juez de conocimiento[44]
es el competente para definir mediante providencia sobre los mecanismos de
reparación a favor de las víctimas que concurren al mismo: i) no excluye que en
el marco de las competencias definidas por la Ley 1448 de 2011, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas ejecuten, bajo las condiciones definidas por la autoridad judicial
competente, las medidas de reparación integral que el Tribunal de Justicia y
Paz adopte al fallar el incidente de identificación de afectaciones causadas; y
ii) no altera las funciones que la Ley 1448 de 2011 asigna a las Unidades
Administrativas en mención en relación con la aplicación por vía administrativa
de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y de
garantía de no repetición a favor de las víctimas. Al respecto cabe recordar
que las dos vías de reparación de las víctimas – judicial y administrativa-
tienen carácter complementario, no excluyente, como ya lo ha advertido esta
Corporación en  decisiones anteriores.
Por desconocer el principio de juez natural y por las razones que a continuación
pasan a exponerse sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, las
expresiones “las cuales en ningún
caso serán tasadas”, del
inciso 4° y “y remitirá el
expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas en los
registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de
reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar” del inciso 5° del artículo 23 y el inciso 2° del
artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, se declararán  inexequibles.
7.2. Derecho a la tutela judicial efectiva.
El mecanismo que el legislador ha dispuesto en las
normas cuestionadas para la satisfacción del derecho a  la reparación de las
víctimas dentro de los procesos penales regidos por la Ley 975 de 2005 también afecta
su derecho a contar con un recurso judicial efectivo como pasa a exponerse.
El
artículo 250 numeral 6 de la Constitución Política establece que la Fiscalía General de la
Nación tiene el deber de velar por la protección de las víctimas y solicitar al
Juez de conocimiento “las medidas judiciales necesarias para la asistencia a
las víctimas lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la
reparación integral a los afectados con el delito”[45], deber que implica que
cuando los derechos de las víctimas se ventilen dentro del proceso penal, en
éste se debe definir con toda claridad y precisión los mecanismos de reparación
mediante providencia dictada por el Juez de conocimiento, para lo cual es
preciso escuchar las pretensiones que en éste sentido pueda tener la víctima.
De acuerdo con los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de
2012, que modificaron el trámite y contenido del incidente de reparación que
regulaba el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el incidente culmina con un
fallo que incorpora la versión dada por la víctima en la audiencia y en el cual
se identifican las afectaciones pero no se tasan. El fallo con el
expediente es enviado a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que apliquen las distintas
medidas de justicia transicional que adopte el Estado.
Lo anterior implica que la providencia judicial que
pone fin al incidente de identificación de afectaciones causadas sólo tiene un
carácter declarativo respecto de las afectaciones y de ella no se desprende
ninguna obligación o deber de reparar para el procesado, para el grupo armado
ilegal al cual perteneció, ni para el Estado, pues serán las unidades
administrativas referidas quienes, sujetas a criterios discrecionales,
concretarán las medidas de rehabilitación, restitución, indemnización,
satisfacción y garantías de no repetición. Esta ausencia de decisión de fondo
sobre los mecanismos de reparación en el fallo del incidente y por consiguiente
de una condena judicial concreta a la reparación hace que los contenidos
normativos examinados sean inconstitucionales pues desconocen el derecho de las
víctimas a un recurso judicial efectivo.
Este derecho que tiene fundamento en el
artículo 229 de la Constitución Política, en el principio de dignidad humana y
en el derecho de las víctimas a la justicia, no se materializa sólo con la
posibilidad de acceder a la administración de justicia, pues para su concreción
además se requiere i) que la decisión judicial resuelva de fondo sobre las
pretensiones presentadas por la víctima ante la judicatura y ii) se haga
efectiva la decisión judicial que impone la condena a reparar al desmovilizado.
Ha
señalado la jurisprudencia constitucional que “El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no
solo la posibilidad que se  reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de
demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la
obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo.
Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229
Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional
del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso
estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las
actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las
garantías personales que se estiman violadas.”[46]
De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite
alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una
decisión que resuelva de fondo las pretensiones.”[47](resaltado
fuera de texto).
Igualmente, uno de los lineamientos fijados desde el
derecho internacional en relación con las normas de justicia transicional se
refiere al derecho de las víctimas a obtener de los jueces y tribunales la
tutela judicial de sus derechos mediante un recurso efectivo.[48]
Las
normas contenidas en los artículos 23, inciso 4° y 5º y 24 inciso 2° de la Ley
1592 de 2012, en lo acusado, desatienden esta obligación pues la providencia
que falla el incidente de identificación de afectaciones causadas, en virtud de
las mismas, sólo es una declaración fáctica cualitativa sobre los daños ocasionados
pero no una decisión de condena al pago de los perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados, ni sobre el monto de los mismos porque le está
prohibido tasarlos al juez[49], y tampoco resuelve
sobre otras medidas de reparación como las de rehabilitación, restitución,
satisfacción y garantías de no repetición, todo lo cual queda sujeto al criterio meramente discrecional de las
autoridades administrativas a las cuales se remite el expediente.
Además
en virtud de la prohibición de tasar los perjuicios contenida en el inciso 4°
del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012, el deber de determinar y cuantificar los
perjuicios que es cosustancial al derecho a la reparación tampoco puede
cumplirse, de modo que el componente de indemnización queda sin definición
judicial pues serán las autoridades administrativas
Para la Sala es claro que, si el
legislador en cumplimiento indicadas –no
las judiciales- las que recibido el expediente definirán sobre la procedencia,
contenido, términos y condiciones de pago de la indemnización, con grave
afectación del derecho a la tutela judicial efectiva.
Frente
al elemento puntual de la indemnización, es preciso reiterar dos
aspectos por los cuales es esencial un pronunciamiento judicial concreto dentro
del proceso penal que incluya la tasación de los perjuicios de modo que se
defina su contenido y alcance:
Como ya lo ha expresado esta Corporación el
proceso penal no puede ser un medio para relevar al desmovilizado de su deber
de indemnizar los daños ocasionados.
El desconocimiento del derecho a la tutela
judicial efectiva tiene notable  incidencia en el derecho a la justicia de las
víctimas teniendo en cuenta que la forma como las normas demandadas regulan el
incidente de identificación de afectaciones sustrae al condenado de la
obligación de responder por los perjuicios causados, pues traslada a las
autoridades administrativas todo lo concerniente a la definición y
materialización de las medidas de reparación, de tal forma que la reparación
judicial es inexistente ya que termina convertida en la simple posibilidad de
alcanzar una reparación exclusivamente administrativa, en la cual no es trascendente
el deber de reparar del victimario y del grupo armado ilegal al que perteneció
y sólo es determinante la obligación del Estado de concurrir a la reparación
como garante de los derechos humanos que fueron masivamente violentados en el
conflicto armado; esto por cuanto al fallar el incidente de identificación de
las afectaciones causadas el juez, conforme a las normas examinadas, no puede
atribuir al desmovilizado obligación alguna referida al cumplimiento de
determinadas medidas de reparación a favor de las víctimas.
En el evento en que los bienes del
victimario resulten insuficientes para cumplir con la condena al pago de la
indemnización, para garantizar la efectividad del derecho a la reparación debe
acudirse a los bienes provenientes del grupo armado ilegal al cual perteneció y
de no alcanzar éstos, como lo indicó la Corte en la sentencia C-370 de 2006, es
obligación del Estado asumir el pago de la indemnización a las víctimas del
conflicto armado hasta alcanzar el monto determinado por la Sala del Tribunal
Superior del Distrito Judicial correspondiente, partiendo de la premisa que en
ningún caso es posible que por  acto administrativo se desconozca o modifique
la condena judicial al pago de la indemnización, ni mucho menos se sustraiga
del cumplimiento de misma a cualquiera de los obligados, quienes tienen el
deber de cumplirla en las condiciones fijadas por el funcionario judicial
competente.
Aunque en el derecho
colombiano el proceso penal no es el único y exclusivo escenario en el cual
pueda debatirse y definirse el contenido de las medidas de reparación
aplicables a favor de las víctimas de las conductas cometidas por los miembros
de las organizaciones armadas al margen de la ley, sí debe ser uno de los
distintos recursos que contemple la ley para que la víctima pueda plantear y
obtener una decisión sobre sus pretensiones en materia de reparación
(artículo 250, numeral 7 de la Constitución Política).
Siendo
así, no es constitucionalmente admisible “homologar el sistema de reparación
judicial que venía funcionando a través del incidente de reparación integral, y
el sistema de reparación administrativa que se consagró a través de la Ley de
Víctimas”, como fue la pretensión del legislador según lo informó la Comisión
del Conciliación durante el proceso de formación de la Ley 1592 de 2012, pues
es claro que el derecho a la tutela judicial efectiva impone una decisión por
parte del juez natural dentro del proceso penal, sobre la reparación reclamada
por la víctima que atienda a las circunstancias del caso concreto, a la
condición particular de cada una de las víctimas y a los perjuicios que se
demuestren dentro del expediente haber sufrido. Por lo anterior, a diferencia
del esquema masivo de reparación por vía administrativa, en el ámbito del proceso
judicial penal no es admisible dar una respuesta estandarizada sobre la
reparación ni limitar el componente de indemnización a un monto predeterminado
pues no tendría en cuenta las circunstancias específicas de cada proceso para
su tasación.
de lo establecido en el
artículo 250 de la Constitución ha decidido reglamentar un escenario procesal
para la intervención de la víctima en los procesos de justicia y paz, al
hacerlo está obligado a observar que ese recurso sea ciertamente efectivo y no
culmine con una decisión que formalmente finiquite el trámite procesal, pero
que materialmente no defina el contenido sustancial de los derechos reclamados
por la víctima y para cuya satisfacción acude ante la justicia penal.
Esto
trae un efecto adicional igualmente cuestionable y es que, en caso de
inconformidad respecto de las determinaciones de las autoridades
administrativas a las cuales las normas impugnadas ordenan remitir el
expediente, para reclamar la efectividad de su derecho a la reparación la
víctima se verá obligada a acudir nuevamente ante la jurisdicción mediante
acciones contenciosas contra tales actos administrativos, lo cual desconoce por
completo la obligación reforzada de protección de sus derechos, en particular a
la tutela judicial efectiva, que impone remover cualquier obstáculo en la
búsqueda de la justicia.
Además, restar a la decisión de la Sala del Tribunal
Superior del Distrito Judicial cualquier carácter concreto sobre los derechos
que reclama la víctima quebranta el principio de dignidad humana pues no puede
considerarse a ésta como fuente de información y colaborador en el
descubrimiento de la verdad sobre los fenómenos de macrocriminalidad, pero se
le niegue la posibilidad de obtener una decisión judicial en la que se definan
con fuerza vinculante sus pretensiones en materia de reparación.
Por lo expuesto debe declararse
la inexequibilidad de las normas examinadas de los incisos 4º y 5° del artículo
23 y el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, con el fin de ajustar
el trámite del incidente a la Constitución y a las normas del bloque de
constitucionalidad que imponen establecer mecanismos judiciales expeditos y
eficaces para que las víctimas, en el marco de un proceso de transición hacia
la paz obtengan la reparación efectiva de las afectaciones padecidas, y sea el
Juez de Conocimiento quien dentro del proceso penal cumpla la función de
disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito (artículo 250 numeral 6 de la Constitución Política).
Lo anterior no obsta para que, en cumplimiento de lo
ordenado por la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial en cada caso, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y/o la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, participen en la ejecución de las medidas adoptadas judicialmente conforme
al marco funcional definido en la Ley 1448 de 2011, para garantizar que la
satisfacción integral de los derechos de la víctima no dependa exclusivamente
de la capacidad del procesado de abarcar todos los componentes de la reparación
pues en ello también debe intervenir el Estado a través de las mencionadas
Unidades, como obligado a respetar, garantizar y proteger los derechos humanos
que han sido masivamente vulnerados[50].
7.3. Segundo cargo: Desconocimiento del derecho a la
reparación integral en condiciones de igualdad
La ciudadana afirma que las víctimas no podrán obtener
en condiciones de igualdad una reparación integral, judicial e individual, como
la obtenida por aquellas víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad que
solicitaron la reparación mediante el incidente de reparación integral que
regulaba el artículo 23 de la Ley 975 de 2005.
A partir de la decisión de inexequibilidad a adoptar
por la Sala frente al alcance de las previsiones de los incisos 4º y 5° del
artículo 23 y 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, el cuestionamiento
ciudadano pierde sentido, por cuanto será la Sala del Tribunal Superior del
Distrito Judicial correspondiente quien determine en concreto las afectaciones
causadas, las tase y defina las medidas de reparación aplicables, en los
eventos en que las víctimas decidan acudir ante la justicia penal para reclamar
la indemnización de los perjuicios derivados de la conducta punible.
Al margen de lo anterior,
sobre la alegada violación del principio de igualdad considera la Sala que la
demandante no plantea los presupuestos necesarios para realizar el análisis
relacional que exige el juicio de igualdad por cuanto éste no se puede hacer a
partir de dos regímenes jurídicos que se suceden en el tiempo, es decir, cuando
uno de ellos justamente es derogado por la normativa cuestionada, pues  por
esto no puede ser parámetro de comparación.  El juicio de igualdad que plantea
la demanda es inviable cuando la regulación diferencial que se cita en la
demanda como más benéfica a los derechos de la víctima ya no hace parte del
mundo jurídico por haber sido derogada.
Ciertamente la norma
demandada no contempla un trato diverso frente al dado por la ley a otro grupo
de víctimas, sino un único régimen aplicable a todos los destinatarios actuales
de la norma, es decir, para todas las víctimas que intervienen en procesos
penales de justicia y paz. La inexistencia de uno de los parámetros normativos
de comparación en que se edifica la censura por violación del principio de
igualdad hace que el cargo no este llamado a prosperar.
Síntesis de la decisión.
Al definir el objeto de control de constitucionalidad, la
Corte integra al mismo la expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas” contenida en el inciso cuarto del artículo 23 de la Ley
1592 de 2012 y la expresión “y
remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas
en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” contenida en el inciso quinto de la
misma disposición, con el fin de evitar que la
determinación a adoptar resulte inocua ante la conexidad de la norma censurada
con aquellas que se integran.
Luego de examinar los lineamientos
constitucionales sobre los derechos de las víctimas en procesos de transición
democrática hacia la paz, la Corte Constitucional concluye que en el contexto
colombiano el derecho de las víctimas de acceso a la administración de
justicia, y especialmente a un recurso judicial efectivo, se vincula
constitucionalmente a la posibilidad de que mediante una decisión del juez
penal de conocimiento se dispongan las medidas de reparación integral que
demanda.
A juicio de la Corte, las expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso cuarto y el apartado normativo “y
remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas
en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23 y
el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012 son inconstitucionales
porque impiden a la Sala del Tribunal Superior
del Distrito Judicial  adoptar las medidas de reparación relativas a la
rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no
repetición, a favor de las víctimas, lo cual desconoce que en virtud del
artículo 2º de la Constitución Política, corresponde a las autoridades
garantizar la efectividad de los derechos de las víctimas y en concordancia con
ello y por mandato de los numerales 6° y 7° del artículo 250 de la Constitución
Política, compete al juez penal de conocimiento adoptar de manera concreta las
medidas de reparación integral dentro del respectivo proceso.
Considera
la Corte que no cabe sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para
que el juez penal decida sobre la reparación integral de las víctimas, pues
ello implica desconocer el principio de juez natural consagrado en el artículo
29 de la Constitución Nacional.
Por
consiguiente, el incidente de reparación previsto en la Ley 975 de 2005 debe
adelantarse hasta su culminación por el juez de la causa, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a  la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de los programas de reparación
integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011.
Cabe precisar que la decisión
de inexequibilidad adoptada se refiere a la hipótesis en que la víctima decida
solicitar la reparación dentro del proceso penal, evento en el cual por virtud
del principio de juez natural corresponde al Tribunal de Justicia y Paz ordenar
en cada caso en concreto las medidas de reparación a favor de las víctimas,
toda vez que las otras formas de reparación que no surjan de un proceso penal
seguirán a cargo de las Unidades Administrativas Especiales de Atención y
Reparación Integral a las víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas de acuerdo con las competencias señaladas en la Ley 1448 de 2011,
pues cabe resaltar que esta decisión no modifica las funciones atribuidas por
otras disposiciones legales a la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las víctimas y a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en lo concerniente a la ayuda
humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas.
VI.    DECISION
En mérito de lo expuesto,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “las
cuales en ningún caso serán tasadas”, del inciso
cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 y el apartado  “y remitirá el
expediente a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la
inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder de
manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de
tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23, como también, el
inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
A LA SENTENCIA SENTENCIA
C-180/14
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS-Demanda de
inconstitucionalidad no contaba con los elementos de juicio suficientes para
permitir un pronunciamiento de fondo (Salvamento de voto)
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY DE
JUSTICIA Y PAZ EN MATERIA DE REPARACION-No fueron evaluadas por la Corte Constitucional en
forma armónica e integral, a partir de la consideración de que las mismas
respondían a una decisión de política pública, orientada a permitir que las
víctimas accediesen de manera real y expedita a los mecanismos de reparación
integral (Salvamento de voto)
MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LEY DE
JUSTICIA Y PAZ EN MATERIA DE REPARACION-Inclusión de expresión, que frente a lo decidido no
puede sino considerarse como un obiter dicta está en contraposición con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011 (Salvamento de voto)
Referencia:
expediente
D-9813 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 24, inciso 2o,
de la Ley 1592 de 2012.
Demandante:
Maribeth
Escorcia Vásquez
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con
el acostumbrado respeto, expongo a continuación las razones de mi disentimiento
con la decisión mayoritaria en este caso.
Cabe
recordar que el pronunciamiento de la Corte estuvo motivado en la demanda de
inconstitucionalidad formulada contra el artículo 24, inciso segundo, de la Ley
1592 de 2012, que adicionó el artículo 23A a la Ley 975 de 2005, norma que, en
concordancia con otras disposiciones de la misma Ley 1592, introdujo algunas
modificaciones al incidente de reparación integral dentro del proceso de
justicia y paz.
Según
los cargos formulados contra de la disposición acusada, los cambios
introducidos al incidente de reparación integral resultaban violatorios de los
derechos de igualdad y debido proceso, en tanto implicaron la exclusión de
dicho incidente del proceso penal de justicia y paz, impidiendo que el juez de
la causa pudiera incorporar a la sentencia la condena a las medidas de
reparación en favor de las víctimas de la conducta punible.
En
relación con la referida acusación, la Corte, al definir el objeto de control
de constitucionalidad, decidió integrar la unidad normativa con algunas otras
expresiones de los incisos cuarto y quinto del artículo 23 de la Ley 1592 de
2012, a fin de evitar que la determinación por adoptar resultara inocua ante la
conexidad de la norma censurada con aquellas que se integran.
5. Así planteada la controversia constitucional, la
mayoría de los integrantes de la Sala llegó a la conclusión de que las citadas
disposiciones eran inconstitucionales, tras considerar que no era posible
sustraer del proceso de justicia y paz la competencia para que el juez penal
decidiera sobre la reparación integral de las víctimas, pues ello implicaba
desconocer el principio de juez natural consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Nacional.
6.  Como lo manifesté en los respectivos debates, no
comparto la decisión mayoritaria. De un lado, por considerar que la demanda no
contaba con los elementos de juicio suficientes para permitir un
pronunciamiento de fondo, debido a que, al no haberse integrado la proposición
jurídica completa, los cargos formulados contra la disposición acusada carecían
de claridad y suficiencia, sin que en este caso resultara de recibo que
oficiosamente la Corte procediese a integrar la unidad normativa, porque ello
suponía la consideración de un conjunto de disposiciones, incluso mucho más
amplio del que finalmente fue considerado por la Corte, y en relación con el
cual la demandante no había presentado reproche alguno. De otra parte, dado que
la mayoría consideró que había lugar a emitir decisión de fondo, estimo que la
misma ha debido ser de exequibilidad de las disposiciones analizadas, porque
las modificaciones introducidas a la ley de justicia y paz en el tema de la
reparación, no fueron evaluadas por la Corte en forma armónica e integral, a
partir de la consideración de que las mismas respondían a una decisión de
política pública, orientada a permitir que las víctimas identificadas en los
procesos de la ley de justicia y paz accediesen de manera real y expedita a los
mecanismos de reparación integral de la llamada ley de víctimas, la Ley 1448 de
2011, y, en general, a los demás beneficios reconocidos en dicho ordenamiento.
Explico mi posición en los siguientes términos:
Dada
la situación de conflicto armado interno que ha tenido que afrontar Colombia en
un periodo que se ha extendido por varias décadas, se han expedido diversas
leyes orientadas a superarlo, permitir la reincorporación de los actores
armados ilegales a la vida civil, reparar a las víctimas y afianzar la paz.
Con
ese propósito, en un contexto de justicia transicional, se expidió en el año
2005 la Ley 975, cuyo objetivo específico es el de contribuir a la
consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros
de los grupos armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por otra,
los derechos de los postulados al debido proceso.
Siete años después, como producto de la experiencia
adquirida en el ámbito de la justicia transicional y de una evaluación sobre
las posibilidades y las falencias del proceso cumplido al amparo de esa ley, se
consideró necesario por el Gobierno y el Congreso, a partir de un proyecto
presentado por la Fiscal General de entonces, introducirle unos ajustes
puntuales, con la pretensión de agilizar el trámite de los procesos de justicia
y paz, buscando darle una mayor dinámica a la respuesta del ente investigador
frente a las expectativas de justicia que provienen tanto del ámbito nacional
como del ámbito internacional, en particular, de los órganos de supervisión de
derechos humanos encargados de hacer seguimiento a la situación de Colombia.
Dentro
de los principales obstáculos que en la práctica estaban afectando los procesos
de justicia y paz, en particular frente a la necesidad de producir sentencias
con mayor prontitud, se identificaron aquellos relacionados con la complejidad
de investigar y asegurar la reparación colectiva en el marco de la lógica
individual de los procedimientos judiciales, y, especialmente, con la
complejidad y demora en el trámite del incidente de reparación[51].
Conforme
con ello, las modificaciones inicialmente propuestas giraron en torno a la
necesidad de que el incidente de reparación se llevara a cabo después de
emitida la respectiva sentencia, pues su práctica previo al fallo, una vez
agotada la audiencia de verificación de aceptación de cargos, venía generando
grandes dilaciones, lo cual, a su vez, provocaba graves demoras en el
proferimiento de las respectivas sentencias. Se consideró entonces que, con la
referida modificación, se podía fortalecer la posición de las víctimas durante
el incidente de reparación, en la medida en que para ese momento procesal ya
podrían contar con una sentencia en la que se ha establecido la verdad de lo
acontecido y la responsabilidad penal del perpetrador, lo cual, sin duda,
podría dar lugar a que la pretensión de reparación sea más fuerte si se tramita
con posterioridad al fallo.
Dichos
cambios se incorporaron en la Ley 1592 de 2012, que, con las modificaciones
que, en el asunto que nos ocupa, se introdujeron durante los debates en el
Congreso, comportaba un ajuste integral a la ley de justicia y paz, el cual, en
lo relacionado específicamente con las disposiciones demandadas en el
expediente que dio origen a la sentencia de cuyas conclusiones me separo,
buscaba permitir que las víctimas identificadas en el marco de la Ley 975 de
2005 accediesen de manera expedita a los mecanismos de reparación contemplados
en la Ley 1448 de 2011, llamada ley de víctimas.
6.7.  En ese contexto y puesto que la demandante
centró su acusación en un contenido normativo parcial del artículo 23A de la
Ley 975 de 2005, tal como fue modificada por la Ley 1592 de 2012, sin inscribir
su análisis en el conjunto normativo más amplio que articula la decisión de
política pública contenida en esta última ley, estimo que existía ineptitud
sustantiva de la demanda y que la Corte debió haberse abstenido de emitir un
pronunciamiento de fondo
6.8.  AL no haberlo hecho así, y por el contrario, con
una muy parcial integración de la unidad normativa, haber procedido a declarar
la inexequibilidad de unos apartes de la Ley 1592 de 2012 , la Corte obró sin
una consideración suficiente de todos los elementos normativos que integran la
política y produjo no pocas incongruencias y dificultades de interpretación y
de aplicación derivadas, entre otras razones, de la subsistencia en la ley, de
segmentos normativos que tienen sentido sólo cuando se miran de manera armónica
e integral con aquellos que fueron expulsados del ordenamiento por la Corte.
6.9. En ese mismo contexto, considero que, de
encontrar que en la demanda había elementos suficientes para permitir un
pronunciamiento de fondo, la Corte debía haber hecho una más amplia integración
de la unidad normativa, para incorporar al análisis todos los contenidos
normativos relevantes, y que en el estudio de ese conjunto ampliado, la
decisión debió ser, en principio, la de exequibilidad, sin perjuicio de un
eventual condicionamiento, en torno a las condiciones en las cuales debe
cumplirse la indemnización a cargo de los victimarios.
Esa
fórmula habría permitido mantener en el ordenamiento las previsiones orientadas
a agilizar el acceso de las víctimas que hayan sido reconocidas en los procesos
de justicia y paz a los beneficios de la Ley 1448 de 2011, sin que dejara de
señalarse la necesidad de que se extremen las medidas orientadas a constituir
adecuadamente el fondo de reparación con todos los bienes cuya entrega
condiciona el acceso y la permanencia de los victimarios en el programa, y en
ese contexto, previendo algún tipo de mecanismo que permita que de manera incidental
se mantenga la posibilidad de que la víctima reclame una tasación judicial de
los perjuicios así como la determinación de las medidas de reparación a cargo
del victimario.
Esa
solución permitía mantener el propósito de la ley, de impedir que, ante la
insuficiencia de los recursos del fondo de reparación, se mantuviese a las
víctimas en un engorroso proceso con una expectativa de reparación en cuantías
que se tornarían ilusorias y cuyo reconocimiento formal pero sin posibilidades
de materialización efectiva resultaría frustrante. Este aspecto es distinto y
separado del análisis que cabe hacer a la sociedad sobre la responsabilidad
subsidiaria del Estado, la cuantía a la que ésta debe ascender, el modo de
financiarla y el horizonte temporal para ponerla en práctica, asunto que
desborda en ámbito de la ley demandada, y que en principio, ha sido definido en
otros escenarios normativos.
6.12. Debo señalar, finalmente, mi inconformidad con
el hecho de que, en el texto definitivo de la sentencia, se haya incorporado un
párrafo que no estaba contenido en las versiones que fueron discutidas en sala;
que no corresponde al sentido de lo decidido, y que, claramente, desborda el
ámbito de la determinación que se adoptó por la Corte, como quiera que se refiere
a un asunto que está regulado en otra disposición legal que, ni fue demandada,
ni fue objeto de análisis de constitucionalidad en este proceso. Se trata del
párrafo en el que se  expresa que  "[e]n el evento en que los bienes
del victimario resulten insuficientes para cumplir con la condena al pago de la
indemnización, para garantizar la efectividad del derecho a la reparación debe
acudirse a los bienes provenientes del grupo armado ilegal al cual perteneció y
de no alcanzar éstos, como lo indicó la Corte en la sentencia C-370 de 2006, es
obligación del Estado asumir el pago de la indemnización a las víctimas del
conflicto armado hasta alcanzar el monto determinado por la Sala del Tribunal
Superior del Distrito Judicial correspondiente (...) ". Esa expresión, que frente a lo
decidido no puede sino considerarse como un obiter dicta, está en contraposición con lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, a cuyo tenor "(e)n  los
procesos penales en los que sea condenado el victimario, si el Estado debe
concurrir subsidiariamente a indemnizar a la víctima, el pago que éste deberá
reconocer se limitará al monto establecido en el reglamento correspondiente
para la indemnización individual por vía administrativa de que trata la
presente ley en el artículo 132, sin perjuicio de la obligación en cabeza del
victimario de reconocer la totalidad de la indemnización o reparación decretada
dentro del proceso judicial. " Es cierto que la controversia sobre estos temas no fue
ajena a las deliberaciones de la Sala Plena de la Corte, pero también es cierto
que, en contraposición con la opinión del ponente, se concluyó que la discusión
de ese asunto debería darse en el escenario de una eventual demanda sobre el
artículo 10 de la Ley 1448 de 2011, disposición sobre la que no cabía
pronunciarse por  no ser el objeto de esta demanda, ni haberse realizado la
integración normativa. Esa fue, precisamente una de las razones por las que se
optó por sustituir la propuesta de exequibilidad condicionada que se había
planteado por el ponente, por la de inexequibilidad, en cuanto está última
formula limitaba el ámbito del pronunciamiento, tal como se expresa en la
síntesis contenida al final de la sentencia, a la necesidad de garantizar que,
dentro de los procesos de justicia y paz, la Sala del Tribunal Superior del
Distrito Judicial pudiese "... adoptar las medidas de reparación
relativas a la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y
garantías de no repetición, a favor de las víctimas ..." puesto que lo contrario
implicaría desconocer que "... en virtud del artículo 2o de
la Constitución Política, corresponde a las autoridades garantizar la
efectividad de los derechos de las víctimas y en concordancia con ello y por
mandato de los numerales 6° y 7o del artículo 250
de la Constitución Política, compete al juez penal de conocimiento adoptar de
manera concreta las medidas de reparación integral dentro del respectivo
proceso. " El párrafo cuya inclusión en la sentencia cuestiono va mucho más allá,
al pretender definir las condiciones en las cuales el Estado debe asumir una
responsabilidad subsidiaria, aspecto que no se deriva de las disposiciones
demandas y que, por consiguiente, no era materia de decisión en este proceso.
Fecha ut supra,
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA
SENTENCIA C-180/14
DEMANDADA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No estructuración de un verdadero cargo (Salvamento de
voto)
Expediente:
D-9813
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 24, inciso 2º, de la Ley 1592 de
2012.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS
RIOS
Mi discrepancia
con la decisión de mayoría la explico brevemente, así:
Según se desprende de algunas expresiones del propio
proyecto finalmente aprobado, relacionadas con el segmento normativo demandado,
este “carece de un contenido deóntico claro e unívoco o de un ámbito regulador
propio, por lo que es necesario incluir en el juicio de constitucionalidad
otros enunciados normativos que lo complementen y permitan conformar una
proposición jurídica completa”.  En otras palabras, se reconoce que la demanda,
por sí sola, es incompleta e insuficiente para fundar en ella un verdadero
juicio de constitucionalidad.
En desarrollo de dicha premisa la Corte oficiosamente
procedió a efectuar una integración normativa con el artículo 23 de la ley 1592
de 2012, que modificó el artículo 23 de la ley 975 de 2005 y al hacerlo, de
entrada, termina mesclando dos sistemas de reparación que tienen contextos,
finalidades e implicaciones claramente diferenciados y los unifica para
finalmente declarar la inexequibilidad de la expresión “las cuales en ningún
caso serán tasadas” del artículo 23, Inciso 4 de la ley 1592 de 2012 y la
expresión “y remitirá el expediente a la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de
las víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera
preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras
de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso 5 del
artículo 23 y el inciso 2 del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
Creo sinceramente que no acertó la mayoría al
construir un problema jurídico que no estaba claramente planteado en la
demanda, a partir de una integración normativa que solo opera excepcionalmente
y que estimo en este caso no cabía, y al proceder a desatar el fondo del
asunto, profiriendo decisión de inexequibilidad, dejando de lado serias
implicaciones del fallo, no suficientemente valoradas, precisamente porque no
fueron parte de los cargos ni de los argumentos que los despacharon, lo que dio
lugar a que se omitiera el análisis de serias y trascendentes    implicaciones
que podrían poner en riesgo el sistema de indemnización administrativa, que ya
esta Corte había declarado constitucional en la sentencia C-250 de 2012, por
querer fortalecer el sistema penal de indemnización judicial frente al
victimario, sin medir las consecuencias de que el Estado pueda llegar a pagar
el total de los correspondientes perjuicios, sin haber sido condenado y con
dineros destinados a programas de reparación administrativa.
Hubiese sido preferible que la Sala se inhibiera
frente a esta demanda, claramente defectuosa y abordara el tema frente al
expediente D-9818 que está a su conocimiento, (actualmente para discusión y
decisión) en el que se controvierte idéntica norma y otras de la misma ley, por
distintos cargos, bajo una perspectiva de análisis más completa o comprensiva
de la problemática jurídico constitucional subyacente. Sin embargo, Al concluir
la Sala de manera distinta creo indispensable separarme de su decisión que
genera perplejidad  por sus impredecibles consecuencias no valoradas
suficientemente frente a las finalidades propias de la ley de víctimas  y las
reparaciones administrativas allí previstas.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
[1] En la
Sentencia C-539/99,  se enunciaron las hipótesis que permiten la
integración de la unidad normativa:  "Excepcionalmente, la
Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son
objeto de control previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere
dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la
integración de la unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la
figura enunciada, la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el
ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha señalado que la formación de la
unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres
eventos. En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando
un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un
contenido deóntico claro o unívoco, de  manera que, para entenderla y
aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su  contenido
normativo con el de otra disposición que no fue acusada.  En estos casos
es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir
un fallo inhibitorio. En segundo término, se justifica la configuración de la
unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se
encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron
demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad
resulte inocuo. Por último, la integración  normativa procede cuando pese
a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se
encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera
vista, presenta serias dudas de constitucionalidad". Sobre integración de
la proposición jurídica pueden consultarse las Sentencias C-916-10, C-125-13,
C-105-13 y C-528-13, entre otras.
[2] ARTÍCULO 40. ENTRADA EN VIGENCIA DEL INCIDENTE DE
IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS. Los incidentes de reparación integral
del proceso penal especial de justicia y paz que hubiesen sido abiertos con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su
desarrollo conforme al procedimiento, alcance y objetivos de lo dispuesto en el
incidente de identificación de las afectaciones causadas que contempla el
artículo 23 de esta ley, el cual
modifica el artículo 23 de la
Ley 975 de 2005.
[3]  que adicionó el artículo 23A a la
Ley 975 de 2005.
[4] Sentencias C-942 de 2010, C-260 de 2011,
C-651 de 2011 y C-250 de 2011, entre otras.
[5] Artículo  1°. La Constitución Política tendrá un
nuevo artículo transitorio que será el 66, así:
Artículo Transitorio 66. Los instrumentos
de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad
prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de
la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para
todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria
podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento
diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan
sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del
Estado, en relación con su participación en el mismo.
Mediante una ley estatutaria se
establecerán instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o
extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y
sanción. En cualquier caso se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial
para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
(…)
En cualquier caso, el tratamiento penal
especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales como los
anteriores estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación
de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al
esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas, la
liberación de los secuestrados, y la desvinculación de los menores de edad
reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los grupos armados al
margen de la ley.”
[6]  Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de
desmovilización en Colombia.
[7]  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paniagua Morales
y Otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998: “173. La
Corte constata que en Guatemala existió y existe un estado de impunidad
respecto de los hechos del presente caso entendiéndose como impunidad la falta
en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena
de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la
Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir
tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad
propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la
total indefensión de las víctimas y de sus familiares.”
[8] “Artículo XVIII.  Toda
persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos.  Asimismo
debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de
los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”
[9] “Artículo 8. Toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.”
[10] “Artículo 8.  Garantías Judiciales.  1.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
[11] Caso de la
Masacre La Rochela vs Colombia: “145. La
Corte ha sostenido que, según la
Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar
recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con
las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la
obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la
Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo
1.1).
146. Esta
Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en
tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares, a que
se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se
sancione a los eventuales responsables.”
[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso  Barrios Altos. Sentencia del 14 de marzo de 2001: “Son inadmisibles las
disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los
derechos humanos”.
[13] La Corte Penal
Internacional “establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las
víctimas o a sus causahabientes”
[14]  “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado
en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si
ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación
que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada.”
[15]  El Comité contra la Tortura, en la
Observación General Nª 3 de 2012, indicó: “ El Comité reconoce los elementos
de la reparación plena en el derecho y la práctica internacionales enumerados
en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos
y obtener reparaciones (Principios y Directrices Básicos)”. De igual forma, la Corte Constitucional en varias oportunidades (Sentencias C- 574 de 1992 y
C-251 de 2002, entre otras)  ha señalado que de las reglas y principios del
derecho internacional humanitario tienen carácter vinculante en el orden
interno dada su naturaleza de normas de ius cogens.
[16] Particularmente a partir de las sentencias C-228 de 2002 y C-004
de 2003, y luego en las sentencias C-282 de 2002, C-580 de 2002, C-805 de 2002,
C-916 de 2002, C-004 de 2003, C-154 de 2004. C-799 de 2005, entre muchas otras.
[17]
ELSTER, Jon: Rendición de Cuentas. La justicia transicional en perspectiva
histórica, Katz, Buenos Aires, 2006, 15; WEBBER,
Jeremy: Forms of Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa
/ NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York
University Press, Nueva york, 2012, 98; PENSKY, Max:
El pasado es otro pueblo. Un argumento a favor de los derechos póstumos como
limitaciones normativas a las amnistías, en: DE GAMBOA
TAPIAS, Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del
Rosario, Bogotá, 2006, 113;
UPRIMNY YEPES, Rodrigo: Las enseñanzas del análisis
comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso
colombiano, en: UPRIMNY YEPES, Rodrigo / Saffon Sanín, María Paula / Botero
Marino, Catalina / Restrepo Saldarriaga, Esteban: ¿Justicia transicional sin
transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad, Bogotá, 2006, 13. Sentencia
C-771 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[18]
AMBOS, Kai: El marco jurídico de la justicia de transición. Especial referencia al caso colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008, 8; DE GREIFF,
Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS, Melissa / NAGY, Rosemary
/ ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York University Press, Nueva
york, 2012; OROZCO, Iván. 2009.
Justicia transicional en tiempos del deber de memoria. Bogota, Temis –
Universidad de los Andes, 9; FORER, Andreas:
Justicia Transicional, Editorial Ibañez, Bogotá, 2012, 19.
[19] Sentencia de la
Corte Constitucional C-771 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20] El Estado de derecho y la justicia de transición en
las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Consejo de Seguridad
de las  Naciones Unidas, 4.
[21] “al valor de la paz no se le puede
conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar la
materialización del contenido esencial del valor de la justicia y del derecho
de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las víctimas, a
pesar de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner fin al
conflicto armado.” C-370 de 2006. En el mismo sentido C-771 de 2011.
[22] DE GREIFF, Pablo: Theorizing Transitional Justice, en: WILLIAMS,
Melissa / NAGY, Rosemary / ELSTER, Jon: Transitional Justice, New York
University Press, Nueva York, 2012, 63.
[23]
FORER, Andreas: Justicia Transicional, Editorial Ibañez, Bogotá, 2012, 19;
MINOW, Martha : Comisiones de la verdad, justicia y sociedad civil,
en : Justicia Transicional, en : MINOW, Martha / CROCKER, David /
MANI, Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre
Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto
Pensar, Bogotá, 2011, 90 y 91; El Estado de derecho y la justicia de transición en
las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Consejo de Seguridad
de las  Naciones Unidas, 12; MALAMUD - GOTI, Jaime:
Lo bueno y lo malo de la inculpación y las víctimas, en: DE GAMBOA TAPIAS,
Camila: Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario,
Bogotá, 2006, 161; ELSTER, Jon: Rendición de
Cuentas. La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz, Buenos Aires,
2006, 141; AMBOS, Kai: El marco jurídico de
la justicia de transición. Especial referencia al caso
colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 2008,
8; MINOW, Martha: Comisiones de la verdad, justicia y sociedad civil, en:
Justicia Transicional, en : MINOW, Martha / CROCKER, David / MANI,
Rama : Justicia Transicional, Siglo del Hombre
Editores; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana-Instituto
Pensar, Bogotá, 2011, 105. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades
que sufren o han sufrido conflictos, Consejo de Seguridad de las  Naciones
Unidas, 4.
[24]
Organización de las  Naciones Unidas, ONU. Informe
del Secretario General a solicitud del Consejo de Seguridad. “el Estado de
Derecho y la Justicia de Transición en las Sociedades que sufren o han sufrido
conflictos”. Párr. 4.
[25] TEITEL, Ruti: Trasitional Justice, Oxford University Press, Nueva
York, 2000, 27.
[26] DE GAMBOA TAPIAS, Camila: La transición democrática y la
responsabilidad de la comunidad por su pasado, en: DE GAMBOA TAPIAS, Camila:
Justicia Transicional. Teoría y Praxis, Universidad del Rosario, Bogotá, 2006,
154.
[27] Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Caso Loayza Tamayo,
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 27 de noviembre
de 1998, Serie C Nº 42, párrafo 170. en donde
ha enfatizado que los Estados parte de la
Convención Americana no pueden invocar disposiciones de su derecho interno,
tales como leyes de amnistía, para incumplir su obligación de garantizar el
funcionamiento completo y debido de la justicia.
[28]  El Informe sobre  el proceso
de desmovilización en Colombia (oea/ser.l/v/ii.120 doc. 60), indica: “Las
experiencias hemisféricas en el contexto de esfuerzos de pacificación han
llevado a tanto a la Comisión como a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos a interpretar, entre otras, la
obligación de los Estados miembros de compatibilizar el recurso a la concesión
de amnistías e indultos a favor de personas que se han alzado en armas contra
el Estado, con la obligación de éste de esclarecer, castigar y reparar
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.”
[29] Artículo 6.5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de
Ginebra de 1949, dispone: “las autoridades en el poder procurarán conceder la
amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el
conflicto o que se encuentren privadas de la libertad internadas o detenidas
por motivos relacionados con el conflicto”
30. “En
cuanto al derecho a la justicia, la
Corte en su jurisprudencia ha establecido diversas reglas, tales como:(…)
(iii)
la obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y
eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de
las víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación
del Estado de diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las
personas afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer
valer los intereses de las víctimas en el juicio;(…)
(viii) el
mandato constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto
de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como
amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad;(…)
(x) la determinación de límites frente a figuras de exclusión de
responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de transición,
en cuanto no es admisible la exoneración de los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y
por tanto el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a
los responsables de los crímenes investigados. Esta regla, como lo ha señalado la
Corte, solo puede tener excepciones en procesos de justicia transicional en
los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se
restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación
integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los
crímenes se repitan” Sentencia C- 715 de 2012.
Del mismo modo, en la sentencia SU-915-13 la Corte Constitucional refiere en extenso las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de
las víctimas a un recurso judicial efectivo.
[31] MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SVP: María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV y AV: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32] Directrices sobre el derecho a obtener reparaciones.
“VI. Tratamiento de las víctimas. 10. Las víctimas deben ser tratadas con
humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse
las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar
por que, en la medida de lo posible, su derecho
interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una
consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y
administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den
lugar a un nuevo trauma.”
[33]  “la Corte ha puesto de relieve que la
jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos, tal como
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una especial relevancia
constitucional en cuanto constituye una pauta hermenéutica para interpretar el
alcance de esos tratados, como la
Convención Americana de Derechos Humanos, y por ende de los propios derechos
constitucionales. “ Sentencia SU-254 de
2013, en la cual la Corte examinó la situación de varios desplazados
solicitantes de reparación por vía administrativa.
[34]           En
términos similares, véase Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Instrumentos Del Estado De Derecho
Para Sociedades Que Han Salido De Un Conflicto. Programas de Reparaciones,
2008.
[35]           Cfr. Preámbulo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969: “Reconociendo que los
derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los Estados americanos”.
[36]           Cfr.
Caso Masacre Santo Domingo Vs. Colombia, párrafo 336, y Caso Caso Manuel Cepeda
Vargas Vs. Colombia, párrafo 246.
[37] Principios de lucha contra la impunidad. Principio31 “Toda
violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus
derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de
reparar y el derecho de dirigirse contra el autor”
[38]  En este sentido, el artículo 75 del Estatuto de Roma,
relativo a la Reparación de las Víctimas establece: 1.
La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las
víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la
Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá
determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o
perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los
principios en que se funda. 2. La
Corte podrá dictar directamente una decisión contra
el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las
víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación.
Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título
de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el
artículo 79. 3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este
artículo, tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las
víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen
en su nombre. 4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el
presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de
un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una
decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar
medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. 5.
Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este
artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente
artículo. 6.  Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá
interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al
derecho interno o el derecho internacional.”
[39]  La
expresión “a cargo del autor o
partícipe del delito” del  numeral 38.3 del artículo 37 de la
Ley 975 de 2005 fue declarada exequible por la
Corte en la sentencia C-575 de 2006, bajo el entendido que todos y cada uno de
los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su
propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos
violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también
responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros
miembros del grupo armado al cual pertenecieron.
[40] ARTÍCULO 12.
COHERENCIA INTERNA. Lo dispuesto en esta ley, procura
complementar y armonizar las medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, con miras a allanar
el camino hacia la paz y la reconciliación nacional.
[41] Sentencias C-052 de 2012 C-250 de 2012,
C-253 A 2012 y C-715 de 2012,
entre otras.
[42] “Artículo 23. Incidente
de reparación integral.  En la
misma audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial
correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa,
solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio
Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el
incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal
y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la
intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio,
para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e
indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones. La
Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima
o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única
pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los
términos de esta ley.
Admitida la pretensión, la
Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a
continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su
contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso
contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el
fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el
incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia
condenatoria...”
Artículo  24.  Contenido de la sentencia. De acuerdo con
los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán
la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena
alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por
el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y
económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se
destinarán a la reparación.”
[43] Aprobación de informe de
conciliación y justificación de las medidas en la
Gaceta 25 de 2013
[44] Que para los casos de justicia y paz es la
Sala correspondiente del Tribunal Superior del Distrito Judicial.
[45] Sobre la relevancia constitucional de la víctima y el principio
de tutela judicial efectiva, en sentencia C-454 de 2006, dijo a Corte
Constitucional: “La
explícita consagración constitucional de la víctima como sujeto que merece
especial consideración en el conflicto penal, se deriva la profundización de
las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho penal del Estado
social de derecho, que promueve una concepción de la política criminal
respetuosa de los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes
en el proceso. Los intereses de la víctima, elevados a rango constitucional se
erigen así en factor determinante de los fines del proceso penal que debe
apuntar hacia el restablecimiento de la paz social. Esta consagración
constitucional de la víctima como elemento constitutivo del sistema penal, es
así mismo coherente con los paradigmas de procuración de justicia provenientes
del derecho internacional, que han sido acogidos por la jurisprudencia de esta
Corte tal como se dejó establecido en aparte anterior. La determinación de una
posición procesal de la víctima en el proceso penal conforme a esos paradigmas,
debe establecerse tomando como punto de partida un sistema de garantías
fundado en el principio de la tutela judicial efectiva, de amplio
reconocimiento internacional, y con evidente acogida constitucional a través de
los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este principio que se caracteriza
por establecer un sistema de garantías de naturaleza bilateral. Ello implica
que garantías como el acceso a la justicia (Art.229); la igualdad ante los
tribunales (Art.13); la defensa en el proceso (Art.29); la imparcialidad e
independencia de los tribunales; la efectividad de los derechos (Arts. 2° y
228);  sean predicables tanto del acusado como de la víctima.”
[46]    Sentencia C-426 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[47]  Sentencia T-247 de 2007
[48] En este sentido, estableció el Principio 12 de los Principios y
Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones que la obligación de respetar, asegurar que se respeten y
aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos
jurídicos comprende el deber de proporcionar a las víctimas recursos eficaces,
mediante los cuales se les garantice realmente el acceso
a la justicia. Y el principio VIII, numeral 13, relativo al derecho a la
justicia precisa que “Además del acceso individual a la justicia, los Estados
han de procurar establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan
presentar demandas de reparación y obtener reparación, según proceda.”
[49] Dice la norma: “Si el
postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se
incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la identificación
de las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso serán
tasadas.” (subrayado fuera de texto)
[50] Como se reseñó en precedencia, la
Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006 indicó que la efectividad
del derecho a la reparación de la víctima no puede sujetarse a la
disponibilidad de recursos estatales, pues “La satisfacción del principio de reparación exige
la observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran el
fondo. Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los
delitos,  en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo
específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del
Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de
los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su
propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El
Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para dar una
cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan
con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen
derecho (inciso segundo del artículo 42 de la
Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos de los
perpetradores sean insuficientes.”
[51] De la exposición
de motivos de la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos al
"proyecto de ley 096 de 2011 Cámara, mediante la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005 'por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios'."