C-397-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-397/12
PRINCIPIO IN DUBIO PRO LEGISLATORIS-Aplicación
SOSTENIBILIDAD FISCAL-Cosa juzgada constitucional
Referencia: expedientes D-8741, D-8742, D-8743,
D-8744, D-8745, D-8746, D-8747 (acumulados)
Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto
Legislativo 03 de 2011, “Por el cual se establece el principio de la
sostenibilidad fiscal”
Accionantes:
Norman Stevenson Guerrero (D-8741)
Myriam Rubiano Morales (D-8742)
Luz Palacios Rico (D-8743)
Jennifer Pulido Becerra (D-8744)
María Eugenia Salgado (D-8745)
Álvaro Rodríguez Rincón (D-8746)
Víctor Sáenz Supelano (D-8747)
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil doce
(2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la presente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los
ciudadanos Norman Stevenson Guerrero (expediente D-8741), Myriam Rubiano
Morales (expediente D-8742), Luz Palacios Rico (expediente D-8743), Jennifer
Pulido Becerra (expediente D-8744), María Eugenia Salgado (expediente D-8745),
Álvaro Rodríguez Rincón (expediente D-8746) y Víctor Sáenz Supelano (expediente
D-8747) demandan el Acto Legislativo 03 de 2011, “Por el cual se establece
el principio de la sostenibilidad fiscal”.
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en sesión del 19 de septiembre de dos mil once (2011),
dispuso acumular las precitadas demandas para tramitarlas conjuntamente.
Las demandas se admitieron
por Auto del veinticuatro (24) de
octubre de dos mil once (2011). En la misma providencia
se dispuso: (i) decretar la práctica de pruebas; (ii) fijar en lista el asunto
bajo revisión y simultáneamente correr traslado al señor Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto de su competencia; (iii) comunicar la
iniciación del proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso de la
República, al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia y del Derecho y
al Ministro de Hacienda y Crédito Público; (iv) invitar a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho
Procesal, a la Comisión Colombiana de Juristas, así como a las facultades de
derecho de las universidades Externado de Colombia, Nacional de Colombia, del
Rosario y Sergio Arboleda, para que intervinieran expresando su opinión
respecto de las normas impugnadas.
Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la
Corte a resolver sobre el asunto de la referencia.
II.
NORMA DEMANDADA
Teniendo
en cuenta que el Acto Legislativo 03 de 2011 fue demandado en su totalidad,  a
continuación la Corte hace la transcripción del mismo de acuerdo con su
publicación en el Diario Oficial 48.117 del 1 de julio de 2011:
“ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2011
(julio 1º.)
Por el cual se establece el principio de
la sostenibilidad fiscal.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El artículo 334  de la
Constitución Política quedará así:
La dirección general de la economía estará a cargo del
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los
recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados,
para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y
los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho
marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de
manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso
el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar
pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas
las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al
conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la
productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y
Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de
colaboración armónica.
El Procurador General de la
Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por
cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la
apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se
oirán las explicaciones de los proponentes sobre las consecuencias de la
sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su
cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos
de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad
fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos
fundamentales.
PARÁGRAFO. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna
circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o
judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos
fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
ARTÍCULO 2o. El primer inciso del artículo 339  de la
Constitución Política quedará así:
Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por
una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden
nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los
recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que
garantice la sostenibilidad fiscal.
ARTÍCULO 3o. El primer inciso del artículo 346 de la
Constitución Política quedará así:
El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de
rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los
primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de
apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de
sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.
ARTÍCULO 4o. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha
de su promulgación”.
III. LAS DEMANDAS
En las demandas acumuladas,
cuyo texto es un formato que contiene los mismos fundamentos de hecho y de
derecho, los accionantes solicitan que se declare inexequible el Acto
Legislativo 03 de 2011 por la vulneración al artículo 375 de la
Constitución Política al haberse desconocido el trámite exigido para su
aprobación.
Recuerdan que el numeral 4º
del artículo 23 (sic) del Reglamento del Congreso señala que “el
número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas
presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a
votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el Presidente y se
ordena su repetición”[1].
Sostienen que durante el
quinto debate en el trámite legislativo del proyecto de sostenibilidad fiscal,
que luego se convirtió en el Acto Legislativo 03 de 2011, la
Comisión Primera del Senado impartió su aprobación de manera irregular. En tal
sentido explican que diversos medios de comunicación que se encontraban en el
lugar registraron que ese día estaban presentes 18 senadores, por lo que se
creía que la votación se desempataría o permanecería como el día anterior, es
decir, 9 votos a favor y 9 en contra. Sin embargo, añaden, cuando le pidieron
el voto al Senador del PIN Juan Carlos Rizzetto, quien se encontraba dentro del
recinto, este no se pronunció, dando como resultado un total de 17 votos (9
a favor y 8 en contra).
Por lo anterior, a juicio
de los accionantes, se incurrió en un vicio de procedimiento ya que se violó lo
dispuesto en el numeral 4º del artículo 23 (sic) del Reglamento del
Congreso, porque el número de votos no fue igual a la cantidad de congresistas
presentes en la corporación al momento de votar. Arguyen que el Presidente
debió ordenar que se repitiera la votación, pero no lo hizo pese a las
solicitudes elevadas por diversos congresistas. Resaltan que la violación al
Reglamento del Congreso vulnera la
Constitución en su artículo 375, porque no se surtieron en debida forma los trámites
para lograr la aprobación del Acto Legislativo en mención.
Para sustentar su
afirmación se remiten a la legislación vigente en lo referente a los medios de
prueba y los hechos notorios (arts. 175 y 177 del CPC). Igualmente señalan que
diversos medios de comunicación, como la Revista Semana[2] y el Diario El Espectador[3] registraron
lo acontecido en la votación del acto legislativo, al tiempo que en un “blogspot”
particular se hizo referencia a la conducta del Senador Rizzetto[4]. Aclaran que
no son ellos los competentes para acusar de dolosa o no la acción del congresista,
pero que no debe existir duda que el actuar del parlamentario es un hecho
notorio de público conocimiento y no requiere prueba; que lo ocurrido no se
desmintió y por lo tanto el acto legislativo nació viciado al mundo jurídico.
IV.
intervenciones
1.-
Ministerio de Justicia y del Derecho
La
apoderada de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico
del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a la
Corte que se declare inhibida por ineptitud sustancial de la demanda.
Expone
que existen otros procesos (expedientes D-8713, D-8734, D-8770, D-8727 y sus
acumulados) sobre el mismo tema y los mismos cargos repartidos en la
Corte, los cuales usaron el mismo formato de demanda. Observa que en los
libelos existen algunos errores, como que el artículo 225 constitucional
pertenece realmente al articulado de la Ley 5 de 1992, y que el artículo 123
ibídem aparece como artículo 23.
Afirma
que la demanda no contiene suficientes elementos que le permitan a la
Corte efectuar un análisis de fondo sobre la validez del acto acusado, porque la
única referencia que hacen los actores del artículo 375 Superior es para decir
que la violación al artículo 123-4 de la Ley 5 de 1992 implica la vulneración
del precepto constitucional señalado.
Argumenta
que los accionantes no mencionaron cuál de los requisitos previstos en el
artículo 375 superior resultó vulnerado con la omisión del trámite legislativo
consagrado en el artículo 123-4 de la Ley 5ª de 1992; y que tampoco expusieron
la razón de la violación, dejándole a la
Corte la tarea de construir el cargo específico y los motivos de dicha
inconstitucionalidad, olvidándose que la revisión de la norma no tiene control
automático ni oficioso.
Señala
que la Sentencia C-1052 de 2001 precisa los requisitos exigidos en toda demanda
de inconstitucionalidad, la cual “debe referir con precisión el objeto
demandado, el concepto de violación y la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto”. Haciendo uso de la misma
providencia, resalta que la Corte ha manifestado, en cuanto al concepto de
la violación, que al ciudadano le corresponde “(i) hacer el señalamiento
de las normas constitucionales que se consideren infringidas (…) concretar el o
los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un
esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas
constitucionales violadas (…), (ii) manifestar qué elementos materiales del
texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones
legales que se impugnan (…) y (iii) que las razones presentadas por el actor
sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.”
Para
concluir, resalta que las razones de inconstitucionalidad expuestas en la
demanda no son específicas ni suficientes, porque los actores se limitan a
exponer argumentos vagos, abstractos y globales respecto de la violación del
artículo 375 de la Carta Política durante el trámite del Acto Legislativo
acusado, sin concretar el contenido normativo del artículo superior que ha sido
vulnerado, ni los elementos materiales del mismo que son relevantes respecto
del trámite contemplado en la Ley 5ª de 1992.
2.-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La
apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pide que se declare exequible
el Acto Legislativo 03 de 2011.
Divide
su pronunciamiento en tres acápites: (i) los artículos periodísticos no son el
medio de prueba idóneo para determinar la configuración de un vicio de trámite;
(ii) la instrumentalidad de las formas procesales, donde no toda irregularidad
dentro del trámite legislativo conlleva a la declaratoria de
inconstitucionalidad; y (iii) los hechos que constan en la
Gaceta del Congreso 37 de 2011.
Para
desarrollar el primer tópico sostiene que los demandantes incurrieron en error
al tratar de probar la configuración del vicio de trámite con una serie de
artículos publicados en diferentes medios de comunicación. Afirma que es la
Gaceta del Congreso la prueba idónea para demostrar cualquier irregularidad
presentada durante el trámite legislativo, por ser ella donde se materializa el
principio de publicidad.
En
lo atinente al punto dos, menciona el principio de instrumentalidad de las
formas e indica que no todos los defectos formales que se presentan durante el proceso
de creación de una ley conducen a la declaratoria de inconstitucionalidad, según
lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación (Sentencia C-737 de 2001).
Arguye que si la Corte admite que el senador Rizzetto se ausentó al momento de
la votación, esto no puede entenderse como un vicio de tal magnitud que lleve a
la declaratoria de inexequibilidad del acto objeto de estudio, ya que la
supuesta ausencia del parlamentario al darse inicio a la votación, lo cual no
consta en la Gaceta, no significa el desconocimiento de los pilares esenciales
del trámite legislativo. Asimismo, resalta que el objetivo del debate, cual es
que los congresistas voten, se cumplió y el proyecto fue aprobado con la
mayoría requerida.
En
el último aparte de su intervención detalla el contenido de la
Gaceta del Congreso 37 de 2011 y no encuentra constancia de los hechos que
plantean los demandantes. Revisa el acta núm. 30 del 25 de noviembre de 2010 y observa
que se cumplieron las exigencias constitucionales relativas a la forma como se
debe llevar a cabo la votación para aprobar un proyecto ya debatido.
Advierte
que quedó consignado en dicho boletín que luego de que el Presidente concedió
el uso de la palabra al último interviniente se abrió la votación del
articulado del proyecto; que el Secretario llamó a lista a cada uno de los
senadores presentes en el recinto, quienes respondían si aprobaban o no el
articulado. Señala que en la página 4 de la
Gaceta puede verse que dentro de los senadores presentes al momento de
iniciarse la votación no se encontraba el parlamentario Juan Carlos Rizzetto
Luces. Por ello, en su sentir, no existió violación al artículo 123 de la
Ley 5ª de 1992. Sin embargo, añade, en la misma Gaceta consta que una vez
votado el proyecto se presentó una discusión en torno a la presencia o no del precitado
Senador, donde ningún congresista solicitó al Secretario una verificación para
que esta constara dentro del acta y quedara probado así lo que realmente había
ocurrido.
Concluye
su pronunciamiento resaltando que los hechos en los que se basan las demandas no
pueden ser considerados como un vicio dentro del trámite de expedición del Acto
Legislativo 03 de 2011, toda vez que no están registrados en la
Gaceta del Congreso.
3.-
Departamento Nacional de Planeación
El
Departamento Nacional de Planeación interviene para justificar la
constitucionalidad del acto acusado.
Destaca
que ante la Corte han sido presentadas varias demandas con igual texto y contra
la misma norma, de manera que al momento de decidir puede haber operado la cosa
juzgada y por lo tanto habrá de estarse a lo resuelto en ellas. No obstante,
expone las razones por las cuales considera que las demandas no deben
prosperar.
Precisa
que la información proveniente de los medios de comunicación se puede interpretar
en diversos sentidos pero no son los mecanismos de fe pública que deben
utilizarse en los casos como el que se estudia. En lo referente al hecho
notorio, concerniente a la actitud del Senador al momento de la votación,
indica que es una sugestiva fórmula de persuasión argumentativa que no puede
ser utilizada como prueba.
En
cuanto a la supuesta vulneración del numeral 4º del artículo 123 de la
Ley 5ª de 1992, expresa que de haberse presentado ese insuceso, en el que un
senador no participó en la votación, debe aplicarse la racionalidad del
procedimiento, es decir, se debe revisar si tal circunstancia contiene una
agresión que haya incidido en la decisión adoptada o si por el contrario
involucra un vicio que no es relevante o determinante en la aprobación.
Adiciona
que la conducta desplegada por el congresista se debió a una falta de atención que
en todo caso no tiene la potencialidad de afectar el trámite ni convertirse en
una traba u obstáculo en el procedimiento que dio lugar a la modificación del
ordenamiento. A su juicio, el comportamiento del parlamentario no perjudicó el
debate como tal, porque fue una acción individual que puede conllevar a una
medida correccional, pero ni la Comisión ni la
Plenaria pueden sustraerse del orden del día, del debate y de las votaciones
programadas cuando se presentan sucesos como el del Senador Rizzetto.
Finaliza
refiriéndose a la Sentencia C-387 de 1997, para señalar que el congresista al
estar investido de ese carácter asume una serie de deberes, como el de ser
diligente y aunque sea derrotado o se abstenga no solo debe someterse a la
regla de la mayoría sino que tal actitud no puede causar la invalidez del acto.
4.- Instituto Colombiano
de Derecho Procesal
El
delegado del Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
interviene para solicitar que se declare inexequible el Acto Legislativo 03 de
2011.
Considera
que la reforma constitucional que se estudia fue adoptada por el Congreso, ante
lo cual debió hacerse conforme a lo establecido en el artículo 375 de la
Carta, aplicando para ello la Ley 5ª de 1992 (reglamento del Congreso).
Observa
que con el fin de evitar ardides de tipo parlamentario, el artículo 123 del
reglamento del Congreso señaló las reglas que deben seguirse en la votación de
los proyectos por los miembros de las Cámaras. Añade que esta norma no puede
ser entendida aplicando diferencias, es decir, haciéndola obligatoria para los
proyectos de ley y no cuando se trate de reformas a la
Constitución. Sostiene que las reglas para las votaciones parten del
presupuesto lógico-jurídico de que la votación se hace indispensable para el
ejercicio de la función legislativa, donde “entre votar afirmativa o
negativamente no hay medio alguno”, como lo precisa el artículo 127 de la
Ley 5ª de 1992.
Teniendo
en cuenta esas reflexiones aduce que en el trámite del proyecto que se
convirtió en Acto Legislativo 03 de 2011 se ha demostrado plenamente:
-
Que en la sesión en la que fue
votado el proyecto de Acto Legislativo en estudio estuvo presente el Senador
Juan Carlos Rizzetto como uno de los 18 integrantes de la
Comisión Primera.
-
Que la ausencia de voto de
cualquiera de los integrantes decidía la suerte del proyecto.
-
Que el Senador Juan Carlos
Rizzetto aceptó expresamente que estando en el recinto no votó y adujo como
excusa que cuando la votación se produjo “él estaba haciendo algunas
consultas”. Es decir, justifica su omisión del deber de votar, con un hecho
no contemplado en el artículo 124 de la 5 de 1992.
-
Que el número de votos (17) no
coincidió con el número de Senadores presentes (18).
-
Que el Presidente de la
Comisión omitió su deber de anular esa votación irregular y se abstuvo de
ordenar la repetición de la misma.
Concluye
que existió una grave omisión de las normas que regulan el ejercicio del poder
de reforma constitucional que en este caso se cumplía por el Congreso de la
República. Así, deja claro que se quebrantaron las normas mencionadas de la
Ley 5 de 1992 y en consecuencia se violó el artículo 151 de la
Carta, y con ello no se dio cumplimiento al artículo 375 constitucional.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, mediante concepto 5289, radicado el doce (12)
de enero de dos mil doce (2012), solicita a la
Corte estarse a lo resuelto en el proceso en el cual se acumularon los
expedientes D-8762, D-8763, D-8764, D-8765, D-8766, D-8767, D-8768. En tal
sentido, advierte que las demandas bajo estudio se fundan en las mismas
consideraciones expuestas en los asuntos antes mencionados, de manera que reitera
los argumentos señalados en esa oportunidad.
Considera
que los actores señalan la regla de trámite violada y las circunstancias
espacio temporales en las que se infringe, pero desaciertan al señalar el
debate correspondiente, que no fue el quinto sino el tercer debate del
proyecto. Expresa que el artículo 123-4 de la
Ley 5ª de 1992 forma parte de una norma orgánica que rige el proceso de
formación de los actos legislativos, la cual debe incorporarse al bloque de
constitucionalidad, para luego determinar si esta disposición establece un
requisito esencial que tiene un alcance relevante o si por el contrario es un
mero trámite que no conlleva mayor incidencia en la validez de la norma.
El
jefe del Ministerio Público analiza el alcance del artículo 123-4 de la
Ley 5ª de 1992 y posteriormente revisa lo ocurrido en la
Comisión Primera del Senado, en la sesión del 25 de noviembre de 2010.  Indica
que ese día la Comisión Primera repitió la votación del proyecto que se
convertiría en el Acto Legislativo 03 de 2011, porque en sesión precedente, al
votar, el resultado había sido un empate con 9 votos a favor y 9 en contra.
Dice
que antes de votar se llamó a lista y contestaron 18 Senadores, entre ellos el
parlamentario Juan Carlos Rizzetto Luces. Sin embargo, el resultado de la votación
fue de 9 a favor y 8 en contra, para un total de 17, donde el Senador estaba
presente pero no votó. Opina que la omisión del congresista no puede
justificarse porque no se configuró ninguno de los supuestos previstos en el
artículo 124 de la Ley 5 de 1992. Además, porque no quedó evidencia alguna de
que el Senador se hubiese excusado, hecho confirmado en las declaraciones que
el mismo parlamentario dio a la revista semana[5].
Concluye
que el vicio constatado en el proceso de formación del Acto Legislativo podía
subsanarse anulando la votación y repitiéndola, tal como lo puso de presente el
Senador Hernán Andrade Serrano, según consta en la
Gaceta del Congreso 037 de 2011. Sin embargo, como no se hizo, el vicio
subsiste y afecta la validez de la votación del acto en cuestión.
VI. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
De conformidad
con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 241 de la
Constitución Política, la Corte es competente para conocer el asunto de la
referencia, ya que se trata de una demanda interpuesta contra un acto
reformatorio de la Constitución, en este caso el Acto Legislativo 03 de 2011, “por
el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal”.
2. De la existencia de cosa juzgada
constitucional
2.1.- La Sala comienza por recordar que el Acto
Legislativo 03 de 2011 ha sido objeto de numerosas demandas de inexequibilidad.
En relación con el asunto que ahora es objeto de examen, las demandas fueron
admitidas en virtud del principio pro actione y sobre la base de que
para ese momento la Corporación aún no se había pronunciado frente a la validez
o no de dicho acto. Sin embargo, como a la fecha existen decisiones al respecto
es necesario examinar previamente su alcance y determinar si ha operado la cosa
juzgada.
2.2.- Como ya se mencionó, en las demandas acumuladas, cuyo texto es un formato que
contiene los mismos fundamentos de hecho y de derecho, los accionantes
solicitan que se declare inexequible el Acto Legislativo 03 de 2011 por la
vulneración al artículo 375 superior.
En
esencia, consideran que se incurrió en vicios de trámite relacionados con el
proceso de aprobación del proyecto en la
Comisión Primera del Senado, derivado de la falta de votación por parte del
Senador Juan Carlos Rizzetto. Aducen que a pesar de haber estado presente
durante la sesión del 25 de noviembre de 2010, no emitió su voto, desconociendo
la regla prevista en el artículo 123-4 de la
Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) y con ello incurrió en vicios de trámite
legislativo de carácter insubsanable.
2.3.-
Observa la Sala que los reproches
que ahora se plantean ya fueron examinados y desestimados por esta corporación
en la reciente sentencia C-332 de 2012, de manera que ha operado el fenómeno de
la cosa juzgada constitucional.
En el precitado fallo la
Corte se pronunció en relación con siete (7) demandas de inconstitucionalidad
presentadas exactamente en los mismos términos que las que ahora se formulan,
esto es, por la supuesta existencia de un vicio de trámite en el proceso de
aprobación del Acto Legislativo 03 de 2011 en el Congreso de la
República.
Concretamente, le
correspondió a la Corte determinar si durante el curso del tercer debate del
proyecto de Acto Legislativo sobre sostenibilidad fiscal, el cual tuvo lugar en
la Comisión I del Senado, se incurrió en un vicio de trámite insubsanable
consistente en no haber alcanzado la mayoría exigida para la aprobación del
proyecto, dado que un Senador que se encontraba presente en el recinto se
abstuvo de votar.
Examinado el material probatorio acopiado y el
desarrollo de la sesión del 25 de noviembre de 2010, cuando tuvo lugar el
tercer debate del proyecto de Acto Legislativo sobre sostenibilidad fiscal en la
Comisión I del Senado de la República, la
Corte pudo constatar que en dicha sesión: (i) se procedió a repetir la
votación que había tenido lugar el día anterior, debido al empate que se había
presentado (9-9); (ii) cuando el Secretario de la
Comisión llamó a lista para la votación del proyecto, el senador Juan Carlos
Rizzetto Luces no contestó; (iii) el proyecto fue aprobado por 9 votos a favor
y 8 en contra; (iii) cuando el Secretario llamó a lista a efectos de votar el
título del proyecto, el senador Juan Carlos Rizzetto Luces no contestó; (iv) el
senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona afirmó que el senador Rizzetto Luces se
encontraba en el recinto pero se abstuvo de votar; (v) en un primer momento, el
senador Hernán Andrade Serrano solicitó, con el fin de evitar problemas
futuros, que se repitiera la votación, pero al final estimó que no se había
presentado irregularidad alguna; (vi) el senador Juan Manuel Galán Pachón
suscribió la constancia dejada por el senador Avellaneda; (vii) el senador Juan
Manuel Corzo Román intervino para afirmar que no se había presentado vicio
alguno; (viii) el senador Carlos Enrique Soto Jaramillo intervino en el sentido
de afirmar que el Secretario de la Comisión ya había dado fe del sentido de la
votación y que no se había presentado irregularidad alguna; (ix) El senador Roy
Barreras Montealegre afirmó que el senador Rizzetto no había contestado ningún
llamado a lista y que éste se encontraba ausente de la
Comisión al momento de votar; (x) el senador Luis Fernando Velasco afirmó que
el senador Rizzetto sí se encontraba en el recinto de la
Comisión al momento de votar, pero no lo hizo; (xi) el senador Soto Jaramillo
intervino nuevamente para afirmar que el senador Rizzetto Luces, al momento de
votar no se encontraba en su curul; (xii) el presidente de la
Comisión estimó que no se debía repetir la votación, por cuanto esta había sido
reglamentaria.
Adicionalmente, en la
Sentencia C-332 de 2012 la Corte tuvo en cuenta que el Secretario General de la
Comisión I del Senado certificó que efectivamente el senador Rizzetto no
contestó en ninguna ocasión los diversos llamados que se le hicieron para
emitir su voto. Sin embargo, anotó que sobre el punto central de debate, esto
es, si se encontraba o no en el recinto de la
Comisión al momento de llevarse a cabo la votación, no había certeza porque al
respecto existían tres versiones. Aunado a lo anterior, advirtió que si un
congresista observa que dentro del trámite de votación se presenta una
irregularidad, debe solicitar al secretario una verificación del quórum, a
efectos de que conste dentro del acta y de esta forma probar lo sucedido, lo
cual no ocurrió en aquel entonces.
Ante esta situación la
Corte consideró que procedía aplicar el principio in dubio pro legislatoris,
según el cual, en caso de duda razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de
procedimiento, aquélla debe ser resuelta a favor de la decisión mayoritaria
adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el Congreso de la
República; además, como una manifestación del principio democrático.
Así, en el caso concreto, del examen del acervo
probatorio no quedaba claro si en efecto el senador Rizzetto Luces se encontraba
o no presente en el recinto de la Comisión I del Senado al momento de ser
votado el  proyecto de acto legislativo. A lo anterior, se agregó que ningún
congresista solicitó verificar el quórum, con lo cual lo expresado por el
Secretario de la misma, además de lo consignado en la respectiva Acta de
Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso, se tuvo por cierto, por cuanto es
el Secretario de la Comisión quien da fe de lo sucedido en el curso de los
debates parlamentarios y las votaciones.
Con estos elementos de juicio, concluyó la
Corte que no había evidencia sobre la existencia de un yerro que viciara el
trámite de aprobación del acto legislativo impugnado, por lo que declaró su
exequibilidad.
2.4.- En este orden de ideas, ante la existencia de
cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 243
superior, no queda alternativa distinta a estarse a lo resuelto en la sentencia
C-332 de 2012.
VII.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la
Sentencia C-332 de 2012, que declaró EXEQUIBLE, por el cargo analizado,
el Acto Legislativo 03 de 2011.
Cópiese, notifíquese, publíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y archívese el expediente.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Magistrada (E)
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente en comisión
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La
norma corresponde al artículo 123 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del
Congreso).
[2]
www.semana.com/nacion/medio-polemica-votación-avanza-proyecto-sostenibilidad-fiscal/147894-3.aspx
[3]
www.elespectador.com/economia/articulo-236776-gobierno-logra-pasar-proyecto-de-sostenibilidad-fiscal-extrana-votacion
[4]
http://julianarevalob.blogspot.com/2010/11/democracia-representativa-y-regla.html
[5]
Según aparece publicado en el siguiente link:
http://www.semana.com/nacion/medio-polemica-votacion-avanza-proyecto-sostenibilidad-fiscal/147894-3.aspx