T-085-17
Sentencia T-085/17
LEGITIMACION POR ACTIVA DE PERSONERO MUNICIPAL PARA
INTERPONER ACCION DE TUTELA A NOMBRE DE MENORES DE EDAD-Requisitos
La
formulación de la acción de tutela por parte del personero municipal exige de
éste (i) la individualización o determinación de las personas perjudicadas y
(ii) la argumentación en torno a la forma en que se ven particularmente
comprometidos sus derechos fundamentales. Ambos requisitos apuntan al
establecimiento concreto de la amenaza que se ciñe sobre la o las personas que,
en su criterio está o están afectadas. El incumplimiento del deber de
identificar e individualizar a las personas afectadas por la amenaza a los
derechos fundamentales que se denuncia,
conlleva la improcedencia del reclamo constitucional. Dicha individualización
consiste en aportar elementos suficientes para concluir quién o quiénes son
representados por la gestión de la personería y sobre quiénes se concede o se
niega el amparo. En relación con ello se ha enfatizado que ese requisito, si
bien es trascendental para el trámite constitucional, no puede obstaculizar la
labor de las personerías. Es suficiente que aporten elementos que sean aptos
para determinar a los sujetos rodeados por la solicitud y la decisión judicial.
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Vulneración por falta de nombramiento de docente en escuela rural, lo
que conllevó a cierre prolongado de sede educativa
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION DEL MENOR-Garantía constitucional al goce efectivo
VINCULACION OPORTUNA DE DOCENTES COMO GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, ADAPTABILIDAD
Y CALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACION
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se nombró docente en escuela rural
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Deber de garantizar educación a niños que habitan zona rural de difícil
acceso
Referencia:
Expediente T-5.754.974
Acción de tutela instaurada por la Personería
Municipal de El Paujil (Caquetá) contra la Secretaría de Educación
Departamental y la Gobernación del Caquetá.
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de El Paujil (Caquetá).
Asunto: Legitimación por activa de los personeros municipales, carencia
actual de objeto por hecho superado y derecho a la educación (accesibilidad).
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., quince (15) de febrero
de dos mil diecisiete (2017).
En ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio,
Aquiles Arrieta Gómez y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la
preside, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo
de única instancia proferido el 25 de mayo de 2016 por el Juzgado Promiscuo
Municipal de El Paujil (Caquetá), que negó el amparo por la configuración de un
hecho superado.
El asunto llegó a esta Corporación
por remisión que hizo el juez de segunda instancia, en virtud de lo dispuesto
en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y del inciso 2° del artículo
31 del Decreto 2591 de 1991. Fue escogido para revisión por la Sala de
Selección N°9, mediante auto del 27 de septiembre de 2016.
I. ANTECEDENTES
La Personera Municipal de El Paujil,
Cindy Ginency Gutiérrez Vargas, promovió acción de tutela
contra la Secretaría de Educación Departamental y la Gobernación del Caquetá,
al considerar que comprometen los derechos a la educación, la dignidad humana y
los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la vereda “La Cabaña”
del municipio El Paujil, al negarse a adelantar las gestiones necesarias para
nombrar un docente en la escuela de ese lugar.
A. Hechos y pretensiones
Varios padres de familia de la vereda La Cabaña le
informaron a la Personera Municipal de El Paujil (Caquetá) que desde hace cuatro
años sus hijos no reciben clase en la escuela cercana. Sin nombramiento docente
en esa escuela, los niños y niñas de la vereda se ven obligados a hacer largos,
difíciles y peligrosos recorridos hacia las veredas más cercanas para recibir
clase. Entretanto la escuela, a pesar de tener la infraestructura necesaria y
computadores para funcionar, se encuentra en estado de abandono.
Como consecuencia de las dificultades de los
desplazamientos, varios menores de edad desertaron del sistema educativo para
emprender proyectos de vida alternativos. Específicamente, las niñas tienden a
conformar familias y a convertirse en madres a temprana edad[1].
La accionante precisó que la Institución Educativa
Rafael Uribe Uribe de la vereda Versalles, a través de su Rector, solicitó horas
extra para atender la demanda de la vereda La Cabaña. La Secretaría de
Educación Departamental del Caquetá, en respuesta a esa petición, admitió que
la sede “La Cabaña” requería un docente, cuyo nombramiento aseguró que
estaba en trámite; aun así no se nombró ningún docente en la escuela[2].
Ante esa situación, el 11 de mayo de
2016, la Personera Municipal de El Paujil (Caquetá) acudió al juez
constitucional para que éste ordene a los accionados adoptar las medidas
necesarias para proveer un docente de planta en la escuela “La Cabaña”. Pidió
además que llame la atención a los accionados sobre la necesidad de que ajusten
sus decisiones conforme el alcance y los debes que les impone el derecho a la educación.
Hizo las mismas solicitudes como medida provisional.
B. Actuaciones de instancia
Repartida la demanda de tutela al Juzgado Promiscuo Municipal de El
Paujil (Caquetá), fue admitida y de ella se le corrió traslado a la accionada
por auto del 13 de mayo de 2016. En esa decisión se le solicitó a la demandada
informar la razón por la que no hay docente en la sede “La Cabaña” de la
Institución Educativa Rural Rafael Uribe Uribe.
Ni en el trámite de admisión ni en el resto de decisiones judiciales,
el juzgado se pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares.
C. Respuesta de la accionada
La Gobernación del Caquetá, a través de su Secretario de
Gobierno, sostuvo que para 2015 la sede “La Cabaña” no reportaba estudiantes
matriculados, por lo que no fue necesario asignarle docente. Posteriormente, toda
vez que encontró la necesidad del nombramiento docente, el 24 de mayo de 2016 profirió
el Decreto N°000923 en el que reconoció el estatus provisional de docente amenazado
a Yenesmith Calderón y la comisionó en el Instituto de Educación Rural Rafael
Uribe Uribe.
Recordó que la asignación de personal docente se encuentra reglamentada
en el Decreto 3020 de 2002 del Ministerio de Educación Nacional. Con arreglo a
él, toda vez que la sede “La Cabaña” no tiene educandos por atender en
el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), es imposible enviar un educador.
Finalmente, aseguró que dada la comisión que ordenó el Decreto N°000923
del 24 de mayo de 2016, la pretensión se satisfizo y se configuró un hecho
superado.
D. Sentencia de Única Instancia
El 25 de mayo de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de El Paujil
(Caquetá) profirió sentencia en la que negó el amparo ante la existencia de un
hecho superado. Encontró que el nombramiento de una docente en la sede La
Cabaña dejó sin objeto tutelable a la acción formulada por la Personería
Municipal.
E. Actuaciones en el trámite de Revisión
1. Al haber
advertido que el Ministerio de Educación y la Institución Educativa Rural
Rafael Uribe Uribe no fueron notificadas de la existencia de esta acción, a
pesar del interés que les asiste en el resultado de la misma, mediante auto del
9 de noviembre de 2016 ambas fueron vinculadas para asegurar su derecho a la defensa.
2. En el mismo
auto, se solicitó la ampliación de los hechos denunciados. Se pidió que las
partes, las vinculadas y el Municipio del Paujil resolvieran cuestionarios
particulares sobre el asunto.
2.1. En respuesta, la Institución
Educativa Rural Rafael Uribe Uribe del Municipio del El Paujil, se limitó a
señalar que “ya fue nombrado docente para atender la población estudiantil
en edad escolar desde el día 22 de Agosto del año 2016”[3]. No
contestó las preguntas puntuales que se le hicieron[4].
2.2. El Ministerio de
Educación Nacional, al responder los interrogantes[5], precisó
que el Gobierno Nacional ha creado estrategias a favor del acceso, permanencia
y calidad en la educación rural[6].
Entre esas estrategias destacó (i) la implementación de modelos flexibles[7]; (ii) la
inversión del sector solidario[8];
y (iii) los programas de alimentación escolar[9].
Informó que según la Subdirección de
Recursos Humanos del Sector Educativo, en el departamento de Caquetá ha habido
una disminución de la relación alumno/docente en zonas rurales. Cuando para
2003 fue de 23,0 tan solo alcanzó los 16,3 en el año 2015. Entonces, esa
entidad territorial atiende grupos cuyo número de estudiantes es inferior al
establecido en el Decreto 3020 de 2002 (compilado en el Decreto 1075 de 2015),
que prevé la asignación de un docente por cada 22 educandos en zonas rurales.
Actualmente el Ministerio adelanta un
proceso de orientación sobre la organización de la planta docente en las
entidades territoriales. En él se les propone tener en cuenta 8 criterios[10].
Si bien la entidad debe hacer lo posible
por lograr las relaciones estudiante/docente previstas en el Decreto 3020 de
2002, debe considerar también la dispersión geográfica del estudiantado, la
capacidad de los establecimientos educativos y las situaciones de violencia, porque
afectan directamente el cumplimiento de los parámetros técnicos de la
prestación del servicio educativo. Finalmente, recalcó que la distribución de
la planta de cargos es competencia exclusiva del Departamento de Caquetá,
conforme al artículo 6° de la Ley 715 de 2001.
Sobre las estrategias de prestación del
servicio de transporte escolar que son administradas por las entidades
territoriales, señaló que proceden cuando los estudiantes (i) vivan en una zona
rural que no tenga oferta de cupos; (ii) los establecimientos educativos estén
a más de 2 kilómetros de distancia de su lugar de residencia; y (iii) los
estudiantes estén en situación de discapacidad. Sobre esta estrategia el
Ministerio brinda asistencia técnica para que las entidades territoriales
tengan en cuenta las diferentes opciones de financiación[11].
Aseguró que en la Sede La Cabaña de la
Institución Educativa Rural Rafael Uribe Uribe está registrada la docente Carmenza
Martínez Palacios, quien conforme la información suministrada por la Secretaría
de Educación del Caquetá al Juzgado Promiscuo Municipal de El Paujil, “se encuentra
actualmente laborando”[12].
2.3. La Personería
Municipal de El Paujil (Caquetá), envió una comunicación en la que, sin
responder las preguntas específicas que se le hicieron[13], sostuvo
que según las manifestaciones del Rector de la Institución Educativa Rural
Rafael Uribe Uribe, el 22 de agosto de 2016 se asignó docente para la sede La
Cabaña. La profesora nombrada antes, en mayo de ese mismo año, nunca llegó a
ejercer su labor en esa sede educativa.
No obstante lo anterior, asegura que “no
se tiene conocimiento el (sic.) futuro de la asignación del docente para los
siguientes años, toda vez, que la asignación se realizó culminando el año 2016
y se pretende que continúe con los siguientes periodos la prestación del
servicio educativo”[14].
2.4. La Gobernación
de Caquetá, contestó parcialmente el cuestionario[15]. Precisó
que según la información del Sistema de Información de Matrícula (SIMAT) hay 5
niños matriculados en la sede La Cabaña. Por su ubicación geográfica, llegar a
ella implica una hora de camino a pie, de manera que no existe posibilidad de
establecer en forma certera cuántos niños habitan en la vereda.
Aseguró que la comisión a la docente
Yenesmith Calderón no está vigente. Ella fue trasladada al municipio de
Florencia[16]
y en su reemplazo, fue nombrada en forma provisional Carmenza Martínez Palacios
a través del Decreto 684 del 4 de agosto de 2016 (notificado el día 16 del
mismo mes). Al 21 de noviembre de 2016, esa sede educativa presta los servicios
educativos.
2.5. El Municipio El
Paujil dijo que en la vereda la Cabaña hay 4 niños (sic.), 4 desescolarizados
y 4 escolarizados en otros lugares diferentes a la vereda La Cabaña. Tres de estos
últimos demoran 10 minutos en llegar a sus colegios y uno media hora, pese a
que las veredas contiguas se encuentran a 40 minutos e incluso a una hora. Informó
además que, según el rector de la Institución Educativa Rural Rafael Uribe
Uribe, el pasado 22 de agosto fue nombrada una docente en la sede La Cabaña.
3. En vista de que
la información suministrada por algunas de las autoridades públicas oficiadas
en el auto del 9 de noviembre de 2016, no precisaba suficientemente los datos
solicitados, la Sala Quinta de Revisión mediante auto del 19 de diciembre de
2016, suspendió los términos para decidir por 20 días, reiteró y amplió la
solicitud inicial de pruebas.
3.1. Tanto a la
Personería Municipal de El Paujil como a la Institución Educativa Rural Rafael
Uribe Uribe se les reiteró la solicitud de información.
La Personería Municipal de El Paujil sostuvo
que son trece los menores de edad que habitan en la vereda La Cabaña. Como
quiera que viven en fincas aisladas, deben caminar entre 20 y 30 minutos para
acudir a la escuela de la zona, que empezó a funcionar desde agosto de 2016.
Actualmente solo siete de esos niños están efectivamente matriculados[17].
Según relató, toda vez que la escuela de la vereda La
Cabaña estuvo cerrada entre tres y cuatro años, varios niños de la zona alcanzaron
la mayoría de edad, tuvieron que inscribirse en internados o sus familias se
vieron forzadas a buscar otros lugares de residencia, para asegurar el acceso a
la educación. Otros diariamente debían emprender recorridos largos y riesgosos
para acceder a los servicios educativos de las veredas aledañas: Brasilia y
Agua Rojo.
En promedio las distancias y recorridos de los
niños de la vereda La Cabaña tenían las siguientes particularidades:
Vereda
Institución Educativa
Distancia desde el lugar de
residencia (km)
Tiempo / Medio de desplazamiento
Medio
Tiempo
Brasilia
Bolivia –Sede Brasilia
8 km
A caballo
1 hora y 45 minutos
Caminando
2 horas
Agua Rojo
Versalles –Sede Agua Rojo
7 u 8 km
A caballo
1 hora y 45 minutos
Caminando
2 horas
Los menores de edad se transportaban solos por ríos
y pasos difíciles, con los riesgos propios de la selva y el monte (mencionó animales
y -aunque no se ha presentado el caso- posibles minas antipersonales, como las
hay en las cercanías). Para emprender el recorrido que día a día debían hacer
los niños de la vereda La Cabaña, de entre 6 y 13 años de edad, debían salir de
sus casas a las cinco y media de la mañana, para volver a las tres de la tarde a
almorzar.
Los caminos por los que hacían el recorrido eran de
herradura o rial (trocha), y en épocas de lluvia (la mayor parte del año en el departamento)
resulta imposible cruzarlos por las inundaciones que, normalmente, se
presentan. La Personera aclaró que los desplazamientos no se hacen en medios
mecanizados porque no hay vías propicias para ello.
Las dificultades a las que se sometieron los niños
para acceder a los servicios educativos en otros lugares de la región, provocaron
en ellos un deseo de apartarse de sus estudios y desarrollar otros proyectos de
vida. Por ejemplo, dos niñas desertaron y ahora se encuentran en estado de
embarazo.
Finalmente, adujo que cuando la profesora Carmenza
Ramírez llegó a la escuela de La Cabaña, en agosto de 2016, se matricularon 5
niños que estudiaban en otros lugares de la región. Sin embargo, por ejemplo
hay una niña de 9 años que ahora cursa segundo de primaria en condiciones de
extra-edad, pues mientras la escuela estuvo fuera de servicio y sin poder
acudir a otro centro educativo, no pudo continuar los estudios, por lo que
ahora los retomó en el nivel en que los dejó. Según informó, la docente
nombrada en el cargo sostiene que no tiene ninguna certeza sobre la duración de
su asignación.
La Institución Educativa Rural Rafael
Uribe Uribe se abstuvo de contestar la solicitud de información que le hizo
esta Corporación.
3.2. La Sala instó a la
Gobernación del Caquetá para que absolviera los interrogantes sobre los que no
se pronunció y le formuló preguntas adicionales[18].
La Gobernación del Caquetá, en
respuesta a ello, precisó que es el Gobernador quien define la planta de
personal para los establecimientos educativos, pero es el Rector de cada uno de
ellos quien debe hacer la “gestión escolar”. Ésta incluye la
administración de la planta de personal, la asignación de la carga académica,
la definición de la jornada laboral, la matrícula de los estudiantes y el
registro de la información en el Sistema Integral de Matrícula (SIMAT). La
periodicidad del registro de los datos en él, depende de las novedades; ante su
ocurrencia el directivo actualiza la información a través de un usuario
privado. Por lo tanto, es el Director de la institución educativa quien debe
dar cuenta de cuál es la población en edad escolar por atender[19].
Informó que la Institución Educativa
Rural Rafael Uribe Uribe cuenta con 8 sedes. El directivo docente ejecuta un
Plan Operativo Anual que incluye visitas a todas ella, con el objetivo de
acompañarlas. Con los hallazgos construye un informe sobre las novedades y lo
presenta a la Secretaría de Educación Departamental, por mandato del artículo
10 de la Ley 715 de 2001. De igual forma efectúa el proceso de gestión de cobertura,
que permite proyectar los cupos y dimensionar la demanda del servicio educativo
en la zona.
Sin embargo, el Gobernador llamó la
atención sobre el hecho de que la población en edad escolar de la región es una
población flotante, en la medida en que el departamento “se caracteriza por
ser una zona amplia, marginal y dispersa (…) figura como una zona de
colonización y registra una alta movilidad social porque no hay arraigo por la
tierra y por la incidencia de los grupos armados ilegales”. Este problema
se agudiza en la vereda La Cabaña porque sus pobladores se desempeñan, en su
mayoría, como mayordomos y cuidadores de fincas por lo que son itinerantes y la
demanda educativa es reducida.
La Gobernación destacó que el servicio
de educación se presta en el Caquetá de acuerdo con la demanda. La planta
docente se distribuye conforme los parámetros del Decreto 3020 de 2002. Sin
embargo, éstos se han aplicado con flexibilidad por las condiciones geográficas
de la zona; incluso se ha llegado a nombrar un profesor por tan solo 5 niños.
En asentamientos pequeños el derecho a
la educación lo garantiza a través de los Internados Escolares Rurales, uno de
los cuales pertenece a la Institución Educativa Rural Rafael Uribe Uribe. Además
existen modelos educativos flexibles alternativos, como la Escuela Nueva,
Postprimaria, Educación para Jóvenes y Adultos y aceleración del aprendizaje.
Sobre el caso específico de la sede
escolar de La Cabaña, precisó que mediante el Decreto 684 del 4 de agosto de
2016, se asignó en ella una docente que ha acreditado el cumplimiento de su
jornada laboral. Sin embargo, la continuidad de la prestación del servicio
educativo en dicha escuela “depende del cumplimiento de los requisitos del
artículo 138 de la Ley 115 de 1994, la necesidad de la demanda del servicio y
que exista el talento humano idóneo para que se preste el servicio”.
Respecto a las condiciones de la vereda
precisó que la sede educativa más cercana es la de la vereda Agua Rojo, ubicada
a 6 o 7 kilómetros de distancia. Allí se llega a caballo o a pie por camino de
herradura o trocha, por una o dos horas. Los pobladores de la vereda no cuentan
con vías principales y se movilizan normalmente a pie, a caballo o en moto.
3.3. Al Juzgado
Promiscuo Municipal de El Paujil se le ofició con el ánimo de que precisara
si hay actuaciones posteriores en el proceso, que no hayan sido remitidas a
esta Corporación.
Dicha sede judicial manifestó que
encontró en este caso un hecho superado, pues el nombramiento docente pedido se
había efectuado. Sin embargo, mediante comunicación del 13 de junio de 2016 la
accionante le puso en conocimiento la persistencia de la falta de docente. De
ese escrito, sin considerarlo una nueva acción de tutela, se le corrió traslado
a los implicados pero no han respondido hasta la fecha. Ha sido ese el único
escrito recibido tras la emisión de la sentencia y, luego de ello, no ha
tramitado ninguna otra solicitud de amparo por los mismos hechos.
3.4. A la Defensoría
del Pueblo se le solicitó un informe sobre la situación del ejercicio del
derecho a la educación por parte de los niños que habitan la vereda La Cabaña,
con objetivos concretos[20].
En respuesta, tras solicitar la ampliación del término para rendirlo[21], adjuntó
el informe construido con base en la visita a la zona del Defensor Regional del
Caquetá y de un funcionario de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones
Judiciales. Ambos se entrevistaron con la docente Carmenza Martínez Palacios,
con el Presidente de la Junta de Acción Comunal y con algunos pobladores.
Constataron que la sede La Cabaña estuvo
cerrada por 4 años. La principal preocupación ante su cierre es la tendencia de
las jóvenes a vincularse afectivamente, formar hogares y ser madres
tempranamente, lo que las limita para retomar sus estudios y finalizarlos.
Además, con la escuela cerrada los menores de edad debían desplazarse por 2
horas a pie hacia otras veredas para recibir el servicio educativo. En la
vereda y de ahí a otros sectores del municipio no hay servicio continúo de
trasporte público y “del diálogo sostenido con una estudiante de la vereda
La Concordia se concluyó que los recorridos matutinos los realizan en el camión
encargado de recoger la leche de las distintas fincas (la chiva lechera) y que
finalizada su jornada educativa regresan caminando o pidiendo a las personas
que transitan en la vía que los lleven”.
Además establecieron que en la vereda
existen al menos 9 niños en edad escolar y se encuentran matriculados en la
sede La Cabaña. El Presidente de la Junta de acción Comunal sostuvo que no cuenta
con información suficiente para establecer si hay niños matriculados en otras
instituciones educativas del municipio.
Actualmente –precisaron-, la señora
Carmenza Martínez Palacios se desempeña como docente en la sede de la vereda La
Cabaña. Fue nombrada en provisionalidad, pues por motivos personales solicitó
traslado desde marzo de 2015. Según lo manifestó a la Defensoría del Pueblo, su
intención es trasladarse nuevamente a un lugar que le permita estar más
pendiente de las necesidades de su hijo de 27 años, en condición de
discapacidad cognitiva, quien se encuentra “al cuidado de una institución
que se encarga de rehabilitar personas farmacodependientes”[22]. Para la
Defensoría esto implica que la escuela tiene probabilidad de quedar nuevamente
sin docente.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. En
virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política de 1991, como en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para decidir el presente asunto.
Asunto objeto de revisión y problema
jurídico
2. Para
efectos de resolver este asunto es importante recordar que la accionante
denuncia la renuencia de la Secretaría Departamental de Educación del Caquetá a
nombrar docente en la escuela de la vereda La Cabaña, una de las sedes de la
Institución Educativa Rural Rafael Uribe Uribe.
La falta de docente en ese centro educativo obligó a
que los niños y niñas que habitan en la zona, hicieran largos y peligrosos trayectos
para acceder al servicio educativo. En vista de las dificultades de acceso que
ello representa, varios menores de edad han optado por interrumpir sus estudios
y emprender otros proyectos de vida; las jóvenes conforman hogares y quedan en
estado de embarazo a temprana edad.
Para conjurar la situación, la Personera solicitó al juez
constitucional que se nombre un docente en la escuela La Cabaña, con el fin de
asegurar el derecho a la educación de las niñas y niños de la vereda. Sin
embargo, el juez decidió negar el amparo constitucional porque encontró un
hecho superado, atado al hecho de que en mayo de 2016 fue asignada la docente
Yenesmith Calderón.
Durante el trámite de revisión se pudo constatar que dicho
nombramiento nunca se hizo efectivo. Luego, en agosto de 2016, fue asignada a
esa sede educativa la profesora Carmenza Martínez Palacios, que hasta la fecha
presta sus servicios en la escuela de La Cabaña.
En todo caso, la continuidad del funcionamiento de la
sede La Cabaña, depende según la Gobernación, de la demanda del servicio, que debe
ser establecida y registrada en el SIMAT por el rector de cada establecimiento
educativo. No obstante lo anterior, las partes en este proceso no coinciden en el
número de niñas, niños y adolescentes en edad escolar que habitan la zona. Al
respecto, la Secretaría de Educación ha manifestado que está en imposibilidad
de determinarlo por las difíciles condiciones de acceso a la vereda.
3. Planteada
así la situación, la Sala debe resolver varios problemas jurídicos. En primer
lugar, en relación con la procedencia formal de la acción, le corresponde precisar
sí (i) ¿está legitimada la Personera Municipal de El Paujil para interponer
esta acción de tutela en resguardo de los derechos de los niños y niñas que
habitan la vereda La Cabaña? y además sí (ii) ¿en este caso se configuró un
hecho superado a raíz del funcionamiento actual de la sede educativa ubicada en
la vereda La Cabaña?
Abordadas esas cuestiones preliminares es necesario
establecer si ¿las autoridades del sector educativo comprometen los derechos de
las niñas, niños y adolescentes que habitan una zona rural de difícil acceso,
como la vereda La Cabaña, cuando condicionan la asignación docente a la
cantidad de menores de edad que precisan el servicio (i) sin disponer de mecanismos
más que la matrícula escolar para determinar la demanda educativa (ii) ni ofrecer
alternativas claras cuando por haber grupos reducidos de menores de edad no se
les asigna un docente?
Análisis
formal de procedencia
4. Para la Sala la solicitud de amparo
constitucional que se estudia en esta oportunidad, satisface plenamente los
requisitos de subsidiaridad e inmediatez de la acción de tutela. En primer
lugar, para la defensa de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes de la vereda La Cabaña, es claro que la Personera Municipal de El
Paujil no contaba con ningún otro mecanismo judicial. En segundo lugar, al
momento de su formulación los hechos estaban plenamente vigentes.
En
adelante, para efectos de responder los dos primeros problemas jurídicos
planteados, se analizará si la accionante tiene legitimación para actuar y si, a
pesar de las constataciones hechas en el trámite de revisión, la acción de
tutela conserva su objeto. Toda vez que la sentencia de instancia encontró un
hecho superado, la misma será revisada de acuerdo con lo considerado en este
último punto.
Legitimación
por activa de los personeros municipales para formular acciones de tutela.
5. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la
acción de tutela es un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales con
el que cuenta su titular para protegerlos y restaurar su ejercicio, cuando la
administración o los particulares los comprometen con su acción u omisión.
La solicitud de
amparo puede ser formulada por el afectado (directamente) o a través de un
tercero que, ante el juez constitucional, asuma la representación y la agencia de
sus intereses (indirectamente[23]).
La interposición indirecta de la acción, se contrae a ciertas personas y
situaciones concretas en las que la persona cuyos derechos han sido
desconocidos, no puede formularla por sí mismo o prefiere la gestión
profesional de la solicitud, mediante los servicios de un profesional del
derecho.
No todas las
personas en cualquier situación pueden promover acciones de tutela en nombre de
otras. Conforme al Decreto 2591 de 1991 en su artículo 10°[24], cuando
esta acción no es promovida por el titular de los derechos cuya protección se
reclama, puede ser formulada únicamente por (i) su representante legal, (ii) su
apoderado judicial, (iii) su agente oficioso o también por (iv) el Defensor del
Pueblo o los personeros municipales.
6. La actuación de los personeros municipales en
defensa de los derechos fundamentales, se encuentra establecida además en la
Ley 136 de 1994, cuyo artículo 178 establece entre las funciones de esos servidores
públicos la de “interponer por delegación del Defensor del Pueblo las
acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se
encuentre en situación de indefensión.”[25].
La
delegación de la Defensoría del Pueblo de la que trata ese artículo, se efectuó
durante los primeros años de la vigencia de la Constitución de 1991, en forma
general mediante la Resolución 001 del 2 de abril de 1992[26].
Así la
intervención del personero municipal queda condicionada a la (i) indefensión de
la persona o el grupo de personas afectadas, o a la (ii) solicitud de mediación
que aquellas le hagan. Sin embargo, como lo ha entendido la jurisprudencia
constitucional, esa petición no puede equipararse a un poder para actuar y no
tiene ningún requisito formal[27].
Basta la mera petición en ese sentido, que bien puede ser verbal[28], para
que el personero quede legitimado para acudir al juez para el resguardo de los
derechos fundamentales de los afectados.
Para asumir
la agencia de derechos fundamentales, los personeros municipales “no
necesitan estar personalmente interesados en el caso, ni tampoco exhibir un
poder conferido por la persona afectada. Su función no es la de representar
intereses particulares en virtud de mandato judicial -como el que se confiere a
un abogado litigante- sino la de buscar, a nombre de la sociedad, la protección
efectiva de los derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia”[29]. Este
objetivo conlleva a que los personeros no solo estén facultados, sino obligados
a representar a los afectados judicialmente, en sede de tutela, cuando estén en
condición de vulnerabilidad extrema[30].
7. La legitimación por activa de los personeros
municipales ha sido reconocida ampliamente, de manera uniforme y reiterada por
la jurisprudencia constitucional, con fundamento en la habilitación referida y en
las funciones constitucionales que la personería tiene asignadas para la defensa
local de los derechos fundamentales[31].
No
obstante lo anterior, la formulación de la acción de tutela por parte del
personero municipal exige de éste (i) la individualización o determinación de
las personas perjudicadas y (ii) la argumentación en torno a la forma en que se
ven particularmente comprometidos sus derechos fundamentales. Ambos requisitos
apuntan al establecimiento concreto de la amenaza que se ciñe sobre la o las
personas que, en su criterio está o están afectadas. El incumplimiento del deber
de identificar e individualizar a las personas afectadas por la amenaza a los
derechos fundamentales que se denuncia, conlleva la
improcedencia del reclamo constitucional[32].
Dicha
individualización consiste en aportar elementos suficientes para concluir quién
o quiénes son representados por la gestión de la personería y sobre quiénes se
concede o se niega el amparo. En relación con ello se ha enfatizado que ese
requisito, si bien es trascendental para el trámite constitucional, no puede
obstaculizar la labor de las personerías. Es suficiente que aporten elementos que
sean aptos para determinar a los sujetos rodeados por la solicitud y la
decisión judicial[33].
8. Sin perjuicio de todo lo expuesto hasta este
punto, lo cierto es que ante cualquier afectación de los derechos fundamentales
de los menores de edad, las personerías municipales tienen plena facultad de
agenciar sus derechos. Ello no solo porque ellos son población vulnerable en
razón de la edad, sino además porque como lo ha reconocido la jurisprudencia, cualquier
persona está legitimada para buscar su protección judicial, mediante la acción
de tutela; cuando más lo estarán las autoridades que hagan parte o desempeñen
las funciones propias del Ministerio Público[34].
Concretamente
las sentencias T-1102 de 2000[35],
T-029 de 2002[36],
T-789 de 2010[37]
y T-137 de 2015[38],
en casos similares al que se estudia, concluyeron que los personeros
municipales se encuentran legitimados para formular acciones de tutela en nombre
de los menores de edad que resulten afectados por la falta de nombramiento de docentes.
9. Analizados los supuestos de hecho del caso concreto
que se analiza en esta oportunidad, no hay duda de que la Personera Municipal
de El Paujil está legitimada para acudir al juez constitucional, con el fin de
que ampare los derechos a la educación y a la vida digna de los niños, niñas y
adolescentes que habitan en la vereda La Cabaña, de su municipalidad.
9.1. La accionante formuló esta petición de amparo
por las solicitudes y denuncias de los padres de familia de la vereda en mención[39], quienes
indicaban que de mucho tiempo atrás la escuela ubicada en sus inmediaciones no
estaba en funcionamiento. Como consecuencia de ello los niños estaban expuestos
a dificultades extremas de acceso, que generaban la deserción escolar,
exposición cotidiana a riesgos para su integridad física y búsqueda de otros
proyectos de vida. Como quiera que persigue la protección de derechos
fundamentales en favor de niños, niñas y adolescentes, la legitimación es
clara.
9.2. Además, para circunscribir el grupo de
menores de edad para el que buscaba protección, la Personera accionante dijo
actuar “en nombre y representación de los niños, niñas y adolescentes de la
Vereda La Cabaña del municipio de El Paujil Caquetá”[40].
Aportó una lista de personas con 8 nombres que tituló “Lista de alumnos
vereda la Cabaña”. Sin embargo, en la respuesta que dio al auto del 19 de
diciembre de 2016, sostuvo que el número de afectados es 13, de los cuales solo
7 están matriculados actualmente en la sede educativa de La Cabaña[41].
La
Sala encuentra que si bien los niños perjudicados con el cierre de la sede
educativa La Cabaña no fueron estricta y completamente identificados en el
escrito de tutela y si bien no hay certeza sobre el número de ellos, lo cierto
es que sí son determinables tanto en su individualidad como en su cantidad; el
criterio para determinarlos ha de ser su residencia en la vereda La Cabaña de
El Paujil.
10. Anotado lo anterior, en esta oportunidad no
hay duda de que existe legitimación por activa en cabeza de la Personera
Municipal de El Paujil para obrar en la defensa de los derechos fundamentales a
la educación y a la dignidad humana de los menores de edad que habitan en la
vereda La Cabaña. La acción se interpuso en defensa de esos intereses
específicos de personas vulnerables concretas, determinadas y determinables.
La carencia de objeto tutelable por
hecho superado
11. Toda vez que
la intervención del juez constitucional en sede de tutela debe responder a una vulneración
o una amenaza (actual, cierta e inminente) que recaiga sobre los derechos
fundamentales de una persona o conjunto de personas individualizables, cuando
el riesgo desaparece o se concreta, la acción de tutela como las facultades excepcionales
y residuales del juez pierden su razón de ser.
La sustracción de la causa de la interposición de la
solicitud del amparo, elimina la vocación protectora que le es inherente a la
acción de tutela, respecto del caso concreto. Por ende, cualquier intervención
u orden, carecería de efecto práctico alguno y, materialmente, “caería en el
vacío”[42].
En los eventos en los
cuales las circunstancias de hecho que motivan la interposición de la acción han
cambiado sustancialmente, al punto en que la conducta que constituía una
amenaza para los derechos fundamentales del accionante, no puede seguir
considerándose peligrosa para ellos, bien porque el riesgo se concretó (daño
consumado) o bien porque aquella desapareció y las pretensiones del actor
fueron satisfechas (hecho superado)[43]. En ambos casos la materia del debate
constitucional se habrá sustraído.
Cuando a la formulación de la acción y al inicio del
trámite constitucional, le sigue la cesación de la conducta que se identificó
como causa de la afectación de los derechos fundamentales, se entiende que hay
un hecho superado, que se caracteriza por la satisfacción íntegra de lo
solicitado por el accionante[44].
Puede considerarse entonces que la acción, como una unidad, carece de sentido
porque lo que
se esperaba de ella se obtuvo, antes de la intervención del juez.
Esta Corporación en la Sentencia T-045 de 2008
estableció claramente que hablar de hecho superado supone verificar una
conducta vulneratoria de derechos fundamentales que precede a la interposición
de la acción y que desaparece durante el trámite de la misma, cuando con ello
se satisfacen todas las pretensiones del accionante.
12. En
principio, la declaratoria de un hecho superado sustrae del conocimiento del
juez constitucional un asunto de tutela, pues con la amenaza extinta no hay
motivo que lo lleve a pronunciarse sobre el fondo del asunto que se le plantea.
No obstante lo
anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del
asunto sometido a su conocimiento, pues como órgano de cierre e intérprete
autorizado de la Constitución, le corresponde en sede de revisión determinar el
alcance de los derechos fundamentales cuya protección se reclama[45], pronunciarse sobre la
vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de
1991[46] y determinar si, con atención de las
particularidades del caso, procede el amparo, ya no en la dimensión subjetiva
de los derechos conculcados, sino en la objetiva[47].
En esa medida la Corte
Constitucional, conforme sus competencias constitucionales y legales, a pesar
de la configuración de un hecho superado, puede hacer: i) observaciones sobre
los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que
originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre
la garantía de no repetición[48]; y iv) adoptar las medidas de
protección objetiva que considere necesarias[49].
13. En
el caso que se estudia, la accionante solicitó como medida de protección,
provisional y definitiva, impartir la orden a la Gobernación del departamento
del Caquetá para que “adopten las medidas presupuestales y administrativas
necesarias para proveer (…) el cargo de un docente de planta requerido para la
escuela La Cabaña de esta jurisdicción”[50].
Además solicitó advertirle que debe obrar para garantizar el acceso y la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
La pretensión principal se contrae sin duda al nombramiento de un
docente en la sede educativa de la vereda la Cabaña, para que esta última pueda
funcionar en beneficio de los agenciados. Esta solicitud sin duda quedó satisfecha
con el nombramiento efectivo de la profesora Carmenza Martínez Palacios, quien
fue designada en la escuela para desarrollar las actividades pedagógicas,
conforme el Decreto 684 del 4 de agosto de 2016[51]. Esta
maestra se desempeña en la escuela La Cabaña desde agosto de 2016 hasta el
momento; de ello dan cuenta la planilla de seguimiento y control de la jornada
laboral, aportada por la Gobernación[52],
como el informe de la Defensoría del Pueblo.
Así las cosas, la amenaza en la que se fundamenta la solicitud de
amparo constitucional hecha por la Personera Municipal de El Paujil (Caquetá)
para proteger el derecho a la educación y a la dignidad humana de los niños,
niñas y adolescentes de la vereda La Cabaña se extinguió, bajo la modalidad de
hecho superado.
13.1. El juez de
instancia concluyó también la existencia de un hecho superado, pues llegó a esa
convicción al estimar que la expedición del Decreto 923 del 24 de mayo de 2016
que, por un periodo de 3 meses prorrogables, nombró a Yenesmith Calderón, como
docente en el Instituto Educativo Rural Rafael Uribe Uribe, en la sede de la
vereda La Cabaña, suprimía los riesgos a los que estaban sometidos los
agenciados.
La instancia no constató que el acto formal de nombramiento se hubiera
materializado y, sin considerar que en la práctica la escuela aún no estaba en
operación, declaró la carencia de objeto. Por el acto formal del nombramiento,
el juez de instancia asumió que la vulneración de los derechos de los menores
de edad de la sede La Cabaña se encontraba superada. Sin embargo, en revisión
se pudo establecer que la docente asignada nunca dictó clase en esa sede, por
razones que se desconocen, de tal modo que desde mayo hasta agosto de 2016 la
situación que provocó la formulación de la acción se mantuvo.
Queda claro que el juez se concentró en la conducta de la
administración y si bien ella servía para verificar el nombramiento de la
profesora, en este caso eso no era suficiente para verificar el estado del goce
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la región.
Al respecto la Sala destaca que el goce de los derechos fundamentales depende
de aspectos puramente materiales. La gestión de la administración no revela un
ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la educación y la dignidad
humana, que tienen dimensiones prácticas y cotidianas que no pueden ser medidas,
en la mayoría de casos, por la mera expedición de actos administrativos. La
declaratoria del hecho superado que hizo el juez de instancia no consultó si en
efecto los niños, niñas y adolescentes de la vereda La Cabaña accedían al
servicio educativo, para el momento en que se profirió.
Entonces para la Sala es claro que la decisión del Juez Promiscuo
Municipal de El Paujil, si bien obedeció a las pruebas allegadas en el trámite
de la acción de tutela de la referencia, se limitó a hacer constataciones y
consideraciones formales que derivaron en la superación ficticia de los hechos.
Para ese momento la afectación de los derechos que denunció la personera
continuaba.
13.2. Fue en
sede de revisión que se advirtió el actual funcionamiento de la escuela La
Cabaña, a través de las pruebas solicitadas y aportadas por diferentes
autoridades y servidores públicos.
14. En esa
medida, la Sala debe confirmar el sentido de la decisión de instancia, pues aquella
declaró el hecho superado que, en efecto, se configuró en este asunto, lo cual está
claro. Sin embargo, cabe señalar que esa confirmación no obedece a los motivos
expuestos por la instancia, sino exclusivamente a los que se consignan en esta
decisión.
15. No obstante la
decisión de declarar el hecho superado y la carencia actual de objeto en este
caso concreto, es necesario precisar y garantizar la dimensión objetiva[53] del
derecho a la educación.
A pesar de que el acceso a la educación
de los menores de edad que habitan la vereda La Cabaña del municipio El Paujil
(Caquetá) se encuentra garantizado con la presencia actual de una docente, la
falta de acompañamiento y de gestión administrativa oportuna por parte de la
Gobernación genera inestabilidad en el ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes de esa zona. Su formación en condiciones dignas depende de
la presencia de aquella maestra, pues la Gobernación no tiene mecanismos de
respuesta ágil para asegurar que, frente a su ausencia, haya continuidad en la
prestación de ese servicio. Por ende, aunque la dimensión subjetiva del derecho
está satisfecha, en relación con la objetiva existen problemas suficientes que
impiden limitarse a la declaratoria del hecho superado.
En este caso existe suficiente evidencia de que la respuesta de la
Gobernación del Caquetá ha sido insuficiente para resguardar el derecho a la
educación de las niñas, los niños y los adolescentes de la vereda La Cabaña,
quienes tuvieron dificultades extremas de acceso a los servicios educativos,
por la falta de nombramiento docente por un periodo de 4 años.
Dado lo anterior, la Sala estima que
para conjurar los problemas relacionados con la garantía de la prestación del
derecho a la educación en la vereda La Cabaña, es necesario hacer un
pronunciamiento y tomar medidas sobre el fondo del asunto.  Con esos fines, en
lo que sigue, la Sala se referirá a las generalidades del derecho a la
educación, para desembocar en las obligaciones que tiene el Estado de
asegurarlo universalmente, en independencia de la ubicación geográfica del
menor de edad que lo requiera. Bajo esa óptica precisará los hallazgos sobre el
caso concreto y finalmente dispondrá las medidas necesarias para evitar la
repetición de los hechos que dieron origen a la interposición de esta acción.
El derecho a la educación. Trascendencia social e
individual desde el punto de vista constitucional.
16. La educación ha sido reconocida por esta Corporación como un derecho
fundamental y, a la vez, como un servicio público con función social, gratuito
y obligatorio. Corresponde al Estado garantizar su prestación en los niveles
básicos, con arreglo no solo a los principios, valores y fines contenidos en la
Constitución, sino además al marco normativo internacional integrado a ella en
el bloque de constitucionalidad[54].
Sin embargo, tanto el Estado, como la sociedad y la
familia son responsables de la educación, que en Colombia es obligatoria desde
los 5 a los 15 años de edad, y ha de comprender cuando menos un año de
prescolar y nueve de educación básica[55].
17. El artículo 67 de la Constitución Política precisa que la educación es
un derecho fundamental inherente a cada persona, el artículo 44 lo reconoce
expresamente como un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes. A
través de ella se busca el acercamiento del sujeto al conocimiento, la ciencia,
la técnica y a los demás bienes y valores culturales que surgen de la dinámica
de la sociedad y de su historia.
Entonces, la aproximación de cada persona al sistema
educativo, supone no solo una garantía para ella, en tanto le aproxima a los
conocimientos para interactuar en el contexto histórico en el que vive, sino
que también representa la posibilidad del enriquecimiento de la vida en
sociedad[56],
de la democracia y de la producción de nuevo conocimiento y de diferentes perspectivas
científicas o sociales. Potencia al sujeto y, a través de él, a la humanidad[57].
En suma, el acceso a servicios educativos, contínuos y
de calidad, fomenta el desarrollo íntegro del ser humano, lo abre al ejercicio
de la ciudadanía y lo empodera para comparecer en el espacio público[58]. Por
el contrario, la falta de compromiso estatal con las obligaciones que le impone
la fundamentalidad del derecho a la educación, tiene como consecuencia a largo
plazo la disminución de la potencia democrática del sujeto y de la
colectividad.
La falta de esfuerzos estatales, alienta la deserción,
a la que se le han reconocido costos importantes, pues “menores niveles
educativos se asocian a baja productividad del trabajo, menor crecimiento de
las economías y mayor gasto público para financiar programas sociales y
transferencias a sectores que no logran generar recursos propios. Otros costos
sociales son la reproducción intergeneracional de la desigualdad y de la
pobreza y su impacto en la integración social, lo que dificulta el
fortalecimiento de la democracia”[59].
En virtud de la incidencia en la dinámica social del
derecho a la educación, y de su relevancia para el Estado, la sociedad, la
familia y el individuo, su ejercicio es uno de los mecanismos más efectivos
para materializar el principio y el derecho a la igualdad, desde el plano de
las oportunidades y de la consolidación de relaciones más equitativas[60].
18. A nivel personal, al derecho a la educación se le ha reconocido que
entre muchas otras cualidades, repercute en el ejercicio de otros derechos
relacionados con la elección de un proyecto de vida[61]. Se
ha destacado cómo el acceso al servicio educativo es una herramienta de
proyección social para el sujeto y la fuente del ejercicio autónomo y
fortalecido de otras garantías subjetivas[62].
Por eso, la imposibilidad para comparecer al aula escolar implica para la
persona una reducción de sus posibilidades de elección interna, libre y
espontánea sobre su propio ser, en la medida en que resta opciones de desempeño
social o laboral y disuade las ideas asociadas a proyectos de vida diferentes a
los que el niño percibe en su entorno inmediato.
Ello no significa que las opciones de vida que ofrece
el sistema escolar sean superiores que las demás, pero sí que el sistema
escolar ofrece una gama ampliada de posibilidades de ser. Brinda un panorama
sobre las posibilidades de desempeño en el contexto social y con ello genera
una serie de posibilidades de desarrollo adicionales –ocupacionales, técnicas o
profesionales- a las que ofrece la cotidianidad, en la medida en que la
orientación hacia ellas no surge fácilmente en la vida fuera del aula.
19. Varias sentencias han destacado la forma en la que los límites al ejercicio
del derecho a la educación forman un escenario propicio para que los menores de
edad se vean, materialmente, inclinados a desarrollar labores o a asumir roles
asociados a la madurez de la edad y a la adultez. Éstos conllevan un
alejamiento de actividades infantiles que, como el juego y la recreación,
potencian la formación del menor de edad y por el contrario se convierten en un
obstáculo para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas.
Bajo esta perspectiva, esta Corporación ha señalado la
necesidad de fortalecer los sistemas escolares como un mecanismo para frenar el
trabajo infantil[63].
A su vez las opiniones expertas de la UNICEF y la CEPAL han señalado cómo en
América Latina[64]
la falta de oportunidades educativas y, en Colombia[65] la
reducida respuesta estatal a la demanda educativa en zonas rurales, tiene una
estrecha relación con la maternidad temprana, por citar otro ejemplo.
20. Lo anterior para decir que la falta de acceso equitativo al sector
educativo no solo compromete el derecho a la educación en el momento en que se
presenta una barrera para entrar o permanecer en él. También supone efectos personales
a mediano y largo plazo, que comprometen los derechos ligados a la libertad de
configurar un proyecto personal de sí mismo sin interferencias u orientaciones
ajenas al fuero interno de la persona (libre desarrollo de la personalidad).
21. Las obligaciones estatales en relación con el derecho a la educación,
conforme fueron descritas en la Observación N°13 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), son: (i) asegurar el funcionamiento
efectivo de instituciones educativas y programas en cantidad suficiente para
atender la demanda educativa –disponibilidad-; (ii) ofrecer en
los centros de educación condiciones para que toda la población acceda a los
servicios sin ninguna discriminación, y asegurar que en independencia de los
recursos económicos y la ubicación geográfica todos los menores de edad lo
logren –accesibilidad-; (iii) garantizar que, de forma y de
fondo, la enseñanza, los programas y los métodos pedagógicos sean de calidad y
resulten pertinentes y adecuados de conformidad con la comunidad y la cultura a
la que se dirigen –aceptabilidad-; y por último (iv) velar porque
el sistema educativo se ajuste a las necesidades de los educandos y de su entorno
para efecto de asegurar la permanencia de aquellos en los programas de
educación -adaptabilidad-.
Estas cuatro obligaciones de los Estados para
concretar en sus territorios el derecho a la educación, han sido catalogadas en
4 dimensiones de él: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la
adaptabilidad[66].
La distinción favorece el análisis de las distintas situaciones, sin perjuicio
de la interconexión e interdependencia entre las garantías a las que aluden.
Solo su confluencia asegura el ejercicio integral de ese derecho.
De esas cuatro dimensiones del derecho a la educación,
a la luz de las particularidades del caso concreto, esta Sala considera
importante puntualizar la accesibilidad ante obstáculos geográficos.
22.
Respecto de la accesibilidad es necesario
precisar que, entre otras, en las sentencias T-690 de 2012[67] y T-458 de 2013[68] y T-008 de 2016[69], esta Corporación precisó que esta
obligación-dimensión implica concretamente adoptar medidas que eliminen las
barreras que puedan desincentivar a los menores de su aprendizaje, por factores
económicos o geográficos[70].
Cuando las dificultades para que los menores de edad
comparezcan a las aulas de clase están en el orden geográfico, se ha advertido
que las entidades territoriales pueden ofrecer dos alternativas: (i) la
inaplicación de las normas de distribución del personal docente o su
nombramiento con criterios flexibles[71];
y por otro lado, (ii) el suministro de servicios de transporte para que el
estudiante llegue a la institución educativa más cercana[72]. En
cualquier evento es inaceptable que la dispersión geográfica de los menores de
edad impida que acudan a escenarios escolares propicios para su formación.
En el primero de los casos, en el que se ha resuelto
la posibilidad de inaplicar las normas sobre la asignación de docentes por un
número específico de estudiantes, es importante traer a colación la Sentencia
T-690 de 2012. En ella se resolvió una
acción de tutela formulada porque las autoridades del sector educativo, tanto del orden nacional como
departamental y municipal, se abstuvieron de asignar un docente en la escuela más
cercana al lugar de residencia de varios niños en la Vereda la Selva; por ese
motivo ellos debían caminar durante una hora y media hacia otra vereda para
recibir las clases. En esa decisión ordenó al Ministerio de Educación Nacional y a las
autoridades locales que “provean un profesor(a) a la escuela de la vereda
Selva, teniendo en cuenta que para ello pueden inaplicar el artículo 11 del
Decreto 3020 de 2002, respecto del número mínimo de estudiantes que debe haber
en una zona rural para la ubicación de personal docente”.
Respecto a la segunda opción de las autoridades
departamentales o municipales, se ha considerado que ante la dificultad para
nombrar un docente en zonas rurales y más específicamente en las veredas, la
autoridad local debe prestar el servicio de transporte escolar, para lograr el
acceso de los menores a las aulas. Así lo resaltó la Sentencia T-458 de 2013[73], pues
aseguró que “el derecho a una educación accesible acarrea la obligación
correlativa a cargo del Estado de adoptar medidas deliberadas, concretas y
orientadas hacia la implantación de la enseñanza, y que la omisión de este
deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades. En
este orden de ideas, el derecho fundamental a la educación comporta la
obligación positiva de proveer el transporte de los niños campesinos, cuando la
institución educativa más cercana se ubica lejos de su vivienda”.
Con fundamento en lo anterior, es claro que ante la
existencia de obstáculos geográficos para el acceso a los servicios educativos
de la población campesina, esta Corporación planteó hasta este punto dos vías
alternativas. Por un lado el suministro de transporte y por otro, el
nombramiento docente, ante la inadmisibilidad de que la lejanía sea un
obstáculo para que los niños ubicados en áreas rurales asistan al colegio.
23. Cabe destacar sobre el particular que la dimensión ius fundamental
de la educación, implica asegurar su universalidad. Bajo esa idea, la ubicación
geográfica del niño no puede, bajo ningún supuesto, impedir el ejercicio pleno
de ese derecho[74],
ni mucho menos cargarlo, con imposiciones desproporcionadas para acceder y
comparecer a las aulas.
Si bien es cierto que las áreas rurales y las urbanas,
por la dinámica que engendra su geografía y su topografía, no tienen condiciones
idénticas, ambas son y deben ser asumidas como escenarios de concreción de
todos los derechos fundamentales. Entonces, el papel de las autoridades
públicas es consolidar estrategias de servicio que tengan en cuenta las
particularidades regionales, para diseñar los mecanismos de acción que les
permitan cumplir su obligación de asegurar en todo su territorio la prestación
del servicio educativo. Esto quiere decir que las dificultades geográficas de
acceso no pueden excusar al Estado para prestar los servicios que internacional
y constitucionalmente está obligado a proporcionar, pues ni estos ni la
efectividad y exigibilidad de los derechos de los asociados pueden estar
condicionados por las condiciones que rodean a los niños.
24. En el ámbito territorial, cuando los municipios no han sido
certificados por el departamento, cada uno de estos últimos tiene a su cargo la
garantía local del derecho a la educación, en virtud de la descentralización de
los servicios educativos[75].
Ello implica que son los departamentos, a través de sus Secretarías de
Educación, los encargados directamente de garantizar plenamente el derecho a la
educación de sus habitantes en edad escolar.
Análisis del caso concreto
25. La situación que la Personera Municipal de El Paujil (Caquetá) puso en
conocimiento del juez de tutela se superó en tanto ya fue nombrada una
profesora en la sede educativa localizada en la vereda La Cabaña y ejerce sus
funciones pedagógicas en ella. Con ello la amenaza a la dimensión subjetiva del
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de esa zona, cesó
como se anunció previamente.
Sin embargo, en lo que atañe a su dimensión objetiva,
relativa a los deberes de las autoridades públicas de garantizar la
accesibilidad y continuidad del servicio público de educación, la Sala advierte
la existencia de concepciones erráticas que las autoridades departamentales
hacen en relación con sus deberes. Sí la Sala se abstuviera de referirse a
ellas, lo más probable es que la situación se vuelva a presentar ante la
ausencia temporal o definitiva, de la docente que se desempeña en ese lugar.
En este punto es determinante tener
en cuenta que el riesgo de repetición de los hechos que dieron origen a este
trámite constitucional fue advertido tanto por la accionante como por la
Defensoría del Pueblo. La primera lo hizo en la contestación que dio
tanto al auto del 9 de noviembre como al del 19 de diciembre de 2016, en los
que sostuvo que si bien ya fue nombrada una profesora en la sede La Cabaña de
la Institución Educativa Rural Rafael Uribe Uribe, no hay certeza sobre la
continuidad en la prestación del servicio educativo. La Defensoría del Pueblo
por su parte, tras visitar la zona, presentó conclusiones en el mismo sentido,
al advertir el ánimo de trasladarse que tiene actualmente la docente designada.
Si bien, en apariencia la regeneración de la amenaza
sobre los derechos a la educación y la dignidad humana de los niños de la
vereda La Cabaña puede percibirse hipotética y eventual, lo cierto es que la
administración departamental ha mostrado cierta incapacidad para determinar y
para atender oportunamente las necesidades educativas en esa área rural. Lleva
eso a pensar que ante una posible falta de docente en la zona, que puede
presentarse por cualquier razón, los menores de edad se verían en las mismas
circunstancias que llevaron a la accionante a formular esta petición de amparo
para ellos.
26. Para explicar las concepciones erráticas a las que se hizo mención en
el fundamento jurídico anterior, conviene dejar en claro que la responsabilidad
de garantizar la prestación del servicio educativo en el departamento es, en
primera medida, de la Gobernación. Las responsabilidades de los directivos de
cada establecimiento educativo se circunscriben, entretanto, al interior de
cada plantel, por lo que estos últimos serán competentes para gestionar la vida
escolar en la institución, con todas las sedes que la compongan, pero la
Gobernación es la encargada de las demás gestiones que lleven a asegurar la
prestación del servicio[76].
La Gobernación del Caquetá destacó en sus
comunicaciones que la determinación de la demanda educativa no estaba dentro de
sus competencias. Manifestó que por el contrario, dependía del registro en el
SIMAT de la información que consigna y actualiza el directivo de cada centro
educativo, sobre el número de personas matriculadas y las novedades
correspondientes. Con base en ello la Gobernación estima las necesidades de la
población y las atiende.
Entonces, la asignación y permanencia de un docente en
la sede “La Cabaña” depende directamente de la demanda educativa de la
zona. Pero paradójicamente la demanda del servicio, según lo precisó la
Gobernación, se determina exclusivamente a partir de la matrícula de
estudiantes, misma que a su vez depende de la presencia, funcionamiento y
operación real de las diferentes sedes de los establecimientos educativos. La planta
docente la determina únicamente la información establecida en el SIMAT sobre
cuántos niños y niñas están matriculados en una institución, pero sólo habrá
niños matriculados en sedes que estén abiertas a la comunidad. No parece
razonable que alguien matricule a un menor de edad para recibir formación donde
no funciona ninguna escuela.
Esta metodología de reconocimiento de las demandas
educativas de la población que habita zonas rurales de difícil acceso no
consulta las necesidades reales de la comunidad. Se limita a atender a quienes
se matriculan, pero no a quienes dejan de hacerlo. Y si bien ello tendría
sentido en la medida en que los derechos fundamentales comportan cargas de
agenciamiento autónomo por parte de sus titulares, quienes deben procurar su
disfrute y poner de sí para lograrlo, entiende esta Sala que en este caso
específico el cierre prolongado de la sede educativa fijó, de entrada, una
barrera de acceso que impide la matrícula, y por esa vía propicia la
incongruencia entre lo que sería la demanda nominal (representada por los
estudiantes matriculados en la institución y cuya determinación sí está a cargo
del directivo docente) y la demanda educativa real de la vereda, que incluye a
quienes están en edad escolar y no están registrados como estudiantes de alguna
institución, por haber recibido estímulos negativos para vincularse a la
educación formal.
En su defensa, la Gobernación del Caquetá sostuvo la
imposibilidad de determinar el número de niños que precisan acudir a la
escuela, porque se trata de una zona de difícil acceso. Describió a la vereda
La Cabaña como un sector en el que la población se encuentra disgregada por
áreas de difícil acceso y, como consecuencia de la presencia de fincas
aisladas, la población se desempeña primariamente en el cuidado de tierras, lo
que implica su flujo constante y la falta de estabilidad en el territorio. Por
eso destacó que la población es flotante, y no puede tener control estadístico
sobre ella.
Este argumento no es de recibo en la medida en que si
bien es un ejercicio importante de parte de la Gobernación determinar las
particularidades de la zona, estas no pueden emplearse para justificar una
abstención en la prestación efectiva de los servicios educativos. Han de
considerarse, por el contrario, con el ánimo de diseñar estrategias para que a
pesar de las dificultades geográficas los niños de la zona puedan acceder a la
educación sin cargas desproporcionadas, como las que se denunciaron, que
atenten contra su dignidad e igualdad de oportunidades en relación con los
estudiantes de áreas urbanas.
Por lo tanto, para la Sala es imperioso reajustar las
metodologías de fijación de la demanda educativa de zonas de difícil acceso
como la vereda La Cabaña del municipio El Paujil (Caquetá). El objetivo es que
la Gobernación asuma esa demanda desde el plano material, es decir que para
establecer la gestión que debe realizar en aras de la garantía del derecho a la
educación, consulte las necesidades reales de todos los niños en edad escolar
que habitan la vereda. Pues de lo contrario no será capaz de asegurar su
ejercicio pleno y estará reduciéndolo a aquellos grupos de niños que hayan
decidido matricularse, cuando el departamento ha desincentivado la matrícula
mediante el cierre de la sede educativa de La Cabaña. Con arreglo a ello se
ordenará lo pertinente a la Gobernación, con apoyo del Ministerio de Educación
Nacional.
27. La Sala advierte
además que, en caso de que en cualquier momento se encuentre que la demanda
educativa en la vereda La Cabaña no permite el nombramiento de un docente, los
menores de edad que habiten en ella y precisen servicios educativos, podrán ser
asignados a la sede educativa más cercana, pero en todo caso, dadas las largas
distancias entre cada una ellas, deberán ser transportados por el departamento
desde su lugar de residencia a la institución educativa, y de regreso. Sin
embargo, si la autoridad nominadora lo considera necesario para proteger el
derecho fundamental a la educación de las niñas, niños y adolescentes de La
Cabaña, podrá inaplicar el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002 (compilado en
el Decreto 1075 de 2015), en razón de su obligación como garante de la
prestación del servicio educativo en la región.
Conviene precisar que bajo ninguna circunstancia los
menores de edad de la vereda La Cabaña podrán quedarse nuevamente sin acceso a
la educación. En esa medida, sí el docente asignado se llegase a ausentar o
trasladar, el cese de actividades no podrá durar más de 15 días calendario. El
incumplimiento de esta decisión podrá ser puesto en conocimiento del juez de primera
instancia, mediante incidente de desacato, por cualquiera de los interesados en
esta acción de tutela.
28. Ahora bien, conforme las denuncias efectuadas en el escrito de tutela y
en el informe de la Defensoría del Pueblo, lo cierto es que no hay certeza
sobre el número de menores de edad de la zona. Algunos están matriculados y
otros no. Cuando menos entre la información que suministró la accionante y el
Defensor del Pueblo, hay una diferencia de 4 menores de edad.
Ahora bien, los graves hechos que se denunciaron,
apuntan al cierre de la escuela por cerca de 4 años. Durante ese tiempo, dadas
las dificultades de acceso a otras sedes o instituciones educativas, los
menores de edad fueron desincentivados para continuar su proceso de formación.
Como se advirtió, ello implica el desarrollo de otras actividades y roles, que
los separan con el paso del tiempo del sistema educativo, sin haber
desarrollado todo el programa básico.
En esa medida existen menores de edad (por la
información al menos dos adolescentes en estado de embarazo) que abandonaron
sus estudios por causa del cierre de esa sede. En relación con ellos es
necesario que las autoridades departamentales hagan una búsqueda exhaustiva con
el ánimo de ofrecer los programas escolares que se adecúen a sus necesidades e
intereses, con el objetivo de que nivelen sus estudios y los retomen, o
consigan planes de formación que los promocionen.
Finalmente, mientras la escuela La Cabaña estuvo fuera
de funcionamiento, sin duda como lo manifestó la accionante, algunos
adolescentes habrán llegado a la mayoría de edad, por lo que esta medida
también los cobijará con independencia de su calidad de adultos.
En todo caso ante el funcionamiento reciente de la
sede educativa de la vereda La Cabaña, la Gobernación deberá dar a conocer a la
comunidad la reapertura de la misma y la posibilidad que tienen las personas en
edad escolar, interesadas en acudir a ella para efecto de adelantar y culminar
su proceso de formación.
Conclusiones
29. La Sala dio respuesta a los problemas jurídicos formulados en este caso
concreto de la siguiente manera:
29.1. Mediante reiteración jurisprudencial, encontró que la Personería
Municipal de El Paujil (Caquetá) se encuentra legitimada por activa para
solicitar el amparo de los derechos fundamentales a la educación de las niñas,
niños y adolescentes de la vereda La Cabaña. Ello no únicamente por las
facultades que le confieren las normas especiales sobre el trámite de la tutela
y sobre sus propias funciones, sino porque cualquier persona está facultada
para buscar la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad.
29.2. Respecto de la configuración del hecho superado en este caso, precisó
que el mismo obedecía al nombramiento y ejercicio de las funciones pedagógicas
de una docente desde agosto de 2016. Aclaró que no puede predicarse con
fundamento en la asignación de una profesora en mayo del mismo año, como lo
afirmó la instancia, en la medida en que esta fue meramente nominal y nunca se
materializó. De ese modo, la Sala anunció la confirmación de la decisión que se
revisa, por las razones expuestas en esta sentencia y no por las consignadas en
aquella.
29.3. Aun cuando se advirtió la configuración de un hecho superado, al estar
claro que hubo una respuesta precaria de la gobernación para identificar y atender
las necesidades educativas de los pobladores de la vereda La Cabaña, la Sala
decide pronunciarse de fondo. Precisó que a pesar de que la dimensión subjetiva
del derecho a la educación se encuentra satisfecha, la objetiva no lo está, por
lo que es preciso adoptar medidas en el caso concreto.
Concretamente estableció que la Gobernación del
Caquetá no garantiza el derecho a la educación de los menores de edad de la
vereda La Cabaña porque no tiene métodos acertados para estimar la demanda
educativa en la zona. Aunque conoce sus particularidades no ha diseñado una
estrategia adaptada para fijar y atender oportunamente las necesidades de la
población, con lo cual el ejercicio del derecho a la educación se hace
inestable.
En esa medida, se concluyó que, en efecto, las
autoridades del sector educativo comprometen los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que habitan una zona rural de difícil acceso, como la vereda La
Cabaña, cuando condicionan la asignación docente a la cantidad de menores de edad
y no diseñan estrategias sólidas para que, en caso de no ser posible el
nombramiento de un profesor, los menores de edad tengan asegurado el transporte
diario de ida y vuelta a su lugar de estudio. Al mismo tiempo la vulneración de
este derecho ocurre cuando la gestión administrativa se limita a procesos
formales que no dan cuenta de la demanda educativa real en esas zonas,
desatendiéndola.
30. Con fundamento en todo lo considerado hasta este punto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional confirmará la decisión, pero por las
razones expuestas en esta sentencia y adicionará los aspectos informados
previamente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR el
fallo proferido el 25 de mayo de 2016 por el Juzgado Promiscuo Municipal de El
Paujil (Caquetá), que declaró la
existencia de un hecho superado en esta acción, no por las razones expuestas en
él, sino por las consignadas en esta providencia.
Segundo. ADVERTIR a la Gobernación del
Caquetá y a la Institución Educativa Rural Rafael Uribe Uribe que, conforme la
jurisprudencia constitucional, en la sede La Cabaña del municipio El Paujil,
deben asegurar la presencia de los docentes requeridos para su funcionamiento o
suministrar el transporte, de ida y vuelta, para los menores de edad que
requieran servicios educativos en otra vereda. En cualquier caso y bajo ninguna
circunstancia los estudiantes de la sede La Cabaña podrán permanecer por más de
15 días calendario sin recibir clase, so pena de las sanciones a las que haya
lugar por desacato a esta decisión.
Tercero. EXHORTAR a la Gobernación del
Caquetá y al Ministerio de Educación Nacional para que revisen y ajusten los
métodos para la determinación de la demanda educativa en la vereda La Cabaña
del municipio El Paujil, con el fin de que se funde en las constataciones de
las necesidades reales de sus habitantes. Lo anterior en el término máximo de tres
(3) meses siguientes a la comunicación de esta decisión, para efecto de que su
entrada en operación se efectúe de inmediato, luego del diseño de esta
estrategia.
Cuarto. ORDENAR a la Gobernación del Caquetá
que a través de su representante legal, en el término máximo de quince (15)
días siguientes a la comunicación de esta decisión, haga un censo de la
población en edad escolar que habita en la vereda La Cabaña del Municipio El
Paujil, para establecer las necesidades educativas actuales de la zona.
Quinto. ORDENAR a la Gobernación del Caquetá
que, a través de su representante legal, en el término máximo de ocho (8) días siguientes
a la notificación de esta decisión, en conjunto con la Personería Municipal de
El Paujil, establezca quiénes abandonaron sus estudios básicos y se
desescolarizaron durante el tiempo en que la sede educativa La Cabaña no prestó
los servicios educativos.
A cada persona identificada
en el ejercicio anterior, con independencia de que actualmente sea o no mayor
de edad, deberá informarle la posibilidad de adelantar los estudios restantes
para obtener el grado correspondiente y, con su consentimiento, evaluará su
situación educativa, para determinar (conforme su edad y nivel educativo) qué
programa de aceleración o de educación formal se ajusta a sus necesidades
actuales y a sus intereses. Para quienes están en condición de extra-edad por
causa del cierre de la escuela La Cabaña, se preverá la nivelación para que
retomen sus estudios en óptimas condiciones.
Establecido lo
anterior, deberá emprenderse un plan de formación con aquellas personas que
deseen hacerlo. Para este fin, si es preciso, se nombrará un segundo profesor
en la vereda La Cabaña o se asegurará el trasporte de los interesados hacia el
lugar en que se desarrollen los cursos correspondientes. Para emprenderlos se
impone el término de un (1) mes siguiente a la notificación de esta
providencia.
Sexto.
ORDENAR a la
Gobernación del Caquetá y a la Institución Educativa Rural Rafael Uribe Uribe
que, a través de sus representantes legales, en el término máximo de ocho (8)
días siguientes a la notificación de esta decisión, identifiquen entre los
estudiantes que están matriculados en esa última, a aquellos que, en razón de
la cercanía de sus viviendas, tienen interés en acceder a los servicios
educativos en La Cabaña, para efectos de que, si así lo desean, sean trasladados
a esa sede. En caso de ser necesario por el número de estudiantes, asegurarán el
nombramiento de otro profesor. El traslado de sede deberá hacerse efectivo
dentro del mes siguiente a la notificación de esta decisión.
Séptimo.
ORDENAR a la
Gobernación del Caquetá que a través de su representante legal, en el término
máximo de dos (2) días siguientes a la notificación de esta decisión y durante
un mes, a través de los medios de comunicación de la región, informe periódicamente
a la comunidad sobre la entrada en funcionamiento de la sede educativa La
Cabaña y sobre la posibilidad que tienen las niñas, los niños y los
adolescentes de la zona, de matricularse en ella.
Octavo.
Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno principal. Folio 1.
[2] Cuaderno principal. Folio 2.
[3] Cuaderno de Revisión, folio 32.
[4] Auto del 9 de noviembre de 2016. “(a) ¿La comisión decretada en
favor de esa institución el 24 de mayo de 2016 fue destinada a suplir la falta
de personal docente en la sede “La Cabaña”? ¿Se encuentra actualmente vigente?
¿hasta cuándo se encuentra prevista? ¿cuál es la estrategia a seguir una vez
termine para asegurar la continua prestación del servicio educativo a los
menores de edad asentados en la vereda La Cabaña?; (b)¿Cuál es la demanda
educativa que existe actualmente en la vereda La Cabaña? ¿Cómo fue determinada?
¿Cuántos menores provenientes de la vereda La Cabaña están matriculados en esa
institución? ¿en qué sedes reciben el servicio educativo?; (c) ¿Tiene alguna
estrategia institucional en desarrollo para satisfacer las necesidades
educativas de los estudiantes que viven en lugares distantes a los planteles
educativos?; (d) Frente a la falta de docente en la escuela “La Cabaña” señale
desde hace cuánto exactamente no opera esta institución y cuál fue el destino
de los estudiantes matriculados en ella, si culminaron o no su atapa escolar y
en qué colegios o sedes debieron hacerlo; (e) ¿Cuál es el estado actual de la
sede “La Cabaña”? Precise si actualmente cuenta con todos los recursos físicos
para habilitarla y cuáles cree, conforme su experiencia, que son las
necesidades técnicas y los recursos humanos (fuera del personal docente)
necesarios para ponerla en operación.”
[5] Auto del 9 de noviembre de 2016 “(a) ¿Cuáles son las estrategias
del Gobierno Nacional para satisfacer la demanda educativa rural de los menores
de edad que demandan formación en un lugar distante de su vivienda?; (b) El
Decreto 3020 de 2002, establece en su artículo 11 que en las áreas rurales por
cada 22 estudiantes se asignará un docente para satisfacer las necesidades de
educación rural ¿cuál es la estrategia actual frente a zonas en las que no se
alcance ese número mínimo de educandos? ¿hay alguna directriz tendiente al
apoyo en el transporte para grupos de menores de edad inferiores a 22 menores
de edad en educación rural?”
[6] Advirtió que la formulación de las estrategias deben responder
a la descentralización administrativa del servicio educativo, consagrada en las
Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001.
[7] Los modelos flexibles de educación en los contextos rurales aseguran
el desarrollo de currículos pertinentes y congruentes con las necesidades del
sector rural. Su implementación se encuentra a cargo de las Secretarías de
Educación de las entidades territoriales certificadas, en el marco del Proyecto
de Educación Rural (PER). Son ejemplos de ellos “Escuela Nueva,
Postprimaria Rural, Secundaria Activa, Círculos de Aprendizaje, Aceleración del
Aprendizaje, Caminar en Secundaria, Educación media Rural” (Cuaderno de
revisión, folio 33).
[8] La inversión del sector solidario consiste en la destinación del 20%
de los excedentes anuales de las empresas en educación (alimentación, vestuario
escolar, útiles, transporte, construcción y reparación de infraestructura,
entre otros). Son las entidades territoriales quienes deben gestionar los
recursos ante las distintas empresas del sector solidario y focalizar sus
inversiones según las necesidades educativas de la región.
[9] Implican el suministro de un complemento alimentario. Su entrega se
hace luego de la priorización de instituciones educativas, a cargo de las
entidades territoriales. Se financia con recursos de la Nación y de las distintas
entidades territoriales que tienen a cargo la prestación del servicio
educativo, conforme el Decreto 1852 de 2015.
[10] (i) Relaciones técnicas definidas en el Decreto 3020 de 2002 son
promedios que pueden variar por municipio o institución educativa, conforme sus
particularidades; (ii) debe hacerse en cumplimiento del Decreto 3020, pero con
arreglo a la dispersión de la población educativa y la capacidad física de la
aulas; (iii) no puede perderse de vista que la asignación horaria académica por
docente de la que trata el Decreto 1850 de 2002; (iv) “dispersión de la
población educativa a atender”; (v) optimización de los recursos tanto
humanos como financieros; (vi) número de estudiantes matriculados por zona y
nivel educativo; (vii) promedio de distribución de alumnos por grupo, de
acuerdo con los parámetros asociados a la calidad educativa; y (viii) variación
del porcentaje de la matrícula de cada nivel con respecto a la matrícula total
[11] Se enlistan (i) el Sistema General de Participaciones (SGP)
para educación; el Sistema General de Regalías (SGR); (iii) el sistema
solidario; y (iv) sus recursos propios.
[12] Conforme escrito del 18 de agosto de 2016 Cuaderno de Revisión,
folios 38 y 42.
[13] Auto del 9 de noviembre de 2016. “¿quiénes son los menores de edad
que habitan la vereda La Cabaña?, ¿dónde viven? ¿cuántos de ellos están
escolarizados en otras escuelas de la región y a qué distancia de los centros
educativos viven (kilómetros y tiempo de desplazamiento)? ¿cuántos menores de edad
están desescolarizados? y ¿qué consecuencias específicas ha traído para todos
ellos la falta de profesor en la escuela “La Cabaña”? Frente a los trayectos
que deben recorrer los menores de edad que adelantan sus estudios en otros
lugares del municipio ¿cuáles son los riesgos concretos a los que están
sometidos en ellos? ¿en qué se transportan, cuánto les cuesta, con cargo a
quién se movilizan y qué dificultades existen en su trayecto? ¿cuál fue la
estrategia de los estudiantes matriculados durante el último periodo escolar en
que funcionó la escuela de La Cabaña, ante su cierre? ¿hay casos precisos en
los que sea evidente el riesgo de género conforme el cual, como lo asegura la
Personería, las niñas consolidan tempranamente sus parejas al desescolarizarse?
// Adicionalmente deberá precisar a qué obedecen, a que fecha corresponden y
con qué objetivo aportó como prueba las firmas de algunos padres de familia y
una lista de estudiantes de “La Cabaña”. Contextualizará esos documentos y
dejará en claro su relevancia para este proceso.”
[14] Cuaderno de Revisión, folio 45 vto.
[15] Auto del 9 de noviembre de 2016. “¿cuántos menores de edad hay
actualmente en la vereda La Cabaña? ¿cuántos están escolarizados fuera de la
vereda y cuántos desescolarizados? De los estudiantes que reciben servicios
educativos en otros lugares distintos a la vereda, deberán indicar en dónde lo
hacen y a qué distancia (kilómetros y tiempo de desplazamiento) de sus hogares
se encuentran los planteles educativos. También precisarán ¿cuáles son las
distancias y las vías que comunican una vereda con otra, desde la La Cabaña?
¿cuáles son las vías principales y los medios de transporte con los que cuentan
sus pobladores? y ¿qué tiempo aproximado les toma desplazarse hasta las veredas
contiguas? ¿qué protocolo utilizó para evaluar las necesidades educativas de la
vereda La Cabaña y concluir, primero que no y luego que sí, tenía matrícula por
atender? ¿cuál es la demanda educativa actual en la vereda La Cabaña y cómo se
ha suplido a través de planteles educativos ubicados en otras zonas del
Municipio de El Paujil? ¿existe alguna estrategia institucional para satisfacer
las necesidades educativas de los estudiantes que viven en lugares distantes de
los planteles educativos -debe precisar detalladamente sus características, la
fecha desde la cual fue implementada y sus resultados-? ¿cuáles son las
dificultades existentes para nombrar docente en la escuela “La Cabaña”?
//Además deberá establecer si actualmente la comisión hecha a la señora
Yenesmith Calderón está vigente. También si, a la fecha, la sede o la escuela
“La Cabaña” presta los servicios educativos. Si es así ¿desde cuándo? y ¿qué
tipo de nombramiento tiene(n) el(los) docente(s) asignado(s)? Si no es así
¿cuál es la razón? Finalmente, ¿por qué el Decreto 00923 del 26 de mayo de 2016
nombró un docente en el Instituto de Educación Rural Rafael Uribe Uribe y no
directamente en la escuela “La Cabaña”?”
[16] Cuaderno de Revisión, folio 49 vto.
[17] “A nivel preescolar un niño de cinco años. // Para primero
un niño de 7 años de edad.// Para segundo 3 niños, de 8, y 9 años de edad, que
no estaban estudiando el año pasado”
[18] Auto del 19 de diciembre de 2016. “(x) Explique la razón por la
que, a pesar de que el nombramiento de la docente de la sede La Cabaña data de
agosto de 2016, ésta con corte a 14 de octubre de 2016 se encuentra desafiliada
del régimen de seguridad social en salud y del de riesgos profesionales, como
lo revela el Registro Único de Afiliados a la Protección Social –RUAF; // (xi)
Informe si el nombramiento de la señora Martínez en la escuela de La Cabaña
está vigente al momento en que responde a este auto y si se prevé su
continuidad para el año 2017; // (xii) Establezca concretamente de qué depende
la continuidad de la prestación del servicio educativo en la sede La Cabaña; //
(xiii) Y, como quiera que en su contestación afirmó que el nombramiento es
provisional, manifieste hasta cuándo está o estuvo previsto el mismo. En caso de
que haya cesado el nombramiento, deberá señalar cómo pretende cubrir las
necesidades educativas en la vereda y aportar las pruebas de las gestiones
puntuales que esté adelantando al respecto.”
[19] Por eso la Gobernación lo citó con el fin de contestar las
preguntas que hizo la Sala a las autoridades departamentales.
[20] Auto del 19 de diciembre de 2017. “(i) determinar si existe docente
nombrada para 2017 en la escuela La Cabaña y las condiciones temporales de su
vinculación con esa sede educativa; (ii) establecer cuáles son las necesidades
educativas de las niñas, niños y adolescentes de la vereda La Cabaña, no solo
de aquellos que ahora van a la escuela La Cabaña sino de aquellos que, como
consecuencia de su cierre temporal, se desescolarizaron o cursan sus estudios
en otro lugar del municipio, para lo que deberá señalar cuántos menores de edad
hay en la vereda, qué grado de escolaridad han alcanzado y si tienen cupo para
2017 en esa misma sede; (iii) precisar si existen los riesgos de género que,
según denunció el accionante, se ciñen sobre las niñas de la vereda a causa de
la desescolarización; y (iv) establecer si existen otros riesgos ligados a la
falta de prestación del servicio educativo en la escuela La Cabaña para los
menores de edad que habitan la zona.”
[21] Mediante comunicación aportada el 17 de enero de 2017, la
Defensoría del Pueblo solicitó la ampliación del término otorgado para rendir
el informe encomendado. Sin embargo, el 24 de enero siguiente lo rindió. Ambas
comunicaciones fueron remitidas al Despacho de la Magistrada sustanciadora el
26 de enero siguiente.
[22] Cuaderno de revisión. Folio 164.
[23] Sentencia T-137 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[24] “Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. // También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales.”
[25] Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Artículo
178. Numeral 17.
[26] Sentencia SU-257 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
y T-234 de 1993 M.P. Fabio Morón Díaz.
[27] Sentencia T-460 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[28] Sentencia T-867 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[29] Sentencia T-331 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[30] Sentencia T-150A de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[31] Sentencia C-431 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. “si bien
dichos funcionarios no son delegados directos ni agentes de la Procuraduría
General de la Nación, sí tienen a su cargo el desempeño de las funciones
propias del Ministerio Público a nivel municipal, lo cual se hace evidente en
las normas legales que, dando estricto cumplimiento a los mandatos
constitucionales sobre la materia, reglamentan la institución de la personería”
[32] Al respecto ver sentencias T-078 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández y T-789 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] Sentencia T-137 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. “la
instauración de una acción de tutela no puede exigir un excesivo rigor
formalista, pues a través de ella no se busca el establecimiento de una
“litis”, sino que su objetivo principal es la protección eficaz y oportuna de
derechos fundamentales. Por tal razón, la Corte ha precisado que en estos procesos
prima el principio de informalidad, según el cual los obstáculos de trámite no
se pueden interponer en la búsqueda de soluciones reales y efectivas.”
[34] Sentencia T-087 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[36] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[37] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[38] M.P. María Victoria Calle Correa.
[39] Como soporte aporta un listado de 7 personas y 6 firmas, que
tituló “Firmas de los padres de Familia” (Cuaderno principal. Folio12)
[40] Cuaderno principal. Folio 1.
[41] Cuaderno de Revisión. Folio 109.
[42] Sentencias
T-585 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-358 de 2014. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[43] Sentencia T-963 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[44] Sentencia T-358 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[46] “ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al
concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en el
fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela,
y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio
de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá
a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión.”
[47] Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[48] Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio
Estrada.
[49] Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[50] Cuaderno principal. Folio 2.
[51] Cuaderno de revisión. Folio 119.
[52] Cuaderno de revisión. Folio 118 vto.
[53] TOLE MARTINEZ, José Julián. "La Teoría de la Doble Dimensión de
los Derechos Fundamentales en Colombia: El estado de cosas inconstitucionales
un ejemplo de su aplicación". En: México Cuestiones Constitucionales,
Revista Mexicana De Derecho Constitucional ISSN: 1405-9193 ed: v.15 fasc.N/A
p.253 - 316, 2006. “[Los derechos fundamentales] hoy no se limitan a actuar
como derechos subjetivos, no son solamente prerrogativas, privilegios o
potestades que tiene el titular del derecho respecto al sujeto pasivo, bien sea
el poder público o un particular, sino que, como normas objetivas de principio
y decisiones axiológicas, los derechos fundamentales rigen como principios
supremos que tienen validez para todos los ámbitos del derecho, limitan la
autonomía privada, constituyen mandatos de actuación y deberes de protección para
el Estado”.
[54] Específicamente el artículo 26 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 el cual establece que toda persona tiene derecho a
la educación, la cual tiene como propósito el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Además el artículo 23 de la Convención sobre los
Derechos del Niño que establece obligaciones estatales relacionadas con el
derecho a la educación.
Otro referente normativo de
gran importancia sobre el derecho a la educación es el artículo 13 del Pacto de
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece
que el derecho a la educación “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de
la personalidad humana y del sentido de su dignidad” y determina una serie
de obligaciones para los Estados, tales como asegurar la enseñanza primaria
obligatoria y asequible y el desarrollo progresivo del sistema escolar
[55] Sentencia T-546 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[56] Sentencia T-780 de 1999. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[57] Sentencia C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] SERNA DIMAS, Adrián. Ciudadanos de la Geografía Tropical.
Ficciones históricas de lo ciudadano. Centro de Investigaciones y
desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Bogotá, 2006. “(…) la identidad ciudadana está sustentada en el
funcionamiento de tres campos sociales relativamente autónomos: la política, la
economía y la educación. La ciudadanía sólo puede difundirse como identidad
mediática común si los agentes sociales tienen condiciones legítimas de
existencia en estos tres campos, cuyo acceso universal para todas las
posiciones del espacio social depende fundamentalmente de la regulación del
Estado. (…) No obstante estos campos soportan sus propias tensiones internas,
que afectan su universalidad”.
[59] CEPAL y UNICEF. La adolescencia y el derecho a la educación. 2013. P.8;
y CEPAL. La maternidad
Adolescente
en América Latina y el Caribe. Infografía.  En: http://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/cepal_maternidad_adolescente_esp.pdf
“Las brechas reproductivas son a la vez expresión y causa de las desigualdades
sociales.”
[60] Sentencia T-002 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia
C-170 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[61] Sentencia T-534 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía. “la
educación es una de las herramientas elementales con que cuenta el ser humano
para lograr su proyección en la sociedad, al tiempo que le facilita la
realización de derechos esenciales. Por esta razón, el Estado está obligado a
otorgar las garantías necesarias para que cada persona tenga derecho a acceder
a un establecimiento educativo, y de no ser posible, a un sistema que le
permita una adecuada formación”.
[62] Sentencia T-534 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
[63] Sentencias T-108 de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y
T-546 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[64] CEPAL y UNICEF. La adolescencia y el derecho a la educación.
2013. P.5 “Las niñas han logrado mayores años de educación que sus pares
varones, pero en zonas rurales y en países con altas tasas de población
indígena la situación es a la inversa.”
[65] Flórez, C. E., & Soto, V. (2006). Fecundidad adolescente y
desigualdad en Colombia. CEPAL Notas de Población, 83, 41-74.
[66] Sentencia T-779 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[67] M.P. María Victoria Calle Correa.
[68] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En este caso y en la sentencia
T-008 de 2016 la Corte analizó las situaciones de varios niños campesinos de
las veredas de Llanadas, Tinavita, Ganivita y Santa Cruz que no podían acceder
a primero de bachillerato debido a que la institución educativa que quedaba más
cerca era el Colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el casco urbano del
municipio de Onzaga en Santander, lugar distante de su residencia. Los
accionantes señalaban que en sus veredas funcionaba un centro educativo del
SAT, sin embargo dicha institución no dejó inscribir a sus hijos por ser
menores de edad. En esa ocasión esta Corporación ordenó a la Secretaría de
Educación de Santander “que, en el término de dos (2) semanas contadas a
partir de la notificación de esta sentencia, identifique la situación [de los
menores] (i) provea el servicio de transporte escolar para los niños que estén
matriculados y cursando sus estudios de secundaria en un colegio público; […]”:
[69] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[70] Además ver sentencias T-734 de 2011, T-458 de 2013, T-810 de
2013 y T-273 de 2014.
[71] Ver sentencias T-789 de 2010, T-781 de 2010, T-150A de 2010 y T-394 de
2009.
[72] Ver sentencias T-810 de 2013, T-890 de 2013, T-247 de 2014 y
T-008 de 2016, entre otras.
[73] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[74] Sentencia T-963 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[75] Ley 715 de 2001. “Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación
y salud, entre otros”. Artículo 6.
[76] Ley 715 de 2001. Artículos 6, 9 y 10.