T-787-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-787/04
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abogado con poder para actuar
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Subordinación e indefensión
SUBORDINACION-Alcance
INDEFENSION-Alcance
INDEFENSION-Publicación de caricatura que afecta derechos de la
accionante
El
estado de indefensión de la accionante es evidente, ya que la publicación de la
caricatura se realizó en el lugar donde la accionante labora y donde todo el
mundo tiene conocimiento acerca de su vida. Ello le ha generado la carga de
tener que explicar su comportamiento, a partir de las dificultades médicas que
le impidieron acudir a laborar. De esta suerte, se le ha sometido
arbitrariamente a la necesidad de abrir un espacio de su privacidad, sin
siquiera depender de su propia voluntad.
RECTIFICACION DE INFORMACION-Publicación por medios masivos de
divulgación y no por particulares
La rectificación como requisito de procedibilidad,
sólo es necesaria cuando se pretenda la corrección de informaciones inexactas o
erróneas que hayan sido publicadas por medios masivos de divulgación, mas no
cuando dicha información provenga de particulares que no tengan esa condición. En
el presente caso, quien publicó la caricatura no tiene la naturaleza de medio
masivo de información, por el contrario, se trata de un particular que
simplemente divulgó y permitió el conocimiento público a través de colegios y
del establecimiento comercial de un dibujo de su autoría, el cual, en opinión
de la demandante, refleja sin su consentimiento hechos de su vida íntima.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Definición/DERECHO A LA INTIMIDAD-Alcance
y contenido
DERECHO A LA INTIMIDAD-Alcance de los conceptos público y privado
DERECHO A LA INTIMIDAD-Núcleo esencial
El núcleo esencial del derecho a la
intimidad, supone la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona,
exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias
de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida
personal, espiritual y cultural.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Grados en que se clasifican/DERECHO A
LA INTIMIDAD PERSONAL-Alcance/DERECHO A LA INTIMIDAD FAMILIAR-Alcance/DERECHO
A LA INTIMIDAD SOCIAL-Alcance/DERECHO A LA INTIMIDAD GREMIAL-Alcance
Dependiendo
del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad hacia el
conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad. Dichos grados
de intimidad se suelen clasificar en cuatro distintos niveles, a saber: la
intimidad personal, familiar, social y gremial (C.P. art. 15). La primera,
alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder
guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su
propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos
íntimos de su vida. La segunda, responde al secreto y a la privacidad en el
núcleo familiar, una de cuyas principales manifestaciones es el derecho a la
inmunidad penal, conforme al cual, “nadie podrá ser obligado a declarar contra
sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes entro del cuarto
grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. La tercera,
involucra las relaciones del individuo en un entorno social determinado, tales
como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de
la interrelación de las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo
social, a pesar de restringirse-en estos casos-el alcance del derecho a la intimidad,
su esfera de protección se mantiene vigente en aras de preservar otros derechos
constitucionales concomitantes, tales como, el derecho a la dignidad humana.
Finalmente, la intimidad gremial se relaciona estrechamente con las libertades
económicas e involucra la posibilidad de reservarse-conforme a derecho-la
explotación de cierta información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus mas
importantes exponentes, el derecho a la propiedad intelectual.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Formas de vulneración
DERECHO A LA INTIMIDAD-Principios que lo protegen/PRINCIPIO DE
LIBERTAD-Concepto/PRINCIPIO DE FINALIDAD-Concepto/PRINCIPIO DE
NECESIDAD-Concepto/PRINCIPIO DE VERACIDAD-Concepto/PRINCIPIO DE
INTEGRIDAD-Concepto
Son cinco los principios que sustentan la protección
del derecho a la intimidad, y sin los cuales, se perdería la correspondiente
intangibilidad del contenido garantista de la inmunidad del individuo frente a
la innecesaria injerencia de los demás. Ellos se clasifican y explican en los
siguientes términos: El principio de libertad, según el cual, los datos
personales de un individuo, sólo pueden ser registrados o divulgados con el
consentimiento libre, previo, expreso o tácito del titular, a menos que el
ordenamiento jurídico le imponga la obligación de relevar dicha información, en
aras de cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo. En este contexto, la
obtención y divulgación de datos personales, sin la previa autorización del
titular o en ausencia de un claro y preciso mandato legal, se consideran ilícitas.
El principio de finalidad, el cual se expresa en la exigencia de someter la
recopilación y divulgación de datos, a la realización de una finalidad
constitucionalmente legítima, lo que impide obligar a los ciudadanos a relevar
datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el Texto Constitucional que,
por ejemplo, legitime la cesión de parte de su interioridad en beneficio de la
comunidad. De conformidad con el principio de necesidad, la información
personal que deba ser objeto de divulgación, se limita estrechamente a aquella
que guarda relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante su
revelación. Así, queda prohibido el registro y la divulgación de datos que
excedan el fin constitucionalmente legítimo. Adicionalmente, el principio de
veracidad, exige que los datos personales que se puedan divulgar correspondan a
situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra prohibida la divulgación de
datos falsos o erróneos. Por último, el principio de integridad, según el cual,
la información que sea objeto de divulgación debe suministrarse de manera
completa, impidiendo que se registre y divulgue datos parciales, incompletos o
fraccionados.
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Alcance
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Vulneración
DERECHO A LA HONRA-Alcance
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Definición
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION-No es absoluto
La libertad de expresión no es un derecho
absoluto, “pues la misma Carta contempla numerosas restricciones y limites que
se derivan de la prevalencia del orden jurídico y del necesario respeto que
merecen los derechos de los demás”. Así pues, no puede entenderse que quien
hace uso de dicha libertad está autorizado para atropellar los derechos de los
otros miembros de la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los
derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra. No es lícito refugiarse
en el derecho a la libertad expresión, con el fin de revelar detalles de la
vida íntima de una persona. De igual manera, no se pueden realizar
insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de
fomentar el escándalo público.
PRINCIPIO DE LIBERTAD-Aplicación a la libertad de expresión
El principio de libertad aplicado a la
libertad de expresión, conduce a sostener que si bien una persona puede opinar
abiertamente sobre el comportamiento externo de otra, por cuanto al revelar
públicamente su conducta permite que los demás juzguen sus actos; en tratándose
de actos íntimos o privados no ocurre lo mismo, básicamente porque se trata de
información sujeta a la libre disposición del individuo.
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Su ejercicio no puede vulnerar la esfera
privada de los individuos
La Corte, al realizar un estudio
sobre los derechos a la libertad de información y expresión, concluyó que aun
cuando las diversas manifestaciones de libertad de expresión son protegidas por
el ordenamiento superior, su ejercicio no puede llegar al extremo de vulnerar
la esfera privada de los individuos, así se trate de un personaje cuyo
comportamiento releva importancia pública.
PRINCIPIO DE FINALIDAD-Aplicación a la libertad de expresión
El
principio de finalidad como requisito del ejercicio de la libertad de
expresión, se manifiesta en que la diversidad de opiniones o de pensamientos
que se divulguen, se relacionen con el logro de una finalidad
constitucionalmente legítima, tales como, informar sobre un acontecimiento o
suceso de trascendencia pública, difundir y dar a conocer manifestaciones de
cultura o creaciones del intelecto humano, o participar a través de la crítica
en el ejercicio del control público. Esto significa que la libertad de
expresión, no puede convertirse en una herramienta para vulnerar los derechos
de los otros o para incentivar la violencia.
PRINCIPIOS DE NECESIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD-Aplicación
a la libertad de expresión
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Límites
ACCION DE TUTELA-Caricatura no refleja acontecimientos
imaginarios sino reales
DERECHO A LA INTIMIDAD-Caricatura refleja hechos íntimos de la
vida privada de la accionante
La
Corte a partir del análisis probatorio del expediente y teniendo en cuenta el
alcance del derecho a la intimidad a partir de su relación con la libertad de
expresión, concluye que algunos sucesos narrados en la caricatura “La Flor del
Trabajo” corresponden a hechos íntimos de la vida privada de la accionante, los
cuales, tan sólo podían ser objeto de expresión artística y, por ende, de
divulgación, bajo su plena autorización.
DERECHO A LA LIBRE OPCION SEXUAL-Protección/DERECHO A LA INTIMIDAD
FAMILIAR-Divulgación sin autorización sobre la persona con quien la
accionante tiene una relación sentimental
Es
indiscutible que dentro del fuero íntimo de las personas, se encuentra la libre
opción sexual, que le permita a la persona escoger su compañero o compañera de
vida para satisfacer sus necesidades más íntimas, dentro de un ámbito
especialmente protegido por el derecho, sin que los terceros puedan
entrometerse en dichas relaciones, mediante su difusión o divulgación a la
sociedad. El que alguien decida tener relaciones sexuales con otra persona, no
es un asunto que interese a la comunidad o que sea considerado por el derecho
como de importancia pública. Por el contrario, se trata de un suceso propio de
la vida íntima de cada persona, el cual sólo puede ser divulgado, con el
consentimiento de los individuos comprometidos en esa relación, o cuando-por
ejemplo-el acto tiene lugar en un espacio visible al público o donde éste tiene
injerencia, circunstancias que no tuvieron lugar en el presente caso. En
consecuencia, a juicio de esta Corporación, la información sobre la persona con
quien la demandante tuvo una relación sentimental correspondía a su intimidad
familiar (C.P. art. 15), y al ser objeto de divulgación sin su consentimiento,
dio lugar a la violación del principio de libertad que protege y asegura el
contenido normativo del derecho fundamental a la intimidad.
DERECHO A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA-Vulneración por publicación de caricatura
sobre la esfera íntima de la accionante
RECTIFICACION DE INFORMACION EN CONDICIONES
DE EQUIDAD-Requisitos
esenciales
Las
personas a quienes se les ha vulnerado sus derechos a la intimidad, al buen
nombre y a la honra, tienen derecho a la rectificación del infractor en
condiciones de equidad, lo cual exige la satisfacción de por lo menos dos
condiciones esenciales, en primer lugar, que la aclaración tenga un “despliego
informativo equivalente” a aquél que produjo la infracción; y, además, debe
existir la aceptación o reconocimiento de la infracción cometida.
Referencia: expediente T-722765
Accionante: Rosa
Estelia Peña Carabalí.
Demandado: Caleb
Antonio Avendaño Mosquera.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO
ESCOBAR GIL.
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de
dos mil cuatro (2004).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Uprimny Yepes (e), en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Primero Civil Municipal y el
Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos del Municipio de Santander de
Quilichao -Cauca-. A partir de la acción de tutela instaurada por Rosa Estelia
Peña Carabalí contra el señor Caleb Antonio Avendaño Mosquera.
I.       ANTECEDENTES.
1.      La solicitud.
La señora Rosa Estelia Peña Carabalí interpuso, por
intermedio de apoderado[1],
acción de tutela solicitando le sean protegidos sus derechos fundamentales a la
intimidad personal, al buen nombre y a la honra, presuntamente vulnerados por
el señor Caleb Antonio Avendaño Mosquera a partir de la fijación y publicación
de la caricatura de su autoría denominada “La Flor del Trabajo” en diferentes
centros educativos, en el establecimiento comercial “La Barraca” y en el
periódico “ABC”[2].
2.      Hechos relevantes.
2.1.  Manifiesta la peticionaria que se desempeña como docente en el Centro
Educativo denominado “El Libertador” desde el dieciocho (18) de octubre de
2000.
2.2.  Afirma que durante el nacimiento de su hijo se presentaron diversas
complicaciones médicas. En efecto, aun cuando profesionalmente se había
recomendado que el parto debía realizarse por vía de cesárea, el médico a su
cargo no atendió dichas recomendaciones y, en su lugar, practicó un parto
natural. A partir de dicho incidente, se vieron comprometidos tejidos de sus
aparatos reproductor y digestivo lo que le ha hecho perder la capacidad de
controlar los esfínteres tanto urinario como fecal, generando una doble
incontinencia.
2.3. Para disminuir los efectos de su limitación física fue intervenida
quirúrgicamente, siendo por ello incapacitada por la E.P.S. Comsalud durante
los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2002[3].
2.4.  Coetáneamente con los citados hechos, el señor Caleb Antonio Avendaño
Mosquera realizó una caricatura denominada “La Flor del
Trabajo”. La citada caricatura se divide en cinco cuadros. En el primero,
se hace alusión a una “vieja” que trabaja en “El Libertador” y
que, por la complicidad de médicos alcahuetas, se la pasa de “incapacidad en
incapacidad”.
En el segundo, se puede concluir que el
establecimiento denominado “El Libertador” es un centro educativo, y que
a partir del reconocimiento de las incapacidades médicas, la “vieja” ha
incumplido sus obligaciones académicas propiciando el retiro masivo de los
alumnos. Dice la caricatura: Afirma el sujeto 1. “Y en su grupo sólo quedan
20 de 40 niños”. Responde el sujeto 2. “Brincaron los taitas....Lógico”.
El siguiente cuadro, alude a la realización de actos
impúdicos entre la “vieja” y un supuesto señor de nombre “Arquímedes
Ortiga”. Al respecto, se expresa: Afirma el sujeto 1. “Acá entre
nos...El Arquímedes Ortiga dizque le metió la ... Bs Bs Bs ...”. Responde el
sujeto 2. “!Hay qué impúdicos¡”.
El cuarto cuadro, reseña el nombre de la “vieja”
como “rosa”, y alude a la falta de adopción de medidas sobre el
comportamiento de dicha señora. Dice la caricatura: Sujeto 1. “Y el jefe de
núcleo no opina porque la ROSA le espina”.
Finalmente, culmina la caricatura llamando la atención
de la Procuraduría Seccional en relación con el asunto. Se manifiesta: “¿Será
que la Procuraduría Seccional no piensa ponerle coto a este espinoso asunto
como lo manda el Presidente Uribe?”. Rúbrica: “Caleb Antonio Avendaño.
Santander de Quilichao”
2.5.  Expresa la accionante que en esta caricatura se hace clara alusión a
sus incapacidades y a su relación personal con el señor Arquímedes Ortega (el
padre del niño) ya que se refiere a un personaje llamado “Arquímedes Ortiga”
que según la caricatura “le metió la… bs... bs…” y a quien califica de “impúdico”
al igual que a la demandante. Seguidamente, agrega que al expresar en la
caricatura que “el jefe del núcleo no opina porque la Rosa le espina”,
está evocando abiertamente su nombre y poniendo, sin su debido consentimiento,
su intimidad personal en la palestra pública.
2.6.
Señala la demandante que tuvo conocimiento de la publicación de la caricatura “La
Flor del Trabajo”, por medio de una ex compañera quien la vio fijada en una
cartelera del Colegio Técnico, ubicado en el municipio de Santander de
Quilichao en el mes de octubre de 2002.
2.7.
Posteriormente, sus compañeros de labores le manifestaron que habían observado
el mismo dibujo en otros centros educativos del municipio (durante las
diligencias de testimonio manifestaron haberlas observado en la Escuela Rafael
Tello y en el Colegio Ana Josefa Duque) y publicado en el periódico ABC, de
propiedad del accionado, en su edición de septiembre del 2002. Al momento de
recaudar pruebas en relación con esta afirmación, se descartó la propiedad del
demandando sobre el citado medio masivo de comunicación.
3.      Fundamentos de la acción.
Manifiesta la accionante que las afirmaciones
expresadas en la caricatura son falsas y alejadas de la realidad, por lo que el
accionado se ampara de manera irresponsable en el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de expresión, para vulnerar flagrantemente sus
derechos a la intimidad, honra y buen nombre.
A juicio de la actora, los eventos reflejados en la
caricatura hacen alusión directa a su vida personal, puesto que revelan algunos
acontecimientos que efectivamente tuvieron lugar, tal y como ocurrió con las
repetidas incapacidades producto de su intervención quirúrgica. Sin embargo,
por intermedio de la caricatura no se transmite la información completa, pues
simplemente se presta para interpretaciones subjetivas. En efecto, lejos de
hacer una clara referencia a las verdaderas causas que conllevaron al
incumplimiento de sus deberes con la docencia, simplemente se alude a dicha
circunstancia, para expresar irresponsablemente una opinión sobre su
comportamiento.
Adicionalmente, es evidente que la caricatura se
refiere a la accionante, ya que el único centro educativo en el municipio con
el nombre “El Libertador” es en el que ella labora como docente y al cual se
hace clara alusión en la parodia.
Así
mismo, se ventilan aspectos de su vida íntima, como son sus relaciones
personales al referirse al señor Arquímedes Ortega, padre de su hijo, pues se
hace referencia abierta a su nombre al igual que al de la misma accionante.
4.     Pretensiones de la demandante.
La accionante solicita al juez de tutela
que declare la violación de sus derechos fundamentales invocados y se ordene al
accionado efectuar las rectificaciones correspondientes, a través de los mismos
medios de información utilizados para hacer de público conocimiento su
caricatura “La Flor del Trabajo”.
5.      Oposición a la demanda de tutela.
A través de la contestación de la demanda, el
accionado Caleb Antonio Avendaño Mosquera manifestó que no vulneró los derechos
fundamentales de la accionante con la creación, fijación y publicación de su
caricatura “La Flor del Trabajo”.
En primer lugar, señaló que con anterioridad a la
acción de tutela interpuesta en su contra, no tenía conocimiento acerca de la
existencia de la señora Rosa Estelia Peña, así como tampoco sobre su desempeño
como profesora en un centro educativo, su grave enfermedad y sus prolongadas
incapacidades. Por consiguiente, aseguró que el contenido de la caricatura es
producto de su imaginación, sin que pueda imputársele responsabilidad alguna
por la coincidencia entre las situaciones expresadas en ella y las
circunstancias personales y laborales de la actora.
Por otro lado, puso de presente que en el dibujo no
se formula una acusación directa a un médico o a un jefe de núcleo en especial,
así como tampoco se hace referencia al señor “Arquímedes
Ortega”, toda vez que el
personaje ficticio mencionado se denomina “Arquímedes
Ortiga”. Así mismo, negó que
estuviese denunciando una omisión en las funciones de la Procuraduría
Seccional, puesto que en el último cuadro se realiza un cuestionamiento y no
una aseveración con respecto a sus actuaciones.
Finalmente, solicitó que se allegara al expediente
copia del periódico del cual se asegura es propietario y en el cual fue
publicada su caricatura; así como una copia de las autorizaciones
correspondientes expedidas por los rectores de las instituciones educativas
para fijar sus dibujos, en las cuales se certifique su efectiva fijación en las
correspondientes carteleras.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
1.
Primera instancia.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Santander de
Quilichao -Cauca-mediante Sentencia del diecisiete (17) de enero de 2003, negó
la procedencia de la acción de tutela con fundamento en las siguientes
consideraciones, a saber:
En primer lugar, para sustentar la improcedencia de
la acción, alegó que las partes se sitúan en un plano de igualdad, ya que, por
una parte, la accionante no se encuentra subordinada frente al señor Caleb
Avendaño, como quiera que éste no ejerce ningún cargo de autoridad en el
instituto docente donde ella labora, y por otra, tampoco se encuentra en estado
de indefensión, toda vez que no se demostró que el particular accionado fuese
propietario de medios masivos de comunicación.
Adicionalmente, precisa el juez de instancia, no se
comprobó que efectivamente la caricatura hubiese sido publicada en el periódico
ABC, así como tampoco se aportó prueba alguna que la accionante hubiese
solicitado la rectificación por parte del autor de la caricatura, siendo éste un
requisito legal.
Por otro lado, el juez de primera instancia también
consideró que la acción de tutela instaurada era improcedente, teniendo en
consideración que el ordenamiento jurídico prevé medios de defensa ante la
jurisdicción penal  (art. 220, y 222 del Código Penal) para la protección de
los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad.
Así mismo, el a-quo estimó que la caricatura “La Flor del Trabajo”
no vulnera los derechos invocados, toda vez que resulta necesario que el observador
tenga un conocimiento profundo de las circunstancias personales de la actora
para eventualmente relacionarla con la situación descrita en el contenido del
dibujo.
2.
Impugnación.
El apoderado de la parte demandante impugnó el fallo
de primera instancia,  señalando su inconformidad con los argumentos que
fundamentaron dicha decisión.
En su escrito de impugnación señaló que el medio de
defensa judicial ordinario no resulta eficaz para proteger los derechos
fundamentales invocados, como quiera que su trámite judicial es dispendioso y
la orden que profiera el juez penal no conseguirá que el autor de la obra
rectifique la información. Así mismo, advirtió que el numeral 7º del art. 42
del Decreto 2591 de 1991 considera suficiente para la procedencia de una acción
de tutela, la simple transcripción de la información con la cual se vulneran
los derechos invocados, sin que resulte necesario allegar la copia de la
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada por el
accionado.
Por otro lado, y en relación con el análisis de fondo
realizado por el juez de primera instancia, consideró que fueron desestimadas
en su conjunto los elementos de la caricatura que de manera evidente, y sin
necesidad de un conocimiento detallado sobre los circunstancias personales de
la actora, permiten identificarla plenamente. Agregó que: “al haberse hecho público el dibujo objeto de este conflicto en un
colegio en el que una vez enseño (sic) la accionante y tener como lectores a
maestros, compañeros de trabajo de la misma, se tiene que se dirige contra ella
y que resultaría afectándole sus derechos fundamentales al hacerla objeto de
burlas y un potencial rechazo de los padres de familia al tratarse de un medio
con un nivel de moralidad muy estricto al tener como centro la educación de los
niños de la localidad”.
Por último, reiteró que las afirmaciones referentes a
la deserción de los alumnos por la inasistencia de la accionante a dictar sus
clases y las irregularidades en las incapacidades que le han sido ordenadas,
son acusaciones irresponsables y falsas.
3.   Segunda instancia.
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao -Cauca-mediante sentencia
del veinticinco (25) de febrero de 2003, confirmó el fallo de primera
instancia. A juicio del juez de tutela, los derechos fundamentales a la
intimidad, a la honra y al buen nombre no fueron vulnerados, toda vez que por
el contenido de la caricatura “La Flor del Trabajo” se puede apreciar que la misma no hace
alusión a la accionante, ni pretende generar repudio en la comunidad, así como
tampoco revelar su problema de salud.
Por lo mismo,
consideró que la actora cuenta con los medios ordinarios de defensa ante la
jurisdicción penal y que, en este caso, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, cuando han transcurrido más de tres meses desde la fijación y
publicación de la caricatura y la solicitud de protección constitucional.
4.     Material probatorio relevante en
este caso.
4.1.  Material probatorio aportado con el
expediente.
·
Fotocopia de la
caricatura realizada por Caleb Antonio Avendaño denominada “La Flor del
Trabajo”.
·
Diligencia de audiencia
para recibir declaración de la accionante Rosa Estelia Peña Carabalí.
·
Diligencia de audiencia
para recibir el testimonio del señor Luis Hernán Balanta en su calidad de
Directivo Docente del Centro Educativo “El Libertador” y de Valery
Eduardo Valencia Muñoz, como compañero de docencia de la accionante.
·
Diligencia de audiencia
para absolver el interrogatorio de parte del señor Caleb Antonio Avendaño
Mosquera.
·
Diligencia de inspección
judicial solicitada por la parte demandante al Restaurante “La Barraca”, en
el cual se encuentra expuesto una copia de la caricatura “La Flor del
Trabajo”.
·
Recepción del
testimonio del señor Luis Humberto Martínez, propietario del mencionado establecimiento
de comercio, quien manifestó que por su propia voluntad, le solicitó al señor
Avendaño una copia de su dibujo “La Flor del Trabajo” para fijarla en la
pared de su restaurante.
·
Fotocopias de los
certificados de las incapacidades pertenecientes a la señora Rosa Estelia
Carabalí, desde el día 28 de agosto de 2002, hasta el 28 de noviembre del mismo
año.
4.2.  Material probatorio recaudado en sede
de revisión.
·
La Sala Quinta de
Revisión, solicitó al Juzgado Primero Civil Municipal de Santander de Quilichao
-Cauca-, la siguiente información:
“1) Si en el
municipio de Santander de Quilichao -Cauca-, circula y tiene su sede el
periódico ABC y si en alguna de las ediciones correspondientes al segundo
semestre del año 2002, se publicó en el mismo ‘La flor del trabajo’ cuyo autor
es el señor Caleb Antonio Avendaño.
2) Si el señor
Caleb Antonio Avendaño es propietario de dicho medio de comunicación; si
actualmente se encuentra vinculado al periódico, o si lo estuvo en la fecha en
que fue publicada la caricatura ‘La Flor del Trabajo’.”[4]
Con el fin de dar respuesta a lo solicitado, se
recaudaron las siguientes pruebas:
·
Certificado de la Cámara de Comercio del Cauca
en donde figura como propietario del periódico ABC Noticias, el señor Jorge
Eliecer Giraldo Larrahondo.
·
Diligencia de audiencia para recepcionar el
testimonio del señor Jorge Eliecer Giraldo Larrahondo, donde expresa que él es
el actual dueño del periódico ABC, y que el señor Caleb Antonio Avendaño ha
realizado varias caricaturas que han sido parte de varias publicaciones del
mismo, pero que, en concreto, la caricatura “La Flor del Trabajo” nunca
ha sido publicada en un ejemplar. Así mismo expresó que el señor Avendaño nunca
ha sido dueño del periódico.
·
Diligencia de inspección judicial al archivo del
periódico ABC, donde se constató que la caricatura no fue publicada en el
mismo.
·
Igualmente, la Sala
ofició al señor Caleb Antonio Avendaño Mosquera para que entregara a la Sala la
siguiente información:
“1) La forma como se dio la circulación de
la caricatura denominada “La Flor del Trabajo”.
2) Por iniciativa de quien o por qué razón
llegó caricatura “La Flor del Trabajo” a ser exhibida en la exposición de
manualidades del Colegio Técnico, en las instalaciones de la escuela Rafael
Tello y publicada en el periódico ABC.
3) Si el periódico ABC es de su propiedad o
si ha tenido alguna vinculación con este periodico y en que epoca.
4) Si la señora Rosa Estelia Peña Carabalí,
previo el ejercicio de la acción de tutela, le solicitó verbalmente o por
escrito rectificación de la información contenida en la caricatura “La Flor del
Trabajo”.”
·
Respecto a los tres
primeros puntos, el señor Caleb Antonio expresó que ya había dado respuesta a
estos cuestionamientos en la diligencia de interrogatorio de parte. Agregó que,
efectivamente, en años anteriores tuvo algún tipo de vinculación con el
periódico ABC.
·
Respecto al punto
cuatro, dijo que debido a que no conoce a la señora Rosa Estelia Peña, no ha
tenido ningún tipo de comunicación con ella.
·
En respuesta a lo solicitado por este despacho,
el señor Tulio Orjuela Pinilla, apoderado de la parte accionante, manifestó que
su mandante nunca solicitó rectificación por ninguna vía al señor Caleb Antonio
Avendaño.
III.    FUNDAMENTOS JURIDICOS
Competencia
1. A
través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para
revisar la sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
Derechos Constitucionales invocados
2. La peticionaria solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la intimidad personal, al buen nombre y a la honra.
Problemas Jurídicos.
3. De
acuerdo con lo expuesto en el acápite de antecedentes, la accionante sostiene
que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad personal, a
la honra y al buen nombre por la publicación de la caricatura realizada por el
señor Caleb Antonio Avendaño. En su opinión, dicho sujeto refugiándose en el
alcance de los derechos a la información y a la libre expresión, reveló sin su
autorización, acontecimientos y conductas que pertenecen única y exclusivamente
a su fuero íntimo.
Sin embargo, el autor de la obra en cuestión, si bien
acepta haber sido quien llevó a cabo la realización de la mencionada
caricatura, afirma no haberse basado en ningún hecho real, sino que, por el
contrario, plasmó ideas producto de su imaginación. Adicionalmente, sostiene
que, si alguna persona se da por aludida con la citada publicación, por ningún
motivo ello implica asumir algún tipo de responsabilidad.
Los jueces de instancia, igualmente, consideraron que
no hubo vulneración de los derechos invocados por la accionante, toda vez que
la caricatura no hace alusión alguna a una persona o lugar determinado y
únicamente aquellos que conocen a la señora Rosa Estelia Peña Carabalí y saben
acerca de su problema de salud, podrían relacionarla con la caricatura.
Adicionalmente, manifiestan que las circunstancias
fácticas y jurídicas en las que se encuentra la demandante en relación con el
demandado, impiden que la acción de tutela sea procedente, en virtud de la
falta de acreditación de cualquiera de los supuestos que permitan la
prosperidad de la acción de amparo constitucional contra particulares.
4.
Así
pues, de acuerdo con la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas
en sede de tutela, en esta oportunidad le corresponde a la Corte resolver los
siguientes problemas jurídicos:
Procedencia:
-
Inicialmente, la Sala
debe establecer, si el presente caso se sitúa dentro de uno de los presupuestos
previstos en la Constitución y la ley, para que la acción de tutela sea
procedente frente a particulares.
-
Así mismo, debe
estudiar si es necesaria la rectificación como requisito de procedibilidad,
teniendo en cuenta que el sujeto que ha incurrido en la presunta amenaza o
violación de los derechos fundamentales mencionados, es un particular y no un
medio masivo de información.
-
Con posterioridad, es
indispensable que la Corte determine, si a pesar de existir la acción penal por
la posible comisión de una conducta punible contraria a la integridad moral; la
acción de tutela es, en estos casos, el medio idóneo y eficaz para proteger los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
Fondo:
-
Una vez definida la
procedencia de la acción de tutela, y sólo bajo el cumplimiento de dicho
supuesto, la Sala examinará si los hechos narrados en la caricatura “La Flor
del Trabajo” revelan circunstancias y sucesos pertenecientes a la vida
íntima de la accionante, o simplemente se trata de relatos imaginarios sin
alusión alguna a acontecimientos reales.
-
Por último y si es del
caso, la Sala determinará si con la publicación de la caricatura en los
diferentes planteles educativos y en el establecimiento comercial “La
Barraca”, fueron efectivamente vulnerados los derechos fundamentales
invocados por la accionante, o si los dibujos y manifestaciones contenidos en
dicha publicación, corresponden al libre ejercicio de la libertad de expresión.
Procedencia
de la acción de tutela.
Legitimación
Activa.
5.
La
Corte ha precisado que el ejercicio de la acción de tutela está sometido al
cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los que se
destaca el relacionado con la legitimación por activa o titularidad para
promoverla. En este sentido, interpretando el alcance de los artículos 86 de la
Constitución Política y 10° del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha
sostenido que son titulares de la acción las personas cuyos derechos fundamentales
han sido vulnerados o amenazados, por lo que son éstas quienes se encuentran
habilitadas para solicitar el amparo constitucional en forma directa o por
intermedio de sus representantes o apoderados. También, en el caso de que los
titulares de los derechos violados no estén en condiciones de promover su
propia defensa, la ley autoriza la agencia oficiosa de derechos ajenos,
debiendo el agente manifestar dicha circunstancia ante la autoridad judicial
que tiene a su cargo el conocimiento de la acción.
En el presente caso, la accionante actúa
por intermedio de un apoderado especial, acreditando el cumplimiento de los
requisitos que legitiman la interposición de la acción de tutela por dicho
medio. En efecto, esta Corporación ha sostenido que para instaurar en debida
forma el amparo constitucional aduciendo representación judicial o contractual,
se exige la presencia de un poder especial para el efecto. El cumplimiento del
citado requisito en el caso sub-examine, se pudo constatar en el folio 1
del cuaderno de tutela[5].
Legitimación
Pasiva.
6. En relación con la procedencia de la acción de tutela
frente a particulares, esta Corporación ha expresado que: “... la acción.. parte del supuesto de que las
personas, en ciertos casos, no se encuentran en un plano de igualdad - ya
porque están investidos de unas determinadas atribuciones especiales, ora
porque sus actuaciones pueden atentar contra el interés general- lo que podría
ocasionar un ‘abuso del poder’...”[6]. Desde esta perspectiva, en razón del riesgo
inherente del ejercicio del poder de ciertos particulares frente al principio
de igualdad, el ordenamiento jurídico decidió establecer tres eventos en los
cuales es procedente la acción de tutela contra ellos. A saber: (i) cuando
estos se encarguen de la prestación de un servicio público, (ii) cuando con su
conducta afecten grave y directamente el interés colectivo, y (iii) cuando el
solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión respecto de
quienes amenazan o lesionan sus derechos fundamentales.
En
el caso objeto de estudio, no es posible acreditar el cumplimiento de los dos
primeros presupuestos mencionados en el párrafo anterior, toda vez que el
particular que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la
accionante no se encarga de la prestación de un servicio público y, además, su
conducta bajo ninguna hipótesis tiene la entidad suficiente para comprometer el
interés colectivo.
Sin
embargo, es necesario establecer si existe o no un estado de subordinación o
indefensión por parte de la accionante frente al accionado y, en caso de ser
así, si por dicho motivo, es procedente esta acción.
La subordinación ha sido
entendida por esta Corporación como la existencia de una relación jurídica de
dependencia, la cual se manifiesta principalmente entre trabajadores y
patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo[7]. Por su parte, según la
jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto de carácter
fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de
circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión
de sus derechos[8].
Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que
la indefensión se presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona
ofendida carece de medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de
existir dichos medios, los mismos resultan insuficientes para resistir o
repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales[9].
La jurisprudencia de esta Corporación ha
delimitado el alcance conceptual de los fenómenos jurídicos de la subordinación
e indefensión, en los siguientes términos:
"(...) [la subordinación] alude a la
existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por
ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes
frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que
pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una
relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra,
ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o
social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud
la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como
posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate
(...)"[10].
Evidentemente
en el caso sometido a estudio, no nos encontramos frente a un estado de
subordinación de acuerdo a los parámetros adoptados por esta Corporación, pues
la petente no tiene ningún tipo de vínculo jurídico con el demandado.
Ahora
bien, para la Corte es igualmente indiscutible que el impacto que ha tenido la
caricatura a partir de la información que en ella reposa, es mucho mayor al que
en el tiempo podría llegar a tener su aclaración posterior, verbi gracia,
sometiendo a la demandante a adelantar un proceso de responsabilidad penal por
la vulneración de su bien jurídico a la integridad moral, con el propósito de
desmentir la información actualmente divulgada.
En
efecto, la publicación ha causado un gran impacto social dando a conocer
supuestos hechos de la vida íntima de la accionante que, en virtud de ello, no
sólo ha perdido su privacidad, sino que, además, se han generado múltiples
conjeturas sobre su comportamiento ante la sociedad. Así, por ejemplo, ante la
sospecha de complicidad de los médicos en el reconocimiento de órdenes de
incapacidad (véase, cuadro 1° de la caricatura), el Director del Centro
Educativo “El Libertador”, procedió a requerir de la accionante las
constancias médicas que probaran la existencia de dichas incapacidades. Al
respecto, el señor Luis Hernán Balanta, en su testimonio declaró que:
“(...) yo tuve conocimiento de la
historieta la flor del trabajo de autoría del caricaturista Caleb Avendaño en
observación ocular que le hice (...), la observe y cierto día tuve la necesidad
de comunicarme telefónicamente con la profesora Rosa Estelia Peña para que me
hiciera el favor de hacerme llegar una incapacidad emitida por la entidad
Consalud, después de confirmar la remisión de la incapacidad le exprese a la
profesora Rosa sobre la promulgación del comunicado o escrito pero sin
especificar detalles (...)”. (Folio 24).
Esta
Corporación ha reconocido como una expresión de debilidad manifiesta
constitutiva de estado de indefensión, la circunstancia fáctica de inferioridad
que produce la información ampliamente divulgada y que, dentro de una esfera de
la sociedad se adopta y asimila con certeza y seriedad como expresión de un
comportamiento real y objetivo, en razón de la autoridad que la misma pueda
llegar a tener por virtud de quién la emite, de quién la publica o del lugar o
espacio en donde se da a conocer, llegando hasta el extremo de comprometer la
credibilidad y moralidad de los sujetos afectados por la divulgación,
compeliéndolos a la necesidad de adoptar conductas reiteradamente explicativas
de su vida y privacidad.
Piénsese
lo absurdo de someter a una persona a la imposibilidad de disponer libremente
de su vida y de sus actos, por la creencia generalizada de una comunidad, en
relación con la improbidad o inmoralidad de su comportamiento[11]. Se trata de una
agresión injustificada que afecta seriamente las condiciones de vida de una
persona y le impone la necesidad de desplegar grandes esfuerzos sociales para
desvirtuar la afrenta. Precisamente allí, en el desconocimiento de la
autonomía, es donde radica y se desenvuelve la sujeción material y debilidad
manifiesta que legítima la intervención del juez constitucional, pues de lo
contrario se impediría al sujeto constreñido expresar su propia libertad para forjar y determinar soberanamente su
existencia.
Con
anterioridad, esta Corporación se pronunció sobre esta modalidad de estado de
indefensión, en los siguientes términos:
“En el caso que se analiza, la
circunstancia de que el actor ya no pertenezca a  FEDEKART, y la naturaleza de
su vinculación pretérita, excluyen la existencia de una relación de
subordinación.
En relación con un posible estado de indefensión,
encuentra la Sala que no obstante que, en la situación que se ha planteado, el
actor estaba en condiciones de acudir a los mismos medios de comunicación para
defender su buen nombre, como en efecto lo hizo en los medios radiales que
difundieron la información suministrada por FEDEKART, dada la supremacía que
ostenta el Comité Ejecutivo de esa entidad frente a sus afiliados, la
información que difunda causa un mayor impacto que las afirmaciones hechas por
cualquier asociado, cuenta con el respaldo que le da la autoridad de quien la
emite y con la presunción de seriedad con la que, en general, es asumida por
sus destinatarios, precisamente en función del origen de la misma. Cuando
esa información afecta la honra o el buen nombre de una persona, ésta, en
principio, se encuentra en condiciones de inferioridad, porque sus afirmaciones
no tienen la misma fuerza que la de aquellas que son emitidas por quien ejerce
autoridad en el ámbito en el que están llamadas a circular.” (Sentencia T-921 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
Por
lo tanto, el estado de indefensión de la accionante es evidente, ya que la
publicación de la caricatura se realizó en el lugar donde la accionante labora
y donde todo el mundo tiene conocimiento acerca de su vida. Ello le ha generado
la carga de tener que explicar su comportamiento, a partir de las dificultades
médicas que le impidieron acudir a laborar. De esta suerte, se le ha sometido
arbitrariamente a la necesidad de abrir un espacio de su privacidad, sin
siquiera depender de su propia voluntad.
De
la Rectificación.
7. El
numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 se refiere a la solicitud de
rectificación de informaciones inexactas o erróneas, como requisito de
procedibilidad, en los siguientes términos:
“Artículo 42. Procedencia. La acción de
tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes
casos: (...) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.”
Esta Corporación ha dicho que la rectificación como
requisito de procedibilidad, sólo es necesaria cuando se pretenda la corrección
de informaciones inexactas o erróneas que hayan sido publicadas por medios
masivos de divulgación, mas no cuando dicha información provenga de
particulares que no tengan esa condición[12]
En reciente providencia, la Corte manifestó:
“(...) al interpretar el alcance de lo
dispuesto en el numeral 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que se
refiere a la exigencia de la solicitud previa de rectificación de informaciones
inexactas o erróneas, [esta Corporación] precisó que ese requisito de
procedibilidad de la acción de tutela sólo es aplicable cuando las
informaciones inexactas o erróneas han sido divulgadas por medios de
comunicación social y que cuando la ofensa proviene de un particular, que no
tiene la calidad de medio de comunicación social, la procedibilidad de la
acción se sujeta a las condiciones generales, establecidas en el artículo 42
del Decreto 2591 de 1991(...)”[13]-
En el presente caso, quien publicó la caricatura no
tiene la naturaleza de medio masivo de información, por el contrario, se trata
de un particular que simplemente divulgó y permitió el conocimiento público a
través de colegios y del establecimiento comercial “La Barraca” de un dibujo de
su autoría, el cual, en opinión de la demandante, refleja sin su consentimiento
hechos de su vida íntima.
Adicionalmente, la conclusión anterior se refuerza,
teniendo en cuenta que la caricatura no fue publicada en el periódico ABC,
excluyendo la participación de un medio masivo de comunicación de la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
Existencia
de otros mecanismos de defensa judicial.
8. Como
lo expresa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela sólo
procede cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Para
la protección de los derechos invocados por la actora (buen nombre, intimidad y
honra), el ordenamiento jurídico cuenta con algunos instrumentos, como lo son,
la responsabilidad civil y penal del agresor. En efecto, cuando se presenta la
lesión de los mencionados derechos fundamentales, aunque en principio no se
pueda comprobar la existencia de un conducta punible como tal, la injuria como
tipo penal permite preservar la integridad moral de la víctima[14].
Sin
embargo, la simple existencia de una conducta típica que permita salvaguardar
los derechos fundamentales, no es un argumento suficiente para deslegitimar per
se la procedencia de la acción de tutela, pues bien puede suceder que la
afectación exista y siendo antijurídica simultáneamente concurra cualquier
presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la responsabilidad criminal, lo
cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos
del perjudicado. De igual manera, puede suceder que la víctima no pretenda el
castigo penal del agresor, sino tan sólo persiga su inmediata rectificación,
finalidad para la cual el trámite de una acción penal resultaría in extremo
dispendiosa. Por otra parte, la inmediatez de la acción de tutela, impediría
que los efectos de una difamación sigan expandiéndose y prologándose en el
tiempo como acontecimientos reales y fidedignos, lo cual difícilmente puede
lograrse con la acción penal que simplemente culminaría con la imposición de
una pena luego de un extenso proceso. Por ello, esta Corporación ha reconocido
que en tratándose de la vulneración de derechos fundamentales, tales como, el
buen nombre, la intimidad y la honra, el uso de la acción criminal, no excluye
el ejercicio autónomo la acción de tutela, pues no son los mismos los objetivos
que se persiguen, ni idéntica la finalidad de la sanción y, menos aún,
concurrentes sus supuestos o constantes de responsabilidad.
Desde
1992, reiteradamente, la Corte ha sostenido la anterior doctrina, en los
siguientes términos:
“Además, en cuanto a las sanciones penales,
la aplicación de la pena en el evento de configurarse la culpabilidad del
imputado no repara por sí misma el derecho fundamental comprometido y los
resultados que se obtengan mediante la constitución de la víctima en parte
civil dentro del proceso penal son de índole pecuniaria y siempre posteriores
en mucho tiempo a la concreción del daño, de donde se infiere que ni uno ni
otro elemento están concebidos, como sí lo ha sido el instrumento del artículo
86 constitucional, para el eficaz e inmediato amparo del derecho sometido a
desconocimiento o amenaza. Téngase en cuenta que el juez penal no goza de
atribuciones, de las que en cambio dispone el de tutela, para impartir órdenes
a los medios de comunicación a fin de que cesen en la publicación de
informaciones o artículos violatorios de la intimidad, ni tampoco para
conminarlos con el objeto de que se abstengan de persistir en su conducta”. (Sentencia T-611 de 1992. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
Visto entonces el cumplimiento
de todos los requisitos de procedibilidad, esta Corporación realizará algunas
breves consideraciones (i) sobre los derechos a la intimidad, el buen nombre y
la honra; (ii) para posteriormente ponderarlos con el alcance del derecho a la
libertad de expresión.
Consideraciones
de la Sala
Derecho a la intimidad.
9. Este
derecho se ha definido por la doctrina, como el espacio de personalidad de los
sujetos que no puede llegar a ser por ningún motivo, salvo por su propia
elección, de dominio público[15].
Dicha definición permite sostener que el origen y alcance de este derecho como
manifestación de protección a la integridad moral del individuo, se desenvuelve
entonces a partir de la evolución de los conceptos ‘público’ y ‘privado’,
y por lo mismo, su contenido depende de aquellos límites que el derecho y en
especial la Constitución, le señalen a la intervención del Estado en los
asuntos personales de los ciudadanos o de la permisión que el mismo
ordenamiento disponga, por ejemplo, para que otros lo hagan en su lugar, tal es
el caso, de la posibilidad que se otorga a los medios de comunicación de
divulgar noticias de interés público sobre un determinado suceso o en relación
con una persona, quien por razón de sus funciones, lleva una vida de interés
social[16].
De manera que, como bien lo reconoce la doctrina:
“es pues lo privado un concepto que se
desarrolla en contraposición a lo público y, aunque suene obvio, se desarrolla
a partir de tal concepto. Es por esto, por lo que el derecho a la intimidad o a
la privacidad se ha desarrollado como un derecho fundamental, justo con el
desarrollo de la prensa y en general de las tecnología de la información, pues
se dijo que la expresión y la información como libertades solían inmiscuirse
con la vida y la persona de personajes públicos, y es por tal motivo que, en
reacción a tales actitudes humanas comunicativas, se creó la conciencia social
de un derecho que protegiese a la intimidad y al espacio personal”[17].
Desde
esta perspectiva, el concepto de ‘privacidad’ o ‘de lo privado’,
corresponde a los asuntos que en principio tocan exclusivamente con los
intereses propios y específicos de la persona humana, sin que afecten o se
refieran a los demás miembros de la colectividad; razón por la cual, sobre
estos asuntos la sociedad a través del ordenamiento jurídico, no le exige o le
impone a las personas el deber de informar o comunicar. Desde esta perspectiva,
a contrario sensu, si alguna materia es considerada por el derecho de
importancia o relevancia pública, su naturaleza se transforma de un asunto
íntimo a una cuestión socialmente catalogada como común o general. A este
respecto, los mismos principios de la lógica jurídica, son claros en establecer
que los conceptos ‘público’ y ‘privado’, son categorías jurídicas
antagónicas y que, por lo mismo, no pueden tener puntos de intersección. Ello,
en términos coloquiales, se traduce como: “o bien una cosa es de naturaleza
pública, o bien su contenido es de esencia privada”[18]. Así, por ejemplo, no
corresponde al fuero personal o privado de los sujetos, la obligación de
presentar libros de contabilidad y demás papeles del comerciante, pues el
artículo 15 de la Constitución Política, los somete al escrutinio fiscal, a la
inspección de la Administración y al control judicial, en los casos y bajo las
condiciones que señale la ley[19].
10.
Conforme
a lo expuesto, el ordenamiento jurídico al considerar de relevancia pública
ciertos asuntos, impone la obligación de publicidad o de poner en conocimiento
de la sociedad determinados contenidos, pero con sujeción a precisos parámetros
que permitan salvaguardar los derechos de los sujetos afectados. Así, el mismo
artículo 15 del Texto Superior, dispone que: “La correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o
registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que
establezca la ley”. Y, por su parte, el artículo 28, determina: “Toda
persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (...), ni
su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley”.
Por
consiguiente, una primera conclusión al estudio de la intimidad, permite fijar
la siguiente regla: salvo las excepciones previstas en la Constitución y la
ley, que obliguen a las personas a revelar cierta información a partir de su
reconocimiento o valoración como de importancia o relevancia pública; el resto
de los datos que correspondan al dominio personal de un sujeto no pueden ser
divulgados, a menos que el mismo individuo decida revelar autónomamente su
acceso al público.
En sentencia T-552 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), la Corte manifestó:
“El derecho a la intimidad implica la
facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe
solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus
propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está
dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones
externas. Algunos tratadistas han definido este derecho como el ‘control sobre
la información que nos concierne’[20]; otros, como el ‘control sobre cuándo y
quién puede percibir diferentes aspectos de nuestra persona’. La Corte
Constitucional, por su parte, (...) como ‘el espacio intangible, inmune a las
intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a
escuchar o a ser lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser
escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto.’[21]
Adicionalmente, puede decirse que el
derecho a la intimidad es un derecho disponible. Ciertas personas, según su
criterio, pueden hacer públicas conductas que otros optarían por mantener
reservadas”.
11. Podría
entonces decirse que una concepción en este sentido, es decir, aquella conforme
a la cual el alcance de ‘lo privado’ depende de la limitación de ‘lo
público’, implicaría que el legislador tendría un margen ilimitado de
configuración normativa, pues si en razón de la valoración política o por
argumentos de conveniencia decide que ciertos datos, independientemente de su
naturaleza y alcances, deben ser objeto de divulgación, no existiría límite
alguno que le impidiera obrar de dicha manera.
Una conclusión en dicho sentido, es inadmisible en un
Estado constitucional de derecho. En primer lugar, porque todo derecho o
prerrogativa fundamental, como lo es, el derecho a la intimidad, supone la existencia
de un núcleo esencial excluido de la actividad del legislador[22] y; en segundo término,
porque la delimitación de ‘lo público’ supone el acatamiento de una
serie de principios que impidan precisamente el desconocimiento de dicho núcleo
esencial.
12. En
este contexto, el núcleo esencial del derecho a la intimidad, supone la
existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta del poder de
intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que
le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal,
espiritual y cultural. En efecto, aun cuando se reconoce en el hombre la
tendencia natural hacia la socialización, no por ello en un Estado social
demócrata puede obligarse a las personas a darle publicidad a los aspectos más
íntimos y propios de su proyecto de vida personal, pues en ciertas ocasiones
los individuos prefieren el ser dejados solos y adoptar comportamientos como el
guardar silencio ante las inquietudes de los demás. Las legítimas expectativas
de vida, muchas veces ligadas al seguimiento de un credo religioso o de una
creencia espiritual (C.P. art. 18), se orientan a la total o parcial separación
de la comunidad, sin que pueda imponerse el deber de obrar frente a los otros
de una determinada manera, sopena de vulnerar la esencia misma de la libertad.
Lo anterior, obviamente, bajo el reconocimiento intrínsico de la relatividad de
los derechos, que implica la exigibilidad de algunos deberes dado el compromiso
de vivir en sociedad (C.P. art. 95).
La doctrina norteamericana reconoce el núcleo esencial
del derecho a la intimidad, a través del denominado “the rigth to be let
alone”, es decir, el derecho a ser dejado solo[23], aplicado por la
justicia americana, en el caso de la actriz Brigitte Bardot en 1959, en donde
los Tribunales decidieron que el hecho de que una persona fotografiara a otra
en su residencia y publicara tales fotografías sin ningún tipo de autorización,
a pesar de la manifestación inequívoca de refugiarse en su casa, en aras de
encontrar el sosiego y la tranquilidad que reporta la soledad, violaba la
intimidad de la persona[24].
Nótese como, en este caso, la vulneración del derecho
a la intimidad ocurría básicamente porque el fotógrafo accedió a la información
íntima de la demandante (Brigitte Bardot), sin requerir previamente su
consentimiento o aquiescencia. Precisamente, la protección constitucional del
derecho a ser dejado sólo, como manifestación esencial del derecho a la
intimidad, tiene su soporte no sólo en el hecho coyuntural de la soledad, que
analizada aisladamente en nada enriquece el contenido de dicho derecho, sino en
la seguridad de no ser observado, y de poder actuar sin el miedo de que
alguien, en cualquier momento, rebelará una acción o esfera exclusiva de su
comportamiento[25].
Por
consiguiente, una segunda conclusión al estudio de la intimidad, permite fijar
la siguiente regla: El alcance del derecho a la intimidad de un sujeto, depende
de los límites que se impongan a los demás, como exigencia básica de respeto y
protección de la vida privada de una persona. La existencia del núcleo esencial
de dicho derecho, exige que existan espacios medulares en donde la personalidad
de los sujetos pueda extenderse en plena libertad, pues deben encontrarse
excluidos del dominio público. En aquellos espacios la garantía de no ser
observado (el derecho a ser dejado sólo) y de poder guardar silencio, se
convierten en los pilares esenciales que permiten asegurar el goce efectivo del
derecho a la intimidad[26].
13. Ahora
bien, dependiendo del nivel en que el individuo cede parte de su interioridad
hacia el conocimiento público, se presentan distintos grados de intimidad[27].
Dichos grados de intimidad se suelen clasificar en
cuatro distintos niveles, a saber: la intimidad personal, familiar, social y
gremial (C.P. art. 15). La primera, alude precisamente a la salvaguarda del
derecho de ser dejado sólo y de poder guardar silencio, es decir, de no
imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de ser
divulgados, publicados o fiscalizado aspectos íntimos de su vida. La segunda,
responde al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar, una de cuyas
principales manifestaciones es el derecho a la inmunidad penal, conforme al
cual, “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes entro del cuarto grado de consaguinidad,
segundo de afinidad o primero civil”. La tercera, involucra las relaciones
del individuo en un entorno social determinado, tales como, las sujeciones
atenientes a los vínculos labores o públicos derivados de la interrelación de
las personas con sus congéneres en ese preciso núcleo social, a pesar de
restringirse -en estos casos- el alcance del derecho a la intimidad, su esfera
de protección se mantiene vigente en aras de preservar otros derechos
constitucionales concomitantes, tales como, el derecho a la dignidad humana[28]. Finalmente, la
intimidad gremial se relaciona estrechamente con las libertades económicas e
involucra la posibilidad de reservarse -conforme a derecho- la explotación de
cierta información, siendo, sin lugar a dudas, uno de sus mas importantes
exponentes, el derecho a la propiedad intelectual (C.P. art. 61)[29].
Es entonces en la posibilidad de mantener en silencio
o reserva, un determinado acto, comportamiento o relación de la vida social, en
donde se encuentra la nota característica de la intimidad en sus distintos
niveles, siendo reforzada por el derecho a ser dejado sólo, en cuanto se trata
de propender por la salvaguarda de la intimidad personal.
Sobre la materia, la jurisprudencia de esta
Corporación ha dicho:
“La intimidad, el espacio exclusivo de cada
uno, es aquella órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe
gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria
injerencia de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano. Es el
área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser
penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden
dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de
conformidad con la Constitución y la ley.
Como todos los demás derechos
constitucionales fundamentales, el derecho a la intimidad presenta las
características de especialidad e inherencia, en cuanto que sin él quedaría
insatisfecha la personalidad como concepto unitario, siendo propio de la
persona que con él nace y desaparece; y extrapatrimonialidad, es decir que
sobre él se carece de disponibilidad, siendo por eso intransmisible,
irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no susceptible, en sí mismo
considerado, de valuación económica, aunque pueda tener, eventualmente, efectos
patrimoniales.
En Colombia, todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar, que debe ser respetada y protegida
por el Estado, particularmente, lo dice la Constitución, en cuanto a la
correspondencia y demás comunicaciones privadas que, de conformidad con ella y
con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, son
inviolables.
La jurisprudencia y la doctrina nacional e
internacional han reconocido en éste un sagrado derecho, integrándolo con aquél
según el cual nadie puede ser molestado (artículo 28 Superior)[30] y
sintetizándolo como el "derecho a ser dejado en paz"[31], lo
cual hace a la Sala pensar que la garantía contenida en el citado artículo 15,
permite al individuo la conservación de su intimidad y acudir ante las
autoridades de la República, quienes están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades, buscando que cesen oportunamente aquellas intromisiones
irracionales, injustificadas y, por ende, antijurídicas (...)”[32].
14. Dichos
grados de privacidad comprenden todo aquello relativo a la intimidad de las
personas como son sus relaciones familiares, costumbres, prácticas sexuales,
salud, domicilio, comunicaciones personales, los espacios para la utilización
de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos
profesionales y todo comportamiento del sujeto que únicamente puede llegar al
conocimiento de otros, siempre y cuando el mismo individuo decida relevar
autónomamente su acceso al público.
Son ámbitos, en los que la sociedad como distinta al
individuo, sólo tiene un interés secundario en la información o realidad que
existe en dichas esferas, pues realmente son temas o acontecimientos que única
y exclusivamente afectan o incumben al titular del derecho y que, en últimas,
le permiten al hombre desarrollar su personalidad y sustraerse de cualquier
tipo de opinión pública al respecto[33].
15.
Así
pues, se puede entender que este derecho comprende todos aquellos datos que
normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y que, por ser
información no clasificada por ninguna disposición constitucional o legal como
de naturaleza o importancia pública, pertenecen al ámbito reservado e íntimo
del individuo, la cual no pueden ser conocida, divulgada, suministrada,
expresada o informada por otros, a menos que sea por la propia voluntad de su
titular.
Desde
esta perspectiva, la Corte ha dicho que son tres las maneras de vulnerar el
derecho a la intimidad, a saber: “La primera de ellas es la intrusión o
intromisión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado; la segunda,
consiste en la divulgación de los hechos privados; y la tercera, finalmente, en
la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales, aspectos
los dos últimos que rayan con los derechos a la honra y al buen nombre”[34].
16. Sin
embargo, queda un interrogante por resolver: ¿Qué principios permiten delimitar
el concepto de ‘lo público’ y de cuyo acatamiento depende la protección
del núcleo esencial del derecho a la intimidad?
Básicamente,
son cinco los principios que sustentan la protección del derecho a la
intimidad, y sin los cuales, se perdería la correspondiente intangibilidad del
contenido garantista de la inmunidad del individuo frente a la innecesaria
injerencia de los demás. Ellos se clasifican y explican en los siguientes
términos:
El
principio de libertad, según el cual, los datos personales de un
individuo, sólo pueden ser registrados o divulgados con el consentimiento
libre, previo, expreso o tácito del titular, a menos que el ordenamiento
jurídico le imponga la obligación de relevar dicha información, en aras de
cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo. En este contexto, la
obtención y divulgación de datos personales, sin la previa autorización del
titular o en ausencia de un claro y preciso mandato legal, se consideran
ilícitas.
El
principio de finalidad, el cual se expresa en la exigencia de someter la
recopilación y divulgación de datos, a la realización de una finalidad
constitucionalmente legítima, lo que impide obligar a los ciudadanos a relevar
datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el Texto Constitucional que,
por ejemplo, legitime la cesión de parte de su interioridad en beneficio de la
comunidad. Así, en Sentencia C-489 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la
Corte determinó que la exigencia de revelar información perteneciente a la
intimidad económica de los individuos, tiene su soporte en la necesidad de
establecer la efectividad de los recursos que permitan contribuir al
funcionamiento del Estado como carga o deber de los ciudadanos (C.P. art. 95).
En sus propias palabras, manifestó:
“(...) La intimidad económica es un ámbito
que, en principio, sólo interesa al individuo, el cual impide a los
particulares acceder a la información económica de otro particular. No
obstante, dado el deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos
del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (C.P. art. 95-9), se
justifica el conocimiento de los datos económicos del individuo por parte del
Estado, siempre y cuando la injerencia sea proporcionada, esto es, se realice
con medios necesarios, adecuados y que produzcan la menor lesión del derecho
fundamental. (...)
11. En este orden de ideas, el
deber de revelar información económica, mediante la presentación de
declaraciones tributarias, y la facultad correlativa de inspección fiscal en
cabeza de las autoridades competentes, se fundamentan en el interés superior de
que cada ciudadano contribuya al sostenimiento de las cargas públicas, interés
éste que se erige en un límite del derecho a la intimidad (...)”.
De
conformidad con el principio de necesidad, la información personal que
deba ser objeto de divulgación, se limita estrechamente a aquella que guarda
relación de conexidad con la finalidad pretendida mediante su revelación. Así,
queda prohibido el registro y la divulgación de datos que excedan el fin
constitucionalmente legítimo.
Adicionalmente,
el principio de veracidad, exige que los datos personales que se puedan
divulgar correspondan a situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra
prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos.
Por
último, el principio de integridad, según el cual, la información que
sea objeto de divulgación debe suministrarse de manera completa, impidiendo que
se registre y divulgue datos parciales, incompletos o fraccionados.
El
conjunto integrado de los citados principios, permite no solo garantizar el
acceso legítimo a la información personal, sino también la neutralidad en su
divulgación y, por ende, asegurar un debido proceso de comunicación.
Puntualmente,
la Constitución Política, en el artículo 20, obliga a que toda transmisión o
comunicación de datos debe sujetarse a las reglas de veracidad e imparcialidad.
Dichas reglas han sido desarrolladas por la Corte, bajo la siguiente premisa
fundamental: “La información, en los términos del ordenamiento superior,
debe corresponder a la verdad, ser verídica e imparcial, pues no existe derecho
a dirigir informaciones que no sean ciertas y objetivas”[35].
Ahora
bien, la interpretación y alcance de los anteriores principios, presuponen un
mayor o menor de grado exigencia, en la medida en la cual se relacionan con las
distintas libertades que corresponden a la protección constitucional de los
procesos de comunicación de la información (C.P. art. 15 y 20).
En
efecto, en cada caso, es indispensable ponderar la salvaguarda del derecho a la
intimidad con el amparo a la prensa libre, a la libertad de opinión, a la libre
circulación de ideas, etc., no sólo en aras de impedir la censura previa, sino
de lograr a través del libre flujo del pensamiento, el fortalecimiento de un
Estado respetuoso del desarrollo autónomo de la personalidad de cada asociado,
y principalmente, propulsor de la divulgación de ideas como freno o remedio
frente a las arbitrariedades del poder, al permitir la divulgación de la
expresión y la opinión como medios de control a su ejercicio por parte de los
autoridades públicas y frente a los particulares no sujetos fácticamente a una
relación de igualdad[36].
En
esta medida, no es posible establecer prima facie la prevalencia o
prioridad de un derecho sobre otro, pero si es viable reconocer que a partir de
su naturaleza relativa, cada uno de estos derechos se someten a límites,
principios y cargas que impiden que su uso se torne en arbitrario y permita el
desconocimiento de una garantía constitucional concomitante.
Visto
lo anterior, se procederá a analizar y estudiar el alcance de los derechos
constitucionales fundamentales al buen nombre y a la honra, y en seguida, se
procederá a ponderar su contenido a partir de una breve explicación del derecho
a la libertad de expresión.
Derecho
al buen nombre.
17.
El derecho al buen nombre, previsto en el artículo 15 de la Constitución
Política, ha sido definido por esta Corporación, como la reputación que acerca
de una persona tienen los demás miembros de la sociedad en el medio en el cual
éste se desenvuelve.
El buen nombre es un derecho típicamente proyectivo,
que supone la constante valoración a través del tiempo de la conducta del
individuo, a partir de las acciones realizadas en su esfera de convivencia. Así
mismo, en reiterada jurisprudencia se ha expresado que los miembros de la
sociedad juzgan los comportamientos de las personas, los evalúan y califican.
Es por eso que este derecho depende única y exclusivamente de quien pretende
ser el titular del mismo, pues es de acuerdo a su proceder en el medio social o
de su actuar en el mundo de lo público, de donde se desprende la imagen que el
resto de los individuos va a tener de él.
Por consiguiente, el derecho al buen nombre, es una
valoración individual y colectiva que tiene su origen en todos los actos y
hechos que una persona realice, para que, a través de ellos, la comunidad
realice un juicio de valor sobre su comportamiento[37]
18. Adicionalmente,
esta Corporación debe precisar que el derecho al buen nombre no es sólo un
derecho proyectivo, sino también un derecho de valor, es decir, su órbita de
protección depende del adecuado comportamiento del individuo dentro de la
sociedad, la cual califica su conducta como intachable y, por ende, merecedora
de aceptación social[38].
De suerte que, como bien se ha expuesto por la Corte
en anteriores oportunidades, el derecho al buen nombre, no se refiere
únicamente al concepto que se tenga de una persona, sino también a la “buena
imagen” que ésta genera ante la sociedad. Por eso, para poder proceder a su
protección, se exige como presupuesto indispensable el mérito, la conducta
irreprochable del individuo o el reconocimiento social hacia el comportamiento
del mismo.
En este orden de ideas, esta Corporación ha dicho que
el citado derecho es vulnerado, cuando: “sin justificación ni causa cierta y
real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien en forma
directa y personal, ya a través de los medios de comunicación (...)-
informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio
y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o
cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su
imagen”[39].
Derecho a la honra.
19. Esta
Corporación ha sostenido que el derecho a la honra, se refiere “a la
estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad
humana”[40].
Igualmente, ha señalado que este derecho está íntimamente relacionado con las
actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su
imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto
de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad[41].
La doctrina de esta Corporación sobre el alcance de
dicho derecho, se ha desarrollado en dos campos, en primer lugar, vinculando su
desarrollo al concepto del honor, es decir, a la buena reputación que se
presume por parte del individuo a partir de la ejecución de un comportamiento
virtuoso, y en segundo lugar, superando dicho criterio eminentemente subjetivo,
y en su lugar, sujetándolo a la conformidad o aquiescencia del sujeto con las
opiniones que los demás tienen sobre sus virtudes. Esta Corporación en
Sentencia C-489 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), manifestó que:
“(...)”la Corte
precisó el alcance que dentro del derecho a la honra tiene el concepto del
honor y señaló que “[a]unque honra y honor sean corrientemente considerados
como sinónimos, existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a
la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la
honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio
que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no
honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el
concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-.
En cualquier caso, la honra es un derecho
fundamental de todas las personas, que se deriva de su propia dignidad y que
por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de
la dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la
honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996, señaló que del mismo hace parte
tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una
perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de
cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a
la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta (...)”.
Alcance
del derecho a la libertad de expresión en relación con los derechos a la
intimidad, al buen nombre y a la honra.
20. El
derecho a la libertad de expresión, previsto en el artículo 20 de la
Constitución Política, se define como la garantía fundamental por virtud de la
cual se permiten divulgar los propios pensamientos, opiniones, ideas, conceptos
y creencias de hechos o situaciones reales o imaginarias, ya sea en actos
sociales, académicos, culturales, o políticos, o en medios masivos de
comunicación social, o en fin, a través de obras artísticas o literarias.
Según lo reconoce la doctrina, aunque las libertades
de expresión y de información sirven para comunicar datos entre las personas,
su principal diferencia radica en que mientras la libertad de información tan
sólo pretende  “informar”, es decir, “enterar o dar noticias sobre un
determinado suceso”[42];
la libertad de expresión, por su parte, involucra todo tipo de declaración que
tenga por objeto difundir un pensamiento, idea, opinión, etc[43].
Bajo dicho supuesto, esta Corporación ha señalado que
los principios de veracidad e integridad como límites al ejercicio de las
libertades de comunicación, no tienen el mismo alcance, pues los límites a la
libertad de expresión son más reducidos que los de la libertad de información,
en atención a la mayor amplitud inherente a la exposición de opiniones o
comentarios personales sobre hechos reales o imaginarios. Precisamente, en
Sentencia SU-056 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la Corte dijo que:
“En lo que concierne con la libertad de
expresión que no se materializa o no tiene por objeto informar, sino recrear en
una obra literaria, gráfica, plástica o fílmica, hechos o situaciones reales o
imaginarios, no es procedente sujetarla a las exigencias impuestas a la
libertad de información, como son el atenerse a la verdad e imparcialidad de la
noticia, lo cual no significa que el artista -escritor, periodista,
caricaturista, pintor, director- pueda desconocer impunemente los derechos
fundamentales de terceras personas, en particular sus derechos a la intimidad,
a la honra y al buen nombre”.
21. De igual manera, esta Corporación ha reconocido que
la libertad de expresión no es un derecho absoluto, “pues la misma Carta
contempla numerosas restricciones y limites que se derivan de la prevalencia
del orden jurídico y del necesario respeto que merecen los derechos de los
demás”[44].
Así pues, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está
autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad,
sacrificando principalmente, entre otros, los derechos a la intimidad, al buen
nombre y a la honra.
Por
ello esta Corporación ha considerado que no es lícito refugiarse en el derecho
a la libertad expresión, con el fin de revelar detalles de la vida íntima de
una persona. De igual manera, no se pueden realizar insinuaciones sobre una
persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el escándalo
público[45].
Sin
embargo, la anterior argumentación no puede llegar al extremo de hacer
nugatoria la libre expresión de opiniones, que en principio, como lo reconoce
la doctrina, la jurisprudencia nacional e internacional[46], no debe ser objeto de
restricciones, por fuera de aquellas destinadas a garantizar la veracidad e
integridad no de la opinión, la cual puede responder a un hecho imaginario o
una forma extravagante de control al ejercicio del poder público, sino de los
hechos o enunciados de carácter fáctico que la sustentan, y que, adicionalmente,
pueden llegar a ser verificados.
En
sentencia T-080 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte manifestó:
“La peculiar presentación de la información
- mezcla de hechos y opiniones - entraña inexactitud si al público en general
no le es posible distinguir entre lo realmente sucedido y las valoraciones o
reacciones emocionales que los hechos acaecidos suscitan en el intérprete y
comunicador de la información. Los actos de deformar, magnificar, minimizar,
descontextualizar o tergiversar un hecho pueden desembocar en la inexactitud de
la información al hacer que la apariencia sea tomada como realidad y la opinión
como verdad, ocasionando con ello un daño a los derechos fundamentales de un
tercero.
La inexactitud de la información solamente
tiene trascendencia jurídica y da lugar a una rectificación si la presentación
simultánea de hechos y opiniones en una noticia tiene consecuencias
desproporcionadamente lesivas para la persona pública objeto de la información.
La finalidad buscada con la divulgación de
la noticia era fiscalizar las actuaciones de los Senadores y estimular el
cumplimiento de sus deberes públicos relacionados con la asistencia puntual a
las sesiones plenarias, en función de los intereses de sus electores. Es
evidente que éstos últimos se verían traicionados por sus representantes si en
lugar de participar activamente en las deliberaciones, pretextaran diversos
motivos para no hacerlo. La presentación de la opinión como si fuera un hecho -
"revelan en el Senado los nombres de los campeones del ausentismo"-,
tiene como consecuencia para el Senador confrontado, la pérdida de prestigio,
de credibilidad y de confianza frente a la comunidad.
Dado que el buen nombre y la honra de un
servidor público de elección popular dependen esencialmente de su imagen ante
la comunidad, constituye una lesión desproporcionada de los derechos
fundamentales de un Senador la aseveración del incumplimiento de sus funciones
por parte de un medio masivo de comunicación, cuando se encuentra plenamente
probado que su ausencia obedece a una razón legítima vinculada con el ejercicio
público de tales funciones.
La inexactitud de la información en el
presente caso se origina en no haber diferenciado el medio entre el hecho de la
ausencia, el cual era verdadero, y la valoración negativa de las
justificaciones presentadas, con la consecuente vulneración de los derechos a
la honra y el buen nombre del senador (...)”
22. El
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en cuanto se relaciona con los
hechos y no con las opiniones que de ellos se derivan, se rige de
forma atenuada bajo los mismos principios que limitan el alcance del derecho a
la información, los cuales son: libertad, finalidad, necesidad, veracidad e
integridad[47],
con la finalidad de proteger el contenido normativo de otros derechos como la
honra, el buen nombre y la intimidad.
En este orden de ideas, la aplicabilidad de dichos
principios se sujeta no al hecho de impedir la divulgación de un pensamiento,
idea u opinión, pues ello constituiría una censura previa prohibida por
nuestro ordenamiento constitucional, (i) sino que se dirige a controlar la
legalidad de los medios que se utilizan para obtener las fuentes que inspiran
la expresión del autor, por ejemplo, si para realizar un perfíl de opinión
acerca de un personaje público, se interceptan sus comunicaciones o se filtra
su correspondencia. Así mismo, dichos principios tienen aplicación, (ii) en
cuanto a las posibles consecuencias que frente a los derechos de los terceros,
se derivan de revelar conceptos o creencias acerca de la ocurrencia de
situaciones reales, como cuando se pretende igualar un juicio de valor u
opinión a un hecho cierto e indiscutible, verbi gracia, el caso de un
caricaturista que sabe que los diálogos que acompañan a sus dibujos como
expresión de una parodia de un supuesto hecho real, se apartan precisamente de
dicha realidad, vulnerando los derechos al buen nombre y a la honra de las
personas caricaturadas, pues se manifiestan no simplemente opiniones, ideas o
pensamientos, sino hechos o circunstancias incursas en falsedad[48].
23.  Así,
el principio de libertad aplicado a la libertad de expresión, conduce a
sostener que si bien una persona puede opinar abiertamente sobre el comportamiento
externo de otra, por cuanto al revelar públicamente su conducta permite que
los demás juzguen sus actos; en tratándose de actos íntimos o privados
no ocurre lo mismo, básicamente porque se trata de información sujeta a la
libre disposición del individuo. Por ejemplo, esta Corporación sobre la materia
ha sostenido que existe una tendencia creciente hacia el desdibujamiento de la
intimidad en las personas con proyección pública, pues de sus actuaciones serán
testigos, casi necesariamente el conglomerado universal de la sociedad. Sin
embargo, ese desdibujamiento en manera alguna puede ser considerado absoluto,
puesto que existen espacios íntimos o privados de vida excluidos del interés
público, los cuales no pueden ser invadidos sino por el consentimiento expreso
o tácito de su titular. La Corte, al respecto, manifestó:
“(...) Si bien el ámbito exclusivo de los
personajes públicos se reduce en razón de su calidad y, eventualmente, de las
actividades que desarrollen, las cuales, se repite, inciden en un conglomerado
social o son de interés general, no es posible pensar que lo hayan perdido y,
en consecuencia, que no puedan ser titulares del derecho constitucional
fundamental a la intimidad. No. Para diferenciar el campo que puede ser objeto
de conocimiento general del que no puede serlo, en las condiciones señaladas,
se requiere analizar la presencia de dos factores: primero, la actuación de la
persona dentro de un ámbito público; y segundo, si lo hace con la intención de
ser vista y escuchada por quienes allí se encuentran, cuya verificación
permitirá pensar, como es lógico, que ella está actuando por fuera de su zona
de privacidad y, al mismo tiempo, que pueden su imagen y manifestaciones ser
captadas por quienes la rodean (...)” (Sentencia T-696 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz).
Desde esta
perspectiva, la Corte en Sentencia T-512 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), al realizar un estudio sobre los derechos a la libertad de
información y expresión[49],
concluyó que aun cuando las diversas manifestaciones de libertad de expresión
son protegidas por el ordenamiento superior, su ejercicio no puede llegar al
extremo de vulnerar la esfera privada de los individuos, así se trate de un
personaje cuyo comportamiento releva importancia pública. En palabras de esta
Corporación:
“(...) Ahora bien, los derechos a la honra
y al buen nombre no son los únicos que pueden resultar lesionados por la
actividad informativa de un medio de comunicación.  También lo puede ser el
derecho a la intimidad personal o familiar protegido en el artículo 15 de la
Constitución Política. Aquí ya no se trata de informaciones falsas o inexactas,
susceptibles de rectificación, sino de publicaciones de muy diverso género
(caricaturas, fotografías, imágenes transmitidas por televisión, comentarios
radiales, informes periodísticos "confidenciales" ampliamente
difundidos, etc.), cuyo contenido lesiona el núcleo de vida privada al que
tiene derecho toda persona, aunque se trate de un personaje público.
Considera la Corte que los medios de
comunicación no pueden invocar el derecho a la información para invadir la
esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del exclusivo
interés de la persona y de sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de
la necesaria privacidad a la que todo individuo y toda unidad familiar tienen
derecho.  Esa prerrogativa es oponible a terceros considerados de manera
individual y con mucha mayor razón a los medios masivos, ya que éstos, por la
misma función que cumplen, están en capacidad de hacer público lo que de suyo
tiene el carácter de reservado por no ser de interés colectivo.
Así, no es aceptable que un medio de
comunicación, sin el consentimiento de la persona, dé a la publicidad
informaciones sobre hechos pertenecientes al ámbito estrictamente particular,
como son los casos de discrepancias o altercados entre esposos, o entre padres
e hijos sobre asuntos familiares; padecimientos de salud que la familia no
desea que se conozcan públicamente; problemas sentimentales o circunstancias
precarias en el terreno económico, pues todo ello importa únicamente a los
directamente involucrados y, por ende, ninguna razón existe para que sean del
dominio público, a no ser que en realidad, consideradas las repercusiones de la
situación concreta, esté de por medio un interés de la comunidad, el cual
tendría que ser debidamente probado y cierto para dar paso a la información
(...)”.
De igual manera, en
Sentencia T-235A de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), al convalidar la
posibilidad de publicar fotografías o realizar retratos de personas que acceden
a las calles o a las vías públicas, entendiendo que existe un consentimiento tácito
al relevar públicamente su comportamiento en un espacio colectivo donde
confluye el actuar de la sociedad; la Corte permite concluir que, a contrario
sensu, dicha posibilidad, es decir, fotografiar o retratar a las personas
como manifestación de una expresión artística, no existe cuando el individuo no
participa de su conducta ante la sociedad y, por el contrario, se resguarda en
su hogar o, eventualmente en su espacio de trabajo. Al respecto, esta
Corporación sostuvo que:
“(...) Por lo demás, la Corte estima oportuno recordar que las
calles y vías públicas ‘son foros de acceso colectivo por excelencia,
circunstancia que les atribuye un plus de garantía y de neutralidad por parte
del Estado en relación con quienes pueden o no, como ciudadanos, hacer uso de
ellos’[50].
Por tal motivo, prohibir o restringir que se elabore un retrato, que se tome
una fotografía o que se haga un filme, por ejemplo, en un ámbito de esa
naturaleza debe responder a necesidades suficientemente claras y razonables. Es
por ello que la Corte ha admitido la posibilidad de fotografiar a quien
participa en una manifestación pública, porque considera que lo hace
renunciando a su privacidad, con la intención de ser visto y escuchado por
quienes allí se encuentran[51].
Pero solamente un uso desproporcionado, irrazonable y atentatorio de derechos
de terceros está prohibido en la Constitución y debe ser controlado por la
administración[52].(...)”
24. El
principio de finalidad como requisito del ejercicio de la libertad de
expresión, se manifiesta en que la diversidad de opiniones o de pensamientos
que se divulguen, se relacionen con el logro de una finalidad
constitucionalmente legítima, tales como, informar sobre un acontecimiento o
suceso de trascendencia pública, difundir y dar a conocer manifestaciones de
cultura o creaciones del intelecto humano, o participar a través de la crítica
en el ejercicio del control público. Esto significa que la libertad de
expresión, no puede convertirse en una herramienta para vulnerar los derechos
de los otros o para incentivar la violencia[53].
Esta Corporación ha dicho:
“(...) Los miembros de toda comunidad, con
las salvedades que la propia Constitución consagra (por ejemplo, las
instituciones que hacen parte de la Fuerza Pública), son deliberantes y gozan
de plena libertad para exponer en público sus concepciones y enfoques en torno
a los temas que son de su interés, y por tanto, mientras lo hagan sin violencia
y dentro de las reglas jurídicas aplicables, y sin provocar daño a los otros
-respecto de lo cual les serán exigibles responsabilidades posteriores-, forma
parte de su derecho fundamental a expresarse con libertad la posibilidad de
asumir posiciones críticas en los asuntos objeto del interés colectivo. En consecuencia,
es inalienable la libertad que tiene cada uno de manifestar sin coacciones ni
temores su personal opinión -favorable o desfavorable- sobre la manera como se
conducen los destinos comunes y acerca de la aceptación o rechazo que, en su
criterio, merecen los responsables de esa conducción. Ello representa, además,
para los individuos, una forma de participar en las decisiones que los afectan,
garantizada en el artículo 2 de la Carta Política. Existe, pues, en el seno de
toda comunidad, el derecho a disentir y el conexo de poder expresar libremente
las causas y razones de las discrepancias, obviamente sin sobrepasar los
límites del respeto que merecen los derechos de los demás y el orden jurídico
(...)”. (Sentencia SU-667
de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
25.
Finalmente,
los principios de necesidad, veracidad e integridad, se concretan en la
exigencia de requerir que los hechos o enunciados de carácter fáctico que
sustentan las opiniones, ideas, pensamientos o creencias guarden relación de
conexidad con la finalidad pretendida mediante su divulgación, sean ciertos o
reales y, adicionalmente, se suministren de manera completa, impidiendo que se
revelen datos parciales o fraccionados, que puedan llegar a vulnerar los
derechos al buen nombre y a la honra. Lo anterior, tiene su razón de ser, pues
como previamente se expuso las opiniones en sí mismas consideradas, no pueden
someterse a las cargas de veracidad e integridad[54].
26. En
virtud de lo anterior, la Corte ha reconocido que existe una tendencia
creciente a priorizar el ejercicio de derecho a la libertad de expresión, pues
se entiende que siempre que la divulgación de un pensamiento u opinión no
resulte apoyado en un dato fáctico contrario a la realidad, los derechos al
buen nombre y a la honra se mantienen incólumes. Al respecto, en Sentencia
T-634 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería), esta Corporación expresó que:
“(...) De otra parte, el precepto
constitucional en comento, consagra el derecho de expresión u opinión,
cuyo ejercicio implica la libertad de expresar y difundir el pensamiento y
opiniones, encontrando su límite como se señaló antes, donde comienza el
derecho ajeno. El derecho de expresión y opinión generalmente encuentra su
lindero en los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra, con los
cuales entra en constante conflicto, por ello, ésta Corporación al referirse en
particular al periodismo de opinión ha señalado que prima el derecho de
expresión u opinión sobre los derechos individuales al buen nombre y a la
honra, por tratarse de un derecho de contenido social, siempre y cuando se
puedan separar los hechos de las opiniones y tanto aquellos como estas estén
referidos a una información veraz, imparcial, completa y exacta susceptible de
comprobarse.
No obstante, también se ha dicho que cuando
quiera que se cause daño a otro con la opinión, expresión o interpretación de
la información, que sucede entre otros casos,  cuando no sea posible distinguir
los hechos de las valoraciones del interprete que hacen inexacta la
información; o cuando se deforma, magnifica, minimiza, descontextualiza o
tergiversa a un hecho haciendo aparecer como verdad la opinión, o como realidad
la apariencia, se está ante una información inexacta, debiendo protegerse los
derechos individuales, al no estar presentes los presupuestos de veracidad e
imparcialidad en la información que son la condición “sine qua non” para su
protección y primacía”.
En idéntico sentido, en Sentencia T-066 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte manifestó:
“(...) 25. Así las cosas, se impone la
conclusión de que la revista Semana actuó en forma ligera e imprudente al
publicar el artículo sobre los alcaldes, en la medida en que no buscó
establecer la veracidad de los datos contenidos en el documento de
inteligencia, para poder presentar un informe completo e imparcial sobre el
tema. En efecto, tal como lo señalan los expertos que conceptuaron dentro
del proceso, la revista, al observar que en el documento se hacían graves
incriminaciones, sin ningún fundamento probatorio, antes de proceder a la
publicación tendría que haber intentado oír la versión, bien de los mismos
alcaldes involucrados - o de algunos de ellos, en razón de su gran número -,
bien de la Federación Colombiana de Municipios - o de otro organismo que
pudiera haber hablado en nombre de los alcaldes -, o bien de personas
conocedoras del tema. Repárese que la misma publicación era consciente de que,
a pesar de la gravedad de las acusaciones en él contenidas, las mismas eran
tratadas con mucha ligereza. En efecto, en el artículo se manifiesta
que ‘el que los alcaldes del país tengan estrechos vínculos con los
alzados en armas es un tema muy delicado y por ello es indispensable que las
autoridades tengan pruebas a la mano, más que indicios, para que la Fiscalía
pueda llegar al fondo de las investigaciones’. En presencia de esta afirmación
no es comprensible que la revista hubiera pasado a publicar el informe, sin
intentar corroborar o contrastar las afirmaciones en él contenidas (...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
27. Dicha prevalencia no
puede ser reconocida en relación con el derecho a la intimidad, por la sencilla
razón que la intromisión en la esfera íntima o privada de un sujeto, sin su
consentimiento o autorización legal, es siempre violatoria de su contenido
esencial.
Caso Concreto.
28.
La
Sala encuentra que la presente discusión se deriva de los siguientes hechos:
El señor Caleb Antonio Avendaño realizó una caricatura
denominada “La Flor del Trabajo” la cual fue publicada en varias
instituciones educativas de la ciudad de Santander de Quilichao.
Posteriormente, divulgada en el establecimiento de comercio “La Barraca”.
En la mencionada caricatura, se hace alusión a una
docente llamada “Rosa” de la institución educativa “El Libertador”
que ha incumplido con su horario de trabajo debido a una cantidad considerable
de incapacidades reconocidas por “médicos alcahuetas”, motivo por el
cual muchos de los niños del curso se han retirado de dicho plantel.
Adicionalmente, se hace mención al sostenimiento de
relaciones “impúdicas” entre la educadora “Rosa” y un señor de
nombre “Arquímedes Ortiga”.
Por último, se cuestiona la falta de atención del jefe
del plantel educativo y la omisión en la adopción de medidas para “ponerle
coto” al citado asunto por parte de la Procuraduría Seccional.
29. De acuerdo con las circunstancias fácticas del caso y los argumentos
expuestos en los fundamentos 9 a 27 de esta providencia, encuentra la Corte que
la acción de tutela está llamada a prosperar, por las consideraciones que a
continuación se exponen:
30. En
primer lugar, contrario a lo expuesto por el señor Caleb Antonio Avendaño, la
caricatura no refleja acontecimientos imaginarios producto de una expresión
artística del autor. Por el contrario, su contenido tiene soporte en hechos
reales que corresponden a sucesos de la vida de la accionante.
Así, en la población de Santander de Quilichao tan
sólo existe una institución educativa de nombre “El Libertador”, de
igual manera la única trabajadora en dicha institución educativa de nombre “Rosa”
que ha presentado problemas médicos y, por ende, incapacidades, es la
demandante Rosa Estelia Peña Carabalí. A este respecto, en testimonios
recaudados por el juez de instancia, es posible probar la relación existente
entre lo expresado en la caricatura y algunos aspectos concernientes a la vida
de la demandante.
Ante las siguientes preguntas formuladas por el
a-quo, el señor Luis Hernan Balanta, rector del Colegio El Libertador,
sostuvo que:
“PREGUNTADO: Cuántos centros docentes
existen en Santander de Quilichao con el nombre del libertador.- CONTESTO: En
lo que tengo conocimiento sólo existe en Santander el Centro Docente el
Libertador el cual dirijo.- PREGUNTADO: Diga a este Juzgado si cuando usted
tuvo conocimiento del aviso lo relacionó con alguna persona en particular y por
qué.- CONTESTO: Cuando tuve conocimiento de él lo observe personalmente y no
hice ningún comentario como directivo docente, ni ante mis compañeros de
trabajo ni persona alguna simplemente cuando tuve la oportunidad de llamar a la
profesora Rosa, porque tenía el nombre de Rosa”. (Folio 24)
Por su parte, el señor
Valery Eduardo Valencia, educador del Colegio El Libertador, manifestó:
“PREGUNTADO.- Cuándo usted leyó y vio el
aviso lo relacionó con alguna persona en particular y en caso positivo por qué
hizo usted esa relación? CONTESTO.- Pues eso lo relacioné directamente con Rosa
porque las cosas que hacen relación en la caricatura son hechos que ella ha
tenido con la enfermedad, además una de las partes relaciona a Rosa y
Arquímedes que es el papá del hijo de ella, en uno de los apartes habla de que
ella esta confabulada con los médicos para las incapacidades, y yo a Rosa le
hecho el favor de llevarle las incapacidades a Hernán que es el Director de la
escuela, en la cuarta parte habla sobre el director del núcleo porque ella
había tenidos unos inconvenientes con el Director del Núcleo educativo de
Santander de Quilichao, y no llevaba buenas relaciones con él (...)”.  (Folio 26).
Otro
elemento que permite descartar que los relatos expuestos en la caricatura sean
sucesos imaginarios, lo constituye la alusión inequívoca al señor Arquímedes
Ortega.
De los testimonios y declaraciones que reposan en el
expediente, se tiene como cierto que el citado señor es el padre del hijo de la
demandante y que, con anterioridad, en virtud de la condición de docentes de
ambos, el señor Caleb Antonio Avendaño tenía conocimiento de sucesos de la vida
del señor Ortega.
En una primera declaración, sostuvo el señor Avendaño:
“Y que al señor Arquímedes Ortega lo he
afectado en su intimidad? Tampoco es cierto, porque en ningún momento en esa
caricatura estoy hablando de Arquímedes Ortega, sino de “Arquímedes Ortiga”,
que es muy diferente. Allá ellos, que quisieron darse por aludidos (...)”. (Folio 15).
En el interrogatorio
de parte, se expone por el citado señor:
“PREGUNTA No. 1.
Sírvase decirle al Despacho si usted en alguna ocasión ha desempeñado funciones
de docente en el Municipio de Santander de Quilichao e indique en que
Institución. CONTESTO: Si fui profesor de dibujo en el Colegio Fernández Guerra
de esta Localidad. PREGUNTA No. 2. Sírvase decirle al Despacho si usted conoce
o tuvo relación con el docente Arquímedes Ortega. CONTESTO: Conozco al señor
Arquímedes Ortega no hace mucho tiempo y poca relación he tenido con él quiero
que quede bien en claro ese apellido”. (Folio32)
Por su parte, la
demandante afirmó:
“PREGUNTADA: Diga al juzgado si usted
conoce a los señores Arquímedes Ortega y Caleb Antonio Avendaño. En caso
afirmativo, desde cuando y por qué. CONTESTO: Al señor Arquímedes Ortega lo
conozco desde hace siete años, fuimos compañeros de trabajo, el también es
maestro y es el papá de mi bebé. Y al señor Caleb lo conozco por referencias
del señor Arquímedes, pues me contaba que eran amigos, que el señor Caleb tenía
una hija y que a raíz de un problema que tuvo con ella (...), hubo una
discusión, (...) y la relación de amistad entre Caleb y Arquímedes se terminó
por eso (...)” . (Folio
19)
Por último, cualquier duda sobre la
conexidad entre la información divulgada y aspectos relacionados con la vida de
la demandante, se supera al denotar el vínculo existente entre la afirmación de
la deserción escolar y algunas quejas presentadas por los Padres de Familia de
la institución educativa “El Libertador”, por la ausencia de la
profesora de sus hijos.
Al respecto, el Director del citado centro
educativo, manifestó:
“PREGUNTADO.- Diga usted al juzgado si
debido a las incapacidades médicas concedidas a la profesora Rosa el grupo de
alumnos ha tenido perjuicios en desarrollo escolar o ha habido alguna deserción
masiva de niños. CONTESTO.- No hubo deserción masiva si por algunos llamados de
atención de los padres de familia ante la dirección del establecimiento por
inasistencia laboral, inicialmente, por parte de la Profesora Rosa Estelia,
pero utilizando el conducto regular convoque a padres de familia del grado en
mención 4-2, para explicarles la situación que se estaba presentando y buscarle
una pronta solución para que los niños y niñas a cargo de la profesora Rosa no
se perjudiquen en el compartimiento del conocimiento, fue así por intermedio de
comunicación escrita manifesté al jefe del núcleo buscar la solución, sin
perjudicar el trabajo de los niños y niñas recibiendo autorización del jefe del
núcleo, la profesora Alicia Galeano, (...) viene prestando su servicio docente
en la Institución desde el 2 de septiembre de 2002, como se justifica en el
control interno que como directivo docente llevo, algunos niños se retiraron
por cambio de domicilio, otros por establecer compromisos impartidos entre el
padre de familia, el alumno y el docente por algunos llamados comportamientos
de estudiantes, no concretamente por este factor de la incapacidad (...)”. (Folio 25).
Por consiguiente, a partir de lo expuesto y del
análisis de las piezas probatorias que se encuentran en el expediente, esta
Sala concluye que los hechos narrados en la caricatura “La Flor del Trabajo”,
no fueron producto de la imaginación del autor, sino que, por el contrario,
tienen sustento en sucesos reales.
31. Esta
Corporación se pregunta: ¿Si los hechos objeto de narración y divulgación en la
caricatura “La Flor del Trabajo”, corresponden a circunstancias y
sucesos pertenecientes a la vida íntima de la señora Rosa Estelia Peña
Carabalí?
La Corte a partir del análisis probatorio del
expediente y teniendo en cuenta el alcance del derecho a la intimidad a partir
de su relación con la libertad de expresión, concluye que algunos sucesos
narrados en la caricatura “La Flor del Trabajo” corresponden a hechos
íntimos de la vida privada de la accionante, los cuales, tan sólo podían ser
objeto de expresión artística y, por ende, de divulgación, bajo su plena
autorización[55].
En efecto, en la caricatura se relaciona el nombre de
la persona con quien la accionante sostuvo una relación sexual, calificando
dicho suceso como un acto impúdico. Aun cuando se modificó visiblemente una
letra con el propósito de eludir eventuales responsabilidades, es
incuestionable que se puede identificar fácilmente a las personas a quienes se refiere,
tal como se deduce de la declaración rendida por el señor Valery Eduardo
Valencia, educador del Colegio El Libertador[56].
Para la Corte, es indiscutible que dentro del fuero
íntimo de las personas, se encuentra la libre opción sexual, que le permita a
la persona escoger su compañero o compañera de vida para satisfacer sus
necesidades más íntimas, dentro de un ámbito especialmente protegido por el
derecho, sin que los terceros puedan entrometerse en dichas relaciones,
mediante su difusión o divulgación a la sociedad.
El que alguien decida tener relaciones sexuales con
otra persona, no es un asunto que interese a la comunidad o que sea considerado
por el derecho como de importancia pública. Por el contrario, se trata de un
suceso propio de la vida íntima de cada persona, el cual sólo puede ser
divulgado, con el consentimiento de los individuos comprometidos en esa
relación, o cuando -por ejemplo- el acto tiene lugar en un espacio visible al
público o donde éste tiene injerencia, circunstancias que no tuvieron lugar en
el presente caso.
En consecuencia, a juicio de esta Corporación, la información
sobre la persona con quien la demandante tuvo una relación sentimental
correspondía a su intimidad familiar (C.P. art. 15), y al ser objeto de
divulgación sin su consentimiento, dio lugar a la violación del principio de
libertad que protege y asegura el contenido normativo del derecho
fundamental a la intimidad.
La publicación masiva de dicha información, sin el
consentimiento de la demandante, se probó a través de testimonios y,
adicionalmente, con la  inspección judicial al establecimiento de comercio “La
Barraca”. Al respecto, el a quo indicó que:
“Seguidamente se procedió a verificar si se
encontraba puesto en una parte visible del lugar donde nos encontramos, el
aviso ilustrado denominado “LA FLOR DEL TRABAJO” objeto de estas diligencias,
encontrando el Juzgado que en la pared inferior de color azul a una altura de
1.80 metros se encuentra ubicado 3 avisos ilustrados pendientes de un gancho
color blanco con el logotipo CERVEZA COSTEÑA, el aviso al que nos venimos
refiriendo esta colocado debajo de otro aviso que superpuesto sobre el cubre la
mitad izquierda colocándolo frente a nosotros”. (Folio 39).
32. Por
último, las afirmaciones de la caricatura en relación con la complicidad de los
médicos en el reconocimiento de incapacidades y el supuesto incumplimiento de
las obligaciones de la señora Rosa Estelia Peña Carabalí como educadora, las
cuales, a juicio del caricaturista, demandan la intervención de la Procuraduría
Seccional, desconocen los principios de veracidad e integridad que condicionan
la divulgación de las circunstancias,  hechos o enunciados de carácter fáctico
que respaldan una opinión sobre una persona.
En el presente caso, las incapacidades reconocidas a
la señora Rosa Estelia Peña obedecieron al grave estado de salud que padecía
como resultado de las complicaciones del parto y no como falsamente lo expone
el demandado, en el sentido de que son el producto de la complicidad de médicos
alcahuetas. Afirmar que existía deslealtad por parte de la demandante
inventando incapacidades al plan educativo “El Libertador”, es faltar a
la verdad que demanda la comunicación pública de la información,
como garantía de los derechos al buen nombre y a la honra.
De igual manera, divulgar el incumplimiento de
obligaciones sin explicar o al menos dar a entender el por qué de su
ocurrencia, es otorgar información incompleta y parcial a la comunidad,
desviando la buena imagen que la accionante tenía en el plan educativo. De ello
da fe el mismo Rector del Colegio “El Libertador” quien al conocer el
contenido de la caricatura, inmediatamente solicitó pruebas que acreditarán las
incapacidades a la señora Rosa Estelia Peña. Al respecto, el señor Luis Hernán
Balanta, en su testimonio declaró que:
“(...) yo tuve conocimiento de la
historieta la flor del trabajo de autoría del caricaturista Caleb Avendaño en
observación ocular que le hice (...), la observe y cierto día tuve la necesidad
de comunicarme telefónicamente con la profesora Rosa Estelia Peña para que me
hiciera el favor de hacerme llegar una incapacidad emitida por la entidad
Consalud, después de confirmar la remisión de la incapacidad le exprese a la
profesora Rosa sobre la promulgación del comunicado o escrito pero sin
especificar detalles (...)”. (Folio 24).
Conforme a lo expuesto, no admite discusión alguna la
vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre y honra
invocados por la accionante, pues se desconoció los principios de libertad,
veracidad e integridad en el ejercicio de la libertad de expresión del señor
Caleb Antonio Avendaño.
Del derecho fundamental a la rectificación en
condiciones de equidad.
33.
Finalmente, esta Corporación ha establecido que las personas a quienes se les
ha vulnerado sus derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra, tienen
derecho a la rectificación del infractor en condiciones de equidad, lo cual
exige la satisfacción de por lo menos dos condiciones esenciales, en primer
lugar, que la aclaración tenga un “despliego informativo equivalente” a aquél
que produjo la infracción; y, además, debe existir la aceptación o
reconocimiento de la infracción cometida.
No obstante, la ejecución de dichas medidas
correctivas, pueden, en algunas ocasiones, resultar lesivas de los derechos
fundamentales que se pretenden amparar, pues involucran nuevamente el
escrutinio público de sucesos que deben permanecer en la privacidad o intimidad
de las personas. En estos casos, no corresponde al juez de tutela, sino a la
víctima de las divulgaciones ilegales o, eventualmente, de las difamaciones,
determinar si estima conducente la práctica de la orden emanada del juez de
tutela, en atención a la necesidad de velar por el contenido reservado de su
vida íntima. Al respecto, es posible consultar la sentencia T-526 de 2002 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), referente a la violación a la intimidad de un enfermo de
V.I.H.
IV.
DECISION.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el
fallo proferido el día veinticinco (25) de febrero de 2003 por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao -Cauca -, por las
consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo.- CONCEDER el
amparo fundamental a la señora Rosa Estelia Peña Carabalí, al establecerse la
vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre y honra.
Tercero.- ORDENAR al señor Caleb Antonio Avendaño Mosquera rectificar la
información contenida en la caricatura “La Flor del Trabajo”, en un
diario escrito de amplia circulación en el Municipio de Santander de Quilichao
(Cauca) y en dos medios radiales con cobertura en ese Municipio, con el
siguiente texto: “Por decisión de la Corte Constitucional procedo a comunicar
que las imputaciones realizadas en contra de la señora Rosa Estelia Peña
Carabalí en la caricatura de mi autoría denominada La Flor del Trabajo, son
contrarias a la realidad, en cuanto dicha señora, en ningún momento, ha
incumplido sin justa causa sus obligaciones laborales. Firma. Caleb Antonio
Avendaño Mosquera”.
Cuarto.-
Antes
de proceder a realizar las rectificaciones ordenadas en el numeral
tercero de la parte resolutiva de esta decisión, la señora Rosa Estelia Peña
Carabalí debe manifestar su aquiescencia ante el Juzgado Primero Civil
Municipal de Santander de Quilichao -Cauca-, quien inmediatamente velará porque
la orden impartida sea objeto de cumplimiento por parte del señor Caleb Antonio
Avendaño Mosquera.
Quinta.-
PREVENIR al
señor Caleb Antonio Avendaño Mosquera, para que, en adelante se abstenga de
revelar la información correspondiente a la vida íntima y personal de la señora
Rosa Estelia Peña Calabarí.
Sexto.-
DÉSE cumplimiento
a lo previsto en el articulo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
RODRIGO UPRIMNY YEPES
Magistrado (E)
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]
Poder especial para la interposición de la presente
acción, visible a folio 1 del expediente de tutela.
[2]              Según afirma la accionante, el citado periódico es
propiedad del demandado.
[3]
Véase: Folios 29 a 31 del cuaderno de tutela.
[4]              Visible folio 80.
[5]
Al respecto, la Corte señaló en la Sentencia T-001 de 1997 (M.P.
José Gregorio Hernández Galindo) que por las características de la acción “todo
poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez
para el fin específico y determinado de representar los intereses del
accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta
autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su
pretensión”.
[6]              Sentencia
C-134 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[7]              Sentencia T-290 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[8]
Sentencia T-1008 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[9]
Sentencia T-288 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[10]             Sentencia T-290 de 1993.(M.P. José Gregorio Hernández
Galindo). Subrayado por fuera del texto original.
[11]             Véase, cuadro No. 3 de la caricatura, en relación con
el comportamiento “impúdico” de “Rosa” con “Arquímedes Ortiga”.
[12]             Sentencias T-386 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y
T-471 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[13]             Sentencia T-482 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[14]             Dice el artículo 220 del Código Penal: “INJURIA. El
que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno
(1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.”
[15]             Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y
libertad de información: Un conflicto de derechos. Editorial Siglo XXI, México,
1971. Pág. 49.
[16]             Véase, sentencia T-066 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[17]             Véase, la información como bien político, económico y
jurídico. En: El delito Informático. Márquez, Carlos Pablo. Editorial Leyer.
Pág. 49.
[18]             Denótese, por ejemplo, que el término “mixto”
frecuentemente utilizado en derecho, se refiere a una materia que tiene
disposiciones en ambos sentidos, es decir, tanto públicas como privadas. Sin
embargo, los aspectos públicos siguen siendo públicos, y los privados continúan
teniendo tal carácter. De ahí la diversidad de regímenes normativos aplicables
a las relaciones entre las personas y entre éstas y las autoridades del Estado.
[19]             Esta Corporación en sentencia T-729 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), dividió a la información en cuatro grandes
categorías jurídicas, en función de la publicidad y de la posibilidad legal de
obtener acceso a la misma, a saber: “(...) la información pública,
calificada como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución, puede
ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea
información general, privada o personal. Por vía de ejemplo, pueden contarse
los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en los
términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales
debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el estado
civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Información que
puede solicitarse por cualquier persona de manera directa y sin el deber de
satisfacer  requisito alguno.
La información semi-privada, será
aquella que por versar sobre información personal o impersonal y no estar
comprendida por la regla general anterior, presenta para su acceso y
conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo
puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el
cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la
administración de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las
relaciones con las entidades de la seguridad social o de los datos relativos al
comportamiento financiero de las personas.
La información privada,
será aquella que por versar sobre información personal o no, y que por
encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden
de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los
libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las historias
clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio.
Finalmente, encontramos la información reservada, que por
versar igualmente sobre información personal y sobretodo por su estrecha
relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y
libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser
obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus
funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados
"datos sensibles" o relacionados con la ideología, la inclinación
sexual, los hábitos  de la persona, etc. (...)”.
Nótese como independientemente de la citada tipología de la
información, la cual cumple un propósito de descripción de los requisitos para
acceder al conocimiento de un determinado suceso o noticia; los conceptos
privado y semi-privado aluden a información de naturaleza o importancia
pública, cuyo publicidad y conocimiento general se someten a un control
reforzado de divulgación, en aras de ajustar su comunicación al principio de
finalidad de la información, es decir, dirigir su publicación al fin
constitucional legítimo, proporcional y específico para el cual fue creado.
[20]             En “Estudios sobre el derecho a la intimidad”.
Editorial Tecnos. Madrid 1982. Pág. 17
[21]             Sentencia  T-530 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22]             La Corte ha dicho en relación con el núcleo lo
siguiente: "....El núcleo esencial de un derecho fundamental puede
definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las
autoridades y a los particulares.(...) Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste
en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el
derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales
dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la
jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo
esencial del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que
dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De
este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más
allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección (...)”.
(Sentencia T-426 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[23]             En la jurisprudencia de esta Corporación, se ha
identificado con el nombre de: “el derecho a ser dejado en paz”. (Sentencia
T-696 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz).
[24]             Véase, Madrid-Malo, Mario, Estudios sobre derechos
fundamentales, Bogotá. 1995.
[25]             A este respecto, en Sentencia T-611 de 1992 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), la Corte expresó: “La persona no puede estar
sujeta de modo permanente a la observación y a la injerencia de sus congéneres.
Inclusive tiene derecho a reclamar de sus propios familiares, aún los más
allegados, el respeto a su soledad en ciertos momentos, la
inviolabilidad de sus documentos personales y de su correspondencia, así
como la mínima consideración respecto de problemas y circunstancias que desea
mantener en reserva. Si ello ocurre en el interior de la familia,
dentro de la cual se presume que existe la máxima expresión de confianza, tanto
más se explica y justifica éste derecho en cuanto alude a personas extrañas a
esa unidad aunque sean conocidas o existan respecto de ellas relaciones de
amistad, compañerismo, subordinación o superioridad y con mucho mayor
fundamento si se trata de conglomerados, aunque sean reducidos (vgr. colegio,
universidad, empresa, barrio) y con mayor razón frente a comunidades de grandes
dimensiones (vgr. pueblo, departamento, país)”. (Subrayado por fuera el
texto original).
[26]             Dicha garantía puede ser objeto de protección a través
de la acción pública de inconstitucionalidad, véase, por ejemplo, la sentencia
C-098 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[27]             Como lo enseña la doctrina las diversas esferas de
intimidad y/o autonomía personal, son una construcción de la jurisprudencia
alemana, en aras de ponderar la prelación prima facie reconocida por su
Tribunal Constitucional de los derechos a la dignidad humana y a la intimidad
personal sobre los derechos a la información y expresión. Al respecto, se ha
dicho:
“(...) La jurisprudencia alemana ha distinguido además entre
diversas esferas de la intimidad y la autonomía personal, de suerte que en
ellas el grado de protección constitucional es diverso. La esfera más íntima
corresponde en general a los pensamientos o sentimientos más personales que un
individuo sólo ha expresado a través de medios muy confidenciales, como cartas
o diarios estrictamente privados, y es según el Tribunal Constitucional un
ámbito intangible de la dignidad humana. La garantía en este campo es casi
absoluta, de suerte que sólo situaciones o intereses excepcionalmente
importantes justifican una intromisión. Luego encontraremos la esfera privada
en sentido amplio, que corresponde a la vida en ámbitos usualmente considerados
reservados, como la casa o el ambiente familiar de las personas, en donde
también hay una intensa protección constitucional, pero hay mayores
posibilidades de injerencias ajenas legítimas. Y, finalmente, el Tribunal habla
de la esfera social o individual de las personas, que corresponde a las
características propias de una persona en sus relaciones de trabajo o públicas,
en donde la protección constitucional a la intimidad y a la autonomía es mucho
menor, aun cuando no desaparece, pues no se puede decir que se puede informar
sobre todo lo que una persona hace fuera de su casa, sin viola su intimidad.
La
existencia de diversas esferas de intimidad explica entonces que en los ámbitos
mas públicos y políticos, en donde se debaten asuntos que interesan al conjunto
de la ciudadanía, la protección a la libertad de expresión y de informaciones
es mucho mayor y tiende a predominar sobre los intereses privados (...)”. Véase, BOTERO MARINO, Catalina y otros. Libertad de Información,
Democracia y Control Judicial: La jurisprudencia constitucional colombiana en
perspectiva comparada. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.
Argentina. Edición. 2000.
[28]             Véase, por ejemplo, la sentencia SU-256 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo mesa), referente a la protección de los derechos a la
dignidad humana y a la intimidad personal, en relación con la improcedencia de
pruebas de V.IH. para acceder o permanecer en una actividad laboral.
[29]             Sentencia C-053 de 2001. M.P. CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
[30]           Sentencia SU-528 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[31]       Nerson, citado por Lucas Osorio Iturmendi, "Los Derechos
al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen como Límites de la Libertad de
Expresión e Información", en Los Derechos Fundamentales y las Libertades
Públicas I, Ministerio de Justicia Español, Madrid, 1992.
[32]             Sentencia T-696 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.
[33]             Sentencia T-411 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[34]             Sentencia T-696 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz,
reiterada posteriormente en las sentencias T-169 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra) y T-1233 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[35]             Sentencia T-856 de 2000. M.P. Fabio Morón Díaz.
[36]             Véase, BOTERO MARINO, Catalina y otros. Libertad de
Información, Democracia y Control Judicial: La jurisprudencia constitucional
colombiana en perspectiva comparada. Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano. Argentina. Edición. 2000. Págs. 438 y subsiguientes.
[37]             Sentencia SU-056 de 1995. M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[38]             Sentencia T-411 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[39]             Sentencia T-471 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara
[40]             Sentencia T-411 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[41]             Sentencia T-585 de 1992. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez
[42]             Diccionario de la Lengua Española. Real Academia
Española. Vigésima Primera Edición. Espasa Calpe.
[43]             Al respecto, en Sentencia SU-1723 de 2000 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), la libertad de expresión consiste en: “la
facultad que tienen todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas
sin temor a ser constreñidos por ello en manera alguna. Esta libertad
constitucional no solo es un derecho de cada persona sino que también debe ser
entendida como un valor y principio sine qua non para la consolidación de la
opinión pública libre, estrechamente ligada al pluralismo político
característico de un Estado social y democrático de derecho”.
[44]             Sentencia T-293 de 1994. M.P  José Gregorio Hernández
Galindo
[45]             Ibídem.
[46]             Sentencia T-080 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias T-603 de 1992 (M.P.
Simón Rodríguez Rodríguez), T-609 de 1992 (Simón Rodríguez Rodríguez) y T-074
de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[47]             Véase, fundamento No. 16 de esta providencia.
[48]             Sobre la materia, en sentencia
T-080 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), dijo la Corte: “Esta exigencia
no significa, como podría pensarse en un primer momento, la anulación del
derecho del medio de comunicación a expresar su opinión sobre los hechos
informados. Su finalidad va encaminada a establecer en los noticieros o
programas cuyo objeto principal sea informar al público sobre el acontecer
nacional o mundial, una clara distinción entre lo que es un hecho y la
opinión que dicho hecho suscita para los propietarios o editores del medio
masivo de comunicación. Lo anterior es una garantía del público en general con
miras a que la información no se gobierne exclusivamente con patrones puramente
comerciales ni se suministre en forma de "mercancía", lista para
consumir, sino mediante la presentación de la mayor cantidad de elementos de
juicio que le permita adoptar una posición crítica y enriquecida, y de esta
forma pueda contribuir eficazmente a la controversia democrática.// Una
información parcial, que no diferencia entre hechos y opiniones en la
presentación de la noticia, subestima al público receptor, no brinda la
posibilidad a los lectores u oyentes para escoger y enjuiciar libremente, y
adquiere los visos de una actitud autoritaria, todo lo cual es contrario a la
función social que cumplen los medios de comunicación para la libre formación
de la opinión pública”. En idéntico sentido, puede consultar la sentencia
T-609 de 1992 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez).
[49]             Valga la pena aclarar que la sentencia aun cuando
distingue ambos derechos, utiliza indistintamente las palabras ‘informar’ y
‘expresar’, bajo el supuesto de entender que toda ‘actividad de expresión’
involucra la información de datos acerca de un individuo.
[50]             Sentencia C-268 de 2000. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[51]             Sentencia T-034 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
[52]             Sentencia C-268 de 2000. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[53]             En Sentencia C-368 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), se
determinó que la libertad de expresión de los comentaristas deportivos, no les
otorga el derecho para hacer uso de términos desobligantes, provocadores y
soeces, dirigidos a propiciar la violencia y confrontación entre el público que
asiste a un espectáculo deportivo, los cuales desafortunadamente constituyen un
hecho reiterado en el mundo contemporáneo, especialmente cuando se trata de
partidos de fútbol.
[54]             En efecto, como lo reconoce la doctrina, las opiniones
escapan al control de dichos principios, pues la manifestación de un
pensamiento no puede ser susceptible de ser evaluado frente a la realidad.  Por
el contrario, lo que si resulta objeto de control, es el hecho o enunciado
fáctico que permite expresar una opinión, o el juicio de valor u opinión cuando
se presenta como un hecho cierto e indiscutible (Sentencia T-080 de 1993. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[55]             Véase, fundamento No. 23 de esta providencia.
[56]             En su testimonio manifestó: “PREGUNTADO.- Cuándo
usted leyó y vio el aviso lo relacionó con alguna persona en particular y en caso
positivo por qué hizo usted esa relación? CONTESTO.- Pues eso lo relacioné
directamente con Rosa porque las cosas que hacen relación en la caricatura son
hechos que ella ha tenido con la enfermedad, además una de las partes relaciona
a Rosa y Arquímedes que es el papá del hijo de ella (..)”.