T-187-16
Sentencia T-187/16
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Fundamental
cuando beneficiarios son personas en estado de debilidad manifiesta
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Fundamental para
personas discapacitadas física o mentalmente
Este Tribunal también ha sido enfático al afirmar que el
derecho a la seguridad social es de carácter fundamental y resulta tutelable
cuando el impago de una prestación social compromete el mínimo vital del actor
o de su núcleo familiar, así como otro de sus derechos fundamentales, como la
educación, la salud o la vida en condiciones dignas, entre otros. En el caso
específico de la pensión de sobrevivientes, las diferentes Salas de Revisión
han sostenido, igualmente, que la pensión de sobrevivientes puede pasar de ser
una simple prestación social, a convertirse en un derecho fundamental autónomo
e inalienable. Seguidamente, han defendido la procedibilidad excepcional de la
acción de tutela a través de la cual se solicita su reconocimiento y/o pago,
por considerar que si bien los otros mecanismos de defensa judicial disponibles
son idóneos, no siempre son eficaces para salvaguardar los derechos que están
en juego.
ACCION DE TUTELA
PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Reglas jurisprudenciales para determinar la
procedencia excepcional
La Corte ha condicionado la procedibilidad del recurso de
amparo al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la parte actora
esté constituida por un sujeto de especial protección constitucional, o una
persona en una situación de debilidad manifiesta; (ii) que como consecuencia
directa del impago de la pensión, se vean afectados sus derechos fundamentales
(especialmente, su mínimo vital o salud); (iii) que en el expediente de tutela
estén los elementos suficientes para concluir que la persona efectivamente
cumple con los requisitos para acceder a la prestación que reclama; (iv) que el
accionante haya puesto en conocimiento de la entidad pensional su pretensión
mediante un trámite administrativo o judicial, sin importar que esta última le
haya dado una respuesta, y sin que sea necesario agotar la vía gubernativa.
NATURALEZA
JURIDICA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES Y SU CARACTER FUNDAMENTAL-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Desarrollo
jurisprudencial
PROCESO PARA
CALIFICACION DEL ESTADO DE INVALIDEZ-Etapas
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Fecha de
estructuración posterior al fallecimiento del cotizante o pensionado
La
fecha de estructuración de la invalidez del hijo mayor de edad o hermano del
cotizante o pensionado, debe ser anterior a su fallecimiento porque, siendo el
principal propósito de la pensión de sobrevivientes conjurar la
desestabilización social y económica que enfrenta la familia como consecuencia
directa y exclusiva de la muerte de quien proveía el sustento, es necesario
acreditar que (i) entre ellos existía una dependencia económica a raíz de la
invalidez del solicitante, y (ii) que como consecuencia de la muerte del
trabajador o pensionado, la persona perdió su única fuente de ingresos, quedando
desprotegida y sin posibilidad de procurarse su propio sustento. En este
sentido, si la estructuración de la invalidez es posterior al deceso, significa
que la persona, o bien no dependía, o bien podía no depender de su familiar, al
estar en edad y en capacidad de trabajar. Por ende, la crítica situación
económica que resulte de la disminución en su capacidad laboral no será
consecuencia del fallecimiento de su ser querido y de los ingresos que dejó de
percibir, sino de un hecho posterior e independiente, el cual deberá afrontar
solicitando la pensión de invalidez causada con sus propios aportes.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Acreditación de la
dependencia económica
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Desconocimiento de la
condición de invalidez del beneficiario
PENSION DE
SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE FIDELIDAD
PENSION DE
SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneración por negativa de entidad, argumentando que
su condición médica debe ser acreditada por una Junta Regional de Calificación,
al considerar insuficiente, tanto sentencia de interdicción judicial por
discapacidad, como un certificado no controvertido de una EPS
Referencia:
expediente T-5308675
Acción de tutela presentada por Adiela Vivas
Valderrama, curadora general de María Luisa Vivas Ruiz, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante UGPP)
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá
D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil dieciséis (2016)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
previo al cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión del
fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Laboral del Circuito de
Roldanillo, Valle del Cauca, el treinta y  uno (31) de agosto de dos mil quince
(2015) y, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, el veintitrés (23) de septiembre
del mismo año, en el proceso de tutela que inició Adiela Vivas Valderrama, como
curadora general de María Luisa Vivas Ruiz, contra la UGPP por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso.
Este caso fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Uno, mediante Auto
proferido el veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016)[1], y bajo el criterio subjetivo denominado
“urgencia de proteger un derecho fundamental”,
el cual se encuentra previsto en el literal b) del artículo
52 del Reglamento Interno de la Corte.
I.
DEMANDA
Y SOLICITUD
Una persona de
la tercera edad y en situación de invalidez perdió su única fuente de ingresos
cuando murió su madre, quien era pensionada de la UGPP. Ante este hecho,
solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente mediante acción de
tutela. Su petición está justificada en la amenaza a su mínimo vital, pues a
raíz de su condición médica, le es imposible trabajar. La negativa de la
entidad demandada, por su parte, está sustentada en la no acreditación de la
condición de invalidez en los estrictos términos legales, pues considera
insuficiente la sentencia de interdicción judicial y el certificado de la EPS que
aportó la actora y donde se dictamina una pérdida de capacidad laboral superior
al cincuenta por ciento (50%). En su lugar, le exige ser valorada por una Junta
Regional de Calificación de Invalidez para proceder con el reconocimiento
pensional.
1.
Hechos que dieron lugar a la tutela:
1.1.
María Luisa Vivas Ruiz[2] es una señora de setenta y cuatro (74)
años de edad que padece de un trastorno esquizoafectivo[3] y que fue
declarada interdicta absoluta por discapacidad mental mediante sentencia
judicial, proferida el quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010)[4]. Por ser
soltera y carecer de hijos, padres y hermanos, de su curaduría se encargó su
prima, Adiela Vivas Valderrama[5],
quien la representa en el presente proceso mediante apoderado judicial[6].
1.2. María Luisa dependía económicamente[7] de su madre adoptiva[8], quien gozó
de pensión de jubilación desde el trece (13) de
agosto de mil novecientos cincuenta y seis (1956)[9], hasta el
ocho (8) de febrero de dos mil diez (2010), cuando falleció[10].
1.3. Después de su
muerte, el apoderado de la accionante inició los trámites para que le fuera
reconocida la pensión de sobreviviente. El doce (12) de diciembre de dos mil
once (2011) presentó un derecho de petición ante la UGPP con tal propósito
pues, a raíz de su discapacidad, María Luisa no puede trabajar, ni conseguir
el dinero para satisfacer sus necesidades básicas[11]. El
abogado aportó copia de la Sentencia y del dictamen médico de interdicción,
entre otros muchos documentos que acreditaban el parentesco, su cuadro clínico
y su dependencia económica de la causante.
1.4. El veintiocho
(28) de junio de dos mil doce (2012), la UGPP negó el reconocimiento pensional[12]. La
entidad argumentó que si bien la actora había sido declarada interdicta, no había
sido valorada por su EPS y, consecuentemente, no contaba con el certificado
idóneo que diera cuenta de su invalidez, del porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y de su fecha de estructuración.
1.5. El apoderado de
María Luisa presentó recursos de reposición y apelación
argumentando, primero, que de la interdicción absoluta se podía inferir que
ella tenía una pérdida de capacidad laboral mayor al porcentaje requerido en
el artículo 38 de la ley 100 de 1993[13] y,
segundo, que la UGPP debía ofrecerle un trato especial, interpretando la
legislación vigente a su favor, por tratarse de un sujeto de especial
protección constitucional[14].
No obstante, la entidad persistió en su negativa, reiterando que la accionante
no contaba con un certificado expedido por la autoridad competente, sobre cuya
identidad no asumió una posición clara[15].
1.6. El treinta (30)
de octubre de dos mil doce (2012), María Luisa acudió ante su EPS[16] para ser valorada[17]. El
treinta (30) de agosto del año siguiente, le diagnosticaron la enfermedad de
origen común denominada “trastorno esquizoafectivo de tipo
depresivo” y le dictaminaron una pérdida de
capacidad laboral del sesenta punto cincuenta por ciento (60.50%), con fecha de
estructuración de mil novecientos noventa y tres (1993)[18].
1.7. Aportando copia auténtica del certificado descrito, el apoderado
de la accionante presentó un nuevo derecho de petición ante la UGPP el veintitrés
(23) de diciembre de dos mil trece (2013) solicitando, nuevamente, la pensión
de sobrevivientes[19].
Obtuvo una respuesta negativa, esta vez sustentada en que el certificado de la
EPS carecía de valor probatorio por ser aportado en copia simple[20].
1.8. Interpuso los
recursos de reposición y apelación, alegando que había anexado copia
autenticada ante notaría y, en todo caso, volviéndola a anexar[21]. La entidad se mantuvo en su negativa
señalando, en una primera respuesta, que la fecha de estructuración del
trastorno mental era posterior al fallecimiento de la madre de la accionante,
cambiando a su arbitrio ambas fechas[22].
En una segunda oportunidad, indicó que si bien María
Luisa había aportado copia auténtica del certificado de invalidez, ese no era
el documento idóneo, pues lo que se debía aportar era un dictamen médico proferido
por una Junta Regional de Calificación de Invalidez[23].
1.9. Como último recurso, el dos (2) de octubre de dos mil
catorce (2014) el apoderado de María Luisa presentó un derecho de petición
ante la Nueva EPS, solicitándoles autorizar una valoración por parte de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca[24]. La
entidad le indicó que esto no era posible, toda vez que ella ya había sido
valorada por la EPS y la Junta Regional realizaba valoraciones adicionales
cuando, o bien existía controversia, o bien la persona interesada asumía el costo
del examen (aproximadamente un salario mínimo legal mensual vigente)[25].
1.10. Ante la
imposibilidad económica de pagar por la valoración referida, María Luisa, representada por su curadora y
por intermedio de su apoderado, interpuso la tutela objeto de revisión el trece
(13) de agosto de dos mil quince (2015), por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido
proceso. Solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el pago
de las mesadas causadas desde el día en que murió su madre, incluyendo los
incrementos de ley y sus debidos intereses.
2.
Respuesta de la entidad accionada
El veintisiete (27) de
agosto de dos mil quince (2015), el subdirector jurídico pensional de la UGPP[26] contestó
la acción de tutela,
insistiendo que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba, pues no aportó
todos los documentos necesarios para reclamar la pensión de sobrevivientes.
Adicionalmente, le solicitó al juez declarar la improcedencia de la acción,
afirmando que no existía un perjuicio irremediable que ameritara el
desplazamiento de los medios ordinarios de defensa judicial.
3.
Decisión del juez constitucional en primera instancia
El treinta y uno (31)
de agosto de dos mil quince (2015), el Juzgado Laboral del Circuito de
Roldanillo, Valle del Cauca[27], declaró improcedente la acción de tutela bajo los siguientes
dos (2) argumentos: (i) María Luisa no acreditó suficientemente la condición de invalidez, y (ii)
tampoco justificó por qué era necesaria la tutela, pues al entender
del Juzgado, ella podía presentar una acción ordinaria laboral;
proceso en el cual podrían intervenir todos aquellos que soliciten igual
derecho.
4.
Impugnación
El cuatro (4) de
septiembre de dos mil quince (2015), el apoderado de la accionante rebatió la decisión del juez de primera instancia, afirmando (i) que los
procesos disponibles en las jurisdicciones ordinaria y contenciosa laboral no
eran eficaces en la medida en que su desarrollo tomaba más
tiempo del que su representada podía soportar, y (ii) que la condición de
invalidez de María Luisa fue plenamente probada a través de
varios documentos, como lo era el certificado de la EPS y la sentencia y el
dictamen médico de interdicción judicial.
5.
Decisión del juez constitucional en segunda instancia
El veintitrés (23) de
septiembre de dos mil quince (2015), la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca[28], confirmó la decisión adoptada en primera instancia, bajo el argumento de
que la controversia iniciada por María Luisa era de carácter legal y, por lo
tanto, escapaba a la competencia del juez de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Primera de Revisión es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de referencia con fundamento en
lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36
del Decreto 2591 de 1991[29].
2.
Presentación del caso, problema jurídico y esquema de solución
2.1. En el asunto de
referencia, una persona de la tercera edad y en situación de
invalidez solicita mediante tutela la pensión de sobrevivientes después de
perder su única fuente de ingresos cuando murió su madre, quien era pensionada
de la UGPP y de quien dependía económicamente. Su petición está justificada en
la amenaza a su mínimo vital, pues a raíz de su condición médica, le es
imposible trabajar. La negativa de la entidad demandada, por su parte, está
sustentada en la no acreditación de la condición de invalidez en los estrictos
términos legales, pues considera insuficiente la sentencia de interdicción
judicial y el certificado de la EPS donde se dictamina una pérdida de capacidad
laboral superior al cincuenta por ciento (50%). En su lugar, le exige ser
valorada por una Junta Regional de Calificación de Invalidez.
2.2. De acuerdo con lo
anterior, la Sala está llamada, en primer lugar, a analizar la
procedibilidad de la acción de
tutela a través de la cual se solicita el
reconocimiento de prestaciones sociales y, especialmente, de la pensión de
sobrevivientes. En segundo lugar, y en caso de encontrar que la acción es
efectivamente procedente, la Sala debe abordar el desconocimiento de los
derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional como
consecuencia de un excesivo formalismo en la exigencia de las condiciones para
acceder a la pensión de
sobrevivientes. Más precisamente, la certificación de la condición de invalidez.
2.3. Este problema jurídico, puede ser planteado de la siguiente
manera:
¿Vulnera la entidad
encargada del reconocimiento pensional (UGPP) los derechos fundamentales a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso de una
persona de la tercera edad y en condición de invalidez (María
Luisa Vivas Ruiz), cuando le impide beneficiarse de la pensión de sobrevivientes
de su madre fallecida, bajo el argumento de que su invalidez no fue certificada
por una Junta Regional de Calificación, sino declarada, primero, a través de
una sentencia de interdicción judicial por discapacidad mental absoluta y,
segundo, por su EPS, quien determinó que sufría una pérdida de capacidad laboral superior al (50%), estructurada
antes del fallecimiento de su progenitora?
2.4. La Sala comenzará, entonces, recordando las reglas de procedibilidad de la acción de tutela y, en particular, los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez. Seguidamente, sintetizará el
marco legal y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes a favor de hijos
mayores de edad en condición de invalidez, deteniéndose en las condiciones que
deben acreditar para gozar de tal derecho. Finalmente, resolverá el caso
concreto.
3.
La acción de tutela como mecanismo subsidiario y excepcional para exigir el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes – Reiteración jurisprudencial –
3.1. El
carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela está definido en el artículo 86 de la Constitución
Política y en el artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991[30].
Allí se establece que dicho recurso es procedente sólo si se
emplea (i) cuando el actor no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii)
cuando los otros medios resultan inidóneos o ineficaces para el amparo de los
derechos fundamentales, o (iii) para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable[31].
En el primer y segundo caso, la protección constitucional tiene un carácter definitivo,
mientras que en el tercero tiene uno transitorio o temporal[32].
3.2. Cuando existen
otros medios de defensa judicial, la procedencia de la tutela queda sujeta al
cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en virtud del cual se debe
analizar si existe un perjuicio irremediable, o si los recursos disponibles no son
idóneos o eficaces. Esto permite preservar la naturaleza de la acción en cuanto
(i) se evita el desplazamiento innecesario de los mecanismos ordinarios,
caracterizados por ofrecer los espacios naturales para invocar la protección de
la mayoría de los derechos fundamentales, y (ii) garantiza que la tutela opere únicamente
cuando se requiere suplir las deficiencias que presenta el orden jurídico para
la protección efectiva de tales derechos a la luz de un caso concreto.
3.3. La
determinación de la eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios no debe
obedecer a un análisis abstracto y general. Es competencia del juez
constitucional establecer la funcionalidad de tales mecanismos teniendo en
cuenta la situación del accionante para concluir si ellos, realmente, permiten
asegurar la protección efectiva
del derecho cuyo amparo se
pretende. Es decir, si dichos medios de defensa
ofrecen la misma protección que el juez constitucional podría otorgar a través
del mecanismo excepcional de la tutela y si su puesta en ejecución no
generaría una lesión mayor de los derechos del
afectado.
3.4. Asimismo, en casos donde el accionante inició un proceso
judicial antes de interponer la acción de tutela, el juez constitucional debe
analizar las actuaciones adelantadas por el juez natural, toda vez que este
pudo haber decretado medidas cautelares en el proceso de referencia,
otorgándole mayor efectividad a los recursos ordinarios de defensa judicial y
haciendo innecesario su desplazamiento por el recurso de amparo[33].
3.5. La procedibilidad
de la acción de tutela está,
igualmente, supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Éste exige que la acción sea interpuesta de
manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración. La
inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho
constitucional a presentar una acción de tutela en todo momento y el deber de
respetar la configuración de aquella acción como un medio de
protección inmediata de los derechos fundamentales. Es decir, que
pese a no contar con un término de prescripción por mandato expreso del
artículo 86 superior, debe existir necesariamente una correspondencia entre la
naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna[34].
3.6. Finalmente, el
juez de tutela debe ser más flexible estudiando la procedibilidad
cuando el actor es un sujeto de especial protección constitucional, o cuando se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta[35]. En
desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, le debe ofrecer un
tratamiento diferencial positivo y analizar los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez desde una óptica menos estricta, pues el actor no puede soportar las
cargas y los tiempos procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa
judicial de la misma manera que el resto de la sociedad[36].
3.7. En
relación con el pago de prestaciones sociales a través de la acción de tutela,
la Corte ha señalado reiteradamente que, como regla general, esta no es idónea
para tal efecto, pues existen otros mecanismos de defensa judicial disponibles
en las jurisdicciones ordinaria laboral y contenciosa administrativa.
3.8. Sin embargo, este Tribunal también ha sido enfático al
afirmar que el derecho a la seguridad social es de carácter fundamental y
resulta tutelable cuando el impago de una prestación social compromete el
mínimo vital del actor o de su núcleo familiar, así como otro de sus derechos
fundamentales, como la educación, la salud o la vida en condiciones dignas,
entre otros[37].
3.9. En el caso específico de la pensión de sobrevivientes,
las diferentes Salas de Revisión han sostenido, igualmente, que la pensión de
sobrevivientes puede pasar de ser una simple prestación social, a convertirse
en un derecho fundamental autónomo e inalienable[38]. Seguidamente, han defendido
la procedibilidad excepcional de la acción de tutela a través de la cual se
solicita su reconocimiento y/o pago, por considerar que si bien los otros
mecanismos de defensa judicial disponibles son idóneos, no siempre son eficaces
para salvaguardar los derechos que están en juego[39].
3.10. En este sentido, han condicionado la procedibilidad del
recurso de amparo al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la
parte actora esté constituida por un sujeto de especial protección
constitucional, o una persona en una situación de debilidad manifiesta; (ii)
que como consecuencia directa del impago de la pensión, se vean afectados sus
derechos fundamentales (especialmente, su mínimo vital o salud); (iii) que en
el expediente de tutela estén los elementos suficientes para concluir que la
persona efectivamente cumple con los requisitos para acceder a la prestación
que reclama; (iv) que el accionante haya puesto en conocimiento de la entidad
pensional su pretensión mediante un trámite administrativo o judicial, sin
importar que esta última le haya dado una respuesta, y sin que sea necesario
agotar la vía gubernativa.
4. La acción de tutela interpuesta por María Luisa Vivas Ruiz
es procedente
4.1. En el caso objeto de estudio, María Luisa satisface
todos los requisitos de procedibilidad que ha fijado la jurisprudencia en
relación con la solicitud de una pensión de sobrevivientes en sede de tutela.
Esto porque: (i) es un sujeto de especial protección constitucional por su
doble condición de mujer de la tercera edad y persona en condición de invalidez[40];
(ii) su derecho fundamental al mínimo vital está en riesgo como consecuencia
del impago de la prestación social que reclama, toda vez que carece de una
fuente de ingresos y está imposibilitada para proveérsela[41];
(iii) en el expediente de tutela están todos los elementos para concluir que ella
tiene derecho a la pensión que reclama[42],
y (iv) ha puesto en conocimiento de la UGPP su situación, presentándole dos (2)
derechos de petición y agotando la vía gubernativa en ambos casos después de
recibir respuestas negativas[43].
4.2. Como consecuencia, la tutela cumple con el principio de
subsidiariedad, toda vez que los medios ordinarios de defensa judicial resultan
ineficaces para amparar sus derechos, pues pese a ser idóneos para resolver el
problema que ella plantea, los tiempos y las cargas que le son propios resultan
exagerados ante la urgencia de la protección que se requiere.
4.3. Asimismo, la acción cumple con el principio de
inmediatez, porque una vez falleció la madre de la accionante y le fue nombrada
una curadora, procedió a solicitar su pensión mediante derecho de petición.
Cuando recibió una respuesta negativa por parte de la UGPP, interpuso los recursos
administrativos correspondientes y, ante una nueva negativa, presentó otro
derecho de petición, agotando posteriormente la vía gubernativa. Es decir, que
desde el momento en que se causó su derecho, ha iniciado todos los trámites necesarios
para obtener su reconocimiento dentro de un margen prudente de tiempo,
venciendo las graves limitaciones y necesidades que padece.
4.4. Teniendo en
cuenta lo anterior, esta Corporación considera que la acción de tutela
interpuesta por María Luisa Vivas Ruiz es procedente como mecanismo subsidiario
porque los medios ordinarios resultan ineficaces para el amparo de sus derechos
fundamentales. La Sala procederá, entonces, a estudiar el fondo de la
solicitud, advirtiendo que si encuentra una efectiva vulneración, otorgará un
amparo definitivo, no siéndole necesario a la tutelante acudir posteriormente a
la jurisdicción laboral o contenciosa administrativa.
5. Pensión de sobrevivientes – naturaleza, marco legal y
desarrollo jurisprudencial –
5.1.
Naturaleza y marco legal
5.1.1. La pensión de sobrevivientes está regulada, por un lado, en los artículos
46, 47, 48 y 49 de la Ley 100 de 1993[44]
y, por el otro, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la misma
norma, dependiendo de si se trata del régimen de prima media con prestación
definida, o del régimen de ahorro individual con
solidaridad, respectivamente. Todas estas disposiciones fueron modificadas por la Ley 797 de 2003[45] y establecen
consideraciones generales sobre el propósito de la pensión,
los requisitos que se deben cumplir para acceder a ella, las personas que se
pueden ver beneficiadas y las fuentes de financiación.
5.1.2. De conformidad
con tales artículos, la pensión de sobrevivientes puede
definirse como un auxilio económico que busca evitar
que las personas allegadas a un trabajador de cuya actividad laboral dependía
su sustento, queden desamparadas cuando éste fallece. Más específicamente, el
propósito principal de esta prestación social es ayudarles a soportar los
riesgos económicos inherentes a la viudez y a la orfandad, sin que vean
afectada significativamente su situación social
y económica, así como tampoco el goce efectivo de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la educación y a la
vivienda digna, entre otros.
5.1.3. La pensión no se financia completa ni
necesariamente a partir de la acumulación del capital que logró hacer en vida
el difunto. Por el contrario, para que siempre alcance o supere el valor de un
salario mínimo, se nutre de un fondo común
o es respaldada por un contrato de seguros, según el régimen
del que se trate, toda vez que está
dirigida a cubrir el riesgo
generalmente sorpresivo de la muerte[46].
Asimismo, dicha prestación no constituye, en estricto sentido, un reconocimiento de un derecho
pensional en cabeza del sobreviviente. De lo que se trata, es de aceptar su
legitimidad para reemplazar al difunto en el disfrute de la pensión de la que
ya gozaba o para la cual estaba cotizando.
5.1.4. En ambos regímenes,
los familiares de una persona fallecida pueden acceder a la pensión de
sobrevivientes cuando esta última contaba con una pensión de vejez o de
invalidez por riesgo común antes de morir, o cuando, pese a no
haber obtenido una pensión, estaba afiliado al Sistema y había cotizado
cincuenta (50) o más semanas durante los tres (3) años
anteriores a su deceso[47].
Independiente del caso del que se trate, la Ley 717 de 2001[48] ordena que
el reconocimiento de esta prestación se dé, a más tardar, dentro de los dos (2) meses
siguientes a su solicitud.
5.1.5.
Dentro del grupo de posibles beneficiarios de la pensión en comento, se
encuentran, entre otros, (i) los “hijos inválidos” que dependían económicamente del causante,
mientras subsistan las condiciones de invalidez, y (ii) a falta de cónyuge, compañero
permanente, padres e hijos, los “hermanos inválidos” que dependían de él[49].
5.1.6.
La condición de invalidez que estas personas deben acreditar está
regulada en los artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993[50],
los cuales fueron modificados por el Decreto 19 de 2012[51]
y adicionados por la Ley 1562 de 2012[52]. Allí se señala que
se considerará inválido el individuo que por cualquier causa de origen no
profesional, y no provocada intencionalmente, pierda el cincuenta por ciento
(50%) o más de su capacidad laboral. En este sentido, la invalidez se configura
como un tipo de discapacidad que se refiere única y exclusivamente a las
limitaciones que encuentra una persona en su entorno laboral, teniendo en
cuenta su formación, capacidades, experiencia y elecciones ocupacionales, entre
otros.
5.1.7.
La autoridad encargada de dictaminar si una persona se encuentra en condición
de invalidez, fijando el respectivo porcentaje de pérdida de capacidad laboral
y la fecha de su estructuración, varía según el origen de la limitación. De
acuerdo con las particularidades de cada caso, podrá ser competente el
Instituto de Seguros Sociales, Colpensiones, la Administradora de Riesgos
Profesionales, la Compañía de Seguros que asumió el riesgo
de invalidez y muerte o la EPS a la que está afiliada la persona. El
dictamen médico que ellas profieran deberá cumplir con los estándares fijados
en el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y
Ocupacional que se encuentre vigente; actualmente, aquel consagrado en el anexo
técnico del Decreto 1507 de 2014[53].
5.1.8.
Los dictamines proferidos por estas entidades son vinculantes y se entienden
ejecutoriados después de que son notificados. No obstante, si y sólo si hay una
controversia (esto es, si una de las partes interesadas[54] no está de
acuerdo total o parcialmente con el resultado de la valoración), la entidad
mencionada lo debe remitir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez
ubicada en su departamento de residencia, para que esta realice un nuevo
estudio de su historia clínica, determinando un nuevo porcentaje de pérdida de
capacidad laboral y una nueva fecha de estructuración. Si la parte interesada queda
inconforme con esta nueva valoración, su caso debe ser remitido a la Junta
Nacional, quien emitirá el último concepto[55]. El funcionamiento
de estos órganos está regulado en los Decretos 2463 de 2001[56]
y 1352 de 2013[57].
5.1.9.
De esta manera, el proceso de calificación de invalidez abarca mínimo una (1) y
máximo tres (3) etapas, según el grado de conformidad que presenten las partes
interesadas respecto al dictamen médico. Sobre el particular, la Sala considera
adecuado utilizar el término “etapa”, en lugar de “instancia” y/u “oportunidad”, toda vez que
la Ley 100 de 1993 y, en especial, la adición introducida a su artículo 41 por parte de la ley
1562 de 2012[58], utiliza ambos.
Esto da pie a confusiones, pues señala que hay, por un lado, una primera
oportunidad y, por el otro, dos (2) instancias posteriores, como si se tratase
de procesos diferentes con distintos efectos jurídicos.
5.2.
Desarrollo jurisprudencial
5.2.1.
En sede de control de tutela, las distintas Salas de Revisión de esta
Corporación han resuelto cerca de veinte (20) casos similares al que ahora
estudia la Sala Primera[59]. En todos ellos,
la situación ha sido más o menos la misma: personas en situación de invalidez
que esperaban gozar o seguir gozando de la pensión de sobrevivientes de un
familiar cercano (generalmente uno de sus padres), interpusieron una acción de
tutela cuando la entidad correspondiente se negó a reconocerles la pensión, o a
reactivar los pagos suspendidos de la misma, después de que alcanzaron la mayoría
de edad.
5.2.2.
Las entidades pensionales sustentaron su negativa: (i) en el incumplimiento de
requisitos que, a pesar de no estar fijados expresamente en la ley,
consideraban que debían ser satisfechos para garantizar el interés de la persona
en situación de invalidez, y (ii) en el incumplimiento de requisitos que
consideran deben ser satisfechos para garantizar el interés general, evitando
fraudes al sistema pensional.
5.2.3.
Respecto al incumplimiento de requisitos, las entidades pensionales han ofrecido
las siguientes cinco (5) justificaciones para negar las pensiones que les
reclaman: (i) la condición médica del interesado no fue constatada por el
órgano competente[60]; (ii) la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral del solicitante es posterior
al fallecimiento de su familiar cotizante o pensionado[61];
(iii) no está probada la dependencia económica entre el solicitante y su
familiar[62]; (iv) al cumplir
la mayoría de edad, los pagos de las mesadas pensionales fueron suspendidos
porque la persona no informó sobre su invalidez y, por ende, se presumió su
capacidad para generar ingresos[63], y (v) el
familiar cotizante o pensionado no cumplió con el requisito de fidelidad[64].
5.2.4.
Respecto al incumplimiento de los requisitos necesarios para garantizar el
interés general, las entidades pensionales han planteado los siguientes dos (2)
argumentos a la hora de negar la pensión de sobrevivientes: (i) la persona no
ha sido declarada interdicta y, por ende, no tiene un curador asignado que se
encargue de administrar sus bienes y, en particular, la prestación social que
reclama[65], y (ii) los
documentos que aporta la persona fueron allegados en copia simple, razón por la
cual, la entidad duda de su autenticidad[66].
5.2.5.
Finalmente, en un escenario adicional, donde hay ausencia de una justificación
para negar la solicitud pensional, las entidades correspondientes han guardado
silencio, tanto a nivel administrativo, como a nivel judicial, omitiendo
contestar las peticiones y acciones de tutela contra ellas interpuestas. Al
igual que el exceso formalismo, esta circunstancia ha dificultado la defensa de
los peticionarios y retrasado el reconocimiento de las prestaciones a las que
tienen derecho [67].
5.2.6.
Para resolver estos casos, las Salas de Revisión de la Corte Constitucional se
han concentrado en reafirmar la especial protección constitucional que merecen
las personas en situación de invalidez por encontrarse en desigualdad de
condiciones para participar en el mercado laboral, procurarse su propio
sustento y realizar los trámites necesarios para garantizar el goce efectivo de
sus derechos. Partiendo de dicha base, las Salas han construido o reiterado las
siguientes reglas jurisprudenciales en defensa de una igualdad material y del
principio constitucional de solidaridad[68].
5.2.7.
Autoridad encargada de dictaminar la invalidez
5.2.7.1.
Toda persona que solicite la pensión de sobrevivientes por razón de su
invalidez tiene derecho al proceso de calificación señalado en este acápite
que, como se dijo, comprende mínimo una (1) y máximo tres (3) etapas[69].
Su condición de invalidez se debe entender plenamente acreditada cuando aporta
copia del dictamen médico que profirió la última entidad que la valoró, pues
este se torna en definitivo si ninguna de las partes interesadas lo objetó
oportunamente. Como consecuencia, el fondo de pensiones que le exija un
dictamen adicional, vulnerará sus derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital.
5.2.7.2.
Ahora bien, hay casos donde la persona no cuenta con un certificado de
invalidez, pero aporta documentos que dan cuenta de su delicado estado de
salud, como su historia clínica o la sentencia de interdicción judicial. En
dichas situaciones, le corresponde, tanto a la entidad pensional, como al juez
ordinario, contencioso o de tutela, adoptar un criterio más flexible y evaluar
si dicha información es suficiente para ordenar el reconocimiento y el pago de
la prestación social[70].
5.2.7.3.
De acuerdo con el trato diferencial que merecen las personas en situación de
invalidez, el Estado y la sociedad deben interpretar, dentro de los límites de
lo razonable, las normas y los requisitos que estas consagran a su favor, pues
una interpretación a partir del presupuesto de la normalidad, ignoraría los
elementos normativos que, a raíz de las especiales condiciones de este grupo
población, resultarían irrazonables y contrarios a la integración social y a la
igualdad material que pretende un Estado Social de Derecho. Particularmente,
deben reconocer las dificultades que enfrentan muchas de estas personas para
desplazarse y comparecer ante las autoridades médicas encargadas de dictaminar
su pérdida de capacidad laboral, toda vez que las serias afectaciones en su
salud les hacen riesgoso, o incluso imposible, salir de su casa.
5.2.8.
Fecha de estructuración posterior al fallecimiento del cotizante o pensionado
5.2.8.1.
La fecha de estructuración de la invalidez del hijo mayor de edad o hermano del
cotizante o pensionado, debe ser anterior a su fallecimiento porque, siendo el
principal propósito de la pensión de sobrevivientes conjurar la
desestabilización social y económica que enfrenta la familia como consecuencia
directa y exclusiva de la muerte de quien proveía el sustento, es necesario
acreditar que (i) entre ellos existía una dependencia económica a raíz de la
invalidez del solicitante, y (ii) que como consecuencia de la muerte del
trabajador o pensionado, la persona perdió su única fuente de ingresos,
quedando desprotegida y sin posibilidad de procurarse su propio sustento.
5.2.8.2.
En este sentido, si la estructuración de la invalidez es posterior al deceso,
significa que la persona, o bien no dependía, o bien podía no depender de su
familiar, al estar en edad y en capacidad de trabajar. Por ende, la crítica
situación económica que resulte de la disminución en su capacidad laboral no
será consecuencia del fallecimiento de su ser querido y de los ingresos que
dejó de percibir, sino de un hecho posterior e independiente, el cual deberá
afrontar solicitando la pensión de invalidez causada con sus propios aportes.
5.2.8.3.
Ahora bien, hay casos que no se ubican con claridad en uno de los dos lados.
Esto ocurre cuando la fecha de estructuración consignada en el dictamen médico
es posterior al fallecimiento del familiar del solicitante, pero en su historia
clínica se observa que su enfermedad tuvo origen antes de tal suceso. Frente a
un caso como ese, las entidades pensionales y los jueces de la república deben
ofrecerle un tratamiento diferencial al interesado por tratarse de una persona
en condición de invalidez, valorando todo el acervo probatorio y constatando la
situación material de desprotección, sin limitarse a aquella consignada en el
dictamen médico[71]. En este sentido,
deben tomar como fecha de estructuración aquella donde la enfermedad o el
accidente le impidieron a la persona trabajar.
5.2.9.
Acreditación de la dependencia económica
5.2.9.1.
En relación con el requisito de la dependencia económica entre el solicitante y
su familiar fallecido, se ha presentado una discusión sobre el grado de
dependencia requerido. Más particularmente, la pregunta que se ha hecho la Sala
Plena y las distintas Salas de Revisión de esta Corporación es la siguiente:
¿Es necesario que el solicitante carezca de todo tipo de ingreso para reclamar
la pensión de sobrevivientes o, por el contrario, puede acceder a tal
prestación aun cuando tiene ingresos adicionales?
5.2.9.2.
La respuesta es afirmativa, pero está condicionada a que los ingresos
adicionales hayan y sigan siendo insuficientes para convertir a la persona en
situación de invalidez en un sujeto económicamente autosuficiente. En ese
sentido, la Corte ha rechazado toda equiparación entre la dependencia económica
y el estado de indigencia o absoluta pobreza, afirmando que siempre habrá
subordinación cuando la persona requiera total o parcialmente de los ingresos
de otra para cubrir sus necesidades básicas[72].
Una postura contraria, vulneraría los derechos fundamentales del actor a la seguridad
social y al mínimo vital, desconociendo los arduos esfuerzos que ha emprendido
para mejorar su nivel de vida, pese a las serias limitaciones físicas,
laborales y sociales que enfrenta.
5.2.10.
Desconocimiento de la condición de invalidez
5.2.10.1.
Cuando la entidad encargada del pago de la pensión de sobrevivientes suspende
la cancelación de las mesadas a favor del beneficiario en condición de
invalidez que alcanzó la mayoría de edad, o que superó los 25 años (en caso de
ser estudiante de tiempo completo), vulnera su derecho fundamental a la
seguridad social y al mínimo vital si no se cerciora antes sobre su estado de
salud[73].
5.2.10.2.
Dadas las especiales condiciones de desprotección que afrontan las personas con
limitaciones físicas, mentales o emocionales, las entidades pensionales no
pueden suspender automáticamente el pago de las prestaciones que reciben porque,
al ser este su único o mayor ingreso, quedarán intempestivamente sin
posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y apremiantes.
Adicionalmente, la suspensión automática trae consigo otra consecuencia: la
desafiliación al régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud
y la seguida desatención médica de las graves enfermedades y lesiones que
sufren dichas personas.
5.2.10.3.
Para evitar la materialización de este perjuicio irremediable, y con la
antelación que considere necesaria, la entidad pensional debe ponerse en
contacto con el beneficiario antes de proceder con la suspensión. Esto para: (i)
informarle su intensión de interrumpir los pagos; (ii) constatar que dicha
persona no presenta una condición de invalidez, y (iii) no sorprenderla con el
impago en caso tal de que efectivamente tenga una limitación física, emocional
o psíquica que le impida sostenerse económicamente a sí misma. Si la persona
manifiesta ser inválida, la entidad debe otorgarle un plazo razonable para que
certifique su condición médica en los términos fijados por la ley y la
jurisprudencia constitucional[74]. Durante dicho
lapso, no puede suspender los pagos. Vencido el plazo, y sólo si la persona no
logra probar que padece de una pérdida de capacidad laboral superior al
cincuenta por ciento (50%) estructurada antes del fallecimiento de su familiar,
la entidad podrá interrumpir de manera definitiva el pago de la pensión de
sobrevivientes.
5.2.11.
Requisito de fidelidad
5.2.11.1.
En la Sentencia C-556 de 2009[75], la Sala Plena
declaró inexequible el requisito de fidelidad, consagrado en  los
literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003[76]. Esto porque,
al no haber sido incluido en la redacción original de la Ley
100 de 1993, significaba una medida regresiva en materia de seguridad social,
toda vez que fijaba exigencias más rigurosas
para acceder a la pensión de
sobrevivientes.
5.2.11.2.
No obstante lo anterior, varias entidades pensionales han seguido
exigiéndoselo a quienes reclaman la pensión de sobrevivientes de uno de sus
familiares que, antes de morir, seguía cotizando al sistema. En
todas esas oportunidades, las Salas de Revisión han sido enfáticas en señalar
que para acceder a una prestación social, no se pueden exigir más requisitos
que aquellos explícitamente consagrados en la ley vigente[77].
En ese sentido, han
revocado
las decisiones de instancia que negaron el derecho y
han ordenado
el reconocimiento y el pago pensional a favor de todos los accionantes que (i)
tenían una pérdida
de capacidad laboral superior al cincuenta por ciento (50%),
estructurada antes del fallecimiento de su
familiar, y (ii) que dependían
económicamente de dicha persona, siempre
que esta última hubiera cotizado cincuenta (50) semanas
durante los últimos tres (3) años anteriores a su muerte.
5.2.12.
Proceso de interdicción judicial y designación de un curador
5.2.12.1.
En aquellos casos donde la invalidez es producto de una discapacidad mental, la
persona no debe haber sido necesariamente declarada interdicta, ni contar con
un curador para reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
pero sí para recibir el pago efectivo de las mesadas y el retroactivo que
corresponda[78]. A raíz de su
cuadro clínico, no está en óptimas condiciones para disponer de su patrimonio
y, por ende, el proceso de interdicción judicial se convierte en el mecanismo
idóneo para garantizar su propio interés mediante la correcta administración de
su pensión. Pero, dado que el derecho a adquirir la pensión nace por la
concurrencia fáctica de los tres (3) requisitos fijados por la ley[79],
y no en virtud de la capacidad jurídica y la representación con la que cuente
su titular en un momento específico, la interdicción no es una condición
necesaria para el reconocimiento de dicha prestación.
5.2.12.2.
De esta manera, el deber de las entidades pensionales, así como de las
autoridades judiciales, es reconocer la pensión de sobrevivientes,
condicionando la inclusión en nómina y los pagos a la designación de un
curador. Sin embargo, si la persona requiere urgentemente de este ingreso para
garantizar el goce efectivo de sus demás derechos fundamentales (en especial,
su vida digna o su salud), y no puede esperar al resultado definitivo del
proceso de interdicción judicial por estas razones, debe ordenarse el pago de
las mesadas sobrevinientes, comisionando a un curador temporal para que las
administre[80], y esperar a la
designación del curador definitivo sólo para la recepción del retroactivo. Esto
porque exigirle a una persona en situación de discapacidad cumplir con
requisitos adicionales, como lo es iniciar un proceso judicial, resulta
desproporcionado y se erige en un obstáculo irrazonable para una persona que se
encuentra en condiciones de debilidad manifiesta y que no está en igualdad de
condiciones en comparación con el resto de la sociedad a la hora de defender
sus derechos.
5.2.13.
Formalidades de los documentos aportados y, en especial, del dictamen de
pérdida de capacidad laboral
5.2.13.1.
Las Salas de Revisión han señalado que en materia pensional las personas pueden
acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones que
reclaman en un régimen de libertad probatoria. Esto es, mediante elementos
idóneos, pertinentes, conducentes y legales, sin mayores formalidades a las que
expresamente exige la ley. Por lo tanto, la imposición de formas o ritos no
consagrados en las normas vigentes, como aquel de aportar copia auténtica de
los dictámenes médicos de pérdida de capacidad laboral, u otros documentos de
igual importancia, supone la creación de requisitos extralegales que hacen más
dificultoso el acceso a los derechos pensionales[81].
El
anterior comportamiento es inconstitucional porque, cuando una entidad exige
más de lo que debe, desplaza la voluntad del legislador, vulnera el principio
de legalidad, supedita el derecho sustancial al procesal e impone
arbitrariamente nuevos requisitos bajo criterios e interpretaciones
particulares, que contravienen los intereses de personas que viven en
condiciones apremiantes y de notoria desigualdad.
5.2.13.2.
Así pues, las entidades pensionales no pueden restarle valor probatorio, ni
rechazar de plano los documentos aportados en copia simple o sin el lleno de
todas las formalidades requeridas. Esto, porque el ordenamiento jurídico,
primero, reconoce la aptitud de las copias simples como medio de prueba[82] y, segundo, considera
relevante la información que suministra el accionante y, obviamente, las
pruebas con las que acompaña su solicitud[83], pero si se requiere
de formalidades, estas, pueden ser solicitadas por el funcionario competente.
5.2.13.3.
Las negativas orientadas en este sentido, le han impedido al ciudadano ejercer
adecuadamente su derecho a la defensa, al no poder esgrimir argumentos
jurídicos suficientes respecto al problema de fondo. Asimismo, han retrasado
gravemente la declaración sobre el reconocimiento de la pensión que reclama,
pues han condicionado dicha declaración al cumplimiento de exigencias que no
son necesarias.
5.2.14.
Ausencia de una respuesta
5.2.14.1.
Finalmente, y como sucede ante la exigencia estricta de requisitos formales,
cuando las entidades encargadas del reconocimiento y el pago pensional guardan
silencio sobre las peticiones y las demandas formuladas, tanto a nivel
administrativo, como a nivel judicial (i) impide que los ciudadanos controviertan
adecuadamente sus decisiones con argumentos jurídicos suficientes, y (ii) retrasa
injustificadamente la declaración real sobre el reconocimiento de las pensiones
reclamadas, pese a que las personas solicitantes suelen requerir de dichas prestaciones
para satisfacer sus necesidades básicas[84].
5.2.14.2.
Es, por lo tanto, su deber responder oportunamente a las mencionadas
solicitudes en los términos previstos en la ley, que en el caso particular de
la pensión de sobrevivientes, corresponde a dos (2) meses[85].
6.
María Luisa Vivas Ruiz tiene derecho a la pensión de sobrevivientes – solución
del caso concreto –
6.1. María Luisa es una persona de la tercera edad[86], se encuentra en situación de invalidez desde hace más de
veinte (20) años[87], fue declarada interdicta por demencia absoluta[88] y perdió su única fuente de ingresos cuando murió su
madre, pensionada de la UGPP, con quien vivía y de quien dependía su sustento
económico[89].
6.2.
A raíz de esta situación, y a través de su curadora y abogado, presentó dos (2)
derechos de petición manifestado ser hija inválida mayor de edad y solicitándole
a la entidad pensional que la reconociera como como beneficiaria de la pensión
de sobrevivientes de su progenitora[90].
6.3.
La entidad respondió de manera negativa, sustentando su posición en los
siguientes argumentos, los cuales serán resumidos en orden cronológico: (i) pese
haber aportado copia de la sentencia de interdicción judicial, la accionante no allegó el certificado idóneo proferido
por su EPS, donde se diera cuenta de su invalidez, del porcentaje de pérdida de
capacidad laboral y de su fecha de estructuración[91]; (ii) cuando María Luisa aportó copia del
dictamen requerido, la UGPP señaló que dicho certificado carecía de valor probatorio porque había
sido aportado en copia simple[92];
(iii) una vez este documento fue allegado en copia autenticada, le dijeron que
la fecha de estructuración de su trastorno mental era posterior al
fallecimiento de su madre, dándole un entendimiento arbitrario a ambas fechas[93], y (iv)
finalmente, cuando la UGPP se percató del error que cometió (el cambio de
fechas), argumentó que el certificado de invalidez proferido por la EPS no era
el documento idóneo, pues lo que María Luisa debía allegar era un dictamen
médico emanado de la Junta de Calificación de Invalidez[94].
6.4.
Para poder cumplir con los incesantes requerimientos de la entidad pensional,
la accionante presentó
un nuevo derecho de petición ante su EPS, solicitando una valoración por parte
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca[95]. Sin
embargo, le indicaron que esto no era posible, toda vez que ella ya había sido
valorada y la Junta de Calificación realizaba valoraciones adicionales cuando,
o bien existía controversia, o bien la persona interesada asumía directamente el
costo del examen[96]. De esta manera, ante la imposibilidad
económica de pagar por el examen referido, María Luisa interpuso la acción de
tutela objeto de revisión, pidiendo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el pago de las
mesadas causadas desde el día en que murió su madre, junto con los
incrementos de ley y sus debidos intereses.
6.5. El juez de
primera instancia declaró improcedente la acción, aduciendo que  María
Luisa no acreditó
suficientemente la condición de invalidez y tampoco justificó por qué era
necesaria la tutela, pues podía presentar una acción ordinaria laboral. Esta
decisión fue impugnada por la tutelante, pero terminó siendo confirmada por el
juez de segunda instancia, quien consideró que la controversia era de carácter
legal y, por lo tanto, escapaba a la competencia del juez de tutela.
6.6. En el acápite
cuarto de esta Sentencia, la Sala Primera se refirió a las consideraciones de
dichas autoridades judiciales, señalando que la acción de tutela interpuesta
por María Luisa Vivas Ruiz sí era procedente como mecanismo subsidiario porque
los medios ordinarios resultaban ostensiblemente ineficaces para el amparo de
sus derechos fundamentales. De esta manera, se referirá a los argumentos que
planteó la UGGP para negar la pensión de sobrevivientes que le reclamaban.
6.7. En primer lugar, la
Sala considera que la entidad pensional vulneró los derechos de la accionante
cuando, en una primera respuesta, se abstuvo de adoptar
un criterio más flexible a la hora de evaluar si el dictamen y la sentencia de
interdicción judicial que ella había aportado en la reclamación administrativa
era suficiente para ordenar el reconocimiento y el pago de la mencionada
prestación social.
6.8.
Como fue explicado en el acápite quinto, y más específicamente, en el numeral
5.2.7., la UGPP debió reconocer las dificultades que enfrentaba la actora para
desplazarse y comparecer ante la EPS encargada de dictaminar su pérdida de
capacidad laboral, toda vez que las serias afectaciones en su salud le hacían
riesgoso salir de su casa. En ese sentido, debió haber valorado todo el acervo
probatorio a efectos de establecer lo obvio: una mujer que padece de un trastorno esquizoafectivo desde hace
veinte (20) años, que nunca ha estado en capacidad de trabajar y que ni
siquiera está en condiciones de administrar sus propios bienes sin la ayuda de
un curador, es una persona inválida. Así lo ha señalado esta Corporación en
casos similares, como ocurrió en las ya reseñadas Sentencias T-307 de 1993[97], T-378 de 1997[98], T-221 de 2004[99] y T-730 de 2012[100].
6.9. Seguidamente, la
entidad pensional vulneró los derechos de la accionante cuando le exigió aportar el dictamen médico de la EPS en copia
autenticada, pues le impuso formas no consagradas en las normas vigentes y creó
un requisito extralegal que hizo más dificultoso y lento el acceso al derecho
pensional reclamado. Su deber, por el contrario, era reconocer el valor
probatorio de tal certificado y, en todo caso, si consideraba indispensable
contar con la versión original o autenticada, debía requerir a la EPS para que esta
lo allegara. Así lo dispuso la Corte en un caso parecido, que fue resuelto en
la ya reseñada Sentencia T-735
de 2015[101].
6.10.
En tercer lugar, la UGPP vulneró los derechos de María Luisa cuando modificó a
su arbitrio, tanto la fecha de defunción de su madre, como la fecha de
estructuración de su invalidez, con el claro propósito de justificar nuevamente
la negativa a reconocer la pensión de sobrevivientes. Esta actitud irresponsable,
además de las acciones penales y disciplinarias a las que puede dar lugar, resulta
reprochable porque el cambio injustificado de fechas significó un
desplazamiento, tanto del criterio técnico en el fallecimiento de una persona,
como de la valoración de la pérdida de capacidad laboral. La entidad pensional
se atribuyó funciones extralegales que le correspondían, en este caso
específico, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Nueva EPS,
respectivamente.
6.11.
Finalmente, la UGPP vulneró los derechos de la accionante cuando consideró
insuficiente el certificado médico proferido por la EPS y le exigió, en su
lugar, aportar una valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez,
toda vez que en este caso no hubo controversia sobre el primer dictamen. La
condición de invalidez de María Luisa debía entenderse plenamente acreditada cuando
ella aportó copia de la sentencia de interdicción judicial y, más aún, cuando
allegó el certificado de la EPS, pues estos conceptos médicos eran definitivos
y resultaban vinculantes, pues no fueron objetados oportunamente por ninguna de
las partes interesadas.
6.12.
Al exigirle una valoración adicional, la UGPP se atribuyó una facultad extralegal
(controvertir las valoraciones médicas sin haberlas objetado en la forma y en
el plazo fijado por la ley). Esta actuación, cree la Sala, estuvo sustentada en
una interpretación errada de la Ley 1562 de 2012[102].
Dicha norma señala que hay, por un lado, una primera oportunidad en la
valoración de la invalidez que le corresponde a la EPS, entre otras entidades,
y, por el otro, dos (2) instancias posteriores, donde actúan la Junta Regional y
la Junta Nacional de Calificación, respectivamente[103]. Sin embargo, como
se explicó en el acápite quinto de esta providencia, la llamada “primera
oportunidad” no es consultiva, sino vinculante, pues tienen exactamente los
mismos efectos jurídicos que las siguientes.
6.13.
Además, exigirle a la actora un certificado proferido por una Junta de
Calificación de Invalidez después de haberle dicho que el certificado idóneo
era el expedido por su EPS, la UGPP vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, pues desconoció su propio acto y la confianza legítima de la actora en
la entidad[104]. Esto es, la convicción
de que si aportaba el certificado de la EPS, iba a acreditar suficientemente su
condición de invalidez sin necesidad de iniciar trámites posteriores.
6.14. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional encuentra que la UGPP vulneró los derechos fundamentales de María Luisa Vivas Ruiz
a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso cuando
se negó a reconocerle la pensión de sobrevivientes que viene reclamando hace
más de cinco (5) años, aduciendo argumentos y excusas irrazonables,
irresponsables y abiertamente contrarias a la Constitución y al precedente
fijado por esta Corporación.
7. Conclusión
A modo de
cierre, la Sala resolverá el problema jurídico planteado en este caso de la
siguiente manera:
La entidad encargada
del reconocimiento y del pago de una pensión de sobrevivientes vulnera los
derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y
al debido proceso del hijo mayor de edad y en condición de invalidez, cuando le
niega el acceso a tal prestación, argumentando que su condición médica
debe ser acreditada por una Junta Regional de Calificación de Invalidez, al
considerar insuficiente, tanto una sentencia de interdicción judicial por
discapacidad mental absoluta, como un certificado no controvertido de una EPS
donde se constata que dicha persona sufre de una pérdida
de capacidad laboral
superior al cincuenta por ciento (50%) y estructurada antes del fallecimiento
de su progenitor.
Por todo lo expuesto, la
Sala revocará los fallos
proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Laboral del Circuito de
Roldanillo, Valle del Cauca, el treinta y  uno (31) de agosto de dos mil quince
(2015) y, en segunda instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, el veintitrés (23) de septiembre
del mismo año, en el proceso de tutela que inició Adiela Vivas Valderrama, como
curadora general de María Luisa Vivas Ruiz, contra la UGPP por la
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social,
al mínimo vital y al debido proceso.
En consecuencia,
dictará las órdenes necesarias para corregir la vulneración, incluyendo medidas
simbólicas, como el ofrecimiento de disculpas y la publicación de algunos
apartes de esta providencia. Esto, toda vez que ante el indiferente y reiterado
comportamiento inconstitucional de la UGPP, la Sala no sólo debe abogar por la
protección de los derechos de la tutelante, sino por el resarcimiento del daño
efectuado en el marco de sus competencias, así como por evitar su repetición en
casos análogos y futuros[105].
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR los fallos proferidos, en primera instancia, por el
Juzgado Laboral del Circuito de Roldanillo, Valle del Cauca, el treinta y  uno
(31) de agosto de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca,
el veintitrés (23) de septiembre del mismo año, en el proceso de tutela que
inició Adiela Vivas Valderrama, como curadora general de María
Luisa Vivas Ruiz, contra la UGPP. En
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales de la accionante a la igualdad, a la seguridad social, al
mínimo vital y al debido proceso.
Segundo.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
Sentencia, reconozca de manera definitiva a María Luisa Vivas Ruiz como única
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de Virginia Vivas Ruiz
(fallecida), incluyéndola en nómina y realizando los pagos de las mesadas
pensionales vitalicias a su curadora, Adiela Vivas Valderrama. El
reconocimiento de la pensión deberá ir acompañado de una carta de disculpas
firmada por todos los funcionarios de la entidad que rechazaron la pretensión
de la accionante[106]. La primer mesada pensional, por su parte, deberá ser cancelada, a más
tardar, dentro del mes siguiente a la notificación de este fallo.
Tercero.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a que en el término de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente Sentencia,
pague a Adiela Vivas
Valderrama, curadora de María Luisa
Vivas Ruiz, el retroactivo de las mesadas pensionales no prescritas y causadas
desde el ocho (8) de febrero
de dos mil diez (2010), hasta el día efectivo del reconocimiento pensional, con
sus respectivos aumentos de ley e intereses.
Cuarto.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a que lleve a cabo
todas las gestiones que sean necesarias para que la señora María Luisa Vivas
Ruiz tenga que desplazarse fuera de su domicilio para acceder a la pensión de
sobrevivientes que se le reconoce, como tampoco para cumplir con cualquier
exigencia de la que dependa el pago de la misma. En este sentido, y de manera
vitalicia, la entidad deberá disponer los medios necesarios para que, sin salir
de su residencia, la accionante pueda ser notificada del reconocimiento
pensional, cobrar las sumas debidas y certificar periódicamente su
supervivencia, entre otros.
Quinto.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a que en el término de seis (6) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, envíe una circular a
todos sus funcionarios e incluya a perpetuidad en un lugar visible de su página
web y de todas sus sedes de atención al público, las siete (7) reglas
jurisprudenciales reiteradas por esta Sala de Revisión en el acápite quinto de
la presente providencia[107], a efectos de informar a su personal y a toda
la ciudadanía sobre sus derechos pensionales y las desacertadas justificaciones
que no pueden ser empleadas para negárselos.
Sexto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente con permiso
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La Sala de Selección estuvo conformada
por los Magistrados María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos. El
expediente fue estudiado por la Sala porque la parte actora presentó un escrito
ciudadano solicitando la selección del mismo, según lo permite el literal b)
del artículo 53 del Reglamento Interno de la Corporación.
[2] María Luisa Vivas Ruiz está identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.769.087 de Roldanillo, Valle del Cauca.
[3] La condición médica de María Luisa está
consignada en su historia clínica. En el expediente existe copia del informe
que expidió la doctora Beatriz Eugenia Montoya Lehmann, psiquiatra del Hospital
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, donde concluyó: “[…] la paciente tiene una
enfermedad mental crónica, de características esquizofréniformes de etiología
multifactorial, no susceptible de curación. No tiene capacidad para
autoabastecerse, ni cuidar de ella ni de alguien más, no puede administrar ni
disponer de los bienes materiales. Requiere que sea cuidada y supervisada por
la familia”. Este informe está disponible en los folios 20 y 21. Así mismo, se
encuentra copia del dictamen médico que profirió el Doctor José Heladio
Quintero Flor, especialista en psiquiatría de la Unidad Médica del Valle, el
dos (2) de noviembre de dos mil diez (2010) y en el marco del proceso de
interdicción judicial que se adelantaba contra la accionante. En dicho dictamen,
se dejó constancia del siguiente diagnóstico: “Paciente con enfermedad mental
crónica denominada trastorno esquizoafectivo, de etiología multifactorial
relacionada con la genética, la crianza y el ambiente. Esta enfermedad produce
deterioro de funciones cognitivas en la persona, colocándola en situación de
vulnerabilidad, nunca ha trabajado, siempre ha vivido con su familia,
demostrando en su historia incapacidad para cuidarse a sí misma. Tiene
disminuido el juicio, el raciocinio y su capacidad de comprensión y decisión.
Es completamente dependiente y funciona con inteligencia disminuida. Esta
enfermedad es progresiva, deteriorante de la personalidad, de mal pronóstico.
No tienen capacidad para administrar y disponer de sus bienes. Tiene una discapacidad
mental absoluta […]”. Este dictamen está disponible en los folios 24 y 25.
[4] La Sentencia de interdicción fue dictada
por el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, Valle del Cauca, quien tuvo
en consideración el dictamen médico que expidió el referido Doctor José Heladio
Quintero Flor, actuando como perito forense. Dentro del texto central de la
providencia, se transcribió la siguiente información: “paciente que manifiesta
enfermedad mental de años de evolución, desde joven, sin recordarse fecha de
inicio. […] Nunca ha
laborado, siempre ha vivido con su familia, dependiente de ellos, dice haber estudiado
hasta 5º de primaria. […] presenta enfermedad crónica denominada trastorno
esquizoafectivo de tipo depresivo […] Tiene una discapacidad mental absoluta”.
La transcripción de este peritaje está disponible en los folios 31, 32 y 33. A
modo de resuelve, el Juzgado dictó lo siguiente: “PRIMERO: Declarar que la
señora MARÍA LUISA VIVA RUIZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
29769087, nacida el 19 de noviembre de 1941, inscrita en el Registro Civil de
Nacimiento de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Roldanillo Valle
del Cauca e hija adoptiva de la señora VIRGINIA VIVAS RUIZ –fallecida– se
encuentra en estado de interdicción absoluta por discapacidad mental. ||
SEGUNDO: Designar como guardadora de la interdicta a su primera hermana ADIELA
VIVAS VALDERRAMA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 29768657, quien
ejercerá sus funciones previo pronunciamiento y autorización del Juzgado […]”.
Esta sentencia está disponible en los folios 27 a 39. La parte
actora aportó al proceso copia de la constancia que emitió el tres (3) de abril
de dos mil trece (2013) Sonia Sánchez Riaño, secretaria del Juzgado, informando
que dicha providencia se encuentra debidamente ejecutoriada. La constancia está
disponible en el folio 26.
[5] Adiela Vivas Valderrama, identificada
con cédula de ciudadanía No. 29.768.657 de Roldanillo, Valle del Cauca, tomó
posesión como guardadora general de María Luisa el veintitrés (23) de febrero
de dos mil once (2011), ante el Juzgado Promiscuo de Roldanillo, Valle del
Cauca. El acta de posesión está disponible en el folio 40.
[6] El abogado Luis Eduardo Marín Gutiérrez,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.556.831 de Zarzal, Valle del Cauca,
y con tarjeta profesional No. 23.883 del Consejo Superior de la Judicatura.
[7] Como prueba de la dependencia económica,
la parte actora aportó copia de la declaración juramentada extrajuicio que
rindieron el veinticuatro (24) de julio de dos mil quince (2015) ante la
Notaría Única del Circuito de Roldanillo, Valle del Cauca, los señores Álvaro
Libreros Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.436.540, y Jaime
Madrid, con cédula de ciudadanía No. 6.435.313. Allí manifestaron que “MARÍA
LUISA VIVAS RUIZ, dependía total y absolutamente de su madre adoptiva la señora
VIRGINIA VIVAS RUIZ, ya que la señorita MARÍA LUISA VIVAS RUIZ, es
discapacitada mental, y por lo tanto no está en capacidad de trabajar, no tiene
ingresos, no tiene bienes de fortuna que le produzcan algún ingreso económico”
(redacción original). Ver la declaración en el folio 19.
[8] La docente Virginia Vivas Ruiz,
identificada con cédula de ciudadanía 29.183.572 de Bolívar, Valle del Cauca,
crió a la accionante desde su nacimiento. La adopción fue declarada por el
Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, Valle del Cauca, el veintitrés (23)
de octubre de dos mil dos (2002), según lo establecido en el artículo 69 del
Código de la Infancia y la Adolescencia sobre adopción de personas mayores de
dieciocho (18) años. Para probar la relación de parentesco, la parte actora
aportó copia del registro civil de nacimiento de María Luisa Vivas, disponible
en el folio 18.
[9] En el escrito de contestación a la
acción de tutela, la UGPP señaló que el Ministerio de Educación Nacional le
reconoció pensión de jubilación a la señora Virginia Vivas Ruiz a través de la
Resolución proferida el trece (13) de agosto de mil novecientos cincuenta y
seis (1956). Ver folio 110.
[10] La señora Virginia Vivas Ruiz murió el
ocho (8) de febrero de dos mil diez (2010) a sus ciento cuatro (104) años de
edad. La copia de su registro civil de defunción se encuentra disponible en el
folio 17.
[11] La copia del derecho de petición se
encuentra disponible en el folio 42.
[12] La Resolución No. RDP 004648, mediante
la cual la UGPP negó el derecho a la sustitución pensional, fue elaborada por
Luz Marina Parada Ballén, subdirectora de determinación de derechos de la UGPP,
y revisada por Laura Mireya Castellanos Castellanos y Angélica María Martínez
Mojica. Copia de la misma se encuentra disponible en los folios 44 al 48.
[13] Por medio de la cual se creó  el sistema de seguridad social integral y se dictaron
otras disposiciones. El artículo 38 de la mencionada ley, señala lo siguiente:
“Estado de Invalidez. Para los efectos del presente capitulo se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más
de su capacidad laboral”.
[14] La copia del recurso de reposición y en
subsidio de apelación se encuentra disponible en los folios 49 al 56.
[15] La Resolución No. RDP 008939, que
profirió la UGPP el siete (7) de septiembre de dos mil doce (2012) en respuesta
al recurso de reposición, fue elaborada por Luz Marina Parada Ballén,
subdirectora de determinación de derechos pensionales de la entidad. Copia de
la misma se encuentra disponible en los folios 57 a 61. Allí se argumentó que
la autoridad competente era la Junta Regional de Calificación de Invalidez. La
Resolución No. RDP 010088, que profirió la UGPP el veintisiete (27) de
septiembre del mismo año en respuesta al recurso de apelación, fue elaborada
por Manuel Gustavo Riveros Aponte, director de pensiones de la entidad. Copia
de la misma se encuentra disponible en los folios 62 a 66. Allí se argumentó
que la autoridad competente era la EPS a la que está afiliada María Luisa.
[16] La accionante se encuentra afiliada a la
Nueva E.P.S.
[17] La copia del derecho de petición que
presentó el apoderado de la accionante ante la EPS se encuentra disponible en
los folios 68 y 69.
[18] El dictamen médico proferido por la
Nueva EPS fue fechado el treinta (30) de agosto de dos mil trece (2013) y fue
elaborado por la Doctora Isabel Orozco Blanco, médica laboral. La copia del
dictamen se encuentra disponible en el folio 70.
[19] La copia del derecho de petición que
presentó el apoderado de la accionante ante la UGPP se encuentra disponible en
los folios 72, 73 y 74.
[20] La respuesta negativa fue comunicada a
través de la Resolución No. RDP 003077, fechada el treinta (30) de enero de dos
mil catorce (2014) y fue elaborada por Luz Marina Parada Ballén, subdirectora
de determinación de derechos pensionales de la UGPP. Copia de esta se encuentra
disponible en los folios 76, 77 y 78.
[21] El escrito a través del cual el abogado
de María Luisa interpuso los recursos de reposición y apelación fue radicado el
cuatro (4) de marzo de dos mil catorce (2014) y se encuentra disponible en los
folios 80 y 81.
[22] La Resolución RDP 007970 del siete (07)
de marzo de dos mil catorce (2014), a través de la cual la UGPP negó el recurso
de reposición interpuesto por la accionante, fue elaborada por Luz Marina
Parada Ballén, subdirectora de determinación de derechos pensionales, y se
encuentra disponible en los folios 86 a 90. En dicho acto administrativo, se
señaló lo siguiente: “[…]
se observa que el documento aportado señala que la fecha de estructuración es
el 10 de octubre de 2013 es decir con posterioridad al fallecimiento el cual
sucedió el 15 de diciembre de 2012” (redacción original).
[23] La Resolución RDP 008398 del once (11)
de marzo de dos mil catorce (2014), a través de la cual la UGPP negó el recurso
de apelación interpuesto por la accionante, fue elaborada por Luz Adriana
Sánchez Mateus, directora de pensiones, y se encuentra disponible en los folios
91 a 95.
[24] La copia del derecho de petición que
presentó el apoderado de María Luisa el dos (2) de octubre de dos mil catorce
(2014) ante la Nueva EPS, se encuentra disponible en los folios 96, 97 y 98.
[25] La copia de la respuesta que le dio la
Nueva EPS a la accionante el veintiséis (26) de octubre de dos mil catorce
(2014), se encuentra disponible en el folio 100.
[26] El señor Salvador Ramírez López.
[27] Donde actúa el Juez Luis Alberto Arango
Osorio.
[28] La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, estuvo integrada por los
Magistrados Elsy Alcira Segura Díaz (ponente), María Matilde Trejos Aguilar y
Marceliano Chávez Ávila.
[29] Por medio del cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[30] Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[31]
El perjuicio irremediable es un daño a un bien que se deteriora
irreversiblemente hasta el punto en que ya no puede ser recuperado en su
integridad. No siendo todo daño irreparable, el perjuicio al que aquí se alude
debe ser (i) inminente; (ii) grave; (iii) requerir de medidas urgentes para su
supresión, y (iv) demandar la acción de tutela como una medida impostergable. Por inminencia se ha entendido algo que amenaza
o que está por suceder prontamente. Es decir, un daño cierto y predecible
cuya ocurrencia se pronostica objetivamente en el corto plazo a partir de la
evidencia fáctica y que justifica la toma de medidas prudentes y oportunas para
evitar su realización. Así pues, no se trata de una simple expectativa o
hipótesis. El criterio de gravedad, por su parte, se refiere al nivel de
intensidad que debe reportar el daño. Esto es, a la importancia del bien
jurídico tutelado y al nivel de afectación que puede sufrir. Esta exigencia
busca garantizar que la amenaza o violación sea motivo de una actuación
extraordinariamente oportuna y diligente. El criterio de urgencia, por otra
parte, está relacionado con las medidas precisas que se requieren para evitar
la pronta consumación del perjuicio irremediable y la consecuente vulneración
del derecho. Por esta razón, la urgencia está directamente ligada a la
inminencia. Mientras que la primera alude a la respuesta célere y concreta que
se requiere, la segunda hace referencia a la prontitud del evento. La
impostergabilidad de la acción de tutela, por último, ha sido definida como la
consecuencia de la urgencia y la gravedad, bajo el entendido de que un amparo
tardío a los derechos fundamentales resulta ineficaz e inoportuno. Sobre los
elementos constitutivos del perjuicio irremediable se pueden ver las
consideraciones hechas en las siguientes Sentencias: T- 225 de 1993 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), T-789 de 2003 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-761 de 2010 (M.P. María Victoria Calle
Correa), T-424 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-440A de 2012 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)
y T-471 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[32] El artículo 8º del Decreto 2591 de 1991,
por medio del cual se reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política, establece que en esta última situación, el
accionante adquiere la obligación de acudir a las instancias ordinarias durante
los cuatro (4) meses siguientes para que allí se desarrolle el debate jurídico
de fondo sobre los hechos planteados en su demanda.
[33] En el caso de la jurisdicción
contenciosa administrativa, por ejemplo, el numeral 4º del artículo 229 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo faculta al
juez para ordenarle de oficio a la entidad administrativa adoptar una decisión
temporal con el objetivo de evitar, prevenir o impedir la agravación de un
perjuicio.
[34] Para verificar el cumplimiento del
principio de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo transcurrido entre
la supuesta violación o amenaza y la interposición de la tutela es razonable.
De no serlo, debe analizar si existe una razón válida que justifique la
inactividad del accionante al ser inconstitucional pretender darle un término
de caducidad a la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del
tiempo. De tal modo que, si bien el término para interponer la acción de tutela
no puede establecerse de antemano, el juez está en la obligación de
verificar cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se
convierta en un factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de
terceros o que desnaturalice la acción. A este respecto, la Corte Constitucional
ha puesto de presente la existencia de dos (2) factores excepcionales que
justifican el transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la
vulneración del derecho y la fecha de interposición de la tutela. Estos son (i)
que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo, en el entendido
de que si bien el hecho que la originó no es reciente, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es
actual; y (ii) que la especial situación del actor convierta en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los medios
ordinarios de defensa judicial. Sobre la caducidad de la acción de tutela, se
puede ver la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández) en la que
la Sala Plena declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991, los cuales regulaban la caducidad de la tutela cuando era
interpuesta contra providencias judiciales. Asimismo, se puede ver la Sentencia
T-288 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), donde se pusieron de
presente los deberes del juez de tutela en relación con el principio de
inmediatez a la luz de unas presuntas vías de hecho en las que supuestamente
habían incurrido dos (2) autoridades judiciales en el marco de un proceso ejecutivo
hipotecario. Sobre el requisito de inmediatez, en general, se pueden consultar
las Sentencias T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de
2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-662 de 2010 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T- 429 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-998 de
2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), SU-158 de 2013 (M.P. María Victoria
Calle Correa) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), entre muchas
otras. Allí la Sala Plena y las diferentes Salas de Revisión hicieron alusión a
estas situaciones excepcionales al abordar la procedibilidad de acciones de
tutela mediante las cuales se pretendía obtener acceso a una defensa técnica, a
un recalculo del monto base de la pensión, a la indemnización por daños y
perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión de sobrevivientes y a la
pensión de invalidez.
[35] Ver Sentencias T-719 de 2003 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1088 de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1042 de
2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-225 de 2012 (M.P. Humberto
Sierra Porto), T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y
T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), entre otras.
[36] Ver Sentencias T-1316 de 2001 (M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-456
de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1088
de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva), T-202
de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-206 de 2013 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[37] A este respecto, se pueden consultar las
Sentencias T-196 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-243 de 2002 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), T-433 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-857 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-763 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), T-333 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-602 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-917 de 2009
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-730 de 2012 (M.P.
Alexei Julio Estrada) y T-150 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), entre
muchas otras. En estas providencias, las diferentes Salas de Revisión se
pronunciaron sobre la procedibilidad de la acción de tutela para el cobro de
prestaciones sociales al resolver casos de estudiantes beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes a quienes las entidades correspondientes les
suspendieron los pagos de sus mesadas alegando que no acreditaron la condición
de estudiantes, que habían cumplido la mayoría de edad, que tenían bajo
rendimiento académico o que enfrentaban un problema administrativo interno a
raíz del cual no podían pagarles.
[38] La fundamentalidad del derecho a la
pensión de sobrevivientes ha sido declarada, entre otras, en las Sentencias
T-221 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y T-662 de 2010 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), las cuales serán explicadas en detalle en las notas al pie
del acápite quinto de la presente providencia.
[39] Sobre la procedencia de la acción de
tutela a través de la cual se solicita el reconocimiento y/o pago de la pensión
de sobrevivientes, se pueden consultar las Sentencias T-221 de 2004 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra),  T-859 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),
T-662 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-674 de 2010 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, con S.V. Humberto Antonio Sierra Porto), T-395 de 2013
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-471 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-317 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-735 de
2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), las cuales serán explicadas en detalle
y al pie en el acápite quinto de esta providencia.
[40] La accionante tiene setenta y cuatro
(74) años y padece de demencia mental. Ver los folios 27 a 39.
[41] María Luisa no tiene familiares
cercanos, bienes ni pensión propia. Adicionalmente, no puede trabajar por culpa
de su invalidez. Su sustento dependía de la pensión que recibía su madre antes
de morir. Ver los folios 17, 19, 42 y 70.
[42] La accionante es hija adoptiva de Virginia Vivas Ruíz (quien gozaba
de pensión de vejez antes de morir), tiene una pérdida de capacidad laboral del
sesenta punto cincuenta por ciento (60.50%), estructurada antes del deceso de
su madre, y dependía económicamente de ella. Asimismo, la Sala
resalta que la pensión
de sobrevivientes no ha sido objeto de controversia, en el entendido de que
ninguna otra persona ha manifestado ser beneficiaria de ella. Ver los folios
18, 19, 70 y 110.
[43] Ver los folios 42, 49 al 56, 72 al 74,
80 y 81.
[44] Por medio de
la cual se creó el sistema de seguridad social integral y se dictaron otras
disposiciones.
[45] Por medio de
la cual se reformaron algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptaron disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.
[46] Por esta razón, cuando el legislador
reguló la pensión de sobrevivientes, previó un tiempo mínimo de cotización,
partiendo de la base de que las sumas recibidas para cubrir el riesgo de
muerte, unidas a las que aportan todos los demás afiliados cotizantes,
resultarían suficientes para financiar la mencionada prestación. A este
respecto, se pueden consultar las Sentencias C-617 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis) y C-451 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), donde la Sala Plena
planteó algunas consideraciones generales sobre el Sistema de Seguridad Social
en Pensiones al resolver dos (2) acciones de constitucionalidad presentadas
contra algunos apartes de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el
Sistema de Seguridad Social Integral y se dictaron otras disposiciones.
[47]
Ver específicamente los artículos 46 y 73 de la Ley 100
de 1993, por medio de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral y
se dictaron otras disposiciones.
[48] Por medio de la cual se establecieron términos para el reconocimiento de las
pensiones de sobrevivientes y se dictaron otras disposiciones.
[49] Ver específicamente los artículos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se creó el Sistema de Seguridad
Social Integral y se dictaron otras disposiciones.
[50] Por medio de
la cual se creó el sistema de seguridad social integral y se dictaron otras
disposiciones.
[51] Por medio del
cual se dictaron normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
[52] Por medio de
la cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales y se dictaron otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
[53] Por el cual se
expidió el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad
Laboral y Ocupacional.
[54] De
acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1352 de 2013, por medio del cual se
reglamentó la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez y se dictaron otras disposiciones, se consideran personas interesadas
las siguientes: “1. La persona objeto de dictamen o sus beneficiarios en caso de
muerte. || 2. La Entidad Promotora de Salud. || 3. La Administradora de Riegos
Laborales. || 4. La Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de
Régimen de Prima Media. || 5. El Empleador. || 6. La Compañía de Seguro que
asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte.
[55] El dictamen de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez es la última etapa en el proceso de calificación, sin perjuicio de las acciones judiciales laborales que
la persona interesada está facultada para promover contra dicha valoración, así
como la revisión que puede solicitar ante la propia Junta en relación con el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, siempre que este haya sido fijado
en un porcentaje menor al cincuenta por ciento (50%) y haya pasado más de un
(1) año desde la valoración cuya revisión se solicita. A este respecto, se
puede consultar el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013.
[56] Por el cual se
reglamentó la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez.
[57] Por medio del
cual se reglamentó la organización y el funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez y se dictaron otras disposiciones.
[58] Por medio de la cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales y se dictaron
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. El artículo 18 de esta
norma, ordenó la adición de un inciso al artículo 142 del Decreto 19 de 2012,
que a su vez modificó el artículo 41 de la ley 100 de 1993. El inciso agregado
dice lo siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en este artículo,
respecto de la calificación en primera oportunidad, corresponde a las Juntas
Regionales calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el
estado de invalidez y determinar su origen. || A la Junta de Calificación Nacional compete la
resolución de las controversias que en segunda instancia sean sometidas para su
decisión por las Juntas Regionales […]”.
[59]
Ver las Sentencias T-321 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-221 de
2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-859 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-816 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-043 de 2008
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-314 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-950 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-662
de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-674
de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con S.V. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-115 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-749 de 2011 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-730 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada), T-140
de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-395
de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-491 de 2013 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, con A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-003 de
2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-471 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-317 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-735 de
2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[60] Ver Sentencias T-221 de 2004 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), T-749 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y
T-730 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada).
[61] Ver las Sentencias T-859 de 2004 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández) y T-395 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[62] Ver las Sentencias T-662 de 2010 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio), T-674 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con
S.V. Humberto Antonio Sierra Porto), T-140 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva) y T-491 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, con A.V. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo). Sobre esta materia, también es importante consultar
la Sentencia C-066 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), donde la Sala
Plena de la Corporación declaró inexequible la expresión “esto es, que no tienen
ingresos adicionales”, contenida en el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
por considerar que la dependencia económica no debe ser absoluta, señalando que
los ingresos adicionales de la persona no son siempre razón suficiente para
negarle la pensión de sobrevivientes que reclama.
[63] Ver las Sentencias T-321 de 2002 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández), T-314 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y
T-730 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada).
[64] Ver las Sentencias T-950 de 2009 (M.P.
Mauricio González Cuervo), T-115 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y
T-003 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[65] Ver las Sentencias T-043 de 2008 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-816 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-950 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-471 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez) y T-317 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[66] El Consejo de Estado ha sostenido que
las copias simples se deben presumir auténticas cuando, habiendo podido serlo,
no fueron tachadas de falso por las partes interesadas en los respectivos
procesos, pues según el artículo 83 superior, se debe presumir la buena fe del
ciudadano y confiar en su palabra. A este respecto, se puede consultar la
Sentencia con radicado 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), proferida el
veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013) por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y con C.P. Enrique Gil Botero, donde se
discutió el valor probatorio de las copias simples aportadas en un caso de
reparación directa por la comprobada privación injusta de la libertad de uno de
los demandantes. Esta
interpretación sobre el valor probatorio de las copias simples representa un
cambio radical respecto de la posición que defendía dicha Corporación en el
pasado, tal como puede verse en la Sentencia del Consejo de Estado proferida el
cuatro (4) de abril de mil novecientos ochenta (1980), y con ponencia del
Consejero Carlos Betancourt Jaramillo, donde el alto tribunal insistía en la
importancia de la autenticación como una forma de asegurar que la copia
reflejara fielmente la información consignada en el documento original. Esta
evolución en la lectura del valor probatorio de los mencionados documentos,
encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tanto en
sede de control abstracto, como en sede de tutela. En un comienzo, esta
Corporación exigía la autenticación. En la Sentencia C-023 de 1998 (M.P. Jorge
Arango Mejía y S.V. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez
Caballero), la Sala Plena estudió una demanda de constitucionalidad interpuesta
contra el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, el cual requería la
autenticación de las copias simples para reconocerles valor probatorio. Allí la
Corte consideró que dicha formalidad era necesaria y no contrariaba el artículo
83 superior, pues rodeaba de garantías de
certeza la demostración de los hechos de los cuales dependía el reconocimiento
de derechos. No obstante, y al igual que sucedió con el Consejo de
Estado, esta interpretación cambió en años posteriores. Así, por ejemplo, en la
Sentencia SU-774 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo, A.V. Gabriel Eduardo
Mendoza, S.V. Gloria Stella Ortiz Delgado y S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), la Sala Plena revisó el fallo
absolutorio proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de un
proceso de pérdida de investidura que se le adelantó a un concejal de la ciudad
de Santiago de Cali, en la que se consideró que los documentos públicos
allegados como prueba de la supuesta inhabilidad en la que aquel había
incurrido fueron aportados en copia simple y, por ende, carecían de valor probatorio.
Al resolver el caso, la Sala decidió adoptar una tesis garantista,
estableciendo que antes de que el juez administrativo le reste valor de prueba
a las copias simples de los documentos públicos aportados en los expedientes
tramitados ante dicha jurisdicción, es su deber decretar de manera oficiosa la
copia auténtica de aquellos, si es que ésta se requiere. Esta nueva
interpretación, que se muestra respetuosa de los cambios introducidos por el
Código General del Proceso, donde se reconoce el valor probatorio de las copias
simples y de otros documentos sin el lleno de todas las formalidades exigidas,
puede observarse en los pronunciamientos de diferentes Salas de Revisión, tal
como ocurrió en las Sentencias T-386 de 2010
(M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-113 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y A.V. Nilson Pinilla Pinilla), T-926 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), T-398 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-518A de 2015
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
[67] Ver las Sentencias T-314 de 2008 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño), T-730 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada) y T-003 de
2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[68] El principio de solidaridad busca asegurar el interés general
y el bienestar de todos los ciudadanos a través del esfuerzo y la actividad de
cada uno de sus miembros y, por ende, compromete tanto a las
autoridades públicas, como a los particulares, con el goce efectivo de los
derechos fundamentales de aquellos colombianos que se encuentran en condiciones de debilidad o
vulnerabilidad. A este respecto, la Corte Constitucional ha
señalado que la solidaridad no es únicamente un precepto ético, ni se aplica sólo cuando se trata de
catástrofes, accidentes o emergencias. Es, por el contrario, una característica esencial del
Estado Social de Derecho y un deber constitucional a través del cual se busca
corregir sistemáticamente los efectos nocivos que tiene el azar, la naturaleza
y las estructuras sociales y económicas sobre los miembros de una comunidad.
Sobre las características del principio de solidaridad y su exigencia, pueden
consultarse las Sentencias T-505 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-550
de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), C-237 de 1997 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz), T-434
de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-520 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-170
de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-188 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-416 de
2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), entre muchas otras.
[69]
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Decreto
19 de 2012 y adicionado por la Ley 1562 de 2012, las autoridades encargadas de
dictaminar en una primera etapa si una persona se encuentra en condición de
invalidez, son el Instituto de Seguros Sociales, Colpensiones, las
Administradoras de Riesgos Profesionales, las Compañías de Seguros que
asumieron el riesgo de invalidez y muerte y las EPS, según las particularidades
de cada caso. Si hay controversia, en una segunda etapa le corresponde dicha
tarea a la Junta Regional de Calificación de Invalidez ubicada en el
departamento de residencia de la persona valorada. Finalmente, si la
controversia continúa, en la tercera y última
etapa actúa la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez.
[70] Después de analizar con mayor
flexibilidad el acervo probatorio, las Salas de Revisión han concluido que en
algunos eventos extraordinarios no se requiere el dictamen de pérdida de
capacidad laboral para acreditar la invalidez. Por ejemplo, en la Sentencia
T-221 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la Sala Segunda de Revisión
conoció el caso de una persona de treinta y siete (37) años que reclamaba la
pensión de sobrevivientes de su padre después de ser declarada interdicta por
demencia mental absoluta, al padecer de esquizofrenia paranoide crónica desde
el nacimiento. La entidad pensional se opuso a su pretensión argumentando que
no había sido calificada por una Junta Regional de Invalidez. El curador de la
persona, por su parte, interpuso la tutela alegando que ella no tenía dinero
suficiente para pagar por dicho examen. Reiterando las consideraciones fijadas
en las Sentencias T-307 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-378 de 1997
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Sala determinó que la condición de invalidez
del accionante se encontraba plenamente probada y no era necesario exigirle
aportar un dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues de las
características de su enfermedad y de la sentencia de interdicción, se infería
que nunca había podido trabajar. En ese sentido, la Sala ordenó el
reconocimiento de la pensión de invalidez dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes, además del pago de las mesadas causadas desde el día en que
el actor solicitó por primera vez dicha prestación. Por otro lado, en la
Sentencia T-730 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada), la Sala Octava de Revisión
resolvió un acumulado, dentro del cual se encontraba el caso de un joven al que
le suspendieron el pago de su pensión de sobrevivientes después de cumplir la
mayoría de edad por no acreditar su condición de invalidez. El accionante
carecía de un dictamen de pérdida de capacidad laboral, pero fue declarado
interdicto por discapacidad mental absoluta; situación que expuso ante la
entidad encargada del pago. No obstante, al no verse reactivado el pago las
mesadas pensionales, interpuso una acción de tutela solicitando el amparo de
sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. Dentro de
sus consideraciones, la Sala señaló lo siguiente: “para la determinación de la
incapacidad se hace imperativo hacer una valoración en conjunto del acervo
probatorio que reposa en el expediente, en aras de garantizar los derechos de
las personas en estado de discapacidad, objeto de especial protección
constitucional. Así pues, si bien es cierto que, de conformidad con lo
expuesto, la ley es clara en establecer que es mediante el dictamen de pérdida
de la capacidad laboral – que puede ser adelantado por EPS, ARP o Juntas de
Calificación de Invalidez – que se prueba la incapacidad de las personas con
afecciones mentales, no lo es menos, que un dictamen expedido por una entidad
oficial como el Instituto Nacional de Medicina Legal o una sentencia judicial
que declare la interdicción de una persona constituyen pruebas de su
incapacidad sin que, existiendo éstas, se pueda exigir de todas maneras la
valoración del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, menos aún, cuando
quiera que se trate de problemas congénitos”. Dicho esto, decidió conceder el
amparo por considerar que era prueba suficiente de la pérdida de capacidad
laboral del actor la sentencia de interdicción judicial por demencia absoluta y
su historia clínica, donde se constataba que padecía de dicha enfermedad desde
temprana edad. Seguidamente, ordenó su inclusión en nómina durante las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes y el pago de las mesadas suspendidas.
[71] Así ocurrió, por ejemplo, en la
Sentencia T-859 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), donde la Sala
Novena de Revisión resolvió la acción de tutela interpuesta por la hermana y la
curadora de una persona que padecía de retraso mental y que fue valorada con
una pérdida de capacidad laboral del setenta y un punto cincuenta y cuatro por
ciento (71.54%). La accionante solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes que dejó su padre, pero la entidad se opuso a su pretensión
argumentando que la estructuración de su invalidez era posterior al
fallecimiento de su progenitor. La peticionaria se defendió señalando que si
bien eso era cierto, y que así quedó consignado en el dictamen de invalidez,
había documentos dentro de su historia clínica que probaban que su problema se
presentaba desde que tenía dos (2) años de edad. La Sala consideró lo
siguiente: “[…] existen pruebas que acreditan que el estado de invalidez de la
señora […] es de origen genético. Por tal razón, como se ha insistido, le es
aplicable la doctrina de la Corte relacionada con la especial protección que se
le debe brindar a las personas discapacitadas física o mentalmente, a fin de
garantizarles su derecho a la igualdad. El no reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes representa por parte de la entidad demandada el desconocimiento
del derecho de la accionante a ser tratada de manera especial, por encontrarse
en una condición de desventaja frente a las demás personas”. De acuerdo con lo
anterior, concedió el amparo, ordenando el reconocimiento pensional dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de dicha
providencia. Posteriormente, en la Sentencia T-395 de 2013 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), la Sala Cuarta de Revisión conoció el caso de una
persona que por padecer de esquizofrenia paranoide, perdió el sesenta y uno
punto cinco por ciento (61.5%) de su capacidad laboral, ocho (8) días después
del fallecimiento de su padre. Después de constatar que su enfermedad tenía un
origen congénito, la Sala decidió ordenar el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes que reclamaba, pues a pesar de que el dictamen médico
contemplada una fecha de estructuración posterior al fallecimiento de su
familiar, era necesario, primero, ofrecerle un trato diferencial acorde con su
condición de debilidad manifiesta y, segundo, hacer prevalecer la realidad
material por encima de aquella consignada en la valoración médica.
[72] Así ha actuado la Corte en diversas
Sentencias en sede de control abstracto y en sede de tutela. Por ejemplo, en la
Sentencia C-066 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), la Sala Plena de
esta Corporación declaró inexequible la expresión “esto es, que no tienen ingresos adicionales”,
contenida en el
literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por considerar que la
dependencia económica no debía ser absoluta, señalando que los ingresos
adicionales de la persona no son siempre razón suficiente para negarle la
pensión de sobrevivientes que reclama. Reiterando las consideraciones hechas en
la Sentencia C-111 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Sala Plena concluyó
lo siguiente: “[…] la dependencia económica ha sido comprendida como: (i)
la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del
causante de la pensión de sobrevivientes, para auto-proporcionarse o mantener
su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta
de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede
por sus propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas”.
Seguidamente, y bajo el título de “razón de decisión”, la Corte adoptó la
siguiente regla jurisprudencial: “La demostración de una dependencia económica
‘sin ingresos adicionales’ del causante, sacrifica injustificadamente derechos
de mayor entidad de sujetos de especial protección constitucional, como el
derecho a la igualdad, el mínimo vital, el respeto a la dignidad humana y la
seguridad social, estableciendo una barrera de acceso para las personas en
situación de discapacidad y con ello restringiendo el acceso a la pensión de
sobrevivientes”. Estas consideraciones de la Sala Plena fueron alimentadas e
inspiradas por algunos pronunciamientos de las Salas de Revisión en sede de
tutela. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-662 de 2010 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio), la Sala Quinta de Revisión conoció el caso de un
profesor de inglés que, a raíz de una enfermedad hereditaria denominada “Distrofia
Muscular”, padecía de una pérdida de capacidad laboral del setenta y dos punto
tres por ciento (72.3%), estructurada el diez (10) de mayo de mil novecientos
ochenta y siete (1987) y certificada por una Junta Regional de Calificación de
Invalidez. El accionante le solicitó a la Caja de Auxilios de Aviadores Civiles
(CAXDAC) ser incluido como beneficiario de la pensión de sobrevivientes que
dejó su padre. La entidad se opuso a su pretensión argumentando que no había
probado la dependencia económica, pues al seguir dando clases de inglés, tenía
un ingreso estable y suficiente. Después de estudiar el caso, la Sala encontró
que este oficio era esporádico y que las ganancias que percibía el accionante
eran insuficientes para garantizarle un nivel de vida adecuado. Razón por la
cual, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes. Al poco tiempo, en la Sentencia T-674 de 2010 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con S.V. Humberto Antonio Sierra Porto), la Sala
Séptima de Revisión conoció de un caso similar. A una persona en situación de
invalidez por discapacidad mental le negaron la pensión de sobrevivientes por
no depender totalmente de su madre fallecida, dado que realizaba trabajos
ocasionales en sus momentos de lucidez. No obstante, la Sala encontró que
dichos oficios no eran suficientes para asegurar su mínimo vital y, por ende,
concedió el amparo, ordenado el pago inmediato de las mesadas pensionales y
supeditando la cancelación del retroactivo a la culminación de un proceso de
interdicción judicial. En materia de tutela, también se pueden consultar las
Sentencias T-140 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-491 de 2013 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, con A.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[73] En al menos tres (3) casos, las Salas de
Revisión han defendido explícita o implícitamente esta regla. Por ejemplo, en
la Sentencia T-321 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Sala Novena
conoció el caso de una mujer que padecía un retraso mental moderado y a la que
le suspendieron el pago de su pensión de sobrevivientes cuando cumplió la
mayoría de edad, toda vez que la entidad correspondiente desconocía su estado
de invalidez. Dado que la accionante no contaba con un dictamen médico de
pérdida de capacidad laboral, ni con una sentencia y dictamen de interdicción
judicial, la Corte ordenó que se reanudara el pago de la pensión mientras
acreditaba su condición de invalidez y acudía ante el juez de familia, por
considerar que dicho ingreso, en conjunto con su afiliación al sistema de salud,
era urgente y necesario para cuidar de su enfermedad. En la Sentencia T-314 de
2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Sala Tercera de Revisión conoció el caso
de un joven que padecía de insuficiencia renal desde temprana edad y que tenía
una pérdida de capacidad laboral del cincuenta y uno punto cinco por ciento
(51.05%), dictaminada por su EPS. El accionante interpuso la tutela después de
que la entidad pensional, ignorando su cuadro clínico, suspendió los pagos de
la pensión de sobrevivientes cuando cumplió veinte (20) años. La Corte constató
que, a raíz de dicha actuación, se vulneraron “[…] los derechos a la vida digna, al
mínimo vital y a la salud comoquiera que el accionante es una persona
discapacitada cuya única fuente de ingresos era la pensión. En efecto, el no
pago de la pensión ocasionó la desvinculación del sistema de salud del señor
Rivera García quien padece insuficiencia renal y necesita el tratamiento de
diálisis”.  Seguidamente, y después de señalar que el dictamen proferido por la
EPS era la prueba idónea de la invalidez del actor, la Sala ordenó la
reactivación de los pagos durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
Finalmente, en la ya citada Sentencia T-730 de 2012 (M.P. Alexei Julio
Estrada), la Sala Octava de Revisión resolvió un acumulado, dentro del cual se
encontraba el caso de un joven interdicto al que le suspendieron el pago de su
pensión de sobrevivientes después de cumplir la mayoría de edad por no
acreditar su condición de invalidez. Por considerar que la sentencia de interdicción
judicial por demencia absoluta era prueba suficiente de la pérdida de capacidad
laboral del actor, la Sala ordenó su inclusión en nómina durante las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes y la consecuente reactivación de los pagos de las
mesadas suspendidas.
[74] Véase la decisión adoptada por la Sala
Novena de Revisión en la Sentencia T-321 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), la cual fue reseñada en una nota al pie anterior.
[75] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[76]
En su redacción original, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por medio de la
cual se reformaron algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptaron disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales, decía lo siguiente: “Artículo
12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión
de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: […] 2. Los miembros del grupo familiar
del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente
anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: a)
Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento; b) Muerte causada por
accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años
de edad y la fecha del fallecimiento”.
[77] Sobre este tema, pueden consultarse las
Sentencias T-950 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo),
T-115 de 2011 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto) y T-003 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[78] Ver las Sentencias T-043 de 2008 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-816 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-950 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-471 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-317 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[79] A saber, (i) parentesco con un pensionado
o cotizante que haya aportado cincuenta (50) semanas durante los tres (3) años
anteriores a su muerte; (ii) pérdida de capacidad laboral superior al cincuenta
por ciento (50%), estructurada antes del fallecimiento del familiar, y (iii)
dependencia económica respecto a este último.
[80] Este último deberá ser designado por el
juez que adelanta el proceso de interdicción y, en casos muy excepcionales y
urgentes, por la entidad pensional o el juez de tutela.
[81] A este respecto, puede verse la
Sentencia T-735 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), donde la Sala
Primera de Revisión resolvió el caso de una señora de ochenta y un (81) años de
edad que tenía una pérdida de capacidad laboral del setenta y cuatro punto cero
ocho por ciento (74.08%), dictaminada por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez. Pese a que dicha persona cumplía con los requisitos para obtener la
pensión de sobrevivientes de su hermana, de quien dependía y quien falleció
después de que fuera estructurada su invalidez, la entidad accionada (UGPP)
adujo que la solicitante no había aportado todos los documentos requeridos, a
saber, copia auténtica y no autenticada del dictamen médico. La Corte señaló
que dicha exigencia no tenía fundamento legal y que resultaba desproporcionada
y lesiva, dada la calidad de sujeto de especial protección de la tutelante.
Razón por la cual, concedió el amparo y ordenó el pago de las mesadas y del
retroactivo pensional durante los quince (15) días siguientes.
[82] De
acuerdo con el artículo 244 del Código General del Proceso, “[l]os documentos
públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, […] se presumen auténticos mientras
no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso”. Asimismo, el
artículo 246 del citado instrumento, señala que “[l]as copias tendrán el mismo
valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria
la presentación del original o de una determinada copia”. Estas normas
introdujeron un cambio sustancial sobre el valor probatorio que anteriormente
se le daba a las copias simples, pues según el artículo 254 del Código de
Procedimiento Civil,  “[l]as copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en
los siguientes casos: || 1. Cuando
hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de
policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre
el original o una copia autenticada. || 2. Cuando
sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia
autenticada que se le presente. || 3. Cuando sean compulsadas del original o
de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley
disponga otra cosa”.
[83] Ver
las notas al pie anteriores, en donde se sintetizó la jurisprudencia que sobre
este punto tiene el Consejo de Estado y las diferentes Salas de Revisión de la
Corte Constitucional.
[84] Ver las Sentencias T-314 de 2008 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño), T-730 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada) y T-003 de
2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[85] Véase la Ley 717 de 2001, por medio de
la cual se establecieron términos para el
reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y se dictaron otras
disposiciones.
[86] María Luisa tiene setenta y cuatro (74) años. Ver el folio 18.
[87] A la accionante le dictaminaron una pérdida
de capacidad laboral del sesenta punto cincuenta por ciento (60.50%), con fecha
de estructuración de mil novecientos noventa y tres (1993). Ver el folio 70.
[88] María Luisa fue declarada interdicta
absoluta por discapacidad mental mediante sentencia judicial, proferida el
quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010). Ver los folios 27 a 39.
[89] Su
madre murió el ocho (8) de
febrero de dos mil diez (2010). Ver el folio 17.
[90] Ver los folios 42, 49 al 56, 72 al 74,
80 y 81.
[91] Ver
los folios 44 al 48.
[92] Ver los folios 76, 77 y 78.
[93] Ver los folios 86 a 90.
[94] Ver los folios 91 a 95.
[95] Ver los folios 96, 97 y 98.
[96] Ver los folio 100.
[97] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[98] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[99] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[100] M.P. Alexei Julio Estrada.
[101] M.P. María Victoria Calle Correa.
[102] Por medio de la cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales y se dictaron
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
[103] El artículo 18
de la Ley 1562 de 2012, ordenó la adición de un inciso al artículo 142 del
Decreto 19 de 2012, que a su vez modificó el artículo 41 de la ley 100 de 1993.
El inciso agregado dice lo siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido
en este artículo, respecto de la calificación en primera oportunidad,
corresponde a las Juntas Regionales calificar en primera instancia la pérdida
de capacidad laboral, el estado de invalidez y
determinar su origen. || A la Junta de
Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en segunda
instancia sean sometidas para su decisión por las Juntas Regionales […]”.
[104] Según lo ha
señalado reiteradamente esta Corporación en casos anteriores y similares, las
actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares deben ceñirse al
principio de la buena fe, el cual abarca la honestidad y la credibilidad de la
palabra comprometida. En virtud de este principio, los ciudadanos creen y
confían que una declaración de voluntad por parte de una entidad o un tercero
surtirá los efectos usuales que ha tenido en casos análogos. Esto, por ejemplo,
previene a la administración de contravenir sus actuaciones precedentes y la
ayuda a ser coherente y respetar los compromisos que ha adquirido. Una
actuación en contrario no sólo destruye las razones objetivas que tenía el
ciudadano para confiar en la obtención de un resultado, sino que lesiona su
derecho fundamental al debido proceso, pues se atenta contra las reglas de
juego que fueron previamente establecidas, así como contra las expectativas que
la entidad originó en ella a través de sus propios actos.  A este respecto, se
puede consultar la Sentencia T-248 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), donde la
Sala Cuarta de Revisión resolvió el caso de una persona que solicitaba el
reconocimiento y pago de su pensión de vejez. El accionante alegaba que su
confianza legítima había sido defraudada por el ISS cuando este realizó el
cómputo de semanas de manera heterogénea, en dos (2) momentos diferentes y en
su mismo caso. En una primera oportunidad, la entidad entendió que cada año
comprendía trescientos sesenta y cinco (365) días. Posteriormente, cuando el
actor aportó las semanas que le hacían falta para obtener la pensión, la
entidad señaló que el año tenía trescientos sesenta (360) días, razón por la
cual, y pese a los nuevos aportes, el tutelante seguía sin poder cumplir con el
requisito exigido para acceder a la prestación social.
[105] Las diferentes Salas de Revisión de esta
Corporación han emitido órdenes similares en casos donde la vulneración de los
derechos de los ciudadanos no respondió a una tensión legítima o razonable entre
los intereses de ambas partes en la interpretación o aplicación del Derecho,
sino, por el contrario, a la indiferencia, negligencia o claro propósito de la
persona demandada por desconocer injustificadamente los derechos de quien
interpuso la tutela. A este respecto, se puede consultar la Sentencia T-088 de
2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería y S.V. Manuel José Cepeda Espinosa), donde la
Sala Primera conoció el caso de una mujer de bajos recursos y en estado de
embarazo que, al cumplir la mayoría de edad, fue desafiliada del sistema de
salud, quedando desprotegida pese a que sólo le faltaba un mes para dar a luz.
La Sala le ordenó a su EPS instalar
afiches en sitios visibles dentro de todas sus instalaciones, especificando (i)
que las mujeres y los niños menores de un (1) año son sujetos de especial
protección constitucional, y (ii) que la continuación en la prestación del
servicio hace parte de su derecho fundamental a la salud, por lo que no se
puede interrumpir. Por otro lado, en la Sentencia T-576 de 2008 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), la Sala Octava de Revisión resolvió el caso de la madre de un
niño de siete (7) meses de edad, quien solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la salud y a la vida, toda vez que, pese a sus insistentes y
repetidos reclamos, la EPS no le prestaba al menor la atención oportuna y
adecuada, ni ponía a su disposición el personal idóneo y capacitado para tratar
los padecimientos que sufría. Después de constatar que el niño falleció como
consecuencia directa de la deficiente atención médica que recibió, la Sala le
ordenó a la EPS (i) colgar una placa de cincuenta (50) por setenta (70)
centímetros en un lugar destacado y visible a la entrada de todas sus clínicas
en las que resaltara de manera clara y expresa la obligación de proteger en
todo momento los derechos constitucionales fundamentales de las niñas y de los
niños y, especialmente, sus derechos constitucionales fundamentales a la salud
y a la vida en condiciones de calidad y de dignidad, y (ii) crear un sistema para
financiar una beca anual por el lapso de diez (10) años destinada a beneficiar
a alguno de los mejores profesionales egresados de las Facultades de Medicina
del país interesado en efectuar estudios de investigación en temas relacionados
con urgencias infantiles en centros universitarios acreditados
institucionalmente con el fin de que, una vez finalizados los estudios, estos
profesionales presten sus servicios en las clínicas de dicha EPS. En la
Sentencia T-366 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos y A.V. Luis Ernesto Vargas
Silva), la Sala Octava de Revisión conoció el caso de una mujer de piel negra a
la que le fue restringida la entrada a las instalaciones de una entidad pública
por motivos estrictamente raciales. Después de comprobar que el acto discriminatorio
carecía de un sustento válido, la Sala le ordenó a la entidad presentarle a la
accionante una carta de disculpas por su indebida actuación.  También se puede ver la Sentencia T-667
de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), donde la Sala Quinta de Revisión
conoció el caso de una mujer con VIH y una hija menor a su cargo que se vio
obligada a instaurar varias acciones de tutela para que le pagaran la pensión
de sobrevivientes a la que tenía derecho desde hacía siete (7) años y la cual
le había sido reconocida formalmente tres (3) años antes. Alarmada por la
negligencia e indiferencia de la entidad, la Sala le ordenó al representante
legal del fondo de pensiones a disculparse personalmente con la actora.
Finalmente, y sin perjuicio de todas las demás providencias que aquí no se
citan, se puede ver la Sentencia T-141 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa y S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), donde la Sala Primera de Revisión
resolvió el caso de un estudiante de medicina que era acosado y discriminado
por los docentes, directivos y compañeros del centro educativo como
consecuencia de su orientación sexual. A efectos de corregir la vulneración, y
teniendo en cuenta el lugar donde ésta había ocurrido, la Sala ordenó la
creación de un espacio de diálogo para que (i) la universidad le pidiera
disculpas al estudiante por los agravios de los que fue víctima, y (ii) para
que el estudiante le presentara disculpas a los docentes y directivos que había
irrespetado.
[106] Las
señoras Luz Marina Parada Ballén,
subdirectora de determinación de derechos pensionales, y Luz Adriana Sánchez
Mateus, directora de pensiones, o quienes hagan sus veces.
[107] Numerales
5.2.7., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10, 5.2.11., 5.2.12., 5.2.13. y 5.2.14.