T-612-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-612/02
DERECHO A LA
PENSION DE JUBILACION-Aplicación
inmediata
DERECHO ADQUIRIDO
A LA PENSION-Porcentaje a
pagar no puede modificarse en detrimento del pensionado/VIA DE HECHO-Modificación
en porcentaje a pagar mesada en detrimento del pensionado
- Reiteración de Jurisprudencia-
Referencia:
expedientes T-603519, T-603522, T-603538, T-603539, T-603540, T-603542,
T-603546, T-603553, T-612582, T-612587, T-612595,  y   T-612670.
Acciones de tutela
instauradas por Celina del Carmen Ochoa Molano y otros, contra la Fundación San
Juan de Dios.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRAN
SIERRA
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos
mil dos (2002).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en los procesos de revisión de los fallos
adoptados por el Consejo de Estado, Sección Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y
Quinta, en las acciones de tutela presentadas por Celina del Carmen Ochoa
Molano y otros, en contra de la Fundación San Juan de Dios.
Los expedientes llegaron a la Corte
Constitucional, por remisión que hizo el Consejo, en virtud de lo ordenado por
el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección de Tutelas Número Seis
de la Corte, en auto de fecha 24 de junio de 2002, ordenó la revisión de los
expedientes números T-603519, T-603522, T-603538, T-603539, T-603540, T-603542,
T-603546, T-603553, así como su acumulación,  para ser decididos en una sola
sentencia, si así lo considera pertinente, la Sala de Revisión.
Igualmente, por auto de quince (15) de
julio del año en curso, la Sala de Selección de Tutelas No. 7 ordenó la
revisión y acumulación entre si de los expedientes números T-612582, T-612587,
T-612595,  y T-612670.
Encuentra esta Sala de Revisión que por
existir identidad en los hechos que motivaron las doce (12) acciones de tutela,
como en el ente que se acusa, es procedente tanto la acumulación decretada por
la Sala de Selección de Tutelas No. 6, como la acumulación de los últimos
cuatro expedientes, escogidos por la Sala de Selección de Tutelas No 7, razón
por la que se proferirá un solo fallo para resolver la totalidad de  las acciones.
I. ANTECEDENTES.
La Corte, en sentencias T-471 de 18 de
junio de 2002, y T-496 de 27 de junio del año en curso, proferidas por esta
misma Sala de Revisión, examinó estos mismos hechos, en 91 expedientes que
fueron acumulados. Los hechos, en aquellas providencias, fueron presentados por
los actores en un formato igual al de los expedientes que se analizan ahora.
Por tanto, se transcriben a continuación:
a) Hechos.
Los actores señalaron que en cumplimiento
del artículo 14 de la ley 100 de 1993, la entidad venía reajustando el primero
de enero de cada año, el valor de su pensión en los términos de ley y pagando
la totalidad del monto pensional, previo descuento del 5% para salud, conforme
a los términos estipulados en la convención colectiva de trabajo.
Sin embargo, en el mes de diciembre de
2001, de manera arbitraria e ilegal y sin justificación alguna, la entidad
demandada dejo de pagar el 100% de la pensión legalmente reconocida, disminuyó
el monto de las mesadas en distintos porcentajes, e incrementó el porcentaje
señalado como aporte para salud, desconociendo lo estipulado en la convención
colectiva. Consideran que esta situación es discriminatoria, pues a quienes se
pensionaron con anterioridad al año de 1994, se les viene cancelando su mesada,
sin mas descuento que el 5% establecido para la salud.
b) Las demandas de tutela.
En términos generales, los actores
solicitan la protección rápida y eficaz de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la seguridad social y a la igualdad, por medio de una orden que
permita el pago completo de sus mesadas pensionales.
c) Respuesta del Interventor y
Representante Legal de la Fundación San Juan de Dios al juez de tutela.
La respuesta dada por el interventor y
representante legal de la Fundación San Juan de Dios, al contestar cada una de
las acciones de tutela presentadas en su contra se presenta en un formato
igual. Las principales razones para solicitar la improcedencia de la acción
son:
“Debido a la difícil
situación de la Fundación, la Superintendencia Nacional de Salud mediante
resolución 1933 de 21 de septiembre de 2001, decretó la intervención
administrativa total. En dicha resolución de dejó puntualizado que al año de
1999, la Fundación tenía 2607 trabajadores activos, los cuales implicaban
gastos mensuales por cerca de $2500 millones de pesos, de igual manera se
contaba con 1476 pensionados.
“Sin embargo, en la
actualidad de acuerdo con la información remitida por el departamento Financiero
del Hospital, a junio de 2001 éste contaba con 1393 empleados con los cuales se
tiene una deuda por cerca de $48.000 millones
“Tanto los empleados
como los pensionados se encuentran amparados por la convención colectiva. Los
trabajadores de las Instituciones hospitalarias que se vincularon a la
Institución antes del 31 de diciembre de 1993, son beneficiarios del Fondo
Pasivo Prestacional, pero aquellos que se vincularon en fecha posterior no
hacen parte del beneficio del pasivo prestacional, aunque si están cotizando
desde 1995 para salud y pensiones.
“En cumplimiento del
artículo 33 de la ley 60 de 1993 y el decreto 530 de 1994 se suscribió un
contrato de concurrencia entre el Ministerio de Salud, el Distrito Capital y la
Fundación, con el objeto de garantizar el pago de la deuda prestacional,
causada o acumulada a 31 de diciembre de 1993, por concepto de cesantías y
reserva para pensiones de jubilación, cuya obligación se atribuya a la Nación.
De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la
Secretaría de Salud del Distrito Capital, los aportes de éstas entidades para
el pago de la deuda prestacional fueron realizados en su totalidad entre los
años de  1995 y 2000.
“Con relación a los
casos concretos, afirma que la disminución en el monto de la mesada es
eminentemente transitoria y operara solamente durante el lapso dentro del cual
la Fundación carezca de recursos para pagar los aportes al convenio de
concurrencia, de manera tal que en un futuro próximo superadas las dificultades
financieras a los accionantes se les deberá cumplir la diferencia no pagada.
“Finalmente, señaló
que los demandantes reciben una suma superior al valor del salario mínimo legal
mensual vigente, es decir reciben mas del mínimo vital, razón por la que
consideró que existen otros mecanismos de defensa judicial para obtener el pago
de lo adeudado, solicitando se declaren improcedentes las tutelas incoadas”.
d) Resumen de las sentencias de primera y
de segunda instancia, de los expedientes que se revisan.
Para una mayor compresión de la decisión
que adoptará esta Sala y teniendo en cuenta que las acciones de tutela
presentadas en contra de la Fundación San Juan de Dios, están en un formato en
donde solo varían algunos datos esenciales, éstos serán individualizados, tal
como se hizo en las sentencias T- 471 y T- 496 de 2002.
Expediente
Demandante
Descuento
Juez De 1ª Instancia
Decisión
Juez De 2ª  Instancia
Decisión
T-603519
Celina del Carmen Ochoa Molano
-3% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 2, Subsección D
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Primera
REVOCA
T-603522
Blanca Aurora del C. Chitiva
-8% Mesada
+12 Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 4, Subsección B
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Quinta
REVOCA
T-603538
Isabel Giron de Riaño
-3% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 4
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A
REVOCA
T-603539
María Lucia López de Aldana
-22% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 4, Subsección A.
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Primera.
REVOCA
T-603540
María Felisa Piraquive Casallas
-10% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 2, Subsección A
DENEGO
Consejo de Estado, Sección Quinta
CONFIRMA
T-603542
Luis Alberto Avendaño
-22% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 2, Subsección D
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Quinta
REVOCA
T-603546
Isabel Cecilia Sirtori de Rodríguez
-16% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 4, Subsección B
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Cuarta
REVOCA PARCIAL
T-603553
Nelly Alvarez Olarte
-32% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 2, Subsección D
CONCEDE
Consejo de Estado, Sección Tercera
REVOCA
T-612582
Alfredo Gómez Santiago
-15% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo Cundinamarca.
Sección 3, Subsección B
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección Quinta
CONFIRMA
T-612587
Stefania Luengas Navarro
-32% Mesada
+7% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 2 Subsección A
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección Tercera
CONFIRMA
T-612595
Graciela Ramírez
-3% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 1 Subsección B
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección 2, Subsección B
CONFIRMA
T-612670
Blanca Flor Cortes Bolaños
-26% Mesada
+12% Salud
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sección 3 Subsección B
DENIEGA
Consejo de Estado, Sección 1
CONFIRMA
- Como puede verse conoció en primera instancia el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sus diferentes secciones y
subsecciones, algunos despachos judiciales expedientes números T-603519,
T-603522, T-603538, T-603539, T-603542, T-603546, T-603553 concedieron
la protección reclamada, al considerar que los demandantes se encontraban en
una situación de subordinación económica e indefensión frente a la Fundación
San Juan de Dios, y si bien tendrían la posibilidad de ejercitar una acción
judicial, dicho medio de defensa, no es suficientemente eficaz, toda vez que
está de por medio la afectación del mínimo vital y del núcleo familiar de
quienes acuden a la acción de tutela
Para el Tribunal, no cabe duda que al
reducir de manera injustificada el monto de los ingresos de los actores, la
Fundación San Juan de Dios está vulnerando su derecho al mínimo vital,
situación que amerita la protección solicitada. En consecuencia, ordenó al
representante legal e interventor de la Fundación San Juan de Dios que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, si no lo hubiere hecho, proceda a
cancelar las sumas adeudadas, de tal suerte que se cancele la totalidad de las
mesadas pensionales correspondientes.
- Al ser objeto de impugnación ante las
diferentes secciones del Consejo de Estado, las decisiones de primera instancia
fueron revocadas en su integridad. Es decir, el Consejo negó la
protección de los derechos reclamados por los pensionados.
Empero en el expediente T-603546
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subseccion B, al
conocer en primera instancia, tuteló el derecho a una remuneración mínima, pero
negó la acción de tutela con respecto a los derechos a la seguridad social, al
trabajo y a la vida en condiciones de dignidad y justicia, esta decisión fue parcialmente
revocada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado quien confirmó la
decisión de conceder el amparo solicitado, extendiendo la protección del
derechos a la seguridad social, al trabajo y a la vida en condiciones dignas y
justas de la demandante.
- Por otra parte, en los expedientes T-603540,
T-612582, T-612587, T-612595, T-612670, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca denegó la protección de los derechos de los actores, al considerar
de manera general que no basta con argumentar que se es pensionado de la
entidad demandada, sino que hay que demostrar que se está en la tercera edad,
ya que ésta es la razón fundamental para que no sean tenidos en cuenta dentro
de la oferta laboral. Estas decisiones fueron confirmadas por el Consejo
de Estado.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del decreto
2591 de 1991.
2. Lo que se debate. Reiteración de
jurisprudencia.
Una vez mas, los doce expedientes bajo
revisión corresponden a acciones de tutela presentadas por pensionados de la
Fundación San Juan de Dios, a quienes se les descontó, indistintamente un
porcentaje en el pago de su mesada pensional, y les fue incrementado el
porcentaje como aporte para salud, sin tener en cuenta que de conformidad con
lo estipulado en la convención colectiva del trabajo, éste sólo puede ser del
5% .
Como se mencionó en los antecedentes, esta
misma acción de tutela, con actores distintos, fue examinada por esta
Corporación y por esta misma Sala de Revisión, en las sentencias T-471 y T-496
de 2002. En dichas providencias se dijo:
“4.1 La Fundación San Juan de
Dios, viene presentado desde hace cinco años un alarmante deterioro financiero.
Desde el mes de septiembre de 2001, la situación de la entidad se tornó tan
traumática que la Superintendencia Nacional de Salud, decretó la intervención
administrativa total de la misma.
La ley 60 de 1993,
creó el Fondo Pasivo Prestacional para el Sector Salud como mecanismo de
financiación que cubriría las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral
por pensiones de jubilación causado hasta el 31 de diciembre de 1993. Para el
caso de la Fundación se suscribió un convenio mediante el cual el Ministerio de
Salud, la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación San Juan de Dios, a
través de sus hospitales concurrirían con aportes para atender el monto de las
mesadas pensionales causadas hasta el 31 de diciembre de 1993. Así, el Fondo
Pasivo Prestacional para el Sector Salud se alimenta de recursos del Estado y
de las entidades prestatarias de los servicios de salud.
La Nación y el
Distrito Capital han dado estricto cumplimiento a los giros del Pasivo
Prestacional, no así la Fundación San Juan de Dios, la cual registra en la
actualidad la cantidad de $18.853.384.269 como monto de la concurrencia debido
a la deficitaria situación económica.
4.2. Para el
interventor, la solución a esta situación, al evidenciar que la Fundación San
Juan de Dios no estaba cumpliendo con los  giros de dinero de que tratan los
contratos de concurrencia y sabiendo que los dineros que conforman el Fondo del
Pasivo Prestacional para los empleados y pensionados de la Fundación en sus
reservas contempla dineros oficiales, fue  impartir “diversas directrices para
la ordenación del gasto”, entre ellas disminuir el 100% de la mesada pensional
al considerar que ante la inexistencia de dineros por parte de la Fundación no
le es dable cubrir la totalidad del porcentaje.
4.3. En sentencia
T-307 de 2001[1], esta misma Sala
de Revisión, estudió diversas acciones de tutela presentadas por los
pensionados de la Fundación San Juan de Dios, a quienes se les adeudaba por
varios meses el pago completo de sus mesadas pensionales. En esa oportunidad,
la Sala previno al representante legal de la Fundación San Juan de Dios de
Bogotá, para que junto con el Ministerio de Salud y el Fondo Pasivo
Prestacional del Sector Salud,  asuma de manera permanente los
correctivos a fin de evitar la falta de disponibilidad de recursos que impida
el cabal cumplimiento de sus obligaciones pensionales, a efectos de que no
vuelva a incurrir en las omisiones ilegítimas que permanentemente comprometen
el mínimo vital de los pensionados.
4.4. Ahora, en los
casos objeto de revisión, bajo el argumento de dar “poco a todos y no todo a
unos pocos” la solución del interventor de la Fundación San Juan de Dios,
fue disminuir de manera arbitraria e ilegal el porcentaje de las mesadas
pensionales y aumentar el porcentaje de las cotizaciones en salud.
La disminución en el
monto pensional (ver cuadro) va en porcentajes que oscilan entre el 88% al 4% y
el incremento para la salud entre el 12% al 7%, hecho que desconoce lo
estipulado en la convención colectiva del trabajo y las respectivas
resoluciones mediante las cuales se reconoció el derecho pensional a cada
demandante, pues la disminución para el aporte en salud esta estipulada
únicamente en el 5%.
Esto significa que
los pensionados de esta Institución, continuarán privados de recibir el pago
completo de sus mesadas pensionales, lo que constituye un claro desconocimiento
de los derechos mínimos de éstos, pues quedan expuestos a que en un término no
definido, continúen recibiendo solo el pago parcial de sus mesadas, hasta que
se considere superada la crisis, o lo que peor, puede suceder que la crisis se
agrave y el porcentaje descontando sea cada vez mayor.
4.5. Queda claro
para esta Corporación, que la Fundación San Juan de Dios prestadora de servicio
público de salud en el hospital del mismo nombre, en forma que riñe con la
propia filosofía del Estado Social de Derecho se encuentra cerrada, de manera
que los sectores de la población, generalmente de pocos recursos económicos que
a él acudían se han visto seriamente afectados, lo mismo que sus trabajadores
activos y pensionados, en cuanto hace al pago de salarios y prestaciones
sociales, lo que significa que el asunto sometido a conocimiento de la Corte en
esta acción de tutela no es aislado de la situación descrita, la cual, a juicio
de la Corte exige un reexamen por parte de las autoridades públicas que en la
órbita de sus funciones permita la prestación del servicio de salud por una
Institución Hospitalaria que atienda las necesidades sociales que antes atendía
la Fundación San Juan de Dios, su adecuado funcionamiento administrativo y financiero,
para cumplir con uno de los objetivos del Estado Social de Derecho, cual es el
del servicio de salud y la seguridad social.
Las razones para
efectuar estos descuentos, como ya se dijo, la sustenta el liquidador en la
“situación de crisis” por la que atraviesa la Institución, pero mas allá de la
crisis que pueda existir, se pregunta esta Sala, ¿debe soportar este déficit el
pensionado?.
La respuesta a este
interrogante encuentra su fundamento en la propia Constitución, artículo 53 que
reconoce el derecho de los pensionados a recibir el pago puntual y el reajuste
periódico del monto de su pensión.
Además, ha sido
doctrina constitucional proteger sus derechos, por encima de la crisis
económica o presupuestal en que puedan estar incurso las entidades encargadas
de su pago, como es en este caso la Fundación San Juan de Dios (ver punto 3.5
de esta providencia), pues se reitera “las circunstancias mismas de carácter
económico por las que atraviesa el país y que se esgrimen para justificar el
incumplimiento en el pago de las mesadas pensionales,  deben ser tenidas  en
cuenta y evaluadas por el juez constitucional para reivindicar la importancia
que para el individuo pensionado tiene, en esa misma perspectiva,  el recibir
en tiempo ésta. Afirmar, por ejemplo, que si el pensionado al que no se le paga
su mesada desde hace varios meses no pertenece a la tercera edad, puede acudir
al ejecutivo laboral para obtener el pago de lo adeudado,  negándosele el
amparo de sus derechos porque su edad hace presumir que no se encuentra ante un
perjuicio irremediable,  o que aún puede soportar el coste de un proceso porque
puede obtener recursos a través de otras fuentes, incluso por medio de otro
empleo, es desconocer que hoy, en el país, existen mínimas posibilidades para
que una persona, cualquiera que sea su edad, pueda encontrar una ocupación o
fuentes diversas que le prodiguen un digno sostenimiento. Basta mirar los
últimos índices de desempleo, en los que se pone de presente que independiente
de la edad laboral, la demanda ha disminuido y la tasa de desempleo ha
aumentado, hecho que en si mismo hace fácil presumir que si para aquellas
personas que comienzan la vida laboral se hace dificultoso ubicar un plaza
laboral, cómo lo será para aquellas que si bien no están en lo que se ha
denominado “tercera edad”, resultan excluidas tácitamente del mercado laboral,
simplemente porque no se les tiene en cuenta, en razón a la edad misma”.
(Sentencia T-606 de 1999)
4.6. Por tanto, no
es válida constitucionalmente ninguna argumentación que permita como solución a
una época de crisis descontar en un porcentaje el monto de la pensión
previamente reconocida, tampoco puede afirmarse que por recibir el pago parcial
de la mesada pensional que en muchas ocasiones es mas que el mínimo legal, no
se está afectando el mínimo vital del pensionado, ha de tenerse en cuenta que
los demandantes laboraron y cumplieron los requisitos para acceder a la
pensión, el monto y el pago de este derecho fue reconocido previamente de
conformidad con la ley, y no se puede por una situación apremiante desconocerse
o descontarse en el porcentaje que de manera arbitraria considere el
Interventor de la Fundación, pues no existe ningún supuesto que justifique
cuanto se debe pagar o hasta donde debe pagarse.
En consecuencia, el
derecho a recibir la pensión es un derecho que se adquiere por cumplir una
serie de condiciones y requisitos y el porcentaje al que se ha accedido de
conformidad con estos requisitos, no puede ser cambiado en detrimento del
pensionado.
4.7. Asimismo, nota
esta Sala que los jueces de instancia, no se detienen a analizar cada situación
en particular, incluso, existen fallos contradictorios desconociendo el derecho
a la igualdad de quienes se encuentran en una misma situación y sin embargo,
reciben de un mismo juez constitucional una decisión diferente, en razón a la
división de secciones o salas, por ejemplo la sección cuarta del Consejo de
Estado, es la única que concede la protección de los derechos reclamados, pese
a que los supuestos de hecho que originaron las acciones de tutela presentadas
ante la sección primera y la sección tercera son iguales.
(...)
En general, puede
decirse que existe una vía de hecho, al descontar el monto pensional, por
cuanto se está incumpliendo el acto administrativo que ordenó su reconocimiento
a cada demandante al ser modificado, al arbitrio del interventor su contenido
para cada pensionado, sin considerar que todos y cada uno de los pensionados se
encuentra en una situación de inferioridad, frente a esta conducta, pues no es
de recibo que se descuente el monto de una pensión legalmente reconocida.
Estos hechos, hacen
necesario exhortar al Gobierno Nacional, para que en el ámbito de sus
competencias y de conformidad con la ley, adopte las decisiones necesarias para
procurar la prestación de un servicio de salud por una Institución
Hospitalaria, que atienda las necesidades sociales que antes atendía el
Hospital San Juan de Dios, poniendo en marcha las correspondientes acciones y
políticas, para la prestación del servicio de salud, sin desconocer los
derechos de los trabajadores activos y pensionados de la Institución. ( Se
subraya). (M.P., dr. Alfredo Beltrán Sierra).
Dentro de este contexto en los casos objeto
de revisión, nota la Sala que contrario a lo expuesto a lo largo de la
jurisprudencia constitucional (v gr. sentencias T-125 de 1993, C-036 de 1996,
C-447 de 1997, T-321 de 1998, y T-606 de 1999  entre otros), siguen existiendo
fallos contradictorios al interior de una Corporación, en razón a la división
que existe en Salas o Secciones, pues en esta ocasión, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, es la única que aunque revoca parcialmente la decisión del
juez de instancia, otorga la protección de los derechos reclamados, por la
señora Isabel Sirtori de Rodríguez, no así las demás secciones pues se limitan
a confirmar o declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Por consiguiente, la Sala considera que la
orden que se proferirá para estos casos, debe ser igual a la dada en las
sentencias T-471 y T-496 de 2002, por ser igual la situación, razón por la que
se revocarán las decisiones objeto de revisión, y se concederá la protección de
los derechos invocados, salvo en el expediente T-603546 en donde se confirmará la
decisión del Consejo de Estado, Sección Cuarta.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero: REVÓCANSE las sentencias proferidas por la Sección
Primera, Segunda, Tercera y Quinta del Consejo de Estado, a que se refieren los
expedientes, radicados en esta Corporación bajo los números T-603519, T-603522,
T-603538, T-603539, T-603540, T-603542, T-603553, T-612582, T-612587, T-612595,
y T-612670, que denegaron la protección de los derechos fundamentales
invocados, en las acciones de tutela interpuestas en contra de la Fundación San
Juan de Dios y/o la Superintendencia de Salud.
Segundo: En su lugar, CONCÉDASE la protección de los
derechos de los demandantes y ORDENASE a la Fundación San Juan de Dios,
y a la Superintendencia de Salud, a través de sus representantes, o a quien
haga sus veces que en el término máximo de dos (2) meses, siguientes a la
notificación de este fallo, inicien los trámites y gestiones necesarios para
obtener los recursos que permitan garantizar el pago del 100% de la mesada
pensional, a las que puedan tener derecho los actores en el futuro, menos el
descuento para la salud previamente estipulado.
Tercero: CONFIRMASE la sentencia proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, el tres (3) de mayo de dos mil dos (2002), dentro
de la acción de tutela instaurada por la señora Isabel Cecilia Sirtori de
Rodríguez en contra de la Fundación San Juan de Dios (expediente T-603546).
Cuarto: EXHÓRTESE al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Salud  para que en el ámbito de sus competencias y de conformidad
con la ley, adopte las decisiones necesarias para procurar la prestación de un
servicio de salud por una Institución Hospitalaria, que atienda las necesidades
sociales que antes atendía el  Hospital San Juan de Dios, poniendo en marcha
las correspondientes acciones y políticas, para la prestación del servicio de
salud, sin desconocer los derechos de los trabajadores activos y pensionados de
la Institución.
Quinto: ENVÍESE copia de este fallo a las autoridades mencionadas en
el numeral anterior.
Sexto: Por Secretaría General líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de al Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] M.P. doctor Alfredo
Beltrán Sierra. (Sala Segunda de Revisión)