T-497-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-497/12
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y FARMACODEPENDENCIA O
DROGADICCION EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
ACTO LEGISLATIVO 002/09
ACTUACIONES TEMERARIAS EN EJERCICIO DE LA ACCION DE
TUTELA
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Procedencia del amparo por vía de tutela/DERECHO A LA
SALUD-Protección constitucional especial a personas que padecen problemas
de farmacodependencia y/o drogadicción
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD Y FARMACODEPENDENCIA O
DROGADICCION-Con ocasión de
expedición de Acuerdo 029/11 el tratamiento para drogadicción no se
encuentra excluido en su totalidad del POS
Con
ocasión de la expedición del Acuerdo 029 de 2011, la totalidad del tratamiento
de rehabilitación para las personas afligidas por la drogadicción, no se
encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud, en tanto la atención en salud
mental, incluidas las urgencias, así como la internación para el manejo de dicha
enfermedad y los casos de uso de sustancias psicoactivas en menores de 18 años
(artículos 17, 22, 24 y 76), debe ser garantizada por las entidades prestadoras
de salud en los términos y condiciones precisados en el citado acto
administrativo (supra 59). En el asunto objeto de revisión, la pretensión
tutelar está encaminada a que la EPS accionada disponga el suministro del
“tratamiento de larga estancia en centro de rehabilitación durante 90 días”, a
fin de que el paciente supere su adicción a las drogas, el cual a juicio de la
entidad accionada no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (Resolución
5261 de 1994 y Acuerdo 008 de 2009). No obstante, la reciente normativa que
define, aclara y actualiza dicho Plan (Acuerdo 029 de 2011), incorpora como
servicio de salud la “Internación para manejo de enfermedad en salud mental. Al
ser la fármaco-dependencia o drogadicción un trastorno mental o enfermedad
psiquiátrica, no cabe duda que el tratamiento ordenado al agenciado, se encuentra
incluido en el Plan Obligatorio de Salud, razón de sobra para concluir que le
corresponde al juez constitucional ordenar el respectivo suministro, lo cual
excluye la posibilidad de que la EPS demandada recobre por los valores en los
que pueda incurrir, en razón a su prestación. En tal virtud, resulta
inexcusable la omisión en la que ha incurrido NUEVA EPS, en tanto desconoció el
deber que recae sobre el Estado de adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social, para los disminuidos físicos, sensoriales
y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran
(art. 47 de la CP), con el fin de restablecer sus derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas (art. 11) y a la salud (art. 49 de la CP)
CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO DEL PACIENTE/AUTONOMIA
DEL PACIENTE/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA
Sea
del caso precisar que con independencia de que este Tribunal haya encontrado
configurada la condición de agente oficioso del accionante, para representar
los derechos de su hijo mayor de edad, la circunstancia de que se ordene el
suministro del tratamiento médico que requiere el agenciado para superar su
adicción a las drogas, no está desprovisto de la necesaria obtención del
consentimiento libre e informado del paciente. Es decir, se trata de cuestiones
claramente diferenciables. La primera, se reconduce a la capacidad para ser
parte y representar los intereses de un tercero, siempre que se encuentren
cumplidas las condiciones que ha dispuesto el Decreto 2591 de 1991 (art. 10) y
la jurisprudencia constitucional, mientras que la segunda, hace relación con el
derecho a la dignidad y a la autonomía individual, manifestado en el
consentimiento previo del paciente. La extensa jurisprudencia de este Tribunal,
ha considerado que la facultad del paciente de tomar decisiones sobre su propia
salud, ha sido considerada como un derecho fundamental que tiene concreción en
el principio constitucional de pluralismo, y en los derechos fundamentales a la
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, libertad individual,
integridad personal y salud, lo cual le ha permitido fijar subreglas en
relación con el consentimiento del menor de edad o de las personas incapaces o
cuando se trata de intervenciones o tratamientos invasivos, riesgosos o
inciertos. El sustento constitucional de la autonomía del paciente, fue
explicada in extenso por la Corte en sentencia T-452 de 2010
CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO DE PERSONAS QUE
PADECEN DROGADICCION CRONICA
En
el caso de las personas que padecen de drogadicción crónica, sería en principio
problemática la obtención del consentimiento informado, dado que pueden encontrarse
en un estado de inconciencia que sencillamente no les permite discernir sobre
la bondad de un tratamiento de rehabilitación que esté encaminado a superar la
adicción a las drogas. Sin embargo, en aquellos momentos de lucidez cognitiva,
la persuasión médica se constituye en una herramienta fundamental para que el
fármaco-dependiente comprenda las ventajas y riesgos que implica aceptar un
tratamiento médico, con el fin de que sobre la base del libre desarrollo de la
personalidad (art. 16 de la CP) y la libertad individual (preámbulo y art. 13),
decida autónomamente si continúa o no consumiendo sustancias psicoactivas. No
obstante, la Sala acogiendo el criterio consistente en que ninguna de las
garantías constitucionales debe ser entendida en términos absolutos, considera
que la prevalencia prima facie que la jurisprudencia le ha otorgado al
principio de autonomía sobre los principios que orientan la práctica médica de
beneficencia y utilidad, puede ceder excepcionalmente. La regla general en
materia de consentimiento libre e informado para las personas que padecen de
farmacodependencia, es que solamente le corresponde a ellas decidir de manera
autónoma si optan o no por el tratamiento que sea dispuesto por el médico
tratante, siendo excepcionalísima la posibilidad de acudir a la figura del
consentimiento sustituto, la cual únicamente procedería como quedó anotado,
cuando el paciente se encuentre en
grave riesgo de muerte
TRATAMIENTO MEDICO PRESCRITO PARA FARMACODEPENDIENTES-Se hace necesario que el Juez constitucional cuente
con elementos de juicio mínimos para dictaminar si hay vulneración o no de
derechos
Con
independencia de la informalidad que caracteriza el ejercicio de la acción de
tutela, una exigencia procesal que se impone al demandante está determinada por
la carga de la prueba (onus probandi incumbit actori), que si bien no exige el
mismo rigor de otros procesos judiciales, en todo caso se hace necesario a fin
de que el juez constitucional cuente con algunos elementos de juicio mínimos
para dictaminar si se ha producido o no la vulneración alegada. Al respecto,
este Tribunal ha considerado que debe existir claridad y precisión en relación
con el tratamiento médico prescrito para el fármaco-dependiente, con el fin de
garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud y a la integridad física, lo cual se echa de menos en esta ocasión en
tanto la accionante se limita a indicar que su hijo requiere terapias de “apoyo
terapéutico integral de larga instancia (sic)”, sin contar con una opinión
médica que refrende o de cuenta de la necesidad del tratamiento solicitado,
saber científico que es ajeno al juez constitucional. A igual conclusión arribó
esta Corte en sentencia T-566 de 2010, en un caso en el que se estudiaba la
supuesta omisión de COMPENSAR EPS, en suministrar el tratamiento de
desintoxicación y deshabituación en medio cerrado. Con independencia de
la informalidad que caracteriza el ejercicio de la acción de tutela, una
exigencia procesal que se impone al demandante está determinada por la carga de
la prueba (onus probandi incumbit actori), que si bien no exige el mismo rigor
de otros procesos judiciales, en todo caso se hace necesario a fin de que el
juez constitucional cuente con algunos elementos de juicio mínimos para
dictaminar si se ha producido o no la vulneración alegada. Al respecto, este
Tribunal ha considerado que debe existir claridad y precisión en relación con
el tratamiento médico prescrito para el fármaco-dependiente, con el fin de
garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud y a la integridad física, lo cual se echa de menos en esta ocasión en
tanto la accionante se limita a indicar que su hijo requiere terapias de “apoyo
terapéutico integral de larga instancia (sic)”, sin contar con una opinión
médica que refrende o de cuenta de la necesidad del tratamiento solicitado,
saber científico que es ajeno al juez constitucional. A igual conclusión arribó
esta Corte en sentencia T-566 de 2010, en un caso en el que se estudiaba la
supuesta omisión de COMPENSAR EPS, en suministrar el tratamiento de
desintoxicación y deshabituación en medio cerrado
DERECHO AL DIAGNOSTICO EN CASOS DE PERSONAS
FARMACODEPENDIENTES
Tratándose
de personas fármaco-dependientes, este Tribunal ha sido precisa en indicar que
“el derecho al diagnóstico se materializa en la posibilidad [de] acceder a
profesionales calificados en el manejo de asuntos relacionados con
fármaco-dependencia y drogadicción, que determinen cuál es tratamiento
necesario para cada caso, y en la obligación que tienen estos profesionales de
explicar al paciente cuál es su estado de salud, así como las ventajas e
inconvenientes de las determinaciones médicas adoptadas frente a otros métodos
existentes.” En el asunto objeto de revisión, para la Corte no hay duda de que
los servicios médicos que ha requerido el agenciado han sido brindados por la
EPS-S accionada, y que el apoyo terapéutico integral de larga estancia
solicitado por la demandante, no obedece a una orden específica del médico
tratante, quien es el profesional especializado y conocedor del verdadero
estado de salud del paciente, saber que ciertamente le permite a partir de la
lex artis, determinar sobre bases científicas cuál es el tratamiento más
idóneo. No obstante, el delicado estado de salud del accionante hace necesario
que se efectúe una valoración médica integral con profesionales de diferentes
especialidades, a fin de que se determine con total certeza la terapéutica que
requiere, la cual deberá ser prestada de manera inmediata, siempre y cuando
medie el consentimiento libre e informado del paciente. Así mismo, la EPS-S
demandada deberá tener en consideración que no todo el tratamiento para superar
la adicción a las drogas está excluido del Plan Obligatorio de Salud, pues la
reciente normativa que lo definió, aclaró y actualizó (Acuerdo 029 de 2011),
incluyó (i) atención en salud mental -art.17-; (ii) atención en urgencias en
salud mental -art. 22-; (iii) internación para manejo de enfermedad en salud
mental; y (iv) atención para menores de 18 años de edad que consuman sustancias
psicoactivas -art. 76-, donde claramente tiene cabida la drogadicción como
trastorno mental y enfermedad psiquiátrica
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE SALUD A PERSONAS FARMACODEPENDIENTES-Para
garantizarlo la EPS-S demandada puede repetir con la entidad territorial por
los servicios que no están incluidos
En
cualquier caso, con el fin de que se garantice la continuidad en la prestación
del servicio de sanidad (arts. 49 y 365 de la CP), aquellos servicios de salud
que no estén incluidos en el citado Plan, deberán ser suministrados por MUTUAL
SER EPS-S, asistiéndole el derecho de repetir por los valores en que haya
incurrido ante la respectiva entidad territorial
Referencia: expedientes T-3372244, T-3379737 y
T-3384983 (acumulados)
Acciones de tutela promovidas por José Luis Rodríguez
Zorrilla, Emilio Navarro Cantillo, en representación de su hijo Emilio Navarro
Díaz, y Rosa María García Chávez, quien actúa en nombre de su hijo Roberto
Carlos Ramírez García, contra ASMETSALUD EPS-S, NUEVA EPS y MUTUAL SER EPS-S,
respectivamente
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá,
D. C., tres (3) de julio de dos mil doce (2012).
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los
Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 Nral. 9° de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero
Penal de Conocimiento de Armenia (Exp. T-3372244), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia (Exp. T-3379737) y el
Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Barranquilla (Exp. T-3384983), dentro de los expedientes de la
referencia.
I.
ANTECEDENTES
José
Luis Rodríguez Zorrilla, Emilio Navarro Cantillo y Roberto Carlos Ramírez García,
los dos últimos representados por su padre y madre, respectivamente, promovieron
acciones de tutela individualmente contra ASMETSALUD EPS-S, NUEVA EPS y MUTUAL
SER EPS-S, en su orden, a fin de que sean restablecidos sus derechos
fundamentales a la vida y a la salud, vulnerados supuestamente con ocasión del
no suministro del tratamiento integral que requieren para rehabilitarse de la adicción
a las drogas. Las solicitudes de tutela se sustentan en los siguientes
Hechos
Expediente
T-3372244
1.
El señor José Luis Rodríguez Zorrilla, quien actúa en nombre propio, indica que
se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (régimen
subsidiado), y que ASMETSALUD EPS-S, es la entidad encargada de prestar el
servicio de salud.
2.
Comenta que debido al consumo abusivo de sustancias psicoactivas desde los 13
años de edad, ha estado recluido en el Hospital Mental de Filandia, Quindío,
donde fue diagnosticado con trastorno mental y de comportamiento, ocasionado
por el uso de opiaceos, lo cual fue apoyado con terapias, que a su juicio, no
contribuyeron en la rehabilitación. Agrega, que tres meses antes de presentar
la acción de tutela, como consecuencia del exacerbado consumo de drogas, presentó
cuadro de compulsividad que conllevó el inicio de tratamiento en medio cerrado
en la IPS PARA VOLVER A SER, el cual le ha permitido tener una leve mejoría.
3.
Refiere que el estado de su enfermedad es grave y que padece “TRASTORNOS
MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE
DEPENDENCIA Y TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE
OPIACEOS: SINDROME DE DEPENDENCIA lo cual me torna una persona agresiva”[1].
4.
En tal virtud, hace hincapié en la necesidad de que la rehabilitación se
efectúe en sitio cerrado, a fin de alcanzar una verdadera y efectiva
recuperación que le permita retornar a su hogar, mediante un proceso que
comprenda las etapas de desintoxicación, deshabituación y reinserción social,
que en todo caso debe ser continuo, en la medida en que los tratamientos
ambulatorios no le permitirían alejarse del consumo de las drogas.
5.
Para terminar, afirma que no cuenta con recursos económicos para seguir
sufragando los costos del tratamiento terapéutico.
Solicitud
de tutela
6.
Con apoyo en lo expuesto, el accionante pide al juez constitucional la tutela
de los derechos fundamentales a la salud y a la vida, dado que se encuentra en
un alto grado de vulnerabilidad, y en consecuencia, que ordene a la entidad
demandada la autorización para llevar a cabo el tratamiento integral y
prolongado a nivel de hospitalización en medio cerrado en la IPS PARA VOLVER A
SER, con el objeto de superar su adicción a las drogas.
Expediente
T-3379737
7.
El señor Emilio Navarro Cantillo, actuando por intermedio de apoderada
judicial, en representación de su hijo Emilio Navarro Díaz, mayor de edad,
impetró acción de tutela contra la NUEVA EPS, con el objeto de que sea
dispensado el tratamiento prescrito por el médico tratante, a fin de que supere
su grave problema de drogadicción.
8.
Manifiesta que su hijo se encuentra afiliado como trabajador independiente al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que la entidad demandada lo ha
atendido de manera oportuna frente a los cuadros clínicos que ha presentado.
9.
Indica que como consecuencia de un accidente, “los dedos de la mano”[2] fueron
mutilados, circunstancia que truncó su carrera militar y lo sumió en una serie
de frustraciones que lo condujeron a refugiarse en las drogas, situación que
día por día se torna más grave, y ha sido la causante de la desintegración
personal y familiar.
10.
Afirma que siguiendo las pautas de la médica psiquiatra tratante, solicitó ante
la entidad demandada haciendo uso del derecho de petición, el suministro del
tratamiento de desintoxicación, deshabituación y reintegración social, mediante
internación en un centro de rehabilitación durante 90 días.
11.
Señala que el 26 de septiembre de 2011, NUEVA EPS negó la solicitud efectuada, bajo
el argumento de que el procedimiento se encontraba excluido de los beneficios
del Plan Obligatorio de Salud, lo cual en su sentir, desconoce las directrices
dadas por la Corte Constitucional, en el sentido que los pacientes tienen
derecho a los tratamientos que requieran sin necesidad de acudir a la acción de
tutela.
12.
Por último, indica que no cuenta con los ingresos económicos para asumir el
costo del tratamiento, el cual asciende a $ 200.000¨ diarios, sin incluir el
costo de los medicamentos necesarios durante el proceso de recuperación.
Solicitud
de tutela
13.
Con base en lo anterior, el demandante solicita la tutela de los derechos
fundamentales a la vida y a la salud, y consecuentemente, que el juez
constitucional disponga su internación en un centro de rehabilitación por 90
días, a fin de que sea proporcionado el tratamiento integral de
desintoxicación, deshabituación y reintegración social para superar la adicción
a las drogas, incluidos medicamentos, controles y exámenes de laboratorio “que
se prescriban en el futuro para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad”[3], que se
encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud, y ordene el posterior recobro
ante el FOSYGA.
Expediente
T-3384983
14.
La señora Rosa María García Chávez, obrando como madre de Roberto Carlos
Ramírez García, quien es mayor de edad, presentó acción de tutela contra MUTUAL
SER EPS-S, con sede en el municipio de Soledad, bajo la consideración de que su
hijo se encuentra incapacitado para promoverla directamente, en tanto como
consecuencia de su adicción a las drogas presenta conducta agresiva,
irritabilidad, psicosis y trastorno bipolar, por lo que requiere el consumo de medicamentos
ansiolíticos.
15.
Expresa que su hijo cayó en las redes de la drogadicción, y a pesar de que él
ha puesto de su parte y se encuentra en proceso de rehabilitación, no ha sido
posible darle continuidad a su resocialización, por los altos costos y la
ausencia de recursos económicos.
16.
Indica que en el curso de su recuperación, la entidad demandada lo remitió al
Hospital Universitario CARI, ESE de Barranquilla, especialidad salud mental, que
por intermedio de la psiquiatra Milena Rubio García, dispuso su remisión al
centro de rehabilitación y tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas en
entorno controlado.
17.
Refiere que la EPS-S accionada, negó verbalmente la autorización del
tratamiento que requiere, bajo el argumento de que se encuentra excluido del Plan
Obligatorio de Salud.
18.
Finalmente, reitera que no cuenta como los medios económicos para sufragar los onerosos
gastos del tratamiento, precisando que de no garantizarse la continuidad, se
pone en grave riesgo la salud física, psicológica y la calidad de vida de su
hijo. Agrega que en la ciudad de Barranquilla, la institución COMUNIDAD HOGARES
CREA está habilitada para prestar de manera especializada el tratamiento
integral que requiere su hijo.
Solicitud
de tutela
19.
Con fundamento en lo expuesto, la señora Rosa María García Chávez pretende la
protección de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de su
hijo Roberto Carlos Ramírez García, y que el juez de tutela, ordene a MUTUAL
SER EPS-S del municipio de Soledad, la realización de los procedimientos
científicos necesarios para restablecer su salud física y sicológica. De igual
modo, que la EPS-S demandada autorice la prestación del servicio de salud en el
centro especializado COMUNIDAD HOGARES CREA de Barranquilla, para que le sea
practicado el tratamiento en los términos que disponga el médico tratante, así
como las terapias de apoyo terapéutico integral de larga estancia. Por último,
que autorice a la entidad accionada, para ejercer la facultad de repetir contra
el FOSYGA.
Pruebas
relevantes que reposan en los expedientes
Expediente
T-3372244
-
Cédula de ciudadanía del demandante y copia del carné de afiliación a
ASMETSALUD EPS-S (folio 7 del cuaderno principal).
-
Evaluación por psiquiatría realizada el 1° de septiembre de 2011, en la que se
lee (folios 8 y 9 ibídem):
“Paciente (…) en manejo con metadona 50 mgr día.
Manifiesta que continúa internado en la fundación ‘Para Volver a Ser’, dentro
de su proceso de rehabilitación. Allí lleva cuatro meses y medio, que se
corresponde con el tiempo de no consumo de heroína. Es de anotar que ha tenido
consumos esporádicos de cannabis. Hoy asiste a esta consulta, porque teme por
ser desvinculado de la fundación por falta de pago, que es la madre, quien lo
está asumiendo y no tiene más recursos para continuar financiándolo. En
consecuencia acuden a este centro, para que se indique si debe o no continuar
en este proceso de rehabilitación en medio cerrado, frente a lo que se responde
que si, ya que hasta la fecha se ha conseguido que este (sic) libre del tóxico y este elaborando un
proyecto de vida a largo plazo.”
-
Formato de solicitud de autorización de servicios de salud (folio 10 ibíd.).
Expediente
T-3379737
-
Respuesta al derecho de petición presentado el 5 de septiembre de 2011, en el
que NUEVA EPS informa que “el tratamiento de desintoxicación, deshabituación
y reintegración social es un servicio expresamente excluido de los planes de
beneficio conforme a la resolución 5261 de 1994 artículo 18 y al acuerdo 008 de
2009, artículo 54, numeral 9, exclusiones en el régimen contributivo:
tratamiento con psicoterapia individual, psicoanálisis o psicoterapia
prolongada.” (folios 8 a 12 del cuaderno principal).
-
Fórmula de la médica psiquiatra Dubrazka Duque del 24 de agosto de 2011, en la
que indica que el señor Emilio Navarro Díaz es un “[p]aciente con
antecedentes de farmacodependencia se solicita tratamiento de larga estancia en
centro de rehabilitación durante 90 días.” (folio 12 ibídem).
-
Formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos diligenciado por el
Comité Técnico Científico de la EPS accionada (folio 7 ibíd.).
-
Epicrisis del accionante que da cuenta de la hospitalización del señor Navarro
Díaz el 28 de junio de 2011 y que se trata de un “paciente con antecedente
de consumo de sustancias psicoactivas de larga data, presenta agitación
psicomotora, habla cosas sin sentido, irritable, coprolalico, no duerme bien,
acelerado. Consumo de SPA de más de 30 años de evolución. Consumo de cocaína.”
(folios 14 y 15 ibíd.).
Expediente
T-3384983
-
Certificación expedida por la médica psiquiatra Milena Rubio García, adscrita al
Hospital Universitario CARI, ESE de Barranquilla, pabellón de salud mental, el
13 de octubre de 2011, en la que consta que el señor Roberto Carlos Ramírez García
fue atendido por primera vez el 18 de noviembre de 2003, en ese centro de salud
y que ha asistido a citas de control por psiquiatría, psicología y trabajo
social, “actualmente se encuentra hospitalizado desde el 09 de septiembre de
2011.” (folio 8 del cuaderno principal).
-
Cédula de ciudadanía del señor Roberto Carlos Ramírez García y carné de
afiliación a MUTUAL SER EPS-S (folios 9 y 10 ibíd.).
-
Historia clínica del accionante que reposa en el Hospital Universitario CARI, ESE
de Barranquilla (folios 36 a 47 ibíd.).
Contestación
de la acción de tutela[4]
Expediente
T-3379737
20.
En escrito del 9 de noviembre de 2011, NUEVA EPS actuando a través de
apoderado, solicitó al juez constitucional la declaratoria de no vulneración de
los derechos fundamentales del accionante. No obstante, precisó que en caso de
que el amparo constitucional deprecado sea concedido, “se le reconozca a mi
representada el derecho a repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía
-FOSYGA- por el 100% de la totalidad de los valores que deba asumir NUEVA EPS.”,
y que se indique el término perentorio para que sea reembolsado el costo del
tratamiento médico, a más tardar dentro del mes siguiente a la presentación de
la factura por parte de la EPS. Así mismo, pidió que la notificación de la
decisión de tutela, incluya copia completa legible, conforme lo preceptúa el
Código de Procedimiento Civil (art. 304), “so pena de incurrir en violación
del derecho fundamental al debido proceso y nulidades procesales.”[5]
21.
Indicó que el señor Emilio Navarro Díaz se encuentra afiliado en el régimen
contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de
cotizante, encontrándose activo, por lo que es destinatario de los beneficios del
Plan Obligatorio de Salud.
22.
En relación con el tratamiento de desintoxicación, deshabituación y
reintegración social solicitado por el actor, precisó que se encuentra excluido
de las coberturas del aludido Plan, conforme lo establece el Acuerdo 08 de 2009
(Arts. 54 Nrales. 9, 13 y 31) y la Resolución N° 5261 de 1994, lo cual tiene
sustento en el principio de solidaridad que orienta el sistema. De igual modo,
aclaró que la EPS le ha prestado al accionante la atención médica que ha
requerido, como es el caso de tratamientos psíquicos, psicológicos y demás que han
sido prescritos por el médico tratante, siempre y cuando tengan relación con su
padecimiento. De igual manera, consideró que el accionante cuenta con otros
mecanismos “que puede hacer valer”[6],
tal como lo ha considerado la Corte Constitucional, a fin de proteger el sistema
de salud, “hoy por hoy agobiado por el cúmulo inmisericorde de acciones de
tutela, que tienen al borde del colapso al SGSSS.”[7]
Decisiones
judiciales objeto de revisión
Expediente
T-3372244
Sentencia
de primera instancia
23.
El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Armenia, en fallo del 14 de octubre de 2011, rechazó por temeridad la acción de
tutela promovida por el señor José Luis Rodríguez Zorrilla, bajo la
consideración de que el 14 de junio del mismo año, el accionante promovió
acción de tutela contra la misma entidad y por los mismos hechos, la cual al
ser decidida el 14 de julio siguiente, fue declarada improcedente “por no
haberse acreditado la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales
invocados por parte de la E.P.S. ASMET SALUD, proveído este que no fue
impugnado por las partes y que consecuencialmente se remitió a la Honorable
Corte Constitucional para su eventual revisión”[8].
Así
mismo, observó que al no existir un motivo expresamente justificado que excluya
la temeridad conforme a los supuestos contenidos en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, y a los lineamientos precisados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es posible colegir que la actuación del actor atenta contra el
principio constitucional de la buena fe, aunque no se haya adelantado
dolosamente.
Impugnación
24.
En el acto de notificación personal, efectuado el 18 de octubre de 2011, el
demandante impugnó la decisión, sin indicar las razones de su disconformidad.
Sentencia
de segunda instancia
25.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, en decisión
del 21 de noviembre de 2011, confirmó íntegramente lo resuelto por el a quo.
A su juicio, por economía procesal fue acertada la decisión de rechazo de la
acción de tutela, precisando que si bien el accionante indicó que se encontraba
sometido a tratamiento en una entidad especializada en rehabilitación para
personas con problemas de drogadicción y dependencia, el cual le reportó resultados
positivos, recomendándose el tratamiento en sitio cerrado para evitar el
consumo, lo único cierto es que no se configura la vulneración alegada “pues
no existe evidencia alguna de que se hubiera solicitado el servicio médico y
que de manera injustificada no se le hubiera autorizado, o no se hubiere
agotado el trámite establecido por la ley para ese mismo propósito, arribando
simplemente el mismo a la conclusión de que el no suministro del mismo
constituye vulneración a sus derechos fundamentales, pero sin indicar de manera
concreta en qué consiste la presunta vulneración, máxime cuando el servicio
solicitado es apenas una sugerencia que (sic) se continúe, no existiendo
de manera concreta vulneración a sus derechos fundamentales”[9].
Expediente
T-3379737
Sentencia
de primera instancia
26.
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, en decisión del 10 de
noviembre de 2011, tuteló los derechos fundamentales a la vida, y en conexidad,
a la salud del señor Emilio Navarro Díaz. En tal virtud, ordenó a la entidad
demandada autorizar el tratamiento de desintoxicación, deshabituación y
reintegración social por 90 días, o por el tiempo que el médico especialista
tratante estime necesario. De igual manera, precisó que NUEVA EPS tiene la
posibilidad de repetir contra el FOSYGA, si a ello hubiere lugar de conformidad
con la ley, por el valor de los gastos en los que incurra por el suministro del
tratamiento, únicamente por las sumas de legal y reglamentariamente no sean de
su cargo. La decisión se apoyó en las siguientes consideraciones:
En
primer lugar, el juzgador hizo referencia al alcance que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha fijado al derecho fundamental a la salud, el cual debe
ser garantizado bajo criterios de dignidad humana, tanto en la esfera biológica
del ser humano, como en la esfera mental, psíquica y afectiva. Así mismo,
reiteró con fundamento en la sentencia T-438 de 2009, que la farmacodependencia
y/o drogadicción, debe ser considerada como una enfermedad o trastorno
psiquiátrico que pone a quienes la padecen en un estado de alteración de su
determinación, que adicionalmente disminuye el goce de su derecho a la salud,
razón por la cual se trata de personas que se encuentran en un estado de
debilidad manifiesta que los convierte en sujetos de especial protección
constitucional. Es por ello, que la atención en salud que requieran estas
personas, debe ser prestada por el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, ya sea en el régimen contributivo o subsidiado, o mediante instituciones
públicas o privadas que tengan convenio con el Estado, con independencia de que
se trate de servicios que se encuentren excluidos del Plan Obligatorio de Salud,
“en la medida en que sean necesarios para proteger los derechos a la salud,
la vida, la integridad personal, y la dignidad humana de quien los solicita.”[10]
De
otra parte, afirmó que en asuntos de farmacodependencia, la afectación del
derecho a la vida deriva de los efectos negativos que generan las sustancias
psicoactivas en la autonomía de la persona, lo cual resulta evidente en el
señor Navarro Díaz, quien se encuentra en situación de debilidad e indefensión
que no ha podido superar por sus propios medios, siendo necesaria la ayuda de
especialistas para continuar su existencia dignamente y evitar que su adicción
empeore. De igual manera, encontró que el tratamiento de rehabilitación fue
ordenado por un médico psiquiatra vinculado a la entidad accionada y que
tampoco existen las condiciones económicas para asumir el costo de la
rehabilitación que asciende a $ 200.000 diarios, “puesto que sus ingresos provienen
de actividad comercial independiente con lo que se deben cubrir sus necesidades
básicas de vestuario, vivienda y alimentación”[11].
Así
las cosas, concluyó que concurren los requisitos fijados por la jurisprudencia
constitucional, para autorizar por vía de tutela la prestación de servicios de
salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
Impugnación
27.
En escrito radicado el 21 de noviembre de 2011, el apoderado judicial de NUEVA
EPS, presentó escrito en el que impugnó el fallo, reiterando los mismos
argumentos presentados en la contestación de la acción de tutela.
Sentencia
de segunda instancia
28.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-
Familia, en decisión del 12 de diciembre de 2011, revocó el fallo dictado por
el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, bajo el argumento de que
el gestor tutelar no está legitimado en la causa por activa, en tanto no reunió
los requisitos para acreditar la agencia oficiosa. Agregó, que de las pruebas
se desprende que el accionante no manifestó actuar como agente oficioso de su
hijo, quien es mayor de edad, “caso en el cual tendría que haber comprobado
que al agenciar derecho ajeno, su titular no podía actuar por sí mismo.”[12]
Expediente
T-3384983
29.
El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Barranquilla, en sentencia del 8 de noviembre de 2011[13], declaró la
improcedencia de la acción de tutela formulada por la señora Rosa María García
Chávez, quien actúa en representación de su hijo Roberto Carlos Ramírez García,
con fundamento en las siguientes razones:
Señaló
la citada agencia judicial, que al no haber sido contestada la acción de tutela
por parte de la entidad demandada, dentro del término de traslado, procede
aplicar la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991, razón por la cual tuvo por ciertos los hechos expuestos en el
escrito de tutela.
Empero,
a renglón seguido indicó que la actora no aportó la orden médica que demuestre la
necesidad de las terapias para su hijo, ni tampoco allegó la historia clínica “donde
se evidencie que el joven se encuentra recibiendo un tratamiento en la Entidad
donde solicita le sean aprobadas las terapias aludidas; en otras palabras, no
se encuentra soporte médico alguno como receta, fórmula o recomendación, que
justifiquen su requerimiento ni su necesidad.”[14] Agrega, que lo
único que aporta es un documento expedido por la médica psiquiatra tratante del
Hospital Universitario CARI ESE de Barranquilla, en el que se precisa que el
hijo de la accionante tiene diagnóstico de farmacodependencia mixta y que ha
venido siendo atendido desde el año 2003, que “no es constitutivo de orden
médica por no especificar ni siquiera cuál es el tratamiento que debe recibir
el joven mencionado, ni constituir prueba de que dicho tratamiento haya sido
negado por la accionada.”[15]
Precisó
a continuación que la no contestación de la acción de tutela, “no
necesariamente conduce per se a la concesión automática o silogística de la
tutela, y ello es así porque en (sic) caso particular y concreto, luego
de analizar las pruebas obrantes en el expediente, teniendo por ciertos los
argumentos de la accionante y en aplicación de la Jurisprudencia Constitucional
aplicable al asunto, no se evidencia vulneración o amenaza alguna del derecho
fundamental, y ante ello no resulta posible para el fallador conceder
protección alguna a los derechos referidos.”[16]
Para
terminar, refirió que el principio de la carga de la prueba en materia de
tutela, implica que quien presenta la acción tiene la obligación procesal de
demostrar sus afirmaciones, a menos que se trate de una persona que se
encuentra en estado de indefensión o que exista imposibilidad fáctica o
jurídica de probar los hechos que se alegan, evento en el cual dicha carga se
invertirá.
Impugnación
30.
El 21 de noviembre de 2011, la señora Rosa María García Chávez, impugnó la
sentencia, mostrándose extrañada de que el despacho judicial haya realizado una
magistral exposición del derecho a la salud en las personas que padecen
farmacodependencia y/o drogadicción, así como la atención que debe brindar el
Estado, para concluir que los documentos aportados con la acción de amparo
constitucional carecen de valor probatorio, “lo que me hace suponer que la
JUEZ conoce la norma protectora pero no tiene la mínima idea del peligro que
representa un drogadicto, con mucho dolor para mí como madre de las condiciones
de mi hijo, que es consumidor de todo tipo de sustancia alucinógena (marihuana,
bazuco, cocaína y se inyecta heroína).”[17]
De
igual modo, señaló que su hijo se encuentra marginado de la realidad social,
solamente vive para el consumo de drogas y en inminente peligro de muerte, por
cuanto en múltiples oportunidades “me ha tocado llevarlo de emergencia por
sobredosis, además de todo el tiempo de consumo, como lo menciona la Juez de
Tutela cuando hace referencia a la prueba aportada donde el Hospital CARI lo
recibió por primera vez en el año 2003. Estamos hablando de más de diez (10)
años de consumo indiscriminado, porque cuando lo lleve en esa fecha al CARI ya
tenía años de estar en la drogadicción.”[18]
31.
En auto del 22 de noviembre de 2011, la misma agencia judicial decidió negar la
impugnación formulada por la peticionaria, bajo el argumento de que para el
momento de presentar el escrito, ya se encontraba vencido el término de tres
(3) días previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
II.
ACTUACIONES SURTIDAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
32.
La Sala Segunda de Selección, en auto del 28 de febrero de 2012[19], decidió escoger y
repartir a este despacho los expedientes para su correspondiente estudio. Así
mismo, dispuso su acumulación por presentar unidad de materia, para que sean
decididos en una sola sentencia.
Auto
de pruebas
33.
En proveído del 26 de abril del mismo año, el Magistrado Sustanciador resolvió:
“PRIMERO.- PONER EN CONOCIMIENTO de
ASMETSALUD EPS, en la ciudad de Armenia, Quindío (carrera 14 N° 12N-29 Av.
Bolívar), el contenido de la solicitud de tutela, para que dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación de este proveído, se pronuncie acerca de
las pretensiones formuladas por el señor José Luis Rodríguez Zorrilla, dentro
del expediente de tutela T-3372244, y allegue la documentación que
estime pertinente. Por la Secretaría General de la Corte, remítase copia del
escrito tutelar y de esta providencia.
Dentro del mismo término, deberá (i)
remitir copia de la historia clínica del accionante, quien se identifica con la
cédula de ciudadanía número 1094881111; (ii) indicar el tipo de atención médica
que ha sido prestada en el proceso de rehabilitación para superar la adicción a
las drogas; (iii) si el médico-psiquiatra José Fernando Castrillón (R.M.
12403/89), tiene algún tipo de vinculación con esa entidad; y (iv) si en este
momento se encuentra vigente algún tipo de convenio con la IPS VOLVER A SER.
SEGUNDO.- OFICIAR al Hospital Mental de Filandia, Quindío, para que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia,
remita con destino al expediente de tutela T-3372244, copia de la
historia clínica del señor José Luis Rodríguez Zorrilla, identificado con la
cédula de ciudadanía número 1094881111.
De igual modo, deberá indicar a este
Tribunal de qué manera se desarrolla el tratamiento de desintoxicación,
deshabituación y reinserción social de una persona con adicción a las drogas,
es decir, cuanto puede tardar cada una de las fases con internación en sitio
cerrado, el costo aproximado de la rehabilitación, así como las demás razones
de naturaleza científica que permitan conocer con mayor detalle el proceso de
recuperación del adicto a sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
TERCERO.- OFICIAR al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Armenia, Quindío, para que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de esta decisión, remita con destino al expediente
de tutela T-3372244, copia de la solicitud de tutela iniciada por el
señor José Luis Rodríguez Zorrilla contra ASMETSALUD EPS, el 14 de junio de
2011[20],
así como del fallo del 12 de julio de 2011, sobre los que se apoyó la sentencia
de tutela proferida el 14 de octubre del mismo año (Rad.
63001-4088-002-2011-00039), para concluir que el accionante había incurrido en
una actuación temeraria.
CUARTO.- OFICIAR a NUEVA EPS en la ciudad de Barranquilla, Atlántico
(calle 76 N° 49C-16), para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de este proveído, remita con destino al expediente de tutela T-3379737,
copia de la historia clínica del señor Emilio Navarro Díaz, identificado con la
cédula de ciudadanía número 8751398.
Así mismo, deberá informar (i) el
tipo de atención médica que ha sido prestada al señor Navarro Díaz, en el
proceso de rehabilitación para superar la adicción a las drogas; y (ii) si la
médica-psiquiatra Dubrazka Duque (C.E. 380003 - Res. 6663), tiene algún tipo de
vinculación con esa entidad.
QUINTO.- OFICIAR al Instituto de Psicoterapia Villa 76, en la ciudad de
Barranquilla, Atlántico (carrera 50 N° 86-51), para que, dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de este proveído, remita con destino al
expediente de tutela T-3379737, copia de la historia clínica del señor
Emilio Navarro Díaz, identificado con la cédula de ciudadanía número 8751398.
De igual modo, deberá indicar a este
Tribunal de qué manera se desarrolla el tratamiento de desintoxicación,
deshabituación y reinserción social de una persona con adicción a las drogas,
es decir, cuanto puede tardar cada una de las fases con internación en sitio
cerrado, el costo aproximado de la rehabilitación, así como las demás razones
de naturaleza científica que permitan conocer con mayor detalle el proceso de
recuperación del adicto a sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
SEXTO.- OFICIAR a MUTUAL SER en el municipio de Soledad, Atlántico
(carrera 19 N° 19-26), para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de esta decisión, remita con destino al expediente de tutela T-3384983,
copia de la historia clínica del señor Roberto Carlos Ramírez García,
identificado con cédula de ciudadanía número 8801672.
Así mismo, deberá informar (i) el
tipo de atención médica que ha sido prestada al señor Ramírez García, en el
proceso de rehabilitación para superar la adicción a las drogas; y (ii) si la
médica-psiquiatra Milena Rubio García (R.M. 080244), tiene algún tipo de
vinculación con esa entidad.
SÉPTIMO.- OFICIAR al Hospital Universitario CARI ESE (salud mental), en
la ciudad de Barranquilla, Atlántico (Calle 57 N° 23-100), para que, dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión, remita con
destino al expediente de tutela T-3384983, copia de la historia clínica
del señor Roberto Carlos Ramírez García, identificado con cédula de ciudadanía
número 8801672.
OCTAVO.- OFICIAR al Ministerio de Salud y Protección Social, para que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este proveído,
informe a esta Corporación si con posterioridad a la entrada en vigencia del
Acto Legislativo 02 de 2009, ese organismo ha dictado lineamientos de salud
pública encaminados a la prevención y rehabilitación de personas que consuman
sustancias estupefacientes o psicotrópicas.”
Escritos
de contestación
Expediente
T-3372244
34. El
Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Armenia, mediante oficio N° 0248 del 14 de mayo de 2012, envió copia auténtica
de la demanda y del fallo proferido dentro de la acción de tutela N°
2011-00024, instaurada por el señor José Luis Rodríguez Zorrilla, en contra de
ASMETSALUD EPS-S, “[a]notando que dicho proceso se halla en el archivo
definitivo después de haberse enviado a esa corporación donde fue excluida de
revisión.”[21]
35. La
ESE Hospital Mental de Filandia, en oficio N° G 138 05 12 del 17 de mayo de
2012, remitió copia de la historia clínica del accionante. Así mismo, ilustró a
la Sala en relación con las fases de desintoxicación, deshabituación y
reinserción social de una persona con adicción a las drogas, apoyándose en las
prácticas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina
contra las drogas y el delito de Naciones Unidas contenidas en el manual sobre
tratamiento del abuso de drogas TREATNET (Internacional network of drug
dependence treatment and rehabilitation resource centres), publicados en 2006.
36. El
Ministerio de Salud y Protección Social, en escrito presentado por la Directora
Jurídica (E.), el 17 de mayo de 2012, indicó que esa entidad “desde el año 2003 ha liderado el proceso de formulación, validación e implementación de una política pública
integral, de largo plazo, concertada con diferentes sectores sociales e
institucionales, con la cual se vienen orientando las acciones en el ámbito
sub-nacional y nacional, logrando su aprobación por el Consejo Nacional de
Estupefacientes en el año 2007.”[22]
Expresó
que la política nacional para la reducción de sustancias psicoactivas (SPA),
que se viene desarrollando desde el año 2007, “se fundamenta en marcos de
referencia promocionales y de protección social, buscando reducir las
condiciones de vulnerabilidad y exclusión social que incrementan el riesgo de
consumo, de sufrir consecuencias adversas y de reincidir en un consumo cuando
ya se ha superado.”[23]
Agregó, que dicha política se funda en los siguientes ejes:
·
Acciones de prevención: las cuales apuntan a hacer cada vez más visible la
inclusión social y la promoción de oportunidades para jóvenes como uno de los
factores de protección de mayor trascendencia, así como el involucramiento
activo de pares y de las comunidades en las acciones de promoción y prevención.
·
Eje de mitigación del impacto: se viene visibilizando cada vez más los consumos
emergentes y de alto impacto como el de heroína, “lo que nos ha impulsado a
definir planes de acción rápida que permitan actuar oportunamente, reducir el
impacto sobre la salud pública, prevenir la transición a estos consumos y
atender adecuadamente a quienes se ven afectados por esta dependencia,
avanzamos también en el mejoramiento de la capacidad técnica de los
profesionales de la salud y de los centros de tratamiento para tratar
adecuadamente este fenómeno emergente.”[24]
·
Eje de la superación de la
dependencia: se viene impulsando la
cualificación, diversificación y expansión de la oferta de servicios y en
particular el fortalecimiento del componente de inclusión socio-laboral de
quienes son atendidos en los centros de atención especializados, con el fin de
mejorar las perspectivas de integración y de logro de estilos de vida libres de
consumo. Al respecto, observó que mediante Acuerdo 029 de 2011 expedido por la
Comisión de Regulación en Salud (CRES), se ampliaron las actividades,
procedimientos e intervenciones incluidos en el Plan Obligatorio de Salud para
la atención integral de los casos relacionados con el consumo de sustancias
psicoactivas. Así lo indicó[25]:
“Los procedimientos incluidos en el
POS son los siguientes:
·
La internación total o parcial
(hospital día) se cubre hasta por 90 días. Hasta el 31 de diciembre de 2011 se
cubría por 30 días.
·
La psicoterapia ambulatoria
individual por psiquiatría y por psicología, se cubre hasta treinta (30) sesiones
durante el año calendario, independientemente de la fase en el que se encuentre
la enfermedad.
·
La psicoterapia ambulatoria
grupal, familiar y de pareja, por psiquiatría y por psicología, se cubre hasta
treinta (30) sesiones durante el año calendario, independientemente de la fase
en que se encuentre la enfermedad.”
·
Eje de mejoramiento de la
capacidad de respuesta: se han
impulsado la consolidación de sistemas de información y el desarrollo de
indicadores únicos en consumo de SPA, aplicables en los ámbitos nacional y
territorial que permitan determinar líneas de base a través de la
caracterización del consumo y que orienten la acción, haciendo posible el
seguimiento a la gestión y a los resultados de los planes de acción del nivel
nacional y territorial.
37. ASMETSALUD
EPS-S en escrito del 23 de mayo de 2012, por intermedio del Gerente
Departamental solicitó la desvinculación del trámite tutelar, por considerar
que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante. En su lugar,
solicitó al juez constitucional que pusiera en conocimiento de la
Superintendencia Nacional de Salud, el incumplimiento de las Resoluciones N°
3047 y 5334 de 2008, en que ha incurrido el Instituto Seccional de Salud del
Quindío, en lo que se refiere a la prestación de servicios NO POS-S, lo cual ha
implicado que se “han (sic) trasladado al afiliado la obligación de
gestionar la autorización de los servicios NO POS-S, olvidando que el objeto de
tales disposiciones normativas es precisamente evitar colocar en trámites a los
afiliados y que sean las IPS, EPS-S y Entidades Territoriales las encargadas de
gestionar y comunicar, sin necesidad de exigir el traslado del afiliado, sobre
la autorización del servicio de salud, no obstante, para ello se necesita que
cada una de las entidades asuman sus obligaciones pues, el no cumplimiento de
las obligaciones de una entidad obstaculizara la prestación de los servicios,
como ha sucedido en el presente caso respecto del INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD
DEL QUINDIO.”[26]
De igual
manera, señaló (i) que el señor José Luis Rodríguez Zorrilla se encuentra
afiliado en el régimen subsidiado y que la prestación solicitada está excluida
del Plan Obligatorio de Salud, razón por la cual el cubrimiento le corresponde
a los recursos destinados al subsidio a la oferta, la cual administra el
Instituto Seccional de Salud del Quindío; (ii) que a partir de enero de 2012,
se encuentra vigente contrato de prestación de servicios con la IPS PARA VOLVER
A SER; (iii) que el médico psiquiatra José Fernando Ramírez Castrillón, no se
encuentra adscrito a EPS-S demandada; y (iv) el procedimiento establecido en las
Resoluciones N° 3047 y 5334, ambas de 2008, para solicitar servicios que no
hacen parte del plexo de beneficios del Plan Obligatorio de Salud.
Expediente
T-3379737
38. El
Coordinador Jurídico Regional de NUEVA EPS, en escrito del 18 de mayo de 2012,
informó que el procedimiento solicitado por el señor Emilio Navarro Díaz, fue
ordenado en fallo de tutela de noviembre de 2011, servicio que “se encuentra
aprobado y puede ser solicitado por el accionante al momento que lo requiera.”[27] Del mismo
modo, allegó copia de la historia clínica que reposa en la IPS Villa 76 de
Barranquilla.
Expediente
T-3384983
39. El
Gerente del Hospital Universitario CARI ESE de Barranquilla, en misiva del 16
de mayo de 2012, envió copia de la historia clínica del señor Roberto Carlos
Ramírez García.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
40. Esta
Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones
proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema
jurídico
41. Con
fundamento en la situación fáctica expuesta, las decisiones judiciales de
instancia y las pruebas recaudadas en sede de revisión, le corresponde a este
Tribunal determinar si los derechos fundamentales a la vida y a la salud de José
Luís Rodríguez Zorrilla, Emilio Navarro Díaz y Roberto Carlos Ramírez García,
fueron vulnerados por las entidades prestadoras de salud demandadas, con
ocasión de la falta de suministro del tratamiento que requieren para superar su
adicción a las drogas, bajo el argumento de que se encuentra excluido del Plan
Obligatorio de Salud.
42. Para
hallar respuesta, la Sala aludirá (i) al derecho fundamental a la salud; (ii) a
la farmacodependencia y/o drogadicción en la jurisprudencia constitucional; (iii)
al Acto Legislativo 02 de 2009; y (iv) finalmente, resolverá los casos
concretos.
Cuestiones
preliminares
43. En
vista de que en el expediente T-3372244, la acción de tutela fue rechazada en
ambas instancias por haberse presentado una supuesta actuación temeraria por
parte del accionante; que en el expediente T-3379737, el despacho judicial de
segunda instancia consideró que el demandante, quien actúa en representación de
su hijo mayor de edad, no está legitimado en la causa por activa; y que en el
expediente T-3384983 la actora actúe en representación de su hijo mayor de
edad, se hace necesario efectuar el estudio previo de estas cuestiones, antes
de adoptar la decisión de fondo a que haya lugar.
Las
actuaciones temerarias en el ejercicio de la acción de tutela
44. Como
una forma de materializar el deber constitucional que recae sobre las personas
y los ciudadanos, de no abusar del derecho y de colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de la justicia (art. 95.1-7 de la CP), en
materia de tutela está prohibida la posibilidad de presentar dos o más acciones
de tutela por los mismos hechos y pretensiones, parámetro que en modo alguno
debe ser entendido como una forma de limitación del acceso a la administración
de justicia, sino que busca reivindicar los principios de seguridad jurídica,
celeridad, eficiencia y eficacia, tributarios de un Estado democrático.
En
efecto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece que “cuando, sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” Agrega la misma
disposición, que “[e]l abogado que promoviere la presentación de varias
acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar.”[28]
Así mismo,
se trata de una prescripción normativa que se encuentra estrechamente ligada a
la obligación que recae sobre la persona de manifestar bajo la gravedad del
juramento, para el momento de la interposición de la acción de tutela, “que
no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos” (Decreto 2591
de 1991, art. 37 inciso 2°), lo cual “busca prevenir la utilización abusiva
de tal instrumento [la acción de tutela] y hacer consciente al actor, mediante
las expresas advertencias que debe formularle el respectivo despacho judicial,
sobre las consecuencias jurídicas que le acarrearían el perjurio o la actuación
temeraria.”[29]
45. Para
este Tribunal, se trata de una figura que busca enaltecer el principio de
lealtad procesal, de tal manera que el ejercicio de la acción de tutela esté
desprovisto de malicia o deshonestidad, lo cual redunda en el normal
funcionamiento de la administración de justicia[30]. En esa medida, la
tipificación de la temeridad como sanción de índole procesal, “pretende
evitar que los ciudadanos hagan un uso abusivo del derecho con la presentación
de dos o más acciones dirigidas a la protección de derechos fundamentales
basados en la misma situación fáctica, que además lesiona gravemente la
prestación del servicio de la administración de justicia y cercena el derecho
fundamental de otros ciudadanos para acceder a ésta, amen de verse afectado el
principio de lealtad procesal frente a la contraparte y la seguridad jurídica.”[31]
De igual
modo, la Corte con fundamento en las previsiones contenidas en el decreto
reglamentario de la acción de tutela, ha considerado que las condiciones que
deben concurrir para que se configure una actuación temeraria, las cuales deben
ser valoradas sobre la base de la buena fe[32],
son:
(i)
Identidad de partes: que las acciones de tutela sean presentadas por el
mismo sujeto en condición de persona natural, ya sea obrando en nombre propio o
a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de
cualquier de sus representantes.
(ii)
Identidad de causa petendi
(eadem causa petendi): que el
ejercicio simultáneo de la acción de tutela tenga los mismos hechos como
sustento.
(iii)
Identidad de objeto: la demanda debe buscar la satisfacción de la misma
pretensión tutelar.
(iv)
Ausencia de justificación: que no se indique expresamente o el juez no infiera
la razón para hacer nuevamente uso de la acción de tutela[33].
Sin
embargo, la doctrina constitucional atendiendo la importancia de la justicia (preámbulo
de la CP) y la garantía de la efectividad de los derechos fundamentales (art.
2° de la CP), como aspiraciones constitucionales donde el juez cumple una
función de garante[34],
ha considerado que la configuración de una actuación temeraria debe ser
determinada caso por caso, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante. Ello tiene sentido, en la medida en que en un Estado
constitucional de derecho, se subvierte la función mecánica o estatalista de
aplicación del derecho, propia del modelo legicentrista, para darle paso a un
ejercicio ponderado de la actividad judicial donde la racionalidad ocupa un
lugar privilegiado.
Dentro de
tal contexto, la Corte Constitucional ha establecido que no se configura una
actuación temeraria, frente a la presentación repetida de acciones de tutela, cuando
se funda en (i) la condición del actor que lo coloca en un estado de ignorancia
o indefensión[35],
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe[36]; (ii) en el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho[37]; (iii) en la
consideración de hechos nuevos relevantes que aparecieron con posterioridad a
la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma[38] o cualquiera
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la tutela anterior
que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante[39]; (iv) en la
adopción de una sentencia unificadora por parte de la Corte Constitucional,
cuyos efectos se extienden explícitamente a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión[40];
o (v) cuando a pesar de que exista una decisión judicial anterior que ampare un
derecho fundamental, la orden judicial resulte insuficiente para protegerlo de
manera integral, y que como consecuencia, se produzca una nueva violación a los
derechos fundamentales que dicha decisión tenía la intención de resguardar. Esa
vulneración, debe ser grave, inminente e irremediable y la persona afectada no
debe estar en capacidad de soportarla. En todo caso, la nueva acción de tutela
no puede pretender reabrir el estudio de fondo sobre la cuestión debatida en la
primera acción, “sino simplemente completar la protección integral a la cual
el actor tiene derecho según, incluso, los motivos de la primera decisión.”[41]
46. Así
las cosas, el juicio de temeridad no debe ser estrictamente procedimental,
resultando crucial el papel del juez de tutela, quien deberá valorar la
condición particular del demandante, así como la situación que dio lugar
nuevamente a la presentación de la solicitud de amparo. Sólo de esta manera es
posible descartar la existencia de una actuación temeraria, decisión que debe
ser la última opción a la que debe acudir el operador judicial, en la medida en
que su deber es garantizar los derechos fundamentales. Dicho de otra manera, la
sola concurrencia de las condiciones que ha precisado la jurisprudencia de esta
Corporación, las cuales ha caracterizado como “triple identidad”, no es
razón suficiente para concluir que el peticionario ha incurrido en temeridad.
Esa
especial sensibilidad constitucional, debe tener lugar, sólo a manera de
ejemplo, cuando el reclamo constitucional pretende el restablecimiento de
derechos fundamentales como la salud y la vida, que se encuentren comprometidos
por la omisión del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en entregar a
una persona los procedimientos, tratamientos o medicamentos que sean necesarios
para su supervivencia en condiciones de dignidad, con independencia de que quien
se considere afectado haya acudido con anterioridad a la acción de tutela.
Al
respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que “tratándose
de personas en estado de especial vulnerabilidad, no es procedente negar la
tutela por temeridad, a pesar de que se observe una identidad de partes, hechos
y pretensiones, cuando el juez advierta que, no obstante la interposición de
una o varias acciones anteriormente, los derechos fundamentales de los
peticionarios continúan siendo vulnerados.”[42]
En
consecuencia, el juez de tutela tiene vedado rechazar o decidir
desfavorablemente in limine una acción de tutela, cuando constate que el
demandante ha presentado el mismo reclamo tutelar con anterioridad. Es su
deber, valorar la situación en la que se encuentra el solicitante, las pruebas,
los motivos reales que lo aquejaron para reabrir la misma discusión, y que la actuación
adelantada esté desprovista de mala fe. Sólo de esta forma, es posible concluir
que se ha incurrido en temeridad, con la posibilidad de que el juez de tutela
condene al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que
incurrió en una actuación temeraria (Decreto 2591 de 1991, art. 25 inciso
final), o imponer sanciones de naturaleza pecuniaria conforme lo establece los
artículos 72[43]
y 73[44]
del Código de Procedimiento Civil (entre 10 y 20 salarios mínimos, sin
perjuicio de la responsabilidad civil atribuible al actor por los daños que se
ocasionen a la contraparte por el actuar temerario o de mala fe),[45] en virtud de
la remisión prevista en el Decreto 306 de 1992 (Art. 4°),[46] siempre y cuando la
presentación de más de una acción de amparo constitucional entre las mismas
partes, los mismos hechos e idéntico objeto “envuelva una actuación amañada,
reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus
pretensiones;[47]
(ii) denote el propósito desleal de ‘obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable;[48] (iii)
deje al descubierto el ‘abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener
razón, de mala fe se instaura la acción’;[49]
o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la
‘buena fe de los administradores de justicia”.[50]
No
obstante, como una garantía de los principios constitucionales de presunción de
inocencia y de buena fe, la Corte Constitucional ha supeditado la imposición de
cualquier sanción pecuniaria a la garantía del derecho de audiencia y
contradicción, por lo que debe otorgarse al accionante mediante trámite
incidental, “la oportunidad de ser oído respecto del comportamiento desleal
que se le endilga, de ejercer cabalmente su derecho de defensa y de presentar
las pruebas que corroboren su punto de vista.”[51]
En
cuanto a la técnica que debe utilizar el juez al momento de adoptar la decisión,
este Tribunal en sentencia T-560 de 2009, haciendo referencia a la T-502 de
2008, señaló “que a partir de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes distintos de
consecuencias, así: En primer lugar la presentación de una tutela de manera
repetida puede hacerse de manera simultánea, cuándo la persona interpone la
acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta cuando, después
de haberse decidido una acción de tutela, la misma es nuevamente presentada.
Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar el juez, para el primer
caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben resolverse
desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio de cosa
juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en
cualquiera de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un
motivo expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las
sanciones previstas en la ley para esa eventualidad.”
47.
En el expediente T-3372244 (José Luis Rodríguez Zorrilla), la Corte encuentra
que si bien con anterioridad fue promovida acción de tutela con identidad de
partes y de pretensiones, en esta ocasión se advierte la existencia de hechos
nuevos que claramente despojan la actuación del demandante de cualquier manto
de temeridad. Al respecto, valga indicar que el diagnóstico médico entre una y
otra solicitud varía. En el primer escrito, el gestor tutelar indicó:
“TERCERO: Frente al grave estado de mi
enfermedad actualmente se me identificó un grave TRASTORNO DE PERSONALIDAD
INESTABLE DEBIDO AL USO Y ABUSO DE PSICOTRÓPICOS CON TENDENCIA A CONDUCTAS
INADECUADAS Y DE CARÁCTER AUTODESTRUCTIVO lo cual me torna una persona agresiva
y es por ello que solicito que el tratamiento sea en un sitio de internación
cerrado, donde se logre una efectiva recuperación que me permita volver a mi
hogar luego del TRATAMIENTO DE DESINTOXICACIÓN, DESABITUACIÓN Y REINSERCIÓN
SOCIAL.”
Por
su parte, en la tutela objeto de revisión el actor indicó en el mismo ordinal,
lo siguiente:
“TERCERO: Frente al grave estado de mi
enfermedad actualmente se me identificó TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO
DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES: SINDROME DE DEPENDENCIA Y TRASTORNOS MENTALES
Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE OPIACEOS: SINDROME DE DEPENDENCIA lo
cual me torna una persona agresiva y es por ello que solicito que el
tratamiento sea en un sitio de internación cerrado, donde se logre una efectiva
recuperación que me permita volver a mi hogar luego del TRATAMIENTO DE
DESINTOXICACIÓN, DESABITUACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.”
Por
otra parte, la circunstancia de que el demandante hubiera puesto de manifiesto
a su médico tratante el 1° de septiembre de 2011, la imposibilidad de que su
progenitora continuara sufragando el costo del tratamiento de rehabilitación en
la IPS PARA VOLVER A SER[52],
lo cual ocurrió con posterioridad a la presentación de la primera acción de
tutela, se constituye en una razón adicional para considerar que la situación
factual entre uno y otro momento cambió sustancialmente, lo que hace posible
efectuar el estudio de fondo de esta acción de tutela.
Ahora
bien, tal como ha sido precisado por la jurisprudencia constitucional, en
aquellos casos en los que sea menester hacer el juicio de temeridad, el juez de
tutela debe tener como parámetro orientador al momento de verificar el
cumplimiento de las condiciones atrás precisadas, el principio constitucional de
la dignidad humana, es decir, corroborar las circunstancias particulares en que
se encuentre el actor, a fin de armonizarlas con los presupuestos que pueden
dar lugar a la configuración de una actuación temeraria. Dentro de tal
contexto, la circunstancia de que el accionante padezca de drogadicción severa[53], situación
que exige un deber de atención especializada por parte del Estado, en tanto se
trata de un sujeto de especial protección constitucional, tal como lo establece
el artículo 47 Superior, es una razón más para dar por superado el supuesto
reparo de temeridad que conllevó el rechazo de la acción de tutela promovida
contra ASMETSALUD EPS-S.
Así
las cosas, para la Sala fue poco afortunado el escrutinio meramente
procedimental que efectuaron los despachos judiciales de instancia, en la
medida en que pasaron por alto que efectivamente existían importantes razones
para concluir que la actuación del demandante no era temeraria, en tanto está
desprovista de amaño, mala fe o abuso del derecho.
El
ejercicio de la acción de tutela mediante agente oficioso
48.
Uno de los aspectos de naturaleza sustancial que debe ser constatado por el
juez antes de adoptar la decisión de fondo, es la legitimación en la causa por
activa y pasiva, o lo que es lo mismo, la capacidad de las partes como sujetos procesales,
exigencia que debe estar igualmente acreditada en materia de tutela, con
independencia de que se trate de una acción que puede ser ejercida sin ninguna
formalidad. Así ha entendido la jurisprudencia constitucional, esta figura:
“[E]s un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. Por lo tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de
mérito (…)”.[54]
Ahora
bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política, “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.”
De
igual modo, lo prevé el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, al señalar que “la
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” (Las
negrillas y subrayas son agregadas).
De
lo anterior, puede colegirse sin mayor dificultad que la legitimidad en la
causa por activa en la acción de tutela, recae de manera principal en la
persona que se considera vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales. Del
mismo modo, se contemplan cuatro alternativas procesales adicionales o
supletorias, que resultan válidas para la interposición de la solicitud de
amparo, a saber: (i) a través del representante legal del titular de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados (menores de edad,
incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de
apoderado judicial (abogado titular con poder o mandato expreso); (iii)
haciendo uso de la agencia oficiosa; y (iv) por medio del Defensor del Pueblo y
los personeros municipales.
49.
En los expedientes T-3379737 y T-3384393, las acciones de tutela fueron
promovidas por los señores Emilio Navarro Cantillo y Rosa María García Chávez,
en representación de sus hijos Emilio Navarro Díaz y Roberto Carlos Ramírez
García, respectivamente, quienes son mayores de edad. Sin embargo, al no estar
demostrado que los accionantes actúan en calidad de representantes legales, le
corresponderá a la Sala determinar si ostentan la condición de agentes
oficiosos.
50.
Como acaba de advertirse, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, contempla la
posibilidad de que el ejercicio de la acción de tutela se lleve a cabo a través
de agente oficioso[55].
Dicha norma establece como condición de aplicación, que el titular no esté en
condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que deberá manifestarse
en la solicitud. De esta manera, la Corte ha considerado que se garantiza la
autonomía personal, la intimidad y la dignidad humana de quien está siendo
representado[56].
Los citados presupuestos, han sido explicados por la jurisprudencia
constitucional de la siguiente manera[57]:
“[E]n el agenciamiento de derechos ajenos, debe estar
debidamente demostrado que realmente el interesado no está en condiciones de
asumir la defensa de sus propios derechos. Esta exigencia no es resultado de un
capricho del legislador, ni corresponde a una mera formalidad, encaminada a
obstaculizar el acceso a la administración de justicia, especialmente cuando se
trata de la defensa de un derecho fundamental. No. Esta exigencia es desarrollo
estricto de la Constitución sobre el respeto a la autonomía personal (art. 16).
Una de las manifestaciones de esta autonomía se refleja en que las personas,
por sí mismas, decidan si hacen uso o no, y en qué momento, de las herramientas
que la Constitución y la ley ponen a su alcance, para la protección de sus
derechos en general, trátese de los fundamentales o de los simplemente legales.
Esta concepción está ligada, también, al
reconocimiento integral de la dignidad humana. Es decir, que a pesar de la
informalidad que reviste la presentación de la acción de tutela, tal
informalidad no puede llegar hasta el desconocimiento de lo que realmente desea
la persona interesada. Pues, a pesar de las buenas intenciones del tercero, sus
propósitos pueden no ser los mismos que los del interesado.
(…)
Además, si la persona puede iniciar la acción de
tutela, el hecho de que un tercero lo haga por ella, a pesar de la apariencia
de bondad del gesto, éste también puede tener un significado que lesiona la
dignidad del propio interesado, pues, estaría siendo considerado, por dicho
tercero, como alguien incapaz de defender sus propios derechos.”
No
obstante, la jurisprudencia constitucional ha utilizado un criterio flexible al
momento de verificar el cumplimiento de las citadas condiciones, al punto que
ha considerado que la efectividad de los derechos fundamentales, impone un
deber de cautela a cargo del juez constitucional, de tal manera que si de la
situación fáctica se infiere que el agenciado se encuentra en imposibilidad razonable
de hacer uso del amparo por su propia cuenta, con independencia de que el
agente oficioso no lo haya manifestado expresamente[58], deberá entenderse que
se han configurado los citados elementos y que se ha perfeccionado la agencia
oficiosa, quedando habilitado el operador judicial para dictar la decisión a
que haya lugar[59].
Así lo expresó la Corte en sentencia T-1012 de 1999:
“(…) son dos los requisitos exigidos para la
prosperidad de la agencia oficiosa: la manifestación de que se actúa como
agente oficioso de otra persona y, la imposibilidad de ésta de promover
directamente la acción constitucional. ¿Pero que sucede si en el escrito de
tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de
personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a un proceso que afecta
sus derechos, circunstancia ésta que se encuentra debidamente acreditada en el
caso sub examine, pero, del contenido mismo de la demanda de tutela, se
concluye que se actúa en nombre de otro? Considera la Corte que al juez
constitucional le compete dentro del ámbito de sus funciones realizar una
interpretación del escrito de tutela, en aras de brindar una protección
efectiva de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Precisamente,
uno de los avances más relevantes de la Constitución Política, consiste en hacer
prevalecer la realidad sobre las formas, con el fin  de evitar que los derechos
fundamentales y las garantías sociales, se conviertan en enunciados abstractos,
como expresamente lo ordena la Carta Política en su artículo 228” [60].
En
ese orden de ideas, este Tribunal en sentencia T-315 de 2000, consideró que es
improbable señalar en abstracto las situaciones que habilitan al titular de la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, para actuar por intermedio
de agente oficioso, por lo que debe entenderse como una alternativa procesal
que “es suficientemente comprehensiva y guarda relación con hechos de
cualquier naturaleza o con situaciones que imposibilitan la comparencia directa
del interesado”, por lo que agregó, “no puede elaborarse de antemano una
lista de circunstancias justificantes de la forma en que se ha llegado a los
estrados. Empero, en el marco normativo encajan todas las eventualidades que
limitan a quien se considera afectado para acudir ante el juez, siendo claro
que debe tratarse de circunstancias que lleven razonada y fundadamente al
agente oficioso a obrar sin poder expreso, como debería ocurrir normalmente.”
Finalmente,
resulta pertinente aclarar que el ejercicio de la acción de tutela mediante
agente oficioso, cuando la pretensión está encaminada a buscar la protección
del derecho a la salud, mediante el suministro de tratamientos, procedimientos,
insumos, etc, no lo habilita per se para decidir autónomamente si el
agenciado debe o no tomar el servicio de salud que requiere. Dicho de otra
forma, la agencia oficiosa en materia de salud encuentra como límites
constitucionales los principios de autonomía y de dignidad humana, de tal
suerte que su espectro está circunscrito a buscar el restablecimiento de los
derechos fundamentales comprometidos, sin que ello implique una autorización en
blanco para sustituir el consentimiento libre e informado de quien requiere una
determinada tecnología en salud.
51.
Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que la agencia oficiosa de los
demandantes en los expedientes T-3379737 y T-3384983, está debidamente
acreditada, por las razones que a continuación se enuncian.
En
el primer caso, el señor Emilio Navarro Cantillo presentó solicitud de tutela
por intermedio de apoderada judicial, a fin de que sean protegidos los derechos
fundamentales a la salud y a la vida de su hijo Emilio Navarro Díaz, quien es
mayor de edad, y padece graves problemas de drogadicción. Ni en poder adjunto,
ni en la solicitud de tutela, fueron indicadas de manera expresa las razones
por las cuales el agenciado está imposibilitado para buscar la protección de
sus derechos de manera directa. Sin embargo, para la Sala esta circunstancia no
resulta suficiente para considerar que el accionante no está legitimado en la
causa por activa, pues la situación de su hijo como farmacodependiente es
crítica, al punto que según lo indicó su médica psiquiatra tratante, consume
sustancias psicoactivas desde hace aproximadamente 30 años. Así lo indicó en la
valoración médica efectuada el 28 de junio de 2011:
“Paciente con antecedente de consumo de sustancias
psicoactivas de larga data, presenta agitación psicomotora, habla cosas sin
sentido, irritable, coprolalico, no duerme bien, acelerado. Consumo de spa de
más o menos 30 años de evolución. Consumo de cocaína.”
Así
las cosas, la Corte no comparte el argumento esgrimido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el sentido de que
“se observa que en ningún momento el accionante manifestó actuar como agente
oficioso de su hijo para quien invoca la protección del derecho fundamental a
la salud, quien es una persona mayor de edad, caso en el cual tendría que haber
comprobado que al agenciar derecho ajeno, su titular no podía actuar por sí
mismo”, cuando realmente el señor Navarro Díaz es una persona que presenta
serios problemas de salud, como consecuencia de su adicción a las drogas, que
ciertamente comprometen su derecho a la autodeterminación. En tal virtud, la
acción humanitaria emprendida por su progenitor, es legítima y se enmarca en el
deber de solidaridad que recae sobre todos los colombianos (art. 95 de la CP), respecto
de las personas que presentan disminución física, sensorial y psíquica, donde
claramente se encuentran los fármaco-dependientes, razón suficiente para
concluir que ostenta la condición de agente oficioso.
En
el segundo caso, la señora Rosa María García Chávez, promovió solicitud de
amparo constitucional obrando como madre de Roberto Carlos Ramírez García, igualmente
mayor de edad y farmacodependiente, quien según indicó su progenitora “no se
encuentra en capacidad de presentarla por sus propios medios, debido a que se
encuentra medicado con drogas ansiolíticas, ya que presenta conducta agresiva,
irritabilidad, psicosis, con trastorno bipolar. Por lo que se encuentra
imposibilitado para accionar, no obstante es (sic) mayor de edad.”[61] En efecto, esta
situación puede corroborarse con la certificación expedida el 13 de octubre de
2011, un día antes de presentarse la acción de tutela, en la que la médica
tratante psiquiatra del Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla, indica
que el señor Ramírez García “asistió en esta institución a citas de control
por Psiquiatría, Psicología y Trabajo Social, actualmente se encuentra
hospitalizado desde el 09 de septiembre de 2011.”[62]
(Las negrillas son agregadas).
52.
De esta manera, en ambos casos los demandantes están legitimados en la causa
por activa, lo cual significa que esta Corporación efectuará el estudio de
fondo para determinar si los derechos fundamentales de los agenciados fueron
vulnerados por las entidades prestadoras de salud accionadas.
El
derecho fundamental a la salud y su protección por vía de tutela. Reiteración
de jurisprudencia
53.
Por tratarse de un tema rutinario y consolidado en la jurisprudencia
constitucional, la Sala hará unas breves consideraciones en torno al derecho fundamental
a la salud[63],
el cual ha sido entendido como “la facultad que tiene todo ser humano de
mantener la normalidad orgánica y funcional, tanto física como en el plano de
la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación
en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.”[64]
54.
Conforme lo establece el artículo 49 de la Constitución Política, el derecho a
la salud tiene una doble connotación: es un servicio público y un derecho
constitucional. En consecuencia, le corresponde al Estado dirigir y reglamentar
su prestación, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad y al plexo de valores y principios previstos en la Constitución
Política[65].
Para
esta Corporación el derecho a la salud protege múltiples ámbitos de la vida
humana, por lo que ha considerado que se trata de un derecho de naturaleza
compleja tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones que de
él se derivan y por la magnitud y variedad de acciones y omisiones que su
cumplimiento demanda del Estado y de la sociedad en general, complejidad que
implica a efectos de garantizar el goce efectivo del mismo que esté supeditado
a los recursos materiales e institucionales disponibles[66].
Ahora
bien, como derecho constitucional la jurisprudencia de esta Corporación ha
tenido dos momentos. El primero, en el que consideró que mediante el ejercicio
de la acción de tutela era posible garantizar el goce efectivo de los llamados
derechos de libertad, aunque era viable proteger derechos de contenido
prestacional como la salud siempre y cuando tuviera  una relación íntima e
inescindible con derechos como la vida, integridad personal o mínimo vital o se
concretara en un derecho de naturaleza subjetiva cuando eran desconocidos
servicios incluidos en los diferentes planes de atención en salud. Sobre el
particular en sentencia T-053 de 2009 esta Corte indicó:
“Así las cosas, con anterioridad para
obtener la protección directa del derecho a la salud era necesario, (i) que la
prestación negada se encontrara incluida dentro del Plan Básico de Salud, el
Plan obligatorio de salud o el Plan obligatorio de salud Subsidiado ó (ii) que
el desconocimiento de ese derecho constitucional impidiera el goce efectivo de
un derecho fundamental, como la vida o integridad personal.”
En
el segundo momento, este Tribunal ha considerado que la salud es un derecho
fundamental autónomo, cuando se concreta en una garantía subjetiva o individual
derivada de la dignidad humana, entendida esta última como uno de los elementos
que le da sentido al uso de la expresión ‘derechos fundamentales’,
alcance efectuado adicionalmente en armonía con instrumentos internacionales
sobre derechos humanos[67].
Esta
interpretación permitió dejar de lado el criterio de la conexidad por
considerarlo artificioso e innecesario para garantizar la efectividad de los
derechos constitucionales, pues todos los derechos, unos más que otros, tienen
innegablemente un contenido prestacional[68],
por lo que “la jurisprudencia constitucional ha dejado de decir que tutela
el derecho a la salud ‘en conexidad con el derecho a la vida y la integridad
personal’, para pasar a proteger el derecho fundamental autónomo a la salud.”[69]
Así
las cosas, la Corte consideró que la fundamentalidad de los derechos no depende
de la manera como estos se hacen efectivos concluyendo en consecuencia que “[l]os
derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con
los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la
categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores
consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras
materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en
una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de
abstención).”[70]
No
significa lo anterior, que el derecho a la salud se haya despojado de su faceta
prestacional, sino que la jurisprudencia constitucional se ha encargado de
precisar el carácter fundamental que igualmente ostenta, pues en el contexto
colombiano caracterizado por la escasez de recursos “resulta equivocado hacer depender la fundamentalidad
de un derecho de si su contenido es o no prestacional y, en tal sentido,
condicionar su protección por medio de la acción de tutela a demostrar la
relación inescindible entre el derecho a la salud - supuestamente no
fundamental - con el derecho a la vida u otro derecho fundamental -
supuestamente no prestacional-.”[71]
El
alcance que esta Corporación le ha fijado al derecho a la salud, ha tenido
apoyo en diferentes instrumentos del derecho internacional, algunos de los
cuales hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano. Es así, como el artículo 25 (párrafo 1°) de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, establece:
“[T]oda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios.”
De
igual forma, el artículo 12 (párrafo 1°) del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, indica:
“1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho,
figurarán las necesarias para:
a)
La reducción de la
mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b)
El mejoramiento en todos
sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c)
La prevención y el
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
d)
La creación de condiciones
que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.”
Por
su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESR), como
órgano que supervisa la aplicación del citado Pacto, en la Observación General
N° 14 (2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud,
consideró que se trata de “un derecho humano fundamental e indispensable
para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir
dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante
numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en
materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos
concretos.”
También
en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, expresa referencia
al derecho a la salud se encuentra en la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (apartado f) del
párrafo 1° del artículo 11), la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 12); y la Convención sobre
los Derechos del Niño (artículo 24)[72].
En
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, dispone que “1.
Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho
a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien
público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar su
derecho:
a.
la atención primaria de la
salud, como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los
individuos y familiares de la comunidad;
b.
la extensión de los
beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la
jurisdicción del Estado;
c.
la total inmunización
contra las principales enfermedades infecciosas;
d.
la prevención y el
tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e.
la educación de la
población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los
grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más
vulnerables.”
Para
concluir, el carácter fundamental que este Tribunal le ha conferido al derecho
a la salud, no permite per se que en todos los eventos sea tutelable,
pues de una parte los derechos constitucionales no son absolutos, es decir,
pueden ser objeto de limitación en virtud de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad y porque la posibilidad de exigir el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de un derecho fundamental por vía de tutela, son
cuestiones diferentes y separables[73].
Sobre el particular esta Corporación, dijo[74]:
“De otra parte, al igual que numerosos enunciados normativos
de derechos constitucionales, el derecho a la salud tiene la estructura
normativa de principio -mandato de optimización- y, en esa medida, tiene una
doble indeterminación, normativa y estructural, la cual debe ser precisada por
el intérprete, por ejemplo, mediante la determinación de las prestaciones que
lo definen. En este contexto, es preciso tanto racionalizar su prestación
satisfactoria a cargo de los recursos que conforman el sistema de salud en
Colombia, como determinar en qué casos su protección es viable mediante tutela.
(…)
A su turno, la urgencia de la protección del derecho a
la salud se puede dar en razón a, por un lado, que esté de por medio un sujeto
de especial protección constitucional (menores, población carcelaria, tercera
edad, pacientes que padecen enfermedades catastróficas, entre otros), o por
otro, que se trate de una situación en la que se puedan presentar argumentos
válidos y suficientes de relevancia constitucional, que permitan concluir que
la falta de garantía del derecho a la salud implica un desmedro o amenaza de
otros derechos fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente
contrario a lo que ha de ser la protección del derecho constitucional
fundamental a la salud dentro de un Estado Social y Constitucional de Derecho.”
Por
lo tanto, “los jueces deberán
constatar en concreto la índole de la prestación reclamada y habrán de analizar
con detalle la situación en que se exige su cumplimiento pues, (…) se trata de
obligaciones cuya realización implica fuertes erogaciones económicas y en
países con recursos escasos no puede perderse de vista la necesidad de fijar
prioridades. De ahí que el vínculo entre la no prestación del servicio exigido
y la afectación de la dignidad de la persona así como la falta de
capacidad de pago constituyan criterios determinantes para que proceda la
protección del derecho fundamental a la salud por vía de tutela cuando se trata
de prestaciones no contempladas en los planes legales y reglamentarios de
salud.”[75]
La
fármaco-dependencia o drogadicción en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional
55.
Esta Corporación en diversas oportunidades, ha considerado que la drogadicción
crónica es un trastorno mental o enfermedad psiquiátrica que requiere
tratamiento médico[76],
y que por regla general, quien se encuentra en ese estado ve alterada su
autodeterminación y autonomía[77].
En tal virtud, al estar probada esta condición “se hace manifiesta la
debilidad psíquica”[78],
razón por la cual la persona merece especial atención por parte del Estado, a
partir de una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran (artículos 13 y 47 de la CP)[79]. Del mismo
modo, ha dispuesto la jurisprudencia constitucional que quien sufre de
fármaco-dependencia es un sujeto de especial protección constitucional[80]. En sentencia
T-566 de 2010, esta Corte dijo:
“[L]as personas que padecen de drogadicción se
enfrentan a un trastorno de tipo psiquiátrico que disminuye el goce de su
derecho a la salud. Esta situación limita su capacidad de autodeterminación, y
pone bajo constante amenaza su integridad psíquica y física por eventuales
sobredosis o trastornos de depresión. (…) [E]l sujeto farmacodependiente debe
afrontar una profunda afectación en las órbitas familiar, laboral y social.”
Recientemente,
este Tribunal en sentencia T-094 de 2011, se refirió in extenso a la
drogadicción en los siguientes términos:
“1. La drogadicción es una enfermedad que consiste en
la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las
funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la
percepción, el juicio y las emociones. Es preciso aclarar en todo caso que, el
consumo de drogas tiene distintos niveles y no en todos los casos es posible
hablar de adicción severa; sólo cuando el individuo ha llegado al punto en que
su adicción domina su comportamiento y su vida diaria es posible de hablar de
enfermedad y cuando ésta es grave puede llevar incluso a la locura o la muerte.
En otros eventos, en cambio, se trata simplemente de consumo ocasional. En los
casos de adicción severa, la dependencia producida por las drogas puede ser de
dos tipos:
- Dependencia física por la que el organismo se vuelve
necesitado de las drogas, tal es así que cuando se interrumpe el consumo
sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de
abstinencia.
- Dependencia psíquica o estado de euforia que se
siente cuando se consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para
evitar el malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa
necesidad de consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la
consigue.
Algunas drogas producen tolerancia, que lleva a
drogadicto a consumir mayor cantidad de droga cada vez, puesto que el organismo
se adapta al consumo y necesita una mayor cantidad de sustancia para conseguir
el mismo efecto. La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas
puede variar según la persona y las circunstancias, en algunos casos puede
llegar a ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras
necesidades básicas, como comer o dormir. Cuando el problema de adicción es
grave, la persona puede perder todo concepto de moralidad y hacer cosas que, de
no estar bajo el influjo de la droga, no haría, como mentir, robar o
prostituirse. La droga puede convertirse en el centro de la vida del
drogadicto, llegando a afectarla en todos los aspectos: en el trabajo, en las
relaciones familiares e interpersonales, en los estudios, etc.
2. Las consecuencias de un alto nivel de drogadicción
son numerosas e inciden tanto en el plano individual como en el familiar y el
social. La drogadicción acarrea al individuo graves daños físicos y psíquicos.
A los derivados del abuso de las sustancias tóxicas, hay que añadir los que
provienen del consumo en condiciones poco seguras. Por ejemplo, en el caso de
la heroína, su consumo lleva aparejados problemas de contagio de graves enfermedades,
como el SIDA o la hepatitis B.
3. La drogadicción, cuando es severa, puede tornarse
en un grave problema que acarrea un altísimo impacto social, además de ser una
enfermedad grave que puede llegar a tener consecuencias terribles en la salud
del individuo e incluso causarle la muerte. Es por eso que resulta de vital
importancia que aquellas personas que tienen este problema sean atendidas y
puedan acceder a un programa de rehabilitación aún si no tienen los medios
económicos para sufragarlo.”
De
igual modo, esta Corte en sentencia T-438 de 2009, definió la
fármaco-dependencia o drogadicción, desde el punto de vista médico como “el
estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo
vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por
otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el
fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos
psíquicos y, a veces, para evitar el malestar producido por la privación”[81].
En
ese orden de ideas, este Tribunal sobre la base de que la drogadicción crónica
es un problema de salud pública, ha considerado que “debe ser atendido por
el sistema de seguridad social en salud. Bien sea por el régimen subsidiado o
el contributivo e inclusive por las entidades públicas o privadas que tienen
contratos con el Estado para la atención de los vinculados al sistema en caso
de que  se demuestre la necesidad inminente del tratamiento y la incapacidad
económica del afectado para cubrirlo”, en tanto “[e]s claro que dentro
de nuestro Estado social de derecho existe este mandato de optimización a favor
de las personas con estado de debilidad psíquica en virtud de su drogadicción
crónica.” [82]
Para
terminar, la Corte Constitucional ha considerado en relación con los
tratamientos para combatir la fármaco-dependencia y/o drogadicción, que “las
investigaciones científicas revelan que estos son múltiples y que varían según
factores como el tipo de sustancia de la que se abusa, el tiempo de consumo y
las características particulares de cada uno de los pacientes. Sobre esto
último vale destacar que las personas que consumen sustancias psicoactivas no
provienen del mismo nivel social y como consecuencia de su dependencia, pueden
sufrir problemas mentales, laborales, físicos o sociales, que inciden en su
comportamiento y que, por tanto, deben ser considerados al momento de tratar la
enfermedad”[83],
por lo que en aquellos casos en los que la rehabilitación busque alcanzarse
mediante el ejercicio de la acción de tutela, “es deber del juez
constitucional asegurarse que se establezca con claridad por parte de los
respectivos profesionales cuál es el tratamiento indicado en el caso concreto,
de tal manera que los servicios médicos que se presten garanticen de manera
efectiva los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud del
accionante.”[84]
Algunas
consideraciones en torno al Acto Legislativo 02 de 2009
56.
Con posterioridad a la despenalización del porte y consumo de la dosis mínima
de estupefacientes mediante sentencia C-221 de 1994[85], se dieron varios
intentos de repenalización de la dosis mínima, los cuales fueron
frustrados. De esta manera el tema fue asumido a nivel de reforma constitucional,
inicialmente ligándolo al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la
CP)[86],
y posteriormente, como un tema de salud pública (art. 49 de la CP)[87]. Finalmente,
fue con ocasión del “Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Hogares de Colombia”, efectuado en el año 2009, que tuvo lugar la presentación
de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno que finalizó en el Acto
Legislativo 02 de 2009, el cual según quedó precisado en la exposición de
motivos, “no pretendía penalizar con medida privativa de la libertad al
consumidor, sino acompañarlo con medidas pedagógicas, profilácticas y  terapéuticas
que le ayudaren a él y a su familia a superar sus dificultades.”[88]
Luego
de surtir los debates constitucionales, el texto finalmente aprobado que
incorporó los incisos 6° y 7° del artículo 49 de la Constitución, es del
siguiente tenor:
“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o
sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y
rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de
orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman
dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el
consentimiento informado del adicto.
Así mismo el Estado dedicará especial atención al
enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y
principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado
integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y
desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de
drogas y sustancias estupefacientes y a favor de la recuperación de los
adictos.”
Esta
Corporación en sentencia C-574 de 2011[89],
bajo una interpretación histórica de la transcrita reforma constitucional,
concluyó que “desde que se despenalizó el porte y consumo de sustancias
estupefacientes y sicotrópicas mediante la Sentencia C-221 de 1994, se
presentaron varios intentos de reforma constitucional, ya sea por intermedio
del trámite del referendo constitucional del artículo 378 de la C.P, o por el
trámite de la reforma ordinaria mediante Acto Legislativo que se establece en
el artículo 375 de la C.P. En una primera instancia las propuestas de reforma
pretendían reformar el artículo 16 de la C.P., sobre libre desarrollo de la
personalidad. Estas propuestas de reforma pretenden sancionar la conducta con
penas distintas a la privación de la libertad, para garantizar los derechos
individuales y colectivos y se enfoca a defender los derechos de los niños. (…)
Posteriormente y desde el 2007, se pretende reformar ya no el artículo 16 de la
C.P., sino el artículo 49 de la C.P. sobre el derecho a la salud. El cambio de
perspectiva se relaciona con las Sentencias dictadas por la Corte
Constitucional de que la farmacodependencia es una enfermedad y que por ende no
se puede tratar al adicto como un delincuente, sino como un enfermo.”
Bajo
el mismo método de interpretación[90],
en sentencia C-882 de 2011[91],
este Tribunal señaló que “la voluntad del constituyente derivado al aprobar
el Acto Legislativo 02 de 2009 fue proscribir el porte y consumo de sustancias
estupefacientes y sicoactivas para evitar y combatir la adicción y el
comercio ilícito de dichas sustancias como causa del fenómeno. El Gobierno
al presentar el proyecto de Acto Legislativo y el Congreso al aprobarlo
partieron de las siguientes premisas: (i) la drogadicción es una
enfermedad; (ii) el consumo creciente de drogas ilícitas y los altos
índices de drogadicción mostrados por un reciente estudio del Gobierno Nacional
evidencian que la farmacodependencia se ha convertido en un problema de salud
pública; (iii) para atacar el problema es necesario prohibir el porte y
consumo de sustancias estupefacientes y sicoactivas, y acompañar esta
prohibición con medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas que permitan
la recuperación del enfermo.”
De
otra parte, apoyándose en el método de interpretación sistemático[92], consideró
que del inciso sexto se desprenden tres oraciones diferentes: “en primer
lugar (i) ‘Que el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas
está prohibido salvo prescripción médica’, en segundo lugar que (ii) ‘Con fines
preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos
administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las
personas que consuman dichas sustancias’, y por último (iii) que ‘El
sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado
del adicto.”
Así
mismo, desde la misma perspectiva sistemática del inciso sexto con el resto del
artículo 49 de la Constitución, este Tribunal destacó las siguientes
conclusiones[93]:
a)
Que la prohibición del porte y
consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para el sometimiento a
medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el
consentimiento informado del adicto[94],
se correspondería con el deber de procurar el cuidado integral de la salud de
la persona y de la comunidad, contenido en el inciso quinto del mismo artículo[95].
b)
Que no solamente se establecen las
medidas pedagógicas, administrativas y terapéuticas para el adicto que
consienta de forma informada someterse a dichas medidas y tratamientos, sino
que el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su
familia, con el desarrollo permanente de campañas de prevención contra el
consumo de drogas o sustancias estupefacientes y a favor de la recuperación de
los adictos.
c)
Que el sometimiento a las medidas
y tratamientos para los adictos y dependientes que porten y consuman sustancias
estupefacientes y sicotrópicas, y que consientan de manera informada someterse
a las medidas y tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico,
deberá proveerse por parte del Estado o por los particulares o por parte del
sistema de salud de acuerdo a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.
También
destacó que una interpretación del inciso sexto del artículo 49 de la
Constitución, con las demás disposiciones constitucionales, “se debería
corresponder con un concepto amplio de dignidad que implique la
autodeterminación (artículo 1), con el derecho a la vida y con el deber del
Estado de protegerla (art. 11 e inciso segundo del artículo 2°), con la
prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás (inciso
tercero del artículo 44), con la protección y la formación integral del
adolescente (artículo 45), con la obligación de adelantar una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y síquicos a quienes se les prestará la atención especializada que
requieran (art. 47); con el mismo derecho a la salud y saneamiento ambiental
(art. 49) y con el numeral primero de los deberes del artículo 95 que establece
que toda persona tiene el deber de ‘Respetar los derechos ajenos y no abusar de
los propios.”[96]
A
su turno, la sentencia C-882 de 2011, apoyándose en el mismo método de
interpretación sistemático, fue categórica en indicar que la prohibición
contenida en el Acto Legislativo 02 de 2009, se dirige exclusivamente al porte
y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, como problema de salud
pública. Así lo expresó este Tribunal:
“En efecto, al comienzo, el inciso consagra una
prohibición irrestricta de porte y consumo de sustancias estupefacientes y
sicotrópicas, y solamente se establece una excepción: el porte y consumo con
prescripción médica. El precepto no señala explícitamente las consecuencias del
incumplimiento de tal prohibición, pero indica que la ley establecerá medidas o
tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico,
con fines preventivos y rehabilitadores para los adictos. La continuidad de las
proposiciones lleva a la Sala a concluir que si bien el constituyente derivado
no definió expresamente las consecuencias del incumplimiento de la prohibición,
al referirse a continuación a las medidas administrativas de orden pedagógico,
profiláctico o terapéutico que deberá el legislador adoptar a favor de los
adictos, cerró el abanico de posibilidades legislativas y redujo las
consecuencias del incumplimiento de la prohibición en materia de consumo al
sometimiento del adicto a tales medidas administrativas. En consecuencia, la
Sala confirma que la prohibición se dirige es al porte y consumo en el marco de
la drogadicción como problema de salud pública.” (Las subrayas son agregadas).
Finalmente,
desde una interpretación literal o semántica de la citada reforma
constitucional, este Tribunal indicó que “hay lugar a inferir que la
prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas,
salvo prescripción médica, que en un principio parece como absoluto, podría
estar limitado ya que se establece que éstas medidas de índole administrativo
se establecerán solamente con fines preventivos y rehabilitadores de orden
pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas
sustancias y que el sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el
consentimiento informado del adicto, circunstancia que atenuaría la prohibición
sin limitaciones del porte y consumo de estas sustancias.”[97]
Con
base en lo anterior, las implicaciones que pueden resaltarse del Acto
Legislativo 02 de 2009, en torno a la drogadicción crónica como una enfermedad
que afecta la salud mental y psíquica de las personas, son las siguientes:
1.- Su
finalidad es (i) evitar el comercio ilícito de sustancias estupefacientes o
sicotrópicas, y (ii) tratar a la persona que sufre de farmacodependencia, como
un enfermo y no como un delincuente, en tanto no establece como sanción la pena
privativa de la libertad.
2.- Aun
cuando establece una prohibición que en principio parece absoluta frente al
consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, salvo prescripción
médica, le corresponde al legislador el establecimiento de medidas y
tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico
para las personas que consuman dichas sustancias, para lo cual se requiere el
consentimiento informado del adicto, lo cual se corresponde con el deber que
recae sobre las personas de procurar el cuidado integral de la salud y la de su
comunidad.
3.- La
prohibición citada, está circunscrita al porte y consumo de sustancias
estupefacientes o sicotrópicas en el marco de la drogadicción, como problema de
salud pública.
4.- Corresponde
al Estado adelantar de manera permanente, campañas de prevención contra el
consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, a favor de la
recuperación de los adictos, por cuanto “[n]o puede, pues, un Estado
respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo
de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar, y
sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias
que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y,
eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente se halla integrada.”[98]
5.- Las
medidas y tratamientos para los adictos que lo consientan de manera informada,
deberán ser suministradas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
tanto en el régimen contributivo y subsidiado, así como para aquellas personas
vinculadas, con fundamento en los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.
Solución
de los casos concretos
Pasa
la Corte a resolver los asuntos objeto de revisión, con el fin de determinar si
las entidades accionadas están en el deber constitucional de suministrar el
tratamiento de rehabilitación que requieren los peticionarios, a fin de
contrarrestar la fármaco-dependencia que padecen, la cual según indicó la ESE
Hospital Mental de Filandia, “es una enfermedad compleja caracterizada por
un deseo, una búsqueda y un uso compulsivo y a veces incontrolable de droga,
que persisten, aún sabiendo las consecuencias extremadamente negativas que ello
implica. La compulsión se asocia a un comportamiento reforzante (gratificación
o placer). Hay pérdida de control sobre el límite de consumo, ansias intensas
(craving), tolerancia y síntomas de abstinencia/deprivación. Las personas
drogodependendientes generalmente padecen problemas mentales, de salud,
ocupacionales y sociales que hacen su desorden de adicción difícil de tratar y
superar. Para la mayoría de las personas con problemas de dependencia de
sustancias, el tratamiento es un proceso largo que conlleva múltiples
intervenciones e intentos de abstinencia.”[99]
Expediente
T-3372244
57.
El señor José Luis Rodríguez Zorrilla, promovió acción de tutela contra
ASMETSALUD EPS-S con el propósito de que sea suministrado tratamiento integral
en medio cerrado, para superar su adicción a las drogas. A su turno, la entidad
demandada reconoció que el demandante se encuentra afiliado al régimen
subsidiado, aunque el procedimiento solicitado se encuentra excluido del Plan
Obligatorio de Salud que está contenido en el Acuerdo N° 008 de 2009, razón por
la cual le corresponde su prestación al Instituto Seccional de Salud del
Quindío, con financiación proveniente del subsidio a la oferta y con una
institución pública o privada que tenga convenio o contrato dentro de su red de
prestadores de servicios de salud.
Las
decisiones de instancia coincidieron en rechazar la acción de tutela promovida
por el accionante, por considerar que había incurrido en una actuación
temeraria, en tanto previamente había promovido acción de tutela con las mismas
partes, hechos y pretensiones. Esta postura fue desvirtuada supra 47,
por lo que le corresponde a la Sala adoptar una decisión de fondo.
De
las pruebas que reposan en el expediente, la Sala encuentra que el accionante, (i)
se encuentra inscrito en el nivel I del SISBEN y está afiliado a ASMETSALUD
EPS-S; (ii) es fármaco-dependiente; (iii) ha venido recibiendo tratamiento de
deshabituación y desintoxicación por parte de la IPS Hospital Mental de
Filandia, Quindío, de lo cual da cuenta la suscripción del consentimiento
informado efectuada por el actor el 26 de octubre de 2007[100]; (iv) en el marco del
proceso de rehabilitación que se ha venido adelantando, ha estado recluido en
diferentes oportunidades en el citado establecimiento de salud debido al consumo
de heroína, marihuana y cannabis. De la historia clínica allegada por la mencionada
IPS, pueden resaltarse los siguientes diagnósticos efectuados por los médicos
tratantes:
En
enero 2 de 2012, el actor fue valorado por el especialista en psiquiatría,
quien consideró que “continúa consumiendo cannabis y niega nuevos episodios
de consumo de heroína, sin presentar síntomas de retiro. Refiere que labora en
oficios varios y que tiene deseos de irse del país, bien sea a Bolivia o a
México.”[101]
En
la atención con internación[102]
que tuvo lugar del 1° al 7 de octubre de 2010, en la epicrisis se indica “paciente
con historia de consumo de múltiples SPA, entre ellos heroína (5 años),
marihuana y basuco (sic), viviendo en la calle hace unos días en que lo
recibieron en la casa. Laboraba como vendedor ambulante. Ha tenido problemas
legales relacionados con el consumo. Ingresa para desintoxicación y
deshabituación a heroína”[103].
(Las subrayas son agregadas).
Previamente,
en la hospitalización del 17 al 30 de septiembre del mismo año, la evaluación
por trabajo social fue la siguiente:
“(…) El paciente proviene de una familia recompuesta
conformada por la madre, el padrastro y la hermana menor, manifiesta que sus
padres son separados hace 6 años debido al problema de alcoholismo del padre el
cual desencadenaba diversos problemas familiares. La mayor parte de la
autoridad fue asumida por la madre, evidenciándose rasgos de sobreprotección
caracterizados por permisividad, situación que contribuyó a que iniciara
consumo de SPA en la adolescencia. Al explorar datos sobre el consumo se puede
establecer que inició consumo de marihuana a los 15 años, seguido del
alcohol, perico entre otras, a los 20 años inicia el consumo de heroína fumada
(…); refiere haberse inyectado en varias ocasiones, niega haber compartido
jeringuillas, pero si haber reutilizado.
Paciente que establece unión de hecho a los 20 años
con una joven de 24 años, (…) producto de esta relación (sic) Juan José de 13 días de nacido (…).
En la entrevista el paciente manifiesta que 2 días
antes de ingresar a hospitalización, se encontraba en situación de calle puesto
que fue expulsado de su hogar debido a su problema de adicción y a los
múltiples hurtos ejercidos al interior del hogar”[104]. (Las negrillas son agregadas).
58.
Ahora bien, la pretensión del accionante está encaminada a que ASMETSALUD
EPS-S, suministre “EL TRATAMIENTO INTEGRAL Y PROLOGADO A NIVEL DE
HOSPITALIZACIÓN EN MEDIO CERRADO CON LA IPS PARA VOLVER A SER”[105], centro
especializado que para el momento de la presentación de la acción de tutela no
tenía suscrito contrato de prestación de servicios médicos con la aludida EPS-S.
No obstante, según lo informó la entidad accionada a esta Corporación, a partir
del mes de enero de 2012[106],
ha contratado sus servicios como centro especializado en servicios de salud en
atención, prevención, rehabilitación, recuperación y resocialización de
personas con adicción a las drogas.
59.
La Sala con fundamento en lo anteriormente expuesto, observa que la vulneración
iusfundamental que el accionante le achaca a la EPS-S, no tuvo lugar por
las razones que a continuación se enuncian.
En
primer término, valga indicar que contrario a lo señalado por ASMETSALUD EPS-S,
las tecnologías en salud que requieren las personas con adicción a las drogas,
no están complemente excluidas del Plan Obligatorio de Salud, tal como lo
indicó el Ministerio de Salud y Protección Social[107]. Sobre este particular,
el reciente Acuerdo 029 de 2011, incluyó algunas coberturas de atención en
salud mental, donde debe incluirse la drogadicción crónica entendida como un
trastorno mental o enfermedad psiquiátrica. De esta manera, si bien no es
posible colegir que el tratamiento integral para superar la fármaco-dependencia
está incluido en el citado Plan, se trata de un importante avance que está
orientado a alcanzar el más alto nivel posible de salud física y mental, tal
como lo ha dispuesto el derecho internacional de los derechos humanos y la
jurisprudencia constitucional. Así quedaron consagradas las coberturas:
“ARTÍCULO 17. ATENCIÓN EN SALUD MENTAL. El Plan
Obligatorio de Salud cubre la atención ambulatoria con psicoterapia individual
o grupal, independientemente de la fase en que se encuentra la enfermedad, así:
1. Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual
en total por psiquiatría y por psicología durante el año calendario.
2. Hasta treinta (30) terapias grupales, familiares y
de pareja en total por psiquiatría y por psicología durante el año calendario.
(..)
ARTÍCULO 22. ATENCIÓN DE URGENCIAS EN SALUD MENTAL. El Plan Obligatorio de Salud incluye la atención de
urgencias del paciente con trastorno mental, en el servicio de urgencias y en
observación. Esta atención cubre las primeras 24 horas, en el evento que ponga
en peligro la vida o integridad o la de sus familiares y la comunidad.
(…)
ARTÍCULO 24. INTERNACIÓN PARA MANEJO DE ENFERMEDAD DE
SALUD MENTAL. En caso de que
el trastorno ponga en peligro la vida o integridad del paciente o la de sus
familiares y la comunidad, o por prescripción específica del médico tratante,
el Plan Obligatorio de Salud cubre la internación de pacientes con problemas y
trastornos en salud mental hasta por 90 días, acorde con la prescripción del
médico tratante y las necesidades del paciente. Sin perjuicio del criterio del
médico tratante, el paciente con problemas y trastornos en salud mental, se
manejará de preferencia en el programa de ‘internación parcial’, según la
normatividad vigente.
PARÁGRAFO. Los noventa (90) días podrán sumarse en una o más hospitalizaciones por
año calendario.
(…)
ARTÍCULO 76. CASOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN
MENORES DE 18 AÑOS. Sin
perjuicio de las evaluaciones y atenciones realizadas por profesionales de la
salud, todo menor de dieciocho (18) años de edad que use sustancias psicoactivas
tendrá derecho a recibir atención psicológica y psiquiátrica ambulatoria y con
internación, y adicionales a las coberturas establecidas en los artículos 17 a 24.”
En
ese orden de ideas, es deber de las entidades prestadoras de salud en
cualquiera de los regímenes (contributivo o subsidiado), brindar a las personas
que padezcan fármaco-dependencia los citados servicios de salud, en tanto están
expresamente incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Más aún, sea del caso
recordar a la EPS-S demandada “que tratándose de tratamientos que se
encuentran excluidos del POS, especialmente el tratamiento y rehabilitación de
la farmacodependencia, es obligación de las Entidades Promotoras de Salud
brindar dichos tratamientos, si el médico tratante así lo ordena, en razón al
carácter fundamental que el derecho a la salud adquiere en estos casos (…), y
bajo ningún criterio es admisible que las consultas ante los Comités Técnicos
Científicos obstaculicen el acceso efectivo y oportuno a los mismos.”[108]
De
otra parte, descendiendo al asunto materia de revisión, la Sala no advierte
afectación alguna a los derechos fundamentales a la salud y a la vida del
accionante, sin desconocer que su condición de fármaco-dependiente hace que su
estado de salud sea delicado, pues si bien para el momento de la presentación
de la acción de tutela la EPS-S accionada, no tenía contrato vigente con la IPS
PARA VOLVER A SER, el servicio de salud de rehabilitación que el actor ha requerido
para superar su adicción a las drogas, en los términos prescritos por su médico
tratante (folio 96 del cuaderno anexo), se ha venido prestando por la ESE
Hospital Mental de Filandia, lo cual puede corroborarse en la historia clínica
de peticionario. En efecto, el 27 de octubre de 2007, el actor suscribió consentimiento
informado para adelantar tratamiento de deshabituación y desintoxicación[109], ha
recibido atención y apoyo psiquiátrico, psicológico, trabajo social y de terapia
ocupacional, así como el suministro del medicamento metadona, al punto que la
valoración por psiquiatría llevada a cabo el 4 de junio de 2010, señala “evolución
satisfactoria se ha alcanzado metas de fase de desintoxicación y
estabilización de dosis, actitud de preparación al cambio, prospección
adecuada”[110]
(Las negrillas son agregadas). Es decir, el señor Rodríguez Zorrilla en
ningún momento ha estado desprovisto del servicio de salud que ha requerido, al
punto que de ser su deseo, en este momento puede solicitar a ASMETSALUD EPS-S que
el proceso de rehabilitación se lleve a cabo en la IPS PARA VOLVER A SER.
Por
lo anterior, la Corte no accederá a la protección constitucional solicitada,
pero advertirá a ASMETSALUD EPS-S que hacia el futuro, deberá continuar garantizando
la prestación del servicio de salud que requiera el señor José Luis Rodríguez
Zorrilla, incluidas las coberturas del Plan Obligatorio de Salud para los
fármaco-dependientes, sin anteponer obstáculos o barreras administrativas, correspondiéndole
al médico tratante orientar e ilustrar al accionante para que opte por el establecimiento
de salud que mejor se adecue a sus necesidades, con el fin de que siga
recibiendo el tratamiento de rehabilitación integral que requiera para superar
su adicción a las drogas, siempre y cuando medie el consentimiento libre e informado.
Así mismo, a la accionada le asiste el derecho de repetir ante la entidad
territorial correspondiente, por los servicios de salud prestados que no sean
de su competencia.
60.
Por las razones expuestas, la Corte modificará la sentencia dictada por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, el 21 de
noviembre de 2011, que rechazó por temeridad la acción de tutela promovida por
el señor José Luis Rodríguez Zorrilla contra ASMETSALUD EPS-S, y en su lugar,
denegará el amparo constitucional solicitado.
Expediente
T-3379737
61.
El señor Emilio Navarro Cantillo, actuando por intermedio de apoderada
judicial, presentó acción de tutela con el fin de que sean protegidos los
derechos fundamentales a la salud y a la vida de su hijo mayor de edad Emilio
Navarro Díaz, y en consecuencia, que el juez constitucional disponga el
suministro del tratamiento de desintoxicación, deshabituación y reintegración, “internándole
en centro de rehabilitación por 90 días como lo ordena su médico tratante”[111], incluidos
los medicamentos, controles, exámenes de laboratorio que sean prescritos en lo
sucesivo y que no se encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, con
el fin de superar el grave problema de adicción a las drogas que padece. Por su
parte, NUEVA EPS en el escrito de contestación de la solicitud de amparo
constitucional, señaló que “el tratamiento DESINTOXICACIÓN; DESHABITUACIÓN Y
REINTEGRACIÓN SOCIAL, está fuera de las coberturas del POS”, contenido en la
Resolución 5261 de 1994 y el Acuerdo 008 de 2009[112].
Los
jueces de tutela adoptaron las siguientes decisiones: en primera instancia, el
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, concedió la tutela de los
derechos fundamentales a la vida y a la salud, en tanto encontró cumplidos los
presupuestos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
para ordenar el suministro de servicios de salud excluidos del Plan Obligatorio
de Salud. De esta manera, dispuso ordenar a la entidad demandada la autorización
del servicio de salud solicitado por 90 días o el tiempo que considere el
médico tratante. Así mismo, advirtió a la accionada que tiene la posibilidad de
repetir ante el FOSYGA, por el valor de los gastos en los que incurra,
únicamente por las sumas de dinero que legal y reglamentariamente no sean de su
cargo. En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Civil-Familia, revocó el fallo bajo la consideración de que
el demandante no estaba legitimado para representar los intereses de su hijo
mayor de edad, en tanto no acreditó su condición de agente oficioso.
De
las pruebas que reposan en el expediente, se concluye en grado de certeza (i)
que el señor Emilio Navarro Cantillo está legitimado en la causa por activa, en
tanto ostenta la condición de agente oficioso (supra 51); (ii) que el señor
Emilio Navarro Díaz, en calidad de agenciado, cuenta con 54 años de edad y es
afiliado cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud con antigüedad
de 235 semanas; (iii) que el diagnóstico médico efectuado por el Instituto de
Psicoterapia S.A.S. VILLA 76 de Barranquilla, es “farmacodependencia (..)
paciente con antecedente de consumo de sustancias psicoactivas de larga data,
presenta agitación psicomotora, habla cosas sin sentido, irritable,
coprolalico, no duerme bien, acelarado, consumo de SPA de más o menos 30 años
de evolución, consumo de cocaína”[113];
y (iv) que la médica psiquiatra tratante Dubrazka Duque, prescribe “tratamiento
de larga estancia en centro de rehabilitación durante 90 días”[114].
62.
Como quedó indicado en el caso anterior, con ocasión de la expedición del
Acuerdo 029 de 2011, la totalidad del tratamiento de rehabilitación para las
personas afligidas por la drogadicción, no se encuentra excluido del Plan
Obligatorio de Salud, en tanto la atención en salud mental, incluidas las
urgencias, así como la internación para el manejo de dicha enfermedad y los
casos de uso de sustancias psicoactivas en menores de 18 años (artículos 17,
22, 24 y 76), debe ser garantizada por las entidades prestadoras de salud en
los términos y condiciones precisados en el citado acto administrativo (supra
59).
En
el asunto objeto de revisión, la pretensión tutelar está encaminada a que la
EPS accionada disponga el suministro del “tratamiento de larga estancia en
centro de rehabilitación durante 90 días”, a fin de que el señor Navarro
Díaz supere su adicción a las drogas, el cual a juicio de la entidad accionada
no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (Resolución 5261 de 1994 y
Acuerdo 008 de 2009). No obstante, la reciente normativa que define, aclara y actualiza
dicho Plan (Acuerdo 029 de 2011), incorpora como servicio de salud la “Internación
para manejo de enfermedad en salud mental”, en los siguientes términos:
“En caso de que el trastorno o enfermedad mental ponga
en peligro la vida o la integridad del paciente o la de sus familiares y la
comunidad, o por prescripción específica del médico tratante, el Plan
Obligatorio de Salud cubre la internación de pacientes con problemas y
trastornos de salud mental hasta por 90 días, acorde con la prescripción
del médico tratante y las necesidades del paciente. Sin perjuicio del criterio
del médico tratante, el paciente con problemas  de salud mental, se manejará de
preferencia en el programa de ‘internación parcial’, según la normatividad
vigente.
PARÁGRAFO. Los noventa (90) días podrán sumarse en una o más hospitalizaciones por
año calendario.” (Las subrayas son
agregadas).
En
ese orden de cosas, al ser la fármaco-dependencia o drogadicción un trastorno
mental o enfermedad psiquiátrica, no cabe duda que el tratamiento ordenado al
agenciado, se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud, razón de
sobra para concluir que le corresponde al juez constitucional ordenar el
respectivo suministro, lo cual excluye la posibilidad de que la EPS demandada
recobre por los valores en los que pueda incurrir, en razón a su prestación. En
tal virtud, resulta inexcusable la omisión en la que ha incurrido NUEVA EPS, en
tanto desconoció el deber que recae sobre el Estado de adelantar una política
de previsión, rehabilitación e integración social, para los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran (art. 47 de la CP), con el fin de restablecer sus
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas (art. 11) y a la salud
(art. 49 de la CP).
Del
mismo modo, la Sala advertirá a la EPS demandada que en caso de que el médico
tratante considere necesario darle continuidad a la internación del señor
Emilio Navarro Díaz, superando el límite temporal dispuesto por el citado
Acuerdo 029 de 2011, deberá hacerlo sin anteponer ningún tipo de obstáculo a la
prestación del servicio de salud, pudiendo hacer uso de la facultad de recobro
ante el Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-.
63.
Ahora bien, sea del caso precisar que con independencia de que este Tribunal
haya encontrado configurada la condición de agente oficioso del accionante,
para representar los derechos de su hijo mayor de edad, la circunstancia de que
se ordene el suministro del tratamiento médico que requiere el agenciado para
superar su adicción a las drogas, no está desprovisto de la necesaria obtención
del consentimiento libre e informado del paciente. Es decir, se trata de
cuestiones claramente diferenciables. La primera, se reconduce a la capacidad
para ser parte y representar los intereses de un tercero, siempre que se
encuentren cumplidas las condiciones que ha dispuesto el Decreto 2591 de 1991
(art. 10) y la jurisprudencia constitucional, mientras que la segunda, hace
relación con el derecho a la dignidad y a la autonomía individual, manifestado
en el consentimiento previo del paciente.
La
extensa jurisprudencia de este Tribunal, ha considerado que la facultad del
paciente de tomar decisiones sobre su propia salud, ha sido considerada como un
derecho fundamental que tiene concreción en el principio constitucional de
pluralismo[115],
y en los derechos fundamentales a la dignidad humana[116], al libre desarrollo de
la personalidad[117],
libertad individual[118],
integridad personal[119]
y salud[120],
lo cual le ha permitido fijar subreglas en relación con el consentimiento del
menor de edad o de las personas incapaces o cuando se trata de intervenciones o
tratamientos invasivos, riesgosos o inciertos. El sustento constitucional de la
autonomía del paciente, fue explicada in extenso por la Corte en
sentencia T-452 de 2010, en los siguientes términos:
“En efecto, si uno de los contenidos protegidos por el
derecho a la dignidad humana es ‘la autonomía o posibilidad de diseñar un plan
vital y determinarse según sus características (vivir como quiera)’[121],
que corresponde a su vez con el ámbito protegido por el derecho al libre
desarrollo de la personalidad[122],
resulta lógico que, en lo que toca con los tratamientos médicos, el paciente
tenga la facultad de asumirlos o declinarlos de acuerdo con ese modelo de vida
que ha construido de acuerdo a sus propias convicciones. Específicamente ha
determinado esta Corporación que ‘el principio general de libertad emana el
derecho específico de la autonomía del paciente que le permite tomar decisiones
relativas a su salud’[123].
De allí que la Corte haya insistido en que ‘nadie
puede disponer sobre otro’[124]
ya que ‘si los individuos son libres y agentes morales autónomos, es obvio que
es a ellos a quienes corresponde definir cómo entienden el cuidado de su salud
(…)’[125].
En otras palabras, en el campo de la práctica médica, ‘toda persona es autónoma
y libre para elegir y decidir cuál opción seguir, entre las diversas
alternativas que se le presentan con relación a aquellos asuntos que le
interesan. De acuerdo con esto, la Constitución reconoce que dentro de los
límites que ella misma traza, existen diferentes concepciones de bien y de
mundo, igualmente válidas, desde las cuales toda persona puede construir
legítimamente un proyecto de vida’[126].
En similar sentido, esta Corporación ha indicado que
la autonomía del paciente en materia médica es desarrollo del principio de
pluralismo reconocido en los artículos 1 y 7 de la Constitución ya que este ‘implica
que existen, dentro de ciertos límites, diversas formas igualmente válidas de
entender y valorar en qué consiste la bondad de un determinado tratamiento
médico’[127].
Así mismo, impedir a una paciente decidir si se somete
o se rehúsa a un tratamiento médico atenta contra otro de los contenidos
protegidos por el derecho a la dignidad humana cual es la ‘intangibilidad de
los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin
humillaciones)’[128],
el cual se relaciona de forma innegable con el derecho a la integridad
personal. En este sentido, ha manifestado la Corte que ‘si las personas son
inviolables, sus cuerpos también lo son, por lo cual no pueden ser intervenidos
sin su permiso (…) el individuo es titular de un derecho exclusivo sobre el
propio cuerpo, por lo cual cualquier manipulación del mismo sin su consentimiento
constituye una de las más típicas y primordiales formas de lo ilícito’[129].
(…)
En conclusión ‘toda actuación destinada a
instrumentalizar a la persona, impidiéndole que pueda tomar las decisiones que
estime convenientes sobre su propio cuerpo, se muestra como abiertamente
desproporcionada y contraria a los principios que informan el Texto Superior’[130].”
De
igual manera, ha entendido la Corte que el mecanismo que permite hacer efectiva
la aludida autonomía, es el consentimiento previo del paciente para la práctica
de tratamientos médicos, el cual no se trata de un simple requisito formal que
puede suplirse con cualquier tipo de autorización del paciente, sino que “es
necesario que el consentimiento reúna ciertas características, y en especial
que sea libre e informado.”[131]
Que sea libre, significa que “la persona debe tomar su determinación sin
coacciones ni engaños. Así, no es válido, por haber sido inducido en error, el
asentimiento de un paciente que es logrado [por ejemplo] gracias a una
exageración, por parte del médico, de los riesgos de la dolencia y una
minimización de los peligros del tratamiento”[132]. Mientras que el
consentimiento informado, exige que se funde “en un conocimiento adecuado y
suficiente de todos los datos que sean relevantes para que el enfermo pueda
comprender los riesgos y beneficios de la intervención terapéutica, y valorar
las posibilidades de las más importantes alternativas de curación, las cuales
deben incluir la ausencia de cualquier tipo de tratamiento. Esto implica (…)
que, debido a que el paciente es usualmente lego en temas médicos, el
profesional de la salud tiene el deber de suministrar al enfermo, de manera
comprensible, la información relevante sobre los riesgos y beneficios objetivos
de la terapia y las posibilidades de otros tratamientos, incluyendo los efectos
de la ausencia de cualquier tratamiento, con el fin de que la persona pueda
hacer una elección racional e informada sobre si acepta o no la intervención
médica”[133].
En
el caso de las personas que padecen de drogadicción crónica, sería en principio
problemática la obtención del consentimiento informado, dado que pueden
encontrarse en un estado de inconciencia que sencillamente no les permite
discernir sobre la bondad de un tratamiento de rehabilitación que esté
encaminado a superar la adicción a las drogas. Sin embargo, en aquellos
momentos de lucidez cognitiva, la persuasión médica se constituye en una
herramienta fundamental para que el fármaco-dependiente comprenda las ventajas
y riesgos que implica aceptar un tratamiento médico, con el fin de que sobre la
base del libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la CP) y la libertad
individual (preámbulo y art. 13), decida autónomamente si continúa o no
consumiendo sustancias psicoactivas. El drogadicto es libre de decidir su
propio destino, pues “[e]l considerar a la persona como autónoma tiene sus
consecuencias inevitables e inexorables, y la primera y más importante de todas
consiste en que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben
ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética,
reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los
fines que por fuera de ella se eligen.”[134]
No
obstante, la Sala acogiendo el criterio consistente en que ninguna de las
garantías constitucionales debe ser entendida en términos absolutos, considera
que la prevalencia prima facie que la jurisprudencia le ha otorgado al
principio de autonomía sobre los principios que orientan la práctica médica de
beneficencia y utilidad[135],
puede ceder excepcionalmente “en una emergencia, y en especial si el
paciente se encuentra inconsciente o particularmente alterado o se encuentra en
grave riesgo de muerte, [situación en la que] es natural que los médicos
actúen en función exclusiva del principio de beneficencia y adelanten los
tratamientos necesarios para salvar la existencia o la integridad física del
paciente, por cuanto es razonable presumir que la mayor parte de las personas
desean salvaguardar su vida y salud, y la espera para la obtención de un
consentimiento informado podría tener consecuencias catastróficas para el
propio paciente.”[136] En estos casos,
concluyó la Corte en sentencia T-452 de 2010, “se puede sustituir el
consentimiento del paciente por el de sus parientes o prescindir del todo del
mismo si carece o no están presentes sus familiares.”
Así
las cosas, la regla general en materia de consentimiento libre e informado para
las personas que padecen de farmacodependencia, es que solamente le corresponde
a ellas decidir de manera autónoma si optan o no por el tratamiento que sea
dispuesto por el médico tratante, siendo excepcionalísima la posibilidad de
acudir a la figura del consentimiento sustituto, la cual únicamente procedería
como quedó anotado, cuando el paciente se encuentre en grave riesgo de muerte.
64.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Corte revocará la sentencia
emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala
Civil-Familia, el 12 de diciembre de 2011, y en su lugar, tutelará los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna del señor Emilio Navarro Díaz. En
consecuencia, ordenará a NUEVA EPS, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de esta providencia disponga la internación para manejo de
enfermedad en salud mental, que requiere el señor Emilio Navarro Díaz, a
fin de superar su adicción a las drogas, para lo cual deberá contar con su consentimiento
libre e informado.
Así
mismo, advertirá a NUEVA EPS que en caso de que el médico tratante considere
necesario darle continuidad a la internación del señor Emilio Navarro Díaz,
superando el límite temporal dispuesto por el Acuerdo 029 de 2011, deberá
hacerlo sin anteponer ningún tipo de obstáculo a la prestación del servicio de
salud, pudiendo hacer uso de la facultad de recobro ante el Fondo de
Solidaridad y Garantía -FOSYGA-.
Expediente
T-3384983
65.
La señora Rosa María García Chávez, presentó acción de tutela contra MUTUAL SER
EPS-S, con el fin de que sean protegidos los derechos fundamentales a la salud
y a la vida de su hijo Roberto Carlos Ramírez García, quien es mayor de edad,
vulnerados presuntamente con ocasión del no suministro del tratamiento que
requiere como fármaco-dependiente (apoyo terapéutico integral de larga
estancia), en la institución especializada COMUNIDAD HOGARES CREA de Barranquilla.
La entidad accionada dentro del término de traslado concedido por el despacho
judicial de instancia, guardó silencio.
Por
su parte, el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Barranquilla, denegó el amparo constitucional
solicitado bajo el argumento de que la accionante no cumplió con la carga de la
prueba, lo que le llevó a concluir que “no se evidenció que el joven hijo de
la accionante se encuentra en una situación que amerite la procedencia de la
acción en aras de garantizar los derechos indicados, pues no hay constancia
alguna de que requiera el servicio médico solicitado a través de esta acción
constitucional.”[137]
De
los documentos allegados al expediente, están probados los siguientes hechos:
(i) que la señora Rosa María García Chávez, está legitimada en la causa por
activa, como agente oficiosa (supra 51), en tanto para el momento de la
presentación de la acción de tutela (octubre 14 de 2011), su hijo Roberto
Carlos Ramírez García, se encontraba recluido en el Hospital Universitario CARI
ESE de Barranquilla, desde el 9 de septiembre de 2011[138]; (ii) el agenciado se
encuentra afiliado a MUTUAL SER EPS-S desde el 10 de agosto de 2009 y está
inscrito en el nivel I del SISBEN[139];
(iii) el diagnóstico médico del señor Ramírez García, es farmacodependencia
mixta, “consume compulsivamente marihuana, cocaína, cigarrillos y patraciao [bazuco],
además hiporexico e insomne, HEROINA”[140],
para lo cual ha recibido citas de control por psiquiatría, psicología y trabajo
social[141];
(iv) que el tratamiento solicitado por la demandante consistente en apoyo
terapéutico integral de larga estancia, no obedece a una prescripción médica.
66.
Sea lo primero indicar que, conforme lo establece el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991, “[s]i el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación”. De la
disposición transcrita se desprenden dos supuestos: el primero, que opera la
presunción de veracidad de los hechos narrados en la solicitud de tutela, en el
evento de que dentro del término de traslado no se presente escrito o informe
alguno, y segundo, que el juez podrá acudir a la facultad oficiosa en materia
probatoria, a fin de que efectúe las pesquisas que sean necesarias antes de adoptar
la decisión de fondo. Para este Tribunal, se trata de una figura que “encuentra
sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de
tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales”, lo cual
encuentra justificación en “los principios de inmediatez y celeridad que
rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos
constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta
Política ha impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso
segundo del artículo 123 C.P.)”[142].
No
obstante, la aplicación de la presunción de veracidad no puede obedecer a una
aplicación mecánica o deductiva de la citada norma jurídica, pues justamente
como una manifestación de los principios constitucionales de autonomía
funcional e independencia judicial (art. 228 de la CP), en caso de que el juez
llegue al convencimiento de que el amparo constitucional no debe ser concedido,
así podrá hacerlo. Sobre el particular, esta Corte en sentencia T-808 de 2010,
dijo:
“Tal como lo ha sostenido en innumerables
pronunciamientos este Tribunal, el ejercicio de la acción de tutela se
encuentra orientado por el principio de informalidad, lo cual supone que el
rigor formal propio de otras áreas del derecho procesal no se hace presente en
este contexto, teniendo en cuenta que el fin último de este mecanismo
constitucional es la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales. Sin embargo, este parámetro no debe ser entendido como una
patente de corso para que el juez constitucional acceda a todo lo pedido por
quien se considera afectado, en virtud de la presunción de veracidad prevista
en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, pues la carga mínima que se impone
para quien accede a la jurisdicción constitucional, es probar sumariamente la
vulneración o amenaza de sus garantías individuales (onus probandi incumbit
actori), más aún, cuando el acceso a la judicatura se efectúa por intermedio de
apoderado judicial”.
De
la misma manera, en sentencia T-330 de 2010, esta Corporación señaló que “la
aplicación de la presunción de veracidad no puede resultar de una sencilla
labor deductiva del juez, al momento de encontrar que determinado supuesto de
hecho no fue controvertido por la parte demandante, sino que debe obedecer a
una valoración racional de los diferentes elementos que hacen parte del
expediente, para llegar a la decisión en derecho a que haya lugar.”
67.
Con fundamento en lo anterior, la Sala no encuentra que la EPS-S accionada haya
vulnerado los derechos fundamentales del señor Roberto Carlos Ramírez García, en
razón a la falta de suministro del tratamiento denominado apoyo terapéutico
integral de larga estancia, por las razones que a continuación se enuncian.
En
primer término, con independencia de la informalidad que caracteriza el
ejercicio de la acción de tutela, una exigencia procesal que se impone al
demandante está determinada por la carga de la prueba (onus probandi
incumbit actori), que si bien no exige el mismo rigor de otros procesos
judiciales, en todo caso se hace necesario a fin de que el juez constitucional
cuente con algunos elementos de juicio mínimos para dictaminar si se ha producido
o no la vulneración alegada. Al respecto, este Tribunal ha considerado que debe
existir claridad y precisión en relación con el tratamiento médico prescrito
para el fármaco-dependiente, con el fin de garantizar de manera efectiva los
derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la integridad física, lo
cual se echa de menos en esta ocasión en tanto la accionante se limita a
indicar que su hijo requiere terapias de “apoyo terapéutico integral de
larga instancia (sic)”[143],
sin contar con una opinión médica que refrende o de cuenta de la necesidad del
tratamiento solicitado, saber científico que es ajeno al juez constitucional. A
igual conclusión arribó esta Corte en sentencia T-566 de 2010[144], en un caso en el que
se estudiaba la supuesta omisión de COMPENSAR EPS, en suministrar el
tratamiento de desintoxicación y deshabituación en medio cerrado. En aquella
oportunidad, sostuvo:
“De este modo, observa la Corte que la EPS ha
autorizado todas las citas médicas ordenadas por los médicos tratantes. Sin
embargo, no ha autorizado el tratamiento de fármacodependencia en una
institución que exija el internamiento del paciente, por cuanto este no ha sido
ordenado por ningún profesional. Es precisamente esta situación el motivo de
inconformidad del accionante. Frente a ello, esta Corporación ha establecido
que, en razón a su saber especializado, el médico tratante es la persona idónea
para determinar cuál es el tratamiento médico a seguir frente a determinada
patología. Es únicamente sobre conceptos médicos responsables que el juez de
tutela puede ordenar la prestación de determinado tratamiento o la nueva
valoración de un paciente, pues no es posible que el juez irrumpa en la órbita
de un saber científico al que es ajeno (supra 2.4).
[L]a Sala no encontró opinión médica que muestre la
necesidad de iniciar tratamiento de rehabilitación y desintoxicación para la
drogadicción en medio cerrado.
Por esto, en el caso que se revisa, esta Sala carece de razones que lleven a
concluir que el diagnóstico y el tratamiento propuesto por la psicóloga que
valoró al accionante en la IPS Clínica Nuestra Señora de la Paz vulnera los
derechos fundamentales del accionante.”
(Las negrillas son agregadas).
De
otra parte, porque para el momento de la presentación de la acción de tutela,
el señor Ramírez García venía recibiendo atención médica por parte del Hospital
Universitario CARI ESE de Barranquilla[145],
de lo cual da cuenta la epicrisis remitida a este Tribunal. Más aún, el 23 de
febrero de 2012 ingresó nuevamente al mismo establecimiento de salud, del cual
se dio de alta el 12 de marzo del mismo año, por solicitud de su progenitora.
El registro que aparece en la historia clínica, es el siguiente:
“Paciente masculino remitido en consulta externa por
el Dr. Bruges por consumo de heroína inyectada, consumo de bazuco de forma
compulsiva por lo que es hospitalizado en UCEH de donde por mejoría parcial de
cuadro inicial es trasladado a SRH1, donde se encontraba hospitalizado, sin
embargo su familiar la Sra. Rosa García (madre) solicita el retiro voluntario
del paciente. Se le explica que el paciente aún no ha cumplido el tratamiento intrahospitalario
completo y de las posibles consecuencias o riesgos de tal decisión y que el
CARI neurociencias ni el equipo de trabajo se pueden responsabilizar de
cualquier eventualidad que pase por fuera de esta institución, a pesar de esto
el familiar insiste en llevarse al paciente y sale.”
En
lo que si erró la EPS-S accionada, fue en haber permitido que la madre del
agenciado sustituyera su consentimiento, para no continuar en el proceso de
rehabilitación que ha venido adelantando, lo cual además de desconocer el
derecho a la autodeterminación y a que de manera autónoma y libre decida sobre la
recuperación de su salud, provocó una irrupción súbita de un tratamiento que
requiere continuidad, más aún cuando se trata de un paciente que padece
adicción severa.
69.
Ahora bien, la Corte no puede pasar por alto que a pesar de que el señor Roberto
Carlos Ramírez García, ha recibido atención médica por especialistas en
psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y trabajo social en el Hospital
Universitario CARI ESE de Barranquilla, lo cual ha permitido establecer que es fármaco-dependiente,
con independencia de la informalidad que caracteriza el ejercicio de la acción
de tutela, una exigencia procesal que se impone al demandante está determinada
por la carga de la prueba (onus probandi incumbit actori), que si bien
no exige el mismo rigor de otros procesos judiciales, en todo caso se hace
necesario a fin de que el juez constitucional cuente con algunos elementos de
juicio mínimos para dictaminar si se ha producido o no la vulneración alegada.
Al respecto, este Tribunal ha considerado que debe existir claridad y precisión
en relación con el tratamiento médico prescrito para el fármaco-dependiente,
con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales a la vida
digna, a la salud y a la integridad física, lo cual se echa de menos en esta
ocasión en tanto la accionante se limita a indicar que su hijo requiere
terapias de “apoyo terapéutico integral de larga instancia (sic)”[146], sin
contar con una opinión médica que refrende o de cuenta de la necesidad del
tratamiento solicitado, saber científico que es ajeno al juez constitucional. A
igual conclusión arribó esta Corte en sentencia T-566 de 2010[147], en un caso en el que
se estudiaba la supuesta omisión de COMPENSAR EPS, en suministrar el
tratamiento de desintoxicación y deshabituación en medio cerrado[148]
Esta
Corporación en nutrida jurisprudencia, ha precisado que el derecho al
diagnóstico otorga al paciente la facultad de exigir a la respectiva entidad
prestadora de salud, “(i) la prescripción y práctica de las pruebas,
exámenes y estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el
paciente, (ii) la calificación igualmente oportuna y completa de ellos por
parte de la autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el
caso, y (iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del
procedimiento, medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado,
a la luz de las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de
la ciencia médica y los recursos disponibles”[149]. De igual manera, que
debe ser oportuno, hacerse de manera completa y con calidad[150].
Tratándose
de personas fármaco-dependientes, este Tribunal ha sido precisa en indicar que “el
derecho al diagnóstico se materializa en la posibilidad [de] acceder a
profesionales calificados en el manejo de asuntos relacionados con fármaco-dependencia
y drogadicción, que determinen cuál es tratamiento necesario para cada caso, y
en la obligación que tienen estos profesionales de explicar al paciente cuál es
su estado de salud, así como las ventajas e inconvenientes de las determinaciones
médicas adoptadas frente a otros métodos existentes.”[151]
En
el asunto objeto de revisión, para la Corte no hay duda de que los servicios
médicos que ha requerido el agenciado han sido brindados por la EPS-S accionada,
y que el apoyo terapéutico integral de larga estancia solicitado por la
demandante, no obedece a una orden específica del médico tratante, quien es el
profesional especializado y conocedor del verdadero estado de salud del
paciente, saber que ciertamente le permite a partir de la lex artis,
determinar sobre bases científicas cuál es el tratamiento más idóneo. No
obstante, el delicado estado de salud del accionante hace necesario que se
efectúe una valoración médica integral con profesionales de diferentes
especialidades, a fin de que se determine con total certeza la terapéutica que
requiere, la cual deberá ser prestada de manera inmediata, siempre y cuando
medie el consentimiento libre e informado del paciente[152]. Así mismo, la EPS-S
demandada deberá tener en consideración que no todo el tratamiento para superar
la adicción a las drogas está excluido del Plan Obligatorio de Salud, pues la
reciente normativa que lo definió, aclaró y actualizó (Acuerdo 029 de 2011),
incluyó (i) atención en salud mental -art.17-; (ii) atención en urgencias en
salud mental -art. 22-; (iii) internación para manejo de enfermedad en salud
mental; y (iv) atención para menores de 18 años de edad que consuman sustancias
psicoactivas -art. 76-, donde claramente tiene cabida la drogadicción como
trastorno mental y enfermedad psiquiátrica.
En
cualquier caso, con el fin de que se garantice la continuidad en la prestación
del servicio de sanidad (arts. 49 y 365 de la CP), aquellos servicios de salud
que no estén incluidos en el citado Plan, deberán ser suministrados por MUTUAL
SER EPS-S, asistiéndole el derecho de repetir por los valores en que haya
incurrido ante la respectiva entidad territorial.
70.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia dictada
por el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control
de Garantías de Barranquilla, el 8 de noviembre de 2011, que denegó el amparo
constitucional deprecado, y la adicionará en el sentido indicado, a fin de
garantizar el derecho al diagnóstico del señor Roberto Carlos Ramírez García.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.-
En el expediente T-3372244, MODIFICAR
la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, el
21 de noviembre de 2011, que rechazó por temeridad la acción de tutela
promovida por el señor José Luis Rodríguez Zorrilla contra ASMETSALUD EPS-S, y
en su lugar, DENEGAR el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO.-
ADVERTIR a ASMETSALUD EPS-S que hacia
el futuro, deberá continuar garantizando la prestación del servicio de salud
que requiera el señor José Luis Rodríguez Zorrilla, incluidas las coberturas
del Plan Obligatorio de Salud para los fármaco-dependientes, sin anteponer
obstáculos o barreras administrativas, correspondiéndole al médico tratante orientar
e ilustrar al accionante para que opte por el establecimiento de salud que
mejor se adecue a sus necesidades, con el fin de que siga recibiendo el
tratamiento de rehabilitación integral que requiera para superar su adicción a
las drogas, siempre y cuando medie el consentimiento libre e informado.
TERCERO.-
En el expediente T-3379737, REVOCAR
la sentencia emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Civil-Familia, y en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna del señor Emilio Navarro Díaz, quien
actúa por intermedio de su padre Emilio Navarro Cantillo, como agente oficioso.
CUARTO.-
ORDENAR a NUEVA EPS, que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia disponga la internación
para manejo de enfermedad en salud mental, que requiere el señor Emilio
Navarro Díaz, para superar su adicción a las drogas, para lo cual deberá contar
con su consentimiento libre e informado.
QUINTO.-
ADVERTIR a NUEVA EPS que en caso de
que el médico tratante considere necesario darle continuidad a la internación
del señor Emilio Navarro Díaz, superando el límite temporal dispuesto por el
Acuerdo 029 de 2011, deberá hacerlo sin anteponer ningún tipo de obstáculo a la
prestación del servicio de salud, pudiendo hacer uso de la facultad de recobro
ante el Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-.
SEXTO.-
En el expediente T-3384983, CONFIRMAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el 8 de
noviembre de 2011, que denegó el amparo constitucional deprecado, dentro de la
acción de tutela presentada por la señora Rosa María García Chávez, quien actúa
como agente oficiosa de su hijo Roberto Carlos Ramírez García, contra MUTUAL
SER EPS-S.
SEPTIMO.-
ADICIONAR la sentencia dictada por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Barranquilla, el 8 de noviembre de 2011, en el sentido de ORDENAR
a MUTUAL SER EPS-S que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de esta providencia, deberá efectuar una valoración médica integral al señor
Roberto Carlos Ramírez García, con profesionales de diferentes especialidades,
a fin de que se determine con total certeza la terapéutica que requiere, la
cual deberá ser prestada de manera inmediata, siempre y cuando medie su consentimiento
libre e informado. Así mismo, la EPS-S demandada deberá tener en consideración
que no todo el tratamiento para superar la adicción a las drogas está excluido
del Plan Obligatorio de Salud, pues la reciente normativa que lo definió,
aclaró y actualizó (Acuerdo 029 de 2011), incluyó (i) atención en salud mental
-art.17-; (ii) atención en urgencias en salud mental -art. 22-; (iii)
internación para manejo de enfermedad en salud mental; y (iv) atención para
menores de 18 años de edad que consuman sustancias psicoactivas -art. 76-,
donde claramente tiene cabida la drogadicción como trastorno mental y
enfermedad psiquiátrica.
En
cualquier caso, con el fin de que se garantice la continuidad en la prestación
del servicio de sanidad (arts. 49 y 365 de la CP), aquellos servicios de salud
que no estén incluidos en el citado Plan, deberán ser suministrados por MUTUAL
SER EPS-S, asistiéndole el derecho de repetir por los valores en que haya
incurrido ante la respectiva entidad territorial.
OCTAVO.-
Por la Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARIA VICTORIA CALLE CORRE
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folio 1 del cuaderno principal.
[2] Folio 1 del cuaderno principal.
[3] Folio 5 del cuaderno principal.
[4] En el expediente T-3372244, el despacho
judicial de primera instancia no corrió traslado de la solicitud de tutela al
accionado, bajo el argumento de que la actuación adelantada por el demandante
era temeraria. Por otra parte, en el expediente T-3384983, la entidad demandada
no presentó escrito de contestación de la acción de tutela.
[5] Folio 15 del cuaderno principal.
[6] Folio 20 del cuaderno principal.
[7] Folio 20 ibídem.
[8] Folio 17 ibíd.
[9] Folio 28 ibídem.
[10] Folio 30 ibíd.
[11] Folio 31 ibíd.
[12] Folio 9 del cuaderno de segunda instancia.
[13] En Auto del 21 de octubre de 2011, el mismo
despacho judicial atendiendo que la demandante no aportó copia de la solicitud
de tutela para el traslado, decidió con fundamento en el Decreto 2591 de 1991
(Art. 17), “mantener en secretaría la presente Acción de Tutela (…) por el
término de tres (03) días hábiles para que el accionante la subsane (…) Si
vencido el término antes anotado, el accionante no la subsana, se rechazará de
plano la acción de tutela.” Cfr. folio 14 del cuaderno principal.
[14] Folio 26 del cuaderno principal.
[15] Ibídem.
[16] Folio 28 ibíd.
[17] Folio 32 del cuaderno principal.
[18] Ibídem.
[19] Los expedientes pasaron al despacho el 28 de
marzo de 2012.
[20] Verificada la base de datos de la Corte Constitucional, no se encontró acción de tutela anterior iniciada por el mismo
accionante.
[21] Folio 31 del cuaderno de revisión.
[22] Folio 166 ibídem.
[23] Folio 167 ibíd.
[24] Ibídem.
[25] Folio 168 ibíd.
[26] Folio 198 del cuaderno de revisión.
[27] Folio 172 ibídem.
[28] Mediante Sentencia C-054 de 1993, este artículo fue declarado
exequible.
[29] T-459 de 1992.
[30] SU-713 de 2006.
[31] T-169 de 2011.
[32] T-518 de 2010, T-634 de 2008, T-923 de 2006, T-568 de 2006 y T-145 de
2002.
[33] La Corte ha
considerado que el juez constitucional tiene la obligación de excluir la
existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el
ejercicio del derecho de acción. SU-713 de 2006.
[34] En términos de L. FERRAJOLI, “En esta sujeción
del juez a la Constitución, y, en consecuencia, en su papel de garante de los
derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, está el principal
fundamento actual de la legitimación de la jurisdicción y de la independencia
del poder judicial de los demás poderes, legislativo y ejecutivo, aunque sean
-o precisamente porque son- poderes de mayoría. Derechos y garantías. La ley
del más débil, Trotta, Madrid, 2006, p. 26.
[35] T-184 de 2005 y T-583 de 2008.
[36] T-507 de 2011, T-926 de 2010, T-1215 de 2003, T-721 de 2003, T-001 de
1997, T-308 de 1995, T-091 de 1996.
[37] T-721 de 2003 y T-1104 de 2008.
[38] No obstante, cuando se trata de invención de hechos o de verdades a
medias puestas a consideración del juez constitucional, como lo ha denominado la Corte, la acción de tutela debe ser declarada improcedente por configurarse una actuación
temeraria. Cfr. T-881 de 2001.
[39] En este supuesto, la Corte ha acogido la regla general en materia de
carga probatoria, “según la cual quien pretenda beneficiarse de un supuesto de
hecho previsto en la ley, para derivar de ello efectos jurídicos, asume la
obligación de acreditar su ocurrencia, conforme a la regla general del
ordenamiento reconocida en el derecho romano bajo el siguiente aforismo: ‘onus
probandi incumbit actori’” Cfr. SU-713 de 2006.
[40] SU-388 de 2005 y SU-389 de 2005.
[41] T-726 de 2007.
[42] T-919 de 2004. En el mismo sentido, véase la
sentencia T-362 de 2007.
[43] “Cada una de las partes responderá por los
perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, cause a
la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca
la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya
lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los
decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide en
la forma prevista en el inciso cuarto del Artículo 307, y si el proceso no
hubiere concluido, los liquidará en proceso verbal separado. || A la misma
responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros
intervinientes en el proceso o incidente. || Siendo varios los litigantes
responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en
el proceso o incidente.”
[44] “Al apoderado que actúe con temeridad o mala
fe se le impondrá la condena de que trata el Artículo anterior y la de pagar
las costas del proceso, incidente, trámite especial que lo sustituya, o
recurso. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con
temeridad o mala fe. || El juez impondrá a cada uno, multa de diez a veinte
salarios mínimos mensuales. || Copia de lo pertinente se remitirá a la
autoridad que corresponda, con el fin de que adelante la investigación
disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional.”
[45] SU-713 de 2006.
[46] “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la
acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los
principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que
no sean contrarios a dicho decreto.”
[47] T-149 de 1995.
[48] T-308 de 1995.
[49] T-443 de 1995.
[50] T-001 de 1997.
[51] SU-713 de 2006.
[52] Folio 8 del cuaderno principal.
[53] Según afirma en el escrito de tutela, consume
sustancias psicoactivas desde los 13 años de edad. En este momento, su edad es
de 26 años. Cfr. folios 1 y 7 del cuaderno principal.
[54] T-416
de 1997.
[55] En sentencia T-995 de 2008, la Corte precisó que la figura de la agencia oficiosa se refuerza en tres principios constitucionales: (i) eficacia
de los derechos fundamentales; (ii) prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal; y (iii) solidaridad. Así mismo, en sentencia T-531 de 2002, señaló
que la finalidad de la agencia oficiosa se concreta en la efectividad de los
aludidos principios, pues “de esta forma el principio de eficacia de los
derechos fundamentales, se concreta en la operatividad de la figura de la
agencia oficiosa en tanto y en cuanto con la misma se realiza el principio de
prevalencia del derecho sustancial y el derecho al acceso a la administración
de justicia.”
[56] T-542 de 2006, T-565 de 2003 y T-503 de 1998.
[57] T-503 de 1998.
[58] La Corte ha avalado la agencia oficiosa tácita, en tanto la
manifestación de la imposibilidad “no puede interpretarse formalmente, es
decir, su cumplimiento no está supeditado a la existencia, dentro de la
petición de tutela, de frases sacramentales o declaraciones expresas que den
cuenta de la agencia oficiosa, pues bien puede ocurrir (…) que las
circunstancias que impiden que una persona actúe a nombre propio, justificando
la intervención oficiosa de otro, sean hechos que se desprenden naturalmente de
la narración hecho por el peticionario o agente.” Cfr. T-608 de 2009. En el
mismo sentido, véanse las sentencias T-379 de 2005, T-078 de 2004, T-239 de
2003 y T-452 de 2001.
[59] T-275 de 2009, T-366 de 2007 y T-435 de 2006.
[60] T-1012 de 1999.
[61] Folio 2 del cuaderno principal.
[62] Folio 8 ibídem.
[63] Concretamente se reiterarán las sentencias T-083 de 2012, T-195 de
2011, T-162 de 2011, T-113 de 2011, T-035 de 2011, T-760 de 2008 y T-016 de
2007.
[64] T-597 de 1993, reiterada en las sentencias T-137/03, T-649 de
2008 y T-454 de 2008. En sentencia T-696 de 2001, la Corte sostuvo que “la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física sino
que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar
psicológico, mental y sicosomático de la persona.”
[65] La sentencia T-760 de 2008 indicó las condiciones básicas que
debe cumplir a la luz de la Constitución toda política pública orientada a garantizar la efectividad de un derecho constitucional. En primer término, la
política debe existir pues “[n]o se puede tratar de unas ideas o conjeturas
respecto a qué hacer, sino un programa de acción estructurado que le permita a
la autoridad responsable adoptar las medidas adecuadas y necesarias a que haya
lugar.” De otra parte, la finalidad de la política pública debe tener como
prioridad garantizar el goce efectivo del derecho, es decir, “no puede
tratarse de una política pública tan sólo simbólica que no esté acompañada de
acciones reales y concretas” y finalmente que los procesos de decisión,
elaboración, implementación y evaluación de la política permitan la
participación democrática resultando inaceptable constitucionalmente que exista
un plan “(i) que no abra espacios de participación para las diferentes
etapas del plan o (ii) que sí brinde espacios, pero que éstos sean inocuos y
sólo prevean una participación intrascendente.” Sobre esta base
constitucional, fue dictada la Ley 100 de 1993, incluidas las reformas
consagradas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011.
[66] Ibídem.
[67] T-859 de 2003.
[68] T-016 de 2007.
[69] T-760 de 2008.
[70] T-016 de 2007. Este mismo criterio fue reiterado en la
sentencia T-760 de 2008.
[71] Como lo considera N. PEDRO SAGÜES, se trata de
cuestiones que dejan de ser meramente políticas (political questions),
para ser exigibles por vía judicial. De allí que los Tribunales
Constitucionales deban ser entendidos en el contexto actual como agentes de
cambio social. Los Tribunales Constitucionales como agentes de cambios
sociales, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Santo Domingo, 2011, p. 16 a 36.
[72] En el Sistema Europeo de Derechos Humanos,
véase la Carta Social Europea (artículo 11) y en el Sistema Africano de
Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(artículo 16).
[73] T-760 de 2008.
[74] T-578 de 2008.
[75] Ibídem.
[76] En sentencia C-221 de 1994, la Corte despenalizó el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes, bajo el argumento de que “dentro de
un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse de
una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan
caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos
civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente
hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser drogadicto se
considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la
órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por
tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada
para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad
de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de
toda la superestructura  jurídica.”
[77] Sobre el tema véanse las sentencias T-696 de
2001, T-591 de 2002, T-684 de 2002, T-133 de 2004, C-040 de 2006, T-814 de
2008, T-1116 de 2008, T-438 de 2009, T-566 de 2010 y T-096 de 2011. En algunos
casos, la Corte ha ordenado tratamientos de rehabilitación y desintoxicación de
personas con problemas de fármaco-dependencia, aunque no se encuentren
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, a fin de proteger los derechos a la
salud, vida, integridad personal y dignidad humana, de quien los pide.
[78] T-684 de 2002.
[79] En sentencia T-591 de 2002, este Tribunal
sostuvo que “[e]n punto a la adicción a las drogas o fármaco-dependencia, es
perfectamente claro que quien ostente tan condición sin duda es un enfermo,
y no se discute que si el afectado pretende mejorar su condición o recuperarse
habrá de someterse a tratamientos dirigidos por especialistas. Así mismo, la
adicción puede colocar al individuo en condiciones de inferioridad física y
mental frente al común de los coasociados y, por consiguiente, el Estado, por
mandato de los artículos 13 y 47 superiores, está llamado a protegerlo
facilitándole la atención especializada que requiera para tratar de asegurar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. La
drogadicción, vista como enfermedad, impide al individuo llevar una vida digna”.
[80] Así lo indicó esta Corporación en sentencia
T-814 de 2008: “[E]s dable afirmar que quien sufre farmacodependencia es
un sujeto de especial protección estatal, pues a la luz de la Carta Política y de la jurisprudencia constitucional, se trata de una persona que padece una
enfermedad que afecta su autonomía y autodeterminación, pone en riesgo su
integridad personal y perturba su convivencia familiar, laboral y social. Así
las cosas la atención en salud que se requiera para tratar efectivamente un
problema de drogadicción crónica, debe ser atendida por el Sistema Integral de
Seguridad Social en Salud, bien a través de las empresas promotoras de salud de
los regímenes contributivo y subsidiado o mediante instituciones públicas o
privadas que tengan convenio con el Estado.”
[81] Definición de farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud OMS.
[82] T-684 de 2002.
[83] T-438 de 2009.
[84] T-566 de 2010.
[85] En esa ocasión, la Corte declaró la inexequibilidad de los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de 1986.
[86] Referendo constitucional de 2003 (pregunta
declarada inexequible mediante sentencia C-551 de 2003) y proyecto de acto
legislativo N° 133 de 2006.
[87] Proyecto de acto legislativo N° 22 de 2007
[88] Esta secuencia histórica se encuentra con
mayor detalle en la sentencia C-574 de 2011. Durante el trámite legislativo se
precisó que las medidas que se lleguen a imponer, en ningún caso serán penales,
sino que se trata de medidas de protección coactiva, descartándose cualquier
intento de imposición de una política perfeccionista del Estado o un modelo de
virtud.
[89] La Corte se declaró inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por
no haber sido conformada en debida forma la proposición jurídica demandada, en
tanto “los demandantes no demandaron ni establecieron de manera suficiente
la norma jurídica completa que puedan hacer comprensible la integridad de la
misma (supuesto de hecho + consecuencia jurídica). En este sentido la
prohibición del precepto que en un principio se considera como absoluta, ya que
se dice que ‘El porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas
está prohibido, salvo prescripción médica’, debería ser interpretada teniendo
en cuenta la segunda y la tercera parte del artículo que establece que ‘Con
fines preventivos y rehabilitadotes la ley establecerá medidas y tratamientos
administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las
personas que consuman dichas sustancias’ y que ‘El sometimiento a esas medidas
y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto’, para poder
comprender de una manera integral el precepto, circunstancia que en la demanda
no se presenta.”
[90] En el informe de ponencia para séptimo debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, se indicó que la reforma constitucional plantea una propuesta intermedia entre la
tradicional posición de sancionar el porte y consumo de la dosis personal y la
despenalización de la dosis mínima que tuvo lugar en la sentencia C-221 de
1994. Cfr. Gaceta del Congreso N° 1182 del 11 de noviembre de 2009.
[91] Frente al cargo examinado, la Corte declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2009, por considerar que con
fundamento en una interpretación histórica, teleológica y sistemática, la
citada reforma constitucional no afecta directamente a las comunidades
indígenas y, en consecuencia, no era necesario que les fuera consultado
previamente.
[92] C-574 de 2011.
[93] C-574 de 2011.
[94] Según quedó indicado en la citada sentencia C-574 de 2011, el
consentimiento informado debe ser interpretado “de acuerdo a lo que se ha
establecido en la jurisprudencia constitucional.”
[95] En sentencia C-882 de 2011, la Corte observó que el propósito del Acto Legislativo 02 de 2009, en el contexto del artículo
49 superior, “es desarrollar el deber de los titulares del derecho a la
salud de procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad,
precisamente con fundamento en la premisa de que la adicción es una enfermedad
y un problema de salud pública. Estas consideraciones confirman que el precepto
acusado tiene aplicación solamente el marco de la drogadicción.”
[96] C-574 de 2011. Esta conclusión fue reiterada
en la sentencia C-882 de 2011.
[97] C-574 de 2011.
[98] C-221 de 1994.
[99] Cuaderno anexo del expediente T-3372244.
[100] Véase historia clínica, folio 96.
[101] Folio 1 del cuaderno anexo.
[102] Según el Acuerdo 029 de 2011, se trata de “ingreso
a una institución prestadora de servicios de salud para recibir tecnologías en
salud con una duración superior a 24 horas.”
[103] Folio 12 del cuaderno anexo.
[104] Folio 52 del cuaderno anexo.
[105] Folio 2 del cuaderno principal.
[106] Folio 21 del cuaderno de revisión.
[107] Folio 168 ibídem.
[108] T-566 de 2010.
[109] Folio 96 del cuaderno anexo.
[110] Folio 15 del cuaderno anexo. Según la historia clínica los controles
médicos tienen lugar cada mes, apareciendo como último registro el 2 de enero
de 2012.
[111] Folio 5 del cuaderno principal.
[112] Folio 13 ibídem.
[113] Folio 8 ibíd.
[114] Folio 6 ibíd.
[115] SU-337 de 1999, T-1021 de 1993, T-1229 de
2005, T-1019 de 2006, T-653 de 2008 y C-574 de 2011, entre otras muchas.
[116] T-401 de 1994, SU-337 de 1999, T-850 de 2002,
T-1021 de 2003, T-762 de 2004, T-1229 de 2005, T-866 de 2006, T-1019 de 2006,
T-560A de 2007, T-216 de 2008 y T-653 de 2008.
[117] T-401 de 1994, T-493 de 1993, SU-337 de 1999,
T-823 de 2002, T-1229 de 2005, T-866 de 2006, T-1019 de 2006, T-216 de 2008 y
T-653 de 2008.
[118] C-221 de 1994, C-616 de 1997, C-309 de 1997 y
C-355 de 2006.
[119] T-401 de 1994, SU-337 de 1999 y T-866 de 2006.
[120] SU-043 de 1995, SU-039 de 1998, SU-225 de
1998, SU-562 de 1999, SU-819 de 1999, T-866 de 2006, T-216 de 2008 y T-760 de
2008.
[121] T-881 de 2002.
[122] La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al libre
desarrollo de la personalidad como “la posibilidad de que cada individuo
opte por su plan de vida y su modelo de realización personal conforme a sus
intereses, deseos y convicciones”. Ver sentencias C-176 de 1993, C-616 de
1997, C-309 de 1997, T-248 de 1996, T-090 de 1996 y T-1218 de 2003, entre
muchas otras.
[123] SU-337 de 1999, T-1019 de 2006 y T-216 de 2008, entre
otras.
[124] T-823 de 2002.
[125] SU-337 de 1999, reiterada en la sentencia T-1019 de 2006.
[126] T-1229 de 2005.
[127] SU-337 de 1999.
[128] T-881 de 2002.
[129] SU-337 de 1999, reiterada en la sentencia T-1019 de 2006.
[130] T-1021 de 2003.
[131] SU-337 de 1999, T-1021 de 2003 y T-452 de
2010.
[132] T-1021 de 2003, T-1019 de 2006 y T-560A de
2007.
[133] T-401 de 1994, T-823 de 2002, T-1021 de 2003, T-762 de 2004, T-1229 de
2005, T-866 de 2006, T-1019 de 2006 y T-560 A de 2007, entre otras
[134] C-221 de 1994.
[135] Conforme a las sentencias T-1021 de 2003 y T-1229 de 2005, el
principio de beneficencia “comprende tanto el principio de benevolencia,
según el cual la práctica de los profesionales de la salud debe estar destinada
a obtener el mayor bienestar posible para el paciente; como el principio de no
maleficencia (primun non nocere), que impide que la práctica médica involucre
el daño a la salud y a la integridad física del enfermo.” Por su parte, el
principio de utilidad “funda su existencia en la necesidad que la práctica
médica también redunde en beneficio del interés general, por lo que es posible
que en algunos casos se esté ante tratamientos médicos que, si bien no
constituyen un beneficio al paciente, sí contribuyen al avance de las ciencias
de salud y, por ende, al mejoramiento futuro de la actividad médica.”
[136] T-401 de 1994, T-823 de 2002, T-1021 de 2003 y T-1019 de 2006.
[137] Folio 27 del cuaderno principal.
[138] Folio 8 ibídem.
[139] Folio 10 ibíd.
[140] Folio 138 del cuaderno de revisión.
[141] Folio 8 del cuaderno principal.
[142] T-633 de 2003.
[143] Folio 1 ibíd.
[144] En el mismo sentido, véanse las sentencias T-1116 de 2008, T-591 de
2002 y T-696 de 2001.
[145] Según la certificación expedida por la médica
psiquiatra del Hospital Universitario CARI ESE (sede mental), de Barranquilla,
el agenciado “fue atendido por primera vez el 18 de noviembre de 2003.” Cfr. folio 8 ibíd.
[146] Folio 1 ibíd.
[147] En el mismo sentido, véanse las sentencias T-1116 de 2008, T-591 de
2002 y T-696 de 2001.
[148] T-452 de 2010. en el mismo sentido, véanse las sentencias T-639 de
2011, T-050 de 2010, T-047 de 2010, T-717 de 2009, T-055 de 2009, T-795 de
2008, T-725 de 2007 y T-253 de 2008, entre otras muchas.
[149] Sentencias T-717 de 2009 y T-083 de 2008. En similar sentido la sentencia T-274 de 2009
en la que se indicó: “(…) tal garantía confiere al paciente la prerrogativa
de exigir de las entidades prestadoras de salud la realización de los
procedimientos que resulten precisos con el objetivo de establecer la
naturaleza de su dolencia para que, de esa manera, el médico cuente con un
panorama de plena certeza sobre la patología y determine ‘las prescripciones
más adecuadas’ que permitan conseguir la recuperación de la salud, o en
aquellos eventos en que dicho resultado no sea posible debido a la gravedad de
la dolencia, asegurar la estabilidad del estado de salud del afectado”.
[150] T-717 de 2009, T-055 de 2009, T-274 de 2009,
T-881 de 2008, T-083 de 2008, T-324 de 2008, T-452 de 2010.
[151] T-566 de 2010.
[152] Un precedente en el mismo sentido, puede verse
en la sentencia T-133 de 2004.