C-182-03
Bogotá, DC, **** (** ) de dos mil dos (2002)
Sentencia
C-182/03
AUDITOR DE GUERRA-Función dentro de la justicia penal militar
AUDITOR DE GUERRA-Requisitos para ejercer el cargo/AUDITOR
DE GUERRA-Funcionarios de carrera
Para ser auditor de guerra se exige, entre otros
requisitos, tanto la condición de oficial de las fuerzas militares o de la
policía como el título de abogado. Los requisitos que establecen estos decretos
para el ejercicio de los distintos cargos dentro de la especialidad de la
Justicia Penal Militar resaltan el hecho de que el juez de primera instancia
que sea asesorado por el auditor de guerra será un superior jerárquico del
auditor de guerra, ya sea por el grado militar o de policía que desempeña o por
la antigüedad en el ejercicio de sus funciones.  La Corte Constitucional sólo
ha examinado la función de los auditores de guerra en cuanto a su condición de
funcionarios de carrera. Bajo la vigencia del Decreto 2550 de 1988, anterior
Código Penal Militar, los auditores de guerra asesoraban a los jueces de
primera instancia y a los consejos verbales de guerra, cuyos miembros en
algunas ocasiones no tenían la calidad de abogados. Por ello, tales jueces
dependían en muchos aspectos de su labor a los conceptos y propuestas que les
presentaban los auditores. A pesar de lo anterior, la Corte señaló que el cargo
de auditor de guerra no suponía una relación de confianza con el juez militar
que justificara que tales funcionarios fueran de libre nombramiento y remoción.
Por esa razón esta Corporación reconoció que se trata de funcionarios de
carrera.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD-No es absoluto en materia de procedimiento
penal
CODIGO PENAL MILITAR-Reserva sumarial en etapas de instrucción
e investigación
RESERVA SUMARIAL EN EL PROCESO PENAL
MILITAR-Vulneración/RESERVA
SUMARIAL EN EL PROCESO PENAL MILITAR-Finalidad
La reserva sumarial en el proceso penal
militar se viola cuando se permite el acceso a dicha información a personas no
autorizadas o cuando se hace pública la información que debe permanecer
reservada. La finalidad de proteger la integridad de
la investigación y su adecuado desarrollo, así como la necesidad de garantizar
la presunción de inocencia y el buen nombre del presunto implicado, pueden
verse afectadas si se permite el acceso a la información reservada a personas
no autorizadas por la ley, aun cuando dicha información no sea posteriormente
divulgada. Por ello, el mismo Código Penal Militar estableció la posibilidad de
sancionar con multa o suspensión en el empleo a quienes revelen en todo o en
parte la información sometida a la reserva del sumario.
AUDITOR DE GUERRA-Concepto
El
Código Penal Militar los ha definido como asesores jurídicos de los jueces de
primera instancia, que prestan su consejo jurídico a los distintos oficiales
encargados de juzgar penalmente a sus subordinados, para la elaboración de
conceptos y proyectos de fallo. Estas funciones reiteran su carácter de
auxiliares de la justicia penal militar, en labores similares a las que
desempeñan los abogados y asesores en las distintas cortes y tribunales.
AUDITOR DE
GUERRA-Acceso a diligencias
reservadas no vulnera el derecho al buen nombre, intimidad y honra de los
sindicados
FUNCIONARIO JUDICIAL-Ejercicio de atribuciones con total independencia
de otras Ramas del Poder Público
AUDITOR DE GUERRA-Intervención en las etapas amenaza el
derecho del sindicado a que su investigador, acusador o juzgador sea un
funcionario imparcial
Referencia:
expediente D-4205
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 263, numeral 4; 267 y 561 de la Ley 522 de 1999 “por medio de la cual
se expide el Código Penal Militar”
Actor: Jaime Antonio Guarin Torres
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
cinco (5) de marzo de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento
de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política,
el ciudadano Jaime Antonio Guarín Torres presentó demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 263, numeral 4; 267 y 561 de la Ley
522 de 1999 “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.
Mediante Auto del 16 de agosto de 2002, el magistrado
sustanciador en el asunto de la referencia admitió la demanda presentada contra
los artículos 263, numeral 4; 267 y 561 de la Ley 522 de 1999, así mismo,
ordenó el traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación para
que emitiera el concepto de su competencia y el envío de las comunicaciones de
rigor al señor Presidente de la República, a los Ministros de Justicia y del
Derecho y de Defensa Nacional, al Tribunal Superior Militar, al Consejo Superior
de la Judicatura, y al señor Fiscal General de la Nación.
Cumplidos como se encuentran los trámites propios de
los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir
sobre la demanda de la referencia.
II. EL TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A
continuación se transcriben las normas de la Ley 522 de 1999 cuestionadas por
el actor en el presente proceso de inconstitucionalidad:
“Ley 522 de 1999
“Por medio de la cual se expide el Código Penal
Militar””
El Congreso de Colombia
DECRETA
Artículo 263.
Quiénes son funcionarios de instrucción. Son funcionarios de Instrucción Penal
Militar: (...)
4. Los
auditores de guerra, que en casos especiales sean designados por el respectivo
Juez de Instancia.
(...)
Artículo 267.
Funciones. Los Auditores de Guerra, son asesores jurídicos de los juzgados de
Primera Instancia; deben rendir los conceptos que se les requiera, elaborar los
proyectos de decisión, asesorar las Cortes Marciales y los demás juzgamientos
que aquellos realicen.
Todos los
proyectos y conceptos de los Auditores de Guerra deben ser firmados por los
mismos y no son de forzosa aceptación.
(...)
Artículo 561.
Asesoría jurídica. Si se requiere, la Corte Marcial podrá estar asesorada por
un Auditor de Guerra designado por su Presidente.
III. LA DEMANDA
Para el demandante el inciso
4 del artículo 263 y de los artículos 267 y 561 de la Ley 522 de 1999, que
regulan la competencia de los auditores de guerra como funcionarios de
instrucción para casos especiales y como asesores jurídicos de los juzgados de
primera instancia y de las cortes marciales, son contrarias a los artículos 15,
21, 29, 74, 116, 228 y 230 de la Constitución, por las siguientes razones.
En primer lugar, afirma el
actor que las disposiciones señaladas vulneran los derechos a la intimidad
personal, a la honra y al debido proceso de quien es investigado, por autorizar
el acceso al expediente y a actuaciones que están sometidas a la reserva del
sumario a un funcionario que no es parte del proceso penal militar ni tiene la
calidad de sujeto procesal. En efecto, según el actor, la reserva de las
diligencias que se practican dentro del proceso penal militar se ven amenazadas
por el acceso que las normas cuestionadas le otorgan a los auditores de guerra.
“Los auditores de guerra no
son titulares del poder jurisdiccional, ni sujetos procesales, al desempeñarse
como asesores jurídicos de los jueces de primera instancia que conocen de los
procesos penales militares (artículos 267 y 561 del Código Penal Militar),
rendir los conceptos que estos le requieran, elaborar los proyectos de
decisión, asesorar a las Cortes Marciales y los demás juzgamientos que aquellos
realicen, como los de procedimiento especial, necesariamente tienen que conocer
las diligencias que se practican en la indagación preliminar, así como el
contenido del sumario, lo cual no sólo constituye una violación al mismo, por
no estar incluidos en la relación de servidores públicos y particulares que
bajo la reserva correspondiente pueden conocerlo: artículo 461 del Código Penal
Militar, sino que tal actuación constituye irrespeto a la dignidad humana pues
ésta es inviolable en cuanto la dignidad del ser humano es uno de los
principios en que se fundamenta nuestro Estado social y que es objeto de
especial protección, como centro de todos los derechos que para el ser humano
consagra la Constitución Política.”
En segundo lugar, sostiene
el demandante que las disposiciones cuestionadas atentan contra la
independencia e imparcialidad de las decisiones judiciales, pues a través de
los conceptos que rinden los auditores de guerra y de los proyectos de fallo
que elaboran, impiden que los jueces penales militares ejerzan sus funciones de
manera autónoma y objetiva.
“El juez natural a quien
constitucional y legalmente le compete el desarrollo de la función
jurisdiccional, el juzgamiento de los delitos que en relación con el servicio
cometan los miembros de la fuerza pública en servicio activo, debe actuar
autónomamente con independencia e imparcialidad sólo subordinada a la
Constitución y a la Ley sin supeditación de su asesor jurídico que le elabore
las providencias propias de las funciones de su cargo, pues ello vulnera el
artículo 230 superior que le ordena al juez estar sometido exclusivamente al
imperio de la ley como garantía de los derechos fundamentales del procesado,
fundamentación de la jurisdicción y de la idoneidad, independencia y autonomía
de sus decisiones basadas en el principio de la sana crítica.”
Finalmente señala el actor
que las disposiciones cuestionadas desconocen las competencias constitucionales
para el ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal al asignar
funciones de instrucción y juzgamiento a funcionarios que tienen un carácter
administrativo.
“Se vulnera el artículo 116
de la Carta Política cuando el auditor de guerra en desarrollo de los artículos
267 y 561 del Código Penal Militar aconseja a los jueces de primera instancia
en la función pública de administrar justicia, pues esta es una función
judicial independiente que no le compete cumplir a un funcionario
administrativo, que tal vez, pudo haber tenido plena justificación, cuando
quienes sin ser abogados titulados se desempeñaban, por ser comandantes, como
jueces de primera instancia en las fuerzas militares y en la policía nacional:
artículos 329, 331, 332, 333, 335, 337, 338, 340, 341, 342, 344, 346, 348, 352,
353 y 354 del Decreto Ley 2550 de 1988, derogado por la Ley 522 de 1999.
Actualmente, el Código Penal Militar, en el artículo 214 consagra expresamente
que los miembros de la fuerza pública en ningún caso podrán ejercer
coetáneamente las funciones de comando con las de investigación, acusación y
juzgamiento.”
IV. INTERVENCIONES
1.     Fiscalía General de la Nación
Dentro del término establecido para el
efecto, la Jefe de la Oficina Jurídica de la General de la Nación, Magnolia
Valencia González, envió el oficio OJU No. 01570, mediante el cual estima
prudente no emitir concepto teniendo en cuenta que los asuntos objeto de examen
constitucional, escapaban a la competencia propia de la Fiscalía General de la
Nación y correspondían a la Justicia Penal Militar.
2.     Ministerio de Defensa Nacional
Sandra Marcela Parada Aceros, actuando como apoderada
especial del Ministerio de Defensa Nacional, para solicitar a la Corte que las
normas cuestionadas en el presente proceso sean declaradas exequibles por las
siguientes razones.
En primer término, sostiene la interviniente que el
demandante parte de presunciones equivocadas,  pues la divulgación
injustificada de hechos por parte de los auditores de guerra, tendría que
probarse en cada caso específico, pues la mera posibilidad de la participación
excepcional de estos funcionarios dentro del proceso penal militar, no
constituía una violación de la reserva del sumario, ya que estos intervenían
con la obligación legal, bajo juramento, de guardar la debida reserva legal y
el respeto de todas las normas del debido proceso.
“Si bien es cierto los auditores de guerra no se
hallan incluidos en el artículo 461 del Código Penal Militar que enlista los
funcionarios obligados a guardar la reserva sumarial, no es menos verdadero que
el artículo 463 ibidem, permite sancionar al que revele en todo o en parte el
contenido del sumario a personas no autorizadas, mientras  no se hubiere
iniciado el juicio, norma que resulta aplicable a dichos funcionarios y por
consiguiente están obligados a respetar en el evento excepcional de ser
nombrados funcionarios de instrucción.”
En segundo término, afirma la apoderada del Ministerio
de Defensa Nacional, que no es cierto que los auditores de guerra sean
funcionarios administrativos, pues se trata de “funcionarios que hacen parte de
la estructura orgánica de la Justicia Penal Militar, cuya creación es de
carácter legal, Ley 522 de 1999 y sus funciones se hallan perfectamente
definidas en esta ley, luego se cumple lo normado en el artículo 122 de la
Constitución Política, el cual dispone que no habrá empleo público que no tenga
funciones definidas en la ley o el reglamento, en consecuencia la actuación de
aquellas no constituye per se, irrespeto a la dignidad humana, violación
al derecho a la intimidad del procesado, o su buen nombre, honra y debido
proceso (...).” Los auditores son “empleados públicos del Ministerio de Defensa
al servicio de la Justicia Penal Militar”, cuyas funciones no son netamente
administrativas.
Finalmente, resalta la interviniente que la ley
faculta a los jueces de instancia para asignar de manera excepcional funciones
de instrucción a los auditores de guerra, pero no los faculta para juzgar, pues
en esa etapa lo único que permite la ley es el asesoramiento al juez, quien
puede acoger o no el concepto del auditor de guerra. “El alcance funcional del
auditor de guerra, por la descripción normativa del artículo 267, al asesorar
jurídicamente a los juzgados de primera instancia se consolida como una
herramienta jurídica de gran valía para el fallador de primera instancia, en
quien se ha depositado la delicada labor de definir la situación jurídica del
miembro de la Fuerza Pública que ha quebrantado la ley.”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación solicita
a esta Corporación que declare que las  normas acusadas son exequibles por las
siguientes razones.
El Procurador identifica que los
cuestionamientos del actor se pueden reducir a dos problemas jurídicos: 1)
Determinar si los auditores de guerra, por ser funcionarios administrativos y
carecer de la calidad de sujetos procesales, no pueden conocer de las
diligencias preliminares y del sumario sin vulnerar los derechos a la
intimidad, buen nombre, honra y debido proceso del sindicado; 2) Establecer si
en virtud de las funciones asignadas a los auditores de guerra por los
artículos acusados, se afecta la autonomía del juez de primera instancia y de
las Cortes Marciales para tomar decisiones judiciales.
En cuanto al primer problema jurídico
identificado, afirma la Vista Fiscal que los auditores de guerra son servidores
que hacen parte de la justicia penal militar y no son autoridades
administrativas, pues ni la Ley 522 de 1999, ni sus decretos reglamentarios,
les asignan funciones administrativas sino como oficiales de la especialidad de
Justicia Penal Militar, a quienes se les exige título de abogado (artículo 30
del Decreto 1791 de 2000) y como parte del cuerpo de Justicia Penal Militar
(artículo 72 del Decreto 1792 de 2000).
En relación con la posible vulneración de
la reserva sumarial por el acceso que se les da a los auditores de guerra a
diligencias amparadas con esta figura, sostiene el Procurador que es
“imprescindible que los mencionados servidores de la justicia penal militar
tengan conocimiento de las diligencias, pues de otro modo seria imposible
adelantar su gestión, por ello, debe entenderse que tanto los auditores de
guerra, como todo el personal que haga parte del despacho judicial puede llegar
a conocer del proceso en razón de la función que deben desempeñar, dado que
toda la labor que deben cumplir los juzgados y las Cortes Marciales no se
concentran exclusivamente en los jueces y sus secretarios, sino que para ello
requieren de la colaboración de un grupo de empleados, que imperiosamente han
de entrar en contacto con los expedientes a cargo del juzgado o corte
respectiva. Es esta la razón por la cual no puede sostenerse (...) que dentro
de cada juzgado o Corte Marcial, el juez o  magistrado y el secretario de la
corte marcial, son los únicos que pueden ver y manejar los procesos, de modo
que si algún otro empleado, que haga parte del mismo juzgado o corte, tiene
acceso a éste, ha violado la reserva sumarial.
Por ello, para el Procurador la reserva
sumarial no se viola por el acceso al expediente y diligencias reservadas por
parte de los funcionarios de un juzgado o corte marcial, sino cuando la
información es revelada a personas no autorizadas por la ley para conocerlas.
“Es por ello que el artículo 463, inciso 2 de la Ley 522 de 1999, indica que
los empleados que hayan violado la reserva sumarial serán sancionados, por el
juez de conocimiento, con multa de (1) a cinco (5) salarios mínimos legales y
en la pena de suspensión del empleo por un período de ocho días a dos meses.”
En cuanto al segundo problema jurídico, señala
el representante del Ministerio Público que los conceptos y proyectos que
elabora el auditor de guerra no tienen, por disposición expresa, carácter
vinculante, por lo tanto, no puede sostenerse que aten a los jueces de primera
instancia o a las cortes marciales, o les resten independencia. Su actividad se
limita a prestar asesoría jurídica a los jueces militares y a presentar los
proyectos de decisión, tareas que no comportan funciones de conducción, tal
como fue reconocido por la Corte Constitucional en la sentencia C-368 de 1999.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, esta Corporación es
competente para conocer de la presentada demanda de inconstitucionalidad contra
el inciso 4 del artículo 263 y los artículos 267 y 561 de la Ley 522 de 1999,
“por medio de la cual se expide el Código Penal Militar.”
2. Los problemas jurídicos
El demandante afirma que el inciso 4 del
artículo 263 y los artículos 267 y 561 de la Ley 522 de 1999 son contrarios a
los artículos 15, 21, 29, 74, 116, 228 y 230 constitucionales porque: (1)
autorizan que un funcionario de carácter administrativo, que no es parte del
proceso penal, tenga acceso al expediente y a otras diligencias reservadas; (2)
hacen perder autonomía y discrecionalidad para decidir a los jueces y cortes
marciales al ser asesorados y recibir proyectos de fallo elaborados por los
auditores de guerra; y (3) asignan funciones de instrucción y juzgamiento a
funcionarios que tienen un carácter administrativo. Para el Procurador y demás
intervinientes en el proceso, las disposiciones demandadas son exequibles
porque los auditores de guerra son servidores de la justicia penal militar y su
acceso al expediente se justifica en razón de sus funciones y, además, porque
la reserva sumarial se viola cuando se revela la información no por el simple
acceso al expediente. Adicionalmente, dado que la función de los auditores de
guerra es de mera asesoría, los jueces y cortes marciales no pierden su
autonomía.
Por lo anterior, en esta oportunidad le
corresponde a la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas
jurídicos:
1.
¿Viola los derechos al
buen nombre, a la intimidad y a la honra de los sindicados, que se permita al
auditor de guerra acceder al expediente y a diligencias de carácter reservado?
2.
¿Viola la independencia
de la justicia, que los jueces militares o las cortes marciales sean asesorados
y reciban proyectos de fallo y conceptos de los auditores de guerra?
3.
¿Viola el debido
proceso y las condiciones constitucionales para el ejercicio de la función
jurisdiccional en materia penal, asignar atribuciones de instrucción y
juzgamiento a los auditores de guerra?
Con el fin de resolver estos problemas la
Corte (i) examinará las funciones que cumplen los auditores en el proceso penal
militar; (ii) precisará los principios constitucionales que rigen la reserva
sumarial y establecerá si el acceso de los auditores de guerra a diligencias y
documentos reservados, viola derechos o principios constitucionales; (iii)
determinará si las funciones de asesoría que ejercen estos funcionarios
resultan contrarias a la autonomía e independencia de la justicia penal
militar; y (iv) analizará si autorizar que los auditores de guerra ejerzan
funciones de instrucción resulta contrario a la Constitución cuando éstos
también asesoran en la etapa de juzgamiento.
3. Los auditores de guerra y su función dentro de la
justicia penal militar
De conformidad con lo que establece en su artículo la
Ley 522 de 1999, los auditores de guerra son oficiales destinados a la justicia
penal militar[1] que cumplen
principalmente tareas de asesoría[2] para los jueces militares
de primera instancia y para las cortes marciales,[3]
y son por ello, parte del personal de apoyo de la justicia penal militar.
También pueden ejercer funciones de instrucción cuando en casos especiales sean
designados por el respectivo juez de instancia, como lo indica el artículo 263,
numeral 4, acusado en el presente proceso.
Los Decretos 1790[4] y 1791 de
2000,[5] señalan los requisitos
para ejercer el cargo de auditor de guerra, así como las condiciones para su
ascenso.[6] Para ser auditor de
guerra se exige, entre otros requisitos, tanto la condición de oficial de las
fuerzas militares[7] o de la policía[8]
como el título de abogado. Los requisitos que establecen estos decretos para el
ejercicio de los distintos cargos dentro de la especialidad de la Justicia
Penal Militar resaltan el hecho de que el juez de primera instancia que sea
asesorado por el auditor de guerra será un superior jerárquico del auditor de
guerra, ya sea por el grado militar o de policía que desempeña o por la
antigüedad en el ejercicio de sus funciones.[9]
La Corte Constitucional sólo ha examinado la función
de los auditores de guerra en cuanto a su condición de funcionarios de carrera.
Bajo la vigencia del Decreto 2550 de 1988, anterior Código Penal Militar, los
auditores de guerra asesoraban a los jueces de primera instancia y a los
consejos verbales de guerra, cuyos miembros en algunas ocasiones no tenían la
calidad de abogados. Por ello, tales jueces dependían en muchos aspectos de su
labor a los conceptos y propuestas que les presentaban los auditores. A pesar
de lo anterior, la Corte señaló que el cargo de auditor de guerra no suponía
una relación de confianza con el juez militar que justificara que tales
funcionarios fueran de libre nombramiento y remoción. Por esa razón esta
Corporación reconoció que se trata de funcionarios de carrera. Dijo la Corte lo
siguiente en la sentencia C-368 de 1997:[10]
Los auditores
de guerra conforman un equipo que presta su consejo jurídico a los distintos
oficiales encargados de juzgar penalmente a sus subordinados. Ellos son
distribuidos de manera diferente entre los jueces, para prestarles su asesoría
jurídica. Estas dos circunstancias permiten deducir que no se exige una
relación de confianza especial entre el juez y el auditor. Las Fuerzas Armadas
han previsto un mecanismo institucional de asesoría jurídica para los oficiales
superiores que deben desempeñar en un momento determinado el papel de jueces
penales militares. Para ello han creado un cuerpo de auditores, cuyos miembros
de distribuyen de manera variable entre los distintos jueces, a través del
azar.  Si ello es así, no se requiere que exista una confianza especial entre
el juez y el auditor, puesto que la relación entre los dos se deriva de una
situación institucional.
En el nuevo Código Penal Militar, Ley 522 de 1999,[11]
los auditores de guerra tienen funciones similares a las que ejercían bajo la
vigencia del Decreto 2550 de 1988.[12] Al igual que en el
anterior Código Penal Militar, hacen parte del personal de apoyo de los jueces
de primera instancia y de las cortes marciales.
4. La intervención de los auditores de guerra dentro
del proceso penal militar y la reserva sumarial
Según el demandante, permitir
el acceso del auditor de guerra al expediente y a otras diligencias de carácter
reservado vulnera los derechos
a la intimidad personal, a la honra y al debido proceso de quien es
investigado, pues tal funcionario no es titular del poder jurisdiccional ni
sujeto procesal autorizado por la ley para acceder a dichas diligencias.
En el campo penal, la publicidad de las
actuaciones judiciales surge como un derecho constitucional del acusado
(Artículos 29 y 228, CP) y como una garantía del debido proceso.[13]
Así lo sostuvo en la sentencia C-060 de 1994:
“El propósito
fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las  arbitrariedades en
que puedan incurrir las autoridades judiciales, y proporcionar al acusado un
juicio justo e imparcial. Sin embargo, dicha publicidad puede ser restringida o
limitada por la ley, siempre y cuando sea proporcionada con la finalidad
protectora que se quiera cumplir, como es el caso de la reserva del sumario,
que busca proteger la recolección de datos que ayudan a determinar
responsabilidades. Tales restricciones, sin embargo, no pueden ser de tal
magnitud que hagan nugatorio dicho derecho constitucional.”[14]
Esta Corporación ya ha
establecido que en materia de procedimiento penal,[15]
el principio de publicidad no es absoluto, sino que, en cada etapa del proceso,
se debe armonizar con otros principios y valores, como el de la eficacia de la
justicia o el de la presunción de inocencia: "en materia penal, la
imposición de una publicidad total ‑desde las averiguaciones previas‑,
podría malograr la capacidad de indagación del Estado y menoscabaría la
presunción de inocencia de las personas".[16]
En ese orden de ideas, el
principio de publicidad se respeta cuando las excepciones señaladas por la ley
son razonables.[17] Este principio también opera
en materia penal militar, cuya
actividad judicial está sujeta a la estricta observancia de los preceptos
constitucionales y en especial a los contenidos en los artículos 28 a 35
Superiores.
En desarrollo de estos principios,[18]
el Código Penal Militar, Ley 522 de 1999, reguló la reserva sumarial durante
las etapas de instrucción e investigación ‑excepción al principio de
publicidad de los procesos penales militares‑[19]
con las siguientes características, entre otras: 1. Durante la etapa de
instrucción, sólo tienen acceso al expediente el funcionario de instrucción, el juez de
conocimiento, el fiscal, los secretarios, el agente del Ministerio Público, el
procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, los peritos y sus
asesores.[20]  2. Durante la etapa de investigación, ésta sólo puede ser
conocida por los funcionarios y empleados judiciales que la adelanten, por los
peritos cuando rindan su concepto y por las partes.[21]
3. La violación de la reserva sumarial se sanciona con multa de uno (1)
a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando se revele en
todo o en parte el contenido del sumario a personas no autorizadas, mientras no
se hubiere iniciado el juicio; y con suspensión del empleo por un período de
ocho (8) días a dos (2) meses, cuando la violación sea cometida por alguno de
los empleados que han tenido acceso al expediente.[22]
De lo anterior surge que la reserva
sumarial en el proceso penal militar se viola cuando se permite el acceso a
dicha información a personas no autorizadas o cuando se hace pública la
información que debe permanecer reservada. La finalidad de proteger la integridad de la investigación y su adecuado desarrollo,
así como la necesidad de garantizar la presunción de inocencia y el buen nombre
del presunto implicado, pueden verse afectadas si se permite el acceso a la
información reservada a personas no autorizadas por la ley, aun cuando dicha
información no sea posteriormente divulgada. Por ello, el mismo Código Penal
Militar estableció la posibilidad de sancionar con multa o suspensión en el
empleo a quienes revelen en todo o en parte la información sometida a la
reserva del sumario.
En el caso bajo estudio, el demandante
señala que los auditores de guerra, como funcionarios administrativos, tienen
un acceso no autorizado al sumario. Sin embargo, constata la Corte, en primer
lugar, que la Ley 522 de 1999 no define a los auditores de guerra como
empleados de la justicia penal militar que cumplen funciones administrativas.
El Código Penal Militar los ha definido como asesores jurídicos de los jueces
de primera instancia,[23] que prestan su consejo
jurídico a los distintos oficiales encargados de juzgar penalmente a sus
subordinados, para la elaboración de conceptos y proyectos de fallo. Estas
funciones reiteran su carácter de auxiliares de la justicia penal militar, en
labores similares a las que desempeñan los abogados y asesores en las distintas
cortes y tribunales.
En segundo lugar, advierte la Corte que no
es cierto que los auditores de guerra no hayan sido autorizados por la Ley 522
de 1999 para tener acceso a diligencias reservadas, no sólo cuando actúan como
funcionarios de instrucción, sino también cuando actúan como asesores. En
efecto, el artículo 461 de la Ley 522 de 1999, autoriza durante la etapa de
instrucción, la intervención del funcionario de instrucción, del juez de
conocimiento, del fiscal, del agente del Ministerio Público, del procesado, de
su defensor, del apoderado de la parte civil, de los secretarios, de los
peritos y, de manera general, “de sus asesores.”[24]
La intervención de estas personas durante la etapa de instrucción, implica
necesariamente el acceso al expediente y la posibilidad de conocer diligencias
reservadas.
Si bien la norma no menciona expresamente a
los auditores de guerra, emplea la expresión “asesores”. En el proceso penal
militar, sólo los jueces y las cortes marciales tienen asesores. Estos pueden
ser asesorados por los auditores de guerra y por otros asesores especializados
que sean necesarios por la naturaleza del proceso.[25]
Por lo tanto, los auditores de guerra, en su calidad de asesores de los jueces
de primera instancia y de las cortes marciales, están autorizados para acceder
a diligencias reservadas.
Adicionalmente, en razón de las funciones
que desempeñan los auditores de guerra, en particular, la posibilidad de
elaborar proyectos de fallo para los jueces de primera instancia y de rendir
conceptos, no podrían llevar a cabo esta tarea si el acceso al expediente les
estuviera vedado. Por lo cual, también están autorizados para tener acceso al
sumario y a diligencias reservadas a lo largo del proceso penal. Este acceso
les impone el deber de respetar la reserva de las diligencias que conozcan. Si
en ejercicio de sus funciones divulgan la información reservada, estarán
sujetos a las sanciones previstas en el artículo 462 de la Ley 522 de 1999, ya
citado.
Por lo anterior, no prospera el primer
cargo planteado por el demandante.
5. Las funciones de los auditores de guerra dentro del
proceso penal militar y el respeto a la independencia de los jueces militares y
de las cortes marciales
La Constitución dispone en su artículo 228
que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes. Así lo
reiteró esta Corporación al examinar la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia en la sentencia C-037 de 1996:[26]
La
independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a que los funcionarios
encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones o, como lo
indica la norma bajo estudio, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias,
determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de
la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras
autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales. (...) En
igual sentido, debe decirse que la independencia se predica también, como lo
reconoce la disposición que se estudia, respecto de los superiores jerárquicos
dentro de la rama judicial. La autonomía del juez es, entonces, absoluta. Por
ello la Carta Política dispone en el artículo 228 que las decisiones de la
administración de justicia “son independientes”, principio que se reitera en el
artículo 230 superior cuando se establece que “Los jueces, en sus providencias,
sólo están sometidos al imperio de la ley”, donde el término “ley”, al
entenderse en su sentido general, comprende en primer lugar a la Constitución
Política.
Por lo tanto, los funcionarios judiciales
ejercerán sus atribuciones con total independencia de otras ramas del poder
público, así como de superiores de la misma rama que pretendan impartirles
instrucciones dentro del ámbito de sus funciones judiciales.[27]
Todos los órganos que administran justicia, incluidos los que administran la
justicia penal militar, deben ejercer sus funciones de conformidad con este
principio.
Se pregunta la Corte si el hecho de que los
auditores de guerra cumplan funciones de asesoría y, por lo tanto, puedan
incidir en el sentido de las decisiones que adopten los jueces militares y las
cortes marciales, les resta autonomía e independencia a éstos en el ejercicio
de la función jurisdiccional a ellos encomendada. La Corte considera que ello
no es así, por las siguientes razones.
En primer lugar, porque los auditores de
guerra cumplen funciones de apoyo para los jueces militares de primera
instancia y las cortes marciales. Ello se evidencia en el lenguaje empleado en
el Código Penal Militar para describir sus funciones: “deben rendir los
conceptos que se les requiera, elaborar los proyectos de decisión, asesorar las
Cortes Marciales y los demás juzgamientos” (Artículo 267, Ley 522 de 1999). En
segundo lugar, porque los auditores de guerra no ejercen labores de conducción
del proceso. Su actividad se limita a prestar asesoría jurídica a los jueces
militares y a las cortes marciales mediante la presentación de conceptos y
proyectos de decisión, tareas que no comportan funciones de conducción.  Tal
como expresamente lo establece el inciso segundo del Artículo 267 de la Ley 522
de 1999, todos los conceptos y proyectos de fallo que elaboren los auditores de
guerra no son de forzosa aceptación. En tercer lugar, porque los auditores de
guerra son funcionarios de carrera que hacen parte de la estructura de la
justicia penal militar, quienes tienen como superior jerárquico al juez de
primera instancia a quien asesoran. No se trata de asesores externos o expertos
cuya especialidad incida en el criterio de los jueces.
Por las anteriores razones, no encuentra la
Corte que la función de asesoría que realizan los auditores de guerra impida
que los jueces militares y las cortes marciales ejerzan sus funciones con total
independencia y autonomía. Por lo tanto, el segundo cargo presentado por el
actor no prospera.
6. El ejercicio por parte de los auditores de guerra
de las funciones de instrucción y de asesoría para el juzgamiento
Pasa la Corte a examinar si el autorizar
que el auditor de guerra asuma funciones de instrucción y, posteriormente,
pueda asesorar al juez de instancia en el juzgamiento desconoce el debido
proceso y las demás normas constitucionales sobre la materia.
Tal como lo ha sostenido de manera
reiterada esta Corporación, “a pesar de que la Justicia Penal Militar no forma
parte de la estructura orgánica de la Rama Judicial ella administra justicia
respecto de aquellos delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio; debe aceptarse que todas
aquellas garantías y principios que conforman la noción de debido proceso,
resultan igualmente  aplicables en esta jurisdicción especial.”[28]
Además, si bien la Constitución permite
en casos excepcionales, expresamente previstos por ella, que el procedimiento
sea inquisitivo (artículo 235, numeral 3 C.P.), no incluyó dentro de éstas
excepciones a la justicia pernal militar.
Como consecuencia de lo anterior, esta
Corporación ha resaltado que la separación de etapas procesales de
investigación, acusación y juzgamiento hace parte de las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa que rigen la Justicia Penal Militar. Así lo
señaló esta Corte en la sentencia C-178 de 2002,[29]
cuando afirmó lo siguiente:
“En materia
penal militar la determinación de la responsabilidad en la comisión de un hecho
punible es una de las finalidades de la administración de justicia que si bien
debe cumplirse evitando dilaciones injustificadas, no se alcanza cuando se
establecen términos procesales que recortan el ejercicio del derecho de defensa
del sindicado denegando la justicia que el procesado y las víctimas del delito
demandan; que impiden establecer con claridad la verdad de los hechos que se
estudian en la etapa de instrucción o en el juicio, circunstancia que incluso
puede aumentar los niveles de impunidad en materia delictiva; o que niegan el
derecho a obtener una reparación por parte de las víctimas[30].
Tales
violaciones al debido proceso se configuran cuando la brevedad de los términos
afecta, por ejemplo, las funciones básicas del proceso penal confundiendo en
una misma etapa la instrucción y el juicio criminales (...).
(...)
Sin embargo,
tal diseño del proceso especial no implica que las etapas de investigación,
acusación y juzgamiento se funden en una sola, pues en todo caso el juez
militar, a quien corresponda adelantar la investigación, debe proferir una
acusación que ha de conocer el sindicado para que pueda enterarse de los cargos
específicos en su contra y ejercer el derecho de defensa que se le reconoce en
los términos de la Constitución y la ley. De la misma forma, la instrucción, la
acusación y el juzgamiento deben ser etapas claramente diferenciadas, para que
el procesado pueda conocer todos los elementos de juicio con los que va a
disponer el juez y el mérito de los mismos, de acuerdo con  los hallazgos
hechos en la etapa instructiva.
Por lo anterior, se pregunta la Corte si a
pesar de que los auditores de guerra cumplen, por regla general, funciones de
asesoría jurídica en la primera instancia y a las cortes marciales de los
procesos que se adelantan ante la justicia penal militar y, de manera
excepcional, funciones de instrucción, esta circunstancia equivale a una
acumulación de las funciones de instrucción, acusación y juzgamiento que
desconozca el debido proceso y el artículo 252 de la Constitución.
Tal como lo reconoció esta Corte en la
sentencia C-361 de 2001, la decisión del Legislador de introducir en la Ley 522
de 1999 un elemento acusatorio dentro de la estructura del procedimiento penal
castrense fue explícita.[31] Por ello, el proceso
penal militar se debe desarrollar en varias fases o etapas, distinguibles y
separables. “La primera de estas fases está constituida por la
investigación, que es adelantada por funcionarios de instrucción; en una segunda
etapa, los fiscales [o el propio juez] califican el sumario y si es el caso
profieren la resolución de acusación que necesariamente habrá de conocer el
sindicado; finalmente viene la etapa del juicio penal militar propiamente dicho”[32].
Cuando el auditor de guerra interviene en
la etapa de instrucción, y, posteriormente, en ejercicio de sus funciones como
asesor jurídico del juez de primera instancia, se le pide que elabore el
proyecto de fallo, se desconoce el debido proceso y la separación de las
funciones mencionadas. La intervención de este funcionario en las etapas de
investigación, acusación y juzgamiento, amenaza gravemente el derecho del
sindicado a que en las distintas etapas su investigador, su acusador o juzgador
sea un funcionario imparcial. En efecto, cuando el auditor de guerra ejerce
dentro del mismo proceso las funciones de instrucción y de asesoría para el
juzgamiento, ejerce funciones que materialmente inciden tanto en la etapa de
instrucción como en la de juzgamiento, lo cual desconoce la garantía
constitucional del debido proceso que,  en materia penal, exige la separación
de tales etapas y su realización en cabeza de diversas personas con el fin de
garantizar la imparcialidad en la investigación y en el juzgamiento de la conducta
punible.
Puesto que la posibilidad de intervención
de los auditores de guerra como funcionarios de instrucción es excepcional,
encuentra la Corte que sólo cuando estos funcionarios actúan como instructores
del proceso penal, se violaría el debido proceso si se les solicita, al mismo
tiempo, que elaboren proyectos de fallo o asesoren de cualquier manera al juez
de primera instancia durante la etapa de juzgamiento. Por lo cual, la Corte
condicionará la constitucionalidad del numeral 4 del artículo 263 de la Ley 522
de 1999, que establece las funciones especiales de los auditores de guerra como
funcionarios de instrucción, en el entendido de que dicho funcionario no podrá
asesorar o elaborar proyectos de fallo en las etapas sucesivas del mismo
proceso, como la de juzgamiento.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
Declarar EXEQUIBLE los artículos 267 y 561 de la Ley 522 de 1999 “por
medio de la cual se expide el Código Penal Militar”, en relación con los cargos
examinados.
SEGUNDO.-
Declarar EXEQUIBLE el artículo 263, numeral 4 de la Ley 522 de 1999 “por
medio de la cual se expide el Código Penal Militar”, en el entendido de que
cuando el auditor de guerra ha actuado en la etapa de instrucción no podrá
ejercer funciones de asesoría ni elaborar proyectos de fallo durante la etapa
de juzgamiento en el mismo proceso.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor JAIME CORDOBA TRIVIÑO, no
firma la presente sentencia por cuanto le fue aceptado impedimento para
intervenir en la presente decisión.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Así los definen los
decretos extraordinarios que regulan la carrera del personal
de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la
carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de
la Policía Nacional, respectivamente: Decreto 1790 de 2000, Articulo
72.- Oficiales del Cuerpo de Justicia Penal Militar. “A partir de la
vigencia del presente Decreto, son oficiales del Cuerpo de Justicia Penal
Militar en las Fuerzas Militares, los profesionales con título de abogado
obtenido conforme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo,
escalafonados en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el propósito de
ejercer funciones de magistrados, jueces militares, fiscales militares,
auditores de guerra, y funcionarios de instrucción. Igualmente pertenecen a
este  cuerpo los oficiales de las armas, cuerpo ejecutivo, cuerpo de vuelo,
cuerpo  logístico o cuerpo de seguridad y defensa de bases aéreas que
obtuvieren el  título de abogado e ingresen al servicio de la Justicia Penal
Militar.   Parágrafo.- Los oficiales de las Fuerzas Militares en servicio
activo  pertenecientes al cuerpo administrativo y que desempeñen cargos en la
Justicia  Penal Militar, pasarán automáticamente a dicho cuerpo.” Decreto
1791 de 2000, Articulo 30. Oficiales de la  Especialidad de Justicia Penal
Militar. Son  oficiales de la especialidad de Justicia Penal Militar en
la Policía Nacional,  los oficiales con título de abogado, obtenido conforme a
las normas de educación  superior vigentes, con el propósito de ejercer
funciones de magistrados, jueces  militares, fiscales militares, auditores de
guerra y funcionarios de  instrucción.  Parágrafo.- Los oficiales de la Policía Nacional en servicio activo
pertenecientes al cuerpo administrativo y que desempeñen cargos en la Justicia
Penal Militar, pasarán automáticamente a dicha especialidad.
[2] Así lo establece la Ley
522 de 1999, en su artículo 267, norma acusada en el presente proceso, que dice
lo siguiente: Artículo 267. Funciones. Los Auditores de Guerra,
son asesores jurídicos de los juzgados de Primera Instancia; deben rendir los
conceptos que se les requiera, elaborar los proyectos de decisión, asesorar las
Cortes Marciales y los demás juzgamientos que aquellos realicen. Todos los
proyectos y conceptos de los Auditores de Guerra deben ser firmados por los
mismos y no son de forzosa aceptación.
[3] “En relación con la
asesoría que prestan los auditores de guerra a las cortes marciales, la Ley 522
de 1999 establece lo siguiente en su artículo 561 (norma cuestionada en el
presente proceso): Artículo 561. Asesoría jurídica. Si se
requiere, la Corte Marcial podrá estar asesorada por un Auditor de Guerra
designado por su Presidente.”
[4] Decreto 1790 de 2000, Articulo
79.- Auditores de Guerra.-  a. De Inspección General: Para ser auditor
de guerra de Inspección General se requiere ser colombiano de nacimiento,
ciudadano en ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido  prestigio
profesional y personal y haber desempeñado el cargo de auditor de  guerra de
División o su equivalente por un tiempo no inferior a cinco (5) años o  auditor
de guerra de Brigada por tiempo no inferior a diez (10) años o juez de  instrucción
penal militar por tiempo superior a quince (15) años. b. De División Para ser
auditor de guerra de División en el Ejército o sus equivalentes en la  Armada y
en la Fuerza Aérea, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano  en
ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y
personal y haber desempeñado el cargo de auditor de guerra de Brigada o su
equivalente por un tiempo no inferior a cinco (5) años o juez de instrucción
penal militar por tiempo superior a diez (10) años. c. De Brigada Para ser
auditor de guerra de Brigada en el Ejército o sus equivalentes en la  Armada y
en la Fuerza Aérea se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano  en
ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y
personal y llenar por lo menos uno de los siguientes requisitos: 1. Ser oficial
de las Fuerzas Militares en servicio activo y haber sido juez de  instrucción
penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años. 2. Haber sido juez de
instrucción penal militar por un tiempo no inferior a  cinco (5) años. 3. Haber
sido oficial o suboficial de la fuerza pública, hallarse en situación  de
retiro temporal con pase a la reserva y ejercido funciones en la jurisdicción
penal militar u ordinaria, o ejercido la profesión de abogado en el mismo ramo
por un tiempo no inferior a tres (3) años o haber desempeñado cargos en la
justicia penal militar por un tiempo no inferior a cinco (5) años. 4. Haber
sido juez penal o fiscal delegado ante juzgados penales, por un tiempo  no
inferior a cinco (5) años y haber aprobado un curso de inducción a la  justicia
penal militar.
[5] Decreto 1791 de 2000,
Articulo 37. Auditores de Guerra. 1. De Dirección General de la Policía Nacional y de Inspección
General.- Para ser auditor de guerra de la Dirección General de la Policía
Nacional y de  la Inspección General se requiere ser colombiano, ciudadano en
ejercicio, abogado titulado, gozar de reconocido prestigio profesional y
personal, haber  desempeñado el cargo de auditor de guerra de Policía
Metropolitana por un tiempo  no inferior a cinco (5) años o auditor de guerra
de Departamento de Policía por  tiempo no inferior a diez (10) años o juez de
instrucción penal militar por  tiempo superior a quince (15) años. 2. De
Policía Metropolitana.- Para ser auditor de guerra de Policía Metropolitana, se
requiere ser colombiano,  ciudadano en ejercicio, abogado titulado, y haber
desempeñado el cargo de auditor de guerra de Departamento de Policía por un
tiempo no inferior a cinco  (5) años o juez de instrucción penal militar por
tiempo superior a diez (10)  años. 3. De Departamento de Policía.- Para ser
auditor de guerra de Departamento de Policía se requiere ser  colombiano,
ciudadano en ejercicio, abogado titulado, y llenar por lo menos uno de los
siguientes requisitos: a. Ser oficial de la Policía Nacional en servicio activo
y haber sido juez de  instrucción penal militar por un tiempo no inferior a
cinco (5) años. b. Haber sido juez de instrucción penal militar por un tiempo
no inferior a  cinco (5) años. c. Haber sido oficial o suboficial de la Policía
Nacional, hallarse en situación  de retiro temporal con pase a la reserva y
ejercido funciones en la jurisdicción  penal militar u ordinaria, o ejercido la
profesión de abogado en el mismo ramo  por un tiempo no inferior a tres (3)
años, o haber desempeñado cargos en la  justicia penal militar por un tiempo no
inferior a cinco (5) años. d. Haber sido juez penal o fiscal delegado ante
juzgados penales, por un tiempo  no inferior a cinco (5) años y haber aprobado
un curso de inducción a la  Justicia Penal Militar.
[6] Ver Decreto 1790 de 2000,
Artículo 74 y Decreto 1791 de 2000, Artículo 32.
[7] Decreto
1790 de 2000, Articulo 73.- Procedencia de los Oficiales del Cuerpo de
Justicia Penal Militar.  Los Oficiales del
Cuerpo de Justicia Penal Militar procederán de Oficiales en actividad hasta el
grado de Mayor o Capitán de Corbeta, de suboficiales y  civiles que acrediten
título de abogado. Parágrafo.- Los civiles a que se refieren este
artículo que a partir de la vigencia del presente Decreto soliciten
incorporarse como Oficiales del Cuerpo de Justicia Penal Militar y que sean
aceptados, deberán aprobar un curso de  orientación militar, al término del
cual serán escalafonados en el grado de  Subteniente o Teniente de Corbeta,
previo concepto de la Junta Asesora del  Ministerio de Defensa y cumplimiento
de los requisitos generales exigidos para  oficiales en ese grado.
[8] Decreto
1791 de 2000. Artículo 31. Procedencia de los Oficiales de la Especialidad
de Justicia Penal  Militar. Los Oficiales hasta
el grado de Mayor que acrediten título de abogado, podrán pertenecer a la
especialidad de Justicia Penal.
[9] En efecto los artículos
74 a 80 del Decreto 1790 de 2000 y 32 a 38 del Decreto 1791 de 2000 establecen
como requisitos para acceder a los cargos de magistrados o jueces de la
justicia penal militar, tiempos de servicio y ejercicio de determinados cargos
de mayor jerarquía, que garantizan que los jueces y magistrados sean superiores
jerárquicos de los auditores de guerra por razón de la antigüedad o por el
rango dentro de la estructura militar o de policía que ocupa el juez o
magistrado.
[10] Corte Constitucional,
Sentencia C-368 de 1999, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, en este fallo la Corte
examinó la constitucionalidad de la clasificación de distintos empleos públicos
que establecía la Ley 443 de 1998. En dicha ley los auditores de guerra eran
funcionarios de libre nombramiento y remoción. La Corte consideró que dadas las
funciones de apoyo que cumplían los auditores dentro del proceso penal militar,
se trataba de funcionarios de carrera. Las funciones que definía el Decreto
2550 de 1988 para los auditores de guerra, son similares a las que establece la
Ley 522 de 1999, en las normas demandadas en este proceso.
[11] Ley 522 de 1999,
Artículos 263, numeral 4, 267 y 561, normas demandadas en el presente proceso.
[12] Decreto 2550 de 1988,
Artículo 358.- “Funciones. Los auditores de guerra, superior, principal
y auxiliar son asesores jurídicos de los juzgados de primera instancia; deben
rendir los conceptos que ellos le soliciten, elaborar los proyectos de
decisión, asesorar a los consejos verbales de guerra.   Todos sus proyectos y
conceptos deben ir firmados y no son de forzosa aceptación.” Bajo la vigencia
del Decreto 2550 de 1988, los auditores de guerra también podían ejercer
funciones de instrucción. Artículo 356.- Quienes son funcionarios de
instrucción. Son funcionarios de instrucción penal militar: (...) 5. Los
auditores de guerra designados por el respectivo juez de primera instancia.”
[13] Ver entre otras, las
sentencias C-150 de 1993, MP: Fabio Morón Díaz (donde la Corte declaró la
inexequibilidad de disposiciones que establecían la reserva de ciertas pruebas
hasta el momento de formularse la acusación, por considerar que tal reserva
impedía que el procesado las controvirtieran oportunamente);
C-060 de 1994, MP: Carlos Gaviria Díaz (en donde la Corte declaró exequible una
disposición que autorizaba al Consejo Superior de la Judicatura hacer públicas
las sanciones impuestas a los abogados); C-037 de 1996, MP: Vladimiro
Naranjo Mesa (donde la Corte condicionó el carácter reservado de las actas de
las sesiones de las altas corporaciones a que lo fueran mientras no hubieran
sido aprobadas); C-038 de 1996, MP: Eduardo Cifuentes
Muñoz, (donde la Corte examinó varias disposiciones del Estatuto
Anticorrupción, Ley 190 de 1995, que establecían la reserva de ciertas
diligencias y encontró que la reserva de la investigación disciplinaria era
exequible sólo si se entendía que tal reserva operaba hasta la práctica de
pruebas. También reiteró que la reserva del sumario fuera constitucional. Y declaró
la inexequibilidad de una disposición que prohibía publicar extractos y
resúmenes del contenido de la investigación disciplinaria mientras no hubiera
fallo en firme, por considerar que constituía una forma de censura);  C-619 de 1996, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz (donde la
Corte estimó que los dependientes de abogados que eventualmente accedieran a
expedientes que contuvieran actuaciones administrativas reservadas debían ser
estudiantes de derecho.
[14] Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 1994, MP: Carlos Gaviria Díaz, ya citada.
[15] Ver, por ejemplo, las
sentencias C-150 de 1993, MP: Fabio Morón Díaz; C-060 de 1994,
MP: Carlos Gaviria Díaz; C-619 de 1996, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz,
previamente citadas.
[16] Ver, por ejemplo, la sentencia C-038/96, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, ya
citada.
[17] Ver, por ejemplo, la
sentencia C-150 de 1993, MP. Fabio Morón Díaz, donde la Corte sostuvo que
"la reserva de determinadas actuaciones judiciales del proceso penal,
redunda en algunos casos en el cabal ejercicio de tales funciones".
[18] Corte Constitucional,
Sentencia C-1149 de 2001, MP: Jaime Araujo Rentería, SV: Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis.
[19] Ley 522 de 1999, Artículo 202. Publicidad. Los procesos penales
militares serán públicos, salvo lo previsto sobre reserva sumarial.
[20] Ley 522 de 1999,
Artículo 461. Reserva del sumario. El sumario es reservado en su
instrucción. Solamente podrán intervenir el funcionario de instrucción, el juez
del conocimiento el fiscal, los secretarios, el agente del Ministerio Público,
el procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, los peritos y sus
asesores.
[21] Ley 522 de 1999,
“Artículo 399. Reserva. La investigación sólo podrá ser conocida por los
funcionarios y empleados que la adelanten, los peritos cuando lo necesitan para
rendir su dictamen y las partes que intervengan en el proceso, para
cumplimiento de sus deberes.” Además la Ley 552 de 1999 establece que son
reservados los autos motivados que dispongan allanamientos, registros, la
retención de la correspondencia, o la interceptación de comunicaciones
[Artículo 476. Providencias reservadas. Los autos motivados mediante los cuales
se dispongan allanamientos y registros, retenciones de correspondencia,
interceptaciones de comunicaciones, no se darán a conocer a las partes mientras
el funcionario considere que ello puede interferir el desarrollo de la
respectiva diligencia. Contra dichos autos no procede recurso alguno.]. También
establece que las diligencias preliminares podrán ser conocidas por el defensor
del imputado, una vez éste se haya posesionado y luego de que el imputado haya
rendido su versión [Artículo 453. Reserva de las diligencias preliminares. Las
diligencias de indagación preliminar son reservadas, pero posesionado
legalmente el defensor, podrá conocerlas, cuando se le haya recibido versión al
imputado.]. Finalmente, durante la investigación está prohibido expedir copias
del expediente, salvo cuando la solicite autoridad competente y con el fin de
investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios o
para dar trámite al recurso de hecho. [Artículo 462. Prohibición de expedir
copias. Durante la investigación ningún funcionario puede expedir copia de las
diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad competente para
investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios o
para dar trámite al recurso de hecho.   Los sujetos procesales, tienen derecho
a que se les expida copia autorizada de la actuación para su uso exclusivo y
para el cumplimiento de sus funciones. El hecho de ser sujeto procesal impone
la obligación de guardar la reserva sumarial, sin necesidad de diligencia
especial.]
[22] Ley 522 de 1999,
Artículo 463. Sanciones por violaciones a la reserva del sumario. El que
revele en todo o en parte el contenido del sumario a personas no autorizadas,
mientras no se hubiere iniciado el juicio, incurrirá en multa de uno (1) a
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta por el juez que
conoce el proceso.   Si del hecho fuere responsable algunos de los empleados
que han conocido del sumario en ejercicio de su cargo, incurrirá, además, en la
pena de suspensión del empleo que ejerza por un período de ocho (8) días a dos
(2) meses. De estos hechos conocerá el juez de la causa mediante el
procedimiento del artículo 258 del Código de Procedimiento Penal y normas que
lo modifiquen.
[23] Ley 522 de 1999,
Artículos 267 y 561.
[24] Ley 522 de 1999,
Artículo 461. Reserva del sumario. El sumario es reservado en su instrucción.
Solamente podrán intervenir el funcionario de instrucción, el juez del
conocimiento el fiscal, los secretarios, el agente del Ministerio Público, el
procesado, su defensor, el apoderado de la parte civil, los peritos y sus
asesores.
[25] Ley 522 de 1999,
Artículo 408. Asesores especializados. El juez podrá solicitar, de entidades
oficiales, la designación de expertos en determinada ciencia o técnica, cuando
quiera que la naturaleza de los hechos que se investigan requiera la
ilustración de tales expertos. Los asesores designados tomarán posesión como
los peritos y tendrán acceso al expediente en la medida en que su función lo
exija.
[26] Corte Constitucional,
Sentencia C-037 de 1996, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
[27] Así lo ha reconocido
esta Corporación en varias ocasiones. Ver, por ejemplo las sentencias C-558 de
1994, MP Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte estudió varias disposiciones del
Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y declaró la
constitucionalidad del aparte “bajo la dependencia de sus superiores
jerárquicos y del Fiscal General", contenido en el artículo 19 de la Ley,
en el entendido que la jerarquía administrativa del Fiscal General no le
permitía instruir jurídicamente a sus delegados sobre como resolver un caso, ya
que una tal práctica acabaría con la independencia e imparcialidad de los
fiscales que, conforme a la Carta, son funcionarios judiciales. C-1641 de 2000,
MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte examinó entre otras materias
los requisitos de imparcialidad e independencia de los servidores
administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales.
[28] Cfr. sentencia C-361 de
2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[29] Corte Constitucional,
Sentencia C-178 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte
examinó la regulación legal de un procedimiento especial en el ámbito de la
justicia penal militar -prevista en los artículos 578 y 579 de la Ley 522 de
1999-, y encontró que era inconstitucional porque desconocía la estructura
procesal que permite distinguir con claridad las etapas de investigación,
acusación y juzgamiento y limita el derecho de defensa del procesado al no
señalar, por ejemplo, los recursos que se pueden presentar contra el auto que
niega la práctica de ciertas pruebas.  Tal procedimiento también resulta
contrario al contenido del artículo 29 de la Constitución Política cuando se
estructura sobre la base de términos procesales abreviados que resultan
irrazonables al impedir que tanto el juez como las partes cuenten con el tiempo
suficiente para establecer la veracidad de los hechos que se investigan habida
cuenta de su complejidad y la gravedad de la sanción imponible a sus autores.
[30] Cfr. sentencia C-1149 de
2001 M.P. Jaime Araujo Rentería.  Se declaró en esa oportunidad la
exequibilidad de los artículos 107, 108 inciso 3º  y 305 parcial de la ley 522
de 1999.  Se hace allí referencia a los derechos de las víctimas (y también de
los procesados) por los que vela el proceso penal: derecho a la justicia;
derecho a la verdad; y derecho a obtener una reparación.
[31] Corte Constitucional,
Sentencia C-361 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[32] Ibidem.