T-804-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-804/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso de funcionario público
sancionado disciplinariamente con suspensión en el ejercicio del cargo por
haber incumplido términos judiciales
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
DEFECTO
FACTICO-Configuración
La Corte Constitucional ha
definido el defecto fáctico como aquel que surge “cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión”, precisando que las diferencias de valoración en la
apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos, ya que el juez, en
su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe.
DEFECTO
FACTICO-Dimensión negativa y positiva
La jurisprudencia
constitucional ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos
fácticos: (a) Una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, situación que se presenta
cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba; y
(ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente. (b)
Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que
fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, la cuales no
ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas,
eran ilegales o ineptas; o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que
exista material probatorio que fundamente su decisión.
DEFECTO
FACTICO-Por omisión en el decreto y práctica de pruebas
Esta circunstancia se presenta
cuando el funcionario judicial excluye el decreto y la práctica de pruebas, lo
cual impide la debida conducción al proceso de hechos que son indispensables
para la el análisis y solución del asunto jurídico bajo revisión.
DEFECTO
FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
Esta situación sobreviene
cuando el juez no realiza el análisis y valoración de elementos probatorios que
reposan en el proceso, debido a que no los advierte o sencillamente no los
tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión, los cuales, de haberse
contemplado, habrían cambiado sustancialmente la solución del asunto jurídico
debatido.
DEFECTO
FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO
Esta hipótesis acontece cuando
el funcionario “en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por
completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene
de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva”.
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
La Corte Constitucional ha
precisado que el desconocimiento del precedente constituye un requisito o
causal especial de procedibilidad de la acción de tutela y ha sido
enfática en afirmar que el juez no sólo está vinculado por el artículo 13
Superior, sino también que su autonomía está limitada por la eficacia de los
derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso. En el mismo
sentido esta Corporación ha señalado que el respeto y coherencia con sus
propias decisiones es un deber de obligatorio cumplimiento del funcionario
judicial y no una simple facultad discrecional,
DEFECTO
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
La jurisprudencia
constitucional ha afirmado que el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional encuentra sustento en: (i) la importancia de la
Constitución y su carácter normativo, que irradia todo el sistema jurídico
colombiano y (ii) en las funciones que el mismo estatuto en su artículo 241
asigna a la Corte Constitucional (guarda de la supremacía y la integridad de la
Carta), en virtud de las cuales las decisiones de ese Tribunal constituyen
fuente de derecho para los demás operadores jurídicos.
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES
INJUSTIFICADAS-Requisitos para protección por tutela
La jurisprudencia
constitucional ha sostenido que “toda persona tiene derecho a que los
trámites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como
tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas
sino al derecho al acceso a una real y efectiva administración de justicia,
dado que la resolución tardía de las controversias judiciales equivale a una
falta de tutela judicial efectiva”.
DEBIDO
PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por defecto fáctico,
sustantivo y desconocer el precedente horizontal
PROCESO
DISCIPLINARIO-Orden de archivo
Referencia: expediente T-3484877
Acción de tutela interpuesta por Luis Jaime González Ardila contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil doce (2012)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, en la acción de tutela instaurada por el señor Luis Jaime
González Ardila contra la misma Corporación.
I. ANTECEDENTES.
El
magistrado Luis Jaime González Ardila, actuando en nombre propio, interpone
acción de tutela contra la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, por considerar que está vulnerando sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por
medio de la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2010, y aduce como fundamento
los siguientes:
1. Hechos.
1.1. Precisa que, desde el 1° de septiembre de 2000,
ha venido desempeñando el cargo en propiedad de magistrado del Tribunal de
Bucaramanga, Sala Penal.
1.2. Refiere que la joven Ángela Patricia Rivera Orduña formuló queja
contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga por incurrir en
retardo en resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 25 de enero de 2006 por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de la misma ciudad, que la condenó como autora de los delitos de
secuestro extorsivo, secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado.
1.3. Afirma que, el 15 de diciembre de 2008, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura inició investigación en su contra a raíz de esa queja. Adiciona
que, dentro de dicho trámite, el 17 de julio de 2009, le formuló cargos como
presunto responsable de la falta disciplinaria consagrada en el artículo 196 de
la Ley 734 de 2002, por la prohibición descrita en el artículo 154, numeral
3°, de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 201 de la
Ley 600 de 2000, calificando la conducta como grave, a título de culpa grave.
1.4. Anota que en sus descargos presentó pruebas encaminadas a demostrar
que la demora en resolver el mencionado recurso estaba justificada por
congestión laboral y exceso de trabajo, que dieron lugar a programas de
descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga durante los
años 2008 y 2009, y por su estado de salud psíquica desde el 30 de julio de
1996, consistente en personalidad obsesiva y trastorno depresivo crónico,
pruebas que no fueron tenidas en cuenta en la sentencia del 18 de noviembre de
2010, que lo declaró responsable de falta disciplinaria grave, a título de
culpa grave, y lo sancionó con un mes de suspensión en el ejercicio del cargo,
la cual se cumplió por orden de la
Corte Suprema de Justicia del 1° al 31 de mayo de 2011.
1.5. Agrega que la entidad accionada, mediante auto del 11 de mayo de
2011, le negó por improcedente el recurso de reposición que interpuso en tiempo
contra la sentencia mencionada.
2. De la solicitud de tutela.
El actor afirma que la sentencia proferida el 18 de noviembre de
2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura vulnera sus derechos fundamentales, por las siguientes razones:
2.1. Incurre en defecto fáctico debido a que:
(i) En los numerales 8 y 9 del capítulo de pruebas menciona su
historia clínica, suscrita por el psiquiatra Germán Duarte Hernández, y varias
constancias y fórmulas médicas, pero “sin dar cuenta de su contenido”, consistente
en que, desde el 30 de julio de 1996, le fue diagnosticado trastorno mixto de
ansiedad y depresión crónica, habiéndole formulado, además de psicoterapias,
diversos medicamentos, algunos de ellos en forma permanente, que le producen
insomnio, preocupación, pánico y decaimiento. Cuadro clínico que fue confirmado
después por el psiquiatra Jorge Franco López.
Por tratarse de enfermedades crónicas, lo han afectado desde 1996,
pero específicamente en 2006 a 2011, por lo cual no se le podía exigir
estándares de trabajo y cumplimiento iguales a los de otros funcionarios con
salud normal. Agrega que, por no haber tenido en cuenta el juzgador esas
pruebas, lo llevó a concluir que “no entendedería la
Sala cómo tales procedimientos le impidieron resolver dentro de un término
razonable la apelación en el proceso contra la quejosa”, en lugar de
reconocer que esa circunstancia constituye un estado de necesidad justificante
de la mora.
(ii) La providencia cuestionada menciona los testigos Eugenio
Fernández Carlier y Liliana García Mantilla, pero “sin importar para nada el
contenido de sus testimonios, con los cuales se probaban los fundamentos de
hecho que justificaban la mora por la cual se me sancionó”.
(iii) La sentencia omite tener en cuenta las pruebas que demuestran
haber proferido 1.800 autos de sustanciación, 862 audiencias de Ley 906, 80
asuntos de Sala Plena y salas mixtas, el trabajo realizado como integrante de
otras salas de decisión y como presidente del Tribunal y de la
Sala Penal.
(iv) Está demostrada la congestión laboral y el exceso de trabajo en
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, a tal punto que la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura ordenó programas de descongestión judicial en noviembre de 2008 y
marzo de 2009. Sin embargo, la providencia no le da ninguna relevancia a esa
situación para justificar la conducta omisiva.
(v) Obra en el proceso la certificación expedida el 14 de julio de
2010 por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga,
que relaciona los procesos fallados entre abril de 2006 y octubre de 2008, y en
ella consta el número de radicación del proceso, su fecha de ingreso y en la
que se profirió la decisión. Pero no aporta ningún otro dato.
No obstante, la sentencia dice que con base en “informes
allegados por la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bucaramanga según se vio en el apartado 3 supra, sobre congestión judicial,
dejan sin piso la afirmación del Dr. González Ardila en sus exculpaciones en el
sentido de que la evacuación de los expedientes se dio siguiendo lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, en cuanto al estricto orden en que
debían proferirse las sentencias con las salvedades que el canon prevé”. Es
decir, que la providencia tiene por ciertos hechos no demostrados y hace
agregados a las pruebas.
2.2. Defecto
sustantivo por motivación falsa, ficta o sofistica.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura sostiene que, según el precedente de la
Corte Constitucional, la responsabilidad disciplinaria por mora en decisiones
judiciales únicamente debe analizarse teniendo en cuenta “factores objetivos
inherentes al expediente, tales como la complejidad del asunto, la actividad de
los sujetos procesales”.
Sin embargo,
la autoridad judicial accionada olvida que lo que realmente ha señalado la
Corte Constitucional es que se deben considerar tanto los factores exógenos
como los del proceso en que se incurrió en mora, los cuales “deben ser
valorados con mesura y ponderados de manera casuística, relacionando siempre
las circunstancias personales, la incidencia del trabajo colectivo dentro de un
cuerpo colegiado, y las dificultades y vicisitudes logísticas que tienen los
negocios en el estadio previo a su estudio, todo lo anterior, con lo que la
Corte ha dispuesto en punto a los casos de mora judicial justificada”.
De acuerdo
con esto, la sentencia le atribuye a la
Corte Constitucional “supuestos que ella no ha utilizado para administrar
justicia”.
2.3. Viola el precedente
horizontal, porque:
(i) La
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, el 18 de noviembre de 2010, en el proceso disciplinario con
radicación 11001010200020090164600 (1339-05), adelantado contra un magistrado
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, con fundamento en los
mismos acuerdos de descongestión, declaró justificada la mora y exoneró de
responsabilidad a ese funcionario, quien tenía un rendimiento laboral diario de
2.27, para cuyo cálculo tuvo en cuenta la sentencias, autos interlocutorios y
de sustanciación, audiencias, acciones de tutela, los niveles de congestión
judicial y el ejercicio de la presidencia de la Sala Penal.
(ii) La
misma Sala, en el proceso disciplinario radicado bajo el número 21728 del 31 de
enero de 2002, “justificó la mora de una persona que no estaba enferma de
depresión y ansiedad y que produjo un promedio diario de 1.3, incluyendo para
su cálculo autos de sustanciación y otras actuaciones distintas a sentencias y
decisiones interlocutorias”.
(iii) Esa
entidad absolvió por cargos de mora a sus compañeros de sala Juan Carlos
Diettes Luna y Julián Hernando Rodríguez Pinzón, reconociéndoles que había congestión
judicial por la misma época en que ocurrió el retardo por el cual fue
condenado.
Con
fundamento en lo anterior, concluye afirmando que inexplicablemente su caso fue
juzgado por la misma Corporación con un rigor muy superior al aplicado en los casos
que se acaban de mencionar, en los que sí consideró varios factores que a él le
niega, además de que esas personas no padecían ansiedad y depresión crónicas,
ni tomaban los fuertes medicamentos que le han sido formulados de por vida,
vulnerándose con ello su derecho a la igualdad, ya que está recibiendo un trato
jurídicamente desigual.
Además,
considera que interpuso la acción de tutela el 23 de noviembre de 2011, dentro
de un término prudencial y razonable de escasos cuatro meses, contados desde el
24 de junio del mismo año, fecha en que le fue notificada la providencia que
resolvió el recurso de reposición que interpuso contra la sentencia del 18 de
noviembre de 2010.
En
consecuencia, solicita: (i) la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia; (ii)
que se revoque la sentencia proferida en su contra el 18 de noviembre de 2010
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Conejo Superior de la Judicatura;
y (iii) se le absuelva de los cargos formulados, en virtud de hallarse
justificada la mora.
3. Respuesta de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
El Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura pide que se nieguen las pretensiones del actor y se
declare improcedente el amparo de los derechos fundamentales que este invoca.
Considera que la entidad accionada no cometió ningún error al negar por
improcedente el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia
condenatoria del 18 de noviembre de 2010, porque esta se basa en lo dispuesto
en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, aplicables por remisión del
artículo 222 del mismo estatuto, el primero de los cuales dice que las “sentencias
de única instancia dictadas por la sala jurisdiccional disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura (…) quedarán ejecutoriadas al momento de su
suscripción; mientras que el segundo dispone que las sentencias dictadas por la
misma Sala y la que resuelva los recursos de apelación y de queja, y la
consulta se notificarán sin perjuicio de su ejecución inmediata”.
Afirma que, de acuerdo con esas normas y la jurisprudencia
constitucional, la providencia del 18 de noviembre de 2010 quedó ejecutoriada
en esa misma fecha; y que, como la acción de tutela se interpuso el 23 de
noviembre de 2011, más de un año después, no reúne el presupuesto de la
inmediatez. Tampoco si se tienen en cuenta las fechas en que fue negado el
recurso de reposición y se cumplió la sentencia, porque desde ellas pasaron más
de 6 meses hasta la presentación de la acción de amparo.
Sostiene que no existe afectación actual de derechos fundamentales, en
virtud de que el actor ya cumplió la sanción.
En relación con el fallo de segundo grado, que impuso la sanción
disciplinaria, comenta que “todas las líneas expuestas por el disciplinable
en sus salidas procesales, fueron objeto de análisis, consideración y razonada
desestimación, con sustento en el material probatorio obrante en la foliatura,
en las normas sustantivas y procedimentales aplicables al caso, y siguiendo los
precedentes horizontales”.
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
1. Sentencia de primera
instancia.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Dual número 4, en sentencia del 6 de marzo de 2012, resuelve
declarar improcedente la acción de tutela presentada por el magistrado Luis
Jaime González Ardila contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.
Considera que, según  lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y
la jurisprudencia pertinente (Sentencias SU-961 de 1999, T-575 de 2002 y T-900
de 2004), la acción de amparo no es procedente en este caso, porque no reúne el
requisito de inmediatez, esto es,  no fue interpuesta en un término razonable
desde cuando ocurrió el hecho al cual el actor atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales, que corresponde a la providencia que lo condenó
disciplinariamente, de fecha 18 de noviembre de 2010, hasta cuando interpuso la
acción casi un año después, sin justificar esa mora.
Aclara que la circunstancia consistente en que el actor haya presentado
el recurso de reposición contra la sentencia del 18 de noviembre de 2010,
resuelto el 11 de mayo de 2011, no “convalida la mora en acudir al Juez de
tutela, pues todo el ataque tutelar se dirige única y exclusivamente a la
sentencia dictada el 18 de noviembre de 2010, además, desde el rechazo del
recurso hasta la presentación de la acción, también transcurrió un amplio
período de tiempo, es decir, más de seis meses”.
§
Impugnación.
El actor impugna el fallo de primera instancia manifestando  que no está
de acuerdo con él, toda vez que desde el 24 de junio de 2011, fecha en que
recibió notificación de la providencia que negó el recurso de reposición contra
la sentencia del 18 de noviembre de 2010, hasta el 23 de noviembre de 2011,
cuando presentó la acción de tutela, transcurrieron escasos 4 meses, que es un
tiempo razonable, oportuno y justo. En consecuencia, pide que se resuelva de
fondo la acción de amparo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la
demanda.
2. Sentencia de segunda
instancia.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, integrada por conjueces, mediante fallo del 18 de abril de 2012,
confirma el de primera instancia, teniendo en cuenta que no concurre el
presupuesto de la inmediatez, en virtud de que la acción de tutela fue
interpuesta el 23 de noviembre de 2011 contra una sentencia proferida y
ejecutoriada el 18 de noviembre de 2010, esto es, un año después.
Agrega que “la decisión de segunda instancia no es objeto de ningún
recurso, y mucho menos el de reposición (…). De conformidad con la Ley 734 de
2002, artículo 205, las sentencias de segunda instancia quedan ejecutoriadas al
momento de su suscripción (…)”.
III. Pruebas.
A
continuación se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente:
·
Copia de la providencia dictada el 30 de mayo de 2012 por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dentro del
proceso disciplinario con número de radicación 110010102000200701966 00,
adelantado contra Juan Carlos Diettes Luna.
·
Copia del auto proferido el 18 de noviembre de 2010, por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el
proceso disciplinario con número de radicación 110010102000200901646 00
(1339-05), adelantado contra Juan Carlos Diettes Luna.
·
Copia del proceso disciplinario número 110010102000.2008.1734.00,
adelantado contra Luis Jaime González Ardila.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso
tercero, y 241, numeral noveno, de la Constitución Política y en los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Breve presentación del caso.
2.1. El actor afirma que sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia están siendo vulnerados por el Consejo Superior de
la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante la sentencia
de fecha 18 de noviembre de 2010, que lo declaró responsable de falta
disciplinaria grave, a título de culpa grave, y lo sancionó con un mes de
suspensión en el ejercicio del cargo, ya que en ella se incurrió en los
siguientes defectos: fáctico, sustantivo y violación
del precedente horizontal. Como consecuencia de lo anterior pide que se ordene
a la autoridad judicial accionada revocar dicha providencia y, en su lugar, lo
absuelva de los cargos formulados.
2.2. El Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura solicita que se declare improcedente la acción de
tutela, por las siguientes razones: (i) de acuerdo con los artículos 205 y 206
de la Ley 734 de 2002 no se cometió ningún error al negar por improcedente el
recurso de reposición interpuesto contra la sentencia del 18 de noviembre de
2010; (ii) no se cumple con el requisito de inmediatez, ya que la acción de
amparo se interpuso más de un año después de la fecha de ejecutoria de la
providencia atacada; (iii) no existe afectación actual de derechos
fundamentales y (iv) “todas las líneas expuestas por el disciplinable en sus
salidas procesales, fueron objeto de análisis, consideración y razonada
desestimación, (…) y siguiendo los precedentes horizontales”.
2.3. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Dual número 4, en sentencia del 6 de marzo de 2012, resuelve
declarar improcedente la acción de tutela por no cumplirse con el requisito de
inmediatez, toda vez que, desde la fecha de la sentencia que lo condenó
disciplinariamente hasta cuando interpuso la acción de tutela, transcurrió
aproximadamente un año, sin que el actor haya justificado de ninguna forma ese
tiempo tan prolongado.
2.4. La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, integrada
por conjueces, mediante fallo del 18 de abril de 2012, confirma la sentencia
impugnada reiterando los argumentos del a quo y adicionando que, de conformidad
con el artículo 205 de la Ley 734 de 2002, la decisión de segunda instancia
proferida dentro de los procesos disciplinarios no es objeto de ningún recurso,
y mucho menos el de reposición.
3. Problema jurídico.
De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala
de Revisión determinar si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura vulnera los derechos
fundamentales de un funcionario público incurso en un proceso disciplinario al
sancionarlo por incumplir términos judiciales: (i) sin tener en cuenta que la
mora no se debió a la falta de diligencia en la actuación judicial, sino
que, por el contrario, se encontraba acreditada una de las causales de
justificación de responsabilidad y (ii) fallando, además, sin aplicar la misma
razón jurídica utilizada por esa Corporación en otros casos  análogos.
Para
resolver el anterior problema jurídico estima la Sala que es preciso estudiar
la jurisprudencia de esta Corporación en relación con: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) los
criterios específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en particular los que guardan relación directa frente
al asunto objeto de revisión; (iii) los derechos constitucionales fundamentales
de acceso a la administración de justicia y a un debido proceso sin mora
injustificada. Con base en ello, (iv) la Sala procederá al análisis del
caso concreto para determinar si hay lugar o no a la protección invocada.
4.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales[1].
4.1. El artículo 86 de la
Constitución Política dispone que:
“ARTÍCULO
86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita
la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
En ningún
caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.
La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
Por su parte, el artículo 1° del
Decreto 2591 de 1991[2]
indica que:
“ARTÍCULO
1o. OBJETO. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en las casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son
hábiles para interponer la acción de tutela.
La acción
de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando la medida
excepcional se refiera a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos para
defender su contenido esencial, sin perjuicio de las limitaciones que la
Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley estatutaria
de los estados de excepción.”
En igual forma, tanto el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], como el artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[4], establecen que toda persona podrá hacer
uso de mecanismos judiciales ágiles y efectivos cuando sus derechos han sido
violados, aun si dicha vulneración hubiera sido cometida por personas que
actuaban “en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Así las cosas, la “interposición de la tutela contra
sentencias judiciales es una facultad reconocida desde la propia Constitución y
concordante con las normas que se integran a ella en virtud del bloque de
constitucionalidad, pues es claro que siendo las sentencias actos de
autoridades públicas que ejercen función jurisdiccional, las mismas no están
exentas del riesgo de afectar derechos fundamentales y, en consecuencia, de ser
controvertidas por esta vía expedita pero subsidiaria”[5].
4.2. Tomando como fundamento las
normas precitadas la Corte Constitucional, intérprete autorizada y guardiana de
la integridad del texto superior (artículo 241 Constitución Política), ha
desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia sobre  la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, “basada en la búsqueda de
un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial      –pilares de la administración de justicia en un
estado democrático-, y la prevalencia y efectividad de los derechos
fundamentales –razón de ser del estado constitucional y democrático de
derecho-”[6].
Inicialmente dicha posibilidad
encontró sustento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, normas que
contemplaban la acción de tutela contra decisiones judiciales y establecían el
trámite correspondiente. No obstante, en la Sentencia C-543 de 1992 esta
Corporación declaró inexequibles esas disposiciones, sin que con ello se
hubiese atribuido un carácter absoluto a la intangibilidad de las providencias
judiciales, ya que, por el contrario, en la misma sentencia se advirtió que
ciertos actos no tienen las cualidades para poder ser considerados providencias
judiciales y que, por tanto, frente a estas “actuaciones de hecho” que representen una grave afrenta a los
derechos fundamentales la acción de tutela, sí procede. En aquel
entonces dijo:
“Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha
incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que
proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales
se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia.”
4.3. Bajo este contexto,
atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad, esta
Corporación, a través de sus sentencias en sede de tutela y de
constitucionalidad, comenzó a construir y desarrollar los requisitos que se
debían dar para la procedencia del amparo constitucional, frente a una eventual
vulneración de derechos fundamentales, dentro de un proceso judicial.
En las primeras decisiones la
Corte Constitucional indicó que la viabilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales estaba condicionada a la configuración de una “vía de
hecho”, concepto mediante el cual “se hacía alusión a aquellas
decisiones arbitrarias de los jueces que eran fruto de su abierto y caprichoso
desconocimiento de la legalidad”[7].
Sin embargo, la Corte estimó
necesario redefinir el concepto de “vía  de hecho” incluyéndolo dentro
de uno más amplio de requisitos de procedibilidad de esta acción
constitucional: unos de carácter general (requisitos formales de
procedibilidad) y otros específicos (aspecto sustancial, eventos en los que un
fallo puede llevar a la amenaza o transgresión de derechos constitucionales),
los cuales compiló primero en la Sentencia T-462 de 2003 y posteriormente en la
Sentencia C-590 de 2005. Esta última indicó:
“Con todo,
no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es
compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales,
con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción
de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales.
23. En ese
marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones
judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en
fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela.  Esta línea
jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido
objeto de detenidos desarrollos.  En virtud de ellos, la Corporación ha
entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto.”
4.4. Ahora
bien, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia SU-813 de 2007,
siguiendo los parámetros de la precitada Sentencia C-590, sistematizó las
causales genéricas de la siguiente forma:
“Las
causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en
general se exigen para la procedencia de la acción de tutela, pero que
referidas al caso específico de la tutela contra providencias judiciales
adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en
estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de
un debate procesal y que en principio, por su naturaleza y origen, debe
entenderse ajustada a la Constitución. Tales causales son las siguientes:
(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida
resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción
de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito
sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga
especial al actor[8];
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede
judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental
que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de
irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en
la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de
tutela.”
4.5. Así
mismo, la Corte ha precisado que los criterios específicos deben revestir un
carácter protuberante y presentarse de forma evidente en la decisión bajo
examen[9],
resumiéndolos así:
“i) Defecto
sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede
probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[10].
ii) Defecto fáctico: Cuando en
el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido[11].
iii) Error inducido o por
consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad
inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de
la administración de justicia[12].
iv) Decisión sin motivación:
Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o
los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[13].
v) Desconocimiento del
precedente: En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de
los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera
atendido a la jurisprudencia.
vi) Vulneración directa de la
Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los
derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[14].”[15]
4.6. En este orden de ideas, los criterios en mención constituyen el catálogo mínimo a partir del
cual es posible justificar de manera excepcional la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales[16].
5. Defecto fáctico. Reiteración de jurisprudencia.
5.1. La Corte Constitucional ha
definido el defecto fáctico como aquel que surge “cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión”[17], precisando que las diferencias de valoración en la
apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos, ya que el juez, en
su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[18].
Bajo este contexto, esta
Corporación ha señalado que únicamente es factible fundar una acción de tutela
por defecto fáctico cuando la valoración probatoria es manifiestamente
irrazonable. Al respecto, en Sentencia SU-159 de 2002,
dijo:
“Finalmente,
la Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo
es factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera
manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
‘debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia[19].”
En consonancia con lo anterior,
esta Corte también ha aclarado que no es suficiente para que proceda la tutela
el sólo hecho de que el accionante reclame la presencia de una prueba, toda vez
que el juez constitucional solamente está autorizado “a dejar sin efectos
una sentencia cuando se evidencia que el resultado judicial es contrario a la
Constitución, viola derechos fundamentales y cambia la verdad procesal”[20].
5.2. Ahora bien, la
jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las que se
presentan defectos fácticos:
(a) Una dimensión negativa que
surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional
y caprichosa[21],
situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración
defectuosa de la prueba[22];
y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente.
(b) Una dimensión positiva, que
se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la
decisión de la providencia cuestionada, la cuales no ha debido tener en cuenta
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas, eran ilegales o ineptas;
o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio
que fundamente su decisión[23].
5.3. De igual forma, esta
Corporación ha precisado las distintas modalidades que puede asumir el defecto
fáctico, a saber: (i) defecto fáctico por la omisión en el
decreto y la práctica de pruebas; (ii) defecto fáctico por la no valoración del
acervo probatorio; y (iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio (desconocimiento de las reglas de la sana crítica)[24].
En las sentencias T-902 de 2005 y T-747 de 2009 se hizo un amplio estudio de
dichas categorías, de las cuales se extrae lo siguiente.
a. Defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta circunstancia se presenta
cuando el funcionario judicial excluye el decreto y la práctica de pruebas, lo
cual impide la debida conducción al proceso de hechos que son indispensables
para la el análisis y solución del asunto jurídico bajo revisión.
La Corte
Constitucional, en Sentencia SU-132 de 2002, al hablar sobre el particular,
dijo:
“La
negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez dentro
del proceso que dirige, puede estar sustentada en la ineficacia de ese medio
para cumplir con la finalidad de demostrar los hechos en que se soporta una
determinada pretensión, toda vez que constituye un derecho para todas las
personas presentar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra. La
Corte se pronunció en este sentido en la Sentencia T-393 de 1994 y manifestó
que ‘...la negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la
circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos
materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o
versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere
manifiestamente superfluas (Arts. 178 C. P. C. y 250 C. P. P.); pero a juicio
de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de
la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser evidente,
pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea
conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido
proceso’.”
b. Defecto
fáctico por la no valoración del acervo probatorio. Esta situación sobreviene cuando el juez no realiza el análisis y
valoración de elementos probatorios que reposan en el proceso, debido a que no
los advierte o sencillamente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar
su decisión, los cuales, de haberse contemplado, habrían cambiado
sustancialmente la solución del asunto jurídico debatido[25]. Esta
Corporación ha sostenido sobre esta modalidad lo siguiente:
“Las
pruebas anteriores, no fueron valoradas por la sentencia de segunda instancia y
a juicio de esta Sala son determinantes para concluir, precisamente en lo que
debía, a juicio de la sentencia cuestionada, probarse en el proceso de nulidad
para poder demostrar la motivación oculta del acto administrativo que declaró
la insubsistencia del cargo de la accionante.
Visto lo anterior,
es posible afirmar que el fallo atacado, negó la valoración de una prueba
relevante para identificar la veracidad de los hechos puestos a su
conocimiento. Si en la lógica del fallo demandado, la prueba no existía en el
expediente, si estaba contenida en un anexo, o no aparecía físicamente,  pero
sí estaba mencionada, referida y valorada tanto por la demanda, como por la
providencia de primera instancia, al punto de ser un documento axial del fallo
del a quo, no cumplió la sentencia acusada con agotar los medios necesarios
para recoger, siquiera sumariamente, prueba de los supuestos fácticos que le
habían presentado a su consideración los interesados en el proceso de nulidad y
restablecimiento. Se insiste entonces, en que se incurrió en defecto fáctico en
su dimensión omisiva, vulnerando de la misma manera el debido proceso de la
accionante.
- Los
defectos del análisis probatorio, no menos que la falta de relación entre lo
probado y lo decidido, vulneran de manera ostensible el debido proceso y
constituyen irregularidades de tal magnitud que representan vías de hecho, como
ya se indicó. Es el caso de la sentencia cuestionada, que se apartó por alguna
circunstancia del material probatorio, no lo evaluó en su integridad, lo ignoró
y plasmó en su sentencia un supuesto diferente al que le ofrecía el bloque de
pruebas. Por los hechos relatados, se comprobó que el acervo probatorio fue
analizado de manera que de ser tenida en cuenta la prueba en comento, cambiaría
el sentido del fallo atacado.”[26]
c. Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Esta hipótesis acontece cuando el
funcionario “en contra de la evidencia
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva”[27].
La
jurisprudencia constitucional ha precisado que en estos casos existe
incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
apartándose el juez, en consecuencia, de las reglas de
la sana crítica en la valoración probatoria. Al respecto la Corte, en Sentencia
T-458 de 2007[28],
indicó:
“En sentir de la Corte en este caso se produjo una vía de hecho por
parte de la juez de menores al momento de evaluar precisamente
la prueba pericial, pues claramente la conclusión judicial adoptada con base en
ella es contraevidente, es decir, el juez dedujo de ella hechos que, aplicando
las reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, no podrían
darse por acreditados, como es que la menor sí tenía capacidad para discernir y
consentir la relación sexual llevada a cabo en las circunstancias reseñadas por
Medicina Legal. Es una valoración defectuosa de una prueba que terminó
separando el fallo de lo que realmente aparecía como probado[29].
La Sala precisa que si bien el respeto a la autonomía judicial hace que se permita que los jueces valoren
libremente el acervo probatorio dentro de las normas de la sana crítica, el
valor normativo de la Constitución conlleva de manera ineludible a  que la
valoración probatoria que se aparta de las reglas de la sana crítica, cuando
la  prueba tiene ‘la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo’[30],
haga procedente la acción de tutela contra la providencia judicial respectiva.
(…)
Es
evidente en el caso objeto de revisión, que la existencia de capacidad para
discernir acerca de la aceptación o rechazo de la implicación sexual llevada a
cabo, no es un derivado del examen de medicina legal y por consiguiente mal
podía concluirlo la juez del proceso. Escindir el dictamen forense, para
afirmar que estaban afectadas las funciones de memoria y fijación de la niña,
más no las de discernimiento y las motoras, es un arbitrio de la juez que tiene
incidencias en la valoración congruente de la prueba pericial, y que en este
caso, generó una violación a los intereses superiores de la menor, protegidos
constitucionalmente.”
5.4. Finalmente, se hace
necesario reiterar que, para que la tutela resulte procedente ante un error
fáctico, “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[31].
6. Desconocimiento del
precedente como causal específica de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
6.1. De acuerdo con lo
establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder
judicial es autónomo e independiente y los jueces en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía
no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales (artículo 2 Superior[32]).
Es así como,
en materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de
igualdad (artículo 13 de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la
ley sino también de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales,
garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia
de los jueces el respeto por el precedente[33].
6.2. Bajo este derrotero, la Corte Constitucional ha precisado que el desconocimiento
del precedente constituye un requisito o causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela[34]
y ha sido enfática en afirmar que el juez no sólo está vinculado por el
artículo 13 Superior, sino también que su autonomía está limitada por la
eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso[35].
En el mismo sentido esta
Corporación ha señalado que el respeto y coherencia con sus propias decisiones
es un deber de obligatorio cumplimiento del funcionario judicial y no una
simple facultad discrecional, aclarando que hay al menos cinco razones que
explican dicha postura:
“i) el
principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a
algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la
misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el
principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones
jurídicas cierto grado de seguridad jurídica y previsibilidad de la
interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí
debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) la autonomía judicial no
puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la
interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado
de Derecho; iv) los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la
administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues
existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de
racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia
a su interior.”
6.3. No
obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha admitido la
posibilidad de que un juez se aparte de su propio precedente o del precedente
de su superior jerárquico, siempre y cuando se
sustenten debidamente las razones de su posición (principio de razón
suficiente)[36].
Al respecto la Corte, en Sentencia T-292 de 2006, expresó:
“En este sentido, el juez
puede apartarse tanto de los precedentes horizontales como de los precedentes
verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su posición y expresar
razones contundentes para distanciarse válidamente de los precedentes vinculantes.
Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el precedente es contrario a
la Constitución, en todo o en parte. Sin embargo, existen otras razones válidas
para apartarse del precedente, señaladas por la propia Corte.
… cuando los hechos en el proceso
en estudio se hacen inaplicables al precedente concreto o cuando ‘elementos de
juicio no considerados en su oportunidad, permiten desarrollar de manera más
coherente o armónica la institución jurídica’ o ante un tránsito legislativo o
un cambio en las disposiciones jurídicas aplicables, circunstancias que pueden
exigir una decisión fundada en otras consideraciones jurídicas. Ante estas
posibilidades, se exige que los jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara
y razonadamente, con una carga argumentativa mayor, los fundamentos jurídicos
que justifican su decisión.”
6.4. En este
punto conviene precisar que el precedente judicial puede ser: (i) horizontal,
cuando hace referencia a aquel sentado por autoridades
judiciales con la misma jerarquía institucional, o (ii) vertical, que es el fijado por las autoridades judiciales con atribuciones
superiores[37].
Ahora bien,
tratándose de los magistrados que hacen parte de un mismo
cuerpo colegiado, esta Corporación ha indicado que éstos también pueden
apartarse de su propio precedente o del de otra sala, siempre y cuando expongan
en su decisión los argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello,
resguardando de esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías
de independencia judicial, aclarando que para tal efecto el funcionario
debe: “i) referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un argumento
suficiente para el abandono o cambio si en un caso se pretende fallar en un
sentido contrario al anterior en situaciones fácticas similares, a fin de
conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad”[38].
6.5. Por
último, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el precedente
judicial[39]
vinculante se conforma por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta
y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico bajo análisis[40]. Sobre el
particular, esta Corte en Sentencia T-158 de 2006, sostuvo:
“43.- Por
ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso
pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del
pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado,
(ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial
no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación.”
En igual
sentido, en Sentencia T- 292 de 2006, dijo:
“En este
sentido, en el análisis de un caso deben confluir los siguientes elementos para
establecer hasta qué punto el precedente es relevante o no:
i. En la
ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso
a resolver posteriormente .
ii. La
ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante.
iii. Los
hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación
similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto
de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente.”
De lo hasta aquí expuesto se
puede concluir que a situaciones fácticas iguales corresponde la misma solución
jurídica, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes
para apartarse del precedente.
7. Defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
7.1. La Corte
Constitucional, en la Sentencia SU-159 de 2002, sintetizó los rasgos
fundamentales del defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, así[41]:
“La Corte
Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto[42],
bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad[43],
(iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[44],
(iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional[45]
o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a
la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador.” (Subrayas fuera de texto original).
Posteriormente,
en la Sentencia SU-813 de 2007, esta Corporación indicó que
hay defecto sustantivo cuando se presenta alguna de estas hipótesis:
“(a)  Cuando el funcionario judicial deja de aplicar una
disposición claramente aplicable al caso concreto
(b)  Cuando la norma aplicada ha sido derogada o cuando la
misma – o la interpretación que de ella hace el funcionario judicial - ha sido
declarada inexequible
(c)  Cuando la norma aplicada es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad,
(d)  Cuando la norma es constitucional pero su aplicación
al caso concreto resulta inconstitucional
(e)  Cuando, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó
(f)   Cuando la norma se aplica al margen de las
precisiones constitucionales formuladas en el precedente constitucional.” (Negrillas fuera de texto).
7.2. La
jurisprudencia constitucional ha afirmado que el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional encuentra sustento en: (i) la
importancia de la Constitución y su carácter normativo, que irradia todo el
sistema jurídico colombiano y (ii) en las funciones que el mismo estatuto en su
artículo 241 asigna a la Corte Constitucional (guarda de la supremacía y la
integridad de la Carta), en virtud de las cuales las decisiones de ese Tribunal
constituyen fuente de derecho para los demás operadores jurídicos[46]. Sobre este
último punto la Corte, en Sentencia T-292 de 2006, expuso lo siguiente:
“La Corte Constitucional, como órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, tiene precisamente atribuciones jurídicas para asegurar que los
mandatos de la Carta sean eficaces y prevalezcan en nuestro ordenamiento. Al
ser la responsable de mantener la integridad y supremacía de la norma superior,
sus  determinaciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y
particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece interpretaciones
vinculantes de los preceptos de la Carta. La interpretación de la Constitución,
- que por demás permite materializar la voluntad del constituyente[47] -, tiene  por consiguiente, como propósito principal, orientar el
ordenamiento jurídico hacia los principios y valores constitucionales
superiores. No reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales
vinculantes, sea por desconocimiento, descuido, u omisión, genera en el ordenamiento
jurídico colombiano una evidente falta de coherencia  y de conexión concreta
con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas
entre la normatividad y la Carta,  que  dificultan  la unidad intrínseca del
sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la
eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en que se
multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún
cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional
preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica.”
7.3. Ahora bien, se hace
necesario aclarar que los criterios expuestos en relación con el valor y
alcance del precedente aplican tanto para sentencias de
constitucionalidad como para las de tutela adoptadas
en sede de revisión.
En el caso de los fallos de
constitucionalidad, el carácter obligatorio se desprende de: (i) sus efectos erga
omnes y de la cosa juzgada constitucional; (ii) lo consagrado
expresamente en el artículo 243 Superior, según el cual los contenidos
normativos que la Corte declara contrarios a la Constitución no pueden ser
reproducidos por ninguna otra autoridad[48].
Bajo este contexto, esta
Corporación ha sostenido que la jurisprudencia sentada en los fallos de
constitucionalidad se desconoce cuando: (i) se aplican disposiciones legales
que han sido declaradas inexequibles o (ii) no se tiene en cuenta su ratio
decidendi[49].
Al respecto, este Tribunal, en Sentencia          T-1112 de 2008, precisó:
“La Corte
ha considerado que una decisión judicial que desconozca los pronunciamientos
que emite la Corte en el conocimiento de demandas de inconstitucionalidad,
tanto en las decisiones de inexequibilidad como en la ratio decidendi de las
decisiones de exequibilidad, adolece de un defecto sustantivo pues desconoce el
derecho vigente, o lo interpreta y aplica de forma incompatible con las
cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la Corte Constitucional[50].
‘En el
evento en que un juez desconozca abiertamente un precedente constitucional, la
sentencia judicial ciertamente incurrirá en un defecto que la separa de la
coherencia orgánica con la Constitución. En ese caso, la decisión judicial
puede verse avocada a una acción de tutela contra providencias judiciales por
defecto sustantivo, llamada genéricamente vía de hecho, en el evento en que se
aparte ‘de las pautas de obligatorio cumplimiento fijadas por esta Corporación
como su intérprete autorizado’[51].”
7.4. En relación con las
sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión, el respeto por la ratio
decidendi en ellas contenidas se explica por: (i) la labor de guarda (artículo 241 Constitución Política) y de garantía de
vigencia de los derechos fundamentales (artículo 86, inciso 2º, de la misma
Carta), que está en cabeza de la Corte Constitucional; y (ii) la cualidad de la
cosa juzgada constitucional de la que gozan[52].
De igual
forma, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el carácter vinculante
de los fallos de tutela dictados en sede de revisión es necesario “para
lograr una concreción del principio de igualdad en la aplicación de las leyes”[53] y unificar
la interpretación constitucional de los derechos fundamentales. En tal sentido,
esta Corporación en Sentencia T-292 de 2006, afirmó:
“La razón
del valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es como se
dijo, asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el ordenamiento
y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por parte de las
autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica. Precisamente, sobre
el tema ya se había pronunciado también la sentencia C-104 de 1993, en la que
se comentó que con respecto al  acceso a la justicia, el artículo 229 de la
Carta debía ser concordado con el artículo 13 de la Constitución, en el
entendido de que ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica, ‘no sólo
la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el
idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces y
tribunales ante decisiones similares’.
Por las
razones anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, - cuyos efectos
ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del
alcance de la revisión constitucional[54]
-, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las
autoridades[55].
La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la
función que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es
otra que la de ‘homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos
fundamentales’[56]
a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de tutela
(artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los
precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y
armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser  las normas
de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del
Tribunal constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este principio,
la consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la Constitución[57],
en la medida en que cada juez podría interpretar libremente la Carta,
desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la seguridad jurídica y
comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza legítima  en la
estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las
personas.”
De lo anterior se infiere que el
desconocimiento de la doctrina contenida en las decisiones de revisión de
tutela conlleva a la vulneración de los principios de igualdad en la aplicación
de la ley, confianza legítima, y unidad y coherencia del ordenamiento[58].
7.5. Sin embargo,
la Corte también ha precisado que, como la “práctica jurisprudencial
saludable no puede basarse en la petrificación de determinadas decisiones o
concepciones, el principio de autonomía funcional del juez implica que éste
puede separarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando ‘(…) encuentre
razones debidamente fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con
una carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a
la Constitución, en todo o en parte’(Sentencia T-292 de 2006)” [59].
8. Alcance de
los derechos constitucionales fundamentales al acceso a la administración de
justicia y a un debido proceso
sin dilaciones injustificadas. Reiteración de jurisprudencia.
8.1. La
Corte Constitucional ha definido el derecho de acceso a la administración de
justicia en los siguientes términos:
“[E]l
acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que
cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el
restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin
embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud
o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas
instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de
justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas
circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las
partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la
Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización
de los derechos amenazados o vulnerados[60].
Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar
al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los
artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales[61],
susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la
acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.”[62] (Subrayas fuera
de texto).
En este
contexto se observa la relevancia del derecho constitucional al debido proceso,
el cual contiene dentro de sus elementos la garantía de toda persona de tener
un proceso sin dilaciones injustificadas, conforme lo establece el artículo 29
Superior que prescribe:
“ARTÍCULO
29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas;
a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho.
Es nula, de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” (Subrayas fuera de texto original).
Con fundamento en lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que “toda persona tiene derecho a
que los trámites judiciales en que participe como demandante, demandado e
incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues
ello iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administración
de justicia, dado que la resolución tardía de las controversias judiciales
equivale a una falta de tutela judicial efectiva”[63].
Una interpretación contraria
implicaría que cada uno de los funcionarios judiciales podría proferir en
cualquier tiempo sus providencias, escenario que llevaría a desconocer lo
dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, según el cual todos los
servidores públicos (incluidos en esta categoría los funcionarios judiciales[64]) deben
ejercer sus funciones de acuerdo a la Constitución, la ley y el reglamento[65].
En esta misma línea, esta
Corporación ha señalado que “la garantía efectiva de derecho a un debido
proceso sin dilaciones indebidas, implica, en principio, la diligente
observancia de los términos procesales, sin perjuicio de las sanciones que se
generen por su incumplimiento, lo cual permite afirmar que en la Carta de 1991
se ha constitucionalizado el derecho a los plazos procesalmente previstos
normativamente”[66].
8.2. Ahora bien, el artículo 228
de la Constitución Política consagra, en cabeza de las autoridades judiciales,
el deber constitucional de observar con diligencia los términos procesales, so
pena de ser sancionadas por su incumplimiento. La Corte Constitucional, en
Sentencia T-572 de 1992, resaltó la importancia del acatamiento a los términos
judiciales como parte integrante del derecho a un debido proceso, en los
siguientes términos:
“(...) el
funcionario judicial -el juez- debe velar por la aplicación pronta y cumplida
de la justicia. Los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a
las partes como a los jueces. El funcionario que incumpla los términos
procesales o que dilate injustificadamente el trámite de una querella,
solicitud, investigación o un proceso sin causa motivada, incurrirá en causal
de mala conducta. El abuso en la utilización de los recursos y mecanismos
procesales, que conducen a la dilación de los trámites jurisdiccionales,
contraría este principio.
Se debe por
tanto fortalecer la institucionalización de la mora como causal de mala
conducta, para obligar al Juez a cumplir estrictamente los términos procesales
y a darle un curso ágil y célere a las solicitudes que ante la administración
judicial presenten los ciudadanos,  dentro de la garantía consagrada en el artículo
29 de la Constitución - el debido proceso-.”
Así las cosas, de la lectura
armónica de los artículos 29 y 228 Superiores se extrae el principio general de
obligatoriedad de los términos, “que únicamente admite excepciones muy
circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del
carácter justificado de la mora”[67].
8.3.
En este punto se hace necesario determinar de manera más clara el alcance que
la jurisprudencia de esta Corporación ha dado al concepto de dilación
injustificada. Por lo tanto, se procederá a relacionar algunas de las
sentencias que han abordado ese tema.
- La Corte Constitucional, en la
Sentencia C-037 de 1996, señaló que la sanción al funcionario judicial que
entre en mora en el cumplimiento de sus obligaciones procesales es asunto que
debe ser analizado cuidadosamente, con el fin de establecer si ha actuado en
forma negligente o si, por el contrario, su retraso encaja en alguna de las causales
de justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso
fortuito, la culpa de tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y
razonable. Concretamente sostuvo:
“Consecuencia
de los argumentos precedentes, fue la consagración en el artículo 228 superior
del deber del juez de observar con diligencia los términos procesales y,
principalmente, de sancionar su incumplimiento. Por ello, la norma bajo examen
establece que de darse esta situación, el respectivo funcionario podrá ser
sancionado con causal de mala conducta. La Corte se aparta así de las
intervenciones que cuestionan este precepto, pues, como se vio, él contiene
pleno respaldo constitucional. Sin embargo, debe advertirse que la sanción al
funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus
obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En
efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho
funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza
se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de
responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del
tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable. Asimismo, debe
esta Corporación advertir que la función en comento le corresponde asumirla al
Consejo Superior de la Judicatura, a los Consejos Seccionales -como se
desprende de lo dispuesto en los numerales 3o y 4o del artículo 256 de la Carta
Política-, o a los jueces cuando ejercen la potestad disciplinaria respecto de
sus subalternos, salvo en lo que atañe a los magistrados que gozan de fuero
constitucional especial, caso en el cual esa labor deberá ser realizada por el
Congreso de la República, sin perjuicio de la competencia preferente de la
Procuraduría General de la Nación, para ‘vigilar la conducta oficial de quienes
desempeñen funciones públicas (...)’ (Art. 277-6 C.P.). Para lograr los
anteriores cometidos, naturalmente deberán respetarse las prescripciones
propias del debido proceso y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa
para explicar las razones por las cuales se incurrió en mora injustificada en
el trámite de los asuntos judiciales.” (Negrillas fuera del texto
original).
- En la Sentencia T-502 de 1997 esta Corporación indicó que
la mora judicial “sólo se justificaría en el evento en que, ante la
diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente,
surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con
los términos judiciales señalados por la ley”. Con fundamento en lo
anterior afirmó que, si la demora en la resolución de
un caso concreto es debida a la excesiva carga de trabajo a la cual se enfrenta
un funcionario, quien, pese a la diligencia en el trámite de sus obligaciones,
no puede cumplir estrictamente con los términos procesales, no se
puede afirmar que la dilación es injustificada.
- Posteriormente, en la Sentencia T-292 de 1999, la Corte precisó
que solo una justificación debidamente probada y fuera de toda duda permite
exonerar al juez de su obligación constitucional de dictar oportunamente las
providencias a su cargo. Aclarando que dicha justificación no puede consistir
simplemente en la congestión judicial, ya que debe demostrar que ha obrado con
diligencia y cumplido a cabalidad la totalidad de sus obligaciones
constitucionales y legales, de modo tal que la dilación “sea para él el
resultado de un estado de cosas singularizado y probado que se constituya en
motivo insuperable de abstención judicial”.
Tomando como
base esa argumentación este Tribunal encontró que no se configuraba vulneración
al debido proceso en el caso sub examine, toda vez que la funcionaria judicial
demandada había entrado en reemplazo del magistrado que recibió inicialmente el
asunto, el cual le había heredado una alta mora en el conjunto de procesos del
despacho y no podía injustificadamente dar trámite preferente al proceso de la
actora.
- En sentido similar, en Sentencia T-027 de 2000, esta Corporación
recordó que, cuando la dilación en los términos judiciales no se encuentra
respaldada por un motivo razonable y probado que la justifique, se vulnera el
derecho al debido proceso y por conexidad el derecho de acceso a la
administración de justicia. En aquel entonces indicó:
“[E]l eventual ejercicio de la acción de tutela ante la mora del
juez en decidir sobre un determinado asunto a su consideración dentro del
proceso judicial tendría fundamento -como ya lo ha expresado esta Corte- en que
tal conducta, en cuanto desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado
y razonable, implica dilación injustificada, es decir, vulneración
palmaria del debido proceso (artículo 29 C.P.) y obstáculo para el acceso de la
persona a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). El juez se ubica
entonces en la hipótesis contemplada por el artículo 229 Ibídem: ‘Los
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado’.”
- De otro lado, en la Sentencia T-1227 de 2001, la Corte
Constitucional reiteró que la falta de cumplimiento estricto de los términos
procesales no genera, per se, violación del derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que, si la mora judicial no se debe a la desidia de los
funcionarios, sino a circunstancias objetivas, razonables y ajenas a la
voluntad del fallador, como por ejemplo, la excesiva carga y represamiento de
trabajo[68], mal podría concluirse que hay mora
injustificada, sin analizar con sumo cuidado las razones que se arguyen por el
operador judicial.
- A su vez,
en la Sentencia T-030 de 2005 esta Corporación destaca que el funcionario
judicial que pretenda justificar la mora en la que incurrió debe acreditar que
ésta ocurrió a pesar del cumplimiento oportuno y cabal de sus funciones y que
se generó por razones objetivas insuperables que no pudo prever ni eludir.
Igualmente,
denota que “el hecho de que la dilación en el trámite judicial no sea
imputable a conducta dolosa o gravemente culposa alguna del funcionario, sino
al exceso de trabajo que pesa sobre los despachos judiciales, puede, en
principio, exculpar a aquellos de su responsabilidad personal, no priva a los
administrados del derecho a reaccionar frente a tales retrasos, ni permite
considerarlos inexistentes. En otras palabras, dicha situación, no
autoriza a considerar que la dilación es justificada, sin prueba alguna de que
se haya intentado agotar todos los medios que las circunstancias permiten para
evitarla”.
- En
Sentencia T-297 de 2006 la Corte Constitucional, al hablar de la mora judicial
que genera vulneración del derecho fundamental al debido proceso, estableció
algunas de sus características, a saber: “(i) el incumplimiento de los
términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del
funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo
razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis
global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación  razonable en
la demora”.
- Siguiendo la misma línea, esta Corporación, en Sentencia T-220 de
2007, señala que la mora judicial que configura vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia se
distingue por: “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la
falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias
que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior,
(iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador,
debida a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de
los procesos”.
- Más recientemente, en Sentencia T-747 de 2009, la Corte,
después de hacer un recuento jurisprudencial sobre el tema, recordó que, aunque
la administración de justicia debe ser pronta, no todo retardo genera una vía
de hecho, ya que para que ella se configure se debe presentar una dilación
injustificada, la cual sobreviene solo cuando hay negligencia del juez en el
cumplimiento de sus funciones.
Además,
afirmó que, las dilaciones puntuales de un funcionario que ha tenido un
desempeño ejemplar en el ejercicio de su cargo y que ha cumplido cabalmente sus
funciones, deben ser valoradas con mesura y ponderadas de manera casuística, “relacionando
siempre las circunstancias  personales, la incidencia del trabajo colectivo
dentro de un cuerpo colegiado, y las dificultades y vicisitudes logísticas  que
tienen los negocios en el estadio previo a su estudio, todo lo anterior, de
conformidad con lo que la Corte ha dispuesto en punto a los casos de mora
judicial justificada”.
8.4. Por
último, es pertinente señalar que los términos judiciales obligan tanto a
quienes tienen la calidad de partes o intervinientes dentro de los procesos
como a los jueces que los conducen, teniendo los dos primeros no sólo el deber
de cumplir con las cargas procesales que le impone el ordenamiento jurídico,
sino el de abstenerse de realizar conductas que dilaten el trámite judicial
(artículo 95, numeral 7° de la Constitución).
9. Análisis del caso concreto.
De conformidad con lo atrás
reseñado, el señor Luis Jaime González Ardila, obrando en su nombre, dirige la
presente acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, porque considera que esa Corporación le está
vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, mediante la sentencia de fecha
noviembre 18 de 2010, que lo condenó disciplinariamente.
Esto quiere decir que dicha
acción se presenta contra una providencia judicial, específicamente contra la
sentencia que se acaba de mencionar, en la que se resolvió: (i) declarar autor
responsable a Luis Jaime González Ardila del cargo formulado en su contra por
haber incurrido en la falta disciplinaria de carácter grave, consagrada en el
artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 154,
numeral 3, de la Ley 270 de 1996 y con el artículo 201 de la Ley 600 de 200, a
título de culpa grave; y (ii) imponerle sanción de suspensión de un mes del
cargo de magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal.
En tales condiciones, corresponde
a esta Sala de Revisión determinar si realmente la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le ha vulnerado los
derechos fundamentales al accionante, teniendo en cuenta que, según la
jurisprudencia constitucional analizada, la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional y tiene lugar siempre y cuando
concurran (i) todas las causales generales y (ii) por lo menos una de las
causales específicas de procedibilidad.
9.1. Causales genéricas de
procedibilidad.
9.1.1. Relevancia
constitucional de las cuestiones discutidas.
Sostiene el accionante que la
sentencia de fecha 18 de noviembre de 2010 adolece:
(i) De defecto fáctico, por no
tener en cuenta el contenido de sus historia clínica suscrita por el psiquiatra
Germán Duarte Hernández; de los testimonios de Eugenio Fernández Carlier y
Liliana García Mantilla; de los documentos que demuestran que dictó 1800 autos
de sustanciación, 862 audiencias de Ley 906, 80 asuntos de salas plenas y
mixtas, así como del  trabajo realizado en otras salas de decisión en su
condición de Presidente del Tribunal y de la Sala Penal del mismo; por no darle
ninguna relevancia a los documentos que demuestran el gran exceso de trabajo y
congestión de procesos que existía en ese Tribunal durante el tiempo de la
mora; por deducir de la certificación expedida el 14 de julio de 2010 por la
Secretaría de la Sala Penal del Tribunal que en la resolución de los casos
llegados a su despacho no respetó el orden impuesto por el artículo 18 de la
Ley 446 de 1998, cuando lo cierto es que ese documento no se refiere a tal
circunstancia.
(ii) De defecto sustantivo, por atribuir
a la jurisprudencia constitucional algo que esta no ha dicho, como es que la
responsabilidad disciplinaria por mora en tomar decisiones judiciales
únicamente debe deducirse de “factores objetivos inherentes al expediente,
tales como la complejidad del asunto, la actividad de los sujetos procesales”.
(iii) No respetar el precedente
judicial de la propia Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, que en varios casos semejantes al suyo, incluso con promedios
laborales inferiores, absolvió a otros magistrados por mora en sus decisiones,
por considerar que las omisiones en que incurrieron se justificaban debido al
exceso de trabajo y a la congestión de procesos.
Es incuestionable que estas
anomalías que el actor atribuye a la sentencia cuestionada tienen incidencia
decisiva en los derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, los cuales no solamente son de naturaleza legal,
sino fundamental, según lo dispuesto en los artículos 29, 13 y 229 de la
Constitución Política.
9.1.2. Agotamiento de los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
Consta en la actuación que el
magistrado Luis Jaime González Ardila, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 113 de la Ley 734 de 2002, interpuso recurso de reposición en contra
de la sentencia del 18 de noviembre de 2010[69]
y que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
en providencia del 11 de mayo de 2011, resolvió declararlo improcedente,
teniendo en cuenta que, según los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, se
trata de una sentencia de única instancia contra la cual no es viable ningún
recurso[70].
Queda así claro que el demandante
agotó los recursos judiciales de defensa que tenía.
9.1.3. Cumplimiento del
requisito de inmediatez.
El artículo 86 de la Constitución
dice que toda persona tiene derecho, en todo momento y lugar, a reclamar ante
los jueces la protección de sus derechos fundamentales, pero también expresa
que el amparo de esos derechos debe hacerse de manera inmediata, a través de un
procedimiento preferente y sumario. De ahí que esta Corporación sostenga que,
aunque no es válido establecer “de antemano un término para interponer la
acción, debe mediar entre la violación y la interposición del amparo un plazo
razonable, pues de lo contrario la tutela podrá convertirse en un factor de
inseguridad, con la virtualidad de afectar derechos de terceros”[71].
Y la misma Corte ha establecido
parámetros que permiten determinar si la acción de tutela se ejerció dentro de
un plazo razonable y proporcionado, entre los cuales enumera la existencia de
motivos válidos que expliquen la inactividad del accionante[72].
Con todo, la Corte ha
precisado que, bajo ciertos parámetros, es aceptable un mayor espacio de tiempo
transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de la
acción de tutela. En este sentido, en Sentencia T-158 de 2006 expuso:
“De la jurisprudencia de esta
Corporación se puede derivar que solamente es aceptable un extenso espacio de
tiempo transcurrido entre el hecho que genera la vulneración y la presentación
de la acción de tutela bajo dos circunstancias específicas: (i) Que se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual.[73]
Y (ii) que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado
sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”
(Subrayas fuera de texto).
Ahora bien, las sentencias de
tutela de primera y segunda instancia declaran la acción improcedente por
ausencia del presupuesto de inmediatez, dado que fue interpuesta el 23 de
noviembre de 2011 contra una sentencia proferida el 18 de noviembre de 2010,
que cobró ejecutoria en esa misma fecha y no admitía ningún recurso por ser de
única instancia, según lo establecido en los artículos 205 y 206 de la Ley 734
de 2002.
No obstante, la Sala observa que
el actor interpuso recurso de reposición contra la sentencia mencionada,
alegando como fundamento normativo lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley
734 de 2002, aplicable por remisión del artículo 207 ibídem[74]; y que ese recurso fue
rechazado por improcedente, mediante providencia del 11 de mayo de 2011[75], la cual fue
notificada personalmente al magistrado Luis Jaime González el 24 de junio del
mismo año[76].
La circunstancia de que el
recurso haya sido negado por improcedente no desvirtúa el derecho del
accionante a impugnar la sentencia que lo condenó, sobre todo si se tiene en
cuenta la buena fe con que obró, apoyándose en el artículo 207 del Código
Disciplinario Único, que hace parte del régimen disciplinario de la Rama
Judicial, según el cual, contra las providencias proferidas en el trámite
disciplinario proceden los recursos a que se refiere ese Código, y en el
artículo 113 ibídem, que autoriza el recurso de reposición contra el fallo de
única instancia, entre otros casos.
De tal suerte que la inactividad
durante el tiempo comprendido entre el 18 de noviembre de 2010 (fecha de la
sentencia) y el 24 de junio de 2011 (fecha de notificación de la providencia
que negó el recurso de reposición), encuentra justificación en el agotamiento
del trámite del citado recurso.
En tales condiciones, el término
para presentar la acción de tutela debe contarse desde el 24 de junio de 2011
hasta el 23 de noviembre del mismo año, lo que da un total de 5 meses, siendo
este un tiempo racional y proporcionado para tal efecto, aún más si se tiene en
cuenta que al negarse por improcedente el recurso de reposición contra la
sentencia del 18 de noviembre de 2010, se impidió que la actor tuviera la
posibilidad de que las irregularidades que considera que en ella se incurrieron
fueran consideradas por la autoridad accionada, por lo cual la vulneración de
sus derechos no ha desaparecido, sino que ha permanecido en el tiempo y es
actual.
9.1.4. La acción no se dirige
contra una sentencia de tutela.
En efecto, la providencia
cuestionada del 18 de noviembre de 2010 fue proferida dentro de un proceso
disciplinario, siendo evidente que no se trata de una sentencia de tutela.
9.1.5. Las irregularidades
alegadas tienen incidencia decisiva en la providencia que se acusa de vulnerar
los derechos fundamentales del actor.
No cabe duda que, de llegar a
demostrarse los defectos fáctico y sustantivo y el desconocimiento del
precedente horizontal que afectan la sentencia, esas anomalías influirían en el
sentido de la decisión final.
9.1.6. El accionante ha
identificado los hechos generadores de la vulneración a los derechos
fundamentales.
Ya se anotó cómo el actor
describe en detalle los hechos de los cuales infiere la pretendida violación de
sus derechos fundamentales.
9.2. Causales específicas de
procedibilidad.
Pasando al campo de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala encuentra que,
como ya se ha mencionado en varias oportunidades, según el señor Luis Jaime
González Ardila, la providencia del 18 de noviembre de 2010, proferida por el
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, incurre
en los siguientes defectos: fáctico, sustantivo por motivación falsa, ficta o
sofistica, y desconocimiento del precedente horizontal.
Ahora bien, en la medida en que
la acción de tutela no está sujeta a complejas exigencias técnicas, sino que
rige el principio de informalidad, la Sala abordará el estudio en la forma que
considera más adecuada a las acusaciones elevadas por el accionante,
reconduciendo el análisis del caso concreto bajo los siguientes ejes temáticos:
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, defecto
fáctico y desconocimiento del precedente horizontal.
Para determinar si el actor tiene
razón en esos puntos la Sala entra a  realizar a continuación una breve reseña
de la providencia cuestionada.
9.2.1.
Providencia controvertida en la acción de tutela que ahora es objeto de
revisión.
(i) Sostiene la sentencia en
mención que, tal como lo exige el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, la Sala
llegó a la conclusión de que hay certeza sobre la existencia de la conducta
disciplinaria y la responsabilidad del funcionario investigado. Así discurre en
lo esencial:
“ En los
términos previstos en el artículo 196 del mismo Código Disciplinario la falta
imputada al doctor LUIS JAIME GONZÁLEZ ARDILA, en su condición de Magistrado de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, por la incursión en falta
disciplinaria al tenor de  lo previsto en el artículo 196 de la Ley 734 de
2002,  por la prohibición descrita en el artículo 154, numeral 3° de la Ley 734
de 2002 -pues el funcionario inobservó el deber de cuidado que le era exigible
en la atención del proceso penal en cuestión, porque habiendo tenido a su
cargo, a efecto de resolver el recurso de apelación interpuesto, el proceso
radicado bajo el número 68001 – 3107 – 001 – 2004 – 00371 – 01 seguido contra
ÁNGELA PATRICIA RIVERO ORDUÑA y otros, por los delitos de Secuestro Extorsivo,
Secuestro Simple Agravado y Hurto Calificado y Agravado procedente del Juzgado
Primero del Circuito Especializado de Bucaramanga desde el 21 de abril de
2006, incurrió en mora a partir del 16 de mayo de ese año (pues el
15 de los mismos se cumplió el término legal de 15 días para presentar
proyecto) y hasta el 31 de octubre de 2008, fecha en que registró
proyecto. Mora que, en definitiva, se determinó en 529 días hábiles,
conforme se explicó precedentemente.
La falta
se estima de naturaleza grave en atención no solo al grado de culpabilidad,
sino también a la naturaleza esencial, al grado de perturbación del mismo y al
perjuicio causado tanto a la Administración de Justicia como a la señora ÁNGELA
PATRICIA RIVERO ORDUÑA,  en los términos del artículo 43 de la Ley 734 de
2002.”[77]
(ii) La sentencia considera
también que circunstancias como el exceso de carga laboral, las excelentes
calificaciones de trabajo obtenidas por el actor durante la mora, el buen
promedio diario de producción equivalente a 1.9, no pueden tenerse en cuenta
como eximentes de responsabilidad, sino a lo sumo como atenuantes de la misma, siguiendo
la jurisprudencia constitucional, especialmente la Sentencia C-300 de 1994,
según la cual los factores genéricos y exógenos al proceso no se pueden tener
como eximentes de responsabilidad por mora judicial.
(iii) En cuanto a las
enfermedades que afectaron al accionante durante el tiempo de la mora también
son descartadas en la providencia, porque son tenidas en cuenta como días no
laborables y porque ellas no fueron impedimento para evacuar otros 468
expedientes en el mismo tiempo[78].
En uno de sus apartes afirma:
“Así las
cosas, ni la congestión judicial, ni la carga laboral del funcionario,
justifica la tardanza que en estas diligencias se le endilga al doctor González
Ardila.”[79]
(iv) Del contexto general de la
sentencia se infiere que esta radica la culpa grave del disciplinable en la
omisión negligente e injustificada para resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primer grado, aunque no examina
específicamente ninguna de las causales que excluyen la responsabilidad
disciplinaria, según el artículo 28 del Código Disciplinario Único.
9.2.2. Defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional.
Afirma el demandante que la
sentencia que lo condenó disciplinariamente incurre en defecto sustantivo,
porque desconoce y contradice la jurisprudencia constitucional, en cuanto le
atribuye infundadamente a esta última que la responsabilidad por mora en
decisiones judiciales debe analizarse teniendo en cuenta únicamente “factores
objetivos inherentes al expediente, tales como la complejidad del asunto, la
actividad de los sujetos procesales”, cuando lo que ha dicho la Corte es
que se deben considerar tanto los factores exógenos como los del proceso en que
incurrió la mora[80].
Se hace necesario entonces
examinar en lo pertinente la providencia de fecha 18 de noviembre de 2010 para
ver qué hay de cierto sobre esta cargo puntual.
En efecto, el siguiente es un
segmento de la transcripción parcial que hace de la Sentencia C-300 de 2004:
“En
ausencia de determinación legal, el concepto indeterminado dilaciones
injustificadas, debe deducirse en cada caso concreto con base en pautas
objetivas que tomen en cuenta, entre otros factores, la complejidad del asunto,
el tiempo promedio que demanda su trámite, el número de partes, el tipo de
interés involucrado, las dificultades probatorias, el comportamiento procesal
de los intervinientes, la diligencia de las autoridades judiciales etc.”[81]
Y a renglón seguido agrega:
“La
aplicación de tales criterios al caso que nos ocupa, nos conduce a analizar, en
primer lugar, los argumentos expuestos por el funcionario disciplinado, en
cuanto están encaminados a demostrar unas circunstancias que justificarían su
morosidad en resolver la apelación contra la sentencia condenatoria en disfavor
de la señora ANGELA PATRICIA RIVERO Y OTROS.”[82]
Más adelante expresa dicho fallo:
“Pese a
ello, la sola circunstancia de haber obtenido excelentes calificaciones incluso
en el lapso de la mora, resulta insuficiente para considerar justificada la
prolongada tardanza que aquí se le endilga al doctor GONZÁLEZ ARDILA, como
quiera que, según se indicó en precedencia siguiendo en ello los lineamientos
de la Corte Constitucional sobre el tema, el concepto indeterminado ‘dilaciones
injustificadas’, debe deducirse en cada caso concreto con base en pautas
objetivas y no con sustento en factores exógenos al proceso en el que se
advierte la situación de morosidad, pues aceptar que a quien incurre en
exagerada tardanza en resolver un asunto en particular, le basta con exhibir un
excelente desempeño en términos cuantitativos o cualitativos, sería tanto como
vaciar de contenido la prohibición prevista por Legislador Estatutario en el
artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996 (…).” [83]
Finalmente insiste:
“Pero, aún
si aceptáramos en gracia de discusión que con la puesta en marcha de ese
sistema penal (se refiere al acusatorio), al no haberse eximido a las Salas
Penales de los Tribunales Superiores de seguir conociendo de los procesos
tramitados bajo la Ley 600 de 2000, ello implicó una carga adicional para los
despachos judiciales y, particularmente, para los magistrados de las salas
penales de los tribunales superiores de distrito judicial, tampoco podría
erigirse esa circunstancia genérica en causal justificativa de una mora en
resolver la apelación de una sentencia (…)
Aunado a
lo anterior, debe reiterar la Sala lo expuesto en el punto anterior, en el
sentido de que, conforme lo ha venido sosteniendo esta Colegiatura siguiendo en
ello a la Corte Constitucional, para entender justificada la mora judicial en
un proceso, deben analizarse factores objetivos inherentes al expediente, tales
como la complejidad del asunto, la actividad de los sujetos procesales, etc., y
no circunstancias genéricas o estructurales de la administración de justicia.”[84]
De acuerdo con las
transcripciones que se acaban de hacer, no cabe ninguna duda que la sentencia
del 18 de noviembre de 2010 le atribuye a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y específicamente a la Sentencia     C-300 de 1994, que excluye
como circunstancias eximentes de responsabilidad disciplinaria por mora de los
funcionarios judiciales las que no son inherentes al proceso donde ocurrió la
mora, por ejemplo, las genéricas o estructurales de la administración de
justicia, y bajo ese criterio descarta en este caso el excelente desempeño
laboral obtenido por el magistrado Luis Jaime González Ardila, la congestión
judicial y la excesiva carga laboral causada por varios fenómenos estructurales
de la administración de justicia.
Sin embargo, la parte de la
Sentencia C-300 de 1994 que transcribe la sentencia del 18 de noviembre de 2010
está referida a la violación del debido proceso por expiración del máximo
término en detención preventiva sin calificar el mérito del sumario y no al
juzgamiento de los funcionarios judiciales por mora en sus decisiones. Por eso
la misma Sentencia C-300 de 1994 aclara perfectamente este aspecto en la
siguiente forma:
“La
etiología de las dilaciones, explicable por los diversos problemas
estructurales que aquejan a un sector de la justicia colombiana y sobre los
cuales tanto el Presidente como el Fiscal General abundan en sus
comunicaciones, pueden servir como eximentes de responsabilidad personal
para las autoridades judiciales, pero no podrían permitir, sin vaciar el contenido
esencial del derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, hacer
caso omiso de las consecuencias que la ley conecta a la expiración del máximo
término de detención provisional sin haber sido calificado
el mérito del sumario.” (Subrayas fuera de texto original).
Por otro lado, la misma Corte
Constitucional, en numerosas sentencias de tutela, como se ha reseñado, además
de las circunstancias inherentes al proceso, ha reconocido que se deben tener
en cuenta los aspectos exógenos al mismo, como la congestión judicial y el
exceso de carga laboral, entre otros.
En este sentido, por ejemplo, en
Sentencia T-1227 de 2001, la Corte acepta como causales de justificación de la
mora la excesiva carga y el represamiento laboral, siempre y cuando no se deba
a la desidia del funcionario.
Siguiendo la misma línea, esta
Corporación en Sentencia T-747 de 2009, precisa que en el caso de dilaciones
puntuales de funcionarios que han  desempeñado de manera ejemplar sus
funciones, para determinar si hay mora justificada hay que realizar una
valoración mesurada y ponderada “relacionando siempre las circunstancias
personales, la incidencia del trabajo colectivo dentro de un cuerpo colegiado,
y las dificultades y vicisitudes logísticas  que tienen los negocios en el
estadio previo a su estudio (…)”.
De lo dicho se infiere que la
sentencia del 18 de noviembre de 2010 está afectada de defecto sustantivo por
contradecir el verdadero sentido de la Sentencia C-300 de 1994 y varias
sentencias de tutela en sede de revisión que han aceptado circunstancias
exógenas al respectivo proceso como eximentes de responsabilidad disciplinaria
por mora en la toma de decisiones judiciales cuando esta se torna inevitable a
causa de esos factores. La Corte ha dicho en el primer caso que una providencia
“adolece de un defecto sustantivo pues desconoce el derecho, o lo interpreta
y aplica de forma incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance
precisa la Corte Constitucional”[85];
y que en las sentencias de tutela dictadas en sede de revisión, porque “la
ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades”[86].
9.2.3. Defecto fáctico.
El actor sostiene que la
sentencia contra la cual interpone la acción de tutela adolece de defecto
fáctico por varias razones que a continuación se examinan.
(i) Dice que en los numerales 8 y
9 del capítulo de pruebas cita su historia clínica y varias constancias y
fórmulas médicas, pero “sin dar cuenta de su contenido”, es decir, que
desde el año de 1996 padece las enfermedades de ansiedad y depresión crónica,
que le han reducido en gran medida su capacidad laboral, lo que constituye un
estado de necesidad justificante de la mora[87].
En la sentencia se sostiene al
respecto que los padecimientos de depresión y ansiedad crónica que mencionan la
historia clínica y las constancias médicas, sin duda afectan su calidad de vida
y sus relaciones sociales y familiares, pero no constituyen eximente de
responsabilidad, porque las incapacidades fueron excluidas de la mora y porque
nadie entendería que se aceptara que esas enfermedades le impidieron resolver
en término razonable el recurso de apelación objeto de la queja, pero no otros
468 expedientes evacuados durante el mismo lapso[88].
Como puede verse, la sentencia
acepta la incapacidad laboral total, pero temporalmente, producida por las
enfermedades que han aquejado al accionante y deduce que en el resto del tiempo
no le han originado ningún grado de incapacidad para desempeñar sus labores de
magistrado, lo que infiere del hecho de que evacuó 468 casos diferentes en el
tiempo de la mora.
En relación con este punto la
actuación contiene copia de la historia clínica de Luis Jaime González, a
partir del 30 de julio de 1996, según la cual el paciente tiene personalidad
obsesiva y trastorno depresivo crónico, con graves trastornos digestivos,
irritabilidad, insomnio, preocupación, todo lo cual lo ha llevado a tener
problemas con las demás personas, especialmente con los familiares más
cercanos. Desde el principio recibió tratamiento con psicoterapia, venlafaxina
y clonazepam, presentando recaídas cuando ha intentado suspender el tratamiento[89].
Obra copia del diagnóstico del
psiquiatra Jorge A. Franco López, quien ratifica que Luis Jaime González
Ardila, padece trastorno mixto de ansiedad y depresión. Le formula los
medicamentos venlafaxina en forma permanente, efexor XR y Rivotril[90].
Aunque no se practicó un dictamen
para precisar el grado de pérdida permanente de la capacidad laboral, es
evidente que una persona afectada en alto grado y de manera continua de insomnio,
irritabilidad, ansiedad, depresión y personalidad obsesiva, como lo demuestran
en este caso los documentos que se acaban de citar, no tiene la misma
tranquilidad física y espiritual de una persona sin esos síntomas, para
desarrollar una labor tan difícil como la que corresponde cumplir a un
magistrado de la sala penal de un tribunal que afronta congestión judicial.
Como lo dispone el artículo 141
del Código Disciplinario Único, estas pruebas no deben apreciarse aisladamente,
sino conjuntamente con las demás que demuestran otras circunstancias, para
finalmente decidir si se configura o no alguna de las causales de
justificación.
Dado que la sentencia, en forma
ostensible y manifiesta, omite tener en cuenta en el fallo la disminución de la
capacidad laboral permanente, producida por enfermedad, se configura un defecto
fáctico, ya que esa omisión podría influir en el sentido de la decisión.
(ii) El demandante considera que
el fallo no tiene en cuenta, para determinar el trabajo realizado en el período
de la mora por la cual es investigado, 1800 autos de sustanciación, 862
audiencias de la Ley 906, 80 asuntos de sala plena y mixtas y como presidente
del Tribunal y de la Sala Penal e integrante de salas de decisión y mixtas.
La sentencia dice que el disciplinable
emitió un promedio diario de 1.9 providencias de fondo, pero aclara que, aun
asumiendo que la producción diaria es la de 2.4, que él propone en los
descargos, “esa sola circunstancia en modo alguno puede disculpar una mora
judicial francamente excesiva como la demostrada objetivamente en el expediente
seguido contra la aquí quejosa, por más que el índice de evacuación sea -como
lo indica el encartado- 99.3% durante el interregno anotado”; teniendo en
cuenta, además, que no respetó el orden exigido por el artículo 18 de la Ley
446 de 1998, toda vez que decidió 468 asuntos ingresados con posterioridad al
de Ángela Patricia Rivero Orduña[91].
La misma providencia reconoce que
el ejercicio de la presidencia del Tribunal supone un gran esfuerzo por parte
de quien la asume y le impone una carga adicional de trabajo, sobre todo cuando
no exime de otras responsabilidades, como en este caso; pero enfatiza que no se
puede aceptar que esas funciones sacrifiquen en forma tan ostensible y
exagerada la administración de justicia. Guarda silencio sobre las funciones
desarrolladas por el magistrado como presidente de la Sala Penal[92].
Ahora bien, según certificación
expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior de Bucaramanga, el
magistrado Luis Jaime González Ardila desempeñó el cargo de presidente de esa
Corporación del 31 de enero de 2006 al 31 de enero de 2007, habiendo expedido
81 acuerdos de Sala Plena y 49 de Sala de Gobierno, 12 resoluciones, 119
licencias temporales, fue sustanciador en una providencia de Sala Plena e
intervino en otras 10, fue ponente en 3 providencias de salas mixtas y
participó en otras 5. Aclara que el presidente no fue exonerado de otras cargas
laborales[93].
La Secretaría de la Sala Penal de
dicho Tribunal certifica que el magistrado Luis Jaime González Ardila asistió
como presidente de esa sala a 230 audiencias y a 478 en calidad de integrante
de otras salas, en el tiempo comprendido entre el 21 de abril de 2006 al 28 de
octubre de 2008[94].
A lo anterior se agrega que la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura calificó excelente,
con 91 puntos sobre 100, el trabajo realizado por el magistrado Luis Jaime
González Ardila entre el 1° de enero de 2005 al 18 de agosto de 2010[95].
El certificado expedido por la
Secretaría de la Sala Penal del Tribunal sobre procesos ingresados al despacho
del magistrado Luis Jaime González Ardila entre el 3 de abril de 2006 y el 30 de
octubre de 2008, contiene solamente el número de radicación, la fecha de
ingreso y la fecha en que se profirió la decisión, con la observación final de
que algunos asuntos fueron evacuados con prioridad a otros, teniendo en cuenta
la fecha de prescripción de la acción, pero sin especificar cuáles[96].
Fácilmente se constata que la
sentencia que cuestiona el accionante, no solamente no analiza estas pruebas,
sino que no las tiene en cuenta para determinar la cantidad y la calidad del
trabajo llevado a cabo por el magistrado investigado, y se atiene únicamente al
promedio diario de 1.9, que también descarta de tajo con el argumento de que
esa sola circunstancia no puede disculpar la mora y mucho menos cuando el
referido certificado sobre ingreso de procesos demuestra que no fueron
evacuados en el orden exigido por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
Afirmación ésta última que no se
ajusta a la realidad, porque el certificado no explica en su totalidad qué
otros casos diferentes a los de prescripción, tenían prioridad. Además, la
providencia insiste en el error de tomar aisladamente y no en conjunto cada una
de las circunstancias fácticas.
De manera que la sentencia
incurre también en defecto fáctico por apartarse de los hechos probados que se
han mencionado y por adicionar algo que no contiene la referida certificación
sobre ingresos de expedientes.
(iii) Sostiene el actor que la
sentencia no le da ninguna relevancia al hecho demostrado de la congestión
judicial y al exceso de trabajo.
Sobre este particular dicha
providencia estima que la congestión judicial no justifica la mora del
investigado[97].
Sin embargo, el actor afirma en
sus descargos, dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, que la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo
PSAA08-5333 del 18 de noviembre de 2008, autorizó el nombramiento de un
Auxiliar Judicial Grado I en cada despacho de magistrado de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bucaramanga, del 20 de noviembre al 19 de diciembre de
2008, y otro funcionario de igual categoría, a través del Acuerdo PSAA-09-5601
del 18 de marzo de 2009, del 13 de abril al 18 de diciembre de ese año, lo que
permitió evacuar en buena parte la acumulación de procesos rezagados del
anterior sistema penal[98].
Estas afirmaciones fueron
tácitamente aceptadas en la sentencia del 18 de noviembre de 2010[99].
La misma Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el auto del 18 de
noviembre de 2010, proferido en el proceso con radicación
110010102000200901646-00 (1339-05), por medio del cual dio por terminado el
proceso disciplinario contra otro magistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bucaramanga, expresa:
“Sumado a
lo anterior, se estableció dentro del investigativo, que la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bucaramanga, presentaba niveles altos de congestión para
los años 2008 y 2009, llevando a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura a implementar medidas para descongestionar dicha célula judicial,
al punto de ser expedidos los Acuerdo PSAA08-5333 de noviembre 18 de de 2008 y
PSAA09-5601 del 84 (sic) de marzo de 2009, según lo certificó la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del máximo ente administrativo de la Rama
Judicial, conforme consta a folios 153 y 154 del cuaderno principal.”[100]
Estas pruebas permiten creer que
realmente existía una congestión judicial alta en el despacho del magistrado
Luis Jaime González Ardila durante el tiempo en que ocurrió la mora por la cual
fue condenado, ya que ese no es un fenómeno que se suscita momentáneamente,
sino en un tiempo prolongado.
De otra parte, ya se explicó
atrás que no está demostrada la violación por el actor del orden de evacuación
de los procesos consagrada en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
Por consiguiente, la providencia
cuestionada incurre en defecto fáctico al no tener en cuenta en la
justificación de la mora el hecho plenamente probado de la congestión judicial,
que sin duda tiene incidencia en la decisión.
9.2.4. Desconocimiento del
precedente horizontal.
El demandante considera que la
providencia del 18 de noviembre de 2010 desconoce el precedente horizontal del
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, porque:
(i) En la misma fecha exoneró de
responsabilidad disciplinaria por mora en tomar una decisión a otro magistrado
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, con un promedio diario
de 2.27, para cuyo cálculo tuvo en cuenta sentencias, autos, interlocutorios y
de sustanciación, acciones de tutela, niveles de congestión judicial y
ejercicio de la presidencia de la Sala Penal.
(ii) La misma Corporación
absolvió de cargos por mora a sus compañeros de Sala Penal, Juan Carlos Diettes
Luna y Julián Hernando Rodríguez Pinzón, reconociéndoles la congestión judicial
por la misma época en que se presentó el retardo en su caso.
(iii) En el proceso disciplinario
radicado bajo el número 21728 del 31 de enero de 2002, justificó la mora de una
persona que no estaba enferma y tenía un promedio de producción laboral de 1.3,
incluyendo autos de sustanciación y otras actuaciones diferentes a sentencias y
autos interlocutorios.
En relación con esta materia en
el expediente obra copia de la providencia de fecha 31 de enero de 2002, por
medio de la cual el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, ordenó el archivo definitivo del proceso disciplinario
adelantado contra una ex magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, por haber incurrido en 175 días
de mora en tomar una decisión judicial, lapso en el cual profirió 172 autos
interlocutorios y 57 sentencias, asistió a 67 salas de decisión y llevó a cabo
140 diligencias judiciales, etc., para un promedio diario de 1.3 providencias
de fondo. Allí se concluye:
“Así las
cosas, tenemos que la inculpada en el lapso en que incurrió en la mora objeto
de evaluación para establecer su responsabilidad, tuvo un rendimiento
satisfactorio y su gestión fue en aumento a partir de enero de 1999 para lograr
resultados que la Sala Administrativa nos reseña.”[101]
Claramente se observa que en este
caso se justifica la mora con un promedio laboral de 1.3, con una carga de
congestión judicial menor y un caso menos complejo que el del accionante.
Luego, no hay duda que se desconoce el precedente horizontal, sin que se
ofrezca ninguna explicación de los motivos del trato desigual.
También obra copia del auto del
18 de noviembre de 2010, emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual terminó el procedimiento
disciplinario seguido contra un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bucaramanga, por mora en proferir una sentencia de segunda instancia del 15
de abril de 2008 al 16 de junio de 2009, en un proceso correspondiente al
sistema acusatorio. Es decir, por un retardo superior a un año.
Ese magistrado tenía un promedio
de producción laboral de 2.27 de providencias diarias. Se tuvo en cuenta la
congestión judicial durante los años 2008 y 2009, reconocida por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante los acuerdos
PSAA08-533 del 18 de noviembre de 2008 y PSAA09-5601 del 18 de marzo de 2009; e
igualmente el trabajo realizado como presidente de la Sala Penal del Tribunal,
así como la complejidad del caso por el número de procesados y delitos.
Todas esas circunstancias
llevaron a la Sala a concluir que el magistrado no obró con desidia y que su
conducta se justificaba[102].
Si bien este caso difiere en
algunas circunstancias con el del magistrado Luis Jaime González Ardila, como
el término de la mora, a éste último no se le abona el mismo factor de
congestión judicial, ni su precario estado de salud. Tampoco se dan
explicaciones del trato desigual.
En consecuencia, concurre la
causal de desconocimiento del precedente judicial horizontal.
9.2.5. En conclusión, está
demostrado que la sentencia del 18 de noviembre de 2010 adolece de los defectos
fáctico, sustantivo y que desconoce el precedente horizontal, razones por las
cuales vulnera los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad del accionante.
Ahora bien, no obstante que la
mora de 529 días es bastante prolongada, la Sala considera que se encuentra
justificada en razón de la congestión judicial y la carga laboral excesiva que
tenía el magistrado Luis Jaime González Ardila, agravada por el desempeño de la
presidencia del Tribunal en el año 2006 y la de la Sala Penal en el 2007, pero
especialmente por el trastorno mixto de ansiedad y depresión crónica que ha
venido afrontando.
Todas esas circunstancias
consideradas en conjunto, ajenas a su voluntad, lo llevaron de manera
irresistible a retardar la decisión que debía tomar, a pesar de la diligencia y
cuidado con que obró en el cumplimiento de sus funciones, como lo demuestra la
calificación excelente que le dio a su trabajo la autoridad competente durante
los años 2006 a 2009.
Sin embargo, la Sala quiere
precisar que en este caso se considera justificada la mora en razón, no de la
consideración aislada de cada uno de los factores adversos que se han
analizado, sino de su concurrencia simultánea que potencializó su fuerza para
inhibir la voluntad del magistrado, impidiéndole tomar oportunamente la
decisión que se le recrimina.
De lo dicho se infiere con
claridad que la conducta del accionante no fue negligente, ni es reprochable a
título de culpa, y que se halla demostrada la eximente de responsabilidad
denominada fuerza mayor, consagrada en el artículo 28, numeral 1°, del Código
Disciplinario Único.
De acuerdo con lo expuesto,
corresponde: (i) revocar el fallo de tutela que se revisa; (ii) amparar los
derechos fundamentales del actor al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad;  (iii) dejar sin efectos jurídicos
la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2010 por el Consejo Superior de la
Judicatura; y, aunque en principio se debería ordenar al juez disciplinario la
elaboración de un nueva providencia acorde con las directrices jurisprudenciales
aquí expuestas, en aras del principio de celeridad, se dará una orden de
cumplimiento directo, disponiendo la terminación y archivo definitivo del
proceso disciplinario a que se refiere esta acción de tutela.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de fecha 18 de abril de 2012,
que confirmó la  de primera instancia emitida el 6 de marzo de 2010, por la
misma Corporación. En su lugar, TUTELAR a favor de Luis Jaime González
Ardila, sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la igualdad.
SEGUNDO.- DEJAR sin valor y efectos jurídicos la
sentencia proferida el 18 de noviembre de 2010 por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en la cual decidió sancionar al
actor con la pena de suspensión por un mes.
TERCERO.- ORDENAR la terminación y archivo definitivo del
proceso disciplinario número 110010102000.2008.01734.00, adelantado contra el
Magistrado Luis Jaime González Ardila.
CUARTO.- ORDENAR a la Secretaría General de
esta Corporación que remita copia de esta providencia a la Presidencia de la
Corte Suprema de Justicia para lo pertinente.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ponente
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
con permiso
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-804/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por existencia de otro
mecanismo de defensa judicial/ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
(Salvamento de voto)
No comparto el alcance, en mi
opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de esta Corte a la
acción de tutela contra decisiones judiciales (consideraciones 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y
9ª), a partir de las cuales podría evocarse el fallo C-590 de junio 8 de 2005,
M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente
desde su expedición.
DEBIDO
PROCESO-Discrepancia interpretativa no constituye vía de hecho (Salvamento
de voto)
Referencia:
expediente T-3484877.
Acción de tutela
presentada por el señor Luis Jaime González Ardila contra la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Magistrado
sustanciador:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien participo
de la resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que la tutela
fue presentada, en este caso, como mecanismo de protección de derechos
fundamentales, a fin de evitar la concreción de un fallo ostensiblemente
injurídico, debo aclarar mi voto, pues siempre he disentido frente al enfoque
amplificado de la noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de
las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[103], no
comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce
por parte de esta Corte a la acción de tutela contra decisiones judiciales
(consideraciones 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 9ª), a partir de las cuales podría evocarse
el fallo C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca directamente como
parte de la fundamentación, al referirse a la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales (páginas 9 a 24), radica en el hecho de
que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que
la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[104],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con
mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Esta Sala de
Revisión, en Sentencia T-071 de 2012, tuvo la oportunidad de referirse sobre
este mismo tema. Por lo tanto, se reiteran los argumentos allí expuestos.
[2] Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[3]
“Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ║ 2. Los
Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de
recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[4]
“Artículo 2. (…)  3. Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos
derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b)
La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[5]
Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010.
[6]
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
[7]
Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2010.
[8] “El presupuesto básico para la procedencia del
amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y
en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de
la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente
relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que
para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una
de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a
través de los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario también, que tal
defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)’
Sentencia C-701 de 2004. Ver también Sentencia T-381 de 2004, reiterada en
Sentencia T-590 de 2006”.
[9]
Corte Constitucional, Sentencias T-693 de 2009 y T-033 de 2010, entre
otras.
[10] “Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las
Sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002, T-408
de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita
original de la jurisprudencia trascrita)”.
[11] “Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las
siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408 de
2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita)”.
[12] “Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001, T-407
de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002,  T-705 de
2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[13] “Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las
sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU-159
de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002,
T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[14] “Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 2001 y
T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[15] Corte Constitucional,
Sentencias T-939 de 2005 y T-1240 de 2008, entre muchas otras.
[16] Corte Constitucional,
Sentencia T-513 de 2011.
[17] Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[18] Al respecto ver
Sentencias T-008 de 1998, T-590 de 2009 y T-071 de 2012, entre
otras.
[19]
“Cfr. sentencia T-442 de 1994”.
[20] Corte Constitucional,
Sentencia T-417 de 2008.
[21] Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y
T-417 de 2008, entre otras.
[22] Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
[23] Ver
Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y
T-747 de 2009, entre otras.
[24] Corte Constitucional, Sentencias T-902 de 2005 y T- 458 de 2007.
[25]
Corte Constitucional, Sentencia T-747 de 2009.
[26] Corte
Constitucional, Sentencia T-902 de 2005. En esta oportunidad la Corte
Constitucional concedió una acción de tutela interpuesta contra una sentencia
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado, al encontrar, entre otros, que se
configuraba un defecto fáctico, ya que no se habían valorado pruebas
documentales decisivas para resolver las pretensiones de la demandante.
[27]
Corte Constitucional, Sentencia T-747 de 2009.
[28] En esta ocasión la Sala
Octava de Revisión de esta Corporación consideró que la providencia atacada en
sede de tutela adolecía de defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
ya que en ella la autoridad judicial accionada desconocía el alcance de un
dictamen pericial rendido dentro del proceso.
[29] “El defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio aparece ampliamente explicado en la sentencia T- 450 de
2001, en un caso en donde el juez  falló en contra de la evidencia probatoria”.
[30] “Ver sentencia T-025 de 2001”.
[31] Corte Constitucional, Sentencia T-288 de 2011.
[32] Dice la norma en
comento: “ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo. // Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
[33] Corte Constitucional,
Sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, entre
otras.
[34] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2006.
[35] Corte
Constitucional, Sentencia T-589 de 2007.
[36] Corte
Constitucional Sentencias SU-047 de 1999; T-1625 de 2000; C-836 de 2001; T-698
de 2004; T-517 y T- 589 de 2007; T-599 y T-619 de 2009; T-268 y T-100 de 2010;
entre muchas otras.
[37] Corte Constitucional
Sentencias T- 698 de 2004 y T-687 de 2007.
[38] Corte
Constitucional, Sentencia T-698 de 2004.
[39] Esta Corporación, en
Sentencia T- 1317 de 2001, definió  el precedente judicial como “aquel
antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver
que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia” .
[40] Corte Constitucional,
Sentencias T-589 de 2007, T-766 de 2008 y T-619 de 2009.
[41] En sentido similar, esta
Corporación en Sentencia T-462 de 2003, expuso que “una providencia judicial
adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada respectiva” (Negrillas fuera de texto).
[42] “Sobre el particular,
además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden consultarse, entre
varias, las sentencias T-008 de 1998 y C-984 de 1999”.
[43] “Cfr. sentencia T-522
de 2001. Para la Corte “es evidente que se desconocería y contraven­dría
abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido
normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das de
aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados”, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría
que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad”.
[44] “Cfr. sentencia
SU-1722 de 2000 Tal es el caso por ejemplo de todas las decisiones judiciales
en las que se viola el principio de ‘no reformatio in pejus’”.
[45] “Cfr., por ejemplo,
las sentencias T-804 de 1999 y C-984 de 1999”.
[46]
Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2009.
[47] “Sentencia SU-640 de
1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
[48]
Corte Constitucional, Sentencias T-1112 de 2008 y T-351 de 2011.
[49]
Corte Constitucional, Sentencias T- 341 de 2008 y T-592 de 2009, entre otras.
[50] “En
efecto, la sentencia C-131 de 1993 que estudió
la constitucionalidad del artículo 23 del Decreto Ley 2067 de 1991[50],
concluyó en materia de cosa juzgada constitucional, que los fallos de control
abstracto tienen fuerza obligatoria, en la medida en que: i) tienen efectos
erga omnes y no simplemente inter partes, conforme al artículo 243 de la Carta;
ii) tales efectos resultan obligatorios, en principio, hacia el futuro, aunque
no necesariamente, porque depende de la Corte, como se dijo, fijar
autónomamente tales efectos; iii) que frente a las sentencias que hacen
tránsito a cosa juzgada no se puede juzgar la misma norma nuevamente por los
mismos motivos, a fin de respetar la seguridad jurídica; iv) que las sentencias
de la Corte sobre temas de fondo o materiales, en especial las de
inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de controversia por las mismas
razones, y v) que todos los operadores jurídicos están obligados a respetar el
efecto de la cosa juzgada material de las sentencias de la Corte
Constitucional”.
[51] “Corte
Constitucional, Sentencias T-292 de 2006  y T-468 de 2003”.
[52]
Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2009.
[53]
Corte Constitucional, Sentencias T-1112 de 2008 y T-351 de 2011.
[54] “En el tema de los efectos extendidos de las
sentencias de tutela, deben citarse, entre otras, las siguientes providencias:
SU-1023 de 2001, T-203 de 2002, SU-388 de 2005 y T-726 de 2005 (, entre otras.
En la sentencia T-203 de 2002, se sostuvo que en virtud del artículo 241 de la
Carta, la Corte Constitucional ejerce cuatro tipos e control constitucional: a)
El control abstracto de normas contenidas en actos legislativos, leyes,
decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, proyectos de ley y tratados
(artículo 21 numerales 1,4,5,7,8 y 10 C.P). b) El control por vía de revisión
de las sentencias de tutela y que comprende el control constitucional de
providencias judiciales; c) ‘el control por vía excepcional en el curso de un
proceso concreto mediante la aplicación preferente de la Constitución (artículo
4, CP)’ y d) el control de los mecanismos de participación ciudadana en sus
diversas manifestaciones (artículo 241, No 2 y 3, CP)[54]. Señaló la
sentencia que se cita, que ‘los efectos son erga omnes y pro - futuro cuando
controla normas en abstracto; son inter partes cuando decide sobre una tutela;
son inter partes cuando aplica de manera preferente la Constitución en el curso
de un proceso concreto; y son erga omnes cuando controla el ejercicio de los
mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las
providencias de la Corte han de ser los anteriormente señalados’.  (Las
subrayas fuera del original). De hecho en el Auto 071 de 2001, se dijo que
cuando la Corte aplica la excepción de inconstitucionalidad y fija los efectos
de sus providencias estos pueden extenderse respecto de todos los casos
semejantes, es decir inter pares. Finalmente debe considerarse la sentencia
SU-1023 de 2001, que estableció que en circunstancias muy especiales, con el
fin de no discriminar entre tutelantes y no tutelantes que han visto violados
sus derechos fundamentales, los efectos de la acción de tutela pueden
extenderse inter comunis es decir, extenderse a una comunidad determinada por
unas características específicas. En las sentencias SU-388 de 2005  y T-493 de
2005 igualmente, se estableció que los efectos de la sentencia de unificación
serían inter comunis para madres cabeza de familia desvinculadas de Telecom”.
[55]  “Ver, además la
sentencia T-1625 de 2000”.
[56] “Sentencia SU- 640 de 1998”.
[57] “Sentencia SU-1219 de
2001”.
[58]
Corte Constitucional, Sentencias C-036 de 1997, T-292 de 2006 y SU -1184 de
2001, T-1112 de 2008 y T-351 de 2011.
[59]
Corte Constitucional, Sentencia T-1112 de 2008.
[60] “Cfr.
Corte Constitucional. Sentencia T-173 de 1993”.
[61] “Cfr.
Corte Constitucional. Sentencias T-006/92, T-597/92,
T-348/93, T-236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras”.
[62] Corte
Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.
[63]
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2005.
[64] Cfr. Ley 270
de 1996, artículo 125.
[65]
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2005.
[66]
Ibídem.
[67]
Corte Constitucional, Sentencia T-190 de 1995.
[68] Esta
posición fue reiterada por esta Corporación en las Sentencias T-226 de 2001;
T-256, T-258 y T-1154 de 2004, entre otras.
[69]
Folios 418 a  433, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[70]
Folios 434 a 440, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[71]
Corte Constitucional, Sentencia T-504 de 209.
[72]
Ver Sentencias SU-961 de 1999 y T-265 de 2009, entre otras.
[73]
“Cr. Por ejemplo la sentencia T- 1110 de 2005 (F.J # 46), entre otras”.
[74]
Folios 418 a 433, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[75]
Folios 434 a 440, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[76]
Folios 449 y 450, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[77]
Folio 389, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[78]
Folio 388, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[79]
Folio 384, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[80]
Folios 11 y 12,  cuaderno de tutela de primera instancia.
[81]
Folio 379, cuaderno principal del proceso
disciplinario.
[82]
Folio 380, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[83]
Folio 381, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[84]
Folios 282 y 283, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[85]
Corte Constitucional, Sentencia T-1112 de 2008.
[86]
Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.
[87]
Folios 4 a 6, cuaderno de tutela de primera instancia.
[88]
Folio 388,  cuaderno principal del proceso disciplinario.
[89]
Folios 191 a 198, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[90]
Folios 199 y 200, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[91]
Folio 386, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[92]
Folio 385, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[93]
Folios 178 a 187, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[94]
Folios 212, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[95]
Folios 190 y 361, cuaderno  principal del proceso disciplinario.
[96]
Folios 245 a 255, cuaderno  principal del proceso disciplinario.
[97]
Folios 384, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[98]
Folios 160, cuaderno principal del proceso disciplinario.
[99]
Folios 373 y 388, cuaderno principal del proceso
disciplinario.
[100]
Folios 12 y 13, cuaderno de pruebas.
[101]
Folio 5, anexo 6, proceso disciplinario.
[102]
Folios 13 a 15, anexo 7, proceso disciplinario.
[103] Ver, entre otros, los
salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591,
T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y
T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de
2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y
T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263
y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y
T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464, T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y
recientemente T-010 de 2012.
[104]
C-590 de 2005.