C-338-16
Sentencia C-338/16
CODIGO
PENAL MILITAR-Facultad del juez militar para definir el orden de
presentación e introducción de las pruebas en la etapa del juicio/FACULTAD
DEL JUEZ PENAL MILITAR PARA DEFINIR EL ORDEN DE PRESENTACION E INTRODUCCION DE
LAS PRUEBAS EN LA ETAPA DEL JUICIO-No afecta la imparcialidad objetiva y el
equilibrio probatorio que debe observar frente a la estrategia de las partes
para demostrar su teoría del caso, acorde con el debido proceso
La Sala estima que no existe un desequilibrio probatorio que lesione los
contenidos de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, habida cuenta
que el Juez Penal Militar de conocimiento al fijar el orden de introducción de
las pruebas en el juicio no toma partido a favor de alguna de las partes, ni
prejuzga o materializa una inclinación anticipada a la ulterior sentencia que
adoptará. Simplemente emite una decisión instrumental de orden y dirección de
la audiencia de juicio marcial. Ahora bien, como del contenido literal de la
expresión acusada se desprende el imperativo asignado al juez de decidir sobre
el orden de práctica y presentación de las pruebas en el juicio de Corte
Marcial, lo anterior no impide que las partes puedan elevarle la respetiva
petición verbal o escrita en la cual sugieran una secuencia probatoria acorde
con sus teorías del caso, para que sea tenida cuenta por el juzgador al momento
de emitir esa decisión de naturaleza instrumental. A pesar de esa posibilidad,
la Sala insiste en que no existe afectación a la garantía del juez imparcial en
su perspectiva institucional o del proceso. Vistas así las cosas, la Corte
concluye que el Juez Penal Militar de conocimiento al decidir en la audiencia
preparatoria el orden en que deben presentarse las pruebas en el juicio de Corte
Marcial, no compromete su imparcialidad institucional o del proceso ni afectar
las estrategias de las partes. En todo caso éstas cuentan con la posibilidad de
presentar solicitud verbal o escrita al Juez Penal Militar de conocimiento
sugiriendo una secuencia probatoria a tener en cuenta por éste para decidir
sobre el referido orden. En suma, la locución censurada no vulnera los derechos
al debido proceso ni el acceso a la administración de justicia.
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/REQUISITOS FORMALES PARA
CALIFICAR LA APTITUD DE UN CARGO DE INCONSTITUCIONALIDAD-Reiteración de
jurisprudencia/ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS-Límites
La Corte ha
identificado limitaciones que surgen de la propia Constitución a esta libertad
de configuración y las ha sintetizado como subreglas en cuatro ítems: “(i) que
atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad
entre otros; (ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los
ciudadanos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia; (iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y (iv) que permita la realización material de
los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las
formas (artículo 228 C.P.)”.
CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL MILITAR-Jurisprudencia
constitucional
En materia de justicia penal
militar, esta Corporación en la sentencia C-737 de 2006 señaló que “[l]a
facultad para regular todo lo relacionado con la estructura y funcionamiento de
la Justicia Penal Militar ha sido reservada al legislador, quien en ese campo
goza de un amplio margen de configuración política para definir: (i) los
comportamientos constitutivos de delito que de acuerdo con su competencia deben
ser conocidos por esa jurisdicción especial, (ii) los procedimientos especiales
que debe regir los juicios y, en general, (iii) todo lo relacionado con
los órganos específicos que la integran y con su régimen de personal, lo cual
incluye la creación y supresión de cargos, la forma de provisión, permanencia y
retiro, y la fijación de los requisitos y calidades requeridas para el
ejercicio de los mismos”.
JUSTICIA
PENAL MILITAR-Organo especial de la Rama Ejecutiva que administra justicia
bajo el sistema procesal de tendencia acusatoria/FUERZA PUBLICA-Importancia
en el marco del Estado social de derecho/CODIGO PENAL MILITAR-Modelo de
tendencia acusatoria
La justicia penal militar si
bien no hace parte de la Rama Judicial, administra justicia por expresa
habilitación constitucional en los casos restringidos donde se acrediten los
requisitos funcional y subjetivo propios del fuero penal militar, esto es,
respecto de conductas punibles relacionadas directamente con el servicio y
frente a los miembros activos que hacen parte de la Fuerza Pública. Esta
justicia penal militar se encuentra adscrita a la Fuerza Pública e integra la
parte orgánica de la Rama Ejecutiva. A pesar de tal ubicación, debido al
ejercicio de funciones jurisdiccionales excepcionales, se encuentra guiada procesalmente
por los mismos principios y características generales del sistema penal
ordinario de tendencia acusatoria, sin que ello implique que desde el diseño
constitucional esta justicia esté obligada a asumir ese modelo procesal.
FUERO
PENAL MILITAR-Excepción al principio del juez natural ordinario, a partir
de las diferencias existentes entre los deberes y las responsabilidades que
tienen los ciudadanos y las que constitucionalmente deben asumir los
integrantes de la Fuerza Pública
JURISDICCION
PENAL MILITAR-Administración de justicia en el ámbito de competencia
excepcional
JUSTICIA
PENAL MILITAR Y JUSTICIA PENAL ORDINARIA-Distinción/JUSTICIA PENAL
MILITAR Y JUSTICIA PENAL ORDINARIA-Trato diferenciado
DERECHOS
AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Garantía de
imparcialidad del juez
IMPARCIALIDAD
JUDICIAL-Jurisprudencia constitucional/IMPARCIALIDAD JUDICIAL-Se
predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley/IMPARCIALIDAD
JUDICIAL-Garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a
quien administra justicia/IMPARCIALIDAD JUDICIAL-Asunto no solo de
índole moral y ética sino también de responsabilidad judicial
JUEZ
PENAL MILITAR-Imparcialidad/PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD-Base
estructural del debido proceso en la justicia penal militar de tendencia
acusatoria
IMPARCIALIDAD
JUDICIAL-Prerrogativas/IMPARCIALIDAD SUBJETIVA Y OBJETIVA-Distinción/IMPARCIALIDAD
INSTITUCIONAL Y DEL PROCESO O IMPARCIALIDAD OBJETIVA-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO
DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL-Su protección se
equilibra mediante el uso de herramientas procesales tales como impedimentos,
recusaciones y objeción de conciencia
JUSTICIA
PENAL MILITAR-Etapas en que se diferencian con el modelo procesal contenido
en Código de Procedimiento Penal
En este modelo procesal
penal que tiene grandes similitudes con el establecido en la Ley 906 de 2004,
se diferencian principalmente dos etapas: una preliminar denominada
investigación, y otra que corresponde al juzgamiento que comienza con la
acusación e incluye las audiencias preparatorias y de juicio marcial. En ese
sentido, el momento que determina el inicio de la acción penal está ceñido a la
presentación de la acusación ante el Juez Penal Militar de conocimiento, punto
a partir del cual se traba la relación jurídico-procesal entre los
intervinientes.
JUEZ PENAL
MILITAR-Rol como director del proceso y la neutralidad probatoria que debe
predicar en la etapa de juicio en el marco del esquema adversarial
JUEZ
PENAL MILITAR-Exigencias en la etapa de juzgamiento en el marco del proceso
penal militar/JUEZ PENAL MILITAR-Neutralidad probatoria e imparcialidad/JUEZ
PENAL MILITAR DE CONOCIMIENTO-No cumple papel pasivo como si se tratara de
un árbitro sino que actúa como director en procura de la verdad real y justicia
material
Referencia: expediente D-11168
Demanda de inconstitucionalidad contra
el artículo 503 (parcial) de la Ley 1407 de 2010 “por la cual se expide el
Código Penal Militar”.
Demandantes: Mónica Andrea Clavijo Ruiz
y Sigfredy Luna Granados.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio
de la acción pública prevista en el artículo 241.4 de la Constitución Política,
los ciudadanos Mónica Andrea Clavijo Ruíz y Sigfredy Luna Granados, formularon
demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “El juez decidirá el
orden en que debe presentarse la prueba”, contenida en el artículo 503 de
la Ley 1407 de 2010 “Por la cual se expide el Código Penal Militar”. Consideran
los actores que el segmento acusado vulnera los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política, el 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(ADH), y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Mediante auto
del 18 de diciembre de 2015, el magistrado sustanciador admitió la demanda al
constatar que reunía los requisitos exigidos en el artículo 2º del Decreto 2067
de 1991.
En la misma
providencia dispuso correr traslado al Procurador General de la Nación, a fin
de que emitiera su concepto en los términos establecidos en los artículos 241-2
y 278-5 de la Constitución; se fijó en lista el proceso con el objeto de que
cualquier ciudadano impugnara o defendiera la norma y se comunicó de la
iniciación del mismo al Presidente de la República, al Presidente del Congreso,
para los fines previstos en el artículo 244 de la Carta, así como a los
ministros del Interior, de Justicia y del Derecho, y de Defensa.
Adicionalmente
se invitó a participar a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la
Nación, al Tribunal Superior Militar, al Instituto Colombiano de Derecho
Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana
de Juristas, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -
Dejusticia. Igualmente se convocó a las Facultades de Derecho de las
Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de los
Andes, Militar Nueva Granada, Sergio Arboleda, Icesi de Cali, Libre, Eafit de
Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y del
Rosario, para que intervinieran en el proceso con la finalidad de que rindieran
concepto técnico sobre la constitucionalidad de la disposición demandada.
Una vez
cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política
y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir sobre
la demanda de la referencia.
II. LA
NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el
texto de la disposición demandada, tal como fue publicado en el Diario Oficial 47804
del 17 de agosto de 2010, subrayando el aparte acusado:
“LEY 1407 DE 2010
(agosto
17)
Por la cual se expide el Código Penal
Militar.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
T Í T U L O XV
AUDIENCIA PREPARATORIA A LA CORTE
MARCIAL
CAPÍTULO I
Trámite
(…)
Artículo 503. Decisión sobre el orden de la
presentación de la prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar
antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas
pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y
luego las de la Fiscalía”
III. LA DEMANDA
Los demandantes sostienen que el
segmento normativo resaltado es contrario a los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sustenta su acusación en los
siguientes argumentos:
1. Plantean que en el marco del modelo
adversarial previsto en la Ley 1407 de 2010, la asignación al Juez Penal
Militar de la facultad de decidir el orden en que la Fiscalía Penal Militar y
la Defensa deben presentar las pruebas se traduce en una violación del
principio de imparcialidad del juez, en tanto afecta directamente la estrategia
preparada por las partes para acudir al juicio a demostrar su teoría del caso.
Dicho funcionario no puede suplir la voluntad de las partes de decidir la
secuencia probatoria que quieren desarrollar con miras a probar su pretensión.
2. Indican que es de la esencia
del sistema penal acusatorio la prohibición para el juez de decretar y
practicar oficiosamente pruebas, la cual debe hacerse extensiva a la definición
del orden de presentación de las mismas. Es necesaria, en este sistema, una
total pasividad del juez en materia probatoria para garantizar su actuación
equilibrada y neutral.
Al respecto, los demandantes
precisan que la expresión acusada permite al juzgador inmiscuirse sin ningún
control en el orden en que las partes deben proceder a la práctica y
presentación de las pruebas, lo cual afecta la neutralidad que debe tener el
juez como parte del núcleo esencial de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, ya que solo las partes e intervinientes
saben por qué prefieren practicar o introducir una determinada prueba antes que
otra.
3. Aducen que la facultad traslada
al juez restringe la estrategia de las partes e intervinientes, y torna activa
la labor de quien debe limitarse a dirigir la causa y a esperar que las partes
le formen un convencimiento acerca de los hechos materia de investigación. La
asignación al Juez de la facultad de establecer el orden en que han de
realizarse las pruebas “le formará de una u otra manera la convicción en la
ulterior decisión del caso”.
4. Los actores explican que sobre
las partes del juicio recae el interés de conducir su práctica probatoria,
estableciendo el orden a partir de aquellas que consideren de mayor
contundencia, o de las que sean necesarias para demostrar el contexto en que se
desarrolló el hecho que es objeto de investigación. La secuencia de esta
actividad, de suma importancia en el campo probatorio, corresponde de manera
privativa tanto a la Fiscalía como a la bancada de la defensa, de acuerdo con
su rol específico, el fin propuesto en la investigación penal militar, aspecto
al cual debe estar ajeno el juez de la especialidad.
5. Señalan que la facultad
discrecional que confiere la norma al juez contraría abiertamente los
contenidos de los artículos 29 y 229 de la Constitución, pues impediría el
acceso real e igualitario a la administración de justicia en sede penal militar,
en la medida que se encuentra habilitado para determinar el orden en que las
partes deben practicar las pruebas. El traslado de facultades excesivas al
juez, más propias de un modelo penal inquisitivo, vulnera el debido proceso.
6. En criterio de los demandantes,
si bien el juez es el conductor del proceso en la etapa de conocimiento, sólo
lo es para evitar que no se causen desequilibrios irracionales e injustificados
que acarreen el desmedro de los derechos sustanciales y adjetivos de los
contrincantes, circunstancias que contrastada con la norma impugnada, termina
causando la inestabilidad procesal que a todas luces debe evitarse para
mantener el equilibrio dentro de un sistema que comparte características de
tendencia acusatoria y no aristas del sistema inquisitorio.
7. Plantean que la libertad de
configuración legislativa que tiene el Congreso para fijar los procedimientos
encuentra su límite en el respeto a los derechos fundamentales, por
consiguiente, esgrimen que la norma censurada al afectar el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, no es razonable, proporcional y causa
un desequilibrio en el debate probatorio al interior del juicio penal militar,
porque “pone en duda y relativiza lo ecuánime del Juez penal Militar, dando
paso en ese sentido al desmedro de la carga probatoria que recae sobre la
Agencia Fiscal para llegar a demostrar la veracidad de la acusación, tan
indispensable para el proferimiento de una condena, y a su vez del enrostrado
penalmente para refutar la tesis acusatoria”.
8.  Por último, indican que la
potestad atribuida al juez de imponer un orden en la presentación de las
pruebas, despoja al debate de su matiz dialéctico, dado que el juez penal
militar estaría tomando partido en favor de alguna de las partes al definir con
su particular criterio el orden en que las pruebas deben ser presentadas,
permitiendo así que el operador judicial pase a suplir la voluntad de las
partes. En ese sentido, los actores aclaran que la demanda no cuestiona la
denominada imparcialidad subjetiva que debe tener el juez con las partes o del
interés concreto con el resultado de la causa, sino con la imparcialidad de
carácter objetivo porque se configura un prejuzgamiento o una inclinación anticipada
que la norma debe evitar y que se soluciona declarando la inexequibilidad del
aparte acusado.
IV. INTERVENCIONES
1.       De las entidades públicas
1.1.     Del Ministerio de Defensa Nacional
Como primera opción solicita un
pronunciamiento inhibitorio con base en los argumentos consignados en la
sentencia C-144 de 2010, en la que la Corte se abstuvo de emitir fallo de mérito
frente a una demanda contra el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal,
precepto de contenido análogo al que se examina en la actualidad, por falta de
certeza comoquiera que la censura se funda en interpretaciones subjetivas del
demandante sobre la forma en que se debe aplicar la norma acusada.
De manera subsidiaria plantea
la exequibilidad del precepto acusado, toda vez que la función asignada al juez
en la norma enjuiciada no contradice la Constitución, comoquiera que incorpora
una potestad de dirigir el debate en la audiencia pública, sin que ello
comporte una intromisión en el manejo de la carga probatoria por parte de los
sujetos procesales. Además, la misma norma le define un límite como es el de
que en primer lugar se presente la prueba de la fiscalía y luego la de la
defensa, sin que con ello se afecte los principios de imparcialidad,
independencia y neutralidad del juez.
Señala que en el sistema penal acusatorio
el juez es el director del proceso sin que por ello se pierda la imparcialidad
ni se desmejore en manera alguna la posición de las partes en sus actuaciones.
Agrega que uno de los pilares de la administración de justicia es el derecho de
defensa que conlleva el poder de controvertir la prueba; el hecho de que la
Fiscalía tenga que presentarlas primero, permite ejercer dicha garantía a
partir del conocimiento de la prueba en que se fundamentan los cargos.
2. De las
instituciones educativas
2.1. De la Universidad
Javeriana
Laura Daniela
López Chaparro, integrante del Grupo de Acciones Públicas del Departamento de
Derecho de esta universidad, interviene para solicitar “la inexequibilidad y
la inconvencionalidad” del precepto demandado.
Apoya el
argumento de los demandantes en el sentido que la norma enjuiciada es
violatoria del artículo 29 superior, comoquiera que le otorga al juez penal
militar un grado de autonomía y discrecionalidad que se traduce en “facultades
omnímodas” que no son propias del sistema penal acusatorio, en el cual el
juez debe cumplir un papel pasivo en torno al orden en que se realiza la
actividad probatoria, en tanto que corresponde a las partes hacer las
solicitudes probatorias orientadas a desarrollar su estrategia. La facultad que
se confiere al juez conduce a la inestabilidad procesal y puede generar
desequilibrios en el debate probatorio.
Acoge
igualmente el argumento de la demanda en el sentido que se vulnera el artículo
229 de la Carta, dado que en virtud de la norma acusada se altera la estrategia
que han diseñado las partes en el litigio, se afecta la credibilidad y la
confianza en la neutralidad del operador judicial, y compromete los principios
de seguridad jurídica e imparcialidad judicial.
En criterio de
la interviniente “la norma demandada altera la correcta aplicación de la
justicia penal militar, al violar el derecho al debido proceso e inducir al
quebrantamiento de los principios de imparcialidad judicial, que crean
condiciones de desigualdad en el juicio entre las partes de la litis y por ende
genera una evidente violación al derecho de acceso a la administración de
justicia”.
Finaliza
indicando que el precepto acusado quebranta igualmente los artículos 8º de la
CADH y 14 del PIDCP, en tanto promueve condiciones de desigualdad entre las partes
involucradas en la litis; vicia la imparcialidad y neutralidad judicial,
afectando posiblemente la decisión que habrá de tomar el juez en el caso; y
trasgrede la igualdad de condiciones que deben tener las partes.
2.2. De la Universidad del
Rosario
Juanita María Ospina Perdomo,
Directora General de Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de
esta institución educativa, solicita a la Corte un fallo inhibitorio porque la
demanda de inconstitucionalidad no cumple con los presupuesto de procedibilidad
que habiliten el análisis de fondo, toda vez que carece de certeza al construir
las razones que sustentan el concepto de la violación no sobre la literalidad
de la norma demandada, sino sobre los efectos que subjetivamente le asignan los
demandantes. Así mismo, estima que la demanda aísla la expresión acusada de la
totalidad del artículo 503 de la Ley 1407 de 2010, lo cual cercena el alcance
que el precepto posee y que define el turno de intervención de las partes
frente a las pruebas. Por último, sostiene que los actores no explicaron de
forma objetiva y verificable por qué la disposición penal militar es violatoria
de los artículos 8 de la CADH y 14 del PIDCP, pues se limitan a presentar
argumentos abstractos y globales sin confrontarlos con tales artículos que
invoca.
No obstante poner en evidencia lo
anterior, también pide a la Corte un pronunciamiento de exequibilidad
condicionada en el sentido que la decisión del juez tome en consideración la
propuesta probatoria que presenten las partes de acuerdo a su teoría del caso.
Sostiene que si bien es cierto que
en el proceso penal acusatorio el juez es el director y suma autoridad del
proceso, también lo es que “obra como un tercero imparcial que busca la
justicia material” y como tal le son aplicables los siguientes postulados: (i)
el funcionario que instruye no juzga; (ii) el juez pierde la iniciativa
probatoria, dada su condición de tercero imparcial que busca la justicia
material; (iii) la carga de la prueba de la responsabilidad penal
corresponde a la Fiscalía.
Del rol pasivo que corresponde al
juez en materia probatoria se deriva el que carezca de potestades que le
permitan inmiscuirse en la práctica de pruebas o en su decreto oficioso, lo
cual garantiza la ecuanimidad de la decisión, siendo esta la máxima salvaguarda
que caracteriza al sistema penal acusatorio. Por consiguiente, el otorgamiento
al juez de la potestad de decidir el orden en que las pruebas se practicarán
durante la audiencia del juicio oral, conlleva una intromisión que excede el
rol del juez y podría configurarse una afectación de la teoría del caso que
cada parte guía mediante los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que
procuran conducir al juez a la construcción de la verdad propia del sistema
penal.
No obstante, a juicio de la
interviniente, la norma cumple una finalidad constitucional consistente en
imponer orden y evitar el abuso del derecho por parte de los sujetos
procesales, a la vez que propende por la celeridad del proceso, la economía
procesal y la fluidez propia del proceso penal acusatorio, reflexión que
conduce a que se proponga una exequibilidad condicionada a que el juez tome en
consideración la propuesta probatoria de las parte de acuerdo con su teoría del
caso.
2.
De las organizaciones profesionales y académicas
3.1. Del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal
El Presidente del ICDP remite a la Corte el
concepto emitido por el Dr. Alfredo Beltrán Sierra, en el cual solicita la exequibilidad del artículo 503 de la Ley 1407 de 2010, al estimar
que la atribución conferida a los jueces penales militares de decidir “el
orden en que debe presentarse la prueba”, no quebranta ninguno de los
preceptos superiores invocados por la demandante, comoquiera que “no cercena
para nadie el derecho a la prueba y el derecho a contraprobar, ni se incurre en
violación del principio de publicidad de la prueba, ni se afecta en manera
alguna el deber del juzgador de apreciar y valorar cada una de las pruebas de
manera individual y luego en conjunto como el haz probatorio del cual surgirá
la convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos debatidos en el
proceso, de su autoría y de las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en
que ellos pudieron suceder”.
Indica que con independencia del
orden en que las pruebas sean presentadas o incorporadas al trámite, es claro
que en el proceso que se adelanta ante la jurisdicción penal militar aquellas
deben ser decretadas o solicitadas conforme a la ley en la audiencia
preparatoria y en la audiencia de juzgamiento correspondiente, lo que no
permite concluir que se afecte el derecho de defensa o la función de acusación
por rompimiento del equilibrio procesal entre las partes o por afectación del
principio conforme al cual ha de ser rigurosamente garantizado a las partes el
derecho a la imparcialidad judicial.
Concluye señalando que el orden en
que se practiquen las pruebas no impide al juzgador en estos procesos la
apreciación de cada una de las pruebas en forma individual primero y, luego, en
conjunto, para extraer de ellas las conclusiones en que se deba apoyar para
formar la convicción judicial que se reflejará luego de manera motivada en la
sentencia que se profiera.
3.2. De la Universidad de
Ibagué
El Decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de esta universidad, Dr. Omar Mejía Patiño, en
primer lugar, solicita a la Corte inhibirse para emitir pronunciamiento de
fondo, porque los actores no señalaron de qué manera la expresión acusada
cercena el principio de imparcialidad del juez al indicar el orden de
introducción de las pruebas en la audiencia de juicio oral. Para tal efecto,
señala que la locución demandada no puede leerse de forma aislada, sino que
debe integrarse con el resto de la norma la cual dispone como regla general que
la Fiscalía es la primera en presentar las pruebas y luego lo hace la defensa.
Agrega que los demandantes no argumentaron con suficiencia cómo limita el
acceso a la administración de justicia el hecho de que el juez escoja el orden
de intervención de las partes, cuando, en razón al principio de igualdad de armas,
a cada uno de los intervinientes les está dado presentar sus pruebas para
probar la teoría del caso, encaminada a persuadir al funcionario para que falle
en uno u otro sentido.
También aduce que los demandantes
se limitaron a invocar los artículos 8º de la CADH y 14 del PIDCP sin exponer
la carga argumentativa mínima en que fundamentan la inconstitucionalidad del
precepto cuestionado.
En forma subsidiaria, pide a la
Corte declarar exequible la expresión acusada al considerar que la misma
refiere a los turnos en que las partes intervienen para presentar sus pruebas,
caso en el cual aduce que el complemento de la norma reguló la situación
estableciendo como regla que las pruebas de la defensa tendrán lugar antes que
las de la Fiscalía, siendo una situación que denominó lógica en el sistema
acusatorio y que no vulnera el principio de igualdad de armas.
En el mismo sentido, plantea que aun
pensando que la norma establece el orden de las pruebas que cada parte puede
presentar en el juicio oral, el interviniente estima que no se desconoce el
derecho de acceso a la administración de justicia “pues ello no implica per
se la negación de un medio de prueba idóneo para probar la teoría del caso que
se tenga, como ha debido quedar, conforme a las reglas de pertinencia y
conducencia, en la audiencia preparatoria antecedente al juicio oral”. Así,
una interpretación armónica de la expresión cuestionada permite conservar los
principios atinentes al sistema acusatorio adversarial, ya que consolida la
seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y la finalidad del proceso
que es la participación en el juicio de la Fiscalía y después de la defensa.
Por consiguiente, siempre que las
pruebas solicitadas por las partes hayan sido aceptadas en la audiencia de
decreto, su introducción al juicio conforme al orden que considere el juez no
afecta la teoría del caso de cada una de las partes, pues lo correspondiente es
darle el valor probatorio indicado de conformidad con las reglas de la sana
crítica para que no se afecte la imparcialidad del juzgador.
3.3. De la Comisión Colombiana
de Juristas
El área de incidencia nacional de
la Comisión Colombiana de Juristas manifestó la imposibilidad de emitir
concepto en el presente asunto, debido a otros compromisos laborales adquiridos
con anterioridad.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio
de sus competencias constitucionales el Procurador General de la Nación emite
concepto en el que solicita la declaratoria de exequibilidad del artículo 503
de la ley 1407 de 2010, por los cargos analizados.
Considera que
la norma acusada respeta los límites constitucionales que le son exigibles al
legislador, en el marco de su libertad de configuración normativa, en el diseño
del sistema penal militar con orientación acusatoria, en particular los
previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución, 8º de la CADH y 14 del
PIDCP.
El artículo
503 de la Ley 1407 de 2010 no afecta el esquema adversarial propio del sistema
penal acusatorio, eminentemente contradictorio, de acuerdo con la noción de
igualdad de armas que garantiza el derecho de defensa. Fundamenta esta afirmación
en que:
(i) Con anterioridad a la decisión judicial sobre el orden de
presentación de probatorio al que se refiere la norma demandada, ya existe
claridad acerca de las pruebas que se harán valer en el juicio, toda vez que
para ese momento ya se produjo el descubrimiento probatorio de los elementos
materiales de prueba llamados a convertirse en pruebas al ser practicadas en el
juicio, y cuya pertinencia y admisibilidad también fue estudiada previamente en
el respectivo proceso.
(ii) La dinámica del juicio conserva la esencia de un sistema penal
acusatorio dentro del cual el acusado se defiende de las aseveraciones de
culpabilidad por parte de la fiscalía, y una vez incorporado al proceso el
acervo probatorio, cada una de las partes alega de conclusión para reafirmar la
teoría del caso que trataron de construir desde el inicio de la controversia.
(iii) La potestad del juez de decidir sobre el orden en la presentación de
la prueba es solo una manifestación de su rol de director del proceso, sin que
ello altere su imparcialidad.
(iv) Mientras se mantengan separadas las funciones de investigación y
juzgamiento, garantizando la imparcialidad del juicio en un sistema penal de
corte acusatorio, el legislador puede adoptar una postura menos pasiva del juez
frente al hallazgo de la verdad procesal.
Concluye que la
norma acusada, de acuerdo a su contenido literal, no pone en entredicho la
imparcialidad del juez, y si en algún caso concreto, al hacer uso de la facultad
prevista en la norma, se llegare a presentar alguna situación que afecte su
neutralidad o genere desequilibrio entre las partes, para el efecto existen
remedios procesales como los impedimentos, las recusaciones, la intervención
del Ministerio Público, o el cambio de radicación del proceso, los cuales
deberán emplearse en cada caso en particular. Ello sin embargo, no conduce a
predicar la inexequibilidad del precepto.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia de la Corte
1. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad que se formula en esta ocasión, contra un artículo de una Ley
de la República.
Cuestión preliminar: Requisitos
de la acción pública de inconstitucionalidad para proferir fallo de mérito.
Estudio sobre la aptitud de la demanda.
2. Según se reseñó, varios
intervinientes solicitan a la Corte declararse inhibida para proferir decisión
de fondo en el presente caso, por cuanto (i) la demanda carece de certeza
al tratarse de un cargo construido no sobre el contenido literal de la
expresión demandada, sino sobre una interpretación subjetiva de la forma en qué
debe aplicarse la misma, es decir, sus efectos que comprometen la imparcialidad
del juez de conocimiento penal militar al disponer el orden de la prueba; (ii)
los argumentos que exponen los demandantes son idénticos a los que estudió la
Corte en la sentencia C-144 de 2010 y frente a los cuales se declaró inhibida
para resolver una demanda de inconstitucionalidad en contra de un aparte
normativo análogo al acusado en esta ocasión; (iii) la demanda es insuficiente
porque los actores no señalaron de qué forma se desconoce el principio de
imparcialidad judicial y cómo limita el acceso a la administración de justicia
el hecho de que el juez penal militar escoja el orden de intervención de las
partes en la audiencia de juicio; y, finalmente, (iv) los demandantes no
asumieron la carga argumentativa de confrontar la expresión acusada con los
artículos 8 de la CADH y 14 del PIDCP, incumpliendo con ello el requisito de especificidad.
3. Para atender estos argumentos
previos, la Corte recordará los requisitos formales que establece el Decreto
2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional para estructurar un cargo de
inconstitucionalidad. Posteriormente, abordará el estudio concreto de aquellos
argumentos con el fin de determinar si el cargo que presentan los demandantes
es apto para emitir un pronunciamiento de fondo. Solo sí ese estudio es
superado, planteará el problema jurídico y emprenderá el análisis del mismo
desde una perspectiva constitucional.
Requisitos formales para
calificar la aptitud de un cargo de inconstitucionalidad. Reiteración de
jurisprudencia.
4. El
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 prevé las condiciones formales para la
admisibilidad del cargo de inconstitucionalidad.  Dentro de ellas se encuentra
la formulación de las razones que sustentan la acusación, aspecto respecto del
cual la jurisprudencia constitucional ha determinado un grupo de requisitos
sustantivos mínimos, destinados a que la argumentación que formule la demanda ofrezca
un problema jurídico discernible, que permita a su vez un pronunciamiento de
fondo.
Estos requisitos refieren las
condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad.[1]
4.1. La claridad de un cargo se
predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite
a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su
justificación.  Aunque merced al carácter público de la acción de
inconstitucionalidad no resulta exigible adoptar una técnica específica como sí
sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se
encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos
de modo tal que sean plenamente comprensibles.
4.2. La certeza de los argumentos
de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una
proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no
sobre una distinta, inferida por el demandante,  implícita o que hace parte de
normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces,
es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal
verificable a partir de la interpretación del texto acusado.
4.3. El requisito de especificidad
resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de
naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias
a la Carta Política.  Este requisito se refiere, en estas condiciones, a que
los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido
que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de
establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando
inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de
argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[2]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[3].”[4]
4.4. Las razones que sustentan el
concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en
argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación
del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto
demandado.”[5].
En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales
o doctrinarias;  la interpretación subjetiva de las normas acusadas por
parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y
concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas
inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de
pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
4.5. Por último, la condición de
suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad de que las
razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento
apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la
presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una
duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera
que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”[6]
En palabras expresadas por el
Pleno de la Corte en la sentencia C-050 de 2015[7], la
suficiencia persigue “(…) que la carga argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de
una forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la
inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta
manera, se deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda
pretender desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del
ordenamiento jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional
que se deriva del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales
del procedimiento democrático de producción de normas y por tanto amerite el
adelantamiento de un estudio de constitucionalidad”.
5. El cumplimiento de todos estos
requisitos aseguran que la Corte cuente con herramientas jurídico
argumentativas que le permitan resolver un debate cierto dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara toda norma legal y la habilita
para emitir un pronunciamiento de mérito. Cuando estos requisitos se incumplen,
la Corte debe declararse inhibida para fallar por falta de aptitud sustancial
de la demanda, ante la inexistencia de un verdadero cargo que ponga en duda
mínima la presunción de constitucionalidad.
Estudio de aptitud de la
demanda
6. En el
presente caso, la Sala observa que los demandantes acusan de inconstitucional
la expresión “el juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba”
contenida en el artículo 503 del Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010),
porque la asignación al Juez Penal Militar de la facultad de decidir en la
audiencia preparatoria sobre el orden en que la Fiscalía Penal Militar y la
Defensa deben introducir las pruebas en el juicio de corte marcial, se traduce
en una violación del principio de imparcialidad objetiva del juez en tanto
afecta directamente la estrategia preparada por las partes para acudir al
juicio demostrando su teoría del caso a través de la secuencia probatoria que
cada una de ellas define para probar su pretensión, desconociendo con ello los
derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia (art. 29
y 229 Superiores).
En criterio de
los actores, el juez de conocimiento al definir el orden en que las partes
proceden a la práctica y presentación de las pruebas en el juicio marcial,
afecta su neutralidad y su pasividad en materia probatoria que es
característica del sistema penal acusatorio, además de restringir la estrategia
de las partes, toda vez que se forma una convicción del caso que ulteriormente
debe sentenciar, toma partido a favor de alguna de las partes con el orden
probatorio señalado y goza de facultades excesivas propias de un modelo penal
inquisitivo. Así, exponen un prejuzgamiento o una inclinación anticipada del
juez de conocimiento penal militar que se debe evitar.
También
invocan que la expresión cuestionada quebranta los artículos 8º de la CADH y 14
del PIDCP.
7. Analizado
en su integridad el anterior cargo, la Sala observa que el mismo cumple el
requisito de claridad porque la demanda mantiene una coherencia
argumentativa de la cual se puede extraer con precisión los planteamientos de
inconstitucionalidad que presentan los actores y su justificación.
8. Así mismo,
cumple el requisito de certeza porque el cargo que proponen los
demandantes se dirige contra una proposición normativa efectivamente contenida
en la disposición acusada, habida consideración que en la audiencia preparatoria
a la corte marcial, el Juez Penal Militar de conocimiento debe decidir el orden
en que las pruebas decretadas deben ser practicadas y presentadas por las
partes en la audiencia de juicio marcial, lo cual pone de presente que el juez
como director del proceso impone una secuencia probatoria para la etapa del
juicio que es necesario auscultar si compromete su imparcialidad objetiva y si
afecta la estrategia que la Fiscalía Penal Militar y la Defensa han definido
para exponer su teoría del caso con cada prueba en concreto.
8.1. A la
anterior conclusión se llega a partir del contenido legal verificable de la
norma, esto es, su alcance desde los métodos de interpretación. En primer
lugar, del contenido literal e histórico de la locución censurada se extrae que
en la audiencia preparatoria propia del proceso penal de tendencia acusatoria
que fue implantado para la justicia especializada penal militar con la Ley 1407
de 2010[8],
corresponde al juez decidir el orden en que debe presentarse la prueba en
desarrollo de la Corte Marcial, sistema en el cual por principio el juez de
conocimiento cumple una función neutral y pasiva respecto del recaudo
probatorio que refiera a los hechos de la acusación como garantía de los
principios adversarial y de igualdad de armas. En segundo lugar, una
interpretación sistemática con el contenido restante del artículo 503 de la Ley
1407, permite señalar que por disposición del legislador la regla general para
presentar los elementos materiales de prueba y la evidencia física está dada
por turnos, correspondiendo a la Fiscalía introducir los medios de prueba al
juicio marcial antes que a la Defensa y eso se explica por la función de
acusación que cumple la Fiscalía tendiente a desvirtuar la presunción de
inocencia. La excepción a esa regla de turnos probatorios tiene lugar cuando se
trata de la presentación de pruebas de refutación, en cuyo caso el material
probatorio es ofrecido primero por la Defensa y luego por la Fiscalía Penal
Militar.
8.2. Establecido
lo anterior, en tercer lugar, la Sala observa desde una interpretación lógica y
finalista de la norma, que la parte inicial del artículo 503 de la Ley 1407 de
2010 no refiere a los turnos probatorios asignados a las partes para presentar
los diferentes medios de prueba al juicio marcial porque, como se explicó, fue
definido directamente por el legislador ordinario. Siendo ello así, advierte
que la decisión del Juez Penal Militar de conocimiento frente al orden en que
deben practicarse y presentarse las pruebas en la audiencia de juicio marcial,
refiere de forma individual a los medios de prueba admitidos y decretados como
pertinentes en la audiencia preparatoria para demostrar los hechos en que se
fundamentan la acusación y la defensa. Entonces, es el juez de conocimiento el
que define la secuencia probatoria que ha de seguirse en la Corte Marcial, lo
cual ubica la norma en una de naturaleza instrumental que le permite al
juez ejercer la dirección del proceso penal militar y, particularmente, de la
audiencia de Corte Marcial en cuanto a la introducción de los elementos
materiales de prueba y la evidencia física presentados primero por la Fiscalía
Penal Militar y luego por la Defensa.
8.3. De esta
forma, la Sala considera que del contenido legal verificable de la expresión
demandada se extrae que el Juez Penal Militar de conocimiento en la audiencia
preparatoria al juicio marcial define la secuencia en que se practicaran los
diferentes medios de prueba decretados, situación que en el marco del proceso
penal militar de tendencia acusatoria conlleva a evaluar si tal facultad
compromete el principio adversarial que erige al juez como un tercero imparcial
frente a las estrategias diseñadas por las partes para sustentar la teoría del
caso que tanto la Fiscalía Penal Militar como la Defensa expondrán en la
audiencia de juicio marcial. De allí que esta Corporación estime que el cargo
propuesto por los demandantes se dirige contra una proposición normativa
efectivamente contenida en la disposición acusada según el alcance interpretativo
dado a la misma, y no corresponde a meras interpretaciones subjetivas sobre sus
efectos.
9.  La demanda
acredita el requisito de especificidad porque el cargo planteado por los
actores explica la presunta vulneración de los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política por parte de la locución acusada, ya que en sentir de
aquellos el que el juez defina la secuencia probatoria que se debe seguir en la
audiencia de juicio marcial, quebranta la
imparcialidad objetiva que debe predicar el juez en el modelo penal militar de
tendencia acusatoria en tanto afecta directamente la
estrategia preparada por las partes para demostrar su teoría del caso en juicio
y, de esa forma, cercana el debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia.
10. Cuestión
diferente acontece con la enunciación que hacen los demandantes invocando como
parámetros de control a tener en cuenta los artículos 8º de la CADH y 14 del
PIDCP, habida consideración que, como fue puesto de presente por dos
intervinientes en esta acción pública de inconstitucionalidad, los actores
omitieron establecer una oposición objetiva y verificable entre el contenido
del precepto censurado y el texto de aquellos artículos. Olvidaron presentar
argumentos concretos y directos frente a esos parámetros de control que hacen
parte de la Constitución Política a través del bloque de constitucionalidad, es
decir, no definieron la acusación y ello impide adelantar el juicio abstracto.
Por
consiguiente, la Corte se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo sobre el
presunto desconocimiento de los artículos 8º de la CADH y 14 del PIDCP por
parte de la expresión acusada, debido a la ineptitud sustancial de la demanda
que no asumió la carga argumentativa mínima que requiere la acción pública de
inconstitucionalidad.
11. El cargo
planteado por los actores goza de pertinencia por cuanto confronta la
garantía del juez imparcial como núcleo del debido proceso y el derecho de
acceso efectivo a la administración de justicia a través de las estrategias
penales propias de la teoría del caso que construyan las partes para exponer en
la audiencia de juicio oral, con el contenido de la expresión acusada que
faculta al juez para decidir en la audiencia preparatoria la secuencia en que
las pruebas deben ser practicadas y presentadas en la audiencia de Corte
Marcial. Se trata entonces de un cargo basado en argumentos de índole
constitucional que se enfrentan con el contenido y alcance de la locución
demandada, sin obedecer a interpretaciones subjetivas por parte de los actores,
como ya fue explicado.
12.
Finalmente, la demanda cumple el requisito de suficiencia porque,
contrario a lo que afirman algunos intervinientes, la Corte estima que los
demandantes presentan argumentos que despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la expresión censurada del artículo 503 de la ley 1407 de
2015, en cuanto el Juez Penal Militar de conocimiento al definir el orden en
que deben introducirse los elementos materiales de prueba y la evidencia física
durante la audiencia de juicio Corte Marcial, eventualmente puede asumir una
postura a favor de alguna de las partes que privilegie o incluso afecte la
estrategia trazada en la teoría del caso por la Fiscalía Penal Militar y por la
Defensa, situación en la cual se debe determinar si afecta el debido proceso y
el acceso efectivo a la administración de justicia ya que la función neutral
del juez en la etapa de juicio luce como principio rector del sistema penal
acusatorio. Según indican los demandantes, son las partes en el sistema
adversarial las que deben definir el orden en qué presentan las pruebas al
juicio de acuerdo con la fuerza y convicción que las mismas proyecten,
correspondiéndoles decidir cuál practican primero y la secuencia probatoria a
seguir para demostrar su pretensión. Entonces, surge para la Corte la duda de
si la expresión demandada causa un desequilibrio en el debate probatorio al
interior del juicio penal militar, que dada su naturaleza de adversarial, debe
propender por la ecuanimidad del juzgador.
13. Ahora
bien, a pesar de advertir que la demanda cumple con todos los requisitos
formales para habilitar un pronunciamiento de mérito, la Corte considera que
las sentencias C-648 de 2006 y C-144 de 2010 no constituyen un precedente
relevante para motivar una inhibición, y menos aun cuando las decisiones allí
proferidas no hacen tránsito a cosa juzgada constitucional por tratarse de fallos
inhibitorios que en nada impiden el estudio de fondo de la presente demanda.
13.1. En línea
de principio debe señalarse que el artículo 362 de la Ley 906 de 2004 “por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” contiene un texto
normativo idéntico al que ahora se acusa, la diferencia radica en que esa ley
refiere al sistema penal ordinario de tendencia acusatoria, mientras que
la Ley 1407 de 2010 limita su campo de aplicación a la justicia especial
penal militar también con actual tendencia acusatoria. Aquel artículo que
se ubica en el título correspondiente a la audiencia preparatoria al juicio oral,
señala:
“ARTÍCULO 362. DECISIÓN SOBRE EL ORDEN
DE LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA. El juez decidirá el orden en que
debe presentarse la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar
antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas
pruebas de refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y
luego las de la Fiscalía”.
Como se
observa, la parte inicial del artículo corresponde con exactitud al texto
normativo que se cuestiona del artículo 503 de la Ley 1407 de 2010.
13.2. La
expresión “el juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba”
del artículo 362 de la Ley 906 de 2004 ha sido objeto de demanda de
inconstitucionalidad en dos ocasiones que se resumen así:
13.2.1. La
primera de ellas corresponde a la sentencia C-648 de 2006[9],
en la cual el actor afirmó que la expresión demandada violaba el artículo 250-4
de la Constitución Política, porque dentro de las facultades soberanas del
Fiscal está la de presentar el escrito de acusación ante el juez de
conocimiento y ello supone que quienes deben determinar el orden de
presentación de las evidencias son las propias partes, es decir, el ente
acusador y la defensa. El que el juez asuma esa función le permite direccionar
la estrategia de las partes y lo convierte en un interviniente del proceso
penal, sumado a que le impone conocer todas las pruebas para darle un orden
lógico probatorio.
Al respecto la
Corte consideró, a título de ratio decidendi, que las afirmaciones de la
demanda constituían interpretaciones subjetivas del actor sobre la forma en que
se ha de dar aplicación al artículo 362 del CPP, que no se derivaban de su
texto, leído dentro del contexto del capítulo en el cual está inserto. Así,
precisó que la demanda no era clara en cuanto a los motivos por los cuales el
juez, al determinar el orden de presentación de las pruebas, se convertía en
parte, sumado a que partía de un supuesto errado y era que el juez debía
conocer todas las pruebas para definir el orden de las mismas. Así las cosas,
esta Corporación se declaró inhibida para resolver de fondo por ineptitud
sustancial de la demanda.
Para nuestro
caso, esta sentencia no constituye un precedente relevante por al menos tres
razones. En primer lugar, el parámetro de control que se invocó en esa ocasión
dista del planteado en esta oportunidad por los demandantes; en segundo lugar, existen
diferencias de contexto entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal
militar que tiene características especiales dado los sujetos y el ámbito de
aplicación; y, en tercer lugar, la acusación planteada en la sentencia C-648 de
2006 partía de la base de que el juez penal debía conocer el contenido de la
totalidad de los medios de prueba en la audiencia preparatoria para proceder a
impartir un orden en la introducción de las mismas al juicio, argumento del
actor que no consultaba la estructura del juicio oral y correspondía a apreciaciones
subjetivas del mismo.
Por el
contrario, la presente demanda de inconstitucional se basa en que la definición
por parte del Juez Penal Militar del orden en que deben presentarse los medios
de prueba en el juicio Corte Marcial, compromete la imparcialidad
objetiva que debe predicar el juez en el modelo penal militar de tendencia
acusatoria en tanto afecta directamente la estrategia
preparada por las partes para demostrar su teoría del caso en el juicio, es
decir, el juez de conocimiento sin haber tenido contacto con los elementos
materiales de prueba ni con la evidencia física que se pretende hacer en
juicio, toma una decisión sobre la secuencia probatoria en que se deben
practicar y presentar las pruebas que presuntamente puede afectar el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia de las partes en la
contienda adversarial. Nótese entonces que la argumentación dista de la
esgrimida en la demanda que dio origen a la sentencia C-648 de 2006, y por ello
no resulta relevante para sostener en el presente caso un fallo inhibitorio.
13.2.2. La
segunda sentencia que se ha pronunciado sobre la expresión inicial del artículo
362 de la Ley 906 de 2004, es la C-144 de 2010[10]. En esa
oportunidad el demandante señaló, a partir del artículo 361 del CPP que prohíbe
el decreto de pruebas de oficio por el juez penal de conocimiento, que “no
puede el juez del proceso (…) indicar a las partes cómo presentar sus pruebas
en un juicio donde su rol le impide tomar partido de la acusación o de la
defensa; la imparcialidad y el precedente jurisprudencial, hacen que el juez
solamente tenga como prueba aquella que ha sido decretada en audiencia
preparatoria y vertida al juicio”. Así, señaló que son las partes las que
realizan las peticiones probatorias e indican al juez la manera cómo
presentaran a sus testigos, peritos y evidencias, definiendo el orden de
prelación de las mismas en el juicio. Con base en lo anterior, el demandante
estimó vulnerado el principio de imparcialidad del juez, en la medida en que no
puede suplir la voluntad de las partes ya que fijar el orden de introducción del
material probatorio equivale sin más a un decreto oficioso de nuevas pruebas.
La ratio
decidendi de esa sentencia sostuvo que la demanda no cumplía los requisitos
de certeza y especificidad. El primero, por cuanto el actor resulta acusando
una proposición jurídica irreal e inexistente ya que no tuvo en cuenta el
complemento de la disposición que señala el turno de presentación de la prueba
en el juicio correspondiendo a la Fiscalía y luego a la defensa; y, el segundo,
porque el cargo no realizó una oposición objetiva y verificable entre el
contenido del CPP acusado y los artículos 29 Superior, 8º de la CADH y 14 del
PIDCP, que permitiera inferir que el juez suple la voluntad de las partes en
cuanto a la prueba de su pretensión y termina decretando el orden como si se
tratara de prueba de oficio. A partir de esos planteamientos, la Corte se
inhibió de emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión demandada
del artículo 362 de la Ley 906 de 2004.
Revisada la
anterior sentencia, la Sala considera que la misma tampoco constituye un
precedente vinculante en cuanto a la inhibición, porque el cargo propuesto
sobre el compromiso de la garantía del juez imparcial se fundó en que el
sentenciador al definir el orden de introducción de la prueba en la audiencia
de juicio oral terminaba desconociendo la prohibición en materia de decreto
oficioso de pruebas, punto neurálgico que dista del planteado ahora, habida
cuenta que el debate se centra en determinar si la facultad otorgada al juez
para decidir en la audiencia preparatoria del proceso penal militar el
orden en que deben presentarse las pruebas en el juicio de corte marcial,
desconoce la imparcialidad objetiva del juzgador en tanto afecta la estrategia
preparada por las partes para demostrar su teoría del caso en juicio, limitando
por consiguiente del debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. Es más, dada la especialidad del proceso penal militar, en éste es
posible que el juez de conocimiento pueda decretar las pruebas de oficio que
estime esenciales para influir en el resultado del juicio (inciso 4º del
artículo 499 de la Ley 1407 de 2010).
Sumado a lo
anterior, la Sala considera que el alcance de la norma demandada permite
diferenciar entre los turnos de presentación de la prueba que fueron definidos
por el legislador, y la decisión del Juez Penal Militar de señalar el orden en
que deben ser practicados y presentados cada medio de prueba individual durante
el juicio marcial, pues ésta última situación persuade sobre la presunta inconstitucionalidad
de la expresión censurada ante la posible afectación a las estrategias de acusación
y defensa de las partes en la Corte Marcial.
14. En este
orden de ideas, las razones expuestas permiten a la Sala afirmar que el cargo
que presentan en esta oportunidad los demandantes es apto porque cumple con los
requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, que
habilitan proveer de fondo frente al presunto quebranto de los artículos 29 y
229 Superiores.
Lo propio no
acontece en torno de los artículos 8º de la CADH y 14 del PIDCP, toda vez que
los actores no asumieron la carga argumentativa mínima para explicar cómo la
locución demandada los desconoce. Por consiguiente, la Corte se inhibe de
emitir pronunciamiento de mérito sobre los mismos como parámetro de control del
cargo planteado por los demandantes.
15. Definido
lo anterior, la Corte concretará el problema jurídico del cual se ocupará y la
orientación temática a seguir con miras a impartir una respuesta
constitucional.
Problema
jurídico planteado y metodología de decisión
16. De acuerdo
con los argumentos expuestos en la demanda, corresponde a la Corte determinar si la norma que faculta al juez para decidir en la
audiencia preparatoria del proceso penal militar, el orden en que deben
presentarse las pruebas en el juicio de corte marcial, quebranta la
imparcialidad objetiva que debe predicar el juez en el modelo penal de
tendencia acusatoria en tanto afecta directamente la
estrategia preparada por las partes para demostrar su teoría del caso en juicio
y, por ende, es contraria al debido proceso y a la
garantía de acceso imparcial a la administración de justicia (arts. 29 y 229
Superiores).
17. Para
estudiar el problema jurídico planteado, esta
Corporación adoptará la siguiente metodología de decisión: comenzará por
referirse al amplio margen de configuración que tiene el legislador para
diseñar los procedimientos, de forma posterior aludirá a las especialidades
propias de la justicia penal militar y su definición como sistema procesal de
tendencia acusatoria. Seguidamente recordará la jurisprudencia constitucional
sobre la garantía de imparcialidad del juez como fundamento del debido proceso
y del acceso a la administración de justicia. Luego referirá al rol de Juez Penal Militar como director
del proceso y la neutralidad probatoria que debe predicar en la etapa de juicio
en el marco del esquema adversarial; y, por último, abordará el estudio
concreto de la expresión censurada con base en el cargo propuesto por los actores.
La potestad
de configuración legislativa en materia de procedimientos y sus límites
constitucionales[11].
18. Los
numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, establecen la
cláusula general de competencia que atribuye al legislador la función de hacer
las leyes, expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar
sus disposiciones. Debido a ello, goza de un amplio margen de autonomía o
libertad de configuración normativa para evaluar y definir sus etapas,
características, términos, efectos y demás aspectos de las institucionales
procesales en general, así como los poderes y deberes del juez, que han de
orientar a las personas para que puedan ejercer de forma legítima sus derechos
ante las autoridades públicas, en especial el debido proceso (artículo 29 de la
CP) y el acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 de la
CP), constituyéndose en reglas que consolidan la seguridad jurídica, la
racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar
el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho.
19. Justamente
el Congreso de la República que es competente para expedir los códigos de todos
los ramos de la legislación, goza de un amplio margen de configuración para
desarrollar esa función, por cuanto a través de ella busca atender los
requerimientos y particularidades propias de las cambiantes exigencias de la
realidad nacional y las especialidades que se demandan. Con el fin de otorgarle
desarrollo, “por regla general, la determinación de los sujetos procesales y
de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos, hace parte de
la libertad de configuración normativa del legislador que debe responder a las
necesidades de la política legislativa, para lo cual evalúa la conveniencia y
oportunidad de los mecanismos o instrumentos procesales para hacer efectivos
los derechos, libertades y las garantías públicas respecto de ellos”[12].
20. Sin
embargo, esto no significa que dicha libertad sea absoluta, pues encuentra su
límite en que las regulaciones legales cumplan los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. Es más, puede llegar a imponer restricciones a los derechos o
establecer tratos diferenciados, siempre y cuando concurran tales criterios que
permitan garantizar el ejercicio eficaz y útil de los derechos.
Como ha
reconocido la jurisprudencia constitucional, tal libertad se ve limitada “por
la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas
se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan
la realización material de los derechos sustanciales”[13].
Con todo, tal potestad legislativa de configuración no puede consistir en
regulaciones   excesivas o irrazonables que se conviertan en obstáculos a la
efectividad de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y
participación en las decisiones que afectan a las personas cuando existe un
interés directo de éstas.
21. Así, la
Corte ha identificado limitaciones que surgen de la propia Constitución a esta
libertad de configuración y las ha sintetizado como subreglas en cuatro
ítems: “(i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la
justicia y la igualdad entre otros; (ii) que vele por la vigencia de los
derechos fundamentales de los ciudadanos[14]
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; (iii)
que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la
definición de las formas y (iv) que permita la realización material de los
derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas
(artículo 228 C.P.)[15]”[16].
22. De esta
forma, corresponde al juez constitucional verificar si el legislador actuando
con base en la cláusula general de competencia que le permite expedir los
códigos de todos los ramos de la legislación y regular los procedimientos,
respeta los límites constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad de las
medidas con el fin de garantizar los derechos fundamentales.
23.
Puntualmente, en materia de justicia penal militar, esta Corporación en la
sentencia C-737 de 2006[17]
señaló que “[l]a facultad para regular todo lo relacionado con la estructura
y funcionamiento de la Justicia Penal Militar ha sido reservada al legislador,
quien en ese campo goza de un amplio margen de configuración política para
definir: (i) los comportamientos constitutivos de delito que de acuerdo con su
competencia deben ser conocidos por esa jurisdicción especial, (ii) los
procedimientos especiales que debe regir los juicios y, en general, (iii)
todo lo relacionado con los órganos específicos que la integran y con su
régimen de personal, lo cual incluye la creación y supresión de cargos, la
forma de provisión, permanencia y retiro, y la fijación de los requisitos y
calidades requeridas para el ejercicio de los mismos” (negrillas fuera del
texto original).
24. Así las cosas, en materia de regulación de los
procedimientos que se deben seguir en la justicia penal castrense, el
legislador goza de un amplio margen de configuración normativa, el cual se
encuentra limitado por la Constitución y por los tratados internacionales que
hacen parte del bloque de constitucionalidad.
La justicia
penal militar como un órgano especial de la Rama Ejecutiva que administra
justicia bajo el sistema procesal de tendencia acusatoria.
25. En el
marco del Estado social de derecho la Fuerza Pública cumple un papel relevante
y se encuentra sometida bajo lineamientos estrictos a una justicia
especializada. Así, las Fuerzas Militares tiene como finalidad constitucional
primordial la defensa de la soberanía, de la independencia, de la integridad
del territorio nacional y del orden interno, mientras que la Policía Nacional
como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, tiene por fin básico el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los deberes y
libertades públicas, además de asegurar que los habitantes del territorio
nacional convivan en paz.
26. Estas
labores fundamentales para el desarrollo de la sociedad colombiana, dada la
especialísima función, conllevaron a que el Constituyente estableciera en el
artículo 221 Superior, que los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
que cometan conductas punibles relacionadas con el servicio mismo, serán
investigados y juzgados por Cortes Marciales y Tribunales Militares con arreglo
a las prescripciones del Código Penal Militar. De esta forma, diseñó el
denominado fuero penal militar[18]
que constituye una excepción al principio del juez natural ordinario, a partir
de las diferencias existentes entre los deberes y las responsabilidades que
tienen los ciudadanos y las que constitucionalmente deben asumir los
integrantes de la Fuerza Pública. Estos últimos cumplen una función especial,
exclusiva y excluyente, cual es, el monopolio del ejercicio coactivo del
Estado, que implica el uso y disposición de la fuerza legítima y el sometimiento
a unas reglas propias de la actividad militar, opuestas por naturaleza a las
que son aplicables a la vida civil.
27. Ahora
bien, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional[19],
la justicia penal militar no fue incluida entre los órganos que componen o
integran la rama judicial, pero a pesar de ello el Constituyente primario le
asignó funciones jurisdiccionales al señalar en el artículo 116 Superior, que
administra justicia. La Corte ha reconocido que esa función la ejerce de forma
restringida, no tan solo por los sujetos llamada a juzgar, sino por los asuntos
de los cuales conoce[20].
Así, su ubicación orgánica dentro de la estructura estatal corresponde a un órgano
especial adscrito a la Fuerza Pública y que hace parte de la Rama Ejecutiva, el
cual se separa y distingue del esquema jerarquizado propio del mando militar[21].
28. Lo
anterior significa que la jurisdicción penal militar al administrar justicia en
el ámbito de su competencia excepcional, se ciñe a los términos, naturaleza y
características consagradas en el artículo 228 de la Carta Política, esto es,
administra justicia en forma autónoma, independiente y especializada, debiendo
en sus actuaciones otorgar preponderancia al derecho sustancial. Así mismo, se
le extiende el deber de garantizar a toda persona que intervenga en el marco
del proceso penal militar, las prerrogativas propias del artículo 229 Superior
que consagra el derecho de acceder a la administración de justicia.
Con ese mismo
horizonte, el mandato constitucional contenido en el artículo 230 Superior, que
reitera el que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio
de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del
derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial, es
aplicable también a la justicia penal militar. En igual forma las garantías que
se derivan de la generalidad de los procesos judiciales, tales como el respeto
por el debido proceso, la libertad, la doble instancia y el reconocimiento de
la dignidad humana, entre otros.
29. Debido a las especialidades
propias antes descritas, esta Corporación ha reconocido que la identidad entre
la justicia penal militar y la justicia penal ordinario no es plena y que, en
cambio, entre ambas jurisdicciones existen distinciones profundas que obligan
al legislador a conferir un trato abiertamente diferenciado[22] y a
expedir códigos separados regulando los temas penales y procedimentales de la
justicia ordinaria y de la justicia restringida penal militar.
30. Puntualmente, el anterior
Código Penal Militar recogido en la Ley 522 de 1999, fue cimentado sobre el
sistema procesal penal mixto de tendencia inquisitiva donde la justicia punitiva
se basada en la intervención activa del juez a lo largo del trámite por ser una
parte interesada en el resultado del proceso. Por ejemplo, el Juez Penal
Militar de Instrucción estaba arraigado al sistema inquisitivo donde su rol se
limitaba al recaudo de pruebas sin apoyo alguno de cuerpos de investigación, y
el Fiscal Penal Militar cumplía una función limitada a calificar la actuación,
bien con cesación de procedimiento o en su lugar con el proferimiento de la
resolución acusatoria. Esas situaciones fueron identificadas como problemáticas
porque generaron una alta congestión judicial, acrecentada por las demoras
propias del proceso escritural.
31. Con la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 03 de 2002 que matriculó a la justicia penal ordinaria en
el modelo procesal de tendencia acusatoria, otorgando a la Fiscalía General de
la Nación la obligación de adelantar el ejercicio de la acción y de realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de delito con
miras a realizar la acusación, y con su posterior desarrollo legal a través de
la Ley 906 de 2004 que diferenció las etapas de investigación, acusación y
juicio, el Gobierno Nacional en el año 2005 consideró indispensable reformar el
sistema procesal que había adoptado la justicia penal militar y por ello
presentó al Congreso de la República un proyecto de ley con la pretensión de “armonizar
las normas penales militares con el derecho penal contemporáneo, contar con un
esquema de delito coherente con la norma superior, una codificación sólida y
eficaz para resolver los asuntos puestos en conocimiento de la Jurisdicción
Penal Militar de forma pronta y efectiva. Se busca además con el proyecto,
superar esquemas dogmáticos, para dar paso a modernas tendencias del
pensamiento penal (…)”[23].
Frente al procedimiento penal
militar, la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma al Código Penal
Militar, señaló que el modelo a adoptar sería el sistema de tendencia
acusatoria para garantizar una pronta y oportuna justicia mediante la oralidad.
De tal forma que indicó como modelo a seguir el establecido en la Ley 906 de
2004, con algunas modificaciones relevantes para generar ajustes con las
especialidades propias de la justicia penal militar.  Así, como pilar
fundamental de la reforma se expuso que “(…) es imperioso la inmediación
probatoria donde solo se estima como prueba la que haya sido producida o
incorporada en forma pública, oral y concentrada, sujeta a la confrontación y
contradicción ante el juez de conocimiento, (…) dentro del marco del respecto
de los Derechos Humanos que debe ser irrestricto, como otro presupuesto
indispensable para que sea eficaz el nuevo Procedimiento Penal Militar”[24].
Con esos lineamientos cumplió
el procedimiento legislativo y fue expedida la Ley 1407 de 2010, la cual sigue
de cerca la estructura procesal penal de tendencia acusatoria que fue
implantada en el sistema ordinario mediante la Ley 906 de 2004. Tanto es así
que el Código Penal Militar reproduce en la mayoría de apartados y en la
estructura del proceso la que actualmente rige en la jurisdicción penal
ordinaria. De hecho, esta Corporación en la sentencia C-928 de 2007[25],
recientemente reiterada en la sentencia C-205 de 2016[26],
precisó que “el legislador, dentro del margen de configuración normativa de
que dispone, podría introducir algunas garantías procesales del sistema
acusatorio al proceso penal militar, sin que la introducción del modelo penal
acusatorio fuera constitucionalmente obligatorio respecto de ésta”.
32. Entonces, con base en lo
antedicho, la Sala concluye que la justicia penal militar si bien no hace parte
de la Rama Judicial, administra justicia por expresa habilitación
constitucional en los casos restringidos donde se acrediten los requisitos
funcional y subjetivo propios del fuero penal militar, esto es, respecto de
conductas punibles relacionadas directamente con el servicio y frente a los
miembros activos que hacen parte de la Fuerza Pública. Esta justicia penal
militar se encuentra adscrita a la Fuerza Pública e integra la parte orgánica
de la Rama Ejecutiva. A pesar de tal ubicación, debido al ejercicio de
funciones jurisdiccionales excepcionales, se encuentra guiada procesalmente por
los mismos principios y características generales del sistema penal ordinario
de tendencia acusatoria, sin que ello implique que desde el diseño
constitucional esta justicia esté obligada a asumir ese modelo procesal.
La garantía de imparcialidad
del juez como fundamento de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Especial enfoque en la imparcialidad objetiva
redenominada como imparcialidad institucional y del proceso.
33. El
artículo 29 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental el
debido proceso, enunciado para efectos del ius puniendi del
Estado como la garantía que tienen las personas a ser juzgadas conforme a las
leyes preexistentes al acto imputado, ante juez o tribunal competente, con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
34. La
normatividad constitucional alude a la competencia del juez o cuerpo colegiado
ante el cual se deba adelantar el proceso, garantía que no puede ser
interpretada de forma restrictiva, sino que implica una concepción amplia[27]
según la cual el juez competente debe ser imparcial en procura de materializar
una ausencia de partido o de posición frente al asunto, pero además una
neutralidad institucional y frente al proceso. De allí que la imparcialidad de
quien administra justicia es considerada como norma rectora e integrante del
debido proceso, en virtud de la cual el funcionario judicial deberá decidir “con fundamento en los hechos,
de acuerdo con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni
prevenciones, presiones o influencias ilícitas”[28].
Si bien en
nuestra Constitución no existe referencia expresa a la imparcialidad judicial,
esta garantía surge del derecho de toda persona a acceder a la administración
de justicia[29] para que se adelante el proceso
de acuerdo con las reglas de cada juicio y se resuelva el conflicto bajo el
imperio de la ley y la Constitución (artículos 29, 229 y 230 de la Carta).
Entonces, resulta lógico que del conjunto de las garantías procesales y
sustanciales que rodea a la administración de justicia, se incluye el derecho a
un juez imparcial.
También
la Corte ha precisado que la imparcialidad judicial “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente
a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y
ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos
necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la
responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de
responsabilidad judicial”[30].
35. Ahora bien, frente a la justicia penal
militar esta Corporación de vieja data ha reconocido la necesidad de preservar
el principio de la imparcialidad del juez penal militar, con el fin de impedir
que la jerarquía castrense termine influyendo en el resultado del proceso[31]. Por consiguiente, el
funcionario encargado de administrar justicia en el ámbito penal militar debe
gozar de las prerrogativas de independencia e imparcialidad para la valoración
de las circunstancias procesales y la toma de decisiones, las cuales resultan
determinantes para el logro de los objetivos de realización del orden justo que
es fundamento del Estado. Así, la imparcialidad en este campo equivale al
mantenimiento de la igualdad de partes durante el proceso.
36. De forma reciente esta Corporación se refirió
al principio de imparcialidad como base estructural del debido proceso en la
justicia penal militar de tendencia acusatoria. Lo hizo en la sentencia C-205
de 2016[32].
Allí efectuó un recuento sobre las decisiones de los tribunales internacionales
que han abanderado el desarrollo de la imparcialidad judicial[33], destacando que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) estableció la diferencia entre la imparcialidad
subjetiva y la imparcialidad objetiva, tomando como base las
exigencias del artículo 6 § 1 del Convenio europeo de salvaguarda a los
derechos humanos, en cuanto al proceso justo o equitativo.
37. Justamente  la Gran Sala del TEDH en la
sentencia del 15 de octubre de 2009, asunto Micallef Vs. Malta, señaló que  “la
imparcialidad se define normalmente a través de la ausencia de prejuicio o de
partido y puede apreciarse de diversas maneras. Según la jurisprudencia
constante de la Corte, respecto del artículo 6 § 1, la imparcialidad debe
apreciarse de acuerdo con criterio subjetivo, teniendo en cuanta la convicción
personal y el comportamiento de determinado juez, es decir, desde el punto de
vista de saber si éste ha tomado partido o prejuzgó personalmente determinado
caso y, de acuerdo con un criterio objetivo que consiste en determinar si el tribunal
ofrecía, por ejemplo, a través de su composición, garantías suficientes para
excluir toda duda legítima en cuanto a su imparcialidad”.
Además la misma sentencia profundizó definiendo
que la imparcialidad objetiva “consiste en preguntarse si,
independientemente del componente personal del juez, ciertos hechos
verificables autorizan a sospechar de la imparcialidad del tribunal”, y en
la sentencia del 26 de octubre de 1984 Cubber Vs Bélgica, el TEDH  indicó que
dicha imparcialidad objetiva puede verse comprometida cuando existen funciones
sucesivas de instrucción y juzgamiento que se concentran en un mismo operador
judicial, esto es, aquel que participó de forma activa en la instrucción previa
o en la detención preventiva teniendo acceso al material probatorio y,
posteriormente se ocupa de resolver en juicio sobre la acusación.
Entonces, a partir de esos fallos, la imparcialidad
objetiva se entiende garantizada cuando el juez de conocimiento no ha
tenido contacto anterior con el tema de decisión, de modo que ofrece garantías
suficientes en que no tomará inclinaciones intencionales e indebidas hacia uno
de los aspectos del debate.
38. Por su parte, en el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos que nos cobija, la CorteIDH no ha sido ajena a los desarrollos
de la imparcialidad judicial como elemento y presupuesto esencial del debido
proceso. Al respecto ha señalado que la imparcialidad supone que “el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador
cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.”[34] Lo
anterior, permite además que los tribunales inspiren la confianza necesaria
tanto a las partes como a la ciudadanía en general.
También ha apoyado, siguiendo al TEDH, las
perspectivas subjetivas y objetivas de la imparcialidad. Respecto a la primera,
ha precisado que se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente
por ejemplo en demostrar que algún miembro de un tribunal o juez guarda prejuicios o
parcialidades de índole personal contra los litigantes. Y frente a la segunda,
esto es, la imparcialidad objetiva, ha señalado que consiste en determinar si
el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores
legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello por cuanto
el juez debe actuar sin influencias ni presiones directas o indirectas, sino
movido únicamente por el Derecho[35].
En otras palabras, para apreciar la connotación objetiva de
la imparcialidad, se debe “determinar si
independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden
ser verificados autorizan a sospechar sobre la imparcialidad.”[36]
39. Al revisar en detalle las definiciones sobre
la imparcialidad subjetiva y objetiva que acuñó la CorteIDH, la sentencia C-205
de 2016[37]
planteó que “la explicación que dio de las diferencias entre estas no tiene
la claridad alcanzada por la jurisprudencia europea (…), [por cuanto]
confunde la llamada imparcialidad objetiva que denomina ‘prueba objetiva’, con
la imparcialidad subjetiva. Contrario a lo indicado por la Corte
Interamericana, la imparcialidad objetiva no se predica de la persona del juez,
en su subjetividad, cuya imparcialidad de juicio sí podría resultar afectada
por las influencias, presiones, amenazas, etc., a las que hace referencia el
fallo referido”.
Por consiguiente, como se tratan de expresiones
que pueden tender a confundirse en su concepto elemental, la Corte
Constitucional en esa sentencia redenominó los dos perspectivas de la
imparcialidad judicial, prefiriendo los nombre de imparcialidad personal,
de un lado, y del otro, imparcialidad institucional o del proceso.
Tratándose de esta última adujo que “es la que coincide con la
tradicionalmente llamada imparcialidad objetiva y se refiere a los elementos
orgánicos y funcionales que pueden afectar la percepción de objetiva que debe
ofrecer todo tribunal, respecto de los justiciables. Se parte del supuesto de
la necesaria confianza que debe inspirar la justicia en sus usuarios. A manera
simplemente enunciativa, la imparcialidad institucional y del proceso puede
verse afectada por la composición del tribunal, por la participación de sus
miembros en labores de consulta o asesoría institucional, o por la no
separación de las etapas de instrucción, acusación y juzgamiento”[38].
40. Como se advierte, la redenominada imparcialidad
institucional o del proceso corresponde con el criterio objetivo que venía
trabajando la jurisprudencia constitucional colombiana. Por ejemplo en las
sentencias C-1034 de 2006[39],
C-396 de 2007[40]
y C-762 de 2009[41],
al igual que en el Auto 169 de 2009[42],
la Corte indicó que dicho criterio refiere a que un eventual contacto anterior
del juez con el caso sometido a su consideración, desde el punto de vista
funcional y orgánico, debe excluir cualquier duda razonable sobre la
imparcialidad. Significa lo anterior que el encargado de sentenciar no haya
tenido un contacto previo con el tema a decidir y, por lo tanto, cuando se
acerque al objeto del proceso carezca de prevenciones de ánimo que puedan
comprometer la garantía de brindar igualdad a las partes que acceden a que se
les administre justicia.
41. Con todo, cuando la garantía de imparcialidad
judicial se quebranta o lesiona en cada caso concreto, su protección se
equilibra mediante el uso de herramientas procesales tales como los
impedimentos, las recusaciones y la objeción de conciencia. Cuestión diferente
acontece con la evaluación en abstracto de la imparcialidad institucional o del
proceso por parte de la Corte Constitucional, porque ella solo se habilita
mediante el ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes.
42. A partir de la anterior orientación, a título
de síntesis, la Sala concluye que la garantía de imparcialidad judicial irradia
las diferentes etapas de los procesos judiciales y constituye un pilar
fundamental de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia. Tal garantía cuenta con dos prerrogativas, a saber: la
imparcialidad personal o subjetiva, y la imparcialidad institucional o
del proceso también conocida como imparcialidad objetiva. Por ser
relevante para el estudio de la expresión acusada, la Corte entiende que la
imparcialidad institucional o del proceso se garantiza cuando el juez de conocimiento no ha tenido contacto
anterior con el tema de decisión, de modo que ofrece garantías suficientes para
excluir cualquier duda razonable por cuanto mantiene su neutralidad frente a
los asuntos propios del desarrollo del proceso, sin generar inclinaciones intencionales
e indebidas hacia uno de los aspectos del debate.
El rol de Juez Penal Militar
como director del proceso y la neutralidad probatoria que debe predicar en la
etapa de juicio en el marco del esquema adversarial.
43. A partir de la Ley 1407 de
2010, la justicia penal militar colombiana adoptó un esquema procesal de
tendencia acusatoria, lo cual trajo consigo una transformación de la dinámica
del proceso penal militar y una redefinición del concepto de verdad que está
sujeta al escrutinio de la contraparte, y principalmente a un tercero imparcial
que en este caso es el Juez Penal Militar.
44. En este modelo procesal
penal que tiene grandes similitudes con el establecido en la Ley 906 de 2004,
se diferencian principalmente dos etapas: una preliminar denominada investigación,
y otra que corresponde al juzgamiento que comienza con la acusación e
incluye las audiencias preparatoria y de juicio marcial. En ese sentido, el
momento que determina el inicio de la acción penal está ceñido a la presentación
de la acusación ante el Juez Penal Militar de conocimiento, punto a partir del
cual se traba la relación jurídico-procesal entre los intervinientes.
Desde la exposición de motivos
del proyecto de ley de reforma al Código Penal, se afirmó que la función
principal del Juez Penal Militar imparcial consiste en evaluar la
responsabilidad del acusado con fundamento en las pruebas que son presentadas a
su conocimiento de manera pública, oral, concentrada, con plena confrontación y
contradicción, como principios rectores del nuevo proceso penal militar[43].
45. Particularmente haciendo
referencia a la etapa de juzgamiento, el rol del Juez Penal Militar de
conocimiento es ser el director y responsable de llevar adelante el juicio de
Corte Marcial con todas las garantías procesales y sustanciales propias del
debido proceso, encaminadas en todo caso a averiguar la verdad real y concretar
el deber de búsqueda de la justicia material[44]. Por consiguiente, al
Juez Penal Militar de conocimiento le está vedado inmiscuirse en las funciones
de acusación porque rompería las garantías de igualdad, de un juicio justo y
terminaría comprometiendo la imparcialidad judicial, ya que es de su esencia
limitarse a calificar jurídicamente los hechos por los cuales se acusa a un
sujeto y determinar la consecuencia jurídica de ellos a través de la emisión de
la sentencia.
46. Ahora bien, mientras que en
el sistema penal ordinario de tendencia acusatoria regido por la Ley 906 de
2004, con nitidez el artículo 361[45]
establece como regla estructural la pasividad probatoria del juez de
conocimiento en la etapa de juzgamiento, pues no sólo está impedido para
practicar pruebas sino que está obligado a decidir con base en las que las
partes le presentan a su consideración, lo propio no acontece en el marco de la
actual justicia penal militar.
47. De hecho una de las grandes
diferencias en materia probatoria entre la justicia penal ordinaria y la
justicia penal militar, es que en ésta el Juez Penal Militar de conocimiento en
la audiencia preparatoria se encuentra facultado excepcionalmente para, una vez
agotada la solicitud de pruebas por la Fiscalía Penal Militar y por la Defensa,
ordenar la práctica de las pruebas de oficio que estime necesarias por tener
influencia en el resultado del juicio. Así lo dispone el inciso 4º del artículo
499 de la Ley 1407 de 2010[46].
En otras palabras, si bien en principio se conserva el rasgo característico de
la pasividad probatoria del juez en la etapa de juzgamiento, el Código Penal
Militar contempla una excepción a la regla cuando resulte indispensable el decreto
y recaudo de una prueba de oficio para el resultado del proceso.
Esta norma fue objeto de
estudio por esta Corporación en la sentencia C-205 de 2016. En esa oportunidad
el cargo de inconstitucionalidad formulado planteaba la vulneración de los artículos
29 y 229 de la Constitución Política, por cuanto la carga de desvirtuar la
presunción de inocencia por medio de pruebas corresponde a la Fiscalía Penal
Militar, que es la autoridad que ejercer la acción penal, y no al juez porque,
según los demandantes, esa situación lo hace perder su imparcialidad,
neutralidad y equilibrio toda vez que termina prejuzgando en favor de una de
las partes en la audiencia preparatoria, antes de emitir la sentencia.
Al resolver el asunto, la Corte
comenzó por afirmar que la prohibición al juez penal ordinario de decretar
pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento “es una opción legítima, pero
no la única para garantizar el debido proceso”. Luego precisó que en la
justicia penal militar la facultad de decretar pruebas de oficio tiene por
finalidad buscar la verdad y materializar la justicia, sin que ello implique
que el juez dé crédito ciego a lo que resulte de dichas pruebas. En palabras de
esta Corporación: “el juez debe valorar los distintos medios de prueba con
el mismo desinterés y objetividad, independientemente de que hayan sido
aportadas por las partes o decretadas de oficio”[47],
y como su rol en el juicio se aleja de la investigación que conduce a la
acusación, entonces no se compromete la imparcialidad institucional y del
proceso porque no se ubica en una situación de prejuzgar la causa. Con base en
lo anterior, esta Corporación declaró exequible la facultad excepcional que en
materia probatoria consagró el legislador para el juez penal militar de
conocimiento.
48. Lo expuesto permite
entrever que la neutralidad probatoria que se predica en la etapa de
juzgamiento en el marco del proceso penal militar, impone que el juez de
conocimiento (i) no tenga una relación directa con el litigio con el fin
de mantener una posición objetiva al momento de evaluar los medios de prueba y
emitir la sentencia respectiva, es decir, no pueda hacerse una opinión
anticipada; y, (ii) su imparcialidad institucional o frente al proceso
se garantiza mediante la separación de las funciones de instrucción y de
juzgamiento a través del diseño de reglas al interior del proceso. De tal forma
que como lo señaló la sentencia C-396 de 2007, “la estricta separación de
las funciones del acusador y del juez, entonces, impiden que éste falle
conforme a sus propios prejuicios” habida cuenta que entra a conocer un
asunto con los elementos probatorios cuyo contenido se le presentan en la misma
oportunidad en la que deben ser evaluados.
49. De lo anterior se colige
que en el marco del proceso penal militar de corte adversarial, donde los
sujetos procesales involucrados en el juicio construyen cada uno por separado
su correspondiente teoría del caso, la neutralidad probatoria y por
consiguiente la imparcialidad del juez frente al proceso se protegen  con la separación funcional entre la instrucción y el
juzgamiento, de forma que la convicción que el investigador se haya formado
previamente no se imponga en las decisiones que se adopten en el juicio, al
quedar éstas a cargo de un servidor judicial distinto e independiente de aquél.
Y es que por no tratarse de un esquema adversarial puro, el Juez Penal Militar
de conocimiento no cumple un papel pasivo como si se tratara del árbitro de una
contienda, sino que actúa como director que procura la verdad real y la
justicia material.
50.
Con base en los anteriores lineamientos, la Sala seguidamente abordará el
estudio del cargo de inconstitucionalidad planteado por los demandantes en esta
oportunidad.
Análisis concreto de la expresión acusada: El Juez Penal Militar al
decidir en la audiencia preparatoria el orden en que deben presentarse las
pruebas en el juicio de Corte Marcial, no compromete su imparcialidad institucional
o del proceso ni afectar las estrategias de las partes.
51.
Los demandantes consideran que la facultad asignada al Juez Penal Militar de
decidir el orden en que las partes deben practicar e introducir las pruebas al
juicio de Corte Marcial, quebranta su imparcialidad objetiva (redenominada
institucional o del proceso) como eje fundamental de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia (arts. 29 y 229
Superiores), en tanto le permite al juez definir la secuencia probatoria a
seguir en el juzgamiento, afectando directamente la estrategia preparada por
las partes para demostrar su teoría del caso a partir del desarrollo de una
cadena probatoria tendiente a demostrar su pretensión. Plantean que el traslado
de esa facultad excesiva al juez desequilibra el debate probatorio al interior
del juicio penal militar, por cuanto éste se forma una convicción previa a
título de prejuzgamiento que compromete la ulterior decisión del caso.
52.
Para analizar el anterior cargo y generar un contexto acertado, la Corte
comenzará otorgando un acercamiento a la etapa de juzgamiento penal militar.
52.1.
De esta forma, en línea de principio debe señalar que una vez es presentado el
escrito de acusación por el Fiscal Penal Militar con el correspondiente
descubrimiento de los elementos materiales de prueba  específicos y la
evidencia física de la cual tenga conocimiento, y es surtida la audiencia de acusación
ante el juez castrense de control de garantías, el asunto es remitido al Juez
Penal Militar y Policial de conocimiento para que formalmente inicie la etapa
de juicio con la audiencia preliminar a la Corte Marcial.
52.2.
Posteriormente realiza la audiencia preparatoria que es el escenario
procesal en el cual las partes anuncian y solicitan las pruebas
que van a llevar al juicio marcial. Este es el momento propicio para que la
Defensa efectúe su particular descubrimiento probatorio -la Fiscalía lo hace de
manera previa en la audiencia de acusación-, a partir de lo cual, presentados
por los adversarios los medios de convicción que pretenden llevar a la Corte
Marcial y después de evacuar las manifestaciones de las partes de hacer
estipulaciones probatorias que den por demostrados algunos hechos trascendentes
para el caso, el Juez Penal Militar adelanta el examen de pertinencia y
admisibilidad de las pruebas solicitadas que refieran a los hechos de la
acusación, procediendo por ende al decreto de práctica de pruebas, el cual
excepcionalmente puede ser complementado con las pruebas de oficio que
determine el operador castrense de conocimiento y con aquellas que solicite el
Ministerio Público por estimarlas relevantes en el resultado del juicio.
52.3.
Siguiendo de cerca el artículo 498 del Código Penal Militar, los fines que
persigue la audiencia preparatoria son los siguientes: (i) generar por
las partes las observaciones correspondientes al descubrimiento de los
elementos probatorios, punto que resulta crucial porque es allí donde se puede
advertir que tal descubrimiento está incompleto o requiere mayor precisión. Si
bien no se expone el contenido directo de la prueba, sí se procede a hacer una
enunciación de la misma y de su objeto con el fin de garantizar el principio de
igualdad de armas entre los intervinientes; (ii) descubrir los elementos
materiales probatorios y la evidencia física en poder de la defensa, que
pretenda hacer valer en juicio marcial a título de descargo; (iii)
enunciar por parte de la Fiscalía Penal Militar y de la Defensa, todos los
medios de prueba que harán valer en la audiencia del juicio oral y público; (iv)
realizar las estipulaciones probatorias[48] que
determinen de común acuerdo las partes, caso en el cual reconocen algunos
hechos y la forma de probarlos con la orientación de evitar un juicio largo,
inane y reiterativo en materia probatoria que atente contra los principios de
efectividad y celeridad propios del sistema penal militar de tendencia
acusatoria. Así, si se estipuló probado un hecho específico, resulta
improcedente el decreto de pruebas sobre ese punto; (v) otorgar al
procesado una nueva oportunidad para que manifieste si se allana o no a los
cargos base de la acusación; y (vi) permitir a las partes que por
solicitud expresa los elementos materiales probatorios y la evidencia física
sean exhibidas con el único fin de ser reconocidas.
52.4.
Cumplidos esos fines que corresponden al desarrollo de la primera parte
audiencia preparatoria, se inicia la segunda fase relacionada con el debate
sobre la ilicitud probatoria. Con base en ello, las partes y el Ministerio
Público pueden solicitar en la audiencia preparatoria al Juez Penal Militar de
conocimiento la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de
prueba que resulten ilegales, impertinentes, inútiles, repetitivos o
encaminados a probar hechos notorios o que no tienen relación directa con la
acusación.
Esa
solicitud es objeto de análisis por parte del Juez Penal Militar de
conocimiento, quien mediante auto motivado define qué pruebas excluye, rechaza
o inadmite, dejando a salvo solo aquellas que tienen la vocación lícita y
pertinente de ser decretadas e introducidas al juicio de Corte Marcial para ser
sometidas a contradicción en la audiencia oral y pública.
52.5.
Una vez agotado el anterior procedimiento en el cual, como se explicó, las
partes han descubierto de forma enunciativa sus medios de prueba y han
efectuado estipulaciones probatorias frente a ciertos hechos, se adelanta la
última fase de la audiencia preparatoria en la cual el Juez Penal Militar como
director del proceso y particularmente con el fin de brindar una organización a
la audiencia de juicio marcial, decide el orden individual en que se deben
practicar e introducir las pruebas a la Corte Marcial, correspondiendo en todo
caso el primer turno a la Fiscalía Penal Militar y el segundo turno a la
Defensa, salvo cuando se trate de pruebas de refutación, en cuyo caso los
turnos se invierten.
Es
en la audiencia de juicio de Corte Marcial donde obligatoriamente la Fiscalía
Penal Militar antes de la presentación y práctica de pruebas expone su teoría
del caso, lo cual también puede realizar de manera facultativa la Defensa. Luego,
al proceder a la introducción de las pruebas, se observa el orden planteado en
la audiencia preparatoria.
53.
Pues bien, como los demandantes censuraron la expresión “el juez decidirá el
orden en que debe presentarse la prueba” contenida en la parte inicial del
artículo 503 de la ley 1407 de 2010, la Sala considera necesario afirmar que la
naturaleza de esa norma es de índole procedimental, lo cual la ubica como un
acto de resorte instrumental del Juez Penal Militar de conocimiento. En
ese sentido, al impartir un orden a la práctica e introducción de las pruebas
al juicio de Corte Marcial, el juez como director del proceso propende por
materializar en la audiencia oral y pública los principios de celeridad y
economía procesal, además de garantizar la inmediación y la concentración como
lineamientos rectores de la prueba en el sistema de tenencia acusatoria. Justamente
esa es su finalidad, la cual resulta legítima y constitucionalmente admisible porque
protege la publicidad y la contradicción como cimientes del derecho al debido
proceso, al igual que garantiza una pronta administración de justicia evitando
dilaciones injustificadas.
54.
Revisando esa potestad de orden en materia probatoria que el legislador otorgó
al Juez Penal Militar de conocimiento, la Sala considera que la misma no afecta
la imparcialidad institucional o del proceso que se predica respecto de
aquel, por al menos cuatro razones. En primer lugar, solo hasta la
audiencia preparatoria el Juez Penal Militar de conocimiento tiene el
acercamiento inicial a los hechos materia de acusación, es decir, antes no
participa en la etapa de investigación y por ende no posee un preconcepto
frente al asunto sometido a su consideración; las reglas trazadas en el contexto
general del proceso penal militar separan con claridad las funciones de
instrucción de las de juzgamiento.
En segundo lugar, a pesar de
que en la audiencia preparatoria las partes proceden a descubrir los medios de
prueba que pretenden hacer valer en el juicio marcial, con lo cual se garantiza
el principio de igualdad de armas, lo cierto es que el Juez Penal Militar en
ese momento no conoce el contenido de todos los elementos materiales de prueba
específicos ni de la evidencia física de cada parte, por cuanto éstas se
limitan a hacer una enunciación y a exponer el objeto de la prueba con el fin
de llevar a convicción al juez sobre su pertinencia y admisibilidad. Significa
lo anterior que el Juez Penal Militar al tener un conocimiento probatorio nulo
sobre el caso, el que proceda a definir el orden de introducción de las pruebas
en el juicio en nada afecta su imparcialidad objetiva y menos implica un
prejuzgamiento que incida en la ulterior decisión que debe adoptar.
En tercer lugar, cuando el Juez
Penal Militar de conocimiento decide en la parte final de la audiencia
preparatoria el orden de presentación de las pruebas que se pretenden hacer
valer en el proceso, éstas ya han sido solicitadas, analizadas en su
admisibilidad y decretadas dentro de la misma audiencia, y solo hasta la etapa
de juicio marcial el juez, luego de cumplir con la inmediación y la
concentración frente a las pruebas adquiriendo pleno conocimiento de las mismas,
procede a hacer una valoración individual y en conjunto en los medios de prueba
recaudados, sin que de forma previa se evidencie afectada su imparcialidad con
un eventual favoritismo hacia alguna de las partes.
En cuarto lugar, a diferencia
del proceso penal ordinario de tendencia acusatoria, en el proceso penal
militar el juez de conocimiento excepcionalmente cuenta con iniciativa
probatoria que le permite decretar las pruebas de oficio que estime relevantes
para buscar la verdad real y materializar la justicia, sin que ello implique el
desconocimiento de la garantía de imparcialidad frente al proceso. Así, el Juez
Penal Militar no obra como un mero árbitro, del todo pasivo en la audiencia
preparatoria, sino que en aras de hallar la verdad real puede decretar pruebas
y además decide el orden de presentación de las mismas como director del
proceso. De esta forma, no se advierte un desequilibrio en la actividad
restringida de administrar justicia que vulnere el debido proceso; por contrario,
el juez mantiene su estatus de tercero imparcial que busca la justicia
material.
55.
Los anteriores cuatro argumentos permiten señalar que si el Juez Penal Militar
no conoce el contenido de todas las pruebas descubiertas en la audiencia preparatoria,
al disponer el orden de la práctica de las pruebas en el juicio marcial no
cuenta con herramientas para causar la presunta afectación a la estrategia que
las partes fijan en sus teorías del caso, porque la secuencia probatoria que
aquel establece corresponde a la finalidad de impartir una dinámica célere que
privilegie la economía procesal. En ese sentido, el plan de trabajo establecido
por la Fiscalía Penal Militar y por el Defensa en sus teorías del caso se
cumple a partir del recaudo efectivo de las pruebas que solicitaron y fueron
admitidas, por lo cual, son esas pruebas las que soportan los hechos relevantes
que como patrón fáctico encuadran en el elemento jurídico fundamente de su
pretensión.
Entonces,
la Sala estima que no existe un desequilibrio probatorio que lesione los
contenidos de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, habida cuenta
que el Juez Penal Militar de conocimiento al fijar el orden de introducción de las
pruebas en el juicio no toma partido a favor de alguna de las partes, ni
prejuzga o materializa una inclinación anticipada a la ulterior sentencia que
adoptará. Simplemente emite una decisión instrumental de orden y dirección de
la audiencia de juicio marcial.
56.
Ahora bien, como del contenido literal de la expresión acusada se desprende el
imperativo asignado al juez de decidir sobre el orden de práctica y
presentación de las pruebas en el juicio de Corte Marcial, lo anterior no
impide que las partes puedan elevarle la respetiva petición verbal o escrita en
la cual sugieran una secuencia probatoria acorde con sus teorías del caso, para
que sea tenida cuenta por el juzgador al momento de emitir esa decisión de
naturaleza instrumental. A pesar de esa posibilidad, la Sala insiste en que no
existe afectación a la garantía del juez imparcial en su perspectiva
institucional o del proceso.
57.
Vistas así las cosas, la Corte concluye que el Juez Penal Militar de
conocimiento al decidir en la audiencia preparatoria el orden en que deben
presentarse las pruebas en el juicio de Corte Marcial, no compromete su
imparcialidad institucional o del proceso ni afectar las estrategias de las
partes. En todo caso éstas cuentan con la posibilidad de presentar solicitud
verbal o escrita al Juez Penal Militar de conocimiento sugiriendo una secuencia
probatoria a tener en cuenta por éste para decidir sobre el referido orden. En
suma, la locución censurada no vulnera los derechos al debido proceso ni el
acceso a la administración de justicia.
Conclusiones
58.
Esta Corporación declarará exequible la expresión “el juez decidirá el orden
en que debe presentarse la prueba” contenida en el artículo 503 de la Ley
1407 de 2010, por encontrar que no vulnera los derechos al debido proceso y a
la administración de justicia (art. 29 y 229 de la CP). Lo anterior porque el
Juez Penal Militar de conocimiento al fijar la secuencia probatoria que se
seguirá en el juicio de Corte Marcial para la práctica e introducción de las
pruebas, no compromete su imparcialidad institucional, ni afecta la estrategia
planteada por las partes.  Además de ello, se declara inhibida para emitir
pronunciamiento de mérito respecto de los artículos 8º de la CADH y 14 del
PIDCP como parámetros de control, por ineptitud sustancial de la demanda.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la expresión “el juez
decidirá el orden en que debe presentarse la prueba” contenida en el
artículo 503 de la Ley 1407 de 2010, por el cargo que fue estudiado en esta
providencia.
Notifíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA        LUIS GUILLERMO GUERRERO P.
Presidenta
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO      GABRIEL EDUARDO MENDOZA M.
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO        JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB             ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA                MARTHA V. SÁCHICA MENDEZ
Magistrado (P.)                                          Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-338/16
FACULTAD DEL
JUEZ PENAL MILITAR PARA DEFINIR EL ORDEN DE PRESENTACION E INTRODUCCION DE LAS
PRUEBAS EN LA ETAPA DEL JUICIO-Diferencia entre facultad de permitir práctica de
pruebas de oficio al juez en audiencia preparatoria al interior de un proceso
de tendencia adversarial, y aquella que otorga potestades de carácter
instrumental y procedimental del juez  como la analizada en esta ocasión
(Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-11168
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 503 (parcial) de  la
Ley 1407 de 2010, “por la cual se expide el Código Penal Militar”.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
1.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional,
presento a continuación la razón por la cual estimo pertinente aclarar mi voto
en la decisión adoptada por la Sala Plena, en sesión del 29 de junio de 2016,
en la cual se profirió la sentencia C-338 de 2016.
2. En el presente caso
la Sala Plena resolvió que la norma que faculta al juez, en audiencia
preparatoria, para decidir sobre el orden en que deben presentarse las pruebas
en el Juicio de Corte Marcial, no quebranta la imparcialidad objetiva que se
debe predicar del juez en un modelo penal de tendencia adversarial. Por tanto
declaró la exequibilidad del artículo demandado.
La demanda proponía que la afectación a la imparcialidad
podría darse, ya que la intervención judicial afectaba directamente la
estrategia preparatoria de las partes y, en esa medida, el juzgador incidía en
la teoría del caso. Por ello, para los demandantes la norma vulneraba los
artículos 29 y 229 de la Constitución Política.
3.
Para dar solución al problema jurídico planteado, la Corte recordó que el
Legislador cuenta con un amplio margen de configuración en especial al momento
de expedir códigos en todos los ramos del derecho. En particular, aludió a la
facultad para evaluar y definir las etapas de un proceso, las características,
los términos, los efectos y los demás aspectos procesales, así como los poderes
y deberes del juez.
En
concreto, frente a la facultad acusada (artículo 503 de la Ley 1407 de 2010) la
Sala Plena precisó que el artículo que la consagra tiene carácter de norma
procedimental e instrumental, pues reconoce que en la lógica del proceso penal
militar el juez es el director del proceso. Según se estableció en esta
sentencia, esa potestad no afecta la imparcialidad institucional o del proceso,
por cuanto:
i)
El Juez no puede
hacerse un preconcepto sobre el caso bajo estudio. Lo anterior, ya que solo
hasta la audiencia preparatoria éste tiene acercamiento a los hechos
materia de acusación y a las pruebas que pretenden demostrarse.
ii)
En la audiencia
preparatoria el Juez Penal Militar no conoce el contenido de los elementos
materiales probatorios ni la evidencia física, en tanto las partes solo se
limitan a hacer una enunciación y a exponer el objeto de la prueba, para
efectos de justificar su pertinencia y admisibilidad. Por ello, definir el
orden de introducción de las pruebas en el juicio, en nada afecta su
imparcialidad objetiva y menos implica un prejuzgamiento en la ulterior decisión
que deba adoptar.
iii)
Cuando el Juez Penal
Militar decide en la parte final de la audiencia preparatoria el orden de
presentación de las pruebas, éstas ya han sido solicitadas, analizadas en su
admisibilidad y decretadas dentro de la misma audiencia. Por tanto no puede
modificarlas ni afectarlas.
4. Comparto plenamente
las consideraciones de la sentencia, pues la facultad que estas normas
confieren al juez no implica una autorización para asumir posición de parte, ni
para tomar partido en el fondo del asunto sometido a su decisión.
5.
Sin embargo, como lo expuse ante la Sala Plena estimé conveniente aclarar
mi voto, ya que en sentencia anterior C-205 de 2016[49], se hizo
un análisis de una norma del Código Penal Militar que avalaba la posibilidad de
que el Juez practicara pruebas de oficio (inciso 4º del artículo 499 de la Ley
1407 de 2010). Frente a ese examen salvé el voto debido a que considero que esa
facultad afecta de manera grave la imparcialidad del juez y desconoce los
artículos 29 y 229 de la Constitución[50].
Esta
aclaración está dirigida entonces a resaltar la diferencia que existe entre la
facultad de permitir la práctica de pruebas de oficio al juez en audiencia
preparatoria al interior de un proceso de tendencia adversarial, y aquella que
otorga potestades de carácter instrumental y procedimental al juez como la
analizada en esta ocasión, pues mientras la primera implica una intromisión en
el fondo del asunto, la segunda se dirige a otorgar orden procedimental en el
proceso penal adversarial. En mi opinión, la primera sí rompe la imparcialidad
objetiva o del proceso, mientras que la segunda no. Esto explica el sentido de mis
votos en estos dos pronunciamientos.
Expresados los motivos de mí aclaración de voto reitero que comparto
la decisión adoptada por la Sala Plena en sesión del 29 de junio de 2016,
mediante la cual se profirió la sentencia C-338 de 2016.
Fecha
ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la
sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).  Para el caso de la
presente decisión, se utiliza la exposición efectuada por la decisión C-288 de
2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[2] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la
jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001
(M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000
(M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177
de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[3] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-447 de 1997 (MP
Alejandro Martínez Caballero). La Corte se declaró inhibida para pronunciarse
de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del
Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la
ausencia de cargo.
[4] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa).  Fundamento jurídico 3.4.2.
[5] Sentencia C-1052 de 2001, ya citada.
[6] Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[7] (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[8] En la Gaceta del Congreso 660 de 2005 se consigna la exposición de
motivos que el otrora Ministro de Defensa presentó para sustentar el proyecto
de ley de modificación al Código Penal Militar, con miras a asimilarlo al
proceso penal acusatorio establecido en la Ley 906 de 2004. En dicha exposición
de motivos se indica frente a la actividad probatoria del juez en la etapa de
juicio militar –audiencia preparatoria y corte marcial- que “el juez
decretará la práctica de pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los
hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de
pertinencia y admisibilidad previstas en el proyecto, reconociendo en todo caso
el Juez Penal Militar sólo excepcionalmente puede ordenar pruebas de oficio. De
esta manera señalará el orden en que deban presentarse las pruebas en desarrollo
de la Corte Marcial, empero de todas formas disponiendo que primero se
presenten las pruebas de cargo de la fiscalía”.
[9] Sentencia C-648 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[10] Sentencia C-144 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[11] Frente a este punto, se seguirá de cerca la exposición sobre
potestad de configuración legislativa en materia de procedimientos consignada
en la sentencia C-233 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[12] Sentencias C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[13]  Sentencia C-250 de 2011 (MP
Mauricio González Cuervo).
[14] Sentencia C-728 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-1104
de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[15] Sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[16] Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), reiterada
recientemente en la sentencia C-233 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[17] Sentencia C-737 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[18] En palabras de la sentencia C-084 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) que estudió una demanda de inconstitucionalidad contra una parte de la
modificación que introdujo el Acto Legislativo 01 de 2015 al artículo 221 de la
Constitución, “el fuero supone, en ese sentido, un trato especial a los
miembros de la fuerza pública en lo relativo a los funcionarios competentes
para averiguar y determinar la responsabilidad de los delitos en que
incurrieren mientras desarrollan labores oficiales y, correlativamente,
constituye una muy relevante excepción al principio de juez natural ordinario
que conoce de las conductas cometidas por la generalidad de los asociados”. En
esta sentencia también sistematizó como elementos esenciales de dicho fuero, el
funcional y el subjetivo.
[19] Al respecto se pueden consultar las sentencias C-036 de 1996 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa), C-1149 de 2001 (MP Jaime Araújo Rentería), C-928 de 2007 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), C-084 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y
C-260 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[20] Sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). En este fallo
la Corte declaró inexequible el literal f) del artículo 11 del proyecto de ley
estatutaria de la administración de justicia, al estimar que la justicia penal
militar no hace parte de la rama judicial.
[21] Sentencias C-928 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y C-084
de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) f.j. 55.3 y 55.4. Además, esta
Corporación en la sentencia C-407 de 2003
[22] Sentencias C-928 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[23] Gaceta del Congreso 660 del 22 de septiembre de 2005, página 52.
[24] Gaceta del Congreso 660 del 22 de septiembre de 2005, página 54.
[25] (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[26] (MP Alejandro Linares Cantillo).
[27] Esta concepción amplia está dada a partir de diferentes
instrumentos internacionales sobre derechos humanos que hacen parte integral
del bloque de constitucional y que guían los contenidos respecto a la
imparcialidad judicial. Ejemplo de ellos son: (i) el artículo 10° de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual consagra que toda persona
tiene derecho “a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones
o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”,
disposición también contenida en la Declaración Americana de los Derechos y los
Deberes del Hombre, donde se pactó que toda persona acusada de un delito tiene
el derecho a ser oída en forma imparcial y pública (art. XXVI); (ii) la
Convención Americana de Derechos Humanos estipula como garantía el derecho de
toda persona a ser oída “por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella” (art.
8° num. 1°); y, (iii) el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos señala que “[t]oda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley,…”.
[28] Sentencia C-890 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[29] La imparcialidad judicial como garantía del derecho de acceso a la
administración de justicia fue desarrollada en la sentencia C-396 de 2007 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[30] Sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[31] Al respecto se pueden consultar la sentencias C-361 de 2001 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-676 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[32] Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Lindares Cantillo), en la
cual la Corte declaró exequible el inciso 4° del artículo 499 de la Ley 1407 de
2010 que refiere a la facultad que tiene el juez penal militar de conocimiento
de decretar pruebas de oficio en la etapa del juicio. Consideró que dicha
facultad no quebranta la imparcialidad del juez y, por ende, no desconoce la
garantía del debido proceso, entre otras analizadas.
[33] Este trabajo de sistematizar las decisiones de los tribunales
internacionales sobre imparcialidad judicial también se han realizado en las
sentencias C-545 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y C-450 de 2015.
[34] Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs.
Costa Rica, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
[35] Esta diferenciación y sus conceptos se pueden profundizar en el Caso Atala Riffo y Niñas vs.
Chile. Fondo, reparaciones y costas.
Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, al igual que en el Caso
Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs
Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008.
[36] CIDH, Caso Guy Malary vs. Haití. Caso 11.335. Fondo. Informe Nº 78/02. 27 de
diciembre de 2002.
[37] Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo). Consultar
f.j. 29 y ss.
[38] Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[39] Sentencia C-1034 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[40] Sentencia C-396 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[41] Sentencia C-762 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[42] Auto 169 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[43] Gaceta del Congreso 660 el 22 de septiembre de 2005, página 54.
[44] En la sentencia SU-768 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la
Corte consideró que independientemente del modelo procesal, la búsqueda de la
verdad es una obligación judicial en el Estado social de derecho, cuyo
ejercicio no implica necesariamente afectar la imparcialidad porque el juez
actúa guiado por principios rectores del proceso para cumplir su función de
director del mismo.
[45] Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Artículo
361. “Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá
decretar la práctica de pruebas de oficio”. // Esta norma fue declarada
exequible por esta Corporación en sentencia C-396 de 2007 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), básicamente con base en los siguientes argumentos: (i)
dicha prohibición para los jueces penal de conocimiento en la audiencia
preparatoria y de juicio oral, desarrolla el principio de imparcialidad
judicial garantizado en la Coarta Política; (ii) la pasividad judicial
en materia probatorio favorece la igualdad de trato jurídico entre los sujetos
procesales y, en especial, la igualdad de armas en el proceso penal; y, (iii)
la prohibición busca evitar situaciones de privilegio o de supremacía de
una de las partes, de tal suerte que se garantice la igualdad de posibilidades
y cargas en materia probatoria para las partes.
[46] Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010).  Artículo 499. Solicitudes probatorias. “Durante
la audiencia el juez penal militar dará la palabra a la Fiscalía y luego a la
defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su
pretensión.
El juez decretará la
práctica de pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la
acusación que requieran prueba, de acuerdo, con las reglas de pertinencia y
admisibilidad previstas en este Código.
Las partes pueden probar
sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que
sean aducidos al proceso.
Excepcionalmente,
agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el juez penal militar
considera que se hace necesaria la práctica de otras pruebas no pedidas por
estas que pudieren tener esencial influencia para el resultado del juicio,
ordenará su práctica.
Si el Ministerio Público
tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por las partes y
que pudiere incidir en los resultados del juicio, solicitará su práctica ante
el juez penal militar” (Resaltado nuestro).
[47] Sentencia C-205 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo), f.j. 34.
[48] El parágrafo del artículo 498 del Código Penal Militar señala que “se
entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la
Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos
o sus circunstancias”.
[49] M. P. Alejandro Linares Cantillo.
[50] Por las razones que expuse en el referido salvamento. Cfr. S. V.
C-205 de 2016