T-098-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-098/09
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Reiteración
de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA-Importancia de la
inmediatez en las reclamaciones de los padres cabeza de familia en el reten
social
TEMERIDAD-No se configura por segunda
tutela que busca dar aplicación a efectos inter comunis de protección especial
a madre o padre cabeza de familia
TEMERIDAD-Sentencia T-592 de 2006 no
autorizó la interposición indiscriminada de múltiples tutelas sin límite de
tiempo
Nótese que la
sentencia T-592 de 2006 no autorizó o dispuso de manera alguna la interposición
indiscriminada de varias o múltiples acciones de tutela sin límite en el
tiempo, para controvertir los derechos de los padres o las madres cabeza de
familia. No. Por el contrario, la sentencia es clara en determinar, como lo
dispuso la Sala Plena en la sentencia de unificación, que debido al efecto
inter comunis inmerso en la misma, era viable que las personas que hubieren
reclamado la protección de sus derechos antes de la SU-389, volvieran a
interponer un nuevo y único amparo oportuno para exigir la aplicación de
las subreglas previstas en ésta. En otras palabras, siguiendo la argumentación
que compone la sentencia T-592, la actuación temeraria quedaría excluida en la
medida en que la nueva tutela perseguiría ahora el aseguramiento de los efectos
contenidos en la sentencia de unificación.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia debido a
que los actores ya habían presentado una tutela previa en donde se estudiaron
los efectos de las sentencias SU-388 Y 389 DE 2005
Para la Sala
es claro que ninguno de ellos se acerca a las condiciones de hecho que
soportaron la protección de derechos fundamentales consignada en dicha
providencia, pues los dos ya habían presentado una acción de tutela previa en
la que se tuvo la oportunidad de verificar y estudiar los efectos y condiciones
de las sentencias de unificación SU-388 y SU-389 de 2005. Así pues, nótese que
de los diferentes argumentos que componen la sentencia T-592 de 2006 no se
puede derivar la opción de presentar más acciones de tutela en procura de
perseguir el pago de salarios y prestaciones. En consecuencia, esta Sala no
encuentra razón que justifique la procedencia de las nuevas acciones
presentadas por los demandantes
Referencia: expedientes acumulados T-2061854, T-2063078 y T-2063654.
Acciones de tutela instauradas por José Felix Calle Mieles, Assad
Gutierrez Posedente y Jorge Armando Moreno Manrique contra el Consorcio de
Remanentes de Telecom y la Teleasociada Teleupar.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., diecinueve
(19) de febrero de dos mil nueve (2009).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y CLARA ELENA REALES GUTIERREZ, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Valledupar, el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar y la Sala
Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en
el trámite de la acciones de tutela interpuestas por José Felix Calle Mieles,
Assad Gutierrez Posedente y Jorge Armando Moreno Manrique, en representación de
sus hijos menores, contra el Consorcio administrador de la Patrimonio Autónomo
de Remanentes de Telecom y la Teleasociada, TELEUPAR.
I.
ANTECEDENTES.
A.  Expediente
T- 2061854
El señor José Felix Calle Mieles, quien
actúa en nombre propio y el de sus dos hijas menores, presentó escrito de acción
de tutela el 25 de marzo de 2008 contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes
-PAR- de la teleasociada Teleupar, en defensa de sus derechos fundamentales a
la igualdad, mínimo vital, derechos de los niños y la protección a la familia.  Sustenta
su solicitud en los siguientes
1.  Hechos:
Relata que el
gobierno nacional decidió suprimir, liquidar y disolver la Telecom y sus
teleasociadas, el 13 de junio de 2003.
Indica que
trabajó para Teleupar, S.A E.S.P., durante más de nueve años, ya que ingresó el
día 13 de septiembre  de 1994 hasta el 13 de junio de 2003.
Resalta que su
compañero, Ferney Lozano Wilches, quien ingresó a laborar el 02 de septiembre
de 1994 y también fue despedido en junio de 2003, fue amparado en sus derechos
como padre cabeza de familia, ya que su núcleo familiar está conformado por su
esposa y sus hijos menores de edad.
Señala que los
ingresos de su compañero, Ferney Lozano Wilches, al igual que los suyos, dependían
exclusivamente de lo devengado como producto de sus labores en Teleupar.
Advierte que Teleupar,
a pesar de publicar su acta de liquidación final el 31 de enero de 2006,
solamente inscribió su liquidación en la Cámara de Comercio de Valledupar el 21
de diciembre de 2006.
Manifiesta que la
Corte Constitucional ha reconocido la protección laboral de los padres cabeza
de familia, en los mismos términos que las madres cabeza de familia.
Revela que el
Patrimonio Autónomo de Remanentes ha ordenado el reintegro de varios padres
cabeza de familia que se encuentran en su misma situación, es decir, con una
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del grupo familiar, como
es el caso de su compañero Ferney Lozano Wilches.
Informa que un
caso similar y reciente de protección de los derechos de padre cabeza de
familia es el del señor Janner Rodríguez Seoanes.
Solicita se
declare la vulneración de los derechos fundamentales invocados, se le incluya
en el retén social y se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando
hasta el trece (13) de junio de 2003, sumado a los salarios y prestaciones
dejadas de percibir.
2.
Respuesta del demandado.
El Consorcio que
administra el Patrimonio Autónomo de Remanentes se opuso a las pretensiones de
la demanda y solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción.  Manifestó
que al accionante se le liquidaron las prestaciones sociales y la indemnización
correspondiente al momento de su retiro y advirtió que en la actualidad él
cotiza como dependiente al sistema de seguridad social en salud, de donde se
infiere que tiene ingresos con que garantizar su subsistencia y la educación de
sus menores hijas.  Pese a lo anterior, informó que sus hijas no se encuentran en
dicho sistema como sus beneficiarias y coligió lo siguiente: “Este (sic)
quiere decir, que el accionante no tiene afiliadas a sus hijas como
beneficiarias del sistema de seguridad social, es decir, que no responde por
ellas, como fraudulentamente lo ha declarado en el documento que aporto con el
escrito de tutela (…)”.
Adicionalmente,
señaló que el actor no reúne los requisitos para ser considerado un padre
cabeza de familia, atendiendo que no se acreditó la incapacidad de la madre de
los menores y además no cumple con las condiciones para ser amparado por el
retén social, teniendo en cuenta que no tuvo el carácter de servidor público
sino de trabajador particular.  Agregó que la acción no cumple con el principio
de inmediatez, pues los hechos que se consideran vulneradores de los derechos
fundamentales acaecieron hace más de cuatro años. Asimismo advirtió que con la
declaración de cierre del proceso liquidatorio de  Teleupar S.A E.S.P, la misma
se extinguió para todos los efectos legales, de tal manera que la entidad que
presuntamente violó los derechos fundamentales ya no existe.
Aclara que en
virtud de la naturaleza jurídica del Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR –
y del consorcio que lo representa, no puede entenderse que éstos son sucesores
o subrogatarios de la extinta Telecom o las teleasociadas, como lo quiere hacer
ver la accionante.  Por el contrario -dice- el Patrimonio Autónomo de
Remanentes es un sujeto de derechos completamente distinto a la extinta Telecom,
con fines específicos propios del contrato de Fiducia regulado por el Código de
Comercio y cuya naturaleza no cobija las pretensiones del actor, ya que sólo se
encarga de responder por los procesos judiciales que se encontraran en curso al
momento de la liquidación de la entidad.
Finalmente, concluyó
que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la inexistencia de
un perjuicio irremediable y el incumplimiento del requisito de la inmediatez,
la acción debe ser considerada improcedente.
B.  Expediente
T-2063078
El señor Assad Gutierrez Posedente,
en su propio nombre y en representación de su hija menor, presenta acción de
Tutela contra el consorcio que administra el Patrimonio Autónomo de Remanentes
-PAR-, en defensa de sus derechos fundamentales a la salud, la seguridad
social, los derechos de los niños y la igualdad.  Fundamenta su petición en los
siguientes
1.
Hechos
Aclara que
previamente había interpuesto una acción de tutela por los mismos hechos, pero
que ésta la interpone con fundamento en las sentencias SU-389 de 2005 y T-592
de 2006, pues Telecom no le reconoció su condición y los derechos como padre
cabeza de familia.
Manifiesta que
ingresó a laborar a Telecom el 16 de octubre de 1987, como trabajador oficial,
hasta el 25 de julio de 2003, fecha en la cual se dio por terminado su contrato
de trabajo con fundamento en los Decretos de liquidación de dicha entidad.
Advierte que le
fue negada la condición de padre cabeza de familia a pesar que tiene a cargo a
una hija extramatrimonial menor de edad y que su esposa sufre de “asma
bronquial severa perenne” y de hipertensión arterial.  Aclara que desde muy
pequeña, la menor le fue “entregada” por su progenitora, “debido a que yo
tenía unas mejores condiciones laborales en ese momento”.
Señala que
debido al estado de salud de su esposa, en la actualidad cotiza al sistema
general en calidad de independiente.
Agrega que en
varias oportunidades requirió a Telecom que le reconociera su condición de
padre cabeza de familia y que además interpuso acción de tutela en diciembre de
2005, la cual fue decidida de manera desfavorable en las dos instancias.
Indica que el 30
de enero de 2006 se declaró la terminación del proceso de liquidación de Telecom
pero que jurídicamente se previó que las contingencias derivadas de dicho acto
debían ser atendidas por el Patrimonio Autónomo de Remanentes.
Considera que en
la sentencia T-592 de 2006, en un caso parecido al suyo, se accedió a la
protección de los derechos de un padre cabeza de familia.
Solicita que se
declare la vulneración de los derechos invocados, se le declare como padre
cabeza de familia y, como consecuencia, se le paguen los salarios y
prestaciones dejadas de percibir.
2.
Respuesta del demandado.
El Consorcio
encargado de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes se opuso a
las pretensiones del amparo y solicitó su improcedencia.  Puso de presente que
en un caso similar, la Corte declaró la improcedencia de la acción por el
desconocimiento del principio de inmediatez, y concluyó que dicho requisito no
se cumple en este caso porque el origen de la vulneración de los derechos
acaeció hace más de cuatro años.
Agregó que el
actor no fue incluido en el “retén social” como padre cabeza de familia ya que
no cumplió con los requisitos establecidos en la ley y en la sentencia SU-389
de 2005.  Advirtió que en la actualidad él cotiza al sistema de salud, lo que
implica que se encuentra trabajando.  Aclaró que la orden de reintegro a favor
de los padres cabeza de familia operó únicamente durante el tiempo de
existencia de Telecom, de decir, hasta el 31 de enero de 2006 y que su despido
acaeció como consecuencia de la liquidación de la empresa, mediante acto
administrativo que respetó el debido proceso y que tiene presunción de
legalidad.
Afirma que el
Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR – obedeciendo a su naturaleza jurídica,
no es sucesor o subrogatario de las obligaciones de la extinta Telecom o de sus
teleasociadas. De tal manera que el Patrimonio Autónomo es un sujeto de
derechos con una naturaleza jurídica completamente diferente a la entidad
extinta, y además con las obligaciones propias del contrato de Fiducia
comercial, que no tiene la facultad para reintegrar o reubicar a los
extrabajadores de la empresa.
Más adelante
señaló que como consecuencia del despido el actor recibió el pago de una
liquidación que superó los cuarenta y seis millones de pesos e insistió en que Telecom
no existe en el ámbito jurídico desde el 31 de enero de 2006.  Finalmente,
concluyó que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la
inexistencia de un perjuicio irremediable y el incumplimiento del requisito de
la inmediatez, la acción debe ser considerada improcedente.
C.  Expediente
T-2063654
El señor Jorge Armando Moreno
Manrique, en su propio nombre y en representación de su hija mayor de edad,
presenta acción de Tutela contra el consorcio que administra el Patrimonio
Autónomo de Remanentes -PAR-, en defensa de sus derechos fundamentales a la
salud, la seguridad social, los derechos de los niños y la igualdad.  Fundamenta
su petición en los siguientes
1.  Hechos
Aclara que
previamente había interpuesto una acción de tutela por los mismos hechos, pero
que ésta la interpone con fundamento en las sentencias SU-389 de 2005 y T-592
de 2006, pues Telecom no le reconoció su condición y los derechos como padre
cabeza de familia.
Manifiesta que
ingresó a laborar a Telecom el 15 de noviembre de 1985, como trabajador
oficial, hasta el 25 de julio de 2003, fecha en la cual se dio por terminado su
contrato de trabajo con fundamento en los Decretos de liquidación de dicha
entidad.
Advierte que le
fue negada la condición de padre cabeza de familia a pesar que tiene a cargo a
una hija mayor de edad que se encuentra estudiando y que su esposa sufre de “diabetes”,
por lo que en la actualidad es “insulinodependiente” y también sufre de “retinopatía”
y “neuropatía”, que le distorsionan y alteran la marcha.
Señala que no ha
podido cotizar al sistema de seguridad social en salud desde 2003 y que ni
siquiera tiene para la afiliación al régimen subsidiado.
Agrega que en
varias oportunidades requirió a Telecom que le reconociera su condición de
padre cabeza de familia y que además interpuso acción de tutela en diciembre de
2005, la cual fue decidida de manera favorable en la primera instancia, por lo
que recibió las indemnizaciones y el pago de las prestaciones correspondientes.
Sin embargo, dicha providencia fue revocada en segunda instancia, por lo que el
Patrimonio Autónomo de Remanentes decidió no reintegrarlo ni pagarle la
indemnización que le correspondía.
Indica que el 30
de enero de 2006 se declaró la terminación del proceso de liquidación de Telecom
pero que jurídicamente se previó que las contingencias derivadas de dicho acto
debían ser atendidas por el Patrimonio Autónomo de Remanentes.
Considera que en
la sentencia T-592 de 2006, en un caso parecido al suyo, se accedió a la
protección de los derechos de un padre cabeza de familia.
Solicita que se
declare la vulneración de los derechos invocados, se le declare como padre
cabeza de familia y, como consecuencia, se le paguen los salarios y
prestaciones dejadas de percibir.
2.  Respuesta del demandado.
El Consorcio
encargado de la administración del Patrimonio Autónomo de Remanentes se opuso a
las pretensiones del amparo y solicitó su improcedencia.  Advirtió que el actor
ya había promovido acción de tutela por los mismos hechos y que en virtud de
sentencia de primera instancia se le entregaron más de veinte millones de pesos
por concepto de salarios dejados de percibir e indemnización.  Explicó que
dicha sentencia fue revocada por el Tribunal de segunda instancia pero que, no
obstante, el actor no ha devuelto los dineros que recibió.
Adicionalmente
aclaró que la vigencia de la protección de los padres cabeza de familia, de
acuerdo a las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, solamente
operaba hasta el momento en que se efectuara la terminación jurídica de la
empresa.   Afirmó que el Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR – obedeciendo
a su naturaleza jurídica, no es sucesor o subrogatario de las obligaciones de
la extinta Telecom o de sus teleasociadas. De tal manera que el Patrimonio
Autónomo es un sujeto de derechos con una naturaleza jurídica completamente
diferente a la entidad extinta, y además con las obligaciones propias del
contrato de Fiducia comercial, que no tiene la facultad para reintegrar o
reubicar a los extrabajadores de la empresa.  Agregó que el PAR nunca ha tenido
vínculo laboral con el actor, por lo que no tiene sustento que se paguen
salarios o prestaciones con cargo a dichos recursos y que, como consecuencia de
su desvinculación con Telecom, él recibió una indemnización calculada conforme
a la convención colectiva.
Más adelante
aclaró que el actor no fue incluido en el “retén social” como padre cabeza de
familia ya que no cumplió con los requisitos establecidos en la ley y en la
sentencia SU-389 de 2005, al tiempo que advirtió que la orden de reintegro a
favor de los padres cabeza de familia operó únicamente durante el tiempo de
existencia de Telecom, de decir, hasta el 31 de enero de 2006 y que su despido
acaeció como consecuencia de la liquidación de la empresa, mediante acto
administrativo que respetó el debido proceso y que tiene presunción de
legalidad.
Puso de presente
que en un caso similar, la Corte declaró la improcedencia de la acción por el
desconocimiento del principio de inmediatez, y concluyó que dicho requisito no
se cumple en este caso porque el origen de la vulneración de los derechos
acaeció hace más de cuatro años.  Finalmente, concluyó que ante la existencia
de otros medios de defensa judicial, la inexistencia de un perjuicio
irremediable y el incumplimiento del requisito de la inmediatez, la acción debe
ser considerada improcedente.
II.
DECISIONES OBJETO DE REVISIÓN
A.  Expediente
T- 2061854
1.  Primera
Instancia
El Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Valledupar avocó el conocimiento de la demanda y
mediante fallo del nueve de abril de 2008 negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.  En primer lugar, relacionó el
origen jurisprudencial de la protección de los padres cabeza de familia, fijó
los requisitos para ser considerado como tal y resaltó que el 31 de enero de
2006 la empresa dejó de existir.  A continuación, estudió la naturaleza
jurídica y las competencias del PAR y el PARAPAT, e infirió que a pesar de la
extinción jurídica de Telecom el legislador dejó herramientas con qué proteger
a sus extrabajadores, tal y como se estableció en la sentencia T-592 de 2006.  Bajo
tales circunstancias, en análisis del caso concreto, concluyó que el señor
Calle Mieles no reúne los requisitos para ser considerado un padre cabeza de
familia, ya que no presentó la incapacidad de la progenitora de sus menores
hijas, y aclaró que la únicas obligaciones que son responsabilidad del PAR, son
aquellas derivadas de procesos judiciales que estuvieren en curso al momento de
la terminación de la empresa, evento éste -advirtió- que no se presenta en este
caso.
2.
Impugnación
El señor Calle
Mieles, inconforme con la decisión del a quo, presentó impugnación contra la
decisión que denegó la protección de los derechos fundamentales invocados.
Reiteró que dicha providencia desconoce el derecho a la igualdad, ya que a
otros compañeros de la empresa se les ha reconocido como padres cabeza de
familia y se les ha autorizado el pago de sus salarios y prestaciones.
Insistió en que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional el PAR es sucesor
de la extinta Telecom y aclaró que los ingresos de su núcleo familiar se
derivaban exclusivamente del vínculo laboral con dicha empresa.
3.  Segunda
Instancia
La Sala
Civil-Familia- Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar
revocó la sentencia de primera instancia.  Estudió la naturaleza jurídica del
“retén social” y consideró que a pesar de la existencia de otros medios de
defensa judicial, la acción de tutela en este caso está autorizada conforme a
las condiciones establecidas en la sentencia SU-389 de 2005.  Aclaró que en
dicho precedente judicial se extendieron los beneficios del “retén social” a
los padres cabeza de familia y que allí también se definieron cuáles son los
requisitos que debe reunir un persona para que sea protegido como tal.
Frente al caso
del señor Calle Mieles observó que éste reúne las condiciones para ser
considerado un padre cabeza de familia beneficiario del “retén social”, por lo
que debe ser protegido de la misma forma que sus menores hijas.
B.  Expediente
T- 2063078
1. Primera
Instancia.
El Juzgado Tercero
de Familia de Valledupar conoció de la acción de tutela y mediante fallo del 14
de abril de 2008 concedió el amparo deprecado.  Estudió cuál es el origen de la
protección laboral reforzada adscrita a los sujetos de especial protección,
especialmente la salvaguarda adscrita a los padres cabeza de familia, con
motivo del “retén social”.  Consideró que conforme a las previsiones de la
sentencia T-206 de 2006, a estos casos no les aplica el principio de la
inmediatez y agregó que el PAR es a quien corresponde responder por los
derechos de los extrabajadores, teniendo en cuenta que dicho patrimonio se
subrogó en los derechos y obligaciones de Telecom.  Agregó que no existe
temeridad, teniendo en cuenta que la sentencia T-592 de 2006 permitió la
interposición de nuevas acciones con el objetivo de amparar los derechos
fundamentales.
Sobre el caso
concreto el juez comprobó que el actor tiene la condición de padre cabeza de
familia, pues pese a no tener hijos menores de edad, su hija estudia en la
universidad y depende económicamente de él, sumado a la enfermedad que aqueja a
su cónyuge.
2.
Impugnación
El apoderado del
PAR impugnó la anterior providencia y advirtió que la sentencia T-592 de 2006
no autoriza la interposición de la tutela en cualquier tiempo.  Para el efecto
citó la sentencia T-1062 de 2007, en la que se aplicó el principio de
inmediatez a la protección de los padres cabeza de familia.  Insistió en que el
actor no cumple los requisitos para ser considerado un padre cabeza de familia,
reiteró que él siguió activo como trabajador, lo que implica que él tiene
alternativa económica, y advirtió que de acuerdo a la sentencias de la Corte
Constitucional, el reintegro de los extrabajadores sólo operó hasta el día en
que la empresa se extinguió definitivamente.  También aclaró que el PAR no
reemplazó a la liquidada Telecom y reiteró que la desvilculación del actor
siguió los parámetros legales correspondientes, por lo cual recibió una
indemnización.
3. Segunda
Instancia.
En segunda
instancia la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar
confirmó la sentencia de primera instancia.  Estudió la naturaleza jurídica del
“retén social” y consideró que a pesar de la existencia de otros medios de
defensa judicial, la acción de tutela en este caso está autorizada conforme a
las condiciones establecidas en la sentencia SU-389 de 2005.  Aclaró que en
dicho precedente judicial se extendieron los beneficios del “retén social” a
los padres cabeza de familia y que allí también se definieron cuáles son los
requisitos que debe reunir un persona para que sea protegido como tal.
Frente al caso
del actor observó que éste reúne las condiciones para ser considerado un padre
cabeza de familia beneficiario del “retén social”.  Agregó que la censura
relativa al principio de inmediatez no tiene la capacidad de impedir que la
tutela prospere ya que el actor ha utilizado los mecanismos a su disposición
para acceder a la protección de sus derechos.  Sobre este asunto y las
obligaciones que se derivan del PAR con respecto a los padres cabeza de familia
de Telecom, citó a la sentencia T-592 de 2006 y concluyó que la protección de
los derechos invocados es procedente.
C.
Expediente T-2063654
1. Primera
Instancia.
El Juzgado
Tercero de Familia de Valledupar conoció de la acción de tutela y mediante
fallo del 11 de febrero de 2008 concedió el amparo deprecado.  Estudió cuál es
el origen de la protección laboral reforzada adscrita a los sujetos de especial
protección, especialmente la salvaguarda adscrita a los padres cabeza de
familia, con motivo del “retén social”.  Consideró que conforme a las
previsiones de la sentencia T-1167 de 2005, a estos casos no les aplica el
principio de la inmediatez y agregó que el PAR es a quien corresponde responder
por los derechos de los extrabajadores, teniendo en cuenta que dicho patrimonio
se subrogó en los derechos y obligaciones de Telecom.  Agregó que no existe
temeridad, teniendo en cuenta que la sentencia T-592 de 2006 permitió la
interposición de nuevas acciones con el objetivo de amparar los derechos
fundamentales.
Sobre el caso
concreto el juez comprobó que el actor tiene la condición de padre cabeza de
familia, pues pese a no tener hijos menores de edad, su hija estudia en la
universidad y depende económicamente de él, sumado a la enfermedad que aqueja a
su cónyuge.  Advirtió que a pesar de haber recibido una indemnización, la
vulneración de sus derechos continuó cuando en segunda instancia fue revocada
la protección de sus derechos.
2.
Impugnación
El apoderado del
PAR impugnó la anterior providencia y advirtió que la sentencia T-592 de 2006
no autoriza la interposición de la tutela en cualquier tiempo.  Para el efecto
citó la sentencia T-1062 de 2007, en la que se aplicó el principio de
inmediatez a la protección de los padres cabeza de familia.  Insistió en que el
actor no cumple los requisitos para ser considerado un padre cabeza de familia,
reiteró que él siguió activo como trabajador, lo que implica que él tiene
alternativa económica, y advirtió que de acuerdo a la sentencias de la Corte
Constitucional, el reintegro de los extrabajadores sólo operó hasta el día en
que la empresa se extinguió definitivamente.  También aclaró que el PAR no
reemplazó a la liquidada Telecom y reiteró que la desvinculación del actor
siguió los parámetros legales correspondientes, por lo cual recibió una
indemnización.
3. Segunda
Instancia.
En segunda
instancia la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Valledupar confirmó la sentencia de primera instancia.  Estudió la naturaleza
jurídica del “retén social” y consideró que a pesar de la existencia de otros
medios de defensa judicial, la acción de tutela en este caso está autorizada
conforme a las condiciones establecidas en la sentencia SU-389 de 2005.  Aclaró
que en dicho precedente judicial se extendieron los beneficios del “retén
social” a los padres cabeza de familia y que allí también se definieron cuáles
son los requisitos que debe reunir un persona para que sea protegido como tal.
Frente al caso
del actor, observó que éste reúne las condiciones para ser considerado un padre
cabeza de familia beneficiario del “retén social”, por lo que debe ser
protegido de la misma forma que su hija.  Agregó que la censura relativa al
principio de inmediatez no tiene la capacidad de impedir que la tutela prospere
ya que el actor ha utilizado los mecanismos a su disposición para acceder a la
protección de sus derechos.  Sobre este asunto y las obligaciones que se
derivan del PAR con respecto a los padre cabeza de familia de Telecom, citó a
la sentencia T-592 de 2006 y concluyó que la protección de los derechos
invocados es procedente.
III.
PRUEBAS
A.  Expediente
T- 2061854
En el trámite de
la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.
Fotocopia del contrato individual de trabajo a
término indefinido a nombre del señor José Felix Calle Mieles (folios 10 a 14,
cuaderno primera instancia).
2.
Declaración extraprocesal rendida por Yulieth
González, del 06 de marzo de 2008 (folio 15, cuaderno primera instancia).
3.
Declaración extraprocesal rendida por José Felix
Calle el 27 de enero de 2006 (folio 16 cuaderno primera instancia)
4.
Fotocopias de los registros civiles de
nacimiento de Isabela y catalina Calle Coneo (folios 17 y 18, cuaderno primera
instancia)
5.
Fotocopia de la reclamación administrativa
elevada por el señor Calle Mieles, el 12 de enero de 2005, para que fuera
reintegrado en  su cargo y las respuestas correspondientes (folios 19 a 26,
cuaderno primera instancia).
6.
Fotocopia de la acción de tutela decidida por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, el 05 de diciembre de 2007, a
favor del señor Janner Rodríguez Seoanes (folios 27 a 40, cuaderno primera
instancia).
7.
Fotocopia de la acción de tutela decidida por la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar,
el 15 de febrero de 2008, a favor de Janner Rodríguez Seoanes (folios 41 a 50,
cuaderno primera instancia).
8.
Fotocopia de la consulta de afiliados
compensados del Fosyga (folios 86 a 90, cuaderno primera instancia).
9.
Fotocopia fax del certificado expdido por el
Director de la Unidad de personal del PAR (folio 90, cuaderno primera instancia)
B.  Expediente
T- 2063078
En el trámite de
la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.
Fotocopia de la sentencia proferida por la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, del 18
de julio de 2008 a favor de Assad Gutierrez Posedente.
2.
Fotocopia de la declaración extraprocesal de
Marelcy Mercedes Vargas, del 29 de agosto de 2005 (folio 20, cuaderno de
primera instancia).
3.
Fotocopia del registro civil de nacimiento de
Karen Patricia Gutierrez (folio 21, cuaderno de primera instancia).
4.
Fotocopia de certificado de estudios de
bachillerato de Karen Patricia Gutierrez (folio 22, cuaderno de primera
instancia).
5.
Certificado expedido por Solsalud EPS a nombre
de Assad Gutierrez Posedente y su núcleo Familiar (folio 23, cuaderno de
primera instancia).
6.
Fotocopia de algunos documentos que parecen
pertenecer a la historia clínica de la señora Dolores Diaz Torres (folios 24 a
34, cuaderno de primera instancia).
7.
Fotocopia del reclamos presentado por el señor
Gutierrez ante Telecom el 25 de julio de 2005 (folios 35 a 38, cuaderno de
primera instancia).
8.
Fotocopia de la Resolución 952 de agosto de 2005
en la que se decisió el reintegro como padre cabeza de familia del señor
Gutierrez (folios 39 a 43, cuaderno de primera instancia).
9.
Fotocopia del recurso de reposición presentado
contra la Resolución 952 de 2005 (folios 44 a 52, cuaderno de primera
instancia).
10.
Fotocopia de la Resolución 2955 de octubre de
2005, en la que se resuelve el recurso de reposición (folios 53 a 58, cuaderno
primera instancia).
11.
Fotocopia de la solicitud elevada por el señor
Gutierrez ante Telecom, el 04 de noviembre de 2003, en la que pide su inclusión
en el “retén social” y las respuestas correspondientes (folios 59 a 64,
cuaderno primera instancia).
12.
Fotocopia de la providencia proferida por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, en la que se resolvió la
acción de tutela del señor Gutierrez contra Telecom en liquidación, el 09 de
diciembre de 2005 (folios 65 a 71, cuaderno de primera instancia).
13.
Fotocopia de la providencia proferida por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la que
se resolvió la impugnación presentada por el señor Gutierrez, el 22 de febrero de
2006 (folios 75 a 98, cuaderno de primera instancia).
14.
Impresión de la consulta de afiliados
compensados del Fosyga a nombre del señor Assad Gutierrez Posedente (folios 112
a 114, cuaderno de primera instancia).
15.
Certificado expedido por el Director de la
Unidad de Personal del PAR (folio 115, cuaderno de primera instancia).
C.  Expediente
T- 2063654
En el trámite de
la acción de tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.  Fotocopia del registro
civil de matrimonio de Jorge Armando Moreno con Nubia Ester Mojica (folio 17,
cuaderno de primera instancia).
2.  Fotocopia del certificado
de nacimiento de Adriana Marcela Moreno (folio 18, cuaderno de primera
instancia).
3.  Fotocopia del certificado
de estudios a nombre de Adriana Moreno Mojica (folio 19, cuaderno de primera
instancia).
4.  Fotocopia de la epocrisis
a nombre de Nubia Esther Mojica (folios 20 a 47, cuaderno de primera
instancia).
5.  Fotocopia de la
Resolución 1439 de agosto de 2005 en la cual se decide el reintegro del señor
Moreno a Telecom (folios 48 a 51, cuaderno de primera instancia).
6.  Fotocopia de la
Resolución 3186 de 2005, en la cual se resuelve el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 1439 de 2005 (folios 52 a 55, cuaderno de
primera instancia).
7.  Fotocopia de oficio
suscrito por el apoderado general de Telecom en liquidación en donde informa al
señor Moreno los trámites a seguir como consecuencia de su reintegro ordenado a
través de acción de tutela de primera instancia (folio 56, cuaderno de primera
instancia).
8.  Fotocopia de la providencia
dictada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar, el 23 de diciembre de 2005 (folios 57 a 61, cuaderno de primera
instancia).
9.  Fotocopia de la
providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar, en la que se revoca la providencia dictada por el
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (folios 62 a 74,
cuaderno de primera instancia).
10.
Certificado expedido por el Jefe de la Unidad de
Personal del PAR (folio 128 a 130, cuaderno primera instancia).
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.      Competencia
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos
mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso
tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y planteamiento del
problema jurídico.
Los accionantes fueron desvinculados
de Telecom en virtud de un proceso de liquidación ordenado por el gobierno
nacional.  Por esta razón interpusieron acciones de tutela previas, en las cuales
solicitaron el reintegro a sus labores por considerar que tenían la calidad de padre
cabeza de familia.  Las instancias que conocieron dicha acción, negaron el
amparo pues comprobaron que no se reunían las condiciones para alegar tal
status.  No obstante, los accionantes presentan una nueva acción de tutela, con
fundamento en la sentencia T–592 de 2006, en la cual reiteran que son sujetos
de especial protección y solicitan el pago de los salarios, prestaciones y
demás acreencias laborales dejadas de percibir desde la fecha en la cual fueron
despedidos, hasta la liquidación definitiva de Telecom S.A, E.S.P..
La parte accionada se opone a las
pretensiones de las demandas.  Manifiesta que el Patrimonio Autónomo de
Remanentes –PAR– es un sujeto de derecho diferente a la extinta Telecom, de tal
manera que el primero no puede entenderse como sucesor o subrogatario de las
obligaciones de la segunda. Así mismo, advierte que la entidad que
presuntamente vulneró los derechos de la accionada ya no existe, en razón del
cierre del proceso liquidatorio de la misma. Agregó que el tiempo transcurrido
entre el despido y la interposición de la nueva tutela refuta el principio de
inmediatez y que los accionantes ya habían presentado acción de tutela sobre
los mismos hechos y bajo las mismas pretensiones, lo cual demuestra una
actuación temeraria de su parte.
El A-quo, en el
primer expediente, denegó la protección de los derechos invocados por
considerar que el actor no reúne los requisitos para ser considerado un padre
cabeza de familia y, además, advirtió que la únicas obligaciones por las que
responde el PAR, son aquellas que estuvieran en curso al momento de terminar la
existencia jurídica de Telecom.  En contraste, en los dos expedientes
restantes, el juez encontró probados los requisitos para ser considerado un
padre cabeza de familia y, atendiendo algunas providencias de la Corte
Constitucional, consideró que la tutela procedía y que el PAR debía amparar los
derechos de los actores.
Por su parte, la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar revocó
la decisión que denegó la protección de derechos y confirmó la providencia que
sí lo hizo, pues encontró que los accionantes, además de no tener otra
alternativa económica, cumplen con la condición para ser considerados sujetos
de especial protección constitucional y merecen la salvaguardia del Estado,
conforme a las sentencias de unificación SU-338 y SU-389 de 2005 y la sentencia
T-592 de 2006.
Así las cosas,
corresponde a esta Sala determinar si los accionantes cumplen con los requisitos
para ser incluidos dentro del “retén social” como padre cabeza de familia y, en
caso tal de verificar tal status, bajo qué condiciones se haría efectiva su protección,
teniendo en cuenta que la entidad demandada ya fue liquidada.
Ahora bien, tal
planteamiento exige, de manera preliminar, que se verifiquen los requisitos de
procedibilidad de la acción, en particular, en lo referente a la ausencia de temeridad
y la existencia de inmediatez.  Posteriormente, sólo de llegarse a la
conclusión de que la tutela es procedente, la Corte estudiaría, previo a
encarar el caso concreto, la condición de padre cabeza de familia de los
accionantes, de acuerdo a los presupuestos jurisprudenciales para que un hombre
sea considerado como tal, con base en la sentencia SU-389 de 2005.
3.  Asunto
previo: procedibilidad de la acción.  La actuación temeraria y la inmediatez.
Reiteración de jurisprudencia.
De la misma
forma en que se advirtió en la sentencia T-231 de 2008[1],
la entidad demandada anotó que los actores ya habían presentado acciones de
tutela previas, en las que habían alegado los mismos hechos y las mismas
pretensiones.  De hecho, a partir de esta tesis, ella solicitó que el amparo de
los derechos fundamentales que se estudia en esta oportunidad fuera declarado improcedente.
Sin embargo, en los tres expedientes que se revisan se pasó por alto el
análisis de esta cuestión y se infirió que, de acuerdo a la sentencia T-592 de
2006, la acción es claramente procedente.  Así pues, teniendo en cuenta este
escenario, la Sala considera que es de vital importancia estudiar, como
argumento previo de este asunto, si la acción evita caer en la prohibición
contenida en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en la que se consigna la
definición de actuación temeraria.
3.1.  La
actuación temeraria.
En procura de
asegurar la integridad de la Carta, la Corte Constitucional ha comprendido que
el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia está
supeditado al cumplimiento de determinadas cargas y deberes.  En particular,
poniendo de presente la obligación de “[c]olaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia”, prevista en el artículo
95-7 Superior, ha advertido que el derecho de acción está sometido a un
conjunto de supuestos que permiten asegurar la “moralización del proceso”
y la transparencia de las actuaciones que lo componen, garantizando así la “recta”
decisión de los conflictos sometidos a los jueces.
Así pues, como
consecuencia de tales exigencias, el legislador ha previsto y detallado para
cada escenario procesal el conjunto de actos contrarios a ellas y ha dispuesto
los correctivos correspondientes.  No sobra advertir, antes de proseguir, que
de cualquier manera la imposición de los castigos a que haya lugar debe estar
precedida en todo caso de las garantías propias del debido proceso
sancionatorio[2].
Particularmente,
en lo que se refiere al uso inapropiado de la acción de tutela, el Decreto 2591
de 1991 define en su artículo 38[3], que la conducta
merecedora de castigo se concreta en la “duplicidad del ejercicio de la
acción de amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos
y con el mismo objeto”[4].
Adicionalmente,
no hay que pasar por alto que sobre este asunto la Corte Constitucional
consideró que la prohibición de presentar el mismo reclamo de protección de los
derechos fundamentales más de una vez, permite garantizar la efectividad y
agilidad de la administración de justicia.  En la sentencia C-054 de 1993[5]
explicó:
“Se estudia ahora por parte de esta
Corporación la denominada ‘actuación temeraria’ por la presentación de varias
tutelas por un mismo hecho.  || Al cotejar las normas constitucionales
con la norma acusada se advierte ésta se adecua a aquellas. ||
(...) En efecto, esta Corporación reitera aquí lo que ya ha establecido en Sala
de Revisión de Tutela, a propósito de la actuación temeraria, cuando sostuvo
que con base en los artículos 83, 95 y 209 de la Constitución, la actuación
temeraria debe ser controlada en aras de lograr la efectividad y agilidad en el
funcionamiento del Estado. En aquella oportunidad esta Corporación sostuvo que
el abuso desmedido e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener
múltiples pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio
para toda la sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la
administración de justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de
la repetición de casos idénticos, necesariamente implica una pérdida
directamente proporcional en la capacidad judicial del Estado para atender los
requerimientos del resto de la sociedad civil”.
Así mismo, en la
sentencia C-155a de 1993[6] la Corte estimó que la
importancia del amparo constitucional requiere la definición de las responsabilidades
y sanciones derivadas de la utilización deshonesta o, en todo caso, contraria
al propósito del constituyente, a saber, dotar al ordenamiento jurídico de un
mecanismo apropiado para garantizar la vigencia inmediata de los derechos
fundamentales.  De la sentencia citada vale la pena recordar los siguientes
argumentos:
“En
verdad, de lo que se trata en la disposición acusada es de regular el derecho
de tutela, y esto  comprende los aspectos relacionados con los procedimientos
previstos para su ejercicio y protección, como es el de las sanciones que
correspondan a las modalidades ilegitimas de su ejercicio que, contrariando los
principios y los postulados que se predican de aquel, lo desnaturalizen y lo
hagan producir efectos diversos de los queridos por el Constituyente, en un
desgaste innecesario y desleal, con el Derecho y con la Justicia, mucho más
cuando se trata de personas supuestamente habilitadas por la educación
profesional y técnica en el conocimiento y la  interpretación del Derecho.
“En
lo que se refiere al ejercicio de la citada acción, es bien claro que aquel
debe estar enderezado a lograr, si es del caso, la concreta y especifica
protección inmediata y efectiva del derecho constitucional fundamental,
pudiéndose poner en movimiento las competencias de los jueces en cualquier
tiempo y lugar; en consecuencia, el abogado que se pone al frente para
adelantar en dichas condiciones el procedimiento breve y sumario que ordena la
Carta, debe saber que se trata de una grave responsabilidad, que no puede menos
que asumir con especial transparencia y honestidad, puesto que, desde cualquier
punto de vista resulta claro que esta expresión no significa que la acción se
pueda interponer cuantas veces se quiera, o que queda a discreción del abogado
el promoverla a su antojo, en el número de veces que estime más conveniente y
en ultimas efectivo. A esta reflexión no escapa ningún profesional del derecho
que se encargue de la defensa de los intereses ajenos de aquella índole por
semejante vía y, por tanto, debe estar en condiciones de recibir concientemente
la eventual sanción que le corresponde.”
Conforme a tales
supuestos la Corte ha diferenciado las dos consecuencias que es posible
desprender de la prohibición contenida en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991.  La primera, que provoca como resultado la improcedencia del amparo y el
rechazo de las solicitudes de protección, se produce cuando se verifica la duplicidad
del ejercicio de la acción de amparo constitucional entre las mismas partes,
por los mismos hechos y con el mismo objeto.  La segunda, sujeta a la
existencia de la anterior y que origina la suspensión de la tarjeta profesional
de abogado y las demás sanciones a que haya lugar, se ocasiona cuando,
además de la repetición de acciones, se pruebe la existencia de temeridad y,
por tanto, se logre desvirtuar la buena fe del accionante a partir de su actuar
amañado, desleal, abusivo o que persiga engañar a la administración de
justicia.  Sobre el particular, en la sentencia SU-713 de 2006 la Corte
explicó:
“Ahora bien, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que la actuación temeraria prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, además de otorgarle al juez de instancia
la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente “todas las solicitudes”, le
habilita -en armonía con lo previsto en los artículos 72 y 73 del Código de
Procedimiento Civil[7]-,  para
sancionar pecuniariamente a los responsables[8], siempre
que la presentación de más de una acción de amparo constitucional entre las
mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto (i) envuelva una
actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas
que convaliden sus pretensiones[9]; (ii)
denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual
a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable”[10]; (iii)
deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción”[11]; o
finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la
“buena fe de los administradores de justicia”[12]. Es
precisamente en la realización de estos comportamientos, en que -a juicio de
este Tribunal- se está en presencia de un actuar temerario.
“Por
consiguiente, si bien tiene el juez la obligación de rechazar las solicitudes
de tutela cuando se presenta duplicidad en el ejercicio de la acción de amparo
constitucional, también puede sancionar a quienes incurran en dicho actuar,
siempre que su comportamiento se funde en móviles o motivos manifiestamente
contrarios a la moralidad procesal, como lo son aquellos previamente
relacionados y reconocidos por esta Corporación.
“En estos términos, no sucede lo mismo y
así lo ha advertido esta Corporación, cuando a pesar de existir dicha
duplicidad, el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la
ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho[13]; o (iii)
por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente
es la declaratoria de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por los mismo, no
conduce a la imposición de sanción alguna en contra del tutelante.”
Así pues, a
partir de las diferentes consecuencias que se pueden develar de la presentación
plural de una tutela, la Corte ha establecido que pueden  existir casos en los
cuales se concluya que una acción es improcedente sin que sea posible deducir
temeridad alguna[14].  Esto conlleva a que el
operador judicial tenga que definir cuidadosamente los hechos probados dentro
del expediente en orden a fundamentar y diferenciar, a partir de los mismos y
los requisitos de cada figura, uno u otro resultado.
Bajo este orden
de ideas, la Sala debe resaltar que la jurisprudencia ha establecido los
requisitos que soportan y condicionan la improcedencia por duplicidad de
acciones y, por tanto, ha fijado el conjunto de condiciones a las que se debe
remitir el juez en orden a confirmar la existencia de la infracción.  Cada una
de ellas recalca la obligación de comprobar la completa identidad entre los
elementos de cada solicitud de amparo a partir de cuatro pasos, y –además- de
inspeccionar si existe un justificante relevante de dicho actuar. La sentencia
de unificación citada, indicó textualmente lo siguiente:
“8.  Para deducir que una
misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces, con infracción de la
prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar:
“(i) La identidad de partes, es
decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a
su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición persona de natural,
ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales.
“(ii) La identidad de causa petendi,
o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa.
“(iii) La identidad de objeto,
esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión
tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental.
“(iv) Por último, y como se dijo
anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3)
primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento
válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de
acción. Esta ha sido la posición reiterada y uniforme de esta Corporación, a
partir de la interpretación del tenor literal de la parte inicial del artículo
38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “Cuando sin motivo
expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemte todas a solicitudes”[15].
“Esto ha permitido entender el alcance del
“juramento” previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el cual se
limita a requerir del tutelante la manifestación de no haber presentado
respecto de los mismos hechos, entre las mismas partes y con el mismo objeto
otra acción de tutela, pues dicha declaración no puede llegar al extremo de
impedir que a partir de nuevos fundamentos de hecho se justifique el ejercicio
de la misma acción tutelar.”
Para terminar, la
Sala debe reiterar –como se dijo atrás- que el juez debe establecer a partir de
los hechos probados dentro del expediente la improcedencia de la solicitud, es
decir, se hace necesario que éste derive las coincidencias entre las acciones
-en cada una de las esferas relacionadas- a partir de instrumentos que
materialmente le permitan tal aseveración.  En otras palabras, para poder
desvirtuar la procedencia del amparo se hace obligatorio que el juez corrobore
la “triple identidad” entre las solicitudes, para lo cual se debe
remitir, por lo menos, a alguno de los instrumentos que constituyeron la
primera solicitud de amparo, para de esta manera hacer viable la comparación.
Al respecto en la sentencia T-919 de 2003, se estimó: “Cuando en un proceso
aparezca como factible la declaración de improcedencia en virtud de una posible
identidad de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de verificar
que tal posibilidad en efecto se configure en el caso concreto y adicionalmente
que no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de la acción, en el
caso de que efectivamente se presente la identidad”.
3.2.  La importancia
de la inmediatez dentro de las reclamaciones efectuadas por los extrabajadores
de Telecom o las Teleasociadas.
En las
sentencias T-1062 de 2007[16] y T-1070 de 2008[17],
la Corte estudió casos similares a los planteados en esta ocasión.  En aquellas
oportunidades los demandantes requirieron la protección de sus derechos más de
cuatro años después de haberse originado su vulneración.  Conforme a este
escenario en dichas providencias se advirtió que a pesar de la utilidad de la
acción de tutela para hacer efectivos los derechos de los padres cabeza de
familia, el amparo debía ejercerse y presentarse de manera oportuna, teniendo
en cuenta las previsiones establecidas en la sentencia SU-389 de 2005[18].
En efecto, en la última de las providencias anotadas se anotó y concluyó lo
siguiente:
“Con todo, el hecho de que los
individuos estén habilitados para acudir a la tutela con el fin de obtener la
protección de las garantías derivadas del retén social no significa que el
amparo pueda solicitarse en cualquier tiempo.
“Ciertamente, la Corte Constitucional ha
insistido en su jurisprudencia que la acción de tutela debe interponerse en
tiempos razonables, en fecha cercana a la vulneración, pues la finalidad del
mecanismo constitucional es la de proveer protección inmediata frente a la
inminente afectación de una garantía fundamental. En consecuencia, la Corte ha
considerado que las acciones de tutela deben cumplir con el requisito de la
inmediatez, que impone al afectado el deber de acudir oportunamente al juez
para solicitar la protección. En otras palabras, el transcurso injustificado
del tiempo hace que la solicitud de protección se torne improcedente. Como la
normativa no dispone lapso específico para la interposición de la demanda, la
Corte ha concluido que la valoración del plazo razonable corresponde al juez de
tutela de conocimiento.
Sobre el principio de inmediatez la Corte
ha sostenido:
“En primer lugar, es preciso anotar que el
artículo 86 de la Carta Política señala que la finalidad de la acción de tutela
es la protección preferente e inmediata, mediante un procedimiento sumario, de
los derechos fundamentales constitucionales. Al referir los efectos del fallo,
el artículo constitucional prescribe que el mismo será de inmediato
cumplimiento, tras lo cual la tutela podrá invocarse como mecanismo transitorio
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En el mismo sentido,
el inciso cuarto del artículo constitucional prescribe que en ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.
“De otro lado, el Decreto 2591 de 1991
señala en su artículo 3º que el trámite de la tutela se desarrollará –entre
otros- con arreglo a los principios de economía, celeridad y eficacia. El
artículo 15 del mismo decreto señala que el trámite de la tutela es
preferencial y que, por ese hecho, la acción será sustanciada de manera
preferencial, para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza
diferente que se halle en turno, salvo el habeas corpus. Para afianzar el
carácter urgente de la acción, el artículo dispone que los plazos para la
resolución de la tutela son perentorios e improrrogables.
“De la misma manera, el artículo 19 del
Decreto en mención señala que los informes requeridos por el juez de tutela, en
los que consten los antecedentes del caso, deberán presentarse en tres días,
para lo cual se fijará, de acuerdo con la índole del asunto, la distancia y la
rapidez de los medios de comunicación; a lo cual se suma que el artículo 27
ordena el cumplimiento inmediato o “sin demora” del fallo de tutela, ya que si
dentro de las 48 horas siguientes no se ha dado cumplimiento a la orden, “el
juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga
cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.
Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior
que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas
las medidas para el cabal cumplimiento del mismo” (Art. 27).
“El compendio normativo en cita permite
evidenciar que el trámite de la acción de tutela es ágil y que la solución se
ofrece inmediata, con el fin de evitar la consumación de un daño grave a los
derechos fundamentales. Las previsiones anteriores permiten percibir que tanto
como el procedimiento es rápido y expedito, también la orden que se imparte
está llamada a ser pronta.
“De la interpretación de las normas que la
definen, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que la
teleología de la acción de tutela es la de proveer protección inmediata y
preferente a los derechos fundamentales, en el escenario de su violación, pues
no de otra manera se entiende que la jurisdicción deba desplazar todo el
compromiso de ordinario asignado a sus competencias para atender, con
preeminencia, los casos de violación de derechos fundamentales.
“Esta finalidad del proceso de tutela
implica, sin más, que la solicitud de protección debe presentarse tan pronto se
verifican los hechos considerados violatorios de los derechos fundamentales o,
por lo menos, pasado un tiempo prudencial desde la violación de la garantía
constitucional. Este requisito, conocido por la jurisprudencia como el de la
inmediatez, ha llevado a la Corte a sostener que aunque la acción de tutela no
tiene término de caducidad, por lo que el sólo transcurso del tiempo no implica
el rechazo de la demanda, el paso de los días sí es criterio para determinar la
procedencia de la acción, cuando se ha verificado que el transcurso de un largo
periodo ha disuelto la gravedad de la agresión y, por tanto, hay disipado la
urgencia de la protección requerida.” (Sentencia T-993 de 2005 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra)”
(Negrilla fuera de texto original).
3.3.  Análisis
sobre la temeridad y la inmediatez en los casos concretos.  Improcedencia de la
acción de tutela.
3.3.1.  La Sala
destaca que dentro del expediente T-2061854 se comprueba que el señor José
Felix Calle Mieles trabajó para Teleupar S.A desde el 13 de septiembre de 1994
hasta el 13 de junio de 2003 y que en razón del retiro recibió una liquidación
y una indemnización superior a quince millones de pesos[19].
En dichos hechos, sumados a la protección que recibieron otros de sus
compañeros, el actor sustenta la vulneración de sus derechos fundamentales y
los de sus hijos.
De otra parte,
en el caso del señor Gutierrez Posedente se evidencia que trabajó desde 1987
hasta julio de 2003 y que, en razón de su despido, recibió una indemnización y
liquidación superior a los cuarenta y seis millones de pesos[20].
También se comprueba que con posterioridad a su despido, el señor Gutierrez
presentó una primera acción de tutela que fue resuelta, en primera instancia,
por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, el 09 de diciembre de
2005[21] y, en segunda instancia,
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.
En ambas providencias -se destaca- se estudiaron las condiciones para ser
considerado padre cabeza de familia, conforme a la sentencia SU-389 de 2005.
La fecha de la última providencia es 22 de febrero de 2006[22]
y está precedida por las resoluciones proferidas por Telecom en liquidación, en
las que se niega el reintegro del actor por no cumplir las condiciones previstas
en la sentencia SU-389 de 2005.
Asimismo, en el
caso del señor Jorge Armando Moreno Manrique se corrobora que trabajó para la
misma empresa hasta julio de 2003 y que, en razón de su despido recibió una
indemnización y una liquidación superior a los cincuenta millones de pesos[23].
Así también, es posible evidenciar que con posterioridad a su despido el actor
presentó otra acción de tutela, que le fue concedida en primera instancia y por
la cual recibió una suma superior a los veinte millones de pesos.  No obstante,
esta acción fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar, mediante providencia del seis de febrero de 2006.
Ambas providencias -se destaca- estudiaron las condiciones para ser considerado
padre cabeza de familia, conforme a la sentencia SU-389 de 2005, y ambas están
precedidas por las resoluciones proferidas por Telecom en liquidación, en las
que se niega el reintegro del actor por no cumplir las condiciones previstas en
la sentencia SU-389 de 2005.
3.3.2  De las providencias citadas en los casos de los señores
Gutierrez y Moreno se hace necesario tener en cuenta que el origen de la acción
está determinado por la finalización de la relación laboral entre los actores y
Telecom o la Teleasociada, Teleupar.  De hecho, la primera acción que ellos
presentaron en el año 2005 estaban dirigidas a que se les reconociera la
condición de padre cabeza de familia y se les protegiera la estabilidad laboral
reforzada, consignada en el denominado “retén social”, conforme a la sentencia SU-389
de 2005.
Por su parte, en
el presente asunto, es decir, en la acción de tutela que el señor Gutierrez presenta
el 28 de marzo de 2008 y que el señor Moreno presenta el 25 de enero de 2008, ambos
reiteran el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital
y a la familia, presuntamente vulnerados por el consorcio fiduciario que
administra el Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR- de la extinta Telecom y
sus Teleasociadas.  Ello por cuanto -afirman- les fue terminado su contrato de
trabajo sin tener en cuenta que dada su condición de “padre cabeza de familia” gozan
de una protección especial materializada en una estabilidad laboral reforzada
dentro de la empresa.
Como se observa,
la coincidencia entre las partes, la causa petendi y el objeto de las
acciones presentadas por los señores Assad Gutierrez Posedente y Jorge Armando
Moreno Manrique es notable.  De acción a acción solamente varía ligeramente la
autoridad responsable de la presunta vulneración, debido a que para la fecha en
la que se presentó la última de ellas Telecom y las TELEASOCIADAS ya habían
sido liquidadas y -de acuerdo a los actores- en la actualidad la encargada de
atender las obligaciones de dichas empresas es el consorcio fiduciario que
administra el PAR.  Los demás elementos que conforman el reclamo de protección
de derechos fundamentales se repiten en las dos acciones haciendo inviable que,
en principio, se estudie de fondo la solicitud de amparo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991.
No obstante -hay
que destacar- en ninguna de las actuaciones efectuadas por los señores
Gutierrez y Moreno se niega la existencia de las tutelas precedentes.  Por el
contrario, ellos justifican la presentación del último amparo constitucional
partir de la sentencia T-592 de 2006[24].  Para los actores y para
el Tribunal de segunda instancia esta providencia permite que a pesar de haber
transcurrido más de tres años y de haber presentado varias acciones de tutela
previas, se repita la solicitud de amparo para, en cualquier tiempo, acceder a
la protección laboral reforzada de las madres y los padres cabeza de familia.  Veamos
entonces, en los mismos términos en que se efectuó en la sentencia T-231 de
2008, si es posible colegir a partir de dicha jurisprudencia que existe la
posibilidad de que los antiguos trabajadores de Telecom reiteren o repitan sus solicitudes
de protección a través de la acción de tutela.
La sentencia
T-592 de 2006 estudió una acción de tutela presentada por un padre cabeza de
familia despedido por el liquidador de Telecom.  Como tal, esta acción
constituye la aplicación de las diferentes medidas reconocidas por el pleno de la
Corte a favor de tales sujetos en la sentencia SU-389 de 2005.  En efecto, en aquella
sentencia se narra que como consecuencia del despido -ocurrido también en el
año de 2003- un ex-trabajador elevó varias peticiones tendientes a que se le
reconociera su status, se le incluyera dentro del “retén social” y se le
reincorporara en la planta de personal de la empresa.  Inclusive -narra- con
motivo de lo ordenado en la sentencia SU-389[25] éste presentó
los documentos que probaban su condición de padre cabeza de familia y que, sin
embargo, la empresa no accedió a su protección.  En atención a este escenario y
teniendo en cuenta que la sentencia SU-389 autorizó expresamente la posibilidad
de interponer una nueva acción de tutela como consecuencia de la negativa de la
empresa[26], el ex-trabajador acudió
de manera inmediata[27] al juez constitucional
para que se verificara su especial condición y se protegieran sus derechos
fundamentales.
Así las cosas,
una de las principales excepciones presentadas por la empresa frente a la
acción impetrada por el ex-trabajador fue la existencia de temeridad, teniendo
en cuenta que con anterioridad a la sentencia SU-389 de 2005 éste ya había
presentado una tutela por los mismos hechos.  También así, otra de las
cuestiones cardinales que tuvo que resolver la Corte en este caso fue el
alcance de la protección, teniendo en cuenta que la empresa ya se había
extinguido.
Bajo tales condiciones
el primer asunto que la sentencia T-592 de 2006 estudió fue la naturaleza, el
alcance y las condiciones generales de protección de los padres cabeza de
familia.   Para este efecto -como se indicó- reiteró los fundamentos contenidos
en la sentencia SU-389 de 2005, sobre todo en lo relativo a los requisitos que
es necesario atender para alcanzar tal status y específicamente respecto a la
procedibilidad de la acción de tutela para reclamarlo.  Sobre este último la
sentencia explícitamente insistió que para poder interponer el amparo se
requería la comprobación de que “(iv) a la fecha de la Sentencia SU-389 de
2005 (esto es 13 de abril de 2005) hubieran presentado acción de tutela por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales”.  Esto es, en la
providencia bajo cita, en aplicación de la sentencia de unificación, se
concluyó en su ratio decidendi[28], como requisito
de procedibilidad excepcional para proteger los derechos de los padres cabeza
de familia de Telecom, que éstos hubieran presentado una tutela previa, con
anterioridad al 13 de abril de 2005.  De hecho, en el caso concreto la
Corte concluyó que no era posible derivar una situación temeraria debido a que
el actor estaba resguardado por las previsiones excepcionales previstas en la
SU-389, es decir, la presentación de una tutela antes del 13 de abril y
la reclamación efectuada ante Telecom con motivo de la notificación de la
sentencia de unificación.  Para el efecto explicó lo siguiente:
“No obstante, no sobra hacer una
referencia a la procedencia de la presente acción de tutela como medio de
remedio a una presunta violación de los derechos fundamentales del señor Duque
Corrales. Tiene que ver este punto con el objeto mismo por el cual la Sala
Plena de la Corporación decidió dar efectos inter comunis  a la sentencia
SU-389 de 2005. En dicho fallo –recordemos- aparte de conceder el amparo en los
casos que se estudiaban, la Corte decidió, como lo ha hecho en casos
excepcionales, que los efectos de la sentencia no solamente cobijaban los casos
que se estudiaban en la sentencia, sino que también beneficiaban a todas
aquellas personas que se encontraran en la misma situación que aquellos.
“Ahora bien, tal decisión buscaba
prevenir que las personas consideradas en el universo de beneficiados se vieran
afectados porque sus reclamos de amparo frente a la situación de violación de
derechos fundamentales reconocidos en la sentencia de unificación, no hubieren
sido protegidos por otros jueces de tutela. Esto significa que, en principio,
quién, como el señor Duque Corrales, hubiera solicitado directamente su
inclusión en el retén social y luego lo hubiere solicitado por vía de tutela
(mientras ésta hubiera sido denegada y no seleccionada para revisión por la
Corte) debía acudir directamente a Telecom para obtener el beneficio sin
necesidad de presentar una nueva solicitud de amparo.
“No obstante, y es este el caso que actualmente
examina la Sala de Revisión, que aún después de solicitar la aplicación de los
efectos inter comunis  de la SU-389 de 2005, la situación de presunta
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara. En tal evento, resulta
procedente la interposición de una nueva demanda de tutela, sin que ello
constituya temeridad en el intento de la obtención de un nuevo amparo. Es claro
para la Sala que la nueva negativa de la entidad, en esta ocasión relacionada
estrechamente con la delimitación de los efectos de la sentencia de
unificación, desvirtúan la identidad de objeto que se requiere para que, entre
una demanda de tutela y otra, se pueda predicar la existencia de la temeridad.
“4.3 Es necesario indicar entonces que
la demanda presentada por el señor Duque Corrales no es temeraria y que se
trata de establecer, una vez definida la procedencia de la presente tutela, si Telecom
lo excluyó sin razón constitucional del programa de retén social, aún a pesar
de lo dicho en la sentencia SU-389 de 2005.”
Nótese que la
sentencia T-592 de 2006 no autorizó o dispuso de manera alguna la interposición
indiscriminada de varias o múltiples acciones de tutela sin límite en el
tiempo, para controvertir los derechos de los padres o las madres cabeza de
familia.  No.  Por el contrario, la sentencia es clara en determinar, como
lo dispuso la Sala Plena en la sentencia de unificación, que debido al efecto inter
comunis inmerso en la misma, era viable que las personas que hubieren
reclamado la protección de sus derechos antes de la SU-389, volvieran a
interponer un nuevo y único amparo oportuno para exigir la aplicación de
las subreglas previstas en ésta.  En otras palabras, siguiendo la argumentación
que compone la sentencia T-592, la actuación temeraria quedaría excluida en la
medida en que la nueva tutela perseguiría ahora el aseguramiento de los efectos
contenidos en la sentencia de unificación.
De hecho, bajo
los mismos razonamientos, la sentencia T-592 determinó que en la medida en que la
acción que revisaba reunía las pautas fijadas por la sentencia de unificación, pues
-se repite- fue presentada inmediatamente después de las resoluciones
proferidas por Telecom, en las que se aplicaron las subreglas de la SU-389 de
2005, se podía acceder a la protección de los derechos fundamentales
invocados.  Como consecuencia, el siguiente interrogante al que se enfrentó el
fallo en cuestión fue determinar quién y cómo debía responder por la protección
de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la existencia jurídica de
Telecom ya había terminado, en razón de la publicación de su acta de liquidación.
Sobre el particular la Corte dispuso que dado que el reintegro era “imposible”
se debía ordenar el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir,
desde el despido hasta la fecha de liquidación, teniendo en cuenta que el
contrato de fiducia mercantil de administración del PAR tiene como uno de sus
objetivos la atención de los procesos judiciales siempre que
estuvieran en curso al momento de terminar el proceso liquidatorio[29].
No obstante lo
anterior, los señores Gutierrez Posedente y Moreno Manrique dentro del presente
asunto justifican la repetición de acciones pues consideran que la T-592 de
2006 autorizó la presentación de más tutelas para alcanzar la protección del
denominado “retén social”.  Inclusive, en uno de estos casos la Sala advierte
que la tutela es reiterada para evitar la devolución de los dineros recibidos,
por concepto de reintegro.  En contraste, para la Sala es claro que ninguno de
ellos se acerca a las condiciones de hecho que soportaron la protección de
derechos fundamentales consignada en dicha providencia, pues los dos ya habían
presentado una acción de tutela previa en la que se tuvo la oportunidad de
verificar y estudiar los efectos y condiciones de las sentencias de unificación
SU-388 y SU-389 de 2005.
Así pues, nótese
que de los diferentes argumentos que componen la sentencia T-592 de 2006 no se
puede derivar la opción de presentar más acciones de tutela en procura de
perseguir el pago de salarios y prestaciones.  En consecuencia, esta Sala no
encuentra razón que justifique la procedencia de las nuevas acciones
presentadas por Assad Gutierrez Posedente y Jorge Armando Moreno Manrique, por
lo que habrá de revocar las decisiones proferidas, en los dos casos, por la
Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Valledupar y por el Juzgado
Tercero de Familia de Valledupar y, en su lugar, denegará la protección de los
derechos invocados.
3.3.3.  De otra
parte, en lo que se refiere a la acción presentada por el señor José Felix
Calle Mieles, la Sala comprueba que a pesar de haber sido despedido el 13 de
junio de 2003 éste sólo alegó superfluamente ante Telecom su condición de padre
cabeza de familia[30] y sólo cuatro años y
medio después, decidió requerir la protección de sus derechos y los de sus
hijos a través de esta acción, que fue presentada el 25 de marzo de 2008.  Bajo
estas condiciones, teniendo en cuenta que el actor no cumplió con las
condiciones temporales establecidas en la sentencia SU-389 de 2005 para
requerir la protección de sus derechos como padre cabeza de familia y
atendiendo que tampoco cumple con el principio de inmediatez de la acción de
tutela, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la acción y, por lo
tanto, en reiteración de los términos de las sentencias T-1062 de 2007 y T-1070
de 2008, revocará la decisión tomada por la Sala Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior de Valledupar y, en su lugar, confirmará la decisión tomada
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar.
VI.  DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.  Dentro del expediente T-2061854, REVOCAR la sentencia
proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de
Valledupar, el 27 de mayo de 2008 y, en su lugar, CONFIRMAR la sentencia
dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, del nueve
de abril de 2008, que denegó la acción de tutela presentada por José Felix
Calle Mieles contra Teleupar y el consorcio que administra el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Telecom.
Segundo:  Dentro del expediente T-2063078, REVOCAR las sentencias
proferidas por la Sala Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior de Valledupar, del 18 de julio de 2008, y por el Juzgado
Tercero de Familia de Valledupar, del 14 de abril de 2008, y, en su lugar, DENEGAR
la protección de los derechos invocados dentro de la acción de tutela
invocada por el ciudadano Asaad Gutierrez Posedente contra el consorcio que
administra el PAR de Telecom.
Tercero.  Dentro del expediente T-2063654, REVOCAR las sentencias
proferidas por la Sala Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior de Valledupar, del 15 de abril de 2008, y por el Juzgado
Tercero de Familia de Valledupar, del 11 de febrero de 2008, y, en su lugar, DENEGAR
la protección de los derechos invocados dentro de la acción de tutela
invocada por el ciudadano Jorge Armando Moreno Manrique contra el consorcio que
administra el PAR de Telecom.
Cuarto.  Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Con
salvamento de voto
CLARA ELENA REALES GUTIERREZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-098 DE 2009 DEL MAGISTRADO JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
CORTE CONSTITUCIONAL-Declaró
inconstitucional la existencia de un término que limite la posibilidad de
interponer la tutela (Salvamento de voto)
A través de una sentencia de constitucionalidad se estableció como
inconstitucional la existencia de un término que limite la posibilidad de
interponer la acción de tutela. Así las cosas, no
existe ni por vía constitucional, ni por vía legal y menos aún por vía
jurisprudencial; un término que limite la posibilidad de interponer la acción
de tutela.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-No es aplicable
frente a la vulneración efectiva y continuada de derechos fundamentales (Salvamento
de voto)
En mi concepto el principio de la inmediatez no es
aplicable frente a la vulneración efectiva y continuada de los derechos
fundamentales, por cuanto si un derecho ha sido y sigue siendo vulnerado en el
transcurso del tiempo, esto es, de manera continuada, no se puede alegar de
ninguna manera el mero transcurso del tiempo, por largo que este sea, para
evitar administrar justicia y restablecer el derecho. Esto sería además de
absurdo, inconstitucional, por cuanto nuestra Constitución da prevalencia al
derecho material y sustancial, máxime cuando se trata de derechos
fundamentales, frente al derecho formal y a las formalidades procesales –art.
228 CN. Por tanto, me permito rebatir nuevamente la tesis de la inmediatez que
sirve para coadyuvar a la violación de los derechos fundamentales, por cuanto
aunque hayan pasado varios o muchos años a partir de la vulneración de un
derecho fundamental, su restablecimiento y reparación se puede pedir o
solicitar siempre.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Deberá
apreciarse en cada caso en particular (Salvamento de voto)
Reitero lo
sostenido en varias oportunidades en Sala Plena, que considero que el requisito
de inmediatez es una creación jurisprudencial que se debe apreciar en cada
caso, pues en realidad la Constitución Política no establece ningún límite
temporal para la presentación de la tutela, como quiera que la protección de
los derechos no tiene plazo para su reclamo y la norma legal que establecía la
caducidad de la acción fue declarada inexequible. Por tanto, la regla general
es la admisibilidad de la tutela y la apreciación respecto de la procedencia o
no de la acción frente al requisito de inmediatez sólo puede hacerse por el
juez constitucional caso por caso. Los derechos no tienen plazo ni término,
ésta es la jurisprudencia de la Corte, que no se puede violar en este caso.
Referencia: expedientes acumulados T-                     2061854,
T- 2063078 y T-2063654
Magistrada
Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS      HERNÁNDEZ
El tema de la inmediatez es un concepto de creación
jurisprudencial que ha hecho referencia a la diligencia en que
debió haber incurrido aquella persona que se haya visto vulnerada o amenazada
en sus derechos fundamentales. Específicamente, ésta ha sido utilizada por la
Corte Constitucional para denotar la actividad y prontitud con que la persona
buscó proteger sus derechos fundamentales.  En esencia, la inmediatez radica en
actos diligentes por parte de la persona afectada por violación de sus derechos
fundamentales.
No obstante, debo afirmar aquí radicalmente que el artículo
86 constitucional, norma que señala  la acción de tutela, no establece
término para hacer valer el derecho fundamental amenazado o vulnerado.
En realidad la Corte Constitucional ha utilizado los
términos de inmediación e inmediatez en la acción de tutela por cuestiones
eminentemente prácticas o pragmáticas, pero en momento alguno se han esbozado
criterios o razonamientos apegados a la ley o a la Constitución que sustenten
un término para interponer la acción de tutela.
Aún más, los conceptos de inmediación e inmediatez,
utilizados por ésta Corporación son conceptos diferentes.  Según el diccionario
de la Real Academia Española, inmediación es la proximidad
en torno a un lugar, mientras que inmediatez hace
referencia a la cualidad de inmediato (contiguo o muy cercano a algo o a
alguien).
Ahora bien, el artículo 11 del decreto 2591 de 1991
establecía: “ Caducidad:  la acción de tutela podrá ejercerse en todo
tiempo  salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que
pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la
providencia correspondiente“.  Respecto de este artículo la Corte
Constitucional mediante sentencia C- 543 de 1992 analizó su constitucionalidad,
dividiendo la argumentación en dos partes así:
“a) La limitación en el tiempo de las posibilidades de acudir a la
acción de tutela (caducidad); b) El supuesto -del cual parte y al cual se refiere la aludida
caducidad- de que es procedente la tutela contra sentencias que pongan fin a un
proceso judicial.
La Corte se ocupará de estos dos asuntos de manera independiente,
tomando en consideración los argumentos de los actores.”
En este orden de ideas, en dicha sentencia y en lo que interesa para
este salvamento de voto, es decir el literal a) de dicho análisis, la
Corte Constitucional afirmó respecto a la limitación en el tiempo de la
posibilidad de acudir a la acción de tutela:
“a)  Inconstitucionalidad de la caducidad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona "tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar (...) la protección inmediata de sus derechos
fundamentales...".
( … )
Resulta palpable la oposición entre el establecimiento de un
término de caducidad para ejercer la acción y lo estatuído en el artículo 86 de
la Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo
momento", razón suficiente para declarar, como lo hará esta Corte, que por
el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991.
Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en
materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente
a la acción de tutela, quebranta la autonomía funcional de los jueces, obstruye
el acceso a la administración de justicia, rompe la estructura descentralizada
y autónoma de las distintas jurisdicciones, impide la preservación de un orden
justo  y afecta el interés general de la sociedad, además de lesionar en forma
grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos
constitucionales del ordenamiento jurídico.”
En consecuencia, a través de una sentencia de constitucionalidad se
estableció como inconstitucional la existencia de un término que limite la
posibilidad de interponer la acción de tutela.
Así las cosas, no existe ni por vía constitucional, ni por vía
legal y menos aún por vía jurisprudencial; un término que limite la posibilidad
de interponer la acción de tutela.
En el presente caso, además el argumento para su no
procedencia no puede ser el de inmediatez.  Lo anterior, por cuanto en primer
término, los demandantes fueron diligentes en la reivindicación de sus derechos
y en segundo término, por cuanto el hecho de que exista una vulneración a un
derecho fundamental le permite interponer en todo tiempo la acción de tutela.
En consecuencia, en mi concepto el principio de la
inmediatez no es aplicable frente a la vulneración efectiva y continuada de los
derechos fundamentales, por cuanto si un derecho ha sido y sigue siendo
vulnerado en el transcurso del tiempo, esto es, de manera continuada, no se
puede alegar de ninguna manera el mero transcurso del tiempo, por largo que
este sea, para evitar administrar justicia y restablecer el derecho. Esto sería
además de absurdo, inconstitucional, por cuanto nuestra Constitución da
prevalencia al derecho material y sustancial, máxime cuando se trata de
derechos fundamentales, frente al derecho formal y a las formalidades
procesales –art. 228 CN-. Baste ilustrar esta situación a través de los delitos
continuados, como por ejemplo el delito del secuestro, en el cual por más que
se lleve 20 o más años secuestrado, no se puede afirmar de ninguna manera que
se haya acabado el secuestro, sino que por el contrario lo que hubo fue una
perpetuidad del delito y de la vulneración de los derechos.
En este sentido, es necesario recordar que nunca puede un hecho
vulnerar un derecho, es decir, en este caso, nunca puede la continuidad
de un hecho violatorio de un derecho fundamental terminar vulnerando derechos
fundamentales.
Por tanto, me permito rebatir nuevamente la tesis de la
inmediatez que sirve para coadyuvar a la violación de los derechos
fundamentales, por cuanto aunque hayan pasado varios o muchos años a partir de
la vulneración de un derecho fundamental, su restablecimiento y reparación se
puede pedir o solicitar siempre. En forma contraria a lo que se afirma respecto
de la inmediatez, considero que en cuanto más tiempo haya transcurrido en la
vulneración continuada de un derecho, mayor daño y mayor gravedad comporta
dicha vulneración y por lo tanto hay que reconocerle mayor gravedad a dicha
violación, lo cual exige a su vez, un mayor restablecimiento del derecho.
Por
consiguiente, reitero lo sostenido en varias oportunidades en Sala Plena[31],
que considero que el requisito de inmediatez es una creación jurisprudencial
que se debe apreciar en cada caso, pues en realidad la Constitución Política no
establece ningún límite temporal para la presentación de la tutela, como quiera
que la protección de los derechos no tiene plazo para su reclamo y la norma
legal que establecía la caducidad de la acción fue declarada inexequible. Por
tanto, la regla general es la admisibilidad de la tutela y la apreciación
respecto de la procedencia o no de la acción frente al requisito de inmediatez
sólo puede hacerse por el juez constitucional caso por caso. Los derechos no
tienen plazo ni término, ésta es la jurisprudencia de la Corte, que no se puede
violar en este caso.
En síntesis y de conformidad con el artículo 86 CN,
sostengo de manera clara y categórica que en materia de derechos fundamentales
no hay inmediación por la naturaleza propia de estos derechos, lo cual es
válido respecto de la tutela que nos ocupan en esta oportunidad, como también
en todos los demás procesos de tutela.
Fecha ut supra,
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]  Sala Novena de Revisión,
M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[2]
Vid. sentencia T-678 de 2006, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, argumento
jurídico 4.2..
[3]
Esta norma dispone textualmente: “Cuando sin motivo expresamente justificado
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas la solicitudes.
“El abogado que
promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesionales, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.
[4]
Sentencia SU-713 de 2006, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[5]
M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[6]
M.P.: Fabio Morón Díaz.
[7]
Dispone el artículo 4° del Decreto 306 de 1992: “Para la interpretación de
las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto
2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento
Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho decreto (...)”.
[8]
Sentencia T-443 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9]
Sentencia T-149 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10]
Sentencia T-308 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[11]
Sentencia T-443 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[12]
Sentencia T-001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[13]
Sentencia T-721 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[14]
Al respecto, en la sentencia T-919 de 2003 se explicó: “Sin embargo, la
Corte ha precisado que la simple configuración de improcedencia en razón de la
presentación de varias tutelas por los mismos hechos y derechos, no implica per
se temeridad, por lo cual el Constituyente ha señalado la importancia de la
valoración de  ésta última con el fin de no incurrir en sanciones injustas. En
este orden de ideas, partiendo de la base de que puede configurarse
improcedencia sin temeridad la Corte Señala que hay lugar a declarar la
improcedencia en aquellos casos en que se presenta más de una tutela con
identidad  de pretensiones, partes y hechos, lo cual implica una decisión
desfavorable a las pretensiones del actor.”
[15]
Subrayado por fuera del texto legal.
[16]  M.P.:
Manuel José Cepeda Espinosa.
[17]  M.P.:
Marco Gerardo Monroy Cabra
[18]
M.P.: Jaime Araújo Rentería.  Es necesario resaltar que la
sentencia SU-389 de 2005 estableció términos apremiantes a partir de los cuales
aquellas personas que se consideraran padres cabeza de familia pudieran
reclamar la protección de sus derechos.  Sobre el particular vale la pena tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
“Por último, con miras a
garantizar el cumplimiento de esta sentencia, especialmente en relación con el
trámite de reintegro de los padres cabeza de familia que no son parte directa
de esta providencia, la Corte estima necesario adoptar las siguientes medidas
adicionales:
Ordenará que por
Secretaría General de esta Corporación se notifique al Liquidador de TELECOM y
se le envíe copia íntegra de esta providencia.
Dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación, el Liquidador de la empresa deberá
informar por escrito, a quienes hubiesen reclamado ante la empresa su condición
de padres cabeza de familia o hubiesen presentado acción de tutela a la fecha
de este fallo, explicándole a cada uno de los padres cabeza de familia sobre la
posibilidad de solicitar el reintegro en los términos aquí señalados para que,
si lo estiman oportuno, procedan de conformidad.
Teniendo en cuenta la
necesidad de definir con prontitud el monto y las obligaciones de TELECOM, los
padres cabeza de familia tendrán el plazo máximo de un (1) mes, contado a
partir de la notificación que deberá efectuar el liquidador de la entidad, para
acudir ante éste, a fin de acreditar y demostrar los requisitos indicados en
este fallo para el reintegro y pago de los salarios y prestaciones sociales.
Dentro de los cinco (5)
días subsiguientes a la presentación de cada uno de los padres cabeza de
familia, el Liquidador de TELECOM deberá proceder al reintegro inmediato del
respectivo trabajador y disponer lo pertinente para el pago de salarios y
prestaciones, así como las compensaciones a que hubiere lugar.
Si el Liquidador de
TELECOM encuentra que en algunos casos no se acreditaron en debida forma los
requisitos para ser beneficiarios del retén social en calidad de padre cabeza
de familia, deberá motivar su decisión y esas personas tendrán la posibilidad
de entablar individualmente la acción de tutela para que sus circunstancias
sean evaluadas por el juez constitucional.
[19]  Folio 108.  Certificado
expedido por el director de la unidad de personal del PAR.
[20]  Folio 115, cuaderno de
primera instancia.
[21]  Folios 65 ss, cuaderno
de primera instancia.
[22]  Folios 75 ss, cuaderno
de primera instancia.
[23]  Folio 129, cuaderno de
primera instancia.
[24]  M.P.:
Jaime Araújo Rentería.
[25]  En efecto, en los numerales octavo a décimo de la parte
resolutiva de la sentencia SU-389 de 2005 se indicó:
“Octavo.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación, el Liquidador de
la empresa deberá informar por escrito, a quienes hubiesen reclamado ante la
empresa su condición de padres cabeza de familia o hubiesen presentado acción
de tutela a la fecha de este fallo, explicándole a cada uno de los padres
cabeza de familia sobre la posibilidad de solicitar el reintegro en los
términos aquí señalados para que, si lo estiman oportuno, procedan de
conformidad.
“Noveno.
Los padres cabeza de familia tendrán el plazo máximo de un (1) mes, contado a
partir de la notificación que deberá efectuar el liquidador de la entidad, para
acudir ante éste, a fin de acreditar y demostrar los requisitos indicados en
este fallo (Punto IV) para el reintegro y pago de los salarios y prestaciones
sociales.
“Décimo.
Dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la presentación de  cada uno de
los padres cabeza de familia, el Liquidador de Telecom deberá proceder al
reintegro inmediato del respectivo trabajador y disponer lo pertinente para el
pago de salarios y prestaciones, así como las compensaciones a que hubiere
lugar”.
[26]
El numeral undécimo de la parte resolutiva de dicha sentencia
prevé: “Undécimo. Si el Liquidador de Telecom encuentra
que en algunos casos no se acreditaron en debida forma los requisitos para ser
beneficiarios del retén social en calidad de padre cabeza de familia, deberá
motivar su decisión y esas personas tendrán  la posibilidad de entablar
individualmente la acción de tutela para que sus circunstancias sean evaluadas
por el juez constitucional.” (negrilla fuera de texto original)
[27]
Según los antecedentes consignados en la sentencia T-592 de
2006 el último acto proferido por Telecom fue el 23 de septiembre de 2005 y el
auto admisorio de primera instancia fue proferido el 21 de diciembre siguiente.
[28]
Cfr. sentencia T-292 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[29]  Sobre
el particular, la sentencia T-592 de 2006 consideró lo siguiente:
“(...) la
Sala cuenta como  único medio de restablecimiento del derecho fundamental
conculcado, ordenar que se le pague al actor aquello que, en caso de no haber
existido la violación de derechos fundamentales de la cual fue objeto, habría
percibido por concepto de salarios y prestaciones sociales, hasta la
terminación definitiva de la existencia jurídica de la empresa; esto es el 30
de enero de 2005.
“Hay
que considerar que si bien jurídicamente la empresa Telecom. dejó de existir,
la ley previó que luego de la definitiva desaparición de la persona jurídica
podían existir este tipo de contingencias, producto, entre otros, de procesos
judiciales. Por ello, mediante el artículo 3º[29]
del Decreto 4781 de 2005, el cual adicionó el numeral 12.29 del artículo 12 del
Decreto 1615 de 2003 se facultó al liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones,
Telecom., para:
“Celebrar un contrato de
fiducia mercantil para la constitución del PAR, cuya finalidad será la
administración, enajenación y saneamiento de los activos no afectos al
servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los
archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así
como de los procesos judiciales o reclamaciones en curso al momento de la
terminación del proceso liquidatorio, y el cumplimiento de las demás
actividades, obligaciones o fines que se indican en el presente Decreto o que
de conformidad con la ley correspondan a las sociedades Fiduciarias.” (Subrayas
fuera del texto)
“Como se observa en la
parte considerativa del acta de liquidación ya enunciada, el PAR fue creado el
mismo 30 de enero de 2006. Así las cosas, como el proceso judicial de tutela
adelantado por el señor Duque Corrales estaba en curso al momento de la
terminación del proceso liquidatorio, produciéndose ésta durante el trámite de
la impugnación, es el PAR, como verdadero sucesor singular de las obligaciones
derivadas del resultado de los procesos judiciales en curso al momento de la
terminación del proceso liquidatorio de Telecom., el obligado a pagar lo que,
como única forma de restablecimiento de los derechos fundamentales violados,
debe recibir el aquí actor por los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento de su desvinculación de Telecom., el 26 de julio
de 2003, hasta el momento de la  terminación definitiva de la existencia
jurídica de la empresa, el 30 de enero de 2006”. (negrilla fuera de
texto original).
[30]  Oficio
del 12 de enero de 2005 enviado a Teleupar por el señor Calle Mieles.
[31] Ver por ejemplo el Acta
No. 45. Sesión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, noviembre 22 de
2006, respecto del incidente de nulidad frente a la sentencia T-171 del 2006, y
el Acta No. 19 Sesión 12 de Julio de 2007,  solicitud de nulidad de la
sentencia T-171/06.