T-529-14
Sentencia
T-529/14
SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Fallecimiento de
actor no exime pronunciamiento de fondo
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Fallecimiento del
actor durante el trámite de la acción de tutela
La Corte ha sostenido que
el fallecimiento del peticionario durante el trámite de la acción, no impide
que emita un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, pues las
funciones asignadas constitucionalmente exceden a las que cumple ordinariamente
un tribunal de instancia.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia sobre
requisitos y condiciones necesarias para su procedencia
TEMERIDAD-Configuración/ACCION
DE TUTELA TEMERARIA-Improcedencia cuando hay duplicidad en la presentación
de acciones de tutela
Este Tribunal ha comprendido la temeridad
de dos formas. La primera concepción, según la interpretación literal del
precepto mencionado, entiende que dicha institución se configura cuando una
persona presenta simultáneamente, ante varios funcionarios judiciales, la misma
demanda de tutela. La segunda definición hace extensiva la consagración legal a
que los mismos recursos de amparo sean instaurados de manera sucesiva, requiriéndose
que el actor actúe de mala fe.
TEMERIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA-Eventos en que no se constituye aunque
concurran los elementos que la configuran
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Concepto
La indexación de la
primera mesada pensional es un mecanismo mediante el cual se enfrentan los
efectos de la inflación en el ámbito de las obligaciones derivadas del
reconocimiento de prestaciones periódicas originadas en el aseguramiento de los
riesgos de vejez, invalidez y muerte, dadas las consecuencias que dicho
fenómeno produce en la capacidad adquisitiva de la moneda, y por ende, en el
disfrute de las mesadas reconocidas a las personas.
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL Y A MANTENER EL PODER ADQUISITIVO DE LAS MESADAS PENSIONALES-Unificación de jurisprudencia en
Sentencia SU1073/12
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Precedente constitucional fijado en la sentencia C-862 de
2006
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Caso en que se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable y se ordenó el pago del retroactivo
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL DEBIDO PROCESO Y A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Orden a la UGPP reajustar
pensión de vejez teniendo en cuenta la indexación de la primera mesada
pensional y reconocer retroactivo
Referencia:
Expedientes (i) T-4.235.827, (ii) T-4.252.198, (iii) T-4.254.864, (iv)
T-4.259.569, (v) T-4.268.155, (vi) T-4.270.726 y (vii) T-4.284.512.
Acciones de tutela
instauradas por: (i) Patricia Isolda Villegas de Gaitán contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros; (ii) Víctor
Manuel Toro Tinoco contra Ecopetrol S.A.; (iii) Franklin Manuel Correcha
Ricaurte contra Cajanal en Liquidación y otro; (iv) José Laureano Cubides
Cristancho contra Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y otros; (v) Álvaro Trujillo Reyes contra el Banco Popular S.A.; (vi) Jesús
Antonio Román Sánchez contra la Alcaldía de Amagá; (vii) Luis Eduardo Villada
Sepúlveda contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y
otros.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá,
D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos de tutela dados dentro de los procesos de
amparo de la referencia[1].
I.
ANTECEDENTES
Los
accionantes, obrando en nombre propio o a través de apoderado, solicitan, entre
otras pretensiones, la indexación de su primera mesada pensional, argumentando
que las prestaciones que les fueron reconocidas por sus empleadores han perdido
su poder adquisitivo debido a la fórmula aritmética utilizada para calcular el
monto de las mismas, afectándose de esta manera su derecho al mínimo vital.
En
algunos de los casos, la acción de tutela se dirige directamente contra el
empleador. No obstante, en otros, se interpone contra las autoridades
judiciales de primer y segundo grado que no accedieron a las pretensiones de
las demandas ordinarias laborales presentadas para obtener la indexación, y en algunos
casos el amparo también fue instaurado contra la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
(i)
Expediente T-4.235.827
1.1.
Hechos y pretensiones
En
el año 2013, la señora Patricia Isolda Villegas de Gaitán presentó demanda
ordinaria laboral contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia, con el fin de que se ordenara la indexación de su primera mesada
pensional, toda vez que cuando se retiró de trabajar el 15 de noviembre de
1991, devengaba un salario promedio de $498.802, el cual equivalía a más de
nueve y medio salarios mínimos mensuales de la época, pero la pensión
reconocida a partir del 9 de agosto de 1997, no alcanzaba a los tres salarios
mínimos.
El
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, en providencia del 15 de mayo de
2013, declaró probada la excepción previa de cosa juzgada, propuesta por el
demandado, puesto que la actora había iniciado otro proceso ordinario en el año
2000 por los mismos hechos, en el cual tanto el Juzgado Quinto Laboral del
Circuito de Bogotá, así como la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad habían denegado sus pretensiones, a través de las sentencias
del 14 de julio y del 30 de agosto de 2000.
Apelada
la decisión, la misma fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, mediante Auto del 5 de junio de 2013,
reiterando los argumentos dados por el juez de primer grado.
En
atención a las anteriores circunstancias, la señora Patricia Isolda Villegas de
Gaitán, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Trece
Laboral del Circuito de la misma ciudad y el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia[2],
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital, desconocidos en las providencias proferidas
dentro del proceso ordinario iniciado el año pasado.
Concretamente,
la actora argumentó que los jueces ordinarios laborales declararon la
prosperidad de la excepción de cosa juzgada sin analizar las razones por las
cuales las pretensiones de la primera demanda fracasaron. En efecto, la
peticionaria señaló que recurrió nuevamente a la justicia poniendo de presente
que existen nuevas circunstancias que no fueron tenidas en cuenta en el proceso
del año 2000, como lo son el cambio de jurisprudencia por parte de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como la adopción de un
precedente unificado por parte de esta Corporación. Por último, explicó que
actualmente su mesada sigue perdiendo su poder adquisitivo.
1.2.
Contestación de la tutela
El
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia solicitó declarar
improcedente el amparo pretendido, estimando que los funcionarios judiciales
demandados no incurrieron en ninguna vía de hecho al resolver el proceso
ordinario cuestionado, pues “fallaron ajustados a derecho, conforme a las
normas aplicables al caso específico y a las pruebas aportadas en el
expediente.”[3]
A
su vez, el Tribunal accionado expresó que se atiene a las actuaciones que
reposan en el plenario correspondiente al proceso ordinario laboral[4].
Por su parte, el Juzgado demandado no se pronunció.
1.3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Mediante
Sentencia del 13 de noviembre de 2013[5],
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo
solicitado, al considerar que las autoridades accionadas profirieron las
providencias cuestionadas en apego a la normatividad legal vigente y de
conformidad con lo demostrado en el proceso, por lo que se descartaba la
intervención imperiosa del juez de tutela, en tanto le está vedado controvertir
lo decidido por el funcionario judicial competente de la causa, salvo que se
presenten desviaciones protuberantes o arbitrariedades, las cuales en este caso
no fueron probadas.
1.4.
Actuaciones en sede de revisión
Seleccionado
el expediente, el Despacho procedió a verificar en la página web oficial de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la vigencia de la cédula de ciudadanía
de la señora Patricia Isolda Villegas de Gaitán, encontrando que su documento
de identidad número 20.306.858 expedido en la ciudad de Bogotá, fue cancelado
por muerte a través de la Resolución No. 7842 del año 2014[6].
La información sobre el deceso de la actora fue corroborada por su apoderado,
el abogado José Daniel Arango Gómez el día 10 de julio de 2014[7].
(ii)
Expediente T-4.252.198
2.1.
Hechos y pretensiones
El
señor Víctor Manuel Toro Tinoco nació el 5 de abril de 1929, y laboró para
distintas entidades oficiales entre 1935 y 1956, siendo su última vinculación
con el Estado en la empresa Ecopetrol S.A., la cual a través de la Resolución
002 del 8 de abril de 1987, le reconoció la pensión legal de jubilación.
Ante
la negativa de dicha compañía de actualizar el promedio mensual de lo devengado
en el último año de servicio hasta la fecha de exigibilidad del derecho
pensional, el actor inició un proceso ordinario laboral, que fue resuelto de
manera desfavorable por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá
mediante Sentencia del 8 de febrero de 2010, y por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad a través de providencia del
30 de abril de 2012, encontrándose actualmente pendiente la resolución del
recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue admitido
el 14 de agosto del mismo año.
Debido
a la demora en la resolución de su caso y ante la inminencia de la ocurrencia
de un perjuicio irremediable en relación con su derecho fundamental al mínimo
vital, el actor, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra
Ecopetrol S.A.[8],
solicitando que se le reconozca la indexación de su primera mesada pensional,
conforme a lo dispuesto por esta Corporación en las sentencias SU-1073 de 2012[9]
y SU-131 de 2013[10].
Sobre
la urgencia del amparo, el demandante afirmó que es una persona de 85 años, que
actualmente padece de hipertensión pulmonar severa, quistes renales, miocardio
dilatado, entre otras enfermedades. Además, que lo devengado no le permite
suplir sus necesidades básicas, toda vez que la pensión reconocida equivale a
un salario mínimo, con el cual no sólo debe procurar su sostenimiento, sino también
pagar el arriendo de su lugar de vivienda y deudas crediticias.
2.2.
Contestación de la tutela
Ecopetrol
S.A. pidió denegar el amparo solicitado, argumentando que el reconocimiento y
liquidación de la pensión se efectuó conforme a las normas vigentes para la
época[11].
Asimismo, sostuvo que el actor omitió explicar que había interpuesto tres
acciones de tutela con similares pretensiones en los años 2007, 2008 y 2010.
2.3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Mediante
Sentencia del 30 de octubre de 2013[12],
el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Bogotá concedió el amparo
solicitado, al estimar que el accionante tiene derecho a la indexación
pensional de acuerdo con los pronunciamientos de este Tribunal sobre la
materia, máxime cuando agotó los mecanismos judiciales a su alcance y demostró
la existencia de un perjuicio irremediable. En ese sentido, además de decretar
la actualización de la mesada, ordenó el pago del retroactivo correspondiente a
los tres años anteriores a la fecha de la providencia.
Ecopetrol
S.A. apeló la decisión, señalando que el juez de primera instancia omitió
pronunciarse sobre la actuación temeraria del accionante, así como examinar que
en la actualidad se encuentra en trámite el recurso de casación respectivo[13].
Por su parte, el apoderado del demandante defendió el amparo otorgado[14],
argumentando que no existía temeridad, puesto que las sentencias SU-1073 de
2012[15]
y SU-131 de 2013[16]
proferidas por la Corte Constitucional, son circunstancias nuevas relevantes
que permiten diferenciar el presente proceso de los ya resueltos por otros
jueces constitucionales, conforme lo ha sostenido esta Corporación en las
providencias T-380[17]
y T-481 de 2013[18].
A
través de providencia del 16 de diciembre de 2013[19], la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, revocó el
fallo de primera instancia, al evidenciar que el actor había incurrido en
temeridad, pues interpuso tres acciones de tutela con anterioridad a la estudiada
en esta ocasión, alegando los mismos hechos y pretensiones.
2.4.
Actuaciones en sede de revisión
El
apoderado del peticionario allegó un escrito el día 24 de marzo del presente
año[20],
informando que debido a la decisión de segunda instancia, la empresa demandada
solicitó la devolución de los dineros reconocidos en cumplimiento de la
sentencia de primer grado, situación que consideró que pone en mayor riesgo los
derechos fundamentales de su representado.
(iii)
Expediente T-4.254.864
3.1.
Hechos y pretensiones
El
señor Franklin Manuel Correcha Ricaurte nació el 30 de diciembre de 1939, y
trabajó para diferentes entidades públicas desde el 1 de abril de 1960 hasta el
30 del mismo mes del año 1993. En atención al tiempo de servicio y a su edad, mediante
la Resolución 4217 del 23 de marzo de 2000, la Caja Nacional de Previsión (en
adelante Cajanal), le reconoció una pensión de vejez por un valor mensual de
$192.072, el cual fue reajustado, mediante acto administrativo número 12934 del
15 de julio de 2003, a la suma de $268.187, en cumplimiento de una orden de
tutela proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué el 6 de
mayo de 2003, en la que se dispuso:
“DAR
CURSO A LA TUTELA aquí solicitada en el sentido de ORDENARLE a la CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN – SECCIONAL BOGOTÁ a través de su representante legal Dr. ANTONIO
MIGUEL CARO ROJAS, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación que
reciba de este fallo, se reliquide su Pensión de Jubilación teniendo en cuenta
los factores salariales de Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, la Prima
Semestral y Viáticos a que tiene derecho por haber cotizado al Estado
Colombiano el 5% de estos, durante más de 20 años cumplidamente y todos los
demás ingresos salariales exceptuando sólo aquellos explícitamente excluidos
por la Ley (…).”[21]
El
15 de diciembre de 2008, el actor solicitó a Cajanal la indexación de su primera
mesada pensional conforme a la fórmula establecida por el Consejo de Estado.
Sin embargo, ante el silencio de la entidad, el peticionario optó por
demandarla ante el Juzgado Único Administrativo de San Gil, el cual, a través
de providencia del 2 de septiembre de 2011, accedió a sus pretensiones, al
igual que el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó el fallo el 12
de junio de 2012.
La
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) cumplió lo dispuesto en
las referidas sentencias, con la expedición de la Resolución RDP 20084 del 2 de
mayo de 2013, llegando a la conclusión de que el monto pensional debía
disminuirse de $1.406.239 a $1.072.460.
Frente
a dicha determinación, el día 22 de octubre de 2013, el señor Franklin Manuel
Correcha Ricaurte interpuso acción de tutela contra la UGPP, al considerar
vulnerado su derecho a la seguridad social con ocasión del reajuste pensional
efectuado en el año 2013, toda vez que no se tuvo en cuenta el principio de
favorabilidad[22],
en tanto para dar cumplimiento de los fallos contenciosos administrativos se
omitió tener en cuenta todos los factores salariales como se había hecho en virtud
de la orden de tutela del año 2003.
En
relación con la procedencia de la amparo, explicó que es una persona de 74 años,
que ha agotado los mecanismo judiciales a su alcance, por lo que en virtud de
su especial protección constitucional debe examinarse de fondo su caso, con el
fin de evitar un perjuicio irremediable.
Por
lo anterior, solicitó que se le ordene a la UGPP que no aplique los fallos
contenciosos administrativos y que se deje en firme la Resolución del año 2003,
ya que le es más favorable, máxime si se tiene en cuenta el mandato
constitucional prohibitivo de reducir el valor de las mesadas pensionales
reconocidas de acuerdo a la ley. Igualmente, como pretensión subsidiaria, solicitó
que la accionada cumpla las sentencias contenciosas administrativas en debida
forma, pues considera que no se aplicó de manera correcta la fórmula de
indexación consagrada en dichas providencias.
3.2.
Contestación de la tutela
La
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP pidió denegar el amparo solicitado,
argumentando que el acto administrativo cuestionado fue expedido en estricto
cumplimiento de la orden judicial proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por lo que no resultaba viable para la entidad estudiar la
conveniencia de la fórmula de indexación a aplicar para reliquidar la
prestación[23].
3.3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
A
través de sentencias del 1 de noviembre[24] y del 11 de diciembre de
2013[25],
tanto el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Ibagué como la
Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad, denegaron el amparo pretendido, al estimar que el
acto administrativo reprochado se limitó a dar cumplimiento a una orden
judicial, por lo que no se puede considerar arbitraria la decisión de la entidad
demandada. Asimismo, resaltaron que el peticionario pudo haber acudido a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la resolución
que modificó el monto de su pensión, pero que omitió hacerlo dentro del término
legal de cuatro meses.
(iv)
Expediente T-4.259.569
4.1.
Hechos y pretensiones
El
señor José Laureano Cubides nació el 18 de octubre de 1950, y en atención la
terminación sin justa causa de la relación laboral que sostuvo con la Empresa
Distrital de Servicios Públicos de Bogotá por más de 13 años, interpuso dos
demandas ordinarias laborales en los años 1998 y 1999. Una de la acciones, en
la que se debatía el reconocimiento de una serie de prestaciones laborales,
incluidas la pensión sanción, por reparto le correspondió al Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Bogotá, y la otra, en la que sólo se pretendía dicha
mesada pero indexada, fue conocida por el Juzgado Cuarto de la misma
especialidad y ciudad.
El
7 de marzo de 2000, el actor desistió de ésta última demanda con el fin de evitar
una duplicidad de fallos, y el 13 del mismo mes y año, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Bogotá, al resolver la primera acción, le reconoció la
pensión sanción solicitada a partir de la fecha en que cumpliera 60 años.
Así,
mediante resoluciones SHD-515 del 9 de diciembre de 2010 y SPE-133 del 17 del
mismo mes y año, la Secretaría de Hacienda de Bogotá cumplió el fallo judicial,
y a través de acto administrativo del 21 de enero de 2011, el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep- asumió el pago de la
prestación conforme a lo decretado en la sentencia del año 2000.
El
22 de marzo de 2012, el accionante presentó una nueva demanda ordinaria laboral
contra la Secretaría de Hacienda de Bogotá y el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep-, solicitando la indexación de su
primera mesada, al estimar que debía aplicarse lo dispuesto en las sentencias
C-862[26]
y C-891A de 2006[27]
proferidas por esta Corporación, en las que se señaló que dicho reajuste
pensional aplica de igual manera para las pensiones de jubilación y sanción.
La
acción fue desestimada tanto por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de
Bogotá como por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
la misma ciudad, mediante autos proferidos el 25 de septiembre de 2012 y el 29
de enero de 2013 respectivamente, al acogerse la excepción de cosa juzgada
presentada por las entidades demandadas, en el entendido de que la aceptación
del desistimiento del proceso adelantado ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
de Bogotá en el año 2000, tenía efectos de cosa juzgada en relación con la
pretensión de indexación.
En
atención a las anteriores circunstancias, el señor José Laureano Cubides
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de
Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad[28],
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social[29],
ya que en sus providencias omitieron analizar adecuadamente el sentido de la
demanda, en tanto existía una circunstancia nueva relevante que permitía
diferenciar la acción presentada en el año 2012 de la instaurada en el año
1999, y con ello desvirtuar la existencia de cosa juzgada. En efecto, el
peticionario resaltó que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta el
hecho de que esta Corporación había proferido las sentencias C-862[30]
y C-891A de 2006[31],
en las que se realizaron precisiones sobre la indexación de la primera mesada en
tratándose de pensiones de jubilación y sanción.
4.2.
Contestación de la tutela
El
Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá[32] y la
Secretaría de Hacienda de la misma ciudad[33], solicitaron denegar las
pretensiones de la acción, argumentando que las decisiones judiciales
reprochadas se ajustan a los principios constitucionales y a la normatividad
vigente, así como que el accionante no probó vulneración alguna de sus derechos
fundamentales.
4.3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Mediante
sentencias del 17 de septiembre[34]
y del 18 de diciembre de 2013[35],
las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia respectivamente
denegaron el amparo pretendido, argumentando que las providencias reprochadas
no son arbitrarias, ni se apartan abruptamente del ordenamiento jurídico. En
efecto, sostuvieron que los fallos cuestionados se soportaron acertadamente en
el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “el
desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos
aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido
efectos de cosa juzgada (…).”
4.4.
Actuaciones en sede de revisión
Mediante
Auto del 14 de julio de 2014[36],
el Magistrado Sustanciador le solicitó en calidad de préstamo al Juzgado
Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá el expediente contentivo del proceso ordinario
cuestionado. En virtud del proveído el plenario fue remitido el mismo día por
dicho despacho judicial[37].
(v)
Expediente T-4.268.155
5.1.
Hechos y pretensiones
El
señor Álvaro Trujillo Reyes nació el 29 de abril de 1935, y trabajó para el
Banco Popular S.A. entre el 4 de octubre de 1956 y el 20 enero de 1987, por lo
cual, en atención al tiempo de trabajado, mediante Resolución del 4 de mayo de
1990, la entidad financiera le reconoció la pensión de jubilación conforme a la
normatividad vigente, aclarándole que cualquier reconocimiento prestacional
relacionado con las contingencias de vejez, invalidez o muerte por parte del
Instituto de Seguros Sociales, lo autorizaría para descontar las sumas de
dinero correspondientes según las reglas de compartibilidad pensional
establecidas en el Decreto 3135 de 1968.
El
26 de mayo de 2000, a través de la Resolución 13216, el Instituto de Seguros
Sociales reconoció al actor la pensión de vejez según lo dispuesto en la Ley
100 de 1993, por lo que mediante comunicación del 22 de agosto del mismo año,
la entidad bancaria le informó que en virtud de la regulación de la compartibilidad
pensional, deduciría del monto de la prestación a su cargo, la suma reconocida
por la administradora de pensiones.
El
30 de septiembre de 2013, el accionante le solicitó al Banco Popular S.A. la
indexación de su primera mesada pensional, en tanto a pesar de que se retiró en
1987 y la pensión le fue reconocida en 1990, se omitió actualizar el valor de
los salarios conforme al índice de precios al consumidor que sirvieron para
liquidar la prestación. Dicha petición fue denegada por la entidad bancaria mediante
comunicación del 23 de octubre de 2013, con el argumento de que la mesada de
jubilación fue reconocida de conformidad con las disposiciones vigentes para la
época.
En
atención a la negativa de la entidad de informarle claramente los motivos por
los que no era posible indexar la pensión y por sólo limitarse a señalar la
normatividad aplicable, el actor interpuso acción de tutela contra el Banco
Popular S.A.[38],
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y a la
seguridad social, con ocasión de la omisión de la demandada de darle respuesta
de fondo a la solicitud.
Asimismo,
el accionante expresó que ante la omisión del banco de darle respuesta a su
petición conforme a la jurisprudencia constitucional, se vulneraron de contera otras
prerrogativas constitucionales, como lo son sus derechos a la seguridad social,
al mínimo vital y a la igualdad, en tanto es una persona de 79 años, que padece
de problemas de próstata y artrosis, a quien no se le ha reajustado su prestación
periódica a pesar de a otras personas en similares condiciones la entidad
bancaria sí les ha efectuado el mismo, por lo cual, de su escrito de amparo se
desprende que también interpone la acción de tutela con el objetivo de obtener
la indexación de su primera mesada pensional.
5.2.
Contestación de la tutela
El
Banco Popular solicitó denegar el amparo pretendido[39],
argumentando que le ha dado respuestas claras, congruentes y de fondo a las
peticiones elevadas por el accionante, informándole los motivos y las razones
por las cuales no está obligada a indexar la pensión de jubilación. En ese
sentido, expresó que el derecho de petición no implica que la solución dada a
la solicitud tenga que ser favorable.
Asimismo,
en relación con la pretensión de que se ordene indexar la mesada de jubilación,
señaló que el recurso de amparo no es el mecanismo judicial establecido por el
legislador para lograr su reconocimiento, pues existen otras vías disponibles
para el efecto, máxime cuando no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable.
5.3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
El
Juzgado Segundo Civil Municipal Piloto de Oralidad de Bogotá, a través de
Sentencia del 4 de diciembre de 2013[40],
amparó el derecho de petición del accionante, al considerar que las respuestas
dadas por la entidad demanda no fueron de fondo, toda vez que no indicó las
razones por la cuales el actor no tiene derecho a la indexación de la mesada
reconocida.
Impugnada
la decisión por la entidad bancaria demandada, mediante providencia del 18 de
diciembre de 2013[41],
el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito Piloto de Oralidad de Bogotá
revocó la sentencia de primera instancia, al estimar que existía carencia
actual de objeto, puesto que en cumplimiento del amparo concedido, el Banco
Popular S.A. dio respuesta de fondo a la solicitud del demandante.
(vi)
Expediente T-4.270.726
6.1.
Hechos y pretensiones
El
señor Jesús Antonio Román nació el 4 de octubre de 1941, y trabajó para el
Municipio de Amagá (Antioquia), ejerciendo labores relacionadas con la
construcción y el mantenimiento de obras públicas, desde el 31 de agosto de
1977 hasta el 18 de abril de 1993, con algunas interrupciones temporales, para
un total de 11 años, 7 meses y 25 días de vinculación.
Durante
la duración de la relación laboral, el accionante no fue afiliado al Seguro
Social, ni a caja de previsión alguna, por lo que el 2 de mayo de 2007, le
solicitó al ente territorial el reconocimiento y pago de la pensión sanción
consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, toda vez que: (i) trabajó
como empleado oficial por más de 10 años, (ii) fue despedido sin justa causa, y
(iii) cumplió 60 años el 4 de octubre de 2001.
El
19 de mayo de 2007, la Alcaldía de Amagá denegó la prestación solicitada, ante
lo cual el accionante decidió interponer demanda ordinaria laboral,
pretendiendo únicamente el reconocimiento de la pensión de jubilación. El
Juzgado Promiscuo del Circuito del municipio en mención, mediante Sentencia del
4 de octubre de 2001, accedió a lo pedido, reconociendo la pensión en un monto
igual a un salario mínimo mensual legal vigente.
Apelada
la decisión por el actor, argumentando que se había omitido decretar la indexación
de la mesada, y por el ente territorial demandado, aduciendo que se dio por
probada la terminación de la relación laboral sin justa causa a pesar de no
contarse con los elementos de juicio necesarios, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Antioquia, a través de providencia del 9 de noviembre de 2010, confirmó
el fallo de primera instancia, al estimar que estaba probada la desvinculación
del actor sin motivación alguna, y que no era posible acceder a la petición de
reajuste de la prestación conforme lo solicitó el accionante, pues dicha
pretensión no se alegó en el escrito de la demanda inicial.
En
cumplimiento de dichas órdenes judiciales, la Alcaldía de Amagá le reconoció al
señor Jesús Antonio Román la pensión de jubilación en cuantía de un salario
mínimo desde el mes de agosto de 2004, con el respectivo incremento anual según
el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
El
22 de julio de 2013, el accionante en atención a lo dispuesto en la Sentencia
SU-1073 de 2012[42] proferida por esta
Corporación, le solicitó al ente territorial que indexara su primera mesada
pensional, pues a pesar de que su último salario devengado equivalía a 2.63
salarios mínimos de la época, su pensión de jubilación sólo fue reconocida en
cuantía de un salario mínimo.
En
respuesta a dicha solicitud, el día 28 de agosto de 2013, la Alcaldía de Amagá
no accedió a la indexación, señalando que dicha pretensión ya había sido
resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral y que por tanto el municipio se
atiene a lo decidido por la autoridad judicial.
Ante
la anterior negativa, el señor Jesús Antonio Román acudió al recurso de amparo
solicitando que se le ordene al municipio el reajuste correspondiente de la
prestación reconocida según ha sido dispuesto en la jurisprudencia
constitucional[43],
ya que la omisión de la entidad de hacerlo afecta su derecho al mínimo vital,
en tanto, la prestación es la única fuente de sustento de su familia, más aún
si se tiene en cuenta que es una persona de 72 años que convive con su esposa,
y que sufrió una trombosis cerebral y padece hipertensión.
6.2.
Contestación de la tutela
La
Alcaldía de Amagá pidió denegar el amparo pedido, argumentando que su actuación
se encuentra conforme a derecho, pues se limitó a dar cumplimiento a las
sentencias ordinarias laborales en las que se le reconoció la pensión de
jubilación al actor en una suma igual a un salario mínimo[44].
6.3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
El
Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín,
mediante Sentencia del 13 de noviembre de 2013[45], denegó el amparo
pretendido, al estimar que el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales
para obtener la indexación de su mesada pensional, máxime cuando no se probó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable y la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín no accedió a dicha
solicitud en abril de 2009.
(vii)
Expediente T-4.284.512
7.1.
Hechos y pretensiones
El
señor Luis Eduardo Villada Sepúlveda nació el 6 de septiembre de 1950, y
trabajó para el Banco Popular S.A. en el cargo de asistente administrativo,
desde el 8 de abril de 1968 hasta el 12 de octubre de 1988, fecha para la cual devengaba
un salario de $135.568.20.
En
septiembre de 2005, el peticionario le solicitó al Banco Popular S.A. la
pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la
Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que tenía más de 55 años y laboró para la
empresa más de 20 años.
Ante
la negativa de la entidad financiera de reconocer la prestación, el señor
Villada Sepúlveda acudió ante la jurisdicción ordinaria laboral para exigir su
derecho pensional. Concretamente, en la demanda elevó como pretensión principal
“que se condenara al Banco a pagarme la pensión mensual vitalicia de
jubilación a partir del 6 de septiembre de 2005, indexando su valor por el
lapso comprendido entre el 12 de octubre de 1988, fecha de mi retiro, hasta el
6 de septiembre de 2005 para actualizar su valor, fecha en que cumplí los 55
años de edad, en cuantía de un 75% del salario promedio devengado durante el
último año de servicio.”
El
7 de septiembre de 2007, el Juzgado Catorce Laboral de Bogotá acogió
íntegramente las peticiones del accionante. No obstante, apelada la decisión
por el banco, el 14 de diciembre de 2007, la Sala de Decisión Laboral de
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá modificó el fallo de primera
instancia “en el sentido de que el monto de la primera mesada de pensión de
jubilación a que es condenada la accionada asciende a la suma de $399.410.01 a
partir del 6 de septiembre de 2005, a favor del demandante.”
El
actor interpuso recurso de casación, el cual fue inadmitido por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, mediante Auto del 16 de octubre de 2008, aduciendo
que no cumplía con la cuantía mínima requerida. Igualmente, la entidad
financiera impugnó a través del mismo recurso extraordinario la providencia de
segunda instancia, pretensión que fue admitida y tramitada.
El
8 de junio de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
casó parcialmente la providencia atacada, pronunciándose únicamente respecto de
los intereses moratorios por los que se condenó a la entidad bancaria.
El
12 de junio de 2013, el señor Villada Sepúlveda presentó acción de tutela
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de
la misma especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el
Juzgado Catorce Laboral del Circuito de mencionada ciudad, el Banco Popular
S.A., Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social[46].
En
efecto, el accionante señaló que la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró sus prerrogativas, puesto que para
calcular la indexación de la primera mesada pensional aplicó una formula
restrictiva y desfavorable, la cual resulta contraria a la que ha sido utilizada
reiteradamente por esta Corporación. Al respecto, el accionante manifestó que si
la prestación fuera reajustada con base en el procedimiento contemplado en la Sentencia
SU-120 de 2003[47],
su primera mesada pensional equivaldría a $1.793.791, lo que contrasta con la
suma fijada en la providencia reprochada, equivalente a $399.410.
En
consecuencia, el demandante solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la seguridad social, se deje sin efecto la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y se acceda
a la solicitud de indexar la pensión.
Finalmente,
el accionante puso de presente que tuvo que interponer el amparo ante el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por cuanto por los mismos hechos alegados
en la presente acción, había promovido anteriormente otro recurso constitucional
que luego de innumerables trámites ante las Salas de Casación Penal y Civil de
la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, fue remitida a la Corte Constitucional, la cual dispuso su selección,
pero en el trámite de revisión decretó la nulidad de todo lo actuado a través
del Auto 093 de 2012[48],
al considerar que no se había integrado adecuadamente el contradictorio, por lo
que el plenario fue enviado nuevamente a la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, que el 22 de mayo de 2013, declaró la nulidad de la
solicitud desde el auto admisorio de la misma y dispuso no impartirle trámite por
estar dirigida contra una providencia proferida por el órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria.
7.2.
Contestación de la tutela
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia solicitó denegar el
amparo[49],
argumentando que las actuaciones reprochadas se enmarcaron dentro del principio
de autonomía judicial. Asimismo, expresó que la jurisdicción disciplinaria no
es competente para conocer de la acción según lo consagrado en el Decreto 1382
de 2000.
A
su vez, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá manifestó que en
relación con los hechos que se controvierten en la tutela, se atiene a las
actuaciones que reposan dentro del expediente[50].
Por
su parte, el Banco Popular S.A. pidió que no se acceda a la protección[51],
señalando que no se cumple con los presupuestos de procedencia de la acción de
tutela, en especial con el requisito de inmediatez, pues han pasado más de tres
años desde el último pronunciamiento judicial que denegó la indexación de la
mesada. Igualmente, sostuvo que el problema jurídico ahora debatido en sede
constitucional ya fue resuelto por la autoridad competente debiéndose respetar
lo decidido por ella, en virtud del principio de seguridad jurídica.
7.3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Mediante providencia del 26 de junio de
2013[52],
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá accedió al amparo pretendido[53],
dejando sin efectos las providencias proferidas en el proceso ordinario
laboral, excepto en lo relativo al reconocimiento de la pensión reconocida y el
pago de los intereses moratorios, y ordenándole al Banco Popular que reajustara
el monto de dicha prestación conforme al precedente establecido por este
Tribunal sobre la materia en las sentencias SU-1073 de 2012[54] y
SU-131 de 2013[55], al estimar
que al negarse la indexación de la primera mesada las autoridades judiciales violaron
directamente los artículos 48 y 53 de la Carta Política. En cuanto al pago del
retroactivo correspondiente, la Corporación expresó que la entidad financiera
demandada deberá cancelar “la totalidad de los valores dejados de pagar
hasta la fecha, según los parámetros establecidos por la Corte Constitucional
(…).”
Impugnada la decisión por la entidad
bancaria, a través de Sentencia del 11 de diciembre de 2013[56],
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
revocó la providencia de primer grado, al estimar que las decisiones judiciales
cuestionadas no incurrieron en defecto alguno, pues fueron adoptadas dentro de
la autonomía judicial y aplicando interpretaciones razonables y justificadas de
la normatividad vigente, sin que puedan llegar a considerarse arbitrarias o
contrarias a la Constitución.
II. CONSIDERACIONES y fundamentos
1. Competencia
1.1. Esta Sala es competente para revisar
las decisiones proferidas dentro de los expedientes de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política[57].
1.2. En cumplimiento de lo previsto en el
inciso 2° del artículo 54A del Reglamento Interno de esta Corporación[58],
el 11 de junio de 2014, el Magistrado Ponente puso en conocimiento de la Sala
Plena de la Corte los casos de la referencia, disponiéndose por ésta que los
mismos fueran resueltos por la Sala Tercera de Revisión.
2. Cuestión previa: competencia de las
Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccional de
la Judicatura para conocer de la acción de tutela formulada dentro del
expediente (vi) T-4.284.512.
2.1. Antes de analizar la procedencia de
los asuntos examinados, este Tribunal deberá estudiar si en el caso (vi) T-4.284.512, le asiste la razón
a la Corte Suprema de Justicia sobre la incompetencia las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior y Seccional de la
Judicatura para conocer de las acciones de tutela impetradas en su contra de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, toda vez que de
acogerse dicha posición, tendrá que declararse la nulidad de todo lo actuado
dentro del trámite, y por tanto no habría lugar a un pronunciamiento de fondo.
2.2.
Al respecto, esta Corporación considera que no resulta de recibo dicha
argumentación, por cuanto las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Superior y Seccional de la Judicatura están plenamente habilitadas para conocer
de la acción de tutela formulada dentro de este asunto, con el fin de garantizar
el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del accionante
consagrado en el artículo 229 superior[59], conforme se explicó en
los autos 004 de 2004 y 100 de 2008 proferidos por la Sala Plena de esta
Corporación[60],
en los cuales se estableció que cuando la Corte Suprema de Justicia se niegue a
tramitar y remitir a este Tribunal las providencias relacionadas con las
solicitudes de amparo presentadas contra sus propias decisiones, los
demandantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, podrán acudir ante cualquier juez, bien sea unipersonal o
colegiado para reclamar la protección de sus derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por la actuación de una de las salas de casación, tal
y como aconteció en el presente caso.
2.3.
En efecto, el señor Villada tuvo que acudir a las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y del Consejo
Superior de la Judicatura ante la decisión del 22 de mayo de 2013 de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la cual declaró la nulidad
de todo lo actuado desde el auto que admitió el amparo y dispuso no impartirle
trámite a la acción de tutela presentada contra la Sala de Casación Laboral,
así como abstenerse de enviar las diligencias a este Tribunal, al considerar que
los fallos proferidos por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones no pueden ser cuestionados a través del mencionado mecanismo de
protección, so pena de desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada.
2.4. Así, la Corte Constitucional
considera que tanto la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá como la Sala homónima del Consejo Superior de la Judicatura sí
tenían competencia para conocer de la solicitud de tutela en primera y segunda
instancia respectivamente, por lo que procederá a revisar los fallos proferidos
dentro del proceso (vi) T-4.284.512 conforme al mandato consagrado en
el artículo 86 superior.
3. Procedencia de las acciones de tutela
3.1. Previo al estudio de los casos
planteados, la Sala deberá determinar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de las acciones de tutela, conforme a lo dispuesto en
el artículo 86 de la Carta y en las disposiciones contenidas en el Decreto 2591
de 1991[61].
3.2. En efecto, en primer lugar se
estudiará la afectación de derechos fundamentales, así como la legitimación por
activa y por pasiva en todos los casos; luego, en los asuntos en los que la
demanda se dirige contra una providencia judicial, se utilizará la metodología
establecida por este Tribunal en la Sentencia C-590 de 2005[62],
y en los que se instaura de manera directa contra la entidad que reconoció la
prestación pensional, se examinará si la instauración del recurso se hizo de
manera oportuna, y si se agotaron los mecanismos judiciales disponibles, salvo
que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías
sean inexistentes o ineficaces (subsidiariedad).
3.3. Finalmente, se verificará la ausencia
de duplicidad en la presentación de la acción de tutela en el caso (ii)
T-4.252.198, ya que dicha circunstancia fue alegada por la parte demandada, y
fue el sustento del juez de segunda instancia para denegar el amparo solicitado.
4. Afectación de derechos fundamentales
4.1. El artículo 86 de la Constitución
consagra la acción de tutela como un mecanismo judicial, preferente y sumario,
para la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de las
personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los
casos previstos en la ley. Así pues, por su naturaleza, el amparo está llamado
a operar en aquellos eventos en los que la situación fáctica exige la pronta
adopción de medidas de protección, razón por la cual su eficacia radica en la
posibilidad que tiene el juez de impartir una orden dirigida a garantizar la
defensa actual e inminente de la prerrogativa afectada.
4.2. Por lo anterior, cuando la causa de
la violación o amenaza de los derechos fundamentales cesa o desaparece, la
acción de tutela pierde, en principio, su razón de ser, pues la orden que
pudiera proferir el juez en defensa de tales prerrogativas no tendría ningún
efecto, resultando innecesario un pronunciamiento de fondo. A este fenómeno la
Corte lo ha denominado como carencia actual del objeto.
4.3. Ahora bien, como se reseñó, la
señora Patricia Isolda Villegas de Gaitán[63] falleció
durante el trámite del proceso constitucional, lo cual podría hacer inferir que
su caso no ameritaría pronunciamiento alguno por parte de esta Corporación. En
efecto, la
muerte durante el procedimiento de amparo de la persona que acudió a la
jurisdicción para solicitar la protección de sus derechos fundamentales,
permite al juez de tutela proferir una decisión desestimatoria de la solicitud
de protección, dado que no tendría sentido tutelar derechos si su titular ya no
existe.
Sin
embargo, la Corte ha sostenido que el fallecimiento del peticionario durante el
trámite de la acción, no impide que emita un pronunciamiento sobre la cuestión
objeto de debate, pues las funciones asignadas constitucionalmente exceden a
las que cumple ordinariamente un tribunal de instancia[64].
4.4. Por lo anterior, ha de tenerse
en cuenta que Patricia
Isolda Villegas de Gaitán se encontraba en una situación similar a
la de los demás accionantes, por lo cual, las consideraciones que se hagan en
esta providencia respecto a los otros casos que serán estudiados de fondo,
servirán, a mero título ilustrativo, para determinar de qué manera los jueces
de instancia debieron solucionar el problema jurídico que les fue planteado. En
ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de única instancia del
proceso
(i) T-4.235.827, en la cual se dispuso denegar el amparo solicitado,
pero en el entendido de que existe carencia actual de objeto, debido al
fallecimiento de la accionante.
4.5. Por último, en los demás casos[65],
la Sala encuentra satisfecho este presupuesto de procedibilidad, en tanto los
accionantes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y al debido proceso, entre otros, presuntamente
afectados por la negativa de los demandados de acceder al reajuste de sus
mesadas de jubilación.
5. Legitimación por activa
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[66]
señala que la acción de tutela podrá ser ejercida directamente por la persona
que considere vulnerados sus derechos fundamentales o a través de su
representante. En los casos en estudio, los señores Franklin Manuel Correcha
Ricaurte[67],
José Laureano Cubides Cristancho[68],
Álvaro Trujillo Reyes[69],
Jesús Antonio Román Sánchez[70]
y Luis Eduardo Villada Sepúlveda[71],
presentaron en nombre propio el recurso de amparo. A su vez, el señor Víctor
Manuel Toro Tinoco[72]
acudió al mecanismo de protección por intermedio de apoderado, el cual está
debidamente acreditado mediante poder especial[73].
6. Legitimación por pasiva
6.1.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política y 5°
del Decreto 2591 de 1991[74],
la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[75],
la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá[76],
los Juzgados Catorce y Veintidós Laboral del Circuito de la misma ciudad[77],
así como el Municipio de Amagá[78],
son demandables través de acción de tutela, en tanto son autoridades públicas,
pues los primeros son despachos
de la jurisdicción ordinaria perteneciente a la Rama Judicial[79], y el
último es un ente territorial[80].
6.2. De igual manera, Cajanal en
Liquidación[81],
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP-[82], el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales –ISS-[83]
y Colpensiones S.A.[84],
son entidades del Estado que intervienen en la prestación del servicio público de
seguridad social en pensiones, y por ello el recurso de amparo puede dirigirse
en su contra.
6.3. Por último, la acción de tutela también
procede contra el Banco Popular S.A.[85]
y Ecopetrol S.A.[86],
pues los accionantes se encuentran en estado de subordinación frente a dichas
compañías, debido a las relaciones laborales que sostuvieron y dieron lugar al
reconocimiento de las prestaciones de las cuales se pretende su reajuste. Al
respecto, la Corte desde sus inicios ha sostenido que “la
subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia,
como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos (…).”[87]
7. Procedencia de las acciones de
tutela contra providencias judiciales[88]
7.1.
La Corte Constitucional ha sostenido que por regla general, el amparo no
procede contra providencias judiciales. Esto se sustenta en que: (i) estas son
el escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es
garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y (iii)
están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e independencia de
los jueces[89].
7.2.
Sin embargo, este Tribunal ha admitido la procedencia excepcional de la tutela
en contra de decisiones judiciales, toda vez que eventualmente podrían
desbordar el marco de la juridicidad, y por esta vía afectar derechos
fundamentales.
7.3.
En consecuencia, se ha explicado que procede el amparo contra providencias
judiciales en aquellos casos en que las mismas vulneren o pongan en peligro
derechos fundamentales. Para ello, se han determinado una serie de requisitos
de procedibilidad de carácter general, y unas causales específicas.
7.4.
Respecto de los requisitos generales, esta Corporación ha estimado que el
funcionario judicial debe constatar que: (a) el asunto tenga relevancia
constitucional; (b) el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (c) la petición cumpla con
el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad; (d) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta
tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos
fundamentales; (e) el accionante identifique, de forma razonable, los hechos
que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso
judicial, en caso de haber sido posible; (f) el fallo impugnado no sea de
tutela.
7.5.
Frente a las causales específicas, esta Colegiatura ha señalado los siguientes defectos:
(i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental, (iv) fáctico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente
constitucional y (viii) violación directa a la Constitución[90].
7.6. Ahora, descendiendo al estudio de los
casos (iv)
T-4.259.569 y (vii) T-4.284.512, la Sala considera que las acciones
de tutela presentadas por José Laureano Cubides Cristancho y Luis Eduardo
Villada Sepúlveda, satisfacen los requisitos generales de procedibilidad, a
saber:
(a) Los asuntos en estudio tienen
relevancia constitucional, puesto que, como se explicó, versan sobre la posible
vulneración del núcleo básico de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la justicia, a la seguridad social y al mínimo vital de los
accionantes.
(b) Asimismo, se encuentra cumplida la
exigencia de agotamiento de instrumentos procesales al alcance de los actores,
en la medida en que en el caso (iv) T-4.259.569, el demandante interpuso el recurso
de apelación contra el auto que declaró probada la excepción de cosa juzgada, y
en el asunto (vii) T-4.284.512, el peticionario presentó los recursos de
apelación y casación.
(c) En lo referente al
principio de inmediatez, en el expediente (iv) T-4.259.569,
este Tribunal lo estima satisfecho, en tanto el amparo fue instaurado por José
Laureano Cubides Cristancho el 13 de septiembre de 2013 y la última decisión
judicial cuestionada data del 29 de enero del mismo año.
De igual manera, en torno al caso (vii) T-4.284.512, la Corte también considera que se encuentra acreditado
este presupuesto, pues a pesar de que trascurrieron cerca de dos años desde la fecha
de la providencia de casación[91] hasta el día en que se presentó
la acción de tutela[92], esta Corporación ha sostenido
que dado el carácter imprescriptible de los derechos pensionales, la
vulneración que se presente en relación con la indexación de la primera mesada
pensional siempre es actual. Al respecto, en la Sentencia SU-1073 de 2012[93],
la Sala Plena señaló que todas las acciones estudiadas cumplían con el presupuesto
general de inmediatez, inclusive una presentada luego de 10 años, puesto que “(…)
tratándose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los
accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicción ordinaria,
(…) en este caso se debe entender que la afectación al derecho fundamental
tiene un carácter de actualidad.”
(d) Por otra
parte, la Sala considera que en los asuntos (iv) T-4.259.569 y (vii)
T-4.284.512, de la lectura de los escritos de tutela se deduce que se alegan las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales de desconocimiento del precedente constitucional y de violación
directa de la Constitución.
(e) En cuanto a la carga de identificar de
manera razonable los hechos que generaron la violación, este Tribunal estima
que se cumple en esta oportunidad, ya que los peticionarios señalaron
claramente las presuntas irregularidades en las que incurrieron las autoridades
judiciales accionadas, como se reseñó en los antecedentes de esta providencia[94].
A la par, los reproches señalados en las demandas no pudieron ser presentados
por los actores durante el proceso, ya que nacieron al momento de proferirse
las providencias cuestionadas.
(f) Finalmente, los fallos cuestionados no
son de tutela, pues corresponden a providencias proferidas dentro de sendos
procesos ordinarios laborales.
8. El reconocimiento excepcional de la
indexación de la primera mesada pensional a través de la acción de tutela
8.1. Inmediatez
8.1.1. El artículo 86 de la Carta Política
dispone que la acción de tutela está prevista para la “protección inmediata”
de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados. De
esta manera, el ordenamiento superior busca asegurar que el amparo sea
utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la
intervención del juez constitucional.
8.1.2. En los casos (ii)
T-4.252.198, (iii) T-4.254.864, (v) T-4.268.155 y (vi) T-4.270.726, la Sala
considera que el presupuesto de inmediatez se encuentra satisfecho, comoquiera
que a la fecha de la presentación de los recursos de amparo, a los señores (ii)
Víctor Manuel Toro Tinoco, (iii) Franklin Manuel Correcha Ricaurte, (v) Álvaro
Trujillo Reyes y (vi) Jesús Antonio Román Sánchez, no se les ha indexado su
primera mesada pensional, a pesar de haber requerido en diferentes ocasiones a
las demandadas el reajuste de sus prestaciones, por lo que la posible
vulneración a su derecho fundamental al mínimo vital resulta actual, más aún
cuando esta Corporación ha sostenido la imprescriptibilidad de los derechos
pensionales de conformidad con el artículo 48 superior[95].
8.2. Subsidiariedad
8.2.1.
La Corte Constitucional
ha
señalado que, por regla general, los conflictos relacionados (i) con el
reconocimiento de la actualización del salario base de liquidación de la
primera mesada pensional y (ii) con los factores salariales a tener en cuenta
para reconocer la mesada de jubilación, deben ser resueltos por la jurisdicción
ordinaria laboral o por la contenciosa administrativa según corresponda[96]. Así las cosas, conforme
al artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no es el mecanismo
judicial apropiado para lograr el reajuste de prestaciones periódicas
originadas en el aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte,
salvo que las vías jurisdiccionales ordinarias sean ineficaces, inexistentes o
se configure un perjuicio irremediable[97].
8.2.2.
Sobre esta última hipótesis, esta Corporación ha establecido algunos
criterios que permiten ponderar las circunstancias especiales de cada caso con
el fin de determinar su configuración, y para establecer la necesidad de
otorgarle al peticionario un amparo transitorio con el fin de salvaguardar sus
derechos. Así,
se debe tener en cuenta: (a) la edad y el estado de salud del demandante; (b)
el número de personas a su cargo; (c) su situación económica y la existencia de
otros medios de subsistencia; (d) la carga de la argumentación o de la prueba en
la cual se sustenta la presunta afectación al derecho fundamental; (e) la
existencia de controversias frente a la exigibilidad del derecho pensional; (f)
el agotamiento de las vías administrativas; entre otros[98].
Expedientes (ii) T-4.252.198, (iii)
T-4.254.864, (v) T-4.268.155 y (vi) T-4.270.726
8.2.3. Los señores (ii) Víctor Manuel Toro
Tinoco,
(iii)
Franklin Manuel Correcha Ricaurte, (v) Álvaro Trujillo Reyes y (vi) Jesús
Antonio Román Sánchez, interpusieron diferentes acciones de tutela contra las empresas
o administradoras de pensiones que están involucradas en el reconocimiento y
pago de sus mesadas de jubilación, al considerar que sus derechos fundamentales
han sido desconocidos en atención la omisión de indexar o reajustar dichas
prestaciones según los pronunciamientos de este Tribunal.
8.2.4. Al respecto, la Sala considera que
los amparos presentados satisfacen el presupuesto de subsidiariedad, en tanto
si bien existen otros mecanismos judiciales para acceder a las pretensiones,
como lo serían las acciones ordinarias laborales o contenciosas
administrativas, las particularidades de cada caso, hacen imperiosa la intervención
del juez constitucional.
8.2.5. En efecto, los actores son personas
de avanzada edad, por lo que la eventual duración de los procesos ordinarios o
contenciosos administrativos podría restringir de manera significativa el
disfrute y goce de sus derechos. Además, los accionantes: (i) padecen enfermedades
que afectan gravemente su estado de salud, (ii) tienen como única fuente de
ingreso la prestación de jubilación que buscan reajustar, y (iii) han requerido
administrativamente a las demandadas, e incluso, algunos han acudido a la
jurisdicción ordinaria, sin obtener respuesta favorable a sus pretensiones, a
pesar de existir reiterados fallos de control abstracto y concreto de
constitucionalidad sobre la materia proferidos por esta Corporación.
8.2.6. Así, el señor Víctor Manuel Toro
Tinoco[99]
es una persona de 85 años, que actualmente padece de hipertensión pulmonar
severa, quistes renales, miocardio dilatado, entre otras enfermedades. En
particular, la Sala resalta que en el expediente se encuentra acreditado que el
peticionario ha procurado la indexación de su mesada pensional acudiendo a la
jurisdicción ordinaria laboral, ante la cual surte trámite desde hace dos años
el recurso de casación respectivo.
8.2.7.
De igual manera, el ciudadano Álvaro Trujillo Reyes[100] de 79
años, afirmó padecer
de problemas de próstata y artrosis, y el señor Jesús Antonio Román Sánchez[101]
de 72 años, señaló que enfrentó una trombosis cerebral y que sufre de
hipertensión.
Igualmente, sobre la necesidad de que se otorgue el amparo, los dos accionantes
sostienen que ven menguados sus derechos fundamentales ante la negativa de las
demandas de indexar su primera mesada pensional a pesar de haberla solicitado
con base en los pronunciamientos reiterados sobre la materia proferidos por esta
Corporación, pues el poder adquisitivo de sus prestaciones no es
correspondiente al de sus salarios al momento de su retiro, con lo cual su
prerrogativa al mínimo vital se ve seriamente afectada.
8.2.8.
A su vez, el señor Franklin Manuel Correcha Ricaurte[102] tiene 74
años y a pesar de que le fue reconocida la indexación de su primera mesada
pensional conforme a la jurisprudencia constitucional mediante el proceso
contencioso administrativo que adelantó para el efecto, afirmó que la entidad
encargada de cumplir los fallos desatendió el sentido de la protección
otorgada, desconociendo el principio de favorabilidad consagrado en la Carta,
disminuyendo el valor de la mesada mensual que recibía y de contera afectando
su mínimo vital.
8.2.9.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar de fondo los casos (ii)
T-4.252.198, (iii) T-4.254.864, (v) T-4.268.155 y (vi) T-4.270.726, y de encontrarse
acreditada la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los
accionantes, accederá a los amparos deprecados.
9. Duplicidad en la presentación de
acciones de tutela
9.1. Corresponde a la Corte determinar si
en el caso (ii) T-4.252.198 existe cosa juzgada constitucional y/o temeridad,
teniendo en cuenta que Ecopetrol S.A. y el juez de segunda instancia, señalaron
que el accionante había instaurado varias acciones de tutela previamente con
base en los mismos hechos y pretensiones en los años 2007, 2008 y 2010.
9.2.
Sobre el particular, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que se
configura una actuación temeraria “cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales (…).” Circunstancia que
deriva en que todos los amparos instaurados “se rechazarán o decidirán
desfavorablemente (…).”
9.3.
En desarrollo de esta normatividad, este Tribunal ha comprendido la temeridad
de dos formas. La primera concepción, según la interpretación literal del
precepto mencionado, entiende que dicha institución se configura cuando una
persona presenta simultáneamente, ante varios funcionarios judiciales, la misma
demanda de tutela. La segunda definición hace extensiva la consagración legal a
que los mismos recursos de amparo sean instaurados de manera sucesiva,
requiriéndose que el actor actúe de mala fe.
9.4.
Sin embargo, esta Corporación ha determinado que no se presenta temeridad si “(…)
el ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del
accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o
(iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente
es la declaratoria de ¨improcedencia¨ de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera ¨temeraria¨ y, por lo mismo, no
conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante.”[103]
9.5.
Por otra parte, la Corte ha sostenido que la interposición
de varias acciones de tutela en forma repetida y reiterada es incompatible con
el principio de cosa juzgada constitucional, por cuanto una actuación en tal
sentido, además de atentar contra los principios de economía procesal,
eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por comprometer la
capacidad judicial del Estado[104].
Al respecto, esta Colegiatura, al tenor de la normatividad procesal civil,
estableció los presupuestos para que una providencia adquiera el carácter de
cosa juzgada, respecto de otra, como son:
“Identidad
de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o
modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente
se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente.
Identidad
de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la
demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la
demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los
nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
Identidad
de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión
que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la
identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad
jurídica.”[105]
9.6. Concretamente, las decisiones proferidas dentro
del proceso de tutela tienen la virtualidad de constituir cosa juzgada
constitucional, lo cual ocurre cuando este Tribunal conoce de los fallos
de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de
revisión. No
obstante,
si el expediente de tutela es seleccionado, este fenómeno
jurídico sólo se produce con la ejecutoria del fallo que profiera la Corte
Constitucional.
9.7. En síntesis, para que se configure la cosa
juzgada constitucional se requiere que (i) se adelante un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de tutela, y (ii) que entre el
nuevo proceso y el anterior exista identidad jurídica de partes, de objeto y de
causa[106].
9.8. Sin embargo, esta Corporación ha establecido
varios eventos en los que queda desvirtuada la cosa juzgada, por ejemplo cuando
se presenta una nueva solicitud de amparo que se fundamenta en hechos
nuevos o se alegan elementos fácticos o jurídicos desconocidos por el actor
cuando interpuso la primera acción de tutela[107].
9.9. Así, cuando se promueven sucesivas
o múltiples solicitudes de tutela en procesos que versen sobre un mismo asunto,
se generan las siguientes consecuencias:
“i)
que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que
se interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en otro
proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad,
acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela
debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno
de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la
existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se
configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación
simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la tripe
identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa
juzgada.” [108]
9.10. Siguiendo las reglas señaladas anteriormente, la
Corte descarta la existencia de temeridad en el asunto examinado, ya que las
acciones de tutela no fueron presentadas simultáneamente, pues las anteriores
fueron instauradas en los años 2007, 2008 y 2010, y la revisada en esta oportunidad
fue interpuesta en octubre de 2013. De igual manera, no se evidencian elementos
probatorios suficientes que acrediten el desconocimiento del principio de buena
fe, toda vez que no se advierte un actuar desleal por parte del accionante,
quien parece actuar en atención a la difícil situación económica y de salud que
atraviesa, así como a las posibles consecuencias de tales circunstancias.
9.11. Asimismo, esta Corporación considera que en
el presente caso tampoco existe cosa juzgada constitucional. En efecto, la Sala
advierte que entre la fecha de resolución del último amparo que data del año
2010, a la fecha de presentación de la acción de tutela en revisión han
ocurrido nuevos hechos que resultan relevantes para el caso, como los son: (i) la
resolución del recurso de apelación dentro del proceso ordinario laboral que
inició el actor para obtener la indexación de la primera mesada pensional el
día 30 de abril de 2012, (ii) la admisión del recurso de casación presentado
ante la Corte Suprema de Justicia contra dicho fallo el 14 de agosto del mismo
año, (iii) la demora de más de dos años en la resolución de dicho recurso
extraordinario, y (iv) la adopción de un precedente unificado sobre la materia por
esta Corporación en las sentencias SU-1073 de 2012[109] y SU-131
de 2013[110].
Por lo anterior, la Sala resolverá de fondo el asunto (ii) T-4.252.198.
10. Problema jurídico y esquema de
resolución
10.1. Para solucionar los asuntos puestos
a consideración de la Sala, esta Corporación deberá determinar si se vulneran
los derechos fundamentales de una persona cuando la autoridad pública
(administrativa o judicial) o el particular encargado de reconocerle y/o pagarle
la prestación de jubilación, se niega a reajustarla indexando la primera mesada
pensional de acuerdo con la fórmula acogida por esta Corporación para el
efecto.
10.2. Con tal propósito, la Corte
reiterará los pronunciamientos de este Tribunal sobre la indexación de la
primera mesada pensional, para luego solucionar los casos concretos, en los
cuales de ser necesario se realizarán las precisiones normativas y jurisprudenciales
necesarias para examinar las particularidades de cada asunto.
11. La
indexación de la primera mesada pensional. Reiteración de Jurisprudencia.
11.1. La
indexación de la primera mesada pensional es un mecanismo mediante el cual se
enfrentan los efectos de la inflación en el ámbito de las obligaciones derivadas
del reconocimiento de prestaciones periódicas originadas en el aseguramiento de
los riesgos de vejez, invalidez y muerte, dadas las consecuencias que dicho
fenómeno produce en la capacidad adquisitiva de la moneda, y por ende, en el
disfrute de las mesadas reconocidas a las personas[111].
11.2. La
garantía del mantenimiento del poder adquisitivo en cuanto a la esfera
pensional se encuentra contenida principalmente en los artículos 48 y 53 de la
Carta Política. En efecto, en el primero se establece que “la ley definirá
los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder
adquisitivo constante”, y en el segundo se señala que “el Estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.”
11.3. En
ese contexto normativo constitucional, el Legislador con el fin de precaver los
efectos negativos de la depreciación de la moneda al momento de reconocer las
prestaciones propias del Sistema General de Seguridad Social, contempló en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la actualización del ingreso base de liquidación
de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, “(…) con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.”
11.4. De
igual manera, en el artículo 133 de la misma normatividad, en relación con el
reconocimiento de la pensión sanción, se estipuló que su cuantía “(…) será
directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría
correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder
a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se
liquidará con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de
servicios, actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor
certificada por el DANE (…).”
11.5. Al
respecto, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que a pesar de que las
mencionadas normas son posteriores a 1991[112], todas
las personas beneficiarias
del sistema pensional tienen derecho a la protección del poder adquisitivo de
sus prestaciones, y esto incluye, a los ciudadanos que causaron su mesada con
anterioridad a la Constitución Política y a la Ley 100 de 1993. En ese sentido,
recientemente en la Sentencia SU-1073 de 2012[113],
se explicó que:
“El
derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable de todas
las categorías de pensionados, y por tanto, resulta vulneratorio de los
principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho
laboral negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con
anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones
posteriores.
La
garantía de indexación no sólo fue reconocida por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, con anterioridad de la expedición de la
Carta, sino que en la Constitución de 1991 se constitucionaliza en los
artículos 48 y 53.
Además,
también tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral contenido en el
artículo 53 Superior. Este principio obliga a las autoridades judiciales,
incluyendo las Altas Cortes, a elegir, en caso de duda, por la interpretación
que más favorezca al trabajador. En el caso de la indexación, no es otra que su
reconocimiento universal, inclusive de las personas que adquirieron su derecho
con anterioridad a la Constitución de 1991, por cuanto el fenómeno
inflacionario afecta a todos por igual.
El
reconocimiento a la indexación de la primera mesada pensional también es un
desarrollo del principio del Estado Social de Derecho y una garantía que
desarrolla los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección
constitucional a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo vital.”
11.6. Así
pues, este Tribunal ha entendido que al consagrar la Carta Fundamental expresamente
que las mesadas deben reajustarse periódicamente a fin de conservar su poder
adquisitivo constante, todos los beneficiarios del sistema pensional deben ser
protegidos de las consecuencias negativas del fenómeno inflacionario, pues en
desarrollo del principio de igualdad establecido en el artículo 13 superior, no
es viable efectuar distinciones injustificadas entre pensionados con base en el
tiempo en el cual se perfeccionó su derecho, ni mucho menos tratándose de
prestaciones periódicas que producen efectos bajo el marco constitucional
actual.[114]
11.7.
En consecuencia, al ser la indexación de la primera mesada un derecho de
carácter universal, es decir, predicable de todas las personas pensionadas, su negación
por parte de la empresa, administradora de pensiones o funcionario judicial,
encargado de reconocerla y/o pagarla, deviene en la vulneración de los derechos
fundamentales de la persona[115].
Asimismo, de conformidad con los fallos de constitucionalidad C-862[116]
y C-891A de 2006[117],
en principio, también se desconocen los postulados superiores cuando se niega
el derecho a dicho reajuste con base en distinciones relacionadas con la clase
de la prestación, por ejemplo cuando no se accede al mismo argumentándose que
se trata de pensiones patronales o sanción[118].
11.8.
Ahora bien, en cuanto al procedimiento para efectuar la indexación de la
primera mesada pensional en la Sentencia SU-1073 de 2012[119], se acogió el
establecido en la providencia T-098 de 2005[120], en la cual se dispuso que, en
estos casos, debe darse aplicación a la fórmula que a continuación se expone,
de acuerdo con los lineamientos que el Consejo de Estado ha empleado en
relación con la actualización de obligaciones y condenas de contenido dinerario:
“La suma insoluta o dejada de pagar, será
objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la
notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=
Rh índice final
índice inicial
Donde
el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha
de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente
al causarse cada mesada pensional.
Por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la
fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional
que devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas),
teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una
de las prestaciones.”
11.9.
Igualmente,
en relación con el pago de los retroactivos correspondientes al reconocimiento
de la indexación en tratándose de pensiones otorgadas con anterioridad a 1991,
en el mencionado fallo de unificación, se señaló que se reconocerían las
diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada
indexada comprendidos en los tres años anteriores contados a partir de la
expedición de la providencia. Sobre el particular en la Sentencia T-220 de 2014[121],
se explicó el alcance de la Sentencia SU-1073 de 2012[122]
de la siguiente manera:
“4.4.
Cuando se verifica una violación del derecho a la indexación debe ordenarse el
pago retroactivo de aquellas mesadas no prescritas, de conformidad con lo
establecido en la sentencia SU-1073 de 2012
En
la sentencia SU-1073 de 2012, la Sala Plena de esta Corporación dispuso que
verificada una violación del derecho a la indexación respecto de pensiones
causadas antes de 1991, debía ordenarse el pago retroactivo de las mesadas
pensionales no prescritas. Sostuvo el Tribunal Constitucional que debía tenerse
en cuenta que el término de prescripción de tres (3) años se contabiliza a
partir del momento en que se profirió el fallo.[123]
En concepto de la Corte, eso se justificó porque (i) sólo hasta la emisión de
la SU-1073 de 2012 se dio “(…) claridad sobre la
obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes de la Constitución de
1991, de manera que desde la fecha hay certeza sobre la exigibilidad de la
indexación y la obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento”;
(ii) si se contara el término de prescripción desde el momento en que se
reclama la indexación, “(…) se pondría en riesgo la estabilidad financiera del
sistema pensional, alterando la posibilidad de pagar otras pensiones
reconocidas a cargo del Estado y, por ende, afectando el principio de
progresividad, y el acceso a las pensiones de todos los colombianos”; y
finalmente, porque (iii) eso “(…) se encuentra en concordancia con el artículo
488 del Código Sustantivo del Trabajo que señala que “Las acciones
correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3)
años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas
en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.” (Resaltado
original del texto).
La
regla establecida en esa sentencia de unificación fue reiterada en la sentencia
SU-131 de 2013.[124]
Allí se dispuso que a una persona cuyo derecho pensional fue causado con
anterioridad a la Constitución Política de 1991, le fuera reconocido “el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores, contados a partir de la fecha de esta sentencia.” En esa
providencia se explicó que tal determinación se tomaba con base en lo sostenido
en la SU-1073 de 2012 sobre la certeza del derecho a la indexación de prestaciones
causadas antes de la Constitución Política de 1991 y la forma de contabilizar
el término de prescripción.[125]
Por tanto, puede afirmarse que la garantía
de indexación de la primera mesada pensional se extiende retroactivamente para
todas las mesadas no prescritas, incluso con respecto a aquellas no prescritas
causadas antes de la Constitución de 1991. Se entiende que son las comprendidas
en los tres (3) años anteriores contados desde la sentencia que estudia el caso
actual.”
11.10. En conclusión, de acuerdo con la
interpretación sistemática de los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución
Política, la Corte Constitucional ha concluido que existe un derecho de rango
constitucional a conservar el poder adquisitivo de las mesadas pensionales sin
importar su clase, el cual es exigible a través de la acción de tutela cuando
una autoridad administrativa o judicial, o un particular en quien recae la
obligación de reconocer y pagar la pensión, se niega a efectuar el reajuste
conforme a la fórmula de indexación mencionada en esta providencia, siempre que
se acredite el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del recurso de
amparo[126].
12. Casos concretos
12.1. Expedientes (ii) T-4.252.198, (v)
T-4.268.155 y (vi) T-4.270.726
12.1.1. Los señores (ii) Víctor Manuel
Toro Tinoco, (v) Álvaro Trujillo Reyes y (vi) Jesús Antonio Román Sánchez
interpusieron sendas acciones de tutela contra los empleadores para los que
prestaron sus servicios y les reconocieron la pensión jubilación, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la negativa de indexar sus
mesadas conforme a la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación, lo cual
ha derivado en que los montos de las prestaciones que les fueron reconocidas no
correspondan con el poder adquisitivo de los salarios que devengaban al momento
de su desvinculación.
12.1.2. Los jueces de instancia no
accedieron a la pretensiones de los accionantes, al estimar improcedentes los
amparos solicitados. Al respecto, la Corte considera erradas dichas
determinaciones, toda vez que en casos como los examinados en esta oportunidad,
en los que la acción de tutela resulta procedente[127],
el operador judicial constitucional debe ordenar que se reliquide la prestación
conforme a la fórmula establecida por este Tribunal para el efecto, siempre y
cuando se demuestre que el interesado (i) adquirió la calidad de jubilado, y
(ii) acudió ante su empleador o administradora de pensiones según corresponda,
en procura de satisfacer la petición de indexación[128].
12.1.3. En ese sentido, en el caso (ii)
T-4.252.198, este Tribunal encuentra que al señor Víctor Manuel Toro Tinoco le
fue reconocida una pensión de jubilación por parte de Ecopetrol S.A. a través
de la Resolución 002 del 8 de abril de 1987[129], y que a
pesar de haber requerido a la compañía para que indexara su primera mesada, la
misma se ha negado a hacerlo, por lo que tuvo que acudir ante la jurisdicción
ordinaria laboral, encontrándose el proceso en trámite ante la Corte Suprema de
Justicia a la espera de que se resuelva el recurso de casación presentado[130].
12.1.4. Igualmente, en el asunto (v)
T-4.268.155, relacionado con la acción de tutela interpuesta por Álvaro
Trujillo Reyes contra el Banco Popular S.A., esta Colegiatura evidencia que al
peticionario le fue reconocida una pensión de jubilación mediante Resolución
del 4 de mayo de 1990[131],
la cual a pesar de que se ha solicitado su reajuste[132],
no ha sido indexada por la entidad financiera[133].
12.1.5. Por otra parte, en el proceso (vi)
T-4.270.726, adelantado por el señor Jesús Antonio Román contra la Alcaldía de
Amagá, la Corte advierte que el ente territorial en cumplimiento de una
decisión judicial proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Antioquia el 9 de noviembre de 2010[134],
le reconoció la pensión sanción consagrada en el artículo 8° de la Ley 171 de
1961. Sin embargo, dado que en dicha providencia no se decretó la indexación de
la prestación al no haber sido solicitada en la demanda inicial, el municipio se
ha negado a reajustarla a pesar de las múltiples solicitudes elevadas por el
actor[135],
argumentando que se atiene a lo dispuesto por el juez ordinario[136].
12.1.6. En consecuencia, al encontrarse
probado en los expedientes que los demandantes son personas pensionadas, a
quienes no se les ha indexado su primera mesada a pesar de haberlo requerido,
la Corte procederá a tutelar sus derechos fundamentales, revocando las
sentencias de instancia, y ordenando que se reajusten sus prestaciones, conforme
pasa a explicarse.
12.1.7. En el asunto (ii) T-4.252.198, el
Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Bogotá accedió al amparo de manera
definitiva, decretando la indexación de la primera mesada pensional y ordenando
el pago del retroactivo según los lineamientos consagrados en la jurisprudencia
constitucional[137].
Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, por lo cual, la Corte, en
atención a las consideraciones expuestas, confirmará el fallo de primer grado, mediante
el cual se concedió la tutela de los derechos fundamentales del señor Víctor
Manuel Toro Tinoco.
12.1.8. En relación con los demás casos,
la Sala observa que en el asunto (v) T-4.268.155, el Juzgado Segundo Civil
Municipal Piloto de Oralidad de Bogotá se limitó a estudiar la posible
vulneración del derecho de petición del accionante, sin detenerse a verificar
que el actor también solicitó la protección de su derecho a la seguridad social
al requerir la indexación de su primera mesada pensional. Dicha decisión fue
revocada por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito Piloto de Oralidad
de la misma ciudad, al concluir que se había dado respuesta de fondo a la solicitud
de reajuste. A su vez, en el expediente (vi) T-4.270.726, la Corte avizora que el
Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín no
accedió al amparo solicitado, al considerarlo improcedente.
12.1.9. Por lo anterior, en concordancia
con lo expuesto, este Tribunal revocará las decisiones proferidas por dichas autoridades
judiciales y en su lugar concederá la tutela de los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de los ciudadanos Álvaro Trujillo Reyes y
Jesús Antonio Román Sánchez, ordenándole al Banco Popular S.A. y a la Alcaldía
de Amagá respectivamente, que reliquiden las prestaciones, indexando su primera
mesada pensional dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la presente
sentencia, cancelando el retroactivo correspondiente a los tres años anteriores
a la fecha de esta providencia.
12.2. Expediente (iii) T-4.254.864
12.2.1.
El señor Franklin Manuel Correcha Ricaurte nació el 30 de diciembre de 1939, y
trabajó para diferentes entidades públicas desde el 1 de abril de 1960 hasta el
30 del mismo mes del año 1993. En atención al tiempo de servicio y a su edad,
mediante la Resolución 4217 del 23 de marzo de 2000, Cajanal le reconoció una
pensión de vejez por un valor mensual de $192.072, el cual fue reajustado,
mediante acto administrativo número 12934 del 15 de julio de 2003, a la suma de
$268.187, en cumplimiento de una orden de tutela proferida por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Ibagué el 6 de mayo de 2003, en la que se
dispuso:
“DAR
CURSO A LA TUTELA aquí solicitada en el sentido de ORDENARLE a la CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN – SECCIONAL BOGOTÁ a través de su representante legal Dr. ANTONIO
MIGUEL CARO ROJAS, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación que
reciba de este fallo, se reliquide su Pensión de Jubilación teniendo en cuenta
los factores salariales de Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, la Prima
Semestral y Viáticos a que tiene derecho por haber cotizado al Estado
Colombiano el 5% de estos, durante más de 20 años cumplidamente y todos los
demás ingresos salariales exceptuando sólo aquellos explícitamente excluidos
por la Ley (…).”[138]
12.2.2.
El 15 de diciembre de 2008, el actor solicitó a Cajanal la indexación de su
primera mesada pensional conforme a la fórmula establecida por el Consejo de
Estado. Sin embargo, ante el silencio de la entidad, el peticionario optó por
demandarla ante el Juzgado Único Administrativo de San Gil, el cual, a través
de providencia del 2 de septiembre de 2011, accedió a sus pretensiones, al
igual que el Tribunal Administrativo de Santander que confirmó el fallo el 12
de junio de 2012.
12.2.3.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social cumplió lo dispuesto en las referidas sentencias
contenciosas administrativas, con la expedición de la Resolución RDP 20084 del
2 de mayo de 2013, llegando a la conclusión de que el monto pensional debía
disminuirse de $1.406.239 a $1.072.460.
12.2.4.
Frente a dicha determinación, el día 22 de octubre de 2013, el señor Franklin
Manuel Correcha Ricaurte interpuso acción de tutela contra la UGPP, al
considerar vulnerado su derecho a la seguridad con ocasión del reajuste
pensional efectuado en el año 2013, toda vez que no se tuvo en cuenta el
principio de favorabilidad, en tanto para dar cumplimiento de los fallos
contenciosos administrativos se omitió tener en cuenta todos los factores
salariales como se había hecho en virtud de la orden de tutela del año 2003.
12.2.5.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Ibagué y la Sala de
Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de la misma ciudad, denegaron el amparo pretendido, al estimar que el acto
administrativo reprochado se limitó a dar cumplimiento a una orden judicial,
por lo que no podía considerarse arbitraria la decisión de la entidad
demandada.
12.2.6.
Al respecto, la Sala considera que los jueces de instancia erraron en la
solución del caso, pues el problema jurídico a resolver no era si la resolución
reprochada dio cumplimiento correcto a los fallos contenciosos administrativos,
sino determinar si la administradora de pensiones debió acatar conjuntamente dichas
sentencias, que reconocieron la indexación de la primera mesada pensional, y la
providencia de tutela del año 2003, en la que se dispuso que se reliquidara la
prestación de jubilación reconocida teniendo en cuenta las primas de navidad,
vacaciones y semestral, así como los viáticos, en razón a que se habían
realizado cotizaciones sobre dichos factores salariales.
12.2.7.
Sobre el particular, este Tribunal evidencia que los derechos fundamentales del
actor han sido vulnerados por la entidad demandada, toda vez que a pesar de ser
requerida por el accionante para que analizara la diminución del monto de la
prestación reconocida, ha omitido dar cumplimiento conjunto a las providencias
judiciales, tanto de tutela como contenciosas administrativas, en las cuales se
establecieron las condiciones de liquidación de la pensión del señor Franklin
Manuel Correcha Ricaurte, desconociendo con ello sus prerrogativas al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad social.
12.2.8.
En efecto, al revisar la Resolución RDP 20084 del 2 de mayo de 2013, la Sala
encuentra que, si bien la UGPP aplicó la fórmula establecida para indexar la
mesada pensional acogida por esta Corporación según lo ordenaron los jueces
contenciosos administrativos, no tuvo en cuenta para establecer el ingreso base
de liquidación todos los factores salariales que le ordenó incluir el juez de
tutela en el año 2003, como lo son las primas de navidad, vacaciones y
semestral, así como los viáticos. De igual forma, este Tribunal observa que la
entidad se opuso a corregir su yerro, argumentando que no proceden recursos
contra los actos administrativos que tienen como objeto ejecutar sentencias
judiciales, sin detenerse a examinar que se pretendía precisamente el
cumplimiento conjunto de las distintas providencias que habían determinado la
forma de liquidación de la prestación de jubilación.
12.2.9.
Así las cosas, la Sala al evidenciar que la autoridad demanda no ha dado
conjuntamente cumplimiento a los fallos contenciosos administrativas, que
determinaron el derecho a la indexación de primera mesada del demandante, y la
sentencia de tutela, que estableció los factores salariales para efectuar la
liquidación, revocará las sentencias de amparo de instancia, y protegerá los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la
seguridad social del accionante.
12.2.10.
Igualmente, la Corte dejará sin efectos la Resolución RDP 20084 del 2 de mayo
de 2013, y le ordenará a la UGPP que, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de la presente providencia, reajuste la pensión de Franklin Manuel
Correcha Ricaurte, teniendo en cuenta lo dispuesto tanto en los fallos
proferidos por el Juzgado Único Administrativo de San Gil y por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 2 de septiembre de 2011 y el 12 de junio de
2012 respectivamente, en relación con la indexación de la primera mesada
pensional, como en el dado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Ibagué, el 6 de mayo de 2003, en sede de tutela en torno a los factores
salariales para reliquidar la prestación, reconociéndole el retroactivo
correspondiente de conformidad con las reglas generales de prescripción.
12.3. Expediente (iv) T-4.259.569
12.3.1.
El 22 de marzo de 2012, José Laureano Cubides Cristancho presentó una demanda
ordinaria laboral contra la Secretaría de Hacienda de Bogotá y el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep-, solicitando la
indexación de su primera mesada, al estimar que debía aplicarse lo dispuesto en
las sentencias C-862[139]
y C-891A de 2006[140]
proferidas por esta Corporación, en las que se señaló que dicho reajuste
pensional aplica de igual manera para las pensiones de jubilación y sanción.
12.3.2.
Dicha acción fue desestimada tanto por el Juzgado Veintidós Laboral del
Circuito de Bogotá como por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad, mediante autos proferidos el 25 de septiembre de
2012 y el 29 de enero de 2013 respectivamente, al acogerse la excepción de cosa
juzgada presentada por las entidades demandadas, en el entendido de que la
aceptación del desistimiento del proceso adelantado ante el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Bogotá en el año 2000, tenía efectos de cosa juzgada en
relación con la pretensión de indexación.
12.3.3.
El señor José Laureano Cubides Cristancho interpuso acción de tutela contra
dichas autoridades judiciales, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social[141], ya que
en sus providencias omitieron analizar adecuadamente el sentido de la demanda,
en tanto existía una circunstancia nueva relevante que permitía diferenciar la
acción presentada en el año 2012 de la instaurada en el año 1999, y con ello
desvirtuar la existencia de cosa juzgada. En efecto, el peticionario resaltó
que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta el hecho de que esta Colegiatura
había proferido las sentencias C-862[142] y C-891A de 2006[143],
en las que se realizaron precisiones sobre la indexación de la primera mesada
en tratándose de pensiones de jubilación y sanción.
12.3.4.
Mediante sentencias del 17 de septiembre y del 18 de diciembre de 2013, las
Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia
respectivamente, denegaron el amparo pretendido, argumentando que las
providencias reprochadas no son arbitrarias, ni se apartan abruptamente del
ordenamiento jurídico.
12.3.5.
Al respecto, este Tribunal evidencia que las Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia al analizar las providencias laborales ordinarias
reprochadas, no aplicaron el precedente fijado por esta Corporación sobre la
materia en las sentencias T-014 de 2008[144], T-130 de 2009[145],
T-745 de 2011[146]
y T-1086 de 2012[147],
en las cuales se señaló que cuando una autoridad judicial declara la existencia
de cosa juzgada en asuntos en los que un ciudadano acude por segunda vez ante
la jurisdicción solicitando la indexación de su primera mesada pensional
alegando un cambio normativo en virtud de los fallos C-862[148] y C-891A
de 2006[149],
aún en casos en los que se desistió de una demanda previamente en la que se
buscaba la misma pretensión, incurre en un defecto reprochable a través de
acción de tutela, haciéndose imperiosa la intervención del juez constitucional
para garantizar los derechos al debido proceso y a la seguridad social de la
persona, los cuales se ven afectados por el desconocimiento de lo dictaminado
por la Corte Constitucional en dichas providencias de control abstracto que establecieron
la existencia de una omisión legislativa relativa[150].
12.3.6.
En efecto, recientemente
en la Sentencia T-1086 de 2012[151],
se señaló que “en virtud del pronunciamiento hecho por la Corte en la
sentencia C-862 de 2006, en la cual se fijó el verdadero sentido y alcance del
derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de
sus mesadas, prerrogativa que comprende, a su vez, la indexación de la primera
mesada pensional, se generó una evolución en la jurisprudencia de esta Corte o,
en otras palabras, se abrió paso a una nueva pretensión de actualización de la
primera mesada pensional, distinta de aquella que había sido negada por los
jueces ordinarios, que permitía al ciudadano promover una nueva acción laboral,
en procura de obtener la indexación de su primera mesada pensional (…). Bajo
esa premisa, no cabía alegarse, por parte de la autoridad judicial demandada,
la excepción previa de cosa juzgada, por cuanto el precedente constitucional
contenido en la Sentencia C-862 de 2006, configura un nuevo hecho, que obligaba
al operador jurídico a adoptar decisiones que se ajustaran a esa nueva
directriz.” En ese mismo sentido, en la providencia T-130 de 2009[152],
en la que se estudió un asunto similar al presente, se explicó que:
“Con la
unificación tutelar[153],
y especialmente desde la emisión de las sentencias C-862 de octubre 19 de 2006,
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-891A de noviembre 1° del mismo año, M.
P. Rodrigo Escobar Gil, acogidas en el cambio jurisprudencial de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema (cfr. también el fallo de abril 20 de
2007, dictado en el asunto de radicación Nº 29.470,
M. P. Luis Javier Osorio López), se ha consolidado el medio garantizador del
mínimo vital de los pensionados, por cuanto la mesada suele constituir el
ingreso que les permite sufragar sus necesidades básicas y las de la pareja y
familiares más cercanos. Por ello, esta Corte ha continuado otorgando tan
indispensable amparo, incluso en eventos donde se negaba el derecho por la
existencia de cosa juzgada[154],
aún en casos donde medió desistimiento como en el caso bajo estudio.”
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).
12.3.7.
Así las cosas, la Sala advierte que las autoridades demandadas no debieron
decretar la existencia de cosa juzgada, sino proferir un fallo de fondo en el
cual tuvieran en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la
primera mesada pensional. En ese orden, la Corte tutelará los derechos al
debido proceso y a la seguridad social del señor José Laureano Cubides
Cristancho, revocará las decisiones de instancia, y dejará sin efectos los
autos del 25 de septiembre de 2012 y del 29 de enero de 2013 dados por el
Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá y por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad respectivamente.
12.3.8.
Ahora bien, dado que existe un precedente pacífico en la jurisprudencia
constitucional sobre el asunto en discusión, la Corte, con el fin de no dilatar
más en el tiempo el goce del derecho, le ordenará a la Secretaría de Hacienda
de Bogotá y al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep-,
que, en el ámbito de sus competencias, reliquiden la pensión sanción del actor,
indexando su primera mesada pensional dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, cancelando el
retroactivo correspondiente a los tres años anteriores a la fecha de esta
providencia, toda vez que en el expediente se encuentra probado que:
(i)
El señor José Laureano Cubides Cristancho ostenta la calidad de jubilado en
atención a la prestación que le fue reconocida por la Secretaría de Hacienda de
Bogotá, mediante resoluciones SHD-515 del 9 de diciembre de 2010 y SPE-133 del
17 del mismo mes y año;
(ii)
A pesar de ser requerida por el accionante el 17 de febrero de 2012, la
Secretaría de Hacienda de Bogotá, a través de oficio del 21 del mismo mes y
año, se negó a reconocerle la indexación de la primera mesada[155].
12.3.9.
Por lo demás, este Tribunal dispondrá que se devuelva el expediente del proceso
ordinario laboral cuestionado remitido al despacho del Magistrado Sustanciador
en calidad de préstamo por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá.
12.4.
Expediente (vii) T-4.284.512
12.4.1.
El señor Luis Eduardo Villada Sepúlveda presentó acción de tutela contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de la misma
especialidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado
Catorce Laboral del Circuito de la mencionada ciudad, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, con
ocasión de las decisiones proferidas en el proceso ordinario que adelantó en
contra del Banco Popular S.A., solicitando el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
12.4.2.
Concretamente, el accionante señaló que a pesar que las autoridades judiciales
accionadas le reconocieron la prestación pretendida, vulneraron sus
prerrogativas, puesto que para calcular la indexación de la primera mesada
pensional aplicaron una formula restrictiva y desfavorable, la cual resulta
contraria a la que ha sido utilizada reiteradamente por esta Corporación.
12.4.3. Mediante providencia del 26 de
junio de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá accedió al amparo pretendido, dejando sin efectos las
providencias proferidas en el proceso ordinario laboral, excepto en lo relativo
al reconocimiento de la pensión y al pago de los intereses moratorios, y
ordenándole al Banco Popular que reajustara el monto de dicha prestación
conforme al precedente establecido por este Tribunal sobre la materia en las
sentencias SU-1073 de 2012[156] y
SU-131 de 2013[157], al
estimar que al negarse la indexación de la primera mesada las autoridades
judiciales violaron directamente los artículos 48 y 53 de la Carta Política. En
cuanto al pago del retroactivo correspondiente, la Corporación expresó que la
entidad financiera demandada deberá cancelar “la totalidad de los valores
dejados de pagar hasta la fecha, según los parámetros establecidos por la Corte
Constitucional (…).”
12.4.4. Impugnada la decisión por la
entidad bancaria, a través de Sentencia del 11 de diciembre de 2013, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la
providencia de primer grado, al estimar que las decisiones judiciales
cuestionadas no incurrieron en defecto alguno, pues fueron adoptadas dentro de
la autonomía judicial y aplicando interpretaciones validadas de la normatividad
vigente, sin que puedan llegar a considerarse arbitrarias o contrarias a la
Constitución.
12.4.5.
Al respecto, la Corte considera errada la decisión de segunda instancia, por lo
que la revocará, y en su lugar confirmará el fallo de primer grado por resultar
acorde con el precedente constitucional, según el cual se configura el defecto
denominado violación directa de la Constitución cuando un juez ordinario laboral
se niega a reconocer la indexación de la primera mesada pensional o accede a
ella pero con base en una formula restrictiva, ya que vulnera el derecho de las
personas a mantener el poder adquisitivo de su pensión de conformidad con lo
establecido en los artículos 48 y 53 superiores, tal y como lo estableció esta
Corporación en las sentencias SU-1073 de 2012[158],
T-1086 de 2012[159],
T-1095 de 2012[160],
T-007 de 2013[161]
y T-255 de 2013[162].
12.4.6.
En efecto, al revisar las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral
cuestionado, este Tribunal encuentra que si bien en las mismas se hizo alusión
en forma correcta al precepto normativo que sirve de fundamento para el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional y de la
indexación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación, esto es
el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo es que se
utilizó una fórmula para su liquidación diferente a la adoptada por esta Corte,
la cual resulta desfavorable para el goce de la prestación de jubilación del
demandante.
12.4.7.
Específicamente, la fórmula utilizada por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá fue la actualización anual del promedio del último año de salario
devengado por el trabajador, con base en la variación del indicie de precios al
consumidor, según certificación que expide el DANE, teniendo en cuenta los días
a indexar y los días del tiempo servido; en contraste de la usada
reiteradamente por esta Corporación, a saber R= RH x (IPC final / IPC inicial),
donde “el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la
fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el
vigente al causarse cada mesada pensional.”[163]
12.4.8.
Así
pues, esta Corporación al verificar que las autoridades judiciales incurrieron
en el defecto denominado violación directa de la Constitución al desconocer sus artículos 48 y
53, revocará la Sentencia del 11 de diciembre de 2013 proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; y en
su lugar, confirmará la providencia del 26 de junio de 2013, mediante la cual
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá accedió al amparo pretendido.
12.4.9. Por lo demás, debido a que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no
especificó con base en cuál precedente de esta Corporación se debe pagar el
retroactivo correspondiente, la Sala aclarará que el mismo deberá cancelarse
según lo dispuesto en el numeral 11.9., esto es, el correspondiente a los tres
años anteriores a la fecha de esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la
sentencia proferida el
13 de noviembre de 2013, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en la cual se dispuso denegar el amparo solicitado, pero en el
entendido de que existe carencia actual de objeto, debido al
fallecimiento de la señora Patricia Isolda Villegas de Gaitán (T-4.235.827).
SEGUNDO.- REVOCAR la
providencia del 16 de diciembre de 2013, proferida por la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; y en su lugar, CONFIRMAR
el fallo dado el 30 de octubre de 2013, por el Juzgado Veintinueve Penal
del Circuito de Bogotá, que concedió la tutela de los derechos fundamentales
del señor Víctor Manuel Toro Tinoco (T-4.252.198).
TERCERO.- REVOCAR las
providencias proferidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes
de Ibagué,
el 1
de noviembre 2013, y por la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 11 de diciembre
de 2013;
y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad social del señor
Franklin Manuel Correcha Ricaurte (T-4.254.864).
CUARTO.- DEJAR sin efectos la
Resolución RDP 20084 del 2 de mayo de 2013 por proferida la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social –UGPP- (T-4.254.864).
QUINTO.- ORDENAR a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP- que, dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, reajuste la pensión de
actor dando cumplimiento tanto a los fallos proferidos por el Juzgado Único
Administrativo de San Gil y por el Tribunal Administrativo de Santander, el 2
de septiembre de 2011 y el 12 de junio de 2012 respectivamente, en relación con
la indexación de la primera mesada pensional, como al dado por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Ibagué en sede de tutela el 6 de mayo de 2003,
en torno a los factores salariales para reliquidar la prestación, reconociéndole el
retroactivo correspondiente de conformidad con las reglas generales de
prescripción (T-4.254.864).
SEXTO.- REVOCAR las
sentencias del 17 de septiembre y del 18 de diciembre de 2013 proferidas por
las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia
respectivamente; y en su lugar, CONCEDER el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al
mínimo vital del señor José
Laureano Cubides Cristancho (T-4.259.569).
SÉPTIMO.- DEJAR sin
efectos los autos proferidos el 25 de septiembre de 2012 y el 29 de enero de 2013
por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá y por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad respectivamente,
dentro del proceso ordinario laboral cuestionado (T-4.259.569).
OCTAVO.- ORDENAR a
la Secretaría de Hacienda de Bogotá y al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones –Foncep-, que, en el ámbito de sus competencias,  dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia,
reconozcan la indexación de la primera mesada pensional del actor, junto con el
retroactivo correspondiente a los tres (3) años anteriores a la fecha de esta
providencia (T-4.259.569).
NOVENO.- Por Secretaría
General, DEVUÉLVASE el expediente del proceso ordinario laboral reprochado
enviado al despacho del Magistrado Sustanciador en calidad de préstamo por el
Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá (T-4.259.569).
DÉCIMO.- REVOCAR
las providencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil Municipal Piloto de
Oralidad de Bogotá, el 4 de diciembre de 2013, y por el Juzgado Cuarenta y
Cuatro Civil del Circuito Piloto de Oralidad de Bogotá, el 18 de diciembre de
2013; y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital del señor Álvaro Trujillo Reyes. En
consecuencia, ORDENAR al Banco Popular S.A. que dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, reconozca la
indexación de la primera mesada pensional del actor, junto con el retroactivo
correspondiente a los tres (3) años anteriores a la fecha de esta providencia (T-4.268.155).
UNDÉCIMO.- REVOCAR la
sentencia del 13 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Treinta y Seis
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín, y en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital
del señor Jesús Antonio Román Sánchez. En consecuencia, ORDENAR a la
Alcaldía de Amagá que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, reconozca la indexación de la primera
mesada pensional del actor, junto con el retroactivo correspondiente a los tres
(3) años anteriores a la fecha de esta providencia (T-4.270.726).
DECIMOSEGUNDO.- REVOCAR
la Sentencia del 11 de diciembre de 2013 proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; y en su lugar, CONFIRMAR
la providencia del 26 de junio de 2013,  mediante la cual la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
accedió al amparo pretendido por el señor Luis Eduardo Villada Sepúlveda (T-4.284.512).
DECIMOTERCERO.- ACLARAR que el
retroactivo que deberá pagar el Banco Popular S.A. en el caso T-4.284.512, será
el correspondiente a los tres (3) años anteriores a la fecha de esta
providencia.
DECIMOCUARTO.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA T-529/14
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia excepcional (Salvamento
parcial de voto)/DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN
SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION DE 1991-Precedente
fijado en sentencia SU.1073/12 (Salvamento parcial de voto)
Comparto el sentido general de la
decisión al conceder el amparo y disponer el pago de los valores adeudados, al
tratarse de un derecho derivado de los artículos 13, 25, 48 y 53 de la
Constitución Política, y en cumplimiento de los principios de equidad y
justicia en las relaciones de trabajo. No obstante, debo manifestar mi
oposición a la forma como se ordenó aplicar los términos de la prescripción,
esto es contando el pago “retroactivo correspondiente a los tres (3) años
anteriores a la fecha de esta providencia”, es decir contados desde la
promulgación de la sentencia T-529 de 2014. Esta postura desconoce el
precedente decantado por la Sala Plena mediante fallo SU-1073 de 2012. El
término para el pago retroactivo de las mesadas causadas con anterioridad a la
Constitución de 1991 se calcula desde la sentencia SU-1073 de 2012 y no a
partir de cada nueva providencia de tutela que se profiera sobre el tema. En
efecto, fue con ocasión del fallo de unificación que se obtuvo claridad sobre
la obligación de indexación
Referencia: Expedientes (i) T-4.235.827,
(ii) T-4.252.198, (iii) T-4.254.864, (iv) T-4.259.569, (v) T-4.268.155, (vi)
T-4.270.726 y (vii) T-4.284.512.
Acciones de tutela instauradas por: (i)
Patricia Isolda Villegas de Gaitán contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá y otros; (ii) Víctor Manuel Toro Tinoco contra
Ecopetrol S.A.; (iii) Franklin Manuel Correcha Ricaurte contra Cajanal en
Liquidación y otro; (iv) José Laureano Cubides Cristancho contra Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros; (v) Álvaro
Trujillo Reyes contra el Banco Popular S.A.; (vi) Jesús Antonio Román Sánchez
contra la Alcaldía de Amagá; (vii) Luis Eduardo Villada Sepúlveda contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y otros.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones que toma esta Corporación, me
permito hacer explícitas las consideraciones que me llevaron a salvar
parcialmente el voto sobre la sentencia T-529 de 2014.
La
providencia referida acumula siete casos que tienen como elemento común la
solicitud de reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional a
través de la acción de tutela. Comparto el sentido general de la decisión al
conceder el amparo y disponer el pago de los valores adeudados, al tratarse de
un derecho derivado de los artículos 13, 25, 48 y 53 de la Constitución
Política, y en cumplimiento de los principios de equidad y justicia en las
relaciones de trabajo.
No
obstante, debo manifestar mi oposición a la forma como se ordenó aplicar los
términos de la prescripción, esto es contando el pago “retroactivo
correspondiente a los tres (3) años anteriores a la fecha de esta providencia”,
es decir contados desde la promulgación de la sentencia T-529 de 2014. Esta postura
desconoce el precedente decantado por la Sala Plena mediante fallo SU-1073 de
2012 que en este punto en específico señaló:
“En este orden de
ideas, en la parte resolutiva de cada uno de los casos en estudio, se ordenará
directamente a cada entidad, la indexación inmediata de la mesada pensional y
se reconocerá el pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no
prescritas, contando dicho término –el término de prescripción- a partir de
la fecha de expedición de esta sentencia de unificación, por cuanto desde
este momento no cabe duda que también los pensionados cuyas prestaciones fueron
causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991, tienen derecho a dicha
indexación” (subrayado
fuera del original).
De
lo anterior se sigue necesariamente que el término para el pago retroactivo de
las mesadas causadas con anterioridad a la Constitución de 1991 se calcula
desde la sentencia SU-1073 de 2012 y no a partir de cada nueva providencia de
tutela que se profiera sobre el tema. En efecto, fue con ocasión del fallo de
unificación que se obtuvo claridad sobre la obligación de indexación.
Esta
postura ha sido reiterada por varia Salas de Revisión[164] y por
la propia Sala Plena que en la sentencia SU-131 de 2013 al respecto recordó lo
siguiente:
“Así, de acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación,
como es sólo “a través de [la sentencia SU-1073 de 2012] que la Corte Constitucional consolida la
jurisprudencia” a este
respecto, en dicha sentencia se adoptó una decisión consultando el principio de
sostenibilidad fiscal, al considerar que, ordenar el pago retroactivo de la
indexación desde la fecha en que se presentó la primera reclamación, pondría en
riesgo la estabilidad del Sistema General de Pensiones.
Por lo anterior,
esta Corte realizó una interpretación orientada a equilibrar los intereses en
pugna teniendo en cuenta que “la certeza del derecho es el momento a partir del cual se debe
determinar el término de la prescripción”, de modo que “pese al carácter universal del derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre
su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo
a partir de esta decisión de unificación [sentencia SU-1073 de 2012] se genere un derecho cierto y exigible”. Regla que, de acuerdo con la citada sentencia es
aplicable únicamente a las pensiones causadas con anterioridad a la
Constitución de 1991”.
Por
lo expuesto, propuse que se ajustara la parte resolutiva de esta sentencia
teniendo en cuenta además que en lo que atañe a la prescripción no se debe
acudir a interpretaciones que limiten los derechos de los trabajadores; esto
con el fin de hacer prevalecer los distintos postulados constitucionales, tales
como, el principio in dubio pro operario, la especial protección constitucional
a las personas de la tercera edad, la igualdad y el mínimo vital de los
pensionados.
Así
las cosas presento mi salvamento de voto, teniendo en cuenta que la Sala de
Revisión pese a garantizar la indexación de la primera mesada pensional, tanto
para pensiones reconocidas antes de la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991 como para aquellas que nacieron con posterioridad a la Carta Política
vigente, fijó una fórmula más restrictiva para el cálculo del retroactivo
correspondiente.
Fecha ut supra,
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] Los expedientes
de la referencia fueron seleccionados para revisión por las Salas de Selección
de Tutelas Número Dos y Tres, mediante Autos del 25 de febrero y del 18 y 31 de
marzo de 2014, siendo acumulados por la Sala Tercera de Revisión mediante
proveído del 14 de mayo del mismo año, por presentar unidad de materia.
[2] Folios 1 a 31 del cuaderno número 1.
[3] Folios 17 a 21
del cuaderno de única instancia.
[4] Folio 14 del cuaderno de única instancia.
[5] Folios 22 a 28 de cuaderno de única instancia.
[6] La consulta fue realizada el 7 de julio de 2014 a las 9:30 A.M.
[7] La comunicación con el representante de la demandante se efectuó por
vía telefónica el día 10 de agosto de 2014 a las 5:26 P.M. Al respecto, esta
Colegiatura resalta que la Corte ha considerado que en ocasiones, para lograr
una protección efectiva de los derechos fundamentales resulta pertinente, e
incluso necesario, requerir información por vía telefónica a los peticionarios
o sus familiares sobre algunos aspectos fácticos puntuales que requieran mayor
claridad dentro del trámite de la acción. Dicha decisión encuentra pleno
sustento en los principios de celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad
que guían la actuación del juez de tutela. Sobre el particular, pueden
consultarse las sentencias T-162 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
T-549 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[8] Folios 1 a 16 del cuaderno número 1.
[9] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[10] M.P. Alexei Julio Estrada.
[11] Folios 111 a 121 del cuaderno número 1.
[12] Folios 160 a 168 del cuaderno número 1.
[13] Folios
173 a 176 del cuaderno número 1.
[14] Folios 4
a 6 del cuaderno de segunda instancia.
[15] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[16] M.P. Alexei Julio Estrada.
[17] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[18] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[19] Folios 7 a 16 del cuaderno de segunda instancia.
[20] Folios 11 a 14 del cuaderno de revisión.
[21] Folio 18 del cuaderno principal.
[22] Folios 1 a 12 del cuaderno principal.
[23] Folios 117 a 123 del cuaderno principal.
[24] Folios 88 a 95 del cuaderno principal.
[25] Folios 7 a 13 del cuaderno de segunda instancia.
[26] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[27] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[28] La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vinculó
al proceso como terceros interesados, al Distrito Capital (Secretaría de
Hacienda) y al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –Foncep,
mediante Auto del 6 de septiembre de 2013 (Folios 2 a 3 del cuaderno de primera
instancia).
[29] Folios 1 a 20 del cuaderno número 1.
[30] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[31] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[32] Folios 16 a 17 del cuaderno de primera instancia.
[33] Folio 29 del cuaderno de primera instancia.
[34] Folios 21 a 28 del cuaderno de primera instancia.
[35] Folios 3 a 14 del cuaderno de segunda instancia.
[36] Folio 13 del cuaderno de revisión.
[37] El expediente del proceso laboral ordinario remitido se compone de
408 folios.
[38] Folios 8 a 11 del cuaderno de primera instancia.
[39] Folios 34 a 39 del cuaderno de primera instancia.
[40] Folios 42 a 46 del cuaderno de primera instancia.
[41] Folios 4 a 7 del cuaderno de segunda instancia.
[42] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[43] Folios 1 a 11 del cuaderno número 1.
[44] Folio 67 del cuaderno número 1.
[45] Folios 68 a 72 del cuaderno número 1.
[46] Folios 1 a 19 del cuaderno de primera instancia.
[47] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[48] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[49] Folios 116 a 117 del cuaderno de primera instancia.
[50] Folio 122 del cuaderno de primera instancia.
[51] Folios 31 a 37 del cuaderno de primera instancia.
[52] Folios 123 a 147 del cuaderno de primera instancia.
[53] La Corporación explicó que conforme al Auto 100 de 2008 proferido
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, es competente para estudiar las
acciones de tutela impetradas contra la Corte Suprema de Justicia cuando se
niega a tramitarlas, como ocurrió en esta oportunidad.
[54] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[55] M.P. Alexei Julio Estrada.
[56] Folios 68 a 91 del cuaderno de segunda instancia.
[57] “Artículo
86. (…) El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el
juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional
para su eventual revisión (…).” // “Artículo 241. A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal
fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que
determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de
tutela de los derechos constitucionales (…).”
[58] Acuerdo 5
de 1992. Artículo 54A. “(…) para los fines establecidos en las normas
vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de
Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra
providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán
ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala
Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe
mensual que le sea presentado a partir de la Sala de Selección de marzo de 2009
(…).”
[59] “Artículo
229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación
de abogado.”
[60] En el
numeral segundo de la parte resolutiva del Auto 100 de 2008, la Corte señaló
que: “Para otros casos en que exista la misma situación de vulneración de
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, por la no admisión a trámite de una acción de tutela
instaurada contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento
en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho a
escoger alguna de las siguientes alternativas: (i) acudir ante cualquier juez
(unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la
Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la
protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de
una Sala de Casación de dicha Corte o (ii) solicitar a la Secretaría General de
la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por
la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, acompañada de la correspondiente acción de tutela y
de la providencia objeto de la misma, con el fin de que surta el trámite fijado
en las normas correspondientes al proceso de selección.”
[61] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política.”
[62] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[63] Caso (i)
T-4.235.827.
[64] Al
respecto, en la Sentencia T-428 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se
precisó que “el propósito de la Corte Constitucional al revisar los fallos
de tutela, además de resolver el caso concreto, es decantar los criterios
interpretativos de las normas jurídicas, buscando establecer las reglas
jurisprudenciales vinculantes que los jueces individuales o colegiados de
tutela han de aplicar en casos futuros en aras de garantizar los principios de
igualdad de trato jurídico, seguridad jurídica y confianza legítima al interior
de la jurisdicción constitucional, clarificando y delimitando, en últimas, el
ámbito normativo de los derechos fundamentales en el Estado social de derecho,
a lo cual se llega por vía de la revisión de casos ejemplares o ilustrativos.”
[65] Casos:
(ii) T-4.252.198, (iii) T-4.254.864, (iv) T-4.259.569, (v) T-4.268.155, (vi)
T-4.270.726 y (vii) T-4.284.512.
[66] “Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo
y los personeros municipales.” (Subrayado fuera del texto original).
[67] Caso (iii) T-4.254.864.
[68] Caso (iv) T-4.259.569.
[69] Caso (v) T-4.268.155.
[70] Caso (vi) T-4.270.726.
[71] Caso (vii) T-4.284.512.
[72] Caso (ii) T-4.252.198.
[73] Folio 103 del cuaderno de primera instancia.
[74] “Artículo
5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace
violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…).”
[75] Caso (vii) T-4.284.512.
[76] Casos (iv) T-4.259.569 y (vii) T-4.284.512.
[77] Casos (vii) T-4.284.512 y (iv) T-4.259.569, respectivamente.
[78] Caso (vi) T-4.270.726.
[79] Artículo
11 de la Ley 270 de 1996.
[80] Artículo 286 de la Constitución.
[81] Caso (iii) T-4.254.864.
[82] Caso (iii) T-4.254.864.
[83] Caso (vii) T-4.284.512.
[84] Caso (vii) T-4.284.512.
[85] Caso (v) T-4.268.155 y (vii) T-4.284.512.
[86] Caso (ii) T-4.252.198.
[87] Sentencia
T-290 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández).
[88] Este capítulo
fue elaborado teniendo como referencia las sentencias T-1045 de 2012 y T-497 de
2013, proferidas por esta Sala de Revisión (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[89] Ver,
entre otras, las sentencias T-381 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-565de
2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1112 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[90] En la
sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte individualizó
las causales específicas de la siguiente manera: “a. Defecto orgánico, que
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. // b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido. // c. Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión. // d. Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. // f. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. // g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. // h. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. // i.
Violación directa de la Constitución.”
[91] 8 de junio de 2011.
[92] 12 de junio de 2013. Al respecto, la Sala resalta que el trámite
constitucional se ha visto dilatado por tres declaratorias de nulidad de todo
lo actuado conforme se explicó en el numeral 7.1. de los antecedentes de esta
providencia.
[93] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[94] Ver los numerales 4.1. y 7.1. de los antecedentes de esta
providencia.
[95] Al
respecto, ver las sentencias T-042 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
y SU-1073 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[96] Respecto
a la existencia de mecanismos judiciales ordinarios la Corte, en Sentencia T-
453 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), señaló que: “Fue así como la
Constitución Política dispuso un sistema jurídico al que todas las personas
tienen derecho a acceder, con el fin de que, en el mismo, todos los conflictos
jurídicos fueren resueltos en derecho en virtud de normas sustanciales y
procesales preexistentes, erigiendo diversas jurisdicciones (ordinaria
-artículo 234-, contencioso administrativa -artículo236-, constitucional
–artículo 239-) y en cada una de éstas determinando la competencia material,
las autoridades y las acciones y procedimientos para su acceso. // De esta
forma, el ordenamiento jurídico ofrece normas procesales y sustanciales
ejecutadas por autoridades previamente instituidas, para que sean resueltos
todos los conflictos que en él sucedan. (…) // Así, la acción de tutela es un
mecanismo efectivo para el amparo de los derechos fundamentales cuyo ejercicio
ante la existencia de otros medios de defensa judicial, no significa el
remplazo de éstos, sino el desarrollo mismo de su finalidad, esto es, que en
interés de la salvaguarda de los derechos fundamentales afectados, la acción de
tutela procederá de manera excepcional y subsidiaria ante la inexistencia de un
medio de defensa judicial o ante la amenaza de configuración de un perjuicio
irremediable”.
[97] Ver, las
sentencias T-708 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-595 de 2011 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio), SU-189 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-493 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-494 de 2013
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[98] Ver,
las sentencias T-456 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-076 de 1996
(M.P. Jorge Arango Mejía), T-160 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-546
de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-594 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-522 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-1033 de 2010
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-595 de 2011(M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-493 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-494 de 2013
(M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[99] Caso (ii) T-4.252.198.
[100] Caso (v)
T-4.268.155.
[101] Caso (vi) T-4.270.726.
[102] Caso
(iii) T-4.254.864.
[103]
Sentencia T-1103 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[104]
Sentencia T-751 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[105]
Sentencia C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[106]
Sentencia T-649 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[107]
Sentencia T-560 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[108] Ibídem.
[109] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[110] M.P. Alexei Julio Estrada.
[111]
Sentencia T-688 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[112] Ver, entre otras, las
sentencias de unificación de jurisprudencia SU-120 de 2003 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), SU-1073 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
SU-131 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), así como los siguientes fallos
proferidos por las distintas Salas de Revisión: T-1169 de 2003 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández), T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-469 de 2005
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-045 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-362 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-835 de 2011 (M.P. María
Victoria Calle Correa), T-1093 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-103
de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-228A de 2013 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla), y T-255 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[113] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[114] Sentencia T-220 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[115]
Concretamente, en la Sentencia T-1086 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), se sostuvo que “la indexación de la primera mesada pensional está
relacionada, de manera intrínseca, con la garantía del derecho al mínimo vital
de las personas de la tercera edad, por cuanto permite a los pensionados
recibir un ingreso mensual justo y actualizado, con el cual solventar sus
necesidades más elementales y las de su familia, ante el impacto económico que
genera la inflación.”
[116] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[117] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[118] Sobre el particular, la Sala aclara que, sin perjuicio del derecho a
la indexación de la primera mesada pensional que, por regla general, se
entiende de carácter universal, existen eventos en los cuales dicha
prerrogativa no es predicable de algunas prestaciones periódicas. Por ejemplo,
en los casos en los que se solicita el reajuste de beneficios similares a una
pensión otorgados por mera liberalidad del empleador o en tratándose de
pensiones patronales en las que medien específicas particularidades que
permitan evidenciar que al decretarse la indexación de la primera mesada, puede
llegarse a un resultado desproporcionado o arbitrario para alguna de las partes
de la relación, desconociéndose con ello los principios constitucionales.
[119] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[120] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[121] M.P. María Victoria Calle Correa.
[122] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[123] Ciertamente, en la parte resolutiva de todos los casos de la
sentencia SU-1073 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), se dijo lo siguiente respecto del pago
retroactivo de las mesadas pensionales: “ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los
valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos
en los tres años anteriores, contados a partir de la expedición de la presente
sentencia de unificación.”
[124] M.P.
Alexei Julio Estrada.
[125] Esta
interpretación también ha sido recogida por las sentencias T-1086 de 2012 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-103 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo)
y T-255 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esas providencias se
estudiaron casos de personas que reclamaban la indexación de la primera mesada
pensional de prestaciones causadas antes de la Constitución Política de 1991, y
se ordenó el pago retroactivo de aquellas mesadas comprendidas en los tres años
anteriores a la fecha de expedición de cada una de las sentencias. Ciertamente,
en la parte resolutiva de la Sentencia T-1086 de 2012 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) se ordenó “el pago retroactivo únicamente de las mesadas
pensionales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la fecha de
expedición de esta sentencia.”; en la
T-103 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) se dispuso “pagar el
retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el
valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados
a partir de la notificación de esta sentencia.”; y en la T-255 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), se dispuso “el pago retroactivo de las diferencias entre los
valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos
en los tres años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.”
[126]
Sentencia T-182 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[127] Como se
explicó en los numerales 2 a 9 de la parte considerativa de esta providencia.
[128] Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las sentencias
T-526 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-234 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva) y T-120 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[129] Folios 18 a 19 del cuaderno número 1.
[130] Folios 37 a 40 del cuaderno número 1.
[131] Folios 17 a 20 del cuaderno de primera instancia.
[132] Folios 26 a 28 del cuaderno de primera instancia.
[133] Folio 29 del cuaderno de primera instancia.
[134] Folios 15 a 33 del cuaderno de única instancia.
[135] Folios 34 a 38 del cuaderno de única instancia.
[136] Folios 39 a 40 del cuaderno de única instancia.
[137] El juez de instancia ordenó el pago del retroactivo correspondiente
a los tres años anteriores a la fecha de la providencia que profirió.
[138] Folio 18 del cuaderno principal.
[139] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[140] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[141] Folios 1 a 20 del cuaderno número 1.
[142] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[143] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[144] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[145] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[146] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[147] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[148] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[149] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[150]
Específicamente, en la Sentencia C-862 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), se consideró que ante la ausencia por parte del legislador de
herramientas para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, era pertinente proferir un fallo aditivo frente a la omisión
legislativa relativa evidenciada, conforme con una lectura sistemática de los
artículos 13, 48 y 53 de la Constitución, en el sentido que, hasta tanto el
legislador no fijara otra medida para remediarla, “(…) la indexación, al
haber sido acogida por la legislación vigente para los restantes pensionados,
[se convertía en el] mecanismo adecuado para la satisfacción de los derechos y
principios constitucionales en juego.” Así, se decidió declarar la
exequibilidad de los numerales 1° y 2° del artículo 260 del C. S. T. “en el
entendido que el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación
de que trata este precepto deberá ser actualizado con base en la variación del
índice de precios del consumidor IPC certificada por el DANE.” Sobre el
particular puede consultarse el fallo T-688 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[151] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[152] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[153] Cfr.
SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-696 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[154] Cfr.
T-014 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-130 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto).
[155] Folio 18 del cuaderno correspondiente al proceso ordinario laboral.
[156] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[157] M.P. Alexei Julio Estrada.
[158] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[159] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[160] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[161] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[162] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[163] Sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[164]
Ver sentencias T-206 de 2014, T-182 de 2014 y T-445 de 2013,
entre otras.