T-594-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-594/02
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Presunción de afectación por ausencia prolongada en pago de
salarios
EMPLEADOR-Mora
en pago de obligaciones laborales/EMPLEADOR-Situación económica o
presupuestal no es óbice para desconocer obligaciones laborales
Referencia:
expedientes T-584857
Acción de tutela instaurada por Miguel
Antonio Palmera Hernández contra el Alcalde del Municipio de Sabanalarga
(Atlántico)
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos
mil dos (2002).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido, en segunda instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia dentro del proceso de tutela iniciado por Miguel Antonio
Palmera Hernández contra el Alcalde del Municipio de Sabanalarga (Atlántico).
I.
ANTECEDENTES
El peticionario, mediante escrito fechado el
6 de agosto de 2001, presentó acción de tutela por la presunta violación de sus
derechos al trabajo y a la vida en condiciones dignas, pues señala que hasta el
momento el Municipio de Sabanalarga, entidad territorial para la que presta sus
servicios, no le ha cancelado los salarios correspondientes a los meses de
marzo, abril, junio y julio de 2001[1],
circunstancia que constituye un grave atentado en contra de sus derechos
fundamentales en la medida que de tales sumas de dinero depende el sustento
personal y el de su familia[2].
Por esta razón, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al trabajo y
a la vida digna y, en consecuencia, “se ordene el pago correspondiente a los
meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2001”[3].
La tutela interpuesta fue conocida en primera
instancia por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla, órgano judicial que  mediante providencia del 23 de agosto de
2001 decidió conceder el amparo solicitado, puesto que “una prestación
económica como el salario, cuando se constituye en el único ingreso de la
persona y de quienes de ella dependen, contribuye a la obtención de los medios
indispensables de supervivencia y, en esa medida, se convierte en recurso
vital”[4].
De esta manera, ordena al Alcalde municipal de Sabanalarga que “realice las
diligencias necesarias acordadas en el presupuesto de gastos para el año 2001,
en el término no mayor de un mes contado a partir de la notificación de la
presente providencia, con el fin de cancelar los salarios adeudados”[5].
Apelada la providencia, correspondió a la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conocer en segunda
instancia del proceso.  Así, en sentencia de 21 de marzo de 2002 decidió
revocar la decisión proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla negando
la tutela solicitada, pues “en el asunto examinado el interesado cuenta con
otro medio de defensa judicial, cual es el de acudir en demanda ante la jurisdicción
competente, con el fin de obtener el pago de los salarios adeudados”[6].  Además, “dentro del
posible proceso que adelante  puede pedir y tener derecho a obtener el
reconocimiento del pago de los eventuales daños ocasionados”[7].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico.  Reiteración de
jurisprudencia
Corresponde a la Corte Constitucional
establecer en qué medida la falta de pago de sumas de dinero que por concepto
de salario se le adeudan a un trabajador durante un período de tiempo (marzo,
abril, mayo, junio y julio del año pasado) constituye una violación de los
derechos fundamentales al trabajo y a la vida digna que amerita la intervención
del juez de tutela.
Con este propósito, se procederá a hacer
una breve referencia a la jurisprudencia existente, particularmente respecto de
la procedencia del amparo constitucional de derechos fundamentales cuando se
relacionan con el pago de deudas de carácter laboral, y la apreciación de la
vulneración del mínimo vital de los trabajadores como consecuencia de la demora
en el pago de su salario.
3. Sobre la procedencia de la acción de
tutela para el pago de acreencias laborales
La Corte Constitucional ha sostenido de
manera reiterada que la acción de tutela no procede para el cobro de acreencias
laborales, pues ésta es una materia que, en principio, debe ser debatida ante
los jueces que hacen parte de la jurisdicción laboral ordinaria a quienes
corresponde resolver dichos asuntos. Sin embargo, esta regla general tiene una
clara excepción en aquellos eventos en los que se comprueba que el no pago del
salario atenta contra las condiciones mínimas vitales del empleado, pues en
estos casos, en los que se constata que los ingresos del trabajador por tal
concepto son su único medio de subsistencia, sin duda, se compromete su derecho
fundamental al mínimo vital[8].
Por esta vía, se quiere evitar que la acción
de tutela se utilice como un medio alterno a la acción ordinaria laboral, a
voluntad del interesado, aceptando, sin embargo, la existencia de casos
extraordinarios en donde la afectación de las condiciones de supervivencia de
alguien que deja de recibir su salario, ameritan la intervención del juez de
tutela a través del mecanismo expedito de protección judicial consagrado en el
artículo 86 de la Carta Política[9].
Así, la tutela revela ser, en estos casos, la herramienta jurídica idónea para
proteger los derecho en juego –i.e. el mínimo vital-.
4. De la afectación del mínimo vital.
Reiteración de jurisprudencia
Es en este orden de ideas que la Corte ha
sostenido que (i.) si está demostrada la mora salarial del demandado, (ii.)
hay indicios sobre la vulneración de las condiciones de subsistencia del
trabajador y (iii.) no se ha probado lo contrario, es decir, ni el
demandado ni el juez de tutela, durante el trámite de la acción, han demostrado
que el actor cuenta con otras fuentes de ingreso o que el retardo en el pago
del salario no causa un perjuicio real, debe concederse la tutela del derecho
fundamental al mínimo vital[10].
Ahora bien: la comprobación de la violación
del derecho al  mínimo vital de un trabajador que deja de percibir su salario,
también ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional al punto de
señalar una presunción de afectación que alude al término de la
suspensión en el pago del salario, que ha de ser prolongado o indefinido[11], y al monto de lo
debido, que pondera el hecho que la asignación salarial mensual sea baja y el impacto que ello genera sobre sus posibilidades de
subsistencia. En todo caso, estos requerimientos básicos superan el alcance de
una simple afirmación al respecto[12].
En el presente caso, (i.) existen
indicios de la mora de la entidad demanda en el pago de sus obligaciones
laborales, pues de acuerdo con el peticionario a la fecha de presentación de la
tutela se le debían dineros por concepto de los salarios correspondientes a los
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio de 2001 y tales deudas eran actuales.
Dicho incumplimiento es justificado por el accionado en la falta de recursos,
“puesto que el municipio se recibió en un estado de quiebra absoluta”[13], razón que, de acuerdo
con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, resulta insuficiente para
sustentar la omisión en el pago de acreencias laborales a los trabajadores de
entidades públicas[14].
De (ii.) los perjuicios que la conducta de la autoridad pública causan
al actor también existen manifestaciones indiciarias que demuestran la
afectación de su derecho al mínimo vital (vida digna).  En efecto, a cargo del
accionante, quien se desempeña como secretario digitador al servicio del
municipio[15],
recibiendo por tal concepto una asignación mensual de $472.000 pesos[16], se encuentra su
esposa (quien padece de quebrantos de salud) y dos hijos[17]. Finalmente, (iii.)
tales aseveraciones en ningún momento fueron denegadas por el demandado
demostrando, por ejemplo, que el petente cuenta con otros medios de
subsistencia o que no existe una vulneración real de los derechos alegados.
Por estas razones, la Sala considera que el
amparo solicitado por el peticionario es procedente y, en consecuencia, se
revocará la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia con el propósito de proteger los derechos al trabajo y a la
vida digna (mínimo vital) del peticionario.  Para el efecto, se confirmará,
entonces, la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de
Revisión,
R E S U E L V E
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia de 21 de marzo de 2002.
Segundo.- CONFIRMAR
la providencia de 23 de agosto de 2001 mediante la que se tutelaron los
derechos al trabajo y a la vida digna del señor Miguel Antonio Palmera
Hernández y, en consecuencia, ordenar al alcalde del municipio de Sabanalarga
que “realice las diligencias necesarias acordadas en el presupuesto de gastos
para el año 2001, en el término no mayor de un mes contado a partir de la
notificación de la presente providencia, con el fin de cancelar los salarios
adeudados”[18].
Tercero.  Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSE CEPEDA  ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. folio 1, cuaderno 1, del expediente.
[2] Cfr. folio 2, cuaderno 1, del expediente.
[3] Cfr. folio 3, cuaderno 1, del expediente.
[4] Cfr. folio 25, cuaderno 1, del expediente.
[5] Cfr. folio 26, cuaderno 1, del expediente.
[6] Cfr. folio 6, cuaderno 2 del expediente.
[7] Ibíd. folio 6, cuaderno 2, del expediente.
[8] Sobre el particular pueden consultarse, entre muchas, las
sentencias; T-146/96, M.P Carlos Gaviria Díaz; T-081/97, M.P José Gregorio
Hernández; T-263/97 M.P. Hernando Herrera Vergara; T-527/97 y T-529/97 M.P.
Hernando Herrera Vergara; T-284/98 y T-298/98 M.P. Fabio Morón Díaz; T-547/98
M.P Vladimiro Naranjo Mesa; T- 651/98 M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-434/99
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-502/99 y T-545/99 M.P. Antonio Barrera
Carbonell; T-657/99 y T-679/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz; SU-995/99 M.P. Carlos
Gaviria Díaz; T-261/00 M.P. José Gregorio Hernández; T-1031/00 M.P Alejandro
Martínez Caballero; T-042/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-043/01 M.P.
Alvaro Tafur Galvis; T-064/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[9]  Son múltiples los eventos en
los que la Corte Constitucional ha aceptado la procedencia excepcional de la
tutela en materia laboral, sin importar que lo que se esté reclamando
concretamente es el pago de una cantidad de dinero, siempre y cuando, existan
claros indicios sobre la violación de las condiciones mínimas de subsistencia
del peticionario. Así, ha encontrado la Corte, desde sus inicios, que puede
tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando
resulta afectado el mínimo vital (Cfr., por ejemplo, las sentencias T-426 de
1992, T-063 de 1995, y T-437 de 1996); que es posible intentar la acción de
tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una
'persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único
ingreso (Cfr. sentencias T-426 de 1992, T-147 1995, T-244 de 1995, T-212 y T-
608 1996); por citar tan sólo dos ejemplos que desde los primeros años de
actividad de la Corte ha constituido objeto de permanente interés.
[10] En sentencia
T-1039/00, M.P Alejandro Martínez Caballero, sostiene la Corte: "En lo
tocante a la prueba, se considera que la no cancelación de salarios es
un perjuicio irremediable que afecta el derecho fundamental a la subsistencia 'en
todos los casos en los  que no se encuentre debidamente acreditado que el
trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su
trabajo'. Se debe partir, entonces, del principio de la buena fe,
pero el actor no queda exonerado de probar los hechos dentro de las
orientaciones del decreto 2591 de 1991, especialmente de los artículos: 18
(restablecimiento inmediato si hay medio de prueba), 20 (presunción de
veracidad si se piden informes y no son rendidos), 21 (información adicional
que pida el juez), 22 (convencimiento del juez que exonera de pruebas
adicionales). O sea que no se exige la prueba diabólica (demostración a
plenitud de que no se tienen otros ingresos), sino que se requiere algo que le
permita al juez deducir que el salario es el único ingreso y que el no pago
afecta gravemente al trabajador".
[11] En sentencia T-371/00, M.P Antonio Barrera Carbonell, se reitera
el concepto de esta presunción de afectación del mínimo vital en los siguientes
términos: "Éste (el mínimo vital) se presume afectado cuando la suspensión
en el pago del salario se prolonga indefinidamente en el tiempo, de tal suerte
que se coloca al trabajador y a su familia en una situación económica crítica
que afecta sus derechos fundamentales y que hace necesaria la intervención
rápida y eficaz del juez de tutela para restablecer su goce, correspondiéndole
al demandado la demostración de que el peticionario de la tutela cuenta con
otros ingresos o recursos, con los cuales pueda atender sus necesidades
primarias vitales y las de su familia". En  el mismo sentido, las
siguientes sentencias reiteran la mencionada presunción: T-385/99 M.P. Alfredo
Beltrán; T-387/99 M.P Alfredo Beltrán; T-525/99 M.P Carlos Gaviria; T-616/99
M.P Alvaro Tafur Galvis; T-711/99 M.P José Gregorio Hernández; T-1000/99 M.P
José Gregorio Hernández; T-606/99 M.P Alfredo Beltrán;  T-611/99 M.P Carlos
Gaviria. En sentencia T-1056/00, M.P. Alejandor Martinez Caballero, retomando
la SU-995/99 la Corte advierte que cuando el demandante cumple con las
condiciones para declarar renta, el juez puede valorar el tiempo en que la mora
del patrono incide en el mínimo vital.  La misma sentencia afirma: “El
accionante debe indicar la vulneración del mínimo vital que alega, y el juez podrá
valorar las condiciones expuestas, con base en la buena fe, que deberá
presumirse”.
[12] La misma línea
jurisprudencial alude, entonces, a la necesidad de brindar elementos de juicio
suficientes acerca de la real afectación del mínimo vital, mismas que pueden
consistir en la constatación documental
“sobre deudas contraidas, la situación concreta y perjudicial  en que han
quedado los hijos o el cónyuge del trabajador, la misma cuantía del salario
cuando esta es baja y hace presumir que quien lo recibe depende de él, pero al
menos debe existir un principio de prueba, no basta la sola afirmación, menos
la hecha de manera genérica para varios trabajadores".  Cfr. la ya citada
T-1039 de 2000 M.P. Alejadro Martínez Caballero.
[13] Cfr. folio 18, cuaderno 1, del expediente.
[14] Cfr. Sentencia SU-995 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[15] Cfr. folio 12, cuaderno 1, del expediente. Reposa allí una
certificación de la Secretaría de Gobierno del municipio de Sabanalarga en la
que se señala que el peticionario se encuentra actualmente vinculado a dicha
entidad.
[16] Ibíd. folio 12, cuaderno 1, del expediente.
[17] Cfr. folios 12 y 19, cuaderno 1, del expediente.
[18] Cfr. folio 26, cuaderno 1, del expediente.