T-255-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-255/13
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia
excepcional
INDEXACION-Concepto y
desarrollo legislativo
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Regulación antes de la Constitución de 1991
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Se aplica a pensiones causadas en cualquier tiempo,
incluso, antes de la vigencia de la Constitución de 1991
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Jurisprudencia Sala de Casación Laboral Corte
Suprema de Justicia
Desde el año
1982, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia elaboró y reiteró su
posición respecto a la procedencia de la indexación de la primera mesada
pensional como un derecho de los trabajadores basado en la justicia, en la
equidad y en los principios del derecho laboral. En este sentido, sólo hasta el
año de 1999 se produce un cambio de jurisprudencia, y por tanto, aunque, como
se desarrollará más adelante, la Constitución de 1991 eleva a rango
constitucional el derecho a la indexación de la mesada pensional, antes de la
expedición de la Carta, la jurisprudencia ya la había reconocido.
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
La
jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo
para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la
primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el
momento en que el trabajador se retira de su trabajo y el reconocimiento de la
pensión. Dicha garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside
fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.
DERECHO A LA
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA
EXPEDICION DE LA CONSTITUCION DE 1991
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL DE CARACTER UNIVERSAL-Reiteración de
jurisprudencia
No existe
ninguna razón constitucionalmente válida para sostener que el derecho a la
actualización de la mesada pensional sea predicable exclusivamente a
determinadas categorías de pensionados, cuando todos se encuentran en la misma
situación y todos se ven afectados en su mínimo vital por la depreciación
monetaria. Por el contrario, la jurisprudencia constitucional ha señalado
expresamente que éste es un derecho de carácter universal que debe ser
garantizado a todos los pensionados. De lo contrario, se produciría una grave
vulneración del derecho a la igualdad que constituye un trato discriminatorio.
De esta manera, la universalidad del derecho a la indexación de la primera
mesada es predicable de todas las personas  pensionadas, y por supuesto, de
aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedición de la
Constitución Política. En efecto, todos los pensionados sufren las graves
consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos
se encuentran en la misma situación y, por tanto, deben recibir igual
tratamiento.
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Contabilización del término de prescripción según
sentencia SU.1073/12
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia por
configuración de defecto sustantivo, indebida aplicación normativa y omisión en
la aplicación directa de la Constitución
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL-Se ordena calcular su monto acorde a la fórmula
adoptada en la sentencia T-098 de 2005
DERECHO A LA
INDEXACION Y CONTABILIZACION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION-Precedente
fijado en sentencias SU.1073/12 y SU.131/13/CERTEZA DEL DERECHO A LA
INDEXACION COMO DETERMINANTE DEL TERMINO DE CONTABILIZACION DE LA PRESCRIPCION-Precedente
fijado en sentencias SU.1073/12 y SU.131/13
La Sala,
siguiendo el precedente fijado en la sentencia SU-131 de 2013, sobre la certeza
del derecho a la indexación y el término de prescripción, reconocerá el pago
retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando dicho
término –el término de prescripción-, como lo hizo la Sala Plena de esta
Corporación en la mencionada sentencia SU-131 de 2013, en la cual, a partir de
lo estipulado en la SU-1073 de 2012, respecto a: “se reconocerá el pago
retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando dicho
término –el término de prescripción- a partir de la fecha de expedición de esta
sentencia de unificación (…)”, determinó que la prescripción se contabilizaría
a partir de cada sentencia. En este orden de ideas, la Sala reconocerá el pago
retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando el término de
prescripción a partir de la fecha de expedición de esta sentencia, por cuanto
desde esta fecha no cabe duda que los accionantes tienen derecho a dicha
indexación.
PERSONA DE LA
TERCERA EDAD Y VIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Tesis sobre la vida probable
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL Y REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL-Diferencias
La diferencia
consiste en que la indexación busca atacar los efectos de la inflación y
permitir que el valor de la pensión en el momento en que se adquirió con
relación al momento en que se reconoce, efectivamente tenga la misma capacidad
adquisitiva; mientras que el reajuste es determinado por la ley para
incrementar o aumentar el valor o precio de la mesada por razones distintas a
la inflación, como es la de presentar diferencias con los aumentos del salario
mínimo legal mensual vigente.
INDEXACION DE LA
PRIMERA MESADA PENSIONAL Y MINIMO VITAL-Orden para reconocer y pagar la
indexación de la primera mesada pensional
Referencia: expedientes
T-3670949, T-3747120 y 3760579
Acciones de
tutela instauradas por Yamil Abdala Flórez contra la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Elisa Gómez Quintero contra el Fondo
Pensional Territorial de Boyacá y Luis Guillermo Bermúdez Cárdenas  contra la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Derechos
fundamentales invocados: al mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, al
debido proceso, a la favorabilidad laboral y al acceso a la administración de
justicia.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., treinta
(30) de abril de dos mil trece (2013).
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alexei Egor
Julio Estrada y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de las decisiones proferidas por: i) la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el primero (1) de agosto
de 2012, quien revocó la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para en su
lugar negar el amparo de los derechos invocados por el actor (expediente
T-3670949); ii) la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, el 12 de julio de 2012, quien confirmó la sentencia del
23 de mayo de 2012 proferida por la Sala de Decisión N° 5 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó el amparo solicitado por la accionante
(expediente T-3747120); y iii) la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 10 de septiembre de 2012, quien declaró la nulidad de toda la
actuación surtida por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, que
había declarado la improcedencia de la acción mediante providencia del 16 de
agosto de 2012[1].
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Uno de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, las acciones de tutela de
la referencia, y dispuso acumular los expedientes por
presentar unidad de materia, para que sean fallados en una sola sentencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.1.
EXPEDIENTE
T-3670949
1.1.1.
Solicitud
1.1.1.1.
Yamil
Abdala Flórez,
a través de su apoderado judicial, solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,
a la igualdad, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, al debido
proceso y a la favorabilidad laboral. En consecuencia, pide que se deje sin
efectos las sentencias del 8 de junio de 2011, emitida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y la del 31 de octubre de 2008,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dictadas
dentro del proceso ordinario laboral impetrado por él en contra de Laboratorios
WYETH INC, para que en su lugar se declare formal y materialmente vigente la
sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá el
11 de mayo de 2007, por medio de la cual se condenó a la empresa accionada a
indexar el monto de la pensión reconocida a su favor.
1.1.2.
Hechos
1.1.2.1.
Manifiesta
el accionante que laboró en la sociedad Laboratorios WYETH INC entre el 22 de
octubre de 1962 y el 12 de marzo de 1979, devengando como último salario la
suma de $65.297.24, equivalente a 18.92 veces el salario mínimo legal mensual
de la época.
1.1.2.2.
Indica
que la Sociedad Laboratorios WYETH INC fue condenada a pagarle una pensión
especial de jubilación, la cual empezó a sufragar en julio de 1989, en cuantía
de $ 40.130.59, es decir, depreciada en un 817.71% en relación al salario que
devengaba al momento de su retiro.
1.1.2.3.
Señala
que para obtener la indexación de la primera mesada pensional, instauró demanda
ordinaria laboral en contra de Laboratorios WYETH INC, la cual le fue fallada
favorablemente el 11 de mayo de 2007 por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de
Bogotá, quien condenó a la sociedad demandada a reajustar el monto de su
pensión en la suma de $431.779.53 a partir del 28 de julio de 1989, más los
incrementos anuales de ley. Apelada la decisión, relata que la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 31 de
octubre de 2008, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, absolvió
al Laboratorio demandado.
1.1.2.4.
Sostiene
que ante tal decisión, presentó recurso extraordinario de casación, el cual fue
decidido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
mediante sentencia del 8 de junio de 2011, en la que se resolvió no casar el
fallo del Tribunal, argumentando que la pensión se causó antes de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991, circunstancia que la excluye de la
actualización monetaria.
1.1.3. Traslado y
contestación de la demanda
1.1.3.1.     Hechos que se
infieren de la lectura del expediente
1.1.3.1.1.
El
accionante interpuso acción de tutela ante la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, pero ésta, mediante providencia del 8 de noviembre
de 2011 “denegó el amparo deprecado al encontrar que no hubo transgresión
alguna por parte de los acusados, quienes expresaron los motivos para no
conceder la actualización de las mesadas del interesado”[2].
1.1.3.1.2.
Inconforme
con la decisión anterior, el actor procede a impugnarla, y el conocimiento del
caso pasó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien
mediante decisión del 30 de noviembre de 2011 decide: i) declarar la nulidad de
la actuación surtida por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación; ii)
no admitir a trámite la solicitud de amparo; y iii) no remitir el
pronunciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión, lo
anterior en virtud de que “la máxima autoridad en la especialidad laboral ya
se pronunció en torno a los hechos y fundamentos en que el petente soporta su
reclamo, no siendo pertinente reabrir el debate de un aspecto ya resuelto por
tal superioridad, por cuanto se desconocerían sus funciones, el debido proceso
y el carácter intangible de sus determinaciones”.
1.1.3.1.3.
En
virtud de que no existía sentencia, pues ninguna autoridad judicial había
decidido de fondo la acción presentada, el accionante interpuso una nueva
acción de amparo ante la Jurisdicción Disciplinaria, solicitando el amparo de
sus derechos y que se declare formal y materialmente vigente el fallo dictado
el 11 de mayo de 2007 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá.
1.1.3.1.4.
Recibida
la solicitud de tutela, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá la admitió y requirió a la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia y a Laboratorios WYETH INC, para que hicieran las
manifestaciones que estimaran pertinentes sobre los hechos objeto de la
presente acción.
1.1.3.1.5.
Los
Magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
impugnaron el auto mediante el cual se avocó conocimiento de la tutela
interpuesta por el señor Yamil Abdala Flórez contra Laboratorios WEYTH INC, y
solicitaron el rechazo de la misma por las siguientes razones: “la acción de
tutela que intenta por intermedio de apoderado judicial Cecilia Mesa de Abdala,
quien representa como curadora a Yamil Abdala Flórez, fue inicialmente
presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual el 8 de
febrero de 2011 negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue impugnada
ante la Sala Civil de esta Corporación, quien el 30 de noviembre del año en
curso, declaró la nulidad de todo lo actuado ante la Sala de Casación Penal y
no admitió a trámite la demanda constitucional. De lo citado se desprende que
lo pretendido en la acción de tutela fue materia de una decisión definitiva por
la autoridad judicial competente para conocerla”.
Adiciona
la Sala que “como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la Corte
Suprema de Justicia es un órgano límite y por tanto, sus decisiones no pueden
ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, pues la propia
Constitución les da un sello de intangibilidad (…), de modo que no es
jurídicamente posible que cualquier autoridad judicial pretenda imponerle a la
Corte Suprema un criterio interpretativo contrario a su jurisprudencia”.
Por
otra parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
considera que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca carece de competencia para conocer de una acción de
tutela instaurada contra la Corte Suprema de Justicia, con mayor razón, si se
toma en consideración lo establecido en el inciso 2° del numeral 2° del
artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
Por
último, sostiene que “existe una clara disposición que atribuye a la Corte
Suprema de Justicia el conocimiento de las acciones de tutela que se intentan
contra sus decisiones, y dicho precepto ésta en vigor y es de obligatoria
observancia, entonces, no tiene ningún efecto jurídico la atribución de
competencias efectuada por la Corte Constitucional para conocer de esas
acciones a otras autoridades judiciales distintas de las señaladas por el
ordenamiento, pues actuó por fuera de sus funciones y por fuera del principio
de legalidad”.
Por
lo anterior, solicita que se declare la nulidad de lo actuado y se rechace la
acción de tutela.
1.1.3.2.   Por su parte, Laboratorios
WYETH INC manifiesta que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia ha invocado que “sólo las pensiones
reconocidas a partir de 1991 están sujetas al mecanismo de la actualización
respecto de su mesada de origen por caer bajo la órbita de los artículos 48 y
53 de la Constitución Nacional, por tanto, “no puede alegarse que dicho
predicamento también tiene valor respecto de pensiones nacidas con
anterioridad, pues esto implicaría dar efectos retroactivos a los citados
cánones, hipótesis que repugna a la lógica y al derecho”.
1.1.4.
Decisiones
judiciales
1.1.4.1.
Decisión
de primera instancia
Mediante
sentencia proferida el 4 de julio de 2012, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá resolvió conceder el amparo
invocado, por considerar que el caso presenta identidad fáctica con aquellos en
los que la Corte Constitucional ha decidido otorgar el amparo, y ha ordenado a la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicte nuevos fallos
reconociendo la indexación de la primera mesada pensional.
Por ello, el a
quo procedió a dejar sin valor la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
del 8 de junio de 2011, y la de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá del31 de octubre de 2008, y a dejar con pleno valor
la proferida por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá el 11 de mayo de
2007.
1.1.4.2.      Impugnación
Dentro de la
oportunidad legal prevista, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia impugnó la decisión de primera instancia bajo los siguientes
argumentos: i) como máximo Tribunal de la Jurisdicción ordinaria, la Corte
Suprema de Justicia es un órgano límite, y por tanto, sus decisiones no pueden
ser modificadas, dado que actualmente no existe órgano judicial superior de
acuerdo con la Constitución de 1991; ii) la figura de la cosa juzgada hace que
las decisiones judiciales cubiertas por tal efecto, sean intangibles e
inmutables, por tanto, las decisiones de casación en materia laboral hacen
tránsito a cosa juzgada y, en consecuencia, no admiten ninguna modificación; y
iii) cada jurisdicción (ordinaria, contenciosa, y constitucional) son
independientes y tienen su propio órgano límite, de manera que ninguna puede
interferir en las decisiones de las demás. Por eso, es inadmisible que una Sala
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá pretenda afectar una decisión
de cualquiera de las otras máximas entidades de justicia, más si éstas han
actuado fundadamente y conforme a derecho.
1.1.4.3.      Decisión de
segunda instancia
Mediante
sentencia proferida el primero (1) de agosto de 2012, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo impugnado,
y procedió a negar la tutela a los derechos fundamentales del señor Yamil
Abdala Flórez, argumentando que la sentencia de casación revisada no era
arbitraria, ni a partir de ella se puede concluir la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
De acuerdo con
lo anterior, determinó que la temática de reconocer la indexación de mesadas
pensionales reconocidas antes de la Constitución de 1991, es un vacío
legislativo que no permite que por vía judicial se pueda acceder a tal
pretensión.
Por tanto,
concluyó el ad quem que la decisión cuestionada no se puede catalogar
como grosera, discriminatoria o sin fundamento, pues ésta se fundamentó en
consideraciones e interpretaciones reiteradas de la normativa legal de la
propia Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sin que el juez
constitucional pueda interferir en tal análisis.
1.1.5.   Pruebas
documentales obrantes dentro del expediente
Obran
en el expediente, entre otras, las siguientes:
1.1.5.1.
Copia
de la sentencia del once (11) de mayo de 2007, proferida por el Juzgado
Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá.
1.1.5.2.
Copia
de la sentencia del treinta y uno (31) de octubre de 2008, proferida por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
1.1.5.3.
Copia
de la sentencia del ocho (8) de junio de 2011, proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
1.1.5.4.
Copia
de los recibos de los pago realizados por la señora Cecilia Mesa de Abdala, al
Edificio Tramontana por valor de $ 574.300.
1.1.5.5.
Copia
del recibo de pago del servicio de acueducto por valor de $225.990, realizado
por la señora Cecilia Mesa de Abdala
1.2.       EXPEDIENTE
T-3747120
1.2.1. Solicitud
Carmen
Elisa Gómez Quintero,
a través de su apoderado judicial, solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales a la indexación de la primera mesada pensional, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la igualdad. En
consecuencia, pide que se deje sin efecto la Resolución del 6 de septiembre de
2010,  a través de la cual el Fondo Territorial Pensional de Boyacá le negó el
derecho a la indexación de su pensión de jubilación.
1.2.2.
Hechos
1.2.2.1.
Manifiesta
la accionante que desempeñó importantes cargos en la Licorera de Boyacá y en la
Contraloría General del Departamento entre el primero (1) de junio de 1949 y el
9 de agosto de 1977, es decir, por más de 28 años.
1.2.2.2.
Expresa
que su derecho a la pensión de jubilación se consolidó el 27 de octubre de
1981.
1.2.2.3.
Indica
que el Departamento de Boyacá, a través de la Resolución 841 de 1982, decretó a
su favor una pensión de jubilación por la suma de $13.700,74.
1.2.2.4.
Sostiene
que no se le ha indexado el monto de la pensión inicialmente decretada, pues
apenas se ordenaron algunos reajustes mínimos[3], de suerte que en la
actualidad recibe una suma aproximada de $900.000, los cuales son insuficientes
para costear los gastos de vivienda, alimentación, vestuario y acompañamiento
que debe tener por su avanzada edad.
1.2.2.5.
Sustenta
que presentó reclamación ante el Fondo Territorial Pensional de Boyacá el 24 de
agosto de 2010, pero mediante comunicado del 6 de septiembre del mismo año, el
fondo se negó a indexar su primera mesada pensional, arguyendo que el reajuste
de la pensión de la señora Gómez Quintero se realizó mediante Resolución 0095
del 12 de marzo de 2003[4].
1.2.2.6.
Declara
la accionante que luego de agotar la vía gubernativa, demandó la indexación de
la pensión de jubilación ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja,
quien mediante sentencia del25 de noviembre de 2011, negó la indexación
demandada, apoyándose en sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, según las cuales, la solicitud de la demandante procedente únicamente
cuando el derecho pensional se ha causado con posterioridad a la Ley 100 de
1993.
1.2.2.7.
Expone
la accionante que la sentencia que negó el derecho reclamado fue apelada ante la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja; sin embargo, aún no hay decisión
de fondo, pero “es razonable prever que ésta mantendrá la línea
interpretativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y por lo
tanto, se negará la indexación”.
1.2.2.8.
Aduce
que actualmente el asunto se encuentra ante el Juzgado de Descongestión en la
ciudad de Bogotá y se espera el pronunciamiento de segunda instancia.
1.2.2.9.
Por
último, esgrime que tiene 80 años de edad, por lo que no puede esperar hasta
que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de casación para después
acudir a la acción de tutela contra la decisión desfavorable, por lo que es
necesario que se resuelva el asunto antes de que su aspiración pierda toda
justificación.
1.2.3. Traslado y
contestación de la demanda
1.2.3.1.   Recibida la
solicitud de tutela, la Sala de Decisión Nº 5 del Tribunal Administrativo de
Boyacá la admitió y requirió a la Secretaría de Hacienda-Fondo Pensional
Territorial de Boyacá, para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción.
1.2.3.2.  El Jefe de la
Oficina Asesora del Fondo Pensional Territorial de Boyacá contesta la acción de
tutela manifestando que revisado el certificado de tiempo de servicios emitido
por la Contraloría Departamental de Boyacá, adiado a veintisiete (27) de mayo
de 1981, se pudo establecer que en el periodo comprendido entre el primero (01)
de junio de 1949 y el nueve(9) de agosto de 1977, la actora prestó sus servicios
en diferentes cargos de la Contraloría Departamental y la Industria Licorera de
Boyacá.
También
indica que de conformidad con la Resolución 841 de 1982, el reconocimiento y
pago de la pensión se hizo efectivo a partir del veintiocho (28) de octubre de
1981.
Así
mismo, señala que: i) la Resolución 0095 del doce (12) de marzo de 2003
reajustó el monto de la pensión: ii) que se ha venido haciendo el incremento
anual de dicha pensión; y iii) que en la actualidad la accionante recibe una
mesada pensional de $1.007.901, suma de la cual, debido a los descuentos de
ley, recibe efectivamente ochocientos setenta y seis mil ochocientos veintidós
pesos ($876.822); “siendo coherente que cada persona ajuste su estilo de
vida a los ingresos recibidos”.
Por
otra parte, afirma que efectivamente la accionante inició proceso laboral en
contra del Fondo, por lo que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito profirió
fallo el veinticinco (25) de noviembre de 2011, pero manifiesta desconocer la
existencia de la apelación.
De
otro lado, alega que la acción de tutela es improcedente, debido a que no se ha
demostrado que con la no indexación de la mesada pensional se le vulneren los
derechos fundamentales a la actora.
Así
mismo, aduce que el Fondo Pensional Territorial de Boyacá no ha vulnerado de
ninguna manera el derecho a la seguridad social de la accionante, por cuanto está
al día con el pago de la mesada pensional y con los aportes a la salud.
Respecto
al derecho a la igualdad, señala que la actora no explica en qué forma el
accionado transgrede este derecho.
En
lo referente al derecho al mínimo vital, aduce que éste no es vulnerado por el
accionado, debido a que la accionante en la actualidad percibe una mesada que
supera el monto del mínimo vital.
Por
último, explica que en el caso en comento no se cumplen los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez que caracterizan a la acción de tutela; el primero,
porque la controversia se encuentra en conocimiento de la jurisdicción
ordinaria, por tanto, es evidente que existe un mecanismo judicial de defensa;
y el segundo, porque ya han transcurrido 4 años desde la fecha en que se negó
la indexación de la mesada pensiona de la actora (6 de septiembre de 2010).
1.2.4. Decisiones
judiciales
1.2.4.1.     Decisión de
primera instancia
Mediante
fallo del veintitrés (23) de mayo de 2012, la Sala de Decisión Nº 5 del
Tribunal Administrativo de Boyacá negó por improcedente el amparo solicitado,
argumentando que casos como éste no están dentro de las atribuciones del juez
de tutela, por cuanto existen otros mecanismos de defensa judiciales como la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así
mismo, manifestó que la acción de tutela no puede proceder para solucionar las
controversias que se encuentran en trámite ante la justicia ordinaria, pues de
prosperar esta acción, se estaría contrariando arbitrariamente el objeto y el
fin de la misma, el cual no es remplazar ninguna otra jurisdicción.
Para
terminar, el a quo sostuvo que en el expediente no existían elementos
que le permitieran a la Sala concluir que si no se actuaba con la prontitud
propia de la acción de tutela, se le causaría un perjuicio irremediable a la
accionante, pues ésta se encuentra devengando una mesada pensional por valor de
$876.822, dinero que excede el salario mínimo legal mensual vigente, y con el
que puede sufragar sus necesidades básicas.
1.2.4.2.      Impugnación
La accionante
afirmó que no hizo uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
por cuanto los artículos 2º y 8º de la Ley 712 de 2002 establecen que las
controversias referentes al sistema de seguridad social son de conocimiento de
los jueces laborales del lugar donde se haya surtido la reclamación del
respectivo derecho. Entonces, “si la reclamación se hubiese surtido ante la
jurisdicción contencioso administrativa, ésta se hubiese rechazado por
incompetente”.
Así mismo,
sostuvo que “no se necesita ser experto en cuestiones de la supervivencia
humana, para concluir que por mi  avanzada edad y la ya tradicional morosidad
de la justicia colombiana, de seguir el curso normal el proceso laboral, no
conoceríamos una decisión final de este asunto antes de cinco o seis años, y
para esa época son pocas mis posibilidades de vida”.
Para terminar,
la accionante citó algunas sentencias de la Corte Constitucional en las que se
reconoció el derecho a indexar la primera mesada pensional a quienes tenían el
derecho pensional con anterioridad a la Ley 100 de 1993, entre ellas las
Sentencias C-862 de 2006 y la C-362 de 2010.
1.2.4.3.      Decisión de
segunda instancia
Mediante
sentencia del doce (12) de julio de 2012, la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la decisión de
primera instancia, argumentando que en el asunto bajo estudio no puede
predicarse que se agotaron las vías judiciales ordinarias, pues no se advierte
que contra la decisión del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja se
haya interpuesto algún recurso.
Así mismo,
sostuvo que no es de recibo que la accionante, habiendo adquirido su status
pensional en 1981, sólo hasta ahora, cuando ya han pasado más de dos décadas,
acuda a la acción de tutela para el amparo de sus derechos, aduciendo que no
alcanza a sufragar los gastos necesarios para su subsistencia.
También
manifestó el ad quem que no se advierte que a la actora se le haya
suspendido el pago de su pensión, por lo que no se evidencia la afectación de
su mínimo vital.
Por último, el
juez de segunda instancia precisó que la condición de edad de la actora no es
la condición principal para que se conceda el amparo de la indexación de la
primera mesada pensional sin que se cumplan los requisitos de procedencia
establecidos en el Decreto 2591 de 1991.
1.2.5. Pruebas
documentales obrantes dentro del expediente
Obran en el
expediente, entre otras, las siguientes:
1.2.5.1.
Copia
de la partida de bautismo de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero.
1.2.5.2.
Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero.
1.2.5.3.
Recibos
de pago de los servicios públicos de la vivienda de la señora Carmen Elisa
Gómez Quintero.
1.2.5.4.
Declaración
juramentada rendida por la señora Claudina Borda Salinas, en la que declara ser
acompañante de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero.
1.2.5.5.
Copia
de la Resolución 00095 de 2003, mediante la cual se reajustó la pensión de
jubilación reconocida a favor de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero.
1.2.5.6.
Copia
de la Resolución 841 de 1982, por medio de la cual se reconoció pensión de
jubilación a favor de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero.
1.2.5.7.
Copia
de la Resolución 08265 de 1995, por medio de la cual se resuelve recurso de
reposición en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y se concede  la pensión
de vejez a favor de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero a partir del 1º de
febrero de 1993, en cuantía inicial de $498.803.
1.2.6.   ACTUACIONES EN
SEDE DE REVISIÓN
1.2.6.1.      Mediante auto
del 12 de abril de 2013, el despacho del Magistrado Ponente, dados los hechos y
pretensiones referidos por los accionantes, consideró necesario lo siguiente:
“PRIMERO.
ORDENAR que por la Secretaría General de la Corte Constitucional se
oficie a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja, para que en el término
de tres (3) días hábiles, contados a partir la notificación del presente auto,
informe a esta Corporación si existe decisión de segunda instancia en el
proceso laboral ordinario instaurado por la señora Carmen Elisa Gómez Quintero,
contra el Fondo Territorial Pensional de Boyacá. En caso de existir, envíese
dicho fallo en el término antes descrito a la Corte Constitucional”.
1.2.6.2.      PRUEBAS Y
RESPUESTAS ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.2.6.2.1.
Vencido
el término probatorio, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja, envió a
esta Corporación el fallo proferido por la Sala de Descongestión Laboral del
Distrito Judicial de Bogotá el 17 de septiembre de 2012. En éste, el ad quem
confirmó la sentencia apelada, y reiteró la posición de la Corte Suprema de
Justicia, respecto a que “la llamada indexación de la primera mesada, solo
es procedente para las pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991”.
1.3.       EXPEDIENTE
T-3760579
1.3.1.
Solicitud
Luis
Guillermo Bermúdez Cárdenas, a través de su apoderada judicial, solicita al
juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, al debido
proceso, a la vida digna, al mínimo vital, al reajuste de la mesada pensional y
a la favorabilidad en materia laboral. En consecuencia, pide que se revoquen
las sentencias del treinta (30) de octubre de 2011y del primero (1°) de marzo
de 2011, proferidas respectivamente por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga y por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, por incurrir en vía de hecho, y que en su lugar se
confirme el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Laboral del
Circuito de Barrancabermeja el diez (10) de febrero de 2008.
1.3.2.
Hechos
1.3.2.1.
Manifiesta
el accionante que laboró para ECOPETROL desde el dos (2) de septiembre de 1963
hasta el diecisiete (17) de mayo de 1985, es decir,  durante 21 años, 6 meses y
27 días. Indica que para la época de su retiro tenía 43 años de edad.
1.3.2.2.
Expresa
que siendo empleado de ECOPETROL se acogió al régimen laboral establecido
mediante el Acuerdo 01 de 1977, por lo cual, para la época de su retiro, le
hacían falta 6 años para completar los 70 puntos que el mencionado régimen
exige para acceder a su derecho pensional, según lo dispone en su artículo 45.
1.3.2.3.
Sostiene
que el dos (2) de julio de 1991, cumplió 49 años de edad, significando con ello
la consecución de los 70 puntos  exigidos por el mencionado acuerdo, por lo que
solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación.
1.3.2.4.
Dice
que mediante pronunciamiento DPE-9-20230-0893 del 7de julio de 1992, ECOPETROL
le reconoció y liquidó a partir del 2 de julio de 1991 su derecho pensional.
1.3.2.5.
Aduce
que la mesada pensional se liquidó tomando como base el promedio de los
salarios devengados en el último año de servicios, es decir, entre el 18 de
mayo de 1984 y el 17 de mayo de 1985, el cual es equivalente a $125.711,25,
suma a la cual se le aplicó el 75% más el 2.5% por el año de servicio adicional
a los primeros 20 años, lo que dio como resultado la suma de $96.640,53.
1.3.2.6.
Manifiesta
que en la liquidación de la mesada pensional no se indexaron los salarios
devengados en el último año de servicio, teniendo en cuenta que éstos son del
año 1985 y la pensión se reconoció a partil del 2 de julio de 1996.
1.3.2.7.
Enuncia
que mediante derecho de petición del 5 de febrero de 2007, solicitó a ECOPETROL
la reliquidación de su pensión de jubilación, con la finalidad de que se
actualizara el promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio, a valores de 1991, con el correspondiente ajuste anual de la mesada
pensional y el pago del retroactivo por diferencia dejado de percibir, pero
dicha petición fue resuelta negativamente el 20 de marzo de 2007.
1.3.2.8.
Arguye
que después de haber agotado la vía gubernativa, acudió a la jurisdicción
ordinaria y presentó demanda laboral ante el Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja el 20 de abril de 2007, quien mediante sentencia del 10 de
febrero de 2008, accedió a sus pretensiones y condenó a ECOPETROL a reconocerle
y pagarle la indexación de su primera mesada pensional, así como al pago de las
diferencias de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde el 6 de
febrero de 2004 hasta el 30 de enero de 2009, por un total de $150.383.935,00.
1.3.2.9.
Expone
que ECOPETROL apeló la decisión, por lo que el conocimiento del asunto pasó a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, quien
el treinta (30) de octubre de 2009, revocó el fallo proferido por el juez de
primera instancia.
1.3.2.10.
Aduce
el accionante que contra la decisión anterior interpuso una acción de tutela[5],
la cual fue resuelta por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia mediante providencia del veinticuatro (24) de noviembre de 2009,
mediante la cual se declaró improcedente la acción porque no se había
interpuesto el recurso extraordinario de casación.
1.3.2.11.
Explica
que estando dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de
casación contra la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, del cual tuvo conocimiento la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, quien mediante sentencia del primero (1) de marzo
de 2011 decidió no casar la sentencia del 30 de octubre de 2009, argumentando
que es inviable la indexación de la primera mesada pensional cuando ésta se
acusa antes de la vigencia de la Constitución de 1991.
1.3.2.12.
Relata
que agotado el trámite de casación, presentó acción de tutela ante la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, por haber incurrido en vía de hecho en las
sentencias del treinta (30) de octubre de 2009 y del primero (1°) de marzo de
2011; dicha tutela fue negada por improcedente mediante fallo del dieciséis
(16) de agosto de 2011.
1.3.2.13.
Reseña
que contra la anterior providencia presentó impugnación, pero la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto del 12 de octubre de
2011, decidió: i) declarar la nulidad de la actuación desde el auto que avocó
el conocimiento de la tutela; ii) no dar trámite a la solicitud de amparo; y
iii) no remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión por no
tratarse de sentencia.
1.3.2.14.
Expresa
que dado lo anterior, presentó una nueva tutela con base en el Auto 004 de
febrero de 2004 expedido por la Corte Constitucional, la cual fue repartida a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, quien
se declaró impedido para conocer de la acción por ser parte accionada dentro de
la misma, por tanto, en proveído de primero (1) de diciembre de 2011, decidió
dar aplicación a lo establecido en Auto 100 de 2008 de la Corte Constitucional,
y ordenó remitir el expediente a la Secretaría General de esta Corporación para
su selección.
1.3.2.15.
Manifiesta
que mediante auto del 13 de enero de 2012, la Sala de Selección N°1 de la Corte
Constitucional excluyó de revisión el escrito de tutela.
1.3.2.16.
Indica
que con escrito del 28 de febrero de 2012, solicitó a la Defensoría del Pueblo
que insistiera en la revisión de la tutela ante la Corte Constitucional, pero
sólo hasta el 14 de mayo del mismo año esta Corporación informó que la petición
de insistencia fue extemporánea, razón por la cual se procedió al archivo de la
solicitud.
1.3.2.17.
Teniendo
en cuenta que no existía sentencia, pues ninguna autoridad judicial había
decidido de fondo la acción presentada, el accionante interpuso una nueva
tutela, la cual se radicó ante el Consejo de Estado el 3 de julio de 2012, pero
esta Corporación, mediante auto del 13de julio de la misma anualidad, decidió
remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento[6].
1.3.2.18.
Indica
que la nueva tutela le correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, quien mediante sentencia del 16 de agosto de 2012, decidió
declararla improcedente.
1.3.2.19.
Expresa
que contra el anterior fallo presentó impugnación, del cual conoció la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante auto del 10 de
septiembre de 2012, decidió declarar la nulidad de la actuación surtida ante la
Sala de Casación Penal de la misma Corporación. Por tanto, dado que la anterior
no constituye una decisión de fondo, la apoderada del accionante radicó en la
Secretaría de la Corte Constitucional el expediente de la presente acción de
tutela, la cual fue seleccionada por esta Corporación para su revisión en
virtud del Auto 100 de 2008.
1.3.3. Traslado y
contestación de la demanda
1.3.3.1.      Recibida la
solicitud de tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
la admitió y requirió a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y a ECOPETROL para que
hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes sobre los hechos objeto
de la presente acción.
1.3.3.2.      La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se opuso a la
acción de tutela, por cuanto su decisión “más que razonada se profirió con
respeto a la Constitución y a la ley laboral, sin que resulte arbitraria o
desconocedora de derecho fundamental alguno”.
Así
mismo, manifestó que “no se cumple con el requisito de inmediatez, si se
tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre la sentencia que se ataca y la
presentación de la queja”.
1.3.3.3.      La Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bucaramanga manifestó que “no vulneró derecho
alguno y no se estructura causal que viabilice la demanda cuando se invoca en
contra de providencias judiciales”.
1.3.3.4.      ECOPETROL “solicitó
la improcedencia de la demanda, toda vez que el accionante no demostró la
transgresión de sus derechos fundamentales o la existencia de un perjuicio
irremediable”[7].
1.3.4. DECISIONES
JUDICIALES
1.3.4.1.     Decisión de
primera instancia
Mediante
fallo del 16 de agosto de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia declaró improcedente el amparo solicitado, argumentando que las
decisiones proferidas por los jueces colegiados no afectaron los derechos
fundamentales del accionante por el hecho de no haberse acogido a sus
pretensiones, pues la simple diferencia de postura sobre la interpretación del
marco normativo aplicable no hace que proceda la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Adicionó
el a quo que la indexación de la mesada pensional fue descartada, no en
desconocimiento de las garantías fundamentales, sino porque al momento del
reconocimiento de la prestación no era viable el reajuste monetario, al haberse
dado antes de la expedición de la Constitución de 1991.
1.3.4.2.      Impugnación
Mediante
escrito presentado el 30 de agosto de 2011, el accionante impugnó la decisión
de primera instancia, argumentando que la acción de tutela es procedente para
el amparo de sus derechos, puesto que se está en presencia causales genéricas
de procedibilidad de la acción de tutela, tales como el defecto fáctico, el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución.
1.3.4.3.      Decisión de
segunda instancia
Mediante
decisión del 10 de septiembre de 2012, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia declaró la nulidad de la actuación surtida ante la Sala de
Casación Penal de la misma Corporación, a partir del auto admisorio de la
demanda; así mismo, determinó que no se admitía a trámite la referida acción
constitucional, debido a que “criterios derivados del alcance que
corresponde darle al ordenamiento constitucional, impiden iniciar proceso
alguno para impugnar las providencias judiciales adoptadas por la autoridad de
cierre de la jurisdicción ordinaria, al margen de que se acuda al mecanismo
excepcional disciplinado por el artículo 86 de la Constitución Política, porque
de otra manera se quebrantaría el debido proceso, se pondría en riesgo el
carácter intangible e inmutable de sus decisiones, la cosa juzgada y la misma
seguridad jurídica, aparte de que se soslayaría su jerarquía de máximo tribunal
de la jurisdicción ordinaria”.
Adicionó
el ad quem que resultaría contrario a lo determinado por la Carta
Política, examinar en el escenario de la acción de tutela, inconformidades en
relación con trámites cerrados ante los máximos órganos de cada jurisdicción,
toda vez que de producirse un proceder de esta naturaleza, se transformaría la
estructura prevista en la Constitución vigente, pues las funciones de la Corte
Suprema no emanan de la interpretación de los jueces sino de la voluntad del
Constituyente.
Por
último, sostuvo que en consideración a lo anterior, era necesario denegar la
admisión a trámite de la demanda constitucional, por lo que declaró la nulidad
de todo lo actuado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Por
tanto, dado que la anterior no constituye una decisión de fondo, la apoderada
del accionante radicó en la Secretaría de la Corte Constitucional el expediente
de la presente acción de tutela, la cual fue seleccionada por esta Corporación
para su revisión en  virtud del Auto 100 de 2008.
1.3.5.   Pruebas
documentales obrantes dentro del expediente
Obran
en el expediente, entre otras, las siguientes:
1.3.5.1.
Copia
de la Sentencia proferida el 10 de febrero de 2008 por el Juzgado Laboral del
Circuito de Bucaramanga.
1.3.5.2.
Copia
de la Sentencia proferida el 30 de octubre de 2009, por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
1.3.5.3.
Copia
de la Sentencia proferida el primero (1) de marzo de 2011 por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
1.3.5.4.
Copia
de la Sentencia de tutela proferida el 16 de agosto de 2011, por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
1.3.5.5.
Copia
de la Sentencia de tutela de segunda instancia, proferida el 12 de octubre de
2011, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
1.3.5.6.
Copia
de la remisión del expediente de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, adiada a primero (1) de diciembre de 2011.
1.3.5.7.
Copia
de la petición de insistencia de revisión hecha por la accionante a la
Defensoría del Pueblo, adiada a  28 de febrero de 2012.
1.3.5.8.
Copia
del informe enviado por la Corte Constitucional a la Defensoría del Pueblo,
mediante el cual da a conocer la extemporaneidad de la insistencia presentada
ante esta Corporación.
1.3.5.9.
Copia
del Acuerdo 01 de 1977.
1.4.       ACTUACIONES
SURTIDAS POR LA SALA DE REVISIÓN
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
2.1.       COMPETENCIA Y
OPORTUNIDAD
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.       CUESTIÓN PREVIA
2.2.1. La competencia del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá - Sala Jurisdiccional
Disciplinaria-,
en el conocimiento de una de las acciones de tutela revisadas
En razón a que en el expedienteT- 3670949, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia alegó la incompetencia
de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para
conocer acciones de tutela en su contra, esta Corporación debe reiterar la posición
de la Corte Constitucional, trazada en el Auto 004 de 2004[8]
y en el Auto 100 de 2008.
Allí se dijo que cuando la Corte Suprema de Justicia
se niega a tramitar y remitir a esta Corporación los fallos relacionados con
las solicitudes de amparo presentadas contra sus propias decisiones, los
accionantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, pueden acudir ante  cualquier juez, bien sea unipersonal o
colegiado, incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de
Justicia, para reclamar la protección de sus derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por la actuación de una de las Salas de Casación, tal
y como aconteció en los casos aquí estudiados.[9]
Con fundamento en lo anterior, para esta Corporación, la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, en efecto, sí tenía competencia para conocer, en primera instancia, de
la acción de tutela interpuesta por Yamil Abdala Flórez.
2.2.2. Competencia de la
Corte Constitucional para conocer del auto proferido por la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de lo actuado y rechazó la
tutela
En
lo que respecta al expediente T-3670949, la Sala reitera
la posición adoptada por esta Corporación en el Auto 100 de 2008. En
este auto la Corte señaló que cuando se presente una
situación en la que la Corte Suprema de Justicia no admita para darle trámite
una acción de tutela contra una de sus sentencias, el accionante puede pedir a la
Secretaría General de la Corte Constitucional, que seleccione la decisión proferida
por la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que se adelante el trámite
establecido en las normas correspondientes al proceso de revisión.
Así
las cosas, esta Corporación es competente para revisar la providencia mediante
la cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la
nulidad de la actuación surtida por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación,
inadmitió a trámite la solicitud de amparo y ordenó no remitir el
pronunciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
2.3.       PROBLEMA
JURÍDICO
Corresponde a
esta Sala establecer si las
entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, por negarse a reconocer la indexación de la primera mesada
pensional, argumentando que el derecho reclamado se causó con antelación a la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
En virtud dela
identidad fáctica que existe entre los casos aquí revisados y los fallados en la
Sentencia SU-1073 de 2012, esta Sala reiterará las consideraciones de dicha
providencia, por lo que, al igual que lo hizo la Sala Plena en la Sentencia SU-
1073 de 2012, analizará: i) la jurisprudencia constitucional en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
ii) el
derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y el
denominado derecho a la indexación de la primera mesada pensional; y
iii) la
exigibilidad del derecho en situaciones consolidadas antes de entrada en
vigencia la Constitución Política de 1991. Posteriormente, con base en
estas consideraciones, se realizará el análisis del caso concreto.
2.3.1.
PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El
artículo 86 de la Constitución señala que la acción de tutela procede contra
toda “acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Las autoridades
judiciales son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones deben
ajustarse a la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los
principios, deberes y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Por esta razón, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales que infringen los derechos fundamentales
de las partes, en particular el derecho al debido proceso, y que se apartan
notablemente de los mandatos constitucionales. Sin embargo, la Corte ha
precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional,
en atención a los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia
judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria de la acción de
tutela.
En
desarrollo del artículo 86 constitucional, el Decreto 2591 de 1991 previó la
posibilidad de vulneración de derechos fundamentales por las autoridades
judiciales en sus decisiones. La Corte Constitucional, mediante la sentencia
C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del decreto, los
cuales se referían  a la caducidad y la competencia especial de la tutela
contra providencias judiciales. En aquel momento, la Corte consideró que la
acción de tutela no había sido concebida para impugnar decisiones judiciales, y
que permitir su ejercicio contra tales providencias, vulneraría los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de transgredir la autonomía e
independencia judicial.
No
obstante la declaración de inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991, la Corte mantuvo abierta la posibilidad de interponer
acciones de tutela contra providencias judiciales cuando éstas constituyeran
manifiestas vías de hecho. Así, a partir de 1992, esta Corporación
comenzó a admitir la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que
constituyen vías de hecho, es decir, decisiones manifiestamente arbitrarias
porque, por ejemplo, (i) se basan en normas evidentemente inaplicables (defecto
sustantivo), (ii) son proferidas con carencia absoluta de competencia (defecto
orgánico), (iii) se basan en una valoración arbitraria de las pruebas (defecto
fáctico), o (iv) fueron proferidas en un trámite que se apartó ostensiblemente
del procedimiento fijado por la normativa vigente (defecto procedimental). Con
el paso del tiempo, el Alto Tribunal en su jurisprudencia fue identificando
otros defectos constitutivos de vías de hecho[10].
Ahora
bien, la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en la sentencia C-590 de
2005. En este fallo, la Corte señaló que el desarrollo jurisprudencial ha
conducido a diferenciar dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales: unos requisitos generales de
procedencia, y unos requisitos específicos de procedibilidad.Los primeros
tienen que ver con las condiciones de procedimiento, que buscan hacer
compatible el amparo con la eficacia de valores de estirpe constitucional y
legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada,
la independencia y autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica
de competencias al interior de la rama jurisdiccional. Los segundos, se
refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión
judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
Los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según lo expuso la sentencia C-590 de 2005[11], son los siguientes:
“Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la
Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión
que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Que
se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-,
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que
sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. De lo contrario, esto es, permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, comportaría
sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, si la irregularidad
comporta grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio
correspondiente.
Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Que
no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala
respectiva, se tornan definitivas”.
Los requisitos
específicos de procedibilidad aluden a la concurrencia de defectos en el fallo
atacado que, en virtud de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con
los preceptos constitucionales. Estos defectos, como se señaló en la misma
sentencia, son los siguientes:
“Defecto
procedimental absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. Igual que en el caso
anterior, la concurrencia del defecto fáctico tiene naturaleza cualificada,
pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la
plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo
que ocasiona que la decisión adoptada responde únicamente al capricho y la
arbitrariedad del funcionario judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho
fundamental al debido proceso.[12]
Defecto
fáctico,
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  Al respecto, debe
recalcarse que este es uno de los supuestos más exigentes para su comprobación
como causal de procedencia de la acción de tutela contra sentencias. Ello
debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es uno de los campos en
que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la autonomía e independencia
judicial. El ejercicio epistemológico que precede al fallo es una tarea
que involucra, no solo la consideración acerca de las consecuencias jurídicas
que, en materia probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo, sino
también la valoración que de los hechos del caso realice el funcionario
judicial, a partir de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área
del derecho correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de sana
crítica.
Defecto
material o sustantivo, que se presenta cuando se decide con
base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al
caso concreto. Esta misma falencia concurre cuando se presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Así, el defecto
material o sustantivo apela a la necesidad de que la sentencia judicial tenga
un soporte racional argumentativo mínimo, esto es, que (i) se soporte en las
normas constitucionales y legales que resulten aplicables; (ii) acredite
consonancia entre la motivación, que da cuenta del reconocimiento de esos
preceptos de derecho positivo y su contraste con el material probatorio legal y
debidamente recaudado durante el trámite, y la decisión que adopta el juez del
conocimiento.[13]
Error
inducido,
tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia”  que se
presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.[14]
Sentencia
sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.  Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en
cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la
sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que
sustenten lo decidido.  Es evidente que una exigencia de racionalidad
mínima de toda actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen
inferir la decisión correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no
puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso.
Desconocimiento
del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[15]
Violación
directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política.  A este
respecto, debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento
constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal
que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas
autoridades y, en determinados eventos, por los particulares.  Por ende,
resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a
través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados”.
El estudio
jurisprudencial permite advertir que el asunto de la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales “se muestra complejo, puesto que la
adecuada protección de los principios y valores constitucionales implica un
ejercicio de ponderación entre la eficacia de la mencionada acción -presupuesto
del Estado Social y Democrático de Derecho-, y la vigencia de la autonomía e
independencia judicial, el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica”.[16]
Entonces, como
ha sido señalado en reciente jurisprudencia,“la acción de tutela contra
sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar
aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias,
de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la
Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es
concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del
fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia”.[17]
2.4.
LA
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
2.4.1.   El concepto de
indexación y su desarrollo legislativo
La indexación se
constituye en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la
inflación en el
campo de las obligaciones dinerarias[18],
es decir, de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad
de moneda determinada -entre las que se cuentan por supuesto, las obligaciones
laborales. Lo anterior, en la medida en que la inflación produce una pérdida de
la capacidad adquisitiva de la moneda. Tal actualización se lleva a cabo
mediante distintos mecanismos, los cuales permiten la revisión y corrección
periódica de las prestaciones debidas, uno de los cuales es la indexación.
La indexación ha
sido definida como un “sistema que consiste en la adecuación automática de
las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de
mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos
parámetros que solos o combinados entre si, suelen ser: el aumento del costo de
la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los
trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.”[19].
2.4.1.1.      El concepto de
indexación, indización o corrección monetaria fue por primera vez establecido
por los Decretos 677, 678 y 1229 de 1972, con el fin de incentivar el ahorro
privado hacia la construcción. De la misma manera, el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, Decreto 2282 de 1984, señalaba que las condenas
proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo sólo podrían
ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o el inciso
final del artículo 308 del C.P.C. (modificado por el Decreto 2282 de 1989), el
cual indicaba que la actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con
reajuste monetario se haría en el proceso ejecutivo correspondiente. De la
misma manera, la Ley 14 de 1984 introdujo el reajuste periódico de los pagos
tributarios al Estado y la Ley 56 de 1985 de los cánones de arrendamiento.[20]
En el derecho
laboral la pérdida del valor adquisitivo del dinero adquiere una especial
importancia, en razón a que del trabajo depende la subsistencia y la
realización de un proyecto de vida. Desde el año 1970, el legislador ha
expedido disposiciones encaminadas a hacer frente a los problemas
inflacionarios frente a los ingresos de los asalariados.
2.4.1.2.      En lo que tiene
que ver con las pensiones, inicialmente el Código Sustantivo del Trabajo
preveía en su artículo 261 una congelación del salario base para el cómputo de
la pensión de jubilación y consagraba que una vez adquiridos los requisitos
para acceder a la prestación, no se tenían en cuenta las modificaciones del
salario durante el periodo posterior. Esta disposición fue derogada por la Ley
171 de 1961.
Posteriormente,
las leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988 establecieron que las pensiones
serían reajustadas, cada año, de acuerdo al aumento en el salario mínimo.
Igualmente, algunos regímenes especiales como el de los congresistas,
consagraron mecanismos para asegurar el poder adquisitivo de la prestación.
Así, el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que éstas se aumentaran en el mismo
porcentaje que se reajusta el salario mínimo.
2.4.1.3.      La
Ley 100 de 1993 consagra expresamente el derecho al mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones.
En
primer lugar, la pensión de jubilación prevista en el Código Sustantivo del
Trabajo fue sustituida por la pensión de vejez introducida por la Ley 100 de
1993. Esta normatividad, en su artículo 21, prevé la actualización del ingreso
base para la liquidación de las pensiones no sólo de vejez sino también de
invalidez y sobreviviente,  “con base en la variación del índice de precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
Así mismo, el
artículo 36 contempla que los beneficiarios del régimen de transición tendrán
derecho a que se les liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad
vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos, dentro de las cuales se
incluye la indexación del salario base para la liquidación de la pensión. En
relación con la pensión sanción, el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 consagra
que “La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión
de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará
con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios,
actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada
por el DANE”.[21]
2.4.2.   La indexación de
la primera mesada pensional y su regulación antes de la Constitución de 1991
Del recuento
anterior se observa que el legislador ha previsto la manera de actualizar la
mesada de quien ha adquirido el derecho a la pensión al momento de encontrarse
laborando. Sin embargo, el problema de la indexación de la primera mesada
pensional surge en razón de la inexistencia de una norma que establezca con
precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o
sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida, pero cuyo
reconocimiento pensional es hecho en forma posterior.
En efecto, el
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo establecía la posibilidad del
retiro del servicio a los 20 años, a condición que con el cumplimiento de la
edad requerida se reconocería el derecho pensional. Señalaba la disposición:
“El
trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad
expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya
cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.”
Sin embargo,
como se observa, la norma no solucionaba el problema de la diferencia salarial
causada por la inflación entre el cumplimiento de los 20 años de servicio y el
reconocimiento de la pensión por el cumplimiento de la edad. Esta ausencia de
previsión de una fórmula de indexación ha originado numerosos problemas
interpretativos que han sido resueltos en sede judicial.
2.4.2.1.      En efecto, la
Sección Primera de la Corte Suprema de Justicia, desde 1982 hasta el 18 de
abril de 1999, acogió la fórmula de la indexación de la primera mesada
pensional como mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de estas
pensiones ante el fenómeno de la inflación. En estos términos, en la decisión
del 8 de agosto de 1982, la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia consideró:
“ii)
La indexación laboral
El
derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales
adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad,
humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse
que del trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos,
y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en
cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de
producción –el trabajo, el capital y la empresa -, afectados directamente por
la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave
problema, por la ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha
sido mínima por no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en
la práctica el salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental
justicia, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de
manera obligatoria, proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las
pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se
reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario
mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4° de 1976).”
Cabe señalar que
la Sección Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostenía
la tesis contraria y consideraba que no era posible la aplicación de la teoría
de la indexación a las deudas laborales, a menos que estuviese expresamente
consagrado por el legislador (Sentencia de 11 de abril de 1987)[22]. Sin
embargo, en la Sentencia del 8 de abril de 1991 (proferida con anterioridad a
la expedición de la Constitución el 7 de julio de 1991) se unifica la postura
de la Sala Laboral y se dijo que la indexación era un factor o modalidad del
daño emergente y que, por tanto, al disponer pago de los perjuicios
compensatorios que se encontraban tasados expresamente en el artículo 8º del
Decreto 2351 de 1965, debía ser incluida para que la satisfacción de la
obligación fuera completa. [23]
Esta orientación
fue extendida por parte de la  Corte Suprema de Justicia no sólo respecto de la
pensión sanción prevista en el artículo 267 del C. S. T., sino en pensiones
convencionales y la pensión prevista en el numeral 2 del artículo 260 del C. S.
T[24].
Esta posición
fue reiterada en pronunciamientos ulteriores también con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991. En la Sentencia del 13 de
noviembre de 1991, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sostuvo que las
obligaciones dinerarias insolutas debían ser actualizadas. Señaló que esto se
derivaba de los principios del derecho al trabajo consagrados en la nueva Carta
Política. Dijo dicha Corporación:
“Más
aún, en la misma Constitución Política del país, recientemente promulgada, se
establecieron disposiciones que reflejan la consideración de aquél fenómeno,
como el artículo 53, en el cual, entre los “principios mínimos fundamentales”
que deben observarse por el Congreso cuando cumpla el deber de expedir el
“estatuto del trabajo” se señaló el de que la remuneración del trabajador debe consagrarse
con carácter de “vital y móvil”; además de que en el inciso 3° se
garantizó “el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.” Y el artículo 48, referente a la seguridad social, defirió a la ley
la definición de “los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.”
Se
trata, entonces, de un problema que, no obstante haber traído la atención del
legislador en varios campos, aún no ha recibido consagración positiva específica
para el derecho al trabajo, fuera de los importantes principios
constitucionales destacados. Sin embargo, ello lejos de ser un obstáculo para
recibir un correctivo, por lo menos en el caso concreto, es un acicate para la
búsqueda de la solución que requiere, pues “el derecho laboral es sin duda
alguna  uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial
importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales,
que surgen de la inflación galopante” Subrayado y comillas en el texto
origina”.[25]
De la misma
manera, en la Sentencia de 15 de septiembre de 1992, la Sección Primera de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconoció expresamente que la
indexación procedía cuando entre la terminación del contrato de trabajo y la
exigibilidad de la pensión transcurría un tiempo que hacía imposible, por las
razones anotadas, que el último salario pudiese ser la base de la prestación
jubilatoria, como quiera que sobre aquél “se proyectan indudablemente los
efectos negativos de la inflación (...)”.
En estos mismos
términos, se encuentra la Sentencia del 11 de diciembre de 1996 al referirse al
asunto objeto de estudio:
“Esta
Sala de la Corte ha tenido la oportunidad de manifestarse respecto de la
procedencia de la indexación de la primera mesada de la pensión, cuando el cálculo
pertinente se basa en un salario antiguo y por lo mismo envilecido, que ha
perdido su poder adquisitivo al punto de que la pensión se reduciría a la
mínima legal, no obstante que el salario, en su momento, superaba en varias
veces ese mínimo.
Pero
en las ocasiones anteriores, se trataba de mesadas que, como la de la pensión -
sanción y la originada en el acuerdo conciliatorio, constituían derechos
adquiridos desde la época de vigencia del salario cuestionado, y sujetos
solamente a la condición del cumplimiento de la edad correspondiente. Entonces
dijo la Corte:
Conforme
razonó la Sala en la oportunidad memorada, es obvio que en el presente caso le
asiste al promotor del juicio el derecho a que, para la primera mesada de su
pensión de jubilación, se tenga en cuenta la corrección monetaria de la cifra
que traduce el salario devengado en el último año de servicios, desde la fecha
de su retiro de la empresa hasta la fecha de exigibilidad de la prestación
social en referencia...”
2.4.2.2.      No obstante, en
sentencia del 18 de agosto de 1999, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia cambió su jurisprudencia y señaló que la indexación sólo
procede en los casos en que el legislador la haya previsto. Esto sólo ocurre en
las pensiones reconocidas después de la expedición de la Ley 100 de 1993. Los
argumentos en que basó su decisión fueron los siguientes, sin antes advertir
que varios Magistrados salvaron su voto defendiendo la postura anterior de la
Corporación:
1.
“(..)[L]as normas reguladoras de la pensión de jubilación de los sectores
particular y público establecieron que ésta equivale al 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicios (art. 260 C.S.T) o del salario promedio que sirvió de base para los aportes en dicho lapso (art. 1° Ley 33
de 1985)”.
2.
“(..)[L]a única base de liquidación pensional, la introdujo la Ley 100 de
1993 que para éstos efectos rige desde el primero de abril de 1994, sin que
pueda aplicarse en forma retroactiva (..).
3.“(..)
[P]ara actualizar la base de la liquidación pensional (..) es indispensable
tener en cuenta, no el salario del último año de servicios, sino el
“Ingreso Base de Liquidación”, conformado por el “promedio de salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.[26]
2.4.2.3.      Esta
nueva postura de la Corte Suprema de Justicia fue atacada vía tutela y
declarada contraria a los postulados constitucionales en Sentencia SU -120
de 2003[27]. De la misma manera, el derecho universal
a la indexación de la primera mesada pensional fue reconocido en sede de
control abstracto en las Sentencias
C-862 [28]y
C-891A de 2006[29].
2.4.2.4.      En virtud de
tales sentencias de constitucionalidad, la Sala Laboral nuevamente acepta la
procedencia de la indexación de la primera mesada pensional para pensiones
reconocidas después de la expedición de la Carta Política.[30]
En
efecto, en el año 2007, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en fallo
del 31 de julio de 2007 M.P. Camilo Tarquino Gallego, estableció una nueva
orientación jurisprudencial en relación con el tema de la indexación de la
mesada pensional y reconoció su procedencia, no sólo frente a las pensiones de
carácter legal sino también convencional. Además, desde el año 2009 aplica un
criterio matemático más efectivo frente a la actualización de los salarios
bases de liquidación[31].
2.4.2.5.      Sin embargo, la
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sigue considerando que no procede tal
derecho para las pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la
Constitución de 1991. Dijo expresamente la Sala
Laboral en Sentencia del 31 de julio de 2007:
“Es
que el reconocimiento de una pensión extralegal, entre ellas la convencional,
no determina en principio más que un mejoramiento de un derecho mínimo legal,
mediante el cual se flexibilizan las exigencias para su causación o simplemente
incrementan su cuantía; luego, respecto de estas prestaciones extralegales,
también caben los postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y
53 de la Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder
adquisitivo constante de las pensiones legales.
El
actual criterio mayoritario, que admite la actualización de la base salarial
tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad a la entrada en
vigencia de la nueva Constitución, impera también ahora para las
extralegales, como sería el caso de las convencionales, según lo anotado.
Lo
anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna para diferenciar,
a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con arreglo a una
convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la
inflación, lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección
monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación pensional, sino a
mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento,
su aplicación, respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o
voluntarias, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento,
porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para
mantener su valor constante”.(Resaltado fuera del texto)
2.4.2.6.
Del anterior recuento puede deducirse que desde el año 1982, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia elaboró y reiteró su posición
respecto a la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional como
un derecho de los trabajadores basado en la justicia, en la equidad y en
los principios del derecho laboral. En este sentido, sólo hasta el año de 1999
se produce un cambio de jurisprudencia, y por tanto, aunque, como se
desarrollará más adelante, la Constitución de 1991 eleva a rango constitucional
el derecho a la indexación de la mesada pensional, antes de la expedición de la
Carta, la jurisprudencia ya la había reconocido.
2.4.3.   La
indexación de la primera mesada pensional en la jurisprudencia constitucional
A partir de una
interpretación sistemática de los preceptos previstos tanto en el preámbulo de la
Constitución Política, como en sus artículos 1°, 25, 48 y 53, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter constitucional
del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una de
cuyas manifestaciones más importantes es el derecho a obtener su actualización.
Así, puede
señalarse que a partir de la Constitución de 1991, la garantía del
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones adquiere rango
constitucional, contenido especialmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.
En el primero de ellos, el Constituyente establece una obligación perentoria al
legislador al consagrar que “La ley definirá los medios para que los recurso
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Por su
parte, el artículo 53 establece que  “[e]l Estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
La Corporación
ha considerado, además,  que esta garantía se encuentra vinculada con el
principio in dubio pro operario, los postulados del Estado Social de
Derecho, la protección a las personas de la tercera edad, el derecho a la
igualdad y al mínimo vital.
2.4.3.1.  Como referente
jurisprudencial se encuentra la Sentencia SU-120 de 2003[32], en la
cual se unificó la doctrina sentada hasta ese momento por las Salas de Revisión
de esta Corporación concerniente a la procedencia de la indexación pensional
por medio de la acción de tutela, en aplicación, entre otros, de los principios
laborales de favorabilidad y efectividad de los derechos.
En dicha
oportunidad, la Corte estudió si el cambio de jurisprudencia adoptado por la
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en Sentencia del 18 de agosto de 1999,
relacionado con la improcedencia de la indexación de la primera mesada
pensional, constituía una vía de hecho por desconocimiento de los principios
constitucionales que rigen las relaciones laborales consagrados en el artículo
53 de la Constitución
En primer lugar,
reconoció la Corporación que existía un vacío normativo en relación con el
ingreso base de liquidación de aquellas personas que, en virtud del numeral 2
del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, ya habían adquirido los
requisitos de tiempo trabajado para acceder a la pensión, pero no contaban con
la edad requerida.
Esta laguna,
identificó la Corte, debía ser resuelta aplicando el principio in dubio pro
operario, como recurso obligado para el fallador en su labor de determinar
el referente normativo para solventar asuntos del derecho del trabajo no
contemplados explícitamente en el ordenamiento. En razón del mismo, entre dos o
más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación
laboral, debe elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más
interpretaciones posibles de una misma disposición, debe preferir la que lo
beneficie. Agregó además, que tal interpretación devenía de la equidad que debe
regir las relaciones laborales, en donde el trabajador se constituye en su
parte débil.
En
este orden de ideas, “incumbe al juez confrontar la situación concreta de
las personas que aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y
remediar la injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando
en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la
situación específica, es decir conforme con la Constitución Política”. En
razón de la anterior, consideró la Corporación que procede la indexación de la
primera mesada pensional cuando el “valor actual de la pensión y el valor
inicial de la misma arrojan una diferencia a favor del trabajador, los
obligados deben reintegrar lo dejado de pagar, para
que “quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder adquisitivo de
su pensión (..)” logren compensar el desmedro patrimonial sufrido (..) porque
(..) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de los
pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran uno
de los grupos sometidos a su especial protección (..)”
2.4.3.2.  De igual manera,
en el ámbito del control abstracto de constitucionalidad, mediante las
sentencias C-862 de 2006[33]
y C-891-A del mismo año[34],
esta Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 8° de la
Ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo,
respectivamente, proclamando el derecho universal de los jubilados a la
indexación de la primera mesada pensional.
En dichas
providencias, consideró la Corporación que el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional no sólo se deriva de la aplicación del principio in
dubio pro operario, sino que se constituye en una de las consecuencias de
la consagración del Estado colombiano como Estado Social de Derecho. En
términos de la providencia “cabe recordar brevemente que el surgimiento y
consolidación del Estado social de derecho estuvo ligado al reconocimiento y
garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que ocupa un
lugar destacado el derecho a la seguridad social, de manera tal que la
actualización periódica de las mesadas pensionales sería una aplicación
concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado
colombiano en materia de los derechos económicos, sociales y culturales en
virtud del modelo expresamente adoptado por el artículo primero constitucional.”
Agregó que la
actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar
el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo
contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría
satisfacer sus necesidades. Por tal razón, la indexación de la pensión es una
medida concreta a favor de los pensionados, que, por regla general, son adultos
mayores o personas de la tercera edad, es decir, sujetos de especial protección
constitucional.
En relación con
las normas estudiadas, consideró la Corte que se estaba en presencia de una
omisión legislativa relativa porque el legislador “al regular una situación
determinada, éste no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de hecho
que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera tratamientos
inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios de la norma
respectiva”. En relación con la manera de solventar la omisión, sostuvo:
“La
jurisprudencia constitucional en sede de tutela ha señalado de manera reiterada
la forma como debe subsanarse la omisión en comento. En efecto en las distintas
ocasiones en las cuales la Sala Plena[35]
y las distintas salas de decisión[36]
de esta Corporación han tenido que examinar casos de trabajadores pensionados
en virtud del numeral segundo del artículo 260 del C. S. T., cuya pensión había
sido calculada sin indexar el salario base para la liquidación de la primera
mesada, han sostenido que en virtud del derecho constitucional al mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones (el cual como antes se sostuvo se deriva
de los artículos 48 y 53 constitucionales); amén de otros mandatos de rango
constitucional tales como el principio in dubio pro operario, el principio de
solidaridad y la especial protección de las personas de la tercera edad; debe
indexarse el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de
aquellas personas que se retiran o son retiradas del servicio luego de haber
laborado más de veinte años, pero sin haber alcanzado la edad señalada por el
numeral primero del artículo 260 del C. S. T”.
Por todo lo
anterior, la Corporación consideró “exequibles los numerales 1 y 2 del
artículo 260 del C. S. T. en el entendido que el salario base para la
liquidación de la pensión de jubilación de que trata este precepto deberá ser
actualizado con base en la variación del índice de precios del consumidor IPC
certificada por el DANE.” En igual sentido, se pronunció la Corporación en
relación con el artículo 8  de la Ley 171 de 1961.
2.4.3.3.  El derecho a la
indexación de la primera mesada pensional también ha sido reconocido en sede de
tutela tanto con anterioridad como con posterioridad a la Sentencia SU-120 de
2003. Así, la Corporación ha estudiado en múltiples oportunidades las acciones
de amparo interpuestas por pensionados que, tras agotar todos los instrumentos
ante la justicia ordinaria laboral, solicitaron al juez de tutela el
reconocimiento de la actualización de su pensión; tal ha sido el caso de las
Sentencias T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-815  de 2004, T-805 de 2004, T-098
de 2005, T-045 de 2007, T-390 de 2009 y T-447 de 2009, T-362 de 2010, entre
otras.
En la Sentencia T-663
de 2003[37],
la Corte estudió el caso de varios trabajadores de Bancafé que adquirieron el
derecho a la pensión después de varios años de retiro, razón por la cual el
monto de su pensión fue sustancialmente inferior al salario que percibían en
aquél entonces; así, por ejemplo, en uno de ellos el actor estuvo vinculado a
Bancafé hasta marzo de 1983, fecha en la cual devengaba un salario equivalente
a 7.74 salarios mínimos legales mensuales, mientras que en 1993 el Banco le
reconoció una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual.
La Corte amparó
el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y revocó los fallos
proferidos por la Sala de Casación Laboral, mediante los cuales no casaba las
sentencias de segunda instancia que denegaban el reajuste de la mesada
pensional en algunos casos; en otros casos revocó la decisión de primera
instancia que había ordenado su reajuste. Así mismo, la Corte dejó sin efectos
las sentencias proferidas dentro de las acciones promovidas por los afectados
ante la justicia ordinaria y ordenó al juez natural o a la Sala de Casación Laboral
decidir los recursos de casación, con sujeción a los artículos 13, 29, 48 y 53
de la Constitución Política. Señaló así mismo la Corporación:
“Fueron
razones fundadas en la ocurrencia de vías de hecho por parte de las autoridades
judiciales y que admiten la intervención del juez constitucional; en la
observancia de la igualdad y la confianza legítima en la aplicación de la ley;
en la sujeción de los jueces a la doctrina probable, a la observancia de los
postulados Superiores sobre el principio de favorabilidad y del principio pro
operario; a los alcances de las disposiciones que regulan la pensión de
jubilación; a la aplicación de los principios de equidad, la jurisprudencia y los
principios generales del derecho y en la atribución constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, las que
condujeron a la Corte Constitucional a conceder la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social y del principio
constitucional de favorabilidad a los entonces accionantes y, por la semejanza
de situaciones, serán los mismos fundamentos que reiterará esta Sala para
decidir en el proceso de revisión de los expedientes de la referencia”.
En la
providencia T-1169 de 2003[38],
la Corporación estudió el caso de un trabajador de la Empresa Pfaff de
Colombia, que por decisión judicial había sido condenada al pago de una pensión
sanción de jubilación cuando cumpliera 50 años de edad y en cuantía
directamente proporcional al tiempo de servicio y al salario devengado. En el
año de 1997, el peticionario cumplió 50 años de edad y con ello se consolidó su
derecho al pago pensional. Para calcular el monto de la primera mesada, el
liquidador de la empresa consideró que “la condena no fue para el año 1.977
sino para el año 1.997 y el valor a pagar será el que hubiere correspondido por
su tiempo y en proporción al salario recibido”.  De esta manera,
concluyó que el pago sería de $10.280.65 pesos mensuales, pero ajustó esa
cuantía a un salario mínimo legal.
La Corte no sólo
dijo que se vulneraba los derechos al mínimo vital y a la remuneración vital y
móvil del pensionado al recibir una mesada inferior a la que tenía derecho,
sino que consideró que en el caso en concreto no debían agotarse los mecanismos
ordinarios, por cuanto le empresa estaba a punto de ser liquidada, razón por la
cual ordenó directamente la indexación. Dijo la Corporación:
“Al
decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces
no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones
de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los
artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer
legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la
oportunidad de los reajustes pensionales.  De manera que si el juzgador no
opta por lo expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación de la
primera mesada pensional acudiendo a soluciones que no consultan los criterios
auxiliares de la actividad judicial, hacen necesaria la intervención del Juez
constitucional para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los
trabajadores.”
De la misma
manera, en la Sentencia T-805 de 2004[39], la
Corte analizó el caso de un trabajador que había estado vinculado al Banco
Andino de Colombia desde el 7 de febrero de 1962 hasta el 30 de septiembre de
1978, y desde el 17 de mayo de 1965 hasta el 8 de septiembre de 1979,
respectivamente. Su pensión le fue reconocida a partir del 5 de febrero de 1994,
cuando cumplió 50 años de edad, liquidada sobre un promedio mensual de $30.030
o un salario mínimo de la época, reduciendo sus mesadas en un 62.43% con
relación a su valor real, toda vez que a la fecha de la desvinculación de la
entidad, su salario equivalía a 8 salarios mínimos legales mensuales. El actor
acudió a la jurisdicción laboral sin encontrar protección para sus derechos. La
Corte concedió el amparo y consideró que cuando sea necesario decidir la
procedencia de la indexación pensional, es necesario tener en cuenta  la
necesidad de mantener el valor adquisitivo de las pensiones y el equilibrio en
las relaciones de trabajo, de acuerdo a lo señalado en los artículos 53 y 230
de la Carta.
Esta misma
posición fue asumida por la Corporación en Sentencia T-815 de 2004[40],
en la que se estudió también la petición de indexación de un ex trabajador del
Banco Andino, con la particularidad de que su retiro se había acordado mediante
acta de conciliación celebrada ante un juez laboral en el año de 1979,
conviniendo dentro de la misma su derecho a la pensión de vejez cuando
cumpliera los 60 años de edad. Ésta le fue efectivamente liquidada el 25 de mayo
de 1997 por un valor de $ 58.795 equivalente a un salario mínimo legal de la
época. Este valor resultaba inferior al real en un 92% porque cuando se retiró
del Banco Andino en liquidación, la pensión equivalía a 13 salarios mínimos.
Tanto en la
Sentencia T-805 de 2004 como en la Sentencia T-815 de 2004, a pesar de dirigirse
contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la orden
se impartió directamente al Banco demandado en razón de la tesis sostenida por
dicha Corporación, que negaba el derecho a la indexación.
En la Sentencia
T-098 de 2005[41],
la Corte conoció el caso de un pensionado que estuvo vinculado al Citibank
por 25 años. Al momento de retirarse, su salario equivalía a más de veinte
salarios mínimos legales mensuales de la época. Sin embargo, la pensión que
comenzó a disfrutar, equivalía tan solo a tres salarios mínimos, perdiendo de
esta manera casi un 80% de su ingreso. En esta oportunidad, la Corte también
ordenó directamente actualizar la base de liquidación de la pensión del actor,
de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Adicionalmente, se ordenó al
banco pagar los montos adeudados y actualizados no prescritos.
Estos casos
guardan identidad fáctica con los contenidos en la providencias T-045 de
2007[42],
T-390 de 2009[43]
y T-447 de 2009[44],
T-362 de 2010[45],
en las cuales la Corporación reiteró su posición sobre la indexación de la
primera mesada pensional.
De lo anterior
se concluye que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación
es un mecanismo para garantizar la actualización del salario base para
liquidación de la primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo
sustancial entre el momento en que el trabajador se retira de su trabajo y el
reconocimiento de la pensión. Dicha garantía tiene fundamento en el derecho
constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión
y reside fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.
Debe ahora la
Sala estudiar un problema que no ha sido directamente abordado por esta
Corporación, esto es, si el derecho también es predicable de las pensiones
reconocidas con anterioridad a la Constitución de 1991.
2.5.       EL DERECHO A LA
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA
EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Esta Sala
considera que son varias las razones que permiten sostener que el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional no sólo se predica de aquellas
prestaciones reconocidas con posterioridad a la expedición de la nueva Carta,
sino incluso de aquellas cuyo nacimiento se produjo bajo el amparo de la
Constitución de 1886. Veamos:
2.5.1.
La
indexación de la primera mesada pensional era reconocida por la Corte Suprema
de Justicia antes de 1991
Como se
desarrolló en el numeral 2.4.2, desde el año 1982, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia garantizó el derecho de los
pensionados a la indexación de la primera mesada basado en la justicia, en la equidad y en los principios del derecho del
trabajo. En este sentido, sólo hasta el año de 1999 se produjo un cambio de
jurisprudencia, situación que además fue considerada contraria a los postulados
constitucionales en Sentencia SU-120 de 2003.
Es
decir, a pesar de que es a partir de la Carta de 1991 cuando se
constitucionaliza el derecho a que las pensiones mantengan su poder
adquisitivo- artículos 48 y 53-, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, ya
había admitido la procedencia de tal pretensión, y por tanto, no sería válido
afirmar que el derecho nace con la expedición de la nueva Constitución.
En
efecto, ya en el año de 1982 la Sección Primera de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia sostuvo:
“I)
Principios generales
El
fenómeno económico de la inflación, cuyo efecto más importante es la
depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ha planteado serios
problemas económicos y sociales, a los cuales no puede de ningún modo ser ajeno
el derecho. El envilecimiento de la moneda, que perjudica injustamente al
deudor valutario, es materia de atenta consideración por los modernos
tratadistas de la teoría de las obligaciones.
Los
principios clásicos del llamado nominalismo monetario o monetarista como teoría
del Derecho Privado acerca de la extensión de las obligaciones dinerarias (C.C
art. 2224) son puestos cada vez más en duda en frente al extendido y creciente
flagelo de la inflación. El nominalismo - se dice- frente a una depreciación
desatada, constituye un dogma economicista (sic) absolet o(sic)
una ficción injusta que afecta el fundamento mismo de los contratos, el
necesario equilibrio entre las partes, el principio de la buena fe, y que
propicia el enriquecimiento injusto o incausado. Cobra fuerza así el principio
del valorismo o realismo, según el cual la obligación dineraria está
determinada por el poder adquisitivo de la unidad monetaria, el cual la
condiciona.
La
lucha del derecho para preservar la equidad frente al fenómeno económico de la
creciente inflación debe darse a nivel legislativo, principalmente, pero
también resulta posible y urgente hacerlo en el campo judicial, con base en la
evidente inequidad y en los principios generales del derecho que deben ser
aplicados a los nuevos hechos. Entre nosotros merece citarse la novedosa
institución económica de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante  (UPACS),
de alcance limitado, y en el campo judicial, las recientes sentencias de la
Sala de Casación Civil de la Corte de 9 de julio y 19 de noviembre de 1979, que
constituyen una valiosa aproximación jurisprudencial a tan importante tema. En
el campo del derecho laboral debe recordarse como precioso antecedente la Ley
17 de 1959, sobre la prima móvil al salario que nunca se aplicó y que contempla
aumentos generales en la remuneración de los trabajadores dependientes según el
aumento de los índices promedio del costo de vida (arts. 7°, 8°, y 9°).
ii)
La indexación laboral
El
derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales
adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad,
humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse
que del trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y
que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto
regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción
–el trabajo, el capital y la empresa -, afectados directamente por la
inflación. Sin
embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la
ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no
decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el
salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia,
teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera
obligatoria, proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las pensiones
de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por
mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes
10 de 1972 y 4° de 1976).
En
el derecho comparado un ejemplo importante de la indexación laboral por ley los
constituye en la Argentina el artículo 276 de la Ley de Régimen de Contrato de
Trabajo (Decreto 390 de 1976), que dispone (…)
(…)
La
indexación sin ley, más propiamente llamada “revaluación judicial”
(Hirscheberg), muy discutida jurídicamente se impuso sin embargo en Alemania y
en el Uruguay, y ha tenido relativo éxito en la Argentina. En Uruguay, por
ejemplo los jueces laborales han considerado que la depreciación monetaria hace
parte de los perjuicios a que debe atender el deudor de daños y perjuicios
(...)”[46]. (Resaltado
fuera del texto).
2.5.2. La indexación de
la primera mesada pensional encuentra sustento en claros preceptos
constitucionales que irradian situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo
de la Constitución anterior
El derecho a la
indexación de la primera mesada pensional materializa diversos preceptos de
rango constitucional, y por tanto, a partir de la Constitución de 1991, existe
“un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional”. Éste se deduce no solamente de lo
consagrado expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, sino
que se deriva de una interpretación sistemática de distintos enunciados
normativos constitucionales.
En estos
términos, para la configuración del derecho constitucional de los pensionados
al mantenimiento del poder adquisitivo de la mesada pensional resultan también
relevantes principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta de 1991,
como el principio in dubio pro operario (art. 48 de la C.P.), el
principio de Estado social de derecho (Art. 1 constitucional), la especial
protección constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46 de la C.
P.), el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C. P. ) y el derecho
al mínimo vital.
Es por ello que
al estudiar si resulta procedente o no la indexación de la primera mesada
pensional, el intérprete debe dar aplicación al principio in dubio pro
operario[47]
que impone elegir, en caso de duda, la interpretación que más favorezca al
trabajador[48].
En los casos
como los que se estudian en esta oportunidad, la interpretación más favorable
es el mantenimiento del valor económico de la mesada pensional, además es ésta
la que se encuentra acorde con el ordenamiento constitucional, sin importar si
aquellas fueron reconocidas con anterioridad o con posterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991, como lo precisó esta Corte en la
siguiente decisión:
“Entre
tales derechos se encuentra el que surge de la aplicación del principio de favorabilidad
que la Constitución entiende como “... situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho... ”.
Siendo
la ley una de esas fuentes, su interpretación, cuando se presenta la hipótesis
de la cual parte la norma - la duda -, no puede ser ninguna diferente de la que
más favorezca al trabajador. Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para
el juez.
Allí
la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy
relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable
hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más
entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es
forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea
la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo
cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que
para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger
con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha
hecho por él y de manera imperativa y prevalente. No vacila la Corte en afirmar
que toda trasgresión a esta regla superior en el curso de un proceso judicial
constituye vía de hecho e implica desconocimiento flagrante de los derechos
fundamentales del trabajador, en especial el del debido proceso.”(Subrayas fuera
del texto)[49].
De otra parte,
esta interpretación permite: (i) proteger el derecho al mínimo vital de las
personas de la tercera edad, (ii) garantizar que los pensionados reciban una
pensión acorde con el esfuerzo realizado en su etapa productiva y (iii) otorga
un tratamiento igual, por cuanto todos los pensionados se ven afectados por la
pérdida del poder adquisitivo del dinero, y por tanto, todos merecen la misma
protección.
2.5.2.1.      Estos preceptos
constitucionales irradian situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de la
Constitución anterior
La
Corte Constitucional ha considerado que los principios y garantías contenidas
en el Estatuto Superior son también predicables a situaciones jurídicas que
aunque consolidadas bajo el amparo de la Constitución anterior, sus efectos se
proyectan con posterioridad a la expedición de la nueva normativa,
especialmente cuando se está en presencia de prestaciones periódicas. En este
sentido, ha dispuesto la aplicación de sus decisiones a situaciones pensionales
consolidadas.
Así,
en la Sentencia C-309 de 1996[50], la Corporación estudió la
constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 33 de 1973, que disponía la pérdida
del derecho a la sustitución pensional para aquellas viudas que contrajeran
segundas nupcias. Consideraba el demandante que esto además de vulnerar el
derecho a la igualdad, se traducía en una vulneración del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y compelía a la mujer a permanecer en un estado
civil determinado.
La
Corporación efectivamente consideró contraria a los postulados constitucionales
tal exigencia del legislador. Sin embargo, estableció que una
constitucionalidad pura y simple no solucionaba la evidente vulneración del
derecho a la igualdad de las mujeres que al contraer segundas nupcias, bajo el
amparo de la Constitución anterior, habían perdido tal prestación. Por esta
razón, declaró la inexequibilidad con efectos retroactivos. Sobre el particular
sostuvo:
“La
Corte encuentra que la norma derogada se revela en la actualidad como causa de
un tratamiento inequitativo con respecto a las personas que, durante su
vigencia, perdieron el derecho a la pensión sustitutiva y que, por
consiguiente, no podrían acogerse al nuevo régimen legal. Desde este punto de
vista, no cabe duda de que la norma derogada sigue produciendo efectos frente a
las personas afectadas durante su vigencia, aunque éstos sean de signo negativo
y sólo se revelen al contrastar su situación de pérdida del derecho a la pensión
con la de las personas que pueden acogerse al nuevo régimen legal. En efecto,
se toma mayor conciencia del daño y adquiere éste connotación actual a través
de la comparación de la situación que enfrenta la persona privada de la pensión
por haber contraido nuevas nupcias o haberse unido a otra con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y la persona que habiendo realizado la misma
conducta, con posterioridad a dicha norma, adquiere o sigue gozando el
mencionado derecho.
No
se descubre ninguna razón válida para que se mantengan regímenes diferenciados
respecto de personas colocadas en una misma situación. Los destinatarios de
ambas leyes, tienen el mismo título para gozar de la pensión de sobrevivientes.
A quienes se aplica la Ley 100 de 1993, así contraigan nuevas nupcias o hagan
parte de nuevas relaciones maritales, siguen gozando de la pensión; lo que no
ocurre con las personas cubiertas por el régimen legal anterior. Dado que tales
vicisitudes personales no son ni material ni constitucionalmente relevantes
para sustentar una diferencia de trato, viola la igualdad que, a partir de la
vigencia de la citada ley, se mantenga la anotada distinción.
Comprobada
la inequidad de trato, originada en la comparación de los dos regímenes, que se
traduce en subestimar a las personas destinatarias del primero, que ha sido
derogado, estigma que trasciende al presente y permanece luego de la
eliminación de la norma - producida seguramente por su abierta inconstitucionalidad
-, la Corte no tiene alternativa distinta a la de entrar en el fondo y
declarar, por los motivos expresados, la inexequibilidad del precepto acusado,
pues lo contrario equivaldría a aceptar que la arbitrariedad tiene derecho a
subsistir a perpetuidad. La seguridad jurídica en ocasiones obliga, en aras de
la pacífica convivencia, a convenir en la consolidación de ciertas situaciones,
así se tema que ello implique el sacrificio de algunas pretensiones de
justicia. Sin embargo, dicha seguridad arriesga ver pervertido su sentido si a
ella se apela para cubrir bajo su manto el resultado manifiestamente inicuo de
una disposición derogada que, pese a ello, impide a las personas afectadas
aspirar a la nueva disciplina legal que hacía el futuro suprime la afrenta a
los derechos fundamentales. Si la nueva norma no comprende a las víctimas del
sistema anterior o no resuelve específicamente su problema, dado que la tacha
se remonta a la disposición anterior y ésta es la directamente responsable del
tratamiento injusto que se proyecta hasta el presente, ésta última deberá ser
declarada inexequible.”(Subrayado fuera del texto)
Esta misma posición fue adoptada por la Corporación en
las Sentencias C-182 de 1997[51],
C-653 de 1997[52],
C-1050 de 2002[53],
C-464 de 2004[54],
en las cuales la Corte estudió disposiciones que contenían la misma condición
resolutoria de la pensión de las viudas o viudos. En dichas oportunidades
también se ordenó el restablecimiento de los derechos de las mujeres que habían
perdido la pensión de sobrevivientes por haber contraído segundas nupcias bajo
el régimen constitucional anterior, pero cuyos efectos se veían reflejados con
posterioridad a la expedición de la Constitución de 1991.
2.5.2.1.1.
La aplicación de las garantías
fundamentales cuando se está en presencia de situaciones que fueron
consolidadas antes de 1991, pero cuyos efectos se producen hacia el futuro,
también fue admitido en las Sentencias C-482 de 1998[55]
y C-1126 de 2004[56].
Esto con ocasión del análisis de constitucionalidad de disposiciones que
negaban el derecho a la pensión de sobrevivientes a las compañeras permanentes.
En la primera de ellas, se estudio la
constitucionalidad el artículo 55 (parcial) de la Ley 90 de 1946 que exigía
como condición para el reconocimiento de la prestación, nunca haberse casado
con un tercero. La Corte dijo que la sentencia debía tener efectos retroactivos
y sustentó su posición en los siguientes términos: “Dos razones conducen
a esta conclusión: la primera, que desde la entrada en vigor de la Constitución
era evidente la inconstitucionalidad del precepto acusado, puesto que en la
Carta se le dio expresamente igual valor a las uniones de hecho y a las uniones
originadas en el matrimonio. Y la segunda, que el derecho a la pensión de
sobreviviente está vinculado en la mayoría de los casos a la satisfacción de
las necesidades mínimas de las familias que han perdido los ingresos que
aportaba el miembro fallecido. Es decir, el derecho a la pensión de jubilación
responde a las necesidades de seguridad social de personas que se encuentran en
un estado de debilidad manifiesta, a las cuales debe atender de manera especial
el Estado.”
En la Sentencia C-1126
de 2004, la Corporación conoció de una demanda contra el artículo 34
(parcial) del Decreto 611 de 1977 que negaba el derecho a la sustitución
pensional a las compañeras permanentes de los empleados públicos y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o
empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al Ministerio
de Defensa Nacional. En tal oportunidad, ordenó también la Corte que fueran
garantizados los derechos de aquellas personas a las que se les negó la
prestación con amparo en el régimen anterior, pero que a raíz de la expedición
de la nueva Carta, sufren los efectos inconstitucionales de dicha negativa.
Refirió:
“El
caso bajo estudio, si bien los derechos pensionales de la compañera o del
compañero permanente sobreviviente fueron reconocidos en pie de igualdad con
los del cónyuge supérstite a partir de la vigencia de la Constitución Política
de 1991, esto es, a partir del 7 de julio de 1991, hasta la expedición de la
Ley 100 de 1993, el 23 de diciembre de 1993, las compañeras o compañeros
permanentes de empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades
descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales
del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional,
pensionados o con derecho a pensión, que solicitaron el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a su favor, tuvieron que hacerlo con base en el
Decreto 2701 de 1988, que en su artículo 49 establecía la misma regla que el
artículo 34 del Decreto 611 de 1977, y con base en dicha norma se les negó el
reconocimiento de ese derecho.
En
cuanto a los efectos de la sentencia, dado que la inconstitucionalidad
sobrevino a partir del 7 de julio de 1991, fecha en que entró a regir la
Constitución cuya guarda y defensa fue confiada a esta Corte, la presente
sentencia tendrá efectos retroactivos a partir del 7 de julio de 1991, con el
objeto de reestablecer los derechos conculcados a los compañeros y compañeras
permanentes de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades
descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y
comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional a quienes se les negó el derecho a que se les reconociera la pensión
de sobrevivientes o no la solicitaron porque los decretos aquí examinados no
consagraban tal derecho a su favor. En este aspecto, también se siguen los
precedentes de ésta Corte.”
2.5.2.1.2.
Se observa entonces que la
Corte ha dejado claramente establecido que son inconstitucionales todas
aquellas situaciones que a pesar de haberse consolidado bajo la égida de la
Carta anterior, sus efectos se proyectan en futuro y generan vulneración de los
derechos y garantías fundamentales, tal y como sería el caso de la indexación
de la primera mesada pensional.
2.5.2.1.3.
Lo anterior por cuanto resulta
evidente que la negativa de la indexación en la primera mesada pensional se
encuentra produciendo graves efectos en el mínimo vital de los pensionados que
mes por mes reciben una suma significativamente inferior a la que tienen
derecho y que no se compadece con el esfuerzo laboral que realizaron en su vida
productiva.
Esto, como se desarrolló anteriormente, desconoce los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política que consagran el deber de
garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, así como los principios de
favorabilidad y de indubio pro operario a favor del trabajador.
De la misma
manera, negar el derecho a la indexación de la primera mesada pensional a
aquellos cuyo derecho fue reconocido con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, dejaría sin protección a personas que por su avanzada
edad y en razón a su especial situación de indefensión, son sujetos de especial
protección del Estado. Además, al ser adultos mayores, debe presumirse que la
pensión en su único ingreso, más cuando existen enormes dificultades en el
ingreso al mercado laboral.
2.5.3.  La
jurisprudencia constitucional ha predicado el carácter universal de la
indexación de la primera mesada pensional
No existe
ninguna razón constitucionalmente válida para sostener que el derecho a la
actualización de la mesada pensional sea predicable exclusivamente a
determinadas categorías de pensionados, cuando todos se encuentran en la misma
situación y todos se ven afectados en su mínimo vital por la depreciación
monetaria.
Por el
contrario, la jurisprudencia constitucional ha señalado expresamente que éste
es un derecho de carácter universal que debe ser garantizado a todos los pensionados.
De lo contrario, se produciría una grave vulneración del derecho a la igualdad
que constituye un trato discriminatorio.
En términos de la
Sentencia C-862 de 2006, “el derecho a la actualización de la mesada
pensional no puede ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de
pensionados, porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de
justificación constitucional, y se torna por tanto en un trato
discriminatorio.”
Cabe señalar,
además, que esta providencia dejó sentado el carácter universal del derecho y
dijo expresamente que no resultaba posible hacer distinciones relacionadas con
tránsitos normativos. Sobre el particular sostuvo:
“Si
bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo
que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento
de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a una determinada
categoría de sujetos -los pensionados- dentro de tal categoría su
titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del
tránsito legislativo carecen de justificación.” (Subrayado fuera del texto)
Luego concluyó:
“De
acuerdo con estas definiciones, la universalidad del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional significa que este beneficio se aplique a las
pensiones reconocidas en cualquier tiempo y sin que importe su origen,
sea éste convencional o legal, toda vez que el fenómeno de pérdida de poder
adquisitivo que es consecuencia de la inflación, afecta por igual a todos los
jubilados”. (Subrayado fuera del texto)
2.5.3.1.      De la misma
manera, la Corte ha ordenado y protegido el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional a todas las clases de pensiones, sin importar el
origen de la prestación. Es decir, con independencia de que la misma provenga
de la ley, de una convención o de una orden judicial.
Así, desde las
sentencias SU-120 de 2003[57]
y T-663 de 2003[58]
se concedió el amparo a personas que disfrutaban de pensiones de jubilación de
origen convencional, sin que se tuviera en cuenta que no se trataba de
pensiones legales. En la Sentencia T-469 de 2005[59],
se desestimó el argumento del demandado según el cual el accionante no tenía
derecho a la actualización del salario base de liquidación de la primera mesada
pensional porque, al ser su pensión de carácter convencional, se le debían
aplicar exclusivamente las normas de la convención colectiva y ésta no la
preveía. Indicó la Corte que “a la jurisprudencia es indiferente que la
pensión que es objeto de indexación tenga origen legal o convencional, ya que
lo relevante en estos casos es la situación de desprotección en que se
encuentra el pensionado al recibir como mesada una suma desactualizada con la
cual no pueda solventar sus necesidades y las de su familia”.
En el mismo
sentido se pronunció en la Sentencia T-696 de 2007[60]. Allí se
consideró que el fenómeno inflacionario afecta a todos por igual y, por tanto,
no puede diferenciarse entre el origen de la pensión “como quiera que el
problema de la pérdida de poder adquisitivo, consecuencia del fenómeno
inflacionario, no les es ajeno, de suerte que una conclusión diferente impondría
una carga desproporcionada a estos pensionados en el sentido de soportar la
pérdida de poder adquisitivo de su mesada pensional bajo el prurito de los
beneficios extralegales de que fueron acreedores por la suscripción de la
convención colectiva que rige su derecho pensional”.
2.5.3.2.      En relación con
la procedencia de la indexación de las mesadas reconocidas con anterioridad a
1991, la jurisprudencia no ha desarrollado directamente el asunto como un
problema jurídico a tratar, sino que ha reiterado jurisprudencia y ha
reconocido el derecho de pensiones consolidadas con anterioridad a la
Constitución vigente en aplicación de su carácter universal.
En esta línea,
se encuentra la Sentencia T-457 de 2009[61], en la cual la Sala
Tercera de Revisión reconoció el derecho a la indexación de la mesada de un
señor de 77 años cuya pensión había sido reconocida por Ecopetrol en el año de
1981. En dicha oportunidad, se concedió el amparo en razón de su carácter
universal y se dijo:
“De
ahí que esta Corporación haya sido enfática en afirmar que el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional se hace extensivo a los pensionados
que adquirieron esa calidad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y, por supuesto, de la Constitución Política de 1991, pues el fenómeno de
pérdida de poder adquisitivo de la moneda afecta por igual a todos los
pensionados[62]. (Resaltado
fuera del texto)
En los mismos
términos, se encuentra la Sentencia T-628 de 2009[63]. Allí
la Corte ordenó la indexación de la primera mesada de una pensión reconocida
por el Banco Cafetero en el año de 1985. Nuevamente, a pesar de que la Sala no
desarrolló como problema jurídico la procedencia de la garantía antes de la
expedición de la Carta, sí concedió el amparo en razón del carácter universal
del derecho. Al respecto dijo:
“Tal
derecho no sólo “radica en [algunas personas pensionadas], sino que, por el
contrario, se extiende a la totalidad de [ellas]. Lo anterior quiere decir, que
no cabe hacer ningún tipo de discriminación respecto de quienes tienen derecho
a la indexación de la primera mesada pensional puesto que ello traería como
consecuencia limitar los alcances de este derecho”
Resulta también
importante traer a colación la reciente Sentencia T-362 de 2010[64],
como un antecedente jurisprudencial sobre la procedencia de la indexación de la
primera mesada pensional de pensiones reconocidas antes de 1991.
De la misma
manera que en las decisiones anteriores, la Sala accedió a la indexación de una
mesada pensional adquirida con anterioridad a la expedición de  la Carta de
1991 (específicamente 1989) y se dijo que éste era un derecho universal frente
al cual no resultaba posible hacer distinciones de ningún tipo. Sobre el
particular señaló:
“De conformidad
con este carácter universal que la jurisprudencia ha reconocido al derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, es dado afirmar que éste cobija no
sólo a las pensiones de los trabajadores del sector privado sino también a
aquellas que provienen de relaciones de trabajo con el sector público, como
quiera que el problema de la pérdida de poder adquisitivo, consecuencia del
fenómeno inflacionario, afecta a todos por igual; una conclusión diferente
impondría una carga desproporcionada a los pensionados del sector público en el
sentido de tener que soportar la pérdida de poder adquisitivo de su mesada
pensional.”
2.5.3.3.      Se observa que a
pesar de que la jurisprudencia no ha abordado directamente el punto de la
procedencia de la indexación para mesadas pensionales reconocidas con
anterioridad a la Constitución de 1991, ha garantizado tal derecho a todas las categorías de pensionados.
De esta manera,
la universalidad del derecho a la indexación de la primera mesada es predicable
de todas las personas  pensionadas, y por supuesto, de aquellas que adquirieron
tal calidad con anterioridad a la expedición de la Constitución Política. En
efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma
situación y, por tanto, deben recibir igual tratamiento.
No existe razón
alguna para predicar un trato diferenciado a las personas que consolidaron su
situación pensional bajo la Carta anterior. Por el contrario, ellas también
sufren una grave afectación a su mínimo vital al recibir una suma
significativamente inferior a la que tienen derecho y a la que efectivamente
recibieron durante su etapa productiva.
En otras
palabras, esta Sala considera que a todos los pensionados, sin distinción
alguna, no sólo debe garantizárseles que sus pensiones sean actualizadas
anualmente una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que
también existe un derecho constitucional a la actualización del salario
base para la liquidación de la primera mesada.
2.5.4.  La certeza del
derecho a la indexación en relación con las pensiones causadas antes de 1991,
determina la contabilización del término de la prescripción
Conforme al artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, “las acciones que emanen de
las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o una prestación
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero por un solo lapso
igual”.
Con
base en la norma mencionada, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
conocido tutelas contra providencias judiciales que niegan la indexación de la
primera mesada pensional y ha tutelado los derechos invocados, confirmando la
providencia que concedió la indexación de la primera mesada en el proceso
ordinario laboral. De esta manera, se ha reconocido el efecto retroactivo de
las diferencias pensionales, pues al momento de conceder la pretensión
referente a la indexación, los jueces ordinarios laborales determinan que el
término de prescripción se interrumpió desde el momento en que el pensionado
hizo el respectivo reclamo de la indexación al empleador.
En
este orden de ideas, las órdenes de pago retroactivo de indexación de la
primera mesada pensional han prosperado en aquellos casos en que el actor ha
agotado todos los medios de defensa judicial por la vía ordinaria, en los
términos en que esta pretensión ha sido planteada por el actor dentro de la
misma.[65]
Sin embargo, la indeterminación en la existencia del derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, y la negativa de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, al reconocimiento de la indexación de pensiones
causadas con anterioridad a 1991, merece una consideración distinta respecto
del momento desde el cual se reconoce la indexación de las mesadas pensionales
a los demandantes, por las razones que se describen a continuación.
En primer lugar, resalta la
Sala la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica en este
caso, pues la indeterminación en la existencia del
derecho a la indexación de la primera mesada pensional, y la negativa de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente al reconocimiento de la
indexación de pensiones causadas con anterioridad a 1991, podría acarrear
problemas en la determinación del momento a partir del cual la prestación es
exigible. En efecto, sería desproporcionado reclamar a los entes obligados
cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue
incierto.
Al respecto, se
debe recordar que, sólo hasta que fue expedida la sentencia C-862 de 2006, la
Corte definió con carácter erga omnes que a partir de la interpretación
de los artículos 48 y 53 de la Constitución de 1991, debía entenderse que
existe un derecho constitucional de todos los pensionados a que el monto de la
primera mesada pensional se calcule sobre un salario base indexado, de acuerdo
con la variación del índice de precios al consumidor. Por lo tanto, sólo a
partir de tal fallo llegó a admitirse que dicho derecho beneficiaba a todos los
pensionados, sin que sobre el particular pudieran hacerse distinciones
discriminatorias entre beneficiarios de pensiones legales, convencionales,
ordinarias, pensiones sanción, etc. Estas consideraciones, como se reitera, se
basaron en la interpretación de la Carta Política de 1991.
No obstante, ni
siquiera en 2006 existía una posición uniforme en relación con las pensiones
causadas bajo el marco constitucional de 1886.
De manera que es
a través de la Sentencia SU- 1073 de 2012 que la Corte Constitucional consolida
la jurisprudencia con el fin de proteger el principio de seguridad jurídica
respecto de los fallos judiciales divergentes que han proferido distintas
jurisdicciones, los cuales han impedido la realización del derecho universal de
la indexación. En este sentido, es sólo hasta esta sentencia de unificación que
la Corte ha resuelto las contradicciones creadas por las diferentes decisiones
judiciales respecto
a la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de
1991.
En segundo
lugar,
observa la Sala que, en caso de ordenar el pago retroactivo de la indexación
desde la fecha en la que se presentó la primera reclamación a la entidad, se
pondría en riesgo la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones,
desconociendo otro principio constitucional: el de sostenibilidad fiscal
consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política, que ordena que el
mismo debe “orientar a las Ramas y órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armónica.”
Conforme a tal criterio, las decisiones que afecten el sistema
pensional se adoptan teniendo en cuenta que se dispone de recursos limitados
que se distribuyen de acuerdo con las necesidades de la población, propendiendo
por lograr su suficiencia, con el fin de que realmente se dé la efectividad del
derecho.[66]
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el
principio de sostenibilidad financiera debe servir de guía a los sistemas
de la seguridad social, en consecuencia, estos deben disponer de un flujo
permanente de recursos que permita su mantenimiento para la oportuna y adecuada
prestación de servicios.[67] Uno de los elementos fundamentales
para la satisfacción del principio de manejo  eficiente de los recursos
asignados al sistema pensional, radica en su  articulación  orientada
a la consecución del fin propuesto por el Constituyente para garantizar a todos
los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.
En tercer lugar,
en
aras de equilibrar los intereses en pugna, el juez constitucional realiza una
interpretación, no sobre la existencia misma de la prescripción, sino sobre la
manera de contabilizarla.
Para tal fin, la
Sala encuentra que la certeza del derecho es el momento a partir del cual se
debe determinar el término de prescripción. Ello se encuentra en concordancia
con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que señala que “Las
acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en
tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”
En este orden de
ideas, la sentencia SU-1073 de 2012 estableció que “pese al carácter
universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la
divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con
anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de ésta se genera un derecho cierto
y exigible”.
No
obstante lo anterior, en un fallo posterior (sentencia SU-131 de 2013), al
referirse a la certeza del derecho a la indexación y el término de
prescripción, la Sala Plena de esta Corporación reconoció el pago
retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando dicho
término –el término de prescripción-, a partir de cada sentencia que resuelva
el asunto de que se trate.
En este orden de
ideas, el pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, se
debe reconocer contando el término de prescripción a partir de la fecha de
expedición de cada sentencia, por cuanto desde esta fecha no cabe duda de la
certeza del derecho a la indexación.
2.6.       CONCLUSIONES
2.6.1.  Resulta
vulneratorio de los principios constitucionales que orientan la seguridad
social y el derecho laboral, el hecho de que la indexación de la primera mesada
pensional sea aplicable a una sola categoría de pensionados y no a todas. Por
tanto, negar la procedencia de la indexación a aquellas personas que
adquirieron el derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, pero cuyos
efectos irradian situaciones posteriores, es contrario a los mandatos
Constitucionales.
2.6.2.  El derecho a la
indexación de la primera mesada pensional fue reconocido por la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, con anterioridad de la
expedición de la Carta de 1991, y con la promulgación de ésta se
constitucionaliza en los artículos 48 y 53.
2.6.3.  La garantía a la
indexación de la primera mesada pensional también tiene sustento en el
principio de favorabilidad laboral contenido en el artículo 53 Superior, el
cual obliga a las autoridades judiciales, incluyendo las Altas Cortes, a elegir,
en caso de duda, por la interpretación más favorable para el trabajador. En el
caso de la indexación, no es otra que su reconocimiento universal, inclusive de
las personas que adquirieron su derecho con anterioridad a la Constitución de
1991, por cuanto el fenómeno inflacionario afecta a todos por igual.
2.6.4.  El
reconocimiento a la indexación de la primera mesada pensional también es un
desarrollo del principio del Estado Social de Derecho y una garantía que
desarrolla los artículos 13 y 46 Superior, que prescriben la especial
protección constitucional a las personas de la tercera edad, y el derecho al
mínimo vital.
3.
CASO
CONCRETO
3.1.       RESUMEN DE LOS
HECHOS
3.1.1. Expediente T-3670949
Manifiesta
el accionante que laboró en la sociedad Laboratorios WYETH INC entre octubre de
1962 y marzo de 1979, devengando como último salario la suma de $65.297.24.
Indica que la
Sociedad Laboratorios WYETH INC fue condenada a pagarle una pensión de
jubilación en cuantía de $ 40.130.59, es decir, depreciada en un 817.71% en
relación al salario que devengaba al momento de su retiro, por lo que instauró
demanda ordinaria laboral para que se le indexara su primera mesada pensional,
la cual le fue fallada favorablemente por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de
Bogotá, pero revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de esta ciudad. Por lo anterior, el accionante presentó recurso
extraordinario de casación ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, la cual no casó el fallo del tribunal por considerar que la
pensión se causó antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991,
circunstancia que la excluye de la actualización monetaria.
Dado lo
anterior, el accionante interpuso acción de tutela ante la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero ésta, mediante providencia del ocho
(8) de noviembre de 2011,“denegó el amparo deprecado al encontrar que no
hubo transgresión alguna por parte de los acusados”.Inconforme con la
decisión anterior, el actor procede a impugnarla, y el conocimiento del caso
pasó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien
mediante decisión del treinta (30) de noviembre de 2011, decidió: “i)
declarar la nulidad de la actuación surtida por la Sala de Casación Penal de la
misma Corporación; ii) no admitir a trámite la solicitud de amparo; y iii) no
remitir el pronunciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
lo anterior en virtud de que la máxima autoridad en la especialidad laboral ya
se pronunció en torno a los hechos y fundamentos en que el petente soporta su
reclamo”.
Dado
que no existía sentencia, pues ninguna autoridad judicial había decidido de
fondo la acción presentada, el accionante interpuso una nueva acción de amparo
ante la Jurisdicción Disciplinaria, la cual fue resuelta por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
quienresolvió conceder el amparo invocado, por considerar que el caso presenta
identidad fáctica con aquellos en los que la Corte Constitucional ha decidido
amparar el derecho a la indexación. Por su parte, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo impugnado,
y procedió a negar el amparo a los derechos fundamentales del accionante,
argumentando que la sentencia de casación revisada no era arbitraria como para
concluir la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
3.1.2. Expediente T-3747120
La
accionante aduce que desempeñó importantes cargos en la Licorera de Boyacá y en
la Contraloría General del Departamento entre el primero (1°) de junio de 1949
y el nueve (9) de agosto de 1977, y que adquirió su pensión de jubilación el
veintisiete (27) de octubre de 1981, pero ésta no ha sido indexada.
Dado
lo anterior, presentó reclamación ante el Fondo Territorial Pensional de Boyacá
el veinticuatro (24) de agosto de 2010, pero mediante comunicado del seis (6)
de septiembre del mismo año, el fondo se negó a indexar su primera mesada
pensional, arguyendo que el reajuste de su pensión se había realizado mediante
Resolución 0095 del doce (12) de marzo de 2003. Dicha Resolución estableció “ordenar el
reajuste de la pensión del solicitante en los términos del Decreto 2108 de
1992, es decir para el año de 1993 se aplicará el reajuste en 12%, para el año
1994 el 12% y para el año 1995 se aplicará el Reajuste en 4%, que empezará a
regir a partir de las fechas en el artículo 1 del Decreto 2108 de 1992 y que se
reconocerá el retroactivo con tres años de antelación a la primera petición, en
virtud del fenómeno de la prescripción”.
Inconforme
con lo anterior, pues considera que su pensión sólo fue reajustada
parcialmente, la accionante, luego de agotar la vía gubernativa, demandó la
indexación de la pensión de jubilación ante el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Tunja, quien mediante sentencia del veinticinco (25) de noviembre
de 2011,negó las pretensiones apoyándose en sentencias de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, según las cuales, la solicitud demandada es
únicamente procedente cuando el derecho pensional se ha causado con
posterioridad a la Ley 100 de 1993.
La
decisión anterior fue apelada ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Tunja, y repartida a la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, el cual hasta la fecha de interposición de la tutela no se había
pronunciado. No obstante, en sede de revisión, esta Sala conoció que el día 17
de septiembre de 2012, el Tribunal en comento decidió confirmar la sentencia de
primera instancia, y reiteró que la indexación de la primera mesada pensional
no procede para las pensiones reconocidas con anterioridad a la Constitución de
1991.
Por
último, la accionante esgrime que tiene 80 años de edad, por lo que no puede
esperar hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de casación
para después acudir a la acción de tutela contra la decisión desfavorable de
aquellas, por lo que considera necesario que se resuelva el asunto antes de que
su aspiración pierda toda justificación.
3.1.3. Expediente T-3760579
Manifiesta
el accionante que laboró para ECOPETROL desde el dos (2) de septiembre de 1963
hasta el 17 de mayo de 1985, y que obtuvo su pensión el 7de julio de 1992, la
cual fue liquidada a partir del 2 de julio de 1991.
Manifiesta
que en la liquidación de la mesada pensional no se indexaron los salarios
devengados en el último año de servicio, situación que puso en conocimiento de
ECOPETROL a través de derecho de petición, el cual fue resuelto negativamente
por parte de la entidad.
Arguye
que presentó demanda laboral ante el Juzgado Laboral del Circuito de
Barrancabermeja, quien mediante sentencia  del 10 de febrero de 2008, accedió a
sus pretensiones y condenó a ECOPETROL a reconocerle y pagarle la indexación de
su primera mesada pensional. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 30
de octubre de 2009.
Contra
la decisión anterior interpuso una acción de tutela, la cual fue resuelta por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia
del 24 de noviembre de 2009, en la que se declaró improcedente la acción porque
no se había interpuesto el recurso extraordinario de casación.
Dada
la decisión anterior, el accionante interpuso recurso extraordinario de
casación contra la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, pero la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia del primero (1) de marzo de 2011, decidió no casarla,
debido a que es inviable la indexación de la primera mesada pensional cuando
ésta se acusa antes de la vigencia de la Constitución de 1991.
Posteriormente
presentó acción de tutela ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por
haber incurrido en vía de hecho en las sentencias del 30 de octubre de 2009 y
del primero (1) de marzo de 2011, pero dicha tutela fue negada por improcedente
mediante fallo del 16 de agosto de 2011.
Reseña
que contra la anterior providencia presentó recurso de impugnación, el cual fue
resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto
del 12 de octubre de 2011, en el que se decidió: i) declarar la nulidad de la
actuación desde el auto que avocó el conocimiento de la tutela; ii) no dar
trámite a la solicitud de amparo; y iii) no remitir a la Corte Constitucional
para su eventual revisión por no tratarse de sentencia.
Dado
que no existía sentencia, pues ninguna autoridad judicial había decidido de
fondo la acción presentada, el accionante presentó una nueva tutela con base en
el Auto 004 de febrero de 2004 expedido por la Corte Constitucional, la cual
fue asignada a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, quien se declaró impedido para conocer de la acción por ser parte
accionada dentro de la misma, y ordenó remitir el expediente a la Secretaría
General de esta Corporación para su selección.
Manifiesta
que el caso fue excluido de revisión en la Corte Constitucional, por lo que
solicitó a la Defensoría del Pueblo que insistiera en su revisión, pero sólo
hasta el 14 de mayo del mismo año esta Corporación informó que la petición de
insistencia fue extemporánea.
Dado
que no existía sentencia, el accionante interpuso una nueva tutela, la cual se
radicó ante el Consejo de Estado el3 de julio de 2012, pero esta Corporación,
mediante auto del 13 de julio de la misma anualidad, decidió remitir el
expediente a la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento[68].El
asunto nuevamente le correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, quien mediante sentencia del 16 de agosto de 2012, decidió
declararla improcedente.
Contra
el anterior fallo presentó recurso de impugnación, del cual conoció la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien mediante auto del 10 de
septiembre de 2012, decidió declarar la nulidad de la actuación surtida ante la
Sala de Casación Penal de la misma Corporación.
Por
tanto, dado que la anterior no constituye una decisión de fondo, una solicitud
de selección fue radicada por la apoderada del accionante en la Secretaría de la
Corte Constitucional, y en virtud de del Auto 100 de 2008, el expediente fue
efectivamente seleccionado.
En
este orden de ideas, corresponde a esta Sala establecer si las autoridades
demandadas vulneraron los derechos al mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones, al debido proceso y a la favorabilidad laboral, entre otros, de
los tutelantes, por no disponer la indexación de sus primeras mesadas
pensionales.
3.2.       EXAMEN DE LOS
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES
JUDICIALES
A continuación
pasará la Sala a analizar los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, señalados en la parte motiva de esta
providencia.
3.2.1.   El asunto
debatido reviste relevancia constitucional
La Sala
considera que las cuestiones que los tutelantes discuten, cumplen con este
requisito de procedibilidad, debido a que dichas cuestiones versan sobre el derecho a
mantener el valor adquisitivo de la pensión, el derecho al mínimo vital y el
derecho a la seguridad social en pensiones. Además, las controversias se
refieren a los efectos de la Constitución de 1991 sobre derechos pensionales
causados antes de su entrada en vigencia.
3.2.2. Los tutelantes
agotaron todos los medios de defensa judicial a su alcance
Con respecto al
requisito de subsidiariedad, la Sala encuentra que en los casos en los que
fungen como accionantes el señor Yamil Abdala Flórez (expediente T-3670949) y
Luis Guillermo Bermúdez Cárdenas (expediente T-3760579), se agotó el recurso
extraordinario de casación, por lo que se considera que los accionantes
hicieron uso de los recursos judiciales a su alcance para la protección de sus
derechos. Por tanto, éstos no cuentan con más recursos, ni ordinarios ni
extraordinarios, para hacer valer sus derechos.
Especial
consideración tiene el caso en el que funge como accionante la señora Carmen
Elisa Gómez Quintero (expediente T-3747120), en razón a que no fue agotado el
recurso extraordinario de casación, y por lo tanto, podría considerarse que la
accionante no agotó los recursos judiciales a su alcance antes de acudir a la
tutela. Sin embargo, esta Sala considera que aun cuando la demandante no ha
presentado recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por
la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 17 de
septiembre de 2012, del estado actual de la jurisprudencia se puede entender
que el mismo no va a ser idóneo para lograr la pretensión de la demandante,
pues reiteradamente la Corte Suprema de Justicia ha negado la indexación de la
primera mesada pensional de las pensiones causadas antes de la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991[69].
3.2.3.   Existió
inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela
La inmediatez es
una condición de procedencia de la acción de tutela, creada por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el
propósito de la Carta Política de hacer de esta acción un medio de amparo de
derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.
Así
las cosas, encuentra la Sala que la acción de tutela resulta procedente
en los casos estudiados, debido a que al ser las mesadas pensionales
imprescriptibles, a la luz de lo establecido en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la vulneración a dicho derecho siempre tendrá el carácter de
actual, incluso cuando hayan pasado varios años desde  la decisión judicial.
En cuanto a la
imprescriptibilidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional
y su relación con el requisito de la inmediatez, la Sala trae a colación la
Sentencia SU-1073 de 2012 que citó a su vez la Sentencia T-042 de 2011, que
determinó que “la negativa a su reconocimiento (…) puede originar la
vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho que implica una prestación
periódica, por lo que su afectación, en caso de presentarse alguna, se habría
mantenido durante todo el tiempo, siendo soportada incluso hoy en día por los
extrabajadores  y ahora pensionados de la accionada. Son estas las razones que
llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de
presentarse, tiene un carácter de actualidad, lo que confirma que en esta
específica situación se cumple con el requisito de la inmediatez y, por
consiguiente, se satisfacen los presupuestos exigidos para declarar procedente
la acción”.
Así las cosas,
en los casos sub examine se cumple con este requisito, puesto que: i) a
los accionantes ya se les ha reconocido su pensión de vejez, pero no el derecho
a la indexación de su primera mesada pensional, de modo que la vulneración se
sigue presentando, y ii) la tutela fue interpuesta en un término razonable a
partir de los fallos que se censuran (expediente T-3670949, el fallo censurado
es del 8 de junio de 2012, y la acción de tutela fue interpuesta el 20 de junio
de la misma anualidad[70];
expediente T-3747120, el fallo censurado es del 25 de noviembre de 2011, y la
acción de tutela fue interpuesta el 11 de mayo de 2012[71]; y
expediente T-3760579, el fallo censurado es del 1° de marzo de 2011, y la
acción de tutela fue interpuesta en agosto de 2011[72]), lo
que es indicio de que se requiere de forma inmediata la intervención del juez
constitucional.
3.2.4.   Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados
Efectivamente,
los señores Yamil Abdala Flórez, Carmen Elisa Gómez Quintero y Luis Guillermo
Bermúdez Cárdenas enumeran y explican los hechos de los cuales derivan la
vulneración de sus derechos fundamentales, así como las garantías vulneradas, que
corresponden al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, a la
igualdad, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso,
a la favorabilidad laboral y al acceso a la administración de justicia.
3.2.5.   Cuando se trata
de irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora
En los casos sub
examine no se alega ni se vislumbra ninguna irregularidad procesal. Sin
embargo, la interpretación que censuran sí tiene un efecto decisivo en el
sentido de los fallos acusados.
3.2.6.   La tutela no se
dirige contra una sentencia de tutela
Las presentes
acciones de tutela se dirigen contra sentencias adoptadas en procesos
ordinarios laborales y  no contra un fallo de tutela.
En conclusión,
encontramos que los casos que aquí se estudian, cumplen con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Pasará la Sala a revisar si sucede lo mismo con los requisitos especiales.
3.3.       LAS SENTENCIAS
PROFERIDAS INCURREN EN UNA CAUSAL DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
3.3.1. La Constitución de 1991, en su
artículo 53, reconoce el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
Dicho artículo señala que “el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y
al reajuste periódico de las pensiones legales”.
3.3.2. De las demandas se infiere que el
cargo endilgado a las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia y por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, es el de desconocimiento
directo de la Constitución, por cuanto negaron el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional de los accionantes, en contra vía del mandato superior
de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, aduciendo que el derecho a
la indexación de la primera mesada pensional no se puede extender a pensiones
causadas antes de 1991.
3.3.3. De acuerdo con  las sentencias
SU-1073 de 2012 y T-007 de 2013, dicho defecto se materializa cuando setoma una
decisión contraria los mandatos de la Carta Política. En palabras del
Alto Tribunal Constitucional:
“(…)
existe
violación directa de la Constitución cuando el juez ordinario toma una decisión
que desconoce o desobedece los principios y las garantías consagrados en el
Ordenamiento Superior, o cuando dichas reglas o principios son tomados en
cuenta, pero se les da un alcance insuficiente. En efecto, debido al actual
modelo de ordenamiento constitucional, que  reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, resulta factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida
e irrazonablemente tales postulados”[73].
3.3.4. En este caso, la Sala encuentra
que el hecho de calcular el monto de la mesada pensional con base en un ingreso
que no fue actualizado, contraría el mandato constitucional del derecho a
recibir una pensión mínima y vital, calculada teniendo en consideración los
fenómenos inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de la
moneda (artículo 53 Constitucional), tal como se reconoció en la Sentencia
SU-1073 de 2012.
Entonces,
el derecho a la indexación, como ya se explicó, se aplica a todas las
categorías de pensionados, incluso a aquellos que les fue reconocido su derecho
pensional con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991.
Por ello, la
Sala encuentra que las decisiones proferidas dentro de los procesos judiciales
que negaron el derecho a los pensionados a la indexación de su primera mesada
pensional, incurren en la causal específica de procedencia de la acción contra
providencia judicial denominada vulneración directa de la Constitución.
3.3.5. Así mismo, la Sala observa que la
decisión de las autoridades demandadas compromete el derecho fundamental a la
igualdad y al debido proceso sustantivo de los demandantes; el primero de
ellos, por cuanto no existe una finalidad legítima a la luz de la Constitución
para establecer una diferencia de trato entre aquellas personas que hayan
adquirido su derecho pensional antes de 1991, y quienes lo hayan adquirido con
posterioridad a dicha fecha, y el segundo, debido a que las decisiones judiciales
atacadas no son razonables ni respetuosas de los valores superiores, ni de los
derechos fundamentales constitucionalmente protegidos.
Así
las cosas, el amparo solicitado por los aquí accionantes será concedido.
3.4.       DECISIONES QUE
ADOPTARÁ LA SALA EN LOS CASOS ESTUDIADOS
3.4.1. Fórmula para
efectuar la indexación de la primera mesada pensional de los actores
De
acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación[74], la
fórmula que se debe usar para indexar la primera mesada pensional es la
establecida en la Sentencia T-098 de 2005, que corresponde a:
“El ajuste de la
mesada pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula:
R=
Rh índice final
Índice
inicial
Según
la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el
último año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final
de precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la
pensión, entre el índice inicial, que es el existente al 27 de enero de 1974.
Debe
determinarse así el valor de la primera mesada pensional actualizada a 10 de
diciembre de 1980. El Citibank Colombia procederá a reconocer y liquidar los
reajustes pensionales de los años posteriores, conforme a la normatividad
aplicable.
Después
establecerá la diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que
efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la pensión. De
dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al
pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba en el
expediente de que éstos fueron pagados.
La
suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha
en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia, dando aplicación
a la siguiente fórmula:
R=
Rh índice final
Índice
inicial
Donde
el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha
de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial, que es el vigente
al causarse cada mesada pensional.
Por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la
fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional
que devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas),
teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una
de las prestaciones”.
3.4.2. A quién se le
dará la orden de indexar la primera mesada pensional de los actores
El
artículo 86 de la Constitución Política confiere al Juez constitucional la
competencia para adoptar todas las medidas necesarias para  el restablecimiento
real y efectivo de los derechos fundamentales de los asociados, quebrantados
por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares –en
ciertos eventos-, y el Decreto 2591 de 1991 enuncia algunas de las medidas que
pueden tomarse “para garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho”.
Son
varias las alternativas que se desprenden de las facultades de restablecimiento
que confieren al juez de tutela el artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de
1991. Esta Corporación analizó las diferentes opciones en el marco de la tutela
contra providencias judiciales y sostuvo que:
“cuando
la Corte tiene conocimiento en relación con el incumplimiento de la sentencia,
puede solicitar nuevamente el expediente o los expedientes que contienen las
sentencias de tutela que la Corporación haya proferido, para hacer cumplir su
fallo (…).Y
dentro de las medidas a adoptar en estos casos, se cuentan la de proceder a
dictar una sentencia de reemplazo si no existe otra forma de hacer cumplir lo
ordenado, o en su defecto, la de tomar una decisión complementaria al fallo
incumplido que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, como
puede ser, sin modificar lo ya resuelto, la de dejar en firme la decisión
judicial que fue revocada por la alta Corporación de justicia en ejercicio de
su competencia funcional, cuando a juicio de la Corte Constitucional aquella
interprete en debida forma el criterio sentado en la respectiva sentencia de
Revisión y garantice la protección de los derechos conculcados por la alta
Corporación”[75].
(Subrayado
fuera del texto).
En atención a la
doctrina constitucional citada y vistas las pruebas que residen en cada uno de
los expedientes, las cuales evidencian que: i) los accionantes son adultos
mayores, y ii) la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia
reiteradamente se ha negado a conceder la indexación de las pensiones causadas
con antelación a 1991, hasta el punto en que en dos de los casos examinados en
esta oportunidad, llegó a no admitir a trámite las solicitudes de amparo a
través de las acciones de tutelas interpuestas por los interesados, la Sala considera
que en este caso se requiere dictar sentencia de reemplazo, en la que se
ordenará a las entidades contra quienes se dirigieron las demandas ordinarias
laborales, es decir, Laboratorios WYETH INC, el Fondo Territorial Pensional de
Boyacá y ECOPETROL, que procedan directamente a indexar la primera mesada
pensional de los actores.
Lo
anterior, en virtud de que no constituye una plena garantía de los derechos de
los accionantes, ordenar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y a la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
que de acuerdo a lo esgrimido en este fallo, rehagan las sentencias que negaron
la indexación de las pensiones de los aquí interesados, pues del estado actual
de la jurisprudencia, se puede entender que la Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, siguiendo la posición de la Corte Suprema, de
Justicia, consistente en negar la indexación de la primera mesada pensional de
las pensiones causadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de
1991, no darán cumplimiento a lo ordenado por esta Sala.
3.4.3. Contabilización
del término de prescripción
Las sentencias
SU-1073 de 2012 y T-007 de 2013, explicaron que el hecho de que el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional fuera indeterminado, y que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se
negara a su reconocimiento cuando se trata de pensiones causadas con
anterioridad a 1991, merece una interpretación diferente respecto del momento
desde el cual se reconoce la indexación de las mesadas pensionales a los
demandantes.
En dichas
sentencias la Corte consideró:
“(i) que sería desproporcionado reclamar a los entes obligados
cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue
incierto, ya que sólo hasta ese momento –la sentencia de unificación-
hay claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes
de la Constitución de 1991, de manera que sólo desde la expedición de la
sentencia SU existe certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la
obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento; (ii) que,
en caso de ordenar el pago retroactivo de la indexación desde la fecha en la
que se presentó la primera reclamación a la entidad, se pondría en riesgo la
estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones; y (iii) que la
divergencia interpretativa sobre su procedencia de la indexación para aquellas
causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de la providencia de
unificación se genere un derecho cierto y exigible”.
En efecto, en
los casos en que a través de fallos judiciales se negó el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional a las pensiones reconocidas antes de la
Constitución de 1991, las sentencia SU-1073 de 2012 y T-007 de 2013 ordenaron
una vez realizada la indexación, el pago retroactivo de aquellas mesadas
pensionales no prescritas, contando el término de prescripción a partir de
la fecha de expedición de la sentencia de unificación, por cuanto, “sólo
desde ese momento no cabe duda que también los pensionados cuyas prestaciones
fueron causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991, tienen derecho a
dicha indexación”[76].
No
obstante lo anterior, la Sala, siguiendo el precedente fijado en la sentencia
SU-131 de 2013, sobre la certeza del derecho a la indexación y el término de
prescripción, reconocerá el
pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando dicho
término –el término de prescripción-, como lo hizo la Sala Plena de esta
Corporación en la mencionada sentencia SU-131 de 2013, en la cual, a partir de lo
estipulado en la SU-1073 de 2012, respecto a: “se reconocerá el
pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando dicho
término –el término de prescripción- a partir de la fecha de expedición de
esta sentencia de unificación (…)”, determinó que la prescripción
se contabilizaría a partir de cada sentencia.
En este orden de
ideas, la Sala reconocerá el pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales
no prescritas, contando el término de prescripción a partir de la fecha de
expedición de esta sentencia, por cuanto desde esta fecha no cabe duda que los
accionantes tienen derecho a dicha indexación.
En relación, con
las providencias proferidas dentro de los procesos ordinarios, la actualidad de
la vulneración hace que éstas no se puedan confirmar, incluso si concedieron la
indexación, en razón a que el alcance de este derecho, para las pensiones
causadas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, sólo fue
determinado a partir de la sentencia de unificación (SU-1073 de 2012) por la
Corte Constitucional como máximo intérprete de la Norma Superior.
3.5.
RESUMEN
DE LAS DECISIONES Y ÓRDENES
3.5.1.
Expediente
T-3670949
Por las razones
expuestas, la Sala revocará parcialmente la sentencia proferida el primero (1) de
agosto de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, y el fallo proferido el 4 de julio del mismo año por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
en lo que tengan que ver con la indexación de la primera mesada pensional del
accionante.En
su lugar se concederá el amparo a los derechos a la indexación de la primera
mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales
al señor Yamil
Abdala Flórez,
en los términos referidos en la presente providencia.
De igual manera,
se dejarán parcialmente sin efecto las sentencias del 8 de junio de 2011,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la
del 31 de octubre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá y la sentencia emitida por el Juzgado Dieciséis
Laboral del Circuito de Bogotá el 11 de mayo de 2007, dentro del proceso
laboral ordinario promovido por el señor Yamil Abdala Flórez contra Laboratorios
WYETH INC,en lo que tengan que ver con la indexación de su primera mesada
pensional.
En
consecuencia y en aras de obtener el efectivo cumplimiento de esta providencia,
se ordenará a Laboratorios
WYETH INC,
o a
quien haga sus veces, que en el término de 10 días contados a partir de la
notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional
del señor Yamil
Abdala Flórez.
De igual manera, deberá reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre
los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada,
comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de esta
sentencia.
3.5.2. Expediente
T-3747120
Respecto a este
caso en particular, además de lo ya esgrimido en el aparte del estudio del
requisito de inmediatez, la
Sala encuentra que la procedibilidad de la acción de tutela también está dada
por la protección real y efectiva que se le debe dar a los derechos de la
accionante, quien es un adulto mayor (tiene 82 años de edad), y de quien se
estima razonablemente no existir para el momento en que se produzca la decisión
judicial debido a su edad avanzada.
Aunado a lo
anterior, la Sala encuentra que el hecho de que la actora en la actualidad se
encuentre recibiendo una pensión de $900.000, de los cuales debe pagar
servicios públicos por valor de $118.050 (energía), $272.770 (acueducto),
$71.616 (telefonía), $634.500 (acompañante)[77], hace necesaria la
intervención del juez de tutela para que ampare sus derechos, so pena de verse
vulnerada su garantía al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.
Entonces, la
Sala encuentra que la vida probable resulta ser un factor determinante cuando
se trata de tomar una pronta decisión en relación con un derecho como la
indexación de la primera mesada pensional, que está necesariamente conectado
con
el mínimo vital y con las condiciones dignas que deben recibir los adultos
mayores[78].
Ahora bien,
respecto a lo esgrimido por el Fondo Pensional de Boyacá el seis (6) de
septiembre de 2010, concerniente a que “el reajuste de la pensión de la
señora Gómez Quintero se realizó mediante la Resolución 0095 del doce (12) de
marzo de 2003, conforme a lo establecido en el Decreto 2108 de 1992”, la sala trae a colación el artículo 1° de dicho decreto, el cual reza: “Las pensiones
de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con
anterioridad al 1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos
de salarios serán reajustadas a partir del 1º de enero de 1993,
1994 y 1995” (subrayado fuera del texto), de donde se deriva que lo
pretendido por la norma en comento y por ende lo aplicado por el Fondo Pensional
de Boyacá en la Resolución 0095 de 2003, fue un reajuste a la mesada pensional
de la accionante y no la indexación de ésta.
En efecto, la
diferencia entre una y otra radica en que, la indexación, tal como se dejó
dicho en la parte considerativa de esta sentencia, busca atacar los efectos de la
inflación y permitir que el valor de la pensión en el momento en que se
adquirió con relación al momento en que se reconoce, efectivamente tenga la
misma capacidad adquisitiva; mientras que el reajuste es determinado por la ley
para incrementar o aumentar el valor o precio de la mesada por razones
distintas a la inflación, como es la de presentar diferencias con los aumentos
del salario mínimo legal mensual vigente[79].
Por las razones
expuestas, la Sala revocará parcialmente la sentencia proferida el 12  de julio
de 2012 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, y el fallo proferido el 23 de mayo de 2012 por la Sala de
Decisión N°5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en lo que tengan que ver
con la indexación de la primera mesada pensional de la accionante. En su lugar se
concederá el amparo a los derechos a la indexación de la primera mesada
pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales a la
señora Carmen Elisa Gómez Quintero, en los términos referidos en la presente
providencia.
De igual manera,
se dejarán parcialmente sin efecto las sentencias del 25 de noviembre de 2011, proferida
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, y la de la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 17 de
septiembre de 2012, dentro del proceso laboral ordinario promovido por la
señora Carmen
Elisa Gómez Quintero contra
el Fondo Pasivo Pensional de Boyacá, en lo que tengan que ver con la indexación
de su primera mesada pensional.
En
consecuencia y en aras de obtener el efectivo cumplimiento de esta providencia,
se ordenará al Fondo
Pasivo Pensional de Boyacá, o a quien haga sus veces, que en el término de 10
días contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a
indexar la primera mesada pensional de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero. De igual manera,
deberá reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.
3.5.3. Expediente
T-3760579
Por las razones
expuestas, la Sala revocará parcialmente el auto proferido el 10 de septiembre
de 2012 por la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y el
fallo del 16 de agosto de 2012, proferido por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en lo que tengan que ver con la indexación de la
primera mesada pensional del accionante. En su lugar se concederá el amparo a los
derechos a la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder
adquisitivo de las mesadas pensionales al señor Luis Guillermo Bermúdez
Cárdenas, en los términos referidos en la presente providencia.
De igual manera,
se dejarán parcialmente sin efecto las sentencias del primero (1) de marzo de
2011, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, la del 30 de octubre de 2009, proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, y la del 10 de febrero
de 2008, proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja,
dentro del proceso laboral ordinario promovido por el señor Luis Guillermo
Bermúdez Cárdenascontra
ECOPETROL, en lo que tengan que ver con la indexación de su primera mesada
pensional.
En
consecuencia y en aras de obtener el efectivo cumplimiento de esta providencia,
se ordenará a ECOPETROL, o a quien haga
sus veces, que en el término de 10 días contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Luis Guillermo
Bermúdez Cárdenas.
De
igual manera, deberá reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre los
valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos
en los tres años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.
Para
terminar, la
Sala desea resaltar que en las circunstancias descritas precedentemente, se
advierte que en el caso del señor Luis Guillermo Bermúdez Cárdenas, se
configura además la violación a su derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia, pues tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la Sala de Casación Civil de la misma Corporación, y el Consejo de
Estado, le
negaron la garantía real y efectiva de obtener una decisión de las acciones de
tutela por él interpuestas, vulnerando con ello las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley. En este sentido, la Sala recuerda que
es obligación de los jueces de tutela emitir un fallo que se pronuncie sobre la
violación de los derechos fundamentales que se alega en la solicitud de tutela,
so pena de incurrir en una efectiva conculcación de los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva del
accionante.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo, y por mandato de la Constitución
Nacional.
RESUELVE
Primero: REVOCAR
parcialmente
la sentencia proferida el primero (1) de agosto de 2012 por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y el fallo
proferido el 4 de julio del mismo año por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en lo que tengan que ver con
la indexación de la primera mesada pensional del accionante; en su lugar, CONCEDER
el amparo a los derechos a la indexación de la primera mesada pensional y a
mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales del señor Yamil Abdala
Flórez,
en los términos referidos en la presente providencia.
Segundo: En consecuencia,
DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTO las sentencias del 8 de junio de 2011,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del
31 de octubre de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y la emitida por el Juzgado Dieciséis Laboral del
Circuito de Bogotá el 11 de mayo de 2007, dentro del proceso laboral ordinario
promovido por el señor Yamil
Abdala Flórez contra Laboratorios WYETH INC, en lo que tenga que ver con la
indexación de su primera mesada pensional.
Tercero:
ORDENAR a
Laboratorios
WYETH INC,
o a
quien haga sus veces, que en el término de diez (10) días, contados a partir de
la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Yamil
Abdala Flórez.
De igual manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre
los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada,
comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de esta
sentencia.
Cuarto: REVOCAR parcialmente la
sentencia proferida el 12  de julio de 2012 por la Sección Cuarta de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y el fallo proferido el 23
de mayo de 2012 por la Sala de Decisión N°5 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, en lo que tengan que ver con la indexación de la primera mesada
pensional de la accionante, en su lugar, CONCEDERel amparo a los
derechos a la indexación de la primera mesada pensional y a mantener el poder
adquisitivo de las mesadas pensionales a la señora Carmen Elisa Gómez Quintero,
en los términos referidos en la presente providencia.
Quinto: En consecuencia,
DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTO las sentencias del 25 de noviembre de
2011, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Tunja, y la  del
17 de septiembre de 2012, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del
Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso laboral ordinario promovido por
la señora Carmen
Elisa Gómez Quinterocontra
el Fondo Pasivo Pensional de Boyacá, en lo que tengan que ver con la indexación
de su primera mesada pensional.
Sexto:
ORDENAR
al
Fondo
Pasivo Pensional de Boyacá, o a quien haga sus veces, que en el término de 10
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a
indexar la primera mesada pensional de la señora Carmen Elisa Gómez Quintero. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.
Séptimo: REVOCAR parcialmente el
auto proferido el 10 de septiembre de 2012 por la sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, y el fallo del 16 de agosto de 2012, proferido por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en lo que tengan que
ver con la indexación de la primera mesada pensional del accionante, en su lugar, CONCEDER
el amparo a los derechos a la indexación de la primera mesada pensional y a
mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales del señor Luis
Guillermo Bermúdez Cárdenas, en los términos referidos en la presente
providencia.
Octavo: En consecuencia,
DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTO las sentencias del primero (1) de marzo
de 2011, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, del 30 de octubre de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, y la del 10 de febrero de 2008,
proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Barrancabermeja, dentro del
proceso laboral ordinario promovido por el señor Luis Guillermo Bermúdez Cárdenas contra
ECOPETROL, en lo que tenga que ver con la indexación de su primera mesada
pensional.
Noveno: ORDENAR a ECOPETROL, o a quien haga
sus veces, que en el término de 10 días contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Luis Guillermo
Bermúdez Cárdenas.
De
igual manera, deberá reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre los
valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos
en los tres años anteriores a la fecha de expedición de esta sentencia.
Décimo: Librar, por la
Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI
EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente
en comisión
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]En efecto, dado que la anterior no constituye una decisión de fondo, el
expediente fue radicado en la Secretaría de la Corte Constitucional, quien la seleccionó para su revisión en virtud del Auto 100 de 2008
(expediente T-3760579).
[2] Al expediente no se anexó dicho fallo, el relato de este hecho se tomó
de la sentencia del treinta (30) de noviembre de 2011 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Folio 1-3 del cuaderno 3.
[3] Mediante la Resolución 0095 de 2003 el Fondo Territorial de Pensiones
de Boyacá procedió a “ordenar el reajuste de la pensión del solicitante en
los términos del Decreto 2108 de 1992, es decir para el año de 1993 se aplicará
el reajuste en 12%, para el año 1994 el 12% y para el año 1995 se aplicará el
Reajuste en 4%, que empezará a regir a partir de las fechas en el artículo 1
del Decreto 2108 de 1992 y que se reconocerá el retroactivo con tres años de
antelación a la primera petición, en virtud del fenómeno de la prescripción”. Folio
13 del cuaderno 2.
[4] La Resolución 0095 de 2003 resolvió “reconocer el reajuste,
presentado a esta entidad por, Gómez Quintero Carmen Elisa, en consecuencia
ordenar que por intermedio de la Oficina de Pensionados, se reajuste la de
pensión de jubilación reconocida mediante Resolución N°. 841 del 6 de
septiembre de 1982, efectiva a partir del 6 de septiembre de 1981, en los
términos del Decreto 2108 de 1992”. (SIC)
[5] Folio 134, cuaderno 2
[6] En el expediente no se encuentra el auto mediante el cual el Consejo
de Estado remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de la acción de tutela.
[7] No se encuentran en el expediente las contestaciones referidas, éstas
fueron tomadas de la sentencia proferida por la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el dieciséis (16) de agosto de 2012.
[8]M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[9]En el primer Auto, la Sala Plena de esta Corporación señaló: Por lo tanto, si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto
Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier
autoridad pública y no solo en contra de las autoridades administrativas, y
así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales por vía de hecho y el
Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es evidente que lo
resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las
personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha
Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la
administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
Le corresponde por lo
tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las
solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.
Pese a lo anterior, no es posible, como regla general, que la respectiva Sala
de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas hubieren surtido el
trámite propio de las instancias.
En estos casos entonces,
con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes
para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud, y con el fin de que las personas
logren que se pueda disponer lo pertinente en relación con la revisión de
dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho de acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra Corporación de igual
jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran
violado. Es claro que el juez escogido por el actor o actores no podrá suscitar
conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su trámite.
Tampoco podrá negarse la
tutela respectiva con fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por
cuanto para estos casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración
sobreviniente del derecho de acceso a la administración de justicia justifica
la nueva interposición de la acción de tutela.
Finalmente, es necesario
dar un tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma
situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la misma
situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los
ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del
derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de
casación de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, en el Auto 100 de 2008
se precisó: Debido a la efectiva conculcación de los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de los
accionantes que puede tener lugar en casos similares al estudiado en la
presente decisión, en el cual a pesar que el peticionario hizo uso de la regla
fijada en el Auto 04 de 2004 y ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió ante otras autoridades
judiciales las cuales tampoco avocaron el conocimiento de la petición
presentada, en adelante, cuando se presente una situación semejante en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus
providencias, el tutelante tendrá la opción de (i)acudir a la regla fijada en
el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o (ii) solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión
proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción
de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite
fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para este
efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se
plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela.
[10] Sentencia T-352 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[11] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[12]Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el
acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, -
bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo
expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez
constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se
produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones
descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la
decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del
funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por
defecto orgánico.
[13]Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159/02
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “… opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por
ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido
declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
[14]Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01
(M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia
violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial
- presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que
aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por
parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar
armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la
plena eficacia de los derechos constitucionales.  Se trata de una suerte
de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber
desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en
la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con
vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.  En tales
casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido
proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede
apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos
estatales”.
[15]Cfr. Corte Constitucional, sentencia
T-292/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[16] Sentencia  T-310 del 30 abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[17] Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[18] La doctrina distingue entre las obligaciones dinerarias y las
obligaciones de valor, en las primeras “el acreedor obtiene, con la prestación
de la suma de dinero que constituye el objeto de su crédito, un poder
adquisitivo abstracto; en otras palabras, el dinero asume el carácter de una
auténtica mercancía que se adquiere como tal y se constituye en objeto de la
obligación del deudor, mientras que en las segundas “el dinero no es el objeto
propio, pero como la moneda tiene la función de ser el común denominador de
todos los valores, ella entra a ocupar el lugar del objeto propio, o sea, que
no es la prestación originaria sino una prestación sustitutiva”. Ernesto Jiménez Díaz, “La indexación en
los conflictos laborales” en Revista de Derecho Social, No. 32,
diciembre de 1991, p. 23-24.
[19]Jiménez Díaz, loc.
cit., p. 25.
[20]Cfr.
Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[21]Cf.
Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[22] Rad. 12, M. P. Rafael Baquero Herrera.
[23]Cfr.
Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[24]
Ver sentencias Rad. No. 7796 del 8 de febrero de 1996, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, Rad. No. 8616 de 1996 M. P. Fernando Vásquez Botero.
[25] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera,
sentencia del 13 de noviembre de 1991, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, radicación 4486, nota 51.
[26] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 22
de febrero de 2000, M.P. José Roberto Herrera, expediente 12.872. En igual
sentido, entre otras, sentencias 13.329 de 27 de enero de 2000, 12.895 y 13.166
de 2 de febrero de 2000, 12.725 y 13.251de 9 de febrero de 2000, 13.360 de 23
de febrero de 2000, y 13.591 de 29 de marzo de 2000, 13.744 de 16 de mayo de
2000.
[27]M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto
[28]M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto
[29]M.P.
Rodrigo Escobar Gi
[30]En sentencia de julio 31 de 2007, radicación N° 29022, M.P. Camilo Tarquino Gallego.
[31] Consultar,
entre otras, las Sentencias cuyos números de radicado son 34601 y 33423, de 6
de mayo de 2009 y 31 de marzo del mismo año, respectivamente. M.P. Luis Javier
Osorio López.
[32]Sentencia del 13 de febrero de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis
[33]Sentencia del 19 de octubre de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[34]Sentencia noviembre 1° de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[35]Sentencia SU-120 de 2003.
[36]T-663 de 2003, T-800 y T-815 de 2004 y T-098 de 2005.
[37]M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[38]M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[39]M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[40]M.P.
Rodrigo Uprymny Yepes
[41]M.P.
Jaime Araujo Rentería
[42]M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[43]M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto
[44]M.P.
Juan Carlos Henao Pérez
[45]M.P.
Juan Carlos Henao Pérez
[46] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera,
sentencia de 8 de agosto de 1982, M.P. Fernando Uribe Restrepo –en igual
sentido sentencia de mayo 19 de 1988-.
[47] Previsto no sólo en el artículo 53 constitucional sino también en el
artículo 21 del C. S. T.
[48] La Corte ha definido que “aquella providencia que, de manera flagrante, vulnera el principio de
favorabilidad queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud
que origina una vía de hecho” –T- 567 de 1998.
[49] Sentencia T-01 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[50]M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[51] M.P  Hernando Herrera Vergara
[52] M.P José Gregorio Hernández Galindo
[53] M.P Antonio Barrera Carbonell
[54] M.P Marco Gerardo Monroy Cabra
[55] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[56] M.P. Manuel José Cepeda
[57]M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[58]M.P. Jaime Córdoba Triviño
[59]M.P. Clara Inés Vargas
[60]M.P. Rodrigo Escobar Gil
[61]M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva
[62] Al respecto, por ejemplo, en la sentencia
C-891A de 2006, la Corte declaró la
exequibilidad de la expresión “y se liquidará con base en el promedio de los
salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el
artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “en cuanto éste siga produciendo efectos,
y bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC certificado por
el DANE.”
[63]  Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[64]M.P.
Juan Carlos Henao Pérez
[65] Al respecto ver la sentencia T-901 de 2010.
[66] Al respecto, ver sentencia C-228 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[67] Ver la sentencia C-252 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[68] En el expediente no se encuentra el auto mediante el cual el Consejo
de Estado remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia para el conocimiento de la acción de tutela.
[69] En varias oportunidades la Corte Constitucional ha considerado procedente el amparo de tutela, aun en los casos en los
cuales proceda el recurso extraordinario de casación. Los motivos por los que
el Alto Tribunal ha defendido esta posición son: i) la falta de
defensa técnica,“la cual constituye razón suficiente para descartar el
posible agotamiento de los recursos de reposición, apelación y casación”(ver
sentencias T- 395 de 2010 y T-352 de 2012); ii) el trámite ordinario de un
recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia puede extenderse por
varios años, lo que expone al interesado a largas esperas para la definición de
sus derechos y su real protección; lo cual en asuntos de pensiones y de
indexación pensional, por la edad de los accionantes, puede conllevar a que
cuando se emita la decisión judicial, el interesado ya no exista; y iii) la
casación no es el medio idóneo de protección de los derechos de las personas
que solicitan la indexación pensional, por cuanto, el estado actual de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, demuestra que esta Corporación
se niega rotundamente a indexar las pensiones causadas antes de 1991 (ver
sentencias SU-1073 de 2012, T-007 de 2013 y T-067 de 2013).
[70]Folio
12 del cuaderno 2.
[71]Ver
folio 86 del cuaderno 2.
[72]Ver
folio 73 del cuaderno 2. No se logra leer el día.
[73]Sentencia
T- 352 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
[74] Sentencia SU-1073 de 2012 y T-007 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[75] Auto 141B de 2004. M.P. Álvaro
Tafur Galvis, Sentencia T-744 y T-458 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[76] Sentencia T-007 de 2013. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[77] Ver solios 3-6 del cuaderno 2
[78]Sentencia
T-067 de 2013. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
[79]Ver
fallo 799 de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y
1252 de 1999, proferido por el Consejo de Estado.