C-107-18
Sentencia C-107/18
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Valor jurídico y fuerza vinculante
COSA JUZGADA MATERIAL-Concepto y alcance
COSA JUZGADA MATERIAL-Condiciones
El fenómeno de la cosa juzgada
material opera, así, respecto de los contenidos específicos de una norma
jurídica, y no respecto de la semejanza del problema jurídico planteado en la
demanda con el ya decidido en un fallo anterior.
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional/ CONCEPTO DE
VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes
POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO-Competencia del Legislador
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA
EN POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO-Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA
CRIMINAL DEL ESTADO-Límite/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA CRIMINAL-Control de límites
RESPONSABILIDAD PENAL OBJETIVA-Proscripción constitucional/RESPONSABILIDAD
PENAL-Alcance
INIMPUTABLES-Atención Integral/INIMPUTABLES-Concepto
CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Sistema de responsabilidad
penal de menores
CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-Consideró al menor como
inimputable
CODIGO PENAL COLOMBIANO-Funciones de la pena
MEDIDAS DE SEGURIDAD-Finalidad
MEDIDAS DE SEGURIDAD-Mínimo de duración
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES-Examen de evaluación de
inimputabilidad
DECLARACION DE INIMPUTABILIDAD-Concepto jurídico/ DECLARACION DE
INIMPUTABILIDAD-Competencia del Juez/DECLARACION DE INIMPUTABILIDAD-Valoración
de pruebas de acuerdo con el principio de la sana crítica
INMADUREZ PSICOLOGICA-Definición
TRASTORNO MENTAL-Definición
El trastorno mental es
una disfunción o anomalía mental lo suficientemente severa como para impedir a
la persona, comprender la ilicitud de su conducta o autodeterminarse con base
en dicho conocimiento; generalmente se sustenta en un diagnóstico clínico de
acuerdo a los parámetros y criterios de clasificaciones internacionales
vigentes como la CIE o el DSM
TRASTORNO MENTAL-Tipos
MEDIDAS DE SEGURIDAD-Aplicación a inimputables
La medida
de seguridad es la privación o restricción del derecho constitucional
fundamental a la libertad, que impone judicialmente el Estado a la persona que
luego de cometer un hecho punible es declarada inimputable, con base en el
dictamen de un perito siquiatra, y por medio de la cual se busca la curación,
tutela y rehabilitación del acusado. Según el artículo 69 del Código Penal son
medidas de seguridad: “1. La internación en establecimiento psiquiátrico o
clínica adecuada, 2. La internación en casa de estudio o trabajo y 3. La
libertad vigilada
MEDIDAS DE SEGURIDAD-Máximo de duración/MEDIDAS DE SEGURIDAD-Suspensión
Referencia: Expedientes D-12608 y D-12625(Acumulados)
Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el parágrafo primero del artículo 116A de la Ley
599 de 2000, adicionado por el artículo primero de la Ley 1773 de 2016.
Demandantes: David
Castañeda Arrubla, Julio Cesar Vargas Hernández y John Alejandro Quintero Parra
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Santa
Marta, treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de conformidad con el
procedimiento establecido en el Decreto 2067 de 1991 y el Acuerdo 02 de 2015, procede a emitir
la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, los
ciudadanos David Castañeda Arrubla y Julio Cesar Vargas Hernández (Expediente
D-12608), así como el señor John Alejandro Quintero Parra (Expediente D-12625),
demandaron el artículo 116A del Código Penal, adicionado por el artículo
primero de la Ley 1773 de 2016. En vista de la coincidencia total en la norma
acusada, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión llevada a cabo el
21 de marzo de 2018, resolvió acumular los expedientes, para que fueran
tramitados de manera conjunta.
En Auto de 10 de abril de 2018, el
Magistrado sustanciador decidió admitir la demanda D-12608, dispuso su
fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador
General de la Nación para los efectos de su competencia. En la misma
providencia ordenó comunicar la iniciación del proceso a la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República, al Presidente del Congreso de la República,
al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la
Fiscalía General de la Nación, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y a la Defensoría del Pueblo, para que, si lo estimaban conveniente,
intervinieran dentro del proceso, con el propósito de impugnar o defender la
exequibilidad de la disposición acusada.
Además, invitó a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a la Corporación Excelencia a la Justicia, al Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), al Instituto Colombiano
de Derecho Procesal (ICDP), al Centro Colombiano de Derecho Procesal
Constitucional (CCDPC), a la Fundación Reconstruyendo Rostros, así como a los
Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Javeriana, Rosario,
Libre, Nacional, de Caldas, del Norte, de Antioquia y Nariño, para que, si lo
estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso de la referencia,
De
otra parte, en relación con el proceso D-12625, el Magistrado sustanciador resolvió
inadmitir la demanda con el fin de que fuera corregido el requisito de
legitimación para ejercer la acción pública de inconstitucionalidad. Vencido el
término para tal efecto, el Ponente, mediante Auto de 2 de mayo de 2018,
decidió su admisión definitiva y la continuidad del trámite, toda vez que el
demandante acreditó su condición de ciudadano.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de las
demandas de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el artículo
demandado y se subraya el texto que, desde la perspectiva de los demandantes,
incurre en un escenario inconstitucional.
“LEY 1773 DE
2016
Por medio de la
cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el
artículo351de la Ley 906 de 2004
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
Artículo1º. Adiciónese el
artículo 116A a la Ley 599 de 2000, de la siguiente
manera:
Artículo. 116A. Lesiones con
agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. El que cause a
otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente
químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al
entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento
cincuenta (150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento
veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando la conducta cause deformidad
o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, la pena será
de doscientos cincuenta y un (251) meses a trescientos sesenta (360) meses de
prisión y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Si la deformidad afectare el
rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.
Parágrafo. En todo caso
cuando proceda la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no
podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo.
Parágrafo 2°. La tentativa en
este delito se regirá por el artículo 27 de este código.”
III. ACLARACIÓN EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN Y EL
MÉTODO UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LOS CARGOS DE LAS DEMANDAS
Debido a la similitud de las razones expuestas para
solicitar la inconstitucionalidad de la disposición acusada, en la presente
sentencia se agruparán los cargos impetrados, señalando a continuación las
intervenciones, el concepto del Procurador General de la Nación y las
respectivas consideraciones de este Tribunal.
IV. LAS DEMANDAS
Los demandantes consideran que la norma
transcrita, en el parágrafo demandado, quebranta mandatos superiores como la
dignidad humana (art. 1°), la igualdad (art. 13), la libertad (art. 28 ), el
debido proceso (art. 29) y el deber del Estado de garantizar a los inimputables
el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su recuperación y
rehabilitación social (art. 47 y 49), así como principios rectores del Código
Penal, en particular, los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad (art.
3°), además de las finalidades de las medidas de seguridad (art. 5°) y el
principio de culpabilidad (art.12), al establecer un límite mínimo y un máximo
indeterminado de duración para las medidas de seguridad que se impongan a los
inimputables que causen lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares.
Los argumentos principales para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de
la norma son los siguientes:
En primer lugar, sostienen que el proyecto
de ley que originó la norma acusada fue una respuesta del legislador a una
serie de ataques con ácido que se venían presentando en el país,
específicamente, el caso Natalia Ponce de León. En virtud de lo anterior, el
Congreso de la República tipificó, de forma individual, el delito de “lesiones
con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares” y determinó que la
persona que incurriera en dicha conducta no sería objeto de ningún tipo de
beneficio u subrogado penal.
Afirman que el proyecto de ley,
inicialmente, no hacía alusión a las medidas de seguridad. Sin embargo, como paralelo
al trámite legislativo, se adelantó el proceso penal en contra del agresor de
Natalia Ponce de León y la defensa buscó que se le declarara inimputable porque
padecía de esquizofrenia paranoide, el Legislador, en primer debate del
proyecto en Senado, incluyó el parágrafo demandado. Lo anterior, con el fin de
evitar que el autor del mencionado delito se beneficiara de una medida de
seguridad, en lugar de ser condenado a una pena de prisión ejemplar, sin considerar
las implicaciones y la validez que tendría dicho precepto en el ordenamiento
jurídico. Sobre el particular, en la Gaceta del Congreso N° 684 de 2015, se
señala “Por último, se consagran dos parágrafos en el artículo, el primero
establece que la medida de seguridad, en caso de ser procedente de acuerdo a
las valoraciones del caso, no puede ser inferior que la pena. Esta aclaración
busca evitar la impunidad, frecuente en la mayoría de ataques con ácido, cuando
el victimario busca acceder a beneficios, como la sustitución de la pena,
valiéndose de maniobras fraudulentas para que los dictámenes determinen su
inimputabilidad.”
En ese contexto, los demandantes consideran
que la norma acusada desconoce el principio de dignidad humana, pues fija
un límite mínimo de duración para las medidas de seguridad que se impongan a
los inimputables que incurran en el referido tipo penal, sin tener en cuenta
que estos pueden recuperarse antes de que se cumpla dicho término y, por lo
tanto, ser privados de su libertad por más tiempo del estrictamente necesario
para su rehabilitación. También argumentan que la prolongación indefinida de
las medidas de seguridad vulnera el derecho a la libertad, consagrado en
el artículo 28 constitucional, pues lleva a internar a una persona por más
tiempo del estrictamente necesario para su recuperación. Explican que la causa
última de la limitación de la libertad, en los casos de las personas
inimputables, debe ser la especial condición del sujeto que implica que este
pueda atentar nuevamente contra el bien jurídico protegido y no la ilicitud de
la conducta. En ese sentido, consideran que las medidas de seguridad no solo
hacen parte de la política criminal del Estado, sino que también obedecen a la
obligación constitucional de éste de brindar una respuesta integral a las
personas en situación de debilidad manifiesta, por sus condiciones físicas,
sensoriales y psíquicas.
De igual manera, aducen que los
inimputables, por pertenecer a un grupo sujeto de especial protección
constitucional, gozan de un trato diferente, es por ello que cuando son declarados
penalmente responsables se les imponen medidas de seguridad, en lugar de una
pena de prisión. No obstante lo anterior, el Legislador, al regular la materia
objeto de cuestionamiento, prevé que los inimputables recibirán el mismo trato que
los imputables, pues en el supuesto de que sean condenados por los mismos
hechos (lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares), estos
deberán estar recluidos en un sitio de reposo por un tiempo, que no podrá ser
inferior al previsto para la pena privativa de la libertad, aun cuando ya no
necesiten el tratamiento. Además, sin la posibilidad de acceder a ningún
subrogado penal, como la libertad condicional, ni beneficios temporales, como
la rebaja de la pena por trabajo o estudio, ya que tales prerrogativas son solo
para la ejecución de las penas y no para las medidas de seguridad.
Bajo este
entendimiento, consideran que la disposición acusada transgrede el principio
de igualdad, pues aun cuando existen dos regímenes distintos de
responsabilidad penal, uno para imputables y otro para inimputables, el
legislador da el mismo tratamiento para ambos, ignorando que la ausencia de responsabilidad
de estos últimos y sus particulares condiciones, son factores determinantes
para la adopción de un tratamiento diferenciado.
Para demostrar lo anterior,
los demandantes exponen las principales diferencias que existen entre los
imputables y los inimputables, según el Comité Técnico del Consejo Superior de
Política Criminal. En primer lugar, señalan que los imputables realizan la
conducta punible con culpabilidad, es decir, comprenden la ilicitud de su
comportamiento y son capaces de determinarse según esa comprensión, mientras
que los inimputables no lo hacen, ya sea por inmadurez psicológica, trastorno
mental, diversidad sociocultural o estados similares. En ese sentido, para que
la conducta que realicen los imputables constituya un delito es necesario que
esta sea típica, antijurídica y culpable, entre tanto en el caso de los
inimputables, basta que la conducta sea típica, antijurídica para imponer la
consecuencia jurídica (medida de seguridad), obviamente sin que concurran
causales de ausencia de responsabilidad.[1]
En segundo lugar, advierten
que la consecuencia que se les atribuye a dichos sujetos por incurrir en un
delito es diferente, pues a los imputables se les aplica una pena, que busca la
prevención general y especial, la retribución justa y la reinserción social,
mientras que para los inimputables se prevén medidas de seguridad, que tienen
como función su protección, curación, tutela, y rehabilitación. En ese
contexto, el término de duración de las penas para los imputables será el previsto
en el tipo penal, entre tanto para las medidas de seguridad será lo que dure el
correspondiente tratamiento.
De acuerdo con lo
expuesto, advierten que existen notables diferencias entre los imputables y los
inimputables que hacen que no pueda aplicárseles el mismo tratamiento penal.
De otra parte, refieren
que los fines de la medida acusada son prevenir, disminuir u eliminar que se
cometa el delito de lesiones con agentes químicos, ácidos y/o sustancias
similares, respecto del cual han sido víctimas especialmente las mujeres, y evitar
que las personas, que incurran en el referido tipo penal, intenten engañar a la
justicia haciéndose pasar por inimputables para lograr que se les apliquen las
medidas de protección previstas para dicha población, las cuales tienen un
término de duración inferior al previsto en la ley para las penas de prisión.
Aducen que, si bien la
medida de fijar un término mínimo de duración para las medidas de seguridad que
se impongan por cometer el delito de lesiones con agentes químicos, ácidos y/o
sustancias similares resulta eficaz para evitar que los imputables quieran hacerse
pasar por inimputables, esta, a su vez, también afecta gravemente los derechos
de las personas en situación de discapacidad psíquica, quienes por su condición
y sin tener conciencia incurren en conductas delictivas.
Así mismo, indican que
a pesar de que la medida busca satisfacer un fin legítimo e importante, pues
pretende evitar que con la falsa inimputabilidad “los delincuentes logren
salirse con la suya”, éste no es imperioso, toda vez que no se ha visto un
fenómeno masivo en el que personas imputables consigan hacerse pasar por
inimputables. Además, consideran que el medio utilizado para alcanzar dicho fin
no es el adecuado, pues aun cuando una de las maneras de prevenir la
realización de un delito es advertir a los asociados sobre las consecuencias
que tendría cometerlo, esta no es apropiada para los inimputables, quienes, por
su condición, no miden las consecuencias de sus actos. Igualmente, consideran que
el legislador puede utilizar un mecanismo menos lesivo para conseguir el mismo
fin, como por ejemplo hacer controles y exámenes más estrictos para determinar
la inimputabilidad de una persona.
Adicional a lo anterior,
consideran que la norma demandada viola el principio de igualdad de los
inimputables que son condenados por el delito de lesiones por agentes químicos, ácidos y/o similares respecto de
los demás inimputables que son condenados por cualquier otro tipo de delito,
pues establece consecuencias jurídicas diferentes para sujetos que son iguales,
por ejemplo, un inimputable que comete el delito de homicidio, y que se le
impone como medida de seguridad la internación en establecimiento siquiátrico,
obtendrá su libertad tan pronto se recupere, mientras que un inimputable que
cometa el delito previsto en la disposición acusada y sea sometido a la misma
medida de seguridad deberá esperar por lo menos 12.5 años para tener su
libertad, sin importar cuando haya recuperado su normalidad psíquica.
Aunado a lo anterior,
si los dos inimputables sufrieran de un trastorno mental transitorio sin base
patológica, quien cometa el homicidio no será sometido a medida de seguridad
alguna, mientras que quien incurra en el delito de lesiones personales con
agentes químicos, ácido y/o sustancias similares deberá soportar una medida de
seguridad de por lo menos 150 meses, aun cuando no necesite ningún tratamiento.
De igual manera, consideran que la
disposición acusada desconoce el derecho al debido proceso y el principio de
legalidad, en especial, la prohibición de indeterminación, toda vez que no
prevé, con claridad, las consecuencias jurídicas que se derivan para los
inimputables de la realización del supuesto de hecho previsto en el artículo
116A. Al respecto, explican que la norma acusada fija tres escenarios distintos
para el tipo penal de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias
similares, con efectos indeterminados y menos favorables que para los demás
inimputables que cometan otro tipo de delito. En primer lugar, una conducta
general, con una sanción mínima de 12.5 años y un máximo de duración de 20
años. El segundo, cuando la conducta causa una deformidad o daño permanente,
pérdida parcial o total, funcional o anatómica y, por ende, la pena oscila entre
20.9 años y 30 años. Y, por último, un aumento de la pena hasta en una tercera
parte, cuando la deformidad afecta el rostro de la persona.
Advierten los accionantes que dichos
límites sobrepasan el máximo que ha establecido el Legislador para castigar a
los inimputables que realicen cualquier daño a los bienes jurídicos protegidos,
toda vez que, por ejemplo, el artículo 70 del Código Penal establece que
el inimputable por trastorno mental permanente se le impondrá medida de
internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de
carácter oficial o privado, por un máximo de duración de 20 años y el mínimo
aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto.
Igualmente, los artículos 71 y 72 consagran que el inimputable por
trastorno mental transitorio con base patológica o aquellos que no padezcan
trastorno mental se les impondrá una medida de seguridad de máximo 10 años de
duración y, finalmente, el artículo 79 faculta al juez penal, previo
dictamen de experto oficial, para suspender o cesar la medida de seguridad.
De acuerdo con lo anterior, consideran que
la disposición acusada establece un máximo indefinido para las medidas de
seguridad que se impongan a los inimputables que incurra en el mencionado tipo
penal y causen deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional
o anatómica a la víctima, pues, en estos casos, el límite mínimo de la medida será
de 20.9 años, término que sobrepasa el límite máximo previsto en el artículo 70
del Código Penal.
Lo mismo sucede en el caso del
inimputable, que padece un trastorno mental transitorio con base patológica, y
que incurre en el mencionado tipo penal pero no ocasiona deformidad o daño
permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica, pues en este
supuesto el límite mínimo de duración de la medida será de 12.5 años, aun
cuando el artículo 71 del Código Penal señala que para estos casos el límite máximo
es de 10 años. En ese contexto, las sanciones que establece la norma acusada también
resultan contrarias al principio de favorabilidad en materia penal.
Así mismo, aducen que la disposición
acusada desconoce el principio de legalidad de la sanción, según el
cual, la pena o medida de seguridad que se ha de imponer a quienes incurran en
comportamientos, actos o hechos proscritos en la Constitución y la ley debe ser
clara, precisa y concreta, toda vez que se evidencia una clara contradicción entre
el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1773 de 2016 y la legislación penal,
específicamente, en lo que se refiere al Capítulo IV (de las medidas de
seguridad), artículos 70, 71, 72, 77 y 79 del Código Penal. En ese sentido,
consideran que la Ley 1773 de 2016 no solo crea el artículo 116ª acusado, sino
que además modifica todo el Capítulo IV del Título IV del Código Penal referente
a las medidas de seguridad.
De igual manera, manifiestan
que la norma demandada viola el principio constitucional de necesidad de las
penas, al establecer límites mínimos para las medidas de seguridad que se
impongan a los inimputables que incurran el delito de lesiones por agentes
químicos, ácido y/o sustancias
similares, pues dichas medidas solo son necesarias hasta que se cumpla con su
objetivo, esto es que el inimputable se rehabilite. Así pues, una
vez el inimputable deje de necesitar la curación, tutela y rehabilitación, ya
no habrá necesidad de imponer o mantener una medida de seguridad.
Del
mismo modo, señalan que el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1773 de 2016
desconoce el principio de seguridad jurídica, toda vez que modificó, de
forma arbitraria, el régimen de medidas de seguridad para los inimputables que
incurran en el delito de lesiones con agentes químicos, ácidos y/o sustancias
similares, sin antes considerar las consecuencias de dicho cambio. Lo anterior,
toda vez que la única razón que tuvo el Legislador para establecer un límite
mínimo a las medidas de seguridad[2]
fue evitar situaciones en las que podía presentarse impunidad, pues es posible
que los victimarios de este delito “busquen acceder a beneficios, como la
sustitución de la pena, valiéndose de maniobras fraudulentas para que los
dictámenes determinen su inimputabilidad”.
En ese sentido, advierten que
los argumentos utilizados por el legislador para imponer un límite mínimo a las
medidas de seguridad son deficientes e insuficientes, pues desconocen que
dichas sanciones se imponen a los inimputables en razón a su especial condición,
la cual hace que sean sujeto de tutela, protección, curación y rehabilitación,
sin que estas sean sinónimo de impunidad. Además, refieren que con la norma
acusada se buscó disuadir a las personas de cometer maniobras fraudulentas para
ser declarados inimputables. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que en el ordenamiento
penal ya se han tipificado conductas para evitar que esto suceda, como son: falsedad
en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal y falso
testimonio, por consiguiente, resulta desproporcionado imponer dicha carga a
los inimputables. Esta
circunstancia, concluyeron los demandantes, desconoce que las medidas de
seguridad no se instituyeron para defraudar a la administración de justicia,
sino por el contrario para reconocer la especial situación de los inimputables,
quienes requieren de la adopción de medidas especiales y diferenciadas.
Aunado a lo anterior,
afirman que la norma demandada desconoce los principios rectores del Código
Penal que orientan la aplicación de
las medidas de seguridad, por ejemplo, el artículo 5º prevé que estas tendrán como
función: la protección, curación, tutela y rehabilitación del inimputable, es
decir, que los inimputables no
están sometidos a la sanción penal con fines expiatorios, preventivos o
retributivos. Lo anterior, además se
materializa en los artículos 70, 71, 72, 74, 75, 76 y 77 que establecen que la
medida cesará cuando el inimputable se encuentre rehabilitado, sin importar el
tiempo que haya pasado. Así mismo, que no habrá lugar a imponer ninguna medida
de seguridad cuando el trastorno mental sea transitorio y sin base patológica,
pues el inimputable no tendrá necesidad de tratamiento. Finalmente, que el
límite mínimo de duración de las medidas de seguridad dependerá de las
necesidades de asistencia o tratamiento en cada caso.
Así visto, consideran que el único
criterio válido para delimitar la duración de las medidas de seguridad es el
tiempo que los inimputables necesitan para lograr su recuperación psíquica. De
hecho, estiman que el tiempo de internación del inimputable no puede depender
de la duración prevista para el tipo penal, como si se tratara de una sanción,
sino de la duración que toma el tratamiento, de acuerdo con las finalidades
previstas por el Legislador, y los principios de proporcionalidad, racionalidad
y necesidad de la medida que debe acatar el operador judicial.
Por último, aducen que el parágrafo primero del artículo 116A de la
Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo primero de la Ley 1773 de 2016
desconoce los artículos 47 y 49 de la
Constitución Política, que establecen
el deber del Estado de garantizar a los inimputables el acceso efectivo a la
atención y asistencia médica para su recuperación y rehabilitación social.
V. INTERVENCIONES: ARGUMENTOS
PRINCIPALES
5.1. La mayoría de los intervinientes -Las
Universidades Javeriana y Libre de Colombia, el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Corporación Excelencia
en la Justicia- solicitaron a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad
de la norma demandada. A efectos de lograr claridad en la exposición de los
argumentos de los intervinientes, dada la coincidencia entre ellos, la Sala
expondrá, en su orden, las razones que sustentan el anterior pedimento.
Argumentan los intervinientes que la razón
del trato diferenciado entre imputables e inimputables, es que el derecho penal
colombiano adoptó un sistema de responsabilidad basado en el acto y no en el
autor. Esto significa que el concepto de la culpabilidad adquiere mucha más
importancia, en tanto se erradicó toda forma de responsabilidad objetiva[3].
Señalan que la culpabilidad parte del reproche que es necesario adelantar
contra quien realiza la conducta antijurídica -siendo consciente y capaz-,
cuando su deber era comportarse de conformidad con el ordenamiento legal dadas
las circunstancias en que se encontraba.
Indican que, de otra parte, el inimputable
que encontrándose en un estado de inmadurez psicológica o de trastorno mental
incurre en una conducta típica y antijurídica, actúa sin culpabilidad porque no
comprende el significado de su acción y, por tanto no tiene posibilidad de
dirigirse de conformidad con esa comprensión[4].
Asimismo, como se parte de supuestos disímiles, hacen énfasis en que las
sanciones que deben aplicarse a los imputables deben ser distintas a las que
recaen sobre los inimputables. En efecto, las penas y medidas de seguridad, aun
cuando se identifican en la lucha común contra el delito, encuentran
finalidades diversas, pues, mientras la primera tiene una función retributiva,
preventiva, protectora y resocializadora; las segundas persiguen la protección,
curación, tutela y rehabilitación de la persona.
En lo que tiene que ver con la duración de
la medida de aseguramiento, aducen que, en un principio, se advirtió que
aquella debía ser indefinida porque el establecimiento de topes temporales
olvidaba la naturaleza misma de la figura debido a la imposibilidad que
comporta prever cuándo se curaría la persona y, en consecuencia, cuándo dejaría
de ser peligrosa. No obstante, enseñan que con posterioridad algunas
legislaciones fieles a la influencia del positivismo criminológico, decidieron
no fijar un límite máximo de duración para las medidas, pero sí uno mínimo. El
sustento para ello era imprimir una eficacia intimidatoria a la sanción y
garantizar la defensa de la sociedad[5].
Indican que tal tesis autoritaria ha sido abandonada
en los tiempos actuales. Prueba de ello es que, en nuestro sistema, los
artículos 69, 70, 71 y 75 del Código Penal, establecen que las medidas de
seguridad tendrán una duración máxima de 20 años en el caso de quienes atraviesan
un trastorno mental de carácter permanente al momento de cometer el ilícito, o
de 10 años cuando el trastorno sea transitorio con base patológica. Amparados
en jurisprudencia de la Corte Constitucional, los intervinientes consideran que
solo este tipo de límites máximos son compatibles con la Carta, pues, es
imperativo impedir que las medidas se conviertan en una especie de cadena
perpetua[6].
En consecuencia, los intervinientes
consideran que la imposición de términos mínimos de duración para las medidas
de seguridad, contraría la función rehabilitadora de la misma,
desnaturalizándola y convirtiéndola en una pena al dotarla de una finalidad
retributiva. Esto, en su criterio, desconoce los postulados del derecho penal
de acto y el principio de la dignidad humana, precisamente porque el
inimputable debe recuperar su libertad al momento en que restablezca su
capacidad síquica y no mucho tiempo después.
Aunado a lo anterior, los
intervinientes recuerdan que, en virtud del principio de igualdad material,
debe tratarse de manera idéntica a los iguales y diferenciada a los desiguales.
También que, siguiendo lo prescrito por el artículo 13 Superior, el Estado
tiene la obligación de proteger en mayor medida a los inimputables porque
cuentan con una capacidad mental menor o incluso nula. Las medidas de seguridad
deben ser muestra de ello y por eso están llamadas a procurar la rehabilitación
de la persona, no el castigo[7].
Señalan que la norma acusada brinda un trato desigual a sujetos que,
encontrándose en la misma condición de inimputabilidad, cometen otros delitos
castigados por el Código Penal. En efecto, al inimputable que incurre en la
conducta punible del artículo 116A se le impone una medida de seguridad que
durará 12 años y medio o 21 años, cuando quien, cometiendo otro delito en las
mismas circunstancias de discapacidad mental, recibirá un tratamiento cuya
duración dependerá del tiempo que tome su curación[8].
Para los intervinientes, el ánimo de
evitar la impunidad que se genera cuando, en casos de ataques con ácido, el
victimario busca escapar de la sanción penal valiéndose de maniobras
fraudulentas para ser declarado inimputable, no es razón suficiente para la
inclusión del parágrafo demandado; al contrario, no es claro como otorgar un
tiempo mínimo a la medida de seguridad contribuiría a esta finalidad de forma
idónea y necesaria. Señalan que con esto último se parte de que existen quienes
buscan declarar su inimputabilidad a partir de simulaciones. Sin embargo, lo
cierto es que la medida afectaría incluso a quien no se halle inmerso en esas
prácticas, esto es, a quien ciertamente se encuentre en la imposibilidad para
comprender su ilícito; lo cual resulta desproporcionado[9].
Así mismo, aducen que si las medidas de
seguridad y las penas han sido creadas con finalidades distintas, no tiene
entonces ningún sentido buscar equipararlas. Medidas como estas desconocen que
el derecho penal debe tener un enfoque humanístico basado en el respeto por la
dignidad humana[10].
5.2. El Ministerio del Interior, por su parte,
solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la norma acusada. El
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica aduce que la mencionada disposición defiende
la dignidad humana, no solo de quienes han sido víctimas de un ataque con
ácido, sino también de todos los ciudadanos que podrían verse afectados por este
flagelo a futuro, para lo cual es legítimo introducir en la legislación penas
ejemplarizantes a fin de desincentivar el delito.
También estima que, respecto de los
principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, la interpretación de
los demandantes es un yerro por cuanto la norma establece un derrotero a seguir
siempre que se incurra en esta agresión y ello no impide que el inimputable
pueda exponer su condición ante la autoridad competente, así como tampoco le
imposibilita para recibir el tratamiento diferenciado que requiera. Al momento
de valorar la inimputabilidad, la autoridad estaría obligada a seguir los
lineamientos expuestos desde el artículo 69 hasta el 81 del Código Penal.
Respecto al reproche relacionado con que
resultaría desproporcionado e innecesario que los inimputables contaran con
medida de seguridad aun después de haberse rehabilitado, el Ministerio recuerda
que la norma castiga “uno de los delitos más atroces a los que se ve
sometido un ser humano”. Así, en su concepto, que la medida de seguridad
dure únicamente el tiempo que tome el tratamiento de la persona para lograr su
curación, quebrantaría los derechos de las víctimas, quienes esperan justicia,
al tener que afrontar en adelante las consecuencias del ataque sobre su cuerpo
y salud; además, expondrían al conglomerado a la práctica indiscriminada de la
conducta referida en el precepto.
Finalmente, respecto al hecho de que un
inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica pudiese, en
virtud de la norma demandada, superar el tiempo máximo de la medida de
seguridad previsto por el artículo 71 del Código Penal; el Ministerio consideró
que los demandantes pretenden comparar dos normas de rango legal y, por ello, la
Corte no podría juzgar la inconstitucionalidad de la medida. Además, en caso de
que una persona ataque con ácido a otra, la sanción que recaería sobre él
tendría que ser la especial prevista en el parágrafo del artículo 116A,
precisamente por la suma gravedad que comporta el ilícito. De cualquier forma,
el inimputable seguiría contando en el proceso penal con los beneficios que se
reconocen a cualquier procesado y con ello se respetaría el debido proceso.
4.3. Como pretensión subsidiaria, la Universidad
Javeriana solicitó la declaratoria de cosa juzgada constitucional[11].
Al respecto, considera que la norma demandada es una reincorporación al
ordenamiento jurídico de un precepto ya declarado por esta Corte como
inconstitucional. Estima esa institución que existe identidad de objeto de
control y cargos de inconstitucionalidad entre la presente causa y la Sentencia
C-176 de 1993, porque, tanto en esa oportunidad, como en esta, se demanda una
norma que pretende imponer términos mínimos a la duración de las medidas de
seguridad y los demandantes resaltan el desconocimiento de las mismas garantías
constitucionales.
4.4. Finalmente, el Ministerio del
Interior y la Universidad Libre solicitaron a la Corte emitir un fallo inhibitorio.
Sobre el particular, señalaron, sin ahondar en muchos detalles, que si bien
los demandantes describieron la existencia de una presunta vulneración de
principios constitucionales por evidenciarse un trato igual entre distintos,
sin que se observara un fundamento constitucional que lo justificara, lo cierto
es que las razones que presentaron no fueron claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes. Particularmente, el Ministerio del Interior
consideró que los cargos presentados contra la norma, corresponden a una especial
interpretación que los accionantes tienen de ella y que, en manera alguna, la
vicia de inconstitucionalidad.
VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL
DE LA NACIÓN
Mediante el Concepto N°. 6404 del 27 de
junio de 2018, la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte
Constitucional declarar inexequible el parágrafo primero del artículo
116A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 1º de la Ley 1773 de
2016. Para el Ministerio Público, la norma acusada, al establecer que el
término de duración de las medidas de seguridad, en el delito de lesiones con
agentes químicos, ácido y/o sustancias similares, no puede ser inferior al término
previsto para la pena de prisión, en efecto, vulnera los principios a la
dignidad humana, igualdad, libertad, debido proceso, así como los principios de
legalidad, necesidad y seguridad jurídica. Los argumentos principales para
solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la norma fueron los siguientes:
(i) Desconocimiento de
un tratamiento diferenciado por parte del Estado: Sostiene que la
fijación de topes mínimos para las medidas de seguridad, independiente del tipo
penal, es inconstitucional, pues la recuperación de la libertad para el
inimputable depende, únicamente, del restablecimiento de la capacidad psíquica.
Esta distinción en el ordenamiento jurídico se debe a la diferencia de trato
que desde tiempo atrás se ha establecido entre imputables e inimputables, así
como entre penas y medidas de seguridad. Por ello, para la Procuraduría, en
atención a disposiciones constitucionales y pactos internacionales, el Congreso
de la República debió procurar, al regular este tipo de lesiones, un
tratamiento especial y digno para los inimputables, que respete los fines de
rehabilitación y recuperación de la salud que tienen las medidas de seguridad.
(ii) Desconocimiento de
un tratamiento igualitario entre inimputables: Para el
Ministerio Público, el argumento de los demandantes, en el sentido de plantear
una vulneración del derecho a la igualdad analizando la situación de los
inimputables respecto de los imputables es equivocado, pues se trata de
situaciones jurídicas disímiles y, por ende, no pueden ser objeto de
comparación. Sin embargo, expone que si los sujetos de cotejo son los
inimputables entre sí, es decir, los responsables de cualquier tipo penal y los
que realizan el punible señalado en la norma acusada el cargo por igualdad
prospera. Ello, en razón a que mientras para el resto de tipos penales el
internamiento depende de las necesidades del tratamiento, para la conducta
demandada el término depende de la gravedad e ilicitud de la conducta, lo que
resulta contrario a las reglas generales establecidas en el Código Penal (art.
69 al 71), que se sustentan en criterios diferentes al temporal.
Afirma que dicha diferencia de trato no se
justifica constitucionalmente, toda vez que la medida acusada, aun cuando
persigue fines legítimos como evitar la impunidad o desestimular que se cometa
el referido tipo penal, esta no es adecuada, pues, aunque puede evitar que
falsos inimputables se beneficien con sanciones menos severas, no garantiza que
deje de existir impunidad, entendida como la inexistencia de responsabilidad
penal por parte de los autores de los delitos, ya que el establecimiento de
medidas de seguridad para los inimputables, con los fines y condiciones mencionados,
lejos de pasar por alto la responsabilidad penal, busca ser coherente con los
principios, atendiendo la situación de los inimputables.
Aduce que la medida tampoco desestimula la
realización de este tipo de conductas punibles, pues los inimputables son
individuos que al momento del delito no pueden comprender la ilicitud de su
conducta, o no se pueden determinar de acuerdo con esa comprensión. Por ende,
las medidas que se adopten en materia penal se deben sumar a otras de diferente
orden para enfrentar adecuada y eficazmente esta terrible problemática.
(iii) Fijación de un
término máximo de duración indeterminado: Advierte que la norma acusada no
establece expresamente un término máximo de duración de las medidas de
seguridad. Sin embargo, al no incluir una regla especial de aplicación es
necesario acudir a las normas generales que regulan dichas medidas, señaladas en
los artículos 69 a 81 del Código Penal.
De acuerdo con dichas disposiciones,
cuando se trate de un inimputable por trastorno mental permanente, la medida de
seguridad tendrá un máximo de duración de veinte (20) años, mientras que, si se
trata de un inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica,
la duración máxima será de diez (10) años. Cuando se trate de inimputables que
no padezcan trastorno mental se les impondrá la medida por un máximo de diez
(10) años, y cuando la conducta punible tenga señalada pena diferente a la
privativa de la libertad, la medida de seguridad no podrá superar el término de
dos (2) años. Ahora, si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno
mental transitorio sin base patológica, o si se trata de trastorno mental
transitorio con base patológica y esta desaparece antes de proferirse la sentencia,
no habrá lugar a la imposición de medidas de seguridad.
Del mismo modo, los mencionados artículos
prevén que el mínimo de duración de la medida dependerá de las necesidades de
tratamiento o asistencia en cada caso concreto, así como que dichas medidas
cesarán cuando se establezca que la persona se ha rehabilitado. Por último, señalan
que el término para el cumplimiento de las medidas de seguridad en ningún caso
podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del
respectivo delito, y la posibilidad de la suspensión provisional de las mismas.
De otra parte, el artículo 116ª del Código
Penal establece que la persona que cometa el delito de “lesiones con agentes
químicos, ácido y/o sustancias similares” incurrirá en pena de prisión de
12.5 a 20 años, pero si causa “deformidad o daño permanente, pérdida parcial
o total, funcional o anatómica”, la pena será de 20.1 a 30 años de prisión
y si la deformidad afecta el rostro, la pena se aumentará en una tercera parte.
De acuerdo con lo anterior, el Jefe del
Ministerio Público concluye que no es posible aplicar las reglas generales del
Código Penal para determinar el término máximo de duración de las medidas de
seguridad que se impongan por cometer la conducta prevista en el artículo 116A,
pues, primero, dicha disposición las contradice, segundo, se refiere a ellas de
manera genérica, sin distinguir condiciones de aplicación y por último, estas
se sustentan en un criterio temporal esencialmente diferente al que atiende la
situación del inimputable, que es su rehabilitación.
En ese contexto, los inimputables a
quienes se les imponga una medida de seguridad por la conducta tipificada en el
artículo 116A del Código Penal podrán conocer el término mínimo de duración, el
cual será el de la pena, correspondiente a 12.5 años de prisión, pero no el
máximo, toda vez que esta disposición no incluyó una regla para establecerlo y tampoco
se pueden aplicar las normas generales que regulan las medidas de seguridad
para fijarlo. En ese sentido, considera que dicha disposición vulnera la
seguridad jurídica en relación con el debido proceso, pues todos los ciudadanos
tienen derecho a conocer las reglas que se les aplicaran, en concurrencia con
el principio de buena fe.
(iv) No se configura
cosa juzgada
En relación con el planteamiento que hace
la Universidad Javeriana respecto a que existe cosa juzgada constitucional en
virtud de la Sentencia C-176 de 1993, el Jefe del Ministerio Público considera
que la misma no se configura. Lo anterior, con base en los siguientes
argumentos:
Indica que en dicha oportunidad, la Corte
Constitucional resolvió una demanda formulada contra los artículos 94, 95 y 96
del Decreto 100 de 1980 (Código Penal derogado por la Ley 599 de 2000)
referentes a las medidas de seguridad. Según el actor, dichas disposiciones
vulneraban “la supremacía de la Constitución (artículo 4°), la prohibición
de imprescriptibilidad de la pena (artículo 28), el principio de legalidad y
seguridad jurídica (artículo 29), la prohibición de la prisión perpetua
(artículo 34), la obligación del Estado de adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social especializada para las personas en
situación de discapacidad física, sensorial, y psíquica (artículo 47) y la
obligación del Estado de garantizar y prestar el servicio de la seguridad
social”, toda vez que establecían un término máximo indeterminado para las
medidas de seguridad.
Frente
a dichas acusaciones, esta Corporación consideró que, en efecto, el carácter
indeterminado del tiempo máximo de duración de las medidas de seguridad que
establecían dichas normas era inconstitucional, toda vez que el artículo 34 de
la Carta Política prohíbe las penas perpetuas. Así mismo, que por unidad
normativa la fijación de topes mínimos de las medidas de seguridad también era
inconstitucional, pues la recuperación de la libertad por parte de los
inimputables no puede estar condicionada a cierto término sino al
restablecimiento de la capacidad síquica. En virtud de lo anterior, declaró
inexequible las expresiones “y un máximo indeterminado”, “tendrá un
mínimo de dos (2) años de duración” “tendrá un mínimo de seis (6) meses
de duración” y “tendrá un mínimo de un (1) año de duración”
consagradas en los artículos acusados.
En
ese contexto, el Ministerio Público considera que en relación con la sentencia
C-176 de 1993 no se cumplen los requisitos para que se configure la cosa
juzgada material, en sentido estricto, pues aunque existen similitudes entre
los textos examinados y sus efectos, y el referente constitucional para
analizar la norma no ha cambiado, en el presente caso el juicio de
constitucionalidad versa sobre una regla especial establecida por el legislador
en relación con el tipo penal “lesiones con agentes químicos, ácido y/o
sustancias similares”, según la cual la duración de las medidas de seguridad
no podrá ser inferior al término señalado para la pena, además, el contexto
normativo que los rodea es diferente.
VII.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
La competencia
Por
dirigirse la demanda en contra de un precepto que hace parte de una Ley de la
República, la Corte Constitucional es competente para conocerla y decidirla, de
conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 4º, de la
Constitución Política.
2. Cuestiones preliminares
Previo a cualquier pronunciamiento sobre
el fondo del asunto corresponde considerar algunos aspectos cuya resolución
puede incidir en la decisión a adoptar. En primer lugar, se debe precisar si
tiene lugar la existencia de cosa juzgada, en razón de lo decidido por esta
Corte en la Sentencia C-176 de 1993. Seguidamente, se debe clarificar si tienen
asidero los reparos formulados por algunos intervinientes[12], en relación con la
aptitud de los cargos planteados en las demandas.
2.1. La sentencia C-176 de 1993 y la cosa Juzgada material
en el asunto en estudio
El valor del instituto de la cosa juzgada
encuentra soporte en diversas razones, entre las cuales se destacan, de un
lado, la necesidad de materializar el valor de la seguridad jurídica, el cual
alcanza expresión concreta en la protección de la confianza y la buena fe de
quien se atiene a decisiones judiciales previamente adoptadas. De otro, en el
deber de defender la autonomía judicial no dando lugar a que se reabran debates
agotados por el juez competente[13].
En lo que concierne a los efectos que en
materia de cosa juzgada produce una decisión proferida por la Corte
Constitucional, se ha sentado: “(…) (i) Cuando la decisión ha
consistido en declarar la inconstitucionalidad de una norma, se activa la
prohibición comprendida por el artículo 243 conforme a la cual ninguna
autoridad puede reproducir su contenido material; (ii) en los casos en los que
la Corte ha declarado exequible cierta disposición respecto de determinada
norma constitucional, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que no
puede suscitarse un nuevo juicio por las mismas razones, a menos que ya no se
encuentren vigentes o hubieren sido modificadas las disposiciones constitutivas
del parámetro de constitucionalidad (…)”[14].
A
propósito de la tipología de la cosa juzgada, es oportuno recordar en este caso
la que alude a la cosa juzgada formal y a la cosa juzgada material. Respecto de
la primera, se ha establecido, de modo general, que tiene lugar cuando existe un pronunciamiento previo del juez
constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y
posterior escrutinio constitucional. En cuanto a la segunda, sucede cuando a
pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o
contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que
ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el
cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación.
En este contexto, ha precisado la doctrina constitucional que “la cosa
juzgada material se predica de la similitud en los contenidos normativos de
distintas disposiciones jurídicas y, en ningún caso, respecto de la
semejanza o coincidencia que exista entre el problema jurídico propuesto y el
que fue objeto de pronunciamiento en la decisión precedente.”[15]
(Subraya fuera del texto original)
En ese contexto, la Universidad Javeriana considera
que sobre la norma demandada opera el fenómeno de la cosa juzgada material, en
la medida en que, en la Sentencia C-176 de 1993, esta Corporación estudió el
mismo problema jurídico que debe resolver ahora, referente a la
constitucionalidad de disposiciones que fijan términos mínimos y máximos de
duración para las medidas de seguridad. Por el contrario, el Jefe del
Ministerio Público advierte que dicha figura no se presenta, pues aunque existen similitudes entre los textos
examinados y sus efectos, y el referente constitucional para analizar la norma
no ha cambiado, el juicio de constitucionalidad versa sobre una regla especial
establecida por el legislador en relación con el tipo penal “lesiones con
agentes químicos, ácido y/o sustancias similares”, según la cual la
duración de las medidas de seguridad no podrá ser inferior a la pena
establecida para el mismo delito. Además, el contexto normativo que los rodea
es diferente.
En
ese sentido, le corresponde a la Sala determinar si el contenido normativo de las
disposiciones jurídicas que fueron demandadas en la Sentencia C-176 de 1993 es
el mismo de la norma que ahora es objeto de estudio. Para facilitar esta labor,
se transcribirán los textos de dichos preceptos.
En
la Sentencia C-176 de 1993, la Corte resolvió la demanda formulada por el ciudadano Jaime Enrique Lozano contra
algunas expresiones de los artículos 94, 95 y 96 del Decreto No. 100 de 1980 “por
el cual se expide el nuevo Código Penal”, cuyo texto es el siguiente (se
subraya lo demandado):
“DECRETO N°
100 DE 1980
Por el cual se expide el
nuevo Código Penal
TITULO V.
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPITULO I. UNICO
Artículo 94.-  INTERNACION
PARA ENFERMO MENTAL PERMANENTE. Al inimputable por enfermedad mental
permanente, se le impondrá medida de internación en establecimiento
psiquiátrico o clínica adecuada, de carácter oficial, en donde será sometido al
tratamiento científico que corresponda. Esta medida tendrá un mínimo de dos (2)
años de duración y un máximo indeterminado. Se suspenderá condicionalmente
cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica.
Artículo 95.- INTERNACION
PARA ENFERMO MENTAL TRANSITORIO. Al inimputable por enfermedad mental
transitoria, se le impondrá la medida de internación en establecimiento
psiquiátrico o similar, de carácter oficial, en donde será sometido al
tratamiento que corresponda. Esta medida tendrá un mínimo de seis (6) meses de
duración y un máximo indeterminado. Transcurrido el mínimo indicado se
suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado
su normalidad psíquica.
Artículo 96. OTRAS MEDIDAS
APLICABLES A INIMPUTABLES. A los inimputables que no padezcan enfermedad
mental, se le impondrá medida de internación en establecimiento público o
particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación o
adiestramiento industrial, artesanal o agrícola. Esta medida tendrá un mínimo
de un (1) año de duración y un máximo indeterminado. Se suspenderá
condicionalmente cuando se establezca que la persona haya adquirido suficiente
adaptabilidad al medio social en que se desenvolverá su vida.
Según
se menciona en la referida sentencia, el actor consideró que dichas
disposiciones vulneraban la supremacía de la Constitución (artículo 4º de la Constitución), la
prohibición de la imprescriptibilidad de la pena (artículo 28 ibídem), el
principio de legalidad y seguridad jurídica (artículo 29 ibídem), la
prohibición de la prisión perpetua (artículo 34 ibídem), la obligación del
Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración
social especializada para las personas en situación de discapacidad física,
sensorial y psíquica (artículo 47 ibídem) y, la obligación del Estado de
garantizar y prestar el servicio de la seguridad social.
Para
resolver los cargos formulados, la Corte desarrolló varios temas referentes a:
(i) los antecedentes jurisprudenciales sobre la temporalidad de las medidas de
seguridad, (ii) la dignidad de las personas en el Estado Social de Derecho, en
especial, la de los inimputables, (iii) los conceptos de rehabilitación de las
personas en situación de discapacidad física, sensorial y síquica[16]
y (iv) la relación de las penas y las medidas de seguridad. Luego, de lo cual
concluyó que: “a) El
carácter indeterminado del tiempo máximo de duración de las medidas de
seguridad es inconstitucional porque el artículo 34 de la Carta prohíbe las
penas perpetuas.” Así
mismo, que “b) La fijación de topes mínimos de las medidas de seguridad es
inconstitucional porque la recuperación de la libertad por parte de los
inimputables no está condicionada a un cierto término sino al restablecimiento
de la capacidad síquica.”
En virtud de lo anterior, esta Corporación declaró la
inexequibilidad de las expresiones “y
un máximo indeterminado”, “tendrá un mínimo de dos (2) años de duración”,
“tendrá un mínimo de seis (6) meses de duración”, “tendrá un mínimo
de un (1) año de duración” y “Se suspenderá condicionalmente cuando se
establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica”,
consagradas en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto N° 100 de 1980.
Por
su parte, en el caso objeto
de estudio, el demandante formula la acusación contra el parágrafo 1° del artículo
1° de la Ley 1773 de 2016 “por medio de la cual se crea el artículo 116A, se
modifican los artículos 68A, 104, 113, 359 y 374 de la Ley 599 de 2000”. Dicha norma, se ocupa de fijar el término de duración
de la medida de seguridad que se imponga al imputado que haya incurrido en el
delito de lesiones por agentes químicos, ácido y/o sustancias similares, el
cual no podrá ser inferior al previsto para la pena de prisión. Textualmente,
dice la disposición:
“LEY 1773 DE
2016
Por medio de la
cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el
artículo351de la Ley 906 de 2004
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
Artículo1º. Adiciónese el
artículo 116A a la Ley 599 de 2000, de la siguiente
manera:
Artículo. 116A. Lesiones
con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. El que cause a
otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente
químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al
entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento
cincuenta (150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento
veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Cuando la conducta
cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o
anatómica, la pena será de doscientos cincuenta y un (251) meses a trescientos
sesenta (360) meses de prisión y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la deformidad
afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.
Parágrafo. En todo caso
cuando proceda la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no
podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo.
Parágrafo 2°. La tentativa en
este delito se regirá por el artículo 27 de este código.”
Los demandantes consideran que la norma
transcrita, en el parágrafo demandado, quebranta mandatos superiores como la
dignidad humana (art. 1°), la igualdad (art. 13), la libertad (art. 28 ), el
debido proceso (art. 29) y el deber del Estado de garantizar a los inimputables
el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su recuperación y
rehabilitación social (art. 47 y 49), así como principios rectores del Código
Penal, en particular, los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad (art.
3°), además de las finalidades de las medidas de seguridad (art. 5°), al
establecer un límite mínimo y un máximo indeterminado para las medidas de seguridad
que se impongan a los inimputables que causen lesiones con agentes químicos,
ácido y/o similares.
De
acuerdo con lo anterior, la
Sala advierte que los contenidos normativos de los artículos 94, 95 y 96 del
Decreto 100 de 1980, objeto de estudio en la Sentencia C-176 de 1993 y la
materia regulada en la norma demandada no son idénticos o
similares, pues en los primeros se consagran las medidas de seguridad de
internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada prevista para el
enfermo mental permanente y transitorio (artículos 94 y 95) y de internación en
establecimiento público o particular asignada para los inimputables que no
padezcan enfermedad mental, mientras que en el segundo, parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1773 de 2016,
se señala el término de duración de la medida de seguridad que se imponga al
imputado que incurra en el delito de “lesiones con agentes químicos, ácido
y/o sustancias similares”, el cual no podrá ser inferior a la pena
contemplada en este artículo. Como se observa la disposición acusada en este
expediente no se refiere a una medida de seguridad en específico ni tampoco
establece un término expreso de duración, sino que se remite al señalado para
la pena, además forma parte de un determinado tipo penal “lesiones con
agentes químicos, ácido y/o sustancias similares”. En ese sentido, la Sala considera
que no existe identidad entre los contenidos normativos de las referidas disposiciones
jurídicas.
Así mismo, se observa que el planteamiento que hace la
Universidad Javeriana, referente a la configuración de la cosa juzgada
material, surge porque esta Corporación, en la Sentencia C-176 de 1993, realizó
un estudio sobre la constitucionalidad de los términos mínimos y máximos
indeterminados de duración para las medidas de seguridad, es decir, resolvió un
problema jurídico similar al que debe resolverse en esta oportunidad. Sobre el
particular, esta Corporación, en Sentencia C-1064 de 2001, advirtió “El fenómeno de la cosa juzgada material opera,
así, respecto de los contenidos específicos de una norma jurídica, y no
respecto de la semejanza del problema jurídico planteado en la demanda con el
ya decidido en un fallo anterior.”
De
conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera
que respecto del parágrafo
1° del artículo 1° de la Ley 1773 de 2016 no
se configura la cosa juzgada material, en virtud de la Sentencia C-176 de 1993.
En consecuencia, pasa la Sala a estudiar
la aptitud de las acusaciones de fondo.
2.2. La aptitud de los cargos
Otro
asunto de relevancia jurídica a valorar preliminarmente lo constituye el cuestionamiento
presentado por el Ministerio del Interior y la Universidad Libre a la
formulación de los cargos, según los cuales, la varias veces citada norma de la
Ley 1773 de 2016 vulnera los artículos 1°, 13, 28, 29, 47 y 49 de la
Constitución Política, así como los principios rectores del Código Penal, en
particular, los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad (art. 3°), además
de las finalidades de las medidas de seguridad (art. 5°). El Ministerio del
Interior estima que la acusación carece de claridad, especificidad y
pertinencia dado que surge de “la particular interpretación que los
demandantes hacen del aparte normativo demandado y de su noción de los derechos
de los inimputables, amén de que los cargos se estructuran en la supuesta
violación a normas de rango legal — que no constitucional —, razón adicional
para considerar que en realidad no cumplen los requisitos definidos por la
jurisprudencia constitucional para que se abran paso. Por eso la demanda no
reúne las condiciones exigidas por el precedente constitucional, porque no se
trata de un asunto de constitucionalidad, sino de una particular lectura de las
normas que hacen los demandantes.”
Por
su parte, la Universidad Libre considera que los actores no cumplen con el
requisito de señalar las normas superiores infringidas, pues “relacionan
artículos y derechos, los que en ocasiones no concuerdan y no se realizó su
formal señalamiento, es decir no están claramente relacionados; y la exposición
de razones y motivos que permitan determinar claramente la vulneración
presentada por la norma demandada a la Constitución. Este último requisito lo
soportan los accionantes con reiteración y comentarios, bajo el tenor o fundamento
de que se vulnera el derecho a la igualdad, por evidenciarse un trato igual
entre diferentes y no haberse realizado un estudio acucioso de la sanción
impuesta y las consecuencias de la imposición de la medida propuesta, no
obstante, aunque de manera reiterativa y extensa, se insiste en la
improcedencia del parágrafo 1 del artículo 116A, no se vislumbra en los
libelos, razones claras, ciertas, especificas, pertinentes y suficientes”
Acorde con lo contemplado por el artículo 40, numeral
6 de la Carta, uno de los derechos políticos en cabeza de los ciudadanos es la
defensa de la Constitución, la cual, encuentra como una de sus expresiones el
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Con todo, el ejercicio
de dicho derecho implica algunas exigencias necesarias para el correcto trámite
de la solicitud, en tal sentido, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala
una serie de requisitos mínimos que debe atender el accionante para presentar
su solicitud ante la Corte Constitucional. Particularmente, la jurisprudencia
ha precisado como requisitos esenciales de la demanda, la presencia del objeto
demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la
Corte es competente para asumir el conocimiento del asunto. Por lo que
atañe al primero, se trata de las disposiciones legales reprochadas por el
accionante. En lo concerniente al concepto de violación, la jurisprudencia ha
detallado reiteradamente los requisitos que permiten determinar la idoneidad de
la demanda para lograr una decisión de fondo. De modo puntual, se ha observado
que las razones aducidas por el actor en su libelo acusatorio deben ser claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; pues de no serlo, no le
resulta posible a la Corte proferir la decisión que desate los problemas
jurídicos propuestos por el actor.
Reiteradamente ha sentado la jurisprudencia:
La claridad de la demanda es un
requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la
violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de
inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de
hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la
norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el
contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, que las razones que
respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la
demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no
simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre
otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda (…).
(…) las razones son específicas si
definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera
la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver
sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente
con las disposiciones que se acusan (…).
La pertinencia también es un elemento
esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad.
Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de
naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de
una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado (…) son
inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones
puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar
puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está
acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública
para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de
la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que
fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia,
calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una
valoración parcial de sus efectos.
(…) la suficiencia que se predica de
las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer
lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y
probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto
del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido
quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué
consistió su vulneración (…), circunstancia que supone una referencia mínima a
los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así
no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante
(…) la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de
la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime
facie convencer (…) de que la norma es contraria a la Constitución, si
despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada,
de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la
presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario
un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional (Sentencia C-1052 de 2001).
En el asunto en estudio se profirieron los autos de 10
de abril y 2 de mayo de 2018 ordenando la admisión de las demandas y la
prosecución del procedimiento. Se entiende entonces que, en principio, se
estimaron atendidos los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto
2067 de 1991. Con todo, no se desprende de lo resuelto en ese momento que, al
dictarse la sentencia, deba la Corte decidir de fondo si advierte, en un
análisis más detallado, la presencia de razones que podrían conducir a un
pronunciamiento diferente, más aún, cuando los intervinientes han formulado
observaciones respecto de la aptitud de algunos cargos.
Efectuada
dicha claridad, encuentra la Sala que varios cargos formulados en las demandas no
cumplen con los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional en
esta materia, tal y como pasa a explicarse.
En
primer lugar, conviene poner de presente que los libelistas cuestionan el parágrafo acusado no solo por la
violación de normas constitucionales sino también por el desconocimiento de
disposiciones legales como los principios rectores del Código Penal, en
particular, los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad (art. 3°), las finalidades
de las medidas de seguridad (art. 5°) y el principio de culpabilidad (art. 12). Específicamente, se dice en la demanda “el
Código Penal trae consigo unos principios rectores que, de acuerdo con el
artículo 13 del mismo Código ‘constituyen la esencia y la orientación del
sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación.’
Algunos de ellos están dirigidos a guiar la manera en la que debemos entender
las medidas de seguridad.
El primero de dichos principios está consagrado en la
Ley 599 de 2000, artículo 5, donde se establece que las funciones de las
medidas de seguridad son la protección, curación, tutela y rehabilitación del
inimputable. Por lo anterior, queda claro que se excluye de las funciones de la
medida de seguridad la retribución por el acto cometido, lo cual se materializa
en los artículos 70, 71, 72, 74, 75, 76 y 77, ya que en todos estos casos es
claro que cuando la persona se encuentre rehabilitada, sin importar el tiempo,
cesará la medida, e inclusive, si el trastorno mental es transitorio, no habrá
lugar a medida de seguridad alguna; de igual manera cuando el trastorno mental
transitorio es con base patológica pero la misma ya ha desaparecido al momento
de dictar sentencia.
Otra de las más claras materializaciones de estas
funciones, es el hecho de que todos los artículos que imponen límites máximos a
las medidas de seguridad, establecen también que el mínimo dependerá de las
necesidades de asistencia o tratamiento de cada caso.
De esta manera, el ordenamiento jurídico renuncia a
retribuir al inimputable por la conducta cometida y se compromete con su
curación y rehabilitación, por lo que en ningún caso se podrá internar a un
inimputable por más tiempo del necesario para lograr su recuperación. (…)
El segundo de los principios rectores violentados,
está consagrado en el mismo Código Penal, en su artículo 12, y establece que
‘Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda
erradicada toda forma de responsabilidad objetiva’, por lo que es evidente que
la responsabilidad de los inimputables no podrá ser objetivas (…)
Así, en lo atinente a las funciones de la medida de
seguridad, encontramos un problema con respecto del parágrafo objeto de
estudio, toda vez que el mismo tiene como finalidad establecer un límite mínimo
para las medidas de seguridad, sin tener como criterio la valoración de la
situación del inimputable sino limitándose al tiempo de internación o de
cumplimiento de la medida de seguridad.
Lo antes expuesto vulnera claramente las funciones de
la medida de seguridad, ya que la rehabilitación y curación del inimputable
pasan totalmente a segundo plano y parece asignársele una nueva función: la
función retributiva. Así, el inimputable deberá asumir la medida de seguridad,
aun cuando ya no la necesite, atendiendo a la gravedad de la conducta cometida,
lo que no encuentra fundamento en las funciones de la medida de seguridad (…)
En este orden de ideas, el único criterio válido para
delimitar el mínimo de las medidas de seguridad es la recuperación del
inimputable, pero bajo ningún supuesto será un criterio temporal, ya que el
mismo es incompatible con las funciones que se desprenden de estas medidas.
Como consecuencia, el parágrafo objeto de estudio contraria abiertamente las
funciones asignadas por los principios rectores del Código Penal a las medidas
de seguridad.”
Esta Corporación ha señalado que las
razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto
estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es,
fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se
expone y se enfrenta al precepto demandado.”[17].
En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o
doctrinarias; en la interpretación subjetiva de las normas acusadas por
parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y
concreto; o en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones
consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito
de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad. En tales circunstancias, la
Corporación se inhibirá de analizar este cargo por su carencia de aptitud para
ser objeto de pronunciamiento de fondo.
Cabe
aclarar que ello no es óbice para que esta Corporación, al resolver la cuestión planteada se refiera a los principios rectores del Código Penal y a las
disposiciones que dicho estatuto consagra sobre el fin de las medidas de
seguridad, pues dichas normas brindan un contexto para comprender los cargos.
Así mismo, se advierte que el cargo formulado por los
demandantes concerniente a que la disposición acusada contempla un máximo de
duración indeterminado, porque los escenarios que prevé dicho tipo penal
superan los límites generales establecidos para las medidas de seguridad en los
artículos 70, 71, 72, 77 y 79 del Código Penal, carece de certeza, toda vez que
el parágrafo demandado no hace ningún tipo de referencia a la duración máxima de
la medida de seguridad sino a su mínimo el cual “no podrá ser inferior a la
duración de la pena contemplada en dicho artículo”. En ese sentido, la
acusación surge de una
lectura que hace de ella el actor, basada en su propia percepción sobre el
alcance de la misma, sin explicar cómo y de qué manera llega a dicha conclusión,
por lo tanto, la Corte se inhibirá
de analizar este cargo por su carencia de aptitud para ser objeto de
pronunciamiento de fondo.
De
igual manera, en relación con los cargos presentados por violación de los
principios de favorabilidad y de seguridad jurídica, la Sala observa que estos
no cumplen con los presupuestos de especificidad y suficiencia, toda vez que no muestran en forma diáfana la manera como el
parágrafo acusado vulnera la Carta Política,
pues el actor se limita a afirmar
el presunto desconocimiento de los mencionados principios, pero sin explicar,
objetivamente, como y de qué manera se produce tal violación y las razones en
que ella se funda. Por consiguiente, la
Corporación se inhibirá de analizar estos cargos por su carencia de aptitud para
ser objeto de pronunciamiento de fondo.
Por
lo que atañe a la censura por la presunta violación a los artículos 1°, 13, 28,
29, 47 y 49 de la Constitución Política, observa la Corporación que los actores
dedican más de un acápite de su libelo a exponer las razones en las cuales
funda sus reparos y, tales argumentos, suscitan la mínima duda exigible para
que deba dirimirse la acción de inconstitucionalidad.
2.3. Problema Jurídico
Decantadas las varias situaciones que requerían un examen preliminar, procede
la Sala a determinar cuál es el problema jurídico que demanda una decisión de
fondo por parte de la Corte Constitucional en esta oportunidad.
Como se puede colegir, son dos las censuras hechas al parágrafo
1º del Artículo 116A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 1º de la
Ley 1773 de 2016. En primer lugar, los demandantes estiman que dicha disposición
quebranta mandatos superiores como la dignidad humana (art.1º), la libertad
(art.28), el debido proceso (art.29) y el deber del Estado de garantizar a los
inimputables el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su
recuperación y rehabilitación social (art.47 y 49), al establecer un término
mínimo de duración para la medida de seguridad que se imponga al inimputable
que incurra en el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancia
similares, toda vez que señala que “su duración no podrá ser inferior a la
duración de la pena”.
En segundo lugar, los actores
censuran el enunciado legal mencionado, por cuanto establece un trato
discriminatorio. De una parte, porque prevé el mismo trato para los
inimputables y los imputables que incurran en la referida conducta, toda vez
que limita el término de duración de la medida de seguridad al término que
contempla la pena, y de otro lado, porque consagra un trato diferente para los
inimputables que incurran en el delito de lesiones con agentes químicos, ácido
y/o sustancias similares frente a los inimputables que realicen cualquier otro
tipo penal, pues solo aquellos que cometan la conducta tipificada en el artículo
116A de la Ley 599 de 2000 tendrán una medida de seguridad con
un término mínimo de duración, que no dependerá del tiempo que tome el
tratamiento, ni de su recuperación, sino del que fije la pena.
En este orden de ideas, le corresponde
a la Corte determinar si la disposición acusada
viola los artículos 1º,13, 28, 29, 47 y 49 de la Constitución Política,
al establecer que el término de duración de la medida de seguridad que se
imponga al inimputable que incurra en el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares
no podrá ser inferior al término previsto para la pena en dicho artículo.
Con la finalidad de dilucidar la
cuestión así planteada, la Corte se ocupará, en primer término, de la censura
dirigida en contra de la preceptiva acusada por violación de los artículos 1º,
28, 29, 47 y 49 superior, sobre el principio de dignidad humana, libertad, debido
proceso y el deber del Estado de garantizar a
los inimputables el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su
recuperación y rehabilitación social y, dependiendo de las conclusiones
a las que este análisis le permita arribar, la Corporación estará en
condiciones de saber si debe ocuparse o no de los cuestionamientos basados en el
aducido quebrantamiento del artículo 13 de la Carta.
Con miras a resolver la cuestión planteada, la Corte
inicialmente se pronunciará sobre: (i) la facultad de configuración del legislador para fijar
la política criminal del Estado y sus límites constitucionales; (ii) los regímenes de responsabilidad penal; (iii) la
declaratoria de inimputabilidad y; (iv) las medidas de seguridad. Para luego, con base en lo anterior,
proceder a realizar el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada.
2.5. La facultad de configuración del legislador para fijar
la política criminal del Estado y sus límites constitucionales
De
acuerdo con la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República
diseñar la política criminal del Estado, es decir, definir cuáles conductas
constituyen delitos, qué penas deben imponerse[18]
y cuál debe ser el procedimiento a seguir para aplicar la respectiva sanción. Al
respecto, esta Corporación ha señalado que “si bien el legislador no es la
única institución estatal comprometida en la planeación, desarrollo y ejecución
de la política criminal[19],
la decisión de radicar en él la potestad de configuración normativa en la
materia, no solo es legítima frente a la Constitución, por tratarse del
ejercicio de una facultad de la cual es titular, sino además, por cuanto cuenta
con el pleno respaldo de los principios democrático y de soberanía popular
(C.P. art. 1° y 3°), los cuales hacen posible que los asuntos de importancia
para la Nación sean definidos y decididos por las mayorías políticas,
representadas en el Congreso de la República.”[20]
La
Corte ha destacado que es consustancial al Estado de Derecho, el hecho de que
las conductas constitutivas de delitos y sus respectivas sanciones,
trascendentales en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, sean
determinadas mediante ley, es decir, “sean fruto de un debate dinámico entre
las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así
se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros
racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades
coyunturales[21].”
En ese contexto, la competencia para regular la política criminal del Estado,
es amplia, e incluye la facultad del legislador para crear, modificar o
suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer
modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, y fijar la clase y
magnitud de las penas de acuerdo con criterios de agravación o atenuación de
los comportamientos penalizados. Igualmente, le permite consagrar los regímenes
para el juzgamiento y tratamiento de los delitos y contravenciones, así como
definir las reglas de procedimiento aplicables de acuerdo con las garantías del
debido proceso.[22]
En ese orden de ideas, el derecho
penal comporta una valoración social en torno a los bienes jurídicos que
ameritan protección penal, las conductas susceptibles de producir lesiones en
tales bienes, el grado de gravedad de la lesión que da lugar a la aplicación
del ius puniendi, y el quantum de la pena que deba aplicarse. En
principio, no existe, de manera expresa, un imperativo constitucional, según el
cual, determinados bienes jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través
del ordenamiento penal. Por el contrario, dentro de una concepción conforme a
la cual sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las
libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los
bienes jurídicos que resulte menos invasivo, la criminalización de una conducta
solo puede operar como ultima ratio.[23]
La Corte ha encontrado que, en
determinados casos, tanto la naturaleza de los bienes jurídicos, como la
gravedad de las conductas cuya exclusión se impone como medida para su
protección, hacen que del ordenamiento constitucional, incorporados en él los
tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad, se derive el
imperativo de criminalizar ciertos comportamientos. Así, por ejemplo, la Corte
ha señalado que existe un deber constitucional de sancionar penalmente conductas
tales como la tortura, el genocidio, o las desapariciones forzadas.[24]
En el otro extremo se encontrarían
aquellas conductas que, dado que se desenvuelven en ámbitos de libertad
constitucionalmente garantizados, o debido a la escasa significación del bien jurídico
que afectan, estarían constitucionalmente excluidas de la posibilidad de ser
objeto de sanción penal.[25]
La opción, entonces, de
criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que no está
constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el legislador ha
considerado que para la protección de cierto bien jurídico es necesario acudir
a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que podrían emplearse,
no obstante su efecto limitativo de la libertad personal.[26]
No
obstante, aun cuando el legislador tiene un amplio margen de configuración en
el diseño normativo, en materia criminal, esta Corporación ha sido enfática en
afirmar que este no es absoluto. A juicio de este Tribunal, la libertad para
diseñar la Política criminal del Estado y para tipificar conductas punibles e
imponer penas, encuentra límites en la propia Constitución Política y,
concretamente, en el sistema de valores, principios y derechos fundamentales
consagrados en el mismo ordenamiento Superior.
Dichos
límites, lo ha dicho la Corporación, resultan particularmente claros y
relevantes, “por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la
persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como
valores sociales tan importantes como la represión del delito o la
resocialización efectiva de sus autores ”[27].
En la Sentencia C-247 de 2004, la Corte señaló:
“De este modo, entonces, el legislador cuenta con
un margen de libertad para el diseño de la política criminal del Estado y, en
consecuencia, para la tipificación de conductas punibles. Sin embargo, es
evidente que no se trata de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el
constitucionalismo no existen poderes absolutos. En el caso de la política
criminal, no obstante contar el legislador con un margen de maniobra, es claro
que no podrán concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del
ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos
fundamentales. Esto es así por cuanto el diseño de la política criminal del
Estado implica ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de éste
que se halle sustraído al efecto vinculante del Texto Fundamental”.
Posteriormente,
en la Sentencia C-034 de 2005, reiteró sobre el particular:
“Esta circunstancia, permite que el
legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la
alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se
configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así
las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se
encuentran definidos en el texto constitucional, sino que corresponde al
legislador desarrollarlos.” “La Corte ha precisado que, en el
ejercicio de su atribución, el Congreso de la República ‘no puede desbordar
la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas
(CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el
Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta.[28]’.”
Frente
a los límites a los que se encuentra sometido el legislador en el ejercicio de
la potestad punitiva del Estado, la misma jurisprudencia ha venido sosteniendo
que éstos son de dos órdenes[29].
Explícitos e implícitos. En cuanto hace a los límites explícitos, por expresa
disposición constitucional, al legislador le está prohibido establecer las
penas de muerte (C.P. art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación
(C.P. art. 34), así como también someter a cualquier persona a torturas, tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P. art. 12). Tratándose de los
límites implícitos, en el ejercicio de la facultad para tipificar delitos y
fijar penas, el legislador debe propender por la realización de los fines
esenciales del Estado, de manera que, en desarrollo de tal atribución, debe
garantizar y respetar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo (C.P.
art. 2°).
De
este modo, aun cuando la Constitución Política le reconoce al legislador un
margen de configuración relativamente amplio para desarrollar la política
criminal del Estado, la validez de las medidas que en ese escenario se adopten,
depende de que las mismas sean compatibles con los valores superiores del
ordenamiento, los principios constitucionales y los derechos fundamentales,
debiendo entonces mantener un margen de razonabilidad y proporcionalidad con
respecto al fin para el cual fueron concebidas.
Esta
Corporación ha sostenido, en forma enfática, que en el Estado Social de
Derecho, en el que la dignidad humana ocupa un lugar de privilegio en el orden
jurídico, los valores, principios y derechos fundamentales se constituyen en
límites sustantivos del poder punitivo del Estado -produciendo el efecto de
racionalizar el ejercicio de tal potestad-, por lo que “[s]ólo la
utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a
proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del
ordenamiento”.[30]
Siendo
la penalización la forma más lesiva de control social, por el alto grado de
afectación a la libertad personal y otras garantías, en caso de que el
legislador advierta que la adopción de una medida de ese tipo no contribuye al
perfeccionamiento de una política dirigida al logro de los fines perseguidos,
debe prescindir de ella,[31]
pues, de lo contrario, la misma se tornaría ilegítima, forzando la intervención
del juez constitucional para disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
Al
respecto, ha dejado dicho este Tribunal, que el supuesto en el que el criterio
político-criminal del legislador es susceptible de controvertirse en el juicio
de inconstitucionalidad, tiene lugar cuando dicho criterio ha llevado a la
expedición de normas contrarias al Estatuto Superior. En dichos casos, “lo que
se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la
legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí
que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico
tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que
involucran”.[32]
2.6. Responsabilidad penal, inimputabilidad
y medidas de seguridad
Esta Corporación, en su jurisprudencia,
ha sido enfática en señalar que, en virtud del principio de dignidad humana, la
responsabilidad penal objetiva esta proscrita en la Carta Política, por
consiguiente, el derecho penal debe estar
encaminado a sancionar el acto y no a su autor. Lo anterior, implica que “el derecho represivo sólo
puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo
pensado, propuesto o deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por
su temperamento o por sus sentimientos. En síntesis, desde esta concepción,
sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y
no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente.[33]”
En ese contexto, nuestro Código Penal
establece dos regímenes diferentes de responsabilidad. Uno para los imputables,
que son las personas que al momento de realizar el hecho punible lo hacen con
culpabilidad, es decir, tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su
comportamiento y de orientarlo conforme a esa comprensión. Y otro, para los
inimputables, que son los individuos que al momento de cometer el hecho típico
y antijurídico no pueden comprender la ilicitud de su conducta ni pueden
determinarse de acuerdo con esa comprensión, por su inmadurez sicológica o
trastorno mental, o sea, actúan sin culpabilidad[34]. En tales
circunstancias, existen dos tipos de conductas que acarrean consecuencias
jurídico-penales, “esto es, el hecho punible realizable por el sujeto
imputable que surge como conducta típica antijurídica y culpable, y el hecho
punible realizable por sujeto inimputable que surge como conducta típica y
antijurídica pero no culpable (delito en sentido amplio).”[35]
A
su vez, la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y Adolescencia (CIA) en su
artículo 142 señala “las personas menores de catorce años, no serán juzgadas ni
declaradas responsables penalmente”. A renglón seguido dicho artículo, dispone:
“Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a
sanciones penales las personas mayores de catorce y menores de dieciocho con
discapacidad psíquica o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de
seguridad”.
En razón de lo anterior, el ordenamiento
jurídico prevé la imposición de penas como sanción para quienes cometan un
hecho punible con culpabilidad (imputables), y consagra la aplicación de medidas
de seguridad para quienes actúan sin ella (inimputables). La pena cumple funciones de prevención general, retribución justa,
prevención especial, reinserción social y protección al condenado[36], mientras que
las medidas de seguridad están encaminadas a cumplir funciones de protección, curación, tutela y
rehabilitación del inimputable.[37]
Esta Corporación ha señalado que las funciones de
curación, tutela y rehabilitación que el legislador le atañe a las medidas de
seguridad se entienden a partir de la necesidad que tiene la sociedad de
protegerse de los individuos respecto de los cuales, por haber realizado una
conducta prevista en la ley como delito y sin concurrir una causal de
justificación, puede decirse, con un juicio razonable de probabilidad, que este
puede volver a cometer la misma conducta. Específicamente, en Sentencia T-176
de 1993, señaló:
“1) Mediante el término ‘curación’ se pretende sanar a la persona y
restablecerle su juicio. Ello sin embargo plantea el problema de los enfermos
mentales cuya curación es imposible por determinación médica y por lo tanto se
encuentran abocados a la pérdida de su razón hasta la muerte.
2)
Cuando la ley habla de ‘tutela’ se hace alusión a la protección de la sociedad
frente al individuo que la daña. Así las cosas, si se llegare a establecer que
un individuo ha recuperado su ‘normalidad psíquica’ es porque no ofrece peligro
para la sociedad y por tanto no debe permanecer por más tiempo sometido a una
medida de seguridad.
3) Y por ‘rehabilitación’ debe entenderse que el
individuo recobre su adaptación al medio social. La rehabilitación es la
capacitación para la vida social productiva y estable, así como la
adaptabilidad a las reglas ordinarias del juego social en el medio en que se
desenvolverá la vida del sujeto.”
En virtud de lo anterior, esta Corte ha advertido que fijar
topes mínimos de duración para las medidas de seguridad es inconstitucional,
toda vez que “el tiempo
de internación del inimputable no depende de la duración prevista en el tipo
penal respectivo sino de la duración que tome el tratamiento”, en ese sentido, internar a un
inimputable por más tiempo del estrictamente necesario viola el valor y el
derecho a la libertad.[38]
Así mismo, ha indicado que
las medidas de seguridad no tienen
como fin la retribución por el hecho antijurídico,
sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las reglas de la
colectividad.
De acuerdo con lo expuesto, el Estado, en cumplimento de los mandatos
consagrados en los artículos 13 y 47 de la Carta, tiene el deber de brindar todo el tratamiento científico
especializado que requieran los inimputables cuando sean objeto de una medida
de seguridad. Como contrapartida de lo anterior, el inimputable deberá soportar
la privación de su libertad durante el tiempo que dure el tratamiento que lo
rehabilite para la vida en sociedad.
Advierte la Corte que la
declaratoria de inimputabilidad y la medida de seguridad a imponer estará
directamente relacionada con la valoración que haga el juez, con base en los
elementos probatorios, del trastorno mental, estado similar o inmadurez psicológica
que padece el acusado y de la correlación que haya entre este y la comisión del
hecho punible.
2.6.1. Declaratoria de inimputabilidad
Según el artículo 33 del Código Penal[39], son
inimputables quienes al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuvieren la
capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa
comprensión, ya sea por inmadurez sicológica, trastorno mental o estados
similares. Para determinar dicha
condición, el Instituto Nacional de Medicina Legal, a través de un perito,
realiza sobre el acusado la “evaluación
psiquiátrico forense de capacidad de comprensión y autodeterminación”[40],
en la cual se examinan sus funciones mentales superiores al momento de cometer
el hecho punible, particularmente las de cognición y volición, con el fin de
establecer si estas se encontraban alteradas. Así pues, el perito evalúa la
presanidad del actor para ver si existía una afectación de la salud mental, si
ella persistió o no durante el injusto penal, si sólo ocurrió durante el mismo
o, si apareció después. Estas condiciones, al igual que la persistencia
sintomática, generan específicas conclusiones forenses y de ellas, particulares
determinaciones judiciales.[41]
De acuerdo con la Guía para la Realización de Pericias
Psiquiátricas Forenses del Instituto de Medicina Legal, en el mencionado examen se evalúa la capacidad de comprensión y autodeterminación
del acusado, entendidas así:
“Capacidad de comprensión:
la comprensión es un proceso de las funciones mentales superiores que consiste
en aislar, identificar y entender datos externos e integrarlos de forma
coherente con la información de la cual la persona dispone, para aplicarlos con
flexibilidad ante una situación determinada y tiene carácter emocional
volitivo. La capacidad de comprensión en el marco de este tipo de pericia en
psiquiatría forense se entiende como la facultad para entender, conocer y
diferenciar si un comportamiento es lícito o ilícito.
Capacidad de autodeterminación: se refiere a la autosuficiencia y autodirección
individual, a la motivación, voluntariedad y capacidad de autorregulación, es
la habilidad para desempeñar una conducta con libertad, autonomía, conocimiento
y comprensión. Matizada por el afecto, incluye la volición y la conación,
posibilidad de escoger, tomar decisiones y actuar.
Una vez establecida la ausencia de
capacidad de comprensión y/o de autodeterminación al momento de ocurrir los
hechos, se investiga su origen o fundamento psicopatológico, que dará lugar al
o a los diagnósticos clínicos, estos analizados conjuntamente con toda la
evidencia procesal y a la luz de los hechos, permiten llegar a diagnósticos
forenses de Inmadurez Psicológica, Trastorno Mental, Diversidad Sociocultural o
Estados Similares y Discapacidad Psíquica o Mental. Se plantea como diagnóstico
diferencial el Trastorno Mental Preordenado[42];
la Inferioridad Psíquica como atenuante punitivo y la Simulación.”
Cabe aclarar que los resultados de dicho examen no
determinan si el acusado es o no inimputable, pues su objetivo es orientar al
juez de la causa, que es finalmente quien adopta dicha decisión, toda vez que,
según el Artículo 421 del Código de Procedimiento Penal, “… Las
declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad del
acusado. En consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si, a su
juicio, el acusado es imputable o inimputable”.
En
ese orden de ideas, se advierte que la declaración de inimputabilidad no es un
concepto médico sino jurídico, que le compete realizar al juez, atendiendo la
idoneidad y mérito del conjunto de la prueba recaudada y siguiendo las reglas
de la sana crítica[43].
Para la Corte Suprema de Justicia, lo relevante en la declaratoria de
inimputabilidad “no es el origen mismo de la alteración biopsíquica sino la
coetaneidad con el hecho realizado, la magnitud del desequilibrio que ocasionó
en la conciencia del actor y el nexo causal que permita vincular
inequívocamente el trastorno sufrido a la conducta ejecutada”[44].
Por ello, no se puede establecer de antemano que ciertas condiciones psíquicas
o antropológicas implican automáticamente la inimputabilidad del sujeto que las
ostenta, debido a que cada caso debe ser analizado en particular para
establecer si dicha condición influyó o no en la comisión de la conducta punible.
En ese contexto, el juez, para establecer la
inimputabilidad del procesado, puede valerse de varios elementos materiales
probatorios y no solo del informe pericial, principalmente, de la historia
clínica del sujeto, documentos, entrevistas de amigos, familiares, compañeros,
la víctima, etc. Así mismo, el perito (psiquiatra o psicólogo forense) a la
hora de realizar el informe pericial y declarar en la audiencia de juicio oral,
podrá considerar, además de la entrevista realizada al examinado, otras evidencias
para emitir sus conclusiones, como la lectura del expediente, la realización de
exámenes paraclínicos complementarios, la historia clínica, fotografías de la
escena, antecedentes disciplinarios y penales, informes escolares o de
rendimiento laboral, etc.[45]
Sobre
el particular, el Código Penal prevé que son tres las situaciones que conllevan
a una declaratoria de inimputabilidad, la inmadurez psicológica, el trastorno
mental o estados similares. La inmadurez psicológica corresponde a “la falta
de maduración global, severa y perfectamente instaurada, que cobija una o
varias áreas de la personalidad del sujeto y que explícitamente impidió, en el
momento de cometer su acción, obrar con pleno conocimiento de causa y con libre
capacidad de autodeterminación”[46].
Incluye algunos trastornos como la discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo
y déficit del proceso global de aprehensión de la realidad sociocultural como
el caso de los discapacitados sensoriales con severa deprivación de
información, que puede ocurrir en la sordomudez o marginalidad social extrema.[47][48]
De
otra parte, el trastorno mental es una disfunción o anomalía mental lo
suficientemente severa como para impedir a la persona, comprender la ilicitud
de su conducta o autodeterminarse con base en dicho conocimiento; generalmente
se sustenta en un diagnóstico clínico de acuerdo a los parámetros y criterios
de clasificaciones internacionales vigentes como la CIE[49]
o el DSM[50].
Dicho trastorno puede ser permanente o transitorio, el permanente “son aquellas
afectaciones mentales graves, perfectamente instauradas, de evolución crónica y
difícil recuperación, que al momento de los hechos investigados alteran de
manera significativa las capacidades cognoscitivas y volitivas. Requieren
tratamiento médico especializado, de manera inicial en un centro hospitalario y
por definición son incurables. Sin embargo, con tratamiento se puede lograr una
remisión de la sintomatología aguda que le permita a la persona reintegrarse a
la sociedad.”[51]
De
igual manera, el trastorno mental puede ser transitorio y tener o no base
patológica, el transitorio con base patológica consiste en “la alteración
mental severa que se genera en una disfunción biológica o de personalidad, de
presentación aguda o crónica episódica (como en los casos de patología dual),
que recidiva[52]
si no se somete a tratamiento y que, durante la ocurrencia de los hechos
investigados, altera de manera significativa las capacidades cognoscitivas y
volitivas. Requiere tratamiento psiquiátrico que, de acuerdo al caso, puede ser
hospitalario o ambulatorio.”[53]
De
otro lado, el trastorno mental transitorio sin base patológica es “la alteración
mental de muy corta duración, que se presenta al momento de los hechos
investigados, de tan alta intensidad, que vulnera las funciones intelecto
cognitivas y volitivas. Cede fácilmente con tratamiento e incluso puede
autolimitarse y remite sin dejar huellas en el psiquismo del imputado o
sindicado.”[54]
Por
último, el Código Penal prevé como causa de la inimputabilidad que el acusado
haya cometido el hecho punible por estados similares al trastorno mental, que
para el caso son la discapacidad psíquica o mental: terminología utilizada en
el artículo 142 del Código de Infancia y Adolescencia, que en su parte
pertinente dice “…Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables
ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores
de dieciocho (18) años con discapacidad psíquica o mental, pero se les aplicará
la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente
en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la
discapacidad”. Además, se incluye en esta terminología cualquier alteración
mental que haya afectado la cognición o volición al momento de los hechos,
cuando se evalúan personas mayores de 14 años y menores de 18 años, sujetas al
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
2.6.2.
Medidas de seguridad
La
medida de seguridad es la privación o restricción del
derecho constitucional fundamental a la libertad, que impone judicialmente el
Estado a la persona que luego de cometer un hecho punible es declarada
inimputable, con base en el dictamen de un perito siquiatra, y por medio de la
cual se busca la curación, tutela y rehabilitación del acusado. Según el artículo
69 del Código Penal son medidas de seguridad: “1. La internación en
establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, 2. La internación en casa de
estudio o trabajo y 3. La libertad vigilada.”
La medida de internación en establecimiento
psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, se
le impone al inimputable con trastorno mental permanente, tiene un término
máximo de duración de 20 años y un mínimo que dependerá del tratamiento que requiera
el paciente. En todo caso, el máximo de duración no podrá exceder el término fijado
para la pena privativa de la libertad del respectivo delito. Dicha medida se
podrá suspender cuando la persona pueda ser tratada ambulatoriamente o cuando
se encuentre mentalmente rehabilitada[55]. También es aplicable al inimputable por trastorno
mental transitorio con base patológica, sin embargo, en este caso, el término
máximo de duración será de 10 años[56].
Ahora
al inimputable que no padezca trastorno mental se le impondrá la medida de
internación en establecimiento público o particular, aprobado oficialmente, que
pueda suministrar educación, adiestramiento industrial, artesanal, agrícola o
similar, la cual tendrá un máximo de duración de 10 años y un mínimo que
dependerá de las necesidades de asistencia en cada caso concreto. Como en los
dos casos anteriormente citados, habrá lugar a la suspensión condicional de la
medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de
adaptarse al medio en el que desenvolverá su vida o cuando la persona sea
susceptible de tratamiento ambulatorio. El máximo de la medida no podrá exceder
el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito[57].
Cuando se suspenda condicionalmente la ejecución de
las medidas de seguridad, podrá imponerse la libertad vigilada como accesoria
de la medida de internación, una vez que esta se haya cumplido, la cual
consiste en: (i) La prohibición de residir en determinado lugar por un término
no mayor de tres (3) años; (ii) La prohibición de concurrir a determinados
lugares hasta por un término de tres (3) años y (iii) La obligación de
presentarse periódicamente ante las autoridades encargadas de su control hasta
por tres (3) años[58].
Si
la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental transitorio sin
base patológica o con base patológica, pero esta desaparece antes de proferirse
la sentencia, no habrá lugar a la imposición de medidas de seguridad y el
funcionario judicial podrá terminar el procedimiento, antes de emitir la
sentencia, si las víctimas del delito son indemnizadas[59].
Ahora bien, cuando la conducta punible tenga señalada pena
diferente a la privativa de la libertad, la medida de seguridad no podrá
superar el término de dos (2) años.[60]Durante la ejecución de la medida de
seguridad solo podrán restringirse los derechos de los inimputables que sean compatibles con su
función.[61]
Cabe
señalar que el juez que impone la medida de seguridad debe realizar el
correspondiente seguimiento. Según el artículo 77 del Código Penal, dicho
funcionario tiene la obligación de solicitar trimestralmente información
tendiente a establecer si la medida de seguridad debe continuar, suspenderse o
modificarse y así tomar la decisión de la suspensión o cesación de la medida,
previo dictamen de experto oficial.[62] Así mismo, podrá revocarse la suspensión condicional
de la medida de seguridad cuando oído el concepto del perito, se haga necesaria
su continuidad[63].
En razón de lo anterior, el ordenamiento
jurídico ha previsto para los imputables la imposición de penas y para los
inimputables la aplicación de medidas de seguridad.
3. Análisis de constitucionalidad de la
disposición acusada
Cabe recordar que en el presente caso se demanda
parcialmente el artículo116A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo
primero de la Ley 1773 de 2016, en el cual se tipifica el delito de lesiones
con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares, con la siguiente
descripción legal:
“El que cause a
otro daño en el cuerpo o en la salud, usando para ello cualquier tipo de agente
químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al
entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento
cincuenta (150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento
veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Cuando la conducta
cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o
anatómica, la pena será de doscientos cincuenta y un (251) meses a trescientos
sesenta (360) meses de prisión y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la deformidad
afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte.
Parágrafo. En todo caso
cuando proceda la medida de seguridad en contra del imputado, su duración no
podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este artículo.
Parágrafo 2°. La tentativa en
este delito se regirá por el artículo 27 de este código.”
Concretamente, la acusación se dirige contra el
parágrafo 1°, por considerar, tanto los demandantes como el Ministerio Público
y los intervinientes, excepto el Ministerio del Interior, que con dicha norma
el legislador desconoce los artículos 1º,13, 28, 29, 47 y 49 de la Constitución
Política, al establecer que el término de duración de la medida de seguridad que
se imponga al inimputable que incurra en delito de lesiones con agentes
químicos, ácido y/o sustancias similares “no podrá ser inferior a la duración de la pena contemplada en este
artículo.”
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto
de ley 016 de 2014 Cámara, 171 de 2015 Senado, el legislador creó el delito de
lesiones con agentes químicos, ácido y/o
sustancias similares con el fin de enviar un mensaje de rechazo contra este
tipo de crímenes, que afectan especialmente a las mujeres, y de estipular
fuertes sanciones para quienes se atrevan a llevar a cabo la violencia con ácido.[64]
Particularmente, el parágrafo acusado fue incluido en el informe para primer
debate en el Senado de la República con base en las siguientes consideraciones:
“Por último se consagran dos parágrafos en el artículo; el
primero establece que la medida de seguridad, en caso de ser procedente de
acuerdo a las valoraciones del caso, no puede ser inferior que la pena. Esta
aclaración busca evitar la impunidad, frecuente en la mayoría de ataques con
ácidos, cuando el victimario busca acceder a beneficios, como la sustitución de
la pena, valiéndose de maniobras fraudulentas para que los dictámenes determinen
su inimputabilidad.” (Subraya
fuera del texto original)
Al
respecto, cabe recordar que aun cuando el legislador tiene un amplio margen de
configuración en el diseño normativo, en materia criminal, este no es absoluto.
En ese contexto, la libertad para diseñar la Política criminal del Estado y
para tipificar conductas punibles e imponer penas, encuentra límites en la
propia Constitución Política y, concretamente, en el sistema de valores,
principios y derechos fundamentales consagrados en el mismo ordenamiento
Superior. Dichos límites, lo ha dicho la Corporación, resultan particularmente
claros y relevantes, “por estar de por medio derechos fundamentales muy
caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido
proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito
o la resocialización efectiva de sus autores ”[65].
De acuerdo con lo anterior, se advierte
que el legislador, al expedir la disposición acusada, desconoció límites
constitucionales como la dignidad humana
(art. 1°), la libertad (art. 28), el debido proceso (art. 29) y el deber del
Estado de garantizar a los inimputables el acceso efectivo a la atención y
asistencia médica para su recuperación y rehabilitación social (art. 47 y 49).
Lo anterior, con base en las siguientes razones:
Nuestro ordenamiento jurídico establece
dos regímenes diferentes de responsabilidad. Uno para los imputables, que son
las personas que al momento de realizar el hecho punible lo hacen con culpabilidad,
es decir, tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y
de orientarlo conforme a esa comprensión. Y otro, para los inimputables, que
son los individuos que al momento de cometer el delito no pueden comprender la
ilicitud de su conducta ni pueden determinarse de acuerdo con esa comprensión,
por su inmadurez sicológica o trastorno mental, o sea, actúan sin culpabilidad[66].
Esta diversidad de regímenes explica, a
su vez, que las penas y medidas de seguridad en el ordenamiento colombiano
tengan tanto similitudes como diferencias. Así pues, se advierte que las dos
tienen fines de protección social, toda vez que buscan evitar que quien cometió
un hecho típico y antijurídico reitere su conducta. De igual manera, implican
una restricción de derechos derivada de la comisión de dicho injusto y, por lo
tanto, están sometidas a las garantías constitucionales propias del derecho
penal. En ese sentido, esta Corporación ha señalado que, por ejemplo, no pueden
existir penas y medidas de seguridad imprescriptibles[67].
Sin embargo, una de las diferencias que
existe entre dichas figuras es que las penas tienen, entre otras, una finalidad
retributiva, de la cual están desprovistas las medidas de seguridad, pues
resultaría contrario a la dignidad humana y a la libertad (CP artículos 1° y
28) castigar a quien no logra comprender la ilicitud de su comportamiento. Por
ello, al referirse a los fines de las medidas de seguridad, esta Corporación ha
señalado que éstas “no tienen como fin la retribución por el hecho
antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las
reglas de grupo. La prevención que aquí se busca es la especial. De acuerdo con
este objetivo se conforma su contenido. Otra cosa es que, por su carácter
fuertemente aflictivo, también tenga efectos intimidatorios”[68].
En razón de lo anterior, al estudiar la constitucionalidad de disposiciones que
fijaban términos mínimos y máximos indeterminados de duración para las medidas
de seguridad, esta Corporación señaló:
“El tiempo de internación
del inimputable no depende de la duración prevista en el tipo penal respectivo
sino de la duración que tome el tratamiento. Ahora bien, la rehabilitación
siquiátrica no tiene topes mínimos de duración, sino que depende en cada caso
del tratamiento científico pertinente. Es por ello que no se compadece con la
preceptiva constitucional, particularmente con el valor y derecho a la
libertad, el internar a un inimputable más tiempo del estrictamente necesario
para lograr su rehabilitación. De allí la inconstitucionalidad de los plazos
mínimos establecidos en los tres artículos estudiados”[69].
Adicionalmente, en la mencionada
providencia[70],
la cual constituye un precedente relevante para resolver el problema jurídico
planteado, esta Corporación concluyó:
“a) El carácter indeterminado del tiempo máximo de
duración de las medidas de seguridad es inconstitucional porque el artículo 34
de la Carta prohíbe las penas perpetuas.
b) La fijación de topes
mínimos de las medidas de seguridad es inconstitucional porque la recuperación
de la libertad por parte de los inimputables no está condicionada a un cierto
término sino al restablecimiento de la capacidad síquica.
c) La declaratoria
judicial de la calidad de inimputable es monopolio del juez, el cual sin
embargo debe orientarse por el dictamen -no vinculante- del médico
especialista.
d) Los inimputables tienen
derecho, en los términos de los artículos 13 y 47 de la Carta, así como de los
pactos internacionales sobre la materia -ratificados por Colombia-, a un trato
especial y digno de manera inmediata.
e) La suspensión
condicional de las medidas de seguridad -sin exceder los topes máximos-, es
constitucional porque a veces la rehabilitación mental no es absoluta y total
sino relativa y gradual.”
En ese sentido, imponer términos mínimos
de duración a las medidas de seguridad implica que estas se transformen en un instrumento
retributivo, el cual, como se ha dicho, es incompatible con la situación propia
de los inimputables. Así
pues, la medida de seguridad no podrá durar más tiempo del estrictamente
necesario para la curación del inimputable.
Cabe señalar que los inimputables pertenecen
al grupo de las personas en condición de discapacidad física, sensorial y
psíquica y, por lo tanto, el trato que la sociedad y el Estado debe dispensarles
no es el de “igual consideración y respeto” sino el de “especial
consideración, respeto y atención” (CP art. 47), precisamente por su misma
condición y en obedecimiento a los principios de respeto a la dignidad humana y
de solidaridad, sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho (CP
art. 1). En ese contexto, la disposición acusada, al sujetar la
duración de la medida de seguridad al término previsto para la pena impone a
los inimputables una injusta y prolongada privación de su libertad (CP. Art.
28), en los casos en los que el tratamiento que estos requieren dura menos que
la pena establecida.
Adicional a lo
anterior, se advierte que la medida que prevé la norma acusada no resulta
idónea para
lograr el fin buscado por el legislador[71],
toda vez que, aunque puede evitar que falsos inimputables se beneficien con
sanciones menos severas, no garantiza que deje de existir impunidad, entendida
como la ausencia de castigo para el autor de un delito. Así mismo, dicha medida
no desestimula la realización de la conducta de lesiones con agentes químicos,
acido y/o sustancias similares por parte de los inimputables, pues dicha
condición no les permite comprender la ilicitud de su comportamiento, ni
determinarse según esa comprensión. Por consiguiente, tampoco les permite
entender los efectos de la norma acusada.
De igual manera, la
Sala encuentra que dicha medida no es necesaria, pues el ordenamiento jurídico
ya ha tipificado conductas como fraude procesal, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso
testimonio para evitar que
los imputables defrauden a la justicia. Así mismo, porque la declaratoria de
inimputabilidad del acusado debe estar fundamentada no solo en el dictamen del
perito que evalúa su capacidad de comprensión y autodeterminación al momento de
cometer el hecho típico y antijurídico sino en todos los elementos materiales
probatorios que el juez considere necesarios para poder establecer la magnitud
del desequilibrio, la coetaneidad con el hecho realizado y el nexo causal que
permita vincular inequívocamente el trastorno sufrido a la conducta ejecutada[72].
Finalmente, la Sala advierte
que la medida consagrada en el parágrafo acusado no es proporcional, pues con
el objeto de evitar la impunidad que se
genera cuando, en casos de ataques con ácido, el victimario busca escapar de la
sanción penal valiéndose de maniobras fraudulentas para ser declarado
inimputable, se afecta a quienes, en efecto, son inimputables y por lo tanto no
realizan esas prácticas, esto es, a quienes ciertamente se encuentre en la
imposibilidad para comprender su ilícito, toda vez que se les privaría de su
libertad por más tiempo del necesario para su recuperación, lo cual resulta
desproporcionado.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE el
parágrafo primero del artículo 116A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el
artículo primero de la Ley 1773 de 2016.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
(Impedida)
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia
C-370 de 2002.
[2] Según la exposición de motivos del
artículo 1º de la Ley 1773 de 2016.
[3] Intervención de la Universidad
Javeriana.
[4] Cfr., Intervenciones de la
Universidad Javeriana y de la Corporación Excelencia en la Justicia.
[5] Intervención de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia.
[6] Intervención de la Corporación
Excelencia en la Justicia.
[7] Intervención del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal.
[8] Intervención de la Corporación Excelencia
en la Justicia.
[9] Ibídem.
[10] Ibídem.
[11] Tesis de la Universidad Javeriana.
[12] Ministerio del Interior y Universidad Libre.
[13] Ver Sentencias C-600 de 2010 y
C-744 de 2001.
[14] Ver Sentencias C-960 de 2014 y
C-462 de 2013.
[15] C-310 de 2002.
[17] Ibídem.
[18]  Sobre el particular se
pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-559 de 1999, C-840 de 2000, C-226 de 2002, C-420
de 2002, C-762 de 2002, C-205 de 2003, C-247 de 2004 y C-034 de 2005.
[19] Cabe Destacar que, como lo
ha dicho esta Corte, la política criminal del Estado no se agota en el
ejercicio de su poder punitivo. En la Sentencia C-646-01, este Tribunal definió
en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de
medidas que comprendía. Dijo sobre el particular: “Dada la multiplicidad de
intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y
complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de
cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que
cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado
definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de
respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a
conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin
de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los
derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho
conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social,
como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan
responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos
extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede
ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser
económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado
comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes
realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se
adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para
generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado
comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser
administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria.
Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera
sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un
hecho constitutivo de una conducta típica”.
[20] C-468 de 2009.
[21] Sentencia C-420 de 2002.
[22] Sentencia C-468 de 2009.
[23] Sentencia C-489 de 2002.
[24] Ver sentencias C-225 de 1995,
C-368 de 2000, C-177 de 2001 y C-226 de 2002.
[25] Sentencia
C-489 de 2002.
[26] En este sentido, Mario
Romano, Merecimiento de Pena, Necesidad de Pena y Teoría del Delito, en
Fundamentos de un Sistema Europeo de Derecho Penal. José María Bosch, ed.
Barcelona 1995. En ese mismo volumen pueden examinarse también ensayos de
diversos autores alrededor de los conceptos de merecimiento de la pena y
necesidad de la pena y de sus relaciones con la estructura del delito.
[27] Sentencia C-1404 de 2000.
[28] Sentencia C-038 de 1995.
Fundamento 4.
[29] Sobre el tema se pueden
consultar, entre otras, las Sentencias C-013 de 1997, C-840 de 2000 y C- 034 de
2005.
[30] Sentencia C-070 de 1996.
[31] Ver Sentencia C-226 de
2002.
[32] Sentencia C-420 de 2002.
[33] Sentencia C-239 de 1997.
Ver también, entre otras, la sentencia C-425 de 1997.
[34] Código Penal. ARTICULO 33.
INIMPUTABILIDAD. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta
típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de
determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica,
trastorno mental o estados similares.
No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno
mental.
Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil.
[35] Sentencia C-176 de 1993.
[36] Código Penal, Artículo 4°.
[37] Código Penal, Artículo 5°.
[38] Sentencia C-176 de 1993.
[39] “ARTICULO 33. INIMPUTABILIDAD. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la
conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su
ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez
sicológica, trastorno mental o estados similares.
No
será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental.
Los
menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad
Penal Juvenil.”
[40] Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para
la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de
Comprensión y Autodeterminación”
[41] Sotomayor Acosta Juan, “Inimputabilidad y Sistema
Penal”. Temis 1996; Velásquez, Velásquez Fernando “Derecho Penal Parte
General”. Temis 1979; Calderón Cadavid Leonel “La inimputabilidad en el Derecho
Penal y en el Procedimiento. Temis 1966.
[42] Artículo 33 del Código Penal, Ley 599 de 2000: “…No
será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental”. El
término trastorno mental preordenado, se refiere a una alteración provocada por
el agresor para realizar o facilitar un acto ilícito; generalmente, se trata de
intoxicaciones agudas, por alcohol u otra sustancia embriagante. Si bien es
posible considerar esta figura desde lo teórico, en la práctica forense es muy
difícil de establecer, ya que, si un individuo se trastorna voluntariamente
para cometer un ilícito y realmente logra trastornarse, entonces cuando esté
trastornado no tendrá las capacidades mentales superiores para realizar el acto
que planeaba realizar y si lo realiza es porque no se encontraba trastornado.
Probablemente su existencia práctica solo puede predicarse para los delitos de
omisión, en los que es posible alcanzar el resultado precisamente por el
compromiso de las funciones mentales superiores. Instituto Nacional de Medicina
Legal. “Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre
Capacidad de Comprensión y Autodeterminación”.
[43] Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación Penal. Sentencia: febrero 14 de 2002, Referencia Expediente
11188.
[44] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia: junio 8 de 2000.
Radicado 12565).
[45] Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para
la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de
Comprensión y Autodeterminación”
[46] Jiménez Rojas, Iván. “El diagnóstico psiquiátrico
forense en Inimputabilidad”. En “Revista Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses”, Vol. 18 No. 1, 2004.
[47] Instituto Nacional de Medicina Legal. “Guía para
la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de
Comprensión y Autodeterminación”
[48] Artículo
33 del Código Penal.
[49] Organización Mundial de la Salud. “Guía de Bolsillo
de la Clasificación CIE-10. Clasificación de los Trastornos Mentales y del
Comportamiento”. Madrid: Panamericana; 2000.
[50] American Psychiatric Association. “DSM-IV.
Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales”. Madrid: Masson; 1995.
[51] Instituto Nacional de
Medicina Legal. “Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses
sobre Capacidad de Comprensión y Autodeterminación”
[52] Según la Real Academia
Española, Recidiva significa: “Reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida.”
[53] Ibídem.
[54] Ibídem.
[55] Código Penal, artículo 70.
[56] Código Penal, artículo 71.
[57] Código Penal, artículo 72.
[58] Código Penal, artículo 74.
[59] Código Penal, artículo 75.
[60] Código Penal, artículo 76.
[61] Código Penal, artículo 81.
[62] Código Penal,
artículo 79.
[63] Código Penal, artículo 78.
[64] Gaceta 366 de
2014.
[65] Sentencia C-1404 de 2000.
[66] Código Penal. ARTICULO 33.
INIMPUTABILIDAD. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta
típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de
determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica,
trastorno mental o estados similares.
No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno
mental.
Los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil.
[67] Ver las sentencias T-401 de 1992,
C-176 de 1993 y C-358 de 1997.
[68] Sentencia C-176 de 1993,
fundamento 5.2.
[69] Sentencia C-176 de 1993,
fundamento 6.2.
[70] Ibídem.
[71] “Por último, se
consagran dos parágrafos en el artículo; el primero establece que la medida de
seguridad, en caso de ser procedente de acuerdo a las valoraciones del caso, no
puede ser inferior que la pena. Esta aclaración busca evitar la impunidad,
frecuente en la mayoría de ataques con ácidos, cuando el victimario busca
acceder a beneficios, como la sustitución de la pena, valiéndose de maniobras
fraudulentas para que los dictámenes determinen su inimputabilidad.”
[72] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Sentencia: junio 8 de 2000.Radicado 12565.