T-666-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-666/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se
solicita reanudar proceso de restitución de tierras
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Naturaleza y marco jurídico
El proceso de restitución de
tierras tiene como objetivo la protección de los derechos de las víctimas y
específicamente obedece a los lineamientos trazados por la Corte Constitucional
al declarar el estado de cosas inconstitucional en relación con las víctimas de
desplazamiento forzado. El proceso de restitución consta de dos etapas: la
primera, consiste en un procedimiento administrativo que tiene como finalidad
que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas incluya la solicitud de la víctima en el Registro de Restitución de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, actuación que constituye un
requisito de procedibilidad de la acción de restitución –artículos 76 y 83 de
la Ley 1448 de 2011-; y la segunda, que se trata del proceso judicial, el cual
inicia con la presentación de la demanda.
ACCION PENAL-Naturaleza
La acción penal consiste en el ejercicio de la
facultad punitiva del Estado. Se trata de una actuación de naturaleza pública,
pues la defensa de los bienes jurídicos es de interés de la comunidad y es el
Estado, como titular de la acción, quien persigue las conductas que infrinjan
la ley penal. Corresponde a la Fiscalía ejercer la acción penal y, por regla
general, realizar de oficio la investigación de los hechos que tienen las
características de un delito.
FRAUDE PROCESAL-Delito autónomo
Se trata de un delito autónomo y, por ende, la
determinación de la ilegalidad de la decisión que se adopte en el proceso es
irrelevante para la consumación del ilícito, pues sólo requiere que se produzca
la inducción al error para obtener una decisión ilegal y no que la decisión
contraria a la ley efectivamente se produzca. Además, es un delito de ejecución
permanente porque aunque la conducta se entiende consumada cuando el agente
induce en error al servidor, ésta se prolonga durante el tiempo en que la autoridad
se mantiene en el error y aún después, cuando se efectúan actos de ejecución de
la decisión.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO
PENAL-Reparación integral
y restablecimiento del derecho
Tanto la Fiscalía como las víctimas, pueden solicitar
al juez, bien sea de conocimiento o de control de garantías, el
restablecimiento del derecho a favor de las víctimas. La Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia ha señalado que el restablecimiento de derechos de las
víctimas es intemporal, es decir que se puede realizar en cualquier momento de
la actuación procesal, por ser independiente a la declaración de
responsabilidad penal, pues para que opere, basta con que esté demostrada
la materialidad de la conducta o el tipo objetivo. El restablecimiento del derecho
es procedente incluso si la sentencia es absolutoria o se ha declarado la
prescripción de la acción penal.
MEDIDAS PROVISIONALES EN AUDIENCIAS
PRELIMINARES PARA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS-El juez de control de garantías debe establecer
que la medida que pretende adoptar es legal y que la restricción a los derechos
que genera, persigue una finalidad constitucional
La adopción de medidas provisionales con el fin de
restablecer los derechos de las víctimas en audiencias preliminares, deben ser
motivadas. Así pues, corresponde a los jueces con funciones de control de
garantías o de conocimiento que decreten la medida, indicar que está demostrada
la materialidad de la conducta y señalar las razones por las cuales es
necesaria la adopción de medidas inmediatas que no se pueden posponer hasta el
momento en que se profiera alguna determinación definitiva en el proceso.
Además, la adopción de una medida provisional puede suponer una tensión entre
los derechos de las presuntas víctimas y los de otras personas, cuyos intereses
resulten afectados con la aquella determinación. En consecuencia, corresponde
al juez con funciones de control de garantías, establecer si la adopción de una
medida provisional resulta razonable y proporcionada a la luz de los intereses
que se pretende salvaguardar.
PREJUDICIALIDAD-Concepto
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto fáctico
por falta de motivación
Las decisiones adoptadas por el juez con funciones de
control de garantías carecen por completo de motivación. En efecto, omitió
analizar si concurrían los requisitos para adoptar una medida provisional con
el fin de restablecer los derechos de las víctimas, pues no analizó si estaba
acreditada la materialidad de la conducta o el tipo objetivo de fraude procesal
(es decir, (i) una conducta engañosa o fraudulenta; (ii) la inducción en error
al servidor público, y (iii) el propósito de obtener sentencia, resolución o
acto administrativo contrario a la ley). Tampoco demostró que fuera necesaria
la adopción de medidas inmediatas, que no se pudieran posponer hasta el momento
en que se profiriera alguna determinación de carácter definitivo en el proceso.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
defecto procedimental absoluto al desconocerse la naturaleza del proceso de
restitución de tierras y el procedimiento aplicable para la suspensión de un
proceso civil
Las providencias incurrieron
en un defecto procedimental absoluto, pues ignoraron los presupuestos
procesales para que operara la suspensión del proceso por prejudicialidad, y en
esa medida el funcionario judicial actuó al margen del procedimiento
establecido.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR DEFECTO ORGANICO-Falta de competencia del funcionario judicial
El
juez con funciones de control de garantías incurrió en un defecto orgánico
porque de conformidad con los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento
Civil, no era competente para ordenar la suspensión de un proceso de
restitución de tierras despojadas. En efecto, la competencia para decretar la
suspensión de un proceso civil por prejudicialidad ante la existencia de un
proceso penal, corresponde exclusivamente al juez que conoce del proceso cuya
suspensión se pretende. En este orden de ideas, el juez del proceso penal
incurrió en un defecto orgánico al usurpar la función que correspondía al juez
de restitución de tierras
Referencia: Expediente T-4.841.815
Acción de tutela presentada por Armando Rafael Daza Mercado y otros,
contra los juzgados Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de
Aracataca y Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Santa Marta.
Procedencia: Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Deber de motivar la adopción
de medidas provisionales en audiencia de restablecimiento de derechos.
Suspensión de un proceso de restitución de tierras como medida cautelar para
restablecer los derechos de las víctimas en los procesos penales.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil quince (2015).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, adoptado
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 9 de marzo de
2015, que confirmó la decisión adoptada por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
el 29 de enero de 2015, en el proceso de tutela promovido por el señor Armando
Rafael Daza Mercado y otros 15 accionantes, contra el Juzgado Promiscuo
Municipal con Función de Control de Garantías de Aracataca y el Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis de la
Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
El 15 de enero de 2015, el señor Armando Rafael Daza Mercado y otros
15 accionantes[1], mediante
apoderada judicial[2],
interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal con
Función de Control de Garantías de Aracataca y el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la
justicia y a la reparación de las víctimas.
La tutela de la referencia se presenta en razón a que (i) el Juez
Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Aracataca, en el
trámite de unos procesos por el presunto delito de fraude procesal, ordenó la
suspensión de un proceso de restitución, en el que los accionantes fungen como solicitantes
de la restitución jurídica y material de las tierras que abandonaron y de las
que fueron despojados forzadamente, y (ii) el Juez Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, profirió un auto en el
que dio cumplimiento a la orden del juez promiscuo con funciones de control de
garantías y suspendió el proceso de restitución de tierras mencionado.
A. Hechos y pretensiones
1.
Afirma la apoderada que los accionantes eran
campesinos y vivían en la zona rural del corregimiento de Salaminita, ubicado
en el municipio de Pivijay, en el departamento del Magdalena. A algunos de los pobladores
del corregimiento, el INCORA les había adjudicado los predios en los que
habitaban.
2.
Sostiene la abogada que el 7 de junio de 1999,
bajo el mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén -alias ‘Esteban’-, paramilitares
del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia obligaron a los
pobladores de Salaminita a reunirse en una tienda del pueblo y asesinaron a
tres habitantes del corregimiento, dentro de los cuales estaba la Inspectora de
Policía. En consecuencia, la población huyó y días después los miembros de las
autodefensas derribaron las casas de las familias desplazadas.
3.
Señala la apoderada que a los habitantes de la
zona rural que se negaron a abandonar sus tierras, los amenazaron o los mataron
en los meses siguientes. En particular, el 23 de agosto de 2000, asesinaron a
los señores Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de la
tercera edad que se había negado a dejar su finca.
4.
Indica la abogada que entre 1999 y 2008, los
accionantes vendieron sus fincas bajo la presión que ejercieron los
terratenientes de la zona. En la actualidad, los predios están titulados a
nombre de Adolfo Díaz Quintero, Rigoberto Díaz Quintero, Carlos Rueda Acevedo,
María Teresa Rueda Acevedo, y Priscila Perdomo Quintero, y el territorio donde
se ubicaba el corregimiento de Salaminita, pertenece a las familias Díaz
Quintero y Rueda Acevedo.
5.
Asevera la apoderada que por solicitud de varios
reclamantes que alegaban ser víctimas de desplazamiento forzado, abandono y
despojo de tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, a través de la Dirección
Territorial del Magdalena, atendió y dio inicio al trámite de inscripción en el
registro de tierras despojadas y abandonadas previsto en la Ley 1448 de 2011,
en relación con varios predios ubicados en el centro poblado y la zona rural
del corregimiento de Salaminita.
Agrega que, tras analizar la información recaudada
(relacionada con los solicitantes, los predios reclamados y las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de los hechos victimizantes), la Unidad de Restitución
de Tierras profirió las Resoluciones RMLR22 de 2013 y RMLR002 de 2014, mediante
las cuales inscribió en el registro de tierras despojadas y abandonadas 38
solicitudes sobre predios ubicados en el centro poblado de Salaminita, y 19
solicitudes relacionadas con predios rurales del mismo corregimiento,
respectivamente.
6.
El 6 de junio de 2014, con el acompañamiento de
la Comisión Colombiana de Juristas, los 16 accionantes de la tutela de la
referencia presentaron una solicitud colectiva para obtener la restitución de
las tierras ubicadas en la zona rural de Salaminita, que les fueron despojadas.[3]
En particular, señalaron que después del desplazamiento forzado del que fueron
víctimas, entre los años 1999 y 2008, fueron presionados por los señores
Vicente Rueda Guarín y Adolfo Díaz Quintero, (terratenientes del municipio de
Fundación, que han sido señalados por desmovilizados del Frente Tomás Freyle Guillén
de las AUC, como financiadores de grupos paramilitares de la región), para que
vendieran los predios de su propiedad, y en efecto lo hicieron.
En la solicitud elevada ante los juzgados de
restitución de tierras pidieron, entre otros: (i) proteger el derecho
fundamental a la restitución de tierras de los peticionarios, (ii) declarar la
inexistencia de los negocios jurídicos de transferencia del derecho de dominio
por parte de los solicitantes y la nulidad absoluta de los demás contratos
celebrados sobre los predios exigidos en restitución, con posterioridad a dicha
transferencia, y (iii) ordenar la restitución jurídica y material de tierras
despojadas a favor de los solicitantes, sus cónyuges y núcleos familiares, como
víctimas del conflicto armado interno y formalizar la relación jurídica
respecto de los predios.
7.
El conocimiento de la solicitud correspondió al
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta[4].
8.
Paralelamente, el abogado Gregorio Arizmendi
Hernández presentó distintas denuncias penales, por el delito de fraude
procesal, del cual supuestamente fueron víctimas los señores Rigoberto Díaz
Quintero, Priscila Perdomo Quintero y Adolfo Díaz Quintero[5].
9.
En el trámite de las investigaciones originadas
en las denuncias referidas, en las cuales figuran como indiciados 6 de los 16
solicitantes de la restitución, el Fiscal 26 Seccional de Fundación solicitó al
Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca que,
de conformidad con el artículo 22 de la Ley 906 de 2004[6],
como medida de restablecimiento del derecho, se suspendiera el proceso civil
especial de restitución de tierras.
10.
En audiencias preliminares de restablecimiento
del derecho celebradas el 14 y el 15 de agosto de 2014[7],
el Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca
ordenó suspender el proceso de restitución de tierras a cargo del Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, “(…)
mientras se ventila la investigación por fraude procesal ante el ente fiscal en
el municipio de Fundación.”[8]
11.
Por consiguiente, mediante auto del 3 de
septiembre de 2014[9],
el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Santa Marta resolvió acatar la orden impartida por el Juez Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca, y suspendió el
proceso de restitución de tierras promovido por los accionantes.
En la anterior decisión se estableció que, a pesar de
que no se contaba con las grabaciones de las audiencias que dieron origen a la
orden de suspender el proceso de restitución de tierras, ésta debía ser acatada
por tratarse de una orden impartida por un juez de la República. En este
sentido, señaló que en observancia de los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los jueces tienen el deber de acatar los fallos judiciales sin
evaluar si aquellos son convenientes u oportunos.
No obstante, en la misma providencia el juez hizo “(…)
la salvedad consistente en que los presentes procesos de restitución de tierras
tienen como finalidad proteger los derechos vulnerados a la población afectada
por los actores del conflicto armado, quienes de manera previa se encuentran
identificados como víctimas en los procesos administrativos adelantados por la
Unidad de Gestión de Restitución de Tierras, siendo este, uno de los requisitos
esenciales del actual trámite procesal para poder acceder a los derechos
contemplados en la Ley 1448 de 2011. Por ende, esta agencia judicial respeta y
acepta la decisión de suspensión tomada y comunicada mediante oficio de fecha
15 de agosto de 2014, mas no la comparte, pues como se estableció a lo largo
de este considerando, nos encontramos en presencia de disposiciones legales
especiales encaminadas a proteger, garantizar y asegurar los derechos
constitucionales de las víctimas, tal cual lo establece el Art. 1º de la
norma ibídem (…)” (Negrillas fuera del texto)[10].
12.
El 10 de septiembre de 2014, la apoderada de los
actores presentó recurso de reposición contra el auto mediante el cual el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta acató las órdenes del juez penal y suspendió el proceso de
restitución[11]. El
recurso se sustentó con los siguientes argumentos:
En primer lugar, la abogada indicó que del contenido
del derecho fundamental a la restitución de tierras del que son titulares las víctimas
del conflicto armado interno, se deriva la obligación a cargo del Estado de
restablecer las condiciones en las que éstas se encontraban antes de que
ocurriera la vulneración de sus derechos. En ese orden de ideas, estableció que
la decisión de suspender el proceso de restitución de tierras adoptada por el
juzgado, impide que se garantice ese derecho fundamental y atenta contra la
Constitución y el contenido de los tratados de Derechos Humanos ratificados por
el Estado Colombiano.
En segundo lugar, hizo referencia a la figura de la
prejudicialidad y, en particular, cuestionó si ésta era operante en el caso
concreto, o si por el contrario la suspensión del proceso de restitución de
tierras no estaba justificada.
Así pues, manifestó que para verificar si dicha
institución es aplicable en un caso particular, no basta con que se tengan dos
procesos relacionados, pues de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[12],
el juez debe analizar cada uno de los presupuestos previstos por la legislación
civil para determinar si existe una relación íntima entre los procesos que
conlleve la dependencia de las decisiones. Entonces, corresponde al operador
judicial verificar que no se trate de una medida dilatoria que vulnere el
derecho de acceso a la justicia y atente contra los principios de celeridad y
economía procesal; lo cual, a su juicio, ocurrió en este caso, en el cual no
debería operar la suspensión por prejudicialidad.
En tercer lugar, afirmó que el proceso de restitución
de tierras es expedito, desprovisto de las formalidades que caracterizan a los
procesos civiles ordinarios, razón por la cual su suspensión indefinida por
prejudicialidad, desnaturaliza las características propias de tal procedimiento
y "da al traste con su objetivo”.
En cuarto lugar, determinó que antes de acatar la orden
del juez penal, corresponde al juez de restitución de tierras valorar cómo
afectaría tal decisión el proceso de restitución, si las acciones emprendidas
dentro del proceso penal recaen sobre la totalidad de las partes del proceso de
restitución o solamente sobre algunas de ellas, y si los oficios recibidos por
parte del juez penal podrían entenderse como prueba suficiente del proceso
penal. En síntesis, señaló que “[d]e la lectura del auto que ordena la
suspensión, se puede concluir que el juez [de restitución de tierras] no hizo
uso de su poder discrecional y por tanto no analizó, ni respondió ninguna de
estas preguntas."[13]
13.
Mediante auto del 19 de septiembre de 2014[14],
el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Santa Marta resolvió no reponer el auto del 3 de septiembre de 2014. Lo
anterior, por cuanto consideró que estaba obligado a cumplir la orden del Juez
de Control de Garantías de Aracataca, porque "(...) no le es dable al
Juez que conoce de la orden judicial impartida entrar a examinar si la decisión
tomada cumple con la totalidad de los requisitos establecidos para cada caso en
concreto, pues quien ejerce el control constitucional y legal de las
actuaciones judiciales seria [sic] en este caso el consejo seccional [sic] de
la Judicatura o en su defecto la Procuraduría General de la nación [sic],
entidades que fueron notificadas del auto que ordenó acatar la suspensión del
proceso de la referencia."[15]
14.
La apoderada judicial de los 16 accionantes
considera que las decisiones adoptadas por el Juzgado Promiscuo Municipal con
Función de Control de Garantías de Aracataca y el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta vulneran sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación,
por lo siguiente:
En primer lugar, en relación con los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la apoderada señala
que estos se encuentran satisfechos, pues (i) se trata de un asunto de evidente
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los mecanismos ordinarios de
defensa al alcance de los accionantes para controvertir los autos censurados;
(iii) la acción de tutela fue presentada en un término razonable; (iv) las
providencias judiciales discutidas incurren en defectos procedimentales que tienen
efectos en las decisiones que se impugnan y en los derechos de los accionantes;
(v) la parte actora identifica de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y tal vulneración fue
alegada en el proceso judicial cuando fue posible; y (vi) no se trata de
sentencias de tutela.
En segundo lugar, la apoderada afirmó que concurrían los siguientes
requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales:
Primero, en relación con la decisión
adoptada por el Juez Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de
Aracataca, consistente en ordenar como medida provisional la suspensión del
proceso de restitución de tierras, la apoderada manifiesta que aquella incurre
en las siguientes causales específicas de procedibilidad: (i) defecto orgánico[16];
(ii) defecto procedimental[17];
(iii) defecto fáctico[18];
(iv) decisión sin motivación[19];
y (v) violación de la Constitución[20].
Segundo, asevera que las providencias
mediante las cuales el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta acató la decisión del juez de control de
garantías y negó los recursos de reposición, presenta los defectos
procedimental[21] y
fáctico[22].
En consecuencia, la apoderada solicita al juez de tutela: a) revocar
la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Aracataca, en la que se ordena suspender el proceso de
restitución adelantado por el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta de radicado No. 47001311210022014003600, b)
revocar la decisión del Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, consistente en acatar la orden impartida
por el juez promiscuo municipal; y c) ordenar al Juez Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, que reanude el
proceso de restitución de tierras de manera inmediata.
B. Actuación procesal de primera instancia
Mediante auto del 19 de enero de 2015[23],
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, avocó el conocimiento de la acción de tutela y
ordenó vincular, en calidad de autoridades accionadas, al Juez Segundo Civil
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta y al Juez Promiscuo
Municipal con Función de Control de Garantías de Aracataca, para que ejercieran
sus derechos de defensa y contradicción.
Además, ordenó vincular como terceros interesados, al Fiscal
Seccional 26 de Fundación y a los señores Adolfo Díaz Quintero, Rigoberto Díaz
Quintero, Carlos Rueda Acevedo, María Teresa Rueda Acevedo, Priscila Perdomo,
Karen Truman, Antonio Modesto González Gamero, Ángel María Mancilla Moreno,
Liliana Estrada y Luis Gabriel Camargo Arroyo.
Por último, requirió a la apoderada de los demandantes, para que
aportara poderes especiales para acreditar su legitimación, pues la magistrada
ponente consideró que los poderes aportados no cumplían “con la especialidad
que se requiere para legitimar su interposición”.[24]
Posteriormente, la magistrada resolvió emplazar a los señores
Antonio Modesto González Gamero, Ángel María Mancilla Moreno, Liliana Estrada,
Luis Gabriel Camargo Arroyo y Karen Truman; quienes también figuran como
imputados en los procesos penales y no fungen como demandantes, demandados, ni
vinculados en el proceso de restitución de tierras[25].
Posteriormente, mediante auto del 27 de enero de 2015[26],
se designó al auxiliar de justicia Blas Elías Hernández Barrios como curador ad
litem de los señores Antonio Modesto González Gamero, Ángel María Mancilla
Moreno, Liliana Estrada, Luis Gabriel Camargo Arroyo y Karen Truman.
Respuesta del Juez Promiscuo Municipal con Función de Control de
Garantías de Aracataca
Mediante escrito recibido por el Tribunal el 22 de enero de 2015[27],
el funcionario judicial contestó la tutela y señaló que la decisión consistente
en ordenar la suspensión del proceso de restitución de tierras "(…)
obedeció a la solicitud de audiencia de Restablecimiento del derecho, por el
delito de fraude procesal realizada por el doctor JACOBO PAYARES PABA, Fiscal
26 Seccional de Fundación, Magdalena, realizadas dichas audiencias el día 15 de
agosto de 2014. // De igual manera considero que no se ha violado derecho
fundamental alguno, se obró conforme a las normas y preceptos legales y
constitucionales, de acuerdo a la solicitud que hizo el ente fiscal."[28]
Respuesta del Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta
Mediante escrito recibido por el juez de tutela de primera instancia
el 22 de enero de 2015[29],
el funcionario judicial contestó la tutela y manifestó que los autos mediante
los cuales decretó la suspensión del proceso de restitución de tierras y negó
el recurso de reposición interpuesto por los solicitantes, fueron proferidos en
cumplimiento de la orden impartida por el juez de control de garantías.
En efecto, afirmó que en las providencias censuradas señaló "(...)
que la disposición impartida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca,
Magdalena resulta bien particular y puede afectar los intereses del proceso,
pues hasta esa fecha era la primera suspensión que se genera [sic] por ocasión
de una audiencia de control de garantías donde figuran como presuntamente
denunciados por el punible de fraude procesal las personas relacionadas como
víctimas en el proceso de restitución de tierras; no obstante, no es de recibo,
ni tampoco le está permitido a los funcionarios públicos exhortados, desatender
de manera tajante las órdenes impartidas por los órganos judiciales."[30]
En conclusión, señaló que mediante sus decisiones acató la orden del
Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca, que era de obligatorio cumplimiento,
motivo por el cual no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes.
Respuesta de la Fiscalía Seccional 26 de Fundación
Mediante escrito recibido por el juez constitucional el 22 de enero
de 2015[31], la
Fiscal Seccional 26 de Fundación señaló que ocupa ese cargo a partir del 5 de
enero de 2015, que la Fiscalía respeta los derechos fundamentales de todos los
ciudadanos, y presume que las instituciones judiciales actuaron bajo los
mandatos legales. Agregó que su despacho acatará la decisión que se adopte en
el trámite de la tutela de la referencia.
Por otra parte, identificó las indagaciones preliminares dentro de
las cuales el Fiscal 26 Seccional de Fundación solicitó que se adoptara la
medida provisional de suspensión del proceso de restitución de tierras, la cual
dio origen a las audiencias preliminares en las cuales se adoptaron las
decisiones cuestionadas.[32]
Respuesta de los señores Adolfo Díaz Quintero, Rigoberto Díaz
Quintero y Priscila Perdomo
Mediante escrito recibido por el a quo el 26 de enero de 2015[33],
el apoderado de los vinculados contestó la tutela y manifestó que en este caso
las providencias judiciales controvertidas por medio de la acción de la
referencia no incurrieron en una vía de hecho, por cuanto es necesario evitar
perjuicios a las ‘víctimas’ de fraude procesal y suspender el proceso civil
mientras se resuelve la situación penal de los acusados.
En ese orden de ideas, manifestó que en este caso operaba la
prejudicialidad, pues "(...) sería grave y trascendental, que se
expropiaran los bienes a mis mandantes y después que resulte el proceso penal
condenando por falsedad, fraude procesal o cualquier otro delito similar
a quienes se procesan, cometidos frente a la actuación de quienes se
investigan, y que atenta contra la verdad procesal de la ACTUACIÓN CIVIL."[34]
(Negrillas en el texto original)
Además, el apoderado hizo referencia a los predios supuestamente
despojados, de los cuales, según él, son propietarios los señores Díaz Quintero
y la señora Perdomo, quienes los adquirieron de buena fe, en una época en la
cual la zona ya no estaba sometida a la violencia que, según los accionantes,
los llevó al desplazamiento. En efecto, los hechos que originaron el
desplazamiento ocurrieron en 1999 y los inmuebles fueron adquiridos en los años
2005, 2007, 2008 y 2009.
Respuesta de los señores María Teresa Rueda Acevedo, Esther María
Rueda, Mercedes Rueda, Carlos Arturo Rueda y José Vicente Rueda Acevedo
Mediante escrito recibido por el juez constitucional el 26 de enero
de 2015[35]
el apoderado de los vinculados, que es el mismo de los señores Díaz Quintero y
la señora Perdomo, contestó la tutela y expuso los mismos argumentos contenidos
en la contestación anterior.
Respuesta del curador ad litem
Mediante escrito recibido por el Tribunal de primera instancia el 28
de enero de 2015[36],
el curador ad litem de los señores Antonio Modesto González Gamero,
Ángel María Mancilla Moreno, Liliana Estrada, Luis Gabriel Camargo Arroyo y
Karen Truman; afirmó que no le constaba ninguno de los hechos de la tutela.
C. Decisiones objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
En sentencia del 29 de enero de 2015[37],
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena declaró improcedente el amparo.
La Sala señaló que la supuesta apoderada judicial presentó copias
simples (i) de 16 poderes otorgados por las personas aparentemente
representadas, a la Comisión Colombiana de Juristas, y (ii) de la designación
realizada por Gustavo Gallón como representante legal de la Comisión Colombiana
de Juristas. Es decir, "no se adosó a esta actuación poder especial a
ella conferido, con un fin determinado para accionar en tutela, con un interés
específico sobre un derecho fundamental (...)"[38],
motivo por el cual no se acreditó la condición de apoderada especial de las
personas que dice representar, ni se presentó alguna justificación de su actuar
como agente oficiosa.
La magistrada Ada Patricia Lallemand Abramuck, aclaró su voto[39],
y señaló que, a pesar de que compartía la decisión consistente en declarar la
improcedencia de la acción porque no se acreditó la condición de apoderada de
la abogada, se debió establecer que por tratarse de personas desplazadas, la
señora Ortiz Serrano podría haber agenciado sus derechos. No obstante, la
agencia no se demostró porque no se presentó el certificado de existencia y
representación legal de la Comisión Colombiana de Juristas, en el que constara
que su objeto social consistiera en apoyar y defender a la población desplazada.
Impugnación
Mediante oficio radicado el 3 de febrero de 2015[40],
la apoderada impugnó la sentencia de primera instancia y manifestó que en la
notificación del auto admisorio de la demanda no le fue informado que había
sido requerida para que acreditara su condición.
Por otra parte, afirmó que estaba legitimada para actuar en este
caso por las siguientes razones: (i) en el expediente estaban las copias de los
poderes que le fueron otorgados, en los que se establece la facultad de
interponer las tutelas necesarias para obtener la restitución de las tierras
despojadas, (ii) según el Decreto 2591 de 1991, los poderes se presumen
auténticos, motivo por el cual es válida la presentación de copias simples; y
(iii) de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a las
víctimas de desplazamiento forzado no se les puede exigir el cumplimiento de requisitos
desproporcionados para acceder a la administración de justicia, de modo que en
caso de no encontrar probado su mandato, se debía reconocer su actuación como
agente oficiosa.
Por consiguiente, solicitó declarar que estaba legitimada en la
causa por activa, bien sea como apoderada o agente oficiosa de las víctimas,
revocar la decisión de primera instancia y pronunciarse de fondo sobre las
solicitudes presentadas. Subsidiariamente, pidió que se declarara la nulidad de
todo lo actuado, se inadmitiera la tutela, y se corriera traslado de la
decisión para corregir la demanda.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 9 de marzo de 2015[41],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar la
decisión del a quo.
La sentencia se sustentó en los siguientes argumentos:
En primer lugar, la Sala estableció que había legitimación en la
causa por activa, porque con los poderes allegados se probó que la abogada
había sido designada para defender los derechos de los demandantes en el
proceso de restitución de tierras y estaba expresamente facultada para
interponer las acciones de tutela que fueran necesarias, en relación con el
objeto del proceso referido.
En segundo lugar, la Sala de Casación Civil determinó que las
decisiones adoptadas por el juez de control de garantías de Aracataca,
consistentes en ordenar la suspensión del proceso de restitución de tierras, no
incurrieron en ningún defecto, porque sus argumentos se sustentaron en las
particularidades del caso y obedecieron a un criterio hermenéutico razonable de
las normas que regulan la materia (artículos 11, 22, 39, 113 -numeral 12-, y
153 a 155 Ley 906 de 2004).
En efecto, consideró que en uso de las facultades conferidas por el
Legislador, el juez practicó una audiencia preliminar de restablecimiento del
derecho solicitada por el fiscal a cargo de la investigación y accedió a lo pedido
con fundamento en los elementos probatorios que tuvo bajo su conocimiento, esto
es, la promesa de compraventa y la Escritura Pública. Así pues "(…) de
una parte, reconoció en el denunciante la calidad de ‘víctima afectada’ con
la existencia del proceso de restitución de tierras en el que se discutía sobre
el despojo de un inmueble que era de su propiedad; y, de otra, que dada esa
calidad y, ante la presunción del delito, debía hacer cesar los efectos
producidos por el mismo, independientemente de la responsabilidad penal que
se demostrara, actuar con el que materializó el 'principio penal de
restablecimiento del derecho'." (Negrillas fuera del texto).[42]
En tercer lugar, en relación con las decisiones adoptadas por el
juez especializado en restitución de tierras, la Sala advirtió que éstas no
resultaban arbitrarias, pues pese a que en aquellas el juez expuso de manera
clara su desacuerdo con la medida, también afirmó que las órdenes judiciales son
de obligatorio cumplimiento.
Por las anteriores razones, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión de la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que había
declarado improcedente el amparo.
D. Actuaciones
en sede de revisión
1.  La Magistrada
sustanciadora profirió el auto del 14 de septiembre de 2015, en el que solicitó
(i) las grabaciones de todas las audiencias preliminares de restablecimiento
del derecho practicadas por el Juez Promiscuo Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Aracataca el 14 y 15 de agosto de 2014, en las cuales
se ordenó la suspensión del proceso de restitución de tierras; (ii) las
actuaciones de los opositores en el procedimiento administrativo de restitución
de tierras en el que los accionantes de esta tutela figuran como víctimas;
(iii) la resolución mediante la cual se realizó la inscripción en el registro
de tierras despojadas y abandonadas, de 19 solicitudes relacionadas con predios
rurales del corregimiento de Salaminita, dentro de las cuales están las de los
16 accionantes; y, (iv) información sobre el estado del proceso de restitución
de tierras, particularmente en qué etapa se encontraba antes de que se
declarara la suspensión y qué actuaciones se llevaron a cabo en dicho proceso.
Además, con el fin de contar con mayores elementos de
juicio para explicar las particularidades de los procesos penales en los cuales
se adoptaron las decisiones cuestionadas mediante la tutela de la referencia, se
plantearon algunas preguntas a la Fiscal Seccional 26 de Fundación.
2.  Posteriormente,
mediante auto del 30 septiembre de 2015, la Sala ofició a la Fiscalía Seccional
26 de Fundación, para que informara cuáles fueron las razones que justificaron la
solicitud elevada al Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de
Garantías de Aracataca de ordenar, como medida provisional, la suspensión del
proceso de restitución de tierras en el que los accionantes fungen como
solicitantes. De otro lado, con fundamento en el artículo 57 del Reglamento
Interno de la Corte Constitucional, la Sala de Revisión resolvió suspender los
términos del presente asunto por 15 días calendario.
3.  Subsiguientemente,
mediante escrito recibido por el despacho sustanciador el 30 de septiembre de
2015, suscrito por la Fiscal 26 Seccional de Fundación[43],
se informó que las denuncias referidas en el auto del 14 de septiembre de 2015
se encontraban en etapa de indagación preliminar al momento de celebrarse las
audiencias de restablecimiento de derechos y, aunque cursaron en dicha
dependencia, posteriormente fueron asignadas a las Fiscalías 16, 18 y 21 de
Santa Marta.
En consecuencia, mediante auto del 2 de octubre de 2015, se ofició a
las Fiscalías 16, 18 y 21 de Santa Marta para que respondieran las preguntas
que habían sido formuladas a la Fiscalía 26 Seccional de Fundación en los autos
del 14 y 30 de septiembre de 2015. Además, se requirió al Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de
Garantías de Aracataca, para que cumpliera la
orden contenida en el auto del 14 de septiembre de 2015 y en consecuencia,
remitiera a esta Corporación las grabaciones de las audiencias de
restablecimiento de derechos en las que se ordenó la suspensión del proceso de
restitución de tierras.
4.
El 30 de septiembre de 2015, la Secretaría
General de la Corte remitió al despacho sustanciador los documentos allegados
por la Unidad de Restitución de Tierras -Territorial Magdalena- y el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta, en cumplimiento del auto del 14 de septiembre de 2015.
5.
El Director de la Unidad de Restitución de
Tierras – Territorial Magdalena allegó un escrito[44]
al que anexó (i) un CD que contiene la copia de las actuaciones de los
opositores en el procedimiento administrativo de restitución de tierras que precedió
al proceso judicial en el que los accionantes fungen como solicitantes[45],
de las que se evidencia que antes de que se profiriera la resolución que ordenó
la inclusión de los accionantes de esta tutela en el Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente: a) los opositores controvirtieron los
argumentos de las víctimas y allegaron las pruebas que consideraron necesarias,
y b) en las diligencias llevadas a cabo por los opositores ante la
Unidad de Restitución, les fue advertido que según el artículo 77 de la Ley
1448 de 2011, cierto tipo de ventas no se consideran válidas y su legalidad
debe ser controvertida en la etapa judicial[46];
(ii) copia de la Resolución RMLR002 de 2014, proferida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, “[p]or
la cual se decide sobre el ingreso de una solicitud al Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente”[47],
en la cual se estableció que tras el desplazamiento forzado de los
solicitantes, estos fueron presionados por personas que tenían presuntos
vínculos con los paramilitares, para vender sus predios a las familias Díaz
Quintero y Rueda Guarín y recibieron valores irrisorios por sus inmuebles[48];
y (iii) copia del recurso de reposición interpuesto por la Comisión Colombiana
de Juristas contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta[49].
6.
El secretario del Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta allegó un
escrito[50], al
que anexó (i) una certificación en la que consta: a) que el proceso de
restitución de tierras identificado con el número 470013121002-2014-0036-00 se
encuentra suspendido, de conformidad con el auto del 3 de septiembre de 2014, y
b) que al momento de dictarse dicha medida, el proceso estaba en etapa
de notificación y traslado del auto admisorio de la demanda; y (ii) un CD con
todas las actuaciones del proceso[51].
De las actuaciones que obran en el expediente del proceso de restitución
de tierras -contenidas en el CD-, resultan relevantes para esclarecer los
hechos de la presente tutela, las siguientes:
(i)
Mediante auto del 21 de julio de 2014, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta resolvió, entre otros: a) admitir las solicitudes de
Restitución de tierras abandonadas o despojadas forzadamente presentada por la
Comisión Colombiana de Juristas, en representación de los accionantes de la
tutela de la referencia, sobre los predios denominados Tierra Mala, El Carmen ,
San Fernando (Villa Omaira), Campo Cely, Montealegre, San Martin, Peñas
Blancas, El Naranjal, La Bella Dama, Nueva Esperanza, Bella Aurora, La Mano de
Dios, Las Nubes, Casa Lote y Caraballo; los cuales se encuentran ubicados en la
zona rural del antiguo corregimiento de Salaminita; b) ordenar a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ciénaga (Magdalena), efectuar
la inscripción de la admisión de la solicitud de restitución en los folios de
matrículas inmobiliarias correspondientes a los predios mencionados; c)
disponer la sustracción provisional del comercio, de los predios; d)
ordenar la suspensión de los procesos declarativos de derechos reales sobre los
predios solicitados en restitución, los procesos sucesorios, de embargos,
divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de
cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de
pertenencia, y de bienes vacantes y mostrencos, que se hayan iniciado ante la
justicia ordinaria en relación con los predios relacionados en la demanda y de
los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten
dichos predios, con excepción de los procesos de expropiación; y e)
correrle traslado de la solicitud de restitución de tierras abandonadas y
despojadas forzosamente a los señores Adolfo Díaz Quintero, Priscila Perdomo
Quintero, Rigoberto Díaz Quintero, Carlos Arturo Rueda Acevedo, Mercedes Rueda
Acevedo, Esther María Rueda Acevedo, Pedro Vicente Rueda Acevedo y José Vicente
Rueda Guarín.
(ii)
Mediante memorial radicado el 15 de agosto de
2014, la apoderada de la Comisión de Colombiana de Juristas informó que el
señor Truman Antonio Berbén Córdoba, quien obra como reclamante en el proceso
de restitución, recibió amenazas de muerte a partir de la fecha en la que se
presentó la solicitud de restitución de tierras.[52]
(iii)
Mediante auto del 19 de agosto de 2014, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta resolvió remitir la información antes mencionada –relacionada con
las amenazas recibidas por el señor Truman Antonio Berbén Córdoba- a la Unidad
de Protección, al Ministerio de Defensa Nacional, al Comandante de la Policía
de Magdalena y a la Fiscalía General de la Nación, para que cada uno según sus
competencias, desarrollara las actividades pertinentes a fin de hacer cesar la
amenaza.[53]
(iv)
Los opositores fueron notificados personalmente
de la solicitud de restitución de tierras.[54]
(v)
En el expediente de restitución obran los escritos
de oposición presentados por a) Rigoberto Díaz Quintero[55],
b) Adolfo Díaz Quintero y Priscila Perdomo Quintero[56],
c) Esther María Rueda, Mercedes Rueda, Carlos Arturo Rueda y José
Vicente Rueda Quevedo[57];
en los que controvirtieron los argumentos de la solicitud de restitución,
alegaron ser propietarios de buena fe exenta de culpa, anexaron avalúos de los
predios, los certificados de libertad y tradición, los contratos de promesa de
compraventa y las Escrituras Públicas correspondientes.
Además, en los escritos de oposición solicitaron al juez
no acceder a las pretensiones de los demandantes y, en su lugar, condenarlos en
costas y ordenar “(…) la expedición de copias para que la Fiscalía
investigue los posibles delitos, por las afirmaciones desatinadas y mentirosas
en procura de obtener un provecho ilícito, atentando contra la buena fe
pública, la administración de Justicia, (FRAUDE PROCESAL) y demás violación
[sic] a las normas penales en las que hayan podido incurrir, estos señores
solicitantes, que valiéndose de la voluntad del gobierno y del dolor de quienes
efectivamente son víctimas de la violencia y de desplazamiento forzado, estas
sí dignas de que se les recupere y se les restituya la tierra que efectivamente
les quitaron a la fuerza, procuran recuperar ilícitamente una propiedad que
vendieron voluntariamente y en sana paz al comprador, quien de buena fe creyó,
y adquirió la propiedad por un precio justo y de acuerdo al mercado de la
época, como lo demostraremos probatoriamente en este proceso.” (Negrillas
fuera del texto). [58]
(vi)
Mediante auto del 1º de octubre de 2014[59],
el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta aclaró que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Ciénaga (Magdalena), debía mantener la inscripción de la admisión de la solicitud
de restitución en los folios de Matrículas Inmobiliarias, que había sido
ordenada en el auto admisorio de la demanda, a pesar de que con posterioridad
se hubiera decretado la suspensión del proceso de restitución de tierras.
(vii)
Mediante los oficios Nos. 572 y 573, del 21 de
mayo de 2015[60],
el Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de tierras solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca y al Fiscal 26 Seccional de Fundación,
respectivamente, que le informaran “(…) el estado actual en que se encuentra
el proceso penal seguido
contra Francia Elena Gutiérrez Crespo y otros, dentro del cual se llevó a cabo la audiencia de
restablecimiento del derecho realizada por su despacho el día 15 de Agosto de 2014 y en la que se profirió
la orden de
suspensión del proceso de lo referencia. // Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de esta clase de
procesos que a
través del desarrollo de su trámite apegado a una justicia transicional que busca la celeridad
y la economía procesal en la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.”
7.  El 8
de octubre de 2015, la Secretaría General de esta Corporación remitió al
despacho de la Magistrada sustanciadora, un amicus curiae presentado por
el Consejo Noruego para Refugiados[61].
Del documento mencionado, resulta relevante la siguiente
información:
-
El Consejo Noruego para Refugiados ha
caracterizado a 49 de las 53 familias desplazadas por la violencia en el municipio
de Salaminita. Afirma el director de la organización que las condiciones de
vulnerabilidad de las familias persisten después de 16 años de su
desplazamiento.[62]
-
El Legislador previó un proceso especial de
restitución de tierras con el fin de proferir decisiones efectivas en materia
de reparación a las víctimas, objetivo que no se cumple si se está ante una
multiplicidad de decisiones incompatibles, tanto judiciales como
administrativas. Además, estableció que son los Jueces Civiles de Restitución
de Tierras y los Tribunales Civiles de Restitución de Tierras, los llamados a
dirimir cualquier disputa que se presente en relación con los bienes inscritos
al Registro de Tierras Despojadas y Presuntamente Abandonadas Forzadamente, sus
solicitantes y eventuales opositores.
-
La orden de suspensión del proceso de restitución
constituye una grave amenaza de los derechos fundamentales de los accionantes
de acceder a la administración de justicia y contar con un recurso judicial
oportuno y efectivo sin dilaciones injustificadas.
Así pues, de continuar con la suspensión del proceso, se pondrían en
riesgo los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y el desgaste
de la comunidad podría llevar al desistimiento de la acción de restitución como
consecuencia de la dilación del proceso penal.
-
En caso de que la Corte concluya que procede la
suspensión de los procesos de restitución, ésta será usada por los opositores
como una estrategia dilatoria, persuasiva y disuasiva hacia las comunidades desplazadas.
8.  El 19
de octubre de 2015, la Secretaría General de esta Corporación remitió al
despacho de la Magistrada sustanciadora, un amicus curiae presentado por
investigadores del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de
Propiedad Agraria[63].
De ese documento, resulta relevante la siguiente información:
-
A juicio de los intervinientes, el presente caso
no solo es relevante para dar solución a la situación concreta de los
accionantes, sino que tiene repercusiones en la política pública de restitución
de tierras promovida por la Corte Constitucional desde hace varios años.
En este sentido, en caso de mantener la
orden de suspensión del proceso de restitución, esta situación se podría
repetir en las 661 demandas de restitución en las que se han presentado
opositores, pues éstos podrían acudir a procesos penales en los que los jueces
podrían ordenar la suspensión indefinida de los procesos de restitución.
-
El juez con funciones de control de garantías no
debió decretar la suspensión del proceso y el juez de restitución de tierras no
debió acatar dicha orden porque: (i) la buena fe “no se rompió” debido a que
eran 16 los solicitantes de la restitución, y 6 de estos fueron denunciados por
fraude procesal; (ii) el ordenamiento jurídico es uno y esto implica que la
decisión de suspensión no sea arbitraria; (iii) la ley de víctimas no prevé la
suspensión por prejudicialidad, por lo que la Corte podría considerar que ésta
está proscrita en los procesos de restitución de tierras, por tratarse de una
acción autónoma; (iv) el hecho de que la suspensión se haya decretado
indefinidamente desconoce la jurisprudencia, debido a que constituye una medida
dilatoria, la cual está proscrita; y (v) admitir la suspensión en un escenario
de justicia transicional, se presta para la dilación de los procesos de
restitución de tierras de mala fe.
-
Consideran los intervinientes que la medida
cautelar decretada no es razonable, pues ésta no satisface los requerimientos
de un test de proporcionalidad (plantean un juicio de proporcionalidad y
analizan la finalidad, la idoneidad y la necesidad de la medida).
9.  Por
último, el 21 de octubre de 2015, la Secretaría General de esta Corporación remitió
al despacho de la Magistrada sustanciadora, una intervención presentada por el Centro
de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia[64],
también a título de amicus curiae. Del documento mencionado, resulta
relevante la siguiente información:
-
A juicio de los intervinientes, el caso plantea
un conflicto material de competencia entre los jueces de restitución de tierras
y con funciones de control de garantías, debido a que los hechos objeto de
debate coinciden en ambos procesos y tienen relación directa con el
reconocimiento del derecho a la restitución de tierras. En efecto, consideran
que las cuestiones centrales que se discuten son las mismas, esto es, las
condiciones en las que se celebró el negocio jurídico sobre los predios objeto
de solicitud de restitución entre los opositores y los reclamantes, o sea, si
se configuró el despojo a partir de los contratos celebrados entre las partes.
En particular, afirman que es el juez de restitución el competente
para resolver “la cuestión de fondo”: (i) porque el proceso de
restitución es especial, específico y prevalente[65];
(ii) en razón a que el proceso mixto de restitución prevé diversas garantías a
favor de los terceros intervinientes y opositores; y (iii) debido a que sólo
mediante una decisión del juez especializado se garantiza la protección
reforzada de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado.
-
Según los investigadores, “(…) si bien la Ley
1448 de 2011 no tiene una disposición concreta que ordene acatar o rechazar la
orden penal de suspensión de un proceso de restitución, la interpretación
constitucionalmente admisible de la Ley 1448 de 2011 en su conjunto y sus
normas reglamentarias muestra que en estos escenarios el juez de restitución
debe continuar conociendo del caso, por lo que no es procedente y debe rechazar
cualquier orden de suspensión proveniente de la jurisdicción penal ordinaria”[66].
Con fundamento en lo anterior, solicitaron a esta Corporación
establecer como regla jurisprudencial que cuando se presente un conflicto de
competencia material entre el juez de restitución y el juez penal, el primero esté
obligado a rechazar la orden de suspensión y conserve el conocimiento del caso.
10.  El
Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca
nunca allegó las grabaciones de las audiencias preliminares de restablecimiento
de derechos practicadas el 14 y el 15 de agosto de 2014. En consecuencia, esta
Sala decidirá el caso con fundamento en la grabación de una de las audiencias
practicadas, celebrada el 15 de agosto de 2014, en el proceso de radicado
número 4728860012025201400270 por el delito de fraude procesal, en el que la
indiciada es la señora Francia Helena Gutiérrez Crespo, la cual fue allegada
por los accionantes[67] y
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras[68].
Ante el incumplimiento del juez frente a la orden y el requerimiento
proferidos por esta Sala de Revisión, es preciso dar por hecho que las otras
audiencias preliminares, practicadas por el mismo juez y en las que también se ordenó
la suspensión del proceso de restitución de tierras, comparten el fundamento de
la providencia allegada por las otras partes a este proceso.
Coadyuvancia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas
Mediante escrito recibido por la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 28 de septiembre de 2015[69],
el director jurídico de la entidad manifestó actuar como coadyuvante en la
tutela de la referencia. Estableció “(…) que el caso objeto de estudio
comporta una especial atención al poner en riesgo el desarrollo de los
procesos de restitución a lo largo del país, y que además puede ocasionar
un perjuicio grave a los derechos de las víctimas del conflicto armado interno
pudiendo llegar a ocasionar una re victimización para ellas, y derivaría en una
inminente amenaza a sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral
con garantía de no repetición.”[70]
(Negrillas fuera del texto).
El director jurídico de la entidad señaló que la Ley 1448 de 2011 y
sus decretos reglamentarios prevén la figura de la suspensión únicamente
en dos situaciones: (i) cuando en las gestiones de focalización se determine
que no existen condiciones de seguridad para la implementación de la medida de
restitución; y (ii) cuando en las etapas de análisis previo o del proceso
administrativo de registro, existan razones objetivas o causa no imputable a la
Unidad de Restitución de Tierras o a las partes, que impidan su normal
desarrollo.
En este orden de ideas, indicó que ambos eventos están comprendidos
en la primera etapa del proceso de restitución de tierras, esto es, en la etapa
administrativa a cargo de la unidad, y no en la etapa judicial.
Por otra parte, manifestó que el Juez Segundo Civil Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta transgredió los artículos 85[71]
y 91, parágrafo 2º[72],
de la Ley 1448 de 2011, pues al hacer efectiva la medida cautelar de suspensión
del proceso de restitución de tierras, omitió tramitar de manera preferente las
reclamaciones de los solicitantes y desconoció el término de 4 meses previsto
en la ley para resolver el asunto.
Por último, afirmó que la medida cautelar decretada por el Juez
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca afecta
de forma grave e injustificada el derecho fundamental a la restitución, el cual
es constitucionalmente prevalente para la reparación integral de las víctimas
de despojo y abandono forzoso de tierras. En consecuencia, en caso de
mantenerse la medida referida, se generaría la violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
las víctimas de desplazamiento forzado, que derivaría en la amenaza de sus
derechos a la verdad, justicia y reparación integral.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y
241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para
revisar el fallo de tutela proferido en el proceso de la referencia.
Asunto objeto de análisis y problemas jurídicos
2.  El señor Armando Rafael Daza Mercado y otros 15 accionantes,
mediante apoderada judicial, interpusieron acción de tutela contra (i) las
decisiones del 14 y 15 de agosto de 2014, proferidas por el Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca, en el trámite de
siete indagaciones preliminares por el presunto delito de fraude procesal,
mediante las cuales ordenó la suspensión de un proceso civil en el que los
accionantes fungen como solicitantes de la restitución jurídica y material de
las tierras que abandonaron y que posteriormente les fueron despojadas
forzadamente; y (ii) los autos del 3 y del 19 de septiembre de 2014, mediante
los cuales el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta, suspendió el proceso de restitución de tierras
mencionado y decidió no reponer el auto en el que acató la orden de suspensión,
respectivamente.
La tutela se presenta con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación
de las víctimas, que consideraron vulnerados por las providencias mencionadas,
ya que a su juicio: a) las providencias del Juzgado Promiscuo Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Aracataca incurren en 5 causales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, a saber: violación
directa de la Constitución, decisión sin motivación, y los defectos orgánico,
procedimental y fáctico; y b) los autos dictados por el Juez Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta
presentan los defectos fáctico y procedimental.
En consecuencia,
los accionantes solicitan al juez de tutela revocar las decisiones proferidas
por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca y por el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Santa Marta. Por consiguiente, piden ordenar al Juez Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, que
reanude el proceso de restitución de tierras de manera inmediata.
3.  La situación fáctica exige a la Sala determinar si concurren los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
para controvertir las providencias mediante las cuales el Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca ordenó la
suspensión del proceso civil en el que los accionantes fungen como solicitantes
de la restitución jurídica y material de las tierras que les fueron despojadas,
y el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta suspendió el proceso de restitución mencionado, y decidió no
reponer el auto en el que acató la orden de suspensión.
En caso de ser procedente, será preciso analizar el fondo del
asunto, el cual plantea los interrogantes que se explican a continuación.
4.  En primer lugar, mediante decisiones del 14 y 15 de agosto de 2014,
en audiencias de restablecimiento de derechos celebradas en el trámite de siete
procesos penales que se encontraban en etapa de indagación preliminar por el
presunto delito de fraude procesal, el Juzgado Promiscuo Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Aracataca ordenó la suspensión de un
proceso civil especial en el que los accionantes fungen como solicitantes de la
restitución jurídica y material de las tierras que abandonaron y que les fueron
despojadas forzadamente.
En
efecto, ante la solicitud de suspensión del proceso civil presentada por el
Fiscal 26 Seccional de Fundación, el juez penal observó que los denunciados -6
de los 16 solicitantes de la restitución- habían instaurado un proceso de restitución
de tierras ante el Juzgado 2º Civil del Circuito especializado en restitución
de tierras de Santa Marta, y con ocasión de tal actuación los opositores
–denunciantes- se “sentían afectados”. Asimismo, la autoridad judicial
accionada afirmó que de conformidad con el artículo 11 del Código de
Procedimiento Penal, que consagra los derechos las víctimas “cuando se sientan
afectados”, y el artículo 22 de la misma normativa, que refiere al restablecimiento
del derecho, era necesario adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los
efectos producidos por el delito.
Por
ende, ante una situación de supuesto fraude procesal, el juez ordenó suspender
el proceso que se llevaba a cabo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Tierras de Santa Marta, “mientras se ventila la investigación por fraude
procesal ante el ente fiscal en el municipio de Fundación”.
La
situación descrita plantea el siguiente problema jurídico: ¿puede un juez en el
marco de un proceso penal ordenar a un juez especializado en restitución de
tierras, que suspenda un proceso de dicha naturaleza como medida cautelar para proteger
los derechos de las víctimas de una conducta punible?
5.  En segundo lugar, mediante autos del 3 y del 19 de septiembre de
2014, el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta dio cumplimiento a la orden proferida por el juez con
funciones de control de garantías y suspendió el proceso de restitución de
tierras en el que los accionantes de esta tutela fungen como solicitantes, y
decidió no reponer el auto en el que acató la orden de suspensión,
respectivamente.
Las
providencias mencionadas se fundamentaron en que, a pesar de que el juez penal
no había tenido en consideración los derechos de las víctimas de desplazamiento
forzado y despojo al ordenar la suspensión, y el juez de restitución de tierras
no compartía tal decisión, este último consideraba que no estaba autorizado
para cuestionar las órdenes que le fueron impartidas, de manera que simplemente
debía darles cumplimiento.
Los hechos antes descritos permiten formular este problema jurídico:
¿incurre en alguna causal específica de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales un auto mediante el cual un juez de restitución de
tierras da cumplimiento a la orden de un juez penal, consistente en suspender
un proceso de restitución de tierras, y no verifica que se cumplan los
requisitos previstos en las normas civiles para decretar la suspensión?
6.  Para resolver las cuestiones planteadas, es necesario abordar el
análisis de los siguientes temas: primero, la procedencia excepcional de
la tutela contra providencias judiciales; segundo, el examen de los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales
en el caso concreto; tercero, la naturaleza y el marco normativo de la
acción de restitución de tierras; cuarto, la naturaleza de la acción
penal y la adopción de medidas provisionales en audiencias de restablecimiento
de derechos; quinto, la figura de la
prejudicialidad; y sexto, con base
en lo anterior se resolverán los problemas jurídicos planteados en este asunto.
Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales.
7.
El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución,
consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
El artículo 86 Superior establece que la
tutela procede contra toda “acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Las autoridades judiciales son autoridades públicas que en el
ejercicio de sus funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución
y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos
reconocidos en la Constitución.
Bajo el presupuesto mencionado, la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y
se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que
la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con
el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria que
caracteriza a la tutela.[73]
Así pues, la acción de tutela contra
decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez
constitucional de una providencia judicial que incurre en graves falencias, las
cuales tornan la decisión incompatible con la Carta Política.[74]
8.  La Sala Plena de la Corte, en sentencia C-590 de 2005[75],
señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos
de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos
específicos de procedibilidad.
Requisitos generales de procedencia.
9.  Según lo expuso la sentencia C-590 de 2005[76],
los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta tenga
relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con
el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, o sea, que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir,
que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate
de sentencias de tutela.
Requisitos específicos de procedibilidad.
10.
Los requisitos específicos aluden a la
concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad,
hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales. En resumen,
estos defectos son los siguientes:
Defecto orgánico: ocurre cuando el
funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece en forma
absoluta de competencia.
Defecto procedimental absoluto: se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.[77]
Defecto fáctico: se presenta
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de la
prueba fue absolutamente equivocada.
Defecto material o sustantivo: ocurre
cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o
claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.[78]
Error inducido: sucede cuando el Juez o
Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.[79]
Decisión sin motivación: implica el
incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.
Desconocimiento del precedente: se
configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado
asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial
establecida.[80]
Violación directa de la Constitución: se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.
Examen de los requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales en el caso que se analiza.
11.  La Sala observa que en el presente caso se reúnen todos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que han sido fijados por la jurisprudencia de esta Corporación,
veamos:
12.  En primer lugar, la cuestión objeto de debate es de evidente relevancia
constitucional. En el presente caso se encuentran involucrados los derechos
fundamentales de los 16 accionantes -quienes son víctimas de desplazamiento
forzado- a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la restitución de
tierras y de acceso a la administración de justicia.
Esto ocurre porque los autos que se censuran tienen como efecto la
suspensión indefinida del proceso judicial mediante el cual los accionantes
podrían recuperar la propiedad sobre los inmuebles de los que alegan haber sido
desplazados y así ver satisfechos sus derechos a la verdad, a la justicia y a
la reparación, pues la finalidad del proceso suspendido consiste en definir los
derechos reales sobre las tierras que supuestamente les fueron despojadas.
13.  En segundo lugar, la tutela cumple con el requisito consistente en haber
agotado todos los mecanismos judiciales de defensa a su disposición.
En efecto, los demandantes: a) no contaban con recursos contra la
determinación del Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Aracataca, pues aquella decisión se adoptó en audiencias de
restablecimiento de derechos, las cuales tienen un carácter reservado, de
conformidad con el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal[81];
y b) agotaron el medio judicial a su alcance para controvertir el auto mediante
el cual el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta suspendió el proceso de restitución, que es el recurso
de reposición.
14.  En tercer lugar, la acción de tutela fue interpuesta en un
término razonable, debido a que el auto mediante el cual el juez de
restitución de tierras decidió no reponer la decisión de suspender el proceso,
quedó en firme el 19 de septiembre de 2014 y la tutela se presentó el 5 de
enero de 2015, esto es, menos de 4 meses después de la última de las decisiones
controvertidas.
15.  En cuarto lugar, los demandantes identificaron de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos, así como
las irregularidades que –estiman- hacen procedente la acción de tutela. Los
hechos están claramente detallados en la demanda y debidamente soportados en
las pruebas documentales aportadas. Adicionalmente, explicaron con claridad los
defectos que atribuyeron a los autos que se cuestionan.
Así pues, los accionantes indicaron que las decisiones judiciales
proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de
Garantías de Aracataca y el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta, vulneraron sus derechos a la verdad a la
justicia y a la reparación, y tal vulneración fue alegada en el proceso
judicial cuando fue posible, esto es, al presentar el recurso de reposición
contra el auto que suspendió el proceso de restitución.
16.  En quinto lugar, la acción de tutela no se dirige contra un fallo
de tutela. Los demandantes acusan: a) la decisión del Juez Promiscuo
Municipal con Función de Control de Garantías de Aracataca, consistente en
adoptar como medida provisional en el curso de unos procesos por fraude
procesal, la suspensión del proceso de restitución de tierras en el que obran
como reclamantes, entre otros, algunas de las personas indiciadas por el delito
de fraude procesal; y b) las decisiones mediante las cuales el Juez
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta acató la decisión del juez de control de garantías y negó los recursos de
reposición presentados por la apoderada de los accionantes y por la Unidad de
Gestión de Restitución de Tierras.
Naturaleza y
marco normativo de la acción de restitución de tierras.
17.  El artículo 72 de
la Ley 1448 de 2011 “[p]or la cual se dictan medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, prevé las acciones de restitución de las víctimas de
despojo y, en particular, consagra a) la acción de restitución jurídica
y material de las tierras a los despojados y desplazados, y b) cuando
no sea posible la restitución, el pago de una compensación.
18.  El proceso de restitución de tierras tiene como objetivo la
protección de los derechos de las víctimas y específicamente obedece a los lineamientos
trazados por la Corte Constitucional al declarar el estado de cosas
inconstitucional en relación con las víctimas de desplazamiento forzado.
En
este orden de ideas, es a través del proceso de restitución de tierras que el
Legislador materializó la protección de algunos de los derechos
constitucionales fundamentales cuya vulneración fue puesta de presente por la
Corte en la sentencia T-025 de 2004[82],
a saber: (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a
escoger el lugar de domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que
enfrentan las víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su
sitio habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo de
la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad
familiar y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de
circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio
escogido para vivir; (vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven
forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades
habituales; y (vii) el derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en
condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o
lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de
alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas
y no tienen que vivir a la intemperie.
19.  Las medidas de
restitución adoptadas en este proceso, deben ostentar las características
previstas en el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, de las cuales resultan
relevantes para el caso las siguientes: (i) ser preferentes; (ii) adoptarse en
consideración a que el derecho a la restitución es autónomo y opera
independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas;
(iii) reconocer que las víctimas tienen derecho a un retorno o reubicación
voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad (principio de
estabilización); (iv) propender por la seguridad jurídica y el esclarecimiento
de la situación de los predios que les son objeto; (v) adoptarse con el fin de
prevenir del desplazamiento forzado, proteger la vida e integridad de los
reclamantes y las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; y (vi)
garantizar la participación plena de las víctimas.
20.
El proceso de restitución consta de dos etapas: la primera, consiste en un
procedimiento administrativo que tiene como finalidad que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD)
incluya la solicitud de la víctima en el Registro de Restitución de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, actuación que constituye un requisito de
procedibilidad de la acción de restitución –artículos 76 y 83 de la Ley 1448 de
2011-; y la segunda, que se trata del proceso judicial, el cual inicia con la
presentación de la demanda.
21.
La etapa administrativa del proceso de restitución inicia con una solicitud de
inclusión en el registro. Durante ésta la UAEGRTD comunica la iniciación del
trámite al propietario, poseedor u ocupante, que se encuentre en el predio cuyo
registro se solicita, para que aporte las pruebas documentales que acrediten su
buena fe –artículo 76 ibídem-.
Corresponde
a la UAEGRTD recaudar el acervo probatorio que le permita identificar el bien,
la relación del solicitante con el predio y de quienes en ese momento tengan el
dominio, la posesión y/o la tenencia, para decidir sobre la inscripción en el
registro.
La
etapa administrativa concluye con la decisión de la UAEGRTD sobre la inscripción,
la cual consta en un acto administrativo motivado.
22.  Una vez incluido en
el registro, el solicitante cumple con el requisito de procedibilidad y puede
ejercer la acción de restitución de tierras, la cual es
de carácter real, pues pretende que se declare la existencia de derechos sobre
las tierras despojadas. Además, se trata de una acción autónoma, lo cual se
comprueba de la lectura del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011, según el cual
la admisión de la solicitud de restitución conlleva la suspensión de todos los
procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restitución se
solicita y en general de cualquier proceso que afecte el predio, con excepción
de los procesos de expropiación.
De las solicitudes de restitución conocen en única instancia a)
los jueces civiles del circuito, especializados en restitución de tierras,
cuando no se presenten opositores y b) los magistrados de la Sala Civil
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en el evento en que existan
opositores –artículo 79-.
Con
el fin de garantizar los derechos de quienes tengan interés en el proceso de
restitución, la Ley 1448 de 2011 prevé el traslado de la solicitud, entre
otros, a quienes aparezcan en el certificado de registro expedido por la Unidad
de Tierras, bien sea que se trate de víctimas o de opositores.
Así
pues, una vez venza el término mencionado, el juez o el magistrado que conozca
del caso dictará la sentencia, mediante la cual “(…) se pronunciará de
manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío
objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a
favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del
proceso”.
23.  En sentencia
C-099 de 2013[83]
esta Corporación estudió la constitucionalidad de algunas disposiciones de la
Ley 1448 de 2011, que determinan que el trámite del proceso de restitución es
de única instancia.
En aquella oportunidad la Sala
Plena estableció que, no obstante la brevedad del proceso, el Legislador dio
garantías suficientes para que quienes tengan interés puedan intervenir en
éste, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas. En
efecto, la Corte determinó que las exigencias de publicidad que establece la
ley para asegurar la presencia de todos los interesados en la restitución, la
posibilidad de que el juez solicite las pruebas que considere necesarias, el
nombramiento de un apoderado judicial que represente a los terceros
determinados que no se presenten al proceso para hacer valer sus derechos, la
intervención obligatoria del Ministerio Público como garante de los derechos de
los despojados y de los opositores, la participación del representante legal
del municipio o municipios donde se ubique el predio, y en el caso de los procesos
iniciados sin la intervención de la Unidad de Tierras, la posibilidad de tomar
parte como posible opositora; garantizan un debate amplio de los derechos de
todos los que tengan interés en la restitución y de las pruebas que permitan
llegar al convencimiento sobre su procedencia.
24.  En
síntesis, la acción de restitución de tierras constituye un mecanismo previsto
por el Legislador para dar cumplimiento a los lineamientos fijados por esta
Corporación en relación con la protección de los derechos de las víctimas de
desplazamiento forzado y despojo. Se trata de una acción real y autónoma, que
garantiza la participación de las distintas personas interesadas, con el fin de
que se llegue a la verdad de los hechos del despojo en un lapso breve, que
impide que su duración se extienda indefinidamente en detrimento de los
derechos de las víctimas del despojo.
Naturaleza de la acción penal y la adopción de medidas provisionales
en audiencias de restablecimiento de derechos.
25.  La acción penal consiste en el ejercicio de la facultad punitiva del
Estado. Se trata de una actuación de naturaleza pública, pues la defensa de los
bienes jurídicos es de interés de la comunidad y es el Estado, como titular de
la acción, quien persigue las conductas que infrinjan la ley penal.[84]
En este orden de ideas, corresponde a la Fiscalía ejercer la
acción penal y, por regla general, realizar de oficio la investigación de los
hechos que tienen las características de un delito.
De otro lado, corresponde al Legislador
definir la política criminal del Estado[85]
y en este sentido, efectuar una valoración en relación con los bienes jurídicos
que, a su juicio, deben ser protegidos por el derecho penal, las conductas
susceptibles de producir lesiones en tales bienes, el grado de gravedad de la
lesión que dé lugar a la aplicación del ius puniendi y la cuantía de la
pena que deba aplicarse.[86]
26.
Para el caso que ocupa a esta Sala de Revisión,
resulta relevante el delito de fraude procesal, tipificado en el artículo 453
del Código Penal (modificado por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004) en los
siguientes términos: “El que por cualquier medio fraudulento induzca en
error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto
administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12)
años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
de cinco (5) a ocho (8) años.”
La Corte Suprema de Justicia[87]
ha determinado que el tipo penal de fraude procesal, tiene por objeto tutelar
el bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia y también, de
manera amplia, el de la administración pública.
Dentro
de los elementos objetivos del tipo están: (i) una conducta engañosa o
fraudulenta; (ii) la inducción en error al servidor público, y (iii) el
propósito de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la
ley.
Adicionalmente,
el propósito buscado por el sujeto activo es cambiar, alterar o variar la
verdad con el fin de acreditar ante el proceso que adelante el servidor
público, una circunstancia distinta a la real, que con la expedición de la
sentencia, acto o resolución, adquirirá una verdad judicial o administrativa.
Al
analizar la constitucionalidad del artículo 182 de la Ley 100 de 1980, cuyo
texto era similar al de la norma antes citada -que es la que se encuentra
vigente en la actualidad-, la Corte Constitucional[88]
señaló que incurre en la conducta de fraude
procesal el sujeto -no calificado- que por cualquier medio fraudulento induzca
en error al servidor público para obtener sentencia, resolución o acto
administrativo contrario a la ley.
En este orden de ideas, se trata de un delito
autónomo y, por ende, la determinación de la ilegalidad de la decisión que se
adopte en el proceso es irrelevante para la consumación del ilícito, pues sólo
requiere que se produzca la inducción al error para obtener una decisión ilegal
y no que la decisión contraria a la ley efectivamente se produzca.
Además,
es un delito de ejecución permanente porque aunque la conducta se entiende
consumada cuando el agente induce en error al servidor, ésta se prolonga
durante el tiempo en que la autoridad se mantiene en el error y aún después,
cuando se efectúan actos de ejecución de la decisión.[89]
27.  Por otra parte, de conformidad con los artículos
250 de la Constitución -numeral 12- y 114 de la Ley 906
de 2004, en ejercicio de sus
funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar
ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las víctimas, así como disponer el restablecimiento del derecho y
la reparación integral a los afectados con el delito.
Asimismo,
el artículo 22 de la Ley 906 de 2004 establece que “[c]uando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación
y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los
efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si
ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente
de la responsabilidad penal” (Negrillas
fuera de texto).
En
este sentido, tanto la Fiscalía como las víctimas[90],
pueden solicitar al juez, bien sea de conocimiento o de control de garantías,
el restablecimiento del derecho a favor de las víctimas. La Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia ha señalado que el restablecimiento de derechos de
las víctimas es intemporal, es decir que se puede realizar en cualquier momento
de la actuación procesal, por ser independiente a la declaración de
responsabilidad penal, pues para que opere, basta con que esté demostrada la
materialidad de la conducta o el tipo objetivo.[91]
Así
pues, el restablecimiento del derecho es procedente incluso si la sentencia es
absolutoria o se ha declarado la prescripción de la acción penal[92].
En la sentencia
C-057 de 2003[93],
esta Corporación estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley 600 de
2000, el cual establecía la posibilidad de adoptar medidas para obtener el
restablecimiento y la reparación del derecho, en los siguientes términos: “El
funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los
efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al
estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta
punible.”
El
demandante afirmaba que la disposición acusada transgredía el derecho al debido
proceso porque facultaba al funcionario judicial para que, sin existir un procedimiento
específico, adoptara ‘las medidas necesarias’, las cuales podrían ser
contrarias a la ley.
La
Sala Plena señaló que las medidas que puede adoptar la autoridad judicial, de
acuerdo con la norma acusada, tienen pleno respaldo constitucional porque son
una expresión de la justicia reparadora, debido a que buscan corregir los
perjuicios ocasionados con el delito.
De
otro lado, la Corte indicó que los funcionarios judiciales no pueden adoptar
cualquier clase de medida para que cesen los efectos de la comisión de la
conducta punible o para que las cosas vuelvan al estado anterior y se
indemnicen los perjuicios causados. En efecto, estos sólo podrán tomar las
medidas que estimen necesarias conforme a la ley y con fundamento en el caso
concreto.
En este sentido, la Sala Plena consideró que una interpretación
sistemática de la norma acusada conduce a la inequívoca conclusión de que el
funcionario debe adoptar las medidas que estime necesarias dentro de las
opciones que el mismo Legislador ha definido en el ámbito de las normas penales
(tales como las medidas de aseguramiento que recaen sobre la persona y las
medidas sobre los bienes), y llegado el caso, dentro del ordenamiento
jurídico vigente, que de manera general comprende conjuntos normativos de
diversas especialidades.
Así
pues, “(…) el poder del funcionario judicial no se restringe a la
legislación penal, pues bien puede acudir, cuando sea necesario, a otras normas
del orden jurídico, por ejemplo de naturaleza civil, respetando cada uno de
esos ordenes [sic] jurídicos parciales, y adoptando al efecto las medidas
necesarias al restablecimiento y reparación del derecho, siempre que se
inscriban en el amplio universo de todo el ordenamiento jurídico, en el cual,
la legislación penal es apenas una de sus partes integrantes.”
En
suma, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia y la de la Corte Constitucional, la adopción de medidas con el fin
de restablecer los derechos de las víctimas (i) es un principio rector; (ii) es
intemporal dentro del proceso penal; (iii) no está supeditado a la declaratoria
de responsabilidad penal; (iv) no necesariamente se debe reconocer en la
sentencia, pues procede en cualquier momento de la actuación en que aparezca
acreditada la materialidad de la conducta o el tipo objetivo, y (v) pueden
dar lugar tanto al restablecimiento pleno, como al de carácter provisional, éste
último en el evento en que se demande la adopción de medidas inmediatas que no
se pueden posponer hasta el momento en que se profiera alguna determinación con
carácter definitivo en el proceso.
28.
Las conclusiones antes mencionadas implican que la
adopción de medidas provisionales con el fin de restablecer los derechos de las
víctimas en audiencias preliminares, deben ser motivadas. Así pues, corresponde
a los jueces con funciones de control de garantías o de conocimiento que
decreten la medida, indicar que está demostrada la materialidad de la conducta
y señalar las razones por las cuales es necesaria la adopción de medidas
inmediatas que no se pueden posponer hasta el momento en que se profiera alguna
determinación definitiva en el proceso.
Además, la adopción de una medida provisional puede suponer una
tensión entre los derechos de las presuntas víctimas y los de otras personas,
cuyos intereses resulten afectados con la aquella determinación. En
consecuencia, corresponde al juez con funciones de control de garantías,
establecer si la adopción de una medida provisional resulta razonable y proporcionada
a la luz de los intereses que se pretende salvaguardar.
29.
En efecto, el juez tiene el deber de ponderar
los derechos que se pretende resguardar con la medida cautelar y los derechos
que pueden resultar afectados con ésta, con el fin de determinar si la
restricción que se ejerce sobre el derecho es constitucionalmente admisible. Para
el efecto, es preciso hacer un juicio de proporcionalidad en sentido estricto,
pues la adopción de medidas cautelares prevista por el artículo 22 de la Ley
906 de 2004 involucra los derechos de las víctimas, es decir, de personas que
se encuentran en situación de debilidad manifiesta, que históricamente han sido
objeto de discriminación y que, de conformidad con el artículo 13 de la
Constitución, ameritan una especial protección del Estado[94].
En primer lugar, tal y como lo estableció la Sala Plena de la Corte
en la sentencia C-057 de 2003, la adopción de medidas provisionales en
audiencias de restablecimiento del derecho requieren que ésta esté prevista en
la ley. En efecto, el juez de control de garantías sólo puede acudir a
mecanismos que hagan parte del ordenamiento jurídico vigente, que de manera
general comprende conjuntos normativos de diversas especialidades.
Así pues, el juez de control de garantías debe establecer que la
medida que pretende adoptar es legal y que la restricción a los derechos
que genera, persigue una finalidad constitucional, que será la
protección de algún derecho fundamental de la víctima.
En segundo lugar, para que se adopte la medida es necesario que el
juez compruebe que ocurrió la conducta, esto es, que a pesar de que no
se haya definido la responsabilidad penal, exista certeza sobre la ocurrencia de
una conducta típica. Entonces, corresponde al juez penal verificar la
afectación de los bienes jurídicos que se pretende proteger, esto es, que al
haber ocurrido la conducta, los derechos de las víctimas hayan sido vulnerados
o amenazados.
En tercer lugar, la medida debe ser idónea para conseguir el
fin pretendido, es decir que sea adecuada para proteger el derecho de la
víctima del delito que se pretende resguardar.
En cuarto lugar, el funcionario judicial deberá establecer que la
medida es necesaria para proteger el derecho amenazado con la ocurrencia
del delito, es decir, que no exista otra medida alternativa que sea idónea para
cumplir el fin propuesto. Entonces, en caso de existir un medio alternativo que
revista la misma idoneidad del que se pretende adoptar con la medida
provisional y que restrinja en menor medida los derechos fundamentales de otras
personas que se puedan ver afectados con ésta, deberá abstenerse de decretarla.
En quinto lugar, corresponde al juez hacer el examen de proporcionalidad
en estricto sentido, es decir que debe comparar el grado de protección de
los derechos de las víctimas que pretende proteger con la medida provisional y
el de la afectación de los derechos de otras personas que sean desatendidos en
caso de que ésta se decrete. Así, para que la medida provisional sea
procedente, la carga impuesta por ésta a los derechos de otras personas debe
ser menor que los beneficios que se busca obtener a través de la misma.
En
síntesis, cuando los jueces de control de garantías resuelvan sobre la
solicitud de la Fiscalía o de la víctima de que se decrete una medida dirigida
a hacer cesar los efectos del delito o para que las cosas vuelvan al estado
anterior, cuando eso es posible, deberán motivar el auto mediante el cual
resuelvan sobre la medida y, en caso de concederla, establecer si al adoptarla
se restringen los derechos de otras personas, y en caso de que sea así, les corresponde
hacer un juicio de proporcionalidad en los términos antes descritos.
30.  Así las cosas, las reglas para definir la validez constitucional
de las medidas provisionales procedentes para proteger los derechos de las
víctimas, pueden concretarse de la siguiente manera:
·
En cumplimiento de la obligación constitucional
y legal de proteger a las víctimas del delito (artículos 250 superior, 22 y 114, numeral 12, de la Ley 906 de 2004), tanto la Fiscalía General de la Nación como
los jueces penales, pueden adoptar medidas judiciales para
restablecer los derechos afectados, para hacer cesar los efectos del delito,
para volver las cosas a su estado anterior y para reparar integralmente a los
afectados con el delito.
·
En desarrollo de dicha facultad, el juez penal
conserva un importante margen de discrecionalidad para determinar cuáles son
las medidas de protección de las víctimas afectadas dentro del proceso penal
que se somete a su consideración. De este modo, sólo es posible adoptar esas
medidas si se encuentra en curso una actuación penal y si resultan necesarias
medidas para la protección de los derechos de las víctimas del delito.
·
Bajo ninguna circunstancia, la discrecionalidad
del juez penal para adoptar medidas de protección de las víctimas puede
equipararse a arbitrariedad, pues su decisión se encuentra limitada por la ley
y la Constitución.
·
Constituye un límite indudable al poder del juez
penal para proteger a las víctimas, el deber de motivación de su decisión.
·
La motivación de la medida de protección debe
ponderar los derechos en tensión, esto es, debe proteger a las víctimas, a
terceros que pueden resultar afectados con la decisión o, incluso también, debe
preservar los derechos legítimos del sujeto pasivo del proceso penal.
·
En la ponderación de los derechos, el juez penal
puede aplicar los tests de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas a
adoptar.
·
Al analizar la necesidad e idoneidad de la
medida de restablecimiento de los derechos o de prevención de efectos dañinos,
el juez penal no puede adoptar medidas que la ley o la Constitución atribuyan a
otros jueces. En efecto, el juez penal no puede desconocer que el artículo 29 Superior
señala como componentes indudables del derecho al debido proceso, el trámite de
los procesos mediante las formas propias de cada juicio y con la competencia
que atribuye la ley al juez natural.
Aclaradas las reglas aplicables a las medidas de protección en favor
de las víctimas del proceso penal, ahora la Sala pasa a realizar breves
consideraciones sobre la prejudicialidad del proceso de restitución de tierras,
en tanto que la medida adoptada por el juez penal que se reprocha en esta
oportunidad por los accionantes, suspendió indefinidamente un proceso civil de
restitución de tierras.
La prejudicialidad.
31.  La prejudicialidad está consagrada en los
artículos 170[95] y 171[96] del Código de Procedimiento Civil, y 161[97] y 162[98] del Código General del Proceso. A
continuación se hará referencia a las normas del Código de Procedimiento Civil
porque para el momento en que se adoptaron las providencias que se cuestionan
en esta tutela, en la ciudad de Santa Marta no estaba vigente el Código General
del Proceso[99].
De conformidad con el artículo 171, la suspensión del
proceso civil procede, entre otros, cuando existe un proceso penal cuyo fallo
pueda influir necesariamente en la decisión del civil, valoración que de
acuerdo con la misma norma corresponde hacer al juez civil.
Así pues, según la norma mencionada, el juez que
conoce del proceso civil debe resolver sobre la procedencia de la suspensión. El
precepto mencionado también establece que el decreto de dicha suspensión
solamente es posible si existe prueba del proceso que la determina, y el
proceso que debe suspenderse se encuentra en estado de dictar sentencia.
32.  En este orden de ideas, de acuerdo con las
normas que regulan la materia, únicamente opera la suspensión por
prejudicialidad cuando se cumplen los siguientes tres requisitos: (i) la
existencia una relación determinante entre dos procesos, de tal forma que la
decisión de uno tenga una incidencia necesaria en el otro; (ii) que esté
probado el proceso que produce la suspensión, el cual debe ser cabalmente conocido
por el juez que la decreta, y (iii) que el proceso que se pretende suspender se
encuentre en estado de dictar sentencia.
En el mismo sentido, las normas son claras al señalar
que el decreto de la suspensión es resultado de la valoración del cumplimiento
de los requisitos mencionados, y corresponde única y exclusivamente al juez que
conoce del proceso que se pretende suspender, y no al que conoce del proceso
que suscita la suspensión.
33.
La Corte Constitucional ha estudiado la
aplicación de los preceptos antes descritos en diferentes oportunidades. Por
ejemplo, en la sentencia T-924 de 2002[100],
esta Corporación estudió la solicitud de tutela presentada por una compañía
aseguradora que reclamaba la protección de sus derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, los cuales a su juicio habían sido
vulnerados por unas decisiones judiciales. Específicamente controvirtió las
providencias proferidas en un proceso ejecutivo adelantado en su contra, con
ocasión de la ocurrencia de un siniestro en las instalaciones de una compañía
de contenedores, que causó la destrucción de unos automóviles que le habían
sido entregados en depósito a esta última.
En el proceso ejecutivo la apoderada de la aseguradora había
solicitado a los jueces que decretaran la suspensión de la actuación, porque la
sociedad depositante de los automóviles había interpuesto una demanda de
responsabilidad civil en contra de una compañía de contenedores y la decisión
del proceso ordinario podía tener incidencia en la decisión que se tomara
dentro del ejecutivo. Sin embargo, los jueces que conocieron del caso no
accedieron a la solicitud, con fundamento en que la decisión que se tomara en
el proceso ordinario no influiría en la sentencia que se profiriera en el
proceso ejecutivo.
En aquella ocasión la Corte negó el amparo y estableció que
corresponde a los jueces verificar que la prejudicialidad no sea utilizada como
forma de dilación injustificada de un proceso, por lo que deben ser estrictos y
cuidadosos en la aplicación de las normas que rigen la suspensión.
Asimismo, la Corte se refirió a la prejudicialidad en la sentencia
T-1133 de 2003[101].
En dicha oportunidad, el demandante interpuso la acción de tutela en contra de
un juez, con ocasión de un proceso ejecutivo que se adelantó entre una entidad
bancaria y la sociedad constructora que le vendió el inmueble que había sido
adquirido por él, dentro del cual el mismo había sido llevado a remate. En esa
ocasión, el accionante explicaba que el juez había sido inducido a error,
porque la decisión estuvo fundada en pruebas producto del delito de estafa,
situación respecto de la cual existía un proceso penal en el que el accionante
se había constituido en parte civil.
El peticionario solicitaba la protección de sus derechos
fundamentales a la vida y a la vivienda dignas, con fundamento en que, al
decidir acerca del remate de su propiedad, el juez civil había omitido dar
aplicación a la prejudicialidad y en consecuencia, suspender la decisión en la
cual se ordenaba efectuar el remate.
La Corte declaró que el juez no había vulnerado los derechos del
actor al abstenerse de aplicar la prejudicialidad. En particular, la sentencia
en comento dispuso:
“La Sala encuentra ajustadas a derecho las
decisiones de los jueces colegiados de instancia en el sentido de no acceder a
las pretensiones del demandante, por la sencilla razón de que el juzgado
demandado no está en la obligación de decretar la prejudicialidad que
hoy día reclama el demandante: Primero, porque el actor no ha elevado petición
al respecto; y segundo, porque ningún funcionario judicial le ha propuesto
formalmente a ese juzgado que decrete tal prejudicialidad (…) pues mal podría
el juez de tutela o esta Corte en el trámite de revisión, decretar una
prejudicialidad sin que la misma haya sido formalmente invocada ante el juez
ordinario; hacerlo, se subraya, implicaría una transgresión del ámbito
propio de las competencias de éste o, lo que es igual, un quebranto de los
principios de autonomía e independencia judiciales (arts. 228 y 230 C.P.)” (Negrillas fuera del texto).
Específicamente, esta Corporación señaló que cuando se ha iniciado
un proceso penal y el fallo que corresponda dictar en éste haya de influir
necesariamente en la decisión del civil, la suspensión sólo se decretará
mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que
el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.
Por último, la Corte hizo alusión a la prejudicialidad
en la sentencia T-142 de 2011[102]. En esa
oportunidad la accionante, que era una empresa de servicios públicos, solicitó
la protección de sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva.
La actora había presentado una denuncia penal contra
el juez de conocimiento de dos procesos civiles en los que se había debatido la
imposición de una servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, de
los cuales era parte la accionante. La empresa de servicios públicos solicitó a
la Fiscalía de conocimiento del proceso penal que declarara la suspensión de
los títulos ejecutivos, en razón de la prejudicialidad penal. La Fiscalía
notificó al juzgado accionado sobre el adelantamiento del proceso y su probable
incidencia en los procesos en cuestión, pero el juez se negó a suspender los
títulos.
En aquella oportunidad, la Corte estudió si al denegar
la solicitud de suspensión por prejudicialidad penal, la autoridad judicial
accionada había violado los derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva de la sociedad accionante, al rechazar la solicitud de
suspensión de los títulos ejecutivos, a pesar de que la legalidad de las
sentencias era cuestionada en el proceso penal que estaba en curso.
Al analizar el caso concreto esta Corporación definió
el alcance de los artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil y
estableció que “(…) a pesar de que las normas facultan a la autoridad
judicial competente para pronunciarse discrecionalmente al respecto, se
deberá decretar la suspensión si en un caso figuran las tres circunstancias
mencionadas en el artículo citado: a. que se haya iniciado un proceso penal -
cosa que ha de probarse -; b. que el mismo influya necesariamente en el proceso
civil; y c. que este último se halle en estado de dictar sentencia” (Negrillas
fuera del texto).
34.
En suma, el análisis de las normas que regulan
la suspensión de procesos por causa de la prejudicialidad y los lineamientos
fijados por la jurisprudencia constitucional, permiten concluir que ante un
caso en que exista un conflicto en relación con la procedencia de la suspensión
de un proceso por prejudicialidad, es necesario atender a las siguientes
reglas:
-
Para que la suspensión por prejudicialidad
opere, ésta debe ser solicitada por alguna de las partes en el proceso o por
alguna autoridad.
-
Las normas que regulan la materia facultan
únicamente al juez de conocimiento para pronunciarse discrecionalmente en
relación con la decisión de decretar la suspensión del proceso que tiene bajo
su conocimiento, en razón de la prejudicialidad. Esa discrecionalidad se
materializa en la libertad que tiene el juez de valorar el cumplimiento de los
requisitos legales para que la suspensión del proceso proceda.
-
La discrecionalidad del juez en relación con la
decisión de suspender el proceso por prejudicialidad no es absoluta, pues en
caso de que compruebe que concurren los requisitos previstos por la ley, esto
es, que se haya iniciado un proceso y que esto esté probado, que el proceso
influya necesariamente en el proceso civil y que este último se halle en estado
de dictar sentencia; deberá decretar la suspensión del proceso bajo su
conocimiento.
-
Los jueces deben ser estrictos y cuidadosos en la
aplicación de las normas que rigen la prejudicialidad, pues la suspensión de
los procesos conlleva la tardanza en la adopción de decisiones, de manera que
corresponde a los funcionarios judiciales evitar que la suspensión constituya
una estrategia dilatoria de alguna de las partes.
35.
En consideración con lo expuesto en precedencia,
ahora la Sala procede a estudiar si en este caso se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación
de las víctimas, de los accionantes con ocasión de las providencias dictadas
por los jueces Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca y Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Santa Marta.
En particular, la Sala resolverá los problemas jurídicos planteados,
a saber: (i) si puede un juez en el marco de un proceso penal ordenar a un juez
especializado en restitución de tierras, que suspenda un proceso de dicha
naturaleza como medida cautelar para proteger los derechos de las víctimas de
una conducta punible, y (ii) si incurre en alguna causal específica de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales un auto mediante el
cual un juez de restitución de tierras da cumplimiento a la orden de un juez
penal, consistente en suspender un proceso de restitución de tierras, y no
verifica que se cumplan los requisitos previstos en las normas civiles para
decretar la suspensión.
El Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca adoptó una decisión que carecía por completo de motivación.
36.  La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la causal
específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales por
falta de motivación, conlleva el incumplimiento de los servidores judiciales de
la obligación a su cargo de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones[103].
En efecto, el deber de justificar las decisiones judiciales garantiza la
transparencia de las providencias y previene la arbitrariedad del juez.
En la sentencia T-233 de 2007[104], esta
Corporación precisó que “(…) la motivación suficiente de una decisión
judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto.
Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos
puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna
regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario
judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en
aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa,
abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela
intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos
términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa
únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria
convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una
arbitrariedad.”
Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que no corresponde
al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave
déficit de motivación que la deslegitima como tal.[105]
37.  De la grabación de una de las audiencias preliminares de
restablecimiento de derechos aportada al proceso, se evidencia que los autos en
los que se adoptó como medida provisional la orden al juez de restitución de
tierras de suspender el proceso de restitución en el que los accionantes de
esta tutela fungen como solicitantes, carece por completo de motivación.
En
efecto, ante la solicitud de suspensión del proceso civil presentada por el
Fiscal 26 Seccional de Fundación, el juez con funciones de control de garantías
observó que los denunciantes habían instaurado un proceso de restitución de
tierras ante el Juzgado 2º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Santa Marta y con ocasión de tal actuación los denunciantes se “sentían
afectados”.
Asimismo,
la autoridad judicial accionada afirmó que de conformidad con el artículo 11
del Código de Procedimiento Penal, que consagra los derechos de las víctimas y
el artículo 22 de la misma normativa, que refiere al restablecimiento del
derecho, era necesario adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos
producidos por el delito.
Por
ende, ante una situación de supuesto fraude procesal, el juez ordenó suspender
el proceso que se llevaba a cabo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Tierras de Santa Marta, “mientras se ventila la investigación por fraude
procesal ante el ente fiscal en el municipio de Fundación”.
38.  La Sala observa que las decisiones adoptadas por el juez con
funciones de control de garantías carecen por completo de motivación. En
efecto, omitió analizar si concurrían los requisitos para adoptar una medida
provisional con el fin de restablecer los derechos de las víctimas, pues no
analizó si estaba acreditada la materialidad de la conducta o el tipo objetivo
de fraude procesal (es decir, (i) una conducta engañosa o fraudulenta; (ii) la
inducción en error al servidor público, y (iii) el propósito de obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley). Tampoco
demostró que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas, que no se
pudieran posponer hasta el momento en que se profiriera alguna determinación de
carácter definitivo en el proceso.
39.  Además, en este caso era evidente que la adopción de la orden de
suspensión del proceso de restitución de tierras como medida provisional para
proteger los derechos de los denunciantes, suponía una tensión entre sus
derechos a la recta administración de justicia y los derechos de los 16
solicitantes de la restitución a la verdad, a la justicia, a la reparación, y
al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, correspondía al
juez con funciones de control de garantías establecer si la adopción de la
medida provisional resultaba razonable y proporcionada a la luz de los
intereses que se pretendía salvaguardar con la medida, para lo cual debió hacer
un juicio de proporcionalidad en sentido estricto con el fin de determinar si
la medida provisional era válida, y en caso de serlo, si la restricción de los
derechos de las víctimas de desplazamiento forzado era proporcionada con la
finalidad perseguida con la medida de suspensión.
40.  No obstante, en los autos no se estableció cuál era la finalidad de
la medida, pues ni siquiera se explicó qué derecho de las presuntas víctimas
debía ser restablecido, ni por qué la medida era adecuada para conseguir un fin
legítimo. Además, el juez no indagó sobre el estado del proceso de restitución
y, sin importar si el derecho a la administración de justicia de las víctimas
de desplazamiento y despojo podía verse afectado con la medida, ordenó la
suspensión del proceso de restitución de tierras con el único argumento de que
el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal lo faculta para ordenar
medidas provisionales.
41.  De otra parte, el juez no sustentó la medida en alguna norma
jurídica que admitiera la suspensión del proceso civil por operar la
prejudicialidad ante la existencia de un proceso penal. Simplemente decretó la
suspensión.
42.  Por otro lado, el juez no tuvo en consideración que los hechos que
dieron origen a una denuncia penal por fraude procesal coinciden con los
argumentos que los denunciantes pueden presentar como opositores en el proceso
de restitución de tierras (quienes podrían demostrar la buena fe exenta de
culpa en la adquisición del predio en el trámite del proceso civil).
En
este sentido, el juez ignoró que los denunciantes del presunto delito de fraude
procesal tuvieron la posibilidad de participar en el procedimiento
administrativo ante la Unidad de Restitución de Tierras y en la etapa judicial
ante el juez especializado en restitución de tierras, como en efecto sucedió.
En este orden de ideas, se debió analizar la necesidad de la medida, pues si con
ésta se pretendía proteger el derecho de acceso a la administración de justicia
de los denunciantes, se debió indagar si estos habían tenido la oportunidad de
participar en las etapas del proceso de restitución.
Así pues, está probado que en este caso los señores Adolfo Díaz
Quintero, Priscila Perdomo Quintero, Rigoberto Díaz Quintero, Carlos Arturo
Rueda Acevedo, Mercedes Rueda Acevedo, Esther María Rueda Acevedo, Pedro
Vicente Rueda Acevedo y José Vicente Rueda Guarín; opositores del proceso en
mención, acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras con el fin de narrar
su versión de los hechos antes de que se ordenara el ingreso de las solicitudes
de los accionantes de esta tutela al Registro de Tierras Despojadas. Además,
está demostrado que los opositores se notificaron personalmente del auto
admisorio de la solicitud de restitución y presentaron escritos de oposición, a
los cuales anexaron todas las pruebas que consideraron pertinentes para probar
su buena fe exenta de culpa.
43.  En consecuencia, esta Sala de Revisión reprocha la omisión del Juez
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca, quien
suspendió el proceso de restitución de tierras sin importar que el objetivo de
ese tipo de procesos consiste en garantizar los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos. La
falta de motivación de los autos que adoptan la medida provisional impide el
acceso a la administración de justicia de esta población vulnerable, que de
conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte merece una especial
protección constitucional.
El Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca desconoció la naturaleza del proceso de restitución de tierras y el
procedimiento aplicable para la suspensión de un proceso civil.
44.  Con fundamento en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política
que consagran los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales,
la Corte Constitucional ha señalado que incurre en una causal específica de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, una decisión en la que
el funcionario se aparte de manera evidente y grosera de las normas procesales
aplicables.[106]
La jurisprudencia ha establecido que existen dos
modalidades del defecto procedimental, a saber: (i) el defecto procedimental absoluto,
que ocurre cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno al pertinente y
en esa medida equivoca la orientación del asunto[107],
o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, con lo que
afecta el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso[108];
y (ii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando
el funcionario arguye razones formales a manera de impedimento, las cuales
constituyen una denegación de justicia.[109]
Ahora bien, el
desconocimiento del procedimiento debe presentar unos rasgos adicionales para
configurar el defecto estudiado: a) debe ser un error trascendente que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia
directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia
no atribuible al afectado.[110]
45.  En el caso objeto de estudio el juez de control de garantías ignoró
que, de conformidad con las normas procesales –artículos 170 y 171 del Código
de Procedimiento Civil-, para que operara la suspensión de un proceso civil
ante la existencia de un proceso penal, la medida únicamente podía ser adoptada
por el juez de conocimiento, tras verificar que en el caso concreto operaba la
prejudicialidad, por (i) haber iniciado un proceso penal, (ii) que el proceso
penal influyera necesariamente en el proceso civil y (iii) que este último se
hallara en estado de dictar sentencia.
En este caso quien decidió sobre la suspensión del proceso fue el
juez con funciones de control de garantías, no el juez del proceso de
restitución de tierras, quien era el único autorizado para decidir sobre la
suspensión del proceso bajo su conocimiento. Además, el proceso de restitución
no estaba en estado de dictar sentencia, pues se había proferido el auto
admisorio de la demanda.
Así pues, las providencias adoptadas por el Juzgado Promiscuo
Municipal incurrieron en un defecto procedimental absoluto, pues ignoraron los
presupuestos procesales para que operara la suspensión del proceso por
prejudicialidad, y en esa medida el funcionario judicial actuó al margen del
procedimiento establecido.
El Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca no era competente para adoptar una determinación que correspondía al
juez civil especializado en restitución de tierras.
46.  El artículo 29 Superior[111] prevé
la garantía constitucional del juez natural que consiste en que previamente se
definan quiénes son los jueces competentes, que estos tengan carácter
institucional y que una vez asignada la competencia para conocer un caso
específico, no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate
de modificaciones de competencias al interior de una institución.[112]
Con fundamento
en el precepto citado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que se está en presencia de un defecto orgánico cuando el
funcionario que profiere determinada decisión, carece de manera absoluta
de la competencia para hacerlo.
47.  De conformidad con el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal,
“cuando sea procedente” la Fiscalía General de la Nación y los jueces
deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos
por el delito. Lo anterior significa que la facultad del juez penal de decretar
este tipo de medidas no es absoluta, pues cuando la competencia para adoptar
una determinación ha sido asignada por la ley a otro juez, al juez penal no le
corresponde adoptarla.
Así
las cosas, en el caso que se analiza, el juez con funciones de control de
garantías incurrió en un defecto orgánico porque de conformidad con los
artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, no era competente para
ordenar la suspensión de un proceso de restitución de tierras despojadas. En
efecto, la competencia para decretar la suspensión de un proceso civil por
prejudicialidad ante la existencia de un proceso penal, corresponde
exclusivamente al juez que conoce del proceso cuya suspensión se pretende. En
este orden de ideas, el juez del proceso penal incurrió en un defecto orgánico
al usurpar la función que correspondía al juez de restitución de tierras.
48.  Ahora bien, si en gracia de discusión se dijera que la suspensión
ordenada por el juez de control de garantías no tuvo como fundamento que se
configurara la prejudicialidad, sino que simplemente se trataba de una medida
necesaria para hacer cesar el delito, la facultad de adoptar este tipo de
medidas encuentra como límite las facultades de otras autoridades. En efecto,
la competencia amplia que le otorga al juez penal el artículo 22 del Código de
Procedimiento Penal no lo autoriza para desconocer la competencia que ha sido
expresamente asignada a otras autoridades judiciales. En ese sentido, está
comprobado que Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Aracataca no era competente para adoptar una determinación que correspondía
al juez civil especializado en restitución de tierras.
El Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta no omitió el procedimiento legal para decretar la
suspensión del proceso.
49.  Mediante autos del 3 y del 19 de septiembre de 2014, el Juez Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta dio
cumplimiento a la orden proferida por el juez con funciones de control de
garantías y suspendió el proceso de restitución de tierras en el que los
accionantes de esta tutela fungen como solicitantes, y decidió no reponer el
auto en el que acató la orden de suspensión, respectivamente.
Las
providencias mencionadas se fundamentaron en que el juez de restitución de
tierras no estaba autorizado para cuestionar las órdenes que le fueron
impartidas, de manera que simplemente debía darles cumplimiento.
50.  Esta Sala de Revisión considera que las providencias proferidas por
el juez especializado en restitución de tierras no incurren en un defecto
procedimental al adoptar la orden del Juez Promiscuo Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Aracataca, porque tal como lo señaló el juez de
restitución de tierras, tienen por objeto garantizar los derechos a la administración
de justicia y al debido proceso.
La Corte Constitucional ha
establecido que el cumplimiento de las providencias judiciales es una garantía
institucional del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, un derecho fundamental
de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 de la
Constitución.[113]
En efecto, el cumplimiento de las sentencias judiciales es un
componente esencial de la justicia y de conformidad con la jurisprudencia de
esta Corporación, la obligación de realizar “(…) el derecho a la
administración de justicia conlleva garantizar el derecho a la tutela judicial
efectiva, que comprende: (i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y
plantear un problema ante las autoridades judiciales, (ii) que éste sea
resuelto y, (iii) que se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador
jurídico y se restablezcan los derechos lesionados[114].”[115].
Así pues, la ejecución de las providencias judiciales asegura la
sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. Por lo
tanto, el incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del
poder, constituye un grave atentado al Estado de Derecho.
En consecuencia,
cuando el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta decretó el cumplimiento de la orden proferida por el Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca, tuvo como objetivo garantizar los derechos a la administración de
justicia y al debido proceso de las supuestas víctimas en el proceso penal, a
favor de las cuales se adoptó la medida provisional. En tal virtud, no incurrió
en los defectos alegados por los accionantes.
Conclusiones y decisión a adoptar
51.  Del análisis del caso planteado, se derivan las siguientes
conclusiones:
-
Una medida provisional adoptada en una audiencia
de restablecimiento de derechos por un juez con funciones de control de garantías,
carece por completo de motivación, cuando deja de lado el análisis de los
requisitos fijados por la ley y la jurisprudencia para adoptar este tipo de
medidas, y omite ponderar los derechos de terceros afectados con la decisión y
la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
En efecto, cuando se adoptan medidas provisionales con
el fin de restablecer los derechos de las víctimas, corresponde a los jueces
con funciones de control de garantías: (i) analizar si está
acreditada la materialidad de la conducta; (ii) determinar que para el caso concreto
no se puede posponer la adopción de medidas hasta el momento en que se
profiriera alguna determinación de carácter definitivo en el proceso; (iii)
cuando la adopción de la medida provisional para proteger los derechos de los
denunciantes suponga una tensión entre sus derechos y los derechos de otras
personas, se debe hacer un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, el
cual implica determinar si la medida provisional es legal, y en caso de serlo,
si la restricción de los derechos de terceros es proporcionada con la finalidad
perseguida con la medida de suspensión.
-
La decisión mediante la cual un juez con
funciones de control de garantías ordena la suspensión de un proceso de
restitución de tierras como medida provisional para restablecer los derechos de
las víctimas de una conducta penal, incurre en los
defectos orgánico y procedimental.
De
conformidad con las normas procesales –artículos 170 y 171 del Código de
Procedimiento Civil-, para que opere la suspensión de un proceso civil ante la
existencia de un proceso penal, la medida únicamente puede ser adoptada por el
juez de conocimiento, tras verificar que en el caso concreto es procedente la
prejudicialidad, por (i) haber iniciado un proceso penal, (ii) que el proceso
penal influya necesariamente en el proceso civil y (iii) que este último se
halle en estado de dictar sentencia.
Así pues, un juez con funciones de control de garantías carece
por completo de competencia para ordenar la suspensión de un proceso de
restitución de tierras, pues corresponde al juez de conocimiento del caso que
se pretende suspender, verificar que se cumplan los presupuestos previstos por
las normas civiles para que opere la suspensión por prejudicialidad y, en caso
de considerar que estos concurren, decretarla.
En efecto, la facultad de los jueces penales de adoptar
las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito no
es absoluta, pues encuentra un límite en las normas que regulan la competencia
judicial, las cuales son de orden público. Entonces, cuando la competencia para
adoptar una determinación, como es el caso de la suspensión de un proceso de
restitución de tierras, ha sido asignada por la ley a otro juez, al juez penal
le está proscrito decretarla.
Además, cuando mediante una providencia
judicial un juez de control de garantías ordena la suspensión de un proceso de
restitución de tierras, la decisión incurre en un defecto procedimental
absoluto, pues ignora los presupuestos procesales para que opere la suspensión
del proceso por prejudicialidad, y en esa medida el funcionario judicial actúa
al margen del procedimiento establecido.
-
Cuando un juez de restitución de tierras da
cumplimiento a la orden de un juez penal, consistente en suspender un proceso
de dicha naturaleza, y no verifica que se cumplan los requisitos previstos en
las normas civiles para decretar la suspensión, no vulnera los derechos de las
víctimas del proceso de restitución de tierras.
Lo anterior ocurre porque el juez tiene a su cargo la
obligación de hacer efectivas las órdenes adoptadas por otros jueces, y en esa
medida garantizar los derechos a la administración de justicia y al debido
proceso de las supuestas víctimas en el proceso penal, a favor de las cuales se
adoptó la medida provisional de suspensión.
52.  Del análisis del caso planteado, es preciso concluir que la tutela es procedente
contra las decisiones del 14 y 15 de agosto de 2014, proferidas por el Juzgado
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca,
mediante las cuales ordenó la suspensión del proceso en el que los accionantes
fungen como solicitantes de la restitución jurídica y material de las tierras
que abandonaron y que posteriormente les fueron despojadas forzadamente, pues éstas carecen de
motivación, incurrieron en un defecto orgánico por haberse proferido sin
competencia y en un defecto procedimental, al desconocer los preceptos que
regulan la suspensión de los procesos por prejudicialidad.
Por
otra parte, los autos del 3 y del 19 de septiembre de
2014, mediante los cuales el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta suspendió el proceso de restitución de
tierras mencionado y decidió no reponer el auto en el que acató la orden de suspensión,
respectivamente, no incurren en ninguna causal específica de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, pues estos se dieron en cumplimiento de
la orden proferida por otra autoridad judicial.
Por las anteriores razones, la
Sala concederá la tutela solicitada por el señor Armando Rafael Daza
Mercado y otros, y revocará las sentencias de primera y segunda
instancia, proferidas por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, respectivamente. Por lo tanto, se dejarán sin
efecto las decisiones del 14 y 15 de agosto de
2014, proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Aracataca.
Ahora bien, a
pesar de que los autos del 3 y del 19 de septiembre de 2014, dictados por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta, no incurren en algún defecto, estos encuentran sustento en las
decisiones proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Aracataca, las cuales vulneran los derechos fundamentales
de los accionantes. Por consiguiente, la Sala dejará sin efecto las decisiones del 3 y del 19 de septiembre de 2014
adoptadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta.
En consecuencia,
se advertirá al Juzgado Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca que siempre que decrete una
medida provisional en audiencia de restablecimiento de derechos, deberá tener
en cuenta los criterios trazados por la Sala en esta providencia.
Además, se ordenará al Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta que continúe con el proceso de restitución de tierras
identificado con el número identificado con el número de radicado
470013121002-2014-00036.
De otro lado, en consideración a que (i) mediante auto del 14 de
septiembre de 2015 esta Sala de Revisión ofició al Juzgado Promiscuo Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Aracataca para que allegara las
grabaciones de las audiencias preliminares de restablecimiento de derechos
practicadas el 14 y el 15 de agosto de 2014, y (ii) ante la inobservancia de la
orden, mediante auto del 2 de octubre de 2015 el juez fue requerido para que allegara
dichas grabaciones; se compulsarán copias de esta tutela al Consejo Seccional
de la Judicatura del Magdalena, para que dentro de sus competencias, investigue
la conducta omisiva del Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Aracataca.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de los términos para decidir.
SEGUNDO. ACEPTAR la renuncia al poder presentada
por Adriana Catalina Ortiz Serrano y RECONOCER personería a Nury Luz
Peralta Cardozo, quien fue designada por Gustavo Gallón como apoderada de los
accionantes (Folios 27-28 Cuaderno de Revisión).
TERCERO. REVOCAR las decisiones adoptadas el 9
de marzo de 2015, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y el 29 de
enero de 2015, por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. En su lugar, CONCEDER el
amparo impetrado.
CUARTO. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las decisiones del 14 y 15 de agosto de 2014, proferidas por el
Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca, y ADVERTIR a esa
autoridad que siempre que decrete una medida provisional en audiencia de
restablecimiento de derechos, deberá tener en cuenta los criterios trazados por
la Sala en esta providencia.
QUINTO. DEJAR SIN EFECTOS los autos del 3 y del 19 de septiembre de 2014, dictados por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta, y ORDENAR a esa
autoridad que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de esta sentencia, continúe con el proceso de
restitución de tierras identificado con el número identificado con el número de
radicado 470013121002-2014-00036.
SEXTO. COMPULSAR COPIAS de la tutela al
Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, para que dentro de sus
competencias, investigue la conducta omisiva del Juez
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca en el
trámite de esta tutela. Para el efecto, se remitirá copia completa de esta
providencia.
SÉPTIMO. Por Secretaría General líbrese
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA T-666/15
DE LA MAGISTRADA
PONENTE GLORIA ESTELLA ORTIZ DELGADO, EN LA QUE SE DECIDE LA ACCIÓN DE TUTELA
INTERPUESTA POR ARMANDO RAFAEL DAZA MERCADO Y OTROS, CONTRA LOS JUZGADOS
PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE ARACATACA Y SEGUNDO
CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE SANTA MARTA, POR
CONSIDERAR VULNERADOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA
VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN
FACULTAD DEL JUEZ PENAL DE SUSPENDER OTROS PROCESOS-No existe claridad sobre si el juez penal tenía la facultad
suspender el proceso de restitución de tierras, por tanto no se debió compulsar
copias en su contra (Aclaración de voto)
JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-El juez penal está llamado a
aplicar en primer término las normas del procedimiento penal y no las del
procedimiento civil, las cuales solamente podrían emplearse a través de la
remisión realizada por el artículo 25 de la Ley 906 de 2004 (Aclaración de
voto)
Referencia: Expediente T-4.841.815
Problemas
jurídicos planteados en la sentencia: ¿Puede un juez en el marco de un proceso
penal ordenar a un juez especializado en restitución de tierras, que suspenda
un proceso de dicha naturaleza como medida cautelar para proteger los derechos
de las víctimas de una conducta punible? ¿Incurre en alguna causal específica
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales un auto mediante el
cual un juez de restitución de tierras da cumplimiento a la orden de un juez
penal, consistente en suspender un proceso de restitución de tierras, y no
verifica que se cumplan los requisitos previstos en las normas civiles para
decretar la suspensión?
Motivos
del salvamento: no existe plena claridad sobre si el juez penal tenía
la facultad suspender el proceso de restitución de tierras, por lo cual no
comparto que se hayan compulsado copias en su contra.
Aclaro el voto en la Sentencia T - 666 de 2015, pues aunque
comparto la decisión de conceder la acción de tutela por cuanto la providencia
del Juzgado Promiscuo Municipal con función de Garantías de Aracataca carecía
de una motivación suficiente, considero necesario hacer algunas observaciones:
1.
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA T - 666 DE 2015
El señor Armando Rafael Daza Mercado y
otros 15 accionantes, mediante apoderada judicial, interpusieron acción de
tutela contra (i) las decisiones del 14 y 15 de agosto de 2014, proferidas por
el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Aracataca, en el trámite de siete indagaciones preliminares por el presunto
delito de fraude procesal, mediante las cuales ordenó la suspensión de un
proceso civil en el que los accionantes fungen como solicitantes de la
restitución jurídica y material de las tierras que abandonaron y que
posteriormente les fueron despojadas forzadamente; y (ii) los autos del 3 y del
19 de septiembre de 2014, mediante los cuales el Juez Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, suspendió el
proceso de restitución de tierras mencionado y decidió no reponer el auto en el
que acató la orden de suspensión, respectivamente.
2.
FUNDAMENTO DE LA ACLARACIÓN
2.1. Sobre la
facultad del juez penal de suspender otros procesos
En la sentencia se afirma de manera
categórica que solamente el juez civil de restitución de tierras tenía la
competencia para ordenar la suspensión del proceso:
"En el mismo
sentido, las normas son claras al señalar que el decreto de la suspensión es
resultado de la valoración del cumplimiento de los requisitos mencionados, y
corresponde única y exclusivamente al juez que conoce del proceso que se
pretende suspender, y no al que conoce del proceso que suscita la
suspensión".
En virtud de ello se afirma más adelante
como uno de los fundamentos centrales de la ponencia que el "El Juez
Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Aracataca no era
competente para adoptar una determinación que correspondía al juez civil
especializado en restitución de tierras".
Sin embargo, no puede señalarse de manera
tan categórica que un juez penal no pueda en ningún caso suspender otro
proceso, pues el artículo que regula estas medidas (22 de la ley 906 de 2004)
no establece ningún impedimento al respecto:
"Artículo 22.Restablecimiento
del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los
jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos
producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere
posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados,
independientemente de la responsabilidad penal".
Incluso de presentarse un duda sobre si
se aplica la norma procesal penal o la norma procesal civil debe tenerse en
cuenta que el artículo 22 de la Ley 906 de 2004 es un principio rector y que de
acuerdo al artículo 26 de la misma ley: "Las normas rectoras son
obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código.
Serán utilizadas como fundamento de interpretación".
2.2.  Sobre el defecto
por no aplicación de los artículos 170 y 172 del Código de Procedimiento Civil
La sentencia afirma de manera categórica
que el juez de control de garantías incurrió en un error al no aplicar las
normas de la prejudicialidad contempladas en los artículos 170 a 172 del Código
de Procedimiento Civil. Sin embargo, ello no es completamente acertado pues el
juez penal está llamado a aplicar en primer término las normas del
procedimiento penal y no las del procedimiento civil, las cuales solamente podrían
emplearse a través de la remisión realizada por el artículo 25 de la Ley 906 de
2004:
"Integración. En materias que
no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones
complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de
otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del
procedimiento penal.
2.3.  Sobre la compulsa
de copias
La interpretación del artículo 22 de la
Ley 906 de 2004 ha implicado múltiples dudas en los jueces penales, pues no
están completamente definidos: (i) los requisitos para adoptar una medida de
restablecimiento del derecho, (ii) las medidas de restablecimiento del derecho
que pueden aplicarse ni (iii) el procedimiento propiamente aplicable.
Si se consulta a profundidad la Ley 906
de 2004 no hay otra norma que desarrolle el artículo 22, pues dentro de las
medidas para el restablecimiento del derecho no solo se incluyen medidas
cautelares, sino cualquier instrumento para hacer cesar los efectos del delito.
Ante esta situación no estoy de acuerdo
con compulsar copias al juez que ordenó las medidas, pues difícilmente podría
decirse que actuó con dolo o culpa grave cuando existen dudas sobre la
aplicación de la norma.
Por otro lado, la cada vez más frecuente
tendencia de compulsar copias a los jueces puede afectar gravemente la
independencia judicial olvidándose además que el derecho penal es la ultima ratio.
Fecha ut supra,
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] Los accionantes de este proceso son: 1. Armando
Rafael Daza Mercado, 2. Elvia Crespo Gutiérrez, 3. Miriam Araque Gutiérrez, 4.
Augusto Santander Araque Gutiérrez, 5. Francia Helena Gutiérrez Crespo, 6.
Donatila Crespo Gutiérrez, 7. Braulia María Córdoba Nieves, 8. Jorge David
Charris Bolaño, 9. Pedro Antonio Valencia Pacheco, 10. Candelaria Bocanegra
Orozco, 11. José Encarnación Berbén Córdoba, 12. Ludis María Polo Rojano, 13.
Sebastián Antonio Gutiérrez Crespo, 14. Nora Esther Bonnet Martínez, 15. Alexy
Javier Sánchez Sánchez, 16. Nelly María Bolaño de Castro.
[2] Se trata de la abogada Adriana
Catalina Ortiz Serrano, quien actúa como delegada de la Comisión Colombiana de
Juristas.
[3] A folios 32-205 del Cuaderno de
primera instancia, se encuentra la copia de la solicitud de restitución
jurídica y material de tierras despojadas.
[4] Se trata del proceso de restitución y
formalización de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, identificado
con el número de radicado 470013121002-2014-00036.
[5]Se trata de los siguientes
procesos: (i) Indagación Preliminar No.: 472886001025201300280, Denunciado:
Personas desconocidas, Víctima: Rigoberto Díaz, Delito: no se conoce, Predios
Relacionados: San Martín, Proceso: 4705340890012014-00409, Imputado: Luis Gabriel
Camargo Arroyo; (ii) Indagación Preliminar No.: 472886001025201300281,
Denunciado: Personas desconocidas, Víctima: Priscila Perdomo Quintero, Delito:
no se conoce, Predios relacionados: Campo Cely, Proceso:
4705340890012014-00398-00, Imputado: Armando Rafael Daza Mercado; (iii)
Indagación Preliminar No.: 472886001025201400270, Denunciado: Personas
desconocidas, Víctima: Rigoberto Díaz Quintero, Delito: Fraude procesal,
Predios relacionados: San Martín y Montealegre, Proceso:
4705340890012014-00408, Imputada: Francia Elena Gutiérrez Crespo; (iv)
Indagación Preliminar No.: 472886001025201400271, Denunciado: Personas
desconocidas, Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Delito: no se conoce, Predios
Relacionados: Tierra Mala o Parte Bien, Proceso: 4705340890012014-00401-00,
Imputado: Antonio Modesto González Gamero; (v) Indagación Preliminar No.:
472886001025201400272, Denunciado: Personas desconocidas, Víctima: Adolfo Díaz
Quintero, Delito: no se conoce, Predios Relacionados: San Fernando o Villa
Omaira, Proceso: 4705340890012014-00407, Imputada: Liliana Estrada; (vi)
Indagación Preliminar No.: 472886001025201400273, Denunciado: Personas
desconocidas, Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Delito: Fraude procesal, Predios
Relacionados: El Carmen, Proceso: 4705340890012014-00406, Imputados: Armando
Rafael Daza Mercado, Ángel María Mancilla Moreno, Braulia María Córdoba Mieles,
Karen Truman; (vii) Indagación Preliminar No.: 472886001025201400274,
Denunciado: Personas desconocidas, Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Delito: no se
conoce, Predios Relacionados: Si Dios Quiere, Proceso:
4705340890012014-00404-00, Imputado: Ángel María Mancilla Moreno.
[6] ARTÍCULO 22. “RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces
deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos
por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de
modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la
responsabilidad penal.”
[7] A Folios 206-216, ibídem, se encuentran las copias de los oficios
No. 02136, 2146, 2142, y 2145; mediante los cuales el Juez Promiscuo Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Aracataca informó al Juez Segundo
Civil del Circuito, especializado en restitución de tierras de Santa Marta, que
el 14 y 15 de agosto de 2014, en audiencias de restablecimiento del derechos,
ese despacho ordenó la suspensión del proceso que se sigue ante el juzgado de
restitución (Rad. 362014) en el que son demandantes el señor Armando Rafael
Daza Mercado y otros.
[8] A folio 217 del Cuaderno de primera
instancia se encuentra un CD que contiene la grabación de la audiencia
preliminar de restablecimiento del derecho celebrada el 15 de agosto de 2014,
presidida por el Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Aracataca, en el proceso de radicado número 4728860012025201400270 por el
delito de fraude procesal, en el que la indiciada es la señora Francia Helena
Gutiérrez Crespo. La audiencia fue solicitada por el Fiscal 26 Seccional de
Fundación quien, con fundamento en los artículos 11 y 22 de la Ley 906 de 2004,
pidió la suspensión del proceso de restitución de tierras.
En primer lugar, el Fiscal
estableció que el señor Rigoberto Díaz Quintero celebró un contrato de promesa
de compraventa sobre un predio de 10 hectáreas con la señora Francia Elena Gutiérrez
Crespo y el 10 de febrero de 2004 se perfeccionó el contrato y se elevó a
Escritura Pública el negocio celebrado.
En segundo lugar, el juez
reiteró los hechos relatados por el Fiscal y agregó que la señora Gutiérrez
Crespo instauró un proceso de restitución de tierras ante el Juzgado 2º Civil
del Circuito especializado en restitución de tierras de Santa Marta, “(…)
por consiguiente el señor Rigoberto Díaz Quintero se siente afectado y denuncia
a esta persona por el delito de fraude procesal. Ante esta solicitud el
artículo 11 del Código de Procedimiento Penal establece los derechos que tienen
las víctimas cuando se sientan afectados, y es el Estado el que garantiza el
acceso a esas personas a la administración de justicia en los términos
establecidos en este código, igualmente el artículo 22 nos habla sobre el
restablecimiento del derecho, cuando sea procedente la Fiscalía General de la
Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los
efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior si ello
fuere posible de modo que se restablezcan los derechos quebrantados,
independientemente de la responsabilidad penal que hubiere en este caso (…) Ante
esta situación de supuesto fraude procesal este juzgado de función de garantías
ordena suspender la investigación, el respectivo proceso que se lleva a cabo
ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tierras de la ciudad de Santa
Marta, mientras se ventila la investigación por fraude procesal ante el ente
fiscal en el municipio de Fundación.” (Minuto 5:30 a 8:30, CD obrante a
folio 217 cuaderno de primera instancia.)
[9] Folios 217-220, ibídem.
[10] Folio 217R, ibídem.
[11] La copia del recurso de reposición
se encuentra a folios 222-229 ibídem.
[12] Se cita la sentencia
T-924 de 2002.
[13] Folio 228 ibídem.
[14] Folios 230-240, ibídem.
[15] Folio 238 ibídem.
[16] Debido a que la autoridad judicial no era competente
para adoptar una determinación que afectara de manera directa el curso del
proceso de restitución de tierras. Lo anterior por cuanto el proceso de
restitución es especial y autónomo, de manera que todos los asuntos que puedan
incidir en el sentido de la decisión que ponga fin al proceso, deben ser
decididos por el juez de restitución. Específicamente, señala la abogada que el
juez de control de garantías debió dar a conocer al juez de restitución de
tierras las denuncias por fraude procesal en contra de los solicitantes, junto
con las pruebas que sustentan la presunta comisión del delito, para que fuera
éste quien las tuviera en cuenta en el trámite del proceso de restitución y, en
caso de advertir la comisión de un hecho punible, en la sentencia oficiara a la
justicia penal para que adelantara las investigaciones correspondientes.
[17] Por cuanto ignoró que los denunciantes eran opositores
en el proceso de restitución de tierras y desconocieron la oportunidad prevista
por la Ley 1448 de 2011 para la defensa y protección de sus derechos, y
prefirieron acudir ante la jurisdicción penal como una estrategia para
presionar a las víctimas a que desistan de sus pretensiones. La decisión del
juez de control de garantías validó dicha conducta y desconoció que el proceso
de restitución era el escenario natural para que estos presentaran las pruebas
que consideraran pertinentes e hicieran valer su buena fe exenta de culpa.
[18] Por cuanto el juez no contó con el sustento probatorio
suficiente para adoptar la decisión de suspensión del proceso de restitución,
debido a que la ordenó con fundamento en la escritura pública de compraventa
sobre uno de los predios cuya restitución se reclama, sin conocer quiénes eran
los sujetos procesales, ni cuál era el estado del proceso y sin contar con el
menor indicio de que se hubiera configurado un fraude procesal.
[19] Dado que el juez con funciones de control de garantías
omitió verificar los hechos que le fueron presentados por el Fiscal 26
Seccional de Fundación, a partir de los cuales adoptó la medida de suspensión
del proceso de restitución de tierras en curso. Así pues, a) no comprobó
que el trámite estaba en etapa de admisibilidad, b) omitió verificar si
quienes obraban como solicitantes dentro del proceso eran aquellas personas
indiciadas, o también otras verían lesionados sus derechos como consecuencia de
tal determinación, c) no explicó por qué motivo con la sola presentación
de una escritura pública de compraventa se concluyó que se había configurado el
delito de fraude procesal, y d) se abstuvo de aplicar el parágrafo 2º
del artículo 95 de la Ley 1448 de 2012, según el cual se debió abstener de
decretar la medida de suspensión del proceso de restitución y, en su lugar,
remitir el asunto al juez de restitución de tierras para que éste continuara
con el trámite del proceso.
[20] Porque la orden de suspensión desconoció los criterios
que según la jurisprudencia constitucional deben ser tenidos en cuenta por los
jueces en caso de advertir la necesidad de suspender un proceso (en particular,
la sentencia T-924 de 2002).
[21] Porque acató la orden del juez de control de garantías
y decretó la suspensión del proceso, sin verificar si en este caso se cumplían
los presupuestos para que operara la prejudicialidad, los cuales a juicio de la
apoderada no se cumplen, pues el proceso de restitución estaba en etapa de admisibilidad
y según la legislación civil esta figura opera cuando el proceso se encuentre
“en estado de dictar sentencia”. Además, se ordenó la suspensión indefinida del
proceso, a pesar de que las normas que regulan la materia determinan que ésta
no puede ser superior a 3 años.
[22] Debido a que el Juez Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, de manera irreflexiva,
adoptó la orden de suspensión del proceso sin contar con las pruebas mínimas
necesarias para verificar si la orden recibida se ajustaba a derecho.
[23] Folios 277-278, Cuaderno de primera
instancia.
[24] A la tutela se adjuntaron las copias
simples de 16 poderes conferidos a la Comisión Colombiana de Juristas para que
ejerciera la acción de restitución de tierras y reclamación de la reparación
integral y, en particular, se confirieron facultades para la interposición
de tutelas relacionadas con las pretensiones para las cuales se otorga poder
(Elvia Crespo Gutiérrez -Fls. 241-242-; Miriam Araque Gutiérrez -Fls. 243-244-;
Augusto Santander Araque Gutiérrez -Fl. 245-; Francia Helena Gutiérrez Crespo
-Fls. 246-247-; Donatila Crespo Gutiérrez -Fls. 248-249-; Braulia María Córdoba
Nieves -Fls. 250-251-; Armando Rafael Daza Mercado -Fls. 252-253-; Jorge David
Charris Bolaño -Fls. 254-255-; Pedro Antonio Valencia Pacheco -Fls. 256-257-;
Candelaria Bocanegra Orozco -Fls. 258-259-; José Encarnación Berbén Córdoba -Fls.
260-261-; Ludis María Polo Rojano -Fls. 262-263-; Sebastián Antonio Gutiérrez
Crespo -Fls. 264-265-; Nora Esther Bonnet Martínez -Fls. 266-267-; Nelly María
Bolaño de Castro -Fls. 268-269-; y Alexy Javier Sánchez Sánchez -Fls. 270-271-).
Además, a folios 272-273 del Cuaderno de primera instancia, se encuentra la
copia simple de un memorial en el que Gustavo Gallón, como representante legal
de la Comisión Colombiana de Juristas, designa como apoderados a los abogados Adriana
Catalina Ortiz Serrano, Paula Andrea Villa Vélez y Juan Carlos Ospina Rendón.
[25] El auto que ordena el emplazamiento, el edicto emplazatorio y las
publicaciones relacionadas con el emplazamiento, se encuentran a Folios 315-324
y 328-337 del Cuaderno de primera instancia.
[26] Folio 338 del Cuaderno de primera
instancia.
[27] La contestación del Juez Promiscuo Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Aracataca se encuentra a folios 298-299 ibídem.
[28] Folios 297-298, ibídem.
[29] La contestación del Juez Segundo Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Santa Marta se encuentra a folios 302-306 ibídem.
[30] Folio 304, ibídem.
[31] La contestación de la Fiscal Seccional 26 de Fundación se encuentra
a folios 307-309 ibídem.
[32] Los procesos se identificaron así: 1. Indagación Preliminar de radicado No.
472886001025201300270, Víctima: Rigoberto Díaz Quintero, Denunciado: Personas
desconocidas, Delito: Fraude procesal, Predios relacionados: San Martín y
Montealegre; correspondiente al proceso 4705340890012014-00408 que cursó ante
el Juez de Control de Garantías de Aracataca; 2. Indagación Preliminar de
radicado No. 472886001025201300281, Víctima: Priscila Perdomo Quintero,
Denunciado: Personas desconocidas, Delito: no se especifica, Predios
relacionados: Campo Cely; 3. Indagación Preliminar de radicado No.
472886001025201400272, Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Denunciado: Personas
desconocidas, Delito: no se especifica, Predios relacionados: San Fernando o
Villa Omaira; 4. Indagación Preliminar de radicado No. 472886001025201300280,
Víctima: Rigoberto Díaz, Denunciado: Personas desconocidas, Delito: no se
especifica, Predios relacionados: San Martín; 5. Indagación Preliminar de
radicado No. 472886001025201400274, Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Denunciado:
Personas desconocidas, Delito: o se especifica, Predios relacionados: Si Dios
Quiere; 6. Indagación Preliminar de radicado No. 472886001025201300282,
Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Denunciado: Personas desconocidas, Delito: no se
especifica, Predios relacionados: El Carmen; 7. Indagación Preliminar de
radicado No. 472886001025201400271, Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Denunciado:
Personas desconocidas, Delito: no se especifica, Predios relacionados: Tierra
Mala o Parte Bien; 8. Indagación Preliminar de radicado No.
472886001025201400273, Víctima: Adolfo Díaz Quintero, Denunciado: Personas
desconocidas, Delito: Fraude procesal, Predios relacionados: El Carmen.
[33] La contestación de los señores Adolfo Díaz Quintero, Rigoberto Díaz
Quintero y Priscila Perdomo, se encuentra a folios 340-371 ibídem.
[34] Folio 345, ibídem.
[35] La contestación de los señores María Teresa Rueda Acevedo, Esther
María Rueda, Mercedes Rueda, Carlos Arturo Rueda y José Vicente Rueda Acevedo se
encuentra a folios 375-398 ibídem.
[36] La contestación del curador ad litem se encuentra a folios 419-420,
ibídem.
[37] Folios 425-430, ibídem.
[38] Folio 429, ibídem.
[39] La aclaración de voto se encuentra a folios 445-446, ibídem.
[40] Folios 448-453, ibídem.
[41] Folios 6-27, Cuaderno de Segunda Instancia
[42] Folio 23, Cuaderno de Segunda Instancia.
[43] Folios 249-250, Cuaderno de Revisión.
[44] Folios 113-114, Cuaderno de Revisión.
[45] El CD se encuentra a Folio 115 del Cuaderno de Revisión.
[46] Específicamente el CD contiene las
siguientes actuaciones: (i) el señor Adolfo Díaz Quintero se presentó en las
instalaciones de la Unidad – Territorial Magdalena, los días 4 y 10 de julio de
2013, narró su versión de los hechos y aportó las promesas de compraventa,
contratos de compraventa, las Escrituras Públicas y los certificados de
libertad y tradición de los inmuebles que según él son de su propiedad (Folios 637-639
y 672-678 del expediente del procedimiento administrativo contenido en el CD -
Folio 115 Cuaderno de Revisión) (ii) los señores José Vicente Rueda Acevedo y
María Teresa Rueda Acevedo se presentaron en las instalaciones de la Unidad –
Territorial Magdalena, los días 10 y 11 de julio de 2013, narraron su versión
de los hechos y aportaron las promesas de compraventa, contratos de
compraventa, las Escrituras Públicas y los certificados de libertad y tradición
de los inmuebles que según ellos son de su propiedad (Folios 485-487 y 495-500
ibídem); (iii) el señor Rigoberto Díaz Quintero se presentó en las
instalaciones de la Unidad – Territorial Magdalena, el 4 de julio de 2013,
narró su versión de los hechos y aportó las promesas de compraventa, contratos
de compraventa, las Escrituras Públicas y los certificados de libertad y
tradición de los inmuebles que según él son de su propiedad (Folios 663-665
ibídem); (iv) la señora Esther María Rueda de Ayala se presentó en las
instalaciones de la Unidad – Territorial Magdalena, el 10 de julio de 2013,
narró su versión de los hechos y aportó las promesas de compraventa, contratos
de compraventa, las Escrituras Públicas y los certificados de libertad y
tradición de los inmuebles que según ella son de su propiedad (Folios 759-761
ibídem); (v) la señora Mercedes Rueda Acevedo se presentó en las instalaciones
de la Unidad – Territorial Magdalena, el 10 de julio de 2013, narró su versión
de los hechos y aportó las promesas de compraventa, contratos de compraventa,
las Escrituras Públicas y los certificados de libertad y tradición de los
inmuebles que según ella son de su propiedad (Folios 795-797 ibídem); y (vi)
los señores Carlos Arturo Rueda Acevedo y Nohemí Hernández Rueda se presentaron
en las instalaciones de la Unidad – Territorial Magdalena, el 10 de julio de
2013, narraron su versión de los hechos y aportaron las promesas de
compraventa, contratos de compraventa, las Escrituras Públicas y los
certificados de libertad y tradición de los inmuebles que según ellos son de su
propiedad (Folios 833-835 ibídem).
[47] Folios 127-248, Cuaderno de Revisión.
[48] En la Resolución RMLR002 de 2014 se
establece que “(…) para el caso concreto se configuraron varias tipologías
de despojo como el material, en el entendido que los habitantes del centro
poblado de Salaminita por el mismo hecho del desplazamiento forzado se vieron
obligados a abandonar la tierra, hecho que se perfeccionó a través del tiempo,
esto a su vez, trajo consigo el despojo por negocio privado, el cual se
materializó al vender los lotes por menos de la mitad del valor real que tenía
al momento del abandono forzado (…)” Folio 160 Cuaderno de Revisión.
[49] Folios 118-126, Cuaderno de Revisión.
[50] Folios 110-112, Cuaderno de Revisión.
[51] El CD se encuentra a Folio 112 del Cuaderno de Revisión. En éste se
encuentran las notificaciones de las audiencias enviadas por el Juez Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías sobre la orden de suspensión
del proceso de restitución y la grabación de una de las audiencias, que es la
misma aportada por la Comisión Colobmiana de juristas como prueba de la tutela
de la referencia.
[52] Folios 427-429 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 1.
[53] Folios 439-440 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 1.
[54] Folios 401-404 y 417-420 del archivo en PDF denominado Cuaderno
Principal 1.
[55] Folios 445-527 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 1.
[56] Folios 528-724 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 1.
[57] Folios 731-774 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 1 y
1-44 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 2.
[58] Esta solicitud está incluida en todos los escritos de oposición.
[59] Folio 85 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 2.
[60] Folios 148-150 del archivo en PDF denominado Cuaderno Principal 2.
[61] El escrito está firmado por Christian
Visnes, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, y fue
realizado con la colaboración de Luz Yadira Galeano Saavedra, Isabel Peralta,
Diana Rodríguez, Karine Ruel y Juan Camilo Sánchez González (Folios 252-270,
Cuaderno de Revisión).
[62] Particularmente, estableció (i) que solo a una familia le ha sido
reconocido el pago de la reparación administrativa; (ii) que a la fecha, 9
familias no han sido inscritas en el Registro Único de Víctimas de la Unidad de
Atención y Reparación Integral para las Víctimas; (iii) que antes del
desplazamiento, la población se desempeñaba en labores agrícolas y en la
actualidad todos ejercen labores informales, así: el 40% de la población no
ejerce labores relacionadas con la agricultura, el 28.5% ejerce labores
relacionadas con la agricultura pero se trata de trabajos temporales, el 31.5%
de la población vive de la caridad y el 4% vive de las ayudas humanitarias que
recibe; (iv) que el 97.9% de las familias recibe hasta un salario mínimo, y el
44.8% recibe menos de 300.000 pesos; (v) que el 51% de los núcleos familiares
se conforman hasta por 5 personas y el 44.8% restantes están compuestos entre 6
y 10 personas; (vi) que la población de Salaminita vive en condiciones de
hacinamiento, sin agua potable y sin acceso a otros servicios públicos; y (vii)
que el 52.8% de las personas son mujeres, quienes merecen una especial
protección en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado.
[63] El escrito está firmado por Ricardo
Daniel Álvarez Morales y Luis Enrique Ruiz González (folios 294-309 Cuaderno de
Revisión).
[64] El escrito está firmado por César
Rodríguez Garavito, director del el Centro de Estudios Derecho, Justicia y
Sociedad – Dejusticia, y por los investigadores Aura Patricia Bolívar Jaime,
Diana Isabel Güiza Gómez, Laura Gabriela Gutiérrez Baquero, Angy Paola Botero
Giraldo y Mauricio Albarracín Caballero (Folios 332-345, Cuaderno de Revisión).
[65] En la intervención se hace una
descripción detallada de las etapas del proceso de restitución de tierras y su
naturaleza. Específicamente se hace referencia a que se trata de un mecanismo
de protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento y despojo, al
cual le aplican los principios de la Justicia Transicional.
[66] Folio 344, Cuaderno de Revisión
[67] A folio 217 del Cuaderno de primera
instancia, se encuentra un CD que contiene la grabación de la audiencia
preliminar de restablecimiento del derecho.
[68] A folio 112 del Cuaderno de Revisión, se encuentra un CD que contiene la grabación de la audiencia
preliminar de restablecimiento del derecho.
[69] El escrito que contiene la intervención de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión y Restitución de Tierras Despojadas, en la que manifiesta
actuar como coadyuvante en la tutela de la referencia se encuentra a folios 87-91
ibídem.
[70] Folio 89, ibídem.
[71] Artículo 85. “TRÁMITE
DE LA SOLICITUD. La sustanciación de la solicitud estará a cargo del Juez o
Magistrado según el caso, a quien corresponderá por reparto que será efectuado
por el Presidente de la Sala el mismo día, o a más tardar el siguiente día
hábil. El Juez o Magistrado tendrá en consideración la situación de
vulnerabilidad manifiesta de las víctimas para considerar la tramitación
preferente de sus reclamaciones.”
[72] ARTÍCULO 91. “CONTENIDO
DEL FALLO. La sentencia se pronunciará de manera definitiva sobre
la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la
demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los
opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso. Por lo
tanto, la sentencia constituye título de propiedad suficiente.
(…)
PARÁGRAFO 2o. El Juez o Magistrado dictará el fallo dentro de
los cuatro meses siguientes a la solicitud. El incumplimiento de los términos
aplicables en el proceso constituirá falta gravísima.”
[73] Ver sentencia T-283 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[74] Al respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas.
[75] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[76] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[77] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que
adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por
la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora
porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional
puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en
ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones
descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la
decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del
funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por
defecto orgánico.
[78] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa): “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador
[79] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de
derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto
de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no
desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio
iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos
órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la
administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los
derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[80] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[81] Artículo 95. “CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS. Las medidas cautelares se cumplirán en forma inmediata después de
haber sido decretadas, y se notificarán a la parte a quien afectan, una vez
cumplidas.”
[82] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[83] M.P. María Victoria Calle Correa.
[84] Ver la sentencia C-425 de 2008; M.P. Maraco Gerardo Monroy
Cabra.
[85] Ver sentencias C-420 de 2002 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño) y C- 646 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[86] Ver las sentencias C-988 de 2006; M.P.
Álvaro Tafur Galvis y Sentencia C-489 de 2002; M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[87] Ver Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 30148. M.P. Alfredo
Gómez Quintero. Sentencia del 7 de abril de 2010.
[88] Ver sentencia
C-1164 de 2000; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[89] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.
Sentencia del 18 de junio de 2008.
[90] Según el artículo 134 de la Ley 906 de 2004, “Las
víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por
conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas
indispensables para su atención y protección. // Igual solicitud podrán
formular las víctimas, por sí mismas o por medio de su abogado, durante el
juicio oral y el incidente de reparación integral.”
[91] Ver el Auto del 28 de noviembre de 2012. Definición de competencia
No. 40246. En aquella oportunidad la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
se ocupó de definir la competencia para conocer de una audiencia de
restablecimiento del derecho solicitada por el representante de una presunta víctima
en un proceso penal adelantado por el delito de prevaricato por acción. La Sala
Penal del Tribunal Superior de Cartagena, planteó la falta de competencia para
conocer de dicha solicitud, por considerar que de conformidad con los artículos
250 de la Carta Política y 22 del Código de Procedimiento Penal, cuando la
solicitud de restablecimiento del derecho es provisional o en etapas
preliminares de la actuación y hasta que se profiera el fallo condenatorio,
corresponde resolverlas a un juez de control de garantías.
[92] En sentencia del 10 de junio de 2009, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia (radicado No.22881), en un asunto regido por la Ley 600 de
2000, declaró la prescripción de las acciones penal y civil, pero casó
oficiosamente el fallo para adoptar medidas de restablecimiento del derecho en
favor de las víctimas, concretamente la cancelación de registros de escrituras
públicas sobre bienes inmuebles obtenidos de forma fraudulenta, por haber
encontrado probada la materialidad del delito de fraude procesal.
[93] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[94] En la sentencia C-093 de 2001; M.P. Alejandro Martínez Caballero,
la Corte analiza los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar el
nivel de escrutinio aplicable a cada caso y sugiere los siguientes: “(…) el
escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: de
un lado, cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un
determinado grupo de personas, puesto que la Carta indica que todas las
personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades (CP
art. 13). De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de
diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la
Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas
categorías  (CP art. 13). En tercer término, cuando la Carta señala mandatos
específicos de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las
confesiones religiosas (CP art, 19), pues en esos eventos, la libertad de
configuración del Legislador se ve menguada. Y, finalmente, cuando la
regulación afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad
manifiesta ya que éstas ameritan una especial protección del Estado (CP art.
13).”
[95] Artículo 170 “SUSPENSIÓN DEL PROCESO: El juez decretará la suspensión del
proceso: 1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar
en él haya de influir necesariamente en la decisión del civil, a juicio del
juez que conoce de éste. (…)”.
[96] Artículo 171 “DECRETO DE LA SUSPENSION Y SUS EFECTOS: Corresponderá al juez que conoce del proceso,
resolver sobre la procedencia de la suspensión.
La suspensión a que se refieren los numerales 1. y 2.
del artículo precedente <170>, sólo se decretará mediante la prueba de la
existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe
suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.
La suspensión del proceso producirá los mismos efectos
de la interrupción a partir del hecho que la genere o de la ejecutoria del auto
que la decrete, el cual es apelable en el efecto suspensivo. El que la niegue,
en el devolutivo”.
[97] Artículo 161. Suspensión del proceso.// El juez, a
solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión
del proceso en los siguientes casos:
1. Cuando la sentencia que deba dictarse
dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse
sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante
demanda de reconvención. El proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un
proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la
validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar
los mismos hechos como excepción.
2. Cuando las partes la pidan de común
acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la
solicitud suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan
convenido otra cosa.
Parágrafo.
Si la suspensión recae solamente sobre
uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación para
continuar el trámite de los demás.
También se suspenderá el trámite principal
del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones
especiales, sin necesidad de decreto del juez.”
[98] Artículo 162. “Decreto de la suspensión y sus
efectos.// Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia
de la suspensión.
La suspensión a que se refiere el numeral
1 del artículo precedente solo se decretará mediante la prueba de la existencia
del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se
encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.
La suspensión del proceso producirá los
mismos efectos de la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la
decrete.
El curso de los incidentes no se afectará
si la suspensión recae únicamente sobre el trámite principal.”
[99] De conformidad con lo establecido en los acuerdos No. PSAA13-10073 (Diciembre 27 de 2013) y PSAA14-10155
(Mayo 28 de 2014) de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
[100] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[101] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[102] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[103] Sentencia C-590 de 2005 antes citada.
[104] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[105] Sentencia T-247 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[106] Esta Corporación ha señalado que “(...)
cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para
dar trámite a determinadas cuestiones, está actuando “en forma arbitraria y con
fundamento en su sola voluntad”. (Sentencia T-1180 de 2001).
[107] Ver sentencia T-996 de 2003; M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[108] Ver sentencia T-264 de 2009; MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[109] Ibídem.
[110]Sentencia T-781 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[111] Artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio (…)”
[112] Ver sentencia
C-208 de 1993.
[113] Eduardo Cifuentes Muñoz.
[114] Al respecto, se pueden consultar las
sentencias T-553 de 1995, M.P.Carlos Gaviria Díaz;
T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-1051 de 2002, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[115] Sentencias T-283
de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.