T-240-18
Sentencia T-240/18
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-Reiteración de jurisprudencia
MANUAL DE CONVIVENCIA Y DEBER DE SOMETERSE A LAS REGLAS DEL DEBIDO
PROCESO EN SU APLICACION-Las normas consignadas en los manuales de convivencia deben
respetar las reglas constitucionales del debido proceso
MANUAL DE CONVIVENCIA-Naturaleza
EDUCACION COMO DERECHO-DEBER-Para la institución educativa y para los estudiantes o padres de
familia, de manera recíproca
AGRESION ESCOLAR A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR-Objetivo y funciones
COMITE ESCOLAR DE CONVIVENCIA-Finalidad
DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-No vulneración a estudiante,
quien fue expulsado definitivamente por difundir fotografías íntimas sin
autorización para ello en red social
Referencia:
Expediente T-6.323.997
Acción de tutela
presentada por CAJC y EMCG en contra de
la ACFE
Magistrado ponente:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio
de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado
y Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera instancia, por el Juzgado
Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá
el 7 de junio de 2017 y, en segunda instancia, por el Juzgado
Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá el 21 de
julio de 2017, dentro del proceso iniciado por CAJC y EMCG
en contra de la ACFE-LFLP de Bogotá.
El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho,
mediante auto proferido el 25 de agosto de 2017 y notificado el 11 de septiembre
de 2017.
Aclaración previa
En reconocimiento del derecho a la intimidad y los demás
derechos fundamentales de los adolescentes y las familias involucradas en el
presente proceso, la Sala Quinta de Revisión decidió ocultar
sus nombres y los de sus familiares más cercanos, consignando solo sus
iniciales, al igual que otros datos e información que permitan su
identificación.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El adolescente CAJC y la señora EMCG, madre y representante legal del
primero[1],
presentaron acción de tutela en contra de la ACFE-LFLP de Bogotá (en adelante
el Colegio o el Liceo), con el propósito de obtener el amparo de los derechos
fundamentales del joven a la educación, a la formación integral y al progreso,
al libre de desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar,
al buen nombre y a la honra, al debido proceso, al derecho a la defensa, a la
integridad física y a la salud mental. Lo anterior, debido a la decisión del
Consejo de Disciplina de la institución accionada de expulsar definitivamente a
CAJC del Colegio, a partir del 2 de mayo de 2017, en el marco de una
investigación adelantada por “uso malicioso de las redes sociales para
obtener o difundir fotos [de algunas compañeras del colegio] con consecuencias
sobre el clima y la seguridad del Liceo”, supuestamente, sin respetar las
reglas del debido proceso.
Solicitaron que se le ordene al Liceo
revocar la decisión anterior e informar de ello a los padres de familia y
profesores de la institución. Además, por conducto del rector y de la
asociación de padres de familia, que se requiera a la señora AM y al joven SP,
madre y hermano de MAP, alumna del Colegio, para que no continúen amenazando la
vida de CAJC, ni su integridad física y moral, así como al señor LP, padre de
otra alumna, para que no vuelva a alterar la tranquilidad de su hogar con
llamadas amenazantes[2].
A continuación se presentan los
hechos más relevantes según fueron descritos en la demanda:
1.1. A principios del mes de
diciembre de 2016, como era común entre los adolescentes de la edad de CAJC (13 años), este con su celular tomó
una foto de sus abdominales y se la envió a un amigo del CLN. Ese amigo le
envió la fotografía a MG, quien estudiaba en el curso y colegio de CAJC, y este a su vez la compartió con otros amigos y amigas. Se
relató que un día estando CAJC en el Colegio
en la fila de ingreso al salón, MG empezó a molestarlo por lo que se inició una
riña entre los estudiantes, situación que le implicó una sanción consistente en
una advertencia y un día de exclusión.
1.2. En el mismo mes y año, CAJC empezó a hablar con IF (normalmente por WhatsApp o Snapchat),
una adolescente de su edad. Una noche el joven le pidió una fotografía con su
torso desnudo, imagen que ella le envió y él guardó en su celular. Se narró que
un amigo de CAJC tomó su celular y
sin que este se diera cuenta compartió la foto de IF, que estaba guardada en el
dispositivo, con otros compañeros de su clase.
1.3. Durante esas vacaciones de diciembre de 2016, CAJC también le pidió fotografías a MAP con
el torso desnudo y semidesnudo, imágenes que ella le envió y él guardó en su
dispositivo. Se relató que la adolescente le siguió enviando muchas más fotos
que el joven no le había solicitado, las que también guardó, además que en
febrero de 2017 compartió una de las imágenes (la primera que le fuera enviada
y en donde aparecía sin brasier) con su amigo y compañero de clase S. Se planteó
que en el curso en el cual estudiaba CAJC circulaban
varias fotografías de MAP que este no había compartido.
1.4. En marzo de 2017, a través de la red, CAJC le pidió una foto con el torso desnudo
a MS, imagen que ella le envió y él guardó en su celular. Se narró que unos
días después, el joven compartió la imagen guardada con su amigo S. También se precisó
que en el curso en el que se encontraba estudiando el adolescente circulaban
varias fotografías de MS que este no había compartido.
1.5. En el mismo mes de marzo CAJC se enteró que MAP le había contado a su hermano mayor, SP, que
quien había difundido todas las fotografías era él. Se relató que desde el 22
de ese mes empezaron a llegarle al joven amenazas de parte de SP, además, que la
madre de la estudiante, AM, lo ultimó con hacerlo expulsar
del Colegio. También se señaló que el 24 de marzo llegó el joven SP, en
compañía de tres amigos, a la casa de CAJC exigiendo
que saliera, pero que el hermano de este les indicó que no se encontraba en el
lugar[3].
Desde ese entonces, según se narró, el adolescente y sus padres sienten mucha
preocupación y temen por su seguridad.
1.6. El 29 de marzo de 2017, el
vicerrector académico del Colegio, GM, una vez enterado de que los jóvenes de
la clase 4e6 estaban compartiendo fotografías íntimas, envió a los padres de
los 26 alumnos un correo electrónico en el que los alertaba acerca de los
hechos[4].
1.7. Mediante comunicación del 31 de
marzo de 2017, CAJC fue citado con
sus padres a una reunión con el rector y el vicerrector del Colegio, para el 3
de abril[5].
Se narró que en esa ocasión, el rector le recriminó al joven su conducta al
enviar las fotografías y, sin permitirle dar explicaciones al respecto, les
planteó a sus padres que “para no [llevar al estudiante] a juicio al Consejo
de Disciplina, que [lo] retiraran inmediatamente del Colegio”[6].
Igualmente, “[l]es dijo que se tenía como un hecho confirmado [su]
responsabilidad directa en la difusión de fotos íntimas de las alumnas del
liceo por redes sociales, [configurando] ello una falta muy grave, que daba
motivo a [la] expulsión del colegio”[7].
1.8. Se indicó que como CAJC no había hecho nada distinto de lo que era
común y frecuente entre sus compañeros y compañeras de clase, este no aceptó
que sus padres lo retiraran del Colegio. Además, porque a otros de sus
compañeros que también habían compartido fotografías íntimas, no se les había
exigido su retiro sino que habían sido suspendidos por unos días sin pasar por
el Consejo de Disciplina.
1.9. Luego de un mensaje que el 3 de
abril de 2017 CAJC le enviara al
vicerrector de la institución, a través del cual le solicitaba dispensarle un
tratamiento menos riguroso que no implicara su expulsión[8],
el señor GM le indicó que debía llevar su caso ante el Consejo de Disciplina[9].
1.10. Se narró que en abril de 2017 el
rector del Colegio les comunicó a los padres de CAJC que el joven había sido convocado ante el Consejo de Disciplina que se
reuniría el 2 de mayo de 2017 a las 9:30 horas, por lo que les solicitó su
acompañamiento y les informó que el archivo estaría a su disposición en la
secretaría de la institución, el cual tenía carácter reservado, y que su hijo
podía defenderse y ser asistido por la persona que él escogiera. En dicha comunicación
se leen como hechos que dieron lugar a la convocatoria: “Uso malicioso de
las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el
clima y la seguridad del liceo”[10].
1.11. Se señaló que el joven CAJC pidió perdón por sus actuaciones y que el 30 abril
de 2017 entregó en los domicilios de MAP y MS sendas
cartas dirigidas a sus padres en las que les ofrecía disculpas[11].
1.12. Se refirió que el 2 de mayo de
2017 se llevó a cabo el Consejo de Disciplina[12], al cual
asistió CAJC junto con su madre, su
padre y una traductora; asimismo, se hicieron presentes MAP, MS y sus respectivos padres. Se narró que en esa oportunidad fueron
recaudadas y analizadas pruebas que no fueron conocidas, además que la
actuación se adelantó en francés hasta que se solicitó cambiar el idioma al
español. Al final la decisión fue la exclusión definitiva del adolescente de la
institución educativa a partir del 2 de mayo[13].
1.13. Se indicó que el 9 de mayo fue
remitida la apelación ante el embajador de Francia[14].
En dicho documento se reiteró la solicitud de considerar que la sanción no
fuera la exclusión definitiva del Colegio. Así mismo en esa fecha, se le
solicitó al rector de la institución que le permitieran a CAJC continuar estudiando hasta que se resolviera el recurso. Esta última
petición fue negada bajo el argumento de que la decisión del Consejo de
Disciplina tenía que ser aplicada durante el transcurso de la apelación[15].
1.14. Se relató que el 15 de mayo de
2017 la madre de CAJC recibió una
llamada del señor LP, padre de MFP, en la que acusaba a CAJC de haberle escrito a su hija el 12 de mayo, pidiéndole fotos vía
Instagram; además, le exigió que le prohibiera a su hijo comunicarse con la
joven bajo la amenaza de darle aviso a la policía. Se relató que los anteriores
hechos afirmados fueron negados por CAJC.
1.15. Se señaló que dado el modo en
que se produjo la expulsión de CAJC y
todos los comentarios y rumores que se generaron en el marco del procedimiento,
los que lo señalan como “pervertido” y “acosador sexual”, y pese
a que el Colegio emitió certificación que indica que el retiro se produjo
libremente por haber tenido inconveniente con los compañeros de clase, es muy
difícil que lo acepten en otra institución educativa ya que lo que se conoce es
que fue “expulsado, después de un consejo de disciplina”. Situación que
además afecta su dignidad y buen nombre y el de su familia.
2. Respuestas de la institución educativa accionada y de las entidades
vinculadas
El Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Bogotá, mediante auto del 25 de mayo de 2017, admitió la acción de
tutela presentada por CAJC y la señora
EMCG en contra del Colegio. En dicha oportunidad corrió traslado de la
demanda a la institución educativa accionada con el fin de que ejerciera su
derecho de defensa y vinculó al Ministerio de Educación Nacional y a la
Secretaría de Educación Distrital para que se pronunciaran acerca la decisión
adoptada por el Colegio[16].
2.1.
Mediante respuesta radicada el 31 de mayo de 2017, la representante legal
suplente del Colegio[17]
desconoció la violación de derechos fundamentales de CAJC. Explicó que luego de
sostener reuniones con el estudiante y sus padres, su caso fue llevado al
Comité de Convivencia Escolar, y que los miembros de dicho comité dieron su
aprobación para escalar el asunto al Consejo de Disciplina, en razón de su
indebido comportamiento que involucraba conductas lesivas de la intimidad de
miembros de la comunidad estudiantil. Además señaló que la decisión tomada por
la mayoría de los miembros de ese último organismo, de excluir en forma
definitiva al joven CAJC del Colegio, se tomó en el marco de un procedimiento
adelantado con respeto del debido proceso y garantizando en todo momento el
derecho de defensa y contradicción[18].
Dada su pertinencia para el entendimiento del caso concreto, a
continuación se extractan algunos apartes de la respuesta:
“[…] consideramos conveniente señalar lo que en el curso de la investigación
se supo: El joven [CAJC] manipulando a las niñas, jugando a acciones y
verdades”, pidió fotos a varias niñas sin brasier (acciones) asegurándoles que
no pasaría nada, les dijo que podían mandar esas fotos por Snapchat con el
argumento de que las fotos duran solo unos segundos y luego se borraban, y que
así no se podían copiar. Sin embargo, el joven [CAJC] toma pantallazos de las
fotos enviadas, las copia y las guarda como un “trofeo de guerra”. Insistimos
en que la obtención de la foto se realizó por la manipulación maliciosa de la
aplicación Snapchat. El joven [CAJC] engañó a las niñas, copiando estas fotos y
divulgándolas. El menor [CAJC] en el escrito de tutela intenta excusar que él
no mandó la foto y que fue otro niño que tomó el celular, sin embargo, durante
el consejo de disciplina, esto no fue aclarado, quedando tanto para las niñas
ofendidas como para la mayoría de los miembros del Consejo de Disciplina que
quien envió las fotografías a otras personas fue el joven [CAJC]. Consideramos
igualmente señalar, que resultó muy conveniente que el joven […] perdiera su
celular justo el día siguiente a haber sido citado por el Vicerrector.
[…]
La defensa de la familia es basada [en] que como todos lo hacen es
normal y no hay nada de no normal (sic). Es claro que un mal acto o hábito no
tienen por qué volverse regla de conducta. El Liceo nunca llegó a tener
elementos que demuestren que otros alumnos realizaran actos como los cometidos
por el joven [CAJC].
[…] Para el Liceo resultó fuera de lo ordinario que situaciones como
las señaladas tuvieran lugar. La finalidad del correo era que los padres fueran
notificados, no sólo de la situación sino de la inminente intervención del
Liceo. Igualmente se buscaba [que en] la esfera familiar se tratara el tema de
la intimidad, del respeto al propio cuerpo, de la inviolabilidad de la
intimidad de un tercero.
[…] Efectivamente se cita al joven [CAJC] y a sus padres. Sin embargo
señalamos con extrañeza que el accionante y su madre pretendan minimizar el
impacto que tiene la divulgación de un registro fotográfico, en una época en la
que “lo viral” de un registro cambia el curso de unos hechos. Es lamentable que
el joven [CAJC] en el escrito señale que no entiende cuál fue la falta que
cometió, pues claramente experimentar un proceso disciplinario incluye una
parte de la reflexión de los actos u omisiones en las que se incurrió. Esta
sola expresión dejaría sin piso el supuesto arrepentimiento que en algún
momento mostró. El proceso de asumir las responsabilidades exige no sólo un
ejercicio por parte del menor, sino un acompañamiento por parte de los padres,
que pareciera no se dio.
[…]
Consideramos relevante señalar que el Consejo de Disciplina es una
instancia que toda institución educativa debe tener por orden legal. El Consejo
de Disciplina es la última instancia en el proceso de formación disciplinaria
de los alumnos conforme al Manual de Convivencia conocido y aceptado por los
accionantes (sus funciones, conformación y procedimiento están señalados en el
numeral 5.1.9. del Manual de Convivencia). El Consejo de Disciplina es pues uno
de los espacios que tienen los alumnos para ejercer su derecho de defensa.
[…]
Los accionantes pretenden la aplicación de [la Constitución Política]
sin tener en cuenta que los actos del joven [CAJC] y la omisión de vigilancia
por parte de sus padres, provocó una violación al derecho a la intimidad, honra
y buen nombre de por lo menos tres (3) menores de edad que confiaron en la
amistad y respeto que les inspiraba el joven […] y que este violó no sólo al
dar un uso indebido a una aplicación enmarcada dentro de las redes sociales
como lo es Snapchat, como la divulgación de imágenes censurables por medio de
otra aplicación de las redes sociales como WhatsApp.
[…]
Durante la apelación a la decisión del Consejo de Disciplina en
presencia del Consejero de Acción Cultural de la Embajada de Francia (COCAC),
en calidad de representante del Embajador de Francia, los padres vinieron con
el padrino del joven [CAJC]. Una vez más la defensa de la familia fue “Todos
los hombres se mandan fotos de mujeres desnudas por WhatsApp entonces lo que
realizó el niño no es prohibido”.
[…]
La divulgación de imágenes íntimas obtenidas con o sin consentimiento
de menores de edad no es un tema ligero. El clima de los alumnos de 4ème (grado
7) fue afectado, no solo porque se evidenció la posibilidad de que se traicione
la confianza entre amigos y/o conocidos a la edad de 13-14 años, sino también
porque la reputación de las niñas se puso en entredicho. Es inaceptable que se
afecte el proceso de la construcción de cada individuo por la irresponsabilidad
y la falta de cálculo de los efectos de los actos de los individuos.
[…]
En las reuniones sostenidas con los padres y el alumno, se pretendieron
desconocer las consecuencias de los actos del joven [CAJC] lo que contrastaba
con las cartas de disculpas, y se intentó varias veces atacar a las alumnas que
entregaron sus fotografías.
[…] Más allá del acto de contrición, los actos se dieron, y se tomaron
decisiones que incluyeron consecuencias definitivas. La exclusión definitiva
del joven [CAJC] responde a que tanto sus actos como la forma de resolver los
asuntos, dieron la base a que la mayoría de los miembros del Consejo de
Disciplina consideraran inviable la permanencia del joven [CAJC] en la
comunidad del Liceo. […]
Es difícil para el Liceo mantener en su comunidad un joven que no
reconoce un límite en la esfera del ejercicio de sus derechos con la de los
demás. Es aún más difícil promover el respeto al otro, y el evidente asumir las
consecuencias de los actos, si los padres no respetan el sistema educativo del
Liceo y las reglas que nos regulan”[19]
(mayúsculas originales).
Pruebas allegadas con la contestación:
-
Copia del Protocolo de gestión de situaciones de
hostigamiento adoptado por el Liceo en 2013[20].
-
Copia del Manual de Convivencia institucional en los apartados
que regulan el Consejo de Disciplina y del Comité de Convivencia[21].
-
Copia del “Reporte entregado por la Vida Escolar” sin
fecha, en el que se documentó el “Evento de la fotografía torso alumno [CAJC]”
y de la pelea desencadenada el 9 de diciembre de 2017, entre este y MG a raíz
de que este último difundió una fotografía de los abdominales de CAJC
en el curso 4e6 (4ème6 en francés, correspondiente al grado 7º en el sistema
educativo colombiano). En dicho reporte también se documentaron los hechos que
son objeto de estudio en el presente trámite de revisión, y que son conocidos
por la institución a raíz de una reunión sostenida entre el padre de una de las
jóvenes implicadas y el consejero de educación MB, el 14 de marzo de 2017[22].
-
Copia del reglamento de privacidad de Snapchat[23].
-
Copia del correo electrónico que resolvió la apelación de la
decisión del Consejo de Disciplina, en donde se comunica la confirmación de la
misma por parte del Embajador de Francia[24].
-
Copia del Acta del Comité de Convivencia del 6 de abril de 2017,
en donde se presentó el “Caso de difusión de fotos íntimas dentro del liceo”
y se decidió escalar el caso al Consejo de Disciplina[25].
-
Copia de la carta de recomendación del joven CAJC emitida por el vicerrector de la institución educativa, GM, con
fecha del 17 de mayo de 2017[26].
2.2. Mediante respuesta radicada el 31 de mayo de
2017, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación
Distrital de Bogotá[27]
señaló que, frente a dicha entidad, la acción de tutela es improcedente toda
vez que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los accionantes, por lo
que planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su
desvinculación[28].
Explicó que el Colegio es una institución educativa
privada, con autonomía en la toma de decisiones que involucran la órbita de su
funcionamiento y que implican la imposición de sanciones escolares en
aplicación del Manual de Convivencia institucional. Además, que dicha
dependencia no adelanta en la actualidad ningún proceso administrativo
sancionatorio en contra del Liceo accionado.
No obstante, informó que requirió al equipo de inspección
y vigilancia de la Dirección Local de Chapinero, para que en ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia de la educación, verifique la situación
que se presenta en el Colegio, conforme a los hechos expuestos por los
accionantes, a fin de establecer si en el presente caso se presentan o no
irregularidades en la prestación del servicio educativo[29].
2.3. Mediante respuesta radicada el 31 de mayo de
2017, la asesora del Ministerio de Educación Nacional[30] solicitó
la desvinculación de la cartera ministerial del proceso de tutela, por cuanto
no ha desconocido derecho fundamental alguno. Precisó que no es competente para
pronunciarse acerca de la asignación de cupos estudiantiles y que dicha
atribución recae en la Secretaría de Educación correspondiente, como
administradora del servicio educativo y ente de inspección y vigilancia del
mismo[31].
2.4. Mediante oficio radicado en el Juzgado
Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá
el 5 de junio de 2017, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá allegó el informe de la Dirección Local de
Educación de Chapinero[32],
en el que se señala que, una vez realizada la visita a la institución
accionada, “comparte la decisión tomada por el Colegio […], por confirmar
que se siguieron los procedimientos y protocolos tendientes a garantizar el
debido proceso del menor [CAJC]; y que la
decisión adoptada, no solo busca la sanción al menor infractor, sino la
protección de los derechos de las demás estudiantes de la institución”[33].
3. Decisión del juez de tutela de primera instancia
El Juzgado Segundo Penal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante sentencia
del 7 de junio de 2017, concedió el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la educación del adolescente CAJC. Lo anterior, al
considerar que si bien la conducta del joven es reprochable, la sanción
impuesta por el Liceo fue desproporcionada y no respetó los principios básicos
del debido proceso.
Señaló que el Colegio desconoció que
la edad del accionante para la época de los hechos viene acompañada de cambios
a nivel hormonal y personal, por lo que se debe brindar acompañamiento para
afrontar con mayor responsabilidad la sexualidad, más allá de cercenar su
manifestación natural. Además, planteó que no se tuvo en cuenta que el
accionante no fue el único involucrado en la difusión de las fotografías, por
lo que el asunto debió ser tratado con carácter preventivo antes que represivo.
Consideró que el proceso
sancionatorio, si bien tuvo un transcurso en diversas instancias, no se ajustó
a las reglas jurisprudenciales establecidas en materia de debido proceso[34]
y finalizó con la imposición de una sanción que no atendió a los parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad, pues no se tuvo en cuenta la edad del
estudiante, que este no tenía antecedente alguno de mal comportamiento en la
institución y que “la conducta superó el ámbito personalísimo del
adolescente en un uso indebido de las redes sociales”[35].
Como consecuencia de lo anterior, tomó
las siguientes decisiones:
-
Ordenar al Colegio reintegrar al adolescente CAJC “con
el derecho que le asiste de adelantarse en las diversas asignaturas conforme al
pensum académico del grado que en la actualidad cursa” (resolutivo segundo).
-
Exhortar mediante un llamado de atención a los progenitores
del joven, en calidad de corresponsables, para que sean garantes del uso que
este haga de las redes sociales y con el compromiso de no repetición de
conductas lesivas de la intimidad, el buen nombre y la imagen de terceros que
hacen parte de la comunidad estudiantil (resolutivo tercero).
-
Compulsar copias a la Unidad de Fiscalías de la
Jurisdicción de Infancia y Adolescencia, conforme al artículo 15 de la Ley 1146
de 2007, para que investigue la difusión de imágenes por parte de CAJC en las
que estaban involucradas mujeres menores de edad (resolutivo cuarto).
-
Exhortar a los progenitores del adolescente para
que acudan ante la autoridad competente y denuncien los hechos que constituyen
amenaza a la integridad física y mental del núcleo familiar (resolutivo quinto).
-
Exhortar al Colegio para que de acuerdo a la
facultad oficiosa establecida en el artículo 12 de la Ley 1146 de 2007,
denuncie ante las autoridades competentes los casos de uso indebido de las
redes sociales que involucran a estudiantes del plantel educativo y de otras
instituciones, y que puedan constituir “el punible de pornografía infantil”.
Además, instar a la institución para que prevenga episodios que constituyan
amenazas a la familia JC por parte de familiares de otros estudiantes, y
conductas de bullying en contra del adolescente involucrado (resolutivo sexto).
-
Exhortar al Colegio para que lleve a cabo un debido
proceso disciplinario sancionatorio, “atendiendo parámetros como la edad del
infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica, el contexto que rodeó
la comisión de la falta, las condiciones personales y familiares del alumno, la
existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio y que
se ponderen los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle
al estudiante para su futuro educativo” (resolutivo séptimo).
-
Oficiar a la Policía de Infancia y Adolescencia
para que dicte charlas en el Colegio, en aras de que se ilustre a los
estudiantes acerca del impacto que tiene el uso indebido de las redes sociales
y la posible constitución de delitos como la pornografía infantil (resolutivo
octavo).
-
Desvincular del trámite de tutela a la Secretaría
de Educación del Distrito de Bogotá y al Ministerio de Educación Nacional
(resolutivo noveno).
El 14 de junio de 2017, la representante legal suplente del Liceo comunicó al juez de primera instancia el cumplimiento de la
decisión proferida el 7 de junio de 2017 e informó que el joven CAJC se había
reintegrado a partir del 12 de junio de 2017. Además, señaló que el fallo
proferido había causado “un impacto negativo en las alumnas víctimas de la
divulgación de fotografías íntimas[…], [quienes después] de conocer la noticia
del reintegro […] solicitaron autorización para dejar de asistir al colegio
pues expresaron sentirse intimidadas por el regreso del muchacho y
desprotegidas por el Estado que privilegió el derecho a la educación de un
individuo frente al derecho a la intimidad y buen nombre como el derecho a la
educación de por lo menos tres (3) menores de edad”[36].
4. Impugnación
4.1. El 14 de
junio de 2017, la representante legal suplente de la institución educativa impugnó
la sentencia del Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control
de Garantías de Bogotá[37].
Señaló que la decisión de primera instancia afectó el derecho a la intimidad y
al buen nombre de las menores involucradas, ya que en todo momento se refiere a
las compañeras del accionante con el nombre completo. Expresó su desacuerdo en
cuanto a la supuesta vulneración del debido proceso toda vez que la institución
educativa aplicó las normas vigentes, incluido el Manual de Convivencia en el
que se enumeran las faltas y sanciones que son aplicables a toda la comunidad
educativa; además, posibilitó todos los espacios posibles para que se dieran
las explicaciones del caso y se solucionara de la mejor manera el conflicto que
tuvo un impacto negativo en los alumnos, profesores y padres de familia, y, en
razón de ello, se impuso la sanción más alta. Al respecto, precisó:
“El Liceo y el Comité de Disciplina
valoraron varios aspectos como fueron: la capacidad de manipular la intención y
voluntad del joven [CAJC] a las niñas menores e iguales a él, el conocimiento
del manejo de las redes sociales SnapChat y el manejo del mismo sistema que
permitió conservar imágenes que no tenían por qué durar más de unos segundos en
el dispositivo receptor. El Liceo y el Comité Disciplinario valoraron
igualmente la intencionalidad del joven [CAJC] de difundir las imágenes
obtenidas. El Liceo y el Comité Disciplinario evaluaron igualmente la falta de
intención del alumno de reconocer el daño causado, pues luego de varios meses
de conocer el malestar que había ocasionado, sólo escribió una carta que dejó
en las porterías de las casas de las víctimas.
[…]
Así pues el Liceo y el Comité
Disciplinario ponderaron las faltas cometidas, la madurez y conocimiento que
evidenció y expresó el joven […], las consecuencias y afectaciones causadas por
esos actos, el número de niñas afectadas por los actos del menor y así tomó la
decisión. Sin ánimo castigador, sino inspirados en las normas colombianas que
exigen de las instituciones educativas y de la comunidad una protección a los
menores y particularmente a las mujeres”[38] (mayúsculas
originales).
En cuanto al derecho
a la educación, expresó que este involucra el cumplimiento de ciertas
obligaciones contempladas en las normas vigentes del Colegio y, contrario a
ello, la decisión del juez de primera instancia envía un mensaje erróneo a la
comunidad educativa, pues da a entender que se pueden transgredir las reglas de
convivencia sin que exista una sanción efectiva.
Finalmente,
planteó la existencia de una causal de nulidad del proceso por la indebida
integración del contradictorio, ya que no fueron vinculadas al proceso las
estudiantes afectadas con la conducta del adolescente CAJC, quienes tenían un
interés legítimo en el resultado del mismo.
4.2. Frente a la anterior impugnación, el 21 de junio de 2017, la
señora EMCG presentó escrito expresando que no debe accederse a la declaración
de nulidad de las actuaciones, toda vez que el trámite de tutela no es público
y, además, tiene efecto entre las partes, por lo que el proceso no puede ser
consultado por personas ajenas. Sostuvo que no hay lugar a que el Colegio apelante
haga las veces de agente oficioso de las menores de edad y, con esa posición,
exija la vinculación de estas al trámite de tutela. Así mismo explicó que como
las estudiantes no fueron vinculadas al proceso disciplinario que fue
adelantado en contra de CAJC, salvo por su condición de declarantes, por lo
mismo no deben ser vinculadas al presente trámite.
Señaló que el establecimiento educativo quiere hacer incurrir en error
al juez de segunda instancia, al referirse como “niñas” a las menores afectadas
y como “joven” al accionante, pues ello desdibuja que todos estaban en la misma
franja de edad para la época de ocurrencia de los hechos, es decir, entre los
14 y los 15 años. Cuestionando el carácter de víctimas de las
adolescentes, explicó que ellas en un “juego casi infantil” enviaron las
imágenes de manera consiente y voluntaria y, cuando surgió el problema, a
través de un mensaje de voz le señalaron algunas instrucciones a CAJC acerca de
qué decir ante el Consejo de Disciplina[39].
Sostuvo que no existe peligrosidad alguna del accionante, así como
pánico entre la comunidad educativa con la reintegración de CAJC y que, por el
contrario, una vez llegó al Colegio, el hermano de una de las niñas implicada
en el incidente le pidió perdón por haberlo amenazado de muerte. Señaló que con
la actitud de las directivas de la institución educativa se genera un ambiente
que afecta al adolescente, en el sentido que lo estigmatiza como si fuera alguien
peligroso.
Por último, expresó que habían sido adoptadas con CAJC algunas medidas
para evitar la repetición de los hechos, como privación del celular, vigilancia
de acceso a redes, prohibición de interactuar con las estudiantes con quienes
se presentó el incidente, asistencia a psicólogo, imposición de horas extras de
estudio y actividad deportiva (fútbol)[40].
4.3. El 27 de junio de 2017, la señora EMCG comunicó al Juzgado
Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que el 22
de junio de la misma anualidad había completado el proceso de matrícula de su
hijo CAJC en el Liceo para el año escolar 2017-2018[41].
4.4. El 28 de junio de 2017, el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Bogotá remitió al Juzgado Dieciocho
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, el escrito allegado
por el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia MEBOG, en el que se informan
las acciones adelantadas en el Liceo como consecuencia de lo dispuesto en el
numeral octavo de fallo de tutela de primera instancia que se establece: “OFÍCIESE
a la Policía de Infancia y Adolescencia para que dicte charlas en el COLEGIO […],
en aras de que se ilustre a los estudiantes del impacto que tiene el uso
indebido de las redes sociales y que pueden constituir delitos como la pornografía
infantil”[42]
(mayúsculas originales).
5. Decisión del juez de tutela de segunda instancia
El Juzgado Dieciocho Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 21 de
julio de 2017, revocó parcialmente la decisión del juez de primera instancia,
al considerar que no es procedente el amparo constitucional demandado al no
encontrar vulneración alguna a los derechos fundamentales al debido proceso y a
la educación de CAJC por parte del Colegio accionado.
Lo anterior, al concluir que el
Manual de Convivencia institucional establece un procedimiento disciplinario
que debe ser adelantado por el Consejo de Disciplina para imponer sanciones, “las
cuales dependen de la afectación que el acto disciplinable causó, o pudo haber causado,
en la vida en comunidad, y en los derechos y garantías propias de los miembros
de la misma”[43].
Precisó el fallo que la medida correctiva impuesta al estudiante sancionado se
ajustó a los parámetros jurisprudenciales, debido a que obedeció “a la proporcionalidad
y razonabilidad de la sanción, en función de la gravedad de la falta cometida,
los bienes jurídicos afectados y el propósito pedagógico”[44].
No obstante, dejó intactas las
órdenes de compulsar copias de lo actuado a la Unidad de Fiscalías de la
Jurisdicción de Infancia y Adolescencia para que investigue los hechos;
exhortar a los progenitores del joven CAJC para que denuncien ante las
autoridades competentes los hechos que constituyen amenazas de la integridad
física y mental del núcleo familiar; exhortar al Colegio para que denuncie ante
las autoridades competentes los “casos de uso indebido de las redes sociales
que conforme a lo probado en los hechos, involucran aparte del adolescente [CAJC], a otros estudiantes del plantel educativo, incluso de otras
instituciones y que puedan constituir el punible de pornografía infantil,
además de instar para prevenir episodios que constituyan amenazas a la familia [JC]”, así como “conductas de Bullying en contra del adolescente
involucrado”[45].
Y, oficiar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que dicte charlas en el
Liceo en aras de que se ilustre a los estudiantes acerca del impacto que tiene
el uso indebido de las redes sociales.
6. Actuaciones en sede de revisión
6.1. El 18 de octubre de 2017, el representante
legal de la ACFE radicó escrito en el que reiteró los argumentos defensivos de
las actuaciones de la institución educativa[46]. Nuevamente explicó que no
se presentó vulneración del derecho al debido proceso toda vez que el Liceo
aplicó las normas vigentes (Reglamento Interno y Manual de Convivencia
institucional) y aperturó todos los espacios posibles para que se dieran las
explicaciones del caso y se solucionara de la mejor manera un conflicto que
tuvo un impacto muy fuerte en los alumnos, los profesores y los padres. Así
mismo, refirió que el derecho a la educación no es un derecho absoluto por lo
que su ejercicio lleva implícito el cumplimiento de unos deberes de respeto de
los derechos de los demás, y concluyó: “La decisión tomada por el Consejo de
Disciplina del Liceo, claramente significa que (i) los comportamientos del
alumno [CAJC] no son aceptados en esta comunidad y que, (ii) no hay garantía en
que el acompañamiento de los padres permita el entendimiento del proceso de
valoración y sanción de actos que vulneran los derechos de los otros”[47].
6.2. El 27 de octubre de 2017, la Secretaría
General de la Corporación remitió al despacho del magistrado sustanciador el
escrito firmado por AG y AS, padres de MS, quienes manifestaron su apoyo al fallo
de segunda instancia proferido el 21 de julio de 2017 por el
Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, y
a las decisiones adoptadas por el Colegio. Además, expresaron que su
hija “ha sufrido un gran estrés psicológico[,] desde ese entonces es seguida
por una psiquiatra y un neurólogo, está tomando medicamentos que le proporcionan
una cierta tranquilidad. || […] la presencia del adolescente [CAJC] no es apropiada, ni
positiva para la comunidad de la [ACFE]”[48].
6.3. El magistrado sustanciador, con el fin de obtener elementos de juicio
para adoptar una decisión más informada en el caso objeto de análisis, mediante
auto del 6 de diciembre de 2017[49],
decretó las siguientes pruebas:
6.3.1. Oficiar al rector del Colegio
para que informara: (i) acerca de los procedimientos que ha
adelantado contra estudiantes del plantel involucrados en los hechos narrados
en la presente acción de tutela, aparte del adolescente CAJC,
anexando copia de las todas las diligencias respectivas. Incluyendo,
además, todas las actuaciones realizadas en el marco de la investigación
iniciada contra CAJC; (ii) en qué casos se
establece por reglamento la aplicación de la sanción de “exclusión
definitiva” del plantel educativo, anexando la normativa respectiva; (iii)
las actuaciones adelantadas en el marco del cumplimiento de la orden sexta de
la sentencia del 7 de junio de 2017, emitida por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Bogotá, y que fuera confirmada el 21 de julio de 2017, por el
Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá; y,
finalmente (iv) si conforme a la orden octava del fallo anunciado
en el numeral anterior, la Policía de Infancia y Adolescencia ha
dictado charlas en el Liceo en aras de ilustrar a los estudiantes acerca del
impacto que tiene el uso indebido de las redes sociales, y la posible
constitución de delitos de pornografía infantil.
6.3.2. Oficiar a la señora EMCG para
que informara: (i) la situación actual de su hijo CAJC y si continuó con
su proceso educativo; y (ii) las actuaciones adelantadas en el marco del
cumplimiento de la orden quinta de la sentencia del 7 de junio de 2017, emitida
por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Bogotá, y que fuera confirmada el 21 de julio de 2017 por el
Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
6.4. Dentro del término legal las respuestas
obtenidas fueron las siguientes:
6.4.1. El 14 de diciembre de 2017, el representante
legal de la ACFE remitió escrito en el que informó[50]:
-
Acatando la orden del Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con
Función de Garantías de Bogotá, el Liceo reintegró al estudiante CAJC
el 12 de junio de 2017; además, bajo esa misma premisa, indicó que la
institución admitió que los padres del joven lo matricularan para el periodo
escolar 2017-2018. Señaló que en la actualidad el alumno cursa 3ème.
-
Reiteró el impacto negativo que implicó el reintegro de CAJC en las tres alumnas que vieron
circular sus fotos y sufrir maltrato por parte de sus pares a raíz de ese
hecho, al punto que solicitaron autorización para dejar de asistir al Colegio.
Informó que los padres de las alumnas las matricularon para el año escolar
2017-2018 y que en la actualidad cursan 3ème; sin embargo, que las jóvenes
viven muy mal el hecho de que CAJC permanezca
en el Liceo. También agregó que el Colegio presta soporte desde el área de
psicología escolar y que alguna de las adolescentes implicadas asiste actualmente
a terapias privadas[51].
-
Sostuvo que la indefinición acerca de las medidas disciplinarias
adoptadas por la institución, ha creado un ambiente insostenible de autoridad
frente a los alumnos que se traduce en la creencia de que se pueden transgredir
las normas y/o principios que rigen en el Liceo y salir indemnes, pues, una
decisión del Consejo de Disciplina (órgano en el que están representadas todas
las voces de la comunidad) que sanciona hechos graves es revocada y, con ello,
se ve afectada la autoridad de las directivas.
-
Señaló que la decisión proferida en segunda instancia por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá reconoce que el Colegio actúo conforme a las reglas establecidas y que
dejar sin efecto dicha decisión pondría en tela de juicio todo un sistema de
autoridad que es fundamental que los menores de edad respeten.
-
Planteó que el tiempo que ha transcurrido desde el fallo de
primera instancia hasta este momento, ha servido para evidenciar la valoración
que hacen de la institución educativa tanto los estudiantes como los padres de
familia, “y puede decirse que el alumno [CAJC]  no valora esta segunda
oportunidad de hacer parte de la comunidad del liceo, pues no muestra respeto
por las instalaciones del colegio, no asume una actitud responsable frente a
las niñas a quienes expuso su intimidad”[52].
-
Aclaró que el Colegio no llegó a adelantar ningún procedimiento
disciplinario a otro alumno. Al respecto precisó: “En el escrito de tutela
de la accionante se hace referencia y se adjuntan registros del hermano de una
de las niñas afectadas. Vale señalar que el liceo sólo los conoció hasta ese
momento. Sin embargo, el liceo sí conoció de la aproximación que realizó ese
mismo alumno en instalaciones del liceo para reclamar y amenazar al alumno [CAJC]
por la divulgación de las fotos de su hermana. El Consejero de Educación
convocó [A UNA REUNIÓN] a los padres y al alumno […] que amenazó [a CAJC]
en la que […] pidió disculpas de su proceder explicando que se sintió muy
molesto por la situación en la que se encontraba su hermana tras la divulgación
de las fotos. Al evidenciarse la concientización de que con agresiones y/o
amenazas no se resuelven las cosas, el caso se cerró ahí. El joven que amenazó
al alumno [CAJC] se retiró al finalizar el año escolar 2016-2017,
por lo que actualmente no es alumno del Liceo”[53] (mayúsculas
originales).
-
Explicó que conforme al artículo 5.1.9 del Manual de Convivencia
la autoridad que decide la exclusión definitiva es el Consejo de Disciplina,
una de cuyas atribuciones es servir de última instancia en el proceso de
formación disciplinaria, por el incumplimiento de los comportamientos esperados
de los alumnos según el Reglamento Interno de bachillerato, en donde, en todo
caso, debe evaluarse la gravedad de los actos o las omisiones (se transcriben
los artículos 19 al 30). Además, precisó que los castigos y sanciones están
regulados en el capítulo 6, artículo 31, del mismo documento, el cual “es
aceptado por padres y alumnos al momento de realizar las matrículas”[54].
-
En cuanto al informe de cumplimiento de la orden sexta del fallo
de tutela proferido por el juez de primera instancia, precisó que el Liceo no
adelantó ninguna denuncia por la presunta ocurrencia del delito de pornografía
infantil; que en desarrollo de la investigación se evidenció la participación
de otro alumno, pero que antes de iniciar el Consejo de Disciplina fue retirado
del plantel y que, según comentarios que no llegaron a confirmarse, el joven se
habría ido del país; igualmente, que no conocieron de las amenazas recibidas
por el alumno CAJC sino hasta la remisión de la acción de tutela.
-
En cuanto al informe de cumplimiento de la orden octava del fallo
de tutela proferido por el juez de primera instancia, señaló que miembros de la
policía se presentaron en la institución en el mes de junio de 2017 y
realizaron charlas de prevención y sensibilización de ciberacoso y pornografía
infantil. Precisó que en marzo de 2017 ya habían invitado a miembros de la
Dijin a realizar charlas de prevención en esos mismos temas, y que estas se
realizan anualmente con la finalidad de prevenir la reproducción de actos que
afecten la intimidad de las personas. Sin embargo, afirmó que “[l]a
aplicación de sanciones y la asunción de las consecuencias de los actos son […]
mucho más efectivas”[55],
pues la labor de sensibilización en el respeto de los derechos ajenos no es
suficiente si no hay una efectiva aplicación de sanciones.
6.4.2. El 14 de diciembre de 2017, EMCG informó que el joven continua estudiando en el Liceo, al cual
reingresó después del fallo de tutela de primera instancia y que al finalizar
el año académico anterior (junio de 2016) fue matriculado en el Centro Nacional
de Educación a Distancia Francés (CNED) para que recuperara el tiempo perdido y
validara francés y matemáticas[56].
En relación con las actuaciones
adelantadas en el marco del cumplimiento de la orden quinta de la sentencia del
7 de junio de 2017 emitida por el juez de tutela de primera instancia, señaló
que el 21 de junio del mismo año fueron radicadas sendas denuncias penales en
contra del joven SP, ante la Fiscalía para la Infancia y
la Adolescencia, y en contra de la señora AM, madre de SP,
ante la Fiscalía General de la Nación, por las amenazas recibidas[57].
Agregó que al mes siguiente recibieron comunicación de la Fiscalía 360 Local -
Bienes, en la que se informaba el archivo de las diligencias adelantadas en el
radicado 110016000050201725432, por amenazas de SP y
otros, por conducta atípica, según Resolución del 5 de julio de 2017[58].
También indicó que en septiembre de 2017, recibieron comunicación de la
Fiscalía 45 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito en la que se
informaba la decisión de archivo provisional de las diligencias realizadas en
el radicado 110016000050201724457[59].
En relación con las órdenes que
implicaban a los padres del adolescente, agregó que fueron cumplidas
estrictamente y que han apoyado a CAJC, quien se encuentra en tratamiento
psicológico cubierto por ellos, para que pueda afrontar el incidente.
6.4.3. El 16 de enero de 2018, se radicó oficio
suscrito por la Coordinadora Jefe de la Unidad Delegada ante los Jueces Penales
para Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación[60]. Informó
que mediante oficio No. 792 del 7 de junio de 2017, el Juzgado Segundo Penal
para Adolescentes con Función de Garantías de Bogotá puso en conocimiento del
ente fiscal los hechos que son objeto de la acción de tutela, asignándose como
número de noticia criminal el 110016000020201725275, con los siguientes datos:
presunto indiciado: CAJC; presuntas víctimas: IF y otras;
delito: pornografía con menores, siendo asignada la carpeta a la Fiscalía 502
Delegada ante los Jueces Penales Municipales de la Unidad de Responsabilidad
Penal para Adolescentes[61].
Señaló que la Fiscalía 502 Delegada “acuciosamente,
y con la prudencia necesaria que toda investigación amerita, de inmediato
impartió órdenes a la Policía Judicial con el fin de adelantar la indagación y
procurar de alguna manera aclarar los hechos denunciados, y lo más importante
en este asunto, lograr la presencia de las presuntas víctimas quienes una vez
escuchadas, aportarán suficientes, mayores y mejores elementos de juicio
necesarios para que el señor Fiscal a cargo de la carpeta, pueda tomar la
decisión que en estricto Derecho y Justicia corresponda”[62].
Agregó que el Grupo de Protección a la Infancia y
Adolescencia MEBOG, acatando la orden del Juzgado Segundo Penal para
Adolescentes con Función de Garantías de Bogotá, realizó una capacitación
pedagógica acerca del buen uso de redes sociales con los estudiantes del grado
séptimo del Liceo, en el marco del programa “Abre tus ojos”. Lo
anterior, según información que fuera suministrada por el vicerrector de la
institución educativa, GM, y el jefe del Grupo de Protección a la Infancia y
Adolescencia MEBOG, capitán Luis Carlos Urrego Rodríguez[63].
6.4.4. El 22 de enero de 2018, luego del traslado
de las pruebas recaudadas en el trámite de revisión, la señora EMCG expuso las siguientes consideraciones[64]:
-
Desde el inicio de las actuaciones por parte del Colegio las
niñas fueron catalogadas como “víctimas” y los niños como “victimarios” sin
tener en cuenta la edad y el nivel de madurez emocional y psicológica de todos
los jóvenes involucrados y sin comprender el tipo de relacionamiento que ellos
tienen a través de las redes sociales, para entrar a generar entornos de apoyo
y formación en el manejo de dichas redes y educación sexual.
-
En relación con el exhorto al Colegio para prevenir conductas de
bullying contra CAJC contenido en el
resolutivo séptimo del fallo de primera instancia, señaló que las directivas de
la institución antes de proteger a su hijo, “lo han estigmatizado con
acciones en las que ‘previenen’ a los auxiliares de educación, a los alumnos,
profesores y padres de familia”, como si fuera un delincuente de alta
peligrosidad frente a quien la institución educativa tiene que proteger a su
comunidad, y no han tenido en cuenta que se trata de un adolescente que también
requiere apoyo, como el que se les ha brindado a las estudiantes involucradas
que sí han contado con orientación psicológica de parte de la institución
educativa[65].
-
Indicó que el único contacto que tuvo CAJC con la dependencia de psicología del Colegio, fue cuando la
psicóloga de bachillerato lo citó antes del Consejo de Disciplina para
conocerlo y dar un concepto sobre él con destino a dicho organismo.
-
Señaló que el Colegio jamás preguntó por la situación emocional
del adolescente, quien desde la infancia fue diagnosticado con trastorno por
déficit de atención e hiperactividad de tipo mixto y ha sido manejado por
neuropediatría con methilfenidato de liberación prolongada (ritalina LA).
-
Sostuvo que desde enero de 2017, al observar algunos cambios en CAJC, se inició seguimiento con psiquiatría y psicología infantil
para apoyarlo.
-
Señaló que la manera en que los jóvenes manejan su intimidad e
información en las redes sociales constituye todo un reto para los adultos que,
lejos de ser un lugar de juicio entre “niños malos” y “niños buenos”, reclama
una nueva forma de aprendizaje.
-
Explicó que fueron muchas las fotos de niñas diferentes a las
citadas en la acción de tutela que circularon en las redes sociales y que
fueron enviadas por ellas mismas a sus compañeros y que, según lo comentó uno
de los jóvenes, las imágenes eran intercambiadas “como las láminas de
álbumes”[66].
Y agregó que el caso de CAJC fue
utilizado por la institución educativa para “dar una sanción ejemplarizante”[67].
-
En relación con la vulneración del debido proceso planteó: “el
consejo de disciplina se desarrolló en francés, para lo cual necesitamos
intérprete, somos hispanoparlantes, y estamos en Colombia donde el idioma
oficial es el español, no pudimos ver ni controvertir las pruebas a las que
nombraron como ‘nuevas informaciones’ incluyendo las declaraciones de niñas,
que no fueron conocidas ni completadas o discutidas con nosotros, nuestro hijo
fue tildado casi de delincuente por una conducta colectiva, sin conocer todos
los elementos de la decisión y sin tener un defensor dentro de un contexto que
más que un consejo de disciplina de colegio parecía un juzgado penal sin garantías.
[…]”[68].
-
Agregó: “[d]urante el Consejo nuestro hijo fue reprendido,
acusado e inducido a confesar la conducta, estuvo sometido a tensión emocional,
no nos fue permitido apoyarlo. No tuvimos acceso al acta levantada por el
Consejo de Disciplina por ser información ‘confidencial’, simplemente recibimos
un documento donde el colegio dicta ‘el veredicto y el castigo’. No hubo
presencia durante el Consejo de Disciplina de un Psicólogo que orientara el
interrogatorio, […], la protección especial de los niños fue violada;
amparándose en la autoridad del colegio”[69].
-
Afirmó que el Colegio no tuvo un manejo adecuado para la
problemática que afectó a varios alumnos y por la cual tuvo que responder solo CAJC, a quien le fue impuesta la sanción de exclusión
definitiva, pese a que ni el Reglamento Interno ni el Manual de Convivencia son
específicos “en la relación Acto-Sanción, ni en la graduación de las faltas
y las sanciones”[70].
6.4.5. El 22 de enero de 2018, se radicó la
respuesta del jefe de Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Bogotá MEBOG[71]
en la que informa que el Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia, en
junio de 2017, realizó una capacitación pedagógica acerca del buen uso de las redes
sociales y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de
2006), con los estudiantes del grado séptimo del Liceo, en el marco del
programa “Abre tus ojos”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente
para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia,
con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9°
del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento de los problemas
jurídicos
De acuerdo con los antecedentes expuestos,
corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿vulneró el Liceo el derecho al debido proceso del adolescente CAJC, con ocasión del procedimiento disciplinario adelantado por “uso malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos
con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”, y que culminó
con la decisión del Consejo de Disciplina de la institución educativa de
expulsarlo definitivamente a partir del 2 de mayo de 2017, en razón del
desconocimiento de garantías procesales como el derecho de defensa y
contradicción y el principio de legalidad de la falta y la sanción? Y,
como consecuencia de lo anterior, ¿vulneró los derechos a la educación, al
libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre y la honra del joven CAJC?
Para resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala (i) analizará la legitimación para actuar y el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
de subsidiariedad e inmediatez; (ii) recordará la línea jurisprudencial
de la Corporación acerca de los manuales de convivencia y el derecho al debido
proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones
educativas, y, finalmente, (iii) resolverá el caso concreto.
3. Examen de procedencia de la acción
de tutela
3.1. Legitimación en la causa
3.1.1. Legitimación
en la causa por activa. El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales. Además, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991[72]
establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
En esta oportunidad, el adolescente CAJC, de 15 años, y la señora EMCG presentaron acción
de tutela en contra del Colegio. La señora EMCG actúa en su calidad de representante
legal del joven CAJC, por lo que se encuentra legitimada en la causa para actuar
en el presente trámite.
En lo que tiene que ver con la legitimación para actuar del
adolescente, en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha planteado que
cuando el artículo 86 constitucional señala que cualquier persona puede acudir
a la acción de tutela, no hace diferenciación alguna sobre los titulares del
mecanismo de amparo. En consecuencia, la edad no constituye un factor
diferenciador ni limitante frente a su ejercicio, por cuanto no existe una exigencia
expresa acerca de una mayoría de edad para presentarla, permitiéndose así que los
niños, las niñas y los adolescentes tramiten sus pretensiones en defensa de sus
derechos fundamentales a través de la acción de tutela sin que, para ello,
requieran actuar a través de sus padres o representantes legales[73].
Sin embargo, como se dijo, en el caso concreto también intervino la madre del
menor.
Así las cosas, los accionantes se
encuentran legitimados en la causa para reclamar la protección de derechos
fundamentales ante las actuaciones llevadas a cabo por la institución educativa
demandada.
3.1.2. Legitimación en la causa
por pasiva. El artículo 86 de la Constitución Política  define la acción de
tutela como un mecanismo preferente y sumario que procede para la protección
inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Frente a este
segundo grupo, la norma precisa que procede contra particulares encargados de
la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión.
A su vez, el
numeral 1º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de
tutela procede contra acciones u omisiones de particulares encargados de la
prestación del servicio público de educación.
En el caso
específico de los colegios, la Corte Constitucional cuenta con abundante
jurisprudencia que explica cómo actos abusivos o abusos de poder de centros
educativos privados, pueden también ser objeto de control por parte del juez
constitucional. Por ejemplo, en la Sentencia T-390 de 2011 la Sala
Quinta de Revisión resolvió la petición de amparo que unos padres presentaron
contra la decisión de un colegio privado de expulsar a su hijo menor de edad.
La Corte confirmó los fallos de instancia que ordenaron el reintegro del menor
a la institución, por considerar que el procedimiento disciplinario aplicado
desconoció el debido proceso. Igualmente, reiteró en esa oportunidad que el
artículo 42, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991 expresamente señala que la
tutela procede contra particulares que prestan el servicio público de educación.
Así las cosas, el mecanismo de amparo
constitucional resulta procedente contra el Colegio accionado, ya que se trata
de una institución educativa privada[74].
3.2. Requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
La Corte Constitucional a través de su
jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento
de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por
vía excepcional.
3.2.1. Subsidiariedad. De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario. El
principio de subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es
procedente siempre que (i) no exista un medio alternativo de defensa
judicial; o (ii) aunque exista, este no sea idóneo y eficaz en las
condiciones del caso concreto; o (iii) sea necesaria la intervención del
juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio
irremediable en los derechos constitucionales.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, el examen de
procedencia de la acción tutela debe ser más flexible cuando están
comprometidos derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, como sería el caso de los niños,
las niñas y los adolescentes, porque, en desarrollo del derecho
fundamental a la igualdad, el Estado les debe garantizar un tratamiento
diferencial positivo. Además, porque es corresponsable junto con la familia y
la sociedad, de garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos.
El caso objeto de estudio plantea una controversia que reviste
especial relevancia constitucional, en tanto involucra el posible goce efectivo
de los derechos fundamentales de un adolescente en su ámbito escolar, por lo
que la acción de tutela resulta ser el medio idóneo y eficaz para
perseguir el amparo de los mismos, además, para garantizar su protección y
formación integral conforme al artículo 45 de la Constitución Política,
cuestión que incumbe a la institución educativa en la que estaba matriculado.
Así las cosas, se cumple con el requisito de subsidiariedad.
3.2.2. Inmediatez. En lo que hace referencia al denominado requisito de inmediatez,
la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y
proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación
de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[75].
En el caso bajo
estudio, la Sala advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez dado que CAJC y EMCG presentaron la acción de tutela en el mes de
mayo de 2017[76],
es decir, días después de conocer la decisión del Consejo de Disciplina
de la institución accionada de expulsar al joven definitivamente del Colegio a
partir del 2 de mayo de 2017.
4. Los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los
procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas.
Reiteración de jurisprudencia[77]
4.1. El derecho a la educación
contempla la garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los
trámites disciplinarios en instituciones educativas. Desde el inicio de su
jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte Constitucional ha reconocido
el carácter fundamental del derecho a la educación[78],
su estrecha relación con el debido proceso a propósito de los trámites que se
adelanten en dicho contexto –en especial, si se trata de procesos
sancionatorios– y la posibilidad de que la protección del goce efectivo del
mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela.
Entre los elementos esenciales
del derecho al debido proceso, aplicables en materia educativa, se encuentran,
entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el
derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la decisión.
4.2. En reiteradas
oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de
convivencia de los establecimientos de educación tienen tres dimensiones. Así,
en la Sentencia T-859 de 2002 la Sala Séptima de Revisión sostuvo que,
primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato
de adhesión; segundo, representan las reglas mínimas de convivencia escolar y, tercero,
son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad
educativa conformada por las directivas de la institución, sus empleados, los
estudiantes y sus padres de familia.
También, esta condición está
reconocida expresamente por la ley general de educación en su artículo 87[79]
. Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean
oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente
por los padres de familia y los estudiantes. En repetidas ocasiones, la Corte
ha amparado los derechos de estudiantes a los que les han impuesto sanciones a
partir de cambios abruptos en dichos manuales. Por ejemplo, en la Sentencia
T-688 de 2005 la Sala Quinta de Revisión amparó los derechos de una persona
que fue enviada a la jornada nocturna de una institución educativa por el hecho
de haber tenido un hijo. En esa oportunidad, indicó que cualquier cambio en el
reglamento que no sea aprobado por la comunidad educativa es una imposición que
no consulta los intereses, preocupaciones y visión de los llamados a cumplir
con la normativa establecida en el manual, lo que resultaría incompatible con
el debido proceso de los ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, los
manuales de convivencia consagran derechos y obligaciones para los estudiantes
por lo que son cartas de navegación que deben servir de guía ante la existencia
de algún conflicto de cualquier índole. La Corte expresamente ha señalado que
el reglamento es la base orientadora de la filosofía del Colegio. En la Sentencia
T-694 de 2002, la Sala Novena de Revisión al analizar la regla de
preservación de un cupo educativo por cursos aprobados, reconoció que sin este
tipo de requisitos no sería posible mantener un nivel de excelencia, de
disciplina y de convivencia como cometidos principales de la educación. Así,
precisó que sus preceptos son de observancia obligatoria para la comunidad
académica, los educandos, los profesores y los padres de familia, en cuanto
fijan las condiciones para hacer efectivo el fin supremo de la calidad y de la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
La Corte ha reconocido también
que a partir de una lectura integral del artículo 67 de la Carta[80],
la educación no solo es un derecho fundamental y un derecho prestacional sino
que comporta deberes correlativos, por eso ha sido denominada como un
derecho-deber[81].
De esta manera, en la Sentencia T-323 de 1994, la Sala Tercera de
Revisión al examinar una sanción impuesta a un estudiante por violar el manual
de convivencia, recordó que si bien es cierto que la educación es un derecho
fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes, también lo es que el
alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones
educativas. En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones para el
ejercicio del derecho, como sería el no responder a las obligaciones académicas
y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa
suerte de sanciones.
4.3. Sin embargo, la Corte
también ha sido clara en señalar que toda imposición de sanciones debe observar
el artículo 29 de la Constitución[82].
En general, se puede afirmar que el derecho al debido proceso en todos los
ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación del principio
de legalidad que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el
libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Como ejemplo se puede
acudir a la Sentencia T-341 de 2003, que reconoció que una sanción
impuesta a un estudiante solo es razonable si persigue un fin
constitucionalmente legítimo[83]
.
Así las cosas, por una parte, la Corte Constitucional de manera reiterada ha insistido en que las sanciones que se impongan,
por más justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite
que respete el derecho al debido proceso. En la Sentencia T-917 de 2006
la Sala Tercera de Revisión recopiló las principales dimensiones del derecho al
debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones educativas[84]
en los siguientes términos:
“Las instituciones educativas
comprenden un escenario en donde se aplica el derecho sancionador. Dichas
instituciones tienen por mandato legal […] regir sus relaciones de acuerdo a
reglamentos o manuales de convivencia.  Esas normas deben respetar las garantías
y principios del derecho al debido proceso. La Corte Constitucional se ha
pronunciado en varias oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el
ámbito disciplinario en las instituciones educativas fijando los parámetros de
su aplicación.
Las instituciones educativas
tienen la autonomía para establecer las reglas que consideren apropiadas para
regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, lo que incluye el
sentido o la orientación filosófica de las mismas. Sin embargo, tienen el
mandato de regular dichas relaciones mediante reglas claras sobre el
comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras
de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para
respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se
desprenden del mismo, así las faltas sean graves.[85] Las
instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia
disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de
las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del
procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción. Dicho
procedimiento ha de contemplar: (1) la comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de
sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o
escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las
conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la
indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas)[86]
y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3)
el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los
cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado
pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las
pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus
descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes
mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción
proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el
encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una
de las decisiones de las autoridades competentes.[87]
Adicionalmente [en] el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y por ende, su grado de
madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii)
las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de
medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos
prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su
futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los
adolescentes su permanencia en el sistema educativo.[88]”.
4.4. Por otra parte, la Corte
Constitucional ha señalado en jurisprudencia vigente que el debido proceso de
los estudiantes tiene que garantizar el derecho de defensa. Así, en la Sentencia
T-459 de 1997, en donde se analizó el caso de un estudiante a quien no se
le renovó la matrícula debido a faltas injustificadas, retrasos y un supuesto
hurto que había cometido en la institución educativa a la que pertenecía, la
Sala Tercera de Revisión al amparar el derecho al debido proceso del joven,
aseguró que los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas
deben garantizar el derecho de defensa del estudiante a quien se le impute la
comisión de una determinada falta, razón por la cual los manuales de
convivencia deben contener como mínimo: (i) la determinación de las
faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas; y (ii) el
procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción[89].
Con respecto a lo primero, es
decir, a la determinación de las faltas y las sanciones, este Tribunal ha
establecido que la garantía del debido proceso exige que los manuales de
convivencia describan con precisión razonable los elementos generales de la falta,
distingan claramente su calificación (esto es si se trata de una falta grave o
leve) y determinen también con claridad la sanción que se desprende de la
misma.
Así, en la Sentencia T-944 de
2000 la Sala Sexta de Revisión decidió una tutela acerca de una menor a la
que no se le permitió matricularse al curso siguiente, por sus continuas faltas
de indisciplina. En este caso manifestó que no era suficiente que una conducta
apareciera claramente determinada como una falta, para concluir de manera inmediata
que con eso se respetaba el principio de legalidad implícito en las garantías
del debido proceso.
4.5. Son
múltiples los casos en los que la jurisprudencia ha dejado sin efectos una
sanción disciplinaria porque una institución educativa no ha cumplido con las
reglas que establece su propia normativa interna, ya sea fijada en el manual de
convivencia y/o en el reglamento interno. Por ejemplo, en la Sentencia T-243
de 1999 se ordenó revocar la sanción de matrícula condicional impuesta a
una menor por la institución educativa (Colegio de La Presentación de Tunja)
por cuanto los motivos que originaron tal correctivo no estaban señalados de
manera expresa en el Manual de Convivencia institucional como faltas
disciplinarias[90].
De forma similar se pronunció la Sentencia T-307 de 2000, en la que se
resolvió dejar sin efecto una sanción impuesta y ordenar al centro educativo
(Colegio Calasanz de Pereira) reiniciar, adelantar y terminar el proceso
sancionatorio, respetando el Manual de Convivencia institucional[91],
y la Sentencia T-022 de 2003 que ordenó al Colegio (Instituto Técnico
Tabora - jornada tarde) volver a iniciar el procedimiento adecuado de
tramitación de la sanción de un joven estudiante, de acuerdo al Manual de
Convivencia vigente[92].
La jurisprudencia constitucional ha
tutelado el derecho al debido proceso incluso en aquellos casos en los que se
ha demostrado que los estudiantes investigados y sancionados sí cometieron las
faltas que les fueron endilgadas, eso sí, advirtiendo que el proceso se ha de
repetir adecuadamente, teniendo en cuenta que no es solo una garantía para los
estudiantes sancionados, sino también, para los estudiantes que sean víctimas,
en los casos en los que ello ocurra. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-917
de 2006 se estudió el caso de un grupo de jóvenes que solicitaban que se
les tutelara su derecho al debido proceso, porque se les había impuesto
sanciones drásticas y graves sin el debido respeto de esa garantía
constitucional. En efecto, los jóvenes habían sido gravemente sancionados por
cometer un acto de humillación sexual contra un compañero[93].
Aunque la Sala Tercera de Revisión amparó el derecho al debido proceso de ese
grupo de menores de edad por constatar que se presentaron varias
irregularidades en el proceso disciplinario, también indicó claramente, que las
normas del Manual de Convivencia institucional no aseguraban una reparación
adecuada para la víctima de este tipo de intimidación. Por esa razón, la Sala
tomó varias medidas tendientes a asegurar que se garantizaran los derechos a la
intimidad y dignidad de la víctima, además, que las autoridades emprendieran
acciones para protegerlo de la estigmatización pública que la agresión pudo
haberle ocasionado[94].
4.6. Como se dijo, dentro de las
reglas del debido proceso se encuentra también la proporcionalidad y
razonabilidad de la sanción, en función de la gravedad de la falta cometida,
los bienes jurídicos afectados y el propósito pedagógico. Así, por ejemplo, en
la Sentencia T-651 de 2007 se estudió el caso de un estudiante universitario
de mitad de carrera al que, luego de una riña, se le impuso la sanción de
expulsión y prohibición de reingreso por 20 años que, a juicio de los jueces de
instancia, era desproporcionada e irrazonablemente diferente a la que se le
había impuesto a los demás estudiantes sancionados por los mismos hechos[95].
Ahora bien, ello no quiere decir que
no se puedan imponer sanciones fuertes y estrictas como una expulsión, o que se
pretenda trasladar exigencias propias del formalismo procesal penal, afectando
así el sentido pedagógico y formativo que tienen los procesos disciplinarios en
el contexto educativo. Por ello, en la Sentencia T-263 de 2006, por
ejemplo, la Sala Primera de Revisión revocó las decisiones de los jueces de
instancia que habían tutelado los derechos de una estudiante, supuestamente
porque una universidad (Los Andes) había desconocido su derecho al debido
proceso y, en consecuencia, resolvió dejar en firme la sanción impuesta por la
universidad consistente en la cancelación de la matrícula y prueba de conducta
por dos semestres por haber cometido un fraude. Si bien los jueces de instancia
consideraron que la apertura del proceso no había sido totalmente clara y
precisa respecto a la acción que se le endilgaba y, además, que la sanción era
desproporcionada y exagerada, la Sala estuvo en desacuerdo con tan elevado
estándar de análisis de las actuaciones educativas, al constatar que las reglas
básicas del debido proceso sancionatorio se habían cumplido y resolvió negar el
amparo que se había concedido y dejar en firme la sanción que había sido
impuesta.
4.7. De lo expuesto con anterioridad,
se infiere que la sanción que se le imputa a un estudiante por incurrir en
faltas que comprometan la disciplina y el rendimiento académico del plantel educativo,
no infringe sus derechos fundamentales siempre y cuando se tengan en cuenta las
siguientes situaciones: (i) la observancia del derecho constitucional al
debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, en lo que tiene que ver
con el procedimiento adoptado para la imposición de la sanción; (ii) que
se comprueben los cargos atribuidos al estudiante; (iii) que el manual
de convivencia o reglamento consagre la sanción impuesta; y (iv) que la
sanción sea ajustada, razonable y proporcional en relación con la infracción
cometida y con observancia del caso concreto del alumno[96].
4.8. Adicionalmente,
el Tribunal ha señalado estrictos límites sobre la potestad sancionatoria
considerando que la misma se restringe a escenarios determinados. Así, la Sentencia
T-918 de 2005 recordó que si bien hay ciertos ámbitos en los cuales un
colegio no solo tiene la potestad sino el deber de sancionar el comportamiento
de los miembros de la comunidad educativa, también existen otros, en donde esa
facultad se ve restringida e incluso anulada por completo. De esta manera, la
Corte distinguió tres posibles foros: (i) los educativos; (ii)
los que tengan proyección académica e institucional; y (iii) los
estrictamente privados.
Los primeros están conformados
por las mismas sedes de las instituciones donde las conductas de los alumnos
están sujetas a un control riguroso de la comunidad educativa pues son en
estas, donde se desarrolla gran parte de su proceso formativo. El segundo tipo
de foro lo constituyen escenarios de interacción educativa como actividades
culturales y deportivas que se realizan por fuera del colegio. En estos casos,
la Corte ha aceptado que la conducta de los estudiantes compromete no solo el
nombre de una institución, sino que también refleja la formación impartida a
sus alumnos, por lo que es razonable exigir la observancia de ciertas reglas de
conducta y, llegado el caso, imponer sanciones ante el incumplimiento de tales
reglas. Finalmente, en los foros estrictamente privados, como lo explicó la Sentencia
T-491 de 2003, la conducta de los miembros de la comunidad educativa no
interfiere ni entorpece la actividad académica, ni compromete el nombre de una
institución, por lo que las conductas allí desplegadas no pueden ser objeto de
ninguna clase de sanciones disciplinarias toda vez que hacen parte del
desarrollo privado y autónomo del individuo.
4.9. Lo que pone de presente la
jurisprudencia constitucional es que todo trámite sancionatorio debe seguir
reglas de respeto al debido proceso que garantice que los estudiantes puedan
participar activamente del mismo, fomentando un escenario de deliberación y
conciliación de acuerdo a los principios generales del manual de convivencia y
los derechos a la dignidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad.
5. Análisis del caso concreto
5.1. Como ya se indicó, el
adolescente CAJC (de 15 años) y la señora EMCG, madre y representante legal del primero, presentaron acción de
tutela en contra del Colegio con el propósito de obtener el amparo de los
derechos fundamentales del joven al debido proceso, a la educación, al libre
desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y al buen
nombre y la honra. Lo anterior, debido a la decisión del Consejo de Disciplina de
la institución accionada de expulsar definitivamente a CAJC del colegio, a
partir del 2 de mayo de 2017, en el marco de un procedimiento
disciplinario adelantado por “uso malicioso de las redes
sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la
seguridad del Liceo”, supuestamente, desconociendo garantías procesales
como el derecho de defensa y contradicción y el principio de legalidad de la
falta y la sanción.
Cuestionaron que durante el Consejo
de Disciplina se vulneró el debido proceso del adolescente CAJC porque parte de
la actuación se adelantó en idioma francés, lo que lo limitó al momento de ejercer
su derecho de defensa; que no se les permitió conocer las nuevas pruebas que en
ese momento estaban siendo estudiadas y analizadas, como las declaraciones rendidas
por las estudiantes; y que el desarrollo de la actuación, que incluyó un
interrogatorio realizado a CAJC, se hizo de forma inquisidora “lo que más la
acercaba a un proceso penal sin garantías que a un procedimiento disciplinario”,
de tal modo que, incluso, “antes del juicio ya estaba condenado”. Además,
cuestionaron la legalidad de la falta atribuida y la sanción impuesta a CAJC,
ya que ni el Reglamento Interno ni el Manual de Convivencia institucional son
específicos en la descripción de las faltas y las sanciones que le son
correspondientes, ni tampoco describen la graduación de las mismas, por lo que
se opusieron a la aplicación de la sanción más drástica sin tener en cuenta
otros elementos de juicio como la edad, el nivel de madurez emocional y
psicológica de CAJC y que no tenía antecedentes al respecto. Finalmente,
plantearon su inconformidad con el hecho de que el único sancionado haya sido CAJC
cuando había otros estudiantes involucrados.
Con fundamento en lo anterior, solicitaron
que se le ordene al Liceo dejar sin efectos la decisión de expulsar
definitivamente a CAJC de la institución educativa.
Por su parte, la representante
legal suplente del Liceo explicó que el procedimiento disciplinario adelantado
respetó las reglas del debido proceso y garantizó en todo momento
el derecho de defensa y contradicción, y que la sanción de
excluir en forma definitiva al joven CAJC del Colegio,
fue adoptada luego de que el Comité de Convivencia Escolar decidiera
escalar el asunto al Consejo de Disciplina en razón de la falta cometida, que
involucraba conductas lesivas de la intimidad de miembros de la comunidad
estudiantil.
Teniendo en cuenta los hechos
narrados en los antecedentes, corresponde a la Sala esclarecer si el Liceo
vulneró el derecho al debido proceso de CAJC en el marco del procedimiento
disciplinario adelantado en razón del incumplimiento de la normativa de la
institución que fija los deberes de los estudiantes, a raíz de la conducta del
adolescente que fue denominada por las directivas como “uso malicioso de las
redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y
la seguridad del Liceo”. Además, si consecuencialmente fueron afectados
otros derechos fundamentales.
5.2. Antes de continuar con el
análisis del caso la Sala hará algunas precisiones. Primero, se
da por demostrado que CAJC compartió por WhatsApp con al menos uno de sus
compañeros, sin que tuviera autorización para ello, fotografías en las que
aparecían con el torso desnudo adolescentes que también
estudiaban en el Colegio. Fotos que él obtuvo debido a que las jóvenes
se las compartieron por Snapchat, pensando que serían efímeras dadas las
características de la aplicación, ya que las imágenes y los mensajes allí
compartidos pueden ser accesibles solo durante un tiempo determinado[97],
y sin contar con que CAJC haría un screenshot
o sacaría una captura de pantalla, que le permitiría guardar las imágenes
fotográficas en su celular para luego compartirlas. El joven reconoce en su
escrito de demanda que guardó las fotografías en su teléfono móvil y que, al
menos en el caso de dos de las jóvenes (MAP y MS), él mismo compartió las
imágenes con su amigo y compañero de clase S, y que luego esas fotos
aparecieron circulando en su salón de clase[98].
Segundo, el escenario de las redes sociales expone
a quienes lo usan a situaciones que en un principio pudieron no ser presupuestadas
y que pueden llegar a implicar afectaciones a la dignidad de las personas
cuando superan el ámbito de lo privado. Una fotografía íntima compartida en un
chat, por ejemplo, puede llegar a tener impactos inesperadamente
sobredimensionados, mucho más allá de lo que pudieron inicialmente querer o
pretender los involucrados. Así, las nuevas tecnologías suelen poner un poder
insospechado en todas y cada una de las personas, en especial de las más
jóvenes que tanta cercanía y familiaridad tienen con el mundo virtual, por lo
que es importante adoptar una cultura del autocuidado. Estas son, precisamente,
parte de las dimensiones y tensiones que académica y éticamente deben ser
analizadas y enfrentadas, con un sentido crítico y responsable, en los ámbitos
escolares.
Tercero, en casos en los cuales está
de por medio la preservación de los derechos de adolescentes, la Corte debe
orientarse ante todo por el criterio primordial de la prevalencia de su interés
superior, el cual debe incorporarse como eje central del análisis
constitucional. En este marco, la Sala advierte que el caso bajo estudio
plantea problemas de gran complejidad debido a que se discute la protección de
los derechos fundamentales de los adolescentes implicados en los hechos, esto
es, de un lado, las estudiantes que vieron sus fotografías íntimas circular
entre su grupo de compañeros y, de otro, el joven CAJC quien compartió, sin
tener autorización para ello, algunas de esas fotografías. Así, el análisis de
las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Colegio que derivaron en la
sanción de exclusión definitiva de CAJC del establecimiento educativo, exige un
ejercicio de ponderación entre los derechos fundamentales que se ven
enfrentados.
Cuarto, los hechos que se estudian no plantean un
suceso de acoso escolar o bullying, definido por el artículo 2º de la Ley 1620
de 2013 como la “[c]onducta negativa, intencional metódica y sistemática
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma
de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un
niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con
quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma
reiterada o a lo largo de un tiempo determinado”[99]
(negrillas fuera de texto). Lo anterior, porque a la conducta desplegada por CAJC, que en todo caso se considera negativa, le faltan los
elementos de repetición y sistematicidad que se requiere
para la configuración del acoso escolar o bullying[100].
Ahora bien, los hechos sí
indican un caso de agresión escolar a través de medios electrónicos, conforme
al numeral 3º del artículo 39 del Decreto 1965 de 2013[101]
que establece: “Agresión escolar. Es toda acción
realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca
afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales
por lo menos uno es estudiante”. Disposición que precisa
en el literal e, que la agresión electrónica “[e]s toda acción que busque
afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la
divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet,
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes
sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u
ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien
los envía” (negrillas fuera de texto). Como ya se indicó, en el caso
particular estamos ante la divulgación, a través de la aplicación WhatsApp, de fotografías
íntimas de unas estudiantes del Colegio por parte de otro alumno, sin tener autorización
para ello.
5.3. Teniendo en cuenta que a la
institución educativa se le atribuye la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso en el marco del procedimiento
disciplinario adelantado en contra de CAJC por “uso malicioso
de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el
clima y la seguridad del Liceo”, porque, según los
accionantes, fueron desconocidas garantías procesales como
el derecho de defensa y contradicción y el principio de legalidad de la falta y
la sanción; se hace necesario revisar la normativa
pertinente en el caso concreto.
5.3.1. La Ley 1620 de 2013[102]
creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar que prevé la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, “orientada a
formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de
derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual desarrollarán
competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios de
respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder
alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite
tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad
libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto
de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el
establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables”.
Dicha normativa señaló como dos de
sus objetivos “[g]arantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes
en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de
la ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta
los contextos sociales y culturales particulares” (art. 4º, num. 2º), y “[f]omentar
mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas
aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas
con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través
del uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la
convivencia escolar” (art. 4º, num. 5º).
Además precisó que uno de los
principios del sistema es la corresponsabilidad, entendiendo que “[l]a
familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado son
corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia
escolar, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos
de acción, en torno a los objetivos del Sistema y de conformidad con lo
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de la
Infancia y la Adolescencia” (art. 5º, num. 2º).
Una vez define la estructura del
sistema en los niveles nacional[103],
territorial[104]
y escolar[105]
(art. 6°), la Ley 1620 de 2013 establece como funciones del Comité Escolar de Convivencia de los diferentes
establecimientos educativos, entre otras, la de identificar, documentar,
analizar y resolver los conflictos que se presenten entre los estudiantes (num.
1º); liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia
escolar entre los miembros de la comunidad educativa (num. 2º); liderar el
desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la
convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos (num. 6º), y hacer seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el manual de convivencia (num. 7º).
5.3.2. El Decreto 1965 de 2013,
reglamentario de la Ley 1620 de 2013, dispone en su artículo 23 que el Comité
Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) meses, y que
las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del Comité, o cuando
las circunstancias lo exijan por solicitud de cualquiera de los integrantes del
mismo. Y en el artículo 26, señala
que en el ámbito de sus competencias, “desarrollará acciones para la
promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y
mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la
atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos […], dentro del respeto
absoluto de la Constitución y la ley”.
El artículo 39 del Decreto 1965 de 2013 consagra algunas definiciones
para efectos de facilitar su aplicación, entre ellas: conflictos, conflictos
manejados inadecuadamente, agresión escolar, agresión física, agresión verbal,
agresión gestual, agresión relacional, agresión electrónica, acoso escolar
(bullying), ciberacoso escolar (ciberbullying), violencia sexual, vulneración
de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y restablecimiento
de derechos.
Además, en su artículo 40, clasifica
las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos, en tres tipos: situaciones Tipo
I, que corresponden a los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. situaciones Tipo II,
que corresponden a hechos de agresión escolar, acoso escolar (bullying)
y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes
características: a) que se presenten de manera repetida o sistemática, y b) que
causen daños al cuerpo o a la salud (incluida la mental) sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Y, finalmente, situaciones
Tipo III, que corresponden a hechos de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación
sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000 (Código
Penal), o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal
colombiana vigente.
Los artículos 42, 43 y 44 del Decreto
1965 de 2013 establecen los protocolos que deberán ser desarrollados por
los establecimientos educativos para la atención de las situaciones Tipo I, II
y III, respectivamente[106].
5.3.3. Bajo el anterior marco
normativo general, el Manual de Convivencia del Liceo[107]
describe las normas, los procedimientos y las particularidades del
funcionamiento de la institución educativa.
El capítulo 6 del Manual de
Convivencia establece los derechos y deberes de los alumnos del Liceo. En
relación con los deberes, los clasifica en respeto a las personas, respeto al
reglamento escolar y respeto a los bienes comunes. En el primer ítem, entre
otros deberes, describe: “No comportarse agresivamente ni participar en
juegos cuya intención es lesionar física o moralmente a un compañero. || […] ||
Respetar la vida privada del prójimo y cuidar la suya a través del buen uso de
medios de comunicación tales como Facebook, correos electrónicos y teléfonos
celulares”[108].
En cuanto a los deberes de respeto al reglamento escolar, dispone: “Conocer
y acatar el manual de convivencia y el reglamento interno. || No utilizar el
celular durante clases ni usarlo para filmar y divulgar imágenes que puedan
lesionar la dignidad de las personas”[109].
El capítulo 7 “Disciplina” del
Manual, consagra los estímulos y sanciones precisando que estas últimas deberán
“ser individuales y proporcionales dependiendo de la gravedad del error
cometido”[110].
En el ítem de secundaria (7.1.2.2) se diferencia entre “castigo”
aplicado esencialmente a faltas menores y “sanciones disciplinarias”
correspondientes “a faltas graves o repetidas al reglamento interno
(violencia física o verbal, matoneo, tentativa de hurto, hurto, extorsión,
amenaza, irrespeto, presión de grupo, degradación, falsificación u ocultación
de documentos, fraude, posesión y/o venta de objetos o productos peligrosos o/y
prohibidos, etc.) y particularmente agresiones a personas o bienes”[111].
Y posteriormente precisa: “Una falta puede generarse por actos cometidos
fuera del establecimiento escolar (salidas/viajes escolares, transporte,
servicio social, actividades socioeducativas [ASE], etc.) si no pueden ser
separadas de su calidad de alumno”[112]. Las
sanciones establecidas son la advertencia escrita notificada a los padres, la
amonestación, el pacto de responsabilidad, la suspensión temporal de clases y
la exclusión definitiva del establecimiento o alguno de los servicios anexos
(cafetería, transporte o actividades socio educativas), las que serán
dictaminadas por el Consejo de Disciplina.
El capítulo 10 del Manual regula los
comités y comisiones. En el ítem 10.2 establece que el Comité Escolar de
Convivencia, reglamentado por el Decreto 1965 de 2013, tratará situaciones
precisas de agresión, conflictos y/o acoso, y tiene tres objetivos principales:
1) apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar y a la
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos;
2) desarrollar y aplicar el Manual de Convivencia; y 3) prevenir y mitigar la
violencia escolar. En este punto se define la agresión escolar como “toda
acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa, de los
cuales por lo menos uno es estudiante”[113], pudiendo ser
física, verbal, gestual, relacional y electrónica. Este comité está compuesto
por el rector o vicerrector, quien lo preside, el director de primaria, el
consejero de educación, un representante de los profesores de primaria, dos
representantes de los profesores de secundaria, un alumno representante de
primaria, un alumno representante del Colegio, un alumno representante del Liceo
(el personero) y tres representantes de los padres de familia.
El capítulo 5 del Manual regula los
órganos de representación. En el ítem 5.1.9 reglamenta el Consejo de Disciplina
prescribiendo que tiene la competencia para aplicar todas las sanciones
previstas en el Decreto No. 2011-728 del 24 de junio de 2011 del Ministerio
Francés de la Educación Nacional y conforme a la ley colombiana; además,
precisa: “En su función como última instancia en el proceso de formación
disciplinaria, puede decidir la exclusión definitiva de un estudiante. Puede
también pronunciar cualquier otra decisión o medida que tenga que ver con el
proceso disciplinario contemplado en el manual de convivencia. Puede igualmente
prescribir medidas de prevención, reparación y acompañamiento previstos en el
manual de convivencia”[114].
Lo anterior, bajo el siguiente procedimiento:
“Antes del consejo, el rector indica al alumno y a sus
padres en una carta convocatoria los hechos que originan la reunión del consejo
y explica al alumno que puede presentar su defensa oralmente o por escrito o
con la ayuda de un adulto. La convocatoria comporta:
-
la fecha y hora del consejo;
-
el nombre del alumno y su curso;
-
los motivos de la comparecencia (enumeración
precisa de los hechos);
-
la posibilidad de presentar su defensa y de
consultar su expediente;
·       Principios
-
confidencialidad,
-
legalidad de las sanciones que deben ser definidas
en el reglamento interno,
-
procedimiento contradictorio,
-
individualización y proporcionalidad de la sanción.
·       Desarrollo
-
Introducción del alumno y sus padres;
-
Lectura del expediente;
-
Procedimiento contradictorio;
-
Salida del alumno y padres;
-
Deliberación;
-
Notificación oral y escrita de la decisión
motivada, precisando el recurso posible (comisión de apelación convocada por el
COAC)”[115].
El Consejo de Disciplina está conformado por el rector, quien lo
preside, el vicerrector, el consejero principal de educación, el director
administrativo y financiero (DAF), tres representantes elegidos entre el
personal de profesores y de educación, un representante elegido entre el
personal no docente, tres representantes elegidos entre los padres de alumnos del
colegio (6eme a 3eme) o dos para el liceo (2nde a Terminale) y dos
representantes elegidos entre los alumnos (si el alumno convocado ante el
Consejo de Disciplina pertenece al “liceo” se añade un tercer representante de
alumnos, escogidos entre los alumnos del liceo).
5.3.4. El Reglamento Interno del Liceo, documento que hace parte
integral del Manual de Convivencia institucional[116],
contiene las normas que rigen la actividad escolar, la disciplina y la buena
convivencia dentro del establecimiento, y los derechos y obligaciones para una
mejor convivencia de todos los estudiantes[117]. En la
primera página se lee: “La inscripción en el Liceo […] implica la aceptación
del reglamento interno”[118].
La primera parte de dicha normativa contiene el Reglamento de
Convivencia de la Comunidad Escolar que contempla los deberes de los miembros
de la comunidad escolar en relación con las personas, el reglamento escolar y
los bienes comunes. A continuación se destacan algunos de los deberes
contemplados:
“Respecto a las personas:
-
[…]
-
No acusar o burlarse, bajo ninguna circunstancia,
de un adulto ni de un alumno.
-
No comportarse agresivamente ni participar en
juegos cuya intención es lesionar física o moralmente a un compañero.
-
Rechazar todo tipo de violencia o acoso.
-
Expresar las dificultades acudiendo a un adulto y
propiciando el diálogo.
-
Respetar la vida privada del prójimo y cuidar la
propia, a través del buen uso de las redes sociales.
Respecto al reglamento escolar:
-
[…]
-
No utilizar el celular durante clases ni usarlo
para filmar y divulgar imágenes que puedan lesionar la dignidad de las personas.
-
Respetar a todas las personas de la comunidad
escolar y facilitar el trabajo personal de aseo y mantenimiento. […]”[119]
(negrillas fuera de texto).
El capítulo 5 habla del comportamiento y actitud en el trabajo
(artículos 19 al 30). El artículo 19 dispone que “[l]os alumnos deben
respetar a sus compañeros y a los adultos presentes en el colegio. Todo acto de
violencia física o verbal, irrespeto, presión de grupo, acoso y chantaje será
sancionado”[120].
El artículo 27 establece que “[e]l derecho a proteger la imagen de los niños
y de los adultos debe ser respetado. Las palabras y/o imágenes de carácter
difamatorio, que atenten y/o (sic) contra la dignidad humana o que se opongan a
los valores impartidos por el establecimiento, están prohibidas dentro del
Liceo”[121].
El capítulo 6 consagra los castigos y
sanciones contra los actos y conductas contrarios al Reglamento Interno, que
deberán imponerse en forma individual y proporcional dependiendo de la gravedad
del acto o conducta. El artículo 31 señala que el castigo se genera por faltas
menores “referentes a obligaciones incumplidas por los alumnos y
perturbaciones en el aula o el establecimiento” y las sanciones
disciplinarias “corresponden a faltas graves o recurrentes en las
obligaciones de los alumnos y los perjuicios causados a las personas y bienes”.
Y precisa que “[u]na falta puede generarse por actos cometidos fuera del
establecimiento escolar (salidas/viajes escolares, transporte, servicio social,
actividades socioeducativas [ASE], etc.) si éstos no pueden disociarse de su
calidad de alumno”[122].
Además, dispone que las sanciones que
pueden ser dictaminadas por el rector son: advertencia escrita notificada a los
padres, amonestación (llamado escrito y solemne al orden), pacto de
responsabilidad (compromiso de participar en actividades de solidaridad, culturales
o de formación educativa hasta por veinte horas y fuera del horario de clase),
exclusión temporal de clases que no podrá exceder de 8 días y exclusión
temporal del Colegio que no podrá exceder de 8 días. Por su parte, las
sanciones que pueden ser dictaminadas por el Consejo de Disciplina, a quien
corresponde pronunciarse cuando un alumno ha cometido una falta grave, conforme
al capítulo 8 del Reglamento, son: todas las anteriormente enumeradas y “[l]a
exclusión definitiva del establecimiento o de alguno de los servicios anexos
(cafetería, transporte, actividades socio educativas)”[123].
Finalmente, el Reglamento Interno
precisa en el artículo 31 que “[l]as medidas de responsabilidad, la
exclusión temporal de la clase o del colegio y la exclusión definitiva del
colegio o de alguno de los servicios, se pueden pronunciar con suspensión de la
aplicación. No por eso dejan de ser sanciones. La sanción con suspensión
disciplinaria figurará en el expediente del alumno. Cuando se impone una
sanción con suspensión, el rector o el consejo de disciplina informa al alumno
que en caso de una nueva sanción, se puede aplicar efectivamente la sanción
pronunciada. En el caso de exclusión definitiva del establecimiento o de alguno
de los servicios, el plazo para aplicar la sanción es de un año calendario”[124].
5.4. Con fundamento en lo anterior,
la Sala debe revisar las actuaciones del Colegio accionado con la finalidad de
verificar si existió vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Veamos:
5.4.1. Aparece un “Reporte
entregado por Vida Escolar”[125]
del Liceo, sin fecha, en todo caso realizado con posterioridad al 29 de marzo
de 2017, en donde se hace una descripción de los hechos. Por su pertinencia
para el entendimiento del caso concreto a continuación se transcribe:
“1.  El 09 de diciembre de 2016, los
alumnos [CAJC] y otro tienen una pelea a puños en el colegio. Cuando se los
convoca, el alumno [CAJC] señala que él le pegó al otro muchacho debido a que
este difundió una fotografía de sus abdominales.
2.  El joven [CAJC] no informó el
hecho al colegio, y desconocemos si lo hizo a los padres de este. Según informó
en la reunión con el Consejero de Educación, [MB], al principio de diciembre de
2016 el alumno [CAJC] envió una fotografía de sus abdominales a un amigo, según
dice que de otro colegio y ese amigo se la hizo llegar a [MG], quien la
difundió en el curso 4ème6 (corresponde al grado 7 en el sistema educativo
colombiano).
3.   Se sostuvo una reunión con
ambos muchachos indicándoles que no era correcto difundir imágenes propias y de
terceros, porque efectivamente podían generarse inconvenientes, tales como los
que ellos tuvieron.
4.   La madre del joven [CAJC] acude
a la Vida escolar el mismo 09 de diciembre de 2016 a las 3 p.m. Se le informa a
la madre del caso y teniendo en cuenta que hubo agresión física entre los
muchachos se les informa que ambos muchachos recibieron una sanción (suspensión
de clase por un día) y la necesidad de participar en una actividad de
sensibilización con el curso relativa a la no difusión de temas e imágenes
privadas en redes sociales, por las consecuencias que puede tener no sólo para
quien aparece en las fotografías, sino también para quien las difunde.
5.   Se hace seguimiento con los
alumnos el 12 de diciembre.
6.    El 14 de diciembre de 2016 de
8h30 a 9h30, se hace una intervención [a la] clase de 4ème6 por parte del
Consejero de Educación […]  y por el profesor principal […] para sensibilizar a
los alumnos sobre el tema de las redes sociales, la difusión de fotografías
privadas, etc. Insistiendo sobre las consecuencias privadas entre quienes
participan en ese tipo de actividades, en la comunidad y en el sistema judicial
colombiano.
Se solicitó al joven [CAJC] y al muchacho que difundió la
fotografía de los abdominales de [CAJC] que intervinieran en la actividad y
hablaran ante […] sus compañeros sobre la lección aprendida, que en el caso de
ellos terminó en una pelea a puños.
7.   El 14 de marzo de 2017 los
padres de la alumna A se reúnen con el Consejero de Educación […] para informar
que circulan en las redes sociales unas fotografías que su hija había enviado
al joven [CAJC]. Ella es del curso 5ème1 (que corresponde a grado 6). Las
compañeras de la niña le habrían informado esto a la niña. Vale indicar que la
alumna A es menor que el joven [CAJC].
Se convoca a la alumna A y al joven [CAJC].
Según dice el joven [CAJC], la foto fue enviada en
diciembre de 2016 a otro alumno que fue retirado por los padres del colegio. La
alumna A dice que la primera sospecha de la difusión la tuvo el 9 de marzo de
2017 cuando el niño retirado le escribió un mensaje diciendo que ella había
enviado una foto.
El Consejero de Educación previene al joven [CAJC] y le
dice que no es correcto que él que ya había sufrido molestias por la difusión
de la fotografía de los abdominales ahora genere molestias a otras personas,
más a la alumna A que es menor que él. El joven [CAJC] se compromete a borrar
las fotos. Se envió un correo electrónico de seguimiento a los padres de la
alumna A el 15 de marzo de 2017.
8.   El martes 21 de marzo de 2017
la madre de otra alumna (C) viene a la Vida escolar para informar que una foto
de su hija desnuda ha sido difundida por parte de [CAJC] en las redes sociales.
El mismo 21 de marzo de 2017 se convoca a los padres del
joven [CAJC] pero indican que no podrán asistir sino hasta el 29 de marzo de
2017 por estar fuera de la ciudad.
9.   Se convoca a la alumna C el 24
de marzo de 2017 quien confirma que se tomó la foto para el joven [CAJC] confiando
en que sólo era para él y que la había enviado por SnapChat. Ese mismo día se
recibe al joven [CAJC] quien inicialmente intenta negar la difusión de la foto,
pero luego acepta que él la envió a otro alumno. Ese otro alumno reconoce que
reenvió la foto en venganza contra la alumna C.
10.  El 27 de marzo de 2017 la
sicóloga de bachillerato, [MCL], recibe a los padres de la alumna B quienes le
informan sobre un tema de fotos que habrían sido difundidas por el joven [CAJC]
y otros. Refieren que son fotos de cinco (5) niñas que circulan desnudas en
redes sociales y que a una de las niñas se la estaba chantajeando para no
publicar una foto.
11. Se recibe al alumno que [fue]
retirado del Liceo por los padres, quien reconoce la difusión de unas
fotografías y la presión que hacía sobre otra alumna, para que ella le hiciera
las tareas.
12. El 28 de marzo de 2017 se recibe
a las alumnas B y otras dos y se escucha su versión. Se evidencia la
preocupación y ánimo sensible de las 3 menores, quienes refieren que fue un
error enviar las fotos, pero que pensaron que por ser SnapChat no creyeron
posible que pudieran guardar fotos suyas. Ahora las molestaban en los pasillos
porque tenían ahora mala reputación. Las niñas entregan pruebas de las fotos
que circulaban de ellas. Ese mismo día se sostiene reunión con el padre de la
alumna B.
13.  El 29 de marzo de 2017 se tiene
una reunión con la madre del joven [CAJC] y se la pone al tanto de la historia
de las fotografías. Se informa adicionalmente que en el plano académico el
joven no va tampoco (sic) bien”[126]
(mayúsculas originales).
5.4.2. El vicerrector académico del
Liceo, GM, una vez enterado de que los jóvenes de la clase estaban compartiendo
fotografías íntimas, el 29 de marzo de 2017 envió un correo electrónico a los
padres de los  alumnos con el siguiente mensaje:
“[…]
La clase 4e6 está actualmente en la tormenta debido a un
asunto de difusión de fotografías íntimas.
Estas fotos, obtenidas gracias a un juego de seducción y
manipulación, fueron difundidas vía ciertas aplicaciones sin consentimiento de
los autores lo que constituye un delito grave.
Las autoras se han vuelto víctimas y el liceo va [a]
tomar medidas disciplinarias fuertes para protegerlas.
Les invito a hablar con sus hijos del asunto y dar
confianza al liceo para que resuelva el caso de [la] manera más objetiva
posible”[127].
5.4.3. Mediante comunicación del 31
de marzo de 2017, el vicerrector académico del Liceo citó a los padres de CAJC
a una reunión en el Colegio para el 3 de abril de 2017. La señora EMCG, en respuesta a la anterior citación, solicitó
contar con la presencia de CAJC en dicha reunión[128].
Según se narró en la demanda, en esa ocasión el rector cuestionó la conducta
del estudiante y les planteó a EMCG y ALJO que “para no [llevar al estudiante] a juicio al Consejo de
Disciplina, que [lo] retiraran inmediatamente del Colegio”[129].
Igualmente, “[l]es dijo que se tenía como un hecho confirmado [su]
responsabilidad directa en la difusión de fotos íntimas de las alumnas del
liceo por redes sociales, [configurando] ello una falta muy grave, que daba
motivo a [la] expulsión del colegio”[130].
5.4.4. Mediante comunicación del 3 de
abril de 2017, dirigida por el rector del Colegio MC a los señores EMCG y ALJO,
se convocó a un Consejo de Disciplina para el 2 de mayo de 2017 a las 9:30 a.m.
En dicho documento se señala que los hechos que dieron lugar a dicha
convocatoria son: “Uso malicioso de las redes sociales para obtener o
difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del liceo”.
Así mismo se les solicitó que acompañaran a CAJC ante el Consejo de Disciplina, para lo cual podían consultar el
archivo en la secretaría, y se indicó que el alumno podía presentar su defensa
de manera oral o escrita y ser asistido por una persona que él escogiera[131].
5.4.5. El 6 de abril de 2017 se
realizó un Comité de Convivencia Escolar extraordinario, en el que fue
presentado el “Caso de difusión de fotos íntimas dentro del liceo”. En
esa ocasión se aprobó el sometimiento del caso ante Consejo de Disciplina[132].
En el acta se lee:
“Se trata de un caso de difusión [de fotos] íntimas
iniciado en diciembre. La información llegó por unos padres de alumnos el 27 de
marzo a pesar de que se había tratado un caso entre niños varones en diciembre […].
Rápido dos niños fueron designados como difundidores de
las fotos de 4 víctimas.
Las fotos fueron dadas por las niñas después de charlas o
juego de seducción. El abuso de confianza sucedió cuando fueron difundidas las
fotos.
Llamaremos M y C [a] los dos niños y A […], B […], C […] y
D […] [a] las niñas víctimas.
C obtuvo las fotos de A y B después de unas charlas. No
está muy claro a quién se difundieron.
M obtuvo las fotos de C y D después de un juego de verdad
o reto.
Las fotos se mandaron por medio de Snapchat. El buen uso
de Snapchat impone que las fotos se borran en los segundos pero los niños
usaron la falla de la aplicación.
En este sentido hay un abuso de confianza marcado.
El liceo siguió el protocolo […] en el manejo de las
víctimas, victimario y padres. Los [principales] actores fueron [MCL], la
psicóloga escolar quien recibió casi todas las informaciones de parte de los
alumnos o papás, [MB], consejero de educación quien recibió a todas las
víctimas y los padres y [GM] el vicerrector.
Las investigaciones dieron muchas indicaciones sobre los
perfiles de M y C. Hubo un énfasis particular en M después del descubrimiento
de varios screenshots de conversaciones en grupos de whatsapp o snapchat.
Reveló una persona muy manipuladora, hablando mucho de droga, alcohol y sexo.
Hay una sospecha muy grande de que la difusión de la foto
de C fue hecha después de un chantaje.
Las niñas y los padres de las víctimas están muy chocados
y dos de ellos pidieron que sean expulsados los niños sobre todo M.
Fue muy difícil [recoger las] pruebas debido a que el
liceo no tiene ningún poder para pedir los contenidos de teléfonos y que la
mayoría borraron las evidencias a solicitud de los papás o por ellos mismos.
Tuvimos tres papás activos para recoger [indicios] pero
los que tenemos que sean imágenes o audio[s] son bastante escalofriantes para
unos niños de 14 años.
A pesar de que C fue muy cooperativo, M se negó en decir
algunas verdades que supimos por las pruebas sobre todo cuando dijo que había
difundido las fotos a una persona sólo (sic) o que sólo tenía dos ya que
tenemos unos screenshot que muestra[n] toda su “colección”. Su galería se
extiende a fotos de más de 4 niñas y en un audio explica a sus compañeros como
obtener fotos con un juego de seducción.
Debido a todo lo que se encontró, el rector provocó la
convocación de un consejo disciplinario para los dos niños que tendrá lugar el
2 de mayo con motivo de uso de las redes sociales para obtener, difundir y
tener palabras con consecuencias sobre el clima y la seguridad del liceo.
Después de escuchar los hechos y motivaciones para
convocar el consejo de disciplina, los miembros presentes del comité de
convivencia aprobaron la decisión con votos secretos.
Estuvo explicada la forma del consejo disciplinario donde
los 14 miembros toman una decisión con votos secretos.
Se informó que la secretaría de educación está al tanto
de la situación con un mail escrito el mismo día 6 de abril con los temores de
que la mamá de M podría llevar el caso más allá para que sea reintegrado el
niño en caso de que el colegio lo expulsara.
Si [bien] hay bastantes pruebas para iniciar un proceso
judicial, los padres se niegan en arrancarlo y esperan una respuesta firme y
[ejemplar]”[133].
5.4.6. Según acta del 2 de mayo de
2017, el Consejo de Disciplina resolvió “[u]na exclusión definitiva del
liceo al alumno [CAJC] a
partir del 2 de mayo”. En el documento se da cuenta
del protocolo realizado para el Consejo de Disciplina, de los hechos y de las
consideraciones que motivaron la decisión, así:
“Protocolo realizado para el consejo de disciplina.
·       Se mandaron las convocatorias el 3 de abril para el martes 2 de mayo.
·       Hubo una rectificación en la convocatoria de los padres del alumno […]
el 24 de abril.
·       Los padres del alumno […] invitaron a [MB] a acompañarles debido a que
el consejo se hace en francés.
·       Al inicio del Consejo fue recordado a los miembros, invitados y
convocados sobre los principio legales aplicados durante el consejo:
-
Confidencialidad
-
Legalidad de las sanciones
-
Principio del debido proceso
-
Principio de individualización y proporcionalidad
de la sanción
Hechos
[CAJC] fue reconocido en la obtención y difusión de fotos
de compañeras desnudas del colegio al final de una investigación que empezó el
27 de marzo después de revelaciones de padres:
·       Las investigaciones revelan que la historia empezó en diciembre cuando unas
alumnas, durante conversaciones con [CAJC], le dieron por el medio de Snatchap
una foto desnuda de ellas teniendo confianza en el que las fotos se borrarían
según un uso normal de la aplicación.
·       [CAJC] deliberadamente desvió la aplicación para guardar las fotos sin
que las niñas se den cuenta.
·       [CAJC] difundió las fotos a un compañero a través de whatsapp.
Consideraciones que motivan la decisión del consejo de
disciplina
1.
Considerando que el reglamento interior del liceo
insiste sobre el respeto y la convivencia entre los alumnos en particular sobre
la difusión de imágenes cuales pueden perjudicar la integridad física o moral
de personas.
2.
Considerando que el artículo 19 del reglamento
interior impone el respeto entre los alumnos.
3.
Considerando que el artículo 27 del reglamento
interior menciona el derecho a la imagen.
4.
Considerando que el reglamento interior forma parte
del manual de convivencia [el] cual encaja con la ley colombiana.
5.
Considerando que los actos desarrollados pueden ser
enmarcados por las autoridades judiciales colombianas como delito y/o
violaciones que afectan la imagen y buen nombre de menores (ley 1581 de 2012).
6.
Considerando que el liceo tiene obligación de
prevenir y apoyar la corrección de casos de este tipo de ciberacoso
(caracterizado como tipo 3 en la ley de educación) y de informar [a] la
secretaría de educación y bienestar familiar.
7.
Considerando que el caso fue presentado en el
comité de convivencia extraordinario del 6 de abril. En esta reunión se
concluyó que el caso ameritaba que fuera tratado en el consejo de disciplina.
8.
Considerando que la secretaría de educación aprobó
la convocación del consejo de disciplina el 7 de abril después de haber
verificado si el protocolo aplicado estaba conforme con el manual de
convivencia.
EL CONSEJO DE DISCIPLINA RESUELVE
·     Una exclusión definitiva del liceo del alumno [CAJC] a partir del 2 de
mayo”[134]
(mayúsculas y negrillas originales).
Al final del documento obra anotación
en el sentido de que la familia fue informada verbalmente de la decisión de
exclusión definitiva de CAJC y de la posibilidad que tenía de apelar ante el
embajador de Francia en Colombia dentro de los 8 días calendario contados a
partir de la notificación.
5.4.7. El 9 de mayo de 2017, EMCG y ALJO
presentaron la apelación de la decisión de exclusión definitiva del Colegio de
su hijo CAJC, ante la embajada de Francia en Colombia[135].
Plantearon los siguientes argumentos:
-
Los hechos no se dieron en las instalaciones del
Liceo y por lo tanto, por sí sola, la conducta no tendría que afectar el clima
ni la seguridad de la institución.
-
CAJC se comportó como un adolescente y fue juzgado
como si fuera un adulto empleando audiencia, jurado y un interrogatorio que le
arrancó una confesión sin advertirle e informarle las consecuencias de dicho acto.
Además en el procedimiento se empleó un idioma que no es el materno y solo al
final se cambió al español.
-
No se le concedió beneficio alguno por el hecho de
confesar lo que había hecho, y al momento de imponerle la sanción no se tuvo en
cuenta que no tiene antecedentes y que es un adolescente de 14 años.
-
Antes del juicio ya CAJC estaba condenado, pues en
una reunión con el rector este planteó como condición para no llevarlo a juicio
ante el Consejo de Disciplina, que fuera retirado inmediatamente del Colegio.
En esa reunión también se refirió que estaban recolectando pruebas acerca de la
conducta de CAJC “y que se tenía como un hecho confirmado la responsabilidad
directa de [su] hijo en la difusión de las fotos íntimas de alumnas del liceo
por redes sociales conformando ello una falta muy grave, que daba motivo a la
expulsión del colegio”[136].
-
El juicio no terminó siendo sino una ceremonia para
protocolizar un prejuzgamiento y agregarle un poco de agresión verbal y
psicológica a CAJC. Lo anterior, en detrimento de su derecho a la educación.
-
Finalmente, solicitaron considerar que la sanción
no fuera la exclusión definitiva del Colegio.
5.4.8. El 11 de mayo de 2017, se
comunica a los padres de CAJC que el consejero cultural de la embajada de
Francia se entrevistaría con ellos el 15 de mayo de 2017, en las instalaciones
del Liceo[137].
5.4.9. El 17 de mayo de 2017, el
vicerrector de la institución educativa expidió una carta de recomendación del
joven CAJC en la que se lee: “[CAJC…], estuvo escolarizado desde el año 2006
en el liceo […] hasta el 17 de mayo 2017. ||| Debido a un inconveniente entre
alumnos afectando a [CAJC], la familia decidió retirar a [CAJC] en mayo de
2017. || [CAJC] siempre fue un alumno inteligente con muchas cualidades con
buen desempeño académico. || Como Vicerrector del liceo […], les aconsejo de
facilitar una admisión en su establecimiento para que [CAJC],  pueda seguir sus
estudios con [éxito]”[138]
.
5.4.10. El 26 de mayo de 2017, se
comunica a EMCG y ALJO la respuesta al recurso de apelación interpuesto en
contra de la decisión del Consejo de Disciplina, en el sentido de confirmar la
misma. En el documento, suscrito por el consejero cultural de la embajada de
Francia, se lee:
“[…] Ustedes solicitaron la intervención del Embajador de
Francia sobre la decisión del Consejo de disciplina del Liceo […] relativa a su
hijo [CAJC] || El embajador me pidió recibirlos en el marco de una conciliación
que yo efectúe el 15 de mayo en presencia de representantes de la
administración del liceo. || Luego de haber escuchado a las partes y en vista
que no se aportó ningún elemento nuevo durante esta reunión, les confirmo la
decisión del liceo. || Lamento esta situación y pedí específicamente al Rector
que les facilite las condiciones de recepción de su hijo en un nuevo
establecimiento”.
5.5. El ejercicio de la potestad disciplinaria por
parte de las instituciones educativas es una actividad propia del derecho
sancionador que debe adelantarse con un sentido pedagógico y
formativo. Por ende, está sometida a la satisfacción de los principios
predicables de esa área del ordenamiento, la cual no solo es aplicable al
ámbito del derecho del Estado sino también a las actividades de particulares
que involucran el poder disciplinario.
Teniendo claridad acerca de la normativa que rige
en el Colegio y las actuaciones adelantadas en el marco del procedimiento
disciplinario, a continuación la Sala analizará los cuestionamientos realizados
por los accionantes en relación con el desconociendo de garantías
procesales como el derecho de defensa y contradicción, y el principio de
legalidad de la falta y la sanción, iniciando por este último.
5.5.1. Acerca de la legalidad de la falta
atribuida y la sanción impuesta a CAJC. Como ya se
dijo, el Manual de Convivencia institucional y, en general, la normativa
adoptada por las instituciones educativas, debe respetar los principios de
legalidad de las faltas y las sanciones, según el cual los estudiantes solo
deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con
anterioridad a la comisión de la conducta y, de ser ello procedente, la sanción
imponible también debe haber estado provista en el ordenamiento de la
institución educativa.
Este análisis es obligatorio porque
la decisión del Consejo de Disciplina de la institución accionada de expulsar
definitivamente a CAJC del Colegio, a partir del 2 de mayo de 2017, en el marco
de un procedimiento disciplinario adelantado por “uso
malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias
sobre el clima y la seguridad del Liceo”, supuestamente, desconoció el
principio de legalidad de la falta y la sanción.
El Manual de Convivencia del Liceo[139]
consagra en el capítulo 6 los derechos y deberes de los alumnos. En relación
con los deberes de respeto a las personas describe: “No comportarse
agresivamente ni participar en juegos cuya intención es lesionar física o
moralmente a un compañero. || […] || Respetar la vida privada del prójimo y
cuidar la suya a través del buen uso de medios de comunicación tales como
Facebook, correos electrónicos y teléfonos celulares”[140].
Y En cuanto a los deberes de respeto al reglamento escolar, dispone: “Conocer
y acatar el manual de convivencia y el reglamento interno. || No utilizar el
celular durante clases ni usarlo para filmar y divulgar imágenes que puedan
lesionar la dignidad de las personas”[141].
Los anteriores deberes son reiterados en el Reglamento de Convivencia
de la Comunidad Escolar que está incluido en el Reglamento Interno, y
reforzados en el capítulo 5 “Comportamiento y actitud en el trabajo” de
dicho documento. Así, el artículo 19 previene que todo acto de violencia física
o verbal, irrespeto, presión de grupo, acoso y chantaje será sancionado[142],
y el artículo 27 establece que “[e]l derecho a proteger la imagen de los
niños y de los adultos debe ser respetado. Las palabras y/o imágenes de
carácter difamatorio, que atenten y/o (sic) contra la dignidad humana o que se
opongan a los valores impartidos por el establecimiento, están prohibidas
dentro del Liceo”[143].
En lo que tiene que ver con las
sanciones, el Manual de Convivencia institucional en el capítulo 7 “Disciplina”,
después de precisar que estas deberán “ser individuales y proporcionales
dependiendo de la gravedad del error cometido”[144],
establece que las sanciones disciplinarias corresponden “a faltas graves
o repetidas al reglamento interno (violencia física o verbal, matoneo,
tentativa de hurto, hurto, extorsión, amenaza, irrespeto, presión de grupo,
degradación, falsificación u ocultación de documentos, fraude, posesión y/o
venta de objetos o productos peligrosos o/y prohibidos, etc.) y
particularmente agresiones a personas o bienes”[145]
(negrillas fueras de texto). Además, establece que una de las sanciones
aplicables es la exclusión definitiva del establecimiento, la que deberá ser
dictaminada por el Consejo de Disciplina bajo un procedimiento reglado.
Lo anterior, se reitera en el
artículo 31 del Reglamento Interno del Colegio que dispone que las sanciones
disciplinarias “corresponden a faltas graves o recurrentes en las
obligaciones de los alumnos y los perjuicios causados a las personas y bienes”[146],
precisando que el procedimiento prevé una fase de notificación de los hechos
que justifican el inicio de la actuación y una fase de notificación de la
sanción.
Como ya fue señalado el adolescente CAJC
incurrió en un evento de agresión escolar a través de
medios electrónicos, conforme al numeral 3º del artículo 39 del Decreto 1965 de
2013, al compartir por WhatsApp con al menos uno de sus
compañeros del Colegio, sin que tuviera autorización para ello, fotografías en
las que aparecían con el torso desnudo las adolescentes MAP
y MS, que también estudiaban en el
Liceo para la época de ocurrencia de los hechos. Esa conducta
fue descrita por las autoridades de la institución educativa al momento de dar
inicio a la investigación como “uso malicioso de las
redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y
la seguridad del Liceo”. Si bien esta conducta no aparece literalmente
consagrada en la normativa del Colegio, bien puede subsumirse en los deberes de
respeto a las personas que describen tanto el Manual de Convivencia como el
Reglamento Interno de la institución a que se hizo referencia con anterioridad,
documentos estos que, en todo caso, deben ser conocidos por los estudiantes y,
en general, por toda la comunidad educativa.
En los diferentes escritos
presentados por los representantes del Colegio se expresa que se trata de un “uso
malicioso” de Snapchat, toda vez que CAJC, en lugar de
acogerse al uso normal de la aplicación que implica que las imágenes y
los mensajes allí compartidos se borren después de un tiempo determinado, hizo
una captura de pantalla o screenshot que le permitió guardar las
fotografías en su dispositivo celular. Realmente la alternativa por la que optó el joven no conlleva una manipulación de la aplicación pues
ella permite que quien reciba un Snap pueda hacer un screenshot,
al igual que quien lo envía puede elegir guardarlo[147].
Lo realmente malicioso del asunto, entendiendo por tal, según la Real
Academia Española, que conlleva “mala intención”, es que CAJC no les
haya advertido a las jóvenes que compartieron con él sus fotografías (ya sea a
través de un juego o porque voluntariamente decidieron hacerlo y bajo la
convicción de que quedarían en el ámbito privado de su conversación a través de
Snaptchat y no serían difundidas posteriormente), que esas imágenes habían sido
guardadas en el celular del receptor. Así, la difusión voluntaria de las
fotografías por parte del adolescente, sin tener autorización para ello, es un
acto malintencionado que afectó los derechos de las estudiantes a la intimidad[148] y
al buen nombre[149],
y perturbó su dignidad humana, porque su imagen fue convertida en un
instrumento de diversión y burla, desconociendo los deberes de respeto que
permean todas las relaciones que se tienen con los seres humanos y,
particularmente, con las mujeres, quienes han tenido que padecer una condición
histórica de cosificación. Por lo anterior, es necesario que la Sala más adelante
se pronuncie acerca de la importancia de un procedimiento restaurativo en la
institución, que ofrezca una adecuada reparación a las afectadas y restaure los
vínculos de los estudiantes involucrados con la comunidad educativa.
Debe la Sala precisar que el hecho de que el
adolescente CAJC haya compartido las
fotografías íntimas de sus compañeras por fuera de las instalaciones del
Colegio, no es una circunstancia que afecte el ámbito competencial de la
institución educativa para sancionarlo. Lo anterior, porque es claro que el
impacto de la difusión de las imágenes se generó precisamente en el entorno
académico, concretamente, en la clase 4e6 (que corresponde al
grado 7º en el sistema educativo colombiano), lo que obligó al vicerrector académico, una vez
enterado de que los jóvenes del grupo
estaban compartiendo fotografías íntimas, a enviar un correo electrónico a los padres de los alumnos el 29 de marzo de 2017, alertándolos acerca de la situación e invitándolos a hablar con sus
hijos y permitir que el Colegio resolviera el caso de la manera más objetiva
posible[150].
Así las cosas, la Sala no encuentra
acertado el argumento presentado por los accionantes en el sentido de que la
falta atribuida y la sanción impuesta a CAJC carecen de
legalidad. Al contrario, pudo comprobar que de la normativa que regula la vida
académica y disciplinaria del Colegio es posible concluir que constituyen
faltas sancionables por implicar el incumplimiento de los deberes de los
estudiantes: participar en juegos que puedan lesionar moralmente a un
compañero; irrespetar la vida privada del prójimo a través del uso de medios de
comunicación como teléfonos celulares; utilizar el celular para divulgar
imágenes que puedan lesionar la dignidad de las personas; e irrespetar la imagen
de los demás compañeros. De forma tal que era previsible que la incursión en
las anteriores conductas implicaría la posibilidad de ser sancionado, de
conformidad con el artículo 19 del Reglamento Interno, siendo posible, incluso,
la aplicación de la exclusión definitiva del Colegio en razón de la gravedad de
la conducta.
Además, la anterior previsión pudo
ser tenida en cuenta por CAJC ya que con anterioridad a los hechos que se
discuten en el presente trámite de revisión, se había presentado un primer incidente
que conllevó a la sanción de los implicados y a que las autoridades del Colegio
advirtieran a los alumnos acerca de la prohibición de difundir imágenes
privadas de compañeros a través de las redes sociales. Recuérdese que se narró
en la demanda que en diciembre de 2016, se generó una riña entre MG y CAJC en el Colegio por causa de que el primero, también estudiante de
la clase 4e6, compartió una fotografía en un grupo de
WhatsApp en donde aparecía el segundo mostrando los abdominales. Lo anterior
implicó que las autoridades de la institución educativa intervinieran y que a
los dos jóvenes se les impusiera la sanción de suspensión de clase por un día.
En el “Reporte entregado por Vida
Escolar”[151]
se describen las siguientes actuaciones: (i) Se “sostuvo una reunión
con ambos muchachos indicándoles que no era correcto difundir imágenes propias
y de terceros, porque efectivamente podían generarse inconvenientes, tales como
los que ellos tuvieron”[152];
(ii) la madre de CAJC acudió a Vida Escolar el 9 de diciembre de 2016 a
las 3 p.m., para ser informada del caso y de la sanción impuesta a su hijo,
teniendo en cuenta que había habido agresión física entre los estudiantes,
consistente en la suspensión de clase por un día y la participación en “una
actividad de sensibilización con el curso relativa a la no difusión de temas e
imágenes privadas en redes sociales, por las consecuencias que puede tener no
sólo para quien aparece en las fotografías, sino también para quien las difunde”[153].
(iii)  El 12 de diciembre se hace seguimiento al caso con los alumnos; y
(iv) el 14 de diciembre de las 8:30 a las 9:30 horas, el Consejero de
Educación del Colegio y el profesor principal hacen una intervención a la clase
4e6 “para sensibilizar a los alumnos sobre el tema de las redes sociales, la
difusión de fotografías privadas, etc. Insistiendo sobre las consecuencias
privadas entre quienes participan en ese tipo de actividades, en la comunidad y
en el sistema judicial colombiano. || Se solicitó al joven [CAJC] y al muchacho
que difundió la fotografía de los abdominales de [CAJC] que intervinieran en la
actividad y hablaran ante […] sus compañeros sobre la lección aprendida, que en
el caso de ellos terminó en una pelea a puños”[154].
Este primer antecedente, en el que
directamente se vio implicado CAJC por la difusión de una fotografía suya, pudo
ser suficiente para prevenirlo de repetir el hecho con otras de sus compañeras
de Colegio. Entonces, dados los acontecimientos previos, para él era previsible
(i) que compartir con uno de sus compañeros a través WhatsApp una
fotografía de las jóvenes en donde aparecían con el torso desnudo, tuviera
consecuencias que él no podría controlar debido a que se había traspasado el
ámbito de lo privado; (ii) que la circulación de esas fotografías afectaría
los derechos de las implicadas, como igual ocurrió en su caso[155];
y (iii) que esa situación, si llegaba a ser conocida por las autoridades
de la institución, le podría acarrear una sanción disciplinaria, tal como ya
había ocurrido en el contexto de los hechos presentados en diciembre de 2016.
Sin embargo, hizo caso omiso a las anteriores previsiones y decidió compartir
las fotografías de sus compañeras de Colegio, sin importar las posibles
consecuencias que ello les podía traer a las jóvenes involucradas y a él mismo.
Esta Sala no puede apoyar argumentos
en el sentido de justificar la conducta realizada por CAJC porque todos los
adolescentes actúan conforme él lo hizo o porque era una conducta que
normalmente se daba entre sus compañeros de Colegio. El hecho de que una
conducta negativa sea realizada por muchos no implica que no deba ser
reprochada y sancionada; al contrario, precisamente debe ser sancionada para
enviar un mensaje claro a la comunidad de que no es una conducta aceptada
socialmente y que, por ende, su ejercicio acarrea consecuencias. El adolescente
CAJC se encuentra en una etapa fundamental de su proceso formativo y es muy
importante que entienda que el ejercicio de su libertad pasa por el respeto de
los derechos de los demás, y que cuando esos límites se cruzan hay que hacerse
cargo de los actos ejecutados y aceptar las consecuencias que ello implica.
Para la Sala es claro que la
institución educativa actuó en ejercicio de su potestad sancionatoria en razón
de la obligación que tiene de cumplir su misión educativa y formativa; además,
en aras de garantizar el “derecho a la protección y a la formación integral”
que tienen todos los adolescentes, conforme al artículo 45 constitucional, del
cual son corresponsables los padres (art. 44, inc. 2º C.P.). Ahora bien, en el
apartado siguiente se analizará la forma a través de la cual el Colegio ejerció
la facultad sancionatoria y si garantizó el derecho al debido proceso de CAJC.
5.5.2. Acerca del
desconociendo de garantías procesales como el derecho de defensa y
contradicción en el marco del procedimiento disciplinario adelantado por el
Colegio en contra del alumno CAJC. En este punto la Sala
se va a centrar en la regulación que la misma institución educativa tiene para
efectos de la imposición de una sanción por parte del Consejo de Disciplina,
concretamente en el capítulo 5 del Manual de Convivencia  (ítem 5.1.9). A
continuación se describe la ruta procesal:
-
Antes del Consejo de Disciplina el rector indica al
alumno y a sus padres en una carta convocatoria los hechos que originan la
reunión del consejo y explica al alumno que puede presentar su defensa
oralmente o por escrito o con la ayuda de un adulto. La convocatoria debe
señalar: la fecha y hora del consejo; el nombre del alumno y su curso; la descripción
precisa de los hechos que motivan la comparecencia; y la posibilidad de
presentar la defensa y de consultar el expediente.
-
El Consejo de Disciplina se adelanta bajo los
principios de confidencialidad, procedimiento contradictorio, legalidad de las
sanciones definidas en el reglamento interno, e individualización y
proporcionalidad de la sanción.
-
El desarrollo de la reunión implica las siguientes
fases: introducción del alumno y sus padres; lectura del expediente;
procedimiento contradictorio; salida del alumno y padres; deliberación; y
notificación oral y escrita de la decisión motivada, precisando el recurso
posible ante la comisión de apelación convocada por el COAC.
En el capítulo 6 del Reglamento
Interno del Colegio (art. 31) se precisa que el procedimiento disciplinario
debe diferenciar las fases de notificación al alumno y a sus padres de los
hechos que justifican el inicio de la actuación y la fase posterior de
notificación de la sanción, con la finalidad de que el alumno pueda presentar su
defensa oralmente o por escrito.
En efecto, mediante comunicación del
3 de abril de 2017, suscrita por el rector del Colegio, se informó a los
señores EMCG y ALJO que su hijo CAJC había sido convocado a un Consejo de
Disciplina a celebrarse el 2 de mayo de 2017 a las 9:30 a.m. En dicho documento
se señala que los hechos que dieron lugar a dicha convocatoria son: “Uso
malicioso de las redes sociales para obtener o difundir fotos con consecuencias
sobre el clima y la seguridad del liceo”. Así mismo se les solicitó que
acompañaran a CAJC ante el Consejo de Disciplina, para lo cual podían consultar
el archivo en la secretaría a partir del 27 de abril de 2017; se les informó
que el joven podía presentar su defensa de manera oral o escrita, y ser
asistido por una persona que él escogiera, caso en el cual debían informar el
nombre, apellido y dirección de la persona que asumiría su defensa, con el fin
de poder convocarlo[156].
Según se narró en la demanda, en la revisión del
expediente se encontraron tres documentos en francés. Así hace la descripción CAJC:
“[…] uno supuestamente académico de mis
profesores, en el cual el profesor de historia y el principal de mi clase, me
describe como una persona que actúa de manera solapada, que había obtenido las
fotos con fines perversos, que despreciaba las reglas del Liceo, manteniendo de
forma solapada actitudes virtuales malsanas, burlándome impunemente de la buena
voluntad del equipo pedagógico. Los demás profesores solo se refieren a mi
comportamiento en términos de capacidades y rendimiento académico. || El
segundo documento era un incompleto y sesgado resumen del caso. Dice que, en
diciembre de 2016 [MG], difundió una fotografía del torso desnudo mío y que yo
le di un golpe al saber que la había difundido por el chat del grupo de la
clase (26 alumnos). Se refiere a cómo fui sancionado con una advertencia y una
exclusión de un día y que el otro niño recibe solo una advertencia. Es decir,
que la difusión de mi foto no daba para expulsión. Allí se informa, también,
que [CAJC] recibió una foto de [IF] que […] difundió. Dice, así mismo, que en
marzo los padres de las niñas se acercan al colegio a informar la difusión de
fotografías de las niñas. Informan, además, que yo había creado –junto con [MG]–
una red de difusión de fotos de niñas desnudas. || El tercer documento, era un
“pantallazo” de un chat donde [MG] manifiesta que ‘[CAJC] Tiene las fotos’”[157].
El 6 de abril de 2017, se realizó un
Comité de Convivencia Escolar extraordinario, en el que fue presentado el “Caso
de difusión de fotos íntimas dentro del liceo”. En esa ocasión, una vez
fueron revisadas las pruebas que se lograron recaudar por parte de las
directivas de la institución, fue aprobado el sometimiento de los casos de MG y
CAJC ante el Consejo de Disciplina[158].
La Sala precisa que el estudiante MG fue retirado voluntariamente del Colegio
antes de que se surtiera esa instancia.
El 2 de mayo de 2017, se llevó a cabo
el Consejo de Disciplina que decidió la “exclusión definitiva del liceo
[del] alumno [CAJC] a partir del 2 de mayo”. Los accionantes aportaron el
acta de la reunión en donde, primero, se da cuenta del protocolo realizado para
la citación, además se recuerda que el consejo se hace bajo las reglas de
confidencialidad y legalidad de las sanciones; segundo, se hace una descripción
de los hechos; y, finalmente, se exponen las consideraciones que motivaron la
decisión[159].
Del procedimiento seguido los accionantes cuestionaron los siguientes aspectos:
(i) El Consejo de Disciplina se
hizo en francés cuando el idioma oficial de Colombia es el castellano. Uno de los cuestionamientos de los accionantes fue que como la
actuación se adelantó en francés, se limitó el ejercicio del derecho de defensa
de CAJC. Sin embargo, en la demanda se señaló que “[e]n algún momento, durante
el interrogatorio […], se solicitó cambiar su desarrollo del francés al español”.
Además en el acta se lee que “[l]os padres del alumno […] invitaron a [MB] a
acompañarles debido a que el consejo se hace en francés”[160].
La Sala encontró probado (i)
que parte del Consejo de Disciplina se hizo en español, y (ii) que los
accionantes contaron con el apoyo de una traductora. Lo anterior indica que no
todo el procedimiento ante el organismo disciplinador se hizo en francés
–idioma que por demás es manejado por el estudiante, pues lleva toda su vida
académica en el colegio que es de enseñanza francesa y se encuentra en el grado
7º–, porque cuando fue solicitado durante el interrogatorio que se le hacía al
joven se continuó la actuación en el idioma oficial de Colombia; además, que el
disciplinado y sus padres contaron con la asistencia de una traductora. A ello
se suma que toda la actuación en segunda instancia ante la embajada de Francia
se adelantó en español[161]. Así las cosas, no se presentó una afectación del derecho de defensa
de Camilo Andrés, pues en todo caso le fue posible conocer los hechos que se le
atribuían y la presunta falta endilgada, presentar pruebas, expresar su punto
de vista, conocer las razones de la decisión del Consejo de Disciplina e impugnar
la misma.
No obstante, debe la Sala señalar que
cuando se trate de establecimientos educativos autorizados por el Ministerio de
Educación Nacional para impartir enseñanza en otro idioma, se podrá adelantar
el procedimiento disciplinario en un idioma diferente al castellano, que es el
oficial de Colombia, de conformidad con el artículo 10 de la Constitución
Política[162],
siempre y cuando se garantice la traducción simultánea de las diferentes
actuaciones o el uso de medios tecnológicos que posibiliten la comprensión del
trámite, y, en todo caso, con cargo al presupuesto de la institución. No debe
perderse de vista que la potestad disciplinaria ejercida por los establecimientos educativos también involucra a los padres de familia,
por lo que es importante facilitarles el entendimiento de los procedimientos
que se realizan.
(ii) El Consejo de Disciplina no
respetó el derecho de defensa y contradicción de CAJC al no permitirle conocer
todas las pruebas recaudadas en su contra y que fueron estudiadas durante la
actuación. En diferentes escritos presentados por los
accionantes se cuestionó que no se les permitió conocer las nuevas pruebas que
estaban siendo estudiadas y analizadas en el Consejo de Disciplina, como las
declaraciones rendidas por las estudiantes MAP y MS,
quienes también se hicieron presentes
con sus respetivos padres. Además, que el desarrollo de la actuación, que
incluyó un interrogatorio realizado al estudiante, se hizo de forma inquisidora
“lo que más la acercaba a un proceso penal sin garantías que a un
procedimiento disciplinario”, de tal modo que, incluso, “antes del
juicio ya estaba condenado”. Así narró CAJC el
transcurso del Consejo de Disciplina, cuya sesión inició a las 9:45 a.m.:
“El vicerrector, durante 5 minutos, presentó el caso en idioma
francés y luego nos hizo retirar del salón. Siendo las 11:30 AM, nuevamente
ingresamos a la sala. El vice-rector afirmó que había “nuevas informaciones” de
gravedad, pero no dijo a cuáles se refería. Dijo, también, que había muchas
informaciones que se contradecían, la palabra de las niñas contra la mía, pero
tampoco supimos a qué se refería. En algún momento, durante el interrogatorio
que inquisidoramente se me formulaba, se solicitó cambiar su desarrollo del
francés al español. || Me pidieron narrar los hechos, interrogándome con
preguntas incisivas, sugestivas y auto incriminadoras, comentando mis
respuestas con afirmaciones que decían confirmar mi comportamiento “criminal”,
como si fuera un promotor de pornografía infantil. […] || Al final asustado y
confundido, mis pensamientos quedaron bloqueados y no pude responder los
cuestionamientos que se me hacían. Ese silencio también fue interpretado en mi
contra. || […] || Mis padres, cuando se les permitió hablar, pusieron de
manifiesto que yo nunca había tenido faltas graves de disciplina, que era
consciente del error, solicitando mantenerme en el colegio, dadas las
implicaciones para quien llevaba 11 de mis 14 años de vida en el colegio.
Reiterando que a pesar de mis errores y equivocaciones hay una estructura
familiar que es la garantía de que yo asumiré mis responsabilidades ciudadanas.
Que consideraban que debería haber una sanción pero no la expulsión definitiva.
Que ante la posible salida del colegio se estaría quebrando mi futuro y el de
nuestra familia. || Nos piden abandonar el salón. Después de 4 minutos de
deliberación somos llamados y el rector da el veredicto: exclusión definitiva,
permitiéndome apelar ante el embajador de Francia Colombia, antes de que
pasaran 8 días calendario”[163].
La Sala recuerda que el ejercicio de la potestad
disciplinaria debe basarse en los principios de defensa y contradicción, así
como de presunción de inocencia.  Por ello, mientras que el estudiante tiene
derecho a conocer las pruebas recaudadas en su contra y a controvertirlas a
través de otros medios de prueba, a la institución educativa le corresponde el
deber de demostrar suficientemente la comisión de la conducta, a partir del
material probatorio, como condición necesaria para la imposición de la sanción.
La descripción que acaba de transcribirse es
indicativa de que el estudiante sancionado sí conoció las pruebas que se
recaudaron en su contra durante el procedimiento, pues el Consejo de Disciplina
lo interrogó acerca de los hechos, luego de escuchar las versiones dadas por
las adolescentes afectadas, y se pronunció acerca de las respuestas del joven. Asimismo,
que a sus padres también se les permitió participar. Por lo tanto, CAJC sí tuvo la oportunidad de defenderse
ante dicha instancia en el sentido de negar, afirmar o precisar los hechos por
los que fue investigado, y que eran insumo para la determinación de la falta y
la correspondiente sanción. Es entendible que el Consejo de Disciplina no
hubiera enfrentado a las estudiantes con el disciplinado al momento de tomar
sus respectivas declaraciones y que estas se adelantaran en forma secuencial,
para efectos de evitar su revictimización.
Por lo anterior, la Sala no observa que el Consejo
de Disciplina haya desconocido garantías procesales como el derecho de defensa
y contradicción en el marco del procedimiento disciplinario adelantado por el
Colegio en contra del alumno CAJC. Al contrario, encuentra
demostrado que las reglas básicas del debido proceso se cumplieron conforme a
las directrices impartidas en la Sentencia T-263 de 2006, que orienta el
entendimiento de dicho derecho fundamental cuando se trata de instituciones
educativas.
5.6. La Sala reitera que la potestad disciplinaria
en los establecimientos educativos hace parte del proceso de formación ética e
intelectual de los estudiantes. Por ende, debe llevarse a cabo (i)
respetando las garantías que integran el derecho al debido proceso, y (ii)
a partir de un parámetro pedagógico en el cual prima la promoción de valores
democráticos y de inclusión en la institución educativa. Este deber se torna
particularmente intenso cuando se trata de la imposición de sanciones a
educandos menores de edad, pues en ese escenario es obligación de la
institución educativa evaluar la pertinencia, naturaleza e intensidad de la sanción
disciplinaria, de cara al interés superior de los niños, las niñas y los
adolescentes, así como de su derecho fundamental a una educación integral y de
calidad.
5.7. En relación con la inconformidad
planteada por los accionantes en el sentido de que la institución educativa
solo sancionó a CAJC cuando había otros estudiantes involucrados con la
difusión de fotografías íntimas de sus compañeras –en el expediente aparecen
mencionados S y MG–, debe precisarse que la potestad disciplinaria de una institución
finaliza cuando se pone fin al contrato de prestación de servicios educativos.
El representante legal del
Colegio, durante la fase probatoria del trámite de revisión, señaló que en
desarrollo de la investigación se evidenció la participación de otro alumno (MG),
pero que antes de iniciar el Consejo de Disciplina fue retirado del plantel[164].
Frente al estudiante S, que es mencionado por CAJC como el receptor de las fotografías por él enviadas, pese a que
en ningún escrito del Colegio es mencionado, en el “Reporte
entregado por Vida Escolar”[165],
que describe la entrevista realiza al adolescente con ocasión del incidente del
envío de fotos íntimas de estudiantes, se lee: “Según dice el joven [CAJC],
la foto fue enviada en diciembre de 2016 a otro alumno que fue retirado por
los padres del colegio. La alumna A dice que la primera sospecha de la
difusión la tuvo el 9 de marzo de 2017 cuando el niño retirado le escribió un
mensaje diciendo que ella había enviado una foto”[166]
(negrillas fuera de texto). Lo anterior indica que S fue retirado de la
institución mucho antes de que iniciara la investigación.
5.8. La Sala observa que el derecho a la educación
de CAJC no se encuentra comprometido
toda vez que a raíz de la decisión del Juzgado Segundo Penal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien ordenó al Colegio
reintegrar al adolescente “con el derecho que le asiste de adelantarse en
las diversas asignaturas conforme al pensum académico del grado que en la
actualidad cursa”[167],
el joven ha estado escolarizado durante todo el trámite de la acción de tutela,
terminando el año escolar 2016-2017 y continuando con el 2017-2018 en el mismo Colegio.
Sin embargo, de no haberse presentado esta secuencia de hechos, tampoco se configuraría
la afectación del derecho a la educación toda vez que su ejercicio conlleva el
cumplimiento de deberes correlativos para con la institución y la comunidad
educativa, de forma tal que si estos no se acatan se justifica el ejercicio de
la potestad disciplinaria que, en todo caso, puede terminar con la aplicación
de una sanción de exclusión definitiva del plantel. Es decir, el derecho a la
educación no implica la garantía absoluta de permanencia del discente en un
establecimiento educativo, cuando este no acata su normativa.
5.9. No se observa que con la actuación adelantada
por el Colegio se hayan vulnerado los derechos al libre
desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y al buen
nombre y la honra de CAJC, pues, en razón de la
afectación de derechos fundamentales de varias estudiantes de la institución,
debido a la difusión inconsulta de sus fotografías íntimas, era necesario que
la institución educativa activara su potestad disciplinaria con la finalidad de
procurar una averiguación de los hechos mucho más rigurosa, en aras de
garantizar el derecho a la protección y a la formación integral de todos los
adolescentes que se vieron implicados, incluso del mismo CAJC.
No se afectó el derecho al libre desarrollo de la
personalidad porque el ejercicio de la libertad encuentra límites
infranqueables en el respeto de los derechos ajenos, y cuando esas fronteras
son traspasadas es esperable que se tengan consecuencias que es preciso asumir.
No se vulneró el derecho a la intimidad porque la intromisión de la institución
educativa en la esfera de privacidad personal y familiar de CAJC
no fue arbitraria, sino que se dio en el ámbito de su potestad disciplinaria y
dada la necesidad de garantizar el derecho a la protección y a la formación
integral de todos los adolescentes que se vieron involucrados y de restablecer
el orden al interior de la institución. Finalmente, no se violó el derecho al
buen nombre y a la honra porque no fue la institución educativa la que mancilló
la imagen del estudiante sino sus propias actuaciones, además no hubo difusión
de información falsa o inexacta, o que se tuviera derecho a mantener en
reserva, con la intención de causar menoscabo en la reputación y el prestigio
del adolescente.
5.10. La Sala tiene noticia de que la Fiscalía 502
Delegada ante los Jueces Penales Municipales de la Unidad de Responsabilidad
Penal para Adolescentes, según solicitud realizada por el Juzgado Segundo Penal
para Adolescentes con Función de Garantías de Bogotá, adelanta en la actualidad
indagación en relación con la noticia criminal No. 110016000020201725275, cuyos
datos son: presunto indiciado: CAJC; presuntas víctimas: IF
y otras; delito: pornografía con menores[168]. Por lo tanto, será dicha
autoridad quien en el marco de sus competencias constitucionales y legales
determine si en el caso concreto se cometió o no un delito.
5.11. La señora EMCG informó que el 21 de junio de 2017 se radicaron
sendas denuncias penales por amenazas en contra de SP,
ante la Fiscalía para la Infancia y la Adolescencia, y en contra de la señora
AM, madre de SP, ante la Fiscalía General de la Nación[169].
Al escrito de la denuncia realizada en contra del adolescente se anexó copia de
una nota adicional en donde se lee: “En el desarrollo de esta denuncia, el
viernes 16 de junio de 2017, SP y uno de sus amigos se acercaron a mi hijo a
pedirle perdón por los hechos ocurridos en los últimos meses. Mi hijo las
aceptó con toda espontaneidad”[170].
Señaló que al mes siguiente recibieron comunicación de la Fiscalía 360 Local -
Bienes, en la que se informaba el archivo de las diligencias adelantadas en el
radicado 110016000050201725432, por amenazas de SP y
otros, por conducta atípica, según resolución de fecha del 5 de julio de 2017[171].
También que en septiembre de 2017, recibieron comunicación de la Fiscalía 45
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito en la que se informaba la
decisión de archivo provisional de las diligencias adelantadas en el radicado
110016000050201724457[172].
Es decir, se demuestra que los hechos que vinculaban al adolescente SP con las amenazas impartidas a CAJC fueron conocidos por la autoridad
competente, quien se pronunció al respecto.
Pero más allá de las actuaciones
penales, resalta la Sala que los adolescentes SP y CAJC lograron
tramitar pacíficamente sus conflictos. Resta decir que según información
suministrada en el curso de la presente revisión, el joven SP se retiró del
Colegio finalizando el año escolar 2016-2017[173].
5.12. Esta época de avances tecnológicos
extraordinarios conlleva delicados retos para los directores de los
establecimientos educativos, sus profesores y los padres de familia, en
relación con la enseñanza y la promoción del uso
responsable y seguro de las redes sociales digitales por parte de las niñas, los niños y los
adolescentes. Al respecto, es importante un trabajo colaborativo
entre las instituciones y los padres de familia para alertar a los estudiantes
acerca de los posibles riesgos que implica el uso inadecuado de las tecnologías
de la comunicación y la información.
Por lo anterior, la Sala invitará al
Comité Escolar de Convivencia del Colegio, como órgano encargado de la
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a que programe una jornada de
reflexión con perspectiva de género, en donde se aborden temas referentes a (i)
el deber de respeto a la intimidad de las personas, (ii) el manejo de
las redes sociales, y (iii) los derechos y deberes de los estudiantes. Dicha
actividad constituirá un espacio importante para que el Colegio adelante un
procedimiento restaurativo que ofrezca una adecuada reparación a las
estudiantes afectadas y atenúe los efectos de las secuelas de la vulneración de
sus derechos a la intimidad, al buen nombre y a la dignidad humana. Además,
para restaurar los vínculos de los estudiantes involucrados en los hechos con
la comunidad educativa[174].
Las actividades restaurativas
son muy importantes cuando se presentan acontecimientos cuyas consecuencias se
proyectan en el tiempo de diversas maneras en el ámbito de la propia comunidad
educativa, afectando no solo el espacio relacional de los implicados. Por lo tanto, en el presente caso, que ha tenido proyecciones en toda
la comunidad del Colegio, un procedimiento de esta naturaleza debe verse como
una oportunidad de corregir prácticas, mejorar la convivencia escolar y
avanzar.
6. Conclusión
El Liceo no vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de CAJC, con ocasión del procedimiento disciplinario
adelantado por “uso malicioso de las redes sociales para
obtener o difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del
Liceo”, y que culminó con la decisión del Consejo de Disciplina de la
institución educativa de expulsarlo definitivamente a partir del 2 de mayo de
2017, primero, porque la falta atribuida y la sanción impuesta fueron
consecuentes con la normativa que regula la vida académica y disciplinaria del
Colegio; y, segundo, porque en la actuación se respetó el derecho de defensa y
contradicción, de forma tal que pudo conocer los hechos que se le atribuían y
la presunta falta endilgada, presentar pruebas, expresar su punto de vista,
conocer las razones de la decisión del Consejo de Disciplina e impugnar la
misma.
Tampoco vulneró el derecho a la educación toda vez
que la pérdida de la posibilidad de permanecer en el Colegio no obedeció a una
decisión arbitraria de sus autoridades, sino que fue consecuencia del
incumplimiento de los deberes correlativos para con la institución y la
comunidad educativa, debido a la difusión inconsulta de fotografías íntimas de
algunas estudiantes del planten, afectando, con ello, sus derechos a la
intimidad, al buen nombre y a la dignidad humana.
Finalmente, no vulneró los derechos al
libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y al
buen nombre y la honra de CAJC, pues, en razón de su
comportamiento, era necesario que la institución educativa activara su potestad
disciplinaria con la finalidad de procurar una averiguación de los hechos mucho
más rigurosa, en aras de garantizar el derecho a la protección y a la formación
integral de todos los adolescentes que se vieron implicados, incluso, del mismo
disciplinado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de
términos ordenada dentro del trámite de revisión mediante Auto del 6 de
diciembre de 2017.
SEGUNDO.- CONFIRMAR por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá el 21 de julio de 2017.
TERCERO.- INVITAR al Comité Escolar de Convivencia del
Colegio, como órgano encargado de la promoción y seguimiento a la convivencia
escolar, a que programe una jornada de reflexión con perspectiva de género, en
donde se aborden temas referentes a (i) el deber de respeto a la
intimidad de las personas, (ii) el manejo de las redes sociales, y (iii)
los derechos y deberes de los estudiantes.
CUARTO.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que suprima de toda
publicación del presente fallo, los nombres y los datos que permitan
identificar a los adolescentes y las familias involucradas. Igualmente, ordenar por Secretaría General al Juzgado
Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bogotá, que se encargue de salvaguardar la intimidad de los adolescentes
y sus familiares, manteniendo la reserva sobre el expediente.
QUINTO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] A folio 17 del cuaderno principal
obra copia del registro civil de CAJC con fecha de nacimiento del 20 de enero
de 2003, en el que indica que sus padres son ALJC y EMCG. En adelante, los folios a que se haga
referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra
cosa.
[2] La demanda y sus anexos obran a
folios 1 al 34.
[3] A folios 13 al 23 obra una impresión
de las imágenes de una conversación sostenida entre CAJC y SP vía chat, entre
el 22 y el 24 de marzo de 2017, además de la trascripción de los mensajes de
voz dejados por SP. En dichos documentos se puede identificar una actitud
amenazante de SP hacía CAJC al referirle en dos oportunidades que lo va “a
matar a puños” (folio 23). Los mensajes de voz pueden escucharse en el CD
obrante a folio 247.
[4] El mensaje enviado a parents-4e6@lfbogota.com el 29 de marzo de 2017, señala: “[…] La
clase 4e6 está actualmente en la tormenta debido a un asunto de difusión de
fotografías íntimas. || Estas fotos, obtenidas gracias a un juego de seducción
y manipulación, fueron difundidas vía ciertas aplicaciones sin consentimiento
de los autores lo que constituye un delito grave. || Las autoras se han vuelto
víctimas y el liceo va [a] tomar medidas disciplinarias fuertes para
protegerlas. || Les invito a hablar con sus hijos del asunto y dar confianza al
liceo para que resuelva el caso de [la] manera más objetiva posible” (folio
24).
[5] Copia del mensaje obra a folio 25.
[6] Folio 4.
[7] Ibídem.
[8] El mensaje se transcribe en la
demanda en los siguientes términos: “[…] Quiero solicitar a ustedes
reconsiderar la posibilidad de un consejo disciplinario para mí, ya que no lo
veo proporcionado ante el hecho de haber enviado una (1) foto de [MS] a un (1)
compañero. Reitero que yo no creé ningún grupo de mensajería para difundir
fotos. Yo no he participado activamente en el envío masivo de fotografías, que
si han hecho otras personas. En la clase hay grupos en los que participo, pero
no para enviar fotos. || No es justo que por faltas, como llevar licor al
colegio, no pase nada, o por hacer montajes de fotos en revistas de adultos de
las personas en cuestión, junto a burlas, su autor solo tenga dos días de
expulsión, y yo por lo anotado corra el riesgo de ser expulsado. || Yo propongo
que sea sancionado con una exclusión de unos días. Me comprometo a nunca más
difundir fotografías que puedan afectar a otras personas. A mejorar
notablemente mi rendimiento escolar. || Por otra parte les informo que yo le
pedí disculpas a [MS], nunca fue mi intención hacerla sentir mal. || CAJC. 4-6”
(folio 4). Copia del mensaje enviado vía correo electrónico obra a folio 26.
[9] El mensaje enviado por el
vicerrector al estudiante fue transcrito en la demanda en los siguientes
términos: “Debido a que [MG] está involucrado en el mismo problema no sería
justo de llevar (sic) un consejo para él y no para ti. || En el consejo
disciplinario se tratará de ver a que (sic) punto estás involucrado en el tema
pero la sentencia será proporcional a lo que se habrá medido. || Espero que sea
una buena oportunidad para pensar en los hechos, las responsabilidades que tú
tienes y para construir tu forma de ser aunque es un momento difícil de vivir
[…]” (folio 5). Copia del mensaje enviado vía correo electrónico obra a folio 26.
[10] Folio 27. Se narró que en la
revisión del expediente se encontró lo siguiente: “[…] era una carpeta con tres
documentos en francés, uno supuestamente académico de mis profesores, en el
cual el profesor de historia y el principal de mi clase, me describe como una
persona que actúa de manera solapada, que había obtenido las fotos con fines
perversos, que despreciaba las reglas del Liceo, manteniendo de forma solapada
actitudes virtuales malsanas, burlándome impunemente de la buena voluntad del
equipo pedagógico. Los demás profesores solo se refieren a mi comportamiento en
términos de capacidades y rendimiento académico. || El segundo documento era un
incompleto y sesgado resumen del caso. Dice que, en diciembre de 2016 [MG],
difundió una fotografía del torso desnudo mío y que yo le di un golpe al saber
que la había difundido por el chat del grupo de la clase (26 alumnos). Se
refiere a cómo fui sancionado con una advertencia y una exclusión de un día y
que el otro niño recibe solo una advertencia. Es decir, que la difusión de mi
foto no daba para expulsión. Allí se informa, también, que CAJC recibió una
foto de [IF] que […] difundió. Dice, así mismo, que en marzo los padres de las
niñas se acercan al colegio a informar la difusión de fotografías de las niñas.
Informan, además, que yo había creado –junto con [MG] – una red de difusión de
fotos de niñas desnudas. || El tercer documento, era un “pantallazo” de un chat
donde [MG] manifiesta que ‘CAJC Tiene las fotos’” (folio 6).
[11] Las cartas obran a folios 28 y 29.
[12] Los miembros asistentes fueron: el
rector, el vicerrector, el consejero de la vida escolar, la directora
financiera y administrativa, un profesor de historia de bachillerato, una
profesora de inglés de bachillerato, una profesora de primaria, la secretaria
de elemental, una madre de familia y dos menores delegadas de clase (folios 6 y
7). La sesión inició a las 9:45 a.m.
[13] Se narró ese momento en los
siguientes términos: “El vicerrector, durante 5 minutos, presentó el caso en
idioma francés y luego nos hizo retirar del salón. Siendo las 11:30 AM,
nuevamente ingresamos a la sala. El vice-rector afirmó que había “nuevas
informaciones” de gravedad, pero no dijo a cuáles se refería. Dijo, también,
que había muchas informaciones que se contradecían, la palabra de las niñas
contra la mía, pero tampoco supimos a qué se refería. En algún momento, durante
el interrogatorio que inquisidoramente se me formulaba, se solicitó cambiar su
desarrollo del francés al español. || Me pidieron narrar los hechos, interrogándome
con preguntas incisivas, sugestivas y auto incriminadoras, comentando mis
respuestas con afirmaciones que decían confirmar mi comportamiento “criminal”,
como si fuera un promotor de pornografía infantil. No se referían a las dos (2)
fotos que las niñas voluntariamente me habían entregado con el torso desnudo,
como lo habían hecho con otros niños, y que yo había compartido con mi amigo
[S] fuera de las instalaciones del Liceo; sino que afirmaban que solamente yo
había difundido maliciosamente  en internet las fotos de las niñas desnudas sin
su autorización, cometiendo un grave delito. || Al final asustado y confundido,
mis pensamientos quedaron bloqueados y no pude responder los cuestionamientos
que se me hacían. Ese silencio también fue interpretado en mi contra. || Entre
las muchas preguntas coordinadas por el profesor Morales y las respuestas que
yo daba, se me acusaba de ser incongruente por plantear que el colegio no había
sido justo cuando se difundió mi foto con el torso desnudo, desestimando que en
ese caso yo hubiese sido víctima. […] || Mis padres, cuando se les permitió
hablar, pusieron de manifiesto que yo nunca había tenido faltas graves de
disciplina, que era consciente del error, solicitando mantenerme en el colegio,
dadas las implicaciones para quien llevaba 11 de mis 14 años de vida en el
colegio. Reiterando que a pesar de mis errores y equivocaciones hay una
estructura familiar que es la garantía de que yo asumiré mis responsabilidades
ciudadanas. Que consideraban que debería haber una sanción pero no la expulsión
definitiva. Que ante la posible salida del colegio se estaría quebrando mi
futuro y el de nuestra familia. || Nos piden abandonar el salón. Después de 4
minutos de deliberación somos llamados y el rector da el veredicto: exclusión definitiva,
permitiéndome apelar ante el embajador de Francia Colombia, antes de que
pasaran 8 días calendario” (folio 7). El documento obra a folios 30 y 31.
[14] Copia del escrito de apelación
enviado vía correo electrónico obra a folio 33, y a folio 34 aparece respuesta
de la embajada de Francia suscrita por CM, en la que los cita a una reunión en
el Liceo con el consejero cultural, el señor CC, para el 15 de mayo.
[15] Copia de los respectivos mensajes
enviados vía correo electrónico obra a folio 32.
[16] El auto obra a folio 36.
[17] A folios 50 y 51 obra el certificado
de existencia y representación legal.
[18] La respuesta y sus anexos obran a
folios 45 al 205.
[19] Folios 45 (reverso) al 47 (reverso).
[20] Folios 57 y 58.
[21] Folios 53 al
[22] Folios 59 y 60.
[23] Folios 61 al 72.
[24] Folio 73. En el documento se lee:
“[…] Ustedes solicitaron la intervención del Embajador de Francia sobre la
decisión del Consejo de disciplina del Liceo […] relativa a su hijo CAJC. || El
embajador me pidió recibirlos en el marco de una conciliación que yo efectúe el
15 de mayo en presencia de representantes de la administración del liceo. ||
Luego de haber escuchado a las partes y en vista que no se aportó ningún
elemento nuevo durante esta reunión, les confirmo la decisión del liceo. ||
Lamento esta situación y pedí específicamente al Rector que les facilite las
condiciones de recepción de su hijo en un nuevo establecimiento”. Firma el
consejero cultural de la embajada de Francia.
[25] Folio 74.
[26] Folio 76.
[27] Doctora Heyby Poveda Ferro.
[28] La respuesta obra a folios 78 al 80.
[29] Invocó como fundamento normativo la
competencia atribuida por el artículo 195 de la Ley 115 de 1994 “Por la cual se
expide la ley general de educación”.
[30] Doctora Margarita María Ruiz Ortegón. A folio 84 obra el poder
otorgado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, doctora Martha Lucía
Trujillo Calderón.
[31] La respuesta obra a folios 81 al 83. Se anexó
el Manual de Convivencia del Liceo (folios 87 al 183) y el Reglamento Interno (folios 184 al 203).
[32] Folio 219.
[33] Folio 220. El informe completo obra
a folios 220 al 223, al cual se anexó copia de la certificación otorgada por el
vicerrector del Colegio en la que se indica que debido a inconvenientes con
alumnos, la familia de CAJC decidió retirarlo del establecimiento (folio 224),
paz y salvo con la institución (folio 225) y certificado de las calificaciones
del estudiante de los grados 5º al 7º (folio 226).
[34] Apoyó sus argumentos en la Sentencia T-917 de 2006 que estudia
el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario en las instituciones
educativas, precisando que en el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta:
“(i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii)
el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales
y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter
preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición
de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la
obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su
permanencia en el sistema educativo”.
[35] Folio 210.
[36] Folio 237.
[37] El escrito obra a folios 237 al 244.
[38] Folio 242.
[39] Al respecto hace transcripción de los audios contenidos en el CD
obrante a folio 43 del cuaderno de impugnación. “AUD-1 Abril 30/17 || Voz
femenina 1: || Ella va a decir que en diciembre tú le dijiste… jugaron verdad o
reto hot y que ella se imaginaba que hot era otra cosa que no era de fotos, y
después que ella dijo reto y que tú le pediste foto en brasier y ella dijo
bueno… y te la mandó, y a ella no le pareció que le habías tomado screen shot y
ella como bueno, puedo confiar en él, y después digamos como todo… como al… si
dos días después o algo así, le pediste sin brasier y ella dijo como no, y le
seguiste insistiendo e insistiendo, como dos o tres veces, días, y ella como
bueno, como no le tomó screen shot a la primera yo puedo confiar en él,
entonces te la mandó, tampoco le pareció que le habías tomado screen shot, eh…
y pues como que te mandó como una semana fotos, pero después y ya paró. Y como
en los dos meses no salió las fotos nada… si… bueno, yo puedo confiar mucho en
este man. Y después salieron las de Manu y Mafe y salieron las de ella y se dio
cuenta que si le habías tomado screen shot y ya” (folio 13 ibíd.).
“AUD-2 Abril 30/17 || Voz femenina 1: || Que mira que es mejor para los dos y
más conveniente si dicen que solo hay dos fotos, una con brasier y una sin
brasier, y ya, no más, solo dos” (folio 13 ibíd.). “AUD-3 Abril 30/17 ||
Voz femenina 2: || No sé, soy, soy soy [MP, una de las niñas implicadas] Ok? La
verdad para mí creo que eso es lo más conveniente, en serio, para los dos y que
tú digas que estás muy arrepentido y eso, pero en serio te aseguro que a ti no
te van a echar, solo a [MG], pero [MG] hizo algo
bien que fue salirse antes de que lo echaran porque él ya sabía que lo iban a
echar, pero a ti no te van a echar porque lo que él hizo estuvo más grave, como
amenazar a Manu y eso y es más él lo negaba todo, y tú aunque sea… me pediste
perdón aunque sea, el man como que no le importó y el intentó echarnos la culpa
a nosotros a nosotras, perdón, porque decía que… || Voz femenina 1: || Pero
también depende de lo que Mati diga en el consejo. || Voz femenina 2: || Si
pero es que, o sea como… lo que yo dije es la verdad, pero no lo dije como…,
como tan terrible, eso es lo mejor como decir como que tú me insististe y
decías que no pasaba nada, que eso era normal, que eso todo el mundo lo hacía,
hasta que me convenciste y yo te la mandé y ya, y que solo hay dos fotos”
(folio 14 ibíd.).
[40] El escrito obra a folios 12 al 19 del cuaderno de impugnación.
[41] Folio 54 del cuaderno de
impugnación.
[42] Folio 211. A folios 58 al 60 del cuaderno de impugnación puede consultarse
el informe suscrito por el Jefe
de Protección a la Infancia y la Adolescencia - MEBOG, capitán Luis Carlos
Urrego Rodríguez, en el que se indica que se realizó el despliegue del programa
“Abre tus ojos” mediante una capacitación pedagógica a los estudiantes del
grado séptimo, sobre el buen uso de las redes sociales y el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006).
[43] Folio 68 (reverso) del cuaderno de impugnación.
[44] Ibídem. La sentencia señaló: “En síntesis, en el caso sub
examine el Colegio siguió el procedimiento previamente establecido para
sancionar al accionante, pues consideró que su conducta afectó de manera grave
los deberes que adquirió al suscribirse al contrato educativo ofrecido,
imponiéndole así una sanción prevista en su reglamento interno, y que obedece
al grado de transgresión efectiva que produjo su actuar” (folio 69, reverso).
[45] Folio 11.
[46] Folios 19 y 20 del cuaderno de revisión.
[47] Folio 20 del cuaderno de revisión.
[48] Folio 22 del cuaderno de revisión.
[49] Folios 23 y 24 del cuaderno de
revisión.
[50] El escrito obra a folios 34 al 41 del expediente de revisión.
[51] Precisó: “[…] el liceo ha prestado apoyo por parte de la
psicóloga de bachillerato. Vale señalar que la función de la psicóloga es
colaborar en el proceso de aprendizaje, y que ella no realiza terapias a
nuestros alumnos. Estas son asumidas y dirigidas por los padres. Nuestra
psicóloga es el enlace entre esas alternativas de los padres, con el colegio de
forma que se armonice el proceso educativo” (folio 36 del expediente de
revisión).
[52] Folio 35 del cuaderno de revisión.
[53] Folio 36 del cuaderno de revisión.
[54] Folio 38 del cuaderno de revisión.
[55] Folio 41 del cuaderno de revisión.
[56] El escrito, obrante a folios 42 y 43 del expediente de revisión,
también aparece suscrito por el padre de CAJC, ALJC, quien
no es parte en la acción de tutela. Se anexa el boletín de notas del primer trimestre del año
escolar 2017-2018 (folio 71).
[57] Folios 47 al 53 y 68. Al escrito de denuncia se anexaron los
siguientes documentos: la
impresión de las imágenes de una conversación sostenida entre CAJC y SP vía
chat, entre el 22 y el 24 de marzo de 3017 (folios 55 al 59), además de la
trascripción de los mensajes de voz dejados por SP en dicha conversación de
chat (folios 61 y 62). En el CD que aparece a folio 60 se reproducen los
mensajes. En dichos documentos se puede identificar una actitud amenazante de
SP hacía CAJC al referirle en dos oportunidades que lo va “a matar a puños”. La
transcripción de una conversación telefónica sostenida entre LP, padre de MFP,
y EMCG el 15 de mayo de 2017 (folios 63 al 65). Y copia de una nota adicional a
la denuncia en el siguiente sentido: “En el desarrollo de esta denuncia, el
viernes 16 de junio de 2017, SP y uno de sus amigos se acercaron a mi hijo a
pedirle perdón por los hechos ocurridos en los últimos meses. Mi hijo las
aceptó con toda espontaneidad” (folio 66).
[58] El oficio con fecha del 17 de junio
de 2017, obra a folio 69 del
cuaderno de revisión.
[59] El oficio con fecha del 19 de
septiembre de 2017, obra a folio 70
del cuaderno de revisión
[60] Doctora Andrea del Pilar Rojas Buendía.
[61] La comunicación obra a folios 83 al 85 del cuaderno de revisión.
[62] Folio 84 del cuaderno de revisión.
[63] Folios 86 y 87 del cuaderno de revisión.
[64] El escrito, obrante a folios 97 102 del expediente de revisión,
también aparece suscrito por el padre de CAJC, ALJC, quien
no es parte en la acción de tutela.
[65] Para explicar este punto transcribe apartes de la comunicación
dirigida por el rector del liceo al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Bogotá, con fecha del 14 de junio de 2017, a
través de la cual se expresa: “[…] el Liceo por medio de la suscrita declara
que se ha acatado la orden del Honorable despacho así ha procedido a: || a)
Recibir al joven [CAJC] desde el lunes 12 de junio de 2017 desde la 1:30 p.m.
|| b) Se previno a los auxiliares de educación a estar atentos a cualquier
situación que se presente por el reintegro del alumno. || c) Se ha prevenido
tanto a alumnos y profesores del curso, como a los padres del reintegro del
joven [CAJC]” (folio 99 del cuaderno de revisión). Además
transcribe el mensaje institucional enviado a través de correo electrónico a
los padres de 4e6, con fecha del 11 de junio de 2017, en el que son informados
sobre el cumplimiento del fallo: “[…] Consideramos muy importante informarles
que el día viernes a fin de la tarde hemos sido notificados del fallo de tutela
del Juzgado Segundo (2) Penal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Bogotá D.C. ordenando al Liceo recibir por lo que queda del año
escolar al alumno [CAJC] a partir del día lunes 12 de junio de 2017 a partir de
la 1.30 pm. || El liceo acata íntegramente la orden de la autoridad colombiana
y hará sus mejores esfuerzos para garantizar la seguridad e integridad de los
alumnos, y por colaborar en los procesos que las autoridades nos demanden y que
se iniciarán en cumplimiento de esa sentencia. || Aunque estaremos presentes el
lunes 12 de junio de 2017 para explicarles a los alumnos la situación, consideramos
fundamental su apoyo en casa”, firma [MC], proviseur (folio 99 del cuaderno de
revisión).
[66] Folio 100 del expediente de revisión.
[67] Ibídem.
[68] Folio 101 del cuaderno de revisión.
[69] Ibídem.
[70] Ibídem
[71] Coronel Hernán Alonso Meneses Gelves.
[72] “Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[73] Corte Constitucional, Sentencias
T-459 de 1992, T-341 de 1993, T-079 de 1994, T-293 de 1994, T-174 de 1995,
T-456 de 1995, T-409 de 1998, T-182 de 1999, T-335 de 2001, T-1220 de 2003,
T-895 de 2011, T-470 de 2015, entre otras.
[74] Folio 185. El capítulo 1 “Aspectos
generales” del Manual de Convivencia institucional, ítem 1.2., establece que
“[e]l Liceo […] es un establecimiento privado, regido por la [ACFE], el cual a
su vez tiene un acuerdo pedagógico y administrativo con la AEFE” (folio 97).
[75] En este sentido, puede consultarse Corte
Constitucional, Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-905
de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-825 de 2007,  T-243
de 2008,  T-299 de 2009, T-265 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-328 de
2010, entre muchas otras.
[76] Si bien en el expediente no obra la
fecha de presentación de la acción de tutela, a folio 35 obra el acta
individual de reparto al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Bogotá, con fecha del 24 de mayo de 2017.
[77] En este acápite se sigue en parte la
ruta trazada por la Sentencia T-478 de 2015 en la que la Sala Quinta de
Revisión concluyó que el Colegio Gimnasio Castillo Campestre violó los derechos
fundamentales de Alba Lucía Reyes Arenas y su hijo Sergio Urrego al debido
proceso, al buen nombre y a la igualdad, al adelantar un proceso disciplinario
por el supuesto incumplimiento del Manual de Convivencia institucional en
atención a las manifestaciones de amor del joven con otro compañero de curso,
que presentó diversas irregularidades en su ejecución, lesionando el libre
desarrollo de la personalidad, el buen nombre y la intimidad del hijo de la
peticionaria. En esa oportunidad, la Sala advirtió que las fallas presentadas
en el procedimiento terminaron por constituirse en una forma de acoso escolar
contra el joven, que pudieron haber incidido en la decisión que tomó de acabar
con su vida.
[78] Concretamente en la Sentencia T-02
de 1992 la Sala Cuarta de Revisión consideró que el derecho a la educación de
toda persona es fundamental (en especial, de todo niño y toda niña), tanto por
el hecho de que así lo establece textualmente el artículo 44 de la Constitución
Política, como porque en tal sentido ha sido desarrollado internacionalmente y
porque se trata de un derecho esencial o inherente a la dignidad de toda
persona. Para la Corte, el conocimiento es inseparable a la naturaleza del ser humano,
es de su esencia; hace parte de su dignidad; es un punto de partida para lograr
el desarrollo de su personalidad, es decir, para ser fin en sí mismo. Sostuvo
que la educación ocupa un lugar primordial en la vida de toda persona y “logra
que permanezca en un constante deseo de realización”.
[79] El artículo 87 de la Ley 115 de
1994. “Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos educativos
tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los
derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los
educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus
hijos, estarán aceptando el mismo”.
[80] El artículo 67 de la Constitución
Política consagra: “La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura. || La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. || El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica. || La educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos. || Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo. || La Nación y las entidades territoriales participarán en
la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales,
en los términos que señalen la Constitución y la ley”.
[81] En la Sentencia
T-625 de 2013 correspondió a la Sala Séptima de Revisión estudiar el caso de un
joven al que la institución educativa (Instituto Agrícola de Marsella) le negó
el reingreso cuando iba a cursar grado 11º, y en esta medida la posibilidad de
obtener el título de bachiller académico, aduciendo que no acreditó los
requisitos para el ingreso ya que, en primer lugar, no cumplió con la
intensidad horaria requerida para el desarrollo de los programas de la
Institución, porque el grado 10º fue culminado en otra modalidad de estudio
diferente, como lo es el bachillerato rural, y, en segundo lugar, debido a que
transgredió las normas contenidas en el Manual de Convivencia del plantel por
la reiterada ejecución de faltas disciplinarias y de conducta. La Sala tuteló
los derechos a la educación y al debido proceso del estudiante al comprobar que
el Instituto infringió las garantías constitucionales del debido proceso
contenidas en el artículo 29 constitucional y se extralimitó en el ejercicio de
su autonomía por las siguientes razones: “(i) no notificó al estudiante y su
progenitora de la imposición de la sanción, (i) coartó el derecho de defensa y
contradicción para que éste desvirtuara los hechos imputados en su contra y
(iii) restringió el principio de legalidad, debido a que sus actuaciones no
estuvieron subordinadas a lo preceptuado y regulado previamente en la
Constitución, las leyes y el Manual de Convivencia”. No obstante lo anterior,
declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, debido a que para el
momento de decidirse el asunto el joven ya se encontraba estudiando en otro
plantel educativo. En esa oportunidad se abordó el estudio de la educación como
deber bajo el análisis del papel de las instituciones educativas, los docentes,
el Estado, la familia y el estudiante. En relación con los deberes del
estudiante señaló: “El derecho a la educación implica deberes académicos y
disciplinarios a  cargo de los estudiantes, consagrados en el Manual de
Convivencia.  Así, su quebrantamiento permite al plantel educativo imponer las
sanciones correctivas a las que haya lugar, bajo la observancia y respeto  del
debido proceso, la ley y la constitución. || Este reglamento, debe definir los
derechos y obligaciones de los estudiantes y el procedimiento que debe seguir
el establecimiento  educativo para imponer sanciones y amonestaciones a estos”.
Tanto en la referida sentencia como en la T-465 de 2010 se analizó el tema de
la limitación a la autonomía de las instituciones educativas, en esta última,
particularmente, en relación con las universidades.
[82] Artículo 29 de la Constitución
Política: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas. || Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. || En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. || Toda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. || Es nula, de
pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
[83] En efecto, la segunda sentencia
dictada por la Corte Constitucional, la Sentencia T-02 de 1992, decidió que una
entidad educativa (Universidad Tecnológica de Pereira) no violaba el derecho a
la educación de una persona cuando le afecta la posibilidad de continuar sus
estudios, debido a que no ha cumplido los requisitos legítimamente establecidos
para poder continuar inscrito en un programa. Para la Corte Constitucional en
este caso se había impuesto una restricción legítima, con base en el
reglamento, al ejercicio del derecho a la educación de una persona, sin que
este supusiera una extinción del mismo. La Sentencia T-02 de 1992 ha sido
reiterada por distintas salas de revisión desde ese momento hasta la
actualidad. En efecto, al poco tiempo, la Sentencia T-420 de 1992 decidió que
el Rector de una institución educativa (el Liceo Departamental Integrado San
Francisco de Asís de Liborina, Antioquia) había quebrantado  “[…] el derecho
fundamental de la educación, por cuanto impidió el ingreso  de la estudiante al
mencionado plantel educativo, aduciendo argumentos de orden moral y más
exactamente, que no es permitido por el Liceo recibir madres solteras, sin
haber agotado con antelación los procedimientos legales”. Dentro de las varias
sentencias que han seguido la línea trazada por la Sentencia T-02 de 1992,
también pueden verse, entre otras, las Sentencias T-442 de 1998, en donde se
estudió un caso en el que se consideró que un colegio no había violado el
derecho de una niña de 7° grado que no había cumplido con los requisitos para
continuar en el colegio; T-675 de 2002, a través de la cual se estudió un caso
en el que se consideró que una institución violaba el derecho a la educación al
impedir la terminación del bachillerato en las jornadas sabatinas; T-694 de
2002, en la que se consideró que un Colegio no había violado el derecho de un
estudiante al no renovarle la matrícula para 10° grado, porque no había
cumplido los requisitos para continuar; T-918 de 2004, mediante la cual se
resolvió dejar sin efecto una sanción impuesta por una institución educativa y
se ordenó que se rehiciera el proceso disciplinario; T-041 de 2009, en la que
se decidió que una Universidad no podía impedir un grado, como manera de
presionar el pago de pensiones atrasadas, porque era una forma ilegítima de
cobrar una deuda legítima, y T-713 de 2010, a través de la cual se estudió el
caso de un joven que estaba siendo investigado por el Colegio debido a la
creación de un grupo en la red social facebook, para pedir el cambio de la
rectora del colegio, decidiendo conceder la tutela del derecho a la educación
como medio para prevenir una amenaza a sus derechos fundamentales, dado que
había un margen de duda razonable acerca de la existencia de amenazas y
coacciones ilegítimas sobre el menor por parte de la institución educativa, con
fundamento en las eventuales sanciones que se le impondrían.
[84] Un antecedente de las reglas fijadas
para la efectividad del derecho al debido proceso dentro de los procedimientos
sancionatorios aplicados por las instituciones educativas, puede encontrarse en
la Sentencia T-301 de 1996. En esa ocasión correspondió a la Sala Tercera de
Revisión estudiar el caso de un estudiante de la Facultad de Odontología que
fue sancionado por la institución universitaria (Pontificia Universidad
Javeriana) con la exclusión por dos años del postgrado en Rehabilitación Oral.
Concluyó acerca de las fallas constitutivas de lesión a los derechos fundamentales
dentro del proceso disciplinario, lo siguiente: “(1) si bien es cierto que
Guerra Morales pudo haber conocido y controvertido los hechos que se le
imputaban –la atención irregular de dos
pacientes en su consultorio particular–, desde
el punto de vista jurídico la Universidad nunca informó al estudiante respecto
de la calificación provisional de los mismos, ni sobre las sanciones a que
podrían dar lugar; (2) los actos a través de los cuales se impusieron las
sanciones estudiadas, no señalaron los recursos que cabían en su contra; y, (3)
no existió claridad acerca de cuáles eran las autoridades encargadas de imponer
las sanciones ni de las instancias ante quienes podía ejercerse el derecho de
defensa e interponerse los recursos pertinentes”.
[85] La Sentencia
T-500 de 1992 revisó el caso de un estudiante de un colegio al que le fue
negada la matrícula para su último año de bachillerato por porte de armas en la
institución educativa aun cuando había aprobado el año anterior. La Corte
determinó que el estudiante sí había incurrido en una falta disciplinaria al
portar un arma en la institución educativa. Sin embargo, se encontró una
vulneración al debido proceso del estudiante por lo que la Corte decidió
conceder la tutela. Sobre el debido proceso en
instituciones educativas en materia disciplinaria dijo: “Con miras a
desarrollar esa garantía debe partirse del principio general de la legalidad de
la falta y de la sanción a ella correspondiente, esto es, de la previa y
precisa determinación que todo establecimiento educativo debe hacer en su
reglamento interno de los hechos u omisiones que contravienen el orden o el
régimen disciplinario y de las sanciones que, de acuerdo con la gravedad de las
informaciones, puedan imponerse. || El mismo reglamento debe contemplar
los pasos que habrán de seguirse con antelación a cualquier decisión
sancionatoria. Si bien no tan rigurosos y formales como en los procesos
judiciales, los trámites que anteceden a la imposición del castigo deben
hallarse consagrados en dicho régimen y en ellos asegurarse que el estudiante
goce de una oportunidad adecuada y razonable de defensa”.
[86] En cuanto a la tipicidad en materia
disciplinaria en las instituciones educativas se tiene que las reglas que
regulen las conductas que estipulen sanciones disciplinarias deben consagrar
expresamente las actuaciones y omisiones que constituyan una falta
disciplinaria. Si bien, como ya se ha expuesto, el derecho disciplinario
permite la prescripción de tipos abiertos que se encuentran complementados con
los deberes que las mismas reglas disciplinarias establecen, la determinación
de las faltas disciplinarias debe contener un grado de especificidad tal que
permita identificar de manera clara la conducta prohibida. Sin olvidar que la
rigurosidad que se requiere en el derecho disciplinario no es plenamente
exigible en el contexto de las instituciones educativas.
[87] En la Sentencia
T-459 de 1997 se estudió el caso de un estudiante a quien no se le renovó la
matrícula por un comportamiento reiterado de fallas (faltas injustificadas,
retrasos, posible hurto). El estudiante interpuso acción de tutela pues
consideraba que se le había vulnerado su derecho al debido proceso. La Sala
Tercera de Revisión determinó que la institución académica había vulnerado el
derecho al debido proceso al no cumplir con las instancias que se encontraban
previstas en su manual de convivencia y decidió tutelar el derecho.
[88] En la Sentencia
T-437 de 2005 se estudió el caso de un menor que fue expulsado del colegio
faltando un mes para terminar el año escolar por comportamiento agresivo ya que
se encontró involucrado en un acto violento contra otro compañero. El tutelante
consideraba que se le había vulnerado su derecho al debido proceso con la
expulsión intempestiva. La Sala Novena de Revisión además de reiterar lo
afirmado anteriormente por su jurisprudencia también estableció que en los
procesos disciplinarios para respetar el debido proceso las sanciones debían
ser razonables, proporcionales y necesarias y los trámites sancionatorios
debían tener en cuenta factores como el contexto en el que sucedió la falta. Al
respecto señaló: “No sobra advertir que hace también parte del debido proceso
el hecho de que las sanciones sean razonables, proporcionales y necesarias, es
decir, persigan un fin constitucionalmente legítimo, acorde a la conducta que
se reprime teniendo en cuenta los bienes jurídico constitucionales que están de
por medio, e imperiosa frente a las faltas que se cometen, esto es, que la
conducta del estudiante sea tal que impida la convivencia, de modo que no
admitiera otra respuesta que la sanción impuesta. Sólo de cumplirse estas
condiciones, el derecho a la educación no se vería afectado. || Se hace
necesario aclarar que para casos concretos en donde están implicados los niños,
los principios del artículo 29 deben ser armonizados con el artículo 44 de la
misma Constitución, y las normas del bloque de constitucionalidad relacionadas,
pues como lo ha destacado recientemente esta Sala en la Sentencia T-251 de 2005,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández: ‘el derecho al debido proceso de que son
titulares los niños y adolescentes que se encuentran matriculados en un plantel
educativo público, no puede ser entendido simplemente en términos de la
existencia de unas conductas prohibidas y unos pasos e instancias que es
preciso agotar para la imposición de unas sanciones que, según el caso, pueden
ir desde simples llamados de atención hasta la expulsión del colegio. En
efecto, el sometimiento de un menor de edad a un trámite sancionatorio
académico no puede ser ajeno a factores tales como (i) la edad del infractor, y
por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeo la
comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno;
(iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del
colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle
al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado
de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo. En
otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un régimen
sancionatorio, no pueden actuar de manera mecánica, sin preguntarse al menos
¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?; ¿se trata de un
hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un grave problema
estructural que aqueja a la institución educativa que se dirige?; dado el
contexto socioeconómico en que se desenvuelve el estudiante, la imposición de
la sanción ¿truncará definitivamente su posibilidad de continuar con sus
estudios?, en otras palabras, la sanción a imponer ¿constituye realmente la
mejor respuesta que un sistema educativo puede dar frente a unos determinados
hechos que afectan de manera grave la convivencia escolar?’”.
[89] En esa oportunidad, respecto al
debido proceso en los colegios se planteó: “Las faltas y procedimientos
disciplinarios constituyen uno de los temas fundamentales cuya regulación
corresponde a los manuales de convivencia. Si bien el ejercicio de las
potestades sancionatorias de los colegios está amparado por la autonomía antes
mencionada, la cual les permite aplicar un grado considerable de
discrecionalidad a la hora de juzgar las faltas cometidas por los estudiantes e
imponer las sanciones que correspondan, éste se encuentra sometido a las
garantías que comporta el derecho fundamental al debido proceso (C.P., artículo
29). La jurisprudencia constitucional sobre esta materia ha señalado que los
procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas deben garantizar
el derecho de defensa de la persona a quien se impute la comisión de una
determinada falta, razón por la cual los reglamentos deben contener como mínimo
(1) la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas
y, (2) el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción”.
[90] En la Sentencia T-243 de 1999 la
Sala Sexta de Revisión señaló: “[…] el deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista
disciplinario, en respetar el reglamento y observar una conducta acorde con las
pautas de comportamiento y costumbres aceptadas por la mayoría de la comunidad,
situación que en el caso de la menor accionante no se desconoció, pues en
ningún momento fue incumplido el manual de convivencia ni se observaron
conductas merecedoras de sanción. En todo caso, se reitera, si el colegio
pretendía hacer efectiva una sanción disciplinaria debería haber adelantado un
proceso, en los términos establecidos en el reglamento interno del Colegio o
Manual de Convivencia”.
[91] En la Sentencia T-307 de 2000 la
Sala Quinta de Revisión planteó: “[…] la sanción no fue impuesta por el órgano
competente –que era el Comité Directivo y no el Comité Operativo ni el Rector–,
tampoco se nombró la comisión investigadora, por lo que tampoco se presentó el
respectivo informe y, según se acaba de decir, después de oído el estudiante
–no se hizo ninguna referencia acerca de las razones aducidas por éste–,
simplemente se le informó la decisión adoptada”.
[92] En la Sentencia T-022 de 2003 la
Sala Sexta de Revisión dijo: “Salta a la vista que se violó el debido proceso
porque la sanción se impuso por autoridad que no es la competente, se le
restringió el derecho de recurrir al alumno y no se consideró la reclamación de
la acudiente, pese a haber sido formulada en término”.
[93] Cambiando los nombres originales, la
Sala narró los hechos de la siguiente manera: “Hacia las 9:30 de la noche del 6
de junio, luego de que el curso 903 del Colegio, asistiera al desierto de la
Tatacoa y después de retirarse a sus habitaciones, se suscitó un incidente en
un pasillo, con el grupo de 15 alumnos que se hospedaba en una de las
habitaciones del hogar religioso de paso que les servía de albergue. || Cuenta
la madre del menor SP que éste fue derribado al suelo por iniciativa de su
compañero de clase Esteban; mientras sus otros compañeros Jorge y Andrés lo
sostenían por los pies, para tratar de despojarlo de las prendas de vestir con
que cubría la parte inferior de su cuerpo, el menor Esteban le bajaba sus
pantalones e instó a otros de sus compañeros para que utilizaran las cosquillas
con el fin de lograr que el adolescente agredido soltara las piezas que
sostenía para tratar de resistir quedar al desnudo, hecho que finalmente no
pudo evitar y tuvo que girar su cuerpo boca abajo pretendiendo cubrir sus
genitales. || En tal posición de indefensión le fueron arrojadas por Daniel
uvas sobre la cola y otros de los participantes, intentaron aplastárselas con
los pies, entre tanto los hechos eran filmados por el joven, también menor de
edad, José. || El incidente se interrumpió gracias a que alguien alertó la
presencia de un profesor y los participantes se dispersaron tratando de ocultar
los hechos y la víctima. Adicionalmente, una señora del servicio doméstico, de
nombre Marta quien escuchó el llanto del joven SP, alertó a la profesora
Lilian, quien acudió inmediatamente para apersonarse de los hechos”.
[94] La Sala presentó en la sentencia las
ordenes que adoptó en los siguientes términos: “De acuerdo a lo anterior la
Corte ordenará al Colegio: i) que en el evento en que los tratos lesivos para la dignidad del
menor víctima de los hechos se estén proyectando en su contra, como por ejemplo
debido a la ventilación pública de los hechos, su estigmatización o la burla
por parte de miembros de la comunidad, deberá tomar medidas para que éstos
cesen; ii) tales medidas pueden comprender un tipo de proceso restaurativo de
lazos comunitarios a condición de que a) el menor afectado así lo acepte de
manera autónoma, expresa e informada; y b) alguno de los menores disciplinados
vuelva a ser o haya seguido siendo parte de la comunidad educativa; iii)
tutelar el derecho al debido proceso de los menores en nombre de quienes se
instauró la acción de tutela y en consecuencia en el evento en que los menores
implicados deseen regresar al colegio éste no podrá negarse a matricularlos.
Sin embargo, podrá volver a realizar el proceso disciplinario respetando las
garantías del debido proceso y la consecuencia de dicho proceso puede consistir
en cualquiera de las sanciones previstas en el Manual de Convivencia, incluida
la más severa; iv) dejar sin efectos la no renovación de la matrícula de los
menores por no haber respetado el derecho al debido proceso; v) en aras de
garantizar la continuidad de la educación de los menores se ordenará a la
Secretaría de Educación del Municipio que en el evento en que los menores no quieran
regresar al Colegio se les mantenga el cupo en las instituciones
educativas en donde se encuentran estudiando de manera provisional, o en otro
establecimiento educativo diferente; vi) advertir al Colegio que deberá
corregir su Manual de Convivencia en el sentido de determinar con claridad
cuáles son las conductas que constituyen una falta disciplinaria. Lo anterior
en el entendido de que de su lectura debe poderse determinar cuáles son las
características esenciales del comportamiento que será sancionado
disciplinariamente; y vii) abstenerse de mencionar en el texto de esta providencia,
el nombre de los menores involucrados en los hechos del presente asunto, con el
fin de salvaguardar su intimidad. Igualmente, y con el propósito de garantizar
mayor sigilo al respecto, en las reproducciones que se hagan del presente
texto, salvo en las destinadas a las partes y a las autoridades vinculadas,
deberán omitirse los nombres de la institución demandada y de las demás
personas relacionadas con los hechos del caso”.
[95] La sanción del joven accionante era
la cancelación de la
matrícula y la expulsión del CES por un período de 20 años, mientras que la de
los demás era matrícula condicional durante el resto de la carrera y suspensión
temporal de la matrícula por un periodo que oscilaba entre un año y 6 meses.
[96] Corte Constitucional, Sentencia
T-625 de 2013.
[97] Según lo describe la página de Snap
Inc., en el apartado referido a “Tu privacidad es importante”, se precisa:
“Desde el principio, nuestro modo de tratar tu información fue muy diferente al
de otras empresas de tecnología. Nosotros no acumulamos tus comunicaciones
privadas, y no mostramos a tus amigos una historia continua de todo lo que
publicaste alguna vez. Creemos que esto hace que la aplicación Snapchat no se
considere tanto como un registro permanente, sino como una conversación con
amigos”. Consultado en https://www.snap.com/es/privacy/privacy-center/ (marzo de 2017). Sin embargo,
también aclara en el apartado de “Cómo abordamos tu privacidad”, lo siguiente:
“[a]l igual que cuando hablas con otra persona por teléfono, conversar mediante
Snaps y Chats te permite expresar lo que se te ocurre en el momento, sin
crear automáticamente un registro permanente de cada cosa que dijiste en tu
vida. Claro que también puedes optar por guardar un Snap antes de enviarlo
y quien lo recibe puede hacer un screenshot. Además, puedes guardar un
mensaje de chat manteniendo pulsado sobre él. Con Snapchat es más fácil guardar
lo importante y descartar lo demás” (negrillas fuera de texto). Consultado en https://www.snap.com/es/privacy/our-approach/ (marzo de 2017).
[98] Folios 2 y 3. En la demanda el
joven reconoce que sí recibió una fotografía de IF, la cual guardó en su
celular, pero que no fue él quien la compartió sino que quien lo hizo fue un
amigo suyo que tomó su celular sin consultarle.
[99] El artículo 2º de la Ley 1620 de
2013 define el ciberbullying o ciberacoso escolar como una “[f]orma de
intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (internet, redes
sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer maltrato
psicológico y continuado”.
[100] Un estudio del fenómeno del acoso o
intimidación escolar puede verse en la Sentencia T-478 de 2015.
[101] “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar”.
[102] “Por la cual se crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la
Violencia Escolar”.
[103] Integrado por el Comité Nacional de
Convivencia Escolar.
[104] Integrado por los comités
municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, según
corresponda.
[105] Integrado por el comité de
convivencia del respectivo establecimiento educativo.
[106] Artículo 42. “De los protocolos para
la atención de Situaciones Tipo I. Los protocolos de los establecimientos
educativos para la atención de las situaciones tipo I, a que se refiere el
numeral 1 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo
el siguiente procedimiento: || 1. Reunir inmediatamente a las partes
involucradas en el conflicto y mediar de manera pedagógica para que estas
expongan sus puntos de vista y busquen la reparación de los daños causados, el
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de
relaciones constructivas en el establecimiento educativo. || 2. Fijar la forma
de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el grupo
involucrado o en el establecimiento educativo. De esta actuación se dejará
constancia. || 3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de
verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir a los protocolos
consagrados en los artículos 43 y 44 del presente decreto. || Parágrafo. Los
estudiantes que hayan sido capacitados como mediadores o conciliadores
escolares podrán participar en el manejo de estos casos en los términos fijados
en el Manual de Convivencia”.
Artículo 43. “De los protocolos para la
atención de Situaciones Tipo II. Los protocolos de los establecimientos
educativos para la atención de las situaciones tipo II, a que se refiere el
numeral 2 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo
el siguiente procedimiento: || 1. En casos de daño al cuerpo o a la salud,
garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados,
mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se
dejará constancia. || 2. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de
derechos, remitir la situación a las autoridades administrativas, en el marco
de la Ley 1098 de 2006, actuación de la cual se dejará constancia. || 3.
Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de
posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. ||
4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. || 5.
Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o
acudientes de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido,
preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y
demás derechos. || 6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación
de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación
dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo;
así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o
participado en la situación reportada. || 7. El Presidente del Comité Escolar
de Convivencia informará a los demás integrantes de este comité, sobre la
situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará el análisis y
seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere
acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente decreto. || 8. El
Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y
de las decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e
intervinientes. || 9. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia reportará
la información del caso al aplicativo que para el efecto se haya implementado
en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. || Parágrafo.
Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la
remisión de la situación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el
restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la atención
en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45
del presente decreto”.
Artículo 44. “Protocolo para la atención de
Situaciones Tipo III. Los protocolos de los establecimientos educativos para la
atención de las situaciones tipo III a que se refiere el numeral 3 del artículo
40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo el siguiente
procedimiento: || 1. En casos de daño al cuerpo o a la salud, garantizar la
atención inmediata en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión
a las entidades competentes, actuación de la cual se dejará constancia. || 2.
Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia. || 3. El
Presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio
más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional,
actuación de la cual se dejará constancia. || 4. No obstante, lo dispuesto en
el numeral anterior, se citará a los integrantes del Comité Escolar de
Convivencia en los términos fijados en el manual de convivencia. De la citación
se dejará constancia. || 5. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia
informará a los participantes en el comité, de los hechos que dieron lugar a la
convocatoria, guardando reserva de aquella información que pueda atentar contra
el derecho a la intimidad y confidencialidad de las partes involucradas, así
como del reporte realizado ante la autoridad competente. || 6. Pese a que una
situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, el
Comité Escolar de Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas
propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito
de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada,
actuación de la cual se dejará constancia. || 7. El Presidente del Comité
Escolar de Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para
el efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de
Convivencia Escolar. || 8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de
seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que
asuma el conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o Departamental de
Convivencia Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo
en el cual se presentó el hecho”.
[107] El documento obra a folios 87 al 183.
[108] Folio 139.
[109] Ibídem.
[110] Folio 147.
[111] Folio 149.
[112] Ibídem.
[113] Folio 197.
[114] Folio 123.
[115] Folio 133.
[116] Folio 186.
[117] El documento obra a folios 184 al
203. Se plantea que el reglamento se establece en virtud de lo dispuesto en el
Código de Educación Francesa, la circular de la Agencia para la Enseñanza Francesa
en el Extranjero –AEFE–  No. 1946 y en acuerdo con la ley colombiana (folio
184).
[118] Folio 184.
[119] Folio 185.
[120] Folio 190.
[121] Folio 191.
[122] Folio 192.
[123] Folio 193. El capítulo 8 dispone:
“El consejo de disciplina pronuncia una sanción disciplinaria contra un alumno
que ha cometido una falta grave. || El Rector convoca el consejo de disciplina
informando al alumno así como a los que ejercen la tutela del menor, los hechos
que le son imputados en la citación, que debe ser entregada mínimo con ocho
días de anticipación al Consejo. || El consejo de disciplina está compuesto
por: || el rector (o vicerrector) presidente, el consejero principal de
educación, el director administrativo y financiero, cinco representantes del
personal entre los cuales cuatro profesores elegidos entre los titulares o
suplentes del Consejo de Establecimiento, 3 o 2* padres elegidos entre los
titulares o suplentes al Consejo de Establecimiento, 2 o 3* alumnos elegidos
por los alumnos del Consejo de Establecimiento, entre alumnos delegados de
clase o alumnos elegidos del CVL. || * cuando el alumno convocado es del nivel
de liceo (lycée)” (folio 194).
[124] Folio 193.
[125] El Manual de Convivencia
institucional regula en el punto 1.6.2 la Misión del departamento de Vida
Escolar fijando como tres grandes funciones: 1) velar por la seguridad de los
alumnos, en donde se incluyen labores de seguimiento, prevención y
acompañamiento y aplicación del reglamento; 2) favorecer el intercambio con los
miembros de la comunidad escolar, y 3) animar la vida escolar mediante la
participación en actividades educativas, deportivas, sociales y culturales
(folios 102 y 103).
[126] Folios 59 y 60.
[127] Copia del mensaje enviado por el
vicerrector académico a parents-4e6@lfbogota.com obra a folio 24.
[128] Copia del mensaje enviado por el
vicerrector académico y de la respuesta dada por la madre del estudiante obran
a folio 25.
[129] Folio 4.
[130] Ibídem.
[131] Folio 27.
[132] Folio 74.
[133] Folio 74.
[134] Folios 30 y 31.
[135] Copia del correo electrónico contentivo
de la apelación obra a folio 33.
[136] Folio 33.
[137] El correo electrónico en el que
consta la noticia obra a folio 34.
[138] Folio 76.
[139] El documento obra a folios 87 al 183.
[140] Folio 139.
[141] Ibídem.
[142] Folio 190.
[143] Folio 191.
[144] Folio 147.
[145] Folio 149.
[146] Folio 192.
[147] De nuevo se reitera que según lo
describe la página de Snap Inc., en el apartado referido a “Cómo abordamos tu
privacidad”, “[a]l igual que cuando hablas con otra persona por teléfono,
conversar mediante Snaps y Chats te permite expresar lo que se te ocurre en el
momento, sin crear automáticamente un registro permanente de cada cosa que
dijiste en tu vida. Claro que también puedes optar por guardar un Snap antes de
enviarlo y quien lo recibe puede hacer un screenshot. Además, puedes
guardar un mensaje de chat manteniendo pulsado sobre él. Con Snapchat es más
fácil guardar lo importante y descartar lo demás” (negrillas fuera de texto).
Consultado en https://www.snap.com/es/privacy/our-approach/.
[148] El derecho a la intimidad fue
estudiado por la Sala
Quinta de Revisión en la Sentencia T-478 de 2015, en el marco de la acción de
tutela presentada por la madre del difunto Sergio David Urrego Reyes en contra
del Gimnasio Castillo Campestre y otras entidades públicas. En esa oportunidad
de señaló que el derecho a la intimidad “ha sido interpretado como la facultad de exigirle a los demás el respeto pleno por un ámbito
exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus
posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes
personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones. Por esta razón, en la
Sentencia C-489 de 2002, la Corte indicó que el derecho a la intimidad está orientado a garantizar a las personas una esfera de
privacidad en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones
arbitrarias del Estado o de terceros. Así, el derecho a la intimidad comprende
de manera particular la protección frente a la divulgación no autorizada de los
asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad” (negrillas originales).
[149] Corte Constitucional, Sentencia
T-478 de 2015. En lo que tiene que ver con el derecho al buen nombre sostuvo la Sala
Quinta de Revisión que “ha sido definido de manera reiterada por esta Corporación,
como aquel asociado a la idea de reputación, buena fama u opinión, que de una
persona tienen los demás. Siguiendo los lineamientos de la Sentencia T-949 de
2011, la Corte ha señalado que el derecho al buen nombre tiene un carácter
personalísimo, en la medida en que está relacionado con la valía que los
miembros de una sociedad tienen sobre alguien, en donde es la reputación o fama
de la persona el componente que activa la protección del derecho. Se relaciona
con la existencia de una buena imagen, un reconocimiento social o una conducta
irreprochable, que aquilatan el buen nombre a proteger, derecho que es
vulnerado cuando se difunde información falsa o inexacta, o que se tiene
derecho a mantener en reserva, con la intención de causar desdoro contra el
prestigio público de una persona” (negrillas fuera de texto).
[150] Copia del mensaje enviado por el
vicerrector académico a parents-4e6@lfbogota.com obra a folio 24.
[151] Folios 59 y 60.
[152] Folio 59.
[153] Ibídem.
[154] Ibídem.
[155] Es evidente que CAJC vio afectados
sus derechos, pues de otra forma no se entendería el por qué el joven le
reclamó a MG la difusión de la imagen en la que aparecía mostrando sus
abdominales, hasta el punto de irse a los puños.
[156] Folio 27. En el acta del Consejo de
Disciplina realizado el 2 de mayo de 2017, se describe que “[h]ubo una
rectificación en la convocatoria de los padres del alumno CAJC el 24 de abril”
(folio 30), pero el documento no es aportado por las partes.
[157] Folio 6.
[158] Folio 74. El documento aparece
firmado por el rector, el vicerrector, el consejero de educación, dos padres de
familia, un profesor de primaria y la psicóloga de secundaria (folio 75), es
decir, 7 miembros de los 12 que conforman el comité, según el capítulo 10 del Manual
de Convivencia institucional, ítem 10.2 (folios 179 y 180).
[159] Folios 30 y 31.
[160] Folio 30.
[161] El 9 de mayo de 2017, Elvia Marcela
Castro García y Álvaro Jácome Orozco presentaron apelación de la decisión del
Consejo de Disciplina ante la embajada de Francia en Colombia. Posteriormente,
el 26 de mayo de 2017, fueron informados de la respuesta al recurso
interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión, lo que es indicativo de
que la segunda instancia estuvo de acuerdo con la actuación del Consejo de Disciplina.
[162] Sin perjuicio del reconocimiento de
las lenguas y dialectos de los grupos étnicos que son también oficiales en sus
territorios, tal como lo señala el artículo 10 de la Constitución Política: “El
castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.
[163] Folios 6 y 7.
[164] Folio 40 del cuaderno de revisión.
[165] El Manual de Convivencia
institucional regula en el punto 1.6.2 la Misión del departamento de Vida
Escolar fijando como tres grandes funciones: 1) velar por la seguridad de los
alumnos, en donde se incluyen labores de seguimiento, prevención y
acompañamiento y aplicación del reglamento; 2) favorecer el intercambio con los
miembros de la comunidad escolar, y 3) animar la vida escolar mediante la
participación en actividades educativas, deportivas, sociales y culturales
(folios 102 y 103).
[166] Folio 59 (reverso).
[167] Folio 211.
[168] Folios 83 al 85 del cuaderno de revisión.
[169] Folios 47 al 53 y 68. Se anexa la impresión de las imágenes de una
conversación sostenida entre CAJC y SP vía chat, entre el 22 y el 24 de marzo
de 3017 (folios 55 al 59), además de la trascripción de los mensajes de voz
dejados por SP en dicha conversación de chat (folios 61 y 62). En el CD que
aparece a folio 60 se reproducen los mensajes. En dichos documentos se puede
identificar una actitud amenazante de SP hacía CAJC al referirle en dos
oportunidades que lo va “a matar a puños”. También se anexó la transcripción de
una conversación telefónica sostenida entre LP, padre de MFP, y EMCG el 15 de
mayo de 2017 (folios 63 al 65).
[170] Folio 66.
[171] El oficio con fecha del 17 de junio
de 2017, obra a folio 69 del
cuaderno de revisión.
[172] El oficio con fecha del 19 de
septiembre de 2017, obra a folio 70
del cuaderno de revisión
[173] Al respecto, el representante legal
de la institución informó: “En el escrito de tutela de la accionante se hace
referencia y se adjuntan registros del hermano de una de las niñas afectadas.
Vale señalar que el liceo sólo los conoció hasta ese momento. Sin embargo, el
liceo sí conoció de la aproximación que realizó ese mismo alumno en
instalaciones del liceo para reclamar y amenazar al alumno [CAJC] por la divulgación de las fotos de su hermana. El Consejero de
Educación convocó [A UNA REUNIÓN] a los padres y al alumno […] que amenazó [a CAJC] en la que […] pidió disculpas de su proceder explicando que se
sintió muy molesto por la situación en la que se encontraba su hermana tras la
divulgación de las fotos. Al evidenciarse la concientización de que con
agresiones y/o amenazas no se resuelven las cosas, el caso se cerró ahí. El
joven que amenazó al alumno [CAJC]
se retiró al finalizar
el año escolar 2016-2017, por lo que actualmente no es alumno del Liceo”
(mayúsculas originales) (folio 36).
[174] En la Sentencia T-917 de 2017 la
Sala Tercera de Revisión explicó la importancia de una fase restaurativa en los
siguientes términos: “El proceso disciplinario puede culminar con una sanción
de los alumnos responsables. Sin embargo, dicho proceso puede en algunos casos
ser insuficiente para asegurar el goce efectivo de los derechos
constitucionales vulnerados por quienes cometieron la falta disciplinaria. Esto
sucede cuando las consecuencias de la falta continúan perpetrándose de diversas
maneras en el ámbito de la propia comunidad educativa. En tales eventos, la
protección no formal sino real y efectiva de los derechos fundamentales
lesionados exige medidas adicionales al proceso disciplinario. Corresponde a
cada establecimiento educativo definir cuáles son las medidas adicionales
aconsejables para lograr el objetivo tutelar de los derechos y, al mismo
tiempo, para evitar que las secuelas de la lesión de dichos derechos se
proyecte por distintas vías y continúe incidiendo negativamente en el ámbito de
la comunidad educativa. Varias de esas medidas se pueden enmarcar en lo que se
conoce como justicia restaurativa. || Las prácticas de justicia restaurativa se
consideran sistemas de justicia alternativa o complementaria de los sistemas de
justicia ordinarios y buscan regenerar los vínculos sociales, psicológicos y
relacionales de la víctima y el agresor con su comunidad mediante un proceso en
el que participan todos los involucrados con miras a obtener un resultado
restaurativo. […] || Un resultado restaurativo es la culminación de un proceso
en donde se haya dado la oportunidad de que las partes se expresen acerca de lo
sucedido, se repare el daño causado, se restauren los vínculos de las personas
con la comunidad. Por lo tanto, un resultado restaurativo comprende respuestas
de arrepentimiento, perdón, restitución, responsabilización, rehabilitación y
reinserción comunitaria, entre otros, que garanticen el restablecimiento de la
dignidad de la víctima, su reparación y la restitución de los lazos existentes
al interior de la comunidad, incluidos los lazos existentes entre la comunidad
y quienes agredieron a la víctima, en el evento de que sigan perteneciendo a la
comunidad”.