C-750-13
Sentencia C-223/13
Sentencia C-750/13
TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL
MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE COLOMBIA Y SUIZA-Se ajusta a la Constitución
Política, tanto en su aspecto formal como en su contenido material
Cumplida la revisión constitucional del Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza, y de su ley aprobatoria, la Ley 1594 de 2012, la Corte
concluye que tales textos, tanto en su aspecto formal como en su contenido
material, se ajustan a la Constitución Política. Por una parte, porque se
cumplieron a cabalidad con los requisitos de procedimiento exigidos por la
Constitución y el Reglamento del Congreso para aprobar la ley que incorpora el
tratado al derecho interno; y, por la otra, porque los fines y propósitos del
tratado, así como el contenido del mismo, se aviene a los postulados superiores
de respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el
reconocimiento de los principios de derecho internacional, permitiendo a la vez
dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2°
de la Carta, al igual que el cabal cumplimiento de la función pública de
administrar justicia.
CONTROL CONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la
Corte Constitucional/CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características/CONTROL
CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Alcance
De acuerdo con el numeral 10° del artículo 241 de la
Carta Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer un control
integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueban. Con respecto a dicho control,
la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el mismo presenta las
siguientes características: (i) es previo al perfeccionamiento del tratado,
pero posterior a la aprobación de la ley en el Congreso y a su sanción
gubernamental; (ii) es automático, en cuanto la ley aprobatoria debe ser
remitida por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de
los seis días siguientes al acto de sanción; (iii) es integral, en la medida en
que le corresponde a la Corte examinar tanto los aspectos formales como
materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con la integridad del texto
constitucional y demás normas que hagan parte del mismo ordenamiento Superior;
(iv) es habilitante, dado que constituye un requisito sine qua non para que el
Estado colombiano se obligue internacionalmente frente al respectivo tratado;
(v) es preventivo, pues su objetivo es detectar de forma anticipada a la
vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos que se presenten frente a
la preceptiva superior; y, finalmente, (vi) el mismo tiene fuerza de cosa
juzgada constitucional. En lo que respecta al control de eventuales vicios de
fondo o de contenido material, la labor de la Corte consiste en examinar las
disposiciones del tratado y de su ley aprobatoria frente a la totalidad de los
preceptos de la Constitución, con el propósito de garantizar la supremacía del
texto fundamental, en los términos del artículo 4° de la Carta Política.
TRATADO DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
CONFEDERACION SUIZA-Revisión formal
TRATADO DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
CONFEDERACION SUIZA-Trámite legislativo
LEY APROBATORIA DE TRATADO-Requisito de
anuncio previo en trámite legislativo
La jurisprudencia constitucional se ha referido al
requisito del anuncio previo, destacando que su incorporación al ordenamiento
jurídico busca, por una parte, permitir que los congresistas conozcan con la
debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su consideración,
evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas. Y
por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que
tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación
política oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de
aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o
desacuerdo con lo debatido.
ANUNCIO PREVIO DE
VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Presupuestos
básicos que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego verificados por
el órgano de control constitucional/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION
EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Reglas
jurisprudenciales
Esta Corporación ha señalado que el requisito del anuncio
previo lleva implícitos unos presupuestos básicos, que deben ser tenidos en
cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano de control
constitucional. Tales presupuestos son: (i) que se anuncie la votación del
proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga
la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión diferente
y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto; (iii)
que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto,
determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la
anunciada previamente. Alrededor de los citados presupuestos, la propia
jurisprudencia constitucional ha definido unas reglas objetivas de valoración,
dirigidas a permitir que, tanto la aplicación como el juzgamiento del requisito
de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y racional, que permita
interpretar el mandato constitucional que lo consagra y los objetivos que con
él se persiguen. Tales reglas son: (i) El anuncio no tiene que hacerse a través
de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística, en
razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para
cumplir el mandato constitucional; (ii) Es posible considerar cumplido el
requisito de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen elementos de
juicio que permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la
de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior; (iii) El
anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar
la votación del proyecto de ley en trámite, de manera que sólo la imposibilidad
para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho
procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en
consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta.
Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la
Corporación ha señalado que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en
la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión
en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera
cumplido el requisito del aviso; y (iv) En los casos en que la votación de un
proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no tiene lugar en la
sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar
con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio de
votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que
efectivamente se lleve a cabo la votación del proyecto. No obstante, como lo ha
precisado la propia jurisprudencia constitucional, la citada doctrina
constituye la regla general, pues como excepción se ha admitido que a pesar de
la ruptura de la  cadena de anuncios no se incurre en un vicio de
inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional,
cuando en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la
aprobación del proyecto, el mismo fue específicamente anunciado para ser
sometido a votación en dicha sesión.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE
VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Inexistencia de vicio, cuando a pesar de
la ruptura de la cadena de anuncios, en sesión anterior a la de aprobación del
proyecto, éste fue anunciado para votación
La jurisprudencia constitucional ha dejado en claro,
entre otras, en las Sentencias C-533 de 2004, C-576 de 2006, C-864 de 2006 y
C-141 de 2010, que, aun cuando haya tenido lugar el fenómeno de la ruptura de
la  cadena de anuncios, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad
por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, si en la sesión
inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto,
éste fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha
sesión.
Referencia: expediente LAT-404
Revisión constitucional de la
Ley 1594 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República,
atendiendo a lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución,
envió fotocopia auténtica de la Ley 1594 de diciembre 21 de 2012, “Por medio
de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en
Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
En auto del 5 de febrero de 2013, el despacho del Magistrado
Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto. En dicha providencia
solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara
de Representantes, la remisión de los antecedentes legislativos de la ley en
revisión y la certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de
las votaciones. Solicitó además, se indicara el partido político, movimiento
político o grupo significativo de ciudadanos al que pertenecen (o pertenecían)
los ponentes escogidos para cada una de las ponencias. De la misma manera,
pidió a las referidas Secretarias del Congreso, la remisión en medio magnético
y por escrito -indicando en este último caso las páginas correspondientes-, las
Gacetas del Congreso donde fueron publicados los anuncios de que trata el Acto
Legislativo 01 de 2003. Igual petición hizo para la remisión en medio magnético
y por escrito -indicando en este último caso las páginas correspondientes- de
las ponencias de cada debate, como de los textos aprobatorios de las mismas.
Finalmente, señaló el Magistrado Sustanciador, que de ser pertinente, fuesen
remitidas, en medio magnético y por escrito –indicando en este último caso las
páginas correspondientes-, los textos de conciliación y sus respectivas
aprobaciones en plenarias.
De otra parte, el Magistrado Sustanciador solicitó en el
mismo Auto que el Ministerio de Relaciones Exteriores remitiera, en el término
de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, certificación
detallada e información pertinente, en la que se diera cuenta de las etapas de
negociación y celebración del tratado internacional bajo revisión, incluyéndose
los nombres y cargos de quienes actuaron a nombre del Estado colombiano,
acreditando plenos poderes si fuere necesario.
Una vez allegados los mencionados documentos, se ordenó la
fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se
dispuso la comunicación de la presente demanda al Presidente del Congreso de la
República, a la Ministra de Justicia y a la Ministra de Relaciones Exteriores
para que, si así lo consideran, expusieran las razones que justifiquen o no la
constitucionalidad del tratado y de su ley aprobatoria. De igual manera, se dio
traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto
de su competencia, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067
de 1991.
Finalmente, se invitó al Consejo Superior de la Judicatura,
al Fiscal General de la Nación, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, a las
facultades de Derecho de las universidades Javeriana, Externado de Colombia,
Andes y Nacional de Colombia, para que, si lo consideraban conveniente,
intervinieran en el presente proceso, mediante escrito presentado dentro de los
diez días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, en el que consten
las razones que en su criterio justifican la constitucionalidad o no del
tratado objeto de revisión.
Una vez cumplidos los trámites consagrados en el citado
Decreto, la Corte procede a decidir sobre la exequibilidad  de la Ley 1594 de
2012, aprobatoria del Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales
entre la República de Colombia y la Confederación Suiza.
II. TEXTO DE LA LEY Y DEL TRATADO OBJETO DE
REVISIÓN
A continuación se trascribe el texto sometido a control
conforme a su publicación en el Diario Oficial Número 48.651 del 21 de
diciembre de 2012:
LEY
1594 DE 2012
(diciembre
21)
Diario
Oficial Número 48.651 de 21 de diciembre de 2012
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos
Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en
Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del “Tratado
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia
y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.
(Para ser transcrito: Se
adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del precitado instrumento
internacional, tomada del texto original que reposa en los archivos de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la cual consta de diecinueve (19) folios.
TRATADO
SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA
La
República de Colombia
y
la
Confederación Suiza,
En adelante, los Estados
Contratantes
CONSIDERANDO los lazos de
amistad y cooperación que los unen;
RECONOCIENDO que la lucha
contra la delincuencia transnacional es una responsabilidad compartida de la
comunidad internacional;
CONSCIENTES que es necesario
el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia
mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas;
DESEANDO proporcionar la más
amplia asistencia legal mutua para la investigación, embargo, incautación,
otras medidas cautelares, decomiso del producto e instrumentos del hecho
punible;
EN OBSERVANCIA de las normas
constitucionales y legales de sus Estados, así como el respeto a los principios
del derecho internacional, en especial de soberanía, integridad territorial y
no intervención y el respeto por el ordenamiento jurídico interno de cada una
de las Partes;
TOMANDO EN CUENTA los principios
contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y
deseosos de cooperar bilateralmente para su promoción;
Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO
1.
DISPOSICIONES
GENERALES.
ARTÍCULO 1. OBLIGACIÓN DE
PROVEER ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN MATERIA PENAL.
Los Estados Contratantes se
comprometen a proveerse entre sí, de conformidad con las disposiciones de este
Tratado, la más amplia asistencia legal mutua en materia penal en cualquier investigación
o proceso con respecto a delitos castigables que, al momento de hacerse la
solicitud de asistencia, caigan dentro de la jurisdicción de las autoridades
judiciales del Estado Solicitante.
ARTÍCULO 2.
ALCANCE DE LA ASISTENCIA.
La asistencia incluirá las
siguientes medidas para avanzar en acciones penales en el Estado Solicitante:
a) Tomar testimonio u otras
declaraciones;
b) Transmitir objetos,
documentos, registros y evidencia;
c) Entrega de objetos y activos
para propósitos de decomiso, extinción de dominio o devolución;
d) Intercambio de
información;
e) Registro e personas y
propiedades;
f) Localización e
identificación de personas o propiedades;
g) Rastreo, incautación y
decomiso de cosas producto de delitos;
h) Notificación de
documentos;
i) Trasladar personas
detenidas con miras a interrogatorios o confrontaciones;
j) Invitar a testigos o
expertos para comparecer y rendir testimonio en el Estado solicitante;
k) Cualquier otra asistencia
consistente con los objetivos de este Tratado mutuamente aceptada por los
Estados contratantes siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del
Estado Solicitante.
ARTÍCULO 3.
EXCLUSIÓN.
El presente Tratado no debe
aplicarse para los siguientes casos:
a) La ubicación, detención o
arresto de una persona procesada o enjuiciada por un delito con miras a
extradición;
b) La ejecución de sentencias
penales, incluido el traslado de personas condenadas con el objeto de que se
cumpla la sentencia.
ARTÍCULO 4.
BASES PARA NEGAR O POSPONER ASISTENCIA.
1. La asistencia legal mutua
en casos criminales, podrá ser denegada si:
a) La solicitud concierne a
un delito que el Estado Solicitado considera un delito político o conexo;
b) La solicitud se refiere a
un delito tipificado conforme a la legislación militar pero que no constituye
un delito según la legislación penal ordinaria;
c) La solicitud concierne a
un delito fiscal; sin embargo, el Estado Solicitado podrá aceptar una solicitud
si el objeto de la investigación o del proceso es fraude tributario;
d) El Estado Solicitado
considera que el cumplimiento de la solicitud es perjudicial para su soberanía,
seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado Solicitado,
según lo determinen sus autoridades competentes;
e) La solicitud se refiere a
hechos sobre cuya base la persona procesada ha sido definitivamente condenada o
exonerada en el Estado Solicitado por un delito en lo esencial similar, siempre
y cuando la pena impuesta se estuviere cumpliendo o ya se hubiese cumplido;
f) Existen bases sustanciales
para creer que la solicitud de asistencia ha sido presentada para procesar o
castigar a un individuo por su raza, religión, origen étnico, sexo u opiniones
políticas, o que el otorgamiento de la solicitud pudiera resultar en el
agravamiento de la situación de esta persona por cualquiera de estas razones;
g) Existen bases sustanciales
para creer que el proceso penal en contra de la persona procesada no es
conforme a las garantías contenidas en los instrumentos internacionales para la
protección de derechos humanos, incluido el Acuerdo Internacional en Derechos
Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966;
h) La solicitud se relaciona
a un delito que acarrea la pena de muerte en el Estado Solicitante, a menos que
el Estado Solicitante entregue las garantías necesarias para que el Estado
solicitado considere suficientes, para que no se le imponga la pena de muerte
o, si es impuesta, no se lleve a cabo.
2. El Estado Solicitado podrá
posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal si su ejecución
pudiese interferir en procesos penales en curso en el Estado Solicitado.
3. Antes de negar o posponer
el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal mutua, de conformidad con
lo estipulado en este artículo, el Estado Solicitado deberá:
a) Informar con prontitud al
Estado Solicitante las razones para considerar, negar o posponer la asistencia;
y
b) Considerar si la
asistencia puede darse en los términos y condiciones que se crean necesarias,
Si es así, dichos términos y condiciones deberán cumplir con lo estipulado por
el Estado solicitante.
4. Se deberán dar las razones
por las cuales se ha negado una asistencia, ya sea parcial o totalmente.
CAPÍTULO
II.
SOLICITUDES
PARA ASISTENCIA LEGAL MUTUA.
ARTÍCULO 5. LEY APLICABLE.
1. Las solicitudes deberán
hacerse de acuerdo a las leyes del Estado Solicitado.
2. Si el Estado solicitante
requiere la aplicación de algún procedimiento específico en referencia al
cumplimiento de una solicitud para asistencia legal mutua, deberá ser así
expresado y el estado Solicitado deberá cumplir con la solicitud si sus leyes
no lo prohíben.
ARTÍCULO 6. DOBLE
INCRIMINACIÓN.
La asistencia se prestará aún
cuando el hecho por el cual se procede en el Estado Solicitante no sea
considerado como delito por la ley del Estado Solicitado, a excepción de las
medidas coercitivas previstas en el Artículo 7.
ARTÍCULO 7. MEDIDAS
COERCITIVAS.
1. El cumplimiento de una
solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser denegado si los hechos
descritos en la solicitud no corresponden con los elementos objetivos de un
delito sancionable por las leyes del Estado Solicitado.
2. Las medidas coercitivas
incluirán:
a) Registro de personas y
propiedades;
b) Incautación de evidencia,
incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, así como
objetos y activos que constituyan los productos del mismo;
c) Cualquier medida dirigida
a levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado Solicitado;
d) Cualquier otra medida que
involucre coerción, de acuerdo a la ley procesal del Estado solicitado.
ARTÍCULO 8. MEDIDAS
PROVISIONALES.
Previa solicitud explícita
por parte del Estado Solicitante, las medidas provisionales serán ordenadas por
la autoridad competente del estado solicitado para preservar la situación
existente, para salvaguardar intereses legales que se vean amenazados o para
proteger evidencias en peligro, si el procedimiento del que trate la solicitud
no aparece obviamente inadmisible o inapropiado bajo las leyes del Estado
solicitado.
ARTÍCULO 9. PERSONAS PARTICIPANTES
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA.
Por solicitud expresa del
Estado Solicitante, la Autoridad Central del Estado Solicitado deberá
establecer la fecha y lugar del cumplimiento de la solicitud. Las autoridades y
personas involucradas podrán estar presentes si así lo contempla el Estado
Solicitado.
ARTÍCULO 10. DECLARACIÓN DE
TESTIGOS EN EL ESTADO SOLICITADO.
1. Los testigos deberán ser
escuchados de acuerdo a la ley del estado Solicitado. Sin embargo, también
podrán negarse a testificar si la ley del Estado solicitante lo permite.
2. Si su negación a
testificar se basa en la ley del estado Solicitante, el Estado solicitado
deberá remitir el asunto al Estado Solicitante para su decisión. Se deberá
entregar las razones por las cuales se toma esa decisión.
3. El testigo que invoque el
derecho a negarse a testificar, no podrá ser sujeto de ninguna penalidad legal
en el Estado Solicitante por dicha razón.
ARTÍCULO 11. TRANSMISIÓN DE
OBJETOS, DOCUMENTOS, REGISTROS O EVIDENCIA.
1. Previa solicitud, el
Estado Solicitado transmitirá objetos, documentos, registros o evidencia al
Estado solicitante.
2. El Estado Solicitado podrá
transmitir copias de documentos, registros o evidencia que sea solicitada. Si
el Estado solicitante solicita expresamente la transmisión de documentos
originales, el estado Solicitado hará sus mejores esfuerzos para cumplir con
dicha solicitud.
3. Se requiere que el Estado
Solicitante devuelva lo antes posible todo documento que le haya sido
suministrado, o a más tardar, al finalizar el proceso a menos que el estado
solicitado renuncie expresamente a la entrega de los mismos.
4. Los derechos invocados por
terceros respecto de objetos, documentos, registros, expedientes o elementos de
prueba que se encuentren en el Estado Solicitado no impedirán su envío al
estado Solicitante.
ARTÍCULO 12. EXPEDIENTES DE
JUZGADOS, CORTES O AUTORIDADES INVESTIGADORAS.
1. A solicitud, el Estado Solicitado pondrá a disposición de las autoridades del Estado
solicitante, los registros y expedientes de sus Tribunales de Justicia o de sus
autoridades de investigación, incluyendo fallos y resoluciones, si estos fueren
importantes para un proceso judicial.
2. Los documentos, registros,
expedientes y demás elementos solamente se entregarán si tuvieren relación con
una causa cerrada. Si no estuviese cerrada la causa, la autoridad competente
del Estado Solicitado decidirá si es procedente la entrega.
ARTÍCULO 13. ENTREGA DE
OBJETOS Y ACTIVOS.
1. Los objetos y activos que
constituyan productos o beneficios de un delito en relación con un proceso en
el estado solicitante o los instrumentos utilizados para cometer el delito que
estén sujetos a decomiso o su valor equivalente, podrán ser entregados al
Estado Solicitante para propósitos de decomiso o devolución al titular de los
mismos, salvo aquellos derechos de terceros de buena fe.
2. Por regla general, la
entrega procederá sobre la base de una orden o sentencia definitiva y que cause
ejecutoria en el Estado Solicitante; sin embargo, el Estado Solicitado también
podrá entregar objetos y bienes en una etapa anterior del proceso.
ARTÍCULO 14. REPARTICIÓN DE
ACTIVOS DECOMISADOS.
1. En la repartición de
activos confiscados, siendo considerado como uno de los medios para elevar la
efectividad en la cooperación internacional de este Tratado, los Estados
Contratantes asumen una alta responsabilidad en la cooperación en asuntos de
repartición, de acuerdo a sus leyes nacionales.
2. Para llevar a cabo la
repartición de activos a que se refiere el presente artículo, los Estados
Contratantes celebrarán, para cada caso, los acuerdos o arreglos específicos en
los que se determinen las condiciones particulares de la solicitud, entrega y
traslado de los activos repartidos.
ARTÍCULO 15. LÍMITES EN EL
USO DE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y OBJETOS.
1. Cualquier información,
documentos u objetos que se obtengan por medio de la asistencia legal mutua de
acuerdo a este Tratado, no deberán ser utilizados para propósitos
investigativos, como tampoco deberán usarse como evidencia en el Estado
Solicitante en ningún proceso que esté relacionado a un delito en el que la
asistencia no sea admisible.
2. Cualquier otro uso deberá
estar sujeto a aprobación por parte del Estado Solicitado. Esta aprobación no
será necesaria si:
a) Los hechos que son base de
la solicitud constituyen otro delito que pueda otorgar asistencia legal mutua;
b) El proceso penal
extranjero está dirigido a otras personas que hayan participado en el delito; o
c) Los materiales son
utilizados para una investigación o proceso concerniente a la compensación por
daños relacionados a un proceso por el cual se haya otorgado asistencia.
CAPÍTULO
III.
NOTIFICACIONES
Y COMPARECENCIA.
ARTÍCULO 16. NOTIFICACIONES
DE PROVIDENCIAS JUDICIALES.
1. El Estado Solicitado
deberá efectuar notificaciones de providencias judiciales que sean transmitidas
para este propósito por parte del Estado solicitante.
2. Las notificaciones podrán
efectuarse por medio de transmisión simple a la persona a notificar por el
estado solicitado. Si el Estado Solicitante los solicita expresamente, las
notificaciones deberán ser efectuadas por el Estado Solicitado de la manera
dispuesta para la notificación de documentos análogos bajo sus propias leyes o
de manera especial que sea consistente con las mismas.
3. Se debe hacer entrega de
prueba de notificación por medio de recibo fechado y firmado por la persona
notificada o por medio de declaración hecha por el Estado Solicitado en el que
se declare que el servicio ha sido efectuado, especificando la forma y fecha de
la misma. Cualquiera de estos documentos deberá ser enviado inmediatamente al
Estado Solicitante. El Estado Solicitado deberá, si así lo solicita el Estado
solicitante, declarar si dicha notificación ha sido efectuada de acuerdo a la
ley del Estado Solicitado. Si no se puede efectuar la notificación, deberá
entonces declarar las razones de manera inmediata y por escrito al estado
Solicitante.
4. La solicitud de
notificación de un documento para citar a una persona procesada que esté en el
territorio del Estado Solicitado, deberá llegar a la Autoridad Central de ese
Estado a más tardar 45 días calendario antes de la fecha acordada para su
comparecencia.
ARTÍCULO 17. COMPARECENCIA DE
TESTIGOS O EXPERTOS EN EL ESTADO SOLICITANTE.
1. Si el Estado Solicitante
considera necesaria la comparecencia en persona de un testigo o experto ante
las autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la solicitud de
notificación y el Estado Solicitado deberá invitar a los mismos a comparecer en
el territorio del Estado Solicitante.
2. El Estado Solicitante
deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado Solicitante, la
decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a la
invitación.
3. El testigo o experto que
acepte asistir al Estado Solicitante podrá requerir que ese Estado le otorgue
un anticipo para sus gastos de viaje y estadía.
ARTÍCULO 18. GASTOS DE VIAJE
Y ESTADÍA.
Los viáticos a ser pagados y
los gastos de viaje y estadía a ser reembolsados a un testigo o experto por
parte del Estado Solicitante deberán ser calculados desde su lugar de
residencia de acuerdo a la tasa por lo menos equivalente a aquellas dispuestas
en las escalas y reglas vigentes en el Estado Contratante donde se llevará a
cabo la audiencia o diligencia.
ARTÍCULO 19. INCUMPLIMIENTO A
COMPARECER.
Un testigo o experto que no
cumpla con una orden de comparecencia, o notificación por la cual sea
requerido, no deberá, así sea que la citación contenga una notificación de
penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida sancionatoria, a
menos que esta persona subsecuentemente ingrese voluntariamente al territorio
del Estado Solicitante y sea citado nuevamente en forma legal.
ARTÍCULO 20. SALVOCONDUCTO.
1. Un testigo o experto, sea
cual sea su nacionalidad, que comparezca ante las autoridades judiciales del
Estado Solicitante, no deberá ser procesado o detenido o sujeto a cualquier
otro tipo de restricción de su libertad, en el territorio de ese Estado, con
respecto a actos y condenas previas a su salida del territorio del Estado
Solicitado.
2. Una persona, sea cual sea
su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer ante las autoridades
judiciales del Estado Solicitante, y deba responder por actos que conforman el
proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida o estar sujeta a
cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o condenas previas a su
salida del territorio del Estado Solicitado y no especificados en la citación.
3. Sin su consentimiento por
escrito, una persona a la cual los parágrafos 1 y 2 son aplicables, no deberá
ser requerida a testificar de acuerdo al contexto de un proceso diferente de
ese que forma las bases de la solicitud para asistencia legal mutua.
4. La inmunidad dispuesta en
este artículo cesará cuando el testigo o experto o la persona procesada, luego
de terminados sus servicios prestados a las autoridades judiciales y luego de
tener 30 días consecutivos para salir del Estado Solicitante, y aún así, no lo
ha hecho o habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.
ARTÍCULO 21. ALCANCE DEL
TESTIMONIO EN EL ESTADO SOLICITANTE.
1. A la persona que comparezca a una citación en el estado Solicitante podrá requerírsele
rendir testimonio, suministrar evidencias a menos que por ley de cualquiera de
los estado contratantes, esta persona tenga el derecho a negarse.
2. El Artículo 10, parágrafos
2 y 3 y el artículo 15 deberán aplicarse por analogía.
ARTÍCULO 22. TRASLADO
TEMPORAL DE PERSONAS DETENIDAS.
1. Una persona detenida, cuya
comparecencia como testigo o para propósitos de confrontación se requiera por
el Estado Solicitante, deberá ser temporalmente trasladada al lugar donde se
llevará a cabo la audiencia, disponiendo que esta persona deberá ser devuelta
al territorio del Estado Solicitado dentro de un período estipulado por éste, y
estar sujeto a las disposiciones del artículo 20 del presente tratado en la
medida en que éstas puedan aplicarse.
2. El traslado podrá ser
denegado si:
a) La persona bajo custodia
no lo acepta;
b) Su presencia es necesaria
en un proceso penal pendiente en el territorio del Estado Solicitado;
c) El traslado puede
prolongar el tiempo de su detención; o
d) Si existen otras razones
preponderantes para no trasladar a la persona al territorio del Estado
Solicitante.
3. La persona trasladada
deberá mantenerse bajo custodia en el territorio del Estado Solicitante, a
menos que el estado Solicitado solicite formalmente su liberación.
4. Para los efectos de este
artículo, en el caso de la persona trasladada, el período de privación de
libertad cumplido en el Estado Solicitante se computará al cumplimiento de la
condena impuesta en el estado Solicitado.
ARTÍCULO 23. ENTREGAS
CONTROLADAS.
1. Cada Estado contratante se
encarga de garantizar que, a petición del otro Estado Contratante, se puedan
permitir las entregas controladas en su territorio sobre un marco de
investigaciones penales en delitos objeto de extradición.
2. la decisión de llevar a
cabo entregas controladas, debe sumirse de manera individual para cada caso,
por parte de las autoridades competentes del Estado Solicitado, en lo que
respecta a la legislación nacional de dicho Estado.
3. Las entregas controladas
deben hacerse de acuerdo a los procedimientos del estado Solicitado. La
competencia para actuar, dirigir y controlar operaciones debe recaer sobre las
autoridades competentes de dicho Estado.
CAPÍTULO IV.
REGISTROS
JUDICIALES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS JUDICIALES.
ARTÍCULO 24. REGISTROS JUDICIALES
E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. El Estado Solicitado
deberá comunicar cualquier extracto o información relacionado con registros
judiciales, solicitados por las autoridades judiciales del Estado Solicitante,
y que sean requeridos para un asunto penal, en la misma medida en que sus
propias autoridades judiciales puedan obtener esa información en un caso
similar.
2. En cualquier caso
diferente al dispuesto en el parágrafo 1 de este Artículo, se deberá cumplir
con la solicitud, de conformidad a las condiciones dispuestas por ley y por las
regulaciones o prácticas del Estado Solicitado.
3. Los Estados Contratantes
deberán informar, al menos una vez al año, de todas las condenas penales y de
sus medidas subsecuentes que hayan sido ingresadas en los registros judiciales,
con respecto a nacionales del otro Estado.
CAPÍTULO V.
PROCEDIMIENTO
Y CANALES DE TRANSMISIÓN.
ARTÍCULO 25. AUTORIDAD
CENTRAL.
1. Para propósitos de este
Tratado, la Autoridad Central por parte de la Confederación Suiza es la Oficina
Federal de Justicia del Departamento Federal de Justicia y Policía.
Con relación a las
solicitudes de asistencia enviadas a la República de Colombia o formuladas por la
República de Colombia, las Autoridades Centrales serán la Fiscalía General de la
Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia, en el ámbito de sus
competencias.
2. La autoridad Central del
Estado Solicitante deberá enviar todas las solicitudes de asistencia legal
mutua en asuntos penales cubiertos por este Tratado, en nombre de sus cortes o
autoridades.
3. La Autoridad Central del
Estado Solicitado deberá tramitar dichas solicitudes para asistencia legal
mutua de la manera más rápida posible y cuando sea el caso, transmitirla a
otras autoridades competentes para su cumplimiento. La Autoridad Central
mantendrá la coordinación del cumplimiento de estas solicitudes.
4. Las Autoridades Centrales
de los Estados Contratantes deberán comunicarse directamente entre ellas.
5. Cualquiera de los Estados
Contratantes podrá cambiar su Autoridad Central, en cuyo caso, se deberá hacer
entrega de notificación escrita por medio de canales diplomáticos.
ARTÍCULO 26. FORMA DE LA
SOLICITUD Y CANALES DE TRANSMISIÓN.
1. La solicitud de asistencia
legal mutua deberá hacerse por escrito.
2. La solicitud podrá ser
transmitida, en caso de urgencia, por fax o por cualquier otro medio admitido
por el Estado Solicitado. El original del documento deberá ser enviado en el
término de ocho días.
ARTÍCULO 27. CONTENIDO DE LA
SOLICITUD.
1. Una solicitud deberá
indicar:
a) La autoridad de la cual
emana la misma y si es necesario, la autoridad que tenga jurisdicción penal en
el Estado Solicitante;
b) El objeto y la razón de la
solicitud;
c) Una descripción detallada
de las piezas de evidencia, la información necesaria o las medidas solicitadas;
d) Cuando sea posible, el
nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección actual
de la persona sujeta al proceso penal; y
e) La razón principal por la
cual se está solicitando la evidencia o la información, así como un resumen de
los hechos relevantes (fecha, lugar y circunstancias en que se cometió el
delito) que dan lugar al proceso en el Estado Solicitante, a menos que la
solicitud tenga el significado de lo dispuesto en el Artículo 16.
2. Adicionalmente, una
solicitud debe incluir:
a) En caso de la aplicación
de una ley extranjera con respecto al cumplimiento (artículo 5, parágrafo 2),
el texto de las disposiciones aplicables en el Estado Solicitante, y la razón
de su aplicación;
b) En caso de las personas
participantes en el proceso (Artículo 9), la designación de la persona que
atienda el cumplimiento de la solicitud, y la razón de su presencia;
c) El sitio probable y la
descripción de los objetos y activos que constituyen los productos o ganancias
de un delito o los instrumentos que sirven para cometer el mismo (Artículo 13)
o la razón principal por al cual estos objetos o activos están ubicados en el
territorio del Estado Solicitado;
d) En caso de notificación de
providencias judiciales y de citaciones (Artículo 16 y 17), el nombre y
dirección de la persona a quien los documentos y citatorios deban entregarse;
e) En caso de citación de
testigos o expertos (Artículo 17), una declaración que constate que el Estado
Solicitante pagará los gastos de viaje, viáticos y estadía, y que a la vez, si
fuese solicitado, pagará por adelantado.
f) En caso de traslado de
personas detenidas (Artículo 22), los nombres de las mismas.
ARTÍCULO 28. CUMPLIMIENTO DE
UNA SOLICITUD.
1. Sujeto a la adopción de
medidas provisionales, de conformidad con el Artículo 8, la Autoridad Central
del Estado Solicitado deberá, si la solicitud no está conforme a las
disposiciones de este tratado, informarlo a la Autoridad Central del Estado
Solicitante sin demora alguna, y solicitarle a la vez realizar los cambios o
completar la solicitud.
2. Si la solicitud se
encuentra conforme a lo estipulado en este Tratado, la Autoridad Central del
Estado Solicitado deberá enviarla inmediatamente a la autoridad competente para
su cumplimiento.
3. Luego de haber ejecutado
la solicitud, la autoridad competente deberá enviar a la autoridad Central del
Estado Solicitado, la solicitud con la información y la evidencia obtenida. La
Autoridad Central será responsable de asegurar que el cumplimiento sea completo
y preciso, y deberá comunicar los resultados a la Autoridad Central del Estado
Solicitante.
4. El parágrafo 3 de este
Artículo no deberá obstaculizar el cumplimiento parcial de una solicitud.
ARTÍCULO 29. EXENCIÓN DE
LEGALIZACIÓN, AUTENTICACIÓN Y OTROS REQUISITOS FORMALES.
1. Todos los documentos,
registros, declaraciones y cualquier otro material transmitido de acuerdo a lo
estipulado en este Tratado, son exentos de cualquier legalización,
autenticación y otros requisitos formales.
2. Los documentos, registros,
declaraciones y cualquier otro material transmitido por la Autoridad Central
del Estado Solicitado, deberá ser admitido como evidencia sin la necesidad de
otra justificación o pruebas de autenticidad.
3. La carta de remisión por la
Autoridad Central deberá garantizar la autenticidad de los documentos
transmitidos.
ARTÍCULO 30. IDIOMA.
1. Cualquier solicitud bajo
lo estipulado en este Tratado llevada a cabo por la Confederación Suiza, así
como sus anexos, deberán ser traducidos al castellano Cualquier solicitud bajo
lo estipulado ente este Tratado llevada a cabo por la República de Colombia,
así como sus anexos, deberán ser traducidos a uno de los idiomas oficiales de la
Confederación Suiza (francés, alemán o italiano), el que será especificado en
cada caso por la Autoridad Central Suiza.
2. La traducción de los
documentos elaborados u obtenidos como resultado del cumplimiento de la
solicitud corresponderá al Estado Solicitante.
3. Las traducciones hechas
por los Estados Contratantes tienen carácter oficial.
ARTÍCULO 31. COSTOS
RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SOLICITUD.
1. El Estado Solicitante
deberá, a solicitud del Estado Solicitado, reembolsar únicamente los siguientes
costos y desembolsos en que se incurran al dar cumplimiento a una solicitud;
a) Viáticos, gastos de viaje
y estadía para el testigo y, si fuere absolutamente necesario, para su
representante;
b) Costos relacionados con el
traslado de personas detenidas;
c) Honorarios, gastos de
viaje y estadía a expertos.
2. Si el cumplimiento de la
solicitud causa gastos de naturaleza extraordinaria, el Estado Solicitado
deberá informarlo al Estado Solicitante para determinar los términos y
condiciones bajo las cuales se podrá proveer la asistencia solicitada.
CAPITULO
VI.
TRANSMISIÓN
ESPONTÁNEA.
ARTÍCULO 32. TRANSMISIÓN
ESPONTÁNEA DE INFORMACIÓN.
1. A través de su Autoridad Central, y dentro de los límites de sus leyes, un fiscal o una
autoridad judicial competente de un Estado Contratante podrá, sin necesidad de
solicitud previa, transmitir a la Autoridad Central del otro Estado
Contratante, la información relacionada con delitos obtenida en el curso de su
propia investigación, cuando determine que esta transmisión sirve de base:
a) Para permitir la
presentación de una solicitud de acuerdo a lo estipulado en este Tratado;
b) Para permitir la apertura
de un proceso penal; o
c) Para facilitar una
investigación penal pendiente.
2. La autoridad que
suministre la información podrá, de acuerdo a sus leyes, imponer condiciones en
el uso de dicha información por parte del Estado receptor. El Estado receptor
deberá acogerse a estas condiciones.
CAPÍTULO
VII. DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 33. COMPATIBILIDAD
CON OTROS TRATADOS Y OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN.
Las disposiciones de este
Tratado no afectarán la asistencia legal mutua más amplia que haya sido
establecida o se pueda establecer entre los Estados Contratantes en otros
acuerdos, convenios o arreglos, o que pueda resultar de la legislación
nacional.
ARTÍCULO 34. CONSULTAS.
Si lo considera útil, las
Autoridades Centrales deberán intercambiar puntos de vista, oralmente o por
escrito, en la aplicación o implementación de este Tratado, en términos
generales o en un caso en particular.
ARTÍCULO 35. SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.
Las controversias que se
derivaren de la interpretación, aplicación o implementación de este Tratado se
resolverán por la vía diplomática, si las Autoridades Centrales no lograren
llegar a un acuerdo.
ARTÍCULO 36. ENTRADA EN VIGOR
Y TERMINACIÓN.
1. El presente Tratado
entrará en vigor sesenta días a partir de la fecha en que los Estados
Contratantes se notificaren entre sí del cumplimiento de los respectivos
requisitos para su entrada en vigencia.
2. Cualquiera de los Estados
Contratantes podrá denunciar el presente Tratado en cualquier momento
notificándolo por escrito a la otra Parte por medio de canales diplomáticos. En
ese caso, el Tratado cesará su vigencia seis (6) meses después de la fecha de
recibo de dicha notificación. La denuncia no afectará la ejecución de cualquier
solicitud de asistencia que aún esté pendiente.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los
suscritos representantes, habiendo sido debidamente autorizados para ello por
parte de sus respectivos Gobiernos, suscriben este Tratado.
Hecho en duplicado en Davos
el 28 de enero de 2011, en los idiomas inglés, castellano y alemán, todos los
textos siendo igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevalecerá el
texto en inglés.
Por
la República de Colombia
Juan
Manuel Santos Calderón
Presidente
de la
República
de Colombia
Por
la Confederación Suiza
Micheline
Calmy-Rey
Presidenta
de la
Confederación
Suiza
III. INTERVENCIONES
3.1. Ministerio de Relaciones Exteriores
3.1.1. El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, intervino en el presente proceso
solicitando a la Corte la declaratoria de exequibilidad del tratado objeto de
revisión y de su ley aprobatoria. Aduce que en relación con ellos, se cumplió
con los requisitos formales previstos en la Carta Política para su suscripción
y aprobación legislativa, y su contenido consulta con los principios y
postulados que gobiernan el Estado colombiano y su política exterior.
3.1.2 El interviniente inicia por destacar que, como
consecuencia de la globalización, los vínculos internacionales del terrorismo
son cada vez más diversos y estrechos, razón por la cual, los Estados han
entendido que una manera eficiente de hacer frente a las diferentes formas de
delincuencia es mediante la implementación de los mecanismos de cooperación
multilateral, regional y bilateral en materia penal, los cuales, a su vez, han
sido impulsados desde las Naciones Unidas dentro del propósito de prevenir el
delito, mejorar la justicia y fortalecer el Estado de derecho.
3.1.3. A este respecto, hace mención a la Resolución 2625 de
1970, de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se dispone que la
cooperación internacional en materia penal no debe entenderse como una simple
cortesía internacional (comitas gentium), sino como la consecuencia de
un compromiso entre los Estados para conservar la paz y seguridad
internacional. Es bajo estas pautas -señala el interviniente- que el Estado
Colombiano, como lo ha venido haciendo con muchos otros países, decidió
suscribir con la Confederación Suiza el convenio que se revisa, dentro del
propósito de reducir o eliminar las dificultades existentes al momento de
investigar o enjuiciar penalmente a los responsables de actos punibles
cometidos en la jurisdicción de alguno de estos Estados.
3.1.4 En una breve descripción del tratado y de los
beneficios que trae para el país, el interviniente enfatiza que el mismo está
conforme con el régimen legal colombiano, en cuanto se ajusta en todas sus
partes a los parámetros que rigen la cooperación judicial en materia penal
prevista en los artículos 484 y 485 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906
de 2004). De esta manera, destaca, no existe oposición alguna entre el tratado
bajo revisión y la legislación penal colombiana.
3.1.5 Finalmente, asevera que, en cuanto al trámite de
suscripción y aprobación interna del referido instrumento, se cumplieron todos
los requisitos formales previstos en la Constitución Política. Sostiene que el
mismo fue suscrito por el Presidente de la República de Colombia el 28 de enero
de 2001, con sujeción al artículo 7°, numeral 2, literal a, de la Convención de
Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969. Posteriormente, el 19 de julio
de 2011, fue impartida la Aprobación Ejecutiva por el mismo Presidente de la
República, ordenándose su sometimiento a consideración del Congreso. Así, la
Ministra de Relaciones Exteriores y el entonces Ministro del Interior
presentaron ante la Secretaria General del Senado, de conformidad con los
artículos 150-16, 189-2 y 224 de la Constitución Política, el proyecto de ley
aprobatoria número 123/11 Senado y 123/12 Cámara, el 7 de septiembre de 2011,
con la correspondiente exposición de motivos. El proyecto surtió su trámite en
el Congreso, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, siendo
aprobado mediante Ley 1594 de 21 de diciembre de 2012, a su vez sancionada por el Presidente de la República el mismo 21 de diciembre de 2012.
Finalmente, fue publicada en el Diario Oficial Número 48.651 de ese mismo día.
3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
3.2.1. El Ministerio de Justicia y del
Derecho, a través de apoderada, interviene en el presente juicio para defender la constitucionalidad del tratado bajo
revisión y de su ley aprobatoria.
3.2.2 La interviniente reseña de manera detallada, cómo el
tratado en cuestión cumplió de manera plena y oportuna con todas las
formalidades constitucionales para su aprobación mediante ley de la República.
3.2.3 Seguidamente, se refirió al contenido material del
tratado, haciendo una breve mención de su preámbulo y de los siete capítulos en
los que éste se subdivide, concluyendo que el mismo se ajusta en todas sus
partes a la Constitución Política.
3.2.4 Explicó que la cooperación jurídica acordada en el
tratado de cooperación en materia penal entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza, contribuirá en favor de dichos estados, en la lucha contra
el crimen organizado y demás formas de delincuencia transnacional.
3.3 Fiscalía General de la Nación
3.3.1 El Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía
General de la Nación, intervino en el presente asunto, solicitando a la Corte
la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1594 de 2012, por la cual se
aprobó el Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la
República de Colombia y la Confederación Suiza.
3.3.2 Precisa inicialmente, que el tratado se ajusta a la
Constitución Política, pues en él las partes se comprometen a suministrar la
asistencia solicitada de acuerdo a las leyes del Estado requerido, asegurando
el equilibrio que debe existir entre la autoridad de los Estados y los derechos
de sus asociados, con lo cual se garantiza el principio de legalidad.
3.3.3 Explica seguidamente, que este instrumento
internacional excluye el tema de extradición, siendo concordante con el
ordenamiento superior, pues para tales efectos, o bien el Estado colombiano ha
suscrito tratados especiales con diversos países, o, en su defecto, el tema se
encuentra regulado en el estatuto procesal penal.
3.3.4 De igual forma, expone que los Estados conservan la
facultad de negar o posponer el trámite de asistencia legal en razón a
diferentes aspectos, entre ellos, respecto de delitos políticos o conexos como
forma de protección a los nacionales de cada país. En el mismo sentido, y con
el fin de garantizar el derecho a la igualdad y al debido proceso, también
fueron excluidas las solicitudes basadas en actos discriminatorios o por hechos
que hubiesen sido investigados en el país solicitado.
3.3.5 De otra parte, recalca que las solicitudes de
asistencia legal son coherentes con las formalidades de los tratados de
cooperación judicial, más aún, cuando sus requisitos concuerdan con las buenas
prácticas y recomendaciones dadas por organismos internacionales como la ONU.
3.3.6 El interviniente señala que las disposiciones que
componen el tratado bajo estudio son armónicas con la ley y con lo dispuesto en
los artículos 9 y 226 de la Constitución Política, y la designación del
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación, como
autoridades centrales para Colombia, se ajusta a las diferentes clases de
solicitudes, teniendo en cuenta que al canalizarlas a través de éstas
autoridades, se puede ejercer un riguroso seguimiento a las mismas, con el fin
de obtener un óptimo resultado.
3.3.7 Finaliza su intervención resaltando la importancia de
suscribir instrumentos internacionales como el tratado que se revisa, pues se
trata de eficientes mecanismo de cooperación y asistencia judicial en la lucha
contra el crimen organizado.
3.4.   Universidad Nacional de Colombia
3.4.1. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia, intervino de acuerdo con la invitación que se le hiciera
para ello, afirmando que el tratado objeto de revisión se encuentra conforme
con la Constitución Política, razón por lo cual considera que ha de declararse
su exequibilidad.
3.4.2 El interviniente destaca que el tratado se suscribió
preservando las formas constitucionales y legales de los Estados, así como
acogiendo los principios de derecho internacional, de soberanía, integridad
territorial y no intervención, con respeto por el ordenamiento interno de cada
país. Resalta la concordancia del instrumento con lo dispuesto en los artículos
226 y 227 de la Constitución Política, en cuanto a la internacionalización de
sus relaciones políticas bajo condiciones de equidad, igualdad, reciprocidad y
conveniencia nacional, advirtiendo, además, que el mismo coadyuva a la eficacia
de la administración de justicia en la garantía y efectividad de los derechos y
libertades de los ciudadanos.
3.4.3 Seguidamente, el interviniente hace un comentario de
cada uno de los siete capítulos en los que se estructura el tratado. Inicia su
presentación con el  capítulo de disposiciones generales, en la que se aclara
el alcance de los conceptos utilizados a lo largo del mismo. Pasa luego al
capítulo 2, en el que se esbozan los requisitos que deben cumplir las solicitudes
que formulen o reciban las partes, destacando que en ellos prima la soberanía y
el respeto de las leyes de cada Estado. Respecto del capítulo 3, explica que,
tanto la notificación de providencias judiciales, como la comparencia de
testigos o expertos o el traslado de personas detenidas, corresponden a
actuaciones que se encuentran de acuerdo con la Constitución del país
respectivo. En lo relativo a los capítulos 4 y 5, concernientes a registros
judiciales e intercambio de información, entiende que lo consagrado en dichas
normas coincide con otros tratados de la misma naturaleza suscritos por
Colombia, por lo que no solo se ajusta a la costumbre internacional, sino que
además se adecua a la Constitución Política. Finalmente, frente a los capítulos
6 y 7, señala, en relación con el primero, que la transmisión espontánea de
información permite al Estado receptor su uso a efectos de poder iniciar un
proceso penal, adelantar una investigación pendiente o gestionar una solicitud
en los términos del tratado de cooperación. En lo que respecta al último
capítulo, solo se limita a reiterar la concordancia de las normas allí
consagradas con los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los
pueblos reconocidos por Colombia.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, en el concepto de rigor, se pronunció sobre la
constitucionalidad del instrumento internacional sometido a revisión y de su
ley aprobatoria, solicitándole a la Corte declarar su exequibilidad.
4.1. Con respecto al análisis formal, procedió a hacer un
recuento del procedimiento legislativo que se surtió para la aprobación de la
Ley 1594 de 2012, concluyendo que se cumplió a cabalidad con todos sus debates
y votaciones por lo que “no advierte la existencia de vicio alguno”.
4.2. En cuanto al estudio material del tratado, inició por
recordar que el Estado Colombiano ha suscrito instrumentos similares con otros
estados como parte de su lucha decida contra la delincuencia nacional e
internacional, los cuales, a su vez, han sido avalados por la Corte
Constitucional tras considerar que se ajustan a la Carta Política.
4.3. Afirma que los tratados sobre asistencia legal
recíproca en materia penal, como el que es materia de revisión, guardan
congruencia con la legislación nacional (C.P. art. 250 y C.P.P. Ley 906 de
2004), en cuanto promueven la cooperación internacional como herramienta eficaz
para mejorar la administración de justicia en el área penal. Bajo tal supuesto,
hace una breve reseña de los artículos contenidos en cada uno de los capítulos
que integran el instrumento sometido a estudio, para concluir que los mismos no
infringen la normatividad interna ni las garantías constitucionales y que, por
el contrario, están llamados a desarrollar principios superiores, como es el de
asegurar a los habitantes de la Nación colombiana la justicia, dentro de un
marco jurídico que garantice un orden político, económico y social justo.
4.4 La Vista Fiscal advierte que, conforme lo prevé el mismo
tratado en varias de sus disposiciones, las medidas de cooperación en él
contenidas siempre estarán subordinadas al ordenamiento jurídico interno de
cada país, con lo cual, el referido instrumento resulta acorde con lo
preceptuado en el artículo 9° de la Constitución Política, que promueve las
relaciones exteriores del Estado colombiano con base en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios de
derecho internacional.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
5.      Competencia
De acuerdo con el numeral 10° del artículo 241 de la Carta
Política[1], la Corte
Constitucional es competente para ejercer un control integral, previo y
automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueban. Por lo tanto, es competencia de esta Corporación
ejercer el control constitucional del “‘Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, y de la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del mismo.
6. Generalidades sobre el control de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueban
6.1. Conforme quedó anunciado en el apartado anterior,
por expreso mandato Superior (C.P. art. 241-10), le corresponde a la Corte
Constitucional la función de ejercer el control de constitucionalidad de los
tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias. Con respecto a dicho
control, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el mismo
presenta las siguientes características: (i) es previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación de la ley en el
Congreso y a su sanción gubernamental; (ii) es automático,
en cuanto la ley aprobatoria debe ser remitida por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes al acto
de sanción; (iii) es integral, en la medida en que le
corresponde a la Corte examinar tanto los aspectos formales como materiales de
la ley y del tratado, confrontándolos con la integridad del texto
constitucional y demás normas que hagan parte del mismo ordenamiento Superior; (iv)
es habilitante, dado que constituye un requisito sine qua non
para que el Estado colombiano se obligue internacionalmente frente al
respectivo tratado; (v) es preventivo, pues su objetivo es
detectar de forma anticipada a la vigencia del tratado, los eventuales
quebrantamientos que se presenten frente a la preceptiva superior[2];
y, finalmente, (vi) el mismo tiene fuerza de cosa juzgada
constitucional.
6.2. En lo que se refiere al control formal de
constitucionalidad, la Corte ha precisado que, por su intermedio, se busca
verificar el cumplimiento del proceso de incorporación de normas
internacionales en Colombia previsto por la Constitución, la ley Orgánica del
Congreso y el derecho internacional público, en particular, lo referente a la
negociación y suscripción del tratado, la aprobación del mismo por parte del
Congreso de la República mediante ley, y la correspondiente sanción
presidencial.
Con respecto a la aprobación del tratado por parte del
Congreso de la República, este Tribunal ha señalado que, con excepción de la
exigencia de tener que iniciar su trámite en el Senado de la República, los
proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales no están sometidos a
un trámite especial, por lo que, para efectos de su discusión, aprobación y
sanción, los mismos deben seguir el procedimiento legislativo general, es
decir, el previsto para las leyes ordinarias. Frente a las atribuciones del
Congreso, cabe destacar que, en virtud de lo previsto en los artículos 150-16
de la Constitución Política y 217 de la Ley 5ª de 1992, el legislador no puede
formular enmiendas frente al contenido tratado, pues su función consiste en
aprobarlo o improbarlo sin fraccionar su aceptación[3].
Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional
viene sosteniendo que el control de constitucionalidad formal sobre los
tratados internacionales y sus leyes aprobatorias, comprende los siguientes
aspectos: (i) la remisión del instrumento internacional y su respectiva
ley aprobatoria por parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la
representación del Estado colombiano en el proceso de negociación del tratado,
así como la competencia de los funcionarios intervinientes; (iii) la
iniciación del trámite en la cámara correspondiente; (iv) la publicación
en la Gaceta del Congreso del proyecto de ley y su correspondiente exposición
de motivos, de las Actas donde constan las ponencias, los anuncios y debates,
así como los textos definitivos; (v) la aprobación del proyecto en los
cuatro debates, en las comisiones y plenarias de cada cámara; (vi) el
anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate; (vii) el quórum
deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado
el proyecto; (viii) el cumplimiento del plazo establecido entre el
primero y el segundo debate, y entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra; (ix) la consideración y
tramite del proyecto en máximo dos legislaturas;  (x) la sanción
presidencial; y (xi) el envío de la ley y el tratado a la Corte
Constitucional.
6.3. En lo que respecta al control de eventuales
vicios de fondo o de contenido material, la labor de la Corte consiste en
examinar las disposiciones del tratado y de su ley aprobatoria frente a la totalidad
de los preceptos de la Constitución, con el propósito de garantizar la
supremacía del texto fundamental, en los términos del artículo 4° de la Carta
Política.
6.4. De acuerdo con lo anterior, esta Corporación
procederá a la revisión formal y de fondo del “Tratado sobre Asistencia
Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011” así como de su ley aprobatoria, la Ley 1594 de 21 de diciembre de 2012.
7. Revisión formal
7.1. Competencia del funcionario que suscribió el
Tratado
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia,
ha sostenido que en el examen de constitucionalidad de los tratados y de sus
leyes aprobatorias, es deber de esta Corporación revisar la competencia del
funcionario que participó en el proceso de negociación y adopción del
instrumento internacional sometido a control, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969, incorporada al derecho
interno mediante la Ley 406 de 1997[4].
En el presente caso, tal y como surge del propio
texto del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la
República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28
de enero de 2011”, y como lo certifica el Ministerio de Relaciones
Exteriores en escrito allegado a esta Corporación el día 12 de febrero de 2013,
dicho instrumento internacional fue suscrito directamente por el señor
Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, quien, dada su
condición  de Jefe de Estado, en virtud de lo dispuesto en el Literal a) del
artículo 7° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en el
numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, no requiere presentar
plenos poderes[5].
En los términos citados, la Corte encuentra cumplido
el requisito referido a la forma de adopción del instrumento internacional
objeto de control constitucional.
7.2. Aprobación presidencial
El 19 de julio de 2011, el Presidente de la República
impartió la respectiva aprobación ejecutiva al “Tratado sobre Asistencia
Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, y, a su vez, dispuso someter el instrumento internacional a consideración del Congreso de la
República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2°, de
la Constitución Política[6].
7.3. Remisión a la Corte Constitucional
El artículo 241 de la Constitución
Política dispone en su numeral 10°, que la Corte Constitucional tiene como
función decidir de manera definitiva sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias, para lo cual, el Gobierno Nacional
tiene el deber jurídico de remitir tales textos a esta Corporación “dentro
de los seis días siguientes a la sanción de la ley”.
Conforme con dicho mandato, el día
11 de enero de 2013, una vez concluido el periodo de vacancia judicial, la
Presidencia de esta Corporación recibió de la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, fotocopia autenticada de la Ley 1594 de 2012 “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en
Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, la cual fue sancionada por el Presidente de la República el 21 de diciembre de 2012. Por lo tanto, la Corte
encuentra que el citado instrumento internacional objeto de revisión fue
remitido oportunamente a esta Corporación, es decir, dentro del término de los
seis días siguientes a la sanción de su ley aprobatoria, teniendo en cuenta que
la Corte Constitucional estuvo en periodo de vacancia judicial desde el 19 de
diciembre de 2012 hasta el 10 de enero de 2013.
8. Trámite de la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012,
aprobatoria del “‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en
Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’,
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”
A continuación esta Corporación adelantará el juicio
de constitucionalidad del trámite de aprobación cumplido por parte del Congreso
de la República frente al “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en
Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
Como ya se anotó, en el proceso de formación de las
leyes aprobatorias de tratados, salvo por la exigencia de iniciar su trámite en
el Senado de la República (CP art. 154), la Constitución Política no establece
un procedimiento especial distinto al de expedición de las leyes ordinarias,
regulado por los artículos 157 a 165 del Texto Superior. De igual manera, el
reglamento interno del Congreso tampoco prevé reglas especiales sobre la
materia, salvo la contenida en el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992[7].
Teniendo en cuenta, tanto las certificaciones que
fueron remitidas por los respectivos Secretarios de las Cámaras Legislativas,
como los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del
Congreso de la República, la Corte pudo concluir que el trámite surtido en esa
Corporación para la expedición de la Ley 1594 de 2012 fue el siguiente:
8.1. Trámite surtido en el Senado de la República
8.1.1. Radicación y publicación del proyecto de ley
y de la exposición de motivos
El Proyecto de Ley aprobatoria del “Tratado
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia
y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, inició su trámite en el Senado de la República. El mismo fue radicado en la Secretaría
General de esa Corporación, el día 7 de septiembre de 2011, por el Gobierno
Nacional, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia. El
texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la
Gaceta del Congreso Número 674 del 9 de septiembre 2011 (páginas 12 a 19)[8], correspondiéndole a este
proyecto de ley el número de radicación 123 de 2011 Senado.
Acto seguido, se efectuó el reparto del referido proyecto de
ley, el cual fue asignado a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de
Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional.
8.1.2. Ponencia para primer debate
La ponencia favorable para
primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada
por el Senador Armando Benedetti Villaneda, y publicada en la Gaceta del
Congreso Número 774 del 13 de octubre de 2011 (folios 20 a 22 de la gaceta). En dicho texto, se propone a la Comisión Segunda del Senado de la República lo
siguiente: “dese primer debate al Proyecto de Ley número 123 de 2011” (folios 113 a 124 del cuaderno de pruebas Número 1).
8.1.3. Anuncio para votación en primer debate
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo
01 de 2003, la discusión y votación del Proyecto de Ley 123 de 2011 Senado, por
parte de la Comisión Segunda del Senado, fue inicialmente anunciada el 1° de
noviembre de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria[9],
esto es, en la sesión del 9 de noviembre de 2011. El citado proyecto no fue
discutido ni votado en la sesión del 9 de noviembre de 2011, habiéndose
aplazado su estudio por parte de la Comisión. Conforme con ello, luego de una
cadena de anuncios, en la sesión del 10 de abril de 2012, el proyecto fue
anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la
sesión ordinaria del 17 de abril de 2012, tal como consta en el Acta Número 19
de esa fecha (10 de abril), publicada en la Gaceta de Congreso Número 233 del
15 de mayo de 2012 (página 42 de la gaceta), en la cual se lee:
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, da lectura al
anuncio de proyectos de ley: por instrucciones del señor Presidente de la
Comisión Segunda, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y
votar en la próxima sesión de Comisión:
1. Proyecto
de Ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de
Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos Suiza, el 28 de enero de
2011.
Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior.
Ponente:
honorable Senador Armando Benedetti Villaneda.
Publicaciones:
Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 674 de 2011.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 774 de 2011.
(…)
Le informo señor Presidente, que han sido anunciados
los proyectos de ley para la próxima sesión.”
8.1.4. Aprobación en primer debate
En sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado
de la República llevada a cabo el día 17 de abril de 2012, tuvo lugar la
discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de Ley 123 de Senado
2011, de conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente
anterior, esto es, en la sesión del 10 de abril de 2012. El proyecto fue
aprobado por votación ordinaria, luego de verificarse por parte del Secretario
de la Comisión que ya se encontraba conformado el quórum decisorio,[10]
tal y como consta en el Acta Número 20 del 17 de abril de 2012, que fuera
publicada en la Gaceta del Congreso Número 233 del 15 de mayo de 2012 (páginas
44 y 45 de la gaceta, y folios 107 a 108 del cuaderno de pruebas Número 2). La
citada Acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:
“Hace uso de la palabra el Senador Ponente, Armando
Benedetti Villaneda:
Creo que es el proyecto de ley más sencillo que he
explicado en toda mi vida, es un Convenio entre Suiza y Colombia, para que
exista cooperación internacional en intercambio de pruebas, comunicaciones, en
caso de que algún delincuente esté en Suiza, o un delincuente de Suiza esté
aquí en Colombia, es para que exista la cooperación. Es solamente para eso, para
cambiar pruebas, me gustaría hablar más o extenderme, pero no hay nada más que
decir sobre el proyecto más sencillo y corto que he explicado en toda mi vida
como congresista.
Si usted lo tiene a bien señora Presidenta, ponerlo a
consideración de la Comisión, gracias.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
informa:
Primero que todo vamos a someter a consideración y votación
el Orden del Día. ¿Lo aprueba la Comisión?
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González
González, le informa a la Presidenta, que los Senadores de la Comisión sí
aprueban el Orden del Día. Además se ha conformado el quórum decisorio.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
solicita leer el informe con el cual termina la ponencia del Proyecto de ley
123 de 2011 Senado.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González
González, da lectura a la proposición del informe final de ponencia.
Proposición
De acuerdo con las anteriores consideraciones, me permito
proponer a los honorables Senadores:
Dese primer debate al Proyecto de ley 123 de 2011 Senado,
por medio de la cual se aprueba el “Tratado Sobre Asistencia Legal Mutua en
Asuntos Penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”,
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.
Cordialmente el honorable Senador Armando Benedetti
Villaneda.
Está leído el informe con que termina la ponencia señora
Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
somete a consideración de los Senadores de la Comisión el informe leído.
¿Aprueba la Comisión el informe final del Proyecto de ley 123 de 2011 Senado?
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González
González, le informa a la Presidenta que sí ha sido aprobado el informe final
de ponencia del Proyecto de ley 123 de 2011 por los Senadores de la Comisión.
La Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
informa:
A los Senadores, que se ha solicitado
la omisión de la lectura del articulado, ¿aprueba la Comisión en bloque el
articulado y la omisión de lectura del articulado del proyecto de ley 123 de
2011 Senado?
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González
González, informa:
A la Presidencia, que ha sido aprobado por los Senadores de
la Comisión la omisión de la lectura del articulado, aprobado en bloque el
articulado del proyecto de ley número 123 de 2011 Senado.
Lectura del título del proyecto de ley 123 de 2011.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González,
da lectura al título del proyecto de ley:
Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Tratado
Sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, entre la República de Colombia
y la Confederación Suiza, hecha en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.
Está leído el título del proyecto señora Presidenta.
La Presidenta, Senadora Alexandra Moreno informa:
A los Senadores de la Comisión, que está en consideración
el título del proyecto de ley, y si la Comisión quiere que tenga siguiente
debate para ser ley de la República. ¿Lo aprueba la Comisión?
El Secretario, doctor Diego González González, informa:
A la Presidencia, que ha sido aprobado por los Senadores de
la Comisión el título del proyecto de ley número 123 de 2011 leído, y el querer
de los Senadores que este proyecto de ley tenga segundo debate y sea ley de la
República.
La Presidencia designa como Ponente para el Segundo Debate
en la Plenaria del Senado al mismo Senador Armando Benedetti.”
8.1.5. Ponencia para segundo debate
La ponencia para segundo debate
en la Plenaria del Senado, fue presentada por el Senador Armando Benedetti Villaneda,
y publicada en la Gaceta del Congreso Número 374 del 15 de junio de 2012
(página 43 de la gaceta y folios 78 a 84 del cuaderno de pruebas No. 1), en la
cual se propuso lo siguiente: “Dese segundo debate al Proyecto de ley número
123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.”
8.1.6. Anuncio para votación en segundo debate
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo
01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 123 de 2011 Senado, por parte de la
Plenaria del Senado, fue anunciada el día 28 de agosto de 2012, para llevarse a
cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 29 de agosto de 2012, tal
como consta en el Acta Número 10 publicada en la Gaceta del Congreso número 795
del 9 de noviembre de 2012 (página 10 de la gaceta). El texto del anuncio fue
el siguiente:
“Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión.
Como
ordene, señor Presidente. Anuncios para la Sesión Plenaria del día 28 de agosto
de 2012. Proyectos para discutir y votar en la próxima Sesión Plenaria.
Con informe de Objeciones:
(…).
Con informe de Conciliación:
(…)
Proyectos de ley para segundo debate:
Proyecto
de ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de
Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de
enero de 2011.
(…).
Con
Informe de Conciliación
(…).
Con
informe de Objeciones
(…)
Están
anunciados los Proyectos, señor Presidente”.
8.1.7. Aprobación en segundo debate
En sesión plenaria del Senado de la República del 29
de agosto de 2012, tuvo lugar la discusión y aprobación, en segundo debate, del
Proyecto de Ley 123 de Senado 2011, de conformidad con el anuncio que se
realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 28 de
agosto de 2012. De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario
General del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado por
votación ordinaria, habiéndose certificado la conformación del quórum decisorio[11],
tal y como consta en el Acta número 11 del 29 de agosto de 2012, que fuera
publicada en la Gaceta del Congreso número 796 del 9 de noviembre de 2012
(página 15). El Acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente
manera:
“Con la
venia de la Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador Armando
Benedetti Villaneda:
Presidente
muchas gracias. Yo creo que este es el Proyecto más sencillo que usted va a
aprobar en su Presidencia.
Presidente,
solamente es un convenio internacional entre el país de Suiza y el nuestro para
temas judiciales, para ayudar a que de un país a otro se manden las pruebas,
haya colaboración desde la policía, los gobiernos, etc., para pelear contra  la
corrupción, mafias, y grupos ilegales. Le insisto señor Presidente, es el
Proyecto más sencillo que usted va a tener en su Presidencia para votar, solo
hay que decir lo que le acabo de decir Presidente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina
el informe.
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
Se abre
segundo debate.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto en
bloque, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado
propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 123 de 2011
Senado, por medio del cual se aprueba el Tratado sobre asistencia legal
mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación
Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.
Leído este,
la Presidencia lo somete a consideración de la Plenaria, y cerrada su discusión
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído? Y estos le
imparten su aprobación. Cumplidos los trámites constitucionales, legales y
reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que
el proyecto de ley aprobado, surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y
estos responden afirmativamente
La
Presidencia indica a la Secretaría pasar al punto VI del orden del Día.”
De igual manera, en la Gaceta del Congreso número 580
del 4 de septiembre de 2012, se publicó el texto del proyecto de ley 123 de
2011 Senado, aprobado por la Plenaria del Senado de la República en sesión
llevada a cabo el día 29 de agosto de 2012 (página 21 de la gaceta).
Finalmente, el Secretario General del Senado, en
escrito allegado a esta Corporación el día 30 de agosto de 2012, y que obra a
folio 73 del cuaderno de pruebas Número 1, del expediente legislativo que obra
en la Corte Constitucional, manifestó lo siguiente sobre la aprobación del
proyecto de ley en la Plenaria del Senado:
“En sesión Plenaria del H. Senado de la
República el día miércoles veintinueve (29) de agosto del año dos mil doce
(2012), fue considerado y aprobado, la Ponencia para Segundo Debate, el
articulado y el título del Proyecto de Ley Número 123 de 2011 SENADO, “Por
medio de la cual se aprueba el “TRATADO SOBRE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS
PENALES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA”, hecho
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.
El resultado de las votaciones presentadas
para la aprobación de éste proyecto son las registradas en el Acta Número 1 de
fecha 28 de agosto de 2012, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5° del Acto
Legislativo 01 de 2003, que establece: “(…) El voto de sus miembros será
nominal y público, excepto en los casos que determine la ley (…)”, desarrollado
por la Ley 1431 de 2011.
La presente sustanciación se hace con base en
el registro hecho por la Secretaria General de esta Corporación, en ésta misma
sesión Plenaria y con el quórum constitucional requerido.
La constancia de consideración y aprobación
de este proyecto, se encuentra señalado en el Acta 11 del 28 de agosto de 2012
previo anuncio en sesión Plenaria el día 22 de agosto de 2012, Acta Número 10.”
8.2. Trámite en la Cámara de Representantes
8.2.1.  Radicación del proyecto de ley en la Cámara de
Representantes
El Proyecto de Ley 123 de 2011
Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre Asistencia
Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, fue radicado en la Secretaria General de la Cámara de Representantes, el día 6 de
septiembre de 2012, siendo radicado con el número 123 de 2012 Cámara (folio 71
del cuaderno de pruebas Número 1).
8.2.3. Ponencia para tercer debate
La ponencia para tercer debate del Proyecto de Ley número
123 de 2012 Cámara, fue presentada ante la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes por el Representante Eduardo José Castañeda Murillo el día 23 de
octubre de 2012 (folio 58 del cuaderno de pruebas Número 1), y publicada en la
Gaceta del Congreso Número 743 del 30 de octubre 2012 (páginas. 4 a 6 de la gaceta, folios 58 a 63 del cuaderno de pruebas Número 1). En el informe de dicha ponencia
el Representante ponente dijo lo siguiente: “me
permito proponer a los honorables Representantes de la Comisión Segunda de
Cámara de Representantes, dar primer debate al Proyecto de ley número 123 de
2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de
Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
8.2.4. Anuncio para votación en tercer debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de
2003, la votación del Proyecto de Ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 30 de
octubre de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión donde se discutan y
aprueben proyectos de ley, esto es, en la sesión del 7 de noviembre de 2012, tal
y como se desprende del Acta número 18 del 30 de octubre de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso número 17 del 6 de febrero de 2013 (páginas 29 y 30). El
texto del anuncio fue el siguiente:
“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Siguiente punto del Orden del Día. Anuncio de proyectos de
ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al
artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003, para aprobación en próxima
sesión de la Comisión donde se discutan y aprueben proyecto de ley.
Señor Presidente, debo informarle que son ocho (8)
proyectos de ley para anunciar incluyéndose el primero que se aplazó.
(…).
Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011
Senado, por medio de la cual se
aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en
asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”,
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011
(…)
Estos
son los 8 proyectos de ley señor Presidente, que ha ordenado usted que se
anuncien para la próxima sesión donde debatan y voten proyectos de ley, señor
Presidente.”
8.2.5. Aprobación en tercer debate
El debate y aprobación del Proyecto de Ley 123 de 2012
Cámara, por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, tuvo
lugar de acuerdo con el anuncio que debidamente se
realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue
discutido y aprobado en la sesión siguiente a la del 30 de octubre de 2012,
es decir, en la sesión del 7 de noviembre de 2012, tal y como consta en el Acta
Número 19 del 7 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso
número 222 del 22 de abril de 2013 (páginas 14 y 15 de la gaceta). De acuerdo
con la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la
República, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en votación
ordinaria, habiéndose confirmado la conformación del quórum decisorio[12], tal como
consta en el Acta número 19 del 7 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta
del Congreso número 222 del 22 de abril de 2013 (a folio 3). El Acta consigna
la aprobación del proyecto de la siguiente manera:
“Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Continúa
la discusión del informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada,
¿aprueba la Comisión el informe de ponencia?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el informe de ponencia señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Articulado
señora Secretaria.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor
Presidente le informo que son tres artículos debidamente publicados en la
gaceta, no hay ninguna proposición modificatoria.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable
Representante Óscar de
Jesús Marín:
En
consideración el articulado, se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda
cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el articulado del proyecto señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Título del
proyecto.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por medio
de la cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos
penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza” hecho en
Davos, Suiza el 28 de enero de 2011. Leído el título del proyecto.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
En
consideración, el título del proyecto así como la pregunta si quiere la
Comisión que este proyecto pase a segundo debate, se abre su discusión, anuncio
que va a cerrarse, queda cerrado, ¿lo aprueba la Comisión?
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el título del proyecto leído, y los honorables Representantes quieren
que este proyecto tenga segundo debate en plenaria.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Continúa
como ponente el doctor Eduardo José Castañeda. Tiene la palabra doctor
Castañeda.
Hace
uso de la palabra el honorable Representante
Eduardo
José Castañeda Murillo:
Agradecerles
a los honorables Representantes que nos han acompañado en la votación positiva
de este proyecto, y de la misma forma que nos acompañen votando positivamente
cuando llegue a segundo debate en Cámara. Muchas gracias Presidente.”
Por su parte, el Secretario General de la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes, en escrito remitido a esta Corporación el día 7
de noviembre de 2012 (folio 106 del cuaderno de pruebas Número 1), coincide con
el contenido del Acta número 19 del mismo 7 de noviembre, en el sentido de
informar que el Proyecto en mención fue puesto a consideración y aprobado por
unanimidad en votación ordinaria. Al respecto, se explica en el mencionado
escrito:
“Leída la proposición con que
termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente Dr.
H.R. Eduardo José Castañeda Murillo, se sometió a consideración y se aprobó por
votación ordinaria.
Sometido a consideración, el
articulado del Proyecto, publicado en la Gaceta Número 743/12 se aprobó por
unanimidad en votación ordinaria.
Leído el título del proyecto y
preguntada a la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la República,
se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
La mesa directiva designó al
honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo para rendir informe de
ponencia en segundo debate dentro del término reglamentario.
El anuncio de este proyecto de
ley en cumplimiento del artículo 8° del acto legislativo N° 1 de 2003 para su
discusión y votación se hizo en sesión del día 30 de octubre de 2012, Acta N° 18.”
8.2.6. Ponencia para cuarto debate
La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara
de Representantes, del Proyecto de Ley número 123 de 2012 Cámara, fue
presentada por el Representante Eduardo José Castañeda Murillo y publicada en la
Gaceta de Congreso Número 834 del 23 de noviembre de 2012 (Pág. 1 a 4 de la gaceta)[13].
En el informe de dicha ponencia el Representante ponente dijo lo siguiente: “me permito proponer a los honorables Representantes de la
Plenaria de Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de ley
número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se
aprueba el ‘Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la
República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28
de enero de 2011”.
8.2.7. Anuncio para votación en cuarto debate
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de
2003, la votación del Proyecto de Ley 123 de 2012 Cámara, por parte de la
Plenaria de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 26 de noviembre
de 2012, para llevarse a cabo en la sesión del día 28 de noviembre del mismo
año. Así consta en el Acta número 176 de la misma fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso número 26 del 8 de febrero de 2013, (páginas 31 de la gaceta,
folio 17 y 17 visto del cuaderno de pruebas Número 2). El texto del anuncio
para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:
“Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor José
Ignacio Meza Betancurt:
Mañana es la Sesión en la Isla de San Andrés y el miércoles
a las 3.00 p.m., es debate de control político.
Entonces citamos a las 3:00 p.m., se inicia con proyectos,
entonces anunciemos señora Secretaria los proyectos que quedarán para el día
miércoles y después de esos proyectos el debate de control político.
La Secretaria General informa, doctora
Flor Marina Daza Ramírez:
Sí, señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos
para la Sesión Plenaria del próximo miércoles 28 de noviembre o para la
siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de
acuerdo al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003, en su artículo 8°.
Proyectos para Segundo Debate.:
(…)
Proyecto de ley número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011
Senado, por medio de la cual se
aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en
asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”,
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011
(…)
Señor Presidente han sido anunciados los proyectos de ley”.
8.2.8. Aprobación en cuarto
debate
La aprobación del Proyecto de Ley 123 de 2012 Cámara, por
parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo lugar en los términos
del anuncio que debidamente se realizó en la sesión del 26 de noviembre de
2012, es decir, en la sesión del día 28 de noviembre de 2012, tal como consta
en el Acta número 177 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
número 83 del 12 de marzo de 2013 (páginas 39 y 40 de la gaceta, folios 72 y 72
visto del cuaderno de pruebas Número 2). De acuerdo con la certificación
expedida por el Secretario General[14]
de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue aprobado en votación
ordinaria, la cual se llevó a cabo con el respectivo quórum decisorio[15],
tal como consta en el Acta número 177 del 28 de noviembre de 2012, publicada en
la Gaceta del Congreso número 83 del 12 de marzo de 2013 (a folio 39 y 40). El
Acta consigna la aprobación del proyecto de la siguiente manera:
“Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo
punto del Orden del Día, señora Secretaria.
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Proyecto
de ley número 123 de 2012 Cámara,123 de 2011 Senado, por medio de la
cual se aprueba el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales
entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza,
el 28 de enero de 2011. Informe con que termina la ponencia.
En
consecuencia de lo expuesto anteriormente y con base en lo dispuesto por la
Constitución Política y la ley. Me permito proponer a la honorable Plenaria de la
Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto de ley número 123 de
2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de
Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de
2011.
De los
honorables Representantes Eduardo José Castañeda Murillo, Representante a la
Cámara, departamento del Guainía. Señor Presidente ha sido leído el informe con
que termina la ponencia.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Ha sido
leído señora Secretaria.
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor
Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En
consideración el informe de ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado,
¿aprueba la Plenaria?
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Ha sido
aprobado señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Articulado
señora Secretaria.
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Señor Presidente tiene tres
artículos sin modificación.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En
consideración el articulado del proyecto en mención, anuncio que va a cerrarse,
queda cerrado, ¿aprueba la Plenaria?
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor
Presidente ha sido aprobado el articulado.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias
señora Secretaria. Título y pregunta, si la Plenaria quiere que este proyecto
se convierta en ley de la República.
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí señor
Presidente así lo quieren. Señor Presidente voy a leer el título del proyecto
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
El título
por favor.
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
El título
del Proyecto Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre
asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza, hecho en Davos,
Suiza, el
28 de enero de 2011.
Dirección
de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Gracias
señora Secretaria, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la
Plenaria el título y la pregunta?
Secretaria
General (E), doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Sí
Presidente, han sido aprobados el título y la pregunta.”
8.3. Sanción presidencial
Finalmente, el día 21 de
diciembre de 2012, el Presidente de la República sancionó la Ley 1594 de 2012, “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en
Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho
en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
9. Conclusiones en relación con el trámite legislativo
surtido en el Congreso de la República
De acuerdo con el trámite legislativo al que se ha hecho
expresa referencia, encuentra la Corte que el Proyecto de Ley 123 de 2011
Senado – 123 de 2012 Cámara, que concluyó con la expedición de la Ley 1594 de
2012, cumplió con los requisitos formales exigidos por la Constitución
Política, como pasa a explicarse:
9.1. Inició su trámite en el Senado de la República, tal y
como lo exige el artículo 154 de la Carta, siendo asignado a la Comisión
Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Internacionales, Comercio
Exterior y Defensa Nacional, conforme lo preceptuado en la Ley 3ª de 1992.
9.2.   Se efectuaron las publicaciones oficiales, según lo
establece el numeral 1° del artículo 157 Superior y demás normas concordantes.
En efecto, las publicaciones se dieron de la siguiente manera:
(1) antes de darle curso
en la respectiva Comisión del Senado, el proyecto fue publicado, junto con la
exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso Número 674 del 9 de septiembre
de 2011;
(2) la ponencia para
primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del
Congreso No 774 del 13 de octubre de 2011;
(3) el texto aprobado en
primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso Número 233 del 15 de mayo
de 2012;
(4) la ponencia para
segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la
Gaceta del Congreso Número 374 del 15 de junio de 2012;
(5) el texto definitivo
aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta
Número 796 del 9 de noviembre de 2012;
(6) la ponencia para
primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue
publicada en la Gaceta Número 743 del 30 de octubre de 2012;
(7) el texto aprobado en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del
Congreso 222 del 22 de abril de 2013;
(8) la ponencia para
segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la
Gaceta del Congreso Número 834 del 23 de noviembre de 2012; y
(9) el texto definitivo
aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la
Gaceta Número 83 del 12 de marzo  de 2013.
9.3.   Se cumplieron los términos previstos en el inciso 1°
del artículo 160 de la Constitución. Tanto el de los 8 días que deben mediar
entre el primero y el segundo debate en una misma Cámara, como el de los 15
días que deben transcurrir entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la
iniciación del debate en la otra.
9.3.1. Ciertamente, mientras el primer debate en la Comisión
Segunda del Senado de la República se realizó el día 17 de abril de 2012, el
segundo debate en la Plenaria del Senado se llevó a cabo el día 29 de agosto de
2012, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo mismo ocurrió en el trámite
surtido en la Cámara de Representantes, habida cuenta que, mientras el primer
debate en Comisión se cumplió el día 7 de noviembre de 2012, el segundo debate
en Plenaria se efectuó el día 28 de noviembre de 2012, habiendo transcurrido un
término mayor a 8 días.
9.3.2. Por otra parte, entre la aprobación del proyecto en la
Plenaria del Senado de la República, que tuvo lugar el día 29 de agosto de
2012, y la iniciación del debate en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, el día 7 de noviembre de 2012, transcurrió un tiempo superior a
los 15 días que exige la Constitución.
9.4. El proyecto fue
discutido y aprobado en cuatro debates, en Comisiones y Plenarias de ambas
Cámaras, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 157 Superior. En cuanto a
su forma de aprobación, lo fue por unanimidad y a través de votación ordinaria,
con plena observancia a lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento del
Congreso, modificado por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, el cual dispone
en su numeral 16 que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en
el trámite del proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva
comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un
proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus
miembros.”
9.4.1.
En efecto, según lo ha destacado esta Corporación, de conformidad con el
artículo 133 de la Constitución Política y el numeral 16 del artículo 1° de la
Ley 1431 de 2011, los proyectos de ley sometidos a consideración en cada una de
las comisiones y plenarias del Congreso de la República deben ser aprobados
mediante votación nominal, salvo las excepciones legales, entre las que se
cuenta la votación por unanimidad respecto al articulado del proyecto.
9.4.2.
Recientemente, en la Sentencia C-360 de 2013, donde la Corte llevó a cabo la
revisión oficiosa de constitucionalidad de la Ley 1585 de 2012, aprobatoria de
la “Resolución número AG-14/2005”, adoptada
por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 2005; la “Resolución número
AG-13/2006”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano
de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la
“Resolución número AG-10/2007”, adoptada por la Asamblea de Gobernadores del
Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo
de 2007; y la “Resolución número AG-7/2009”, adoptada por la Asamblea de
Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en
Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009”, la Corporación precisó
que, conforme a lo previsto en el numeral 16 del artículo 129 del Reglamento
del Congreso, frente a proyectos sometidos al trámite legislativo ordinario,
que requieren para su aprobación de mayoría simple, como es el caso de las
leyes aprobatorias de tratados públicos, es posible avalar la votación
ordinaria llevada a cabo en las distintas cámaras, como una excepción a la
votación nominal y pública, cuando sea posible verificar que el proyecto fue
aprobado por unanimidad.
9.4.3. En el presente caso, como
ya se anotó, el proyecto fue votado favorablemente por unanimidad en cada una
de las respectivas comisiones y plenarias, aspecto éste que se deduce, no solo de
las actas transcritas y de las certificaciones de los respectivos secretarios,
sino además, de los siguientes hechos: (i) en ninguno de los debates se
presentaron informes de ponencia contrarios a la aprobación del proyecto; (ii)
en los cuatro debates, tanto en comisión como en plenaria, ninguno de los
miembros de las cámaras hizo público su desacuerdo con la aprobación del
proyecto; (iii) en los distintos debates se aprobó la omisión de la
lectura del articulado del proyecto; (iv) en ninguno de los debates se
solicitó por parte de los congresistas la votación nominal y pública; y (v)
en ninguno de los cuatro debates se registraron votos en contra del citado
proyecto.
9.4.4. En consecuencia, se
reitera, las votaciones del proyecto bajo revisión se ajustan a los
lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales, pues el mismo fue
aprobado en sus cuatro debates reglamentarios por unanimidad y a través de
votación ordinaria, lo cual se deduce sin objeción alguna del contexto de los
distintos debates.
9.5. De otra parte, al
verificarse el cumplimiento de todos los requisitos a los que se somete en su
trámite un proyecto de ley aprobatoria de un tratado, se pudo confirmar
igualmente, que el mismo fue considerado en no más dos legislaturas, tal como
lo exige el Artículo 162 de la Carta Política. Lo anterior se constata al
observar la fecha en la que el proyecto de ley fue radicado en el Senado de la
República, lo cual tuvo ocurrencia el día 13 de octubre de 2011, y la fecha en
que fue aprobado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, lo que a
su vez sucedió el día 28 de noviembre de 2012. En consecuencia, se tiene que el
proyecto inició su trámite y fue aprobado en la legislatura que comenzó el 20
de julio de 2011 y que concluyó en la legislatura que terminó el 20 de junio de
2013, lo cual significa que se debatió y aprobó en dos legislaturas, es decir,
dentro del término constitucional.
9.6. Según se mencionó previamente, el proyecto de
ley que concluyó con la expedición de la Ley 1594 de 2012, obtuvo la
correspondiente sanción presidencial, el día 21 de diciembre de 2012,
cumpliéndose de esta manera con lo previsto en el numeral 4 del artículo 157
Superior.
9.7. Frente a la observancia del requisito del
anuncio previo, consagrado en el artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de
2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, la Corte
considera necesario hacer algunas precisiones en torno al alcance del citado
requisito:
9.7.1. Según lo dispone el inciso
5° del artículo 160 de la Carta Política, tal y como el mismo fue adicionado
por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”.
9.7.2. La jurisprudencia
constitucional se ha referido al requisito del anuncio previo, destacando que
su incorporación al ordenamiento jurídico busca, “[p]or una parte, permitir
que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás
asuntos sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con
votaciones no anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los
ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos
tramitados por el Congreso, una participación política oportuna, de manera que
puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus
opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”[16].
9.7.3. De acuerdo con su
objetivo, esta Corporación ha señalado que el requisito del anuncio previo
lleva implícitos unos presupuestos básicos,[17] que
deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano
de control constitucional. Tales presupuestos son:
(i) que se anuncie la
votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios;
(ii) que el anuncio lo
haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión
diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del
proyecto;
(iii) que la fecha de la
votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y
(iv) que el proyecto no
sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
9.7.4. Alrededor de los citados presupuestos, la propia
jurisprudencia constitucional ha definido unas reglas objetivas de valoración,
dirigidas a permitir que, tanto la aplicación como el juzgamiento del requisito
de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y racional, que permita
interpretar el mandato constitucional que lo consagra y los objetivos que con
él se persiguen. Tales reglas son:
-
El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula
sacramental o de cierta expresión lingüística[18], en razón a que la Constitución
no prevé el uso de una locución específica para cumplir el mandato
constitucional.
-
Es posible considerar cumplido el requisito de anuncio, cuando del
contexto de los debates surgen elementos de juicio que permiten deducir que la
intención de las mesas directivas ha sido la de anunciar la votación de ciertos
proyectos para una sesión posterior.
-
El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a
tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite[19], de manera que sólo la
imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho
procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en
consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta[20]. Para definir
lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la Corporación
ha señalado[21] que
expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”,
permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el
proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito
del aviso.
-
En los casos en que la votación de un proyecto se aplaza
indefinidamente, de forma tal que no tiene lugar en la sesión inicial para la
cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar con la cadena de
anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio de votación en cada
una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a
cabo la votación del proyecto. No obstante, como lo ha precisado la propia
jurisprudencia constitucional, “la citada doctrina constituye la regla general,
pues como excepción se ha admitido que a pesar de la ruptura de la  cadena
de anuncios no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por
desconocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión
inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del proyecto,
el mismo fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en dicha
sesión”[22].
9.7.5. A la luz de las anteriores premisas, y de acuerdo con
el trámite legislativo surtido por el Proyecto de Ley 123 de 2011 Senado – 123
de 2012 Cámara, que posteriormente se convirtió en la Ley 1594 de 2011,
constata la Corte que, en relación con dicho proyecto, se cumplió con el
requisito de anuncio previo, así:
a) En el primer debate en la Comisión Segunda
del Senado, (i) se anunció debidamente el proyecto al emplearse
las expresiones “´[a]nuncio de
discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión”;
(ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (10 de abril de
2012) y previa a la votación (17 de abril de 2012), después de una cadena de
anuncios que comenzó en la sesión ordinaria del 1° de noviembre de 2011 y
finalizó en la sesión del 10 de abril del 2012; (iii) la fecha de
la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la
expresión “han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima
sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión
indicada en el último anuncio, ya que éste se hizo en la sesión del 10 de abril
de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del
17 de abril del 2012, donde efectivamente se votó.
Siguiendo las reglas fijadas por la propia jurisprudencia, a
las cuales ya se hizo referencia, en el caso del primer debate, el requisito de
anuncio se observó adecuadamente, toda vez que, en la medida en que la votación
del proyecto se aplazó indefinidamente, la Mesa Directiva de la Comisión
Segunda Constitucional del Senado de la República, continuó con la cadena de
anuncios, y, en todo caso, reiteró el anuncio de votación en la sesión que
antecedió a aquella en que efectivamente se llevó a cabo la votación del
proyecto.
Como ya se manifestó, la discusión y votación del proyecto
se anunció en la sesión ordinaria del 1° de noviembre de 2011 para ser votado
en la sesión del 9 de noviembre del mismo año. En la media en que el proyecto
no se votó en la sesión del 9 de noviembre de 2011, y solo fue debatido y
votado en la sesión ordinaria del 17 de abril de 2012, la mesa directiva de la
Comisión Segunda realizó los respectivos anuncios para votación en las sesiones
ordinarias convocadas para tramitar proyectos de ley y que tuvieron lugar entre
las dos fechas citadas, así: en la sesión del 9 de noviembre para ser votado en
la sesión del 16 de noviembre[23];
en la sesión del 16 de noviembre para ser votado en la sesión del 22 de
noviembre[24];
en la sesión del 22 de noviembre para ser votado en la sesión del 29 de noviembre[25];
en la sesión del 29 de noviembre para ser votado en la sesión del 30 de
noviembre[26];
en la sesión del 30 de noviembre para ser votado en la sesión del 7 de
diciembre[27];
en la sesión del 7 de diciembre para ser votado en la sesión del 21 de marzo de
2012[28],
en la que, tras aprobarse la modificación del orden del día, para dar trámite a
un mensaje de urgencia presentado por el Presidente de la República para
debatir e implementar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos[29],
la sesión ordinaria que le siguió fue efectivamente la sesión del 27 de marzo,
en la que tampoco se debatió ni voto el proyecto, siendo reanudada la cadena de
anuncios en esa misma sesión para ser debatido y votado en la sesión del 28 de
marzo[30];
en la sesión del 28 de marzo para ser votado en la sesión del 10 de abril[31];
y finalmente, en la sesión del 10 de abril para ser votado en la sesión del 17 abril
de 2012[32],
donde finalmente la misma tuvo lugar.
Aun cuando en la
sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2011, el proyecto fue anunciado para ser
discutido y votado en la “próxima sesión”, que sería la sesión del 21
de marzo de 2012, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 163 de la
Constitución Política, según el cual, el mensaje de urgencia del Presidente,
respecto del trámite de algún proyecto de ley en particular, “tendrán
prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro
asunto”, debe entenderse que la “próxima sesión” ordinaria que
siguió a la celebrada el 7 de diciembre de 2011, para efectos de aprobar
proyectos de ley por parte de la comisión y que no correspondió a comisiones
conjuntas, fue la realizada el 27 de marzo del 2012 donde, como ya se anotó, se
reanudó la cadena de anuncios de forma ininterrumpida hasta la sesión del 17 de
abril de 2012 donde el proyecto fue debatido y votado[33].
En efecto, en la sesión del 21 de marzo de 2012, no fueron
considerados ninguno de los proyectos de ley anunciados en la sesión del 7 de
diciembre de 2011, incluyendo el que es materia de revisión en el presente
caso, en razón a que la Presidenta de la Comisión, al inicio de la sesión,
propuso la modificación del orden del día, en consideración al mensaje de
urgencia que el Presidente de la República radicó en la Secretaria General de
esa Comisión, el día 20 de marzo de 2012, en el que solicitó priorizar y
debatir, en sesiones conjuntas de Senado y Cámara, la aprobación de los
proyectos de ley que implementaban el Tratado de Libre Comercio suscrito con
los Estados Unidos[34].
La proposición concerniente al mensaje de urgencia fue entonces considerada y
aprobada en esa misma sesión del 21 de marzo de 2012, a partir de lo cual, como ya se anotó, no se consideró en dicha sesión ninguno de los proyecto
de ley previamente anunciados para dar paso a la citación de las comisiones
conjuntas. Ello, en pleno acatamiento a lo previsto en el artículo 163 de la
Carta, que le reconoce prelación en el orden del día al mensaje de urgencia del
Presidente para tramitar un determinado proyecto de ley y, a su vez, que
dispone excluir de dicha sesión la consideración de cualquier otro asunto hasta
tanto la respectiva cámara o comisión no decida sobre él.
En todo caso, como puede observarse, el debate y votación
del proyecto de Ley 123 de 2011 Senado – 123 de 2012 Cámara, en la Comisión
Primera del Senado, fue anunciado en la sesión anterior a aquella en la que se
realizó su votación, esto es, en la sesión del 10 de abril para ser votado en
la sesión del 17 abril de 2012, donde finalmente la misma tuvo lugar, con lo
cual, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se cumple la exigencia
del anuncio previo consagrada en el artículo 8º del acto legislativo 01 de
2003, razón por la cual la Corporación no encuentra la ocurrencia de vicio procedimental
alguno aun en el caso de haber tenido lugar un supuesto rompimiento de la
cadena de anuncios.
Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha dejado en
claro, entre otras, en las Sentencias C-533 de 2004, C-576 de 2006, C-864 de
2006 y C-141 de 2010, que, aun cuando haya tenido lugar el fenómeno de la ruptura
de la  cadena de anuncios, no se incurre en un vicio de
inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 160 Constitucional, si en
la sesión inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del
proyecto, éste fue específicamente anunciado para ser sometido a votación en
dicha sesión. Esta hipótesis fue la que tuvo lugar en el caso de la ley
sometida a revisión, pues, se reitera, luego de una cadena de anuncios y de la situación
especial ocurrida en la sesión del 21 de marzo de 2012, en la sesión del 10 de
abril de 2012 el proyecto de ley fue anunciado para ser debatido y votado en la
sesión del 17 abril de 2012, donde finalmente el mismo fue considerado y
aprobado.
b) En segundo debate en la Plenaria del
Senado, (i) el anuncio del proyecto se llevó a cabo en forma
debida, al utilizarse las expresiones “[P]royectos que se discutirán y
aprobaran en la próxima sesión”; (ii) el anuncio se
realizó en sesión distinta (28 de agosto de 2012) y previa a la votación (29 de
agosto de 2012); (iii) la fecha de la votación resulta claramente
determinable al haberse hecho uso de la expresión “en la próxima sesión”;
y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el
anuncio, ya que éste se hizo el 28 de agosto  de 2012, para llevarse a cabo en
la próxima sesión, esto es, en la sesión del 29  de agosto de 2012, donde
efectivamente se debatió y votó.
c) En el tercer debate en la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes, (i) se anunció debidamente el
proyecto al emplearse las expresiones “Anuncios de proyectos de ley para
discusión y aprobación…”; (ii) el anuncio se realizó en sesión
distinta (30 de octubre de 2012) y previa a la votación (7 de noviembre de
2012); (iii) la fecha de la votación resulta claramente
determinable al haberse utilizado la expresión “para aprobación en
próxima sesión de la Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”;
y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el
anuncio, ya que éste se hizo el 30 de octubre de 2012, para llevarse a cabo en
la próxima sesión, esto es, en la sesión del 7 de noviembre de 2012, donde
efectivamente se debatió y votó.
d) En el cuarto debate en la Plenaria de la
Cámara de Representantes, (i) también se anunció debidamente el
proyecto, al emplearse las expresiones “se
anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del próximo miércoles
28 de noviembre o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de
ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003,
en su artículo 8°”; (ii) el anuncio se realizó en
sesión distinta (26 de noviembre de 2012) y previa a la votación (28 de
noviembre de 2012); (iii) la fecha de la votación resulta
determinable al haberse utilizado la expresión “para
la Sesión Plenaria del próximo miércoles 28 de noviembre o para la siguiente
sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la
sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 26 de noviembre de 2012,
para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 28 de
noviembre de 2012, donde efectivamente se debatió y votó.
9.8. En los términos descritos, la Corte concluye que la Ley
1594 de 2012, ““Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”, cumplió con los requisitos formales impuestos por la Constitución Política para la
aprobación de las leyes.
9.9. Verificado el cumplimiento del procedimiento
legislativo que dio paso a la expedición de la Ley 1594 de 2012, procede la
Corte a examinar si dicha ley, y el instrumento internacional en ella
contenido, se ajustan, desde el punto de vista material, a la Constitución
Política.
10. Revisión material
10.1. Contenido del Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza
10.1.1. El Tratado sobre
asistencia legal mutua en asuntos penales, suscrito entre el Gobierno de la
República de Colombia y Confederación Suiza, consta de 36 artículos
distribuidos en 7 capítulos, los cuales se ocupan de precisar y desarrollar el
alcance y límites de la aludida asistencia.
10.1.2. Inicialmente, el
preámbulo del tratado hace público el interés que le asiste a las partes
por estrechar aun más los lazos de amistad y cooperación que los une, mediante “el
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia muta”,
dentro del propósito propuesto de “evitar el incremento de las actividades
delictivas”, a lo cual se comprometen con plena observancia de las normas constitucionales
y legales de los estados parte, y con total respeto a los principios de derecho
internacional -en especial los de soberanía, integridad territorial y no
intervención-, el ordenamiento jurídico interno de cada Estado y los principios
contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
10.1.3. En ese contexto, el
Capítulo I, al cual se integran los artículos 1°, 2°, 3° y 4°, corresponde
a las disposiciones generales del Tratado.
El artículo 1°
precisa las obligaciones generales que comprende la asistencia legal en materia
penal que se comprometen a prestar los dos estados contratantes. Al respecto,
precisa que la asistencia penal será la más amplia posible “en cualquier
investigación o proceso con respecto a delitos castigables que, al momento de
hacerse la solicitud de asistencia, caigan dentro de la jurisdicción de las
autoridades judiciales del Estado Solicitante”.
El artículo 2°, por
su parte, regula lo referente al alcance de la asistencia, describiendo de
manera puntual las medidas que comprende. Tales medidas de asistencia se
concreta en: a) tomar testimonio u otras declaraciones; b)
transmitir objetos, documentos, registros y evidencia; c) entrega de
objetos y activos para propósitos de decomiso, extinción de dominio o
devolución; d) intercambio de información; e) registro e personas
y propiedades; f) localización e identificación de personas o
propiedades; g) Rastreo, incautación y decomiso de cosas producto de
delitos; h) Notificación de documentos; i) trasladar personas
detenidas con miras a interrogatorios o confrontaciones; j) invitación a
testigos o expertos para comparecer y rendir testimonio en el Estado
solicitante; y k) cualquier otra asistencia consistente con los
objetivos del tratado siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del
Estado Solicitante.
El artículo 3°
señala las causales de exclusión del tratado, es decir, los casos en los que no
procede la asistencia legal mutua. Sobre el particular, la norma precisa que el
tratado no debe aplicarse en los casos de: (i) la ubicación, detención o
arresto de personas procesadas, o enjuiciadas por delitos con miras a
extradición; y (ii) la ejecución de sentencias penales, incluido el
traslado de personas condenadas con el objeto de que se cumpla la sentencia.
El artículo 4° se
refiere a las bases para negar o posponer la asistencia. En ese contexto,
dispone que la asistencia legal mutua en casos criminales puede ser denegada
cuando: a) la solicitud concierne a un delito que el Estado Solicitado
considera un delito político o conexo; b) la solicitud se refiere a un
delito tipificado conforme a la legislación militar pero que no constituye un
delito según la legislación penal ordinaria; c) la solicitud concierne a
un delito fiscal, (no obstante, el Estado Solicitado podrá aceptar una
solicitud si el objeto de la investigación o del proceso es fraude tributario);
d) el Estado solicitado considera que el cumplimiento de la solicitud es
perjudicial para su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses
esenciales del Estado Solicitado, según lo determinen sus autoridades
competentes; e) la solicitud se refiere a hechos sobre cuya base la
persona procesada ha sido definitivamente condenada o exonerada en el Estado
Solicitado por un delito en lo esencial similar, siempre y cuando la pena
impuesta se estuviere cumpliendo o ya se hubiese cumplido; f) existen
bases sustanciales para creer que la solicitud de asistencia ha sido presentada
para procesar o castigar a un individuo por su raza, religión, origen étnico,
sexo u opiniones políticas, o que el otorgamiento de la solicitud pudiera
resultar en el agravamiento de la situación de esta persona por cualquiera de
estas razones; g) existen bases sustanciales para creer que el proceso
penal en contra de la persona procesada no es conforme a las garantías
contenidas en los instrumentos internacionales para la protección de derechos
humanos, incluido el Acuerdo Internacional en Derechos Civiles y Políticos del
16 de diciembre de 1966; h) la solicitud se relaciona a un delito que
acarrea la pena de muerte en el Estado solicitante, a menos que el Estado
solicitante entregue las garantías necesarias para que el Estado solicitado
considere suficientes, para que no se le imponga la pena de muerte o, si es
impuesta, no se lleve a cabo.
La misma norma establece que el
Estado solicitado puede posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia
legal si su ejecución pudiese interferir en procesos penales en curso en el
Estado Solicitado.
En relación la posibilidad de
negar o posponer el cumplimiento de la solicitud de asistencia legal mutua, el
propio artículo 4° prevé que, antes de antes de proceder en uno u otro sentido,
el Estado Solicitado deberá: a) informar con prontitud al Estado
Solicitante las razones para considerar, negar o posponer la asistencia; y b)
considerar si la asistencia puede darse en los términos y condiciones que se
crean necesarias.
10.1.4. El Capítulo II, del
que hacen parte los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11, 12, 13, 14 y 15,  desarrolla
el tema referente a las solicitudes para la asistencia legal mutua.
El artículo 5°
regula lo relacionado con la ley aplicable, señalando que “[l]as solicitudes
deberán hacerse de acuerdo a las leyes del Estado Solicitando”. La norma
aclara que si el Estado solicitante requiere la aplicación de algún
procedimiento específico en referencia al cumplimiento de una solicitud para
asistencia legal mutua, deberá ser así expresado y el estado solicitado deberá
cumplir con la solicitud “si sus leyes no lo prohíben”.
El artículo 6° se
refiere al tema de la doble incriminación, precisando que la asistencia se
prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado Solicitante no
sea considerado como delito por la ley del Estado Solicitado, aclarando que, en
este último caso, no hay lugar a aplicar las medidas coercitivas previstas en
el Artículo 7.
El artículo 7° trata
sobre las medidas coercitivas, precisando que las mismas incluyen: a)
registro de personas y propiedades; b) incautación de evidencia,
incluyendo los instrumentos utilizados en la ejecución del delito, así como
objetos y activos que constituyan los productos del mismo; c) cualquier
medida dirigida a levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado Solicitado;
y d) cualquier otra medida que involucre coerción, de acuerdo a la ley
procesal del Estado solicitado.
La misma norma aclara que el
cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser
denegado si los hechos descritos en la solicitud no corresponden con los
elementos objetivos de un delito sancionable por las leyes del Estado
Solicitado.
El artículo 8°
consagra lo relacionado con las medidas provisionales, señalando que, previa
solicitud explícita del Estado solicitante, las medidas provisionales serán
ordenadas por la autoridad competente del estado solicitado para preservar la
situación existente, para salvaguardar intereses legales que se vean amenazados
o para proteger evidencias en peligro, si el procedimiento del que trate la
solicitud no aparece obviamente inadmisible o inapropiado bajo las leyes del
Estado solicitado.
El artículo 9° se
refiere a las personas participantes en el cumplimiento de la asistencia.
Destaca que, por solicitud expresa del Estado solicitante, la Autoridad Central
del Estado solicitado establecerá la fecha y lugar del cumplimiento de la
solicitud, permitiendo a las personas y autoridades involucradas estar
presentes.
El artículo 10°
relaciona el tema de la declaración de testigos en el Estado Solicitado.
Destaca que los testigos deberán ser escuchados de acuerdo a la ley del estado
solicitado, pudiendo negarse a testificar si la ley del Estado solicitante lo
permite. Aclara que si la negación a testificar se basa en la ley del Estado
solicitante, el Estado solicitado deberá remitir el asunto al Estado
Solicitante para su decisión, explicando las razones de la negativa. Precisa la
norma que, en todo caso, el testigo que invoque el derecho a negarse a testificar,
no podrá ser sujeto de ninguna penalidad legal en el Estado solicitante por
dicha razón.
El artículo 11  se
refiere a la transmisión de objetos, documentos, registros o evidencias
solicitados, mientras el artículo 12 contempla la posibilidad  de
poner a disposición de las autoridades del Estado solicitante, los registros y
expedientes de los Tribunales de Justicia del Estado solicitado o de sus
autoridades de investigación, incluyendo fallos y resoluciones, si estos fueren
importantes para un proceso judicial. Esta última norma aclara que los
documentos, registros, expedientes y demás elementos solamente se entregarán si
tuvieren relación con una causa cerrada. Si no estuviese cerrada la causa, la
autoridad competente del Estado Solicitado decidirá si es procedente la
entrega.
El artículo 13
consagra la posibilidad de entrega de objetos y activos que sean producto o
beneficio de un delito, para propósitos de decomiso o devolución al titular de
los mismos, salvo aquellos derechos de terceros de buena fe. Precisa la norma
que, por regla general, la entrega procederá sobre la base de una orden o
sentencia definitiva y que cause ejecutoria en el Estado Solicitante; sin
embargo, el Estado Solicitado también podrá entregar objetos y bienes en una
etapa anterior del proceso.
El artículo 14
dispone la manera en que se hará la repartición de activos decomisados,
precisando que se llevará  a cabo de acuerdo con las leyes de los países que
suscriben el tratado. Sobre el particular, destaca la norma que para la
repartición de activos los Estados Contratantes celebrarán, para cada caso, los
acuerdos o arreglos específicos en los que se determinen las condiciones
particulares de la solicitud, entrega y traslado de los activos repartidos.
El artículo 15
señala los límites en el uso de la información, documentos y objetos obtenidos
por medio de la asistencia legal pactada en el tratado. Prevé, al
respecto, que cualquier información, documentos u objetos que se
obtengan por medio de la asistencia legal mutua de acuerdo con el Tratado, no
deberán ser utilizados para propósitos investigativos, como tampoco deberán
usarse como evidencia en el Estado solicitante en ningún proceso que esté relacionado
a un delito en el que la asistencia no sea admisible. Resalta que cualquier
otro uso deberá estar sujeto a aprobación por parte del Estado Solicitado, la
cual no será necesaria si: a) los hechos que son base de la
solicitud constituyen otro delito que pueda otorgar asistencia legal mutua; b)
ll proceso penal extranjero está dirigido a otras personas que hayan
participado en el delito; o c) los materiales son utilizados para
una investigación o proceso concerniente a la compensación por daños relacionados
a un proceso por el cual se haya otorgado asistencia.
10.1.5. El Capítulo III,
integrado por los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, trata sobre
las notificaciones y comparecencias.
El artículo 16
señala la forma como deben ser notificadas las providencias judiciales.
El artículo 17
dispone acerca de la comparecencia de testigos o expertos en el Estado
solicitante. Al respecto, resalta que si el Estado solicitante considera
necesaria la comparecencia en persona de un testigo o experto ante las
autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la solicitud de
notificación y el Estado solicitado deberá invitar a los mismos a comparecer en
el territorio del Estado solicitante. En esos casos, el Estado solicitante
deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado solicitante, la
decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a la
invitación. Aclara la norma que el testigo o experto que acepte asistir al
Estado solicitante podrá requerir que ese Estado le otorgue un anticipo para
sus gastos de viaje y estadía.
El artículo 18
regula la forma en la que los gastos de viaje y estadía serán pagados por el
Estado solicitante al testigo o experto que deba comparecer.
El artículo 19
establece el principio de no responsabilidad ante el incumplimiento a
comparecer. Dispone que el testigo o experto que no cumpla con una orden de
comparecencia, o notificación por la cual sea requerido, no deberá, así sea que
la citación contenga una notificación de penalidad, estar sujeto a ningún tipo
de castigo o medida sancionatoria, a menos que esta persona subsecuentemente
ingrese voluntariamente al territorio del Estado Solicitante y sea citado
nuevamente en forma legal.
El artículo 20
regula lo referente al salvoconducto o inmunidad en favor de los testigos,
expertos o personas que comparezcan ante las autoridades del Estado
solicitante, previendo lo siguiente: (i) sea cual sea su
nacionalidad, el que decida comparecer ante el Estado solicitante, no deberá
ser procesado o detenido o sujeto a cualquier otro tipo de restricción de su
libertad, en el territorio de ese Estado, con respecto a actos y condenas
previas a su salida del territorio del Estado Solicitado; (ii) la
persona, sea cual sea su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer
ante las autoridades judiciales del Estado solicitante, y deba responder por
actos que conforman el proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida
o estar sujeta a cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o
condenas previas a su salida del territorio del Estado Solicitado y no
especificados en la citación; (iii) sin su consentimiento por
escrito, la persona citada no deberá ser requerida a testificar de acuerdo al
contexto de un proceso diferente de ese que forma las bases de la solicitud
para asistencia legal mutua; (iv) la inmunidad cesará luego de
que el compareciente termine los servicios prestados y luego de tener 30 días
consecutivos para salir del Estado Solicitante, y aun así, no lo ha hecho o
habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.
El artículo 21
define el alcance del testimonio, precisando que la persona que comparezca a
una citación en el Estado solicitante podrá requerírsele rendir testimonio,
suministrar evidencias a menos que por ley de cualquiera de los estado
contratantes, esta persona tenga el derecho a negarse.
El artículo 22 se
ocupa del traslado temporal de personas detenidas y de la posibilidad de su
denegación. En esa orientación, señala que una persona detenida, cuya
comparecencia como testigo o para propósitos de confrontación se requiera por
el Estado Solicitante, deberá ser temporalmente trasladada al lugar donde se
llevará a cabo la audiencia, debiendo ser devuelta al territorio del Estado
solicitado dentro de un período estipulado por éste, y estar sujeto a las
disposiciones del artículo 20 del presente tratado en la medida en que éstas
puedan aplicarse. Dispone igualmente la norma, que el traslado podrá ser
denegado si: a) la persona bajo custodia no lo acepta; b) su
presencia es necesaria en un proceso penal pendiente en el territorio del
Estado solicitado; c) el traslado puede prolongar el tiempo de su
detención; o d) si existen otras razones preponderantes para no
trasladar a la persona al territorio del Estado solicitante.
El artículo 23, a su vez, menciona las reglas referentes a las entregas
controladas. Dispone el precepto que cada Estado contratante es el encargado de
garantizar que, a petición del otro Estado contratante, se puedan permitir las
entregas controladas en su territorio sobre un marco de investigaciones penales
en delitos objeto de extradición. La decisión de llevar a cabo entregas
controladas, debe asumirse de manera individual para cada caso, por parte de
las autoridades competentes del Estado Solicitado, en lo que respecta a la
legislación nacional de dicho Estado. Las entregas controladas deben hacerse de
acuerdo a los procedimientos del estado solicitado, siendo competentes para
actuar, dirigir y controlar las operaciones, las autoridades competentes de
dicho Estado.
10.1.6. El Capítulo IV esta
integrado por un solo artículo, el artículo 24, el cual se ocupa
de los registros judiciales e intercambio de información, concretamente, en los
aspectos de actualización de los registros y la forma en que dicha información
debe ponerse a disposición de cada uno de los países contratantes.
10.1.7. El Capítulo V, del
que forman parte los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, regula los
procedimientos y canales de transmisión para la adecuada asistencia legal
mutua.
El artículo 25
define las autoridades centrales de cada uno de los países contratantes que son
competentes para proveer la asistencia mutua. Se específica que por parte de la
Confederación Suiza serán la Oficina Federal de Justicia del Departamento
Federal de Justicia y Policía, y por parte de la República de Colombia serán la
Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, en
el ámbito de sus funciones.
Los artículos 26, 27 y 28
regulan lo relacionado con: (i) la forma en que debe presentarse la
solicitud de asistencia y los canales en que será trasmitida (art. 26), (ii)
los elementos mínimos que debe contener la solicitud para que la misma pueda
ser adecuadamente tramitada (art. 27), y (iii) el cumplimiento de la
solicitud (art. 28).
El artículo 29 trata
el tema de la exención de legalización, autenticación y otros requisitos
formales para los documentos, registros, declaraciones y cualquier material
trasmitido de acuerdo a lo estipulado en el tratado de asistencia.
El artículo 30
determina los idiomas en que se deberán formular las solicitudes y las
respuestas a las mismas en el marco del tratado. Destaca la norma que cualquier
solicitud llevada a cabo por la Confederación Suiza, así como sus anexos,
deberán ser traducidos al castellano, mientras que cualquier solicitud
presentada por la República de Colombia, así como sus anexos, deberán ser
traducidas a uno de los idiomas oficiales de la Confederación Suiza (francés,
alemán o italiano), el que será especificado en cada caso por la Autoridad
Central Suiza. Resalta la disposición que la traducción de los documentos
elaborados u obtenidos como resultado del cumplimiento de la solicitud
corresponderá al Estado Solicitante, y que las traducciones hechas por los
Estados Contratantes tienen carácter oficial.
El artículo 31 se
ocupa de los costos y desembolsos relacionados con el cumplimiento de la
solicitud, previendo que están a cargo del Estado solicitante los relacionados
con viáticos, viaje y estadía, traslado y honorarios, cuando haya lugar y
corresponda, en favor de testigos, personas detenidas y expertos.
10.1.8. El Capítulo VI solo
está integrado por el artículo 32, que se ocupa de lo relacionado
con la transmisión espontánea de información y la posibilidad de que se
impongan condiciones en el uso de tal información por parte del Estado que la
suministre.
10.1.9. El Capítulo VII
está compuesto por los artículos 33, 34, 35 y 36, que corresponden a las
disposiciones finales del tratado.
En su orden, los artículos
33 y 34, se ocupan de la compatibilidad del convenio con otros tratados
y otras formas de cooperación (art. 33) y de las consultas que en la
implementación y aplicación del tratado pueden llevar a cabo entre sí las
autoridades Centrales de cada país.
El artículo 35
define los mecanismos de solución de las controversias que se deriven de la
interpretación, aplicación o implementación del tratado, disponiendo que las mismas
se resuelvan “por la vía diplomática, si las Autoridades Centrales no
lograren llegar a un acuerdo”.
Por último, el artículo 36
dispone sobre la entrada en vigor y terminación del tratado.
10.2. Estudio de
constitucionalidad del Tratado
10.2.1. El tratado bilateral
que es objeto de análisis en la presente causa, suscrito entre la República de
Colombia y la Confederación Suiza, constituye un instrumento de colaboración y
asistencia legal mutua en materia penal, aplicable a las investigaciones o
procesos sobre delitos con influencia trasnacional.
Mediante el referido
instrumento se busca, entonces, la concertación eficiente de los dos Países, en
procura de unir esfuerzos para enfrentar una grave realidad que, en mayor o
menor medida, afecta a una gran parte de Naciones del mundo, como es el aumento
del delito en sus diversas modalidades, el cual  viene adquiriendo dimensiones
trasnacionales.
10.2.2. Dentro de ese contexto,
su objetivo se concreta en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
judicial entre el Estado colombiano y la Confederación suiza, con el propósito
de evitar el incremento de las actividades delictivas y facilitar la toma de
medidas cautelares o definitivas sobre el producto e instrumentos del hecho
punible, teniendo en cuenta, como se ha dicho, que el crimen es hoy en día un
fenómeno que desborda y trasciende las fronteras entre las naciones.
10.2.3. Sobre este tipo
específico de tratados, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en
múltiples ocasiones, a propósito del control oficioso de constitucionalidad
llevado a cabo por la Corporación sobre instrumentos de la misma naturaleza
suscritos por Colombia con distintos países. Al respecto, ha expresado este
Tribunal que los tratados o convenios bilaterales sobre asistencia legal mutua
en materia penal, “se encuentran enmarcados en las dinámicas contemporáneas
del derecho internacional, según las cuáles éste debe ser un instrumento
facilitador para la prevención, control y represión de las distintas formas de
delincuencia en el hemisferio, a través del fortalecimiento de los mecanismos
de cooperación judicial y de asistencia mutua en materia penal, así como en la
coordinación de acciones y ejecución de programas que permitan alcanzar dicho
objetivo, con la debida observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas
de cada régimen interno y el respeto a los principios generales del derecho
internacional”.
10.2.4. Tal y como lo ha
sostenido este Tribunal[35],
los tratados de cooperación o asistencia judicial
mutua en materia penal, tanto en su estructura general, como en el contenido
específico de sus disposiciones, se inspiran en el “Tratado Modelo de
Asistencia Recíproca en Asuntos Penales”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la
Resolución número 112 del 9 de diciembre de 1998. Dicho instrumento, si bien
carece por si mismo de fuerza vinculante, acorde con las razones que inspiraron
su expedición, es el comúnmente utilizado por los Estados miembros de la
Organización de Naciones Unidas, como guía para articular y armonizar los
instrumentos de colaboración judicial bilateral que se deciden a suscribir. En
la sentencia C-187 de 1999[36],
la Corte explicó el contexto en que se expidió del tratado modelo, precisando
que:
“La
importancia de la colaboración en materia penal, obtuvo receptividad en el
ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, de suerte que la Asamblea
General logró aprobar[37]
un ‘Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales’, para que los Estados
Miembros al celebrar en adelante esta clase de convenios, cuenten con un
mecanismo eficaz que repercuta favorablemente en los resultados de las
investigaciones penales sobre delitos con influencia transnacional, con
expectativas más amplias que las contempladas en la Convención de Viena de
1988, por cuanto se extiende el campo de aplicación de la asistencia judicial
recíproca a distintas materias de orden penal y se precisan otros aspectos
relativos a esa asistencia.”
10.2.5. Como ya se indicó, siguiendo
el tratado modelo, Colombia ha suscrito un número considerable de instrumentos
internacionales de cooperación judicial en materia penal, los cuales, a su vez,
han sido objeto de revisión por  parte de esta Corporación, quien los ha
encontrado ajustados a la Constitución, tras encontrar que sus cláusulas se
encuentran conformes “con los postulados constitucionales de respeto
a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el
reconocimiento de los principios de derecho internacional, permitiendo a la vez
la defensa de la estabilidad del sistema democrático y los principios en que se
funda un Estado social de derecho como el nuestro, al igual que el cabal
cumplimiento de la función pública de administrar justicia”[38].
10.2.6. Los tratados o
convenios de cooperación judicial en materia penal que han sido revisados por
esta Corporación, y que han sido declarados exequibles, se encuentran
contenidos en los siguientes pronunciamientos:
-
1. Sentencia C-187 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 451 del 4 de agosto de 1998 por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la República de
Colombia y el Reino de España” suscrito en la ciudad de Bogotá, el 29 de
mayo de 1.997.
-
2. Sentencia C-224 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 453 de 1998, aprobatoria del "Convenio de asistencia
judicial mutua en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República Francesa", suscrito en París, el 21 de
marzo de 1997.
-
3. Sentencia C-225 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 462 del 4 de agosto de 1998, Por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda Del Norte sobre mutua asistencia en materia penal”.
suscrito en Londres, el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y siete
(1997).
-
4. Sentencia C-253 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá', hecho en la
ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y
tres (1993)".
-
5. Sentencia C-404 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión
oficiosa de la Ley 452 del 4 de agosto de 1998, “Por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación judicial en materia penal entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay
", hecho en Bogotá, el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos
noventa y siete (1997).
-
6. Sentencia C-522 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 492 del 21 de enero de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República de Colombia
y la República de Argentina”, hecho en Buenos Aires, el tres (3) de abril
de mil novecientos noventa y siete (1997).
-
7. Sentencia C-206 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 519 de 4 de agosto de 1999 "Por medio de la cual se aprueba
el Convenio de Cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la
República de Colombia y la República del Ecuador", suscrito en Bogotá, el 18 de diciembre de 1996.
-
8. Sentencia C-324 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 “por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo de cooperación judicial y asistencia mutua en materia penal entre la
República de Colombia y la República Federativa del Brasil”, suscrito en la
ciudad de Cartagena de Indias, el 7 de noviembre de 1997.
-
9. Sentencia C-1184 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la  Ley 568 del 2 de febrero de 2000, por medio de la cual se aprueba el “Convenio
de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y la
República Oriental del Uruguay",  suscrito en la ciudad de Bogotá, el
17 de febrero de 1998.
-
10. Sentencia C-1259 de 2000, mediante la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa
de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000, "Por medio de la cual se aprueba
el 'Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia Judicial en Materia Penal
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Venezuela", suscrito en Caracas el
veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).
-
11. Sentencia C-1334 de 2000,  mediante
la cual la Corte llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley 569 del 2 de febrero del
año 2000, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación en
materia de asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, hecho en la ciudad de México el
día siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.
-
12. Sentencia C-280 de 2001, mediante la cual la Corte llevó a cabo la
revisión oficiosa de la Ley 593 de 2000, por medio de la cual se aprueba el "Convenio
entre el Gobierno  de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal", firmado en la
ciudad de La Habana, el trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y cinco
(1998).
-
13. Sentencia C-861 de 2001, mediante la cual la Corte llevó a cabo la
revisión oficiosa de la Ley 630 del 27 de
diciembre de 2000, "Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre
el Gobierno de la Republica de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el
veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
-
14. Sentencia C-974 de 2001, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad pura y simple
de la Ley 636 de 2001, por medio de la cual se aprobó la “Convención
Interamericana sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrita en
Nassau, Bahamas, el veintitrés (23) de mayo de mil novecientos noventa y dos
(1992) y el “Protocolo facultativo relativo a la Convención Interamericana
sobre asistencia mutua en materia penal”, suscrito en Managua, Nicaragua,
el once (11) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993).
-
15. Sentencia C-291A de 2003, mediante la cual la Corte
llevó a cabo la revisión oficiosa de la Ley
761 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el tratado
entre la República de Colombia y la República Popular China sobre asistencia
judicial en materia penal”, firmado en Beijing, el catorce (14) de
mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
-
16. Sentencia C-533 de 2004, mediante la cual la Corte llevó a
cabo la revisión oficiosa de la Ley 840 del 2 de
octubre del año 2003 por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre
cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y
el Gobierno de la República de Colombia”,
suscrito en Cartagena de Indias, a los
diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
-
17. Sentencia C-619 de 2004, mediante la cual la Corte llevó a
cabo la revisión oficiosa de la Ley 879 del 2 de enero de 2004 "Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal”, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el 27 de
junio de 1998.
-
18. Sentencia C-939 de 2008, mediante la cual la Corte llevó a
cabo la revisión oficiosa de la Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007, ‘por
medio de la cual se aprueba el “Protocolo Adicional al Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino
de España, de 29 de mayo de 1997” suscrito en Madrid, el 12 de julio de 2005.
-
19. Sentencia C-677 de 2013, mediante la cual la Corte adelantó
la revisión oficiosa de la Ley 1596 del 21 de noviembre de 2012, por medio de
la cual se aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y la
Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en material penal”,
suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.
10.2.7. En el caso del tratado
que en esta oportunidad es objeto de estudio, advierte la Corte que el mismo
también se adecua al modelo adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. En efecto, el presente tratado bilateral de asistencia legal mutua en
materia penal, como ocurre con el tratado modelo, persigue el objetivo de fortalecer los mecanismos de
cooperación judicial entre los Estados contratantes, en este caso, entre el
Estado colombiano y la Confederación suiza, dentro del propósito de facilitar y
tecnificar la lucha contra la delincuencia transnacional que ha sido
considerada como una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. Dentro de ese contexto, contiene también, al igual que el
tratado modelo, unos presupuestos generales y específicos que determinan su
ámbito de aplicación, como son: el alcance de la asistencia; las causales de
exclusión, denegación y suspensión de la de la asistencia; el contenido y
trámite de la solicitud; la protección de la confidencialidad; la doble
incriminación; las medidas coercitivas y provisionales; la recepción de
testimonios; la posibilidad de que las personas detenidas y otras presten
testimonio o asistencia en investigaciones; la inmunidad; la entrega de
documentos y las inspecciones e incautaciones; y, en general, aspectos
relativos a la exención de legalización, consultas, solución de controversias,
entrada en vigor y denuncia. De igual manera, dicho tratado parte de considerar
que los Estados comprometidos a dar curso a las solicitudes, están en total
disposición de prestar “la más amplia asistencia legal mutua”, siempre y
cuando la misma resulte compatible con su propio ordenamiento jurídico.
10.2.8. Así entendido, la Corte
considera que, de manera general, el tratado bajo examen se ajusta a la
Constitución Política. En efecto, conforme lo ha reconocido esta Corporación en
anteriores pronunciamientos, perseguir el delito y establecer formas de
cooperación alrededor de tal propósito, son objetivos que, antes que oponerse a
la Constitución, propenden por el desarrollo y aplicación de algunos de sus
contenidos. Ciertamente, las medidas adoptadas conjuntamente por los Estados
contratantes mediante el referido instrumento, por una parte, coadyuvan al
propósito de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado previstos en el
artículo 2° de la Carta, en particular, al logro de la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo, y, por la otra, aseguran el respeto al orden
jurídico en los términos del artículo 4° del mimo Estatuto Superior, al tiempo
que constituyen una forma de promover la internacionalización de las relaciones
del país fomentadas por el propio artículo 226 de la Carta.
10.2.9. De igual manera,
propiciar la más amplia asistencia legal mutua dentro de cualquier
investigación o proceso penal, facilitando la toma de medidas cautelares o
definitivas sobre el producto e instrumentos del hecho punible, como lo propone
el Tratado, permite realizar el principio de eficiencia en la administración de
justicia (C.P. art. 228), toda vez que la asistencia que en ese campo le pueden
prestar los otros Estados contratantes le permitirá al País superar las
barreras territoriales regionales que le dificultan adelantar las
investigaciones necesarias para sancionar conductas delictivas cuando el
recaudo de las pruebas, y otras actuaciones procesales indispensables,
requieren ser adelantadas en otro Estado. Asimismo, la aludida cooperación
contribuye al propósito de garantizar el derecho al debido proceso de las
personas que puedan resultar involucradas en las actuaciones previstas por
dicho instrumento (C.P. art. 29), en el entendido también que el acceso a
pruebas que se encuentren fuera del territorio nacional constituye un mecanismo
que permite aumentar el conjunto de garantías de que dispone el procesado para
su defensa.
10.2.10. El tratado bajo
estudio se inscribe también dentro de los parámetros de respeto a la soberanía
nacional y a la autodeterminación de los pueblos, que, de acuerdo con el
artículo 9° de la Constitución Política, deben presidir, en armonía con los
principios de derecho internacional, las relaciones exteriores de Colombia.
Así, el tratado, desde su preámbulo, si bien propicia por el fortalecimiento de
los mecanismos de cooperación judicial mutua entre los Estados contratantes,
reconoce la necesidad de que la cooperación se lleve a cabo con plena
observancia “de las normas constitucionales y legales de sus Estados, así
como el respeto a los principios del derecho internacional, en especial de soberanía,
integridad territorial y no intervención y el respeto por el ordenamiento
jurídico interno de cada una de las Partes”.
El propósito perseguido por el
tratado, de desarrollarse y aplicarse con respeto al derecho interno de los
Estados, es a su vez reiterado en varias de sus disposiciones, entre otras, en
los artículos  2°, 5°, 7°, 8°, 14, 23 y 24. Así, por ejemplo, el artículo 4°
prevé la posibilidad de denegación de la asistencia cuando el Estado solicitado
considere “que el cumplimiento de la misma es perjudicial para su soberanía,
seguridad, orden público u otros intereses esenciales…”, al tiempo que el
artículo 5° precisa que las solicitudes para asistencia mutua “deberán
hacerse de acuerdo a las leyes del Estado Solicitado”. Del mismo modo, deja
claro el tratado que para el desarrollo y aplicación del mismo deben tomarse en
cuenta los principios contenidos en los instrumentos internacionales de
derechos humanos, lo cual no deja duda sobre el interés de las partes de llevar
a cabo la cooperación mutua con pleno respeto de los derechos y garantías de
las personas que puedan resultar comprometidas.
10.2.11. Por
consiguiente, la Corte constata que, de manera general, el instrumento que se
examina resulta armónico con la Constitución, en cuanto garantiza el respecto
por la soberanía nacional, a la par que implementa un mecanismo adecuado de
represión del delito y con ello de realización del orden social justo por el que
propende nuestra Carta fundamental.
10.2.12. Con
respecto a las normas que establecen los términos y condiciones en que se va a
prestar la asistencia legal mutua en materia penal, advierte la Corporación que
su estructura coincide en gran medida con las de otros tratados o acuerdos de
cooperación judicial en materia penal que han sido suscritos por la República
de Colombia, los cuales, a su vez, tal y como se ha destacado, han sido declarados
exequibles por esta Corporación al encontrar que los mismos se ajustan a la
Constitución Política.
10.2.13. En
ese sentido, guardando coherencia con los pronunciamientos anteriores, una vez
revisadas las disposiciones que integran el instrumento sometido a control, la
Corte considera que las mismas resultan acorde con la Carta Política. En
efecto, las reglas correspondientes a: las disposiciones generales del tratado
(Capítulo I); solicitudes para asistencia legal mutua (Capítulo II);
notificaciones y comparecencias (Capítulo III); registros judiciales e
intercambio de información de los registros judiciales (Capítulo IV);
procedimiento y canales de transmisión (Capítulo V); transmisión espontánea
(Capítulo VI); y disposiciones finales (Capítulo VII), no contravienen ningún
mandato constitucional y están llamadas a aplicarse con estricto cumplimiento de los respectivos ordenamientos jurídicos de los
estados contratantes, y bajo la observancia de las normas constitucionales,
legales y administrativas de cada País, así como también, con plena observancia
de los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención.
Sin embargo, encuentra la Corte que algunas medidas concretas, que ya han sido
consignadas en otros tratados de cooperación, merecen especial comentario, como
lo hizo en su oportunidad la Corporación cuando llevo a cabo la revisión
constitucional de tales instrumentos.
10.2.14. Así las cosas, la Corte
considera preciso analizar de manera particular los siguientes temas contenidos
en el Tratado que se revisa: (i) la posibilidad de solicitud de decomiso de
bienes (arts. 2°, 13 y 14); (ii) la doble incriminación (arts. 6° y 7°);
(iii) la comparecencia y traslado de personas -detenidas o no- al Estado
solicitante (arts. 17, 19, 20 y 22); y (iv) la solución de controversias
(art. 35).
10.2.15. Dentro
del Capítulo I, el artículo 2° del Tratado, al regular lo
referente al alcance de la asistencia, establece como una de las medidas de
cooperación el “decomiso de cosas producto de delitos”. A la figura del decomiso
se refieren también los artículos 13 y 14,
integrados al Capítulo II del citado instrumento, los cuales consagran la
posibilidad de entrega y repartición de los objetos y activos decomisados.
10.2.15.1.
Frente al “decomiso”, previsto en la mayoría de instrumentos de
cooperación judicial en materia penal suscritos por Colombia, la Corte ha
tenido oportunidad de pronunciarse, a propósito de las dudas sobre su
constitucionalidad, generadas por el hecho de que el artículo 58 de la Carta
Política protege la propiedad privada y los derechos adquiridos, y se ha
entendido que el decomiso podría llegar a confundirse con la extinción
definitiva de dominio, la cual requiere un trámite propio que dé garantías.
10.2.15.2. Al respecto, ha precisado
la Corporación que la validez constitucional de la medida de “decomiso”,
depende de que su aplicación y desarrollo se surta con estricta sujeción al
ordenamiento jurídico interno y no como una extinción definitiva de dominio sin
el previo desarrollo de un debido proceso[39].
Sobre este particular, la  jurisprudencia ha explicado que, a luz de la
Constitución Política, la aplicación del decomiso plantea la necesidad de que exista
un motivo previamente definido en la ley (CP art 29) y que el mismo sea
declarado mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso
en el cual se haya observado la plenitud de las formas propias del juicio[40]. Sobre el
particular, explicó la Corte en la Sentencia C-280 de 2001[41]:
“Puede decirse entonces, que partiendo de un
análisis sistemático del acuerdo, es claro que el artículo 2º literal g), y las
otras normas arriba descritas  hacen referencia  a “bienes decomisados de
manera definitiva”, tal y como lo describe el artículo 2º . Lo anterior indica
que al ser definitiva la disposición sobre tales  bienes, debe haberse surtido
un procedimiento judicial previo y concluyente para llegar a esa situación.
(...)
“[Tanto en lo referente al decomiso como en
lo atinente a la extinción de dominio, la Convención de Naciones Unidas contra
el tráfico ilícito de estupefacientes] se ha planteado entonces,  la necesidad
de que:
“exista un motivo previamente definido en
la ley (CP art 29) y que ellas sean declaradas mediante sentencia
judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se haya observado
la plenitud de las formas del juicio (CP arts. 29 y 34).[42] (Las
subrayas son fuera del texto).”[43]
10.2.15.3. Conforme con dichas
premisas, ha destacado igualmente este Tribunal que “la simple inclusión del
término decomiso no conlleva en sí la inconstitucionalidad de un tratado;
[pues] se debe determinar el alcance que se le da a este término en el
instrumento internacional en estudio”[44].
10.2.15.4. En el tratado que es
materia de revisión, el numeral 2 del artículo 13 señala expresamente que la
ejecución de órdenes de decomiso, es decir, la entrega de objetos y activos
decomisados, “procederá sobre la base de una orden o sentencia definitiva y
que cause ejecutoria en el Estado solicitante”. En concordancia con dicha
regla, el artículo 14 del mismo instrumento prevé la aplicación del “decomiso”
y la repartición de los activos decomisados conforme al derecho interno de los
Estados Contratantes. A este respecto la citada disposición establece que: “los
Estados contratantes asumen una alta responsabilidad en la cooperación en
asuntos de repartición [de activos decomisados] de acuerdo a sus leyes
nacionales”.
A lo anterior se agrega que, en el
preámbulo y en varias de sus normas (arts. 2° y 5°), el tratado deja claro que
la cooperación debe llevarse a cabo con plena observancia de las normas
constitucionales y legales de los Estados y con el respeto por el ordenamiento
jurídico interno de cada una de las Partes, premisas que deben entenderse
extendidas también al tema del decomiso y a la posibilidad de compartir el
valor de los bienes obtenidos como resultado de la ejecución de una orden de
decomiso a que hacen mención los artículos 13 y 14 del referido instrumento.
10.2.15.5.
De este modo, debe concluir la Corte que, en cuanto una interpretación
sistemática del tratado permite establecer que la medida de “decomiso” a
que el mismo se refiere, solo tiene lugar si ha sido decretada mediante un
fallo judicial definitivo proferido de acuerdo con la Constitución y la ley, y
que el alcance de la figura es el que tiene en el derecho interno colombiano
(arts. 13 y 14 del Tratado), las previsiones sobre el tema se ajustan al orden
Superior, en particular, a los artículos 29 y 58 constitucionales referentes a
las garantías del derecho al debido proceso y a la propiedad.
10.2.16. En
el Capitulo II, los artículos 6° y 7° del Tratado se refieren a
los temas de la doble incriminación y las medidas coercitivas. Al respecto, el
artículo 6° prevé que la asistencia se prestará aun cuando el hecho por
el cual se procede en el Estado Solicitante no sea considerado como delito por
la ley del Estado Solicitado, a excepción de las medidas coercitivas previstas
en el artículo 7°.
10.2.16.1.
Acorde con lo anterior, el artículo 7° precisa que el
cumplimiento de una solicitud que involucre medidas de coerción podrá ser
denegado si los hechos descritos en la solicitud no corresponden con los
elementos objetivos de un delito sancionable por las leyes del Estado
Solicitado. Conforme con ello, la misma norma establece las medidas
coercitivas, precisando que ellas incluyen: a) registro de personas y
propiedades; b) incautación de evidencia, incluyendo los instrumentos
utilizados en la ejecución del delito, así como objetos y activos que
constituyan los productos del mismo; c) cualquier medida dirigida a
levantar secretos protegidos por la ley penal del Estado Solicitado; y d)
cualquier otra medida que involucre coerción, de acuerdo a la ley procesal del
Estado solicitado.
10.2.16.2.
Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos, en el
tratado bajo examen es posible prestar la asistencia en materia judicial aun cuando el hecho por el cual se procede en el Estado
solicitante no sea considerado delito por el Estado solicitado, salvo que se
trate de la (i) ejecución de registro de personas y propiedades, (ii)
incautación de evidencia (incluyendo los instrumentos utilizados en la
ejecución del delito, así como objetos y activos que constituyan los productos
del mismo), (iii) cualquier medida dirigida a
levantar secretos protegidos y (iv) cualquier otra medida que involucre
coerción, casos en los cuales debe entenderse que la asistencia se prestará,
sólo si la legislación del Estado solicitado prevé como delito el hecho por el
cual se procede en el Estado solicitante.
10.2.16.3.
Al analizar cláusulas similares, contenidas en otros convenios de cooperación
judicial en materia penal, donde se prevé la doble incriminación pero se
excluye su ejecución frente a medidas coercitivas, como ocurre en el presente
caso, la Corte ha considerado que la aplicación de la figura y las
restricciones que a la misma se imponen, no sólo no desconocen ningún precepto
constitucional, sino que armonizan con la filosofía que subyace en nuestro
ordenamiento Superior, en la medida que:
“La asistencia judicial,...es un mecanismo de cooperación
entre Estados. Los límites a dicha cooperación están dados por el respeto a los
derechos de las personas eventualmente afectadas. Por lo tanto, no es menester
que la asistencia se sujete a que el hecho investigado se considere delito. Sin
embargo, sí resulta indispensable que, frente a ciertas actuaciones que pueden
afectar garantías previstas en la Constitución, se atiendan los procedimientos
y cautelas previstos en las normas nacionales.
[El artículo 2 del Convenio] “...se endereza en esa
dirección cuando exige que la realización de ciertos actos se sujete al
carácter punible del hecho investigado, ya que, de esta manera, se asegura que
existirá en el ordenamiento interno normas que regulan la actuación estatal
frente a la asistencia solicitada.”[45]
10.2.16.4. Dicha posición fue la
adoptada por la Corte, entre otras, en las siguientes Sentencias: C-522 de 1999, mediante la cual la Corte llevó a
cabo la revisión oficiosa de la Ley 492 del 21 de enero de 1999, “Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal
entre la República de Colombia y la República de Argentina”; C-406 de 1999,
mediante la cual la Corporación llevó a cabo la
revisión oficiosa de la Ley 452 del 4 de agosto de 1998, “Por medio
de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación judicial en materia penal entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del
Paraguay "; y C-1259 de 2000, donde la Corte adelantó la revisión
oficiosa de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000, "Por
medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia
Judicial en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Venezuela”.
10.2.16.5.
En el presente caso, la Corte acoge el criterio expuesto en los citados fallos,
en cuento que, como quedó explicado, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 6° y 7° del tratado, si bien es posible extender la asistencia en el
caso de que no exista la doble incriminación, la misma tiene en realidad una
aplicación restringida, en el sentido que no procede respecto de ciertas actuaciones que puedan afectar garantías previstas
en la Constitución, como ocurre con las medidas coercitivas, frente a lo
cual se entiende que la asistencia se prestará, sólo
si la legislación del Estado solicitado prevé como delito el hecho por el cual
se procede en el Estado solicitante.
10.2.16.6.
Bajo tal supuesto, en el tratado que se revisa no resulta del caso aplicar el
precedente fijado recientemente por la Corte en la Sentencia C-677 de 2013, en
la que se declaró exequible el artículo 1, párrafo 2, del “Tratado entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, bajo la declaración interpretativa consistente en que la asistencia recíproca que pueda prestarse
no afecte gravemente los derechos de las personas o sus bienes cuando el
soporte de la solicitud no constituya delito en la Parte Requerida.
10.2.16.7.
En el citado fallo, la Corte consideró que había lugar a incluir la mencionada
declaración interpretativa, dado que, frente al evento de asistencia en el caso
de no darse la doble incriminación, a diferencia de lo ocurrido en otros
tratados sobre la materia, el referido instrumento no
exceptúa ciertas actuaciones que pueden afectar garantías previstas en la
Constitución. En otras palabras, “no excluye explícitamente que la
cooperación conlleve, por ejemplo, a la ‘ejecución
de requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes’ o, en
general, a la afectación de derechos de personas que no pueden ser
eventualmente consideradas responsables de ningún hecho punible”, lo que
puede afectar el principio de legalidad de la pena previsto en los artículos 28
y 29 del propio ordenamiento Superior[46].
10.2.16.8.
Como ya ha sido anotado, tal supuesto no tiene lugar en el tratado que se
revisa, pues en él, la asistencia en ausencia de la doble incriminación no
afecta ningún mandato Superior, en cuanto su aplicación exige que la
realización de ciertos actos que afectan derechos, como la ejecución de
registro de personas y propiedades, la incautación de evidencia, las medidas
dirigidas a levantar secretos protegidos y cualquier otra medida que involucre
coerción, se sujeten al carácter punible del hecho investigado, con lo cual se
garantiza que habrá en el ordenamiento jurídico interno previsiones o reglas
que regulan la actuación estatal frente a la asistencia que se solicita.
10.2.17. En el Capítulo III, los
artículos 17, 19, 20 y 22 regulan lo referente a la comparecencia de
testigos o expertos en el Estado Solicitante, el traslado temporal de personas
detenidas como testigos o para propósitos de confrontación y las garantías con
las que éstos cuentan.
10.2.18.1. Con respecto a la
comparecencia, la primera norma -el artículo 17- dispone que si
el Estado solicitante considera necesario el traslado en persona de un testigo
o experto ante las autoridades judiciales, esto deberá ser mencionado en la
solicitud de notificación y el Estado solicitado deberá invitar a los mismos a
comparecer en el territorio del Estado solicitante. En esos casos, el Estado
solicitado deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado
solicitante, la decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con
respecto a la invitación. Aclara la norma que el testigo o experto que acepte
asistir al Estado solicitante podrá requerir que ese Estado le otorgue un
anticipo para sus gastos de viaje y estadía.
10.2.18.2. En concordancia con
ello, los artículos 19 y 20 consagran las
siguientes garantías o salvoconducto en favor de los testigos o expertos
llamados a comparecer: (i) quien no cumpla con una orden de
comparecencia, o notificación, no deberá, así sea que la citación contenga una
notificación de penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida
sancionatoria (art. 19, principio de no responsabilidad); (ii)
sea cual sea su nacionalidad, el que decida comparecer ante el Estado
solicitante, no deberá ser procesado o detenido o sujeto a cualquier otro tipo
de restricción de su libertad, en el territorio de ese Estado, con respecto a
actos y condenas previas a su salida del territorio del Estado Solicitado; (iii)
la persona, sea cual sea su nacionalidad, que haya sido citada para comparecer
ante las autoridades judiciales del Estado solicitante, y deba responder por
actos que conforman el proceso en su contra, no deberá ser procesada o detenida
o estar sujeta a cualquier tipo de restricción de su libertad, por actos o
condenas previas a su salida del territorio del Estado Solicitado y no
especificados en la citación; (iv) sin su consentimiento por
escrito, la persona citada no deberá ser requerida a testificar de acuerdo al
contexto de un proceso diferente de ese que forma las bases de la solicitud
para asistencia legal mutua; (v) la inmunidad cesará luego de que
el compareciente termine los servicios prestados y luego de tener 30 días
consecutivos para salir del Estado Solicitante, y aun así, no lo ha hecho o
habiendo salido, decide volver a ingresar a ese Estado.
10.2.18.3. En cuanto a la
comparecencia de personas detenidas como testigos o para propósitos de
confrontación, el artículo 22 prevé que ellas deberán ser
temporalmente trasladadas al lugar donde se llevará a cabo la audiencia,
debiendo ser devuelta al territorio del Estado solicitado dentro de un período
estipulado por éste. La misma norma dispone que las garantías previstas en el
artículo 20 del tratado también le son aplicables, agregando además que el
traslado puede ser negado si: a) la persona bajo custodia no lo acepta; b)
su presencia es necesaria en un proceso penal pendiente en el territorio del
Estado solicitado; c) el traslado puede prolongar el tiempo de su
detención; o d) si existen otras razones preponderantes para no
trasladar a la persona al territorio del Estado solicitante.
10.2.18.4.
Al juzgar normas de similar contenido, la Corte señaló que la comparecencia de testigos,
víctimas, peritos y personas detenidas ante la autoridad competente del Estado
solicitante y las garantías a ellos reconocidas, son medidas connaturales a los
Convenios de asistencia judicial, en la medida en que concretan la cooperación
internacional en materia penal, las cuales, además, encuentran pleno respaldo
en la soberanía de los dos Estados contratantes, en la reciprocidad que debe
orientar la política exterior del Estado colombiano, en la realización de la
función pública de administrar justicia y en la prevalencia de la autonomía de
la voluntad de las personas que son requeridas para comparecer (C.P., arts. 9°,
228 y 16).
10.2.18.5.
No obstante lo anterior, sobre los términos concretos en que tal comparecencia
se lleva a cabo, también la Corte ha destacado que corresponde a las
autoridades colombianas, encargadas de ejecutar esas formas de asistencia,
actuar en total concordancia con los principios del debido proceso que consagra
la Constitución y la legislación interna, como de aquellos que garantizan la
protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de las
personas que se vean involucradas.
10.2.18.6.
Con base en tal razonamiento, en la Sentencia C-677 de 2013, recientemente
proferida en el trámite de la revisión automática del “Tratado entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca
en material penal” y de su Ley aprobatoria 1596 del 21 de noviembre de
2012, la Corte, al analizar las normas relativas a la comparecencia de personas
(detenidas o no), encontró que, no obstante las garantías a ellos reconocidas,
las mismas no preveían la posibilidad de obtener información previa y adecuada
al traslado al territorio del Estado solicitante o requirente, sobre la
legislación y la estructura básica del proceso penal que imperan en dicho
Estado, particularmente, en relación con la regulación aplicable a la
diligencia para la cual se cita y las consecuencias que se podrían derivar de
su ejecución. A juicio de la Corporación, tal omisión constituye una carga
desproporcionada que puede afectar el derecho a la igualdad del compareciente
cualquiera sea su condición (testigo, víctima, perito). Sobre el particular,
manifestó la Corte en dicho fallo:
Sin
embargo, siguiendo la segunda censura manifestada por la Defensoría, la Sala sí
advierte que la comparecencia de un testigo, víctima o un perito en el
territorio de la Parte Requirente puede llegar a ser lesiva para sus derechos
en la medida en que esas personas serán sometidas, sin la suficiente
información, a otro tipo de legislación y de procedimiento penal.
Aunque la
asesoría de un profesional del derecho puede ser importante, lo cierto es que
los artículos 13 y 14 del Tratado no prevén que antes de tomar la decisión de
trasladarse al Estado Requirente, el citado sea informado suficientemente de
las particularidades jurídicas y del procedimiento penal de la Federación de Rusia,
sobre todo las variaciones adscritas al goce efectivo de sus derechos
fundamentales. Aunque el párrafo 2 del artículo 13 indica que la solicitud de
comparencia debe estar acompañado de ‘información sobre las condiciones’ de la
citación, existen datos elementales que deberían ser conocidos por todo citado
antes de tomar la decisión de viajar. Como el Tratado omite concretar o
desarrollar esa obligación en cabeza de las Autoridades Centrales, la Corte
entiende que ello se podría convertir en una mera opción que desconocería el
equilibrio de las cargas a las que está sometida cualquier persona.”
10.2.18.7.
Conforme con ello, en la citada Sentencia C-677 de 2013, la Corte procedió a
declarar la exequibilidad de las disposiciones que regulan el tema de la
comparecencia de personas (detenidas o no), bajo la declaración interpretativa
consistente en que, en el momento en que se informe al citado acerca de la
invitación elevada por la Parte solicitante o requirente, el Ministerio de
Justicia, en su calidad de Autoridad Central, deberá ilustrar al compareciente
sobre; (i) la posibilidad de acceder a un traductor oficial y apoderado
para que lo asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las
garantías constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la estructura
básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la regulación
aplicable a la diligencia para la cual fue citado y las responsabilidades que
se podrían derivar de su ejecución.
10.2.18.8.
Para el caso del Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales,
suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y Confederación Suiza,
que ahora es materia de revisión, la Corte encuentra que las normas llamadas a
regular el tema de la comparecencia de testigos, víctimas, peritos y personas
detenidas ante la autoridad competente del Estado solicitante, son
sustancialmente similares a las que fueron juzgadas por la Corporación en la
Sentencia C-677 de 2013. En ellas, si bien se adoptan medidas dirigidas a
garantizar la comparecencia y el retorno de los comparecientes, y se reconocen
los respectivos salvoconductos, tales cláusulas, por sí mismas, no aseguran
que, previo al traslado, los comparecientes sean debidamente ilustrados acerca
de datos elementales relacionados con la legislación y la estructura básica del
proceso penal que imperan en el Estado solicitante, lo que a juicio de la Corte
puede conllevar una afectación de su derecho a la igualdad.
10.2.18.9. Sin embargo, en el
presente caso no hay lugar a formular una declaración interpretativa como lo
hizo la Corte en la Sentencia C-677 de 2013, toda vez que, según fue
mencionado, en el preámbulo y en el artículo 5°, el tratado bajo revisión deja
en claro que para la aplicación e interpretación de sus cláusulas deben tomarse
en cuenta los principios contenidos en los instrumentos internacionales de
derechos humanos y las normas constitucionales y legales de los Estados parte.
Siendo ello así, a partir de una lectura sistemática y armónica del tratado,
entiende la Corte que, en el aspecto relacionado con la comparecencia de
testigos o expertos y del traslado temporal de personas detenidas como testigos
o para propósitos de confrontación, tales actividades se desarrollarán en total
concordancia con los principios y garantías del debido proceso, en particular,
las relacionadas con el derecho a la defensa, el principio de publicidad y la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (C.P. art. 29),
dentro de las cuales debe entenderse incluida la posibilidad, en favor de los
comparecientes, de obtener una información adecuada y previa al traslado al
territorio del Estado solicitante o requirente, sobre la legislación y la
estructura básica del proceso penal que imperan en dicho Estado, especialmente,
en relación con la regulación aplicable a la diligencia para la cual se cita y
las consecuencias que se podrían derivar de su ejecución.
10.2.18.10. En este sentido, en
relación con los artículos 17, 19, 20 y 22, considera la Corte
que los mismos se ajustan a la Constitución Política, en cuanto respetan las
garantías propias del debido proceso y las demás disposiciones Superiores. No
obstante, de acuerdo con lo explicado, corresponde a las autoridades
colombianas encargadas de ejecutar los mecanismos de asistencia penal suscritos
con otros países, como el que ahora es materia de revisión, actuar en total
concordancia con los principios del debido proceso que consagra la Constitución
y la legislación interna, como aquellos que garantizan la protección de los
derechos fundamentales y las libertades públicas de las personas que se vean
involucradas en tales mecanismos. Siendo ello así, debe advertir la Corporación
que, para efectos de implementar y aplicar las medidas contenidas en los
artículos 17, 19, 20 y 22 del presente tratado, el Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad Central, tiene el
deber de ilustrar al citado o compareciente, al momento de informarle acerca de
la invitación elevada por la Parte solicitante para actuar como testigo o
experto, o con fines confrontación, sobre los siguientes aspectos: (i)
la posibilidad de acceder a un traductor oficial y apoderado para que lo
asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las garantías
constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la estructura básica
del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la regulación aplicable a la
diligencia para la cual fue citado y las responsabilidades que se podrían
derivar de su ejecución. Ello, dentro del propósito de garantizar de manera
integral su derecho fundamental al debido proceso y sus libertades públicas.
10.2.18.11.
Finalmente, en el Capítulo IV, el artículo 35 regula el tema de
la solución de controversias, precisando que aquellas que se deriven de la
interpretación, aplicación o implementación del Tratado se resolverán por la
vía diplomática, en caso de que las autoridades centrales no logren llegar a un
acuerdo. Como lo ha hecho la Corte en anteriores oportunidades, el referido
mandato merece un comentario especial, en el sentido de resaltar que “la
interpretación que se aplique para la solución de la controversia, debe
llevarse a cabo conforme a lo dispuesto al respecto por los artículos 31 y 32
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en 1969 y
aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985 y siempre y cuando dicha
interpretación no tenga el alcance de modificar los términos del Convenio”[47].
11. Conclusión
11.1. Una vez cumplida la revisión constitucional del Tratado
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia
y la Confederación Suiza, y de su ley aprobatoria, la Ley 1594 de 2012, la
Corte concluye que tales textos, tanto en su aspecto formal como en su
contenido material, se ajustan a la Constitución Política. Por una parte,
porque se cumplieron a cabalidad con los requisitos de procedimiento exigidos
por la Constitución y el Reglamento del Congreso para aprobar la ley que
incorpora el tratado al derecho interno; y, por la otra, porque los fines y
propósitos del tratado, así como el contenido del mismo, se aviene a los
postulados superiores de respeto a la soberanía nacional, la autodeterminación
de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional,
permitiendo a la vez dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado
previstos en el artículo 2° de la Carta, al igual que el cabal cumplimiento de
la función pública de administrar justicia.
VI. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “‘Tratado
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia
y la Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1594 del 21 de diciembre de 2012, por medio de
la cual se aprueba el “‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua
en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’,
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Presidente
Con salvamento
parcial de voto
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
Con salvamento de voto
Con aclaración de voto
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de  voto
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de  voto
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Con salvamento de  voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO
Y ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA C-750/13
TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL
MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA CONFEDERACION
SUIZA-Vicio de procedimiento por rompimiento de cadena de anuncios
(Salvamento de voto)
En la sentencia se afirma que el proyecto fue anunciado
de manera ininterrumpida en cada una de las sesiones de la Comisión Segunda del
Senado que tuvieron lugar entre el 1 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011,
fecha en la cual el proyecto se anunció para la “próxima sesión”, que
efectivamente tuvo lugar el 21 de marzo de 2012. Pero dado que ese día se
aprobó una modificación del orden del día para dedicar la sesión a discutir el
TLC con Estados Unidos, en la ponencia se afirma que “debe entenderse que la
próxima sesión que siguió a la celebrada el 7 de diciembre de 2011 para efectos
de aprobar proyectos de ley por parte de la comisión fue la realizada el 27 de
marzo de 2012”.  A nuestro juicio, en la sesión del 21 de marzo de 2012 se
rompió la cadena de anuncios, debido a que el proyecto había sido anunciado
para ser debatido y aprobado ese día y, pese que ello no ocurrió por el cambio
en el orden del día, al finalizar dicha sesión no se anuncio este proyecto para
la sesión siguiente.
VOTACION NOMINAL EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Exigencias (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente LAT-404
Revisión constitucional de la
Ley 1594 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”
Magistrado
Ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala,
en esta ocasión formulamos salvamento de voto en relación con la declaratoria
de exequibilidad de la Ley 1594 de 2012, por cuanto consideramos que en su
trámite en primer debate en la Comisión Segunda del Senado se incurrió en un
vicio de procedimiento, debido al rompimiento de la cadena de anuncios. Además,
aclaramos nuestro voto en lo atinente a la constatación del cumplimiento de la
regla de votación nominal y pública, excepto en los casos previstos en la ley
(art. 133 C.P.).
En cuanto a lo primero, en la sentencia se afirma que el
proyecto fue anunciado de manera ininterrumpida en cada una de las sesiones de la
Comisión Segunda del Senado que tuvieron lugar entre el 1 de noviembre y el 7
de diciembre de 2011, fecha en la cual el proyecto se anunció para la “próxima
sesión”, que efectivamente tuvo lugar el 21 de marzo de 2012. Pero dado que
ese día se aprobó una modificación del orden del día para dedicar la sesión a
discutir el TLC con Estados Unidos, en la ponencia se afirma que “debe
entenderse que la próxima sesión que siguió a la celebrada el 7 de diciembre de
2011 para efectos de aprobar proyectos de ley por parte de la comisión fue la
realizada el 27 de marzo de 2012”.  A nuestro juicio, en la sesión del 21
de marzo de 2012 se rompió la cadena de anuncios, debido a que el proyecto
había sido anunciado para ser debatido y aprobado ese día y, pese que ello no
ocurrió por el cambio en el orden del día, al finalizar dicha sesión no se
anuncio este proyecto para la sesión siguiente.
Tal proceder desconoció lo previsto en el inciso 5º del
artículo 160 de la Constitución, adicionado por el artículo 8° del Acto
Legislativo 01 de 2003, donde se establece: “Ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”. Como lo ha reiterado esta Corporación, dicha
exigencia está orientada a garantizar el derecho a la participación política
oportuna, en primer lugar, de los congresistas que intervienen en la discusión
y aprobación de los proyectos, que de este modo no serán sorprendidos con
votaciones no anunciadas e intempestivas, pero también el derecho de los
ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en conocer e incidir en
el proceso de aprobación de un determinado proyecto de ley.[48]
El cumplimiento de esta exigencia, en aquellos casos en los que la votación del
proyecto no se lleva a cabo en la sesión para la que había sido inicialmente
anunciado sino que se difiere para una posterior, requiere mantener la
continuidad en la cadena de anuncios en todas las sesiones intermedias entre
aquella en la que se llevó a cabo el anuncio inicial y aquella en la que
finalmente tiene lugar la votación.
De acuerdo al
precedente fijado en la sentencia C-576 de 2006[49],
para determinar el carácter subsanable o no de las infracciones al precepto
constitucional antes citado, debe atenderse al momento del trámite legislativo
en el que se configura este vicio de procedimiento en relación con las leyes
aprobatorias de tratados internacionales. Conforme a esta regla, si la falencia
en el cumplimiento del requisito del anuncio previo tiene lugar en los dos
primeros debates, esto es, hasta la votación en la Plenaria del Senado, se
considera un vicio insubsanable que origina la declaratoria de inexequibilidad
de la ley aprobatoria del tratado. Entretanto, si el vicio tiene lugar en un
momento posterior a la votación en la Plenaria del Senado, habrá lugar a
considerarla como un vicio subsanable, que da lugar a la devolución de la ley
al Congreso para que subsane el vicio.  En atención a este criterio, en el
presente caso la ruptura de la cadena de anuncios ha de estimarse como un vicio
insubsanable, en tanto tuvo lugar durante el primer debate del proyecto en la
Comisión Segunda del Senado.
Adicionalmente,
aclaramos nuestro voto respecto de la constatación del cumplimiento de la regla
de votación nominal y pública, excepto en los casos previstos en la ley (art.
133 CP.). Entre estas excepciones, el artículo 129, modificado por el artículo
1° de la Ley 1431 de 2011, en su numeral 16 de la Ley 5ª de 1992 establece la
posibilidad de aprobar un proyecto por votación ordinaria cuando exista
unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar
todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que alguno de los miembros
de la célula legislativa solicite que se efectúe votación nominal y pública.
En la sentencia se afirma que en todos los debates del
proyecto se aprobó la omisión de lectura del articulado, para inferir de ello
la existencia de unanimidad que permitiera la aprobación del proyecto mediante
votación ordinaria. Sin embargo, sólo se acredita tal situación en el primer
debate, surtido ante la Comisión Segunda del Senado, sin que exista constancia
en los debates siguientes respecto de la aprobación de omitir la lectura del
articulado.  La sentencia debió analizar de manera expresa si en los restantes
debates existían pruebas que acreditaran que, en efecto, se aprobó prescindir
de la lectura del articulado.  Obviar esta comprobación contribuye a debilitar
en extremo los requisitos que deben verificarse para que proceda la votación
ordinaria, lo que a su vez genera que este tipo de votación, que debería ser la
excepción, se convierta en la regla.
En tal sentido, la Sala debió atender al precedente
establecido en decisiones anteriores[50]
para  mantener una línea consistente en la exigencia de verificar y dejar constancia
explícita del número de votos con el que se aprueba cualquier proyecto, pues
así lo exige el parágrafo 1º del art. 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por
el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011. De lo contrario, se seguirá fomentando
la práctica de consignar de manera ambigua el resultado de la votación de los
proyectos de modo tal que se presuma la existencia de unanimidad y la votación
ordinaria, que debería ser excepcional, se convierta en la regla, impidiendo
satisfacer las exigencias de claridad y publicidad que el propio legislador
estableció respecto a este tipo de votación.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
A LA SENTENCIA
C-750/13
Referencia: expediente LAT-404
Revisión constitucional de la
Ley 1594 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza’, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011”.
Con el debido respeto por las
decisiones de esta corporación, presento salvamento parcial de voto al fallo adoptado
por la Sala Plena dentro de la sentencia C-750 de 2013, mediante la cual
se realizó el control automático de constitucionalidad de la Ley 1594 de 2012, “Por
medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos
Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza’, hecho en Davos,
Suiza, el 28 de enero de 2011”.
Las razones que sustentan el desacuerdo se exponen a
continuación:
1. La decisión mayoritaria
considera que respecto de los artículos 17, 19, 20 y 22 del tratado de
asistencia no hay lugar a formular una declaración interpretativa como se hizo
en la sentencia C-677 de 2013[51],
toda vez que el tratado bajo revisión se rige por las normas constitucionales y
legales de los Estados parte. Sobre el particular manifestó:
“En el presente caso no hay
lugar a formular una declaración interpretativa como lo hizo la Corte en la
Sentencia C-677 de 2013, toda vez que, según fue mencionado, en el preámbulo y
en el artículo 5°, el tratado bajo revisión deja en claro que para la
aplicación e interpretación de sus cláusulas deben tomarse en cuenta los
principios contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y
las normas constitucionales y legales de los Estados parte. Siendo ello así, a
partir de una lectura sistemática y armónica del tratado, entiende la Corte
que, en el aspecto relacionado con la comparecencia de testigos o expertos y
del traslado temporal de personas detenidas como testigos o para propósitos de
confrontación, tales actividades se desarrollarán en total concordancia con los
principios y garantías del debido proceso, en particular, las relacionadas con
el derecho a la defensa, el principio de publicidad y la observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio (C.P. art. 29), dentro de las
cuales debe entenderse incluida la posibilidad, en favor de los comparecientes,
de obtener una información adecuada y previa al traslado al territorio del
Estado solicitante o requirente, sobre la legislación y la estructura básica
del proceso penal que imperan en dicho Estado.”
La Sala Plena estima que con una lectura sistemática y
armónica del tratado, se garantiza el deber de ilustrar al compareciente sobre
sus derechos en el proceso penal adelantado en el extranjero.
2. En contraste, es necesario destacar que al igual que en
la sentencia C-677 de 2013, era necesario efectuar una declaración interpretativa
y sujetar la constitucionalidad de la Ley 1594 de 2012 y del “Tratado  sobre
Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Colombia y la Confederación
Suiza”, a garantías expresas que obligaran a informar al citado sobre: (i)
la posibilidad de acceder a un traductor oficial y a un apoderado para que lo
asistan en todas las diligencias; (ii) el alcance de las garantías
constitucionales a las que tiene derecho; (iii) la estructura básica del
proceso penal en ese Estado y, (iv) especialmente, la regulación
aplicable a la diligencia a la que asistirá y las responsabilidades que se
podrían derivar de su ejecución.
Una lectura integral del
tratado de asistencia no conlleva la existencia implícita de los derechos
anteriormente expuestos. A pesar de la referencia innecesaria a la Constitución
y los estatutos penales (como si la aplicación del instrumento internacional
excluyera el carácter normativo de la Carta Política) era imperativo que se
fijaran pautas especiales –no contenidas o desarrolladas en el Código de
Procedimiento Penal- para proteger los derechos del ciudadano de cualquier país
que decide enfrentarse a un sistema de investigación desconocido.
Los artículos 17, 19, 20 y 22
del instrumento bajo análisis solo reconocen un número limitado de garantías
penales entre las que se destacan: (i) el deber de publicidad de las
actuaciones adelantadas[52];
(ii) la sumatoria de términos de reclusión[53];
(iii) el deber de no autoincriminación[54]
y (iv) el principio de congruencia[55].
De acuerdo al artículo 6 Superior, todo servidor público
debe limitar su ámbito de acción a las funciones consignadas en la ley o en los
reglamentos correspondientes. Sumado a ello, el derecho internacional, en
virtud del principio “pacta sunt servanda”, debe estar sujeto a
criterios de taxatividad y previsibilidad, esto con el fin de que los estados
que han contraído una obligación tengan plena certeza y el conocimiento de los
derechos y deberes que están aceptando al ratificar el respectivo convenio.
Para ello los órganos que de alguna manera intervienen en su celebración deben
garantizar que estén expresamente consagradas cada una de las cláusulas que
deben ser satisfechas por las partes.
Dentro de la instrucción criminal, el fiscal, el juez y el
Ministerio Público solo estarán atados a las etapas y las obligaciones
consignadas en el código respectivo y el tratado internacional. Nada, ninguna
regla de la experiencia o silogismo legal conlleva a que dentro de la ejecución
de la asistencia legal mutua, alguno de esos agentes genere espacios
extralegales que garanticen los derechos del citado que proviene del
extranjero. La ausencia de la declaración interpretativa de la sentencia C-677
de 2013 implica, en últimas, que las garantías referidas queden sometidas al
arbitrio interpretativo de los servidores que participen del proceso penal.
Además, si el tratado internacional explícitamente no
consagra esas obligaciones, para hacer viable el razonamiento de la parte
mayoritaria de la Corte en esta sentencia por lo menos era necesario que ella
hubiera comprobado que esos deberes son compatibles con los modelos procesales
internos y que existen pautas análogas que se encuentran incluidas y vigentes
en los instrumentos legales de los dos países. De esta manera, cuando la
ejecución de la asistencia penal mutua afecta derechos fundamentales y está
supeditada a los preceptos que remiten a la legislación interna de cada Estado
Parte, es un deber de la Corte efectuar un control de constitucionalidad de
doble vía, esto es, que incluya el precepto superior y tenga en cuenta las
normas jurídicas normativas inferiores que consagran las garantías penales.
Así las cosas, si bien en el preámbulo[56]
y en el artículo 5° del tratado bajo revisión[57]
se establece que para la aplicación e interpretación de sus estipulaciones
deben tenerse en cuenta las normas constitucionales y legales de los Estados
Parte, es evidente una cláusula de aplicación convencional tan abierta e
indeterminada puede afectar aspectos tan esenciales del proceso penal como lo
sería el debido proceso.
En el ámbito interno las autoridades judiciales pueden tener
pleno conocimiento de los derechos y garantías que deben ser observadas al
momento de ejecutar cualquier tipo de medida que afecte de alguna manera los
derechos fundamentales de los sujetos que intervienen en el proceso. Sin embargo,
ello no acredita que las autoridades de cada país tengan una comprensión
similar sobre las particularidades sustanciales consagradas en el proceso penal
del otro Estado.
3. Finalmente considero que
entre los tratados de cooperación y asistencia analizados en las sentencias
C-677 de 2013 y C-750 de 2013 no existe una diferencia sustancial que permita
apartarse del precedente sentado en la primera de ellas.
En efecto, el “Tratado entre
la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal” y el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua
en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”,
comparten una estructura similar en lo que se refiere al deber de aplicar las
disposiciones de derecho interno al momento de ordenar la comparecencia y
traslado temporal de testigos, detenidos y expertos al Estado solicitante. Por
esta razón los mismos reparos constitucionales que se hicieron al primero de
dichos instrumentos debe recaer sobre el segundo. A diferencia de lo
manifestado por la Sala Plena, los dos tratados establecían el deber de aplicar
las disposiciones de derecho interno. Al respecto, los artículos 1, 4, 6 y 11
del acuerdo de cooperación internacional con la Nación Rusa establecían lo
siguiente:
“ARTÍCULO 1. OBLIGACIÓN DE
CONCEDER ASISTENCIA LEGAL, NUMERAL 4. El presente Tratado no permitirá a las
autoridades competentes de una de las Partes ejercer, en el territorio de la
otra Parte, facultades que sean exclusivamente de la competencia de las
autoridades de la otra Parte.
ARTÍCULO 6.  DENEGACIÓN O
APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL. La asistencia legal podrá ser denegada
cuando: 1) El cumplimiento de la solicitud sea contraria a la legislación de
la Parte Requerida o no se ajuste a las disposiciones de este Tratado.
ARTÍCULO 11.  OBTENCIÓN DE
PRUEBAS EN TERRITORIO DE PARTE REQUERIDA. NUMERAL 1. La parte Requerida, de
acuerdo con su legislación, recibirá en su territorio testimonios de
testigos y víctimas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas
en la solicitud, y los transmitirá a la Parte Requirente”
Por su parte, el artículo
5 del “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la
República de Colombia y la Confederación Suiza establece lo siguiente:
“1. Las solicitudes deberán
hacerse de acuerdo a las leyes del Estado Solicitado. 2. Si el Estado
solicitante requiere la aplicación de algún procedimiento específico en
referencia al cumplimiento de una solicitud para asistencia legal mutua, deberá
ser así expresado y el estado Solicitado deberá cumplir con la solicitud si
sus leyes no lo prohíben”.
Igualmente el preámbulo del
tratado en mención dispone que:
“los Estados Contratantes
CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que los unen (…) EN
OBSERVANCIA de las normas constitucionales y legales de sus Estados, así
como el respeto a los principios del derecho internacional, en especial de
soberanía, integridad territorial y no intervención y el respeto por el
ordenamiento jurídico interno de cada una de las Partes”
En síntesis, la posición
mayoritaria desconoce el precedente jurisprudencial establecido por esta
corporación en la sentencia C-677 de 2013 sin una justificación
suficiente[58].
Además, para exceptuar esa subregla parte de una interpretación errada, ya que
supone que las disposiciones analizadas en aquel fallo son diferentes a las
contempladas en el tratado de asistencia legal mutua penal celebrado con la
Confederación Suiza.
4.-  Por las razones expuestas presento mi salvamento de
voto, apartándome respetuosamente de una parte de la decisión tomada en la
sentencia C-750 de 2013, teniendo en cuenta que se debieron haber formulado las
declaraciones interpretativas sobre el tratado internacional de asistencia
legal mutua, referidas a la obligación de informar al citado sobre: (i)
la posibilidad de acceder a un traductor oficial y a un apoderado para que lo
asistan en todas las diligencias; (ii) el  alcance de las garantías
constitucionales a las que tiene derecho; (iii) la estructura básica del
proceso penal en ese Estado y, (iv)  la regulación aplicable a la
diligencia a la que asistirá y las responsabilidades que se podrían derivar de
su ejecución.
Fecha ut supra,
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
[1]
Dispone la norma en cita: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos
términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...) 10.Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los
remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley.
Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su
constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá
efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una
o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento
formulando la correspondiente reserva”.
[2]
Sobre la materia se pueden consultar las Sentencias C-682 de 1996, C-468 de
1997, C-924 de 2000, C-293 de 2010 y C-714 de 2012.
[3]
El artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política, establece que: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16. Aprobar o improbar los tratados
que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto
promover o consolidar la integración económica con otros Estados”.
[4] Sobre la materia, el
artículo 7° de la Ley 406 de 1997, dispone que: “Plenos poderes. 1. Para la
adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a un Estado: a) Si presenta los adecuados plenos poderes, o
b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la intención de
los Estados y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido
considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos sin la
presentación de plenos poderes. 2.En virtud de sus funciones, y sin tener que
presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: a) Los
jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para
la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales;b) Los representantes acreditados por los
Estados en una conferencia internacional, para la adopción del texto de un
tratado entre Estados y organizaciones internacionales; c) Los representantes
acreditados por los Estados ante una organización internacional o uno de sus
órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal organización u órgano;
d) Los jefes de misiones permanentes ante una organización internacional, para
la adopción del texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa
organización. 3. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o
para manifestar el consentimiento de una organización en obligarse por un
tratado, se considerará que una persona representa a esa organización
internacional: a) Si presenta los adecuados plenos poderes; o b) Si se deduce
de las circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones
internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante
de la organización para esos efectos, de conformidad con las reglas de la
organización y sin la presentación de plenos poderes.”
[5]
Ver el literal B) numeral 2 del referido artículo 7 de la Ley 406 de 1997, Ley Aprobatoria de la Convención de Viena sobre los Tratados.
[6]
Dispone la citada norma: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 2.
Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso”. (Ver folio 18 del cuaderno principal
[7] La Ley 5° de 1992 dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 217.
CONDICIONES EN SU TRÁMITE. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de
aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales.
El texto de los
Tratados no puede ser objeto de enmienda.
Las propuestas de
reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta
posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de
aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso
legislativo ordinario.
Las Comisiones
competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas generales,
propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización solicitada.”
[8]
Folios 147 a 151 del cuaderno de pruebas Número 1.
[9]
La citación para debate y votación
del Proyecto de Ley 123 de 2011, fue inicialmente anunciada el 1° de noviembre
de 2012, para llevarse a cabo en la próxima sesión, tal y como consta en el Acta Número 9 de esa misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso Número 154 del 17 de abril de 2012 (página 30 a 32 de la gaceta). El texto del anuncio fue el siguiente:“La señora Presidenta Alexandra Moreno
Piraquive, manifiesta: Señor Secretario anexemos la solitud (sic) del Senador
Benedetti, por favor anuncie proyectos, para el martes y miércoles vamos a
sesionar, hay 20 proyectos de ley para debatir. El señor Secretario Diego
Alejandro González González: Procede
con el Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, por
instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de
ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número
01 de 2003). (…) 10. Proyecto de
ley número 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado
sobre asistencia legal mutua en asuntos penales, entre la República de Colombia y la Confederación Suiza, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de
2011. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores
y del Interior. Ponente: Honorable Senador Armando Benedetti
Villaneda. Publicaciones: Texto
del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 674 de 2011. Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 774 de 2011. Señora Presidenta le informo que han sido anunciados los proyectos de
ley para ser discutidos en la próxima sesión. La
señora Presidenta Alexandra Moreno Piraquive: Se
levanta la sesión, se convoca para el martes10:00 de la mañana, muchas gracias”
[10] A folio 44 de la Gaceta No. 233 del 15 de mayo de 2012 se lee lo siguiente:
“El Secretario de la Comisión, doctor Diego González González, le informa a la Presidenta, que los Senadores de la Comisión sí aprueban el Orden del Día. Además se ha
conformado el quórum decisorio.
La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno
Piraquive, solicita leer el informe con el cual termina la ponencia del
Proyecto de ley 123 de 2011 Senado.”
[11]
A folio 8 de la Gaceta del Congreso Número 796 del 9 de noviembre de 2012, se
lee lo siguiente: “Por Secretaría se
informa que se ha registrado quórum deliberatorio.
Siendo las 4:20 p.m. la Presidencia manifiesta: Abrase la sesión y
proceda el señor Secretario a dar lectura al Orden del Día, para la presente
reunión.” (Negrilla y subraya fuera del texto original).
[12]A folio 3 de la Gaceta del Congreso Número 222 del 22 de abril del 2013, se confirma que para Sesión
Ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, llevada a cabo el 7 de noviembre de 2012, había quórum decisorio. Así dice brevemente el
texto de la gaceta:
“Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez
Arias:
Señor Presidente, se ha conformado el quórum
decisorio en la Comisión.
Hace uso de la palabra el señor Presidente
honorable Representante Óscar de Jesús Marín:
Entonces leamos el Orden del Día por favor
señora Secretaria.”
[13]
Ver http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_2
[14]
El texto definitivo del proyecto de
Ley que fuera aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue publicado en la Gaceta Número 920 del 11 de diciembre de 2012, en el que se deja la
siguiente constancia secretarial:
“SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 29 de 2012
En Sesión Plenaria del día 28 de noviembre de 2012, fue aprobado
en segundo debate el texto definitivo sin modificaciones del Proyecto de ley
número 123 de 2012 Cámara, 123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba
el “Tratado sobre asistencia legal mutua en asuntos penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de
2011. Esto con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal y
reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el
artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta de
Sesión Plenaria número 177 del 28 de noviembre de 2012, previo su anuncio el
día 26 de noviembre de los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número
176.
La Secretaria General (e),
[15]
A folio 13 de la Gaceta del Congreso Número 83 del 12 de marzo de 2013 se
aprecia que al momento de la votación del proyecto existía quórum decisorio. En
efecto, a folio 25 de la misma Gaceta del Congreso se lee
lo siguiente:
“Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
(…).
Nos vamos a ver
en una agenda muy apretada la próxima semana y la que sigue, sería muy
importante hacer un llamado y les hago un llamado a todos los honorables
miembros de la Cámara para que podamos mantener el quórum decisorio”
[16]
Auto 119 de 2007 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[17] Cfr., entre
otras, las Sentencias C-644 de 2004 M. P. Rodrigo Escobar Gil, C-576 de
2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-864 de 2006 M. P. Rodrigo Escobar Gil y C-801 de 2009 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[18]
Cfr. las sentencias C-473 de 2005 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-241 y C-
322 de 2006 ambas del M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-801 de 2009. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo También se puede consultar el Auto 311 de 2006 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[19]
Cfr. las Sentencias C-780 de 2004
M. P. Jaime Córdoba Triviño, C-649 de 2006 M. P.  Manuel José Cepeda Espinosa y C-801 de 2009 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En el
mismo sentido se puede consultar también el Auto 311 de 2006
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[20]
Cfr. Auto 089 de 2005 M. P.  Manuel José Cepeda Espinosa.
[21]
Cfr. las Sentencias C-533 de 2004 M. P. Álvaro Tafur Galvis y C-473 de 2005 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22]
Sentencia C-864 de 2006. La regla de excepción a la cadena de anuncios fue
fijada por la Corte en la Sentencia C-533 de 2004, y es a su vez reiterada en
las Sentencias C-864 de 2006 (a la que corresponde la cita), C-576 de 2006 y
C-141 de 2010, entre otras.
[23]
Acta Número 10 del 9 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 153 del 17 de abril de 2012 (páginas 52 a 56).
[24]
Acta Número 11 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 155 del 17 de abril de 2012 (páginas 1 a 55).
[25]
Acta Número 12 del 22 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso Número 154 del 17 de abril de 2012 (página 35).
[26]
Acta Número 13 del 29 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 156 del 17 de abril de 2012 (páginas 14 y 15).
[27]
Acta Número 14 del 30 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta de Congreso Número 154 del 17 de abril de 2012 (páginas 56 y 57).
[28]
Acta Número 15 del 7 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta de Congreso Número 156 del 17 de abril de 2012 (página 40).
[29]
Acta 16 de del 21 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012 (pág. 1 a 26).
[30]
Acta 17 del 27 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Número 547 del 23 de agosto de 2012 (páginas 29 y 30).
[31]
Acta Número 18 del 28 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Número 233 del 15 de mayo de 2012 (páginas 27 y 28).
[32]
Acta 19 del 10 de abril de 2012, publicada en la Gaceta de Congreso Número 233 del 15 de mayo de 2012 (página 42).
[33]
Acta 20 del 17 de abril de 2012, que fuera publicada en la Gaceta del Congreso Número 233 del 15 de mayo de 2012 (páginas 44 y 45).
[34] El mensaje de urgencia del Presidente de la República hace referencia a los Proyectos de Ley número 201 de 2012 Senado, 197 de 2012 Cámara, por medio de la cual se
implementan compromisos adquiridos por virtud del ¿Acuerdo de promoción
comercial, suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de
América y su “Protocolo modificatorio, en el marco de la política de comercio
exterior e integración económica”, y el  Proyecto de Ley número 182 de
2012 Senado, 198 de 2012 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el
¿Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” del
2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23
de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991.
[35]
Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-187 de 1999 y
C-291A  de 2003.
[36]
Magistrada Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez.
[37]
Mediante la Resolución No. 112 del Período 53 de las Naciones Unidas, adoptada
el 9 de diciembre de 1998 por consenso.
[38]
Sentencia C-187 de 1999.
[39]
Sentencias C-404 de 199, C-280 de 2001 y C-619 de 2004, entre otras.
[40]
Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-176 de
1994, C-404 de 1999, C-280 de 2001 y C-610 de 2004.
[41]
En la citada sentencia, se analizaba la exequibilidad del "Convenio
entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno de la república de
Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal" el cual
contenía la previsión del decomiso de bienes dentro de su articulado.  Tal
Convenio se declaró exequible en virtud del alcance que se le daba a tal
expresión.
[42]
Sentencia Corte Constitucional C-176 de 19994.
[43]
En el mismo sentido, se pueden ver, entre otras, la Sentencia C-404 de 1999, en la cual se estudiaba la constitucionalidad del “Acuerdo de
Cooperación judicial en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay", que consagraba la
posibilidad de solicitar el decomiso de bienes. El acuerdo fue declarado
exequible, toda vez que en el mismo se señalaba que tal decomiso se debía dar
con respeto al orden interno. Igualmente se puede consultar la Sentencia C-206 de 2002, que analizaba la constitucionalidad del “convenio de cooperación
judicial y asistencia mutua en materia penal entre la republica de Colombia y
la republica del Ecuador” el cual contemplaba también el decomiso de
bienes. El Convenio fue declarado exequible.
[44]
Sentencia C-280 de 2001, reiterada en la Sentencia C-610 de 2004.
[45]
Sentencia C-406 de 1999.
[46]
En la Sentencia C-677 de 2013, la Corte precisó que
resulta contrario a la Carta Política, en particular al principio de legalidad
de la pena previsto en los artículos 28 y 29 del mismo ordenamiento Superior,
la posibilidad de ejecutar la colaboración cuando el hecho que soporta la
solicitud no constituye delito en la Parte Requerida y se permite su aplicación respecto de cualquier tipo de medida. Consideró la Corte que, en esos términos, a través de la doble incriminación, “indeliberadamente se
extienden los efectos de todo el régimen punible de otro Estado (presente y
futuro), sin que haya existido trámite alguno al interior del Parlamento e
impidiendo que el investigado disponga de un marco legal previo y reconocido en
la Parte Requerida que permita el ejercicio del derecho de defensa”.
[47]
Sentencia C-280 de 2001.
[48]
Así lo ha establecido, entre otras, en el Auto 038 de 2004 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa), Sentencias C-533 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-576 de
2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo Rentería).
[49] MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo
Rentería. En esta sentencia se declaró inexequible la Ley 994 de 2005, “por medio de la cual se aprueba el
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en
Estocolmo a los veintidós días del mes de mayo de dos mil uno (2001), debido a que se verificó el rompimiento de la cadena de anuncios
durante el segundo debate en el Senado. Por esta razón, la Corte la declaró inexequible sin examinar el
contenido de la misma, por ser innecesario.
[50] Autos 031 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa),
032 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto) y 118 de
2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, SV. Mauricio González Cuervo, AV. María
Victoria Calle Correa).
[51] Por medio de la cual se analizó la constitucionalidad
del Tratado entre la República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal, y de la Ley aprobatoria 1596 del 21 de diciembre de 2012.
[52] El artículo 17 numeral 2 del tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza establece que: “El Estado Solicitante
deberá, sin demora alguna, comunicar por escrito al Estado Solicitante,
la decisión tomada por parte de dicho testigo o experto con respecto a la
invitación”.
[53] El artículo 22 numeral 4 del tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza establece que: “Para los efectos de este
artículo, en el caso de la persona trasladada, el período de privación de
libertad cumplido en el Estado Solicitante se computará al cumplimiento de la
condena impuesta en el estado Solicitad”. Igualmente sobre este mismo
aspecto el artículo 37 numeral 3 de la ley 599 del año 2000 establece que: “La detención preventiva
no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido
bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena.”
[54] Artículo 19 del
tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza  establece que “Un testigo o experto que no
cumpla con una orden de comparecencia, o notificación por la cual sea
requerido, no deberá, así sea que la citación contenga una notificación de
penalidad, estar sujeto a ningún tipo de castigo o medida sancionatoria”.
[55] Artículo 20 numeral 3 del tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza establece que: “Sin su consentimiento por
escrito, una persona a la cual los parágrafos 1 y 2 son aplicables, no deberá
ser requerida a testificar de acuerdo al contexto de un proceso diferente de
ese que forma las bases de la solicitud para asistencia legal mutua”.
[56] El preámbulo del tratado en mención establece: que “los Estados Contratantes CONSIDERANDO los lazos de
amistad y cooperación que los unen (…) EN OBSERVANCIA de las normas
constitucionales y legales de sus Estados, así como el respeto a los principios
del derecho internacional, en especial de soberanía, integridad territorial y
no intervención y el respeto por el ordenamiento jurídico interno de cada una
de las Partes”
[57] El Artículo 5 dispone que: “1. Las solicitudes deberán hacerse de acuerdo a las
leyes del Estado Solicitado. 2. Si el Estado solicitante requiere la aplicación
de algún procedimiento específico en referencia al cumplimiento de una solicitud
para asistencia legal mutua, deberá ser así expresado y el estado Solicitado
deberá cumplir con la solicitud si sus leyes no lo prohíben”.
[58] No debemos olvidar que los operadores judiciales se encuentran
vinculados a sus decisiones. Sobre el particular esta Corporación se ha
referido al concepto de precedente horizontal, y ha propiciado que los mismos
jueces o corporaciones que generan una postura jurídica, intempestivamente y
sin un mínimo de argumentación no pueden modificar su postura.