T-019-19
Sentencia
T-019/19
ACCION DE TUTELA
PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Caso donde
accionantes consideran vulnerados sus derechos, ante el despojo de las tierras
denominadas “chima” o “villa chimá”, consideradas como propiedad
ancestral
ACCION DE TUTELA
PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia para
acceder al proceso de verificación de su condición de víctima
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Requisitos
de procedencia
El régimen
constitucional establece tres eventos en los cuales es procedente la acción de
tutela contra particulares, a saber: (i) cuando estos se encargan de la
prestación de un servicio público; (ii) cuando con su conducta afectan grave y
directamente el interés colectivo; y (iii) cuando el solicitante se encuentra
en estado de subordinación o indefensión respecto de quien amenaza o lesiona
sus derechos fundamentales
TERCERO CON
INTERES LEGITIMO-Exclusión
El concepto de
tercero con interés excluye a quienes, más allá de no tener ninguna
participación en sede judicial, son totalmente ajenos a lo que se debate y por
quienes se debate, por lo que carecen de cualquier tipo de interés real en la
causa que se controvierte, sujeto que suele identificarse con el nombre de
tercero indiferente
VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO-Alcance
del concepto contenido en la ley 1448 de 2011
INSCRIPCION EN EL
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Procedimiento
ACCION DE TUTELA
PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
DERECHO A LA RESTITUCION DE TIERRAS
DESPOJADAS-Procedimiento
contenido en la ley 1448/11
VICTIMAS
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos de especial protección constitucional
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito
declarativo y no constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para
acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Reglas jurisprudenciales para
inscripción
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
VICTIMAS-Orden
para que autoridades reconozcan a los accionantes y sus familias, su condición
de víctimas de desplazamiento forzado
Referencia:
Expediente T-2.894.685
Asunto:
Acción de tutela instaurada por los señores Manuel Bellio Blanquicett y otros
contra los señores Alberto Araujo Merlano, Jorge Araujo, Fernando Araujo
Perdomo, Gerardo Araujo y Luis Fernando Araujo, el Comandante de la Policía Metropolitana
de Cartagena, el Director de Orden Público del Ministerio del Interior, la Secretaria
del Interior del Distrito de Cartagena y la Directora Seccional de Fiscalías de
la misma ciudad
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En la revisión de los fallos de tutela proferidos, en
primera instancia, por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena y, en
segunda instancia, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad, en el proceso de amparo constitucional promovido
por los señores Manuel Bellio Blanquicett, Agustín Leal Leal, Horacio González
Torres, Efraín Caraballo Herrera, Solano Torres Rodríguez, Ariel Gómez Ortega,
Nelson Aguilar Herrera, Isidoro Leal Leal, Dionel Leal Herrera y Ángel Ortega
Arzuza contra los señores Fernando Araujo Perdomo, Alberto Araujo Merlano,
Jorge Araujo, Gerardo Araujo y Luis Fernando Araujo, el Comandante de la
Policía Metropolitana de Cartagena, el Director de Orden Público del Ministerio
del Interior, la Secretaria del Interior del Distrito de Cartagena y la
Directora Seccional de Fiscalías de dicha ciudad.
I. ANTECEDENTES
En el
asunto bajo examen, se hará una presentación del caso a partir de los hechos
relevantes expuestos por los accionantes, los cuales serán contrastados frente
a las respuestas realizadas por los accionados y vinculados, junto con las
pruebas obtenidas en el trámite de tutela y en sede de revisión. Una vez
agotada dicha actuación, se definirá el alcance de la controversia y se
plantearan los problemas jurídicos sometidos a decisión, en aras de resolver el
presente litigio.
1.1. Hechos relevantes expuestos por los
accionantes
(i) Los accionantes relatan que, hace más de 60 años,
ellos y sus familias habitan unas tierras llamadas “Chima” o “Villa
Chimá”, ubicadas a orillas del mar Caribe, en el corregimiento de Punta
Canoa, Distrito Especial de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, en
donde trabajan el cultivo de productos como el maíz, la yuca y el plátano.
Textualmente, señalan que integran un asentamiento negroide.
(ii) Dichas tierras fueron heredadas de sus
antepasados, bajo las tradiciones de los campesinos, quienes las venían
labrando desde el año 1962, de suerte que cuando ellos fallecieron, los
accionantes continuaron con su explotación realizando mejoras y desconociendo a
sus presuntos propietarios.
(iii) Aseguran que desde finales de los años 80´s y
principios de los 90´s, los integrantes de la familia Araujo, valiéndose de
maniobras orquestadas con autoridades locales, se apropiaron de forma indebida
de aproximadamente 170 hectáreas de terreno abandonado o vacante, bautizándolo con
el nombre de “Playa Bonita” y despojando a más de 30 familias poseedoras
que contaban con más de 30 años de quieta, pacífica, pública e ininterrumpida posesión
sobre parte de dichas tierras, incluyendo el predio denominado “Chima” o
“Villa Chimá”[1].
(iv) Con el propósito de demostrar la posesión
pacífica y tranquila sobre el predio en mención, los accionantes adjuntan copia
de la escritura pública No. 109 del 19 de enero de 2005, otorgada en la Notaría
Tercera de Cartagena, por medio de la cual protocolizaron dos declaraciones
extraprocesales de testigos que “manifiestan bajo la gravedad del juramento (…)
tener conocimiento directo de la posesión material que los señores AGUSTÍN
LEAL LEAL, MARCIANO GONZÁLEZ CARMONA, HORACIO GONZÁLEZ TORRES Y NELSON AGUILAR
HERRERA ejercen desde hace más de cuarenta (40) años sobre la Finca denominada
“CHIMA” ubicada entre los Corregimientos de Punta Canoa y Arroyo de Piedra,
ambos Jurisdicción del Distrito de Cartagena”[2].
(v) Igualmente, los accionantes señalan que, en el año
2006, fueron obligados a abandonar sus tierras en el marco de las actuaciones
adelantadas en un proceso policivo iniciado por la Inmobiliaria Playa Bonita
S.A., en su contra. Sin embargo, retornaron a trabajarlas gracias a un fallo de
tutela que declaró la nulidad de lo actuado en el proceso policivo.
(vi) Afirman que, el 20 de junio de 2010, un grupo de 40
familias a las cuales pertenecen fueron expulsadas del predio “Chima”,
sus cultivos y viviendas destruidas por parte del Comando de la Policía del
ESMAD del Distrito Especial de Cartagena de Indias, para dar lugar a un
proyecto inmobiliario financiado por la familia de Fernando Araujo (Sociedad
Inmobiliaria Playa Bonita S.A.), por lo cual presentaron denuncia ante la Fiscalía
ese mismo día[3].
Agregan que el 21 de junio del año en cita, igualmente fueron hostigados por
parte del Comando de la Estación de Policía de Arroyo de Piedra, corregimiento
de Cartagena, autoridades que destruyeron y arrancaron sus cultivos.
(vii) Sostienen que, pocos días después, fueron
hostigados por un grupo de paramilitares, cuya actuación imputan a los
interesados en el proyecto inmobiliario, teniendo que abandonar el predio
debido a las amenazas contra sus vidas.
(viii) Finalmente, señalan haber solicitado protección
ante el Defensor del Pueblo, Regional Bolívar. Al igual que alegan que las
autoridades accionadas (Dirección de Orden Público del Ministerio del Interior,
Secretaría del Interior de Cartagena, Policía Metropolitana y Dirección
Seccional de Fiscalías dicha ciudad) tienen conocimiento sobre los hechos
narrados, sin que hayan realizado actuación alguna para solventar su situación como
familias desplazadas.
1.2. Solicitud y argumentos planteados
Con sujeción a lo
anterior, el 7 de julio de 2010, los accionantes interpusieron acción de tutela
solicitando
el amparo directo –para ellos
y el grupo de familias campesinas desplazadas al que pertenecen– de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la
igualdad y a la atención especial que demandan las minorías étnicas y grupos
tradicionalmente marginados, para lo cual reclaman su intervención ordenando el
regreso a sus tierras y disponiendo su inscripción en el Registro Único de
Desplazados.
1.3. Trámite surtido en primera instancia
En auto de 15 de julio de 2010, el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Cartagena admitió la acción de amparo. En dicha providencia,
corrió traslado a los señores Fernando Araujo Perdomo, Alberto Araujo Merlano,
Jorge Araujo, Gerardo Araujo y Luis Fernando Araujo, así como al Comandante de
la Policía Metropolitana de Cartagena, al Director de Orden Público del
Ministerio del Interior, a la Secretaria del Interior del Distrito de Cartagena
y a la Directora Seccional de Fiscalías dicha ciudad, con el propósito de que
se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones previamente expuestos.
Luego, en auto de 19 de julio del año en cita, el
referido Juzgado se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela,
al considerar que la Dirección de Orden Público del Ministerio del Interior es
una entidad de orden nacional y, en consecuencia, el caso debía ser resuelto
por un juez civil del circuito. Por tal razón, el asunto fue repartido al
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, quien admitió la acción en auto
del 2 de agosto de 2010[4].
La citada autoridad, en providencia del 10 de agosto del
año en cita[5],
advirtió que existían terceros con interés dentro de la actuación, en concreto,
la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., el Inspector y el Comandante de la
Estación de Policía del Corregimiento Arroyo de Piedra, por lo que decretó la
nulidad parcial de lo actuado y ordenó su vinculación, con la finalidad de
garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
1.4. Respuestas de los accionados y
vinculados
1.4.1. En escrito del 16 de julio de 2010, la
Fiscalía Local 9 de Cartagena se pronunció frente a los hechos alegados por
los accionantes, en concreto, en relación con la denuncia que interpusieron el
día 20 de junio del año en cita, por motivo de la “expulsión” que los
demandantes alegan del predio que habitaban y que le endilgan a las autoridades
de policía de Cartagena y Arroyo de Piedra, para dar lugar al proyecto de la
Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A.
Al respecto, la Fiscalía expuso que el señor Milton
Fernández Grey, abogado de los accionantes, alegó que se incurrió en el tipo de
abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, el cual, al tratarse de un
delito querellable, requería de la celebración de una audiencia de
conciliación, cuya fijación se realizó para el 6 de julio de 2010. En tal
fecha, no se presentó ni el querellante, ni los señores Jorge Camargo (mayor
del ESMAD de la Policía de Cartagena), y Edgar Díaz (Comandante de Policía de
Arroyo de Piedra), en su condición de querellados. Ante tal circunstancia, se
levantó un acta en la que quedó constancia de la falta de ánimo conciliatorio entre
las partes, siendo repartido el expediente a la Fiscalía Seccional 5 para que
continuara con el trámite de rigor. El proceso corresponde al número de
radicado 130016001128201007520.
Conforme a lo relatado, a juicio de esta autoridad, no
podía concluirse que se hubiera vulnerado algún derecho fundamental, pues se
adelantaron a cabalidad las actuaciones que sobre el particular impone la ley.
1.4.2. En comunicación del 19 de julio de 2010, la Directora
Seccional de Fiscalías de Cartagena informó que la Coordinadora de la
Oficina de Asignaciones había recibido un oficio del Defensor del Pueblo,
Regional Bolívar, en el que se indicaba que dicho funcionario había recepcionado
denuncias por violaciones a derechos humanos y al DIH por parte de cuatro campesinos
de Punta Canoa. Sin embargo, según afirma, la coordinadora no logró ubicar
ninguna investigación con la información suministrada.
De igual manera, la Directora manifestó que había dado
traslado del oficio a través del cual se comunicó la presente acción de tutela
a la Jefe de la Oficina de Asignaciones de Cartagena, con el propósito de
determinar si existía alguna investigación por la presunta amenaza padecida por
los accionantes de parte de grupos paramilitares o, en caso contrario, asignar
su trámite a un fiscal. En su concepto, la acción de tutela no debía prosperar,
toda vez que la Dirección Seccional había adoptado las medidas a su alcance y,
por consiguiente, no había violentado ningún derecho fundamental.
1.4.3. El 21 de julio de 2010, el Comandante de la
Policía Metropolitana de Cartagena dio contestación a la demanda de tutela,
en la que adujo que dicha institución no había vulnerado derecho fundamental
alguno, ya que su actuación se justificó en una orden adoptada dentro un amparo
policivo por perturbación a la posesión en favor de la Sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A., que había sido proferida por el Inspector del Corregimiento
de Arroyo de Piedra.
Agregó que, en el informe anexo del señor Edgar Díaz,
Comandante de la Subestación del citado corregimiento, se evidenciaba que entre
los días 19 a 26 de junio de 2010, se presentaron entre 30 y 40 personas
alegando ser titulares de dichos terrenos, siendo necesaria la intervención del
ESMAD, toda vez que para defender la ocupación del predio lanzaron objetos como
piedras y palos, lo cual requirió la emisión de gases con el fin de
dispersarlos. Por lo demás, la actuación policial se mantuvo hasta el día 26 de
junio del año en cita, ya que se observó que se estaban construyendo cambuches y
que se portaban armas blancas como mecanismo intimidatorio.
1.4.4. En escrito del 19 de julio de 2010, la Secretaria
del Interior del Distrito de Cartagena manifestó que la acción de tutela
era improcedente, toda vez que dicha entidad no tuvo participación en las
circunstancias que se alegan. En seguida, expuso que no recibió –en momento
alguno–
la comunicación que se menciona de la Defensoría del Pueblo. Finalmente,
alegó que la condición de desplazado no se adquiere por autodenominación, ya
que ello requiere agotar un trámite previo que se inicia con una declaración
ante el Ministerio Público dentro del año siguiente al desplazamiento. En el
caso de los accionantes, no se acreditó que se haya surtido dicho
procedimiento.
1.4.5. En comunicación del 21 de julio de 2010, el
señor Antonio Hernández Blanco, apoderado de los señores Fernando Araujo,
Gerardo Araujo y Alberto Araujo, contestó la demanda de tutela. Al
respecto, afirmó que sus representados no conocían a los accionantes, pues
ellos no ostentaban títulos sobre las tierras ubicadas en el corregimiento de
Punta Canoa y tampoco habían instaurado ninguna acción relacionada con éstas. A
continuación, el apoderado explicó que el poder le fue otorgado por su
condición de abogado de la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., por lo que
aprovechó para hacer un recuento y sobre las acciones legales adelantadas y relacionadas
con el caso:
a) Mencionó las sentencias del 10 de mayo y del 18 de
julio de 2006, dictadas por los Juzgados Séptimo Civil Municipal y Primero
Civil del Circuito de Cartagena, respectivamente, en el marco de una acción de
tutela instaurada por el señor Agustín Leal Leal contra la Inspección de
Policía de Arroyo de Piedra, por medio de la cual se intentó revocar el amparo
policivo proferido por dicha inspección sobre la finca “Playa Bonita”, en
favor de la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A.
b) Adjuntó copia de la contestación a la demanda de
pertenencia por prescripción extraordinaria de dominio presentada por el señor Solano
Torres Rodríguez y otros contra la citada sociedad inmobiliaria, radicada bajo
el número 384/2006, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.
c) Allegó copia de una denuncia instaurada el 19 de
junio de 2010, por la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., contra los
señores Nelson Aguilar, Agustín Leal, Manuel Bellido, Solano Torres, entre
otros, en la que la Fiscal 40 Local de Cartagena profirió resolución de
acusación por el delito de invasión de tierras y perturbación a la posesión.
Posteriormente, el conocimiento de este caso fue asignado a la Fiscalía Local 1
de Cartagena, siendo radicado con el número 190.368.
d) Hizo referencia a una denuncia presentada el 18 de
junio de 2009, por el señor Hernando Rodríguez Gómez, celador de la finca “Playa
Bonita”, contra los señores Luis Alfonso Leal, Eduard Fernando López,
Solano Torres, Nelson Aguilar, Agustín Leal y Manuel Bellido, entre otros, por
los delitos de daño en cosa ajena, tentativa de homicidio, violación del lugar
de trabajo y otros, la cual se encontraba radicada con el número 1300160011292002657.
e) Se refirió a una denuncia presentada por la
sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., contra los señores Nelson Aguilar,
Agustín Leal, Manuel Bellido, Solano Torres, entre otros, y personas indeterminadas
o desconocidas, cuyo conocimiento fue asignado a la Fiscalía 34 de Cartagena
bajo el radicado 130016001128201007394, por los presuntos delitos de invasión
de tierras, daño en cosa ajena y amenazas personales. A la fecha no había
pronunciamiento que afectara a los sindicados.
f) Anexó copia del acta de diligencia de inspección
ocular del 24 de febrero de 2006, por medio de la cual la Inspección de Policía
Rural de Arroyo de Piedra concede amparo policivo por perturbación a la
posesión sobre el predio “Playa Bonita”, a favor de la Sociedad
Inmobiliaria Playa Bonita S.A.
1.4.6. En comunicación del 20 de agosto de 2010, el
señor Edgar Díaz, Comandante de la Subestación Arroyo de Piedra, indicó
al juez de tutela que los hechos expuestos por los accionantes no correspondían
a la realidad. En primer lugar, sostuvo que las actuaciones se habían
desarrollado producto de órdenes del Inspector de Policía del corregimiento de Arroyo
de Piedra, por lo que se trató de un acto de ejecución sustentado en un mandato
legal. Y, en segundo lugar, afirmó que en el inmueble no hubo presencia de
paramilitares, imputación que carece de todo sustento y que solo responde a la
finalidad de mantener latente una controversia concluida.
1.4.7. En escrito del 25 de agosto de 2010, el señor
Antonio Hernández Blanco, como ya se dijo, apoderado de la sociedad
Inmobiliaria Playa Bonita S.A., contestó la demanda de tutela a favor de
dicha persona jurídica. En particular, frente a los hechos, sostuvo que: “no
es cierto que los accionantes habiten en un asentamiento negroide, todos son
vecinos del corregimiento de Pontezuela (Distrito de Cartagena), y es
totalmente falso que han sido hostigados en ninguna forma ya que los
demandantes son las mismas personas que han venido PERTURBANDO desde el año
2006 la Finca denominada “PLAYA BONITA”, de propiedad de la Sociedad
INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A.”.
En cuanto al resto de circunstancias relacionadas con
el caso, el abogado hizo el mismo recuento de actuaciones adelantadas que fue
resumido respecto de la contestación de la tutela por parte de los accionados Fernando,
Gerardo y Alberto Araujo (supra 1.4.5).
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN Y
ELEMENTOS DE JUICIO QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE
2.1. Sentencia de primera instancia
En sentencia de 23 de agosto de 2010, el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Cartagena declaró improcedente la acción de tutela,
al considerar que, conforme al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, no se
cumplía ninguno de los requisitos de procedencia de la acción contra
particulares, en lo que refiere a los señores Fernando Araujo Perdomo, Alberto
Araujo Merlano, Jorge Araujo, Gerardo Araujo y Luis Fernando Araujo. Además, agregó
que las pruebas allegadas con la causa permitían concluir que el caso se
centraba en una controversia sobre la posesión de tierras, asunto que no era
susceptible de discutir por vía de tutela al existir otros medios de defensa
judicial, como ocurre con los recursos que debieron agotarse en el respectivo
proceso policivo y las acciones contencioso administrativas para demandar la
nulidad de la resolución mediante la cual se concedió el amparo policivo[6]. En
conclusión, se consideró que la acción era improcedente por la falta de
legitimación por pasiva y por el incumplimiento del requisito de subsidiaridad.
2.2. Sentencia de segunda instancia
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, en fallo del 12 de octubre de 2010, confirmó la
sentencia de primera instancia, al señalar que el señor Dionel Leal impugnó la
decisión del a-quo en el acto mismo de notificación de la decisión
adoptada, sin invocar argumento alguno, que permitiese concluir como
acreditados los requisitos de legitimación por pasiva y subsidiaridad. En todo
caso, reiteró que visto el Decreto 2591 de 1991 la acción no cabe frente a los
señores Araujo y, además, advirtió que los accionantes podían acudir a otros
medios de defensa judicial, como las acciones policivas o los mecanismos de
amparo a la posesión de bienes inmuebles.
2.3. Pruebas obrantes en el expediente y
acreditadas durante el trámite de instancia
2.3.1. Denuncia del 21 de junio de 2010 presentada por
el señor Milton Fernández contra el Mayor del ESMAD de la Policía de Cartagena
y el Comandante de la Policía de Arroyo de Piedra, por el presunto delito de
abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Como ya se advirtió, en esta
causa se declaró fracasada la audiencia de conciliación celebrada entre las
partes, por tratarse de un tipo penal querellable, siendo asignado el expediente
a la Fiscalía Seccional 5 de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública de Cartagena. El radicado corresponde al número 130016001128201007520.
2.3.2. Oficios del Defensor del Pueblo, Regional
Bolívar, de fecha julio 2 de 2010, dirigidos al Director de Orden Público del
Ministerio del Interior, a la Directora Seccional de Fiscalías, al Comandante
de la Policía Metropolitana y a la Secretaria del Interior del Distrito de
Cartagena, a través de los cuales solicita a quien corresponda abrir investigación
por las posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en el predio “Villa
Chimá”, por la “expulsión” a la fuerza de más de 38 familias.
2.3.3. Denuncia instaurada el día 25 de enero de 2006 por
el señor Antonio Hernández Blanco, en calidad de apoderado de la sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A., contra los señores Nelson Aguilar, Agustín Leal, Manuel
Bellido, Horacio González, Boster Ortega, Guillermo Ortega, Nicolás Rodríguez, Freddy
González, alias “el mono” Ortega, Efraín Caraballo, Solano Torres Rodríguez,
Miguel Torres Rodríguez, Jairo Hernández González y otras personas
indeterminadas o desconocidas, por los delitos de invasión de tierras, daño en
cosa ajena, construcción ilegal y perturbación a la posesión. Este proceso se
identificó con el número 130016001128201007394.
2.3.4. Denuncia instaurada el 19 de junio de 2010 por el
señor Antonio Hernández Blanco, en calidad de apoderado de la sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A., contra los señores Nelson Aguilar, Agustín Leal, Manuel
Bellido, Horacio González, Boster Ortega, Guillermo Ortega, Nicolás Rodríguez,
alias “el mono” Ortega, Efraín Caraballo, Solano Torres Rodríguez, Miguel
Torres Rodríguez, Jairo Hernández González, Luis Leal, Ubadel Noriega Herrera,
Marceliano Herrera Gómez, Azael Leal Herrera, un señor de Bayunca de apellido
Ortega, un señor identificado con el alias de “Paco Leal Herrera”, y otras personas
indeterminadas o desconocidas, por los delitos de invasión de tierras, daño en
cosa ajena y amenazas personales[7].
A este proceso se le asignó el número 190.368.
2.3.5. Decisión del 4 de septiembre de 2007 de la
Fiscalía Local 40 de Cartagena, en la cual calificó el mérito del sumario con
resolución de acusación contra los señores Manuel Bellido, Guillermo Ortega,
Miguel Torres y Marcelino Herrera, a título de coautores de los delitos invasión
de tierras y perturbación a la posesión, en el radicado ya mencionado 190.368.
2.3.6. Acta de diligencia de inspección ocular
proferida el 24 de febrero de 2006 por la Inspección de Policía del corregimiento
de Arroyo de Piedra, en el marco del proceso policivo por perturbación a la
posesión instaurado por la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., contra los
señores Nelson Aguilar, Agustín Leal, Manuel Bellido, Horacio González, Boster
Ortega, Guillermo Ortega, Nicolás Rodríguez, entre otros, sobre el predio “Playa
Bonita”. Allí se indicó que, según los peritos, se presentaban actos dirigidos
a afectar el goce del inmueble por parte de sus titulares, y que los ocupantes
del mismo habían construido dos ranchos, talado árboles y se encontraban
armados. Por lo demás, se señaló que estos últimos no lograron acreditar
posesión alguna, pues solo allegaron copia informal de una escritura pública
para respaldar su reclamo.
2.3.7. Contestación de la demanda por parte del señor
Antonio Hernández Blanco, obrando como apoderado de la Sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A., en el marco de un proceso de pertenencia iniciado por el
señor Solano Torres, respecto del predio objeto de discusión.
2.3.8. Escritura pública No. 109 de la Notaría Tercera
de Cartagena del 19 de enero de 2005, otorgada por los señores Agustín Leal,
Marciano González, Horacio González y Nelson Aguilar a favor de ellos mismos. En
este acto se presentan dos declaraciones extraprocesales en donde los señores
Emiliano Ortega y Eusebio González manifiestan, bajo la gravedad de juramento,
tener conocimiento directo de la posesión material que los otorgantes ejercen
hace más de 40 años sobre la finca denominada “Chima” o “Villa Chimá”,
ubicada en los corregimientos de Punta Canoa y Arroyo de Piedra, ambos jurisdicción
del Distrito de Cartagena.
2.4. Actuaciones adelantadas en sede de
revisión
2.4.1. Por medio de auto del 1° de abril de 2011[8], el
entonces magistrado sustanciador[9], vinculó
al proceso de tutela a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional y le solicitó que se pronunciara sobre los hechos y
pretensiones que justifican el amparo. En el mismo auto se requirió información
sobre la materia objeto de este proceso a los accionantes, al Inspector de
Policía del corregimiento de Arroyo de Piedra, a la Sociedad Inmobiliaria Playa
Bonita S.A., al Director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER),
y a las siguientes autoridades de Cartagena: Director Seccional de Fiscalías,
Juzgado Segundo Civil del Circuito, Juzgado Séptimo Civil Municipal y Alcalde Distrital.
Igual solicitud de indagación se formuló respecto del Defensor del Pueblo
(Regional Bolívar), el Procurador Regional de Bolívar, el Personero Municipal
de Cartagena y el Director de Asuntos para Comunidades Negras, Raizales,
Palenqueras y Afrocolombianas del Ministerio del Interior y de Justicia. Las respuestas otorgadas frente a los asuntos indagados se
resumen en los siguientes términos:
2.4.1.1. En escrito del 11 de abril de 2011, la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional expuso la
normatividad relativa a los requisitos para que un ciudadano pueda ser inscrito
en el Registro Único de Población Desplazada por la Violencia (RUPD).
Igualmente, informó que el señor Manuel Segundo Bello Blanquicett no se
encontraba dentro de dicho registro con base en el número de cédula aportado en
la acción de tutela y que los señores Agustín Leal Leal, Horacio González
Torres y Efraín Caraballo Herrera tampoco aparecían como declarantes o miembros
del grupo familiar declarado.
2.4.1.2. En comunicación del 11 de abril de 2011, el Defensor
del Pueblo, Regional Bolívar, indicó que ese despacho “recibió queja de
unos campesinos que denunciaban atropellos al parecer por parte de agentes del
Estado y particulares. Denuncia que se puso en conocimiento de las respectivas
autoridades. (…) // Es necesario aclarar que de hechos generadores que
efectivamente hayan causado desplazamiento forzado, este despacho no ha tenido
conocimiento[,] ya que al parecer la denuncia presentada y a la que nos
referimos anteriormente fue desvirtuada, como quiera que al parecer se trataba
de un desalojamiento por ocupación de hecho”[10].
2.4.1.3. En escrito del 11 de abril de 2011, la Personería
Distrital de Cartagena manifestó que, revisados sus archivos, no encontró
queja por desplazamiento de alguna comunidad en Punta Canoa. Agregó que, el día
5 de abril de 2011, recibió comunicación del Inspector de Policía de Arroyo de
Piedra, informando haber recibido amenazas por parte de desconocidos, con
relación a unos procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho. Se
anexa denuncia presentada ante la Fiscalía, el pasquín recibido y el documento firmado
por el inspector, en el que se indica que estos procesos están vinculados con
los señores del Río, los hermanos Grau y los hermanos Rodríguez.
2.4.1.4. En escrito del 12 de abril de 2011, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena rindió la información
solicitada respecto a la demanda ordinaria de pertenencia por prescripción
adquisitiva de dominio iniciada por los señores Nelson Aguilar y otros contra la
Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A. En concreto, se indicó que: (i) la compañía
contestó la demanda y presentó excepciones de mérito; ii) se hicieron
publicaciones en prensa y radio de los edictos emplazatorios de las personas
indeterminadas y se nombró para ellas un curador ad litem; iii) se
practicó inspección judicial en el bien inmueble objeto del litigio y de dicha
diligencia se levantó un acta.
2.4.1.5. En oficio del 11 de abril de 2011, el
Ministerio del Interior y de Justicia informó que, revisada la base de
datos de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, se encontró registro del Consejo Comunitario de Arroyo
de Piedra y se pudo constatar que la señora Hermida Núñez Herrera fue
registrada ante la Alcaldía de Cartagena como su representante legal, sin
especificar su dirección ni número de teléfono.
Adicionalmente, se expuso que dentro de la información
allegada por la Alcaldía no aparecía ninguno de los accionantes como miembros
del Consejo Comunitario de Arroyo de Piedra y que, a la fecha, ante la
Dirección no se había adelantado ningún procedimiento de solicitud de registro
del mencionado consejo comunitario. De igual manera, señaló que no se localizó
registro de organizaciones de comunidades negras que hicieran referencia al corregimiento
de Arroyo de Piedra.
2.4.1.6. En escrito del 11 de abril de 2011, la
Procuraduría Regional de Bolívar manifestó que no encontró queja o
solicitud relacionada con hechos de desplazamiento forzado ocurridos en el corregimiento
de Punta Canoa, ni de conflictos sobre la posesión de tierras en dicho lugar
que involucraran una comunidad afrodescendiente. En igual sentido, se pronunció
la Procuradora Provincial de Cartagena mediante oficio de 13 de abril de
2011.
2.4.1.7. En oficio recibido el 14 de abril de 2011, la
Directora Seccional de Fiscalías de Cartagena indicó que se dio traslado
a distintos funcionarios de la Fiscalía sobre la información requerida por auto
de 1º de abril[11],
de tal diligencia se obtuvieron las siguientes respuestas:
2.4.1.7.1. En escrito del 14 de abril de 2011, la Fiscal
Local 32 indicó que el proceso radicado bajo número 130016001128201007394,
relacionado con la denuncia presentada por la Sociedad Inmobiliaria Playa
Bonita S.A., por los presuntos delitos de invasión de tierras, daño en cosa
ajena y amenazas personales, le fue enviado a su despacho por la Fiscalía Local
34 y que, a la fecha, había elaborado el programa metodológico y emitido orden
a policía judicial para realizar labores, a fin de recaudar información,
elementos materiales probatorios y evidencias físicas que permitieran
esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles autores de las conductas
denunciadas.
2.4.1.7.2. En comunicación del 14 de abril de 2011[12], la Coordinadora
de la Unidad Local de Fiscalías de Cartagena (e) afirmó que el proceso radicado
bajo el número 190.368, sobre la presunta comisión de los delitos de invasión
de tierras y perturbación a la posesión, había sido remitido a la Fiscalía
Local 36. Igualmente, que el proceso radicado con número 1300160011282010-07520,
por el delito de abuso de autoridad, estaba a cargo de la Fiscalía Local 33[13] y que
el radicado 1300160011292002657, sobre los delitos de daño en cosa ajena,
tentativa de homicidio, violación del lugar de trabajo y otros, respecto del
celador de la finca “Playa Bonita”, se encontraba en audiencia
preparatoria.
2.4.1.7.3. En oficio del 20 de mayo de 2011, la Coordinadora
de la Unidad Local de Fiscalías de Cartagena remitió respuesta de la Fiscal
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, en la que indicó
que el proceso bajo el radicado número 130016001128201008391, iniciado de
oficio por la Fiscalía con base en los hechos señalados en la presente acción
de tutela, “(…) estuvo asignado a la Fiscalía 1º Especializada, pero con la
creación de la Unidad Nacional de Asuntos Humanitarios […] fue reasignada a la
Fiscalía 1º Especializada de la mencionada Unidad”. También remitió un
folio de la respuesta del Fiscal Local 33 (e) del proceso 130016001128201007520,
sobre el delito de abuso de autoridad, que se detalla enseguida.
2.4.1.7.4. En escrito del 14 de abril de 2011, la Fiscal
Local 33 (e), además de referir a los antecedentes vinculados con el
trámite del proceso, anexó un informe del investigador de campo, junto con
varias entrevistas realizadas al denunciante, como ya se dijo, en el caso
abierto por el presunto delito de abuso de autoridad, material en el que se
afirma que, a grandes rasgos, se presentó la denuncia por petición de 76
familias campesinas que fueron desalojadas por el Comandante de la Estación de Policía
de Arroyo de Piedra. Con todo, la última actuación reportada es una constancia
del 31 de marzo de 2011, por medio de la cual titular del despacho presenta
impedimento, el cual está pendiente por resolver por parte de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Cartagena.
2.4.1.7.5. En escrito del 14 de abril de 2011, la Fiscal
Local 17 (e) informó sobre el proceso bajo radicado número
130016001129200902657, originado en la denuncia por los delitos de daño en bien
ajeno e invasión de tierras del señor Hernando Rafael Rodríguez Gómez –trabajador
del predio Playa Bonita– contra
los señores Luis Alfonso Leal González, Solano Torres Rodríguez y Eduard
Fernando López Arrieta, conforme a los hechos ocurridos el 18 de junio de 2009.
Sobre el particular, se señaló que no existía material probatorio suficiente
para determinar la configuración de las conductas.
2.4.2. En auto de 29 de abril de 2011, el entonces
magistrado sustanciador, Juan Carlos Henao Pérez[14],
requirió a los accionantes, al Inspector de Policía del Corregimiento de Arroyo
de Piedra, a la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., al Director del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y al Alcalde de Cartagena para que
allegaran lo solicitado en auto del 1º de abril de 2011. De igual manera, solicitó
información adicional a las siguientes autoridades de Cartagena: Fiscalías
Locales 17, 33 y 36, Coordinadora de la Unidad Local de Fiscalías, Juzgado
Segundo Civil del Circuito, Procuraduría Provincial y Alcalde Distrital. Las
respuestas otorgadas frente a los asuntos indagados se resumen en los
siguientes términos:
2.4.2.1. En oficio del 19 mayo de 2011, la Fiscal
Local 17 (e) suministró el número de matrícula inmobiliaria del inmueble
objeto de la litis y anexó copia de certificado de libertad y tradición.
2.4.2.2. En escrito recibido el 19 de mayo de 2011, el
Coordinador de la Oficina Jurídica del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (INCODER), suministró la siguiente información: (i) “revisado el
Sistema de Registro Único de Predios y Territorios Abandonados a Causa de la
Violencia, no se encontró solicitud alguna que verse sobre el territorio ‘Villa
Chima’ corregimiento Punta Canoa en Cartagena”; (ii) “Respecto a la
pregunta si existen registrados títulos colectivos a consejos comunitarios del
departamento de Bolívar, la respuesta es no”; (iii)“Consultada la base
de datos de los procesos de que (sic) se adelantan en la Dirección Técnica de
Procesos Agrarios, no figura proceso de clarificación en el predio Villa Chimá,
en jurisdicción del corregimiento de Punta Canoa”[15].
2.4.2.3. En comunicación del 20 de mayo de 2011, la
Fiscal Local 36 allegó la resolución de acusación dictada dentro del
proceso radicado con el número 190.368 contra los señores Manuel Bellido
Blanquicett, Guillermo Ortega Rodríguez, Miguel Torres Rodríguez y Marcelino
Herrera Gómez, por los presuntos delitos de invasión de tierras y perturbación
a la posesión.
2.4.2.4. En oficio del 23 de mayo de 2011, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena informó que el bien
inmueble objeto del proceso ordinario de pertenencia iniciado por los señores Nelson
Aguilar, Agustín Leal, Manuel Bellido, Guillermo Ortega, Nicolás Rodríguez,
Fredy Hernández, Solano Torres y Marcelino Herrera contra la Sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A. y personas indeterminadas, se identificaba con la matrícula
número 060-168029.
2.4.2.5. En escrito del 24 de mayo de 2011, el señor Antonio
Hernández Blanco, apoderado de la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A.,
señaló que la compañía había vendido su derecho de dominio a Septentrión S.A.S.,
desde el 29 de noviembre de 2010, mediante Escritura Pública No. 3921 de la
Notaría Primera de Cartagena. Anexó certificado de libertad y tradición del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 060-168029, impreso
el 24 de mayo de 2011[16], y
fallos de tutela relacionados con el proceso promovido por los señores Horacio
González Torres, Marciano González Carmona y Agustín Leal Leal contra la
Inspección de Policía de Arroyo de Piedra, los cuales fueron resueltos de
manera desfavorable a sus intereses[17].
En dicho certificado de libertad y tradición consta
que: “INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. ADQUIRIÓ POR COMPRA HECHA A SAULO GIL
RAMIREZ SENDOYA, AMAURY ROMAN ROMAN, ARIEL ROMAN ROMAN, Y OSWALDO DE JESUS
ROMAN ROMAN, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA # 792 DE FECHA 18-09-91 DE LA NOTARIA
4ª. DE CARTAGENA, REGISTRADA EL 27-09-91 (…)”[18]. La última
actuación que aparece es la compraventa celebrada entre la Sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A., y Septentrión S.A.S., con fecha 21 de diciembre de 2010.
Respecto al proceso de tutela mencionado, se adjunta: (a)
sentencia de primera instancia proferida el 10 de mayo de 2006 por el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Cartagena, en la cual se tuteló el derecho fundamental
al debido proceso de los señores Horacio González Carmona, Marciano González
Carmona y Agustín Leal Leal. En consecuencia, se declaró nula toda la actuación
policiva surtida a partir del auto admisorio de la querella por perturbación a
la posesión, instaurada por la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A. Así como
(b) la sentencia de segunda instancia emitida el 18 de julio de 2006 por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, en la cual se resolvió revocar
el fallo de primera instancia.
2.4.2.6. En comunicación recibida el 25 de mayo de
2011, el Inspector de Policía de Arroyo de Piedra afirmó que no conocía
ningún asentamiento negroide en la región. Hizo mención del amparo policivo
proferido por el inspector de policía anterior, en favor de la Sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A. Allí expuso que pese a que esa actuación fue cuestionada por
vía de tutela, la decisión de segunda instancia consideró que no se incurrió en
un actuar ilegal, determinación que hizo tránsito a cosa juzgada, en la medida
en que la Corte no seleccionó dicha sentencia para revisión. Agregó que había
procesos penales contra los accionantes por los mismos hechos que motivaron el
proceso policivo. Incluso, señaló que la Fiscal 1, en oficio de 26 de julio de
2010, le solicitó seguir brindando apoyo a la sociedad previniendo cualquier
acto de perturbación en el inmueble. Se anexan varios documentos, entre ellos:
a) Declaraciones rendidas en enero de 2006 ante el
Notario Primero de Cartagena, por los señores Hernando Rodríguez Gómez y
Diomedes Arzuza Rodríguez, en las que relatan los actos de perturbación
ejecutados por los señores Nelson Aguilar, Agustín Leal, Manuel Bellido,
Horacio González, Boster Ortega, Guillermo Ortega, Nicolás Rodríguez y Freddy
González, entre otros.
b) Solicitud de amparo policivo del 25 de enero de
2006, promovido por el señor Antonio Hernández Blanco, en calidad de apoderado
de la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., por perturbación a la posesión
del inmueble.
c) Acción de tutela presentada por el señor Carlos
Alberto Palma Fortich, apoderado de los señores Horacio González Torres,
Marciano González Cardona y Agustín Leal, contra la Inspección de Policía del Corregimiento
de Arroyo de Piedra, por la supuesta violación al debido proceso.
d) Informe rendido por peritos el 6 de febrero de
2006, en el trámite del proceso policivo adelantado ante la Inspección de
Policía de Arroyo de Piedra, en el que advierte lo siguiente:
“El
predio objeto de la querella policiva, se encuentra localizado en la Zona Rural
del Corregimiento de Arroyo de Piedra Sector Morro Grande de Guayepo,
jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias. Este inmueble [Playa Bonita]
lo conocemos desde hace varios años, porque fuimos peritos en un Proceso
Ordinario Reivindicatorio que cursa en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Cartagena, Radicación No. 5.945.999, seguido por el señor VICTOR DEL RIO DEL
RIO contra INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. Dentro de este proceso nos
correspondió realizar el Levantamiento Planimétrico del predio Playa Bonita en
el año 2001, el cual anexamos a este informe (…)
Sí
existe perturbación en el predio de los querellantes. Dentro de este lote se
encontraban aproximadamente veinte (20) personas que portaban machetes algunos,
y otros portaban hachas; el predio (…) ha sido talado o arrasado, los árboles y
la vegetación existente por sectores (…)
Las
mejoras que se observan, son dos Ranchos, solamente con techo (…) El tiempo que
tienen de construidos estos Ranchos, es de menos de un (1) mes, que deducimos
por lo ‘verde’ que están los puntales de madera […] y por la hierba que se
encuentra en el techo del segundo de los Ranchos mencionados. La tala o corte
de los árboles y vegetación en este sector, también se aprecia que es reciente,
de hace pocos días, menos de un (1) mes, por lo verde que están los árboles
cortados.”[19]
2.4.2.7. En escrito de 24 de mayo de 2011, la Secretaria
del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito de Cartagena, atendiendo
a lo solicitado a la Alcaldía, certificó la existencia del Consejo Comunitario
de Comunidades Negras en el corregimiento de Arroyo de Piedra y sus miembros.
Asimismo, precisó que la pertenencia de los accionantes a la comunidad debía
certificarse por dicho consejo. Por último, adjuntó oficio del 26 de abril del
año en cita, en el que se manifiesta que no reposaban denuncias formuladas por
la población del corregimiento de Punta Canoa, relacionadas con desplazamiento
forzado.
2.4.2.8. En comunicación del 15 de julio de 2011, los
señores Manuel Bello Blanquicett, Agustín Leal Leal, Horacio González
Torres, Solano Torres Rodríguez, Efraín Caraballo Herrera, Ariel Gómez Ortega y
otros reiteraron que fueron desplazados de tierras heredadas por sus
ancestros y que son un asentamiento negroide. Por lo demás, anexan certificado
suscrito por la representante legal del Consejo Comunitario El Bibiano de la
Comunidad Negra de Punta Canoa, expedido el 14 de julio de 2011, donde consta
que: “las personas anotadas a continuación hacen parte de un consejo
comunitario afro descendiente: MANUEL BELLO BLANQUICETT, AGUSTIN LEAL LEAL,
HORACIO GONZALEZ TORRES, EFRAIN CARABALLO HERRERA, Solano Torres Rodríguez, Ariel Gómez Ortega,NELSON AGUILAR
HERRERA, ISIDORO LEAL LEAL, DIONEL LEAL HERRERA, ANGEL ORTEGA ARZUZA Y JOHON
JAIRO PEREZ GONZALEZ.”[20]
2.4.3. Adicionalmente, en el trámite de revisión, se
recibieron otros escritos y comunicaciones de las partes accionante y accionada
y de otros intervinientes, con el propósito de aportar información para la
defensa de sus intereses. En tales documentos se afirma lo siguiente:
2.4.3.1. En comunicación del 27 de febrero de 2012, el
señor Dionel Leal Herrera, en calidad de miembro de la asociación de
campesinos de los desplazados de los montes de Chima, remitió a la Corte copia
del registro de sanción disciplinaria de censura impuesta al abogado Antonio
Hernández Blanco, apoderado de la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., de fecha
18 de noviembre de 2011. De donde infiere: “[Que] litigó simultáneamente
ante ustedes lo que significa que violó desobedeciendo la sanción impuesta por
el Consejo Superior de la Judicatura […]”[21].
2.4.3.2. En escrito del 9 de abril de 2012, los
accionantes remitieron a la Corte una comunicación de septiembre de 1994 del
señor Orlando Elías Pineda dirigida al Fiscal General de la Nación. El señor
Pineda, con la intervención de su apoderado Milton Fernández Grey[22], relata
que denunció a los señores Camilo de Jesús Caviedes[23], Jaime
Alejandro Gerst Porto y Saulo Gil Ramírez por los delitos de falsedad
ideológica de particular en documento público, uso de documento público falso,
fraude procesal administrativo, abuso de circunstancias de inferioridad y daño
en bien ajeno, entre otros. En particular, menciona que los denunciados –al parecer– se
apoderaron de 170 hectáreas del terreno llamado “Morro Grande de Guayepo”,
hoy Inversiones Playa Bonita, valiéndose ilegítimamente de la Alcaldía de
Cartagena entre los años 1989 y 1990, para obtener una sentencia de lanzamiento
por ocupación de hecho y despojar a más de 30 poseedores que ocuparon esos
terrenos abandonados por ser de naturaleza vacante. En el oficio, se solicita
al Fiscal General de la Nación la designación de un fiscal especial para que
conociera del proceso de radicado No. 4299, a fin de ampliar las investigaciones.
2.4.3.3. En comunicación recibida el 14 de agosto de
2014, el señor Jhonny Antonio Blanco Blanco, obrando en la condición de apoderado
especial de la sociedad Septentrión S.A.S., aportó copia de la sentencia del 29
de mayo de 2014 dictada por el Juzgado Séptimo Penal de Cartagena, dentro de la
causa instaurada por la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., contra los
señores Manuel Bellido Blanquicett y otros, por el delito de invasión de tierra
y perturbación de la posesión sobre inmueble. En la parte resolutiva se dispuso
que: “Primero.- DECLARAR penalmente responsable a MANUEL
BELLIO BLANQUICETH, MARCELINO HERRERA GÓMEZ, GUILLERMO ORTEGA RODRÍGUEZ y
MIGUEL TORRES RODRÍGUEZ, como coautores materiales (…) de los delitos de
invasión de tierras o edificaciones y perturbación de la posesión sobre
inmueble.”[24]
2.4.4. Por medio de auto de 25 de mayo de 2018, el suscrito
magistrado sustanciador solicitó el envío de información relacionada con este
caso a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a la Agencia Nacional de
Tierras (ANT), a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas (UAEGRTD), a la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y a
las siguientes autoridades de Cartagena: Juzgado Segundo Civil del Circuito, Juzgado
Cuarto Civil del Circuito, Dirección Seccional de Fiscalías, Juzgado Séptimo
Penal Municipal, Cámara de Comercio y Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos. Los datos que fueron recibidos por parte de la Corte se resumen a
continuación:
2.4.4.1. Por medio de correo electrónico del 30 de
mayo de 2018, el Ministerio del Interior informó a esta Corporación que
el Consejo Comunitario el Bibiano de la Comunidad Negra de Punta Canoa no se
encuentra inscrito en el Registro Único Nacional de Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras. Y señaló que la situación actual de su constitución, de acuerdo
con la Ley 70 de 1993, debía corroborarse con la Alcaldía Distrital de
Cartagena, ya que es a dichas autoridades locales a las que les corresponde dar
el primer registro de los consejos comunitarios e identificar a sus
representantes.
2.4.4.2. En comunicación recibida el 31 de mayo de
2018, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) dio respuesta al requerimiento informando que respecto de ninguno
de los accionantes se hallaron solicitudes de inclusión, ni actos
administrativos que dieran cuenta de su inscripción por desplazamiento forzado
u otro hecho victimizante en el Registro Único de Víctimas (RUV). Tampoco se
encontró que la comunidad afrocolombiana de “Villa Chimá”, corregimiento
de Punta Canoa, Cartagena, Bolívar, haya sido registrada como sujeto colectivo
en la citada base de datos, precisando que en este último evento se requiere
adelantar el respectivo trámite de declaración ante el Ministerio Público, en
los términos del Decreto 1084 de 2015[25].
2.4.4.3. En correo electrónico del 6 de junio de 2018,
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena envió copia
simple del certificado de tradición correspondiente al folio de matrícula
inmobiliaria No. 060-168029, expedido en esa misma fecha. Dicho documento
contiene, entre otras, las siguientes anotaciones relacionadas con la materia
objeto de controversia:
ANOTACIÓN No. 11 de Fecha 17/10/2006.
Radicación 2006-060-6-17715
DOC: OFICIO 1066
DEL: 25/8/2006 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACIÓN: MEDIDA
CAUTELAR: 0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (…)
DE: SOLANO TORRES RODRIGUEZ Y/O
A: INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. Y/O
ANOTACIÓN No. 15 de Fecha 3/7/2009.
Radicación 2009-060-6-14333
DOC: OFICIO 695 DEL:
25/6/2009 JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACIÓN: MEDIDA
CAUTELAR: 0469 DEMANDA EN PROCESO REIVINDICATORIO
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (…)
DE: DEL RIO DEL RIO VICTOR
A: INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. NIT #
8001168157   X
ANOTACIÓN No. 16 de Fecha 1/3/2010.
Radicación 2010-060-6-3846
DOC: OFICIO 197 DEL:
24/2/2010 JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA VALOR ACTO: $0
Se cancela la anotación No. 15
ESPECIFICACIÓN: CANCELACIÓN:
0841 CANCELACIÓN PROVIDENCIA JUDICIAL - DEMANDA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (…)
DE: DEL RIO DEL RIO VICTOR
A: INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. NIT #
8001168157
ANOTACIÓN No. 17 de Fecha 21/12/2010.
Radicación 2010-060-6-23807
DOC: ESCRITURA 3921
DEL: 29/11/2010NOTARIA PRIMERA DE CARTAGENA VALOR ACTO: $1,000,000,000
ESPECIFICACIÓN: MODO DE
ADQUISICIÓN: 0125COMPRAVENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (…)
DE: INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. NIT #
8001168157
A: SEPTENTRION S.A.S. NIT # 9003963481
X
ANOTACIÓN No. 19 de Fecha 13/9/2016.
Radicación 2016-060-6-18016
DOC: OFICIO 2036
DEL: 6/9/2016 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA VALOR ACTO: $0
Se cancela la anotación No. 11
ESPECIFICACIÓN:
CANCELACIÓN: 0841 CANCELACIÓN PROVIDENCIA JUDICIAL - DEMANDA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (…)
DE: TORRES RODRIGUEZ SOLANO CC#73102558
A: INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. NIT #
8001168157
2.4.4.4. En correo electrónico del 31 de mayo y oficio
del 1° de junio de 2018, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi aportó
el certificado catastral y el plano predial catastral del bien identificado con
matrícula inmobiliaria No. 060-168029 y código catastral 13001000100020317000,
expedidos el 30 de mayo de 2018. Según estos certificados, el predio de
dirección “Playa Bonita” es propiedad de la Inmobiliaria Playa Bonita
S.A., tiene un área de terreno de 131 Ha, 7628 m2 sin construir y un
avalúo por valor de $ 1.663.647.000 millones de pesos.
2.4.4.5. Por medio de correo electrónico del 5 de
junio de 2018, el Juez Cuarto Civil del Circuito de Cartagena informó a
esta Corporación que en sentencia del 21 de mayo de 2014, se puso fin al
proceso ordinario de reivindicación promovido por el señor Víctor del Río del
Río contra la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., negando las pretensiones
de la demanda, en virtud de la prosperidad de la excepción denominada “falta
de derecho en el demandante”. Para mayor ilustración anexó copia de la
mencionada providencia y de un auto del 29 de septiembre de 2015, que declaró
desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
2.4.4.6. En oficio del 5 de junio de 2018, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
(UAEGRTD) dio respuesta al requerimiento informando que, el 29 de mayo de
2018, una vez consultado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), se pudo determinar que, a la fecha, (i) no
ha sido solicitado en restitución el predio denominado “Villa Chimá” y (ii)
que ninguno de los accionantes –individualmente considerados– ha solicitado su
inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
(RTDAF).
2.4.4.7. En oficio y correo electrónico del 5 de junio
de 2018, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó que la
representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Punta
Canoa radicó la solicitud No. 31131102857 del 18 de julio de 2013, relacionada
con la titulación colectiva sobre un globo de terreno denominado “El
Viviano” que tiene una extensión aproximada de 800 hectáreas, el cual
aseguran ha sido ocupado ancestralmente por dicha comunidad. Al efecto, allegó
CD con copia digital del expediente.
2.4.4.8. Por medio de correo electrónico del 12 de
junio de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Cartagena informó a
este Tribunal que mediante sentencia del 29 de mayo de 2014, se puso fin al
proceso seguido por la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., contra los
señores Manuel Bellio Blanquicett, Guillermo Ortega Rodríguez, Miguel Torres
Rodríguez y Marcelino Herrera Gómez, quienes fueron condenados como coautores
de los delitos de invasión de tierras o edificaciones en concurso con
perturbación a la posesión. De igual manera, se anexó copia de la mencionada
providencia.
2.4.4.9. En correo electrónico del 12 de junio de
2018, la Cámara de Comercio de Cartagena remitió dos certificados: (i) el
de existencia y representación legal de la sociedad Septentrion S.A.S.; y (ii) el
de cancelación de matrícula mercantil No. 79169-04 de la sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A., ocurrida el 23 de agosto de 2017.
2.4.4.10. Por correo electrónico del 20 de junio de
2018, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena comunicó a esta
Corporación que el proceso ordinario de pertenencia de radicado No. 384-2006,
promovido por Víctor del Río del Río y otros contra Inmobiliaria Playa Bonita
S.A., fue archivado desde el 5 de junio de 2015, por haberse decretado desistimiento
tácito desde el 15 de octubre de 2014.
2.4.4.11. En correo electrónico del 21 de junio de
2018, la Fiscalía 17 Local ante los Jueces Penales Municipales de Cartagena
informó que la indagación bajo número 130016001129200902657, relacionada con la
denuncia del celador de la finca “Playa Bonita”, por la presunta
ocurrencia de los delitos de daño en cosa ajena, tentativa de homicidio,
violación del lugar de trabajo y otros, se encuentra inactiva debido al archivo
de las diligencias, desde el pasado 19 de diciembre de 2013, por atipicidad de
las conductas.
2.4.4.12. En correo electrónico del 30 de junio de
2018, el Fiscal 146 Especializado de la Dirección Especializada Contra las
Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH) señaló que dicha fiscalía se
encuentra en estudio de la actuación No. 130016001128201008391, iniciada con
base en los hechos expuestos en esta tutela, y “que solo hasta el día 27 de
junio de 2018 fue puesta a estudio de despacho, a efectos de decidir si es
menester el acopio de más evidencias relevantes o decidir la petición de
archivo (art. 79 de la Ley 906 de 2004)[[26]],
incoada por JHONNY ANTONIO BLANCO BLANCO, apoderado de EDGAR DÍAZ SIERRA”[27].
III. REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer del asunto
de la referencia, de conformidad con lo expuesto en los artículos 86 y 241.9 de
la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Presentación del caso, problema
jurídico y esquema de resolución
3.2.1. En sus escritos durante el trámite de tutela,
los accionantes alegaron una presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la igualdad y a la
atención especial que demandan las minorías étnicas y grupos tradicionalmente
marginados, por parte de los particulares y las autoridades
públicas accionadas, con ocasión del despojo del que dicen fueron objeto sobre
las tierras denominadas “Chima” o “Villa Chimá”, que ellos
reclaman como de su propiedad ancestral, siendo –según denuncian– hostigados
y amenazados, incluso con la intervención de actores armados ilegales, sin que
se haya adoptado ninguna medida de protección a su favor, a pesar del
conocimiento que las citadas autoridades tenían de su situación, como
consecuencia de una comunicación que les fue enviada por la Defensoría del
Pueblo, Regional Bolívar. En concreto, como pretensiones específicas de la
demanda, los accionantes reclaman la intervención del juez de tutela con el fin
de que ordene el regreso a sus tierras y se disponga su inscripción en calidad
de desplazados dentro del RUPD, que corresponde actualmente al Registro Único
de Víctimas.
3.2.2. Por su parte, las autoridades de policía
accionadas solicitaron declarar la improcedencia de la causa[28], en la
medida en que el desalojo se derivó de un orden de amparo por perturbación a la
posesión en favor de la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., cuya actuación
se ejecutó siguiendo los pasos previstos en la ley. Según afirman, jamás
existió intervención de ningún grupo ilegal y tan solo se acudió al ESMAD, como
respuesta a que los ocupantes utilizaron objetos como piedras, palos y otras
armas blancas, para impedir la restitución del predio a sus legítimos
titulares. En general, sostienen que los actos llevados a cabo responden al
cumplimiento de sus funciones y que con su actuar no vulneraron derecho
fundamental alguno de los accionantes.
A esta misma conclusión se llega por las autoridades
penales[29]
y de protección a los derechos humanos[30]
que conocieron de las denuncias relacionadas con los hechos que originaron esta
acción de tutela, para quienes el amparo no está llamado a prosperar, ya que
sus actuaciones han sido respetuosas de los trámites dispuestos en la ley.
Finalmente, los particulares accionados y vinculados
al proceso[31],
solicitan declarar la improcedencia de la acción, toda vez que –en su
criterio– de
lo que se trata es de una controversia sobre la titularidad de unas tierras, que
antecede a los hechos expuestos en la demanda y para lo cual se ha recurrido a
diferentes mecanismos judiciales ordinarios de naturaleza policiva, civil y
penal, por lo que son dichas vías las idóneas para definir el litigio propuesto,
en virtud del principio de subsidiariedad del amparo constitucional.
3.2.3. En sentencia de 23 de agosto de 2010, el
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena declaró improcedente el amparo
propuesto. Al respecto, argumentó que no se cumplía ninguno de los requisitos
de procedencia de la acción contra particulares, conforme al artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, por lo que la acción no estaba llamada a prosperar
respecto de la familia Araujo. Por lo demás, agregó que no se evidenciaba
vulneración alguna de los derechos invocados por los accionantes, pues las
pruebas allegadas permitían concluir que el caso se centraba en una
controversia sobre la posesión de tierra, lo cual no era debatible por esta
vía, al existir otros medios de defensa judicial.
3.2.4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, en fallo de 12 de octubre de 2010, confirmó la
sentencia de primera instancia. Sobre el particular, precisó que el señor
Dionel Leal impugnó la decisión del a-quo, al momento mismo de su
notificación, sin invocar argumento alguno. A pesar de ello, consideró que no
se configuraba ninguno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra particulares y advirtió que podía acudirse a otros medios de defensa, como
las acciones policivas o los mecanismos de amparo a la posesión de bienes
inmuebles, pues la controversia planteada recaía sobre el predio “Chima”.
3.2.5. Con fundamento en lo anterior, este Tribunal encuentra
que el caso objeto de estudio va dirigido a establecer si los particulares y
las autoridades públicas, accionadas y vinculadas, vulneraron los derechos de
los accionantes al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la igualdad y a la
atención especial que demandan las minorías étnicas y grupos tradicionalmente
marginados, por una parte, por la falta de adopción de medidas para permitir el
retorno a las tierras en las que supuestamente vivían y de las que derivaban su
sustento; y por la otra, por la omisión en el estudio de la posibilidad de ser
incluidos en el Registro Único de Víctimas, a partir de la invocación de su
condición de desplazados.
3.2.6. Como cuestión previa, se tratarán los aspectos
atinentes a la procedencia de la acción de tutela, en lo que concierne a la
legitimación por activa y pasiva, a la inmediatez y a la subsidiariedad,
enfocando el análisis en cada una de las dos pretensiones específicas
formuladas: (i) el retorno al predio “Chima” y (ii) el derecho que les
asiste, a partir de la invocación de su condición de víctimas, de que su
inclusión en el RUV, sea objeto de examen por la administración. Tan solo en el
caso de que se supere el estudio de viabilidad de la acción, se entrará a
resolver el fondo del asunto.
3.3. De la procedencia de la acción de
tutela
3.3.1. Legitimación por activa
3.3.1.1. El artículo 86 de la Constitución
Política señala que cualquier persona puede interponer acción de tutela cuando
considere que se le han vulnerado sus derechos fundamentales. Por regla
general, en respuesta al principio de autonomía individual, el amparo debe ser
promovido directamente por la persona afectada en sus derechos. Con todo, en
aquellos casos en que la acción se ejerce en defensa de un número plural de
personas que se encuentran afectadas por una misma causa, en virtud de los
principios pro actione y de economía procesal, no cabe exigir la
identificación puntual de cada uno de los sujetos en favor de los cuales se presenta
la tutela, cuando el grupo del cual hacen parte resulta identificable e
individualizable y, por ende, cada uno de ellos podrían reclamar, en forma
autónoma, la guarda de sus derechos amenazados o vulnerados. Así ha ocurrido,
por ejemplo, en casos vinculados con la afectación a la dignidad humana de
personas privadas de la libertad en centros carcelarios por las condiciones de
hacinamiento[32],
o de lesión a derechos fundamentales de comunidades que habitan en un municipio
por motivo de su exposición a aspersiones aéreas de glifosato[33], o
cuando se vulnera el debido proceso en trámites policivos que afectan el
derecho a la vivienda digna de varias familias[34].
En el asunto sub-judice, la Sala abordará el
estudio de la legitimación por activa, a partir de tres aristas objeto de
examen, a saber: (1) si la acción se presentó directamente por los interesados
o a través de apoderado judicial; (2) si la tutela se promovió a favor de
sujetos individuales o de sujetos colectivos, esto último en atención a la acreditación
de los accionantes como integrantes de un consejo comunitario afrodescendiente,
así como de la actuación de uno de ellos en calidad de integrante de una asociación
de campesinos desplazados; y por último, (3) si es posible determinar en esta
causa el grupo poblacional a nombre del cual los demandantes intervienen y
solicitan el amparo.
3.3.1.2. En el caso bajo examen, como ya se dijo, cabe
destacar que los señores Manuel Bellio Blanquicett, Agustín Leal
Leal, Solano Torres Rodríguez, Efraín Caraballo Herrera, Horacio González
Torres, Nelson Aguilar Herrera, Ariel Gómez Ortega, Isidoro Leal Leal, Dionel
Leal Herrera y Ángel Ortega Arzuza instauraron acción de tutela contra los
señores Fernando
Araujo Perdomo, Luis Fernando Araujo, Gerardo Araujo, Alberto Araujo Merlano y
Jorge Araujo, el
Comandante de la Policía de Bolívar, el Director de Orden Público del
Ministerio del Interior, la Secretaria del Interior del Distrito de Cartagena y
la Directora Seccional de Fiscalías de la misma ciudad, solicitando el
amparo directo –para ellos y el grupo de familias al que pertenecen– de sus
derechos al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la igualdad y a la atención especial
que demandan las minorías étnicas y grupos tradicionalmente marginados, para lo
cual piden el retorno al predio “Chima” o “Villa Chimá” que
reclaman como suyo, así como la inscripción en el Registro Único de Víctimas
(RUV), como consecuencia de la invocación que hacen de su condición de
desplazados.
Al examinar las tres aristas previamente invocadas,
respecto de la forma como se ha tramitado el presente amparo, se encuentra que,
en primer lugar, a pesar
de que a lo largo del proceso se hace referencia a unos apoderados judiciales
que han representado a algunos de los accionantes en otros procesos judiciales
(de naturaleza penal, policiva y civil), en ninguna de las instancias, ni en el
trámite de revisión de la presente tutela, los demandantes han reconocido en
persona alguna dicha calidad[35].
En segundo lugar, sin perjuicio de la pertenencia
certificada de todos y cada uno de los accionantes al Consejo Comunitario El
Bibiano de la Comunidad Negra de Punta Canoa (supra 2.4.2.8) y de la actuación
del accionante Dionel Leal, en calidad de miembro de la asociación de
campesinos desplazados de los montes de Chima (supra 2.4.3.1), no se
advierte que la acción haya sido promovida por esas organizaciones en defensa
de sus derechos, ni que tampoco se haya actuado en interés de las comunidades que
las integran. Así las cosas, el amparo no tiene como titular a un sujeto
colectivo, sino a las personas que individualmente solicitaron la protección de
sus derechos ante el juez de tutela.
Finalmente, la Sala encuentra que resulta claramente
determinable el grupo poblacional afectado por los hechos alegados en el caso sub-judice,
teniendo en cuenta que en las pruebas allegadas con la demanda se encuentra
copia de un escrito presentado por el abogado Milton Fernández Grey ante el
Inspector de Policía del corregimiento de Arroyo de Piedra, en el cual se pone
en conocimiento de dicho funcionario el grupo de campesinos afectados por el
aparente “despojo” del predio “Chima”, anexando un listado de los hombres
cabeza de familia[36].
A lo cual se agregan las personas que fueron denunciadas por los representantes
de la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., por la presunta comisión de los
delitos de invasión de tierras, daño en cosa ajena, etc. De esta manera, se
entiende que el amparo cobija tanto a los actores, como a sus familias, al
tratarse del mismo grupo afectado que pide el retorno y su inscripción en el
RUV.
En consecuencia, en la medida en que los accionantes
actúan a nombre propio, como personas naturales individualmente consideradas y
como parte del grupo en el que se integran sus familias, la Corte considera
satisfecho el requisito de legitimación por activa.
3.3.2. Legitimación por pasiva
3.3.2.1. El artículo 86 del Texto Superior
establece que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e
inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y
en la ley. En este contexto, conforme lo ha reiterado la Corte, esta
legitimación exige acreditar dos requisitos. Por una parte, que se trate de uno
de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo y, por la otra, que la
conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular,
directa o indirectamente, con su acción u omisión[37].
En
cuanto a los sujetos que pueden ser demandados a través de la acción de tutela,
existe un principio de legitimación plena frente las autoridades públicas, más
no así frente a los particulares, los cuales solo pueden ser cuestionados en las
hipótesis previstas en los artículos 86 de la Constitución y
42 del Decreto 2591 de 1991. El soporte sobre el cual se erige la viabilidad
del amparo en este último caso, es la posición de poder desde la cual un
particular se halla en una situación de preeminencia frente a otro, con la
consecuencia de alterar la relación de igualdad que, como regla general, debe
existir entre ellos[38].
Bajo tal consideración, el régimen
constitucional establece tres eventos en los cuales es procedente la acción de
tutela contra particulares, a saber: (i) cuando estos se encargan de la
prestación de un servicio público; (ii) cuando con su conducta afectan grave y
directamente el interés colectivo; y (iii) cuando el solicitante se encuentra
en estado de subordinación o indefensión respecto de quien amenaza o lesiona
sus derechos fundamentales. Esta última hipótesis se reitera en el numeral 9 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[39].
Ahora bien, la Corte ha precisado la diferencia entre estos dos últimos
conceptos, como se advierte de lo señalado en la Sentencia T-290 de 1993[40],
en donde se indicó que:
“la subordinación
alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por
ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes
frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que
pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una
relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra,
ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o
social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la
persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como
posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”.
3.3.2.2. En el presente caso, la acción de tutela se
propuso contra los señores Fernando Araujo Perdomo, Alberto Araujo Merlano,
Luis Fernando Araujo, Jorge Araujo y Gerardo Araujo (como particulares)
y contra el Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el Director de
Orden Público del Ministerio del Interior, la Secretaria del Interior del
Distrito de Cartagena y la Directora Seccional de Fiscalías de dicha ciudad (como
autoridades públicas).
Por lo demás, durante el trámite de la acción fueron
vinculados al proceso, como particular, la Sociedad Inmobiliaria Playa
Bonita S.A., –que vendió su derecho de propiedad sobre el inmueble en disputa a
la Sociedad Septentrión S.A.S.–; y como autoridades públicas, el
Inspector de Policía y el Comandante de la Estación de Policía del
Corregimiento de Arroyo de Piedra y la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional.
A continuación, se determinará si respecto de los
sujetos en mención se cumple con el requisito de legitimación en la causa por
pasiva, o si frente a ellos lo que se advierte es la condición de tercero con
interés o si en realidad carecen de una condición particular por la que deban
intervenir dentro de este proceso.
Para el efecto, es importante distinguir el concepto
de parte, que se vincula con el requisito de la legitimación, por virtud
del cual la relación procesal se presenta entre los sujetos enfrentados en el juicio
de amparo, esto es, quien alega que sus derechos fueron amenazados o vulnerados
(legitimación en la causa por activa), respecto de quien se demanda que produjo
el hecho causante de dicha amenaza o violación (legitimación en la causa por
pasiva); frente a la noción de tercero con interés, la cual supone la
existencia de un sujeto que, sin importar si queda o no vinculado por la
sentencia, se halla jurídicamente relacionado con una de las partes o con la
pretensión que se debate, de suerte que puede verse afectado desde una
perspectiva o relación sustancial con los efectos jurídicos del fallo. Tal
afectación es la que permite su participación en el proceso, con miras a
defender su posición jurídica, pese a la independencia inicial que existe
frente a la causa[41].
En este sentido, el concepto de tercero con interés excluye a quienes, más allá
de no tener ninguna participación en sede judicial, son totalmente ajenos a lo
que se debate y por quienes se debate, por lo que carecen de cualquier tipo
interés real en la causa que se controvierte, sujeto que suele identificarse
con el nombre de tercero indiferente[42].
3.3.2.3. Con sujeción a lo anterior, en el caso de los
particulares accionados, esto es, los señores Fernando Araujo Perdomo, Alberto
Araujo Merlano, Jorge Araujo, Gerardo Araujo y Luis Fernando Araujo, la Corte observa
que respecto de ellos no se acredita ninguna de las causales de procedencia de
la acción de tutela contra particulares, previstas en los artículos 86 superior
y 42 del Decreto 2591 de 1991[43],
en la medida en que de los hechos del caso y de las pruebas obrantes en el
proceso, no se advierte que los accionados (i) estén encargados de la
prestación de un servicio público, o que (ii) con su conducta hayan
afectado grave y directamente el interés colectivo; o que (iii) exista frente a
los solicitantes un estado de subordinación o indefensión. Incluso, como consta
en el certificado de tradición y libertad del predio objeto de la presente litis
(supra
2.4.2.5 y 2.4.4.3), los señores Araujo no han ostentando directamente
título alguno sobre dicho terreno, pues la Sociedad Playa Bonita S.A., lo
adquirió por compra hecha a los señores Saulo Gil Ramírez Sedoya, Amaury Román
Román, Ariel Román Román y Oswaldo de Jesús Román; y luego la citada compañía
lo vendió a la Sociedad Septentrion S.A.S.
Así las cosas, la acción de tutela no está llamada a
prosperar respecto de estos particulares, al no haberse satisfecho el requisito
de la legitimación en la causa por pasiva, a la vez que tampoco se observa que
tengan la condición de terceros con interés, ya que –como ellos mismo lo
advierten– no ostentan título alguno frente al predio sometido a controversia.
3.3.2.4. Ahora bien, por tratarse de un tercero que
podría resultar afectado con la decisión a adoptar, el juez de primera
instancia vinculó al proceso de tutela a la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita
S.A., pues si bien los accionantes no cuestionan conducta alguna de su parte como
generadora de la afectación de los derechos que se invocan como vulnerados, al momento
de la interposición de la acción, era la titular del predio sobre el que los demandantes
solicitan el retorno. Dicha calidad hoy en día se predica de la Sociedad
Septentrión S.A.S., de conformidad con la figura de la sucesión procesal,
contemplada en el artículo 68 del Código General del Proceso[44].
3.3.2.5. En cuanto a las autoridades públicas demandadas[45], se
observa que, en principio, procede la acción de tutela, en la medida en que se
cuestiona su falta de adopción de medidas, con ocasión del “desalojo” del que
dicen fueron víctimas los accionantes, al tratarse de entidades del orden
nacional y territorial que tienen bajo su cargo el amparo de las tierras y la prevención
e investigación del desplazamiento, en aplicación de los principios de “subsidiariedad,
complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la
organización del Estado colombiano”, previstos en la Ley 387 de 1997[46]. En
efecto, la prevención frente a hechos de violencia, es parte de las
competencias del Director de Orden Público del Ministerio del Interior
(dependencia que hoy en día corresponde a la Subdirección para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana)[47]
y de la Secretaria del Interior del Distrito de Cartagena[48];
mientras que el amparo a la posesión y la investigación por el desplazamiento,
son atribuciones propias de las autoridades de policía (como ocurre con el
Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena)[49] y de
los miembros de la Fiscalía (como sucede con la Directora Seccional de
Fiscalías de Cartagena)[50].
3.3.2.6. De otra parte, frente a las autoridades
públicas vinculadas, la Corte advierte que el Inspector de Policía y el
Comandante de la Estación de Policía del corregimiento de Arroyo de Piedra, vinculados
al proceso por el juez de primera instancia, tienen la condición de terceros
con interés, pues si bien las pretensiones concretas que se formulan en el
proceso de tutela no se encuadran dentro de las labores propias de su marco
competencial (lo que excluye su condición de parte), lo cierto es que el
retorno o regreso que los actores piden al predio “Chima” o “Villa Chimá”,
parte de un supuesto desalojo del que dicen fueron víctimas y en el que
participaron las autoridades mencionadas, por lo que cualquier decisión que se
adopte sobre el particular tiene la capacidad de repercutir en las conductas
que fueron implementadas, lo que implica el deber de garantizar la posibilidad
de que se justifiquen sus acciones.
En este contexto, cabe reiterar que, desde la
perspectiva de quienes invocan la tutela, lo que se presentó el día 20 de junio
de 2010 fue un abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, circunstancia
por la cual se radicó una denuncia identificada con el número de radicación
1300160011229201007520; mientras que, para los funcionarios vinculados, su
conducta tan solo respondió al deber de dar cumplimiento a un amparo policivo
dispuesto a favor de la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., en el cual se
dio plena observancia a lo dispuesto en la ley y en el que se hizo necesaria la
intervención del ESMAD, por el uso de piedras, palos y otras armas blancas por
los ocupantes ilegales. Incluso, advierten que, en oficio del 26 de julio de
2010, el Fiscal 1 de Cartagena les solicitó seguir brindado apoyo al
propietario legítimo del inmueble objeto de disputa, con el fin de prevenir
cualquier acto de perturbación (supra 2.4.2.6).
3.3.2.7. Por último, en sede de revisión fue vinculada
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción
Social), respecto de la cual se acreditan los requisitos para ser parte y, por
ende, se satisfacen las condiciones de las cuales depende la legitimación en la
causa por pasiva. Precisamente, en virtud del Decreto 2467 de 2005[51], se le asignó
a la citada autoridad la función de “[c]oordinar el Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y ejecutar
acciones de acompañamiento al retorno, prevención, protección, atención
humanitaria y reubicación a favor de la población desplazada y en riesgo de
desplazamiento, de conformidad con las competencias asignadas por la Ley 387 de
1997 (…)”[52],
incluyendo el manejo del Registro Único de Población Desplazada (RUPD)[53].
Lo anterior implica que al ser una de las pretensiones
de la tutela el acceso o la inscripción en el mencionado registro, el amparo
necesariamente debe tener como contradictor a la referida autoridad. En todo
caso, vale decir que, a través del Decreto 4155 de 2011, la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se transformó
en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. A dicho
Departamento fue adscrita la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)[54],
creada por el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011[55],
encargada de coordinar “(…) de manera ordenada, sistemática, coherente,
eficiente y armónica las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en lo que se refiere a la
ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas” y de asumir “(…) las competencias de
coordinación señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de
2008, (…) encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y
reparación de las víctimas”[56].
A esta entidad se le trasladó el RUPD, siendo incorporado dentro de una base
más amplia denominada Registro Único de Víctimas (RUV)[57].
Bajo este contexto, entiende la Sala que en este
evento también operó, de pleno derecho, el fenómeno de la sucesión procesal,
contemplada en el artículo 68 del Código General del Proceso. De manera que, si
bien la entidad vinculada en oportunidad al proceso –Acción Social– dejó de
existir, las órdenes a las que pudiera dar lugar la presente sentencia, se
extenderán a la entidad que le sucedió en virtud de la ley –UARIV–. Lo
anterior, como ya se dijo, teniendo en cuenta que los accionantes reclaman la
inscripción en calidad de desplazados en el RUPD, que corresponde actualmente
al RUV.
3.3.2.8. En conclusión, se entienden legitimados
por pasiva el Director de Orden Público del Ministerio del Interior (dependencia
que hoy en día corresponde a la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana),
la Secretaria del Interior del Distrito de Cartagena, el Comandante de la
Policía Metropolitana de Cartagena y la Dirección Seccional de Fiscalías de
Cartagena, así como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Se advierte que tienen la condición
de terceros con interés la Sociedad Septentrión S.A.S., y el Inspector
de Policía y el Comandante de la Estación de Policía del corregimiento de
Arroyo de Piedra. Por último, respecto de los señores Fernando Araujo Perdomo,
Alberto Araujo Merlano, Luis Fernando Araujo, Jorge Araujo y Gerardo Araujo, no
se advierte ninguna de las calidades expuestas (terceros indiferentes),
por lo que acción interpuesta en su contra resulta improcedente.
3.3.3. Inmediatez
Como
requisito de procedibilidad, la acción de tutela también exige que
su interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir
del momento en el que se genera la acción u omisión que justifica el amparo, de
suerte que este responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento
judicial de aplicación inmediata y urgente, con miras a asegurar la efectividad
concreta y actual del derecho que, a partir de las circunstancias del caso, se considera
que es objeto de amenaza o violación [58].
Este requisito ha sido fijado en la jurisprudencia de la Corte con el nombre de
principio de inmediatez[59].
En el caso bajo examen, según afirman
los accionantes, el 20 de junio de 2010, un total de 40 familias fueron “desalojadas”
del predio en el que vivían y desarrollaban labores para su subsistencia;
siendo posteriormente presentada la acción de tutela el 7 de julio del año en
cita, para lograr el regreso a las tierras que reclaman como propias y para
obtener el registro como desplazados en el RUV, por lo que, a juicio de la
Corte, se satisface con el criterio de razonabilidad que, en el aspecto
temporal, explica la procedencia del amparo, pues tan solo pasaron 17 días desde
el suceso que se invoca como generador de la violación de sus derechos,
básicamente por la falta de adopción de medidas de protección a su favor por
parte de las autoridades demandadas.
3.3.4. Subsidiariedad
3.3.4.1. El artículo 86 de la Constitución Política
señala que la acción de amparo constitucional solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[60]. Esto
significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o subsidiario, por
virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos
fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado
Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su
protección”[61].
El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las diferentes
autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios de independencia
y autonomía de la actividad judicial.
No obstante, aun existiendo otros mecanismos de
defensa, la jurisprudencia de la Corte ha admitido que la acción de tutela está
llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo
suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente
expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Así lo sostuvo la Corte, en la Sentencia SU-961 de
1999[62],
al considerar que “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar si
las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la
interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las
acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio
integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el
acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a
través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones comunes
no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia en
la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como medio de
protección definitiva de los derechos vulnerados[63].
Respecto de este último punto, este Tribunal ha
entendido que el mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para
resolver un asunto no es idóneo, ni eficaz, cuando, por ejemplo, no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
integral frente al derecho comprometido. En este sentido, esta Corporación ha
dicho que “el requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la
luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la
realización de los derechos sobre las consideraciones de índole formal[64]. La
aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[65].
3.3.4.2. Por lo anterior, esta Sala de Revisión continuará con el examen de procedencia de
la acción de tutela, en lo que respecta al cumplimiento del principio de
subsidiaridad, en relación con cada una de las dos pretensiones
específicas que fueron formuladas, esto es, (i) que se ordene el regreso al
predio “Chima” o “Villa Chimá”, que reclaman como de su propiedad
ancestral; y (ii) que se disponga su inscripción en el
RUV en calidad de desplazados.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela para la garantía de los derechos fundamentales de la población
desplazada, en especial para acceder al proceso de verificación de su condición
de víctima
3.3.4.3. Las víctimas del conflicto armado son
sujetos de especial protección constitucional dadas las circunstancias de
vulnerabilidad en las que se encuentran. Así lo ha señalado de manera amplia la
Corte en su jurisprudencia[66].
En desarrollo de lo anterior, se han creado instrumentos normativos para
responder de manera estructural a sus necesidades, así como para promover el
restablecimiento de sus derechos.
Un
primer instrumento normativo diseñado por el legislador consiste en delimitar el
universo de sujetos beneficiarios del marco jurídico vigente previsto para la
protección de las víctimas, el cual se halla consagrado en la Ley 1448 de 2011.
Concretamente, en el artículo 3 de la precitada ley, se introducen los
parámetros que permiten su identificación, al señalar que:
“Se
consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno[[67]].
También
son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A
falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de
consanguinidad ascendente[[68]].
De
la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización.
La
condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda,
procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que
pueda existir entre el autor y la víctima. (…)”[69].
Un
segundo instrumento normativo consiste en facilitar que las personas que
cumplen con los precitados presupuestos para ser consideradas como víctimas,
sean incluidas por el Estado –previo proceso de
verificación– en una base de datos que se utiliza como herramienta para
simplificar el reconocimiento de los beneficios y medidas de protección que se
consagran a su favor. Para tal efecto, como ya se dijo, en un primer momento
fue creado el Registro Único para la Población Desplazada (RUPD), como
instrumento idóneo para identificar a las víctimas del desplazamiento forzado,
el cual era administrado por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (Acción Social), siendo reemplazado por el Registro
Único de Víctimas (RUV), a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)[70].
3.3.4.4. Ahora bien, la inclusión en el RUV, tal como
se dispone en la ley, sigue
los lineamientos de un procedimiento administrativo[71], al cual
tienen derecho las víctimas. En general, el trámite inicia con una declaración
que se debe realizar ante el Ministerio Público, el cual, una vez recibida,
debe enviarla a la UARIV, con miras a que se inicie un proceso de verificación
de los hechos victimizantes declarados, con sujeción a los elementos jurídicos,
técnicos y de contexto que le permitan motivar de manera suficiente su decisión
de incluir o no al peticionario en el registro[72]. Este
procedimiento culmina con la expedición de un acto administrativo en el que se
concede o niega la inscripción, cuyo contenido debe estar acompañado de
una motivación suficiente, conforme se dispone en los artículos 2.2.2.3.15 y
2.2.2.3.16 del Decreto 1084 de 2015[73].
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte,
la carga de argumentación requerida para este tipo de actos supone que la
persona afectada pueda conocer las razones por las que se llegó a la decisión,
de tal manera que se le brinden elementos de juicio que le permitan
controvertirla[74].
Además,
este Tribunal ha establecido una serie de exigencias que deben orientar el
actuar del funcionario que evalúa la petición, entre las cuales se resaltan las
siguientes:
a.     Para obtener la
inscripción en el RUV solo se podrá exigir al peticionario el cumplimiento de
los requisitos contemplados expresamente en la ley, so pena de someterlos a
cargas desproporcionadas que amenacen o vulneren sus derechos[75].
b.     Las declaraciones
y las pruebas que aporte el solicitante están amparadas por una presunción de
veracidad, salvo que la autoridad logre acreditar lo contrario. Ello se
fundamenta en el principio de la buena fe (CP art. 83). Bajo este entendido, se
configura una inversión de la carga de la prueba que opera en favor de las
víctimas[76].
c.     La interpretación
que se realice de los requisitos legales deberá ser flexible, de tal manera que
para llegar a la certeza sobre la ocurrencia de los hechos no se podrá exigir
un tipo de prueba específica o de tarifa legal. Es decir, la acreditación de
las circunstancias fácticas podrá darse de manera sumaria, incluso, a partir de
indicios u otra actividad probatoria que sea suficiente para dar por cierto lo
declarado por el solicitante[77].
d.     La evaluación debe
tener en cuenta el contexto de violencia y las condiciones particulares de cada
caso, con arreglo al deber de interpretación pro homine y al
principio de favorabilidad[78].
Un proceso similar era el existente en la
Ley 387 de 1997 y en el Decreto 2569 de 2000, respecto de las personas
víctimas de desplazamiento que solicitaban ser incluidas en el RUPD. En la
jurisprudencia de la Corte se resumió dicho procedimiento, en los siguientes
términos:
“Con
relación al procedimiento para la inscripción en el RUPD, la Ley 387 de 1997 y
el Decreto reglamentario 2569 de 2000 prevén que la persona víctima del
desplazamiento deberá rendir una declaración sobre los hechos de su
desplazamiento ante el Ministerio Público, luego de lo cual las Unidades
Territoriales de Acción Social, función hoy asignada a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá realizar
una valoración de la misma y determinar si procede o no la inscripción en el mencionado
registro. // Para determinar si la inscripción en el RUPD es procedente, tanto
la Ley 387 de 1997, como reiterada jurisprudencia de esta Corte han coincidido
en señalar que la condición de desplazamiento resulta de una circunstancia de
hecho y no de la declaración formal que se realice ante una autoridad o entidad
administrativa. En este sentido, el registro de la población desplazada no
constituye un reconocimiento de su condición, pues como ya se explicó, ésta es
una herramienta técnica para la implementación de la política pública en
materia de desplazamiento. (…) [T]al situación fáctica está compuesta por dos
requisitos materiales los cuales deben ser comprobados por la entidad
competente para efectos de que sea procedente la inscripción en el RUPD, hoy
RUV: (i) la coacción que haga necesario el traslado y (ii) la permanencia
dentro de las fronteras de la propia nación. Una vez han sido confirmadas las
dos condiciones que demuestran una situación de desplazamiento, Acción Social,
hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, deberá proceder a
realizar la inscripción del declarante en el RUV. // De otra parte, (…) el
Decreto 2569 de 2000, (…) en su artículo 11, contempla los motivos por los
cuales le es dado a la entidad competente negar la inscripción en el RUPD. Así
dice la norma en comento: “Artículo 11. De la no inscripción. La
entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción
en el registro de quien solicita la condición de desplazado en los siguientes casos:
1.  Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. // 2. Cuando
existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce
la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la
Ley 387 de 1997. // 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y
solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las
circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. // En tales
eventos, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a
dicha entidad para tal determinación, el cual deberá ser notificado al
afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de ley y la decisión que los
resuelva agota vía gubernativa”. // Dentro de este contexto es preciso
reiterar lo señalado en varias oportunidades por Corporación respecto de las
pautas que deben seguirse para efectos de realizar una adecuada interpretación
de las causas legales y reglamentarias que dan lugar al rechazo de la
inscripción de una persona en el RUPD (…).
En
primer lugar, los servidores públicos deben informar de manera pronta, completa
y oportuna a quien pueda encontrarse en situación de desplazamiento forzado,
sobre la totalidad de sus derechos y el trámite que deben surtir para
exigirlos. En segundo término, los funcionarios que reciben la declaración y
diligencian el registro sólo pueden requerir al solicitante el cumplimiento de
los trámites y requisitos expresamente previstos en la ley para tal fin. En
tercer lugar, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, prima
facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el declarante. En este
sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba falta a la
verdad, deberá demostrar que ello es así. Los indicios derivados de la
declaración se tendrán como prueba válida y las contradicciones que se
presenten en la misma no podrán ser tenidas como prueba suficiente de que el
solicitante faltó a la verdad. [Finalmente], la declaración sobre los hechos
constitutivos de desplazamiento debe analizarse de tal forma que se tengan en
cuenta las condiciones particulares de los desplazados, así como el principio
de favorabilidad. (…)”[79]
3.3.4.5. En el asunto bajo examen, según se advirtió,
una de las pretensiones específicas que se formulan por los accionantes, es la
de obtener la inscripción en calidad de desplazados dentro del RUPD, que
corresponde actualmente al Registro Único de Víctimas (RUV). Para el efecto,
exponen que desde finales de los años 80’s y principios de los 90’s, se vieron
afectados en el goce y disfrute de unas tierras ancestrales que consideran como
suyas denominadas “Chima” o “Villa Chimá”, a partir de la
ejecución de maniobras que califican como fraudulentas, por parte de quienes
alegan ser dueños del predio llamado Playa Bonita. Dentro de la exposición
realizada, si bien admiten la existencia de un proceso policivo iniciado en su
contra, en el que denuncian excesos por parte de las autoridades de policía,
también señalan que fueron hostigados por grupos paramilitares, teniendo que
abandonar forzosamente el predio que habitaban y del cual derivaban su
sustento, por amenazas contra sus vidas.
Dentro las pruebas recaudadas, se observa que la
Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar, conoció de los hechos alegados por los
accionantes (supra 2.4.1.2), sin embargo no efectuó ninguna acción que
condujera a que ellos y sus familias presentaran declaración por los presuntos
hechos de desplazamiento en los términos de la Ley 387 de 1997 –que era la
vigente para la época–, lo que impidió que Acción Social valorara la
posibilidad de incluirlos o no en el RUPD, tal y como lo solicitan en la acción
de amparo. Según se advierte, dicha decisión se fundamentó en considerar que, “al
parecer”, la denuncia formulada se trataba de un desalojamiento por
ocupación de hecho (supra 2.4.1.2). En virtud de lo anterior, como lo sostiene
la UARIV (supra 2.4.4.2), ninguno de los actores se encuentra inscrito
en el RUV y, menos aún, cuenta con solicitudes de inscripción por
desplazamiento forzado u otro hecho victimizante que hayan sido remitidas por
el Ministerio Público.
No observa la Corte que frente a lo ocurrido exista un
mecanismo de defensa judicial distinto de la acción de tutela, con el fin de
que los accionantes sean objeto de verificación en la condición que alegan de
víctimas y que, por ende, si es del caso, puedan ser inscritos en el RUV, por
las siguientes razones:
- En primer lugar, la ruta de ingreso al procedimiento
de inscripción en dicho registro (al igual que ocurría con el RUPD), es la
recepción de la declaración que de quien alega la calidad de víctima ante el
Ministerio Publico, la cual no exige formalidad alguna. En este caso, aun
cuando técnicamente no consta que se haya realizado una solicitud de
inscripción, lo cierto es que la Defensoría del Pueblo conoció de los hechos
alegados y decidió no efectuar ninguna acción para que los accionantes
ingresaran al proceso de registro, al entender que la denuncia formulada se
trataba de un desalojamiento por ocupación de hecho. Al ocurrir lo anterior, no
permitió que se surtiera el proceso de verificación a cargo de Acción Social,
hoy en día, de la UARIV, con el fin de determinar si efectivamente los
accionantes tienen o no la condición de desplazados, con ocasión de los
hostigamientos que denuncian, incluida la participación de un grupo armado
ilegal.
De este modo, cabe aclarar que, aun cuando en el
ordenamiento jurídico se consagran herramientas de defensa para cuestionar las
actuaciones que se surten en el trámite de inscripción, las mismas solo se
activan a partir de la decisión que se adopta frente al registro (actuación hoy
en día a cargo de la UARIV), como consecuencia del proceso de
verificación de la condición de víctima que alega una persona, sin que incluya
la posibilidad de cuestionar la omisión de las autoridades del Ministerio
Público en el trámite, asesoría o acompañamiento debido en la formulación de
las declaraciones respectivas, sobre la base de la informalidad que caracteriza
a esta última actuación. En efecto, la Ley 1448 de 2011, en el artículo
157, contempla la posibilidad de interponer los recursos de reposición y
apelación frente al acto que niegue la inclusión en el RUV[80],
al igual que ocurría respecto del RUPD, como se aprecia en el artículo 11 del
Decreto 2569 de 2000[81].
Contra estos actos administrativos los interesados pueden, además, interponer
los medios de control de nulidad simple o de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa[82].
En consecuencia, no cabe duda de que
frente a lo ocurrido no existe una alternativa distinta de defensa que la
acción de tutela, pues los recursos que se consagran parten de la base de que
se niegue la inscripción, instancia procesal a la cual jamás se llegó.
Por lo demás, aun cuando podría señalarse que los accionantes tienen la
posibilidad de impulsar la actuación de la Defensoría mediante el uso del
derecho de petición, no sobra recordar que la subsidiaridad en el
ejercicio de la acción de amparo constitucional no exige el agotamiento previo
de instancias administrativas, como expresamente lo dispone el artículo 9 del
Decreto 2591 de 1991[83],
por lo que, ante la necesidad apremiante de proteger derechos fundamentales, no
cabe exigir la invocación de una actuación de carácter típicamente
administrativa.
Por consiguiente, sobre la base de las condiciones
particulares del caso, es claro que no existe otro mecanismo de defensa
judicial para que los accionantes tengan la posibilidad de ser inscritos en el
RUV, previa verificación de la condición de desplazados que por ellos se alega,
de ahí que, respecto de esta pretensión, se entiende por satisfecho el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela.
- Lo anterior se refuerza, en segundo lugar, con la
jurisprudencia reiterada de la Corte, según la cual la
acción de tutela es el mecanismo idóneo de protección de los derechos
fundamentales de la población desplazada, cuando ésta se ve sometida al
fenómeno del desarraigo y a las dificultades económicas que de él se derivan,
comprometiendo derechos como el mínimo vital, la vida digna, la integridad
física, etc.[84],
situación que debe examinarse caso por caso. Respecto del asunto
sub-judice, este Tribunal advierte que todos los accionantes afirman ser
víctimas del desplazamiento forzado, que se encuentran en circunstancias apremiantes
de desprotección y pobreza, y que requieren de apoyo estatal para superar tal
situación. Además, la mayoría de ellos son analfabetas y algunos son personas
mayores respecto de las cuales la Constitución también prohíja una protección
especial[85].
Bajo este escenario, y atendiendo a los principios de economía, celeridad y
eficacia, se justifica la procedencia del amparo como mecanismo principal de
defensa judicial, en relación con la pretensión que formulan los actores de
inclusión en el RUV, por lo que no resulta razonable exigirles el agotamiento
previo de actuaciones administrativas.
Improcedencia de la acción de tutela frente
a la pretensión de retorno al predio objeto de litigio
3.3.4.6. Los accionantes aseguran haber heredado de
sus antepasados unas tierras llamadas “Chima” o “Villa Chimá”,
ubicadas a orillas del mar Caribe, en el corregimiento de Punca Canoa, Distrito
Especial de Cartagena de Indias. Relatan que dichos terrenos eran habitados y
trabajados por sus ancestros desde el año 1962 y que, cuando ellos fallecieron,
continuaron como sucesores con su explotación, realizando mejoras y
desconociendo la existencia de cualquier presunto propietario.
Afirman que, a finales de los años 80’s y principios
de los 90´s, valiéndose de maniobras fraudulentas orquestadas por autoridades
locales, sus tierras fueron objeto de una apropiación indebida, para beneficiar
a la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A.
Admiten que no tienen un título de propiedad sobre el
terreno que reclaman, pero que cuentan con la Escritura Pública No. 109 del 19
de enero de 2005, otorgada en la Notaría Tercera de Cartagena, por medio de la
cual se protocolizó a su favor dos declaraciones extraprocesales de testigos,
en las que se afirman que tienen una posesión pacífica, pública, tranquila e
ininterrumpida sobre el inmueble denominado “Chima” (supra 1.1).
Finalmente, sostienen que el 20 de junio de 2010 fueron
desalojados del citado predio y sus cultivos y viviendas destruidas, por parte
de las autoridades de policía demandadas y vinculadas al proceso[86], siendo
a los pocos días objeto, además, de un presunto hostigamiento por un grupo
paramilitar, lo que los llevó a abandonar definitivamente sus tierras
ancestrales, frente a las cuales pretenden que el juez de tutela disponga una
orden de restitución a su favor, por la vía del presente amparo constitucional,
sobre la base de la inacción de las autoridades demandadas para adoptar medidas
de protección que respondan a la situación de abandono en la que se encuentran.
3.3.4.7. De otra parte, el representante de la Sociedad
Inmobiliaria Playa Bonita S.A., compañía vinculada al proceso por los jueces de
instancia en su condición de tercero con interés, señala que desde 1991 dicha
empresa adquirió el predio denominado “Playa Bonita”, por compra realizada
a los señores Saulo Gil Ramírez Sendoya, Amaury Román Román, Ariel Román Román
y Oswaldo de Jesús Román Román, negocio jurídico que consta en el certificado
de libertad y tradición del inmueble y que allegado al proceso[87].
Manifiesta que, desde el año 2006, el predio ha
soportado reiterados incidentes de perturbación a la posesión, razón por la que
ha tenido que iniciar procesos penales[88]
y policivos[89]
para proteger la propiedad de los ataques en los que, según afirma, se han
visto involucrados los accionantes.
Por último, en su escrito de intervención, la sociedad
también aporta copia de la contestación a una demanda de pertenencia por
prescripción adquisitiva de dominio formulada por los accionantes, respecto del
predio objeto de litigio, a través de la cual se expone que no existe prueba
que acredite el requisito de la posesión, circunstancia que los actores alegan en
sede de tutela.
3.3.4.8. Más allá de lo que se afirma por los
accionantes y se responde por la sociedad, en atención a los requerimientos
realizados en sede de revisión, esta Corporación pudo conocer lo siguiente:
(i) El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena
informó que el proceso de pertenencia al cual previamente se hizo referencia
fue archivado el 5 de junio de 2015, por haberse decretado el desistimiento
tácito desde el 15 de octubre de 2014[90].
Al respecto, en el certificado de tradición y libertad del inmueble enviado a
este Tribunal el 31 de mayo de 2018 por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cartagena[91],
se lee lo siguiente:
ANOTACIÓN No. 11 de Fecha 17/10/2006.
Radicación 2006-060-6-17715
DOC: OFICIO 1066
DEL: 25/8/2006 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA VALOR ACTO: $0
ESPECIFICACIÓN: MEDIDA
CAUTELAR: 0412 DEMANDA EN PROCESO DE PERTENENCIA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
(...)
DE: SOLANO TORRES RODRIGUEZ Y/O
A: INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. Y/O
ANOTACIÓN No. 19 de Fecha 13/9/2016.
Radicación 2016-060-6-18016
DOC: OFICIO 2036
DEL: 6/9/2016 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA VALOR ACTO: $0
Se cancela la anotación No, 11
ESPECIFICACIÓN:
CANCELACIÓN: 0841 CANCELACIÓN PROVIDENCIA JUDICIAL - DEMANDA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
(...)
DE: TORRES RODRIGUEZ SOLANO CC#73102558
A: INMOBILIARIA PLAYA BONITA S.A. NIT #
8001168157
(ii) El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER)[92]
suministró la siguiente información: (a) “revisado el Sistema de Registro
Único de Predios y Territorios Abandonados a (sic) Causa de la
Violencia, no se encontró solicitud alguna que verse sobre el territorio ‘Villa
Chimá’ corregimiento Punta Canoa en Cartagena”; (b) “Respecto a la
pregunta si existen registrados títulos colectivos a consejos comunitarios del
departamento de Bolívar, la respuesta es NO”; (c)“Consultada la base de
datos de los procesos de que (sic) se adelantan en la Dirección Técnica
de Procesos Agrarios, no figura proceso de clarificación en el predio Villa
Chimá, en jurisdicción del corregimiento de Punta Canoa”[93].
(iii) La Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) sostuvo que, una vez consultado el
Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF),
se pudo constatar la siguiente información: (a) que no ha sido solicitado en
restitución el predio denominado “Villa Chimá”, ubicado en el
corregimiento de Punta Canoa; y (b) que ninguno de los demandantes –individualmente
considerados– ha
requerido su inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente (RTDAF)[94].
(iv) Por último, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) también
informó que no existe reclamación alguna para la titulación colectiva de
tierras por parte de los accionantes[95].
3.3.4.9. Del conjunto de elementos de juicio previamente
expuestos, la Corte observa que, en relación con el predio “Chima” o “Villa
Chimá”, desde hace varios años ha existido una disputa entre los
accionantes y la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., –hoy
sustituida por la Sociedad Septentrión S.A.S.– que, a la fecha,
ha sido resuelta a través de medios ordinarios de defensa de carácter administrativo
(acción policiva por perturbación a la posesión decidido por la Inspección
de Policía del corregimiento de Arroyo de Piedra) y judicial (proceso civil
ordinario de pertenencia tramitado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Cartagena), en las que se controvirtió y definió  el dominio y/o
posesión sobre el mismo.
Esto implica
que, ante el agotamiento de dichos mecanismos y en la medida en que la tutela
no los controvierte, la acción constitucional propuesta no supera el estudio
del requisito de subsidiariedad y, por lo tanto, no resulta procedente
adelantar el examen de la segunda pretensión propuesta, vinculada con la
restitución del predio ya señalado, teniendo en cuenta que lo pretendido por los
accionantes, ya fue resuelto en otras instancias y con las garantías allí
previstas.
Para la
Corte, en casos como el expuesto, el amparo no puede llegar al extremo de ser
utilizado como un instrumento alternativo para discutir la presunción de legitimidad
que acompaña la titularidad de un predio o los derechos subjetivos que sobre él
existen y que fueron adquiridos con arreglo a las leyes civiles, ya que ello
desvirtuaría su carácter residual y subsidiario, como rasgo distintivo otorgado
por la Constitución (CP art. 86) y la ley (Decreto 2591 de 1991, art. 6).
Al margen de lo anterior y en lo que refiere
igualmente al estudio de la subsidiariedad, es pertinente señalar que (a) los
accionantes tampoco iniciaron las actuaciones judiciales específicas previstas
para la defensa del territorio del que afirman son ocupantes en el marco de la
Ley 387 de 1997, referida a la protección de la población víctima del
desplazamiento forzado (artículo 19, numeral 1)[96]; (b) ni
promovieron proceso alguno de clarificación de la propiedad en desarrollo de la
Ley 160 de 1994 (capítulos X y XI)[97];
y menos aún, (c) suscitaron un proceso de titulación colectiva a nombre del Consejo
Comunitario que los certifica como integrantes (supra 2.4.2.8), en los
términos previstos en la Ley 70 de 1993 (capítulo III) y en el Decreto 1745 de
1995[98].
Incluso, sin ir más lejos, (d) se observa que aún no
han solicitado en restitución el predio, como medida de reparación de
las víctimas, de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011
(artículos 3, 72 y subsiguientes)[99],
medio de defensa judicial frente al cual la Corte ha reconocido su plena idoneidad,
como instrumento para la resolución de controversias relacionadas con tierras.
Precisamente, en la Sentencia T-679 de 2015[100], esta
Corporación señaló que:
“En consonancia con lo anterior, la
promulgación de la Ley 1448 de 2011 fue un factor determinante para el análisis
de procedibilidad de la acción de tutela en materia de tierras, pues la Corte
reconoció que el legislador y el Gobierno realizaron un esfuerzo importante en
la creación e implementación de un proceso judicial adecuado para ventilar esta
clase de controversias. Antes de la expedición de dicha ley, la posición de la
Corte era clara en el sentido de que el amparo constitucional era el mecanismo
adecuado para solicitar la restitución de tierras, ya que los demás trámites
previstos para ello no eran idóneos y/o eficaces. Con la nueva ley el panorama
cambió.
Incluso en control abstracto la Corte
en la Sentencia C-330 de 2016 se reivindicó la idoneidad del proceso de
restitución de tierras, para lo cual se estableció una serie de reglas que
deben ser aplicadas por el juez especializado al momento de resolver el caso,
en aquellos eventos en los que los segundos ocupantes deben demostrar la buena
fe exenta de culpa.
De acuerdo con la jurisprudencia en
cita, ante la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre restitución de
tierras despojadas y los procedimientos especiales ahí consagrados, esta
Corporación ha reconocido la idoneidad y eficacia del mecanismo instaurado por
la Ley 1448 de 2011, constituyéndose este en el dispositivo que por regla
general es el principal para reclamar o ventilar asuntos relacionados con esa
materia y solo de manera excepcional, frente a situaciones específicas
resultaría procedente la acción de tutela.”
En virtud de lo anterior, es claro que la pretensión
vinculada con la restitución del predio que alegan como de su propiedad
ancestral no satisface el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, por
una parte, porque tal controversia ya fue resuelta mediante la utilización de
las vías administrativas y judiciales ordinarias que permiten discutir la
propiedad y/o posesión de los inmuebles; y por la otra, porque tampoco se han
utilizado las vías especiales que se prevén en el ordenamiento jurídico, para
que las víctimas de desplazamiento o a las minorías étnicas, ya sea como
sujetos individuales o como sujetos colectivos, puedan obtener la titularidad
de un bien o puedan lograr su restitución, en los términos ya mencionados de las
Leyes 70 de 1993, 160 de 1994, 387 de 1997 y 1448 de 2011. Así las cosas, ante
el agotamiento de unos mecanismos y la falta de uso de otros, es innegable que
el amparo constitucional resulta improcedente frente a la pretensión expuesta,
pues ello lo convertiría en un medio alternativo o paralelo de defensa judicial,
contrario a su naturaleza jurídica.
3.3.5. Así las cosas, la Sala se enfocará
exclusivamente en el examen de fondo de la primera pretensión planteada,
relacionada con la inscripción en el RUV, a partir de la constatación de la
calidad de víctimas de los accionantes. Para el efecto, se expondrá brevemente la
jurisprudencia relativa a la consideración de la población desplazada como
sujeto de especial protección constitucional; luego de lo cual se reiterarán
los parámetros de atención a dichas víctimas y la institucionalidad prevista
para tal fin, de conformidad con las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, con énfasis en el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales, previo
agotamiento de un proceso de registro y de verificación de su condición, sujeto
a la garantía del debido proceso y a los principios que rigen la función
pública. Finalmente, se procederá con la definición del caso concreto.
3.4. Análisis de fondo
3.4.1. De la población desplazada como
sujeto de especial protección
Esta Corporación ha resaltado la condición de sujetos
de especial protección que ostentan las víctimas del desplazamiento forzado. Lo
anterior, en atención a la gravedad del fenómeno, su carácter estructural, la
naturaleza masiva, sistemática y continua de este delito y la magnitud del daño
ocasionado. Esta situación genera un estado de vulnerabilidad y debilidad[101].
Como consecuencia de lo anterior, la jurisprudencia de
la Corte ha indicado que las víctimas de desplazamiento deben recibir una
protección especial por parte del Estado, pues además de ser sujetos pasivos de
un delito, el efecto que el mismo genera repercute en sus condiciones básicas
de existencia, tanto en el ámbito económico, como en lo que refiere a su estado
de salud. La protección en comento se traduce en un tratamiento especial y
preferencial que se concreta en la realización de acciones positivas a su favor[102].
Siguiendo esta línea argumentativa, en el Auto 119 de
2013[103],
este Tribunal afirmó que el Estado debe brindar a esta población un trato
urgente y prioritario, distinto de aquél que se brinda al resto de ciudadanos.
Un ejemplo concreto es la forma como las autoridades deben aproximarse al
examen del fenómeno del desplazamiento y la manera en que tienen que
interpretarse las normas que establecen derechos para quienes efectivamente
tengan la condición de desplazados.
En efecto, como se mencionó con anterioridad, la
evaluación de
las condiciones particulares de cada caso debe hacerse con arreglo al principio
de favorabilidad, conforme al cual se exige tener en cuenta, en primer lugar, que las
víctimas de desplazamiento forzado “pueden verse enfrentadas a situaciones
extraordinarias que les impiden o dificultan el acceso a las autoridades”[104]; y en
segundo lugar,
que suelen
desconocer sus propios derechos, lo que demanda del juez una atención especial
frente a lo que realmente se pretende como objeto del amparo.
Según lo expuesto, es claro que, ante la situación de
vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las víctimas de desplazamiento
forzado, corresponde a las autoridades estatales desempeñar una labor activa
dirigida a que esta población no solo conozca los derechos que el sistema
jurídico contempla a su favor, sino que, además, reciba un trato distinto,
especial y preferencial respecto de aquél que se brinda a un ciudadano común.
3.4.2. De la atención a la población
desplazada y la institucionalidad prevista para dicho fin. Breve recuento
normativo
3.4.2.1. El ordenamiento jurídico ha previsto medidas
de atención a favor de la población desplazada. La Ley 387 de 1997[105] es un
importante antecedente en la materia, pues asigna deberes a distintas entidades
estatales con el fin de garantizar los derechos de estos sujetos y, además, precisa
la noción de quienes se consideran víctimas de dicho flagelo. Al respecto, el
artículo 1º de la ley en comento dispone que:
“Es
desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno;
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas
de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
drásticamente el orden público.”
Por su parte, el Título II de la ley se refiere a la
creación del Sistema Nacional de Atención Integrada a la Población Desplazada
por la Violencia, en cuyo artículo 19, se indica que las instituciones deberán
adoptar directrices que permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención
que demanda esta población. Entre las entidades con responsabilidad en dicho
programa, se encuentra la Defensoría del Pueblo[106]. Más
adelante, en el artículo 32[107]
se señala que tendrán derecho a acceder a los beneficios consagrados en dicha
ley, las personas colombianas que se encuentren en las circunstancias previstas
en el referido artículo 1º que, adicionalmente, cumplan los siguientes
requisitos:
“Tendrán
derecho a recibir los beneficios consagrados en la presente ley, los
colombianos que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1º
de la misma y que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de
la Nación, o ante la Defensoría del Pueblo, o ante las Personerías Municipales
o Distritales, en formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social.
Cualquiera de estos organismos que reciba la mencionada declaración remitirá
copia de la misma, a más tardar el día hábil siguiente, a la Red de Solidaridad
Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o
municipal, para su inscripción en el programa de beneficios. (…)”.
Tal como se expuso con anterioridad en esta providencia,
en el artículo 4 del Decreto 2569 de 2000, se crea el Registro Único de
Población Desplazada (RUPD)[108],
en el que se efectúa la inscripción de la declaración rendida ante el
Ministerio Público[109].
Tal como dispone la citada norma, este registro se previó como “una
herramienta técnica, [dirigida] a identificar a la población afectada por el
desplazamiento y sus características (…) [con la] finalidad [de] mantener
información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de
los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la violencia.”.
En el artículo 5 se asignó su manejo a la Red de Solidaridad Social.
Con posterioridad, en el año 2005, con la expedición
del Decreto 2467[110],
se fusionaron la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y la Red de
Solidaridad Social, y como resultado surgió la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), a la cual se le
asignó la función de “[c]oordinar el Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y
ejecutar [las] acciones de acompañamiento al retorno, prevención, protección,
atención humanitaria y reubicación a favor de la población desplazada y en
riesgo de desplazamiento, de conformidad con las competencias asignadas por la
Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios.”[111] Desde ese momento, tal como se ha mencionado varias veces, el manejo
del RUPD correspondió a Acción Social.
3.4.2.2. Más adelante, a través del
Decreto 4155 de 2011, se transformó la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional en el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DAPS). A dicho Departamento fue adscrita la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV)[112], creada por el artículo 166 de
la Ley 1448 de 2011[113]. En la citada ley,
se hizo un tránsito del RUPD al Registro Único de Víctimas (RUV), conforme se
advierte en el artículo 154:
“REGISTRO
ÚNICO DE VÍCTIMAS. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable del funcionamiento del
Registro Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de
Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional para la atención a la población en
situación de desplazamiento, y que será trasladado a la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la
promulgación de la presente Ley.
PARÁGRAFO. La
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
deberá operar los registros de población víctima a su cargo y existentes a la
fecha de vigencia de la presente ley, incluido el Registro Único de Población
Desplazada, mientras se logra la interoperabilidad de la totalidad de estos
registros y entre en funcionamiento el Registro Único de Víctimas garantizando
la integridad de los registros actuales de la información.”
La norma en cita evidencia que con el nuevo registro
se amplió el espectro de sujetos que podrían ser incluidos en el mismo, pues no
se limita únicamente a los desplazados por la violencia, sino que incluye en
general a las víctimas del conflicto armado que ha tenido Colombia. En relación
con este punto, el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, tal como se expuso con
anterioridad en este fallo, señala que se consideran víctimas las personas que “individual
o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.”
Ahora bien, tal como lo preveía el Decreto 2569 de
2000 respecto al RUPD, el artículo 155 de la Ley 1448 regula lo concerniente a
la solicitud de registro:
“Las
víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en un
término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la presente
ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de
dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes
lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme a los requisitos que
para tal efecto defina el Gobierno Nacional, y a través del instrumento que
diseñe la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las víctimas, el cual será de uso obligatorio por las entidades que conforman
el Ministerio Público.”
Por su
parte, el artículo 61 regula, de manera específica, lo relativo a la
declaración sobre los hechos que configuran la situación de desplazamiento.
Sobre el particular, dispone que:
“La
persona víctima de desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante
cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de
los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al
desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1o
de enero de 1985, y no se encuentre registrada en el Registro Único de
Población Desplazada.
La
declaración hará parte del Registro Único de Víctimas, de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 155 de la presente ley. La valoración que realice el
funcionario encargado de recibir la solicitud de registro debe respetar los
principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y
prevalencia del derecho sustancial.”
Por
último, el parágrafo 2 del artículo en comento prevé el siguiente supuesto
respecto a las declaraciones extemporáneas:
“En
las declaraciones presentadas dos años después de la ocurrencia del hecho que
dio lugar al desplazamiento forzado, el funcionario del Ministerio Público
deberá indagar sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con
anterioridad dicha declaración, con el fin de determinar si existen barreras
que dificulten o impidan la accesibilidad de las víctimas a la protección del
Estado.”
En síntesis, entre el régimen de la Ley 387 de 1997 y
el de la Ley 1448 de 2011, la Sala destaca lo siguiente: (i) hubo un tránsito
del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) cuyo manejo correspondía a
Acción Social, al Registro Único de Víctimas (RUV) a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con la ampliación de los sujetos
beneficiarios de las medidas de atención previstas en la ley; y, (ii) en
ambos casos, el procedimiento para solicitar la inclusión supuso la declaración
de los hechos ante el Ministerio Público, ejercido por la Defensoría del
Pueblo, las Personerías y la Procuraduría General de la Nación[114].
3.4.3.
El derecho de las víctimas a que su condición de desplazadas sea reconocida
como tal y la importancia de la inscripción en el registro
Tanto en el RUPD como en el RUV, se ha señalado que la
inscripción constituye una herramienta administrativa que sirve para
identificar a la población que tiene la calidad de víctima y con base en ello
direccionar las medidas de atención que brinda el Estado. Por tal razón, en
ambos casos, desde el punto de vista normativo, se ha aclarado que dicha
condición es una situación fáctica que no se halla supeditada al reconocimiento
oficial a través del registro[115].
Por ello, a pesar de que la inscripción no tiene un
carácter constitutivo, si tiene una naturaleza declarativa, de suerte que sin
la inclusión de la persona en el registro, no es posible acceder a las medidas
de atención consagradas para las víctimas en el ordenamiento jurídico. De ahí
que, como lo ha advertido la Corte, el Estado tiene la obligación de brindar los
medios que les permita a los ciudadanos que se encuentran en dicha situación
acceder al registro y, por ende, las víctimas tienen el derecho correlativo a
exigir que su condición sea reconocida como tal.
En este contexto, en el Auto 119 de 2013[116], esta
Corte señaló que: “la población desplazada tiene el derecho fundamental a que
su condición sea reconocida como tal y, en consecuencia, al acceso urgente,
prioritario y diferenciado a la oferta estatal para asegurar sus garantías
básicas y mejorar sus condiciones de vida. Estos últimos aspectos se
encuentran estrechamente ligados con el derecho de esa población a la
inscripción en el registro (antes Registro Único para la Población Desplazada
–RUPD–, ahora Registro Único de Víctimas –RUV–)”.
Sin
embargo, a pesar de que este proceso se rige por los principios de buena fe y favorabilidad,
la sola invocación de la condición de víctima no es suficiente para acceder al
registro, de ahí que se impone en la ley un proceso de
verificación de su condición, sujeto a la garantía del debido proceso y a los
principios que rigen la función pública. En la actualidad, el artículo 156 de
la Ley 1448 de 2011 dispone que:
“ARTÍCULO
156. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO. Una vez presentada la solicitud de registro
ante el Ministerio Público, la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas realizará la verificación de los
hechos victimizantes contenidos en la misma, para lo cual consultará
las bases de datos que conforman la Red Nacional de Información para la
Atención y Reparación a las Víctimas.
Con
fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, así como la
información recaudada en el proceso de verificación, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
adoptará una decisión en el sentido de otorgar o denegar el registro, en un
término máximo de sesenta (60) días hábiles. (…)”[117].
Como se
advierte de la norma transcrita, el proceso de verificación apunta a contrastar
la ocurrencia del hecho victimizante y por esa vía determinar si la persona
debe ser incluida o no en el registro, a partir de la acreditación de su
condición de víctima, trámite en el que la autoridad competente debe actuar,
como ya se dijo, con sujeción a los principios de buena fe y favorabilidad, así
como de acuerdo con los principios de prevalencia del derecho sustancial,
presunción de veracidad de lo declarado, pro homine, razonabilidad y
legalidad, en los términos expuestos en el acápite 3.3.4.4 de esta providencia.
Ahora bien,
cabe recordar que, en la Sentencia T-584 de 2017[118], la
Corte estableció las siguientes reglas en relación con la inscripción en el
Registro Único de Víctimas[119],
a saber: “(i) la falta de inscripción en el RUV de una persona que cumple con
los requisitos necesarios para su inclusión, no solo afecta su derecho
fundamental a ser reconocido como víctima, sino que además implica la violación
de una multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad
familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros;
[y] (ii) los funcionarios encargados del registro deben suministrar información
pronta, completa y oportuna sobre los derechos involucrados y el trámite que debe
surtirse para exigirlos”.
De conformidad con esta última regla,
la Sala observa que, un acompañamiento o una asesoría no adecuada por parte de
los funcionarios involucrados en el proceso de registro, puede derivar en una
vulneración del derecho fundamental a ser reconocido como víctima, más allá de
que dicha condición deba ser objeto de verificación por la administración.
En efecto, toda persona que alega
tener la calidad de víctima tiene el derecho a que se verifique la ocurrencia
del hecho victimizante y a que se le brinde la asesoría completa que le
permita, si es del caso, exigir los derechos que se derivan de su condición. Por
lo tanto, es necesario que las autoridades otorguen una especial atención a
esta población que, en razón a la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra, se enfrenta a diferentes barreras que le impiden ejercer los
derechos que el ordenamiento jurídico ha previsto a su favor.
No sobra mencionar que uno de los
principales problemas que surgen al momento de la inscripción en el RUV es el
relativo al subregistro, fenómeno que responde a la diferencia que
resulta entre el número de personas que presentan su declaración como
desplazadas y las que efectivamente son objeto de registro, frente a aquellas
que no declaran su condición por desconocimiento o miedo[120];
o porque pese a que informan lo ocurrido, las autoridades omiten adoptar las medidas
a su cargo para, al menos, permitirles adelantar el proceso de registro y
verificación, en los términos que se prevén en la ley.
3.5. Caso concreto
3.5.1. En el presente caso, los señores Manuel Bellio
Blanquicett, Agustín Leal Leal, Solano Torres Rodríguez, Efraín Caraballo
Herrera, Horacio González Torres, Nelson Aguilar Herrera, Ariel Gómez Ortega,
Isidoro Leal Leal, Dionel Leal Herrera y Ángel Ortega Arzuza, actuando en
nombre propio y en defensa de aproximadamente 38 familias, pusieron en
conocimiento del Defensor del Pueblo, Regional Bolívar, a través de una comunicación
escrita de fecha 1º de julio  de 2010, que venían siendo afectados en el goce y
disfrute de unas tierras ancestrales que consideran como suyas denominadas “Villa
Chimá”, a partir de la ejecución de maniobras que califican como
fraudulentas, por parte de quienes alegan ser dueños del predio llamado Playa
Bonita. Dentro de las alegaciones realizadas, si bien admiten la existencia de
un proceso policivo iniciado en su contra, en el que denuncian excesos por
parte de las autoridades de policía (ESMAD de Cartagena y Comando de la
Subestación del corregimiento de Arroyo de Piedra), también alegan que fueron
hostigados por grupos paramilitares, teniendo que abandonar forzosamente el
predio que habitaban y del cual derivaban su sustento, hechos que tuvieron
ocasión los días 22, 23 y 30 de junio de 2010.
A raíz de esta comunicación, el citado Defensor del
Pueblo dirigió oficios, con fecha 2 de julio de 2010, a la Directora Seccional
de Fiscalías de Cartagena, al Comandante de la Policía Metropolitana de dicha
ciudad, a la Secretaria del Interior del Distrito en mención  y al Director de
Orden Público del Ministerio del Interior[121],
mediante los cuales solicitó ordenar –a quien correspondiera– abrir una investigación
por las posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en el predio “Villa
Chimá”, a raíz de la expulsión a la fuerza de más de 38 familias[122].
Estas mismas autoridades a las que el Defensor
Regional trasladó la queja, son las que se encuentran demandadas en la presente
acción de tutela. Así las cosas, como se advirtió en el acápite de
antecedentes, durante el trámite de instancia, la Directora Seccional de
Fiscalías de Cartagena informó que sí había recibido la comunicación del
Defensor, en la que se relataban las denuncias por violaciones a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, de parte de cuatro campesinos
de Punta Canoa. Sin embargo, la Coordinadora de la Oficina de Asignaciones
mencionó que el oficio del Defensor iba sin el anexo de la solicitud ciudadana
y que no se logró ubicar ninguna investigación con la información suministrada.
A pesar de ello, la Directora manifestó que había dado traslado del
oficio del juez de tutela en el que se admitió la demanda que dio origen a este
proceso a la Jefe de la Oficina de Asignaciones del Distrito de Cartagena, para
que determinara los alcances penales en relación con la presunta amenaza de la
fueron víctimas los accionantes por parte de los grupos paramilitares. En
concreto, se verificaría si existía alguna investigación respecto de esos
hechos o, en caso contrario, se asignaría un fiscal para ello[123].
La Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana
de Cartagena manifestó, en cambio, que no recibió –en ningún momento–
escrito proveniente de la Defensoría del Pueblo. En todo caso, señaló que los
accionantes no habían demostrado ostentar la calidad de desplazados, ya que
esta condición no se adquiría por autodenominación, sino que debía agotarse un
trámite previo que iniciaba con una declaración ante el Ministerio Público,
dentro del año siguiente al desplazamiento[124].
Por otra parte, el Comandante de la Policía
Metropolitana de Cartagena no hizo alusión alguna a la comunicación del
Defensor del Pueblo. Defendió la intervención del ESMAD y de los miembros de la
Subestación de Policía de Arroyo de Piedra en el predio “Playa Bonita”,
entre los días 20 a 26 de junio de 2010, como garantes del amparo policivo por
perturbación a la posesión que había proferido –años atrás– el Inspector de
Policía del Corregimiento de Arroyo de Piedra, en favor de la Sociedad
Inmobiliaria Playa Bonita S.A[125].
El Director de Orden Público del Ministerio del
Interior guardó silencio durante todo el curso de la presente acción. Al
contrario de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional (Acción Social), la cual (a) informó erróneamente respecto de
la inscripción en el RUPD del señor Manuel Bellio Blanquicett, al confundir su
identidad con otra persona; (b) guardó silencio frente a los señores Solano
Torres Rodríguez, Ariel Gómez Ortega, Nelson Aguilar Herrera, Isidoro Leal
Leal, Dionel Leal Herrera y Ángel Ortega Arzuza; y tan sólo (c) manifestó que los
accionantes Agustín Leal Leal, Horacio González Torres y Efraín Caraballo
Herrera no se encontraban en dicho registro como declarantes o como miembros de
un grupo familiar declarado.
Por otro lado, el Inspector de Policía de Arroyo de
Piedra hizo mención al amparo policivo proferido por la inspección, en el
año 2006, en favor de la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A., y señaló que este,
a pesar de haber sido cuestionado por vía de tutela, había quedado en firme por
decisión de segunda instancia, al no haber sido seleccionada por la Corte
Constitucional para revisión. Agregó que había procesos penales contra los
accionantes por los mismos hechos que motivaron el proceso policivo. Incluso,
señaló que la Fiscal 1 de Cartagena, mediante oficio del 26 de julio de 2010,
le solicitó seguir brindando apoyo a la Sociedad Inmobiliaria, previendo
cualquier acto ilegal de perturbación en el inmueble[126].
La Coordinadora de la Unidad Local de Fiscalías de
Cartagena remitió respuesta de la Fiscal Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito Especializado, en la que indicó que el proceso penal iniciado de
oficio por los hechos de esta tutela[127],
“estuvo asignado a la Fiscalía 1º Especializada, pero [que] con la creación de
la Unidad Nacional de Asuntos Humanitarios (…) fue reasignada a la Fiscalía 1º
Especializada de la mencionada Unidad”.[128]
Recientemente, con ocasión de los requerimientos
realizados por la Corte, a través de Auto del 25 de mayo de 2018[129], la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) informó que no
se encontró inscripción alguna por desplazamiento forzado u otro hecho
victimizante a favor de los accionantes en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Tampoco se halló a la comunidad afrocolombiana de “Villa Chimá”,
corregimiento de Punta Canoa, como sujeto colectivo, incluida en el RUV,
precisando que, en este último evento, se requiere adelantar el trámite respectivo
de declaración ante el Ministerio Público, en los términos del Decreto 1084 de
2015[130].
Por último, el Fiscal 146 Especializado de la
Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH) señaló
que en esa fiscalía se encuentra en estudio la actuación penal iniciada de
oficio por los hechos de esta tutela[131],
pero “que solo hasta el día 27 de junio de 2018 fue puesta a estudio del
despacho, a efectos de decidir si es menester el acopio de más evidencias
relevantes o [cabe adoptar una decisión de] archivo (art. 79 de la Ley 906 de
2004)”.[132]
3.5.2. Como se evidencia del resumen de actuaciones
realizadas, este Tribunal observa que, en el presente caso, a la fecha, los
accionantes y sus familias no han recibido por parte de las autoridades
públicas competentes la orientación, asesoría, valoración y definición de su
condición o no de desplazados, por los hechos ocurridos en el predio “Playa
Bonita”, en especial, entre los días 20 a 30 de junio de 2010, a partir de los
hostigamientos que denuncian, incluso, según afirman, con la participación de
grupos paramilitares.
En este orden de ideas, se advierte que la Defensoría del
Pueblo tramitó la queja efectuando el traslado de la misma a las autoridades
competentes para la protección y atención de la población desplazada y la
investigación del delito de desplazamiento forzado. Sin embargo, durante el
trámite de esta acción, (i) se conoció que una entidad no habían recibido la
comunicación de la citada autoridad del Ministerio Público (como ocurrió con la
Secretaria
del Interior del Distrito de Cartagena); o (ii) que sí la había
recibido, pero no había logrado ubicar ninguna investigación con la información
suministrada (como sucedió con la Directora Seccional de Fiscalías de
Cartagena);
(iii) mientras que, el resto de entidades, omitieron pronunciarse al respecto
(el Comandante
de la Policía Metropolitana de Cartagena) o tan solo guardaron silencio (el
Director de Orden Público del Ministerio del Interior).
Más allá de comunicar la queja, pese al conocimiento
de los hechos alegados por los accionantes, la Defensoría no efectuó ninguna acción
que condujera a que ellos y sus familias presentaran declaración por los presuntos
hechos de desplazamiento forzado en los términos de la Ley 387 de 1997 –que era
la vigente para la época–, lo que impidió que Acción Social valorara la
posibilidad de incluirlos o no en el RUPD, tal y como lo solicitan en la acción
de amparo. Dicha decisión, se fundamentó en considerar que, “al parecer”[133],
la denuncia formulada se relacionaba con una diligencia de desalojo por
ocupación de hecho, desconociendo que, en virtud del principio de buena fe y
atendiendo a la presunción de veracidad de lo afirmado, era su deber orientar y
acompañar la formulación de la declaración necesaria para que se pudiese
adelantar el proceso de registro y verificación de los hechos alegados, sobre
todo cuando en ellos se invocaba la vulneración de DDHH y del DIH por unos
campesinos y sus familias.
Debe recordarse que a la Defensoría del Pueblo le fue
asignado, por mandato constitucional, el rol de velar por la promoción y
protección de los derechos humanos (CP art. 282). Para ello, entre otras
funciones, debe “orientar e instruir a los habitantes del territorio
nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus
derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado”[134].
En relación con las víctimas de desplazamiento forzado, la citada Ley 387 de
1997, en el artículo 20, establece que corresponde al Ministerio Público –del cual
hace parte la Defensoría del Pueblo– la guarda y promoción de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario de esta población[135]. El
artículo 27, por su parte, señala que la víctima de desplazamiento forzado
puede informar de los hechos a cualquier entidad del Ministerio Público, a fin
de que se adelanten las acciones judiciales y/o administrativas pertinentes[136]. Paralelamente,
como ya se explicó, en vigencia del RUPD, la citada autoridad era una de las
entidades receptoras de la declaración de hechos constitutivos de
desplazamiento[137].
Más adelante, la Ley 975 de 2005[138] –Ley de
Justicia y Paz– asignó a la Defensoría del Pueblo la responsabilidad de asistir
a las víctimas en el ejercicio de sus derechos, conforme a lo dispuesto en
dicha ley[139].
Posteriormente, la Ley 1448 de 2011 estableció su intervención en el proceso
de reparación y restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto
armado interno. En consecuencia, se le asignaron funciones en relación con la
recepción de declaraciones[140],
el acompañamiento frente a las decisiones de no inclusión en el RUV[141], la
orientación en el trámite de restitución de tierras[142] y la
asistencia judicial[143].
Lo ocurrido, en general, demuestra la ausencia de una
labor activa por parte de la citada autoridad dirigida a que esta población tenga
la posibilidad de ejercer sus derechos de manera activa, sobre todo cuando se
advierte que el resto de autoridades por distintas razones no conocieron de los
hechos, o tienen limitada su actuación a una causa específica (como ocurre con
la Fiscalía en materia penal) o requieren precisamente del registro como
víctimas para poder actuar (lo que se alega, en general, por las entidades que
tienen a su cargo la ejecución de las medidas de atención a su favor).
Así las cosas, frente a la pretensión dirigida obtener
el registro en el RUPD (actualmente RUV), se advierte que a pesar de conocer los
hechos invocados, la Defensoría no efectuó ninguna acción para formalizar una
declaración que hubiese permitido adelantar el proceso de registro y
verificación de los hechos declarados a cargo de Acción Social (hoy en día, por
parte de la UARIV). Ello, sobre la base del cumplimiento de los deberes de
asesoría, acompañamiento y gestión que le competen a la citada autoridad,
conforme a los términos previstos en Constitución y la ley. De hecho, hasta la
fecha, no existe un pronunciamiento por ninguna entidad competente que haya
desvirtuado los hechos alegados por los accionantes, y que fundamentan la
condición de desplazados que invocan, referente a los hostigamientos que dicen
haber padecido y de la supuesta afectación en sus derechos, con ocasión de la
intervención, según afirman, de un grupo armado ilegal.
Tal situación en el caso de la solicitud del registro
de la calidad de víctima debe ser examinada en el proceso de verificación
que dispone el ordenamiento jurídico (Ley 1448 de 2011, art. 156), cuyo trámite
no puede ser desvirtuado, de plano por parte de la Defensoría, como ocurrió en
el sub-judice, sobre todo cuando no se contaba con información suficiente
para llegar a dicha conclusión, en la medida en que todavía se encuentra en
curso la investigación sobre los hechos invocados, por parte de la Fiscalía
General de la Nación.
En suma, a la fecha, los accionantes y los miembros de
sus hogares no han recibido de parte de las autoridades públicas competentes la
orientación, asesoría, valoración y definición de su condición de desplazados,
por los hechos ocurridos en el predio “Playa Bonita”, en junio de 2010. En
consecuencia, esta Sala tutelará el derecho de los actores y sus familias a que
su condición de víctimas de desplazamiento forzado sea objeto de definición por
parte de las autoridades competentes, previo agotamiento del proceso de
registro y de verificación de dicha condición, sujeto a la garantía del debido
proceso y a los principios que rigen la función pública, en los términos
previstos en esta providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE la
sentencia proferida el 12 de octubre de 2010 por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que a su vez confirmó el
fallo adoptado el 23 de agosto de 2010 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito
de la misma ciudad, en la causa instaurada por los señores Manuel Bellio Blanquicett
y otros, en lo que respecta a la declaratoria de improcedencia de la acción de
tutela, frente a la pretensión dirigida a obtener la restitución o reintegro
del predio denominado “Chima” o “Villa Chimá”.
SEGUNDO.-
TUTELAR el derecho de los accionantes y sus familias a que su condición
de víctimas de desplazamiento forzado sea objeto de definición por parte de las
autoridades competentes, en relación con la pretensión vinculada con la
obtención de su inclusión en el Registro Único para la Población Desplazada
(RUPD), ahora Registro Único de Víctimas (RUV).
TERCERO.-
En virtud de lo dispuesto en el numeral anterior, ORDENAR a la
Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar, que en el marco de sus atribuciones
constitucionales y legales, en el término máximo de diez (10) días siguientes a
la notificación de esta providencia, adopte las gestiones necesarias para
entrar en contacto con los accionantes y sus familias, con el fin de precisar
si están interesadas o no en presentar declaraciones como víctimas de
desplazamiento forzado por los hechos objeto de la presente tutela. Una vez
constatado dicho interés, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles,
deberá formalizar las declaraciones y remitirlas a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el
propósito de que dicha autoridad proceda según lo previsto en el artículo 156
de la Ley 1448 de 2011 y demás disposiciones que resulten aplicables.
CUARTO.- Una vez
ocurrido lo señalado en el numeral anterior, y si a ello hay lugar, ADVERTIR
a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) que, en un término que no podrá superar el plazo de veinte
(20) días hábiles, proceda a tramitar las declaraciones rendidas por los
accionantes y sus familias ante la Defensoría del Pueblo, con miras a verificar
los hechos de desplazamiento forzado u otras conductas victimizantes que allí
se invoquen, según lo dispone el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y demás
disposiciones que resulten aplicables, y con base en lo anterior determinar si
accede o no a la inscripción de los declarantes en el Registro Único de
Víctimas (RUV), con sujeción a los principios que informan dicho procedimiento,
los cuales son reiterados en esta providencia. Para el efecto, se deberá tener
en cuenta los resultados (parciales o totales) de la investigación
penal que se adelanta por los hechos narrados en esta tutela en la Fiscalía
General de la Nación, bajo el radicado 130016001128201008391.
QUINTO.- ORDENAR a la
Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar, que una vez satisfecha la orden
dispuesta en el numeral tercero, haga seguimiento al cumplimiento del resto de
órdenes proferidas en esta sentencia.
SEXTO.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada para decidir en el expediente de la referencia.
SEPTIMO.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 589 a 595, tercer
cuaderno de revisión.
[2] Folios 15 a 19, cuaderno de
segunda instancia. En dichas declaraciones, los señores Emiliano Ortega Blanco
y Eusebio González Leal delimitan como linderos del predio los siguientes: “Por
el Frente, con las Playas del Mar Caribe y mide 1.750 metros; por la Derecha,
entrando colinda con predio que es o fue del señor Aníbal Martínez Herrera y
mide 1.100 metros; por la Izquierda, entrando, colinda con predio que es o fue
de Víctor Del Río Ríos y mide 1.200 metros; y por el Fondo, colinda con predio
de Nicolás Rodríguez Manrique y mide 1.200 metros. Área aproximada del terreno:
163 Hectáreas”. Y aseguran que les consta “que los poseedores ejercen
actos tales como desmontes y limpiezas permanentes para la buena conservación
del predio, además [que] lo tienen (...) y lo explotan económicamente, ya que
practican la agricultura”, por lo que la posesión ha sido “(…) pública,
pacífica e ininterrumpida”, sin que “(…) por el goce de la misma [hayan]
tenido problemas con personas o autoridad alguna, siendo reconocidos por los
moradores del sector como dueños y señores del terreno”.
[3] Folio 2, cuaderno de
primera instancia.
[4] Folio 163, cuaderno de
primera instancia.
[5] Folios 220 a 222, cuaderno
de primera instancia.
[6] Vale decir que la decisión
adoptada en el marco del proceso policivo reviste el carácter de jurisdiccional
y no es controvertible ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
[7] Folios 128 a 135, cuaderno
de primera instancia.
[8] Folios 13 a 15, primer
cuaderno de revisión.
[9] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[10] Folio 53, primer cuaderno
de revisión.
[11] “Por la Secretaría
General de esta Corporación, requiérase al Director Seccional de Fiscalías de
Cartagena para que […] informe el estado actual y allegue la documentación que
estime pertinente de los siguientes procesos: a) En la Fiscalía Primera Local
de Cartagena el proceso de denuncia por invasión de tierras y perturbación de
la posesión iniciado por la Sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A. contra
Nelson Aguilar, Agustín Leal Leal, Manuel Bellido Blanquicett, Solano Torres
Rodríguez. b) En la Fiscalía Diecisiete Local de Cartagena el proceso bajo el
radicado número 1300160011292002657. c) En la Fiscal Primera Especializada en
la Unidad para Asuntos Humanitarios de Cartagena el proceso bajo radicado
número 1300160011-28201008391. d) En la Fiscal Seccional Número Cinco de
Cartagena el proceso bajo el radicado número 130016001128201007520.”
[12] Folios 110 y 111, primer
cuaderno de revisión.
[13] Proceso penal iniciado por el señor
Milton Fernández Grey, abogado de los accionantes, por los hechos ocurridos el
20 de junio de 2010, contra Jorge Camargo, mayor del ESMAD de la Policía de
Cartagena, y Edgar Días, Comandante de la Policía de Arroyo de Piedra.
[14] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[15] Folios 346 a 348, segundo
cuaderno de revisión.
[16] Folios 389 a 391, segundo
cuaderno de revisión.
[17] Folios 509 a 515, tercer
cuaderno de revisión.
[18] Folios 389 a 391, segundo
cuaderno de revisión.
[19] Folios 545 y ss., tercer cuaderno
de revisión.
[20] Folios 556 y ss., tercer cuaderno
de revisión.
[21] Folios 575 y 576, tercer
cuaderno de revisión.
[22] También ha sido uno de los
apoderados de los accionantes, como se observa a folio 6 y 14, cuaderno de
primera instancia.
[23] A folio 610 del tercer
cuaderno de revisión se observa que Camilo de Jesús Caviedes Hoyos dice actuar
como representante legal de Septentrión S.A.S. Anteriormente también fungió como
representante legal de Inmobiliaria Playa Bonita S.A., tal como obra en el
folio 136 del cuaderno de primera instancia.
[24] Folio 660, tercer cuaderno
de revisión.
[25] “Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y
Reconciliación".
[26] La norma en cita dispone
que: “ARTÍCULO 79. ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. <Consultar versión
corregida de la Ley 906 publicada en el Diario Oficial No. 45.658> Cuando la
Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no
existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como
delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la
actuación. // Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la
indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.”
[27] Folios 200 y ss., cuarto
cuaderno de revisión.
[28] Comandante de la Policía
Metropolitana de Cartagena y Comandante de la Subestación de Arroyo de Piedra.
[29] Dirección Seccional de Fiscalías de
Cartagena, en donde se incluyeron a la Fiscalía Local 9, a la Fiscalía Local
17, a la Fiscalía Local 32, a la Fiscalía Local 33, entre otras.
[30] Secretaria de Interior de
Convivencia Ciudadana del Distrito de Cartagena y la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional.
[31] Los
miembros de la familia Araujo y la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita S.A.,
representados por el abogado Antonio Hernández Blanco.
[32] Sentencia T-762 de 2015,
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[33] Sentencia T-236 de 2017, M.P.
Aquiles Arrieta Gómez.
[34] Sentencia T-850 de 2012, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[35] Específicamente, es el
caso del abogado Milton Fernández Grey.
[36] Folios 14 a 16, cuaderno
de primera instancia.
[37] Sobre el particular, en la
Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que: “la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante y la
acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente (…)”.
[38] Sentencias T-1000 y T-1086
de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[39] La norma en cita dispone
que: “Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (…) 9. Cuando
la solicitud sea para tutelar [a] quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
[40] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[41] Así, por ejemplo, el
artículo 62 del CGP dispone que: “Podrán intervenir en un proceso como
litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, quienes sean
titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los
efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para
demandar o ser demandados en el proceso”.
[42] Auto 043A de 2014, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[43] Basta recordar que la norma
en cita dispone que: “Artículo 42.-Procedencia. La acción de tutela
procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1.
Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la
prestación del servicio público de educación. // 2. Cuando contra quien
se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio
público de salud. // 3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la
solicitud este encargado de la prestación de servicios públicos. // 4. Cuando
la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización. // 5. Cuando contra quien se hubiere
hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución. // 6. Cuando
la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en
ejercicio del hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo
15 de la Constitución. // 7. Cuando se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma. // 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en
ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que
a las autoridades públicas. // 9. Cuando la solicitud sea para tutelar
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela.”
[44] “Artículo 68. Sucesión
procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el
proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los
herederos o el correspondiente curador. // Si en el curso del proceso
sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica que
figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para
que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá efectos
respecto de ellos aunque no concurran. // El adquirente a cualquier título de
la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del
anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte
contraria lo acepte expresamente. // Las controversias que se susciten con
ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código
Civil se decidirán como incidente.”
[45] Como ya se dijo, las
autoridades públicas demandadas son el Comandante de la Policía Metropolitana
de Cartagena, el Director de Orden Público del Ministerio del Interior, la
Secretaria del Interior del Distrito de Cartagena y
la Directora Seccional de Fiscalías de dicha ciudad.
[46] “Por la
cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.”
[47] Al respecto,
el artículo 19 del Decreto 2893 del 2011 consagra las siguientes funciones: “1.
Apoyar en coordinación con las entidades competentes la formulación,
ejecución y evaluación de políticas públicas para el orden público interno y
para prevenir, atender y controlar situaciones de riesgo que vulneren o
amenacen a la población, en coordinación especial con las autoridades civiles y
la Fuerza Pública. // 2. Asesorar y apoyar al Ministro del Interior y
velar por la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio
nacional en coordinación con el Ministro de Defensa Nacional, para lo cual
podrá coordinar con los gobernadores y alcaldes, las políticas, planes
operativos y demás acciones necesarias para dicho fin, de conformidad con la ley. // 3.
Coordinar con la Dirección de Derechos Humanos la atención a las denuncias
sobre inminentes riesgos de violaciones o amenazas a los Derechos Humanos y dar
curso a las mismas directamente o ante las autoridades competentes. // 4.
Promover la incorporación del componente de orden público y convivencia
ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin de
fortalecer la política pública en esta materia y generar condiciones
sostenibles de gobernabilidad. // 5. Asesorar, apoyar y hacer
seguimiento a gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales en materia de restablecimiento y preservación del
orden público y la convivencia ciudadana. // 6. Diseñar políticas,
planes y estrategias para la conservación del orden público en el territorio
nacional, así como para entablar el diálogo con las comunidades y los
diferentes sectores que se encuentren afectados por alteraciones del mismo. // 7.
Fortalecer los mecanismos y espacios de interlocución, entre el nivel nacional
y territorial para atender las problemáticas relacionadas con el orden público
y social. // 8. Hacer seguimiento a la implementación del Sistema
Integrado de Emergencias y Seguridad -SIES-, en coordinación con la
Subdirección de Infraestructura del Ministerio. // 9. Apoyar la
implementación y seguimiento a las estrategias de control policial en las
entidades territoriales en coordinación con el Ministerio de Defensa. (…) 14.
Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la
dependencia.”
[48] Precisamente, como se
observa en la página Web de dicha entidad, dentro de sus funciones se encuentra
la garantía de la convivencia ciudadana. http://secinterior.cartagena.gov.co/
[49] Para la época de los
hechos, el Código Nacional de Policía establecía que: “Artículo 125.- La
policía solo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de
posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que
se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que
existía en el momento en que se produjo la perturbación.”
[50] La Directora Seccional de
Fiscalías de Cartagena tiene el deber de investigación del presunto punible de
desplazamiento forzado, en virtud del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, en el
que se establece que: “(…)  El Ministerio Público y la Fiscalía General de
la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles
que condujeron al desplazamiento. (…)”.
[51]“Por el cual se fusiona la
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad
Social, RSS, y se dictan otras disposiciones”.
[52] Decreto 2467 de 2005,
Artículo 6, numeral 6.
[53] Decreto 2467 de 2005,
artículo 19, numeral 2. El Decreto 2569 de 2000 creó el Registro Único de
Población Desplazada (RUPD) y había asignado la responsabilidad de su manejo a
la Red de Solidaridad Social (RSS).
[54] Decreto 4157 de 2011 “Por
el cual se determina la adscripción de la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas”.
[55]“Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
[56] Ley 1448 de 2011, artículo
154. Véase, al respecto, el Decreto 790 de 2012 “Por el cual se trasladan
las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia – SNAIPD, al Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de Atención Integral
a la Población Desplazada – CNAIPD, al Comité Ejecutivo para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas”.
[57] Ley 1448 de 2011, artículo
168.
[58] Precisamente, el artículo
86 dispone que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales (…)”. (Negrilla fuera
del texto original).
[59] Véanse, entre otras, las Sentencias T-1140 de 2005, T-279 de 2010, T-832
de 2012, T-719 de 2013, T-201 de 2015, T-153 de 2016, T-106 de 2017 y T-138 de
2017.
[60] Véanse,
entre otras, las Sentencias T-336 de 2009, T-436 de 2009, T-785 de 2009,
T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[61] Sentencia
T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[62] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[63] Véanse,
además, las Sentencias T-287 de 1995, T-384 de 1998, T-554 de 1998, SU-086 de
1999, T-716 de 1999, T-156 de 2000, T-418 de 2000, T-815 de 2000, SU-1052 de
2000, T-482 de 2001, T-1062 de 2001, T-135 de 2002, T-500 de 2002 y T-179 de
2003.
[64] Véase,
entre otras, las Sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[65] Sentencia
T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[66] Véanse, entre otras, las
Sentencias SU-T-025 de 2004, C-609 de 2012, T-239 de 2013, C-180 de 2014, T-167
de 2016, T-305 de 2016, T-083 de 2017, SU-648 de 2017 y T-299 de 2018.
[67] La expresión “ocurridos a partir del 1 de enero
de 1985” fue
declarada exequible  en la Sentencia C-250 de 2012, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto. De igual modo, la expresión “ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno” también fue encontrada acorde con el ordenamiento
superior en la Sentencia C-781 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[68] De este aparte, la
expresión “en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”
fue declarada condicionalmente exequible en la Sentencia C-052 de 2012, M.P.
Nilson Pinilla Pinilla, “en el entendido de que también son víctimas
aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en los términos del inciso
primero de dicho artículo.”
[69] Énfasis por fuera del texto
original.
[70] Ley 1448 de 2011: “ARTÍCULO
154. REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS. La Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable del
funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el
Registro Único de Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para la
atención a la población en situación de desplazamiento, y que será trasladado a
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año
contado a partir de la promulgación de la presente Ley. // PARÁGRAFO. La
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
deberá operar los registros de población víctima a su cargo y existentes a la
fecha de vigencia de la presente Ley, incluido el Registro Único de Población
Desplazada, mientras se logra la interoperabilidad de la totalidad de estos
registros y entre en funcionamiento el Registro Único de Víctimas garantizando
la integridad de los registros actuales de la información.”
[71] Tal procedimiento se
encuentra consagrado en los artículos 155 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y en el
título 2 del Decreto 1084 de 2015.
[72] Artículo 2.2.2.3.11 del Decreto 1084 de 2015: “DEL PROCESO DE LA
VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN. La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas fijará los procedimientos de valoración,
los cuales orientarán la metodología a ser aplicada en desarrollo de lo
dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. // Esta entidad realizará
la verificación de los hechos victimizantes relacionados en la declaración para
lo cual acudirá a la evaluación de los elementos jurídicos, técnicos y de
contexto que le permitan fundamentar una decisión frente a cada caso
particular. // Para la verificación de los hechos victimizantes consignados en
la declaración, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
a las Víctimas realizará consultas en las bases de datos y sistemas que
conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de
Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes. En todos los
casos, se respetará la reserva y confidencialidad de la información proveniente
de estas fuentes. // La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas podrá presentar a dichas entidades
solicitudes de información sobre casos particulares para la verificación de los
hechos, las cuales deberán ser atendidas de fondo en un plazo no mayor a diez
(10) días hábiles, luego de la solicitud que realice dicha Unidad. // PARÁGRAFO
1°. El Ministerio de Defensa Nacional, los organismos del Sistema de
Seguridad y Defensa Nacional, y las demás entidades del Estado, en el ámbito de
su competencia, pondrán a disposición de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación a las Víctimas información relevante que facilite la
verificación de los hechos victimizantes. // PARÁGRAFO 2°. Cuando los
criterios definidos por el Comité Ejecutivo no permitan adoptar la decisión de
inclusión o no inclusión en el registro, el Director de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
podrá elevar una consulta ante el Comité Ejecutivo para la Atención y
Reparación a Víctimas. Esta consulta operará de manera excepcional. // PARÁGRAFO
3°. En todo caso, las pruebas requeridas a las víctimas serán sumarias,
y se garantizarán los principios constitucionales del debido proceso, buena fe
y favorabilidad, de conformidad a lo previsto en el artículo 158 de la Ley 1448
de 2011.”
[73] Decreto 1084 de 2015: “ARTÍCULO 2.2.2.3.15.
CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INCLUSIÓN EN EL REGISTRO. El
acto administrativo de inclusión deberá contener: // 1. La decisión de
inclusión en el Registro Único de Víctimas. // 2. La motivación suficiente por
la cual se llegó a la decisión de inclusión, y // 3. Una mención detallada y
suficiente de las rutas para acceder a las medidas de asistencia y reparación
contempladas en el presente decreto.” “ARTÍCULO 2.2.2.3.16. CONTENIDO DEL
ACTO ADMINISTRATIVO DE NO INCLUSIÓN EN EL REGISTRO. El acto administrativo
de no inclusión deberá contener, como mínimo, lo siguiente: // 1. La motivación
suficiente por la cual se llegó a la decisión de no inclusión, y // 2. Los
recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las
autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.”
[74] Sentencia T-991 de 2012, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[75] Sobre el particular, se
pueden consultar Sentencias
T-1094 de 2004, T-112 de 2015, T-478 de 2017 y T-488 de 2017. En relación con
la solicitud de registro, las normas aplicables son: Decreto 1084 de 2015, “ARTÍCULO 2.2.2.3.7.
CONTENIDO MÍNIMO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO. Para ser tramitada, la
solicitud de registro deberá, como mínimo, contar con la siguiente información:
// 1. Los datos de identificación de cada una de las personas
relacionadas. En caso que el declarante no disponga de los números de
identificación, deberán ser explícitos los motivos por los cuales no es posible
aportar esta información, sin que esto genere dificultades en el trámite de su
solicitud. // 2. Información sobre el género, edad, estrato
socioeconómico, situación y tipo de discapacidad si la hay y la conoce, raza y
etnia. // 3. Firma del funcionario de la entidad que recibe la solicitud
de registro. // 4. Huella dactilar de la persona que solicita el
registro. // 5. Firma de la persona que solicita el registro. En los
casos que la persona manifieste no poder o no saber firmar se tomará como
válida la huella dactilar. // 6. Las circunstancias de modo, tiempo y
lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos, por lo
menos de manera sucinta, teniendo en cuenta el tiempo en el que ocurrió la
violación, y la situación de vulnerabilidad de la víctima. // 7. Datos
de contacto de la persona que solicita el registro. // 8. Información
del parentesco con la víctima de conformidad con lo establecido en el inciso 2°
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. // PARÁGRAFO. Cuando el
solicitante carezca de identificación es obligación del servidor público
orientarlo para que adelante el trámite correspondiente en la Registraduría
Nacional del Estado Civil.”
[76] “LEY 1448 DE 2011.
ARTÍCULO 5. EL ESTADO PRESUMIRÁ LA BUENA FE DE LAS
VÍCTIMAS DE QUE TRATA LA PRESENTE LEY. La víctima podrá acreditar el daño
sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la
víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad
administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. // En
los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las
autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la
demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a
favor de estas. //
En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se
regulará por lo dispuesto en el artículo 78 de la presente Ley.”(Negrilla y
énfasis propio). Véase, también, la Sentencia T-112 de 2015, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[77] Sentencia T-488 de
2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[78] Véanse, entre otras, las
Sentencias T-290 de 2016, T-478 de 2017, T-488 de 2017 y T-274 de 2018.
[79] Sentencia T-076 de 2013, M.P.
Alexei Julio Estrada.
[80] “Ley 1448 de 2011.
Artículo 157. Recursos contra la decisión del registro. Contra la
decisión que deniegue el registro, el solicitante podrá interponer el recurso
de reposición ante el funcionario que tomó la decisión dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la decisión. El solicitante podrá
interponer el recurso de apelación ante el Director de la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la
presente Ley contra la decisión que resuelve el recurso de reposición dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión. Las
entidades que componen el Ministerio Público podrán interponer los recursos de
reposición ante el funcionario que tomó la decisión y en subsidio el de
apelación ante el Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas de que trata la presente ley contra la
decisión que concede el registro, dentro de los cinco (5) días siguientes
contados a partir de su comunicación. Igualmente, si el acto hubiere sido
obtenido por medios ilegales, tales autoridades podrán solicitar, en cualquier
tiempo, la revocatoria directa del acto para cuyo trámite no es necesario
obtener el consentimiento del particular registrado”. Énfasis por fuera del
texto original.
[81] “Artículo 11. De la no inscripción. La entidad en la que se
haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de
quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes casos: 1.
Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. 2. Cuando existan
razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la
existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley
387 de 1997. 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite
la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las
circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. En tales
eventos, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a
dicha entidad para tal determinación, el cual deberá ser notificado al
afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión que
los resuelva agota la vía gubernativa.” Énfasis por fuera del texto
original.
[82] “Ley 1437 de 2011, Artículo 137.
Nulidad. Toda
persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general. // Procederá cuando
hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.// También puede pedirse que se
declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación
y registro.// Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos
administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1.
Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se
produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a
favor del demandante o de un tercero. // 2. Cuando se trate de recuperar
bienes de uso público. // 3. Cuando los efectos nocivos del acto
administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico,
social o ecológico. // 4. Cuando la ley lo consagre expresamente. // Parágrafo.
Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático
de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.” “Ley
1437 de 2011, Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. // Igualmente
podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de
ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.”
[83] La norma en cita señala
que: “Artículo 9.- Agotamiento opcional de la vía gubernativa. No
será necesario interponer previamente la reposición u otro recurso
administrativo para presentar la solicitud de tutela. El interesado podrá
interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de que ejerzan
directamente en cualquier momento la acción de tutela. (…)”.
[84] Sentencia T-076 de 2013, M.P.
Alexei Julio Estrada. En este mismo sentido se pueden consultar las Sentencias
T-563 de 2005 y T-496 de 2007.
[85] Por ejemplo, de acuerdo
con la sentencia del 29 de mayo de 2014, con radicado No.
13001-40-04-007-2012-00095-00, dictada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal
de Cartagena, el accionante Manuel Bellio Blanquicett nació el 22 de febrero de
1936, es decir que, actualmente, tiene más de 80 años. Folio 692, tercer
cuaderno de revisión.
[86] El Comandante de la
Policía Metropolitana de Cartagena, y el Inspector y Comandante de la Estación
de Policía del Corregimiento de Arroyo de Piedra.
[87] La Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cartagena envió copia simple del certificado de
tradición correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria No. 060-168029,
expedido el 31 de mayo de 2018.
[88] En concreto se refiere a
las siguientes actuaciones: (a) Proceso identificado con el radicado No.
13001-40-04-007-2012-00095-00, iniciado el 25 de enero de 2006 por el señor
Rodrigo Martínez Torres, representante de la sociedad Inmobiliaria Playa Bonita
S.A., contra los señores Manuel Bellido Blanquicett, Guillermo Ortega
Rodríguez, Miguel Torres Rodríguez y Marcelino Herrera Gómez y otros, por los
delitos de invasión de tierras y perturbación a la posesión. Conforme a las
pruebas recaudadas en sede de revisión, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Cartagena informó que puso fin al proceso mediante sentencia del 29 de mayo de
2014, condenando a los cuatro hombres mencionados –entre
los cuales solamente Manuel Bellido Blanquicett es actor en la presente causa–
como coautores de los delitos de invasión de tierras o edificaciones en
concurso con perturbación a la posesión. Folios 110 a 120, cuarto cuaderno de
revisión. (b) Proceso instaurado el 19 de junio de 2010 por el señor
Antonio Hernández Blanco, en calidad de apoderado de la sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A., contra los señores Nelson Aguilar, Agustín Leal, Manuel
Bellido, Horacio González, Boster Ortega, Guillermo Ortega, Nicolás Rodríguez,
alias “el mono” Ortega, Efraín Caraballo, Solano Torres Rodríguez, Miguel
Torres Rodríguez, Jairo Hernández González, Luis Leal, Ubadel Noriega Herrera,
Marceliano Herrera Gómez, Azael Leal Herrera, un señor de Bayunca de apellido
Ortega, un señor identificado con el alias de “Paco Leal Herrera”, y personas
indeterminadas o desconocidas, por los delitos de invasión de tierras, daño en
cosa ajena y amenazas personales. Folios 128 a 135, cuaderno de primera
instancia.
[89] Se trata de un proceso
policivo por perturbación a la posesión instaurado por la Sociedad Inmobiliaria
Playa Bonita S.A. contra los señores Nelson Aguilar, Agustín Leal, Manuel
Bellido, Horacio González, Boster Ortega, Guillermo Ortega y Nicolás Rodríguez
resuelto a favor de la compañía el 24 de febrero de 2006. Folios 150 a 152,
cuaderno de primera instancia.
[90] Folios 156 y 157, cuarto
cuaderno de revisión.
[91] Folios 24 a 27, cuarto
cuaderno de revisión.
[92] El INCODER fue suprimido y liquidado mediante el Decreto 2363 de 2015
y, en su lugar, se creó la Agencia Nacional de Tierras, a través del Decreto
2364 del año en cita
[93] Escrito recibido el 19 de
mayo de 2011, folios 346 a 348, segundo cuaderno de revisión.
[94] Oficio de 5 de junio de
2018, folios 43 a 45, cuarto cuaderno de revisión.
[95] Oficio y
correo electrónico de 5 de junio de 2018, Folios 35 a 42 y 46 a 53, cuarto
cuaderno de revisión.
[96] “Ley 387 de 1997,
artículo 19. De las instituciones. Las instituciones comprometidas en la
Atención Integral a la Población Desplazada, con su planta de personal y
estructura administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que
les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la población
desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada. // Las instituciones con responsabilidad en
la Atención Integral de la Población Desplazada deberán adoptar, entre otras,
las siguientes medidas: // 1. El Instituto Colombiano para la Reforma
Agraria, INCORA, adoptará programas y procedimientos especiales para la
enajenación, adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de expulsión y
de recepción de la población afectada por el desplazamiento forzado, así como
líneas especiales de crédito, dando prelación a la población desplazada. // El
INCORA llevará un registro de los predios rurales abandonados por los
desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes para que
procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de
propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de
los titulares de los derechos respectivos. // En los procesos de retorno y
reubicación de desplazados por la violencia, el Gobierno Nacional dará
prioridad a éstos en las zonas de reserva campesina y/o en aquellos predios
rurales que hayan sido objeto de la acción de extinción de dominio mediante
sentencia administrativa o judicial. // El Instituto Agropecuario de la Reforma
Agraria establecerá un programa que permita recibir la tierra de personas
desplazadas a cambio de la adjudicación de otros predios de similares
características en otras zonas del país. // El Fondo Agropecuario de Garantías
otorgará garantías del 100% a los créditos de los proyectos productivos de los
desplazados. (…)”
[97]“Por la cual se crea el
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece
un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”.
[98] “Por el cual se reglamenta
el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las ‘Tierras de las
Comunidades Negras’ y se dictan otras disposiciones”.
[99]“Artículo 72. Acciones
de restitución de los despojados. El Estado colombiano adoptará las medidas
requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los
despojados y desplazados. De no ser posible la restitución, para determinar y
reconocer la compensación correspondiente. // Las acciones de reparación de los
despojados son: la restitución jurídica y material del inmueble despojado. En
subsidio, procederá, en su orden, la restitución por equivalente o el
reconocimiento de una compensación. (…) // En los casos en los cuales la
restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible o cuando
el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e
integridad personal, se le ofrecerán alternativas de restitución por
equivalente para acceder a terrenos de similares características y condiciones
en otra ubicación, previa consulta con el afectado. La compensación en dinero
sólo procederá en el evento en que no sea posible ninguna de las formas de
restitución.”
[100] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[101] Sentencia T-702 de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[102] Sentencias T- 025 de 2004,
T-136 de 2007, T-156 de 2008, T-358 del 2008, T-501 de 2009, T-702 de 2012,
T-239 de 2013 y T-305 de 2016.
[103] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[104] Sentencia T-742 de 2009, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[105] “Por la cual se adoptan
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos
por la violencia en la República de Colombia”.
[106] “ARTICULO 19. DE LAS
INSTITUCIONES. Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la
Población Desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa,
deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar en
forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del
esquema de coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada. // Las instituciones con responsabilidad en la Atención
Integral de la Población Desplazada deberán adoptar, entre otras, las
siguientes medidas: (…) 12. La Defensoría del Pueblo diseñará y
ejecutará programas de divulgación y promoción de las normas del Derecho
Internacional Humanitario.”
[107]  Tal como
fue modificado por la Ley 962 de 2005.
[108] El artículo 5º del Decreto
2569 de 2000 asignó la responsabilidad de manejar el registro a la Red de
Solidaridad Social.
[109] En la Sentencia T-563 de
2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se explicó el procedimiento de
inscripción en el RUPD, en ese entonces administrado por la Red de Solidaridad
Social: “De las disposiciones contenidas en las anteriores normas se
concluye que el procedimiento que debe seguirse para que una persona sea
inscrita en el RUPD, es el que a continuación se explica: (i) La persona
desplazada debe rendir una declaración sobre los hechos que dieron lugar a su
desplazamiento ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, las personarías distritales o municipales, o cualquier despacho
judicial. Dicha declaración debe presentarse dentro del año siguiente a la
ocurrencia de los hechos. // (ii) Una vez una de las anteriores autoridades
recibe la declaración de quien solicita la inscripción, debe remitirla de
inmediato a la Red de Solidaridad Social o a una de sus unidades territoriales,
con el objeto de que se efectúe su estudio con miras al registro del
solicitante. El incumplimiento de este deber acarrea responsabilidad
disciplinaria. // (iii) A partir del momento en que la autoridad autorizada
para la inscripción recibe la declaración del desplazado, ésta tiene 15 días
hábiles para valorarla junto con otros datos y pruebas que tenga en su poder
sobre los hechos señalados por aquél como causantes del desplazamiento. Una vez
realizado este estudio, debe informar al peticionario si su inclusión en el
RUPD fue aceptada, o las razones por las cuales fue rechazada. El acto
administrativo que niega el registro debe notificarse y contra él proceden los
recursos de la vía gubernativa.”
[110] Artículo 1.
[111]Artículo 6, numeral 6.
[112] Decreto 4157 de 2011 “Por
el cual se determina la adscripción de la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas”.
[113]“Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
[114] El artículo 118 de la
Constitución Política indica que: “El Ministerio Público será ejercido por
el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los
procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las
autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás
funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda
y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.”
[115] Decreto 2569 de 2000, art.
2. Ley 1448 de 2011, art. 156. Esta última disposición de manera expresa señala
que: “(…) (…) El registro no confiere la calidad de víctima, y la inclusión
de la persona en el Registro Único de Víctimas bastará para que las entidades
presten las medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas que
correspondan según el caso. (…)”.
[116] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
[117] Énfasis por fuera del texto
original. En similares términos, en lo que atañe al RUPD, el artículo 9 del
Decreto 2569 de 2000 disponía que: “Artículo 9. Valoración de la
declaración. A partir del día siguiente a la fecha del recibo en la sede de
la entidad en la que se haya delegado la inscripción, esta entidad dispondrá de
un término máximo de 15 días hábiles, para valorar la información de que
disponga junto con la declaración, a efecto de realizar la inscripción o no en
el registro de quien alega la condición de desplazado.”
[118] M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[119] Véase, entre otras, las
Sentencias T-517 de 2014 y T-067 de 2013.
[120] Sentencia T-605 de 2008,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[121] Hoy en día Subdirección
para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
[122] Folios 8 a 13, cuaderno de
primera instancia. El Defensor del Pueblo Regional Bolívar anuncia anexar a los
oficios copia de la comunicación suscrita por Luis Alfonso Leal González,
Orlando Aguilar Herrera, Guillermo Ortega Rodríguez y Johon Jairo Pérez
González, campesinos del corregimiento de Punta Canoa que denuncian acciones
violentas cometidas en contra de 38 familias que venían usufructuando el predio
“Chimá”, durante los días 22, 23 y 30 de junio de 2010, cometidas, al
parecer, por miembros de la Policía Nacional, del ESMAD y un grupo de
paramilitares.
[123] Escrito de 19 de julio de
2010, Folios 72 a 83, cuaderno de primera instancia.
[124] Escrito de 19 de julio de
2010, folios 101 y 102, cuaderno de primera instancia.
[125] Escrito
de 21 de julio de 2010, folios 91 a 100, cuaderno de primera instancia. En
comunicación de 20 de agosto de 2010, el Comandante de la Subestación de
Policía de Arroyo de Piedra indicó al juez de instancia que los hechos
expuestos por los accionantes no correspondían a la realidad, en la medida en
que las actuaciones desarrolladas por el comando habían sido producto de
órdenes del Inspector de Policía del corregimiento Arroyo de Piedra. Además,
afirmó que en el inmueble no hubo presencia de paramilitares armados. Folios
233 y 234, cuaderno de primera instancia.
[126] Folios 411, 412 y 413,
tercer cuaderno de revisión.
[127] Bajo el radicado número
130016001128201008931.
[128] Oficio de 20 de mayo de
2011, folios 363 y 364, segundo cuaderno de revisión.
[129] Folios 18 a 20, cuarto
cuaderno de revisión.
[130] Comunicación de 31 de mayo
de 2018, folios 21 a 23, cuarto cuaderno de revisión.
[131] Bajo el radicado número
130016001128201008931.
[132] Correo electrónico de 30
de junio de 2018, folios 200 a 204, cuarto cuaderno de revisión.
[133] Folio 53, primer cuaderno
de revisión.
[134] Constitución Política, artículo 282, numeral 1.
[135] “Artículo 20.- Del
Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público y a sus oficinas
regionales y seccionales la guarda y promoción de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario de la población víctima del desplazamiento
forzado, así como el control del estricto cumplimiento de las obligaciones
asignadas a cada institución en el Plan Nacional para la Atención Integral a la
Población Desplazada. Las autoridades municipales deberán informar, de manera
inmediata, al representante del Ministerio Público correspondiente, sobre la
ocurrencia del desplazamiento sobre la ocurrencia de eventos que puedan
generarlo.”
[136] “Artículo 27.- De la
perturbación de la posesión. La perturbación de la posesión o abandono del
bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que obliga al
desplazamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de prescripción
a su favor. // El poseedor interrumpido en el ejercicio de su derecho informará
del hecho del desplazamiento a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo,
Procuraduría Agraria, o a cualquier entidad del Ministerio Público, a fin de
que se adelanten las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar.”
[137] Artículo 32, numeral 2 de
la Ley 387 de 1997 y artículo 2 del Decreto 2569 de 2000.
[138] “Por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
[139] “Artículo 34. Defensoría
pública. El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el
ejercicio
del derecho de defensa, mediante
los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la
ley. // La Defensoría del Pueblo
asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de
la ley.” En
cumplimiento de este mandato, la citada autoridad profirió la Resolución No.
438 de 2007, en la cual se establecen los procedimientos y actividades que
deberán cumplir las defensorías regionales para desarrollar las labores
relacionadas con la orientación general, la atención y el acompañamiento
psicosocial a las víctimas, así como la representación extrajudicial y judicial
de las mismas.
[140] “Artículo 155.
Solicitud de registro de las víctimas. Las víctimas deberán presentar una
declaración ante el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años
contados a partir de la promulgación de la presente ley para quienes hayan sido
victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a
partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad
a la vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina
el Gobierno Nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas,
el cual será de uso obligatorio por las entidades que conforman el Ministerio Público
(...)”
[141] “Artículo 157.
Recursos contra la decisión del registro. Contra la decisión que
deniegue el registro, el solicitante podrá interponer el recurso de reposición
ante el funcionario que tomó la decisión dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la decisión. El solicitante podrá interponer el
recurso de apelación ante el Director de la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la presente Ley
contra la decisión que resuelve el recurso de reposición dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta decisión. // Las entidades que
componen el Ministerio Público podrán interponer los recursos de reposición
ante el funcionario que tomó la decisión y en subsidio el de apelación ante el
Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas de que trata la presente ley contra la decisión que concede el
registro, dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de su comunicación.
Igualmente, si el acto hubiere sido obtenido por medios ilegales, tales
autoridades podrán solicitar, en cualquier tiempo, la revocatoria directa del
acto para cuyo trámite no es necesario obtener el consentimiento del particular
registrado.”.
[142] “Artículo 74.
Despojo y abandono forzado de tierras. (…) El propietario o poseedor de
tierras o explotador económico de un baldío, informará del hecho del
desplazamiento a cualquiera de las siguientes entidades: la Personería
Municipal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o a la
Procuraduría General de la Nación, a fin de que se adelanten las acciones a que
haya lugar (…)”
[143] Ley 1448 de 2011, art. 43.