T-377-17
Sentencia T-377/17
ACCION DE TUTELA DE POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Mecanismo judicial idóneo para amparar los
derechos fundamentales
AYUDA HUMANITARIA-Fundamento
constitucional/AYUDA HUMANITARIA-Marco legal
CLASES DE AYUDA HUMANITARIA-Inmediata, emergencia y transición
DERECHO A LA REPARACION-Fundamento
constitucional
INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Marco normativo
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Contenido y alcance
DERECHO DE PETICION DE VICTIMAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO
DERECHO DE PETICION-Cualquier
desconocimiento de los términos legales acarrea su vulneración
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-La UARIV no está respondiendo oportunamente las
peticiones formuladas por personas que ante ella, pretenden hacer valer sus
derechos como tampoco, las acciones judiciales iniciadas contra la entidad
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-Orden a la UARIV dar respuesta definitiva a solicitudes de ayuda
humanitaria
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-UARIV contestó de fondo peticiones formuladas ante
ella
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION-UARIV le contestó a peticionarios que se les va a programar
para la realización del PAARI
DERECHO DE PETICION DE VICTIMAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Vulneración por UARIV
al dar respuesta fundada en requisitos inexistentes en la ley y contrarios a la
Constitución
La UARIV suele
invocar de forma reiterada otro argumento que no tiene fundamento legal, ya no
para dilatar indefinidamente la contestación a una solicitud de ayuda
humanitaria, sino para denegar la ayuda humanitaria. Se trata del siguiente: en
varias ocasiones la UARIV señala que existe un límite temporal para el
otorgamiento de la ayuda humanitaria, en virtud del cual puede presumirse que
las carencias que pueda presentar una persona o grupo familiar no guardan
relación con el desplazamiento forzado cuando este ha ocurrido hace más de 10
años . Respecto de este asunto, destaca la Corte que desde hace una década la
jurisprudencia constitucional ha sido concluyente al afirmar que “la ayuda
humanitaria no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable”. Así, aunque ha
reconocido la utilidad de tomar en cuenta un referente temporal como criterio
para determinar la superación de carencias, ha sostenido que este criterio no
puede ser determinante, en el sentido de que el paso del tiempo pueda implicar
una presunción irrebatible de superación del estado de vulnerabilidad. Se le
vulneró a los accionantes su derecho de petición, por recibir una respuesta
fundada en requisitos inexistentes en la ley y contrarios a la Constitución.
Referencia: Expedientes
T-5.412.662, T-5.435.001, T-5.435.002, T-5.435.003,  T-5.435.004, T-5.435.005,
T-5.435.006, T-5.435.007, T-5.435.008, T-5.435.009, T-5.435.010, T-5.515.341,
T-5.515.342, T- 5.515.343, T-5.515.344, T-5.515.345, T-5.515.346, T-5.515.347,
T-5.515.348, T-5.5153.49, T-5.515.350, T-5.515.351, T-5.515.352, T-5.515.353,
T-5.515.354, T-5.515.355, T-5.515.356, T-5.515.357, T-5.515.358, T-5.515.359,
T-5.515.360, T-5.515.361, T-5.515.362, T-5.515.363, T-5.515.364, T-5.515.365,
T-5.515.366, T-5.515.367, T-5.515.368, T-5.515.369, T-5.515.370, T-5.515.371,
T-5.515.373, T-5.515.377, T-5.5153.78, T-5.515.379, T-5.515.380, T-5.551.124,
T-5.533.885, T-5.531.875, T-5.530.203, T-5.655.906, T-5.655.907, T-5.655.908,
T-5.655.909, T-5.655.910, T-5.655.912, T-5.655.914, T-5.655.916, T-5.655.918,
T-5.655.919, T-5.655.944, T-5.655.946, T-5.655.947, T-5.655.948, T-5.655.949,
T-5.655.950, T-5.655.951, T-5.655.952, T-5.655.953, T-5.655.954, T-5.655.955,
T-5.655.956, T-5.655.961, T-5.655.962, T-5.655.963, T-5.655.964, T-5.655.965,
T-5.655.966, T-5.655.967, T-5.655.968, T-5.655.969, T-5.655.970, T-5.655.971,
T-5.655.972, T-5.655.973, T-5.655.974, T-5.655.975, T-5.655.976, T-5.655.977,
T-5.655.980, T-5.655.981, T-5.655.984, T-5.655.986, T-5.655.987, T-5.655.988,
T-5.655.989, T-5.655.990, T-5.655.992, T-5.660.421, T-5.660.422, T-5.660.423,
T-5.660.424, T-5.660.425, T-5.660.426, T-5.660.427, T-5.660.428, T-5.660.430,
T-5.660.431, T-5.660.432, T-5.660.433, T-5.660.434, T-5.660.435, T-5.660.436,
T-5.660.437, T-5.660.438, T-5.660.439, T-5.660.440, T-5.660.494, T-5.660.495,
T-5.660.496, T-5.660.498, T-5.660.500, T-5.694.106, T-5.694.107, T-5.694.108,
T-5.694.109, T-5.694.110, T-5.696.787, T-5.714.469, T-5.714.471, T-5.714.472 y
T-5.714.477
Acción de tutela
interpuesta por distintas personas contra la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil
dieciséis (2017).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional (en adelante, también “la Corte”), integrada por la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
I.
ANTECEDENTES
A.
LAS DEMANDAS DE TUTELA
En la
presente sentencia, la Corte analiza ciento treinta y tres acciones de tutela,
interpuestas por distintos ciudadanos, en contra de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en
adelante, “UARIV”), en las que se alega la vulneración de distintos
derechos fundamentales, especialmente los siguientes: de
petición, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social, a la salud, al debido proceso, a la educación, al libre desarrollo de
la personalidad y a la familia. Asimismo, se plantea en ellas el
desconocimiento por parte del Estado del deber de protección especial a los
niños, a las personas de la tercera edad y a las personas en situación de
desplazamiento forzado.
B.
HECHOS RELEVANTES
1.
En esta sección, la Corte realiza una descripción
general de las situaciones planteadas mediante las acciones de tutela revisadas.
El detalle de los antecedentes de cada una de estas acciones puede consultarse
en el Anexo 1 de la presente decisión. Las acciones de tutela revisadas
plantean situaciones que pueden ser agrupadas en tres categorías, que se
describen a continuación.
2.
Personas que han formulado peticiones a la
UARIV y no han obtenido ninguna respuesta. Los
peticionarios formularon a la UARIV solicitudes de cuatro tipos: (i) que les
sea entregada ayuda humanitaria por primera vez[1];
(ii) que les sea entregada nuevamente la ayuda humanitaria que ya se les había
pagado en ocasiones anteriores[2]; (iii) que les sea entregada nuevamente la ayuda humanitaria y que sea
corregido su valor[3]; (iv) que les sea entregada nuevamente ayuda humanitaria y además se
le pague la reparación administrativa[4]; (v) que se les pague la indemnización administrativa[5]; (v) que les sea entregada ayuda humanitaria, sin indicar si es por
primera vez o si previamente ya habían recibido ayuda humanitaria[6]; y (vi) que se realice la valoración de su declaración sobre su
condición de víctimas y que se realice la inscripción en el Registro Único de
Víctimas (en adelante, “RUV”)[7].
3.
Personas que han formulado peticiones a la
UARIV y han obtenido como respuesta que se les va a programar la realización
del Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral (en adelante, “PAARI”). Las peticiones
formuladas a la UARIV son de tres tipos: (i) que les sea entregada nuevamente
la ayuda humanitaria[8], (ii) que les sea entregada la ayuda humanitaria por primera vez[9] y (iii) que les sea entregada nuevamente la ayuda humanitaria
corrigiéndose su monto, pues resulta insuficiente[10]. En la mayoría de estos casos, la UARIV explicó que, en aplicación del Decreto 2569 de 2014, se realizaría una solicitud de “agendamiento”,
es decir, de programación para que les fuera fijada la fecha en la que los
contactarían para iniciar el PAARI, y que una vez fuera asignada una fecha, ésta
se le informaría al o a la accionante, mediante un mensaje de texto.
4.
Personas que solicitaron reconocimiento de la
ayuda humanitaria a la UARIV y esta les contestó de manera negativa. El argumento utilizado por la UARIV en estos
casos fue que el accionante no tenía derecho a las ayudas
humanitarias, ya que el desplazamiento forzado ocurrió hace más de 10 años[11].
C.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
5.
En ninguno de los procesos revisados por la Corte
Constitucional la UARIV respondió la demanda dentro
del trámite de la tutela.
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
6.
De las ciento treinta y tres acciones de tutela que
se revisan, ciento treinta y una fueron concedidas por los jueces de primera instancia.
En ninguno de los casos revisados hubo impugnación.
7.
En los ciento treinta y un casos en los que las
autoridades judiciales concedieron las acciones de tutela revisadas ordenaron a
la UARIV pagar a los accionantes la ayuda humanitaria correspondiente. La
reseña específica de los pronunciamientos judiciales proferidos en cada proceso
se encuentra en el Anexo 1 a la presente sentencia.
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
a. Autos de
pruebas
8.
El Magistrado sustanciador, en aplicación del
artículo 64 del Reglamento de la Corte (Acuerdo 02 de 2015), consideró oportuno
recolectar mayores elementos de juicio para adoptar la decisión respecto de los
procesos de tutela seleccionados para revisión. En consecuencia, mediante los
autos del 4 de mayo, del 23 de junio, del 9 de septiembre y del 5 de octubre[12], todos ellos de 2016, decretó pruebas. En dichos autos, solicitó a la
UARIV remitiera la siguiente información:
a.
Respecto de cada uno de los accionantes: (i) si se
encontraban inscritos en el RUV; (ii) si han recibido
ayuda humanitaria de emergencia, en cuántas oportunidades, por qué valor ha
sido cada una de las ayudas entregadas, en qué momento han sido entregadas y en
qué han consistido las ayudas humanitarias de emergencia entregadas a cada una
de estas personas; (iii) si se le ha suspendido a alguno de ellos la entrega de
ayuda humanitaria de emergencia; (iv) en caso de que a alguno de los
accionantes se les haya suspendido, si ya se les ha asignado un turno de
atención para la realización del Plan de Asistencia, Atención y Reparación
Integral; y (v) si ya se les entregaron las ayudas
humanitarias de emergencia, conforme a las órdenes proferidas por los jueces de
instancia que reconocieron a los accionantes este derecho.
b.
Si existe un déficit respecto a los recursos que le
son asignados a la UARIV para proveer de manera oportuna las ayudas
humanitarias a la población desplazada, indicando específicamente las cifras
que actualmente se asignan y las que se requieren para dar pleno cumplimiento
al pago de las ayudas.
c.
El total de inscritos en el
RUV, así como el número de aquellos que se encuentran con turno asignado para
recibir ayudas humanitarias y el tiempo promedio de espera.
d.
Las razones por las cuales no
contestó las acciones de tutela de la referencia en el trámite instancia.
e.
El cronograma diseñado para la realización del
PAARI a todas las personas inscritas en el RUV. En especial, señalar: ¿En
cuánto tiempo se tiene previsto realizarlo a todas las personas inscritas en el
RUV? ¿Cuándo empezó a practicarse el PAARI y hasta la fecha, a cuántas personas
se les ha realizado? ¿A las personas a quiénes no se les ha realizado el PAARI
se les suspende en todos los casos el pago de las ayudas humanitarias? ¿Cuáles
son los criterios de priorización para la realización del PAARI?
f.
Los distintos mecanismos (por ejemplo, chat de
atención en línea, línea telefónica gratuita y peticiones escritas) dispuestos
por la entidad para atender las solicitudes de las personas que consideran han
sido víctimas y tienen derecho a los programas de asistencia y reparación.
Concretamente, explicar lo siguiente: el procedimiento que se sigue en cada uno
de esos mecanismos de atención para efectos de dar respuesta a las solicitudes
formuladas por las personas; el tiempo promedio que en la práctica toma la
entidad para dar una respuesta en cada uno de los mecanismos de atención
implementados por la entidad; en todos aquellos casos en los que la respuesta
no sea inmediata, si las solicitudes presentadas por distintos mecanismos de
atención son registradas en una misma base de datos para efectos de asignarles
un turno de respuesta; y finalmente, en el caso de las solicitudes presentadas
a la entidad que no son contestadas de manera inmediata, si existen criterios de
priorización para proceder a contestarlas.
g.
El número de peticiones presentadas ante ella en el
trascurso del 2016 y en los dos años anteriores solicitando reconocimiento o
prórroga de ayuda humanitaria. Mencionar igualmente el número de ellas que han
sido efectivamente respondidas y el término promedio para obtener respuesta.
Para el caso, explicar, si es necesario, las razones que justifican los
términos de respuesta.
h.     En caso de tener información consolidada al respecto, señalar el número
de acciones de tutela interpuestas en el trascurso del 2016 y en los dos años
anteriores contra la UARIV solicitando reconocimiento o prórroga de ayuda
humanitaria. Mencionar igualmente en cuántos de esos procesos la UARIV
efectivamente ha intervenido contestando la acción de tutela.
9.
Adicionalmente, mediante el Auto del 23 de junio de
2016, el Magistrado sustanciador ordenó vincular al presente proceso al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, le solicitó información
sobre los siguientes asuntos:
a.
Las asignaciones presupuestales anuales destinadas
a proveer ayudas humanitarias a la población desplazada desde la entrada en
vigencia de la ley 1448 de 2011 hasta la fecha.
b.
Los criterios utilizados para ajustar las
asignaciones presupuestales para proveer ayudas humanitarias a la población
desplazada. Igualmente, la periodicidad con se realizan dichos ajustes y las
fechas en las que se hacen los respectivos desembolsos.
b. Información
allegada por la UARIV
10.
La UARIV envió información sobre distintos asuntos,
algunos relacionados con los casos específicos revisados por la Corte y otros
sobre cuestiones generales planteadas por el Magistrado sustanciador mediante
los autos de pruebas. Respecto de la información relacionada de forma
específica con los casos revisados, la UARIV informó a la Corte los siguientes
asuntos: (i) la inclusión de los accionantes en RUV, (ii) las ayudas
humanitarias otorgadas a los accionantes, (iii) la respuesta a las acciones de
tutela revisadas y (iv) los actos administrativos de valoración de carencias de
los accionantes. Con relación a los asuntos generales, la UARIV hizo referencia
a los siguientes temas: (i) el fundamento legal y el propósito del PAARI, (ii) la
entrevista de caracterización, (iii) la existencia de criterios de priorización
en la realización del PAARI, (iv) la suficiencia de recursos para el pago de la
ayuda humanitaria de emergencia, (v) el procedimiento interno de la UARIV para
dar respuesta a las acciones de tutela que se presentan en su contra y (vi) los
mecanismos y canales de los que dispone la UARIV para la atención a las
personas que quieran formular ante ella solicitudes.
11.
En los anexos a la presente sentencia se hará
referencia al cumplimiento de algunos de los fallos de tutela (ver infra,
Anexo IV), a la contestación tardía o
extemporánea que hizo la UARIV en algunos procesos de tutela que se revisan en
esta oportunidad (ver infra, Anexo III) y a los actos administrativos de la UARIV
sobre valoración de carencias (ver infra, Anexo II). Los demás asuntos sobre los cuales la UARIV
se refirió se reseñan a continuación.
12.
Inclusión de los tutelantes en el RUV: mediante escritos del 26 de mayo[13], 22 de julio[14], 25 de noviembre[15] y 6 de diciembre[16], todos de 2016, y 17 de marzo de 2017[17], la UARIV certificó que la mayoría de los accionantes se encuentran
inscritos en el RUV. Adicionalmente, señaló que Juan Diego Hernández Mejía
(expediente T-5655916) y Efraín de Jesús Ocampo de López no se encuentran
inscritos en el RUV (expediente T-5655973).
13.
Igualmente, la UARIV no informó sobre la
inscripción en el RUV de los siguientes accionantes: Rosario Esther Díaz
Pacheco (expediente T-5660421), Omar de Jesús Graciano Giraldo (expediente
T-5660422), José Alcides Berrío (expediente T-5660423), Luz Darys Correa
Córdoba (expediente T-5660424), Jenny Katherine Quintero Valencia (expediente
T-5660425), Julio Heriberto Pérez Duarte (expediente T-5660426), Domitila
Jiménez Anaya (expediente T-5660427), Manuel Pico Martínez (expediente
T-5660428), Casilda María Cuadrado Morelo (expediente T-5660430) y Yolanda
María López Morales (expediente T-5660431).
14.
Fundamentos legales y propósitos del PAARI: mediante escrito radicado ante la Corte Constitucional el 26 de mayo de
2016[18],
la UARIV, además de hacer referencia a algunos de los casos de la referencia,
explicó los fundamentos constitucionales y técnicos del Plan de Asistencia,
Atención y Reparación Integral. Al respecto, precisó que, recogiendo la
jurisprudencia constitucional, la Ley 1448 de 2011 introdujo dos conceptos
fundamentales en materia de atención a la población víctima de desplazamiento
forzado. El primero de ellos es el de cesación de la condición de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, el cual se encuentra previsto en el
artículo 67 de dicha ley, y ocurre cuando “la víctima de desplazamiento forzado[,]
a través de sus propios medios o de los programas establecidos por el Gobierno
Nacional, alcance el goce efectivo de sus derechos”. Igualmente, establece
que corresponde al Gobierno Nacional establecer los criterios para determinar
la cesación de situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de acuerdo
con los indicadores de goce efectivo de derechos de la atención integral
definidos jurisprudencialmente.
15.
Señaló la UARIV en su escrito que el Decreto 4800
de 2011, en su capítulo III, desarrolló el concepto mencionado, estableciendo
los criterios que dicha entidad debía tener en cuenta para establecer si había
cesado o no la condición de debilidad manifiesta. Al respecto, en su artículo
81 afirmó que la valoración de la situación de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de los hogares debía tener en cuenta como mínimo lo siguiente: “la
información general del hogar, la situación en la cual se encontraba el hogar
al momento de la ocurrencia del desplazamiento forzado, la situación actual del
hogar frente al goce efectivo de sus derechos y los criterios sobre los cuales
se basó la decisión de cesar o no la condición de vulnerabilidad”. Por su
parte, en su artículo 83 el decreto dispuso que el resultado de la evaluación
debía comunicarse mediante acto administrativo.
16.
El segundo concepto que considera fundamental la
UARIV en materia de atención a las víctimas de desplazamiento forzado es el de
modelo de entrega de atención humanitaria, definido en los artículos 62, 63, 64
y 65 de la Ley 1448 de 2011. Este concepto fue también desarrollado por el
Decreto 4800 de 2011, específicamente en el capítulo V. En esa sección, el
decreto describe las diferentes ayudas que el Estado debe brindar a las
víctimas de desplazamiento según la etapa en la que se encuentren y las
carencias que deben tenerse en cuenta para cada caso. Esas ayudas son de tres
clases: atención humanitaria inmediata (artículo 108), atención humanitaria de
emergencia (artículo 109) y atención humanitaria de transición (artículo 112).
17.
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 2569 de 2014, el cual “redefinió el modelo de identificación de
carencias frente a las solicitudes de entrega de atención humanitaria con base
en datos concretos, y no exclusivamente, como lo hacía el Decreto 4800 de 2011,
inciso segundo del art. 112, en función de presunciones asociadas al tiempo
trascurrido en el desplazamiento la solicitud de atención humanitaria, razón
por la cual derogó este artículo”[19].
Explica que para implementar este el Decreto 2569 de 2014 la UARIV diseñó el
Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (en
adelante, “MAARIV”).
18.
El MAARIV tiene como propósito acompañar a las
víctimas y conocer la situación actual de cada persona como base fundamental
para reconstruir su proyecto de vida y avanzar hacia una reparación integral.
Así, el MAARIV permite definir si procede la entrega de atención humanitaria de
emergencia y transición, según los artículos 62, 63, 64 y 65 de la Ley 1448 de
2011, y si las personas que componen el hogar han superado la situación de
vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado, según lo definido en los
artículos 67 y 68 de la Ley 1448 de 2011.
19.
Agrega la UARIV que los artículos 12 a 18 del
Decreto 2569 de 2014 establecen criterios para determinar los montos de ayuda
humanitaria, así como la posibilidad de suspender definitivamente su entrega,
previo análisis de distintas fuentes de información, dentro de las cuales se
incluyen cruces de registros administrativos y la formulación del Plan de
Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI). La UARIV define el PAARI en
los siguientes términos:
“Es la forma en
que la [UARIV] interactúa directamente con la población desplazada que requiere
de atención humanitaria a efectos de conocer la situación actual de cada uno de
ellos (sic). Este plan se materializa a través de una encuesta telefónica que
busca indagar acerca de cuál es el nivel de satisfacción de los componentes de
alojamiento y alimentación, permitiendo a la [UARIV] determinar si tiene o no
garantizada la subsistencia mínima o si lograron superar la situación de
vulnerabilidad”[20].
20.
Cuando la información recabada por la UARIV con
base en el PAARI y los registros administrativos muestre que el hogar dispone
de ingresos suficientes para cubrir al menos los componentes de alojamiento
temporal y alimentación o que cuenta con las capacidades para generar estas
fuentes, no aplicará la atención humanitaria. En todo caso, esos hogares serán
priorizados para acceder a los programas que contribuyan a su estabilización
socioeconómica, así como para el inicio de su proceso de reparación integral,
incluyendo la indemnización administrativa.
21.
Por el contrario, cuando sí se identifiquen
carencias, el monto de la ayuda humanitaria se entregará de manera proporcional
a la gravedad de la carencia detectada, de acuerdo con el tope máximo definido.
Adicionalmente, el monto otorgado depende de las carencias que se detecten y de
su gravedad, lo cual es posible ya que se valoran de manera separada las
carencias en los componentes de alimentación y alojamiento temporal.
22.
Finalmente, señala la UARIV que ha suministrado de
manera ininterrumpida los componentes de atención humanitaria a los hogares que
así lo requieren, “aplicando los criterios de vigencia de la Atención
Humanitaria y criterios de priorización de sujetos de especial protección
constitucional, con lo que se ha evitado al máximo los traumatismos que el
cambio de política pública de atención humanitaria puede generar en los hogares
víctimas”[21].
23.
Adicionalmente, mediante escrito del 25 de
noviembre de 2016, la UARIV hizo varias precisiones con relación a la
realización del PAARI. En primer lugar, señaló que la formulación del PAARI en
la etapa de asistencia no es obligatoria. Sostuvo que se puede realizar cuando
la UARIV no posea la información actualizada y necesaria para adelantar la
identificación de carencias o capacidades en el hogar de la víctima o cuando
esta lo solicite. Además, reiteró que el PAARI “es solo uno de los Registros
Administrativos que se utiliza, por lo cual no se tiene previsto que se aplique
a todas las víctimas inscritas en el RUV, sino a aquellas que no cuenten con
información actualizada”[22].
24.
Añadió que mientras a las personas se les realiza
el PAARI no se suspende la entrega de las ayudas humanitarias, pues este es tan
solo uno de los registros administrativos que tiene en cuenta la entidad dentro
del proceso de identificación de carencias y capacidades. Explicó brevemente
este proceso en los siguientes términos:
“El
procedimiento de identificación de carencias inicia con la verificación del
hogar actual de las víctimas de desplazamiento forzado, se puede acceder a esta
información consultando registros administrativos que permitan contar con la
información más reciente de los hogares víctimas; posteriormente, se identifican
si existen carencias o capacidades para generar ingresos en estos hogares y con
esta información se determina si es procedente o no la entrega de atención
humanitaria”[23].
25.
Entrevista de caracterización: Mediante escrito del 20 de marzo de 2017, la UARIV informó acerca de la
Entrevista Única de Caracterización, “antes PAARI”. La describió como
una estrategia utilizada por la UARIV para actualizar la información de los
hogares víctimas. Cuenta con una batería de 133 preguntas, las cuales se
registran en una plataforma tecnológica de la entidad. Se realiza de forma
personalizada, que puede ser de forma presencial o vía telefónica.
26.
De acuerdo con la UARIV, la Encuesta Única de
Caracterización tiene tres objetivos principales: identificar con precisión las
necesidades actuales de las víctimas, a partir de sus condiciones de vida;
conocer y potenciar las capacidades de las víctimas; y definir las medidas de
atención y asistencia aplicables a cada víctima y de esta manera remitir la
oferta institucional.
27.
Existencia de criterios de priorización en la
realización del PAARI: señala la entidad que para la
formulación del PAARI no existen criterios de priorización. Explica que este
puede ser realizado de dos maneras distintas: presencial y no presencial.
Cuando se realiza de manera presencial, al “momento de la solicitud se le
informa a la víctima el día y la hora de la cita para la formulación del
PAARI[. E]sta cita depende del número de enlaces presentes en el punto de
atención y la disponibilidad de la agenda”[24].
Cuando se realiza de manera no presencial, “el tiempo promedio de contacto
es de 5 días, desde el momento en que se realice la solicitud hasta el momento
en el cual un enlace de la Unidad se comunica telefónicamente con la víctima
para formularle el PAARI”[25].
28.
Suficiencia de recursos para el pago de la
atención humanitaria: mediante escrito radicado ante
la Corte Constitucional el 22 de julio de 2016, la UARIV sostuvo la que para el
segundo semestre de 2016 estimaba que el costo de los giros por atención
humanitaria ascendía a $709.923.235.673 pesos, pero que contaba con un presupuesto
de $530.389.874.838 pesos para la entrega de atención humanitaria de emergencia
y transición, lo cual indicaba un déficit de $179.533.360.835, el cual “puede
ser mayor si el Ministerio de Hacienda y Crédito Público genera un aplazamiento
parcial del presupuesto asignado a la Unidad de Víctimas”[26].
29.
Existencia de criterios de priorización para la
entrega de ayuda humanitaria: mediante escrito
radicado ante la Corte el 22 de julio de 2016, la UARIV se refirió también a la
existencia de turnos asignados para la entrega de ayuda humanitaria. Al
respecto, explicó lo siguiente:
“según la
dinámica actual en la implementación de la política pública de medición de
carencias a través de criterios de subsistencia mínima, no se están asignando
turnos de pago como se hacía en el modelo de caracterización anterior, esto
indica que no existe el sistema de turnos como lo conoce la Corte
Constitucional. En la actualidad el hogar que cuente con resultado de medición
que amerite la entrega de atención humanitaria, la recibirá en un término no
mayor a (60) días una vez finalizado el proceso de medición de carencias; todo
el rezago del modelo tradicional de turnos asignados tras un proceso de
caracterización debidamente aplicado ya fue pagado y en la actualidad no se
asignan turnos para pago”[27].
30.
Sistema de seguimiento de procesos en los que la
UARIV es parte: mediante escrito del 25 de noviembre
de 2016, sostuvo que la UARIV desde enero de 2015 cuenta con el aplicativo LEX,
utilizado para la gestión de las acciones de tutela interpuestas contra la
entidad. En dicho programa consta que, en 9 de 10 de las acciones de tutelas
seleccionadas, sí hubo actuaciones por parte de la UARIV.
31.
Mecanismos y canales de atención de quienes
formulan solicitudes a la UARIV: mediante escrito del
20 de marzo de 2017, la UARIV informó que, a través de la Subdirección de
Asistencia y Acción Humanitaria (SAAH), implementa el canal telefónico y
virtual para la interacción ciudadana. Este canal tiene por objetivo dar
respuesta a los diferentes temas planteados por los ciudadanos y las
instituciones acerca de los diferentes temas concernientes a la aplicación de
la Ley 1448 de 2011. La UARIV enumera los siguientes mecanismos de atención:
“2.1.
TELEFÓNICO
Gestión
Inbound: Recepción de llamadas para brindar
información y orientación al ciudadano sobre inquietudes relacionadas con las
solicitudes y trámites específicos a su caso.
Video llamada:
A través de la página web de la Unidad los
ciudadanos se pueden contactar desde un equipo con cámara y que cuente con una
velocidad de navegación igual o mayor a 1000 Kbps (1 Mb) para recibir la
orientación e información que requiera.
Buzón (Virtual
Hold): A los ciudadanos que se les dificulte
esperar para ser atendidos en línea por un orientador, podemos devolver la
llamada al número de contacto que registren.
Fax Server: Para trámites de envío de documentación, el ciudadano tiene acceso al fax
a través de la opción 8 de la línea gratuita 018000-911119 desde cualquier
teléfono fijo a nivel nacional y el 4261111 desde Bogotá”
2.2. VIRTUAL
SMS Chat: A través del código 85777 los ciudadanos pueden realizar sus consultas
de manera gratuita enviando un mensaje de texto indicando su número de
identificación y la solicitud específica. Tienen posibilidad de remitir hasta 5
mensajes de texto diarios. Aplica para ciudadanos que cuenten con un número
celular personal, no es necesario contar con un plan de minutos o tener carga
previa.
Chat: A través de la página web de la Unidad los ciudadanos pueden acceder a
este servicio y un orientador en la línea brindará la información y orientación
que requiera.
Outbound: Por medio de llamadas a los teléfonos registrados por los ciudadanos,
brindamos información oportuna acerca de trámites y solicitudes realizados ante
la Unidad.
Agente
Virtual: A través de este servicio se brinda
información de trámites y solicitudes realizadas por la Unidad. La llamada la
genera un agente virtual (máquina) el cual confirma datos y entrega la
información correspondiente.
Clave
telefónica: Los ciudadanos pueden solicitar
Clave telefónica con el fin de realizar consultas sin necesidad de esperar a
que un orientador lo atienda”[28].
32.
Procedimiento interno de la UARIV para dar
respuesta a las acciones de tutela presentadas en su contra: mediante escrito del 20 de marzo de 2017, la UARIV señaló que en su
contra se presentan un “alto número” de acciones de tutela. De acuerdo
con la Resolución No. 113 de 2015, el Grupo de Respuesta Escrita es el
encargado de contestar las acciones de tutela. Respecto del envío de estas
respuestas precisa la UARIV:
“Naturalmente,
lo anterior conlleva un complejo despliegue operativo y logístico a nivel
nacional, razón por la cual, en los lugares del territorio donde la Unidad para
las Víctimas no cuenta con una Dirección Territorial, la Entidad, para el envío
de las respuestas a las acciones de tutela de los despachos, utiliza los
servicios postales de 4/72, por lo que, en ocasiones, cuando el escrito de
contestación es enviado al despacho correspondiente, ya este ha emitido fallo,
lo que conlleva a que una vez se notifica esta decisión, la Entidad presente el
respectivo informe de cumplimiento”.
33.
Sostiene que a los fallos que ordenan el pago de la
ayuda humanitaria la UARIV les da un cumplimiento prioritario pues de no
hacerlo “los directores de la Entidad se ven expuestos a sanciones por
desacato”. Lo anterior quiere decir que tienen atención preferencial por
parte de la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, el cual destina una
partida presupuestal específica para el cumplimiento de las órdenes judiciales.
Agrega que esta situación tiene incidencia también respecto de las víctimas que
no acuden al mecanismo de amparo, así: “[e]sta priorización tiene incidencia
directa sobre aquellas víctimas que no acuden al mecanismo de amparo, pues al
tramitar su solicitud por el conducto regular, la colocación de la ayuda
humanitaria respeta los tiempos legales y no los judiciales que contienen las
órdenes, que por lo general es de 48 horas”.
c. Información
allegada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
34.
Mediante escrito radicado ante la Corte el 30 de
junio de 2016, sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio
del Trabajo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (en
adelante, “DAPS”), la Agencia nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema (en adelante, “ANSPE”), la UARIV y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (en adelante, “ICBF”), desde el año 2012, han venido
aumentando “de manera significativa” su presupuesto de ayuda humanitaria
a la población desplazada, como lo muestra el siguiente cuadro[29]:
Evolución
atención humanitaria desplazados 2012-2015*
Entidad
2012
2013
2014
2015
Ministerio de Educación Nacional
-
-
46.938
32.240
Ministerio del Trabajo
-
-
56.565
-
DAPS
294.149
267.787
309.076
516.928
ANSPE
47.928
73.956
69.638
58.650
UARIV
254.974
429.898
393.318
464.520
Evolución atención humanitaria
1.274.711
1.337.561
1.403.581
1.873.321
* En millones de pesos
35.
Explica el Ministerio que el ajuste de las
asignaciones presupuestales en materia de atención humanitaria se realiza con
base en lo contemplado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto (artículo 47), de
acuerdo con el cual para preparar el proyecto de presupuesto general de la
Nación se debe tomar como base los anteproyectos que presenten las distintas
secciones presupuestales que componen el presupuesto general de la Nación,
entre ellos la UARIV.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
36.
Esta Corte es competente para conocer de esta
acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, así como en virtud de los siguientes autos: el del 31 de marzo de
2016, proferido por la Sala de Selección Número Tres de la Corte; los del 13 y
17 de mayo de 2016, proferidos por la Sala de Selección Número Cinco de la
Corte; y los del 11 y del 30 de agosto de 2016, proferidos por la Sala de
Selección Número Ocho de la Corte. Los mencionados autos decidieron someter a
revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS –PROCEDIBILIDAD
DE LAS ACCIONES DE TUTELA
37.
En
virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los
artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia
constitucional sobre la materia[30], la acción de tutela tiene un carácter
residual y subsidiario. Por lo anterior, sólo procede como mecanismo de
protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial o (ii) cuando, existiendo, ese medio carezca de
idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los
derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias del caso concreto. Así
mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En
el evento de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá
hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[31].
38.
Antes de realizar el estudio de fondo de las acciones
de tutela seleccionadas, la Sala procederá primero a verificar si cumplen los
requisitos de procedibilidad.
39.
Legitimación por
activa: Al referirse a la
acción de tutela, la Constitución, establece quiénes son los legitimados para
interponerla. Dice al respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción
de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”
(subrayas fuera del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en
la causa por activa, de la siguiente forma:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales”.
40.
Con base en lo previsto en
los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991, la
jurisprudencia constitucional ha precisado los eventos en los que existe
legitimación en la causa por activa para la presentación de acciones de tutela.
Se trata de los siguientes: (i) cuando la tutela se ejerce en nombre propio
por parte de la persona cuyos derechos se consideran vulnerados o amenazados;
(ii) cuando la tutela se ejerce por el representante de la persona que
considera que sus derechos son amenazados o vulnerados, evento que comprende
(a) a los representantes legales, como por ejemplo quienes representan a los
menores de edad o a los incapaces absolutos, y (b) a los apoderados judiciales
con poder debidamente otorgado; (iii) cuando una persona que actúe en condición
de agente oficioso, en casos en los que el titular de los derechos
invocados no se encuentre en condiciones de promover su propia defensa; y (iv)
cuando una autoridad pública a quien la Constitución y la ley le han encargado
la función de velar por los derechos de las personas, como la Defensoría del
Pueblo o la Procuraduría General de la Nación, la interpone a favor de un
sujeto cuyos derechos se consideran violados o amenazados[32].
41.
Las acciones de tutela
revisadas en esta oportunidad fueron presentadas en su gran mayoría en nombre
propio, mientras que las restantes fueron presentadas a través de apoderado
judicial[33]. En aquellos casos en los que la acción fue
presentada mediante apoderado judicial esta condición se prueba con la copia
del poder, exceptuando un caso[34]. Respeto de ese único caso, por incumplimiento
de los requisitos de apoderamiento judicial, la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela.
42.
Legitimación por pasiva: Todas las acciones de tutela que se revisan se dirigen contra la
UARIV, y algunas de ellas además también están dirigidas contra el ICBF,[35] por lo cual respecto de todas ellas existe legitimación en la causa
por pasiva, en los términos de los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991,
al tratarse de entidades públicas.
43.
Inmediatez: El artículo 86 de la Constitución
Política señala que la acción de tutela podrá interponerse “en todo momento
y lugar”. La jurisprudencia constitucional ha entendido que por esa razón
no es posible establecer un término de caducidad de la acción de tutela, pues
ello sería contrario al artículo citado[36].
Con todo, ha aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para
presentar la acción de tutela de manera excesivamente tardía, ya que ello
pondría en riesgo la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción,
concebida, según el propio artículo 86, como un mecanismo de “protección
inmediata” de los derechos alegados.
44.
Por lo anterior, a partir de una ponderación entre
la prohibición de caducidad y la naturaleza de la acción, se ha entendido que
la tutela debe presentarse en un término razonable, pues de lo contrario podrá
declararse improcedente[37].
No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde
evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que
constituye un término razonable. Esto implica que la acción de tutela no puede
ser rechazada en abstracto, con fundamento en el paso del tiempo, sino que debe
el juez estudiar las circunstancias del caso, con el fin de analizar la
razonabilidad del término para interponerla[38].
45.
La jurisprudencia constitucional ha establecido
distintos criterios para orientar al juez de tutela al evaluar, en cada caso,
si se ha cumplido el requisito de inmediatez[39]. Tales criterios se relacionan con:
(i)
La situación personal del peticionario: pues en determinados casos las circunstancias particulares que rodean
al accionante, hacen desproporcionada la exigencia de presentar la acción de
tutela en un término breve. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado
que tal exigencia podría ser desproporcionada cuando el peticionario se
encuentre en “estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad
[o] incapacidad física”[40].
(ii)
El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales[41]. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe
contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició
hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el
tiempo por el que esta se prolongó.
(iii)
La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados[42].
De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario.
(iv)
La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneradora
de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este
análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de
inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra
providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe
ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las
decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”[43].
(v)
Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que
justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en
cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente, pues tales terceros tienen una expectativa legítima a que se
proteja su seguridad jurídica[44].
46.
Con base en estos criterios, pasa la Sala a
estudiar el cumplimiento del requisito de inmediatez, el cual será analizado en
los tres tipos de casos en los cuales se agrupan los distintos asuntos
sometidos a revisión de la Corte (ver supra, numerales 2 a 4).
47.
Así, advierte la Sala que en un primer grupo de
casos (ver supra, numeral 2) el hecho que se denuncia como vulneratorio de
los derechos de los accionantes consiste en la falta de respuesta a peticiones
presentadas por ellos ante la UARIV. No contestar las peticiones formuladas
ante la entidad es un hecho que se prolonga, por lo que al momento de la
presentación de la acción de tutela sigue siendo actual. De hecho, el trascurso
del tiempo hace más gravosa la vulneración que se alega. En estas
circunstancias, se trataría de una vulneración permanente de los derechos de
los accionantes (ver supra, numeral 45 literal (ii)), por lo que respecto de este grupo de casos
se cumple el requisito de inmediatez.
48.
Algo
similar cabe sostener respecto del segundo grupo de accionantes. Como se
sostuvo antes, se trata de personas que han presentado ante la UARIV peticiones
sobre distintos temas, y han obtenido como respuesta que para acceder a lo
solicitado debe procederse primero a realizar el PAARI (ver supra,
numeral 3). El hecho que se identifica como
vulneratorio en todos estos casos es la falta de respuesta de fondo de las
solicitudes planteadas, por lo que puede decirse que también en este caso el
hecho mencionado puede llegar a constituir una vulneración continuada, razón
por la cual respecto de este grupo de accionantes concluye también la Sala que se
cumple con el requisito de inmediatez para la procedencia de la acción de
tutela.
49.
Distinta
es la situación de los accionantes agrupados en la tercera categoría de casos. Esta
categoría comprende los casos de personas que han solicitado a la UARIV ayuda
humanitaria y han obtenido respuesta de fondo negativa, argumentando que no
tienen derecho a la ayuda por haber trascurrido más de 10 años desde el
desplazamiento (ver supra, numeral 4). En tres de los cuatro casos
comprendidos en esta categoría, la acción de tutela fue presentada en un lapso
breve, por lo que es claro para la Corte el cumplimiento del requisito de
inmediatez[45].
50.
En cambio,
en principio no sucede así con el caso planteado en el expediente de radicado
T-5533885, pues en él se advierte que la solicitud a la UARIV fue formulada el
10 de junio de 2014, mientras que la acción de tutela sólo se interpuso el 29
de febrero de 2016. Conviene recordar que, como se mencionó antes, el análisis
del cumplimiento del requisito de inmediatez en la presentación de las acciones
de tutela debe flexibilizarse cuando se trata de personas que están en
situación de especial protección (ver supra, numeral 45 literal (i)). En todo caso, admitir un análisis
flexible del requisito de inmediatez es distinto a que este requisito no les
sea exigible. De hecho, al revisar acciones de tutela de personas que se
encuentran en condición de desplazamiento, la práctica de la Corte muestra que
ésta analiza en todos los casos si se verifica el cumplimiento del requisito de
inmediatez, valorando si la tutela se ha planteado dentro de un término
razonable[46], de acuerdo con la condición
particular del desplazamiento.
51.
La Corte
advierte que en el caso planteado en el expediente de radicado T-5533885 se
presentan condiciones que explican el tiempo que ha trascurrido para la
presentación de la acción de tutela. Primero, según las pruebas enviadas por la
UARIV a la Sala, el accionante en efecto se encuentra registrado como víctima
(ver supra, numerales 12 y 13), por lo que es un sujeto de
especial protección constitucional. Segundo, la acción de tutela afirma que,
incluso antes del 10 de junio de 2014, fecha en la que recibió la respuesta
negativa de la UARIV, no ha recibido ayuda humanitaria, lo cual puede haber
agravado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra por el hecho del
desplazamiento. Y tercero, el accionante actúa a nombre propio, sin asesoría
legal, así que es razonable asumir que, después de la respuesta negativa de la
UARIV del 10 de junio de 2014, no haya tenido inmediatamente conocimiento de la
posibilidad de ejercer la acción de tutela para reclamar la protección de sus
derechos.
52.
En
conclusión, la Sala considera que en todos los casos se verifica el cumplimiento
del requisito de inmediatez.
53.
Subsidiariedad: El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. En aplicación de esta norma, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia
de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad
de acudir a la tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio
irremediable[47].
54.
La jurisprudencia constitucional ha entendido que
el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera
diligente las acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando
ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se
consideran vulnerados o amenazados. Según la jurisprudencia, una acción
judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto
protector de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está
diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o
vulnerados[48].
55.
Tratándose específicamente de personas víctimas de
desplazamiento forzado, ha sostenido la Corte de forma reiterada que en
determinados casos la acción de tutela es idónea y efectiva para la protección
de sus derechos. En efecto, según la Corte, respecto de esos casos el análisis
de procedencia es más laxo, por lo que se presume que en la práctica los
recursos judiciales existentes no son idóneos ni eficaces, dada la situación de
extrema gravedad y urgencia en la que se encuentran[49].
56.
En consecuencia, también concluye la Sala que todos
los casos que se revisan cumplen con el requisito de subsidiariedad.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
57.
Acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la
Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la Sala analizar los
siguientes problemas jurídicos
(i)    ¿Vulnera la UARIV el derecho fundamental de personas víctimas de
desplazamiento forzado a obtener respuesta a sus peticiones al no contestar solicitudes
que ellas le formulan a través de distintos canales de comunicación, tales como
escritos, chat virtual de la entidad o líneas de atención telefónica,
relacionadas con (i) entrega de ayuda humanitaria, (ii) prórroga de ayuda
humanitaria, (iii) modificación de la ayuda otorgada, (iv) de pago de
indemnización administrativa y (v) de valoración de la declaración sobre su
condición de víctimas?
(ii) ¿Vulnera la UARIV el derecho fundamental de las víctimas de
desplazamiento forzado a obtener una respuesta oportuna y de fondo al
comunicarles que, antes de contestar las solicitudes por ellas formuladas sobre
(i) entrega de ayuda humanitaria, (ii) prórroga de la ayuda humanitaria y modificación
de la ayuda otorgada, debe primero proceder a la realización del PAARI?
(iii)
¿Vulnera la UARIV derechos fundamentales de
personas víctimas de desplazamiento forzado al negarse a reconocerles la ayuda
humanitaria afirmando que han trascurrido más de 10 años desde la ocurrencia
del hecho victimizante?
58.
Con el fin de resolver los problemas jurídicos
planteados la presente providencia estará dividida en cuatro secciones. En
primer lugar, se explicará el fundamento constitucional y el marco legal de la
ayuda humanitaria y de la reparación integral, ya que todas las solicitudes
planteadas a la UARIV en los casos revisados se relacionan con estos dos
asuntos (principalmente con el primero). En segundo lugar, se explicará el
deber de las autoridades (en este caso, de la UARIV) de dar respuesta oportuna
y de fondo a las peticiones que ante ellas se plantean. En tercer lugar, se
estudiará el papel de los jueces de tutela al constatar la falta de respuesta
de la UARIV a solicitudes relacionadas con ayuda humanitaria de emergencia y
reparación administrativa. Finalmente, con base en este marco de análisis, se
hará el análisis de los casos revisados.
D.
LOS DERECHOS A LA AYUDA
HUMANITARIA Y A LA REPARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO
a. Fundamento
constitucional de la ayuda humanitaria
59.
La ayuda humanitaria tiene una clara relación con
distintos derechos fundamentales, tales como la vida (artículo 13 de la CP), la
salud (artículo 49 de la CP) y el mínimo vital (artículos 48, 49 y 53 de la CP),
en la medida en que tiene como propósito garantizar un mínimo de subsistencia a
personas que no están en condiciones de procurárselo por sus propios medios.
Con base en este argumento, la Corte ha considerado que existen ciertos “derechos
mínimos” que deben satisfacerse en cualquier circunstancia a las personas
víctimas de desplazamiento forzado, uno de los cuales es la “subsistencia
mínima como expresión del derecho fundamental a la vida”[50], lo cual
explica la importancia de la ayuda humanitaria y su relación con los derechos
fundamentales de los desplazados. En efecto, como se señaló en la sentencia
T-025 de 2004, “es a través de la provisión de asistencia humanitaria que
las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia
digna de los desplazados”. Nótese que, aunque estos argumentos son
relacionados con personas víctimas de desplazamiento forzado, la ayuda
humanitaria también puede ser indispensable respecto de personas que han
sufrido otras violaciones graves de derechos humanos, que las han puesto en una
situación que amenaza su subsistencia, su salud o su integridad.
60.
Adicionalmente, como lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, la ayuda humanitaria encuentra un sólido
fundamento en el derecho internacional[51].
Éste señala que los Estados deben reconocerla en distintas circunstancias: con
relación a circunstancias de subdesarrollo o con relación a catástrofes, sean
estas ocasionadas por acaecimientos naturales o por conflictos armados.
61.
La ayuda humanitaria por conflictos armados
internos se encuentra regulada en el derecho internacional humanitario[52].
Al respecto, el Convenio IV de Ginebra establece el deber de los Estados de
socorrer a la población civil enemiga que está en su poder, y, en caso de no
poder hacerlo, a permitir que terceros lo hagan[53]. Por su
parte, el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales agrega regulaciones específicas sobre socorros en favor de la
población civil[54].
Ahora bien, con relación al otorgamiento de ayuda humanitaria en el marco de
conflictos armados internos, el Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra no contiene una regulación específica, pero en todo caso encuentra
fundamento en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, en particular en
lo relacionado con el respeto a la vida de las personas. Además de estas
disposiciones, la Corte Constitucional ha considerado que la asistencia
humanitaria tiene fundamento en los principios de distinción y de trato
humanitario, previstos en los tratados internacionales sobre derecho
internacional humanitario[55].
62.
Además del derecho internacional humanitario,
también del derecho internacional de los derechos humanos se desprende la
obligación de los Estados de asistir a las personas afectadas por conflictos
armados. Al respecto, en el Auto 099 de 2013 indicó la Corte Constitucional lo
siguiente:
“la asistencia
humanitaria es una institución que se nutre tanto del DIH como de los DDHH, por
mantener una estrecha relación con otros derechos como la vida y la integridad
física y moral, razón por la cual, en las consideraciones relativas al derecho
a la asistencia humanitaria se mezclan necesariamente la protección de los DDHH
y el respeto por el DIH. Ambos sistemas comparten el derecho que tiene el
individuo a un trato humanitario, que se refleja en el respeto por su vida, su
integridad física y moral, y por los atributos inseparables de la personalidad”[56].
63.
En casos de desplazamiento forzado, el derecho
internacional humanitario establece el deber del Estado de tomar “todas las
medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones
satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación”[57].
Señala también que cuando la población esté padeciendo privaciones extremas por
la falta de estos suministros indispensables para su supervivencia se
emprenderán, “con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada,
acciones de socorro de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y
realizadas sin distinción alguna de carácter desfavorable”[58].
64.
Como se observa, la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que la ayuda humanitaria se encuentra fundada en dos fuentes
normativas distintas. Por un lado, el derecho internacional humanitario hace
referencia a él en normas específicas y también en principios generales que lo
inspiran. Por otro lado, la ayuda humanitaria tiene una relación estrecha con
derechos fundamentales como la vida, la salud o la vivienda, consagrados
expresamente en la Constitución Política y en tratados internacionales que
forman parte del bloque de constitucionalidad.
b. Marco legal
de la ayuda humanitaria
65.
La ayuda humanitaria fue consagrada por primera vez
en la Ley 387 de 1997. Esta norma la concibió como un mecanismo para atender a
la población víctima de desplazamiento forzado. De acuerdo con el artículo 15
de la citada ley, una vez se produjera el desplazamiento, el Gobierno nacional
debía iniciar las acciones inmediatas tendientes a garantizar la ayuda
humanitaria de emergencia, la cual tendría como finalidad “socorrer, asistir
y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación,
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica
y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en
condiciones dignas”.
66.
El parágrafo de esta norma mencionaba que se
tendría derecho a la ayuda humanitaria de emergencia máximo por tres meses,
prorrogables excepcionalmente hasta por tres meses más. Ambos límites
temporales fueron declarados inexequibles por la sentencia C-278 de 2007, con
base en la siguiente ratio decidendi:
“La
Corte estima que la ayuda humanitaria no puede estar sujeta a un plazo fijo
inexorable. Si bien es conveniente que la referencia temporal exista, debe ser
flexible, sometida a que la reparación sea real y los medios eficaces y
continuos, de acuerdo a las particularidades del caso, hasta salir de la
vulnerabilidad que atosiga a la población afectada, particularmente en esa
primera etapa de atención, en la cual se les debe garantizar condiciones de
vida digna que hagan viable parar el agravio, en tránsito hacia una solución
definitiva mediante la ejecución de programas serios y continuados de
estabilización económica y social”[59].
67.
De acuerdo con lo anterior, la finalidad de la
ayuda humanitaria se opone al establecimiento de plazos estrictos y fatales que
limiten las veces en las que ella debe otorgarse. A la vez, esta misma
finalidad explica su vocación de transitoriedad, pues se espera que las
personas víctimas de desplazamiento forzado, con la ayuda de la política
pública del Estado, puedan superar la situación de especial vulnerabilidad
producida por el desarraigo.
68.
La Ley 387 de 1997 fue reglamentada por el Decreto
2569 de 2000 en su Título VI. En él se establece que la ayuda humanitaria de
emergencia tendrá la finalidad de “mitigar las necesidades básicas en
alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de
emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública” (artículo
20). Esa ayuda se otorgará por espacio máximo de tres meses, prorrogables por
tres meses más. Esa prórroga se aplicará únicamente a hogares registrados en el
Registro Único de Población Desplazada y que se encuentren en determinadas
situaciones (artículo 21).
69.
Posteriormente, mediante la Ley 1448 de 2011, se
amplió el ámbito de beneficiarios de la ayuda humanitaria, ya que esta no solo
fue reconocida en favor de las víctimas de desplazamiento forzado sino también de
las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, definidas en el
artículo 3 de esa ley. Al respecto, el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011
establece lo siguiente:
“Las víctimas de
que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda humanitaria de acuerdo
a las necesidades que guarden relación con el hecho victimizante, con el
objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de
alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina,
atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque diferencial, en el
momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las
autoridades tengan conocimiento de la misma”.
70.
Igualmente, el artículo 62 de la Ley 1448
estableció tres etapas de la ayuda humanitaria: inmediata, de emergencia y de
transición, estableciendo respeto de cada una lo siguiente:
(i)    La ayuda humanitaria inmediata tiene como destinatarios a “personas
que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de
vulnerabilidad acentuada”, por lo que necesitan albergue temporal y
asistencia alimentaria. Es entregada a quienes hayan presentado la declaración
a que se refiere el artículo 61 de la Ley 1448 de 2011[60] y que hayan
sido víctimas de desplazamiento forzado dentro de los 3 meses anteriores a la
solicitud (artículo 63).
(ii) La ayuda humanitaria de emergencia es entregada a las personas u
hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto
administrativo que las incluye en el RUV, y se entregará de acuerdo con el
grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima (artículo 64).
(i)    La ayuda humanitaria de transición es entregada a la población en
situación de Desplazamiento incluida en el RUV que aún no cuenta con los
elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz
de la valoración hecha por la UARIV, no presenta las características de
gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de
emergencia (artículo 65).
71.
El Decreto 4800 de 2011 reglamentó la ayuda
humanitaria, según fue establecida en la Ley 1448 de 2011. En este decreto
existen reglamentaciones diferenciadas de la ayuda humanitaria dependiendo de
si quien la solicita lo hace como víctima de desplazamiento forzado o no. Para
quienes no fueron víctimas de desplazamiento forzado, señala el artículo 102
del Decreto 4800 de 2011 que las entidades territoriales deben garantizarles
ayuda humanitaria inmediata cuando el hecho del que fueron víctimas ocurrió
durante los últimos 3 meses y se encuentren en situación de vulnerabilidad
acentuada como consecuencia del hecho. Sostiene también que esa ayuda debe
cubrir los componentes de “alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio”. Agrega que
esta ayuda debe suministrarse hasta por 1 mes, prorrogable hasta por otro
adicional en los casos en los que la vulnerabilidad derivada del hecho
victimizante lo amerite.
72.
Por su parte, la regulación de la ayuda humanitaria
como consecuencia del desplazamiento forzado es más específica. El Capítulo V
del Decreto 4800 de 2011 clasifica la ayuda humanitaria en tres categorías:
(i)    Ayuda humanitaria inmediata: se entrega
mientras se realiza el trámite de inscripción en el Registro Único de Víctimas
y cubre los siguientes componentes: “alimentación, artículos de aseo, manejo
de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio”.
Corresponde entregarla a la entidad territorial receptora de la población
víctima de desplazamiento forzado (artículo 108).
(ii) Ayuda humanitaria de emergencia: se entrega a
la población incluida en el RUV, cuyo hecho victimizante haya ocurrido dentro
del año previo a la declaración. Su entrega corresponde a la UARIV y cubre los
mismos componentes de la ayuda humanitaria inmediata (artículo 109).
(iii)
Ayuda humanitaria de transición: se brinda a la población víctima de desplazamiento incluida en el RUV,
cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año contado a
partir de la declaración y que, previo análisis de vulnerabilidad, evidencie la
persistencia de carencias en los componentes de alimentación y alojamiento como
consecuencia del desplazamiento forzado. Esta ayuda cubre los componentes de
alimentación, artículos de aseo y alojamiento temporal (artículo 112).
73.
El artículo 112 del Decreto 4800 de 2011 establecía
un límite temporal a la entrega de la ayuda humanitaria de transición, de
acuerdo con el cual se entendería que cuando el desplazamiento forzado ocurrió
en un término igual o superior a 10 años antes de la solicitud, la situación de
emergencia en que pueda encontrarse el solicitante de ayuda humanitaria no se
relaciona directamente con el desplazamiento. De esta limitación se exceptuaban
los casos de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta derivada de aspectos
relacionados con grupo etario, situación de discapacidad y composición del
hogar. Con todo, esta disposición fue derogada por el Decreto 2569 de 2014.
74.
Este decreto, el 2569 de 2014, tuvo como propósito
introducir algunas modificaciones a la entrega de ayuda humanitaria de
emergencia y de transición, así como fijar criterios técnicos para evaluar la
superación de la situación de vulnerabilidad derivada del hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Ambas modificaciones son de interés para el asunto
analizado por esta Sala en el marco del proceso de revisión de la referencia.
Con relación a las modificaciones a las etapas de la ayuda humanitaria el
Decreto 2569 de 2014 dispuso lo siguiente:
(i)    Ayuda humanitaria de emergencia: se
modificaron los sujetos que pueden recibirla y los componentes que la conforman.
Así, pueden recibir ayuda humanitaria de emergencia los siguientes grupos:
hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del año anterior a la fecha de
solicitud; hogares en los que se identifiquen carencias graves en los
componentes de alojamiento temporal o alimentación, cuyo desplazamiento haya
ocurrido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de la solicitud; hogares
cuya situación sea de extrema urgencia y vulnerabilidad, caso en el cual la
atención humanitaria se entregará independientemente del tiempo transcurrido
desde la ocurrencia del hecho victimizante, incluyendo, por tanto, a los
hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido hace 10 o más años a la fecha de la
solicitud.
En
cuanto a los componentes, la ayuda humanitaria de emergencia cubre alojamiento
temporal, alimentación y vestuario. Este último “se entregará exclusivamente
y por una única vez a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro del
año anterior a la fecha de solicitud”. Igualmente, incluye un porcentaje de
gastos básicos y necesidades urgentes en materia de educación para niños, niñas
y adolescentes y de salud. Este porcentaje adicional para salud y educación se
entregarán una sola vez a los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido dentro
del año anterior a la fecha de solicitud (artículo 8).
(ii) Ayuda humanitaria de transición: se entregará
a los hogares en que se identifiquen carencias leves en los componentes de
alojamiento temporal y/o alimentación. En consecuencia, estará integrada por
los componentes de alojamiento temporal y alimentación (artículo 9).
75.
Puede observarse así que el Decreto 2569 de 2014
supuso modificaciones importantes en cuanto a los criterios para otorgar la
ayuda humanitaria de emergencia y de transición. Así, a diferencia de lo
previsto en el Decreto 4800 de 2011, según el Decreto 2569 de 2014 lo
determinante para el reconocimiento de estas dos etapas no es únicamente el
tiempo que ha trascurrido desde la ocurrencia del desplazamiento forzado. En
cambio, según la norma actualmente vigente, aun cuando todavía se toma en
cuenta el tiempo trascurrido desde el desplazamiento forzado, el criterio
decisivo para distinguir estas dos etapas de ayuda humanitaria es el grado de
carencia que presenta la población víctima de desplazamiento forzado.
76.
Además, el Decreto 2569 de 2014 señaló las
herramientas que se utilizan para la medición de carencias de la población
víctima de desplazamiento forzado. Ellas son el Modelo de Atención, Asistencia
y Reparación Integral a las Víctimas (MAARIV) y el PAARI. Esta última
herramienta había sido creada por el Decreto 1377 de 2014. Se compone de dos
momentos: uno de asistencia y uno de reparación. El momento de asistencia se
hace a solicitud de las víctimas o por focalizaciones realizadas por la UARIV.
Tiene como finalidad contribuir al acceso efectivo a la oferta institucional en
cada una de las medidas de asistencia. Por su parte, el momento de reparación
busca orientar a las víctimas sobre el acceso a medidas de reparación integral.
Se realiza, por una sola vez, a los hogares focalizados por la UARIV. En este
momento también se diligencia el acta de voluntariedad para el retorno o
reubicación.
c. Fundamento
constitucional del derecho a la reparación
77.
La reparación, junto con la verdad y la justicia,
es uno de los derechos específicos que les corresponden a las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos. Aunque explícitamente no se encuentra
reconocido en alguna norma específica de la Constitución, la Corte
Constitucional ha considerado que a partir de una lectura sistemática de ella
puede hallarse su fundamento jurídico.
78.
Por un lado, los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación de las víctimas de la violencia se encuentra plasmados en
numerosos artículos de la Carta. Al respecto, ha dicho que tienen fundamento en
la dignidad humana (artículo 1), en el deber de las autoridades de propender
por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia
(artículo 2), en los derechos a la honra y al buen nombre (artículos 15 y 21), en
el derecho a la tutela judicial efectiva (artículos 29 y 229) y en el deber de
la Fiscalía General de la Nación de hacer efectivo el restablecimiento del
derecho y la indemnización de los perjuicios causados por el delito (artículo 250
numerales 6 y 7)[61].
79.
Por otro lado, existen distintos instrumentos
internacionales que también dan fundamento a los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación, en la medida en que resaltan el derecho que tienen
todas las personas a contar con una tutela judicial efectiva, la cual no se
agota en la obtención de una indemnización económica por la afectación
padecida, sino que comprende la posibilidad de conocer la verdad, buscar
justicia y obtener reparaciones adecuadas. Al respecto, ha sostenido la Corte
Constitucional:
“tanto
la Declaración Americana de Derechos del Hombre como la Declaración Universal
de Derechos Humanos, marcan una tendencia en el derecho internacional por
desarrollar instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una
tutela judicial efectiva de sus derechos, a través de la cual no sólo obtengan
reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la
verdad y a la justicia”[62].
80.
Adicionalmente, la Corte ha resaltado que la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 25, establece
el derecho de todas las personas a contar con un recurso ágil y efectivo, que
sea sustanciado de acuerdo con las reglas del debido proceso. A su vez, el
artículo 63 de la Convención Americana reconoce de manera más concreta el
derecho a la reparación, el cual ha sido precisado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte IDH”) en su jurisprudencia. Al
respecto, recientemente recordó la Corte Constitucional lo siguiente:
“la
Corte IDH ha establecido distintas reglas en materia del derecho a la reparación
de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Así, como principio
fundamental, ha afirmado que la violación de un derecho requiere, siempre que
sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el
restablecimiento de la situación anterior a la afectación sufrida, es decir, la
reparación in natura del perjuicio causado que pretende dejar a la víctima en
la misma situación en la que se encontraba antes del hecho victimizante.
Igualmente, ha sostenido que cuando ello no sea factible, como ocurre en la
mayoría de los casos de violaciones a derechos humanos, deberán otorgarse
medidas para garantizar el restablecimiento y el goce de los derechos
conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron”[63].
81.
Como se observa, tratados internacionales sobre
derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y la
Constitución Política establecen que la reparación a las víctimas de la violencia
debe ser íntegra y plena[64].
d. Marco
normativo aplicable a la indemnización administrativa
82.
Las víctimas tienen derecho a la reparación del
daño que les ha sido infligido. Ese derecho está conformado por distintos
componentes: restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y
garantías de no repetición. Así lo reconocen los artículos 25 y 69 de la Ley
1448 de 2011. En la presente providencia se hará referencia tan solo al
componente de indemnización, por ser esta la cuestión reclamada en algunas
acciones de tutela.
83.
En desarrollo del derecho a la reparación, la Ley
1448 de 2011 dispuso en su artículo 132 que el Gobierno nacional debería
reglamentar un programa administrativo de indemnizaciones, estableciendo “el
trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la
indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas”. Ese
mandato fue desarrollado mediante el Decreto 4800 de 2011, el cual señaló que
la UARIV es la encargada de administrar los recursos destinados a la
indemnización por vía administrativa (artículo 146). Este mismo decreto señaló
que a esa entidad le corresponde determinar el monto correspondiente por
concepto de indemnización administrativa, de acuerdo a unos criterios allí
establecidos (artículo 148).
84.
El Decreto 4800 de 2011 se ocupa igualmente de especificar
el procedimiento a seguirse para su pago. Al respecto, señala que las personas
inscritas en el RUV podrán solicitarle a la UARIV la entrega de indemnización
administrativa a través del formulario del que disponga la entidad, “sin que
se requiera aportar documentación adicional salvo datos de contacto o apertura
de una cuenta bancaria o depósito electrónico, si la [UARIV] lo considera
pertinente”. Desde el momento en que la persona realiza la solicitud de
indemnización administrativa se activa el denominado Programa de Acompañamiento
para la Inversión Adecuada de los Recursos, regulado también en ese decreto. Le
corresponde a la UARIV realizar el pago de las indemnizaciones administrativas,
lo cual hará a través de desembolsos parciales o en un solo pago total “atendiendo
a criterios de vulnerabilidad y priorización”. Este se realizará sin que
sea necesario ajustarse al orden de realización de la solicitud de entrega,
sino “a los criterios contemplados en desarrollo de los principios de
progresividad y gradualidad para una reparación efectiva y eficaz”
(artículo 151).
85.
El Decreto 1377 de 2014 modificó el Decreto 4800 de
2011 en algunos aspectos relacionados con la indemnización por vía
administrativa. Por ejemplo, estableció criterios de priorización para el pago
de indemnizaciones administrativas a núcleos familiares. Entre esos criterios
se encuentra, particularmente, que el núcleo familiar haya suplido sus
carencias en materia de subsistencia mínima y se encuentre en proceso de
retorno o reubicación en el lugar de su elección. Para tal fin, la UARIV
deberá, con participación activa de las personas que conformen el núcleo
familiar víctima, formular un PAARI (artículo 7).
E.
DEBER DE LAS AUTORIDADES
DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y DE FONDO A LAS PETICIONES PLANTEADAS POR LAS
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
a. Contenido y
alcance del derecho fundamental de petición
86.
El artículo 23 de la Constitución establece el
derecho de todas las personas a “presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución”. Este derecho constituye una expresión de la democracia
participativa debido a su importante función instrumental, pues a través suyo
es posible materializar distintos derechos fundamentales que dependen de
autoridades o de ciertos particulares ante los cuales ese derecho puede
ejercerse[65].
87.
Con relación al contenido de este derecho, ha precisado
la jurisprudencia que su núcleo esencial lo constituye la posibilidad misma de
formular la petición y de que ésta sea recibida, así como “la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de
dirigirse a la autoridad si esta no resuelve o se reserva para sí el sentido de
lo decidido”[66].
Por eso, la satisfacción de este derecho requiere que la respuesta de las
autoridades a las peticiones que ante ellas se formulan cumplan con
determinadas características: (i) ser oportuna, (ii) resolverse de fondo, (iii)
de forma clara, precisa y congruente con lo planteado y (iv) ser puesta en
conocimiento del interesado. Si no se presenta alguno de estos supuestos, la
autoridad incurre en una vulneración del derecho de petición[67], como
también resulta vulneradora la negativa a recibir la solicitud.
88.
El término en el que las autoridades deben
responder las peticiones formuladas por las personas está previsto en la Ley
1755 de 2015, estatutaria del derecho fundamental de petición. En su artículo
14 establece que, por regla general, las peticiones deben ser resueltas en el
término de los 15 días siguientes a la recepción por parte de la autoridad
competente. Se exceptúan de esta regla las peticiones de documentos y de
información, que deben resolverse dentro de los 10 días siguientes, y aquellas
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades, las cuales deben
contestarse dentro de los 30 días siguientes. Ahora bien, esa misma norma
señala que excepcionalmente las autoridades podrán excusarse de resolver dentro
de los plazos señalados. Ello ocurrirá cuando “no fuera posible resolver la
petición en los plazos aquí señalados”, situación que debe ser informada al
solicitante antes del vencimiento del plazo inicial, explicando los motivos de
la demora e indicando la fecha en la que se resolverá la petición la cual, en
todo caso, “no podrá exceder el doble del inicialmente previsto”.
89.
Además de la anterior, la Ley 1755 de 2015 incluyó
otras reglas que son de relevancia para el asunto analizado en esta
oportunidad. Por un lado, en el artículo 13 establece que está amparado por el
derecho de petición “toda actuación” iniciada por una persona ante las
autoridades, sin que sea necesario invocar ese derecho. Por otro lado, el
artículo 20 señala que existen ciertas peticiones que requieren de las
autoridades un trámite prioritario. Se trata de aquellas peticiones “de
reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar
un perjuicio irremediable al peticionario”, para lo cual el solicitante
deberá sumariamente probar la titularidad del derecho y el riesgo a un
perjuicio invocado. Además, el mismo artículo señala que cuando se encuentra en
peligro la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, por
razones de salud o de seguridad personal, se adoptarán las medidas de urgencia
necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite ordinario de la
petición.
b. Protección
reforzada del derecho de petición cuando es ejercido por personas víctimas del
conflicto armado que solicitan ayuda humanitaria
90.
La Corte Constitucional ha considerado que el
derecho a recibir respuesta pronta y oportuna de las solicitudes formuladas
hace parte del nivel mínimo de protección constitucional que debe brindarse a
la población desplazada[68].
Ello es así, especialmente, tratándose de las solicitudes de ayuda humanitaria,
debido a la importancia que su entrega adecuada y oportuna tiene para las
personas en situación de desplazamiento[69].
91.
Por lo anterior, ha considerado la Corte que las
solicitudes realizadas por personas víctimas de desplazamiento forzado
relacionadas con su situación gozan de protección especial, la cual es
particularmente exigible de las instituciones encargadas de la superación del
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado[70].
Se trata entonces de una protección reforzada del derecho fundamental previsto
en el artículo 23 de la Constitución tratándose de víctimas de desplazamiento
forzado. Al ejercer su función de revisión de acciones de tutela (artículo 241
numeral 9 de la Constitución), la Corte Constitucional ha establecido distintas
sub-reglas que se desprenden de la protección reforzada del derecho de
petición, entre las cuales se encuentran las siguientes:
(i)    Contestar una solicitud de entrega de ayuda humanitaria con la simple
indicación del trámite interno que debe adelantarse para conseguirla, no puede
entenderse como una respuesta válida, que satisfaga el derecho fundamental de
petición. Una contestación en esos términos constituye una violación del
derecho a formular peticiones[71].
(ii) Frente a solicitudes de entrega de ayuda humanitaria, las autoridades
deben responder indicando una fecha cierta en el que ésta será entregada en
caso de que tengan derecho a ella. En todo caso, dicha fecha debe ser razonable
y oportuna[72].
(iii)
Las autoridades no pueden someter a la población
desplazada a un “peregrinaje institucional” para acceder a sus derechos,
por lo cual es necesario que reciban de ellas una atención definitiva y directa
frente a su apremiante situación. Por lo tanto, es necesario evitar por parte
de las autoridades respuestas evasivas o simplemente formales[73].
(iv)
Para que las autoridades cumplan con su obligación
de garantizar este derecho, es de “vital importancia” el adecuado
manejo, registro y control de la información, con el fin de que las autoridades
competentes tengan “pleno conocimiento de las solicitudes recibidas, su
estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación efectiva al desplazado”.
92.
Adicionalmente, en el Auto 099 de 2016 la Corte
identificó distintos escenarios en los que se pone en riesgo o se vulnera el
derecho al mínimo vital en relación con solicitudes de reconocimiento y entrega
efectiva. Se trata de los siguientes:
(i)
Cuando la entidad competente no reconoce,
debiendo hacerlo, la ayuda humanitaria o la prórroga a la población desplazada
que cumple con los requisitos para acceder a ella.
Esta situación se presenta cuando, entre otras, las autoridades toman en cuenta
requisitos, formalidad y apreciaciones que no corresponden con la situación en
la que se encuentran quienes reclaman ayuda humanitaria, o cuando esas
autoridades aducen formalidades o requisitos que no se encuentran en el ordenamiento
jurídico.
(ii) Cuando en respuesta a la solicitud formulada se reconoce la ayuda
humanitaria de emergencia, pero no se hace su entrega efectiva sin
justificación válida. La falta de entrega
injustificada puede darse, por ejemplo, por la ausencia de notificación al
interesado, la renuencia a desembolsar la ayuda humanitaria (aduciendo, por
ejemplo, ausencia de recursos económicos) o la simple omisión de la entrega de
la ayuda humanitaria.
(iii)
Cuando la entrega de la ayuda humanitaria se realiza,
pero no de forma oportuna e integral, lo cual le impide cumplir su finalidad: socorrer, asistir, proteger y atender las necesidades más urgentes
de quienes la solicitan.
F.
ÓRDENES DE LOS JUECES DE
TUTELA AL ADVERTIR UN DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A RECIBIR RESPUESTAS
OPORTUNAS Y DE FONDO
93.
La jurisprudencia
constitucional ha admitido, como regla general, que cuando el juez de tutela
advierta que ocurrió una vulneración al derecho de petición deberá en su
sentencia ordenar a la autoridad demandada dar respuesta de fondo a lo
solicitado, sin incidir en el sentido de la decisión. Con
todo, ha admitido la Corte que en determinados casos la trasgresión del derecho
de petición implica, a su vez, el desconocimiento o la agravación de otros
derechos fundamentales, tales como el mínimo vital o la seguridad social. En
esos casos, al constatar esa circunstancia, el juez de tutela no puede
limitarse a ordenar la respuesta a la petición, sino que debe adoptar las
medidas concretas de protección que sean necesarias para solventar la situación
que interpone la tutela. A continuación se explican los fundamentos de
estas reglas.
94.
Por un lado, al constatar
la vulneración del derecho fundamental de petición, los jueces de tutela, en
vez de responder ellos mismos dicha petición, deben ordenar a la autoridad que
no la ha contestado de manera oportuna y de fondo que lo haga en un término
perentorio. Con esa orden el juez de tutela ampara de forma efectiva el derecho
conculcado, teniendo en cuenta que el núcleo esencial del derecho de petición
no cobija el derecho a que la respuesta sea satisfactoria frente a las
solicitudes elevadas, pues reconoce que la autoridad concernida es la que debe
resolver de fondo, en ejercicio de sus competencias y teniendo en cuenta sus
conocimientos técnicos para hacerlo. Se garantiza así la separación de poderes
y la autonomía de las autoridades que han desconocido el derecho fundamental de
petición, el cual también resulta protegido por el establecimiento de un plazo
específico y breve en el que debe darse la respuesta a la petición formulada.
95.
Además, la Corte ha
señalado que esta forma de actuar de los jueces es especialmente importante
tratándose de situaciones en las que se presenta un “bloqueo institucional
de la administración para responder adecuada y oportunamente las peticiones”[74]. Al respecto, la Corte ha explicado que es a
la administración a la que le corresponde resolver sobre el reconocimiento de
determinados derechos garantizados por políticas públicas, para lo cual existe
una ruta administrativa específica. Puede suceder, con todo, que dicha ruta no
funcione de manera adecuada, por lo que es posible que las personas que se
consideran beneficiarias de dicha política acudan a acciones de tutela. En esa
situación, si los jueces de tutela conceden de forma generalizada las
solicitudes ante ellos planteadas se genera un incentivo para que más personas,
en vez de reclamar sus derechos por la vía ordinaria, lo hagan por la vía de
tutela. Esto generaría de inmediato cargas adicionales a la administración –que se sumarían a las propias de
atender los distintos casos a través de las rutas ordinarias–, en la medida en
que tendría que invertir recursos y esfuerzos en atender un número creciente de
reclamaciones judiciales, lo cual eventualmente disminuiría las capacidades de
atención de la ruta administrativa. A su vez, podría generarse una situación
generalizada de vulneración de derechos, en la medida en que serían atendidos
con prelación los casos de quienes acuden a acciones de tutela, en perjuicio de
quienes se limitan a seguir la ruta administrativa[75].
96.
Con todo, es posible que
la vulneración del derecho de formular peticiones implique también una
vulneración a otros derechos fundamentales que deban ser protegidos de forma
urgente por el juez de tutela. En tales casos, cabe la pregunta de si el juez
también debería limitarse a declarar la vulneración del derecho de petición o
si debería adoptar alguna medida adicional. En dicha situación, frente a
materiales probatorios que den cuenta de la urgencia, el juez de tutela no
puede abstenerse de amparar de forma efectiva los derechos fundamentales
conculcados, limitándose tan solo a solicitarle a las autoridades concernidas
que respondan la petición formulada por el o la accionante. En cambio, el juez
de tutela, ante la existencia de pruebas específicas que den cuenta de la
situación de urgencia, debe adoptar las medidas necesarias para proteger
adecuadamente la situación de premura que amenaza o vulnera los derechos fundamentales
del peticionario.
97.
Como se observa, esta
excepción a la regla general depende de la existencia de material probatorio
suficiente que permita al juez de tutela inferir la situación de vulneración de
derechos fundamentales adicionales al de petición. Si no existen tales
materiales probatorios, no es posible para los jueces de tutela asumir de
oficio la función de proteger derechos fundamentales, cuya vulneración no se
encuentra verificada.
98.
Ahora bien, la falta de
elementos materiales probatorios suficientes para advertir la gravedad de la
vulneración del derecho de petición en casos concretos no implica
inexorablemente para los jueces que deben abstenerse de dictar decisiones
adicionales a ordenar la respuesta a la petición. La Sala recuerda en este
sentido que los jueces de tutela no solo tienen la facultad, sino también el
deber, de ejercer sus competencias en materia probatoria (ver infra,
numeral 123), con el propósito de brindar una tutela judicial efectiva a quienes
acudan a este mecanismo de amparo. La presunción de veracidad de los hechos de
la demanda, que resulta de no responder la tutela[76],
no exonera al juez de sus deberes probatorios, en la búsqueda de materializar
la justicia material y, por esta vía, el Estado Social de Derecho.
99.
Esta misma línea argumentativa
fue expuesta por la Corte Constitucional en el Auto 206/17, proferido por la
Sala de Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Este auto es de
especial importancia para el asunto debatido en la presente providencia, por
cuanto en él se sistematizó la jurisprudencia constitucional sobre las
solicitudes de reconocimiento de ayuda humanitaria y/o de indemnización
administrativa planteadas mediante acciones de tutela.
100.
Al respecto, en el Auto
206/17 la Sala Especial de Seguimiento recordó distintas decisiones en las que
la Corte Constitucional revisó acciones de tutela en las que se planteaba la
vulneración de derechos fundamentales debido al no reconocimiento de
solicitudes de ayuda humanitaria, las cuales habían sido reclamadas en
ejercicio del derecho de petición. En esos casos, los jueces de instancia que
resolvieron tales acciones concedieron la tutela y ordenaron la entrega
inmediata de la ayuda humanitaria, pese a no contar con el material probatorio
suficiente. En tales eventos, la Corte Constitucional ha manifestado que, al no
contar con elementos materiales probatorios suficientes, a los jueces de tutela
no les corresponde decidir de fondo sobre las peticiones presentadas a la
administración, sino tan solo resolver sobre la vulneración del derecho de
petición y ordenarle a la administración responder de forma oportuna la
consulta que ante ella elevó el o la accionante. Afirmó en dicho
pronunciamiento que esta regla, aplicable en general a todos los casos en los
que los jueces resuelven acciones de tutela relacionadas con la falta de
respuesta de peticiones formuladas a la administración, resulta de especial
importancia tratándose de situaciones en las que existen bloqueos
institucionales que han ocasionado que de forma general determinada entidad
desconozca el derecho de petición de las personas. Sostuvo en este sentido lo
siguiente:
“en estos escenarios de bloqueos institucionales, la
aplicación de la presunción de veracidad deberá estar fundada en el
cumplimiento de ciertas cargas procesales y probatorias que sea válido
exigirles a las personas desplazadas en el caso concreto, para así dar por
ciertos los hechos que se alegan, atendiendo en todo caso a las limitaciones y
dificultades que estas personas enfrentan para reivindicar sus pretensiones,
siempre de cara a la realización efectiva de sus derechos. Si el juez no
cuenta, en todo caso, con elementos de juicio suficientes para adoptar una
decisión de fondo, debe oficiosamente desplegar las actividades que considere
necesarias, incluido el decreto de pruebas, para constatar la veracidad de los
hechos alegados y, así, esclarecer la amenaza o vulneración de derechos que
amerite la adopción de una orden específica”.
101.
En suma, como regla
general, los jueces de tutela, al advertir la vulneración del derecho de
petición, deben tan solo ordenarles a las autoridades responsables de responder
las peticiones formuladas por las o los accionantes, dar respuesta de fondo en
un término perentorio, respetando su autonomía administrativa. Esta regla debe
exceptuarse cuando del material probatorio obrante en el expediente se
desprenda el desconocimiento de otros derechos fundamentales que deben ser
atendidos de forma urgente por el juez de tutela, evento en el cual éste debe
adoptar decisiones adicionales, como por ejemplo reconocer directamente lo
solicitado mediante la petición inicialmente presentada que no fue contestada
oportunamente o de fondo.
G.
SOLUCIÓN DE LOS CASOS
CONCRETOS
102.
Los casos revisados por la Sala mediante la
presente decisión reflejan problemas estructurales en la atención a las
víctimas del conflicto armado interno. Por lo anterior, en la presente
oportunidad, además de resolver los casos concretos de la referencia, la Corte debe
pronunciarse respecto de tales problemas estructurales.
a. Fallas
estructurales que se advierten en la atención a las víctimas del conflicto
armado que solicitan ayuda humanitaria e indemnización administrativa
103.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución
Política, la protección que el juez podrá conceder al resolver una acción de
tutela “consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicite
la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”. Esta disposición se complementa
con el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, el cual señala que el juez de
tutela en su providencia debe definir de manera precisa la conducta a cumplir
con el propósito de hacer efectiva la tutela.
104.
Para que la protección invocada a favor de personas
víctimas del conflicto armado interno sea efectiva se requieren acciones para
prevenir que las vulneraciones no se sigan presentando y evitar así que
continúe el desconocimiento de sus derechos. En ocasiones anteriores la Corte
ha formulado órdenes estructurales en casos que han presentado dos
características comunes: por un lado, pluralidad de sujetos afectados en sus
derechos fundamentales y, por el otro, la presencia de una falencia estructural,
que en ocasiones involucra a distintas autoridades[77]. En tales
oportunidades, la Corte ha mencionado tres argumentos que justifican la
utilización de estas órdenes.
105.
En primer lugar, la Corte ha señalado que, en
cumplimiento del mandato de colaboración armónica entre los poderes públicos
(artículo 113 de la Constitución), tiene la facultad de “notificar” a
las autoridades competentes la existencia de un estado de cosas violatorio de
la Constitución Política, para que estas adopten los correctivos necesarios con
miras a ponerle fin y superar esta situación. Así, las órdenes estructurales no
tienen como propósito reemplazar a las distintas autoridades con competencia
para adoptar las medidas necesarias de protección de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados, sino que se limitan a promover que estas autoridades
actúen con mayor determinación en el cumplimiento de las funciones que la
Constitución y la ley les asignan[78].
106.
En segundo lugar, ha sostenido la Corte que la
formulación de órdenes generales encaminadas a resolver problemas de protección
de derechos fundamentales respecto de un gran número de personas tiene como
propósito evitar múltiples pronunciamientos sobre un mismo asunto (con lo cual
se congestionaría la administración de justicia) y así evitar que se produzcan
fallos contradictorios (que generen inseguridad jurídica y que socaven la
legitimidad de la acción de tutela) [79].
107.
Y, en tercer lugar, según la Corte Constitucional,
las órdenes de cumplimiento progresivo se justifican especialmente en aquellos
casos en los que se protege a minorías olvidadas, respecto de las cuales “el
juez constitucional está llamado a asumir la vocería”, ya que los grupos
minoritarios “difícilmente tienen acceso a los organismos políticos”
[80].
108.
De las pruebas que obran en el expediente, advierte
la Sala distintas fallas estructurales relacionadas con la atención a las
víctimas del conflicto armado. Estas fallas son las siguientes: (i) de manera
generalizada, la UARIV no contesta de manera oportuna las peticiones formuladas
por las víctimas ni las acciones judiciales iniciadas por ellas contra esa
entidad. Incluso los requerimientos de información solicitados por la Corte
Constitucional durante la instrucción de los presentes asuntos, fueron
contestados en su mayoría de manera tardía y luego de insistencia formal e
informal; (ii) la UARIV, en determinadas ocasiones, supedita la entrega de la
ayuda humanitaria a la realización del PAARI, sin diferenciar el grado de
vulnerabilidad de las personas que la solicitan; y (iii) los jueces de tutela
en muchas oportunidades fundan sus decisiones en elementos probatorios
insuficientes, concediendo las acciones de tutela sin realizar un análisis
serio de lo que se plantea en ellas. A continuación, se explica cada una de
estas fallas y se formulan las enmiendas correspondientes.
109.
La UARIV no está respondiendo oportunamente ni
las peticiones formuladas por las personas que ante ella pretenden hacer valer
sus derechos ni a las acciones judiciales iniciadas contra la entidad. Esta conclusión se soporta en los siguientes hechos. Primero, en
noventa de los ciento treinta y tres casos revisados por la Sala mediante la
presente providencia los accionantes manifiestan que la UARIV no respondió
solicitudes relacionadas con distintos asuntos (ver supra, numeral 1). Segundo, respecto de las acciones de tutela
interpuestas en su contra, la UARIV reconoció que “en ocasiones, cuando el
escrito de contestación es enviado al despacho correspondiente, ya este ha
emitido fallo, lo que conlleva a que una vez se notifica esta decisión, la
Entidad presente el respectivo informe de cumplimiento” (ver supra,
numeral 32). Tercero, en ninguno de
los ciento treinta y tres procesos judiciales que se revisan la UARIV presentó
su contestación a tiempo (ver supra, numeral 5), lo cual sugiere que en realidad la falta de
respuesta a acciones de tutela presentadas en contra de la UARIV no ocurre solo
en “ocasiones”. Y cuarto, todos los autos de pruebas proferidos por el
Magistrado sustanciador en el marco del presente proceso de revisión fueron
respondidos por la UARIV mucho tiempo después del plazo otorgado para ese
efecto[81]. Esta situación refleja que la UARIV no cuenta con una estructura
administrativa capaz de atender oportunamente a las víctimas del conflicto
armado colombiano que acuden a ella o ante los jueces de la República para
reclamar sus derechos.
110.
Así, pese al ofrecimiento de un gran número de
canales de comunicación a través de los cuales las víctimas pueden ser
atendidas por la UARIV (llamadas telefónicas, video llamadas, buzón, fax,
mensajes de celular, chat virtual, llamada de agente virtual y clave
telefónica) (ver supra, numeral 31), los hechos valorados por la Sala permiten
apreciar que su puesta en funcionamiento no está siendo suficiente para ofrecer
una atención adecuada a las personas que acuden a la entidad.
111.
Las demoras en la atención a las víctimas por parte
de la UARIV incentiva a muchas de ellas a acudir ante el juez de tutela para solicitarle
la atención que la entidad no les brinda de forma oportuna, alterando de esta
forma el procedimiento legalmente establecido para la atención a las víctimas y
el pago de la ayuda humanitaria (ver supra, numeral 95). De esta forma, a pesar de que el pago de la
ayuda humanitaria es responsabilidad primordial de la UARIV, a los jueces de
tutela se les plantea la misma pretensión, convirtiéndose ellos en la práctica
en una instancia alternativa de reclamación de la ayuda humanitaria. En algunas
oportunidades, por la gravedad de los hechos que se les plantean, los jueces de
tutela pueden no solo ordenarle a la UARIV responder inmediatamente la
petición, sino otorgar transitoriamente la ayuda humanitaria de emergencia (ver
supra, numeral 93). Esta situación resulta perjudicial, pues los
jueces de tutela terminan convertidos en una vía adicional y paralela de la
ruta administrativa, a cargo de la UARIV, entidad que cuenta con los
conocimientos especializados para decidir sobre el otorgamiento de la ayuda
humanitaria.
112.
Esta situación es contraria a distintos postulados
constitucionales. Primero, desconoce de forma generalizada el derecho de
petición (artículo 23 de la Constitución) de las víctimas del conflicto armado
que acuden a ella solicitando su atención, lo cual puede, a su vez, provocar la
afectación o agravación de la afectación de otros derechos fundamentales, como
el mínimo vital por falta de otorgamiento de la ayuda humanitaria. Segundo,
dificulta la tutela judicial efectiva (artículos 29 y 229 de la Constitución),
ya que la práctica generalizada de no contestar oportunamente las acciones de
tutela priva a los jueces del conocimiento de importantes elementos probatorios
de utilidad para la resolución adecuada de estos casos. Tercero, no solo
desconoce los derechos de las víctimas que acuden a la UARIV y que no son
atendidas de manera oportuna, sino de todas las víctimas en general, pues se
estandarizan dos rutas de atención (una administrativa y una judicial) que no
funcionan de manera coordinada y que pueden otorgar un tratamiento diferenciado
a personas que se encuentran en la misma situación (ser víctimas del conflicto
armado) pero que son atendidas por instancias distintas, vulnerando así su
derecho a la igualdad (artículo 13 de la Constitución).
113.
Se trata de una situación de especial gravedad,
teniendo en cuenta el rol que le corresponde a esta entidad en la atención de
un gran número de víctimas que, por su situación, pueden encontrarse en estado
de especial vulnerabilidad.
114.
Esta situación fue advertida por la Sala Especial
de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, mediante el auto 206/17. En esta
providencia, la Sala Especial advirtió que la UARIV, de forma sistemática, se
tardaba en resolver las peticiones formuladas ante ella. En consecuencia,
ordenó a la entidad realizar un diagnóstico de la situación, “tanto en lo
concerniente a la ayuda humanitaria como a la indemnización administrativa”.
115.
Por lo tanto, con el fin de complementar y
especificar lo ordenado en el auto 206/17, antes mencionado, considera la Sala
necesario ordenar la adopción de medidas encaminadas a superar esta situación.
Así, la Sala ordenará a la UARIV lo siguiente: (i) en el término máximo de un
mes, identificar de manera específica las causas de (a) la demora en la
atención a las víctimas del conflicto armado que ante ella acuden y (b) la
demora en la contestación de las acciones de tutela y de los requerimientos
judiciales que se le formulan a la entidad; y (ii) en el término máximo de tres
meses, contados luego del vencimiento del término anterior, adoptar medidas
concretas, en el marco de sus competencias, encaminadas a solucionar estas
deficiencias. Considera la Sala que estas órdenes son necesarias para
garantizar distintos derechos fundamentales, en particular, como se mencionó,
los derechos de petición (artículo 23 de la Constitución), al acceso efectivo a
la administración de justicia (artículos 29 y 229 de la Constitución) y al
mínimo vital de la población víctima del conflicto armado.
116.
En múltiples ocasiones la UARIV invoca
requisitos que no se encuentran en la ley para responder las solicitudes de
ayuda humanitaria, utilizándolos para negar la ayuda humanitaria o para no dar
una respuesta de fondo sobre lo solicitado.
Específicamente, advierte la Sala que de manera recurrente la UARIV suele
incluir en sus respuestas dos razones que contrarían el derecho de petición de
las personas que formulan solicitudes de ayuda humanitaria la entidad. Por un
lado, en determinadas ocasiones la UARIV manifiesta como condición para
entregar una respuesta de fondo a las peticiones de entrega de ayuda humanitaria
la realización de un trámite administrativo (el PAARI), sin indicar ninguna
fecha en la que ese trámite tendrá lugar. Por otro lado, en otros casos la
UARIV señala que existe un límite temporal para el otorgamiento de la ayuda
humanitaria, en virtud del cual puede presumirse que las carencias que pueda
presentar una persona o grupo familiar no guardan relación con el
desplazamiento forzado cuando este ha ocurrido hace más de 10 años. A
continuación, se explica cada una de estas situaciones.
117.
En efecto, en varias
oportunidades la UARIV, en lugar de responder de fondo las solicitudes de
entrega de ayuda humanitaria, señala que primero debe realizarse el PAARI, sin
comunicarle a los solicitantes ninguna fecha en la que esto tendría lugar (ver supra,
numeral 2). Como se mostrará en
detalle, el PAARI es un instrumento de gran importancia para garantizar que la
ayuda humanitaria que otorga el Estado efectivamente sea entregada a personas
que la necesitan. Con todo, cabe anotar que la eficiente realización del PAARI
depende de la UARIV, por lo que ésta no puede excusarse en dicho procedimiento
para denegar o postergar la falta de respuesta específica a las solicitudes de
ayuda humanitaria.
118.
Al respecto, conviene recordar que la Corte
Constitucional ya se ha pronunciado con anterioridad sobre la importancia de la
realización del PAARI, pero ha advertido que este sistema no puede supeditar la
entrega efectiva de la ayuda humanitaria. Al respecto, en el Auto 099 de 2013
proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 la
Corte valoró positivamente la expedición del Decreto 2569 de 2014, en la medida
en que tiene como propósito establecer criterios técnicos para determinar la
superación de la situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento
forzado, con la finalidad de caracterizar la situación real de cada hogar
víctima de desplazamiento forzado (ver supra, numeral 76). Según el mencionado decreto, esta finalidad se
persigue a través del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a
las Víctimas (MAARIV) y del PAARI. Por la importancia del mencionado pronunciamiento
de la Corte para el caso estudiado, la Sala cita in extenso lo sostenido
por la Sala Especial de Seguimiento sobre este asunto:
“Finalmente,
en relación con la entrega completa y oportuna de la ayuda humanitaria de
emergencia y de transición, esta Sala Especial considera que la Unidad para las
Víctimas está persiguiendo fines válidos y necesarios con la implementación del
Decreto 2569 del 2014. En efecto, hace falta identificar las necesidades
actuales de la población desplazada, definir con más criterios quién necesita
la ayuda humanitaria y quién no, para así poder atender de manera completa y
oportuna a las personas que así lo requieren, suspendiendo, en consecuencia, la
entrega de la ayuda a las personas que ya no se encuentran en una situación
excepcional que amerite la continuidad de su entrega.
No
obstante, esta Sala advierte que la implementación de este Decreto, junto con
la realización de los PAARIs, no ha estado exenta de trabas y de problemas
importantes de cobertura y de acceso. En esa medida, esta Corporación
considera que sujetar la entrega de la ayuda humanitaria a la realización del
PAARI es una práctica inconstitucional para aquellas personas que, de acuerdo
con el esquema anterior de medición, se catalogaron como de “vulnerabilidades
altas” haciendo especial énfasis en aquellas que enfrentan factores que
acrecientan la vulnerabilidad con el paso del tiempo (i.e. etarios, condiciones
de discapacidad). Esta situación también se predica de comunidades indígenas,
particularmente de aquellas que se encuentran residiendo en zonas urbanas
marginalizadas, mientras se realiza un retorno o una reubicación en condiciones
de seguridad; enfrentando dificultades extremas en materia de seguridad
alimentaria y de salubridad (i.e. Quibdó), teniendo en cuenta que la encuesta
del PAARI no es sensible a sus dialectos propios.
Para
estas situaciones, por lo tanto, esta Sala Especial ordenará a la Unidad para
las Víctimas continuar con la entrega de la ayuda humanitaria, sin que sea
un argumento válido supeditar su entrega a la realización del PAARI. Lo
anterior, sin perjuicio de que [,] una vez
realizada esta encuesta, se determine que se han superado las condiciones de
vulnerabilidad y se proceda a suspender la entrega de la ayuda” (subrayas y
negrillas fuera del texto original).
119.
Pese a que en los informes
enviados a la Corte en sede de revisión la UARIV argumentó que el PAARI es tan
solo uno de los registros administrativos que se utilizan para la
identificación de carencias y capacidades (ver supra, numeral 24),
lo relatado por distintos accionantes da cuenta de que en determinadas
oportunidades la UARIV sí condiciona el otorgamiento de la ayuda humanitaria a
la realización del PAARI. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es
necesario que la UARIV efectivamente evalúe si quienes solicitan ayuda
humanitaria se encuentran en una situación que los haga merecedores de ella,
por lo que pueden valerse de instrumentos como el PAARI. No obstante, deben
tener en cuenta dos reglas en su aplicación. Primero, la realización del PAARI,
o de cualquier otra herramienta de identificación de carencias y necesidades,
no puede dilatar el reconocimiento de la ayuda humanitaria a personas que se
encuentran en vulnerabilidad alta. Segundo, respecto de todos los demás casos
la UARIV debe analizar la situación del solicitante de ayuda humanitaria,
valiéndose de instrumentos como el PAARI, pero, de conformidad con el artículo
14 de la Ley 1753 de 2015, debe informar al solicitante la fecha en la que se
dará la respuesta definitiva la solicitud planteada, la cual debe en todo caso
constituir un plazo razonable, no sólo como garantía del derecho fundamental de
petición, sino por la situación de vulnerabilidad que rodea a los desplazados.
120.
Por otra parte, la UARIV
suele invocar de forma reiterada otro argumento que no tiene fundamento legal,
ya no para dilatar indefinidamente la contestación a una solicitud de ayuda
humanitaria, sino para denegar la ayuda humanitaria. Se trata del siguiente: en varias ocasiones la UARIV señala que existe un límite temporal para
el otorgamiento de la ayuda humanitaria, en virtud del cual puede presumirse
que las carencias que pueda presentar una persona o grupo familiar no guardan
relación con el desplazamiento forzado cuando este ha ocurrido hace más de 10
años[82]. Respecto de este asunto, destaca la Corte que desde hace una década la
jurisprudencia constitucional ha sido concluyente al afirmar que “la ayuda
humanitaria no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable”[83]. Así, aunque ha reconocido la utilidad de tomar en cuenta un referente
temporal como criterio para determinar la superación de carencias, ha sostenido
que este criterio no puede ser determinante, en el sentido de que el paso del
tiempo pueda implicar una presunción irrebatible de superación del estado de
vulnerabilidad. Sobre este asunto se volverá más adelante en el análisis de los
casos concretos (ver infra, numeral 225).
121.
Para resolver esta falla,
la Sala, en aplicación del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, ordenará a la
UARIV que, en el término máximo de un mes contado a partir de la notificación
de la presente sentencia, adopte las medidas necesarias para evitar que a
futuro sigan utilizándose razones que no se encuentran en la ley para denegar
solicitudes de ayuda humanitaria o para posponer indefinidamente el estudio de
fondo de una solicitud de esa naturaleza.
122.
Los jueces de tutela en muchas oportunidades
fundan sus decisiones en elementos probatorios insuficientes, concediendo las
acciones de tutela sin realizar un análisis serio de lo que en ellas se plantea. A las fallas relacionadas con la falta de atención adecuada por parte
de la UARIV a las personas que acuden a ella (ver supra, numerales 109 y 110) se suma una conducta perjudicial de varios
jueces que resuelven acciones de tutela interpuestas contra la entidad. En la
gran mayoría de acciones de tutela seleccionadas para revisión en esta
oportunidad los materiales probatorios son pocos (ver infra, Anexo I), por lo que, ante la falta de actividad
probatoria iniciada por ellos, las decisiones de los jueces terminan fundándose
en mínimos elementos de prueba o incluso exclusivamente en la presunción de
verdad, al punto incluso de que la simple invocación por parte del demandante
en una acción de tutela de la condición de víctima de desplazamiento forzado
implica para ellos el reconocimiento automático de la ayuda humanitaria[84].
123.
Al respecto, la Sala recuerda que el juez de tutela
tiene el deber de fundamentar su decisión en un “medio de prueba del cual se
pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho”
(artículo 18 del Decreto 2591 de 1991). Para ello, tiene la facultad de
decretar pruebas (artículos 18, 19 y 32 del Decreto 2591 de 1991). Por lo
anterior, la actividad probatoria del juez de tutela ha sido entendida como una
facultad-deber[85]. Ahora bien, conviene recordar que la falta de respuesta de la acción
de tutela por parte de la entidad demandada da lugar a la presunción de
veracidad respecto de los hechos alegados en la tutela (artículo 20 del Decreto
2591 de 1991). Esta presunción de veracidad, con todo, no anula las facultades
probatorias del juez de tutela. Dice al respecto el artículo 20 del Decreto
2591 de 1991: “Si el informe [de la autoridad demandada] no fuere rendido
dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se
entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa” (subrayas fuera del texto original). Así también
lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, en los siguientes términos:
“(…) es posible
que la presunción [de veracidad] resulte insuficiente para demostrar
determinados hechos, debido a la existencia de reglas asociadas a la
conducencia de determinados medios de prueba para acreditar ciertas
circunstancias fácticas; de igual manera, una contradicción entre la narración
del actor y las pruebas documentales -o de cualquier otra naturaleza- que éste
aporte a su escrito, llevará al juez a valorar las pruebas, en primer término
de manera individual pero, posteriormente, en su conjunto, para así decidir
sobre la fuerza de las hipótesis de hecho presentadas por las partes.
Pero más allá de
la valoración racional de las pruebas, basada en el uso de reglas de la
experiencia adecuadas, el análisis conjunto de los medios de convicción, la
presentación de una argumentación plausible sobre el alcance otorgado a esos
medios, el respeto por los estándares mínimos de prueba establecidos en la ley
o la jurisprudencia, y la adecuada atención a las eventuales contradicciones o
incompatibilidades entre distintos elementos probatorios, no existen
limitaciones al uso de la presunción de veracidad para el juez de tutela”.
124.
La Sala recuerda que es
deber de los jueces estudiar acciones de tutela impartir las órdenes necesarias
para proteger los derechos lesionados (artículo 86 de la Constitución), lo cual
les exige tener un conocimiento específico del caso que se les plantea. Por lo
tanto, deben ellos abstenerse de proferir decisiones sin un análisis específico
de los hechos planteados, asumiendo simplemente la procedencia de la acción de
tutela por la condición invocada por quien la presenta.
125.
Además, conviene reiterar
que “la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la prelación que
tiene la asignación de recursos para atender a esta población y solucionar así
la crisis social y humanitaria que representa este fenómeno”[86].
Este mandato vincula al Gobierno nacional, el cual debe asegurarse de destinar
los recursos necesarios para la atención a la población víctima del desplazamiento
forzado y del conflicto armado en general, teniendo en cuenta la ampliación de
los sujetos beneficiarios de la ayuda humanitaria prevista por la Ley 1448 de
2011 (ver supra, numeral 69).
En desarrollo de este mismo deber, el Gobierno nacional previó un procedimiento
administrativo en el que valora que las personas que reciban la ayuda
humanitaria sean quienes realmente la necesitan. Pero también los jueces de
tutela deben, en el ejercicio de sus funciones, velar por la suficiencia de
recursos para la atención de las víctimas del conflicto armado. Para ello, es
indispensable que las decisiones sobre otorgamiento de la ayuda humanitaria
estén soportadas en material probatorio idóneo, valorado de forma adecuada.
126.
Para poder ejercer esta
función es indispensable que la UARIV conteste oportunamente las acciones de
tutela presentadas en su contra, lo cual refuerza la importancia de la orden
encaminada a identificar las causas de la demora en la respuesta a las acciones
de tutela (ver supra, numeral 115). Pero además de ello, los jueces de la República, al resolver acciones
de tutela formuladas por la UARIV, deben analizar seriamente la necesidad de
ejercer sus facultades probatorias. Además, para garantizar un trámite más
expedito de notificación a la UARIV de las acciones de tutela en las que obra
como demandada, la Sala ordenará al Consejo Superior de la Judicatura expedir
una comunicación dirigida a todos los jueces de la República en la que se les
explique la importancia de realizar la notificación por medios electrónicos a
la UARIV de estas acciones.
127.
En el mismo sentido, la
Sala reiterará lo ordenado en el auto 206/17, relacionado con la necesidad que
los jueces de tutela analicen los casos mediante los cuales se les planteen
solicitudes de reconocimiento de ayuda humanitaria, con el propósito de
analizar si su decisión debe limitarse a ordenarle a la administración dar
respuesta oportuna y de fondo a la petición planteada, o si, por el contrario,
procede de forma excepcional alguna otra determinación. La orden proferida en
dicho auto fue la siguiente:
“EXHORTAR, mediante la Secretaría General de esta
Corporación, y por conducto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, a todos los jueces de la República para que, en el momento de
resolver las acciones de tutela que reclaman el reconocimiento de las medidas
de ayuda humanitaria y/o la protección del derecho de petición, cuando se
encuentra relacionado con este componente, observen tanto las reglas generales
relacionadas con: la procedencia de la acción de tutela a favor de las personas
desplazadas, la aplicación de la presunción de veracidad, y el decreto oficioso
de pruebas por pare del juez constitucional; como las específicas concernientes
a la protección del derecho petición y al acceso a la ayuda humanitaria,
recogidas en este pronunciamiento”.
b. Solución a
los casos concretos
128.
Pasa ahora la Sala a analizar cada uno de los casos
concretos que se revisan mediante la presente providencia. Para ello,
nuevamente la Sala utilizará las categorías de casos elaboradas de acuerdo con
las similitudes entre ellos (ver supra, numerales 1 a 3).
129.
Personas que han formulado peticiones a la
UARIV y no han obtenido ninguna respuesta[87]. Respecto de estos casos, que representan
noventa de los ciento treinta y tres casos revisados en esta sentencia, la Sala
advierte una afectación al elemento central del derecho de petición: la
respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes formuladas por las personas
víctimas del conflicto armado interno. Debido a que las peticiones formuladas a
la entidad se relacionan con el pago de la ayuda humanitaria y el
reconocimiento de la indemnización por vía administrativa, su falta de
respuesta puede también implicar un desconocimiento de los derechos a la
asistencia humanitaria y a la reparación.
130.
Con base en las pruebas
remitidas a la Corte, debe la Sala analizar si la vulneración de este derecho
fue subsanada o si aún persiste. Al respecto, observa la Sala que respecto de
varios casos revisados en la presente providencia la UARIV no envió información
alguna, lo cual impide considerar que el hecho vulnerador de los mencionados
derechos ya fue superado; por el contrario, se debe concluir que dicha
vulneración subsiste. Se trata de los casos identificados con los siguientes
números de expediente: T-5435002, 5435009, T-5515341,
T-5515345, T-5515348, T-5515349, T-5515350, T-5515351, T-5515353, T-5515354,
T-5515356, T-5515360, T-5515362, T-5515363, T-5515365, T-5515366, T-5515368,
T-5515371, T-5515373, T-5531875, T-5515378, T-5515380, T-5551124, T-5655908.
131.
Ahora bien, respecto de otros casos la UARIV
remitió a la Corte pruebas de la contestación de las peticiones formuladas por
quienes actúan como accionantes en algunos de los procesos revisados. La Sala
hará referencia al contenido de la respuesta con el propósito de analizar si ésta
constituye una respuesta de fondo a las peticiones planteadas por los accionantes.
132.
Respecto Diana Marcela Alvarado Sambony, quien
actúa como accionante en el proceso de referencia T-5412662, el 13 de noviembre
de 2015 la UARIV dio respuesta a la petición presentada por la accionante,
informándole que la ayuda humanitaria en su componente de alimentación sería
consignada dentro de los 15 días siguientes a su sistema “DaviPlata”. Respecto
de la generación de ingresos, le informó sobre distintos programas ofrecidos
por las autoridades del Estado para ese propósito (ver infra, Anexo IV). En este sentido, puede concluirse que la UARIV
contestó a las solicitudes planteadas por la accionante ante la entidad,
consistente en la entrega de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 4).
133.
Respecto de Mariana Serén Villarreal, demandante en
el caso de referencia T-5435008, mediante oficio del 17 de septiembre de 2015
la UARIV respondió la petición presentada por la accionante, informándole que
había sido incluida en el RUV por el hecho victimizante de amenazas y
desplazamiento forzado (ver infra, Anexo IV). Con base en lo anterior, concluye la Sala que
la UARIV contestó la petición formulada por la accionante ante la entidad,
consistente en el otorgamiento de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 56).
134.
Respecto de Doris Cecilia
Bedoya Gómez, accionante en el caso de referencia
T-5435010, el 13 de noviembre de 2015 la UARIV dio
respuesta a la petición presentada por la accionante, informándole que se había
realizado un giro a su nombre, el cual tuvo una vigencia de 20 días. Le informó
que en caso de no haberlo reclamado debería utilizar cualquiera de los canales
de atención de la UARIV para estudiar la reprogramación del pago. Por otro lado, con relación a la solicitud de
reparación por vía administrativa, se le informó que no había sido incluida en
el RUV por los hechos victimizantes de homicidio de Luz Mary Tuberquia Bedoya y
Walter Edilson Tuberquia Bedoya (ver infra, Anexo IV). Por lo anterior, considera la Sala que la
UARIV contestó de fondo la petición formulada por la accionante, la cual
consistía en el reconocimiento de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 67).
135.
Con relación a Jorge Rene
Giraldo Giraldo, quien actúa como accionante en el proceso
de referencia T-5655907, por decisión notificada mediante
aviso el día 15 de julio de 2016, la UARIV suspendió definitivamente la entrega
de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, considerando que el
accionante cuenta con fuentes o programas de generación de ingresos y/o
capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los componentes de
alojamiento temporal y alimentación (ver infra, Anexo IV). Teniendo en cuenta lo anterior, considera la
Sala que la UARIV respondió de fondo la petición del accionante, consistente en
el pago de la ayuda humanitaria, al indicarle las razones por las cuales no
tiene derecho a ella (ver infra, Anexo I, numeral 311).
136.
Respecto de Danilo Antonio Galeano Galeano,
accionante en el expediente de referencia T-5655908, mediante decisión
notificada personalmente al accionante el día 9 de marzo de 2016, la UARIV
suspendió definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto al considerar que el accionante y su núcleo familiar cuenta con
fuentes o programas de generación de ingresos y/o capacidades para generar
ingresos que cubran, como mínimo, los componentes de alojamiento temporal y
alimentación (ver infra, Anexos II y III). Por lo anterior, considera la Sala que la
UARIV contestó de fondo la petición formulada por el accionante, al indicarle
las razones por las cuales no tiene derecho a recibir ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 321).
137.
Con relación a Leoncio Nicolás
Álvarez Londoño, demandante en el expediente T-5655909, La entidad accionada le informó que se pudo establecer que
se encuentra en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta,
por lo que era viable reconocer la entrega de la ayuda humanitaria solicitada. (ver
infra, Anexos II y III). Teniendo en cuenta esta
información, considera la Sala que la UARIV contestó de fondo la petición
formulada por el accionante, consistente en reconocer a su favor la ayuda
humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 326).
138.
Respecto de Jesús Antonio
García Giraldo, quien obra como accionante en el
expediente T-5655910, mediante decisión notificada
personalmente al accionante el día 29 de abril de 2016, la UARIV suspendió
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
(i) porque los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de
generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como
mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación, (ii) porque el
hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y (iii) porque de acuerdo a la
medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra
en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y IV). Por lo anterior, la
petición formulada por el accionante, consistente en la entrega de ayuda
humanitaria, fue contestada por la UARIV de fondo en esta oportunidad (ver infra,
Anexo I, numeral 331).
139.
Respecto de Evelio de Jesús
Cárdenas Quiceno, demandante en el expediente T-5655912, el día 8 de marzo de 2016 la UARIV allegó al Juzgado Penal del Circuito
de El Santuario–Antioquia oficio manifestando el cumplimiento del fallo de
tutela, anexando copia de la planilla del envío de la respuesta a la petición
presentada por la accionante en la cual se le informa que los recursos por
concepto de ayuda humanitaria le serían cargados dentro de los 8 días
siguientes (ver infra, Anexo IV). Teniendo en cuenta que el accionante solicitó
a la UARIV entrega de ayuda humanitaria, considera la Sala que la petición fue
contestada de fondo en esta oportunidad (ver infra, Anexo I, numeral 336).
140.
Con relación a Omar Enrique Cosme Garzón, demandante
en el expediente T-5655914, la UARIV decidió suspender definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, dado que algunos
miembros del hogar han sido beneficiarios de diferentes programas del Gobierno
que buscan mejorar las condiciones de las personas desplazadas, así como
también porque se les hizo entrega de subsidio de vivienda monetario y el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y III). El accionante había
solicitado a la UARIV información sobre la fecha de entrega de la ayuda
humanitaria, ante lo cual considera la Sala que la respuesta de la entidad
precisando que ya no tiene derecho a ella constituye una respuesta de fondo
(ver infra, Anexo I, numeral 341).
141.
Respecto de Juan Diego Hernández Mejía, quien obra
como demandante en el expediente T-5655916, la UARIV allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde expone
el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de
la respuesta a la petición presentada por el accionante, informándole que ya se
había dado inicio al proceso de identificación de carencias para establecer la
procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Teniendo en cuenta que la petición formulada
por la entidad fue la entrega de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 346), considera la Sala que no ha habido respuesta
de fondo, por cuanto no se le indicó un plazo razonable cierto en el que el
accionante conocería la respuesta específica a lo solicitado.
142.
Con relación a Bertha Oliva Hoyos Pérez, accionante
en el caso planteado en el expediente T-5655918, la UARIV allegó copia del
oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, en la cual se
le informa que los recursos se le serían cargados dentro de los 8 días
siguientes (ver infra, Anexos II y IV). Como la accionante solicitó a la UARIV
información sobre la entrega de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 351), considera la Sala que la entidad contestó de
fondo dicha petición.
143.
Sobre Celsa Julia Giraldo de Quinchia, accionante
en el expediente T-5655919, la UARIV allegó copia del oficio dirigido al
Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, exponiendo el
cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío de
la respuesta a la petición presentada por la accionante, en la cual se le
informa que el hogar se encontraba en extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta
en el componente alimentación (ver infra, Anexos II, III y IV). La accionante había solicitado a la UARIV la
entrega de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 356), por lo que la respuesta de la UARIV fue de
fondo.
144.
Con relación a Teresa de Jesús Marín Puerta,
accionante en el expediente T-5655944, la UARIV decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
por las siguientes razones: (i) porque uno de los miembros del hogar adquirió
un producto financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del
grupo familiar, (ii) porque la accionante cuenta con vivienda propia y (iii)
por haber sido beneficiarios los miembros del grupo familiar de otros programas
del Gobierno que buscan mejorar las condiciones de las personas desplazadas (ver infra, Anexos II y IV). La accionante había radicado petición solicitando
información sobre la fecha en la que se le entregaría nuevamente ayuda
humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 361), frente a lo cual la Sala considera que una
respuesta informándole que no tiene ese derecho debe ser considerada como una
respuesta de fondo.
145.
Respecto de María Leticia Gómez Ramírez, demandante
en el expediente T-5655946, la UARIV decidió suspender definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, ya que (i) se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para generar
ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, (ii) la accionante ha sido
beneficiaria de otros programas del Gobierno que buscan mejorar las condiciones
de las personas desplazadas, (iii) el hecho victimizante ocurrió hace más de 10
años y (iv) de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer
que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y IV). La accionante había
solicitado la entrega de la ayuda humanitaria, aspecto sobre el cual trata la
respuesta de la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 366), en el sentido de negar la posibilidad de
realizar dicha entrega por no tener la accionante ese derecho.
146.
Con relación a Dubian Fredy Aristizabal Giraldo,
demandante en el expediente T-5655947, la UARIV decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto dado que el accionante cuenta con vivienda propia y dentro del núcleo
familiar hay un integrante con capacidad productiva que permite cubrir las
necesidades del hogar. Además, señaló que el hecho victimizante ocurrió hace
más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y IV). El accionante había
radicado petición solicitando la entrega de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 371), frente a lo cual la Sala considera que una
respuesta informándole que no tiene ese derecho debe ser considerada como una
respuesta de fondo.
147.
Sobre María Emilcen Quiceno López,
quien actúa como demandante en el expediente T-5655948, la UARIV decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, ya que se pudo establecer que no existen características que
inhabiliten al hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
Además, señaló que la accionante cuenta con vivienda propia. Afirmó también que
el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y IV). Ante la solicitud de prórroga de la ayuda
humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 376), una respuesta informándole que ya no tiene
derecho a ella constituye para la Sala una respuesta de fondo.
148.
Con relación a Luis Fernando
Marín Giraldo, accionante en el proceso de referencia T-5655949, la UARIV
decidió suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por
cualquier concepto, (i) porque uno de los miembros del hogar adquirió un
producto financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar, (ii) el accionante cuenta con vivienda propia, (iii) se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para generar
ingresos o adquirir capacidades para hacerlo y (iv) el hecho victimizante
ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada
se pudo establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema
urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y IV). Al igual que lo dicho previamente, frente a
una solicitud de prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 382), una respuesta informándole que ya no tiene
derecho a ella constituye para la Sala una respuesta de fondo.
149.
Sobre el señor Pedro Pablo
Valencia Agudelo, accionante en el proceso T-5655961, la UARIV decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, ya que se pudo establecer que no existen características que
inhabiliten al hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo,
el accionante cuenta con vivienda propia y el hecho victimizante ocurrió hace
más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad (ver infra,
Anexos II y III). Recuerda la Sala que el accionante había
solicitado prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 430), por lo que una respuesta informándole que ya
no tiene derecho a ella constituye una respuesta de fondo.
150.
Con relación a Beatriz Elena
Aristizabal Quincero, accionante en el proceso de referencia T-5655962, la
UARIV allegó copia de la contestación a la tutela, donde solicitó la negación
del amparo constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de
la planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante. Así mismo, manifestó que ya se había dado inicio al proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexo III). Debido a que el accionante solicitó la
prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 436), la simple indicación de que se realizará un
procedimiento (la identificación de carencias) antes de responderle de fondo,
sin decirle cuándo se llevará a cabo ese procedimiento, no constituye una
respuesta de fondo.
151.
Respecto de Wilson Alberto
Henao Suaza, accionante en el proceso T-5655963, la UARIV allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, manifestando
el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío
de la respuesta a la petición presentada por el accionante, en la cual se le
informa que no es posible acceder a la petición porque las ayudas humanitarias
se entregan cada 3 meses y aún no había trascurrido dicho lapso desde la última
entrega (ver infra, Anexos II y IV). Como el accionante había solicitado a la
UARIV la entrega de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 442), la contestación exponiéndole las razones por
las que no era procedente acceder a la pretensión constituye una respuesta de
fondo.
152.
Sobre Flor María Gallego Ramírez, quien actúa como
demandante en el proceso T-5655964, la UARIV allegó copia del oficio dirigido
al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde manifiesta el
cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. Así mismo, indicó que ya
se había dado inicio al proceso de identificación de carencias para establecer
la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver
infra, Anexos II y IV). Con base en la información mencionada,
reitera la Sala que la simple indicación del procedimiento administrativo que
seguirá la entidad antes de dar una respuesta definitiva a la petición
planteada (ver infra, Anexo I, numeral 448), sin indicar siquiera el plazo razonable en
el que se respondería de fondo a la solicitud planteada, no puede entenderse
como una respuesta en los términos exigidos por el artículo 23 de la
Constitución.
153.
Respecto de María Luzdari López Quinceno, quien
actúa como accionante en el proceso de radicado T-5655965, la UARIV allegó
copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, donde manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y
anexa copia de la planilla del envío de la respuesta a la petición presentada
por la accionante en la cual se le informa que se suspenden definitivamente las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Señala nuevamente la Sala que ante la
solicitud de prórroga de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 454) la indicación de las razones por las cuales
la accionante no tiene derecho a ella, constituye una respuesta de fondo.
154.
Respecto de Javier de Jesús Zuluaga Suarez,
demandante en el proceso T-5655966, la UARIV remitió copia del oficio dirigido
al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde manifiesta el
cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de la
respuesta a la petición presentada por el accionante. Así mismo, indicó que ya
se había iniciado el proceso de identificación de carencias para establecer la
procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Por no indicar un plazo razonable en el que
se dará respuesta definitiva a la petición formulada por el accionante (ver infra,
Anexo I, numeral 460) concluye la Sala que dicha respuesta no está
acorde a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución.
155.
Con relación a Luis Argiro
Naranjo Villegas, demandante en el proceso T-5655967, la UARIV allegó copia del
oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante. Así mismo,
informó que ya se había iniciado el proceso de identificación de carencias para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). No obstante, advierte la Sala que la UARIV no
indicó un plazo razonable en el que terminaría el proceso de medición de
carencias y que permitiría dar una respuesta de fondo y definitiva a la
petición de entrega de ayuda humanitaria formulada por el accionante (ver infra,
Anexo I, numeral 466).
156.
Respecto de Luz Marina
Giraldo, accionante en el proceso de tutela de radicado T-5655968, la UARIV
remitió copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia,
donde manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante.
Así mismo, relató que ya se había iniciado el proceso de identificación de
carencias para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta que la accionante solicitó
a la UARIV la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 472), la mera indicación del procedimiento
administrativo a realizar antes de dar respuesta definitiva, sin indicar el
plazo razonable en el que dicha respuesta de fondo se realizaría, no constituye
una respuesta acorde con el artículo 23 de la Constitución.
157.
Sobre Héctor Alirio Hernández
Gallego, accionante en el proceso de tutela T-5655969, la UARIV manifestó que
mediante decisión notificada personalmente al accionante el día 30 de junio del
2016, la entidad accionada decidió suspender definitivamente la entrega de las
ayudas humanitarias por cualquier concepto dado que (i) el accionante es
propietario de vivienda, (ii) dentro del núcleo familiar hay un integrante con
capacidad productiva que permite cubrir las necesidades del hogar y (iii) el
hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y III). La Sala concluye que la respuesta de la
UARIV fue de fondo, en la medida en que le expuso al demandante las razones por
las cuales no puede acceder a su petición, consistente en el otorgamiento de
ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 478).
158.
Respecto de Aura Stella Gómez
García, accionante en el proceso de referencia T-5655970, mediante decisión notificada
personalmente al accionante el día 14 de julio del 2016, la UARIV decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, (i) porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar, (ii) porque los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas
de generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran,
como mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación y (iii)
porque varios integrantes del hogar han sido beneficiarios de otros programas
del Gobierno que buscan mejorar las condiciones de las personas desplazadas
(ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta que la solicitud formulada
a la UARIV por la accionante consistió en el reconocimiento de ayuda
humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 484), considera la Sala que la respuesta de la
entidad fue de fondo, pues le indicó las razones por las cuales no tiene
derecho a lo solicitado.
159.
Con relación a Raimundo
Antonio Vásquez Aristizabal, quien actúa como demandante en el proceso de
radicado T-5655971, por decisión notificada mediante aviso el día 12 de
septiembre del 2016, la UARIV reconoció y ordenó el pago a favor del accionante
de la ayuda humanitaria en el componente de alimentación y suspendió de manera
definitiva la entrega de la ayuda humanitaria en el componente alojamiento
temporal dado que el accionante cuenta una solución definitiva de vivienda (ver
infra, Anexos II y IV). Dado que la solicitud presentada a la UARIV
por el accionante consistió precisamente en el pago de ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 490), la Sala concluye que la respuesta en este
caso fue de fondo.
160.
Respecto de María de Jesús
Ocampo de López, quien actúa como accionante en el proceso T-5655972, la UARIV
allegó copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, donde manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y
anexa copia de la planilla del envío de la respuesta a la petición presentada
por el accionante. Así mismo, informó que ya se había dado inicio al proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Considerando que la señora María de Jesús
Ocampo de López había solicitado a la UARIV el pago de la ayuda humanitaria
(ver infra, Anexo I, numeral 496), la indicación del procedimiento que seguirá
la entidad para contestarle definitivamente, sin la indicación de un plazo
razonable en que lo hará, no constituye una respuesta de fondo.
161.
Respecto de Efraín de Jesús
Vásquez Gómez, demandante en el proceso T-5655973, la UARIV allegó copia del
oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante. Asimismo,
indicó que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Teniendo en cuenta que el accionante solicitó
a la UARIV la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 502), la mera indicación del procedimiento
administrativo a realizar antes de dar respuesta definitiva, sin indicar el
plazo razonable en el que dicha respuesta de fondo se realizaría, no constituye
una respuesta acorde con el artículo 23 de la Constitución.
162.
Con relación a Rosa Amelia
Ramírez Jaramillo, accionante en el proceso T-5655974, la UARIV decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto dado que ya se les hizo entrega de un subsidio de vivienda monetario,
se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para
generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, y porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexos II y III). Tomando en consideración que la accionante
había solicitado a la entidad la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 508), la respuesta negativa a lo solicitado,
indicando las razones que la sustentan, constituye una respuesta de fondo.
163.
Con relación a Francisco
Antonio Salazar Jiménez, accionante en el proceso de radicado T-5655975, la UARIV decidió reconocer y ordenar el pago a
favor del accionante de la ayuda humanitaria en el componente de alimentación y
suspendió de manera definitiva la entrega de la ayuda humanitaria en el
componente alojamiento temporal, dado que el accionante cuenta con vivienda
propia (ver infra, Anexos II y IV). Como el accionante había solicitado la
entrega de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 514), considera la Sala que la respuesta de la
UARIV en este caso fue de fondo.
164.
Respecto de María Fanny Gómez
López, demandante en el proceso de tutela de referencia T-5655976, la UARIV allegó copia del oficio dirigido al Juzgado Penal
del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde manifiesta el cumplimiento del
fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de la respuesta a la
petición presentada por la accionante. Así mismo, informó que ya se había dado
inicio al proceso de identificación de carencias para establecer la procedencia
de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Como ya se ha indicado antes, ante una
solicitud a la UARIV de prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 520), la simple indicación del procedimiento
administrativo a realizar antes de dar respuesta definitiva, sin indicar el
plazo razonable en el que dicha respuesta de fondo se realizaría, no constituye
una respuesta acorde con el artículo 23 de la Constitución.
165.
Sobre el señor Carlos Antonio
Quintero Giraldo, accionante en el proceso T-5655977, la UARIV allegó copia del
oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante. Así mismo,
informó que ya se había dado inicio al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexo IV). Reitera la Sala que ante
una solicitud a la UARIV de prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 526), la simple indicación del procedimiento
administrativo a realizar antes de dar respuesta definitiva, sin indicar el
plazo razonable en el que dicha respuesta de fondo se realizaría, no constituye
una respuesta acorde con el artículo 23 de la Constitución.
166.
Respecto de Humberto de Jesús
Naranjo Gallego, accionante en el proceso T-5655980, la UARIV allegó copia del
oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante. Igualmente,
indicó que ya se había dado inicio al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Frente a esta contestación, por las razones
expuestas en el numeral anterior, la Sala concluye que la respuesta no fue de
fondo dada la solicitud formulada por la accionante (ver infra, Anexo I, numeral 529).
167.
Con relación a Luz Mary
Salazar Giraldo, accionante en el proceso T-5655981, la UARIV remitió copia del
oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante. También
señaló que ya se había dado inicio al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Señala la Sala que ante una solicitud a la
UARIV de prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 535), la simple indicación del procedimiento
administrativo a realizar antes de dar respuesta definitiva, sin decir el plazo
razonable en el que dicha respuesta de fondo se realizaría, no constituye una
respuesta acorde con el artículo 23 de la Constitución.
168.
Respecto de Juana Cecilia Soto
Montoya, accionante en el proceso T-5655984, allegó copia del oficio dirigido
al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde informa el
cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. De la misma forma,
sostiene que ya se inició el proceso de identificación de carencias para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Dada la solicitud realizada a la UARIV por la
accionante (ver infra, Anexo I, numeral 541), reiterando la regla establecida en el
numeral anterior, concluye la Sala que esta no es una respuesta de fondo.
169.
Respecto de Félix Antonio Pamplona Peláez, quien
actúa como demandante en el proceso de tutela de radicado T-5655986, la UARIV
allegó copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia,
donde manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante.
Igualmente, sostuvo que ya se había iniciado el proceso de identificación de
carencias para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por el
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 547), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
170.
Con relación a la accionante en el proceso T-5655987, Luz Mary Quintero Toro, la UARIV allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante (ver infra,
Anexos II y IV). Igualmente, sostuvo que ya se había dado
inicio al proceso de identificación de carencias para establecer la procedencia
de la entrega de las ayudas humanitarias. Teniendo en cuenta lo pedido por el
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 553), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
171.
Respecto de Luz Helena Duque
Gómez, accionante en el proceso de referencia T-5655988, la UARIV allegó copia
del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia,
donde manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante
(ver infra, Anexos II y IV). Igualmente, informó que ya se había dado
inicio al proceso de identificación de carencias para establecer la procedencia
de la entrega de las ayudas humanitarias. Teniendo en cuenta lo pedido por el
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 559), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
172.
Respecto de María Lina Arenas
de Gómez, en el proceso T-5655989, la UARIV decidió suspender definitivamente
la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto porque (i) uno de
los miembros del hogar registra como cotizante del régimen contributivo,
completando un periodo consecutivo de cotización, infiriéndose la estabilidad
en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o parcialmente la
subsistencia mínima del hogar; (ii) el accionante es propietario de vivienda y (iii)
ha sido beneficiario de otros programas del Gobierno que buscan mejorar las
condiciones de las personas desplazadas (ver infra, Anexos II y III). Observa la Sala que la accionante había
solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 565), por lo que la respuesta de la UARIV, en la
que se le indican las razones por las cuales no tiene este derecho, constituye
una respuesta de fondo.
173.
Con relación a la señora Beiba Nubia Vásquez
Cuervo, quien actúa como accionante en el proceso T-5655990, la UARIV allegó
copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, donde manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y
anexa copia de la planilla del envío de la respuesta a la petición presentada
por la accionante. Igualmente, sostuvo que ya se había dado inicio al proceso
de identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Señala la Sala que ante una solicitud a la
UARIV de prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 571), la simple indicación del procedimiento
administrativo a realizar antes de dar respuesta definitiva, sin decir el plazo
razonable en el que dicha respuesta de fondo se realizaría, no constituye una
respuesta acorde con el artículo 23 de la Constitución.
174.
Respecto de Fabián de Jesús Jaramillo Gómez,
demandante en el proceso de referencia T-5655992, la UARIV allegó copia del
oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante. Igualmente,
afirmó que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por el
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 577), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
175.
Respecto de la accionante en el proceso T-5660421,
Rosario Esther Díaz Pacheco, la UARIV allegó copia del oficio dirigido al
Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, donde manifiesta el
cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. Igualmente, señaló que ya
se había dado inicio al proceso de identificación de carencias para establecer
la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 582), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
176.
Con relación a Omar de Jesús Graciano Giraldo,
quien actúa como accionante en el proceso T-5660422, el día 27 de abril del
2016 la UARIV allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante
en la cual le informan que ya se había dado inicio al proceso de identificación
de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por el
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 588), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
177.
Respecto de la accionante en el proceso T-5660430,
Casilda María Cuadrado Morelo, el día 4 de mayo del 2016 la UARIV allegó oficio
al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando el cumplimiento
del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío de la respuesta a
la petición presentada por la accionante. Igualmente, manifestó que ya se había
dado inicio al proceso de identificación de carencias para establecer la
procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la accionante
a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 629), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
178.
Con relación a Rosalba Vivas Mena, quien actúa como
accionante en el proceso T-5660432, el día 25 de abril del 2016 la UARIV allegó
oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando el
cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío de
la respuesta a la petición presentada por la accionante. Así mismo, sostuvo que
ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexo IV). Teniendo en cuenta lo
pedido por la accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 639), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
179.
Respecto de la accionante Nora Irma Graciano,
demandante en el proceso de radicado T-5660433, el día 3 de mayo del 2016 la
UARIV allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando
el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla de envío de
la respuesta a la petición presentada por la accionante. Igualmente, sostuvo
que ya se había dado inicio al proceso de identificación de carencias para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexo IV). Teniendo en cuenta lo
pedido por la accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 645), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
180.
Sobre la señora Nicolaza Cuesta Mercado, accionante
en el proceso de referencia T-5660434, el día 4 de mayo del 2016 la UARIV
allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando
el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla de envío de
la respuesta a la petición presentada por la accionante. También señaló que ya
se había dado inicio al proceso de identificación de carencias para establecer
la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexo IV). Teniendo en cuenta lo
pedido por la accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 651), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
181.
Con relación a Martha Córdoba Roa, accionante en el
proceso de referencia T-5660435, el día 25 de abril del 2016 la UARIV allegó
oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando el
cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla de envío de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. Asimismo, afirmó que ya
se había dado inicio al proceso de identificación de carencias para establecer
la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 658), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
182.
Con relación a quien actúa como accionante en el
proceso T-5660436, Ana Paola Guzmán Jaramillo, el día 25 de abril del 2016 la
UARIV allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla de envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante.
Igualmente, adujo que ya se había dado inicio al proceso de identificación de
carencias para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 664), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
183.
Respecto de Yesica Palacio Cuesta, quien actúa como
accionante en el proceso T-5660437, el 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante.
También manifestó que ya se había dado inicio al proceso de identificación de
carencias para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias (ver infra, Anexo II). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 669), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
184.
Con relación a Deny Luz Mora Montalvo, accionante
en el proceso T-5660438, el día 14 de abril del 2016 la UARIV allegó oficio al
Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando el cumplimiento
del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío de la respuesta a
la petición presentada por la accionante. Igualmente, afirmó que ya se había
dado inicio al proceso de identificación de carencias para establecer la
procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexo II). Teniendo en cuenta lo pedido por la accionante
a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 675), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
185.
Respecto de la accionante Luz Diony Usuga García,
del proceso T-5660439, el día 25 de abril del 2016 la UARIV allegó oficio al
Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando el cumplimiento
del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío de la respuesta a
la petición presentada por la accionante. También expresó que ya se había dado inicio
al proceso de identificación de carencias para establecer la procedencia de la
entrega de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 680), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
186.
Con relación a Yudiela Rentería Vertel, accionante
en el proceso de radicado T-5660440, el 25 de abril del 2016 la UARIV allegó
oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando el
cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla de envío de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. De la misma forma, señaló
que ya se había dado inicio al proceso de identificación de carencias para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 686), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
187.
Respecto del caso planteado por Wilfrido Montalvo
Gulfo, accionante en el proceso de radicado T-5660495, el día 3 de mayo del
2016 la UARIV allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla de envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante.
Así mismo, indicó que ya se había dado inicio al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 697), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
188.
Con relación a Orlando José León Mendoza,
accionante en el proceso de radicado T-5660496, el día 27 de abril del 2016 la
UARIV allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla de envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante.
En el mismo sentido, consideró que ya se había dado inicio al proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 703), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo. Además, observa la Sala que, según lo relatado en la acción de tutela,
ya previamente la UARIV se había negado a darle respuesta de fondo al
accionante, al manifestarle que se contactarían nuevamente con él vía
telefónica (ver infra, Anexo I, numeral 703).
189.
Con relación a Manuela Palacios Palacios,
accionante en el expediente T-5694108, el día 22 de junio de 2016 la UARIV
allegó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó oficio manifestando el
cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla de envío de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. En el mismo sentido,
consideró que ya se había dado inicio al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexos IV). Teniendo en cuenta lo
pedido por la accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 735), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
190.
Respecto de María Oliva Silva Carvajal, accionante
en el proceso de referencia T-5694109, el día 24 de junio de 2016 la UARIV
allegó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó oficio manifestando el
cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla de envío de la
respuesta a la petición presentada por la accionante, en la que se le informó
que se daría inicio al proceso de identificación de carencias, para establecer
la procedencia de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexos III y IV). Teniendo en cuenta lo pedido por la
accionante a la UARIV (ver infra, Anexo I, numeral 741), con base en la regla reiterada en el numeral
anterior, la Sala concluye que esta contestación no constituye una respuesta de
fondo.
191.
Respecto de Rosmiri Barrios Fuentes, accionante en
el proceso de radicado T-5694110, el día 24 de junio de 2016 la UARIV allegó
oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando el
cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío de
la respuesta a la petición presentada por la accionante en la cual le informan
la suspensión definitiva de las ayudas humanitarias (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta que la solicitud de la
accionante estaba relacionada con la entrega de ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 748), la respuesta explicando los motivos por los
cuales no tiene derecho a ella constituye una respuesta de fondo.
192.
Con relación a Deyanira Barrientos Velásquez,
accionante en el proceso T-5696787, la UARIV allegó copia de la contestación a
la tutela, donde solicitó la negación del amparo constitucional por
configurarse un hecho superado, anexando copia de la planilla del envió de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. No es legible la fecha en
que se radicó la contestación (ver infra, Anexos III). No consta una respuesta específica de la
UARIV sobre la petición de reparación administrativa (ver infra, Anexo I, numeral 775), por lo que concluye la Sala que aún no se ha
dado respuesta oportuna y de fondo a la accionante.
193.
Sobre María Clemencia Ordoñez Singindioy,
accionante en el proceso T-5714469, mediante decisión notificada personalmente
a la accionante el día 1 de junio de 2016, la UARIV suspendió definitivamente
la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, con base en que
(i) uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero que permite
inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar y (ii) en que la
accionante cuenta con vivienda propia (ver infra, Anexos II y IV). Dado que la petición de la accionante ante la
UARIV se relacionaba con la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 754), la explicación de las razones por las cuales
ella no resulta procedente constituye una respuesta de fondo.
194.
Con relación a Ermila Ordoñez Martínez, quien actúa
como demandante en el proceso de referencia T-5714471, mediante decisión
notificada personalmente el día 7 de julio de 2016, la UARIV reconoció y ordenó
el pago a favor de la accionante de la ayuda humanitaria en el componente de
alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la ayuda
humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que la accionante cuenta
con vivienda propia (ver infra, Anexo II). En ese sentido, ante la petición de entrega
de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 759), la respuesta de la UARIV explicando las
razones por las cuales no tiene derecho a ella constituye una respuesta de
fondo.
195.
Respecto de la señora Yanuri Patricia Mora Botina,
demandante en el proceso de tutela de referencia T-5714472, el día 18 de
septiembre de 2015 la entidad accionada allegó al Juzgado Promiscuo del Familia
de Circuito de Mocoa oficio manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y
anexando copia de la planilla del envío de la respuesta a la petición
presentada por la accionante en la cual se le informa que los recursos le
serían cargados dentro de los 15 días siguientes (ver infra, Anexo IV). Teniendo en cuenta que la accionante había
solicitado prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 764), considera la Sala que la respuesta en este
caso fue de fondo.
196.
Con relación a Oscar Agustín Chasoy Chasoy,
demandante en el proceso de referencia T-5714477, por decisión notificada
mediante aviso el día 5 de julio de 2016, la entidad accionada reconoció y
ordenó el pago a favor del accionante de la ayuda humanitaria de emergencia por
encontrarse su hogar en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra,
Anexos II y IV). En este sentido, al acceder a lo pedido por
el accionante (ver infra, Anexo I, numeral 769), se le dio respuesta de fondo a su petición.
197.
Por las razones expuestas, del análisis específico
de los casos agrupados en esta categoría concluye la Sala que sobre algunos de
ellos opera la carencia actual de objeto por hecho superado[88]. Se trata de
los casos con los siguientes números de referencia: T-5412662, T-5435008,
T-5435010, T-5655907, T-5655908, T-5655909, T-5655910, T-5655912, T-5655914,
T-5655918, T-5655919, T-5655944, T-5655946, T-5655947, T-5655948, T-5655949,
T-5655961, T-5655963, T-5655965, T-5655969, T-5655970, T-5655971, T-5655974,
T-5655975, T-5655989, T-5694110, T-5714469, T-5714471, T-5714472, T-5714477.
198.
En los demás casos analizados en este grupo no
resulta procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
pues la UARIV no contestó de fondo la petición formulada ante ella ni les
informó a los solicitantes un plazo razonable en el que lo haría. Se trata de
los siguientes casos: T-5655916, T-5655962, T-5655964, T-5655966, T-5655967,
T-5655968, T-5655972, T-5655973, T-5655976, T-5655977, T-5655980, T-5655981,
T-5655984, T-5655986, T-5655987, T-5655988, T-5655990, T-5655992, T-5660421,
T-5660422, T-5660430, T-5660432, T-5660433, T-5660434, T-5660435, T-5660436,
T-5660437, T-5660438, T-5660439, T-5660440, T-5660495, T-5660496, T-5694108,
T-5694109 y T-5696787. Tampoco declarará la carencia actual de objeto con
relación a los casos sobre los que no consta si la UARIV contestó o no lo ha
hecho (ver supra, numeral 130). Se trata de los siguientes casos: Se trata de los casos identificados con los siguientes números de
expediente: T-5435002, 5435009, T-5515341, T-5515345,
T-5515348, T-5515349, T-5515350, T-5515351, T-5515353, T-5515354, T-5515355, T-5515356,
T-5515360, T-5515362, T-5515363, T-5515365, T-5515366, T-5515368, T-5515371,
T-5515373, T-5531875, T-5515378, T-5515380, T-5551124 y T-5655908.
199.
Personas que han formulado peticiones a la
UARIV y han obtenido como respuesta que van a ser programadas para la
realización del PAARI:
Las acciones de tutela que plantean estos mismos hechos son un total de treinta
y nueve[89].
Con todo, según lo analizado al estudiar la procedencia, la acción de tutela de
referencia T-5435001 debe ser
considerada improcedente por falta de legitimación en la causa por activa (ver supra,
numeral 41). Por ello, el análisis
que se realizará a continuación estará circunscrito a los treinta y ocho casos
restantes.
200.
Al respecto, en un apartado anterior de la presente
providencia la Sala ya analizó si la respuesta por parte de la UARIV
indicándole a una persona que solicita ayuda humanitaria que primero debe realizarse
el PAARI es válida a la luz de lo previsto en el artículo 23 de la
Constitución. Según la jurisprudencia constitucional, existen dos reglas claras
que deben tenerse en cuenta para analizar los casos en los que se solicita
ayuda humanitaria ante la UARIV y ésta invoca la necesidad de primero proceder
a la realización de PAARI (ver supra, numeral 119). La primera de estas
reglas es que la realización del PAARI, o de
cualquier otra herramienta de identificación de carencias y necesidades, no
puede dilatar el reconocimiento de la ayuda humanitaria a personas que se
encuentran en vulnerabilidad alta. La segunda es que respecto de todos los
demás casos la UARIV debe analizar la situación del solicitante de ayuda
humanitaria, valiéndose de instrumentos como el PAARI, pero, de conformidad con
el artículo 14 de la Ley 1753 de 2015, debe informar al solicitante la fecha en
la que se dará la respuesta definitiva a la solicitud planteada, la cual debe
en todo caso constituir un plazo razonable.
201.
Aplicando estas dos reglas al análisis de los
treinta y ocho casos catalogados en este grupo advierte la Sala que el
cumplimiento de   ninguna de estas reglas se verificó. Primero, en los escritos
de tutela en los que se anexa la respuesta de la UARIV se advierte que, antes
de informarles a los solicitantes de la necesidad de realización del PAARI, esta
no considera el grado de vulnerabilidad de las víctimas. Dado que no existe
prueba específica sobre el grado de vulnerabilidad de los accionantes podría
asumirse, en gracia de discusión, que ninguna de ellas se encontraba en un
nivel de vulnerabilidad alta. Con todo, en ese escenario también existiría una
vulneración del derecho de petición de quienes actuaron como accionantes en
estos casos, pues a ellos no se les informó el plazo razonable en que se
llevaría a cabo el PARRI. Por el contrario, solo se les indicó que la UARIV se
comunicaría nuevamente con ellos para informarles la fecha de realización del
PAARI. En este sentido, a las peticiones de entrega de ayuda humanitaria, la
UARIV respondió sin especificar la fecha en la que debía realizarse una
actuación administrativa necesaria para dar respuesta definitiva y de fondo a
lo planteado. Por esto, considera la Sala que existe una vulneración del
derecho de petición de los accionantes en estos procesos de tutela.
202.
Ahora bien, una vez identificada la vulneración, le
corresponde a la Sala estudiar si mediante actuaciones posteriores a los fallos
que resolvieron las treinta y ocho acciones de tutela revisadas se subsanó esa
situación, para efectos de determinar si con relación a ellos debe la Sala
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
203.
Al respecto, observa la Sala de que la UARIV no
envió prueba de la contestación de las peticiones formuladas por quienes obran
como accionantes en los procesos que tienen los siguientes números de
referencia: T-5435003, T-5435004, T-5435005, T-5435006, T-5515342, T-5515344, T-5515346,
T-5515347, T-5515352, T-5515357, T-5515359, T-5515364, T-5515367, T-5515369,
T-5515370, T-5515377, T-5515379 y T-5530203. Con relación a quienes obran como
accionantes en los demás procesos agrupados en esta categoría de casos la UARIV
sí remitió a la Corte constancia sobre la contestación, la cual pasa a
analizarse en cada caso para verificar si cumplió los requisitos impuestos por
el artículo 23 de la Constitución.
204.
Con relación al caso de Ana Mary Correa Giraldo,
quien actúa como accionante en el proceso de referencia T-5435007, mediante
decisión del 20 de enero de 2016, la UARIV decidió suspender definitivamente la
ayuda humanitaria, al considerar que el desplazamiento forzado ocurrió hace más
de 10 años, por lo que es posible asumir que de existir carencias éstas no
guardan relación con el desplazamiento forzado. Además, consideró que los
integrantes del hogar tenían capacidad productiva para generar ingresos y
cubrir necesidades (ver infra, Anexo II). Teniendo en cuenta esta información,
considera la Sala que la petición de la señora Ana Mary Correa Giraldo (ver infra,
Anexo I, numeral 51) fue contestada de fondo, pues se le informó que
no tiene derecho a la ayuda humanitaria, explicándole las razones de esa
conclusión.
205.
Sobre el caso del señor Farid Lozano García,
accionante en el proceso de referencia T-5655950, por decisión notificada
mediante aviso el día 11 de mayo del 2016, la entidad accionada suspendió
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la
medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra
en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad. Adicionalmente, la UARIV
sostuvo que el accionante ha sido beneficiario de otros programas del Gobierno
que buscan mejorar las condiciones de las personas desplazadas (ver infra,
Anexo II). No obstante, en oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia expuso la
entidad que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias (ver infra,
Anexo IV). Frente a estas dos
respuestas a la solicitud planteada por el accionante (ver infra, Anexo I, numeral 388), la Sala ordenará a la UARIV revisar
nuevamente la solicitud planteada por el señor Farid Lozano García para que le
dé respuesta definitiva.
206.
Con relación al caso de la señora María del Socorro
Ruiz Villegas, accionante en el proceso de referencia T-5655951, la UARIV
allegó copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, donde expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa
copia de la planilla de envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante. Al respecto, informa que ya se había dado inicio al proceso de identificación
de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias (ver infra, Anexo IV). Como se expuso en el análisis de varios casos
concretos en la sección anterior, frente a una solicitud de entrega o prórroga
de ayuda humanitaria, como la planteada por la accionante ante la UARIV (ver infra,
Anexo I, numeral 394), la mera indicación del procedimiento
administrativo a realizar antes de dar respuesta definitiva, sin indicar el
plazo razonable en el que dicha respuesta de fondo se realizaría, no constituye
una respuesta acorde con el artículo 23 de la Constitución.
207.
Frente al caso de Myriam
Andrea Vergara García, accionante en el proceso T-5655952, la UARIV allegó
copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, donde expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa
copia de la planilla de envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante. Así mismo, manifestó que ya se había dado inicio al proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Así, teniendo en cuenta que la accionante
solicitó a la UARIV prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 400), la sola indicación del trámite
administrativo que seguirá la entidad antes de responder definitivamente la
petición no constituye una respuesta de fondo.
208.
Respecto del caso de Eider
Orlando Cardona Castaño, accionante en el proceso de referencia T-5655953, la
UARIV allegó copia del oficio dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, señalando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando
copia de la planilla de envío de la respuesta a la petición presentada por el
accionante. También manifestó que ya se había iniciado el proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Según la regla reiterada en el numeral
anterior, frente a la petición de entrega de ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 406) la UARIV no contestó de fondo el caso.
209.
Con relación a la accionante del expediente T-5655954, Luz Amparo Pineda Giraldo, la UARIV decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, al
considerar que (i) no existen características que inhabiliten al hogar para generar
ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, (ii) la accionante ha sido
beneficiaria de otros programas del Gobierno que buscan mejorar las condiciones
de las personas desplazadas y (iii) el hecho victimizante ocurrió hace más de
10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer
que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad (ver infra, Anexo II y III). Considera la Sala que la respuesta de la
UARIV satisfizo los requisitos del artículo 23 de la Constitución, en la medida
en que explicó las razones por las cuales no era posible acceder a la
pretensión formulada por la accionante, consistente en el reconocimiento de la
ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 412).
210.
Con relación al caso del señor Juan Felipe Gómez Ciro, accionante en el proceso de referencia
T-5655955, por decisión notificada mediante aviso el día 15 de julio del 2016,
la entidad accionada suspendió definitivamente la entrega de las ayudas
humanitarias por cualquier concepto dado que el hecho victimizante ocurrió hace
más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad. Consideró también que el accionante ha sido beneficiario de
otros programas del Gobierno que buscan mejorar las condiciones de las personas
desplazadas (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta que el accionante había
solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 418), la respuesta de la UARIV explicando las
razones por las cuales no es posible acceder a dicha petición constituye una
respuesta de fondo.
211.
Respecto de Francisco López
Ramírez, accionante en el proceso T-5655956, por decisión notificada mediante
aviso el día 15 de julio del 2016, la UARIV decidió suspender definitivamente
la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, teniendo en
cuenta que (i) uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero
que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar y (ii) los
integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de generación de ingresos
y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los componentes
de alojamiento temporal y alimentación (ver infra, Anexos II y IV). Teniendo en cuenta que el accionante había
solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 424), la respuesta de la UARIV explicando las
razones por las cuales no es posible acceder a dicha petición constituye una
respuesta de fondo.
212.
Con relación al accionante en el proceso T-5660423, José Alcides Berrio, la UARIV decidió reconocer y ordenar el
pago a favor del accionante de la ayuda humanitaria en el componente de
alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la ayuda
humanitaria en el componente de alojamiento temporal dado que el accionante
cuenta con vivienda propia. Dentro del hogar se estableció la presencia de
víctimas pertenecientes a grupos étnicos, por lo que reciben un tratamiento
diferencial (ver infra, Anexos II y IV). La petición que el accionante formuló a la
UARIV tuvo que ver con la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 594), a lo cual la UARIV respondió concediéndole un
componente de la ayuda y negándole otro, en ambos casos exponiendo las razones
correspondientes, por lo que considera la Sala que constituye una respuesta
ajustada a lo previsto en el artículo 23 de la Constitución.
213.
Con relación al caso planteado por Luz Darys Correa Córdoba, quien actúa como accionante en el proceso de
referencia T-5660424, la UARIV, mediante oficio allegado el día 25 de abril del
2016 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestó que había
cumplido el fallo de tutela proferido en este proceso, para lo cual anexó copia
de la planilla de envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante. Así mismo, manifestó que ya se había dado inicio al proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). En ese sentido, como lo ha sostenido la Sala
al revisar previamente casos similares, la mera indicación del trámite
administrativo que realizará la UARIV no constituye una respuesta de fondo a la
petición formulada por la accionante, consistente en la prórroga de la ayuda
humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 600).
214.
Respecto del caso analizado en el expediente T-5660425, en el que actúa como accionante Jenny Katherine Quintero
Valencia, la UARIV decidió suspender definitivamente la entrega de las ayudas
humanitarias por cualquier concepto, ya que (i) se pudo establecer que no
existen características que inhabiliten al hogar para generar ingresos o
adquirir capacidades para hacerlo, (ii) la accionante cuenta con vivienda
propia y (iii) el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a
la medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se
encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra,
Anexos II y IV). Teniendo en cuenta que la accionante había
solicitado la prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 606), la respuesta de la UARIV explicando las
razones por las cuales no es posible acceder a dicha petición constituye una
respuesta de fondo.
215.
Con relación a Julio Heriberto
Pérez Duarte, accionante en el proceso T-5660426, mediante decisión notificada
personalmente al accionante el día 13 de mayo del 2016, la UARIV decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, porque (i) uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar,
(ii) el accionante cuenta con vivienda propia y (iii) el hecho victimizante
ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada
se pudo establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema
urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexo II). Teniendo en cuenta que la solicitud del
accionante a la UARIV consistió en la entrega de ayuda humanitaria (ver infra,
Anexo I, numeral 612), la respuesta de la entidad, en la que se le
explican las razones por las cuales no es posible acceder a lo pedido,
constituye una respuesta de fondo.
216.
En el caso de quien actúa como accionante en el
proceso T-5660427, Domitila Jiménez Anaya, mediante
decisión notificada personalmente a la accionante el día 22 de septiembre del
2016, la entidad accionada decidió suspender definitivamente la entrega de las
ayudas humanitarias por cualquier concepto por las siguientes razones: (i) uno
de los miembros del hogar registra como cotizante del régimen contributivo,
completando un periodo consecutivo de cotización, de lo que se infiere la
estabilidad en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o
parcialmente la subsistencia mínima del hogar; (ii) la accionante es
propietario de vivienda; y (iii) el hecho victimizante ocurrió hace más de 10
años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer que
el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
(ver infra, Anexo II y IV). Debido a que la solicitud del accionante a la
UARIV consistió en la entrega de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 618), la respuesta de la entidad, en la que se le
explican las razones por las cuales no es posible acceder a lo pedido,
constituye una respuesta de fondo.
217.
En el caso del señor Manuel
Pico Martínez, quien actúa como accionante en el proceso de referencia
T-5660428, mediante decisión notificada personalmente a la accionante el día 3
de agosto del 2016, la entidad accionada decidió suspender definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, ya que se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para generar
ingresos o adquirir capacidades para hacerlo y adicionalmente porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad (ver infra, Anexo II y IV). Debido
a que la solicitud del accionante a la UARIV consistió en la entrega de ayuda
humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 624), la respuesta de la entidad, en la que se le
explican las razones por las cuales no es posible acceder a lo pedido,
constituye una respuesta de fondo.
218.
En el caso de la señora Yolanda
María López Morales, accionante en el caso de referencia T-5660431, el 25 de
abril del 2016 la UARIV allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó, manifestando el cumplimiento del fallo de tutela, anexando copia de
la planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante. Así mismo, indicó que ya se había dado inicio al proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de la entrega de las
ayudas humanitarias (ver infra, Anexo IV). Al analizar este caso con base en las reglas
jurisprudenciales definidas en esta sentencia, es preciso reiterar que la mera
indicación del trámite administrativo que realizará la UARIV no constituye una
respuesta de fondo a la petición formulada por la accionante, consistente en la
prórroga de la ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 634).
219.
Con relación al accionante en el caso T-5660494, Aicardo Leal, por decisión notificada mediante aviso el día 13
de octubre del 2016, la UARIV decidió suspender definitivamente la entrega de
las ayudas humanitarias por cualquier concepto porque uno de los miembros del
hogar registra como cotizante del régimen contributivo, completando un periodo
consecutivo de cotización, infiriéndose la estabilidad en la generación de
ingresos del cotizante para cubrir total o parcialmente la subsistencia mínima
del hogar. Además, de acuerdo con la UARIV, los integrantes del hogar cuentan
con fuentes o programas de generación de ingresos y/o capacidades para generar
ingresos que cubran, como mínimo, los componentes de alojamiento temporal y
alimentación (ver infra, Anexos II y IV). Debido a que la solicitud del accionante a la
UARIV consistió en la entrega de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 692), la respuesta de la entidad, en la que se le
explican las razones por las cuales no es posible acceder a lo pedido,
constituye una respuesta de fondo.
220.
Respecto de Teolinda Esther
Moreno Orozco, accionante en el proceso de referencia T-5660498, por decisión
notificada mediante aviso el día 13 de octubre del 2016, la UARIV reconoció y
ordenó el pago a favor de la accionante de la ayuda humanitaria en el
componente de alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la
ayuda humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que la accionante
cuenta con vivienda propia. La UARIV tuvo en cuenta que del hogar hacían parte
niños menores de 5 años (ver infra, Anexo II y IV). Debido a que la solicitud de la accionante a
la UARIV consistió en la entrega de ayuda humanitaria (ver infra, Anexo I, numeral 709), la respuesta de la entidad, en la que se le
explican las razones por las cuales no es posible acceder a lo pedido,
constituye una respuesta de fondo.
221.
Con relación al accionante en el proceso T-5694106,
José Antonio Barón Reyes, por decisión notificada mediante
aviso el día 10 de junio de 2016, la entidad accionada suspendió
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de
generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como
mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación (ver infra,
Anexo II y IV). La solicitud del accionante en ese proceso a
la UARIV consistió en la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia (ver infra,
Anexo I, numeral
722), la respuesta de la entidad, en
la que se le explican las razones por las cuales no es posible acceder a lo
pedido, constituye una respuesta de fondo.
222.
Con relación a la señora Prudencia Torres Álvarez,
accionante en el proceso de referencia T-5694107, por decisión notificada
mediante aviso el día 7 de octubre de 2016, la UARIV suspendió definitivamente
la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, ya que se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para generar
ingresos o adquirir capacidades para hacerlo (ver infra, Anexo II y IV). En consecuencia, al explicar las razones por
las cuales la accionante no tiene derecho al reconocimiento de lo solicitado
(ver infra, Anexo I, numeral 728), la UARIV dio respuesta de fondo a su
petición.
223.
Con base en lo expuesto, considera la Sala que es
procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho superado con
relación a las peticiones que fueron contestadas de fondo por la UARIV, lo cual
sucedió en aquellas circunstancias en las que la entidad accedió al
reconocimiento de la ayuda humanitaria solicitada por los accionantes o en
aquellas otras en las que le informó a los accionantes que no era posible
acceder a su petición por cuanto no tenían derecho al reconocimiento de la
ayuda humanitaria, explicando las razones que soportaron su conclusión. Los
procesos en los que la UARIV respondió de esta manera las pretensiones
formuladas por los accionantes son los siguientes: T-5435007,
T-5655954, T-5655955, T-5655956, T-5660423, T-5660425, T-5660426, T-5660427, T-5660428, T-5660494, T-5660498, T-5694106 y T-5694107.
224.
Ahora bien, la Sala considera que la misma conclusión
no procede con relación a las demás respuestas de la UARIV a las peticiones
formuladas por quienes actúan como accionantes en los siguientes procesos: T-5655950, T-5655951, T-5655952, T-5655953, T-5660424 y T-5660431.
Igualmente, por falta de pruebas sobre la contestación de la petición y su
contenido, la Sala no declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de todos los casos con relación a los cuales la UARIV no remitió información
en respuesta a las pruebas solicitadas por la Sala. Como ya se dijo antes (ver supra,
numeral 203) se trata de los
siguientes procesos: T-5435003, T-5435004, T-5435005, T-5435006, T-5515342,
T-5515344, T-5515346, T-5515347, T-5515352, T-5515357, T-5515359, T-5515364,
T-5515367, T-5515369, T-5515370, T-5515377, T-5515379 y T-5530203.
225.
Personas que solicitaron reconocimiento de la ayuda humanitaria a la
UARIV y ésta les contestó de manera negativa con base en el paso de más de 10
años desde la ocurrencia del hecho victimizante. El argumento utilizado por la UARIV en estos
casos fue que el accionante no tenía derecho a las ayudas
humanitarias ya que el desplazamiento forzado ocurrió hace más de 10 años[90]. Al respecto, la Corte recuerda que “la ayuda humanitaria no puede
estar sujeta a un plazo fijo inexorable” (ver supra, numeral 66). Además, observa que, si bien el Decreto 4800
de 2011 establecía una limitación temporal de 10 años a la entrega de la ayuda
humanitaria de transición, este en todo caso consagraba excepciones que debían
ser analizadas respecto de cada solicitud. Con todo, precisa la Sala que dicho
plazo fue derogado por el Decreto 2569 de 2014 (ver supra, numeral 73).
226.
Por lo tanto, la Sala considera que en los casos
agrupados en esta categoría la UARIV invocó un requisito inexistente,
configurando así uno de los escenarios en los que la jurisprudencia ha
precisado que se pone en riesgo o se vulnera el derecho de petición y al mínimo
vital de las personas que solicitan ayuda humanitaria (ver supra,
numeral 92 literal (i)). Por lo tanto, en este
caso revocará los fallos de tutela proferidos en el marco de los procesos de
radicado T-5515343, T-551536 y T-5660500, en tanto concedieron la ayuda
humanitaria sin contar con elementos probatorios suficientes para evidenciar el
desconocimiento del mínimo vital. En su lugar, concederá el amparo invocado por
desconocimiento del derecho de petición.
227.
Igualmente, revocará el fallo proferido en el marco
del proceso T-5533885, en tanto denegó la acción de tutela por no aportar copia
de la petición presentada ante la UARIV. Esta decisión del Juez Primero Penal
del Circuito de Apartadó es sorprendente, teniendo en cuenta que muchos de los
casos revisados mediante la presente decisión fueron proferidos por él,
concediendo la protección invocada a pesar de que no se aportó la comunicación
presentada a la UARIV. En este contexto, este caso pone de presente un grave
desconocimiento del precedente horizontal por parte del Juez Primero Penal del
Circuito de Apartadó, cuyo respeto se funda en el principio constitucional de
igualdad.
228.
Ahora bien, procederá la Corte a analizar si la
vulneración del derecho de petición fue ya subsanada por la UARIV en
actuaciones posteriores a los pronunciamientos judiciales que resolvieron las
acciones de tutela agrupadas en esta categoría.
229.
Respecto del caso planteado en el expediente
T-5660500, observa la Sala que la UARIV remitió a la Corte copia del acto
administrativo de valoración de carencias de la señora Luz Marina Rangel, en el
cual decidió suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias
por cualquier concepto, argumentando que el hecho victimizante ocurrió hace más
de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer
que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
(ver infra, Anexo II). Se observa entonces que mediante esta
contestación la UARIV reitera su desconocimiento del derecho de petición de la
accionante, pues en vez de valorar de fondo su situación aduce un requisito
inexistente en la ley y contrario a la Constitución para justificar la negativa
de la ayuda humanitaria.
230.
De acuerdo con los criterios definidos antes (ver supra,
numeral 203), por la inexistencia de
elementos probatorios suficientes para dar cuenta de la situación real de la
accionante, no puede la Sala constatar un desconocimiento del derecho al mínimo
vital. Por lo anterior, la Sala ordenará a la UARIV realizar nuevamente la
medición de carencias de la accionante en un plazo de un mes contado a partir
de la notificación de la presente providencia, para determinar si tiene derecho
a la ayuda humanitaria. Recuerda la Sala que al realizar esta valoración no
puede tomar en cuenta criterios que no se encuentran en la ley ni, mucho menos,
criterios que desconocen la Constitución.
231.
Adicionalmente, respecto de los casos planteados en
los expedientes T-5515343, T-5515361 y T-5533885 no consta una contestación por
parte de la UARIV distinta a la mencionada en cada una de las acciones de
tutela. Considera la Sala que respecto de los accionantes que actúan en estos
casos se vulneró su derecho de petición, por recibir una respuesta fundada en
requisitos inexistentes en la ley y contrarios a la Constitución. En
consecuencia, ordenará a la UARIV realizar nuevamente la
medición de carencias de los accionantes en el plazo de un mes contado a partir
de la notificación de la presente providencia, para determinar si tiene derecho
a la ayuda humanitaria de emergencia. Reitera la Sala que en esta valoración no
puede tomar en cuenta criterios que no se encuentran en la ley ni, mucho menos,
criterios que desconocen la Constitución, como por ejemplo que el simple paso
del tiempo conlleva a la suspensión definitiva de la ayuda humanitaria.
232.
Decisión a adoptar respecto de los fallos de
tutela que se revisan: como aspecto final, señala la
Sala que en el presente caso corresponde revocar las sentencias que resolvieron
las acciones de tutela que se revisan, en la medida que en ellas se concedió la
acción de tutela y se ordenó el pago de las ayudas humanitarias a los y las accionantes,
a pesar de que en ninguno de los casos en ellas planteadas existían materiales
probatorios suficientes para que el juez de tutela ordenara tal pago, situación
que no fue solucionada mediante el ejercicio de las facultades probatorias a
ellos conferidas por el Decreto 2591 de 1991 (ver supra, numeral 118). En su lugar, la Sala concederá las acciones
de tutela revisadas por desconocimiento del derecho de petición, ordenando en
algunos casos a la UARIV responder tales peticiones y en otros casos declarando
la carencia actual de objeto, según las consideraciones precedentes.
H.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
233.  En el presente caso la Sala revisó ciento treinta y tres acciones de
tutela interpuestas contra la UARIV. Las acciones de
tutela revisadas plantean situaciones que pueden ser agrupadas en tres
categorías: (i) personas que formularon peticiones a la UARIV y no han obtenido
ninguna respuesta; (ii) personas que formularon peticiones a la UARIV y obtuvieron
como respuesta que van a ser “agendadas” (se les va a programar) para la
realización del PAARI y (iii) personas que solicitaron reconocimiento de la
ayuda humanitaria a la UARIV y ésta les contestó de manera negativa
argumentando que no tenían derecho ya que el
desplazamiento forzado ocurrió hace más de 10 años. En ninguno de los procesos
revisados la UARIV contestó de manera oportuna la acción de tutela. En
respuesta a los autos de pruebas proferidos por el Magistrado sustanciador la
UARIV hizo llegar a la Corte las contestaciones extemporáneas a algunas
acciones de tutela y a las solicitudes formuladas ante ella por algunos
accionantes. De los fallos judiciales
revisados tan solo en dos ocasiones los jueces de tutela denegaron el amparo.
En los demás tutelaron los derechos de los accionantes y ordenaron a su favor
el pago de la ayuda humanitaria.
234.  Teniendo como base en marco fáctico expuesto, consideró la Corte que
debía resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i)
¿Vulnera la UARIV el derecho fundamental de
personas víctimas de desplazamiento forzado a obtener respuesta a sus
peticiones al no contestar peticiones que ellas le formulan a través de
distintos canales de comunicación, tales como escritos, chat virtual de la
entidad o líneas de atención telefónica, relacionadas con (i) entrega de ayuda
humanitaria, (ii) prórroga de ayuda humanitaria, (iii) modificación de la ayuda
otorgada, (iv) de pago de indemnización administrativa y (v) de valoración de
la declaración sobre su condición de víctimas?
(ii)
¿Vulnera la UARIV el derecho fundamental de las
víctimas de desplazamiento forzado a obtener una respuesta oportuna y de fondo
al comunicarles que, antes de contestar las solicitudes por ellas formuladas
sobre (i) entrega de ayuda humanitaria, (ii) prórroga de la ayuda humanitaria y
modificación de la ayuda otorgada, debe primero proceder a la realización del
PAARI?
(iii)
¿Vulnera la UARIV derechos fundamentales de
personas víctimas de desplazamiento forzado al negarse a reconocerles la ayuda
humanitaria afirmando que han trascurrido más de 10 años desde la ocurrencia
del hecho victimizante?
235.
Con el propósito de responder estos problemas
jurídicos, la Sala estudió las siguientes cuestiones. En primer lugar, sostuvo
que la ayuda humanitaria tiene sustento en distintas fuentes de derecho, como
el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional
humanitario y en el derecho constitucional colombiano. Respecto de este último,
recordó que, según la jurisprudencia, la ayuda humanitaria tiene relación con
el mínimo vital y ha sido considerada como uno de los derechos mínimos de la
población desplazada. Igualmente, la Sala analizó la evolución en la regulación
infra constitucional de la ayuda humanitaria, explicando sus componentes y
etapas. También la Sala se ocupó de explicar el contenido del derecho a la
reparación, concentrándose específicamente en explicar el contenido del derecho
a la indemnización, por tratarse del tema abordado por algunas de las acciones
de tutela revisadas. En este mismo sentido, estudió la reglamentación del
programa administrativo de indemnizaciones.
236.
En segundo lugar, la Sala estudió el deber de las
autoridades de dar respuesta oportuna y de fondo de las peticiones planteadas
por las víctimas del conflicto armado interno. En este sentido, explicó que
este derecho se encuentra protegido de forma general por el artículo 23 de la Constitución
Política, de acuerdo con el cual las personas que formulen una petición a las
autoridades tienen derecho, a más de que la misma sea recibida, a obtener una
respuesta que cumpla las siguientes características: (i)
ser oportuna, (ii) resolverse de fondo, (iii) de forma clara, precisa y
congruente con lo planteado y (iv) ser puesta en conocimiento del interesado.
La Sala explicó que el alcance de este derecho fue regulado mediante la Ley
Estatutaria 1755 de 2015. Igualmente, la Sala reiteró la regla establecida por
la jurisprudencia de forma uniforme, de acuerdo con la cual existe una
protección reforzada del derecho de las personas víctimas del conflicto armado
a que las autoridades respondan sus peticiones.
237.
En tercer lugar, la Sala estudió la actuación que
deben desplegar los jueces de tutela al advertir una vulneración al derecho
fundamental de presentar peticiones ante las autoridades. En este sentido,
sostuvo que, como regla general,
los jueces de tutela, al advertir la vulneración del derecho de petición, deben
tan solo ordenarles a las autoridades responsables de responder las peticiones
formuladas por las o los accionantes dar respuesta de fondo en un término
perentorio, respetando su autonomía administrativa. Esta regla debe exceptuarse
cuando del material probatorio obrante en el expediente se desprenda el
desconocimiento de otros derechos fundamentales que deben ser atendidos de
forma urgente por el juez de tutela, evento en el cual éste puede adoptar
decisiones adicionales, como por ejemplo reconocer directamente lo solicitado
mediante la petición inicialmente presentada que no fue contestada
oportunamente o de fondo.
238.
Con base en el marco fáctico y en los fundamentos
jurídicos expuestos, la Sala abordó el estudio del asunto estudiado. Al hacerlo
concluyó que se evidenciaba la existencia de fallas estructurales en la
atención de las víctimas del conflicto armado interno, por lo que, además del
estudio de los casos concretos seleccionados para revisión.
239.
Como cuestión previa, la Sala se pronunció sobre
los fundamentos jurídicos que permiten a la Corte Constitucional pronunciarse
sobre las fallas estructurales que detecta a partir de la revisión de acciones
de tutela individuales seleccionadas para revisión. Estos fundamentos son la
colaboración armónica de poderes, la seguridad jurídica, la eficiencia de la
administración de justicia y la protección de minorías sin representación
política. A continuación, explicó tres fallas estructurales detectadas a partir
de los elementos probatorios analizados. La primera de estas fallas es que la UARIV no está respondiendo oportunamente ni las peticiones
formuladas por las personas que ante ella pretenden hacer valer sus derechos ni
a las acciones judiciales iniciadas contra la entidad, lo cual desconoce el
derecho de petición (artículo 23 de la Constitución), el acceso efectivo a la
administración de justicia (artículos 29 y 229 de la Constitución) y el derecho
a la igualdad de la población víctima de la violencia (artículo 13 de la Constitución)
(ver supra, numeral 112).
240.
La segunda falla estructural que identificó la Sala
a partir de los hechos de los ciento treinta y tres casos revisados en esta
providencia es que la UARIV en múltiples ocasiones invoca
requisitos que no se encuentran en la ley para responder las solicitudes de
ayuda humanitaria, utilizándolos para negar la ayuda humanitaria o para no dar
una respuesta de fondo sobre lo solicitado. Específicamente, de manera
recurrente la UARIV suele incluir en sus respuestas dos razones que contrarían
el derecho de petición de las personas que formulan solicitudes de ayuda
humanitaria la entidad. Por un lado, manifiesta como condición para entregar
una respuesta de fondo a las peticiones de entrega de ayuda humanitaria la
realización de un trámite administrativo (el PAARI), sin indicar ninguna fecha
en la que ese trámite tendrá lugar (ver supra, numeral 117). Por otro lado, la entidad señala que existe
un límite temporal para el otorgamiento de la ayuda humanitaria, en virtud del
cual puede presumirse que las carencias que pueda presentar una persona o grupo
familiar no guardan relación con el desplazamiento forzado cuando este ha
ocurrido hace más de 10 años (ver supra, numeral 120).
241.
En tercer lugar, la Sala pudo identificar que los
jueces de tutela en muchas oportunidades fundan sus decisiones en elementos
probatorios insuficientes, concediendo los amparos sin realizar un análisis
serio de lo que en ellos se plantea. Sobre este aspecto, la Sala recordó a los
jueces de la República su deber de fundamentar sus decisiones en material
probatorio suficiente, en aras de ofrecer una protección efectiva a las
personas que hacen uso de la acción de tutela y de contribuir a asegurar la
suficiencia de recursos para la atención de la población víctima del conflicto
armado.
242.
Una vez expuestas estas fallas estructurales,
procedió la Sala a ocuparse del análisis específico de los procesos de tutela
revisados en esta providencia. Para ello, la Sala analizó estos casos
agrupándolos por tres categorías, que responden a la similitud de los problemas
jurídicos que plantean.
243.
La primera de estas categorías está conformada por
personas que formularon peticiones a la UARIV y esta no les contestó de manera
oportuna. A propósito de estos casos consideró la Corte que existió una afectación al elemento central del derecho de petición: la
respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes formuladas por las personas
víctimas del conflicto armado interno. Una vez sostenido lo anterior, la Sala
constató que, después de proferido el fallo de tutela revisado, en algunos
casos la UARIV había dado respuesta de fondo a lo solicitado por el accionante.
Al respecto, sostuvo que debía entenderse que se daba respuesta de fondo a una
petición de otorgamiento de ayuda humanitaria cuando la UARIV fundamenta su
decisión en criterios objetivos que dan cuenta de que no existen carencias que
den lugar a la ayuda humanitaria. Con todo, advirtió también la Sala que en
otros casos la UARIV, frente a solicitudes de otorgamiento de ayuda
humanitaria, se limitó a explicar el procedimiento administrativo que debería
seguirse para ese efecto (la identificación de carencias), sin señalar un plazo
razonable en el que el o la accionante conocerían la respuesta definitiva a su
solicitud. Respecto de estos últimos concluyó la Corte que no había habido una
respuesta de fondo por parte de la entidad, por lo que persistía el
desconocimiento del derecho de petición.
244.
La segunda categoría dentro de esta tipología de
casos se refiere a personas que han formulado peticiones a la UARIV y han
obtenido como respuesta que van a ser “agendadas” (sic) (entiéndase “programadas”)
para la realización del PAARI. Con relación a estos casos,
la Sala recordó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la realización del PAARI, o de cualquier otra
herramienta de identificación de carencias y necesidades, no puede dilatar el
reconocimiento de la ayuda humanitaria a personas que se encuentran en
vulnerabilidad alta. Además, señaló que respecto de todos los demás casos la
UARIV debe analizar la situación del solicitante de ayuda humanitaria,
valiéndose de instrumentos como el PAARI, pero, de conformidad con el artículo
14 de la Ley 1753 de 2015, debe informar al solicitante la fecha en la que se
dará la respuesta definitiva a la solicitud planteada, la cual debe en todo
caso constituir un plazo razonable. Teniendo en cuenta ambas consideraciones,
la Sala concluyó que con relación a todos aquellos casos agrupados en esta
categoría existió una vulneración del derecho de petición, ya que ninguna de
estas consideraciones fue tenida en cuenta por parte de la UARIV.
245.
La tercera categoría de casos analizada se compone
de personas que solicitaron reconocimiento de la ayuda humanitaria a la UARIV y
esta les contestó de manera negativa con base en el paso de más de 10 años desde
la ocurrencia del hecho victimizante. Respecto de estos
casos la Sala concluyó que se le vulneró a los accionantes su derecho de
petición, por recibir una respuesta fundada en requisitos inexistentes en la
ley y contrarios a la Constitución.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos en el proceso de la referencia, ordenada en el
auto del 19 de diciembre de 2016 proferido por la Sala Tercera de Revisión de
la Corte Constitucional.
Segundo.- REVOCAR
las siguientes providencias judiciales
(i)    La proferida en el proceso de referencia T-5435001. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela mencionada.
(ii) Las proferidas en los procesos identificadas con los siguientes números
de referencia: T-5412662, T-5435002, T-5435003, T-5435004, T-5435005, T-5435006,
T-5435007, T-5435008, T-5435009, T-5435010, T-5515341, T-5515342, T- 5515343,
T-5515344, T-5515345, T-5515346, T-5515347, T-5515348, T-5515349, T-5515350,
T-5515351, T-5515352, T-5515353, T-5515354, T-5515355, T-5515356, T-5515357,
T-5515358, T-5515359, T-5515360, T-5515361, T-5515362, T-5515363, T-5515364,
T-5515365, T-5515366, T-5515367, T-5515368, T-5515369, T-5515370, T-5515371,
T-5515373, T-5515377, T-5515378, T-5515379, T-5515380, T-5551124, T-5533885,
T-5531875, T-5530203, T-5655906, T-5655907, T-5655908, T-5655909, T-5655910,
T-5655912, T-5655914, T-5655916, T-5655918, T-5655919, T-5655944, T-5655946,
T-5655947, T-5655948, T-5655949, T-5655950, T-5655951, T-5655952, T-5655953,
T-5655954, T-5655955, T-5655956, T-5655961, T-5655962, T-5655963, T-5655964,
T-5655965, T-5655966, T-5655967, T-5655968, T-5655969, T-5655970, T-5655971,
T-5655972, T-5655973, T-5655974, T-5655975, T-5655976, T-5655977, T-5655980,
T-5655981, T-5655984, T-5655986, T-5655987, T-5655988, T-5655989, T-5655990,
T-5655992, T-5660421, T-5660422, T-5660423, T-5660424, T-5660425, T-5660426,
T-5660427, T-5660428, T-5660430, T-5660431, T-5660432, T-5660433, T-5660434,
T-5660435, T-5660436, T-5660437, T-5660438, T-5660439, T-5660440, T-5660494,
T-5660495, T-5660496, T-5660498, T-5660500, T-5694106, T-5694107, T-5694108,
T-5694109, T-5694110, T-5696787, T-5714469, T-5714471, T-5714472 y T-5714477. En
su lugar, TUTELAR el derecho fundamental de petición de quienes actuaron
como accionantes en estos procesos.
Tercero-.
ORDENAR a la UARIV dar respuesta definitiva a las
solicitudes de ayuda humanitaria formuladas por quienes obran como accionantes
en los procesos con el siguiente número de referencia: T-5435002, T-5435003,
T-5435004, T-5435005, T-5435006, T-5435009, T-5515341, T-5515342, T-5515343, T-5515344,
T-5515345, T-5515346, T-5515347, T-5515348, T-5515349, T-5515350, T-5515351, T-5515352,
T-5515353, T-5515354, T-5515356, T-5515357, T-5515359, T-5515360, T-5515361, T-5515362,
T-5515363, T-5515364, T-5515365, T-5515366, T-5515367, T-5515368, T-5515369,
T-5515370, T-5515371, T-5515373, T-5531875, T-5515377, T-5515378, T-5515379, T-5515380,
T-5530203, T-5533885, T-5551124, T-5655908, T-5655916, T-5655962, T-5655964,
T-5655966, T-5655967, T-5655968, T-5655972, T-5655973, T-5655976, T-5655977,
T-5655980, T-5655981, T-5655984, T-5655986, T-5655987, T-5655988, T-5655990,
T-5655992, T-5660421, T-5660422, T-5660430, T-5660432, T-5660433, T-5660434,
T-5660435, T-5660436, T-5660437, T-5660438, T-5660439, T-5660440, T-5660495,
T-5660496, T-5660500, T-5694108, T-5694109 y T-5696787. Dicha respuesta deberá
darse en el término máximo de un mes contado a partir de la notificación de la
presente sentencia.
Cuarto-.
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho
superado respecto de los procesos con el siguiente número de referencia:
T-5412662, T-5435007, T-5435008, T-5435010, T-5655907, T-5655908, T-5655909,
T-5655910, T-5655912, T-5655914, T-5655918, T-5655919, T-5655944, T-5655946,
T-5655947, T-5655948, T-5655949, T-5655954, T-5655955, T-5655956, T-5655961,
T-5655963, T-5655965, T-5655969, T-5655970, T-5655971, T-5655974, T-5655975,
T-5655989, T-5660423, T-5660425,
T-5660426, T-5660427, T-5660428, T-5660494,
T-5660498, T-5694106, T-5694107, T-5694110,
T-5714469, T-5714471, T-5714472 y T-5714477.
Quinto-. ORDENAR a
la UARIV que, en el marco de sus competencias, con el propósito de superar las
fallas estructurales en la atención a las víctimas del conflicto armado interno
detectadas en la presente providencia, realice lo siguiente:
(i)    Identificar las causas de (a) la demora en la atención a las víctimas
del conflicto armado que ante ella acuden y (b) la demora en la contestación de
las acciones de tutela y de los requerimientos judiciales que se le formulan a
la entidad. Este diagnóstico deberá ser realizado dentro del mes siguiente a la
notificación de la presente sentencia.
(ii) Adoptar medidas específicas encaminadas a solucionar las deficiencias
relacionadas con la demora en la atención a las víctimas del conflicto armado
interno que acuden ante la entidad y con la demora en la contestación de las
acciones de tutela y de los requerimientos judiciales formulados a la entidad.
Esta orden deberá ser cumplida dentro de los dos meses siguientes a la
realización del diagnóstico al que se hace referencia en el numeral anterior.
(iii)
Adoptar las medidas específicas que sean necesarias
para que los funcionarios de la entidad en todo el territorio nacional se
abstengan (a) de utilizar razones que no tienen soporte legal para denegar las
solicitudes de ayuda humanitaria o (b) de posponer indefinidamente el estudio
de fondo de solicitudes de esta naturaleza. Estas medidas deberán ser adoptadas
dentro del mes siguiente a la notificación de la presente sentencia.
Para supervisar el cumplimiento de las órdenes
mencionadas en este numeral, la UARIV debe enviar, dentro del plazo señalado en
cada literal, un informe a la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional para que esta evalúe su cumplimiento.
Sexto-. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura expedir una
comunicación dirigida a todos los jueces de la República en la que se les
explique la importancia de realizar la notificación por medios electrónicos en
los procesos en los que la UARIV actúa como parte demandada. Además, mediante una
circular, dar a conocer a todos los jueces de la República la síntesis de la
presente decisión y su aparte resolutivo. Igualmente, en esa misma circular,
deberá reiterar la facultad de los jueces de tutela de decretar pruebas de
oficio y recordarles la orden segunda del auto 206/17, proferido por la Sala
Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004.
Para supervisar el cumplimiento de las órdenes
mencionadas en este numeral, el Consejo Superior de la Judicatura debe enviar,
dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la presente
providencia, un informe a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 de la Corte Constitucional para que esta, en el marco de su autonomía
judicial, evalúe la posibilidad de tener en cuenta esta información en el marco
de sus competencias.
Séptimo-. LIBRAR,
a través de la Secretaría General, las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER,
a través de los jueces de primera instancia, la realización de la
notificación a las partes de que trata esa misma norma.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ROCÍO
LOAIZA MILIAN
Secretaria
General (E)
I.
Anexo sobre los hechos de
los casos, pruebas y decisiones judiciales revisadas
1.
En el presente Anexo la Corte Constitucional
reconstruye los antecedentes de cada una de las acciones de tutela revisadas de
manera conjunta mediante la presente sentencia. En cada caso la Corte hará
referencia a: (i) la acción de tutela que da lugar a cada uno de los procesos
revisados, exponiendo los hechos planteados y las solicitudes formuladas; (ii)
las pruebas aportadas en la acción de tutela y (iii) las decisiones judiciales
que las resolvieron. La Corte señala que el presente Anexo hace parte integral
de la sentencia.
1.     Expediente T–5412662
a.     Demanda de tutela
2.
La señora Diana Marcela Alvarado Sambony, actuando
en nombre propio y de su hijo de dos años, interpuso el 7 de octubre de 2015
acción de tutela contra Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (“UARIV”), alegando la vulneración de sus derechos de petición, a la
vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud y al
debido proceso.
3.
La señora Alvarado Sambony nació el 9 de agosto de
1991[91].
Fue víctima de desplazamiento forzado de Llorente, Nariño, en octubre de 2014[92].
Manifiesta que rindió declaración como víctima de desplazamiento forzado y fue
incluida en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD)[93].
4.
Señala que recibió ayuda humanitaria por una sola
vez, entregada en mayo de 2015, por valor de 554.000 pesos[94]. Por esta razón, presentó el 18 de agosto de 2015 un derecho de
petición a la UARIV solicitando que se le otorgara ayuda humanitaria. Sostiene
que no ha recibido respuesta a la petición presentada[95].
5.
Agrega que reside en San José del Fragua y que se
encuentra en una situación económica difícil, por cuanto carece de trabajo
estable y sus ingresos ocasionales no son suficientes para suplir sus
necesidades y las de su hijo[96].
6.
Por lo anterior, solicita que se tutelen sus
derechos y en consecuencia se le ordene a la UARIV responder la petición
presentada y reconocer la atención humanitaria, incluyendo sus componentes de
alojamiento y alimentación.
b.     Pruebas
7.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
copia de la cédula de ciudadanía de Diana Marcela Alvarado Sambony, (ii) copia
de la petición presentada a la UARIV el 18 de agosto de 2015, y (iii)
declaración de la accionante ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San José de
Fragua, Caquetá.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
8.
El Juzgado Promiscuo Municipal de San José de
Fragua, mediante sentencia del 22 de octubre de 2015, concedió la acción de
tutela, teniendo en cuenta que las afirmaciones de la accionante, las cuales no
fueron controvertidas por la UARIV, razón por la cual era aplicable la
presunción de veracidad prevista en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. En
consecuencia, ordenó a la entidad accionada proceder dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la sentencia a entregar de manera inmediata la
ayuda humanitaria a la señora Diana Marcela Alvarado Sambony.
2.     Expediente T-5435001
a.     Demanda de tutela
9.
El señor Fernando Antonio Jaramillo Arias, actuando
por medio de apoderada, presentó el 9 de noviembre de 2015 acción de tutela
contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, a la
salud, a la seguridad social, a la igualdad, a la educación y a la prevalencia
de los derechos de los niños.
10.
El señor Jaramillo nació el 2 de octubre de 1978[97]
y es padre de una hija menor de edad[98].
Fue víctima de desplazamiento forzado en el año 1996, como consecuencia de la
actuación de grupos armados ilegales en el municipio de Dabeiba, Antioquia[99].
11.
El 8 de junio de 2011, el señor Jaramillo rindió
declaración como víctima de la violencia ante la Personería de Chigorodó. El 18
de julio de ese año su declaración fue valorada positivamente, asignándosele el
código 1171116[100].
12.
El señor Jaramillo señala que desde ese entonces
solo ha recibido ayuda humanitaria en cuatro ocasiones, y que los ingresos
propios que percibe no son suficientes para los gastos suyos y los de su hija[101].
13.
El señor Jaramillo se comunicó a la línea gratuita
de la UARIV y a través del chat que esta entidad tiene disponible para atender
a los ciudadanos. Mediante este último se le informó el 4 de mayo del 2015 que,
en aplicación del Decreto 2569 de 2014, se realizaría una solicitud de
agendamiento para que le fuera fijada la fecha en la que le contactarían para
iniciar el Plan de Atención Asistencia y Reparación Integral (PAARI). Le
dijeron que cuando la cita fuera agendada se lo harían saber mediante mensaje
de texto[102].
14.
Por lo anterior, el señor Jaramillo solicitó al
juez que tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la
UARIV que, en el término de 48 horas siguientes a la sentencia, le entregue la
ayuda humanitaria a la que tiene derecho.
b.     Pruebas
15.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
cédula de ciudadanía del accionante; (ii) certificado del registro civil de
nacimiento de Angie Karina Jaramillo Agudelo, que muestra la relación de
parentesco (hija) con el accionante; (iii) trascripción de una conversación
sostenida con la UARIV el 5 de noviembre de 2015, por vía del chat virtual de
la entidad, en la que se le informa que se adelantará una solicitud de
agendamiento para que se inicie el PAARI.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
16.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 23 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual consideró que procedía “de plano” la acción de tutela[103].
En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales del accionante,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas humanitarias al
accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[104].
3.     Expediente T-5435002
a.
Demanda de tutela
17.
La señora Yorledis Martínez López interpuso el 9 de
noviembre de 2015 acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados
sus derechos y la protección especial a favor de las madres cabeza de familia.
18.
La accionante nació el 23 de mayo de 1988[105].
Afirma que se encuentra inscrita en el RUPD. Sostiene que su grupo familiar se
encuentra integrado por cuatro personas, entre ellas tres menores de edad.
19.
El 20 de octubre de 2015 la señora Yorledis
Martínez López presentó ante la UARIV un derecho de petición solicitando una
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia. En la petición presentada
indica que había recibido como ayuda $ 650.000, aunque no especifica cuántas
veces recibió ese monto. Señala que de concederse la prórroga la ayuda que
debería asignársele es de $ 1.200.000[106].
20.
Manifiesta la accionante que no ha recibido
respuesta a esta petición, por lo que en la acción de tutela solicita al juez
que ordene a la UARIV conceder la ayuda humanitaria de emergencia por valor de
$ 1.200.000.
b.     Pruebas
21.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
copia de la cédula de ciudadanía de Yorledis Martínez López y (ii) derecho de
petición presentada por ella ante la UARIV el 20 de octubre de 2015.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
22.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 23 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual consideró que procedía “de plano” la acción de tutela[107].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas humanitarias al
accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[108].
4.     Expediente T-5435003
a.     Demanda de tutela
23.
El 10 de noviembre de 2015, la señora Teresa de
Jesús Ibarra Nisperuza interpuso acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad y a la familia, así como el derecho de los niños.
24.
La señora Teresa de Jesús Ibarra Nisperuza nació el
15 de octubre de 1967. Indica que es mujer cabeza de hogar, tiene cinco hijos
(de 16, 14, 12 y dos de 10), es desempleada, paga arriendo y depende de sí
misma.
25.
Señala en la acción de tutela que el 19 de abril de
1997 fue víctima de desplazamiento forzado en el municipio de Río Sucio, Chocó.
Manifiesta que el día 3 de septiembre de 2007 rindió declaración como víctima
en la Personería de Chigorodó, a la cual se le asignó el código del Registro
Único de Víctimas (RUV) 616653. Sostiene la accionante que desde esa fecha ha
recibido ayuda humanitaria en cinco ocasiones. Posteriormente la ayuda le fue
suspendida, razón por la cual se comunicó con la UARIV mediante el chat de la
entidad. Por esa vía se le informó que a partir del 1 de mayo de 2015 entró en
vigencia el Decreto 2569, que establece criterios de entrega de la ayuda
humanitaria. Según esa norma, para entregar la ayuda era necesario conocer la
conformación de su hogar actual. Por lo tanto, la UARIV procedió a realizar una
solicitud de agendamiento para que fuera fijada fecha en la que la entidad se
comunicaría con la señora Ibarra Nisperuza para iniciar el PAARI. Señalaron que
cuando la cita fuera asignada se le enviaría un mensaje de texto. No obstante,
en esa misma entrevista había manifestado la accionante que no tenía teléfono.
26.
Por lo anterior, solicitó en la tutela que se le
ordene a la UARIV que entregara ayuda humanitaria en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del fallo.
b.     Pruebas
27.
Fueron anexadas a la acción de tutela las
siguientes pruebas: (i) trascripción de una conversación sostenida con la UARIV
el 5 de noviembre de 2015, por vía del chat virtual de la entidad, en la que se
le informa que se adelantará una solicitud de agendamiento para que se inicie
el PAARI; (ii) copia de la cédula de ciudadanía de Teresa de Jesús Ibarra Nisperuza;
y (iii) copia del registro civil de nacimiento de Rafael Eduardo Pacheco Ibarra
y copia de otros tres registros ilegibles.
c.     Decisión judicial objeto de revisión
28.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 24 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual consideró que procedía “de plano” la acción de tutela[109].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas
humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[110].
5.     Expediente T-5435004
a.     Demanda de tutela
29.
El 10 de noviembre de 2015, el señor Alfonso Rovira
Córdoba interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales, en especial el derecho a recibir ayuda humanitaria.
30.
El señor Rovira Córdoba nació el 31 de diciembre de
1938[111].
Señala en la tutela que fue víctima de desplazamiento forzado. Por esta razón,
sostiene que en julio de 2015 solicitó ayuda humanitaria de emergencia. Acudió
el 31 de ese mismo mes a la UARIV, donde le informaron que antes de la entrega
de la ayuda era necesario que se le realizara el PAARI.  Para tal efecto, se le
asignó el número 145.698 y se le informó que la UARIV se contactaría con él.
31.
Señala que posteriormente, el 30 de octubre de ese
mismo año llamó a la línea de atención de la UARIV, a través de la cual se le
informó que se había recibido una solicitud de pre-agendamiento el 28 de agosto
de 2015 y que la UARIV se contactaría con él. Señala que, a pesar de todos
estos trámites, a la fecha de presentación de la tutela no ha recibido aún
ayuda humanitaria.
32.
Por lo tanto, solicita que se le ordene a la UARIV
entregarle de manera inmediata la ayuda humanitaria, atendiendo a su condición
de adulto mayor.
b.     Pruebas
33.
Como prueba tan solo se aportó copia de la cédula
de ciudadanía del señor Alfonso Rovira Córdoba.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
34.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 24 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual consideró que procedía “de plano” la acción de tutela[112].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho a la vida digna, ordenándole a la
representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo entregara las ayudas humanitarias al accionante.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la Representante
Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para que no
vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de tutela por
el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles y por
desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de tutela
que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[113].
6.     Expediente T-5435005
a.     Demanda de tutela
35.
El 28 de octubre de 2015, la señora María Yamile
Velásquez de Rivera interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la
seguridad social, a la igualdad y a la educación, así como también se le ha
desconocido el derecho a la protección especial de las personas de la tercera
edad.
36.
La señora María Yamile Velásquez de Rivera nació el
31 de diciembre de 1950[114].
Señala que fue víctima de desplazamiento y se encuentra inscrita en el RUPD.
Manifiesta que sufre de diabetes y que se encuentra desempleada.
37.
Señala la accionante que desde hace seis meses se
le suspendió la ayuda humanitaria por parte de la UARIV. Por tal razón,
sostiene que hace unos tres meses se comunicó con la entidad a través de la
línea telefónica de atención, y se le informó que estaba en proceso de agendamiento
de visita, y que para confirmar tal visita la entidad se comunicaría de nuevo
con ella mediante llamada telefónica o mensaje de texto.
38.
Ante esta situación, solicita al juez que tutela
sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la entidad accionada que
dentro de las 48 horas siguientes al fallo le otorgue ayuda humanitaria de
emergencia.
b.     Pruebas
39.
Como prueba se aportó (i) copia de la cédula de
ciudadanía de la accionante y (i) copia de una cita médica asignada en el
Hospital María Auxiliadora de Chogorodó – Antioquia.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
40.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 11 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual concluyó que procedía “de plano” la acción de tutela[115].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas
humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[116].
7.     Expediente T-5435006
a.     Demanda de tutela
41.
El 9 de noviembre de 2015, el señor Oswaldo Enrique
Vertel Arteaga presentó acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la dignidad humana, de petición, a la vivienda digna,
a la seguridad social, a la igualdad, a la educación y a la salud, y por
desconocer la protección especial establecida a favor de la niñez, los adultos mayores
y las mujeres.
42.
El señor Vertel Arteaga nació el 22 de agosto de
1987[117].
Señala que fue víctima de desplazamiento forzado, que trabaja por días y se
encuentra en condiciones de pobreza extrema.
43.
Señala que desde hace siete meses no se le ha
otorgado ayuda humanitaria. Por ello, ha formulado a la UARIV solicitudes de
prórroga de la ayuda humanitaria de manera telefónica y presencial. Ante tales
solicitudes le contestaron diciéndole que antes de concederle la prórroga era
necesario que iniciara el PAARI. En julio de 2015 se le realizaron encuestas
para este programa, pero a pesar de ello manifiesta que a la fecha de
presentación de la tutela no ha recibido respuesta, ni priorización ni turno.
44.
Además, manifiesta que la suma de quinientos diez
mil pesos ($ 510.000) no son suficientes para el sostenimiento de su hogar.
45.
Con base en lo expuesto, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la entidad
accionada a que realice en el menor tiempo posible los estudios que considere
necesarios y a que entregue de manera inmediata ayuda humanitaria, auxilio de
vivienda, el pago de arriendo por tres meses, la inclusión en programas de
estabilización socioeconómica y educación para los menores de edad.
b.     Pruebas
46.
Como prueba tan solo se aportó copia de la cédula
de ciudadanía del señor Oswaldo Enrique Vertel Arteaga.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
47.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 23 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual concluyó que procedía “de plano” la acción de tutela[118].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental del accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas
humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[119].
8.     Expediente T-5435007
a.     Demanda de tutela
48.
El 23 de octubre de 2015, la señora Ana Mary Correa
Giraldo presentó acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus
derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, a la familia,
a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y a la educación, así como por
incumplir el deber de protección especial de los niños, las mujeres cabeza de
hogar y las personas en situación de desplazamiento.
49.
Ana Mary Correa Giraldo nació el 9 de marzo de 1966[120].
Sostiene en la acción de tutela que es mujer cabeza de hogar, tiene dos hijos
menores de edad, con quienes vive, es desempleada, paga arriendo y depende de
sí misma y de la solidaridad de sus familiares.
50.
Relata en la tutela que fue desplazada de la vereda
de Guacamaya del municipio de Chigorodó, Antioquia, por parte de grupos armados
al margen de la ley. Agrega que el 18 de septiembre de 2013 declaró su
condición de víctima ante la Personería de Chigorodó, y el 31 de enero de 2014
su declaración fue valorada positivamente con el código RUV CD000032698.
51.
Manifiesta que desde esa fecha hasta la
presentación de la acción de tutela ha recibido dos ayudas humanitarias. Por
esa razón, se comunicó a la línea gratuita de asistencia de la UARIV, mediante
la cual se le informó que el procedimiento para la asignación de la ayuda
humanitaria de emergencia había cambiado desde el 4 de mayo del 2015, en
aplicación del Decreto 2569 de 2014, de acuerdo con el cual era necesario
realizar una solicitud de agendamiento para que le fuera fijada la fecha en la
que le contactaría para iniciar el PAARI. Le dijeron que cuando la cita fuera
agendada se lo harían saber mediante mensaje de texto[121].
52.
Por lo tanto, solicitó al juez que se tutelen sus
derechos fundamentales y se le ordene a la entidad accionada que otorgue la
ayuda humanitaria de emergencia dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela.
b.     Pruebas
53.
Fueron anexadas a la acción de tutela las
siguientes pruebas: (i) trascripción de una conversación sostenida con la UARIV
el 20 de octubre de 2015, por vía del chat virtual de la entidad, en la que se
le informa que se adelantará una solicitud de agendamiento para que se inicie
el PAARI y (ii) copia de la cédula de ciudadanía de Ana Mary Correa Giraldo.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
54.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 6 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual concluyó que procedía “de plano” la acción de tutela[122].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas
humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[123].
9.     Expediente T-5435008
a.     Demanda de tutela
55.
La señora Mariana Seren Villarreal interpuso acción
de tutela contra la UARIV, argumentando el desconocimiento de sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad y al trabajo, así como por el
desconocimiento del deber estatal de protección a los niños. La acción de
tutela fue presentada el 28 de octubre de 2015.
56.
La accionante nació el 17 de octubre de 1947[124]. Manifiesta que es madre cabeza de familia y que su grupo familiar
está compuesto por ocho personas. Señala que es víctima de desplazamiento
forzado, que se encuentra inscrita en el RUPD y que ha recibido $ 1.380.000 por
concepto de ayuda humanitaria, a pesar de que en su opinión esta debería ser de
un valor de $ 1.750.000. Por este hecho presentó una petición a la UARIV el día
19 de agosto de 2015, solicitando que se corrigiera el valor de la ayuda
humanitaria[125].
57.
Con fundamento en lo anterior, solicita al juez que
se le reconozca la ayuda humanitaria de emergencia.
b.     Pruebas
58.
La accionante aporta como pruebas (i) copia de su
cédula de ciudadanía y (ii) copia de una petición enviada a la UARIV
solicitando el aumento de su ayuda humanitaria.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
59.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 11 de noviembre de 2015, concedió el amparo
solicitado. Como fundamento, expuso que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
concluyó que procedía “de plano” la acción de tutela[126]. Por ello,
le ordenó a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias a
la señora Mariana Seren Villarreal. Igualmente, decidió agregar un punto
resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[127].
10.
Expediente T-5435009
a.
Demanda de tutela
60.
Francisco Antonio Vidales Chica, mediante escrito
del 6 de noviembre de 2015, presentó acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos al mínimo vital, a la salud y a la igualdad[128].
61.
El señor Vidales Chica nació el 4 de enero de 1957[129].
Sostiene que fue víctima de desplazamiento forzado en 1997, cuando habitaba en
el municipio de Turbo. Agrega que se encuentra inscrito en el RUPD.
62.
El accionante sostiene que a través de chat ha
solicitado a la UARIV la ayuda humanitaria de emergencia, frente a lo cual le
respondieron que para el otorgamiento de tal beneficio era necesario primero
realizar una indagación sobre la conformación de su hogar actual, para lo cual
debía agendarse una cita, la cual sería confirmada por la UARIV al número
telefónico del accionante[130].
63.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutela sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV entregar
atención inmediata, representada en alimentación, kit de cocina, vivienda,
arriendo, entre otros, según lo establecido en la ley 387 de 1997.
d.     Pruebas
64.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante y (ii)
trascripción de una conversación del accionante con la UARIV (de fecha sin
especificar), por vía del chat virtual de la entidad, en la que se le informa
que se adelantará una solicitud de agendamiento para que se inicie el PAARI.
e.
Decisión judicial objeto de revisión
65.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 20 de noviembre de 2015, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual concluyó que procedía “de plano” la acción de tutela[131].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas
humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[132].
11.
Expediente T-5435010
a.     Demanda de tutela
66.
El 20 de octubre de 2015, Doris Cecilia Bedoya
Gómez interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus
derechos al mínimo vital, a la salud y a la igualdad. La accionante nación el 4
de junio de 1973[133].
67.
La accionante señala que es víctima de
desplazamiento forzado y que se encuentra inscrita en el RUPD. Agrega que su
grupo familiar está conformado por siete personas, entre ellas un menor de
edad, y que ha recibido ayuda humanitaria por $ 1.380.000. Por esta razón, el
20 de octubre de 2015 presentó una petición a la UARIV, señalando que el valor
de la ayuda humanitaria de emergencia que le corresponde es de $ 1.700.000[134].
68.
Por lo anterior, solicitó al juez de tutela amparar
sus derechos fundamentales.
b.     Pruebas
69.
La accionante aporta como pruebas las siguientes:
(i) copia de su cédula de ciudadanía y (ii) copia de la petición presentada a
la UARIV solicitando el aumento de su ayuda humanitaria.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
70.
Mediante providencia del 19 de noviembre de 2015,
el Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó decidió conceder la solicitud
de amparo formulada, argumentando que que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo que debía
proceder “de plano” la acción de tutela[135]. En
consecuencia, resolvió ordenarle a la representante legal de la UARIV que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las
ayudas humanitarias a la accionante. Igualmente, decidió agregar un punto
resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[136].
12.
Expediente T-5515341
a.
Demanda de tutela
71.
El 9 de marzo de 2016, la señora Hilda Rosa Peralta
Díaz interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar que esta le
vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, a la información y al
debido proceso.
72.
La señora Peralta Díaz nació el 24 de diciembre de
1947[137]
y, según señala en el escrito de tutela, es madre cabeza de familia. Manifiesta
que por la acción de grupos armados fue obligada a desplazarse de la vereda de
Santa Rosa del municipio de San Pedro de Urabá.
73.
Sostiene que no ha recibido nunca ayuda humanitaria
de emergencia, y que el 22 de diciembre de 2015 presentó una solicitud a la
UARIV solicitándola. Agrega que hasta el momento no se le ha dado respuesta a
su petición.
74.
Por lo anterior, solicitó al juez tutelar sus
derechos y conceder ayuda humanitaria de emergencia hasta tanto le sea posible
asumir su manutención. Igualmente, le pidió pronunciarse sobre la indemnización
en virtud de lo dispuesto en el artículo 25.30. Finalmente, pidió al juez
ordenarle a la UARIV dar una respuesta de fondo a su petición.
b.     Pruebas
75.
La accionante aportó como pruebas las siguientes:
(i) copia de una petición dirigida a la UARIV, suscrita por Hilda Rosa Peralta
Díaz (sin sello de recibido) y (ii) copia de la cédula de ciudadanía de Hilda
Rosa Peralta Díaz.
c.
Decisión judicial que se revisa
76.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 16 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[138].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle al accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
77.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[139].
13.
Expediente T-5515342
a.
Demanda de tutela
78.
La señora Liliana Domico Bailarín, mediante escrito
del 14 de marzo de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, a la vivienda, al trabajo,
a la igualdad real y efectiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la
salud y a la seguridad social, así como por el desconocimiento de la especial
protección a favor de los niños, de las madres cabeza de familia y de los
indígenas.
79.
La accionante nació el 11 de octubre de 1993[140].
Señala que su núcleo familiar está compuesto por sus tres hijos menores, de
uno, cuatro y siete años. Manifiesta que en mayo de 2011 fue desplazada de la
comunidad Saundó, del municipio de Chigorodó–Antioquia. Señala que pertenece a
una comunidad indígena. Afirma que trabaja en la comunidad Guapa Alto con
cultivos de pan coger, lo cual le representa menos de un salario mínimo
mensual.
80.
Aduce que en tres ocasiones ha recibido ayuda
humanitaria de emergencia por parte de la UARIV, por un promedio de alrededor
de seiscientos mil pesos ($ 600.000) y que la última que recibió fue de octubre
de 2015 a enero de 2016. Por esta razón se ha comunicado con la UARIV por vía
telefónica y a través del chat de la entidad. De este último hizo uso en
diciembre de 2015, y en esa oportunidad le contestaron que la UARIV no está
programando la entrega de ayuda humanitaria, sino que debía primero realizarse
un agendamiento de los solicitantes para verificar su situación socio económica
a través de una encuesta o si se inicia la ruta de indemnización.
81.
Por lo expuesto, la señora Liliana Domico Bailarín solicitó
al juez que tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la
UARIV que entregue la ayuda humanitaria de emergencia para cuatro personas, con
sus componentes de alojamiento y alimentos, lo que considera equivale a un
millón de pesos ($ 1.000.000).
b.     Pruebas
82.
La accionante aportó como pruebas (i) copia de su
cédula de ciudadanía y (ii) copia del registro civil de nacimiento de dos de
sus hijos y de la tarjeta de identidad del restante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
83.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 30 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[141].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas
humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[142].
14.
Expediente T-5515343
a.     Demanda de tutela
84.
Elvia María Becerra, nacida el 3 de julio de 1959[143],
presentó el 14 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como el deber de especial protección a los niños, a las
mujeres cabeza de hogar, a las personas de la tercera edad y a las personas con
discapacidad.
85.
La accionante señala que es madre cabeza de
familia. Tiene dos hijos menores, uno de los cuales tiene un soplo en el
corazón.
86.
Relata la accionante que en 1995, mientras residía
en Aracatazo en Chigorodó, fue víctima de desplazamiento forzado por el
accionar de grupos armados ilegales. Señala que rindió declaración de su
condición de víctima en Chigorodó en 2011, la cual fue valorada con el código
1087383.
87.
Manifiesta que desde el 7 marzo de 2016 se
encuentra solicitando a la UARIV la entrega de ayuda humanitaria, lo cual ha
hecho a través del chat de la entidad y personalmente en las oficinas de la
UARIV en Apartadó. En la respuesta por chat la UARIV le informó que “no
tiene derecho a las ayudas humanitarias ya que tiene más de 10 años de haberse
desplazado”[144].
88.
Sostiene que requiere la ayuda humanitaria con
urgencia ya que eso le permitiría movilizarse del lugar donde reside, lo cual
es importante para ella teniendo en cuenta que ha recibido amenazas desde el 9
de junio de 2013. Esta situación la denunció ante las autoridades competentes,
las cuales dispusieron como medida enviar a su casa un cuadrante cada dos días
y le recomendaron reportar cualquier situación sospechosa que identificara.
89.
Con base en lo anterior, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y por lo tanto ordene a la UARIV el pago de
la ayuda humanitaria de emergencia dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo.
b.     Pruebas
90.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii)
trascripción de una conversación de la accionante con la UARIV del 7 de marzo
de 2016 por vía del chat virtual de la entidad, en la que se le informa que se
adelantará una solicitud de agendamiento para que se inicie el PAARI.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
91.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 29 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[145].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo entregara las ayudas
humanitarias a la accionante. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[146].
15.
Expediente T-5515344
a.     Demanda de tutela
92.
El 14 de mayo de 2016, Claudia Patricia López Gómez
presentó acción de tutela contra la UARIV, por considerar que esta entidad
desconoció sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños y de las mujeres cabeza de hogar.
93.
Señala la accionante que es madre cabeza de
familia, es víctima de desplazamiento forzado y por esa razón tuvo que salir de
Unguía, Chocó, el día 6 de octubre de 2003. Sostiene que encuentra inscrita en
el RUPD con el código ND000133903. Su núcleo familiar está conformado por sus
dos hijos, de 15 y 12 años.
94.
Manifiesta que ha recibido ayuda humanitaria, pero
la última la recibió en septiembre de 2015. Por esa razón se comunicó con la
UARIV a través del chat de atención de la entidad, a través del cual un funcionario
de la entidad le comunicó lo siguiente: “Señora Claudia usted ya cuenta con
una solicitud de agendamiento programada desde el 03 de Agosto, realizando la
verificación correspondiente, su solicitud registra en trámite. Tenga presente
que en el momento de iniciar su PAARI la Unidad se comunicará al número
registrado, le sugerimos estar pendiente”[147].
95.
Por lo anterior, solicita al juez tutelar sus
derechos fundamentales y ordenarle a la UARIV la entrega de ayuda humanitaria,
incluyendo la de alimentación y alojamiento completas, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la sentencia.
b.     Pruebas
96.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii)
trascripción de una conversación de la accionante con la UARIV del 14 de marzo
de 2016 por vía del chat virtual de la entidad, en la que se le informa que se
adelantará una solicitud de agendamiento para que se inicie el PAARI.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
97.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 29 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[148].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[149].
16.
Expediente T-5515345
a.     Demanda de tutela
98.
El señor José de las Mercedes Mora Doria, mediante
escrito del 11 de marzo de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV,
por considerar vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y todos aquellos que se encuentren vulnerados por el desplazamiento
forzado del cual fue víctima.
99.
El señor Mora Doria nació el 4 de septiembre de
2016. En el año 2000 fue desplazada del municipio de Carepa debido al accionar
de grupos armados al margen de la ley, y se estableció en el municipio de
Apartadó. Declaró su condición de víctima el 25 de agosto de 2014 en la
Personería de Apartadó y registrada en el RUV.
100.
Desde ese momento, manifiesta haber recibido ayuda
humanitaria de emergencia por una sola vez. Agrega igualmente que ha acudido a
oficinas de la UARIV para que le informen sobre la entrega de la ayuda
humanitaria y sobre la entrega de la reparación administrativa por el hecho
victimizante que sufrió.
101.
Con base en los hechos narrados, solicita al juez
amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo pague de manera inmediata la ayuda
humanitaria de emergencia e incluya a la accionante en los programas
administrativos para la población desplazada, como la reparación de vivienda y
la reparación administrativa.
b.     Pruebas
102.
Como pruebas se adjuntan los siguientes documentos:
(i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante; (ii) copia de una cédula
ciudadanía y dos tarjetas de identidad de personas sin relacionar en el
expediente; y (iii) copia de la constancia de solicitud de inscripción en el
RUV.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
103.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 18 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[150].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle al accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
104.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[151].
17.
Expediente T-5515346
a.     Demanda de tutela
105.
El 11 de marzo de 2016, el señor Roberto Enrique
Castillo Monterroza interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños, las mujeres cabeza de hogar y las personas en situación de
desplazamiento.
106.
El accionante nació el 11 de noviembre de 1956.
Señala que vive con un hijo menor de edad, que está desempleado y que su
sostenimiento depende del “rebusque del día a día”[152].
107.
Sostiene que fue víctima de desplazamiento forzado
en 2010, debido al accionar de grupos armados al margen de la ley en el
municipio de Chigorodó. Señala que por este hecho declaró como víctima de la
violencia ante Personería de Acandí, por la cual le fue asignado el código del
Sistema de Información para la Población Desplazada (SIPOD) No 1127583.
108.
Señala que desde que realizó la declaración ha
recibido ayuda humanitaria en seis oportunidades. Afirma que en febrero de 2016
solicitó a la UARIV ayuda humanitaria mediante la línea gratuita de atención.
El 10 de marzo de ese año consultó mediante video llamada el estado de su
solicitud y le informaron que “actualmente no existe un giro asignado”[153]
a su número de documento, y que “[s]u consulta de Ayuda Humanitaria no
presenta turno asignado en este momento”[154].
El accionante menciona que la falta de asignación de turno se debe a que
primero debe realizarse el plan PAARI.
109.
Por lo anterior, solicita al juez amparar sus
derechos y conminar a la UARIV a pagar la ayuda humanitaria de emergencia
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
b.     Pruebas
110.
El accionante anexa como pruebas las siguientes:
(i) copia del pantallazo del sitio web de la UARIV donde se consulta el giro de
la atención humanitaria y el turno de atención humanitaria, (ii) copia de la
cédula de ciudadanía del accionante y (iii) copia de la cédula de ciudadanía de
Leidy Johanna Castillo Lucas (cuyo parentesco con el accionante no se menciona
en la tutela).
d.     Decisión judicial objeto de revisión
111.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 18 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[155].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle al accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
112.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[156].
18.
Expediente T-5515347
a.     Demanda de tutela
113.
Juan Manuel Páramo, nacido el 13 de junio de 1971,
presentó el 8 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a
la igualdad y a la educación, así como por desconocer el deber estatal de
proteger de manera especial a los niños, mujeres cabeza de hogar, adultos de la
tercera edad y víctimas de desplazamiento forzado.
114.
El accionante señala que es padre cabeza de familia
y que vive con dos hijos menores de edad. Sostiene que fue víctima de
desplazamiento forzado y que se encuentra registrado en el RUPD. Agrega que
hace alrededor un año no recibe ayuda humanitaria de emergencia, razón por la
cual hace aproximadamente un mes se comunicó con la UARIV mediante la línea de
atención, quienes le informaron que debían asignar un turno para la realización
del plan PAARI como requisito para acceder a la ayuda.
115.
Con base en los hechos descritos, solicitó al juez
tutelar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que en el término
máximo de 48 siguientes a la notificación del fallo de tutela proceda al pago
de la ayuda humanitaria de emergencia.
b.     Pruebas
116.
Como pruebas fueron anexados a la acción de tutela
los siguientes documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante
y (ii) copia de la tarjeta de identidad de los hijos del accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
117.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 15 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[157].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental del accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle al accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
118.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[158].
19.
Expediente T-5515348
a.     Demanda de tutela
119.
Elizabeth Rizo Moreno, nacida el 13 de septiembre
de 1970[159],
presentó el 11 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar desconocidos sus derechos al mínimo vital, a la vida digna y todos
aquellos conexos al desplazamiento forzado.
120.
Sostiene la accionante que hace más de 10 años se
vio forzada a desplazarse del corregimiento de Batata-Córdoba por el accionar
de grupos armados organizados al margen de la ley. Rindió declaración como
víctima en la Personería de Apartadó, y fue inscrita con el número ND000378568[160].
El carnet que la acredita como inscrita en el RUV tiene fecha del 9 de julio de
2014[161].
Afirma que en la actualidad es madre cabeza de familia.
121.
Señala que desde su inscripción en el RUV ha
recibido ayuda humanitaria en veintiún ocasiones, pero no ha vuelto a
recibirla, por lo que el 2 de marzo de 2016 solicitó de nuevo ayuda humanitaria
ante la UARIV y además también solicitó su reparación administrativa. Sostiene
que no ha recibido respuesta alguna por la entidad.
122.
Con base en los hechos narrados, solicitó al juez
amparar sus derechos, para lo cual le solicitó ordenar a la UARIV contestar la
petición presentada a la entidad, pagar dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo la ayuda humanitaria e inscribirla en los programas de
reparación administrativa.
b.     Pruebas
123.
Aparecen en el expediente como pruebas las
siguientes (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de la constancia de solicitud de inscripción al RUV de la accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
124.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 18 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[162].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[163].
20.
Expediente T-5515349
a.     Demanda de tutela
125.
La señora Mercedes María Martínez Estrada presentó
el 10 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UAVIR, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños, las mujeres cabeza de hogar, las personas de la tercera edad y las
personas en situación de desplazamiento.
126.
La accionante señala que es madre cabeza de
familia, se encuentra desempleada y fue forzada a desplazarse de la vereda
Nuevo Oriente del municipio de Turbo-Antioquia el 25 de septiembre de 1996.
Señala que presentó su declaración como víctima el 8 de marzo de 2011 y se
encuentra registrada en el RUPD con el código 989348.
127.
Sostiene que ha solicitado prórroga de su ayuda
humanitaria, ante lo cual le respondió la UARIV a través del chat de atención
al usuario que ella y su grupo familiar “ya cuentan con un PAARI formulado”,
por lo cual se encuentran en un proceso de verificación de información “a
fin de identificar los niveles de carencia que usted y su grupo familiar
presentan”[164].
Agregaron que el resultado del proceso le sería informado por la entidad, por
lo que les sugerían mantener actualizados sus datos de contacto y estar atentos
a la respuesta. Señala que después de esa oportunidad se ha comunicado en
distintas oportunidades con la UARIV, quienes no le dan una respuesta ni le
asignan un turno y suelen contestarle de manera evasiva.
128.
Con base en lo expuesto, solicitó al juez tutelar
sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV pagar la
atención humanitaria de emergencia dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo.
b.     Pruebas
129.
La señora Mercedes María Martínez Estrada anexa
como prueba únicamente la transcripción de la conversación entre ella y la
accionada donde le informan que debe esperar a que la UARIV verifique la
información aportada.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
130.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 17 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[165].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[166].
21.
Expediente T-5515350
a.     Demanda de tutela
131.
La señora María Consuelo Jaramillo Areiza presentó
el 7 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños, las mujeres cabeza de hogar y las personas en situación de
desplazamiento.
132.
La señora María Consuelo Jaramillo Areiza nació el
8 de marzo de 1963[167].
Afirma que vive con dos nietos menores de edad. Señala que en el año 1991 fue
víctima de desplazamiento forzado, por lo que tuvo que abandonar el corregimiento
de Bajira, municipio Mutatá-Antioquia. Sostiene que en 1997 declaró como
víctima ante la Personería de Chigorodó y que esa declaración fue valorada
favorablemente, por lo que fue incluida en el RUV con el código 13714.
133.
Agrega que desde ese momento hasta la fecha solo ha
recibido ayuda humanitaria en tres ocasiones. Señala que en julio de 2015
solicitó ayuda humanitaria mediante la línea de atención gratuita, y en marzo
de 2016 consultó la ayuda humanitaria nuevamente, esta vez mediante video llamada,
obteniendo el siguiente resultado: “información giro de atención humanitaria
[…] no existe un giro asignado”[168],
e “información turno de atención humanitaria […] no presenta turno asignado
en este momento”[169].
134.
Con base en lo expuesto, solicitó al juez tutelar
sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV pagar la
atención humanitaria de emergencia dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo.
b.     Pruebas
135.
Obran en el expediente como pruebas copia de los
siguientes documentos: (i) pantallazo del sitio web de la UARIV con consulta
sobre el giro de atención humanitaria y el turno de la señora María Consuelo
Jaramillo Areiza, (ii) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y
(iii) copia del registro civil de nacimiento de dos menores de edad.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
136.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 11 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[170].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[171].
22.
Expediente T-5515351
a.
Demanda de tutela
137.
La señora Luz Adriana Ortiz González, nacida el 1
de octubre de 1969[172],
interpuso el 9 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños, las mujeres cabeza de hogar y las personas en situación de desplazamiento.
138.
La accionante señala que en la tutela que fue
víctima de desplazamiento forzado en el año 1996, por lo que tuvo que abandonar
la zona donde habitaba (vereda Caño Claro en el municipio de Carmen del
Darién). Por este hecho, sostiene que en el año 2001 declaró como víctima ante
la Personería de Turbo.
139.
Manifiesta que desde su declaración como víctima ha
recibido en siete oportunidades ayuda humanitaria de emergencia. Agrega que en
la actualidad se encuentra desempleada.
140.
Afirma que en febrero de 2016 solicitó ayuda
humanitaria mediante la línea de atención telefónica y que posteriormente, el 9
de marzo del mismo año, mediante video llamada revisó en el sitio web de la
UARIV el estado de su consulta. Con relación al giro de atención humanitaria
aparecía que “actualmente no existe un giro asignado”[173], y con
relación al turno de atención humanitaria el resultado fue: “no presenta
turno asignado en este momento”[174].
141.
Por lo anterior, solicita al juez amparar sus
derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV pagar la ayuda
humanitaria dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
b.     Pruebas
142.
La accionante incluye como pruebas en el expediente
las siguientes: (i) pantallazo del sitio web de la UARIV con consulta sobre el
giro de atención humanitaria y el turno de la señora Luz Adriana Ortiz González
y (ii) copia de su cédula de ciudadanía.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
143.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 16 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[175].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[176].
23.
Expediente T-5515352
a.
Demanda de tutela
144.
Miguel Antonio Gómez Montalvo, nacido el 18 de
noviembre de 1974[177],
interpuso el 4 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar que esta entidad le estaba vulnerando sus derechos fundamentales a
la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la
familia, así como por incumplir el deber estatal de protección especial a los
menores.
145.
Sostiene que en 1993, cuando habitaba en
Chigorodó-Antioquia, tuvo que desplazarse por el accionar de grupos armados al
margen de la ley. Afirma el 19 de diciembre de 2014 declaró como víctima ante
la Personería de Chigorodó y que en julio de 2015 su declaración fue valorada
de manera afirmativa. Señala asimismo que su grupo familiar se encuentra
conformado por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad.
146.
Pese a lo anterior, afirma que no se le ha hecho
entrega de ayudas humanitarias, por lo que presentó una petición a la UARIV, la
cual le contestó diciendo que no era posible entregar la ayuda humanitaria
hasta tanto no se realizara la encuesta sobre el PAARI y además le informó que
no tenía derecho a la ayuda humanitaria por cuanto su desplazamiento se había
realizado hacía más de 10 años, por lo cual era de suponer que su situación de
vulnerabilidad no estaba relacionada con el desplazamiento.
147.
Adicionalmente, el accionante se comunicó con la
UARIV a través del chat de la entidad, mediante el cual se le informó que ya
tenía una solicitud de agendamiento para el PAARI desde el 20 de septiembre de
2015, por lo que le pedían estar pendiente dado que la entidad se pondría en
contacto con él para informarle la fecha exacta.
148.
Con base en lo descrito antes, solicitó al juez
tutelar sus derechos fundamentales y ordenarle a la UARIV realizar el pago de
la ayuda humanitaria dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del
fallo.
b.     Pruebas
149.
Como pruebas obra en el expediente los siguientes
documentos: (i) trascripción de una conversación sostenida con la UARIV por vía
del chat virtual de la entidad, en la que se le informa al accionante que desde
septiembre de 2015 existe una solicitud de agendamiento programada para la
realización del PAARI (documento sin fecha) y (ii) copia de la cédula de
ciudadanía del accionante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
150.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 10 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[178].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para que no
vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de tutela por
el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles y por
desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de tutela
que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[179].
24.
Expediente T-5515353
a.
Demanda de tutela
151.
Lina Marcela Gaviria Martínez, nacida el 24 de
enero de 1989[180],
presentó acción de tutela el 11 de marzo de 2016 contra la UARIV, por
considerar desconocidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y todos aquellos que sean conexos con el desplazamiento forzado.
152.
La accionante señaló que por el accionar de los
grupos armados organizados se desplazó en el 2005 de la vereda Osaca del
municipio de Carepa. Agrega que fue inscrita en el RUV (aunque no especifica la
fecha), pero que no ha recibido ninguna ayuda humanitaria. Por esa razón
sostiene que hace “más de 10 meses”[181]
solicitó a la UARIV entrega de la ayuda humanitaria, pero esta no le ha
contestado.
153.
En consecuencia, solicita al juez de tutela amparar
sus derechos fundamentales y ordenarle a la UARIV tanto el pago de la ayuda
humanitaria como la inclusión inmediata en los programas administrativos de
reparación en vivienda y de indemnización administrativa por el desplazamiento
forzado.
b.     Pruebas
154.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia de un
certificado civil de nacimiento.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
155.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 18 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[182].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[183].
25.
Expediente T-5515354
a.
Demanda de tutela
156.
Pedro Alejandro Zapata Flórez, nacido el 29 de
octubre de 1984[184],
presentó acción de tutela contra la UARIV y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (en adelante, “ICBF”), por considerar desconocidos
sus derechos fundamentales al mínimo vital a la vida digna y todos aquellos
conexos con el desplazamiento forzado. La acción fue interpuesta el 9 de marzo
de 2016.
157.
Relata el accionante que es cabeza de familia, y
que su grupo familiar está conformado por adultos mayores y por menores de
edad. Señala que el 22 de mayo de 1996 se desplazó de la vereda Pabarando del
municipio de Mutatá–Antioquia, y que por este hecho rindió declaración en la
Personería del municipio de Chigorodó el día 18 de octubre de 2011, como
resultado de lo cual fue inscrito en el RUV con el Código 1226497.
158.
Sostiene que desde que fue inscrito en el RUV ha
recibido ayuda humanitaria de emergencia en tres oportunidades. Afirma que el
25 de enero de 2016 se comunicó con la línea de atención telefónica de la UARIV
para solicitar su ayuda humanitaria, pero que a la fecha de interposición de la
acción de tutela no ha recibido respuesta.
159.
Con base en los anteriores hechos, solicitó al juez
de tutela ordenar a la UARIV otorgar las ayudas humanitarias de emergencia
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia e incluirlo
en los programas de reparación, específicamente en el programa de reparación de
vivienda y reparación administrativa.
b.     Pruebas
160.
Como pruebas de la acción de tutela el accionante
aportó únicamente copia de su cédula de ciudadanía.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
161.
Mediante providencia del 16 de marzo de 2016, el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó resolvió la acción de tutela de
la referencia. En ella el juez consideró que existía una “flagrante e
innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por lo
cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[185].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias y
le informara el estado en el que le encuentra su proceso de reparación
administrativa, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[186].
26.
Expediente T-5515355
a.
Demanda de tutela
162.
El 9 de marzo de 2016, el señor José Antonio Vargas
Beltrán interpuso acción de tutela contra la UARIV argumentando la vulneración
de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y de todos
aquellos conexos al desplazamiento forzado.
163.
El accionante nació el 10 de enero de 1973[187].
Señala que en 1996 fue forzado a desplazarse de la vereda de Nueva Granada,
municipio de Turbo–Antioquia, por el accionar de grupos armados organizados al
margen de la ley. Por este hecho rindió su declaración como víctima ante la
Personería de Apartadó y fue incluido en el RUV con el código FUD NH000194028.
Sostiene que actualmente es padre cabeza de hogar.
164.
Sostiene que desde ese entonces solo ha recibido
ayuda humanitaria en una oportunidad. Por ello, el 20 de febrero de 2015 se
comunicó con la UARIV a través de la línea de atención telefónica de la entidad
y también acudió a sus oficinas en Apartadó, con el propósito de solicitar
ayuda humanitaria de emergencia. Le informaron que en máximo diez días se
comunicarían con él para darle respuesta, pero hasta la fecha de presentación
de la acción de tutela eso no ha sucedido.
165.
Por los anteriores hechos, solicitó al juez de
tutela ordenar a la UARIV otorgar las ayudas humanitarias de emergencia dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia e incluirlo en los
programas de reparación, específicamente en el programa de reparación de vivienda
y reparación administrativa.
b.     Pruebas
166.
El accionante aporta como pruebas en su proceso de
tutela las siguientes: (i) copia de su cédula de ciudadanía y (ii) copia del
registro civil de una hija suya.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
167.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó
conoció en primera instancia de la acción de tutela presentada por José Antonio
Vargas Beltrán contra la UARIV y mediante sentencia del 16 de marzo de 2016
decidió declararla procedente. Para llegar a esta conclusión el juez consideró
que existía una “flagrante e innegable vulneración” de los derechos
fundamentales del accionante, por lo cual sostuvo que procedía “de plano”
la acción de tutela[188].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias y
le informara el estado en el que le encuentra su proceso de reparación
administrativa, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[189].
27.
Expediente T-5515356
a.
Demanda de tutela
168.
Liliana María Urrego Ibarra, nacida el 8 de junio
de 1976, interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados
sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, a la
familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y a la educación, así
como por incumplir el deber de protección especial de los niños, las mujeres
cabeza de hogar y las personas en situación de desplazamiento. La acción de
tutela fue presentada el 9 de marzo de 2016.
169.
La señora Urrego Ibarra sostiene que fue víctima de
desplazamiento forzado por el accionar de grupos armados ilegales, razón por la
cual tuvo que abandonar la vereda Ranchería del municipio de Chigorodó. Por
esta circunstancia, el 14 de abril de 2009 declaró como víctima de la violencia
en la Personería de Medellín. Esta declaración fue registrada con el código
SIPOD: 826122. Aduce que es madre cabeza de familia y que vive con su hijo 8
años de edad.
170.
Afirma que desde que declaró como víctima no ha
recibido ayuda humanitaria. Sostiene que desde septiembre de 2015 se ha
comunicado a través de la línea de atención telefónica con la entidad demandada
para solicitarle el pago de la ayuda humanitaria. Adicionalmente, el 7 de marzo
de 2016 la UARIV le informó a través del chat de la entidad que, en aplicación
del Decreto 1084 de 2015, con el objeto de proceder con la formulación del
PAARI se requiere tramitar su agendamiento[190].
171.
Con fundamento en los hechos expuestos, la
accionante solicitar al juez amparar sus derechos fundamentales y por lo tanto
ordenarle a la entidad demandada que le entregue la ayuda humanitaria de
emergencia dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
b.     Pruebas
172.
La accionante aporta como pruebas al expediente las
siguientes: (i) copia de su cédula de ciudadanía; (ii) copia de la cédula de
ciudadanía de Nicolás Urrego Ibarra y (iii) trascripción de una conversación
sostenida con la UARIV el 7 de marzo de 2016, por vía del chat virtual de la
entidad, en la que se le informa que se adelantará una solicitud de
agendamiento para que se inicie el PAARI.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
173.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 16 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[191]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole
a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al
juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[192].
28.
Expediente T-5515357
a.
Demanda de tutela
174.
El señor Nicanor Alfonso González Vega, actuando en
nombre propio, presentó el 29 de febrero de 2016[193] acción de
tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna,
a la salud, a la seguridad social, a la igualdad, a la educación y a la
prevalencia de los derechos de los niños.
175.
El accionante nació el 2 de noviembre de 1938[194].
Fue víctima de desplazamiento forzado en el mes de febrero del año 1996, como
consecuencia de la actuación de grupos armados ilegales en el municipio de
Chigorodo (Antioquia)[195].
176.
El 6 de diciembre de 2011, el accionante rindió
declaración como víctima de la violencia ante la Personería de Chigorodó. El 7
de febrero de ese año su declaración fue valorada positivamente, asignándosele
el código 1271240[196].
El señor Jaramillo señala que desde ese entonces solo ha recibido ayuda
humanitaria en cuatro ocasiones y que es un adulto mayor que no cuenta con
trabajo alguno.
177.
Manifiesta el accionante que en octubre de 2015
solicitó por medio de la línea de atención gratuita de la UARIV la
correspondiente ayuda humanitaria, la cual le informó que se había hecho un
giro al departamento de Córdoba, el cual no pudo cobrar por vivir en Chigorodó.
Agrega que ya se le realizó el PAARI pero que en todo caso no ha recibido ayuda
humanitaria[197].
178.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV que,
en el término de 48 horas siguientes a la sentencia, le entregue la ayuda
humanitaria a la que tiene derecho[198].
b.
Pruebas
179.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
pantallazos de la página web de la UARIV y (ii) copia simple de la cedula de
ciudadanía del accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
180.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 7 de marzo de 2016[199],
consideró que existía una “flagrante e innegable vulneración” de los
derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, resolvió amparar los
derechos fundamentales del accionante, ordenándole a la representante legal de
la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
entregara las ayudas humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[200].
29.
Expediente T-5515358
a.
Demanda de tutela
181.
Alicia del Carmen Robledo González, actuando en
nombre propio, presentó el 1 de marzo de 2016[201] acción de
tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna,
a la salud, a la seguridad social, a la igualdad, a la educación, así como por
desconocimiento de la obligación de protección especial a los niños, las
mujeres cabeza de hogar, los adultos de la tercera edad y las personas en
situación de discapacidad.
182.
La accionante nació el 11 de agosto de 1984[202]
y es madre cabeza de familia. Fue víctima de desplazamiento forzado en el mes
de abril del año 1996, como consecuencia de la actuación de grupos armados
ilegales en el municipio de Chigorodo (Antioquia)[203].
183.
El 5 de agosto de 2015[204] la
accionante solicito la entrega de ayuda humanitaria por medio del chat de
UARIV, obteniendo como respuesta la programación de una cita para conocer la
conformación del núcleo familiar y para analizar la procedencia de hacer la
entrega de ayuda humanitaria, visita que no se realizó.
184.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV que,
en el término de 48 horas siguientes a la sentencia, le entregue la ayuda
humanitaria a la que tiene derecho[205].
b.
Pruebas
185.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
trascripción de la conversación sostenida por chat de la UARIV y (ii) fotocopia
simple de la cédula de ciudadanía de la accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
186.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 8 de marzo de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración”[206]
de los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, resolvió amparar
los derechos fundamentales del accionante, ordenándole a la representante legal
de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
entregara las ayudas humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[207].
30.
Expediente T-5515359
a.     Demanda de tutela
187.   La señora Luz Mariela Sánchez Rodríguez, nacida el 13 de febrero de
1968[208],
interpuso el 1 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños, las mujeres cabeza de hogar y las personas en situación de
desplazamiento.
188.  La accionante afirma ser madre cabeza de familia y encontrarse
desempleada. Señala que fue víctima de desplazamiento forzado en el año 2001,
por lo que tuvo que abandonar la zona donde habitaba (vereda Dos Bocas en el
municipio de Rio Sucio). Por este hecho, sostiene que el 23 de enero de 2001
declaró como víctima ante la Personería de Chigorodó.
189.  Manifiesta que desde su declaración como víctima ha recibido en 6
oportunidades ayuda humanitaria de emergencia. Afirma que en enero de 2015
solicitó a la UARIV ayuda humanitaria mediante la línea gratuita de atención.
El 16 de febrero de la misma anualidad consultó mediante video llamada el
estado de su solicitud y le informaron lo siguiente: “actualmente no existe
un giro asignado”[209]
a su número de documento y “[s]u consulta de Ayuda Humanitaria no presenta
turno asignado en este momento”[210].
La accionante menciona que la falta de asignación de turno se debe a que
primero debe realizarse el plan PAARI.
b.     Pruebas
190.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Luz Mariela Sánchez Rodríguez, (ii) copia del registro civil
de nacimiento de uno de sus hijos y de la tarjeta de identidad del restante,
(iii) copia del pantallazo del sitio web de la UARIV donde se consulta el giro
de la atención humanitaria y (iv) copia del pantallazo del sitio web de la
UARIV donde se consulta el turno de atención humanitaria.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
191.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 8 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual sostuvo
que procedía “de plano” la acción de tutela[211]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[212].
31.
Expediente T-5515360
a.     Demanda de tutela
192.  La señora Mayi Zaney Flórez Moreno, nacida el 27 de noviembre de 1989[213],
interpuso el 1 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos de petición y a la salud.
193.  Afirma la accionante que se encuentra desempleada y en grave estado de
salud, por lo que solicitó a la UARIV, mediante escrito, la entrega inmediata
de las ayudas humanitarias.
194.  Ante esta situación, solicita al juez que tutele su derecho fundamental
de petición y en consecuencia ordene a la entidad accionada que dentro de un
término perentorio resuelva de fondo la solicitud radicada.
b.     Pruebas
195.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Mayi Zaney Flórez Moreno y (ii) copia de historia clínica de
la accionante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
196.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 8 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[214]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[215].
32.
Expediente T-5515361
a.     Demanda de tutela
197.  El señor Carlos Mario Martínez Sierra, actuando en nombre propio,
interpuso el 2 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, alegando la
vulneración de sus derechos a la vida, a la igualdad, al mínimo vital, a la
seguridad social, a la salud y al debido proceso.
198.  El señor Martínez Sierra nació el 22 de noviembre de 1965[216].
Fue víctima de desplazamiento forzado cuando residía en Chigorodó, Antioquia,
en el año 1997. Manifiesta que rindió declaración como víctima de
desplazamiento forzado y fue incluida en el RUPD[217].
199.  El accionante, el 16 de enero de 2016, se comunicó a la línea gratuita
de la UARIV y a través del chat que esta entidad tiene disponible para atender
a los ciudadanos. Mediante este último se le informó que, en aplicación del
Decreto 4800 de 2011, no se haría entrega del componente de alimentación,
puesto que ya habían transcurrido más de 10 años del desplazamiento forzado[218].
200.  Ante esta situación, solicita al juez que tutele sus derechos
fundamentales y en consecuencia ordene a la entidad accionada que dentro de las
48 horas siguientes al fallo le otorgue ayuda humanitaria de emergencia.
b.     Pruebas
201.
Como pruebas obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) trascripción de una conversación sostenida con la UARIV por vía
del chat virtual de la entidad y (ii) copia de la cédula de ciudadanía del
accionante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
202.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 9 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[219]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[220].
33.
Expediente T-5515362
a.     Demanda de tutela
203.
El 2 de marzo de 2016, la señora Liliana Palacios
Palacios interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar que esta le
vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna, a la información y al
debido proceso.
204.
La señora Palacios Palacios nació el 14 de junio de
1982[221]
y, según señala en el escrito de tutela, es madre cabeza de familia. Manifiesta
que por la violencia fue obligada a desplazarse de la Finca La Astilla del
municipio de Apartadó, Antioquia.
205.
Manifiesta que el 9 de febrero de 2016 recibió
ayuda humanitaria, pero, considera la accionante, fue incompleta en la medida
que le fue consignada la suma de $240.000. Por esa razón envió solicitud a la
UARIV en la que requiere el pago del excedente no pagado correspondiente a la
suma de $270.000[222].
206.
Por lo anterior, solicitó al juez tutelar sus
derechos y conceder ayuda humanitaria de emergencia. Igualmente, le pidió
pronunciarse sobre la indemnización en virtud de lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley 1448 de 2011. Finalmente, pidió al juez ordenarle a la UARIV dar una
respuesta de fondo a su petición.
b.     Pruebas
207.
Como prueba obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de petición enviada a la UARIV solicitando prórroga de ayuda humanitaria.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
208.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 9 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[223]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[224].
34.
Expediente T-5515363
a.     Demanda de tutela
209.
El 3 de marzo de 2016, la señora Yessica Esther
Mesa Medrano interpuso acción de tutela contra la UARIV argumentando la
vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y de
todos aquellos conexos al desplazamiento forzado.
210.
La accionante nació el 23 de septiembre de 1988[225].
Señala que en 1996 fue forzada a desplazarse por el accionar de grupos armados
organizados al margen de la ley. Por este hecho rindió su declaración como
víctima, el 19 de febrero de 2014, ante la Personería de Apartadó y fue
incluida en el RUV con el código FUD NF00014397. Sostiene que actualmente es
cabeza de hogar.
211.
Afirma que el 19 de diciembre de 2015 se comunicó a
través de la línea de atención telefónica con la entidad demanda para
solicitarle el pago de la ayuda humanitaria.
212.
Por los anteriores hechos, solicitó al juez de
tutela ordenar a la UARIV otorgar las ayudas humanitarias de emergencia dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia e incluirlo en los
programas de reparación, específicamente en el programa de reparación de
vivienda y reparación administrativa.
b.     Pruebas
213.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
cédula de ciudadanía de la accionante; (ii) certificado del registro civil de
nacimiento de Maroly Rodríguez Mesa, que muestra la relación de parentesco
(hija) con la accionante; y (iii) constancia de solicitud de inscripción en el
RUV.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
214.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 10 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[226]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[227].
35.
Expediente T-5515364
a.     Demanda de tutela
215.  El señor Jailer Hurtado Abadía, nacido el 11 de noviembre de 1990[228],
interpuso el 4 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños y a las personas en situación de desplazamiento.
216.
El accionante señala que es padre de una menor de 5
años, se encuentra desempleado y fue forzado a desplazarse de la vereda Florida
del municipio de Riosucio-Chocó el 2 de mayo de 2000. Señala que presentó su
declaración como víctima el 28 de abril de 2004 en la Personería de Mutatá y se
encuentra registrado en el RUPD con el código 288338.
217.
Sostiene el accionante que la última ayuda
humanitaria fue entregada en enero de 2016, razón por la cual solicitó a la
UARIV, mediante el chat de la entidad, prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia. Por esa vía se le informó que para entregar la ayuda era necesario
conocer la conformación de su hogar actual, por lo cual la UARIV procedió a
realizar una solicitud de agendamiento para que fuera fijada fecha en la que la
entidad se comunicaría con el señor Hurtado Abadía para iniciar el PAARI[229].
218.
Por lo anterior, solicitó en la tutela que se le
ordene a la UARIV hacer entrega de la ayuda humanitaria en el término de 48
horas siguientes a la notificación del fallo.
b.     Pruebas
219.
Como pruebas obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) trascripción de una conversación sostenida con la UARIV por vía
del chat virtual de la entidad y (ii) copia de la cédula de ciudadanía del
accionante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
220.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 10 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[230]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo
al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[231].
36.
Expediente T-5515365
a.     Demanda de tutela
221.  La señora Rubiela Borja Berrio, actuando mediante apoderado[232],
presentó el 4 de marzo de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a
la igualdad, a la educación y a la prevalencia de los derechos de los niños.
222.
El 18 de diciembre de 2015 la señora Rubiela Borja
Berrio presentó ante la UARIV un derecho de petición solicitando entrega de la
ayuda humanitaria de emergencia. Agrega que hasta el momento no se le ha dado
respuesta a su petición.
223.  Por lo anterior, solicita que se tutelen sus derechos y en consecuencia
se le ordene a la UARIV responder la petición presentada y reconocer la
atención humanitaria, incluyendo sus componentes de alojamiento y alimentación.
b.     Pruebas
224.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Rubiela Borja Berrio, (ii) copia de la petición presentada a
la UARIV el 18 de diciembre de 2015 y (iii) otorgamiento de poder.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
225.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 10 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[233]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[234].
37.
Expediente T-5515366
a.     Demanda de tutela
226.
Jair Alonso Pérez Pérez, nacido el 18 de julio de
1989[235],
presentó el 5 de febrero de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por desconocer el deber estatal de proteger de manera
especial a los niños y a las víctimas de desplazamiento forzado.
227.
El accionante señala que es padre cabeza de familia
y que vive con una hija menor de edad. Sostiene que fue víctima de
desplazamiento forzado de la vereda Nueva Unión del municipio de
Turbo-Antioquia el 13 de octubre de 2004, y que por este hecho se encuentra registrado
en el RUPD. Agrega que en el mes de septiembre del 2015 se comunicó con la
UARIV mediante la línea de atención y que por esa vía le informaron que debían
asignarle un turno para la realización del plan PAARI como requisito para
acceder a la ayuda.
228.
Por lo expuesto, el señor Jair Alonso Pérez Pérez
solicitó al juez que tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene
a la UARIV entregar la ayuda humanitaria de emergencia por la suma de $510.000,
y adicionalmente se informen las condiciones de tiempo y lugar en que se haría
la respectiva entrega.
b.     Pruebas
229.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Jair Alonso Pérez Pérez y (ii) certificado del registro civil
de nacimiento de Luna Pérez Guzmán, que muestra la relación de parentesco
(hija) con el accionante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
230.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 11 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[236]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[237].
38.
Expediente T-5515367
a.     Demanda de tutela
231.  La señora Diana Patricia Vergara Contreras, nacida el 26 de enero de
1981[238],
interpuso el 7 de marzo de 2016 acción de tutela contra UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños y las personas en situación de desplazamiento.
232.
La accionante señala que es madre de dos hijos
menores de edad,  se encuentra desempleada y fue forzada a desplazarse de la
vereda Galilea del municipio de Montería en el año 2000. Sostiene que se
encuentra inscrita en el RUPD con el código CE000207639.
233.
Afirma que nunca le han hecho entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia, por tal motivo se comunicó con la UARIV a través del
chat que esta entidad tiene disponible para atender a los ciudadanos, y
solicitó la entrega de la ayuda humanitaria. Le informaron que debían asignar
un turno para la valorización del estado de vulnerabilidad.[239]
234.
Por los anteriores hechos, solicitó al juez de
tutela ordenar a la UARIV otorgar las ayudas humanitarias de emergencia dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia e incluirlo en los
programas de reparación, específicamente en el programa de reparación de
vivienda y reparación administrativa.
b.     Pruebas
235.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Diana Patricia Vergara Contreras y (ii) trascripción de una
conversación sostenida con la UARIV por vía del chat virtual de la entidad.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
236.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 11 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[240]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[241].
39.
Expediente T-5515368
a.     Demanda de tutela
237.  La señora Liney Berrio Ochoa, nacida el 2 de marzo de 1978[242],
interpuso el 8 de marzo de 2016 acción de tutela contra UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por incumplir el deber de protección especial de los
niños y las personas en situación de desplazamiento.
238.  La señora Berrio Ochoa fue desplazada en el año 2002 del corregimiento
de Currulao del municipio de Turbo-Antioquia, por ello el 22 de mayo de 2015 la
accionante declaró ante la Personería de Chigorodó para que fuese reconocida
como víctima del desplazamiento forzado. Sin embargo, el 4 de marzo de 2016,
consultó el RUV y afirma que su solicitud está sin valorar. Igualmente,
mediante el chat de la entidad solicitó la valoración de su declaración y le
informaron que debía esperar[243].
239.  Por lo expuesto, la señora Liney Berrio Ochoa solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV a que
proceda efectuar la valoración de su declaración y a la inscripción de la
accionante en el RUV. Aunado a ello, solicita la entrega inmediata de las
ayudas humanitarias[244].
b.     Pruebas
240.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
cédula de ciudadanía de la accionante; (ii) certificado del registro civil de
nacimiento de Manuela Berrio Ochoa, que muestra la relación de parentesco
(hija) con la accionante; (iii) Copia de contraseña del menor Julián Berrio
Ochoa, y (iv) trascripción de una conversación sostenida con la UARIV por vía
del chat virtual de la entidad.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
241.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 17 de marzo de 2016, resolvió amparar su derecho fundamental
a la vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[245].
40.
Expediente T-5515369
a.     Demanda de tutela
242.
Mariela Avendaño Tuverquia, nacida el 15 de
septiembre de 1969[246],
presentó acción de tutela contra la UARIV y el ICBF, por considerar
desconocidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y
todos aquellos conexos con el desplazamiento forzado. La acción fue interpuesta
el 10 de marzo de 2016.
243.
Relata la accionante que es madre cabeza de familia
y que su grupo familiar está conformado por tres menores de edad. Señala que el
17 de junio de 1999 fue desplazada por grupos armados ilegales y que por este
hecho rindió declaración en la Personería del municipio de Carepa, el día 17 de
julio de 1999, como resultado de lo cual fue inscrita en el RUV con el Código
189870. De igual manera, afirma que se encuentra inscrita en el RUPD[247].
244.
Agrega la accionante que el 20 de diciembre de 2015
solicitó a la UARIV ayuda humanitaria mediante la línea gratuita de atención.
Como respuesta le informaron que dichas ayudas eran para las personas más
necesitadas y que se comunicarían con ella mediante mensaje de texto. Además,
sostiene que la ayuda humanitaria que le ha sido entregada hasta el momento no
ha sido completa.
245.
Con base en los anteriores hechos, solicitó al juez
de tutela ordenar a la UARIV otorgar las ayudas humanitarias de emergencia
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia e incluirlo
en los programas de reparación, específicamente en el programa de reparación de
vivienda y reparación administrativa.
b.     Pruebas
246.
Como prueba tan solo se aportó copia de la cédula
de ciudadanía de Mariela Avendaño Tuverquia.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
247.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 17 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[248]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[249].
41.
Expediente
T-5515370
a.     Demanda de tutela
248.
José Julián Carmona Sánchez, nacido el 19 de
noviembre de 1970[250],
presentó acción de tutela contra la UARIV por considerar desconocidos sus
derechos fundamentales al mínimo vital a la vida digna y todos aquellos conexos
con el desplazamiento forzado. La acción fue interpuesta el 10 de marzo de
2016.
249.
Señala que el 6 de octubre de 1996 fue desplazado
por grupos armados ilegales de la finca Cabo de Horno del municipio de
Apartadó-Antioquía, y que por este hecho rindió declaración en la Personería
del municipio de Carepa el día 20 de agosto de 2014, donde fue inscrito en el
RUV con el Código NH000379176.
250.
Agrega la accionante que el 21 de enero de 2016
solicitó a la UARIV ayuda humanitaria mediante la línea gratuita de atención.
Sin embargo, sostiene que han transcurrido más de quince días sin recibir
respuesta alguna. Menciona que la falta de asignación de turno se debe a que
primero debe realizarse el plan PAARI. Señala que hasta el momento se le ha
entregado ayuda humanitaria solo cada tres meses y de manera desagregada.
251.
Con base en los anteriores hechos, solicitó al juez
de tutela ordenar a la UARIV otorgar las ayudas humanitarias de emergencia
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia e incluirlo
en los programas de reparación, específicamente en el programa de reparación de
vivienda y reparación administrativa.
b.     Pruebas
252.
Como prueba tan solo se aportó copia de la cédula
de ciudadanía de José Julián Carmona Sánchez.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
253.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 17 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[251]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole
a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al
juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[252].
42.
Expediente
T-5515371
a.     Demanda de tutela
254.
Teodora del Carmen Genes Osorio, nacida el 16 de
julio de 1966[253],
presentó acción de tutela contra la UARIV por considerar desconocidos sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y todos aquellos
conexos con el desplazamiento forzado. La acción fue interpuesta el 10 de marzo
de 2016.
255.
Relata la accionante que es cabeza de familia y que
su grupo familiar está conformado por dos menores de edad. Señala que el 12 de
abril de 1998 se desplazó de la vereda Los Naranjales del municipio de
Apartadó–Antioquia, y que por este hecho rindió declaración en la Personería
del municipio de Apartadó (sin especificar la fecha), como resultado de lo cual
fue inscrito en el RUV con el Código CIPOD20160045861.
256.
Sostiene que desde que fue inscrito en el RUV ha
recibido ayuda humanitaria de emergencia en dos oportunidades. Por esa razón,
afirma que el 2 de septiembre de 2015 solicitó a la UARIV su ayuda humanitaria,
pero a la fecha de interposición de la acción de tutela no ha recibido
respuesta.
257.
Con base en los anteriores hechos, solicitó al juez
de tutela ordenar a la UARIV otorgar las ayudas humanitarias de emergencia
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia e incluirlo
en los programas de reparación, específicamente en el programa de reparación de
vivienda y reparación administrativa.
b.     Pruebas
258.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Teodora del Carmen Genes Osorio, (ii) copia del duplicado de
la contraseña del menor Juan David Mariaga Castillo y (iii) copia de tarjeta de
identidad de Yesid Paola Castillo Genes.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
259.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 17 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[254]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[255].
43.
Expediente
T-5515373
a.     Demanda de tutela
260.
Martalia Jaramillo Areiza, nacida el 12 de agosto
de 1970[256],
mediante apoderado[257],
presentó acción de tutela contra la UARIV por considerar desconocidos sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y todos aquellos
conexos con el desplazamiento forzado. La acción fue interpuesta el 8 de marzo
de 2016.
261.
Señala que radicó solicitud ante la UARIV el 18 de
diciembre de 2015, en el cual requiere que se hagan efectivas las entregas de
las ayudas humanitarias, sin recibir respuesta alguna.
262.
Por los hechos anteriormente expuestos, solicita al
juez que tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV
emitir acto administrativo mediante el cual se garantice la entrega de las
ayudas humanitarias.
b.     Pruebas
263.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Martalia Jaramillo Areiza, (ii) copia de la petición
presentada a la UARIV el 18 de diciembre de 2015 y (iii) otorgamiento de poder.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
264.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 15 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[258]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[259].
44.
Expediente
T-5515377
a.     Demanda de tutela
265.
El 15 de marzo de 2016, la señora Nodelsy Chala
Torres presentó acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus
derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, a la familia,
a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y a la educación, así como por
incumplir el deber de protección especial de los niños, las mujeres cabeza de
hogar y las personas en situación de desplazamiento.
266.
La accionante nació el 13 de diciembre de 1985[260].
Sostiene que fue víctima de desplazamiento forzado por el accionar de grupos
armados ilegales, razón por la cual el 25 de marzo de 2001 tuvo que abandonar
la vereda Pabarandocito del municipio de Mutatá-Antioquia. Por esta
circunstancia, el 18 de octubre de 2013 declaró como víctima de la violencia en
la Personería de Mutatá. Esta declaración fue registrada con el código SIPOD:
1112890. Aduce que es madre cabeza de familia y que vive con su hijo de 5 años
de edad.
267.
Señala que desde que realizó la declaración no ha
recibido ninguna ayuda humanitaria. Afirma que en enero de 2016 solicitó a la
UARIV ayuda humanitaria mediante la línea gratuita de atención. El 14 de marzo
de ese año consultó mediante video llamada el estado de su solicitud y le
informaron lo siguiente: “actualmente no existe un giro asignado”[261]
a su número de documento y “[s]u consulta de Ayuda Humanitaria no presenta
turno asignado en este momento”[262].
La accionante menciona que la falta de asignación de turno se debe a que
primero debe realizarse el plan PAARI.
268.
Por lo anterior, solicita al juez amparar sus
derechos y conminar a la UARIV a pagar la ayuda humanitaria de emergencia
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
b.     Pruebas
269.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Nodelsy Chala Torres, (ii) copia del registro civil de
nacimiento de un hijo, (iii) copia del pantallazo del sitio web de la UARIV
donde se consulta el giro de la atención humanitaria y (iv) copia del
pantallazo del sitio web de la UARIV donde se consulta el turno de atención
humanitaria.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
270.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 31 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[263]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[264].
45.
Expediente T-5515378
a.     Demanda de tutela
271.
El 9 de marzo de 2016, la señora Norelis Graciano
Goez interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a la
igualdad y a la educación, así como también a la protección especial de las
personas en situación de desplazamiento.
272.
La señora Graciano Goez nació el 15 de marzo de
1988[265].
Señala que fue víctima de desplazamiento y se encuentra inscrita en el RUPD.
Manifiesta que es madre cabeza de familia y que su grupo familiar está
conformado por dos menores de edad.
273.
El 29 de enero de 2016 la accionante presentó
escrito ante la UARIV solicitando la entrega de las ayudas humanitarias. Señala
que hasta el momento de la radicación de la acción de tutela no ha recibido
respuesta alguna.
274.
Con base en lo expuesto, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la entidad
accionada a que realice en el menor tiempo posible los estudios que considere
necesarios para verificar su estado de vulnerabilidad.
b.     Pruebas
275.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Norelis Graciano Goez y (ii) copia de la petición presentada a
la UARIV el 29 de enero de 2016.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
276.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 16 de marzo de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[266]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole
a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al
juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[267].
46.
Expediente T-5515379
a.     Demanda de tutela
277.
El 17 de marzo de 2016, la señora Blanca Rosa
González Álvarez presentó acción de tutela contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación.
278.
La señora González Álvarez nació el 25 de enero de
1966[268].
Señala que presentó solicitud ante la UARIV requiriendo ayuda humanitaria.
Afirma que le respondieron que no podía acceder a dichas ayudas por encontrarse
en el régimen contributivo de salud[269],
aunque el acto administrativo de la UARIV que consta en el expediente sí
reconoce la ayuda humanitaria por concepto de alimentos y no hace ninguna
referencia a la pertenencia del accionante al régimen contributivo en salud[270].
279.
Por los hechos anteriormente expuestos, solicita al
juez que tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV
emitir un acto administrativo mediante el cual se garantice la entrega de las
ayudas humanitarias.
b.     Pruebas
280.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de Blanca Rosa González Álvarez y (ii) copia de respuesta de la
UARIV a la solicitud presentada por la señora González Álvarez.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
281.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 4 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[271]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[272].
47.
Expediente T-5515380
a.     Demanda de tutela
282.
El 18 de marzo de 2016, la señora Gumercinda María
Gutiérrez Flórez interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la
seguridad social, a la igualdad y a la educación, así como por incumplir el
deber de protección especial de los niños y las personas en situación de
desplazamiento.
283.
La señora Gumercinda María Gutiérrez Flórez nació
el 17 de octubre de 1969[273].
Señala que fue víctima de desplazamiento en el año 1996 y se encuentra inscrita
en el RUPD. Agrega que su grupo familiar está conformado por tres personas y
que se encuentra desempleada.
284.
La accionante argumenta que en enero de 2016
solicitó, mediante un escrito, a la UARIV entrega de ayuda humanitaria, pero
este no fue respondido por dicha entidad.
285.
Con base en los hechos narrados, requirió al juez
amparar sus derechos, para lo cual le solicitó ordenar a la UARIV contestar la
petición presentada a la entidad y otorgar las ayudas humanitarias
b.     Pruebas
286.
Como prueba tan solo se aportó copia de la cédula
de ciudadanía de María Gumercinda Gutiérrez Flórez.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
287.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 5 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[274]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[275].
48.
Expediente T-5530203
a.
Demanda de tutela
288.
La señora Luz Estella Julio Julio presentó el 9 de
diciembre de 2015 acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados
sus derechos a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad,
a la educación y a la prevalencia de los derechos al mínimo vital, salud,
igualdad, vivienda, vida digna y ayuda humanitaria.
289.
La accionante nació el 13 de julio de 1973 y es
madre cabeza de familia. Fue víctima de desplazamiento forzado en el mes de
abril de 1996, como consecuencia de la actuación de grupos armados al margen de
la ley.
290.
Sostiene que la última vez que recibió ayuda
humanitaria fue hace tres meses. Por lo anterior, mediante el chat de la UARIV
la accionante realizo petición de ayuda humanitaria, respondiéndole la entidad
que primero debía realizarse el PAARI[276].
291.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer
entrega de la ayuda humanitaria a la que tiene derecho, consistente en
alimentación y vivienda.
b.
Pruebas
292.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
trascripción de la conversación sostenida por chat de la UARIV y (ii) fotocopia
simple de la cédula de ciudadanía del accionante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
293.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia de fecha 14 de enero de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración”[277]
de los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, resolvió amparar
los derechos fundamentales del accionante, ordenándole a la representante legal
de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
entregara las ayudas humanitarias al accionante. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley” [278]
.
49.
Expediente T-5531875
a.
Demanda de tutela
294.
El señor Carlos Mario Tamayo Pulgarín, mediante
escrito del 18 de marzo de 2016[279],
presentó acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus
derechos de petición y a la ayuda humanitaria.
295.
El accionante nació el 27 de septiembre de 1986[280].
Fue víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de la actuación de
grupos armados ilegales. Con base en ese hecho, el 3 de julio de  2015 el
accionante presentó una petición ante la UARIV solicitando entrega de ayuda
humanitaria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           sin
que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela fuera contestada.
296.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez
tutelar sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV dar
respuesta a la petición realizada y hacer entrega de la ayuda humanitaria a la
que tiene derecho[281].
b.
Pruebas
297.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
derecho de petición; (ii) Fotocopia simple de la cedula de ciudadanía del
accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
298.
El Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito
de Bello (Antioquia), mediante providencia del 6 de abril de 2016, consideró
que “se había “vulnerado el derecho constitucional fundamental a la entrega
de ayuda humanitaria”, razón por la cual procedió a tutelar los derechos
invocados y ordenó a la UARIV que hiciera entrega inmediata de ayuda
humanitaria en todos sus componentes al accionante.
50.
Expediente T-5533885
a.
Demanda de tutela
299.
El señor Carlos Enrique Ramos Martínez, mediante
escrito de fecha 29 de febrero de 2016[282],
interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus
derechos a la vida digna, a la familia, al mínimo vital, a la salud y a la
educación.
300.
El accionante nació el 30 de septiembre de 1973[283].
Fue víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de la actuación de
grupos armados ilegales.
301.
El señor Jaramillo señala que no cuenta con los
suficientes recursos económicos para la manutención de su núcleo familiar el
cual se encuentra constituido por dos adultos y dos menores de edad. Manifiesta
el accionante que el 10 de junio de 2014 se acercó a la UARIV solicitando ayuda
humanitaria, petición que le fue contestada de manera negativa, con el
argumento de que el desplazamiento forzado había ocurrido hace más de 10 años[284].
302.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez
tutelar sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV que,
en un término prudente, hiciera entrega de $915.000 por concepto de ayuda
humanitaria a la que tiene derecho[285].
b.
Pruebas
303.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
copia informal de la cédula de ciudadanía del accionante; (ii) copia informal
de registro civil de Yinela Andrea Ramos Ramos; (iii) copia de declaración de
desplazamiento, y (iv) copia informal de registro civil de Cristian Andrés
Ramos Ramos.
c. Decisión judicial objeto de revisión
304.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 11 de febrero de 2016[286], consideró
que: “No se allegó fotocopia de ningún documento que indique haber
solicitado la atención humanitaria, ni manifestación de haberla pedido por vía
telefónica por lo que no se tiene certeza de que el tutelante haya gestionado
lo pretendido ante la UARIV”[287].
En consecuencia, resolvió denegar el amparo a los derechos fundamentales
invocados por el accionante[288].
51.
Expediente T-5551124
a.
Demanda de tutela
305.
La señora Olga Polo Hernández interpuso mediante
escrito del 14 de diciembre de 2015[289]
acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos de
petición y a la ayuda humanitaria.
306.
La accionante nació el 14 de julio de 1969[290].
Manifiesta que fue víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de la
actuación de grupos armados ilegales. Por este hecho, el 18 de noviembre de
2015 presentó a la UARIV petición solicitando entrega de ayuda humanitaria y la
reparación administrativa, sin que hasta la fecha de presentación de la acción
de tutela obtuviera respuesta.
307.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales[291].
b.
Pruebas
308.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
derecho de petición y (ii) fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del
accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
309.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Turbo
(Antioquia), mediante providencia del 18 de enero de 2016, denegó la acción de
tutela. Como fundamento de su decisión expuso lo siguiente:
“en el caso sub
judice, no es posible concluir la vulneración al derecho fundamental de
petición, habida cuenta que aún no es exigible una respuesta de fondo y
oportuna, puesto que en este momento no han trascurrido los 60 días hábiles que
concede la norma para dar trámite a la petición de reparación administrativa”[292].
52.
Expediente T-5655906
d.
Demanda de tutela
310.
Jorge Rene Giraldo Giraldo, nacido el 27 de enero de
1976[293],
actuando mediante apoderado[294],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 1 de febrero de 2016, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la
vivienda digna, a la salud y a la integridad personal.
311.
Sostiene que es padre cabeza de hogar, desempleado,
víctima de desplazamiento forzado y que se encuentra inscrito en el RUPD.
Afirma que debido a su situación económica ha recurrido a la mendicidad. Por
esta razón, el 20 de noviembre de 2015 solicitó a la UARIV entrega de la ayuda
humanitaria[295].
312.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele su derecho fundamental al debido proceso y ordene a la accionada hacer
entrega de las ayudas humanitarias, o en su defecto le ordene resolver la
petición presentada.
e.      Pruebas
313.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante, (ii) copia de
la solicitud de ayuda humanitaria presentada, el 20 de noviembre de 2015, a la
UARIV y (iii) otorgamiento de poder.
f.       Decisión judicial objeto de revisión
314.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
Antioquia, mediante providencia del 9 de febrero de 2016, consideró que el
Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante, en la
medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[296]. En
consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la vida
digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[297].
53.
Expediente T-5655907
a.
Demanda de tutela
315.
Gladys Onaida Giraldo Ríos, nacida el 30 de agosto
de 1985[298],
actuando mediante apoderado[299],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 20 de enero de 2016, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la vivienda digna,
a la salud y a la integridad personal.
316.
Sostiene que es madre cabeza de hogar, que se
encuentra desempleada, es víctima de desplazamiento forzado y se encuentra
inscrita en el RUPD. A la fecha no ha recibido reparación administrativa por
desplazamiento forzado. Por esta razón, el 3 de diciembre de 2015 solicitó a la
UARIV entrega de la ayuda humanitaria[300].
317.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele su derecho fundamental al debido proceso y ordene a la accionada hacer
entrega de las ayudas humanitarias hasta tanto pueda asumir la manutención de
su familia. Adicionalmente, solicita resuelva la petición presentada.
b.     Pruebas
318.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, (ii) copia
de la solicitud de ayuda humanitaria presentada, el 3 de diciembre de 2015, a
la UARIV  y (iii) otorgamiento de poder.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
319.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 9 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo su obligación de reparar a la accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[301].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[302].
54.
Expediente T-5655908
a.
Demanda de tutela
320.
Danilo Antonio Galeano Galeano, nacido el 20 de
abril de 1988[303],
actuando mediante apoderado[304],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 1 de febrero de 2016, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la
vivienda digna, a la salud y a la integridad personal.
321.
Sostiene que es padre cabeza de hogar, desempleado,
víctima de desplazamiento forzado y que se encuentra inscrito en el RUPD.
Afirma que debido a su situación económica ha recurrido a la mendicidad. Por
esta razón, el 27 de octubre de 2015 solicitó a la UARIV entrega de la ayuda
humanitaria[305].
322.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele su derecho fundamental al debido proceso y ordene a la accionada dar
respuesta a la solicitud radicada.
b.     Pruebas
323.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante, (ii) copia de
la solicitud de ayuda humanitaria presentada, el 27 de octubre de 2015, a la
UARIV  y (iii) otorgamiento de poder.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
324.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 9 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[306].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[307].
55.
Expediente T-5655909
a.
Demanda de tutela
325.
Leoncio Nicolás Álvarez Londoño, nacido el 19 de
mayo de 1960[308],
actuando mediante apoderado[309],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 19 de enero de 2016, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la
vivienda digna, a la salud y a la integridad personal.
326.
Sostiene que el 17 de diciembre de 2015 solicitó
mediante escrito a la UARIV prórroga de la ayuda humanitaria. Sin embargo,
afirma el accionante, la respuesta otorgada no era acorde con las pretensiones
de la petición.
327.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele su derecho fundamental al debido proceso y ordene a la accionada hacer
entrega de las ayudas humanitarias o que en su defecto resuelva la petición
presentada. Adicionalmente, solicita emisión de una resolución mediante la cual
se garantice la entrega de todas las ayudas humanitarias.
b.     Pruebas
328.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante, (ii) copia de
la solicitud de prórroga de ayuda humanitaria presentada, el 17 de diciembre de
2015, a la UARIV y (iii) otorgamiento de poder.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
329.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 9 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[310].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[311].
56.
Expediente T-5655910
a.
Demanda de tutela
330.
Jesús Antonio García Giraldo, nacido el 17 de
septiembre de 1976[312],
actuando mediante apoderado[313],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 1 de febrero de 2016, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, a la seguridad alimentaria,
a la vivienda digna, al trabajo y a la salud.
331.
Sostiene que es padre cabeza de hogar, desempleado,
víctima de desplazamiento forzado y que se encuentra inscrito en el RUPD.
Afirma que debido a su situación económica ha recurrido a la mendicidad. Por
esta razón, el 11 de noviembre de 2015 solicitó a la UARIV entrega de la ayuda
humanitaria[314].
332.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele su derecho fundamental de petición y ordene a la accionada resolver la
solicitud en la que pretende la entrega de ayuda humanitaria.
b.     Pruebas
333.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante, (ii) copia de
la solicitud de prórroga de ayuda humanitaria presentada, el 11 de noviembre de
2015, a la UARIV, y (iii) otorgamiento de poder.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
334.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 10 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[315].
En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[316].
57.
Expediente T-5655912
a.
Demanda de tutela
335.
Evelio de Jesús Cárdenas Quiceno, nacido el 18 de
marzo de 1945[317],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 29 de enero de 2016, por
considerar vulnerado su derecho a recibir atención humanitaria.
336.
El 26 de mayo de 2015 y el 3 de agosto de 2015 el
accionante radicó solicitud ante la UARIV requiriendo información de la fecha
en la que harían la entrega de la correspondiente ayuda humanitaria. Indica el
señor Quiceno que la última ayuda humanitaria que recibió fue en febrero del
2015 y que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha recibido
respuesta de la entidad.
337.
Con base en lo anterior, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y a su vez ordene dar respuesta a su petición
e informe la fecha en la que se hará entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia.
b.     Pruebas
338.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante, (ii) copia de
solicitud presentada, el 26 de mayo de 2015, ante la UARIV, (iii) copia de
solicitud presentada, el 3 de agosto de 2015, ante la UARIV y (v) respuesta de
la UARIV a la petición radicada por el accionante, donde le informa que los
datos proporcionados por él y los que reposan en la base de datos del RUV no
concuerdan.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
339.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 8 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[318].
En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[319].
58.
Expediente T-5655914
a.
Demanda de tutela
340.
Omar Enrique Cosme Garzón, nacido el 11 de enero de
1979[320],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 29 de enero de 2016, por
considerar vulnerado su derecho a recibir atención humanitaria.
341.
El 2 de diciembre de 2015 el accionante radicó
solicitud ante la UARIV requiriendo información de la fecha en la que harían la
entrega de la correspondiente ayuda humanitaria por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Indica el señor Cosme que la última ayuda humanitaria
que recibió fue en agosto de 2015 y que a la fecha de presentación de la acción
de tutela, después de transcurrido un mes de impetrada la petición, no ha
recibido respuesta de la entidad.
342.
Con base en lo anterior, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y a su vez ordene a la accionada consignar la
ayuda humanitaria de emergencia por el hecho victimizante del desplazamiento
forzado.
b.     Pruebas
343.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante y (ii) copia de
solicitud presentada, el 2 de diciembre de 2015, ante la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
344.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 8 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[321].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[322].
59.
Expediente T-5655916
a.
Demanda de tutela
345.
Juan Diego Hernández Mejía, nacido el 23 de marzo
de 1983[323],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 29 de enero de 2016, por
considerar vulnerado su derecho a recibir atención humanitaria.
346.
El 15 de diciembre de 2015 el accionante radicó
solicitud ante la UARIV requiriendo información de la fecha en la que harían la
entrega de la correspondiente ayuda humanitaria por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Indica el señor Hernández Mejía que la última ayuda
humanitaria que recibió fue en septiembre de 2015 y que a la fecha de
presentación de la acción de tutela, después de transcurrido un mes de
impetrada la petición, no ha recibido respuesta de la entidad.
347.
Por lo anterior, solicita al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la accionada informar la
fecha en la que se hará entrega de la ayuda humanitaria de emergencia por el
hecho victimizante del desplazamiento forzado.
b.     Pruebas
348.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante y (ii) copia de
solicitud presentada, el 15 de diciembre de 2015, ante la UARIV.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
349.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 8 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[324].
En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[325].
60.
Expediente T-5655918
a.
Demanda de tutela
350.
Bertha Oliva Hoyos Pérez, nacida el 27 de noviembre
de 1970[326],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 29 de enero de 2016, por
considerar vulnerado su derecho a recibir atención humanitaria.
351.
El 20 de noviembre de 2015 la accionante radicó
solicitud ante la UARIV requiriendo información de la fecha en la que harían la
entrega de la correspondiente ayuda humanitaria por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Afirma la señora Hoyos Pérez que la última ayuda
humanitaria la recibió en septiembre de 2015. Adicionalmente, indica que, a la
fecha de presentación de la acción de tutela, después de transcurrido un mes de
impetrada la petición, no ha recibido respuesta de la entidad.
352.
Por lo anterior, solicita al juez que tutele sus
derechos fundamentales y a su vez ordene a la accionada informar la fecha en la
que se hará entrega de la ayuda humanitaria de emergencia por el hecho
victimizante del desplazamiento forzado.
b.     Pruebas
353.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de solicitud presentada, el 20 de noviembre de 2015, ante la UARIV.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
354.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia,
mediante providencia del 8 de febrero de 2016, consideró que el Estado estaba
incumpliendo con su obligación de reparar a la accionante en la medida que no
reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[327]. En consecuencia,
resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la entrega de
las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de transición del
estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un
término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[328].
61.
Expediente T-5655919
a.
Demanda de tutela
355.
Celsa Julia Giraldo de Quinchia, nacida el 30 de
septiembre de 1938[329],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 29 de enero de 2016, por
considerar vulnerado su derecho a recibir atención humanitaria.
356.
El 9 de diciembre de 2015 la accionante radicó
solicitud ante la UARIV requiriendo información de la fecha en la que harían la
entrega de la correspondiente ayuda humanitaria por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Afirma la señora Giraldo que la última ayuda
humanitaria la recibió en julio de 2015. Adicionalmente indica que a la fecha
de presentación de la acción de tutela, después de transcurrido un mes de
impetrada la petición, no ha recibido respuesta de la entidad.
357.
Con base en lo expuesto, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y a su vez ordene a la accionada informar la
fecha en la que se hará entrega de la ayuda humanitaria de emergencia por el
hecho victimizante del desplazamiento forzado.
b.     Pruebas
358.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de solicitud presentada, el 9 de diciembre de 2015, ante la UARIV.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
359.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 8 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar a la accionante
en la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[330].
En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[331].
62.
Expediente
T-5655944
a.
Demanda de tutela
360.
Teresa de Jesús Marín Puerta, nacida el 9 de
septiembre de 1965[332],
mediante apoderado, presentó acción de tutela contra la UARIV el 1 de febrero
de 2016, por considerar vulnerado su derecho a recibir atención humanitaria.
361.
El 2 de diciembre de 2015 la accionante radicó
solicitud ante la UARIV requiriendo información de la fecha en la que harían la
entrega de la correspondiente ayuda humanitaria por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Afirma la señora Marín Puerta que la última ayuda
humanitaria la recibió en agosto de 2015. Adicionalmente indica que a la fecha
de presentación de la acción de tutela, después de transcurrido un mes de
impetrada la petición, no ha recibido respuesta de la entidad.
362.
Con base en lo expuesto, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y a su vez ordene a la accionada informar la
fecha en la que se hará entrega de la ayuda humanitaria de emergencia por el
hecho victimizante del desplazamiento forzado.
b.     Pruebas
363.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, (ii) copia
de solicitud presentada, el 2 de diciembre de 2015, ante la UARIV y (iii)
otorgamiento de poder.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
364.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 17 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar a la accionante
en la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[333].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[334].
63.
Expediente
T-5655946
a.
Demanda de tutela
365.
María Leticia Gómez Ramírez, nacida el 15 de mayo
de 1979[335],
presentó, mediante apoderado[336],
acción de tutela contra la UARIV el 1 de febrero de 2016, por considerar
vulnerado su derecho a recibir atención humanitaria.
366.
El 2 de diciembre de 2015 la accionante radicó
solicitud ante la UARIV requiriendo información de la fecha en la que harían la
entrega de la correspondiente ayuda humanitaria por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Afirma la señora Gómez Ramírez que la última ayuda
humanitaria la recibió en agosto de 2015. Adicionalmente, indica que a la fecha
de presentación de la acción de tutela, después de transcurrido un mes de
impetrada la petición, no ha recibido respuesta de la entidad.
367.
Con base en lo expuesto, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y a su vez ordene a la accionada informar la
fecha en la que se hará entrega de la ayuda humanitaria de emergencia por el
hecho victimizante del desplazamiento forzado.
b.     Pruebas
368.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, (ii) copia
de solicitud presentada, el 2 de diciembre de 2015, ante la UARIV y (iii)
otorgamiento de poder.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
369.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 17 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar a la accionante
en la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[337].
En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[338].
64.
Expediente T-5655947
a.
Demanda de tutela
370.
Dubian Fredy Aristizabal Giraldo, nacido el 17 de
julio de 1981[339],
presentó acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus
derechos de petición, al debido proceso y a los de la personas víctimas de la
violencia.
371.
Afirma el accionante que es víctima de
desplazamiento forzado, padre cabeza de hogar y que se encuentra registrado en
el RUPD. El 4 de noviembre de 2015 el accionante radicó solicitud ante la UARIV
requiriendo entrega de la ayuda humanitaria de emergencia. Indica el señor
Aristizabal Giraldo que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha
recibido respuesta de la entidad.
372.
Por lo anterior, solicita al juez que tutele sus
derechos fundamentales y a su vez ordene a la accionada resuelva de manera
inmediata y de fondo la petición presentada el 4 de noviembre de 2015.
b.     Pruebas
373.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante y (ii) copia de
solicitud presentada, el 4 de noviembre de 2015, ante la UARIV.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
374.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 12 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[340].
En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[341].
De manera complementaria ordenó indicar los mecanismos necesarios para que el
accionante y su familia pudieran beneficiarse de los diferentes programas de
desarrollo de proyectos productivos.
65.
Expediente
T-5655948
a.     Demanda de tutela
375.
La señora María Emilcen Quiceno López interpuso el
20 de enero de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales.
376.
La accionante nació el 12 de julio de 1986[342]. Afirma que se encuentra inscrita en el RUV desde el 17 de mayo de
2002, por ser víctima de desplazamiento forzado del municipio de
Granada–Antioquia.
377.
El 2 de diciembre de 2015 la señora María Emilcen
Quiceno Lopez presentó ante la UARIV un derecho de petición solicitando una prórroga
de la ayuda humanitaria de emergencia.
378.
Por lo anterior, solicita al juez de tutela proteja
sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene resolver de fondo la
solicitud.
b.     Pruebas
379.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, (ii) copia
de solicitud presentada ante la UARIV y (iii) otorgamiento de poder.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
380.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 16 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar a la accionante
en la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias. En
consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que
en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[343].
De manera complementaria ordenó indicar los mecanismos necesarios para que el
accionante y su familia pudieran beneficiarse de los diferentes programas de
desarrollo de proyectos productivos.
66.
Expediente
T-5655949
a.
Demanda de tutela
381.
Luis Fernando Marín Giraldo, nacido el 19 de abril
de 1969[344],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 18 de enero de 2016, por
considerar vulnerados sus derechos de petición, al debido proceso y a los
derechos de las personas víctimas de la violencia.
382.
El 10 de septiembre de 2015 el accionante radicó
solicitud ante la UARIV requiriendo entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia. Indica el señor Marín Giraldo que a la fecha de presentación de la
acción de tutela no ha recibido respuesta de la entidad.
383.
Por lo anterior, solicita al juez que tutele sus
derechos fundamentales y a su vez ordene a la accionada resolver de manera
inmediata y de fondo la petición presentada el 10 de septiembre de 2015.
b.     Pruebas
384.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante y (ii) copia de
solicitud presentada, el 10 de septiembre de 2015, ante la UARIV.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
385.
El Juzgado Penal del Circuito de El
Santuario–Antioquia, mediante providencia del 11 de febrero de 2016, consideró
que el Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en
la medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[345].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[346].
De manera complementaria ordenó indicar los mecanismos necesarios para que el
accionante y su familia pudieran beneficiarse de los diferentes programas de
desarrollo de proyectos productivos.
67.
Expediente T-5655950
a. Demanda de
tutela
386.
El señor Farid Lozano García interpuso acción de
tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de
petición e igualdad.
387.
El accionante nació el 10 de octubre de 1956[347]
y afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado
por parte de grupos armados al margen de la ley.
388.
Menciona que el 2 de septiembre de 2015 presentó
ante la UARIV un derecho de petición de prórroga de ayuda humanitaria, y
pasados 15 días de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta,
razón por la cual interpone la acción de tutela.
389.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
dar respuesta clara, concreta y de fondo a la petición elevada[348].
b. Pruebas
390.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de cédula de ciudadanía, (ii) constancia de
inscripción en la base de datos del registro nacional de desplazados, expedida
por la Personería Municipal de San Luis y (iii) petición de prórroga de ayuda
humanitaria.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
391.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 15 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizar al accionante la ayuda humanitaria. En
consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria
y petición, ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del
estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un
término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”
[349].
68.
Expediente T-5655951
a. Demanda de
tutela
392.
La señora María del Socorro Ruiz Villegas mediante
escrito de fecha 26 de enero de 2016 interpuso acción de tutela contra la UARIV
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición e igualdad.
393.
La accionante nació el 9 de abril de 1951[350]
y  afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado
por parte de grupos armados al margen de la ley.
394.
Menciona que el 19 de noviembre de 2015 presentó
ante la UARIV un derecho de petición de prórroga de ayuda humanitaria, y
pasados 15 días de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta,
razón por la cual interpone la acción de tutela.
395.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
dar respuesta de fondo a la petición realizada[351].
b. Pruebas
396.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de cédula de ciudadanía; (ii) constancia de
inscripción en la base de datos del registro nacional de desplazados, expedida
por la Personería Municipal de San Luis; y (iii) petición de prórroga de ayuda
humanitaria.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
397.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 11 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [352].
69.
Expediente T-5655952
a. Demanda de
tutela
398.
La señora Myriam Andrea Vergara García, mediante
escrito de fecha 22 de enero de 2016, interpuso acción de tutela contra la
UARIV por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, mínimo vital y
petición.
399.
La accionante nació el 23 de abril de 1982[353],
es madre cabeza de familia y afirma haber sido víctima del conflicto armado y
de desplazamiento forzado por el accionar de grupos armados al margen de la
ley.
400.
Menciona que el 3 de diciembre de 2015 presentó
ante la UARIV un derecho de petición de prórroga de ayuda humanitaria, y
pasados 15 días a la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta,
razón por la cual interpone la acción de tutela.
401.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV hacer los
trámites administrativos pertinentes para la entrega de la ayuda humanitaria
dentro de un término razonable[354].
b. Pruebas
402.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal
de cédula de ciudadanía; (iii) copia del registro civil de nacimiento del menor
hijo de la accionante, y (vi) poder para instaurar la acción de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
403.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 15 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [355].
70.
Expediente T-5655953
a. Demanda de
tutela
404.
El señor Eider Orlando Cardona Castaño interpuso
acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos de
petición y ayuda humanitaria.
405.
El accionante nació el 11 de enero de 1981[356],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
406.
Menciona que el 29 de septiembre de 2015 presentó
ante la UARIV un derecho de petición de prórroga de ayuda humanitaria, y
pasados 15 días a la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta,
razón por la cual interpone la acción de tutela.
407.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud realizada[357].
b. Pruebas
408.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia
informal de cédula de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
409.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 3 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[358].
71.
Expediente T-5655954
a. Demanda de
tutela
410.
La señora Luz Amparo Pineda Giraldo interpuso
acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos de
petición y a la ayuda humanitaria.
411.
La accionante nació el 5 de marzo de 1979[359],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
412.
Menciona que el 29 de septiembre  de 2015 presentó
ante la UARIV un derecho de petición de prórroga de ayuda humanitaria, y
pasados 15 días a la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta,
razón por la cual interpone la acción de tutela.
413.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV dar respuesta
oportuna y de fondo a la solicitud realizada[360].
b. Pruebas
414.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de cédula de ciudadanía y (ii) petición de
prórroga de ayuda humanitaria.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
415.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 3 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [361].
72.
Expediente T-5655955
a. Demanda de
tutela
416.
El señor Juan Felipe Gómez Ciro interpuso acción de
tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos de petición y ayuda
humanitaria.
417.
El accionante nació el 22 de agosto de 1956[362], afirma haber sido
víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por parte de grupos
armados al margen de la ley.
418.
Menciona que el 19 de noviembre de 2015 presentó
ante la UARIV un derecho de petición de prórroga de ayuda humanitaria, y
pasados 15 días de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta,
razón por la cual interpone la acción de tutela.
419.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud realizada[363].
b. Pruebas
420.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de cédula de ciudadanía; (ii) petición de
prórroga de ayuda humanitaria; y (iii) constancia de inscripción en la base de
datos del registro nacional de desplazados, expedida por la Personería
Municipal de San Luis (Antioquia).
c. Decisión
judicial objeto de revisión
421.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 3 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [364].
73.
Expediente T-5655956
a. Demanda de
tutela
422.
El señor Francisco López Ramírez, mediante escrito
de fecha 20 de enero de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV por
considerar vulnerados sus derechos de petición, vida digna y ayuda humanitaria.
423.
El accionante nació el 4 de septiembre de 1968[365]
y es padre cabeza de familia, afirma haber sido víctima del conflicto armado y
de desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
424.
Menciona que el 3 de diciembre de 2015 presentó
ante la UARIV una petición de prórroga de ayuda humanitaria, y pasados 15 días
de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la cual
interpone la acción de tutela.
425.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
realizar los trámites administrativos pertinentes para la entrega de ayuda
humanitaria[366].
b. Pruebas
426.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal
de cédula de ciudadanía; y (iii) poder para la presentación de la acción de
tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
427.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 15 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[367].
74.
Expediente T-5655961
a. Demanda de
tutela
428.
El señor Pedro Pablo Valencia Agudelo, mediante
escrito de fecha 3 de febrero de 2016, interpuso acción de tutela contra la
UARIV por considerar vulnerados sus derechos de petición y ayuda humanitaria.
429.
El accionante nació el 2 de agosto de 1936[368] y es padre cabeza de
familia, afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento
forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
430.
Menciona que el 15 de enero de 2016 presentó ante
la UARIV una petición de prórroga de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la cual
interpone la acción de tutela.
431.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
proceder a hacer la entrega de ayuda humanitaria[369].
b. Pruebas
432.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia
informal de cédula de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
433.
260. El Juzgado Penal del Circuito El Santuario
(Antioquia), en providencia del 15 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[370].
75.
Expediente T-5655962
a. Demanda de
tutela
434.
La señora Beatriz Elena Aristizabal Quincero,
mediante escrito del 2 de febrero de 2016, interpuso acción de tutela contra la
UARIV por considerar vulnerados sus derechos de petición, a la vida digna y a
la ayuda humanitaria.
435.
La accionante nació el 24 de enero de 1979[371] y es madre cabeza de
familia, afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento
forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
436.
Menciona que el 3 de diciembre de 2015 presentó
ante la UARIV una petición de prórroga de la ayuda humanitaria, y pasados 15
días de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta razón por la
cual interpone la acción de tutela.
437.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
realizar los trámites administrativos pertinentes para la entrega de ayuda
humanitaria[372].
b. Pruebas
438.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía; y (iii) poder para la presentación de la acción de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
439.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 15 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[373].
76.
Expediente T-5655963
a. Demanda de
tutela
440.
El señor Wilson Alberto Henao Suaza, mediante
escrito del 3 de febrero de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV
por considerar vulnerados sus derechos de petición, a la vida digna y a la
ayuda humanitaria.
441.
El accionante nació el 7 de diciembre de 1979[374]
y es jefe de hogar, afirma haber sido víctima del conflicto armado y de
desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
442.
Menciona que el 18 de noviembre de 2015 presentó
ante la UARIV una petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
443.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
realizar los trámites administrativos pertinentes para la entrega de ayuda
humanitaria[375].
b. Pruebas
444.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
445.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[376].
77.
Expediente T-5655964
a. Demanda de
tutela
446.
La señora Flor María Gallego Ramírez, mediante
escrito del 29 de enero de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV por
considerar vulnerados sus derechos de petición, a la vida digna y a la ayuda
humanitaria.
447.
La accionante nació el 23 de septiembre de 1958[377]
y es madre cabeza de familia, afirma haber sido víctima del conflicto armado y
de desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
448.
Menciona que el 4 de diciembre de 2015 presentó
ante la UARIV una petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
449.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV reconocer su
estado de vulnerabilidad y entregarle la ayuda humanitaria[378].
b. Pruebas
450.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) autorización para recepción de
notificaciones por el señor Mauricio Londoño, (iii) fotocopia informal de
cédula de ciudadanía de la accionante; y (iv) fotocopia informal de cédula de
ciudadanía de la persona autorizada para la recepción de notificaciones.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
451.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 22 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [379].
78.
Expediente T-5655965
a. Demanda de
tutela
452.
La señora María Luzdari López Quinceno, mediante
escrito del 2 de febrero de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV por
considerar vulnerados sus derechos de petición, a la vida digna y a la ayuda
humanitaria.
453.
La accionante nació el 27 de diciembre de 1959[380]
y es madre cabeza de familia, afirma haber sido víctima del conflicto armado y
de desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
454.
Menciona que el 9 de diciembre de 2015 presentó
ante la UARIV una petición de prórroga de la ayuda humanitaria, y pasados 15
días de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la
que interpone la acción de tutela.
455.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez
tutelar sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV
realizar los trámites administrativos pertinentes para la entrega de ayuda
humanitaria[381].
b. Pruebas
456.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía de la accionante; y (iii) poder para la radicación de la acción
de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
457.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 22 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [382].
79.
Expediente T-5655966
a. Demanda de
tutela
458.
El señor Javier de Jesús Zuluaga Suarez, mediante
escrito del 3 de febrero de 2013, interpuso acción de tutela contra la UARIV
por considerar vulnerados sus derechos de petición, a la vida digna y a la
ayuda humanitaria.
459.
El accionante nació el 10 de agosto de 1971[383]
y es jefe de hogar, afirma haber sido víctima del conflicto armado y de
desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
460.
Menciona que el 15 de enero de 2016 presentó ante
la UARIV una petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
461.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
realizar los trámites administrativos pertinentes para la entrega de ayuda
humanitaria[384].
b. Pruebas
462.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
463.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[385].
80.
Expediente T-5655967
a. Demanda de
tutela
464.
El señor Luis Argiro Naranjo Villegas, mediante
escrito del 4 de febrero de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV
por considerar vulnerados sus derechos de petición, vida digna y ayuda
humanitaria.
465.
El accionante nació el 17 de julio de 1950[386]
y es jefe de hogar, afirma haber sido víctima del conflicto armado y de
desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
466.
Menciona que el 15 de enero de 2016 presentó ante
la UARIV una petición de prórroga de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
467.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
realizar los trámites administrativos pertinentes para la entrega de ayuda
humanitaria[387].
b. Pruebas
468.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
469.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[388].
81.
Expediente T-5655968
a. Demanda de
tutela
470.
La señora Luz Marina Giraldo, mediante escrito del
1º de febrero de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV por
considerar vulnerados sus derechos de petición, a la vida digna y a la ayuda
humanitaria.
471.
La accionante nació el 13 de abril de 1974[389]
y es madre cabeza de familia, afirma haber sido víctima del conflicto armado y
de desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
472.
Menciona que el 9 de diciembre de 2015 presentó
ante la UARIV una petición de prórroga de ayuda humanitaria, y pasados 15 días
de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
473.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
realizar los trámites administrativos pertinentes para la entrega de ayuda
humanitaria[390].
b. Pruebas
474.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía y (iii) autorización para la radicación de la acción.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
475.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario (Antioquia),
en providencia del 22 de febrero de 2016, consideró que la UARIV estaba
incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada por el
accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia, resolvió
amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición, ordenándole
al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las ayudas por
el tiempo que dure el proceso de transición del estado de vulnerabilidad al de
auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no supere un mes debe
hacer entrega de la ayuda humanitaria” [391].
82.
Expediente T-5655969
a. Demanda de
tutela
476.
El señor Héctor Alirio Hernández Gallego interpuso
acción de tutela el día 12 de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de petición.
477.
El accionante nació el 28 de agosto de 1979[392]
y es jefe de hogar, afirma haber sido víctima del conflicto armado y de
desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
478.
Menciona que el 18 de noviembre de 2015 presentó
ante la UARIV petición de prórroga de la ayuda humanitaria, y pasados 15 días
de la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
479.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
entregar la ayuda humanitaria a la que tiene derecho como desplazado[393].
b. Pruebas
480.
El accionante adjunta al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
481.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[394].
83.
Expediente T-5655970
a. Demanda de
tutela
482.
La señora Aura Stella Gómez García interpuso acción
de tutela el día 3 de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria, de petición, a la vida digna
y al mínimo vital.
483.
La accionante nació el 18 de abril de 1966[395]
y es madre cabeza de familia, afirma haber sido víctima del conflicto armado y
de desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
484.
Menciona que el 11 de noviembre de 2015 presentó
ante la UARIV petición de prórroga de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de
la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
485.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer entrega
inmediata de ayuda humanitaria[396].
b. Pruebas
486.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía y (iii) poder para interponer la acción de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
487.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de
petición, ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del
estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término
que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [397].
84.
Expediente T-5655971
a. Demanda de
tutela
488.
El señor Raimundo Antonio Vásquez Aristizabal
interpuso acción de tutela el 12 de febrero de 2016 contra la UARIV por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de
petición.
489.
El accionante nació el 7 de marzo de 1943[398]
y es jefe de hogar, afirma haber sido víctima del conflicto armado y de
desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley.
490.
Menciona que el 25 de mayo de 2015 presentó ante la
UARIV petición de prórroga de la ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
491.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
hacer entrega inmediata de ayuda humanitaria[399].
b. Pruebas
492.
El accionante adjunta al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
493.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[400].
85.
Expediente T-5655972
a. Demanda de
tutela
494.
La señora María de Jesús Ocampo de López interpuso
acción de tutela el 1º de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria, al mínimo vital y
de petición.
495.
La accionante nació el 31 de diciembre de 1929[401],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
496.
Menciona que el 9 de diciembre de 2015 presentó
ante la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
497.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV hacer los
trámites administrativos pertinentes para la entrega de la ayuda humanitaria
dentro de un término razonable[402].
b. Pruebas
498.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía; y (iii) autorización para la radicación de la acción de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
499.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 22 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de vulnerabilidad
al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no supere un mes
debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [403].
86.
Expediente T-5655973
a. Demanda de
tutela
500.
El señor Efraín de Jesús Vásquez Gómez interpuso
acción de tutela el 12 de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerado sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de petición.
501.
El accionante nació el 19 de junio de 1981[404],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
502.
Menciona que el 26 de junio de 2015 presentó ante
la UARIV petición de prórroga de la ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
503.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer los
trámites administrativos pertinentes para la entrega de la ayuda humanitaria
dentro de un término razonable[405].
b. Pruebas
504.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
505.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[406].
87.
Expediente T-5655974
a. Demanda de
tutela
506.
La señora Rosa Amelia Ramírez Jaramillo interpuso
acción de tutela el día 2 de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria, a la vida digna,
a la igualdad y de petición.
507.
La accionante nació el 11 de junio de 1962[407],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
508.
Menciona que el 26 de agosto de 2015 presentó ante
la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la presentación de
tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que interpone la acción de
tutela.
509.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer
los trámites administrativos pertinentes para entrega efectiva de la ayuda
humanitaria a la cual tiene derecho[408].
b. Pruebas
510.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de cédula de ciudadanía; (ii) constancia de
inscripción en el RUPD; (iii) petición de ayuda humanitaria y (iv) otorgamiento
de poder.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
511.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 22 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de
petición, ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del
estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un
término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”
[409].
88.
Expediente T-5655975
a. Demanda de
tutela
512.
El señor Francisco Antonio Salazar Jiménez
interpuso acción de tutela el 3 de febrero de 2016 contra la UARIV por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria, a la
vida digna, a la igualdad y de petición.
513.
El accionante nació el 31 de marzo de 1931[410],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
514.
Menciona que el 15 de enero de 2016 presentó ante
la UARIV petición de prórroga de la ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
515.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer los
trámites administrativos pertinentes para la entrega de la ayuda humanitaria
dentro de un término razonable[411].
b. Pruebas
516.
El accionante adjunta al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
517.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de
petición, ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del
estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un
término que no supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”
[412].
89.
Expediente T-5655976
a. Demanda de
tutela
518.
La señora María Fanny Gómez López interpuso acción
de tutela el día 1º de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria, a la vida digna,
a la igualdad y de petición.
519.
La accionante nació el 24 de agosto de 1961[413],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
520.
Menciona que el 11 de noviembre de 2015 presentó
ante la UARIV petición de prórroga de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de
la presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
521.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer los
trámites administrativos pertinentes para la entrega de la ayuda humanitaria
dentro de un término razonable[414].
b. Pruebas
522.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal
de cédula de ciudadanía; y (iii) poder para presentación de la acción de
tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
523.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 12 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de
petición, ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del
estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un
término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”
[415].
90.
Expediente T-5655977
a. Demanda de
tutela
524.
El señor Carlos Antonio Quintero Giraldo interpuso
acción de tutela el 12 de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de petición.
525.
El accionante nació el 28 de diciembre de 1944[416],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
526.
Menciona que el 15 de enero de 2016 presentó ante
la UARIV petición de prórroga de ayuda humanitaria, y pasados 15 días a la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
527.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer
los trámites administrativos pertinentes para la entrega de la ayuda
humanitaria dentro de un término razonable[417].
b. Pruebas
379. El accionante anexa al expediente las
siguientes pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia
informal de cédula de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
380. El Juzgado Penal del Circuito El
Santuario (Antioquia), en providencia del 19 de febrero de 2016, consideró que
la UARIV estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición
elevada por el accionante y de igual forma al no garantizar al accionante la
ayuda humanitaria. En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales
de ayuda humanitaria y petición, ordenándole al representante legal de la UARIV
que garantice la entrega de las ayudas por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria” [418].
91.
Expediente T-5655980
a.
Demanda de tutela
528.
Humberto de Jesús Naranjo Gallego, nacido el 8 de
febrero de 1965[419],
actuando mediante apoderado[420],
presentó acción de tutela contra la UARIV el 20 de enero de 2016, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la salud
y a la protección especial a las personas por su condición de debilidad
manifiesta.
529.
Sostiene que es padre cabeza de hogar, víctima de
desplazamiento forzado y que se encuentra inscrito en el RUPD. Por esta razón
el 3 de diciembre de 2015 solicitó a la UARIV entrega de la prórroga de la
ayuda humanitaria[421]. A la fecha de presentación de la acción de tutela no se ha hecho
efectiva la entrega de la ayuda humanitaria.
530.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV que un
término oportuno y razonable haga entrega de las ayudas humanitarias de
emergencia consistentes en alojamiento, alimentos, kit de aseo personal, kit de
cocina, kit de hábitat, vinculación a las políticas públicas y vinculación a
proyectos productivos.
b.     Pruebas
531.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante, (ii) copia de
la solicitud de ayuda humanitaria presentada el 3 de diciembre de 2015 a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y (iii)
otorgamiento de poder.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
532.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario,
Antioquia, mediante providencia del 18 de febrero de 2016, consideró que el
Estado estaba incumpliendo con su obligación de reparar al accionante en la
medida que no reconocía su derecho a las ayudas humanitarias[422]. En
consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de petición y a la vida
digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que garantice la
entrega de las ayudas humanitarias por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere un mes debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria”[423]
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así: “De no
acatarse lo ordenado, se impondrán las sanciones que prevén los artículos 27 y
52 del Decreto 2591 de 1991”[424].
92.
Expediente T-5655981
a. Demanda de
tutela
533.
La señora Luz Mary Salazar Giraldo interpuso acción
de tutela el 14 de enero de 2016 contra la UARIV por considerar vulnerados sus
derechos de petición, vida digna y ayuda humanitaria.
534.
La accionante nació el 22 de septiembre de 1973[425],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
535.
Menciona que el 16 de septiembre de 2015 presentó
ante la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
536.
Por lo anterior, solicitó al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV que, en un
término prudente y razonable, se realicen los trámites necesarios para la
entrega de ayuda humanitaria.
b. Pruebas
537.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
538.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 17 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [426].
93.
Expediente T-5655984
a. Demanda de
tutela
539.
La señora Juana Cecilia Soto Montoya interpuso
acción de tutela el día 29 de enero de 2016[427]
contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria, a la igualdad, de petición y a la vida digna.
540.
La accionante nació el 25 de diciembre de 1981[428],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
541.
Menciona que el 28 de octubre de 2015 presentó ante
la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la presentación de
tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que interpone la acción de
tutela.
542.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez la
protección de sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
que, en el término de 48 horas siguientes a la sentencia, le entregue la ayuda
humanitaria a la que tiene derecho[429].
b. Pruebas
543.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) poder para presentación de la acción de tutela; (ii) petición de
ayuda humanitaria; y (iii) fotocopia informal de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
544.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 10 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de vulnerabilidad
al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no supere un mes
debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [430].
94.
Expediente T-5655986
a. Demanda de
tutela
545.
El señor Félix Antonio Pamplona Peláez interpuso
acción de tutela el día 5 de febrero de 2016[431]
contra la UARIV por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria, de petición y a la vida digna.
546.
El accionante nació el 30 de abril de 1966[432],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
547.
Menciona que la última ayuda humanitaria que recibió
fue en agosto de 2015. Por esa razón, el 2 de diciembre de 2015 presentó ante
la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la presentación de
tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que interpone la acción de
tutela.
548.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
señalar fecha cierta en la cual entregaría ayuda humanitaria.[433]
b. Pruebas
549.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia
informal de cédula de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
550.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 16 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[434].
95.
Expediente T-5655987
a. Demanda de
tutela
551.
La señora Luz Mary Quintero Toro interpuso el día 5
de febrero de 2016[435]
acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la ayuda humanitaria y de petición.
552.
La accionante nació el 7 de abril de 1986[436],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
553.
Menciona que la última ayuda humanitaria que
recibió fue en febrero de 2015. Por esa razón, el 10 de agosto de 2015 presentó
ante la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
554.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
señalar fecha cierta de entrega de ayuda humanitaria[437].
b. Pruebas
555.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de prórroga de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal
de cédula de ciudadanía; y (iii) poder para notificación de fallo de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
556.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 17 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere  un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [438].
96.
Expediente T-5655988
a. Demanda de
tutela
557.
La señora Luz Helena Duque Gómez, interpuso acción
de tutela el día 1 de febrero de 2016[439]
contra la UARIV por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la ayuda
humanitaria y de petición.
558.
La accionante nació el 30 de septiembre de 1962[440],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
559.
Menciona que la última ayuda humanitaria que
recibió fue en junio de 2015. En consecuencia, el 20 de noviembre de 2015
presentó ante la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días a la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
560.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
que, señalara fecha cierta de entrega de ayuda humanitaria[441].
b. Pruebas
561.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) Petición de ayuda humanitaria; (ii) Fotocopia informal de cédula
de ciudadanía; (iii) Poder para notificación de fallo de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
562.
El Juzgado Penal del Circuito El Santuario
(Antioquia), en providencia del 16 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de igual forma al no garantizar a la accionante la ayuda
humanitaria. En consecuencia, resolvió amparar los derechos fundamentales de
ayuda humanitaria y petición, ordenándole al representante legal de la UARIV
que garantice la entrega de las ayudas por el tiempo que dure el proceso de
transición del estado de vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo
que en un término que no supere  dos meses debe hacer entrega de la ayuda
humanitaria” [442]
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así: “De no
acatarse lo ordenado, se impondrán las sanciones que prevén los artículos 27 y
52 del Decreto 2591 de 1991”[443].
97.
Expediente T-5655989
a. Demanda de
tutela
563.
La señora María Lina Arenas de Gómez interpuso
acción de tutela el día 6 de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición.
564.
La accionante nació el 30 de mayo de 1945[444],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
565.
Menciona que la última ayuda humanitaria que
recibió fue en julio de 2015. Por este motivo, el 20 de noviembre de 2015
presentó ante la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que
interpone la acción de tutela.
566.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
señalar fecha cierta de entrega de ayuda humanitaria[445].
b. Pruebas
567.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria y (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
568.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 16 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere dos meses debe hacer entrega de la ayuda humanitaria”[446].
98.
Expediente T-5655990
a. Demanda de
tutela
569.
La señora Beiba Nubia Vásquez Cuervo interpuso
acción de tutela el 1º de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de petición.
570.
La accionante nació el 5 de marzo de 1977[447],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
571.
Menciona que la última ayuda humanitaria que
recibió fue en julio de 2015. Por este motivo, el 20 de noviembre de 2015
presentó ante la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la
presentación de tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que interpone
la acción de tutela.
572.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la UARIV
señalar fecha cierta de entrega de ayuda humanitaria[448].
b. Pruebas
573.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía y (iii) poder para la recepción de notificaciones dentro de la
acción de tutela.
c. Decisión judicial
objeto de revisión
574.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 17 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por la accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [449].
99.
Expediente T-5655992
a. Demanda de
tutela
575.
El señor Fabián de Jesús Jaramillo Gómez interpuso
acción de tutela el día 5 de febrero de 2016 contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la ayuda humanitaria y de petición.
576.
El accionante nació el 1 de julio de 1980[450],
afirma haber sido víctima del conflicto armado y de desplazamiento forzado por
parte de grupos armados al margen de la ley.
577.
Menciona que el 2 de febrero de 2016 presentó ante
la UARIV petición de ayuda humanitaria, y pasados 15 días de la presentación de
tal solicitud no ha recibido respuesta, razón por la que interpone la acción de
tutela.
578.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV
señalar fecha cierta de entrega de ayuda humanitaria[451].
a.     Pruebas
579.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) petición de ayuda humanitaria; (ii) fotocopia informal de cédula
de ciudadanía y (iii) poder para la recepción de notificaciones dentro de la
acción de tutela.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
580.
El Juzgado Penal del Circuito de El Santuario
(Antioquia), en providencia del 17 de febrero de 2016, consideró que la UARIV
estaba incumpliendo con su obligación de dar respuesta a la petición elevada
por el accionante y de garantizarle la ayuda humanitaria. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales de ayuda humanitaria y petición,
ordenándole al representante legal de la UARIV que garantice la entrega de las
ayudas por el tiempo que dure el proceso de transición del estado de
vulnerabilidad al de auto-sostenibilidad, “por lo que en un término que no
supere un mes debe hacer entrega de la ayuda humanitaria” [452].
100.
Expediente T-5660421
a.
Demanda de tutela
581.
La señora Rosario Esther Díaz Pacheco, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela el 5 de abril de 2016[453]
contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de
petición, vida, integridad personal, mínimo vital, seguridad social, igualdad
real y efectiva y los de los niños, así como incumplir el deber de protección a
las mujeres, a las personas desplazadas y a los adultos mayores.
582.
La accionante afirma cabeza de hogar, del cual
hacen parte sus cuatro hijos. Sostiene que se encuentra registrada en el RUPD y
que ha incurrido en múltiples gastos para su subsistencia. Señala también que
el 11 de marzo de 2016 presentó un derecho de petición contra la entidad
accionada sobre la entrega de ayuda humanitaria, la cual no se ha pronunciado
al respecto[454].
583.
En consecuencia, solicita al juez de tutela ordenar
el pago de la ayuda humanitaria de emergencia, ya que hasta el momento no se le
ha reconocida esta en ninguna oportunidad. Estima la accionante que la ayuda
humanitaria de emergencia que le corresponde debe ascender a un millón
doscientos mil pesos.
b.     Pruebas
584.
177. La accionante aporta las siguientes pruebas al
expediente: (i) prueba documental de solicitud de ayuda humanitaria ante la
UARIV (ii) y cédula de ciudadanía de Rosario Esther Díaz Pacheco.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
585.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 18 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[455]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad con el
Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[456].
101.
Expediente
T-5660422
a.
Demanda de tutela
586.
El 4 de abril de 2016, el señor Omar de Jesús
Graciano Giraldo, actuando a nombre propio y de su núcleo familiar, interpuso
acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la vida digna y todos los derechos conexos al desplazamiento,
vulnerados según él por la UARIV y el ICBF.
587.
Señala el accionante que es jefe cabeza de hogar,
con grupo familiar compuesto por adultos y menores de edad y que paga los
servicios necesarios para su subsistencia. Agrega que se encuentra registrado
en el RUV y que rindió declaración en el municipio de Carepa el 14 de mayo de
2008, bajo el código N° 95403.
588.
El 4 de marzo de 2016 solicitó ayuda humanitaria
ante la UARIV en Chigorodó – Antioquia como víctima de desplazamiento forzado,
para que se le otorgue de forma completa dado que es el único ingreso que tiene
para alimentar a su familia. Aduce que después de 15 días no ha recibido
respuesta. Solicita en la acción de tutela que se conteste el derecho de
petición, que se asigne la ayuda de manera inmediata y que se priorice su
proceso de reparación por vía administrativa.
589.
Menciona el accionante el artículo 3 de la ley 1448
de 2011, con los parágrafos 1, 2, 3, 4 y 5, como fundamento jurídico a su
condición de víctima y mostrar los derechos y procedimientos que se le deben
aplicar dada su condición.
b.     Pruebas
590.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante; (ii) copia de la
planilla de envío del 4 de marzo de 2016 de la empresa 472; (iii) y copia de
petición enviada por correo certificado el 4 de marzo de 2016 a la UARIV.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
591.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 12 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
El juez no se pronunció en la sentencia sobre responsabilidad del ICBF, sino
solamente sobre la responsabilidad de la UARIV. En su sentencia, consideró que
existía una “flagrante e innegable vulneración” de los derechos fundamentales
del accionante, por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[457]. En consecuencia,
resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole a la
representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al
juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[458].
102.
Expediente T-5660423
a.     Demanda de tutela
592.
El 1º de abril de 2016, el señor José Alcides
Berrio interpuso acción de tutela contra la UARIV, por la vulneración de los
derechos fundamentales de la vida en condiciones dignas, la salud en conexidad
con la vida, la seguridad social, la igualdad y  la educación, así como por
desconocer la prevalencia de los niños, niñas, adolescentes, mujeres cabeza de
hogar, adultos de la tercera edad y personas en situación de discapacidad que
viven en desarraigo y personas en situación de desplazamiento forzado.
593.
Afirma el accionante que es padre cabeza de hogar,
que se encuentra desempleado y que es adulto mayor de 90 años[459]. Señala que
es víctima de desplazamiento, pues en 1989 tuvo que abandonar su hogar en la
vereda de Guapá León en el municipio de Chigorodó debido al accionar de grupos
armados organizados al margen de la ley. Por esta razón, sostiene que su
familia y él se encuentran registrados en el RUPD. Además, asegura que debe
pagar todos los gastos necesarios para su subsistencia, sin ningún tipo de
ayuda y con sus derechos vulnerados por parte de la entidad[460].
594.
Sostiene que en noviembre de 2016 recibió por
última vez ayuda humanitaria. Por esa razón, en distintas oportunidades ha
solicitado a la UARIV la entrega de ayuda humanitaria, ante lo cual se le ha
informado que, en cumplimiento del Decreto 1084 de 2015, la entidad accionada
le ha informado que antes de proceder a la entrega de la ayuda humanitaria es
necesario realizar el PAARI, para lo cual le informaron que se pondrían en
contacto con él[461]. No obstante, señala que la entidad no se ha puesto en contacto con
él.
595.
Por lo anterior, el accionante solicita al juez que
ordene a la UARIV que le haga entrega de sus ayudas humanitarias de alimentos y
alojamiento.
b.     Pruebas
596.
El accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) transcripción de una conversación sostenida con la UARIV (sin
fecha) en la que se le informa al accionante que se adelantará una solicitud de
agendamiento para que se inicie el PAARI y (ii) fotocopia de la cédula de
ciudadanía del accionante.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
597.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 11 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[462]. En consecuencia,
resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole a la
representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al
juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[463].
103.
Expediente T-5660424
a.     Demanda de tutela
598.
El 1 de abril de 2016, la señora Luz Darys Correa
Córdoba interpuso, a nombre propio, acción de tutela contra la UARIV por la
vulneración de los derechos a la vida, dignidad e integridad física,
psicológica y moral, a la familia y la unidad familiar, a la subsistencia
mínima, a la salud y a la igualdad, así como por el desconocimiento de la
protección especial a las personas en situación de desplazamiento.
599.
La accionante afirma ser cabeza de hogar,
encontrarse debidamente registrada y con un núcleo familiar compuesto por 3
adultos y dos menores de edad. Además, sostiene que se encuentra en una difícil
situación económica, pero pese a esto aún debe responder por sus gastos y
obligaciones.
600.
Señala la accionante que se comunicó con la UARIV
para solicitar la ayuda humanitaria, pero no recibió respuesta alguna. Aduce
que, si bien existen plazos de 3 meses para la entrega de las ayudas
humanitarias que deben ser respetados, al momento la entidad no le ha dado
respuesta por su ayuda.
601.
Con base en lo expuesto, solicita al juez de tutela
que le ordene a la UARIV reconocer a su favor ayuda humanitaria de emergencia
por valor de un millón doscientos mil pesos.
b.     Pruebas
602.
Como material probatorio solamente se anexan al
expediente fotocopias de las cédulas de ciudadanía de la accionante y otras que
no se logran identificar dentro del expediente.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
603.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 11 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[464]. En consecuencia, resolvió amparar
su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole a la representante legal de
la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo le
entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento
de esta orden. Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la Representante
Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para que no
vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de tutela por
el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles y por
desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de tutela
que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[465].
104.
Expediente T-5660425
a.     Demanda de tutela
604.
La señora Jenny Katherine Quintero Valencia,
actuando a nombre propio y de su hija, interpuso acción de tutela contra la
UARIV el 6 de abril de 2016, por la vulneración de los derechos fundamentales a
la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, a la familia, a la
igualdad, a la seguridad social y al trabajo, así como a la protección especial
para madres cabeza de hogar y para los niños.
605.
La accionante nació el 19 de febrero de 1996[466].
Afirma haber sido desplazada de Turbo – Antioquia por grupos armados al margen
de la ley, hecho por el cual se encuentra actualmente inscrita en el RUV.
Señala que en tales hechos perdió gran cantidad de los bienes que poseía y que
actualmente no tiene casa y vive en arriendo.
606.
Expone el accionante que hasta el momento de
presentación de la tutela ha recibido ayuda humanitaria en dos oportunidades,
por un valor de 225.000 cada vez. Sostiene que se comunicó con la UARIV,
mediante vídeo llamada, a través de la cual le informaron que debía primero
agendar una cita en la que se evaluara si cumple con los requisitos para
acceder a ayuda humanitaria[467]. La accionante manifiesta su desacuerdo con la respuesta de la UARIV,
argumentando que ya han pasado más de tres meses desde la última vez que
recibió ayuda humanitaria de emergencia, razón por la que considera que la
prórroga debería estar programada y conocer la fecha probable de cobro.
607.
Con base en lo expuesto, solicitó al juez de tutela
ordenarle a la UARIV realizar, dentro de las 48 horas siguientes, el pago de la
prórroga de la ayuda humanitaria en sus dos componentes de alimentación y
alojamiento.
b.     Pruebas
608.
El accionante anexa como material probatorio
solamente la fotocopia informal de su cédula y el registro civil de nacimiento
de su hija.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
609.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 18 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable vulneración”
de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual sostuvo que
procedía “de plano” la acción de tutela[468]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[469].
105.
Expediente T-5660426
a.     Demanda de tutela
610.
El 1º de abril de 2016, el señor Julio Heriberto
Pérez Duarte interpuso acción de tutela contra el ICBF y la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la salud,
a la seguridad social, a la igualdad y a la educación, así como por desconocer
el deber de protección especial a favor de los niños, niñas y adolescentes, las
mujeres cabeza de hogar, los adultos de la tercera edad y las personas en
situación de discapacidad.
611.
Expresa el accionante ser padre cabeza de hogar y
atravesar una situación económica difícil.  Sostiene que fue víctima de desplazamiento
forzado el 25 de febrero de 2000, fecha en la cual tuvo que abandonar el
municipio de Carepa – Antioquia. Agrega que por esa razón se encuentra
registrado en el RUPD con el código 533655.
612.
Aduce que ha solicitado a la UARIV el pago de la
ayuda humanitaria de emergencia, a través del chat virtual de la entidad. Por
esa vía se le informó que para el reconocimiento de la ayuda humanitaria de
emergencia era necesario realizar el PAARI, para lo cual la entidad accionada
informó que se comunicaría con el accionante, lo cual a la fecha de
presentación de la tutela no ha sucedido[470].
613.
Con base en estos hechos, solicitó al juez de
tutela ordenar a la UARIV el reconocimiento de la ayuda humanitaria de
emergencia.
b. Pruebas
614.
199. El accionante anexa al expediente las
siguientes pruebas: (i) fotocopia de la cédula de ciudadanía del accionante y
(ii) transcripción de la petición que hizo ante la AURIV.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
615.
. El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Apartadó, en providencia del 11 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela
reseñada. En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[471]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole
a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al
juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[472].
106.
Expediente T-5660427
a.     Demanda de tutela
616.
El 6 de abril de 2016, la señora Domitila Jiménez
Anaya interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus
derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social a la igualdad y a la
educación, así como por desconocer la prevalencia de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, de las mujeres cabeza de hogar, de los adultos de la
tercera edad y de las personas en situación de discapacidad.
617.
Afirma la accionante que fue desplazada del
municipio de Apartadó en 1995 por el accionar de grupos armados al margen de la
ley. Sostiene que por este hecho se encuentra inscrita en el RUPD con el código
AF0000810262. Agrega que es madre cabeza de familia y que se encuentra
desempleada.
618.
Sostiene que nunca ha recibido ayuda humanitaria de
emergencia y que realizó una petición a la UARIV solicitándole el pago de la
ayuda humanitaria en sus dos componentes, alojamiento-alimentación, ante lo
cual la entidad le informó que no era posible proceder a la solicitud, sino que
previamente debía programarse una fecha para la realización del PAARI, la cual
le sería informada mediante mensaje de texto.
619.
Con base en lo expuesto, solicita al juez amparar
sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV que dentro
del término de 48 horas siguientes a la notificación de fallo pague la ayuda
humanitaria de emergencia a la que tiene derecho.
b.     Pruebas
620.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas (i) fotocopias de su cédula de ciudadanía y de las tarjetas de
identidad de sus hijos y (ii) transcripción de una conversación sostenida con
la UARIV el 3 de abril de 2016, en la que se le informa que se adelantará una
solicitud de agendamiento para que se inicie el PAARI.
c. Decisión
Judicial objeto de revisión
621.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 18 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[473]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[474].
107.
Expediente
T-5660428
a.     Demanda de tutela
622.
El señor Manuel Pico Martínez, actuando a nombre
propio, interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados
sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad, a la
educación, así como por desconocer la prevalencia de los niños, niñas y
adolescentes y la especial protección a las personas de la tercera edad y a las
personas en situación de discapacidad.
623.
El accionante afirma haber sido víctima de
desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley en 1988[475], por lo
cual tuvo que abandonar gran parte de sus bienes. Desde aquel entonces menciona
haber recibió dos ayudas humanitarias, la última en febrero de 2015. Menciona
que los ingresos que recibe no son suficientes para cubrir sus gastos actuales.
624.
Señala que han transcurrido 14 meses desde su
última ayuda humanitaria, y que dada su condición de desempleo y su estado de
vulnerabilidad se dificulta su situación económica y ha llegado al punto de
pedir solidaridad de los vecinos y la comunidad en general.
b. Pruebas:
625.
El accionante adjunta al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de su cédula y (ii) copia de la respuesta de la
UARIV.
c. Decisión
judicial objeto de revisión:
626.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 12 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[476]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[477].
108.
Expediente T-5660430
a. Demanda de
tutela
627.
El 2 de abril de 2016, la señora Casilda María
Cuadrado Morelo, actuando a nombre propio y de su núcleo familiar, interpuso
acción de tutela contra la UARIV por considerar vulnerados sus derechos al
mínimo vital, a la vida digna y todos aquellos conexos al desplazamiento.
628.
La accionante afirma ser víctima de desplazamiento
forzado desde el año 1977[478]
por el accionar de grupos armados ilegales. Está debidamente registrada en
el RUV y en el RUPD, y asegura que la ayuda humanitaria que ha recibido desde
su inscripción no ha sido suficiente para sufragar los gastos de ella y su núcleo
familiar.
629.
Menciona que el 15 de febrero de 2016 presentó ante
la UARIV un derecho de petición solicitando ayuda humanitaria y reparación
administrativa, y pasados 15 días de la presentación de tal solicitud no ha
recibido respuesta, razón por la cual interpone la acción de tutela.
b. Pruebas
630.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de cédula de ciudadanía y (ii) certificado
civil de nacimiento de cinco hijos.
c. Decisión judicial
objeto de revisión
631.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 18 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[479]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna, ordenándole
a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias, remitiendo al
juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió agregar un
punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[480].
109.
Expediente T-5660431
a. Demanda de
tutela
632.
El 4 de abril de 2016, la señora Yolanda María
López Morales interpuso acción de tutela contra la UARIV por considerar
vulnerados sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la salud en
conexidad con la vida, a la seguridad social, a la igualdad y a la educación,
así como por desconocer la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y la protección especial a las mujeres cabeza de hogar.
633.
La accionante afirma haber sido víctima en 2007de
desplazamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley,
abandonando su territorio, casa, bienes, costumbres y demás enseres de la
familia[481].
Afirma ser cabeza de hogar con una hija menor de edad, desempleada y sin fuente
de ingresos para responder por sus gastos.
634.
Señala la accionante que en 2010 fue declarada
víctima de la violencia ante el ministerio público, y que a la fecha solo ha
recibido 3 ayudas humanitarias. Sostiene que en marzo de 2016 solicitó a la
UARIV la ayuda humanitaria mediante llamada telefónica y vídeo llamada, sin
registrar turno para recibirla hasta el momento.
b. Pruebas
635.
La accionante anexa al expediente las siguientes
pruebas: (i) fotocopia informal de cédula de ciudadanía; (ii) copia del
registro civil de nacimiento de la menor de edad; y (iii) copia del pantallazo
del sitio web de la UARIV donde se consulta el giro de la atención humanitaria
y el turno de atención humanitaria.
c. Decisión
judicial objeto de revisión
636.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 12 de abril de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[482]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[483].
110.
Expediente T-5660432
a.
Demanda de tutela
637.
Rosalba Vivas Mena, mediante escrito del 4 de abril
de 2016, presentó acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados
sus derechos al mínimo vital, a la salud y a la igualdad[484].
638.  La señora Vivas Mena nació el 22 de junio de 1966[485]. Sostiene
que fue víctima de desplazamiento forzado el 23 de enero de 2008, cuando
habitaba en el municipio de Truandó Medio Atrato-Chocó. Manifiesta que rindió
declaración como víctima de desplazamiento forzado en la Personería de Riosucio
y fue incluida en el RUPD con el código 561962[486].
639.
La accionante señala que desde ese entonces solo ha
recibido una ayuda humanitaria el 11 de diciembre de 2015, y que los ingresos
propios que percibe no son suficientes para los gastos suyos y los de sus tres
hijos menores de edad. Por esta razón se comunicó con el Centro de Contacto de
Información y Orientación de la UARIV, a través del cual se le indicó que por
no responder acertadamente a unas preguntas que hacen parte de los protocolos
de seguridad no era posible brindar información alguna.
640.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV entregar
la prórroga de ayuda humanitaria y la indemnización correspondiente.
b.
Pruebas
641.
Como pruebas obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) trascripción de una conversación sostenida con la UARIV por vía
del chat virtual de la entidad, en la que se le informa a la accionante que al
no responder acertadamente preguntas relacionadas con su petición no es posible
otorgar información (documento sin fecha); (ii) copia de la cédula de
ciudadanía de la accionante; (iii) copia de las tarjetas de identidad de los
tres hijos de la accionante; y (iv) respuesta otorgada por la Subdirección de
Atención a Población Desplazada a solicitud presentada por la accionante donde
se indica el código del RUPD y la conformación de su grupo familiar.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
642.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 12 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[487].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle a la accionante en qué estado se encuentra
su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
643.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[488].
111.
Expediente T-5660433
a.
Demanda de tutela
644.
El 7 de abril de 2016, la señora Nora Irma
Graciano, nacida el 1 de julio de 1972[489],
interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus
derechos a la vida digna, al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital y los
derechos de los niños.
645.
La señora Graciano afirma ser madre cabeza de
hogar, desplazada por grupos al margen de la ley y estar inscrita en el RUPD.
Requirió a la accionada asistencia humanitaria el 9 de marzo de 2016[490] sin obtener respuesta.
646.
Por lo anterior, solicita al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la entidad accionada que
realice los estudios necesarios que permitan verificar el estado de
vulnerabilidad de su familia y así proceder a la entrega inmediata de las
ayudas humanitarias.
b.     Pruebas
647.
Como pruebas obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de la solicitud de ayuda humanitaria presentada a la UARIV.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
648.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 18 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[491].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[492].
112.
Expediente T-5660434
a.
Demanda de tutela
649.
Nicolaza Cuesta Mercado, mediante escrito del 5 de
abril de 2016, presentó acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital, a la familia, a la
salud y a la igualdad[493].
650.
La señora Cuesta Mercado nació el 28 de noviembre
de 1964[494]
y, según señala en el escrito de tutela, es madre cabeza de familia y su grupo
familiar está compuesto por sus dos hijos. Manifiesta que, por la acción de
grupos armados, el 11 de febrero de 1998 fue obligada a desplazarse del barrio
Policarpa del municipio de Apartadó hacia el barrio Pueblo Nuevo. Sostiene que
se encuentra incluida en el RUV[495].
651.
Adicionalmente, indica que hasta la fecha de la
presentación de la acción de tutela no ha obtenido respuesta en la que se le
indique la fecha en la que le van a hacer entrega de las ayudas humanitarias,
ni tampoco se le ha asignado un turno para ese efecto. La última ayuda que
recibió por parte de la UARIV fue el 28 de diciembre de 2015.
652.
Con base en lo expuesto, solicitó al juez tutelar
sus derechos fundamentales y en consecuencia ordenarle a la UARIV entregar la
ayuda humanitaria de emergencia en un plazo oportuno y razonable, así como
informarle las condiciones de tiempo y lugar en que será entregada.
b.
Pruebas
653.
Como pruebas obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de la Resolución emitida por la Dirección de Registro y Gestión de Información
de la UARIV mediante la cual se reconoce a la accionante como víctima de
desplazamiento forzado.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
654.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 18 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[496].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle a la accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
655.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[497].
113.
Expediente T-5660435
a.     Demanda de tutela
656.
Martha Córdoba Roa, nacida el 18 de diciembre de
1959[498],
mediante escrito del 4 de abril de 2016 presentó acción de tutela contra la
UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital
y todos aquellos conexos con el desplazamiento forzado.
657.
La accionante señaló que por el accionar de los
grupos armados organizados se desplazó el 20 de septiembre del 2000 del
corregimiento de Puerto Girón al municipio de Apartadó. Agrega que rindió
declaración ante la Personería del Municipio de Carepa, por lo que fue inscrita
en el RUV (aunque no especifica la fecha).
658.
Sostiene que desde que fue inscrita en el RUV ha
recibido ayuda humanitaria de emergencia en dos oportunidades. Por esa razón,
afirma que el 3 de octubre de 2015 se comunicó con la UARIV para solicitar su
ayuda humanitaria y la reparación administrativa por hecho victimizante, pero
que a la fecha de interposición de la acción de tutela no ha recibido
respuesta.
659.
En consecuencia, solicita al juez de tutela amparar
sus derechos fundamentales y ordenarle a la UARIV tanto el pago inmediato de la
ayuda humanitaria en sus dos componentes como la inclusión inmediata en los
programas administrativos de reparación en vivienda y de indemnización
administrativa por el desplazamiento forzado.
b.
Pruebas
660.
Como pruebas obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de la cédula de ciudadanía de Yacely Mena Bejarano.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
661.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 12 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[499].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle a la accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
662.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[500].
114.
Expediente T-5660436
a.     Demanda de tutela
663.
Ana Paola Guzmán Jaramillo, nacida el 15 de agosto
de 1985[501],
mediante escrito del 4 de abril de 2016 presentó acción de tutela contra la
UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital,
a la salud y a la igualdad.
664.
La señora Guzmán Jaramillo afirma ser madre cabeza
de hogar, desplazada por grupos al margen de la ley en 1996 cuando habitaba en
Chigorodó–Antioquia y estar inscrita en el RUPD. Adicionalmente, indica que la
última ayuda humanitaria la recibió hace tres meses.
665.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutela sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV entregar
atención inmediata, representada en alimentación, kit de cocina, vivienda,
arriendo, entre otros, según lo establecido en la ley 387 de 1997.
b.
Pruebas
666.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii)
trascripción de una conversación de la accionante con la UARIV (de fecha sin
especificar) por vía del chat virtual de la entidad, en la que se le informa
que se solicitó la generación de los actos administrativos.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
667.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 12 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[502].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[503].
115.
Expediente T-5660437
a.     Demanda de tutela
668.
Yesica Palacio Cuesta, nacida el 30 de agosto de
1991[504],
mediante escrito del 4 de abril de 2016 presentó acción de tutela contra la
UARIV, por considerar vulnerado su derecho de petición.
669.
Indica que es madre cabeza de familia cuyo grupo
familiar está conformado por cinco personas, tres de ellos menores de edad.
Afirma que como consecuencia de su situación de vulnerabilidad está desempleada
y requiere de las ayudas humanitarias para que sus hijos puedan estudiar.
Sostiene que en ningún momento no ha recibido ayuda humanitaria de emergencia[505].
670.  Por lo tanto, solicitó al juez que se tutele su derecho fundamental de
petición y se le ordene a la entidad accionada que en un término perentorio
sirva a resolver de fondo la solicitud presentada.
b.
Pruebas
671.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de solicitud radicada ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
672.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 12 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[506].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[507].
116.
Expediente T-5660438
a.
Demanda de tutela
673.
Deny Luz Mora Montalvo, nacida el 23 de julio de
1975[508],
mediante escrito del 1 de abril de 2016 presentó acción de tutela contra la
UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital
y todos aquellos conexos con el desplazamiento forzado.
674.
Afirma la accionante en escrito de tutela que es
madre cabeza de familia, debidamente registrado en el RUPD. Indica que paga
arriendo, servicios públicos, alimentación, salud y educación.
675.
El 12 de febrero de 2016 solicitó a la UARIV
entrega de ayuda humanitaria, pese a lo cual, a la fecha de presentación de la
acción de tutela, no ha resuelto la petición radicada por la accionante.
676.
Por lo anterior, solicita al juez que tutele sus
derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la entidad accionada que
realice los estudios necesarios que permitan verificar el estado de
vulnerabilidad de su familia.
b.
Pruebas
677.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii) copia
de solicitud radicada el 12 de febrero de 2016 ante la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
678.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 11 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[509].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[510].
117.
Expediente T-5660439
a.
Demanda de tutela
679.
Luz Diony Usuga García, nacida el 4 de mayo de 1968[511],
presentó el 1 de abril de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a
la igualdad y a la educación, así como por desconocer el deber estatal de
proteger de manera especial a los niños, mujeres cabeza de hogar, adultos de la
tercera edad y víctimas de desplazamiento forzado.
680.
Sostiene que fue víctima de desplazamiento forzado
en 1997, cuando habitaba en el municipio de Mutatá. Agrega que se encuentra
inscrita en el RUPD con el código 1275545. Manifiesta que desde el 15 marzo de
2016 se encuentra solicitando a la UARIV la entrega de ayuda humanitaria, lo
cual ha hecho a través de la línea telefónica de la entidad y como respuesta ha
recibido que “no cuentan con presupuesto y no tienen la persona encargada de
asignar las ayudas que no la han contratado”[512].
681.
Con base en los hechos descritos, solicitó al juez
tutelar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que en el término
máximo de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela realice las
acciones pertinentes para proceder a la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia.
b.
Pruebas
682.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii)
trascripción de una conversación de la accionante con la UARIV (de fecha sin
especificar), por vía del chat virtual de la entidad, en la que se le informa
que “no tiene derecho a las ayudas humanitarias ya que tiene más de 10 años
de haberse desplazado”[513].
c.      Decisión judicial objeto de revisión
683.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 11 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[514].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[515].
118.
Expediente T-5660440
a.     Demanda de tutela
684.
Yudiela Rentería Vertel, nacida el 31 de marzo de
1984[516],
presentó el 1 de abril de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, a la familia, a la salud, a la
seguridad social, a la igualdad y a la educación, así como por desconocer el
deber de especial protección a los niños, a las mujeres cabeza de hogar y a las
personas en situación de vulnerabilidad por el desplazamiento forzado.
685.
Relata la accionante que en 2014, mientras residía
en el municipio de Carepa, fue víctima de desplazamiento forzado por el
accionar de grupos armados organizados al margen de la ley. Señala que rindió
declaración de su condición de víctima en Medellín el 8 de julio de 2014, la
cual fue valorada con el código NR: BF000080504.
686.
Sostiene en la acción de tutela que es mujer cabeza
de hogar, cuyo núcleo familiar está conformado por dos personas, con quienes
vive, es desempleada, paga arriendo y depende de sí misma y de la solidaridad
de sus familiares. Agrega que sólo ha recibido tres ayudas humanitarias de
emergencia, razón por la cual se comunicó con la UARIV mediante la línea de
atención, quienes le informaron que debían asignar un turno para la realización
del plan PAARI como requisito para acceder a la ayuda.
687.
Con base en los hechos descritos, solicitó al juez
tutelar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que en el término
máximo de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela realice las
acciones pertinentes para proceder a la entrega de la ayuda humanitaria de
emergencia.
b.
Pruebas
688.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii)
trascripción de una conversación de la accionante con la UARIV (de fecha sin
especificar), por vía del chat virtual de la entidad, en donde le informaron
que antes de la entrega de la ayuda era necesario que se le realizara el PAARI.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
689.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 11 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[517].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[518].
119.
Expediente T-5660494
a.     Demanda de tutela
690.
Aicardo Leal, nacido el 9 de enero de 1958[519],
presentó el 6 de abril de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, a la familia, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
a la educación, así como por desconocer el deber de especial protección a los
niños, a las mujeres cabeza de hogar, a las personas de la tercera edad y a las
personas con discapacidad.
691.
Afirma el accionante que en 1997, mientras residía
en la vereda Porroso del municipio de Mutatá, fue víctima de desplazamiento
forzado por el accionar de grupos armados ilegales. Señala que rindió
declaración por su condición de víctima en la Personería de Chigorodó el 19 de septiembre
de 2008.
692.
Sostiene en la acción de tutela que es desempleado,
paga arriendo y depende de sí mismo. Agrega que solo ha recibido tres ayudas
humanitarias de emergencia, razón por la cual en abril del 2016 se comunicó con
la UARIV mediante la línea de atención, quienes le informaron que debían
asignar un turno para conocer y caracterizar su hogar actual y así proceder a
la realización del plan PAARI como requisito para acceder a la ayuda.
693.
Por lo anterior, solicitó al juez tutelar sus
derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que en el término máximo de 48
horas siguientes a la notificación del fallo de tutela realice las acciones
pertinentes para proceder a la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia.
b.
Pruebas
694.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante y (ii)
trascripción de una conversación del accionante con la UARIV (de fecha 5 de
abril de 2016), por vía del chat virtual de la entidad, en donde le informaron
que el agendamiento de cita para realizar el PAARI había sido exitoso.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
695.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 18 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[520].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[521].
120.
Expediente T-5660495
a.
Demanda de tutela
696.
Wilfrido Montalvo Gulfo, nacido el 15 de octubre de
1979[522],
presentó el 6 de abril de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, a la familia, a la salud, a la
seguridad social, a la igualdad y a la educación, así como por desconocer el
deber de especial protección a los niños, a las mujeres cabeza de hogar y a las
personas en situación de vulnerabilidad por el desplazamiento forzado.
697.
El señor Montalvo Gulfo indica que es hombre cabeza
de hogar, tiene tres hijos menores de edad (de 8, 7 y 5 años), es desempleado,
paga arriendo y depende de sí mismo. Sostiene que ha recibido ayuda humanitaria
en tres oportunidades. Por lo tanto, en marzo de 2016 solicitó ayuda
humanitaria, sin obtener respuesta. El 5 de abril de 2016 consultó en la página
de Servicio al Ciudadano de la UARIV, donde arroja que “no registra nada”[523].
698.
Por lo anterior, solicitó al juez tutelar sus
derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que en el término máximo de 48
horas siguientes a la notificación del fallo de tutela realice las acciones
pertinentes para proceder a la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia.
b.
Pruebas
699.
El accionante anexa como pruebas las siguientes: (i)
copia del pantallazo del sitio web de la UARIV donde se consulta el giro de la
atención humanitaria y el turno de atención humanitaria, (ii) copia de la
cédula de ciudadanía del accionante, y (iii) registro civil de nacimiento de
tres menores, que muestra la relación de parentesco (hijos) con el accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
700.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 18 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[524].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[525].
121.
Expediente T-5660496
a.     Demanda de tutela
701.
Orlando José León Mendoza, mediante escrito del 5
de abril de 2016, presentó acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos al mínimo vital, a la salud y a la igualdad.
702.
El señor León Mendoza nació el 3 de enero de 1971[526].
Sostiene que fue víctima de desplazamiento forzado en 1997, cuando habitaba en
el municipio de Chigorodó. Agrega que se encuentra inscrito en el RUPD.
703.
El accionante sostiene que la última ayuda
humanitaria que recibió fue hace más de tres meses. Por lo tanto, a través de
chat ha solicitado a la UARIV la ayuda humanitaria de emergencia, a lo que le
respondieron que para el otorgamiento de tal beneficio era necesario ser
notificado del acto administrativo, por lo que para realizar el proceso de
notificación estarían contactándose de nuevo con él vía telefónica[527].
704.
Con base en lo anterior, solicita al juez que le
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la UARIV entregar
atención inmediata, representada en alimentación, kit de cocina, vivienda,
arriendo, entre otros, según lo establecido en la ley 387 de 1997.
b.     Pruebas
705.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía del accionante y (ii)
trascripción de una conversación del accionante con la UARIV (de fecha sin
especificar), por vía del chat virtual de la entidad.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
706.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 18 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[528].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[529].
122.
Expediente T-5660498
a.     Demanda de tutela
707.
Teolinda Esther Moreno Orozco, nacida el 19 de mayo
de 1972[530],
presentó el 6 de abril de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a
la igualdad y a la educación, así como por desconocer el deber estatal de
proteger de manera especial a los niños, mujeres cabeza de hogar, adultos de la
tercera edad y víctimas de desplazamiento forzado.
708.
Sostiene que fue víctima de desplazamiento forzado
el 18 de enero de 2006, cuando habitaba en la vereda Belén del municipio de
Carepa. Agrega que se encuentra inscrito en el RUPD.
709.
La accionante sostiene que a través de chat ha
solicitado a la UARIV la ayuda humanitaria de emergencia, a lo que le
respondieron que para el otorgamiento de tal beneficio era necesario primero
realizar una indagación sobre la conformación de su hogar actual, para lo cual
debía agendarse una cita, que sería confirmada con posterioridad[531].
710.
Por lo anterior, solicita al juez tutelar sus
derechos fundamentales y ordenarle a la UARIV la entrega de ayuda humanitaria,
incluyendo la de alimentación y alojamiento, dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación de la sentencia.
b.
Pruebas
711.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii)
trascripción de una conversación de la accionante con la UARIV (de fecha sin
especificar), por vía del chat virtual de la entidad.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
712.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante sentencia del 18 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[532].
En consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad con
el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[533].
123.
Expediente T-5660500
a.     Demanda de tutela
713.
La señora Luz Marina Rangel, mediante escrito del 4
de abril de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y todos
aquellos relacionados con el desplazamiento forzado del cual fue víctima.
714.
La señora Rangel nació el 1 de enero de 1966[534].
El 28 de junio de 1998 fue desplazada de la vereda Socorro del municipio de
Turbo debido al accionar de grupos armados al margen de la ley. Declaró su
condición de víctima el 9 de julio de 2011 en la Personería de Apartadó y se
encuentra registrada en el RUV bajo el código ND 409125.
715.
El 4 de marzo de 2016, la accionante presentó a la
UARIV solicitud de entrega de ayuda humanitaria de emergencia. Indica que
requiere de dichas ayudas por la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra. Sin embargo, la accionada ha dado como respuesta que “no tiene
derecho a las ayudas humanitarias ya que tiene más de 10 años de haberse
desplazado”[535].
716.
Con base en los hechos narrados, solicita al juez
amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo pague de manera inmediata la ayuda
humanitaria de emergencia e incluya a la accionante en los programas
administrativos para la población desplazada, como la reparación de vivienda y
la reparación administrativa.
b.
Pruebas
717.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, (ii) copia
de la solicitud de ayuda humanitaria presentada a la UARIV y (iii) copia de la
planilla del servicio postal de envío de la citada solicitud.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
718.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 18 de abril de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[536].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle al accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
719.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[537].
124.
Expediente T-5694106
a.     Demanda de tutela
720.
El 26 de abril de 2016, el señor José Antonio Barón
Reyes interpuso acción de tutela contra la UARIV argumentando la vulneración de
sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y todos aquellos
conexos al desplazamiento forzado.
721.  El señor Barón Reyes nació el 11 de noviembre de 1966[538]. Fue
víctima de desplazamiento forzado de Arboletes en 1988. Manifiesta que rindió
declaración como víctima de desplazamiento forzado ante la Personería de
Biboral y fue incluido en el RUPD el 14 de marzo de 2013 bajo el código
NDBJ000058324[539].
722.
Señala que ha recibido pocas ayudas humanitarias[540]. Por esta razón, presentó el 10 de marzo de 2016 solicitud a la UARIV
requiriendo que se le otorgara ayuda humanitaria. Sostiene que no ha recibido
respuesta a la petición presentada[541].
723.
Con base en los hechos narrados, solicita al juez
amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo pague de manera inmediata la ayuda
humanitaria de emergencia e incluya al accionante en los programas
administrativos para la población desplazada, como la reparación de vivienda y
la reparación administrativa.
b.     Pruebas
724.  Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i) copia de la cédula
de ciudadanía de José Antonio Barón Reyes, (ii) copia de Registro Civil de
Nacimiento de Esteban Barón Payares, que muestra la relación de parentesco
(hijo) con el accionante y (iii) copia de petición enviada a la UARIV.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
725.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 7 de junio de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales del accionante, por
lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[542].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[543].
125.
Expediente T-5694107
a.     Demanda de tutela
726.
Prudencia Torres Álvarez, nacida el 28 de diciembre
de 1962[544],
presentó el 27 de abril de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos a la vida digna, a la salud, a la seguridad
social, a la igualdad y a la educación, así como por desconocer el deber
estatal de proteger de manera especial a los niños, mujeres cabeza de hogar,
adultos de la tercera edad y víctimas de desplazamiento forzado.
727.
Señala que es madre cabeza de familia y que su
núcleo familiar está conformado por tres adultos y una menor de edad. Agrega
que se encuentra en situación de extrema pobreza.
728.
La señora Torrez Álvarez aduce haber formulado
peticiones a la UARIV para la prórroga de la ayuda humanitaria. Señala también
que ha realizado la encuesta sobre el PAARI sin que a la fecha de la
presentación de la acción de tutela le hayan brindado la correspondiente ayuda
humanitaria, ni información alguna sobre la priorización del turno asignado.
729.
Con base en lo expuesto, solicita al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia ordene a la entidad
accionada realizar en el menor tiempo posible los estudios que considere
necesarios para verificar su estado de vulnerabilidad. Adicionalmente, solicita
ordenar a la UARIV el pago de la ayuda humanitaria de emergencia dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo.
b.     Pruebas
730.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
copia de la cédula de ciudadanía de Adriana Tordecilla Torres; (ii) copia del
certificado del registro civil de nacimiento de Isabela Blanco Tordecilla;
(iii) copia de la cédula de ciudadanía de Edwin Fernando Tordecilla Torres y
(iv) copia de la cédula de ciudadanía de Prudencia Torrez Álvarez.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
731.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 7 de junio de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[545]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[546].
126.
Expediente T-5694108
a.     Demanda de tutela
732.
La señora Manuela Palacios Palacios presentó el 7
de junio de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados
sus derechos al mínimo vital, a la vida digna y todos aquellos conexos al
desplazamiento forzado.
733.  La señora Palacios nació el 15 de junio de 1973[547]. Fue
víctima de desplazamiento forzado en el año 2000 por la actuación de grupos
armados ilegales, al verse forzada a salir del municipio de Riosucio a
Turbo-Antioquia[548].
734.  El 22 de junio del 2000, la señora Palacios rindió declaración como
víctima de la violencia ante la Personería de Urabá, declaración que fue
valorada positivamente, asignándosele el código 619637[549].
735.
La señora Palacios señala que desde ese entonces
solo ha recibido ayuda humanitaria en tres ocasiones y que los ingresos propios
que percibe no son suficientes para sufragar sus gastos. Adicionalmente, la
accionante solicitó a la línea gratuita de la UARIV la entrega de las ayudas
humanitarias sin recibir respuesta oportuna.
736.
Con base en los hechos narrados, solicita al juez
amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo pague de manera inmediata la ayuda
humanitaria de emergencia e incluya a la accionante en los programas
administrativos para la población desplazada, como la reparación de vivienda y
la reparación administrativa.
b.     Pruebas
737.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
copia de la cédula de ciudadanía de Manuela Palacios Palacios y (ii) copia de
la declaración como víctima ante la Defensoría del Pueblo de Apartadó.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
738.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
en providencia del 16 de junio de 2016, resolvió la acción de tutela reseñada.
En su sentencia, consideró que existía una “flagrante e innegable
vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante, por lo cual
sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[550]. En
consecuencia, resolvió amparar su derecho fundamental a la vida digna,
ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas humanitarias,
remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta orden. Igualmente, decidió
agregar un punto resolutivo adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[551].
127.
Expediente T-5694109
a.     Demanda de tutela
739.
La señora María Oliva Silva Carvajal presentó el 2
de junio de 2016 acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados
sus derechos al mínimo vital, a la vida digna y todos aquellos conexos al
desplazamiento forzado.
740.  La señora Silva nació el 2 de noviembre de 1964[552]. Fue
víctima de desplazamiento forzado en el año 1997, como consecuencia de la
actuación de grupos armados ilegales en el barrio Obrero del municipio de
Apartadó. Por esta razón, el 25 de agosto de 2006 fue incluida en el RUPD con
el código ND580562, luego de haber declarado ante la Personería de Apartadó
como víctima del conflicto armado.
741.
Señala la accionante que desde ese entonces ha
recibido “pocas ayudas humanitarias” y que los ingresos propios que
percibe no son suficientes para sufragar sus gastos. Por ello, el 6 de mayo de
2016 mediante escrito solicitó a la UARIV ayuda humanitaria y reparación administrativa
por el hecho victimizante del desplazamiento, sin que la accionada se haya
pronunciado.
742.
Con base en los hechos narrados, solicita al juez
amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo pague de manera inmediata la ayuda
humanitaria de emergencia e incluya a la accionante en los programas
administrativos para la población desplazada, como la reparación de vivienda y
la reparación administrativa.
b.     Pruebas
743.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
copia de la cédula de ciudadanía de María Oliva Silva Carvajal; (ii) copia de
una petición dirigida a la UARIV, suscrita por Maira Oliva Silva Carvajal y
(iii) copia de la constancia de entrega de la petición.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
744.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 14 de junio de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[553].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle al accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
745.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[554].
128.
Expediente T-5694110
a.     Demanda de tutela
746.
La señora Rosmiri Barrios Fuentes, mediante escrito
del 7 de junio de 2016, interpuso acción de tutela contra la UARIV, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y todos aquellos que se encuentren vulnerados por el desplazamiento
forzado del cual fue víctima.
747.
La señora Rosmiri Barrios Fuentes nació el 3 de
marzo de 1964[555].
En el año 2002 fue desplazada del municipio de Moñitos debido al accionar de
grupos armados al margen de la ley y se estableció en el municipio de Turbo.
Declaró su condición de víctima el 27 de octubre de 2014 en la Personería de
Turbo y fue registrada en el RUV con el código NJ000471136.
748.
Desde ese momento, manifiesta haber recibido ayuda
humanitaria de emergencia por una sola vez. Agrega igualmente que el 9 de
septiembre de 2015 solicitó ayuda humanitaria (sin especificar el medio de
petición) a la UARIV.
749.
Con base en los hechos narrados, solicita al juez
amparar sus derechos fundamentales y ordenar a la UARIV que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo pague de manera inmediata la ayuda
humanitaria de emergencia e incluya a la accionante en los programas
administrativos para la población desplazada, como la reparación de vivienda y
la reparación administrativa.
b.     Pruebas
750.
Como pruebas, obran en el expediente los siguientes
documentos: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la accionante y (ii)
constancia de la solicitud de inscripción en el RUV.
c.
Decisión judicial objeto de revisión
751.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
mediante providencia del 16 de junio de 2016, consideró que existía una “flagrante
e innegable vulneración” de los derechos fundamentales de la accionante,
por lo cual sostuvo que procedía “de plano” la acción de tutela[556].
En consecuencia, resolvió amparar el derecho fundamental de la accionante a la
vida digna, ordenándole a la representante legal de la UARIV que dentro de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo le entregara las ayudas
humanitarias. Además, le ordenó informarle al accionante en qué estado se
encuentra su proceso de reparación administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, remitiendo al juzgado copia del cumplimiento de esta
orden.
752.
Igualmente, decidió agregar un punto resolutivo
adicional, así:
“De conformidad
con el Artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se previene expresamente a la
Representante Legal de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, Doctora Paula Andrea Gaviria Betancur, para
que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada en la presente acción de
tutela por el accionante, so pena de incurrir en las sanciones penales, civiles
y por desacato previstas legalmente, de tal modo que las nuevas acciones de
tutela que versen sobre los mismos hechos y derechos procederán de plano por
disposición de la ley”[557].
129.
Expediente T-5714469
d.
Demanda de tutela
753.
La señora María Clemencia Ordoñez Singindioy
presentó el 2 de febrero de 2015[558]
acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos de
petición, a la vida digna y al mínimo vital.
754.
La accionante nació el 1 de mayo de 1973[559]. Fue víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de la
actuación de grupos armados ilegales. Por esta razón, ha recibido ayuda
humanitaria (aunque no indica en cuántas ocasiones), pero esta le fue
suspendida. Por ello, el 21 de octubre de 2014 la accionante presento petición
ante la UARIV solicitando prórroga de ayuda humanitaria, sin que hasta la fecha
de presentación de la acción de tutela fuera contestada.
755.
Con base en estos hechos, la accionante solicitó al
juez que tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia que le ordene a la
UARIV que, en el término de 48 horas siguientes a la sentencia, le entregue la
ayuda humanitaria a la que tiene derecho[560].
e.
Pruebas
756.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
derecho de petición presentado ante la UARIV y (ii) fotocopia simple de la
cédula de ciudadanía de la accionante.
f.       Decisión judicial objeto de revisión
757.
El Juzgado Promiscuo de Familia de Circuito de
Mocoa, mediante providencia del 13 de febrero de 2015, consideró que existía
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos invocados, ordenándole a la representante legal
de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
entregara las ayudas humanitarias al accionante. Igualmente, decidió “ordenar
al ICBF, que haga entrega del componente de alimentación de la ayuda
humanitaria a la accionante en el término de 48 horas siguientes a la
notificación del presente fallo”[561].
130.
Expediente T-5714471
d.
Demanda de tutela
758.
La señora Ermila Ordoñez Martínez presentó el 3 de
febrero de 2015[562]
acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos de
petición, a la vida digna y al mínimo vital.
759.
La accionante nació el 1º de julio de 1963[563]. Fue víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de la
actuación de grupos armados ilegales. Por ese motivo recibió ayudas humanitarias,
pero le fueron suspendidas. En consecuencia, el 11 de noviembre de 2014 la
accionante presentó petición de prórroga de ayuda humanitaria, sin que hasta la
fecha de presentación de la acción de tutela fuera contestada.
760.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer
entrega de la ayuda humanitaria una vez culmine el proceso de caracterización
dentro del término legal[564].
e.
Pruebas
761.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
derecho de petición presentado a la UARIV y (ii) fotocopia simple de la cédula
de ciudadanía de la accionante.
f.       Decisión judicial objeto de revisión
762.
El Juzgado Promiscuo de Familia de Circuito de
Mocoa, mediante providencia del 13 de febrero de 2015, consideró que existía
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos invocados, ordenándole a la representante legal
de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
entregara las ayudas humanitarias al accionante. Igualmente, decidió “ordenar
al ICBF, que haga entrega del componente de alimentación de la ayuda
humanitaria a la accionante en el término de 48 horas siguientes a la
notificación del presente fallo”[565].
131.
Expediente T-5714472
a.
Demanda de tutela
763.
La señora Yanuri Patricia Mora Botina presentó el 4
de febrero de 2015[566]
acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos de
petición, a la vida digna y al mínimo vital.
764.
La accionante nació el 30 de septiembre de 1970[567]. Fue víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de la
actuación de grupos armados ilegales. Debido a la suspensión de la ayuda
humanitaria que venía recibiendo, el 9 de diciembre de 2014 la accionante
presentó petición ante la UARIV solicitando prórroga de ayuda humanitaria, sin
que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela obtuviera respuesta.
765.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV hacer
entrega de la ayuda humanitaria a la que tiene derecho[568].
b.
Pruebas
766.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
derecho de petición y (ii) fotocopia simple de la cédula de ciudadanía de la
accionante.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
767.
El Juzgado Promiscuo de Familia de Circuito de
Mocoa, mediante providencia del 17 de febrero de 2015, consideró que existía
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales invocados, ordenándole a la
representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo entregara las ayudas humanitarias al accionante.
Igualmente, decidió “ordenar al ICBF, que haga entrega del componente de
alimentación de la ayuda humanitaria a la accionante en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del presente fallo”[569].
132.
Expediente T-5714477
a.
Demanda de tutela
768.
El señor Oscar Agustín Chasoy Chasoy presentó el 25
de febrero de 2015[570]
acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos de
petición, a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social.
769.
La accionante fue víctima de desplazamiento forzado
como consecuencia de la actuación de grupos armados ilegales. Ha recibido ayuda
humanitaria pero esta fue suspendida. Por ello, el 19 de noviembre de 2014 el
accionante presento petición ante la UARIV solicitando prórroga de la ayuda
humanitaria, sin que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela
fuera contestada.
770.
Por lo anterior, el accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales.
b.
Pruebas
771.
Como única prueba, obra en el expediente el derecho
de petición de prórroga de ayuda humanitaria.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
772.
El Juzgado Promiscuo de Familia de Circuito de
Mocoa, mediante providencia del 10 de marzo de 2015, consideró que existía
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales invocados, ordenándole a la
representante legal de la UARIV que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo entregara las ayudas humanitarias al accionante.
Igualmente, decidió “ordenar al ICBF, que haga entrega del componente de
alimentación de la ayuda humanitaria al accionante en el término de 48 horas
siguientes a la notificación del presente fallo”[571].
133.
Expediente T-5696787
a.
Demanda de tutela
773.
La señora Deyanira Barrientos Velásquez presentó el
22 de septiembre de 2015[572]
acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos a la
igualdad, de petición, a la vida digna y al mínimo vital.
774.
La accionante nació el 2 de diciembre de 1983[573]
y es madre cabeza de familia. Señala que su compañero permanente fue asesinado
el 2 de diciembre de 2009 y que los responsables del asesinato son un grupo
armado organizado que opera en Cúcuta, Norte de Santander[574]. Sostiene
que por esa situación tuvo que desplazarse a Quibdó.
775.
Por lo anterior, ha solicitado a la UARIV
reparación administrativa, la cual no le ha contestado su solicitud ni le ha
informado el trámite a seguir para obtenerla.
776.
Por lo anterior, la accionante solicitó al juez que
tutele sus derechos fundamentales y en consecuencia le ordene a la UARIV que le
otorgue reparación administrativa y ayuda humanitaria de emergencia[575].
b.
Pruebas
777.
Obran en el expediente las siguientes pruebas: (i)
derecho de petición presentado a la UARIV; (ii) fotocopia del registro civil de
Deybi Alexander Barrientos Velásquez; (iii) fotocopia del registro civil de
nacimiento de Evelyn Lucrecia Castro Barrietos; (iv) fotocopia del registro
civil de nacimiento de  Kevin Armando Castro Barrietos; (v) fotocopia del
registro civil de defunción de Deiby Darío Castro García; (vi) fotocopia simple
de la cedula de ciudadanía de la accionante; (vii) fotocopia de la respuesta
dada por la UARIV, y  (viii)  fotocopia de la resolución N°2013-313098 del 11
de noviembre de 2013.
c.      Decisión judicial objeto de revisión
778.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó, mediante providencia del 7 de octubre de 2015, consideró que existía
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia,
resolvió amparar los derechos fundamentales invocados, ordenándole a la
representante legal de la UARIV que dentro de los 20 días calendarios
siguientes a la notificación del fallo proceda a entregar la correspondiente
ayuda humanitaria a la accionante y, adicionalmente, dentro del mismo término,
señale fecha de pago de indemnización administrativa, que no podrá superar los
60 días calendario[576].
II.
Anexo sobre actos
administrativos de valoración de carencias proferidos por la UARIV
No. de expediente
Accionante
Acto administrativo de la UARIV
T-5435001
Fernando Antonio Jaramillo Arias
Mediante decisión del 30 de enero de 2015,
la UARIV decidió suspender definitivamente la ayuda humanitaria, al
considerar que el desplazamiento forzado ocurrió hace más de 10 años, por lo
que es posible asumir que de existir carencias estas no guardan relación con
el desplazamiento forzado. Además, consideró que los integrantes del hogar
tenían capacidad productiva para generar ingresos y cubrir necesidades.
T-5435007
Ana Mary Correa Giraldo
Mediante decisión del 20 de enero de 2016,
la UARIV decidió suspender definitivamente la ayuda humanitaria, al
considerar que el desplazamiento forzado ocurrió hace más de 10 años, por lo
que es posible asumir que de existir carencias estas no guardan relación con
el desplazamiento forzado. Además, consideró que los integrantes del hogar
tenían capacidad productiva para generar ingresos y cubrir necesidades.
T-543010
Doris Cecilia Bedoya Gómez
Mediante decisión del 31 de diciembre de
2015 decidió suspender definitivamente la ayuda humanitaria, considerando que
los integrantes del hogar cuentan con fuentes y programas de generación de
ingresos para cubrir como mínimo los componentes de alojamiento y
alimentación.
T-5655906
Jorge Rene Giraldo Giraldo
Por decisión notificada mediante aviso el día
15 de julio de 2016, la entidad accionada suspendió definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto dado que el
accionante cuentan con fuentes o programas de generación de ingresos y/o
capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los componentes de
alojamiento temporal y alimentación.
T-5655907
Gladys Onaida Giraldo Ríos
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 8 de abril de 2016, la entidad accionada suspendió
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la
medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se
encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad; la accionante
cuenta con la capacidad productiva que permite  cubrir las necesidades del
hogar, y adicionalmente porque les fue entregado subsidio de vivienda
monetario.
T-5655908
Danilo Antonio Galeano Galeano
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 9 de marzo de 2016, la entidad accionada suspendió
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que el accionante cuentan con fuentes o programas de generación de
ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los
componentes de alojamiento temporal y alimentación.
T-5655909
Leoncio Nicolás Álvarez Londoño
La entidad accionada le informó que se pudo
establecer que se encuentra en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad
manifiesta, por lo que era viable reconocer la entrega de la ayuda
humanitaria solicitada.
T-5655910
Jesús Antonio García Giraldo
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 29 de abril de 2016, la entidad accionada suspendió
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
primero porque los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de
generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como
mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación. Segundo
porque el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la
medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se
encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5655914
Omar Enrique Cosme Garzón
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
dado que algunos miembros del hogar han sido beneficiarios de diferentes
programas del Gobierno que buscan mejorar las condiciones de las personas
desplazadas; también porque se les hizo entrega de subsidio de vivienda
monetario y el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a
la medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se
encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
T-5655918
Bertha Oliva Hoyos Pérez
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante es propietaria de vivienda y adicionalmente porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5655919
Celsa Julia Giraldo de Quinchia
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante cuenta con vivienda propia y adicionalmente porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
T-5655944
Teresa de Jesús Marín Puerta
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero
que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar. Segundo
porque la accionante cuenta con vivienda propia. Tercero por haber sido
beneficiarios de otros programas del Gobierno  que buscan mejorar las
condiciones de las personas desplazadas.
T-5655946
María Leticia Gómez Ramírez
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante ha sido beneficiaria de otros programas del Gobierno  que buscan
mejorar las condiciones de las personas desplazadas, y adicionalmente porque
el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición
de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5655947
Dubian Fredy Aristizabal Giraldo
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que el accionante cuenta con vivienda propia y dentro del núcleo
familiar hay un integrante con capacidad productiva que permite  cubrir las
necesidades del hogar. Además porque el hecho victimizante ocurrió hace más
de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad.
T-5655948
María Emilcen Quiceno López
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante cuenta con vivienda propia y adicionalmente porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
T-5655949
Luis Fernando Marín Giraldo
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero
que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar.
Segundo, el accionante cuenta con vivienda propia. Tercero, se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para
generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo y porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
T-5655950
Farid Lozano García
Por decisión notificada mediante aviso el
día 11 de mayo del 2016, la entidad accionada suspendió definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto dado que el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad, adicionalmente el
accionante ha sido beneficiario de otros programas del Gobierno  que buscan
mejorar las condiciones de las personas desplazadas.
T-5655954
Luz Amparo Pineda Giraldo
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante ha sido beneficiaria de otros programas del Gobierno  que buscan
mejorar las condiciones de las personas desplazadas, y adicionalmente porque
el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición
de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5655955
Juan Felipe Gómez Ciro
Por decisión notificada mediante aviso el
día 15 de julio del 2016, la entidad accionada suspendió definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto dado que el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad, adicionalmente el
accionante ha sido beneficiario de otros programas del Gobierno  que buscan
mejorar las condiciones de las personas desplazadas.
T-5655956
Francisco López Ramírez
Por decisión notificada mediante aviso el
día 15 de julio del 2016, la entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero
que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar; segundo
los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de generación de
ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los
componentes de alojamiento temporal y alimentación.
T-5655961
Pedro Pablo Valencia Agudelo
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, el
accionante cuenta con vivienda propia y porque el hecho victimizante ocurrió
hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad.
T-5655963
Wilson Alberto Henao Suaza
Por decisión notificada mediante aviso el
día 15 de julio del 2016, la entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero que
permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar, y porque
uno de los miembros del hogar registra como cotizante del régimen contributivo,
completando un periodo consecutivo de cotización infiriéndose la estabilidad
en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o parcialmente
la subsistencia mínima del hogar.
T-5655964
Flor María Gallego Ramírez
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante cuenta con vivienda propia y adicionalmente porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
T-5655965
María Luzdari López Quinceno
Por decisión notificada mediante aviso el
día 11 de mayo del 2016, la entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero
que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar.
Segundo, la accionante cuenta con vivienda propia. Tercero, los integrantes
del hogar cuentan con fuentes o programas de generación de ingresos y/o
capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los componentes de
alojamiento temporal y alimentación, adicionalmente varios integrantes del
hogar han sido beneficiarios de otros programas del Gobierno  que buscan
mejorar las condiciones de las personas desplazadas.
T-5655966
Javier de Jesús Zuluaga Suarez
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 17 de marzo de 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto dado que han sido beneficiarios de otros programas del Gobierno  que
buscan mejorar las condiciones de las personas desplazadas.
T-5655967
Luis Argiro Naranjo Villegas
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 28 de junio de 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar y los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de
generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como
mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación.
T-5655968
Luz Marina Giraldo
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 1 de abril del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar. Segundo, la accionante cuenta con vivienda propia. Tercero, uno de
los miembros del hogar registra como cotizante del régimen contributivo,
completando un periodo consecutivo de cotización infiriéndose la estabilidad
en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o parcialmente
la subsistencia mínima del hogar., adicionalmente la accionante ha sido
beneficiaria de otros programas del Gobierno  que buscan mejorar las
condiciones de las personas desplazadas.
T-5655969
Héctor Alirio Hernández Gallego
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 30 de junio del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto dado que el accionante es propietario de vivienda, dentro del núcleo
familiar hay un integrante con capacidad productiva que permite  cubrir las
necesidades del hogar y porque el hecho victimizante ocurrió hace más de 10
años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer que
el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5655970
Aura Stella Gómez García
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 14 de julio del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar. Segundo, los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas
de generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran,
como mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación, adicionalmente
varios integrantes del hogar han sido beneficiarios de otros programas del
Gobierno  que buscan mejorar las condiciones de las personas desplazadas.
T-5655971
Raimundo Antonio Vásquez Aristizabal
Por decisión notificada mediante aviso el
día 12 de septiembre del 2016, la entidad accionada reconoció y ordenó el
pago a favor del accionante de la ayuda humanitaria en el componente de
alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la ayuda
humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que el accionante
cuenta una solución definitiva de vivienda.
T-5655973
Efraín de Jesús Vásquez Gómez
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
porque uno de los miembros del hogar registra como cotizante del régimen
contributivo, completando un periodo consecutivo de cotización infiriéndose
la estabilidad en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o
parcialmente la subsistencia mínima del hogar, el accionante es
propietario de vivienda, adicionalmente el accionante ha sido beneficiario de
otros programas del Gobierno  que buscan mejorar las condiciones de las
personas desplazadas.
T-5655974
Rosa Amelia Ramírez Jaramillo
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que ya se les hizo entrega de un subsidio de vivienda monetario, se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para
generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, y porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5655975
Francisco Antonio Salazar Jiménez
La entidad accionada decidió reconocer y
ordenar el pago a favor del accionante de la ayuda humanitaria en el
componente de alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la
ayuda humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que el
accionante cuenta con vivienda propia.
T-5655980
Humberto de Jesús Naranjo Gallego
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 13 de julio del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar; segundo los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas
de generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran,
como mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación.
T-5655981
Luz Mary Salazar Giraldo
Por decisión notificada mediante aviso el
día 11 de mayo del 2016, la entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que la accionante es propietaria de vivienda, el hecho victimizante
ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada
se pudo establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema
urgencia y vulnerabilidad. Adicionalmente dentro del núcleo familiar hay un
integrante con capacidad productiva que permite  cubrir las necesidades del
hogar.
T-5655984
Juana Cecilia Soto Montoya
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 30 de junio del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar y fueron beneficiarios de un subsidio de vivienda monetario.
T-5655986
Félix Antonio Pamplona Peláez
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
dado que el accionante ha sido beneficiario de un programa del Gobierno que
buscan mejorar las condiciones de las personas desplazadas, se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para
generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, y porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5655987
Luz Mary Quintero Toro
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 4 de agosto del 2016, la entidad accionada reconoció y
ordenó el pago a favor de la accionante de la ayuda humanitaria de emergencia
por encontrarse su hogar en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad,
y por encontrarse dentro del hogar niños menores de 5 años.
T-5655989
María Lina Arenas de Gómez
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
porque uno de los miembros del hogar registra como cotizante del régimen
contributivo, completando un periodo consecutivo de cotización infiriéndose
la estabilidad en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o
parcialmente la subsistencia mínima del hogar; el accionante es
propietario de vivienda, adicionalmente el accionante ha sido beneficiario de
otros programas del Gobierno  que buscan mejorar las condiciones de las
personas desplazadas.
T-5655992
Fabián de Jesús Jaramillo Gómez
La entidad accionada decidió reconocer y
ordenar el pago a favor del accionante de la ayuda humanitaria en el
componente de alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la
ayuda humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que el
accionante cuenta con vivienda propia.
T-5660421
Rosario Esther Díaz Pacheco
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo y
adicionalmente porque el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de
acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar
no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5660422
Omar de Jesús Graciano Giraldo
Por decisión notificada mediante aviso el
día 5 de abril del 2016, la entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
ya que los integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de
generación de ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como
mínimo, los componentes de alojamiento temporal y alimentación, el accionante
cuenta con vivienda propia y adicionalmente varios integrantes del hogar han
sido beneficiarios de otros programas del Gobierno  que buscan mejorar las
condiciones de las personas desplazadas.
T-5660423
José Alcides Berrio
La entidad accionada decidió reconocer y
ordenar el pago a favor del accionante de la ayuda humanitaria en el
componente de alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la
ayuda humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que el
accionante cuenta con vivienda propia. Dentro del hogar se estableció la
presencia de víctimas pertenecientes a grupos étnicos, por lo que reciben un
tratamiento diferencial.
T-5660425
Jenny Katherine Quintero Valencia
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante cuenta con vivienda propia y adicionalmente porque el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5660426
Julio Heriberto Pérez Duarte
Mediante decisión notificada personalmente
al accionante el día 13 de mayo del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto
financiero que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo
familiar. Segundo, el accionante cuenta con vivienda propia. Tercero, el
hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5660427
Domitila Jiménez Anaya
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 22 de septiembre del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto porque uno de los miembros del hogar registra como cotizante del
régimen contributivo, completando un periodo consecutivo de cotización
infiriéndose la estabilidad en la generación de ingresos del cotizante para
cubrir total o parcialmente la subsistencia mínima del hogar; la
accionante es propietario de vivienda y el hecho victimizante ocurrió hace
más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad.
T-5660428
Manuel Pico Martínez
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 3 de agosto del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten
al hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo y
adicionalmente porque el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de
acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar
no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5660435
Martha Córdoba Roa
La entidad accionada decidió reconocer y
ordenar el pago a favor de la accionante de la ayuda humanitaria en el
componente de alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la
ayuda humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que la
accionante cuenta con vivienda propia. Dentro del hogar se estableció la
presencia de víctimas pertenecientes a grupos étnicos y niños menores de 5 años,
por lo que reciben un tratamiento diferencial.
T-5660436
Ana Paola Guzmán Jaramillo
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 28 de septiembre del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, ya que se pudo establecer que no existen características que
inhabiliten al hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para
hacerlo y adicionalmente porque el hecho victimizante ocurrió hace más de 10
años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer que
el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5660438
Deny Luz Mora Montalvo
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero
que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar. Segundo
el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición
de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad
T-5660439
Luz Diony Usuga García
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
ya que se pudo establecer que no existen características que inhabiliten al
hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo, la
accionante cuenta con vivienda propia y porque el hecho victimizante ocurrió
hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad.
T-5660440
Yudiela Rentería Vertel
Por decisión notificada mediante aviso el día
24 de noviembre del 2014, la entidad accionada reconoció y ordenó el pago a
favor de la accionante de la ayuda humanitaria de emergencia por estar
conformado su hogar por menores de edad.
T-5660494
Aicardo Leal
Por decisión notificada mediante aviso el
día 13 de octubre del 2016, la entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto
porque uno de los miembros del hogar registra como cotizante del régimen
contributivo, completando un periodo consecutivo de cotización infiriéndose
la estabilidad en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o
parcialmente la subsistencia mínima del hogar; y los integrantes del
hogar cuentan con fuentes o programas de generación de ingresos y/o
capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los componentes de
alojamiento temporal y alimentación.
T-5660495
Wilfrido Montalvo Gulfo
La entidad accionada decidió suspender
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
dado que uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero que
permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar,; uno de los
miembros del hogar registra como cotizante del régimen contributivo,
completando un periodo consecutivo de cotización infiriéndose la estabilidad
en la generación de ingresos del cotizante para cubrir total o parcialmente
la subsistencia mínima del hogar; el accionante cuenta con vivienda
propia y el hecho victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la
medición de carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se
encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5660496
Orlando José León Mendoza
La entidad accionada decidió suspender definitivamente
la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, dado que uno de
los miembros del hogar adquirió un producto financiero que permite inferir la
capacidad de endeudamiento del grupo familiar,; uno de los miembros del hogar
registra como cotizante del régimen contributivo, completando un periodo
consecutivo de cotización infiriéndose la estabilidad en la generación de
ingresos del cotizante para cubrir total o parcialmente la
subsistencia mínima del hogar; y el hecho victimizante ocurrió hace más
de 10 años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo
establecer que el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y
vulnerabilidad.
T-5660498
Teolinda Esther Moreno Orozco
Por decisión notificada mediante aviso el
día 13 de octubre del 2016, la entidad accionada reconoció y ordenó el pago a
favor de la accionante de la ayuda humanitaria en el componente de
alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la ayuda
humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que la accionante
cuenta con vivienda propia. Dentro del hogar se encontró niños menores de 5
años.
T-5660500
Luz Marina Rangel
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 1 de agosto del 2016, la entidad accionada decidió
suspender definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier
concepto, ya que se pudo establecer que no existen características que
inhabiliten al hogar para generar ingresos o adquirir capacidades para
hacerlo y adicionalmente porque el hecho victimizante ocurrió hace más de 10
años y de acuerdo a la medición de carencias realizada se pudo establecer que
el hogar no se encuentra en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
T-5694106
José Antonio Barón Reyes
Por decisión notificada mediante aviso el
día 10 de junio de 2016, la entidad accionada suspendió definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto dado que los
integrantes del hogar cuentan con fuentes o programas de generación de
ingresos y/o capacidades para generar ingresos que cubran, como mínimo, los
componentes de alojamiento temporal y alimentación.
T-5694107
Prudencia Torres Álvarez
Por decisión notificada mediante aviso el
día 7 de octubre de 2016, la entidad accionada suspendió definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto, ya que se pudo
establecer que no existen características que inhabiliten al hogar para
generar ingresos o adquirir capacidades para hacerlo.
T-5694110
Rosmiri Barrios Fuentes
Por decisión notificada mediante aviso el
día 11 de junio de 2016, la entidad accionada suspendió definitivamente la
entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto dado que el hecho
victimizante ocurrió hace más de 10 años y de acuerdo a la medición de
carencias realizada se pudo establecer que el hogar no se encuentra en
condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad. Adicionalmente dentro del
núcleo familiar hay un integrante con capacidad productiva que permite
cubrir las necesidades del hogar.
T-5714469
María Clemencia Ordoñez Singindioy
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 1 de junio de 2016, la entidad accionada suspendió
definitivamente la entrega de las ayudas humanitarias por cualquier concepto,
primero porque uno de los miembros del hogar adquirió un producto financiero
que permite inferir la capacidad de endeudamiento del grupo familiar. Segundo
por que la accionante cuenta con vivienda propia.
T-5714471
Ermila Ordoñez Martínez
Mediante decisión notificada personalmente a
la accionante el día 7 de julio de 2016, la entidad accionada reconoció y
ordenó el pago a favor de la accionante de la ayuda humanitaria en el
componente de alimentación y suspendió de manera definitiva la entrega de la
ayuda humanitaria en el componente alojamiento temporal dado que la
accionante cuenta con vivienda propia.
T-5714477
Oscar Agustín Chasoy Chasoy
Por decisión notificada mediante aviso el
día 5 de julio de 2016, la entidad accionada reconoció y ordenó el pago a
favor del accionante de la ayuda humanitaria de emergencia por encontrarse su
hogar en condiciones de extrema urgencia y vulnerabilidad.
III.
Anexo sobre contestación
de los fallos de tutela revisados
No. de expediente
Accionante
Cumplimiento del fallo
T-5655906
Jorge Rene Giraldo Giraldo
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante. No se allegó prueba de la radicación de la contestación.
T-5655907
Gladys Onaida Giraldo Ríos
El día 8 de marzo de 2016 la entidad
accionada dio contestación a la acción de tutela, solicitando se negaran las
pretensiones por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante,
en la cual se le informaba que ya se había realizado el proceso de
identificación de carencias y que se acerca a un punto de atención para
notificarse personalmente de la decisión tomada. Se anexo copia de la
planilla del envío de la respuesta brindada.
T-5655908
Danilo Antonio Galeano Galeano
El día 8 de marzo de 2016 la entidad
accionada dio contestación a la acción de tutela, solicitando se negaran las
pretensiones por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, en la cual se le informaba que ya se había realizado el proceso
de identificación de carencias y que se acerca a un punto de atención para
notificarse personalmente de la decisión tomada. Se anexo copia de la
planilla del envío de la respuesta brindada.
T-5655909
Leoncio Nicolás Álvarez Londoño
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante. No se allegó prueba de la radicación de la contestación.
T-5655914
Omar Enrique Cosme Garzón
El día 8 de marzo de 2016 la entidad
accionada dio contestación a la acción de tutela, solicitando se negaran las
pretensiones por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante.
T-5655946
María Leticia Gómez Ramírez
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo manifiesta que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias. No se allegó prueba de la radicación de la
contestación.
T-5655954
Luz Amparo Pineda Giraldo
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante,
así mismo manifiesta que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias. No se allegó prueba de la radicación de la
contestación.
T-5655961
Pedro Pablo Valencia Agudelo
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado ya que al accionante se le
había resuelto su petición. No se allegó prueba de la radicación de la
contestación.
T-5655962
Beatriz Elena Aristizabal Quincero
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo manifiesta que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias. No se allegó prueba de la radicación de la
contestación.
T-5655969
Héctor Alirio Hernández Gallego
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó se negaran las pretensiones por
configurarse un hecho superado, dado que ya se había resolvió la petición
presentada por el accionante, informándosele que se daría inicio al proceso
de identificación de carencias, para establecer la procedencia de las ayudas
humanitarias. Se anexo copia de la planilla del envío de la respuesta
brindada. No se allegó prueba de la radicación de la contestación.
T-5655974
Rosa Amelia Ramírez Jaramillo
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo manifiesta que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias. No se allegó prueba de la radicación de la
contestación.
T-5655989
María Lina Arenas de Gómez
La entidad accionada allegó copia de la
contestación a la tutela, donde solicitó la negación del amparo
constitucional por configurarse un hecho superado, anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo manifiesta que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias. No se allegó prueba de la radicación de la
contestación.
T-5694109
María Oliva Silva Carvajal
El día 15 de junio de 2016 la entidad
accionada dio contestación a la acción de tutela, solicitando se negaran las
pretensiones, dado que ya se había resolvió la petición presentada por la
accionante, informándosele que se daría inicio al proceso de identificación
de carencias, para establecer la procedencia de las ayudas humanitarias. Se
anexo copia de la planilla del envío de la respuesta brindada.
T-5696787
Deyanira Barrientos Velásquez
La accionada allegó copia de la contestación
a la tutela, donde solicitó la negación del amparo constitucional por
configurarse un hecho superado, anexando copia de la planilla del envió de la
respuesta a la petición presentada por la accionante. No es legible la fecha
en que se radicó la contestación.
IV.
Anexo sobre cumplimiento
de los fallos de tutela
No. de expediente
Accionante
Cumplimiento del fallo
T-5412662
Diana Marcela Alvarado Sambony
El 13 de noviembre de 2015 dio respuesta a
la petición presentado por la accionante, informándole que la ayuda
humanitaria en su componente de alimentación sería consignado dentro de los
15 días siguientes a su DaviPlata. Respecto de la generación de ingresos, le
informó sobre distintos programas ofrecidos por las autoridades del Estado
para ese propósito.
T-5435008
Mariana Seren Villarreal
Mediante oficio del 17 de septiembre de 2015
respondió la petición presentada por la accionante, informándole que había
sido incluida en el RUV por el hecho victimizante de amenazas y
desplazamiento forzado.
T-5435010
Doris Cecilia Bedoya Gómez
El 13 de noviembre de 2015 dio respuesta a
la petición presentada por la accionante, informándole que se había realizado
un giro a su nombre, el cual tuo una vigencia de 20 días. Le informó que en
caso de no haberlo reclamado debería utilizar cualquiera de los canales de
atención de la UARIV para estudiar la reprogramación del pago.
Respecto de la solicitud de reparación por
vía administrativa, se le informó que no había sido incluida en el RUV por
los hechos victimizantes de homicidio de Luz Mary Tuberquia Bedoya y Walter
Edilson Tuberquia Bedoya.
T-5694106
José Antonio Barón Reyes
El día 15 de junio de 2016 la entidad
accionada allegó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó oficio
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, informándosele que ya se había realizado el proceso de
identificación de carencias y que se acerca a un punto de atención para
notificarse personalmente de la decisión tomada.
T-5694107
Prudencia Torres Álvarez
El día 9 de junio de 2016 la entidad
accionada allegó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó oficio
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, en la cual se le informaba que se daría inicio al proceso de
identificación de carencias para establecer la procedencia de las ayudas
humanitarias.
T-5694108
Manuela Palacios Palacios
El día 22 de junio de 2016 la entidad accionada
allegó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, oficio manifestando
el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío
de la respuesta a la petición presentada por la accionante.
T-5694109
María Oliva Silva Carvajal
El día 24 de junio de 2016 la entidad
accionada allegó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó oficio
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante.
T-5694110
Rosmiri Barrios Fuentes
El día 24 de junio de 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante
en la cual le informan la suspensión definitiva de las ayudas humanitarias.
T-5714469
María Clemencia Ordoñez Singindioy
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mocoa, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante en la
cual se le informaba al accionante que los recursos se le serian cargados
dentro de los 15 días siguientes. No es legible la fecha en que se radicó el
oficio
T-5714472
Yanuri Patricia Mora Botina
El día 18 de septiembre de 2015 la entidad
accionada allegó al Juzgado Promiscuo del Familia de Circuito de Mocoa oficio
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante
en la cual se le informa que los recursos se le serian cargados dentro de los
15 días siguientes.
T-5714477
Oscar Agustín Chasoy Chasoy
El día 17 de marzo de 2015 la entidad
accionada allegó al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Mocoa oficio
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela, informándole al accionante
que se le había asignado turno el 11 de diciembre de 2014 y que el giro
estaría disponible aproximadamente dentro de los 5 meses siguientes. Así
mismo anexando copia de la planilla del envío de la respuesta a la petición
presentada por la accionante.
T-5655910
Jesús Antonio García Giraldo
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante en la cual
se le informaba que se le había otorgado un giro.
T-5655912
Evelio de Jesús Cárdenas Quiceno
El día 8 de marzo de 2016 la entidad
accionada allegó al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia
oficio manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de
la planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante en la cual se le informa que los recursos se le serian cargados
dentro de los 8 días siguientes.
T-5655914
Omar Enrique Cosme Garzón
No hay prueba alguna sobre el cumplimiento
del fallo.
T-5655916
Juan Diego Hernández Mejía
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655918
Bertha Oliva Hoyos Pérez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia donde expone
el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de
la respuesta a la petición presentada por la accionante en la cual se le
informa que los recursos se le serian cargados dentro de los 8 días
siguientes.
T-5655919
Celsa Julia Giraldo de Quinchia
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante en la cual
se le informa que el hogar se encontraba en extrema urgencia y vulnerabilidad
manifiesta en el componente alimentación.
T-5655944
Teresa de Jesús Marín Puerta
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante en la cual
se le informa que los recursos se le serian cargados dentro de los 8 días
siguientes.
T-5655947
Dubian Fredy Aristizabal Giraldo
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655948
María Emilcen Quiceno López
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante en la cual
se le informa que los recursos se le serian cargados dentro de los 8 días
siguientes.
T-5655949
Luis Fernando Marín Giraldo
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde expone
el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de
la respuesta a la petición presentada por el accionante, así mismo  que ya se
había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655950
Farid Lozano García
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655951
María del Socorro Ruiz Villegas
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655952
Myriam Andrea Vergara García
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655953
Eider Orlando Cardona Castaño
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655955
Juan Felipe Gómez Ciro
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655956
Francisco López Ramírez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
expone el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante,
informándosele que ya se había realizado el proceso de identificación de
carencias y que le sería notificada la decisión tomada.
T-5655963
Wilson Alberto Henao Suaza
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante en la
cual se le informa que no es posible acceder a la petición por que las ayudas
humanitarias se entregan cada 3 meses y aún no había trascurrido dicho lapso
desde la última entrega.
T-5655964
Flor María Gallego Ramírez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655965
María Luzdari López Quinceno
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante en la
cual se le informa que se suspenden definitivamente las ayudas humanitarias.
T-5655966
Javier de Jesús Zuluaga Suarez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655967
Luis Argiro Naranjo Villegas
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655968
Luz Marina Giraldo
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655970
Aura Stella Gómez García
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655971
Raimundo Antonio Vásquez Aristizabal
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655972
María de Jesús Ocampo de López
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del
envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así mismo
que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias
T-5655973
Efraín de Jesús Vásquez Gómez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655975
Francisco Antonio Salazar Jiménez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo  que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias
T-5655976
María Fanny Gómez López
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655977
Carlos Antonio Quintero Giraldo
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655980
Humberto de Jesús Naranjo Gallego
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655981
Luz Mary Salazar Giraldo
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655984
Juana Cecilia Soto Montoya
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655986
Félix Antonio Pamplona Peláez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655987
Luz Mary Quintero Toro
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias
para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5655988
Luz Helena Duque Gómez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655990
Beiba Nubia Vásquez Cuervo
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5655992
Fabián de Jesús Jaramillo Gómez
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Penal del Circuito de El Santuario–Antioquia, donde
manifiesta el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5660421
Rosario Esther Díaz Pacheco
La entidad accionada allegó copia del oficio
dirigido al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, donde manifiesta
el cumplimiento del fallo de tutela y anexa copia de la planilla del envío de
la respuesta a la petición presentada por la accionante, así mismo que ya se
había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5660422
Omar de Jesús Graciano Giraldo
El día 27 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el accionante
en la cual le informan que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660423
José Alcides Berrio
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el
accionante, en la cual le informan que ya se había dado iniciado al proceso
de identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega
de las ayudas humanitarias.
T-5660424
Luz Darys Correa Córdoba
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660425
Jenny Katherine Quintero Valencia
El día 3 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660426
Julio Heriberto Pérez Duarte
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660427
Domitila Jiménez Anaya
El día 3 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660428
Manuel Pico Martínez
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660430
Casilda María Cuadrado Morelo
El día 4 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla
del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así
mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5660431
Yolanda María López Morales
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660432
Rosalba Vivas Mena
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660433
Nora Irma Graciano
El día 3 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660434
Nicolaza Cuesta Mercado
El día 4 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660435
Martha Córdoba Roa
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660436
Ana Paola Guzmán Jaramillo
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante,
así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
T-5660437
Yesica Palacio Cuesta
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660438
Deny Luz Mora Montalvo
El día 14 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, manifestando
el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la planilla del envío
de la respuesta a la petición presentada por la accionante, así mismo que ya
se había dado iniciado al proceso de identificación de carencias  para
establecer la procedencia de la entrega de las ayudas humanitarias.
T-5660439
Luz Diony Usuga García
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660440
Yudiela Rentería Vertel
El día 25 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660494
Aicardo Leal
El día 3 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660495
Wilfrido Montalvo Gulfo
El día 3 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660496
Orlando José León Mendoza
El día 27 de abril del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por el
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660498
Teolinda Esther Moreno Orozco
El día 3 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la
accionante, así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de
identificación de carencias  para establecer la procedencia de la entrega de
las ayudas humanitarias.
T-5660500
Luz Marina Rangel
El día 3 de mayo del 2016 la entidad
accionada allegó oficio al Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó,
manifestando el cumplimiento del fallo de tutela y anexando copia de la
planilla del envío de la respuesta a la petición presentada por la accionante,
así mismo que ya se había dado iniciado al proceso de identificación de
carencias  para establecer la procedencia de la entrega de las ayudas
humanitarias.
[1] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5435009, T-5515341,
T-5515353 y T-5660437.
[2] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T–5412662, T-5515345,
T-5515349, T-5515350, T-5515351, T-5515354, T-5515355, T-5515356, T-5515371,
T-5655906, T-5655907, T-5655908, T-5655909, T-5655910, T-5655912, T-5655914,
T-5655916, T-5655918, T-5655919, T-5655944, T-5655946, T-5655948, T-5655961,
T-5655962, T-5655965, T-5655966, T-5655967, T-5655968, T-5655969, T-5655970,
T-5655971, T-5655973, T-5655975, T-5655976, T-5655977, T-5655980, T-5655986,
T-5655987, T-5655988, T-5655989, T-5655990, T-5660422, T-5660432, T-5660434,
T-5660436, T-5660440, T-5660495, T-5660496, T-5694108, T-5694110, T-5714469,
T-5714471, T-5714472 y  T-5714477.
[3] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5435002, T-5435008,
T-5435010 y T-5515362.
[4] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5515348, T-5551124,
T-5660435 y T-5694109.
[5] Una acción de tutela plantea esta situación:
la identificada con el número de expediente T-5696787.
[6] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5515360, T-5515363,
T-5515365, T-5515366, T-5515373, T-5515378, T-5515380, T-5531875, T-5655947,
T-5655949, T-5655963, T-5655964, T-5655972, T-5655974, T-5655981, T-5655984,
T-5655992, T-5660421, T-5660430, T-5660433, T-5660438 y T-5660439.
[7] Una acción de tutela plantea esta situación: la identificada con el
número de expediente T-5515368.
[8] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5435001, T-5435003,
T-5435005, T-5435007, T-5515342, T-5515344, T-5515346, T-5515347, T-5515357,
T-5515358, T-5515359, T-5515364, T-5515369, T-5515379, T-5530203, T-5655950,
T-5655951, T-5655952, T-5655953, T-5655954, T-5655955, T-5655956, T-5660423,
T-5660424, T-5660425, T-5660426, T-5660428, T-5660431, T-5660494, T-5660498,
T-5694106 y T-5694107.
[9] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5435004, T-5515352,
T-5515367, T-5515377 y T-5660427.
[10] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5435006 y T-5515370.
[11] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5515343, T-5515361,
T-5533885 y T-5660500.
[12] Este último fue reiterado mediante auto del 13 de diciembre de 2016.
[13] Cuaderno de pruebas, fls. 33 a 63.
[14] Cuaderno de pruebas, fls. 82 a 87.
[15] Cuaderno de pruebas, fls. 100 a 104 y 107 a 111.
[16] Cuaderno de pruebas, fls. 114 y 115.
[17] Cuaderno de pruebas, fls. 129 a 140.
[18] Cuaderno principal, fls. 33 a 64.
[19] Cuaderno principal, fl. 35.
[20] Cuaderno principal, fl. 35.
[21] Cuaderno principal, fl. 37.
[22] Cuaderno principal, fl. 101.
[23] Ibíd.
[24] Ibíd.
[25] Ibíd.
[26] Cuaderno principal, fl. 83.
[27] Cuaderno principal, fl. 83
[28] Cuaderno principal, fl. 137.
[29] Cuaderno principal, fl. 79.
[30] Corte Constitucional, sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15 y
T-548/15 y T-317/15.
[31] Acerca del
perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos
requisitos para que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que
se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser
urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y
finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.”:
Corte Constitucional, sentencia
T-896/07, entre otras.
[32] Corte Constitucional, sentencia T-176/11.
[33] Los casos en los que la acción de tutela
fue presentada mediante apoderado judicial corresponden a los siguientes
números de expediente: T-5435001, T-5515365, T-5515373, T-5655906, T-5655907,
T-5655908, T-5655909, T-5655910, T-5655944, T-5655946 y T-5655980.
[34] Se trata del caso identificado con el número de expediente T-5435001.
[35] Las acciones de tutela que se dirigen contra la UARIV y contra el ICBF
son las identificadas con el siguiente número de expediente: T-5515354,
T-5515369, T-5660422 y T-5660426.
[36] Corte Constitucional, sentencia C-543/92.
[37] Ver, sentencia SU-961 de 1999.
[38] Ver, sentencia T-246 de 2015.
[39] Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016.
[40] Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006.
[41] Corte Constitucional, sentencia T-1110 de 2005.
[42] Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2015.
[43] Corte Constitucional, sentencia T-594 de 2008.
[44] Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
[45] En el caso planteado por el expediente de radicado T-5515343, la
solicitud a la UARIV fue formulada el 7 de marzo de 2016 y la acción de tutela
se interpuso el 14 de ese mismo mes y año; en el caso planteado por el
expediente de radicado T-5515361, la solicitud a la UARIV data del 16 de enero
de 2016 y la acción se interpuso el 2 de marzo de ese año; y en el caso planteado
por el expediente de radicado 5660500, la solicitud se presentó a la UARIV el 4
de marzo de 2016 y la acción de tutela se interpuso el 4 de abril de 2016.
[46] Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias T-064 de 2014 (en
la que, respecto de dos casos –los planteados en los expedientes T-4055677 y
T-4060636–, la Corte consideró razonable el término de 5 meses para presentar
la acción de tutela) y T-157 de 2015 (en el que los accionantes plantearon su
reclamación 17 días después de que la UARIV diera respuesta a la solicitud de
prórroga de la ayuda humanitaria).
[47] Corte Constitucional, sentencia T-333/14.
[48] Corte Constitucional, sentencia T-211/09.
[49] Corte Constitucional, sentencias T-188/07, T-462/12 y T-364/15.
[50] Corte Constitucional, sentencia T-025/04.
[51] Lo que sigue se basa principalmente en el Anexo III del Auto 099/13.
[52] Ruth Abril Stoffels, “La regulación jurídica de la asistencia
humanitaria en los conflictos armados: logros y lagunas”, en Revista
Internacional de la Cruz Roja, 2004, Vol. 86 No 855, pp. 5 a 7.
[53] Artículos 23, 38 y 39 del Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de
1944, relative a la protección debida a las personas civiles en tiempo de
guerra.
[54] Sección II del Título IV.
[55] Corte Constitucional, auto 099/13.
[56] En el mismo sentido, ver Corte Constitucional, sentencia C-255/03.
[57] Artículo 17 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de
1949.
[58] Artículo 18 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
[59] En el mismo sentido, ver Corte Constitucional, auto 099 de 2012.
[60] Sostiene el inciso 1 de esta norma: “La persona víctima de
desplazamiento forzado deberá rendir declaración ante cualquiera de las
instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los dos (2) años
siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre
y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1º de enero de 1985, y no
se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada”.
[61] Corte Constitucional, sentencia C-228/02. Esta decisión inaugura la
línea jurisprudencia en materia de reconocimiento de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación. Reiterada, entre muchas otras, en: Corte
Constitucional, sentencia C-370/06 y C-579/13.
[62] Corte Constitucional, sentencia C-228/02
[63] Corte Constitucional, sentencia C-344/17.
[64] En este sentido, en la citada sentencia C-344/17 de la Corte
Constitucional, se afirmó que: “desde el punto de vista constitucional, en
lo relativo a los derechos de las víctimas, se supera la visión clásica de la
reparación integral, entendida desde el derecho de las obligaciones como el
reconocimiento de equivalentes pecuniarios al perjuicio causado,, cuyo patrón
para determinar dichos montos es el daño mismo”.
[65] Corte Constitucional, sentencia C-818/11.
[66] Corte Constitucional, sentencia T-377/08.
[67] Corte Constitucional, sentencia C-818/11.
[68] Corte Constitucional, sentencia T-501/09.
[69] Corte Constitucional, sentencia T-690A/2009. Sostuvo en esta ocasión
la Corte: “La atención humanitaria constituye una obligación que debe ser
prestada de manera inmediata por parte de la autoridad encargada de
suministrarla y, por lo tanto, su trámite y entrega constituyen una labor de
carácter urgente. Esto se explica por cuanto la atención humanitaria contiene
bienes y servicios que son apremiantes y esenciales para la supervivencia de la
población desplazada en el corto plazo”.
[70] Corte Constitucional, sentencia T-839/06.
[71] Corte Constitucional, sentencia T-630/09.
[72] Corte Constitucional, sentencia T-496/07.
[73] Corte Constitucional, sentencia T-745/06.
[74] Corte Constitucional, auto 206/17.
[75] Corte Constitucional, sentencia T-1234 de 2008, reiterada por el auto
206/17.
[76] “Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y
se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa”: Decreto 2591 de 1991.
[77] Ver sentencias T-153 de 1998 y T-025 de 2004.
[78] Ver sentencias SU-559 de 1997, T-068 de 1998
y T-025 de 2004.
[79] Ver sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998.
[80] Ver sentencia T-153 de 1998.
[81] El auto de pruebas del 4 de mayo de 2016 fue
contestado por la UARIV mediante oficio del 26 de mayo de 2016; el auto de
pruebas del 23 de junio fue contestado por la UARIV mediante oficio del 22 de
julio de 2016; el auto de pruebas del 9 de septiembre de 2016 fue contestado
por la UARIV mediante oficio del 25 de noviembre de 2016; y el auto de pruebas
del 5 de octubre de 2016, reiterado mediante el auto del 13 de diciembre de ese
mismo año, fue contestado por la UARIV mediante oficios enviados el 25 de
noviembre de 2016, el 6 de diciembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017.
[82] Ejemplos de casos en los que se invocó este argumento son los
identificados con los siguientes números de referencia: T-5515343, T-5515361,
T-5533885 y T-5660500 (ver supra, numeral 3). También este argumento fue invocado en las
contestaciones a las peticiones formuladas por quienes actuaron como
accionantes en las acciones de tutela con los siguientes números de referencia:
T-5655909 (ver infra, numeral 137), T-5655910 (ver infra, numeral 138), T-5655914 (ver supra, numeral 140) y T-5655946 (ver infra, numeral 145). En estos últimos casos, si bien no es el
único argumento que se invoca para fundamentar la decisión de la suspensión
definitiva de la ayuda humanitaria, en todo casi sí es invocado para respaldar
esa decisión.
[83] Corte Constitucional, sentencia C-287/07.
[84] En este sentido, resulta ilustrativa la posición adoptada por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Apartadó, quien resolvió sesenta y ocho
de los ciento treinta y tres casos estudiados en la presente providencia. En
todo sus fallos, el Juez Primero Penal del Circuito de Apartadó consideró que,
por la condición de persona en situación de desplazamiento de la o el
accionante, existía una “flagrante e innegable vulneración” de sus
derechos fundamentales, por lo cual consideró que procedía “de plano” la
acción de tutela (ver infra, Anexo I).
[85] Corte Constitucional, sentencias T-498/00 y T-131/07.
[86] Corte Constitucional, sentencia T-025/04.
[87] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5412662, T-5435002,
T-5435008, T-5435009, T-5435010, T-5515341, T-5515345, T-5515348, T-5515349,
T-5515350, T-5515351, T-5515353, T-5515354, T-5515355, T-5515356, T-5515360,
T-5515362, T-5515363, T-5515365, T-5515366, T-5515368, T-5515371, T-5515373,
T-5531875, T-5515378, T-5515380, T-5551124, T-5655906, T-5655907, T-5655908,
T-5655909, T-5655910, T-5655912, T-5655914, T-5655916, T-5655918, T-5655919,
T-5655944, T-5655946, T-5655947, T-5655948, T-5655949, T-5655961, T-5655962, T-5655963,
T-5655964, T-5655965, T-5655966, T-5655967, T-5655968, T-5655969, T-5655970,
T-5655971, T-5655972, T-5655973, T-5655974, T-5655975, T-5655976, T-5655977,
T-5655980, T-5655981, T-5655984, T-5655986, T-5655987, T-5655988, T-5655989,
T-5655990, T-5655992, T-5660421, T-5660422, T-5660430, T-5660432, T-5660433,
T-5660434, T-5660435, T-5660436, T-5660437, T-5660438, T-5660439, T-5660440,
T-5660495, T-5660496, T-5694108, T-5694109, T-5694110, T-5696787, T-5714469,
T-5714471, T-5714472 y T-5714477.
[88] En
distintos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha explicado que la
carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando desaparece la afectación
al derecho fundamental invocado. Así, en una de las primeras sentencias de esta
Corte, la T-570 de 1992, se señaló que cuando la perturbación que dio origen a
la acción desaparece o es superada el peticionario carece de interés jurídico
ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá
de declararse la carencia actual de objeto por hecho superado.
[89] Se trata de las acciones de tutela con los siguientes números de
referencia: T-5435001, T-5435003, T-5435004, T-5435005, T-5435006 T-5435007,
T-5515342, T-5515344, T-5515346, T-5515347, T-5515352, T-5515357, T-5515358,
T-5515359, T-5515364, T-5515367, T-5515369, T-5515370, T-5515377, T-5515379,
T-5530203, T-5655950, T-5655951, T-5655952, T-5655953, T-5655954, T-5655955,
T-5655956, T-5660423, T-5660424, T-5660425, T-5660426, T-5660427, T-5660428,
T-5660431, T-5660494, T-5660498, T-5694106 y T-5694107.
[90] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5515343, T-5515361,
T-5533885 y T-5660500.
[91] Cuaderno principal, f. 6.
[92] Cuaderno principal, f. 11.
[93] Cuaderno principal, fs. 1 y 11.
[94] Cuaderno principal, f. 11.
[95] Cuaderno principal, f. 5.
[96] Cuaderno principal, f. 11.
[97] Cuaderno principal, f. 8.
[98] Cuaderno principal, f. 9.
[99] Cuaderno principal, f. 1.
[100] Cuaderno principal, f. 2.
[101] Cuaderno principal, f. 2.
[102] Cuaderno principal, fs. 6 y 7.
[103] Cuaderno principal, f. 12.
[104] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[105] Cuaderno principal, f. 5.
[106] Cuaderno principal, f. 4.
[107] Cuaderno principal, f. 8.
[108] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[109] Cuaderno principal, f. 8.
[110] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[111] Cuaderno principal, f. 5.
[112] Cuaderno principal, f. 9.
[113] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[114] Cuaderno principal, f. 4.
[115] Cuaderno principal, f. 8.
[116] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[117] Cuaderno principal, f. 7.
[118] Cuaderno principal, f. 10.
[119] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[120] Cuaderno principal, f. 8.
[121] Cuaderno principal, fs. 6 y 7.
[122] Cuaderno principal, f. 11.
[123] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[124] Cuaderno principal, f. 5.
[125] Cuaderno principal, f. 6.
[126] Cuaderno principal, f. 8.
[127] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[128] Consta en el expediente un poder otorgado a mano y sin autenticar para
la interposición de la acción de tutela.
[129] Cuaderno principal, f. 10.
[130] Cuaderno principal, fs. 8 y 9.
[131] Cuaderno principal, f. 14.
[132] Cuaderno principal, f. 14 revés.
[133] Cuaderno principal, f. 4.
[134] Cuaderno principal, f. 3.
[135] Cuaderno principal, f. 7.
[136] Cuaderno principal, f. 7 revés.
[137] Cuaderno principal, f. 7.
[138] Cuaderno principal, f. 10.
[139] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[140] Cuaderno principal, f. 5.
[141] Cuaderno principal, f. 11.
[142] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[143] Cuaderno principal, f. 6.
[144] Cuaderno principal, f. 5.
[145] Cuaderno principal, f. 9.
[146] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[147] Cuaderno principal, f. 5.
[148] Cuaderno principal, f. 9.
[149] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[150] Cuaderno principal, f. 11.
[151] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[152] Cuaderno principal, f. 1.
[153] Cuaderno principal, f. 6
[154] Cuaderno principal, f. 7.
[155] Cuaderno principal, f. 11.
[156] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[157] Cuaderno principal, f. 8.
[158] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[159] Cuaderno principal, f. 5.
[160] Cuaderno principal, f. 6.
[161] Cuaderno principal, f. 6.
[162] Cuaderno principal, f. 9.
[163] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[164] Cuaderno principal, f. 5.
[165] Cuaderno principal, f. 9.
[166] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[167] Cuaderno principal, f. 8.
[168] Cuaderno principal, f. 6.
[169] Cuaderno principal, f. 7.
[170] Cuaderno principal, f. 13.
[171] Cuaderno principal, f. 13 revés.
[172] Cuaderno principal, f. 8.
[173] Cuaderno principal, f. 6.
[174] Cuaderno principal, f. 7.
[175] Cuaderno principal, f. 11.
[176] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[177] Cuaderno principal, f. 8.
[178] Cuaderno principal, f. 11.
[179] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[180] Cuaderno principal, f. 5.
[181] Cuaderno principal, f. 2.
[182] Cuaderno principal, f. 9.
[183] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[184] Cuaderno principal, f. 5.
[185] Cuaderno principal, f. 8.
[186] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[187] Cuaderno principal, f. 5.
[188] Cuaderno principal, f. 10.
[189] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[190] Cuaderno principal, f. 7.
[191] Cuaderno principal, f. 12.
[192] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[193] Cuaderno principal, f. 1.
[194] Cuaderno principal, f. 8.
[195] Cuaderno principal, f. 1.
[196] Cuaderno principal, f. 1.
[197] Cuaderno principal, f. 2.
[198] Cuaderno principal, f. 4.
[199] Cuaderno principal, f. 11
[200] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[201] Cuaderno principal, f. 1.
[202] Cuaderno principal, f. 8.
[203] Cuaderno principal, f. 1.
[204] Cuaderno principal, f. 7.
[205] Cuaderno principal, f. 4.
[206] Cuaderno principal, f. 11.
[207] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[208] Cuaderno principal, f. 8.
[209] Cuaderno principal, f. 6
[210] Cuaderno principal, f. 7.
[211] Cuaderno principal, f. 13.
[212] Cuaderno principal, f. 13 revés.
[213] Cuaderno principal, f. 4.
[214] Cuaderno principal, f. 7.
[215] Cuaderno principal, f. 7 revés.
[216] Cuaderno principal, f. 6.
[217] Cuaderno principal, fs.1
[218] Cuaderno principal, fs.5.
[219] Cuaderno principal, f. 9.
[220] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[221] Cuaderno principal, f. 7.
[222] Cuaderno principal, f. 6.
[223] Cuaderno principal, f. 10.
[224] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[225] Cuaderno principal, f. 6.
[226] Cuaderno principal, f. 14.
[227] Cuaderno principal, f. 14 revés.
[228] Cuaderno principal, f. 7.
[229] Cuaderno principal, f. 6.
[230] Cuaderno principal, f. 10.
[231] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[232] Cuaderno principal, f. 6.
[233] Cuaderno principal, f. 12.
[234] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[235] Cuaderno principal, f. 7.
[236] Cuaderno principal, f. 21.
[237] Cuaderno principal, f. 21 revés.
[238] Cuaderno principal, f. 7.
[239] Cuaderno principal, f. 2.
[240] Cuaderno principal, f. 10.
[241] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[242] Cuaderno principal, f. 7.
[243] Cuaderno principal, f. 1.
[244] Cuaderno principal, f. 3.
[245] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[246] Cuaderno principal, f. 3.
[247] Cuaderno principal, f. 1.
[248] Cuaderno principal, f. 6 revés.
[249] Cuaderno principal, f. 6 revés.
[250] Cuaderno principal, f. 5.
[251] Cuaderno principal, f. 8.
[252] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[253] Cuaderno principal, f. 6.
[254] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[255] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[256] Cuaderno principal, f. 4.
[257] Cuaderno principal, f. 7.
[258] Cuaderno principal, f. 12.
[259] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[260] Cuaderno principal, f. 8.
[261] Cuaderno principal, f. 6
[262] Cuaderno principal, f. 7.
[263] Cuaderno principal, f. 12.
[264] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[265] Cuaderno principal, f. 4.
[266] Cuaderno principal, f. 7.
[267] Cuaderno principal, f. 7 revés.
[268] Cuaderno principal, f. 8.
[269] Cuaderno principal, f. 2.
[270] Cuaderno principal, f. 6.
[271] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[272] Cuaderno principal, f. 121revés.
[273] Cuaderno principal, f. 4.
[274] Cuaderno principal, f. 7.
[275] Cuaderno principal, f. 7 revés.
[276] Cuaderno principal, f. 2.
[277] Cuaderno principal, f. 13 revés.
[278] Cuaderno principal, f. 13 revés.
[279] Cuaderno principal, f. 1.
[280] Cuaderno principal, f. 7.
[281] Cuaderno principal, f. 2.
[282] Cuaderno principal, f. 1.
[283] Cuaderno principal, f. 7.
[284] Cuaderno principal, f. 2.
[285] Cuaderno principal, f. 5.
[286] Cuaderno principal, f. 12.
[287] Cuaderno principal, f. 13.
[288] Cuaderno principal, f. 13 revés.
[289] Cuaderno principal, f. 1.
[290] Cuaderno principal, f. 6.
[291] Cuaderno principal, f. 3.
[292] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[293] Cuaderno principal, f. 4.
[294] Cuaderno principal, f. 6.
[295] Cuaderno principal, f. 5.
[296] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[297] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[298] Cuaderno principal, f. 6.
[299] Cuaderno principal, f. 7.
[300] Cuaderno principal, f. 5.
[301] Cuaderno principal, f. 15 revés.
[302] Cuaderno principal, f. 16 revés.
[303] Cuaderno principal, f. 4.
[304] Cuaderno principal, f. 6.
[305] Cuaderno principal, f. 5.
[306] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[307] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[308] Cuaderno principal, f. 4.
[309] Cuaderno principal, f. 5.
[310] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[311] Cuaderno principal, f. 13 revés.
[312] Cuaderno principal, f. 5.
[313] Cuaderno principal, f. 6.
[314] Cuaderno principal, f. 4.
[315] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[316] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[317] Cuaderno principal, f. 6.
[318] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[319] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[320] Cuaderno principal, f. 4.
[321] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[322] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[323] Cuaderno principal, f. 4.
[324] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[325] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[326] Cuaderno principal, f. 4.
[327] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[328] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[329] Cuaderno principal, f. 4.
[330] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[331] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[332] Cuaderno principal, f. 4.
[333] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[334] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[335] Cuaderno principal, f. 4.
[336] Cuaderno principal, f. 3.
[337] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[338] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[339] Cuaderno principal, f. 3.
[340] Cuaderno principal, f. 11.
[341] Cuaderno principal, f. 12.
[342] Cuaderno principal, f. 5.
[343] Cuaderno principal, f. 15 revés.
[344] Cuaderno principal, f. 3.
[345] Cuaderno principal, f. 11.
[346] Cuaderno principal, f. 12.
[347] Cuaderno principal, f. 3.
[348] Cuaderno principal, f. 2.
[349] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[350] Cuaderno principal, f. 4.
[351] Cuaderno principal, f. 2.
[352] Cuaderno principal, f. 13.
[353] Cuaderno principal, f. 6.
[354] Cuaderno principal, f. 4.
[355] Cuaderno principal, f. 17 revés.
[356] Cuaderno principal, f. 4.
[357] Cuaderno principal, f. 2.
[358] Cuaderno principal, f. 11.
[359] Cuaderno principal, f. 4.
[360] Cuaderno principal, f. 2.
[361] Cuaderno principal, f. 11.
[362] Cuaderno principal, f. 4.
[363] Cuaderno principal, f. 2.
[364] Cuaderno principal, f. 13.
[365] Cuaderno principal, f. 6.
[366] Cuaderno principal, f. 4.
[367] Cuaderno principal, f. 14 revés.
[368] Cuaderno principal, f. 5.
[369] Cuaderno principal, f. 2.
[370] Cuaderno principal, f. 13.
[371] Cuaderno principal, f. 6.
[372] Cuaderno principal, f. 4.
[373] Cuaderno principal, f. 15 revés.
[374] Cuaderno principal, f.5.
[375] Cuaderno principal, f.2.
[376] Cuaderno principal, f. 12.
[377] Cuaderno principal, f.5.
[378] Cuaderno principal, f.1 revés.
[379] Cuaderno principal, f. 16 revés.
[380] Cuaderno principal, f.6.
[381] Cuaderno principal, f.4.
[382] Cuaderno principal, f. 18 revés.
[383] Cuaderno principal, f.6.
[384] Cuaderno principal, f. 2.
[385] Cuaderno principal, f.12.
[386] Cuaderno principal, f.5.
[387] Cuaderno principal, f.2.
[388] Cuaderno principal, f.12.
[389] Cuaderno principal, f. 6.
[390] Cuaderno principal, f. 4.
[391] Cuaderno principal, f.15.
[392] Cuaderno principal, f.5.
[393] Cuaderno principal, f.2.
[394] Cuaderno principal, f.12.
[395] Cuaderno principal, f.8.
[396] Cuaderno principal, f.5.
[397] Cuaderno principal, f.17.
[398] Cuaderno principal, f.8.
[399] Cuaderno principal, f.2.
[400] Cuaderno principal, f.12.
[401] Cuaderno principal, f.9.
[402] Cuaderno principal, f. 6.
[403] Cuaderno principal, f.22 revés.
[404] Cuaderno principal, f.5.
[405] Cuaderno principal, f. 2.
[406] Cuaderno principal, f.12.
[407] Cuaderno principal, f.4.
[408] Cuaderno principal, f. 13.
[409] Cuaderno principal, f.16 revés.
[410] Cuaderno principal, f.5.
[411] Cuaderno principal, f. 2.
[412] Cuaderno principal, f.18.
[413] Cuaderno principal, f.8.
[414] Cuaderno principal, f. 5.
[415] Cuaderno principal, f.18 revés.
[416] Cuaderno principal, f.5.
[417] Cuaderno principal, f. 2.
[418] Cuaderno principal, f.12.
[419] Cuaderno principal, f. 6.
[420] Cuaderno principal, f. 8.
[421] Cuaderno principal, f. 5.
[422] Cuaderno principal, f. 17 revés.
[423] Cuaderno principal, f. 18 revés.
[424] Cuaderno principal, f. 19.
[425] Cuaderno principal, f.10.
[426] Cuaderno principal, f.21.
[427] Cuaderno principal, f. 3.
[428] Cuaderno principal, f.7.
[429] Cuaderno principal, f. 2.
[430] Cuaderno principal, f.16 revés.
[431] Cuaderno principal, f. 1.
[432] Cuaderno principal, f.  4.
[433] Cuaderno principal, f.  2.
[434] Cuaderno principal, f.12.
[435] Cuaderno principal, f.1.
[436] Cuaderno principal, f.4.
[437] Cuaderno principal, f.2.
[438] Cuaderno principal, f.11.
[439] Cuaderno principal, f. 2.
[440] Cuaderno principal, f.4.
[441] Cuaderno principal, f.2.
[442] Cuaderno principal, f.12 revés.
[443] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[444] Cuaderno principal, f.4.
[445] Cuaderno principal, f.2.
[446] Cuaderno principal, f.12 revés.
[447] Cuaderno principal, f.4.
[448] Cuaderno principal, f.2.
[449] Cuaderno principal, f.16 revés.
[450] Cuaderno principal, f.4.
[451] Cuaderno principal, f.2.
[452] Cuaderno principal, f.11 revés.
[453] Cuaderno principal, f. 5.
[454] Cuaderno principal, f. 1.
[455] Cuaderno principal, f. 8.
[456] Cuaderno principal, f. 8 revés.
[457] Cuaderno principal, f. 11.
[458] Cuaderno principal, f. 11.
[459] Cuaderno principal, f. 7.
[460] Cuaderno principal, f. 1.
[461] Cuaderno principal, fs. 5 y 6.
[462] Cuaderno principal, f. 10.
[463] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[464] Cuaderno principal, f. 14.
[465] Cuaderno principal, f. 14.
[466] Cuaderno principal, f. 5.
[467] Cuaderno principal, f. 2.
[468] Cuaderno principal, f. 9.
[469] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[470] Cuaderno principal, fs. 2 y 3.
[471] Cuaderno principal, f. 11.
[472] Cuaderno principal, f. 11.
[473] Cuaderno principal, f.12.
[474] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[475] Cuaderno principal, f. 1
[476] Cuaderno principal, f.12.
[477] Cuaderno principal, f. 12.
[478] Cuaderno principal, f 1.
[479] Cuaderno principal, f.12.
[480] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[481] Cuanderno principal, f. 1.
[482] Cuaderno principal, f.12.
[483] Cuaderno principal, f. 12.
[484] Cuaderno principal, f. 1.
[485] Cuaderno principal, f. 9.
[486] Cuaderno principal, f. 8.
[487] Cuaderno principal, f. 15.
[488] Cuaderno principal, f. 15 revés.
[489] Cuaderno principal, f. 4.
[490] Cuaderno principal, f. 3.
[491] Cuaderno principal, f. 7.
[492] Cuaderno principal, f. 7 revés.
[493] Cuaderno principal, f. 3.
[494] Cuaderno principal, f. 8.
[495] Cuaderno principal, f. 5.
[496] Cuaderno principal, f. 11.
[497] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[498] Cuaderno principal, f. 5.
[499] Cuaderno principal, f. 9.
[500] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[501] Cuaderno principal, f. 9.
[502] Cuaderno principal, f. 12.
[503] Cuaderno principal, f. 12  revés.
[504] Cuaderno principal, f. 4.
[505] Cuaderno principal, f. 1.
[506] Cuaderno principal, f. 7.
[507] Cuaderno principal, f. 7 revés.
[508] Cuaderno principal, f. 4
[509] Cuaderno principal, f. 7.
[510] Cuaderno principal, f. 7 revés.
[511] Cuaderno principal, f. 6.
[512] Cuaderno principal, f. 1.
[513] Cuaderno principal, f. 5.
[514] Cuaderno principal, f. 9.
[515] Cuaderno principal, f. 9 revés.
[516] Cuaderno principal, f. 8.
[517] Cuaderno principal, f. 11.
[518] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[519] Cuaderno principal, f. 9.
[520] Cuaderno principal, f. 12.
[521] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[522] Cuaderno principal, f. 8.
[523] Cuaderno principal, f. 6 y 7.
[524] Cuaderno principal, f. 14.
[525] Cuaderno principal, f. 14 revés.
[526] Cuaderno principal, f. 8.
[527] Cuaderno principal, fs. 8 y 9.
[528] Cuaderno principal, f. 11.
[529] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[530] Cuaderno principal, f. 9.
[531] Cuaderno principal, f. 8.
[532] Cuaderno principal, f. 12.
[533] Cuaderno principal, f. 12 revés.
[534] Cuaderno principal, f. 8.
[535] Cuaderno principal, f. 2.
[536] Cuaderno principal, f. 11.
[537] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[538] Cuaderno principal, f. 10.
[539] Cuaderno principal, fs. 1 y 11.
[540] Cuaderno principal, f. 1.
[541] Cuaderno principal, f. 5.
[542] Cuaderno principal, f. 13.
[543] Cuaderno principal, f. 13 revés.
[544] Cuaderno principal, f. 8.
[545] Cuaderno principal, f. 11.
[546] Cuaderno principal, f. 11 revés.
[547] Cuaderno principal, f. 6.
[548] Cuaderno principal, f. 1.
[549] Cuaderno principal, f. 1.
[550] Cuaderno principal, f. 10.
[551] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[552] Cuaderno principal, f. 12.
[553] Cuaderno principal, f. 15.
[554] Cuaderno principal, f. 15 revés.
[555] Cuaderno principal, f. 6.
[556] Cuaderno principal, f. 10.
[557] Cuaderno principal, f. 10 revés.
[558] Cuaderno principal, f. 11.
[559] Cuaderno principal, f. 10.
[560] Cuaderno principal, f. 6.
[561] Cuaderno principal, f. 22.
[562] Cuaderno principal, f. 13.
[563] Cuaderno principal, f. 12.
[564] Cuaderno principal, f. 8.
[565] Cuaderno principal, f. 28.
[566] Cuaderno principal, f. 13.
[567] Cuaderno principal, f. 12.
[568] Cuaderno principal, f. 5.
[569] Cuaderno principal, f. 34.
[570] Cuaderno principal, f. 9.
[571] Cuaderno principal, f. 27.
[572] Cuaderno principal, f. 19.
[573] Cuaderno principal, f. 14.
[574] Cuaderno principal, f. 1.
[575] Cuaderno principal, f. 7.
[576] Cuaderno principal, f. 25 revés.