C-820-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-820/06
COSA JUZGADA-Importancia
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos
En
reiteradas oportunidades lo ha sostenido esta Corporación, la cosa juzgada
constitucional consagrada en el artículo 243 de la Constitución, no sólo reúne
las características generales de la institución, sino que, en particular,
presenta condiciones especiales del control de constitucionalidad de las leyes,
pues además de que supone un impedimento para que la Corte Constitucional
estudie nuevamente una disposición que ya ha sido objeto de análisis, dado su
carácter inmutable y definitivo (cosa juzgada formal), también implica una
prohibición presente y futura para que las autoridades y los particulares
reproduzcan el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, en virtud del carácter vinculante y expansivo de este tipo de
cosa juzgada (cosa juzgada material). Dicho de otra manera, la cosa juzgada
constitucional no sólo ampara el texto normativo formalmente igual, sino el
contenido material de la norma jurídica que ha sido objeto del control de
constitucionalidad.
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Diferencias con la cosa juzgada de las sentencias
de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa/COSA JUZGADA
MATERIAL-Elementos/COSA JUZGADA MATERIAL-Para su configuración, es
necesario tener en cuenta la conformidad de los contextos
histórico, social, cultural y/o jurídico en que se fundó el control
constitucional anterior con el que se somete a nuevo estudio
A
diferencia de la cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas proferidas en las
jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, en las que sólo se
presenta si existe la denominada por la jurisprudencia “triple identidad”, esto
es la identidad de objeto, de causa y de partes” (artículo 332 del Código de
Procedimiento Civil); la cosa juzgada constitucional sólo se predica de lo que
podría denominarse identidad de causa, esto es, de la equivalencia de la norma
y de los contenidos normativos que han sido objeto de pronunciamiento de la
Corte Constitucional. Entonces, la cosa juzgada constitucional se predicará del
contenido formal y material de las normas objeto de control constitucional y
eso sólo podrá determinarse después de la comparación entre dos textos
normativos, uno con pronunciamiento previo de la Corte Constitucional y otro
sometido a un nuevo estudio de la misma Corporación. No obstante, a diferencia
de la facilidad con la que se encuentra la cosa juzgada formal, pues se
evidencia con la simple confrontación entre el texto normativo que nuevamente
se somete a estudio y el que fue objeto de pronunciamiento de la Corte, la
existencia de la cosa juzgada material no siempre surge prima facie, en tanto
que requiere de un análisis más detenido y de la valoración de contenidos
normativos. Así, como lo ha advertido esta Corporación, en la valoración de la
cosa juzgada material es necesario tener en cuenta: i) la identidad de
contenidos normativos, ii) la conformidad de los contextos histórico, social,
cultural y/o jurídico en que se fundó el control constitucional al momento de
proferirse la sentencia y el que se somete a un nuevo estudio de la Corporación
y, iii) la identidad de la norma constitucional que sustentó la
constitucionalidad de la disposición legal objeto de control. De esta manera,
se logra conciliar la dinámica de la interpretación constitucional y la
seguridad jurídica que lleva implícita la institución de la cosa juzgada
constitucional.
COSA
JUZGADA MATERIAL-Vinculación con el concepto de precedente
PRECEDENTE
EN COSA JUZGADA MATERIAL-Casos en que juez constitucional puede apartarse
COSA
JUZGADA MATERIAL-No configuración por cambios en  contexto fáctico y
normativo que justifiquen nuevo juicio de constitucionalidad
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-No configuración
El
contenido normativo que fue objeto de decisión de la Corte Constitucional en
sentencia C-037 de 1996 es diferente al que ahora se somete a estudio de esta
Corporación,  pues en aquella oportunidad la Corte centró su análisis en la
interpretación con autoridad de la Constitución, mientras que la norma ahora
demandada regula la interpretación con autoridad de la ley, lo cual,
evidentemente, no sólo expresa contenidos normativos distintos, sino que
plantea problemas jurídicos disímiles, por lo que ello releva a la Corte de
hacer el contraste histórico y, en consecuencia, resulta claro que no existe
violación a la cosa juzgada constitucional.
INTERPRETACION
DE LA LEY POR EL LEGISLADOR-Origen histórico
INTERPRETACION
DOCTRINAL-Concepto
INTERPRETACION
POR VIA DE DECISION O DE ESPECIE-Concepto
INTERPRETACION
LEGISLATIVA CON AUTORIDAD-Concepto
ESCUELAS
DE INTERPRETACION DEL DERECHO-Historia
INTERPRETACION POR VIA DE
AUTORIDAD-Origen histórico
INTERPRETAR-Concepto
HERMENEUTICA
JURIDICA-Concepto
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Alcance
CONSTITUCION
POLITICA-Valor normativo
CORTE
CONSTITUCIONAL-Órgano de cierre
CORTE
CONSTITUCIONAL-Órgano “límite” de interpretación legal/CORTE
CONSTITUCIONAL-Debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada
constitucionalmente/INTERPRETACION DE LA LEY POR CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia
Es claro
que la Corte Constitucional es también órgano “límite” de interpretación legal,
pues de las condiciones estructurales de su funcionamiento, en el control de
constitucionalidad de la ley, es perfectamente posible que la cosa juzgada
constitucional incluya el sentido constitucionalmente autorizado de la ley
oscura. En efecto, a pesar de que si bien es cierto, de acuerdo con lo regulado
en el Título VIII de la Constitución, la administración de justicia se organiza
a partir de la separación de jurisdicciones y, por ello, corresponde a los
jueces ordinarios la interpretación de la ley y, a la Corte Constitucional la
interpretación última de la Constitución, no es menos cierto que hace parte de
la esencia de la función atribuida a esta última el entendimiento racional,
lógico y práctico de la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer. De
hecho, el control de constitucionalidad de la ley tiene una incidencia
normativa indiscutible porque esta Corporación no podría salvaguardar la
integridad de la Constitución, si no tiene claro el sentido de las
disposiciones legales que deben compararse con las normas superiores que se
acusan como infringidas; o tampoco si ejerce el control de constitucional sobre
textos normativos que no coinciden con la praxis ni con su aplicación
generalizada y dominante por parte de las cortes; ni cuando en un mismo texto
legal encuentra normas conformes y otras contrarias a la Constitución; ni
cuando el texto legal es inconstitucional no por lo que dice sino por lo que
deja de decir, esto es, cuando se presenta una inconstitucionalidad por
omisión; ni podría proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados
con la aplicación concreta de la ley, entre otras razones. En consecuencia, se
reitera que, la Corte no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre
el alcance de las disposiciones sometidas a control”, sino que, además, debe
fijar la interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente, esto
es, señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse. En
tal virtud, existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional
debe señalar la interpretación obligatoria de la ley. Esto se realiza, entre
otras, mediante las sentencias interpretativas y aditivas.
SENTENCIA
INTERPRETATIVA O CONDICIONADA-Situaciones en las que se profieren
SENTENCIA
INTEGRADORA-Fundamento constitucional
INTERPRETACION
DE LA LEY POR EL LEGISLADOR-Inconstitucionalidad de la expresión “solo”
referida al monopolio de la interpretación general de la ley por el Legislador
Para la Sala es claro que,
además del legislador, la Corte Constitucional también interpreta la ley para
fijar el sentido de una ley oscura, de manera general y obligatoria. Sin
embargo, ello no significa que la Corte Constitucional asume la posición de
órgano legislativo, pues simplemente se limita a cumplir con su función
jurídica de salvaguarda de la integridad y supremacía de la Constitución
(artículo 241 superior). En efecto, a diferencia de la labor legislativa, cuyo
origen es la conveniencia y libertad de configuración política, la labor de
esta Corporación surge del proceso judicial y de la aplicación de normas
jurídicas que resultan obligatorias y vinculantes para todas las autoridades,
inclusive, obviamente, para la propia Corte. Entonces, mientras el fundamento
de la decisión legislativa es la conveniencia y la oportunidad política, el de
la decisión judicial es el proceso y la norma jurídica que impone su
cumplimiento en forma preferente y obligatoria. En consecuencia, la expresión
“sólo” contenida en el artículo 25 del Código Civil resulta inconstitucional,
en tanto que el monopolio de la interpretación general de la ley que consagra
únicamente a favor del Legislador, desconoce la cosa juzgada constitucional y
la facultad de la Corte Constitucional para interpretar la ley con carácter
obligatorio y vinculante.
INTERPRETACION
DE LA LEY-No es facultad exclusiva del legislador, pues también está a
cargo de la Corte Constitucional cuando ejerce el control de constitucionalidad
INTERPRETACION
POR VIA DE AUTORIDAD-Inconstitucionalidad de la expresión “autoridad”
Teniendo en
cuenta que en el Estado Constitucional, en donde la interpretación de la ley
debe conducir a la aplicación de valores y principios constitucionales, en
tanto que éstas últimas son normas vinculantes, de aplicación preferente y
directa, el concepto de “autoridad” resulta contrario a la Carta, por lo que
debe ser retirado del ordenamiento jurídico. En consecuencia, debe entenderse
que la interpretación de la ley oscura que realiza el legislador y la Corte
Constitucional será de manera general y no por autoridad, porque este último
concepto significa el predominio de la ley como norma primaria y la labor del
legislador como fuente primaria del derecho, lo cual resulta contrario a los
artículos 1º, 2º, 4º y 241 superiores.
INTERPRETACION
DE LA LEY POR CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter obligatorio y general
Las
sentencias de la Corte Constitucional que señalan la interpretación
constitucionalmente autorizada de la ley, es obligatoria y resulta vinculante
de manera general. No obstante, el artículo 25 del Código Civil no hace
referencia a dicha interpretación, por lo que, en esa disposición, se constata
la existencia de un vacío normativo que desconoce los artículos 241 y 243 de la
Constitución. En tal virtud, esa omisión relativa autoriza a la Corte para que
integre la norma y declare la exequibilidad condicionada de esa disposición, en
el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley
oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general.
Referencia:
expediente D-6224
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 25 del Código Civil.
Demandante:
Guillermo Otálora Lozano
Magistrado
Ponente:
Dr. MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C.,
cuatro (4) de octubre de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Córdoba
Triviño, -quien la preside- Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Elías Pinilla Pinilla,
Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere
esta sentencia con fundamento en los siguientes:
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Guillermo Otálora Lozano,
actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en el
artículos 40, numeral 6º, y 95, numeral 7º, de la Constitución Política,
solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 25 del Código
Civil.
El despacho del suscrito
magistrado sustanciador admitió la demanda mediante auto del 24 de marzo de
2006 y ordenó comunicarla a las autoridades e instituciones pertinentes, así
como darle traslado al Procurador General de la Nación.
II.
NORMA DEMANDADA
A continuación se
transcribe la disposición acusada:
Artículo 25 del
Código Civil. “La interpretación que se hace con autoridad para fijar el
sentido de una ley oscura, de una  manera general, sólo corresponde al
legislador”
III. LA
DEMANDA
El demandante sostiene que
los apartes normativos acusados violan los artículos 4º, 13, 229, 230, 234,
235, 237, 241 y 243 de la Constitución.
Según su criterio, la norma
demandada tiene idéntico contenido material al del fragmento original del
artículo 48 de la Ley 270 de 1996, que se refería a la interpretación de la
Constitución que por vía de autoridad hace el Congreso de la República. La
disposición estatutaria actualmente aplicable fue modificada por un
condicionamiento que introdujo la sentencia C-037 de 1996 de la Corte
Constitucional al adelantar el control oficioso de la misma. Sin embargo, a su
juicio, la norma ahora acusada reprodujo el texto original y no tuvo en cuenta
la modificación efectuada por la Corte, pese a que, por disposición del
artículo 243 de la Carta, la parte resolutiva de sus sentencias es obligatoria
porque hace tránsito a cosa juzgada constitucional.
De otra parte, el actor
manifestó que la interpretación literal de las expresiones “ley”, “de manera
general” y “expresión oscura”, contenidas en la disposición acusada permite
concluir que sólo el Congreso podría interpretar y fijar el sentido autorizado
de la Constitución, con lo cual se desconoce que la Corte Constitucional es el
máximo interprete de la norma superior y, por consiguiente, tiene la facultad
para interpretar la ley en las sentencias de tutela y de constitucionalidad
condicionada, tal y como lo ha advertido esa Corporación en sentencias C-486 de
1993, C-426 de 2001, C-569 de 2004 y SU-1219 de 2001.
De todas maneras, el demandante
dijo que todas las interpretaciones del artículo acusado son
inconstitucionales, pues si se adopta una hermenéutica amplia del concepto
“ley” permite que el Congreso usurpe la competencia de la Corte Constitucional
para interpretar y fijar el sentido de la Constitución y, si se acoge la
interpretación estricta del mismo, se le niega a esta Corporación la
competencia para fijar el sentido autorizado de la ley en las sentencias de
tutela y en las condicionadas.
De otro lado, el demandante
afirmó que la norma acusada también desconoce la autoridad interpretativa de la
ley que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado,
en tanto que a pesar de que esos tribunales tienen la misión de fijar el
sentido autorizado y de guardar la supremacía de la ley frente a las
actuaciones de los jueces, el legislador entregó esas competencias
exclusivamente al Congreso. Por lo tanto, el actor concluyó que la exclusividad
interpretativa que el artículo 25 del Código Civil confiere al Congreso vulnera
los derechos a la igualdad y a la legalidad, como quiera que es usual encontrar
casos en los que el Congreso no actúa para aclarar leyes oscuras ni para llenar
vacíos normativos, por lo que los jueces “podrían recurrir a su propio arbitrio
y capricho para fallar en cada caso, fijando su propia interpretación de la
Constitución y la ley, generando una grave inseguridad jurídica”.
Finalmente, la demanda
sostiene que, en los casos de vacío o de oscuridad de la norma legal, los
precedentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado tienen
efecto vinculante para todos los jueces de la República, al igual que los
precedentes de la Corte Constitucional cuando se trata de interpretar normas
constitucionales. En consecuencia, a su juicio, el sistema de fuentes estaría
organizado por orden descendente con la Constitución en la cima, los
precedentes obligatorios de la Corte Constitucional en segundo rango, las leyes
en tercero y, posteriormente, los precedentes obligatorios de la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del
Ministerio del Interior y de Justicia
El Director de la División de
Ordenamiento Jurídico de ese ministerio, doctor Fernando Gómez Mejía, intervino
en el proceso de la referencia para justificar la constitucionalidad de la
disposición acusada. El interviniente aseguró que no existe violación de la
cosa juzgada constitucional, por tres razones:
i) Porque el aparte declarado
inexequible en la sentencia C-037 de 1996 hacía referencia a la interpretación
por vía de autoridad de la Constitución y no del ordenamiento jurídico, pues la
Corte fue clara en señalar que se refería a la interpretación de la Carta que
tiene a su cargo como guardiana de la integridad de la Constitución. Esto
muestra, entonces, que mientras la norma estatutaria se refiere a la
interpretación auténtica de la Constitución, la disposición impugnada regula la
hermenéutica auténtica de la ley. En consecuencia, resulta evidente que el
contenido normativo de la disposición declarada inexequible no es el mismo que
el ahora sometido a análisis de la Corte, de ahí que, a su juicio, no se
trasgredió el artículo 243 de la Constitución por variación en la identidad del
texto.
ii) Porque la interpretación
sistemática de la norma acusada y del artículo 150 de la Constitución muestra
claramente que los términos “ley” y “ordenamiento jurídico” no son sinónimos,
puesto que la norma superior señala que el Congreso de la República sólo tiene
competencia para interpretar instrumentos de carácter legal y no de otro tipo.
iii) La norma acusada tampoco
vulneró la cosa juzgada constitucional, por cuanto el artículo 243 de la Carta
se refiere a la prohibición de la reproducción del contenido material de un
texto declarado inexequible y, en este asunto, el artículo 25 del Código Civil
es anterior al que fue estudiado por la Corte.
De otra parte, el Ministerio
del Interior y de Justicia consideró que, contrario a lo sostenido por el
demandante, en sentencias C-806 de 2001, C-424 de 1994 y C-083 de 1995, la
Corte Constitucional ha reconocido la importancia y la constitucionalidad de la
interpretación auténtica que de las leyes hace el legislador, pues el artículo
150 de la Carta señala que el Congreso de la República tiene competencia para
interpretar, reformar y derogar las leyes, incluyendo aquellas cuyo sentido es
oscuro. Así, es claro que dicha interpretación no se realiza como doctrina,
sino como instrumento obligatorio y vinculante propio de la técnica
legislativa.
De todas maneras, el
interviniente reconoce que, en todos los casos, es imposible reducir la
interpretación judicial al silogismo jurídico porque “no hay nunca una norma
que sea capaz de gobernar una realidad vital; de hecho, el juez no tiene ante
sí una sola norma aplicable, sino todo el universo normativo disponible, dentro
de la cual debe analizar cuáles reglas jurídicas son pertinentes para el caso
que le ocupa y para proferir una sentencia justa”. Por esa razón, es lógico
encontrar momentos en donde la interpretación reiterada y uniforme que hacen
los jueces en las altas instancias judiciales, cobre fuerza obligatoria, de tal
forma que ese derecho viviente vincule a los jueces y tribunales en forma
“semejante a la de la ley”, aunque requiera de “requisitos especiales para
tener un efecto general de carácter excepcional”. Por consiguiente, la norma
acusada no desconoce la autoridad interpretativa de la ley que está a cargo de
las altas cortes.
2. Intervención de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia
Los doctores Nicolás y
Ernesto Gamboa Morales, intervinieron en el proceso, a nombre y representación
de dicha academia, para justificar la constitucionalidad de la disposición
acusada.
En primer lugar, evocaron el
origen de la interpretación de la ley con autoridad por vía legislativa o
auténtica en el derecho francés y, en especial, en el Decreto Orgánico 16-24 de
1790. Dijeron que el objetivo de esa institución era guardar la facultad del
Legislador de dictar todas las disposiciones de carácter general y de
interpretarlas, lo cual dio lugar al nacimiento del denominado référé
legislativo, que facultaba (référé facultativo) y exigía a los
jueces (référé obligatorio) remitir al legislador la resolución de una
cuestión jurídica cuyo texto legal era dudoso, o cuando existían
contradicciones generadas por la ley o para llenar vacíos legales. Esa escuela
hermenéutica fue plasmada en el artículo 25 del Código Civil. De igual modo,
recordó que la escuela pandectista alemana del siglo XIX criticó la interpretación
exegética y condujo a que se negara la existencia de la interpretación
legislativa hasta el punto de que, de un lado, la expresión interpretación
estaría limitada al resultado de la aplicación del derecho por parte de los
jueces y, de otro, la labor del legislador no se refería a la interpretación,
sino a una nueva ley. Esa tesis también fue desarrollada en los artículos 27 a
32 del Código Civil. Obviamente, cuando esas disposiciones fueron incorporadas
a nuestra legislación no existía el control de constitucionalidad de la ley ni
la Corte Suprema de Justicia tenía a su cargo la función de anular normas
legales.
En relación con el primer
cargo, la Academia Colombiana de Jurisprudencia dijo que no existe violación de
la cosa juzgada constitucional contenida en la sentencia C-037 de 1996, en
tanto que el motivo de la inconstitucionalidad a que hace referencia esa
providencia “tenía bases diferentes, pues se trataba de prevenir que el
Congreso de la República fuera considerado como un intérprete con autoridad
exclusivo sobre las normas constitucionales –no legales- en perjuicio del
monopolio que en materia de tales normas le fija el artículo 241 de la C.N. a
la Corte Constitucional”. Incluso, citó apartes de esa providencia para indicar
que esta Corporación consideró válido que el Congreso sea intérprete de la ley
por vía de autoridad.
De otra parte, el
interviniente manifestó que a pesar de que si bien es cierto cuando la Corte
Constitucional profiere un fallo de inexequibilidad o de exequibilidad
condicionada efectivamente interpreta y fija el sentido de la ley con autoridad
y obligatoriedad, esto es, “involucra una interpretación normativa con criterio
de autoridad”, no lo es menos que el tipo de interpretación a que hace
referencia la norma acusada es diferente al judicial, por los siguientes tres
motivos: i) La interpretación sistemática de los artículos 150 y 241 de la
Constitución permiten inferir que el Congreso sólo puede fijar el sentido de
una ley oscura y, para ello, mantiene el monopolio; mientras que la Corte
Constitucional fija el sentido de la ley para señalar su constitucionalidad y,
también para eso, mantiene el monopolio de la interpretación constitucional con
autoridad. ii) No existe la menor duda de que la expresión “ley” contenida en
el artículo 25 acusado se refiere a su acepción formal, por lo que nunca podría
incluir la interpretación de las normas constitucionales. iii) la ratio
decidendi o precedente de obligatorio cumplimiento de las sentencias de
tutela es derivado, “porque los jueces conservan independencia y autonomía para
aplicar las normas, más no para dejar de aplicar la Constitución”.
Finalmente, los
intervinientes consideraron que el tercer cargo tampoco debe prosperar, de un
lado, porque la norma acusada no contempló para el Congreso reserva sobre la
actividad interpretativa de la ley, en tanto que la lectura sistemática de esa
norma y del artículo 26 del Código Civil muestra que la interpretación de la
ley que hacen los jueces tiene carácter auxiliar  y fuerza de doctrina y, de
otro, porque si se declara la inexequibilidad de la disposición acusada de tal
forma que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado adquieran carácter vinculante y obligatorio para los jueces, implicaría
el desconocimiento de los artículos 218 y 230 de la Constitución que señalan el
carácter auxiliar de la actividad judicial.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Dentro de la
oportunidad procesal prevista, intervino en el proceso el señor Procurador
General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, para emitir concepto de fondo
respecto de los cargos de inconstitucionalidad presentados en la demanda y
solicitarle a la Corte que declare lo siguiente:
“la
exequibilidad del artículo 25 del Código Civil, con excepción de la palabra
‘sólo’, la cual es inexequible.
Dicha
constitucionalidad deberá declararse bajo el entendido de que la facultad de
interpretación con autoridad de una ley oscura corresponde, en principio al
legislador, sin perjuicio de la función interpretativa subsidiaria de la ley
oscura que corresponde a la Corte Constitucional y a los altos tribunales,
según sus competencias”
Los
principales motivos en que se apoya el Ministerio Público para llegar a esa
conclusión son los siguientes:
La norma
acusada no violó el artículo 243 de la Constitución por cuanto no existe
afectación de la cosa juzgada formal (no se trata del mismo texto normativo) ni
material (el texto acusado se encuentra en un contexto normativo e histórico
diferente) respecto del artículo 48 de la Ley 270 de 1996. De hecho, en
sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional advirtió que tratándose de la
Constitución, la Corte y el legislador son los intérpretes por vía de
autoridad, el Congreso es el único intérprete por vía de autoridad respecto de
la ley.
Después de
recordar las diferentes perspectivas desde las cuales se plantea el concepto de
interpretación (teorías cognitivista, decisionista y mixta) y de recordar que
la definición, función, legitimidad política y efectos de la interpretación
jurídica varía según el sistema jurídico, la Vista Fiscal concluyó que es
necesario replantear la clasificación que recoge nuestro Código Civil entre
interpretación auténtica o por vía de autoridad, la que hace el legislador; interpretación
judicial, que está limitada a la creación de la norma particular por parte de
los jueces y la doctrinal, restringida a la descripción del derecho. En efecto,
se justificaba el esquema que señalaba al legislador como único creador del
derecho porque no existía el control de constitucionalidad ni el sometimiento
del juez y de las demás autoridades al conjunto de normas que integran la
Constitución, esto es, concepto que desborda el contenido de la ley e incluye
la doctrina probable y la cosa juzgada constitucional.
Precisamente
por lo anterior, el Procurador considera necesario replantear la clasificación
y ahora denominarlas i) interpretación por vía de autoridad auténtica, ii)
interpretación por vía de autoridad judicial, iii) interpretación judicial con
efecto inter-partes, iv) interpretación doctrinal o libre y, v) la que realizan
los particulares de la ley.
La primera, se
presenta cuando quien tiene facultad para crear la disposición normativa, en
una disposición posterior, aclara el sentido de la norma y la incorpora a la
que es objeto de interpretación. Aclara que esta facultad de producción e
interpretación normativa no sólo está en manos del legislador, sino también de
todos los órganos facultados para expedir normas infra legales. Por su parte,
la interpretación por vía de autoridad judicial es la consignada en las
consideraciones que guardan relación estrecha, directa e inescindible con la
decisión, esto es, la que constituye la ratio decidendi de la parte
motiva de las sentencias. Aclara que aunque la jurisprudencia derivada del
control de constitucionalidad no tiene el mismo carácter que la originada en
los altos tribunales como máximas autoridades de su jurisdicción, de todas
maneras, la doctrina consagrada en todas ellas es obligatoria. A su turno, la
interpretación con efecto inter-partes que se caracteriza por vincular
únicamente a las partes, pese a lo cual es obligatoria para los jueces y
tribunales, en aplicación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
La interpretación doctrinal o libre que realizan los jueces como obiter
dicta, por lo que no tiene carácter vinculante. Finalmente, la que realizan
los particulares como guía de sus decisiones.
De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1º, de la Constitución, el Congreso de
la República tiene facultad para interpretar la ley, por lo que resulta obvio
que, tal y como lo señala la norma acusada, es el principal llamado a
interpretar las leyes por vía de autoridad. Sin embargo, resulta contrario a la
Carta restringir esa atribución “sólo” al legislador, en tanto que la Corte
Constitucional interpreta por vía de autoridad la ley cuando declara su
constitucionalidad condicionada, o cuando para ejercer el control de
constitucionalidad debe interpretar el sentido auténtico de la ley y estudia la
lectura que de las normas legales hacen los demás tribunales, o por los efectos
de la cosa juzgada constitucional o cuando la ratio decidendi de las
sentencias de tutela analiza, de manera abstracta, la relación entre una norma
legal y la protección de derechos fundamentales.
VI. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Competencia
1. Conforme al
artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer
de la constitucionalidad del artículo 25 del Código Civil, ya que se trata de
una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de
una Ley de la República.
Planteamiento
de los problemas jurídicos
2. El demandante considera
que el artículo 25 del Código Civil es inconstitucional, en tanto que reconoce
al legislador, en forma exclusiva y excluyente, la facultad para fijar con
autoridad el sentido de una ley oscura. Para sustentar su conclusión, la
demanda plantea tres cargos, a saber: i) violación del artículo 243 de la
Carta. A su juicio, la disposición acusada desconoce la cosa juzgada
constitucional contenida en la sentencia C-037 de 1996, en cuanto a pesar de
que la sentencia dejó en claro que el intérprete autorizado de la Constitución
no es el Legislador, sino la Corte Constitucional, la norma acusada confiere al
Congreso la facultad para interpretar con autoridad la ley en sentido formal y
material y, en los términos del artículo 230 de la Carta, también de la
Constitución. ii) Violación de los artículos 4º, 229 y 241 superiores. La norma
acusada desconoce la potestad de la Corte Constitucional de interpretar la ley
y fijar su sentido autorizado cuando profiere sentencias condicionadas y en
materia de tutela. iii) Trasgresión de los artículos 234, 235 y 237 de la
Constitución. A su juicio, la disposición acusada desconoce la autoridad
interpretativa de la ley que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado, puesto que esos tribunales deben fijar el sentido autorizado
de la ley frente a las actuaciones de los jueces.
3. Por su
parte, los intervinientes coinciden en afirmar que la norma acusada no viola la
cosa juzgada constitucional porque su contenido normativo e histórico no es
idéntico al del artículo 48 de la Ley 270 de 1996. De igual manera, consideran
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1º, de la
Constitución, al legislador compete la interpretación general de la ley, por lo
que no puede confundirse con la hermenéutica judicial que, a pesar de que hay
momentos en que es obligatoria, nunca puede adquirir una forma vinculante
general porque, con ello, se desconocería el artículo 230 superior.
A su turno, el
Ministerio Público considera que la Corte, de un lado, debe declarar la
inexequibilidad de la expresión “sólo” contenida en el artículo 25 del Código
Civil y, de otro, condicionar la exequibilidad de esa disposición en el
entendido que si bien el legislador puede interpretar con autoridad una ley
oscura, no tiene el monopolio, pues esa facultad también está a cargo, dentro
de sus competencias, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado. Para apoyar su conclusión dijo que era
necesario replantear la clasificación de la interpretación para ahora referirse
a la i) interpretación por vía de autoridad auténtica y judicial, ii) judicial
con efecto interpartes, iii) doctrinal y iv) la que realizan los particulares,
en tanto que no es posible desconocer que las altas cortes tienen facultad para
fijar la interpretación última y autorizada de la ley.
4. Conforme a
lo anterior, los problemas constitucionales que plantea la presente demanda se
circunscriben a determinar si la interpretación general o con autoridad de la
ley que, por disposición de la norma acusada, corresponde exclusivamente al
legislador i) viola la cosa juzgada constitucional contenida en la sentencia
C-037 de 1996 y, ii) si desconoce la facultad atribuida a la Corte
Constitucional cuando, en ejercicio de sus competencias, debe interpretar la
ley. Cabe advertir que, en razón a que la interpretación a que hace referencia
el artículo 25 del Código Civil, se adelanta por vía general, del presente
análisis se excluye la interpretación judicial que, para casos concretos y con
efectos interpartes, realizan los órganos judiciales, pues como es obvio
no tienen fuerza de ley.
Así las cosas,
para resolver los problemas jurídicos planteados, en primer lugar, la Corte
recordará el contenido de la cosa juzgada constitucional expresada en la
sentencia C-037 de 1996. En segundo lugar, se referirá brevemente al sentido de
la norma acusada y al papel que en la Constitución y en la teoría de la
interpretación contemporánea corresponde a la Corte Constitucional. Este examen
permitirá entonces determinar si el monopolio legislativo para interpretar con
autoridad la ley oscura se ajusta o no a la Carta.
Ausencia de
cosa juzgada constitucional.
5. Resulta un
lugar común afirmar que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal de
la teoría general del derecho que constituye un pilar esencial del Estado
Social de Derecho porque garantiza la seguridad jurídica para las partes de una
controversia, en tanto que, de un lado, asegura la resolución pacífica,
coercitiva y definitiva de un conflicto y, de otra, impide que se produzcan
decisiones judiciales contradictorias que violen el derecho a la igualdad en la
aplicación de la ley. De igual manera, es claro que la cosa juzgada hace
efectivo el derecho de acceso a la justicia y, en especial, el derecho a exigir
que el Estado resuelva en forma definitiva una controversia que se somete a su
consideración (artículos 1º y 229 de la Constitución). Luego, es obvio que, por
regla general, toda sentencia judicial definitiva hace tránsito a cosa juzgada,
con la que se impide que la misma situación fáctica y jurídica pueda ser
ventilada nuevamente en otro proceso judicial, salvo que la misma ley disponga
la posibilidad de un replanteamiento de la cuestión.
6. Sin
embargo, como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido esta Corporación[1], la cosa
juzgada constitucional consagrada en el artículo 243 de la Constitución, no
sólo reúne las características generales de la institución, sino que, en
particular, presenta condiciones especiales del control de constitucionalidad
de las leyes, pues además de que supone un impedimento para que la Corte
Constitucional estudie nuevamente una disposición que ya ha sido objeto de análisis,
dado su carácter inmutable y definitivo (cosa juzgada formal), también implica
una prohibición presente y futura para que las autoridades y los particulares
reproduzcan el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, en virtud del carácter vinculante y expansivo de este tipo de
cosa juzgada (cosa juzgada material). Dicho de otra manera, la cosa juzgada
constitucional no sólo ampara el texto normativo formalmente igual, sino el
contenido material de la norma jurídica que ha sido objeto del control de
constitucionalidad.
Lo anterior
muestra con claridad que, a diferencia de la cosa juzgada de las sentencias
ejecutoriadas proferidas en las jurisdicciones ordinaria y contencioso
administrativa, en las que sólo se presenta si existe la denominada por la
jurisprudencia “triple identidad”, esto es la identidad de objeto, de causa y
de partes”[2]
(artículo 332 del Código de Procedimiento Civil); la cosa juzgada
constitucional sólo se predica de lo que podría denominarse identidad de causa,
esto es, de la equivalencia de la norma y de los contenidos normativos que han
sido objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional. En efecto, por el
carácter público de la acción de inconstitucionalidad y la naturaleza
participativa del proceso constitucional, resultaría un contrasentido exigir la
identidad de partes (entendida esta como la identidad personal de los sujetos involucrados
y la identidad jurídica). De igual manera, conduciría al absurdo sostener la
identidad de objeto para la cosa juzgada constitucional, puesto que, en todas
las demandas de inconstitucionalidad se pretende la inexequibilidad de una
disposición o de una parte de ella y se busca preservar el principio de
supremacía constitucional. Entonces, la cosa juzgada constitucional se
predicará del contenido formal y material de las normas objeto de control
constitucional y eso sólo podrá determinarse después de la comparación entre
dos textos normativos, uno con pronunciamiento previo de la Corte
Constitucional y otro sometido a un nuevo estudio de la misma Corporación.
No obstante, a
diferencia de la facilidad con la que se encuentra la cosa juzgada formal, pues
se evidencia con la simple confrontación entre el texto normativo que
nuevamente se somete a estudio y el que fue objeto de pronunciamiento de la
Corte, la existencia de la cosa juzgada material no siempre surge prima
facie, en tanto que requiere de un análisis más detenido y de la valoración
de contenidos normativos. Así, como lo ha advertido esta Corporación, en la
valoración de la cosa juzgada material es necesario tener en cuenta: i) la
identidad de contenidos normativos[3],
ii) la conformidad de los contextos histórico, social, cultural y/o jurídico en
que se fundó el control constitucional al momento de proferirse la sentencia y
el que se somete a un nuevo estudio de la Corporación[4] y, iii) la identidad de
la norma constitucional que sustentó la constitucionalidad de la disposición legal
objeto de control. De esta manera, se logra conciliar la dinámica de la
interpretación constitucional y la seguridad jurídica que lleva implícita la
institución de la cosa juzgada constitucional.
En reciente
oportunidad, la Corte se refirió a la cosa juzgada así:
“Cabe
señalar que la jurisprudencia constitucional ha distinguido entre distintas
categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada
constitucional, en aras de satisfacer tanto el objetivo de seguridad jurídica
que persigue esta figura como las garantías ciudadanas propias del proceso de
constitucionalidad, y las necesidades de cambio y evolución del ordenamiento
jurídico[5].
Una de sus
modalidades es la cosa juzgada material, cuyo alcance ha intentado precisar la
jurisprudencia de esta Corporación en reiteradas oportunidades. Así, por
ejemplo, se ha sostenido que esta figura tiene lugar cuando la norma acusada
tiene un contenido normativo idéntico al de otra disposición sobre la cual esta
Corporación previamente emitió una decisión, por lo que “los argumentos
jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de éste serían totalmente aplicables a aquélla y la
decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia
anterior.”[6]
No
obstante, en otras oportunidades la Corte Constitucional ha vinculado los
efectos de la cosa juzgada material, en sentido estricto, a la declaración de
inexequibilidad (C. Po. art. 243). Así, por ejemplo, en la sentencia C-228 de
2002 sostuvo:
(…)
En todo
caso, la jurisprudencia constitucional siempre ha sido constante en vincular la
cosa juzgada material al concepto de precedente, específicamente con la
obligación en cabeza del juez constitucional de ser consistente con sus
decisiones previas, deber que no deriva no sólo de elementales consideraciones
de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser
razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad,
puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por
un mismo juez. (…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el
respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio
decidendi) de sus precedentes decisiones[7].
Empero, la cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación
de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al
precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias[8].
Por lo tanto, cuando existan razones de peso que motiven un cambio
jurisprudencial –tales como un nuevo contexto fáctico o normativo- la Corte
Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones
previas[9],
e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo
anterior pero por razones adicionales o heterogéneas.
Esto lleva
a que el juez constitucional deba evaluar en cada caso concreto las
disposiciones demandadas aun en aquellos eventos en que textos idénticos hayan
sido objeto de un pronunciamiento de exequibilidad. Así pues, si una nueva ley
reproduce enunciados o contenidos normativos ya estudiados por esta Corporación
y es acusada, no podrá acudirse de manera automática los efectos de la figura
de la cosa juzgada material para resolver los cargos formulados. Como antes se
dijo, la constitucionalidad de una disposición no depende solamente de su tenor
literal sino también del contexto jurídico en el cual se inserta. Por lo tanto,
será siempre necesario hacer un examen de constitucionalidad de la disposición
acusada para determinar si subsisten las razones que condujeron al
pronunciamiento de exequibilidad en la decisión previamente adoptada”[10]
Entonces, a pesar de que los
textos normativos no sean exactamente iguales, puede existir prohibición de un
nuevo análisis constitucional, porque existe una disposición cuyo contenido
normativo es idéntico al que ya ha sido objeto de pronunciamiento de la Corte
y, por consiguiente, ha operado la cosa juzgada material. De igual manera, como
lo advirtió esta Corporación en reciente sentencia, pueden existir asuntos que,
pese a que presentan idénticos contenidos normativos, los contextos históricos
y jurídicos en los que se expiden son diferentes, por lo que está autorizado su
estudio y nuevo pronunciamiento.
7. Con base en
lo anterior, la Sala entra a analizar si el artículo 25 del Código Civil tiene
el mismo contenido normativo que el del proyecto de ley estatutaria de administración
de justicia que fue modificado por la sentencia C-037 de 1996, respecto del
titular de la facultad para interpretar la Constitución y/o la ley de manera
general y, por consiguiente, en forma vinculante y obligatoria.
El texto del
artículo 48 de la Ley 270 de 1996 aprobado por el Congreso dispuso:
“ALCANCE DE
LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. Las sentencias
proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente
efecto:
1.   Las de
la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas
legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del
ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de
obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La
parte motiva constituirá  criterio auxiliar para la actividad judicial y para
la aplicación de las normas de derecho en general. Sólo la interpretación
que por vía de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter
obligatorio general” (subrayas propias)
En lo
pertinente, en sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional resolvió:
“TERCERO.-
Declarar EXEQUIBLES, pero bajo las condiciones previstas en esta providencia… el
artículo 48, salvo las expresiones “Sólo” y “el Congreso de la República” del
numeral 1º”.
En la parte
motiva de esa sentencia la Corte dijo que la exequibilidad se condicionaría al
“entendido de que la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte
Constitucional, tiene carácter obligatorio general”.
En otras
palabras, en lo pertinente, la disposición objeto de control constitucional fue
modificada por la Corte en el sentido de señalar que, a partir de esa
providencia, la interpretación que hace la Corte Constitucional será por vía de
autoridad y tiene carácter obligatorio general.
Ahora bien, la
interpretación literal de ese texto normativo efectivamente permitiría concluir
que la hermenéutica que efectúa la Corte Constitucional en sentencias dictadas
como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de
revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de
constitucionalidad, corresponderá a una interpretación obligatoria y vinculante
para todas las autoridades y para los particulares. En efecto, se observa
claramente que la modificación introducida por la Corte no alude al tipo de
norma que es objeto de interpretación –si es la Constitución o la ley-, sino
que se refiere exclusivamente al resultado de la interpretación. Luego, como de
la lectura literal del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 efectivamente podría
deducirse que la interpretación con autoridad de la ley corresponde a la Corte
Constitucional, la conclusión a la que llega la demanda sobre la
inconstitucionalidad de la norma acusada resultaría, en principio, correcta,
pues el artículo 25 del Código Civil es claro en señalar que la interpretación
de la ley por vía de autoridad “sólo” corresponde al Congreso.
8. A su turno,
los intervinientes y el Ministerio Público coinciden en sostener que la
interpretación con autoridad a que hace referencia el artículo 48 de la Ley 270
de 1996, es de la Constitución y no de la ley, puesto que con la modificación
introducida por la Corte se trataba de prevenir que el Congreso de la República
asuma la función de interpretar las normas superiores, tarea que el artículo
241 de la Carta asigna a esta Corporación.
La Corte
coincide con esta tesis, pues la interpretación sistemática del artículo 48 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y teleológica de la modulación
introducida por la Corte evidencian que la ratio decidendi de la
sentencia C-037 de 1996, se fundamenta en la función de salvaguarda de la
Constitución que tiene a su cargo esta corporación, por lo que salta a la vista
que la hermenéutica con autoridad que regula dicha disposición está referida a
la de las normas superiores. Al respecto esta Corporación dijo:
“La jurisprudencia -como se verá más adelante- ha sido clara en
definir que la labor de la Corte Constitucional, encaminada a guardar la
supremacía y la integridad de la Carta (Art. 241 C.P.), hace que ella sea la
responsable de interpretar con autoridad y de definir los alcances de los
preceptos contenidos en la Ley Fundamental. En ese orden de ideas, resulta
abiertamente inconstitucional el pretender, como lo hace la norma
que se estudia, que sólo el Congreso de la República interpreta por vía de
autoridad. Ello es válido, y así lo define el artículo 150-1 de la Carta,
únicamente en lo que se relaciona con la ley, pero no en lo que atañe
al texto constitucional. Por lo demás, no sobra agregar que la
expresión “Sólo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de
la República tiene carácter obligatorio general”, contradice, en este caso, lo
dispuesto en el artículo 158 superior, pues se trata de un asunto que no
se relaciona con el tema de la presente ley estatutaria, es decir, con la
administración de justicia.
De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la norma que
se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las expresiones
señaladas en la parte final del numeral 1o. En efecto, sólo será de obligatorio
cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto
a la parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye criterio
auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de
derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados
en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible
con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación
que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de
soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida
directamente en ella.
Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través
de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación
con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36).
Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de
los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión
de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas
que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la
interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial,
tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del
derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en
arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por
medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de
igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina
constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia
de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de
la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los
derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad
de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial
trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo
que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad”[11]
(subrayas fuera del texto original)
Nótese que la
modulación del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 introducida por la Corte se
fundamentó en la inconstitucionalidad del monopolio de la interpretación de la
Constitución con autoridad que la disposición original entregaba al Congreso de
la República con desconocimiento de la función encomendada por el artículo 241
superior a la Corte Constitucional. Incluso, la sentencia fue clara en
distinguir la interpretación legislativa con autoridad, de un lado, de la ley
y, de otro, la de la Constitución, para asignar validez a la primera y
reprochar la constitucionalidad a la segunda. Luego, es evidente que a pesar de
que no se reguló en forma expresa, el artículo 48 de la ley estatutaria de
administración de justicia se refiere a la interpretación con autoridad de la
Constitución.
Cabe advertir
que, en reciente providencia, esta Corporación reiteró los planteamientos
expuestos en la sentencia C-037 de 1996, respecto de la fuerza vinculante de la
interpretación constitucional contenida en la parte motiva de las sentencias de
constitucionalidad, así:
“la
respuesta a la  pregunta inicial respecto a si la parte motiva de las
sentencias de constitucionalidad tiene fuerza vinculante, es afirmativa
conforme a los enunciado por  esta Corporación y el legislador estatutario. Por
consiguiente las autoridades y los particulares están obligados a acatar los
postulados vinculantes de la parte motiva de las sentencias de
constitucionalidad, en aquellos aspectos determinantes de la decisión que
sustenten la parte resolutiva de tales providencias, así como frente a los
fundamentos “que la misma Corte indique”[12].
Es decir,  en palabras de la C-037 de 1996, tienen “fuerza vinculante los
conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa
e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la
argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable
para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que
incida directamente en ella.”[13]
El
fundamento constitucional del carácter vinculante de tales aspectos de  la
parte motiva de estas providencias, es: i) el respeto a la cosa juzgada
constitucional reconocida en el artículo 243 de la Carta, que se proyecta a
algunos de los elementos de la argumentación, conforme a las consideraciones
previamente indicadas[14].
ii) La posición y la misión institucional de esta Corporación que conducen a
que la interpretación que hace la Corte Constitucional, tenga fuerza de
autoridad y carácter vinculante general, en virtud del artículo 241 de la
Carta. Igualmente,  y en especial respecto de las sentencias de tutela, la
Corte resaltó con posterioridad otros fundamentos de la fuerza vinculante de la
ratio decidendi, tales como iii) el principio de igualdad, la seguridad
jurídica, el debido proceso y el principio de confianza legítima[15],
como se comentará  en el apartado e) de este capítulo”[16].
9. Así las
cosas, la Sala concluye que el contenido normativo que fue objeto de decisión
de la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996 es diferente al que ahora
se somete a estudio de esta Corporación,  pues en aquella oportunidad la Corte
centró su análisis en la interpretación con autoridad de la Constitución,
mientras que la norma ahora demandada regula la interpretación con autoridad de
la ley, lo cual, evidentemente, no sólo expresa contenidos normativos
distintos, sino que plantea problemas jurídicos disímiles, por lo que ello
releva a la Corte de hacer el contraste histórico y, en consecuencia, resulta
claro que no existe violación a la cosa juzgada constitucional.
10. De otra parte, el
demandante dijo que la norma acusada viola el artículo 243 de la Constitución
porque reprodujo el texto original del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 sin
tener en cuenta la modificación efectuada por la Corte en sentencia C-037 de
1996.
Como bien lo
expresó uno de los intervinientes, resulta evidente que ese argumento tampoco
debe prosperar, pues el artículo 25 del Código Civil es bastante anterior a la
modificación normativa del artículo 48 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, por lo que, sencillamente, no se trata de la
reproducción de un acto jurídico declarado inexequible a que hace referencia el
artículo 243 de la Constitución ni de la repetición de un texto normativo que
fue modificado por la interpretación constitucional. Luego, el cargo no
prospera.
Interpretación de la ley por
parte del Legislador. Contexto histórico de la norma acusada
11. De acuerdo
con lo expresado por el demandante y por el Ministerio Público, el artículo 25
del Código Civil, tal y como se encuentra redactado, es inconstitucional, como
quiera que desconoce la facultad interpretativa obligatoria y vinculante que la
Constitución otorgó a los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado,
de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, de conformidad
con lo preceptuado en los artículos 4º, 13, 229, 230, 234, 235, 237 y 241 de la
Constitución. La Corte procede a estudiar dicho cargo.
El texto
normativo acusado dispone que sólo al legislador corresponde la interpretación
con autoridad de la ley oscura. En otras palabras, al reconocer la existencia
de leyes oscuras, esa disposición señala, de un lado, a quién corresponde
adelantarla (“sólo” al legislador) y, de otro, de qué manera (de manera general
y con autoridad).
12. En
relación con las autoridades a quién corresponde la interpretación de las
leyes, el Código Civil y la doctrina[17]
las clasifican en tres categorías: la doctrinal, la judicial y la legislativa o
con autoridad.
La primera,
regulada en el artículo 26 del Código Civil como aquella hermenéutica que no es
vinculante y que corresponde a los jueces, a los funcionarios públicos y de los
autores de obras jurídicas. Al respecto, los profesores Champeau & Uribe
la definieron como “aquella que emana de una persona que no tiene poder
legislativo, ni delegación de éste para interpretar las leyes y que carece de
autoridad judicial”.
La segunda,
también denominada interpretación por vía de decisión o de especie, es
considerada por la doctrina como una atribución de los jueces cuando resuelven
los asuntos concretos, por lo que sólo produce efectos vinculantes para las
causas en las que fueron adoptadas, tal y como lo dispone el artículo 17 del
Código Civil.
Y, la tercera,
esto es, la interpretación legislativa con autoridad, regulada en el artículo
25 del Código Civil, es la realizada por el mismo órgano que legisla para aclarar
o precisar el alcance de la ley, pero sólo con efectos hacia el futuro y
conservando la cosa juzgada que se deriva de una decisión judicial ya adoptada.
Los mismos profesores citados sostienen que es natural  “que el derecho a fijar
el sentido de un texto oscuro pertenezca a quien lo redactó, al legislador: ejes
est interpretari legem cujus est condere. Esta es la única interpretación
que puede tener la misma fuerza que la ley, y ser obligatoria para lo futuro,
tanto respecto de los ciudadanos como de los tribunales”.
13. En efecto,
el artículo 25 del Código Civil tiene como antecedentes en el derecho
colombiano el artículo 20 de la Constitución para la Provincia de Pamplona de
1815, según el cual  corresponde al poder legislativo “exponer el sentido de
las leyes fundamentales de la República, siempre que ocurra duda, sin que tenga
efecto retroactivo la interpretación o declaración, ni aun con respecto al caso
que hubiere dado motivo a ellas”[18].
Nótese que, aunque con una redacción distinta, el Constituyente de la Provincia
de Pamplona encargaba al legislador la tarea de interpretar la ley dudosa u
oscura, pero advertía que los efectos de esa nueva ley no serían retroactivos,
tal y como lo señalaría posteriormente el artículo 14 del Código Civil.
De igual
manera, resulta un claro antecedente de esta disposición el artículo 22 del
Código Chileno elaborado por el señor Andrés Bello[19], el cual se refirió a
las leyes interpretativas así: “los pasajes oscuros de la ley pueden ser
ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo
asunto”. Pese a su similitud, de todas maneras, en esa codificación no se
encuentra una norma idéntica a la que posteriormente constituiría una de las piezas
interpretativas fundamentales para los jueces colombianos y que estudia la
Corte.
Ahora bien, el
sentido de la norma demandada, cuyo texto se mantiene inmutable desde el
momento en que el Código Civil entró a regir en 1873, corresponde a la lógica
jurídica que imperaba en la época en que surge la codificación, pues la enorme
confianza y el respeto por la voluntad democrática expresada por el legislador
marcaron el paradigma de la decisión judicial. De este modo, se consideró que
la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica no sólo se encarnan en la ley
escrita, sino que ella representa una garantía de preservación de éstos y los
demás principios que se requieren para proteger a los ciudadanos de la
arbitrariedad estatal.
Serían,
entonces, el legislador y su producto, o sea la ley, los encargados de definir
y crear el derecho, pues este culto a la ley, incluso denominado por
importantes doctrinantes como Luis Recaséns Siches la “frenética apoteosis del
fetichismo legalista”, concibe la función judicial de manera mecánica, en tanto
que “los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete; éste no tiene ya por
misión hacer el derecho: el derecho está hecho. No existe incertidumbre, pues
el derecho está escrito en textos auténticos. Más para que los códigos realicen
esa ventaja, es preciso que los autores y los jueces acepten su nueva posición
bajo el código… diría que deben resignarse a ella”[20].
En este mismo
sentido, se recordarán célebres frases que limitaban el papel del juez y la
aplicación de la norma jurídica a la simple reproducción del significado legal
al caso concreto, tales como las de Rousseau[21]
al sostener que las leyes deben ser expresión de la voluntad general y, por
ello, las decisiones que producen la felicidad pública “que está muy por encima
del alcance de los hombres vulgares, son las que pone el legislador en boca de
los inmortales para arrastrar por medio de la pretendida autoridad divina, a
aquellos a quienes no lograría excitar la prudencia humana” y las de
Montesquieu[22]
al indicar que el poder “de juzgar es casi nulo” y definir a los jueces como
“el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no
pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes” y a la inevitable
supremacía de la ley sobre las sentencias al señalar que “es de la esencia de
la Constitución republicana el que los jueces se atengan rigurosamente a la
letra de la ley”. Posteriormente, Cesare Beccaria[23], refiriéndose al derecho
penal y como mecanismo para garantizar las libertades ciudadanas y la justicia
-lo justo es lo que la ley consagra-, redujo la interpretación judicial a la
aplicación de un “silogismo perfecto”, en donde la sentencia no puede ser otra
cosa que la conclusión de la comparación entre la premisa mayor (que contiene
la ley general) y la premisa menor (que expresa el caso concreto). Según este
autor, “tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en
los jueces de lo criminal, por la misma razón de que no son legisladores”. Fue
célebre el discurso pronunciado en 1857, en la facultad de derecho de
Estrasburgo, por el jurista Aubry, en cuanto afirmó que “Toda la ley, en su
espíritu tanto como en su letra, con una amplia aplicación de sus principios y
un completo desarrollo de sus consecuencias, pero nada más que la ley, tal ha
sido la divisa de los profesores del Código de Napoleón”.
14. En
desarrollo de esa concepción, el racionalismo jurídico fundó la escuela de la
exégesis que propugnó tanto un método de interpretación como el diseño de
instrumentos procesales dirigidos a garantizar la aplicación estricta y precisa
de la ley. De esta forma, se establecieron un conjunto de pautas o reglas
dirigidas a eliminar los mínimos márgenes de discrecionalidad y subjetividad en
la decisión judicial. Así, por ejemplo, en relación con el grado de dificultad
de los casos, el Código Civil dispuso la solución en cada uno de ellos: i) en
los casos en los que la ley es clara y expresa: el juez debe prescindir de su
juicio y aplicar la ley (“cuando el sentido de la ley sea claro, no se
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” –artículo 27
de dicha normativa). ii) en aquellos asuntos en los que no existe previsión
legal expresa, la solución de todas maneras se encuentra en la ley, pues cuando
no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido corresponderá al juez
aplicar las leyes que regulen caso o materias semejantes” (artículo 8º de la
Ley 153 de 1887). iii) en los casos en los que existen leyes oscuras o dudosas,
es al propio legislador el que corresponde interpretarla y fijar con autoridad
su sentido (artículo 25 del Código Civil). Así, no sólo se reafirma el culto a
la ley, sino que se presume y enseña que conocer la ley es conocer el derecho y
que su aplicación es puramente deductiva en donde el juez se limita a
transmitir su tenor literal.
Evidentemente,
la visión de los juristas seguidores del racionalismo jurídico parte de
supuestos que para ellos eran indiscutibles, tales como la plenitud del
ordenamiento jurídico, en tanto que no se conciben vacíos normativos, la
perfección, claridad, precisión de las leyes y su congruencia con la verdadera
voluntad popular, por lo que la interpretación judicial quedaría reducida a una
tarea mecánica y automática de reproducción normativa. Entonces, al entender la
ley como el resumen de las garantías individuales, como la perfecta y diáfana
expresión de la justicia, la libertad y la igualdad, era lógico concluir que su
interpretación se reducía a la simple reproducción mecánica y, en casos de
oscuridad, a la interpretación que de ella haga el propio legislador.
15. Sin
embargo, como se recordará, las críticas a la exégesis no se hicieron esperar,
pues los juristas de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX
cuestionaron las bases sobre las cuales se cimentó la escuela de la exégesis,
para sostener que el ordenamiento jurídico no es pleno, que las lagunas
normativas son frecuentes y que la ley no siempre expresa la voluntad del
legislador.
Así, la
escuela dogmática o el positivismo de importantes autores como Federico Carlos
de Savigny en Alemania y Gény en Francia, este último con la escuela de la
libre investigación científica[24],
consideraron que para saber y aplicar el derecho debía conocerse la voluntad o
intención del legislador, por lo que la interpretación de la ley no podía
limitarse a su tenor literal, sino que debían distinguirse varios elementos: i)
gramatical (el lenguaje del legislador); ii) lógico (el pensamiento del
legislador); iii) histórico (el momento de expedición de la norma y los cambios
presentados entre su vigencia y el momento de la aplicación), y iv) sistemático
(el vínculo entre las instituciones y las reglas de derecho).
A juicio de
esta corriente jurídica, las soluciones jurídicas no corresponden a la voluntad
del juez, sino que siempre se encuentran en el sistema, como quiera que “si las
fuentes son insuficientes para la solución de una cuestión de derecho, debemos
subsanar esta laguna, pues la universalidad del derecho es una condición no
menos esencial que su unidad”, de ahí que el derecho no se agota con las leyes
sino que se nutre con la experiencia. De esta forma, la costumbre adquiere una
gran relevancia en el derecho no solamente porque concreta la ley, sino porque
reconoce su dinámica, su evolución y transformación. Para ellos, ahora, la
“tarea es considerar al ordenamiento jurídico en tanto que totalidad
sistemáticamente estructurada”[25].
A pesar de que
la escuela dogmática representó un avance importante en el reconocimiento de la
función judicial frente a la interpretación de la ley, de todas maneras su
labor hermenéutica estaría reducida a la reproducción del querer del
legislador, pues no se concebía al juez como un creador del derecho quien
podría necesitar su criterio o discrecionalidad para definir una controversia,
ni aún en aquellos casos en los que la solución legal en el caso concreto
resulta contradictoria o inequitativa. Por esa razón, las escuelas jurídicas
denominadas jurisprudencia de conceptos y la de intereses, la primera
representada fielmente con los escritos de Ihering[26], introdujeron la noción
de finalidad o telos de la norma (método teleológico de interpretación),
para sostener que el juez no debe fallar con la simple deducción silogística,
sino que debe averiguar cuál fue la intención del legislador y así proferir un
fallo de acuerdo con el fin social perseguido por los representantes de la
voluntad popular.
16. De igual
manera, las críticas a la exégesis se formularon por juristas tan importantes
como Kelsen[27],
Carlos Cossio, J. L. Austin y, posteriormente, H.L.A. Hart[28] y Ronald Dworkin[29], quienes
coincidieron en sostener que la interpretación judicial requiere no sólo de un
acto intelectual de conocimiento, sino también de un acto de voluntad porque el
juez es creador del derecho. Incluso, se advierte que las diferencias que
surgieron entre estos juristas radican en establecer el margen de libertad con
la que actúa el juez y la forma cómo deben resolverse los asuntos de mayor
complejidad jurídica, pero no discuten sobre la existencia de la labor creativa
del juez en la interpretación de la ley y su carácter vinculante.
Pero, como se
recordará, las discrepancias también surgieron desde otras visiones del
derecho, tales como las formuladas por la escuela del Derecho Libre en
Alemania, fundada por Herman Kantorowicz, el Realismo Jurídico de Frank, Oliver
Wendel Holmes y otros, en Norteamérica; Gustav Radbruch en las diferentes
etapas de su relativismo[30];
Viehweg con la Tópica, Chaim Perelman con La Nueva Retórica[31], Gadamer en su obra
Verdad y Método, Toulmin con la Lógica Informal, Maccormick con la Teoría
Integradora de la Argumentación Jurídica y Alexy con la tesis de que la
argumentación jurídica, expusieron diferentes argumentos para explicar que la
labor judicial no consiste en la reproducción automática y silogística de la
ley, sino que implica un juicio de valor donde el juez tiene inmensa
responsabilidad.
En nuestro
continente, importantes juristas como Luis Recaséns Siches[32] criticaron el método
deductivo, plantearon las dudas e insatisfacciones que surgen de su aplicación
y reconocieron la importancia del papel del juez en la creación del derecho.
17. La breve
referencia a las escuelas de interpretación del derecho que surgen con
posterioridad a la exégesis muestra que, principalmente después de la segunda
guerra mundial, la doctrina especializada ha reconocido: i) que la labor
interpretativa del juez no sólo se expresa en los casos de aplicación de las
leyes claras, sino también de las leyes cuyo contenido es oscuro, esto es, que
no sólo se interpretan las leyes oscuras y, ii) que la interpretación judicial
no se reduce a la reproducción mecánica de la ley, sino que implica la
determinación de las normas aplicables a casos concretos.
18.
Precisamente, en razón de la crítica doctrinaria a la exégesis, surgen debates
en torno a la hermenéutica del artículo 25 del Código Civil, como quiera que,
de una parte, se cuestiona el monopolio de la interpretación legal con
autoridad en manos del Legislador y, de otra parte, se discute el sentido mismo
de la disposición. En efecto, al observar la proposición jurídica contenida en
la disposición demandada, según la cual, corresponde al legislador la
interpretación de la ley oscura, se encuentran dos características: i) su
generalidad y, ii) su obligatoriedad. En otras palabras, la interpretación por
vía general de la ley corresponde a la expedición de una nueva ley que también
será obligatoria y vinculante. Nótese que el aparte normativo no aporta nada
nuevo ni diferente respecto de las características generales de la ley, pues
como cualquiera, tiene un carácter abstracto, impersonal y se aplica
obligatoriamente para todos quienes se encuentran en el marco de su vigencia.
En torno al
cuestionamiento sobre el verdadero sentido y significado de esta norma, resulta
relevante recordar al profesor Arturo Valencia Zea cuando afirmó que “no se
trata de una auténtica interpretación, sino de la elaboración de una nueva ley.
El legislador puede derogar las leyes inconvenientes y reemplazar las oscuras”[33]. De igual
manera, resulta especialmente interesante lo afirmado por el profesor Luis
Fernando Gómez Duque, quien, desde la perspectiva de la filosofía del derecho,
sostiene que el artículo 25 del Código Civil “está redactado en forma equívoca”
porque, de un lado, atribuye la prerrogativa de la interpretación al
legislador, cuando ello corresponde a los jueces y, de otro, porque es
obligatoria no por fuerza de la interpretación, sino por fuerza legal propia.
En lo pertinente, dijo:
“…Lo que
sucede es que el legislador, a través de una redacción equívoca, pretende
atribuirse una prerrogativa que de hecho invade un campo extraño a su ordinaria
y regular actividad, pues una cosa es crear la ley y otra interpretarla. Si a
la interpretación del legislador se le otorga una máxima autoridad, ello ocurre
no porque en sí lógicamente tenga un atributo especial que garantice la
idoneidad de su razonamiento sino porque simple y formalmente esa
interpretación es otra ley, la cual, de hecho tiene un valor general: el hecho,
pues, de dar valor general a una ley aclaratoria, no decide en nada el problema
del valor de la interpretación dada por los jueces que son, justamente, quienes
tienen que resolver dicho problema…
No puede
afirmarse llanamente que don ANDRES BELLO pretendía la equivocidad del término
doctrina con el fin de hacer juego a los intereses de la exégesis. Pero sí es
evidente que ésta ha sido una de las bases más importantes de ella, en cuanto
atribuye a la interpretación emanada del poder judicial, y por oposición a la
legislativa un valor tan relativo que no se justifica en modo alguno, pues una
es la autoridad del intérprete, quien por su prestancia científica da valor a
un argumento jurídico y otra la que, así sea la del juez municipal, puede darse
mediante la técnica procesal a la sentencia, una vez ejecutoriada. Pero no
son sólo los efectos de la cosa juzgada los que se pueden mostrar en oposición
a la redacción ligera de esta disposición, sino, principalmente, instituciones
como una Corte con funciones constitucionales y el tradicional recurso de
inexequibilidad ventilado por nuestra Corte, lo que quita todo peso a la
pretendida generalidad del artículo 25 y el valor meramente doctrinario que
indica el 26 que ahora analizamos”[34]
(subrayas de la Corte)
Eso evidencia,
entonces, que, incluso, con anterioridad a la expedición de la Constitución de
1991, nuestra doctrina había llamado la atención no sólo sobre los problemas
que genera el artículo 25 del Código Civil, en tanto que excluye al juez que es
el verdadero intérprete de la ley, sino también respecto de su validez, pues se
llegó a considerar que esa norma era contraria a la Constitución de 1886.
Así, aclarado
el sentido y el contexto histórico de la norma acusada, entra la Corte a
estudiar el contenido de la facultad del legislador para interpretar la ley.
Análisis
constitucional del artículo 25 del Código Civil
19. A pesar de
que la doctrina hubiere discernido sobre la hermenéutica del artículo 25 del
Código Civil, ello no significa que se hubiese desconocido o desplazado al
legislador como intérprete de la ley oscura, pues esa facultad no solamente es
indiscutible sino inevitable, en tanto que, como lo advertía el profesor Gómez
Duque, “la obligatoriedad de la interpretación no lo fija la norma interpretativa
sino el carácter general y vinculante de la ley”[35].
Efectivamente,
la facultad legislativa para interpretar la ley es evidente en el artículo 150
de la Constitución al disponer, como primera de las funciones asignadas al Congreso
de la República al hacer las leyes, la de “interpretar, reformar y derogar las
leyes”. Luego, es indiscutible que el legislador tiene a su cargo la tarea
interpretativa de la ley.
20. No
obstante, para la Corte también resulta incuestionable que la norma demandada,
que le confiere únicamente al legislador la facultad para interpretar con
autoridad el sentido de una ley oscura, formula otro supuesto que puede
resultar constitucionalmente problemático en la actualidad, pues si bien es
cierto la constitucionalidad de dicha atribución es irrefutable, no lo es menos
que su monopolio, esto es, la entrega exclusiva de la facultad interpretativa
al legislador[36],
podría desconocer la facultad que tiene la Corte Constitucional para
interpretar la ley sometida al control de constitucionalidad abstracto, la
cual, como se vio en precedencia, hace parte de la naturaleza propia e
inescindible de esta labor judicial, por lo menos en situaciones en las que la
ley no es clara, ya sea porque su sentido lingüístico es confuso y ofrece
algunas interpretaciones que se ajustan a la Carta y otras que se separan de
ella, o porque no se tiene certeza sobre su vigencia y aplicabilidad.
Entonces, el
hecho de que la norma que ahora se impugna exprese que el legislador puede
interpretar la ley oscura es constitucionalidad, pues no sólo tiene expreso
respaldo en el artículo 150, numeral 1º, de la Carta, sino que resulta de su
libertad de configuración política. No obstante, la lectura del artículo 25 del
Código Civil que podría generar problemas de inconstitucionalidad surge de la
posibilidad de entenderla como una regla de exclusión a la interpretación que
de la ley hace la Corte Constitucional.
Por esa razón,
es indispensable estudiar la segunda disposición de la norma impugnada, según
la cual, la interpretación de la ley oscura que corresponde al legislador, se
hace de manera general y obligatoria. En otras palabras, ahora, el problema que
plantea esa regulación consiste en determinar si, efectivamente, el único que
puede interpretar la ley oscura de manera general y vinculante erga omnes,
es el legislador.
22. A pesar de
que el propio significado de interpretación jurídica ha sido discutido en la
doctrina especializada porque, entre otras cosas, inmediatamente remite al
debate de si interpretar una norma jurídica implica determinar el alcance de
todos los textos legales o sólo los oscuros, lo cierto es que, en su sentido
más obvio y elemental, interpretar es explicar, declarar, orientar algo,
comprender las circunstancias, aprehender, entender los momentos de la vida
social y atribuir un significado a un signo lingüístico. En fin, como lo advierten
Gadamer[37]
y Husserl[38],
la interpretación está directamente ligada con la comprensión y el lenguaje, de
tal forma que, al referirnos a la hermenéutica jurídica, la entendemos como la
actividad dirigida a encontrar la solución al conflicto o al problema jurídico
que se somete a estudio del intérprete.
23. Visto lo
anterior, para la Corte es evidente que el sentido de la interpretación de las
leyes oscuras a que hace referencia la norma acusada, está dirigido a
establecer el carácter general, erga omnes y obligatorio de la ley
aclaratoria. Luego, el problema, en definitiva, que plantea la regulación
acusada se reduce a establecer si la interpretación que hace el legislador
excluye la interpretación que de la ley hace la Corte Constitucional con motivo
del control de constitucionalidad.
Interpretación
de la ley a cargo de la Corte Constitucional
24. Como lo ha
señalado esta Corporación en reiteradas oportunidades, la consagración del
carácter Social del Estado de Derecho en el artículo 1º de la Carta no tiene
una implicación simplemente retórica, pues impone al Estado el deber de
preservar y garantizar el respeto y eficacia de los derechos como fines
primordiales de la actividad estatal y, por consiguiente, les otorga un
carácter estructurador del ordenamiento jurídico que irradia todas las
actividades del Estado. De este modo, el Estado Social de Derecho que, no sólo
es la fórmula jurídica adoptada por la Carta de 1991, es el modelo ideológico
dominante en el constitucionalismo contemporáneo, que propende por la defensa
de la justicia material y la eficacia de los derechos de las personas,
constituye una línea de conducta determinante y obligatoria para todas las
autoridades públicas, dentro de las cuales y, de manera especial, para el juez
constitucional al interpretar las normas sometidas al control de
constitucionalidad.
Precisamente,
con el tránsito del Estado Liberal, cuyo principal fundamento normativo es la
ley, al Estado Social de Derecho, en cuya cúspide normativa encontramos a la Constitución,
se evidencia la mutación de la naturaleza jurídica de la Carta. En efecto,
dicho cambio resulta claro al observar que de una categoría inicial puramente
programática a una disposición normativa con eficacia directa y obligatoria, la
Constitución es ahora la norma superior cuya aplicación directa e
interpretación obligatoria irradia todo el ordenamiento jurídico, pues en el
Estado constitucional las normas superiores no requieren de la ley para ser
aplicadas sino que se exigen y superponen. En tal virtud, como lo advierte el
profesor Eduardo García de Enterría, “la Constitución es una realidad
normativa”[39], esto es, una
norma jurídica efectiva que sustenta todo el ordenamiento jurídico e impone
valores, principios y reglas fundamentales para la sociedad y los coloca fuera
del alcance de las mayorías parlamentarias ocasionales. En consecuencia, el
carácter y la plena eficacia normativa de la Constitución supone la vinculación
directa e imperativa de los jueces, tribunales y demás operadores jurídicos.
25. Ahora
bien, el artículo 4º de la Carta también es claro en señalar que la
Constitución no es una norma igual a las demás, no sólo por su carácter
superior  y prevalente, sino por su contenido material que incluye un conjunto
de disposiciones axiológicas y un orden de principios con vocación de
desarrollo legal y judicial, cuya interpretación y aplicación difícilmente
puede efectuarse mediante la utilización del silogismo. Por esta razón y, en
especial, si se tiene en cuenta la dificultad de la interpretación
constitucional, dada la “textura abierta” de estas normas, la ambigüedad
natural del lenguaje y, en especial, de normas diseñadas en forma indeterminada
para garantizar la estabilidad jurídica y la vocación de proyección en el
tiempo de las normas constitucionales, el artículo 241 de la misma Carta
encargó a la Corte Constitucional la tarea de preservar su integridad y
supremacía sobre la base de la seguridad jurídica, la justicia material, el
respeto por el principio democrático y la igualdad de trato jurídico
(preámbulo, artículos 1º y 13º superiores).
26. Los
anteriores argumentos serían suficientes para concluir el carácter último de la
interpretación a cargo de la Corte Constitucional y su calidad de órgano de
cierre; sin embargo, el artículo 243 superior muestra la contundencia de dicha
conclusión. En efecto, pese a que la cosa juzgada constitucional reúne
condiciones generales de la institución, también resulta evidente que se
diferencia de la derivada de la sentencia ordinaria y contencioso
administrativa, de tal forma que le impregna un carácter propio y autónomo,
puesto que la Constitución reguló una categoría especial de cosa juzgada: la
constitucional derivada de los fallos que la Corte Constitucional dicta en
ejercicio del control jurisdiccional y le señaló consecuencias diferentes,
tales como: i) los efectos expansivos de una sentencia declarada inexequible
por razones de fondo, por cuanto el constituyente prohíbe al legislador
reproducir el texto expulsado del ordenamiento jurídico; ii) la cosa juzgada
constitucional no sólo versa sobre el texto formal de la disposición, sino
también sobre su contenido material, de tal manera que su impacto no solamente
se presenta respecto de la norma objeto de control constitucional, sino también
en relación con otras normas o textos normativos formalmente distintos, pero
con idéntico contenido material y, iii) la producción de ciertos efectos jurídicos
generales y obligatorios de la interpretación de la ley que fija la Corte
Constitucional cuando ésta tiene incidencia constitucional.
De esta forma,
es claro que la Corte Constitucional es también órgano “límite” de
interpretación legal, pues de las condiciones estructurales de su
funcionamiento, en el control de constitucionalidad de la ley, es perfectamente
posible que la cosa juzgada constitucional incluya el sentido
constitucionalmente autorizado de la ley oscura. En efecto, a pesar de que si bien
es cierto, de acuerdo con lo regulado en el Título VIII de la Constitución, la
administración de justicia se organiza a partir de la separación de
jurisdicciones y, por ello, corresponde a los jueces ordinarios la
interpretación de la ley y, a la Corte Constitucional la interpretación última
de la Constitución, no es menos cierto que hace parte de la esencia de la
función atribuida a esta última el entendimiento racional, lógico y práctico de
la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer.
27. De hecho,
el control de constitucionalidad de la ley tiene una incidencia normativa
indiscutible porque esta Corporación no podría salvaguardar la integridad de la
Constitución, tal y como se lo ordena el artículo 241 de la Carta, si no tiene
claro el sentido de las disposiciones legales que deben compararse con las
normas superiores que se acusan como infringidas[40]; o tampoco si ejerce el
control de constitucional sobre textos normativos que no coinciden con la
praxis ni con su aplicación generalizada y dominante por parte de las cortes[41]; ni cuando
en un mismo texto legal encuentra normas conformes y otras contrarias a la
Constitución[42];
ni cuando el texto legal es inconstitucional no por lo que dice sino por lo que
deja de decir, esto es, cuando se presenta una inconstitucionalidad por omisión[43]; ni podría
proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados con la aplicación
concreta de la ley[44],
entre otras razones.
En
consecuencia, se reitera que, a pesar de que, por regla general, no corresponde
a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales,
porque ello es propio de los jueces ordinarios, en algunos casos, la Corte no
sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las
disposiciones sometidas a control”[45],
sino que, además, debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada
constitucionalmente, esto es, señala la forma cómo debe interpretarse la ley y
cómo no debe hacerse.
En tal virtud,
existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional debe señalar
la interpretación obligatoria de la ley. Esto se realiza, entre otras, mediante
las sentencias interpretativas y aditivas, en las cuales se busca armonizar los
principios de supremacía de la Constitución y democrático o de conservación del
derecho que pueden resultar en tensión cuando una disposición puede
interpretarse de varias formas, una de las cuales resulta contraria a la
Constitución y otras conforme a ella, o cuando el texto legal acusado presenta
vacíos normativos que, tal y como se encuentra, sería inconstitucional.
Así, en
relación con las sentencias de constitucionalidad condicionada, la Corte
Constitucional ha dejado en claro que si una "disposición legal admite
varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se
adecuan a ella, entonces corresponde a la  Corte proferir una
constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca
cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento
jurídico y cuáles no son legítimas constitucionalmente. En este caso, la Corte
analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está
integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuáles algunas,
individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del
ordenamiento”[46].
De hecho, se entiende este tipo de sentencias como una necesidad para el juez
constitucional que no puede adoptar una decisión de exequibilidad pura y simple
porque desconocería su función de salvaguardar la integridad de la
Constitución, en tanto que estaría admitiendo la permanencia en el ordenamiento
jurídico de leyes que admiten interpretaciones contrarias a la Carta. Pero,
tampoco puede adoptar una decisión de inexequibilidad porque afectaría el
principio democrático que exige la aplicación de los principios de conservación
del derecho e in dubio pro legislatoris, con lo cual también se
afectaría la supremacía e integridad de la Constitución.
28. De igual
manera, la Corte ha considerado necesario proferir sentencias integradoras[47], esto es,
aquellas en las que proyecta los mandatos constitucionales en la legislación
ordinaria, para que, de esa manera, se integren los vacíos normativos o se
enfrenten las inevitables indeterminaciones del orden legal que resultan
contrarias a la Constitución. Por ello, estas sentencias integran normas
jurídicas para llenar vacíos legislativos que son inconstitucionales. En cuanto
a la justificación de estas sentencias, la Corte advirtió que “encuentran
entonces su primer fundamento en el carácter normativo de la Constitución,
puesto que el juez constitucional, con el fin de asegurar la integridad y la
supremacía de la Carta, debe incorporar en el orden legal los mandatos
constitucionales. Por ello, si el juez, para decidir un caso, se encuentra con
una indeterminación legal, ya sea porque el enunciado legal es insuficiente, ya
sea porque el enunciado es contrario a la Carta, el juez debe proyectar
los mandatos constitucionales directamente al caso, aun cuando de esa manera,
en apariencia, adicione el orden legal con nuevos contenidos normativos. El
juez en este caso en manera alguna está legislando pues lo único que
hace es dar aplicación al principio según el cual la Constitución, como norma
de normas, tiene una suprema fuerza normativa (CP art. 4)”[48].
29. Con base en lo expuesto,
para la Sala es claro que, además del legislador, la Corte Constitucional
también interpreta la ley para fijar el sentido de una ley oscura, de manera
general y obligatoria. Sin embargo, ello no significa que la Corte
Constitucional asume la posición de órgano legislativo, pues simplemente se
limita a cumplir con su función jurídica de salvaguarda de la integridad y
supremacía de la Constitución (artículo 241 superior). En efecto, a diferencia
de la labor legislativa, cuyo origen es la conveniencia y libertad de
configuración política, la labor de esta Corporación surge del proceso judicial
y de la aplicación de normas jurídicas que resultan obligatorias y vinculantes
para todas las autoridades, inclusive, obviamente, para la propia Corte.
Entonces, mientras el fundamento de la decisión legislativa es la conveniencia
y la oportunidad política, el de la decisión judicial es el proceso y la norma
jurídica que impone su cumplimiento en forma preferente y obligatoria.
En
consecuencia, la expresión “sólo” contenida en el artículo 25 del Código Civil
resulta inconstitucional, en tanto que el monopolio de la interpretación
general de la ley que consagra únicamente a favor del Legislador, desconoce la
cosa juzgada constitucional y la facultad de la Corte Constitucional para
interpretar la ley con carácter obligatorio y vinculante (artículos 241 y 243
de la Constitución). Por ese hecho, la expresión “sólo” será declarada
inexequible.
Inconstitucionalidad
de la expresión “con autoridad”
30. Como se
vio en precedencia, el concepto de interpretación con autoridad regulada en el
artículo 25 del Código Civil, surge en un contexto histórico en el que la ley
constituye la última fuente del derecho y su preponderancia alcanza la solución
de todos los conflictos sociales, con lo que se desplaza la función judicial y la
aplicación de disposiciones ajenas a la voluntad democrática que se concreta en
la ley. Por consiguiente, la expresión “con autoridad” lleva implícito un
contenido histórico y jurídico que rebosa su expresión semántica y se ubica en
un momento que no puede ser desconocido en el control de constitucionalidad.
Además de lo
anterior, en el actual contexto jurídico en el que la Constitución es una
verdadera realidad normativa que, como tal, vincula y obliga a todas las
autoridades a regirse y desarrollar sus postulados humanistas y su fundamento
axiológico que rige la legitimidad del Estado Social de Derecho, corresponde a
la Corte Constitucional interpretar la ley, que es sometida a su análisis,
conforme a la Constitución y de manera general para que todos los operadores
jurídicos se adecuen a ella.
En este orden
de ideas y, en especial, teniendo en cuenta que en el Estado Constitucional, en
donde la interpretación de la ley debe conducir a la aplicación de valores y
principios constitucionales, en tanto que éstas últimas son normas vinculantes,
de aplicación preferente y directa, el concepto de “autoridad” resulta
contrario a la Carta, por lo que debe ser retirado del ordenamiento jurídico.
En consecuencia, debe entenderse que la interpretación de la ley oscura que
realiza el legislador y la Corte Constitucional será de manera general y no por
autoridad, porque este último concepto significa el predominio de la ley como
norma primaria y la labor del legislador como fuente primaria del derecho, lo
cual resulta contrario a los artículos 1º, 2º, 4º y 241 superiores.
Conclusiones:
32. Conforme a
todo lo expuesto, es fácil inferir las siguientes conclusiones:
a) En el
Estado constitucional, la interpretación para fijar el sentido de una ley
oscura, de una manera general, no es una facultad exclusiva del legislador,
pues también está a cargo de la Corte Constitucional cuando ésta ejerce el
control de constitucionalidad de la ley y fija el sentido válido de la misma.
Por esta razón, la expresión “sólo” contenida en el artículo 25 del Código
Civil resulta contraria a los artículos 241 y 243 de la Constitución y, en
consecuencia, se declarará su inexequibilidad.
b) Las
sentencias de la Corte Constitucional que señalan la interpretación
constitucionalmente autorizada de la ley, es obligatoria y resulta vinculante
de manera general. No obstante, el artículo 25 del Código Civil no hace
referencia a dicha interpretación, por lo que, en esa disposición, se constata la
existencia de un vacío normativo que desconoce los artículos 241 y 243 de la
Constitución. En tal virtud, esa omisión relativa autoriza a la Corte para que
integre la norma y declare la exequibilidad condicionada de esa disposición, en
el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley
oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general.
c) Como en el
presente asunto, la Corte Constitucional sólo confrontó el artículo 25 del
Código Civil con los artículos 150, numeral 1º, 241 y 243 de la Carta, en los
términos señalados en la demanda, en esta oportunidad se limitará la cosa
juzgada a los cargos estudiados, pues, como se dijo en precedencia, el
planteamiento inicial de la demanda relativo a la interpretación que adelantan
las autoridades judiciales no podía ser objeto de análisis porque el artículo
25 del Código Civil, al referirse a la interpretación general y abstracta de la
ley, excluye la interpretación judicial que, para casos concretos y con efectos
interpartes, realizan los órganos judiciales.
VII.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
Declarar EXEQUIBLE
el artículo 25 del Código Civil, por los cargos formulados en la demanda,
salvo las expresiones “sólo” y “con autoridad”, que se declaran INEXEQUIBLES.
La exequibilidad se condiciona en el sentido de entender que la interpretación
constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene
carácter obligatorio y general.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
CON SALVAMENTO DE
VOTO
MARCO GERARDO MONROY
CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
CON SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO
DE VOTO
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de Voto del
Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto a la Sentencia C-820/06
Referencia:
expediente D-6224
Asunto: demanda de
inconstitucionalidad
contra el artículo
25 del Código Civil.
Actor: Guillermo
Otálora Lozano
Magistrado Ponente
Dr. MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Con el
acostumbrado respeto por la decisión adoptada por la mayoría de los magistrados
de la Corte Constitucional, presento a continuación los argumentos por los
cuales me aparto de la decisión adoptada por la Sala Plena del Tribunal. Antes
de desarrollar con algún detenimiento dichas razones, es preciso adelantar la
consecuencia, enorme y probablemente inadvertida por la Corporación, que se
sigue de esta sentencia, pues la decisión de la Corte, a pesar de garantizar un
formal respeto a la jurisprudencia constitucional, tan cara en lo relativo a la
interpretación de la Constitución y, particularmente, en la hermenéutica de
disposiciones de derechos fundamentales; a partir de una confusión en los
conceptos jurídicos en los que descansa la decisión, realizó una mutación en el
sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano, sin consultar lo
establecido en el artículo 230 del texto constitucional. Lo anterior resulta
evidente al constatar la modificación que ocurre, por virtud del fallo, en
cuanto al valor de la Jurisprudencia constitucional, en la medida en que a ésta
se encomienda la labor de esclarecer, de manera general y obligatoria, las
leyes oscuras, con grave desmedro de las facultades concedidas por el texto
constitucional en su artículo 150.1 al Congreso de la República, el cual le confiere
el monopolio de dicha labor interpretativa.
En las
reflexiones que siguen expongo las razones de mi disentimiento y los
fundamentos en los cuales se apoya la afirmación previa, la cual fue la más
apremiante razón para apartarme del fallo, pues esta decisión, reitero,
constituye una verdadera mutación en el sistema de fuentes, sin que haya
mediado reforma alguna del artículo 230 superior, lo cual, no sólo se aparta
del precedente constitucional establecido en la sentencia C-037 de 1996, sino
que constituye una cuestionable atribución de funciones por parte de la
Corporación, lo cual resulta totalmente ajeno al designio de la Constitución.
La decisión
confunde la interpretación auténtica que corresponde al Congreso con la
interpretación conforme a la Constitución, atribuida a la Corte Constitucional
Para exponer
con algún detalle esta consideración, es preciso esclarecer de antemano la
importancia del ejercicio hermenéutico a la hora de asegurar el cumplimiento de
los fines del derecho.
Sin lugar a
dudas, una de las herramientas más preciadas de las cuales se vale el derecho,
como conjunto complejo de normas jurídicas, es el lenguaje. Estos dos sistemas,
derecho y lenguaje, guardan una estrecha similitud en cuanto a su forma de
realización, pues los dos deben ser interpretados para que el objeto por ambos
perseguido –la comunicación- ocurra de manera efectiva. En tal sentido, los dos
comparten el dilema de transmitir de manera adecuada su sentido, su entero
significado. Por tal razón, toda labor de lectura de signos lingüísticos, sin
importar si éstos se enmarcan en un contexto jurídico o no, supone
interpretación, en la medida en que el cotidiano acercamiento a palabras y
significantes supone una tarea intelectual que permita la comprensión del
significado que guardan.
El derecho, al
emplear el lenguaje como medio de difusión y realización, no es ajeno a esta
realidad, por lo que los operadores jurídicos, al aplicar las reglas y
principios, que en conjunto dan forma al ordenamiento, llevan a cabo un ejercicio
hermenéutico que les permite comprender el sentido de la norma que están
llamados a emplear.
Al respecto,
es ilustrativa la distinción, cultivada por la jurisprudencia y la doctrina,
entre disposición, como suma de enunciados lingüísticos, y norma,
entendida como significado jurídico de aquella, esto es, como resultado del
ejercicio hermenéutico[49].
Sobre esta diferenciación descansa, en últimas, la validez práctica de las
sentencias de exequibilidad condicionada, las cuales parten del reconocimiento
de múltiples acepciones que tienen como punto de partida un idéntico respaldo
jurídico –la disposición en sí- de las cuales el juez de constitucionalidad
debe desechar aquellas que no se ajusten a lo dispuesto en el texto
constitucional y, en tal sentido, ordena que a la disposición se ofrezca una
determinada lectura en la cual se observen las normas superiores.
Ahora bien,
retomando el punto inicial a propósito de la aplicación del derecho, si bien
esta labor supone una actuación previa de interpretación por parte de los
operadores jurídicos, es preciso exponer con claridad los diferentes tipos de
interpretación, los cuales varían según (i) el sujeto que la realiza, (ii) el
contexto en el cual el ejercicio hermenéutico ocurre y, finalmente, (iii) los
efectos que se siguen de tal interpretación.
En primer
lugar, por ser éste el problema central de la sentencia de la cual me aparto,
me ocuparé de la interpretación que realiza el Legislador por medio de las
leyes interpretativas. De acuerdo a los criterios que acaban de ser enunciados,
el elemento primero que debe ser tenido en cuenta es el sujeto autor de la
interpretación. En este caso, por virtud del artículo 150.1 del texto
constitucional, el cual establece como facultad en cabeza del Congreso de la
República “interpretar, reformar y derogar las leyes”, el Legislador
cuenta con autoridad para esclarecer el sentido genuino de la Ley, además de la
posibilidad de modificar y poner fin a la vigencia de ésta.
La
Jurisprudencia ha distinguido esta forma de interpretación bajo la rúbrica de interpretación
auténtica[50],
haciendo especial énfasis en que en este caso es el creador mismo de la
disposición quien esclarece su significado. En cuanto al contexto en el cual
ocurre, como es obvio, la interpretación hecha por el Congreso por medio de una
ley interpretativa no ocurre en un determinado escenario judicial previo a la
adjudicación. Al contrario, y es precisamente éste el fundamento de los efectos
que caracterizan esta forma de interpretación, la interpretación auténtica se
realiza por medio de Ley, por lo que tiene efectos generales y obligatorios.
Siguiendo la
Jurisprudencia de la Corporación[51],
el Legislador acude a la interpretación auténtica por dos motivos: en primer
lugar, la ley interpretativa puede estar precedida por el reconocimiento por
parte del Congreso de una situación de ambigüedad que afecta a determinado
texto legislativo; por tal motivo, procede a iluminar su sentido genuino por
medio de una segunda ley, que recibe el nombre de ley interpretativa.
Igualmente, el Congreso puede expedir una ley aclarando el significado de un
texto legal cuando durante su vigencia, ésta ha sido objeto de diversas
interpretaciones por parte de diferentes operadores, lo cual lesiona gravemente
el principio de seguridad jurídica, del cual se nutre la totalidad del
ordenamiento jurídico, tal como lo impone el derecho fundamental a la igualdad
y al derecho de acceso a la justicia. En ambos casos, la labor del Legislador
está encaminada a determinar con precisión el genuino sentido de la disposición
legal. Dicha tarea trae como consecuencia la exclusión de uno o varios de los
múltiples sentidos que pueda tener la disposición.
La
interpretación auténtica, a diferencia de las otras formas de interpretación,
está mediada por razones de conveniencia, las cuales, a su vez, son el
resultado de una valoración política natural a la labor legislativa. Los
operadores jurídicos, por su parte, no pueden alegar legítimamente razones de
esta estirpe para adscribir al enunciado normativo un determinado significado
jurídico.
Como corolario
de lo anterior, el Congreso de la República cuenta con la facultad de expedir
leyes cuyo objeto consiste en determinar de manera precisa el significado
jurídico de un determinado enunciado normativo que ha sido vertido en un texto
legal. En tal sentido, en atención a que la ley interpretativa es una verdadera
ley, la interpretación que impone es de carácter general y obligatorio, tal
como lo establece el artículo 150.1 superior.
Ahora bien, la
interpretación realizada por los jueces de la República, entre los cuales se
encuentra la Corte Constitucional, es sustancialmente diferente. Como fue
precisado anteriormente, en el ordinario ejercicio de adjudicación, la
interpretación constituye un paso previo, pues la aplicación de reglas y
principios supone una comprensión previa de las disposiciones que los consagran.
En tal operación, si el significado normativo –la norma jurídica- del enunciado
ha sido esclarecido por el Congreso por medio de una ley interpretativa, el
juez se encuentra sometido a ella, por lo que la comprensión del texto legal se
halla subordinada a la manifestación que, por medio de ley, ha realizado el
Congreso.
Así pues, la
interpretación realizada por el juez se encuentra circunscrita a un escenario
particular: el proceso judicial. Por tal razón, sus efectos no están llamados a
trascender los precisos límites que ofrece el problema jurídico cuya solución
es requerida.
La decisión
adoptada por la Sala Plena confunde esta forma de interpretación, que es propia
de la actividad de todos los jueces encargados de realizar la administración de
justicia, con la labor de control de constitucionalidad realizada por medio de
las sentencias interpretativas. Por medio de este tipo de sentencias la
Corporación concilia dos principios fundamentales que informan el control de
constitucionalidad de la ley: se trata de la conservación del derecho y la
supremacía de la Constitución. Como lo ha señalado a profundidad la
abundante jurisprudencia, en estos casos el juez de constitucionalidad acude a
estas sentencias debido a que de la disposición demandada surge un abanico de
normas jurídicas, de las cuales sólo algunas se ajustan al texto superior. Esta
circunstancia impone una solución intermedia entre las decisiones de
exequibilidad e inexequibilidad, pues de adoptar en forma exclusiva la primera,
se estaría acogiendo dentro del ordenamiento un enunciado normativo al cual se
le pueden atribuir significados contrarios a la Constitución; empero, de optar
por la segunda opción, se estaría expulsando una disposición que, según un
especial entendimiento, coincide con los postulados amparados por el texto
constitucional y, además, se afecta gravemente el aludido principio de
conservación del derecho.
Por tal razón,
en tales hipótesis el Tribunal está llamado a emitir una sentencia de
exequibilidad condicionada, la cual expulsa del ordenamiento aquellas normas
jurídicas que se oponen a los principios recogidos en el texto constitucional y
señala, de manera específica, el significado que se ajusta a la Constitución y,
por tanto, el único que puede ser acogido por el ordenamiento.
Por encima del
eventual valor interpretativo que puedan tener las sentencias de exequibilidad
condicionada sobre la ley, se debe tener presente que estas decisiones son
adoptadas con fundamento en el artículo 241.4 de la Constitución, el cual
confía a la Corte la función de “decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por
su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. En
tal sentido, estas decisiones son el resultado de un proceso judicial de control
de constitucionalidad de la ley, y no de una labor de interpretación
de la ley, la cual, de acuerdo al artículo 150.1 superior, corresponde al
Legislador.
La importancia
de esta distinción no es de poca monta, pues la claridad conceptual de estas
dos actuaciones –la interpretativa a cargo del Congreso y la de control en
cabeza de la Corte Constitucional- permite comprender a cabalidad la eventual
procedencia de una demanda de constitucionalidad en contra de una ley
interpretativa, la cual puede culminar en una sentencia de constitucionalidad
condicionada, en la que prevalece la decisión de la Corte, no porque sea ésta
la institución autorizada para interpretar la ley, sino porque su decisión es
el resultado del examen de constitucionalidad de la Ley.
En este punto
es preciso llamar la atención sobre un aspecto sobre el cual no se detuvo la
Corte: la decisión adoptada atribuye a la Corte la función de interpretar de
manera general y obligatoria la ley oscura, lo cual no sólo carece de
fundamento constitucional, en la medida en que a la Corporación le corresponde
efectuar de manera exclusiva el control de constitucionalidad de la ley, sino
que atribuye a la Jurisprudencia constitucional un inusitado valor que resulta
por completo ajeno a la Constitución.
De tal manera,
al equiparar la función interpretativa en cabeza del Legislador con la
Jurisprudencia de la Corte Constitucional, se fractura el principio recogido en
el artículo 230 superior sobre el cual descansa el sistema de fuentes del
ordenamiento jurídico colombiano, pues al develar el contenido de las
consideraciones de la Corte en esta providencia se concluye que la
interpretación que hace la Corporación sobre las disposiciones legales tiene el
mismo valor que la Ley.
Al respecto,
resultan pertinentes las consideraciones realizadas en la sentencia C-037 de
1996 en las cuales el Tribunal advirtió que la cosa juzgada constitucional,
consagrada en el artículo 243 de la Carta, sólo corresponde a la parte resolutiva
de los fallos de la Corte y a aquellas consideraciones de la motivación de las
sentencias que guarden relación directa con aquella. En ese sentido, la
decisión adoptada por la Corte en esta sentencia desdibuja el sistema de
fuentes y se opone al precedente establecido en este fallo, en la medida en que
concede a la parte motiva de sus decisiones, siempre que en ésta se lleve a
cabo una interpretación de la ley oscura, de manera general, y sin importar que
conserven relación alguna  con la parte resolutiva, fuerza de Ley.
Así, la
decisión adoptada por la Corporación equipara de manera equivocada el problema
de la ambigüedad de los textos legales con su eventual cuestionamiento por
contrariar el texto constitucional. Sólo tal confusión puede llevar a concluir
que a la Corte corresponde establecer, de manera general y obligatoria, el
sentido de las leyes oscuras. Al respecto, es preciso tener en cuenta que la
falta de claridad que puede nublar el entendimiento de los textos legales debe
ser esclarecida, por expresa disposición del artículo 150.1 superior, por el
Congreso de la República. Por su parte, los reparos que puedan surgir en cuanto
a la corrección constitucional de aquellos sí corresponde a la Corte
Constitucional,  cuya labor de control puede extenderse, incluso, a las leyes
interpretativas. No obstante, esta labor, de suyo amplia, no puede rebasar los
estrictos límites en los cuales fue establecida en la Constitución, arrebatando
al Congreso de la República su función constitucional de intérprete auténtico
de la Ley.
En estos términos dejo expuestas
las razones por las cuales me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de
los miembros de la Corporación.
Fecha ut supra,
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA C-820/06 (4 OCTUBRE)
Referencia:
Expediente D-6224
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 25 del Código Civil.
Magistrado
Ponente:
MARCO GERARDO
MONROY CABRA.
Con el acostumbrado respeto por las providencias de la
Corte Constitucional, dejo constancia de mi salvamento parcial de voto en
relación con la sentencia de la referencia pues, como lo manifesté en Sala
Plena, estoy de acuerdo con la declaratoria de inexequibilidad de las
expresiones “solo” y “con autoridad”, pertenecientes al artículo
25 del Código Civil, más no con la decisión de condicionar la exequibilidad de
este precepto legal “en el sentido de entender que la interpretación
constitucional que de la ley oscura hace la Corte Constitucional, tiene
carácter obligatorio y general”.
Para la
mayoría, tal determinación se justifica ante la existencia de un supuesto vacío
normativo en el artículo 25 del Código Civil, toda vez que se considera que
esta norma no hace referencia al carácter vinculante y obligatorio de la
interpretación autorizada de la ley que hace la Corte Constitucional en
desarrollo de sus atribuciones, por lo cual debe integrarse con este alcance la
citada disposición legal.
En mi opinión,
el condicionamiento, tal y como está planteado, comporta el ejercicio de la
facultad legislativa por parte de la Corte Constitucional con desconocimiento
de la separación funcional entre las ramas del poder público (art. 113 de la
Constitución) y de la prohibición a las autoridades del Estado de desarrollar
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley (art. 121
ibídem).
Ciertamente,
la pretensión por deducir directamente de la Constitución reglas jurídicas
similares a las que deben ser dictadas por el legislador, so pretexto de colmar
aparentes vacíos en el ordenamiento jurídico, como sucede en el presente caso,
constituye una práctica que atenta contra la esencia de la función legislativa
en el Estado democrático de derecho, entendida, según lo pregona la sentencia
en mención, como la potestad originaria y espontánea de
configurar las
instituciones legales dentro del margen de conveniencia y oportunidad política
que fije la norma superior.
Conforme a la
Constitución Política la cláusula general de competencia en materia legislativa
está radicada en el Congreso de la República (art. 150 de la Carta). Luego, es
al órgano legislativo y no a la Corte Constitucional, al que corresponde
determinar, en un momento dado, la norma conforme a la Constitución que debe
reemplazar la que ha sido declarada inexequible o la que debe llenar un
aparente vacío normativo identificado por el juez constitucional.
Cuando en
estos eventos la Corte decide directamente establecer el precepto jurídico
extrayéndolo de la Constitución y desde su particular punto de vista lo impone
como válido y perteneciente al ordenamiento legal, sin ninguna alternativa,
lejos de ejercer la indiscutida función interpretativa de la ley, que le es
propia como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, termina por
invadir la órbita de competencia del legislador, debilitando así el carácter
político de su función y limitando en el futuro la libertad de configuración
por parte del Congreso.
No discuto que
la Corte, en ejercicio de su función de guardiana de la integridad y supremacía
de la Constitución, al decidir las cuestiones de inconstitucionalidad deba
interpretar la ley y pueda, en desarrollo de esta labor, encontrarle el sentido
más conforme con lo establecido en los dictados superiores.
Lo que me
parece discutible, es que escudándose en tal facultad llegue hasta el punto de
adoptar verdaderos preceptos jurídicos que constriñan la facultad de opción en
cabeza del legislador, que, por mandato constitucional, goza de amplia libertad
de configuración, la cual no puede ser eclipsada por una suerte de “sentencias-ley”,
por más loables que sean los propósitos que se aduzcan para su
expedición.
Considero muy
peligrosa esta práctica, pues por este camino llegaremos a lo que voces
autorizadas han denominado la “juridificación” de la vida política,
fenómeno que desdibuja el genuino sentido de la función jurisdiccional para el
caso de la asignada a la Corte Constitucional, la cual, por disposición de la
preceptiva superior, debe ser ejercida en los “estrictos y precisos
términos” que señala el artículo 241 de la Carta, sin que le sea dable a
esta corporación, frente a situaciones de insuficiencia del texto legal,
ejercer la función legislativa mediante la adopción de reglas jurídicas, pues
incurre en un extremo de absolutismo, atentando de esta forma contra el principio
democrático de la facultad de apreciación política del legislador.
Finalmente, estimo que en el asunto de la
referencia la Corte ha debido reconsiderar su decisión de limitar los efectos
de la cosa juzgada constitucional a los cargos planteados por el actor en su demanda, pues en esta
oportunidad la Corte realizó un completo análisis de fondo del artículo 25 del
Código Civil demandado, al parangonarlo con todas las normas del ordenamiento
superior tal como se lo exige el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991.
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
[1] Al
respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-1151 de 2003, C-004
de 2003, C-774 de 2001, C-310 de 2002, C-394 de 2002, C-030 de 2003.
[2] Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Civil. Sentencia 071 del 15 de junio de 2000, expediente 5218.
[3] Entre
otras, sentencias C-492 de 2000, C-774 de 2001, C-783 de 2004 y C-355 de 2006
[4] Pueden
verse, entre otras, las sentencias C-311 de 2002, C-036 de 2003, C-955 de 2001,
C-043 de 2004, C-569 de 2004 y C-228 de 2002
[5] Ver las sentencias C-774 de 2001 y C-228 de 2002.
[6] Auto 027 A de 1998, reiterado en las sentencia C-774
de 2001 y C-783 de 2004.
[7] Sentencia C-447 de 1997.
[8] Ibídem.
[9] Un ejemplo lo constituye la sentencia C-228 de 2002,
en la cual la Corte Constitucional decidió apartarse del precedente sentado en
la sentencia C-293 de 1995 al estudiar la constitucionalidad de unas
disposiciones del código de Procedimiento Penal que limitaban el papel de la
parte civil en el proceso penal.
[10] Sentencia
C-355 de 2006
[11] Magistrado
Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
[12] Sentencia C-131 de 1993. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[13] Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[14] Nótese además, que tanto la Ley
estatutaria de la Administración de justicia como el inciso 1 del artículo 21
del Decreto 2067 de 1991, reconocen también esta fuerza vinculante. En el caso
del inciso 1º, se expresa claramente que son vinculantes las sentencias de
constitucionalidad,  tanto para las autoridades como para los particulares.
[15] Sobre estas consideraciones hará
referencia el aparte e) de esta providencia. En todo caso, ver las  sentencias T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz);  T-260 de 1995 (MP. José Gregorio Hernández); C-252 de 2001 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz); C-836 de 2001. (M.P. Rodrigo Escobar Gil),  SU-047 de
1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-698 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre
otras.
[16] Sentencia T-292 de 2006. Magistrado
Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
[17] Al respecto, Champeau, Edmond &
Uribe Antonio José. Tratado de Derecho Civil Colombiano. Tomo I. Librairie de
la Société du Recueil General des lois et des arrets. Paris. 1899 y Vélez
Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Imprenta París-América.
Tomo I. París. 1926.
[18] Al respecto puede consultarse Uribe
Vargas, Diego. Las Constituciones de Colombia. Volumen II. Ediciones Cultura
Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana. Madrid. 1985. Página 743
[19] Código Civil de la República de Chile.
Tomo I. Ediciones de la Fundación La Casa de Bello. Caracas. 1981. Página 43.
[20] Referencia a Laurent de Recaséns Siches
Luis. Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. Editorial Porrúa S.A.
Tercera Edición. México. 1980. Página 199.
[21] Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social. Libro II,
capítulos VI y VII. Editorial Porrúa, S.A. México. 1992. Páginas 19 a 24.
[22] Montesquieu,
Del Espíritu de las Leyes. Traducción de Nicolás Estévanez. Editorial Claridad.
Buenos Aires. 1971. Páginas 187 y siguientes.
[23] Beccaria, Cesare. De los Delitos y de
las Penas. Editorial Temis. Bogotá. Tercera Edición. 2000. Página 13.
[24] Gény,
Francisco. Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo.
Editorial Reus. Segunda Edición. Madrid.
[25] De Savigny, Federico Carlos. Citado por
Enrique Aftalión, Fernando García Olano y José Vilanova en Tratado de Derecho
Romano. Editorial Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos Aires. 11ª
edición. 1980. Página 423.
[26] Recaséns Siches Luis. Nueva Filosofía de la Interpretación
del Derecho. Editorial Porrúa S.A. Tercera Edición. México. 1980. Página 64.
[27] Kelsen Hans. La
Teoría Pura del Derecho. Editorial Losada S.A. Buenos Aires. 1941. Páginas 131
y siguientes.
[28] Hart. H.L.A. El Concepto del Derecho.
Traducción al castellano de Carrió, Genaro. Editorial Abeledo- Perrot, Buenos Aires. 1963.
[29] Dworkin,
Ronald. Los Derechos en Serio. Madrid. Ediciones Ariel. 1995.
[30] Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie,
Cuarta Edición. Wolf E. 1950
[31] Perelman,
Chaim. La Lógica Jurídica y la Nueva Retórica. Madrid. Editorial Civitas,
reimpresión de la 1ª ed. 1989.
[32] Recaséns Siches Luis. Nueva Filosofía de la
Interpretación del Derecho. Editorial Porrúa S.A. Tercera Edición. México.
1980. Páginas 216 y siguientes
[33] Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Tomo I.
Introducción y Personas. Editorial Temis. Bogotá. Cuarta Edición. Página 115
[34] Gómez Duque Luis Fernando. Filosofía del
Derecho. Universidad Externado de Colombia. 1980. página 327
[35] Ídem. Página 326.
[36] Recuérdese
que el artículo 25 del Código Civil dispone que la interpretación con autoridad
de la ley oscura “sólo corresponde al legislador”
[37] Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método.
Ediciones Sígueme- Salamanca. 1998. Tercera Edición.
[38] Al respecto, ver análisis del
pensamiento de Husserl en Aflen Da Silva, Nelly Susane. Hermenéutica Jurídica y
Concreción Judicial. Editorial Temis. Bogotá. 2006.
[39] García de Enterría, Eduardo. La
Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Editorial Civitas.
[40] En relación con este tema, la Corte claramente
explicó: “el control de constitucionalidad es un juicio relacional de
confrontación de las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el
juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las
disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere
una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con
ella se confrontan”. En este mismo sentido, C-135 de 1994, C-496 de 1994, C-389
de 1996, C-4888 de 2000, C-128 de 2002, entre otras.
[41] En cuanto a la interpretación legal en su dimensión
práctica, recuérdese lo dicho por esta Corporación en sentencia C-557 de 2001:
“Si bien el control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto
porque no surge de su aplicación en un proceso particular, ello no significa
que el juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto
dentro del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y
dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vivido).  En fin: en buena
medida, el sentido de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual
es aplicada… Además, observar el derecho viviente en las providencias
judiciales es necesario para evaluar si el sentido de una norma que el juez
constitucional considera el más plausible, es realmente el que se acoge o
patrocina en las instancias judiciales.  Por ello, atender el derecho vivo es
una garantía de que la norma sometida a su control realmente tiene el sentido,
los alcances, los efectos o la función que el juez constitucional le atribuye”.
Al respecto, entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias C-1436 de
2000, C-426 de 2001, C-047 de 2001.
[42] La Corte explicó claramente este supuesto en
sentencia C-128 de 2002, así: “si la norma admite varias interpretaciones y
todas son constitucionales, la Corte no debe entrar a determinar con autoridad
el sentido legal, pues esa labor corresponde a los jueces ordinarios. Si la
situación es la contraria, esto es, que todas las interpretaciones posibles son
inconstitucionales, la Corte debe retirar del ordenamiento el precepto acusado.
En tercer lugar, si la norma admite varias interpretaciones, unas acordes con
la Constitución y otras que no lo son, la Corte mantendrá la disposición en el
ordenamiento pero excluirá del mismo, a través de una sentencia condicionada,
los entendimientos de la misma que contraríen los principios y valores
constitucionales. Sólo así, y en desarrollo del principio de conservación del
derecho, puede la Corte preservar la integridad y supremacía de la Carta, sin
desconocer la libertad de configuración del legislador”. Entre muchas otras,
pueden verse las sentencias C-1255 de 2001, C-426 de 2001, C-380 de 2000, C-836
de 2001.
[43] En
cuanto a las soluciones a la inconstitucionalidad por omisión que se ofrecen en
el constitucionalismo contemporáneo, la Corte dijo: “i) puede recurrir a una inconstitucionalidad diferida,
o constitucionalidad temporal, a fin de establecer un plazo prudencial para que
el legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido constatada[43]
y, ii)  puede ser la Corte quien llene ella misma el vacío legal que produce la
declaración de inexequibilidad de la disposición acusada, por medio de una
modalidad de sentencia integradora, que permita una respuesta constitucional al
vacío de regulación, mediante un nuevo precepto “que la sentencia
integra al sistema jurídico, proyectando directamente los mandatos
constitucionales en el ordenamiento legal”. En este mismo sentido, sentencias
C-109 de 1995, C-427 de 2000, C-802 de 2002, C-662 de 2004 y C-141 de 2001,
entre otras.
[44] No
debe olvidarse que, de un lado, el artículo 4º de la Constitución señala que,
“en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” y, de otro, los
artículos 86 y 241 de la Carta encomiendan a los jueces y a la Corte
Constitucional la protección de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o algunos particulares.
[45] Sentencia
C-128 de 2002.
[46] Sentencia C-496 de 1994. En este
sentido, son múltiples las providencias que explican las razones para proferir
este tipo de decisiones, entre otras, pueden consultarse las sentencias C-1299
de 2005, C-923 de 2005, C-928 de 2005, C-128 de 2002, C-333 de 2001, C-477 de
2001 y C-505 de 2001.
[47] Entre
muchas otras, pueden verse las sentencias C-370 de 2002, C-662 de 2004, C-802
de 2002, C-1175 de 2004, C-1090 de 2003, C-034 de 2005 y C-849 de 2005.
[48] Sentencia C-109 de 1995.
[49] Sentencia C-1046 de 2001
[50] Sentencia C-270 de 1993
[51] Sentencias C-301 de 1993 y C-424 de 1994