T-713-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-713/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES QUE
PRESTAN SERVICIO PUBLICO-Procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES EN CASO
DE AFECTACION GRAVE Y DIRECTA DEL INTERES COLECTIVO-Criterios de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO
EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia
excepcional
PRINCIPIO DE PRECAUCION EN MATERIA DE
RADIACION PRODUCIDA POR EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR-Aplicación para evitar peligro en la
salud
La Corte
Constitucional ha aplicado el
principio de precaución en relación con la instalación de bases o antenas de
telecomunicaciones, en los casos en que se comprueba la existencia de un
peligro en el estado de salud de las personas. Si bien esta Corporación ha
reconocido estudios internacionales de la Organización Mundial de la Salud en
los cuales se clasifica a las radiaciones no ionizantes como posiblemente
carcinógenas, también, en cada caso particular, realizó un esfuerzo por
encontrar siquiera indicios que demostraran la existencia de una relación de
causalidad entre la exposición a la radiaciones emitidas por las torres de
comunicaciones y la afectación en el estado de salud de los accionantes en cada caso.
UBICACION
Y FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR-Marco normativo
ACCION DE TUTELA PARA PROTECCION DEL DERECHO A
LA SALUD-Improcedencia por
cuanto no se demostró peligro, amenaza o afectación del estado de salud del
accionante como consecuencia de las radiaciones electromagnéticas que emite
antena de telefonía móvil celular
En
el caso particular, si bien no hay duda de que los accionantes padecen de
enfermedades coronarias que en la actualidad están siendo tratadas, no existen
pruebas que demuestren que las mismas pueden verse afectadas o agravadas a
causa del funcionamiento de la “estación base de telefonía móvil celular La
Cecilia CUN Vereda El Volcán La Calera”
Referencia: expediente T-5721728
Acción de
tutela presentada por Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana Arboleda
contra la Secretaría de Planeación Municipal de La Calera,
Cundinamarca, y Comunicación Celular S.A., COMCEL S.A., con vinculación
oficiosa de Plácido Vicente García Díaz
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016)
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria
Calle Correa y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro
Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Calera el trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016) y, en
segunda instancia, por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá el
trece (13) de julio del mismo año, dentro del proceso de tutela adelantado por
Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana Arboleda contra la Secretaría
de Planeación Municipal de La Calera, Cundinamarca, y Comunicación Celular
S.A., COMCEL S.A., con vinculación oficiosa de Plácido Vicente García Díaz.
El expediente de la
referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número
Nueve, mediante auto proferido el diecinueve (19) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016).
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y
solicitud
El dos (2) de mayo
de dos mil dieciséis (2016), Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana Arboleda,
actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, contra la Secretaría de
Planeación de La Calera, Cundinamarca, y Comunicación Celular S.A. –COMCEL
S.A.–, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
en la perspectiva de defensa y contradicción, a la salud y la vida, a raíz de
que la entidad mencionada otorgó una licencia de construcción para una estación
base de telefonía móvil celular a favor de COMCEL S.A., sin el cumplimiento de
los requisitos legales[1].
En consecuencia,
solicitaron que se ordene a la Secretaría de
Planeación de La Calera que revoque la licencia de construcción 077-15 y que
declare la nulidad del trámite y, consecuencialmente, que disponga la
suspensión definitiva de las obras en curso. Asimismo, y como medida
transitoria, peticionaron la suspensión inmediata de la referida licencia de
construcción y de las obras que adelanta COMCEL S.A. para la instalación de una
base telefónica.
Los accionantes
fundamentaron su solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Sergio Hernando Durana Londoño es residente y
Hernando Durana Arboleda es propietario y residente de fin de semana del predio
denominado Lote 1 identificado con el número catastral 000000240669000, ubicado
en la vereda El Volcán del municipio de La Calera, Cundinamarca[2].
-
Señalaron que el lote mencionado fue afectado “negativamente”
con las obras realizadas en el predio vecino, identificado con número catastral
000000240392000, y que fueron autorizadas por la Secretaría de Planeación
Municipal de La Calera, a través de la licencia de construcción 077-15,
otorgada a favor de COMCEL S.A. sin el cumplimiento de los requisitos legales,
máxime si se tiene en cuenta que se trata de la instalación de una antena de
telefonía[3].
-
Manifestaron que al solicitar el expediente
correspondiente a la licencia 077-15 detectaron que la Secretaría de Planeación
Municipal de La Calera incurrió en una serie de errores al otorgar el permiso
de construcción. En primer lugar, COMCEL no suministró la información referente
a su condición de colindantes, situación que implicó que no fueran notificados
del trámite de licencia de construcción ni como propietario del predio
(Hernando Durana Arboleda) ni como residente del mismo (Sergio Hernando Durana
Londoño) y, por ende, no pudieran ejercer su derecho de oposición[4].
En segundo lugar, en cumplimiento del requisito de anexar a la solicitud de
permiso de construcción el contrato de arrendamiento que se tenga en relación
con el predio que pretende ser intervenido, se encontró que el contrato
allegado no cumplió con las formalidades legales en cuanto a la firma por las
partes contratantes y la fecha de celebración del acto jurídico[5]. En tercer
lugar, se incumplió con la colocación adecuada y oportuna de las vallas de
notificación a interesados y terceros, que según la normativa vigente, deben
ser colocadas en lugar visible al público y no como ocurrió con la valla de
solicitud de licencia (de color amarillo) que se instaló en forma tardía y en
lugar no visible al público. En cuanto a la valla que anuncia el inicio de obra
(de color blanco), nunca fue instalada, lo que impidió que los vecinos se
enteraran de la iniciación de las obras ya mencionadas, implicando la negación
del derecho de oposición.
-
Con fundamento en la licencia de construcción
077-15 COMCEL S.A. inició las obras civiles en el predio identificado con
número catastral 000000240392000 y matrícula inmobiliaria 50N-20194304,
contiguo al de los accionantes según señalaron, tendientes al montaje de una
estación base de telefonía móvil celular[6].
-
Hicieron referencia a la respuesta de un derecho de
petición por ellos presentado ante el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (en adelante Ministerio de las TIC), encargado
de regular y asignar los permisos y frecuencias para las antenas de
comunicación celular. En dicho escrito se precisó que “[e]n Colombia
mediante resolución 1645 de 2005, el Ministerio de Comunicaciones declaró como
inherentemente confiable, es decir, seguras para la vida humana, las antenas de
telefonía celular, entre otras fuentes de radiaciones no ionizantes. Esta
declaración se está revisando en estos momentos”[7].
-
Explicaron que lo anterior, constituye un motivo
suficiente para ordenar y suspender bajo el mecanismo transitorio de la acción
de tutela, y con fundamento en el principio de precaución, la Resolución 077-15
que otorgó licencia de construcción a favor de COMCEL S.A., además de las obras
en curso, hasta tanto el Ministerio de las TIC haya finalizado la revisión la
Resolución 1645 de 2015 en lo que tiene que ver con la confiabilidad de las
antenas de telefonía celular para la vida humana.
-
Indicaron que su actual condición de salud (sufren
de una enfermedad coronaria) puede verse afectada con la instalación de una
antena microondas a pocos metros de su vivienda[8].
Expresaron: “El sector que escogimos como lugar de residencia con el fin de
mejorar nuestra salud y evitar empeorar, fue escogido por su ubicación, dado
que se trataba de un sitio tranquilo alejado del ruido y la contaminación
ambiental, hasta la ocurrencia de los hechos ya mencionados en los últimos días”[9].
-
Finalmente, señalaron que en un radio de 500 metros
alrededor del lugar donde se pretende instalar la estación de telefonía móvil
celular, funciona la escuela municipal de la vereda El Volcán, donde acuden
diariamente niños, niñas y adolescentes a estudiar. Además, se encuentran
varias viviendas donde habitan personas de la tercera edad que podrían verse
afectadas con las emisiones radioeléctricas.
Algunas de las pruebas
aportadas con la solicitud de amparo son:
-
Fotocopia de la Resolución No. 089 del veintisiete
(27) de mayo de dos mil quince (2015), de la Secretaría de Planeación Municipal
de La Calera, “por medio de la cual se expide licencia de construcción en la
modalidad de obra nueva para la caseta de equipos celulares de transferencia y
construcción de cerramiento, para una estación de base de telecomunicaciones de
telefonía móvil celular en el predio rural “El Olvido”, vereda El Volcán, con
un área a construir de 8,85 m2 y cerramiento a construir de 41,00 ML”[10].
La anterior resolución corresponde a la licencia de construcción No. 077
concedida en la modalidad de obra nueva a favor del señor Plácido Vicente
García Díaz, en su calidad de propietario del predio rural “El Olvido”, ubicado
en la vereda El Volcán, zona rural del municipio de La Calera, con un área
total de terreno de 19.200 m2, según la Escritura Pública No. 6.393
del seis (6) de noviembre de mil novecientos setenta (1970), de la Notaría
Quinta de Bogotá, e identificado con número catastral 000000240392000 y
matrícula inmobiliaria 50N-20194304.
En
dicho documento se hace constar que “[s]e suscribió Contrato de
Arrendamiento entre la señora HILDA MARÍA PARDO HASCHE, […], en calidad de
Suplente del representante legal de la Sociedad COMCEL S.A., […] en calidad de
arrendatario y el señor PLÁCIDO VICENTE GARCÍA DÍAZ, […], propietario del
predio rural “El Olvido”, ubicado en la vereda El Volcán, en calidad de arrendador,
con el objeto según cláusula primera de conceder por parte del arrendador al
arrendatario el uso y goce sobre un área aproximada de ciento cuatro (105,00m2)
(sic) metros cuadrados del predio rural denominado “El Olvido”, anteriormente
identificado, para instalar sobre el inmueble la torre y los equipos celulares
necesarios para la transmisión de comunicación celular, un contenedor o cuarto
para equipos celulares y de microondas, equipo de respaldo para los casos de
pérdidas o fallas en el fluido eléctrico, caseta para transferencia y depósito,
y demás elementos que se consideren necesarios para el correcto funcionamiento
de la estación, así como para mantener y destinar exclusivamente para operar la
estación base de telefonía móvil celular”[11]
(mayúsculas originales).
En
el artículo sexto de la Resolución No. 089 de 2015 se prevé la obligación de
identificación de las obras, en el siguiente sentido: “El titular de la
licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar
un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima
será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar
visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite
el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. La valla o
aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de identificación de la
licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o razón social del
titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4. Vigencia de la
licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia
especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total
de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades
habitacionales, comerciales o de otros usos. || La valla o aviso se instalará
antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos
o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo
de la ejecución de la obra”[12].
-
Fotocopia de la contraportada del expediente 15-019
en donde se da a conocer la hoja de ruta del procedimiento para la expedición
de licencia y sus modificaciones, conforme al Decreto 1469 de 2010[13].
En dicho documento aparecen vacíos los espacios correspondientes a “Firma
carta y edicto citación a vecinos”, “Radicación vecinos en
correspondencia”, “Recepción de cartas citaciones a vecinos”, “Intervención
de terceros”, “Respuesta a terceros” y “Recepción fotografía de
valla a terceros (Art. 29-1469)”. En el ítem correspondiente a la “Elaboración
carta y edicto de citación a vecinos (Art. 29-1469)”, se indica como fecha
el dos (2) de marzo de dos mil quince (2015) y a continuación aparece una firma
del responsable (no se identifica el nombre del funcionario).
-
Fotocopia de la solicitud de licencia de
construcción 15-0019 del veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015),
suscrita por Gloria Morales en calidad de solicitante. En dicho documento se
indica que el titular de la licencia es COMCEL S.A.; que el predio en el cual
se solicita el permiso de construcción corresponde a la finca “El Olvido” ubicada
en la vereda El Volcán de La Calera, e identificada con matrícula inmobiliaria
50N-20194304 y número catastral 000000240392000, y que los vecinos colindantes
son: Álvaro Bahamón Molina, Ligia Zambrano Escobar, Juan Parra Choachí y Néstor
Parra Rodríguez[14].
-
Fotocopia del aviso de la Secretaría de Planeación
Municipal de La Calera de fecha dos (2) de marzo de dos mil quince (2015)[15],
emplazando a los vecinos “ÁLVARO BAHAMÓN MOLINA, LIGIA ZAMBRANO ESCOBAR,
JUAN PARRA CHOACHÍ, NÉSTOR PARRA RODRÍGUEZ y demás personas interesadas en
pronunciarse” (mayúsculas originales) frente a la solicitud de licencia de
construcción formulada por COMCEL S.A., autorizada para el efecto mediante
poder otorgado por el señor Plácido Vicente García Díaz, en calidad de
propietario del predio. Al final, se señala: “sírvase expresar su voluntad o
la oposición…”[16].
Aparece constancia de que el aviso se fijó en la cartelera del despacho de la
Secretaría de Planeación Municipal de La Calera el dos (2) de marzo de dos mil
quince (2015), a las 7:00 a.m., y se desfijó el trece (13) de marzo del mismo
año, a las 5:30 p.m.[17].
-
Fotocopia del contrato de arrendamiento celebrado
entre Hilda María Pardo H., quien obra en su condición de representante legal
de Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A., persona jurídica arrendataria, y
Plácido Vicente García Díaz, propietario del predio y arrendador. El bien
objeto del contrato corresponde a un área de ciento cinco (105) metros
cuadrados del predio rural “El Olvido” ubicado en la vereda El Volcán del
municipio de La Calera, Cundinamarca, identificado con matrícula inmobiliaria
No. 50N-20194304 y cédula catastral 000000240392000, con linderos plenamente
identificados en la Escritura Pública 6393 del seis (6) de noviembre de mil
novecientos setenta (1970) de la Notaría Quinta de Bogotá. En la cláusula
segunda, se establece: “1.- EL ARRENDATARIO puede instalar sobre el inmueble
objeto del presente contrato la(s) torres(s) y equipos celulares necesarios
para la transmisión de comunicación celular, un contenedor o cuarto para
equipos celulares y de microondas, equipo de respaldo para los casos de pérdidas
o fallas en el fluido eléctrico dentro de la cabina insonorizada, caseta para
transferencia y depósito, dos acometidas para instalación de cables de fibra
óptica hasta la calle y demás elementos que se consideren necesarios para la
instalación de la fibra óptica, junto con los elementos que se consideren
necesarios para el correcto funcionamiento de la estación, así como mantener y
destinar exclusivamente para operar la estación base de telefonía móvil
celular” (folio 15). Dicho documento no tiene fecha de celebración y solo se
encuentra firmado por el arrendador Plácido Vicente García Díaz[18].
2. Diligencias
adelantadas por el juez de primera instancia
Mediante auto del
tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Promiscuo Municipal de
La Calera admitió la acción de tutela y le corrió traslado a los accionados con
el fin de que ejercieran su derecho de defensa[19].
En esa oportunidad la Juez le ordenó a la Secretaría de Planeación de La Calera
el envío de copia del proceso en virtud del cual se profirió la licencia de
construcción 077-15, y decretó una inspección judicial al terreno objeto de
controversia con la finalidad de verificar los hechos y violaciones descritos
en la demanda. Asimismo, ordenó la suspensión inmediata (i) de la
licencia de construcción 077-15 y (ii) de las obras adelantadas por COMCEL
S.A. para la instalación de una base de telefonía móvil celular, de acuerdo al
permiso referido.
Según el acta de la
diligencia de inspección judicial practicada el cuatro (4) de mayo de dos mil
dieciséis (2016)[20],
la Juez se trasladó al lote ubicado en la vereda El Volcán kilómetro 7 del
municipio de La Calera. El predio fue descrito así: “Por un costado con la
carretera que de la calera conduce a Mundo Nuevo, por otro costado con predios
de Sabina Flórez y herederos Flórez, por otro costado con el accionante Sergio
Hernando Durana y por otro costado con un carreteable”. A su vez, se indicó
que “[u]na vez allí se puede constatar que existen unas hendiduras o
excavaciones donde al parecer y por información de quien atiende la diligencia
van a instalar la torre Comcel…”[21].
Allí mismo, posesionó a la auxiliar de la justicia designada como perito[22]
para que absolviera el cuestionario realizado por la Juez[23].
El mismo día de la inspección
judicial la Juez le recepcionó declaración juramentada al señor Sergio Hernando
Durana Londoño. En dicha diligencia manifestó: “Hace aproximadamente 15 días
pudimos notar desde el predio donde vivimos, que en el predio vecino de
propiedad del señor Plácido Vicente García, se estaba dando inicio a una
construcción que en su momento no sabía yo que motivo de construcción era dado
que nunca fui notificado, así como tampoco [pude] observar aviso alguno de
dicha obra, al indagar con mi vecino señor García propietario del predio donde
se pretende instalar la antena, se me dijo que la empresa COMCEL S.A. pretendía
instalar una estación radio eléctrica, inmediatamente me entero de este hecho y
viendo que la salud de mi núcleo familiar conformado por mi esposa, mi padre de
81 años de edad y mío se irían a ver afectados, dado que mi padre ha sufrido 2
infartos, ha sido intervenido del corazón al igual que yo, que a mi edad de 52
años he padecido 2 infartos, que me han llevado a un detrimento de mi sistema
cardiaco que presenta en la actualidad una fracción de inyección del 38% […][24].
Debo aclarar que en su mayoría mis vecinos son personas de la tercera edad
entre los 60 a 80 años de edad, casi todos con padecimientos de salud y
cohabitando también con menores de edad, estos vecinos han venido
manifestándome recurrentemente el estrés sicológico producido por este hecho y
preocupación porque se les acorte su vida debido a la instalación de la antena
de la estación radio eléctrica con todas las perturbaciones que esto genera.
Por otra parte a una distancia de aproximadamente 500 metros podemos encontrar
que funciona la Escuela El Volcán, donde estudian niños de 4 a 11 años y la
docente ha manifestado su amplia preocupación por las posibles consecuencias
que pudiera llegar a tener la instalación de la estación radioeléctrica en la
salud de los niños. Esas son las razones por las que me he visto motivado para
solicitar a su honorable despacho se suspendan las obras”[25].
Mediante auto del
cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016) la Juez decidió vincular al
trámite tutelar al señor Plácido Vicente García Díaz, debido a que, en su
condición de propietario y arrendador del predio sobre el cual se instalará la estación
base de telefonía móvil celular, se podía ver afectado con el resultado del
proceso[26].
Durante el término de traslado de la acción de tutela no hizo pronunciamiento
alguno.
El diez (10) de
mayo de dos mil dieciséis (2016) la auxiliar de la justicia posesionada como
perito[27]
allegó al despacho judicial el dictamen pericial realizado en el predio
denominado “El Olvido” de la vereda el Volcán del municipio de La Calera, Cundinamarca[28],
de propiedad del señor Plácido Vicente García Díaz. En dicho documento explicó
que alrededor del predio donde se piensa colocar la antena existen unas treinta
(30) casas aproximadamente, pues a pesar de ser un sector rural están ubicadas
como un centro poblado por la cercanía de las viviendas; entre ellas, relacionó
la de los siguientes moradores o vecinos indicando la distancia que tienen con
el predio El Olvido: Carlos Eduardo Mottoa (35 mts); Anan Odilia Cruz y Pedro
Julio Gómez (39 mts); Violeta Aviles (40 mts); Juan Parra (95 mts); Sergio
Hernando Durana (115 mts); Rofle Ramírez (253 mts); Soledad y Vicente Cubillos
(429 mts); Julián Ruiz (410 mts); Inés y Pablo García (430 mts); Florentino
(485 mts), y escuela El Volcán (500 mts). Señaló que todas las anteriores edificaciones
serían alcanzadas por las ondas electromagnéticas, y que algunos de los
residentes, quienes en su mayoría superan los sesenta (60) años y presentan
padecimientos de salud, expresaron no estar de acuerdo con la instalación de
una antena en el predio “El Olvido”. En relación con los posibles efectos en la
salud como consecuencia de la exposición a las ondas electromagnéticas
producidas por las antenas de telefonía móvil celular, concluyó:
“Referente
a la exposición a ondas electromagnéticas emitidas por las antenas de telefonía
móvil celular como fuente de riesgo para la salud, aunque los campos
electromagnéticos producidos por las estaciones base de telefonía móvil son
pequeños, distintas entidades han investigado la posibilidad de que las antenas
emisoras sean perjudiciales para la salud y han establecido lineamientos con el
fin de limitar la exposición de las personas a la radiación.
Ejemplo.
LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES NO
IONIZANTES (ICNIRP, por sus siglas en inglés) es una organización no
gubernamental reconocida oficialmente por la OMS. En 1998 la ICNIRP, publicó
las “Recomendaciones para limitar la Exposición a Campos Electromagnéticos,
Magnéticos y Electromagnéticos hasta 300 GHz”, documento a través del cual
estableció las restricciones y límites a la exposición de las personas a los
campos electromagnéticos, con el fin de evitar efectos negativos a la salud
conocidos científicamente hasta la fecha.
El
documento mencionado establece que la información disponible es insuficiente
para determinar si existen efectos potenciales a largo plazo producidos por la
exposición a campos electromagnéticos, como el aumento en el riesgo de cáncer,
por cuanto las investigaciones han proporcionado evidencia sugestiva, pero no
convincente de una posible asociación con la producción de efectos
cancerígenos.
Al
observar los posibles efectos nocivos causados por la radiación
electromagnética no ionizante, el 12 de julio de 1999, el CONSEJO EUROPEO
aprobó la recomendación para la “Exposición del público en general a campos
electromagnéticos” 26 de 0 Hz. En tal instrumento se sugieren unos límites de
exposición que coinciden con los establecidos por la ICNIRP y se deja abierta
la posibilidad de que los estados miembros establezcan un nivel de protección
superior, partiendo de las restricciones básicas y los niveles de referencia
establecidos.
Por
otra parte la Organización Mundial de la Salud, investigó los efectos que
pueden ocasionar la exposición a campos electromagnéticos y concluyó que,
respecto a las consecuencias negativas para la salud, relacionadas con los
efectos no técnicos que generan la exposición a las ondas emitidas por los
teléfonos celulares. “Podrían producirse efectos sutiles sobre las células que
podrían influir en el desarrollo del cáncer. También se ha planteado la hipótesis
de posibles efectos sobre los tejidos excitables por estímulos electrónicos que
podrían influir en la función del cerebro y los tejidos nerviosos”.
La
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en
inglés) forma parte de la Organización Mundial de la Salud, su objetivo es
promover la colaboración internacional para la investigación del cáncer. A
través de su programa de monografías, la IARC ha identificado las distintas
causas de esta enfermedad con el fin de prevenir este padecimiento en el mundo.
El
preámbulo de las monografías de la IARC27 determina la forma en la que se
clasifican los agentes de riesgo para la salud humana así:
GRUPO               EFECTO
Grupo
1                Exposición carcinógena a los humanos.
Grupo
2 A            Exposición probablemente carcinógena a los humanos.
Grupo
2 B            Exposición posiblemente carcinógena a los humanos.
Grupo
3                Exposición no se puede clasificar como carcinógena a los
humanos - pero no excluye que lo sea, se requiere más información.
Grupo
4                Exposición probablemente no es carcinógena a los humanos.
En
ejercicio de esta función, del 24 al 31 de mayo de 2011, un grupo de 31 científicos
de 14 países, se reunieron en Francia para determinar que riesgo representan
los campos electromagnéticos de producir cáncer. A través del comunicado de
prensa número 208 del 31de mayo de 2011, se hizo pública la decisión de la AIAC
de clasificar los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente
carcinógenos para los humanos, es decir en la actualidad, los campos
electromagnéticos se encuentran clasificados en la categoría 2B29.
Los
resultados arrojados por las investigaciones mencionadas fueron publicados en
la revista médica inglesa The Lancet Oncology, en la que se estableció que los
campos electromagnéticos generados por las fuentes RF se unen con el cuerpo,
resultando en campos eléctricos y magnéticos inducidos y asociados con
corrientes en los tejidos[29]
(mayúsculas originales).
En el registro
fotográfico anexo al dictamen pericial se observa un predio contiguo a un
carreteable en el que aparecen unas excavaciones cuadradas con piedra en el
borde, y en un árbol que se encuentra a unos metros de la carretera, colgada de
su tronco se ve una valla amarilla en donde se lee que la Secretaría de
Planeación del Municipio de La Calera informa acerca de un proyecto de
construcción (no se alcanzan a leer las especificaciones del mismo)[30].
3. Respuesta de
los accionados
3.1. El Secretario
de Planeación (E) del municipio de La Calera[31],
el seis (6) de mayo de dos mil dieciséis (2016), radicó contestación a la
solicitud de amparo, oponiéndose a las pretensiones formuladas por los
accionantes en la medida en que no existe vulneración al debido proceso en su
faceta de derecho de defensa y contradicción. Asimismo, sostuvo que la acción
de tutela no resulta ser “el mecanismo idóneo para pretender, discutir o
adelantar un control de legalidad de aspectos ajenos al derecho fundamental
presuntamente vulnerado”, ya que para ello cuenta con otros mecanismos de
defensa judicial[32].
En relación con el
primer punto, sostuvo que el Decreto Nacional 1469 de 2010[33], que regula
el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas, enuncia en el artículo
21 los documentos que deben acompañar la solicitud de licencia urbanística, en
cuyo numeral 6º se establece: “La relación de la dirección de los predios
colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se entiende por predios
colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el inmueble o inmuebles
objeto de solicitud de licencia. || Este requisito no se exigirá cuando se
trate de predios rodeados completamente por espacio público o ubicados en zonas
rurales no suburbanas”. En consecuencia, señaló que por tratarse en el caso
concreto de un predio rural no se exigía el suministro de las direcciones de
los colindantes; sin embargo, ello no significa que los colindantes y los
terceros no cuenten con mecanismos de publicidad, pues el artículo 29 del
Decreto 1469 de 2010 regula la citación de vecinos[34]. Al
respecto, precisó:
“[…]
dentro del trámite de la licencia y no obstante que la norma eximía de
proporcionar la relación de los vecinos colindantes por ser un inmueble ubicado
en suelo rural, el peticionario adjuntó la información de los mismos en el
numeral 3 del formulario de solicitud, y este despacho fijó el día 2 de marzo
de 2015 un Aviso a los colindantes del predio objeto de la solicitud, el cual
se desfijó el 13 de marzo del año 2015 (folio 84 del expediente).
Asimismo
el interesado aportó las constancias de fijación en el predio, de la valla de
información a terceros exigida por la norma (ver folios 82 y 83).
Como
puede verse dentro del trámite se observaron y cumplieron con los requisitos de
publicidad de la solicitud de licencia, de manera tal que no resulta plausible
indicar que se vulneró el derecho de defensa del accionante ni de los vecinos
colindantes y terceros”[35].
En relación con el
segundo punto, señaló que contra los actos administrativos que otorgan
licencias son procedentes los medios de control contencioso administrativos
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, especialmente la simple nulidad o la nulidad y restablecimiento
del derecho previstos en los artículos 137 y 138, respectivamente.
En cuanto al
perjuicio irremediable que fundamentan los accionantes para justificar la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, expresó que en el presente
caso no se vislumbra toda vez que existe normativa ambiental, específicamente
el Decreto Nacional 195 de 1995[36]
y la Resolución 1645 de 2005 del Ministerio de Comunicaciones, que en su orden regulan
los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos y el
procedimiento para la instalación de estaciones radioeléctricas, que, en todo
caso, no fueron incumplidas.
3.2. La Gerente de
Reclamaciones del Cliente y quien afirmó ser representante legal de COMCEL S.A.[37]
presentó respuesta el diez (10) de mayo de dos mil dieciséis (2016) oponiéndose
a las peticiones de los tutelantes, por cuanto están basadas en supuestos
carentes de pruebas veraces, técnicas y científicas. Consecuencialmente, solicitó
que no se accediera a la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la salud materializada en el principio de precaución de los accionantes, ni
se decretara la interrupción de las obras de instalación de la “estación
base de telefonía móvil celular La Cecilia CUN Vereda El Volcán La Calera”,
debido a que la torre en mención tiene autorización de la Aeronáutica Civil y
la Oficina de Planeación Municipal de La Calera, razón por la cual la misma
goza de legalidad y cumplió con el debido proceso. Señaló en esa oportunidad
que las antenas de telefonía móvil celular no causan los daños adversos
aludidos por los demandantes, además refirió que frente a este aspecto los
accionantes no aportaron prueba alguna que evidencie la real afectación en el
caso concreto. Asimismo, peticionó la citación de la Agencia Nacional del
Espectro –ANE–, quien por su competencia en la materia discutida debe ser
vinculada al trámite[38].
Entre los principales
hechos y argumentos planteados por la funcionaria se encuentran:
-
Es indebida la representación de los demás
habitantes del sector y de los menores de edad que estudian en la escuela El
Volcán.
-
No existen pruebas que acrediten las lesiones a los
derechos fundamentales al debido proceso y a la salud materializada en el
principio de precaución de los accionantes o la supuesta comunidad afectada,
con ocasión de la instalación de la estación base de telecomunicaciones.
-
Existen normativas y directivas del nivel nacional
e internacional, incluso de la OMS, que establecen que “las antenas de
telefonía móvil son fuentes inherentemente conformes, su exposición no genera
riesgos asociados a la salud, y no hay estudios concluyentes que demuestren lo
contrario.
-
Los accionantes no demostraron ser vecinos
colindantes del predio donde se pretende instalar la antena.
-
En el caso concreto debe defenderse el interés
general sobre el particular, ya que las estaciones base de telefonía móvil
permiten garantizar la adecuada y eficiente prestación de dicho servicio
público[39].
-
En el trámite de licencia 077-15 las notificaciones
a todos los vecinos colindantes al predio arrendado por COMCEL se practicaron
en debida forma respetando el debido proceso, por lo cual las observaciones de
los accionantes son infundadas y se basan en pequeñas omisiones de los
funcionarios de Planeación Municipal al hacer el registro en las planillas de
manejo del expediente que en el punto de notificaciones son contrarias al
contenido real del mismo; además, la supuesta colindancia de Hernando Durana y
Sergio Hernando Durana no es evidente y no deriva de la información que aparece
en el certificado de tradición y libertad correspondiente al inmueble del que
dicen ser propietario y residente, respectivamente.
-
El contrato de arrendamiento cumplió con las
formalidades exigidas por la ley, no obstante, la situación aludida por los
accionantes no va en contravía del debido proceso ni vulnera alguno de los
derechos invocados, por lo que es irrelevante para la esfera del juez
constitucional.
-
Se instalaron las vallas exigidas por Curaduría y
Planeación Municipal y hasta ahora se está en las excavaciones propias del
inicio de la obra, esto es, no se ha empezado con el montaje de la antena.
-
La escuela de la vereda no va a ser perjudicada por
la antena de telecomunicaciones, por el contrario, dicha estructura va a
garantizar los derechos fundamentales a la comunicación y la información de los
menores y de los residentes de todo el municipio de La Calera.
-
Estudios recientes han demostrado que las
estaciones base de telecomunicaciones “no representan ningún peligro para la
salud y la vida de la comunidad en general como lo ha determinado la OMS en sus
estudios reiterativos y el mismo Gobierno Nacional a través de sus estudios en
conjunto con el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de
Telecomunicaciones, el Ministerio  de Ambiente entre otros…”[40].
Al respecto, agregó:
“[…]
los efectos de las radiaciones electromagnéticas en la salud, según el estudio
emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que no existe prueba
científica convincente de que las débiles señales de RF procedentes de las
estaciones base y las redes inalámbricas tengan efectos adversos en la salud de
los seres humanos.
De
igual manera la entidad realmente acreditada para poder emitir un juicio y/o un
estudio al respecto de las radiaciones electromagnéticas y sus efectos en la
salud, es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la máxima autoridad
internacional en materia de salud y quien ha realizado, efectivamente y de
manera previa, estudios sobre el tema.
Aunado
a lo anterior, hay que tener en cuenta que la energía eléctrica, la radio
frecuencia, las microondas, los rayos infrarrojos y la luz visible son
radiaciones, no ionizantes; los efectos de las radiaciones no ionizantes son
diferentes a los de las radiaciones ionizantes que si pueden causar graves
daños a la salud; es de anotar que las otras ondas producidas por la telefonía
móvil celular son radiaciones no ionizantes.
La
Agencia Nacional del Espectro, entidad con conocimiento técnico y científico en
el tema en diversas publicaciones ha manifestado su concepto sobre el tema
[entre ellas, en la Cartilla “Antenas para el progreso”], concluyendo que las
emisiones electromagnéticas de las antenas de telecomunicaciones son tan bajas
que no son nocivas para el ser humano, y por el contrario ayudan a las
comunicaciones…[41].
De
hecho, la radiación de las antenas celulares utiliza potencias de transmisión
mucho más bajas que las de una antena de radio o televisión, por lo cual no
afecta a la salud humana ni produce ningún tipo de enfermedad. Esos son temores
infundados, tal como se demostrará más adelante…
[…]
[Luego
de hacer referencia al principio de precaución, concluye que en] el caso bajo
estudio, resulta inconducente basarse en el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN para
solicitar que no se instale la estación base en la Vereda El Volcán del
municipio de La Calera.
En
efecto como se pudo observar uno de los requisitos indispensables para dar
aplicación al principio de precaución es que exista evidencia científica de que
algo presenta riesgos potenciales para la salud o el medio ambiente.
Ahora
bien, ante la ausencia de alguna prueba científica aportada por los accionantes
que demuestre que la estación base objeto de este proceso ha repercutido
negativamente en su salud a la de la comunidad, su aplicación no procede.
[…]
En
conclusión, al no existir un concepto científico en virtud del cual se pueda
determinar la incidencia de la radiación emitida por las torres en la posible
afectación de la salud de los tutelantes o personas del sector, no es posible
atribuírsele a la instalación de las antenas de telefonía celular las
implicaciones aludidas por los accionantes, cuyas afectaciones a derechos
fundamentales no acreditan”[42]
(mayúsculas originales).
Sostuvo que los encargados de la instalación de las antenas de servicio
por parte de COMCEL S.A. son ingenieros especializados, los cuales analizan las
características del emplazamiento para ubicar los puntos de medición más
estratégicos tales como el salón de equipos, la caseta del operador, los puntos
cercanos a la torre de la antena y el área de público general. Asimismo, que gozan
del conocimiento necesario y la capacidad para realizar las mediciones
requeridas, ubicando de esta forma el equipo en el punto detectado como óptimo,
para que la antena esté debidamente calibrada en el rango de frecuencia
adecuado y pueda darse cumplimiento a los límites de exposición permitidos por
la ley.
Finalmente, planteó que en el caso concreto la acción de tutela es
improcedente porque los accionantes no acreditaron la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique acudir a un amparo transitorio.
Si bien en el escrito se hace un listado de pruebas que se aportan con
la contestación, no se observan en el expediente.
4. Decisión que
se revisa del juez de tutela de primera instancia
El Juez Promiscuo
Municipal de La Calera, mediante sentencia del trece (13) de mayo de dos mil
dieciséis (2016)[43],
resolvió acoger parcialmente la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, y amparar “el derecho a la salud en
conexidad con la vida” de los señores Sergio Hernando Durana Londoño y
Hernando Durana Arboleda. Consecuencialmente, (i) ordenó a COMCEL S.A.
la suspensión de la construcción de la mencionada torre de telecomunicaciones
celular en el predio denominado El Olvido ubicado en la vereda El Volcán del
municipio de La Calera, de propiedad del señor Plácido Vicente García. (ii)
Exhortó a la Secretaría de Planeación Municipal de La Calera, a fin de tomar
los correctivos que para el caso correspondan. Finalmente, (iii)
concedió a los accionantes un término de cuatro (4) meses contados a partir de
la providencia, para que ejerzan la acción que consideren pertinente ante la
jurisdicción correspondiente, so pena de cesar los efectos del fallo.
En relación con la
aplicación del principio de precaución y atendiendo a sus requisitos[44],
concluyó (i) “[…] queda evidenciado que hay una amenaza a la salud de
los accionantes, como de los vecinos y los menores de edad estudiantes de la
escuela El Volcán, dado que son personas que habitan en el sector donde se
pretende colocar la antena de propiedad de la empresa COMCEL S.A.”[45].
(ii) “[…] sí está probado en el plenario, que los hoy accionantes y
sus vecinos presentan grandes quebrantos de salud y esto quedó demostrado con
las historias clínicas allegadas [al mismo],…”[46]. (iii)
“[…] el despacho ordenó la suspensión de las obras…”[47]. (iv)
“[e]stá probado en el [plenario], la amenaza del derecho fundamental a la
salud como quinto elemento de los accionantes […] quienes tienen problemas
coronarios, han tenido intervenciones quirúrgicas, igual situación acontece con
los vecinos conforme historial clínico allegado e información dada a la perito
y como quedó plasmado en la diligencia de inspección judicial”[48].
Concluyó que en el
caso concreto se debe aplicar el principio de precaución, evitando cualquier
riesgo ambiental que pueda resultar nocivo para la salud de los accionantes y
demás moradores del sector, que en su mayoría son personas de la tercera edad y
los niños y niñas que estudian en la escuela El Volcán.
5. Impugnación
El diecisiete (17)
de mayo de dos mil dieciséis (2016), los señores Hernando Durana Arboleda y
Sergio Hernando Durana Londoño presentaron escrito de impugnación frente a la
decisión anterior. Manifestaron su inconformidad en relación con las decisiones
que hacen referencia al amparo transitorio y a la orden dada a COMCEL S.A. para
la suspensión de la construcción de la torre de telecomunicación celular,
primero, porque someterlos a acudir ante la jurisdicción contencioso
administrativa (ya sea por la vía de la nulidad y restablecimiento del derecho
o por la de la acción popular) podría ir en detrimento de su actual condición
de salud, teniendo en cuenta que los procesos son excesivamente demorados; y,
segundo, porque en aplicación del principio de precaución las medidas adoptadas
deben ser definitivas para la salvaguardia de sus derechos a la salud y a la
vida[49].
En relación con el
derecho a la salud, insistieron en su actual padecimiento de enfermedad
coronaria. Refirieron que en el caso del señor Durana Londoño “su historia
clínica confirma el hecho de haber sufrido 2 infartos, quedando con una
fracción de eyección de 38%, por pérdida del músculo cardiaco, y por tener
instalados en las arterias del corazón 3 Stents, lo que ampliamente demuestra
su precario estado de salud”. Y en cuanto al señor Durana Arboleda,
indicaron que es un “adulto mayor, cobijado por protección especial, con 81
años de edad, su historia clínica confirma que ha sufrido dos infartos, que
tiene instalados en las arterias del corazón 4 Stents y que recientemente ha
sufrido de Fibrilación Auricular, situación que lo llevó a ser hospitalizado,
dado el alto riesgo de sufrir Isquemia Cerebral”[50].
El veintiocho (28)
de junio de dos mil dieciséis (2016), quien afirmó ser la representante legal
de COMCEL S.A.[51],
solicitó la nulidad del trámite desde el auto admisorio de la demanda por
vulneración al debido proceso, teniendo en cuenta que el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Calera, el cuatro (4) de mayo del mismo año, practicó
inspección judicial en la vereda El Volcán de La Calera en el lugar donde se
prevé la construcción de la estación base, sin comunicarle a los accionados
acerca de la realización de dicha diligencia en la que se recaudaron pruebas
que la empresa no tuvo ocasión de controvertir[52].
En esa misma fecha se adhirió a la impugnación interpuesta por los accionantes
contra la sentencia del trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016),
reiterando en parte los argumentos expresados en la contestación a la demanda
de tutela[53].
6. Decisión que
se revisa del juez de tutela de segunda instancia
El Juzgado Treinta
y Nueve Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del trece (13) de julio
de dos mil dieciséis (2016)[54],
revocó la decisión del juez de primera instancia al considerarla desacertada
pues no se demostró la existencia de un daño que afecte derechos fundamentales.
Al respecto, sostuvo:
“De
entrada, hay que ver que no es posible que se indique que el equipo a
instalarse le está ocasionando perjuicios a la salud de los actores y a la
comunidad en la medida que este ni siquiera ha sido instalado, pues sólo en la
medida en que esto se evidenciase sería la única forma en que excepcionalmente
la presente situación se saldría de la órbita de las acciones grupales […] para
tener cabida dentro del medio residual contemplado por el artículo 86 de
nuestra carta fundante, valga decir, que sólo y en tanto se encuentre afectado
un derecho fundamental con ocasión de la supuesta vulneración a un derecho
colectivo, ahí sí tendría cabida la acción de amparo peticionada”[55].
Asimismo, afirmó
que la demanda se fundamenta en una serie de supuestos yerros procedimentales
de la Secretaría de Planeación Municipal de La Calera en el curso de la
expedición de la licencia de construcción 077-15, que están por fuera del alcance residual de la acción de tutela, y
que en todo caso cuentan con los medios de control ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Finalmente, no
accede a la nulidad invocada por COMCEL S.A., en la medida en que el trámite de
la acción de tutela “es sumario y expedito, además contrae un grado de
informalidad lo que hace que no sea posible que se agoten en rigor ritualidades
procedimentales”[56];
además, la actuación de la funcionaria se fundamenta en el inciso final del
artículo 21 del Decreto 2591 de 1991[57].
7. Actuaciones
en sede de revisión
7.1. La magistrada sustanciadora con el fin de obtener elementos de juicio
para adoptar una decisión más informada en el caso objeto de análisis, mediante
auto del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)[58] decretó algunas pruebas. Igualmente, al constatar que se omitió
vincular al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
a la Agencia Nacional del Espectro, ordenó su vinculación para que se pronunciaran
acerca de la acción de tutela y allegaran las pruebas que consideren
pertinentes[59].
7.2. Mediante
oficio 2-1200-2016-001854, recibido en la Secretaría de la Corporación el
veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), el Jefe de Oficina
del Instituto Nacional de Salud[60]
transcribe el concepto emitido por el Grupo Prevención, Vigilancia y Control de
Factores de Riesgo Ambiental según memorando 3-4220-16-01298 de la misma fecha,
en los siguientes términos:
“[…]
|| La Organización Mundial de la Salud, máximo rector en materia de salud en el
mundo, entidad supragubernamental y plurinacional, cuenta con paneles de
expertos científicos en diferentes ramas de la ciencia que abordan, desde la
perspectiva del análisis del riesgo, diferentes temas de interés para la salud
pública como el de las radiaciones electromagnéticas de ultra baja frecuencia
(RE-UBF) y su posible impacto negativo en la salud.
En
este sentido, el grupo de expertos convocado por la OMS publicó en el año 2007
en documento llamado Criterios de salud ambiental 238 (environmental heath
criteria 238) donde se realiza la evaluación del riesgo de padecer algún tipo
de enfermedad por exposición a campos electromagnéticos de ultra baja
frecuencia.
Los
expertos científicos que participaron en la construcción de este documento
desde los grupos de trabajo de expertos fueron los siguientes:
·
Grupo de trabajo en desórdenes neurodegenerativos:
12 expertos internacionales.
·
Grupo de trabajo en desórdenes cardiovasculares: 5
expertos internacionales.
·
Grupo de trabajo en leucemia infantil: 11 expertos
internacionales.
·
Grupo de trabajo en medidas de protección para
RE-UBF: 10 expertos internacionales.
·
Grupo de trabajo en campos electromagnéticos: 21
expertos internacionales.
El
citado documento reporta a manera de conclusiones en los aspectos relacionados
a continuación las siguientes:
·
Neurocomportamiento
La
evidencia de otros efectos neurocomportamentales en estudios con voluntarios,
tales como los efectos en la actividad eléctrica del cerebro, la cognición, el
sueño, la hipersensibilidad y el humor, son poco claras.
En
los estudios en los que se investigó si los campos magnéticos afectaban a la
calidad del sueño se han reportado resultados inconsistentes. Es posible que
estas inconsistencias puedan atribuirse en parte a diferencias en el diseño de
los estudios.
Algunas
personas afirman que son hipersensibles a los CEM en general. Sin embargo, los
resultados obtenidos en estudios doble ciego de provocación parecen indicar que
los síntomas notificados no guardan relación con la exposición a dichos campos.
Las únicas evidencias que la exposición a campos eléctricos y magnéticos de
ultra baja frecuencia provoca síntomas depresivos o el suicidio son
inconsistentes y no concluyentes. Por lo tanto, la evidencia es considerada
inadecuada.
·
Sistema neuroendocrino
Los
resultados de varios estudios en voluntarios, así como estudios epidemiológicos
residenciales y ocupacionales, sugieren que el sistema neuroendocrino no es
afectado adversamente por la exposición a campos eléctricos o magnéticos en
frecuencia de energía.
No
se han observado efectos consistentes en las hormonas relacionadas con el
estrés del eje hipófisis-glándulas suprarrenales en diversas especies de
mamíferos, con la posible excepción de un estrés de corta duración tras el
inicio de la exposición a campos eléctricos de ultra baja frecuencia a niveles
suficientemente altos para poder percibirlos.
Considerados
en conjunto, estos datos no indican que los campos eléctricos y/o magnéticos de
ultra baja frecuencia afecten al sistemaneuroendocrino de manera que se
produzcan efectos adversos en la salud humana, por lo que las pruebas se
consideran inadecuadas.
·
Trastornos neurodegenerativos
Se
ha planteado la hipótesis que la exposición a campos de ultra baja frecuencia
puede estar asociada con varias enfermedades neurodegenerativas. En relación
con la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple, el número de estudios
ha sido pequeño y no hay evidencias de asociación con estas enfermedades.
Los
pocos estudios en los que se ha investigado la asociación entre la exposición a
campos de ultra baja frecuencia y la enfermedad de Alzheimer son
contradictorios. Sin embargo, los estudios de mayor calidad que se consagraron
en la morbilidad de la enfermedad de Alzheimer más que en la mortalidad no
indicaron una asociación. En conjunto, las pruebas de una asociación entre la
exposición a campos de ultra baja frecuencia F y la enfermedad de Alzheimer son
insuficientes.
·
Trastornos cardiovasculares
Los
estudios experimentales de exposición tanto de corta como de larga duración
indican que, si bien el choque eléctrico representa un peligro evidente para la
salud, es improbable que se produzcan otros efectos cardiovasculares peligrosos
asociados con los campos de ultra baja frecuencia a los niveles de exposición
ambiental u ocupacional comúnmente encontrados.
La
posibilidad que exista una asociación específica entre la exposición y el
control autónomo alterado del corazón sigue siendo una mera especulación. En
conjunto, las pruebas no respaldan una asociación entre la exposición a campos
de ultra baja frecuencia y las enfermedades cardiovasculares.
·
Inmunología y hematología
Las
evidencias de los efectos de los campos eléctricos o magnéticos de ultra baja frecuencia
F sobre los componentes del sistema inmunológico en general son inconsistentes.
En muchos casos las poblaciones celulares y los marcadores funcionales no
fueron afectados por la exposición.
Son
pocos los estudios realizados sobre los efectos de los campos magnéticos de
ultra baja frecuencia en el sistema hematológico. En los experimentos de
evaluación de la cuenta diferencial de células blancas, las exposiciones fueron
desde 2 uT a 2 mT.
No
se han encontrado efectos consistentes de la exposición aguda a campos
magnéticos de ultra baja frecuencia o a campos eléctricos y magnéticos de ultra
baja frecuencia combinados ni en los estudios con personas ni con animales. Por
consiguiente, de manera global las evidencias de los efectos de los campos
eléctricos o magnéticos de ultra baja frecuencia en los sistemas inmunológico y
hematológico se consideran insuficientes.
·
Cáncer
La
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de
los campos magnéticos de ultra baja frecuencia como “posiblemente carcinógenicos
para los seres humanos” (IARC, 2002) se basa en todos los datos disponibles
hasta 2001 inclusive.
No
obstante lo anterior es de aclarar que el término “posiblemente” indica que
este desenlace es menos que una probabilidad con base en los conocimientos
actuales y no debe interpretarse como una factibilidad de desarrollo de cáncer.
En
el caso del cáncer cerebral y la leucemia en adultos, los nuevos estudios
publicados después de la monografía de la IARC no modifican la conclusión de
que la evidencia global de una asociación entre los campos magnéticos de ultra
baja frecuencia y el riesgo de estas enfermedades sigue siendo insuficiente.
Es
así entonces que la evaluación de riesgo para la salud, con base en la
información anteriormente descrita muestra un escenario que dista mucho de lo
descrito en el documento que fue presentado como evidencia de la presunta
afectación a la salud de las personas expuestas a estos campos
electromagnéticos.
No
obstante lo anterior, los expertos que participaron de la elaboración del
documento de criterios de salud ambiental 238 para campos electromagnéticos de
ultra baja frecuencia recomiendan lo siguiente:
1.
Realizar investigación sobre la formulación de
políticas de protección de la salud y su aplicación en sectores con
incertidumbre científica.
2.
Realizar nuevas investigaciones sobre la percepción
y la comunicación del riesgo orientadas a los campos electromagnéticos.
3.
Desarrollo de un análisis
costo-beneficio/costo-efectividad para la mitigación de los campos de ultra
baja frecuencia.
Una
vez mostrado de manera general la evaluación de riesgo que se hizo por parte de
la OMS, se concluye que desde la misionalidad de este instituto, en
concordancia con su ámbito funcional y desde el punto de vista técnico y
científico, que no se requiere, en consideración de los conocimientos actuales
sobre el tema en el mundo, una evaluación refinada de lo que ya se concluyó por
parte de la OMS. En lo concerniente a las recomendaciones para la gestión del
riesgo hechas por la OMS, se informa que no son de competencia de este
instituto”.[61]
7.3. A través de oficio 26678, recibido en la Secretaría de la
Corporación el veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la
Asesora Jurídica 1020-18 de la Agencia Nacional del Espectro –ANE–[62],
luego de describir las funciones de la Agencia conforme al artículo 26 de la
Ley 1341 de 2009[63],
los artículos 1º y 3º del Decreto 4169 de 2011[64]
y el artículo 43 de la Ley 1753 de 2016[65],
informó:
“[…]
la Agencia Nacional del Espectro expidió las Resoluciones 387 de 2016 y 754 de 2016,
en las cuales se establecen las condiciones que deben cumplir las estaciones
radioeléctricas, con el fin de controlar los niveles de exposición de las
personas a los campos electromagnéticos.
En
la norma vigente (Resolución 754 de 2016) se dispone que para el caso de
estaciones radioeléctricas instaladas después del 14 de octubre de 2016 se
deberán presentar unos estudios a la Agencia Nacional del Espectro, dentro de
un plazo no superior a seis (6) meses contados a partir de la instalación.
De
las anteriores disposiciones se desprende que la ANE no tiene competencia para
pronunciarse en relación con la instalación de infraestructura pasiva
(infraestructura de soporte que no produce emisiones radioeléctricas), no
pudiendo entonces determinar si una antena que se va a instalar en una obra
autorizada por la Secretaría de Planeación cumpliría o no los límites de
exposición a campos electromagnéticos.
Lo
anterior tiene como soporte técnico el hecho de que las torres base para la
instalación de antenas no producen campos electromagnéticos, por ende, solo
hasta que la antena se encuentre instalada esta entidad puede determinar si se
cumple o no con los límites de exposición a campos electromagnéticos.
[…].
Por
todo lo expuesto, agradecemos tener en cuenta lo dispuesto en la Resolución
000754 de 2016, según la cual, para una nueva estación el operador cuenta con
un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la instalación, para presentar
a la ANE los estudios o cálculos simplificados de la misma, mediante los cuales
de determina si la misma cumple o no con los límites de exposición, pues es
imposible con una inspección como la ordenada (es decir, donde no hay antena
instalada), determinar si el operador cumplirá o no con las disposiciones
vigentes sobre la materia”[66].
7.4. Mediante oficio 986160, recibido en la Secretaría de la
Corporación el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la
Coordinadora del Grupo de Procesos Judiciales y Extrajudiciales de la Oficina
Asesora Jurídica[67]
informó que el Ministerio de las TIC no ha realizado estudios técnicos para
establecer si las estaciones base o antenas de telefonía móvil representan
algún peligro para la salud y la vida de los vecinos colindantes a la
estructura y de la comunidad circundante, debido a que tales estudios ya
existen y fueron realizados principalmente por la OMS a través de su agencia
especializada en cáncer, la International Agency for Research on Cancer –IARC–[68].
Al respecto, precisó: “No se encontró por tanto evidencia alguna de riesgo
asociado a las antenas o a las estaciones base, sino con respecto a teléfonos
inalámbricos. Por tanto, asociar riesgos con antenas en lugar de advertir de
riesgos sobre uso prolongado de teléfonos inalámbricos cerca a la cabeza,
conduce a la creación de un riesgo de salud pública. Ahora bien, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, señala que los teléfonos
celulares más modernos funcionan de manera que reducen sus emisiones
automáticamente dependiendo de la señal de la antena con la cual se conectan,
por tanto, una correcta aplicación del principio de precaución en este caso es
que existan más antenas, y no menos. Tal como se expone más adelante, cada vez
que se retira una antena o es alejada, los terminales móviles deben incrementar
su potencia para comunicarse con la antena disponible más cercana, haciendo al
usuario incurrir en el riesgo del cáncer descrito por la IARC”[69].
En relación con la pregunta de si adelantó algún trámite para la
autorización de la instalación de la “estación base de telefonía móvil celular
La Cecilia CUN Vereda El Volcán La Calera” por parte de COMCEL S.A., informó:
“El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informa que,
en lo de su competencia, no realizó trámite alguno, por cuanto legalmente ello
no era procedente de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política.
Una
antena de telecomunicaciones requiere, para poder operar y prestar servicio a
terceros, registro (salvo los servicios móviles) ante el Ministerio de [TIC] y
permiso para uso del espectro radioeléctrico, conforme lo previsto en la Ley
1341 de 2009. De otra manera, se trata de una antena clandestina sometida a las
sanciones previstas en dicha ley, por parte de la Agencia Nacional del Espectro.
Sin embargo, la instalación de una antena en un lugar particular de Colombia no
requiere –en caso de operadores registrados como COMCEL u otro, acto
administrativo individual o pronunciamiento del Ministerio […], de manera que
la instalación queda bajo las reglas locales sobre uso del suelo y demás.
El
art. 16 del Decreto 195 de 2005, hoy incorporado en el Decreto 1078/15, lo que
presenta es un listado de competencias que concurren en la instalación de una
antena. El cumplimiento de cada una de ellas es independiente y se desarrolla
bajo la potestad de autoridades diferentes, conforme lo previsto en el art. 121
Constitucional.
Lo
anterior, significa que la antena objeto de tutela, en lo que tiene que ver con
el Ministerio de [TIC], podía instalarse”[70].
En relación con la distancia que debe dejarse en las antenas de
telecomunicaciones, explicó que no se pueden establecer distancias precisas
entre fuentes de emisiones de radiofrecuencia y las personas, por cuanto deben
considerarse otros factores como frecuencia y potencia. Asimismo, indicó que la
Agencia Nacional del Espectro, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley 43 de
la Ley 1735 de 2015 y en aplicación del principio de precaución, expidió la
Resolución 754 de 2016 que reglamenta las condiciones que deben cumplir las
estaciones radioeléctricas, con el objeto de controlar los niveles de
exposición de las personas a los campos electromagnéticos.
Finalmente, solicitó desestimar las pretensiones de los accionantes
porque no existe riesgo para la salud de las personas que se encuentran cerca
de una antena o estación base, por lo que no hay lugar a aplicar el principio
de precaución en los términos descritos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-293 de 2002[71],
en el sentido de que es imprescindible que existan evidencias científicas de
las cuales se pueda inferir que se puede producir un riesgo a la salud o al
ambiente, esto es, si bien no es necesario que exista certeza científica
absoluta, por lo menos si debe existir un “principio de certeza científica”[72].
7.5. En
conversación telefónica sostenida con los señores Sergio Hernando Durana
Londoño y Hernando Durana Arboleda el treinta (30) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), se informó que la torre base de telefonía móvil celular ya
había sido construida pero que aún no se encontraba en funcionamiento porque no
habían sido instaladas las antenas.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de
Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite
de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 inciso 3°
y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento
del problema jurídico
De acuerdo con los
antecedentes expuestos corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas
jurídicos: ¿vulnera la Secretaría de Planeación Municipal de La Calera,
Cundinamarca, el derecho al debido proceso en la perspectiva de defensa y
contradicción, de los señores Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana
Arboleda, al otorgar una licencia de construcción de una obra destinada a la
instalación de una estación base de telefonía móvil celular a favor de Comunicación
Celular S.A. –COMCEL S.A.–, en el predio de propiedad de Plácido Vicente García
Díaz, que es colindante al suyo, sin haberlos citado al trámite de
licenciamiento en calidad de vecinos? ¿Vulnera o amenaza COMCEL S.A. el derecho
a la salud de los accionantes al instalar una estación base de telefonía
móvil celular a 115 metros de distancia del inmueble en el que residen, dado
que en la actualidad padecen una enfermedad coronaria que posiblemente, según
afirman, se agravaría por las ondas electromagnéticas producidas?
Para resolver los
problemas jurídicos, la Sala (i) analizará la legitimación para actuar y
el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela de subsidiariedad e inmediatez; (ii) recordará las decisiones de
distintas salas de revisión de la Corporación acerca de la emisión de ondas
electromagnéticas; y (iii) expondrá el marco normativo que regula la
ubicación y el funcionamiento de estaciones o antenas de telefonía móvil
celular. Finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.
3.
Legitimación para actuar
3.1. Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta
oportunidad, los señores Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana
Arboleda, actuando en nombre propio, interponen acción de tutela contra la
Secretaría de Planeación de La Calera, Cundinamarca, y COMCEL S.A., por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y al debido proceso
en su faceta de defensa y contradicción, razón por la cual se encuentran
legitimados para actuar en esta causa. La Sala entiende que los accionantes no
actúan en representación de los derechos de la comunidad, pues en ningún
momento acreditan su condición de representantes o afirman su calidad de agentes
oficiosos. Por lo tanto solo se analizará la situación particular.
3.2. Legitimación
por pasiva. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente, cautelar, residual y
sumario de protección de los derechos fundamentales que sean vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares. Así, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[73] dispuso que
“[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de
ideas, la Secretaría de Planeación de La Calera, Cundinamarca, está legitimada
como parte pasiva en el proceso de tutela, al atribuírsele por parte de los
accionantes la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
Ahora bien, en lo
que tiene que ver con COMCEL S.A., el artículo 86 de la Constitución Política
establece que “[l]a ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”[74].
En desarrollo del artículo 86 Superior, el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991 establece los casos en los que resulta procedente la acción
de tutela contra particulares[75],
entre ellos, cuando se trata de quienes prestan un servicio público[76].
Con fundamento en
estos preceptos, la jurisprudencia constitucional ha precisado que son tres las situaciones respecto de las cuales resulta procedente la
acción de tutela contra particulares, a saber: (i) cuando tienen a su cargo la prestación de un servicio público; (ii)
cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o (iii)
cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión
respecto al particular[77].
En el caso concreto se cumple la primera premisa ya que COMCEL S.A. es una
entidad prestadora de servicios públicos.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela
4.1. La Corte Constitucional a través
de su jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento
de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por
vía excepcional. De hecho, de manera reiterada, esta Corporación ha reconocido
que la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo
de protección de carácter residual y subsidiario[78], que puede
ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no
exista otro medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos
invocados, o cuando existiendo no sea expedito
u oportuno, o sea necesario el amparo como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[79].
4.2. Inmediatez. En lo que hace referencia al denominado
requisito de la inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta
dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de
la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que
se determine su improcedencia[80].
En el caso bajo estudio narró el residente del predio afectado que “[e]l
día 21 de Abril del año en curso observ[ó] desde [su] residencia ubicada en la
vereda el Volcán [del] municipio de La Calera, que […] en el predio vecino […] se
daba inicio a una construcción que inicialmente parecía ser destinada a una
casa. Al ver esto, y dado que no fu[e] notificado como exige la ley, además de
que nunca fueron colocadas en lugar visible las vallas informativas e incluso,
una de estas, la valla blanca de inicio de obra nunca fue colocada, [s]e
comuni[có] con el propietario del predio vecino quien [l]e informó que la
empresa de telecomunicaciones Comcel S.A. iba a instalar en su predio una
antena de comunicación celular”[81]
(folio 4). Lo anterior indica que una vez Sergio Hernando Durana Londoño observó
que en el predio colindante se daba inicio a una construcción y luego de hacer
averiguaciones al respecto con el señor Plácido Vicente García Díaz,
propietario del terreno intervenido, interpuso el dos (2) de mayo de dos mil
dieciséis (2016) la acción de tutela. Es decir, que la solicitud de amparo se
presentó en menos de quince (15) días siguientes al hecho que se identifica
como generador de la vulneración de derechos fundamentales, plazo que se estima
razonable.
4.3. Subsidiariedad. Conforme al
artículo 86 de la Carta la acción de tutela está revestida de un carácter
subsidiario. Al respecto la Corporación, en reiterada jurisprudencia[82],
ha determinado que puede ser utilizada para evitar un perjuicio
irremediable. En relación con dicho perjuicio ha señalado que
debe ser inminente, grave, urgente e impostergable, esto es, que el riesgo o
amenaza de daño o perjuicio debe caracterizarse por tratarse de “[…] una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) [porque] el daño o menoscabo material
o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren
para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque
la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad”[83].
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el examen de
procedencia de la tutela debe ser más flexible cuando están comprometidos
derechos fundamentales de sujetos de especial protección, o en circunstancias
de debilidad manifiesta[84].
Lo anterior porque, en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el
Estado les debe garantizar a estas personas un tratamiento diferencial positivo
y analizar el requisito de subsidiariedad desde una óptica menos estricta, pues
en estos casos el accionante experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente
relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios
ordinarios de defensa judicial[85].
En el caso
concreto, los hechos descritos por los accionantes con ocasión de la
realización de una construcción en la modalidad de obra nueva con destino a la
colocación de una estación base de telecomunicaciones de telefonía móvil
celular en el predio rural “El Olvido”, vereda El Volcán de la Calera[86],
sugieren una posible afectación del derecho a la salud de los accionantes una
vez entre en funcionamiento, toda vez que padecen en la actualidad enfermedades
coronarias por las que vienen siendo tratados. Esta circunstancia, que deberá
ser objeto de constatación por parte de la Sala, amerita la intervención del
juez constitucional, máxime si se tiene en cuenta que los accionantes no fueron
vinculados en calidad de vecinos colindantes por la autoridad que otorgó la
licencia de construcción, para efectos de que se hicieran parte en el respectivo
trámite e hicieran valer su derecho de oposición.
4.4. Concluye la Sala que en el caso
que estudia se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, por lo que se debe proceder a estudiar el fondo del asunto.
5. Decisiones de
distintas salas de revisión de la Corte Constitucional acerca de la emisión de
ondas electromagnéticas
5.1. La primera vez
que una Sala de Revisión de la Corte Constitucional se pronunció sobre este
tema fue en la sentencia T-1062 de 2001[87],
al estudiar una acción de tutela instaurada por dos ciudadanos en contra de la
Compañía Celular de Colombia COCELCO S.A. y la administración del conjunto
residencial donde vivían, en razón de que las dos entidades habían celebrado un
contrato de arrendamiento para la utilización de algunas de las áreas comunes
del inmueble, incluyéndose la instalación de una base de telefonía celular. Los
actores  afirmaban que ese dispositivo había agravado el estado de salud de uno
de ellos, obligándolos a cambiar de residencia. En esa oportunidad esta
Corporación precisó:
“[…] corresponde al juez constitucional entrar a considerar la
particular situación de los accionantes, motivada en la especial sensibilidad
de la señora Baena de Parra a las radiaciones, ordenando que cesen las
inmisiones de partículas de radio, a fin de que la familia Parra Baena pueda
restablecer su hogar en el inmueble que eligieron para tal fin, protegiendo así
sus derechos a la intimidad, igualdad y libre determinación, que están siendo
violados por las accionadas, siempre y cuando la señora Baena de Parra instale,
nuevamente, en el edificio en mención su residencia habitual.
Lo anterior dada la relación de causalidad, entre la agravación de
las dolencias de la señora de Parra y las emisiones de radiaciones
electromagnéticas, establecida por sus médicos tratantes. Diagnóstico que no
puede ser contradicho por los facultativos de medicina legal, en razón que tal
como lo informa la Organización Mundial de la Salud, la investigación sobre los
daños que las partículas de radio ocasionan en el organismo humano se encuentra
en trámite, pero existe evidencia que tampoco los descartan”.
Entonces, al
encontrar probada la relación de causalidad entre la
agravación de las dolencias de la actora y las emisiones de radiaciones
electromagnéticas la Corte decidió tutelar de manera
transitoria los derechos a la intimidad, a la igualdad y a la libre determinación,
y ordenó suspender la operación de los equipos de telefonía, hasta cuando la
jurisdicción civil decidiera de fondo el asunto[88].
5.2. En la sentencia
T-299 de 2008[89],
esta Corporación se pronunció sobre la petición de amparo interpuesta por dos
personas contra la Empresa de Servicios Públicos Codensa S.A., debido a que en el
piso inferior al de su vivienda se encontraba ubicada una subestación eléctrica
a cargo de la entidad demandada, la cual, en su parecer, constituía un riesgo
inminente para su salud y la integridad física del grupo familiar compuesto por
los padres y tres menores de edad.
Aunque
en este asunto se declaró la existencia de un hecho superado, pues al momento
de emitir el fallo ya se había retirado la subestación eléctrica del contorno
de la vivienda de los peticionarios, la Sala Sexta de Revisión aprovechó la
oportunidad para referir y desarrollar el principio de precaución. En el marco
del mencionado principio, afirmó que la procedencia de la acción de tutela para
la protección de derechos colectivos requería: “(i) Que exista
conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza
a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho
fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho
colectivo; (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente
afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza
subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben
ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente
y; (iv) la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho
fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a
que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta
naturaleza”[90].
5.3.
Posteriormente, la Sala Sexta de Revisión en la sentencia T-360 de 2010[91], analizó una acción de tutela presentada por una mujer de 76 años
de edad contra COMCEL S.A., por considerar que dicha empresa estaba vulnerando
sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, al haber instalado una torre de telefonía móvil a 76 metros de su residencia. La actora argumentó que, debido a una enfermedad coronaria
aguda que padecía, le había sido implantado un “cardiodesfibrilador” que
supuestamente había fallado a causa de la radiación emitida por la torre.
La Sala negó la tutela al considerar que era
imposible concluir que las ondas electromagnéticas emitidas por la antena de
telefonía móvil fueran las causantes del mal funcionamiento del
cardiodesfibrilador, porque, según el informe rendido por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, esa no era la única fuente
de radiación cercana a la vivienda de la accionante, ya que en el sector
estaban instaladas otras tres fuentes radiantes.
No
obstante, consideró necesario aplicar “medidas de prevención y precaución
para proteger a los seres humanos de los posibles efectos nocivos, sobre todo
tratándose de la población más vulnerable, como los niños y los adultos mayores”,
razón por la cual exhortó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que:
“(i)
Analicen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de otros
Organismos Internacionales, anteriormente expuestas, particularmente en lo
concerniente a establecer canales de comunicación e información con la
comunidad, acerca de los posibles efectos adversos a la salud que puede generar
la exposición a campos electromagnéticos y las medidas adecuadas que la
población pueda tomar, para minimizar los mencionados efectos.
(ii)
Igualmente, en aplicación del principio de precaución, diseñen un proyecto encaminado
a establecer una distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las
instituciones educacionales, hospitales, hogares geriátricos y centros
similares, debido a que los estudios científicos analizados revelan que los
ancianos y los niños pueden presentar mayor sensibilidad a la radiación de
ondas electromagnéticas, estando los últimos en un posible riesgo levemente más
alto de sufrir leucemia”.
5.4. En la sentencia
T-332 de 2011[92],
la Sala Sexta de Revisión negó una acción de tutela adelantada por un ciudadano
contra COMCEL S.A., para quien la cercanía de una antena de telefonía móvil
celular instalada por la empresa demandada junto a su residencia y a menos de 200 metros de una iglesia, del parque de recreación deportivo de la zona, de la comisaría de familia
de la localidad y de un jardín infantil de bienestar social, vulneraba sus
derechos fundamentales y los de la comunidad circundante a la referida torre.
En esta ocasión se indicó que el amparo solicitado era improcedente por las
siguientes razones: (i) No se sustentó dentro del expediente la posible
afectación a la salud del actor, de su hija menor y de la comunidad circundante
a la antena de telefonía móvil, como consecuencia de las ondas de
radiofrecuencia emitidas por este dispositivo. (ii) No había pruebas
para sostener que la acción de tutela era un medio más eficaz e idóneo que las
acciones populares para la defensa de los derechos invocados. (iii)
Cualquier medida que pudiera adoptar el juez constitucional no se reflejaría en
el restablecimiento de los derechos fundamentales del accionante, debido a que
no existía evidencia alguna de la posible amenaza o afectación de los mismos.
5.5. Por otra parte, en la sentencia T-517 de 2011[93], la Sala
Cuarta revisó las decisiones proferidas dentro de una acción de amparo
instaurada por varios ciudadanos contra la Alcaldía de Montería, la Secretaría
de Planeación, Gaseosas de Córdoba, COMCEL S.A., Movistar y Tigo, los cuales
argumentaban que una torre base de telefonía móvil celular ubicada en su
barrio, entre otras cosas, vulneraban los derechos fundamentales a la vida, a
la salud y a la seguridad de los habitantes del sector.
La Sala negó la
protección de los derechos invocados por los actores porque: (i) según
los elementos de convicción allegados al expediente no podía concluirse que la
antena base de telefonía celular instalada por COMCEL S.A. fuera la causa del
padecimiento de cáncer de algunas de las personas del sector y de la muerte de
otros por la misma enfermedad. (ii) Las evidencias indicaban que las
ondas electromagnéticas emitidas por la torre de telefonía celular no generaban
ninguna afectación en el estado de salud de los accionantes. (iii) De
conformidad con el Decreto 195 de 2005, las radiaciones emitidas por las torres
base de telefonía móvil celular son de muy baja potencia y no producen riesgos
en la salud de los seres humanos. (iv) No existe un “concepto
científico en virtud del cual se pueda determinar la incidencia de la radiación
emitida por la torre en la afectación de la salud de los residentes”.
5.6. En sentencia
T-104 de 2012[94], la Sala Sexta de Revisión se pronunció sobre la petición
de amparo presentada por una ciudadana en representación de su hijo contra la
alcaldía municipal de Matanza, Santander,
por considerar que dicho ente territorial estaba vulnerando
los derechos fundamentales del niño, debido a que las instalaciones del hogar
infantil donde estudiaba se encontraba en malas condiciones, además de estar
aledaño a siete antenas receptoras de radiofrecuencia. La accionante resaltó
que cuando se hizo el traslado del hogar comunitario no se tuvo en cuenta la
cantidad de antenas ubicadas en la zona, situación que, según estudios de la
Organización Mundial de la Salud, podría ser el “origen de la frecuencia de
gripe, tos, baja de las defensas de los niños”.
En esa oportunidad se
reiteró que, a falta de certeza científica, debe ser aplicado el principio de
precaución. Con fundamento en este postulado concluyó que, aunque en el caso no se había probado la afectación a la salud del menor de edad o de
otros niños a causa de las siete antenas parabólicas situadas cerca del hogar
infantil, se debía prevenir el riesgo que pudiera sobrevenir, ya que “la
falta de certeza científica no [podía] aducirse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para precaver la degradación del ambiente y la
generación de riesgos contra la salud”.
Teniendo en cuenta
lo anterior, especialmente en aplicación del principio de precaución y la
prevalencia del interés superior de los niños, entre
otras cosas, la Sala ordenó al Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y a la Agencia Nacional del Espectro “que
en el ámbito de las respectivas funciones analicen las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales, en lo
concerniente a establecer canales de comunicación, información y prevenciones u
órdenes a los entes territoriales y a la comunidad, frente a los posibles
efectos adversos a la salud que pueda generar la exposición a campos
electromagnéticos y las medidas adecuadas que deban tomarse para minimizar los
referidos efectos”.
5.7. En sentencia
T-1077 de 2012[95], la Sala Séptima de
Revisión concedió la tutela de los derechos fundamentales de una niña enferma
de cáncer cuyo médico tratante había ordenado evitar al máximo la
exposición a ondas electromagnéticas, la cual demandaba al Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Ministerio de
Ambiente y Protección Social, a la Gobernación y a la Secretaría de Salud del
Tolima, a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud de Fresno, a Telefónica
Telecom S.A. y ATC Sitios de Colombia S.A., por la
instalación de una antena de telefonía móvil celular a escasos metros de su
vivienda.
En este caso expuso
que “el principio de precaución se aplica cuando el riesgo o la magnitud del
daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque
no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una
acción, lo cual generalmente ocurre porque no existe conocimiento científico
cierto acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad,
aunque se sepa que los efectos son nocivos”[96].
La Sala también sostuvo, como se mencionó con anterioridad, que la
aplicación del principio de precaución “no sólo tiene como finalidad la
protección del medio ambiente, sino que también, indirectamente, tiene como
propósito evitar los daños que en la salud pueden tener los riesgos
medioambientales”.
Asimismo, señaló que: (i) la ley presume que las antenas de
telefonía móvil celular son una fuente inherente conforme y en consecuencia no
existe ninguna norma que limite su ubicación y funcionamiento. (ii)
Existe una “omisión legislativa”, ya que no se han regulado los
límites de ubicación (en términos de distancia) de las antenas de telefonía
móvil celular, para evitar la exposición imprudente de los ciudadanos a la
radiación. (iii) “[A] pesar de que no es posible
constatar una relación directa entre las afecciones de salud de las personas y
la radiación no ionizante, la clasificación de los campos electromagnéticos de
radiofrecuencia como posiblemente carcinógenos para los humanos, permite que
las autoridades, en aplicación del principio de precaución, tomen medidas
frente a la radiación, con el fin de evitar que se produzcan daños en la salud
derivados de los riesgos medioambientales a los que se ven sometidos los
accionantes, como consecuencia de la omisión legislativa frente a este tema”.
(iv) Tanto la jurisprudencia nacional, como la de otros países, han
optado por aplicar el principio de precaución ante la falta de certeza
científica sobre los efectos nocivos causados a la salud de las personas, como
consecuencia de la exposición a campos electromagnéticos, con el principal
propósito de proteger el derecho fundamental a la salud. (v) En el caso
de los niños, niñas y adolescentes, el principio de precaución es reforzado, en
razón al interés superior del menor, “conforme al cual todas las medidas que
le conciernan a los niños, niñas y adolescentes, deben dar prevalencia a sus
derechos fundamentales sobre otras consideraciones y derechos”.
Bajo este contexto,
la Sala Séptima de Revisión ordenó desmontar la estación base tomando como
fundamento (i) el vacío normativo sobre los límites de exposición a la
radiación electromagnética; (ii) la existencia de una estación base de
telefonía móvil celular a 26 metros de la vivienda de la accionante, y (iii)
“la obligación del Estado de proteger a los menores enfermos de cáncer”.
De igual forma, le
ordenó (i) al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que, en aplicación del principio de precaución, regulara
la distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y
las viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos y; (ii)
a la Agencia Nacional del Espectro que, en ejercicio de su función de vigilancia
y control, verificara la radiación emitida por las antenas de
telefonía móvil celular, según los límites establecidos en la Resolución 1645
de 2005.
5.8. Mediante la sentencia T-397 de 2014[97],
la Sala Quinta de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta por una
señora en nombre propio, en representación de todos los habitantes de un
edificio sometido a propiedad horizontal, en la condición de administradora del
mismo, y como agente oficioso de los menores de edad residentes en dicho lugar,
específicamente de un niño de veinte (20) meses de edad que presentaba algunas
afectaciones; con la pretensión de que se ordenara el amparo de sus derechos
fundamentales a la salud, a la dignidad humana, a la vida y a los derechos
fundamentales de los niños, que consideraba estaban siendo vulnerados por COMCEL
S.A. con la instalación, a un metro de distancia del mencionado edificio, de
una “antena monopolo” sin el permiso de las autoridades competentes. Lo
anterior, toda vez que desde cuando se puso el dispositivo: (i) un niño
que habitaba en el apartamento 103 había presentado reacciones
adversas (nervios y constante llanto), y (ii) la antena producía ruido
excesivo, especialmente en las horas de la noche.
En esa oportunidad la
Sala se refirió a los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos y a
los estudios y recomendaciones internacionales relevantes al respecto; al marco
normativo que regula la instalación, ubicación y el funcionamiento de antenas
de telefonía móvil celular; al principio de precaución, y a las decisiones
judiciales acerca de la emisión de ondas electromagnéticas en Colombia y en el
derecho comparado.
Finalmente, tuteló
el derecho a la salud del niño y le ordenó a COMCEL S.A. el desmonte de la
antena de telefonía móvil celular. Igualmente, le ordenó al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, dentro del marco de sus
funciones (artículo 5º del Decreto 1900 de 1990 y artículos 17 y 18 de la Ley
341 de 2009, entre otros) y en aplicación del principio de precaución, regulara
la distancia prudente entre las torres de telefonía móvil y las viviendas,
instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos[98]. La anterior
decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:
“(v)
Los niveles de radiación electromagnética emitida por la antena de telefonía
móvil en los alrededores y en el interior del apartamento 103 del Edificio
Pinar de la Sierra P.H. no rebasan los límites de exposición humana fijados por
la legislación nacional y los organismos internacionales, como la Organización
Mundial de la Salud, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comisión
Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, puesto que no superan
el 1% de esos límites.
(vi)
El artículo 3° de la Resolución 1645 de 2005, expedida por el Ministerio de
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), clasifica la telefonía móvil celular como “fuente inherente
conforme”; en tanto que el artículo 3.11 del Decreto 195 de 2005 define las
fuentes inherentes conformes como “aquellas que
producen campos que cumplen con los límites de exposición pertinentes a pocos
centímetros de la fuente. No son necesarias precauciones particulares. El
criterio para la fuente inherentemente conforme es una PIRE de 2W o menos,
salvo para antenas de microondas de apertura pequeña y baja ganancia o antenas
de ondas milimétricas cuando la potencia de radiación total de 100 mW o menos
podrá ser considerada como inherentemente conforme”.
Esto quiere decir, como lo considera la Sentencia T-1077 de 2012,
que esta norma legal presume que la telefonía móvil celular es una fuente
inherente conforme, existiendo una omisión en la
regulación de orden nacional, ya que no se han establecido los límites de
ubicación (en términos de distancia) de las antenas de telefonía móvil celular
respecto a las viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares
geriátricos, para evitar los posibles efectos perjudiciales que puedan causar a
la salud la exposición a esta clase de radiación electromagnética.
(vii)
Estudios epidemiológicos independientes han demostrado que: (a) la exposición
de personas a radiofrecuencias genera efectos en los
sistemas cardiovascular, nervioso, endocrino, reproductivo y alteraciones
térmicas; y (b) la población infantil“puede ser más
susceptible [a la exposición de esta clase de ondas] dada la vulnerabilidad que
les confiere al estar el sistema nervioso en desarrollo”.
La
comunidad científica internacional ha reconocido que hay vacíos en los
resultados de los estudios clínicos y epidemiológicos en los cuales se ha
analizado si la exposición a ondas electromagnéticas emitidas por las antenas
de telefonía móvil celular produce a largo plazo efectos nocivos para la salud
humana, razón por la cual han intensificado sus investigaciones en esos campos.
La
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en la Monografía Volumen
102 de 2013 cataloga a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como
posiblemente cancerígenos para los humanos (Grupo 2B).
En
otras palabras, según los estudios e investigaciones relevantes, actualmente
existe el peligro de que por la exposición a largo plazo a la radiación
electromagnética emitida por las antenas de telefonía móvil se produzcan graves
e irreversibles efectos en la salud de las personas, como el cáncer, entre
otros, sin que haya al respecto certeza científica absoluta.
(viii)
En el derecho comparado se encuentran precedentes en los que las autoridades
judiciales han optado por proteger el derecho a la salud de las personas que
residen cerca de antenas de telefonía móvil ante la falta de certeza científica
sobre los efectos que puedan producir los campos electromagnéticos que ellas
generan, reconociéndose que, tratándose de  personas especialmente
predispuestas, como los niños, no “se pueden hacer afirmaciones científicas
fiables sobre cómo van a reaccionar a estas exposiciones”.
(ix)
Bajo este contexto, en el caso que se analiza se cumplen los requisitos
jurisprudenciales para darle aplicación al principio de precaución. En efecto:
a)
La exposición del menor Benjamín a la radiación electromagnética producida por
la antena de telefonía móvil, situada aproximadamente a 25 metros de distancia del lugar en el que habita, conlleva el riesgo, aunque no la certeza
científica absoluta, de una afectación grave en su salud a largo plazo,
teniendo en cuenta que se trata de un niño de muy corta edad, que tiene en
desarrollo su sistema nervioso.
b)
Es evidente que, si ese riesgo se llega a concretar en el futuro, las
consecuencias en la salud del menor serán graves e irreversibles.
c)
Si bien el principio de precaución suele aplicarse como instrumento para
proteger el derecho al medio ambiente sano, también ha sido aplicado por esta
Corporación a favor del derecho a la salud en casos como los resueltos en las
Sentencias T-104 de 2012 y 1077 del mismo año” (cursivas originales).
5.9. En la sentencia
T-701 de 2014[99],
la Sala Segunda de Revisión estudió si COMCEL S.A. vulneraba el derecho
fundamental a la salud de una mujer que padece de un cáncer denominado “linfoma no hodkin tipo B de célula grande”, al
tener en las inmediaciones de su lugar de residencia una antena de telefonía
móvil. En el caso concreto la Sala no accedió al amparo del derecho invocado debido
a que encontró que no existía elemento probatorio, siquiera indiciario, que demostrara
que la afectación del estado de salud de la accionante fuera consecuencia de la
exposición a las radiaciones electromagnéticas emitidas por la base de
telecomunicaciones. En esa ocasión señaló que si bien el principio de
precaución debe guiar las decisiones administrativas y judiciales en relación
con el derecho a la salud, se debe contar con algún tipo de evidencia que
muestre la eventual vulneración en el caso particular.
La regla derivada
de la anterior decisión se concreta en que “[n]o se vulnera el derecho
fundamental a la salud por la instalación de una antena de telecomunicaciones
cuando no hay demostración alguna de la existencia de un peligro, amenaza o
afectación del estado de salud del accionante como consecuencia de las
radiaciones electromagnéticas que ella emita. La aplicación del principio de
precaución requiere que exista peligro del daño, que este sea grave e
irreversible y que exista un principio de certeza científica, así no sea
absoluta”.
5.10. Más
recientemente en la sentencia T-149 de 2015[100], le
correspondió a la Sala Cuarta de Revisión estudiar el caso de una señora que, actuando como agente oficioso de su madre, presentó
acción de tutela contra la empresa Telefónica Móviles Colombia S.A. y un
particular, con el objeto de suspender las obras de instalación de una torre de
telefonía móvil que se venían adelantando en el predio vecino a su casa,
ubicado en el barrio Monterredondo de la ciudad de Bucaramanga, porque a su
juicio constituía una amenaza para los derechos a la salud y al ambiente sano,
no solo de su señora madre, sino además de los niños y adultos mayores que
viven cerca. La Sala decidió no amparar los derechos fundamentales esgrimidos
porque no se probó que la instalación de la antena de telefonía móvil vulnerara,
en términos de configurar un perjuicio irremediable, el derecho a la salud de
la agenciada, además porque tampoco había certeza de los perjuicios adicionales
que podría ocasionar la colocación de la misma. Asimismo, señaló que la acción
de tutela no era procedente para debatir derechos colectivos, a menos que los
derechos fundamentales del demandante, o, si es el caso los de un agenciado,
estén siendo vulnerados o amenazados por la afectación del derecho colectivo.
5.11. Para resumir,
la Corporación ha optado por proteger el derecho a la
salud dando aplicación al principio de precaución en casos en que se prueba una
posible relación de causalidad entre la agravación de las dolencias del
accionante y la exposición a campos electromagnéticos debido a la instalación
cercana de una base de telefonía celular (sentencias T-1062 de 2001[101]),
o cuando pese a la falta de certeza científica hay un riesgo que implica la salud de niños, niñas o adolescentes con
afectaciones concretas, reforzando la aplicación del principio de precaución y
dando prevalencia a sus derechos fundamentales (sentencia T-104
de 2012[102],
T-1077 de 2012[103]
y T-397 de 2014[104]).
Por
el contrario, ha optado por negar la acción de amparo en casos en que no existe
prueba de una posible relación entre la afectación de la salud de las personas
y la cercanía de una estación radioeléctrica (sentencias T-360 de 2010[105], T-332 de 2011[106],
T-517 de 2011[107],
T-701 de 2014[108]
y T-149 de 2015[109]).
Así, de lo expuesto se desprende que la Corte Constitucional ha aplicado el principio de precaución en
relación con la instalación de bases o antenas de telecomunicaciones, en los
casos en que se comprueba la existencia de un peligro en el estado de salud de
las personas. Si bien esta Corporación ha reconocido estudios internacionales
de la Organización Mundial de la Salud en los cuales se clasifica a las
radiaciones no ionizantes como posiblemente carcinógenas, también, en cada caso
particular, realizó un esfuerzo por encontrar siquiera indicios que demostraran
la existencia de una relación de causalidad entre la exposición a la
radiaciones emitidas por las torres de comunicaciones y la afectación en el
estado de salud de los accionantes en cada caso.
6. Marco
normativo que regula la ubicación y el funcionamiento de estaciones o antenas
de telefonía móvil celular[110]
6.1. El artículo 75 de la Constitución Política determinó
la naturaleza del espectro electromagnético, como un “bien público inenajenable
e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado”. Más adelante,
en el artículo 101 ibíd. lo clasificó como un elemento integrante del
territorio colombiano.
6.2. El servicio de telefonía móvil celular, según los artículos 1° de
la Ley 37 de 1993[111],
1° del Decreto 2824 de 1991[112]
y 2° del Decreto 741 de 1993[113],
se define como “un servicio público de
telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que
proporciona en sí mismo capacidad completa para la comunicación telefónica
entre usuarios de la red de telefonía móvil celular y, a través de la
interconexión con la Red Telefonía Pública Conmutada (RTPC), entre aquellos, y
usuarios de la Red Telefónica Pública Conmutada, haciendo uso de una red de
telefonía móvil celular, en la que la parte del espectro radioeléctrico
asignado constituye su elemento principal”.
Los artículos
3° del Decreto 1900 de 1990[114]
y 19 del Decreto 741 de 1993[115]
establecen que el servicio de telefonía móvil celular podrá ser prestado
directamente por la Nación o a través de concesiones y que corresponde al
Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) adelantar
los procesos de contratación, velar por el debido cumplimiento y ejecución de
los contratos celebrados y que, por ser un servicio nacional, no se requiere
para su concesión autorización alguna de las entidades territoriales.
En
este punto es preciso señalar que en sentencia C-318 de 1994[116] esta
Corporación, al analizar la constitucionalidad de la Ley 37 de 1993[117],
aclaró que, a pesar de ser posible la concesión para la prestación del servicio
de telefonía móvil, “las tareas de gestión y control del espectro electromagnético permanecen
confiadas al Estado, con todas las facultades que aparejan, entre otras, la
asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de permisos para su
utilización, la comprobación técnica de emisiones, el establecimiento de
condiciones técnicas de equipos terminales y redes, la detección de
irregularidades y perturbaciones, la adopción de medidas tendientes a
establecer su correcto y racional uso etc.”.
Por su parte, los
artículos 2° y 4° de la Ley 555 de 2000[118]
indican que los servicios públicos de telecomunicaciones, no domiciliarios,
móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, se prestan: (i)
haciendo uso de una red terrestre de telecomunicaciones que permiten la
transmisión de voz, datos e imágenes tanto fijas como móviles; y (ii)
utilizando la banda de frecuencias que para el efecto atribuya y asigne el
Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones).
De otro lado, el
artículo 149 de la Ley 9ª de 1979[119]
dispone que “todas las formas de energía radiante, distintas de las
radiaciones ionizantes que se originen en lugares de trabajo, deberán someterse
a procedimientos de control para evitar niveles de exposición nocivos para la
salud o eficiencia de los trabajadores”.
El artículo 12 del
Decreto 1900 de 1990[120] establece que en la reglamentación sobre redes y servicios de
telecomunicaciones se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, de conformidad con los convenios, acuerdos
o tratados celebrados por el Gobierno y aprobados por el Congreso.
Bajo este contexto,
el Presidente de la República expidió el Decreto 195 de
2005[121]. Esta reglamentación, entre otras cosas, adoptó los límites de
exposición de las personas a los campos electromagnéticos[122] producidos
por estaciones radioeléctricas en la gama de frecuencias de 9 KHz a 300 GHz, y fijó
los lineamientos y requisitos en los procedimientos para la instalación de
estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones.
Resulta relevante
destacar que la precitada norma: (i) acogió los
resultados del “Estudio de los Límites de la Exposición Humana a Campos
Electromagnéticos producidos por Antenas de Telecomunicaciones y análisis de su
integración al entorno”, que la Comisión de Regulación de Comunicaciones
contrató con el Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad
Javeriana, el cual recomendó la adopción de los niveles de
referencia de emisión de campos electromagnéticos definidos por la Comisión
Internacional de la Protección de Emisiones no Ionizantes; y (ii) se
fundamentó en la Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
UIT-T K.52, y la Recomendación 1999/519/EC del Consejo Europeo.
El
Decreto 195 de 2005 excluyó de su
aplicación a “los emisores no intencionales, las antenas receptoras de
radiofrecuencia, fuentes inherentemente conformes y los equipos o dispositivos
radioeléctricos terminales de usuarios”, y facultó al Ministerio de
Comunicaciones (hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) para que definiera las “fuentes radioeléctricas
inherentemente conformes”.
Sin embargo, en el artículo 3º numeral 3.11., definió como fuentes
inherentemente conformes “aquellas que producen campos que cumplen con los
límites de exposición pertinentes a pocos centímetros de la fuente. No son
necesarias precauciones particulares. El criterio para la fuente inherentemente
conforme es una PIRE de 2W o menos, salvo para antenas de microondas de
apertura pequeña y baja ganancia o antenas de ondas milimétricas cuando la
potencia de radiación total de 100 mW o menos podrá ser considerada como
inherentemente conforme”.
Según el artículo
16, parágrafo 1°, del decreto en mención (hoy incorporado en el decreto 1078 de
2015), los únicos trámites para la instalación de estaciones radioeléctricas de
telecomunicaciones son los que, conforme a las normas vigentes, deben surtirse
ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
cuando se refiera al uso del espectro electromagnético; la Aeronáutica Civil de
Colombia, en cuanto al permiso de instalación de estaciones radioeléctricas; el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las Corporaciones
Autónomas Regionales, cuando se requiera licencia, permiso u otra autorización
de tipo ambiental, y ante los curadores urbanos y las Oficinas de Planeación de
los municipios y distritos para las licencias de construcción y/o de ocupación
del espacio público.
En cumplimiento de
lo ordenado en el Decreto 195 de 2005, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
emitió la Resolución 1645 de 2005[123].
El artículo 3° de dicha disposición define las fuentes inherentemente conformes
en los siguientes términos:
“Artículo
3º.- Fuentes inherentemente conformes. Además de los emisores que cumplan con
los parámetros estipulados en el numeral 3.11 del Decreto 195 de 2005, para los
efectos del Decreto 195 de 2005 y de la presente resolución, se definen como
fuentes inherentemente conformes, los emisores que emplean los siguientes
sistemas y servicios, por cuanto sus campos electromagnéticos emitidos cumplen
con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones
particulares:
▪ Telefonía Móvil Celular
▪
Servicios de Comunicación Personal, PCS
▪
Sistema Acceso Troncalizado-Trunking
▪
Sistema de Radiomensajes-Beeper
▪
Sistema de Radiocomunicación Convencional Voz y/o Datos-HF
▪
Sistema de Radiocomunicación Convencional Voz y/o Datos VHF
▪
Sistema de Radiocomunicación Convencional Voz y/o Datos UHF
▪
Proveedor de Segmento Espacial.
Por
lo tanto, estos servicios no están obligados a realizar las mediciones que
trata el Decreto 195 de 2005, ni a presentar la Declaración de Conformidad de
Emisión Electromagnética. Sin embargo, esto no impide al Ministerio de
Comunicaciones revisar periódicamente estos valores e incluir alguno de estos
servicios cuando lo crea conveniente o los niveles se superen debido a cambios
en la tecnología u otros factores.” (cursivas fuera de texto).
Posteriormente, el
mismo Ministerio expidió la Circular 270 de 2007, en la cual, entre otras
cosas, sostuvo que:
“[…]
|| 6. El Decreto 195 de 2005, delegó al Ministerio de Comunicaciones la
reglamentación referente a la definición de fuentes inherentemente conformes
(aquellas que cumplen con los niveles de radiación), es decir, aquellos
dispositivos que debido a su baja potencia de radiación no requieren medidas de
precaución particulares. Para esta labor, el Ministerio contrató un estudio el
cual tuvo en cuenta la recomendación UIT-T K.52 mencionada y cuyos resultados
sirvieron de base para definir los parámetros de la Resolución 1645 de 2005
expedida por este Ministerio para efectos de reglamentar lo dispuesto en el
Decreto 195. En consecuencia, la normatividad nacional sobre el particular se
basa en las recomendaciones de los organismos internacionales mencionados.
[…]
8.
De conformidad con la norma transcrita, los servicios allí relacionados, tales
como la Telefonía Móvil Celular -TMC- y los servicios de Comunicación
Personales -PCS-, fueron tipificados como fuentes inherentemente conformes. Lo
anterior, dado que el resultado del estudio contratado por el Ministerio para
verificar la de todos los servicios de telecomunicaciones, encontró que los
servicios relacionados en dicha disposición tienen muy bajos niveles de
radiación.
[…]
9.
En este sentido, dichos servicios no deben presentar declaración de conformidad
de emisión radioeléctrica, además no tienen restricción alguna para instalar
sus estaciones base cerca o dentro de lugares de acceso público tales como
centros educativos, centros geriátricos, centros de servicio médico y zonas
residenciales, y no tiene obligación de tomar mediciones de radiación por estar
instalados cerca o dentro de dichos sitios, conforme la normatividad nacional y
las recomendaciones internacionales.
10.
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos únicos para la
instalación de estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones que deben
acreditarse ante las autoridades nacionales y/o territoriales competentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 195 de 2005…”.
6.3.
De acuerdo con lo anterior: (i) la
telefonía móvil está catalogada como fuente inherente conforme; (ii)
según el Decreto 195 de 2005 no hay obligación en esta clase de emisores de
realizar mediciones, ni de presentar la declaración de conformidad de emisión
electromagnética, y (iii) no existe, en principio, ninguna
restricción para su instalación, sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos que deben acreditarse ante las autoridades nacionales y/o
territoriales competentes.
6.4. De otro lado,
cabe mencionar que la Ley 1341 de 2009[124]
creó la Agencia Nacional del Espectro –ANE–, cuyo objetivo es “brindar el
soporte técnico para la gestión y la planeación, la vigilancia y control del
espectro electromagnético, en coordinación con las diferentes autoridades que
tengan funciones o actividades relacionadas con el mismo” (art. 25).
Dentro de las
funciones asignadas a esta entidad está: “adelantar investigaciones a que
haya lugar, por posibles infracciones al régimen del espectro definido por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones así como
imponer sanciones, con excepción de lo dispuesto en el artículo 76 de la
Constitución Política” (art. 26, num. 10).
Según el artículo 26, parágrafo 2°, de la normativa
bajo cita, para llevar a cabo las funciones de vigilancia y control, la ANE,
podrá contar con “Estaciones Monitoras y móviles para la medición de
parámetros técnicos; la verificación de la ocupación del espectro
radioeléctrico; y la realización de visitas técnicas a efectos de establecer el
uso indebido o clandestino del espectro, en coordinación y con apoyo del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
A su vez, el artículo 43 de la Ley 1753 de 2015[125]
dispone que, además de las funciones señaladas en el artículo 26 de la Ley 1341
de 2009 y el Decreto 4169 de 2011[126],
la Agencia Nacional del Espectro cumplirá la siguiente: “Expedir las normas
relacionadas con el despliegue de antenas, las cuales contemplarán, entre
otras, la potencia máxima de las antenas o límites de exposición de las
personas a campos electromagnéticos y las condiciones técnicas para cumplir
dichos límites. Lo anterior, con excepción de lo relativo a los componentes de
infraestructura pasiva y de soporte y su compartición, en lo que corresponda a
la competencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”[127].
7. Análisis del
caso concreto
7.1. Los señores
Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana Arboleda, en su condición de
residente el primero y propietario y residente de fin de semana el segundo, del
predio denominado Lote 1 identificado con el número catastral 000000240669000,
ubicado en la vereda El Volcán del municipio de La Calera, Cundinamarca,
instauraron acción de tutela contra la Secretaría de Planeación Municipal de La
Calera, Cundinamarca, y Comunicación Celular S.A., COMCEL S.A., a raíz de las
obras que se vienen adelantando en el predio “El Olvido” ubicado en la vereda
El Volcán, de propiedad del señor Plácido Vicente García Díaz, para la
instalación de una estación base de telefonía móvil celular.
En primer lugar,
cuestionaron la vulneración de su derecho al debido proceso en la perspectiva
de defensa y contradicción, debido a que la Secretaría de Planeación Municipal
de La Calera otorgó licencia de construcción para la realización de la obra por
parte de COMCEL S.A., sin haberlos citado al trámite de licenciamiento en
calidad de vecinos. En segundo lugar, afirmaron que su derecho a la salud se
vería afectado por la instalación de una estación base de telefonía móvil
celular a 115 metros de distancia del inmueble en el que residen, dado
que actualmente padecen una enfermedad coronaria que posiblemente se agravaría por
las ondas electromagnéticas que llegare a producir.
El Juzgado
Promiscuo Municipal de La Calera, vinculó al presente trámite tutelar al señor
Plácido Vicente García Díaz, en su condición de propietario y arrendador del
predio sobre el cual se realizan las obras de construcción de la estación base
de telefonía móvil celular, debido a que podía verse afectado con el resultado
del proceso.
En su oportunidad
el Secretario de Planeación (E) del municipio de La Calera
se opuso a la solicitud de amparo, en la medida en que no existió vulneración
al debido proceso en su faceta de derecho de defensa y contradicción, en el
trámite de licenciamiento. Asimismo, sostuvo que no se cumplió con el requisito
de subsidiaridad toda vez que se pretende por vía de la tutela controvertir un
acto administrativo que goza de la presunción de legalidad, para lo cual se
cuenta con otros mecanismos de defensa judicial ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Por su parte, la Gerente de Reclamaciones del Cliente y quien afirmó ser
representante legal de COMCEL S.A., se opuso a las peticiones de los tutelantes
al considerar que están basadas en supuestos carentes de pruebas veraces,
técnicas y científicas. Consecuencialmente, solicitó que no se accediera a la
tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la salud
materializada en el principio de precaución, ni se decretara la interrupción de
las obras de instalación de la “estación base de telefonía móvil celular La
Cecilia CUN Vereda El Volcán La Calera” debido a que la torre en mención
goza de autorización por parte de la Aeronáutica Civil y la Oficina de
Planeación Municipal de La Calera, razón por la cual la misma goza de legalidad
y cumplió con el debido proceso. Señaló en esa oportunidad que las antenas de
telefonía móvil celular no causan los daños adversos aludidos por los
demandantes, además refirió que frente a este aspecto los accionantes no
aportaron prueba alguna que evidencie la real afectación en el caso concreto.
Con fundamento en
los anteriores hechos, pasa la Sala a hacer el estudio del caso concreto.
7.2. Los
accionantes plantearon que la Secretaría de Planeación Municipal de La Calera
en el otorgamiento de la Resolución No. 089 del veintisiete (27) de mayo de dos
mil quince (2015), “por medio de la cual se expide licencia de construcción
en la modalidad de obra nueva para la caseta de equipos celulares de
transferencia y construcción de cerramiento, para una estación de base de
telecomunicaciones de telefonía móvil celular en el predio rural “El Olvido”,
vereda El Volcán, con un área a construir de 8,85 m2 y cerramiento a
construir de 41,00 ML”[128];
incurrió en una serie de errores que afectó su derecho al debido proceso en la
perspectiva de derecho de defensa y contradicción. En primer lugar, refirieron
que no fueron notificados del trámite de licenciamiento pese a que Hernando
Durana Arboleda es el propietario y Sergio Hernando Durana Londoño es el actual
residente del predio colindante denominado Lote 1 identificado con el número
catastral 000000240669000, ubicado en la vereda El Volcán del municipio de La
Calera, según indicaron, porque COMCEL S.A. no suministró la información
respectiva. En segundo lugar, advirtieron que al trámite se anexó una copia del
contrato de arrendamiento suscrito entre la representante legal de COMCEL S.A.
y el propietario del predio en el cual se están realizando las obras, señor
Plácido Vicente García Díaz, que no cumple con los requisitos legales toda vez
que no tiene firma de la arrendadora ni la fecha de celebración del contrato.
En tercer lugar, señalaron que se incumplió con la colocación adecuada y
oportuna de las vallas de notificación a interesados y terceros, esto es, la
que anuncia la solicitud de licencia de construcción (de color amarillo) y la
que comunica el inicio de obra (de color blanco), pues, sostuvieron, la primera
se instaló en forma tardía y en lugar no visible al público, y la segunda nunca
fue instalada.
Pasa la Sala a
examinar cada una de las situaciones planteadas por los accionantes bajo el
entendido de que el debido proceso es un derecho fundamental aplicable en toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 C.P.).
Se indicó en la
licencia de construcción antes referida, que esta fue expedida por la
Secretaría de Planeación Municipal de La Calera con fundamento en la Ley 388 de
1997[129],
la Ley 400 de 1997[130],
el Decreto Nacional 1469 de 2010[131],
el Acuerdo Municipal 043 de 1999[132],
el Acuerdo Municipal 011 de 2010[133],
el Decreto Municipal 087 de 2002[134]
y el Decreto Municipal 090 de 2003[135].
El artículo 21 del
Decreto 1469 de 2010 establece los documentos que deberán acompañar toda
solicitud de licencia urbanística, categoría en la que se incluye la de
construcción[136].
Entre otros, se exige en el numeral 6º “[l]a relación de la dirección de los
predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se entiende por predios
colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el inmueble o inmuebles
objeto de solicitud de licencia. || Este requisito no se exigirá cuando se
trate de predios rodeados completamente por espacio público o ubicados en zonas
rurales no suburbanas” (negrillas fuera de texto).
Así, el texto
normativo requiere que quien solicita una licencia de construcción suministre
la dirección de los predios colindantes al de ubicación del proyecto a
realizar, entendiendo por tales los que tienen un lindero en común con este, y
aclara que dicho requisito no se exige en predios ubicados en zonas rurales,
como ocurre en el caso que ocupa a la Sala.
En este orden de
ideas, el artículo 29 del Decreto 1469 de 2010 consagra la citación a vecinos
colindantes, en el siguiente sentido: “El curador urbano o la autoridad
municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de
licencias, citará a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles objeto de
la solicitud para que se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos…”.
Además el texto normativo precisa que “[s]e entiende por vecinos los
propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios colindantes, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 21 de este decreto”.
Ahora bien,
conforme al artículo 124 del Acuerdo Municipal 043 de 1999 (Plan de
Ordenamiento Territorial), toda solicitud de licencia debe acompañarse de los
siguientes documentos, entre otros: “Relación de direcciones de los predios
colindantes al predio o predios objeto de la solicitud y, en lo posible,
nombres de los titulares de derechos reales, poseedores o tenedores de los
inmuebles” (negrillas fuera de texto).
En coherencia con
lo anterior, el artículo 125 del Plan de Ordenamiento Territorial establece la
comunicación de la solicitud de licencia, en los siguientes términos: “Una
vez recibida la solicitud de licencia en debida forma, la Oficina de Planeación
o el curador urbano, según sea el caso, comunicará el objetivo de la solicitud
y el nombre del solicitante a los vecinos del inmueble o inmuebles objeto de la
solicitud, para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La
citación se hará por correo si no hay otro medio más eficaz. Si la citación no
fuere posible, por resultar demasiado costosa o demorada, se insertará en la
gaceta municipal o en un periódico de amplia circulación local o nacional,
según el caso”.
En la revisión del
expediente de tutela la Sala encontró que en la fotocopia de la solicitud de
licencia de construcción 15-0019 del veintiséis (26) de febrero de dos mil
quince (2015), aportada como prueba por los accionantes, se indica que el
predio en el cual se peticiona el permiso de construcción corresponde a la
finca “El Olvido” ubicada en la vereda El Volcán de La Calera, e identificada
con matrícula inmobiliaria 50N-20194304 y número catastral 000000240392000, y
que los vecinos colindantes son: Álvaro Bahamón Molina, Ligia Zambrano Escobar,
Juan Parra Choachí y Néstor Parra Rodríguez[137].
Además, obra fotocopia del aviso de la Secretaría de Planeación Municipal de La
Calera del dos (2) de marzo de dos mil quince (2015)[138], emplazando
a los vecinos “ÁLVARO BAHAMÓN MOLINA, LIGIA ZAMBRANO ESCOBAR, JUAN PARRA
CHOACHÍ, NÉSTOR PARRA RODRÍGUEZ y demás personas interesadas en pronunciarse”
(mayúsculas originales) frente a la solicitud de licencia de construcción
formulada por la representante legal de la Sociedad Comunicación Celular S.A.,
COMCEL S.A., autorizada para el efecto mediante poder otorgado por el señor
Plácido Vicente García Díaz, en calidad de propietario del predio. Al final, se
señala: “sírvase expresar su voluntad o la oposición…”[139]. En dicho
documento obra constancia de que el aviso se fijó en la cartelera del despacho
de la Secretaría de Planeación Municipal de La Calera el dos (2) de marzo de
dos mil quince (2015), a las 7:00 a.m., y se desfijó el trece (13) de marzo del
mismo año, a las 5:30 p.m.[140].
En el expediente no
obra un certificado de tradición y libertad del predio “El Olvido” ubicado en
la vereda El Volcán de La Calera, e identificada con matrícula inmobiliaria
50N-20194304 y número catastral 000000240392000, de propiedad del señor Plácido
Vicente García Díaz, para efectos de verificar los vecinos colindantes.
Sin embargo, con la
demanda de tutela se aportó fotocopia del certificado de tradición y libertad
expedido por la oficina de registro de Bogotá Norte, de fecha catorce (14) de
octubre de dos mil quince (2015), correspondiente a dos predios identificados
con matrícula inmobiliaria 20768416 y 20768417, en cuya anotación No. 1 aparece
la referencia a la Escritura Pública 2505 del veintiocho (28) de septiembre de
dos mil quince (2015) de la Notaría Veinticinco de Bogotá, con especificación
división material y titular de dominio incompleto Hernando Durana Arboleda[141].
Asimismo, obra fotocopia de la Escritura Pública No. 2505 del veintiocho (28)
de septiembre de dos mil quince (2015) de la Notaría Veinticinco de Bogotá, a
través de la cual se solemniza una división material del inmueble de propiedad
de Hernando Durana Arboleda identificado con matrícula inmobiliaria
50N-20396731 y registro catastral 000000240404000, lote de terreno marcado con
el No. 1 denominado “El Viso”, ubicado en la vereda El Volcán del municipio de
La Calera. La división se hace en dos lotes: Lote 1 con un área de 11.165 m2 y
Lote 2 con un área de 18.185 m2[142],
y a continuación aparece fotocopia de un plano que describe el proyecto de
subdivisión del predio con código catastral 000000240404000, en los lotes 1 y 2
con un área de 11.165 m2 y 18.185 m2, respectivamente. Debe tenerse en cuenta
que los accionantes identificaron como predio afectado el que denominan Lote 1
identificado con el número catastral 000000240669000, ubicado en la vereda El
Volcán del municipio de La Calera, Cundinamarca. En dicho plano aprobado por la
Secretaría de Planeación Municipal de La Calera el diez (10) de agosto de dos
mil quince (2015), se dibujan los lotes obtenidos luego de la subdivisión
predial con sus respectivos linderos, indicando que el Lote 1 linda por un
costado con vía que de La Calera conduce a Mundo Nuevo - Choachí, por otro con
Lote 2 de propiedad de Hernando Durana, por otro costado con propiedad de
Giovany Bernal y por otro con predio de Vicente García[143].
Si se observa, la
subdivisión predial referida es posterior a la licencia de construcción
otorgada mediante la Resolución No. 089 del veintisiete (27) de mayo de dos mil
quince (2015), por lo que es importante precisar que el predio de mayor
extensión dividido era igualmente de propiedad del señor Hernando Durana
Arboleda para la época en que fue expedido el mencionado acto administrativo.
Así se indica en la Escritura Pública No. 2505 del veintiocho (28) de
septiembre de dos mil quince (2015): “Que el señor Hernando Durana Arboleda,
por adjudicación en la sucesión de Helena Londoño de Durana, según escritura
pública número [2717 del 28 de octubre de 2002], y aclarada por escritura
pública número [1081 del 29 de abril de 2003], otorgadas en la Notaría
veinticinco (25) del Círculo de Bogotá D.C., debidamente registrada [en el]
folio de matrícula inmobiliaria  número 50N-20396731, adquirió el pleno derecho
de dominio, propiedad y posesión sobre el siguiente inmueble: Lote de terreno
marcado con el número uno (1) denominado “El Viso”, ubicado en la vereda el
volcán del Municipio de La Calera, Departamento de Cundinamarca, tiene un área
de 2 hectáreas 9.350 metros cuadrados, es decir 29.350 metros cuadrados, cuya
área, linderos y demás especificaciones fueron tomados de los títulos antes
citados, los cuales […] son los siguientes: POR EL NORTE: […] del mojón “X” al
mojón “Y” en 197.30 metros y dirección de 88.91º con propiedad que es o fue de
Vicente García y encierra”.
La colindancia
entre los predios del señor Hernando Durana y Plácido Vicente García Díaz fue
ratificada por la Juez Promiscuo Municipal de La Calera en la diligencia de
inspección judicial practicada el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis
(2016), al predio denominado “El Olvido” de la vereda el Volcán del municipio
de La Calera, Cundinamarca[144].
Además en el dictamen pericial allegado el diez (10) de mayo de dos mil
dieciséis (2016) por la auxiliar de la justicia posesionada como perito[145],
se indicó que del lugar objeto de construcción en predio de propiedad del señor
García Díaz y el inmueble del señor Durada, hay una distancia de 115 metros.
Es claro, entonces,
que en la solicitud de licencia de construcción del veintiséis (26) de febrero
de dos mil quince (2015), formulada por COMCEL S.A., no se especificó como predio
colindante el de propiedad del señor Hernando Durana Arboleda, además que la
oficina de Planeación Municipal de La Calera no realizó su citación o la del tenedor
del predio, Sergio Hernando Durana Londoño, pues según las disposiciones
normativas anteriormente referidas no nos encontramos ante una exigencia
inexcusable, máxime cuando se trata de un predio ubicado en zona rural, y, en
todo caso, el trámite contó previamente con el aviso que exige la ley para que
las personas interesadas en pronunciarse lo hicieran a favor o en contra de la
solicitud. Es decir, se evidencia que los actores tuvieron la posibilidad de
pronunciarse en su momento contra la expedición de la licencia de construcción
en la modalidad de obra nueva para una estación base de telecomunicaciones de
telefonía móvil celular en el predio rural “El Olvido”, vereda El Volcán, y no
lo hicieron.
En cuanto al error
que refieren en el contrato de arrendamiento suscrito entre la representante
legal de COMCEL S.A. y el propietario del predio en el cual se están realizando
las obras, señor Plácido Vicente García Díaz, al no aparecer la firma de la
arrendataria ni la fecha de celebración del acto jurídico, la Sala no encuentra
ninguna afectación al derecho fundamental invocado por parte de los
accionantes, toda vez que se trata de un negocio jurídico bilateral y
consensual, que incluso puede celebrarse por las partes de manera verbal. De
todas maneras este acto quedó reconocido en la Resolución No. 089 del
veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015), de la Secretaría de
Planeación Municipal de La Calera, al señalar en los considerandos que “[s]e
suscribió Contrato de Arrendamiento  entre la señora HILDA MARÍA PARDO HASCHE,
[…], en calidad de Suplente del representante legal de la Sociedad COMCEL S.A.,
[…] en calidad de arrendatario y el señor PLÁCIDO VICENTE GARCÍA DÍAZ, […],
propietario del predio rural “El Olvido”, ubicado en la vereda El Volcán, en
calidad de arrendador, con el objeto según cláusula primera de conceder por
parte del arrendador al arrendatario el uso y goce sobre un área aproximada de
ciento cuatro (105,00m2) metros cuadrados (sic) del predio rural
denominado “El Olvido”, anteriormente identificado, para instalar sobre el
inmueble la torre y los equipos celulares necesarios para la transmisión de comunicación
celular, un contenedor o cuarto para equipos celulares y de microondas, equipo
de respaldo para los casos de pérdidas o fallas en el fluido eléctrico, caseta
para transferencia y depósito, y demás elementos que se consideren necesarios
para el correcto funcionamiento de la estación, así como para mantener y
destinar exclusivamente para operar la estación base de telefonía móvil celular”[146]
(mayúsculas originales).
Finalmente, en
relación con el incumplimiento por parte del titular de la licencia de
construcción de instalar las vallas de notificación a interesados y terceros,
hay que tener en cuenta que según el parágrafo 1° del artículo 29 del Decreto
1469 de 2010, “[d]esde el día siguiente a la fecha de radicación en legal y
debida forma de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y
construcción en cualquiera de sus modalidades, el peticionario de la licencia
deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras
negras, con una dimensión mínima de un metro (1.00 m) por setenta (70)
centímetros, en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a
terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la
expedición de la licencia urbanística”. Allí se aclara que dicha valla
deberá permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta.
Por su parte el
artículo 130 del Plan de Ordenamiento Territorial establece esta obligación de
instalar una valla que describa la identificación de las obras en los siguientes
términos: “El titular de cualquiera de las licencias está obligado a
instalar una valla […] en lugar visible de la vía pública más importante sobre
la cual tenga frente o límite el desarrollo correspondiente, en la cual se
deberá indicar cuando menos la clase de licencia, el número de identificación
de la licencia, la entidad o curador que la expidió, la dirección del inmueble,
la vigencia de la licencia, el nombre o razón social del titular de la misma y
el tipo de obra que se está adelantado, indicando uso, metros de construcción,
altura total de las edificaciones, número de unidades habitacionales,
comerciales o de otros usos, según el caso. En caso de construcciones menores,
la valla podrá ser de cincuenta por setenta centímetros (50 x 70 cm)”. Y
continúa regulando que la “valla se instalará a más tardar en los cinco (5)
días siguientes a la expedición de la licencia y, en todo caso, antes de la
iniciación de la obra o de sus construcciones complementarias, y deberá
permanecer durante todo el tiempo que dure la obra”.
En el artículo sexto de la
Resolución No. 089 de 2015 se previó dicha obligación de identificación de las
obras[147].
En el expediente obran pruebas
fotográficas que indican la instalación de una valla de color amarillo en el
predio donde se desarrolla la construcción por parte de COMCEL S.A., y se
observa que está ubicada en un árbol contiguo al lugar de la obra y a unos
metros de una carretera destapada[148].
Por lo que se demostró el cumplimiento de la obligación de ubicar la valla que
anuncia la autorización de la obra.
Por lo anterior, la Sala negará la
tutela del derecho fundamental al debido proceso en la perspectiva de defensa y
contradicción, de los señores Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana
Arboleda, frente a la Secretaría de Planeación Municipal de La Calera.
7.3. De otra parte, los accionantes hablan de la posible afectación futura
de su salud, sin acreditar ni especificar el daño irremediable que se causaría
por la exposición a las ondas de radiofrecuencia que llegue a emitir la torre
base de telefonía móvil celular.
Si
bien se ha reconocido el principio de precaución[149] con el fin
de proteger el medio ambiente y la salud humana, ello no significa su
aplicación inmediata y, por consecuencia, el eventual amparo de los derechos
invocados. La línea jurisprudencial a la cual se hizo mención en un acápite
anterior ha señalado la necesidad de cumplir con los siguientes requisitos: (i)
que exista peligro de daño; (ii) que este sea grave e irreversible;
(iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea esta
absoluta; (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a
impedir la degradación del medio ambiente o el derecho a la salud y (v) que
el acto en que se adopte la decisión sea motivado.
En
adición, esta Corporación ha puesto especial atención a dos factores
determinantes para resolver cada uno de los casos particulares: (i) la
prueba del nexo de causalidad, y (ii) el interés superior de los niños,
las niñas y los adolescentes[150].
En
todas las providencias que conforman la línea jurisprudencial bajo estudio, se
observa cómo la Corte llevó a cabo un análisis en cuanto a la relación
existente entre la exposición a las radiaciones de los campos electromagnéticos
y la afectación del estado de salud de los accionantes. Dicho examen resultó
esencial para resolver cada caso particular, bien sea para negar u otorgar el
amparo. Es así como, aun teniendo en cuenta el principio de precaución, la
Corte Constitucional negó las pretensiones de la demanda en las sentencias T-360
de 2010[151], T-332 de 2011[152],
T-517 de 2011[153],
T-701 de 2014[154]
y T-149 de 2015[155], ya que concluyó que no resultaba posible establecer la causalidad
entre el funcionamiento de las estaciones base de telecomunicaciones y el
derecho a la salud. Por el contrario, cuando se ha encontrado probada dicha
causalidad, esta Corporación ha amparado los derechos fundamentales de los accionantes,
como lo hizo en las sentencias T-1062 de 2001[156], T-104 de 2012[157],
T-1077 de 2012[158]
y T-397 de 2014[159].
La
necesidad de encontrar una prueba, así no constituya evidencia científica
absoluta, de la relación entre la exposición de las radiaciones y el estado de
salud de los accionantes, guarda estrecha conexidad con el requisito de la
existencia de peligro de daño. Si bien existen estudios internacionales,
particularmente de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de
la OMS, en los cuales se califica a los campos electromagnéticos como posibles
cancerígenos para los seres humanos (categoría 2B)[160], estos por
sí solos no resultan suficientes para concluir la existencia de tal nexo
causal. Además, es necesario tener en cuenta las características particulares
de cada caso, de modo que la afectación del estado de salud pueda resultar
probada a través de estudios, exámenes, diagnósticos médicos, entre otros, que
expresen los peligros a la salud del paciente y/o la necesidad de no exponerse
a dichas radiaciones.
La
Sala no puede desconocer que se está en el marco del servicio público de
telecomunicaciones, lo que implica la necesidad de tener en cuenta el deber del
Estado de prestar –bien sea directamente o a través de particulares– de manera
eficiente, regular y continua el servicio. Entonces, la necesidad de demostrar, así sea de manera indiciaria, la
afectación del derecho a la salud derivado de la exposición a campos
electromagnéticos resulta de especial relevancia en tanto se podría estar
afectando el interés general de contar con una correcta prestación del servicio
público.
No
obstante lo anterior, la Sala reitera que en los casos en los que se compruebe
la existencia del peligro del daño a la salud debe darse aplicación al
principio de precaución con el fin de proteger los derechos fundamentales de
las personas, incluso sobre el interés general representado en la prestación
del servicio público de comunicaciones.
En
el caso particular, si bien no hay duda de que los accionantes padecen de
enfermedades coronarias que en la actualidad están siendo tratadas, no existen
pruebas que demuestren que las mismas pueden verse afectadas o agravadas a
causa del funcionamiento de la “estación base de telefonía móvil celular La
Cecilia CUN Vereda El Volcán La Calera”.
Dado
que en el presente caso no se prueba, al menos mínimamente, la posible vulneración
del derecho a la salud de los accionantes, la Corte no puede dejar de lado el
interés estatal de contar con una correcta prestación del servicio de
telecomunicaciones para lo cual resulta necesario contar con la infraestructura
suficiente. De esta manera, la Sala concluye que en el caso concreto no resulta
posible aplicar el principio de precaución.
8. Conclusión
La Sala Primera de Revisión encontró que no existe elemento probatorio,
siquiera indiciario, que demuestre la posible agravación de la actual condición
de salud de los señores Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana
Arboleda, como consecuencia de las ondas de radiofrecuencia que llegare a
emitir la estación base de telefonía móvil celular instalada en el predio de
propiedad del señor Plácido Vicente García Díaz.
Así, no se vulnera
el derecho fundamental a la salud por la instalación de una estación base o antena
de telecomunicaciones cuando no hay demostración alguna de la existencia de un
peligro, amenaza o afectación del estado de salud del accionante como
consecuencia de las radiaciones electromagnéticas que ella emita. La aplicación
del principio de precaución requiere que exista peligro de daño, que este sea
grave e irreversible y que exista un principio de certeza científica, así no
sea absoluta.
En relación con el
derecho al debido proceso en la perspectiva de defensa y contradicción, la Sala
encontró que no hubo vulneración del mismo, toda vez que los accionantes
tuvieron la posibilidad de pronunciarse en su momento contra la expedición de
la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para una estación
base de telecomunicaciones de telefonía móvil celular en el predio rural “El
Olvido”, vereda El Volcán, y no lo hicieron.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR
la sentencia del Juez Treinta y Nueve Civil del
Circuito de Bogotá del trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), que
revocó la decisión de la Juez Promiscuo Municipal de La Calera del trece (13)
de mayo de dos mil dieciséis (2016), que concedía el amparo del derecho a la
salud de los señores Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando Durana Arboleda,
pero por las razones expuestas en la parte considerativa.
Segundo.- NEGAR la tutela del derecho fundamental al debido proceso en la
perspectiva de defensa y contradicción, de los señores Sergio Hernando Durana
Londoño y Hernando Durana Arboleda, frente a la Secretaría de Planeación
Municipal de La Calera.
Tercero.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La demanda y sus anexos obran a
folio 1 al 8 del cuaderno principal. En adelante, los folios que se refieran
harán parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
El seis (6) de mayo de dos mil dieciséis (2016), los accionantes radicaron
escrito complementando su solicitud de amparo, en el sentido de que se protejan
también sus derechos fundamentales a la salud y la vida, debido a los
padecimientos de salud que presentan en la actualidad, además de la otra
residente de la vivienda, Catalina Vargas, esposa del señor Durana Londoño.
[2] A folio 30 obra fotocopia del
certificado de tradición y libertad expedido por la oficina de registro de
Bogotá Norte, de fecha catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015),
correspondiente a dos predios identificados con matrícula inmobiliaria 20768416
y 20768417, en cuya anotación No. 1 aparece la referencia a la Escritura
Pública 2505 del veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015) de la
Notaría Veinticinco de Bogotá, especificación división material, y titular de
dominio incompleto Hernando Durana Arboleda. A folios 22 al 25 obra fotocopia
de la Escritura Pública No. 2505 del veintiocho (28) de septiembre de dos mil
quince (2015) de la Notaría Veinticinco de Bogotá, a través de la cual se
solemniza una división material del inmueble de propiedad de Hernando Durana
Arboleda identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20396731 y registro
catastral 000000240404000, lote de terreno marcado con el No. 1 denominado “El
Viso”, ubicado en la vereda El Volcán del municipio de La Calera. La división
se hace en dos lotes: Lote 1 con un área de 11.165 m2 y Lote 2 con
un área de 18.185 m2. A folio 21 aparece fotocopia de un plano que
describe el proyecto de subdivisión del predio con código catastral
000000240404000, en los lotes 1 y 2 con un área de 11.165 m2 y
18.185 m2, respectivamente.
[3] Narró el residente del
predio afectado que “[e]l día 21 de Abril del año en curso observ[ó] desde [su]
residencia ubicada en la vereda el Volcán [del] municipio de La Calera, que a
una distancia de aproximados 45 a 55 metros en el predio vecino (número
catastral 000000240392000), se daba inicio a una construcción que inicialmente
parecía ser destinada a una casa. Al ver esto, y dado que no fui notificado
como exige la ley, además de que nunca fueron colocadas en lugar visible las
vallas informativas e incluso, una de estas, la valla blanca de inicio de obra
nunca fue colocada, me comuniqué con el propietario del predio vecino quien me
informó que la empresa de telecomunicaciones Comcel S.A. iba a instalar en su
predio una antena de comunicación celular” (folio 4).
[4] Los accionantes
describieron una serie de errores jurídicos en el otorgamiento del permiso de
construcción, a saber: “1.1- Tanto en el folio 1 como en el folio 84 del
expediente se evidencia que planeación le exigió [a la accionada] informar al
despacho el nombre y dirección de los vecinos colindantes al predio,
información que la firma Comcel no suministró en forma completa y adecuada,
toda vez que no [fueron] incluidos ni como propietario ni como residente,
información que clara y ciertamente era conocida por el accionante y que
constituía requisito indispensable para que Planeación pudiera efectuar las
notificaciones pertinentes tendientes al debido proceso y a la posibilidad de
los afectados para ejercer el derecho fundamental de oposición al otorgamiento
de la licencia relacionada con la construcción de la antena. || 1.2- Como
consecuencia de lo anterior se incumplió con la obligación de notificar a los
vecinos, como lo exige la normatividad vigente, no solo no [fueron] notificados
[los accionantes], sino que tampoco lo fueron vecinos [que no son] colindantes
pero sí afectados como por ejemplo es el caso de la Escuela El Volcán dedicada
a la enseñanza de menores, adicionalmente observándose que se relacionan
personas no vinculadas al proceso. || 1.3- En la hoja de ruta del expediente se
demuestra y prueba la omisión en la citación de vecinos al observar los
numerales del 4 al 8 sin diligenciamiento alguno. || 1.4- En el formulario de
solicitud de la licencia (folio 1) se evidencia en el punto 3 la ausencia [de
los accionantes] como vecinos colindantes. || 1.5- En el punto 4 del folio 1 no
[fueron] relacionados como colindantes. || 1.6- En el edicto emplazatorio
efectuado por la Secretaría de Planeación de la Calera en el aviso del 2 de
marzo de 2015 tampoco [fueron] relacionados” (folios 4 y 5).
[5] Al respecto señalaron:
“[…] al revisar el expediente encontramos: || 2.1- Que el citado contrato no
tiene firma del Representante Legal de Comcel S.A. || 2.2- El contrato se
encuentra firmado únicamente por el arrendador lo cual lo hace inexistente. ||
2.3- El contrato carece también de fecha de celebración, situación que implica
que no se cumplió con este requisito indispensable para la validez del contrato
y la consecuente aprobación de la Licencia”.
[6] En las fotos obrantes a folios 31
y 32 se observa que en un predio que está continuo a un carreteable se está
haciendo un movimiento de tierra y aparecen cuatro excavaciones cuadradas rodeadas
con piedra.
[7] Folio 3. El documento referido no
se anexa a la solicitud de tutela.
[8] Folios 200 al 203. A folios 91 al 156 obra
fotocopia de la historia clínica del señor Sergio Hernando Durana Londoño que
confirma que es un paciente con antecedentes de enfermedad coronaria, que
padeció en septiembre de 2012 infarto agudo al miocardio, y un primer evento en
julio de dos mil cuatro (2004) que implicó la realización de un procedimiento
de “angioplastia coronaria de dos vasos más el implante de un stent” (folio
113). A folios 158 al 179 obra fotocopia de la historia clínica del señor
Hernando Durana Arboleda (de 81 años) en donde se evidencia que es un paciente
con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatía isquémica,
con implante de stent hace 22 años en la clínica Chaio y que sufrió infarto
agudo de miocardio. A folios 180 y 199 obra fotocopia de la historia clínica de
Aida Catalina Vargas Núñez, esposa de Sergio Hernando Durana, también residente
del predio en cuestión, en donde se describe un diagnóstico de ovarios
poliquísticos y fibroadenoma en seno izquierdo, ambos actualmente en
tratamiento (folio 182).
[9] Folio 201.
[10] Folios 9 al 11.
[11] Folios 9 (reverso) y 10.
[12] Folio 11 (reverso).
[13] Folio 12.
[14] Folio 13.
[15] Suscrito por el Secretario de
Planeación Municipal, arquitecto Jairo Andrés Díaz Rodríguez.
[16] Folio 14.
[17] Firmada por la Secretaria
Auxiliar de Planeación Municipal, Luz Odilia Martínez Pinzón.
[18] Folios 15 al 20.
[19] Folios 37 y 38.
[20] Folios 39 al 42.
[21] En dicha diligencia
aparecen testimonios de diferentes vecinos del predio, así: “[…] 1.- Señora Ana
Odilia Cruz, manifiesta tener 73 años de edad, manifiesta que padece dolencias
respiratorias. 2.- Señor Pedro Julio Gómez esposo de la señora Cruz quien tiene
80 años de edad, es una persona que oye muy poco. 3.- Carlos Eduardo Mottoa
Escobar de 65 años de edad, padece de asma, hipertensión y manifiesta que vive
con 4 menores de edad 2 nietos y 2 hijos. 4.- Ana Violet Avilés de 74 años de
edad, padece de tensión alta, artritis y es frecuente que le den hemorragias
nasales, vive con su esposo quien tiene 73 años de edad y padece igualmente de
tensión, artritis y casi no puede trabajar. 5.- Juan Parra de 81 años de edad
manifiesta que padece de las rodillas, tiene problemas de circulación y su
esposa de 71 años tiene artritis. 6.- Florentino Cubillos de 65 años de edad
vive con su esposa y no están de acuerdo con la instalación de la antena por
salud y porque tienen 2 hijos. 7.- Se hizo un recorrido a la escuela El Volcán,
allí [fueron] atendidos por la profesora de nombre Marcela Cruz, quien informó
que dicho establecimiento tiene 34 alumnos y dos profesoras, las edades de los
alumnos oscilan entre los 4 a 11 años de edad, el horario de clase es de 7:30
A.M. a 12:30 del día lunes a viernes, no está de acuerdo con la instalación de
la antena debido a que afectaría la salud de los niños. 8.- Tulia Cubillos de
58 años de edad sufre de la columna y no está de acuerdo con la antena por
salud de sus dos hijos y su nieta menor de edad. 9.- Victoria Eugenia Cruz de
69 años de edad, manifiesta que vive en arriendo sufre de constantes dolores de
cabeza y no está de acuerdo con la instalación de la antena por la salud de
todos los habitantes del sector y el medio ambiente para que estos no sufran.
10.- Inés García de 60 años también sufre del corazón, expone que tiene un hijo
discapacitado de 32 años de edad. En general todas las personas manifestaron no
estar de acuerdo con la instalación de la antena por salud” (folios 40 y 41).
Se acompaña un registro fotográfico del predio objeto de construcción.
[22] Doctora Blanca Teresa
Rocha de Rodríguez.
[23] Las preguntas del
cuestionario son las siguientes: “1.- Determinará de manera clara y puntual si
el lugar donde se piensa colocar la antena que radio existe (sic) a su
alrededor y qué viviendas cobijaría y los nombres de los habitantes. 2.-
Concretará con los moradores del sector si están de acuerdo con la instalación
de la antena de COMCEL, en caso negativo se servirá explicar. 3.- Qué número de
casas existen alrededor del predio donde se piensa colocar la antena. 4.-
Determinará a qué distancia se encuentra la Escuela El Volcán y si las ondas
electromagnéticas alcanzan dicho establecimiento educativo. 5.- De igual forma
determinará si dichas ondas alcanzan a los moradores del sector. 6.- De ser
posible concretará si hay alguna constancia médica donde se determine que no es
viable o que tiene alguna afectación para el enfermo las ondas
electromagnéticas que puede producir la antena” (folio 41).
[24] A folios 91 al 156 obra
fotocopia de la historia clínica del señor Sergio Hernando Durana Londoño que
confirma que es un paciente con antecedentes de enfermedad coronaria, que
padeció en septiembre de 2012 infarto agudo al miocardio, y un primer evento en
julio de dos mil cuatro (2004) que implicó la realización de un procedimiento
de “angioplastia coronaria de dos vasos más el implante de un stent” (folio
113). A folios 158 al 179 obra fotocopia de la historia clínica del señor
Hernando Durana Arboleda (de 81 años) en donde se evidencia que es un paciente
con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatía isquémica,
con implante de stent hace 22 años en la clínica Chaio y que sufrió infarto
agudo de miocardio. A folios 180 y 199 obra fotocopia de la historia clínica de
Aida Catalina Vargas Núñez, esposa de Sergio Hernando Durana, también residente
del predio en cuestión, en donde se describe un diagnóstico de ovarios
poliquísticos y fibroadenoma en seno izquierdo, ambos actualmente en
tratamiento (folio 182).
[25] Folios 44 y 45.
[26] Folio 49.
[27] Doctora Blanca Teresa Rocha Rodríguez.
[28] Predio identificado con el No.
000000240392000.
[29] Folios 212 y 213. El presente
dictamen pericial está acompañado de un registro fotográfico del predio objeto
de estudio.
[30] Folios 214 al 220.
[31] Álvaro Escobar Díaz.
[32] Folios 83 al 90.
[33] Por el cual se
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.
[34] El artículo 29 del
Decreto 1469 de 2010, dispone: “Citación a vecinos. El curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y
expedición de licencias, citará a los vecinos colindantes del inmueble o
inmuebles objeto de la solicitud para que se hagan parte y puedan hacer valer
sus derechos. En la citación se dará a conocer, por lo menos, el número de
radicación y fecha, el nombre del solicitante de la licencia, la dirección del
inmueble o inmuebles objeto de solicitud, la modalidad de la misma y el uso o
usos propuestos conforme a la radicación. La citación a vecinos se hará por
correo certificado conforme a la información suministrada por el solicitante de
la licencia. || Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores
o residentes de predios colindantes, de acuerdo con lo establecido en el
numeral 6 del artículo 21 de este decreto. || Si la citación no fuere posible,
se insertará un aviso en la publicación que para tal efecto tuviere la entidad
o en un periódico de amplia circulación local o nacional. En la publicación se
incluirá la información indicada para las citaciones. En aquellos municipios
donde esto no fuere posible, se puede hacer uso de un medio masivo de
radiodifusión local, en el horario de 8:00 a. m. a 8:00 p.m. || Cualquiera sea
el medio utilizado para comunicar la solicitud a los vecinos colindantes, en el
expediente se deberán dejar las respectivas constancias. || Parágrafo 1°. Desde
el día siguiente a la fecha de radicación en legal y debida forma de
solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y construcción en
cualquiera de sus modalidades, el peticionario de la licencia deberá instalar
una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras negras, con una
dimensión mínima de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, en lugar
visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros sobre la
iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia
urbanística, indicando el número de radicación, fecha de radicación, la
autoridad ante la cual se tramita la solicitud, el uso y características
básicas del proyecto. || Tratándose de solicitudes de licencia de construcción
individual de vivienda de interés social, se instalará un aviso de treinta (30)
centímetros por cincuenta (50) centímetros en lugar visible desde la vía
pública. || Cuando se solicite licencia para el desarrollo de obras de
construcción en las modalidades de ampliación, adecuación, restauración o
demolición en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad
horizontal, se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta
(50) centímetros en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un
lugar de amplia circulación que determine la administración. || Una fotografía
de la valla o del aviso, según sea el caso, con la información indicada se
deberá anexar al respectivo expediente administrativo en los cinco (5) días
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, so pena de entenderse
desistida. || Esta valla, por ser requisito para el trámite de la licencia, no
generará ninguna clase de pagos o permisos adicionales a los de la licencia
misma y deberá permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta. ||
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará para las solicitudes
de licencia de subdivisión, de construcción en la modalidad de reconstrucción;
intervención y ocupación de espacio público; las solicitudes de revalidación ni
las solicitudes de modificación de licencia vigente siempre y cuando, en estas
últimas, se trate de rediseños internos manteniendo la volumetría y el uso
predominante aprobados en la licencia objeto de modificación”.
[35] Folio 85.
[36] “Por el cual se adopta
límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan
otras disposiciones”.
[37] Viviana Jiménez
Valencia. No acredita la calidad con la que actúa.
[38] Folios 226 al 256.
[39] Citó el artículo 193 de
la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”, que dispone: “Acceso a las tic y
despliegue de infraestructura. Con el propósito de garantizar el ejercicio y
goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en
situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal, y, el
acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como
el de contribuir a la masificación del Gobierno en Línea, de conformidad con la
Ley 1341 de 2009, es deber de la Nación asegurar la prestación continua,
oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones para lo cual
velará por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones
en las entidades territoriales…”.
[40] Folio 230.
[41] Continúa la cita: “Todos
los actores involucrados en el desarrollo de las radiocomunicaciones mantienen
una permanente preocupación tanto por lograr brindar amplios servicios, como
por garantizar que estos sean seguros para la salud de las personas. Este
esfuerzo es muchas veces incomprendido. Es difícil trasmitir al público, por
ejemplo, que una mayor infraestructura de comunicaciones de radio no
necesariamente implica mayores niveles de radiación. || Que por el contrario, como
en el caso de la telefonía celular, una mayor cantidad de torres disminuye los
niveles de radiación al reducir, gracias a la cercanía del aparato con una
torre, la potencia que dicha comunicación requiere. || Por la falta de
información, algunas comunidades solicitan que las torres de telefonía móvil
sean ubicadas fuera de los cascos urbanos. Los efectos de ese tipo de oposición
no solo van en contra de su bienestar en términos de salud (por lo dicho en el
párrafo anterior) sino también en términos económicos, pues hace que las
comunicaciones sean más difíciles y en consecuencia más costosas” (folio 231).
[42] Folios 231 y 232.
[43] Folios 257 al 274.
[44] Señaló como requisitos
del principio de precaución:
(i) la amenaza de un peligro grave al medio ambiente o a la salud; (ii) que
como consecuencia no existe certeza científica; (iii) pero, sí existe algún
principio de certeza; (iv) como tal, las autoridades deben adoptar medidas, y
(v) que aparezca debidamente probado en el expediente la amenaza del derecho
fundamental.
[45] Folio 274.
[46] Folio 276.
[47] Ibídem.
[48] Ibídem.
[49] Folios 307 al 313.
[50] Folio 310.
[51] Viviana Jiménez
Valencia. No acredita la calidad con la que actúa.
[52] Folios 329 al
332.
[53] Folios 345 al 398.
[54] Folios 399 al 403.
[55] Folio 402.
[56] Folio 403.
[57] El artículo 21 del
Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política”, dispone: “Información
adicional. Si del informe resultare que no son ciertos los hechos, podrá
ordenarse de inmediato información adicional que deberá rendirse dentro de tres
días con las pruebas que sean indispensables. Si fuere necesario, se oirá en
forma verbal al solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la
solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera
sumaria. || En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio
probatorio para conceder o negar la tutela”.
[58] Folios 21 y 22.
[59] En esa oportunidad
resolvió: “Primero.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que
ponga en conocimiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones el contenido del expediente de tutela T-5721728 para que, dentro
de los tres (3) días siguientes a la comunicación del presente auto, se
pronuncie acerca de la misma y allegue las pruebas que considere pertinentes.
Anéxese copia de la demanda de tutela y de las respuestas dadas por las
accionadas. || Asimismo, para que informe (i) acerca de estudios técnicos
actualizados que haya adelantado para establecer si las estaciones base o
antenas de telefonía móvil representan algún peligro para la salud y la vida de
los vecinos colindantes a la estructura y de la comunidad circundante; y (ii)
si conforme al artículo 16 del Decreto 195 de 2005, adelantó algún trámite para
la autorización de la instalación de la “estación base de telefonía móvil
celular La Cecilia CUN Vereda El Volcán La Calera” por parte de COMCEL S.A. en
el predio rural “El Olvido”, ubicado en la vereda El Volcán, zona rural del
municipio de La Calera, de propiedad del señor Plácido Vicente García Díaz. ||
Segundo.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que ponga en
conocimiento de la Agencia Nacional del Espectro el contenido del expediente de
tutela T-5721728 para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
comunicación del presente auto, se pronuncie acerca de la misma y allegue las
pruebas que considere pertinentes. Anéxese copia de la demanda de tutela y de
las respuestas dadas por las accionadas. || Además, se ordena a la Agencia
Nacional del Espectro que, en cumplimiento de las funciones otorgadas en el
artículo 26 de la Ley 1341 de 2009, dentro del mismo término indicado en este
numeral, practique una inspección del predio rural “El Olvido”, ubicado en la
vereda El Volcán, zona rural del municipio de La Calera, de propiedad del señor
Plácido Vicente García Díaz, y allegue informe a esta Sala de Revisión en donde
se determine si de acuerdo con la obra autorizada por la Secretaría de
Planeación Municipal de La Calera a través de la Resolución No. 089 del
veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015), la futura estación base de
telecomunicaciones que pretende instalarse por parte de COMCEL S.A. cumple con
las normas nacionales e internacionales relativas a los límites de exposición
de las personas a campos electromagnéticos. Asimismo, deberá indicar las
especificaciones de la estación base de telecomunicaciones que pretende ser
instalada. || Tercero.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que
requiera al Instituto Nacional de Salud para que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la comunicación del presente auto, (i) informe si hay estudios
científicos actualizados que hayan identificado un nexo causal entre la
generación de posibles quebrantos de salud o complicaciones de los
padecimientos sufridos, como por ejemplo, enfermedades coronarias o cáncer, con
la instalación de estaciones base o antenas de telefonía móvil; y (ii) allegue
copia de informes o estudios relevantes sobre el tema” (folios 21, reverso, y
22).
[60] Luis Ernesto Flórez Simanca.
[61] Folios 29 al 32.
[62] Doctora Gabriela Posada Venegas.
[63] “Por la cual se definen
Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la
Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones”.
[64] “Por el cual se modifica la
naturaleza jurídica de la Agencia Nacional del Espectro y se reasignan
funciones entre ella y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones".
[65] “Por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”. El artículo 43 de la Ley
1753 de 2016, dispone: “La Agencia Nacional del Espectro, además de las
funciones señaladas en el artículo 26° de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 4169
de 2011, cumplirá las siguientes: || Expedir las normas relacionadas con el
despliegue de antenas, las cuales contemplarán, entre otras, la potencia máxima
de las antenas o límites de exposición de las personas a campos
electromagnéticos y las condiciones técnicas para cumplir dichos límites. Lo
anterior, con excepción de lo relativo a los componentes de infraestructura
pasiva y de soporte y su compartición, en lo que corresponda a la competencia
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”.
[66] Folios 26 al 28.
[67] Doctora Lina María Mejía Londoño.
[68] Al respecto, citó la conclusión
la AIRC sobre riesgos a la salud por radiaciones no ionizantes: “6.1. Cáncer en
Humanos || Existe evidencia limitada en humanos por carcinogenicidad de
radiación de radiofrecuencia. Asociaciones positivas han sido observadas entre
la exposición a radiación de radiofrecuencia de teléfonos inalámbricos y
glioma, y neuroma acústico” (Monografía de la IARC, vol. 102, acerca de las
Radiofrecuencias, abril de 2013, pág. 419. Disponible en
http://radio-waves.orange.com/es/novedades/2013/monografia-de-la-IARC-vol.-102-acerca-de-las-Radiofrecuencias).
[69] Folios 33 (reverso) y 34.
[70] Folios 34 (reverso) y
35. Más adelante agregó: “En el caso de operadores de comunicaciones móviles
como en la telefonía móvil celular, no se requiere permiso de instalación
individual, ya que pueden desplegar infraestructura por todo el país y
operarla, según las necesidades del servicio, pues cuentan con permiso general
para instalar antenas y operarlas en todo el país, sin que sea necesaria
nuevamente la intervención de este Ministerio, lo que no exime al operador de
cumplir con los requisitos legales de nivel local aplicables” (folio 37).
[71] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[72] Folio 40 (reverso).
[73] “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[74] Para una explicación de la
fuente directa que el Constituyente de 1991 tuvo para establecer la procedencia
de la acción de tutela contra particulares, ver la sentencia T-099 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez caballero).
[75] El artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991 dispone: “Procedencia. La acción de tutela procederá
contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: || 1.
Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación del servicio público de educación. || 2. Cuando aquel contra quien
se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio
público de salud. || 3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud
esté encargado de la prestación de servicios públicos. || 4. Cuando la
solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización. || 5. Cuando aquel contra quien se hubiere
hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. ||
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la
solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Constitución. || 7. Cuando se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción
de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada
que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. || 8.
Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en
cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. || 9.
Cuando la solicitud sea para tutelar [a] quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
[76] Ver las sentencia C-134
de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-378 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. S.V.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[77] Corte Constitucional,
Sentencia C-378 de 2010.
[78] Sentencia T-827 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[79] Sobre la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio
irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de 1993 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa) en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia,
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior;  T-1670 de 2000 (MP
Carlos Gaviria Díaz),  SU-544 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), SU-1070
de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-827 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett), T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes) y C-1225 de 2004 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[80] En este sentido, pueden
consultarse las sentencias T-526 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-016 de
2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-905 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-1084 de 2006
(M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),
T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa),  T-243 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-594
de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva),  T-299 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-265 de 2009 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto),  T-691 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-883 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.
[81] Folio 4.
[82] Sobre la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa), en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia,
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior; SU-544 de 2001
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett. S.V. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra y Álvaro Tafur Galvis); SU-1070 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño. S.V. Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo
Montealegre Lynett Y Clara Inés Vargas Hernández; A.V. Jaime Araujo Rentería;
A.V. Jaime Córdoba Triviño; A.V. Alfredo Beltrán Sierra); T-827 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), y T-1225 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[83] Sentencia T-702 de 2008
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[84] Ver por ejemplo las sentencias
T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1042 de 2010 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352
de 2011 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), entre otras.
[85] Ver las sentencias T-1316 de
2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva) y
T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[86] En conversación
telefónica sostenida con los señores Sergio Hernando Durana Londoño y Hernando
Durana Arboleda el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), se
informó que la torre base de telefonía móvil celular ya había sido construida
pero que aún no se encontraba en funcionamiento porque no habían sido
instaladas las antenas.
[87] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[88] Al respecto, la Sala Octava de
Revisión ordenó: “Segundo.- Tutelar de manera transitoria los derechos a la
intimidad, igualdad y libre determinación del señor Carlos Parra Molina y de la
señora Lucila Baena de Parra. || En consecuencia se ordena a la señora Gladis
Múnera, en su calidad de arrendadora y administradora de las zonas comunes del
Conjunto Residencial Portón de San Carlos, ubicado en Medellín en la carrera 77
número 34-44, o a quien haga sus veces, y a la Compañía Celular de Colombia
Cocelco S.A., o a quien tenga a la fecha de la notificación de esta providencia
la calidad de arrendataria de las mismas zonas, apagar la estación base de
telefonía celular instalada en el Conjunto en mención, si es que la señora
Baena de Parra resuelve fijar, nuevamente, en el inmueble su residencia
habitual, hasta tanto el juez civil determine lo contrario. Ofíciese. || Tercero.-Advertir
a las partes que esta tutela permanecerá vigente durante todo el tiempo que la
justicia civil requiera para decidir de fondo las pretensiones de los
accionantes relativas a que cese de manera definitiva la penetración por
radiaciones electromagnéticas que soporta el Conjunto Residencial en mención,
siempre y cuando la misma se inicie en un término no mayor de cuatro meses y se
impulse por los accionantes debidamente”.
[89] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[90] Así mismo, señaló que para aplicar el
principio de precaución se debe comprobar “(a)  la amenaza de un peligro
grave al medio ambiente o la salud, del cual (b) no existe certeza
científica, pero (c) sí existe algún principio de certeza, (d) las
autoridades deben adoptar medidas de protección, o no pueden diferir las mismas
hasta que se acredite una prueba absoluta”.
[91] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[92] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[93] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[94] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[95] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[96] Reiteró que para la
aplicación del principio de precaución se necesita “(i) Que exista peligro de
daño; (ii) Que éste sea grave e irreversible; (iii) Que exista un principio de
certeza científica, así no sea ésta absoluta; (iv) Que la decisión que la
autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente.
(v) Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado”.
[97] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[98] Una orden similar se
tomó en la sentencia T-1077 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[99] M.P. Mauricio González
Cuervo (S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[100] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo (S.V. Jorge Iván Palacio Palacio).
[101] M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[102] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[103] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[104] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[105] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[106] M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En esta
oportunidad la Sala Sexta de Revisión concluyó: “(i) no se sustentó dentro del
expediente la posible afectación a la salud del actor, de su hija menor y de la
comunidad circundante a la antena de telefonía móvil, como consecuencia de las
ondas de radiofrecuencia emitidas por este dispositivo. (ii) No había pruebas
para sostener que la acción de tutela era un medio más eficaz e idóneo que las
acciones populares para la defensa de los derechos invocados. (iii) Cualquier
medida que pudiera adoptar el juez constitucional no se reflejaría en el
restablecimiento de los derechos fundamentales del accionante, debido a que no
existía evidencia alguna de la posible amenaza o afectación de los mismos”.
[107] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. La Sala Cuarta de Revisión negó la protección de los
derechos invocados por los actores porque: (i) según los elementos de
convicción allegados al expediente no podía concluirse que la antena base de
telefonía celular instalada por Comcel S.A. fuera la causa del padecimiento de
cáncer de algunas de las personas del sector y de la muerte de otros por la
misma enfermedad. (ii) Las evidencias indicaban que las ondas electromagnéticas
emitidas por la torre de telefonía celular no generaban ninguna afectación en
el estado de salud de los accionantes. (iii) De conformidad con el Decreto 195
de 2005, las radiaciones emitidas por las torres base de telefonía móvil
celular son de muy baja potencia y no producen riesgos en la salud de los seres
humanos. (iv) No existe un “concepto científico en virtud del cual se pueda
determinar la incidencia de la radiación emitida por la torre en la afectación
de la salud de los residentes”.
[108] M.P. Mauricio González
Cuervo (S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[109] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo (S.V. Jorge Iván Palacio Palacio).
[110] Se sigue la ruta trazada
en la sentencia
T-397 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[111] “Por la cual se regula la
prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos
de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan
otras disposiciones”.
[112] “Por el cual se
reglamenta la telefonía móvil celular y se dictan otras disposiciones”.
[113] “Por el cual se reglamenta la
telefonía móvil celular”.
[114] “Por el cual se reforman
las normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de
telecomunicaciones y afines”.
[115] “Por el cual se
reglamenta la telefonía móvil celular”.
[116] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[117] “Por la cual se regula la
prestación del servicio de telefonía móvil celular, la celebración de contratos
de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se dictan
otras disposiciones”.
[118] “Por la cual se regula la prestación de los
Servicios de Comunicación Personal, PCS y se dictan otras disposiciones”.
[119] “Por la cual se dictan
Medidas Sanitarias”.
[120] “Por el cual se reforman las
normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de
telecomunicaciones y afines”.
[121] “Por el cual se adoptan
límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan
otras disposiciones”.
[122] En la sentencia T-397 de 2014
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) se explica que “los campos electromagnéticos son
una combinación de ondas eléctricas y magnéticas que se desplazan
simultáneamente, se propagan a la velocidad de la luz y están caracterizados
por una frecuencia y una longitud de onda. Estos campos se generan por fuentes
naturales o por el hombre. Las fuentes naturales son producto del medio ambiente
o del propio organismo, como la acumulación de cargas eléctricas en
determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. Entre las
fuentes generadas por el hombre están los rayos X, las antenas de televisión,
las estaciones de radio y las estaciones base de telefonía móvil. Ahora bien,
los campos electromagnéticos pueden ser: (i) Ionizantes: Son aquellos capaces
de romper los enlaces entre las moléculas, son radiaciones altamente
energéticas y producen efectos nocivos sobre los tejidos; se destacan los rayos
gamma que emiten los materiales radioactivos, los rayos cósmicos y los rayos X.
(ii) No ionizantes: Se caracterizan porque están compuestos por cuantos de luz
sin energía suficiente para romper los enlaces moleculares, como la electricidad,
las microondas y los campos de radiofrecuencia”.
[123] “Por la cual se
reglamenta el Decreto 195 de 2005”.
[124] Por la cual se definen
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la
Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.
[125] “Por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
[126] “Por el cual se modifica
la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional del Espectro y se reasignan
funciones entre ella y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones”.
[127] La Agencia Nacional del
Espectro bajo el marco legal de los artículos 43 (funciones de la Agencia
Nacional del Espectro) y 193 (acceso a las TIC y despliegue de infraestructura)
de la Ley 1753 de 2015, expidió la Resolución 754 de 2016, “Por la cual se
reglamentan las condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas,
con el objeto de controlar los niveles de exposición de las personas a  los
campos electromagnéticos y se dictan disposiciones relacionadas con el
despliegue de antenas de radiocomunicaciones”, derogando la Resolución 387 de
2016.
[128] Folios 9 al 11.
[129] “Por la cual se modifica
la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
[130] “Por el cual se adoptan
normas sobre construcciones sismo resistentes”.
[131] “Por el cual se
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”.
[132] “Por medio del cual se
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de La Calera
(Cundinamarca)”.
[133] “Por el cual se ajusta el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de La Calera, adoptado mediante el
Acuerdo No. 043 de 1999”.
[134] “Por medio del cual se
adopta el Plan Parcial de Consolidación, se definen los usos del suelo, las
zonas homogéneas, los tratamientos de uso y se establecen las normas
urbanísticas correspondientes, para los centros poblados y el casco urbano del
municipio de La Calera”.
[135] “Por medio del cual se adoptan los
Planes de revisión
de la norma urbanística y desarrollo por urbanización del municipio de La Calera”.
[136] El artículo 21 del
Decreto 1469 de 2010, dispone: “Documentos. Toda solicitud de Licencia
urbanística deberá acompañarse de los siguientes documentos: || 1. Copia del
certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la
solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha
de la solicitud. Cuando el predio no se haya desenglobado se podrá aportar el
certificado del predio de mayor extensión. || 2. El formulario único nacional
para la solicitud de licencias adoptado mediante la Resolución 0984 de 2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la
adicione, modifique o sustituya, debidamente diligenciado por el solicitante.
|| 3. Copia del documento de identidad del solicitante cuando se trate de
personas naturales o certificado de existencia y representación legal, cuya
fecha de expedición no sea superior a un mes, cuando se trate de personas
jurídicas. || 4. Poder o autorización debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado o mandatario, con presentación personal de quien lo otorgue.
|| 5. Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último
año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde
figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito
no se exigirá cuando exista otro documento oficial con base en el cual se pueda
establecer la dirección del predio objeto de solicitud. || 6. La relación de la
dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud. Se
entiende por predios colindantes aquellos que tienen un lindero en común con el
inmueble o inmuebles objeto de solicitud de licencia. || Este requisito no se
exigirá cuando se trate de predios rodeados completamente por espacio público o
ubicados en zonas rurales no suburbanas”. Estos requisitos son ampliados en el
artículo 25 del mismo cuerpo normativo.
[137] Folio 13.
[138] Suscrito por el Secretario de
Planeación Municipal, arquitecto Jairo Andrés Díaz Rodríguez.
[139] Folio 14.
[140] Firmada por la Secretaria Auxiliar
de Planeación Municipal, Luz Odilia Martínez Pinzón.
[141] Folio 30.
[142] Folios 22 al 25.
[143] Folio 21. Esta misma descripción
aparece en la Escritura Pública No. 2505 del veintiocho (28) de septiembre de
dos mil quince (2015) de la Notaría Veinticinco de Bogotá (ver folio 23).
[144] Ver el folio 39 del acta
de la diligencia.
[145] Doctora Blanca Teresa Rocha Rodríguez.
[146] Folios 9 (reverso) y 10.
[147] Folio 11 y reverso. Señala dicho
acto: “El titular de la licencia de parcelación, urbanización o construcción
está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras,
cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros,
localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual
tenga frente o límite el desarrollo o construcción que haya sido objeto de la
licencia. La valla o aviso deberá indicar al menos: 1. La clase y número de
identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió. 2. El nombre o
razón social del titular de la licencia. 3. La dirección del inmueble. 4.
Vigencia de la licencia. 5. Descripción del tipo de obra que se adelanta,
haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de
construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y
número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos. || La valla o
aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra,
emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer
instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra”.
[148] Folios 31, 215, 216 y
218.
[149] El artículo 1º de la Ley
99 de 1993 establece los principios generales ambientales que rigen la política
ambiental colombiana. En el numeral 6º consagra el principio de precaución en
el siguiente sentido: “6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de
precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente”.
[150] Debe tenerse en cuenta
que en el trámite tutelar no se individualizó a ningún niño residente en el
área de influencia de la estación base de telefonía móvil celular que pueda
verse afectado con las ondas emitidas por la estación base de telefonía móvil
celular.
[151] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[152] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[153] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[154] M.P. Mauricio González
Cuervo (S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[155] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo (S.V. Jorge Iván Palacio Palacio).
[156] M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[157] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[158] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[159] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[160] El documento puede
ser consultado en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/es/.