T-291-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-291/11
AGENCIA
OFICIOSA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Línea
jurisprudencial
Se observa la evolución
jurisprudencial del concepto de agencia oficiosa de personas que están
prestando el servicio militar obligatorio. Así pues, el hecho de que un
ciudadano esté incorporado a la vida militar cumpliendo con los deberes que le
impone la Constitución para con el Estado, no es razón suficiente para rechazar
de plano la acción de tutela en virtud de la agencia oficiosa, puesto que
existe un limitación de tiempo y espacio que le impide a quien se encuentra acuartelado
ejercer autónomamente la acción de tutela, todo ello debido al estricto régimen
al cual son sometidos, tal como la disciplina y la obediencia debida a sus
superiores, que coincide con el cumplimiento de los preceptos establecidos por
el orden militar. En conclusión, es a todas luces legítimo por parte de un
padre o madre, agenciar los derechos de su hijo que se encuentra prestando el
servicio militar obligatorio, sin importar incluso que estos tengan la mayoría
de edad, pues como se señaló, al acuartelamiento comporta una limitación
material para que la persona pueda ejercer sus derechos en forma personal, esto
es, presentar la acción de tutela.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Reiteración de jurisprudencia sobre hecho superado y daño
consumado
La Corte
Constitucional ha sido enfática en establecer la diferencia entre hecho
superado y daño consumado, valorando principalmente si tendría sentido emitir
un pronunciamiento de fondo, en tanto se ha presentado una circunstancia de
hecho concomitante al trámite de tutela, como lo es por ejemplo, la muerte del
accionante o la garantía efectiva del derecho fundamental por parte del
accionado, por mencionar sólo algunos ejemplos. Al abordar el tema de la
carencia actual, la Corte ha sostenido que la tutela debe declararse
improcedente, por cuanto cualquier orden que se pudiera pronunciar sería
ineficaz para la defensa y protección de los  derechos fundamentales, finalidad
última del recurso de amparo. No obstante, en virtud del papel de la Corte
Constitucional como intérprete del alcance de los derechos fundamentales
establecidos en la Carta Política, cuando se presenta un hecho superado, la
función de las salas de revisión debe ir más allá de declarar la improcedencia
de la acción de tutela, por lo que les es imperativo “que la providencia
judicial incluya la demostración de que en realidad  se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se
demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva
de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de orden alguna,
con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a las que
se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24
del Decreto 2591 de 1991.
SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO DE DESPLAZADO-Divisiones Militares deben entregar en
forma inmediata la libreta militar provisional
El desplazamiento forzado es
uno de los mayores problemas sociales que en la actualidad afronta nuestro
país. Siendo este un fenómeno masivo poblacional, la Corte Constitucional
advirtió que en razón a las múltiples acciones de tutela presentadas por las
personas que eran víctimas de dicho flagelo, era necesario pronunciarse en
forma contundente frente a tal situación, lo cual hizo mediante la sentencia
T-025 de 2004, en donde declaró el estado de cosas inconstitucional por la
violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de las personas
desplazadas por la violencia. Al momento de valorar la situación militar de las
personas desplazadas, debe partirse de la idea básica de evitar su retorno al
origen del conflicto que causó la interrupción su diario vivir, y lo enfrenta a
las dificultades de encontrar un nuevo espacio de convivencia pacífica. Entonces,
las Divisiones Militares que operan en el país, al detectar que la persona
reclutada es alguien que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Único
de Población Desplazada, como forma de acreditar su calidad como desplazado,
debe hacer entrega inmediata de la tarjeta provisional, a fin de proteger,
entre otros, el derecho que tiene a la personalidad jurídica, como elemento de
la identificación personal. Las personas desplazadas gozan de una especial
protección debido a la situación de vulneración en que se encuentran, tanto por
los hechos que rodearon el desplazamiento, como por las dificultades que
enfrentan al tratar de establecer un nuevo lugar de residencia que les permita
reiniciar con su proyecto de vida. Por lo tanto, la obligación de prestar el
servicio militar en las personas desplazadas, no es imperativa en razón de su
especial condición. Debido a esto, la entrega de la tarjeta provisional con
vigencia de tres años, es una forma de suspender el deber que tiene con el
Estado. Así, cualquier situación en la que sea reclutada una persona víctima
del desplazamiento, debe resolverse a favor de esta, desacuartelándolo
inmediatamente y otorgándole la libreta militar provisional
Referencia:
expediente T-2.902.128
Acción de
Tutela instaurada por Blanca Inés Muñoz de Muñoz, como agente oficiosa de Jhoan
Andrés Muñoz Muñoz en contra de la Nación – Ejército Nacional.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., catorce (14) de
abril de dos mil once (2011).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
-quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política,
ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la
Sentencia proferida el dos (2) de noviembre de dos mil diez (2010), por la Sala
Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, la cual concedió
la tutela incoada por Blanca Inés Muñoz de Muñoz en representación de su hijo
Jhoan Muñoz Muñoz contra la Nación – Ejército Nacional.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Once de la Corte
Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.1
SOLICITUD
En representación de su hijo Jhoan Muñoz Muñoz, la señora Blanca Muñoz de
Muñoz, solicitó al juez de tutela la protección de los derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, al de petición, a la vida e integridad física y
demás garantías que tiene la población desplazada, los cuales considera
vulnerados por parte de la institución accionada, con base a los siguientes:
1.1.1. Hechos y argumentos de derecho
1.1.1.1. Señala que su hijo fue reclutado como soldado regular
el día 20 de enero de 2010 en el Batallón Girardot, a pesar de ser una persona
desplazada del municipio de Santa Bárbara (Antioquia), situación verificable en
el Registro Único de Población Desplazada -RUPD- con el código 929487 del año
2007.
1.1.1.2. Aparte de lo anterior, afirma que su hijo es bachiller
del Instituto de Educación Careña y además padece de trastorno bipolar de la
personalidad, diagnosticado por el Hospital Mental de Antioquia; no obstante,
procedieron a realizarle todos los exámenes de aptitud física, resultando apto
y jurando bandera el día 17 de abril de 2010.
1.1.1.3. Ante la situación, expresa que acudió al batallón
donde tenían reclutado a su hijo, presentando los documentos que acreditaban su
calidad de desplazado y bachiller; pero, le argumentaron que no podían
recibirle tales pruebas por encontrarse su hijo en calidad de conscripto y
prestando servicio militar obligatorio en la base militar Playas del municipio
de San Rafael (Antioquia).
1.1.1.4.  Aduce que el día 7 de septiembre de 2010, dirigió
petición escrita al comandante del Distrito 26, Mayor Adrián Javier Vargas Díaz,
solicitando que se tuvieran en cuenta las condiciones mentales de su hijo,
además de su calidad de desplazado, para que procediera su desacuartelamiento.
Aún así, señala que no ha recibido respuesta alguna.
1.2.     TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.2.1.  Respuesta del Batallón Especial Energético y Vial No.
4, Cuarta Brigada.
Recibida la
solicitud de tutela, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, la admitió
y ordenó correr traslado de la misma al comandante del Ejército Nacional, quien
remitió el asunto a la Brigada 4 de la Séptima División, competente para el
caso, quien dentro del término correspondiente, contestó con los siguientes
argumentos:
Señala en
efecto,  que el joven Jhoan Andrés Muñoz Muñoz, identificado con C.C:
1035.227.409, se encuentra en calidad de militar como soldado campesino
incorporado en el primer contingente de 2010.
Igualmente,
sostiene que para el caso particular, la madre del recluta hace un uso indebido
de la acción de tutela, en tanto esta procede siempre y cuando no existan otros
mecanismos de defensa judicial para hacer efectivos los derechos vulnerados. En
este sentido, afirma que la institución ha sido garante de los derechos del
joven Johan Andrés Muñoz desde el mismo instante de su ingreso a la misma.
Frente al
derecho de petición presentado por la madre del recluta, aduce que fue
contestado en legal y debida forma, el cual anexa, indicando además que no
basta con demostrar el parentesco para agenciar derechos ajenos.
Posteriormente,
realiza una reseña de las normas que sustentan la función de las fuerzas
militares como encargados de planear, organizar, dirigir y controlar la
definición de la situación militar de los colombianos. Así, señala que en
desarrollo del artículo 216 y siguientes de la Constitución Política, se
expidió la Ley 48 de 1993 “Normas que reglamentan el servicio de reclutamiento
y movilización” y su decreto reglamentario 2948 del mismo año, los cuales
definen los parámetros bajo los cuales todo varón colombiano tiene la
obligación de definir su situación militar:
“Artículo
14. Inscripción. Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse
para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que
cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes
de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin
haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin
perjuicio  de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente
Ley”.
PARAGRAFO
1. Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la
edad, deberán inscribirse durante el trascurso del año lectivo por intermedio
de respectivo plantel educativo, en coordinación con la Dirección de
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército. (Subrayas y negrillas son
del memorialista).
De lo
anterior, sostiene que en lo concerniente a esa unidad militar, allí únicamente
prestan servicio los soldados en la modalidad de regulares y campesinos, “es
decir por disposición legal y reglamentaria no es posible que los ciudadanos al
momento de su inscripción y definición del servicio militar obligatorio lo
hagan la modalidad de soldados bachilleres”.
Por lo
anterior, señala que el soldado Johan Andrés Muñoz al momento de cumplir la
mayoría de edad, debió definir su situación militar por conducto del plantel
educativo donde cursó su último año lectivo para que la correspondiente
autoridad administrativa pudiera reportarlo como ciudadano bachiller al momento
de la inscripción. Estas incorporaciones – afirma- cuentan con grandes campañas
publicitarias que informan a que clase de servicio se está convocando, “con
el fin de respetar las garantías fundamentales a todos y cada uno de los
ciudadanos que cumplen con este mandato constitucional, al dejar que los mismos
obren conforme lo prescriben los artículos 16 (…) y 18 (…) al otorgarles la
facultad de elegir la modalidad del servicio militar obligatorio en forma libre
y espontánea son ninguna clase de constreñimiento”.
Finalmente,
aduce que “la Constitución hace prevalecer el servicio militar obligatorio
ya que el fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y el aseguramiento del
orden colectivo, para que todos los ciudadanos vivan en paz y tranquilidad”.
Por todo lo anterior, solicitó rechazar la demanda de tutela.
1.3.
PRUEBAS DOCUMENTALES
1.3.1.  Documentos
obrantes dentro del expediente
Obran en el expediente, entre otros, los siguientes
documentos:
1.3.1.1.
Copia del escrito de petición fechado el 6 de septiembre de 2010,
suscrito por la señora Blanca Inés Muñoz Muñoz en el cual expresa al batallón
que su hijo tiene la calidad de bachiller, indicando que no debería estar
reclutado como soldado regular.
1.3.1.2.
Copia de la cédula de ciudadanía de Johan Andrés Muñoz.
1.3.1.3.
Copia de una constancia expedida por la Personería Municipal de
Barbosa (Antioquia), con fecha del 16 de septiembre de 2010, donde señalan la
calidad de desplazado tanto de Blanca Inés Muñoz como de su hijo.
1.3.1.4.
Copia de la declaración juramentada de los ciudadanos Manuel
Barrientos y Vitelio García, ante la notaría única de Barbosa, donde expresan
que Johan Muñoz es hijo único de la señora Blanca Muñoz.
1.3.1.5.
Copia de un memorial dirigido al Batallón Girardot por parte del
Hospital Mental de Antioquia y suscrito por el médico especialista en
psiquiatría Dr. Juan Carlos Botero Arbelaez, fechado el 12 de abril de 2010.
1.3.1.6.
Copia del acta de grado de bachiller de Johan Andrés Muñoz, donde
señala que se graduó del Instituto de Educación Carareña el 28 de noviembre de
2008.
1.3.1.7.
Copia de un escrito dirigido a la señora Blanca Inés Muñoz por parte
del Batallón Especial Energético y Vial No. 4, con fecha del 13 de septiembre
de 2010, donde dan respuesta a su petición.
2.  DECISIONES JUDICIALES
2.1. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA DE DECISIÓN LABORAL.
2.1.1. Consideraciones
Mediante
sentencia proferida el dos (2) de noviembre de dos mil diez (2010), la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín concedió el amparo de
los derechos fundamentales de petición, de igualdad y debido proceso del
accionante, con fundamento en las siguientes consideraciones:
De acuerdo a
las características del caso, analiza en primer lugar la figura de la agencia
oficiosa con base en jurisprudencia constitucional, en particular la T-398 de
2008, en donde se mencionan los requisitos que deben darse para que la agencia
oficiosa se configure, como que el titular de los derechos invocados no esté en
condiciones para instaurar la tutela a nombre propio y que se manifieste
explícitamente que se actúa en tal calidad, concluyendo así que la señora
Blanca Muñoz si estaba facultada para instaurar, en calidad de agente oficiosa,
la acción de tutela, pues su hijo se encuentra prestando servicio militar, lo
cual dificulta que pueda presentarla ante un juez.
Establecido lo
anterior, realiza el análisis de procedencia de la acción de tutela frente al
caso particular, del cual concluye que el accionante no cuenta con otro medio
de defensa judicial por medio del cual pueda solicitar la protección de sus
derechos fundamentales en razón a que agotó previamente los procedimientos
ordinarios existentes.
Seguidamente,
frente al tema de la calidad en la que se debe prestar el servicio militar,
cita un ejemplo en el que el Consejo de Estado actuando como juez
constitucional, señaló que cuando la ley prescribe en forma clara que los
soldados bachilleres prestan el servicio militar durante 12 meses, no puede
desconocerse tal precepto, por lo que en un caso similar ordenó el
desacuartelamiento del accionante y la entrega inmediata de la libreta militar.
Dicha sentencia sostiene:
“La Sala,
teniendo en cuenta las pruebas obrantes e el expediente (Diploma de bachiller
del señor JUAN ESTEBAN ZAPATA URIBE, de fecha 9 de diciembre de 2008 [entre
otras]), infiere que el señor JUAN ESTEBAN ZAPATA URIBE, cumplió a cabalidad
con el deber de prestar su servicio militar, en la calidad de soldado bachiller
con un término máximo de reclutamiento de doce (12) meses, como lo indica la
norma, que contrariamente a lo expresado por la demandada en su escrito de
impugnación, es de imperativo cumplimiento no sólo para el gobierno, sino para
las fuerzas de reclutamiento militar.
No son de
recibo los argumentos de la demandada, descrito en el acápite anterior, en
cuanto derivan de una incorrecta interpretación de artículo 13 de la ley 48 de
1993, ya que una cosa son las modalidades de prestación de servicio militar
definidas por el legislador y otra la facultad que se otorga al gobierno para
ejercer planes de movilización y reclutamiento y, por ende, si el señor JUAN
ESTEBAN ZAPATA URIBE al momento de ser reclutado se encontraba en la situación
de hecho de ser bachiller, la consecuencia jurídica aplicable sería la descrita
en el literal b) del artículo 13 de la ley 48 de 1993, es decir, tendría que
ser tratado como soldado bachiller, con un periodo de prestación de servicio de
doce (12) meses”[1]
Con base en el
ejemplo citado, al solucionar el caso concreto, ordena a la parte demandada que
reclasifique al accionante como soldado bachiller, limitando su permanencia en
el servicio militar a 12 meses y no 18, como se venía dando.
2.2. Actuaciones en sede de Revisión.
El día 30 de marzo de 2011, la señora Blanca Inés Muñoz de Muñoz a
través de un fax, allegó al despacho del Magistrado Sustanciador, una copia de
la boleta de desacuartelamiento del soldado Johan Andrés Muñoz Muñoz.
3.
CONSIDERACIONES.
3.1.  COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección
realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma
establecida por el reglamento de la Corporación.
3.2. PROBLEMA JURÍDICO.
Con base en los
hechos anteriormente descritos, la Sala determinará si la incorporación del
accionante para prestar el servicio militar obligatorio, pese a su situación de
desplazamiento, vulnera sus derechos fundamentales. No obstante, previamente la
Sala debe resaltar que debido a la orden del juez de instancia y teniendo en
cuenta la fecha en que fue reclutado el joven Johan Muñoz, estamos frente a un
caso de hecho superado, puesto que él cumplió con los doce meses que se ordenó
en la sentencia que ahora se revisa, situación que se examinará más adelante.
Igualmente, lo anterior también es corroborado con el fax allegado por la madre
del soldado, en donde consta el desacuartelamiento del accionante.
Frente a esta
situación, la Sala en todo caso abordará el análisis de los elementos que
rodean el caso, para lo cual, primero estudiará la figura de la agencia
oficiosa cuando se trata de personas que prestan servicio militar, en un segundo
punto se referirá al fenómeno de la carencia actual de objeto y sus
características. Luego en un tercer momento abordará el tema del
servicio militar obligatorio cuando se trata de personas desplazadas y
finalmente desarrollará el caso concreto.
3.2.1. Agencia oficiosa de las personas que se encuentran prestando
el servicio militar obligatorio.
La
Constitución Política en su artículo 86 dispone: “Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” (Resaltado fuera del
texto original).
En
concordancia, el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 10º establece:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud.” (Resaltado fuera del texto original).
Es evidente
que la acción de tutela no necesariamente debe incoarla el titular legítimo del
derecho que se considera vulnerado, sino que también existe la posibilidad de
ser solicitada por quien no lo es,  cuando quien vea vulnerado sus derechos se
encuentre en un estado físico y/o mental que le impida interponer personal y
autónomamente la acción. De manera que para poder accionar en nombre de otro,
debe tenerse la constancia expresa de quien no puede hacerlo por sí mismo, y,
además, acreditar que se encuentra en un estado de imposibilidad, que le impide
presentar la acción de tutela, y manifestar que se obra en tal calidad.
Esta
Corporación en varios fallos ha establecido los dos requisitos que deben
cumplirse cuando una persona quiera constituirse como  agente oficioso de un
tercero.  Estos son:
“4.7
En este sentido, la Corte ha reiterado que la presentación de la solicitud de
amparo a través de agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente
oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los hechos y
circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los
derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias
físicas o mentales que le impiden su interposición directa.”[2]
4.8
Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo caso, el cumplimiento de las
condiciones normativas y jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la
agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser valoradas por el juez
constitucional a la luz de las circunstancias particulares del caso puesto a su
consideración.[3]”
(Subrayas y negrilla fuera del original).
Entonces,
las reglas para la agencia oficiosa, cuando se trata de la acción de tutela,
están en acreditar la imposibilidad del titular del derecho para solicitar la
protección y, la manifestación expresa que se actúa como tal en un caso
específico.
Ahora
bien, cuando se trata de agenciar derechos de personas que se encuentran
prestando el servicio militar obligatorio, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en diversas oportunidades al respecto, resaltando dos situaciones:
“(i)De un
lado, se encuentran los eventos en que la incorporación al servicio militar
obligatorio reviste una amenaza a los derechos de los hijos por nacer, o
nacidos menores de edad, a la vida digna, a la familia y al cuidado de sus padres.
Al respecto, la Corte ha considerado que están legitimados para presentar la
acción de tutela terceros tales como los hijos, la esposa o la compañera
permanente puesto que la vinculación a las fuerzas militares no solo implica
una posible lesión de los derechos fundamentales de quien está prestando el
servicio, sino la inminente afectación de los derechos de quien actúa como
agente[4].
(ii) De
otro lado, la Corte ha examinado la legitimidad de los padres y madres de
familia para instaurar una tutela en nombre de sus hijos mayores de edad
vinculados a las fuerzas militares, con el propósito de solicitar la desincorporación
de las filas en aplicación de causales de exención o aplazamiento. La
subregla, en estos casos, no solo difiere de la anterior, sino que ha sido
objeto de modificaciones dentro de la evolución  jurisprudencial. Así, en
sentencias como la T-166 de 1994 y T-302 de 1994, las correspondientes Salas de
Revisión se limitaron a verificar si los hijos de los accionantes cumplían las
condiciones que establece la norma  sobre exención o aplazamiento del servicio
militar obligatorio por ser hijos únicos. Atendiendo exclusivamente a este
factor, las Salas concedieron las tutelas. No se ocuparon de la condición en la
que actuaron los accionantes.” [5] (Subrayas y resaltado propio).
La segunda
hipótesis, tal como se señala en el aparte citado, tan solo se detuvo en
examinar si la persona agenciada cumplía con los requisitos de exención o
aplazamiento por ser hijo único, dejando por fuera la calidad en que actuaron
los accionantes. En este punto, la misma sentencia T-372 de 2010 expresa
concretamente la forma en que la jurisprudencia ha tratado el tema, concluyendo
que el análisis de la situación material en que se encuentra las personas que
está prestado el servicio militar obligatorio, no era suficiente:
“En suma,
en una primera fase, la jurisprudencia relacionada con acciones de tutela
presentadas por los padres de quienes están prestando el servicio militar
obligatorio sin tener la obligación de hacerlo, porque están inmersos en
causales de exención o aplazamiento del servicio, reconocía implícitamente la
legitimidad de los accionantes. En una segunda fase esta posición fue
modificada: se determinó (i) que los lazos afectivos y/o de consanguinidad de los
padres con el titular de los derechos no constituyen una razón suficiente para
presentar en su nombre una acción de tutela. (ii) que es necesario que el
accionante señale expresamente que actúa como agente oficioso. Y (iii) que el
servicio militar obligatorio no constituye razón suficiente para demostrar la
imposibilidad física, material o mental de una persona capaz y mayor de edad
para presentar por sí misma la tutela.
1.3 Para la
Sala, las conclusiones a las que se llegó en esa segunda fase deben precisarse
a la luz del análisis de toda la línea jurisprudencial y del examen de otros
elementos. Es plenamente razonable considerar que las personas que han perdido
la patria potestad sobre sus hijos, porque estos han cumplido la mayoría de
edad, deben demostrar los elementos de la agencia oficiosa (reglas (i) y (ii)).
Esto es indispensable para responder a los postulados constitucionales de
protección de la autonomía y la libertad individual. Sin embargo, carece de
igual razonabilidad concluir que la prestación del servicio militar obligatorio
no imposibilita en ningún caso a quien lo presta para instaurar por sí mismo la
acción de tutela tendiente a su desacuartelamiento (regla (iii)).”
En este
sentido, se observa la evolución jurisprudencial del concepto de agencia
oficiosa de personas que están prestando el servicio militar obligatorio. Así
pues, el hecho de que un ciudadano esté incorporado a la vida militar
cumpliendo con los deberes que le impone la Constitución para con el Estado, no
es razón suficiente para rechazar de plano la acción de tutela en virtud de la
agencia oficiosa, puesto que existe un limitación de tiempo y espacio que le
impide a quien se encuentra acuartelado ejercer autónomamente la acción de
tutela, todo ello debido al estricto régimen al cual son sometidos, tal como la
disciplina y la obediencia debida a sus superiores, que coincide con el
cumplimiento de los preceptos establecidos por el orden militar.
Así, quien esté
prestando el servicio militar y pretenda presentar una acción de tutela “les
implica, por lo menos, salir del cuartel en los horarios de atención de la Rama
Judicial con el objeto de radicar la solicitud y, como hemos señalado, esta
posibilidad se ve ampliamente limitada en la práctica tanto por el carácter de
la conscripción como por la estricta sujeción a las órdenes del superior.”[6]
En conclusión,
es a todas luces legítimo por parte de un padre o madre, agenciar los derechos
de su hijo que se encuentra prestando el servicio militar obligatorio, sin
importar incluso que estos tengan la mayoría de edad, pues como se señaló, al
acuartelamiento comporta una limitación material para que la persona pueda
ejercer sus derechos en forma personal, esto es, presentar la acción de tutela.
3.2.3. Carencia actual de objeto: Hecho
superado y daño consumado.
La acción de tutela fue concebida para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas ante la vulneración o amenaza de
los mismos. Pero, si durante el trámite de la misma los motivos que generan esa
vulneración o amenaza, cesan o desaparecen por cualquier causa, la tutela
pierde su razón de ser ya que no existe ningún objeto jurídico sobre el cual
pronunciarse. Cuando se presenta esta situación, estamos ante el fenómeno de
carencia actual de objeto, el cual a su vez, se concreta a través de dos
eventos: el hecho superado y el daño consumado.
Al respecto, la Corte ha entendido que el hecho superado se presenta
cuando “en el entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el
momento del fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del
derecho cuya protección se ha solicitado”[7]
Igualmente, la sentencia T-096 de 2006 expuso lo siguiente:
“(C)uando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo
constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de
protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del
caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al
objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.”
El daño consumado, está consagrado en el numeral 4 del artículo 6 del
decreto 2591 de 1991, según el cual, una de las causales de improcedencia de la
acción de tutela se configura cuando “sea evidente que la violación del derecho
originó un daño consumado”. Con base en este precepto legal, se tiene que
una consecuencia necesaria de la ocurrencia del daño consumado es la
improcedencia de la acción de tutela. Cabe ahora citar textualmente lo que en
varias oportunidades ha expresado esta Corporación:
En la sentencia T-449 de 2008, se señala el concepto de daño
consumado:
“… hay una carencia actual de objeto por la presencia de un daño
consumado cuando, al igual que en la hipótesis anterior, se constata que las
condiciones de hecho que generan la supuesta amenaza o violación de los
derechos fundamentales del accionante cesan, desaparecen o se superan pero, sin
existir una reparación del derecho.”
Por otro lado, la sentencia T-612 de 2009, indicó:
“Ahora bien, la carencia de objeto por daño consumado supone que no
se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta
de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del
juez de tutela.”
De otro lado, se habla de daño consumado cuando efectivamente la
amenaza al derecho fundamental se materializa, aún estando en trámite la
solicitud de amparo, generando consecuencias negativas sobre los derechos del
solicitante, situación que precisamente se buscaba evitar con el mecanismo de
protección constitucional. Al ser una situación que de hecho recae sobre la
persona, haciéndola irreversible, un pronunciamiento de fondo por parte del
juez de tutela con el objetivo de proteger el derecho seria inocuo en tanto ya
se ha generado un daño, que si bien puede ser reparado, el objetivo principal
era evitarlo.
Debe tenerse en cuenta que las premisas que sustentan el fenómeno
jurídico de la carencia actual de objeto y sus dos posibles consecuencias,
hecho superado y daño consumado, si bien son producto de un mismo supuesto
[carencia de objeto], presentan características disímiles que las hacen
distintas. Por un lado, el hecho superado se presenta cuando cesa la violación
del derecho fundamental o el hecho que amenazaba vulnerarlo, es decir, en el
curso del proceso de tutela las situaciones de hecho generadoras de la
vulneración o presunta vulneración desaparecen o se solucionan; por el otro, en
el daño consumado, la amenaza de vulneración se perfecciona, configurándose un
perjuicio para el actor. Tanto el hecho superado como el daño consumado se
deben presentar durante el trámite de la acción de tutela.
3.2.3.1. El fallo judicial en sede de
revisión frente al hecho superado y el daño consumado.
La Corte Constitucional ha sido enfática en establecer la diferencia
entre hecho superado y daño consumado, valorando principalmente si tendría
sentido emitir un pronunciamiento de fondo, en tanto se ha presentado una
circunstancia de hecho concomitante al trámite de tutela, como lo es por
ejemplo, la muerte del accionante[8]
o la garantía efectiva del derecho fundamental por parte del accionado, por
mencionar sólo algunos ejemplos.
Al abordar el tema de la carencia actual, la Corte ha sostenido que la
tutela debe declararse improcedente, por cuanto cualquier orden que se pudiera
pronunciar sería ineficaz para la defensa y protección de los  derechos
fundamentales, finalidad última del recurso de amparo.
No obstante, en virtud del papel de la Corte Constitucional como
intérprete del alcance de los derechos fundamentales establecidos en la Carta
Política, cuando se presenta un hecho superado, la función de las salas de
revisión debe ir más allá de declarar la improcedencia de la acción de tutela,
por lo que les es imperativo “que la providencia judicial incluya la
demostración de que en realidad  se ha satisfecho por completo lo que se
pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho
superado[9],
lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia
actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas
que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su
conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de
que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.”[10]
Bajo el mismo presupuesto anteriormente señalado, frente al daño
consumado, la Corte expresó:
“En estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de
instancia como en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los
derechos invocados en la demanda, y sobre el alcance de los mismos. Igualmente,
debe informar al demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones
jurídicas de toda índole, a las que puede acudir para la reparación del daño,
así como disponer la orden consistente en compulsar copias del expediente a las
autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los demandados
cuya acción u omisión causó el mencionado daño”[11]
De acuerdo con lo anterior, la ocurrencia de un daño consumado por
carencia actual de objeto no necesariamente debe conducir al juez
constitucional a declarar improcedente la acción de tutela. No. Por el
contrario, debe evaluar de fondo las alternativas que pueden llevar a
solucionar la continuidad del daño o detenerlo, o en caso de ser materialmente
imposible, tomar las medidas necesarias tendientes a que se investigue y
determine la responsabilidad de los autores del mismo, de acuerdo con las
características particulares de cada situación, y más aún si se trata de un Tribunal
Constitucional, cuyas facultades exceden a las de un juez ordinario con el fin
de garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
3.2.4. Especial connotación del servicio militar obligatorio
frente a personas desplazadas.
El desplazamiento forzado es uno de los mayores problemas sociales que
en la actualidad afronta nuestro país. Siendo este un fenómeno masivo
poblacional, la Corte Constitucional advirtió que en razón a las múltiples
acciones de tutela presentadas por las personas que eran víctimas de dicho
flagelo, era necesario pronunciarse en forma contundente frente a tal
situación, lo cual hizo mediante la sentencia T-025 de 2004, en donde declaró
el estado de cosas inconstitucional por la violación masiva y recurrente de los
derechos fundamentales de las personas desplazadas por la violencia.
En dicho fallo, la Corte describió en forma taxativa los derechos que
más se vulneran a la población desplazada, dentro de los cuales determinó:
“16. El
derecho a la personalidad jurídica, puesto que por el hecho del desplazamiento
la pérdida de los documentos de identidad dificulta su registro como
desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así como la identificación de
los representantes legales, cuando se trata de menores de edad que son
separados de sus familias.[12]
El alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno se
encuentra expresamente consagrado en el Principio rector 20[13].”
Más adelante, la
Corte en el Auto 008 de 2009, señaló la persistencia del estado de cosas
inconstitucional anteriormente declarado. En este sentido, observó  la
necesidad de realizar ajustes que aseguren el avance en la superación del
estado de cosas inconstitucional y el goce efectivo de los derechos.
La Corte, con
el fin de concretar los ajustes para conseguir tal objetivo, especialmente
entorno al tema de la identificación de la población desplazada que se
encontraba en edad apta para prestar el servicio militar, ordenó “el
establecimiento de una estrategia para la solución de la situación militar y la
provisión de la libreta militar sin costo para los hombres, en especial entre
18 y 25 años, desplazados que no cuenten con este documento”.
Esta orden fue
cumplida por parte del Ministerio de la Defensa Nacional, en tanto ordenó a la
División de Reclutamiento del ejército por medio de las resoluciones 2341 de
2009, 1700 de 2006 y 181 de 2005, que expidiera en favor de las personas en
condición de desplazamiento una tarjeta provisional militar con una vigencia de
tres años, con un costo mínimo.
La implementación
de esta medida, tiene como primera finalidad “solucionar los problemas de
identificación y registro del alto número de personas desplazadas que, debido a
la ausencia de documentos, no pueden acceder a determinados bienes y servicios[14].
En este sentido, la expedición de la libreta militar de manera temporal
no solo cumple con el fin previsto en la implementación de medidas, sino que,
como bien lo señala la pluricitada sentencia T-372 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, cumple otros, como permitirle “a la población desplazada
ocuparse de la superación de la catástrofe humanitaria a la que se ven
sometidos, lo cual significa para ellos adelantar tareas inaplazables tales
como ubicar un nuevo domicilio en donde su vida y su integridad física estén
aseguradas, encontrar nuevas fuentes de trabajo y subsistencia, y rehacer sus
redes sociales, entre otros”.
Igualmente, señala el fallo “la tarjeta militar provisional para la
población desplazada constituye una manifestación del principio de solidaridad
que se encuentra estrechamente vinculado al derecho a la igualdad consagrado en
el artículo 13 de la Constitución Nacional. De acuerdo con estos postulados,
para que la igualdad sea real y efectiva, el Estado y los particulares deben
conceder una protección especial a  las personas que se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o
mental. Dentro de este grupo se encuentran las víctimas del desplazamiento
forzado.”
Además, “releva a los ciudadanos que se han visto enfrentados de
manera directa a situaciones de violencia o de conflicto armado en calidad de
víctimas, a prestarle un servicio [al Estado] que, si bien les
corresponde por mandato constitucional, en el corto plazo les impone la
carga desproporcionada de retornar al escenario de conflicto que fueron
forzados a abandonar, poniéndolos en una situación aún mayor de vulnerabilidad
física y psicológica.”[15]
(Destacado propio).
En conclusión, al momento de valorar la situación militar de las
personas desplazadas, debe partirse de la idea básica de evitar su retorno al
origen del conflicto que causó la interrupción su diario vivir, y lo enfrenta a
las dificultades de encontrar un nuevo espacio de convivencia pacífica.
Entonces, las Divisiones Militares que operan en el país, al detectar que la
persona reclutada es alguien que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada, como forma de acreditar su calidad como
desplazado, debe hacer entrega inmediata de la tarjeta provisional, a fin de
proteger, entre otros, el derecho que tiene a la personalidad jurídica, como
elemento de la identificación personal.
4. CASO CONCRETO.
4.1. Actuando como agente oficiosa de su hijo Johan Muñoz, la señora
Blanca Muñoz interpuso acción de tutela en contra del Ejército Nacional –
Batallón Especial Energético Vial No. 4, por considerar que al reclutar a su
hijo como soldado campesino, se violaron sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso administrativo, porque no tuvieron en cuenta que
había terminado sus estudios de secundaria, y además es una persona desplazada
debidamente registrada.
4.2. La Sala considera en primer lugar que la señora Blanca Muñoz sí
está legitimada para presentar la acción de tutela a nombre de su hijo, pues
cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y la jurisprudencia
de esta Corporación  para que pueda actuar en calidad de tal. Así, en la acción
de tutela la madre manifestó que actuaba en representación de su hijo[16] quien fue
reclutado en la guarnición militar accionada. Además, dadas las particulares
circunstancias de acuartelamiento en las que es encuentra el soldado Johan
Muñoz, se demuestra la imposibilidad material que tiene de interponer la acción
de tutela a nombre propio.  Evidencia de lo anterior, es el escrito de
respuesta del comandante del Batallón Especial Energético Vial No. 4, en el
cual sostuvo que “[u]na vez revisadas las listas de personal de la Unidad
Táctica se pudo evidenciar la calidad de militar del señor soldado campesino
JOHAN ANDRÉS MUÑOZ MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanía 1035.227.409
incorporado en el primer contingente de 2010.”[17]
4.3. Por otro lado, la Sala resalta que en el presente caso se
configura el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado. Lo
anterior, por dos razones fundamentales:
En primer lugar, cuando el juez de instancia concedió la tutela,
determinó que por la calidad de bachiller del soldado Muñoz, este debió
incorporarse como soldado bachiller y no campesino, por lo que ordenó reducir
el tiempo de servicio de 18 a 12 meses. Teniendo en cuenta esto, en el
expediente se observa que el reclutamiento tuvo lugar el 23 de enero de 2010,
es decir, que los doce meses debieron cumplirse el 23 de enero de 2011. Por lo
tanto, actualmente el soldado Johan ya prestó su servicio militar obligatorio
conforme a la orden dada por el juez de tutela. Ahora bien, lo anterior se
relaciona directamente con la segunda razón como se verá a continuación.
En segundo lugar, en fax enviado el 30 de marzo por parte de la señora
Blanca Muñoz, este despacho recibió copia de la carta de desacuartelamiento del
soldado Johan Muñoz, la cual señala textualmente:
“EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL COMANDANTE DEL BATALLÓN ESPECIAL
ENERGÉTICO VIAL No. 4
HACE CONSTAR
QUE EL SEÑOR SLB MUÑOZ MUÑOZ JOHAN ANDRÉS IDENTIFICADO
CON C.C. 1.035.227.409 DE MEDELLÍN (ANT) INCORPORADO EL 23 DE ENERO DE 2010 POR
EL DISTRITO MILITAR No. 26, Y DADO DE ALTA EN EL BAEEV4 INTEGRANTE DEL PRIMER
CONTINGENTE DE 2010 FUE DESACUARTELADO EL 28 DE ENERO DE 2011 DE POR TERMINO DE
SERVICIO MILITAR”.
Como es de
observar, aparece probado en el expediente en forma clara que el joven Johan
Muñoz Muñoz actualmente no se encuentra prestando el servicio militar, por
cuanto el tiempo de servicio concluyó el 28 de enero de 2011.
En este orden
de ideas, para la Sala es más que evidente que los hechos que generaron la
presentación de la presente acción de tutela por parte de la madre del soldado,
se consumaron en su totalidad, puesto que la acción iba encaminada a que cesara
la prestación del servicio militar de alguien que por ser sujeto de especial
protección constitucional no tenia la obligación de hacerlo, y aún así, se vio
obligado a ello. En este sentido, cualquier pronunciamiento de fondo tendiente
a la protección de los derechos susceptibles de protección, no tendría ningún
efecto jurídico. Por lo tanto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
por daño consumado.
4.4. No
obstante, la Sala advierte que la medida adoptada por el juez de instancia, en
el sentido de tenerse al joven Johan Muñoz como soldado bachiller y no como
soldado campesino, fue insuficiente a la luz de la jurisprudencia
constitucional en cuanto a la protección de los derechos de las personas
desplazadas se refiere.
Así pues, tal
como se anotó en la parte considerativa de esta sentencia, las personas desplazadas
gozan de una especial protección debido a la situación de vulneración en que se
encuentran, tanto por los hechos que rodearon el desplazamiento, como por las
dificultades que enfrentan al tratar de establecer un nuevo lugar de residencia
que les permita reiniciar con su proyecto de vida.
Por lo tanto,
la obligación de prestar el servicio militar en las personas desplazadas, no es
imperativa en razón de su especial condición. Debido a esto, la entrega de la
tarjeta provisional con vigencia de tres años, es una forma de suspender el
deber que tiene con el Estado. Así, cualquier situación en la que sea reclutada
una persona víctima del desplazamiento, debe resolverse a favor de esta,
desacuartelándolo inmediatamente y otorgándole la libreta militar provisional.
De acuerdo con
lo anterior, el juez de instancia debió resolver de inmediato la situación
militar de Johan Muñoz y ordenar a la Brigada en la cual prestó sus servicios,
la entrega inmediata de la tarjeta militar provisional. En efecto, dentro del
expediente estaba acreditada la calidad de persona desplazada[18] del joven Johan Muñoz,
la cual no tuvo en cuenta el juez de instancia al momento de examinar el caso,
y, en igual sentido, tampoco reparó en observar la jurisprudencia sentada por la
Corte Constitucional entorno a la exención de las personas desplazadas para
prestar el servicio militar obligatorio.
4.5. Dado que
actualmente, el titular de los derechos invocados ya prestó su servicio
militar, cuando no debió hacerlo bajo ninguna modalidad, la Sala revocará la
decisión de instancia. Sin embargo, a pesar de haberse presentado el
desacuartelamiento, no existe certeza de que ya le fue entregada la tarjeta
militar definitiva a Johan Muñoz, por lo que, se ordenará al Batallón Especial
Energético Vial No. 4, que si no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas, a partir de la notificación de la presente sentencia, entregue en
forma inmediata la libreta militar de reservista de clase que le corresponda a
Johan Muñoz, por haber cumplido a cabalidad con el deber constitucional de
prestar el servicio militar obligatorio, a pesar de estar exento de ello,
situación que omitió la parte accionada.
5.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior de Medellín el dos (2)
de noviembre de dos mil diez (2010), que tuteló los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
SEGUNDO.
DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado.
TERCERO.
ORDENAR al Comandante del Batallón Especial Energético y Vial No. 4 “BG.
Jaime Polanía Puyo”, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, expida, si no lo ha
hecho, la libreta militar de reservista de clase que corresponda a favor del
accionante.
TERCERO. Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación prevista por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO.
PREVENIR al Ejército Nacional - Batallón Especial Energético y Vial No. 4
“BG. Jaime Polanía Puyo” para que no vuelva a incurrir en conductas como las
que dieron origen a la presentación de esta acción de tutela.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y
Cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, 30 de abril de 2008.
[2] Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 del 16
de junio de 2005 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, T-693 del 22 de julio de 2004 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-659 del 8 de julio de 2004 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, T-294 del 25 de marzo de 2004 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-452 del 4 de mayo de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa y SU-706 de
1996.
[3] Cfr. Sentencias T-573 de febrero 1 de 2001 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra y T-452 del 4 de mayo de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda.
[4] Ver, entre otras, las sentencias T-699/09, T-342/09, T-451/94 y
T-302/94 y SU-491/93.
[5] Sentencia T-372 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] Ibídem
[7] Sentencia T-612 de 2009
[8] En la sentencia T-233 de 2006 la Corte adoptó la expresión hecho superado para referirse a la muerte del accionante en
la tutela. En esa providencia se afirmó que si el accionante muere durante el
trámite de la tutela, ésta pierde sentido por carencia actual de objeto,
por cuanto la decisión tendiente a proteger los derechos invocados resulta ya
inocua
[9] Sentencia T-170 de 2009.
[10] Sentencia T-585 de 2010 M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
[11] Sentencia T-612 de 2009.
[12] En la sentencia T-215 de 2002, la Corte rechaza que las autoridades hubieran exigido que el registro de los menores lo hicieran sus padres o
representantes legales, pues ese tipo de condiciones dificultan el acceso a los
programas de atención a la población desplazada. “Con esa lógica, aquellos
menores que en razón del conflicto armado han perdido a sus padres y allegados
y que se ven forzados a abandonar el lugar en el que se encuentran radicados
para no correr la misma suerte, no podrían ser incluidos en el registro
nacional de desplazados por no tener quién los represente.  Es claro que
con tales exigencias, las instituciones concebidas para apoyar a los
desplazados y para proyectarles un nuevo horizonte, se convierten en un
obstáculo para el reconocimiento, al menos, de sus más elementales derechos.”
[13] “1. Todo ser humano tiene derecho, en
todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Para dar efecto a este derecho, las
autoridades competentes expedirán a los desplazados internos todos los
documentos necesarios para el disfrute y ejercicio de sus derechos legítimos,
tales como pasaportes, documentos de identidad personal, partidas de nacimiento
y certificados de matrimonio. En particular, las autoridades facilitarán la
expedición de nuevos documentos o la sustitución de los documentos perdidos
durante el desplazamiento, sin imponer condiciones irracionales, como el
regreso al lugar de residencia habitual para obtener los documentos necesarios.
3. La mujer y el hombre tendrán iguales derechos a obtener los
documentos necesarios y a que los documentos se expidan a su propio nombre”.
[14] T-372 de 2010 ya citada.
[15] Ibídem
[16] Folio 1 Cdo. Ppal.
[17] Folio 38 Cdo. Ppal.
[18] Folio 28 Cd. Ppal.