C-055-95
Sentencia No
_Sentencia No.
C-055/95
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia
de revisión oficiosa de leyes
Cuando existe un
ataque general contra una ley, pero no ataques individualizados contra todos
los artículos de la misma, la vía procedente es limitar el examen de la Corte a
esos cargos, pues no corresponde a esta Corporación efectuar una revisión
oficiosa de las leyes ordinarias, sino un control de aquellas normas que han
sido expresamente demandadas por un ciudadano. Y presentar en debida forma una
demanda implica no sólo transcribir la norma legal acusada sino también que el
actor formule las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, por
lo cual debe considerarse que cuando hay acusaciones genéricas contra una ley
pero no específicas contra los artículos que la integran, lo razonable es que
esta Corporación restrinja su examen a los cargos generales contra le ley, pero
sin realizar un examen material de todos los artículos de la misma frente a
toda la Constitución.
LEY-Vicio subsanable
La Corte constató
que en el trámite en el  Senado no se había respetado el lapso de ocho días que
debe transcurrir entre el primero y el segundo debate. Por ello  declaró que
existía un vicio de procedimiento en el proceso de expedición de la Ley 104 de
1993, pero que el mismo era subsanable. Y, efectivamente, el Congreso de la
República subsanó tal vicio. La Corte reitera entonces en esta sentencia su
jurisprudencia en relación con los términos señalados por el artículo 160
superior, en los siguientes tres aspectos: de un lado, que se trata de vicios
subsanables; de otro lado,  que cuando se da la deliberación conjunta de las
respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para dar primer debate a
un proyecto, como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la
República, es innecesario el cumplimiento de los quince días que deben mediar
entre la aprobación del proyecto en una cámara y su iniciación en la otra
cámara, puesto que el primer debate es adelantado de manera conjunta por ambas
Cámaras. Y, finalmente, que incluso en estos casos debe respetarse el lapso no
inferior a ocho días que debe mediar entre el primero y segundo debate en cada
cámara.
PRESUNCION DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY/PROMULGACION DE LA LEY-Vicio formal subsanable
Para la Corte es
indudable que la fecha de promulgación sigue siendo el 30 de diciembre de 1993,
puesto que la ley no perdió nunca su vigencia. En efecto, mientras se realizó
la corrección del vicio de forma subsanable, la Ley 104. de 1993 continuó
surtiendo plenos efectos, con fundamento en la presunción de constitucionalidad
de que está investida. Por consiguiente, para la Corte es evidente que la Ley
104 de 1993 seguirá rigiendo únicamente hasta el 30 de diciembre de 1995. En
ese sentido coincide la Corte con el criterio expresado por el Gobierno cuando
decidió conservar la numeración y fecha de promulgación iniciales de la Ley 104
del 30 de diciembre de 1993 a fin de atender la voluntad del legislador de
conferir una vigencia de dos años a la mencionada ley. De otro lado, la nueva
aprobación y sanción de la ley en su integridad no revive -como bien lo observa
el Gobierno- los artículos de la misma que ya habían sido declarados
inexequibles por sentencias precedentes de la Corte. Tales artículos se
encuentran fuera del ordenamiento jurídico, por efecto de las sentencias
mencionadas , por lo cual la Corte en esta sentencia no los examinará sino que
se estará a lo resuelto en las decisiones precedentes.
PRINCIPIO DE
RAZONABILIDAD/INTERPRETACION CONSTITUCIONAL
La interpretación
de las normas de la Carta debe estar orientada por un criterio de
razonabilidad, por cuanto las decisiones de los jueces deben ser razonadas y
razonables . Esto significa
entonces que no puede el intérprete constitucional atenerse al tenor literal de
una norma cuando éste produce consecuencias absurdas. Las normas
constitucionales relativas al trámite legislativo nunca deben interpretarse en
el sentido de que su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de
leyes, o dificultar la libre discusión democrática en el seno de las
corporaciones representativas, pues ello equivaldría a desconocer la primacía
de lo sustancial sobre lo procedimental.
COMISION
ACCIDENTAL DE CONCILIACION
Con el mecanismo
de las comisiones accidentales de conciliación la Constitución  de 1991
pretende flexibilizar el procedimiento de adopción de las leyes, puesto que tal
disposición crea una instancia que permite armonizar los textos divergentes de
las Cámaras, sin que se tenga que repetir la totalidad del trámite del proyecto.
En efecto, este mecanismo permite zanjar las diferencias que puedan surgir en
las Plenarias de cada Cámara, sin que el proyecto tenga que devolverse a la
comisión respectiva nuevamente, lo cual haría más dispendioso y demorado el
trámite de expedición de la Ley. El artículo 189 de la Ley 5a. de 1992 no es
contrario al artículo 161 de la Carta sino que es un desarrollo normativo
razonable y coherente que el legislador dió al mandato constitucional. La Corte
considera entonces que se adecúa al sentido de la Constitución que si subsisten
las diferencias sobre un proyecto de ley después del segundo debate en las
cámaras, entonces  se considerarán negados únicamente los artículos o
disposiciones materia de discrepancia, siempre que éstos no fueren fundamentales
al sentido de la nueva ley. La persistencia de la discrepancia entre las
Cámaras en torno a estos dos artículos en manera alguna afecta globalmente la
Ley 104  de 1993. Unicamente se debe entender que estos artículos fueron
negados por el Congreso y efectivamente ellos no fueron incorporados en el
texto sancionado de la mencionada ley. Por consiguiente, por este aspecto, la
ley es constitucional.
COMISIONES-Cierre del debate
El Acta
correspondiente a las sesiones conjuntas de las comisiones primeras
constitucionales de Senado y Cámara muestra que existió quórum decisorio de
acuerdo con el artículo 116-2 de la Ley 5 de 1992, pues se hicieron presentes
13 Senadores (de 19 miembros que conforman la comisión) y 24 Representantes (de
33 miembros), según consta en los folios 1 y 2 del acta. Es cierto que el
presidente de las sesiones conjuntas, puso a consideración de los miembros el
cierre de la discusión, la cual fue aprobada. Esto muestra entonces que el
cierre de la discusión al que hace referencia el actor no se efectuó el 29 de
noviembre de 1993 sino el 30 del mismo mes y año. Y, como consta en el Acta, no
sólo había quórum deliberativo sino decisorio en los términos del artículo
116-1 y 2 de la Ley 5 de 1992.
PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE-Falta de
firma de ponente
El inciso primero
del artículo 157 de la Carta no puede interpretarse de una forma ligera, sin
tener en cuenta que allí se fija un requisito para que un proyecto de ley
llegue a ser una Ley de la República. Así las cosas, el objeto jurídico del
inciso 1º del artículo 157 C.P. es sólo el proyecto de ley. Por consiguiente,
la Constitución ordena es la publicación del proyecto y ésta fue efectivamente
hecha. Según consta en la Gaceta del Congreso, la ponencia para segundo debate
al proyecto de ley 40/93, en el Senado de la República, fue publicada
oportunamente. El Senador sí participó en la elaboración de la ponencia, sin
embargo, utilizó un mecanismo para fijar su posición sobre las divergencias
entre él y el otro ponente: no firmar la ponencia en la oportunidad de la
publicación. Esta medida no tiene la suficiente entidad para viciar la
legitimidad de la publicación del informe ponencia para segundo debate. En
efecto, las discrepancias entre los ponentes no pueden llegar al punto de
torpedear el proceso legislativo, a través de conductas negativas que
desvirtúan la función legislativa.
PONENCIA-Referencia a todas las propuestas
Si bien la
ponencia no se refirió de manera específica a todas las propuestas que fueron
discutidas en las sesiones conjuntas de las comisiones, esta ponencia sí señaló
las orientaciones generales  de las diferentes propuestas que habían sido
presentadas y analizadas. Frente a leyes demasiado extensas y en las cuáles ha
habido un debate intenso en comisiones, resulta irrazonable exigir que el
informe para segundo debate especifique todas y cada una de las propuestas
debatidas en las Comisiones y las razones del rechazo de algunas de ellas.
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Facultades del Gobierno en estados de
excepción
Una
interpretación sistemática del artículo 214-2, en concordancia con el artículo
152-e de la Carta, permite concluir que el objeto de regulación por vía
estatutaria son las facultades del Gobierno durante la vigencia de los estados
de excepción, no así todas las normas legales que tengan como finalidad otorgar
carácter permanente a las medidas adoptadas. Esto significa entonces que no se
puede inferir que una ley que da carácter permanente a un decreto de conmoción
debe ser, por es solo hecho, tramitada por la vía estatutaria, sino que ello
depende del contenido propio de la ley.
DERECHO A LA PAZ-No fundamental
Si bien el
derecho a la paz ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento constitucional
colombiano, puesto que es de obligatorio cumplimiento, no es, en sentido
estricto, un derecho fundamental, por lo cual no tiene reserva de ley
estatutaria.
RESERVA DE LEY
ESTATUTARIA EN ASUNTOS PENALES
Si bien la
libertad personal es un derecho fundamental, ello no significa que los asuntos
penales deban ser tramitados por la vía estatutaria.
RESERVA DE LEY
ESTATUTARIA EN MATERIA DE JUSTICIA-Sentido restrictivo
Debe darse un
sentido restrictivo a la reserva estatutaria en el campo de la administración
de justicia, por lo cual ella se refiere a los elementos estructurales
esenciales de la  función pública de justicia, esto es, a la determinación de
los principios que informan la administración de justicia, así como los órganos
encargados de ejercerla y sus competencias generales. Ahora bien, el análisis
de las disposiciones de la ley acusada muestra que ella no regula los elementos
estructurales esenciales de la función pública de la administración de justicia
sino que se limita a establecer una serie de instrumentos para garantizar la
efectividad de dicha función. Por consiguiente, la Ley 104 de 1993 no está
invadiendo el campo propio de la reserva estatutaria en materia de
administración de justicia.
GUERRILLA-Difusión de comunicados
Si bien esta
norma no consagra en sentido estricto una restricción al derecho de
información, puesto que por el contrario autoriza la difusión de comunicados o
entrevistas de miembros de organizaciones guerrilleras vinculadas a proceso de
paz, este artículo sólo adquiere sentido normativo a la luz de las
restricciones previstas en los artículo 94 y 96 de la ley acusada, puesto que
es una excepción a tales normas. Una vez retiradas éstas del ordenamiento
jurídico, procede igualmente declarar la inexequibilidad del artículo.
COSA JUZGADA
RELATIVA
La Corte ha
analizado en extenso los cargos del demandante y, con excepción de la
inconstitucionalidad de algunos artículos cuya materia efectivamente es propia
de la ley estatutaria, esta Corporación no ha encontrado ningún elemento que
determine la inexequibilidad de la ley en su conjunto. Ahora bien, como la
Corte no ha efectuado una confrontación integral de todos los artículos de la
ley revisada con todos los artículos de la Constitución, procede limitar el
alcance de la cosa juzgada constitucional,  puesto que las acusaciones globales
contra la ley no han prosperado.
REF: Demanda
No. D-549
Normas acusadas:
Ley 104 de 1993.
Actor: Pedro
Pablo Camargo Rodríguez.
Temas:
- Reserva de ley
estatutaria
-Corrección de
vicios subsanables
- Comisiones
accidentales de conciliación
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO.
Santa Fe de Bogotá,
dieciséis (16) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Jorge
Arango Mejía y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes
Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera
Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo
Mesa,
EN NOMBRE DEL
PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA
CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
El ciudadano Pedro
Pablo Camargo Rodríguez presenta demanda de inconstitucionalidad contra la Ley
104 de 1993.
1. Del texto
legal objeto de revisión.
La Ley 104 de 1993
preceptúa lo siguiente:
LEY Nº 104 DE
1993
(Diciembre 30)
"Por la cual se
consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de
la justicia y se dictan otras disposiciones".
El Congreso de la
República de Colombia,
DECRETA:
PRIMERA PARTE
Parte General
ARTÍCULO. 1º- Las
normas consagradas en la presente ley tienen por objeto dotar al Estado
colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado social
y democrático de derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades
fundamentales reconocidos en la Constitución Política.
ARTÍCULO. 2º- En la
aplicación de las atribuciones conferidas en la presente ley, se seguirán los
criterios de proporcionalidad y necesariedad y en la determinación del
contenido de su alcance el intérprete deberá estarse al tenor literal de la
misma, sin que so pretexto de desentrañar su espíritu, puedan usarse facultades
no conferidas de manera expresa.
En el ejercicio de
las mismas facultades no podrá menoscabarse el núcleo esencial de los derechos
fundamentales, ni alterar la distribución de competencias establecidas en la
Constitución y las leyes y en su aplicación se tendrá siempre en cuenta el
propósito del logro de la convivencia pacífica.
ARTÍCULO. 3º- El
Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que asegure
la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los
individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados,
tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las
mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su
grupo social.
ARTÍCULO. 4º- Las
autoridades procuraran que los particulares resuelvan sus diferencias de manera
democrática y pacífica, facilitarán la participación de todos en las decisiones
que los afectan y deberán resolver de manera pronta las solicitudes que los
ciudadanos les presenten para la satisfacción de sus necesidades y la
prevención y eliminación de las perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad,
la salubridad y el ambiente.
ARTÍCULO. 5º Las
autoridades garantizan el libre desarrollo y la libre expresión y actuación de
los movimientos sociales y de las protestas populares que se realicen de
acuerdo con la Constitución y las leyes.
ARTÍCULO. 6º- En la
parte general del plan nacional de desarrollo y en los que adopten las
entidades territoriales se señalarán con precisión las metas, prioridades y
políticas macroeconómicas dirigidas a lograr un desarrollo social equitativo y
a integrar a las regiones de colonización, o tradicionalmente marginadas o en
las que la presencia estatal resulta insuficiente para el cumplimiento de los
fines previstos en el artículo 2º de la Constitución Política, con el objeto de
propender por el logro de la convivencia, dentro de un orden justo, democrático
y pacífico.
ARTÍCULO. 7º- El
gobierno deberá presentar informes, dentro de los primeros diez (10) días de
cada período legislativo a las comisiones de que trata el artículo 8º referidos
a la utilización de las atribuciones que se le confieren mediante la presente
ley, así como sobre las medidas tendientes a mejorar las condiciones económicas
de las zonas y grupos marginados de la población colombiana.
ARTÍCULO. 8º- Las
mesas directivas de las comisiones primeras del Senado y Cámara, conformarán
una comisión, integrada por seis (6) senadores y seis (6) representantes, en la
que deberán estar representados proporcionalmente todos los partidos y
movimientos políticos representados en el Congreso, la cual deberá hacer el
seguimiento de la aplicación de la presente ley, recibir las quejas que se
susciten con ocasión de la misma, revisar los informes del gobierno y
recomendar la permanencia, suspensión o derogatoria de las disposiciones
contenidas en esta ley.
TITULO I
Instrumentos para
la búsqueda de la convivencia.
CAPITULO I
Abandono y
entrega voluntaria
ARTÍCULO. 9º- Tratándose
de personas vinculadas a grupos subversivos, de justicia privada o denominados
"milicias populares rurales o urbanas", será necesario el abandono
voluntario de la organización y la entrega a las autoridades y podrán tener
derecho a los beneficios señalados en los artículos 369-A y 369-B del C.P.P.,
siempre y cuando se cumpla con los requisitos y criterios allí previstos.
PARÁGRAFO. 1º-
Cuando sea necesario verificar si las personas que solicitan la concesión de
los beneficios a que se refiere el presente artículo, tienen carácter de
personas vinculadas a grupos subversivos, de justicia privada o denominados
"milicias populares rurales o urbanas", la autoridad judicial
competente podrá solicitar la información pertinente a los Ministerios de
Gobierno, Defensa, Justicia y del Derecho, y a las demás entidades y organismos
de inteligencia del Estado.
PARÁGRAFO. 2º- Los
beneficios previstos en este artículo no podrán extenderse al delito de
secuestro, a los demás delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de
combate o aprovechándose del estado de indefensión de las víctimas, ni en
general, a delitos cuya pena mínima legal exceda de ocho (8) años de privación.
CAPITULO II
Normas comunes
ARTÍCULO. 10.- Beneficios
condicionales. Cuando se concedan los beneficios de garantía de no
investigación ni acusación, libertad provisional, detención domiciliaria
durante el proceso o la ejecución de la condena, condena de ejecución
condicional, libertad condicional, sustitución de la pena privativa de la
libertad por trabajo social, el funcionario judicial competente impondrá al
beneficiario una o varias de las siguientes obligaciones:
a)
Informar todo cambio de residencia;
b)
Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos;
c)
Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo cuando se demuestre que se
está en imposibilidad de hacerlo;
d)
Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas;
e)
Someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante
ellas;
f)
Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite;
g)
Observar buena conducta individual, familiar y social;
h)
No cometer un nuevo hecho punible, excepto cuando se trate de delitos culposos;
i)
No salir del país sin previa  autorización del funcionario judicial competente;
j)
Cumplir con las obligaciones contempladas en las normas y reglamentos del
régimen penitenciario y observar buena conducta en el establecimiento
carcelario, y
k)
Cumplir y acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes.
El funcionamiento
judicial competente impondrá las obligaciones discrecionalmente, según la
naturaleza y modalidades del hecho punible, las circunstancias del tiempo, de
modo y lugar en que cometió, la naturaleza del beneficio, la personalidad del
beneficiario, los antecedentes penales y la buena conducta en el
establecimiento carcelario.
Las obligaciones de
que trata este artículo se garantizarán mediante caución, que será fijada por
el mismo funcionario judicial.
ARTÍCULO. 11.- Revocación
de beneficios. El funcionario judicial que otorgó el beneficio lo revocará
cuando encuentre que se ha incumplido alguna de las obligaciones impuestas, se
ha incurrido en el delito de fuga de presos o en falta grave contra el régimen
penitenciario, durante el respectivo período de prueba.
ARTÍCULO. 12.- Prohibición
de acumulación. Los beneficios por colaboración con la justicia aquí
previstos, son incompatibles con los consagrados para las mismas conductas en
otras disposiciones.
Otorgados los
beneficios, no podrán concederse otros adicionales por las misma colaboración.
ARTÍCULO. 13.- Protección
especial. Desde el momento en que se entreguen a las autoridades las
personas a que se refiere el título I, artículo 10, 11, 12 y 13 de esta ley
podrán, si lo solicitan expresamente, recibir protección especial del Estado
con el fin de asegurar su derecho a la vida e integridad física, cuando a
juicio de la autoridad judicial competente, ella fuere necesaria.
De la entrega deberá
informarse inmediatamente a la autoridad judicial competente, la cual podrá
autorizar la permanencia de tales personas en instalaciones militares o sitios
de reclusión habitados por el Instituto Nacional Penitenciario, cuando lo
estime conveniente para la seguridad del sometido o para la concreción eficaz
de su colaboración.
Cuando dichas
personas manifiesten su voluntad de no continuar en una instalación militar, o
sitio de reclusión habilitado, serán  trasladadas al centro carcelario que
determinen las autoridades competentes.
CAPITULO III
Disposiciones
para facilitar el diálogo con los grupos guerrilleros, su desmovilización y
reinserción a la vida civil.
ARTÍCULO. 14.- Los
representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de
lograr la paz podrán:
a) Realizar actos
tendientes a entablar los diálogos a que se refiere este capítulo;
b) Adelantar
diálogos con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros,
tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a la vida civil;
c) Firmar acuerdos
con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros, dirigidos a
obtener la desmovilización y reincorporación a la vida civil de sus
integrantes. Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del gobierno
sean necesarios para adelantar y culminar el proceso de paz, y
d) Acordar con los
voceros o representantes de los grupos guerrilleros, la ubicación temporal de
éstos en zonas determinadas del territorio nacional, para facilitar la
verificación de que han cesado en sus operaciones subversivas.
Las ordenes de
captura que se hayan dictado o se dicten en procesos penales por delitos
políticos y conexos contra los miembros de los grupos guerrilleros localizados
de conformidad con lo establecido en el inciso interior, quedarán suspendidas
en las zonas a que hace referencia el inciso anterior, desde el momento de la
ubicación de dichas personas hasta cuando el Gobierno Nacional declare que ha
culminado el proceso de paz a que se refiere este capítulo.
Para tales efectos,
el Ministerio de Gobierno y la Consejería Presidencial Para la Paz elaborarán
la lista de las personas que se encuentren en la respectiva zona de ubicación
en su calidad de guerrilleros, previa certificación bajo la gravedad del
juramento, expedida por los voceros del respectivo grupo, quienes serán
responsables penalmente por la veracidad de tal información. El Ministerio de
Gobierno enviará a las autoridades judiciales y de policía correspondientes la
lista así elaborada.
Estas normas son
aplicables a las milicias populares con carácter político.
PARÁGRAFO. 1º- De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 40 de 1993, el delito
de secuestro no tiene el carácter de conexo con un delito político.
PARÁGRAFO. 2º- Con
el fin de facilitar la transición a la vida civil y política legal de los
grupos guerrilleros que se encuentren en un proceso de paz dirigido por el
gobierno, éste podrá nombrar por una sola vez, un número plural de congresistas
en cada cámara en representación de los mencionados grupos.
Para los efectos previstos
en el presente artículo, el gobierno podrá no tener en cuenta determinadas
inhabilidades y requisitos para ser congresista.
ARTÍCULO. 15.- La
dirección del proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la
República como responsable de la preservación del orden público en toda la
Nación. Quienes a nombre del gobierno participen en los diálogos y acuerdos de
paz, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta.
El Presidente de la
República podrá disponer la participación de representantes de diversos
sectores de la sociedad civil en los diálogos a que hace referencia el artículo
anterior, cuando a su juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de
paz.
ARTÍCULO. 16.- Las
personas que participen en los diálogos y en la celebración de los acuerdos a
que se refiere el presente capítulo no incurrirán en responsabilidad penal por
razón de su intervención en los mismos.
ARTÍCULO. 17.- El
Gobierno Nacional, con el único fin de facilitar el desarrollo de un proceso de
paz bajo su dirección, podrá autorizar la difusión total o parcial de
comunicados que provengan de organizaciones guerrilleras vinculadas al mismo o
de entrevistas de miembros de dichas organizaciones.
TITULO II
Atención a las víctimas
de atentados terroristas
CAPITULO I
Disposiciones
generales
ARTÍCULO. 18.- Para
los efectos de esta ley se entiende por víctimas aquellas personas que sufren
directamente perjuicios por razón de los atentados terroristas cometidos con
bombas o artefactos explosivos y las tomas guerrilleras que afecten en forma
indiscriminada a la población.
PARÁGRAFO.- El
consejo directivo del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la
Presidencia de la República determinará si son o no aplicables las medidas a
que se refiere el presente título, en los casos en que exista duda sobre el
particular.
ARTÍCULO. 19.- En
desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el daño especial sufrido
por las víctimas de atentados terroristas, éstas recibirán asistencia
humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para atender
requerimientos urgentes y necesarios para satisfacer los derechos
constitucionales de dichas personas que hayan sido menoscabados por la acción
terrorista. Dicha asistencia será prestada por el Fondo de Solidaridad y
Emergencia Social, en desarrollo de su objeto constitucional, y por las demás
entidades públicas dentro del marco de su competencia legal.
ARTÍCULO. 20.- El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en desarrollo de sus programas
preventivos y de protección, prestará asistencia prioritaria a los menores de
edad que hayan quedado sin familia o que teniéndola, ésta no se encuentre en
condiciones de cuidarlos por razón de los atentados terroristas a que se
refiere el presente título. El Gobierno Nacional apropiará los recursos
presupuestales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo
de este programa.
ARTÍCULO. 21.-
Cuando quiera que ocurra un atentado terrorista el comité local para la
prevención y atención de desastres o a falta de éste, la oficina que hiciere
sus veces, deberá elaborar el censo de damnificados, en un término no mayor de
cinco (5) días hábiles desde la ocurrencia del atentado, en el cual se incluirá
la información necesaria para efectos de la cumplida aplicación de las
disposiciones de este título, de conformidad con los formatos que establezca el
Fondo de Solidaridad y Emergencia Social.
Estas listas de
damnificados podrán ser revisadas en cualquier tiempo por el Fondo de Solidaridad
y Emergencia Social, el cual verificará la calidad de víctimas de las personas
que allí figuren como damnificados.
Cuando el Fondo de
Solidaridad y Emergencia Social establezca que una de las personas que figuraba
en el censo respectivo o que recibió alguna de las formas de asistencia
prevista en este título, no tenían el carácter de víctimas, el interesado,
además de las sanciones penales a que haya lugar, perderá todos los derechos
que le otorga el presente título, y la respectiva entidad procederá a exigirle
el reembolso de las sumas que le haya entregado o haya pagado por cuenta del
mismo o de los bienes que haya entregado. Si se trata de créditos, el
establecimiento que lo haya otorgado podrá mantenerlo, reajustando las
condiciones a la tasa de mercado.
CAPITULO II
Asistencia en
materia de salud
ARTÍCULO. 22.- Las
instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del territorio nacional, que
prestan servicios de salud, tienen la obligación de atender de manera inmediata
a las víctimas de los atentados terroristas que lo requieran, con independencia
de la capacidad socioeconómica de los demandantes de estos servicios y sin
exigir condición previa para su administración.
ARTÍCULO. 23.- Los
servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:
1. Hospitalización.
2. Material Médico
quirúrgico, de osteosíntesis y óstesis, conforme a los criterios técnicos que
fije el Ministerio de Salud.
3. Medicamentos.
4. Honorarios
Médicos.
5. Servicio de apoyo
tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas.
6. Transporte.
7. Servicios de
rehabilitación física, por el tiempo y conforme a los criterios técnicos que
fije el Ministerio de Salud.
8. Servicios de
rehabilitación mental en los casos en que como consecuencia del atentado
terrorista la persona quede gravemente incapacitada para desarrollar una vida
normal de acuerdo con situación, y por el tiempo y conforme a los criterios
técnicos que fije el Ministerio de Salud.
ARTÍCULO. 24.- El
reconocimiento y pago de los servicios a que se refiere el artículo anterior se
hará por conducto del Ministerio de Salud, con cargo a los recursos que
suministre el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la
República, de conformidad con los previsto en los artículo 26 y 47 de esta ley,
y con sujeción a los procedimientos y tarifas fijados por la junta nacional del
Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Fonsat.
Cuando se solicite
la prestación de determinados servicios y exista duda sobre la procedencia de
la solicitud, el Ministerio de Salud, para efectos adoptar una decisión, podrá
pedir concepto de una junta médica, la cual se integra por representantes de
las entidades que, de acuerdo con la ley, tiene el carácter de organismos consultivos
del gobierno en materia de salud.
ARTÍCULO. 25.- Los
afiliados a entidades de previsión o seguridad social, tales como cajas de
previsión social, cajas de compensación familiar o el Instituto de Seguros
Sociales, que resultaren víctimas de los atentados terroristas a que hace
referencia el presente título, serán remitidos, una vez se les preste la
atención de urgencias y se logre su estabilización, a las instituciones
hospitalarias que definan dichas entidades para que allí se continúe el tratamiento
requerido. Los costos resultantes del tratamiento inicial de urgencias, así
como los costos de tratamiento posterior, serán asumidos por las
correspondientes instituciones de previsión y seguridad social.
ARTÍCULO. 26- Los
gastos que demande la atención de las víctimas amparadas con pólizas de
compañías de grupos de salud o contratos con empresas de medicina prepagada,
serán cubiertos por el Estado de conformidad con lo establecido en el presente
título, en aquella parte del paquete de servicios definidos en el artículo 23
que no estén cubiertos por el respectivo seguro o contrato o que lo estén forma
insuficiente.
ARTÍCULO. 27.- El
Ministerio de Salud ejercerá la evaluación y control sobre los aspectos relativos
a:
1. Número de
pacientes atendidos.
2. Acciones médicos
quirúrgicas.
3. Suministros e
insumos hospitalarios gastados.
4. Causa de egreso y
pronóstico.
5. Condición del
paciente frente al ente hospitalario.
6. Los demás
factores que constituyen costos del servicio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23 de la presente ley.
ARTÍCULO. 28.- El
incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, será causal de sanción por las
autoridades competentes en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia,
de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 10 de 1990, y demás
normas concordantes.
CAPITULO III
Asistencia en
materia de vivienda
ARTÍCULO. 29.- Los
hogares damnificados por actos terroristas a que se refiere el presente título
podrán acceder al subsidio familiar de vivienda de que trata Ley 3ª de 1991,
sin que para efecto se tome en cuenta el valor de la solución de vivienda cuya
adquisición o recuperación sea objeto de financiación.
La junta directiva
del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe,
ejercerá la función que le otorga el ordinal 7º del artículo 14 de la ley 3ª de
1991, en relación con el subsidio familiar de viviendas de que trata este
capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas
que se encuentren en situación de debilidad manifiesta y el principio de
solidaridad, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que
presenten los hogares que hayan sido víctimas de los actos descritos en el
presente artículo.
En aquellos casos en
que por razón de las circunstancias económicas de las víctimas, éstas no puedan
utilizar el valor del subsidio para financiar la adquisición o recuperación de
una solución de vivienda, el monto del mismo podrá destinarse a financiar, en
todo o en parte, el valor del canon de arrendamiento de una solución de
vivienda.
ARTÍCULO. 30.- Para
los efectos de este capítulo, se entenderá por "hogares damnificados"
aquellos definidos en el artículo 3º del Decreto 599 de 1991, sin consideración
a su expresión en salarios mínimos legales mensuales, que por causa de actos
terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos, pierdan su solución
de vivienda total o parcialmente, de tal manera que no ofrezca las condiciones
mínimas de habitabilidad o estabilidad en las estructuras. Igualmente, tendrán
tal carácter los hogares cuyos miembros, a la fecha del acto terrorista, no
fuesen propietarios de una solución de vivienda y que por razón de dichos actos
hubiesen perdido al miembro del hogar de quien derivaban su sustento.
ARTÍCULO. 31.- Los
postulantes al subsidio familiar de vivienda en las condiciones de que trata
este capítulo, podrán acogerse a cualesquiera de los planes declarados
elegibles por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana, Inurbe.
ARTÍCULO. 32.- La
cuantía máxima del subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo
será el equivalente a quinientas (500) unidades del poder adquisitivo constante
(UPAC).
ARTÍCULO. 33.- Las
postulaciones al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo,
serán atendidas por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana, Inurbe, con cargo a los recursos asignados por el Gobierno
Nacional para el subsidio de vivienda de interés social. Las solicitudes
respectivas serán decididas dentro de los (10) días hábiles siguientes a su
presentación.
ARTÍCULO. 34.- Se
aplicará al subsidio familiar de vivienda de que trata este capítulo, lo
establecido en la ley 3ª de 1991 y disposiciones complementarias en cuanto no
sean contrarias a lo que aquí se dispone.
CAPITULO IV
Asistencia en
materia de crédito
ARTÍCULO. 35.- El
Instituto de Fomento Industrial -IFI-, redescontará los prestamos que otorguen
los distintos establecimientos de crédito a las víctimas de atentados
terroristas a que se refiere este título, para financiar la reposición o
reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento, muebles y enseres,
capital de trabajo y reparación o reconstrucción de inmuebles destinados a
locales comerciales.
Así mismo, en
desarrollo del principio de solidaridad, el Banco Central Hipotecario -BCH-
otorgará directamente a dichos damnificados, préstamos para financiar la
reconstrucción o reparación de inmuebles.
Estas operaciones
las harán el Instituto de Fomento Industrial -IFI- y el Banco Central
Hipotecario -BCH- en una cuantía inicial total de cinco mil millones de pesos
($5.000.000.000). En caso de que tales recursos fueren insuficientes, podrán
efectuarse operaciones adicionales, previo concepto favorable de un comité
integrado para el efecto por el secretario general de la Presidencia de la
República, el gerente del Instituto de Fomento Industrial -IFI- y el presidente
del Banco Central Hipotecario -BCH-.
PARÁGRAFO. No
obstante las líneas de crédito para reposición o reparación de vehículos, el
Gobierno Nacional mantendrá el seguro de protección de vehículos de transporte
público urbano e intermunicipal contra atentados terroristas.
ARTÍCULO. 36.- En
desarrollo de sus funciones, el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la
Presidencia de la República, contribuirá para la realización de las operaciones
contempladas en el artículo anterior, de la siguiente manera:
a) La
diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Instituto de Fomento
Industrial -IFI- y la tasa a la que se haga el redescuento de los créditos que
otorguen los establecimientos de crédito, será cubierta con cargo a los
recursos del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, conforme a los términos
que para el efecto se estipulen en el convenio que se suscriba entre el
Instituto de Fomento Industrial -IFI- y el Fondo de Solidaridad y Emergencia
Social, y
b)  La
diferencia entre la tasa de captación del Banco Central Hipotecario -BCH- y la
tasa a la que efectivamente se otorgue el crédito será cubierta, incrementada
en tres (3) puntos, con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y
Emergencia Social, según los términos estipulados en el convenio que para dicho
efecto se suscriba entre el Banco Central Hipotecario -BCH- y el Fondo de
Solidaridad y Emergencia Social.
En los convenios a
que hace referencia este artículo, se precisarán las condiciones y montos que
podrán tener tanto los créditos redescontables por el Instituto de Fomento
Industrial, como aquellos que otorguen el Banco Central Hipotecario, en
desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá en cuenta el principio
de solidaridad y el deber de proteger a las personas que se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta.
ARTÍCULO. 37.- Los
establecimientos de crédito diseñarán los procedimientos adecuados para
estudiar las solicitudes de crédito a que se refiere el presente capítulo de
manera prioritaria, en el menor tiempo posible y exigiendo solamente los
documentos estrictamente necesarios para el efecto.
La Superintendencia
Bancaria velará por la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
ARTÍCULO. 38.- El
Fondo de Solidaridad y Emergencia Social centralizará la información sobre las
personas que se beneficiaren de los créditos aquí establecidos, con los datos
que para el efecto les deben proporcionar los establecimientos de crédito que
otorguen los diversos préstamos, con el propósito de que las entidades
financieras y las autoridades públicas puedan contar con la información exacta
sobre las personas que se hayan beneficiado de determinada línea de crédito.
ARTÍCULO. 39.- En
aquellos eventos en que las víctimas de los actos a que se refiere este
artículo, se encontraren en imposibilidad de ofrecer una garantía suficiente de
acuerdo con las sanas prácticas del mercado financiero, para responder por los
créditos previstos en los artículos anteriores, dichos créditos podrán ser
garantizados por el "fondo de garantías para la solidaridad".
Para efectos de los
dispuesto en el inciso anterior, en desarrollo de su objeto constitucional y en
ejercicio de las atribuciones que le otorga el Decreto 2133 de 1992, el Fondo
de Solidaridad y Emergencia Social podrá celebrar un contrato fiduciario con la
filial fiduciaria del Instituto de Fomento Industrial, con el propósito de
crear el "fondo de garantías para la solidaridad", cuya función será
garantizar el pago de los créditos otorgados en desarrollo del presente capítulo
por los establecimientos de crédito a través de las líneas de redescuento del
Instituto de Fomento Industrial -IFI-, así como los directamente otorgados por
el Banco Central Hipotecario -BCH- a las víctimas de los atentados terroristas,
en los casos previstos en el inciso primero del presente artículo.
La filial fiduciaria
del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, expedirá el certificado de garantía
en un lapso que no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados a partir de
la fecha en que se haya presentado la solicitud respectiva a la fiduciaria y se
haya acreditado el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
PARÁGRAFO. Quienes
pretendan ser beneficiarios de la garantía establecida en este artículo deberán
acreditar su condición de damnificados y su imposibilidad de ofrecer garantías
ante el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, el cual podrá expedir
certificaciones de esta información con destino a los establecimientos de
crédito, con base en las listas a que se refiere el artículo 21 de esta ley.
ARTÍCULO. 40.- El
establecimiento de crédito respectivo podrá hacer efectivo ante la filial
fiduciaria del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, en su calidad de
administrador del fondo, el certificado de garantía correspondiente, para que
se le reembolse el saldo a su favor, siempre y cuando además de cumplir las
demás condiciones que se hayan pactado, acredite al fondo que adelantó
infructuosamente las actuaciones necesarias para la recuperación de las sumas adecuadas,
de acuerdo con lo que señale en el contrato por el cual se cree el fondo de
garantías de solidaridad.
CAPITULO V
Asistencia en
materia educativa
ARTÍCULO. 41.- Los
beneficios contemplados en los Decretos 2231 de 1989 y 48 de 1990, serán concedido
también a las víctimas de atentados terroristas. en este caso, corresponderá al
Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, expedir la certificación
correspondiente, con base en las listas a que se refiere el artículo 21 de la
presente ley.
CAPITULO VI
Asistencia con la
participación de entidades sin ánimo de lucro.
ARTÍCULO. 42.- Sin
perjuicio de los dispuesto en los artículos anteriores, el Fondo de Seguridad
(sic) y Emergencia Social de la Presidencia de la República, en desarrollo de
su objeto constitucional, y con sujeción a lo dispuesto por el artículo 355 de
la Constitución Política y en las normas que reglamenten la materia, podrá
celebrar contratos con personas jurídicas sin ánimo de lucro de reconocida
idoneidad, con el fin de impulsar los programas y actividades de dichas
entidades dirigidos a apoyar a las víctimas de los atentados terroristas a que
se refiere el presente título. Las actividades o programas objeto de apoyo
podrán incluir el suministro de la asistencia económica, técnica y administrativa
necesaria a las víctimas de las actividades terroristas que por su situación
económica pueden no tener acceso a las líneas ordinarias de crédito del sistema
financiero.
CAPITULO VII
Otras
disposiciones
ARTÍCULO. 43.- Las
actuaciones que se realicen para la constitución y registro de las garantías
que se otorguen para amparar los créditos a que se refiere el capítulo IV de
este título, deberán adelantarse en un término no mayor de dos (2) días hábiles
contados a partir de la fecha de la solicitud, y estarán exentas de derecho
notariales, registrales y del pago de los impuestos nacionales actualmente
vigentes para tales trámites. Igualmente estarán exentos de impuestos
nacionales los documentos que deban expedirse para efectos de los créditos que
se otorguen en desarrollo del mismo.
Para efectos de
acreditar que la respectiva actuación tiene por objeto amparar los créditos a
que se refiere el capítulo IV de este título, bastará la certificación del
establecimiento de crédito beneficiario de la garantía, donde identifique el
préstamo como "crédito de solidaridad".
ARTÍCULO. 44.- Las
asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán
establecer dentro de la órbita de su competencia predial, industrial y
comercio, rodamiento de vehículos, registro y anotación y de aquellos otros que
consideren del caso, en beneficio de las víctimas de los atentados terroristas
a que se refiere este título.
ARTÍCULO. 45.- En
cumplimiento de su objetivo constitucional, y en desarrollo de las facultades
que le otorga el Decreto 2133 de 1992, el Fondo de Solidaridad y Emergencia
Social atenderá gratuitamente a las víctimas de los atentados a que se refiere
el presente título, en los términos previstos en los artículos 23 y 26 de la
presente ley, los gastos funerarios de las mismas, los seguros que se considere
necesario contratar para proteger a los habitantes contra las consecuencias de
los atentados terroristas, y subsidiará las líneas de crédito a que se refiere
el presente título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su
consejo directivo. Igualmente podrá cofinanciar los programas que adelanten las
entidades territoriales para atender a las víctimas de los atentados a que se
refiere el presente título y apoyar los programas que con el mismo propósito
realicen entidades sin ánimo de lucro, celebrando para este último efecto los
contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución Política y las
normas que lo reglamentan.
Las víctimas de los
atentados que se sufrieren una disminución de su capacidad física desde un 66%
calificada por el fondo de solidaridad pensional, tendrán derecho a una pensión
mínima legal vigente siempre y cuando carezca de otras posibilidades
pensionales y de atención en salud.
Los pagos que deban
hacerse por razón de los seguros que se contraten se harán con cargo a los
recursos del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la
República.
ARTÍCULO. 46.- La
asistencia que la Nación o las entidades públicas presten a las víctimas de los
atentados terroristas, en desarrollo de lo dispuesto en el presente título y de
los programas de atención que al efecto se establezcan, no implican
reconocimiento por parte de la Nación o de la respectiva entidad de responsabilidad
alguna por los perjuicios causados por el atentado terrorista.
ARTÍCULO. 47.- En el
evento de que la Nación o las entidades públicas sean condenadas a reparar los
daños a las víctimas de atentados terroristas, del monto total de los
perjuicios que se liquiden se deducirán las sumas que la Nación o las entidades
públicas hayan entregado a las víctimas o en favor de las mismas, en razón de
lo dispuesto en el presente título y de los programas de asistencia que se
adopten, por concepto de:
1. Asistencia
humanitaria, médica, quirúrgica y hospitalaria.
2. Gastos
Funerarios.
3. Seguros.
4. Subsidio de
vivienda.
5. Subsidios en
materia crediticia.
6. Asistencia en
materia educativa.
7. Otros apoyos
suministrados a través de entidades sin ánimo de lucro, con los propósitos a
que hace referencia este título.
PARÁGRAFO.- Para
efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Fondo de Solidaridad y
Emergencia Social llevará una contabilidad detallada de todos los pagos que se
realicen.
TITULO III
Causales de
extinción de la acción de la pena en caso de delitos políticos.
ARTÍCULO. 48.- El
Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de
indulto a los nacionales colombianos que hubieren sido condenados mediante
sentencia ejecutoria, por hechos constitutivos de los delitos políticos de
rebelión, sedición, asonada, conspiración, y los conexos con éstos, cuando a su
crédito, el grupo guerrillero del cual forme parte el solicitante haya
demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.
También se podrá
conceder dicho beneficio a los nacionales colombianos que, por fuera de las
organizaciones guerrilleras de las cuales formen o hayan formado parte, así lo
soliciten, si a criterio del Gobierno Nacional demuestran su voluntad de
reincorporarse a la vida civil.
No se aplicará lo
dispuesto en este título con relación a delitos atroces, genocidios, homicidios
cometidos fuera de combate o con sevicia o colocando a la víctima en estado de
indefensión, secuestro o actos de ferocidad o barbarie.
PARÁGRAFO.- No
procederán solicitudes de indulto por hechos respecto de los cuales el
beneficio se hubiere negado con autoridad, salvo que el interesado aporte
nuevos medios de prueba que modifiquen las circunstancias que fueron fundamento
de la decisión.
ARTÍCULO. 49.- La
demostración de la voluntad de reincorporación a la vida civil requiere por
parte de la organización y de sus miembros, la desmovilización y la dejación de
las armas, en los términos de la política de paz y reconciliación del Gobierno
Nacional.
ARTÍCULO. 50.- Para
la valoración de las circunstancias de la dejación de las armas y la
pertenencia del solicitante a la respectiva organización, el Gobierno Nacional
se podrá basar en la información suministrada por la persona que lleve la
vocería del grupo, quien además responderá penalmente por la veracidad de la
información. El Gobierno Nacional también podrá basarse en informaciones
recibidas por conducto de servidores públicos.
Si se trata de
solicitudes formuladas por las personas a que se refiere el inciso 2º del
artículo 48, el Gobierno Nacional hará la evaluación de dicha solicitud
teniendo en cuenta el vínculo que tenga o hubiere tenido el solicitante con
tales grupos, consultando la información de que dispongan los organismos de
seguridad del Estado, los medios de prueba que aporte el interesado, la entrega
material de las armas a la autoridad competente para el efecto y los demás
elementos de juicio que considere pertinentes.
ARTÍCULO. 51.-
Efectuada la valoración de que trata el artículo anterior, el Ministerio de
Gobierno elaborará las actas que contengan el nombre o los nombres o los
nombres de aquellas personas que, a su juicio, puedan solicitar el beneficio de
indulto. Cualquier modificación deberá constar en un acta adicional.
ARTÍCULO. 52.-
Recibidas las actas, el Ministerio de Justicia y del Derecho enviará copia de
las mismas a las autoridades judiciales, administrativas y de policía que, a su
juicio, deban disponer de tal información.
Las autoridades que
tuvieren en su poder expedientes contra las personas que aparezcan en las
actas, los enviarán de inmediato al Ministerio de Justicia y del Derecho.
Cuando el interesado no hubiere indicado el despacho judicial que adelanta el
proceso, el Ministerio de Justicia procederá inmediatamente a su averiguación y
solicitará el envío del expediente a más tardar el día siguiente de aquél en
que se obtuvo la información. El titular del respectivo despacho judicial
remitirá el expediente o el cuaderno de copias, según el caso, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, en un término no mayor de tres (3) días más el de la
distancia, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
ARTÍCULO. 53.- El
beneficio de indulto se solicitará por el interesado, directamente o a través
de apoderado, mediante escrito dirigido al Ministerio de Justicia y del
Derecho.
Los poderes
conferidos no requieren presentación personal. su sustitución, así como la
presentación de cualquier otro memorial, se harán según las normas comunes de
procedimiento.
La Conducta
contendrá, además de la petición de beneficio, la manifestación expresa y
directa de voluntad de reincorporación a la vida civil, la cual se entenderá
prestada bajo la gravedad del juramento. También contendrá la indicación del
despacho judicial donde se encuentra el expediente, si fuere conocido por el
interesado.
El Ministerio de
Justicia y del Derecho solamente estudiará las solicitudes individuales de
personas que aparezcan en las actas elaboradas por el Ministerio de Gobierno.
ARTÍCULO. 54.- El
interesado podrá solicitar que se establezca la conexidad referida en el
artículo 48 de la presente ley, si ella no ha sido declarada en la sentencia.
Para estos efectos, se tendrá en cuenta:
a) El
acervo probatorio que obra en el respectivo proceso;
b) Las
certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades competentes, y
c)
cualquier otra información pertinente que se adjunte a la solicitud.
ARTÍCULO. 55.- La
solicitud será resuelta dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de
recibo del expediente.
El indulto se
concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Presidente de la República y
los Ministros de Gobierno, y de Justicia y del Derecho. Copia de ella se
enviará al funcionario judicial a cargo del correspondiente proceso.
Contra dicha
resolución procede el recurso de reposición, en la oportunidad y con los
requisitos que señale el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO. 56.- Se
podrán  conceder también, según proceda de acuerdo con el estado del respectivo
proceso penal, la cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la
instrucción o la resolución inhibitoria, a quienes confiesen, haya sido o
fueren denunciados o procesados por hechos constitutivos de los delitos a que
se refiere este título, y no hayan sido aún condenados mediante sentencia
ejecutoriada.
Para estos efectos,
se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos anteriores y, una vez
verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá la
correspondiente certificación a la autoridad judicial ante quien se adelante el
trámite, la cual dictará la providencia correspondiente de acuerdo con lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.
PARÁGRAFO. Los
procesos que cursen contra las personas a quienes se aplican las presentes
disposiciones, en los que la responsabilidad no haya sido declarada mediante
sentencia ejecutoriada, se suspenderán desde la fecha en que se solicite el
expediente a la autoridad judicial competente, hasta que se decida sobre la
solicitud. No se suspenderán en lo referente a la libertad o detención
relacionados con la vinculación de otras personas que se haya ordenado con
anterioridad. Así mismo, se suspenderán los términos para los efectos de la
libertad provisional y de la prescripción de la acción penal.
ARTÍCULO. 57.- Las
personas a quienes se les conceda el indulto o respecto de las cuales se
decrete la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción se dicte
resolución inhibitoria, en desarrollo de estas disposiciones, no podrán ser
procesadas o juzgadas por los mismos hechos que dieron lugar a su otorgamiento,
sin perjuicio de los dispuesto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO. 58.- El
indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la
resolución inhibitoria quedarán sin efecto alguno si el beneficiario cometiere
cualquiera de los delitos contemplados en este título, dentro de los dos (2)
años siguientes a su concesión. Esta condición se hará conocer en el acto que
contenga la decisión correspondiente.
Para el caso del
indulto, comprobado el incumplimiento, el Gobierno Nacional procederá a la
revocatoria de la resolución que lo haya concedido. Copia de la misma se
remitirá al funcionario judicial que conoció del proceso en primera o única
instancia, con el fin de que proceda a su ejecución.
Para el caso de la
cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución
inhibitoria, el funcionario judicial revocará la providencia y reabrirá el
proceso.
La autoridad
judicial que conozca de un nuevo proceso contra las personas favorecidas, lo
comunicará en forma inmediata al Ministerio de Justicia y del Derecho.
ARTÍCULO. 59.-
Quienes se encuentren privados de la libertad al momento de concedérseles el
indulto o decretarse la cesación de procedimiento, la preclusión de la
instrucción o la resolución inhibitoria, serán liberados inmediatamente se
encuentre en firme la decisión proferida por la autoridad competente.
ARTÍCULO. 60.- Los
beneficios que en este título se consagran no comprenden la responsabilidad que
los favorecidos tengan respecto de particulares.
SEGUNDA PARTE
Mecanismos para
la eficacia de la justicia
TITULO I
Unidades
ambulantes de policía judicial
ARTÍCULO. 61.- El
fiscal general de la Nación conformará unidades ambulantes para ejercer
funciones de policía judicial. Estas unidades tendrán jurisdicción en todo el
país y actuarán en los eventos en que no sea posible disponer de otras
autoridades de policía judicial en el lugar de los hechos.
PARÁGRAFO. 1º.- Las
fuerzas militares deberán garantizar y proteger debidamente este personal de
modo que pueda cumplir su misión de manera segura.
PARÁGRAFO. 2º- Las
unidades de fiscalía ambulantes estarán integradas por persona civil, el cual
se acogerá al régimen ordinario de los funcionarios de la Fiscalía General de
la Nación.
ARTÍCULO. 62.- Las
unidades de policía judicial a que se refiere este capítulo, podrán ser
comisionadas para la práctica de diligencias, conforme a lo establecido en el
Código de Procedimiento Penal.
TITULO II
Protección a
intervinientes en el proceso penal
ARTÍCULO. 63.-
Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía
General de la Nación, el "programa de protección a testigos, víctimas,
intervinientes en el proceso, y funcionarios de la fiscalía", mediante el
cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a
sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad,
primero civil y al cónyuge y a la compañera o compañero permanente, cuando se
encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por
causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal.
ARTÍCULO. 64.- El
Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de presupuestos de la Fiscalía
General de la Nación las partidas necesarias para la dotación y funcionamiento
del programa a que se refiere la presente ley.
PARÁGRAFO. 1º- El
ordenador del gasto de estas partidas será el fiscal general de la Nación o el
funcionario en quien éste delegue. Los desembolsos necesarios para atender el
programa requerirán estudio previos de la oficina de protección y asistencia a
víctimas, testigos y funcionarios de la fiscalía.
PARÁGRAFO. 2º- Las
erogaciones que se ordenen o ejecuten para los fines previstos en esta ley
tendrán carácter reservado, y estarán sujetos al control posterior por parte de
la Contraloría General de la Nación. En ningún caso se revelará la identidad
del beneficiario.
PARÁGRAFO. 3º-
Autorízase al Gobierno Nacional para realizar los tratados presupuestales
requeridos a fin de atender el programa durante la vigencia fiscal de 1993.
ARTÍCULO. 65.- Las
personas amparadas por este programa podrán tener protección física, asistencia
social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales
permanentes encaminadas a garantizar en forma adecuada la preservación de su
integridad física y moral y la de su núcleo familiar.
Cuando las
circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el
traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por
el tiempo y bajo las condiciones que señale el fiscal general de la Nación.
Las personas que se
acojan al programa de protección se sujetarán a las condiciones que establezca
la Fiscalía General de la Nación.
ARTÍCULO. 66.- El
juez o fiscal que adelantan la actuación o el propio interesado en forma directa,
podrán solicitar a la oficina de protección de víctimas y testigos la
vinculación de una persona determinada al programa.
La petición será
tramitada conforme al procedimiento que establezca dicha oficina, mediante
resolución que expida el fiscal general, a quien compete decidir sobre el fondo
de la solicitud.
ARTÍCULO. 67.- El
fiscal General de la Nación podrá tomar en cualquier momento, cualquiera de las
siguientes determinaciones:
a) Ordenar
el cambio de identidad de la persona que se someta al programa. En el caso de
testigos, el cambio de identidad sólo se hará una vez termine el proceso, y
siempre y cuando no se afecte el debido proceso;
b) Con
fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades, públicas o
privadas, la expedición de documentos que reemplacen a los que ya posee el
admitido al programa, tales como actas de registro civil, cédula de ciudadanía,
pasaporte, libreta militar, certificado judicial y otros, sin que para su
tramitación deban cumplirse los procedimientos ordinarios.
c) Ordenar
a los organismos de seguridad del Estado brindar la protección necesaria al
admitido en el programa y a su núcleo familiar.
d)
Destinar para el admitido al programa, como domicilio permanente o transitorio
cualquiera de las instalaciones que para el efecto considere adecuadas;
e) Ordenar
la expedición de títulos académicos por parte de entidades públicas o privadas
para reemplazar a los originalmente otorgados, y
f)
Disponer la modificación de los rasgos físicos de la persona que pudiera
permitir su identificación.
PARÁGRAFO. 1º.-
Todas las anteriores determinaciones requerirán el asentamiento expreso de la
persona en quien vaya a tener efecto.
PARÁGRAFO. 2º.- Los
documentos que se expidan para proteger a una persona que admitida al programa
tendrán pleno valor probatorio.
PARÁGRAFO. 3º.- La
persona amparada por el cambio de su identidad civil sólo podrá hacer valer en
adelante su nueva identidad.
ARTÍCULO. 68.- La
Fiscalía General de la Nación mantendrá bajo estricta reserva los archivos de
las personas amparadas o relacionadas con el programa de protección.
Quienes tengan
conocimientos de las medidas de protección o hayan intervenido en su
preparación, expedición y ejecución, tendrán la obligación de mantener en
secreto o reserva la identidad de las personas beneficiadas con el programa. La
violación de esta reserva acarreará las sanciones penales y disciplinarías a
que hubiere lugar, serán igualmente responsables, los servicios públicos y los
particulares que incurran en dicha violación.
ARTÍCULO. 69.- Los
cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar exoneración de la
responsabilidad penal por los delitos cometidos después de la vinculación al
programa. En los acuerdos que celebre el beneficiario con la Fiscalía General
de la Nación, deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales, fiscales y
administrativas, contraídas por el beneficiario con anterioridad a la celebración
del acuerdo.
La aplicación de la
presente ley no podrá menoscabar ninguno de los derechos contemplados en el
artículo 29 de la Constitución  para ninguna persona.
La Fiscalía General
de la Nación sólo tendrá las obligaciones y responsabilidades frente a las
personas vinculadas al programa en los términos que esté o los acuerdos
suscritos lo indiquen.
ARTÍCULO. 70.-
Cuando la persona beneficiaria del programa deba comparecer ante cualquier
autoridad, el fiscal general de la Nación, o el jefe de la oficina de
protección y asistencia de víctimas, testigos y funcionarios de la Fiscalía
establecerá los mecanismos adecuados para que dicha persona se presente o sea
representada en la correspondiente actuación , sin perjuicio de la reserva de
su identidad.
ARTÍCULO. 71.-
Podrán beneficiarse del "programa de protección a víctimas, testigos,
intervinientes en el proceso, jueces y funcionarios de la Fiscalía y de la
Procuraduría General de la Nación", en las condiciones señaladas en el mismo,
los testigos en las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la
Nación por hechos que se relacionen con la colaboración o tolerancia por parte
de servidores públicos o exfuncionarios con grupos guerrilleros, con
organizaciones delincuenciales o con personas que hayan cooperado con tales
grupos u organizaciones, así como en los eventos en que dentro de la actuación
disciplinaría se estén investigando conductas en las que se encuentre
involucrada algunas organización criminal o que por su gravedad sean
consideradas como atroces.
PARÁGRAFO.- En las
investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación, a petición
del testigo, podrá reservarse su identidad, en las mismas condiciones
establecidas para las investigaciones que adelante la Fiscalía General de la
Nación.
ARTÍCULO. 72.- El
Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y
organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la Fiscalía obtener la
información y la colaboración necesarias para el desarrollo del programa.
El fiscal de la
Nación podrá requerir el apoyo de las instituciones internacionales que cuenten
con programas similares de protección de víctimas y testigos cuando sea
necesario su traslado a otros países.
Igualmente se
autoriza al Gobierno para recibir donaciones nacionales e internacionales con
destino al programas de protección, las cuales serán manejadas por el fiscal
general de la Nación.
ARTÍCULO. 73.- El
Consejo Superior de la Judicatura a solicitud de la Fiscalía General de la
Nación, creará la planta de personal necesaria para atender el programa de
protección a intervinientes en el proceso penal.
ARTÍCULO 74.- Las
personas vinculadas al programa de protección de testigos podrán solicitar su
desvinculación voluntaria de él, pero suscribirán un acta en la que de manera
expresa manifiesten su renuncia a la protección.
ARTÍCULO. 75.- En
los procesos en los que se investiguen violaciones a los derechos humanos se
dará protección a los testigos, cuando la seguridad de los mismos así lo
aconseje.
TITULO III
Control sobre el
financiamiento de las actividades subversivas y terroristas
CAPITULO I
Control sobre el
uso de los recursos de las entidades territoriales o administrados por estas
ARTÍCULO. 76.- Sin
perjuicio de los mecanismos de control interno y de auditoría existentes, y con
el fin de evitar que recursos públicos se destinen a la financiación de
actividades subversivas o terroristas, el Gobierno Nacional podrá ordenar la
auditoría de los presupuestos  de las entidades territoriales y sus entidades
descentralizadas, tanto en su formación como en su ejecución, así como las de
sus estados financieros, para verificar el uso que dichos entes hagan de los
recursos que reciban a cualquier título.
ARTÍCULO. 77.- Para
los efectos del artículo anterior, unidad de auditoría especial de orden
público, creada por el Decreto-Ley 1835 de 1992 (6), continuará funcionando
como una dependencia del Ministerio de Gobierno y ejercerá las funciones de auditoría
previstas en el presente capítulo, en coordinación con los Ministerios de
Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público.
La Contraloría
General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento
Nacional de Planeación y las demás entidades y organismos públicos prestan a la
unidad de auditoría especial de orden público el apoyo técnico y de personal
que se requiera para dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo.
ARTÍCULO. 78.- Los
funcionarios de la unidad de auditoría especial de orden público tendrán acceso
inmediato a todos los libros, actos, contratos, documentos y cuentas de la
entidad territorial respectiva de sus entidades descentralizadas y de los
particulares que administren recursos de la entidad territorial. Podrán así
mismo exigirles informes y la presentación de los soportes de las cuentas a
través de las cuales se manejan los recursos investigados y todos los actos y
documentos que justifiquen el manejo y el gasto de los mismos.
ARTÍCULO. 79.- Las
autoridades de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, y
en particular los contralores, presentarán su eficaz colaboración a los
funcionarios de la unidad de auditoría especial de orden público. Cualquier
omisión a este deber será considerada como causal de mala conducta.
ARTÍCULO. 80.- El
Ministerio de Gobierno luego de oír al gobernador, alcalde o director de la
entidad descentralizada respectiva, podrá ordenar la suspensión provisional de
la ejecución de las partidas presupuestales o la realización de gastos públicos
de las entidades territoriales o sus entidades territoriales o sus entidades
descentralizadas, cuando estimen que puedan conducir a la desviación de
recursos hacia actividades subversivas o terroristas. Dicha suspensión deberá
fundamentarse en una evaluación razonada.
La partida
suspendida provisionalmente volverá a estudio del concejo o la asamblea, según
el caso, en los diez (10) días siguientes y en caso de insistencia de esas
corporaciones se ejecutará inmediatamente y el Gobierno Nacional podrá designar
un auditor para vigilar la ejecución.
ARTÍCULO. 81.- Los
funcionarios de la unidad de auditoría especial de orden público a que se
refiere el presente capítulo cumplirán funciones de policía judicial, bajo la
responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
Cuando en desarrollo de sus actividades se perciban la realización de una
conducta que deba ser investigada, disciplinariamente, estarán además,
obligados a informar a la Procuraduría General de la Nación sobre el desarrollo
y los resultados de sus actuación.
CAPITULO II
SANCIONES A
CONTRATISTAS
ARTÍCULO 82.- El
gobierno podrá declarar la caducidad o la liquidación unilateral o buscar la
liquidación bilateral de todo contrato celebrado por una entidad publica,
cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las
siguientes  causales:
1) Hacer, tolerar u
omitir alguna cosa invocada o cediendo injustificadamente a amenazas por parte
de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros.
2) Recibir,
suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar,
transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con
destinos a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros.
3) Colaborar o
prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros.
4) Construir, ceder,
arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier titulo,
bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al deposito o
almacenamiento de pertenencias de la delincuencia organizada de los grupos
guerrilleros o de sus miembros .
5) Paralizar,
suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por atender instrucciones de la delincuencia organizada de los
grupos guerrilleros o de sus miembros.
Incumplir el deber
de denunciar hechos punibles cuya omisión haya conocido con ocasión del
contrato, que sean cometidos por integrantes de la delincuencia organizada o
por grupos guerrilleros.
PARÁGRAFO.- Para
efecto de los dispuesto en el presente artículo, constituye hecho del
contratista la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido
conocimiento el contratista.
ARTÍCULO 83.- La
declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante resolución motivada de la
entidad contratante, haciendo efectiva la cláusula penal y las multas
contractuales a que hubiere lugar. Dicha resolución prestara mérito ejecutivo
contra el contratista y las personas que hayan constituido las respectivas
garantías y se hará efectiva por jurisdicción coactiva.
La notificación de
la providencia de caducidad, se sujetara a los dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo.
En firme la
providencia de caducidad, se procederá a liquidar el contrato sin que haya
lugar al pago de indemnización alguna a favor del contratista.
En ningún caso la
aplicación de esta cláusula podrá ser sometida a conciliación o a decisión
arbitral.
Los contratistas a
quienes sea declarada la caducidad quedaran inhabilitados para celebrar por si,
o por interpuesta persona, contrato con las entidades a que se refiere el
artículo 88 de la presente ley, en forma prevista en el estatuto de
contratación 222 de 1983 (7) o en las disposiciones legales que lo modifiquen
sustituyan o adicionen.
ARTÍCULO 84.- Cuando
el procurador general de la Nación o el fiscal general de la Nación, en
desarrollo de investigaciones adelantadas en ejercicio de sus funciones
establezcan la existencia de las conductas a que se refiere el artículo 82 de
esta ley, solicitara a la autoridad competente que declare la caducidad del
contrato, con base en las circunstancias que señalen dichos funcionarios en su
solicitud.
ARTÍCULO 85.- El
contratista procederá a terminar unilateralmente los subcontratos que celebre
en desarrollo de los contactos a que se hace referencia en el articulo 82 de la
presente ley, cuando establezca que el subcontratista incurrió en alguna de las
conductas previstas en el mismo artículo. Igualmente deberá terminarlos cuando
se lo solicite la entidad publica contratante, el fiscal general de la Nación o
el procurador general de la Nación, en razón de que dichos funcionarios
establezcan la ocurrencia de los hechos o que se ha hecho referencia.
Cuando, sin justa causa,
el contratista no de por terminado unilateralmente el subcontrato, o cuando no
atienda la solicitud que en tal sentido le formule la entidad pública contrate,
el procurador o el fiscal, la entidad competente procederá a aplicar las multas
previstas en el contrato y, si es del caso, a declarar su caducidad.
PARÁGRAFO.- La
terminación unilateral a que hace referencia el presente artículo no requería
decisión judicial ni dará lugar al pago de indemnización de perjuicios.
ARTÍCULO 86.- Las
cláusulas de caducidad y de terminación unilateral a que se refiere el presente
capitulo, se entiende incorporadas, respectivamente, en todos los contratos y
subcontratos que se encuentren en ejecución a la fecha de promulgación de la
presente ley, así como en aquellos que se celebren a partir de la misma.
En todo caso para
decretar la caducidad o la terminación unilateral prevista en esta ley, solo
podrán invocarse conductas realizadas con posterioridad a la fecha de vigencia
del Decreto Legislativo 1875 de 1992.
PARÁGRAFO.- El
servidor publico, que sin justa causa, no declare la caducidad, no ordene la
terminación unilateral de los subcontratos, o no informe de los hechos
irregulares a las autoridades competentes, incurrirá en casual de mala conducta
cuando conforme a esta ley deba hacerlo.
La sanción
respectiva se aplicara conforme al procedimiento previsto en las normas
legales, y en caso de gobernadores y alcaldes, con sujeción a los
procedimientos  previstos en el titulo V de esta ley.
ARTÍCULO 88.- Para
efecto de lo previsto en el artículo 82 de la presente ley, se consideran
entidades publicas las definidas en el estatuto general de contratación de la
administración publica.
CAPITULO III
Embargo
preventivo y extinción del derecho de dominio de bienes vinculados a la
comisión de delitos de competencia de los jueces regionales
ARTÍCULO 89.- Los
jueces regionales conocerán del delito de hurto y los conexos con el mismo,
cuando aquel recaiga sobre el petróleo y sus derivados que se sustraigan
ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes inmediatas de
abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes del momento de comisión del hecho.
ARTÍCULO 90.- Los
bienes embargados preventivamente y los aprehendidos, de conformidad con los
dispuesto en este capitulo serán administrados por la Fiscalía General de la
Nación, salvo los derivados de actividades de narcotráfico y conexos, que
continuaran siendo administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Cuando se trate de
petróleo o sus derivados, previa determinación de su calidad y sus cuantía, se
entregaran a la Empresa Colombiana de Petróleo, la cual podrá comercializarlos.
La orden que disponga la entrega definitiva de los bienes a que se refiere este
inciso, se cumplirá mediante la restitución de los mismos o de otros del mismo
genero, y calidad, o mediante el pago del valor que ellos tengan en la fecha en
que quede ejecutoriada la respectiva decisión.
ARTÍCULO 91.- Los
derechos reales principales o accesorios sobre bienes a que se refiere este
capítulo se extinguirá a favor del Estado, de conformidad con el trámite
previsto en el articulo 57 del Decreto 099 de 1991, incorporado como
legislación permanente por el artículo 4 del Decreto 2271 de 1991.
ARTÍCULO 92.- La
Fiscalía General de la Nación pasara a ser titular de los bienes muebles e
inmuebles, instrumentos y efectos con los que se haya cometido un hecho punible
o que provengan de su ejecución y que no sean de libre comercio a menos que la
ley disponga su destrucción.
Así mismo, al igual
que lo previsto en otras disposiciones, pasaran a formar  parte de los recursos
de la Fiscalía General de la Nación:
1) Los bienes y
recursos provenientes de los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico
que la Fiscalía de acuerdo con el Consejo Nacional de Estupefacientes determine
cono necesarios para su funcionamiento, cuya extinción del dominio a favor del
Estado haya sido decretada en sentencia ejecutoria.
2) De los incautados
dentro de los procesos penales, cuando transcurrido un año desde la fecha en
que puedan ser reclamados por los interesados, éstos no lo hagan, o desde su
incautación cuando se trate de bienes sin dueño conocido, los cuales ingresan  al
patrimonio de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO.-
Igualmente formaran parte de los recursos de la Fiscalía General de la Nación,
los valores que ingresen por concepto de venta de pliego de licitaciones,
formularios de registro de proponentes y pago de fotocopias, así como de los
que se obtengan por concepto de la venta o remate de los activos, efectuados de
acuerdo con los establecidos por la ley.
ARTÍCULO 93.- La
Fiscalía General de la Nación realizara la venta de los bienes recibidos por
extinción del dominio de conformidad con las disposiciones vigentes en materia
de contratación .
Sin embargo, la
Fiscalía General de la Nación podrá celebrar contratos de fiducia y constituir
encargos fiduciarios con entidades autorizadas para este fin por la
Superintendencia Bancaria, para la administración o venta de dichos bienes, de
acuerdo a los procedimientos que establezcan el fiscal general de la Nación.
Si habiéndose
agotado los procedimientos contemplados en este artículo, no se logra la venta
del bien en un termino de seis meses contados a partir del recibo del mismo, el
fiscal general de la Nación podrá reconsiderar el precio base de la venta de
acuerdo a las condiciones reales que en este momento ofrezcan el mercado.
TITULO IV
Información, medios
de comunicación y sistemas de radiocomunicación.
CAPITULO I
Información y
medios de comunicación.
ARTÍCULO 94.-
Prohíbese la difusión total o parcial, sin autorización previa del Ministerio
de Comunicaciones, por medio de radiodifusión sonora o audiovisual, de
comunicaciones que se atribuyan a provengan de grupos guerrilleros y demás
organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico y el terrorismo.
Dichos medios solo podrán informar al respecto.
ARTÍCULO 95.- Por
cualquier medio masivo de comunicación, prohíbese identificar persona alguna
que hubiere presenciado actos de terrorismo o las conductas de rebelión,
sedición, asonada, secuestro, extorsión o narcotráfico.
Tampoco podrá
identificarse a las personas que puedan aportar pruebas relacionadas con las
citadas conductas delictivas.
Se entiende por
identificación revelar el nombre de la persona , transmitir  su voz, divulgar
su imagen y publicar información que conduzca a su identificación.
ARTÍCULO 96.- No se
podrá divulgar por la radio y la televisión, sin autorización previa del
Ministerio de Comunicaciones, entrevistas de miembros activos de organizaciones
guerrilleras, terroristas o vinculadas al narcotráfico.
PARÁGRAFO.- Lo
dispuesto en el articulo 95 y en este articulo, se entenderá sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 17 de la presente ley.
ARTÍCULO 97. -
Prohíbese la transmisión, por los servicios de radiodifusión sonora y de
televisión, de hechos de terrorismo, subversión o narcotráfico mientras estén
ocurriendo.
ARTÍCULO 98.-
Facúltase al Ministerio de Comunicaciones para que en caso de violación de las
disposiciones de este capitulo y mediante resolución motivada, aplique las
siguientes sanciones:
1) Suspenda hasta
por seis (6) meses el uso o recupere el dominio de las frecuencias o canales de
radiodifusión y de los espacios de televisión explotados por particulares.
2) Imponga sanciones
pecuniarias hasta por una cuantía equivalente a mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales, a los medios de comunicación que contravengan lo dispuesto
en el presente capitulo.
ARTÍCULO 99.- Las
sanciones de multa y suspensión de uso serán impuestas por el Ministerio de
Comunicaciones, de conformidad con el siguiente procedimiento:
1) Conocida la
ocurrencia de la presunta infracción, el Ministerio formula los cargos
correspondientes al imputado, mediante, escrito que se enviara por correo
certificado o por cualquier otro medio idóneo y eficaz, a la última dirección conocida
del respectivo medio de comunicación.
2) El medio de
comunicación dispondrá de setenta y dos (72) horas para presentar los
correspondientes descargos y aportar las pruebas que considere pertinentes,
plazo que se contara a partir de la fecha de recibo de los cargos a que hace
referencia el literal anterior.
Para estos efectos
se presumirá, salvo prueba en contrario que la fecha de recibo del pliego de
cargos es la misma de la fecha de introducción al correo, tratándose de medios
de comunicación cuya sede es la ciudad de Santafé de Bogotá. D.C., o el tercer
día siguiente a la misma fecha, tratándose de medios de comunicación ubicados
fuera de la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C..
3) Una vez
presentados los descargos o transcurridos el plazo de que trata el literal
anterior, el Ministerio decidirá mediante resolución motivada, contra la cual
sólo procede el recurso de reposición, en el efecto devolutivo, el cual deberá
interponerse dentro del termino de tres (3) días hábiles contados a partir de la
fecha de notificación del respectivo acto.
ARTÍCULO 100.- La
sanción de recuperación de frecuencia sólo podrá ser impuesta cuando el medio
de comunicación, después de haber sido sancionado con sus suspensiones o multa,
incurra en una nueva infracción. En este caso, los plazos establecidos en el
artículo anterior se triplicaran y los recursos se interpondrán en el efecto
suspensivo.
ARTÍCULO 101.- Las
acciones contenciosas contra la resolución a que se refiere los artículos
anteriores serán de competencia del Consejo de Estado. En caso de solicitud de
sus suspensiones provisional de las resoluciones, el auto correspondiente del
Consejo de Estado deberá ser proferido en el termino máximo de diez (10) días.
CAPITULO II
Sistemas de
radiocomunicaciones
ARTÍCULO 102.- El
uso de buscapersonas es personal e intransferible; el de radioteléfonos,
portátiles-handys y equipos de radiotelefonía móvil, es intransferible y puede
ser personal, familiar o institucional.
Para la
transferencia de derechos de uso de equipos de telefonía móvil se requerirá la
autorización expresa y previa de la administración telefónica correspondiente.
Los concesionarios
que presten los servicios de telecomunicaciones y los licenciatarios, deberán
suministrar a la Policía Nacional-Dijin, con base en la información que a su
turno deben suministrar los suscriptores o personas autorizadas para la
utilización de los equipos, los datos personales de que trata el registro del
articulo 103 de esta ley. La información deberá remitirse a la policía dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha en que una persona sea
autorizada para usar el servicio.
Cuando se trate de
telefonía móvil, la información deberá ser enviada a la Policía Nacional-Dijin
por la administración telefónica, dentro del termino señalado en el inciso
anterior.
El Ministerio de
Comunicaciones deberá remitir a la Policía Nacional-Dijin la información a que
hacer referencia el presente artículo en relación con los concesionarios y
licenciados.
ARTÍCULO 103.- Para
efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los concesionarios y
licenciados de los servicios a que se refiere el mismo articulo, deberán
elaborar y mantener un registro de suscriptores y de personas autorizadas, el
cual deberá, contener la siguiente información: nombre, documentación de
identidad, dirección, teléfono, huella digital y las demás que se señalen en el
formulario que con tal fin elabore el comando general de las fuerzas militares.
Con base en la
información suministrada, los concesionarios expedirán una tarjeta distintiva
al suscriptor . A su turno, los licenciatarios deberán expedir una tarjeta
similar a aquellas personas que hayan autorizado para operar equipos dentro su
red privada.
ARTÍCULO 104.- La
información que se suministra a las autoridades o a los concesionarios con
destino a aquéllas, con el propósito de obtener autorización para la
utilización de sistemas de radiocomunicaciones y operar equipos de telefonía o
radiotelefonía móvil, buscapersonas, portátiles-handys o radiotelefonía, se
entenderá rendida bajo juramento, circunstancias sobre la cual se advertiría al
particular al solicitarle la información respectiva.
La Policía
Nacional-Dijin, podrá realizar inspecciones en los registros de suscriptores y
personas autorizadas que se refiere este capitulo a fin de cotejarlos con la
información suministrada por los concesionarios, licenciatarios y las
administraciones telefónicas correspondientes.
ARTÍCULO 105.- Sin
perjuicio de lo prescrito en otras disposiciones, los suscriptores,
licenciatarios o las personas autorizadas para emplear los sistemas de
radiocomunicaciones a que se refiere el articulo 102 de la presente ley,
tendrán las siguientes obligaciones:
1) Portar
permanentemente la tarjeta distintiva de suscriptor o persona autorizada
expedida por el concesionario o licenciatario.
2) Adoptar las
medidas de seguridad idóneas para que el equipo no sea hurtado o extraviado.
3) Utilizar
personalmente el equipo de radiocomunicaciones
4) No enviar
mensajes cifrados o en lengua ininteligible.
ARTÍCULO. 106.- La
violación de los dispuesto en el presente capítulo por parte de los
suscriptores para operar equipos de radiocomunicaciones, dará lugar a la
suspensión inmediata del servicio pro el concesionario, previa solicitud de la
Policía Nacional-Dijin. En la eventualidad de que un concesionario o
licenciatario infrinja el presente capitulo, la Policía Nacional-Dijin,
informara al Ministerio de Comunicaciones para que aplique las sanciones a que
haya lugar.
Cuando los miembros
de la fuerza publica determinen que un usuario de los equipos de que trata el
artículo 102, ha infringido el presente capítulo, procederán a incautar el
equipo y a ponerlo a disposición del Ministerio de Comunicaciones en los
términos del artículo 50 del Decreto 1900 de 1990, salvo en el caso de que
dicho equipo sea propiedad del concesionario, situación en la cual se entregara
a este ultimo.
ARTÍCULO. 107.- Lo
dispuesto en el presente capitulo no se aplicara a los sistemas y equipos de
radiocomunicaciones que utilice la Fiscalía General de la Nación, la fuerza
publica, el DAS y los demás organismos de seguridad del Estado.
TITULO V
Sanciones por
incumplimiento de las ordenes del Presidente de la República en materia de
orden público
ARTÍCULO 108.- Sin
perjuicio de la sanción penal a que haya lugar, los gobernadores y alcaldes que
incurran en cualquier de las faltas especiales previstas en cualquiera de las
faltas especiales previstas en el artículo 14 de la ley 4 de 1991, se harán
acreedores a las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por
sesenta (60) días calendario o a la destitución del mismo, según la gravedad de
la falta.
De igual manera, les
serán aplicables a dichos funcionarios las sanciones anotadas, cuando
desarrollen cualquiera de las siguientes conductas:
1) Establecer
contactos o vínculos, directa o indirectamente, con miembros de grupos
guerrilleros y demás organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico
y al terrorismo, sin previa autorización del Gobierno Nacional, o en
contravención con las instrucciones dadas por éste al respecto.
2) No atender
oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que para la conservación y
el restablecimiento del orden publico imparta la autoridad competente.
3) Promover, a
través de declaraciones o pronunciamientos de cualquier índole, el
desconocimiento de las ordenes o instrucciones que imparta la autoridad
competente en materia de orden publico.
4) Consentir o
permitir que sus subalternos desconozcan las ordenes o instrucciones dadas por
la autoridad competente en materia de orden publico o no aplicar los
correctivos a que hay lugar cuando esto ocurra.
ARTÍCULO 109.- Las
sanciones de suspensión o destitución serán decretadas, a solicitud de la
Procuraduría General de la Nación, por el Presidente de la República si se
trata de los gobernadores o alcaldes de distrito, y por los gobernadores cuando
se trate de alcaldes municipales de su respectivo departamento.
ARTÍCULO 110.- El
Presidente de la República podrá suspender provisionalmente a solicitud de la
Procuraduría General de la Nación, mientras se adelanta la investigación
respectiva, a los gobernadores y a los alcaldes.
La suspensión
provisional deberá motivarse y podrá ser decretada desde el momento en que
inicie la investigación correspondiente y hasta por el termino de duración de
la misma.
Decretada la
suspensión, el presidente de la República encargara de las funciones
correspondientes a un funcionario del Estado o a  una persona particular y en
todo caso, de la misma filiación y grupo político del titular.
Mientras un
gobernador o un alcalde permanezca suspendido provisionalmente, no tendrá
derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de remuneración del cargo
de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo, tendrá derecho al
reconocimiento de la remuneración dejada de recibir durante el período de
suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de suspensión,
caso en el cual tendrá derecho únicamente al reconocimiento de la diferencia
que pudiera resultar a su favor.
ARTÍCULO 111.-
Cuando se ordene la sanción de suspensión de esta ley, el Presidente y los
gobernadores encargarán de las gobernaciones o de las alcaldías a una persona
de la misma filiación y grupo político del titular.
ARTÍCULO 112.- En
caso de destitución de los gobernadores o alcaldes, el Presidente o el
gobernador, según el caso, convocara a nueva elección dentro de los dos (2)
meses siguientes, siempre y cuando no haya transcurrido mas de la mitad del
período y las condiciones de orden público lo permitan. Mientras tanto el
Presidente y los gobernadores según el caso, podrán encargar de las
gobernaciones o alcaldías en la forma prevista en el artículo 111 de esta ley.
Cuando de acuerdo
con el inciso anterior no deba convocarse a elecciones, se encargara por el
resto del período en la forma prevista en el articulo 116.
ARTÍCULO 113.- Los
gobernadores están obligados a cumplir la suspensión o la destitución que solicite
el procurador general de la Nación dentro de los dos (2) días siguientes al
recibo de la solicitud. En caso contrario, el gobernador incurrirá en causal de
mala conducta que será investigada y sancionada, conforme a las disposiciones
de este titulo.
Si el gobernador no
cumpliere las suspensión o destitución solicitada dentro del termino previsto,
el Presidente de la República procederá a decretarlas.
ARTÍCULO 114.- En
caso de que un gobernador o alcalde renuncie como resultado de amenazas,
intimidación o presión de las subversión u organización criminal, o sea
secuestrado o haya perdido su vida por causa de las mismas y así lo considera
la Fiscalía General de la Nación, el Presidente de la República podrá nombrar
libremente su reemplazo.
ARTÍCULO 115.- Las
investigaciones por las faltas a que se refiere el articulo 108 de la presente
ley, serán adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, de conformidad
con la siguiente distribución de competencias:
1) El procurador
General de la Nación conocerá, en única instancia, de las faltas que se
atribuyan a los gobernadores, al Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá, los
alcaldes distritales y alcaldes de capitales de departamento.
2) El procurador
delegado para la vigilancia administrativa conocerá, de las faltas que se
atribuyan a los demás alcaldes municipales.
PARÁGRAFO.- Los
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, a quienes se les otorgan las
competencias descritas en el presente articulo, podrán designar a otro
funcionario de la misma entidad para que adelante la investigación y le rinda
el informe correspondiente.
ARTÍCULO 116.- En
las investigaciones que se adelantan en virtud de los dispuesto en el articulo
anterior se observara lo contemplado en el articulo 29 de la Constitución
Política y el siguiente procedimiento.
1) El funcionario
competente dispondrá un termino de ocho (8) días hábiles para perfeccionar la
investigación, vencido el cual formulará cargos dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes, si encontraré mérito para ello.
2) El acusado
dispondrá de un término de tres (3) días hábiles para rendir descargos y
solicitar la práctica de pruebas.
3) En funcionario
competente, practicará las pruebas solicitadas por el acusado y las que
oficiosamente considere necesaria en un término de cinco (5) días hábiles,
vencido el cual deberá emitir el fallo dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes:
ARTÍCULO 117.-
Contra los actos que ordenen la suspensión provisional, la suspensión o la
destitución de un gobernador o de un alcalde, procederá el recurso de
reposición en el efecto devolutivo, el cual deberá interponerse dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de los mismos y resolverse
por el funcionario competente en un plazo igual.
ARTÍCULO 118.- En lo
no previsto en los artículos anteriores del presente título, se aplicará lo
dispuesto en las Leyes 25 de 1974, 4a. de 1990 y en las demás normas que reglamenten,
modifique, sustituyan o deroguen estas disposiciones.
ARTÍCULO. 119.- Lo
dispuesto en el presente título, se aplicará sin perjuicio de las facultades
que ejercen el Procurador General de la Nación, en virtud de lo dispuesto por
el numeral 1° del artículo 278 de la Constitución Política.
TITULO VI
Nuevas fuentes de
financiación
CAPITULO I
Anticipo de
impuestos y regalías
ARTÍCULO 120.- Los
explotadores y exportadores de petróleo crudo y gas libre y/o asociado y demás
recursos naturales no renovables que estén obligados al pago de regalías y de
las contribuciones especiales de que tratan los artículos 12, 13, 14 y 15 de la
Ley 6a. de 1992, el Decreto 1131 de 1992 y el artículo 24 del Decreto 1372 de
1992 podrán cancelar a manera de anticipo, el valor que por tales conceptos,
así como razón del impuesto a la renta, se pueda causar en vigencias futuras.
ARTÍCULO 121.- El
valor que por concepto de anticipo se cancele de conformidad con el artículo
anterior, sólo podrá ser aplicado para el pago de las liquidaciones oficiales
por regalías y el pago de las contribuciones especiales que, para ambos casos,
se puedan causar en el futuro. Las cancelaciones anticipadas de impuestos a la
renta, sólo podrán imputarse a lo que por dicho concepto debe pagarse en los
períodos fiscales respectivos.
PARÁGRAFO 1º.- El
Gobierno Nacional, para el cumplimiento efectivo de la disposiciones
constitucionales en materia de regalías, incluirá  en el presupuesto nacional
el valor que se cause a su cargo y favor de las entidades de que tratan los
artículos 360 y 361 de la Constitución Política.
El Gobierno Nacional
podrá hacer anticipos de tales regalías a las entidades territoriales  con las
cuales se celebre un convenio para ese efecto, previo cumplimiento de las normas
legales pertinentes.
PARÁGRAFO 2º.- Las
condiciones y requisitos para la aplicación del anticipo previsto en este
capítulo deberán ser pactadas mediante la celebración de los contratos entre
las entidades responsables y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, en los cuales se determinará el valor del anticipo, la forma de
imputar el mismo y el rendimiento a que haya lugar. En el evento de que el
impuesto a la renta que deba pagarse en algún período fiscal sea inferior al
anticipo recibido para ser imputado en dicho período, en el contrato se pactará
que el interesado podrá posponer la imputación para un período posterior
conservando la rentabilidad convenida, o podrá recibir el pago correspondiente
según los términos acordados. Los contratos a que se refiere el presente
Parágrafo, solamente requerirán para su formación y perfeccionamiento la firma
de las partes.
PARÁGRAFO 3º.- Sobre
el anticipo efectivamente cancelado se reconocerá los rendimientos que se
pacten libremente los responsables del anticipo o los impuestos y la Nación
-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
Financiación de
los fondos de seguridad
ARTÍCULO 122.- Podrán
crearse fondos de seguridad en aquellos departamentos y municipios donde no
existan. Los fondos de seguridad que se creen en virtud de la presente ley,
tendrán el carácter de  "fondos-cuenta". Los recursos de los mismos,
se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y serán
administrados por el gobernador por el alcalde, según el caso, o por el
secretario del despacho en quien se delegue.
CAPITULO III
Contribución
especial
ARTÍCULO 123.- Todas
las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para
la  construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o
celebren contratos de adición al valor de los existentes, deberán pagar a favor
de la Nación, departamentos o municipios, según el nivel al cual pertenezca la
entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
PARÁGRAFO.- La
celebración o adición de contratos  de concesión de obra pública no causará la
contribución establecida en este capítulo.
ARTÍCULO 124.- Para
los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante
desconocerá el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y
de cada cuenta  que cancele al contratista.
El valor retenido
por la entidad pública contratante deberá ser consignado  inmediatamente  en la
institución financiera  que señale, según sea el caso, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público  o la entidad territorial correspondiente.
Copia del
correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la entidad
pública  al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Unidad Administrativa de
Impuestos y Aduanas Nacionales o a la respectiva secretaría de hacienda de la
entidad territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente, las entidades
contratantes deberán enviar  a las entidades anteriormente señaladas, una
relación donde conste el nombre del contratista  y el objeto y valor de los
contratos  suscritos  en el mes inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 125.- Los
recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución consagrada en el
presente capítulo deberán invertirse en la realización de gastos  destinados a
propiciar  la seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia
pacífica, el desarrollo comunitario y, en general, a todas aquellas inversiones
sociales que permitan hacer presencia  real del Estado.
Los recursos  que
recaude las entidades territoriales por este mismo concepto deberán invertirse
por el fondo o consejo de seguridad de la respectiva entidad en dotación,
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra
de equipos de comunicaciones, montaje y operación de redes de inteligencia,
recompensas a personas  que colaboren con la justicia  y seguridad de las
mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos  agentes y
soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que
propicie la seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica,
el desarrollo comunitario y, en general a todas aquellas inversiones sociales
que permitan hacer presencia real del Estado.
TITULO VII
Disposiciones
sobre reservas y adjudicación de terrenos baldíos
ARTÍCULO 126.- La
junta directiva del Instituto Colombiano de la Reforma  Agraria, mediante
resolución debidamente motivada, declarar como reservas territoriales
especiales del Estado, los terrenos baldíos situados  en zonas aledañas o
adyacentes a las exploraciones y explotaciones petroleras o mineras, los
cuales, en consecuencia, no podrán ser adjudicados a ningún título a los
particulares.
Para la delimitación
de las áreas aledañas o adyacentes a las exploraciones petroleras o mineras, el
instituto tendrá en cuenta , en cada caso, las circunstancias de orden público
de la región y la salvaguarda de los intereses de la economía nacional, para
efecto de lo  cual debería oír al Ministerio al Ministerio de Defensa Nacional
y a las demás entidades públicas interesadas en  la constitución de la reserva
territorial.
ARTÍCULO 127.- La
tierras baldías a que se refiere  el artículo anterior, sólo podrán  reservarse
en favor de las entidades de derecho público cuyo objeto esté directamente
relacionado con las actividades de exploración y explotación petrolera o
minera. Dichos terrenos  podrán entregarse en comodato o arriendo a las
entidades mencionadas.
ARTÍCULO 128.-
Facúltase al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y a las entidades
públicas  que adelanten actividades de exploración o explotación de
yacimientos  petroleros o mineros para adquirir mediante negociación directa o
expropiación con indemnización, los predios, mejoras o derechos de los
particulares situados en las zonas aledañas o adyacentes a las exploraciones y
explotaciones petroleras o mineras delimitadas por la junta directiva del
Instituto Colombiano de Reforma Agraria.
Corresponde al
representante legal  de la entidad pública  ordenar la compra de los bienes  o
derechos que fueren necesarios, para lo cual formulará oferta de compra por
escrito a los titulares  de los derechos correspondientes.
Si no se pudiere
comunicar personalmente la oferta , se entregará a cualquier persona que se
encontrare  en el predio y se oficiará a la alcaldía de ubicación del inmueble
mediante telegrama que contenga los elementos sustanciales  de la propuesta,
para que se fije mediante aviso en lugar visible al público durante los cinco
(5) días siguientes a su recepción, vencidos los cuales surtirá efectos ante
los demás titulares de derechos constituidos sobre inmueble.
La oferta de compra
será  inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos
correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su
comunicación. Los inmuebles y derechos así afectados  quedarán fuera de
comercio a partir de la inscripción.
Cuando se trate de
campesinos propietarios de terrenos con extensión hasta la unidad básica
familiar  que defina el Incora, éste deberá establecer un programa de
relocalización en áreas de reforma agraria que no disminuyan  la calidad  de
vida de los propietarios, en las mismas entidades territoriales donde se
realice la expropiación.
ARTÍCULO 129.- El
término para contestar la oferta será de cinco (5) días hábiles contados a
partir de su comunicación personal o la desfijación del aviso en la alcaldía.
Si se aceptare, deberá suscribirse el contrato de compraventa dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina
de registro de instrumentos públicos  respectiva.
ARTÍCULO 130.- Se
entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y rechaza la
oferta de compra, cuando no hubiere acuerdo sobre el precio o la forma de pago,
o el titular de los derechos incumpla los plazos previstos para contestar la
oferta o suscribir la escritura  de compraventa.
ARTÍCULO 131.-
Agotada la etapa de negociación directa, el representante legal de la entidad,
mediante  resolución motivada, ordenará adelantar la expropiación del inmueble
y demás derechos constituidos sobre el mismo, la que se notificará en la forma
prevista  en los artículos 44 a 48 del Código Contencioso Administrativo y
contra la cual sólo procede el recurso de reposición, dentro los cinco (5) días
hábiles siguientes a su notificación.
Transcurridos
quince (15) días hábiles desde la presentación del recurso sin que se hubiere
resuelto, quedará ejecutoriado el acto recurrido y no será procedente
pronunciamiento alguno sobre la materia objeto  de la impugnación .
Contra la resolución
que ordena adelantar  la expropiación no procederá  la suspensión provisional
pero podrá ser objeto  de las acciones contenciosas  administrativas ante el
tribunal  de lo contencioso administrativo  con jurisdicción en el lugar de
ubicación  del inmueble.
ARTÍCULO 132.- La
demanda de expropiación será presentada por el representante legal  de la
entidad o su apoderado ante el juez civil del circuito competente, dentro del
mes siguiente  a la fecha en la cual  quedara en firme el acto  que disponga la
expropiación.
El proceso de
expropiación se adelantará de conformidad con las disposiciones  previstas en
los artículos  451 del Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO 133.-
Declárase de utilidad pública e interés social para efectos de ordenar la
expropiación con indemnización, la adquisición del derecho del dominio y de los
demás derechos  reales sobre los terrenos situados  en las zonas a que hace
referencia el presente título que se delimiten por parte de la junta directiva
del Instituto Colombiano de la Reforma  Agraria, para la constitución de las
reservas territoriales especiales.
ARTÍCULO 134.- Esta
ley tendrá una vigencia de dos (2) años, a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 135.- La
presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del
honorable Senado de la República,
JORGE RAMON ELIAS
NADER
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA
El Presidente de la honorable
Cámara de Representantes,
FRANCISCO JOSÉ
JATTIN SAFAR
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR
REPUBLICA DE
COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y
ejecútese.
Dada en Cartagena de
Indias, a 30 de diciembre de 1993.
CESAR GAVIRIA
TRUJILLO
El Ministro de
Gobierno,
Fabio Villegas
Ramírez
El Ministro de
Justicia y del Derecho,
Andrés González
Díaz
El Viceministro
Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Ulpiano Ayala
Oramas
El Comandante
General de las Fuerzas Militares, encargado de las funciones del Despacho del
Ministro de Defensa Nacional,
Gral. Ramón
Emilio Gil Bermúdez
2. De los
argumentos de la demanda.
El actor  considera
que la ley demandada viola los artículos 161, 146, 152, 153, 157, 160 de la
Constitución Política, tomando en consideración los siguientes argumentos:
a) Violación del
artículo 161 de la Carta: El actor sostiene que en el proceso de formación de
la ley acusada se presentaron discrepancias acerca de dos artículos, uno
relacionado con los defensores públicos en casos especiales y el otro sobre
extinción del dominio en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Siendo esto así, se conformó una comisión accidental de conciliación para
disolver las diferencias, la cual presentó un informe en el cual se aceptó la
inclusión de los dos nuevos artículos, ya citados. El demandante afirma que en
realidad no existió informe, ya que no tenía las firmas necesarias para ello.
El demandante
expresa que el artículo 161 de la Carta fue violado en el proceso de expedición
de la Ley 104 de 1993, dado que la mencionada disposición señala que se
entiende negado el proyecto en el cual persisten diferencias, luego de la
repetición del segundo debate. En efecto, "no hubo conciliación entre la
comisión accidental de conciliación  de la Cámara de representantes y el Senado
de la República. No hay siquiera acta de conciliación, pues 7 de los 8
senadores que la integraron no la firmaron. El presidente del Senado manifestó
a la plenaria que no podía someter a consideración de la Corporación un informe
de conciliación por cuanto éste no había sido suscrito por 7 de los 8
senadores".
Agrega el accionante
que "en la Cámara de Representantes, en la repetición del segundo debate,
fue reafirmado el proyecto de ley tal como había sido aprobado, incluso con los
dos artículos nuevos, los cuales habían sido negados en primer debate en el
seno de las Comisiones Primeras Constitucionales permanentes en sesión conjunta
por mensaje de urgencia del Presidente de la República. En cambio, el Senado de
la República, al repetir el segundo debate del proyecto, aprobó este, sin los
dos artículos aprobados por la Cámara de Representantes y que dio lugar a que
no hubiera conciliación ni se pudiera suscribir el informe correspondiente. Y,
al considerar en una votación insólita los dos artículos nuevos, no había quórum
decisorio y, en consecuencia, no fueron aprobados".
Así las cosas,
concluye el actor que "al repetir el segundo debate en las sesiones
plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, las diferencias
persisten y en consecuencia, SE CONSIDERARA NEGADO EL PROYECTO".
Por otro lado, el
ciudadano Pedro Pablo Camargo considera que tal violación no se puede amparar
en el artículo 189 de la Ley 5a. de 1992, el cual respecto a la persistencia de
las diferencias establece que "se considerará negado los artículos o
disposiciones materia de discrepancia, siempre que no fueren fundamentales al
sentido de la nueva ley". El actor sostiene que tal precepto no puede
tener prevalencia sobre la Constitución, ya que ésta última es norma de normas
(artículo 4° C.P.).
b) Violación del
artículo 146 de la Constitución: El actor manifiesta que en el proceso
legislativo de la norma en comento "el Presidente de las Comisiones
Primeras Constitucionales Permanentes del Senado y la Cámara, en la sesión
conjunta del 29 de noviembre de 1993, cerró el primer debate del proyecto de
ley sin que, como se comprobó, existiera quórum decisorio". Según
el actor, "para el cierre del debate se requiere que haya quórum
decisorio, lo mismo que para la votación. Cuando se desintegra el quórum decisorio,
no se pueden adoptar decisiones que requieran mayoría decisoria".
c) Violación de los
artículos 152 y 153 de la Carta: El ciudadano Pedro Pablo Camargo sostiene que
"un análisis prima facie de la ley, así como de sus antecedentes,
indican que su propósito fue el de que algunas de las medidas expedidas al
amparo de la conmoción interior, adquieran carácter permanente, habida
consideración de la necesidad de consolidar su eficacia, asegurar la
preservación del orden público y garantizar así el mandato constitucional de
que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según lo
expresa la exposición de motivos del proyecto, presentada por el Gobierno
Nacional". Por eso, según su criterio, "ya por este concepto de
estados de excepción, la ley debe ser estatutaria, según el literal e) del Art.
152 de la Constitución Política".
Añade el actor que
la segunda parte del proyecto sobre mecanismos para la eficacia de la justicia
(Arts. 61 A 93) se refiere a la administración de justicia "y, en consecuencia,
se trata de una ley estatutaria, según el literal b) del citado Art. 152 de la
Constitución Política".
El demandante afirma
que "el título IV del proyecto, INFORMACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES (Arts. 94 a 107), se relacionan con el derecho
fundamental previsto en el Art. 20 de la Constitución Política ... luego, según
el literal a) del Art. 152 de la Constitución Política, se trata de una ley
estatutaria".
d) Violación del
artículo 157 de la Carta: El demandante expresa que "la PONENCIA PARA
SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 40/93, POR LO CUAL SE EXPIDEN NORMAS PARA LA
PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, fue incluida en la Gaceta del Congreso,
sin las firmas de los ponentes el senador  HUGO CASTRO BORJA y los representantes
MARIO URIBE ESCOBAR y JORGE ELISEO CABRERA, según la constancia hecha por el
propio Secretario General del Senado, PEDRO PUMAREJO, en los debates de la
plenaria del Senado para el trámite de segundo debate del proyecto de ley. La
publicación es espuria".
e) Violación del
artículo 160 constitucional:
El actor considera
que se quebranta el artículo 160 de la Carta por las siguientes dos razones:
1. Lapso no
inferior a ocho días. El actor manifiesta que "el 29 de noviembre de
1993 las comisiones primeras del Senado y Cámara dieron primer debate al
proyecto de ley y lo aprobaron. El jueves 2 de diciembre de 1993, se inició  en
el Senado de la República el segundo debate del proyecto de ley, fijado en el
orden del día, que se acompaña, sin que se hubieran transcurrido el lapso de
ocho días. El proyecto en segundo debate el 6 de diciembre de 1993 por el
Senado de la República, sin observancia de ese término. Pero si el Senado de la
República aprobó en segundo debate el proyecto en la sesión plenaria del 6 de
diciembre de 1993, la Cámara de Representantes lo aprobó en segundo debate, en
su sesión plenaria del 13 de diciembre de 1993, según el respectivo orden del
día, sin observancia del lapso de los quince días que exige el citado Art. 160
de la Constitución Política".
El ciudadano
demandante agrega que "el mensaje de urgencia del Presidente de la
República implica, en los términos del Art. 163 de la Constitución Política,
que el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la
consideración de cualquier otro asunto, pero no los términos establecidos en el
Art. 160 de la Constitución Política".
2. El deber de
consignar en la ponencia para segundo debate la totalidad de las propuestas y
las razones de su rechazo.  El ciudadano Pedro Pablo Camargo explica que
"la ponencia para segundo debate preparada por el senador LUIS GUILLERMO
GIRALDO, tal como parece publicada en la gaceta del Congreso No. 421, del
martes 30 de noviembre de 1993, omite consignar la totalidad de las propuestas
que fueron consideradas por las comisiones primeras en primer debate y las
razones que determinaron su rechazo".
Añade el actor que
"basta una sola prueba: el Art. 139 del proyecto original decía: la
presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación (Gaceta del
Congreso No. 271 del 10 de agosto de 1993). Los ponentes para primer
debate, en su pliego de modificaciones, establecen: el artículo 139 del
proyecto que pasa a ser 140, queda igual" (Gaceta del Congreso No.
365, miércoles 20 de octubre de 1993). En el curso del primer debate, se
introdujo el Art. 145 al haber sido rechazada la vigencia permanente de la ley:
ARTÍCULO 145: Esta ley tendrá vigencia de dos años, a partir de su
promulgación. Es el Art. 134 de la Ley 104 de 1993 (Diario Oficial No.
41.158, del 30 de diciembre de 1993)".
Así mismo, el
demandante  señala que "durante el primer debate del proyecto, en el seno
de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara, reunidas en sesión conjunta,
fueron rechazados dos artículos nuevos propuestos a iniciativa del Fiscal
general de la Nación, que son los mismos que volvió a proponer en el segundo
debate de la Cámara de Representantes y que fueron aprobados. Proposición de
los representantes RAMIRO LUCIO y HECTOR HELI ROJAS, que fue aprobada".
Concluye el mentado ciudadano afirmando "el ponente LUIS GUILLERMO GIRALDO
tampoco consigna estas propuestas rechazadas ni los motivos de las Comisiones
Primeras para rechazarlas".
3. Intervención
del Ministro de Gobierno.
El ciudadano Fabio
Villegas Ramírez, Ministro de Gobierno, interviene en el proceso de la
referencia para defender la constitucionalidad de la Ley 104 de 1993.
El ciudadano
antecitado, al atacar el cargo consistente en el carácter de Ley estatutaria
que debería tener la norma acusada, utiliza el mismo orden del demandante así:
1. Estados de
excepción. Sostiene el interviniente que "del artículo 214-2 en
concordancia con el artículo 152-e de la Carta se desprende claramente que el
objeto de regulación por vía estatutaria son las facultades del Gobierno
durante la vigencia de los estados de excepción, no así las normas legales que
tengan como finalidad otorgar carácter permanente a las medidas adoptadas. Debe
tenerse en cuenta que la Constitución de 1991 consagra en favor del Congreso una
cláusula general de competencia, conforme a la cual, todo asunto que no éste
expresamente atribuido a otra autoridad pública, puede ser objeto de regulación
por éste. No es cierto, como lo afirma el demandante, que el objeto de la Ley
104 de 1993 sea convertir en legislación permanente decretos expedidos bajo el
estado de conmoción interior, pues de ser así, su título habría de señalarlo.
Por el contrario, lo que hizo el Congreso de la República fue ejercer su
potestad legislativa en materia de orden público para tiempos de
normalidad".
2. Administración
de Justicia. El defensor de la norma acusada expresa que, si bien el
literal b) del artículo 152 constitucional "ordena al Congreso tramitar
una ley estatutaria sobre la administración de justicia, debe darse a este
mandato una interpretación conforme con las demás disposiciones
constitucionales pues, de lo contrario, se llegaría al absurdo de afirmar que
todo código de procedimiento exigiría trámite estatutario, por la sencilla
razón de contener normas que regulan el acceso a la justicia, vaciando así de
contenido la competencia señalada en al legislador ordinario en el artículo
150-2, que dice: corresponde al Congreso hace las leyes. Por medio de ellas
ejerce las siguientes funciones: (...) 2. Expedir códigos en todos los ramos de
la legislación y reformar sus disposiciones".
Agrega el ciudadano
Villegas Ramírez que "para determinar la intención del Constituyente en el
artículo 152-b) al ordenar un trámite reforzado para el proyecto de ley
relativo a la administración de justicia, debe tenerse en cuenta necesariamente
el artículo 228 de la Carta, que la define como función pública. Cuando la
constitución emplea el concepto función pública hace referencia a la
organización y funcionamiento de los órganos encargados de realizar determinada
actividad dentro de las ramas del poder público y, en el caso concreto de la
administración de justicia, a los órganos  que, en los términos del artículo
116 desempeñan tal función ... de tal manera que, la ley estatutaria de
administración de justicia debería contener los principios que la informan, así
como los órganos encargados de ejercerla y sus competencias".
El mencionado
ciudadano, en su calidad de Ministro de Gobierno, manifiesta que del análisis
de las disposiciones de la ley acusada "se deduce que, en ningún momento,
se está regulando la organización y competencias de los órganos encargados
constitucionalmente de administrar justicia, como tampoco los principios que la
rigen. Por el contrario, se trata de establecer instrumentos que garanticen la
efectividad de dicha función, motivo por el cual no se está vulnerando la
órbita propia de lo que debería ser la ley estatutaria sobre la administración
de justicia".
3. Derechos
fundamentales. Luego de citar un aparte de la sentencia No. C-013/93
expedida por la Corte Constitucional, el cual analiza las leyes estatutarias de
derechos fundamentales, el ciudadano Villegas Ramírez afirma que "los
artículos demandados no pretenden desarrollar los derechos fundamentales consagrados
en el artículo 20 de la Carta: derecho a la información, derecho a informar y
libertad de expresión, ni constituir un conjunto de disposiciones que regulen,
en forma general, toda la materia. La finalidad última de las normas
consagradas en la Ley 84 de 1993, por un lado, es la de regular aspectos que no
incumben al núcleo esencial de estos derechos para permitir su cohabitación y
existencia con otros derechos fundamentales; por el otro, la de preservar el
orden público condición sine qua non para el pleno ejercicio de los derechos
constitucionales".
Luego, partiendo de
la base de la premisa de la flexibilidad que impuso la nueva Carta al trámite
legislativo, el interviniente analiza los cargos puramente formales así:
1. Pretermisión
de los términos de ocho y quince días exigidos por el artículo 160 C.P.. El
ciudadano Villegas Ramírez considera que "si bien el artículo 160 de la
Carta se refiere al trámite ordinario de los proyectos de ley, en este caso en
particular, debe observarse el artículo 163 de la misma", dado que
"si tuviese que darse cumplimiento a los plazos de 8 y 15 días
establecidos en el inciso 1 del artículo 160 de la Carta, resultaría
materialmente imposible dar trámite, es decir, someter a discusión y
aprobación, en sólo 7 días el correspondiente proyecto de ley. Adicionalmente,
la Corte Constitucional en sentencia C-025 de 1993, sostuvo que el término  de
15 días que debe mediar entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras
y la iniciación del debate en la otra, no se aplica  en el evento de que el
primer debate se haya surtido en sesiones conjuntas de las comisiones
constitucionales permanentes respectivas, pues en tal caso, las dos cámaras
comienzan a conocer en forma simultánea del proyecto en cuestión ... por todo
lo anterior, se concluye que no existió vulneración del artículo 160 de la
Constitución. Una interpretación contraria haría inocuo el procedimiento
especial ordenado por el artículo 163 de la Carta".
2. Discrepancias
entre ponentes y conciliadores.  El actor formula un cargo a la Ley 104/93
consistente en que la falta de la firma de uno de los coponentes tornan
inexistente la ponencia y por tanto, su publicación resulta nula, violándose el
artículo 157-1 C.P.. Al respecto, el ciudadano Villegas Ramírez encuentra que
"debe señalarse como primera medida que, el artículo 157-1 de la CP no es
aplicable a la publicación de las ponencias, pues como se deduce claramente de
la disposición señalada, el requisito se predica únicamente de la publicación
del proyecto de ley antes de que el Congreso asuma su trámite en primer debate.
No existiendo vulneración de norma constitucional alguna, cabría analizar si
existe, según el cargo del demandante, transgresión de la Ley 5a. de 1992 o
Reglamento del Congreso. En dicha Ley se encuentran tres disposiciones que
regulan la materia: el artículo 156 ordena en la Gaceta del Congreso el informe
de ponencia para primer debate de todo proyecto de ley; el artículo 157 señala
que la iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del
informe respectivo; y, el artículo 185 que ordena seguir en segundo debate, en
lo que fuere compatible, el mismo procedimiento establecido para el primero.
Según consta en la Gaceta del Congreso No. 421 del 30 de noviembre de 1993, la
ponencia para segundo debate al proyecto de ley 40/93, en el senado de la
República fue publicada oportunamente. Para rebatir el cargo del actor, también
resulta conveniente aclarar lo que realmente sucedió en relación con el informe
de ponencia para segundo debate en el Senado de la República".
Continúa el
interviniente afirmando que "(i) los ponentes para segundo debate en el
Senado de la República fueron los senadores Luis Guillermo Giraldo Hurtado y
Hugo Castro Borja; (ii) la ponencia para segundo debate en el senado fue
publicada sin la firma del coponente Hugo Castro Borja; (iii) el Senador Hugo
Castro Borja no firmó porque su única objeción consistía en la inclusión de los
artículos 62 a 65 en el proyecto; y, (iv)  una vez el ponente Luis Guillermo
Giraldo manifestó su conformidad con el retiro de tales artículos, el Senador
Castro Borja procedió a firmar la ponencia, tal como consta en el
correspondiente expediente legislativo de la ley. Sin embargo, en relación con
la no firma del coponente, Senador Hugo Castro Borja, al momento de la
publicación, no es dable afirmar que por tal motivo el informe de ponencia es
inexistente, puesto que ninguna de las disposiciones constitucionales o legales
exige unanimidad de criterio, para el evento en que la presidencia de la
respectiva cámara haya designado más de un ponente".
Por otro lado, en
relación con la ausencia de firma del informe de conciliación por unos
senadores, el ciudadano Fabio Villegas Ramírez expone que "los dos artículos
objeto de controversia nunca fueron negados en las sesiones conjuntas de las
comisiones primeras de Senado y Cámara; ni siquiera fueron sometidos a cámaras
donde los artículos nuevos se discutieron , a consecuencia de lo cual, como
consta en las actas correspondientes a dichas sesiones, el Senado de la
República los negó, mientras que la Cámara de Representantes los aprobó. A
consecuencia de esta discrepancia entre las dos cámaras se integraron sendas
comisiones accidentales, previstas en el artículo 161 de la CP, con el objeto
de tratar de salvar las diferencias. Tal como aparece en el expediente
legislativo el informe constó de dos partes: en la primera parte de ellas se
señalaban los artículos sobre los cuales los conciliadores habían llegado a
acuerdo; en la segunda parte, se informaba que no había unanimidad de criterio
en relación con los dos artículos nuevos, en la medida en que los senadores,
salvo el ponente coordinador, Luis Guillermo Giraldo, insistieron en
rechazarlos, y los Representantes se ratificaron en su inclusión en el
proyecto, en concordancia con la decisión adoptada por la plenaria de la
Cámara. De otra parte, el hecho de que los senadores que no estuvieron de
acuerdo con la inclusión  de los dos artículos nuevos no hayan suscrito el informe
de conciliación, tampoco conduce a la inexistencia del mismo, máxime cuando fue
firmado y presentado por el ponente coordinador  y suscrito por todos los
Representantes que integraron la comisión accidental de la Cámara. Aceptar
la tesis contraria, se reitera, equivaldría a permitir que una minoría
impusiera su criterio sobre las plenarias y, en el caso concreto de la Ley 104
de 1993, llevaría a desconocer la aprobación que, por mayoría calificada, había
dado el Senado al articulado propuesto en segundo debate, tal como consta en el
acta de la sesión plenaria del día 10 de diciembre de 1993 (Gaceta del Congreso
No. 447 p.12)".
Agrega Villegas
Ramírez que "el demandante considera que en el trámite de esta Ley debió
inaplicarse el artículo 189 de la Ley 5a. de 1992, por ser contrario a la letra
del artículo 161 de la Carta. Las normas constitucionales relativas al trámite
legislativo nunca deben ser deben interpretarse en el sentido de que su función
sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes, pues ello equivaldría a
desconocer la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental. Es por esto que
el legislador dio un sentido más coherente que el del actor sobre el artículo
161 de la CP. Sería absurdo que existiendo consenso sobre lo esencial de un
proyecto de ley, los desacuerdos relativos a disposiciones accesorias al mismo,
terminaran por frustrar todo el esfuerzo realizado para tramitar y expedir un
proyecto de ley. Es este el caso de los dos artículos nuevos presentados por el
señor Fiscal General de la Nación en la última sesión de las comisiones
conjuntas, correspondiente al 30 de noviembre, que nunca pertenecieron al
cuerpo del articulado propuesto originalmente por el Gobierno y, por lo mismo,
no eran de su esencia. Adicionalmente, su contenido material permite concluir
que su desaparición del articulado en ningún caso lo desnaturaliza".
Finalmente, el
ciudadano Fabio Villegas aclara tres presuntas imprecisiones del actor de la
siguiente forma:
1. El presidente
de las comisiones primeras constitucionales cerró el primer debate sin el
quórum deliberatorio. Villegas Ramírez expone que "de conformidad con
el acta No. 13 correspondiente a las sesiones conjuntas de las comisiones
primeras constitucionales de Senado y Cámara del 30 de noviembre de 1993,
constan los siguientes hechos: a. que existió quórum decisorio de acuerdo con
el artículo 116-2 de la Ley 5 de 1992, pues se hicieron presentes 13 Senadores
(de 19 miembros que conforman la comisión) y 24 Representantes (de 33
miembros), según consta en los folios 1 y 2 del acta; b. que efectivamente el
presidente de las sesiones conjuntas, H. Senador Alberto Santofimio Botero,
puso a consideración de los miembros el cierre de la discusión, la cual fue
aprobada. De estos hechos se deduce, en primer lugar, que el cierre de la
discusión no se efectuó el 29 de noviembre de 1993 sino el 30 del mismo mes y
año. En segundo lugar, como consta en el Acta, no sólo había quórum
deliberativo sino decisorio en los términos del artículo 116-1 y 2 de la Ley 5
de 1992".
2. Falta de
consignación, en la ponencia para segundo debate elaborada por el Senador Luis
Guillermo Giraldo, de la totalidad de las propuestas considerados y las razones
de su rechazo. El ciudadano Villegas Ramírez explica que "de
conformidad con el acta No. 13, correspondiente a las sesiones conjuntas del 30
de noviembre de 1993, folio 29, los artículos 61 a 66, que integran el capítulo
II del proyecto fueron aprobados así:
SENADO:  Afirmativos:                  10
votos
Negativos:           2
votos
CÁMARA: Afirmativos:                  14
votos
Negativos:
6 votos
Es obvio, entonces,
que el informe de ponencia para segundo debate no tenía por qué consignar el
motivo de rechazo de estos artículos".
3. Los dos
artículos nuevos ya citados fueron rechazados en primer debate por las
comisiones conjuntas de Senado y Cámara; aún así, fueron aprobados en sesión
plenaria de la Cámara dentro del proyecto de ley, con presunta violación del
artículo 180 de la Ley 5a. de 1992. El interviniente alega que "según
consta en el acta No. 13 correspondiente a las sesiones conjuntas del 30 de
noviembre de 1993, y como se desprende de las grabaciones magnetofónicas, el H.
senador ponente, Luis Guillermo Giraldo Hurtado, leyó un bloque de artículos
nuevos (proposición No. 33), entre los cuales se encontraban las dos
disposiciones objeto del cargo del demandante (folios 6 a 9). Tras la protesta
de varios miembros de las comisiones por la deficiencia en el sonido y la
carencia de copia escrita del texto de los artículos nuevos, en virtud de lo
cual se solicitó la suspensión de su discusión (folio 17), el ponente expresó:
yo no tengo ningún inconveniente en que se suspenda la discusión de este
debate, de estos artículos, y se pase a otros textos, a escuchar otras
inquietudes e inclusive a votar si es del caso señor presidente aquellos
artículos cuya discusión fue cerrada el jueves, y luego cuando los H. Senadores
y H. Representantes de las comisiones primeras tengan fotocopiados los textos
(...) (folios 17 y 18). A continuación el presidente de las comisiones
conjuntas, Senador Alberto Santofimio Botero, manifestó: como el señor ponente
ha aceptado, retirar de la discusión por ahora los artículos nuevos que él
mismo presentó y suscribió, continuamos con el resto del proyecto (...). Más
adelante, cuando el Representante Guido Echeverri solicitó la inclusión de otro
artículo nuevo, el Presidente de las comisiones conjuntas cerró la discusión en
los siguientes términos: H. Representante, con los mismos argumentos con que
usted cuestionó los artículos nuevos y sorpresivos del Senador Giraldo, yo le
diría que igual suerte corren los suyos, por lo tanto, cierro la discusión del
proyecto con la excepción de los cinco artículos nuevos, y le ruego a la
secretaría dar lectura a los artículos que fueron sometidos de inmediato a
votación (folio 24)".
Añade que
"posteriormente, en la misma sesión, el H. Senador Bernardo Zuluaga en
compañía de los H. Representantes Ramiro Lucio y Héctor Elí Rojas presentaron
la siguiente proposición: no se de trámite a los artículos nuevos por
ser abiertamente violatorios del artículo 158 de la Constitución Nacional; la
cual fue aprobada, previa verificación de la votación, solicitada por el H.
Senador Bernardo Zuluaga ... finalmente, tras haber sido aprobado el articulado
del proyecto con su título, el Senador Ponente, Luis Guillermo Giraldo, dejó
constancia: SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES SENADORES Y REPRESENTANTES QUIERO DEJAR
CONSTANCIA DE EL HECHO DE QUE NO SE HAYA DADO TRAMITE A LOS ARTICULOS NUEVOS
PUBLICADOS HOY, E INSISTO EN ESTA CONSTANCIA, ELLO NO IMPIDE QUE PUEDAN SER
CONSIDERADOS POR LA PLENARIA DE CADA UNA DE LAS CAMARAS (folio 43)".
Concluye el
ciudadano Fabio Villegas Ramírez que "de los hechos anteriormente
expuestos, debe concluirse que los artículos nuevos, propuestos en la sesión
del 30 de noviembre de 1993, en ningún momento fueron rechazados durante el
primer debate por las comisiones conjuntas, lo que se produjo y, en este
sentido debe entenderse la proposición antes transcrita, fue la suspensión o
aplazamiento de su trámite, dejando abierta la posibilidad de presentarlos
posteriormente ante las plenarias".
En ese orden de
ideas, el ciudadano Fabio Villegas Ramírez, Ministro de Gobierno, solicita que
se declare la constitucionalidad del texto legal en revisión.
4. Intervención
del Ministro de Justicia y del Derecho.
El ciudadano Andrés
González Díaz, Ministro de Justicia y del Derecho, interviene en el proceso de
la referencia para defender la constitucionalidad de la Ley 104 de 1993.
El precitado
ciudadano manifiesta que el Ministerio que preside, de consuno con el
Ministerio de Gobierno, estudiaron los argumentos de la parte actora en el
proceso de la referencia. Así mismo, comenta que está de acuerdo con el
contenido del memorial presentado por el aludido Ministerio de Gobierno, por lo
cual adhiere a todas y cada una de las razones expuestas en el memorial antes
citado.
Por lo anterior, el
ciudadano Andrés González Díaz, Ministro de Justicia y del Derecho, solicita
que se declare la constitucionalidad del texto legal en revisión.
5. Del concepto
del Procurador General de la Nación.
La Vista Fiscal
solicita a la Corte Constitucional en su concepto de rigor declarar la
inexequibilidad de los artículos 17, 94, 95, 98, 99, 100 y 101 de la Ley 104 de
1993, advirtiendo que si la Corporación ya se ha pronunciado dentro del
expediente D-525, se esté a lo resuelto allí. Así mismo, solicita la
exequibilidad de los demás artículos de la ley demandada en este proceso. Todo
lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos:
El Ministerio
Público comienza por señalar que los vicios de procedimiento deben ser
analizados teniendo en cuenta, de una parte, el sentido de los procedimientos
en una democracia constitucional y, de la otra, la orientación general de la
Constitución de 1991 en materia de trámite de las leyes. Sobre el primer punto
señala la Vista Fiscal:
"Lo
específico de la modernidad democrática no está en la comprensión de la
democracia como confesión sino como procedimiento. En tal sentido, tanto la modernidad
del derecho como la de la democracia, convergen en la “sacralización” del
procedimiento.
En lo que atañe a
la democracia como procedimiento, valga recordar que el sistema  democrático
moderno está edificado  sobre un cierto escepticismo ético-material, manifiesto
entre otras cosas en el valor altamente formal del pluralismo reconocido en la
Carta, para el cual resulta fundamental implementar procedimientos de discusión
y decisión que constituyan garantías comunicativas en la tramitación de los conflictos
en orden y acceder a consensos argumentativos  en torno a lo verdadero  y a lo
justo, y a transacciones equilibradas de intereses.
En este contexto,
el principio de mayoría, sustituto inevitable del consenso, puede ser pensado
antes que nada, como mecanismo de reducción de complejidad en los procesos de
toma de decisión, vale decir,  como un mecanismo para  posibilitar la toma de
decisiones en circunstancias complejas y precarias de información y de
tiempo."
De otro lado, sobre
la orientación general de la Constitución de 1991, el Ministerio Público
considera que ella buscó flexibilizar el trámite de las leyes.  Dice entonces
el Procurador:
"La cuestión
formal, que se entendía de una manera irrestricta en vigencia de la Carta  de
1886, si se quiere se ha visto atemperada por las nuevas  preceptivas
constitucionales, en las cuales algunos  sectores identifican la
flexibilización de lo que antes se constituía como rigorismo jurídico, a partir
de los mandatos superiores donde se reconoce la prevalencia del derecho
sustancial sobre el  formal y para el trámite específico  de las leyes, la
atribución a la Corte de la competencia  para ordenar la corrección de aquellos
actos donde se evidencian vicios de procedimiento subsanables."
A partir de esas
consideraciones generales, el Procurador entra a analizar las impugnaciones
específicas del actor. Así, sobre la falta de publicación del proyecto, señala
la Vista Fiscal que el actor centra su ataque en este punto "en que la
falta de firmas de uno de los coponentes torna inexistente la ponencia para
segundo debate en el Senado, siendo en consecuencia su publicación nula por
incumplimiento del artículo 157-1 superior, cabe señalar que el mandato
constitucional en cita se refiere a la publicación del proyecto de ley antes de
que el Congreso asuma su trámite en primer debate, lo que se percibe de la
simple lectura del texto invocado, siendo evidente que la carencia no
constituye una exigencia de tipo constitucional que genere la inexequibilidad
del acto por infracción del mandato superior, que de paso, nada dice al
respecto. No obstante, también se cumplieron durante el curso de la Ley 104 de
1993 las previsiones de la Ley 5a. de 1992, en especial las contenidas en los
artículos 156, 157 y 185 que recuerdan, las dos primeras la orden de
publicación del informe ponencia para primer debate y el último que prescribe:
en la discusión y aprobación de un proyecto en segundo debate se seguirá, en lo
que fuere compatible el mismo procedimiento establecido para el primer debate,
exigencia que se acreditó con la publicación en la Gaceta del Congreso No. 421
de noviembre 30 de 1993".
Respecto de la
comisión accidental de conciliación, la Vista Fiscal explica que "de
acuerdo al artículo 161 de la Constitución, para que pueda integrarse la
comisión accidental mixta allí regulada, es menester que entre los proyectos
aprobados de cada una de las cámaras legislativas existan discrepancias o lo
que es lo mismo, desacuerdo entre uno o varios de los artículos que lo
integran. La Corte Constitucional, en sentencia C-167 de 1993, entendió que las
discrepancias a las que alude el citado mandato superior deben producirse
necesariamente durante el segundo debate, pues la voluntad del constituyente
fue la de permitir que se zanjaran las diferencias que pudieran surgir en las
plenarias de cada cámara, lo que quiere decir frente a la causa que nos ocupa,
que el texto de la Ley 104, no estaba llamado a sufrir modificación alguna
puesto que sobre el articulado motivo de conciliación hubo acuerdo, no así
respecto de los dos artículos nuevos, sobre los cuales existía resistencia para
su incorporación, los que finalmente no fueron incluidos en el texto
definitivo, de conformidad con el debate que se dio en la plenaria del Senado. En
todo caso, en el evento en que los dos artículos nuevos hubieren sido
incluidos, sólo estos dos serían inconstitucionales y no el resto del
articulado".
El Procurador
General en lo que atañe a los plazos del artículo 160 de la Constitución
entiende que "los datos cronológicos que se consignan en esta revisión,
permiten comprobar que en el trámite de la Ley 104 de 1993, tal como lo afirma
el demandante, no se observaron los términos que prescribe el inciso primero
del artículo 160 constitucional".  Agrega, citando un aparte de la
sentencia No. C-025/93 de la Corporación, que "producido el mensaje de
urgencia en el trámite de la Ley 104 de 1993, se hacía innecesario el
cumplimiento del término de 15 días, que debe mediar para el curso ordinario de
una Ley, entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación
del debate en la otra. Sin embargo, la agilidad que se imprime con el mensaje
de urgencia, no obsta para que se incumpla con el lapso de 8 días que debe
transcurrir entre el primero y el segundo debate. Así las cosas, dicho período
no fue observado, en el tránsito del proyecto de la sesión conjunta de las
comisiones primeras constitucionales a la plenaria del Senado. En efecto
verificada y cerrada la primera el día 30 de noviembre de 1993, se inició el
segundo debate el día 2 de diciembre, aprobándose finalmente el día 6 del mismo
mes y año. Ahora bien, la irregularidad advertida, a términos de la
jurisprudencia constitucional (v. sentencia C-607 de diciembre 14 de 1992), es
de aquellas que pueden ser subsanadas de conformidad con las previsiones del
parágrafo del artículo 241 superior, por ello la petición correspondiente del
Despacho a esa H. Corporación, se dirigirá a solicitar la impulsión del trámite
constitucional respectivo".
Así mismo, en
relación con la presunta falta de quórum decisorio en el primer debate, el
Procurador General estima "de conformidad con el acta No. 13,
correspondiente a las sesiones conjuntas de las comisiones primera de Senado y
Cámara, que informa sobre la existencia de quórum decisorio en la del día 30 de
noviembre de 1993, se desvirtúa la afirmación del libelista, según la cual con
su inobservancia se habrían infringido los mandatos del artículo 146
constitucional".
Luego, el Ministerio
Público aborda el tema de la naturaleza estatutaria de algunas regulaciones de
la Ley 104 de 1993 expresando que "el debate que se abra al respecto, debe
tener como referencia la posición adoptada por esa Corporación, cuya
reiteración permite hablar de una jurisprudencia consolidada en la materia y
que en punto a la regulación de la libertad personal, como derecho fundamental
-en la cual pudieran resumirse las tensiones entre la facultad punitiva del
Estado, realzada en coyunturas de excepción y los derechos fundamentales reconocidos
en la Carta- ha destacado". Agrega que "el ámbito de acción que se
describe para el Estado en la Ley 104 de 1993, y cuyos propósitos están
enderezados a términos de su artículo 1º a asegurar la vigencia del Estado
Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y
libertades fundamentales reconocidos por la Constitución, corresponde, como
destaca el pronunciamiento del Alto Tribunal, al desarrollo de competencias
reconocidas en la misma Constitución, y en la medida, en que sus preceptivas no
menoscaben el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ni alteren la
distribución de competencias establecidas en la misma Constitución se reputan
conforme a los mandatos superiores".
Por último, la Vista
Fiscal sostiene que "respecto de la acusación formulada contra los
artículos 94 a 107, identifica este Despacho, tal como lo manifestó  en
concepto No. 435 de junio 9 de 1994, dentro del expediente D-525, donde analizó
algunas disposiciones de la Ley 104, que los artículos 94, 95, 97, 98, 99, 100
y 101, a los que agrega ahora, las preceptivas del artículo 17 de ese
ordenamiento, son contrarios a la Constitución, toda vez, que al regular una
suerte de censura, interfieren en el contenido esencial del derecho a la
información, en la lógica de derecho-libertad con que la Carta lo
reconoce".
En ese orden de
ideas, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional
declarar la inexequibilidad de los artículos 17, 94, 95, 98, 99, 100 y 101 de
la Ley 104 de 1993, advirtiendo que si la Corporación ya se ha pronunciado
dentro del expediente D-525, se esté a lo resuelto allí. Así mismo, solicita la
exequibilidad de los demás artículos de la ley 104 de 1993.
6. Actividad
probatoria.
El Magistrado
Ponente, mediante auto de 11 de abril de 1994, solicitó al Presidente del
Congreso de la República  el expediente de la Ley 104 de 1993 y, en general,
cualquier otro documento relacionado con el trámite de la Ley 104 de 1993. El
Secretario del Senado, Dr. Pedro Pumarejo, cumplió el decreto de pruebas. Así
mismo, se decretó en el mentado auto y en la providencia del 27 de abril del
año en curso, las declaraciones de los Senadores Humberto Pelaez Gutiérrez,
Hugo Castro Borja y Luis Guillermo Giraldo; y los Representantes Mario Uribe
Escobar y Jorge Elíseo Cabrera. Los anteriores, en su calidad de coponentes y
miembros de la comisión de conciliación del proyecto de ley que originó la Ley
acusada.
A continuación se
extractan los apartes mas importantes de las declaraciones de los congresistas
antecitados, con excepción del Representante Mario Uribe Escobar, el cual no
concurrió a la citación.
a. Senador Humberto
Pelaez Gutiérrez.
PREGUNTADO. ¿
Cual fue el resultado de la labor de la Comisión?. CONTESTO. La Comisión marchó
de acuerdo en esos ajustes que yo considero irregulares en diferentes
artículos, pero cuando llegó al punto de los dos artículos nuevos introducidos
y aprobados en la Cámara y no propuestos ni aprobados en el Senado, hubo el
rechazo total, primero de parte de los comisionados del Senado con excepción
del ponente Luis Guillermo Giraldo Hurtado y luego con aceptación, de la no
inclusión de los dos artículos, de parte de los Comisionados de Cámara, quienes
se solidarizaron con el Senado. Hubo una fuerte presión de los Ministros de
Gobierno y de Justicia presentes y del Señor Fiscal para que se aceptara
incluir estos dos artículos nuevos; incluso fue el Gobierno ahí representado
quienes con sus asistentes ahí presentes, elaboraron el proyecto de acta de
Conciliación. Dicho proyecto no fue firmado, a excepción del ponente, por
ninguno de los otros comisionados del Senado. Los Ministros ahí presentes
consiguieron que algunos representantes de la Cámara les firmaran; no me consta
pero al hablar con ellos posteriormente deduzco que no hubo mayoría tampoco en
la Cámara de Representantes pero así se llevó a la Plenaria de dicha Cámara de
Representantes donde fue aprobado en Debate final con la inclusión de los dos
artículos nuevos. En el Senado no sucedió lo mismo por cuanto se alegó y así
consta en acta que no había informe de la Comisión porque de los ocho
Comisionados solo firmaba uno y me permití dejar la constancia de que al no
haber un texto para ser sometido a decisión final del Senado no podía darse el
debate y que, en consecuencia, persistiendo las discrepancias con la Cámara de
Representantes, al tenor del mismo artículo 161 de la C.P. de Colombia, debería
considerarse negado el Proyecto. PREGUNTADO. Según la Demanda D-549, el 16 de
Diciembre de 1993, al respecto usted manifestó: "Señor Presidente, HS.
como algunos pocos lo han podido oír, porque realmente no ha habido la atención
suficiente, para la lectura que dio el Senador LUIS GUILLERMO GIRALDO, se está
sometiendo a consideración del Senado de la República un supuesto informe
porque este no ha sido firmado por la mayoría de los miembros que somos, sólo
lo firmó el Senador LUIS GUILLERMO GIRALDO, mal puede entonces, señor
presidente, ponerse en consideración algo que no es informe porque jamás uno
hace mayorías sobre 7".¿ Es cierto lo anterior?. CONTESTO. Es cierto lo
anterior corresponde en un todo a lo que afirmé en esa sesión en el recinto del
Senado. PREGUNTADO. Entonces, de parte del Senado, el acta sólo fue firmada
por el Senador Luis Guillermo Giraldo?. CONTESTO. Así es, únicamente él la
firmó y en el mismo informe recuerdo que él lo reconoce; debo agregar que a
pesar de la presión ejercida por los Ministros de curul en curul, ninguno de
los otros Comisionados quisimos firmar dicha acta. Por cuanto recuerdo que nos
decía el Ministro de Gobierno que firmáramos el acta para que se hiciera el
debate y que si finalmente el Senado no quería dar su aprobación, no se
incluirían esos dos artículos nuevos. PREGUNTADO. ¿Quiere agregar algo más
sobre la precitada Comisión de Conciliación o sobre otros aspectos del trámite
de Ley 104/93 que usted considere pertinentes?. CONTESTO. Si, también deje
constancias sobre que el proyecto en su trámite estaba viciado de
inconstitucionalidad por dos otras especiales razones: una, la ponencia
presentada por Luis Guillermo Giraldo sólo fue firmada por él y no por los
otros ponentes que lo eran en el Senado Hugo Castro Borja más los de la Cámara,
ya que recuérdese que habiéndose dado debate conjunto en Comisiones primeras de
Senado y Cámara para este Proyecto, la ponencia para segundo debate igualmente
se hace en conjunto y se debate sobre la misma en Senado y Cámara; además dicha
ponencia, lo denuncié, es la más pobre que conocí en argumentos, para un asunto
de tanta trascendencia, en mis veinte años de Senador; violó, a mi juicio, el
inciso tercero del artículo 160 de la C.P. de Colombia que manda que el ponente
debe consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la
comisión y las razones que determinaron su rechazo; igualmente viola el
artículo 175 de la Ley 5º de 1992; la sola lectura de la ponencia constituye la
prueba de mi aseveración. Además considero que en el trámite de este proyecto
se violó el inciso primero del artículo 160 de la C.P. que ordena que entre el primero
y segundo debate deberá mediar un lapso de ocho días; así lo hice constar.
b. Senador Hugo
Castro Borja.
PREGUNTADO. ¿
Cual fue el resultado de la labor de la Comisión?. CONTESTO. En la Comisión no
hubo acuerdo para mi modo de ver, porque en lo referente al Senado, de ocho
comisionados en la conciliación sólo firmó el acta uno, por tanto no se puede
llevar a una plenaria un acta de conciliación donde no se concilió. El Senador
que firmó fue Luis Guillermo Giraldo. PREGUNTADO. ¿Quiere agregar algo más
sobre la precitada Comisión de Conciliación, sobre la ponencia o sobre otros
aspectos del trámite de Ley 104/93 que usted considere pertinentes?. CONTESTO.
He sido, hasta donde he podido, claro en reconstruir los hechos del mes de
diciembre de 1993 y quiero destacar nuevamente que esta Ley 104 del 93 fue
aprobada en su cuerpo original, para mí, reuniendo los requisitos que la
Constitución y la Ley obligan y que los dos artículos nuevos y el contenido del
acta de conciliación no fueron aprobados porque no tuvieron los debates ni los
suficientes votos para a hacerlo.
c. Senador Luis
Guillermo Giraldo.
PREGUNTADO. ¿Cual
fue el resultado de la labor de la Comisión?. CONTESTO. Los Representantes a la
Cámara aceptaron los dos artículos, en el Senado el único que firmó el informe
fui yo. PREGUNTADO. ¿Actúo usted como ponente del citado proyecto?. CONTESTO.
Sí, reemplacé al Doctor Darío Londoño. PREGUNTADO. ¿Quiere agregar algo más
sobre la precitada Comisión de Conciliación, sobre la ponencia o sobre otros
aspectos del trámite de Ley 104/93 que usted considere pertinentes?. CONTESTO.
El demandante habla de dos artículos que no están dentro de la Ley. Se pensaría
que la demanda cabría si los dos artículos hubiesen sido incorporados al texto.
De otro lado, el Reglamento del Congreso permite que haya informes de mayoría y
minoría y en el caso de las Comisiones de conciliación ellas son accidentales y
se desarrollan con cierta informalidad y en realidad la competencia final para
decidir corresponde a las plenarias.
d. Representante
Jorge Elíseo Cabrera.
PREGUNTADO.
Sírvase decir si usted participó en la Comisión de Conciliación creada para
organizar los textos aprobados en segundo debate en Cámara y Senado del proyecto
de Ley  Nos. 172/93 (Cámara) y 40/93 (Senado), aprobado como la Ley 104 de
1993. CONTESTO.  Yo recuerdo claramente, que fui ponente de dicha ley, la cual
inicialmente se estaba tramitando en la Comisión Primera del Senado de la
República, pero posteriormente mediante el mensaje de urgencia de la
Presidencia de la República fue tramitado conjuntamente por las comisiones
Primeras de Senado y Cámara. Inicialmente también se estaba tramitando en esta
Ley una Reforma al Código de Procedimiento Penal, pero que posteriormente fue
tramitada aparte como en efecto sucedió. No recuerdo exactamente si hubo
conciliación en el tramite de la Ley 104 pero basta mirar la historia de la
Ley, pues si hubo conciliación deben aparecer las actas respectivas.
PREGUNTADO. ¿Quiere agregar algo más sobre la precitada Comisión de
Conciliación, sobre la ponencia o sobre otros aspectos del trámite de Ley
104/93 que usted considere pertinentes?. CONTESTO. Esta Ley, fue tramitada en
plena armonía y entendimiento, con los Ministros de Gobierno, Justicia y el
Fiscal General de Nación y lamentablemente fue asesinado el Dr. Darío Londoño,
ponente en el Senado de la República, de quien quiero hacer mención por sus
grandes capacidades de jurista y de parlamentario, pero deseo agregar que no
hubo ninguna presión ni amenaza alguna en el trámite de esta ley en cuanto a mí
se respecta.
7. Corrección de
un vicio de forma subsanable.
La Corte constató
que en el trámite en el  Senado no se había respetado el lapso de ocho días que
debe transcurrir entre el primero y el segundo debate, razón por la cual, el
seis de diciembre ordenó al Congreso corregir tal vicio,  por medio de un auto
de Sala Plena, cuyos  apartes pertinentes a continuación se transcriben:
"La Corte
Constitucional (...)
CONSIDERANDO
(...)
5. Que el 6 de
octubre de 1993 se dispuso dar trámite de urgencia al proyecto de Ley 40/93 del
Senado y 172/93 de la Cámara "por la cual se consagran unos instrumentos
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan
otras disposiciones", teniendo en cuenta el mensaje en tal sentido enviado
por el Presidente de la República,  por lo cual el proyecto se tramitó en
sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras de ambas Cámaras.
6.. Que por
consiguiente el proyecto de Ley 40/93 del Senado y 172/93 de la Cámara fue
discutido en primer debate en sesiones conjuntas de ambas cámaras, llevadas a
cabo el 25 y el 30 de noviembre de 1993 y fue aprobado en tales fechas,  y se
aprobó en segundo debate en la plenaria del Senado de la República el día seis
(6) de diciembre del mismo año, según obra en el proceso.
7. Que el artículo
160 de la Constitución establece lo siguiente en su inciso primero:
"Entre el
primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho
días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación
del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días"
(negrillas no originales).
8. Que
"mediar" es, según el Diccionario de Real Academia de la Lengua Española
"existir o estar una cosa en medio de otras".
9. Que los
días a que hace alusión el artículo 160 de la Carta son días calendarios, pues
las sesiones del Congreso todos los días son hábiles. Así lo establece el
artículo 83 del Reglamento del Congreso de la República, Ley 5a. de 1992,
cuando anota que "todos los días de la semana... son hábiles para las
reuniones de las Cámaras Legislativas y sus Comisiones..." Y así lo ha
establecido esta Corporación en anteriores decisiones1
10. Que entre los
días treinta (30) de noviembre y seis (6) de diciembre "median" cinco
(5) días calendario, a saber: los días 1º, 2º, 3º, 4º y 5º.
11. Que en
consecuencia en el trámite en el Senado faltaron tres días para que el entonces
proyecto de ley fuese debidamente tramitado.
12. Que si bien esta
Corporación ha establecido que cuando se da la deliberación conjunta de las
respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para dar primer debate a
un proyecto, como consecuencia del mensaje de urgencia del Presidente de la
República (CP art. 163), es innecesario el cumplimiento de los quince días que
deben mediar entre la aprobación del proyecto en una cámara y su iniciación en
la otra cámara, esto no obsta  para que deba respetarse el lapso no inferior a
ocho días que debe mediar entre el primero y segundo debate en cada cámara. En
efecto, en sentencia C-025/94 esta Corporación señaló que "en el trámite
de urgencia, si la iniciativa - sin exceptuar los proyectos de ley relativos a
los tributos -  se aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en
primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras,
siempre que medie un lapso no inferior a ocho días". Tal criterio
jurisprudencial fue reiterado en reciente decisión2
13. Que para
conciliar los textos aprobados en segundo debate por Senado y Cámara, se
integró una Comisión Conciliadora en los términos del artículo 161 de la Constitución
Política. Así, el 16 de diciembre de 1993 la Cámara de Representantes reitera
su aprobación al Proyecto de Ley, con los dos artículos propuestos por el
Fiscal General de la Nación, materia de controversia en la conciliación.
Igualmente, en la Gaceta 466 de 1993, se publica el Acta Nº 45 de la sesión
plenaria llevada a cabo en el Senado, también el 16 de diciembre de 1993, en
donde se aprobó el Acta de Conciliación, con quórum decisorio reglamentario de
85 Senadores y sin los artículos materia de conflicto, por no haber alcanzado
la votación requerida.
14. Que esta
Corporación considera que la aprobación por parte de las plenarias de cada
cámara del acta de conciliación no subsana el vicio de formación del proyecto,
a pesar de que dicha acta contiene el texto general del proyecto de ley.  En
efecto, conforme el artículo 161 de la Carta, la finalidad de las comisiones
accidentales de conciliación es la de eliminar las discrepancias que surjan del
texto aprobado en cada cámara, por lo cual tales comisiones no pueden ser
utilizadas para pretermitir el lapso no inferior a ocho días que debe mediar
entre el primero y segundo debate en cada cámara, según lo ordena el artículo
160 de la Carta.
15. Que conforme a la
jurisprudencia de esta Corporación, este vicio es de forma y es subsanable, por
lo cual se remitirá la norma al autor de la misma para que enmiende el defecto
observado, en los plazos señalados en la parte resolutiva de este Auto y en
forma prioritaria a cualquier otro punto que se encuentre a su consideración.
16. Que mientras se
realiza tal trámite, la Ley 104. de 1993 continúa vigente y surte plenos
efectos, con fundamento en la presunción de constitucionalidad de que está
investida.
(...)
19.  Que de
conformidad con las normas constitucionales y legales citadas, esta Corte
ordenará al Congreso de la República, y en particular a la plenaria del Senado
de la República presentar ponencia y dar último debate al proyecto de Ley 40/93
del Senado y 172/93 de la Cámara "por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones"
20. Que al tratarse
de un vicio en la formación de una ley, será necesario igualmente que, una vez
haya sido aprobado en la plenaria del Senado de la República el proyecto de ley
mencionado, el señor presidente de la República imparta la sanción
correspondiente a la ley  "por la cual se consagran unos instrumentos para
la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones"
21. Que no es
posible que dentro de este trámite se modifique el texto de la Ley 104 de 1993.
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que existe un vicio de
procedimiento en el proceso de expedición de la Ley 104 de 1993 y que el mismo
es subsanable en los términos del parágrafo del artículo 241 de la
Constitución.
SEGUNDO: Devolver en consecuencia la Ley 104 de 1993
a la Secretaría del Senado de la República para que se corrija el vicio de
procedimiento señalado por la Corte del proyecto de Ley 40/93 del Senado y
172/93 de la Cámara "por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones". Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el
parágrafo del artículo 241 constitucional y en el artículo 45 del Decreto 2067
de 1991, y de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia, el
Congreso de la República, y en particular el Senado de la República, dará
último debate al proyecto textual de Ley 40/93 del Senado y 172/93 de la Cámara
"por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones".
TERCERO. De conformidad con lo establecido en el
parágrafo del artículo 241 constitucional y en el artículo 45 del Decreto 2067
de 1991, y de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia, DISPONER
que, una vez la plenaria del Senado de la República haya dado cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral segundo de esta providencia, pase el proyecto al señor
presidente de la República para que imparta la sanción correspondiente a la
ley" por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia,
la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones".
CUARTO.- SEÑALAR a la plenaria del Senado de la República y
al señor presidente de la República que, en virtud de lo previsto en el
artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, cuentan con el término conjunto de diez
(10) días para dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales segundo y
tercero de esta providencia. Dicho término se contará a partir del día
siguiente a aquel en que la Presidencia del Senado de  la República haya
recibido copia de esta providencia.
QUINTO.- ADVERTIR
a la plenaria del Senado
de la República y al señor presidente de la República que, en virtud de lo
previsto en el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991, el incumplimiento del
término establecido en el numeral cuarto de esta providencia, obliga a la Corte
Constitucional a pronunciarse en forma definitiva respecto de la
constitucionalidad de la Ley 104 de 1993 "por la cual se consagran unos
instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y
se dictan otras disposiciones".
SEXTO: El trámite previsto en este Auto tendrá
preferencia en el orden del día a cualquier otro tema que se encuentre a la
consideración del Senado de la República.
SÉPTIMO: Una vez surtido el trámite anterior en el
Senado de la República  y sancionado el proyecto por parte del Presidente de la
República, se debe remitir nuevamente el texto de la Ley a la Corte
Constitucional, para la continuación del trámite de rigor.
OCTAVO: Mientras se surte el trámite previsto en
este Auto, la Ley 104 de 1993 continúa rigiendo con la plenitud de sus efectos
y se suspenden los términos de este proceso".
El once de enero de
1995, la Corte Constitucional recibió de la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República la copia autenticada de la Ley 104 de 1993,
debidamente sancionada por los Ministros correspondientes. Al sancionar
nuevamente la ley, el Gobierno hizo dos precisiones. De un lado, indicó que se
había aprobado en su integridad la ley, a pesar de que varios artículos habían
sido declarados inexequibles por sentencias precedentes de la Corte. Según el
Gobierno ello se hacía "atendiendo a la lógica de la intangibilidad del
texto inicial ordenada por la Corte en su auto",  pero que debía entenderse
que tales normas habían sido retiradas del ordenamiento jurídico por la
declaratoria de inexequibilidad.  De otro lado, el Gobierno precisó lo
siguiente:
"Atendiendo
así mismo la necesidad de mantener el espíritu inicial del legislador expresado
en el artículo 134 de la Ley 104 de 1993, en el sentido de tener ésta "una
vigencia de dos (2) años, a partir de su promulgación", realizada el 30 de
diciembre de 1993 y, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional
expresada en la Sentencia No C-607 de 1992, que declaró exequible por vicios de
forma subsanados la ley 1a de 1992, conservando su numeración y fecha de
promulgación iniciales, se sanciona aquí la Ley 104 del 30 de diciembre de
1993, conservando por tanto su numeración y fecha iniciales".
El Magistrado
Ponente constató que no había sido remitido a la Corte la constancia del
Secretario General del Senado de que la ley 104 había surtido debidamente el
debate en la plenaria, por lo cual solicitó, mediante auto del 17 de enero, al
Secretario General del Senado de la República remitir dicha certificación, la
cual fue debidamente recibida por la Corporación y remitida al despacho del
Magistrao Ponente el 26 de enero, momento a partir del cual se reanudó el
trámite control.
Cumplidos, como
están, los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de
1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
II. FUNDAMENTO
JURIDICO
1. Competencia.
Conforme al artículo
241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la
constitucionalidad de la Ley 104 de 1993, ya que se trata de la demanda de un
ciudadano contra una norma legal.
2. Asunto previo:
cosa juzgada en algunos apartes de la ley.
Varios artículos de
la Ley acusada ya habían sido examinados por la Corte en decisiones
precedentes. Así, los artículos 94, 96 y 97 fueron objeto de pronunciamiento
por parte de la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia  No. C-425 del
29 de septiembre de 1994, en la cual la Corte declaró inexequibles las
disposiciones en comento. Igualmente, en la sentencia No. C-428 del 29 de
septiembre de 1994, la Corporación resolvió declarar exequibles los artículos
128 (parcial), 129 (parcial), 130 y 133 de la Ley 104 de 1993.  Finalmente, en
la sentencia No. C-562/94, la Corte declaro inexequible el artículo 95 de la
mencionada Ley.
En ese orden de
ideas, en este proceso nos encontramos en presencia de una demanda contra
normas que ya han sido estudiadas por la Corte Constitucional, presentándose la
figura de la cosa juzgada constitucional, tal como la estatuye el artículo 243
de la Carta, de suerte que con respecto ellas se estará a lo resuelto en las
sentencias precitadas.
3- Los asuntos
bajo revisión y las limitaciones del examen de la Corte.
El actor acusa de
manera general la Ley 104 de 1993, tanto por vicios específicos de
procedimiento como por razones de competencia, esto último por cuanto considera
que la materia de ley era propia de una ley estatutaria y no de una ley
ordinaria. Ahora bien, esta Corporación ha señalado, en repetidas ocasiones3 , que cuando existe un ataque
general contra una ley, pero no ataques individualizados contra todos los
artículos de la misma, la vía procedente es limitar el examen de la Corte a
esos cargos, pues no corresponde a esta Corporación efectuar una revisión
oficiosa de las leyes ordinarias, sino un control de aquellas normas que han
sido expresamente demandadas por un ciudadano. Y presentar en debida forma una
demanda implica no sólo transcribir la norma legal acusada sino también que el
actor formule las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, por
lo cual debe considerarse que cuando hay acusaciones genéricas contra una ley
pero no específicas contra los artículos que la integran, lo razonable es que
esta Corporación restrinja su examen a los cargos generales contra le ley, pero
sin realizar un examen material de todos los artículos de la misma frente a
toda la Constitución.
En este caso, el
actor ha presentado  argumentos globales contra la Ley 104 de 1993 -por lo cual
era legítimo admitir la demanda contra toda la ley- pero no expresó cargos
específicos contra los artículos que la integran, por lo cual esta Corporación
limitará su examen a esas acusaciones generales y, como es obvio, procederá a
limitar el alcance de la cosa juzgada constitucional,  en caso de que ninguna
acusación global prospere. Por tales razones, la Corte procederá a estudiar de
manera específica los cargos de procedimiento formulados por el actor para
posteriormente examinar el tema relacionado con la naturaleza estatutaria de la
temática contenida en la ley acusada.
4- La corrección
del vicio formal subsanable relacionado con el artículo 160 de la Carta.
Como se señaló en
los antecedentes de esta sentencia, la Corte constató que en el trámite en el
Senado no se había respetado el lapso de ocho días que debe transcurrir entre
el primero y el segundo debate. Por ello  declaró que existía un vicio de
procedimiento en el proceso de expedición de la Ley 104 de 1993, pero que el
mismo era subsanable. Y, efectivamente, el Congreso de la República subsanó tal
vicio, puesto que, conforme la certificación del Secretario General del Senado
de la República, el martes 13  de diciembre de 1994 se aprobó la ley bajo
revisión, con un quórum decisorio y aprobatorio de 99 Senadores, según consta
en el Acta No 028 de la sesión ordinaria de tal día.  Posteriormente, la ley
fue debidamente sancionada, por los Ministros correspondientes, tal y como
consta en la copia autenticada remitida a esta Corporación por el Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República.
Todo esto muestra
que el vicio fue debidamente corregido, por lo cual, por este aspecto la ley es
exequible.
La Corte reitera
entonces en esta sentencia su jurisprudencia en relación con los términos
señalados por el artículo 160 superior, en los siguientes tres aspectos: de un
lado, que se trata de vicios subsanables; de otro lado,  que cuando se da la
deliberación conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos
Cámaras para dar primer debate a un proyecto, como consecuencia del mensaje de
urgencia del Presidente de la República (CP art. 163), es innecesario el
cumplimiento de los quince días que deben mediar entre la aprobación del
proyecto en una cámara y su iniciación en la otra cámara, puesto que el primer
debate es adelantado de manera conjunta por ambas Cámaras. Y, finalmente, que
incluso en estos casos debe respetarse el lapso no inferior a ocho días que
debe mediar entre el primero y segundo debate en cada cámara. En efecto, en
sentencia C-025/94 esta Corporación señaló que "en el trámite de urgencia,
si la iniciativa - sin exceptuar los proyectos de ley relativos a los tributos
-  se aprueba conjuntamente por las Comisiones respectivas en primer debate, lo
que sigue es el segundo debate en cada una de las Cámaras, siempre que medie un
lapso no inferior a ocho días". Tal criterio jurisprudencial fue reiterado
en reciente decisión4
5- La corrección
del vicio no afecta el término de vigencia de la ley ni las declaratorias
previas de inexequibilidad de algunos de sus artículos.
La corrección del
anterior vicio de procedimiento podría plantear dos dificultades que la Corte
entra a clarificar.
De un lado, por
expresa disposición del Legislador, la Ley 104 de 1993 es temporal. En efecto,
el artículo 134 de la Ley señala que ésta tiene "una vigencia de dos (2)
años, a partir de su promulgación". Un interrogante surge: ¿Cuál es la
fecha de promulgación de la ley? ¿El 30 de diciembre de 1993, fecha inicial de
promulgación, o el 23 de diciembre de 1994, fecha en que fue nuevamente
sancionada,  luego de la corrección del vicio de forma?  Para la Corte es
indudable que la fecha de promulgación sigue siendo el 30 de diciembre de 1993,
puesto que la ley no perdió nunca su vigencia. En efecto, mientras se realizó
la corrección del vicio de forma subsanable, la Ley 104. de 1993 continuó
surtiendo plenos efectos, con fundamento en la presunción de constitucionalidad
de que está investida. Por consiguiente, para la Corte es evidente que la Ley
104 de 1993 seguirá rigiendo únicamente hasta el 30 de diciembre de 1995. En
ese sentido coincide la Corte con el criterio expresado por el Gobierno cuando
decidió conservar la numeración y fecha de promulgación iniciales de la Ley 104
del 30 de diciembre de 1993 a fin de atender la voluntad del legislador de
conferir una vigencia de dos años a la mencionada ley.
De otro lado, la
nueva aprobación y sanción de la ley en su integridad no revive -como bien lo
observa el Gobierno- los artículos de la misma que ya habían sido declarados
inexequibles por sentencias precedentes de la Corte. Tales artículos se
encuentran fuera del ordenamiento jurídico, por efecto de las sentencias
mencionadas , por lo cual la Corte en esta sentencia no los examinará sino que
se estará a lo resuelto en las decisiones precedentes.
6- Comisión
accidental de conciliación y discrepancias entre las Cámaras.
Según el demandante,
durante el trámite de la ley impugnada se violó el artículo 161 de la Carta
porque, en sentido estricto, en la comisión accidental no hubo conciliación, y
ni siquiera existe acta de la misma, por cuanto siete de los ocho senadores que
la integraban decidieron no firmarla. Por consiguiente, según el actor, al no
existir conciliación y al persistir las discrepancias entres las dos cámaras,
el proyecto debió entenderse negado en su integridad, al tenor del artículo 161
de la Carta que establece que "si después de la repetición del segundo
debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto".
Según el demandante, ello acarrea la negación de todo el proyecto, a pesar de
que el artículo 189 del Reglamento del Congreso o Ley 5 de 1992 establezca que
"si repetido el segundo debate en las cámaras persistieren las diferencias
sobre un proyecto de ley, se considerará negado en los artículos o
disposiciones materia de discrepancia, siempre que no fueren fundamentales al
sentido de la nueva ley". Según el actor, se debe inaplicar este artículo
189 del Reglamento del Congreso, por cuanto la Constitución es norma de normas,
y el artículo legal desborda el sentido del artículo 161 de la Carta.
Entra la Corte a
estudiar esta impugnación del demandante, para lo cual comenzará por analizar
si realmente procede o no inaplicar el artículo 189 de la Ley 5 de 1992 por su
presunta violación del artículo 161 de la Carta.
La Corte constata
que en apariencia existe una contradicción entre el tenor literal de estas dos
disposiciones, puesto que éstas parecen atribuir consecuencias diversas a la
persistencia de las diferencias después del segundo debate en las Cámaras. Así,
el artículo constitucional señala que en tal hipótesis "se considerará negado
el proyecto", mientras que el artículo legal dispone que "se
considerará negado en los artículos o disposiciones materia de discrepancia,
siempre que no fueren fundamentales al sentido de la nueva ley" (subrayas
no originales). Esto parece implicar que mientras la norma constitucional
establece la improbación de todo el proyecto, el reglamento del Congreso admite
que esa negativa puede ser parcial, siempre y cuando los artículos excluidos no
sean esenciales al sentido de la ley. El interrogante que se plantea es
entonces el siguiente: ¿esa aparente discrepancia de los tenores literales de
las dos disposiciones implica la inconstitucionalidad del artículo 189 de la
Ley 5 de 1992 o, por el contrario, tal norma puede ser considerada un
desarrollo del texto constitucional?
Esta Corporación ha
señalado en repetidas ocasiones que la interpretación de las normas de la Carta
debe estar orientada por un criterio de razonabilidad, por cuanto las decisiones
de los jueces deben ser razonadas y razonables5 . Esto significa entonces que no puede el
intérprete constitucional atenerse al tenor literal de una norma cuando éste
produce consecuencias absurdas. Así, al respecto ha dicho la Corte:
"Cuando el
efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos
contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la
norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de
los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que
buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del
ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación
sistemática-finalística6
Ahora bien, ¿cuál es
el sentido de las comisiones accidentales de conciliación previstas por el
artículo 161 de la Carta? Es claro que con este mecanismo la Constitución  de
1991 pretende flexibilizar el procedimiento de adopción de las leyes, puesto
que tal disposición crea una instancia que permite armonizar los textos
divergentes de las Cámaras, sin que se tenga que repetir la totalidad del
trámite del proyecto. En efecto, este mecanismo permite zanjar las diferencias
que puedan surgir en las Plenarias de cada Cámara, sin que el proyecto tenga
que devolverse a la comisión respectiva nuevamente, lo cual haría más
dispendioso y demorado el trámite de expedición de la Ley. Así, en anterior
decisión, esta Corporación ya había indicado ese sentido general de las
comisiones de conciliación. Dijo entonces la Corte con relación al artículo 161
de la Carta:
"Esta
disposición surgió a la vida jurídica con la Constitución Política de 1991 y se
creó con el propósito de imprimir mayor eficiencia, racionalidad y agilidad a
la labor del Congreso en la formación de las leyes.
(...)
Cuando se presentó
esta disposición en la Asamblea Nacional Constituyente el doctor HERNANDO YEPES
ARCILA, en su calidad de ponente, argumentó:
´La sistemática
que proponemos sugiere así mismo un trámite especial para la superación de las
discrepancias que surjan una vez surtido el segundo debate en ambas Cámaras,
entre los textos que emanen de éstas, mediante el sencillo expediente de
confiar la búsqueda de aproximaciones a una comisión accidental designada por
los dos cuerpos con el encargo específico de preparar un texto final para
reabrir sobre él el segundo debate´. (Ver gaceta constitucional Nos. (67).7
En ese orden de
ideas, resulta absurdo interpretar el tenor literal del artículo 161 de la
Carta, de tal manera que se concluya que la falta de acuerdo entre las Cámaras
sobre algunos artículos independientes de un proyecto acarrea inevitablemente
el fracaso de la totalidad del proyecto, a pesar de que exista acuerdo entre
las Cámaras sobre el resto del articulado. En efecto, una tal interpretación
conduce a que una institución creada por el Constituyente  para agilizar el
trámite de las leyes  (las comisiones de conciliación) se convierta en todo lo
contrario, esto es, en un mecanismo que entorpece la labor legislativa del
Congreso, puesto que el desacuerdo sobre ciertas partes de un proyecto puede
comportar  el hundimiento global del mismo. Con ello no sólo se desnaturaliza
la institución de las comisiones de conciliación sino que se olvida que la
finalidad global del Constituyente, en materia de expedición de leyes, fue
racionalizar y flexibilizar su trámite. Además una tal hermenéutica tiene otro
efecto perjudicial, ya que erosiona el pluralismo y la libre discusión democrática,
puesto que es contrario al principio de mayoría que existiendo acuerdo sobre lo
esencial de un proyecto de ley,  los desacuerdos relativos a disposiciones
accesorias al mismo, frustren todo el esfuerzo realizado para tramitar y
expedir una ley. Las normas constitucionales relativas al trámite legislativo
nunca deben interpretarse en el sentido de que su función sea la de entorpecer
e impedir la expedición de leyes, o dificultar la libre discusión democrática
en el seno de las corporaciones representativas, pues ello equivaldría a
desconocer la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental.
Por todo lo
anterior, la Corte Constitucional considera que el artículo 189 de la Ley 5a.
de 1992 no es contrario al artículo 161 de la Carta sino que es un desarrollo
normativo razonable y coherente que el legislador dió al mandato
constitucional. La Corte considera entonces que se adecúa al sentido de la
Constitución que si subsisten las diferencias sobre un proyecto de ley después
del segundo debate en las cámaras, entonces  se considerarán negados únicamente
los artículos o disposiciones materia de discrepancia, siempre que éstos no
fueren fundamentales al sentido de la nueva ley.
Por consiguiente, no
es de recibo el argumento del actor, según el cual la subsistencia de
discrepancias en el trámite de la hoy Ley 104 de 1993 implicaba automáticamente
el rechazo por el Congreso de la ley en su conjunto, puesto que si tales
desacuerdos -en caso de existir- versan sobre artículos específicos de la ley
que no son esenciales al sentido global de la misma, únicamente tales artículos
se entienden negados.
Con base en tales
consideraciones, entra entonces la Corte a analizar el desarrollo mismo de la
Comisión de Conciliación y del acta que ésta rindió.
En ese orden de
ideas, el examen del acta de conciliación, del cual figura copia auténtica en
el expediente8 de este proceso, muestra que entre los
miembros de la Comisión hubo acuerdos y discrepancias. Así, el acta señala que
hubo artículos en los cuales hubo consenso en torno a su modificación, adición
o supresión, mientras que sobre otros artículos los conciliadores no llegaron a
ningún acuerdo, lo cual explica que varios Senadores no hubieran suscrito el
acta. Ahora bien, como lo muestra el examen del acta, el análisis de las
declaraciones rendidas ante la Corte por los Honorables Senadores y
Representantes, así como las transcripciones de los debates en la Plenaria del
Senado, la discrepancia en torno al Acta de Conciliación se mantuvo en torno a
dos artículos que habían sido aprobados en la Plenaria de la Cámara el 13 de
diciembre de 1993 pero que no habían sido aprobados por la Plenaria del Senado.
Esta fue la razón fundamental por la cual los Senadores que integraron la
Comisión de Conciliación se abstuvieron de firmarla. Así, en la sesión
ordinaria de la Plenaria del Senado, el coordinador de la Comisión de
Conciliación, el Senador Humberto Peláez, señaló:
"Señor
Presidente, HS, como algunos pocos lo han podido oír, porque realmente no ha
habido la atención suficiente para la lectura que dio el senador Luis Guillermo
Giraldo, se esta sometiendo a consideración del senado de la república un
supuesto informe, porque no ha sido firmado por la mayoría de los miembros de
la comisión mediadora, de 8 miembros que somos, sólo lo firmó el Senador Luis
Guillermo Giraldo. Mal puede entonces señor Presidente ponerse en consideración
algo que no es informe porque jamás uno hace mayorías sobres 7. Hemos sido
claros los demás miembros de la comisión, con excepción mía y de Bernardo
Gutiérrez, quienes votamos negativamente todo el proyecto, se ha estado de
acuerdo en que se estarían dispuestos a autorizar la aprobación del resto del
articulado con excepción de los dos artículos nuevos que introdujo la Cámara de
Representantes (subrayas no originales)9 ".
En el mismo sentido
se pronunció el Senador Hugo Castro Borja, miembro de la comisión conciliadora,
cuando señaló que se habían abstenido de firmar el acta "porque creemos
que el senado de la república en su plenaria no aprobó esos dos artículos que
se está trayendo en la ley10 ".
De otro lado, la
Plenaria del Senado de la República, según constancia del Secretario General
Pedro Pumarejo Vega, aprobó el 16 de diciembre de 1993 el acta de conciliación,
aun cuando no aprobó los artículos objeto de la discrepancia, tal y como consta
en el acta de la sesión plenaria de ese día. Igualmente, la Cámara de
Representantes aprobó el acta de conciliación e incluyó los dos artículos  a
que se ha hecho referencia.
Todo lo anterior
muestra que efectivamente hubo conciliación en la mayor parte del proyecto,
pero subsistieron discrepancias en torno a los mencionados dos artículos. El
interrogante que se plantea es si tales artículos son esenciales al sentido
mismo de la Ley 104 de 1993.
Ahora bien, estos
dos artículos fueron presentados por el señor Fiscal General de la Nación en la
última sesión de las comisiones conjuntas, correspondiente al 30 de noviembre,
y nunca pertenecieron al cuerpo del articulado propuesto originalmente por el
Gobierno. Esto ya demuestra que ellos no son esenciales al sentido de la ley
bajo revisión, lo cual se ve confirmado por el  contenido material de los
mismos. En efecto, tales normas disponían:
ARTICULO NUEVO.
DEFENSORES PÚBLICOS EN CASOS ESPECIALES. Cuando en el curso de los procesos de
competencia de los jueces regionales, surgieren hechos de carácter no económico
que impidieren el pleno ejercicio del derecho de defensa por los abogados
designados por los sindicados, la Defensoría del Pueblo nombrará abogados de la
institución para que se encarguen de asumir estas defensas, quienes no podrán
excusarse del servicio, salvo que se trate de enfermedad grave o habitual
debidamente comprobada que le impida ejercer la profesión.
Para garantizar
la seguridad de los designados en estas circunstancias, la Defensoría del
Pueblo, el Fiscal o el Juez,  coordinarán con la Oficina de Protección a
Víctimas, Testigos e Intervinientes en el proceso o con el Consejo Superior de
la Judicatura, si en este último caso el proceso está en la causa, las medidas
necesarias para la debida protección del abogado.
Así mismo, podrán
disponerse la reserva de la identidad de estos profesionales, con base en el
mismo procedimiento utilizado para la reserva de la identidad de testigos,
jueces o fiscales.
ARTICULO NUEVO.
EXTINCIÓN DEL DOMINIO EN EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES.
En el delito de enriquecimiento ilícito en el que los bienes provengan del
narcotráfico y conexos, la muerte del sindicado extingue la acción penal
respecto de éste, pero el trámite continuará con relación a los bienes afectos
a dicho enriquecimiento, para que se determine la extinción del derecho de
dominio en favor del Estado.
Cuando obre
prueba en el proceso de la actividad de narcotráfico y conexos, corresponderá a
los herederos y causahabientes demostrar el origen lícito de los bienes
correspondientes del causante.
Como se ve, si bien
esas normas guardan unidad de materia con el articulado de la Ley 104 de 1993,
en manera alguna se puede decir que ellos son fundamentales al sentido de la
misma.  Todo ello permite concluir que su desaparición del articulado en ningún
caso lo desnaturaliza.
Por consiguiente, la
persistencia de la discrepancia entre las Cámaras en torno a estos dos
artículos en manera alguna afecta globalmente la Ley 104  de 1993. Unicamente
se debe entender que estos artículos fueron negados por el Congreso y
efectivamente ellos no fueron incorporados en el texto sancionado de la
mencionada ley. Por consiguiente, por este aspecto, la ley es constitucional.
7- La regularidad
del cierre del debate en las Comisiones.
Según el actor, el
debate en las comisiones habría sido irregularmente cerrado, pues el Presidente
de las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado y la Cámara,
en la sesión conjunta del 29 de noviembre de 1993, lo habría hecho sin que existiera
quórum decisorio.
En primer término,
la Corte precisa que en sentido estricto no hubo un cierre general del primer
debate, por cuanto el proyecto fue tramitado, discutido y aprobado en las
sesiones conjuntas de las Comisiones por bloques de artículos. En efecto, según
consta en el Acta No 9 del 27 de octubre de 1993 (págs. 100 y ss), las
Comisiones decidieron, respetando los quórum reglamentarios, discutir y votar
el articulado del proyecto en cuatro bloques así: un bloque de artículos en los
cuáles había consenso, un bloque de disposiciones en los cuáles había
observaciones de los congresistas, un bloque de artículos nuevos y un bloque de
artículos que requieren ser reconsiderados por las Comisiones. Esto significa
entonces que no se puede hablar de una clausura general del debate en
comisiones, por lo cual la Corte considera que la acusación del actor está
dirigida contra el cierre del debate en relación con los dos artículos nuevos
propuestos en la sesión del 30 de diciembre. Sin embargo, el acta No. 13
correspondiente a las sesiones conjuntas de las comisiones primeras
constitucionales de Senado y Cámara del 30 de noviembre de 1993 muestra que
existió quórum decisorio de acuerdo con el artículo 116-2 de la Ley 5 de 1992,
pues se hicieron presentes 13 Senadores (de 19 miembros que conforman la
comisión) y 24 Representantes (de 33 miembros), según consta en los folios 1 y
2 del acta. Es cierto que el presidente de las sesiones conjuntas, H. Senador
Alberto Santofimio Botero, puso a consideración de los miembros el cierre de la
discusión, la cual fue aprobada. Esto muestra entonces que el cierre de la
discusión al que hace referencia el actor no se efectuó el 29 de noviembre de
1993 sino el 30 del mismo mes y año. Y, como consta en el Acta, no sólo había
quórum deliberativo sino decisorio en los términos del artículo 116-1 y 2 de la
Ley 5 de 1992.
8. Sobre la
ponencia para segundo debate.
El demandante
también considera que el informe y la ponencia para segundo debate en el Senado
desconocieron normas constitucionales.
Así, en primer
término, esgrime como cargo en contra de la Ley 104 de 1993, la falta de la
formalidad de la firma de los ponentes en la ponencia para segundo debate de la
norma en comento. Tal situación, sostiene el demandante, viola el artículo 157
constitucional, en su inciso primero. Dado lo anterior la Corte entra al
análisis del cargo en mención.
El inciso 1º del
artículo 157 de la Carta recae sobre el proyecto de ley, más no en la ponencia
para segundo debate, tal como lo pretende el demandante. Esto se afirma luego
de examinar la norma constitucional citada:
Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes:
1. Haber sido
publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión
respectiva.
(...)
De la lectura de la
anterior transcripción se comprende que el encabezamiento (ningún proyecto será
ley sin ...) en conjunto con el inciso primero (haber sido publicado
oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva)
conforman el sentido lógico de la norma. En efecto, el inciso primero del
artículo 157 de la Carta no puede interpretarse de una forma ligera, sin tener
en cuenta que allí se fija un requisito para que un proyecto de ley llegue a
ser una Ley de la República. Así las cosas, el objeto jurídico del inciso 1º
del artículo 157 C.P. es sólo el proyecto de ley. Por consiguiente, la
Constitución ordena es la publicación del proyecto y ésta fue efectivamente
hecha.
Ahora bien,
partiendo de la inexistencia de la violación de la norma constitucional
aducida, cabría estudiar si se presenta, según el cargo del demandante,
quebrantamiento de la Ley 5a. de 1992 (Reglamento del Congreso).
En el Reglamento del
Congreso podemos ubicar los artículos 156, 157 y 185, como definitorios del
trámite aludido. Los dos primeros establecen la orden de publicación del
informe ponencia para primer debate y el último prescribe el mismo
procedimiento, en lo que fuere compatible, establecido para el primer debate en
la discusión y aprobación de un proyecto en segundo debate. Según consta en la
Gaceta del Congreso No. 421 del 30 de noviembre de 1993, la ponencia para
segundo debate al proyecto de ley 40/93, en el Senado de la República, fue
publicada oportunamente.
Sin  embargo, el
cargo del actor gira en torno a la legitimidad de la publicación de la ponencia
cuando varios de los ponentes no la firmaron. Al respecto de los Representantes
a la Cámara que fueron ponentes de la Ley 104/93, no es relevante su ausencia
dado que el informe era para el Senado de la República. En lo concerniente a la
falta de firma del Senador Hugo Castro Borja, conviene recordar lo sucedido en
palabras del Ministro de Gobierno en ese entonces:
(i) los ponentes
para segundo debate en el Senado de la República fueron los senadores Luis
Guillermo Giraldo Hurtado y Hugo Castro Borja; (ii) la ponencia para segundo
debate en el senado fue publicada sin la firma del coponente Hugo Castro Borja;
(iii) el Senador Hugo Castro Borja no firmó porque su única objeción consistía
en la inclusión de los artículos 62 a 65 en el proyecto; y, (iv)  una vez el
ponente Luis Guillermo Giraldo manifestó su conformidad con el retiro de tales
artículos, el Senador Castro Borja procedió a firmar la ponencia, tal como
consta en el correspondiente expediente legislativo de la ley.
Así las cosas, el
Senador Castro Borja sí participó en la elaboración de la ponencia, sin
embargo, utilizó un mecanismo para fijar su posición sobre las divergencias
entre él y el otro ponente: no firmar la ponencia en la oportunidad de la
publicación.
Tal como sostiene el
interviniente Villegas Ramírez, en el caso del informe ponencia, ninguna de las
disposiciones constitucionales o legales exige unanimidad de criterio, para el
evento en que la presidencia de la respectiva cámara haya designado más de un
ponente. En este caso, la divergencia de criterios se presentó, mas no se
manifestó con un informe de minoría o con una constancia, sino con una medida
de hecho. Esta medida no tiene la suficiente entidad para viciar la legitimidad
de la publicación del informe ponencia para segundo debate. En efecto, las
discrepancias entre los ponentes no pueden llegar al punto de torpedear el
proceso legislativo, a través de conductas negativas que desvirtúan la función
legislativa.
Se concluye,
entonces, que este cargo del actor contra la ponencia para segundo debate en el
Senado es infundado.
De otro lado, el
actor considera que la mencionada ponencia desconoció el artículo 160 inciso
tercero de la Constitución, por cuanto no incluyó la totalidad de las
propuestas que fueron consideradas por la respectiva comisión y las razones que
determinaron su rechazo.
La Corte no
encuentra fundado, en este caso específico, el cargo del demandante, porque si
bien la ponencia no se refirió de manera específica a todas las propuestas que
fueron discutidas en las sesiones conjuntas de las comisiones, esta ponencia sí
señaló las orientaciones generales  de las diferentes propuestas que habían
sido presentadas y analizadas. En efecto, la ponencia señala:
"Este
proyecto de ley fue objeto de un largo y profundo debate, en el cual
participaron activamente no sólo los senadores y representantes sino diversas
organizaciones civiles con propuestas de especial significación, habiéndose
acogido muchas de ellas.
El proyecto
contiene, en su esencia, las disposiciones originarias que presentó el Gobierno
Nacional y las modificaciones que se introdujeron durante las discusiones
conjuntas de las comisiones primeras de las dos cámaras, en las cuáles se
acordó dividirlo en dos partes.11 "
La Corte considera
que, en este caso, esa referencia satisface el requisito exigido por la Carta,
por cuanto frente a leyes demasiado extensas y en las cuáles ha habido un
debate intenso en comisiones, resulta irrazonable exigir que el informe para
segundo debate especifique todas y cada una de las propuestas debatidas en las
Comisiones y las razones del rechazo de algunas de ellas. En efecto, conviene
tener en cuenta que la Ley 104 de 1993 posee más de 130 artículos.
9- Contenido de
la Ley 104 de 1993 y reserva de ley estatutaria.
Entra a continuación
la Corte a analizar si el contenido de la ley acusada es propio de la reserva
de ley estatutaria o no. Para ello, esta Corporación no efectuará un estudio
individualizado de cada uno de los artículos de la ley 104 de 1993 sino que
estudiará globalmente las materias contenidas en la ley acusada, por títulos  y
capítulos.
Comienza la Corte
por analizar el cargo general del demandante, según el cual, como los
antecedentes de la ley  indican que su propósito fue convertir en normas
permanentes algunas de las medidas expedidas al amparo de la conmoción
interior, entonces la ley debe ser estatutaria, conforme al mandato del literal
e) del Art. 152 de la Constitución Política. La Corte no comparte tal criterio,
por cuanto, como bien lo señala uno de los intervinientes, una interpretación
sistemática del artículo 214-2, en concordancia con el artículo 152-e de la
Carta, permite concluir que el objeto de regulación por vía estatutaria son las
facultades del Gobierno durante la vigencia de los estados de excepción, no así
todas las normas legales que tengan como finalidad otorgar carácter permanente
a las medidas adoptadas. Esto significa entonces que no se puede inferir que
una ley que da carácter permanente a un decreto de conmoción debe ser, por es
solo hecho, tramitada por la vía estatutaria, sino que ello depende del
contenido propio de la ley.
Tampoco es de recibo
el argumento según el cual como la ley acusada consagra unos instrumentos para
la búsqueda de la convivencia, entonces está relacionada con el derecho a la
paz, que es un derecho fundamental. En efecto, esta Corporación ha señalado, en
decisiones precedentes, que si bien el derecho a la paz ocupa un lugar
trascendental en el ordenamiento constitucional colombiano, puesto que es de
obligatorio cumplimiento, no es, en sentido estricto, un derecho fundamental,
por lo cual no tiene reserva de ley estatutaria.
Una vez desechados
estos cargos globales del actor, entra la Corte a estudiar los diversos títulos
y capítulos de la ley acusada.
Así, la parte
general se limita a señalar las orientaciones generales de la ley, así como
algunos criterios de interpretación de la misma, sin que encuentre la Corte
ningún contenido propio de las leyes estatutarias.
El título I de la
primera parte de la ley (artículos 9º a 17) consagra "instrumentos para la
búsqueda de la convivencia". Los dos primeros capítulos establecen
diversos tipos de beneficios procesales, los cuales son propios de los códigos
de procedimiento penal que, según jurisprudencia de esta Corporación, no tienen
contenido estatutario12
En efecto, la Corte ha señalado que si bien la libertad personal es un derecho
fundamental, ello no significa que los asuntos penales deban ser tramitados por
la vía estatutaria. Al respecto señaló la Corte:
"De modo
que, respecto a la libertad personal, es posible distinguir las leyes que
constituyen el estatuto general de ese derecho, esto es, que lo configuran y
determinan su contenido esencial.
Igualmente, las
leyes estatutarias se distinguen de las leyes ordinarias a través de las
cuales, en ejercicio de variadas potestades de origen constitucional, se
propone el Estado regular funciones públicas y proteger bienes -como la
convivencia pacífica- dignos de tutela. No se puede descartar que en este
último caso, las normas que se expidan, comporten restricciones a la libertad,
genéricamente entendida. No obstante, si tales restricciones corresponden al
necesario y razonable ejercicio de facultades constitucionales del Estado y se
dirigen a extender la protección necesaria a bienes y valores cuya salvaguarda
la misma Carta ordena, deben reputarse incidentales al desarrollo normal de
dichas competencias. En verdad, sería absurdo exigir que todas las funciones
estatales sean objeto de regulación por la vía de las leyes estatutarias sólo
porque eventualmente de ellas pudiesen provenir restricciones a la libertad
general, efecto éste inherente a toda regulación.
Para mayor
abundamiento: las leyes estatutarias a que se refiere el artículo 152-a de la
Constitución Política se ocupan de regular, de modo preferentemente positivo y
directo, el ejercicio de los derechos fundamentales. Bien distinto es el
contenido de aquellas normas mediante las cuales el Estado, al ejercitar el ius
puniendi, limita alguno de esos derechos, a manera de sanción imputable a una
conducta tipificada como delictiva. Tal es el caso de las disposiciones que
integran el código penal que, por las razones expuestas, no están sujetas al
trámite especial de las leyes estatutarias ni participan de la naturaleza
jurídica propia de éstas. Obsérvese, finalmente, que la ley estatutaria se
refiere, en cada caso, a un derecho determinado y su fin es desarrollar su
ámbito a partir de su núcleo esencial definido en la Constitución. La ley
penal, en cambio, asume ab initio un tenor marcadamente prohibicionista que le
permite delimitar genéricamente la libertad, definiendo el campo de lo ilícito
y reprochable socialmente. Definitivamente, no hace parte del núcleo esencial
de ningún derecho fundamental delinquir; luego, señalar legislativamente los
tipos penales y establecer las condignas sanciones, en modo alguno equivale a
'regular los derechos fundamentales´"13 .
El capítulo tercero
incorpora algunas "disposiciones para facilitar el diálogo con los grupos
guerrilleros, su desmovilización y reinserción a la vida civil", temas que
son propios de la ley ordinaria.
El título II de esta
primera parte (artículos 18 a 47) regula una serie de mecanismos para dar
atención a las víctimas de atentados terroristas, por intermedio del el medio
del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. Se trata de formas de asistencia
en materia de salud, para vivienda, en materia de crédito y educativa, así como
con la participación de entidades sin ánimo de lucro.
El título III
(artículos 48 a 60) también incorpora normas que no son de naturaleza
estatutaria sino de carácter procesal penal, puesto que establecen causales de
extinción de la acción de la pena en caso de delitos políticos.
La segunda parte de
la ley establece, en varios títulos y capítulos, una serie de mecanismos para
la eficacia de la justicia. Esto parece dar una naturaleza estatutaria a esta
parte, por cuanto el literal b del artículo 152 establece que es de reserva
estatutaria la "administración de justicia".  Sin embargo, como bien
lo señala uno de los ciudadanos intervinientes, este mandato debe interpretarse
conforme con las demás disposiciones constitucionales pues, de lo contrario, se
llega al absurdo de afirmar que todo código de procedimiento exige trámite
estatutario, por contener normas que regulan el funcionamiento de la justicia.
Esto vacía de contenido la competencia señalada en al legislador ordinario en
el artículo 150-2, que señala que corresponde al Congreso, por medio de leyes
ordinarias, "expedir códigos en todos los ramos de la legislación y
reformar sus disposiciones". Por ello, considera la Corte que debe darse
un sentido restrictivo a la reserva estatutaria en el campo de la
administración de justicia, por lo cual ella se refiere a los elementos
estructurales esenciales de la  función pública de justicia, esto es, a la
determinación de los principios que informan la administración de justicia, así
como los órganos encargados de ejercerla y sus competencias generales.
Ahora bien, el
análisis de las disposiciones de la ley acusada muestra que ella no regula los
elementos estructurales esenciales de la función pública de la administración
de justicia sino que se limita a establecer una serie de instrumentos para
garantizar la efectividad de dicha función. Por consiguiente, la Ley 104 de
1993 no está invadiendo el campo propio de la reserva estatutaria en materia de
administración de justicia.
Así, los títulos  I
y II (artículos 61 a 75) establecen típicas normas procesales penales, puesto
que regulan las  unidades ambulantes de policía judicial y diversas formas de
protección a los intervinientes en el proceso penal. No son entonces materias
estatutarias.
Por su parte, el
título  III (artículos 76 a 93) consagra una serie de medidas destinadas a
ejercer un "control sobre el financiamiento de las actividades subversivas
y terroristas", para lo cual se prevé, en el primer capítulo, hacer más
rigurosos los controles sobre el uso de los recursos de las entidades
territoriales o administrados por éstas, y en el segundo se establece un
conjunto de sanciones a aquellos contratistas que de algunas manera contribuyan
a las finanzas de las organizaciones insurgentes. La Corte no encuentra que
estas disposiciones sean de naturaleza estatutaria, puesto que se trata de la
regulación de funciones de control y de policía administrativa, que competen al
legislador ordinario.  Tampoco encuentra la Corte que la ley acusada haya
invadido el campo estatutario en el tercer capítulo de este mismo título,
puesto que éste establece formas de embargo preventivo y extinción del derecho
de dominio de bienes vinculados a la comisión de delitos de competencia de los
jueces regionales, lo cual es una típica materia de procedimiento penal, la
cual, como ya se ha indicado anteriormente, compete al Legislador ordinario.
El  título IV de
esta segunda parte se relaciona con el derecho fundamental a la libertad y el
derecho de información. En efecto, el capítulo I lleva como título
"Información y medios de comunicación" y establece restricciones y
prohibiciones a la libertad de comunicación (artículos 94 a 97), así como
sanciones a los medios que no cumplan con tales regulaciones (artículo 98 a
101). La Corte Constitucional, en recientes fallos14 ,
ha declarado inexequibles varios artículos de este capítulo por considerar que
esta materia tenía reserva de ley estatutaria. Dijo entonces la Corte:
"En el caso
de las disposiciones que en esta oportunidad han sido acusadas ante la Corte,
se observa sin dificultad que, considerado su objeto específico, fueron
dictadas bajo el designio indudable de regular, por la vía de la restricción,
el derecho a la información, plasmado en el artículo 20 de la Carta.
Sobre la
naturaleza fundamental de ese derecho ya ha tenido ocasión de pronunciarse la
Corte en múltiples providencias cuyo contenido se ratifica. Entre otras, cabe
mencionar las siguientes: T-512 del 9 de septiembre de 1992; T-414 del 16 de
junio de 1992; T-611 del 15 de diciembre 1992; T-332 del 12 de agosto de 1993;
C-488 del 28 de octubre de 1993, entre otras.
El artículo 94
impugnado prohibe la difusión total o parcial, sin autorización previa del
Ministro de Comunicaciones, por medios de radiodifusión sonora o audiovisual,
de comunicados que se atribuyan o provengan de grupos guerrilleros y demás
organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo,
señalando que dichos medios sólo podrán informar al respecto.
Por el artículo
96 eiusdem se les prohibe divulgar, sin autorización previa del Ministro
de Comunicaciones, entrevistas de miembros activos de organizaciones
guerrilleras, terroristas o vinculadas al narcotráfico.
Mediante el
artículo 97 se prohibe la transmisión, por los indicados servicios, de hechos
de terrorismo, subversión o narcotráfico, mientras estén ocurriendo.
Sin necesidad de
entrar en el análisis de fondo de dichas disposiciones, se advierte con
facilidad que están orientadas a establecer reglas aplicables al ejercicio del
derecho a informar, cuyo incumplimiento por los medios habrá de ocasionar las
sanciones más adelante consagradas en el artículo 98 de la misma Ley 104 de
1993.
Es indudable que
el propósito del legislador fue cabalmente el de regular el desempeño de
la actividad informativa que cumplen los medios audiovisuales. Si bien lo hizo
dentro del marco de normatividad aplicable al manejo del orden público, la
materia misma de los preceptos en cuestión les confiere un indudable carácter
imperativo y de forzoso acatamiento que, por ende, incide en el ejercicio del
derecho, tanto en su aspecto activo (medios de información) como en el pasivo
(receptores de la misma).
Tal función, a la
luz del perentorio mandato consagrado en el artículo 152 de la Carta, ha debido
ser ejercida por la vía de una ley estatutaria."
Con base en tales
argumentos, esta Corporación declaró entonces inexequibles los artículos 94, 96
y 97. Igualmente, en posterior sentencia y con idéntico criterio, esta
Corporación declaró inexequible el artículo 95. Por las mismas consideraciones,
serán declarados inconstitucionales en la parte resolutiva de esta sentencia
los artículos 98, 99, 100 y 101, por cuanto estas disposiciones guardan una
unidad lógica con los anteriores artículos, ya que ellas establecen las
sanciones para quienes incumplan las prohibiciones y las restricciones.
Finalmente, esta Corporación considera que procede también declarar la
inexequibilidad del artículo 17 de la presente ley. En efecto, si bien esta
norma no consagra en sentido estricto una restricción al derecho de
información, puesto que por el contrario autoriza la difusión de comunicados o
entrevistas de miembros de organizaciones guerrilleras vinculadas a proceso de
paz, este artículo sólo adquiere sentido normativo a la luz de las
restricciones previstas en los artículo 94 y 96 de la ley acusada, puesto que
es una excepción a tales normas. Una vez retiradas éstas del ordenamiento
jurídico, procede igualmente declarar la inexequibilidad del artículo 17.
Por el contrario, la
Corte considera que el capítulo II de este título (artículo 102 a 107) no es
propio de la reserva de ley estatutaria. En efecto, este capítulo no regula ni
restringe el derecho de información sino que establece regulaciones sobre el
sistema  de radiocomunicaciones (manejo de buscapersonas, radioteléfonos, etc.)
y establece sanciones a quienes no las cumplan. No son entonces artículos
relacionados con el contenido esencial del derecho de información sino típicas
regulaciones de policía administrativa que son propias del legislador
ordinario.
Los títulos V (arts.
108 a 119), VI (arts. 120 a 125) y VIII (126 a 133) de la ley tampoco son de
aquellos que la Constitución consagra como propios de la reserva de ley
estatutaria. Así, el primero de ellos regula las sanciones por incumplimiento
de las órdenes del Presidente en materia de orden público, el segundo nuevas
fuentes de financiación para el Estado y el tercero disposiciones sobre
reservas y adjudicación de terrenos baldíos, que son todos temas propios del
legislador ordinario.
En síntesis, como se
puede constatar a partir del anterior examen, con excepción del capítulo
primero del título IV de la segunda parte, las materias contenidas en la ley
impugnada son propias del legislador ordinario.
10- Efecto de
cosa juzgada relativa de la presente sentencia.
La presente demanda
se basa en un ataque global contra la Ley 104 de 1993, por razones de
procedimiento y de reserva de ley estatutaria. Ahora bien, la Corte ha
analizado en extenso los cargos del demandante y, con excepción de la
inconstitucionalidad de algunos artículos cuya materia efectivamente es propia
de la ley estatutaria, esta Corporación no ha encontrado ningún elemento que
determine la inexequibilidad de la ley en su conjunto. Ahora bien, como la
Corte no ha efectuado una confrontación integral de todos los artículos de la
ley revisada con todos los artículos de la Constitución, procede limitar el
alcance de la cosa juzgada constitucional,  puesto que las acusaciones globales
contra la ley no han prosperado. Esos artículos serán declarados exequibles,
pero únicamente por las razones expresamente estudiadas en esta sentencia, esto
es, por no ser estas materias de reserva de ley estatutaria; por haberse
debidamente corregido el vicio de trámite relacionado con el artículo 160 de la
Constitución; por haberse cerrado en debida forma el debate en las Comisiones;
por no haber irregularidades en la ponencia para segundo debate; y, finalmente,
porque la persistencia de discrepancias entre las Cámaras no afecta a la
totalidad de la Ley 104 de 1993 sino únicamente a dos proyectos de artículos
que no fueron incluidos en la misma.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Con respecto a los artículos 94, 95, 96 y
97 de la Ley 104 de 1993, ESTARSE A LO  RESUELTO en la Sentencias No. C-425/94
y  No. C-562/94, que declararon inexequibles estas disposiciones.
Segundo: Con respecto a los artículos 128
(parcial), 129 (parcial), 130 y 133 de la Ley 104 de 1993, ESTARSE A LO
RESUELTO en la sentencia No. C-428794, que declararó exequibles estas
disposiciones.
Tercero: Declarar INEXEQUIBLES  los artículos 17,
98, 99, 100 y 101 de la Ley 104 de 1993.
CUARTO: Declarar EXEQUIBLES el resto de los
artículos que conforman la Ley 104 de 1993, pero únicamente por las razones
expresamente estudiadas en esta sentencia,  esto es, por no ser estas materias
de reserva de ley estatutaria; por haberse debidamente corregido el vicio de
trámite relacionado con el artículo 160 de la Constitución; por haberse cerrado
en debida forma el debate en las Comisiones; por no haber irregularidades en la
ponencia para segundo debate; y, finalmente, porque la persistencia de
discrepancias entre las Cámaras no afecta a la totalidad de la Ley 104 de 1993
sino únicamente a dos proyectos de artículos que no fueron incluidos en la
misma..
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO MEJIA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
1 Cf Corte Constitucional. Sentencia
C-607/92
2 Cf Corte Constitucional.
Sentencia C-519/94. MP Vladmiro Naranjo Mesa.
3 Ver, por ejemplo, entre otras,
Sentencia C-527/94.
4 Cf Corte Constitucional.
Sentencia C-519/94. MP Vladmiro Naranjo Mesa.
5 Ver por ejemplo las Sentencias
C-011/94 del 21 de enero de 1994, C-301/93 del 2 de agosto de 1993 y C-496/94.
6 Sentencias C-011/94 del 21 de
enero de 1994, MP Alejandro Martínez Caballero.
7 Corte Constitucional. sentencia
C-167/93 del 29 de abril de 1993. MP Carlos Gaviria Díaz..
8 Ver Folios 300 y ss así como
copia en la Gaceta del Congreso No. 466 p.12 y ss.
9 Transcripción de la sesión del
16 de diciembre de 1993, Cinta No 16, p 2 y Cinta 17 p 1, figura en el
expediente de la Corte bajo folios 137 y 138
10 Transcripción de la sesión del
16 de diciembre de 1993, Cinta No 26, p 1, figura en el expediente de la Corte
como folio 152.
11 Gaceta del Congreso No 421 del
30 de noviembre de 1993.
12 Ver, por ejemplo, sentencia
C-013/93. M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
13 Corte Constitucional. Sentencia
No C-313 del 7 de julio de 1994. MP Carlos Gaviria Díaz.
14 Cf Sentencia C-425/94 del 29 de
septiembre de 1994. MP José Gregorio Hernández Galindo.