T-214-18
Sentencia T-214/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Mediante reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha establecido
que una decisión judicial adolece de defecto material o sustantivo cuando “la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la
ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto.”
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL
El desconocimiento del
precedente se configura cuando el funcionario judicial se aparta
injustificadamente de las decisiones proferidas por los tribunales de cierre o
de aquellas que han sido emitidas por ellos mismos al momento de resolver
asuntos que presentan una situación fáctica similar a la que ya había sido
resuelta en aquellas providencias. Todo esto sin que medie razón  jurídica
alguna bajo la cual, se justifique el cambio de  jurisprudencia.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
La configuración del desconocimiento del precedente constitucional como
defecto constitutivo de una causal especifica de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales se predica fundamentalmente de los
pronunciamientos emitidos por este Tribunal, es decir “(…) cuando la Corte establece el alcance de un derecho
fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la
Carta, y luego el juez ordinario resuelve un caso limitando sustancialmente
dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada por el órgano de cierre
de la jurisdicción constitucional.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente alegados por el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Telecom
La Sala concluye que la sentencia no incurrió en un defecto
sustantivo pues la misma no comporta un desconocimiento del artículo 7° del Decreto
306 de 1992, como tampoco de las órdenes proferidas en la sentencia de
unificación SU-377 de 2014.
Referencia: Expediente: T- 6508928
Asunto: Acción de tutela interpuesta por el  Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Telecom (en adelante PAR) contra la providencia del 25 de abril
de 2017 proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla – Valle.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá
D.C., primero (1) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, José
Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y y por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido en segunda instancia el
(27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, que modificó la decisión
del once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017) de la Sala Tercera de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el sentido en que negó
la acción de tutela incoada por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom
(en adelante PAR) contra la providencia del 25 de abril de 2017 proferida por
el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla – Valle.
Mediante Auto del quince (15) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), la Sala de Selección Número Doce[1] de la Corte Constitucional escogió el
expediente de la referencia para su revisión.
I. ANTECEDENTES
El Patrimonio Autónomo de
Remanentes de la extinta Telecom –PAR-, actuando mediante apoderada judicial,
el 28 de julio de 2017 presentó acción de tutela en contra el Juzgado Laboral del
Circuito de Sevilla–Valle, con ocasión a la sentencia que profirió el 25 de
abril de 2017 en el marco de un proceso ordinario laboral de única instancia
que promovió el PAR para solicitar la devolución de una suma de dinero que fue
reconocida y pagada al señor César Olmedo Triana Quiroz en cumplimiento de un
fallo de tutela, que posteriormente fue revocado por parte de la Corte
Constitucional mediante Sentencia SU- 377 de 2014. La
solicitud se fundamenta en los siguientes hechos:
1. Antecedentes del proceso
laboral ordinario que motivó la tutela.
1.1. César Olmedo Triana
Quiroz, en calidad de ex trabajador oficial de la extinta Empresa Nacional de
Telecomunicaciones  - TELECOM- , en el año 2009 promovió acción de tutela
contra el PAR[2] para solicitar su inclusión en el Plan
de Pensión Anticipada – PPA-[3] que había sido ofrecido por la mencionda
empresa, previo cumplimiento de unos requisitos. De la referida acción
constitucional conocieron en primera y segunda instancia los Juzgados Primero
Promiscuo Municipal y Promiscuo de Familia de Lorica (Córdoba), que mediante
sentencias del 30 de noviembre de 2009 y del 28 de diciembre del mismo año,
respectivamente, encontraron que el señor Triana Quiroz si cumplía con los
presupuestos para ser incluido dentro del comentado PPA. En consecuencia, le
ordenaron al PAR incluir, reconocer, liquidar y cancelar a favor del
accionante el valor correspondiente a dicha pensión[4].
1.2. En cumplimiento de las decisiones
judiciales en comento, el PAR incluyó al señor Triana Quiroz en el PPA y le
pagó la suma de $ 6´578,660 correspondiente al valor de su derecho pensional.
1.3. No obstante lo
anterior, mediante Sentencia SU- 377 de 2014[5],
la Corte Constitucional adoptó distintas decisiones en relación con acciones de
tutela incoadas por ex empleados de la extinta TELECOM. Entre las mismas, resolvió
revocar un grupo de sentencias que habían ordenado la inclusión de ex
trabajadores  en el  PPA, incluyendo en estas, las proferidas en favor del
señor Triana Quiroz. En su lugar, declaró improcedente el amparo invocado al considerar
que la acción de amparo interpuesta por éste no cumplía con el requisito de la inmediatez[6] [7].
1.4. En el año 2015, el PAR
le solicitó a la Corte una adición a la parte resolutiva de la Sentencia SU-
377 de 2014 tendiente a incluir una orden dirigida a la restitución de los
montos pagados con ocasión del cumplimiento de las sentencias de instancia que
fueron revocadas y, en consecuencia, declaradas improcedentes, como ocurrió en
el caso del señor Triana Quiroz.
Sobre este aspecto, mediante
auto 503 de 2015[8] esta Corporación resolvió no acceder a
la adición de la sentencia en los términos requeridos por el PAR. Sin embargo, en
la misma providencia, la Corte precisó que:
“El hecho de que el PAR hubiere
cancelado sumas de dinero a favor de algunos peticionarios en cumplimiento de
las sentencias de instancia, a pesar de que las mismas eran objeto de revisión
por la Corte, no impacta la resolución a los problemas jurídicos que se
plantearon, ni tampoco significa que se omitió resolver algunos de los extremos
de la litis.
La Sala Plena no dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de
TELECOM, porque dicha entidad puede hacer uso de los instrumentos legales
que tiene a su disposición para lograr la devolución de lo pagado con
fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de
la obligación desapareció. Bastaba con revocar todas las órdenes de las
sentencias de instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de las
mismas carecen de justificación legal y constitucional, por lo que la
restitución de las cosas al estado inicial debe procurarse mediante los
mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico para ello” (Subrayado fuera
del texto original).
1.5. Con fundamento en lo
previsto en la Sentencia SU- 377 de 2014 y en el precitado auto, en febrero de
2017, el PAR promovió demanda ordinaria laboral de única instancia contra el
señor Triana Quiroz, para que éste restituyera los montos que le habían sido
reconocidos y pagados conforme a la orden judicial revocada, por estimar que se
había configurado un enriquecimiento sin justa causa del demandado en
detrimento de sus intereses patrimoniales.[9]
1.6. Del trámite judicial
conoció el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla – Valle - quien, mediante
sentencia de única instancia del 25 de abril de 2017, decidió desestimar las
pretensiones del PAR al señalar que del acervo probatorio allegado al proceso “(…)
no logró demostrarse la configuración de la institución jurídica de la
enriquecimiento sin causa por parte del demandando César Olmedo Triana (…)”[10]. Lo anterior, por considerar, en
palabras del juez, que:
(i)
“No se acreditó la carencia de una verdadera fuente de
obligaciones que haya causado el derecho pensional del demandado, puesto que la
misma tuvo origen en una decisión judicial, frente a la cual, no se cuestionó,
por parte del órgano guardián de la Constitución, su legalidad o legitimidad,
sino que se limitó a efectuar un examen frente a sus causales de
procedibilidad, como lo fue la inmediatez”[11].
(ii)
Al respecto precisó que la decisión jurisdiccional que en su
momento dio lugar al derecho pensional del demandado“(…) no ha sido acusada
de ilegalidad por un órgano legítimo, por lo tanto, era enteramente válida
frente a la creación de las obligaciones y, por sustracción de materia, no
puede traducirse ésta en una situación de incertidumbre jurídica donde el
justiciable pueda verse abocado a problemas futuros por descuidos o presuntos
errores de la jurisdicción”[12].
(iii)
En razón de lo expuesto, señaló que “(…) una sentencia judicial
que hizo las veces de verdadera fuente de las obligaciones y goza de presunción
de certeza, como manifestación soberana de la obligación del estado de
administrar justicia, no puede endilgarle responsabilidad a quien resultó
beneficiado con ella. Salvo, claro está, de que se hubiese demostrado por
medios probatorios fehacientes que la misma estuvo revestida de ilegalidad y
mala  fe[13]“
(iv)
Sobre este último punto, el juez hizo especial hincapié en que el
caso del señor Triana Quiroz  no fue siquiera enlistado en la Sentencia SU- 377
de 2014 entre aquellos donde se vislumbró una actuación temeraria o de mala fe,
sino que por el contrario, la razón de la declaración de improcedencia obedeció,
específicamente, a la falta de acreditación del requisito de inmediatez. De esa
manera, advirtió el operador judicial que “se tiene que las sentencias de
tutela que acogieron en un momento dado las pretensiones del hoy demandado
crearon obligaciones entre las partes comprometidas en dicho trámite
constitucional, en razón a la presunción de certeza de la cual gozó al momento
de su  proferimiento, que no se vio menguada o destruida por la interpretación
disímil de la honorable Corte Constitucional[14]”.
2. Cargos en contra
de la providencia judicial objeto de acción de tutela.
Inconforme con la decisión
adoptada en el curso del aludido proceso laboral, el PAR instauró acción de
tutela contra el fallo de única instancia del 25 de abril de 2017 proferido por
el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla–Valle,  alegando que el mismo
adolece de un defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente, vulnerándose
con ello, sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
2.1. En primer lugar, del
escrito de tutela se desprende la presunta configuración de un defecto
sustantivo que se argumenta en el hecho de que el fallo objeto de
cuestionamiento desconoció el artículo 7º del Decreto 306 de 1992, el cual se
refiere a los efectos de las decisiones de
revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones
de fallos de tutela donde se prevé que “ Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte
Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya
ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la
actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del
fallo respectivo”.
En virtud de la anterior
disposición normativa, encuentra el actor que, de acuerdo con lo resuelto por
la Corte Constitucional en Sentencia SU-377 de 2014, le correspondía al Juzgado
Laboral del Circuito de Sevilla “deshacer los efectos de los fallos de
tutela revocados, esto es, ordenar la devolución de los dineros pagados en
favor del señor CÉSAR OLMEDO TRIANA QUIROZ”[15].
2.2. En segundo lugar,
señala el actor que el fallo atacado incurrió, igualmente, en la causal
especial de procedibilidad prevista para la tutela contra providencias judiciales,
la cual se refiere al desconocimiento del precedente. Al respecto,
argumentó la configuración de la referida causal en dos aspectos, a saber:
a.
Aduce que, a su juicio, mediante la Sentencia SU- 377 de 2014 y el
auto 503 de 2015 la Corte Constitucional dispuso que el “PAR tenía el
derecho a la devolución de los dineros pagados en favor de los beneficiarios de
las tutelas revocadas, en aplicación de la teoría del enriquecimiento sin
causa”[16].
Así las cosas, encuentra el PAR que el Juzgado Laboral del
Circuito de Sevilla debió limitarse únicamente a verificar “(…) la
existencia del pago y la revocatoria de los fallos de tutela por cuya virtud se
realizaron los mimos, para concluir que la causa jurídica que justificó dicha
erogación había perdido toda validez y eficacia jurídica (...)[17]”.
No obstante, la referida autoridad judicial, se apartó, en su sentir, de lo
resuelto por esta Corporación y resolvió proferir sentencia desestimatoria de
las pretensiones del PAR, al establecer que no se probó el enriquecimiento sin
justa causa del señor Triana Quiroz.
b.
Por otro lado, afirma el actor que la sentencia impugnada incurre
en desconocimiento del precedente al considerar que no se probó la institución
del enriquecimiento sin causa, pese a que, a su juicio, “(…) la Corte había
explicado que el PAR tenía derecho a la recuperación de los dineros pagados”
Al respecto, se refirió
concretamente a las sentencias T-032 de 1994[18],
T – 694 de 2002[19] y  T- 105 de 2014[20]
para indicar que “cuando en sede de revisión se revocan fallos de tutela que
habían reconocido un derecho en favor del accionante, debe procurarse
reestablecer sus cosas al estado inicial, siempre que ello sea posible”[21].
Asimismo, destacó lo dicho
por esta Corporación mediante sentencia T – 694 de 2002 en los siguientes
términos:
“Es perfectamente claro que, por regla  general, la consecuencia
obvia de la revocatoria de un fallo de tutela que declara la procedencia del
amparo, es que las cosas vuelvan a su estado anterior, o tal y como se encontraban
antes de cumplirse la orden  impartida en la providencia que se revoca. No
obstante, es igualmente claro que ello ocurrirá en la medida en que el
regreso a ese estado sea jurídicamente posible y no resulte desproporcionado”.
3. Actuación procesal y
pruebas relevantes en el expediente.
3.1. La Sala Tercera de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Buga conoció
en primera instancia de la acción de amparo objeto de revisión. Por medio de
auto del 28 de julio de 2017 ordenó la notificación de la misma a la autoridad
accionada y le otorgó un (1) día para que rindiera un informe respecto de los
hechos materia de tutela y así mismo, aportara copia del expediente
2017-00015-00[22] con su respectiva
sentencia.
Adicionalmente,
ordenó vincular al proceso al señor César Olmedo Triana Quiroz en calidad  de
tercero con interés y le concedió un (1) día para que presentara un informe
sobre los hechos que motivaron el trámite constitucional.
De allí, que
el despacho judicial y el señor Triana Quiroz se pronunciaron respecto de los
hechos en los que se fundó la acción de tutela en los siguientes términos:
·
Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla – Valle.
Mediante
oficio del 1 de agosto de 2017 el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla –
Valle se pronunció respecto de la acción de tutela adelantada por el PAR de la
siguiente manera[23]:
Empezó por
advertir que los argumentos expuestos en el escrito de tutela en relación con
la aparente vulneración al principio de igualdad, fundados en que existiría la
posibilidad de otorgar el grado jurisdiccional de consulta a la sentencia del
25 de abril de 2017, tal y como aparentemente ocurrió en un proceso análogo,
carecen de validez jurídica, comoquiera que en sede de control jurisdiccional,
este Tribunal en sentencia C -424 de 2015[24]
estudió la constitucionalidad del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el
artículo 14 de
la Ley 1149 de 2007, donde “posibilitó la consulta en procesos de única
instancia cuando las pretensiones de la demanda fuesen despachadas de
manera adversa al trabajador”. En tal sentido, advirtió que la
entidad actora pretende, “bajo un concepto de extensión de efectos
restrictivos o bajo un presunto paradigma más garantista de derechos
fundamentales, cambiar el sentido que le dio el Tribunal Constitucional a la
norma atacada”[25].
Sobre este
particular, precisó que “el postulado de igualdad que alega la accionada
para pretender hacer valer el grado jurisdiccional de consulta, no compagina
con la visión proteccionista del trabajador exhibida por la Corte
Constitucional en la sentencia C -424 de 2015, puesto que la decisión adoptada
se circunscribe al grado de desigualdad existente en las relaciones de trabajo
(…)[26]”.
Ahora bien,
en lo que se refiere concretamente a los cargos formulados contra el fallo
atacado, la autoridad judicial estableció que:
(i)      En cuanto al defecto sustantivo: no se acreditó con suficiencia la configuración
del mismo por desconocimiento del artículo 7 del  Decreto 306 de 1992, toda vez
que “no se concedió pleno efecto jurídico a la sentencia de tutela que fue
revocada por la Corte Constitucional (en cuanto a sus efectos futuros)”[27]. Bajo la misma línea,
agregó que la disposición normativa en comentó “no pertenece a las llamadas
normas sustanciales” sino que por el contrario, “regula los efectos de
una determinada providencia judicial, que está íntimamente relacionada con
aspectos procesales”, luego encontró que no puede encasillarse dentro de
una de las causales específicas de procedibilidad previstas por la  jurisprudencia
para la tutela contra providencia judicial[28].
(ii)
En cuanto al desconocimiento del precedente: indicó que, de conformidad con lo dispuesto en
el auto 503 del 2015, la Corte Constitucional fue clara en establecer que “debe
procurarse”, mediante los medios ordinarios, por el reembolso de
los pagos efectuados en virtud de las sentencias revocadas por la Sentencia SU-
377 de 2014, situación que a juicio de la accionada es “ (…) muy ajena al
panorama que pretende hacer ver el actor, concerniente a que la Corte dispuso
de manera expresa que tenía derecho al reembolso (….)”. En efecto, indicó la
autoridad judicial demandada, que la Corte no resolvió el caso del señor Triana
Quiroz con un elemento retroactivo  ya que, dada su  declaratoria de
improcedencia, el mismo debía ser analizado de manera individual ante el juez
ordinario, quien a su vez, estaba llamado a establecer si se configuraba un
enriquecimiento sin justa causa, para con ello proceder a ordenar la devolución
de dinero a la que hubiese lugar.
Adicionalmente,
explicó que las sentencias a las que hizo mención el accionante y frente a la
cuales considera que hubo un aparente desconocimiento del precedente
constitucional no pueden ser aplicadas de manera análoga en el caso objeto de
estudio, comoquiera que dichas providencias fueron proferidas con “anterioridad
a la sentencia de unificación que revocó los casos sobre los que se pretende la
devolución, por lo cual, claramente, no son situaciones idénticas o parecidas”[29].
Hizo
especial hincapié en que el auto 503 del 2015, contrario a las sentencias de
constitucionalidad, no tiene la categoría de precedente, pues con él solo se
resolvió, para lo que interesa al caso particular, “no adicionar” la Sentencia
SU – 377 de 2014, y “(…) no cambió el entendimiento para retrotraer efectos
de sentencias revocadas”[30].
Por último,
allegó, de acuerdo con lo solicitado por el juez de tutela, copia íntegra del
expediente 2017-00014-00.
·      Señor César Olmedo Triana Quiroz.
Mediante
oficio del 4 de agosto de 2017 el señor Triana Quiroz manifestó que el Juzgado
Laboral del Circuito de Sevilla -Valle del Cauca en providencia del 25 de abril
de 2017 actuó en derecho en tanto el pago recibido en su momento por parte del
PAR obedeció a las órdenes impartidas en los fallos de tutela de primera y
segunda instancia proferidos por jueces de la República, donde se le ampararon
sus derechos fundamentes, motivo por el cual, insiste no incurrió en la figura
jurídica del enriquecimiento sin causa.
3.2.
Pruebas relevantes que obran en el expediente[31]:
(i)      Copia de la demanda ordinaria laboral de única
instancia la cual fue tramitada por el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla
– Valle[32].
(ii)    Copia de los audios contentivos de las
audiencias de contestación de la mencionada demanda, conciliación, saneamiento
y fijación del litigio, alegatos de conclusión, y fallo[33].
(iii)  Copia de los fallos de tutela que en el año 2009 habían
amparado los derechos del señor César Olmedo Triana Quiroz y a partir de los
cuales se le reconoció al mismo la suma de $ 6´578,660
que reclamó el PAR mediante el referido proceso laboral ordinario.
(iv)  Fallo de primera instancia del 29 de junio de 2017,
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga mediante el
cual, en un caso similar al objeto de estudio, se le concedió al PAR el grado
jurisdiccional de consulta dentro de un proceso laboral ordinario de única
instancia[34].
(v)   Escritura pública Nº 2852 del 15 de julio de 2016
otorgada en la Notaría Primera del Circuito de Bogotá  por la cual la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. FIDUAGRARIA S.A y Sociedad Fiduciaria
Popular S.A. FIDUCIAR S.A, integrantes del Consorcio de Remanentes de TELECOM, otorgan
poder general amplio y suficiente a favor de la doctora Hilda Terán Calvache.[35]
4. Decisiones objeto de revisión.
4.1.
Fallo de primera instancia
En
sentencia del 11 de agosto de 2017, la Sala Tercera de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga encontró que “(…) lo
pretendido por la entidad accionante, no es más que el juez constitucional o en
su defecto el juez ordinario demandado aplique por analogía la sentencia del 29
de junio de 2017(…)” por medio de la cual, en el marco de acción de tutela,
otorgó el grado jurisdiccional de consulta a un proceso laboral de única instancia
que fue igualmente resuelto por el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla.
Consideró
el Tribunal que, en virtud del principio de igualdad, le corresponde aplicar
las mismas líneas decisoriales utilizadas en situaciones fácticas y jurídicas
similares, como en efecto ocurrió en el caso del señor Triana Quiroz y aquel
que fue fallado en sentencia del 29 de junio de 2017 por el mismo Despacho Judicial.
Lo anterior, so pena de desconocer el precedente y, en consecuencia, atentar
contra los postulados propios del derecho a la seguridad jurídica como pilar
fundamental en el acceso a la administración de justicia. En virtud de lo
anterior, el Despacho procedió a tutelar los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la doble instancia, a la defensa y al acceso
pleno a la administración de justicia del PAR y, por consiguiente, ordenó
enviar el expediente contentivo del proceso laboral adelantado por el PAR
contra el señor César Olmedo Triana Quiroz a la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle) para que surtiera
el grado jurisdiccional de consulta[36].
Así mismo, instó
al Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla “para que en adelante, y dada
similares condiciones fácticas y jurídicas, atienda a la línea de decisión
adoptada por la Sala Laboral de este Tribunal, en relación con la remisión en
el grado jurisdicciónal de CONSULTA, de las sentencias de única instancia que
resulten adversas a la Nación, Entes Territoriales o cuando la Nación funja
como garante”[37].
4.2. Impugnación
En señor
César Olmedo Triana Quiroz, vinculado al trámite constitucional, impugnó el
fallo de primera instancia por considerar que el juez desconoció que la
providencia atacada es de única instancia, luego no había lugar a conceder el
grado jurisdiccional de consulta. Añadió que no son de recibo los argumentos
expuestos por el a quo en cuanto al principio de igualdad que buscó
proteger mediante el fallo recurrido, pues  “los trabajadores son las parte
más vulnerable en la relación laboral, por ende no puede haber igualdad con los
empleadores”[38].
4.3. Fallo
de segunda instancia
Mediante
sentencia del 27 de septiembre del 2017, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de primera instancia por encontrar que
la decisión adoptada por el a quo  en relación con la procedencia del
grado jurisdiccional de consulta de la decisión atacada fue equivocada.
Sobre el
particular el ad quem precisó que, en atención a lo dispuesto por la
Corte Constitucional en sentencia C -424 de 2015[39], el grado jurisdiccional de consulta solo
procede para  las sentencias proferidas en procesos ordinarios laborales de
única instancia que sean “totalmente adversas a las pretensiones del
trabajador, afiliado o beneficiario”. Así las cosas, aclaró el
verdadero alcance que le dio el Tribunal Constitucional al artículo 69 del
Código Procesal del
Trabajo y Seguridad Social, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007[40], mediante la comentada providencia.
Finalmente,
en relación con los cargos presentados en contra de la sentencia objeto de
cuestionamiento se remitió a la providencia STL 12750- 2017 del 16 de agosto de
2017 proferida por la misma Corporación, donde se resolvió el recurso de
impugnación[41] presentado en el
marco de una acción de tutela adelantada en contra de una sentencia emitida por
el Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla[42]
dentro de un proceso laboral de única instancia promovido por el PAR para
obtener la devolución de unos dineros que fueron cancelados a un ex trabajador
de la extinta TELECOM con ocasión de un fallo de tutela, que fue igualmente
revocado por la Corte Constitucional en la pluricitada sentencia de unificación
SU- 377 de 2014.
En dicha
oportunidad, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema  de Justicia
resolvió revocar la decisión del 29 de junio de 2017
proferida por el  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Al respecto señaló que:
“ (…) del
estudio de la sentencia de única instancia del Juez Laboral del Circuito de
Sevilla, no se vislumbra vulneración alguna; en efecto, de los argumentos
expuestos en la providencia que no accedió a las súplicas de la demanda
instaurada por la aquí accionante, no se advierte que haya sido una decisión
caprichosa e inconsulta, por el contrario, se observa que el juez ordinario
actuó dentro del marco de la autonomía e independencia que le es otorgada por
la Constitución y la ley, con base en el ordenamiento jurídico aplicable al
caso, la jurisprudencia y la realidad procesal; pronunciamiento del cual bien
puede discrepar el actor, pero no por ello constituye una vía de hecho
susceptible de ser amparada por este medio constitucional.
Es decir, que con independencia de que se compartan o no las
consideraciones esgrimidas por la autoridad judicial accionada, lo cierto es
que la providencia se encuentra edificada en reflexiones que consultan las
reglas mínimas de razonabilidad jurídica, impidiendo al juez de tutela
interferir invocando una mejor interpretación del asunto”[43].
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y
241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de
tutela adoptados en el proceso de esta referencia.
Previa presentación del caso y el planteamiento de los
problemas jurídicos a resolver, encuentra la Sala necesario esclarecer si en
esta oportunidad se satisface la legitimación por activa y por pasiva de la
acción de tutela objeto de revisión[44].
Así como también, verificar si en el asunto objeto de revisión se acredita al
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
2. Legitimación en la
causa
2.1. Legitimación en la
causa por activa
De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política,
toda persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma o por
quien actúe a su nombre[45]. Por su parte, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991[46] señala que la referida acción constitucional
“podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
Sobre el particular es preciso aclarar que el concepto de "persona" contenido
en el mencionado artículo 86 de la Constitución Política se refiere tanto a las
personas naturales como a las personas jurídicas.[47] Así
las cosas, es de recabar que las personas jurídicas también son titulares de
derechos fundamentales que pueden ser protegidos por vía de acción de tutela[48].
En suma, la legitimidad por activa es un requisito de
procedibilidad imprescindible a la hora de interponer una acción de tutela, de
manera que las personas naturales están legitimadas por activa, de manera
directa, o a través de sus representantes legales o por agentes oficiosos;
mientras que las personas jurídicas están legitimadas por activa exclusivamente
a través de su representante legal o apoderado judicial.
En esta oportunidad, la acción constitucional fue interpuesta por
el PAR,  que actuando a través de apoderado judicial plenamente reconocido mediante
escritura pública, invocó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia los cuales fueron presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 25 de abril de 2017 emitida por el
Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla (Valle) en el marco de un proceso
ordinario de única instancia. De allí, que este Despacho encuentre satisfecha
la legitimación en la causa por activa de la  acción de tutela en revisión.
2.2. Legitimación en
la causa por pasiva
De
acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 5° del Decreto 2591 de 1991[49], el Juzgado Laboral del Circuito
de Sevilla está legitimado
como parte pasiva en el proceso de tutela adelantado por el PAR, toda vez que
tiene la naturaleza de autoridad pública con funciones jurisdiccionales.
3. Procedencia
excepcional del amparo contra providencia judicial -verificación de los
requisitos generales de la acción de tutela que se revisa.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional se ha
referido a la posibilidad de controvertir las decisiones judiciales a través
del ejercicio de la acción de tutela, precisando que, en esos casos, el amparo
es de alcance excepcional y restringido, en el sentido que solo tiene lugar
cuando pueda establecerse claramente una actuación del juzgador manifiestamente
incompatible con la Constitución y violatoria de derechos fundamentales, en
especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sin que sea factible entender que la tutela, en sí misma, constituya
un juicio de corrección de los asuntos ya definidos por la autoridad competente[50].
Ha explicado la Corte que, aun cuando las decisiones judiciales
pueden dar lugar a la amenaza o vulneración de garantías constitucionales
susceptibles de protección por vía de tutela, el alcance excepcional y
restrictivo de dicha acción surge, precisamente, de la necesidad de preservar
los principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa
juzgada, la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de
los jueces y el sometimiento general de los conflictos a las competencias
judiciales ordinarias.[51]
En ese sentido, la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, “parte del equilibrio adecuado que debe existir,
entre el respeto a los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
judicial, por un lado, y la prevalencia y eficacia de los derechos
fundamentales, por el otro, para disponer sobre su protección, cuando éstos han
resultado ilegítimamente afectados con una decisión judicial”[52].
Sobre esa base, esta Corporación ha construido una sólida línea
jurisprudencial en relación con las condiciones que deben cumplirse para que
sea posible controvertir una providencia judicial a través del mecanismo de
amparo constitucional.
Precisamente, en una labor de sistematización sobre la materia, en
la Sentencia C-590 de 2005, la Corte identificó los requisitos generales y
específicos de procedencia de la tutela cuando la amenaza o violación de los
derechos proviene de una decisión judicial. A este respecto, se aclaró en el
fallo que los primeros son presupuestos cuyo cumplimiento forzoso es condición
necesaria para que el juez constitucional pueda entrar a valorar de fondo el
asunto puesto en su conocimiento, mientras que los segundos corresponden,
específicamente, a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y
que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales.[53]
Siguiendo lo dicho en la citada sentencia, a su vez reiterada de
manera uniforme en posteriores pronunciamientos, para que una decisión judicial
pueda ser revisada en sede de tutela, es necesario que previamente cumpla con
los siguientes requisitos generales, también denominados por la jurisprudencia
como presupuestos formales, a saber:
·
Que la controversia planteada sea constitucionalmente relevante, lo que significa que el juez de tutela tiene la carga de
explicar por qué el asunto sometido a su conocimiento trasciende el ámbito de
la mera legalidad y plantea una controversia de marcada importancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de alguna de las partes.
·
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, a
menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Dado el carácter subsidiario y residual que identifica la acción
de tutela, y con el fin de evitar que la misma sea utilizada como un medio
alternativo o supletivo de defensa, es deber del actor, antes de acudir a ella,
agotar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para
la defensa de sus derechos.
·
Que se cumpla con el requisito de la inmediatez. Es decir, que la acción de tutela se
promueva en un término razonable y proporcional a la ocurrencia del hecho que
originó la amenaza o vulneración del derecho.  En la medida que la tutela tiene
como propósito la protección inmediata de los derechos fundamentales, se
requiere, para efectos de lograr tal objetivo,  que la misma se promueva
oportunamente, es decir, en forma consecutiva o próxima al evento que da lugar
a la afectación de los derechos fundamentales. Respecto al cumplimiento de este
requisito, la jurisprudencia constitucional[54]
ha estimado que, “al momento de determinar si
se presenta el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, es necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si
obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del
peticionario; (ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección
o de persona que se encontraba en una situación de especial indefensión; y
(iii) la existencia de un plazo razonable”.[55]
·
Que tratándose de una irregularidad procesal, la misma tenga un
efecto decisivo o determinante en la decisión a la que se le atribuye la
afectación de los derechos fundamentales. De
acuerdo con tal presupuesto, cuando se alega una irregularidad procesal, es
necesario que el vicio invocado incida de tal manera en la decisión final, que
de no haberse presentado o de haberse corregido a tiempo, habría variado
sustancialmente el alcance de tal decisión. No obstante, de acuerdo con lo
expresado en la Sentencia C-590 de  2005, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente del efecto sobre la
decisión y, por ello, hay lugar a la anulación del juicio.
·
Que la parte actora identifique de forma razonable los hechos que generaron
la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal situación en
el proceso judicial en la medida de lo posible. En
contraposición a la informalidad que identifica la acción de tutela, cuando
está se promueve contra providencias judiciales, se requiere que el actor no
solo tenga claridad en cuanto a la causa de la afectación de derechos que surge
de la decisión cuestionada, sino también, que la haya planteado previamente al
interior del proceso, debiendo dar cuenta de ello en la solicitud de protección
constitucional.
·
Que la acción de tutela no se promueva contra una sentencia de
tutela, pues
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse indefinidamente. Tal exigencia resulta particularmente relevante,
si se tiene en cuenta que todas las sentencias proferidas en sede de tutela son
remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, con ese
propósito, son sometidas a un riguroso proceso de selección, en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas e inmutables.
De acuerdo con lo anterior, la Sala
procederá a verificar, en el caso bajo estudio, el cumplimiento de los
precitados requisitos generales de procedencia de la acción constitucional.
·
En cuanto a que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional: en esta oportunidad,
el Despacho entiende
satisfecho este requisito, por cuanto el caso sub examine plantea no
solo la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso (CP,
29) y al acceso a la administración de justicia (CP, 229) sino que
además, involucra la interpretación y el alcance de decisiones judiciales que
han sido adoptadas por esta Corporación, donde algunas de ellas han hecho tránsito
a cosa juzgada.
·
En cuanto a que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance del accionante: Frente a esta exigencia, la Sala encuentra
pertinente empezar por referirse a la sentencia C- 424 de 2015 mediante la cual
este Tribunal estudió la constitucionalidad de la expresión “Las sentencias de
primera instancia”, contenida en la primera parte del artículo 69
Código Procesal del Trabajo, modificado por el
artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, que preveía lo siguiente:
ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA
CONSULTA. <Artículo modificado por el
artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Además de estos recursos existirá un
grado de jurisdicción denominado de “consulta”.
Las sentencias de primera
instancia, cuando fueren
totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario
serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren
apeladas. (El aparte subrayado fue objeto de demanda de inconstitucionalidad)
También serán
consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la
Nación, al departamento o al municipio o a aquellas entidades descentralizadas
en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al
Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
sobre la remisión del expediente al superior.
En esta ocasión la Corte Constitucional encontró que“(…) Constada la vulneración
del derecho a la igualdad y la disminución de las garantías procesales para los
trabajadores, la disposición acusada es exequible en el entendido que también
serán consultadas ante superior funcional, las sentencias de única
instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o
beneficiario. Dicha remisión se efectuará así: (i) si la sentencia
desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez
laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboral- en primera o
única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva
Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de
consulta y; (ii) cuando el fallo sea proferido en única instancia por los
jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del
circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento
habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de
primer grado o el recurso extraordinario de casación”[56]. (Subrayado fuera del texto
original)
Así las cosas, esta
Corporación resolvió “Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión “Las
sentencias de primera instancia” contenida en el artículo 69 del
Código Procesal del Trabajo, entendiéndose que también serán consultadas
ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de única
instancia cuando fueren
totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario”[57].
En atención a lo anterior, para la Sala es claro
que la sentencia del  25 de abril de 2017 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito
de Sevilla (Valle) donde se despacharon como desfavorables las pretensiones del PAR en
relación con la devolución de una suma de dinero que le había sido reconocida y
pagada al señor César Olmedo Triana Quiroz en cumplimiento de unas decisiones
judiciales que posteriormente fueron revocadas por la Corte Constitucional en Sentencia
SU- 377 de 2014, no es susceptible del grado jurisdiccional de consulta.
Bajo esta línea, no es de
recibo la decisión adoptada por el juez de primera instancia que conoció del
trámite de amparo que se revisa, en tanto desconoció el verdadero alcance e
interpretación que este Tribunal le atribuyó al artículo 69 del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social, toda vez que remitió el expediente
contentivo del proceso laboral ordinario de única instancia que resolvió la
demanda adelantada por el PAR contra el señor Triana Quiroz a la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga (Valle) para
que surtiera el grado Jurisdiccional de consulta, ignorando que la Corte
Constitucional solo había extendido dicho grado a las sentencias de única
instancia que “fueran totalmente adversas a la pretensiones del trabajador”[58],
hecho que no ocurrió en el caso que se estudia.
Valga precisar que la
referida decisión se tomó con fundamento en un fallo de tutela de primera
instancia al cual hizo referencia el actor en su escrito de amparo donde, en un
caso análogo[59],
la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga, había igualmente, concedido el grado jurisdiccional del consulta,
desconociendo que la sentencia era adversa al PAR y no a quien tenía la calidad
de ex trabajador del extinto TELECOM[60].
Sobre el particular, cabe aclarar que la Sala pudo establecer que la
providencia a la que se remitió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga (Valle) fue, en segunda instancia, revocada por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien en dicha oportunidad, insistió
que, de acuerdo con lo establecido por el órgano constitucional en sentencia C– 24 de 2015 “(…) no era procedente otorgar el grado
jurisdiccional de consulta al accionante (…)[61]”.
En plena correspondencia
con lo expuesto, la Sala constata que contra la providencia del  25 de abril de 2017 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito
de Sevilla (Valle) no procede recurso alguno, superándose así, el requisito de
la subsidiariedad que exige la jurisprudencia para la viabilidad de la tutela
contra decisiones judiciales. Así mismo, se advertirá a todas las autoridades
judiciales que deben observar los precedentes de la Corte Constitucional,
como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, cuando
interpreten y concedan el grado jurisdiccional de consulta en procesos
ordinarios laborales de única instancia cuya sentencia no sea adversa al
trabajador.
·
En cuanto al cumplimiento del requisito de la inmediatez: En este caso la acción de tutela fue presentada
dentro de un término razonable. En efecto, la solicitud de amparo se interpuso
el 28 de julio de 2017, es decir 3 meses después de que fue proferida la
sentencia atacada, hecho que a la luz de la propia jurisprudencia de esta
Corporación constituye un plazo moderado y prudencial para invocar la
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la
accionada.
·
En cuanto a que la solicitud de amparo se fundamenta
en una irregularidad procesal, se debe demostrar que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte accionante: Este requisito no es aplicable al asunto bajo estudio ya que las
irregularidades que se alegan se concretan en un defecto de carácter
sustantivo, y en el aparente desconocimiento del precedente.
·
En cuanto a que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados:  La Sala
encuentra que el accionante cumplió con este requisito de procedibilidad, en la
medida que identificó, con claridad, los hechos y los derechos fundamentales
que a su juicio hacen viable la presente acción de tutela. De esta
manera, los cargos bajo los
cuales se estructura la presunta vulneración sus derechos fundamentales
son: (i) la configuración de un defecto sustantivo fundado en una
inaplicación del artículo 7° del Decreto 306 de 1992 que se refiere
específicamente a los efectos de la revocatoria de los fallos de tutela y (ii)
en el  desconocimiento del precedente, toda vez que considera que, de
conformidad con la Sentencia SU- 377 de 2014, del auto 503 de 2015 y con la jurisprudencia
de este Tribunal en materia de efectos de los fallos de tutela en sede de
revisión, le correspondía al PAR reclamar la devolución de los dineros
cancelados a un ex trabajador del extinto TELECOM en cumplimiento de fallos de
tutela, que posteriormente fueron revocados por la Corte Constitucional y en su
lugar, declarados improcedentes, por encontrar que los mismos carecían del
requisito de inmediatez.
·   En
cuanto a que no se dirija contra un fallo de tutela: En el
caso bajo examen se controvierte una sentencia proferida por el Juzgado Laboral
del Circuito de Sevilla (Valle), dentro de un proceso ordinario laboral de única instancia, es
decir, que la presente acción de tutela se interpuso contra una decisión de judicial
que se emitió en un proceso ordinario.
Una vez verificado
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela objeto de revisión, la Sala descenderá al planteamiento del problema
jurídico y presentará la estructura que se adoptará para abordar la resolución
del mismo. A partir de ello, la Sala establecerá si la providencia judicial que
se cuestiona incurrió en alguno de los requisitos específicos de procedibilidad
previstos por la jurisprudencia de esta Corporación para que proceda la acción
de tutela.
4. Problema jurídico
y esquema de resolución
4.1. En
consideración a los hechos que motivaron la presente acción constitucional y de
las decisiones adoptadas en las instancias, le corresponde a la Sala de
Revisión determinar
si la sentencia objeto cuestionamiento vulneró los derechos al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia del PAR al no reconocer en su favor
el reintegro de los dineros que le fueron pagados al señor César Olmedo Triana
Quiroz en cumplimiento de fallos de tutela que posteriormente fueron
revocados y en su lugar, declarados improcedentes por la Corte Constitucional
mediante la Sentencia SU- 377 de 2014.
4.2. Sobre esa base, deberá
la Sala verificar si la decisión atacada incurrió en (i) defecto sustantivo
en tanto desconoció el artículo 7º del Decreto 306 de 1992, el cual se
refiere a los efectos de las decisiones de
revisión de la Corte Constitucional y en (ii) desconocimiento del precedente,
toda vez que (a)  no aplicó lo resuelto por este Tribunal
en Sentencia SU- 377 de 2014 y el auto 503 de 2015 donde, a juicio del actor,
el “PAR tenía el derecho a la devolución de los dineros pagados en favor de
los beneficiarios de las tutelas revocadas, en aplicación de la teoría del
enriquecimiento sin causa”[62] y (b) desconoció la
jurisprudencia de esta Corporación en relación con los efectos de los fallos de
tutela que reconocen derechos y que posteriormente son revocados.
4.3.
Para tal efecto, esta Corporación se referirá a los siguientes puntos: (i)
Caracterización de las causales específicas de procedibilidad correspondientes
al defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente. (iii)
Alcance de la Sentencia SU- 377 de 2014 y del auto 503 de 2015 en relación con
el caso sub examine. (iv) La figura del enriquecimiento sin justa causa.
(v) Resolución del caso concreto.
5.
Caracterización de las causales específicas de procedibilidad correspondientes
al defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente.
La Corte ha sido clara en señalar que verificado el cumplimiento de
los requisitos generales, la procedencia de la tutela contra una decisión
judicial depende de que la misma haya incurrido en al menos una de las
siguientes causales específicas, también denominadas por la jurisprudencia
vicios o defectos materiales como lo son: (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental, (iv)
fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente constitucional o (viii) violación directa a la
Constitución[63].
Ahora bien, teniendo en cuenta que en esta oportunidad los cargos
esgrimidos por el actor se enmarcan concretamente en la aparente configuración
de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, la
Sala pasará a referirse a las características particulares que identifican dichas
causales y que determinan su materialización.
5.1. Caracterización de la
causal correspondiente al defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia.
Mediante reiterada
jurisprudencia de esta Corporación se ha establecido que una decisión judicial adolece
de defecto material o sustantivo cuando “la decisión que toma el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto.”[64]
En el mismo sentido se ha precisado que la construcción dogmática de este
defecto como causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela, parte
de la facultad que tienen las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, la cual tiene su fundamento en el principio de autonomía
e independencia judicial, que en ningún caso puede ser absoluta.
Sobre el particular, la
Corte ha señalado que la competencia de los jueces“[p]or tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.”[65]
Para efectos de
desarrollar este defecto, esta Corporación en sentencia SU-659 de 2015
identificó los siguientes supuestos como posibles situaciones en las  cuales el
operador judicial puede incurrir en error sustantivo. Al respecto, se refirió
a:
“(…) (i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento
jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que
ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) Aplicación de norma que requiere interpretación sistemática
con otras normas, caso en el cual no se tienen en cuenta otras normas
aplicables al caso y que son necesarias para la decisión adoptada.
(iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables
al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser
aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe
ser igualmente inaplicada.
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la
providencia.
(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia de efectos ‘erga omnes’. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo
sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a
todo el ordenamiento jurídico.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales,
evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado
inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución. En este evento,
la tutela procede si el juez ordinario no inaplica la norma por medio de la
figura de la excepción de inconstitucionalidad.”
5.1.1. De igual manera,
precisó la Corte que se incurre en un defecto sustantivo, cuando las normas
legales no son interpretadas con un enfoque constitucional, fundado en la
salvaguarda de los derechos fundamentales, tomando en cuenta las
particularidades del caso concreto[66].
Sobre este punto, la propia jurisprudencia en sentencia C-067 de 2012
estableció que: “la hermenéutica legal en un sistema constitucional
debe estar guiada, ante todo, por el método de interpretación conforme, según
el cual las disposiciones jurídicas deben leerse en el sentido que mejor guarde
coherencia con lo dispuesto en la Carta Política”.
En el mismo sentido, este
Tribunal ha considerado que "(…)cuando el efecto de la interpretación
literal de una norma conduce a efectos contrarios a la finalidad buscada por la
propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no
es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables.
El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición
dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a
una interpretación sistemática-finalista”[67].
En suma, la Corte ha sido
clara en señalar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la
Constitución Política “la hermenéutica legal en un sistema
constitucional debe estar guiada, ante todo, por el método de interpretación
conforme, según el cual las disposiciones jurídicas deben leerse en el sentido
que mejor guarde coherencia con lo dispuesto en la Carta Política” [68].
Bajo la misma línea, es
preciso advertir que la Corte Constitucional, en sentencia C- 426 de 2002[69],
consideró que el principio de interpretación conforme debía ser armonizado con
otros, como aquel del antiformalismo:
“Integrar los conceptos de
antiformalismo e interpretación conforme a la garantía consagrada en el
artículo 229 de la Carta, en manera alguna busca desconocer o debilitar el
papel protagónico que cumplen las reglas de procedimiento en la ordenación y
preservación del derecho de acceso a la justicia, ni contrariar el amplio
margen de interpretación que el propio orden jurídico le reconoce a las
autoridades judiciales para el logro de sus funciones públicas”[70].
5.2. Caracterización de la causal
correspondiente al desconocimiento del precedente judicial.
Reiteración de jurisprudencia.
El precedente judicial ha sido definido
por esta Corporación[71] como “aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia”[72].
Al respecto la Corte ha precisado que la
aplicación del precedente por parte del juez tiene un carácter obligatorio
cuando la ratio
decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca
una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente;  (ii) haya
servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o una cuestión
constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean
semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que debe resolverse
posteriormente[73].
Ahora bien, la
configuración del desconocimiento del precedente constitucional como defecto
constitutivo de una causal especifica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se predica fundamentalmente de los pronunciamientos
emitidos por este Tribunal, es decir “(…) cuando la Corte establece el alcance de un derecho
fundamental o señala la interpretación de un precepto que más se ajusta a la
Carta, y luego el juez ordinario resuelve un caso limitando sustancialmente
dicho alcance o apartándose de la interpretación fijada por el órgano de cierre
de la jurisdicción constitucional. En tales casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado  u otros
mandatos de orden superior[74]”.
Adicionalmente, ha señalado que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial “puede llevar a la existencia de un defecto sustantivo en una
decisión judicial, en la medida en que el respeto al precedente es una
obligación de todas las autoridades judiciales, - sea éste vertical u
horizontal-, dada su fuerza vinculante y su inescindible relación con la
protección de los derechos al debido proceso e igualdad.[75]”
Sobre este aspecto, la
propia jurisprudencia ha sostenido que la importancia de  que los operadores judiciales
apliquen el precedente, encuentra su fundamento en dos razones: la primera, se
relaciona con la necesidad de que, en el marco de la actividad judicial, se
garantice el derecho a la igualdad y los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe,
confianza legítima y de racionabilidad. En palabras de la Corte:
“ii) el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de
las decisiones jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad de la
interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí
debe existir certeza razonable sobre la decisión; (…); iv) Los principios de
buena fe y confianza legítima imponen a la administración un grado de seguridad
y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con
protección jurídica; y v) por razones de racionalidad del sistema jurídico,
porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior. De hecho, como lo
advirtió la Corte, ‘el respeto al precedente es al derecho lo que el principio
de universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto que es
buen juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en
otro supuesto diferente que presente caracteres análogos”[76]
La
segunda razón por la cual la Corte ha reconocido la importancia en la correcta
aplicación del precedente guarda plena concordancia con el carácter vinculante de las decisiones judiciales en la medida en
que “el Derecho no es una
aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos
generales, (…), sino una práctica argumentativa racional”[77]. En este sentido, el
órgano constitucional ha considerado que “(…) dado que los fallos de las
autoridades judiciales delimitan parte del engranaje del ordenamiento jurídico se
le otorga a la sentencia precedente la
categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto”[78].
Mediante sentencia SU-053 de 2015, la Corte
Constitucional aclaró que “La fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas
cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre,
condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus
respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial,
únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una
orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la
interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de
igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus
decisiones judiciales superiores.”
No
obstante, el precedente no siempre constituye una barrera inquebrantable, pues
en razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse del
mismo, siempre y cuando presente (i) de forma explícita
las razones por las cuales se separa de aquellos, y (ii) demuestre
con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo a los derechos
y principios constitucionales[79].
De allí que las autoridades
judiciales en el proceso de interpretación y aplicación del ordenamiento
jurídico estén llamadas a procurar  el respeto al derecho fundamental a la
igualdad y a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena
fe[80].
En
síntesis, el desconocimiento del precedente se configura cuando el funcionario
judicial se aparta injustificadamente de las decisiones proferidas por los
tribunales de cierre o de aquellas que han sido emitidas por ellos mismos al
momento de resolver asuntos que presentan una situación fáctica similar a la
que ya había sido resuelta en aquellas providencias. Todo esto sin que medie
razón  jurídica alguna bajo la cual, se justifique el cambio de
jurisprudencia[81].
6. Alcance de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional
mediante la Sentencia SU- 377 de
2014 y el auto 503 de 2015.
Teniendo en cuenta que el fundamento sobre el cual se soportan los
cargos de la acción de tutela incoada por el PAR contra la decisión que se
cuestiona guardan relación directa con las decisiones adoptadas por esta
Corporación mediante la Sentencia SU- 377 de 2014 y el auto
503 de 2015, la Sala encuentra que, para efectos de abordar la solución del
problema jurídico planteado, es necesario realizar una breve reseña respecto de
dichas providencias para con ello, poder establecer su alcance en el caso
objeto de revisión.
6.1. Sobre la Sentencia SU- 377 de 2014[82].
Se empieza por advertir que la Sentencia SU- 377 de 2014 encuentra
su antecedente en seiscientos nueve (609) ex empleados de TELECOM que interpusieron diversas
acciones de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de dicha entidad
- PAR -,  mediante las cuales solicitaban el amparo de sus derechos
constitucionales fundamentales. En esta oportunidad, la
Corte, atendiendo al volumen de casos que fueron objeto de revisión, adoptó una
metodología consistente en la separación de los asuntos en tres clases de
solicitudes: (i) en las primeras de ellas, se encontraba un grupo de ex
trabajadores de la empresa que reclamaban derechos en relación con el Plan de
Pensión Anticipada (en adelante PPA) que ofreció TELECOM a sus empleados, (ii)
en el segundo lugar, un grupo de personas que invocaban las garantías del fuero
sindical y (iii) en tercer lugar, algunos actores encontraban vulnerados
sus derechos fundamentales por no habérseles reconocido y garantizado el “retén
social”[83].
Fue así como este Tribunal, previo planteamiento de los diversos problemas
jurídicos, examinó la procedencia de las acciones de amparo presentadas en
contra del PAR, para luego realizar el estudio de fondo al que había lugar
respecto de aquellas reclamaciones que superaban el análisis de los
presupuestos mínimos de procedibilidad. Del mismo modo, en la referida
providencia, la Sala Plena presentó consideraciones generales respecto del
contexto jurídico y fáctico de la liquidación de TELECOM y la asunción de
obligaciones por parte del PAR; adicionalmente hizo mención, entre otras cosas,
al plan de pensiones anticipadas (PPA) de TELECOM, la desvinculación de
aforados sindicales en procesos de liquidación de entidades, y la
desvinculación de trabajadores amparados por el retén social (madres y padres
cabeza de familia y prepensionados).
En el curso del test de
procedencia la Corte pudo establecer que varias de las acciones de tutela que
se revisaban debían declararse improcedentes por: (i) ausencia de legitimación
en la causa, (ii) demostrarse que los accionantes habían actuado de mala fe en
su trámite constitucional, (iii) no haberse acreditado el principio de
subsidiariedad imperante en dicho trámite y (iv) no verificarse  el
cumplimiento del requisito de la inmediatez[84].
Ahora bien, encuentra la Sala pertinente advertir que el caso del
señor César Olmedo Triana Quiroz[85], quien tiene la calidad de demandado
en el proceso laboral ordinario de única instancia adelantado por el PAR, cuya
sentencia se discute, fue enlistado en el grupo de tutelas que fueron
declaradas improcedentes por no acreditar positivamente el requisito de
inmediatez. Ello por cuanto la Corte consideró que los accionantes, entre ellos
el señor Triana Quiroz[86] “(…) no
sólo tardaron un periodo demasiado extenso para presentar sus amparos, sino que
aparte dejaron de aportar –teniendo oportunidad de hacerlo elementos de juicio
adicionales para desvirtuar la impresión inicial de falta de inmediatez”[87].
Bajo la  misma línea,  agregó la Sala Plena que “(…) No hay pruebas de que
hubiesen obrado con suficiente diligencia para solicitar lo que ahora reclaman.
Tampoco está acreditado que hayan estado sometidas a fuerza mayor, o que sea
desproporcionado adjudicarles la carga de acudir a un juez con prontitud,
debido por ejemplo a su estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad o incapacidad física”[88].
En este orden de ideas, y en lo que corresponde concretamente a
los efectos que tuvo la Sentencia SU -377 de 2014 sobre el caso del señor César
Olmedo Triana Quiroz contenido en el expediente T- 2566146 la Corte resolvió lo
siguiente:
“(…) Décimo
segundo.- En el expediente T-2566146, REVOCAR en su totalidad las
sentencias expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica, Córdoba, el treinta (30) de noviembre de dos mil nueve
(2009) y, en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica,
Córdoba, el veintiocho (28) de diciembre de dos mil nueve (2009). En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales invocados por los
señores José María Larrarte Sandoval, Juan Alberto Bermúdez, Siervo Alfonso
Cañón Daza, Luis Armando Cardozo Guzmán, Yadira Castro Santamaría, Jorge René
García Correa, Helman Ricardo Garzón Duarte, José Omar Gómez López, Enrique
Herrera Buriticá, Maribel Ladino Tocora, Liliana Lengua Annichiarico, Carlos
Alberto Londoño Arango, José Obirne López Marín, Javier Márquez Ospina, Wilson
Martínez Bernal, Álvaro Martínez Bravo, Yolanda Mejía Suárez, Hugo Rodrigo
Mendoza Aparicio, José Gilberto Mera Cobo, Rodolfo Nelson Negrete Pérez,
Orlando Orjuela Muñoz, Gloria Ignacia Pachón Robayo, Alejandro Poveda Casallas,
Juan Carlos Ramírez Hurtado, Álvaro Rodríguez Alfonso, Edgar Uriel Santamaría
González, Henry Serpa Petro, Fredys Sobrino Beleño, Francisco Javier Solarte
Martínez, César Olmedo Triana Quiroz, Luis Alfonso Vargas Castro.
Asimismo, NEGAR la tutela de la señora Ruth Sarmiento Garzón. Por consiguiente,
REVOCAR cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera
impartido en el proceso de la referencia (…)”.( Subrayado fuera del texto
original)
Así las cosas, que sea esta la oportunidad para precisar que la
Corte en el caso que atañe a señor César Olmedo Triana Quiroz no se pronunció
acerca del fondo del derecho al plan de pensión anticipada (PPA) al que pudiese
tener derecho en un determinado momento y que fue invocado mediante la acción
de tutela que fue revocada y en su lugar, declarada improcedente, dada la falta
de acreditación de unos de los requisitos de procedibilidad que regulan la
materia, específicamente el de la inmediatez.
6.2. Sobre el auto 503 de 2015[89].
Posterior a la decisión adoptada por la Corte Constitucional
mediante la referida sentencia de unificación, el PAR solicitó la aclaración y adición de la Sentencia
SU-377 de 2014 porque, a su juicio, existían apartes de su motivación y
resolución a partir de las cuales se suscitaban  razones objetivas de duda.
En lo que se refiere a la solicitud de adición en
relación con los fallos que fueron declarados improcedentes, el PAR le pidió a
la Corte que adicionara a la parte
resolutiva una orden tendiente a la restitución de los montos pagados con
ocasión del cumplimiento de las sentencias de instancia, que luego en la Sentencia
SU-377 de 2014 se revocaron. En palabras del PAR:
“[en
la sentencia SU-377 de 2014] se omitió la orden consistente en la devolución al
PAR de todos los valores que hubiese erogado como consecuencia de los fallos
revocados mediante la decisión de la referencia (incluyendo pagos de seguridad
social). Tal cuestión cuenta con especial relevancia respecto del
pronunciamiento que le corresponde a la Corte, en sede de revisión, frente a
las decisiones de instancia. Se trata de un aspecto esencial para asegurar la
unidad sistémica constitucional, en relación con el alcance de la acción de
tutela para el reconocimiento de prestaciones laborales.[90]”
Sobre el particular, la Corte mediante auto 503 de 2015 resolvió negar la solicitud de aclaración por
considerar que en la Sentencia SU- 377 de 2013“(…)
se revocaron una serie de decisiones de instancia y se dejaron en firme otras,
solo en cuanto ampararon los derechos fundamentales de personas que acreditaron
la procedibilidad de sus acciones y ser titulares del derecho reclamado”.
De esta manera precisó que “(…) El hecho de que el PAR hubiere cancelado
sumas de dinero a favor de algunos peticionarios en cumplimiento de las
sentencias de instancia, a pesar de que las mismas eran objeto de revisión por
la Corte, no impacta la resolución a los problemas jurídicos que se plantearon,
ni tampoco significa que se omitió resolver algunos de los extremos de la litis. La Sala Plena
no dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM, porque dicha
entidad puede hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su disposición
para lograr la devolución de lo pagado con fundamento en el principio del
enriquecimiento sin causa, en tanto la fuente de la obligación desapareció.
Bastaba con revocar todas las órdenes de las sentencias de instancia para
entender que los pagos efectuados en virtud de las mismas carecen de
justificación legal y constitucional, por lo que la restitución de las cosas al
estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos en el
ordenamiento jurídico para ello (…)”. (Subrayado fuera del texto original).
Bajo esta perspectiva, es claro que la Corte
Constitucional en ninguna de las decisiones -Sentencia SU- 377 de 2014 y auto 503 de 2015- adoptadas en relación con
la revocatoria de los fallos de tutela que, en su momento, le reconocieron un
derecho pensional al señor César Olmedo Triana
Quiroz, dispuso la devolución o reintegro, en favor del PAR, de las sumas que
fueron pagadas por el mismo para tal efectos.
Al respecto, precisó este Tribunal mediante el comentado auto que
le correspondía al PAR, procurar, mediante los mecanismos
dispuestos en el ordenamiento jurídico, la devolución de lo pagado con
fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa.
7. El principio del
enriquecimiento sin causa como elemento definitorio para que el PAR pueda
acceder a la devolución de lo pagado de acuerdo con lo dispuesto por la Corte
Constitucional.
Una vez expuesto el contexto
en el que tuvo lugar la revocatoria del derecho pensional que los jueces de
tutela le habían reconocido al señor César Olmedo Triana
Quiroz, y tomando en consideración las órdenes proferidas por esta Corporación
en relación con tal decisión, la Sala encuentra necesario referirse a la figura
enriquecimiento sin causa como condicionamiento expreso de la Corte
Constitucional para que el PAR, en uso
de los instrumentos legales, solicitara la devolución de
lo pagado.
Empieza la Sala por advertir
que la figura del enriquecimiento sin causa se constituye como un principio general de derecho, a partir del cual se prohíbe
incrementar el patrimonio sin razón justificada. Al respecto, la doctrina se ha
referido al mismo como el “aumento de un patrimonio con empobrecimiento del
ajeno y sin amparo en las normas legales ni en los convenios o actos privados”[91].
Bajo la misma línea se dice
que “hay enriquecimiento sin causa cuando una persona, disminuyendo su propio
patrimonio, incrementa el de otra y la enriquece, sin que ese movimiento que se
produce en los dos patrimonios encuentre justificación ni en una convención ni
en una disposición legal”[92].
De lo dicho por la doctrina
se habla, en términos generales, de la configuración de un enriquecimiento sin
causa cuando concurren los siguientes presupuestos: i) Un enriquecimiento
patrimonial; ii) Un empobrecimiento patrimonial y iii) Que el empobrecimiento
sea directamente correlativo al enriquecimiento de manera injustificada[93].
7.1. En el caso colombiano,
la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se
han ocupado de establecer y desarrollar los elementos constitutivos que le
permiten al juez verificar la existencia de la figura del enriquecimiento sin
causa. Sobre el particular, el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso
administrativa ha señalado que:
“Según la doctrina y la jurisprudencia (tanto civil como
contencioso administrativa), son varios los requisitos para que se pueda
aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa como fuente de las
obligaciones: i) el enriquecimiento de un patrimonio, ii) un empobrecimiento
correlativo de otro patrimonio, iii) que tal situación de desequilibrio
adolezca (SIC) de causa jurídica, esto es que no se origine en ninguno de los
eventos establecidos en el artículo 1494 del C.C.[94],
y iv) como consecuencia de lo anterior, se debe carecer de cualquier acción
para reclamar dicha reparación patrimonial”[95].
A su turno, la Corte Suprema
de Justicia ha coincidido en cuanto a  los elementos constitutivos del
enriquecimiento sin causa, para lo cual ha indicado que dicha figura se puede
alegar en materia mercantil, civil y administrativa y que se estará en
presencia de ella cuando se verifique: 1) un empobrecimiento en el patrimonio
de una persona natural o jurídica; 2) que otra obtenga una ganancia que refleje
un enriquecimiento de su patrimonio: 3) que entre el enriquecimiento y el
empobrecimiento patrimonial exista correlación, esto es, un nexo de causalidad
y 4) que el desplazamiento patrimonial en contra de uno y a favor de otro, no
tenga causa jurídica[96].
Por su parte, esta
Corporación remitiéndose a lo dicho por la Corte Suprema de Justicia ha
reconocido que “son
tres los requisitos que deben probarse para que se declare la existencia de un
enriquecimiento de esta índole y se ordene la devolución de los bienes
correspondientes: 1) un enriquecimiento o aumento de un patrimonio; 2) un
empobrecimiento correlativo de otro, y 3) que el enriquecimiento se haya
producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico”[97].
Así las cosas, y para efectos de lo que le interesa a la Sala es
claro que uno de los requisitos sugeridos para la configuración de la
institución del enriquecimiento sin causa guarda relación con la inexistencia
de un título jurídico que  debe hacerse extensivo al campo de las decisiones
jurisdiccionales, habida cuenta del carácter legal y vinculante de las mismas.
8. Presentación del caso
concreto y análisis de la presunta configuración de los defectos específicos de
procedibilidad invocados.
8.1 Consideración previa
En aras de invocar el principio de
igualdad, el PAR hizo mención a un caso sustancialmente idéntico al del
señor Triana Quiroz donde, en el curso de un acción de tutela, la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante
sentencia de primera instancia del 29 de junio de 2017, tuteló los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso en sus garantías de  la doble
instancia y del derecho de defensa en favor del PAR y, en consecuencia, le
ordenó al Juez Laboral del Circuito de Sevilla conceder el grado jurisdiccional
de consulta y remitir al expediente al Tribunal Superior de Buga para que se
desate dicho grado[1].
No obstante, la Sala
advierte que de lo anterior no es posible inferir el planteamiento de un cargo
adicional y específico en contra del fallo cuestionado. Ello, por cuanto de las pretensiones de la tutela no se verifica
la intención del PAR en acceder al grado jurisdiccional de consulta, hecho que
se complementa con análisis de subsidiariedad que realiza el actor, donde
señaló puntualmente que:
“(…) En el presente
caso, no procede ningún recurso contra la Sentencia de Única Instancia del 25
de abril de 2017, como quiera que se trata de una sentencia dictada en única
instancia, en razón a la cuantía (…)”[1].
Adicionalmente, sobre el
particular cabe recordar que la posible procedencia del grado jurisdiccional de consulta
con respecto al fallo impugnado en la presente causa, fue abordado y resuelto
en el apartado correspondiente al análisis del requisito de subsidiariedad.
Allí, se dijo que, en virtud de lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 424 de 2015, el grado jurisdiccional de consulta no procede contra las
sentencias de única instancia que no sean adversas al trabajador[98].
8.2 Del caso concreto
En
el proceso de tutela objeto de revisión, el accionante solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por la sentencia del 25 de abril de 2017,
proferido por el Juzgado Laboral del Circuito
de Sevilla, dentro del proceso de única instancia que adelantó el PAR contra el
señor César Olmedo Triana Quiroz  para solicitar la devolución de las sumas de
dinero que le fueron reconocidas y pagadas a éste, en cumplimiento de unos
fallos de tutela que reconocieron su derecho pensional y que posteriormente
fueron revocados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU- 377 de 2014.
A
juicio del actor, la lesión de sus derechos fundamentales se concreta en el hecho de que la
referida decisión, al negarse a reconocer el pago de los dineros señalados,
incurrió en (i) la configuración de un defecto sustantivo, al no darle aplicación
del artículo 7° del Decreto 306 de 1992,  y, a su vez, (ii) en el desconocimiento del precedente, al
ignorar lo decidido en la referida Sentencia SU-377 de 2014.
Del trámite de tutela conoció en primera instancia la Sala Tercera
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, quien,
mediante sentencia del 11 de agosto de 2017, no se refirió a los cargos de la
demanda, limitando su pronunciamiento al hecho de no encontrar acreditado el
requisito de subsidiariedad, por considerar que había lugar a conceder el grado
jurisdiccional de consulta con respecto a la decisión cuestionada.
Impugnada tal decisión, de la misma conoció
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que,
mediante providencia del 27 de septiembre de 2017, revocó lo dispuesto por el  a
quo, por encontrar que el mismo le había dado un indebido alcance a la
figura del grado jurisdiccional de consulta, de acuerdo con lo dispuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia C- 424 de 2015[99].
Adicionalmente, refiriéndose a los cargos invocados por el actor, consideró que
no había lugar a la protección invocada pues la autoridad cuestionada no actuó
de manera caprichosa e inconsulta.
8.3. Del análisis
de la presunta configuración de los defectos específicos de procedibilidad
Como ya se mencionó, el PAR alega que se
configuraron dos defectos específicos de procedibilidad (sustantivo y
desconocimiento del precedente) en la Sentencia del 25 de abril de 2017 del Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla –
Valle, la cual se negó a ordenar el reintegro de los dineros que le habían
sido reconocidos y pagados al señor César Olmedo Triana Quiroz como
consecuencia de unas decisiones de tutela que posteriormente fueron revocadas
y, en su lugar , declaradas improcedentes por falta de inmediatez por este
Tribunal mediante Sentencia SU- 377 de 2014.
Conforme a
lo anterior, la Sala procede a analizar la presunta configuración de los cargos
formulados en el escrito de tutela presentado por el PAR.
8.3.1. De
la inexistencia de un defecto sustantivo.
El PAR
sostiene que la sentencia del 25 abril de 2017 incurrió en defecto sustantivo debido a que, en virtud del
artículo 7° del Decreto 306 de 1992[100]
le correspondía al juez deshacer los efectos de fallos de tutela que fueron
revocados por la Sentencia SU – 377 de 2014 y, en consecuencia, “ordenar la
devolución de los dineros pagados a favor del señor César Olmedo Triana Quiroz”[101].
Frente al defecto
alegado, la Corte encuentra que el mismo no se configura toda vez que el cargo
surge de una lectura que no corresponde a lo decidido en la Sentencia SU- 377
de 2014. Ello, en cuanto a que, contrario a lo dicho por el actor, el referido
pronunciamiento: (i) no reconoció  un derecho económico en favor del PAR, que
debiera ser satisfecho por el beneficiario de la prestación que finalmente fue revocada
por la Corte; así como, (ii) tampoco  constituyó un título jurídico que
le permitiera a dicha entidad solicitar de manera directa la devolución de lo
pagado al señor Triana Quiroz. Lo anterior, encuentra su fundamento en el hecho
de que, en la pluricitada Sentencia SU- 377 de 2014, la Sala Plena de esta
Corporación no realizó un análisis de fondo sobre el derecho pensional que
causó el pago de los dineros que ahora se reclaman, toda vez que consideró que
la tutela era improcedente por no haberse cumplido con el requisito de
inmediatez. Conforme con ello, no profirió ninguna orden en favor del PAR, de
la cual pudiera deducirse, o el reconocimiento de un derecho a su favor, o un
mandato a las autoridades judiciales para condicionar o limitar el alcance de
sus decisiones en ese aspecto.
El alcance del mencionado fallo de unificación fue posteriormente
corroborado por el auto 503 de 2015, donde la Corte, al negar una solicitud de
aclaración presentada por el PAR contra la misma providencia,  precisó que en
la SU- 377 de 2017 “La Sala Plena no
dispuso la restitución de dineros a favor del PAR de TELECOM”. Con base en ello,  en la misma providencia este
Tribunal señaló que, si la pretensión de la PAR estaba encaminada a lograr la
restitución de los dineros pagados por prestaciones pensionales revocadas, le
correspondía a la misma, hacer uso de los mecanismos judiciales que tenía a su
alcance para que, en el marco de los mismos, “procurara”[102]
su restitución con “fundamento en el
principio del enriquecimiento sin causa”.
Sobre esa base, una primera aproximación a la definición
del caso concreto lleva a la Corte a considerar que en la sentencia impugnada
no se desconoció el mandato contenido en el artículo 7° de Decreto 306 de 1992,
toda vez que, en virtud de lo resuelto en la Sentencia SU – 377 de 2014, no le
era imperativo  al Juez Laboral del Circuito de Sevilla ordenar el rembolso de
las sumas que le fueron cancelados al señor Triana Quiroz. En ese sentido, el
juez  de la causa no se encontraba limitado en
su autonomía para tomar la decisión de fondo que considerara, correspondiéndole
al actor demostrar la existencia de un enriquecimiento sin causa para obtener
el reconocimiento judicial de la pretensión económica reclamada.
Ahora bien, sin perjuicio de compartir o
no la decisión impugnada, en la que se resolvió despachar desfavorablemente las
pretensiones del PAR, y, en consecuencia, negar el rembolso de los dineros
reclamados, la Corte encuentra que, de acuerdo con los argumentos esbozados por
el juez, dicha decisión resulta razonable a la luz de los principios de buena
fe y confianza legítima. Particularmente, si se tiene en cuenta que los
recursos recibidos por el señor Triana Quiroz fueron producto de un título
jurídico cuyo reconocimiento y revocatoria no compromete su responsabilidad ni
le es imputable al mismo. En efecto, las prestaciones por él percibidas se
derivaron de una orden judicial proferida por el juez de tutela que, no obstante
haber sido revocada por este Tribunal, produjo efectos jurídicos en el
interregno en que estuvo vigente.
Sobre el particular la Corte mediante
sentencia C-836 de 2011 precisó que “(…) en
su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe,
consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la
confianza legítima. Hecho que  “(…)
comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de
que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser
razonable, consistente y uniforme.
Bajo este
contexto, la Sala considera que encuentra fundamento lógico el  argumento
expuesto en la sentencia que se cuestiona donde el juez, al señalar que no  se
configuró un enriquecimiento sin causa, sostuvo que “(…) no se acreditó la
carencia de una verdadera fuente de obligación en el momento que se causó el
derecho pensional de señor César Olmedo Triana Quiroz  puesto que la misma tuvo
origen en una decisión judicial que no fue cuestionada en su legalidad y
legitimidad por parte de la Corte Constitucional”[103].
En relación con esto último, destaca la Sala que, pese a que la Sentencia SU- 377 de 2014
revocó los fallos de tutelas que fueron el fundamento legal para reconocerle al
señor Triana Quiroz los dineros pagados a título de un derecho pensional, dicha
revocatoria no obedeció a un pronunciamiento de fondo por parte de esta
Corporación donde se pudiera verificar que en efecto, el derecho que le fue
tutelado al mismo no existía. Al respecto, la Corte solo consideró
que el trámite tutelar que se revisaba era improcedente dado el tiempo que
había transcurrido entre el hecho generador de la violación del derecho y la
interposición de la acción amparo.
Igualmente,
constata la Corte que el actuar del señor Triana Quiroz en relación con la
recepción de los dineros que le fueron cancelados como consecuencia del derecho
pensional tutelado se enmarca en el principio de buena fe, toda vez que la
decisión jurisdiccional que ordenó el reconocimiento del mismo, constituyó una
fuente de obligaciones, sin que le fueran imputables a aquél, los cambios que
se pudieran producir con ocasión de la revisión eventual que se surte ante esta
Corporación. Argumento que se apoya además, en el hecho de que esta Corporación
no lo enlistara dentro de la Sentencia SU-377 de 2014 en los casos donde se
verificó un comportamiento temerario o de mala fe por parte de los beneficiarios
de la prestación económica.
De ese
modo, la posición adoptada por el juez de la causa en la decisión
controvertida, resulta concordante con la jurisprudencia constitucional en la
materia[104], en la que se ha sostenido que, en
los casos en los que se analice una posible irregularidad en el reconocimiento
por vía judicial de prestaciones pensionales, se debe valorar la conducta y
posible afectación de los derechos de los implicados en la decisión, de manera
que, de encontrarse que no existe de su parte abuso del derecho ni fraude a la
ley, no habrá lugar al reintegro de las sumas de dinero ya canceladas, pues se
presume que las mismas fueron percibidas de buena fe y conforme al principio de
confianza legítima, precisamente, al estar fundadas en un título jurídico
derivado de una decisión judicial que produjo sus efectos antes de ser
revocada.
Dicho criterio fue aplicado por la Corte, entre otras,
en la Sentencia SU-210 de 2017[105],
donde la Corporación se pronunció sobre la acción de tutela promovida contra
una decisión del Consejo de Estado, en la cual se había reconocido una pensión
de vejez con base en el
régimen especial de Congresistas y Magistrados de las altas cortes (Ley 4ª de
1992 y Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994), sin que, conforme a las reglas
definidas en la sentencia C-258 de 2013, al beneficiario de la misma le fuera
aplicable dicho régimen. En tal pronunciamiento, la Sala, no obstante haber
encontrado acreditado que el pensionado no era beneficiario del régimen de
transición, dejo en claro que “no hab[ía] lugar al reintegro de las
sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se presumen percibidas
de buena fe por el beneficiario de la prestación, al estar fundadas en el
cumplimiento de una decisión judicial.” En el mismo fallo, este Tribunal
precisó sobre el particular que: “frente a situaciones irregulares como la
que se plantea en la presente causa, lo que se cuestiona, en realidad, son las
decisiones judiciales que, en desconocimiento del ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia constitucional, definen las condiciones en las que se reconoce
la pensión y el régimen de transición aplicable, y no el derecho de los
beneficiarios a la aludida prestación”.
8.3.1.1. A partir de lo expuesto, concluye la Sala lo siguiente:
a) El actor argumenta la configuración del aludido defecto sustantivo de
manera equivocada en tanto pretende atribuirle a la Sentencia SU- 377 de 2014 el
valor de título jurídico y/o derecho económico a favor de PAR, desconociendo
que la única vía que fue prevista por este Tribunal para que se ordenara
la devolución de los dineros pagados en razón de las sentencias de tutela que
fueron revocadas, era que, mediante un proceso judicial declarativo, se
demostrara la materialización del enriquecimiento sin causa del beneficiado con
el pago. Así lo precisó la Corte mediante auto 503 de 2015.
Sin embargo, el condicionamiento previsto por esta Corporación
para el reembolso de los dineros a favor del PAR no fue posible en el caso
objeto de estudio, toda vez que el juez consideró que “(…) no
logró demostrarse la configuración de la institución jurídica del enriquecimiento
sin causa por parte del demandado, señor César Olmedo Triana y, en
consecuencia, habrá de despacharse desfavorablemente las pretensiones
deprecadas en la demanda[106]”
b) En
cuanto a los efectos de la revocatoria de los fallos de tutela, la Corte, desde
temprana jurisprudencia, ha sostenido que, en principio  “sí el A-quo encuentra que
efectivamente el fallo carece de fundamento, que existió una errónea aplicación
de las disposiciones constitucionales y legales o que incurrió en una falta de
apreciación de las pruebas,  debe proceder a revocarlo, además de tomar
las medidas tendientes a "deshacer lo hecho", es decir el
restablecimiento de la situación a su estado inicial (…)[107]”.
Si bien es cierto, aun cuando esta Corporación ha establecido que
“(…) por regla general, la consecuencia obvia de
la revocatoria de un fallo de tutela que declara la procedencia del amparo, es
que las cosas vuelvan a su estado anterior, o tal y como se encontraban antes
de cumplirse la orden  impartida en la providencia que se revoca[108]”, también ha precisado que “(…) ello
ocurrirá  en la medida en que el regreso a ese estado sea jurídicamente
posible y no resulte desproporcionado”[109].
De este
modo, la consecuencia lógica de la revocatoria de un fallo de tutela es, de
conformidad con la propia jurisprudencia y con el mismo 7° del Decreto 306 de
1992, es  el restablecimiento al estado de cosas inicial. No obstante, existen
situaciones en las que, por la naturaleza del asunto, tal resultado no es
posible como ocurre en el caso concreto.
En efecto,
considera la Sala que, en el caso sub examine, la posibilidad de que las
cosas “volvieran a su estado anterior”, como producto de la decisión
adoptada en la Sentencia SU-377 de 2014, se encontraba supeditada a que el PAR,
haciendo uso de los instrumentos legales que tenía a su disposición, demostrara
ante la autoridad competente que en relación con los dineros pagados al señor
César Olmedo Triana Quiroz, se había configurado un enriquecimiento sin causa,
para con ello, procurar[110] la
devolución de lo pagado.
Dicho
condicionamiento era apenas lógico si se tiene en cuenta que, como ya se anotó,
la Corte no se pronunció de fondo sobre los aspectos sustanciales que en su
momento habían sido debatidos mediante las acciones de tutela que fueron
revocadas en la Sentencia SU-377 de 2014. De allí que la misma Corte delegara
en las autoridades judiciales la competencia para analizar del fondo el asunto,
a partir del principio del enriquecimiento sin causa[111], para una vez verificada la
existencia del mismo, se retrotrajeran, en toda su dimensión, los efectos que
produjeron las decisiones judiciales revocadas.
No
obstante, ello no fue posible, por cuanto, remitiéndonos a lo dicho en la
sentencia controvertida, se le dio prelación a los principios de buena fe y
confianza legítima apenas predecibles del proceder del señor Triana Quiroz,
quien recibió los montos, bajo la existencia de un título jurídico que produjo
sus efectos y que, en todo caso, no fue controvertido en su legalidad por parte
de esta Corporación mediante la comentada Sentencia SU-377 de 2014.
Sobre dicho
aspecto, según fue explicado, la propia jurisprudencia ha precisado que cuando una persona recibe el pago de una prestación social como
producto del cumplimiento de una decisión judicial que posteriormente es
revocada, no habrá lugar a ordenar el reintegro de las sumas de dinero pagadas
al beneficiario, comoquiera que se entiende que las mismas fueron percibidas de
buena fe.
La
precitada interpretación es, a juicio de la Sala, extensiva al caso sub
examine toda vez que, en virtud de los elementos que configuran el
enriquecimiento sin causa, se debe verificar la existencia de un título
jurídico que en esta oportunidad se concreta en los fallos de tutela que en su
momento habían reconocido un derecho en cabeza de señor Triana Quiroz que a su
vez, le permitió al mismo actuar bajo el principio de buena fe y confianza legítima,
y  considerar que las sumas de dinero que hoy reclama el PAR habían ingresado a
su patrimonio en cumplimiento de un decisión judicial, que en su sentir, estaba
amparada por la presunción de legalidad.
En síntesis,
la Sala concluye que la sentencia del 25 de abril de 2017 proferida por el
Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla (Valle), dentro del proceso laboral
ordinario adelantado por el PAR contra el señor César Olmedo Triana Quiroz no
incurrió en un defecto sustantivo pues la misma no comporta un desconocimiento del
artículo 7° del Decreto 306 de 1992, como tampoco de las ordenes proferidas en
la sentencia de unificación SU-377 de 2014.
8.3.2. De
la inexistencia de un desconocimiento del precedente.
La parte
actora también señala que la sentencia demandada incurrió en la causal específica
de desconocimiento del precedente. Al respecto, afirma que dicho defecto
se configuró por dos vías:
(i)
La primera de ellas por cuanto, sostiene que, mediante la Sentencia SU- 377 de 2014 y el auto 503 de 2015, la
Corte Constitucional dispuso que el “PAR tenía el derecho a la devolución de
los dineros pagados en favor de los beneficiarios de las tutelas revocadas, en
aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa”[112],
luego al Juez Laboral del Circuito de Sevilla le correspondía
únicamente verificar“(…) la existencia del pago y la revocatoria de los
fallos de tutela por cuya virtud se realizaron los mismos, para concluir que la
causa jurídica que justificó dicha erogación había perdido toda validez y
eficacia jurídica (...).
(ii)
La segunda porque encuentra que la sentencia impugnada no
consideró  probada la institución del enriquecimiento sin causa, pese a que
“(…) la Corte había explicado que el PAR tenía derecho a la recuperación de
los dineros pagados”
Conforme con lo dicho en el
apartado anterior, observa la Sala que los precitados cargos se fundamentan
igualmente en un alcance equivocado que el actor busca darle a la Sentencia SU-
377 de 2014 y al auto 503 de 2015, cual es, el de reconocerlas como título
jurídico para el cobro de acreencias laborales. Como quedó explicado, tales
providencias no tienen dicho alcance en relación con el señor César Olmedo
Triana Quiroz. Sobre esa base, encuentra la Sala que no le asiste razón al
demandante frente al presunto desconocimiento del precedente judicial.
No obstante lo anterior, la
Corte considera necesario reiterar los siguientes puntos.
a) De acuerdo con lo expuesto, la acusación formulada por el PAR se
estructuró a partir de una lectura que no surge de lo resuelto por la Corte en
la Sentencia SU- 377 de 2014 y el auto 503 de 2015. Al respecto, cabe recordar
que, en contraposición a lo afirmado en la demanda de tutela, ni en la aludida
sentencia de unificación, ni en el auto que negó la solicitud de adición del
PAR en relación con el reembolso de los dineros pagados, se reconoció un derecho económico en favor del PAR. De allí
que no fuera posible atribuirle a tales providencias la naturaleza de título
ejecutivo que le permitiera a la dicha entidad accionante reclamar
judicialmente y de manera directa la devolución de lo pagado al señor Triana
Quiroz.
b) Siendo ello así, la decisiones adoptadas por la Corte en relación
con la revocatoria del fallo de tutela que en su momento amparó el derecho
pensional del señor Triana Quiroz, y a partir del cual surgió el beneficio
económico que ahora busca reclamar el PAR, no condicionaron ni limitaron la
autonomía del juez de la causa para adoptar la decisión que correspondiera, de
conformidad con la valoración de las pruebas allegadas al proceso y con pleno
respeto de las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.
En este orden de ideas, encuentra la
Sala de Revisión, como resultado del anterior
análisis, que en el presente caso no se acreditó la configuración de los
defectos invocados por el PAR para controvertir la decisión 25 de abril de 2017
proferida por el Juez Laboral del Circuito de Sevilla (Valle).
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida el
27 de septiembre de 2017 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia que revocó el fallo del 11 de agosto de 2017 proferido por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Buga y, en consecuencia, negó el amparo
invocado por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM – PAR - .
Segundo – Por Secretaría General líbrese las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo
y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[2] Una vez realizado el cierre
definitivo de las liquidaciones de TELECOM, el liquidador constituyó un
patrimonio autónomo de remanentes – PAR, con los activos, bienes y derechos, y
recursos no afectos a la prestación del servicio, mediante la celebración de un
contrato de fiducia mercantil, el cual será el propietario de los bienes,
activos, derechos y recursos líquidos transferidos por las empresas en
liquidación. La finalidad del patrimonio autónomo de remanentes – PAR es la
administración y enajenación de los activos no afectos a la prestación del
servicio; la administración, conservación, custodia y transferencia de los
archivos; la atención de las obligaciones remanentes y contingentes, así como
de los procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones en curso al momento de
terminación de los procesos liquidatarios, así como el cumplimiento de las
demás actividades, obligaciones o fines que determine el Gobierno Nacional. Según el Decreto 254 de 2000 y Ley 1105 de 2006, si
al terminar la liquidación existiesen procesos pendientes, tales contingencias
deben ser atendidas con cargo al PATRIMONIO AUTÓNOMO.
[3] En el año 2003 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –
TELECOM, ofreció un plan de pensión anticipada (PPA) a los trabajadores que se
encontraran a menos de 7 años de obtener su derecho de pensión, teniendo en
cuenta las tres modalidades pensionales que reconocía la convención colectiva
de la empresa. Los siete años se enmarcaban entre 31 de marzo de 2003 y el 31
de marzo de 2010”.
[4] Ver a folio 52 del cuaderno principal.
[5] La Corte revisó 26 expedientes contentivos de 609 acciones de
tutela impetradas por ex empleados de TELECOM contra el PAR, mediante las
cuales se solicitaba, entre otras cosas, la inclusión en el Plan de Pensión
Anticipada. auto 503 de 2015, Corte Constitucional.
[6] En el caso concreto del señor Triana Quiroz se pudo establecer
que se desvinculó de TELECOM en junio de 2003 y que no presentó la acción de
tutela sino hasta noviembre de 2009.
[7] Ver numeral décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia
SU- 377 de 2014. Expediente Nº T-2566146 contentivo de la acción de tutela del
señor César Olmedo Triana Quiroz.
[8] M.P. María Victoria Calle Correa.
[9] Ver al minuto 3:30 del cd del audio de la audiencia de
fallo, folio 99 del cuaderno principal.
[10] Ver
al minuto 2:37 del cd del audio de la audiencia de fallo, folio 99 del cuaderno
principal
[11] Ver
al minuto 14:36 del cd del audio de la audiencia de fallo, folio 99 del
cuaderno principal.
[12] Ver
al minuto 15:02 del cd del audio de la audiencia de fallo, folio 99 del
cuaderno principal.
[13] Ver
al minuto 18:34 del cd del audio de la audiencia de fallo, folio 99 del
cuaderno principal.
[14] Ver al minuto 21:14 del cd del audio de la audiencia de fallo,
folio 99 del cuaderno principal.
[15] Ver a folio 7 del cuaderno principal.
[16] Ver a folio 8 del cuaderno principal.
[17] Ver
a folio 9 del cuaderno principal.
[18]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[19]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Cabe precisar que el accionante se refirió
erróneamente al número de sentencia T-649  de 2002. Sin embargo, el número
correcto de la providencia es T-694 de 2002.
[20]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21]
Sobre el particular, el actor se refirió a 6 fallos de instancia proferidos
por jueces laborales del circuito, y por diferentes Tribunales Judiciales donde
se había ordenado el reintegro de dineros que habían sido cancelados a ex
trabajadores del PAR por concepto de pensiones. Al Respecto, la Sala pudo
verificar que dichos fallos a los cuales hace mención el PAR no se enmarcan
dentro de decisiones proferidas en el curso de acciones de tutela, sino que por
el contrario, se relacionan con procesos laborales ordinarios donde se pudo
probar que,  en efecto, a los demandados no les asistía el derechos reclamado.
De igual manera, encuentra la Sala que ninguno de los casos que pretenden
hacerse valer como procedente fue objeto de estudio dentro de la sentencia SU-
377 de 2014, luego no  pueden ser tomarse de manera análoga para el caso objeto
de estudio.
[22] Número del expediente contentivo del proceso laboral de única
instancia que adelanto el PAR contra el señor César Olmedo Triana Quiroz.
[23] Ver a folios 134- 139 del cuaderno principal.
[24] M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.
[25] Ver a folio 134 y 135 del cuaderno principal.
[26] Ver a folio 135 del cuaderno principal.
[27] Ver a folio 135 del cuaderno principal.
[28] Ver a folio 137 del cuaderno principal.
[29] Ver
a folio 138 del cuaderno principal.
[30] Ver
a folio 229 del cuaderno principal.
[31] Ver
a folio 13 del cuaderno principal.
[32] Ver
a folios 10- 60 del cuaderno principal.
[33] Ver
a folio 97.
[34] Ver
a folio 102 del cuaderno principal.
[35] Ver
a folio 15- 23 del cuaderno principal.
[36] Ver
a folio 235 del cuaderno principal.
[37] Ver
a folio  236 del cuaderno principal.
[38] Ver
a folio 241 del cuaderno principal.
[39] Resolvió la Corte
Constitucional de manera textual lo siguiente : Declarar EXEQUIBLE, por los
cargos examinados, la expresión “Las sentencias de primera instancia” contenida
en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, entendiéndose que también
serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de
única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del
trabajador, afiliado o beneficiario.
[40]Ibídem.
[41] Se
presentó impugnación en contra de la sentencia del 29 de junio de 2017 mediante
la cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga concedió el grado
jurisdiccional de consulta a la sentencia de única instancia proferida en el
marco de un proceso laboral ordinario que fue adverso al PAR.
[42]
Sentencia del 19 de abril de 2017 del Juzgado Laboral del Circuito de Sevilla.
[43] Ver
sentencia STL12750-2017, Nº de radicado 74517, Acta nº 29, Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 16 de agosto de 2017 (M.P. Jorge
Mauricio Burgos Ruiz).
[44] La legitimación por activa y por pasiva de las partes
ha sido estudiada por la Corte Constitucional en aquellos casos en los que
alguno de los intervinientes o de los jueces de instancia ha señalado que
alguno de tales presupuestos no se encuentran satisfechos en el caso concreto.
Ver, entre otras, las sentencias T-293 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa) y T-482 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[45] Constitución Política, artículo 86. “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[46] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[47]
Corte Constitucional, Ver Sentencias C-003 de
1993, T- 411 de 1992, T-241 de 1993, T-016 de 1994, T- 138 de 1995, T-133 de
1995, y SU-447 de 2011.
[48] En lo que corresponde concretamente a los
derechos fundamentales de las personas jurídicas la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido en Sentencia SU- 182 de 1998 que:
“Hay derechos de
las personas jurídicas, que ellas pueden reclamar dentro del Estado Social de
Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean
respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama de derechos que les
corresponden, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente
ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que
el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de
las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o
desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto. Al
respecto la Corte Constitucional ha destacado derechos fundamentales como el
debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de
correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos
y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la
información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre otros….. De
allí que son titulares no solamente de los derechos fundamentales en sí mismos
sino de la acción de tutela para obtener su efectividad cuando les sean
conculcados o estén amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública
o de un particular”.
[49] Artículo 5°.
Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley (…).” (Subrayado fuera del texto original).
[50]
Corte Constitucional  sentencias SU-556
de 2015, T-217 de 2010.
[51] Sentencia T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[52]
Sentencia T-217 de 2010.
[53]
Sobre el particular se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de
2005, T-789 de 2008, T-217 de 2010 y T-285 de 2010.
[54] Al
respecto se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-961 de 1999 y
T-322 de 2008.
[55]
Sentencia T-285 de 2010.
[56] Ver
Numeral 5° de las conclusiones de la sentencia C – 424 de 2015 (M.P Mauricio
González Cuervo).
[57] Ver
la parte resolutiva de la sentencia C – 424 de 2015 (M.P Mauricio González
Cuervo).
[58] Ibídem.
[59]
Tutela promovida por el PAR  contra la sentencia del 19 de abril de 2017
mediante la cual se resolvió la demanda ordinaria laboral de única instancia
adelantada por el mismo PAR contra el señor Faunier Zapata con el fin de
obtener la devolución de $ 9.148.075 que fueron cancelados con ocasión de un
fallo de tutela, que de forma posterior fue revocado por la Corte
Constitucional en sentencia SU – 377 de 2014.
[60] Ver
expediente N° 76-111-22-05-000-2017-00092-00, contenido en los folios 101- 125
del cuaderno principal. ( se adjuntó como prueba )
[61] Ver
sentencia STL 12750 – 2017, Radicación N °74517, Acta N° 29 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 16 de agosto del 2017
(M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).
[62] Ver a folio 8 del cuaderno principal.
[63]  Mediante
la sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte individualizó
las causales específicas de la siguiente manera: “a. Defecto orgánico, que se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello. // b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido. // c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión. // d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. // f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales. // g. Decisión sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. // h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
// i. Violación directa de la Constitución.”
[64]
Corte Constitucional, sentencias   T- 156 de 2000, T- 008 de 1999 y C- 984 de
1999, SU-659 de 2015, T-133 de 2015,
T-176 de 2016, T-060 de 2016, T-064 de 2016, T-065 de 201, entre otras,
[65]
Corte Constitucional  Sentencia T- 757 de 2009.
[66] En reiteradas oportunidades el Tribunal Constitucional ha
considerado que, en virtud del artículo 4 de la Carta Política, la
interpretación de las normas siempre debe ir acorde con lo dispuesto por el
Constituyente; es decir, que la hermenéutica legal en un sistema constitucional
debe estar guiada, ante todo, por el método de interpretación conforme, según
el cual las disposiciones jurídicas deben leerse en el sentido que mejor guarde
coherencia con lo dispuesto en la Carta Política.”. Sentencia SU-659 de 2015.
[67]
Corte Constitucional, Sentencia C- 147 de 1998  (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[68]
Corte Constitucional, sentencia C-967 de 2012 (
Jorge Iván Palacio Palacio)
[69] M.P
Rodrigo Escobar Gil.
[70]
Reiterado igualmente en la sentencia T – 587 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[72] Por su parte la doctrina
lo ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el
principio stare decisis o estar a lo decidido, el cual consiste
en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se
presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares, así lo
refirió la Corte Constitucional en las sentencia T-460 de 2016 y SU – 354 de 2017 tomado del “El Precedente
Constitucional teoría y praxis”,
Editorial Ibáñez S.A.S, 2013.
[73]
Corte Constitucional, sentencias T-1029 de 2012,
T- 360 de 2014, T-410 de 2014, T -459 de 2017, entre otras.
[74]
Corte Constitucional, sentencia T -102 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[75]
Corte Constitucional  Sentencia
T-086 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[76]
Corte Constitucional, sentencias  T-1029 de
2012 (M.P. Luis Ernesto Vagas Silva) y T – 459 de 2017 (M.P. Alberto Rojas
Ríos).
[77]
Corte Constitucional sentencia SU-053 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[78]
Corte Constitucional, sentencias  T-1029 de
2012 (M.P. Luis Ernesto Vagas Silva)  y T – 459 de 2017 (M.P. Alberto Rojas
Ríos).
[79]
Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2016
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
[80]
Corte Constitucional , sentencia SU- 210 de 2017 (M.P. José Antonio Cepeda
Amarís)
[81]
Corte Constitucional, sentencia  T- 459 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos)
[82]
M.P. María Victoria Calle Correa
[83] Como se explicó en la sentencia SU-377 de 2014: “[l]a acumulación de estos
procesos significa que en esta ocasión veintiséis (26) expedientes, contentivo
cada uno de una acción de tutela con uno o más accionantes. En total hay
seiscientos nueve (609) nombres de actores, algunos de los cuales se repiten en
distintos expedientes. Durante la revisión de los fallos que resolvieron las
tutelas, la Corte Constitucional decretó pruebas y solicitó informes que
consideraba relevantes para adoptar la presente decisión.  Hay ocho (8)
cuadernos de pruebas, y un total de cuatro mil quinientos doce (4512) folios
relacionados. Se aportaron seis (6) cuadernos de anexos, con un total de mil
ochocientos cincuenta y cinco (1855) folios.”
[84] Se
señaló en el auto 503 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa) que “(…) un  amplio
número de acciones de tutela no se encontraron aptas para ser falladas de fondo
(548), por (i) ausencia de legitimación en la causa; (ii) cosa juzgada y/o
temeridad en el uso de la acción de tutela; (iii) falta de inmediatez en la
presentación de las reclamaciones; o (iv) incumplimiento del presupuesto de
subsidiariedad”
[85]
Puesto Nº 174 de la lista presentado en la consideración 151 del título “Problemas
de inmediatez en los casos de PPA” previsto en la sentencia SU- 377 de
2014, (M.P. María Victoria Calle Correa)
[86] En el caso
particular del señor Triana Quiroz se pudo establecer que se desvinculó de
Telecom en junio de 2003 y que el recurso de amparo fue interpuesto en
noviembre de 2009.
[87]
Consideración presentada en el numeral 151 del título “Problemas de
inmediatez en los casos de PPA” previsto en la sentencia SU- 377 de
2014, (M.P. María Victoria Calle Correa)
[88] Ibídem.
[89]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[90]
Auto 503 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[91]
Arias, J. (2013). El enriquecimiento sin causa o injustificado y la acción IN
REM VERSÓ en materia de responsabilidad estatal por realización de obras,
prestación de servicios y suministro de bienes sin contrato estatal. Jurídicas
CUC, 9 (1), 143 – 181
[92]
Tamayo, A. (2005). Manual de Obligaciones. Teoría del Acto Jurídico y otras
fuentes. (6ª ed.). Bogotá, Colombia: Temis - (p. 308-309).
[93]
Arias, J. (2013). El enriquecimiento sin causa o injustificado y la acción IN
REM VERSO en materia de responsabilidad estatal por realización de obras,
prestación de servicios y suministro de bienes sin contrato estatal. Jurídicas
CUC, 9 (1), 143 – 181
[94]
Artículo 1494 del Código Civil prevé que “las obligaciones nacen, ya del
concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o
convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la
aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en
los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los
hijos de familia” ( Subrayado fuera del texto original).
[95]
Colombia. Consejo de Estado (30 de enero de 2013). Sala de lo Contencioso
Administrativa. Sección Tercera. Subsección C, Rad: 07001-23-31-000-1999-00161-01(19045),
Aclaración de Voto, C.P. Enrique Gil Botero.
[96]
Corte Suprema de Justicia (19 de diciembre de 2012). Sala Casación Civil. Rad.
540001-3103-006-1999-00280-01, Consejo de Estado. Sala Contenciosa
Administrativa. Sección 3ª. Rad: 85001-23-31-000-2003-00035-01(35026), (22 de
julio de 2009).
[97]
Corte Constitucional, Sentencia T – 219  de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T – 471 de 2016 (M.P. Alvaro Tafur Galvis)
[98] En aras de invocar el
principio de igualdad, el PAR hizo mención de un caso sustancialmente idéntico al del
señor Triana Quiroz donde, en el curso de un acción de tutela, la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante
sentencia de primera instancia del 29 de junio de 2017, tuteló los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso en sus garantías de  la doble
instancia y del derecho de defensa en favor del PAR y, en consecuencia, le
ordenó al Juez Laboral del Circuito de Sevilla conceder el grado jurisdiccional
de consulta y remitir al expediente al Tribunal Superior de Buga para que se
desate dicho grado[98].
|| No obstante, la Sala advierte que de lo anterior no es posible inferir el planteamiento de un cargo
adicional y específico en contra del fallo cuestionado. Ello, por
cuanto de las pretensiones de la tutela no se verifica la intención del PAR en
acceder al grado jurisdiccional de consulta, hecho que se complementa con
análisis de subsidiariedad que realiza el actor, donde señaló puntualmente que:
“(…) En el presente caso, no procede ningún recurso contra la Sentencia
de Única Instancia del 25 de abril de 2017, como quiera que se trata de una
sentencia dictada en única instancia, en razón a la cuantía (…)”[98].
[99] Ver
sentencia STL 12750 – 2017, Radicación N °74517, Acta N° 29 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 16 de agosto del 2017
(M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).
[100] El referido artículo
señala que “cuando el juez que conozca de la
impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo
de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha
providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en
cumplimiento del fallo respectivo”.
[101] Ver a folio 7 del cuaderno principal.
[102] Corte Constitucional, auto 503 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[103] Ver
al minuto 16:28 del audio del fallo contenido en el folio 99 del cuaderno
principal.
[104]Sobre el punto se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
C-258 de 2013, SU-427 de 2016 y SU-210 de 2017. Al respecto en la Sentencia
C-258 de 2013, se expresó que, la buena fe y la confianza legítima de haber
actuado de conformidad con la normatividad vigente, sin que pueda predicarse
abuso del derecho ni fraude a la ley, amparan aquellas situaciones en las que,
derivado del reconocimiento de una prestación pensional, hayan ingresado
recursos al patrimonio de una persona. La consecuencia de ello es que esta
sentencia no puede ser invocada  para exigir devoluciones de dinero por
concepto de ingresos pensionales.
[105] M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
[106] Ver al minuto 2:30 del audio de la audiencia de fallo,
contenido en el folio 99 del cuaderno principal.
[107]
Corte Constitucional, T-032 de 1994  (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[108] Corte Constitucional, T- 694 de 2002 (M.P. clara Inés Vargas Hernández).
[109] Dicha
regla había sido anteriormente abordada por la Corte Constitucional mediante
[110]  Corte Constitucional, auto 503 de 2015 (M.P. María Victoria
Calle Correa).
[111] Ibídem.
[112] Ver
a folio 8 del cuaderno principal.