C-069-94
Sentencia No
Sentencia
No. C-069/94
SECUESTRO/ENRIQUECIMIENTO
ILICITO
La norma acusada está contemplando la sanción a unos
efectos patrimoniales -directos o indirectos- derivados de una causa
ilícita específica: el delito de secuestro.  La Corte encuentra razonable esta
disposición por la coherencia causa-efecto que trae, pues si se considera que
la causa es punible, obviamente también lo serán sus efectos patrimoniales
propios, sean ellos directos o indirectos. La norma, entendida en su exégesis,
no está expresando cosa distinta a la evidencia de que un incremento
patrimonial directa o indirectamente, derivado del delito de secuestro,  no
tiene un principio jurídico de razón suficiente que lo justifique, ya que
evidentemente hay una causa ilícita.  Sería un contrasentido penalizar el
secuestro y, al mismo tiempo, permitir sus efectos, directos o indirectos.
SECUESTRO-Omisión
de aviso/DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
El artículo 33 estipula una facultad eximente del deber
de declarar en contra, pero en ningún caso de dar aviso a las autoridades de la
comisión de un hecho delictivo del cual se tenga conocimiento, que es una obligación
general que no admite excepciones. La obligación de dar aviso, por tanto,
comporta el acto de notificar el hecho delictivo, como un deber mínimo exigible
a todos los asociados, sin distingo, de solidaridad, conforme a lo dispuesto en
el artículo 95, numeral 2o. de la Constitución, y de colaboración con las
autoridades, tal como lo preceptúa el artículo 95, numeral 7o. de la
Constitución. Toda persona debe colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia.
SECUESTRO/INDULTO-Prohibición/AMNISTIA-Prohibición
El tenor del artículo está conforme con la filosofía que
inspira a la Carta de 1991, que se funda en el respeto a la dignidad humana, en
la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general.  Sería
un contrasentido que el Estado Social de Derecho -que considera a la persona
humana como fin en sí misma- relativizara la dignidad humana y llegara a
beneficiar con la amnistía o el indulto al autor de un delito de lesa
humanidad, como es el caso del secuestro.  El secuestro es un atentado directo
contra la esencia del hombre y vulnera, de manera grave, inminente,
injustificada y con secuelas irreversibles, la personalidad de la víctima -y en
ocasiones la de sus familiares y allegados más íntimos-.
DELITO
POLITICO/DELITO COMUN
La
Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para
efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual
mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, pero en ningún caso
autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia para establecer por
vía general un tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes, con
exclusión de otros.
COLABORACION
CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Exoneración de la Pena/DELITOS
DE LESA HUMANIDAD
Las
razones de conveniencia no pueden llegar en este caso hasta desconocer la
existencia de la pena, por cuanto ésta constituye lo justo, es decir, lo
que se merece; ello equivaldría a  dejar de aplicar la justicia, hipótesis que
riñe con los principios elementales del Estado de Derecho, que se funda en la
legitimidad y eficacia del orden social, el cual, a su vez, se inspira en la
justicia como valor superior. Exonerar, de la pena a quien haya participado en
el delito de secuestro, es, a todas luces, un acto desproporcionado y por ello
mismo viciado de injusticia. No puede el Estado dejar de imponer la pena que en
justicia se debe, puesto que al omitir su acción punitiva en casos de
delitos de lesa humanidad, su respuesta jurídica ante el hecho delictivo
sería desproporcionada, es decir, injusta, y el Estado, por esencia, jamás está
legitimado para incurrir en injusticia por omisión.
FISCAL
GENERAL DE LA NACION-Funciones
El
Fiscal General de la Nación no tiene en estos casos función juzgadora, sino
fundamentalmente de investigación y acusación.  De manera que el acuerdo a que
se llegue con la fiscalía no vincula al juez, ni por ende al Estado y nunca
puede extenderse hasta la exoneración de la pena. Dicho acuerdo, en última
instancia, puede ser ratificado,  o modificado, o no acogido por la decisión
que tome el juez de conocimiento. Ese es el sentido que tiene el artículo 44 de
la Ley 81 de 1993, que en la parte final de su primer inciso estipula que
"se sujeta el acuerdo a la aprobación de la autoridad judicial
competente".
EXTORSION
El
artículo 32 de la Ley 40/93, establece una política punitiva adecuada a la
gravedad de los hechos punibles allí descritos, acorde con la proporcionalidad
de la justicia retributiva, que atiende al merecimiento del destinatario de la
norma.  Estima el actor que la norma en comento contempla materias distintas a
la propia de la Ley 40 de 1993, es decir, al secuestro. Sin embargo, esta
Corporación observa una evidente conexidad, por cuanto el contenido esencial del
artículo 32 es la extorsión, que constituye la diferencia específica del delito
de secuestro a que se refiere la Ley 40 de 1993.
PENA
PERPETUA-Edad
del delincuente
El
argumento de la edad del delincuente, como circunstancia que hace tornar la
pena en perpetua, no es de recibo en razón de que normalmente el máximo de la
pena no se cumple, dados los mecanismos de redención de las penas. Las
condiciones personales en que se encuentra el condenado, de suyo podrían
convertir en perpetua una pena leve, si éste se encuentra en estado de
enfermedad crónica o grave, dado el tiempo de vida probable que pudiera quedar
al reo.
SECUESTRO-Comisión
de seguimiento/CONTROL POLITICO
A
través de la comisión de seguimiento encargado de "supervigilar las políticas
gubernamentales y judiciales contra el secuestro, así como el comportamiento de
autoridades y jueces, en relación con sus obligaciones frente a este
delito", no se están invadiendo competencias de otras ramas del poder
público, y su existencia bien puede considerarse como un mecanismo adicional
tendiente a reforzar el poder de control político que incumbe al Congreso sobre
el gobierno y la administración. Sin embargo, dicha comisión no puede en ningún
caso inmiscuirse en asuntos exclusivos de la rama judicial, so pena de incurrir
en violación del artículo 136, numeral 1o. de la Constitución Política. Tampoco
le es permitido invadir el ámbito de competencia propio del gobierno en materia
de seguridad y orden público.
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Control político
El
control político del cual es titular el Congreso de la República, no puede
extenderse a la rama judicial del poder público, como que para ello no está
facultado dicho órgano por la Constitución. En lo que hace al control político
sobre los actos u omisiones de las autoridades administrativas y
gubernamentales, dicho control se hace efectivo a través de los mecanismos
establecidos en la Carta Política.
REF.:   Expediente
No.  D-388 Y D-401 (acumulados)
Norma
Acusada: Ley 40 de 1993, artículos 6, 10, 17, 32, 34, 35 y 37.
Peticionarios:
LUIS EDUARDO BOTERO HERNANDEZ y HECTOR RODRIGUEZ CRUZ
Magistrado
Ponente:
Dr.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Aprobada
según Acta No.
Santafé
de Bogotá, D.C.,  veintitrés (23) de febrero de mil novecientos noventa y
cuatro (1994).
I.       ANTECEDENTES
Los ciudadanos Luis Eduardo Botero Hernández y Héctor
Rodríguez Cruz, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandaron
la inexequibilidad de los  artículos 1o., 6o., 10o., 12, 14, 17, 18, 19, 25,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 37 de la Ley 40 de 1993.
II.      TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
El tenor literal de la norma demanda es el siguiente :
LEY 40 DE 1993
"Artículo 1o.   El secuestro extorsivo.  El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una
persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier
utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter
político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años y multa
de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales.
"En la misma pena incurrirá quien arrebate,
sustraiga, retenga u oculte a una personalidad de reconocida notoriedad o
influencia pública."
"....................................................................................................."
"Artículo 6o.   Enriquecimiento ilícito derivado
del secuestro.  El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga
para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, y siempre que el
hecho no constituya otro delito, incurrirá por ese solo hecho, en prisión de
cinco (5) a 10) años, y en multa equivalente al valor del incremento ilícito
logrado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 34 de la
Constitución".
"....................................................................................................."
"Artículo 10o.  Omisión de aviso.  El que no diere aviso a las autoridades de un secuestro o
desaparición de cuya ocurrencia tenga conocimiento directo, incurrirá en
prisión de seis (6) meses a un (1) año. El Fiscal General de la Nación
dispondrá lo pertinente para que quede en secreto la identidad de quien dé el
aviso de que trata este artículo".
"...................................................................................................."
"Artículo 12. Celebración
indebida de contratos de seguro. Quien intervenga en la
celebración de un contrato que asegure el pago del rescate de un posible
secuestro o en la negociación o intermediación del rescate pedido por un
secuestrado, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años".
"...................................................................................................."
"Artículo
14.  Amnistía e indulto.  En ningún caso el autor o los
copartícipes del delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades, podrá
ser beneficiado con amnistías e indultos o sus consecuentes de cesación de
procedimiento o auto inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como
delito conexo con el delito político, dada su condición de atroz".
"Artículo
17.  Beneficios por colaboración.  Por razones de conveniencia
evaluadas por el Fiscal General de la Nación, o por el funcionario que éste
designe, las penas previstas para los hechos punibles consagrados en esta ley
se rebajarán en la mitad, cuando el procesado o condenado colabore eficazmente
en el esclarecimiento de los hechos, o en la captura de autores o partícipes o
en el establecimiento de responsabilidad penal por los delitos consagrados en
este estatuto.
"En
casos excepcionales, y por razón de la eficacia de la colaboración, podrá
reconocerse la condena de ejecución condicional, prescindirse de la imposición
de penas o de la ejecución de aquella que se hubiere impuesto, por
requerimiento del Fiscal General de la Nación o del vicefiscal, previo concepto
del Procurador General de la Nación.  Cuando la colaboración permita capturar y
deducir responsabilidad penal para quienes conforman organizaciones
delincuenciales, podrá ordenarse o solicitarse la preclusión o la cesación de
procedimiento por parte del Fiscal General de la Nación.
"Si
la colaboración a que se refiere este artículo se realizare durante la etapa de
instrucción, el fiscal, al formular la acusación, acompañará dicha resolución
del acta en que haya acordado con el procesado la disminución punitiva, para
que el juez al dosificar la pena reconozca dicho beneficio. Si se realiza en la
etapa de juzgamiento, el fiscal suscribirá un acta que contenga el acuerdo a
que se ha llegado con el procesado para la concesión de los beneficios a que se
refiere este artículo, la cual aportará al proceso para que el juez reconozca
dichos beneficios en la sentencia. Si la colaboración proviene de persona
sentenciada, realizado el acuerdo entre el procesado y el fiscal que intervino
en el proceso, el acta correspondiente se enviará al juez que esté ejecutando
la sentencia para que disminuya la pena o exonere al sentenciado de su
ejecución.
"En
el procedimiento establecido en este artículo intervendrá obligatoriamente el
Ministerio Público.
"PARAGRAFO.-
La disminución punitiva a que se refiere este artículo será solicitada por el
procesado al fiscal que esté conociendo de la instrucción o que esté actuando o
haya actuado en la etapa de juzgamiento, quien se reunirá con el peticionario y
si llegaren a cualquier acuerdo se sentará el acta respectiva.
"Si
se considera que es procedente la exclusión de pena, la preclusión o cesación
de procedimiento, la solicitud será enviada al Fiscal General de la Nación o al
vicefiscal, para que determine la procedencia de dichos beneficios y en caso de
ser viables se sentará un acta que se enviará al funcionario respectivo para
las determinaciones a que se refieren los incisos anteriores".
"Artículo
18. Vigilancia administrativa de bienes. Al tener noticias ciertas de que
se ha cometido un delito de secuestro o de que ha ocurrido una desaparición, el
Fiscal General de la Nación o su delegado, procederá de inmediato a elaborar el
inventario de los bienes de su cónyuge, compañera o compañero permanente, y de
los de sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil con base en sus respectivas declaraciones de renta.
Estas personas anteriormente citadas, deberán hacer, bajo juramento denuncia de
sus bienes y de los del secuestrado.
"Para
los efectos de este artículo sobre bienes denunciados, y sobre aquellos de que
tenga noticia, el Fiscal General de la Nación o su delegado, decretará la
vigilancia administrativa de los mismos. Se formará cuaderno separado para toda
esta actuación, a la cual tendrán acceso solamente el Fiscal, su delegado, el
agente del Ministerio Público y los afectados o sus apoderados.
"De
oficio o a petición de parte y previa audiencia con el posible afectado, el
Fiscal General de la Nación o su delegado, podrá decretar la vigilancia
administrativa de los bienes de otras personas, cuando existan fundadas razones
para considerar que tales bienes podrían ser utilizados, directa o
indirectamente, para el pago por la liberación de una persona secuestrada.
Dicha vigilancia administrativa podrá extenderse a las sociedades de las cuales
sean socias las personas antes mencionadas, cuando existan fundadas razones
para considerar que a través de tales sociedades se pudieren obtener recursos
destinados a pagar liberaciones de personas secuestradas.
"La
vigilancia administrativa de bienes no priva a sus propietarios o poseedores de
la tenencia, uso y goce de los mismos, ni de su explotación económica, pero
prohibe a estos la disposición y el gravamen sobre dichos bienes, sin la previa
autorización del Fiscal General de la Nación o su delegado, cuando no
corresponda al giro ordinario de los negocios de las personas o sociedades
señaladas en este artículo.
"Tratándose
de bienes sujetos a registro, las medidas serán comunicadas a las autoridades y
funcionarios pertinentes para lo de su cargo.
"Las
transacciones que se hagan sin el lleno de los requisitos anteriores serán
inexistentes.
"La
vigilancia administrativa de bienes obliga a sus titulares o administradores, a
rendir cuentas periódicas de su gestión, en los términos que el Fiscal General
de la Nación o su delegado señalen. El incumplimiento de esta obligación o su
retardo injustificado darán lugar a su remoción.
"La
vigilancia administrativa de bienes se efectuará durante el término que dure el
secuestro más el término adicional que considere la Fiscalía General de la
Nación para el cumplimiento de los propósitos de esta ley.
"El
que, con el propósito de beneficiarse con lo dispuesto por este artículo,
simule un secuestro incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a diez (10) años.
"Parágrafo
1o.  Para facilitar el seguimiento del autor o de los autores, del
copartícipe o de los copartícipes de un delito de secuestro, el Fiscal General
de la Nación o su delegado, podrá suspender o aplazar la vigencia de las
medidas de vigilancia administrativa de bienes de que trata este artículo.
"Parágrafo
2o.- No obstante lo dispuesto en este artículo, cuando alguna de las
personas antes señaladas pusiere en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación el hecho del secuestro, y colabore con este organismo, el Fiscal o su
delegado,  podrá acordar con dichas personas procedimientos que no impliquen la
vigilancia administrativa de bienes.
"Parágrafo
3o.- Quienes ejerzan el cargo de delegados del Fiscal General de la Nación
sobre los bienes sometidos a vigilancia administrativa, tendrán las funciones
propias de un auditor de control interno".
"Artículo
19.  Acciones y excepciones.  Carecerá del derecho de alegar cualquier
acción o excepción, quien a cualquier título entregue dineros destinados a
pagar liberaciones de secuestrados".
"...................................................................................................."
"Artículo
25. Sanciones a empresas nacionales y extranjeras. Sin perjuicio de las
demás sanciones a que hubiera lugar, cuando algún directivo de una empresa
nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de
liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma, o de una
de sus filiales, el Gobierno quedará facultado para decretar la caducidad de
los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades estatales. En caso
de que el hecho sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista
de la anterior, si esta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata
expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán objeto de las
sanciones prevista en esta ley.
"Parágrafo
1o.- El contratista nacional o extranjero que pague sumas de dinero a
extorsionistas se hará acreedor a las sanciones previstas en este artículo.
"Parágrafo
2o.- Los contratos que celebren las entidades estatales colombianas con
compañías extranjeras y nacionales llevarán una cláusula en la cual se incluya
lo preceptuado en este artículo".
"...................................................................................................."
"Artículo 28.  Modificaciones al artículo 44 del
Código Penal.  El artículo 44 del Decreto Ley
100 de 1980, Código Penal, quedará así:
Duración de la Pena. La duración máxima de la pena
es la               siguiente:
- Prisión, hasta sesenta (60) años.
- Arresto, hasta cinco (5) años.
- Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años.
- Interdicción de derechos y funciones públicas,
hasta diez (10)              años.
- Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u
oficio, hasta cinco        años.
- Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15)
años".
"Artículo 29.  Sobre el homicidio.  El artículo 323 del Decreto Ley 100 de 1980, Código Penal
quedará así: Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de
veinticinco (25) a cuarenta (40) años.
"Artículo 30.  Modificación al artículo 324 del
Código Penal. El artículo  324 del Decreto
Ley 100 de 1980, Código Penal, quedará así:
"Artículo 324.  Circunstancias de agravación punitiva. La pena será de cuarenta (40) a
sesenta (60) años de prisión, si el hecho descrito en el artículo anterior se
cometiere:
"1. En la persona del ascendiente o descendiente,
cónyuge, hermano adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad.
"2. Para preparar, facilitar o consumar otro hecho
punible; para ocultarlo, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para
los partícipes.
"3. Por medio de cualquiera de las conductas
previstas en los Capítulos II y III del título V del Libro Segundo de este
Código.
"4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de
lucro o por otro motivo abyecto o fútil.
"5. Valiéndose de la actividad de inimputable.
"6. Con sevicia.
"7. Colocando a la víctima en situación de
indefensión o inferioridad o aprovechándose de esa situación.
"8. Con fines terroristas, en desarrollo de
actividades terroristas o en persona que sea o hubiere sido servidor público,
periodista, candidato o cargo de elección popular, dirigente comunitario,
sindical, político o religioso; miembro de la fuerza pública
"Artículo 31.  Modificación al artículo 28 del
Código Penal. Salvo en los casos contemplados
en esta ley, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de treinta (30)
años.
"Artículo 32. Modificación del artículo 355 del
Código Penal.  El artículo 355 del Decreto Ley
100 de 1980, Código Penal, quedará así:
"Artículo 355. Extorsión.  El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna
cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a veinte (20) años.
"La pena se aumentará de la tercera parte a la
mitad, si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar acto del
cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.
"Si el propósito o fin perseguido por el agente es
facilitar actos terroristas constriñendo a otro mediante amenazas a hacer,
suministrar, tolerar u omitir alguna cosa, la sanción será de veinte (20) años
de prisión, multa de mil (1000) a dos mil (2000) salarios mínimos legales
mensuales.
"Quien forme parte de organización o grupo de
personas que tenga como uno de sus fines o propósitos la comisión de hecho
punible de los descritos en los incisos anteriores, o ayude a eludir la acción
de la autoridad, o a entorpecer la investigación correspondiente, o a ocultar o
asegurar el producto del delito, o lo adquiera o enajene, incurrirá por ese
solo hecho en la sanción prevista en el inciso primero disminuida en una
tercera parte.
"Del mismo modo, quien conociendo de los planes o
actividades de uno de los mencionados grupos u organizaciones de personas en
relación al delito de extorsión, omitiere informar oportunamente sobre aquellos
a la autoridad, o no denuncie una extorsión de cuyos autores o partícipes tenga
conocimiento, incurrirá en la pena establecida en el inciso primero disminuida
en la mitad.
"....................................................................................................."
"Artículo 34.  Comisión de seguimiento.  Créase una comisión compuesta por tres (3) Senadores y
tres (3) Representantes, miembros de las Comisiones Primeras de cada Cámara y
designados por dicha Comisiones, para que se encargue de supervisar las
políticas contra el secuestro. "Esta Comisión podrá solicitar informes y
sugerir acciones y políticas en relación con este tema. Igualmente, esta
Comisión estará encargada de recibir, evaluar y dar a conocer a la opinión
pública nacional e internacional, los casos de violación de los derechos
humanos de los secuestrados".
Artículo 35. Programa de asistencia: El Gobierno Nacional, con sujeción al plan de desarrollo,
llevará a cabo programas de asistencia integral al secuestrado y a sus
familiares, diseñados y puestos en funcionamiento por entidades estatales o con
el concurso de instituciones privadas que estén en capacidad de adelantar esas
tareas."
"...................................................................................................."
"Artículo 37.  Traslado y adiciones presupuestales.
Autorízase al Gobierno Nacional, para verificar los
traslados y las adiciones presupuestales necesarios para el cumplimiento de la
presente Ley".
III.
LA DEMANDA
1       Normas Constitucionales
que se consideran infringidas
Estiman los actores que las normas acusadas son
violatorias de los artículos 2o., 5o., 11, 12, 13, 29, 30, 31, 33, 34, 42,
inciso segundo, 44, 58, 94, 98, 113, 121, numeral 3o., 277, 278, 334 y 355 de
la Constitución Política, el artículo 3o. de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y numeral 1o. del artículo 6o. del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos.
2       Fundamentos de las
demandas
2.1    Demanda del ciudadano Luis Eduardo Botero
Hernández
Considera el ciudadano Botero Hernández que la Ley 40 de 1993,
al fijar penas de prisión entre cuarenta y sesenta años "está adoptando
un régimen punitivo de carácter perpetuo, si se considera que de acuerdo
con las estadísticas oficiales, la edad promedio de los colombianos no supera
los sesenta y cinco (65) años y que la edad delincuencial promedio se estima en
los dieciocho (18) años" (resalta el actor). De esta forma, sostiene, se
desnaturaliza la función resocializadora de la pena y se vulnera "la
primacía de los derechos inalienables de la persona". De acuerdo con el
artículo 34 superior, la pena a que se hace acreedor un delincuente no puede
tener el carácter de vitalicia, perpetua o irredimible. "La sanción penal
establecida en el articulado que se impugna por inconstitucionalidad, no cumple
con la función que debe tener toda pena, cual es la de ser  retributiva,
preventiva, protectora y resocializadora, (Art. 12 Código Penal).  No
cabe duda de que nuestro Legislador en forma muy sutil, ha establecido una
pena de prisión perpetua, dándole  un carácter de retaliación y venganza,
negando el derecho a la "rehabilitación" en el ejercicio de la
ciudadanía que se consagra en el Art. 98 de la Carta". (resaltado y
subrayado del actor)
Del mismo modo considera que la "multa"
prevista como sanción al delito de "enriquecimiento ilícito derivado del
secuestro", equivalente al valor del incremento ilícito logrado, que
consagra el artículo 6o. de la Ley 40 de 1993, es una pena subjetiva
indeterminada, que carece de cuantía, y que eventualmente puede sobrepasar el
límite de los diez millones de pesos, suma máxima que puede ser imponible al
infractor de la ley penal, tal como lo ordena el artículo 46 del Código Penal.
Sostiene el actor que los artículos 10 y 12, relativos a
la omisión de aviso y a la celebración indebida de contratos de seguros,
obstaculizan el ejercicio del derecho a la vida, y constituyen una desigualdad
de los ciudadanos frente a las cargas públicas y que, con el fin de
desestimular la actividad delictiva del secuestro, se está poniendo en peligro
la propia vida; de esta forma, según él, se viola el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 constitucional. "La intención de impedir que
los particulares negocien con los delincuentes es sano pero contrarío a
Derecho, porque si el delito ya se perpetró sin que mediara previamente la
protección a que están obligadas las autoridades, no permitir la propia
protección y defensa a la vida, haría más gravosa la situación de las víctimas
que, como ya se señaló, son tanto el secuestrado como sus familiares."
Considera el demandante que la ley acusada castiga a
quien, por cuenta propia, trata de evitar un perjuicio mayor ante la situación
de inminente peligro en que se encuentra la vida de una persona secuestrada;
además, se está desconociendo el derecho al ejercicio de la legítima defensa y
a obrar en estado de necesidad. "No es posible criminalizar la actividad
que se realice para defender los sagrados derechos de la "libertad" y
"la vida" de un familiar. Hacerlo es contrario a los derechos
consagrados en los artículos 33, 42, 44 y 94 de la Carta. Afirma que
"obligar a denunciar un secuestro, a costa de la vida familiar, es
infringir la excepción que contiene el artículo 33 en materia de declaración,
cuando se trata de personas con las que existen vínculos de afinidad o
consanguinidad".
A criterio del demandante, la Ley 40 de 1993 vulnera los
derechos de los niños consagrados en el artículo 44 superior:  "No se
puede concebir una norma que considere delincuente al padre que procura la
libertad de su hijo secuestrado, y menos, porque haga hasta lo imposible por
salvar su vida. La ley no puede traspasar el umbral de la familia, ni puede
tampoco pretender que valores tan sentidos, y que hacen parte del derecho
natural, anterior de mucha data al derecho positivo, sean cambiados". A
juicio del demandante se pretende establecer una responsabilidad objetiva,
proscrita por la ley penal, ya que no puede atribuírsele culpabilidad, uno de
los elementos indispensables del hecho punible, a quien no dé aviso a las
autoridades para proteger la vida de un ser querido, sea el padre, hijo, esposo
o hermano, o a quien celebre contratos que aseguren el pago de un secuestro o
sirvan de mediadores para la obtención de un rescate. La mera conducta no
constituye delito; se requiere que ésta sea antijurídica y además culpable, es
decir, que se lleve a cabo con dolo, culpa o preterintención.
En relación con el  artículo 17 de la ley acusada,
relativo a los beneficios por colaboración, tales como rebajas de penas, reconocimiento
de la ejecución condicional de la pena, preclusión o cesación del
procedimiento, considera el demandante que esta norma viola el derecho a la
igualdad, ya que establece unos beneficios en favor de los delincuentes que
cometen secuestros "llegando inclusive a usurpar facultades privativas
que, en materia de amnistía e indulto le corresponden solamente al Congreso,
según lo determina la Carta en sus artículos 150, numeral 17 y 201, numeral 2,
sin que por ninguna parte aparezca que el Fiscal General de la Nación tenga
constitucionalmente esta atribución". Dice que al otorgarle a la Fiscalía
una función que no le compete, se viola el principio de que "ninguna
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye
la Constitución y la Ley, consagradas en el artículo 121 superior.
Asimismo, afirma el actor que el artículo 18 de la ley
acusada, que trata sobre la vigilancia administrativa de bienes, debe ser
declarado inexequible ya que esa facultad concedida a la Fiscalía de intervenir
la propiedad privada  viola el artículo 58 de la Constitución Política, e
incluso llega a violar el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 15
superior. Afirma que esta facultad constituye "otra forma evidente del
desconocimiento de la igualdad de los ciudadanos frente a las cargas
públicas". Además, dicha atribución no le compete a la Fiscalía General de
la Nación, ya que sus funciones se limitan a investigar los delitos y acusar a
los presuntos infractores.
En relación con artículo el 19, considera el actor que
"no es propio de la Justicia en un Estado de Derecho, negar bajo ninguna
circunstancia el derecho sagrado a la defensa y al debido proceso."
Considera que esta norma , contenida dentro del Capítulo III que se refiere a
las facultades de la Fiscalía General de la Nación, "contradicen los más
elementales derechos del ciudadano, como son el de la "igualdad ante la
ley" (art. 13 de la Carta), el del "Debido Proceso" (art. 25 de
la Carta) y el de Apelación e impugnación de las sentencias entre otros".
En cuanto a la Comisión de Seguimiento creada por el
artículo 34, manifiesta el actor que ésta usurpa la función constitucional de
examinar y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial,
atribuida al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de
la Nación.
De igual forma, solicita que se declare la
inexequibilidad del artículo 25 del Estatuto Antisecuestro, ya que
"resulta violatorio del concurso de voluntades que se expresa en un
contrato, el hecho de que mediante una norma de tipo penal, se atente contra la
seguridad de los contratos suscritos al tenor de las normas del Derecho
Administrativo".
El ciudadano Botero Hernández concluye su argumentación
manifestando que la Ley 40 de 1993 es violatoria de los artículos 158 y 159 de
la Constitución Política, ya que, siendo el "Estatuto Nacional contra el
Secuestro", abarcó temas como el aumento en los límites para todas las
penas, facultó al Gobierno para hacer traslados y adiciones presupuestales y usurpó
el ámbito del Derecho Administrativo "facultando al Gobierno para declarar
la caducidad en los contratos suscritos", ya que se promulgó una ley que
hace referencia a diversas materias y cuyo título no coincide
"precisamente a su contenido...".
2.2
Demanda del ciudadano Héctor Rodríguez Cruz
Considera el ciudadano Rodríguez Cruz, al igual que en la
demanda anteriormente referenciada, que la Ley 40 de 1993 es violatoria de los
artículos 158 y 169, ya que su título no corresponde exactamente a su
contenido, y abarca diversas materias.
Sostiene que el artículo 14 acusado es violatorio de los
artículos 150, numeral 17 y 30 transitorio de la Constitución Política, ya que
se impide al Congreso y al Presidente de la República  decretar amnistías e
indultos "en casos concretos de secuestro, con lo cual aún se pone en
grave riesgo la paz pública nacional, como en el caso de grupos alzados en
armas, que actúan con fines políticos, y al decidir en cada caso concreto sobre
la amnistía o el indulto, corresponde valorar al congreso o al presidente de la
república, sin que ley alguna se lo limite".
Al igual que el ciudadano Botero Hernández, considera que
el artículo 19 de la Ley 40 de 1993 desconoce las garantías procesales
previstas en el artículo 29 de la Constitución Política, ya que viola el
derecho de defensa al impedir esgrimir acciones o excepciones a aquellas
personas que han entregado dineros  destinados a la liberación de un secuestro.
Concluye afirmando que los artículos 29, 30, 31, 32 son
violatorios de la Carta Política ya que todos ellos tratan materias diferentes
al secuestro, como es el homicidio, la extorsión, violando lo dispuesto por los
artículos 158 y 159 superiores.
IV.    INTERVENCIONES OFICIALES
1       MINISTERIO DE GOBIERNO
El señor Ministro de Gobierno, doctor Fabio Villegas
Ramírez, presentó escrito que no será tenido en cuenta por extemporáneo, tal
como se desprende del informe de Secretaría General de esta Corporación de
fecha 13 de septiembre del año en curso.
2       MINISTERIO DE DEFENSA
El señor Ministro de Defensa, doctor Rafael Pardo Rueda,
presentó ante esta Corporación escrito al que acompañó un documento preparado
por la Policía Nacional, en el cual se realiza un análisis sobre el delito del
secuestro, sus implicaciones y el desarrollo que ha tenido este delito en los
últimos 10 años.
3       FISCALIA GENERAL DE LA
NACION
El Fiscal General de la Nación, doctor Gustavo de Greiff
Restrepo, presentó ante esta Corporación escrito defendiendo la constitucionalidad
de las normas acusadas.
A criterio del señor Fiscal General de la Nación, la Ley
40 de 1993 es un instrumento que plantea una lucha frontal al delito del
secuestro, "recurriendo a mecanismos hasta ahora ajenos a nuestras
instituciones tradicionales, que nos resultan dolorosos, como por ejemplo, que
los familiares o allegados a la víctima puedan resultar involucrados
judicialmente, pero que en las circunstancias actuales la situación de orden
público y de multiplicidad de la criminalidad, son una respuesta necesaria y
oportuna."
En cuanto al aumento de las penas, hace referencia a la
sentencia C-275 de 16 de julio de 1993, en la cual, pese a la declaratoria de
inexequibilidad del Decreto 709 de 1993, se consideró que el aumento previsto
en dicha norma no implicaba la consagración de penas perpetuas.
Más adelante señala que "el control administrativo
de los bienes del secuestrado, no excede las funciones de la Fiscalía, sino que
constituyen un complemento a la sanción punitiva que prevé el Estatuto respecto
de aquellas acciones tendientes al pago del rescate, pues si éste es
paralizado, no se ve la razón por la cual no deba ejercerse un control sobre
los bienes que servirían de prenda para su pago. Dicha vigilancia la ejerce la
Fiscalía dentro de sus funciones de policía judicial, que puede desempeñar
directamente o autorizando a otros organismos, como lo ordena el artículo 251-4
de la C.N.".
Sobre el decreto de la caducidad de contratos suscritos
con entidades públicas, afirma el Fiscal que el artículo 25 de la ley 40 de
1993 que "si bien no estaba previsto con anterioridad a la celebración del
contrato, también lo es, que la causal sigue a rige a partir de la expedición
de la ley, y desde este momento se entiende incorporada a los contratos y constituye
ley para las partes".
En cuanto a la concesión de beneficios por colaboración
con la justicia, señala que no se trata de una figura nueva en la legislación
colombiana, y que incluso ha sido aceptada por el mismo control constitucional,
como es el caso del Decreto 1833 de 1992, declarado exequible por la Corte
Constitucional en Sentencia C-052 de 18 de febrero de 1993.
En relación con el artículo 19, que excluye el derecho de
alegar cualquier acción o excepción, a quien a cualquier título entregue
dineros destinados a pagar liberaciones de secuestrados, "sin perjuicio de
que ello constituya violación al debido proceso y al derecho de defensa, lo
cual es precisamente motivo de discusión, anota este Despacho, que aún en este
evento tales derechos pueden protegerse a través de la actuación del Ministerio
Público, la cual se ejerce en defensa del orden jurídico o de los derechos y
garantías fundamentales".
Sobre la negación del carácter de "delito
político" del secuestro, y por ende del beneficio de la amnistía o el
indulto, señala el Fiscal que la Ley 40 de 1993 niega, por vía general, la
concesión de tales beneficios, sin contradecir el numeral 17 del artículo 150
de la Carta.
El Fiscal General de la Nación finaliza su intervención
afirmando que las medidas de asistencia al secuestrado y su familia y la
autorización de traslados presupuestales, no son ajenas al espíritu de la ley,
pues "si de lo que se trata es de reprimir el delito de secuestro, el
Estado debe velar por la protección de quienes resultan víctimas del mismo,
función que por demás corresponde a la Fiscalía (art. 250-4 C.N.) y de hecho,
la misma ley debe establecer los mecanismos presupuestales que permitan su
cumplimiento, como son la protección a las víctimas, testigos e intervinientes
en el proceso, la creación de las unidades delegadas para el secuestro, las
unidades del cuerpo técnico de investigación adscritas a las primeras, las
campañas públicas para prevenir y combatir el delito, y en fin, todos aquellos
aspectos que requieren de recursos oficiales para hacer viable la ley".
V.    INTERVENCION CIUDADANA
1       Francisco Santos
Calderón
El ciudadano Francisco Santos Calderón, mediante escrito
presentado ante esta Corporación, defendió la constitucionalidad de las normas
acusadas, con base en los argumentos que a continuación se resumen:
Considera el ciudadano Santos Calderón que los argumentos
del demandante, según los cuales las penas previstas en las normas acusadas son
violatorias del artículo 34 superior, carecen de fundamento jurídico. En primer
lugar, dice que el citado artículo no establece, "como no hubiera podido
hacerlo desde el punto de vista de técnica-jurídica, edad alguna a partir de la
cual no pueda establecerse pena privativa de la libertad, entre  otras razones
, porque sobre el particular no puede haber axiomas en la medida en que cada
pena corresponde a determinado delito cometido por una persona específica bajo
especiales circunstancias de modo, tiempo y lugar", y que si la intención
del legislador hubiese sido la de establecer la pena de prisión perpetua, así
lo hubiese  consagrado  expresamente.
En segundo lugar sostiene que el demandado citó en forma
parcial un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado
ponente doctor Fabio Morón, guardando silencio en la parte de dicho fallo que
rebate su propio argumento,  ya que en el se  dice que le es permitido al
Ejecutivo tipificar nuevas conductas como delictivas y además fijarles las
penas que estime necesarias y convenientes, pero que no se podía, mediante
normas de carácter transitorio dictadas en  virtud del estado de sitio, fijar
la pena de prisión perpetua. Del análisis del aparte del fallo en comento, el
interviniente llega a las siguientes conclusiones: En primer lugar, no es posible
decretar penas privativas de la libertad cuando se encuentre decretado un
estado de excepción, si éstas desvirtúan la transitoriedad del mismo. En
segundo lugar, si el Presidente puede crear figuras delictivas y establecer
penas cuando se encuentra revestido de facultades extraordinarias, con mayor
razón lo puede hacer el Congreso de la República, respetando siempre el
artículo 34 de la Constitución Política. En tercer lugar, el referido fallo se
opuso a la creación de penas privativas de la libertad, no porque éstas fueran
perpetuas, sino porque se hacía un uso indebido de un mecanismo transitorio.
En relación con la acusación a la norma que establece la
pena de multa para el delito de enriquecimiento ilícito derivado del secuestro,
sostiene el interviniente que se trata de una pena determinable; "lo que
sucede es que, como en todas las penas privativas de la libertad, se tiene un
mínimo y un máximo, el juez en el momento de la sentencia las fija, teniendo en
cuenta las circunstancias del hecho, en este caso el monto de lo ilícitamente
obtenido.   Asimismo, considera que la norma de la Ley 40 de 1993 que establece
una pena de multa de dos mil salarios mínimos mensuales, deroga tácitamente el
artículo 46 del Código Penal que señalaba la suma de diez millones de pesos
como límite máximo para la pena de multa.
Sobre el argumento de la violación al principio de la
igualdad ante los cargas públicas expuestos en la demanda, estima el ciudadano
Santos Calderón que no es necesario ahondar en discusiones filosóficas,
sociales, políticas y jurídicas sobre este tema, ya que, mediante sentencia de
Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro
Martínez, dicha Corporación sentó un criterio definitivo, y "no le da la
razón al demandante puesto que según su parecer para que no se violentara el
principio de la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta, las personas
deben poder actuar frente a un mal mayor en defensa de sus legítimos intereses,
desconociendo la superioridad de los intereses  colectivos plasmados como
principios constitucionales en los artículos 2o. y 58, ibídem".
Frente al argumento expuesto en la demanda  según el cual
el Estado protege la vida de las personas en forma activa o pasiva, permitiendo
que los particulares lo hagan, manifiesta que, el mecanismo utilizado por el
Estado en el caso concreto del delito de secuestro, es la expedición de la Ley
40 de 1993. "No es posible aceptar que el instrumento jurídico que se
analiza y ha sido parcialmente demandado, en vez de constituir un mecanismo
idóneo para que la autoridad pueda cumplir su esencial deber de convertirla en
un obstáculo que sería puerta de entrada a la violación del derecho a la vida.
No está demostrado, ni es posible hacerlo, que cuando la ley crea instrumentos
de variada índole para combatir la tristemente denominada industria del
secuestro, está atentando por omisión contra la vida de las personas residentes
en Colombia". Para el interviniente, aceptar argumento en comento, sería
como institucionalizar el ejercicio arbitrario de las propias razones. Con el
fin de evitar llegar a tales extremos, se encuentran consagradas en el Régimen
Penal Colombiana las figuras de la legítima defensa y el estado de necesidad,
los cuales, previo estudio de cada caso en concreto, podrían ser reconocidos
por los jueces frente a la Ley 40 de 1993.
La legítima defensa y el estado de necesidad, como
causales de justificación de la antijuridicidad de una conducta típica  son
esgrimibles, siempre y cuando al sujeto activo no le sea exigible  otra
conducta. En el caso del estado de necesidad, es necesario que el peligro no
sea evitable de otra manera, es decir, que el actuar del sujeto sea un recurso
extremo; en cuanto a la legítima defensa se exige la necesidad de la defensa, es
decir, que no exista otro medio idóneo para repeler o evitar la agresión.
Enfocando estas ideas hacia las acusaciones de la demanda, señala que, en
virtud del carácter general y abstracto de la Ley, "necesariamente debemos
rechazar la posibilidad de afirmar, como lo hace el demandante, que ella niegue
el derecho a defenderse o a actuar en estado de necesidad ante un caso
concreto; lo que sucede es que está contemplado que en aquellos casos en que el
secuestrado, teniendo la oportunidad de dar aviso a las autoridades
competentes, su conducta sea antijurídica y por falta del requisito de la no
exigiblidad de otra conducta, no sea justificable".
Ante la presunta violación del artículo 33 de la
Constitución Política, dice que la obligación de dar aviso a las autoridades de
la comisión del delito de secuestro no implica una declaración contra
parientes; esta conducto omisiva se encontraría amparada en la norma
constitucional, en el evento de que una de las personas allí señaladas sea el
autor del delito.
"Se indica una supuesta violación del artículo 44 de
la Constitución, frente a lo que podría contestarse que de aceptar la tesis del
demandante, se produciría el efecto contrario al que el demandante desea
proteger, ya que al permitirse la negociación de secuestros en los casos de
niños invocando el artículo 44 de la Constitución, los secuestrados preferirían
acudir al secuestro de menores y no al secuestro de adultos cuya negociación,
de acuerdo con la posición del demandante, sí quedaría prohibida".
Considera el defensor de las normas acusadas que el
demandante se equivoca al afirmar que la Ley en comento consagra una
responsabilidad objetiva, ya que, la persona cuya acción encuadre dentro de los
tipos penales previstos en las normas acusadas, y conoce el hecho punible en
ella descrito actúa con dolo. Al igual que las causales de justificación, las
causales de inculpabilidad deben ser analizadas para cada caso concreto.
Considera el ciudadano Santos Calderón que la facultad
del Fiscal General de la Nación para realizar una vigilancia administrativa de
bienes, es constitucional, ya que es una función que se le otorga mediante la
Ley 40 de 1993, siendo ésta concordante con el numeral 5o. del artículo 250 de
la Constitución Política. Esta vigilancia no constituye una violación al
derecho a la propiedad privada, ya que no se está privando a su titular del
uso, goce y disfrute de sus bienes; solamente le impone la obligación de
solicitar autorización a la Fiscalía cuando pretenda realizar  alguna transacción
que se encuentre fuera del giro ordinario de sus negocios. Además, el derecho a
la propiedad privada no es absoluto; la Constitución dispone que debe tener una
función social que implica obligaciones.
Del mismo modo, esta vigilancia administrativa "se
aleja de la violación del derecho a la intimidad, toda vez que no se trata de
una medida arbitraria, ni que su finalidad es causar un perjuicio social o
moral a la persona, sino de protegerla de un mal mayor, puesto que sus bienes y
acervo patrimonial son el punto neurálgico de ataque en el caso del secuestro.
"Se penetra en esa esfera privada, pero guardando en forma precisa la
orden de la autoridad competente y con miras a un bien superior como es la
defensa de sus derechos personales y patrimoniales".
En relación con el artículo 19 acusado, recuerda el
ciudadano Santos Calderón que "entregar dineros a cualquier título, para
la liberación de un secuestrado", constituye, según la ley en estudio, un
delito. La imposibilidad de alegar
cualquier acción o excepción a quien incurra en este delito constituye una
consecuencia de tipo civil a dicha conducta.
Acerca de la Comisión de Seguimiento, afirma que la norma
que la crea corresponde al principio constitucional de la colaboración armónica
entre las Ramas del Poder Público. Además, las funciones de dicha Comisión son
de mera asesoría, y aunque no tiene facultades decisorias.
Ante la acusación al artículo 25 de la Ley 40 de 1993,
considera que la cláusula de caducidad no es una figura de creación
constitucional y que por tal razón  le es posible al Gobierno en virtud de la
autorización legal de la norma citada, decretarla cuando las empresas
contratistas incumplan con la prohibición allí plasmada.
Concluye el interviniente que el contenido de la ley
corresponde a su título, ya que contempla una serie de normas cuyo fin es el
mismo: acabar con el delito del secuestro. "Por razones de técnica y
economía legislativa (Ley 5a. de 1992), el legislador consideró necesario
ajustar y armonizar otros artículos del Código Penal para que, como resultado
de la adopción del Estatuto, no se presentaran inconsistencias al interior de
dicho cuerpo normativo, especialmente en cuanto a las penas y tratamiento de
delitos como el homicidio".
2       José Reinel Orozco Agudelo
El ciudadano José Reinel Orozco Agudelo presentó escrito
que no será tenido en cuenta por extemporáneo, tal como se desprende del
informe de Secretaría General de esta Corporación, de fecha 13 de septiembre
del año en curso.
VI.    CONCEPTO FISCAL
En la oportunidad legal, el señor Procurador General de
la Nación se pronunció sobre las demandas presentadas, y solicitó a esta
Corporación estarse a lo que se resuelva en el expediente D-341, respecto de
los artículos 1o., 28, 29, 30 y 31; igualmente remitirse a lo que se resuelva
en el expediente D-275 sobre los artículos 12, 18, 19 y 25; declarar exequibles
los artículos 6o., 14, 32, 34, 35 y 37 y declarar inexequibles los artículos 10
y 17 de la Ley 40 de 1993.
El Jefe del Ministerio Público circunscribe su análisis material
a los artículos 6o, 10o., 14, 17, 34, 35 y 35 de la Ley 40 de 1993, toda vez
que los restantes artículos han sido previamente acusados, y la decisión que en
el presente proceso se tome en torno a ellos, debe ser acorde con la que se
tome en los procesos anteriormente iniciados.
De acuerdo con el concepto del señor Procurador, el
artículo 6o. de la Ley 40 de 1993 es constitucional, puesto que en él se
tipifica un delito, siendo ésta una medida correspondiente con el artículo 29
superior.
Asimismo estima el Jefe del Ministerio Público que se
debe declarar constitucional la negación de los beneficios de amnistía e
indulto para los sujetos activos del delito de secuestro, ya que se trata de
una medida de política criminal que en nada contraviene los artículos 150,
numeral 17, y 30 transitorio de la Constitución.
"Respecto del artículo 17 vale anotar, que las
consideraciones que sirvieron de soporte al Procurador para hallar la
inconstitucionalidad de medidas análogas, contenidas en Ordenamientos dictados
bajo el amparo del régimen de excepción (v. Concepto No. 277 dentro del
expediente Re-050), son predicables para estimar que el precepto en mención
pugna con la Carta superior y que por ende, remitiéndose a ellas, es igualmente
inexequible el artículo citado".
Concluye el señor Procurador afirmando que los artículos
34, 35 y 37 son constitucionales ya que no existe invasión de competencia de
otras Ramas del Poder Público, y se adoptan medidas necesarias para la adecuada
aplicación de la ley.
VII.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1       La Competencia
Es competente la Corte Constitucional para conocer de las
presentes acciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral
4o. de la Constitución Política, por ser la preceptiva acusada parte de una ley
de la República.
2       Consideraciones
generales sobre el delito de secuestro
El
delito de secuestro puede considerarse como uno de los más graves que lesionan
a la sociedad, así, en principio, sus víctimas directas sean uno o varios
individuos en particular. El Estado de indefensión en que se coloca a la
víctima y el efecto de inestabilidad social que genera, sumados a la amplia
gama de derechos fundamentales que se ven violados por la comisión de este
delito, ameritan que se lo califique, con razón, como un delito atroz y un
crimen de lesa humanidad. En efecto, además de poner en peligro el más preciado
de los derechos humanos, el derecho a la vida y de atentar contra el derecho a
la libertad (Arts. 12, 13 y 28) y a la dignidad del hombre, el secuestro
vulnera otros muchos derechos fundamentales, como son el derecho a la seguridad
(Art. 21), el derecho a la familia (Arts. 5o. y 42), el derecho a la intimidad
(Arts. 15 y 42), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16),
el derecho a la libre circulación (Art. 24), el derecho al trabajo (Art. 25),
el derecho a la participación (Art. 40) y toda una gama de derechos conexos con
los anteriores. Siendo pues un delito atroz nada justifica que se lo pueda
considerar como delito político, ni que sea excusado por motivación alguna,
pues contra el hombre como sujeto de derecho universal no puede haber actos
legitimizados.
El medio empleado en el delito de secuestro siempre será
desproporcionado, así se alegue como pretexto para cometerlo un fin honesto. Y
ello porque la acción directa afecta el bien más esencial del hombre, junto con
la vida, que  es su libertad. Además, torna en condicional el derecho a la
vida, y todos sus derivados jurídicos. Es, en definitiva, cosificar a la
persona humana, lo que, a todas luces, constituye un atentado contra su
dignidad y el orden jurídico total.  Si se relativiza la dignidad humana, fin
esencial del Estado Social de Derecho (arts. 1o. y 2o. C.P.), todo el derecho
pierde consistencia, y se torna en contingente, variable con las disposiciones
de turno, con lo cual la objetividad necesaria del ordenamiento jurídico
desaparecería.
3       La materia
Corresponde a la Corte, en este caso concreto, examinar
la constitucionalidad de los artículos 6, 10, 14, 17, 32, 34, 35 y 37 de la Ley
40 de 1993.  Con respecto a los artículos  1o., 28, 29, 30 y 31, de la
mencionada Ley, se estará conforme a lo resuelto en el expediente D-31,
Sentencia No. C-565 de 1993.  Igualmente, sobre los artículos 12, 18, 19 y 25,
se remitirá a la decisión adoptada en la Sentencia No. 542 de 1993. Procede,
pues, la Corte a pronunciarse sobre los artículos 6o., 10, 14, 17, 32, 34, 35 y
37 de la Ley 40 de 1993, los cuales no habían sido objeto de pronunciamiento
previo por parte de esta Corporación.
El artículo 6o. de la Ley sub examine exige dos
condiciones para que se tipifique el hecho punible:  en primer lugar, como la
materia de la ley se refiere al secuestro, obviamente el incremento patrimonial
no justificado debe ser -y se entiende que así es- derivado del delito de
secuestro, de manera directa o indirecta.  Esa es la intención del legislador,
y ese es el sentido sistemático de la ley en estudio; por ello el título del
artículo así lo resalta:  "Enriquecimiento ilícito derivado del
secuestro". Se entiende, pues, que hay una conexidad con la materia misma
objeto de la ley 40 de 1993, es decir, con el secuestro extorsivo.  Luego la
norma bajo examen es específica  y no contempla materias distintas a la esencia
y efectos propios del delito referido.
El segundo elemento condicional -señalado expresamente
por la norma- es que el hecho no constituya otro delito.  Lo anterior,
porque de llegar a configurarse un delito no relacionado con el de secuestro,
se configuraría el concurso material de delitos, se estaría regulando una
materia diferente a la que constituye el objeto de la ley en cuestión, de
suerte que se vulneraría el artículo 158 de la Carta.
Es claro, por tanto, que la norma acusada está
contemplando la sanción a unos efectos patrimoniales -directos o
indirectos- derivados de una causa ilícita específica: el delito de secuestro.
La Corte encuentra razonable esta disposición por la coherencia causa-efecto
que trae, pues si se considera que la causa es punible, obviamente también lo
serán sus efectos patrimoniales propios, sean ellos directos o indirectos.
La norma, entendida en su exégesis, no está expresando
cosa distinta a la evidencia de que un incremento patrimonial directa o
indirectamente, derivado del delito de secuestro,  no tiene un principio
jurídico de razón suficiente que lo justifique, ya que evidentemente hay una
causa ilícita. En otras palabras, nunca puede un efecto de esta índole estar,
como diría el ius filósofo Stammler, formalmente justificado, por cuanto no
corresponde a la idea de derecho, que para el autor citado es la justicia.  La
coherencia de la norma es oportuna, por cuanto si los efectos de una causa
ilícita son justificados, tal acto, indirectamente, bajo algún aspecto, implica
legitimar -por tolerancia- la ilicitud en sí, por cuanto la sanción recaería
tan sólo sobre una parte del hecho, cuando se requiere la punibilidad total de
una serie de causas y efectos que conforman una unidad.  Por todo lo
anterior, sería un contrasentido penalizar el secuestro y, al mismo tiempo,
permitir sus efectos, directos o indirectos.
Con respecto al artículo 10 de la Ley 40 de 1993, resulta
pertinente hacer algunas precisiones. En primer lugar, que en la situación
prevista por la norma acusada no se trata de obligar a declarar contra
sí mismo, ni contra las personas que menciona el artículo 33 superior, lo cual
sería contrario a la norma constitucional y a los más elementales principios de
justicia. El  artículo  acusado  se  refiere es a la  omisión de  dar  aviso  a
las  autoridades del conocimiento que se tiene de un hecho delictivo,  como
lo  es  el secuestro, o, en otros términos, a la obligación que tiene toda
persona, sin distingos, de denunciar todo acto que quebrante la ley penal.
Dar aviso de la comisión de un delito a las autoridades,
y de uno tan grave como es el del secuestro, no equivale a declarar contra sí
mismo, puesto que  el término "avisar" significa, en la primera
acepción que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, "dar
noticia de un hecho", mientras que declarar significa "el acto
de manifestar o explicar lo que está oculto o no se entiende bien"
(Ibídem). Ahora bien, el acto de declarar implica -como lo señala el
diccionario citado en su cuarta acepción- "manifestar el ánimo, la
intención o el afecto", es decir, supone la exteriorización de algo
interno, de manera explicativa y orientadora, no solo de los hechos, sino
también de las conductas y de sus móviles internos.
Lo anterior supone que cuando una persona da aviso de
algo, no necesariamente está haciendo una declaración que la incrimine
penalmente a sí misma ni a sus allegados;  lo que prohibe la Carta Política es
obligar a alguien a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil (Art. 33 C.P.). Las personas no comprendidas en el
artículo  citado pueden ser obligadas a declarar en aras del deber de
solidaridad y de colaboración con la justicia, consagrados en el artículo 95
superior.
El artículo 33 estipula una facultad eximente del deber
de declarar en contra, pero en ningún caso de dar aviso a las autoridades de la
comisión de un hecho delictivo del cual se tenga conocimiento, que es una
obligación general que no admite excepciones.
Dar aviso no equivale pues a declarar, porque tan sólo se
da noticia del hecho, lo cual no supone la revelación de hechos que puedan
incriminar a la persona o a sus allegados. La obligación de dar aviso no
comprende sino la noticia del hecho, excluyendo las explicaciones exhaustivas a
que puede conducir una declaración judicial o extrajudicial.
La obligación de dar aviso, por tanto, comporta el acto
de notificar el hecho delictivo, como un deber mínimo exigible a todos los
asociados, sin distingo, de solidaridad, conforme a lo dispuesto en el artículo
95, numeral 2o. de la Constitución, y de colaboración con las autoridades, tal
como lo preceptúa el artículo 95, numeral 7o. de la Constitución.
El
fin que se persigue con ello es el de que las autoridades puedan cumplir
cabalmente con su deber constitucional de proteger a todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, tal como lo preceptúa el artículo 2o. de la Carta Política.  Mal
puede presumirse la ineficiencia del Estado para perseguir el delito y proteger
a los asociados, si se le niegan, por parte de éstos, instrumentos idóneos para
que cumpla con estas obligacines, como lo es el deber elemental de informar a
las autoridades sobre la comisión de un delito. Tal presunción conduciría
forzosamente a prácticas reñidas con los más elementales principios del Estado
de Derecho, como son las de justicia privada, con lo cual cabría hablar del
imperio de la "ley de la selva", es decir, de un retroceso a épocas
de barbarie ya superadas por la civilización.
Es por lo anterior que la norma no atenta contra la
garantía constitucional del artículo 33. Tampoco implica cambio en la
jurisprudencia, sentada en la Sentencia 542 de 1993, por dos razones: En primer
lugar, no se configura, en este caso el estado de extrema necesidad en que
eventualmente pudiere colocarse la víctima en el supuesto, ya analizado en
dicha Sentencia, del pago del rescate, porque el peligro en la situación que
contempla la norma sub examine, no es inminente, sino posible; sería
ilógico que ante la sola posibilidad de peligro se conformara el estado de
extrema necesidad. En segundo lugar, el dar aviso a las autoridades se
traduce en permitir que éstas puedan actuar en aras de la protección que se
debe a todos los habitantes del territorio nacional. No hay título jurídico
válido para invocar la desprotección del Estado a un secuestrado porque,
entonces, en última instancia, los derechos y libertades fundamentales de las
personas tendrían una garantía constitucional condicionada, hipótesis
impensable con la estructura protectora del Estado Social de Derecho. El
supuesto de permitir el pago por un secuestro, se hace en virtud de una medida
proporcionada al derecho-deber de conservar la vida humana ante un peligro
grave e inminente de perder la vida. En cambio, en el caso de la obligación de
dar aviso a las autoridades no se está desconociendo la necesidad de la
persona, sino, precisamente, poniendo en su defensa los mecanismos de
protección del Estado, encaminadas a restituirla al pleno goce de sus derechos,
mecanismos que, desde luego, deben ser utilizados con la prudencia que las
circunstancias exigen en tan delicada situación.
Este es el sentido que el artículo 95 numeral 7o.
superior conlleva como deber irrenunciable, al señalar que toda persona debe
colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia,
principio que también tiene  desarrollo legal en el artículo 25 del Código de
Procedimiento Penal, que establece el deber de denunciar a las autoridades los
hechos punibles de cuya comisión se tenga conocimiento y que deban investigarse
de  oficio. Ello es apenas obvio, ya que, como se ha dicho, se trata de la
obligación, no de declarar contra sí mismo, sino del acto de denunciar el hecho
punible.
En virtud de lo anterior, la omisión de dar aviso implica
el incumplimiento del deber de colaborar con el buen funcionamiento de la
justicia e impide la consecución del bien común, el cual es debido a la
sociedad por ser la realización del interés general prevalente. El bien común
es inherente a la justicia: a la justicia legal, porque ese bien está mandado
por la Constitución y la Ley, y a la justicia retributiva ya que también se
considera con respecto al interés del prójimo, que requiere de la protección de
las autoridades y de la sociedad. Así pues, de la misma manera como la justicia
es una virtud social, la omisión, en este caso, es un atentado contra la
sociedad y el individuo, ya que consiste en la privación del conocimiento
debido a las autoridades, para que éstas cumplan con su deber irrenunciable e
incondicional de protección.
En conclusión, el fin que busca, la norma acusada el de
que se garantice la  protección del Estado a toda persona que ve conculcados
sus derechos, y se encuentre en situación tan singularmente grave como es la
que se deriva del delito atroz del secuestro, a fin de que ese deber esencial
de protección pueda hacerse efectivo, no sólo en defensa de la víctima sino de
la sociedad toda.
Respecto del artículo 14, la Corte considera que el tenor
de dicho artículo está conforme con la filosofía que inspira a la Carta de
1991, que se funda en el respeto a la dignidad humana, en la solidaridad de
las personas y en la prevalencia del interés general (art. 1).  Sería un
contrasentido que el Estado Social de Derecho -que considera a la persona
humana como fin en sí misma- relativizara la dignidad humana y llegara a
beneficiar con la amnistía o el indulto al autor de un delito de lesa
humanidad, como es el caso del secuestro.
El secuestro es un atentado directo contra la esencia del
hombre y vulnera, de manera grave, inminente, injustificada y con secuelas
irreversibles, la personalidad de la víctima -y en ocasiones la de sus
familiares y allegados más íntimos-.  Es por ello que el legislador debe dejar
en claro que actos tan perjudiciales para el interés general son de suyo
irredimibles desde el punto de vista punitivo, como expresión de que la
dignidad humana es invulnerable y que el interés general -que es
prevalente- la tiene como objeto jurídico protegido de manera incondicional.
El artículo 14 acusado se refiere a una obligación de no
hacer encaminada hacia la autoridad judicial. Lo anterior no implica que de
conformidad con el artículo 150-17 constitucional, el legislador no pueda
conceder por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o
indultos generales por delitos políticos.
En forma prudente  la norma acusada no permite homologar
el delito de secuestro  al delito político.  Se trata de una medida plausible,
por cuanto no admite equívoco jurídico alguno. Al respecto es oportuno traer a
consideración los motivos que tuvo esta Corporación en la Sentencia C-171 que
declaró inexequible el Decreto Legislativo No. 264 de 1993:
"La
Constitución distingue los delitos políticos de los delitos comunes para
efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con lo cual
mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, pero en ningún caso
autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia para establecer por
vía general un tratamiento más benigno para cierto tipo de delitos comunes, con
exclusión de otros.  El Estado no puede caer en el funesto error de confundir
la delincuencia común con la política. El fin que persigue la delincuencia
común organizada, particularmente a través de la violencia narcoterrorista, es
el de colocar en situación de indefensión a la sociedad civil, bajo la amenaza
de padecer males irreparables, si se opone a sus proditorios designios. La
acción delictiva de la criminalidad común no se dirige contra el Estado como
tal,  ni contra el sistema político vigente, buscando sustituirlo por otro
distinto, ni persigue finalidades altruistas, sino que se dirige contra los
asociados, que se constituyen así en víctimas indiscriminadas de esa
delincuencia.  Los hechos atroces en que incurre el narcoterrorismo, como son
la colocación de carrobombas en centros urbanos, las masacres, los secuestros,
el sistemático asesinato de agentes del orden, de jueces, de profesionales, de
funcionarios gubernamentales, de ciudadanos corrientes y hasta de niños
indefensos, constituyen delito de lesa humanidad, que jamás podrán encubrirse
con el ropaje de delitos políticos.
"Admitir
tamaño exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda justicia.  La
Constitución es clara en distinguir el delito político del delito común.  Por
ello prescribe para el primero un tratamiento diferente, y lo hace objeto de
beneficios como la amnistía o el indulto, los cuales sólo pueden ser
concedidos, por votación calificada por el Congreso Nacional, y por graves
motivos de conveniencia pública (art. 50, num. 17), o por el Gobierno, por
autorización del Congreso (art. 201, num. 2o.).  Los delitos comunes en cambio,
en ningún caso pueden ser objeto de amnistía o de indulto.  El perdón de la
pena, así sea parcial, por parte de autoridades distintas al Congreso o al
Gobierno, -autorizado por la ley, implica un indulto disfrazado.
"Como
si el anterior razonamiento no fuera suficiente, el artículo transitorio 30 de
la Constitución, que autoriza el Gobierno para conceder indultos o amnistías
por delitos políticos o conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación
de la Constitución de 1991, a miembros de grupos guerrilleros que se incorporen
a la vida civil en los términos de la política de reconciliación, excluye
expresamente de tal beneficio a quienes hayan incurrido en delitos atroces:
"Artículo
transitorio 30.  Autorízase al Gobierno Nacional para conceder  indultos o
amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la
promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de grupos guerrilleros
que se incorporen a la vida civil en los términos de la política de
reconciliación.  Para tal efecto el Gobierno Nacional  expedirá las
reglamentaciones correspondientes.  Este beneficio no podrá extenderse a
delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del
estado de indefensión  de la víctima".
El
inciso primero del artículo 17, desarrolla el principio de un merecimiento por
solidaridad y por colaboración con la justicia. No se trata de la negociación
del acto de justicia, por cuanto éste se mantiene incólume; lo que ocurre en
este caso es que el infractor penal repara, bajo algún aspecto, al daño causado
a la sociedad, de suerte que, al colaborar con la justicia, se hace merecedor
de un tratamiento adecuado a su conducta.
Sin
embargo, la Corte hace énfasis en que las razones de conveniencia no pueden
llegar en este caso hasta desconocer la existencia de la pena, por cuanto ésta
constituye lo justo, es decir, lo que se merece; ello equivaldría a
dejar de aplicar la justicia, hipótesis que riñe con los principios elementales
del Estado de Derecho, que se funda en la legitimidad y eficacia del orden
social, el cual, a su vez, se inspira en la justicia como valor superior.
Exonerar, de la pena a quien haya participado en el delito de secuestro, es, a
todas luces, un acto desproporcionado y por ello mismo viciado de injusticia.
Como
lo sostuvo esta Corporación en la Sentencia C-565 de 1993, es necesario que
exista la punibilidad del secuestro, el cual, como delito de lesa humanidad,
bajo ningún pretexto puede ser exonerado de la proporcionada sanción penal.
Al respecto señaló la Corte:
"Si
bien  es cierto que la pena debe cumplir una función rehabilitadora, lo cual
ciertamente constituye la filosofía que gobierna el sistema penal en Colombia,
no puede perderse de vista que el secuestro es una de las más repugnantes
conductas delincuenciales que pueden existir  en una sociedad; es el más
cobarde y vil de los atentados contra la dignidad, la libertad y la vida
humana.
"De
ahí que, en particular, tratándose de esta modalidad delictiva, la pena cumpla
un importante y significativo efecto sicológico, con la representación que en
su quantum se hace de la gravedad misma del delito de secuestro, el cual
amerita la imposición de sanciones verdaderamente severas, que den cuenta del
profundo repudio que causa a la sociedad este tipo de delitos que se insiste,
es uno de los más abominables y detestables".
Es
por ello que el Código de Procedimiento Penal establece que "en ningún
caso los beneficios podrán implicar la exclusión total del cumplimiento de la
pena, ni estarán condicionadas a la confesión del colaborador" (Art. 369
A), ya que, como se ha dicho, el acto de justicia es incondicional. Debe
tenerse en cuenta también que el beneficio nunca puede ser desproporcionado a
la gravedad del hecho punible. (Cfr. art. 369 B. Código de Procedimiento
Penal), ni al grado de colaboración con la justicia, cuya eficacia debe ser
ampliamente demostrada.
El
artículo 17, en su inciso segundo, dispone que "en casos excepcionales, y
por razón de la eficacia de la colaboración, podrá reconocerse la condena de
ejecución condicional, prescindirse de la imposición de penas o de la ejecución
de aquella que se hubiere impuesto; por requerimiento del Fiscal General de la
Nación o del Vicefiscal, previo concepto del Procurador General de la
Nación". La hipótesis del inciso citado desconoce la naturaleza de la
administración de justicia; en efecto, al prever que a un acto delictivo -como
lo es el secuestro-, por razones de "eficacia", no se le impone una
pena, niega el efecto lógico y debido a la conducta punible. La Corte reitera
que la pena es un merecimiento en justicia, y no puede aducirse el argumento de
la eficacia en contra del orden social justo, el cual es garantizado
incondicionalmente por la Carta Política (Cfr. Preámbulo y artículo 2o. C.P.).
Contraevidente resulta así prescindir de la ejecución de la pena, porque
implica desconocer la vigencia del orden justo (Art. 2o. C.P.) y el
incumplimiento de un deber social del Estado y del particular imputado
(Ibídem). La pena impuesta por el Estado al  delincuente que ha incurrido en el
secuestro en principio no puede, ser objeto de transacción, por ser, como se ha
manifestado, un acto de justicia, el cual es de cumplimiento incondicional. Sin
embargo, por razones de conveniencia social su monto puede ser objeto de
rebajas, en los términos fijados por la ley. Se puede modificar lo contingente,
mas no lo que es necesario para la sociedad. De manera que, como señaló
Aristóteles, "la conservación de la república consiste en darle a cada uno
lo que merece" (Etica a Nicómaco, Libro V. Capítulo V.). No puede, por
tanto, el Estado dejar de imponer la pena que en justicia se debe, puesto
que al omitir su acción punitiva en casos de delitos de lesa humanidad,
su respuesta jurídica ante el hecho delictivo sería desproporcionada, es decir,
injusta, y el Estado, por esencia, jamás está legitimado para incurrir en
injusticia por omisión.
Con
respecto al inciso final del Parágrafo, que establece que si se considera
procedente la exclusión de la pena o cesación del procedimiento, la solicitud
será enviada al fiscal o vicefiscal, para que determine la procedencia de
dichos beneficios, hay que observar que la inconstitucionalidad del precepto
radica en que relativiza la imposición de la pena, hasta el punto de dejarla
como opcional; la pena, se repite,  no es una opción que pueda ser determinada
por el Fiscal General de la Nación o por el vicefiscal, sino la realización de
un acto de justicia impuesto por el juez competente de acuerdo con la ley. No
es viable, entonces, poner al arbitrio de un funcionario la exclusión de una
pena proporcionada a un delito, porque supone, no sólo la omisión de un deber,
sino una acepción de personas que desconoce la igualdad de las personas ante la
ley. Además, la Corte aclara que el Fiscal General de la Nación no tiene en
estos casos función juzgadora, sino fundamentalmente de investigación y
acusación, (Cfr.  art. 251 C.P.).  De manera que el acuerdo a que se llegue con
la fiscalía no vincula al juez, ni por ende al Estado y nunca puede extenderse
hasta la exoneración de la pena. Dicho acuerdo, en última instancia, puede ser
ratificado,  o modificado, o no acogido por la decisión que tome el juez de
conocimiento. Ese es el sentido que tiene el artículo 44 de la Ley 81 de 1993,
que en la parte final de su primer inciso estipula que "se sujeta el
acuerdo a la aprobación de la autoridad judicial competente".
Con
respecto a la incondicionalidad de la justicia, la Corte, en la  Sentencia
C-171 de 1993, declaró que no es constitucional negociar la aplicación de lo
justo, por cuanto sólo se negocia lo contingente, pero nunca lo necesario,
sobre todo cuando se refiere al bien superior de la organización social, como
lo es la justicia.
"La
razón de ser de la justicia es darle a cada uno lo suyo, según una igualdad
proporcional. La medida de lo que se debe dar a cada cual es según su
merecimiento, que determina la acción de dar. Ese merecer no es señalado por
factores de arbitrio sino descubierto por la razón de acuerdo con la necesidad
objetiva: es impropio del artífice de la justicia dar con un criterio distinto
al que viene fijado por el merecimiento, porque ello sería no tener en cuenta
el bien común. Y todo lo que desconoce el bien común, tiene evidentemente una
razón de injusticia. En este caso la injusticia consiste en la falta de
proporcionalidad equitativa, pues se dan excepciones no debidas.
"Ahora
bien, el acto de justicia es necesario; como consta en la tradición
jurisprudencial, sólo se negocia lo contingente; como es obvio no se puede
decir, jurídicamente hablando, que lo necesario puede ser objeto negociable,
porque sería legitimar una falacia, consistente en homologar la necesidad con
la contingencia, lo que conlleva a derogar el principio de seguridad, básico
para la convivencia pacífica de los asociados.
"En
la justicia distributiva se observa el medio de acuerdo con el merecimiento de
las personas. Pero ese merecimiento también se observa en la justicia
conmutativa, como por ejemplo en la imposición de penas, pues será mayor el
castigo a quien afecte gravemente el bien común. Como se ha venido sosteniendo,
la justicia distributiva adjudica algo entre los particulares, según el
merecimiento personal de cada uno de éstos. Por tanto, no se puede conceder un
beneficio según la cosa en sí -exclusivamente-, sino según la proporción que
guardan dichas cosas con las personas. Entre más participa la persona por medio
de sus actos cotidianos al bien común, mayores deben ser las prerrogativas. Es
decir,  debe tenerse en cuenta el aporte objetivo al bien común y una actuación
coherente con el interés general, para así aplicar el principio de igualdad
donde éste corresponde no a la cantidad sino a la proporción".
Como
se desprende de la jurisprudencia citada, no es viable negociar sobre la
legitimidad del acto de justicia, porque el merecimiento no es algo accidental,
sino substancial y, por ende, necesario.
El
artículo 32 de la Ley sub-examine, establece una política punitiva adecuada a
la gravedad de los hechos punibles allí descritos, acorde con la
proporcionalidad de la justicia retributiva, que atiende al merecimiento del
destinatario de la norma.  Estima el actor que la norma en comento contempla
materias distintas a la propia de la Ley 40 de 1993, es decir, al secuestro.
Sin embargo, esta Corporación observa una evidente conexidad, por cuanto el
contenido esencial del artículo 32 es la extorsión, que constituye la
diferencia específica del delito de secuestro a que se refiere la Ley 40 de
1993.
Ahora
bien, con respecto al aumento de penas, ello no implica la consagración de
penas perpetuas, como lo ha señalado ya esta Corporación en la Sentencia C-275
de 1993:
"Considera
esta Corte que la norma analizada no contiene el señalamiento de cadena
perpetua.  Lo perpetuo es lo intemporal, esto es, lo que no tiene límites o
medidas  en el tiempo, lo infinito, de tal suerte que tiene un comienzo pero no
un fin.  La norma en comento tiene un límite temporal preciso y determinado;
por lo tanto, no puede decirse que ella es perpetua".
Expresaba
también la Corte, que el argumento de la edad del delincuente, como
circunstancia que hace tornar la pena en perpetua, no es de recibo en razón de
que normalmente el máximo de la pena no se cumple, dados los mecanismos de
redención de las penas. Consideraba también que las condiciones personales en
que se encuentra el condenado, de suyo podrían convertir en perpetua una pena
leve, si éste se encuentra en estado de enfermedad crónica o grave, dado el
tiempo de vida probable que pudiera quedar al reo.
El
artículo 34, por su parte, prevé  la creación en el seno del Congreso de la
República, de una comisión de seguimiento encargado de "supervigilar las
políticas gubernamentales y judiciales contra el secuestro, así como el
comportamiento de autoridades y jueces, en relación con sus obligaciones frente
a este delito". Se faculta a dicha comisión para "solicitar informes
y sugerir acciones y políticas en relación con este tema", y para
"recibir, evaluar y dar a conocer a la opinión pública, nacional e
internacional, los casos de violación de los derechos humanos de los
secuestrados". Se enmarca la creación de esta comisión dentro de lo
dispuesto en el artículo 62 de la Ley 5a. de 1992 (Reglamento del Congreso, el
Senado y la Cámara de Representantes), que faculta a la ley para
"establecer en forma permanente algunas comisiones especiales, con
participación de senadores o representantes, o de uno y otros". Estima la
Corte que a través de esta comisión, en particular, no se están invadiendo competencias
de otras ramas del poder público, y que su existencia bien puede considerarse
como un mecanismo adicional tendiente a reforzar el poder de control político
que incumbe al Congreso sobre el gobierno y la administración. (Art. 114 C.P.).
Sin
embargo, dicha comisión no puede en ningún caso inmiscuirse en asuntos
exclusivos de la rama judicial, so pena de incurrir en violación del artículo
136, numeral 1o. de la Constitución Política. Bajo ningún pretexto el
seguimiento que haga la comisión podría conducir a una eventual violación de la
reserva judicial debida. Tampoco le es permitido invadir el ámbito de
competencia propio del gobierno en materia de seguridad y orden público.  Por
tal motivo, la Corte declarará la inexequibilidad de las expresiones "gubernamentales
y judiciales" y "así como el comportamiento de autoridades y jueces,
en relación con sus obligaciones frente a este delito", ya que el control
político del cual es titular el Congreso de la República, no puede extenderse a
la rama judicial del poder público, como que para ello no está facultado dicho
órgano por la Constitución. En lo que hace al control político sobre los actos
u omisiones de las autoridades administrativas y gubernamentales, dicho control
se hace efectivo a través de los mecanismos establecidos en la Carta Política
(Arts. 135, numerales 3o., 4o., 6o., 8o., y 9o y  Art. 208).
Finalmente, con respecto a los artículos 35 y 37,
acusados, referentes a los programas de asistencia integral al secuestrado y a
sus familiares y a traslados y adiciones presupuestales para atender el
cumplimiento de la Ley 40 de 1993, estas normas no contradicen la preceptiva
constitucional porque son normas accesorias, complementarias e instrumentales,
convenientes para la realización de la ley en comento.
DECISION
Con base en las anteriores consideraciones la Sala Plena
de la Corte Constitucional; administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE :
PRIMERO.         Estése a lo resuelto en el expediente D-31, Sentencia           No. 565  de
1993, con respecto a los artículos 1, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 40 de 1993, y a
lo resuelto en el expediente D-275, Sentencia No. 542 de 1993, sobre los
artículos 12, 18, 19 y 25 de la misma Ley.
SEGUNDO.-        DECLARAR EXEQUIBLES los artículos 6, 10, 14, 32, 35 y 37 de la Ley 40 de
1993.
TERCERO.-       DECLARAR EXEQUIBLE  el artículo 17 de la Ley 40 de 1993, excepto las
expresiones "prescindirse de la imposición de las penas o de la ejecución de
aquella que se hubiere impuesto", y "podrá ordenarse o solicitarse la
preclusión o la cesación de procedimiento por parte del Fiscal General de la
Nación", correspondientes al inciso segundo de dicho artículo;  la parte
final del inciso tercero que dice:  "o exonere al sentenciado de su
ejecución", y en la totalidad del inciso final del Parágrafo,  que se
declaran INEXEQUIBLES.  Asimismo, se aclara que el acuerdo a que se
refiere el artículo 17 de la Ley 40 de 1993, no vincula al juez, ni por ende al
Estado.
CUARTO.- DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 34 de la Ley 40 de 1993, excepto la expresión:
"gubernamentales y judiciales" y la parte que dice: "así como el
comportamiento de autoridades y jueces en relación con sus obligaciones frente
a este delito"; que se declaran INEXEQUIBLES.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE ARANGO
MEJIA            ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado                                                    Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ  GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO
MORON DIAZ                          VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado                                                    Magistrado
Ponente
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Aclaración
de voto a la Sentencia No. C-069/94
DELITO
(Aclaración
de voto)
Lo
que caracteriza a todo comportamiento desviado y, por consiguiente, al delito,
es su divergencia con los modelos aceptados de conducta, es decir, con los
comportamientos que cumplen con las expectativas sociales institucionalizadas.
Así pues, lo que hoy puede constituir un comportamiento considerado como
delito, mañana no puede serlo; ello depende de la evolución social y cultural
de un conglomerado.
INDULTO
ADMINISTRATIVO-Prohibición (Aclaración de voto)
En
la Constitución de 1991, se incluyó una limitación a la concesión del indulto o
la amnistía por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la
expedición del Acto Constituyente. La prohibición expresamente contenida en el
artículo 30 transitorio se dirige al indulto administrativo y no al indulto
legislativo.
SECUESTRO/INDULTO-Prohibición/AMNISTIA-Prohibición
(Aclaración de voto)
Los
Magistrados que aclaramos el voto, consideramos que el artículo 14 de la Ley 40
de 1993, que ha sido considerado como constitucional, es un mandato al
Ejecutivo -aún cuando actúa como legislador-, y a los funcionarios judiciales,
cuando se les faculta, para prescindir de la pena.
DELITO
POLITICO (Aclaración
de voto)
En
determinadas circunstancias históricas sólo el legislador por expresa
disposición Constitucional, podrá determinar qué comportamientos socialmente
reprochables merecen ser considerados como delitos políticos atendiendo al
interés general y en búsqueda de asegurar la convivencia pacífica. En tales
circunstancias, si los motivos de conveniencia pública lo hacen necesario,
podrá establecer que el secuestro es conexo con el delito político para
asegurar la paz entre los colombianos.
Ref.:
Expedientes Nos. 388 y 401 (acumulados).
Peticionarios:
Luis Eduardo Botero Hernández y Héctor Rodríguez Cruz
Magistrado
Ponente:
Vladimiro
Naranjo Mesa
Santafé
de Bogotá, D.C. 23 de febrero de 1994
Los
Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero, hemos decidido aclarar el voto, respecto
del artículo 14 de la Ley 40 de 1993, que fue declarado constitucional por esta
Corporación, y cuyo texto es el siguiente:
"Amnistía
e indulto.  En ningún caso el autor o los copartícipes del
delito de secuestro, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado
con amnistías e indultos o sus consecuentes de cesación de procedimiento o auto
inhibitorio, ni podrá considerarse el secuestro como delito conexo con el
delito político, dada su condición de atroz".
Los
cuatro Magistrados que aclaramos el voto compartimos el criterio de los demás
miembros de la Sala Plena: consideramos el secuestro como un delito atroz, que
merece el repudio de todos los estamentos sociales. Sobre esto no existe
discusión alguna, ni vale la pena ahondar sobre las razones expuestas, pues de
una u otra forma son innumerables los colombianos que han vivido, viven y
sufren las consecuencias de tan execrable conducta.
También
consideramos que, en el marco de los conflictos armados, el secuestro
constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y no es un
medio legítimo de combate, puesto que afecta a la población no combatiente.
El
secuestro, en el mejor de los casos -es decir, cuando el secuestrado recupera
su libertad-, es una toma de rehenes, expresamente prohibida por los artículos
terceros de las Convenciones de Ginebra I, II, III y IV, del 12 de agosto de
1949.
Por
lo anterior, consideramos que fue acertada la decisión de la Corte sobre la
constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 40 de 1993, en el sentido de que
es constitucional que el Legislador ordinario establezca que para el secuestro
no puede haber amnistía o indulto.
Sin
embargo, creemos que el Legislador no se ha "atado las manos", en
especial en lo referente al delito político, y queda en pie el siguiente
interrogante:
Dada
la naturaleza eminentemente cambiante del delito político, que ha hecho
imposible su definición, solo el Legislador, previo el estudio de los aspectos
objetivos y subjetivos, podrá determinar en un momento histórico-político, qué
comportamientos socialmente reprochables pueden ser considerados como delito
político y recibir el tratamiento diferente que esa condición amerita.
Aunque
el tema objeto de este criterio no fue desarrollado en la sentencia, creemos
importante su inclusión, como motivo de reflexión presente y futura.
1.
De la definición del delito
Qué
determina que un hecho sea merecedor de pena?
Una
primera respuesta consiste en referir el hecho a un orden de valores diverso
del jurídico, entendiendo, por ejemplo, que el orden estatal se compone de dos
ordenamientos: uno, el social, compuesto por las ideas morales generales de las
que surgen las exigencias fundamentales de la vida social, y otro, el estatal,
que es su expresión; también, aunque con otra formulación, el delito sería una
contradicción de "deberes ético-sociales elementales".
En
el sentido más general de la expresión, el delito será una forma de
comportamiento desviado que se considera grave dentro de un sistema social, en
un momento histórico-cultural determinado, y que es calificado de tal por
órganos legislativos con competencia para ello.
Por
lo tanto, lo que caracteriza a todo comportamiento desviado y, por
consiguiente, al delito, es su divergencia con los modelos aceptados de
conducta, es decir, con los comportamientos que cumplen con las expectativas
sociales institucionalizadas.
Así
pues, lo que hoy puede constituir un comportamiento considerado como delito,
mañana no puede serlo; ello depende de la evolución social y cultural de un
conglomerado. Por lo tanto, el legislador interpreta las exigencias sociales y
las plasma en disposiciones de carácter penal para proteger aquellos bienes
jurídicos de valía.
2.
La Dificultad Para Definir El
Delito Político
En
el salvamento de voto a la Sentencia C-052 de 19931,
suscrito por los Magistrados Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez
Caballero, trató el tema de la distinción entre delito político y el delito
común. En aquella oportunidad, se dijo que "los delitos políticos son
susceptibles de amnistía o indulto precisamente porque en la realización del
tipo penal va envuelta una motivación supuestamente altruista, en la que el
sujeto activo pretende modificar la sociedad para su mejoramiento. Existe una
diferencia básica respecto del móvil del delito ordinario, en la que el actor
siempre obra guiado por fines egoístas y muchas veces perversos".
Además
el delito político es una expresión del legítimo y democrático derecho a la
resistencia contra la opresión, consagrado incluso en el preámbulo de la Carta
de Derechos de las Naciones Unidas de 1948.
Los
delitos que realmente son políticos tienden a conseguir un fin altruista, el
mejoramiento de la sociedad, del gobierno, lo cual está muy distante de los
delitos que tienen el carácter de personales o comunes. Todos los elementos
morales han orientado la legislación en el sentido de suavizar, hasta donde sea
posible, las luchas de los partidos y las mismas guerras civiles. La amnistía
tiene como fin acercar los distintos bandos y procurar entre ellos la
reconciliación y el olvido, Es un desarme espiritual que complementa el desarme
material que puso fin a las hostilidades.
Observando
la jurisprudencia nacional se demuestra que no ha sido posible lograr una
definición satisfactoria del delito político. Esta imposibilidad nace de la
naturaleza cambiante del delito, a la que se agrega un factor determinante y es
la calificación de "conducta altruista", que puede variar de
conformidad con la forma de Estado.
Puede
que la conducta sea altamente reprochable, bien por su presentación externa,
bien por los sujetos pasivos en quienes recae, pero justificada por sus fines.
Pero esos mismos comportamientos no encuentran adecuación en otro momento
histórico diferente.
En
un país como el nuestro, en el que la movilidad social avanza a una mayor
velocidad que la producción legislativa, el concepto de delito político no
puede ser dogmáticamente delimitado.
En
la Constitución de 1991, se incluyó una limitación a la concesión del indulto o
la amnistía por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la
expedición del Acto Constituyente, en el artículo 30 transitorio, se
estableció:
...
Este beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos
fuera de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima.
La
prohibición expresamente contenida en el artículo 30 transitorio se dirige al
indulto administrativo y no al indulto legislativo.
Pero,
lo anterior no implica que en un futuro el propio legislador en desarrollo del
artículo 150 numeral 17, de la Constitución Política, pueda conceder por
mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y
por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por
delitos políticos.
La
disposición anterior establece entonces dos exigencias: una de carácter
objetivo relacionada con la votación calificada (este es tal vez el quórum
aprobatorio más exigente de la Carta, por dos motivo: número de votos -2/3
partes-, y base decisoria -se exige el voto de los miembros del Congreso y no
solo de los presentes-), y otra de carácter subjetivo referente a los
"graves motivos de conveniencia pública".
Esta
última, tiene relación directa con el artículo 22 de la Constitución que
consagra el derecho a la paz y, con el artículo 2o., que establece como uno de
los fines del Estado el de asegurar la convivencia pacífica.
En
este orden de ideas, los Magistrados que aclaramos el voto, consideramos que el
artículo 14 de la Ley 40 de 1993, que ha sido considerado como constitucional,
es un mandato al Ejecutivo -aún cuando actúa como legislador-, y a los
funcionarios judiciales, cuando se les faculta, para prescindir de la pena.
Sin
embargo, en determinadas circunstancias históricas sólo el legislador por
expresa disposición Constitucional, podrá determinar qué comportamientos
socialmente reprochables merecen ser considerados como delitos políticos
atendiendo al interés general y en búsqueda de asegurar la convivencia
pacífica. En tales circunstancias, si los motivos de conveniencia pública lo
hacen necesario, podrá establecer que el secuestro es conexo con el delito
político para asegurar la paz entre los colombianos.
Fecha
ut supra.
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Salvamento
de voto a la Sentencia No. C-069/94
SECUESTRO-Omisión
de aviso (Salvamento de voto)
La
filosofía que informa la norma constitucional y la que debe informar la de la
ley, ha de ser la misma, a saber: que cuando se trata de poner a salvo un bien
fundamental de uno mismo o de un pariente, la exención de ciertos deberes, que
bajo otras circunstancias son exigibles, no es un despropósito. Antes bien: se
halla a tono con la orientación humanística que inspira a nuestra Carta. Como
atinadamente lo dijo alguno de los Magistrados en la Sala Plena: lo que parece
una auténtica incongruencia es que resulten tratados con más benevolencia los
parientes de los secuestradores (esos sí exentos de la obligación de denunciar)
que los de la víctima, legítimamente empeñados en ponerla a salvo.
Los
suscritos Magistrados nos permitimos consignar, brevemente, las razones que nos
han llevado a discrepar de la mayoría de la Sala, a propósito del artículo 10o.
de la Ley 40 de 1993.
1.
El artículo 33
de la Constitución, dispone:
"Nadie podrá ser obligado a
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil".
Y el artículo 26 del Código de
Procedimiento Penal reproduce, en esencia, al tratar de la denuncia, el
contenido de la disposición citada, añadiendo a la lista de las personas
señaladas en la norma constitucional, aquéllas que se hallan vinculadas por el
secreto profesional. Y es apenas lógico que se les exima de la obligación de
denunciar, pues la denuncia no es nada distinto de una declaración, sujeta en
un todo a las reglas relativas al testimonio.
2. Al examinar la
constitucionalidad del artículo 12 de la misma Ley 40/93, que prohibe
intervenir en la celebración de contratos tendientes a asegurar el pago de un
secuestro, o en la intermediación del rescate pedido por un secuestrado, la
Corte lo declaró exequible, "salvo si el agente actúa en alguna de las circunstancias
de justificación del hecho previstas en la ley penal". (Sentencia No.
542/93). Sobre el punto, razonó la Corte: "¿Cómo negar que obra en
legítimo ejercicio de un derecho, quien emplea sus bienes en la defensa de la
vida o de la libertad, propia o ajenas? ¿Habrá, acaso, un destino más noble
para el dinero que la salvación de la vida o de la libertad propias, o de un
semejante unido por los lazos de la sangre o del afecto? (subrayas fuera
del texto).
Es claro, entonces, que la Corte
juzga lícito pagar un rescate para lograr la libertad y poner a salvo la vida
de un pariente, aún por fuera de los estrechos límites de parentesco o relación
familiar señalados en la Constitución.
Para abundar en razones, enfatizó
entonces la Corte: "El secuestrado y sus allegados no tienen el deber
jurídico de afrontar el peligro....". (aludiendo a la hipótesis del estado
de necesidad).
3.
Para ser
coherente, ha debido, esta Corporación, hacer las mismas consideraciones que
hemos transcrito, al examinar la constitucionalidad del artículo 10o. que ahora
nos ocupa. Porque la pregunta parece obvia: ¿cómo es posible que si, como
pariente, se me permite negociar el secuestro, se me obligue a la vez a
denunciar ante los funcionarios competentes, la ocurrencia del hecho? Es claro
que la actuación de las autoridades de policía puede obstaculizar, y aún
imposibilitar, el pago del rescate y, consecuencialmente, impedir la obtención
del propósito perseguido, consistente en poner a salvo la libertad y la vida
del secuestrado.
No se trata, entonces, como
equivocadamente lo dice la sentencia, de que una cosa es declarar contra sí
mismo o contra una persona ligada a uno por los vínculos de la sangre y del
afecto, y otra muy distinta denunciar un hecho delictivo del que las
mencionadas personas son víctimas. El asunto es más bien éste: que la filosofía
que informa la norma constitucional y la que debe informar la de la ley, ha de
ser la misma, a saber: que cuando se trata de poner a salvo un bien fundamental
de uno mismo o de un pariente, la exención de ciertos deberes, que bajo otras
circunstancias son exigibles, no es un despropósito. Antes bien: se halla a
tono con la orientación humanística que inspira a nuestra Carta. Como
atinadamente lo dijo alguno de los Magistrados en la Sala Plena: lo que parece
una auténtica incongruencia es que resulten tratados con más benevolencia los
parientes de los secuestradores (esos sí exentos de la obligación de denunciar)
que los de la víctima, legítimamente empeñados en ponerla a salvo.
Fecha ut supra.
JORGE ARANGO MEJIA
CARLOS GAVIRIA DIAZ
1 Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 1993,
Salvamento de voto de los Magistrados Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez
Caballero.