T-208-08
Sentencia T-208/08
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Campo de aplicación
ICETEX-Competencia para administrar el Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior de
los Mejores Bachilleres de los Estratos 1 y 2
ACTOS DE LA ADMINISTRACION-Expedición de acto administrativo en contravía de las normas que lo
regulan, no puede servir a los administrados para exigir su cumplimiento
PRINCIPIO
DE CONFIANZA LEGITIMA DEL ADMINISTRADO CON LA ADMINISTRACION-Mecanismo de conciliación
de posibles conflictos que surjan entre los intereses públicos y los intereses
privados cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y súbitamente elimina
dichas condiciones
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA DEL ADMINISTRADO CON LA ADMINISTRACION-Equivocación de la
administración no genera derecho a ser incluido como beneficiario del auxilio
educativo por no reunir los requisitos legales
Referencia: expediente T-1731448
Acción de tutela
interpuesta por Jair Andrés Contreras Villarraga contra el Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX.
Magistrada
Ponente:
Dra. CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintiocho
(28) de
febrero de dos mil ocho (2008).
La Sala Novena de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, en especial las que le confiere el
Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión del
fallo emitido por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá D.C., el día
03 de septiembre de 2007, dentro de la acción de tutela instaurada por Jair
Andrés Contreras Villarraga, contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado
el día 16 de agosto de 2007, el señor Jair Andrés Contreras Villarraga interpuso
acción de tutela al considerar que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, le está vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso y petición. Para fundamentar su demanda señala
los siguientes
1. Hechos
Manifiesta el accionante que solicitó
un crédito para educación superior en los Fondos de Administración de la
Secretaría Distrital, atendiendo a la convocatoria realizada para el segundo
semestre de 2007, la cual fuera publicada en la página Web del ICETEX. Aclara
que al momento de aplicar al citado crédito cumplía con los requisitos exigidos
para el mismo. Donde se destacaba como uno de las condiciones para ser
considerado como beneficiario del crédito: “1. Ser egresado o haber validado su
bachillerato en un establecimiento del Sistema Educativo Oficial o privado con
domicilio en el Distrito Capital.”
Advierte que una vez
publicados los resultados, su calificación fue de NO APROBADO, donde figuraba
dentro del acápite relativo a los detalles del comité: “beneficiarios
rechazados por ser egresados de colegios no pertenecientes al sistema educativo
oficial de Bogotá”, con lo cual considera se está
contradiciendo el primer requisito de dicha convocatoria. Sobre este punto indica,
que al cambiarle las condiciones inicialmente pactadas en la convocatoria se le
ha perjudicado ostensiblemente, atendiendo a que el referido crédito era de
vital importancia para acceder a la matricula de su educación superior.
Aduce, que ante la situación
expuesta, radicó derecho de petición el día 19 de julio de 2007, solicitando
aclaración sobre el motivo de su rechazo, frente al cual advierte no haber
obtenido respuesta. Por tanto, solicita se tutelen sus derechos fundamentales y
se ordene al ICETEX resolver de manera clara y de fondo la petición mencionada,
al igual que se le admita y apruebe dentro de los beneficiarios del crédito
educativo objeto de controversia, el cual requiere con premura para acceder a
su educación superior.
2. Trámite procesal.
La acción de tutela le correspondió por
reparto al Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual mediante auto del 21 de agosto de 2007,
avocó
el conocimiento del asunto, oficiando
a la entidad accionada para que se pronunciara sobre
los hechos consignados en la demanda de tutela y de esta manera ejerciera su
derecho de defensa.
3.    Respuesta del ente
demandado
La Jefe de al Oficina Asesora Jurídica
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior –ICETEX-, sobre los hechos objeto de la presente acción indicó, que el
accionante presentó derecho de petición a dicho instituto, solicitando la
aclaración de las razones por las cuales no fue aprobada su solicitud de crédito
educativo. Sobre el particular advierte que, al accionante se le dio respuesta
a su solicitud mediante comunicación No. 018177 de fecha 29 de agosto de 2007,
la cual fuera entregada directamente en la dirección indicada en su derecho de
petición a la señora Sonia Villarraga en los términos que se exponen a
continuación:
Respecto del crédito educativo, aclaró
que, corresponde a la línea de crédito ofrecida por el denominado “Fondo de la
Secretaría de Ecuación de Distrital Mejores Bachilleres Estratos 1, 2, y 3”,
sobre los cuales el ICTEX es un mero administrador, así la cosas, señaló que el
instituto ejecuta los recursos de conformidad con las políticas establecidas
por la Junta Administradora del mismo, la cual está a cargo de la Secretaría de
Educación del Distrito. En consecuencia es la Junta Administradora del Fondo y
no el ICETEX, quien determina los requisitos para adjudicar los créditos y
quienes son los beneficiarios del mismo.
De acuerdo a lo expuesto, precisó que la
Junta Administradora del Fondo, ordenó al ICTEX publicar una aclaración al
numeral 1 del punto IV, correspondiente al aparte denominado “Requisitos
para poder ser considerado como beneficiario del crédito” atendiendo a que
sobre el citado punto se habían presentado diversas confusiones.
Indicó en atención a lo referido, que el
Instituto accionado procedió a realizar la correspondiente aclaración en la
página Web www.icetex.gov.co,
link Fondos de Administración, en donde se consignó “Los aspirantes que
deseen aplicar a los créditos del Fondo de la Secretaría de Educación deberán
cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 1. Ser egresado o haber validado
su bachillerato en un establecimiento del sistema educativo oficial de Bogotá,
el cual corresponde a estudiantes egresados de colegios oficiales de Bogotá, de
colegios en concesión o estudiantes que tuvieron matrícula en convenio con
colegios privados del Distrito Capital.”
Advirtió además, que si bien es cierto
que para el momento de la aplicación al crédito realizada por el accionante, no
aparecía la anterior aclaración, señala que la misma se realizó y publicó en la
pagina Web, motivo por el cual entiende que se dio a conocer a todos los
interesados. Precisándose adicionalmente, que la Institución Educativa de la
cual es egresado el actor, no se encuentra en el listado de colegios en
concesión, que remitiera el ICETEX a la Secretaría de Educación, motivo por el
cual la solicitud de crédito elevada, no aplicaba a los requerimientos de la
convocatoria.
En consecuencia entiende que para el caso
objeto de estudio se presenta una carencia actual de objeto de la tutela,
atendiendo a que el derecho de petición elevado por el actor fue resuelto de
manera clara, concreta y de fondo.
Respecto de la vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, asevera que el ICETEX actúa como un simple
mandatario de la Secretaría de Educación Distrital, siendo esta entidad la
encargada de ordenar el gasto y la encargada a través de la Junta
Administradora de tomar decisiones tales como adjudicar becas y otorgar ayudas.
Por tanto, solicita se declare que el Instituto no ha vulnerado el debido
proceso.
4. Pruebas que obran en el
expediente
1-    Derecho
de petición elevado por Jair Andrés Contreras Villarraga, ante el ICETEX,
radicado el 19 de julio de 2007 (folio 1).
2-    Impresión
de la página web de ICETEX, correspondiente a la convocatoria para el segundo
semestre de 2007, del crédito para la educación superior (folios 2 al 4).
3.    Impresión
de los resultados del crédito de Jair Andrés Contreras Villarraga, obtenido de
la página web del ICETEX. (folio 5).
4.    Fotocopia
de la cédula de ciudadanía de Jair Andrés Contreras Villarraga (folio 6).
5.       Respuesta del
derecho de petición elevado por Jair Andrés Contreras Villarraga, mediante
comunicación No. 018177 del 29 de agosto de 2007 (folios 20 y 21).
6.       Listado de
colegios privados pertenecientes al Sistema Educativo Oficial de Bogotá D.C.
(folios 23 a 36).
7.       Copia del acuerdo
No. 02 de julio 5 de 2002, “por
el cual se adopta el reglamento de crédito del fondo distrital para la
financiación de la educación superior de los mejores bachilleres de estratos 1
y 2” (folios
37 a 49).
8.       Copia del convenio
interinstitucional de cooperación entre el Distrito Capital y el ICETEX (folios
50 a 54).
9.       Copia del acuerdo 037
de 1999, “por el cual
se crea el fondo distrital para la financiación de la educación superior de los
mejores bachilleres de los estratos 1 y 2 y se dictan otras disposiciones” (folios 55 a 57).
II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
Conoció de este proceso en única
instancia, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá D.C., quien
decidió denegar la solicitud de amparo teniendo en cuenta que no observó acciones
u omisiones que puedan calificarse como de hecho, por las cuales pudiera
cuestionarse actuaciones administrativas, partiendo de la base que existe una
coherente motivación en las decisiones adoptadas, sin hacer mas consideraciones
al respecto. Adicionalmente expone que no se conculcó ningún derecho
fundamental del accionante, atendiendo a que toda la actuación administrativa
se adelantó con el lleno de los requisitos legales, además el derecho de
petición radicado el 19 de julio de 2007, recibió respuesta de fondo por parte
de la entidad accionada, de acuerdo a la comunicación No. 018177 del 29 de
agosto de 2007.
1.    Competencia.
Esta Sala de la Corte
Constitucional es competente para revisar la decisión proferida dentro de la
acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso
y planteamiento del problema jurídico.
El actor solicitó un crédito
en los Fondos de Administración de la Secretaría de Educación Distrital, a
través de convocatoria pública que fuera publicada en la página web del ICETEX.
Al momento de hacer la respectiva inscripción, dentro del acápite relacionado
con los requisitos para poder ser considerado como beneficiario del crédito, en
el numeral primero se destacaba “ser egresado o haber validado su bachillerato en un establecimiento
del Sistema Educativo Oficial o privado con domicilio en el Distrito Capital.” Una vez hecha la
respectiva consulta de sus resultados, encontró que el estado de su solicitud
figuraba como NO
APROBADO, obteniendo
como detalles del comité “beneficiarios
rechazados por ser egresados de colegios no pertenecientes al sistema educativo
oficial de Bogotá.”
Por su parte la entidad
accionada considera que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno en cabeza
del accionante, teniendo en cuenta que el derecho de petición elevado por el
señor Jair Andrés Contreras Villarraga, fue resuelto mediante comunicación No.
018177 del 29 de agosto de 2007. Adicionalmente expone, que atendiendo al
acuerdo No. 273 de 2007 del Concejo de Bogotá, el crédito solo puede ser
entregado a egresados del sistema educativo oficial de Bogotá, lo que hace
relación tanto a los colegios públicos como los privados, éstos últimos en
convenio, así, para el caso particular del accionante la institución educativa
de la cual es egresado no pertenece al rango señalado, por tanto, no puede ser
beneficiario del citado crédito.
El juez de instancia denegó
la solicitud de amparo, pues en su entender no se configuró vulneración alguna
por parte de la entidad accionada, teniendo en cuenta que respondió de fondo la
solicitud elevada por el accionante, adicionalmente actuó conforme a las
regulaciones normativas, bajo las cuales se encuentra estructurado el crédito
para educación superior, objeto de controversia.
De acuerdo con la situación fáctica
planteada, corresponde a la Sala establecer si el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-, vulneró los derechos
fundamentales de petición y debido proceso del señor Jair Andrés Contreras
Villarraga.
A efectos de resolver el anterior problema jurídico, se estudiará lo relativo al debido proceso
administrativo, sin hacer mayores precisiones sobre el derecho de petición
atendiendo a que la solicitud elevada por el accionante fue resuelta de manera clara,
precisa y de fondo, lo que haría
irrelevante un pronunciamiento al respecto.
3. Debido proceso dentro de
las actuaciones administrativas.
La Constitución Política, en el artículo
29, prescribe que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”. Como lo ha reconocido esta
Corporación, el debido proceso es un derecho fundamental de aplicación
inmediata (C.P. art. 85), que en relación con el desarrollo de las actuaciones
administrativas, pretende regular el ejercicio de las
potestades de la Administración, cuando en virtud del
inicio de las mismas puedan llegar a comprometerse los derechos de los
administrados[1].
En este
sentido, la jurisprudencia de esta Corporación, ha definido el debido proceso
administrativo como la regulación jurídica que de manera previa limita los
poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de
los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades
públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre
a los procedimientos señalados en la ley[2]. Al respecto, la
Corte ha determinado que:
“El debido proceso en los asuntos administrativos
implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento
jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir
responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y
vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer
un derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación.
El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e incluye
como elemento básico del mismo la observancia ‘de la plenitud de las formas propias de
cada juicio’, lo que en materia administrativa significa el pleno cumplimiento
de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el asunto en
trámite.
En último término, de lo que se trata es de evitar que la suerte del particular
quede en manos del ente administrativo. Por lo cual, todo acto arbitrario de
éste, entendido por tal el que se aparta de las normas aplicables, para
realizar su propia voluntad, implica violación del debido proceso”[3].
De acuerdo
a lo expuesto, se ha entendido que el debido proceso administrativo consagrado como derecho
fundamental en el artículo 29 de la Constitución
Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad,
conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe
estar previamente establecida en la ley, como también las funciones que les
corresponden cumplir y los trámites a seguir antes de
adoptar una determinada decisión (C.P. arts. 4° y 122). En esta medida, las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los límites
señalados por el ordenamiento jurídico
Ahora bien, de cara al asunto objeto de
estudio, corresponde a la Sala determinar si existió violación o no al debido
proceso, siendo este el aspecto a desarrollar a continuación.
4. Caso Concreto
El señor Jair Andrés
Contreras Villarraga, se inscribió en la convocatoria para crédito de educación
superior del segundo semestre de 2007, por considerar que cumplía a cabalidad
con los requisitos exigidos para acceder al beneficio económico referido; una
vez consultado su estado de solicitud, encontró que el mismo no había sido
aprobado, por ser egresado de una institución educativa no perteneciente al
sistema educativo oficial de Bogotá.
Inconforme con la reseñada
información elevó derecho de petición ante el Instituto accionado el 19 de
julio de 2007, el cual de acuerdo al acervo probatorio fue resuelto el 29 de
agosto de 2007, donde se le informó que en virtud del Acuerdo Distrital No. 037
de 1999, expedido por el Consejo de Bogotá, la Secretaría de Educación
Distrital constituyó con el ICETEX un fondo denominado “Fondo de la Secretaría de Educación Distrital
Mejores Bachilleres estratos 1, 2 y 3”. Aclarando que dentro de las
disposiciones que regulan el Fondo, se encuentra el Acuerdo No. 273 de 2007,
expedido por el Consejo de Bogotá, el cual en su artículo 3, estableció que los
recursos del Fondo deben ser orientados a cubrir los costos educativos de los y
las bachilleres de estratos 1, 2 y 3 egresados del Sistema Educativo Oficial de
Bogotá. En consecuencia se explicó al accionante que había ocurrido una
imprecisión en la convocatoria publicada en la página web del Instituto
accionado, motivo por el cual se adelantó la respectiva aclaración del numeral
1 del título 4 donde se consagraban los requisitos para poder ser considerado
como beneficiario del referido crédito educativo, así: “ser egresado o haber validado su bachillerato
en un establecimiento del Sistema Educativo oficial de Bogotá, el cual
corresponde a estudiantes egresados de colegios oficiales de Bogotá, de
Colegios en Concesión o estudiantes que tuvieron matrícula en convenio con
Colegios Privados del Distrito Capital”.
Sobre este punto, la entidad
accionada señala que no se configuró vulneración alguna respecto del derecho de
petición, teniendo en cuenta que se dio una respuesta clara, precisa y de fondo
a lo solicitado por el accionante. Respecto de la posible vulneración al debido
proceso aclaró que su actuación en relación con el Fondo Distrital para la
Financiación de la Educación Superior, era de simple administrador y cumplió a
cabalidad con lo ordenado por la Secretaría de Educación Distrital y los
acuerdos expedidos por el Concejo Municipal de Bogotá.
El juez único de instancia, denegó
la acción de tutela, al estimar que la actuación del instituto accionado se
ajustaba a los presupuestos legales que regulan esta clase de créditos.
De acuerdo al acontecer
fáctico referido, corresponde en esta oportunidad a la Sala, determinar si se
configuró una vulneración de los derechos fundamentales del accionante. En
consecuencia es conveniente hacer una pequeña referencia a lo atinente al
derecho de petición y posteriormente abordar el estudio de fondo en lo que
respecta a la posible vulneración del debido proceso.
Respecto del derecho de
petición, esta probado que Jair Andrés Contreras Villarraga, radicó su
solicitud de aclaración del resultado obtenido dentro del proceso de
convocatoria de crédito para educación superior, el 19 de julio de 2007, hasta
el día 16 de agosto de 2007, cuando radicó la demanda de tutela no había
obtenido respuesta respecto del mismo, lo que en principio haría procedente la
solicitud de amparo. Sin embargo, durante el trámite de la acción en primera
instancia, la entidad accionada resolvió de fondo la solicitud elevada por el
actor, lo que haría inocuo un pronunciamiento adicional sobre este aspecto,
teniendo en cuenta que la afectación del presente derecho cesó. Así, sin más
consideraciones al respecto, procede la Sala a estudiar lo correspondiente a la
posible vulneración del debido proceso del actor.
La presente controversia jurídica radica,
en que el accionante considera que el ICETEX cambió las condiciones
inicialmente pactadas en la convocatoria de créditos
para educación superior, correspondiente al segundo semestre de 2007; a efectos
de determinar si le asiste razón al demandante, es conveniente hacer las
siguientes consideraciones.
En el presente asunto se tiene que, a través del Acuerdo 037 de 1999
del Concejo de Bogotá, se creó el Fondo Distrital para la
Financiación de la Educación Superior de los Mejores Bachilleres de los Estratos 1 y 2, el que depende de la Secretaría de Educación Distrital y sobre
el cual se nombró como administrador al ICETEX.
Adicionalmente el 16 de febrero de 2007
el Concejo de Bogotá, expidió el acuerdo 273 de ese
mismo año, “por medio del cual se establecen
estímulos para promover la calidad de la educación en los colegios oficiales
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” el cual en su artículo 3° hace referencia a los incentivos para el acceso a la educación superior
estableciendo: “El monto de los recursos del Fondo Cuenta para la Financiación de la Educación Superior, fijado en el Acuerdo Distrital No. 37 de 1999, se incrementarán en 3.000 smmlv con el fin de ampliar el número de
beneficiario y beneficiarias de éste y orientar
estos recursos a cubrir los costos educativos de los y las bachilleres de los estratos 1, 2, y 3 egresados
el sistema educativo oficial de Bogotá que obtengan los mejores
resultados en las pruebas del Estado – ICFES y que ingresen a las instituciones
de educación superior, en las modalidades técnica, tecnológica y universitaria.(…).” (negrillas y subrayas fuera del
texto original).
Con base en las anteriores disposiciones
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, con observancia de lo dispuesto por la Junta Directiva del Fondo, como uno de
los órganos de dirección y administración[4], por ser ésta la encargada de aprobar,
expedir y modificar el reglamento del Fondo con sujeción a lo previsto en el
Acuerdo 37 de 1999[5], publicó en su pagina Web, la convocatoria para ecuación superior,
correspondiente al segundo semestre de 2007, la que dentro del título IV contemplaba lo relacionado con los “Requisitos para
poder ser considerado como beneficiario del crédito”; donde se destacaba como primera condición “ser egresado o haber validado su bachillerato en un establecimiento
del Sistema Educativo Oficial o privado con domicilio en el Distrito Capital.”
Ante la confusión que estaba generando en los aspirantes al crédito la imprecisión presentada en el
citado requisito, teniendo en cuenta que el Acuerdo 273
de 2007, limitó la posibilidad de ostentar la calidad
de beneficiarios, a aquellos estudiantes, que entre otras condiciones fueran
egresados del sistema educativo oficial de Bogotá; y que la primera publicación hecha por el ICETEX en su página Web,
señalaba como posibles beneficiarios a aquellos egresados del sistema educativo oficial o privado con domicilio en el Distrito Capital; la Junta Administradora del Fondo,
encabezada por la Secretaría de Educación del Distrito,
redactó de manera mas clara y precisa el primer
requisito para aquellos que quisieran beneficiarse del referido crédito, en concordancia con lo
estipulado en el Acuerdo 273 de 2007, así: “Ser
egresado o haber validado su bachillerato en un establecimiento del Sistema Educativo Oficial de
Bogotá, el cual corresponde a estudiantes egresados de colegios oficiales de
Bogotá, de colegios en Concesión o estudiantes que tuvieron matrícula en
convenio con Colegios del Distrito Capital.”
Así las cosas, no
era posible beneficiar al accionante con el crédito educativo, atendiendo a
su calidad de egresado del Instituto San Bernardo de la
Salle, el cual ostenta el carácter de privado no perteneciente al Sistema Educativo Oficial de Bogotá, a pesar que al momento de aplicar al referido beneficio, no apareciera la anterior
aclaración. Ello atendiendo a
que, a pesar que la administración incurrió en una imprecisión en la
publicación de los requisitos para aspirar al crédito destinado a la
financiación de la educación superior de los mejores
bachilleres de los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, dicha situación no puede
generar derechos en aquellas personas que se inscribieron, atendiendo a la
equivocación cometida. Pues, si se expide un acto administrativo en
contravía de las normas que lo regulan, el mismo no
puede servir a los administrados para exigir su cumplimiento, menos aún si éste
es expedido en contra de los presupuestos normativos sobre los cuales se
encuentra fundamentada su creación. En ese orden de ideas, la falta cometida por
la administración, en la indebida publicación de los requisitos para acceder al
reseñado crédito, no puede generar en el actor un derecho a exigir su inclusión
dentro de los beneficiarios del mismo, pues de ser así, se estaría actuando en
contravía de la normatividad
sobre la cual se desarrolló el citado auxilio.
Lo
expuesto tiene fundamento en que las autoridades
administrativas encargadas de desarrollar el objetivo
bajo el cual fue creado el Fondo Cuenta para la Financiación de la Educación Superior,
deben regirse por las normas bajo las cuales se enmarca
la aplicación del reseñado fondo, es por esta situación que si los entes encargados advierten una
irregularidad o una inconsistencia que esté generando confusión en los
interesados en beneficiarse de los créditos que se
otorgan, deben propender por corregirlos, pues las autoridades administrativas únicamente pueden actuar dentro de los limites señalados por el ordenamiento jurídico, para el caso particular la convocatoria debía regirse por lo señalado en el Acuerdo 273 de 2007, que estableció como beneficiarios
a los egresados del sistema educativo oficial de Bogotá.
Por lo expuesto, resulta lógico entender
que el ordenamiento jurídico permita a la autoridad corregir sus errores, pues
de otra manera los actos a pesar de su imprecisión, tendrían que quedar
intactos, con el argumento de que no serían modificables porque la administración incurrió en un error o una falta de claridad al
expedirlos, cuando tanto el sentido lógico de las cosas, como los principios de
justicia y equidad, indican que es conveniente y necesario enmendar las
equivocaciones, más aún si éstas pueden atentar contra
los derechos de otras personas, como sería el caso de aquellos aspirantes que
sí cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos, los que verían menguada la
posibilidad de aspirar al citado crédito, por una vaguedad en los requisitos
publicados inicialmente en la convocatoria objeto de
estudio, máxime si se tiene en cuenta que los estudiantes favorecidos son
aquellos que se puedan cubrir hasta agotar el presupuesto de dicho fondo[6].
Por otra parte, la Corte
Constitucional se ha referido al principio de confianza legitima como una
expresión de la buena fe consistente en que el Estado no puede súbitamente
alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares,
sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición para que
ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por
tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos pues éstos no existen en la
situación en consideración, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas
que los particulares se habían formado con base en acciones u omisiones
estatales prolongadas en el tiempo[7]. Además se ha advertido, que
éste principio busca proteger al administrado frente a las modificaciones
intempestivas que adopte la administración, desconociendo antecedentes en los
cuales aquél se fundó para continuar en el ejercicio de una actividad o
reclamar ciertas condiciones o reglas aplicables a su relación con las
autoridades. Esto quiere decir que el principio de confianza legítima es un
mecanismo para conciliar los posibles conflictos que surjan entre los intereses
públicos y los intereses privados, cuando la administración ha creado
expectativas favorables para el administrado y súbitamente elimina dichas
condiciones. Así pues, la confianza que el administrado deposita en la
estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe
respetarse.
De
acuerdo con lo estipulado, para la Sala, Jair Andrés Contreras no estaba amparado por el principio de la confianza legítima, si se tiene en cuenta que
la publicación inicial de la
convocatoria, contemplaba una imprecisión en la que incurrió la Junta Administradora del Fondo, al
señalar los requisitos para acceder al crédito para la
educación superior del Distrito Capital, teniendo en
cuenta lo estipulado en el Acuerdo 273 de 2007 del Concejo de Bogotá, el cual es
el fundamento jurídico sobre el
cual se edificó el incentivo
para el acceso a la educación superior. En consecuencia, ante las diversas
confusiones presentadas entre los aspirantes, se
debieron corregir los requisitos inicialmente
publicados en la convocatoria y ajustarlos a lo
estipulado en el artículo 3° del citado acuerdo.
En ese
orden de ideas, fue la Junta
Administradora del Fondo, la que incurrió en una ambigüedad, al momento de
hacer la convocatoria inicial a través del ICETEX. Así pues, en relación con la legítima confianza, tal situación no se
presenta, en razón a que la citada Junta al momento de ordenar la publicación
de los requisitos para acceder al crédito, lo hizo inobservando lo estipulado
en el acuerdo 273 de 2007, haciendo la respectiva
corrección de manera oportuna dentro del trámite de selección. Por tanto, teniendo
en cuenta que el crédito a que aspira el actor tiene su fundamento jurídico en
el citado Acuerdo y la Junta Administradora del Fondo
no fue clara al señalar los requisitos contemplados en
la normatividad referida, viéndose obligada a corregir
dicha situación, no es posible amparar los derechos invocados por el actor, atendiendo a que dicha
situación no genera en el actor un derecho a ser incluido como beneficiario del
crédito, pues no cumple a cabalidad con los parámetros establecidos en la
normatividad que regula este tipo de auxilio educativo.
Por todo lo anterior, concluye la Corte que se debe confirmar la sentencia del Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá D.C., que denegó la solicitud de amparo elevada
por Jair Andrés Contreras Villarraga.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Juzgado Veintidós Civil del
Circuito de Bogotá D.C. que denegó la protección de los derechos fundamentales del señor Jair Andrés Contreras Villarraga.
SEGUNDO. - LÍBRENSE las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA
SENTENCIA T-208 DEL 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PRINCIPIO
DE CONFIANZA LEGITIMA DEL ADMINISTRADO CON LA ADMINISTRACION- Caso en que se vulneró por el ICETEX por
cuanto la entidad publicó en internet los requisitos para ser beneficiario de
crédito y el actor los cumplía (Salvamento de voto)
Considero que en el presente caso se
vulneró por parte de la entidad demandada –ICETEX- el principio de confianza
legítima que se había generado para el
accionante respecto de las actuaciones administrativas de la entidad pública
demandada, en relación con la reglamentación de la convocatoria realizada para
el otorgamientos de créditos de educación superior para el segundo semestre del
2007, condiciones que fueron publicadas por la
entidad accionada en la página web de la misma. Así las cosas, para el suscrito
magistrado es claro que se vulneró la confianza legítima respecto del
accionante, por cuanto fue la misma entidad pública quien publicó los requisitos para ser beneficiario del crédito a otorgar, de tal manera que
se exigía para ello ser egresado o haber validado su bachillerato en un
establecimiento del sistema educativo oficial o privado con domicilio en el
Distrito Capital, requisitos que cumplía el
actor y bajo los cuales se presentó a la convocatoria aludida. El acto
administrativo que se publicó en Internet, en donde se fijaban las condiciones
del concurso para el otorgamiento del crédito de que se trata en el caso bajo
estudio, generó una expectativa legítima, una
expectativa válida en el accionante, la cual fue vulnerada con posterioridad,
cuando se cambiaron las reglas del juego, esto es, cuando se cambiaron las
condiciones de la convocatoria por parte de la entidad administrativa, subsanando con ello un error imputable a la misma. Por consiguiente, considero que al
generarse una expectativa válida y legítima por parte del actor, la
administración tiene que responder consecuentemente frente a ella, y si esta
expectativa se generó por un error imputable a
la administración, es la administración y no el accionante el que debe
responder por la culpa y las consecuencias respectivas generadas de ello, ya
que lo contrario llevaría a aceptar que la administración puede vulnerar
mediante sus actos administrativos erróneos, la
confianza legítima generada en la ciudadanía, esto es, las expectativas válidas
y legítimas de los ciudadanos frente a la administración, lo cual resulta a
todas luces inaceptable desde el punto de vista de un Estado de Derecho.
DERECHO DE PETICION FRENTE AL ICETEX-Caso en que hubo injustificada demora en dar respuesta y por ende
se vulneró, ya que se dio contestación después de haberse interpuesto la tutela (Salvamento de voto)
Para el suscrito magistrado es necesario pronunciarse en la presente decisión respecto de la
actuación de la entidad demandada –ICETEX- en relación con su demora
injustificada en dar respuesta al derecho de petición incoado por el
demandante, y la respectiva vulneración del derecho de petición del actor. Lo anterior, ya que si bien con posterioridad a la
interposición de la presente tutela la accionada dio contestación al derecho de
petición presentado por el accionante, dando lugar a un hecho superado,
considero que esta Corte debe ser clara en
expresar que efectivamente se vulneró el derecho de petición del actor, así
como develar la actuación reprochable y condenable de muchas entidades
administrativas, en el sentido de no dar contestación a los derechos de
petición de los ciudadanos o vulnerar sus
derechos y esperar enmendar dichas actuaciones sólo hasta cuando se ha
presentado por parte de los ciudadanos acción de tutela.
Referencia:
Expediente T-1731448
Acción de
tutela instaurada por Hair Andrés Contreras Villarraga contra ICETEX
Magistrada
Ponente:
CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Con el debido respeto por las decisiones
de esta Sala de Revisión, me permito salvar mi voto a la presente decisión, con
fundamento en las siguientes razones y consideraciones:
1. En primer término, considero que en el presente caso se vulneró por parte de la entidad
demandada –ICETEX- el principio de confianza
legítima que se había generado para el accionante
respecto de las actuaciones administrativas de la entidad pública demandada, en
relación con la reglamentación de la convocatoria
realizada para el otorgamientos de créditos de educación superior para el
segundo semestre del 2007, condiciones que fueron publicadas por la entidad
accionada en la página web de la misma.
Así las cosas, para el suscrito magistrado es claro que se vulneró la confianza legítima
respecto del accionante, por cuanto fue la misma entidad pública quien publicó
los requisitos para ser beneficiario del crédito a otorgar, de tal manera que
se exigía para ello ser egresado o haber validado su
bachillerato en un establecimiento del sistema educativo oficial o privado con domicilio en el
Distrito Capital, requisitos que cumplía el actor y bajo los cuales se presentó
a la convocatoria aludida.
En relación con el principio de confianza legítima frente a la administración y en materia del derecho
iusfundamental a la educación ha expresado la jurisprudencia de esta Corte:
“El principio de la confianza legítima en
la Administración encuentra
sustento constitucional en la buena fe[8] y se aplica como mecanismo de solución de controversias entre el interés general que aquélla representa y el interés
particular del administrado, en eventos en que la
Administración le crea expectativas favorables pero luego, de manera súbita, lo
sorprende con la eliminación de dichas condiciones. El principio de confianza legítima
tiene tres presupuestos: i) la necesidad de preservar de manera perentoria el
interés público; ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la
relación entre la administración
y los administrados; y iii) la necesidad de adoptar medidas por un período
transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad.”[9]
Por tanto, en mi
criterio, en este caso la administración vulneró la confianza legítima que se
generó en los ciudadanos respecto de las actuaciones de todas las autoridades
públicas, en cuanto de éstas se presume corrección y legitimidad, esto es, que
se encuentran ajustas a Derecho.
En este orden de ideas, para el suscrito
magistrado el acto administrativo que se publicó en Internet, en donde se
fijaban las condiciones del concurso para el otorgamiento del crédito de que se
trata en el caso bajo estudio, generó una expectativa
legítima, una expectativa válida en el accionante, la cual fue vulnerada con
posterioridad, cuando se cambiaron las reglas del juego, esto es, cuando se
cambiaron las condiciones de la convocatoria por parte de la entidad
administrativa, subsanando con ello un error imputable
a la misma.
Por consiguiente, considero que al
generarse una expectativa válida y legítima por parte del actor, la
administración tiene que responder consecuentemente frente a ella, y si esta
expectativa se generó por un error imputable a la
administración, es la administración y no el accionante el que debe responder
por la culpa y las consecuencias respectivas generadas de ello, ya que lo
contrario llevaría a aceptar que la administración puede vulnerar mediante sus actos administrativos erróneos, la confianza legítima generada en la
ciudadanía, esto es, las expectativas válidas y legítimas de los ciudadanos
frente a la administración, lo cual resulta a todas luces inaceptable desde el
punto de vista de un Estado de Derecho.
2. En segundo lugar, para el suscrito
magistrado es necesario pronunciarse en la presente decisión respecto de la
actuación de la entidad demandada –ICETEX- en relación con su demora
injustificada en dar respuesta al derecho de petición incoado por el demandante, y la respectiva vulneración del derecho de
petición del actor.
Lo anterior, ya que si bien con
posterioridad a la interposición de la presente tutela la accionada dio
contestación al derecho de petición presentado por el accionante, dando lugar a un hecho superado, considero que esta Corte debe
ser clara en expresar que efectivamente se vulneró el derecho de petición del
actor, así como develar la actuación reprochable y condenable de muchas
entidades administrativas, en el sentido de no dar
contestación a los derechos de petición de los ciudadanos o vulnerar sus
derechos y esperar enmendar dichas actuaciones sólo hasta cuando se ha
presentado por parte de los ciudadanos acción de tutela.
De conformidad con lo expuesto, salvo mi voto al presente fallo.
Fecha ut
supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] De conformidad con el artículo 4° del Código Contencioso
Administrativo, las actuaciones administrativas se inician: (i) Por virtud del
ejercicio del derecho de petición; (ii) de oficio por las autoridades
competentes; (iii) o por la necesidad de cumplir un deber legal.
[2] Véase, entre otras, las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y
T-982 de 2004.
[3] Sentencia T-196 de 2003. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[4] DECRETO 922 DE 2001 “Por el cual se reglamenta el
funcionamiento del Fondo Distrital para la Financiación de la Educación
Superior de los Mejores Bachilleres de Estratos 1 y 2” Expedido por el
Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Capital ARTICULO NOVENO. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
y ADMINISTRACIÓN:- Los órganos de dirección y administración del Fondo serán: la
Secretaria de Educación Distrital, la Junta Directiva del Fondo y el
Administrador del Fondo.
[5] DECRETO 922 DE 2001 “Por el cual se reglamenta el funcionamiento del
Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior de los Mejores
Bachilleres de Estratos 1 y 2” Expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá
Distrito Capital. ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La
Junta Directiva deberá: b) Aprobar, expedir y modificar el reglamento de crédito
del Fondo con sujeción a lo previsto en el Acuerdo 37 de 1999 (…).
[6] Acuerdo 273 de 2007 Artículo 3°: (…) “El número de
estudiantes favorecidos será el que se pueda cubrir hasta agotar el presupuesto
de dicho fondo cada año.”
[7] Cfr. Sentencias T-020 de 2000; C-130 de 2004; C-131 de 2004,
entre otras.
[8] El principio de buena fe está consagrado, en los
siguientes términos, en el artículo 83 de la Carta Política: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las actuaciones
que aquellos adelanten ante éstas”.
[9]  Corte Constitucional. Sentencias T-961-01, reiterado en sentencias T-660-02
y T-494-04.