C-409-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-409/09
DERECHO A LA
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Vulneración por
norma que faculta a la aseguradora para acudir o no a la conciliación dentro
del incidente de reparación integral/JUSTICIA RESTAURATIVA-Citación del
asegurador en incidente de reparación integral en proceso penal/INCIDENTE DE
REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Vinculación del
asegurador en la decisión que ponga fin al incidente
No
resulta conforme con el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a
la víctima y su derecho a la reparación integral, el precepto acusado que establece
que la aseguradora puede ser citada al incidente de reparación integral,
“exclusivamente” para los efectos de la conciliación, y que además, a dicha
conciliación puede acudir o no, prevista en el art. 108 CPP, toda vez que no
obstante las amplias competencias legislativas reconocidas en materia de
configuración del derecho de reparación integral y de las garantías judiciales
para hacerlo efectivo, la forma como se ha reglado la posible participación del
asegurador en tal incidente, se convierte en una medida nugatoria del derecho
de la víctima a la reparación integral, pues burla la esperanza
que se había generado de que el contrato suscrito con él, pudiera servir al
propósito del sistema penal constitucional y legalmente dispuesto de reparar a
la víctima y de hacerlo prontamente a instancias del juez de la causa penal, en
el incidente de reparación integral. Asimismo, y en
concordancia con lo establecido para el tercero civilmente responsable, la citación con que se convoque a la aseguradora,
tendrá como finalidad primaria permitirle poder conocer el objeto del incidente
en concreto, para así acudir a la audiencia de conciliación y en ella, o, ante
su fracaso, en la actuación subsiguiente desarrollar todas las actuaciones
derivadas de su derecho de defensa.
CONCILIACION
EN INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Mecanismo
de justicia restaurativa/CONCILIACION EN INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Oportunidades para intentarla y trámite
El legislador, dentro del
incidente de reparación integral, previó a la conciliación como mecanismo de
justicia restaurativa, la cual puede presentarse en dos oportunidades,
dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de los acuerdos a que
lleguen los interesados. Una primera oportunidad tiene lugar en la audiencia
pública con la que se da inicio al incidente de reparación, la cual es
convocada por el juez de conocimiento una vez abierto el incidente por
solicitud de la víctima, o del fiscal o del Ministerio público a instancia de
ella; la otra oportunidad se presenta, cuando no se logre acuerdo en la primera,
lo que determina que el juez fije una nueva audiencia, dentro de los 8 días
siguientes, para intentar otra vez la conciliación.
JUSTICIA
RESTAURATIVA-Modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Delimitación
del derecho a la reparación integral/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA
EN REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-No es absoluta
Tanto
los contornos, características y contenidos que puede revestir el derecho de
reparación integral, como las formas procedimentales que deben seguirse para
hacerlo efectivo son del fuero del Legislador y su poder de libre configuración
sólo está restringido, cuando resulte evidente que la ordenación legal del
derecho y/o del rito procesal con que se garantiza su eficacia o protección,
han sido dispuestos con desconocimiento de la Constitución. Es decir, cuando la
disposición legislativa contenga una ordenación jurídica que disminuya
ostensiblemente el objetivo del sistema penal acusatorio y de justicia
restaurativa, al regular dentro de él la reparación integral de la víctima.
PRINCIPIO DEL EFECTO UTIL DE LA NORMA/PRINCIPIO DE
COHERENCIA INTERNA DEL ORDENAMIENTO-Alcance
en incidente de reparación integral de las víctimas
La
deferencia del Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada y
voluntaria participación en el incidente, dan al traste con el efecto útil de
todas las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger a
la víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal. De la misma
manera, el efecto útil se neutraliza, respecto de los mandatos
superiores que configuran el discurso constitucional de la reparación integral
de la víctima del delito, que en el marco del Estado social de derecho, su
fundamento en la dignidad humana y la solidaridad y la protección de derechos
inalienables como el del acceso a la justicia, impone disponer de lo necesario
a fin de obtener la reparación integral de los afectados por el delito y de
velar por su protección de manera eficaz y oportuna. Asimismo, la disposición
acusada cuando reduce la participación de la aseguradora del contrato de seguro
de responsabilidad civil válidamente celebrado a la conciliación y en cuanto
además, a ella puede no asistir sin consecuencia alguna sobre sus intereses,
rompe el principio hermenéutico de coherencia interna del ordenamiento, tanto
infraconstitucional como constitucional, esto es, tanto respecto de los citados
preceptos legales que estructuran el incidente, como de los derechos y
garantías constitucionales concebidas para proteger a las víctimas del delito,
dentro del sistema penal acusatorio y restaurativo. Así entonces, la Sala considera que el Legislador se ha excedido en su poder
de libre configuración legislativa cuando ha dispuesto que la exigibilidad de
la indemnización correspondiente como forma de cubrir los daños causados a la
víctima de un delito, queden en manos de la libérrima aquiescencia de la
aseguradora de participar o no en el importante incidente de reparación
integral.
CONTRATO DE
SEGURO-Concepto/CONTRATO DE SEGURO-Elementos esenciales
El seguro es un contrato cuyo
objeto último se encuentra en dar respuesta a la necesidad de eliminar las
consecuencias derivadas de la realización de un riesgo, cuya ocurrencia aunque
futura e incierta, por las repercusiones individuales y sociales que puede
alcanzar, imponen la adopción de técnicas de previsión con las que se puedan
atender los eventos dañosos que en su caso puedan ocasionarse, cualquiera sea
la fuente que los origina. Sus elementos esenciales son:1) el interés
asegurable; 2) el riesgo asegurable; 3) la prima o precio del seguro, y 4) la
obligación condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos
elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno
CONTRATO DE
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL-Definición/CONTRATO DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL-Prueba para acreditar su existencia
El
contrato de seguro de responsabilidad civil definido en el artículo 1127 del
Código de Comercio, subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990, como
aquel que “…impone a cargo del asegurador la obligación de
indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de
determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como
propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye
en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que
se le reconozcan al asegurado. La forma de demostrar
la existencia de un contrato de seguro será tanto la póliza, prueba por
excelencia del mismo, como cualquier otro documento escrito en el que aparezcan
con claridad los elementos que tipifican el contrato. También puede emplearse
como prueba del contrato la confesión, cuyos requisitos deben ser los
establecidos en el Código de Procedimiento  Civil y cuyo contenido debe ofrecer
igualmente la certeza sobre la existencia de los elementos esenciales del
seguro de responsabilidad civil.
CITACION DEL ASEGURADOR EN EL PROCESO PENAL-Sujetos legitimados para solicitarla/CITACION DEL
ASEGURADOR EN EL PROCESO PENAL-Propósito/CITACION DEL ASEGURADOR EN EL
PROCESO PENAL-Condicionamiento para su procedencia
Los
sujetos legitimados para solicitar la citación de la compañía aseguradora son
tanto la víctima como el condenado, su defensor y el tercero civilmente
responsable, siendo el condicionamiento una carga probatoria mínima de la
existencia del contrato válidamente celebrado para que con él se cubra la
indemnización pedida como todo o como parte de la reparación integral, pudiendo
en consecuencia el juez constatar que efectivamente el asegurador citado ha
constituido una relación contractual que asegura la responsabilidad civil, y en
los que se evidencia que el riesgo que cubre, al menos en principio, se
identifica con el daño causado por el delito que se imputó en el proceso penal.
Para que la citación sea procedente, es necesario que el contrato de seguro
haya sido suscrito por el condenado o por el tercero civilmente responsable como
tomadores o asegurados, y que su objeto consista en cubrir el daño causado por
el delito probado o imputado en el proceso.
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Condiciones para su procedencia/UNIDAD NORMATIVA-Integración
En
el presente caso, a fin de evitar una decisión carente de sentido y que genere
incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico y completo de la
ordenación legal materia de análisis, consistente en el tratamiento
con que se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de
reparación integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre
los derechos de las víctimas, sólo puede ser absuelta de manera integral,
lógica y consecuente si se integra la proposición jurídica demandada “Exclusivamente
para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”, con el predicamento final del art. 108 CPP que establece: “quien tendrá la facultad de
participar en dicha conciliación”, por constituir una unidad normativa en que se presenta una relación inescindible entre ambos apartes.
JUSTICIA
RESTAURATIVA-Incidente de reparación integral
Con
la transformación del sistema penal contemplada en la reforma constitucional
del año 2002, el incidente de reparación integral a la que el propio Legislador
le adscribió la condición de ser parte de los instrumentos de justicia
restaurativa, como forma procesal mediante la cual se hace posible una solución
efectiva y oportuna de reparación, adquirió un valor inmenso, en particular
para la víctima, dejando de ser un procedimiento sobre cuestiones accesorias o
secundarias y al contrario, constituyendo la oportunidad final, única,
brevísima, dentro del proceso penal, para reclamar ni más ni menos que la
reparación integral de la víctima por el  daño causado por el hecho típico,
antijurídico y culpable de un declarado penalmente responsable. Se convierte
así el incidente en la instancia procesal para hacer efectiva la indemnización
por parte de quien o quienes pueden ser considerados civilmente responsables o
deban sufragar los costos de tales condenas (el declarado penalmente
responsable, el tercero civilmente responsable y la aseguradora)
REPARACION
INTEGRAL-Elementos
El
Legislador ha establecido como elementos que integran el concepto de reparación
integral, no sólo la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil
reconocida como consecuencia del daño causado por el delito, reparación en
sentido lato, sino cualesquiera otras expresiones que contengan la verdad y la
justicia, así como las actuaciones que de modo razonable reclame la víctima del
sujeto penalmente responsable, en cuanto forma de cubrir el perjuicio moral y
material que ha sufrido. En este sentido recuerda la Corte que la noción de
reparación civil es independiente al proceso en el cual se obtenga (art. 16 de la
Ley 446 de 1998), razón por la cual los criterios que se apliquen deben ser
homogéneos.
TERCERO
CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Momentos procesales para
citar al asegurador
TERCERO
CIVILMENTE RESPONSABLE EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Sujeto legitimado para solicitar
la citación del asegurador
INCIDENTE
DE REPARACION INTEGRAL EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Instancia procesal para hacer
efectiva indemnización de la víctima por parte del civilmente responsable
ACTIVIDAD
ASEGURADORA-Interés público
Referencia: expediente
D- 7478
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 (parcial) de la
Ley 906 de 2004.
Demandante: Manuel
Antonio Echavarría Quiroz
Magistrado
Ponente:
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PEREZ
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de
junio de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
S E N T E N C I A
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución Política, el
ciudadano Manuel Antonio Echavarría Quiroz solicita ante esta Corporación la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 108 (parcial) de la Ley 906 de 2004.
Por auto de treinta
(30) de octubre de dos mil ocho (2008), el Magistrado sustanciador inadmitió la
demanda presentada por no cumplir con el requisito señalado en el numeral 3º
del art. 2º del Decreto 2067 de 1991, en cuanto no se presentan las razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes por las cuales se
estiman violados los artículos de la Constitución que se invocan, capaces de
configurar verdaderos cargos de inconstitucionalidad. De tal suerte y conforme
al art. 6º del Decreto 2067 de 1991, se concedió al actor el término de (3)
tres días para la corrección de la demanda.
Dentro del término
legal, el demandante presentó el respectivo escrito de corrección.
Mediante auto de
veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho (2008), el Magistrado
Sustanciador admitió la demanda de la referencia y se corrió traslado del
expediente al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto
correspondiente.
Una vez cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto
2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. DISPOSICIONES  DEMANDADAS
A continuación se transcribe el
texto de la disposición demandada, acorde con su publicación en el Diario
Oficial No. 45.658 de 1 de agosto de 2004, y se subraya el aparte acusado:
LEY 906 DE 2004
(febrero 5)
Diario Oficial No.
45.658 de 1 de septiembre de 2004
Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal.
(… )
ARTÍCULO 108. Citación del
asegurador. Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el
artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente
responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil
amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá
la facultad de participar en dicha conciliación.
III. DEMANDA
El demandante considera que el
aparte de la disposición acusada vulnera los artículos 13 y 29, así como los
numerales 6 y 7 del art. 250 de la Constitución Política.
En lo que hace al art. 250
constitucional, se argumenta que la disposición demandada vulnera los numerales
6 y 7, al permitir vincular al asegurador de la responsabilidad civil, sólo para
la conciliación prevista dentro del incidente de reparación integral, previa
solicitud de la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente
responsable, siendo por demás facultativa su presencia.
En este orden el demandante
señala que:
“la ley (…) consagró una mera
facultad, que no obligación expresa, para la compañía aseguradora de asistir a
la audiencia de conciliación. Obsérvese que la ley emplea el giro ‘tendrá la
facultad de participar’, es decir, que no impuso una obligación vinculante”, lo
cual quiere decir que “la compañía aseguradora tiene la facultad de ejercer un
comportamiento diferente, esto es, de no participar en la audiencia de
conciliación” y que “si la compañía aseguradora decide no acudir a la audiencia
de conciliación ningún efecto desfavorable se le puede endilgar, pues las
sanciones deben ser expresas, claras y ciertas, y la ley nada dijo sobre el
particular, así que no es posible aplicar la analogía del art. 101 del C. de P.
Civil y tener en su conducta como ‘indicio grave’  en su contra (…)”(folio
3).
El condicionamiento establecido
por la ley, en el entender del accionante, hace nugatorio para las víctimas la
posibilidad de restablecimiento del derecho así como la realización de los
objetivos de justicia restaurativa, por no vincular como parte del proceso
penal a la aseguradora, única entidad verdaderamente capaz de hacer efectivo el
derecho de reparación de la víctima, dada su capacidad financiera.
En síntesis, entiende con este
cargo que, “Si no se vincula al Proceso Penal la Aseguradora, con la cual el
victimario o tercero civilmente responsable contrató una póliza de seguro en
aras de precaver una eventual reparación de perjuicios; se constituye una
flagrante omisión en la preservación del interés que tiene nuestra Constitución
en preservar la reparación integral de las víctimas, debido a las precarias
condiciones económicas del asegurado y victimario, quienes en un altísimo
porcentaje carecen de las condiciones económicas necesarias para reparar al
menos de forma económica los perjuicios a favor de las víctimas; hecho que no
se presentaría de permitirse la vinculación de la Entidad Aseguradora quien a
través de su posición financieramente sólida podría albergar en el límite de la
póliza la obligación pactada con el Asegurado en pro de las víctimas”. Por esto
afirma el demandante: “La expresión acusada como inconstitucional viola los
derechos de las víctimas, al no permitirles acceder a una reparación integral y
efectiva que protege el Constituyente” (folio 3).
Referente a la violación del art.
13 constitucional, considera que la norma crea una discriminación irracional y
desproporcionada en favor de las entidades aseguradoras, respecto de lo que
ocurre con el tercero civilmente responsable. En efecto, el actor no encuentra
causa suficiente para el trato diferenciado, con independencia de que el origen
de la responsabilidad de aquél y éste sea distinto, a saber, el contrato o la
ley, porque en ambos casos se está ante un fundamento jurídico que crea la
obligación de indemnizar.
Dice sobre el particular: “el
tercero civilmente responsable tiene el deber de reparar el daño por una
disposición legal que lo obliga a indemnizar, y el Asegurador tan bien [sic]
tiene una obligación de indemnizar que se deriva de un contrato, el cual (…)
constituye también norma jurídica, por ende (…) no es relevante la diferencia”
como para que se justifique “un trato diferente” (folio 11).
El demandante encuentra además que
sustraer al asegurador del procedimiento incidental, es un medio inadecuado
para el fin legítimo perseguido por la ley, cual es garantizar la efectividad
de la indemnización de la víctima, pues si ha resultado procedente para tales
propósitos la intervención del tercero civilmente responsable, también lo debe
ser la del asegurador.
“En otros términos, sustraer al
asegurador es un medio inadecuado e innecesario para concebir ese fin legítimo;
por el contrario, es un medio que atenta contra el fin legítimo que persigue la
Constitución y la Ley, por ende el tratamiento diferente que se le da al
asegurador no tiene justificación objetiva y razonable; por ende ese
tratamiento diferente es inconstitucional por que [sic] es contraria a la
Constitución (artículo 13, 29, 250 #6 y 7), y por que [sic]
constituye un trato
discriminatorio a favor del asegurador y en contra de la víctima y del tercero
civilmente responsable”. (folios 11 y 12). Dicho en otros términos, como
aparece en la corrección de la demanda: “(…) es evidente la discriminación
regulada, a favor de las Entidades Aseguradoras, regulación legal irracional y
desproporcionada la cual no logra la realización del derecho sustancial es
decir la reparación integral de las víctimas” (folio 47).
En fin, estima en su libelo que
se vulnera el art. 29 de la Constitución en lo que hace al derecho de defensa
del tercero civilmente responsable, al no permitirle a éste el llamamiento en
garantía del ente asegurador, conforme ha sido entendido por los tribunales.
Esta limitante supone la reducción ilegítima de sus opciones de defensa, así
como la causación de mayores perjuicios que se producen por la necesidad de
someterse al proceso ejecutivo u ordinario procedentes para la restitución del
valor asegurado con la póliza.
Esto es, como aparece en el
escrito de corrección, que el debido proceso “resulta infringido al no permitírsele
al Tercero Civilmente Responsable acceder a su Derecho de defensa de sus
intereses, por no permitir (…) vincular al Ente Asegurador” (f. 47).
IV. INTERVENCIONES
1.  Intervención del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal
El señor Juan David Riveros
Barragán, en su condición de miembro designado por el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, interviene dentro del proceso de la referencia con el objeto
de que la Corte declare constitucional la disposición demandada.
El interviniente observa que el
art. 108 CPP debe ser interpretado de forma integral y sistemática en el
contexto del Acto legislativo No. 3 de 2002. Dicho Acto consagró el sistema
acusatorio adversarial, que se concreta en la confrontación de dos sujetos procesales,
la defensa y el acusador, en un mismo plano de igualdad. De tal suerte, si el
Legislador hubiera determinado la intervención obligatoria y no facultativa de
la aseguradora en el incidente de reparación integral, ésto habría implicado
una ruptura del equilibrio y de las condiciones de igualdad entre las partes, a
más de convertir a la aseguradora en un interviniente adicional, en detrimento
del carácter del sistema penal dispuesto (folios 94 y 95).
“Entonces, la intención del
legislador al limitar exclusivamente la intervención del Asegurador fue
precisamente la del mantenimiento de un sistema adversarial, que si bien no es
absoluto, (puesto que se reconoce el derecho de intervención a las víctimas y
al Ministerio Público) no considera al asegurador ni como parte en la relación
Jurídica Procesal [sic] ni interviniente de la misma” (folio 95).
No se constituye, dice el
interviniente, un quebrantamiento al derecho de las víctimas a la reparación
integral, puesto que el incidente se abre por su solicitud. Por lo demás, nada
impide que la víctima como el propio asegurado puedan formular a la aseguradora
el respectivo reclamo, conforme lo establecido en el Código de Comercio, en el
evento de que la conciliación llegue a ser fallida (folio 96).
En lo que hace al artículo 29, no
comparte la proposición del actor, como quiera que el tercero civilmente
responsable cuenta con todas las garantías procesales para presentar pruebas y
controvertir la fuente de la obligación indemnizatoria dentro del incidente de
reparación integral. Por esto concluye que “no es viable sostener que (…) se
vulnera el derecho de defensa del tercero civilmente responsable puesto que el
tercero tiene la facultad de acudir a todos los argumentos y pruebas que estime
necesarios para relevarse de la obligación de indemnizar lo que constituye la
plena garantía y la materialización del derecho de defensa del tercero
civilmente responsable” (folio 98).
Termina su intervención anotando
que no hay vulneración al artículo 13 constitucional, pues según la
jurisprudencia de esta Corporación, la diferenciación dispuesta por el
Legislador entre el tercero civilmente responsable y la aseguradora está
justificada, al tratarse de sujetos que tienen una naturaleza completamente distinta,
en cuanto el primero se vincula al proceso por razón de la relación que tiene
con el condenado y el delito cometido, elementos que lo hacen responsable
civilmente ante la víctima; por el contrario, la aseguradora tiene una relación
con ésta pero por virtud de un contrato regido por el derecho privado.
Y tras citar jurisprudencia
constitucional en la que se funda su argumento sobre la justificación de un
trato desigual, concluye que “si se permite la vinculación en igualdad de
condiciones de la aseguradora con el tercero civilmente responsable implicaría
el rompimiento del principio de igualdad de armas entre las partes, acusadora y
acusada, el cual se resquebraja al permitir la participación de sujetos
distintos a los anteriores, con el fin de rebatir y contradecir los aspectos
civiles derivados del delito” (folio 101).
2.  Intervención del
Ministerio del Interior y de Justicia.
El señor Fernando
Gómez Mejía, en su calidad de Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio
del Interior y de Justicia, interviene dentro del presente proceso con el
objeto de que la disposición demandada sea declarada exequible.
Arguye el
interviniente, que lo primero que se verifica es la ausencia de soporte
argumentativo en la impugnación, puesto que la inconstitucionalidad demandada
se funda sobre supuestos no previstos en la Constitución. Y en tanto se cuestiona
la facultad discrecional de los intervinientes de solicitar la citación del
asegurador a la audiencia de conciliación de que trata el artículo 103 CPP, no
se exponen las razones que lo justifican. Adicionalmente, de acuerdo con la
jurisprudencia sentada por la Corte constitucional, señala que en la demanda no
se han reunido los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia.
No obstante lo
anterior, observa que si la Corte encuentra mérito para una decisión de fondo, no
hay lugar a que prosperen los cargos del demandante, toda vez que distintas
normas del Código de Procedimiento Penal desarrollan el mandato constitucional
previsto en el artículo 250, con el objeto de proteger los derechos de las
víctimas, “procurando las herramientas jurídicas necesarias para el
restablecimiento del daño originado en un hecho punible” (f. 109). Entre ellas
las medidas para el restablecimiento del derecho, el comiso, las medidas
cautelares sobre bienes, la prohibición de enajenar, etc. (artículos 22, 82,
83, 92, 97 del CPP).
Por lo demás, la
solicitud facultativa de los intervinientes de que en la audiencia de
conciliación participe el asegurador hace parte de la potestad de configuración
legislativa, amplia en la definición de procedimientos judiciales.
Finalmente, en su
criterio no cabe acoger la interpretación del demandante en cuanto a que la
justicia restaurativa sólo se garantiza con la comparecencia del asegurador a
efectos de hacer efectivo el pago de los perjuicios ocasionados, pues dicha
noción de justicia no se restringe al reconocimiento de perjuicios económicos. Porque
“la justicia restaurativa abarca un mayor espectro que va más allá del simple
carácter retributivo de la pena” (folio 112).
3.  Intervención del Fiscal General de la Nación
El Fiscal General
de la Nación, Doctor Mario Iguarán Arana, presenta escrito solicitando
sentencia inhibitoria, por cuanto no se reúnen los requisitos exigidos por el
ordenamiento y en desarrollo suyo por la jurisprudencia de esta Corte.
Dice el Fiscal que
la demanda carece de los requisitos de certeza y pertinencia, porque el actor
parte de un equivocado entendimiento de la norma que demanda, al considerar que
es facultativa la presencia de la compañía aseguradora cuando es citada por el
juez de la causa. Contrario a dicho entendimiento, lo que se desprende con
nitidez del art. 108 CPP es que la comparencia de aquél es obligatoria, cuando
así lo dispone el funcionario judicial para la audiencia de conciliación en el
incidente de reparación integral y su inasistencia acarrearía el incumplimiento
del deber contemplado en el art. 140, numeral 6º CPP, con las consecuencias
desfavorables del caso. Por ello, la interpretación del actor haría la
disposición inane. “Es más –dice el Fiscal General-, el sentido que le otorga
el demandante a la norma acusada no solo desconoce su contenido sino la
finalidad principal que la misma contiene, esto es, facultar la intervención
procesal del asegurador en la diligencia conciliatoria, por iniciativa de la
víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable, como un
mecanismo que haga viable la reparación integral del afectado con el delito,
superando la discusión que en este punto se había generado bajo el
procedimiento de la ley 600 de 2000” (folios 118 y 119).
Igualmente, el
sentido que se da a la norma demandada por parte del actor,  dice el Fiscal, es
inexplicablemente restrictiva, pues limita al tercero civilmente responsable la
facultad de citar el asegurador, cuando es claro que dicha convocatoria puede
provenir también por solicitud de la víctima, el condenado o su defensor.
En fin, estima el
Señor Fiscal que no es pertinente la demanda pues la interpretación de la norma
acusada la funda el actor en la aplicación que un Tribunal de distrito hizo en
dos casos particulares de ella, al negar el llamamiento en garantía a la
aseguradora, hecho por el tercero civilmente responsable durante el trámite del
incidente de reparación. Y en el entendido de que el juicio de
constitucionalidad no puede versar sobre desarrollos específicos, ni referirse
a la ejecución práctica de la norma o a los abusos que puedan cometer en su
aplicación los operadores jurídicos, confirma su petición de pronunciamiento
inhibitorio por ineptitud de la demanda (folio 119).
4. Intervención de la Universidad Popular del
Cesar
El señor Alex
Movilla Andrade, en su calidad de Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Popular del Cesar, solicita declarar la
constitucionalidad condicionada de la norma que se demanda.
Entiende el
interviniente que la disposición acusada se traduce en una negación de las
obligaciones asumidas por el Estado colombiano, en lo que hace a la reparación
de las víctimas, por cuanto no permite una vinculación efectiva del asegurador
de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible al interior del
proceso penal, y, en especial, dentro del incidente de reparación integral.  En
sus términos: “la disposición acusada, en la forma concebida, se traduce en una
negación de las obligaciones internacionales asumidas (…) en la Convención
Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y de los Principios y Directrices contenidos en el documento emanado
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en razón que no permite una
vinculación efectiva del asegurador de la responsabilidad civil derivada de la
conducta punible  al  interior del proceso penal delineado por la Ley 906 de
2004, en la medida en que no (…) se prevé una obligación insoslayable del
asegurador de atender la petición de la víctima para que comparezca al proceso
penal a responder por los daños causados con el siniestro asegurado (…)” (folio
124).
Sin embargo, estima
que resulta más garantista para la víctima que antes que declarar la
inexequibilidad de la norma, se pronuncie la Corte con el señalamiento de su
constitucionalidad condicionada, a los efectos de que el asegurador de la
responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro deba ser citado
desde el inicio del incidente de regulación de perjuicios, a los efectos de
proteger los intereses de la víctima (folio 124).
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante el concepto No. 4702,
presentado a la Corte Constitucional el seis  (6) de febrero de 2009, el Dr.
Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, solicita a la
Corte se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la expresión
demandada, por ineptitud sustancial de la demanda.
A juicio del Procurador, la
intervención de la Corte constitucional se restringe “a la realización de un
juicio normativo que depure el ordenamiento jurídico de reformas ilegítimas de la
Constitución producto de leyes que la desconocen” (f. 132). Por esta razón, debe
ser excepcional la resolución de asuntos concretos propios de las decisiones de
otros jueces o el pronunciamiento sobre la interpretación adecuada de las leyes
que le corresponde a la Rama judicial o la suplantación de otras jurisdicciones
en la interpretación o aplicación de las disposiciones de rango legal, salvo
cuando esté en juego la vulneración de un derecho fundamental o se vea comprometida
la doctrina del derecho viviente. Es así como la admisión de dicha competencia
está delimitada a que el asunto encierre un problema jurídico de carácter
constitucional y no estrictamente legal y a que se origine directamente del
contenido normativo de la disposición que se acusa (folios 132-133).
Dice entonces el Ministerio
Público que la demanda objeto de análisis, a pesar de los esfuerzos del actor,
argumenta la inconstitucionalidad de la expresión acusada en la interpretación acogida
por el Tribunal superior de Medellín, Sala Penal y que consistió en no admitir
el llamamiento en garantía de la aseguradora durante el incidente de reparación
integral, bajo el supuesto de que no hay impedimentos para que la víctima o el
tercero civilmente responsable acuda a la jurisdicción civil para lograr la
indemnización reclamada (folio 133-134)
Lo anterior se verifica tanto en
lo que hace a la presunta vulneración del art. 250, numerales 6 y 7 de la
Constitución, como de sus artículos 13 y 29, los cuales se encuentran
vulnerados no por el texto del artículo 108 del CPP, sino por la forma en que
han sido interpretados y aplicados, pero sin que la norma en él contenida
suponga una afrenta de la Constitución y su interpretación autorizada (folio
135).
No existe, finalmente, una
argumentación en la demanda que demuestre la discriminación endilgada a la
expresión normativa que se demanda, ni las razones claras, ciertas, específicas
y suficientes sobre cuál es el criterio comparativo empleado para evidenciar la
diferenciación creada por la ley y su carácter injustificado, desproporcionado
o no razonable.
Por las razones anteriores solicita
a la Corte, se reitera, declararse inhibida para pronunciarse sobre la
exequibilidad del aparte demandado del artículo 108 de la Ley 906 de 2004
(folios 135-136).
VI. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.      Competencia
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues las normas demandadas hacen parte
de una Ley de la República.
2. Asuntos por resolver
2. El actor formula demanda de
inconstitucionalidad contra la expresión ya señalada del art. 108 CPP, como
quiera que en ella se concede a la aseguradora convocada en el incidente de
reparación integral, la prerrogativa de que su citación opere únicamente para
los efectos de la conciliación de que trata el art. 103 CPP, a más de la facultad
de asistir o no a la misma, regulación que en opinión del demandante, trae como
consecuencia la vulneración del derecho de reparación integral de la víctima,
así como del debido proceso y del derecho de igualdad del tercero civilmente
responsable.
El representante legal de la
Universidad Popular del Cesar reclama por su parte una declaración de
constitucionalidad condicionada de la expresión que se acusa, en el sentido de
que la Corte establezca como única interpretación posible que la citación de la
aseguradora proceda desde el inicio del incidente y no esté ella facultada sino
obligada a asistir al mismo, previa la debida citación. Por su parte, el Fiscal
General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el representante del
Ministerio del Interior y de Justicia, estiman que la demanda no reúne las
características mínimas exigidas por el Decreto 2067 de 1991, art. 2º, num 2º y
desarrolladas por la jurisprudencia de esta Corporación, motivo por el cual
reclaman una sentencia inhibitoria.
3. Para atender las peticiones
anteriores, la Sala debe resolver previamente si se presenta el problema
reclamado de ineptitud sustantiva de la demanda (2.1.), asunto que una vez
resuelto, si hay lugar, exigirá delimitar los problemas jurídicos sustanciales
por absolver (3.) y los análisis que éstos ameritan (4.).
2.1. La solicitud de
declaración de ineptitud de la demanda
4. Tal como se acaba de reiterar,
en el concepto del Ministerio Público y en las intervenciones del Fiscal
General de la Nación y del representante del Ministerio del Interior y de
Justicia, se solicitó a la Corte que se inhibiera para dictar un fallo, por
ineptitud sustantiva de la demanda.
Al respecto es importante
mencionar, en primer lugar, que durante el trámite de admisión de la demanda,
el Magistrado sustanciador original, el Dr. Jaime Araújo Rentería, concluyó que
el escrito presentado por el actor no contenía razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes que le permitieran a la Corte desarrollar el examen
de constitucionalidad sobre la norma acusada. Por esa razón, en el auto del 30
de octubre de 2008 se inadmitió la demanda.
Mediante escrito recibido en esta
Corporación el día 7 de noviembre de 2008, el actor presentó las correcciones
con las que pretendía adecuar su demanda a los requerimientos señalados. En
vista de lo anterior, a través de auto de 25 de noviembre del mismo año, se admitió
la demanda de inconstitucionalidad y se dio inicio al proceso.
5. La Corte
halla razón a los intervinientes mencionados, en cuanto a la ineptitud de los
cargos expuestos por el actor relativos a la vulneración del principio de
igualdad y del derecho al debido proceso.
En relación
con el principio de igualdad, el actor se limita a expresar que la norma
establece un trato diferente para la compañía aseguradora y los terceros
civilmente responsables, y que es inadmisible que esa distinción se funde, bien
en el hecho de que las obligaciones de ellos para con la víctima tengan un
origen distinto, legal en el caso del  tercero civilmente responsable y
contractual en el caso de la aseguradora, o bien en la especialidad de los jueces.
Esta exposición no reúne los requisitos especiales que se exigen para la
presentación de este cargo. La Corte ha indicado en distintas ocasiones que la
sustentación del cargo de violación al principio de igualdad exige que el demandante
establezca de manera clara la situación de cada uno de los extremos que
compara, con el fin de poder constituir el tertium comparandis. Con base
en ello, el demandante debe expresar por qué, desde la perspectiva
constitucional, es imperativo que los dos grupos reciban el mismo trato. Como
se observa, la demanda sobre este punto no cumple con esos requisitos.
El cargo sobre
la violación del debido proceso tampoco es apto. El actor expone que este
derecho se vulnera porque el tercero civilmente responsable no puede llamar en
garantía a la entidad aseguradora, para que responda hasta el límite de la
póliza por los perjuicios ocasionados a la víctima. Esto significa, según el
demandante, que el tercero debe asumir el pago de la reparación - a pesar de
que muchas veces no tiene dinero y de todas las consecuencias que ello puede
generarle -, e intentar que la aseguradora le resarza el dinero que le
corresponda, en muchas ocasiones a través de otro proceso judicial. Lo primero
que debe expresarse acerca de este cargo es que él se funda en premisas y
situaciones que se pueden presentar a partir de la aplicación de la norma, lo
cual no se ajusta a la esencia de la acción pública de inconstitucionalidad. No
es ocioso reiterar que en esta acción se realiza un cotejo abstracto entre una
norma legal y las normas constitucionales, con independencia de los múltiples
eventos que pueden surgir en el marco de su aplicación. Pero, además, en este
punto no se observan argumentos de orden constitucional para atacar la exequibilidad
de la norma, más allá de la simple afirmación de que ella viola el debido
proceso.
6. Sin embargo, la Corte
considera que el cargo acerca de la violación de los derechos de las víctimas
sí es apto. Como bien lo ha expresado esta Corporación en distintas
oportunidades, en la Constitución se le brinda una especial atención a los
derechos de las víctimas. La norma acusada establece que las compañías
aseguradoras solamente asistirán al proceso penal para lo referido a la
conciliación contemplada en el art. 103, y siempre y cuando así lo soliciten la
víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable. Además,
consagra que la aseguradora está facultada para decidir si asiste a la
conciliación. De esta manera, de lo que se trata es de establecer si la norma
constituye una barrera para que los jueces penales puedan cumplir con su
función de “disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a
los afectados con el delito”, tal como lo prescribe el numeral 6 del artículo
250 de la Constitución, y si ella también vulnera la obligación fijada a la ley
en el numeral 7 del mismo artículo 250 de fijar “los mecanismos de justicia
restaurativa.” Por eso, no obstante su redacción, ha de concluirse que el
escrito de demanda sí es apropiado en este punto, pues con tales argumentos
expone un cargo claro, preciso, específico y pertinente de inconstitucionalidad
que la Corte debe resolver.
7. Por lo tanto, la Corte se pronunciará únicamente frente al cargo de
violación del art. 250, numerales 6º y 7º de la Constitución, en lo relativo a
la acusación acerca de la vulneración de los derechos de las víctimas de los
delitos.
3. Problema Jurídico
8. Determinada la aptitud de la
demanda para el cargo arriba indicado, de conformidad con lo solicitado por el
actor, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico:
Citar exclusivamente para efectos de conciliación al asegurador de la
responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente
celebrado, y que éste cuente con la facultad –que no obligación- de participar
en dicha conciliación, ¿atentan contra lo establecido en los numerales 6º y 7º
del art. 250 de la Constitución, al representar una negación del deber de
protección de los derechos de reparación integral de las víctimas en cuanto
mecanismo de la justicia restaurativa? En otros términos, ¿se violan los
numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución política por la norma que
permite que se cite a una aseguradora de responsabilidad en el incidente de
reparación integral en el proceso penal, exclusivamente para efectos de la
conciliación y dándole la facultad de asistir o no sin que por demás se generen
consecuencias jurídicas en su contra?
9. A fin de analizar dicho cargo, procederá la Corte a estudiar los siguientes puntos: En primer
lugar, efectuará una lectura del contenido del precepto acusado, a fin de
determinar su alcance y significado (apartado 3.1.) y en segundo, procederá a
establecer los elementos de juicio que debe reunir para la solución del cargo
en concreto (3.2.).
3.1. Análisis del art. 108 CPP
10. Como reiteradamente lo ha
sostenido esta Corporación, no le corresponde a la Corte Constitucional
establecer el contenido normativo de las disposiciones de carácter legal, pues
esta es función de los jueces ordinarios en el marco de sus competencias en la
aplicación de las leyes. Sin embargo, en algunas ocasiones, como ocurre en este
asunto, el problema jurídico planteado en la demanda obliga a desentrañar
correctamente el entendimiento que debe dársele a la norma acusada, máxime si,
como lo enunció el Ministerio Público y la propia Fiscalía , pareciera que el
actor atacara una interpretación que de la misma puede darse.
11. Con este objeto, se revisan primero
los antecedentes legislativos, a fin de establecer cuál ha sido el propósito
específico del Legislador al ordenar lo que allí aparece dispuesto (3.1.1). Este
análisis será seguido del estudio tanto de la remisión que el precepto hace al
art. 103 CPP como de esta disposición en el contexto del incidente de
reparación integral (3.1.2.). A continuación se establecerá el significado de
los sujetos legitimados para solicitar la citación del asegurador y de la
precisión sobre el “contrato de seguro válidamente celebrado” (3.1.3.).
Posteriormente se estudiará la “facultad” que es reconocida al asegurador de
participar en la conciliación durante el incidente en comento (3.1.4.), para
así extraer algunas conclusiones parciales (3.1.5.). Y con base en éstas, se
estudiará la integración normativa necesaria para el análisis de fondo del asunto
(3.1.6.).
3.1.1. Los antecedentes
legislativos del art. 108 CPP
12. En los orígenes del proyecto
de Código de Procedimiento Penal sometido al Congreso, la intervención del asegurador
no estaba prevista. Esto se observa en el Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley
01 de 2003 Cámara, contenido en la Gaceta del Congreso No. 564,
de 31 de octubre de 2003, así como en el Texto aprobado en Comisión, publicado
en la Gaceta del Congreso 89 de 25 de marzo de 2004.
Fue en el Informe de Ponencia para Segundo Debate al proyecto,
publicado en la Gaceta del Congreso 104 de 26 de marzo de 2004, donde se
introdujo la discusión sobre el llamamiento en garantía, señalado por
los congresistas de la siguiente manera:
“Incidente de reparación integral.
“En desarrollo de la nueva concepción
que introduce el nuevo sistema penal acusatorio, la parte civil como se conocía
dentro del sistema inquisitivo y mixto, desaparece para darle vida a una nueva
figura, el incidente de reparación integral, el cual básicamente consiste en
que una vez anunciado el sentido del fallo, la víctima, el fiscal o el
ministerio publico podrán solicitar al juez la iniciación del incidente con el
cual se busca reparar los daños causados con la conducta delictiva, a través de
una audiencia pública en la que el juez determinará la procedencia de la
pretensión, si se da el caso del llamamiento en garantía debe escucharse a este
con el único fin de que actúe dentro del mismo para establecer el monto de la
pretensión del incidentante, y en el caso del tercero civilmente responsable se
hace remisión a la normatividad civil, luego de ello y en caso afirmativo
citará a los intervinientes para que comparezcan a audiencia de conciliación,
si no prosperare esta, el juez dictará fallo, en el cual se determinara la
tasación del daño o perjuicio”.
Y con base en lo anterior, se propone:
“… un articulado en el que se consagra
la figura del tercero civilmente responsable y del llamamiento en garantía.
Dentro del actual sistema penal se establece la satisfacción que debe recibir
la víctima por el ilícito padecido, tanto así que dentro de los derechos de
esta, se le ha establecido (artículo 11 literal c) el de recibir de una manera ‘pronta
e integral reparación a los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del
injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código’.
Por esto debe permitirse la participación de terceros en la etapa respectiva
(incidente) con el único fin, y desde que manifiesten aceptar la respectiva
obligación de indemnización, para que sean tenidas en cuenta sus apreciaciones
para fijar el monto de la pretensión del inidentante (sic)”.
Fruto de tal
discusión, se introducen estos artículos con el siguiente contenido:
“9. Artículo 106B. Tercero
civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder
por el daño causado por la conducta del condenado.
El tercero civilmente
responsable podrá ser citado al incidente de reparación integral a solicitud de
la víctima, del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la
audiencia que abra el trámite del incidente.
10. Artículo 106C. Llamamiento en garantía. La víctima, el condenado o su defensor podrán pedir durante el
trámite del incidente el llamamiento en garantía del asegurador mediante la
correspondiente citación. En este caso el llamamiento se realizará sobre la
base de la existencia de un acuerdo por parte del llamado para asumir el pago
conforme a su garantía, y con el único fin de que participe, con los mismos
derechos del condenado, en la determinación del monto de la pretensión del
incidentante”.
Estas dos nuevas disposiciones fueron aprobadas por la Cámara, según se
aprecia en el Texto definitivo al proyecto, Gaceta del Congreso No. 167 del 4
de mayo de 2004. De ellas se desprende que, por una parte se configuraba un
tratamiento diferenciado entre el tercero civilmente responsable y la
aseguradora. Por otra, en lo que tiene que ver con esta última, su intervención
podía operar sólo cuando extra juicio, se hubiese alcanzado un acuerdo previo
con la compañía respectiva para asumir el pago basado en la póliza suscrita. De
este modo, se trataba de un llamamiento en garantía sui generis, como
quiera que la citación al incidente de la aseguradora tenía por único propósito,
no discutir su obligación, sino fijar el monto de la pretensión por cubrir.
13.
Pero el momento neurálgico del procedimiento legislativo en el que aparece el
texto de la disposición objeto de revisión, es el debate de la Comisión del
Senado, contenida en la Gaceta del Congreso No. 377 de 23 de julio de 2004. Es
aquí cuando se propone eliminar la figura del llamamiento en garantía, bajo el
entendido de que “terminaría
el juez penal resolviendo un asunto civil entre el responsable y su asegurador,
entonces no es bueno llamarlo en garantía, si no simplemente citarlo para que
intervenga en la audiencia de conciliación y ya por aparte el arreglará su tema
de su seguro con la persona que aseguró”[1].
Por ello, se incluye la “Proposición número 167”, aprobada por unanimidad, con la que se modifica el artículo, ya para entonces numerado como 108 del
Proyecto y cuyo texto es, punto a punto, el del actual art. 108 CPP. Esta
proposición nuevamente se argumenta en el Informe de Ponencia para Segundo debate ante la
plenaria del Senado, publicado en la Gaceta del Congreso No. 248 de 4 de junio
de 2004, dando lugar a su aprobación, junto con la totalidad del articulado, en
sesión plenaria de 9 de junio de 2004, Gaceta del Congreso No. 273 de 11 de
junio de 2004.
14. Del recuento que precede sobre los antecedentes legislativos de la
disposición bajo análisis, se aprecia con nitidez que el art. 108 CPP quedó
dispuesto por el legislador de este modo: la participación del asegurador no se
enmarca dentro de la figura del llamamiento en garantía, es facultativa y lo
más importante, la decisión del juez penal que conoce del incidente de
reparación integral, puede vincularlo si y sólo sí tal resultado se desprende
de la conciliación a la que ha llegado con las otras partes e intervinientes.
En los demás casos, la inasistencia del asegurador, o su falta de voluntad
conciliatoria, impiden vincularlo en la decisión que pone fin al incidente.
Dicho de otro modo, el asegurador sólo es vinculado por las resultas del
incidente de reparación integral en la medida en que voluntariamente hubiere
querido asistir a la conciliación y de la misma forma hubiere conciliado. En
caso contrario, dicho incidente no lo vincula.
3.1.2. El carácter exclusivo
de la citación para conciliar y la remisión al art. 103 CPP .
15. La conclusión a la que se llega con base en el estudio de los
antecedentes legislativos de la disposición, se refuerza con la interpretación
gramatical sobre la voz con que se inicia el precepto y según la cuál, se podrá
pedir la citación del asegurador “Exclusivamente para los efectos de la conciliación de que trata el
art. 103”.
Este adverbio masculino, “exclusivamente”, significa “con exclusión”,
“sola, únicamente”[2]. Y si el adverbio se integra a todo el enunciado, es
posible entender que con exclusión de cualquier otro acto procesal y sólo,
únicamente para los efectos de conciliar, algunos sujetos legitimados pueden pedir la
citación del asegurador de la responsabilidad civil al incidente de reparación
integral.
16. Dicha exclusividad requerida
por el art. 108 CPP, es predicable de la conciliación de la que se ocupa el
art. 103 CPP[3]. Esto impone determinar
cuál es el alcance de dicha remisión y por tanto, cuáles son los efectos únicos
para los que se puede citar al asegurador.
La revisión del art. 103 CPP, deja
ver que el legislador, dentro del incidente de reparación integral, previó a la
conciliación como mecanismo de justicia restaurativa (art. 521 CPP)[4].
Sin embargo, dicha conciliación puede presentarse en dos oportunidades,
dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de los acuerdos a que
lleguen los interesados.
Así una primera oportunidad de
conciliación tiene lugar en la audiencia pública con la que se da inicio al
incidente de reparación, la cual es convocada por el juez de conocimiento una
vez abierto el incidente por solicitud de la víctima, o del fiscal o del
Ministerio público a instancia de ella (art. 102 CPP[5]).
En dicha audiencia, el incidentante formula oralmente su pretensión, expresando
la forma de reparación a la cual aspira e indicando las pruebas que pretende
hacer valer. Acto seguido, el juez debe examinar el contenido de la pretensión
y verificar si quien la promueve se encuentra o no legitimado para ello. En el
caso de ser admitida la pretensión, el juez la pone en conocimiento del
declarado penalmente responsable, ofreciendo la posibilidad de llegar a una
conciliación; si ella prospera dará por terminado el incidente “y lo allí
acordado se incorporará a la sentencia” (art. 103 CPP).
La otra
oportunidad de conciliación se presenta, según el art. 103 CPP infine,
cuando no se logre acuerdo en la primera, lo cual determina que el juez fije una
nueva audiencia, dentro de los 8 días siguientes, para intentar otra vez la conciliación,
“y de no lograrse el declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus
propios medios de prueba”.
Esta segunda ocasión
para conciliar se retoma en el art. 104, inciso 1o del CPP, conforme al cual,
el día y hora señalados “el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con
una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su
contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la
práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus
pretensiones”.
¿Cuál es entonces
la oportunidad a la que remite el art. 108 CPP y para cuyos efectos exclusivos
se cita al asegurador de la responsabilidad civil  amparada en virtud de
contrato de seguro válidamente celebrado?
A juicio de la Corte
pueden ser las dos, aunque será de modo ordinario la segunda en mención, y sólo
extraordinariamente, la primera que inicia la audiencia de apertura.
Y ello, por las
siguientes razones:
Porque
sólo hasta la primera audiencia, los legitimados para solicitar la apertura del
incidente formulan la pretensión de reparación y las pruebas en su favor (art.
103 CPP, inc 1º). Es allí cuando el condenado conoce qué habrá de reparar
civilmente así como lo que el incidentante reclama como reparación integral. Es
igualmente en esta oportunidad, al menos en su parte indemnizatoria, cuando el
mismo condenado hallará fundamento para responder civilmente por medio de un
contrato de seguro válidamente celebrado, que cubra el daño causado por el
delito del que ha sido declarado responsable.
Bajo
este supuesto, no resulta plausible pensar en un acuerdo conciliatorio entre el
incidentante y el condenado para cubrir la reparación pecuniaria a través del
contrato de seguro exhibido en la primera audiencia de conciliación y
reconocido como base del acuerdo, como quiera que la aseguradora no ha podido
participar ni intervenir en éste. Se admitiría sólo en el extraño caso en el
cual, con anterioridad a la primera audiencia de conciliación, el declarado
penalmente responsable advirtiera a su aseguradora, sin conocer aún el alcance
de las pretensiones de la víctima, para que asistiera a la misma. Al contrario
puede inferirse, que en caso de existir dicho contrato de seguro suscrito por
el condenado, éste deba ponerlo de presente en la audiencia inicial, con el
objeto de que el juez cite a la compañía de seguros para la segunda audiencia, a
fin de alcanzar a una conciliación.
Sin embargo, excepcionalmente,
por economía procesal, cuando se convoque a la primera audiencia (art. 102
CPP), la víctima o el declarado penalmente responsable o su defensor, podrían solicitar
al juez que la citación se extienda a la aseguradora, con el fin de buscar la
conciliación con ella. Llamado que por lo demás se encuentra posible e incluso
deseable, en caso de que sea evidente, al menos para uno de los directamente
interesados, que la reparación pecuniaria que se pretende, puede ser cubierta
con un contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente celebrado. Pero,
como se ha anotado, por la dinámica del incidente, esta opción no será de fácil
ocurrencia.
De otra parte, también resulta
claro que, por lo general, la oportunidad conciliatoria de que trata el art.
108 CPP sea la segunda a la que se refiere el art. 103, porque el tercero
civilmente responsable según el art. 107 CPP infine sólo puede ser
citado en la audiencia que abre el trámite del incidente, de modo que, si es él
quien pretende asumir la responsabilidad civil derivada del delito mediante un
contrato de seguro, la única opción que tiene para reclamar la presencia del
asegurador con quien lo ha suscrito, es precisamente esa segunda audiencia a la
que el mismo tercero civilmente responsable ha sido convocado.
17. En
definitiva, lo que establece el art.108 CPP en su primera proposición, es que
la citación de la aseguradora al incidente de reparación integral, tiene como
finalidad única o exclusiva el convocarla para conciliar, opción ésta que puede
ocurrir en alguna de las dos oportunidades previstas en el art. 103 CPP, siendo
más común la segunda.
3.1.3.
Los sujetos legitimados para la citación del asegurador y la condición para solicitarla
18. Ninguna
duda ofrece la precisión del art. 108 CPP sobre los sujetos legitimados para solicitar
la citación de la compañía aseguradora y que son tanto la víctima como el
condenado, su defensor y el tercero civilmente responsable.
Lo que
sí hay que precisar es el condicionamiento según el cual el asegurador cuya
convocatoria se pide, no es otro que el “de la responsabilidad civil amparada
en virtud de contrato de seguro válidamente celebrado”.
19. Para
los efectos de sentar la interpretación con base en la cual se efectuará el
control de constitucionalidad sobre la disposición por el cargo admitido, la
Corte encuentra que dicha expresión supone para el solicitante (que puede ser
la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable) una
carga probatoria mínima de la existencia del contrato válidamente celebrado y con
la cual, el juez pueda constatar que efectivamente el asegurador citado ha
constituido una relación contractual que asegura la responsabilidad civil, con
identificación de los elementos esenciales del contrato de seguro[6],
y en los que se evidencia que el riesgo que cubre, al menos en principio, se
identifica con el daño causado por el delito que se imputó en el proceso penal.
El
contrato de seguro de responsabilidad civil aparece definido en el artículo
1127 del Código de Comercio, subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990,
como aquel que “…impone a cargo del asegurador la obligación de
indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de
determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como
propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye
en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que
se le reconozcan al asegurado”.
Se debe
entender que la prueba establecida para acreditar el contrato válidamente
celebrado, no es otra que la misma reconocida por la ley sustancial que regula
la materia, a saber el art. 3º de la Ley 389 de 1997, por medio de la cual se modificó
el art. 1046 del C.Co. y según el cual, “el contrato de seguro
se probará por escrito o por confesión”.
Esto
significa que la forma de demostrar la existencia de un contrato de seguro será
tanto la póliza, prueba por excelencia del mismo, como cualquier otro documento
escrito que contenga cuando menos el interés asegurable, el riesgo, la prima y
la obligación del asegurador. Es decir, un documento en el que aparezcan con
claridad los elementos que tipifican el contrato. También puede emplearse como
prueba del contrato la confesión, cuyos requisitos deben ser los establecidos
en el Código de Procedimiento  Civil y cuyo contenido debe ofrecer igualmente la
certeza sobre la existencia de los elementos esenciales del seguro de
responsabilidad civil.
Es
evidente que la prueba del contrato válidamente celebrado se convierte en una
condición esencial para reclamar la presencia del asegurador en el incidente.
Por ello, resulta importante contar con la mayor diligencia y probidad por
parte del asegurador y del tomador, del asegurado, así como de la
Superintendencia Financiera como ente que representa importantes funciones
constitucionales (art. 189, num 24, 335 CP), para facilitar la información
necesaria con la que se haga posible demostrar la existencia del contrato de
seguro válidamente celebrado y pueda así cumplir su finalidad en el incidente
de reparación integral de la víctima del delito, por ser ésta la beneficiaria
del riesgo asegurado[7].
3.1.4.
La facultad del asegurador de participar en la conciliación para la cual ha
sido citado
20. Aunque
del estudio de los antecedentes legislativos del art. 108 CPP y de su análisis
gramatical se ha podido desprender con claridad, que la participación del
asegurador en el incidente de reparación integral es voluntaria, conviene verificar
si tal conclusión resulta consistente con la interpretación sistemática del
precepto dentro de la ordenación general del incidente que trae el CPP.
Desde
el apartado 3.1.2. se han podido identificar los momentos procesales en los que
el asegurador puede ser citado y concurrir para conciliar dentro del incidente
de reparación integral. Lo que resulta ahora necesario es determinar si existe
alguna disposición que regle el mencionado incidente y que permita identificar
con mayor precisión el sentido con el cual el legislador le ha reconocido a la
compañía aseguradora de responsabilidad civil “la facultad de participar en
dicha conciliación”.
A ese
propósito se observa que en el parágrafo del art. 104 CPP[8],
se establecen las consecuencias de la inasistencia a las audiencias del trámite
incidental.  En lo que tiene que ver con la víctima cuando es la solicitante,
su ausencia injustificada “implicará el desistimiento de la pretensión, el
archivo de la solicitud y la condenatoria en costas”. Para el declarado
penalmente responsable, acarrea la recepción de la prueba ofrecida por los presentes,
como base para la resolución del incidente. Y como un elemento dispositivo
adicional que refuerza el alcance de tales consecuencias jurídicas, el
parágrafo concluye estableciendo que, “Quien no comparezca, habiendo sido
citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del
incidente”.
21. Este
último aparte del parágrafo del art. 104 CPP fue demandado y su
constitucionalidad quedó confirmada en la sentencia C-423 de 2006. En dicho
asunto, de conformidad con las súplicas del actor, el Ministerio público y los
intervinientes, fueron establecidos como problemas jurídicos por resolver,
entre otros, los siguientes:
“… b. Si
se vulnera o no el derecho de defensa (art. 29) del tercero civilmente
responsable y de las compañías aseguradoras que, a pesar de no haber sido
citados a lo largo de la investigación, no comparecen a la audiencia dentro del
incidente de reparación integral y por lo tanto quedan vinculados y deben
adoptar la decisión que allí se tome.
“Para tales efectos, la Corte … (iii) establecerá si
el legislador puede o no disponer la vinculación a la decisión del incidente de
reparación integral al tercero civilmente responsable que, habiendo sido
citado, no compareció a la respectiva audiencia” (subraya fuera de texto).
No pasa
inadvertido que en la concreción del problema jurídico transcrito, la Corte planteó
la cuestión sobre la posible vulneración que podría suponer la expresión del
parágrafo del art. 104, infine, frente al derecho de defensa tanto del
tercero civilmente responsable como del asegurador. Sin embargo, en el
desarrollo de las consideraciones y argumentos de los que se sirvió el Juez constitucional
para declarar la exequibilidad de la norma, no se volvió a hacer referencia a
este último.
En
efecto, cuando valoró el cargo en cuestión se indicó en la sentencia:
“La expresión demandada simplemente establece, en
relación con el tercero civilmente responsable, un efecto jurídico lógico a su
incumplimiento injustificado de asistir a la audiencia de pruebas y alegaciones
que tiene lugar en el curso del incidente de reparación integral de perjuicios,
consecuencia consistente en que, una vez recibida la prueba ofrecida por los
presentes, ‘con base en ella, se resolverá’ Adviértase entonces que no
se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente
responsable, como quiera que el mismo debe ser debidamente citado para que
compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia
injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa,
se insiste, en relación con aspectos meramente económicos. De allí que, aceptar
los argumentos del demandante conduciría a que, en la práctica, la no presencia
consciente del tercero civilmente responsable le impediría al juez de
conocimiento pronunciarse de fondo en relación con la reparación de las
víctimas.
“En este orden de ideas, la Corte declarará exequible
la expresión ‘Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida,
quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente’, del
parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado”.
Con
base en lo anterior, en la parte resolutiva de la providencia, quedó
consignado:
“Segundo.-
Declarar exequible la
expresión “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida,
quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente”, del
parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado”.
22. Cabe
preguntar entonces, si el alcance interpretativo que se dio a la proposición en
comento, incluyó o no a la compañía aseguradora, pues la respuesta que se de a
dicho interrogante resulta esencial para determinar el sentido que debe darse
al art. 108 CPP infine cuando reconoce a aquella la “facultad” de
participar en la conciliación.
A
juicio de la Corte, aunque en la sentencia C-423 de 2006 las aseguradoras
quedaron comprendidas dentro del problema jurídico por resolver, lo cierto es
que la ratio decidendi, la subregla constituida en la providencia y en la
resolución correspondiente y que responde a la pregunta indicada, sólo hizo alusión
al tercero civilmente responsable, que en este caso, debe entenderse como un
sujeto distinto de la aseguradora, pues tal diferenciación ha sido establecida
por el Legislador para esta materia en particular y esa determinación,
siguiendo las reglas de hermenéutica jurídica, debe ser tenida en cuenta por el
intérprete (lex specialis derogat legi generale, art. 3º Ley 153 de
1887)[9].
Por
tanto, la interpretación de la proposición jurídica según la cual el asegurador
citado a la conciliación dentro del incidente de reparación integral tendrá “la
facultad de participar” en ella representa prima facie el “poder,
derecho para hacer algo”[10], esto es, un derecho de
libertad tanto positiva como negativa, de hacer como de no hacer. Y en ese
tanto, también prima facie, no le es aplicable la norma contenida al
final del parágrafo del art. 104 CPP, pues derivado de su libertad negativa, su
inasistencia a la audiencia de conciliación a la que ha sido debidamente
citado, no lo puede vincular a los resultados de la decisión del incidente.
Para corroborar esta afirmación,
se reitera que según lo dicho anteriormente, la no obligación de la aseguradora
para comparecer al incidente explica que, si bien en la sentencia C-423 de 2006
referida se planteó en el problema jurídico, difícilmente podría ser cobijada
en la ratio decidendi y en la parte resolutiva de la misma, precisamente
porque su comparecencia, a la luz del art. 108 CPP en análisis, no es
obligatoria.
3.1.5.
Conclusiones sobre el contenido del art. 108 del CPP.
23. Conforme
lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que el art. 108 CPP, establece que:
i) El
asegurador del contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente
celebrado puede ser citado en el incidente de reparación integral bien sea
(excepcionalmente) para la primera audiencia de conciliación, bien sea (de
ordinario) para la segunda.
ii) La solicitud
de citación puede provenir de la víctima, el condenado o su defensor, o del
tercero civilmente responsable, con el objeto de que con él se cubra la
indemnización pedida como todo o como parte de la reparación integral.
iii) Para
que la citación sea procedente, es necesario que el contrato de seguro haya
sido suscrito por el condenado o por el tercero civilmente responsable como
tomadores o asegurados, y que su objeto consista en cubrir el daño causado por
el delito probado e imputado en el proceso.
iv) La
petición para que la aseguradora asista a la conciliación dentro del incidente,
procede cuando se acredite prueba sobre la existencia del contrato de seguro celebrado
con ella para los efectos de compensar los posibles daños causados a un
beneficiario, que es la víctima dentro del proceso penal concluido.
v) La citación
tiene por finalidad exclusiva convocar al asegurador para la
conciliación, que de no alcanzarse por ausencia de voluntad de éste, o por no
acudir a la audiencia respectiva a la que ha sido citado, imposibilita vincularlo
a la decisión final del incidente, pues de manera expresa el legislador ha
dispuesto su facultad o libertad de participar o no participar en ella.
3.1.6. Integración normativa
24.
Establecido el sentido y alcance del art. 108 CPP, se evidencia que el cargo de
inconstitucionalidad admitido se dirige en verdad contra dos enunciados del
precepto acusado, uno de los cuales no ha sido señalado por el demandante. Es
decir que, si bien es cierto el actor acusó una expresión normativa que puede
originar un debate y poseer una relevancia constitucional en lo que tiene que
ver con la protección de las víctimas en el sistema penal, también es cierto que
los alcances del mismo, se completan con la última proposición normativa del
art. 108 CPP.
Por esa
razón, antes de continuar con el análisis de constitucionalidad correspondiente,
la Sala considera necesario estudiar en este momento, si es pertinente integrar
la unidad normativa con apartes de la disposición estrechamente vinculados con
el problema jurídico, pero que no han sido acusados de manera expresa por el
demandante.
25. En
múltiples oportunidades[11], esta Corporación ha
señalado que la correcta interpretación de la facultad que le otorga el
artículo 6º inciso 3º del Decreto 2067 de 1991[12], en el sentido de
integrar la unidad normativa en la sentencia, corresponderá a situaciones
excepcionales, restringidas y necesarias, pues debe diferenciarse con claridad
el control de constitucionalidad oficioso y el que se adelanta por vía de
acción pública, caso este último en el cual, en principio, la competencia del
juez constitucional está circunscrita a las normas demandadas en debida forma
por los ciudadanos.
26. No obstante, siguiendo el
propósito de promover el derecho de acción de los ciudadanos y,
particularmente, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, la Corte Constitucional ha ampliado el margen de control inicialmente
propuesto por el demandante para así evitar la emisión de fallos ineficaces o
insustanciales, así como para garantizar la protección del principio de
supremacía constitucional. De este modo, en reiterada jurisprudencia ha
reconocido las condiciones o circunstancias en las cuales resulta admisible,
por razones de unidad normativa, incorporar al proceso de constitucionalidad
normas no demandadas.
Conforme a la reiterada sentencia
C-539 de 1999:
“En primer lugar, procede la integración de la unidad
normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no
tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y
aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo
con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario
completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo
inhibitorio”[13].
“En segundo término, se justifica la configuración de
la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada
se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron
demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad
resulte inocuo”.
“Por último, la integración normativa procede cuando
pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada
se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera
vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda
la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de
dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una
estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad
normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista,
aparentemente inconstitucionales.  A este respecto, la Corporación ha señalado
que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual
forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una
dudosa constitucionalidad”[14].
27. Ahora
bien, en lo referente a la primera condición, debe tenerse en cuenta que no
siempre que se demandan fragmentos normativos, se enfrenta el juez
constitucional ante una proposición jurídica incompleta. Pero al mismo tiempo,
aunque una expresión resulte desde el punto de vista semántico y de la sintaxis
clara y unívoca, puede ocurrir que tales condiciones no resulten predicables
desde el razonamiento en Derecho. Por ello se precisaba en la sentencia C-544
de 2007, que cuando se acusan segmentos de una disposición, es indispensable
tener en cuenta dos aspectos:
“De un lado, que lo acusado presente un contenido
comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado con los
postulados y mandatos constitucionales[15], pues “las expresiones
aisladas carentes de sentido propio que no producen efectos jurídicos solas o
en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son
constitucionales ni inconstitucionales”[16]. De otro lado, que los
apartes normativos que no son demandados y, por ende, no son objeto de
pronunciamiento de la Corte, mantengan la capacidad para producir efectos
jurídicos y conserven un sentido útil para la interpretación y aplicación
normativa. Por ello, la Corte dijo que en aquellos casos en los que ‘la
disposición se encuentra en relación inescindible de conexidad con los apartes
demandados, de suerte que en caso de que la Corte decidiera declarar
inexequibles los apartes acusados, perdería todo sentido la permanencia en el
orden jurídico’[17], también procede la
integración de la unidad normativa. De esta forma, se preserva la seguridad
jurídica y el principio de obligatoriedad normativa según el cual toda regla de
derecho es imperativa y de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios y,
mientras se encuentre en el ordenamiento jurídico, debe producir los efectos
jurídicos que consagra”
En el mismo sentido se observó en
la sentencia C-560 de 1997[18]:
"Ya ha avanzado la Corte en la doctrina según la
cual, cuando los apartes demandados de un precepto legal se hallan íntima e
inescindiblemente unidos a fragmentos o partes no acusados, de tal manera que
entre sí todos configuran una proposición jurídica cuya integridad produce unos
determinados efectos y sólo es susceptible de comparar con la Constitución en
cuanto tal, puede el juez constitucional extender el alcance de su fallo a las
partes no señaladas por el actor, con el propósito de evitar que, proferido
aquél apenas parcialmente, se genere incertidumbre colectiva acerca del
contenido armónico e integrado de la norma legal materia de análisis.
Eso implica que la Corte Constitucional, en el
ejercicio de su función, confronte normas completas, con alcances definidos,
impidiendo que la acción ciudadana, ejercida selectivamente sobre ciertos
textos, desvirtúe el sentido exacto de la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, bajo un cierto designio del actor o, por inadvertencia de
éste, con el resultado de hacer que el precepto, según el sentido del fallo,
presente un contenido incoherente o inaplicable"[19].
28. Y en efecto, cuando la demanda
centra el cargo de inconstitucionalidad aquí recogido en el tratamiento con que
se ordena la participación de la aseguradora en el incidente de reparación
integral y en las consecuencias que dicha ordenación produce sobre los derechos
de las víctimas, no se puede entender que sólo está formulando acusación contra
el segmento destacado por el actor. Es decir, que la participación voluntaria
de la aseguradora sólo para los efectos de la conciliación prevista en el
incidente de reparación integral, proviene tanto de la expresión “Exclusivamente
para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”, como del predicamento final del art. 108 CPP que establece: “quien tendrá la facultad de
participar en dicha conciliación”.
En otros términos, desde la
perspectiva del problema jurídico por atender en este asunto, la pregunta sobre
la posible violación de los numerales 6º y 7º del art. 250 de la Constitución
política, por permitir que la citación de la aseguradora de la responsabilidad
civil del contrato de seguro válidamente celebrado opere únicamente para
efectos de la conciliación y sobre la base de su facultad o libertad positiva y
negativa de participar en ella, sólo puede ser absuelta de manera integral,
lógica y consecuente, si se integra la proposición jurídica demandada en los
términos expuestos, por constituir una unidad normativa.
Como quiera que en este caso se presenta una relación
inescindible entre ambos apartes, no sólo porque así se desprende del problema
jurídico propuesto por el demandante, sino porque la interpretación del art.
108 CPP lleva a dicha conclusión, a fin de evitar una decisión carente de
sentido y que genere incertidumbre colectiva acerca del contenido
armónico y completo de la ordenación legal materia de análisis, la Corte
integrará la proposición jurídica aludida en los términos señalados. Por lo
mismo, efectuará el estudio del problema jurídico sobre lo que ambas ordenan:
la ocasión y condición en que participa la aseguradora en caso de ser citada al
incidente de reparación integral.
29. No
ocurre lo mismo frente al segmento intermedio, conforme al cual “la víctima,
el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la
citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del
contrato de seguro válidamente celebrado”. En este, aunque se regula otro
elemento de la participación del asegurador en el incidente, el aspecto allí
tratado hace referencia a las personas o sujetos procesales legitimados para
solicitar la citación de aquél, asunto diferente, divisible o separable de los
que conforman el problema jurídico propuesto.
30. Para
efectos de claridad, se precisa entonces que por virtud de la integración de la
unidad normativa señalada, según las razones aquí expuestas, se entienden como
apartes demandados del art. 108 CPP, los siguientes que aparecen resaltados:
ARTÍCULO
108. Citación del asegurador. Exclusivamente para efectos de la conciliación
de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el
tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la
responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente
celebrado, quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación.
De este
modo, el problema jurídico propuesto podrá ser atendido cabalmente, en tanto el
mismo se reconoce plenamente en la proposición jurídica que se viene de
integrar o completar.
3.2. Análisis
del cargo sobre la presunta vulneración del derecho de reparación integral de
las víctimas
31.
Reconocida la proposición jurídica completa y definido el contenido del
artículo 108 CPP, conforme a su interpretación histórica, gramatical y sistemática,
es procedente examinar, ahora sí, el cargo sustancial de inconstitucionalidad
seleccionado.
Como se
indicó en el numeral III de la presente sentencia, el demandante alega la inexequibilidad
de la disposición objeto de demanda, por derivarse de ella la vulneración del
derecho de reparación integral amparado por la Constitución en el art. 250
numerales 6º y 7º CP.
Con el objeto de estudiar dicho
cargo, procede la Corte a analizar el valor que la reparación integral posee en
el sistema penal colombiano (3.2.1.), así como el alcance del poder de
configuración legislativa sobre la reparación, las formas y procedimientos para
su reclamo y recaudo (3.2.2.), el significado del incidente como instancia de
reparación integral de la víctima y la conciliación dentro de aquél como
manifestación de la justicia restaurativa (3.2.3.), el valor de la
indemnización pecuniaria dentro del concepto de reparación integral (3.2.4.) y,
finalmente, la función social que cumple en este contexto, el contrato de
seguro de responsabilidad civil (3.2.5.). Elementos de juicio que permitirán determinar
si la forma como el legislador ha establecido la posible participación del
asegurador en el incidente de reparación integral, respeta o no el orden
constitucional.
3.2.1. La
reparación integral de la víctima en el sistema penal colombiano
32. Más
allá de la punición del delito o la rehabilitación del condenado, uno de los
principales aportes del constitucionalismo al sistema penal  ha sido reforzar
como bien jurídico por proteger, los derechos de la víctima, sujeto a quien el
delito ha afectado lesivamente y a quien el Estado debe cuidar a través del
establecimiento de las garantías sustanciales y formales que velen por su
reparación integral. Tal vocación garantista se observa desde los pronunciamientos
de la Corte sobre el procedimiento penal anterior[20],
en los debates y discusiones constituyentes que sirvieron de base a la reforma
constitucional plasmada en el Acto Legislativo No. 03 de 2002[21],
en este mismo[22], y también
en los trabajos de la Comisión encargada de presentar el proyecto de ley de
desarrollo[23], así como en
las interpretaciones que la Corte ha dado a la propia Ley 906 de 2004. De los
datos anteriores se infiere que la salvaguarda de la víctima y su reparación
integral, son objetivos esenciales del sistema penal colombiano.
Sobre
este particular da buena cuenta la sentencia C-823 de 2005[24],
cuando señaló sobre “los derechos de las víctimas en la Constitución y el
fundamento de la obligación de reparar  el daño causado con el delito”:
“… en un Estado Social de Derecho y en una democracia
participativa (artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito
resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el Constituyente elevó a
rango constitucional el concepto de víctima. Al respecto cabe recordar que el
numeral 4 del artículo 250 Superior antes de su reforma por el Acto Legislativo
03 de 2002, señalaba  que el Fiscal General de la Nación debía ‘velar por la
protección de las víctimas’. Además, el numeral 1 del mismo artículo decía  que
deberá ‘tomar las  medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del
derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito’.
Actualmente en dicho artículo 250 se señala que en ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá: ‘1.Solicitar al juez que ejerza las
funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas’. Así mismo
según el numeral seis deberá ‘Solicitar ante el juez de conocimiento las
medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo
que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito’. El mismo artículo señala  en el numeral 7 que
deberá : ‘Velar por la protección de las víctimas’, los jurados, los
testigos y demás intervinientes en el proceso penal” al tiempo que señala que ‘la
ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso
penal y los mecanismos de justicia restaurativa’ Es decir que con dicho
Acto Legislativo el énfasis dado a  los derechos de las víctimas resulta
evidente. (subrayas en el texto original)”.
33. Pero
hay que decir además que el fundamento de la protección celosa de las víctimas
y de su reparación integral, siguiendo reiterada jurisprudencia[25],
tiene un soporte constitucional no sólo en las disposiciones que contemplan las
funciones y competencias de la Fiscalía General de la Nación (art. 250, 6º y
7º) en su redacción proveniente de las modificaciones introducidas mediante el
Acto Legislativo No. 3 de 2002, sino también en la dignidad humana y la
solidaridad como fundamentos del Estado social del Derecho (art. 1º), en el fin
esencial del Estado de hacer efectivos los derechos y dar cumplimiento al deber
de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo (Preámbulo y art.
2°), en el mandato de protección de las personas que
se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), en disposiciones
contenidas en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad o
que sirven como criterio de interpretación de los derechos (art. 93)[26],
en el derecho de acceso a la justicia (art. 229) y, no hay por qué descartarlo,
en el principio general del derecho de daños según el cual el dolor con pan
es menos (art. 230).
Es decir, el derecho de reparación de las víctimas, aunque
delimitado y definido primordialmente a partir de la configuración legislativa,
es un derecho de raigambre constitucional y en ese tanto, no puede ser
protegido o regulado con cualesquiera contenidos y formas, pues debe
preservarse en todo caso el significado iusfundamental que comporta para
los sujetos a quienes va dirigido.
3.2.2. Alcances
del poder de configuración legislativa en materia de reparación integral de las
víctimas y del procedimiento para su realización efectiva.
34. Como se acaba
de indicar, no cabe duda y así se ha manifestado reiteradamente por esta Corte Constitucional,
que la reparación integral de la víctima y en general la definición del procedimiento
o garantías judiciales para hacerla efectiva, son asuntos en los que el
Legislador posee un amplio poder de configuración, sometido eso sí a las normas
principio-constitucionales y en lo demás a la consulta de la justicia y del bien
común de que trata el art. 133 CP. De allí que pueda delimitar en uno u otro
sentido el derecho a la reparación integral, disponer sobre el momento procesal
para reclamarlo, diseñar las opciones con las que cuenta la víctima, así como
definir quiénes pueden representar sus intereses, quiénes pueden ser llamados
al incidente, qué poderes tienen, al igual que otros aspectos relevantes.
35. Sobre el poder
de delimitación del derecho de reparación integral se dijo en la sentencia
C-916 de 2002:
“(…) el legislador penal puede describir los comportamientos
que considera nocivos para la vida en sociedad y precisar las sanciones que se
impondrán a quienes incurran en dichas conductas, pero también puede establecer
otras consecuencias jurídicas derivadas de la ocurrencia del delito, como lo es
el establecimiento de la responsabilidad civil derivada de un hecho punible.
“El ejercicio de tal potestad está también limitado por la
Constitución[27] y, por ello, la Carta ha
trazado como fin orientador de la actividad de la Fiscalía General el
“restablecimiento del derecho”, lo cual representa una protección plena de los
derechos de las víctimas y perjudicados por el delito, lo cual comprende, entre
otros, la indemnización integral de los daños materiales y morales causados por
el ilícito.
“… la tendencia ha sido a reconocer el derecho de las
víctimas a ser reparadas íntegramente, con el fin de restablecer las cosas a su
estado inicial (restitutio in integrum), y cuando ello no es posible, a
ser compensadas por los daños sufridos. Esta reparación incluye tanto daños
materiales como morales. Comprende tradicionalmente el damnum emergens,
el lucrum cesens y el pretium doloris, incluye la posibilidad de
exigir intereses y se calcula en el momento de la expedición de la sentencia
judicial.
“La reparación del daño ocasionado por el delito tiene
como finalidad dejar a la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en
la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo. De
ahí que se haya establecido… que la indemnización ha de ser justa”.
Y antes de iniciar el estudio en
concreto del problema jurídico que en ese caso se atendía, recalcó la sentencia
en comento, que el derecho a la reparación integral “es un derecho regulable y
objeto de configuración legislativa”.
36.
Con referencia al mencionado poder del Legislador en cuanto a las garantías
judiciales y ritualidades a seguir para obtener la reparación integral, se
pronunció la Corte en la sentencia C-210 de 2007[28].
Dijo al respecto:
“5. Como en varias oportunidades lo ha expuesto esta
Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2º, 150 y 229 de la
Constitución, el Congreso tiene amplio margen de configuración normativa para
la determinación de los procedimientos judiciales y administrativos, pues en el
diseño propio de los Estados Democráticos al legislador no sólo corresponde
hacer la ley, porque es la expresión de la voluntad popular dirigida a regular
las conductas humanas como instrumento de convivencia civilizada y pacífica,
sino también tiene a su cargo la determinación de los procedimientos y
actuaciones que deben surtirse ante los jueces para la defensa de las
libertades y derechos ciudadanos o para la mediación estatal en situaciones de
conflicto.
“De esta forma, en ejercicio de la potestad de
configuración normativa, al legislador corresponde establecer las formas
propias de cada juicio y fijar las reglas y condiciones para acceder a los
jueces en búsqueda de la adecuada administración de justicia (artículos 29 y
229 de la Carta). En desarrollo de ello, el legislador puede fijar nuevos
procedimientos, determinar la naturaleza de actuaciones judiciales, eliminar
etapas procesales, requerir la intervención estatal o particular en el curso de
las actuaciones judiciales, imponer cargas procesales o establecer plazos para
el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia. De tal
manera que, por regla general, la determinación de los sujetos procesales y de
los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos judiciales hace
parte de la libertad de configuración normativa del legislador que debe
responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual evalúa la
conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos procesales para
hacer efectivos los derechos, libertades ciudadanas y las garantías públicas
respecto de ellos”.
37. Pero en ese mismo
pronunciamiento, también se recalca que la libre configuración normativa no es reconocida
al legislador como facultad absoluta. No lo puede ser, como se ha dicho, para
configurar en el orden legal el derecho de reparación integral de la víctima;
no lo es tampoco para establecer el diseño de los procedimientos y etapas
judiciales que se deben surtir para la reclamación de tal derecho.
Por esto determinó más adelante
la mencionada sentencia, que dicho poder se encuentra limitado (…):
“por los derechos sustanciales y la defensa de las
garantías esenciales de las personas. De hecho, como lo ha advertido esta
Corporación, el proceso judicial no tiene una finalidad en sí mismo, pues su
objeto es la realización y eficacia de los derechos sustanciales que subyacen
al mismo. Por ello, el control de constitucionalidad de este tipo de normas
debe hacer eficaz, de un lado, el amplio margen de libertad de configuración
normativa que tiene el legislador y, de otro, el respeto por el núcleo esencial
de los derechos y garantías de las personas, en tanto que el juez
constitucional no está ‘llamado a determinar cuáles deben ser los términos
que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos
casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en
la legislación’”.
38.
Esta afirmación es compartida en el derecho comparado en donde también se ha
planteado el mismo problema, esto es, la libertad legislativa en la definición
de la reparación integral de daños. Así, por ejemplo, en Francia se ha podido
establecer que en el evento en el cual una ley que limitaba la indemnización de
daños causados por la instalación de postes que soportaban medios hertzianos, a
unos rubros del daño con exclusión de otros, producía una violación
constitucional. En efecto, “dicha redacción [de la ley] excluye la reparación
de daños diferentes a los mencionados en la norma, siendo que el principio de
igualdad frente a las cargas públicas no puede permitir que se excluya del
derecho a reparación un rubro cualquiera del perjuicio indemnizable  que
resulte de las obras públicas”[29].
39. De
lo anterior se concluye entonces que tanto los contornos, características y
contenidos que puede revestir el derecho de reparación integral, como las
formas procedimentales que deben seguirse para hacer efectivo el derecho son
del fuero del Legislador y su poder de libre configuración sólo está
restringido, cuando resulte evidente que la ordenación legal del derecho y/o del
rito procesal con que se garantiza su eficacia o protección, han sido
dispuestos con desconocimiento de la Constitución. Es decir, cuando la
disposición legislativa contenga una ordenación jurídica que disminuya ostensiblemente
el objetivo del sistema penal acusatorio y de justicia restaurativa, al regular
dentro de él la reparación integral de la víctima.
3.2.3.
El incidente como instancia de reparación integral de la víctima y la
conciliación en éste como ingrediente propio de la justicia restaurativa
40. Cuando
el Legislador, producto de la transformación del sistema penal contemplada en
la reforma constitucional del año 2002, decidió excluir del proceso penal en
cuanto tal, la discusión sobre la reparación civil y la transfirió al incidente
último de reparación integral, una vez definida la responsabilidad penal
correspondiente, obró en el marco de su poder de configuración legislativa.
Sin
embargo, una vez diseñado éste, como forma procesal mediante la cual se hace
posible una solución efectiva y oportuna de reparación, el incidente  adquiere
un valor inmenso, en particular para la víctima, dejando de ser un
procedimiento sobre cuestiones accesorias o secundarias y al contrario,
constituyendo la oportunidad final, única, brevísima, dentro del proceso penal,
para reclamar ni más ni menos que la reparación integral de la víctima por el
daño causado por el hecho típico, antijurídico y culpable de un declarado
penalmente responsable. Se convierte así el incidente en la instancia procesal
para hacer efectiva la indemnización por parte de quien o quienes pueden ser
considerados civilmente responsables o deban sufragar los costos de tales
condenas (el declarado penalmente responsable, el tercero civilmente
responsable y la aseguradora).
41. Pues
bien, en la configuración legislativa de dicho incidente, según se observó en
las consideraciones iniciales[30], fueron
previstas al menos dos oportunidades para la conciliación entre víctima,
condenado y, en su caso, los terceros. Pero además, a este mecanismo de
solución de intereses en conflicto, se le adscribió por el propio Legislador,
una condición de especial valor: la de ser parte de los instrumentos de
justicia restaurativa.
En
efecto, y como desarrollo de lo dispuesto en el art. 250, num 7º CP, se incluyó
en el art. 521 del CPP, que la conciliación que se lleva a cabo en el incidente
de reparación integral es un mecanismo de la justicia restaurativa.
42.
Sobre este modelo de justicia penal, anotó la Corte constitucional en sentencia
C-979 de 2005[31]:
“Así, la  justicia restaurativa se presenta como un
modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea
tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia
que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y
victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituiría el
acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración
a la víctima y al daño que le fue inferido.
“Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de
la criminalidad, debe  diversificar las finalidades del sistema. Debe estar
orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su
sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al
restablecimiento de la paz social, y  a la reincorporación del infractor a la
comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito,
replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para
el restablecimiento de la convivencia social pacífica.
“43. Desde una perspectiva sicológica se destaca que
en este modelo, esa mirada al pasado orientada a escudriñar la culpa del
ofensor, propia de los esquemas retributivos, es desplazada por una visión de
futuro anclada en el propósito de búsqueda de mecanismos mediante los cuales se
propicie que el ofensor se enfrente con sus propios actos y sus consecuencias,
adquiera conciencia acerca del daño que ocasionó, reconozca y asuma  su responsabilidad
e intente la reparación del agravio. En consecuencia, no es un enfoque basado
en los merecimientos, sino en las necesidades emocionales, relacionales y
reparatorias de las personas involucradas en el conflicto.
“El modelo de justicia restaurativa parte de la
premisa de que el delito perjudica a las personas y las relaciones, y que el
logro de la justicia demanda el mayor grado de subsanación posible del daño. Su
enfoque es cooperativo en la medida que genera un espacio para que los sujetos involucrados
en el conflicto, se reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan de
reparación  del daño causado que satisfaga intereses y necesidades recíprocos”.
43. La
conceptualización del modelo de justicia restaurativa pone en evidencia el significado
tanto del incidente de reparación como de la conciliación posible dentro del
mismo, pues ambos dan cuenta del propósito restaurador para la víctima y de
solución y aclaración de los derechos y obligaciones del condenado y los
terceros civilmente responsables para con ella.
Por
esto, en la misma providencia se precisa:
“El incidente de reparación integral, como mecanismo
de justicia restaurativa
54. El artículo 250.7 de la Carta, modificado por el
A.L. 03 de 2002, establece que  ‘la ley fijará los términos en que podrán
intervenir las víctimas en el proceso penal’, y asigna al Fiscal
General de la Nación diversas responsabilidades en relación con las víctimas ,
tales como ( i ) solicitarle al juez de control de garantías las medidas
necesarias para ‘la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas’; (
ii ) ‘solicitarle al juez de conocimiento las medidas judiciales
indispensables para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el
restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el
delito’; y ( iii ) ‘velar por la protección de las víctimas, los
jurados, los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal’[32].
“55. En desarrollo de esa cláusula constitucional, el
legislador reguló (Arts. 102 a 108 Ley 906/04) este mecanismo de justicia
restaurativa que se inserta dentro de los cambios que el nuevo modelo de
investigación y enjuiciamiento procesal penal introduce sobre la posición de la
víctima dentro del proceso, la cual abandona su condición de parte para
convertirse en un interviniente dentro de la actuación.
“(…) La configuración que introduce el legislador
sobre este mecanismo restaurador, permite al juez un amplio margen de
maniobrabilidad orientado a propiciar, a esta altura del proceso, una
conciliación entre víctima y sentenciado acerca de la pretensión de reparación
integral. Así, si en una primera audiencia fracasa en el propósito
conciliatorio, puede convocar a una segunda audiencia para insistir en la
búsqueda del acuerdo conciliatorio que ponga fin al incidente; de concretarse,
se incorporará a la decisión condenatoria.
En caso contrario corresponderá al juez decidir sobre
la pretensión, teniendo en cuenta las pruebas presentadas por los interesados y
los argumentos expuestos a favor de sus pretensiones. La decisión se adoptará
en la misma audiencia, y se incorporará a la sentencia de responsabilidad
penal.
“(…) La amplia labor mediadora que se atribuye al juez
en esta instancia procesal (luego del fallo condenatorio), debe estar asistida
por los mismos propósitos, que alientan la justicia restaurativa en general,
tales como ‘atender las necesidades y responsabilidades individuales y
colectivas de las partes y (a) lograr la integración de la víctima y del
infractor a la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el
servicio de la comunidad’ (Art. 518 inciso 2° C.P.P.)”.
44. Varias son,
entonces, las consecuencias de esa configuración legislativa inspirada en la
Constitución:
i) El
incidente constituye una primera oportunidad judicial como posición jurídica
definitiva para hacer efectivo el derecho a la reparación integral de la
víctima que, prima facie, contempla la Constitución. Derecho de acceder
a la justicia a fin de alcanzar dicho propósito y hacerlo efectivo, como acción
de reparación integral, que es también acción civil, al final del proceso
penal, una vez declarado un sujeto penalmente responsable (arts 229 y 250, num
6º y 7º, art. 102 CPP).
ii) Otorga un
valor adicional a la conciliación en el incidente de reparación integral, pues
ella representa uno de los mecanismos que reflejan la fórmula constitucional de
la justicia restaurativa, que el Congreso de la República configura dentro del procedimiento
de reparación de la víctima a instancias del juez penal (Art. 250, num 7º CP,
art. 521 CPP).
iii) Los llamados
a conciliar, en razón del significado reconocido a esta figura en el incidente,
asumen con mayor fuerza vinculante los deberes propios de su condición como
partes en el mismo (víctima y condenado o defensor) o como intervinientes
(tercero civilmente responsable y aseguradora). Fundados en el respeto al
derecho ajeno, en el no abuso de los propios y en el deber de colaborar para el
buen funcionamiento de la administración de justicia (arts. 95, num 1 y 7 CP), tales
deberes son el proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin
temeridad, comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que
son citados, entregar a los servidores judiciales los objetos y documentos
necesarios para la actuación y los que le fueren requeridos, salvo las
excepciones legales, previstos claramente por el Legislador en el mismo Código
de Procedimiento Penal (arts. 140, num 1, 2, 6, 9).
iv) Con intención evidentemente
garantista y producto de la aplicación del principio de la perpetuatio
jurisdictionis, faculta al juez penal para propiciar un acuerdo que
facilite alcanzar los propósitos del incidente, que son en buena parte los que
animan el sistema acusatorio, a saber, el reparar a las víctimas de un delito
probado y con un sujeto declarado penalmente responsable, con la mayor
agilidad, oportunidad y en las mejores condiciones posibles para todas las
partes y ante la misma jurisdicción (art 103 CPP). En su defecto, le impone
reconocer y practicar las pruebas aportadas o solicitadas por quienes han
participado en el incidente y en definitiva adoptar la decisión que ponga fin
al incidente (arts. 104 y 105 CPP) y reconozca la reparación integral (material,
moral, simbólica, entre otras) de la víctima del delito.
Es
decir, la configuración de un incidente principal para que al terminar el
proceso penal con sentencia condenatoria, se haga posible la reparación
integral de la víctima y la consolidación de los objetivos que animan la justicia
restaurativa, a través del acuerdo de voluntades entre aquella y los llamados a
responder, o a través del ejercicio de los poderes y competencias de la jurisdictio
reconocidas al juez de la causa penal, lo cual se convierte en pieza esencial
de la forma como la Constitución prevé en el caso concreto la noción de
justicia restaurativa.
3.2.4.
La reparación integral como género y la indemnización pecuniaria como especie.
45. En
ejercicio del poder de configuración legislativa analizado en el acápite
anterior, el Legislador ha establecido como elementos que integran el concepto
de reparación integral, no sólo la indemnización pecuniaria fruto de la
responsabilidad civil reconocida como consecuencia del daño causado por el
delito, reparación en sentido lato, sino cualesquiera otras expresiones que
contengan la verdad y la justicia, así como las actuaciones que de modo
razonable reclame la víctima del sujeto penalmente responsable, en cuanto forma
de cubrir el perjuicio moral y material que ha sufrido. En este sentido
recuerda la Corte que la noción de reparación civil es independiente al proceso
en el cual se obtenga (art. 16 de la Ley 446 de 1998), razón por la cual los
criterios que se apliquen deben ser homogéneos.
Muchas
son las formas que puede adoptar la reparación integral, pues ello dependerá de
la voluntad razonada de la víctima o de quien reclame por ella, pero en todo
caso incluirá tres elementos esenciales.
En la sentencia
C-282 de 2002, se dijo a ese respecto que “la protección que la Carta de 1991
reconoce a las víctimas  no se refiere exclusivamente a la reparación de los
daños que les ocasione el delito -aspecto tradicionalmente considerado[33]-,
sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad[34]
y a la justicia”[35].
“El derecho de las víctimas a participar en el proceso
penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo
dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que ‘Colombia es
un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana’, las
víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un
trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de
víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les
brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El
principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes
jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica
de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación
económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los
perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado
el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno
restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la
comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que
protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el
principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados
por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica”.
(…)
“De tal manera que la víctima y los perjudicados por
un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria”.
Lo anterior
implica que si bien la indemnización derivada de la lesión de derechos
pecuniarios es de suma trascendencia, también lo es aquella que deriva de la
lesión de derechos no pecuniarios, la cual también está cobijada por la
responsabilidad civil. Es decir, la reparación integral del daño expresa ambas
facetas, ampliamente reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional.
46. Ahora
bien, a pesar de la importancia atribuida a las otras formas de reparar a la
víctima y del significado de tales nuevos ingredientes en  la dogmática de la
responsabilidad, no hay que restar valor al elemento compensatorio o
indemnizatorio del derecho en comento. Por esto, aún en caso de amnistías o
indultos generales por delitos políticos, es necesario garantizar a la víctima
el derecho a la indemnización por el delito (art. 150 num 17 CP), pero también
se ha contemplado en el Derecho comparado y en nuestro propio orden jurídico
para ciertos casos, la creación de fondos públicos para cubrir los daños
causados a éstas cuando el condenado no está en capacidad de reparar[36].
De modo que sigue siendo
importante la reparación pecuniaria, equivalente al pago de una suma de dinero,
como forma usual, visible, eficiente de reparar una parte del daño[37]
y con la cual se hace efectivo, desde este punto de vista,  el principio enunciado
de la responsabilidad, que compensa con dinero, con pan, el padecimiento
sufrido. Y si bien la indemnización pecuniaria de daños es sólo uno de los
elementos de la reparación a la víctima y si bien el restablecimiento de sus
derechos supone mucho más que tal compensación económica, en todo caso ella
debe seguir siendo seriamente protegida, pues la posición jurídica de derecho
que genera a percibir una suma de dinero es un derecho patrimonial iusfundamental
(art. 250, num 6º, arts 1º y 2º, 229 CP), resultado de que la víctima, conforme
a la configuración legislativa adoptada (art. 103 CPP), la ha elegido como medio
para mitigar la aflicción ilegítima que ha debido
soportar con el delito. Cabe recordar por demás en este momento, la naturaleza
patrimonial del contrato de seguro (art. 1045 C.Co).
3.2.5.
Función social y el principio de buena fe en el contrato de seguro de
responsabilidad civil.
47. En la
actualidad, los contratos entre particulares están regidos por principios que
si bien no desconocen sus fundamentos en la autonomía privada y en la intención
de satisfacer los intereses de las partes, trascienden a ellos y se perciben
también como instrumentos destinados a cumplir una función social.
Esta última, tiene su origen en la función social de la
propiedad, una noción que concebida por la doctrina social demócrata europea de
la primera mitad del siglo XX, fue recogida en Colombia desde la Reforma
constitucional de 1936 y retomada en la Carta de 1991 (art. 58) como elemento
intrínseco a la propiedad, que anula su pretendido carácter inviolable y sagrado[38],
subordina en algunas hipótesis el interés particular al general y garantiza que
sirva al propósito común de producir y generar riqueza, en beneficio tanto de
su titular como de la colectividad[39].
Derivado
de lo anterior, las libertades económicas que son ejercidas para el tráfico de
bienes y servicios, esto es, de los derechos e intereses destinados a
consolidar posiciones jurídicas de propiedad[40], incorporan
dentro de su estructura la función social (art. 333 CP), como regulación de
unos efectos que siempre están llamadas a producir: impacto externo, impacto sobre
terceros, externalidades. Tal es su vocación, su intención, su espacio, por ser
facultas agendi y por operar en el mercado.
En lo
que hace a la empresa y dentro de ella, a la libertad de contratación con fines
lucrativos, la Ley está por consiguiente llamada a delimitar jurídicamente estas
libertades y por tanto sus efectos, con la intervención sobre todo el ciclo de la
actividad económica productiva (art. 334 CP), por razones de interés social,
ambiental, del patrimonio cultural (art. 333 CP infine), entre otros.
Protege adicionalmente el correcto ejercicio de la libre iniciativa y actividad
económica, así como los derechos adquiridos con justo título, al mismo tiempo
que sanciona el abuso, la irresponsabilidad, el incumplimiento de las
obligaciones y deberes constitucionales y legales de quien ejerce tales derechos
de libertad (arts. 58 y 333 CP).
48. Por
ello se habla desde el Derecho privado, del “principio contemporáneo de la trascendencia
contractual (patrimonial, social y moral), en paralelo con el principio
tradicional de la relatividad contractual”. Un principio que tiende a
prevalecer, pues no cabe duda que los contratos no solo traen beneficios o
perjuicios a las partes, sino que cada vez es más claro que su incidencia tiene
efectos sobre terceros, sus derechos e intereses.
Esta
dimensión social de los contratos, determina que tanto en su celebración como
en su ejecución, la procura de los beneficios económicos deba en todo caso ser
compatible con los beneficios sociales esperados, en términos de creación de
empleo, de satisfacción de necesidades humanas, mejora de las condiciones de
vida, protección de los recursos naturales[41]. Todo lo
anterior  impone de los contratantes “comportamientos honestos y leales”, o una
suerte de ética contractual colectiva en beneficio de todos, que permita lograr
la satisfacción de los propósitos que animaron la suscripción del contrato para
las partes, así como el respeto de los derechos ajenos (art. 95, 1 CP), el
cumplimiento de la función social (art. 58 y 333 CP) y la realización de un
orden económico justo (Preámbulo)[42].
49. La función social contractual cobra una fuerza inusitada
en tratándose del contrato de seguro lato sensu, y muy en especial, del
contrato de seguro de responsabilidad civil.
50. En
cuanto al primero, la doctrina ha señalado que el seguro es un contrato cuyo
objeto último se encuentra en dar “respuesta a la necesidad de eliminar las
consecuencias derivadas de la realización de un riesgo, cuya ocurrencia aunque
futura e incierta, por las repercusiones individuales y sociales que puede
alcanzar, imponen la adopción de técnicas de previsión con las que se puedan
atender los eventos dañosos que en su caso puedan ocasionarse, cualquiera sea
la fuente que los origina”[43].
Esta previsión del riesgo se fundamenta en el propósito de
cumplir con la función social consistente no sólo en proteger el patrimonio del
asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó
la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto (que ya es mucho), sino en proteger
la confianza y la seguridad que reclama la economía de mercado y en general el
desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo[44],
intangibles valiosos propios a toda sociedad con un estadio medianamente
avanzado de civilización, y por los cuales los seguros en general, representan
aspectos vitales en las relaciones humanas[45].
En este sentido se pronunciaba la Corte en sentencia
C-269-1999[46], cuando señaló sobre el
impacto de la actividad aseguradora en el plano
económico y social nacional:
“Los altos niveles de prevención y
protección que la actividad aseguradora ofrece en la actualidad, frente a los
peligros que por distintos factores atentan contra las actividades y el
patrimonio de las personas, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado,
hacen que tenga una gran influencia en el campo social y configure a la vez,
uno de los renglones más importantes dentro de una economía de mercado en
desarrollo. En efecto, la capacidad de distribución que conlleva dicha
actividad de los distintos riesgos dentro del conglomerado social, permite
garantizar una oportuna y eficaz salvaguarda de los intereses y derechos que
con la misma se protegen, así como la obtención de un resarcimiento económico
adecuado por el daño causado y asegurado.
“… En consecuencia, desde la perspectiva
de los beneficios sociales que su ejecución implica, puede afirmarse que
aspectos tan importantes como la salud de las personas, su integridad corporal,
el patrimonio, la estabilidad familiar, la capacidad laboral y económica, así
como las actividades económicas generalmente efectuadas, quedan amparados ante
los distintos peligros que pueden afectarlos. Además, la acción de las
aseguradoras trae consigo la configuración de una conciencia en la comunidad,
cada vez más generalizada frente a distintos riesgos, de la necesidad de
adoptar conductas de índole previsiva dirigidas a evitar la concreción de los
riesgos o a reducir las consecuencias del siniestro, resultado que en el ámbito
social es al mismo tiempo trascendente y necesario.
“Igualmente, los resultados positivos que
se avizoran en el ámbito económico por la industria aseguradora no son menos
importantes, dado que a partir de ese estado de confianza que se produce en el
manejo de los riesgos y la seguridad de que en un futuro se contará con una
solvencia económica no obstante su ocurrencia, es posible promover la
realización cada vez mayor de actividades productivas de orden industrial,
comercial y financiero en general”.
51. Por ello resulta explicable que la actividad
aseguradora se haya considerado por el Constituyente, junto con la financiera y
bursátil, una actividad de interés público, cuyo ejercicio debe contar con la
autorización previa del Estado y la intervención del Gobierno, en el marco de
los objetivos y criterios trazados por el Legislador (arts 333, 189 num 24 y 25,
150, num 19, lit d) CP).
Dicho carácter, es el que determina que
la intervención sobre la actividad aseguradora y sobre los contratos de seguros
sea más intensa que la que de ordinario opera sobre los negocios entre
particulares, pues como se precisa en la misma sentencia C-269 de 1999, representan
un interés público que se encuentra “cimentado en los fines que como operación
económica persigue y en la protección de la parte más débil - asegurado y
beneficiario - de la relación contractual”, a fin de que “`realizadas las condiciones a las que se
supedita su derecho reciba efectivamente y en el menor tiempo posible la
prestación prometida´[47]”.
52. La
función social del contrato de seguro y el carácter de interés público de la
actividad aseguradora, son también las que explican por qué la doctrina es
unánime al reconocer que el principio de la buena fe (art. 83 CP, art. 871 C.Co.) reviste en los contratos de seguros una significación trascendente, como exigencia que se
manifiesta de una manera más enfática que en los demás contratos, pues gracias
a la probidad de las partes, es que se hace posible el cubrimiento oportuno y
cabal del daño ocasionado y la reducción del impacto que este genera en los
beneficiarios.
No
significa lo anterior que se presuponga lo contrario, esto es, la mala fe de
las aseguradoras, sino simplemente que, por el objeto de los contratos de
seguro, en ellos la bona fides se encuentra cualificada, como quiera que
la no protección y acatamiento de tal principio generan una afectación intensa
sobre las partes y terceros y también sobre la colectividad. Y ello es así, por
cuanto en una situación difícil, de amplia desprotección y abandono, con daños
materiales y morales a cuestas, las personas llamadas a ser amparadas por el
seguro, resultan desprotegidas por el incumplimiento de los deberes y de las
obligaciones contractuales[48].
53. Tanto
así y más se predica respecto del contrato de seguro de responsabilidad civil. Esta
figura negocial tiene por estructura y finalidad específica, condiciones que
hacen de su función social y de la buena fe de las partes del contrato,
elementos vitales, pues el cumplimiento o no de las obligaciones de las partes está
íntimamente vinculado con el resarcimiento o no de la víctima de un hecho lesivo
cubierto por el seguro.
Corrobora plenamente esta
aseveración el análisis contenido en la sentencia de 29 de junio de 2007, Ref:
Exp. N°11001-31-03-009-1998-04690-01, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. En ella, al analizar el contrato de seguro de responsabilidad
civil se indicó que en la modificación que se dispuso mediante la Ley 45 de
1990, el Legislador procuró “estar a tono con las nuevas realidades sociales y
económicas de la vida moderna, caracterizadas, en gran medida, por un estado de
cosas generador de situaciones de riesgo potencial para los asociados y, por
tanto, de nuevas circunstancias que comprometen la responsabilidad civil”. Por tal
motivo, consagró que esa clase de seguro tiene por propósito el “resarcimiento
de la víctima", que se constituye por tanto en beneficiario de la
indemnización. Una trascendental reforma al contrato de responsabilidad civil
que de “estar antes afincado en el asegurado y en su patrimonio, así como de
tener por fin cardinal la protección de uno y otro, pasó a ser un seguro
medularmente centrado en la víctima y encaminado a repararle a ella el
perjuicio que le hubiese sido ocasionado, tanto que se le erigió en
beneficiaria de la indemnización, a lo que se agrega que el seguro migró de ser
un contrato a favor del asegurado para tornarse en un negocio jurídico a favor
de terceros, fundamentalmente”.
54. En
el contexto en el que se ubica el asunto bajo estudio, el contrato de
responsabilidad civil tiene como beneficiario a la víctima del delito, con lo
que asumir las obligaciones contraídas por las partes con total corrección,
transparencia, pundonor, trasciende la connotación meramente bilateral del
acuerdo y el objetivo de cubrir un riesgo. El seguro de responsabilidad
y las obligaciones que de él se desprenden, en el plano humano son además
garantía de una mínima estabilidad económica para la víctima que en muchas
oportunidades puede ser el individuo y su núcleo familiar, afligidos  también patrimonial
o financieramente con el delito y cuyas condiciones de vida, de subsistencia,
cuyas oportunidades de desarrollo pueden depender en buena medida del pago del
amparo asegurado.
Perder de vista este objetivo
desnaturaliza, despoja de contenidos el contrato de seguro de responsabilidad
civil, pues no cumple con la función protectiva para la cual se ha suscrito, no
satisface la seguridad resarcitoria que ha pretendido crear[49],
ni expresa la importante función social que está llamado a cumplir.
4.
Solución del cargo concreto
55.
Reunidos los elementos de juicio que anteceden, la Corte analiza el cargo
concreto de inconstitucionalidad formulado contra el art. 108 CPP, por presunta
vulneración del derecho de reparación integral de las víctimas del delito.
56. Para
la Sala, bajo el entendido de que el precepto acusado establece que la
aseguradora puede ser citada al incidente de reparación integral,
“exclusivamente” para los efectos de la conciliación, y que además, a dicha
conciliación puede acudir o no, porque así se ha configurado por el Legislador
al señalar expresamente la “facultad” que tiene de participar en aquella, no
resulta conforme con el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a
la víctima y su derecho a la reparación integral que propicia el modelo de
justicia restaurativa.
En
efecto, no obstante las amplias competencias legislativas reconocidas en
materia de configuración del derecho de reparación integral y de las garantías
judiciales para hacerlo efectivo, la citada forma como se ha reglado la posible
participación del asegurador en tal incidente, se convierte en una medida
nugatoria del derecho de la víctima a la reparación integral, pues burla la
esperanza que se había generado de que el contrato suscrito con él, pudiera
servir al propósito del sistema penal constitucional y legalmente dispuesto
(art. 250 num 6º y 7º CP, arts. 11, lit. c) y 102-107 CPP), de reparar a la víctima
y de hacerlo prontamente a instancias del juez de la causa penal, en el incidente
de reparación integral.
Porque
existiendo contrato de seguro de responsabilidad civil, cuyo propósito radica
precisamente en el resarcimiento de la víctima en tanto beneficiaria de la
indemnización, y habiéndose apelado a él para la reparación, bien por la
víctima, bien por el condenado o su defensor, bien por el tercero civilmente
responsable del art. 107 CPP, la renuencia a conciliar sin motivo justificado,
o la no participación en la audiencia de la aseguradora, efectivamente darán
lugar a una decisión del incidente en la que no podrá vincularse a ésta, ni
hacerse efectivo el seguro como forma de reparación integral de la víctima en
el trámite contemplado en el procedimiento penal, bajo el cubrimiento que tenga
la respectiva póliza.
57. Es decir que, a pesar de que el Legislador ha previsto
como paso último dentro del procedimiento ante el juez penal, la opción de
reclamar y hacer allí efectiva la reparación de los daños sufridos por la
víctima y causados por el delito comprobado durante el proceso; a pesar de que
ha reconocido a la víctima la opción de concretar los términos de la reparación,
dentro de los cuales se encuentra la indemnización pecuniaria (art. 103 inc 1º
CPP); a pesar de que se establecen garantías para que las partes y el tercero
civilmente responsable del art 107 CPP asistan al incidente para atender el
reclamo de la víctima; a pesar de que se ha contemplado la conciliación en el
incidente de reparación integral como un mecanismo idóneo de justicia
restaurativa tendiente a fortalecer las opciones de reparación dentro del
sistema procesal penal (art. 521 CPP); a pesar de que exista un contrato de
seguro de responsabilidad civil llamado a compensar el daño de la víctima del
delito, como figura jurídica constituida precisamente para cubrir la
eventualidad de un siniestro y el daño patrimonial que de ahí resulta, de modo eficiente,
oportuno y garantista (art. 1127 C.Co); a pesar de que se reconoce al
juez penal jurisdictio para tramitar y valorar en el incidente, una
petición de reparación y estimar si la misma puede ser cubierta con un contrato
de seguro de responsabilidad civil que se ha exhibido o probado en el proceso y
cuya parte aseguradora ha sido citada; a pesar de
todo ello, la deferencia del Legislador para con la compañía aseguradora y su limitada
y voluntaria participación en el incidente, dan al traste con el efecto útil
de todas las normas y disposiciones que contemplan aquellas formas de proteger
a la víctima y garantizar su reparación integral en el proceso penal.
El efecto útil también se neutraliza
respecto de los mandatos superiores que configuran el discurso constitucional
de la reparación integral de la víctima del delito, que en el marco del Estado
social de derecho, su fundamento en la dignidad humana y la solidaridad y la protección
de derechos inalienables como el del acceso a la justicia (arts. 1º, 2º, 5º,
93, 229 CP), impone disponer de lo necesario a fin de obtener la reparación
integral de los afectados por el delito y de velar por su protección (art. 250 num
6º y 7º CP), de manera eficaz y oportuna.
Igualmente es de anotar que la
disposición acusada cuando reduce la participación de la aseguradora del
contrato de seguro de responsabilidad civil válidamente celebrado a la
conciliación y en cuanto además, a ella puede no asistir sin consecuencia
alguna sobre sus intereses, rompe el principio hermenéutico de coherencia
interna del ordenamiento, tanto infraconstitucional como constitucional,
esto es, tanto respecto de los citados preceptos legales que estructuran el
incidente, como de los derechos y garantías constitucionales concebidas para
proteger a las víctimas del delito, dentro del sistema penal acusatorio y
restaurativo.
58. Es
cierto que la víctima dentro del incidente puede reclamar el pago de la
reparación al condenado y al tercero civilmente responsable del art. 107 CPP y que
el juez, de hallarla procedente, así puede establecerlo. Es cierto que la
víctima como beneficiario del contrato de seguro, puede ejercer la acción
ejecutiva (art. 1053 C.Co. y art. 488 CPC) o en su defecto la acción directa ordinaria
para reclamar ante el juez civil competente la indemnización que el seguro
ampara (art. 1133 C.Co). Pero es cierto también que el derecho de reparación
integral de la víctima, debe ser atendido con la mayor prontitud y eficacia
posible, pues es esta la intención del modelo de justicia restaurativa ordenado
desde el Acto Legislativo No. 3 de 2002, es tal el sentido con que se imponen a
la Fiscalía los mandatos de que trata el art. 250, numerales 6º y 7º CP y es,
en fin, esta la forma que resulta más adecuada al trato digno y al ejercicio
del derecho fundamental de acceso a la justicia que arropan a la víctima del
delito. Y, sumado a lo anterior, son estas las condiciones que determina el Derecho
internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario para
con las víctimas de los delitos que afectan derechos humanos, pues como se ha
visto[50], ellas
configuran posiciones jurídicas de derecho a la existencia de recursos ágiles y
efectivos, a obtener oportuna reparación, al pago de una indemnización justa.
59. Y no
cabe aducir que mal puede el juez penal establecer si la aseguradora debe cubrir
o no la responsabilidad civil asumida en el contrato como forma de reparar
pecuniariamente a la víctima que ha sufrido los efectos del delito. Porque además
de que la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis está,
como ya se ha dicho, delineado por el Constituyente y reconocido por el
Legislador al incluir la figura en el incidente, esa determinación normativa es
correcta aplicación de los principios de economía procesal, eficacia, respeto y
protección de los derechos que atiende el juez en el proceso penal (art. 229
CP, y arts. 7º y 9o de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
arts.1º, 10º, 11, lit. c), 138, num 2º y 139, num 5º CPP). Ello sin olvidar que
el contrato de seguro puede representar un título ejecutivo, por contener una
obligación clara, expresa y exigible (art. art. 1053 C-Co. y art. 488 CPC),
evidente para cualquier juez de la República, ni que éste y muy en especial el
de la jurisdicción penal, como agente del Estado social de derecho y como
operador jurídico de prohibiciones legales intensas, de la libertad personal
del imputado y los derechos de las víctimas, debe contar con todos los poderes
que le permitan administrar justicia y crear desde el legítimo ejercicio de sus
funciones, el orden constitucionalmente justo (arts. 1º, 2º, 6º, 29, 229,
preámbulo).
De modo
que una solución legislativa como la que se analiza en este asunto, que tiene
en cuenta exclusivamente el derecho del asegurador en términos de salvaguarda
de su juez natural y sin considerar el objeto propio del seguro de
responsabilidad civil, ni la realización de los derechos de las víctimas,
resulta jurídicamente inaceptable porque desvirtúa la función social del
contrato y niega la dignidad del afectado por el delito, para convertirlos en simples
instrumentos disponibles a la voluntad de aquél y de sus intereses
estrictamente económicos.
60. En
consecuencia, esta Sala considera que el Legislador se ha excedido en su poder
de libre configuración legislativa cuando ha dispuesto que la exigibilidad de
la indemnización correspondiente como forma de cubrir los daños causados a la
víctima de un delito, queden en manos de la libérrima aquiescencia de la
aseguradora de participar o no en el importante incidente de reparación integral.
61. Esta conclusión significa entonces que de cara a
la disposición jurídica acusada, se declarará inexequible el adverbio “Exclusivamente”
del art. 108 CPP, pues esta palabra excluye, en detrimento de la reparación
integral de la víctima, toda otra posible actuación del asegurador en el
incidente distinta de la conciliación que él mismo acepte. Es decir que si la
aseguradora, una vez citada, decide no asistir, o asiste a la audiencia
correspondiente pero no concilia porque no desea hacerlo, aunque exista prueba
clara del contrato válidamente celebrado con ella y de que en él se ampara el
siniestro y la compensación de la víctima del delito, no puede el juez vincularla
en la decisión definitiva del incidente, pues su convocatoria opera “exclusivamente”
para efectos de la conciliación.
Por el contrario, al expulsar del ordenamiento
jurídico tal adverbio con que se condiciona y limita la intervención de las
aseguradoras en el incidente de reparación integral, se elimina dicha
restricción ilegítima y contraria a la Constitución y al deber de protección y reparación
de las víctimas del delito.
También
será declarada inconstitucional la expresión “quien tendrá la
facultad de participar en dicha conciliación”, porque como específica
atribución reconocida para la aseguradora, le otorga la libertad positiva y
negativa de acudir y actuar en la conciliación y la excluye de lo ordenado en
el parágrafo del art. 104 infine, de modo que si no comparece, habiendo
sido citado en forma debida, no quedará vinculado a los resultados de la
decisión del incidente. Y esta regulación, según se ha expuesto, resulta
constitucionalmente inaceptable pues privilegia los intereses de la aseguradora
en detrimento de los derechos de las víctimas, pues traiciona la función social
del contrato de seguro de responsabilidad civil, al hacer nugatorio el
propósito de reparación integral efectiva y oportuna.
62. Resta en lo demás incólume la
expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el artículo 103”. Porque, de conformidad con lo expuesto, la forma como se ordena el incidente de reparación
parte del esfuerzo de los interesados en llegar a una conciliación -mecanismo
de justicia restaurativa (art. 521 CPP)-, con la cual sea posible redimir el
daño causado a la víctima o víctimas del delito.
Pero como se ha considerado
constitucionalmente inadmisible que la participación de la aseguradora sea
exclusivamente para la conciliación, ello significa si no se alcanza ésta
porque la misma no quiso asistir a la audiencia respectiva o porque no llegó a
acuerdo ninguno con los interesados, podrá quedar sujeta a la decisión que ponga
fin al incidente si el juez lo encuentra a lugar. Y por esta misma razón,
cerrada dicha oportunidad sin que se logre un convenio de reparación
conciliatorio, la compañía de seguros tendrá derecho a adelantar todas las
actuaciones admisibles tendientes a proteger sus intereses, pues su citación efectuada
con todas las garantías exigidas por el ordenamiento (arts. 171 a 173 CPP), la vincula al incidente y a sus resultas.
Dicho
de otro modo y en concordancia con lo establecido en las sentencias
C-423 y C-425 de 2006 para el tercero civilmente responsable, la citación con que se convoque a la aseguradora, tendrá
como finalidad primaria permitirle poder conocer el objeto del incidente en
concreto, para así acudir a la audiencia de conciliación y en ella, o, ante su
fracaso, en la actuación subsiguiente de que trata el art. 104, inc 1º infine,
desarrollar todas las actuaciones derivadas de su derecho de defensa: Aceptar y/o
proponer un acuerdo; o negarse a conciliar y controvertir pruebas, o aportar y
solicitar las requeridas con las que desvirtuar la responsabilidad civil
contractual endilgada o la existencia misma del contrato, o la calidad de
beneficiario de la víctima, o la pretensión de ésta, del condenado o del
tercero civilmente responsable, de que la reparación económica reclamada deba
cubrirse con el riesgo amparado por seguro.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar INEXEQUIBLES
las expresiones “Exclusivamente”  y “quien tendrá la facultad de
participar en dicha conciliación” contenidas en el artículo 108 de la Ley 906
de 2004.
Segundo: Declarar
EXEQUIBLE la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el
art. 103” del artículo 108 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado en
este proceso.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
NILSON
PINILLA PINILLA
Presidente
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente
en Comisión
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con Excusas
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente
en Comisión
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Intervención del Senador
Héctor Helí Rojas Jiménez. En Gaceta del Congreso No. 377 de 23
de julio de 2004.
[2] Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Consultado en www.rae.es,, marzo 9 de 2009.
[3] El art. 103 CPP establece: “Trámite del incidente de
reparación integral. Iniciada la audiencia el incidentante
formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penalmente
responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que
aspira e indicación de las pruebas que hará valer.
El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si
quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los
perjuicios y este fuere la única pretensión formulada. La decisión negativa al
reconocimiento de la condición de víctima será objeto de recurso de impugnación
en los términos de este código.
Admitida la pretensión el juez la pondrá en
conocimiento del declarado penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la
posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente y lo
allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso contrario el juez fijará
fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) días siguientes para
intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el declarado penalmente
responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba”.
[4] Vid. Infra, apartado 3.2.3., fundamento
41.
[5] Dice el artículo 102: Procedencia y ejercicio del incidente de
reparación integral. Emitido el sentido del fallo que declara la
responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o
del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador
abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados
con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho
(8) días siguientes.
[6] Dice al respecto el art. 1045 C.Co: “Elementos esenciales. Son
elementos esenciales del contrato de seguro:1) El interés asegurable; 2) El
riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligación
condicional del asegurador.
En defecto de cualquiera de estos elementos, el
contrato de seguro no producirá efecto alguno”.
[7] Tal actuación de las partes del contrato tiene particular incidencia
para la víctima, pues como se indicaba en la sentencia C-388 de 2008, se da el
caso, más bien común, de que ésta desconozca por completo la existencia misma
del contrato de seguro, así como las condiciones pactadas en él. Por ello en
aquel asunto la Corte declara constitucional la norma que determina una
prescripción de la acción contra la aseguradora, distinta para la víctima y
para el tomador-asegurado.
[8] Dice el artículo 104 del
CPP: “Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora
señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a
los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se
incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la
prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.
PARÁGRAFO. La ausencia injustificada del solicitante a
las audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el
archivo de la solicitud, y la condenatoria en costas.
Si injustificadamente no compareciere el declarado
penalmente responsable se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con
base en ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma
debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente”.
[9] De no existir la distinción entre el tercero civilmente responsable
del art. 107 CPP y el asegurador del art. 108 CPP, cabría entender que todo
llamado a los terceros civilmente responsables incluyera tanto a quien lo es
por causa de la ley o a quien lo fuere por causa del contrato, pues de tal modo
se encuentra ordenado en el Código de procedimiento civil, art. 57, cuando se
establece la figura del llamamiento en garantía, según el cual: “Quien tenga
derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del
perjuicio que llegare a sufrir, en el reembolso total o parcial del pago
que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación
de aquél, para que el mismo proceso se resuelva sobre la relación…” (negrilla
fuera de texto).
[10] www.rae.es, Diccionario Real Academia,
Diccionario panhispánico de dudas, consulta marzo 20 de 2009.
[11] Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias
C-064, C-335, C-1155, C-1299 de 2005; C-109 de 2006, C-871 de 2003, C-204 de
2001.
[12]  Dice en concreto esta disposición: “El
magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta
no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo
no sea inocuo (…). La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas
demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman
unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”.
[13] Sobre casos en los cuales la Corte ha integrado una proposición jurídica completa y se ha pronunciado sobre apartes
normativos no acusados que conformaban una unidad lógico-jurídica inescindible
con otros apartes sí demandados, pueden consultarse, entre otras, las
sentencias C-560 de 1997, C-565 de 1998, C-1647 de 2000, C-1106 de 2000 y C-154
de 2002.
[14] Esta última hipótesis proveniente de la sentencia
C-320 de 1997.
[15] Sentencias C-154 de 2002 y C-1155 de 2005, entre
otras.
[16] Sentencia C-233 de 2003 y C-064 de 2005.
[17] Sentencia C-109 de 2006
[18]  Este caso atendía la demanda de inconstitucionalidad
contra algunos incisos del art. 203 de la Ley 115 de 1994 que establecía las excepciones a la prohibición general para los establecimientos educativos, de
cobrar bonos y cuotas, las cuales creaban una discriminación a favor de unos
establecimientos y en contra de otros. Visto por el Juez constitucional que tal
pretensión imponía una valoración completa de la disposición, integra la
proposición, por cuanto la excepción sólo podía valorarse a partir del estudio
de constitucionalidad de la regla, a fin de evitar que se declarara la
inexequibilidad de la parte acusada de la norma (la excepción a la prohibición
total) y de que por tanto quedara en firme la prohibición absoluta, sin haber
sido confrontada por el juez constitucional.
[19] En el mismo sentido, vid. Sentencias C-381 de 2005,
C-1032 de 2006 y C-857 de 2008.
[20] En particular las sentencias C-228 de 2002, C-580 de
2002 y C-916 de 2002.
[21] Gacetas del Congreso Nos 134, 148 y 531 de 2002 y 29
de 2003 entre otras.
[22] Así cuando el artículo 250 constitucional establece: “…
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de
control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de
los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de
la comunidad, en especial, de las víctimas (…)
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas
judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer
el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el
delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los
jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará
los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los
mecanismos de justicia restaurativa (…)”.
[23] Vid. Luis Camilo Osorio Isaza, Gustavo Morales
Marín. Proceso penal acusatorio. Ensayos y actas. Bogotá, Ediciones
jurídicas Gustavo Ibáñez, 2002, pp. 357, 372, 453-457.
[24] Sentencia en la que se atiende la demanda de las
disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, en las que
se supedita el beneficio de la libertad condicional, al pago de la multa o de
la reparación integral que, en su caso, se haya decretado.
[25] Vid sentencias C-210 de 2007 y la
jurisprudencia que allí se retoma, entre otras las sentencias C-228 de 2002,
C-805 de 2002, C-916 de 2002, C-570 de 2003 y C-899 de 2003.
[26] Sobre las fuentes de
derecho internacional de los derechos humanos en las que se hallan bases para
el reconocimiento, establecimiento e interpretación de los derechos y garantías
para las víctimas del delito, en particular de los delitos que atentan contra
derechos fundamentales, se encuentra, según reiterada jurisprudencia (vrg.
Sentencia C-916 de 2002), el derecho de acceso a los tribunales para hacer
valer los derechos mediante los recursos ágiles y efectivos (art. 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos); el artículo
63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 63.1, relacionado
con el poder de la CIDH para garantizar a la víctima de violación de los
derechos de la Convención, entre otras, “el pago de una justa indemnización a
la parte lesionada”; Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, Resarcimiento; los Principios y Directrices
Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de Derecho
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,
adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante
Resolución 2005/35 del 20 de Abril; Observación No. 31: la índole de la
obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto,
preparada por el entonces Comité de Derechos Humanos, el 26 de Mayo de 2004,
Resolución 60/147 aprobada
por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, mediante la cual se adoptan
los Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
[27] Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-504 de 1993; C-609 de 1996; y la Aclaración de Voto de los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre
Lynett a la Sentencia C-226 de 2002.
[28] En la que se resolvió la demanda de
inconstitucionalidad, por presunta vulneración de los artículos 2º, 6º, 13 y 93 de la Constitución Política, de varias disposiciones
del CPP, relacionadas con el embargo y secuestro de los bienes del imputado en procesos
en los que sean víctimas los menores de edad o incapaces, la prohibición de
enajenar los bienes sujetos a registro, alguna actuación  que no requiere
autorización judicial previa para su realización y el principio de oportunidad.
[29] Conseil Constitutionnel. Dec. No. 85-198 DC, 13 de diciembre de
1995, Rec. Cons.Const, p. 76. Es el conocido fallo “L´amendement Tour
Eiffel”.
[30] Vid. supra  apartado 3.1.2., fundamentos jurídicos 15-17.
[31] Que resuelve la demanda de inconstitucionalidad
contra preceptos del CPP, alusivos a la decisión de extinción de la acción
penal, la procedencia de la acción de revisión en procesos por violaciones de
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, el
control judicial en la aplicación del principio de oportunidad y la actuación
de la Fiscalía en este procedimiento y en la mediación como forma de la
justicia restaurativa.
[32] Sobre el contenido de las funciones constitucionales
que el A-L-03 de 2002  atribuyó a la Fiscalía General en punto a la protección de los derechos de las víctimas en el proceso penal, la Corte se ha pronunciado en las sentencias C-873 de 2003 y C- 591 de 2005.
[33] Vid también sentencias C- 228 de 2002 y C-899 de
2003.
[34] Explicaba la sentencia en cita:“El derecho a la
verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una
coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta
particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos
(Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez {fundamento 166}, Sentencia
del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos {fundamento 43}, Sentencia de 14 de
Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la
verdad y a la justicia)”.
[35] “El derecho
a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya
impunidad”. Ver, entre
otras las sentencias C-740 de 2001, C-1149 de 2001,  SU-1184 de 2001, T-1267 de
2001 y C-228 de 2002.
[36] Vid. Sentencia
C-916 de 2002.
[37] Sobre la
importancia de las obligaciones pecuniarias señala Souci: “La obligación de
pagar una suma de dinero, por así decirlo, llena la vida, es una especie de
soplo vital […]. La ejecución de una obligación de esa clase es omnipresente en
las distintas ramas del derecho y puede adquirir mil rostros”. SOUCI. La
especificidad jurídica de la obligación de pagar una suma de dinero, citado
por Fernando Hinestrosa. Tratado de obligaciones, Tomo I, 2da. ed. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 148, pie de página 243.
[38] Cuyo referente moderno aparece claro en el art. 17 de
la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
[39] Vid. Sentencias C-066 de 1993, C-431 de 1994, C-595
de 1999.
[40] Sobre este particular Bassols Coma anota que la libertad de empresa y la
autonomía negocial se vinculen directamente con la institución de la propiedad,
pero no como propiedad estática o in natura sino como “propiedad
dinámica… con vistas a la obtención del beneficio a través de la autonomía
negocial o contractual…”. En Martin Bassols Coma. Constitución y sistema
económico. Madrid, Tecnos, 1988, p. 136.
[41] Al
respecto apunta Bianca: “El reconocimiento de la libertad del individuo se
inserta hoy en una concepción del ordenamiento que se inspira en el valor
prevaleciente de la solidaridad social, como valor de fondo de la Constitución (…). La intangibilidad de la voluntad individual cede frente a la exigencia de
justicia social. Aquella está especialmente garantizada constitucionalmente en
lo que hace a la iniciativa privada económica, pero dicha iniciativa no puede
desarrollarse en contraposición con la utilidad social (…)”. Por tanto, aunque
los “límites de licitud en la ley (normas imperativas, orden público,
buenas costumbres) (…) se entendieron en el pasado como limitaciones
excepcionales de la autonomía, (…) ahora tiende a afirmarse la idea de la
autonomía privada está fundamentalmente subordinada a la solidaridad
social”. En Massimo Bianca. Derecho Civil. 3. El contrato. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 54-55.
[42] Cercana a esta concepción moderna del contrato interprivatos
(que ya no lo son tanto), se encuentran los apuntes de Ferrajoli a favor de
una teoría garantista del derecho civil. Vid. Luigi Ferrajoli. Democracia y
garantismo. Madrid, Trotta, 2008, pp. 293-302. Así mismo, la doctrina
francesa habla del solidarismo contractual, figura llamada a completar
el principio de buena fe que anima los acuerdos de voluntad, creando
obligaciones de cooperación, colaboración, consejo, tendientes a beneficiar no
sólo a las partes, sino también a los terceros interesados o afectados
potencialmente con el cumplimiento o no de los contratos. Vid. Luc Grynbaum et Marc Nicod (dir.). Le
solidarisme contractuel. Paris, Economica, 2004.
[43] Ruben S. Stiglitz. Derecho
de seguros. Tomo I.
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, p. 21.
[44] Porque como la afirma Beck, en la modernidad
avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente
por la producción social del riesgos. Por tanto, los problemas y
conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los
problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los
riesgos producidos (…). En Ulrich Beck. La sociedad del riesgo. Hacia una
nueva modernidad. Barcelona, Paidós, 2006, p. 29.
[45] Dicha
función social es tan clara que por ello, precisamente, en no pocas
oportunidades, en el derecho comparado (también en el colombiano, vgr. el
seguro obligatorio de accidentes de tránsito, art. 43, Ley 769 de 2000) se han
establecido las figuras de los seguros obligatorios y de los seguros automáticos.
Dice al respecto Giuseppe Ferri: “El seguro, como forma de previsión,
responde siempre a una evidente función social, al punto que en
determinadas situaciones la exigencia del aseguramiento es tan sentida que la
ley interviene o poniendo a cargo de determinados sujetos la obligación legal
de contratar el seguro o considerando determinadas personas aseguradas ex
lege e imponiendo bajo la forma de tributo el pago de las primas. Surgen
así, de un lado, los seguros obligatorios (…) o del otro los seguros
automáticos (…)”. En Giuseppe Ferri. Manuale di Diritto Comerciale. Torino,
UTET, 1980, p.915 (Traducción libre y resaltado fuera de texto).
[46] Que atiende la acción de inconstitucionalidad contra
el artículo del Código de comercio que regula la terminación automática del
contrato de seguro.
[47] Conforme la Sentencia T-057 de 1.995.
[48] En este mismo sentido es que desde la
doctrina del solidarismo contractual ya referenciado, se afirma que la
intensidad del vínculo solidario se incrementa en razón del grado de
desigualdad de las partes o interesados en el contrato. Vid. Anne-Sylvie
Courdier-Cuisinier. Le solidarisme contractuel. Paris, Université de
Bourgogne, 2006, Vol. 27, p. 104-108.
[49] Lo que anima la suscripción del contrato aquí no es
relevante. Bien puede ser la prudencia de las partes en el desarrollo de
ciertas actividades que comportan riesgo para con terceros, bien puede ser
resultado de cumplir con la carga impuesta por el Legislador de suscribir
contratos de responsabilidad civil obligatorios a lo que se aludió en nota num.
45.
[50] Vid. supra, apartado
3.2.1., nota al pie núm  28.