T-521-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-521/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Fundamento constitucional
El artículo 86 de la Constitución establece que la
acción de tutela es un medio de defensa judicial de los derechos fundamentales
cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. Por lo tanto, si con una providencia se amenazan o violan
derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para solicitar la
protección de los mismos.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva
El defecto fáctico, según ha señalado la jurisprudencia
de la Corte, es un error relacionado con asuntos probatorios, que tiene dos
dimensiones. Una dimensión negativa, que se produce por omisiones del juez,
como por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una
realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso; (ii) por decidir
sin el “apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión”; (iii) por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo. Y una dimensión positiva, que tiene lugar por actuaciones positivas
del juez, en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento
en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la
decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no
conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Debe analizarse tiempo transcurrido y ausencia de razones
para no haber actuado de manera oportuna
ACCION DE TUTELA CONTRA SALA LABORAL DE DESCONGESTION DE
TRIBUNAL SUPERIOR Y JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO-Orden de proferir nueva sentencia en la
que se reconozca pensión de sobrevivientes
Referencia: expediente T-3204044
Acción de
tutela instaurada por la señora María Nancy Montoya contra la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil doce (2012)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Adriana Guillén Arango (E), en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera
instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 6
de julio de 2011, y en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 24 de agosto de 2011, dentro de la acción de
tutela promovida por la señora María Nancy Montoya contra la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito.[1]
I. ANTECEDENTES
La señora María Nancy Montoya interpuso acción de tutela
solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados por la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, al negarle el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, argumentando que no demostró la
convivencia con su compañero permanente hasta el momento en que este falleció.
Los hechos en los que fundamentó su solicitud son los siguientes:
1
Hechos
1.1      María
Nancy Montoya nació el 19 de agosto de 1959[2]
y convivió con  su compañero permanente José Johany Álvarez Colorado durante
más de veintidós (22) años, hasta el momento en que este falleció[3]. De esa unión
nacieron dos hijas, Claudia Maritza y Yeni Marcela Álvarez Montoya. Esta última
aún es menor de edad.[4]
1.2      Mediante
Resolución No. 0144 del 20 de febrero de 1997[5],
la Gobernación del Valle del Cauca le reconoció al señor José Johany Álvarez
Colorado una pensión de jubilación convencional. Por lo anterior, luego del
fallecimiento de su compañero permanente, la señora María Nancy Montoya, en
nombre propio y en representación de sus hijas, solicitó el reconocimiento de
la sustitución pensional. Así mismo, la señora Amalia Lainez García, quien
también manifestó ser compañera permanente del señor José Johany Álvarez
Colorado, presentó solicitud de sustitución pensional ante la mencionada
entidad territorial.
1.3      La
Gobernación del Valle del Cauca mediante Resolución No. 1599 del 25 de julio de
2003, reconoció y ordenó el pago de la sustitución pensional a nombre de
Claudia Maritza y Yeni Marcela Álvarez Montoya, en un cincuenta por ciento
(50%) para cada una de ellas. Por otra parte, negó las solicitudes de
reconocimiento de la sustitución pensional presentadas por las señoras Amalia
Lainez García y María Nancy Montoya, argumentando que “el hecho cierto de
que el causante tuviera relaciones con dos compañeras al mismo tiempo, no
significa desde el punto de vista jurídic[o] la convivencia con ninguna de las
dos”, agregando además que “el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 prev[é]
el caso de convivencia simultánea entre el cónyuge y un compañero o compañera
permanente, pero no establece como beneficiarios de la pensión de jubilación la
convivencia simultánea del causante y dos compañeros o compañeras”[6].
1.4      La
señora María Nancy Montoya interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación en contra de la Resolución No. 1599 de 2003, argumentando que cumplía
con los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución de la pensión de
jubilación que recibía el señor José Johany Álvarez Colorado, situación que, en
su concepto, estaba acreditada en el expediente administrativo, ya que en el
informe de la visita domiciliaria realizada por la Gobernación del Valle del
Cauca, quedó constancia de que la tutelante tenía en su poder documentos y
artículos personales del causante, los cuales demostraban la convivencia con
este hasta su fallecimiento.
1.5      Por
su parte, la señora Amalia Lainez García también interpuso los recursos de
reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución No. 1599 de 2003,
argumentando que la convivencia con el causante había quedado demostrada en la
visita domiciliaria realizada por la Gobernación del Valle del Cauca y, que
ostentaba un mejor derecho que el de la señora María Nancy Montoya, porque
estaba afiliada en salud como beneficiaria del señor Álvarez Colorado.[7]
1.6      Mediante
Resolución No. 1814 de 2003, la Gobernación del Valle del Cauca resolvió el
recurso de reposición, confirmando la decisión de negar el reconocimiento de la
sustitución pensional a favor de las señoras Amalia Lainez García y María Nancy
Montoya, reiterando que “el hecho cierto de que el causante tuviera
relaciones con dos compañeras permanentes al mismo tiempo, no significa la
convivencia con ninguna de las dos”[8],
y que en el proceso administrativo no se había demostrado la convivencia de las
peticionarias con el causante hasta el momento de su fallecimiento, razón por
la cual dicho requisito debía probarse ante el juez competente.
1.7      Por
medio de la Resolución No. 273 del 14 de octubre de 2003, la Subsecretaria de
Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Institucional del Departamento
del Valle del Cauca resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión
de negar el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de las señoras
Amalia Lainez García y María Nancy Montoya, por considerar que la Ley 797 de
2003, “no contempla la convivencia simultánea en los últimos cinco
(5) años antes del fallecimiento del causante entre ‘dos compañeras
permanentes’, sino entre cónyuge y compañera permanente (artículo 13
inciso 3 del literal b), debiéndose de proceder por las partes en conflicto
acudir ante la jurisdicción ordinaria, para que les resuelva dicha situación,
ya que ambas compañeras han demostrado la convivencia y dependencia
económica durante los últimos años y hasta el día de la[ m]uerte del de cujus,
con el cual procrearon varios hijos”[9].
(Negrilla en texto original).
1.8      El
29 de octubre de 2003, la señora Amalia Lainez García presentó un memorial ante
la Gobernación del Valle del Cauca, desistiendo de la solicitud de
reconocimiento de la sustitución de la pensión de jubilación que recibía el
señor José Johany Álvarez Colorado, manifestando que reconocía y aceptaba que “quien
convivió como compañera permanente los últimos años y hasta el día de su
fallecimiento fue la señora MARÍA NANCY MONTOYA […]”[10]. (Mayúscula
sostenida en texto original).
1.9      Ante
la negativa de la Gobernación del Valle del Cauca, la señora María Nancy
Montoya interpuso una demanda ordinaria solicitando el reconocimiento de la
sustitución pensional, la cual fue resuelta en primera instancia por el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del 1 de diciembre de
2005.
1.10      El
juez de primera instancia decidió negar el reconocimiento del derecho porque,
en su concepto, “la parte demandante, no demostró en el transcurso del
debate probatorio ser la beneficiaria del fallecido”[11]. Para llegar a
esa conclusión, el Juez consideró que las declaraciones extrajuicio presentadas
por la demandante, en las que los declarantes afirmaban que la señora María
Nancy Montoya fue compañera permanente del señor José Johany Álvarez durante
más de veinticuatro (24) años, y que ambos convivieron bajo un mismo techo
hasta el momento en que este falleció, carecían de eficacia probatoria por no
haber sido ratificadas dentro del proceso.
1.11      En
segunda instancia, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali confirmó el fallo de primera instancia mediante
sentencia proferida el 30 de julio de 2008, porque consideró que la demandante
no probó la convivencia con el pensionado hasta la fecha de su fallecimiento.
Respecto de las declaraciones aportadas por la señora María Nancy Montoya, el juez
de segunda instancia consideró que “si se aceptaran las declaraciones
extrajuicio bajo la normatividad indicada en el recurso[, l]as afirmaciones
allí vertidas no se encuentran soportadas en las condiciones de tiempo, modo y
lugar que conduzcan al juzgador a formar una convicción sobre el real
acaecimiento del hecho declarado”[12].
Adicionalmente, el juez de segunda instancia hizo referencia
a unos documentos aportados por la demandante, con los que pretendía demostrar
su convivencia con el causante hasta la fecha en que este falleció, los cuales
consideró que hacían referencia a hechos ocurridos en el año de 1998, razón por
la cual, de ellos no se podía inferir la convivencia continua exigida por la
ley.
1.12      El
24 de mayo de 2010, la señora María Nancy Montoya presentó una nueva solicitud
de reconocimiento del derecho a la sustitución pensional. Mediante comunicación
APS – 1301, la Gobernación del Valle del Cauca negó la solicitud, argumentando
que la solicitud ya había sido resuelta mediante Resoluciones Nos. 1599 de
2003, 1814 de 2003 y 273 de 2003, actos administrativos que se fundamentaron en
las normas legales que para ese entonces regulaban la sustitución pensional.
1.13      El
5 de julio de 2011, la señora María Nancy Montoya interpuso acción de
tutela en contra de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali y del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali,
solicitando que se ordene el reconocimiento y pago efectivo de la sustitución
pensional reclamada, argumentando que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron su derecho al debido proceso, al haber incurrido, i) en un defecto
sustantivo por desconocimiento de las normas que regulan el derecho a la
pensión de sobrevivientes, ii) en un defecto fáctico, por no haber valorado las
pruebas que se aportaron al proceso ordinario, y iii) en un “defecto
procedimental absoluto”, porque los jueces accionados no “verific[aron]
ni [le] [solicitaron] que la aclar[á]ramos en su debida oportunidad, tampoco se
contradijo ni anuló dentro del proceso. (sic)”[13]
2
Actuaciones adelantadas por los jueces de tutela
Mediante Auto del 6 de julio de 2011, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se corriera traslado de la
solicitud de amparo a las autoridades judiciales accionadas, con el fin de que
ejercieran su derecho de defensa. Igualmente, ordenó que se vinculara al
Departamento del Valle del Cauca para que se pronunciara sobre los hechos y
pretensiones de la acción de tutela.
3
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Las autoridades judiciales accionadas y la entidad
vinculada, no se pronunciaron sobre los hechos y pretensiones de la acción de
tutela.
4
Sentencia de primera instancia
El doce (12) de julio de dos mil once (2011), la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de primera
instancia, declarando la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de la inmediatez, ya que la acción de tutela fue interpuesta
luego de haber trascurrido cerca de tres años desde que se profirió la sentencia
de segunda instancia, sin que se presentara una justificación válida que
explicara la inactividad de la accionante. Adicionalmente, consideró que la tutelante
tampoco agotó todos los recursos ante la jurisdicción ordinaria para obtener la
protección de su derecho, teniendo en cuenta que no interpuso el recurso
extraordinario de casación.
5
Sentencia de segunda instancia
En segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la decisión impugnada mediante sentencia del veinticuatro
(24) de agosto de dos mil once (2011), fundamentando su decisión en argumentos
similares a los planteados por el juez de tutela de primera instancia.
II.    ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante Auto del 25 de enero de 2012, la Sala Primera de
Revisión consideró necesario decretar pruebas con el fin de determinar cuáles
fueron las razones por las que la señora María Nancy Montoya interpuso la
acción de tutela luego de haber transcurrido cerca de tres (3) años desde que
se profirió el fallo con el que presuntamente se vulneraron sus derechos, y si
la accionante cuenta con elementos probatorios adicionales a los aportados para
acreditar que convivió con el causante durante veinticuatro (24) años, hasta la
fecha en que este falleció. Finalmente, ordenó suspender los términos del
proceso.
En respuesta a la anterior solicitud, la señora María Nancy
Montoya presentó un memorial recibido en la Secretaría General de esta
Corporación el 13 de febrero de 2012. En este, la accionante informó que la
razón para no haber interpuesto la acción de tutela en un momento anterior, es
que desconocía las sentencias proferidas en su contra, debido a la negligencia
de la apoderada a quien le encargó el trámite del reconocimiento de la
sustitución pensional, ya que esta “se sustrajo extrañamente de rendir[le]
cuentas e informes sobre la gestión confiada”.[14]
Respecto de la solicitud de aportar los elementos
probatorios a su alcance para acreditar que convivió con el señor José Johany Álvarez
hasta el momento en que este falleció, aportó los siguientes documentos:
-       Fotocopia
del formato de inscripción al servicio funerario Campo Santo Metropolitano,
diligenciado el 15 de enero de 2003 por el señor José Johann Álvarez, en el que
aparece como compañera permanente a la señora María Nancy Montoya.[15]
-       Fotocopia
de una comunicación suscrita por la señora María Nancy Montoya, dirigida a una
representante de Seguros Liberty, en la que autoriza la consignación a su
cuenta bancaria, del dinero “del seguro correspondiente al señor JOSÉ JOHANY
ÁLVAREZ COLORADO”.[16]
-       Fotocopia
del formulario de liquidación de reclamos de seguros personales de la Compañía
Liberty Seguros S.A., en el que consta que la beneficiaria del pago es la
señora María Nancy Montoya.[17]
-       Fotocopia
del folio de matrícula inmobiliaria No. 382-0006.652, expedido por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos Seccional de Sevilla el 20 de septiembre
de 2002, en el que consta que dicho inmueble se afectó a vivienda familiar por
el señor José Johany Álvarez Colorado y la señora María Nancy Montoya.[18]
-       Fotocopia
de la libreta de la cuenta No. 6950-002525/5 del Banco Agrario de Colombia, la
cual, según informa la accionante, pertenecía al señor José Johany Álvarez, y
en la cual se evidencia que el último retiro hecho por el titular de la cuenta
se hizo el 29 de marzo de 2003, en la sucursal de Sevilla – Valle del Cauca –.[19]
-       Fotocopia
de un derecho de petición presentado por el señor Álvarez Colorado el día 20 de
febrero de 2003, en el que el peticionario informa que su dirección de
residencia es la calle 62A No. 50 – 13 del municipio de Sevilla – Valle del
Cauca –, con su correspondiente respuesta del 25 de febrero de 2003, la cual
fue enviada a la dirección antes indicada.[20]
-       Fotocopia
del estado de la cuenta de ahorro No. 6950-002525-5 del Banco Agrario de
Colombia perteneciente al señor José Johany Álvarez, correspondiente a los
trimestres de abril – junio y julio – septiembre, del año 2003, los cuales
fueron enviados a la calle 62A No. 50 – 13 del municipio de Sevilla – Valle del
Cauca –.[21]
-       Fotocopia
de un carné de afiliación a un seguro exequial, expedido el 8 de julio de 2000,
en el que figura la señora Nancy Montoya como compañera permanente del señor
Álvarez Colorado.[22]
-       Fotocopia
de un formato de actualización de datos de la Gobernación del Valle del Cauca,
diligenciado por el señor Álvarez Colorado el 30 de septiembre de 2002, en el
que este señala como dirección de residencia la calle 62A No. 50 – 13 del
municipio de Sevilla – Valle del Cauca –.[23]
-       Fotografías
familiares, en las que figura el fallecido señor Álvarez Correa junto con la
accionante y sus hijas, algunas de ellas fueron tomadas frente a su casa de
habitación. Asimismo, aportó fotografías suyas junto a su hija menor Jenny
Marcela Álvarez Montoya, tomadas el 10 de febrero de 2012 frente a su casa de
habitación.[24]
-       Memorial
suscrito por el señor Mario Ramírez Yepes, quien manifiesta que fue compañero
de trabajo del señor José Johany Álvarez Colorado y que lo conoció durante
treinta (30) años. En este memorial, el declarante informa que la señora María
Nancy Montoya fue compañera permanente del señor Álvarez Colorado y que ambos
convivieron bajo el mismo techo, en la casa ubicada en la calle 62A No. 50 – 13
del municipio de Sevilla – Valle del Cauca –, hasta la fecha en que este último
falleció. Asimismo, informa que la accionante dependía económicamente de su
compañero permanente.[25]
-       Memorial
suscrito por el señor Jesús Alberto Galvis Vargas, quien manifiesta que conoció
de vista y trato al señor José Johany Álvarez Colorado y a la señora María
Nancy Montoya desde hace más de veinte (20) años, que estas personas eran
compañeros permanentes y que convivieron bajo el mismo techo hasta la fecha en
que falleció el señor Álvarez Colorado, y que la señora María Nancy Montoya
dependía económicamente de su compañero permanente.[26]
-       Declaraciones
extraprocesales rendidas por Henry y Amparo del Socorro Álvarez Colorado,
hermanos del señor José Johany Álvarez Colorado, y por las señoras Heroína Mesa
de Ladino y Senelly Rodríguez Ramos, vecinas de la señora María Nancy Montoya,
en las que manifiestan que José Johany Álvarez Colorado y María Nancy Montoya
fueron compañeros permanentes durante veinticuatro (24) años, que convivieron
bajo el mismo techo hasta el 12 de abril de 2003, fecha en que falleció el
señor Álvarez Colorado, y que la pareja procreó dos hijas, una de las cuales
aún es menor de edad. Asimismo, manifiestan que la señora Montoya depende de la
mesada pensional que recibe su hija Jenny Marcela Álvarez Montoya.[27]
iII. Consideraciones y
fundamentos
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Formulación del problema jurídico
El caso objeto de estudio le plantea a la Sala de Revisión
el siguiente problema jurídico:
¿Vulneran unas autoridades judiciales (Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Cali) los derechos al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital de una persona (María Nancy Montoya), al
haberle negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, porque
consideraron que la demandante no demostró dentro del proceso laboral haber
convivido con su compañero permanente durante los cinco (5) años anteriores al
momento en que este falleció, sin tener en cuenta que en su demanda la
tutelante aportó declaraciones extrajudiciales en las que los declarantes
manifestaban que la actora si cumplió con dicho requisito?
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala
reiterará su jurisprudencia sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales y las causales de prosperidad de la acción. No
obstante, antes de aplicar la jurisprudencia al caso en estudio, deberá
determinarse si la acción cumple con el requisito de inmediatez, ya que esta
fue interpuesta luego de haber transcurrido cerca de tres (3) años desde la
fecha en que se profirió el fallo de segunda instancia, plazo que en principio
resulta prolongado.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia.
La presente acción de tutela fue interpuesta en contra de la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali y del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, por la presunta
vulneración del derecho al debido proceso de la señora María Nancy Montoya, con
la expedición de las sentencias por medio de las cuales le negaron la
sustitución de la pensión que recibía su compañero permanente fallecido. En
consecuencia, la Sala de Revisión considera necesario reiterar su
jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.
El artículo 86 de la Constitución establece que la acción
de tutela es un medio de defensa judicial de los derechos fundamentales cuando “resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Por lo tanto, si con una providencia se amenazan o violan
derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para solicitar la
protección de los mismos.
Ciertamente, en la Sentencia C-543 de 1992 (MP José
Gregorio Hernández Galindo), la Corporación estudió la constitucionalidad de
los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, preceptos que regulaban el
ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y los declaró
inexequibles, por considerar que, tal como estaban formulados, desconocían las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el
principio de seguridad jurídica. Esa decisión ha conducido a algunas
autoridades judiciales a interpretar que, en Colombia, ni la Constitución, ni
las leyes ni los reglamentos, autorizan a los jueces a emitir un
pronunciamiento de fondo sobre acciones de tutela dirigidas contra providencias
judiciales.
Pues bien, la Sala es consciente de que una sentencia,
como cualquier texto jurídico, está sujeta a diversas interpretaciones, algunas
de ellas posiblemente incompatibles entre sí. Eso puede estar ocurriendo,
efectivamente, con el sentido de la decisión adoptada por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992. Pero, asimismo, es necesario
resaltar que en un caso de discrepancias interpretativas a propósito de las
sentencias de la Corte Constitucional, quien tiene competencia jurídica,
conferida por la Constitución y la Ley, para interpretarlas con autoridad,
es la propia Corte Constitucional. Del mismo modo, quien interpreta con
autoridad las sentencias de la Corte Suprema o del Consejo de Estado es, según
el caso, la Corte Suprema (artículo 234, C.P.) o el Consejo de Estado (artículo 237.1, C.P.).[28] Nótese, respecto de la
competencia de la Corte Constitucional para interpretar sus propias
providencias, que la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de
Justicia”, dispone expresamente que a la Corte Constitucional le
corresponde determinar los efectos de sus fallos e interpretar con autoridad
el sentido de sus decisiones, y que en esos casos sus pronunciamientos
tienen carácter “obligatorio general”. En efecto, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia prescribe que en el control constitucional de las
normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o en ejercicio del
control automático, la interpretación autorizada que efectúe la Corte
Constitucional “tiene carácter obligatorio general” (art. 48). Y la
obligatoriedad a que se refiere la Ley, se predica no sólo de la interpretación
del texto de la Constitución, sino también naturalmente de la de sus propios
pronunciamientos y de la interpretación que haga de las leyes, cuando
quebranten la Constitución.[29]
En consecuencia, la interpretación vinculante del sentido de
la Sentencia C-543 de 1992 es la que efectúa la Corte Constitucional por vía de
autoridad en el control de las leyes. De ese modo, debe señalarse que en la
referida Sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional no adoptó una resolución
en términos absolutos y categóricos. Por el contrario, en el cuerpo mismo
de las consideraciones matizó sus alcances, al prever casos en los cuales la
acción de tutela puede prosperar para cuestionar actuaciones cuya juridicidad
es apenas aparente, porque en realidad implican una ‘vía de hecho’. Al
respecto, dijo la Sala Plena en la referida Sentencia:
“(…)
nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido
en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991).  En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”
En ese sentido, la tutela contra providencias judiciales no
quedó descartada en esa Sentencia. Al contrario, en ese fallo se ha fundado la
ulterior y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, expedida en
pronunciamientos remotos y recientes, tanto de su Sala Plena como de sus Salas
de Revisión de tutelas. Así, por ejemplo, pueden mencionarse las siguientes
sentencias en las cuales se han tomado decisiones con fundamento en la doctrina
de acuerdo con la cual es posible interponer tutela contra providencias
judiciales: C-037 de 1996[30],
SU-1184 de 2001[31],
SU-159 de 2002[32]
y, más adelante, en la Sentencia C-590 de 2005[33].
También lo han reiterado las diversas Salas de Revisión de tutela, y desde el
comienzo, por ejemplo en las Sentencias T-079[34]
y T-158 de 1993,[35]
en las cuales la Corte Constitucional consideró que por violación del derecho
fundamental al debido proceso, debían ser revocadas sendas providencias
judiciales, que le ponían fin a procesos jurisdiccionales ordinarios. En esa
misma dirección, en la Sentencia T-173 de 1993, con ponencia del Magistrado
José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la Sentencia C-543 de 1992–, la
Corte consideró que:
“la
violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque
pretenda cubrirse con el manto respe­table de la resolución judicial, puede ser
atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Subrayas fuera
del texto).
En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
sido coherente en su doctrina en cuanto a que algunos actos judiciales, en
determinadas condiciones, pueden ser cuestionados por vía de acción de tutela
si violan derechos fundamentales. En cambio, debe anotarse que la magnitud del
defecto judicial, que amerita una intervención del juez de tutela para proteger
derechos fundamentales violados por autoridades judiciales, no ha sido valorada
durante todo el tiempo con rigidez monolítica. Como lo expuso la Sala Segunda
de Revisión en la Sentencia T-377 de 2009, al referirse a la jurisprudencia
sobre tutela contra sentencias: “[e]sta línea jurisprudencial se conoció
inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta Corporación
recientemente, con el propósito de superar una percepción restringida de esta
figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la
arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho por la de
“causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales”[36]
que responde mejor a su realidad constitucional.[37] La
sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se
está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado
hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de
hecho[38]”[39].
Actualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
exige la satisfacción de condiciones para conceder la tutela contra sentencias.[40] En primer
lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad
–o de procedibilidad general-, que le permitan al juez evaluar el fondo del
asunto. Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez de tutela debe
preguntarse, en síntesis, si: (i) la problemática tiene relevancia
constitucional; (ii) han sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios
y extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir
un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las
circunstancias particulares del peticionario[41];
(iii) se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el
amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación)[42]; (iv) en
caso de tratarse de de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido
incidencia en la decisión que se impugna, salvo que de suyo se atente
gravemente contra los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica
debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos
vulnerados y si –de haber sido posible- discutió oportunamente la eventual
violación en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la
sentencia impugnada no es de tutela.[43]
Sólo después de superados los requisitos –generales- de procedibilidad,
el juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad
del amparo. En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada
incurrió en alguno de los defectos específicos. De acuerdo con la
Sala Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en los que el
funcionario judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto material o
sustantivo;[44]
(ii) defecto fáctico;[45]
(iii) defecto orgánico;[46]
(iv) defecto procedimental;[47]
(v) error inducido o vía de hecho por consecuencia;[48] (vi) decisión sin
motivación;[49]
(vii) desconocimiento del precedente;[50]
(viii) violación directa de la Constitución. Son varios los casos en los que se
ha desarrollado esta jurisprudencia[51],
así como aquellos en que se ha reiterado la doctrina de forma reciente.[52]
4.
Breve reseña sobre la causal de prosperidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales del defecto fáctico
El defecto fáctico, según ha señalado la jurisprudencia de la
Corte, es un error relacionado con asuntos probatorios, que tiene dos
dimensiones. Una dimensión negativa, que se produce por omisiones del juez,
como por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una
realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso;[53] (ii) por decidir
sin el “apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”;[54]
(iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el
juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.[55] Y una dimensión
positiva, que tiene lugar por actuaciones positivas del juez, en la que se
incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas
ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión;[56] o (v)
por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia.[57]
Para la resolución del caso concreto, es pertinente hacer
énfasis en el análisis de la omisión del juez ordinario de decretar pruebas de
oficio, cuando el ejercicio de esta facultad está autorizado constitucional y
legalmente, pero el funcionario judicial no la ejerce por razones que no
resultan justificadas. Esta afirmación esta soportada principalmente en el
derecho constitucional de “acceder a la administración de justicia”,[58] entendida no
sólo como la posibilidad de las personas de presentar demandas y que estas sean
admitidas, sino además que, en la medida de lo posible, el conflicto sometido a
conocimiento del funcionario judicial sea resuelto de fondo.
Esta concepción del derecho a acceder a la administración de
justicia es producto de una interpretación conjunta de las normas de la
Constitución que consagran como fines esenciales del Estado, los de “garantizar
la efectividad de los principios, derecho y deberes consagrados en la Constitución”[59] y
“asegurar (…) la vigencia de un orden justo”, así como, con la norma que
consagra que en las actuaciones de la administración de justicia debe
prevalecer el derecho sustancial.[60]
De la interpretación de las normas constitucionales
indicadas, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho:
“Así, una violación del derecho a acceder a la administración
de justicia se presenta no sólo cuando al actor se le dificulta o imposibilita
tal acceso, sino también cuando la administración de justicia le permite
acceder, pero no evalúa sus pretensiones o las evalúa tan sólo en apariencia,
pues acaba tomando en realidad una decisión con base en consideraciones
superficiales o de carácter excesivamente formal, que no tienen valor
instrumental en la garantía de otros derechos fundamentales, en un caso en que
es posible adoptar una decisión diferente con fundamento en una interpretación
orientada a la protección efectiva de los derechos fundamentales.[61]”[62]
Ahora bien, debe resaltarse que no siempre que un juez dicte
una sentencia sin haber decretado pruebas de oficio, constituye una vulneración
al derecho al acceso a la administración de justicia y una consecuente
vulneración del derecho al debido proceso, ya que la función de administrar
justicia se rige por los principios constitucionales de autonomía e
independencia.[63]
Por lo anterior, es necesario establecer cuándo una decisión de esa naturaleza
puede considerarse contraria a los derechos fundamentales de la parte afectada.
Para ofrecer una respuesta a este interrogante, debe reiterarse
que la función de administrar justicia también se rige por los principios de la
publicidad de las actuaciones y la prevalencia del derecho sustancial.[64] La
interpretación conjunta de estos principios implica que el juez haga pública la
motivación de sus decisiones con el fin de garantizar el derecho de defensa y
contradicción de las partes procesales, pero, más importante aún, es que la
motivación no puede obedecer a razones meramente procesales, que desconozcan irrazonablemente
el derecho sustancial de las personas, porque una decisión de esa naturaleza,
desconocería la garantía de la efectividad de los derechos consagrados en la
Constitución y el fin del Estado de asegurar un orden justo.
5.
La acción de tutela objeto de estudio cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
En
este acápite, la Sala de revisión debe establecer si la acción de tutela
interpuesta por la señora María Nancy Montoya cumple con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela.
5.1
De la relevancia constitucional
La
Sala de Revisión considera que la acción de tutela interpuesta en contra de las
sentencias proferidas por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali y por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito
de Cali tiene relevancia constitucional, ya que la decisión que se adopte en
este caso tendrá incidencia directa en los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social, de una persona cuya subsistencia depende de los
recursos que puede llegar recibir por el pago de la pensión de sobrevivientes
derivada de la muerte de su compañero permanente, de quien dependió
económicamente durante gran parte de su vida adulta.
Adicionalmente,
el caso en estudio también plantea una controversia de evidente relevancia
constitucional, como lo es la de establecer en el caso concreto, si la decisión
de una autoridad judicial de negar una pensión de sobrevivientes, argumentando
que no se acreditó el cumplimiento de uno de los requisitos para su
reconocimiento como lo es el de la convivencia con el causante hasta la fecha
de su fallecimiento, sin tener en cuenta que existía declaraciones
extraprocesales que indicaban lo contrario, y que las normas procesales
laborales autorizan al juez de esta competencia a decretar pruebas de oficio,
vulnera el derecho al debido proceso de la accionante.
5.2
Del agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios
La
Sala de Revisión considera igualmente, que la señora María Nancy Montoya agotó
los recursos ordinarios a su alcance para la protección de su derecho, ya que
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali. Ahora bien, la señora María Nancy
Montoya no agotó el recurso extraordinario de casación en contra de la decisión
proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Cali.
Sin embargo, al no tener clara la cuantía de las pretensiones del proceso
laboral ordinario, no está claro que en el presente caso procediera la
interposición de dicho recurso. Por lo tanto, y en aplicación del principio de
favorabilidad, la Sala interpretará que en este caso, la acción interpuesta por
la señora María Nancy Montoya cumple con este requisito de procedibilidad.[65]
5.3
De la inmediatez
Para adelantar el examen de este requisito, la Sala
considera pertinente efectuar algunas precisiones sobre el concepto de
inmediatez y, principalmente, destacar su naturaleza o carácter “principial”
y la necesidad de ubicar su estudio a partir de (i) hechos genéricos, en
tanto comunes al escenario jurídico en que se produce esta decisión; y (ii) hechos
particulares, es decir, propios de cada asunto bajo análisis.
Así, (i) en relación con la naturaleza de la inmediatez,
es importante recordar que este requisito no equivale a un término de caducidad
de la acción de tutela, posibilidad incompatible con la Constitución Política,
pues el artículo 86 prevé que la tutela está diseñada para la protección de los
derechos fundamentales en cualquier tiempo, tal como lo recordó esta
Corporación al declarar la inexequibilidad de la norma que estableció la
caducidad de la tutela contra providencias judiciales, en sentencia C-543 de
1992.[66]
La inmediatez no constituye entonces una regla que pueda
aplicarse de manera absoluta (de forma “todo o nada”) en cada caso. Se trata en
cambio de un principio que debe ser satisfecho en la mayor medida posible
dentro de las carcterísticas fácticas y jurídicas que rodean el asunto objeto
de estudio, y aplicado con base en criterios de razonabilidad. En otros
términos, el principio ordena al juez determinar si el plazo de interposición
de la acción, contado desde la acción u omisión que se considera incompatible
con la vigencia de los derechos fundamentales, resulta razonable.
Ese análisis puede concebirse en dos etapas. En la primera
de ellas, (i) el juez verifica si ese lapso es razonable prima facie; es
decir, si tomando en cuenta el objeto de la discusión, la actuación del
afectado fue ágil, oportuna y diligente. En caso de que, desde el análisis
inicial resulte claro que el accionante actuó de manera oportuna, el juez dará
por cumplido el requisito. Si el operador advierte, por el contrario, que el
peticionario tardó un tiempo considerable para acudir a la acción de tutela,
deberá dar paso a un segundo nivel de análisis, en el que se consideren todos
los aspectos relevantes.
Ese tipo de estudio es necesariamente casuístico, pues son
las circunstancias del caso concreto las que determinan cuándo la tardanza en acudir
al juez de tutela resulta razonable y cuando, por el contrario, afecta
gravemente otros principios en juego, como la seguridad jurídica o los
intereses de terceros eventualmente afectados por la intervención del juez
constitucional.[67]
Sin embargo, (ii) como es característico en el derecho
jurisprudencial, la acumulación de casos previamente analizados permite
configurar patrones fácticos o escenarios jurídicos plenamente diferenciados en
virtud a hechos de carácter genérico. Es decir, hechos que se presentan en
todos los asuntos que se consideran ubicados dentro de tales escenarios.
En ese sentido, en los eventos en que se solicita un
derecho pensional, puede considerarse, son elementos genéricos de análisis: la
afectación continua del derecho fundamental, derivada del carácter periódico de
las mesadas pensionales; la necesidad de tomar en consideración, dentro de los
aspectos materiales a armonizar, el carácter imprescriptible del derecho
pensional; y que las personas que acuden al amparo enfrentan situaciones de
vulnerabilidad asociadas a la vejez, la invalidez y la muerte, pues son tales
los riesgos que cubre el sistema pensional.
Finalmente, (iii) en relación con los hechos específicos
de cada asunto, corresponde al juez tener presentes las circunstancias
concretas de cada peticionario, así como la naturaleza y complejidad del asunto
a tratar; la eventual afectación a intereses de terceros; la diligencia
demostrada por el peticionario o la peticionaria en la defensa de sus derechos,
y las razones que aduce como justificación o explicación de la eventual
tardanza.
Desde la otra orilla del análisis, el juez debe recordar
que, en el escenario de la tutela contra providencia judicial, la inmediatez se
analiza con mayor rigurosidad, en la medida en que la revisión de fallos
ejecutoriados tiempo atrás puede afectar también el principio de cosa juzgada y
la autonomía e independencia judicial, y debe involucrar en su análisis el
adecuado respeto por derechos de terceros que podrían potencial o eventualmente
verse involucrados en la decisión del juez constitucional.
Precisamente con base en esos elementos de análisis, la
Corte Constitucional, en sentencia T-1028 de 2010 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), consideró procedente la solicitud de amparo al derecho fundamental a la
seguridad social en relación con la pensión de sobrevivientes, en un caso en
que la tutela fue interpuesta 32 meses después de proferidos los fallos
judiciales que negaron el derecho, por una mujer de 75 años de edad y en
condición de vulnerabilidad económica.[68]
La Sala Octava consideró, en relación con el requisito de inmediatez, lo
siguiente:
“(…) aunque es evidente que el
lapso de tiempo que dejó pasar la accionante para impetrar la acción de tutela
es irrazonable, debido a las especiales circunstancias que rodean el asunto
resultan aplicables dos de las excepciones a la exigencia de la inmediatez que,
como se vio, ha admitido la jurisprudencia constitucional.
Así, en el caso de la señora
Lizcano salta a la vista que, a pesar del paso del tiempo, la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales permanece, es decir, continúa y es
actual pues sigue sin disfrutar de la pensión de sobreviviente a la que
argumenta tener derecho, lo que la ha llevado a “una situación crítica de
pobreza”[69]
al no tener “una fuente de ingresos regular, pues (…) se dedica a un
pequeño negocio de comercialización de artículos religiosos en la ciudad de
Santa Marta, que no le permite recaudar los recursos económicos suficientes
para subsistir en forma adecuada (…)”[70],
ni “obtener una alimentación adecuada” ni comprar los medicamentos
que requiere para sus problemas de salud[71].
Recuérdese que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer
un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de de una amenaza o violación de derechos fundamentales que
requiera, en realidad, una protección inmediata, como se logra ver en el
presente caso.
También advierte la Sala que, en
el caso de la señora Lizcano Cotes, la carga de la interposición de la acción
de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada su condición de
persona de la tercera edad -75 años- y su situación de debilidad manifiesta
originada en la precaria situación económica que vive, la cual es consecuencia,
precisamente, de la falta del reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
(…)
Las precedentes consideraciones
no se debilitan por el hecho de que se trate de una tutela contra sentencias
judiciales. Tal como se señaló, la mayor rigurosidad en el análisis de la
inmediatez no equivale a imponer un término de caducidad o prescripción a estas
solicitudes de amparo ya que ello trasgrediría el artículo 86 de la
Constitución, que prescribe que la tutela se puede interponer en cualquier tiempo
sin distinción alguna, y la sentencia C-543 de 1992 en la cual esta Corte
declaró la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 que
establecía un término de caducidad para la tutela contra providencias
judiciales. Nótese que, como se reseñó, aún en este tipo de acciones de amparo la
Corte ha inaplicado el requisito de la inmediatez por las particularidades del
caso concreto[72].
Adicionalmente estima la Sala que el término transcurrido no resulta demasiado
prolongado de modo tal que afecte los derechos de terceros, la seguridad
jurídica o convierta la tutela en un premio a la desidia de la peticionaria
quien por varios años ha luchado por obtener el reconocimiento de su pensión
ante la justicia ordinaria.”
En síntesis, en la sentencia T-1028 de 2010, en la cual se
discutía la negativa del acceso a la pensión de sobrevivientes de una mujer,
debido a que la Ley sustancial no consagraba la pensión de sobrevivientes para
la compañera permanente del causante, sino únicamente para su vioda, la Corte
consideró que debía efectuar un análisis flexible de inmediatez, lo que la
llevó a inaplicar el requesito, a partir de (i) el carácter permanente
de la violación alegada; (ii) la edad de la peticionaria; y (iii) su situación
de vulnerabilidad económica, la Corte consideró que debía inaplicarse el
requisito de inmediatez.
Aclarando que, según las precisiones efectuadas en
párrafos precedentes sobre la naturaleza principial del requisito de
inmediatez, antes que inaplicarlo lo que hizo la Sala Octava fue aplicarlo
tomando en cuenta todos los aspectos relevantes del caso, y bajo parámetros de
razonabilidad plenamente decantados por la jurisprudencia constitucional,
resulta evidente que el caso constituye un precedente relevante para el estudio
del asunto de la referencia.
En ese orden de ideas, en el caso objeto de estudio, al
igual que en el evento estudiado en la sentencia T-1028 de 2010, la discusión
gira en torno a una amenaza o violación de derechos fundamentales de carácter
continuo o permanente, pues se trata de una solicitud de pensión de
sobrevivientes. Además, en ambos eventos, la tutela fue interpuesta pasados
aproximadamente aproximadamente tres años desde que se profirieron los fallos
de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral.[73]
La peticionaria, al igual que ocurrió en el asunto
decidido por sentencia T-1028 de 2010, argumenta que enfrenta una situación de
debilidad económica, pues dependía del accionante y carece de fuentes propias
de ingresos actualmente. En efecto, según se desprende de la información
contenida en el expediente, actualmente los únicos ingresos que percibe son
aquellos correspondientes a la mesada pensional de su hija. Por lo tanto, no se
trata de ingresos propios sino del dinero que lo obtiene como representante de
la menor y que, en efecto, dejará de recibir cuando ella cumpla la mayoría de
edad (actualmente cuenta con 17 años de edad).[74]
Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido en el caso analizado
por la Sala Octava en la sentencia citada, en este trámite no se presenta la
tercera circunstancia de vulnerabilidad tomada en cuenta en aquella
oportunidad, debido a que la peticionaria cuenta con 51 años de edad, de manera
que aún no ha ingresado al grupo de especial protección de las personas de la
tercera edad.
Corresponde entonces a la Sala analizar si, en atención a
las semejanzas y diferencias parciales entre los dos procesos, el principio de
igualdad y la consistencia en la práctica judicial ordenan dar paso al estudio
de fondo o, por el contrario, adoptar una decisión diferente en esta ocasión.[75]
Pues bien, existe un elemento propio del escenario
jurídico en que se desenvuelve este conflicto que, si bien no fue
explícitamente señalado en la sentencia T-1028 de 2010, también se presentaba
en aquella oportunidad el cual posee evidente relevancia para adoptar una
decisión constitucional que tome en cuenta todos los elementos relevantes en la
materia.
Se trata de los hechos que dieron origen al proceso
ordinario iniciado por la accionante para obtener el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente. Así, tanto en aquella oportunidad como en esta, las
peticionarias intentaron acceder a la pensión de sobrevivientes de sus
respectivos compañeros permanentes, pero el derecho les fue negado por las
entidades encargadas del reconocimiento y pago de pensiones, con base en
consideraciones basadas en una interpretación de la ley sustancial que
restringía el acceso al derecho a las cónyuges.
Esto significa que el conflicto inicialmente llevado a
conocimiento de los jueces naturales toca el principio de igualdad en su faceta
de no discriminación, pues atañe a la eventual aplicación o interpretación de
disposciiones jurídicas que establecían un trato diferente en razón a la
naturaleza del vínculo sobre el que se constituyeron determinadas relaciones de
pareja.
El principio de no discriminación es uno de los aspectos
más relevantes de una organización política concebida como un estado social y
constitucional de derecho, en la que toda la estructura estatal debe dirigirse
inequívocamente a la plena eficacia de la dignidad humana pues, desde un punto
de vista jurídico y político, esa dignidad se construye a partir de la vigencia
del principio de igualdad de derechos y de garantías adecuadas para evitar que
personas o grupos sociales se vean excluidas del goce de sus derechos.
La relevancia del principio de igualdad en materia de
vigencia, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos ha sido
destacada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión
Consultiva Nro. 18, al destacar que se trata de un mandato imperativo, no
susceptible de disposición por parte de los Estados que hacen parte del Sistema
Interamericano de Protección[76].
En los considerandos pertinentes, explicó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos:
“85.   Existe un vínculo
indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y
el principio de igualdad y no discriminación.  Los Estados están obligados a
respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades
sin discriminación alguna.  El incumplimiento por el Estado, mediante
cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y
garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.
86.     El principio de la
protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación está
consagrado en muchos instrumentos internacionales[77].
El hecho de estar regulado el principio de igualdad y no discriminación en
tantos instrumentos internacionales, es un reflejo de que existe un deber
universal de respetar y garantizar los derechos humanos, emanado de aquel
principio general y básico.
88.     El principio de igualdad
y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los
derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno.  Por
consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho
ordenamiento las regulaciones de carácter discriminatorio y de combatir las
prácticas discriminatorias.
[…]
100.   Al referirse, en
particular, a la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos,
independientemente de cuáles de esos derechos estén reconocidos por cada Estado
en normas de carácter interno o internacional, la Corte considera evidente que
todos los Estados, como miembros de la comunidad internacional, deben cumplir
con esas obligaciones sin discriminación alguna, lo cual se encuentra
intrínsecamente relacionado con el derecho a una protección igualitaria ante la
ley, que a su vez se desprende “directamente de la unidad de naturaleza del
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona”[78].  El
principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación
del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el
respeto y garantía de los derechos humanos.  Dicho principio puede considerarse
efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es
aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en
determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros,
inclusive a particulares.  Esto implica que el Estado, ya sea a nivel
internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus
poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o
negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y no
discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de personas.
101.   En concordancia con ello,
este Tribunal considera que el principio de igualdad ante la ley, igual
protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens,
puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público
nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo
ordenamiento jurídico.  Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en
conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos
discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza,
color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen
nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio,
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.  Este principio (igualdad
y no discriminación) forma parte del derecho internacional general.  En la
actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio
fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus
cogens.”
Por ello, en este análisis de inmediatez, la Sala debe
valorar no sólo los factores ya indicados, a partir de las consideraciones
vertidas por la Sala Octava en sentencia T-1028 de 2010. También es
imprescindible verificar si los medios ordinarios de defensa constituyeron un
escenario eficaz para la defensa de ese principio cardinal de la organización
política colombiana. Dicho en otros términos, la presencia del principio de no
discriminación entre los elementos a destacar dota al caso de una relevancia
constitucional objetiva, independiente de las circunstancias del caso concreto
que, a juicio de la Sala, constituye un nuevo factor de flexibilización del
análisis.
El
conjunto de los elementos recién expuestos, es decir, (i) el carácter continuo
o permanente de la violación iusfundamental alegada, (ii) la situación
de vulnerabilidad económica de la peticionaria y (iii) la importancia de
reiterar la jurisprudencia asociada al principio de no discriminación en
materia de pensión de sobrevivientes, son motivos suficientes para considerar
satisfecho el requisito.
5.4
De los requisitos restante de procedibilidad general
Finalmente,
es menester señalar que el posible vulneración del derecho al debido proceso de
la señora María Nancy Montoya, está relacionado con un defecto fáctico por
omisión en el decreto de la práctica de pruebas, razón por la cual se desvirtúa
que se trate de una irregularidad procesal. No obstante, si en gracia de
discusión se aceptara que la posible vulneración al derecho está relacionada
con una irregularidad procesal, debe tenerse en cuenta que si los jueces
ordinarios hubieran ejercido su facultad de decretar pruebas de oficio para
ratificar las afirmaciones contenidas en las declaraciones extraprocesales
aportadas al proceso, es altamente probable que el resultado del proceso
hubiera sido distinto.
Adicionalmente, en el escrito de tutela se identificaron
en debida forma los hechos que originaron la violación y los posibles derechos
vulnerados, y en el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por
el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, se expusieron los argumentos en
contra de la valoración probatoria que actualmente es objeto de estudio.
Finalmente, debe señalarse que las sentencias controvertidas
fueron proferidas dentro de un proceso laboral ordinario, de lo que se concluye
que no son sentencias de tutela.
6.
Análisis del caso objeto de estudio
La
jurisprudencia constitucional tiene establecido que el defecto fáctico es una
de las causales más restringidas de procedencia de tutela contra providencia
judicial. Las razones de esa posición se relacionan con (i) el amplio margen de
valoración de las pruebas con que cuenta el juez, en virtud de los principios de
libertad probatoria y aplicación de la sana crítica para alcanzar la convicción
sobre las hipótesis de hecho presentadas por las partes; y (ii) el principio de
inmediación, de acuerdo con el cual es el juez natural del proceso quien se
encuentra en mejores condiciones para determinar el alcance, credibilidad,
veracidad y capacidad de convicción de cada medio de prueba debido a su
intervención directa en su decreto y práctica.
En este trámite, la señora María Nancy Montoya manifestó,
en su escrito de tutela, que las autoridades judiciales accionadas (Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Cali y Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali), desconocieron sus derechos constitucionales al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social en pensiones, al
negarle su solicitud de pensión de sobrevivientes, basándose en que
–supuestamente– no comprobó haber convivido con el causante hasta su muerte.
Al observar los fallos cuestionados, es posible concluir
que las decisiones judiciales se basaron en los siguientes elementos: la
peticionaria no probó haber convivido con el causante hasta el momento de su
muerte porque (i) si bien aportó 18 declaraciones extraprocesales, estas no
fueron ratificadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229 del
Código de Procedimiento Civil, de manera que no poseen valor probatorio alguno;
El Juez Laboral de Segunda Instancia confirmó la decisión y, en los fundamentos
de su decisión agregó que (ii) aún si se valoraran esas declaraciones, estas no
tendrían fuerza de convicción suficiente para dar cuenta de la convivencia y,
por lo tanto, para considerar a la peticionaria como beneficiaria de la pensión
de sobrevivientes como compañera de José Johany Álvarez Colorado y (iii) las
pruebas documentales allegadas por la accionante daban cuenta de la convivencia
hasta 1998 pero no hasta el año 2003.
En materia de tutela contra providencias judiciales, esta
Corporación ha sido consistente en exigir que el demandante asuma una carga
argumentativa suficiente para que pueda el juez asumir el estudio desde la
perspectiva de las causales genéricas de procedencia del amparo. Sin embargo,
también ha aclarado la Corporación que esa condición no es incompatible con el
carácter informal de la acción de tutela ni torna la tutela contra providencias
en un recurso de carácter técnico. Lo que corresponde al juez de tutela es
evaluar la existencia de un defecto a partir de argumentos claros que propongan
la incompatibilidad de la decisión demandada con los derechos constitucionales
y los motivos de la misma.
De igual manera, la Corporación ha precisado que los
defectos que constituyen causales de procedencia de la acción, a diferencia de
lo que ocurre en otros escenarios (como la casación), no presentan límites
infranqueables entre sí, sino que entre ellos existen relaciones, de manera que
una sola acusación puede dar lugar a la ocurrencia de diversas causales de
procedencia. Así, por ejemplo, un defecto fáctico puede surgir de uno
sustantivo; estos, a su vez, pueden relacionarse con un error procedimental
grave; o bien con el desconocimiento de los precedentes relevantes.
En ese orden de ideas, la Sala considera que la acusación
de la accionante toca dos aristas del defecto fáctico: de una parte, y desde su
dimensión positiva, se discute el alcance dado por los jueces accionados a los
medios de  convicción aportados al juicio; de otra parte, de los argumentos de
la demanda se infiere una acusación sobre un error desde la dimensión negativa,
por omisión en el decreto de pruebas necesarias para alcanzar una decisión de
fondo, ajustada al derecho sustancial.
Al analizar lo ocurrido en el proceso laboral, la Sala
evidencia que la decisión adoptada por el juez natural del proceso es, en
principio, razonable, debido a que la condición de ratificar los testimonios,
aunque constituye una formalidad procesal, no constituye, sin embargo, un
simple formalismo. En ese sentido, debe recordarse que el debido proceso parte
del seguimiento de las formas propias de cada juicio y se traduce materialmente
en el adecuado ejercicio de los derechos de audiencia, defensa y contradicción.
Por eso, cuando una formalidad satisface esos principios debe considerarse como
una formalidad dirigida a lo sustancial y no como un mero formalismo.
En tal sentido, la ratificación de las declaraciones
extraprocesales dispuesta en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil
permite, en el escenario del proceso laboral, el interrogatorio de la
contraparte y, de esa forma, el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción. Por ese motivo, su exigencia es, en principio, ajustada a la
Constitución Política y, por lo tanto, ajena al control concreto del juez de
tutela.
Sin embargo, el juez es también el director del proceso y,
en el escenario del derecho laboral, tiene obligaciones sustanciales derivadas
de la importancia del derecho al trabajo en el orden constitucional colombiano,
como principio fundante del mismo y derecho fundamental; la obligación de dar
un trato especial a la parte más débil de la relación sin que ello comporte la
pérdida de su neutralidad sino la adecuada distribución de las cargas
procesales, en virtud del principio de igualdad material y -como ocurre en
todos los trámites judiciales-, el deber de perseguir en sus fallos no sólo la
definición de las controversias sociales sino que la respuesta a esos problemas
tenga la pretensión de satisfacer la justicia material, propósito que comprende
el afán porque sus decisiones se ajusten en la mayor medida posible a la verdad
material, aun cuando nunca pueda predicarse plena certeza de los juicios sobre
hechos, en virtud de los cauces reglados por los que el juez accede al
conocimiento y los límites epistemológicos intrínsecos al conocimiento de
hechos pasados bajo condiciones de tiempo limitadas[79].
En ese marco, es posible concluir que, si bien desde una
primera aproximación la posición de los jueces laborales de negar eficacia probatoria
a las declaraciones extraprocesales no ratificadas en el juicio no resulta
ajena a los mandatos constitucionales, en el caso concreto, la existencia de
dieciocho (18) manifestaciones coincidentes sobre los hechos, aunada a los
demás medios de convicción allegados al trámite, sí creaban en el juez la
obligación de ordenar oficiosamente la ratificación de los mismos.
Ello, debido a que, según la jurisprudencia reiterada en
esta oportunidad, la facultad judicial de decretar pruebas de oficio se
torna en un deber cuando (i) existen suficientes elementos que permiten inferir
que, de no ejercerse la citada facultad, el fallo se alejará drásticamente de
la verdad material afectando por esa vía el acceso a la administración de
justicia y por lo tanto el derecho fundamental al debido proceso; (ii) cuando
del ejercicio de ese deber dependa la eficacia de un derecho constitucional, el
asunto adquiere relevancia constitucional y puede ser discutido en el marco de
la acción de tutela.
Ese defecto corresponde a la dimensión negativa del
defecto fáctico, y se concreta en la omisión en el decreto de pruebas, al no
ordenar la recepción de testimonios no ratificados pero que, en su conjunto, y
al tomar en consideración los demás elementos de convicción del expediente,
poseían un valor indiciario suficiente para convertir en deber la facultad de
decreto oficioso de pruebas, para  alcanzar una decisión ajustada a la verdad y
la justicia material.
Sin embargo, una de las subreglas constitucionales sobre
el defecto fáctico prescribe que la tutela procede únicamente cuando es posible
inferir razonablemente que el eventual error tiene (o pudo tener) incidencia
directa en la decisión a adoptar. El juez de segunda instancia del proceso
laboral sostuvo en su fallo que, aún en caso de darle valor probatorio a esos
testimonios, de estos no se puede inferir la prueba de la convivencia de la
peticionaria y el causante durante sus últimos años de vida. De ser así, aún
aceptando que los jueces accionados incurrieron en un defecto fáctico por
omisión en el decreto de pruebas habría que concluir que ese defecto no tuvo
incidencia en el sentido de la decisión.
Sin embargo, la Sala constata que la posición del Tribunal
se basa en un segundo yerro, derivado de una interpretación errónea de la carga
de la prueba y en la valoración errónea de las pruebas disponibles en el
trámite. Este segundo error que evidencia la Sala se desprende de una sencilla
constatación: en el trámite administrativo, al resolver el recurso de apelación
presentado por la peticionaria (dentro de la vía gubernativa), la entidad
encargada del reconocimiento y pago de su pensión consideró acreditada la
convivencia.
En efecto, de acuerdo con los antecedentes del caso, en la
Resolución No. 273 del 14 de octubre de 2003, por la cual la Subsecretaria de
Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Institucional del Departamento
del Valle del Cauca resolvió el recurso de apelación de la accionante, se
expresó:
“[…la Ley 797 de 2003] no
contempla la convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años antes
del fallecimiento del causante entre ‘dos compañeras permanentes’, sino entre cónyuge
y compañera permanente (artículo 13 inciso 3 del literal b), debiéndose de
proceder por las partes en conflicto acudir ante la jurisdicción ordinaria,
para que les resuelva dicha situación, ya que ambas compañeras han
demostrado la convivencia y dependencia económica durante los últimos años y
hasta el día de la[ m]uerte del de cujus, con el cual procrearon varios
hijos”[80].
(Negrilla en texto original; subraya la Sala).
Aceptada la convivencia en sede gubernativa, no podían los
jueces laborales válidamente exigir una prueba de la convivencia sin lesionar
el debido proceso de la accionante, como a continuación se explica.
Uno de los aspectos centrales del derecho fundamental al
debido proceso, en concepto de la Corte Constitucional, es la motivación de las
decisiones, tanto en sede administrativa como en sede judicial. La motivación,
ha señalado la Corte, no sólo se asocia a la interdicción de la arbitrariedad,
en tanto prohíbe que las decisiones sean adoptadas por el capricho de las
autoridades estatales, sino que es un presupuesto indispensable para el
ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, así como para el acceso a
la administración de justicia, pues sólo conociendo las razones de las
autoridades puede el ciudadano controvertirlas por medio de los recursos y
mecanismos diseñados por el Legislador para hacerlo.
Por ese motivo, si la negativa sostenida en el acto
administrativo que, al agotar la vía gubernativa le negó el derecho, se basó en
que a pesar de estar probada la convivencia simultánea entre el peticionario y
la accionante el derecho no podía concedérsele debido a que la Ley 797 de 2003
no establecía –siempre siguiendo la argumentación de la entidad administrativa-
el supuesto de convivencia simultánea, entonces la discusión judicial debía
centrarse en ese aspecto y no exigir prueba adicional sobre ese hecho; o bien,
exigía tomar como prueba del hecho la resolución No. 273 del 14 de octubre de
2003, de la Subsecretaria de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo
Institucional del Departamento del Valle del Cauca.
Posición semejante ha defendido la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Así, en jurisprudencia constante ha afirmado que,
probada la convivencia en sede administrativa, no puede el juez natural exigir
prueba adicional sobre el hecho. Así, en conjunto de decisiones atinentes a la
negativa de entidades administradoras de fondos de pensiones que negaron la
pensión de sobrevivientes a personas a quienes previamente se había pagado la
indemnización sustitutiva reconocida previamente a su difunto compañero o
compañera permanente, señaló la alta Corporación:
“Si bien, en parte le asiste
razón al impugnante, en tanto la concesión de la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez, no presupone la verificación de requisito de convivencia
alguno, pues este reconocimiento se hace directamente en vida al afiliado, como
sucedió con la Resolución No. 005144 de 2002,  lo cierto es que en el evento
bajo examen, como el deceso del afiliado López Reyes imposibilitó el pago
efectivo de la indemnización que en vida se le había otorgado mediante el acto
administrativo de folio 36; al tiempo que se le negaba la pensión de
sobrevivientes, y a pesar de que no era necesario acreditar la convivencia,
pues se trataba simplemente de pagarle a la esposa lo que en vida se le había
reconocido al causante, en la última de las consideraciones, el ente accionado
consignó que se le concedía la “Indemnización Sustitutiva de la pensión de
vejez que en vida se le otorgó al causante, por reunir los requisitos de
convivencia hasta el fallecimiento y demás exigidos en el Artículo 47 de la Ley
100 de 1993, (…)”, lo cual, no puede ser entendido sino como un expreso
reconocimiento de parte del Instituto, de que la actora sí cumplía con el
presupuesto legal que ahora pretende desconocer.
En ese orden, la eventual
desinteligencia del fallador de segundo grado, se exhibe intrascendente, en la
medida que, de todas maneras, no era necesario que centrara su atención en
descubrir la presencia del requisito de la convivencia del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, en su versión original, pues la expresa aceptación de la
enjuiciada en el documento de folio 36, hacía superfluo ese ejercicio, de
suerte que bien hizo al ocuparse exclusivamente de lo atinente al tema de la
densidad de cotizaciones. En realidad, no es que el juez de la alzada haya
dispensado a la actora de la prueba de la exigencia comentada, sino que le
resultó suficiente que el ISS hubiera partido de la verificación de la misma,
para terminar concediéndole el derecho que en vida ya le había reconocido al afiliado.[81]
Cabe aclarar que esas decisiones no partieron de supuestos
fácticos idénticos a los que se analizan en el caso concreto. No son por lo
tanto precedentes de la Corte Suprema sobre el problema pensional que presenta
este caso. Se trata, en cambio, de pronunciamientos relevantes sobre el alcance
que en la valoración de las pruebas deben tener las decisiones previas de las
entidades administradoras de fondos de pensiones y, por lo tanto, aportan
elementos de análisis de absoluta relevancia para decidir la controversia
planteada en relación con la ocurrencia de un defecto fáctico por errónea
valoración de las pruebas.
Esa posición, además, es acorde con un principio
ampliamente aplicado en el derecho internacional de los derechos humanos, de
acuerdo con el cual los estados no pueden sorpresivamente negar hechos
aceptados en instancias previas. Ese principio, conocido como estoppel es
una manifestación de la teoría del respeto por el acto propio y lleva a
confirmar las conclusiones presentadas en párrafos precedentes.
En consecuencia, la Sala encuentra que los jueces
accionados incurrieron en violación a los derechos fundamentales de la
peticionaria, en tanto incurrieron en un defecto fáctico que alejó sus
decisiones de la verdad material y, por lo tanto, obstaculizaron el acceso a la
administración de justicia, con la consecuente afectación a los derechos al
debido proceso, el mínimo vital y la seguridad social en pensiones de la
peticionaria. Por lo tanto, la Sala dejará sin efectos las decisiones adoptadas
por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali y por
el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali y, en su lugar, ordenar al Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Cali que dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia dentro del proceso
adelantado por la señora María Nancy Montoya en contra del departamento del
Valle del Cauca, en la que le reconozca la pensión de sobrevivientes a la
demandante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos de este proceso, ordenada mediante Auto del 25 de enero
de 2012.
Segundo.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 24 de agosto de 2011, que
confirmó el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia el 6 de julio de 2011, y en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales de la señora María Nancy Montoya al debido proceso, al mínimo
vital y a la seguridad social.
Tercero.- Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS
las sentencias proferidas por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali el 30 de julio de 2008 y por el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Cali el 1° de diciembre de 2005, dentro del
proceso adelantado por la señora María Nancy Montoya en contra del departamento
del Valle del Cauca.
Cuarto.- ORDENAR al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali que dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera
una nueva sentencia dentro del proceso adelantado por la señora María Nancy
Montoya en contra del departamento del Valle del Cauca, en la que le reconozca
la pensión de sobrevivientes a la demandante.
Quinto.- Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
ADRIANA MARIA GUILLÉN
ARANGO
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Ausente con
permiso
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El expediente de la referencia fue escogido para
revisión por medio del Auto del veintinueve (29) de septiembre de dos mil once
(2011), proferido por la Sala de Selección Número Nueve, ordenando su
acumulación con otro expediente por presentar unidad de materia. Sin embargo, la Sala de Revisión mediante Auto del 24 de enero de 2012 ordenó su desacumulación, teniendo en
cuenta que el proceso presenta elementos jurídicos que singularizaban la
situación fáctica en él contenida.
[2] En el expediente obra copia de la cédula de
ciudadanía de la señora María Nancy Montoya, documento en el que consta que
nació el 19 de agosto de 1959. (Folio 47, cuaderno No. 1. En adelante, cuando
se haga referencia a un folio, se debe entender que hace parte del cuaderno No.
1, a menos que se diga expresamente otra cosa).
[3] En el expediente obra copia del registro civil de
defunción del señor José Johany Álvarez Colorado, en el que consta que falleció
el 12 de abril de 2003. (Folio 52).
[4] En el expediente obra copia del registro civil de
nacimiento de Yeni Marcela Álvarez Montoya, documento en el que consta que
nació el 24 de mayo de 1995. (Folio 53).
[5] Folio 24.
[6] Folio 27.
[7] Folio 30.
[8] Folio 30.
[9] Folio 33.
[10] Folio 35.
[11] Folio 60.
[12] Folio 65.
[13] Escrito de tutela, folios 1 – 16. El argumento citado
se encuentra específicamente en el folio 6.
[14] Folios 14 – 25, del cuaderno de revisión.
[15] Folio 26, del cuaderno de revisión.
[16] Folio 27, del cuaderno de revisión.
[17] Folios 28 y 29, del cuaderno de revisión.
[18] Folio 30, del cuaderno de revisión.
[19] Folio 31 – 39, del cuaderno de revisión.
[20] Folios 40 – 43, del cuaderno de revisión.
[21] Folios 44 y 45, del cuaderno de revisión.
[22] Folio 47, del cuaderno de revisión.
[23] Folio 49, del cuaderno de revisión.
[24] Folios 52 - 57, del cuaderno de revisión.
[25] Folios 58 y 59, del cuaderno de revisión.
[26] Folios 60 y 61, del cuaderno de revisión.
[27] Folios 62 - 65, del cuaderno de revisión.
[28] En la Sentencia C-557 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, decisión unánime), se sostuvo al respecto lo siguiente: “Si bien
el control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto porque
no surge de su aplicación en un pro­ceso particular, ello no significa que el
juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto dentro
del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y dentro del
cual ha sido interpretada (i.e. ha vi­vido). En fin: en buena medida, el
sentido de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual es
aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples dimensiones de ese contexto –bien
sea la lingüística, que permite fijar su sentido natural, o bien la
sociológica, que hace posible apreciar sus funciones reales- se destaca la
actividad de los expertos que han interpretado los conceptos técnicos que ella
contiene y que los han aplicado a casos concretos. Obviamente, esos expertos
son los jueces y los doctrinantes especializados en la materia tratada en la
norma; dentro de ellos, una posición preeminente la ocupan los órganos
judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una jurisdicción. Así lo
ha establecido la Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal
supremo de lo contencioso administrativo” (art. 237- 1 de la CP) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”
(art. 234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un
referente indispensable para apreciar el significado viviente de las normas
demandadas. Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema
jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto
del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados.”
[29] Sentencia C-037 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa),
(SV. José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa, Alejandro
Martínez Caballero y Hernando Herrera Vergara), (AV. Eduardo Cifuentes Muñoz,
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo
Mesa).
[30] Sentencia C-037 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
Al controlar el proyecto de ley estatutaria de administración de justicia, la Corte evaluaba la constitucionalidad del artículo 66, que contemplaba la posibilidad de
condenar al Estado por ‘error jurisdiccional’. La Corte señaló que no cabía predicar responsabilidad del estado por cualquier error
jurisdiccional, sino sólo por la que constituyera una actuación subjetiva,
arbitraria, caprichosa y violatoria del derecho al debido proceso. Y que frente
de las decisiones de las altas Cortes o de los tribunales supremos de cada
jurisdicción no cabría predicar el ‘error jurisdiccional’. Pero hizo énfasis en
que la Corte Constitucional, por ser el intérprete máximo de los derechos
constitucionales fundamentales, podía controlar las decisiones judiciales que
se apartaran groseramente del Derecho. (SV. José Gregorio Hernández Galindo,
Vladimiro Naranjo Mesa, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera
Vergara), (AV. Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo,
Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
[31] Sentencia SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett). En esta Sentencia, la Corporación afirmó que “[l]a Corte Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes
en materia de tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones
particulares de lo que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para
este proceso en particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes.
Baste considerar que sus elementos básicos fueron fijados en la Sentencia T-231/94, en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de
los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”
[32] Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). En esta ocasión, si bien la Corte no revocó una sentencia adoptada
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiteró la doctrina sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en caso de
que con ella se infringieran derechos fundamentales, como consecuencia de una
interpretación caprichosa y arbitraria del Derecho objetivo aplicable. (SV.
Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araujo Rentería).
[33] Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Treviño,
decisión unánime). En ella,  la Corte  estudiaba la constitucionalidad de una
norma del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la acción
de tutela contra los fallos dictados por las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte consideró que esa limitación contrariaba no sólo la Constitución, sino además los precedentes de esta Corte, que nunca han desecho completamente
la posibilidad de impetrar el amparo contra actuaciones ilegítimas de las
autoridades judiciales, así revistan el nombre de providencias.
[34] Sentencia T-079 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz). En esa ocasión, la Corte decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela
estudiado, mediante el cual confirmó la decisión que había adoptado el juez de
tutela de primera instancia (Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena).
Para la Sala de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, ya que las declaraciones
allegadas al expediente del proceso acusado, no podían ser fundamento de la
decisión por haber sido rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo
la gravedad del juramento, según las exigencias de los artículos 175 C.P.C. y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema había aducido, por lo demás, que las pruebas
testimoniales debían ser ordenadas mediante auto del funcionario instructor,
con el fin que contra ellas fuera posible ejercer el derecho de contradicción.
[35] Sentencia T-158 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
La Corte, en esta oportunidad, consideró procedente confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, de conceder el amparo solicitado contra una
providencia judicial, por haber sido quebrantado el derecho fundamental al
debido proceso al negar el recurso de apelación bajo el entendimiento de que
faltaba un requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil. En la
providencia, el Tribunal Superior de Popayán invocó una doctrina sobre
quebrantamiento del debido proceso por providencias judiciales, que aceptaba la Corte Suprema de Justicia.
[36] En la Sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.” En la Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda), la Corte sostuvo lo siguiente: “(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la
presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional.
La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en
los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho”. Actualmente no
“(...) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y
burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los
que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando
su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable.  Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución”. Adicionalmente, se pueden ver, entre otras, las sentencias T-774 de 2004
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y  T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas).
[37] Un ejemplo de ello, es la vía de hecho por
consecuencia que se explica mejor más adelante. Ver al respecto las Sentencias
SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez, decisión unánime); T-407 de 2001
(MP. Rodrigo Escobar Gil); T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[38]  Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[39] Sentencia T-377 de 2009 (MP. María Victoria Calle
Correa).
[40] Véase, al respecto, la Sentencia T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) en la cual la Corte tipificó algunos de los defectos en que pueden incurrir las providencias judiciales,
con la virtualidad de afectar derechos fundamentales. Más adelante la Corte, en la Sentencia C-590 de 2005, (MP. Jaime Córdoba Triviño), sistematizó la
jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias.
[41] Sentencia T-202 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio). La Corte no concedió una tutela contra sentencias, porque el
peticionario no agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial en el curso del proceso ordinario, sino que lo asumió con actitud de
abandono.
[42] Sentencia T-743 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). La Corte analizó algunos de los argumentos que podrían justificar
una relativa tardanza en la interposición de la tutela.
[43] Sentencia T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo). En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra providencias
de tutela.
[44] Defecto material y sustantivo: “Son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [T-522 de 2001]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.”
[45] Defecto fáctico: “Surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.”
[46] Defecto orgánico: “Se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello”.
[47] Defecto procedimental: “Se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.”
[48] Error inducido: “Se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”
[49] Decisión sin motivación: “Implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.”
[50] Desconocimiento del precedente: “Esta hipótesis se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”.
[51] Para ver recopilaciones recientes de la
jurisprudencia constitucional al respecto ver, entre otras, la sentencia T-1276
de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) [citada previamente]; la sentencia
T-910 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) [en este caso se resolvió,
entre otras cosas, dejar sin efecto las sentencias disciplinarias dictadas por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, acusadas dentro del proceso, en las cuales se decidió sancionar a la accionante
con la pena de suspensión por el término de un mes]; la Sentencia T-1029 de 2008 (MP. Mauricio González Cuervo) [previamente citada]; la sentencia T-1065 de 2006 (MP. Humberto
Antonio Sierra Porto) [en este caso se resolvió, entre otras cosas, dejar sin
efectos la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
Sala Laboral, el día trece (13) de septiembre de dos mil cinco (2005), dentro
del proceso estudiado]; la Sentencia T-1094 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández) [en este caso se resolvió negar el amparo constitucional solicitado
por el accionante, propuesto contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia].
[52] Recientemente la Corte Constitucional ha aplicado la jurisprudencia constitucional sobre procedencia de
acciones de tutela contra providencias judiciales, tal como fue recogida en la Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño) en diferentes ocasiones. Entre otras,
pueden consultarse las siguientes sentencias: la T-156 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) [en este caso se resolvió dejar sin efectos una
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar]; la T-425 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) [en este caso se resolvió dejar sin
efectos un numeral de la parte resolutiva de una sentencia del Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Jurisdiccional]; la T-594 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio) [en este caso se resolvió negar una tutela contra un fallo
proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia]; la T-675 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa) [en este caso
se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín]; y la T-736 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca].
[53] En la Sentencia T-442 de 1994, (MP. Antonio Barrera Carbonell), la Corte concedió la tutela contra una sentencia, porque en ella el juez “ignoró, sin motivo serio alguno, la
realidad probatoria objetiva que mostraba el proceso”, siendo que, de
haberla tenido en cuenta, razonablemente se habría tenido que tomar una
decisión diferente.
[54] Véase la citada Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime
Córdoba Triviño). Se refiere específicamente a fallar sin las pruebas
suficientes.
[55] La Corte en la Sentencia T-417 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) tuteló los derechos fundamentales de
la peticionaria, que habían sido violados por providencias judiciales que
omitieron decretar de oficio una prueba pericial, en un supuesto en que estaban
habilitados por la ley. En el mismo sentido, se pueden revisar las sentencias
T-654 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa) y T-599 de 2009 (MP. Juan
Carlos Henao Pérez).
[56] En la Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte no concedió la tutela contra una sentencia penal, porque la prueba ilícitamente
obtenida no era la única muestra de culpabilidad del condenado. Pero consideró
que había un defecto fáctico cuando el juez “aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).”.
[57] En la Sentencia T-1082 de 2007 (MP. Humberto Sierra Porto) prosperó una tutela contra providencia
judicial, porque había declarado la existencia de un contrato de arrendamiento
partiendo de una prueba que no era aceptada por la ley como conducente para
esos efectos.
[58] Constitución Política de Colombia, artículo 229. “Se
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de
abogado.”
[59] Constitución Política de Colombia, artículo 2°. “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo. […]”
[60] Constitución Política de Colombia, artículo 228. “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la
ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
[61] Sentencia T-264 de
2009, (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). En ella al resolver una tutela contra
sentencia, la Corte manifestó que “el
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la
garantía de la obtención de una respuesta de fondo por parte de los jueces,
quienes, a su vez, se hallan obligados a evitar a toda costa fallos que,
basados en obstáculos formales, impidan la vigencia del derecho material o de
los derechos subjetivos. Esto ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios
de forma manifiesta como en aquellos que lo son de forma implícita, es decir,
bajo la apariencia de un pronunciamiento de mérito”.
[62] Sentencia T-654 de 2009.
[63] Constitución Política de Colombia, artículo 228. “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la
ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su
funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
[64] Ibídem.
[65] Esta interpretación ha sido realizada en otras
oportunidades por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia T-363
de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), esta Corporación estudió una acción de
tutela interpuesta por una madre a quien se le negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, porque no acreditó que dependiera económicamente en
forma absoluta de su hijo. En esa oportunidad, la accionante no agotó el
recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de segunda
instancia. No obstante, ante la duda respecto de la cuantía de las pretensiones
del proceso laboral, la Corte decidió entender que en ese caso sí se cumplía
con el requisito de procedibilidad del agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios.
[66] Al respecto, expresó la Sala Plena: “Resulta palpable la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo hará
esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991. Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el
alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela, quebranta la
autonomía funcional de los jueces, obstruye el acceso a la administración de
justicia, rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas
jurisdicciones, impide la preservación de un orden justo y afecta el interés
general de la sociedad, además de lesionar en forma grave el principio de la
cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento
jurídico”. (Sentencia C-543 de 1992.
MP. José Gregorio Hernández Galindo. SV. Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz, Alejandro Martínez Caballero).
[67] En efecto, algunos de los aspectos asociados
al análisis de inmediatez, según la jurisprudencia constitucional, son los
siguientes: (i) las condiciones personales del peticionario y, especialmente,
si estas lo ubican dentro de un grupo susceptible de especial protección
constitucional; (ii) la permanencia en el tiempo de la lesión o amenaza
iusfundamental; (iii) la diligencia demostrada por el peticionario o la
peticionaria en la defensa de sus derechos: (iv) la eventual afectación a
intereses o derechos de terceros, derivada de la intervención del juez de
tutela; y, (v) las razones que esgrima el afectado para justificar la tardanza
en la presentación de la demanda (en caso de que lo haga).  (Ver, por ejemplo,
T-079 de 2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[68] Bajo
consideraciones similares a las recién expresadas, la Sala Octava señaló en esa oportunidad, como elementos relevantes de análisis sobre el
cumplimiento del principio de inmediatez, los siguientes: (i) La existencia de
razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo[68],
la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras. || (ii) Cuando a pesar
del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de
tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata. || (iii)
Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en
la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.”
[69] Folio 74, cuaderno 1. Declaración rendida ante
notario el 18 de septiembre de 2009.
[70] Folio 6, cuaderno 1.
[71] Folio 74, cuaderno 1.
[72] Sentencia T-243 de 2008.
[73] En este caso, la sentencia de primera instancia fue
proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito el 1° de diciembre de
2005, y la sentencia de segunda instancia fue proferida el 30 de julio de 2008.
Teniendo en cuenta que la acción de tutela fue presentada el 5 de julio de
2011, debe concluirse que transcurrieron algo menos de tres años desde que
quedó ejecutoriada la sentencia de segunda instancia.
[74] Como documento anexo al escrito de tutela, se aportó
copia del registro civil de nacimiento de la menor Yeni Marcela Montoya,
documento en el que consta que nació el 24 de mayo de 1995. (folio 53).
[75] Precisamente con el propósito de reunir
elementos adicionales de juicio sobre ese aspecto, esta Sala requirió a la
accionante informar las razones de la tardanza en la presentación del amparo.
Su respuesta, relacionada con una supuesta negligencia por parte de la abogada
que la representó en el proceso laboral no constituye, a juicio de la Sala una razón suficiente para despejar la duda.
[76] La Opinión Consultiva Nro 18 responde una solicitud de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la privación del goce y ejercicio de
derechos de ciertos trabajadores migrantes, en relación con los principios de
igualdad, no discriminación, protección igualitaria y efectividad de la Ley.
[77] Algunos de estos instrumentos internacionales son:
Carta de la OEA (artículo 3.1); Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículos 1 y 24); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(artículo 2); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, “Protocolo de San Salvador” (artículo 3); Carta de las Naciones
Unidas (artículo 1.3); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2 y
7); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículos 2.2 y 3); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículos 2 y 26); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 2); Convención sobre los
Derechos del Niño (artículo 2); Declaración de los Derechos del Niño (Principio
1); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículos 1, 7, 18.1, 25, 27, 28, 43,
45.1, 48, 55 y 70); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2, 3, 5 a 16); Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones (artículos 2 y 4); Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (2.d); Convenio No. 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Trabajadores Migrantes (revisado)
(artículo 6); Convenio No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (artículos 1 a 3); Convenio No. 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Trabajadores
Migrantes (disposiciones complementarias) (artículos 8 y 10); Convenio No. 168 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Fomento del Empleo y la Protección contra el Desempleo (artículo 6); Proclamación de Teherán, Conferencia
Internacional de Derechos Humanos de Teherán, 13 de mayo de 1968 (párrs. 1, 2,
5, 8 y 11); Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de
Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993 (I.15; I.19; I.27; I.30; II.B.1,
artículos 19 a 24; II.B.2, artículos 25 a 27); Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y
Lingüísticas (artículos 2, 3, 4.1 y 5); Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, Programa de Acción,
(párrafos de la Declaración: 1, 2, 7, 9, 10, 16, 25, 38, 47, 48, 51, 66 y 104);
Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (artículo 3); Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales (artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9); Declaración sobre los Derechos Humanos de
los Individuos que no son Nacionales de País en que Viven (artículo 5.1.b y
5.1.c); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 20 y 21); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículos 1 y 14);
Carta Social Europea (artículo 19.4, 19.5 y 19.7); Protocolo No.12 al Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (artículo 1); Carta Africana de los Derechos Humanos y de los
Pueblos “Carta de Banjul” (artículos 2 y 3); Carta Árabe sobre Derechos Humanos
(artículo 2); y Declaración de El Cairo sobre Derechos Humanos en el Islam
(artículo 1).
[78] Condición jurídica y derechos humanos del niño, supra nota 1, párr. 45;
Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, supra nota 32, párr. 55.
[79] Ver, al respecto, T-264 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[80] Folio 33.
[81] Ver, Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación
Laboral. Magistrado Ponente: Camilo Tarquino Gallego. Radicación No. 38562 Acta
Nº 30, de veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010). En el mismo
sentido, la sentencia de once de septiembre de dos mil siete (2007), con
ponencia del Magistrado Ponente Luis Javier Osorio
López y el fallo de Radicado No. 31055 Magistrado Ponente Gustavo José Gnecco Mendoza, de doce (12) de diciembre de dos mil siete
(2007).