T-252-07
Proyecto de circulación restringida
Sentencia T-252/07
ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD-Condiciones para llevar a cabo el transporte de pacientes/ENTIDAD
PRESTADORA DE SALUD-Responsable de los gastos de transporte de
pacientes con cargo al subsidio de la oferta
DERECHO A LA SALUD-Transporte de paciente para transplante de
riñón
ACCION DE TUTELA-No se requiere el transporte del paciente
porque está domiciliado en la ciudad donde se realizará el transplante de riñón
ACCION DE TUTELA-Hecho superado por cuanto la EPS ha
realizado todos los exámenes médicos y está esperando la disponibilidad del
donante para realizar el transplante de riñón
Referencia: expediente T-1503879
Acción de tutela interpuesta por Luis
Hernán Morales Romero en contra de Saludcoop EPS.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos
mil siete (2007)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión del fallo dictado por
el Juzgado Quinto Civil Municipal de Villavicencio en el asunto de la
referencia.
I.  ANTECEDENTES
Con base en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto No. 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Uno de la Corte Constitucional mediante auto del diecinueve (19) de
enero de dos mil siete (2007) escogió, para efectos de su revisión, la acción
de tutela de la referencia.
De los antecedentes fácticos y la
tutela interpuesta.
1.
Luis Hernán Morales Romero presentó acción de
tutela en contra de Saludcoop EPS, por considerar que esta entidad le está
vulnerando su derecho fundamental a la salud en conexidad con la vida, con base
en los siguientes hechos y consideraciones:
1.1.
Afirma que hace más de seis años se encuentra
afiliado a Saludcoop EPS en calidad de beneficiario.
1.2.
Sostiene que actualmente padece “insuficiencia
renal moderada, síndrome nefrótico y glomerulopatía primaria familiar”. Por
este motivo le fue prescrito, por un médico vinculado a Saludcoop EPS un
transplante de riñón, el cual fue autorizado por la EPS para ser practicado en
la ciudad de Medellín (Antioquia). Sin embargo, dado que el accionante vive en
la ciudad de Villavicencio (Meta) y carece de los recursos para movilizarse hasta
Medellín, dicha intervención quirúrgica, a pesar de estar autorizada, no ha
podido ser practicada.
1.3.
Por este motivo, manifiesta el accionante,
solicitó a la EPS cubrir los gastos de desplazamiento a la ciudad de Medellín.
Saludcoop EPS, respondió negativamente su petición.
2.
El accionante acudió al juez de tutela para
solicitar el amparo de su derecho fundamental de salud en conexidad con la vida
y en consecuencia, pidió que se ordenara Saludcoop EPS, autorizar los gastos de
desplazamiento, para que el transplante de riñón que requiere su estado de
salud se pueda llevar a cabo.
3.
La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto
Civil Municipal de Villavicencio, el once (11) de octubre de dos mil seis
(2006).
Intervención de Saludcoop EPS.
4.
Mediante escrito recibido por el despacho de
primera instancia el diecisiete (17) de octubre de dos mil seis (2006), la
apoderada judicial de Saludcoop EPS manifestó que:
4.1.
La práctica del transplante de riñón requerido
por el accionante nunca ha sido desconocida por la entidad, al contrario, esta
intervención ya se encuentra autorizada (Fls. 15 y 16).
4.2.
Si bien, la prestación asistencial médica
prescrita no se practica en la ciudad de Villavicencio por falta de
infraestructura, razón por la cual debe realizarse en la ciudad de Medellín,
ello no implica que Saludcoop EPS deba asumir los costos de dicho traslado del
demandante al lugar de la intervención por las siguientes razones:
(i)
“La atención médica no conlleva la
autorización de determinados procedimientos administrativos que se salen de la
esfera técnica y del objeto social de la empresa (…)”
(ii)
De acuerdo a lo establecido en el parágrafo
del artículo 2 de la Resolución 5621 de 1994 “(…) Cuando en el municipio de
residencia del paciente no se cuente con algún servicio requerido, este podrá
ser remitido al municipio, más cercano que cuente con él. Los gastos de
desplazamiento generados en las remisiones serán responsabilidad del paciente (…)”
[énfasis fuera de texto].
4.3.
De todo lo anterior, según la apoderada judicial
de la entidad accionada, no puede inferirse que Saludcoop EPS está vulnerando
derecho fundamental alguno del accionante. Por esta razón solicita no sea
concedido el amparo solicitado.
Del fallo de primera instancia.
5.
El Juzgado Quinto Civil Municipal de
Villavicencio, en providencia del veinticinco (25) de octubre de dos mil seis
(2006), resolvió negar la protección que por vía de tutela solicitó la
accionante basado en los siguientes argumentos:
5.1.
El parágrafo del artículo 2 de la Resolución
5261 de 1994 establece una excepción al apartado que establece “Los gastos
de desplazamiento generados en las remisiones serán responsabilidad del paciente”
cuando dice “salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los
pacientes internados que requieran atención complementaria”.
5.2.
Las condiciones del accionante, no hacen que
pueda aplicarse la excepción contemplada en esta disposición normativa, por los
siguientes motivos:
(i)
El accionante no se encuentra internado en
un centro asistencial que haga necesaria atención complementaria alguna,
(ii)
No se demostró durante el trámite de la
acción de tutela la urgencia de la prestación del servicio.
(iii)
“El actor no se encuentra limitado
físicamente para desplazarse a la referida ciudad, pues el mismo concurrió a
este juzgado (…)”
(iv)
No se demostró durante el proceso que la
familia del accionante se encuentre en condiciones precarias que le impidan
sufragar el traslado del accionante.
Actuación surtida por la Corte Constitucional
6.
Mediante Auto del
treinta (30) de enero  de dos mil siete (2007), por considerar que se requerían
elementos de juicio adicionales para mejor proveer en el presente caso, el
Magistrado Sustanciador  ofició a la Empresa Promotora de Salud SALUDCOOP, con
el objeto de que informara:
a.
Si el transplante de
riñón prescrito por el médico tratante al señor Luis Hernán Morales Romero ya
había sido practicado;
b.
En caso contrario,
indicara:
(i) Frente a qué eventos médicos este procedimiento es
diagnosticado y
(ii) Cuáles son las consecuencias de no llevarse a cabo,
c.
Finalmente, con
relación al caso en particular:
(i) Cuáles son las condiciones médicas en las que se
encuentra el señor Luis Hernán Morales Romero.
(ii) Cuál es el costo total del traslado del
accionante desde la ciudad de Villavicencio a la ciudad de Medellín, para que
este procedimiento quirúrgico pueda ser practicado.
7.
Saludcoop EPS, mediante
escrito radicado en la Secretaría de esta Corporación el nueve (9) de febrero
de dos mil siete (2007), manifestó que
7.1.
“Actualmente el
paciente está radicado en la ciudad de Medellín, al punto que desde el 12 de
enero ya no tiene asignada una IPS en la ciudad de Villavicencio, sino que al
contrario, pertenece a la IPS Bolivia ubicada en Medellín, razón esta por la
que ya no requiere de los pasajes para el traslado” a esta ciudad.
7.2.
En lo referente al
trasplante de riñón requerido por el actor, la EPS accionada sostuvo que “aún
no se ha realizado (…) ya que se encuentra en estudios para ello, pues se trata
de un procedimiento complejo, que implica la disponibilidad de donante, equipo
para trasplante y confirmación de compatibilidad”.
II.   FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
El caso en concreto. Hecho superado
1.
En el presente caso, la Corte debía entrar a
determinar si Saludcoop EPS, violaba el derecho a la salud y a la seguridad
social del accionante al no cubrirle los gastos de traslado y manutención a la
ciudad donde le podían practicar el trasplante de riñón que le fue prescrito
por el médico tratante.
2.
Esta Corte ha determinado como regla
jurisprudencial que los gastos de traslado del paciente deben ser cubiertos por
los entes responsables de la prestación del servicio con cargo al subsidio de
la oferta, cuando (i) el procedimiento o tratamiento se considere
indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en
conexidad con la vida de la persona; (ii) el paciente y sus familiares
cercanos no cuenten con los recursos económicos para atenderlos y (iii) cuando
de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, la integridad física
o el estado de salud del afectado[1].
3.
Al momento de entrar a examinar estas reglas
para el caso bajo examen, de conformidad con el material probatorio que obra en
el expediente, específicamente, la respuesta dada por la EPS el nueve (9) de
febrero de dos mil siete (2007) y la verificación telefónica[2]
realizada por el despacho del magistrado sustanciador, se pudo constatar que:
(i)
El señor Luis Hernán Morales Romero se
encuentra domiciliado en la ciudad de Medellín, razón por la cual no requiere
el traslado desde la ciudad de Villavicencio para que le pueda ser practicado
el trasplante de riñón.
(ii)
Saludcoop EPS no ha desconocido su
obligación de prestar dicho servicio médico, básicamente porque se encuentra
incluido en el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud (Fls. 5, 6, 7, 15, 16, 17 y 18). A la fecha de elaboración de
este fallo, se están realizando los exámenes para determinar la compatibilidad
y se espera únicamente la disponibilidad del donante para realizar el
mencionado trasplante (Fl. 19. C2)
4.
Esta circunstancia hace que el presente
pronunciamiento carezca  de objeto, por tal motivo habrá de declararse que el
hecho alegado como generador de la vulneración de derechos ha sido superado[3]
y en consecuencia, se confirmará únicamente por este motivo, el fallo materia
de revisión.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- DECLARAR que existe carencia actual de objeto por  presentarse
un hecho superado, y por esta única razón CONFIRMAR la sentencia
proferida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Villavicencio el veinticinco
(25) de octubre de dos mil seis (2006), en el asunto de la referencia.
Segundo.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Al respecto ver entre otras las Sentencias T-062 de 2006 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández), T-1067 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-408
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-111 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa),  T-004 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T- 745 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T–467 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett),
T-1158 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[2] En varias ocasiones, en desarrollo de los principios de celeridad
y eficacia con base en los cuales debe ser desarrollado el trámite de toda
acción de tutela, (Art. 86 de la Constitución Política y Art. 3 del Decreto
2591 de 1991), esta Corporación ha establecido contacto telefónico con los
accionantes a  fin de constatar la existencia de violaciones a los derechos
fundamentales. Al respecto ver T-104 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-643
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-745 de 2005 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa),  T-1112 de 2004 (MP. Jaime Araujo Rentería),
T-341 de 2003 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-817 de 2003 (MP. Jaime Araujo
Rentería), T-476 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1054 de 2002 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández), T-603 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández), T-667 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas), T-620 de 1999 (MP. Alejandro
Martínez Caballero) y T-124 de 1999 (MP. Fabio Morón Díaz)
[3] En reiterada jurisprudencia, esta
Corporación ha enfatizado que en la medida que durante el trámite de la acción
la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales desaparezca, la tutela
pierde su razón de ser, pues bajo estas condiciones no existiría una orden que
impartir ni un perjuicio que evitar.  Al respecto se pueden consultar las sentencias
T-495 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-306 de 2006 (MP.
Humberto Sierra Porto), T-629 de 2005 (Manuel José Cepeda Espinosa), T-499 de
2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-083 de 2004 (MP. Rodrigo
Escobar Gil), T-013 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-673 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-608 de 2002, T-552 de 2002 (M.P Manuel José
Cepeda Espinosa).