T-569-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-569/11
SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Finalidad
La
consagración constitucional del sistema de carrera como principal forma de
acceso al empleo público es reflejo de la necesidad de contar con servidores
públicos cuyas capacidades, experiencia, conocimiento y dedicación les permitan
atender eficazmente las responsabilidades que les han sido confiadas, ya que
para el Constituyente de 1991 resulta claro que el “desarrollo económico y
social de un país depende, entre otras variables, de la calidad del talento
humano de su burocracia.”
CONCURSO PUBLICO Y PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL MERITO-Finalidad
La jurisprudencia constitucional ha señalado
reiteradamente que el mérito y el concurso público son los dos pilares
fundamentales de la carrera administrativa dentro de la Carta Política de 1991.
En virtud del mérito se pretende que las capacidades,  cualidades y
eficacia del aspirante sean los factores determinantes “para el acceso, permanencia y retiro del empleo
público.” Por su parte, el concurso público es el mecanismo para establecer el
mérito, ya que aquel está exclusivamente dirigido a comprobar “las calidades
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de
los empleos.” La Corte ha manifestado que el concurso público debe
ser comprensivo de “todos y cada uno de los factores que deben reunir los
candidatos a ocupar un cargo en la administración pública”, incluidos aquellos
factores en los cuales “la calificación meramente objetiva es imposible”, ya
que aquello garantiza la erradicación de cualquier margen de subjetividad en la
escogencia del concursante.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS-Etapas
El agotamiento de las diferentes etapas del concurso –
siempre y cuando se respeten las reglas inicialmente establecidas – traerá como
consecuencia necesaria la designación obligatoria de aquel quien ocupa el
primer lugar en la lista de elegibles y de aquellos que lo preceden en el
orden, dependiendo del número de vacantes disponibles. La Corte ha expresado
que “cuando se fijan en forma
precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los
aspirantes y se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales
se han de regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para
desconocerlos y una vez apreciados éstos quien ocupará el cargo será quien haya
obtenido mayor puntuación”, ya que
justamente el nombramiento del más apto es la finalidad para la cual aquel ha
sido instituido
LISTA DE ELEGIBLES-Línea jurisprudencial sobre nombramiento del primero de la lista en
concurso de méritos
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2008-Declarado inexequible en su totalidad/INEXEQUIBILIDAD
DE INSCRIPCION EXTRAORDINARIA EN CARRERA ADMINISTRATIVA-Efectos
retroactivos
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-Orden para que unifique lista de elegibles
Referencia: expediente T-2878113
Acción de tutela instaurada por Hames Andrés Ruano Riveros contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de Gobierno Distrital de
Bogotá.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veintiuno (21)
de julio de dos mil once (2011).
La Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla
Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que revocó la decisión de primera instancia
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES.
El
señor Hames Andrés Ruano Riveros presentó acción de tutela contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá,
buscando la protección efectiva de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos, de conformidad con los
siguientes:
1.
Hechos.
-    Cuenta que se inscribió en la convocatoria Núm. 001 de
2005, realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para
proveer, por concurso de méritos, los empleos de carrera administrativa de las
entidades y organismos del orden nacional y territorial regidos por la Ley 909
de 2004.
-    Manifiesta que una vez superadas todas las etapas de
la primera fase del concurso, escogió, el seis (6) de agosto de dos mil ocho
(2008), el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional Universitario”,
código 219, grado 15 de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, para el cual dicha
entidad había reportado un total de once (11) vacantes.
-    Explica que el veintiséis (26) de diciembre de dos mil
ocho (2008), el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de
2008, “por el cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política.”
En virtud de dicho instrumento, los servidores que, a la fecha de publicación
de la Ley 909 del 2004, estuviesen ocupando cargos de carrera vacantes de forma
definitiva, en calidad de provisionales o de encargados del sistema general de
carrera, serían inscritos en carrera administrativa, de manera extraordinaria y
sin necesidad de concurso público.
-    Agrega que la Sala Plena de la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-588 de 2009, declaró retroactivamente la inexequibilidad
del Acto Legislativo Núm. 01 de 2008.
-    Comenta que el veintiuno (21) de diciembre de dos mil
nueve (2009), la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución
Núm. 1580, por medio de la cual conformó listas de elegibles para la provisión
de cargos de carrera de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Indica que ocupó
el puesto once (11) dentro de la listado expedido para proveer el empleo para
el cual concursó, razón por la cual asegura haber ganado la última de las
vacantes ofertadas.
-    Relata que la Comisión Nacional del Servicio Civil,
mediante oficio del ocho (8) de abril de dos mil diez (2010), informó a la
Secretaría de Gobierno de Bogotá de la firmeza de la Resolución Núm. 1580 del
veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve (2009).
-    En razón de lo anterior, explica que, el tres (3) de
mayo de dos mil diez (2010), solicitó a la Dirección de Gestión Humana de la mencionada
entidad que procediera a nombrarlo en el cargo para el cual había concursado y
resultado elegible.
-    Sin embargo, señala que la Secretaría de Gobierno
Distrital de Bogotá le respondió, a través de oficio del veinte (20) de mayo de
dos mil diez (2010), que de los once (11) cargos inicialmente reportados,
cuatro (4) estaban siendo desempeñados por personas beneficiarias del Acto
Legislativo Núm. 01 de 2008, “motivo por el cual la Comisión solamente
ofertó siete”.
-    Agrega que bajo dicha consideración, la comisión
accionada nombró en período de prueba solamente a las primeras siete (7)
personas de la lista de elegibles. Indica que las vacantes restantes, por el
contrario, siguieron siendo ocupadas por personal en provisionalidad y encargo
que no figuraban en el aludido listado.
-    Manifiesta que la conducta de las entidades demandadas
“constituye una vía de hecho”, ya que desconocen que la Corte Constitucional,
a través de la sentencia C-588 de 2009, declaró la inexequibilidad del Acto
Legislativo Núm. 001 de 2008 con efectos retroactivos, por lo cual no es
posible “desconocer la lista de elegibles conformada para proveer los once
empleos vacantes distinguidos con el Núm. 15356.”
Como
consecuencia de lo anterior, el señor Ruano Riveros solicita que se protejan
sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al
acceso a cargos públicos, ordenando a la Comisión Nacional del Servicio Civil y
a la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá que realicen las gestiones
necesarias para que sea nombrado, en el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional
Universitario”, código 219, grado 15, de la Secretaria de Gobierno
Distrital de Bogotá, con efectos retroactivos “y por ende genere todos los
derechos que se derivan del mismo, a partir del 22 de abril de 2010, fecha en
que fueron nombrados quienes conforman la lista de elegibles.”
2. Contestación de las entidades demandadas.
2.1. Comisión Nacional del Servicio Civil
Dentro del término legalmente establecido para ello, la
Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de tutela de la referencia, toda vez que, a su juicio, el reclamante
contaba con las acciones contencioso administrativas para plantear su inconformidad
con lo consignado en los actos administrativos de los cuales discrepaba.
Adicionalmente, adujo la carencia actual de objeto dentro de la presente acción
de tutela, ya que la Comisión Nacional del Servicio Civil procedió, en virtud
de las Circulares Núm. 053 y 054 del veintiocho (28) de octubre de dos mil
nueve (2009), a seguir lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-588 del mismo año y, en consecuencia, realizó las gestiones necesarias para
proveer los cargos ocupados por personas que estaban cobijadas por lo
contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2008. La entidad accionada precisó que
reanudó el concurso de dichos empleos atendiendo las expectativas no solo de
aquellos quienes venían participando en el concurso de méritos, sino también
del personal “que tenía la expectativa de ser inscrito de manera
extraordinaria por el acto administrativo”, permitiendo que aquellos
servidores públicos que se hubieran beneficiado de la antecitada reforma
constitucional y que en razón de ella hubieran optado por no continuar en la
Fase II de la Convocatoria No. 01 de 2005, pudieran seguir concursando.
2.2. Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá.
Notificada de la presente acción de tutela, la
Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá solicitó al juez de instancia que
denegara la solicitud de amparo, por considerar, contrario a lo sostenido por
el accionante, que la Comisión Nacional del Servicio Civil había ofertado tan
solo siete (7) vacantes, las cuales fueron todas proveídas en virtud de la
Resolución Núm. 1580 de 2009.
3.
Intervenciones de terceros.
3.1. Coadyuvantes de la parte actora.
Las señoras Nancy Martínez Peña (octava en la lista de
elegibles), María Teresita Franco Gallego (novena en la lista de elegibles) y
Gloria Elisa Tamayo Tamayo (décima en la lista de elegibles) coadyuvaron, en
escritos independientes, al señor Hames Andrés Ruano Riveros en su pretensión
de ser nombrado en el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional
Universitario”, código 219, grado 15, de la Secretaria de Gobierno
Distrital de Bogotá. Las coaduyantes señalaron que se encuentran en idéntica
situación fáctica y jurídica que el peticionario, razón por la cual, de
ordenarse el nombramiento del señor Ruano Riveros, no existe circunstancia
alguna que impida que ocurra lo mismo respecto de sus casos particulares.
Agregaron que, tal como ocurre con el reclamante, el desconocimiento de lo
ordenado en la sentencia C-588 de 2009 vulnera gravemente sus derechos
fundamentales, ya que a pesar de haber participado de manera satisfactoria en
el concurso de méritos y haber resultado elegibles para uno de los once (11)
cargos ofertados, la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá se ha rehusado
reiteradamente a nombrarlos.
3.2. Carolina María Gómez Caro.
El a quo vinculó oficiosamente a la señora
Carolina María Gómez Caro, por considerar que podía verse afectada por las
decisiones que se adoptaran dentro del trámite de tutela de la referencia. En
efecto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá estimó pertinente su
comparecencia al presente trámite, ya que aquella se había inscrito para participar
en el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio
Civil para proveer las cuatro (4) vacantes del empleo no ofertadas
inicialmente.
Al respecto, la señora Carolina María Gómez Caro informó
que se había inscrito en la Convocatoria Núm. 001 de 2005 y que, una vez
superadas las pruebas básicas, se postuló para el Núm. 15356, denominación “Profesional
Universitario”, código 219, grado 15, de la Secretaria de Gobierno
Distrital de Bogotá.
No obstante lo anterior, y ante los múltiples
inconvenientes que se han presentado para la provisión de dicho cargo, relata
que decidió inscribirse en el empleo Núm. 53640 de la Comisión de Regulación de
Agua Potable, a través de mensaje enviado al Coordinador de la Fase II del
concurso de méritos.
3.3. Nubia Consuelo Cerón Morales.
Vinculada de manera oficiosa por parte del fallador de
primer grado, la señora Nubia Consuelo Cerón Morales, quien participó, en
virtud de lo señalado en las Circulares 053 y 054 de 2009, de la Fase II de la
Convocatoria No. 001 de 2005, no se pronunció sobre los hechos que motivaron la
solicitud de tutela de la referencia.
4.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
4.1. Sentencia de primera instancia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
mediante sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010),
concedió el amparo reclamado por el peticionario. El a quo señaló que no
era lógico ni razonable que las entidades accionadas no proveyeran la totalidad
de cargos ofertados inicialmente, toda vez que el Acto Legislativo 01 de 2008,
en virtud del cual se ordenaba la inscripción extraordinaria en carrera a
ciertos servidores públicos (incluyendo algunos ocupantes del empleo Núm.
15356, denominación “Profesional Universitario”, código 219, grado 15,
de la Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá), había desaparecido del mundo
jurídico con la declaratoria de inexequibilidad decretada en la sentencia C-588
de 2009 de la Corte Constitucional. Así, el juez de instancia encontró que la
negativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Secretaria
Distrital de Gobierno de Bogotá de nombrar a los integrantes de la parte actora
en los cargos para los cuales resultaron elegibles, supuso desconocer el
riguroso orden de mérito definido en la Resolución 1580 de 2009, lo cual a su
turno resultó en el quebrantamiento no solo de las reglas del concurso, sino
también de los principios de la buena fe, confianza legítima y respeto al acto
propio.
En consecuencia, el Tribunal ordenó el nombramiento
del peticionario y las personas ocupantes de los puestos siete (7), ocho (8),
nueve (9) y diez (10) en el empleo mencionado.
4.2. Impugnación de las entidades accionadas
La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá,
inconforme con la decisión de primera instancia, solicitó su revocatoria bajo
dos argumentos medulares.
En primer lugar, reiteró que si bien había reportado
once (11) cupos para el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional
Universitario”, código 219, grado 15 a la Comisión Nacional del Servicio Civil, aquella había “fraccionado la oferta”, ofreciendo solamente siete
(7), toda vez que los cuatro (4) cargos restantes estaban siendo ocupados por
personas que se beneficiaban del Acto Legislativo 01 de 2008 y que, en
consecuencia, tenían derecho a la inscripción extraordinaria en carrera
administrativa. Agregó que ante la declaratoria de inexequibilidad de la
referida reforma constitucional, la Comisión Nacional del Servicio Civil
reinició el concurso respecto de los cuatro (4) cargos restantes, respetando
cabalmente la obligación constitucional de proveer dichas plazas mediante tal
mecanismo.
En consecuencia, la entidad accionada sostuvo que “remover
esos cargos del concurso y suplirlos con la lista de elegibles divulgada
mediante Resolución Núm. 1580 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve
(2009), generaría la vulneración de los derechos de quienes se encuentran
inscritos en el proceso pertinente, impidiendo que de resultar beneficiados por
el proceso de selección puedan ser nombrados en los cargos por inexistencia de
los mismos.”
En segundo lugar, la entidad impugnante manifestó que
la solicitud de amparo de la referencia carecía de inmediatez, ya que la lista
de elegibles dispuesta en la Resolución Núm. 1580 del veintiuno (21) de
diciembre de dos mil nueve (2009) había cobrado firmeza el cinco (5) de febrero
de dos mil diez (2010), es decir, más de cuatro (4) meses después de haber sido
presentada la demanda de tutela. Así, explicó que lo que el actor pretendía a
través de la presente acción era conjurar su propia negligencia y desidia, al
haber dejado caducar la acción contencioso administrativa de la cuál disponía
para cuestionar la legalidad de dicho acto administrativo.
4.3. Sentencia de segunda instancia.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil diez
(2010), revocó la decisión de primera instancia, declarando improcedente la
solicitud de tutela promovida por Hames Andrés Ruano Riveros. En criterio del
juez de segundo grado, las entidades accionadas no desconocieron los derechos
fundamentales del peticionario, ya que encontró que la decisión de proveer
siete (7) de las once (11) plazas inicialmente reportadas para el empleo para
el cual había concursado no  obedeció a la expedición del Acto Legislativo 01
de 2008, sino a “la magnitud de la convocatoria” y a la necesidad de “evitar
traumatismos en las plantas de personal de las entidades.”
Adicionalmente, el ad quem consideró que el
reclamante contaba con otros mecanismos judiciales de defensa para ventilar la
presente controversia. En efecto, la Sala razonó que la inconformidad del actor
giraba en torno a la normatividad que reguló la convocatoria Núm. 001 de 2005 –
en especial el Acuerdo Núm. 21 de 2008 – y que en consecuencia, cualquier
reparo que tuviera respecto de ella debía hacerlo en ejercicio de la acción
ordinaria de nulidad simple ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
5. Pruebas.
-
Folio 18, copia de la “Información
Básica del Aspirante y del Empleo” de la página web de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, del señor Hames Andrés Ruano Riveros.
-
Folios 19 a 26, copia de la Resolución Núm. 1580 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve (2009), “por
la cual se conforman listas de elegibles para proveer empleos de carrera de la
Secretaría Distrital de Gobierno, convocados a través de la Convocatoria No. 01
de 2005.”
-
Folios 119 a 128, copia del Acuerdo Núm. 21 de 2008 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
-
Folios 129 y 130, copia de la Circular
048 de 2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
-
Folios 131 a 135, copia de la Circular 053 de 2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
-
Folios 136 a 141, copia de la Circular 054 de 2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
-
Folios 180 y 181, copia de la “Constancia
de Registro a Empleo Específico” de la página web de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, del señor Hames Andrés Ruano Viveros.
6. Solicitud de Medida Provisional.
En
escrito radicado el veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011) ante la
Secretaría General de la Corte Constitucional, el señor Hames Andrés Ruano
Viveros manifestó que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la
Resolución Núm. 1050 del 2011, mediante la cual se conformó la lista de
elegibles para proveer las vacantes restantes del empleo Núm. 15356.
Comentó
que el artículo 1 de la mencionada resolución incluyó en la lista de elegibles,
en los dos primeros lugares, a las señoras Carolina María Gómez Caro y Nubia
Consuelo Cerón Morales, quienes obtuvieron puntajes de 55.278 y 54.672
respectivamente.
En
adición, precisó que obtuvo un puntaje de 58.826 por lo cual, al igual que
ocurrió con ocho (8) personas con puntajes superiores al de las mencionadas
personas, ocupa un mejor lugar dentro de la lista de elegibles.
De
otra parte, refirió que la Resolución Núm. 1050 de 2011 no hizo ninguna mención
sobre la Resolución Núm. 1580 de 2009, por lo cual, en suma, asegura que existe
incertidumbre sobre si la primera derogó la segunda y en consecuencia incluyó
en la lista de elegibles a personas con puntajes inferiores y que en estricto
orden de méritos, no deberían ocupar los primeros lugares.
Así
las cosas, recordando que la Resolución Núm. 1050 de 2011 está vigente, es
plenamente exigible y podría desconocer eventualmente el “derecho adquirido”
a ser nombrado en el empleo Núm. 15356, el peticionario solicita la suspensión
provisional de los efectos de dicho acto administrativo o “en su defecto, la
medida de conservación o seguridad que el Despacho estime conveniente con la
finalidad de proteger los derechos fundamentales invocados y evitar así que se
produzcan mayores perjuicios.”
Por otro lado, el peticionario subrayó que el elegible
que ocupaba la séptima posición de la primera lista presentó renuncia, la cual
fue aceptada mediante Resolución Núm. 1009 del quince (15) de julio de dos mil
diez (2010). Así, precisó que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante
Auto Núm. 529 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010), autorizó
el uso de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución Núm. 1580 de 2009, para que fuera nombrada la elegible que ocupaba el
puesto ocho (8), la cual se posesionó en el mes de febrero de dos mil once
(2011).
II. ACTUACIONES SURTIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.  Decreto de pruebas.
Mediante
Auto del doce (12) de abril del presente año el magistrado sustanciador decretó
la práctica de algunas pruebas. Así, ordenó a la Comisión Nacional del Servicio
Civil que informara a esta Corporación sobre los siguientes aspectos:
1.     “¿Por
qué de las once (11) personas señaladas en la Resolución Núm. 1580 del
veintiuno (21) de diciembre de dos mil nueve (2009) como elegibles para el
cargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil nombró apenas a siete (7)?
2.     Teniendo
en cuenta que las cuatro (4) personas restantes elegibles para el cargo habían
sido nominadas a través de la Resolución Núm. 1580 del veintiuno (21) de
diciembre de dos mil nueve (2009), sírvase explicar cuáles fueron los motivos o
bajo qué causales la Comisión Nacional del Servicio Civil dictó la Resolución
Núm. 1050 del veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011).
3.     Sírvase
precisar qué efectos tiene la designación de elegibles realizada en la Resolución
Núm. 1050 del veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011) respecto de lo
dispuesto previamente en la Resolución Núm. 1580 del veintiuno (21) de
diciembre de dos mil nueve (2009) en lo relativo a su vigencia o derogación.”
En
lo atinente al primer interrogante, la Comisión Nacional del Servicio Civil
respondió que, en consideración a la expedición del Acto Legislativo Núm. 01 de
2008, “y con el objeto de evitar traumatismos derivados de la modificación
constitucional que permitía la inscripción extraordinaria”, optó por
iniciar la Fase II del concurso de méritos únicamente con aquellos cargos que
se encontraban en vacancia definitiva con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 909 de 2004. Así, señaló que de las once (11) plazas
inicialmente reportadas, cuatro (4) de ellas habían sido provistas de manera
provisional con anterioridad a  la expedición de la citada ley, por lo cual
consideró prudente abstenerse de ofrecerlas.
Respecto
a la segunda pregunta, la entidad requerida contestó que, ante la declaratoria
de inexequibilidad del Acto Legislativo Núm. 01 de 2008, reanudó el concurso
público para proveer las vacantes que inicialmente no se habían ofrecido. En
tal sentido, explicó que una vez aplicadas las pruebas definidas en el proceso
de selección, conformó lista con dos (2) elegibles mediante la Resolución Núm.
1050 del veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011).
Finalmente,
en cuanto al tercer cuestionamiento, la Comisión señaló que, toda vez que la
Resolución Núm. 1580 de 2009 había sido proferida con el fin de proveer apenas
siete (7) de las once (11) plazas existentes para el empleo Núm. 15356, aquella
no sufría modificación o derogación alguna con la expedición de la Resolución
Núm. 1050 de 2011, la cual se limitaba a conformar la lista de elegibles para
designar las cuatro (4) vacantes restantes. En efecto, la entidad requerida
manifestó que la elaboración de dos listas de elegibles para ocupar las
diversas plazas disponibles para dicho cargo obedeció al fraccionamiento de la
oferta en dos momentos, el cual se hizo necesario ante la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2008.
2.  Resolución de la solicitud de medida provisional.
La Sala Quinta de Revisión, mediante auto del doce
(12) de mayo del presente año, negó la solicitud de medida provisional
presentada por el señor Hames Andrés Ruano Riveros, por considerar que, con los
elementos de juicio disponibles en el expediente, no se avizoraba ningún
perjuicio irremediable, que hiciera meritoria la adopción de medidas, incluso
antes de emitir la decisión.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
Esta
Sala de Revisión es competente para revisar las presentes decisiones de tutela,
de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones concordantes.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
2.1.
El señor Hames Andrés Ruano Riveros presentó acción de tutela contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de Gobierno Distrital de
Bogotá, solicitando la protección efectiva de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos públicos, los
cuales asegura fueron vulnerados producto de la negativa de dichas entidades de
nombrarlo en el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional Universitario”,
código 219, grado 15, de la segunda de aquellas, a pesar de haber ocupado el
puesto once (11) dentro de la lista de elegibles conformada para proveer igual
número de vacantes de dicho cargo, la cual fue consignada en la Resolución Núm. 1580 de 2009.
Por
su parte, las entidades demandadas aseguraron que el número de vacantes
ofertadas no era de once (11) sino siete (7), toda vez que para el momento de
la inscripción de los concursantes en la segunda fase de la convocatoria – en
donde aquellos escogerían el empleo para el cual se postulaban – cuatro (4) de
las plazas estaban siendo ocupadas por personas que se beneficiaban del Acto
Legislativo 01 de 2008. En consecuencia, manifestaron que con el fin de evitar
el desconocimiento de los derechos de aquel personal, la Comisión Nacional del
Servicio Civil “fraccionó” la oferta, prometiendo solamente siete (7)
empleos. La Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá explicó que nombró en
estricto orden de méritos a las siete (7) primeras personas de la lista de
elegibles, con lo cual cumplió cabalmente con su obligación de proveer dichos
cargos conforme a las reglas del concurso.
Adicionalmente,
la Comisión Nacional del Servicio Civil relató que, ante la declaratoria de
inexequibilidad de la aludida reforma constitucional, reinició el concurso para
las cuatro (4) vacantes restantes, en el cual permitió la participación de
aquellas personas  que estuvieron cobijadas por la inscripción extraordinaria
decretada a través del mencionado acto legislativo que se hubieran retirado del
concurso.
2.2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá protegió los derechos fundamentales del peticionario,
luego de considerar que aquel había
superado exitosamente la totalidad de las etapas del concurso y que, para el
momento en que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la oferta del
empleo para el cual el actor concursó, las plazas convocadas habían sido
efectivamente once (11). De esa forma, aseveró que, al devenir inexequible el
Acto Legislativo 01 de 2008, las cuatro (4) plazas no proveídas inicialmente
por haber sido ocupadas por personal cobijado por dicha reforma constitucional,
debían llenarse por los concursantes que ocuparon los puestos ocho (8), nueve
(9), diez (10) y once (11) de la lista de elegibles publicada mediante la
Resolución Núm. 1580 de 2009, incluyendo al señor Hames Andrés Ruano Riveros.
Por
su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, revocó la
decisión del a quo, declarando improcedente la solicitud de tutela de la
referencia. En sentir del fallador del segundo grado, el peticionario contaba
con otros mecanismos judiciales de defensa para hacer valer los derechos
presuntamente vulnerados, ya que pudo haber cuestionado la legalidad del
Acuerdo Núm. 21 de 2008 a través de la acción contencioso administrativa de
simple nulidad. Adicionalmente, el ad quem encontró que la Comisión
Nacional del Servicio Civil siempre estuvo ofertando tan solo siete (7) plazas
para el cargo para el cual el peticionario se postuló, por lo cual descartó
rotundamente el desconocimiento de sus derechos fundamentales.
Posteriormente,
la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución Núm. 1050 de 2011, mediante la cual
conformó lista de elegibles para proveer las cuatro (4) plazas restantes para
el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional
Universitario”, código 219, grado 15, de la Secretaría de Gobierno
Distrital de Bogotá. En dicho listado figuraron en los dos (2) primeros lugares
las señoras Carolina María Gómez Caro y
Nubia Consuelo Cerón Morales, las cuales obtuvieron puntajes inferiores al
señor Hames Andrés Ruano Riveros.
2.3.
De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala deberá determinar si se
desconocen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido
proceso y al acceso a cargos públicos del señor Hames Andrés Ruano Riveros,
ante la negativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de
Gobierno Distrital de Bogotá a nombrarlo en el cargo para el cual participó en
un concurso de méritos y ocupó un lugar dentro de la lista de elegibles, por
considerar que su posición dentro de dicho listado estaba por fuera de las
vacantes ofertadas ya que (i) las plazas restantes que fueron ofrecidas
inicialmente estaban siendo ocupadas por personas cobijadas por el Acto
Legislativo Núm. 01 de 2008 y (ii) ante la declaratoria de inexequibilidad de
dicha reforma constitucional, la Comisión Nacional del Servicio Civil reinició
el concurso para proveer tales vacantes, el cual culminó en la lista de
elegibles de la Resolución Núm. 1050 de
2011.
Previo
a resolver la controversia planteada, la Sala determinará si la acción de tutela resulta procedente, esto es, si el
reclamante dispone de medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para
hacer valer los derechos presuntamente vulnerados.
De
ser así, la Corte reiterará su jurisprudencia relacionada con (i) el sistema de
carrera administrativa; (ii) la declaratoria de inexequibilidad del Acto
Legislativo 01 de 2008, contenida en la sentencia C-588 de 2009 y (iii) los
efectos retroactivos de dicha determinación. Posteriormente, aplicará dichas
consideraciones al caso concreto.
3.
Procedencia de la acción de
tutela: Falta de idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
3.1.
Siguiendo lo dispuesto en el artículo
86 de la Carta Política, en conjunto con el artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, la Corte Constitucional  ha señalado de manera reiterada que la acción de
tutela constituye un mecanismo de protección de derechos de naturaleza residual
y subsidiaria.[1]
Como consecuencia de dicha afirmación, esta Corporación ha manifestado que su
procedencia está condicionada a (i) la falta de eficacia e idoneidad de los
mecanismos judiciales de defensa ordinariamente establecidos y (ii) la
inminencia de la consumación de un perjuicio irremediable.[2]
En
lo relativo a la idoneidad y eficacia del instrumento judicial ordinario, la
Corte ha expresado enfáticamente que es “deber del juez de tutela examinar
si la controversia puesta a su consideración (i) puede ser ventilada a través
de otros mecanismos judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente,
aquellos son o no suficientes para
proveer una respuesta material y efectiva a la disputa puesta a su
consideración.”[3] Por consiguiente, “no es suficiente, para excluir la
tutela, la mera existencia formal de otro procedimiento o trámite de carácter
judicial. Para que ello ocurra es indispensable que ese mecanismo sea idóneo y
eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de brindar inmediata y plena
protección a los derechos fundamentales, de modo que
su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No
podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la situación de
tener que esperar por varios años mientras sus derechos
fundamentales están siendo violados.”[4]
3.2.
Tratándose de la procedencia de
la acción de tutela para cuestionar decisiones adoptadas dentro de un concurso
público de méritos, la Corte Constitucional ha seguido los anteriores
derroteros, al manifestar reiteradamente que, aun cuando los afectados con
dichas determinaciones cuentan con las acciones contencioso administrativas
para cuestionar su legalidad, dichos mecanismos judiciales de defensa “no
son siempre idóneos y eficaces para restaurar los derechos fundamentales
conculcados.”[5]
Para este Tribunal, las acciones judiciales
contempladas en el Código Contencioso Administrativo no alcanzan una protección
efectiva de los derechos de los participantes de un concurso de méritos, ya que
las notorias condiciones de congestión del aparato judicial colombiano y el
diseño mismo de tales instrumentos hacen que una controversia de tal estirpe
tarde varios años – muchas veces excediendo el término de duración del concurso
mismo – lo cual hace imposible que los afectados obtengan un remedio pronto y
oportuno a las vulneraciones de las cuales pudieron haber sido objeto. Para
esta Corporación, la protección de los derechos infringidos al dejar de
nombrarse a quien ocupó el primer puesto dentro de un concurso, no pueden
someterse a un trámite dispendioso y demorado como es el ordinario, pues con
ello se está prolongando en el tiempo la violación del derecho fundamental.[6]
Ciertamente:
“Considera la Corte que en materia de concursos de
méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se
encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o
contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de
manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de
protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en
estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada
menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no
tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un
instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de
la Constitución en el caso particular.”[7]
De otra parte, esta Corporación ha expresado que las
medidas con las que cuenta el juez contencioso administrativo para resolver
disputas de esta naturaleza no conllevan realmente al restablecimiento de los
derechos vulnerados y, por ello, carecen de idoneidad y eficacia para
protegerlos cabalmente. Así lo manifestó la Corte en la sentencia T-388 de
1998, al sostener que:
“En reiterada jurisprudencia y acogiendo el mandato
contenido en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha
determinado que las acciones contencioso administrativas no consiguen en igual
grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores públicos,
cuando ello se hace por concurso de méritos, pues muchas veces el agotamiento
de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de su vulneración y no
consiguen la protección del derecho a la igualdad concretamente, ya que, en la
práctica, ellas tan solo consiguen una compensación económica del daño causado,
la reelaboración de la lista de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha
excluido a un aspirante o se le ha incluido en un puesto inferior al que
merece) y, muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien verdaderamente
tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse
el derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso
contencioso administrativo y con lo cual se ve seriamente comprometido el
derecho, también fundamental, a la participación en la conformación, ejercicio
y control del poder político, en la modalidad de acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos".
En
conclusión, para la Corte es indudable que los mecanismos judiciales de defensa
existentes en el ordenamiento jurídico colombiano para impugnar las decisiones
adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos – debido a su complejidad
y duración en el tiempo – carecen de idoneidad y eficacia para proteger los
derechos fundamentales de aquellos que resulten afectados con dichas
determinaciones, por lo cual la acción de tutela se convierte en el instrumento
para protegerlos adecuada y oportunamente.
3.3.
Abordando el asunto puesto a
consideración de la Sala, se encuentra que el señor Hames Andrés Ruano Riveros
presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido
proceso, trabajo y acceso a cargos públicos,
producto de la negativa de las entidades accionadas de nombrarlo en el cargo
para el cual asegura haber resultado elegible. El reclamante señala que ocupó
el puesto once (11) dentro de la lista de elegibles conformada mediante la
Resolución Núm. 1580 de 2009 y afirma que en consecuencia, tiene derecho a
ocupar la última de las plazas ofertadas para el empleo para el cual se
postuló. Así las cosas, observando que la presente controversia versa sobre una
persona que, dentro de un concurso de méritos, no fue nombrada a pesar de haber
ocupado un lugar dentro de la lista de elegibles que presuntamente le daba
derecho a ser designado en el cargo para el cual concursó, la acción de tutela
resulta la vía más eficaz para proteger sus derechos fundamentales.
3.4.
Por otro lado, en lo relativo al
requisito de inmediatez, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia lo cumple a cabalidad, ya que el tiempo transcurrido entre el hecho
presuntamente generador de la violación de sus derechos fundamentales y la
presentación de la solicitud de amparo no excede los 30 días y, en ese sentido,
no resulta desproporcionado ni arbitrario.
Es
preciso aclarar que la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del
peticionario no está dada por el contenido del mencionado acto administrativo,
sino por su alegada falta de aplicación. En consecuencia, la Sala observa que
el término de caducidad de la acción contencioso administrativa de nulidad y
restablecimiento del derecho no puede usarse como parámetro para determinar la
inmediatez – tal y como lo adujeron las entidades accionadas – toda vez que
dicho mecanismo, como atrás se explicó, no resultaba idóneo ni eficaz para
obtener la ejecución efectiva de la lista de elegibles.
En
ese sentido, la Corte observa que el actor elevó diversas peticiones escritas
tendientes a que se diera cumplimiento al contenido de la antecitada resolución
y que la última de aquellas fue respondida por las entidades accionadas el 20
de mayo del 2010[8].
Del mismo modo, la Sala nota que la acción de tutela fue presentada el 16 de
junio de dicho año. Así, la Corte encuentra que transcurrieron menos de 30 días
entre dicha respuesta y la formulación de la petición de tutela lo cual, lejos
de mostrar desinterés y desidia, refleja la profunda preocupación del
peticionario por hacer valer sus derechos fundamentales.
Por
consiguiente, al haberse verificado la falta de idoneidad y eficacia de los
mecanismos ordinarios de defensa y la inmediatez en la presentación de la
solicitud de tutela, la Sala continuará con el examen sustancial del presente
asunto.
4.
El sistema de carrera administrativa. Reiteración de jurisprudencia.
4.1.
El artículo 125 de la Carta Política de 1991 le otorgó rango constitucional al
sistema de carrera, como regla general para la provisión de los empleos en los
órganos y entidades del Estado. La carrera administrativa ha sido definida por
esta Corporación como un “sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administración pública y ofrecer a todos los colombianos
igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación,
la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascender”, y ha sido
considerada como el  “instrumento más adecuado ideado por la ciencia de
la administración para el manejo del esencialísimo elemento humano en la
función pública.”[9]
La
consagración constitucional del sistema de carrera como principal forma de
acceso al empleo público es reflejo de la necesidad de contar con servidores
públicos cuyas capacidades, experiencia, conocimiento y dedicación les permitan
atender eficazmente las responsabilidades que les han sido confiadas, ya que
para el Constituyente de 1991 resulta claro que el “desarrollo
económico y social de un país depende, entre otras variables, de la calidad del
talento humano de su burocracia.”[10]
4.2.
En adición, el sistema de carrera como principio constitucional es un verdadero
mecanismo de protección de los derechos fundamentales, ya que garantiza que el
acceso al empleo público se realice en igualdad de oportunidades y de manera
imparcial, evitando que fenómenos subjetivos de valoración como el clientelismo, el nepotismo o el amiguismo
sean los que imperen al momento de proveer vacantes en los órganos y entidades
del Estado.[11]
Para
esta Corporación, el sistema de carrera administrativa es una
manifestación más del principio de igualdad de oportunidades contenido
en los artículos 13 y 125 la Carta Política, en tanto aquel debe estar
orientado para: (i) garantizar un tratamiento igualitario para todos los
ciudadanos que deseen aspirar a ocupar un cargo público, sin distingo alguno
por motivos de género, raza, condición social, creencia religiosa o militancia
política; y (ii) contemplar medidas positivas frente a grupos sociales
vulnerables o históricamente discriminados en términos de acceso a cargos
públicos.[12]
En
consecuencia, resulta vulneratorio del principio de igualdad de oportunidades
cualquier práctica que discrimine a los aspirantes a un empleo público en razón
de su raza, sexo, convicciones religiosas o políticas. Asimismo, se considera
contraria al mencionado principio toda conducta que – sin justificación alguna
– rompa el equilibrio entre los participantes de un concurso. De igual manera,
resultan inconstitucionales por desconocer el principio de igualdad de
oportunidades, aquellos concursos públicos que carezcan de medidas efectivas
para garantizar condiciones más favorables a personas pertenecientes a ciertas
poblaciones cuyas posibilidades de acceso al empleo público haya sido
tradicionalmente negado.[13]
Para
la Corte Constitucional, en observancia de los diversos instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos que ha ratificado Colombia, el principio
de igualdad de oportunidades tiene como objetivo que toda persona pueda aspirar
a un cargo público, en las mismas condiciones, prerrogativas y
deberes que los demás aspirantes.[14]
4.3. De otra parte, esta Corporación, a partir del mandato
contenido en el artículo 125 de la Carta, ha derivado un conjunto de reglas orientadoras
del sistema de ingreso, ascenso y retiro del servidor público. Así, este
Tribunal ha señalado que: (i)
el empleo público es, por regla general, de carrera; (ii) los funcionarios,
cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público; (iii) el ingreso a la carrera
administrativa y los ascensos serán por méritos; y (iv) el retiro se dará
únicamente por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por
violación del régimen disciplinario “y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley”.[15]
Desde
esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente
que el mérito y el concurso público son los dos pilares
fundamentales de la carrera administrativa dentro de la Carta Política de 1991.[16]
En virtud del mérito se pretende que las capacidades,  cualidades
y eficacia del aspirante sean los factores determinantes “para el acceso, permanencia y retiro del empleo
público.”[17]
Por su parte, el concurso público es el mecanismo para establecer el mérito,
ya que aquel está exclusivamente dirigido a comprobar “las calidades
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de
los empleos.”[18]
La Corte ha manifestado que el concurso público debe ser comprensivo de “todos
y cada uno de los factores que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en
la administración pública”, incluidos aquellos factores en los cuales “la
calificación meramente objetiva es imposible”, ya que aquello garantiza la
erradicación de cualquier margen de subjetividad en la escogencia del
concursante.[19]
4.4.
La Sala Plena de este Tribunal, en sentencia C-040 de 1995, explicó
detalladamente las etapas que, por regla general, conforman los concursos
públicos para proveer los empleos de carrera[20].
En dicha oportunidad esta Corporación explicó que la escogencia del servidor
público de carrera debe estar precedida de las fases de (i) convocatoria, (ii)
reclutamiento, (iii) aplicación de pruebas e instrumentos de selección y (iv)
elaboración de lista de elegibles, enfatizando en que aquellas deben
adelantarse con apego al principio de buena fe y los derechos a la igualdad y
debido proceso. Dijo allí la Corte:
“1.- La convocatoria (que dice la ley por convocación), es el primer paso
del procedimiento de selección y consiste en un llamado que hace la
Administración a quienes reúnan determinadas calidades o condiciones para
incorporarse a un empleo de carrera administrativa. En ella se consagran las
bases del concurso, las cuales difieren de acuerdo con el tipo de concurso y el
cargo por proveer; en términos generales, se pueden mencionar, a manera de
ejemplo, algunas de las previsiones que debe contener, a saber: la
identificación del cargo, las funciones, la remuneración, los requisitos de
estudios para el desempeño del empleo, títulos, experiencia, o en su lugar la
forma como se compensan esas exigencias, los documentos que debe presentar el
candidato para su inscripción, la demostración de calidades, las funciones del
cargo, la clase de exámenes o pruebas que se van a realizar, la indicación del
sitio, fecha y hora en que se llevará a cabo el concurso, el tiempo límite de
inscripciones, lugar en donde se reciben éstas, la fecha en que se publicarán
los resultados, en fin, todos aquellos factores que habrá de evaluarse dentro
del concurso. Regulaciones que, como se consagra en el artículo 5o. del mismo
decreto, acusado parcialmente, "es norma reguladora de todo concurso y
obliga tanto a la administración como a los participantes", es decir, es
ley para las partes.”
“La convocación garantiza a los aspirantes, en el
evento de que cumplan las exigencias estatuídas, igualdad de oportunidades para
acceder a ocupar cargos públicos, y el  derecho a concursar en igualdad de condiciones.”
“2.- El reclutamiento, tiene como finalidad determinar quiénes de las
personas que se inscribieron para participar en el concurso, reúnen los
requisitos y condiciones exigidas por la administración, para lo cual se debe
elaborar una lista en la que aparezcan los candidatos admitidos y los
rechazados, teniendo en cuenta que en este último caso, solamente se permite
excluir a quienes no cumplan con las exigencias señaladas en la convocatoria,
las que deberán indicarse a cada uno de los afectados en forma escrita y
precisa.”
“Adviértase que en esta etapa del concurso se hace un
análisis meramente objetivo, (edad, nacionalidad, estudios, títulos, profesión,
antecedentes penales y disciplinarios, etc) para determinar la aptitud legal de
los aspirantes, lo cual se realiza antes de las pruebas o exámenes de
conocimientos.”
3.- La aplicación de pruebas o instrumentos de
selección, tiene como fin esencial
"apreciar la capacidad, idoneidad y potencialidades del aspirante y
establecer una clasificación de los mismos respecto a las calidades requeridas
para desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del
cargo" (art. 8o. dec. 1222/93). Con la realización de las pruebas se busca
la evaluación del candidato no sólo en el aspecto intelectual por medio de
exámenes de conocimientos generales y profesionales específicos de acuerdo con
el cargo, sino también sus condiciones de preparación, competencia, capacidad o
aptitud física, comportamiento social, idoneidad moral, presentación personal, capacidad
para relacionarse con las personas, antecedentes personales y familiares, etc,
para lo cual se practicarán pruebas sicológicas, entrevistas y todos aquellos
otros mecanismos que se consideren aptos para ese fin.
4.- Lista de elegibles. Valoradas cada una de las pruebas se procede a la
elaboración de la denominada lista de elegibles, de acuerdo con el puntaje
obtenido por cada participante, indicando los candidatos que aprobaron "en
riguroso orden de mérito", como lo ordena el artículo 9o. del decreto 1222
de 1993, objeto de impugnación.”
Para
este Tribunal, la etapa de convocatoria juega un papel primordial en el
desenvolvimiento del concurso, ya que en dicha etapa la administración, al
establecer las bases de dicho trámite, señala de manera definitiva e
irrevocable las reglas que aplicará dentro de aquel, sin que tenga posibilidad
de desconocerlas o modificarlas posteriormente. Tal imposición constituye una
garantía para los administrados, toda vez que les permite saber con certeza cuáles
son las reglas a las que estarán sometidos dentro del concurso – especialmente
los requisitos y condiciones necesarias para acceder al empleo al cual aspiran
– y los legitima para ejercer la acción de tutela por violación al derecho al
debido proceso o cualquier otro derecho fundamental, cuando quiera que aquellas
resulten transgredidas. En efecto, en la sentencia T-256 de 1995, la Corte
sostuvo lo siguiente:
“ Al señalarse por la administración las bases del
concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para
los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la
administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe
respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que
califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra
previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al
realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta
o desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe
actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad,
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder
irregular de aquélla".
4.5.
Ahora bien, el agotamiento de las diferentes etapas del concurso – siempre y
cuando se respeten las reglas inicialmente establecidas – traerá como
consecuencia necesaria la designación obligatoria de aquel quien ocupa el
primer lugar en la lista de elegibles y de aquellos que lo preceden en el
orden, dependiendo del número de vacantes disponibles. La Corte ha expresado
que “cuando se fijan en forma precisa
y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y
se establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de
regir los concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos y
una vez apreciados éstos quien ocupará el cargo será quien haya obtenido mayor
puntuación”, ya que justamente el
nombramiento del más apto es la finalidad para la cual aquel ha sido
instituido.[21]
Así, mediante las listas de elegibles, la
administración reconoce el derecho que tiene aquel que ocupó el primer lugar
dentro de aquella a ser nombrado en el cargo para el cual concursó. A través de
la lista de elegibles se organiza la información de los resultados del
concurso, señalándose quiénes tendrán derecho a ser nombrados, de acuerdo con
el número de plazas a ocupar, así como el orden de elegibilidad en que han
quedado los participantes según su puntaje[22].
De esta forma, figurar en el primer lugar de la lista de elegibles no genera una
simple expectativa de ser nombrado, sino que en realidad configura un auténtico
derecho adquirido. Por consiguiente, la Corte ha señalado reiteradamente que
las listas  “son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran
en firme, salvo expresas excepciones legales.”[23]
En la sentencia T-455 de 2000 la Corte ratificó el carácter vinculante e
inviolable de las listas de elegibles al manifestar que:
“Consagra el artículo 83 C.P. que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las gestiones que se
adelanten ante ellas.
Se entiende que cuando una entidad pública efectúa una
convocatoria para proveer un empleo de carrera administrativa, es porque
indudablemente existe el cargo y carece de toda razonabilidad someter a un
particular interesado en el mismo a las pruebas, exámenes y entrevistas que
pueden resultar tensionantes para la mayoría de las personas, sin que el
proceso adelantado y sus resultados se traduzcan en el efectivo nombramiento.
En consecuencia, una vez que se han publicado los
resultados, es perentorio que la entidad que ha convocado al concurso entre a proveer
el cargo respectivo, designando para el efecto a quien ocupó el primer lugar y,
por sus méritos, se ha hecho acreedor a ocuparlo.
Para la Corte es indudable que quien respondió a una
convocatoria hecha por una entidad pública, presentó los exámenes, pruebas,
entrevistas, documentación exigida y además, practicados aquéllos los superó
satisfactoriamente y ocupó el primer lugar en una lista de elegibles, tiene, en
tal virtud y por mandato constitucional, no una mera expectativa sino un
verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente.”
En otras palabras, cuando la administración – luego de
agotadas las diversas fases del concurso – clasifica a los diversos
concursantes mediante la conformación de una lista de elegibles, está
expidiendo un acto administrativo de contenido particular, “que a pesar de
su naturaleza plural en cuanto lo  integra un conjunto de destinatarios, crea
derechos singulares respecto de cada una las personas que la conforman.”[24]
En consecuencia, esta Corporación ha señalado que las
listas de elegibles generan derechos subjetivos que, por regla general, no
pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, a menos que sea necesario por
motivos de utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización
previa del afectado[25];
o en hipótesis en las cuales su producción o aplicación conlleve el desconocimiento
de derechos fundamentales.  En efecto, una vez ha adquirido firmeza el acto
administrativo mediante el cual se conforma la lista de elegibles, aquel, salvo
en las mencionadas excepciones, se torna inmutable e irrevocable, sin perjuicio
de los recursos judiciales contencioso administrativos que se podrían presentar
en contra de él por fraude o incumplimiento de los requisitos de la
convocatoria.[26]
Así las cosas, cuando
la administración designa en un cargo ofertado mediante concurso público a una
persona que ocupó un puesto inferior dentro de la lista de elegibles, desconoce
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo de aquellos
aspirantes que la anteceden por haber obtenido mejor puntaje. En idéntica
forma, se vulneran los derechos fundamentales de quienes ocupan los primeros
lugares en las listas de elegibles, cuando aquellas se reconforman sin existir
razones válidas que lo ameriten.[27]
No
obstante lo anterior, no puede olvidarse el reconocimiento del derecho a ser
nombrado en el cargo para el cual se concursó está necesariamente condicionado
a la posición que se ocupó dentro de la lista de elegibles y al número de
plazas o vacantes a proveer.
4.6.
La jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada
que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las
autoridades  públicas – deberán realizarse con estricta sujeción al (i) derecho
al debido proceso (Art. 29 Const.); (ii) derecho a la igualdad (Art. 13
Const.)  y (iii)  principio de la buena fe (Art. 83 Const.)[28]
Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene
la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que
aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para
las partes” que intervienen en él.[29]
El
derecho al debido proceso ha sido definido por la Corte como “el respeto a las formas previamente definidas, en
punto de las actuaciones que se surtan en el ámbito administrativo y judicial,
salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e
imparcialidad.”[30] Para esta
Corporación, el debido proceso es de especial importancia para el cabal
desenvolvimiento de las diversas etapas del concurso, ya que solo a través de
aquel es posible “brindar a los administrados seguridad jurídica y garantizar
su defensa, así como el correcto funcionamiento de la administración y la
certeza de la validez de sus actuaciones.”[31]
En consecuencia, se desconoce el derecho fundamental al debido proceso de una
persona “cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al
concurso y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe.”[32]
Compaginado
con el derecho al debido proceso, el principio de la buena fe garantiza
que, en las relaciones jurídicas que se generen entre la administración y los
administrados, la primera actúe con lealtad y de forma consecuente “con sus
conductas precedentes de manera que los administrados no se vean sorprendidos con
conductas que, por ser contrarias, defrauden sus expectativas legítimamente
fundadas”[33].
Así, se vulnera el principio de la buena fe en aquellas hipótesis en las cuales
se defrauda “la confianza de quien se sometió a las reglas establecidas para
acceder a un cargo de carrera administrativa después de haber superado todas
las pruebas necesarias para determinar que él había ocupado el primer lugar.”[34]
4.7.
En conclusión, conforme a la jurisprudencia constitucional, el respeto al
derecho al debido proceso de los participantes de un concurso público se
materializa en el acatamiento de, entre otras, las siguientes reglas:
-
En la etapa de la convocatoria, la
administración debe señalar de manera clara y precisa las reglas del concurso,
sin que pueda desconocerlas o modificarlas posteriormente. Las reglas del
concurso son obligatorias para la administración y los participantes.
-
El trámite del concurso debe garantizar
la igualdad de oportunidades de todos los concursantes, es decir, debe proveer
las mismas condiciones y posibilidades para que aquellos demuestren las
capacidades exigidas para acceder al empleo ofertado.
-
La clasificación final de los aspirantes
debe realizarse conforme a las reglas establecidas en la etapa de convocatoria
del concurso y se materializa a través de la lista de elegibles, acto
administrativo plural de contenido particular.
-
La lista de elegibles, una vez en firme, es, salvo motivos de utilidad pública,
interés social o violación de derechos fundamentales, definitiva e irrevocable
y, debe usarse para proveer las plazas ofrecidas conforme a las reglas dictadas
al inicio del concurso público.
5.
La declaratoria de
inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008.
5.1.
El veintiséis (26) de diciembre de
dos mil ocho (2008), el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01
de 2008, “por el cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución
Política.” En virtud de dicha enmienda, se pretendía que los servidores que
a la fecha de publicación de la Ley 909 del 2004, estuviesen ocupando cargos de
carrera vacantes de forma definitiva, en calidad de provisionales o de
encargados del sistema general de carrera, fueran inscritos en carrera
administrativa, de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público.
5.2.
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-588 de 2009, declaró inexequible dicha
reforma, al advertir que aquella implicaba el rompimiento de uno de los ejes definitorios
de la Constitución Política de 1991. En dicha oportunidad, la Corte reiteró la
tesis según la cual el poder de reforma del constituyente derivado debe
examinarse a la luz del denominado juicio de sustitución, toda vez que si bien
el Congreso cuenta con competencia para reformar la Constitución, carece de la
posibilidad de modificar o reemplazar sus ejes definitorios o estructurales. De
esa forma, cuando la pretendida enmienda excede dicho límite, aquella adolece
de un vicio de competencia “por ejercicio excesivo del poder de reforma”
y en consecuencia deviene en inconstitucional. Así las cosas, este Tribunal
confrontó el contenido del artículo 125 de la Carta – y las relaciones que la
jurisprudencia constitucional ha establecido entre dicha disposición y otros
preceptos constitucionales – con el artículo 1º del Acto Legislativo Núm. 01 de
2008, encontrando que el segundo se oponía irreconciliablemente a lo primero y
en consecuencia, suspendía parcial y temporalmente la Constitución de 1991.
En
efecto, la Corte advirtió que la pretendida reforma, al prescindir del concurso
público como mecanismo de ingreso y ascenso a la carrera administrativa para
aquellas personas que ocuparan cargos de provisionalidad o encargo, introducía
una excepción que producía un quebrantamiento insalvable de los principios del
mérito y concurso público, como elementos definitorios del sistema de provisión
de empleos públicos contemplados en el artículo 125 Superior, con lo cual
dejaba sin eficacia práctica tal eje esencial de la Carta Política de 1991.
Dijo allí la Corte:
“El artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de 2008 no
modifica ninguna de las excepciones al régimen de carrera previsto en el
artículo 125, pero introduce, una excepción al régimen general de carrera
administrativa, pues permite una inscripción en carrera, distinta de la que
claramente surge del contenido del artículo 125 superior que, se repite, en
cuanto regla general, guía los otros sistemas de carrera, sean especiales o
específicos.
La introducción de esa excepción afecta algunos otros
elementos del régimen de carrera que el Constituyente Originario plasmó en el
artículo 125 superior, pues el criterio del mérito que, según lo visto, tiene
también carácter de regla general es desplazado por los requisitos que,
conforme al precepto acusado, dan derecho a la inscripción extraordinaria en
carrera, es decir, por la circunstancia de ocupar, a la fecha de publicación de
la Ley 909 de 2004, cargos de carrera definitivamente vacantes en
provisionalidad o en encargo, de cumplir “las calidades y requisitos exigidos
para su desempeño” al momento de comenzar a ejercer el respectivo cargo y de
ocuparlos a la fecha de la inscripción extraordinaria.
La excepción al principio del mérito le otorga
carácter prevalente a otros criterios que bien podrían ser la experiencia o la
duración en el ejercicio del cargo de carrera, lo que, de conformidad con la
interpretación que la Corte ha hecho del artículo 125 superior, no es
indicativo de la existencia del mérito personal, pero ni siquiera un factor
decisivo o determinante de su evaluación.
Desplazado el mérito, es obvio que también queda
desplazado el concurso público que sólo tiene sentido cuando se trata de evaluar
el mérito y las distintas calidades de los eventuales aspirantes. Expresamente
el artículo demandado señala que la inscripción extraordinaria en carrera
administrativa opera “sin necesidad de concurso público” y, de otra parte,
suspende “todos los trámites relacionados con los concursos públicos que
actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados por empleados a
quienes les asiste el derecho previsto en el presente parágrafo.
Cabe destacar, entonces, que, una vez más, se
establece una excepción a una regla general, puesto que el concurso público, en
tanto componente esencial del sistema de carrera administrativa tiene, en la
concepción del Constituyente de 1991, el carácter de regla general para la
provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado.”
Adicionalmente,
la Corte estimó que el trato diferencial concedido por el Acto Legislativo 01
de 2008 resultaba en el desconocimiento del principio de igualdad de
oportunidades, ya que mientras que los servidores en provisionalidad y los
encargados tenían derecho a inscribirse en carrera administrativa, dicha
posibilidad estaba completamente vedada para el resto de las personas, incluso
cuando reunieran los requisitos exigidos para ingresar a ella. Así, este
Tribunal advirtió que la reforma objeto de control concedía un privilegio
constitucionalmente inadmisible, ya que eximía, sin razón legítima alguna, a
los ocupantes de cargos públicos en provisionalidad o encargo de la necesidad
de participar en un concurso y sobretodo del imperativo de contar con las
aptitudes y requisitos necesarios para acceder a un empleo público. En palabras
de la Corte:
“En efecto, si fuera del todo posible condensar en
unas pocas frases las diferencias, se tendría que contraponer a la carrera
administrativa, contemplada en el artículo 125 superior, un derecho de
inscripción extraordinaria que reemplaza sus elementos esenciales, pues el
principio del mérito es sustituido por el hecho de ocupar, como provisionales o
como encargados, cargos de carrera definitivamente vacantes, mientras que, de
otra parte, el concurso, exigido por el artículo 125 superior como instrumento
para determinar el mérito, no cumple ningún papel en la hipótesis normada por
el parágrafo añadido que, simplemente, prescinde de él y suspende los que se
adelantaban.
Además, mientras que el derecho de acceder al
desempeño de cargos públicos encuentra en la carrera, tal como se previó en el
artículo 125 superior, un elemento que propicia su ejercicio por parte de
cualquier ciudadano que se considere dotado de las calidades y requisitos
exigidos para ejercer un cargo público, el parágrafo insertado por el artículo
1º del Acto Legislativo No. 01 de 2008 excluye a las personas que no ocupan cargos
en el sector público en calidad de provisionales o de encargados de la
posibilidad de hacer uso de ese derecho en el supuesto allí regulado.
Como si todo lo anterior no bastara, del influjo del
principio constitucional de igualdad se sustrae a los servidores que ejercen
cargos de carrera en provisionalidad o en encargo, concediéndoles un trato
favorable consistente en permitirles el ingreso automático a carrera, es decir,
sin necesidad de concurso, trato al que no acceden los restantes ciudadanos capacitados
para aspirar a un cargo público, para quienes tampoco rige la igualdad de
oportunidades, pues el punto de partida de los servidores provisionales o
encargados constituye, en la práctica, un privilegio, tal como ha calificado la
Corte el pretendido derecho al ingreso automático mediante inscripción
extraordinaria en carrera administrativa.”
Asimismo,
este Tribunal halló que el Acto Legislativo 01 de 2008 hacía inane el principio
de supremacía constitucional, ya que en virtud de dicha reforma preceptos
fundantes de la Carta Política de 1991 como la igualdad de oportunidades, el
sistema de carrera, el concurso y el mérito perdían la eficacia que el
constituyente originario quiso imprimirles inicialmente. En idéntica forma,
esta Corporación advirtió que la citada enmienda se encontraba en completa
oposición con los principios de separación de poderes y reserva de ley, toda
vez que le atribuía a la Comisión Nacional del Servicio Civil la facultad de
regular la inscripción extraordinaria en la carrera administrativa, lo cual era
un asunto de resorte exclusivo del poder legislativo.
6.
Los efectos retroactivos de
la sentencia C-588 de 2009.
6.1.
Luego de advertir que la reforma bajo examen suspendía la Constitución en lo
relativo a los ejes definitorios anteriormente reseñados, la Corte declaró la
inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008 de manera retroactiva, es
decir, ordenando que se dejara sin efectos cualquier consecuencia que la
mentada reforma pudo haber producido mientras estuvo vigente.
Este
Tribunal recordó que el carácter permanente de la Carta Política de 1991 supone
que aquella, hasta tanto no sea efectivamente reemplazada por otra a través de
los mecanismos ordinariamente establecidos, debe regir en todo momento. Por
consiguiente, al haberse adoptado temporalmente una supuesta “reforma” que en
realidad daba al traste con varios elementos estructurales de la Constitución,
esta Corporación consideró que la Carta de 1991 dejó de regir en dicho
interregno y de esa forma se presentó una situación anómala “inadmisible
desde todo punto de vista constitucional.” Díjose allí:
“Tanto el demandante, como el
Procurador General de la Nación solicitan que a la presente decisión se le
otorguen efectos retroactivos. La Corte tiene facultad para dotar de efectos
retroactivos a sus sentencias y, en esta oportunidad, hará uso de esa facultad,
porque, conforme se ha explicado, el artículo 1º del Acto Legislativo No. 01 de
2008 tiene por efecto suspender una parte de la Constitución, cuyo carácter
permanente no admite soluciones de continuidad como la acabada de examinar, a
lo cual cabe agregar que la materia objeto de suspensión constituye uno de los
ejes definitorios de la identidad constitucional y que la sustitución parcial
desconoce la integridad de la Carta, integridad cuya guarda también está
confiada a la Corte Constitucional.
Por lo demás, repugna a la lógica
elemental y al sentimiento constitucional que de un acto que de ninguna manera
puede ser clasificado como reforma constitucional, puedan surgir derechos cuyo
amparo sólo sería posible en detrimento de los derechos constitucionales
definidos por el Constituyente Primario y al precio de conferirle efectos a una
sustitución de la Constitución o de proteger los derechos que, supuestamente,
surgieron mientras estuvo vigente tal sustitución. En otras palabras, si esta
decisión únicamente tuviera efectos hacia el futuro, ello equivaldría a
convalidar una situación anómala y a aceptar que la Constitución no rigió
durante un lapso y eso es, desde todo punto de vista, inaceptable.”
De
esta forma, el carácter retroactivo de la decisión supuso la orden de reanudar
los concursos que, en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2008,
habían sido suspendidos, así como también el mandato de dejar sin efectos todas
aquellas inscripciones extraordinarias que se hubieran realizado.
6.2. Ahora bien, debido a que la inexequibilidad ex
tunc apareja la retrotracción de cualquier efecto que el acto invalidado haya
tenido en el ordenamiento jurídico, la Corte observa que, en lo atinente a la
Convocatoria 01 de 2005, la expedición de la mencionada enmienda llevó, en
principio, a lo siguiente:
(i)
Modificación de la oferta: En primer lugar, y como consecuencia natural de la
expedición de la reforma, se modificó la oferta de vacantes a proveer mediante
el concurso de méritos, ya que aquellas ocupadas por personal que se enmarcara
en los supuestos de hecho comprendidos dentro del Acto Legislativo 01 de 2008
tenían derecho a la inscripción extraordinaria en carrera administrativa. En
consecuencia, no todas las plazas inicialmente reportadas podían seguir siendo
ofrecidas.
(ii)
Posibilidad de retiro de los
concursantes beneficiados con el Acto Legislativo 01 de 2008: Adicionalmente, y como efecto indirecto de lo
anterior, los beneficiados de la reforma podían, al tener derecho a ser
incorporados automáticamente a la carrera administrativa, dejar de participar
en la Convocatoria 01 de 2005.
Como se observa, el Acto Legislativo 01 de 2008 trajo
consecuencias tanto para aquellos que se beneficiaban de él como para los que
no, toda vez que mientras que los primeros tenían la facultad de dejar de
participar en la Convocatoria 01 de 2005, los segundos veían afectadas sus
posibilidades de acceder a un cargo público, ya que la oferta se había
reducido.
6.3. De ese modo, la Sala observa que, en lo atinente
a la Convocatoria 01 de 2005, la inconstitucionalidad de la referida reforma
constitucional debe necesariamente apuntar a exterminar tales secuelas. De este
modo, la Sala considera que el efecto retroactivo de la inconstitucionalidad
del Acto Legislativo conllevaba:
(i)
La provisión de las vacantes
ocupadas por personal en provisionalidad mediante concurso público: Al declararse inexequible la anotada reforma, las
vacantes inicialmente excluidas del concurso debían proveerse mediante tal
mecanismo, ya que aquel es el único instrumento constitucionalmente legítimo
para ingresar a la carrera administrativa. Es pertinente precisar que, en tanto
lo que se pretendió a través de la declaratoria de inexequibilidad ex tunc
era regresar las cosas al estado en que se encontraran antes de la expedición
de la mencionada enmienda, la denominada “reanudación” del concurso debía
ofrecer a la totalidad de los concursantes, la posibilidad de competir por el
mismo número de vacantes existentes originalmente.
(ii)
La reincorporación de los
concursantes beneficiados con el Acto Legislativo 01 de 2008: Al declararse contrario a la Constitución el derecho
de acceder a la carrera administrativa sin necesidad de concurso público,
aquellos concursantes que decidieron retirarse de la Convocatoria 01 de 2005
amparados en la presunción de constitucionalidad que revestía la reforma tenían
la posibilidad de reincorporarse a dicho trámite.
No obstante lo anterior, resulta pertinente precisar
que tales medidas no se podían adoptar “con desmedro del derecho que asiste a quienes venían
inscritos en las respectivas convocatorias realizadas antes de expedirse el
Acto Legislativo” [35], ni desconociendo los principios
constitucionales que rigen los concursos públicos para la provisión de cargos
de carrera.
6.4.
En todo caso, es necesario señalar que las medidas a adoptar con el fin de
garantizar el efecto retroactivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de
la reforma dependerán de las particularidades de cada situación concreta.
Por
ejemplo, esta Corporación, en la
sentencia T-294 de 2011, estudió el caso de una aspirante que (i) participó en la
Convocatoria 01 de 2005, (ii) ocupó el puesto dos (2) en la lista de elegibles
conformada para proveer (2) dos vacantes del cargo para el cual concursó, pero
(iii) no fue nombrada en dicho empleo, toda vez que la segunda plaza estaba
siendo proveída mediante el trámite accesorio iniciado por la CNSC luego de la
expedición de la sentencia C-588 de 2009, que declaró inexequible el Acto
Legislativo 01 de 2008.
En dicha oportunidad, la Corte sostuvo que la lista de
elegibles alegada por la reclamante no podía aplicarse para proveer las vacantes excluidas de la oferta como
consecuencia de la expedición del mencionado Acto Legislativo, ya que
desconocía el derecho de aquellos que, beneficiados por la mencionada reforma,
se retiraron del concurso. Sin embargo, reconociendo que la
inconstitucionalidad de la mencionada enmienda no podía realizarse en “desmedro
del derecho que asistía a quienes venían inscritos en las respectivas
convocatorias realizadas”, la Sala ordenó a la CNSC la adopción de medidas
para permitir que la accionante participara en el concurso de méritos
adelantado para llenar la plaza restante.
6.5.
Sin embargo, es indispensable precisar que dicha solución no podrá adoptarse en
la totalidad de casos que versen acerca de la Convocatoria 01 de 2005 y la inexequibilidad
del Acto Legislativo 01 de 2008, en tanto es posible que, en algunos casos, el
trámite adelantado por la CNSC para proveer las vacantes inicialmente excluidas
no se haya adelantado aún, o por el contrario haya concluido con una segunda
lista de elegibles.
De ese modo, en tales hipótesis, habrán de explorarse
otras alternativas, no sin olvidar que toda medida dirigida a hacer efectiva la
inexequibilidad ex tunc del Acto Legislativo 01 de 2008 respecto del
mencionado concurso deberá en todo caso garantizar (i) la continuación de la convocatoria, para el mismo
número de vacantes existentes antes de la expedición de la reforma; y (ii) la
reincorporación, en condiciones de igualdad con los demás participantes y sin
conceder ningún privilegio o beneficio, de aquellos que dejaron de participar
en la Convocatoria 01 de 2005 por beneficiarse de lo dispuesto en la citada
enmienda constitucional.
Con
base en los fundamentos jurídicos expuestos, la Sala pasará a examinar el
asunto puesto a su consideración.
7.
Análisis del caso concreto.
7.1.
El señor Hames Andrés Ruano Riveros ejerció acción de tutela contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá
buscando la protección efectiva de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso y al acceso a cargos públicos, producto de la negativa
de dichas entidades a nombrarlo en el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional
Universitario”, código 219, grado 15, de la segunda de aquéllas, no
obstante haber concursado en la Convocatoria 01 de 2005 y haber ocupado el
puesto once (11) dentro de la lista de elegibles consignada en la Resolución Núm. 1580 de 2009.
Las
entidades demandadas manifestaron que dicha determinación se adoptó en razón a
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2008, el cual, al consagrar el derecho
de inscripción extraordinaria de ciertos servidores que ocuparan cargos
públicos en provisionalidad, modificó el número de vacantes ofertadas de once
(11) a apenas siete (7). Agregaron que ante la declaratoria de inexequibilidad
de dicha enmienda, dada a través de la sentencia C-588 de 2009 de la Corte
Constitucional, reiniciaron el concurso para las cuatro (4) vacantes no
ofertadas, el cual culminó con la lista de elegibles publicada a través de la Resolución Núm. 1050 de 2011. De ese modo, aseveran
que las plazas ofertadas han sido cubiertas en su totalidad.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la protección a los derechos fundamentales
del peticionario, luego de considerar
que, ante la declaratoria de inconstitucionalidad del Acto Legislativo 01 de
2008, las cuatro (4) plazas no proveídas inicialmente debían llenarse por los
demás concursantes de la lista de elegibles publicada mediante la Resolución
Núm. 1580 de 2009, incluyendo al señor Hames Andrés Ruano Riveros. En opinión
del fallador de primer grado, aquella era la única forma de garantizar que los
efectos retroactivos decretados en la sentencia C-588 de 2009 se cumplieran
cabalmente.
Sin
embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la solicitud
de tutela de la referencia, por considerar que el peticionario contaba con
otros mecanismos judiciales de defensa para hacer valer los derechos
presuntamente vulnerados.
7.2.
Como se manifestó en apartes
precedentes, el sistema de ingreso, ascenso y retiro de los servidores públicos
de carrera administrativa, por expreso mandato constitucional, se rige por los
principios del mérito y concurso, los cuales no buscan otra cosa
que garantizar la idoneidad, las calidades académicas, la experiencia y las
competencias de los ocupantes de los empleos.[36]
Adicionalmente, en razón a la importancia que juega el
principio del concurso dentro del sistema de carrera administrativa, la
Corte ha sido reiterativa en manifestar que aquel está gobernado por el derecho
al debido proceso y el principio de confianza legítima, toda vez que aquellos,
al establecer la obligatoriedad e inmodificabilidad de las reglas de dicho
trámite, permiten hacer efectiva la igualdad de oportunidades para acceder a un
cargo público.[37]
Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal es
unívoca en señalar que “una vez
finalizado el concurso, la entidad correspondiente debe llevar a cabo los
nombramientos en las vacantes puestas a disposición de los participantes
-quienes solamente pueden adquirir tal calidad después de cumplir
satisfactoriamente los requisitos de inscripción exigidos por la
administración-, atendiendo a la lista de elegibles integrada y en el estricto
orden por ella establecido, que debe obedecer, indudablemente, al mérito de los
participantes.”[38]
En adición, debe recordarse, como se explicó atrás,
que la declaratoria de inexequibilidad retroactiva del Acto Legislativo 01 de
2008 conllevaba, en últimas, respecto del
mencionado concurso (i) la continuación
de la convocatoria, para el mismo número de vacantes existentes antes de la
expedición de la reforma; y (ii) la reincorporación de los beneficiados con
dicha enmienda, en condiciones de igualdad con los demás participantes y sin
concederles ningún privilegio o beneficio.
7.3.
Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala observa que el presente asunto gira en torno a los efectos que debe tener
la declaratoria de inconstitucionalidad ex tunc del Acto Legislativo 01
de 2008 respecto de la situación del señor Hames Andrés Ruano Viveros en la
Convocatoria 01 de 2005.
Así, aun cuando la Sala reconoce que la conducta
desplegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer las (4)
cuatro plazas no ofrecidas a raíz del Acto Legislativo 01 de 2008 perseguía
intereses constitucionalmente legítimos, en tanto pretendía garantizar los
principios de igualdad de oportunidades y confianza legítima de aquellos
servidores públicos en provisionalidad que optaron por no seguir participando
en la Convocatoria 01 de 2005, reprocha enfáticamente que lo haya hecho en
abierto y flagrante desconocimiento de los intereses de aquellos que nunca se
retiraron de dicho proceso.
Para la Corte, la decisión adoptada en las Circulares
053 y 054 de 2009, es decir, la reincorporación de aquellos concursantes que no
participaron en la Fase II de la Convocatoria con ocasión del Acto Legislativo
01 de 2008, resulta constitucionalmente admisible solo en la medida en que se
entienda que tenía como objetivo reingresar al concurso público a dichas
personas, con el propósito de que compitieran con el resto de participantes,
por el mismo número de vacantes que se habían ofrecido antes de la expedición
de la reforma declarada inexequible, y no sólo por las vacantes que no se
habían retirado de la oferta en razón de aquella.
En otras palabras, la iniciación de un proceso
adicional para permitir la participación de aquellos cobijados con el Acto
Legislativo, no podía apuntar a la provisión de las vacantes que, a raíz de
dicha medida inconstitucional, fueron temporalmente excluidas de la convocatoria.
Aquello equivaldría al trámite de un concurso paralelo, exclusivo para dichas
personas, que no solo supondría el desconocimiento de los principios de libre
concurrencia e igualdad de oportunidades, sino que también les concedería un
privilegio o ventaja que ni la reforma ni su inconstitucionalidad les había
reconocido. Debe recordarse que dicha “reanudación” del concurso no era abierta
a todas las personas, sino que estaba limitada a aquellos aspirantes que no se
hubieran inscrito en la Fase II[39]
y, en consecuencia, carecía de las condiciones de libre concurrencia e igualdad
de oportunidades necesarias para proveer, a través de un concurso de méritos,
las plazas vacantes. Sostener lo contrario implicaría que aquellos cobijados
por el Acto Legislativo que se retiraron del concurso inicial tienen derecho a
una “cuota” de las vacantes existentes para el cargo ofertado, respecto de la
cual los demás aspirantes no tienen la posibilidad de concursar.
Así las cosas, la Corte estima que la lista de
elegibles contemplada en la Resolución 1050 de 2011 no puede emplearse para
proveer las cuatro (4) vacantes restantes para el empleo Núm. 15356,
denominación “Profesional Universitario”, código 219, grado 15, de la
Secretaría de Gobierno Distrital, toda vez que la inexequibilidad retroactiva
del Acto Legislativo 01 de 2008 no conllevaba, de ninguna manera, el
otorgamiento de un trato diferente y preferencial para las personas cobijadas
por dicha reforma constitucional, sino que se limitaba, con el objeto de llevar
las cosas al statu quo ante, a la adopción de medidas para reincorporar
al concurso a aquellos servidores en provisionalidad que participaron de la
convocatoria, superaron con éxitos la Fase I, pero posteriormente se retiraron.
7.4.
En igual sentido, la Sala
considera que la lista de elegibles contenida en la Resolución 1580 de 2009
tampoco puede usarse para proveer las vacantes restantes, ya que aquella no
tiene en cuenta aquel personal que, en razón a la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2008, se retiró de la convocatoria. Sobre el particular, es
indispensable recordar que esta Corporación, en la sentencia T-294 de 2011,
señaló enfáticamente que las listas de elegibles dictadas dentro de los
concursos realizados para los cargos no suspendidos debido a la expedición del
Acto Legislativo 01 de 2008, no pueden aplicarse para proveer las plazas
excluidas de la oferta en razón a dicha enmienda, ya que lo procedente, en aras
de cumplir con el mandato de la sentencia C-588 de 2009, es la reanudación del
concurso suspendido.[40]
La Corte observa que hacer uso del mencionado listado
dejaría incólume la segunda de las consecuencias que generó la expedición de la
pluricitada reforma constitucional, es decir, el retiro de algunos
participantes que se ampararon en los beneficios que les traía dicha enmienda,
lo cual resulta a todas luces contrario al efecto retroactivo que la Sala Plena
de esta Corte pretendió imprimirle a la inexequibilidad de aquel acto.
Debe recordarse que antes de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2008, el número de plazas ofertadas eran once (11) y existían
servidores públicos en calidad de provisionales que compitieron en la
Convocatoria 01 de 2005, superaron exitosamente la Fase I pero que, creyendo
haber adquirido un derecho a raíz de la citada reforma, se retiraron del
concurso.
En consecuencia, ante la inexequibilidad retroactiva
de tal enmienda, la reiniciación de dicho concurso público debía estar
apuntando a garantizar, en la medida de lo posible, no solamente el respeto de
tales condiciones, sino también la salvaguarda del derecho a la igualdad de
trato y oportunidades de la totalidad de sus participantes.
7.5.
Como corolario, este Tribunal
encuentra que, para este caso, la medida más eficaz para garantizar la
retrotracción plena de los reseñados efectos del Acto Legislativo 01 de 2008;
respetar los derechos y las expectativas de los participantes de la
Convocatoria 01 de 2005 y salvaguardar los principios constitucionales del concurso
y el mérito, consiste en la unificación de ambas listas de elegibles,
para que aquellos que obtuvieron los mejores puntajes tengan derecho a ocupar
las once (11) plazas inicialmente ofertadas para proveer el empleo Núm. 15356,
denominación “Profesional Universitario”, código 219, grado 15, de la
Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá.
De esta forma se garantizará que, tal y como acontecía
antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2008, (i) todos aquellos
legitimados para participar en la Fase II de la Convocatoria 01 de 2005
pudieran hacerlo, (ii) se compitiera por once (11) plazas para empleo ofrecido
y (iii) el mérito fuera el criterio decisivo para la provisión de dicho cargo.
En ese sentido, la Corte considera que, a diferencia
de lo ocurrido en la sentencia T-294 de 2011, no es posible ordenar a las
entidades accionadas que permitan la participación de los aquí peticionarios en
el concurso para proveer las cuatro (4) vacantes inicialmente excluidas de la
Convocatoria 01 de 2005, toda vez que, contrario a lo acontecido en tal
oportunidad, dicho concurso ya terminó. En efecto, mientras que en el primero
dicho proceso incidental no había culminado para el momento de la decisión, en
este caso la Comisión Nacional del Servicio Civil lo había finalizado mediante
la lista de elegibles contenida en la Resolución 1050 de 2011. En consecuencia,
la única alternativa idónea con la que se cuenta para amparar los derechos
fundamentales del reclamante y garantizar los principios constitucionales que
rigen los concursos públicos de méritos la constituye la unificación de las dos
listas de elegibles.
7.6.
En estas condiciones la Corte
revocará la sentencia de segunda instancia que, dejando sin efectos la
sentencia de primer grado, declaró improcedente la solicitud de amparo. En su
lugar, concederá la protección de los derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos de Hames Andrés Ruano
Riveros. Para ello se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil que
dicte una resolución contentiva de una única lista de elegibles para el empleo
Núm. 15356, denominación “Profesional Universitario”, código 219, grado
15, de la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, que comprenda los listados
publicados a través de las Resoluciones 1580 de 2009 y 1050 de 2011, en donde
se clasifiquen a los elegibles que no hayan renunciado a su derecho a figurar
en ellas, en estricto orden de méritos.
Con base en ella, la Secretaría de Gobierno Distrital
deberá proveer, en un término no menor a quince (15) días, las once (11) plazas
disponibles para el referido cargo, en estricto orden de méritos.
Finalmente, debido a la alta probabilidad de
ocurrencia de situaciones análogas a lo largo de los trámites adelantados con
ocasión de la Convocatoria 01 de 2005, la Sala advertirá a la Comisión Nacional
del Servicio Civil que actúe en cumplimiento de los parámetros establecidos en
la parte motiva de la presente sentencia, especialmente en lo relacionado con
la reincorporación de las personas que se beneficiaron con el Acto Legislativo
01 de 2008 y la unificación de las listas de elegibles.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. LEVANTAR la suspensión de términos
decretada para decidir el presente asunto.
Segundo. REVOCAR la sentencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010),
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual
se declaró improcedente, en segunda instancia, la solicitud de amparo de la
referencia. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos
del señor Hames Andrés Ruano Riveros.
Tercero. En consecuencia, ORDENAR a
la Comisión Nacional del Servicio Civil que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, dicte  una resolución
contentiva de una única lista de elegibles para el empleo Núm. 15356,
denominación “Profesional Universitario”, código 219, grado 15 de la
Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, que sea comprensiva de los listados
publicados a través de las Resoluciones 1580 de 2009 y 1050 de 2011, en donde
se clasifiquen a los elegibles que no hayan renunciado a su derecho a figurar
en ellas, en estricto orden de méritos.
Cuarto. ORDENAR
a la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá que provea, con fundamento en
la resolución descrita en la orden tercera de esta providencia y en un término no menor a quince (15) días contados a
la expedición del referido acto administrativo, las once (11) plazas
disponibles para el empleo Núm. 15356, denominación “Profesional
Universitario”, código 219, grado 15, en estricto orden de méritos.
Sexto. ADVERTIR a la Comisión Nacional del Servicio Civil que, en lo sucesivo, actúe en cumplimiento de los parámetros establecidos en la
parte motiva de la presente sentencia, especialmente en lo relacionado con la
reincorporación a la Convocatoria 01 de 2005 de aquellas personas que se
beneficiaron con el Acto Legislativo 01 de 2008.
Séptimo. LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991,
para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Auto 218/11
Referencia:
Solicitud de corrección de la sentencia T-569 de 2011.
Acción
de tutela instaurada por Hames Andrés Ruano Viveros contra la Comisión Nacional
del Servicio Civil y la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., seis (6) octubre
dos mil once (2011).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere el presente Auto.
I.
ANTECEDENTES.
A través de escrito presentado el 30 de septiembre de 2011
en la Secretaría General de esta Corporación, el señor Hames Andrés Ruano
Viveros solicita la corrección de la sentencia T-569 de 2011. El ciudadano
fundamenta su petición en los siguientes aspectos:
i) Plantea la existencia de un error en la parte
resolutiva de la providencia, relativa a la identificación del juez de segunda
instancia, ya que allí se mencionó a la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, cuando en realidad quien conoció la impugnación fue la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
ii) Advierte que su nombre es “Hames Andrés Ruano
Viveros”[41] y sin embargo,
en diversos apartes de la parte motiva y resolutiva de la decisión es
identificado como “Hames Andrés Ruano Riveros”.
iii). Finalmente expone que “no figura en la parte resolutiva
un numeral quinto, es decir del numeral cuarto se pasa al sexto, por tanto, se
genera incertidumbre en la parte resolutiva, en el sentido que no se sabe si
hubo otra disposición adicional a las que figuran en el fallo o si sólo fue un
error en la numeración”.
II.
CONSIDERACIONES.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado
en múltiples oportunidades[42], que los errores de
transcripción presentes en sus sentencias deben corregirse aplicando para ello
lo dispuesto en el artículo 310 de C.P.C., es decir, por imprecisiones cometidas
por omisión o cambio de palabras o alteraciones de éstas[43].
En el presente asunto, la Sala constata que se incurrió en
un error de carácter mecanográfico, toda vez que en algunos apartes de la
sentencia T-569 de 2011, se cambió el segundo apellido del accionante de
“Viveros” por “Riveros”.
En igual sentido, existe una imprecisión en el numeral
segundo de la parte resolutiva del fallo, ya que el juez que conoció en segunda
instancia fue la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por último, se incurrió en un yerro de carácter
mecanográfico, al pasar en la parte resolutiva del numeral “cuarto” al “sexto”.
Sentado lo anterior, en aras de evitar equívocos y hacer
efectivo el cumplimiento del fallo de la referencia, se hace necesario corregir
los aludidos aspectos.
En consecuencia la Sala Quinta de Revisión,
RESUELVE:
Primero:
CORREGIR la sentencia T-569 de 2011, la cual quedará en todas
sus partes haciendo referencia al señor Hames Andrés Ruano Viveros, en lugar de
“Hames Andrés Ruano Riveros”.
Segundo:
CORREGIR el numeral segundo de la
parte resolutiva de la Sentencia T-569 de 2011, el cual quedará así:
“Segundo. REVOCAR la sentencia del veintiuno (21) de octubre de dos mil
diez (2010), proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante la cual se declaró improcedente, en segunda instancia, la
solicitud de amparo de la referencia. En su lugar, CONCEDER la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, trabajo
y acceso a cargos públicos del señor Hames Andrés Ruano Viveros.”
Tercero:
CORREGIR los numerales sexto y
séptimo de la sentencia T-569 de 2011, los que serán entendidos como quinto y
sexto respectivamente, así:
“Quinto. ADVERTIR a la Comisión Nacional del Servicio Civil que, en lo
sucesivo, actúe en cumplimiento de los parámetros establecidos en la parte
motiva de la presente sentencia, especialmente en lo relacionado con la
reincorporación a la Convocatoria 01 de 2005 de aquellas personas que se
beneficiaron con el Acto Legislativo 01 de 2008.
Sexto. LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.”
Cuarto:
MANTENER intacta el resto de la
providencia corregida.
Quinto:
Remitir copia de la presente decisión
a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien actuó como juez de
primera instancia.
Sexto: Notificar el
presente Auto a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaría de
Gobierno Distrital de Bogotá.
Séptimo:
Proceda la Secretaría General y la
Relatoría de esta Corporación a efectuar las anotaciones correspondientes.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Sentencia T-645 de 2008, T-1088 de 2007, T-1080 de 2005, T-1109 de
2004, entre otras.
[2] Sentencias T-582 de 2010, T-773 de 2009, T-108 de 2007, T-436 de 2005,
T-859 de 2004, entre otras.
[3] Sentencia T-582 de 2010. En esta oportunidad, la Corte conoció de una solicitud de tutela promovida por una persona que había ocupado el
primer puesto de una lista de elegibles para conformar la terna para el cargo
de gerente de un hospital departamental, el cual se rehusaba
reiteradamente a designarlo.
[4] Sentencia T-468 de 1999.
[5] Sentencia T-556 de 2010.
[6] Sentencias T-556 de 2010 y T-095 de 2002,
entre otras.
[7] Sentencia SU-913 de 2009.
[8] Folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[9] Sentencia C-356 de 1994.
[10] Sentencia C-319 de 2010.
[11] Ibíd.
[12] Ibíd.
[13] Ibíd.
[14] El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a
acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. A su
turno, el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos reproduce tal garantía en idénticos términos,
elevándolo a la categoría de derecho político, es decir, con
la misma importancia que el derecho a elegir y ser elegido. Igualmente, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 25
que “todos los ciudadanos tendrán acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país”. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, por su parte, reconoce en su artículo
4° el derecho a la igualdad de toda mujer de acceder “a las
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de decisiones”. En adición, el artículo 7 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
garantiza, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho de aquellas a
“participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales.”
[15] Ver las sentencias C-901 de 2008,
C-315 y C-211 de 2007,  C-1122 de 2005 y C-349 de 2004, entre otras.
[16] Sentencias C-319 y T-502 de 2010, C-588 de
2009, C-901 de 2008, entre otras.
[17] Sentencia C-315 de 2007.
[18] Sentencia C-1122 de 2005.
[19] Sentencias C-588 de 2009, C-315 de 2007 y
C-387 de 1996, entre otras.
[20] Reiterado en la sentencia SU-913 de 2009.
[21] Sentencias C-319, C-181 y T-606 de 2010,
C-588 de 2009 y T-969 de 2006, entre otras.
[22] Sentencias T-556 y T-606 de 2010, entre
otras.
[23] Sentencias SU-913 de 2009, T-024 de 2007,
T-132 de 2006, entre otras.
[24] Sentencia SU-913 de 2009.
[25] Sentencias C-147 de 1997, C-155 de 2007, C-926 de 2000, C-624 de 2008,
T-494 de 2008, entre otras.
[26] Ibíd.
[27] Sentencia T-556 de 2010.
[28] Sentencia T-502 de 2010.
[29] Sentencia SU-913 de 2009.
[30] Sentencia T-214 de
2004.
[31] Sentencia T-224 de 2006.
[32] Sentencias SU-913 de 2009 y SU-133 de 1998,
entre otras.
[33] Sentencia T-048 de 2009.
[34] Ibíd.
[35] Sentencias C-588 de 2009 y T-294 de 2011.
[36] Sentencia C-319 de 2010.
[37] Sentencia C-588 de 2009.
[38] Sentencia T-101 de 1999.
[39] La Circular 054 de
2009 de la Comisión Nacional del Servicio Civil fijó las condiciones de
reanudación del concurso respecto de las plazas ocupadas por personas
beneficiadas con el Acto Legislativo 01 de 2008 de la siguiente manera:
“Oferta
pública de empleos OPEC de cargos reportados a través del aplicativo “Reporte
de empleos y servidores públicos que estuvieron cobijados por el acto
legislativo”.
A estos
empleos podrán inscribirse los aspirantes habilitados que no se han inscrito en
la Fase II pero que procedan a ello en la fecha que señale en su oportunidad la CNSC, la cuál será posterior al 7 de diciembre de 2009.”
[40] En dicha oportunidad, la Corte señaló: “En este caso, la Sala comparte los argumentos expuestos tanto por el a-quo
como por el ad-quem, en relación con que no es posible aplicar la
retroactividad de la sentencia C-588 de 2009 de esta Corte, en el sentido
propuesto por la actora, es decir, entendiendo que el concurso respecto del
empleo OPEC No. 41923, ahora en discusión, no se suspendió en la Convocatoria Pública No. 01 de 2005 en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2008, y que por
tanto, la lista de elegibles conformada mediante la Resolución No. 394 de 2009, es aplicable así mismo para proveer el cargo respecto del cual se
suspendió el concurso.”
“Considera
la Sala que ésta interpretación no es procedente, toda vez que se ha
evidenciado que efectivamente el concurso público No. 01 de 2005 se suspendió
respecto del empleo OPEC No.41923, que nos ocupa, y que en aplicación de los
efectos retroactivos ordenados por la sentencia C-588 de 2009, lo que procede
es la reanudación de dicho concurso suspendido.”
[41] Como sustento de su afirmación anexa fotocopia de su cédula de
ciudadanía.
[42] Cfr. A-174 de 2005, A-051 de 2007, A-067 de 2007, A-01 de 2008, A-259
de 2009, A-060 de 2010, A-048 de 2011, A-054 de 2011, A-085 de 2011, A-154A de
2011, entre otras.
[43] La norma en cita reza: “Toda providencia en que se haya incurrido
en error puramente aritmético, es corregible por el juez que la dictó, en
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible
de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y
revisión.(…) Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de
error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”.