C-851-13
Sentencia C-851/13
Sentencia C-851/13
(Bogotá DC, 27 de noviembre)
MEDIDAS PARA FORMALIZAR EL SECTOR DEL ESPECTACULO
PUBLICO DE LAS ARTES ESCENICAS-Inspección,
vigilancia, control y toma de posesión de las sociedades de gestión colectiva
de derechos de autor y derechos conexos
FACULTADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA, POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHO
DE AUTOR-Expresión de la intervención
del estado en la economía/FACULTADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE
LAS SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA, POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE
DERECHO DE AUTOR-Resulta ajustado a los principios de legalidad y
proporcionalidad
El
numeral 11 y el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011 se limita a
asignar competencias a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio
del Interior, pero el desarrollo de dichas facultades, los procedimientos y
causales de intervención se encuentran ampliamente desarrollados en el marco
legal que regula los derechos de autor en Colombia, razón por la cual en este
caso no se puede alegar el desconocimiento del principio de legalidad y
proporcionalidad. De otro lado, no se estiman violados los artículos 150
numeral 8 y 333 de la Constitución por parte de los artículos 24 a 34 de la Ley 1493 de 2011, ya que si bien del artículo 189 constitucional no se desprende una
expresa facultad del Ejecutivo para ejercer el control, la inspección y
vigilancia de las sociedades de gestión de derechos de autor y conexos, el
amplio margen de configuración con el que cuenta el Legislador para otorgar y
desarrollar dicha potestad en cabeza del Presidente de la República, se
desprende de la propia Constitución en sus artículos 333 y 334, considerando
que las sociedades de gestión colectiva son de contenido patrimonial y que las
facultades de control, inspección y vigilancia son una expresión de la
intervención del Estado en la economía.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR-Funciones
DERECHOS
DE AUTOR Y CONEXOS-Contenido
normativo
DECISION ANDINA 351 DEL ACUERDO DE CARTAGENA-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE AUTOR-Doble dimensión jurídica
A los derechos de autor se les reconoce una doble
dimensión jurídica: 1. El derecho moral o personal, que es inalienable,
irrenunciable, extrapatrimonial y perpetuo. Se refiere a la posibilidad de que
el autor de determinada creación, reivindique en cualquier momento la
paternidad de su obra, exigiendo que se indique su nombre o seudónimo cuando
esta se haga pública por cualquier medio. Comprende igualmente el derecho a
oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que
desconozca su reputación, así como a la posibilidad de mantenerla inédita o
anónima, o modificarla antes o después de hacerla pública. En esta dimensión se
reconoce también el derecho del autor de suspender la circulación de su obra,
así la haya autorizado previamente reconociendo los respectivos perjuicios a
terceros. 2. De otro lado, los derechos patrimoniales de autor, corresponden a
la facultad del autor de una creación, de disponer de la misma, esto es a la
posibilidad de cederla, transferirla, renunciar a ella, esto sin contar que
también puede ser objeto de embargo y medidas cautelares.  Así, de acuerdo con
la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual estos
derechos implican que “dentro de las limitaciones impuestas por la legislación
de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de
utilizaciones públicas de la obra previo abono de una remuneración. En particular,
los derechos patrimoniales comprenden la facultad para hacer o autorizar que se
haga lo siguiente: publicar o reproducir de otro modo la obra para su
transmisión (distribución) al público: comunicarla al público mediante
representación o ejecución, mediante radiodifusión o por hilo; hacer
traducciones o cualquier tipo de adaptaciones de la obra y utilizarlas en
público, etc.
DERECHOS CONEXOS A LOS DE AUTOR-Concepto
MECANISMOS DE
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Configuración
legislativa
SOCIEDADES DE
GESTION COLECTIVA-Definición/SOCIEDADES
DE GESTION COLECTIVA-Atribuciones/SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA-Son
sociedades de contenido patrimonial que administran los derechos de sus
titulares
SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR-Naturaleza/SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE
DERECHOS DE AUTOR-Regulación
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD-Contenido/PRINCIPIO
DE LEGALIDAD-Importancia
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD-Funciones
reconocidas por la jurisprudencia
El principio de legalidad tiene
importantes funciones reconocidas por la jurisprudencia: (1) de un lado,
protege la libertad al garantizar su ejercicio restringiendo intervenciones que
la limiten cuando no existe una norma que así lo autorice; (2) de otro lado
protege la democracia, porque la ley a la que se somete el ejercicio de la
función pública ha sido aprobada por órganos suficientemente representativos,
por lo cual se asegura el carácter democrático del Estado; (3) además,
garantiza el control y la atribución de responsabilidades al orientar las
actividades de los organismos a los que les han sido asignadas funciones de
control respecto del comportamiento de las autoridades públicas.
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD-Exige la
existencia de una regulación previa y suficiente que oriente las funciones y
permita establecer el alcance de las autoridades públicas
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Contenido/DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO-Definición
FUNCIONES DE
INSPECCION Y VIGILANCIA-Configuración legislativa para disponer
estas competencias en cabeza del ejecutivo/FUNCION DE INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA DEL PRESIDENTE-Contenido
FUNCIONES DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL-Características
DERECHOS DE
ASOCIACION Y LIBERTAD DE EMPRESA-Contenido y alcance/INTERVENCION DEL
ESTADO EN LA ECONOMIA-Jurisprudencia constitucional/LIBERTAD DE
ASOCIACION Y LIBERTAD ECONOMICA-Límites razonables y proporcionales/INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Tipos/INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Intensidad
REGULACION DEL
ESTADO EN LA ECONOMIA-Inclusión de la facultad de adoptar
medidas individuales, seguimiento o potestad de imponer sanciones
administrativas en el respeto del debido proceso y derecho de defensa
Referencia: Expedientes
D-9665, D-9675, D-9676.
Actor: Jorge Alonso
Garrido Abad.
Demanda de
inconstitucionalidad contra: en el expediente D-9665 numeral 11
(parcial) y el parágrafo del artículo 27, de la Ley 1493 de 2011; en el
expediente D-9675 el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011; en el
expediente D-9676, los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de
la Ley 1493 de 2011.
Magistrado
Ponente: MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES
1. Texto normativo demandado
(objeto de revisión).
El ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad, en ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6,
241 y 242 de la Constitución Política, presentó demandas de
inconstitucionalidad, contra el numeral 11 (parcial) y el parágrafo del artículo
27, el literal d) del artículo 30 y los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 y 34  de la Ley 1493 de 2011 “Por la cual se toman medidas para
formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de
gestión colectiva y se dictan otras disposiciones”, respectivamente. Los
textos de los artículos mencionados son los siguientes:
LEY 1493 DE 2011
(diciembre 26)
Diario Oficial No. 48.294 de 26 de diciembre de 2011
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se toman medidas para formalizar el sector
del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de
inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se
dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
CAPÍTULO VII.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y TOMA DE POSESIÓN DE
LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.
ARTÍCULO 24. COMPETENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 44 de
1993, el Presidente de la República ejercerá por conducto de la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior, la inspección, vigilancia y control de las Sociedades
de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en los términos
establecidos en las normas vigentes.
PARÁGRAFO. Las disposiciones del presente capítulo
aplicarán también, en lo pertinente, a las entidades recaudadoras constituidas
por las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos
conexos.
ARTÍCULO 25. INSPECCIÓN. La inspección consiste
en la atribución de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior para solicitar, confirmar y
analizar de manera ocasional, y en forma, detalle y términos que ella
determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable,
económica y administrativa de las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos
de Autor y Derechos Conexos, así como realizar auditorías periódicas o
extraordinarias a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos, con el fin de analizar su situación contable, económica,
financiera, administrativa o jurídica.
PARÁGRAFO. La Unidad Administrativa Especial –
Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, podrá
practicar investigación administrativa a estas sociedades.
ARTÍCULO 26. VIGILANCIA. La vigilancia consiste
en la atribución de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior, para velar porque las Sociedades
de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus
administradores, se ajusten a la ley y a los estatutos, en especial cuando se
presenten las siguientes circunstancias:
a) Abusos de sus órganos de dirección, administración,
o fiscalización, que impliquen desconocimientos de los derechos de los
asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias;
b) Suministro al público, a la Unidad Administrativa
Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior,
o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad;
c) No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con
los principios contables generalmente aceptados;
d) Realización de operaciones no comprendidas en su
objeto social.
La vigilancia se ejercerá en forma permanente.
ARTÍCULO 27. OTRAS FACULTADES DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR. Respecto de las Sociedades de Gestión Colectiva de
Derechos de Autor y Derechos Conexos la Unidad Administrativa Especial –
Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior tendrá
además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior las
siguientes:
1. Reconocer personería jurídica y otorgar
autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva.
2. Practicar visitas generales, de oficio o a petición
de parte, y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen las
irregularidades que se hayan observado durante la práctica de estas e
investigar, si es necesario, las operaciones realizadas por la sociedad
visitada o sus administradores.
3. Enviar delegados a las reuniones de la asamblea
general o asambleas regionales, de Consejo Directivo o del Comité de Vigilancia
cuando lo considere necesario.
4. Verificar que las actividades que desarrolle estén
dentro del objeto social y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos
dentro del mismo.
5. Iniciar investigaciones y, si es del caso, imponer
sanciones administrativas a la sociedad de gestión colectiva o entidad
recaudadora o a los miembros del Consejo Directivo, a los integrantes del
Comité de Vigilancia, al Gerente, al Secretario, al Tesorero, al Revisor Fiscal
o a los demás administradores.
6. Designar al liquidador en los casos previstos por
la ley o cuando se ordene la cancelación de la personería jurídica de la
sociedad.
7. Ejercer control de legalidad a los estatutos
adoptados por las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o
derechos conexos y a las reformas estatutarias.
8. Convocar a reuniones extraordinarias de la Asamblea
General, las Asambleas Regionales, de Consejo Directivo o del Comité de
Vigilancia en los casos previstos por la ley o cuando lo estime conveniente.
9. Ordenar la modificación de las cláusulas
estatutarias cuando no se ajusten a la ley.
10. Conocer de las impugnaciones que se presenten
contra los actos de elección realizados por la Asamblea General y las Asambleas
Seccionales, y los actos de administración del Consejo Directivo de las
sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
11. Inscribir, o de ser el caso, negar la inscripción
de los miembros del Consejo Directivo, de los integrantes del Comité de
Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de
las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
12. Ejercer control de legalidad al presupuesto
aprobado por las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos.
PARÁGRAFO. A los miembros del Consejo Directivo, los
integrantes del Comité de Vigilancia, el Gerente, Secretario, Tesorero o del
Revisor Fiscal se les podrá imponer las sanciones de amonestación, multa,
suspensión o remoción del cargo. En el caso de imposición de multas estas
podrán ser de hasta cincuenta (5) salarios mínimos mensuales. Los pagos de las
multas que se impongan conforme a este artículo a personas naturales, no podrán
ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por
interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual está vinculada la
persona natural cuando incurrió en la conducta objeto de sanción.
ARTÍCULO 28. CONTROL. El control consiste en la
atribución de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior, a fin de ordenar los correctivos
necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable,
económico o administrativo de cualquier sociedad de gestión colectiva de
derechos de autor y derechos conexos, cuando así lo determine la Unidad
Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior, mediante acto administrativo de carácter particular.
ARTÍCULO 29. FUNCIONES DE CONTROL DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR. En ejercicio del control, la Unidad Administrativa
Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior,
tendrá, además de las facultades indicadas en los artículos anteriores, las
siguientes:
1. Promover la presentación de planes y programas
encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar
la cumplida ejecución de los mismos.
2. Ordenar la remoción y consecuente cancelación de la
inscripción de los miembros del Consejo Directivo, de los integrantes del
Comité de Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Revisor
Fiscal y empleados, según sea el caso por incumplimiento de las órdenes de la
Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior, o de los deberes previstos en la ley o en los
estatutos, de oficio o a petición de parte, mediante providencia motivada en la
cual podrá designar su reemplazo u ordenar que la sociedad proceda en tal
sentido. La remoción ordenada por la Unidad Administrativa Especial – Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, implicará una
inhabilidad para cargos directivos en sociedades de la misma naturaleza, hasta
por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo
correspondiente.
A partir del sometimiento a control, se prohíbe a los
administradores y empleados la constitución de garantías que recaigan sobre
bienes propios de la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones que no
correspondan al giro ordinario de las actividades de la sociedad sin
autorización previa de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional
de Derechos de Autor del Ministerio del Interior.
Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención
a lo dispuesto en el presente artículo será ineficaz de pleno derecho.
El reconocimiento de los presupuestos de ineficacia
previstos en este artículo será de competencia de la Unidad Administrativa
Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior,
de oficio o a petición de parte en ejercicio de funciones administrativas.
3. Conminar bajo apremio de multas a los
administradores para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley,
los estatutos, las decisiones de la Asamblea General, el Consejo Directivo o el
Comité de Vigilancia.
4. Efectuar visitas especiales e impartir las
instrucciones que resulten necesarias de acuerdo con los hechos que se observen
en ellas.
ARTÍCULO 30. MEDIDAS CAUTELARES. El Director de
la Unidad Administrativa Especial –Dirección Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior podrá adoptar, en desarrollo de las funciones de
inspección, vigilancia y control y mediante resolución motivada, las siguientes
medidas cautelares inmediatas:
a) El cese inmediato de los actos que constituyan la
presunta infracción a las disposiciones legales o estatutarias en materia de
derecho de autor, por parte de las sociedades de gestión colectiva, entidades
recaudadoras o de sus directivos;
b) Suspender en el ejercicio de sus funciones a los
miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia, al Gerente, al
Secretario, al Tesorero y al revisor fiscal de las sociedades de gestión
colectiva y de las entidades recaudadoras;
c) La suspensión de la personería jurídica y de la
autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva y de las
entidades recaudadoras;
d) Cualquiera otra medida que encuentre razonable para
garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control.
PARÁGRAFO. Las medidas cautelares podrán decretarse
antes de iniciar una investigación, conjuntamente con ella o con posterioridad
a su inicio antes de que se profiera la decisión que le ponga fin. La adopción
de estas medidas no implicará prejuzgamiento.
ARTÍCULO 31. TOMA DE POSESIÓN. La Dirección
Nacional de Derecho de Autor podrá tomar posesión de una sociedad de gestión
colectiva para administrarla o liquidarla, en los siguientes casos:
1. Cuando la sociedad de gestión colectiva no quiera o
no pueda gestionar los derechos confiados por sus socios o por contratos de
representación recíproca.
2. Cuando sus administradores persistan en violar en
forma grave las normas a las que deben estar sujetos.
3. Cuando sus administradores hayan rehusado dar
información veraz, completa y oportuna a la Dirección Nacional de Derecho de
Autor, o a las personas a quienes estas hayan confiado la responsabilidad de
obtenerla
ARTÍCULO 32. EFECTOS DE LA TOMA DE POSESIÓN. Como
consecuencia de la toma de posesión, el Director de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor al tomar posesión deberá designar un administrador y adoptar
las medidas que considere pertinentes para garantizar la gestión de los
derechos confiados por sus socios o por contratos de representación recíproca.
Para tales efectos, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor
podrá celebrar un contrato de fiducia, en virtud del cual se encargue a una
entidad fiduciaria la administración de la empresa en forma temporal.
ARTÍCULO 33. CONTINUIDAD EN LA GESTIÓN DE DERECHOS.
Cuando por voluntad de los socios, por configurarse una causal de
disolución o por decisión de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, una
sociedad de gestión colectiva entre en proceso de liquidación o se encuentre
imposibilitada para gestionar los derechos a ella confiados, el representante
legal o el revisor fiscal deberá dar aviso a la Dirección Nacional de Derecho
de Autor para que ella asegure que no se interrumpa la gestión de los derechos.
La autoridad competente procederá a celebrar los
contratos que sean necesarios con sociedades de gestión colectiva o entidades
recaudadoras para que sustituyan a la sociedad en proceso de liquidación o a
asumir directamente en forma total o parcial las actividades que sean
indispensables para asegurar la continuidad en la gestión de los derechos, en
concordancia con la entidad designada en desarrollo del proceso de toma de
posesión de la empresa en liquidación.
ARTÍCULO 34. REMISIÓN NORMATIVA. En los demás
aspectos de inspección, vigilancia, control y liquidación obligatoria, no
regulados en esta ley, se aplicará el Código de Comercio y sus modificaciones y
adiciones. En lo referente a la contabilidad deberá remitirse a las normas
contables aplicables.
2. Demanda.
El demandante
presentó tres demandas.
2.1. La primera que consta en el expediente D-9665 en
contra  del numeral 11 (parcial) y el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493
de 2011 por desconocimiento del artículo 29 superior.
2.2. La segunda que está contenida en el expediente
D-9675 contra el literal d) del artículo 30 por violación del artículo 29 de la
Constitución.
2.3. La tercera que consta en el expediente D-9676
contra los artículos 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493
de 2011 por desconocer los artículos 150 numeral 8 y 333 de la Constitución
Política.
2.4. En la Sala Plena del 28 de mayo de 2013, se
resolvió acumular las demandas D-9665, D-9675 y D-9676 tal y como consta en los
folios 16 y 29 del expediente acumulado.
2.1. Expediente D-9665. Cargo
contra el numeral 11 y el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011 por
la vulneración del artículo 29 de la Constitución.
2.1.1. El demandante alega que la
expresión “o de ser el caso” contenida en el numeral 11 del artículo 27
de la Ley 1493 de 2011, así como la posibilidad de imponer sanciones,
amonestación, multa, suspensión o remoción del cargo a los miembros del Consejo
Directivo, los integrantes del Comité de Vigilancia, el Gerente, Secretario,
Tesorero o del Revisor Fiscal, tal y como lo establece el parágrafo del mismo
artículo, desconoce el artículo 29 de la Constitución, en particular el
principio de legalidad y proporcionalidad.
2.1.2. En efecto, juzga que se confiere
a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior una
facultad indefinida, consistente en negar la inscripción de los miembros del
Consejo Directivo, de los integrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente,
del Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de las sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor o de derechos conexos, sin señalar causales
específicas que fundamenten la negación de dicha inscripción.
2.1.3. De otro lado, a la misma entidad
se le concede una competencia igualmente amplia e indeterminada para imponer
sanciones a los miembros de estas sociedades sin tipificar las conductas
reprochables que ameritan la imposición de dichas medidas.
2.1.5. Lo anterior se constituye en una
violación del artículo 29 de la Constitución, porque no se establece el
procedimiento administrativo al que se deben sujetarse este tipo de actuaciones.
2.2. Expediente D-9675. Cargo
contra el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011 por la vulneración
del artículo 29 de la Constitución.
2.2.1. El cargo contra del literal d)
del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011 es semejante al presentado contra el
artículo 27 de la mencionada Ley. El demandante argumenta que la posibilidad de
que el
Director de la Unidad Administrativa Especial –Dirección Nacional de Derecho de
Autor del Ministerio del Interior, adopte medidas cautelares inmediatas en
desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control y mediante
resolución motivada, desconoce el artículo 29 superior y específicamente el
principio de legalidad y proporcionalidad, por no establecer con claridad
cuándo se pueden aplicar dichas medidas.
2.2.2. En este orden de ideas, las
funciones en materia de imposición de medidas cautelares de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor son demasiado amplias, e indeterminadas y quedan
sujetas a su propio arbitrio, privando a las personas destinatarias de las
mismas, de conocerlas con anticipación. Lo anterior lo encuentra el accionante
desproporcionado e irrazonable. Los criterios para el ejercicio de esta función
y el procedimiento para adelantar la inspección, control y vigilancia, son
competencia exclusiva de la ley tal y como lo establece el numeral 21 del
artículo 150 de la Constitución.
2.3. Expediente D-9676. Cargo
contra los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493
de 2011 por la vulneración de los artículos 150 numeral 8 y 333 de la
Constitución.
2.3.1. Se estima infringido el artículo 150 numeral 8
de la Constitución, por considerar que el legislador se excedió al asignar al
Ejecutivo funciones de inspección y vigilancia que no le corresponden de
acuerdo con el artículo 189 superior.
Afirma que la actividad de las sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor y derechos conexos, no está sujeta a la
inspección y vigilancia del Estado ya que no se inscribe en ninguna de las
funciones señaladas en los numerales 21, 22, 24, 25 y 26 del artículo 189
constitucional.
2.3.2. De otro lado, se viola el artículo 333 de la
Constitución, porque la norma acusada establece una restricción no consagrada
en la Constitución a la libertad económica que ejercen las sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. La limitación
consiste en sujetar la actividad de estas sociedades a la inspección y
vigilancia del Estado. En este sentido, se presentan argumentos idénticos  a
los planteados en relación con la vulneración del numeral 8 del artículo 150
superior.
3. Intervenciones.
3.1. Expediente D-9665.
3.1.1. Ministerio del Interior – Oficina Asesora
Jurídica - Dirección Nacional de Derecho de Autor – Unidad Administrativa
Especial -[1]: Inhibición, en su defecto exequibilidad.
3.1.1.1. En relación con el numeral 11 del artículo 27
de la Ley 1493 de 2011.
Aunque la norma acusada no señala las circunstancias
bajo las cuales la Dirección Nacional de Derecho de Autor puede negar la
inscripción de los miembros del Consejo Directivo, de los integrantes del
Comité de Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Revisor
Fiscal de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor o de
derechos conexos, no debe perderse de vista que el objetivo de dicha
disposición es hacer un listado de las facultades de la Dirección sin describir
en detalle cada una de ellas. Lo anterior no desconoce los principios que se
desprenden del debido proceso ya que esta norma no puede leerse aisladamente de
otras que regulan la materia y que desarrollan su contenido como el artículo 34
de la Ley 44 de 1993 en el que se establecen las causales con base en las
cuales el Director General del Derecho de Autor podrá ejercer esa facultad.
Así, no hay lugar a la indeterminación que argumenta el demandante porque en
cada caso particular la Dirección está llamada a analizar y determinar el grado
de cumplimiento de la ley y establecer los efectos correspondientes.
Relacionado con lo anterior, se llama la atención sobre el hecho de que la
discrecionalidad no es equivalente a la arbitrariedad ni con la ausencia de
motivos para fundamentar una decisión, ya que esta sirve para facilitar la
consecución de los fines estatales y el cumplimiento de las funciones asignadas
a la Administración. Entonces, es factible que el legislador le otorgue a las
autoridades administrativas ciertas facultades discrecionales para el
cumplimiento de sus funciones, las cuales pueden ejercerse dentro de los
límites impuestos por el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. Se concluye que los cargos propuestos
contra el artículo demandado no pueden prosperar en este caso “pues no se
presenta una indeterminación de las causales por las cuales la DNDA puede negar
la inscripción de un dignatario de las sociedades de gestión colectiva  y, en
consecuencia, no existe per se la posibilidad de actuar arbitrariamente en las
decisiones que sobre el particular adopte esta Dirección, máxime cuando en todo
caso, de presentarse un margen de discrecionalidad en la decisión este debería
solventarse de conformidad con lo señalado en el artículo 44 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Ahora
bien, la eventual  indebida aplicación de la disposición acusada en algún caso
concreto es un asunto que escapa del examen de constitucionalidad porque
pertenece a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
3.1.1.2. Con respecto al parágrafo del artículo 27 de la
Ley 1493 de 2011.
Se reitera que en este caso el demandante realiza una
interpretación asilada de la norma y sustenta el cargo en supuestos fácticos
futuros e inciertos. En este orden de ideas no tiene en cuenta que el parágrafo
analizado debe analizarse en el marco del numeral 5º del artículo 27 de la Ley
1493 de 2011, que dispone el correspondiente proceso de investigación
administrativa previo a la eventual sanción. En todo caso, no es una norma que
establezca en detalle la manera como se ejerce la función sino que asigna
competencias a la Dirección relacionadas con sus facultades de inspección y
vigilancia. Estas competencias propias de la Dirección con respecto a la
posibilidad de iniciar investigaciones e imponer sanciones a los miembros de
las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o conexos, se encuentra
incluso consagrada en el artículo 47 de la Decisión Andina 351 de 1993 y en los
artículos 37 y 38 de la Ley 44 de 1993. Además, el Decreto 1258 de 2012 “Por
el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011”, establece el procedimiento administrativo que debe seguir la Dirección para imponer las sanciones a las que
alude el parágrafo demandado y señala que debe estar comprobada la infracción
de normas legales o estatutarias. Se recuerda que el debido proceso, en el
derecho administrativo, admite cierta flexibilización del principio de
legalidad, lo cual permite que la forma típica sea determinable.
3.2. Expediente D-9675.
3.2.1. Ministerio del Interior –Oficina Asesora
Jurídica - Dirección Nacional de Derecho de Autor – Unidad Administrativa
Especial -: Inhibición, en su defecto
exequibilidad.
Se solicita a la Corte tener en cuenta los argumentos
presentados por esta entidad frente a los cargos contenidos en el expediente
D-9626 cuya norma demandada es la misma que se examina en el presente caso.
3.3. Expediente D-9676.
3.3.1. Ministerio del Interior –Oficina Asesora
Jurídica - Dirección Nacional de Derecho de Autor – Unidad Administrativa
Especial -: Inhibición, en su defecto
exequibilidad.
La demanda no cuenta con los requisitos mínimos para ser
examinada por la Corte Constitucional ya que la argumentación presentada carece
de pertinencia, certeza, especificidad, claridad y suficiencia, al limitarse a
exponer situaciones futuras y eventuales, con argumentos generales y subjetivos
de los cuales no se desprende desconocimiento alguno de la Constitución. Se
recuerda, citando a la Corte que apelando al principio pro actione “no
se puede llegar al extremo de suplantar al accionante para intentar descifrar
el escrito, subsanando sus deficiencias”[2].
En todo caso, no desconocen las normas demandadas el
artículo 150 numeral 8 de la Constitución dado que el legislador, en ejercicio
de la cláusula general de competencia y en desarrollo de lo dispuesto en los
artículos 61, 150-8-21-24 y 334 superiores, decidió dotar al Gobierno Nacional
a través de la Unidad Administrativa Especial –Dirección de Nacional de Derechos
de Autor, de las facultades de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades
de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos. La cláusula
general de competencia legislativa del artículo 150 de la Carta, otorga al
Congreso un amplio margen de configuración por consiguiente carecen de sustento
los argumentos del demandante en el sentido de que el Congreso excedió las
facultades que le otorgó la Constitución. De otro lado, la jurisprudencia ha
señalado reiteradamente la posibilidad de desconcentrar las funciones en cabeza
del Presidente de la República en su calidad de suprema autoridad administrativa,
en otros órganos, tal y como sucede con la Unidad Administrativa Especial-
Dirección Nacional de Derecho de Autor que constituye una expresión propia de
la desconcentración administrativa. De lo anterior se concluye que las normas
acusadas no establecen ningún tipo de colisión entre las competencias de la
Unidad Administrativa Especial y las funciones del Presidente en materia de
inspección, vigilancia y control.
Por otra parte, tampoco se desconocen los principios
de libertad económica y libertad de empresa que, de acuerdo con la
jurisprudencia, tampoco son derechos fundamentales por lo cual son susceptibles
de limitaciones por parte del Estado. El demandante confunde la cláusula
general de intervención del Estado en la economía que puede ejercer el
Congreso, con las funciones específicas asignadas al Presidente. Así, el
demandante interpreta equivocadamente la Constitución, puesto que las
facultades de intervención  no se limitan a las establecidas en el artículo 189
Superior, ya que el artículo 150 otorga un amplio margen de configuración al
Legislador, pues no es posible predecir todos los casos en los que el Estado está
llamado a intervenir en determinados sectores de la economía en pro del Interés
general. En particular, la intervención del Estado en las sociedades de gestión
de derechos de autor y conexos, no desconoce la Constitución puesto que es una
facultad  establecida por la ley que no afecta el núcleo esencial de la
libertad de empresa, obedece a motivos suficientes que justifican la limitación
de la garantía, observan el principio de solidaridad y responde a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad encaminados a asegurar que dichas sociedades
se ajusten a la ley y a sus estatutos sociales para evitar inequidades.
4. Procuraduría General de la Nación.
4.1. Expediente D-9665: exequibilidad.
El objeto de la norma acusada no es el de hacer una
enumeración de las causales que dan lugar a negar la inscripción sino el de
otorgar una facultad a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para el
cumplimiento de un fin constitucionalmente válido, como es el de negar la
inscripción. Se resalta que en todo caso este tipo de decisiones implican la
expedición de un acto administrativo el cual debe ser debidamente motivado para
que pueda ser impugnado. Además. Las funciones de inspección, control y
vigilancia de la Dirección se rigen por lo establecido en la misma ley conforme
lo establecen los artículos 24, 25 y 26 de la misma y, en lo demás, las normas
del Código de Comercio. De otro lado, tampoco constituye un vicio de
constitucionalidad el hecho de que la ley no establezca las causales de la
inscripción de los miembros del Comité de Vigilancia, Secretario, Tesorero y
Revisor Fiscal de las Sociedades de Gestión Colectiva porque no constituye
reserva legal impuesta por el Constituyente, por lo cual este es un tema que
puede ser reglamentado por parte del Gobierno Nacional; además, existen razones
que configuran la violación de las normas y que son causales objetivas de rechazo
de la inscripción, como el incumplimiento para el ejercicio del cargo u otras
que constituyen inhabilidad tal y como se encuentra previsto en el artículo 34
de la Ley 44 de 1993.
4.2. Expediente D-9675: exequibilidad.
La demanda contiene las mismas pretensiones, cargos y
fundamentos de la radicada bajo el número D-9626 presentada por el mismo
ciudadano. Por lo anterior se solicita considerar el concepto emitido por el Ministerio
Público en esa oportunidad.
4.3. Expediente D-9676: exequibilidad.
El demandante confunde la facultad general de
intervención del Estado en la economía con las facultades propias del
Presidente de la República. Las funciones atribuidas a este último en el
artículo 150 de la Constitución no son taxativas ya que de ser así, no se
considerarían las dinámicas del Estado moderno haciendo imposible la
intervención estatal en distintas actividades de los particulares y en el
reconocimiento de nuevos derechos. Así, no es posible esgrimir la
indeterminación para ejercer funciones de regulación, vigilancia y control de
las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos a efectos de
configurar un cargo por violación del debido proceso. Al Legislador le compete
asignar y determinar estas funciones tal y como lo ha establecido la
jurisprudencia constitucional en esta materia. Por lo demás, no se encuentra
cómo las funciones de inspección, vigilancia y control en cabeza de la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, puedan afectar la libertad económica o
la libre competencia asunto que tampoco logra argumentar el actor en su
demanda.
II.
CONSIDERACIONES.
1. Competencia
La
presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por un ciudadano
colombiano, contra disposiciones vigentes contenidas en la Ley 1493 de 2011.
Por lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre las
mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la
Constitución.
2. Análisis de los cargos de las demandas.
2.1.
Teniendo en cuenta que varios intervinientes solicitan a la Corte declararse
inhibida para examinar las presentes demandas, resulta necesario remitirse a las
mismas con el fin de establecer si los cargos formulados cumplen con los
requisitos que la jurisprudencia y las normas han señalado para las acciones
públicas de inconstitucionalidad.
2.2.
De acuerdo con el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 las demandas de inconstitucionalidad
deben poder identificar la norma demandada, el concepto de violación, cuya
justificación debe fundarse en razones claras, ciertas, especificas,
pertinentes y suficientes; y señalar la competencia en cabeza de la Corte
Constitucional.[3]
2.3.
Considerando lo anterior, la Corte encuentra que en la demanda D-9665 el
demandante ha cumplido adecuadamente con las cargas mínimas exigidas por la
jurisprudencia para la formulación de un cargo de constitucionalidad, puesto
que ha señalado correctamente la disposición acusada y ha planteado un cargo
por desconocimiento del artículo 29 de la Constitución, sobre la base de la
supuesta indeterminación y amplitud de las facultades que la Ley otorga a la
Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior.
2.4.
Con respecto al expediente D-9675, la Corte encuentra que una demanda de
inconstitucionalidad contra el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 de
2011 por desconocimiento del artículo 29 constitucional fue formulada por el
mismo ciudadano en la demanda D-9626 y está fue declarada inexequible por la
Sala Plena de esta Corporación en la sentencia C-835 de 2013.
2.4.1.
En aquella ocasión, la norma demandada fue el literal d) del artículo 30 de la
Ley 1493 de 2011:
“ARTÍCULO 30. MEDIDAS CAUTELARES.
d) Cualquiera otra medida que encuentre razonable para
garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control”.
2.4.2.
El cargo de inconstitucionalidad examinado consistió en el desconocimiento del
debido proceso y de los principios de legalidad y proporcionalidad que rigen
las actuaciones administrativas al permitir a la Dirección Nacional de Derecho
de Autor del Ministerio del Interior, establecer medidas cautelares
indeterminadas en desarrollo de sus funciones de inspección, control y
vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y
derechos conexos.
2.4.3.
La decisión de la sentencia C-835 de 2013 fue “Declarar inexequible el
literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011”.
2.4.4.
Así, en esta ocasión la Corte no se ocupará de examinar la demanda D-9675, al
verificarse la existencia de cosa juzgada constitucional por identidad de
cargos contra la misma disposición.
2.5.
Con relación a la demanda D-9676 también advierte la Corte que el ciudadano
identificó las normas demandadas y sustentó los cargos de violación de los
artículos 150 numeral 8 y 333 Superiores, fundamentándolos en una aparente
intervención del Estado en la economía que excede los limites permitidos en la
Constitución y por restringir en exceso la libertad económica de las sociedades
de gestión colectiva de derechos de autor y conexos.
2.6.
Por las consideraciones expuestas, la Corte examinará los cargos de la demanda
D-9665 y D-9676 y declarará “estarse a lo resuelto” en la sentencia
C-835 de 2013.
3.
Problema jurídico constitucional.
La Corte
Constitucional, en guarda de la supremacía de la Constitución,  resolverá los
siguientes problemas jurídicos:
3.1. Si el
numeral  11
y el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011 desconocen el debido
proceso por (1) consagrar la posibilidad de que la Dirección
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior niegue la inscripción
de los miembros del Consejo Directivo, de los integrantes del Comité de
Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de
las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor o de derechos conexos,
sin señalar causales específicas que fundamenten la negación de dicha inscripción;
y (2) por permitir que la misma entidad imponga sanciones como amonestación,
multa, suspensión o remoción del cargo de los mismos sujetos sin establecer el
procedimiento administrativo en cada caso.
3.2.
Si los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de
2011 vulneran los artículos 150 numeral 8 y 333 de la Constitución por (1)
haberse extralimitado el Legislador al asignar al Ejecutivo, funciones de
inspección y vigilancia que no le corresponden de acuerdo con el artículo 189
superior; y (2) por limitar de modo desproporcionado la libertad económica que
ejercen las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos
conexos.
4.
Cuestión previa: marco normativo de la demanda.
4.1.
Ley 1493 de 2011.
4.1.1.
La Ley 1493 de 2011 “Por la cual se
toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes
escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre
las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones”, consta de ocho capítulos que regulan los aspectos
fiscales relativos a los espectáculos públicos, la contribución parafiscal para
los mismos, la racionalización de
trámites, vigilancia y control de los espectáculos públicos de las artes
escénicas, la generación de recursos de la infraestructura pública destinada
para la realización de dichos espectáculos, define el contenido de los derechos
de autor, y dispone todo lo relativo a la inspección, vigilancia, control y
toma de posesión de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y
derechos conexos.
4.1.2.
El objeto de la ley, tal y como se establece en su artículo 2º, es “reconocer,
formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de las
artes escénicas; así como democratizar la producción e innovación local,
diversificar la oferta de bienes y servicios, ampliar su acceso a una mayor
población, aumentar la competitividad y la generación de flujos económicos, la
creación de estímulos tributarios y formas alternativas de financiación; así
como garantizar las diversas manifestaciones de las artes escénicas que por sí
mismas no son sostenibles pero que son fundamentales para la construcción de la
base social y los procesos de identidad cultural del país”.
4.2.
De los artículos demandados de la Ley 1493 de 2011.
4.2.1.
En la presente ocasión, se acusan los artículos 24 a 34 de la Ley 1493 de 2011. Dichas disposiciones pertenecen al Capítulo VII sobre “Inspección,
vigilancia, control y toma de posesión de las sociedades de gestión colectiva
de derechos de autor y derechos conexos”. Se trata de normas que definen la
competencia de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior sobre las sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor y conexos.
4.2.2.
Específicamente, se regulan las funciones de esta Unidad en relación con la
inspección (art. 25), la vigilancia (art. 26), competencias varias (art. 27),
control (art. 28 y 29), imposición de medias cautelares (art. 30), toma de
posesión de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos
para administración, liquidación de las mismas y efectos (art. 31, 32 y 33),
remisión normativa al Código de Comercio en los demás aspectos de inspección, vigilancia, control y liquidación
obligatoria no regulados en la ley
(art.
34).
5.
Los derechos de autor y conexos en la Constitución y la jurisprudencia  y las
sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos[4].
5.1. La propiedad intelectual protege las creaciones
del intelecto, su divulgación y difusión. Es un derecho consagrado en el
artículo 61 de la Constitución en el que se establece la obligación del Estado
de ampararlo y el deber del legislador de crear un régimen de protección, lo
cual se refuerza en el artículo 150 numeral 24, que determina que el Congreso
deberá regular esta materia.
5.2. De otro lado, el artículo 671 del Código Civil
establece que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de
sus autores, y determina que esta materia se regirá por leyes especiales.
5.3.
El marco normativo que protege los derechos de autor y conexos comprende la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, la
Ley 23 de 1992 “por medio de la cual se aprueba el "Convenio para la
protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no
autorizada de sus fonogramas", la Ley 44 de 1993 “por la
cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944”, la Ley 170 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece
la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech
(Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus Acuerdos multilaterales anexos y el
Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino”, la Ley 33 de 1987 "por
medio de la cual Colombia adhiere al convenio de Berna para la protección de
los obras literarias y artísticas”, la Ley 232 de 1995 “Por la cual se
dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales”, la
Ley 545 de 1999 “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la
OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o
Ejecución y Fonogramas (WPPT)", adoptado en Ginebra el veinte de diciembre
de mil novecientos noventa y seis” y la Ley 565 de 2000 “Por medio de la
cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en Ginebra,
el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)” [5].
5.4.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la Decisión Andina 351 de
1993[6],
expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forma parte del bloque de
constitucionalidad y, por ende, constituye parámetro de control, en lo relativo
a la protección de los derechos morales de autor. La Corte ya había otorgado el
carácter de fundamental a estos derechos, considerando que “la facultad creadora del hombre, la posibilidad de
expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de
invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del
espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la
naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al
hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la
manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre
su condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta
racionalidad y creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal
razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derechos que
emanan de la misma condición de hombre. Por su parte, los derechos
patrimoniales derivados de los derechos de autor, aunque no se consideran
fundamentales, merecen también la protección del Estado”[7].
5.5. La propiedad intelectual comprende la propiedad
industrial, que protege en general todo lo relativo a marcas y patentes, y los
derechos de autor y conexos que buscan salvaguardar las obras literarias,
científicas y artísticas y amparan igualmente los derechos de artistas,
intérpretes, ejecutantes, y productores de fonogramas, así como a los
organismos de radiodifusión respecto de su emisión[8].
5.6. En particular, a los derechos de autor se les
reconoce una doble dimensión jurídica[9]:
5.6.1. El derecho moral o personal, que es
inalienable, irrenunciable, extrapatrimonial y perpetuo. Se refiere a la
posibilidad de que el autor de determinada creación, reivindique en cualquier
momento la paternidad de su obra, exigiendo que se indique su nombre o
seudónimo cuando esta se haga pública por cualquier medio. Comprende igualmente
el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su
obra que desconozca su reputación, así como a la posibilidad de mantenerla
inédita o anónima, o modificarla antes o después de hacerla pública[10]. En esta
dimensión se reconoce también el derecho del autor de suspender la circulación
de su obra, así la haya autorizado previamente reconociendo los respectivos
perjuicios a terceros.
5.6.2. De otro lado, los derechos patrimoniales de
autor, corresponden a la facultad del autor de una creación, de disponer de la
misma, esto es a la posibilidad de cederla, transferirla, renunciar a ella, esto
sin contar que también puede ser objeto de embargo y medidas cautelares[11].  Así, de
acuerdo con la definición de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual estos derechos implican que “dentro de
las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el titular
del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas de la
obra previo abono de una remuneración. En particular, los derechos
patrimoniales comprenden la facultad para hacer o autorizar que se haga lo
siguiente: publicar o reproducir de otro modo la obra para su transmisión
(distribución) al público: comunicarla al público mediante representación o
ejecución, mediante radiodifusión o por hilo; hacer traducciones o cualquier
tipo de adaptaciones de la obra y utilizarlas en público, etc.”[12].
5.7. Lo anterior se traduce en primer lugar, en el
derecho de reproducción de la obra, mediante su edición, inclusión en
audiovisual, fonograma o fijación en medio magnético.
También comprende el derecho de comunicación pública a
través de la representación o ejecución pública[13], la radiodifusión[14] radial o
televisiva, la transmisión de las obras por cualquier medio, y otras formas de
representación de la misma.
Se incluye igualmente en esta dimensión de los
derechos de autor, el derecho de transformación mediante la autorización del
autor para la traducción, adaptación, arreglo o cualquier modificación de la
obra.
Finalmente, el derecho de distribución que comprende
la posibilidad de alquilar, prestar el importar la obra[15].
Los diferentes derechos comprendidos en los derechos
patrimoniales de autor pueden ser utilizados o ser objeto de disposición por
parte de sus titulares de manera independiente entre sí y están sometidos a una
mayor o menor restricción dependiendo del caso[16].
5.8. Por su parte, los derechos conexos a los de autor
son propios de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y comprenden
también una dimensión patrimonial y una moral.
5.9.
De los artículos 61 y 150 numeral 24 Superiores, se desprende que es el Legislador quien establece los mecanismos de protección
de los derechos de autor y conexos que considere adecuados y que se ajusten a la
Constitución y a los tratados internacionales con el fin de asegurar
procedimientos razonables, justos y equitativos, que no se revelen
particularmente gravosos para sus titulares, ni comporten plazos
injustificables o retrasos innecesarios[17]:
de un lado, el artículo 61 consagra expresamente
la protección por parte del Estado de la propiedad intelectual “por el
tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”; por otra parte,
el artículo 150 numeral 24, faculta al Legislador a regular todo lo relacionado
con las distintas formas de propiedad intelectual. Por lo anterior, la Corte ha destacado que, conforme a
la Ley 44 de 1993, quienes quieran constituir una sociedad de gestión colectiva
con las prerrogativas conferidas legalmente, también deberán supeditarse a las
exigencias y deberes que la ley disponga[18].
En otras palabras, el régimen de protección de los derechos de autor y
los derechos conexos “se desenvuelve en el ámbito de la ley, y que la
Constitución no impone criterios rígidos, ni modalidades específicas de
protección, ni excluye la posibilidad de adoptar determinados sistemas, sino
que deja un amplio margen de configuración legislativa sobre el particular”[19].
5.10.
Ahora bien, las normas sobre la materia determinan que la disposición y
utilización de las creaciones u obras de los autores puede realizarse de manera
directa a través de la gestión del interesado o a través de las sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y conexos que se fundamentan en el
derecho de asociación consagrado en el artículo 38 constitucional, o también a
través de formas de asociación diferentes a las sociedades de gestión colectiva.
Conforme a lo anterior, el artículo 10 de la Ley 44 de 1993 dispone que “los titulares de derechos de autor y derechos conexos
podrán formar sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos
conexos, sin ánimo de lucro con personería jurídica, para la defensa de sus
intereses conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982 y en
la presente Ley”.
5.11. Las sociedades de gestión colectiva son entidades
civiles o privadas, sin ánimo de lucro, que representan frente a terceros los
derechos exclusivos o de remuneración de sus afiliados en relación con la
utilización de sus obras o producciones artísticas[20]. De este modo, las
atribuciones que la Ley 44 de 1993 confiere a dichas sociedades se relacionan
con la gestión o administración de los intereses de los titulares de derechos de
autor y de derechos conexos, siendo estas las siguientes:
“1. Representar a sus socios ante las autoridades
jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de interés general y
particular para los mismos.
Ante las autoridades jurisdiccionales los socios
podrán coadyuvar personalmente con los representantes de su asociación, en las
gestiones que éstos lleven a cabo y que los afecten.
2. Negociar con los usuarios las condiciones de las
autorizaciones para la realización de actos comprendidos en los derechos que
administran y la remuneración correspondiente, y otorgar esas autorizaciones,
en los términos de los mandatos que estos le confieran y sin desconocer las
limitaciones impuestas por la ley.
3. Negociar con terceros el importe de la
contraprestación equitativa que corresponde cuando éstos ejercen el recaudo del
derecho a tales contraprestaciones.
4. Recaudar y distribuir a sus socios, las
remuneraciones provenientes de los derechos que le correspondan. Para el
ejercicio de esta atribución las asociaciones serán consideradas como
mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas.
5. Contratar o convenir, en representación de sus
socios, respecto de los asuntos de interés general o particular.
6. Celebrar convenios con las sociedades de gestión
colectiva extranjeras de la misma actividad o gestión.
7. Representar en el país a las sociedades extranjeras
con quienes tengan contrato de representación ante las autoridades
jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de interés general y
particular de sus miembros, con facultad de estar en juicio en su nombre.
8. Velar por la salvaguardia de la tradición
intelectual y artística nacional.
9. Las demás que la ley y los estatutos autoricen.”[21]
5.12.
La Corte ha señalado que las sociedades de gestión colectiva, aunque no tienen
como fin lucrarse, son sociedades de contenido patrimonial que administran los
derechos de sus titulares, y que, en este sentido, recaudan las remuneraciones
que provienen del pago de los derechos patrimoniales relacionados con los
derechos de autor y conexos, y los reparten entre los beneficiarios que
pertenecen a dichas asociaciones[22].
Por lo anterior, la jurisprudencia ha reconocido que este tipo de sociedades no
se regulan por el derecho de asociación general, sino que se sujetan a las disposiciones
de la Constitución económica y por ende son susceptibles de la intervención del
Estado[23] ya que su
creación y funcionamiento, así como el control y la vigilancia sobre las mismas
pertenece al ámbito del derecho público y las normas internacionales
vinculantes en la materia[24]. Desde sus primeras sentencias la Corte ha mantenido
esta posición que se planteó por primera vez en la sentencia C-265 de 1994 en
los siguientes términos:
“Se trata de una sociedad de contenido primariamente
patrimonial, no en el sentido de que ella busque una ganancia para sí misma
-como en el caso de las sociedades comerciales clásicas- sino en la medida en
que su función se centra en la recaudación de las remuneraciones provenientes
por el pago de los derechos patrimoniales ligados al derecho de autor y conexos
y su reparto entre los beneficiarios pertenecientes a la asociación. La
facultad de regulación de este tipo de sociedades deriva de la Constitución
económica y no del derecho de asociación en general como emanación de la
libertad de expresión”.
5.13.
Precisamente en virtud de esa competencia de intervención sobre las sociedades
de gestión, la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior, ejerce funciones de la inspección, vigilancia y control
y es a través de dicha Unidad que las
sociedades obtienen personería jurídica y autorización para su funcionamiento
para asegurar la debida explotación de los derechos patrimoniales de los
autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, en
relación con la comunicación pública de sus obras[25].
Lo
anterior obedece igualmente a lo señalado en el artículo 43 de la Decisión 351
del Acuerdo de Cartagena que establece que el funcionamiento de las sociedades
de gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos deberá ser
autorizado por la oficina nacional competente, tal y como lo dispone el
artículo 25 de la Ley 44 de 1993, que expresa que “solamente podrán tenerse como sociedades de gestión colectiva de derechos
de autor y derechos conexos, y ejercer las atribuciones que la ley señale, las
constituidas y reconocidas conforme a las disposiciones de la misma.”
6.
El principio de legalidad.
6.1. El artículo 29 de la Constitución Política define
el debido proceso como un derecho fundamental de aplicación inmediata aplicable
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El principio de
legalidad se desprende del debido proceso y exige la aplicación de normas
preexistentes y decididas democráticamente, lo cual representa un límite a la
actuación administrativa para evitar arbitrariedades de las autoridades y
proteger los derechos de los ciudadanos[26].
6.2. El principio de legalidad se materializa en la
Constitución (i) en el artículo 121 de la Constitución conforme al cual ninguna
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la
Constitución y la ley, (ii) en el artículo 122 que establece que no habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, (iii)
en el segundo inciso del artículo 123 de la Constitución que establece que los
servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento y (iv) en el artículo 230 al prever que
los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley[27].
6.3. El principio de legalidad es característico de
los Estados sociales de derecho, en los cuales la actuación de las autoridades
públicas se sujeta a las condiciones que para ello se hubieren establecido en
las normas que disciplinan su actuación. Así, la Corte ha señalado que el
principio de legalidad es expresión del principio de división de poderes, y
sirve para definir la relación entre el individuo y el Estado al establecer que
el poder coercitivo de este último solo el legítimo si se encuentra autorizado
en la ley[28].
6.4. De este modo, el principio de legalidad tiene
importantes funciones reconocidas por la jurisprudencia: (1) de un lado,
protege la libertad al garantizar su ejercicio restringiendo intervenciones que
la limiten cuando no existe una norma que así lo autorice; (2) de otro lado
protege la democracia, porque la ley a la que se somete el ejercicio de la
función pública ha sido aprobada por órganos suficientemente representativos,
por lo cual se asegura el carácter democrático del Estado; (3) además,
garantiza el control y la atribución de responsabilidades al orientar las
actividades de los organismos a los que les han sido asignadas funciones de
control respecto del comportamiento de las autoridades públicas[29].
6.5. Lo anterior se traduce en la prohibición de
expedir “regulaciones deficientes” para el ejercicio de funciones públicas, sin
que ello signifique que en todos los casos sea necesario contar con
disposiciones exhaustivas porque sería imposible que el legislador previera
todas las posibilidades de restricción de derechos, especialmente debido a la
complejidad de las funciones del Estado lo cual lleva a que un amplio numero de
funciones se encuentren reguladas en cláusulas generales. En este sentido, la
jurisprudencia ha establecido que una regulación es “deficiente” cuando,
dependiendo del área de que se trate, las autoridades públicas no tengan ningún
parámetro de orientación de modo que no pueda preverse con seguridad suficiente
la conducta del servidor público que la concreta[30].
6.6. En suma, el principio de legalidad exige la
existencia de una regulación previa y suficiente que oriente las funciones y
permita establecer el alcance de las autoridades públicas, sin poder
pretenderse que en todos los casos dicha regulación sea detallada y exhaustiva
y que la totalidad de las actuaciones públicas deban agotarse en las
disposiciones jurídicas.
6.7. Relacionado con lo anterior, el debido proceso
administrativo que se consagra en los artículos 29, 6 y 209 de la C.P., ha sido
definido por la jurisprudencia como:“(i) el conjunto complejo de condiciones
que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de
una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que
guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente
determinado de manera constitucional y legal”[31].
Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el
ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias
actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la
defensa de los administrados”[32].
De este modo, el desconocimiento del debido proceso administrativo, supone
también la violación del derecho de acceso a la administración de justicia y
transgrede los principios de igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y
contradicción que gobiernan la actividad administrativa[33].
7.
Las funciones de inspección, control y vigilancia y la potestad de configuración
del legislador para disponer estas competencias en cabeza del Ejecutivo.
7.1. La función
administrativa, conforme a los postulados constitucionales, se encuentra al
servicio del interés general y se realiza de acuerdo con la Constitución y los
principios de descentralización, desconcentración y delegación. Entre las
funciones propias de la administración, se encuentran las de inspección,
control y vigilancia de diferentes tipos de actividades sociales y de los
agentes que las desarrollan[34].
7.2. La Corte ha reconocido que no existe, ni en la Constitución ni en
la ley, una definición única de lo que se entiende por actividades de
inspección, vigilancia y control y que sea aplicable a todas las áreas del
Derecho. En vista de lo anterior, la jurisprudencia ha acudido a diferentes
fuentes normativas y ha descrito en términos generales dichas actividades de la
siguiente manera[35]:
7.2.1. La función de inspección consiste en la facultad de solicitar y/o verificar información o documentos en
poder de las entidades sujetas a control;
7.2.2. La vigilancia hace alusión al seguimiento y evaluación de las
actividades de la entidad vigilada;
7.2.3. El control “en sentido estricto” corresponde a la posibilidad de
que la autoridad ponga en marcha correctivos, lo cual puede producir la
revocatoria de la decisión del controlado o la imposición de sanciones.
Mientras que la inspección y la vigilancia se
consideran mecanismos leves o intermedios de control para detectar
irregularidades en la prestación de un servicio o el desarrollo de una
actividad, el control supone el poder de adoptar correctivos, es decir, de
incidir directamente en las decisiones del ente sujeto a control[36].
7.3.
De acuerdo con el inciso 8º del artículo 150 Superior, el Congreso definirá el
alcance de las  funciones de inspección, control y vigilancia asignadas al
Presidente de la República expidiendo las normas a las cuales está sujeto el
Gobierno para este efecto. Conforme a lo anterior, el Congreso goza de un
amplio margen de configuración legislativa para desarrollar las competencias
constitucionales que debe ejercer el poder Ejecutivo y que se fundamentan igualmente
en los artículos 150-7, 150-23, 209, 211 de la Carta Política.
En este orden de ideas, la Corte ha señalado que, “definidas
las funciones, de inspección vigilancia y control como administrativas, en los
términos de la Constitución, resulta claro que su estructuración, finalidad,
medios, efectos, formas institucionales y modalidades estructurales deben
seguir los parámetros y definiciones que de manera explicita señala la
Constitución”[37].
7.4. Por su parte, las funciones de inspección y
vigilancia del Presidente, son las que establece el artículo 189, en relación
con la prestación de los servicios públicos -numeral 22-, sobre las
instituciones de utilidad común con la finalidad de que las rentas de éstas se
conserven y sean debidamente aplicadas y que en todo lo esencial se cumpla la
voluntad de los fundadores -numeral 26-, respecto de la enseñanza -numeral 21,
sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo o inversión de recursos captados del
público, así como respecto de las entidades cooperativas y las sociedades
comerciales -numeral 24-.
7.5.
Pero además de las facultades de control, inspección y vigilancia expresamente
señaladas en el artículo 189 superior, el Legislador está facultado en virtud
de los artículos 333 y 334 de la Constitución, a asignar al Ejecutivo
competencias de esta naturaleza como una manifestación del poder de
intervención del Estado en la economía.
7.6. La jurisprudencia ha indicado igualmente que en
el ejercicio de dichas funciones eminentemente administrativas, el Presidente
actúa como suprema autoridad administrativa, situación que, como se señaló
arriba, permite al Congreso regular la desconcentración y delegación de estas
competencias creando instituciones especializadas que actúan bajo la dirección
y orientación del Gobierno en la realización de labores de inspección, control
y vigilancia[38].
En esta misma línea, se ha indicado  que  "siendo evidente que no le es
posible a quien es jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa, asumir
directa y personalmente su cumplimiento, es obvio que la ley, en desarrollo de la
Constitución Política, puede prever el adelantamiento de las labores inherentes
a esa atribución presidencial por organismos especializados capaces de efectuarías
con la eficacia y la exhaustividad requeridas, pues de otro modo los propósitos
superiores quedarían desvirtuados al tomarse nugatorias las aludidas funciones
presidenciales y, por contera, las que en los asuntos económicos atañen al
Estado, merced a expresa disposición constitucional"[39]. De
acuerdo con la Constitución, el Presidente de la República  tiene la facultad
de determinar, dentro del marco de la ley, cuáles funciones  delega
conservándose la posibilidad de reasumirlas conforme lo dispone el artículo 211
Superior[40].
Aunque no todas las funciones son delegables, las competencias que el artículo
189 asigna al Presidente de la República sí pueden serlo en los ministros,
directores de departamento administrativo, representantes legales de entidades
descentralizadas, superintendentes, entre otros.
7.7. Es importante subrayar que las
funciones de control, inspección y vigilancia, también se desprenden del
numeral 23 del artículo 150 de la Constitución, conforme al cual le corresponde
al Congreso de la República: “Expedir las leyes que regirán el ejercicio de
las funciones públicas (…)”.
8.
Los derechos de asociación, la libertad de empresa y la intervención del Estado
en la economía.
8.1.
El derecho fundamental de asociación  consagrado en el artículo 38 de la
Carta se desprende de la cláusula general de libertad y a través del mismo se
reconoce la facultad de conformar organizaciones reconocidas por el Estado, titulares
de derechos y obligaciones y, de otra parte, la posibilidad de no pertenecer a
determinada organización; estas facultades son reconocidas y protegidas
constitucionalmente[41].
8.2.
En este marco de ideas, cuando el derecho de asociación se ejerce para
materializar proyectos económicos se inscribe en el ámbito del derecho de
libertad de empresa consagrado en el artículo 333 Superior. Esta norma dispone
que (1) la actividad económica y la iniciativa privada se someten únicamente a
los requisitos previstos por la ley y tienen como límite el bien común; (2) que
la libre competencia es un derecho que supone responsabilidades; que la empresa
tiene una función social; (3) que el Estado por mandato de la ley impedirá que
se restrinja la libertad económica y evitará el abuso de personas o empresas
que se encuentren en posición dominante; finalmente, (4) establece que la ley
establecerá el alcance de la libertad económica por motivos de interés social,
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
8.3.
La Corte ha interpretado el artículo 333 de la Constitución, en el sentido que
la libertad económica no es un derecho absoluto porque se faculta al legislador
a limitarlo siempre y cuando esta restricción sea razonable y acorde con el
sistema de valores, principios y derechos consagrados en la Carta[42]. No obstante
lo anterior, es común que quienes ostentan estos derechos acusen restricciones
supuestamente no autorizadas por la Constitución. En estos casos es necesario
establecer si dichas limitaciones son constitucionales, razonables y proporcionales.
8.4.
Por otro lado, la intervención del Estado en la esfera social y económica, que
se encuentra regulada en la Constitución económica, se relaciona con el
cumplimiento de diversas funciones que la jurisprudencia ha señalado de la
siguiente manera: “una función
de redistribución del ingreso y de la propiedad[43]
expresamente consagrada en varias disposiciones de la Constitución con miras a
alcanzar un "orden político, económico y social justo" (Preámbulo);
una función de estabilización económica también consagrada en diversas normas
superiores (artículos 334 inc, 1°, 339, 347, 371 y 373 de la C.P.); una función
de regulación económica y social de múltiples sectores y actividades
específicas según los diversos parámetros trazados en la Constitución
(artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y, todas las anteriores, dentro
de un contexto de intervención general encaminado a definir las condiciones
fundamentales del funcionamiento del mercado y de la convivencia social, como
el derecho de propiedad privada pero entendido como "función social"
(artículo 58 C.P.) o la libertad de iniciativa privada y de la actividad
económica siempre que se respete también la "función social" de la
empresa (artículo 333 C.P.) en aras de la "distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo" (artículo 334 C.P.)[44]”[45].
8.5.
En el contexto actual, el Estado interviene para cumplir objetivos relacionados
con la  protección social, la redistribución o la estabilización económica[46]. La
intervención puede clasificarse como estatal global, cuando incide en la
economía como un todo; sectorial cuando se relaciona con un ámbito económico
particular; directa cuando se refiere a la intervención sobre la actividad de
agentes económicos; indirecta cuando recae sobre el resultado de dicha
actividad; unilateral, en los casos de autorización, prohibición o
reglamentación de una actividad particular por parte del Estado; convencional
cuando el Estado pacta con las agentes económicos  políticas o programas que
propenden de interés general; intervención vía directiva, que se presenta
cuando el Estado adopta medidas que orientan a los agentes económicos privados;
o intervención por vía de gestión, cuando el Estado se hace cargo el mismo de
actividades económicas por medio de personas jurídicas generalmente públicas[47].
8.6.
A su vez, los actos de intervención del Estado pueden ser de mayor o menor
intensidad, dependiendo de si se busca someter a los actores económicos a un
régimen de declaración o, si por el contrario, se determina que estos se
sujeten a un régimen de reglamentación que supone fijar condiciones para la
realización de determinada actividad, o a un régimen de autorización previa para
iniciar una actividad, o de interdicción o a un régimen de monopolio[48].
8.7.
Así, la regulación del Estado en la economía, incluye de acuerdo con la
jurisprudencia[49],
variedad de mecanismos entre los cuales la facultad de adoptar medidas
individuales como autorizaciones o permisos, dar órdenes, llevar a cabo el
seguimiento de las actividades económicas, o la potestad de imponer sanciones
administrativas en el respeto del debido proceso y el derecho a la defensa.
Algunas
de estas formas de intervención, son equivalentes a las acciones de control,
inspección y vigilancia, ya que suponen la verificación de información de las
entidades sujetas al control, la realización de acciones de seguimiento y
evaluación de las actividades que realizan y la imposición de correctivos
cuando estas no se acogen a las normas que regulan las actividades propias de
determinado sector económico.
8.8.
De lo anterior se concluye que el margen de intervención del Estado es muy amplio y abarca
diferentes tipos de sectores de la economía por lo cual cuenta con variados
instrumentos que se aplican de diferentes maneras[50]. Precisamente las
funciones de control, inspección y vigilancia, son formas en las que se
manifiesta la potestad de intervención del Estado en la economía para asegurar
que quienes lleven a cabo determinadas actividades económicas, lo hagan
ajustándose a la ley.
En
particular, en relación con las sociedades de gestión de derechos de autor y
conexos que, como se ha establecido son sociedades de carácter patrimonial, la
intervención de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del
Interior es de carácter sectorial, directo y unilateral. Además las sociedades
de gestión se encuentran sometidas a un régimen de autorización previa. Así, la
intervención del Estado en este tipo de sociedades, se expresa a través de las
funciones de inspección, control y vigilancia.
9.
Análisis de los cargos en las demandas examinadas.
9.1.
Expediente D-9665.
9.1.1. La Corte resolverá en este punto
si la expresión “o de ser el caso” contenida en el numeral 11 del
artículo 27 de la Ley 1493 de 2011, así como  la posibilidad de imponer
sanciones, amonestación, multa, suspensión o remoción del cargo a los miembros
del Consejo Directivo, los integrantes del Comité de Vigilancia, el Gerente,
Secretario, Tesorero o del Revisor Fiscal, tal y como lo establece el parágrafo
de la misma disposición, desconoce el artículo 29 de la Constitución, en
particular el principio de legalidad y proporcionalidad por conceder a la
Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior, una
competencia amplia e indeterminada.
9.1.2.
La Corte considera que en este caso, las normas acusadas por violación del
artículo 29 Superior, son constitucionales.
Tal
y como lo señalan las intervenciones y la Vista Fiscal, se trata de un artículo
que no puede entenderse aislado del marco normativo que regula los derechos de
autor y conexos.
Las
disposiciones acusadas se limitan a fijar una serie de competencias para  la
Dirección de Derechos de Autor, que se desprenden de sus funciones de
inspección, control y vigilancia, y que consisten en autorizar o no la
inscripción de los miembros de las sociedades de gestión, así como la de
imponer sanciones de amonestación, multa, suspensión o remoción del cargo.
Así,
la finalidad del numeral 11 y del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de
2011, es determinar cuáles son las facultades pero el desarrollo de dicha
competencia, o bien la exposición de las causales por las cuales la Dirección
puede negar la inscripción de los miembros de la sociedad, o puede imponer
sanciones, se desarrolla en los artículo 26, 34, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993,
en el numeral 5º de la Ley 1493 de 2011, en el Decreto 1258 de 2011 y en el
artículo 47 de la Decisión Andina.
9.1.3.
De un lado, el artículo 34 de la Ley 44 de 1993 determina en qué eventos el Director General del Derecho de Autor, podrá negar la
inscripción de la designación de los
miembros del Consejo Directivo, los integrantes del Comité de Vigilancia, el
Gerente, Secretario, Tesorero o del Revisor Fiscal de las sociedades de gestión
en los siguientes términos:
a.     “Por violación de las disposiciones legales y/o
estatutarias en la elección;
b.     Por hallarse en interdicción judicial, haber sido
condenado a pena privativa de la libertad por cualquier delito doloso, por
encontrarse o haber sido suspendido o excluido del ejercicio de una profesión”.
Acorde
con lo señalado, es claro que no se desconoce el principio de legalidad porque,
contrariamente a lo sostenido por el demandante, la facultad de negar la
inscripción de los miembros de la sociedad de gestión que se encuentra
consignada en el numeral 11 del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011, se
desarrolla con base en las causales establecidas en el artículo 34 de la Ley 44
de 1993.
Así,
la expresión “o de ser el caso” que reprocha el demandante, no resulta
de la arbitrariedad de la Administración, sino que expresa lo que debe hacer la
Dirección Nacional de Derechos de Autor cuando no se cumplan las condiciones
para inscribir a los miembros de la sociedad de gestión. Por eso, la facultad
señalada en el numeral 11 que se acusa establece “inscribir, o de ser el
caso negar”.
9.1.4.
Con respecto a la potestad de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de
sancionar a los miembros de dichas sociedades, la Corte encuentra que el
parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011 solo fija la competencia en
cabeza de la Dirección, pero su fundamento y desarrollo se encuentra en
numerosas normas de derechos de autor, por lo cual no se desconoce el debido
proceso ni el principio de legalidad y proporcionalidad.
9.1.4.1. En primer lugar, resulta evidente que las
sociedades de gestión tienen asignadas unas obligaciones que fueron clara y
expresamente consagradas por el Legislador, en particular en la Ley 44 de 1993
en el capítulo que regula dichas sociedades, de modo que las sanciones se
relacionan con el incumplimiento de estos deberes legales. Más específicamente,
el artículo 26 de la Ley 1493 de 2011, al
definir la vigilancia sobre las sociedades de gestión, describe las
circunstancias que no se ajustan con la ley y con los estatutos, y que
consisten en:
“a) Abusos de
sus órganos de dirección, administración, o fiscalización, que impliquen
desconocimientos de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada
de las normas legales o estatutarias;
b) Suministro
al público, a la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derechos de Autor del Ministerio del Interior, o a cualquier organismo estatal,
de información que no se ajuste a la realidad;
c) No llevar
contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente
aceptados;
d)
Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social”.
9.1.4.2.
Además, el artículo 27 de la misma Ley 1493 de 2011 señala que la Dirección
deberá “Iniciar investigaciones
y, si es del caso, imponer sanciones administrativas a la sociedad de gestión
colectiva (…)”, de lo
cual se desprende que las sanciones no se imponen arbitrariamente por parte de
dicha entidad. Por el contrario, es imprescindible una investigación previa a
la imposición de las sanciones administrativas.
9.1.4.3.
Precisamente, el Decreto 1258 de 2012, en su Capítulo X, referido a las funciones de inspección, vigilancia
y control de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, precisa de manera detallada
cómo se realizan este tipo de investigaciones y cómo se imponen las sanciones a
los miembros de las sociedades de gestión colectiva. De este modo, señala la
competencia de la Dirección para adelantar investigaciones e imponer sanciones,
describe las diligencias preliminares, la apertura
de la investigación, la manera como se
realizarán los descargos, el decreto y práctica
de pruebas, el término para que las partes presenten alegatos de conclusión,
los tiempos en que deberá proferirse la decisión por parte del Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica mediante resolución motivada que decida la
investigación, las sanciones que pueden imponerse, el mérito ejecutivo de las
resoluciones que impongan sanciones y las acciones legales que pueden ejercer
las sociedades de gestión colectiva cuando de los hechos de la investigación
pudiere generarse algún tipo de responsabilidad en las personas involucradas.
9.1.4.4.
De igual manera, es importante anotar que la disposición acusada encuentra
sustento en la Decisión Andina 351 de 1993, la cual señala en su artículo 47 lo
siguiente:
“La autoridad nacional competente podrá imponer a las
sociedades de gestión colectiva, las siguientes sanciones:
a) Amonestación;
b) Multa;
c) Suspensión; y,
d) Las demás que establezcan las legislaciones
internas de los Países Miembros”.
9.1.4.5.
Así, en el presente caso, se definen claramente los tipos de sanciones que en
virtud de las facultades de inspección, control y vigilancia, la Dirección
Nacional de Derecho de Autor puede imponer a los miembros de las sociedades de
gestión, cuando estos incumplan las normas legales y estatutarias en materia de
derechos de autor. Aunque no existe indeterminación alguna sobre esto punto,
cabe precisar que en las actuaciones administrativas de naturaleza
sancionatoria, el principio de legalidad es más flexible que en otras materias
como la penal, considerando que no se afectan derechos fundamentales y que los
asuntos que se regulan son de muy diversa índole[51].
9.1.4.6.
La posibilidad de imponer sanciones por parte de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, se desprende de su facultad de control sobre las sociedades
de gestión colectiva ya que, tal y como se anotó arriba, el control se traduce
en la potestad de la Administración para imponer correctivos lo cual incluye la
imposición de sanciones. Tampoco hay que perder de vista que estas sanciones no
se imponen, en el caso particular, de manera arbitraria: se requiere una
investigación previa, se debe surtir un proceso en el que las partes presentan
pruebas y alegan de conclusión, y una vez proferida la decisión, que consiste
en una resolución motivada, las sociedades podrán interponer los recurso
previstos en la ley contra los actos administrativos.
9.1.4.7.
No desconoce entonces el debido proceso, y en particular el principio de
legalidad, el hecho de que un procedimiento no esté expresamente enunciado en
una norma que fija una competencia en cabeza de determinada entidad, cuando
dicho procedimiento se encuentra regulado en otras disposiciones relacionadas
con la misma materia.
9.1.5.
De esta manera la Corte concluye que el numeral 11 y el parágrafo del artículo
27 de la Ley 1493 de 2011, no desconocen el artículo 29 de la Constitución, ya
que son normas que asignan competencias en cabeza de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor del Ministerio del Interior, y la manera como dichas funciones
deben llevarse a cabo están suficientemente descritas en las normas que
conforman el marco legal de los derechos de autor en Colombia.
10.2.
Expediente D-9676.
10.2.1.
En el presente caso, se trata de establecer si los artículos 24 a 34 de la Ley 1493 de 2011, desconocen los artículos 150
numeral 8 y 333 de la Constitución considerando que el legislador no podía
asignar al Ejecutivo, funciones de inspección y vigilancia sobre las sociedades
de gestión de derechos de autor y conexos, dado que dicha competencia no se
encuentra contemplada en el artículo 189 superior. En este mismo orden de
ideas, es necesario determinar si las sociedades de gestión están o no sujetas
a la inspección y vigilancia del Estado y si someterlas a este control desconoce
la liberad económica de dichas sociedades.
10.2.2.
El artículo 150 constitucional establece en el numeral 8, que al Congreso le
compete expedir normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el
ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia “que le señala la
Constitución”. Por otra parte el artículo 189 prevé de manera expresa,
funciones de inspección y vigilancia en cabeza del Presidente en relación con
temas de (1) educación, (2) servicios públicos, (3) actividades de manejo y
aprovechamiento de los recursos captados del público y sobre sociedades
mercantiles y cooperativas (4) e instituciones de utilidad común.
10.2.3.
Conforme a lo anterior, la Corte debe establecer si las funciones de control,
inspección y vigilancia que la Ley confiere a la Dirección de Nacional Derechos
de Autor del Ministerio del Interior, al no estar expresamente consagradas en
el artículo 189 de la Constitución, no podían ser asignadas al Ejecutivo por el
Legislador.
10.2.4.
Al respecto, la Corte considera que no obstante en el artículo 189 Superior no
se regula explícitamente la inspección y vigilancia sobre este tipo de
sociedades, el Legislador goza de una amplia facultad de configuración en esta
materia que no se desprende en el caso concreto de dicha disposición, sino de la
Constitución económica.
10.2.5.
En efecto, como se anotó en las consideraciones de esta providencia, las
funciones de control, inspección y vigilancia no solo se desprenden de la
facultad conferida al Congreso en el numeral 23 del artículo 150 para expedir
leyes que rigen el ejercicio de funciones públicas, sino que son también una
expresión de la intervención del Estado en la economía, intervención a la cual
se encuentran sujetas las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor
y conexos, al ser sociedades de carácter patrimonial, que administran y
gestionan los derechos de sus titulares, a través del recaudo de los derechos
patrimoniales de autor y la distribución de las ganancias entre los asociados.
En otras palabras, al tratarse de
sociedades que gestionan derechos patrimoniales, se encuentran sometidas a la
dirección general de la economía por parte del Estado, ámbito en el cual la
Constitución ha otorgado un amplio margen de configuración al Legislador, tal y
como lo ha reiterado la jurisprudencia en numerosas ocasiones.
10.2.6.
La facultad legislativa en relación con la regulación de las acciones de
control, inspección y vigilancia del Ejecutivo, se fundamenta en el artículo
334 Superior, en el que se dispone la dirección de la economía en cabeza del
Estado y su intervención en la misma “por mandato de la ley”. Claramente la facultad reguladora del Congreso tiene
límites y debe ser razonable de modo que el Legislador no puede establecer
cualquier tipo de regulación económica.
La
Corte ha reconocido en su jurisprudencia esta competencia derivada de la Constitución
económica, señalando que el artículo 61 constitucional “remite al legislador
la facultad de regular los derechos de autor, el cual cumple dicha función como
una intervención del Estado en la economía, al tenor del artículo 334 superior,
restringiéndose así en la materia la autonomía de la voluntad en nombre de la
racionalización y de los altos fines del Estado”[52].
10.2.7.
Acorde con lo expuesto, la Corte considera que, en virtud de los artículos 333
y 334 de la Constitución, el legislador se encuentra habilitado para regular
las funciones de inspección, control y vigilancia del Ejecutivo sobre las
sociedades de gestión de derechos de autor y conexos como sociedades de
contenido patrimonial, así dicha potestad no se desprenda expresamente del
artículo 189, en la medida en la que estas funciones son expresión de la
intervención del Estado en la economía.
10.2.8.
Por su parte, las normas que regulan las facultades de inspección, control y
vigilancia de las sociedades de gestión, no limitan la libertad económica ni la
libertad de empresa de sus asociados.
Observa
la Corte en este punto, que la finalidad de la norma es legítima y no se
encuentra prohibida por la Constitución, puesto que su objetivo es definir el
contenido de las funciones de inspección, control y vigilancia en cabeza de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor para proteger los intereses de los
titulares de los derechos de autor y conexos. Dichas competencias se encuentran
descritas de manera precisa en la ley de manera que la Dirección no podrá
actuar por fuera de lo que establezcan la Ley 44 de 1994 y la Ley 1493 de
2011.
De
otro lado, las medidas para alcanzar el fin propuesto parecen adecuadas porque
efectivamente logran materializar el control de la Dirección y evitar posibles
abusos o violaciones a la ley por parte de las sociedades de gestión.
Por
ende, no se estima vulnerada la libertad económica de de estas sociedades, ni
se considera desproporcionado que el Legislador haya otorgado dichas facultades
a la Dirección Nacional de Derecho de Autor puesto que las medidas han sido
adoptadas en desarrollo de un mandato constitucional de protección de los
derechos de autor y conexos y no pretenden desestimular la creación de
sociedades de gestión colectiva.
10.2.9.
De lo anterior se desprende que las disposiciones acusadas son constitucionales
ya que el Presidente de la República a través de la Dirección de Derecho de
Autor del Ministerio del Interior, en virtud de los artículos 61, 333 y 334,
puede ejercer actividades de control, inspección y vigilancia sobre las
sociedades de gestión, funciones que no desconocen la libertad de empresa de
los asociados.
10.2.10.
Antes de concluir, debe llamarse la atención al demandante, quien presentó
varias demandas referidas a la misma materia, las cuales fueron repartidas en diferentes
despachos. En efecto, como se anotó anteriormente, la demanda del expediente
D-9626 que acusaba el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011, fue
radicada el 23 de abril de 2013. El 21 de mayo de 2013 una demanda idéntica presentada
por el mismo ciudadano fue radicada y correspondió al expediente D-9675. De
igual manera, otras demandas formuladas por el señor Jorge Alonso Garrido Abad dirigidas
contra la Ley 1493 de 2011 y la Ley 44 de 1993, fueron radicadas el 15 de mayo
de 2013 –expediente D-9665- y el 21 de mayo de 2013 –expedientes D-9676 y
D-9677. Para la Sala, esta es una conducta inapropiada y antitécnica que se puede
fácilmente interpretar como una utilización equivocada de la acción pública de
inconstitucionalidad. A pesar de este comportamiento y de la deficiencia de las
demandas, la Corte decidió examinarlas, sin embargo, se advierte al demandante
que en el futuro sea más cuidadoso y evite presentar varias demandas con el
mismo contenido ante esta Corporación.
11. Conclusión: síntesis del caso y razón de la decisión.
11.1. Síntesis del caso.
11.1.1. En el presente caso, la Corte
examinó la constitucionalidad de los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de 2011.
11.1.2. La
primera demanda –expediente D-9665- dirigida contra el numeral 11 y el
parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011, se fundamentaba en la presunta
infracción del artículo 29 de la Constitución, por designar funciones amplias e
imprecisas en cabeza de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del
Ministerio del Interior que afectaban a los miembros de las sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y conexos.
11.1.2. La segunda demanda –expediente
D-9675- atacaba el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011 por
desconocer el principio de legalidad y proporcionalidad.
11.1.3. La tercera demanda –expediente
D-9676- contra los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la
Ley 1493 de 2011, señalaba que se desconocía el artículo 150 numeral 8 y el 333
Superior porque el Legislador había otorgado al Ejecutivo funciones de control,
inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derechos
de autor y conexos, cuando dichas sociedades no podían ser sujetas a ese
control, situación que además desconocía el derecho a la libertad económica de
las mismas.
11.1.4. En las
demandas contenidas en los expedientes 9665 y 9676, la Corte consideró que los
artículos 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de 2011, son exequibles.
Por su parte, se estimó que en la demanda D-9675 se presentaba identidad de
cargos contra el mismo artículo acusado en la demanda D-9626 presentada por el
mismo demandante ante la Corte y en la que esta Corporación declaró inexequible
el literal d) del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011, por consiguiente, se
decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-835 de 2013.
11.2. Razón de la decisión.
11.2.1.
El numeral 11 y el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011 se limita a
asignar competencias a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio
del Interior, pero el desarrollo de dichas facultades, los procedimientos y
causales de intervención se encuentran ampliamente desarrollados en el marco
legal que regula los derechos de autor en Colombia, razón por la cual en este
caso no se puede alegar el desconocimiento del principio de legalidad y
proporcionalidad.
11.2.2.
De otro lado, no se estiman violados los artículos 150 numeral 8 y 333 de la
Constitución por parte de los artículos 24 a 34 de la Ley 1493 de 2011, ya que si bien del artículo 189 constitucional no se desprende una expresa facultad
del Ejecutivo para ejercer el control, la inspección y vigilancia de las
sociedades de gestión de derechos de autor y conexos, el amplio margen de
configuración con el que cuenta el Legislador para otorgar y desarrollar dicha
potestad en cabeza del Presidente de la República, se desprende de la propia
Constitución en sus artículos 333 y 334, considerando que las sociedades de
gestión colectiva son de contenido patrimonial y que las facultades de control,
inspección y vigilancia son una expresión de la intervención del Estado en la
economía.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo anterior, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la
expresión “o de ser el caso” contenida en el numeral 11 del artículo 27
de la Ley 1493 de 2011, así como el parágrafo del mismo artículo, en la demanda
del expediente D-9665.
Segundo.-
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia
C-835 de 2013, en la demanda del expediente D-9675.
Tercero.-
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos
examinados, los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley
1493 de 2011, en la demanda del expediente D-9676.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Si bien el Ministerio del Interior presentó una intervención en nombre
la Oficina Jurídica y otra en nombre de la Dirección Nacional de Derechos de
Autor – Unidad Administrativa Especial -, estas son prácticamente idénticas y
al provenir de la misma entidad se considerarán como una sola.
[2] Auto del 8 de mayo de 2013, C-102 de 2010.
[3] Al respecto ver sentencia C-1052 de 2001, C-910 de 2007, C-860 de
2007, C-211 de 2007, C- 991 de 2006, C-803 de 2006, C-777 de 2006, C-1294 de
2001 y C-1052 de 2001.
[4] El siguiente recuento normativo y jurisprudencial corresponde,
en parte, a desarrollos sobre los mismos temas realizados en las
consideraciones de la sentencia C-361 de 2013.
[5] C-509 de 2004
[6] La sentencia C-1490 de 2000 se estableció que, atendiendo al carácter
fundamental de los derechos morales de autor, la Decisión Andina 351 de 1993, por la cual se regula el régimen común sobre derechos de autor, hace parte del bloque de constitucionalidad.
[7] C-155 de 1998.
[8] C-276 de 1996, C-975 de 2002.
[9] Ver entre otras sentencias, C-276 de 1996, C-533 de 1993, C-924 de
2000, C-1139 de 2000, C-053 de 2001, C-975 de 2002, C-509 de 2004, SU-913 de
2009, C-523 de 2009.
[10] C-523 de 2009.
[11] Ibídem.
[12] C-124 de 2013.
[13] Regulado por los artículos 11, 11 ter, 14 y 14 bis. En términos generales, la Convención de Berna incluye en este apartado todas las obras, independientemente de su género, susceptibles de ser
representadas.
[14] Regulada por el artículo 11 bis de la Convención de Berna. Autoriza a los Estados a imponer medidas más restrictivas que en el caso
de los derechos de representación que son derechos exclusivos.
[15] Ríos Ruiz, Wilson. “Derechos de autor y
derechos conexos en la televisión por satélite y televisión por cable”. En:
Revista la propiedad inmaterial. Universidad Externado de Colombia. Bogotá,
2003.
[16] Ibídem.
[17] C-509 de 2004.
[18] C-265 de 1994.
[19] C-833 de 2007.
[20] C-124 de 2013.
[21] Art. 13 Ley 44 de 1993.
[22] C-124 de 2013, C-792 de 2002, C-509 de 2004 y C-265 de 1994.
[23] C-124 de 2013, C-509 de 2004, C-265 de 1994.
[24] C-833 de 2007.
[25] De acuerdo con la sentencia C-124 de 2013, actualmente
las únicas sociedades con personería jurídica y
autorización de funcionamiento son la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO-, la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos – ACINPRO-, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos – CEDER-, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de Colombia – EGEDA Colombia-
y los Actores con autorización de funcionamiento.
[26] C-641 de 2002, C-980 de 2010, T-073 de 1997, entre muchísimas
otras.
[27] C-414 de 2012.
[28] C-710 de 2001.
[29] Ibídem.
[30] Ibídem.
[31] Sentencia T-796 de 2006.
[32] C-980 de 2010, T-442 de 1992
[33] C-980 de 2010
[34] C-805 de 2006.
[35] C-570 de 2012.
[36] Ibídem.
[37] C-805 de 2006.
[38] C-199 de 2001.
[39] C-233 de 1997.
[40] C-805 de 2006.
[41] C-792 de 2002.
[42] Ibídem.
[43] A diferencia de lo que establece nuestra Constitución, en otros países
los defensores de un estado mínimo rechazan que el Estado pueda legítimamente
intervenir para redistribuir la propiedad o el ingreso porque estiman que ello
es contrario a la libertad, crea sobre costos y trabas a la iniciativa privada
y es fuente de privilegios. Ver, por ejemplo, Nozick,
Robert. Anarchy, State and Utopia. Blackwell. Oxford, 1974; Hayeck,
Frederich. Law, legislation and liberty. Volumen 3. Routledge, Londres, 1979. Ello
coincide con los intentos de desregular algunas industrias y sectores así como
de reducir la autonomía de los órganos de regulación en Estados Unidos y en
Gran Bretaña durante la década de los ochenta.
[44] La Corte agrega que, además de las funciones citadas, se encuentra la
de asignación, es decir, la de distribución de recursos entre los diferentes
órganos del Estado. Esta función se puede concretar al desarrollarse cualquiera
de las cuatro básicas mencionadas.
[45] C-150 de 2003.
[46] Ibídem.
[47] Ibídem.
[48] Ibídem.
[49] Ibídem.
[50] C-150 de 2003.
[51] C-099 de 2003.
[52] C-040 de 1994.