SU574-19
Sentencia SU574/19
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales
y especiales de procedibilidad
DERECHO A LA PENSION
DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza
jurídica y finalidad
La pensión de sobrevivientes o sustitución pensional es “una de las
expresiones del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de
la Constitución Política”. Esta prestación tiene por objeto principal brindar
una especial protección de tipo económico a la familia del asegurado o
pensionado que fallece. En uno de sus primeros pronunciamientos el Tribunal
Constitucional indicó que la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes,
tiene como finalidad “evitar que las personas allegadas al trabajador y
beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho
de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia
retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia
del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para
mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del
status laboral del trabajador fallecido”.
PROTECCION
CONSTITUCIONAL DE LA FAMILIA
PRINCIPIO DE IGUALDAD
ENTRE PAREJAS CONFORMADAS POR CONYUGES O COMPAÑEROS PERMANENTES EN MATERIA DE
SUSTITUCION PENSIONAL-Interpretación del artículo
55 de la Ley 90 de 1946
Esta Corporación ha sostenido que cuando una disposición jurídica
prive a los compañeros permanentes del derecho a la sustitución pensional, el operador
jurídico debe interpretarla en el sentido de incluir a estas personas dentro de
su ámbito de protección en los mismos términos con que se ampara al cónyuge
supérstite o según los postulados de la Carta de 1991, de estar probado,
siquiera de forma sumaria, que las personas que concurren para recibir la
prestación tienen el derecho a que esta les sea sustituida en los términos y
condiciones de las normas aplicables; o inaplicar por inconstitucionalidad las
normas discriminatorias y, en su lugar, reconocer el derecho con fundamento en
disposiciones pensionales posteriores del mismo régimen que sí incluyan el
beneficio prestacional para los compañeros permanentes.
SUSTITUCION PENSIONAL-Igualdad entre cónyuge y compañero permanente
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional en
reconocimiento de sustitución pensional a compañera permanente
Referencia: Expediente T-7.247.175
Demandante:
Alicia Angulo Acosta
Demandados:
Corte Suprema de Justicia, Salas de Casación
Laboral y de Descongestión Laboral No. 4; Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, Sala de Descongestión Laboral y Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Barranquilla
Vinculados al trámite:
Mercedes Lara Sánchez y Colpensiones
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales -artículos 86 y 241 de la Constitución Política-, y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en los Decretos Ley 2067 y 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo proferido por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, el 6 de febrero de 2019, mediante el cual se confirmó la sentencia
dictada por la Sala de Casación Penal,
Sala de Descongestión de Tutelas No. 1 de esa corporación, el 21 de noviembre
de 2018, a través de la cual negó el amparo solicitado por Alicia Angulo Acosta
contra las Salas de Casación Laboral y de Descongestión Laboral No. 4 de la
Corte Suprema de Justicia; la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Barranquilla; y el Juzgado Séptimo Laboral
del Circuito de Barranquilla, por la presunta vulneración de sus derechos al debido
proceso, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, a la salud, a
la igualdad y al mínimo vital, entre otros.
El presente expediente fue escogido para revisión por la
Sala de Selección Número Tres, a través de Auto del 28 de marzo de 2019, y
repartido a la Sala Quinta de Revisión.
Sin embargo, la Sala Plena de la
Corporación, en sesión del 17 de julio de 2019, decidió avocar el conocimiento
del presente asunto, tal como quedó consignado en la respectiva acta,
correspondiendo el estudio del caso al Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo,
quien a través de Auto del 18 de julio de 2019 puso a disposición de la Sala
Plena el expediente de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.     Solicitud
La señora Alicia Angulo Acosta, a través de apoderado
judicial[1],
el 8 de noviembre de 2018, presentó acción de tutela contra las Salas de
Casación Laboral y Sala de Descongestión Laboral No. 4 de la Corte Suprema de
Justicia; la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Barranquilla; y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, por la
presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, a la seguridad social,
a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la igualdad y al mínimo vital,
entre otros, por cuanto las decisiones adoptadas por esos despachos
desestimaron su pretensión de
obtener la sustitución de la pensión del señor Mesías Ruíz Orozco, de quien era
la compañera permanente, dentro del proceso ordinario laboral que instauró
contra el Instituto del Seguro Social, hoy Colpensiones y la señora Mercedes
Lara Sánchez, esposa del causante.
2.     Hechos
En la acción de tutela se hace el siguiente recuento:
2.1.
El causante Mesías Ruíz
Orozco, se encontraba pensionado por el riesgo de vejez, prestación reconocida
por el Instituto del Seguro Social, por consolidar los requisitos del artículo
11 del Acuerdo 224 de 1966 (Dto. 3041/66), por medio de la Resolución No. 0242
de 1984, a partir del 6 de marzo de 1983.
2.2.
El señor Mesías Ruíz
Orozco falleció el 13 de marzo de 1984.
2.3.
La señora Alicia Angulo
Acosta afirma que convivió durante más de 17 años con el causante, en condición
de compañera permanente. Dicha convivencia permaneció vigente hasta el
fallecimiento del señor Ruíz Orozco.
2.4.
El causante y la actora
formaron una familia, de la cual nacieron 4 hijos, de los que sobreviven 3,
todos mayores de edad.
2.5.
La señora Alicia Angulo
Acosta al momento del fallecimiento del señor Ruíz Orozco no solicitó la
pensión de sobrevivientes a su favor, ya que no existía en ese momento una ley
que la protegiera, en calidad de compañera permanente, pues el causante tenía
un matrimonio vigente.
2.6.
Sin embargo, la
accionante reclamó la pensión de sobrevivientes para sus hijos menores, en
calidad de representante legal. Esta solicitud prosperó en el Instituto del
Seguro Social, a través de Resolución No. 00147 de 1985.
2.7.
La señora Mercedes Lara,
esposa del causante, no se presentó a reclamar la pensión de sobreviviente.
2.8.
La señora Alicia Angulo
Acosta presentó solicitud de pensión de sobreviviente el 24 de mayo de 2007,
ante la vigencia de una nueva Constitución Política  y la interpretación que de
la misma hace la Corte Constitucional.
2.9.
Sin embargo, el
Instituto del Seguro Social negó el derecho a la pensión de sobreviviente para la
actora, a través de Resolución No. 00151 de 2008, teniendo en cuenta lo
dispuesto por el artículo 55 de la Ley 90 de 1946[2].
2.10.    Así entonces, la señora Alicia Angulo Acosta
inició un proceso ordinario laboral, que fue radicado con el No. 2008-0300, dentro de cuyo trámite se vinculó a la señora Mercedes Lara
Sánchez, esposa del causante.
2.11.    En primera instancia, el Juzgado Séptimo Laboral
del Circuito de Barranquilla, a través de sentencia del 20 de abril de 2010,
reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Mercedes Lara, esposa del
causante, en un porcentaje del 100%. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta
que la ley vigente para el momento de la muerte del señor Ruíz Orozco, es decir
el 13 de marzo de 1984, era la Ley 90 de 1946, la cual no daba protección a las
compañeras permanentes cuando existía un vínculo matrimonial vigente con otra
persona.
2.12.    En segunda instancia, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Descongestión Laboral, en sentencia
del 31 de octubre de 2011, llegó a las mismas conclusiones y confirmó la
decisión del a quo.
2.13.    Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4, en providencia del 25 de
septiembre de 2018, también dio aplicación a la Ley 90 de 1946 y en cuanto a
los principios constitucionales consideró que no tienen efectos retroactivos.
2.14.    La señora Alicia Angulo Acosta, quien nació el
13 de septiembre de 1948, tiene 71 años, padece de diferentes enfermedades,
entre las que se encuentran la de “Guillain Barré”[3], complicaciones cardiacas
e hipertensión arterial.
2.15.    La señora Angulo Acosta no cuenta con los
recursos económicos necesarios para subsistir y pertenece al régimen subsidiado
de salud, pues siempre dependió del causante.
3.     Pretensiones
3.1.
La accionante pretende
que se le reconozca el derecho a la pensión de sobrevivientes del señor Mesías
Ruíz Orozco, en calidad de compañera permanente, a partir del 24 de mayo de
2001, fecha que corresponde a los tres años anteriores a la reclamación.
3.2.
En consecuencia,
solicita (i) que se revoquen y dejen sin efecto las decisiones adoptadas en el
proceso ordinario laboral, puntualmente el fallo que no casó la sentencia de
segunda instancia, pues presenta un defecto sustantivo y desconoce el
precedente constitucional. (ii) Y se ordene a Colpensiones el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes.
3.3.
Como medida provisional,
pidió la suspensión de los efectos del fallo adoptado en sede de casación, con
el fin de evitar un perjuicio irremediable, hasta tanto se resuelva la acción
de tutela.
4.     Actuaciones en la Jurisdicción Ordinaria Laboral
4.1.
La señora Alicia Angulo
Acosta promovió proceso ordinario laboral en contra del Instituto del Seguro
Social, hoy Colpensiones y Mercedes Lara Sánchez, en aras de obtener el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
4.2.
El 20 de abril de 2010
el Juzgado 7mo. Laboral del Circuito de Barranquilla resolvió:
“PRIMERO: Declara
(sic) probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la
demandada.//SEGUNDO: CONDENAR a la entidad demandada INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
al pago de la pensión de sobreviviente a favor de la señora MERCEDES LARA
SÁNCHEZ (…) por valor de un salario mínimo, a partir del 25 de noviembre de
2005, todo de acuerdo con la parte motiva de este proveído.//3º Condenar en
costas a la parte demandada.//4º Absuélvase a la demandada de las demás
pretensiones de la demanda.”
Lo expuesto, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
“El núcleo central del presente
debate consiste en decidir quién tiene mejor derecho sobre la pensión de
sobreviviente entre la esposa y la compañera permanente.// Como primera medida
hay que determinar cuál es el precepto jurídico encargado de discernir cuál de
las dos interesadas tiene mejor derecho y como quiera que el causante murió
para el 13 de marzo de 1984, tiempo en el cual se encontraba vigente la ley 90
de 1946, se procede a decidir el presente debate de acuerdo a lo señalado en
dicha norma.”
“De los testimonios de la parte
demandante (…) las señoras AMADA JIMENEZ Y LIGIA MARTINEZ, declararon que en
verdad existió una unión marital de hecho entre la demandante y el causante MESIAS
RUIZ OROZCO, y de esta nacieron los hijos YANIRIS, RAFAEL Y ERIKA RUIZ ANGULO
(…), donde aparecen los registros de nacimiento de estos y la Resolución de la
demandada ISS donde se les reconoce como hijos del causante.”
“Igualmente, tiene que decir el
despacho que de los testimonios (…) traídos al proceso por la demandada
MERCEDES LARA SÁNCHEZ, de todos se concluye que en verdad existió un matrimonio
entre LARA SÁNCHEZ y el causante, el cual nunca fue disuelto y que se mantuvo
hasta la fecha de la muerte del pensionado (…). // por todo lo anterior, se
concluye que el vínculo matrimonial existió y nunca se disolvió, por lo cual,
basado en el texto normativo antes señalado, la beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes debe ser la señora MERCEDES COLOMBIA LARA SÁNCHEZ.”
“En el mismo sentido hay que
decir que a pesar de haber existido la unión marital de hecho con la actora
ALICIA ANGULO ACOSTA, esta no goza del beneficio pensional pretendido debido a
que la figura de la división de la pensión de sobrevivientes entre compañera
permanente y cónyuge, de acuerdo a la cantidad de tiempo de convivencia, no
estaba vigente para la época de la muerte del señor MESÍAS RUIZ, por lo cual la
única beneficiaria debe ser la señora MERCEDES COLOMBIA LARA SÁNCHEZ.”
“Basado en lo anterior tenemos
que a favor de la señora MERCEDES LARA SÁNCHEZ, se generó un beneficio
pensional desde marzo de 1984, pero esta tan solo se presenta a reclamarlo
dentro del presente proceso para la fecha del 25 de noviembre de 2008,
interrumpiendo de esta forma la prescripción de sus mesadas pensionales, las
cuales deben ser otorgadas a partir del 25 de noviembre de 2005, en cuantía de
un salario mínimo, todo de acuerdo a lo señalado anteriormente.”
4.3.
Contra la anterior
determinación la actora interpuso recurso de apelación  el 23 de abril de 2010.
Los argumentos de la actora se pueden resumir
como sigue:
Si bien la norma aplicable, en principio, sería
la que se encontraba vigente al momento de la muerte del señor Mesías Ruíz
Orozco (1984), es decir la Ley 90 de 1946, artículo 55, tal regla no es absoluta,
pues no se pueden desconocer derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política, en especial los artículos 13 y 48. Además, se indicó que
esta norma, anterior a la Constitución de 1991 y ya derogada, proyecta sus
efectos legales aún hoy sobre la accionante. Por consiguiente, debería darse
aplicación a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
En línea con lo anterior, se observó que la
actora se encuentra ante una clara discriminación, desconociendo la realidad de
la familia conformada entre ella y el señor Ruiz Orozco, basada en las
relaciones de cuidado, afecto y convivencia efectiva antes del fallecimiento de
aquél.
Así también se expuso que, la sustitución
pensional, al tener el carácter de prestación vitalicia, irrenunciable e
imprescriptible y de tracto sucesivo, al igual que las necesidades de la
actora, se mantienen vigentes en el tiempo, por lo cual es aplicable el régimen
legal actual, esto es, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, se precisó que la entonces esposa
del causante no convivió con él los últimos años, por lo que no se presentó a
reclamar la pensión de sobrevivientes, pues sólo hasta 2008 se enteró de la
muerte del señor Ruíz Orozco, así que en la decisión de primera instancia se
desconoció el requisito de la convivencia efectiva antes de la muerte, además
no se valoraron los testimonios de los hijos de la actora, así como sus
registros civiles, donde el señor Ruíz Orozco confirma que la dirección de su
residencia es aquella en la que vivía con la señora Angulo Acosta.
4.4.
El 31 de octubre de 2011
la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla confirmó la sentencia del a quo, con base en razonamientos
como los que se citan a continuación:
“De las pruebas obrantes en el expediente,
encuentra la Sala, que el señor Mesías Ruiz Orozco, era casado con la señora
MERCEDES COLOMBIA LARA y a la fecha en que falleció el primero, es decir, el
día 13 de marzo de 1984 seguían casados (fl. 18). Es decir, que no existía bajo
dicha normatividad [Ley 90 de 1946] la posibilidad de que a la compañera
permanente y la cónyuge les coexista derecho alguno frente a la pensión de
sobrevivientes, como lo pretende la parte demandante en aplicación de la ley
100 de 1993.
Olmedo Enrique Agamez Villanueva advierte que
conoció a la señora Mercedes Lara como esposa del demandante; y quien dependía
económicamente del causante, que nunca vio nada extraño en la convivencia de
ese hogar. (folio 72)
Alidez Ortiz Martínez, manifiesta que conoce al
Señor Ruiz hace muchos años, que eran esposos, que dependía económicamente de
él. Que fueron vecinos (folio 76).
Inés Arminta Hernández, por su parte advierte de
la convivencia entre la demandante y el señor Mesías Ruiz, que no le conoció
otra persona; que lo veía en su casa en el barrio el limón; que es la legítima
esposa del demandante, que dependía económicamente de él. (folio 80)
Así las cosas se encuentra probada la
convivencia y dependencia económica de la demandante.
2. La Corte Constitucional, mediante sentencia
C-482 del 9 de septiembre de 1998 declaró inexequible el aparte siempre que
ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato del art. 55 de
la Ley 90 de 1946 y definió los alcances retroactivos de dicha declaración de
incostitucionalidad.”
(…)
“No le resulta aplicable la declaratoria de
inconstitucionalidad, contenida en la sentencia C-482 de septiembre 9 de 1998,
porque  ella apenas cobija las situaciones acaecidas a partir de su fecha.”
(…)
“Según el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991,
inciso 2º. Los fallos de la Corte sólo tendrán efecto hacia el futuro.”
(…)
“A lo anterior es menester agregar como
consideración que el derecho a gozar de la pensión de jubilación a título de
sustitución pensional por parte de la compañera permanente vino a tener lugar
con la Ley 71 de 1988 reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, fecha para la
cual ya había fallecido el causante.”
4.5.
La señora Alicia Angulo
Acosta presentó demanda de casación contra la sentencia de segunda instancia
por considerarla violatoria de la ley sustancial por vía directa en las
modalidades de (i) aplicación indebida del Acuerdo 224 de 1966[4], artículo 21, y Ley 90 de
1946[5], artículo 55, en relación
con los artículos 4, 13, 42, 48 y 53 de la Constitución Política; e (ii)
infracción del artículo 13 de la Ley 797 de 2003[6], que modificó la Ley 100
de 1993[7],
artículo 47 literal b, inciso 1º, en concordancia con los artículos 4, 13, 42,
48 y 53 de la Constitución Política.
4.6.
La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4, el 25 de
septiembre de 2018, decidió no casar la sentencia de segundo grado, pues al
efecto tuvo en cuenta lo dispuesto en la sentencia SL4200-2016, proferida por
esa misma sala, y, por consiguiente, precisó que:
“(…) reiteradamente ha señalado la Sala que son
las leyes vigentes a la fecha del fallecimiento del causante las llamadas a
resolver las controversias pensionales y no las expedida en momento posterior a
tal hecho, porque los preceptos de carácter prestacional carecen, por regla
general, de efecto retroactivo, así estén amparadas en principios
constitucionales como la igualdad de las familias.
Consecuente con lo anterior, la actora no tiene
derecho a la pensión reclamada, pues es un hecho aceptado que, al momento de su
fallecimiento, el 13 de marzo de 1984, Mesías Ruíz Orozco se encontraba casado
con Mercedes Lara Sánchez, por lo que era ésta quien tenía un derecho
prevalente y excluyente a la prestación de sobrevivientes.”
5.     Pruebas aportadas con la acción de tutela
Los siguientes documentos reposan en el expediente en
copia:
-
Resolución No. 1071 del 16
de agosto de 2001, emanada del Instituto del Seguro Social, a través de la cual
suspende el pago de la mesada de abril de 2001 y retira de la nómina de
pensionados a Erika del Carmen Ruíz Angulo.
-
Resolución No. 00151 del 14
de enero de 2008, emanada del Instituto del Seguro Social, a través de la cual
niega la pensión de sobrevivientes a la señora Alicia Angulo Acosta.
-
Sentencia proferida por el
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, el 20 de abril de 2010,
dentro del proceso ordinario laboral radicado con el No. 2008-0300, donde
aparece como demandante la señora Alicia Angulo Acosta y como demandados el
Instituto del Seguro Social y la señora Mercedes Colombia Lara Sánchez.
-
Recurso de apelación contra
el fallo del 30 de abril de 2010, presentado por la apoderada judicial de la
señora Alicia Angulo Acosta.
-
Sentencia proferida por la
Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, el 31 de octubre de 2011.
-
Recurso de casación, escrito
(17-11-11) y demanda (07-05-12) presentados por la apoderada judicial de la
señora Alicia Angulo Acosta.
-
Sentencia emitida por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No.
4, el 25 de septiembre de 2018.
-
Declaración extraprocesal de
la señora Alicia Angulo Acosta, del 18 de octubre de 2018, en la cual
manifiesta que vive en la carrera 9 No. 77-08 del barrio El Bosque de la ciudad
de Barranquilla, dedicada al trabajo del hogar, convivió durante 17 años con el
señor Mesías Ruíz Orozco, desde el 15 de enero de 1967, hasta su muerte, el 13
de marzo de 1984, en unión marital de hecho. De cuya unión nacieron 4 hijos,
uno de ellos fallecido y los otros 3 vivos y actualmente mayores de edad.
También afirmó que dependía económicamente del causante, quien sufragaba todos
sus gastos, pues no desarrolla otra actividad laboral, ni recibe rentas o
ingresos de ningún tipo. Por último, refirió que se encuentra desamparada
económicamente y que su salud se ha visto muy afectada, por lo que se encuentra
en una situación de extrema vulnerabilidad, que compromete su vida en
condiciones de dignidad.
-
Historia clínica de la
señora Alicia Angulo Acosta, de la Fundación Médico Preventiva Clínica El Prado
S.A., fecha de la consulta más reciente el 27 de junio de 2018.
-
Registros Civiles de
Nacimiento de Yaniris Lisett, Rafael Emilio y Erika del Carmen Ruíz Angulo,
hijos de la accionante y su compañero el señor Mesías Ruíz Angulo.
-
Constancia del SISBEN, del 6
de noviembre de 2018, respecto del registro en la base de datos bruta del
Distrito de Barranquilla, Sisben III, en la que aparecen la accionante y dos de
sus hijos, con un puntaje de 37.09 los tres.
-
Declaración extraprocesal de
las señoras Nancy Esther Colina Sarmiento y Vera Isabel Porras Pedroza, del 18
de octubre de 2018, donde dan cuenta que la actora convivió durante 17 años con
el señor Mecías Ruíz Orozco, en la Carrera 9 No. 77-08 del barrio El Bosque  de
la ciudad de Barranquilla, con quien procreó 4 hijos, los que sobreviven mayores
de edad actualmente. Además declararon que la accionante dependía
económicamente del señor Ruíz Orozco, quien sufragaba todos los gastos de
alimentación, salud, vivienda, vestuario, entre otros, necesarios para una
subsistencia digna. También manifestaron que la señora Angulo Acosta no recibe
ningún tipo de pensión y que se encuentra en una difícil situación económica y
de salud desde el fallecimiento de su compañero permanente.
-
Memorial poder otorgado por
la señora Alicia Angulo Acosta al abogado Alexis Marrugo Rodríguez, debidamente
presentado.
6.     Respuesta de la Sala Uno de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
La Magistrada Claudia María Fandiño de Muñiz, en escrito
del 22 de noviembre de 2018, explicó que en cumplimiento de lo dispuesto por el
Acuerdo No. PSAA11-8982, de diciembre 15 de 2011, emanado de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se remitió el proceso
ordinario laboral a los despachos de los Magistrados de Descongestión, en donde,
13 de julio de 2011, la Magistrada Alicia Rada avocó el conocimiento; el 31 de
octubre de 2011 se celebró la audiencia programada y se resolvió el recurso de
apelación interpuesto, confirmando la sentencia de primera instancia.
De igual manera, explicó que a través de sentencia del 25
de septiembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la
sentencia de segundo grado y que, el 22 de octubre de 2018, la Sala Uno de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
profirió auto para acatar y dar cumplimiento a lo resuelto por el Superior; y
cuando éste se ejecutorió el proceso fue enviado al juzgado de origen, esto es,
el 6 de noviembre de 2018.
7.     Actuaciones en sede de Revisión de la Corte
Constitucional
7.1 A
través de auto del 6 de mayo de 2019 se solicitó al Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Barranquilla la remisión de copia digital del proceso ordinario
laboral radicado con el No.2008-0300, adelantado por la señora Alicia Angulo
Acosta en contra del Instituto del Seguro Social y Mercedes Colombia Lara
Sánchez, con el fin de recaudar elementos de prueba que permitieran adoptar una
decisión de fondo. En respuesta, el 23 de mayo de 2019 se remitió disco
compacto. No obstante, la
información allí contenida no pudo ser leída en ningún dispositivo informático,
ni en el vínculo dispuesto para tal efecto.
7.2 Por
otra parte, en escrito enviado a la Secretaría General de la Corporación el 11
de junio de 2019, aclarado y complementado el 12 de julio siguiente[8], el apoderado judicial de
la actora solicitó, como medida provisional, la suspensión del proceso
ordinario laboral radicado con el No. 2008-0300, ya referido, para evitar un
perjuicio irremediable, hasta tanto se adopte una decisión en sede de revisión.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Barranquilla negó la petición elevada en ese sentido y, el 15 de febrero de
2019, emitió auto a través del cual profirió mandamiento ejecutivo en contra de
Colpensiones, por la suma de $106.326.712 a favor de Mercedes Lara Sánchez, por
concepto de retroactivo pensional. Por lo tanto, de realizarse el pago, la
accionante vería conculcado su derecho a la pensión de sobreviviente, en caso
de que le fuera concedido el amparo.
7.3 Antes de que se hiciera algún
pronunciamiento respecto de la prueba y la solicitud elevada, y como se refirió
con antelación, la Sala Plena de la
Corporación, en sesión del 17 de julio de 2019, decidió avocar el conocimiento
del presente asunto.
7.4 El 18 de julio de 2019, al tener a su disposición el
expediente de la referencia, el pleno de esta Corporación emitió Auto 408 del 25 de julio de 2019, en el que decidió:
(i) ordenar nuevamente al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla
el envío de copia digital legible del proceso ordinario laboral radicado con el
No. 2008-0300, que permitiera verificar efectivamente los supuestos de la
acción de tutela objeto de revisión y un mejor proveer. De otro lado, teniendo
en cuenta que el caso bajo estudio aún no había sido decidido y, las facultades
oficiosas reguladas en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991[9],
se encontró necesario (ii) ordenar la suspensión del proceso ordinario laboral
radicado con el No. 2008-0300, en procura de la protección efectiva de los
derechos fundamentales que, eventualmente, le asisten a la accionante.
De acuerdo con lo expuesto y en atención a las facultades
dispuestas en los artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, “por medio del cual se
unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, se procedió
a suspender los términos dentro
del proceso de la referencia.
7.5 De
acuerdo con lo ordenado en el Auto 408, el 12 de septiembre de 2019, el Juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla allegó copia del expediente
radicado con el número 08001310500720080030000.
8.     Escritos allegados en sede de revisión
8.1 Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
En escrito allegado el 4 de junio de 2019 se argumentó que
la señora Alicia Angulo Acosta no puede ser acreedora de la pensión de
sobreviviente, porque no acreditó ser beneficiaria del señor Mesías Ruiz
Orozco, teniendo en cuenta los precedentes establecidos en la Ley 90 de 1946,
norma que se encontraba vigente al momento del fallecimiento del afiliado.
Colpensiones estima que los criterios de valoración probatoria desarrollados
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Corte Suprema
de Justicia se ajustan a las reglas de la sana crítica. Por lo tanto, no se
advierte un examen probatorio arbitrario, irracional o caprichoso.
Además, explicó que en el presente caso se considera que la
decisión adoptada en la acción de tutela se encuentra ajustada a derecho y al
precedente jurisprudencial, pues la señora Alicia Angulo no acreditó el
cumplimiento de los requisitos específicos de procedencia de acción de tutela
contra providencias judiciales ya que: (i) el tránsito constitucional no
conduce a la desaparición de las normas expedidas durante la vigencia de la constitución
que fue derogada, para proteger el principio de seguridad jurídica y
certidumbre, y con ello evitar la incertidumbre respecto a la vigencia de las
normas que se aplican en los casos en concreto; (ii) la resolución del asunto
por parte de la jurisdicción ordinaria competente, fue razonable, respetuosa
del ordenamiento jurídico y debidamente motivada; (iii) la accionante no
demostró la vulneración de sus derechos por las supuestas irregularidades
procesales.
En consecuencia, solicitó se deniegue el amparo y, caso
contrario, se conceda la petición de la actora pero de forma proporcional al
tiempo de convivencia de la actora y la señora Mercedes Lara Sánchez y el
causante, señor Mesías Ruíz Orozco.
III. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Primera instancia
A través de auto del 15 de noviembre de 2018, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas No. 1,
admitió la acción de tutela y vinculó a Mercedes Lara Sánchez, así como al
Instituto del Seguro Social, hoy Colpensiones, por tener interés en lo decidido
en el trámite. No se accedió a la medida provisional solicitada, pues no se
advertió la afectación inminente, cierta y grave de sus derechos o garantía
fundamentales.
A través de sentencia del 21 de noviembre de 2018, se negó
el amparo solicitado por la señora Alicia Angulo, teniendo en cuenta que, a
juicio de la Corte Suprema de Justicia “(…) es claro que la actora busca
cuestionar el raciocinio jurídico de la jurisdicción laboral y, con ello,
protestar por el sentido de las sentencias adoptadas. Entendiendo, como sucede,
que la acción de tutela no es una herramienta jurídica complementaria, que en
este evento, se convertiría prácticamente en una instancia adicional, no es
adecuado plantear por esta senda la incursión en causales de procedibilidad,
originadas en la supuesta arbitrariedad en las determinaciones que negaron sus
pretensiones.”
2. Impugnación
El apoderado judicial de la accionante en el escrito de
impugnación hizo énfasis a los siguientes puntos:
(i)
Relevancia
constitucional: Se trata de un
asunto donde lo que se discute es una pensión de sobrevivientes que se
encuentra incluido en el concepto de seguridad social como derecho fundamental
e irrenunciable. Además, en este caso, afecta el mínimo vital de una persona de
la tercera edad, en debilidad manifiesta por su condición de salud y carencias
económicas. Y se trata de una norma inconstitucional que sigue produciendo
efectos jurídicos en la actualidad.
(ii)
Daño irreparable y
perjuicio irremediable: La
actora no tiene otro medio de defensa de sus derechos fundamentales a la vida,
la salud, el mínimo vital, el debido proceso, la seguridad social. Además, ante
dos interpretaciones se debe dar paso a la más favorable.
(iii)
Condiciones de
vulnerabilidad: Debido al
desamparo de la actora desde la muerte de su esposo se encuentra en estado de
pobreza.
(iv)
Defectos alegados:
a)     Defecto sustantivo, indica que no se hace un examen de constitucionalidad de
la norma que se aplica y con ello se violan los artículos 4, 13, 29, 42, 48 y
53 de la Constitución Política.
b)    Desconocimiento del precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional, al
efecto cita las Sentencias T-1317 de 2001, T-110 de 2011 y C-366 de 2008.
3. Segunda instancia
En sentencia emitida el 6 de febrero de 2019, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, emitió fallo confirmatorio de
la decisión del a quo, teniendo en cuenta, entre otras razones que “(…)
es posible afirmar, que las conclusiones a las que arribó la colegiatura
endilgada no lucen desatinadas, caprichosas o antojadizas, de donde se descarta
la configuración de causal de procedencia del amparo que permita la
intervención del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto,
pues como quedó visto, a diferencia de lo considerado por la promotora del
amparo, en la decisión atacada se efectúo una atendible valoración de los
cargos por ella interpuestos, y se expusieron las razones por las cuales no era
posible acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida
(…) de ahí que la simple discrepancia con lo decidido no puede tenerse como
razón suficiente para admitir la intromisión del juez de tutela frente a la
referida determinación (…)”
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
La Sala Plena es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. De la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, toda persona
puede reclamar ante los jueces, mediante acción de tutela, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o, en los casos que establezca la ley, de los particulares[10],
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Tal mecanismo de protección procede, en consecuencia, contra cualquier
autoridad pública que con sus actuaciones u omisiones vulneren o
amenacen derechos constitucionales fundamentales, incluidas, por supuesto, las
autoridades judiciales, en cuanto autoridades de la República, las cuales, sin
excepción, están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades,
como lo dispone el artículo 2º de la Constitución.
Bajo tales supuestos constitucionales y los artículos 2º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos[11], la Corte Constitucional
ha admitido la procedencia de la acción de tutela para la protección de
derechos fundamentales vulnerados por decisiones judiciales respecto de las
cuales no existan otros recursos o medios de defensa judicial; cuando, no
obstante su existencia, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable; o, en los términos del artículo 6 del Decreto Ley 2591
de 1991, cuando los medios existentes no resulten eficaces, atendiendo a las
circunstancias en que se encuentre el solicitante.
No obstante, dada
la naturaleza de las autoridades judiciales –a las que la Constitución ha
asignado la función de administrar justicia[12]–,
este tribunal ha precisado que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es excepcional[13]
puesto que, en tales casos, “la adecuada protección de los principios y valores constitucionales
implica un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la mencionada acción –presupuesto del
Estado Social y Democrático de Derecho–, y la vigencia de
la autonomía e independencia judicial, el principio de cosa juzgada y la
seguridad jurídica”[14].
Por
tales razones, ha señalado la Corte que “la acción de tutela contra
sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar
aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias,
de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la
Constitución. En este sentido, la
acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un “juicio de
validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado, lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que
dieron origen a la controversia”[15].
La excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales ha
llevado a la Corte, a partir de la Sentencia C-590 de 2005, a exigir el
cumplimiento de los siguientes requisitos generales y específicos de
procedencia.
2.1. De los requisitos
generales
Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
decisión judicial deben cumplirse los siguientes requisitos generales[16]: (i) que la cuestión que se proponga tenga relevancia
constitucional[17],
esto es, que el asunto involucre la posible vulneración de derechos
fundamentales del accionante; (ii) que al interior del proceso se
hubieren agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios al alcance del
accionante, salvo que no
sean eficaces, atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el
solicitante, o que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable[18];
(iii) que se
cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que se interponga en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
que, cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia en la decisión que resulta
lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el accionante
identifique de forma razonable los yerros que generan la vulneración y que esta haya sido alegada
al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; y (vi)
que no se dirija contra una sentencia de tutela[19].
2.2. De los requisitos
específicos
Además de la constatación de los anteriores requisitos generales,
para que proceda la acción de tutela contra una
sentencia o una providencia judicial es necesario
acreditar[20], adicionalmente, que la
autoridad judicial demandada vulneró en forma grave el derecho al debido
proceso[21] del
accionante, a tal punto que la
decisión judicial resulte incompatible con la Constitución por incurrir en alguno de los
siguientes defectos[22] que la
jurisprudencia constitucional denomina requisitos específicos de
procedibilidad, a saber:
(i) Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la
sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia[23].
(ii) Defecto procedimental: se
origina cuando la decisión judicial cuestionada se adoptó con desconocimiento
del procedimiento establecido[24].
(iii) Defecto fáctico:
se presenta cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, o cuando la
valoración de la prueba fue absolutamente equivocada[25].
(iv) Defecto material o sustantivo: ocurre
cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o
claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión[26].
(v) Error inducido: sucede cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales[27].
(vi) Falta de motivación: implica el incumplimiento del deber de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de las decisiones[28].
(vii) Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance
sobre determinado asunto y el funcionario judicial desconoce la regla
jurisprudencial establecida[29].
(viii) Violación directa de la Constitución[30]:
se estructura cuando la autoridad
judicial le da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a
la Carta Fundamental. Esta
Corte ha indicado[31] que se presenta
violación directa de la Constitución, entre otros casos, cuando el juez adopta
una decisión que la desconoce[32], porque deja de aplicar una regla contemplada en el texto
constitucional que resulta aplicable al caso concreto[33],
u omite tener en cuenta un principio superior que determina la aplicación de la
norma en el caso concreto, desconociendo que, de acuerdo con su artículo 4 CP, “la
Constitución es norma de normas”, por lo que en caso de incompatibilidad
entre ella y la ley u otra regla jurídica “se aplicarán las
disposiciones superiores”[34].
Con todo, es necesario que los reproches alegados sean de tal
magnitud que puedan desvirtuar la constitucionalidad de la decisión judicial
objeto de tutela[35].
Por lo anterior, esta Corporación ha sido enfática en señalar que no toda
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una causal de
procedibilidad de la acción[36].
En este contexto, es absolutamente claro que la
procedencia de la acción de tutela contra una decisión judicial está supeditada
al cumplimiento de rigurosos requisitos. “No
se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su
tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual, para
proteger los derechos fundamentales de quien, luego de haber pasado por un
proceso judicial, se encuentra en condición de indefensión y que permite la
aplicación uniforme y coherente –es
decir segura y en condiciones de igualdad–, de
los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”[37].
Teniendo en cuenta el anterior marco normativo y jurisprudencial
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pasa la Corte a
referirse al defecto material o sustantivo y al desconocimiento del precedente,
que la accionante estima configurados en las decisiones judiciales objeto del
reproche.
2.3.
Breve caracterización del defecto sustantivo
La Corte ha señalado que el defecto
sustantivo parte del “reconocimiento de que la competencia asignada a
las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas,
fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún
caso absoluta”[38].
En consecuencia, este defecto se materializa cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen[39]. La
jurisprudencia de este Tribunal, en diferentes decisiones[40], ha precisado los
supuestos que pueden configurar este defecto, a saber:
(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente[41],
derogada[42],
o que ha sido declarada inconstitucional[43].
(ii) La
decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no
ser pertinente[44].
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto
de estudio como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los
señalados por el legislador[45].
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma
cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia
sus efectos a todo el ordenamiento jurídico[46].
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva[47] o
claramente contraria a la Constitución[48].
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no
previsto en la disposición[49].
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del
derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[50].
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o
justificación de una actuación que afecta derechos fundamentales[51].
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación[52].
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución[53]. Se
trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el
cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es
contrario a la constitución[54], o al ser
aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe
ser igualmente inaplicada[55].
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los
fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la
providencia[56].
Adicionalmente, esta Corte ha señalado[57] que
una autoridad judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable[58] en, al menos, dos
hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y
alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra
legem–), o de manera injustificada para los intereses legítimos de una de
las partes[59]; y (ii)
cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que
en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que
ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o
conduce a resultados desproporcionados, sacando la
decisión del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable[60].
2.4 Breve
referencia al desconocimiento
del precedente constitucional
La fuerza jurídica del precedente constitucional hunde
sus raíces en el artículo 241 de la Constitución Política, el cual determina
que “a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución”. En consecuencia, esta
Corporación está obligada a salvaguardar la Carta Política como norma de normas[61],
en virtud de lo que se le ha reconocido competencia para definir el alcance
normativo y la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del texto
Superior.
En este sentido, se ha señalado[62]
que el desconocimiento del precedente constitucional “(…) genera en el
ordenamiento jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión
concreta con la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones
ilógicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad
intrínseca del sistema, y afectan la seguridad jurídica. Con ello se perturba
además la eficiencia y eficacia institucional en su conjunto, en la medida en
que se multiplica innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales,
más aún cuando en definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional
preeminente que no puede ser negada en nuestra actual organización jurídica”.
Ahora bien, el defecto por desconocimiento del precedente
constitucional únicamente puede constatarse en relación con los pronunciamientos
de esta Corte[63]. Se presenta cuando esta Corporación
ha establecido el alcance normativo de un derecho fundamental o definido la
interpretación constitucional de un precepto y, sin embargo, el juez ordinario
o el contencioso administrativo, limita sustancialmente el alcance del derecho
o se aparta de la interpretación constitucional[64].
Conforme con lo dicho, el desconocimiento del precedente
constitucional puede alegarse en razón del desconocimiento de las decisiones
emitidas con arreglo a las funciones de control abstracto de
constitucionalidad; o concreto, adelantado en la revisión de decisiones de
tutela, en ambos casos obligatorios. En el primer caso, debido a que la
decisión asumida por la Corte Constitucional hace tránsito a cosa juzgada y
tiene efectos erga ommes. Y, en el segundo, debido a que a esta
Corporación le asiste el deber de definir el contenido y el alcance de los
derechos constitucionales,[65] interpretación que se entiende
vinculada a la Carta; y con el fin de garantizar el derecho fundamental a la
igualdad. En esa medida el carácter vinculante del precedente en materia de
tutela, se ha determinado que lo tienen las decisiones adoptadas por la Sala
Plena de esta Corporación, como por las Salas de Revisión[66].
En este sentido, se ha reprochado por esta Corporación la
vulneración del derecho fundamental a la igualdad, al principio de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica cuando se desconoce el precedente
constitucional definido en sede de tutela, tal y como puede ocurrir cuando el
demandante acude a la administración de justicia y se le imponen decisiones o
actuaciones imprevistas.
En el
caso concreto, la accionante señaló que, en las sentencias emitidas dentro del
proceso ordinario laboral se hizo una interpretación del artículo 55 de la Ley
90 de 1946 contraria a los postulados superiores contenidos en la Carta de
1991, con lo cual se configuró un defecto sustantivo y, por esa vía, se
desconoció el precedente constitucional establecido en las Sentencias T-1317 de 2001, C-366
de 2008 y T-110 de 2011.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala deberá verificar si
en efecto se configuraron los defectos alegados.
3.       Examen de procedencia de la acción de tutela[67]
Para atender el problema jurídico relacionado
con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante, la Sala debe, en primer lugar, analizar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Para ello,
estudiará si en el asunto se demuestran los siguientes presupuestos: (i) la
legitimación en la causa, por activa y por pasiva; (ii) la relevancia
constitucional; (iii) la subsidiariedad; (iv) la inmediatez; (v)
el carácter decisivo de la irregularidad procesal; (vi) la
identificación razonable de los hechos vulneradores; y (vii) que la
providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela. Una vez se verifique su observancia, si es del caso, se
procederá a formular el respectivo problema jurídico que permita dar solución al
caso concreto.
3.1 Legitimación en la causa
3.1.1. Legitimación en la causa por activa. El
artículo 86 de la Constitución establece que toda persona, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, puede ejercer la acción de tutela para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[68],
por su parte, dispone que dicha acción podrá ser ejercida, “por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos”. Dispone igualmente, la precitada disposición, que
cuando el titular de los derechos no se encuentre en condiciones de promover su
propia defensa, procederá la agencia oficiosa, y que también podrán ejercerla
el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
En el caso concreto, la señora Alicia Angulo Acosta,
demandante en el proceso ordinario laboral, cuya sentencia de casación se
examina, es quien actúa como accionante, representada por un profesional del
derecho, en la solicitud de amparo que ocupa la atención de la Sala Plena, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y, por ese
conducto, los de igualdad, seguridad social, mínimo vital, vida digna, entre
otros, en razón a que en el trámite del proceso ordinario, según afirmó, se aplicó
una norma contraria a los postulados constitucionales de la Carta de 1991 y a
la jurisprudencia de esta Corporación, lo que implicó que la Sala de
Descongestión Laboral No. 4, Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de
Justicia incurriera en causales específicas que hacen procedente la tutela
contra providencia judicial.
3.1.2. Legitimación en la causa por pasiva. La legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se
refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción, trátese de una autoridad pública o de un particular, según el artículo
86 Superior, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, cuando esta resulte demostrada.
En el caso que estudia la Sala la solicitud de amparo es
presentada en contra del Juzgado Séptimo Laboral del circuito de Barranquilla,
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala
de Descongestión Laboral No. 4, Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema
de Justicia, por la presunta trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y, por ese conducto, los de igualdad,
seguridad social, mínimo vita, vida digna, entre otros, de la accionante.
La Sala constata el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por pasiva, por dirigirse la acción de tutela contra
las decisiones de las mencionadas autoridades judiciales, cuyas providencias
presuntamente vulneraron derechos constitucionales fundamentales y, en
consecuencia, pueden ser revisadas a través de la acción constitucional, en los términos de los artículos 86 de la
Constitución, 1º del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.1 del Decreto 1069 de 2015.
3.2 Relevancia constitucional
El asunto objeto de revisión comprende los
derechos fundamentales al debido
proceso e igualmente, los de igualdad, seguridad social, mínimo vital, vida
digna, entre otros, de una mujer
sujeto de especial protección constitucional. En consecuencia, se plantea un
asunto de relevancia constitucional. Por ende, se estima cumplido este
requisito.
3.3 Subsidiariedad
En virtud de lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política[69], el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y la reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia, la acción
de tutela tiene un carácter residual y subsidiario.
Por lo anterior, solo procede
como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo,
ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada,
oportuna e integral, los derechos fundamentales invocados, a la luz de las
circunstancias del caso concreto. Ahora, también procede como mecanismo
transitorio (iii) para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable, evento este en el que el accionante deberá ejercer el medio
ordinario de defensa judicial que tenga a su disposición en un término máximo
de cuatro (4) meses, contados a partir del fallo de tutela[70],
y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva
por parte del juez competente.
De lo anterior se desprende que la acción de tutela es residual y
subsidiaria a los medios de defensa ordinarios y extraordinarios existentes en
el ordenamiento jurídico y, en esa medida, cuando la pretensión versa sobre el
reconocimiento de derechos que pueden ser discutidos mediante los
procedimientos o recursos ordinarios previstos por el legislador, la tutela se
torna, en principio, inadmisible.
Así entonces, se tiene que la señora Alicia Angulo Acosta presentó solicitud de pensión
de sobreviviente el 24 de mayo de 2007, ante el Instituto del Seguro Social.
Sin embargo, su petición fue negada, a través de Resolución No. 00151 de 2008,
teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley 90 de 1946, vigente para el momento
de la muerte del señor Ruíz Orozco, es decir el 13 de marzo de 1984.
Por consiguiente, la señora Alicia Angulo Acosta inició un
proceso ordinario laboral, dentro de cuyo trámite se vinculó a la señora
Mercedes Lara, esposa del causante.
En primera instancia, el Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Barranquilla, reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora
Mercedes Lara, esposa del causante, en un porcentaje del 100%. De acuerdo con
lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 90 de 1946.
En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, Sala de Descongestión Laboral, llegó a las mismas
conclusiones y confirmó la decisión del a quo.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4,  también dio aplicación al
artículo 55 de la Ley 90 de 1946 y, en cuanto a los principios constitucionales
consideró que no tienen efectos retroactivos.
En ese orden de ideas, la accionante ha agotado todos los
medios de defensa posibles en garantía de los derechos que advierte
conculcados.
3.4 Principio de inmediatez
Por su naturaleza, la acción de tutela
debe ser ejercida en un término razonable desde la ocurrencia del presunto
hecho vulnerador, con el fin de asegurar que la necesidad de protegerlo no haya
desaparecido y, en consecuencia, evitar que se desnaturalice.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sala de Descongestión No. 4, profirió la sentencia objeto de reproche el 25 de
septiembre de 2018 y la acción de tutela objeto de revisión fue presentada el 8
de noviembre de 2018. En consecuencia, se encuentra cumplido este requisito,
pues transcurrió un término razonable de aproximadamente un (1) mes y catorce (14)
días entre la emisión de la sentencia judicial que se ataca y la presentación
de la demanda constitucional.
3.5 Carácter decisivo de la irregularidad procesal
A partir de la Sentencia C-590 de 2005[71] se desprende que, cuando
la acción de tutela se dirige a cuestionar una irregularidad procesal, esta
debe tener un efecto decisivo o determinante en el fallo que se controvierte.
En el asunto bajo examen no se alegó la existencia de una
irregularidad en las formas procesales, pues los cuestionamientos propuestos por la accionante se
dirigen a demostrar que el órgano judicial accionado resolvió el asunto
sometido a su juicio a partir de una interpretación que, según entiende, se
encuentra por fuera del marco constitucional de la Carta de 1991.
3.6 Identificación de los hechos vulneradores
En la acción de tutela se identificaron clara
y razonablemente las actuaciones que comportan la vulneración alegada,
consistente en la presunta configuración de un defecto sustantivo, al no haberse efectuado un examen de
constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 90 de 1946; y el desconocimiento
del precedente constitucional, en relación con lo establecido en las Sentencias T-1317 de 2001,
C-366 de 2008 y T-110 de 2011.[72]
3.7 No se trata de tutela contra sentencia de tutela
Este requisito consiste en que, en principio, la acción de
tutela no procede contra sentencias de tutela. Ello se debe a que los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida.
La sentencia judicial objeto de reproche en el presente
trámite fue dictada al interior de un proceso ordinario laboral, en sede de
casación. En consecuencia, se estima también cumplido este requisito.
4.       Planteamiento del problema jurídico y estructura
de la decisión
Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y las decisiones
de tutela adoptadas por los jueces de instancia, en esta oportunidad, compete a
la Sala Plena examinar si la sentencia SL4154-2018, dictada el 25 de septiembre
de 2018 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de
Descongestión No. 4, que decidió no casar la sentencia de segundo grado, presenta
un defecto sustantivo, originado en el proceso de interpretación y aplicación
del artículo 55 de la Ley 90 de 1946 al caso sometido a su conocimiento y si,
con tal proceder, desconoció el precedente constitucional establecido a través
de la jurisprudencia de esta Corporación, y, en consecuencia, transgredió el
derecho fundamental al debido proceso de la señora Alicia Angulo Acosta.
Para el estudio del problema jurídico planteado, la Sala
abordará el estudio de (i) La naturaleza
y finalidad de la pensión de sobrevivientes. La protección constitucional de la
familia y el principio de igualdad entre parejas conformadas por cónyuges o
compañeros permanentes en materia de sustitución pensional. Interpretación del
artículo 55 de la Ley 90 de 1946; y
luego, (ii) se resolverá
el caso concreto.
5. Naturaleza y finalidad de la pensión de sobrevivientes. La
protección constitucional de la familia y el principio de igualdad entre
parejas conformadas por cónyuges o compañeros permanentes en materia de
sustitución pensional. Interpretación del artículo 55 de la Ley 90 de 1946. Reiteración
de jurisprudencia
La pensión de sobrevivientes o sustitución pensional es “una
de las expresiones del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo
48 de la Constitución Política”. Esta prestación tiene por objeto principal
brindar una especial protección de tipo económico a la familia del asegurado o
pensionado que fallece.
En uno de sus primeros pronunciamientos el Tribunal
Constitucional indicó que la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes,
tiene como finalidad “evitar que las personas allegadas al trabajador y
beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho
de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia
retributiva y de equidad justifican que las personas que constituían la familia
del trabajador tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para
mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del
status laboral del trabajador fallecido”.
En  Sentencia C-1094 de 2003, esta Corporación,
refiriéndose a la pensión de sobreviviente o sustitución pensional, señaló que
la “finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la
familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas
que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación,
las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartían con él
su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades”.
Asimismo, la Corte Constitucional en providencia C-336 de
2008 puntualizó que “la pensión de sobrevivientes es una institución de la
seguridad social favorable a quienes se encuentran en situación involuntaria e
insufrible de necesidad y requieren un tratamiento diferencial positivo o
protector que les permita un reconocimiento digno e igualitario por parte de la
sociedad”.
A partir de la finalidad asignada a la pensión de
sobrevivientes y la nutrida jurisprudencia constitucional sobre la materia,
esta Corte ha identificado la existencia de tres principios cardinales sobre
los que se edifica la pensión de sobrevivientes: (i) principio de
estabilidad económica y social para los allegados del causante, de acuerdo
con el cual, la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para
su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con
que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede
significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y
posiblemente a la miseria; (ii) principio de reciprocidad y solidaridad
entre el causante y sus allegados, en cuanto la prestación en comento se
otorga en favor de ciertas personas que sostuvieron una relación afectiva,
personal y de apoyo con el asegurado y; (iii) principio de universalidad del
servicio público de seguridad social, toda vez que con la pensión de
sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de quienes
probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida que
llevaban antes del fallecimiento del causante.
Si bien la pensión de sobrevivientes o sustitución
pensional es una expresión del derecho fundamental a la seguridad social en
cuanto hace parte del contenido constitucionalmente protegido del mismo, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha otorgado el carácter de derecho
fundamental autónomo en diversos pronunciamientos. En efecto, en Sentencia
C-1035 de 2008 esta Colegiatura indicó que “[d]esde sus primeros fallos, la
Corte reconoció que la pensión de sobrevivientes es un derecho revestido por el
carácter de cierto, indiscutible e irrenunciable, y que constituye para sus
beneficiarios un derecho fundamental. Lo anterior, “por estar contenido dentro
de valores tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud,
al trabajo. Es inalienable, inherente y esencial. Y, hay una situación de
indefensión del beneficiario respecto a quien debe pagarle la mesada.”.
Por otra parte, y con arreglo al fallo C-198 de 1999, cabe
señalar que la pensión de sobrevivientes es de naturaleza imprescriptible: “El
Legislador puede entonces consagrar la prescripción extintiva de derechos
patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional, incluso si
éste es fundamental, siempre y cuando el término sea proporcionado y no afecte
el contenido esencial mismo del derecho constitucional. Aplicando estos
criterios, esta Corte concluyó que la ley no podía consagrar la prescripción
del derecho a la pensión como tal, aunque sí podía establecer un término
temporal para la reclamación de las distintas mesadas”. Aunado a lo
expuesto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “la
imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí
mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y
que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general
de prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social” (Negrillas fuera de
texto).[73]
Ahora bien, en la medida que esta prestación tiene por
objeto principal brindar una especial protección a la familia del asegurado que
fallece, el legislador ha determinado que los beneficiarios de dicha garantía
sean los miembros de su grupo filial, estableciendo un orden de prelación entre
ellos. En lo atinente a la pareja del de cujus como acreedora de esta
prestación, la Ley 100 de 1993 en armonía con la igualdad de trato ordenada por
la Constitución de 1991, no establece diferencias en términos de beneficios
entre las parejas unidas por vínculos matrimoniales y las formadas a partir de
las llamadas uniones maritales de hecho. [74]
Pero, con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de
1993 los cuerpos normativos que consagraban el derecho a la sustitución
pensional la otorgaban, por regla general, de forma exclusiva al cónyuge
supérstite, privando a los compañeros permanentes de la referida prestación.
Por ejemplo el artículo 55 de la Ley 90 de 1946,
publicada en el Diario Oficial 26355, del 7 de enero de 1947, establecía que: “Para
los efectos del artículo anterior, los ascendientes legítimos y naturales del
asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los
requisitos exigidos en su caso; y a falta de viuda, será tenida como tal la
mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años
inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre
que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato; si en
varias mujeres concurren estar circunstancias, sólo tendrán un derecho
proporcional las que tuvieren hijos del difunto.”  (Subrayas de la Sala)
No obstante, la Corporación en Sentencia C-482
de 1998[75]
enjuició su constitucionalidad para efectos de definir si se ajustaba a la
Constitución la exigencia contenida en la disposición acusada, acerca de que
los miembros de la unión de hecho deben conservar su estado de soltería durante
ella para que, en el caso de quien goza o tiene derecho a su pensión de
jubilación, el compañero supérstite pueda reclamar la pensión de sobreviviente.
Para dar solución al debate constitucional
propuesto, la Sala Plena de la Corporación, primero, hizo referencia a la
vigencia de la norma demandada, derogada expresamente por el Decreto 1295 de
1994, pues el artículo 49 del mismo remite al artículo 47 de la Ley 100 de
1993,  y señaló que no podía declararse inhibida para conocer sobre demandas
relativas a normas derogadas, en los casos en los que esas normas siguen
produciendo efectos en el tiempo, pues “si bien la norma ya ha sido
derogada, ella sigue regulando el reconocimiento de las pensiones de
sobrevivientes en favor de los compañeros permanentes, en los casos en los que
los fallecimientos han acaecido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993.”
Con el propósito de armonizar la norma acusada
con las disposiciones constitucionales del 91, la Corporación consideró que lo
procedente era proferir un fallo mediante el cual se reiterara que “respecto
del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad entre
cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el
interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo
de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a este
beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material -
convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal -
vínculo matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar
de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida. En
consecuencia, en el hipotético caso de la negación de este derecho a la
compañera permanente bajo el argumento de un vínculo matrimonial preexistente,
pero disociado de la convivencia efectiva - v.gr. por el abandono de la
esposa debido a la carga que representaba el cónyuge limitado físicamente -, se
configuraría una vulneración del derecho de igualdad ante la ley en perjuicio
de quien materialmente tiene derecho a la sustitución pensional”
(Resalta la Sala).
En otro de sus apartes subrayó que “la
exigencia de que ambos compañeros permanentes conserven el estado de soltería
durante su unión para poder acceder a la sustitución pensional, constituye una vulneración
del derecho de los compañeros permanentes a que la familia que ellos conforman
reciba un trato igual a aquéllas que surgen del contrato matrimonial. En
efecto, la necesidad de la sustitución pensional en los dos tipos de familia es
la misma: se trata de que el compañero o cónyuge supérstite pueda preservar el
nivel de vida que llevaba su hogar antes de la muerte de su pareja. Es decir,
se trata de evitarle a la persona sobreviviente las posibles angustias
económicas que genera la pérdida de un ingreso para el núcleo familiar.”
“Como se observa, la condición que se exige
para que el conviviente que sobrevive pueda acceder a la sustitución pensional
genera situaciones que lesionan en forma protuberante el principio de igualdad.
El objeto de la condición, y fin de la diferenciación que ella establece,
fue, de acuerdo con las concepciones de la época en que se expidió la Ley 90 de
1946, proteger de manera especial la institución matrimonial. Sin embargo, este
fin ya no se ajusta a una Constitución que proclama la igualdad del tratamiento
a las familias, sin importar si ellas nacen por vínculos jurídicos o naturales.
De esta manera, el fin ha devenido inconstitucional, lo que significa que
la diferenciación establecida en la norma demandada para poder acceder a la
pensión de sobrevivencia no supera el paso preliminar del examen de
proporcionalidad que se utiliza para examinar la validez de las
diferenciaciones que establece el legislador.”(Negrillas fuera de texto)
En consecuencia, en la parte resolutiva este Tribunal declaró
inexequible la expresión “siempre que ambos hubieren permanecido solteros
durante el concubinato”, contenida en el artículo 55 de la Ley 90 de 1946.
Como consecuencia de tal declaración, y con el objeto de restablecer los
derechos conculcados de los compañeros permanentes cuyas parejas pensionadas
fallecieron en vigencia de la Carta de 1991 -a quienes con apoyo en la
norma acusada se les negó la prestación sustitutiva de la pensión-, la Corte
decidió incluir una cláusula de retroactividad a su fallo, dándole efectos a su
decisión a partir del 7 de julio de 1991, día en que entró a regir la nueva
Constitución.
6. Análisis de las causales específicas de procedencia de
la tutela (defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional)
respecto de la sentencia dictada, el 25 de septiembre de 2018, por la Sala de
Descongestión No. 4, Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia
Planteadas de esta manera las cosas, pasa la Sala Plena a
estudiar el fondo del debate constitucional propuesto en la demanda de tutela.
6.1 En el presente caso está probado que el causante Mesías Ruíz Orozco se
encontraba pensionado por el riesgo de vejez, prestación reconocida por el
Instituto del Seguro Social, por consolidar los requisitos del artículo 11 del
Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966[76]), por medio de la
Resolución No. 0242 de 1984, a partir del 6 de marzo de 1983[77]. De igual manera, en el
expediente consta que el señor Ruíz Orozco falleció el 13 de marzo de 1984[78].
6.2 De otra parte, es claro que el Instituto del
Seguro Social, entidad demandada en el proceso ordinario laboral No. 2008-0300, negó el reconocimiento del derecho a la sustitución
pensional impetrado por la ahora accionante, a través de Resolución No. 00151
de 2008, argumentando para el efecto que la norma a ella aplicable no contempla
dicha prestación a favor de la compañera permanente, ante la existencia de un
vínculo matrimonial vigente, conforme lo establecido en artículo 55 de la Ley
90 de 1946, vigente a la muerte del señor Ruíz Orozco, que establecía: “para
los efectos del artículo anterior [[79]], los ascendientes legítimos y naturales del asegurado
tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los
requisitos exigidos en su caso; ya a falta de viuda, será tenida como tal la
mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años
inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre
que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato; si en
varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendrán un derecho
proporcional las que tuvieren hijos del difunto.” (Énfasis agregado)
6.3 La Jueza Séptima Laboral del Circuito de Barranquilla,
al emitir sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario laboral
No. 2008-0300, consideró que, en efecto, la ley aplicable en el caso bajo su
análisis era el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 y que pese a haberse probado
la convivencia del señor Mesías Ruíz Orozco con la señora Alicia Angulo Acosta,
también se había corroborado que mantuvo el vínculo matrimonial con la señora
Mercedes Lara Sánchez. Por todo ello, concluyó que, al no encontrase vigente,
para la fecha de la muerte del señor Ruíz Orozco, la figura de la división de
la pensión de sobrevivientes entre compañera permanente y cónyuge, de acuerdo a
la cantidad de tiempo de la convivencia, la única beneficiaria debía ser la
señora Lara Sánchez.
En segunda instancia, la Sala de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirmó la sentencia
del a quo, pues compartió el argumento en torno a que la norma aplicable
al caso era el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, en su tenor literal, pese a
encontrar probada la convivencia entre la señora Angulo Acosta y el señor Ruíz
Orozco, así como la existencia de tres hijos vivos como fruto de dicha unión.
Agregó que fue sólo hasta la expedición de la Ley 71 de 1988[80], reglamentada
por el Decreto 1160 de 1989, que le fue reconocido plenamente el derecho a la
compañera permanente de recibir la sustitución pensional, pero que por ser
posterior a la muerte del señor Ruíz Orozco no era dable aplicarla en este caso.
En tercer lugar, resaltó que en la Sentencia C-482 de 1998 la Corte
Constitucional[81]
declaró inexequible la expresión “siempre
que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato”, contenida
en el artículo 55 de la Ley 90 de 1946. Sin embargo, precisó que, de acuerdo
con lo dispuesto por el Decreto 2067 de 1991, en su artículo 21, los fallos de
la Corte Constitucional sólo tienen efectos hacia el futuro, por lo que tal
declaratoria no se podía tener en cuenta para resolver el caso en estudio, como
quiera que la muerte del señor Ruíz Orozco se produjo el 13 de marzo de 1984,
fecha en que se consolidó la situación jurídica que ahora es objeto de debate.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, Sala de Descongestión No. 4, profirió la sentencia que hoy se ataca,
el 25 de septiembre de 2018, con base en las consideraciones efectuadas en la
sentencia SL4200-2016, también de esa sala, que en uno de sus apartes precisó: “como
se explicó en precedencia, a la luz del art. 55 de la L.90/1946, en armonía con
el 62 ibídem, la prestación de sobrevivientes en favor de la compañera
permanente estaba supeditada, entre otras, a la falta de cónyuge supérstite. Es
decir, su derecho tenía un carácter supletorio frente a la cónyuge supérstite.//Este
condicionamiento no desapareció con la entrada en vigencia de la L. 12/1975,
pues si bien esta normativa estableció por primera vez el derecho de las
compañeras permanentes de sustituir las pensiones de jubilación a cargo directo
de los empleados del sector público y privado, para el caso del Instituto de
Seguros Sociales, debe ser vista como una ratificación de una regulación ya
existente en punto a las prerrogativas de dichas mujeres. A este respecto, esta
Sala en sentencia CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 31613, estimó que la L. 12/1975 no
varió el derecho condicional de la mujer no casada.”
En consecuencia, la sentencia que se revisa concluyó que se
debe aplicar la ley vigente al momento de la muerte del causante, para el
asunto bajo examen el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, en su texto original, régimen
bajo el cual la señora Alicia Angulo Acosta no tenía derecho a la sustitución
de la pensión de vejez del señor Mesías Ruíz Orozco. Sobre el particular señaló
que: “(…) reiteradamente ha señalado la Sala que son las leyes vigentes a la
fecha del fallecimiento del causante las llamadas a resolver las controversias
pensionales y no las expedidas en momento posterior a tal hecho, porque los
preceptos de carácter prestacional carecen, por regla general, de efecto
retroactivo, así estén amparadas en principios constitucionales como la
igualdad de las familias.//Consecuente con lo anterior, la actora no tiene
derecho a la pensión reclamada, pues es un hecho aceptado que, al momento de su
fallecimiento, el 13 de marzo de 1984, Mesías Ruíz Orozco se encontraba casado
con Mercedes Lara Sánchez, por lo que era ésta quien tenía un derecho
prevalente y excluyente a la prestación de sobrevivientes.”
6.4 Por otra parte, cabe resaltar que dentro del proceso
ordinario laboral 2008-0300 se probó la convivencia del señor Mesías Ruíz
Orozco con la señora Alicia Angulo Acosta. De esto dan cuenta los testimonios
de las señoras Amanda Jiménez y Ligia Martínez, citados en la providencia de
primera instancia; y el de la señora Inés Arminta Hernández, mencionado en la
sentencia de segunda instancia. Sumado a lo anterior, en sede de revisión, se
presentaron las declaraciones extraprocesales de las señoras Nancy Esther
Colina Sarmiento y Vera Isabel Porras Pedroza, quienes también afirmaron que
les consta la convivencia de la demandante y el señor Ruíz Orozco y la
dependencia económica de la señora Angulo Acosta de él; así como las afecciones
de salud de la accionante y su falta de recursos económicos.
Del mismo modo, la calidad de compañera permanente
supérstite de la accionante encuentra respaldo en la prueba documental
recaudada en el proceso ordinario, tal como los registros civiles de nacimiento
de Yaniris Lisett, Rafael Emilio y Erika del Carmen Ruíz Angulo, hijos de la
accionante y su compañero permanente, el señor Mesías Ruíz Angulo.
No obstante lo expuesto, en primera instancia se indicó también que los testimonios de
Alidez Ortíz y otros daban cuenta que la relación conyugal se mantuvo vigente
hasta el final de los días del pensionado. Lo anterior, fue ratificado por el ad
quem quien argumentó que la declaratoria de Olmedo Enrique Agamez
Villanueva era consistente en señalar que la convivencia y dependencia
económica fue constante entre el señor Ruíz Orozco y la señora Mercedes Lara.
Sin embargo, dentro del proceso ordinario laboral no hubo el
suficiente despliegue probatorio en función de establecer el tiempo de
convivencia del señor Ruíz Orozco, tanto con su esposa, como con la actora,
Alicia Angulo; ya que al considerar que la legislación aplicable dejaba por
fuera a la compañera permanente, al no haberse disuelto el vínculo matrimonial,
no era necesario profundizar en otros aspectos, como el señalado.
6.5 En
consideración con lo expuesto en precedencia, ahora la Sala Plena procede a examinar si la sentencia SL4154-2018, dictada el
25 de septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, Sala de Descongestión No. 4, en primer lugar, presenta un yerro
originado en el proceso de interpretación y aplicación de las normas jurídicas
al caso sometido a su conocimiento y, en segundo lugar, si, con tal proceder,
desconoció el precedente constitucional establecido a través de la
jurisprudencia de esta Corporación, y, en consecuencia, transgredió el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Alicia Angulo Acosta.
6.6 En la acción de tutela la actora sostuvo
que la providencia emitida en sede de casación presenta un defecto
sustantivo, pues la disposición aplicada, esto es, el artículo 55 de la
Ley 90 de 1946, en su texto original, contraría la Constitución de 1991 (artículos 4, 13, 29, 42, 48 y 53).
Sin embargo, la Sala Plena encuentra que el sentido y
alcance normativo de la mencionada disposición ya habían sido determinados por
esta Corporación, de conformidad con los preceptos constitucionales de la Carta
de 1991, por lo que el defecto alegado se erige sobre el desconocimiento de una sentencia con
efectos erga omnes.
Lo que sigue fue lo expuesto por el apoderado judicial de
la accionante: “Mi mandante aun (sic) en la actualidad y desde el
fallecimiento de su compañero y más aún en la vigencia de la CONSTITUCION (sic)
DEL (sic) 1991 sigue, sufriendo los efecto (sic) de una ley que discrimina y
desconoce su condición de madre y compañera dentro de una familia natural[82] (…) En el caso
concreto, si bien es una ley expedida en vigencia de la CONSTITUCION DE 1986,
no obstante la norma ley 90 de 1946 ha extendido sus efectos
inconstitucionales, todavía en la vigencia de una CONSTITUCION (sic) como la de
1991, vigente en la actualidad, que desde su creación ha protegido los derechos
fundamentales y que no concibe la discriminación, el desconocimiento, la
vulneración, el abandono a una mujer que por formar una familia por lazos
naturales queda desprotegida por una ley injusta hasta, todavía en nuestro
tiempo y sobre todo a una mujer enferma”.[83]
Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia
acusada explicó sobre el particular que, “(…) reiteradamente ha señalado la
Sala que son las leyes vigentes a la fecha del fallecimiento del causante las
llamadas a resolver las controversias pensionales y no las expedidas en momento
posterior a tal hecho, porque los preceptos de carácter prestacional carecen,
por regla general, de efecto retroactivo, así estén amparadas en principios
constitucionales como la igualdad de las familias.//Consecuente con lo
anterior, la actora no tiene derecho a la pensión reclamada, pues es un hecho
aceptado que, al momento de su fallecimiento, el 13 de marzo de 1984, Mesías
Ruíz Orozco se encontraba casado con Mercedes Lara Sánchez, por lo que era ésta
quien tenía un derecho prevalente y excluyente a la prestación de
sobrevivientes.”
En efecto, la norma vigente al momento de la muerte del
señor Ruíz Orozco, el 13 de marzo de 1984, era la Ley 90 de 1946, por medio de
la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, en
tanto este era el sistema de seguridad social vigente para los trabajadores
previstos en el artículo 1º del Decreto 3041 de 1966, mediante el cual el
Presidente de la República[84]
aprobó el reglamento general del
seguro de invalidez, vejez y muerte, expedido por el Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de Seguros Sociales mediante el Acuerdo 224 de 1966 y que establecía
como beneficiaria a la compañera permanente, a falta de viuda, siempre y cuando
hubiera hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a  la
muerte del pensionado, o hubiera tenido hijos, solamente si el pensionado y su
compañera hubieran permanecido solteros durante el concubinato[85].
No obstante, la Corte
Constitucional, a través de la Sentencia C-482 del 9 de septiembre de 1998,
interpretó el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, a la luz de los mandatos superiores
de la Carta de 1991 y, en consecuencia, declaró inexequible la expresión “siempre
que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato”. Fallo
emitido aproximadamente 11 años antes de que se profiriera la sentencia de
primera instancia, dentro del proceso ordinario laboral, es decir, el 20 de
abril de 2010.
En ese pronunciamiento, tal
como ya se explicó en apartes anteriores, esta Corporación hizo énfasis en que el
artículo 55 de la Ley 90 de 1946 seguía produciendo efectos jurídicos en el tiempo, pues si bien había sido
derogado por el Decreto 1295 de 1994[86], seguía regulando el reconocimiento de las pensiones de
sobrevivientes en favor de los compañeros y compañeras permanentes, en los
casos en los que los fallecimientos de los asegurados habían acaecido antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Y la exigencia de que ambos
compañeros permanentes conserven el estado de soltería durante su unión, para
poder acceder a la sustitución pensional, constituía una vulneración de su
derecho a que la familia por ellos conformada recibiera un trato igual a la que
surge del contrato matrimonial. Teniendo en cuenta que, la necesidad de la
sustitución pensional en los dos tipos de familia es la misma: “se trata de
que el compañero o cónyuge supérstite pueda preservar el nivel de vida que
llevaba su hogar antes de la muerte de su pareja. Es decir, se trata de
evitarle a la persona sobreviviente las posibles angustias económicas que
genera la pérdida de un ingreso para el núcleo familiar.”
Lo cual se encuentra en línea con la
jurisprudencia constitucional, que ha sostenido que la pensión de
sobrevivientes o sustitución pensional es una de las expresiones del derecho a
la seguridad social, consagrado en el artículo 48 de la Constitución de 1991,
le ha otorgado el carácter de derecho fundamental autónomo, de carácter cierto,
indiscutible, irrenunciable e imprescriptible, cuyo objeto es brindar una
especial protección de tipo económico a la familia del asegurado o pensionado
que muere, por los principios de reciprocidad y solidaridad, y también se ha
establecido que es una institución favorable a quienes se encuentran en
situación involuntaria de necesidad y requieren un tratamiento diferencial
positivo que les permita un reconocimiento digno e igualitario por parte de la
sociedad.
Por otro lado, pero estrechamente relacionado con lo
expuesto, en casos como el que se analiza, también se ha hecho referencia al artículo
42 Superior, el cual prescribe que la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad y que puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos,
cuyas relaciones se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco entre todos sus integrantes y que el Estado y la
sociedad deben garantizar su protección integral.
Las implicaciones de tal protección constitucional han sido
analizadas, en varias oportunidades, por la jurisprudencia constitucional que
ha concluido que: (i) las familias constituidas tanto por vínculos naturales
como jurídicos están en pie de igualdad; (ii) el Estado y la sociedad
garantizan la protección integral de la familia, independientemente de su
constitución por vínculos jurídicos o naturales; (iii) la honra, la dignidad y
la intimidad de la familia son inviolables, sin tener en cuenta el origen de la
misma familia y; (iv) la igualdad de derechos y obligaciones que le reconoce la
Carta a la familia, independientemente de su origen, no implica identidad entre
el matrimonio y otras formas de constitución de vínculos familiares. De esta
manera, se reitera, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos como
aquella constituida por vínculos naturales, es igualmente digna de respeto y
protección por parte del Estado.
Por otro lado, esta Corporación
ha sostenido que cuando una disposición jurídica prive a los compañeros
permanentes del derecho a la sustitución pensional, el operador jurídico debe
interpretarla en el sentido de incluir a estas personas dentro de su ámbito de
protección en los mismos términos con que se ampara al cónyuge supérstite o
según los postulados de la Carta de 1991, de estar probado, siquiera de forma
sumaria, que las personas que concurren para recibir la prestación tienen el
derecho a que esta les sea sustituida en los términos y condiciones de las
normas aplicables; o inaplicar por inconstitucionalidad las normas
discriminatorias y, en su lugar, reconocer el derecho con fundamento en
disposiciones pensionales posteriores del mismo régimen que sí incluyan el
beneficio prestacional para los compañeros permanentes.
Retomando en este punto la Sentencia C-482 de
1998, se tiene que ésta además determinó
sus efectos en el tiempo, y para ello precisó que “las personas que, con
posterioridad al siete de julio de 1991 no hubieren podido sustituirse en la
pensión del fallecido, por causa de la aplicación del texto legal que ha sido
declarado inconstitucional, podrán, a fin de que se vean restablecidos sus
derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes
el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional”. La Corte estimó que la sentencia debía tener efectos
retroactivos a partir del momento en que entró a regir la Constitución de 1991,
es decir, el 7 de julio de 1991, por dos razones: (i) desde la entrada en vigor
de la Constitución es evidente la inconstitucionalidad del precepto acusado,
puesto que en la Carta se le dio expresamente igual valor a las uniones de
hecho y a las uniones originadas en el matrimonio; y, (ii) el derecho a la pensión
de sobreviviente está vinculado en la mayoría de los casos a la satisfacción de
las necesidades mínimas de las familias que han perdido los ingresos que
aportaba el miembro fallecido. Es decir, el derecho a la pensión de jubilación
responde a las necesidades de seguridad social de personas que se encuentran en
un estado de debilidad manifiesta, a las cuales debe atender de manera especial
el Estado.
Sin embargo, la Sala evidencia que en el caso bajo
examen los jueces dentro del proceso ordinario laboral aplicaron la norma,
conforme a su texto original, desconociendo el sentido y alcance dado por la
Corte Constitucional a dicha disposición, en calidad de intérprete auténtico de
la Carta Fundamental; así como que el fallo emitido, en control abstracto,
irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico y autoridades públicas, lo
cual derivó en un total desconocimiento del debido proceso de la actora.
Incluso, en el caso de no haber una interpretación constitucional de la norma,
como en el asunto de la referencia, los jueces que conocieron el asunto en la
jurisdicción ordinaria, tenían el deber de aplicar, por encima de cualquier
precepto legal, los mandatos constitucionales de igualdad, solidaridad y
dignidad, consagrados en la Carta Fundamental de 1991, como quiera que la
materialización del derecho a la sustitución pensional fue solicitado por la
actora en 2007.
Así entonces, para la Sala es claro que a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución les reconoce a las autoridades judiciales, en el caso de la
referencia se ha configurado un defecto sustantivo, al aplicar la norma que
regía el caso, esto es, el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, yerro que se presenta
por cuanto la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la ratio
decidendi de la Sentencia C-482 de 1998, con efectos erga omnes.
En
consecuencia, la Corte constata que se transgredió el derecho fundamental al
debido proceso de la señora Alicia Angulo Acosta, quien, sin duda, tiene
derecho a la sustitución de la pensión del señor Mesías Ruíz Orozco, como
quiera que convivieron efectivamente y de dicha unión nacieron cuatro hijos y
la norma, tantas veces referida, establece que este hecho, por sí mismo, le
otorga ese derecho. Adicionalmente, la actora constituye un sujeto de especial
protección constitucional, al ser una mujer de la tercera edad -71 años-, que padece
graves afecciones de
salud, con complicaciones cardiacas, hipertensión arterial y la enfermedad de
Guillan Barré y, se encuentra en una situación de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta por la difícil situación socio-económica que atraviesa. No
obstante lo anterior, se la ha sometido, por parte de la institucionalidad, a
un tortuoso desgaste, que le ha impedido proveerse los recursos necesarios para
su subsistencia y vida digna.
6.7 Por otra parte, en la acción de tutela se
expuso que la sentencia de casación que ahora se revisa desconoció el precedente
constitucional que señala que “si una norma, expedida en vigencia de
la CONSTITUCION (sic) DE 1886, todavía extiende sus efecto (sic) a situaciones
concretas en el marco o vigencia de una CONSTITUCIÓN COMO LA DE 1991 debe ser
analizada a la luz de los preceptos constitucionales de esta nueva CARTA MAGNA,
tal  y como se platea en la sentencia de tutela T- 110 de 2011 (…)”(Énfasis
agregado)
En el escrito de impugnación del fallo de
tutela proferido en primera instancia, el 21 de noviembre de 2018, se indicó
también que se desconocieron las Sentencias T-1317 de 2001 y C-366 de 2008.
A continuación, la Sala Plena procederá a
explicar porque las providencias antes referidas no constituyen
precedente constitucional para resolver el caso sometido a su consideración, partiendo de que todas son
anteriores al fallo acusado, expedido en 2018, pues éstas fueron emitidas en
2001, 2008 y 2011, respectivamente.
En primer lugar, en la Sentencia T-1317 de
2001 el asunto sometido a consideración de la Corte estaba relacionado con
la presunta violación del reglamento de la Universidad de la Sabana, al
disponer la expulsión de la actora de esa entidad académica por bajo
rendimiento, pese a que había alcanzado ya el octavo semestre. Esta Corporación
hizo al efecto una interpretación del reglamento del referido establecimiento
educativo y, en ese sentido, analizó el alcance de la intervención estatal, por
vía del juez constitucional, en la hermenéutica de los reglamentos
universitarios y, posteriormente, resolvió el caso concreto, precisando que el
juicio de valor realizado respecto del desempeño académico de la accionante no
era manifiestamente irrazonable, pues hubo pérdidas reiteradas de asignaturas y
un promedio insuficiente.
De lo anterior se deduce con total claridad
que los hechos que dieron lugar al fallo en cita no plantean un punto de
derecho siquiera parecido al que debía resolverse en el caso que ahora se
revisa, por consiguiente, el problema jurídico planteado tampoco guarda semejanza
alguna y no se establece ninguna regla que pueda ser útil para resolver el
asunto que ocupa la atención de la Sala Plena en esta oportunidad. En
consecuencia, la Sentencia T-1317 de 2001 no constituye precedente
constitucional aplicable al caso planteado en la demanda de tutela de la
referencia.
Por su parte, en la Sentencia C-366 de 2008, se estudió
una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial ) de la
Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el
régimen patrimonial entre compañeros permanentes; y los artículos 47 (parcial)
y 74 (parcial), de la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de
Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones, por cuanto
supuestamente limitaban, a favor de las parejas heterosexuales los beneficios
de la protección en materia de pensión de sobrevivientes, excluyendo de los
mismos a las parejas conformadas con personas del mismo sexo. Al resolver el
asunto la Corte declaró exequibles algunas expresiones[87]. Respecto del artículo 1º. de la Ley 54 de 1990,
decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-075 de 2007, que declaró la EXEQUIBILIDAD de la Ley 54 de 1990, tal como
fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de
protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales; y,
en último lugar, en cuanto a las expresiones demandadas del artículo
163 de la ley 100 de 1993, decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-811
de 2007, que declaró exequible el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de protección en
ella contenido se aplica también a las parejas del mismo sexo.
En atención a lo ya señalado, para la Sala Plena
no hay duda que la Sentencia C-366 de 2008 no constituía precedente constitucional
para resolver el caso puesto en conocimiento por la actora ante la jurisdicción
ordinaria laboral, pues no guardan ninguna relación con el caso que se revisa.
Por último, se efectuará el análisis de la Sentencia
T-110 de 2011, dentro de la cual se estudió el caso de una mujer de 62 años
de edad que interpuso acción de tutela contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional, por considerar que se le habían vulnerado sus
derechos constitucionales a la seguridad social y a la igualdad, teniendo en
cuenta que la accionante había convivido de forma continua y permanente con el
pensionado durante 25 años en unión marital de hecho. Antes de fallecer el
pensionado presentó una solicitud para que al momento de su muerte se pague la
pensión sustitutiva a favor de su compañera permanente. El pensionado falleció
en marzo de 1990 y en noviembre de 1996 la actora solicitó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente supérstite,
pero tal petición le fue negada, tomando en cuenta que la normatividad vigente
a la fecha del fallecimiento del asegurado no establecían dicho beneficio para
las compañeras permanentes de los miembros de la Policía Nacional. La actora
elevó la misma solicitud en 2007, en razón de una enfermedad que la aquejaba y
de su situación económica, pero nuevamente le fue negada, con base en los
argumentos expuestos en la primera respuesta.
Así las cosas, la Sala Plena encuentra que los
hechos del caso antes relacionado plantean una cuestión constitucional similar al
que debe resolverse en el asunto bajo examen.  En ambos casos se trata de la
aplicación de normas anteriores a la Constitución de 1991 que deben aplicarse
de conformidad con esta. En las dos situaciones, las compañeras permanentes
reclaman la sustitución de la pensión derivada del fallecimiento de los asegurados,
antes de la entrada en vigencia de la nueva Carta, pero la petición les es
negada en razón de que al momento del desceso se encontraban vigentes disposiciones
que daban prelación al vínculo matrimonial.
Aunque las vías de resolución en cada caso son
diferentes, pues en la Sentencia T-110 de 2011 se acude a la acción de tutela
inmediatamente después de agotar los recursos de la vía gubernativa y en el
asunto que se revisa se adelantó un proceso ordinario hasta la sede de
casación, lo cierto es que en uno y otro el problema jurídico a resolver es análogo,
pues se trata de resolver si con las actuaciones administrativas o judiciales
se vulneraron derechos fundamentales de las demandantes, quienes habían
constituído un vículo familiar de hecho con los pensionados y, por tanto,
tendrían derecho a la sustitución pensional en igualdad de condiciones que
quienes hubieran tenido con ellos un vículo conyugal de orden legal, en
aplicación de los postulados de la Constitución de 1991.
La Sala encuentra que en la ratio decidendi
de la Sentencia T-110 de 2011 sí se establecen reglas jurisprudenciales relacionadas
con el caso a resolver, de manera que el fallo señalado constituye precedente
constitucional para decidir el caso de la referencia.
Por consiguiente, la Corte concluye que se configuró
un defecto por desconocimiento del precedente constitucional en la sentencia
emitida por la Sala de
Descongestión Laboral No. 4, Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de
Justicia, el 25 de septiembre de 2018.
6.8 Medidas y órdenes
De conformidad con lo expuesto, se procederá a revocar la
sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
el 6 de febrero de 2019, mediante la cual se confirmó la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Descongestión de
Tutelas No. 1, el 21 de noviembre de 2018, a través de la cual negó el amparo
solicitado en tutela promovida por Alicia Angulo Acosta contra las Salas de
Casación Laboral y de Descongestión Laboral No. 4 de la Corte Suprema de
Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Barranquilla y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, por las
razones expuestas en esta providencia. En su lugar, se tutelarán los
derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la
igualdad y a la vida en condiciones dignas, de la señora Alicia Angulo Acosta.
En consecuencia,
se dejarán sin efectos las sentencias proferidas por las Salas de Casación Laboral y de Descongestión
Laboral No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de septiembre de 2018, en
segunda instancia por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de octubre de 2011 y, en primera
instancia, por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, el 20
de abril de 2010, dentro
del proceso ordinario laboral instaurado por la ciudadana Alicia Angulo Acosta
en contra del Instituto del Seguro Social y la señora Mercedes Lara Sánchez, en
el que solicitaba el reconocimiento de sustitución pensional del señor Mesías
Ruíz Orozco.
En esa medida, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Barranquilla deberá adoptar
una nueva decisión en el caso de la señora Alicia Angulo Acosta contra el
Instituto del Seguro Social y la señora Mercedes Lara Sánchez, que se atenga a
la interpretación que del artículo 55 de la Ley 90 de 1946 ha efectuado la
Corte Constitucional en la Sentencia C-482 de 1998 y atienda los parámetros
señalados en la presente providencia, en especial deberá determinar el tipo de convivencia
que se dio entre el señor Ruíz Orozco y las señora Mercedes Lara, en calidad de
cónyuge, y la señora Alicia Angulo Acosta, como compañera permanente, para
establecer en qué proporción y a partir de qué momento se materializa el
derecho a la sustitución pensional. Sin embargo, teniendo en cuenta que este
aspecto, en particular, no fue objeto de despliegue probatorio alguno, deberá
hacer uso de los deberes y poderes que el artículo 42 del Código General del
Proceso le concede, en materia de pruebas de oficio, para verificar los hechos
alegados por las partes, en armonía con el artículo 170 del mismo cuerpo
normativo.
Así mismo, deberá
decretar una medida de carácter provisional de manera inmediata,
consistente en el pago de mesadas pensionales compartidas, entre cónyuge y
compañera permanente, en porcentajes iguales, encaminada a asegurar el mínimo
vital y una vida en condiciones dignas para la señora Alicia Angulo Acosta,
hasta que en el curso del proceso cuente con mejores elementos de juicio que le
permitan modificarla o ajustarla, o hasta adoptar la decisión definitiva. Lo
anterior, como quiera que es claro para la Sala Plena de esta Corte que la
actora tiene derecho a la sustitución pensional del señor Mesías Ruíz Orozco, y
deberá otorgársele en proporción al tiempo convivido efectivamente con él, además
de que la señora Angulo Acosta es una persona de especial protección
constitucional, ya que se encuentra en situación de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta, puesto que tiene 71 años de edad, presenta graves complicaciones
cardiacas, hipertensión arterial y la enfermedad de Guillan Barré, y enfrenta
una difícil situación económica, que no le permite asumir, en condiciones de
dignidad, los gastos básicos de su subsistencia y vida digna.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión
de términos decretada mediante auto de veinticinco (25) de julio de dos mil
diecinueve (2019).
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
el 6 de febrero de 2019, mediante la
cual se confirmó la sentencia dictada por Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de
Descongestión de Tutelas No. 1, el 21 de noviembre de 2018, a través de la cual
negó el amparo solicitado en tutela promovida por Alicia Angulo Acosta contra
las Salas de Casación Laboral y de Descongestión Laboral No. 4 de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Barranquilla y el Juzgado Séptimo laboral del Circuito de
Barranquilla, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, TUTELAR
los derechos al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, a la
igualdad y a la vida en condiciones dignas, de la señora Alicia Angulo Acosta.
TERCERO.- DEJAR
SIN EFECTOS las sentencias proferidas por las Salas de Casación Laboral y de Descongestión Laboral
No. 4 de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de septiembre de 2018, en segunda
instancia por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, el 31 de octubre de 2011 y, en primera
instancia, por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, el 20
de abril de 2010, dentro
del proceso ordinario laboral instaurado por la ciudadana Alicia Angulo Acosta
en contra del Instituto del Seguro Social y la señora Mercedes Lara Sánchez, en
el que solicitaba el reconocimiento de sustitución pensional del señor Mesías
Ruíz Orozco.
CUARTO.- ORDENAR al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Barranquilla que adopte
una nueva decisión en el caso de la señora Alicia Angulo Acosta contra el Instituto
del Seguro Social y la señora Mercedes Lara Sánchez, que se atenga a la
interpretación que del artículo 55 de la Ley 90 de 1946 ha efectuado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-482 de 1998 y atienda los parámetros señalados
en la presente providencia.
Así mismo, deberá decretar
una medida de carácter provisional de manera inmediata, consistente en
el pago de las mesadas pensionales compartidas, entre cónyuge y compañera permanente,
en porcentajes iguales, encaminada a asegurar el mínimo vital y una vida en
condiciones dignas para la señora Alicia Angulo Acosta, hasta que en el curso
del proceso cuente con mejores elementos de juicio que le permitan modificarla
o ajustarla, o hasta adoptar la decisión definitiva.
QUINTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
Ausente con permiso
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente con permiso
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 74
del cuaderno de primera instancia.
[2] ARTICULO 55.
Para los efectos del artículo anterior, los ascendientes legítimos y naturales
del asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen
los requisitos exigidos en su caso; ya a falta de viuda, será tenida como tal
la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años
inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el
concubinato; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo
tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijos del difunto.
[3] El síndrome de Guillain-Barré es una afección rara en
la que el sistema inmunitario del paciente ataca los nervios periféricos.
Extraído de la página web de la Organización Mundial de la Salud, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/guillain-barr%C3%A9-syndrome.
[4] Por el
cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de
invalidez, vejez y muerte.
[5] Por la cual se establece el seguro social obligatorio
y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
[6] Por
la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
[7] Por la
cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
[8] Solicitud ratificada en escritos del 10 y 25 de julio
de 2019.
[9] Decreto 2591 de 1991, artículo 7º, "Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política": Artículo 7o. Medidas provisionales para
proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez
expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho,
suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin
embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al
interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente
para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a
favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará
inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio
más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte,
dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el
derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos
realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. El juez podrá,
de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer
cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas
cautelares que hubiere dictado.
[10] El inciso quinto del artículo 86 establece que la
tutela también procede, en los casos que señale el legislador, contra
particulares encargados de la prestación de servicios públicos, o cuando
afecten el interés colectivo, o respecto de quienes el accionante se halle en
estado de indefensión o de subordinación.
[11] Corte Constitucional, Sentencia SU-425 de 2016.
[12] El
artículo 116 de la Constitución les asigna la función de administrar justicia.
[13] Corte
Constitucional, Sentencias T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003, T-949
de 2003, C-590 de 2005 y T-018 de 2008, T-743 de 2008, T-310 de 2009, T-451 de
2012, SU-424 de 2016, SU-037 de 2019 y T-078 de 2019, entre muchas otras,
mediante las cuales la posición fijada ha sido reiterada.
[14] Corte
Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, T-451 de 2012 y T-283 de 2013.
[15] Corte
Constitucional, Sentencia T-555 de 2009.
[16] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[17] Corte
Constitucional, Sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[18] Corte
Constitucional, Sentencia SU-115 de 2018.
[19] Esta
regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[20] Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, reiterada sucesivamente, entre otras,
en la Sentencia SU-037 de 2019.
[21] Artículo
29 de la Constitución Política.
[22] Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2016.
[23] En la
Sentencia T-324 de 1996 dijo la Sala Tercera de Revisión: “[…] sólo en
aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte
ostensiblemente contrario a derecho, –bien por la notoria y evidente falta de
idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea
abiertamente antijurídico–, el juez constitucional puede trasladar el vicio del
acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución
ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez
constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico”.
[24] Corte
Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, T-937 de 2001, SU-159 de 2002, T-996
de 2003 y T-196 de 2006.
[25] En razón
del principio de independencia judicial, el campo de intervención del juez de
tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
[26] En la
Sentencia SU-159 de 2002 señaló la Corte: “[…] opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto,
bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
[27] En la
Sentencia SU-014 de 2001 advirtió la Corte: “Es posible distinguir la
sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato
judicial –presupuesto de la vía de hecho–, de aquellas providencias judiciales
que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un
perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de
distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar
armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la
plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de
vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado
los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta
actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de
derechos constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos –vía de
hecho por consecuencia– se presenta una violación del debido proceso, no
atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales”.
[28] La decisión sin motivación se configura en una de las
causales de procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un
deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un
ordenamiento democrático. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-114 de
2002.
[29] Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.
Conforme con la Sentencia T-018 de 2008, el desconocimiento del precedente
constitucional “[se presenta cuando] la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”.
[30] Corte
Constitucional, Sentencia T-208A de 2018.
[31] Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2019.
[32] Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-809 de 2010.
[34] Corte
Constitucional, Sentencia T-522 de 2001.
[35] Corte Constitucional, Sentencias
T-231 de 2007 y T-933 de 2003.
[36] Corte
Constitucional, Sentencia T-231 de 2007, entre
otras.
[37] Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[38] Corte
Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017.
[39] Corte
Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
[40] Corte
Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017,
SU-632 de 2017 y SU-116 de 2018.
[41] Corte
Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
[42] Corte
Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
[43] Corte
Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159
2002 y T-800 de 2006.
[44] Corte
Constitucional, T-189 de 2005.
[45] Corte
Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
[46] Corte Constitucional, Sentencias
T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de 2010.
[47] Corte
Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
[48] Corte Constitucional, Sentencia
T-086 de 2007.
[49] Corte Constitucional, Sentencia
T-231 de 1994.
[50] Corte Constitucional, Sentencias
T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de
2011.
[51] Corte Constitucional, Sentencias
T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
[52] Corte
Constitucional, Sentencias SU-640 de 1998, T-462
de 2003, T-1285 de 2005 y T-292 de 2006.
[53] En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos
debe estarse frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad
aplicable al caso concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en
el margen de autonomía e independencia que la Constitución le reconoce a los
jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse además, que el amparo constitucional en
estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables
para quien tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de
quien queda sujeto a una providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el
ordenamiento jurídico”.
[54] Corte
Constitucional, Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
[55] Corte
Constitucional, Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000
y SU-174 de 2007.
[56] Corte
Constitucional, Sentencia T-100 de 1998.
[57]  Corte
Constitucional, Sentencia T-1095 de 2012.
[58] Corte
Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005 y
T-051 de 2009.
[59] Corte
Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001
de 1999 y T-462 de 2003.
[60] Corte
Constitucional, Sentencias T-079 de 1993 y T-066
de 2009.
[61] Constitución
Política, artículo 4º.
[62] Sentencia
T-292 de 2006.
[63] Sentencias C-590 de 2005, T-292 de 2006, T-230 de
2011 y SU-091 de 2016.
[64] Sentencia
SU-091 de 2016.
[65] Sentencia T-656 de 2011. Puntualmente, se
ha precisado que: “Los fallos de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio
del control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a
cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga
ommes en el caso de los fallos de control de constitucionalidad de leyes, e
inter partes para los fallos de revisión de tutela) y, en ambos casos, las
consideraciones de la ratio decidendi, tienen fuerza vinculante para todas las
autoridades públicas. Esto en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales
de derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la
aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en
consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia
constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto
Superior” C-634 de 2011.
[66] Auto 131 de 2001 y 153 de 2015.
[67] Los acápites sobre la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias o providencias judiciales
y la caracterización de los defectos sustantivos y el desconocimiento del
precedente constitucional fueron elaborados tomando como referencia las
Sentencias T-640 y T-646 de 2017, a partir de lo dispuesto en la Sentencia
T-208A de 2018.
[68] “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[69]
El artículo 86 de la Constitución Política señala: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[70]
Artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.
[71]
Reiterada en las Sentencias T-1112 de 2008, T-012 de 2016,
T-241 de 2016 y T-184 de 2017, entre muchas otras.
[72] Cabe aclarar que el defecto sustativo, en lo que tiene
que ver con la observancia de la sentencia C-482 de 1998, fue alegado por la
actora al momento de impugnar el fallo de primera instancia proferido dentro
del proceso ordinario laboral y en la demanda de casación contra el fallo de
segundo grado también se alegó el referido defecto y, por esa vía, se
desconoció el precedente sentado por la Corte Constitucional.
[73] Al efecto, revisar también la sentencia SU-024 de
2018.
[74] Un
reciente fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional, la SU-453 de 2019,
hace un recorrido por la jurisprudencia relacionada con la sustitución
pensional y la evolución conceptual que ha sufrido la figura.
[75] M.P
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[76]  Por el cual se aprueba el reglamento
general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte.
[77] Así se
explica en la Resolución No.00151 del 14 de enero de 2008, expedida por el
Instituto del Seguro Social, a través de la cual se negó la pensión de
sobrevivientes a la señora Alicia Angulo Acosta (fls. 59 y 60 del cuaderno
principal)
[78] De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la
Resolución No. 1071 del 16 de abril de 2001, expedida por el Instituto del
Seguro Social, mediante la cual se suspende el pago de la mesada de abril de
2001 y retirar de la nómina de pensionados a Erika del Carmen Ruíz Angulo.
[79] ARTÍCULO  54- Derogado por el artículo 33 del Decreto 433 de 1971-En caso de muerte producida por accidente o enfermedad
profesional, la viuda siempre, y el viudo sólo cuando esté inválido, y los
hijos menores de catorce (14) años o inválidos a cargo del asegurado, tendrán
derecho a una pensión fijada así: Viuda no inválida, 25% del salario de base.
Viudo o viuda inválidos, 30% del salario de base. Huérfanos de padre o madre,
15% del salario de base. Huérfanos de padre y madre, 25% del salario de base.
El fallecimiento del asegurado dará derecho, en todo caso, a un auxilio que
recibirá quien haya costeado los gastos del entierro. PARAGRAFO 1o. El total de
las pensiones de los beneficiarios indicados no podrá exceder de la que habría
correspondido al asegurado en caso de incapacidad permanente total; si
excediere, se reducirán proporcionalmente todas las pensiones. PARAGRAFO 2o. En
caso de que el máximo de la pensión de incapacidad permanente total atribuible
al difunto no hubiere sido otorgado a los beneficiarios indicados en este
artículo, los ascendientes que dependían exclusivamente del asegurado tendrán
derecho, por partes iguales y por cabeza a la fracción disponible de dicha
pensión, sin que ninguno de ellos pueda recibir una renta superior al veinte
por ciento (20%) del salario de base del difunto.
[80] Por la
cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
[81] En la que
se estudió una demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 55 (parcial) de la Ley 90 de 1946.
[82] Hecho vigésimo tercero de la acción de tutela.
[83] Acápite
“Derechos Fundamentales Violados”.
[84] En uso de las facultades
que le confían el numeral 2o. del artículo 9, de la Ley 90 de 1946, el
artículo 5o, del Decreto Ley 1695 de 1960, y el artículo 7 del acuerdo del
Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales 150 de 1963,
aprobado por Decreto número 183 de 1964.
[85] Pues, el referido Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de
1966), en su artículo 21 solamente estableció el monto de la pensión de
sobrevivientes a favor del cónyuge. Y la Ley 12 de 1975, que dictó
algunas disposiciones sobre el régimen de pensiones de jubilación y estableció
por primera vez el derecho de las compañeras permanentes de sustituir las
pensiones de jubilación a cargo directo de los empleados del sector público y
privado, no se ocupó de regular situaciones como la que se analiza en este
asunto, es decir, la reclamación de la sustitución de la prestación por parte
de la esposa del asegurado, cuyo vínculo matrimonial no se disolvió, y de la
compañera permanente.
[86] Toda vez
que al referirse a los beneficiarios de la pensión de sobreviviente originada
en un riesgo profesional, remite a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, que no contempla la condición demandada.
[87] Tales
como: “la compañera o compañero permanente”; “la compañera o compañero
permanente”; “la compañera permanente”; “compañero o compañera permanente”;
“una compañera o compañero permanente”; “la compañera o compañero permanente”;
“compañero o compañera permanente”, contenidas en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y las
expresiones “el cónyuge o la compañera o compañero permanente”; “la
compañera o compañero permanente”; “un compañero o compañera permanente”; “una
compañera o compañero permanente”; “la compañera o compañero permanente”; “compañero
o compañera permanente” y “compañero o compañera permanente”, contenidas en
el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, en el entendido que también son beneficiarias de la pensión de
sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea
acreditada en los términos señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las
parejas heterosexuales.