C-071-93
Sentencia No
Sentencia
C-071/93
CARRERA
ADMINISTRATIVA-Finalidad
La ratio iuris de
una carrera no es otra que la de racionalizar la administración mediante una
normatividad que regule el mérito para el ingreso, el ascenso, los concursos,
la capacitación, las situaciones administrativas y el retiro del servicio. Con
ello se objetiviza el manejo del personal y se sustraen los empleos de factores
subjetivos.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Vulneración/CARRERA
DIPLOMATICA Y CONSULAR-Edad
La edad de
treinta (30) años no es un hecho relievante que justifique
razonablemente discriminar a un sector de la población colombiana para ingresar
a la carrera diplomática y consular. El requisito fijado en el literal b) del
artículo 17 del Decreto Ley 010 de 1992 es contrario a la Carta, como quiera
que viola el principio de igualdad de las personas, en la medida que
establece discriminaciones no razonables para efectos del ingreso a cierta edad
a la carrera diplomática y consular, desconociendo de paso el derecho
político a ingresar a la administración pública, el derecho al trabajo, el
derecho a la libertad de escoger profesión u oficio, y en última instancia el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
REF:    Expediente
D-113
Norma acusada:
literal b) del artículo 17 del Decreto Ley 010 de 1992.
Actor: Camilo
Paredes Restrepo
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santafé de Bogotá,
febrero veinticinco (25) de mil novecientos noventa y tres (1993).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
constitucionalidad adelantado en virtud de la demanda presentada por el
ciudadano Camilo Paredes Restrepo contra el literal b) del artículo 17 del
Decreto Ley 010 de 1992.
I.  ANTECEDENTES
El siguiente resumen
de los antecedentes y algunos apartes de los fundamentos jurídicos fueron
tomados del proyecto de sentencia presentado a consideración de la Sala Plena
de la Corte Constitucional por el Magistrado Fabio Morón Díaz.
En ejercicio de la
acción pública de inexequibilidad que establece el numeral 5o. del artículo 241
de la Constitución Nacional, el ciudadano Camilo Paredes Restrepo presentó
escrito de demanda contra el literal b) del artículo 17 del Decreto 010 de 1992
"Orgánico del Servicio Exterior  y de la Carrera Diplomática y Consular";
se admitió la demanda, se ordenó surtir las comunicaciones de rigor
constitucional y legal  y se verificó la fijación en lista que corresponde.
Además  se envío el
expediente al Despacho del señor Procurador  General de la Nación para efectos
de recibir el concepto de su competencia, el que fue presentado dentro del
término debido.  En la oportunidad correspondiente la abogada Nancy Benítez
Páez, acreditada debidamente, presentó en nombre de la señora Ministra de
Relaciones Exteriores un escrito en el que defiende la constitucionalidad de la
disposición acusada y argumenta en favor de la declaratoria de exequibilidad de
la misma.  Más adelante se hará un breve resumen de los argumentos con los que
la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores Fundamental su
solicitud.
1. Del texto de
la demanda
DECRETO N° 010 DE 1992
(enero 3)
Orgánico del Servicio Exterior y de la
Carrera Diplomática y Consular,
El Presidente de la
República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le
confieren los ordinales b), c) y e) del artículo 43 de la Ley 11 de 1991,
DECRETA
Artículo 17.-  Los aspirantes a ingresar a la carrera
diplomática y consular deberán reunir y cumplir los siguientes requisitos,
fuera de los previstos en la Constitución y las leyes:
b)  Ser menor de
treinta años."
2. De la demanda
a) Normas constitucionales que se estiman
violadas:
Para el actor, la
disposición acusada resulta contraria a lo establecido por los artículos 13,
25, 40 numeral 7 y 53 de la Constitución Nacional.
b) Fundamentos de la demanda y concepto de la
violación:
En concepto del
actor la parte acusada del artículo 17 del Decreto 010 de 1992 es contraria a
lo dispuesto por la Carta Fundamental en el artículo 13 que consagra el
principio de igualdad y que proscribe cualquier clase de discriminación, pues
en su opinión se establece una forma de discriminación real contra  un grupo
social grande, lo que atenta contra la dignidad de la persona humana.  Además,
aquella disposición no encuentra justificación ni histórica, ni sociológica ni
jurídica y, por el contrario atenta contra la igualdad de las personas ya que
no existe ningún fundamento que permita la discriminación acusada.
De otra parte, el
actor sostiene que la disposición acusada viola el artículo 25 de la
Constitución puesto que el Derecho al Trabajo es una obligación social y goza
en todas sus modalidades de la especial protección del Estado y porque toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.  En su
opinión, es deber del legislador evitar específicamente la discriminación por
edad para extender a todos los colombianos el Derecho al Trabajo, mucho más
teniendo conciencia de las realidades laborales que afectan a las personas
mayores de edad en plena capacidad productiva y con una madurez enriquecida.
Igualmente el actor
afirma que la disposición acusada desconoce lo previsto por el numeral 7o. del
artículo 40 de la Constitución Nacional que establece como uno de los derechos
fundamentales el del acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.
Sostiene al respecto que este artículo debe ser interpretado de conformidad con
lo previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25
ordinal c), que garantiza el derecho a acceder  a las funciones públicas sin
restricciones indebidas y la oportunidad de dicho acceso en condiciones
generales de igualdad.  En su opinión la norma acusada establece una forma de
desigualdad que impide el goce del derecho a participar en la función pública.
Afirma que:
Participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político mediante el acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos es un derecho reconocido por el
artículo constitucional, pero discriminado por una restricción indebida de la
norma acusada, al limitar a menos de 30 (treinta) años la edad para ingresar a
la Carrera Diplomática y consular como uno de los requisitos previos para ser
escalafonado y por ende, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.
En su concepto la
norma acusada también desconoce y restringe debidamente por razones de edad el
acceso al régimen escalafonado de los funcionarios públicos que ostenta el
denominador común de "Carrera".  En este sentido sostiene que el
establecimiento de la carrera tiene su génesis en la función especial del
trabajo cuyo acceso no puede ser desconocido, como no lo ha sido en la Carrera
Administrativa, la Carrera Docente y la Carrera Judicial.  El establecer
restricciones por razones de edad no tiene nada que ver con el ingreso a la
carrera por razones de mérito ni con el concurso de éstos que es el verdadero
alcance del artículo 43 de la Ley 11 de 1991 que concedió facultades
extraordinarias para expedir el régimen parcialmente acusado.
Además advierte que
el Convenio de la O.I.T. de 1958 aprobado por la Ley 22 de 1967 prohibe la
discriminación en materia de empleo  y ocupación que se considera como
fundamento de interpretación de la Constitución Nacional según lo advierte el
inciso segundo del artículo 93 de la Carta.
También sostiene que
con la norma acusada se desconoce lo dispuesto por el inciso 5o. del artículo
53 de la Constitución por violar el contenido constitucional de la dignidad
humana.  Advierte que el Derecho Internacional establece los principios y
medios de defensa contra el deterioro de dicha dignidad pues se anula la
igualdad de oportunidades en el empleo u ocupación al considerarse que la edad
no es calificación alguna para un empleo.
3. De la
intervención del Gobierno Nacional
En representación de
la señora Ministra de Relaciones Exteriores, y en ejercicio del poder
conferido, la apoderada del Ministerio presentó un escrito en el que impugna la
demanda y solicita que se declare exequible el literal b) del artículo 17 del Decreto
010 de 1992; los fundamentos de su concepto y de la solicitud correspondiente
se resumen en seguida:
El Ministerio
sostiene que Colombia es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas (Ley 74 de 1968) y del Convenio sobre
Discriminación (empleo y ocupación), y en ellos, se ha aceptado la distinción
jurídica entre los términos diferenciación y discriminación, pues no todo trato
diferente constituye discriminación. En este sentido se ha pronunciado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en las oportunidades en las que ha sostenido
que existen ciertas desigualdades de tratamiento jurídico que no contrarían la
justicia.
Sostiene el
Ministerio que en el orden interno corresponde a la ley, según lo dispuesto por
el artículo 125 de la Carta, señalar los requisitos y las condiciones para el
ingreso a los cargos en carrera y el ascenso en los mismos; además el artículo
130 de la Constitución Nacional admite la posibilidad de la existencia de
carreras especiales.
Advierte así mismo
el Ministerio que la edad es una calidad y en la forma como está recogida por
la norma acusada no comporta discriminación sino simples calidades o requisitos
propios del ejercicio de un cargo público, establecidos en los mismos términos en
los que la Constitución regula materias similares. Igualmente advierte que:
La diferenciación
que se establece en la norma demandada obedece a una causa razonable, con el
fin de formar funcionarios para el desarrollo de una carrera especial, cual es
la diplomática, en la que se asciende por mérito y por tiempo de servicio, y de
acuerdo con pruebas que se establecen de conformidad con la preparación
especial que otorga. Atendiendo a que el tiempo para llegar al grado máximo del
escalafón es mínimo de 21 años y máximo de 33, si se ingresa a los 30 años se
estaría llegando al grado de embajador a la edad mínima de 51 y a la edad
máxima de 63, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 10 de
1992, lo que implicaría que muchos de los funcionarios que el Estado ha venido
preparando para desempeñarse como embajadores, no podrían alcanzar esta alta
dignidad pues serían separados del servicio de acuerdo con lo establecido en el
artículo 49 literal b) del Estatuto de la Carrera Diplomática y Consular...
En su opinión no hay
violación al artículo 13 de la Constitución por cuanto que la norma acusada
solamente establece requisitos diferentes en cuanto a la calidad de la persona
que aspira a acceder a una carrera especial; además el establecimiento de esta
carrera especial tiene igual fundamento constitucional que el de la carrera
militar entre otras. Tampoco se viola el artículo 53 de la Carta pues la
exigencia de dicha calidad no atenta contra la dignidad inherente al ser
humano.
4. Del Concepto
del Ministerio Público
El Despacho del
señor Procurador General de la Nación solicita a esta Corporación la
declaratoria de la inexequibilidad del literal b) del artículo 17 del Decreto-ley
010 de 1992, fundado en las siguientes consideraciones:
La norma acusada, en
su opinión, establece una forma de discriminación no justificable que desborda
los criterios de proporcionalidad y racionalidad, afectándose el interés de un
grupo social extenso.
De otra parte
advierte que Colombia suscribió el Convenio de la O.I.T. sobre discriminación
en materia de empleo y ocupación, que en su artículo 1o. numeral 1o. literales
a) y b) señala las connotaciones del término discriminación. En este sentido
señala que bajo la interpretación del citado Convenio la edad no es un
calificativo del aspirante a un empleo público sino que es una condición
natural y cronológica del ser humano.
El Despacho del Jefe
del Ministerio Público advierte que en la legislación colombiana aparecen
disposiciones similares a la examinada. Igualmente manifiesta que para examinar
la constitucionalidad de la norma acusada deben tenerse en cuenta los actuales
criterios de la doctrina juspublicista en materia del principio de la igualdad
y del derecho al trabajo. Sobre el primero de ellos sostiene que la igualdad es
un concepto relacionar y no una cualidad  y siempre implica un juicio que recae
sobre una pluralidad de elementos o términos de comparación que permiten
establecer si una diferencia es relevante  o es una determinación libre y no
arbitraria. Además, el artículo 13 de la Carta que consagra dicho principio,
excluye determinados términos de comparación como irrelevantes; así los
criterios de diferenciación a los que puede acudir el juez o el legislador no
son sólo los consagrados en la Constitución, ya que el juez está habilitado
dentro del principio de igualdad para encontrar por fuera de ella los elementos
diferenciadores que le permitan juzgar la validez de una norma.
El principio de
igualdad es una regla que permite establecer fórmulas de apreciación frente a
un trato discriminatorio, con fundamento en la razonabilidad de la
diferenciación y en la proporcionalidad de los medios incorporados lo mismo que
en los fines de la norma. No toda desigualdad constituye necesariamente
discriminación, puesto que la igualdad sólo se viola si la desigualdad está
desprovista de una justificación objetiva y razonable, y si dicha justificación
se ajusta a la finalidad y los efectos de la medida considerada. El juez debe
retirar los excesos o abusos del poder por el uso indiscriminado de las
facultades legislativas que rompan la proporcionalidad entre los medios
empleados y la finalidad perseguida.
Sostiene además la
vista fiscal que el derecho al trabajo tiene fundamento constitucional desde el
preámbulo de la Carta, reforzado por los artículos 25, 26, 53 y 125.
En el ámbito del
derecho internacional se reafirma la concepción humanista del derecho al
trabajo recogida en la Carta de 1991.
Cumplidos los
trámites que corresponden a esta clase de actuaciones, procede la Corte a
pronunciar su fallo.
II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. De la
Competencia
De conformidad con
lo dispuesto por el articulo 241 de la Carta, esta Corporación es competente
para conocer de la demanda de la referencia, en atención a que la disposición
acusada forma parte de un decreto-ley expedido por el Gobierno Nacional con
fundamento en las facultades extraordinarias conferidas por una ley de la
República.
2. De la
articulación de los derechos
El dinamismo de la
realidad le presenta al ordenamiento jurídico situaciones en las que varios
derechos diferentes se encuentran simultáneamente en juego. Ello no es
sorprendente porque el derecho es un ordenamiento en movimiento, en el que una
misma situación de hecho involucra varios derechos. En otras palabras, los
derechos no suelen presentarse en la realidad en forma pura e individual, sino
anudados a situaciones fácticas caracterizadas por una imbricación de derechos.
Además es frecuente
que un derecho se encuentre articulado a otros derechos, de suerte que
presentándose el uno, necesariamente se presenta el otro.
Particularmente los
derechos "ordinarios" de las personas encuentran casi siempre un
fundamento en los principios materiales y en los valores de la Constitución.
Aquéllos desarrollan a éstos.
En este orden de
ideas, en el caso objeto de estudio la Corte Constitucional se encuentra
precisamente ante una situación que articula cinco (5) derechos, como se
analiza a continuación.
El primero de tales
derechos -el libre desarrollo de la personalidad-, además, es en este caso el
fundamento último de los demás derechos articulados.
Ello no es
sorprendente porque por ejemplo la constitución alemana califica el libre
desarrollo de la personalidad como un principio fundante del Estado, al lado de
la dignidad humana (art. 2°). El libre desenvolvimiento de la personalidad es
la versión contemporánea del clásico derecho a la libertad.
3. Del derecho al
libre desarrollo de la personalidad
Dice así el artículo
16 de la Constitución Política de 1991:
Todas las personas
tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que
las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.
Advierte la Corte en
primer lugar que el derecho constitucional fundamental que está en juego en
este negocio es básicamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En efecto, en la norma objeto de revisión se regula una carrera de la función pública
en el sentido de establecer requisitos de edad para su ingreso, lo cual
constituye un condicionante para la libre autodeterminación laboral de una
persona.
4. Del derecho a
la libertad para escoger profesión u         oficio.
Dice así el artículo
26 de la Carta Política:
Toda persona es
libre de escoger profesión u oficio. La Ley podrá exigir títulos de idoneidad.
Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de los
profesionales. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social.
Los profesionales
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y
el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles.
En desarrollo del
libre desarrollo de la personalidad, el constituyente ha querido entonces que
la autonomía personal se manifieste al momento de una persona optar por la
profesión u oficio que corresponden a su deseo.
5. Del derecho al
trabajo
Dice el artículo 25
de la Constitución Política:
El trabajo es un
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.
La norma demandada
se relaciona, así mismo con esta disposición constitucional, ya que ella versa
propiamente sobre el derecho al trabajo, en este caso al trabajo en el servicio
diplomático.
Entre los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo se encuentra "la igualdad
de oportunidades para los trabajadores... y la remuneración...  proporcional a
la cantidad y calidad del trabajo", de conformidad con el artículo 53
superior.
El principio de igualdad
de oportunidades para  los trabajadores es una especie del principio genérico
de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
El principio
constitucional de igualdad de los trabajadores está desarrollado por el
Convenio Internacional del Trabajo número 111 -aprobado por Colombia mediante
la Ley 22 de 1967 y ratificado  en 1969-, relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación. Dicho Convenio es pues en Colombia fuente de
derecho de  aplicación  directa en virtud del artículo 53  de la Constitución
Política, al decir: "los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna", cuyo contenido es
norma interpretativa de los derechos constitucionales en virtud del artículo 93
de la Carta Fundamental.
El artículo  1o. del
Convenio citado  dice:
1. A los  efectos de
este convenio, el término  'discriminación', comprende:
A) Cualquier
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto
anular o altere  la igualdad de oportunidades, de trato en el empleo  y la
ocupación;
B) Cualquier
otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar
la igualdad de oportunidades  o de trato en el empleo  u ocupación, que podrá
ser especificada por el miembro interesado, previa consulta con las
organizaciones representativas, de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan , y con otros organismos apropiados
2) Las
distinciones, exclusiones o preferencias    basadas en las calificaciones
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como
discriminación" (subrayas no originales).
El artículo  2º del
Convenio dispone:
Todo miembro para el
cual este convenio se halle en vigor, se obliga a formular y llevar a cabo una
política  nacional, que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a
las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto.
Por otra parte el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1.966, que
fue aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1.968, consagra lo siguiente en
su artículo 7°:
Los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en
especial:
c) Igual oportunidad
para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio
y capacidad.
De las simples
lecturas de las normas citadas se comprende el sentido de consagrar la igualdad
de oportunidades en materia de empleo  y de ocupación.
Como se podrá
observar las diferencias objetivas no generan discriminación, a partir del
principio según el cual las situaciones comparables no se tratan en forma
diferente y las situaciones diferentes se tratan en forma desigual.
Así  se deduce
claramente tanto  del texto del artículo 1o. numeral 2º del Convenio N° 111 de
la O.I.T., que permite establecer distinciones, exclusiones o preferencias
basadas en las calificaciones exigidas para el empleo, como de las
consideraciones  de tiempo de servicio y capacidad, de acuerdo con el artículo
7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
6. Del derecho
político a acceder al desempeño de cargos
públicos
Dice así el artículo
40 de la Constitución Política en su numeral séptimo:
Todo ciudadano tiene
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para hacer efectivo este derecho puede:
... 7. Acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento
o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La Ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
El derecho político
a ingresar a la función pública es también una disposición constitucional
relacionada con la norma objeto de estudio, como quiera que se trata del acceso
a la carrera diplomática.
El artículo 23.2 de
la Constitución española impone la obligación de no exigir para el acceso a la
función pública, requisito o condición alguna que no sea referible a los
conceptos de mérito o capacidad.
7. Del derecho de
igualdad
Dice así el artículo
13 de la Constitución colombiana:
Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ella se cometan.
Se observa que la
norma objeto de revisión constitucional desarrolla igualmente el derecho a la
igualdad material, en el sentido de que consagra limitaciones de ingreso para
un sector de la población, otorgándole un trato desigual en función de la edad.
Constituida la
igualdad como una obligación de tratar por igual a los idénticos, la igualdad
arroja, así mismo, otra característica: la de ser un límite a la actuación de
los poderes públicos. Como en los demás derechos subjetivos, el reconocimiento
constitucional de la igualdad supone un acotamiento de la actuación de los
poderes públicos que éstos no pueden franquear. Las ramas y órganos del poder
público disponen de una esfera de actuación cuyos límites no cabe traspasar, y
esos límites no son otros que los derechos constitucionalmente consagrados. En
cuanto tal, la igualdad se configura, también, como un límite a la actuación de
los poderes públicos.
Al establecer la
Constitución que todas las personas son iguales ante la ley, establece un
derecho subjetivo a obtener un trato igual, impone una obligación a los poderes
públicos de llevar a cabo ese trato igual y, al mismo tiempo, limita a los
poderes de los órganos encargados de la aplicación de las normas jurídicas.
Ahora bien la
igualdad permite además el desarrollo de la dignidad que surge de la persona
humana a partir de la paridad social entre los seres humanos.
La igualdad material
es la situación objetiva concreta que prohibe la arbitrariedad.
El operador
jurídico, al aplicar la igualdad con un criterio objetivo, debe acudir  a la
técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del tratadista italiano
Mortati, "consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas que
requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e
interpretación de las hipótesis normativas mismas hasta la comparación entre
ellas, desde la interpretación de los contextos normativos que pueden
repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta la búsqueda de las
eventuales disposiciones  constitucionales   que  especifiquen el principio de
igualdad y su alcance."1
Por otra parte, el
elenco de los factores de discriminación tanto objetivos como subjetivos
consagrados en el artículo 13 de la Constitución, corresponde a una lista
enunciativa y no taxativa de los factores que históricamente se han considerado
como discriminatorios. Como lo ha establecido el Tribunal Constitucional
Italiano: "así, se superó la creencia inicial en el carácter taxativo del
elenco de las discriminaciones impedidas expresamente por el artículo 3.1., comprendiéndose
también cualquiera otras deducibles del texto de la Constitución, e
invocándose así mismo las exigencias de la naturaleza misma de las cosas, la
que puede en sí misma hacer imposible la aplicación del principio en virtud de
obstáculos de orden natural, biológico o moral según la conciencia social
dominante en la comunidad nacional"2 .
La Corte
Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre el derecho a
la igualdad. Al efecto baste citar dos fallos.
En el proceso N°
SC-221/92 se afirmó:
Ese principio de la
igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales
y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la
igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la
generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite
regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente
normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato
diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la
igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática3 .
Y en la Sentencia
T-422/92, por su parte, se dijo:
Sin embargo el
artículo 13 de la Constitución no prescribe siempre un trato igual para todos
los sujetos de derecho, o destinatarios de las normas, siendo posible anudar a
situaciones distintas -entre ellas rasgos o circunstancias personales-
diferentes consecuencias jurídicas. El derecho es, al mismo tiempo, un factor
de diferenciación y de igualación. Opera mediante definición de supuestos de
hecho a los que se atribuyen consecuencias jurídicas (derechos, obligaciones,
competencias, sanciones etc.). Pero, los criterios relevantes para establecer
distinciones, no son indiferentes para el derecho. Aunque algunos están
expresamente proscritos por la Constitución y otros son especialmente invocados
para promover la igualdad sustancial y con ello el ideal de justicia contenido
en el Preámbulo4 .
De conformidad con
este par de citas, entonces, se colige lo siguiente:
Primero, el derecho
a la igualdad no significa igualitarismo ni igualdad matemática.
Segundo, el derecho
a la igualdad implica hacer diferencias allí donde se justifiquen.
Tercero, se
justifica hacer una diferencia cuando del análisis de la situación se desprende
que ella es razonable.
Cuarto, una
diferencia entre presuntos iguales es razonable cuando existe un hecho
relievante que amerite tal diferenciación.
Y quinto, un hecho
es relievante cuando, a juicio del operador jurídico, es de tal magnitud que
rompe el igualitarismo formal para dar lugar a un trato desigual en aras de la
igualdad material.
8. De la carrera
en la función pública en general
Luego de haber
señalado los anteriores cinco (5) derechos constitucionales relacionados con el
negocio de la referencia, la Corte se ocupa ahora del aspecto institucional u
orgánico de la materia.
En realidad se trata
de dos formas de aproximarse a un mismo tema, pero la iniciación con los
derechos no es gratuita sino que obedece justamente al deseo del constituyente
de conferirle primacía a la efectividad de los derechos por encima de los asuntos
institucionales del Estado, según lo establecen los artículos 1° y 2° de la
Constitución.
En este orden de
ideas, el artículo 125 de la Constitución establece lo siguiente en su inciso
primero:
Los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley.
Se observa que la
regla general en materia de función pública es la carrera. La Carta establece
algunas excepciones por vía de enunciación y deja en manos del legislador la
fijación de otras excepciones.
En Colombia existen
numerosas carreras en la función pública, como es el caso de los militares,
profesores, rama ejecutiva central, diplomacia, etc.
La ratio iuris
de una carrera no es otra que la de racionalizar la administración mediante una
normatividad que regule el mérito para el ingreso, el ascenso, los concursos,
la capacitación, las situaciones administrativas y el retiro del servicio. Con
ello se objetiviza el manejo del personal y se sustraen los empleos de factores
subjetivos.
La idea de
"mérito" es la piedra de toque del ingreso a la carrera. Tal idea es
heredera espiritual de las ideas platónicas acerca del filósofo-rey.
9. De la carrera
diplomática en particular
En materia de
función pública diplomática existe carrera desde tiempo atrás. Actualmente el
derecho positivo vigente en la materia se encuentra en la Ley 11 de 1991, la
cual en el artículo 43 literal e) le confirió facultades al Presidente de la
República para regular la carrera en concreto, así:
Artículo 43.-...
e)  Reorganizar la
Carrera Diplomática y Consular de la República y establecer las condiciones y
requisitos de ingreso a ésta, dentro de los cuales deberá estar el conocimiento
de un idioma de uso diplomático distinto al Castellano.
El ejercicio de
estas facultades legislativas se encuentra básicamente en el Decreto Ley 010 de
1992, "Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y
Consular".
En este sentido la
norma acusada no puede ser examinada sin tener en cuenta de manera sistemática
su pertenencia a un estatuto complejo y extenso de carácter especial que ha ido
perfilándose con el transcurso del tiempo en nuestro país y que corresponde a
la voluntad expresa del legislador de regular  con fundamento en razones
técnicas y de gobierno un especial ámbito de las funciones de todo Estado
moderno.  Basta examinar el contenido de la Ley 11 de 1991 para determinar con
claridad que la estructura orgánica y  funcional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, regulada por la citada Ley 11 de 1991, obedece a dicho propósito
que atiende a razones especialísimas de tecnificación de la política
internacional contemporánea y de la complejidad de las relaciones internacionales
que hoy comprenden no sólo los asuntos de la guerra y la paz sino
principalmente materias como las de la economía, la ecología y los derechos
fundamentales.
Uno de los temas
principales de toda carrera es la fijación de los requisitos exigidos para el
ingreso a la misma.
Así lo establece
expresamente el inciso tercero del artículo 125  constitucional, que reza:
El ingreso a los
cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de
los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes (negrillas no originales).
La carrera
diplomática y consular entonces, en el artículo 17 del Decreto Ley 010 de 1992,
establece las calidades que es necesario reunir para el ingreso, uno de los cuales
es precisamente la edad.
Ahora a título de
ilustración, se analiza a continuación la cobertura del requisito de la edad
dentro de la población colombiana, con el ánimo de ver su incidencia en este
caso.
En este sentido, se
estudiará la tasa de población en Colombia -y su proyección futura-, que se
encuentra entre treinta (30) y sesenta y cinco (65) años de edad. Este último
número es el límite establecido en el Régimen del Empleado Oficial para
permanecer en un cargo público.
Así, de acuerdo a la
distribución relativa de la población por sexo y grupos de edad5 (Período
1.950-2.025) elaborado por el Departamento Nacional de Estadística DANE, se
tiene:
- Porcentaje de la
población colombiana entre los 30 y los 64 años de edad para el año de 1.990: 29.64%.
- Porcentaje de la
población colombiana entre los 30 y los 64 años de edad  para el año de 1.995: 32.55%.
Ahora bien, si la
población actual es de 32'299.788 habitantes y para el año de 1.995 será de
35'098.736, aplicados los porcentajes anteriores se tendría que en la
actualidad la población entre los 30 y 65 años de edad corresponde a una cifra
aproximada de 9'575.272 de habitantes y para el año de 1.995 esta cifra
sería del orden de los 11'424.638.
En conclusión,
aproximadamente diez (10) millones de colombianos quedarían hoy excluidos del
ingreso a la carrera diplomática y consular a causa de la exigencia establecida
en la norma demandada.
10. Del caso
concreto
La Corte
Constitucional entra a analizar si la edad como límite para ingresar a la
carrera es una calidad razonable o no, con el fin de hacer derivar de allí la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de la norma revisada.
La Corte estima que
la edad de treinta (30) años no es un hecho relievante que justifique
razonablemente discriminar a un sector de la población colombiana para ingresar
a la carrera diplomática y consular.
Ello por cuanto un
criterio para medir la relevancia o irrelevancia de la edad señalada para el
ingreso podría ser el siguiente:
¿Tienen las personas
menores de treinta (30) años de edad alguna característica especial que no
posean las personas de más de treinta (30) años, y que en virtud de tal
característica sea necesario reservar el ingreso a la carrera para aquéllas?
Esta Corporación
afirma que no existe tal característica. En efecto, lo único que poseen
las personas menores de treinta (30) años de edad respecto de las demás es
juventud y mayor esperanza de vida, que para el efecto es irrelevante y no
justifica la discriminación.
Como anota el
Procurador en el concepto remitido con destino a este proceso, "en aras de
una defensa lejana de la norma no es posible remontarse a analogías con otro
tipo de "Carreras" y aceptar el límite de edad para su ingreso,
porque si bien esa cortapisa sólo existe, con razón, en la Carrera Militar
encuentra en ella una justificación dada por la preparación física que exige el
profesional que allí se forma".
Por eso no tiene
razón la apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores al manifestar que el
tiempo para llegar al grado máximo del escalafón es mínimo de 21 años y máximo
de 33; la Corte observa que ello coarta el libre desarrollo de la personalidad,
pues no todas las personas tienen como meta ocupar el grado máximo de
Embajador, sino cualquier otro grado de inferior rango que signifique el
desarrollo de su personalidad. Es decir, si por ejemplo una persona se preparó
única pero legítimamente para ser secretaria, conforme a su libre
autodeterminación, al llegar a los treinta (30) años de edad ya no podría
ingresar a la carrera diplomática y consular, donde desde luego se requieren
secretarias.
Ciertamente, entre
los treinta (30) y los sesenta y cinco (65) años de edad -fechas de ingreso y
de retiro del servicio, respectivamente-, median treinta y cinco (35) años. Tal
lapso excede incluso en quince años (15) el tiempo que se exige de servicio
para efectos de la pensión de jubilación -que es de veinte (20) años-.
En otras palabras,
una persona que ingrese a la carrera diplomática a los cuarenta y cinco (45)
años de edad puede incluso pensionarse en el servicio.
Por tanto para esta
Corporación el requisito fijado en el literal b) del artículo 17 del Decreto
Ley 010 de 1992 es contrario a la Carta, como quiera que viola el
principio de igualdad de las personas -art. 13 CP-, en la medida que establece
discriminaciones no razonables para efectos del ingreso a cierta edad a la
carrera diplomática y consular, desconociendo de paso el derecho
político a ingresar a la administración pública  -art. 40.7-, el derecho al
trabajo -arts. 25 y 53-, el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio
-art. 26-, y en última instancia el derecho al libre desarrollo de la
personalidad -art. 16-.
Por otra parte, de
declararse la conformidad con la Constitución de la norma estudiada, un margen
de colombianos se verían afectados con la imposibilidad de acceder a la carrera
diplomática y el Estado mismo perdería todo el potencial laboral preparado para
el desempeño en la función pública, ya que el artículo 54 de la Carta dice que
el Estado "debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar".
Además una de las
categorías de la población colombiana que amerita un particular reconocimiento
laboral del Estado es la franja  comprendida entre los años de juventud y la
tercera edad, normalmente denominada "edad adulta", para que se
garantice su intervención en la vida económica, política y cultural de la
nación.
Incluso entre los 30
y los 64 años de edad las mujeres y los hombres atraviesan su época laboral más
fecunda, dada su preparación académica y la experiencia que se ha adquirido a
través de los años.
El Estado no puede
pues menospreciar el valor que otorga la experiencia en la formación de una
persona, ya que ella logra que las decisiones tomadas sean las más prudentes y
no las que obedezcan al impulso de la juventud.
En los Diálogos de
Platón se encuentra la siguiente reflexión que respalda estas nociones:
-¿Qué es lo que
ahora tenemos que arreglar? ¿No es la elección de los que deben mandar u
obedecer?
-Sí.
-Es claro que los
ancianos deben mandar y los jóvenes obedecer.
-Sin duda.
-Y entre los
ancianos deben escogerse los mejores.
-Sí.
-¿Cuáles son los
mejores labradores? Sin duda aquellos  que más entienden de agricultura.
-Sí.
-Puesto que es
preciso escoger igualmente por jefes a los mejores guardadores del Estado,
escogeremos los que tienen  en más alto grado las cualidades de excelentes
guardadores.
-Sí.
-Para esto es
preciso que, además de la prudencia y de la energía necesaria, tengan mucho
celo por el bien público.
-Sin duda.
-Pero de ordinario
se consagra uno a aquello que ama.
-Sí.
-Y amamos las cosas
cuyos intereses son inseparables de los nuestros, y de cuya desgracia o
felicidad estamos persuadidos que depende nuestra felicidad o nuestra
desgracia.
-Es cierto.
-Escojamos, pues,
entre todos los guardadores, aquellos que, previo un maduro examen, nos parezca
que, después de haber pasado toda su vida consagrados a procurar el bien
público, nunca han perjudicado los intereses del Estado.
-En efecto, ésos son
los que nos convienen.6
Así pues, con las
fundamentaciones expuestas, esta Corte Constitucional declarará inexequible la
norma demandada.
III.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Es INEXEQUIBLE el
literal b) del artículo 17 del Decreto 010 de 1992, "Orgánico del Servicio
Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular", por las razones
expuestas en esta sentencia.
Cópiese,
publíquese, comuníquese y archívese.
CIRO ANGARITA BARON
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Magistrado
JAIME SANIN GREIFFENSTEIN
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-071/93
CARRERA
DIPLOMATICA Y CONSULAR (Salvamento
de voto)
La disposición
acusada establece un requisito especial exigible de las personas que deseen
ingresar a la Carrera Diplomática y Consular, y no pretende extender igual
previsión para quienes opten por hacerlo en las otras modalidades de
vinculación al servicio público del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que
debe servir de guía para la interpretación de la norma acusada. Se trata en
verdad de un aspecto del régimen del servicio público relacionado con la
admisión a una carrera especial que parte del supuesto según el cual, la
formación que se exige para dicha actividad especializada no se adquiere sino
después de muchos años de experiencia y práctica formativa y que para dichos
fines es recomendable y racional, el ingreso en una edad temprana.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Edad/INGRESO
AL SERVICIO (Salvamento de voto)
El principio de
la igualdad ante la ley, tal como fue formulado por el Constituyente admite el
establecimiento de diferencias que en ciertas hipótesis contribuyan a obtener
la igualdad real y efectiva; en otros términos el legislador podrá adoptar
medidas que aun cuando aparezcan reconociendo diferencias se enderecen a
promover aquella igualdad. Señalar como requisito para el ingreso a la
mencionada carrera el no haber superado la edad de 30 años no desconoce el
principio de la igualdad de las personas ante la ley, mucho más teniendo en
cuenta que el artículo 13 de la Carta no proscribe ni impide establecer
distinciones y diferencias por razón de la edad. Es plenamente justificado y
razonable el establecimiento de la diferenciación por razones de edad cuando se
trata de señalar las reglas para el ingreso al servicio público en
ciertas y determinadas carreras especiales.
REF.: Expediente No.
D-113
Acción Pública de
Inconstitucionalidad contra el literal b) del artículo 17 del Decreto Ley 010
de 1992
En relación con la
sentencia de la referencia, respetuosamente nos apartamos de la decisión
mayoritaria de la Corte, por las razones que resumimos a continuación:
La disposición
acusada en esta oportunidad corresponde al Decreto-ley expedido por el Gobierno
Nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias que por el término de
un año le confirió el artículo 43 literal e) de la Ley 11 de 1991 (21 de enero)
publicada en el Diario Oficial No. 39638. Dichas facultades fueron conferidas
dentro de la vigencia de la Constitución de 1886 y su Reforma para "e)
Reorganizar la Carrera Diplomática y Consular de la República y establecer las
condiciones y requisitos de ingreso a ésta, dentro de los cuales deberá estar
el conocimiento de un idioma de uso diplomático distinto al Castellano".
En este sentido la
norma acusada no puede ser examinada sin tener en cuenta de manera sistemática
su pertenencia a un estatuto complejo y extenso de carácter especial que ha ido
perfilándose con el transcurso del tiempo en nuestro país y que corresponde a
la voluntad expresa del legislador de regular con fundamento en razones técnicas
y de buen gobierno un especial ámbito de las funciones de todo Estado moderno.
Basta examinar el contenido de la Ley 11 de 1991 para determinar con claridad
que la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
obedece a dicho propósito especial que atiende a razones especialísimas de
tecnificación de la política internacional contemporánea y de la complejidad de
las relaciones internacionales que hoy abarcan o comprenden no sólo los asuntos
de la guerra y de la paz, sino principalmente materias como las de la economía
y los derechos fundamentales.
El examen de la
disposición acusada presupone y exige que se apliquen criterios
sistematizadores y que se tenga en cuenta cuál es la finalidad racional del
estatuto a que pertenecen. En efecto, es tal el cúmulo de responsabilidades de
aquella dependencia del Poder Ejecutivo Nacional que no es posible satisfacer
sus necesidades estructurales dentro del esquema ordinario de regulación de las
relaciones en materia de función pública en su interior. En aquel estatuto
(Decreto 010 de 1992), "Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera
Diplomática y Consular" se establecen, entre otras disposiciones, el
artículo 2o. que señala que "A través del servicio exterior, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y las Misiones Diplomáticas y Consulares desarrollan
en forma sistemática y coordinada todas las actividades relativas al estudio y
ejecución de la política internacional de Colombia, la representación de los
intereses del Estado colombiano y la tutela de los intereses de sus nacionales
ante los demás Estados, las organizaciones internacionales y la comunidad
internacional".
Igualmente se
advierte en el Artículo 3o. del mismo estatuto que el Servicio Exterior es un
servicio especializado, profesional, jerarquizado y disciplinado que se funda
en el principio de mérito. Además, la Ley 11 de 1991 en su artículo 1o. expresa
la alta complejidad técnica y política de las atribuciones del citado
Ministerio, lo que sin lugar a dudas hace admisible a la luz de la Constitución
Nacional el establecimiento de una carrera especializada de la función pública
en dicha dependencia, que aun cuando no sea predicable de todos sus servidores,
si responda a algunas de sus necesidades como es el caso de la Carrera
Diplomática y Consular. La posibilidad constitucional del establecimiento de
dicha carrera Diplomática y Consular para los servidores públicos en el
Servicio Exterior encuentra su fundamento en la parte final del artículo 131 de
la Carta que incluso permite que dichas carreras se sustraigan y no queden
comprendidas dentro de la administración y vigilancia de la "Comisión
Nacional del Servicio Civil"; igual hipótesis es predicable de otras
carreras especiales establecidas por el legislador como el caso de la Carrera
Militar, de la Carrera de Oficiales y Suboficiales en la Policía Nacional y
eventualmente para otras entidades como sería el caso del Departamento
Administrativo Nacional de Seguridad, en la Fiscalía General de la Nación,
entre otras.
Por tal razón, no
encontramos reparos para determinar la constitucionalidad del establecimiento
de una carrera especial para algunos funcionarios y servidores públicos en el
Ministerio de Relaciones Exteriores. En este sentido el Decreto-ley 010 de 1992
establece que los cargos en dicha dependencia serán de libre nombramiento y
remoción de carrera diplomática y consular; de carrera administrativa, y de
servicio administrativo en el exterior. Obsérvese que la Carrera Diplomática y
Consular está prevista apenas como una de las varias modalidades previstas para
regular la función pública y el régimen de los servidores públicos en el citado
Ministerio, lo que significa entre otras cosas que bien puede cualquier persona
idónea de conformidad con las calidades y condiciones exigidas por la ley
vincularse a los distintos cargos en aquella dependencia de conformidad con las
modalidades de ingreso, permanencia y ascenso en el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Obviamente, es propósito del legislador que los cargos en el
servicio exterior sean provistos con personal vinculado por la modalidad de la
Carrera. También debe observarse que el artículo 8o. del mencionado Decreto
advierte que los demás cargos distintos de los de libre nombramiento y remoción
(art. 5o.) y de los de la Carrera Diplomática y Consular (art. 6o.), son de
Carrera Administrativa.
Por otra parte, la
disposición acusada establece un requisito especial exigible de las personas que
deseen ingresar a la Carrera Diplomática y Consular, y no pretende extender
igual previsión para quienes opten por hacerlo en las otras modalidades de
vinculación al servicio público del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que
debe servir de guía para la interpretación de la norma acusada. Se trata en
verdad de un aspecto del régimen del servicio público relacionado con la
admisión a una carrera especial que parte del supuesto según el cual, la
formación que se exige para dicha actividad especializada no se adquiere sino
después de muchos años de experiencia y práctica formativa y que para dichos
fines es recomendable y racional, el ingreso en una edad temprana.
El primero de los
cargos hace referencia a la violación del principio de igualdad que aparece
consagrado en el artículo 13 de la Constitución en la parte que dice
"Todas las personas hacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica"; empero, creemos que este cargo no puede prosperar por varias
razones, así:
- El principio de la
igualdad ante la ley, tal como fue formulado por el Constituyente admite el
establecimiento de diferencias que en ciertas hipótesis contribuyan a obtener
la igualdad real y efectiva; en otros términos el legislador podrá adoptar
medidas que aun cuando aparezcan reconociendo diferencias se enderecen a
promover aquella igualdad. La igualdad es un principio reconocido
tradicionalmente en los estados de derecho como el nuestro bajo la categoría de
los derechos naturales y universales; empero su definición conceptual siempre
ha supuesto hondas dificultades en su proyección jurídica completa, lo que no
bosta para reconocer que la igualdad presupone y exige la diferenciación. El
principio de la igualdad es en consecuencia, revestido de la natural
relatividad histórica que implica su contenido; además, no puede ser
comprendido bajo los supuestos abstractos del igualitarismo dada la pluralidad
de sujetos, de intereses, de aspiraciones y de derechos predicables de estos.
Es más, en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, es claro
que pueden establecerse diferenciaciones entre las personas con fundamento en
justificaciones objetivas y razonables. En otros términos, la desigualdad de
tratamiento que no sea razonable, resulta injusta y proscrita. La igualdad que
predica la Constitución en nuestro régimen jurídico no es un principio que
obedezca a razones físicas, matemáticas o biológicas, sino a postulados
racionales que tiene como fundamento las aspiraciones históricas del Estado
Social de Derecho que no resultan incompatibles con el establecimiento de
hipótesis normativas que contengan supuestos predicables de manera especial
para un tipo de carrera en un sector especializado del servicio público.
Ahora bien, de lo
que se trata en este caso es de asegurar grados óptimos de idoneidad de los
servidores que permitan superar viejas prácticas burocráticas y políticas
altamente perjudiciales para los estados contemporáneos caracterizados por un
tejido de compromisos y relaciones en los que están de por medio los más altos
intereses de los pueblos; así las cosas, señalar como requisito para el ingreso
a la mencionada carrera el no haber superado la edad de 30 años no desconoce el
principio de la igualdad de las personas ante la ley, mucho más teniendo en
cuenta que el artículo 13 de la Carta no proscribe ni impide establecer
distinciones y diferencias por razón de la edad.
En nuestro concepto
es plenamente justificado y razonable el establecimiento de la diferenciación
por razones de edad cuando se trata de señalar las reglas para el ingreso
al servicio público en ciertas y determinadas carreras especiales como la que
regula el Decreto 010 de 1992. Ocurre que en la base de la diferenciación
establecida por la norma acusada no existen supuestos jurídicos ni fácticos
iguales puesto que la materia de la regulación legal de las carreras especiales
presupone inexorablemente el reconocimiento constitucional y legal de cometidos
públicos distintos de los ordinarios y por lo tanto en dicho ámbito
perfectamente es posible, siempre que sea justificada y razonada la
incorporación de regulaciones diferenciadoras con base en la edad. De otra
parte, ni el derecho al trabajo ni la dignidad humana aparecen desconocidos por
el supuesto normativo que se acusa. Aunque se trate de un tratamiento dispar
frente a las personas, su carácter general, su aplicación hacia el futuro en
tanto no desconozca derechos adquiridos a quienes ya ingresaron a la carrera
especial se ajusta a la Constitución puesto que de lo que se trata es
precisamente de asegurarle a los servidores que ya ingresaron a la carrera y
que ingresen en adelante a ella que sus especiales esfuerzos de preparación y
de entrega al servicio diplomático y consular no van a ser desconocidos por el
ingreso irregular de personas en tránsito apenas burocrático.
La norma acusada se
inspira en un propósito global consistente primordialmente en la tecnificación
y en la profesionalización del servicio exterior para superar su manejo
político inveterado y por tal consideraciones su fundamento es racional y
conforme a las consideraciones que se han señalado.
Fecha Ut supra,
FABIO MORON DIAZ                                    JAIME
SANIN GREIFFENSTEIN
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ
1 Véase en
ALESSANDRO, Pizzoruso. Lecciones de Derecho Constitucional. Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1.984. pag. 169
2 PIZZORUSSO, Alexandro. Lecciones de Derecho Constitucional.
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1.984. pág. 167.
3 Sentencia SC-221 de 1.992, de la Sala Plena de la Corte
Constitucional.
4 Sentencia T-422 de la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional del 19 de junio de 1.992. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes
Muñoz.
5 Proyecciones Nacionales de Población. Colombia 1.950-2.025. Santa
Fe de Bogotá, junio de 1.989. Biblioteca del Departamento Nacional de
Estadística D.A.N.E.
6 Platón. La República. Tomo I. Libro Cuarto. Ediciones
Universales. Bogotá, pág. 115.