C-799-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-799/05
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Configuración
OBLIGACIONES
DE LOS SERVIDORES JUDICIALES Y DERECHO A LA IGUALDAD-Protección
de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
Es ajustado a la
Constitución que los servidores judiciales realicen actividades tendientes a
proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en las
circunstancias ya expresadas tal como se advierte en varios artículos de la
misma ley 906  de 2004, que desarrollan dicha protección especial. Así las
cosas, no resta a esta Corte que declarar  ajustada al Art. 13 de la
Constitución Política la expresión “y proteger, especialmente, a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta.” contenida en el artículo 4° de la ley
906 de 2004.
DERECHO
DE DEFENSA-Importancia
DERECHO
DE DEFENSA-Para su ejercicio no tiene límite temporal
Evidencia esta
Corte que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos
humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de
defensa.  Como se ha dicho , el derecho de defensa es general y universal , y
en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal.
Por consiguiente,  el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene
conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina
cuando finalice dicho proceso.
DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PREVIA-Alcance
La
correcta interpretación Constitucional del derecho de defensa implica que este
no tiene un límite temporal. Si no existiera desde el inicio de la
investigación esta proporcionalidad basada en el derecho de defensa, fácilmente
la persona puede pasar de investigada, a imputada , a acusada y a condenada;
sin haber actuado en equilibrio de fuerzas con quien lo investiga. Razón por la
cual, existiría una clara violación al derecho de igualdad y al derecho de defensa.
No es de relevancia para el ordenamiento Constitucional el nombre que
jurídicamente se le otorgue a una persona al interior de una investigación o de
un proceso penal.  Lo trascendente acá , es que a dicha persona no se le
apliquen excepciones temporales al ejercicio de su derecho de defensa, pues
ella en cualquier etapa pre o procesal puede hacer uso del ejercicio
constitucional ha defenderse. En conclusión, no permitir que la persona ejerza
su derecho de defensa desde que se inicia una investigación en su contra ,
tenga ésta el carácter de pre- procesal  o procesal, es potenciar los poderes
investigativos del Estado sin razón Constitucional alguna en desmedro del
derecho de defensa de la persona investigada.
DERECHO
DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENAL-Ejercicio desde antes de la
imputación/DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENAL-Aplicación de
interpretación sistemática
La
interpretación incluyente, es decir, aquella que permite entender que la
adquisición de la condición de imputado es  una de las diferentes condiciones
en la cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal , pero en
momento alguno excluye aquellas anteriores a la condición de imputado lo que
implicaría que el derecho de defensa se pueda ejercer antes de adquirirse la
referida condición; es una interpretación ajustada a la Carta Política y por
ende es Constitucional. En este orden de ideas, la correcta interpretación del
derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación.
Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive
antes, cuando el investigado  tiene conocimiento de que es un presunto
implicado en los hechos .  Por ello, la limitación establecida en el artículo
8° de la ley 906 de 2004 , si se interpreta en el entendido de que el derecho
de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la
condición de imputado , sería violatorio del derecho de defensa.
DERECHOS CONSTITUCIONALES-Textura
abierta
PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-Extensión
hasta el cuarto grado civil en norma penal/PRINCIPIO DE NO
AUTOINCRIMINACION-Norma penal que lo consagra es más garantista
El
artículo 33 Constitucional establece una garantía consistente en que nadie está
obligado a declarar contra sí mismo o contra cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad , segundo de afinidad o
primero civil. No obstante, el literal b ) del artículo 8° de la
mencionada ley, ha establecido esta protección en cabeza de otras personas
diferentes a las mencionadas en el artículo constitucional, a saber: los
compañeros permanentes y parientes en cuarto grado civil. El demandante acusa
de inconstitucional la norma, por cuanto específicamente en lo relacionado con
el parentesco civil, se extiende hasta el cuarto grado no obstante que el
artículo Constitucional lo circunscribe al primero. Sin embargo, para esta
Corporación dicha extensión es mucho más garantista. En otras palabras, la
posibilidad de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes en
el cuarto grado civil es una amplificación  de la garantía constitucional, que
en manera alguna vulnera la Constitución sino que por el Contrario es un
perfecto desarrollo de ella. Además , dicha ampliación permite situar en
condiciones de igualdad a los hijos no solo matrimoniales y naturales sino
igualmente a los hijos adoptivos como lo estableció la Sentencia C- 1287 de
2001.
PRINCIPIOS
DE COSA JUZGADA Y DE NON BIS IN IDEM-Relación y
características
PRINCIPIO
NON BIS IN IDEM EN ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL-Se
ve limitado por la justicia como valor estatal/ACCION DE REVISION EN PROCESO
PENAL-Procedencia cuando fallo ha sido determinado  por un delito o
fundamentado en prueba falsa
La acción de
revisión es un mecanismo procedimental que limita el principio de nom bis in
idem. Y lo limita por cuanto permite que una persona que ya ha sido sentenciada
pueda volver a serlo debido a hechos nuevos o pruebas nuevas y esto es lo que
hace que el proceso no sea efectivamente igual al anterior. Debe afirmarse que
dicha acción procede cuando el fallo haya sido determinado por el delito de un
juez o un tercero ó por prueba falsa que sirva de base para las conclusiones
del mismo. Es claro para esta Corporación que en aquel fallo penal donde se
haya emitido una sentencia sea absolutoria o condenatoria , y este se ha
determinado en un delito del un juez o de un tercero ó ha sido sustentado en
una prueba falsa; se está violentando no solo un valor fundamental de la
Constitución como es la justicia sino igualmente no se cumple con uno de los
fines primordiales del Estado como lo es el alcance de un orden justo. Lo
dicho, por cuanto el fallo no sería correspondiente con una justicia material
sino que estaríamos en presencia de un fallo formal ( fruto de un delito o una
prueba falta ) ajeno a lo que busca el ordenamiento Constitucional. Por ende,
el principio de nom bis in idem , se ve limitado por unos intereses de mayor
jerarquía como lo son la justicia como valor Estatal y el orden justo como
objetivo primordial del Estado. No obstante, es la ley la que taxativamente
determina dichas limitaciones siempre y cuando estén ajustadas a la
Constitución, como es el presente caso.
Referencia:
expediente D-5464
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 3°, 4 inciso 1°  en relación
con el  cargo por supuesta violación del derecho de igualdad , 8 inciso 1°  y
literal ( b ), 20 inciso 2° y 192 numerales 5 y 6 , de la Ley 906 de 2004, “por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Demandante:
Edgar Saavedra Rojas
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C.,
dos (2) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Edgar Saavedra Rojas,
presentó demanda contra la ley 906 de 2004 en su totalidad, y específicamente
contra los artículos 2 inciso 3°, artículo 4 inciso 1°, artículo 5 inciso 1°,
artículo 6 incisos 2° y 3° , artículo 7 inciso 4°, artículo 8 inciso 1°
literales b, j, k , l y artículo 131 ; artículo 11 literales e, i , artículos
133 inciso 1° , artículo 134 inciso 1° ,artículo 135 y artículo 136 inciso 1°
numerales del 1 al 15; artículo 13 inciso 1°, artículo 14 inciso 2°, artículo
15 inciso 2° , artículo 18 inciso 1° , artículo 19 inciso 1°, artículo 20
inciso 2°, artículo 21 inciso 1° y artículo 192 numerales 5 y 6. , por
infringir el preámbulo, los artículos 1, 2 , 13 , 15, 28, 29, 31, 33, 103, 113,
116, 158 , 228, 229, 230, 250 y 251  de la Constitución Política  y los
artículos 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Mediante auto de
octubre veintinueve ( 29 ) de 2004 , el Magistrado Sustanciador admitió la
demanda respecto de los artículos 2 inciso 3°, 4 inciso 1° en relación con el
cargo por supuesta violación del derecho de igualdad , 8 inciso 1°  y literal (
b ), 20 inciso 2° y 192 numerales 5 y 6.  En la misma providencia se inadmitió
la demanda con relación a las restantes normas demandadas.
A través de
informe de la Secretaría General de esta Corporación, de fecha nueve ( 9 ) de
noviembre de 2004,  se evidencia que el actor no corrigió la demanda, por
cuanto el término de ejecutoria venció en silencio.  ( fl.520 )
A través de auto de veinticinco ( 25 ) de
noviembre  del mismo año , se corrió traslado del expediente al Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente.
El 16 de diciembre del año mencionado, el
expediente fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador , incluyendo
el oficio No DP- 1592  recibido en esta Corporación el 15 de diciembre de 2004
, suscrito por EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN y CARLOS
ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU,
Procurador y Viceprocurador General de la Nación respectivamente, quienes
solicitan a esta Corte disponer que el Procurador General , en virtud de la
función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7° del Decreto – Ley 262 de
2000 , designe al funcionario que debe rendir el concepto en el proceso de la
referencia pues los suscritos se encuentran impedidos.
La razón que aducen para su impedimento
es que como Procurador y Viceprocurador , participaron en la Comisión Redactora
, el primero , y en la Subcomisión Redactora, el segundo, del proyecto de ley
que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004-.
Por tal razón ,
la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante auto de ocho ( 8 ) febrero de
2005,  decidió aceptar los impedimentos propuestos y ordenó que el Procurador
General de la Nación designará el funcionario que rendiría el concepto .
Así las cosas,
cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
La Corte
realizará de manera separada, el estudio de cada una de las disposiciones
demandadas. Por esta razón, se transcribirán los textos de las normas acusadas
( publicadas en el Diario Oficial No 45.657 de 31 de Agosto de 2004)  en las
cuales serán resaltadas las partes acusadas de inconstitucionalidad, a
continuación serán citadas las intervenciones, posteriormente el concepto del
Procurador General de la Nación y finalmente las consideraciones de esta
Corporación.
NORMA
ACUSADA
1. ARTÍCULO 2o. LIBERTAD Toda persona tiene derecho a que se respete su
libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido
con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
El juez de control de garantías, previa
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la
libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia
o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de
las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los
términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la
medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en
irrazonable o desproporcionada
En las
capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación,
existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de
solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a
disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin
superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
1.2
DEMANDA
Afirma el
demandante que “Esta facultad de la Fiscalía solo puede autorizarse de manera
excepcional tal como lo indica la Carta Política, al determinarse en el
artículo 250  lo siguiente:
LA LEY PODRÁ FACULTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA
REALIZAR EXCEPCIONALMENTE CAPTURAS;  igualmente, la ley fijará los
límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla
la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes. ( Lo destacado no lo es en el texto ).-
De
conformidad con la voluntad del Constituyente la competencia conferida a la
Fiscalía para ordenar capturas es única y exclusivamente para casos
absolutamente excepcionales como claramente se evidencia de la  redacción
gramatical que se le dio a este aspecto en la Carta Política.-
Como
la Constitución defirió en la ley el desarrollo de esa facultad, al concretarse
la misma, se modificó el mandato constitucional, en cuanto a que no alude a la
excepcionalidad de la misma, sino que establece una nueva condición que no
aparece en la Carta, puesto que se dispone que se podrá capturar cuando
existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de
solicitar el mandamiento escrito.-
Nos
parece que primero que todo, se ha debido establecer unas determinadas
exigencias, que destaquen precisamente la excepcionalidad a la que alude la
Constitución; en tratándose de derecho tal trascendental como es la libertad de
las personas creo que  ha debido establecerse exigencias mínima, como que se
trate de delitos que tengan prevista detención preventiva y que la captura sea
necesaria para garantizar su comparecencia  al proceso, la preservación de la
prueba o la protección de la comunidad y de las víctimas.-
De
la misma manera se debe indicar que en esos casos debe desarrollarse tal
facultad a través de un mandamiento escrito, en el que se debe indicar en forma
clara los motivos de la captura, una relación sucinta de los medios probatorios
existentes que demuestren la autoría o participación en el delito de la persona
que se ordena capturar, el nombre y los datos que identifiquen o individualicen
al imputado y el despacho que la ordena.-
Tal
como aparece redactada la norma que se demanda parcialmente aparece como un
cheque en blanco, que podría originar muchos abusos, por la tendencia judicial
de ordenar la pérdida de la libertad de los ciudadanos de una manera muy
ligera, rápida y superficialmente.-
No
debe olvidarse que la libertad debe ser la norma general que informe los
procesos penales, mientras que la captura y la detención deben ser hechos
excepcionales, cuando realmente la privación o la restricción de la libertad
sea necesaria, adecuada, proporcional y razonable.-
Siendo
un derecho de tanta trascendencia para la vida del ciudadano era menester que
en la norma que se demanda se hubiesen incluidos los requisitos antes
comentados, precisamente para que éste constitucional derecho quede realmente
protegido y tutelado.-
De
conformidad con la doctrina contemporánea, con la jurisprudencia y la
legislaciones universales, la privación o restricción de la libertad solo
tendrá justificación: “………CUANDO RESULTE NECESARIA PARA GARANTIZAR SU
COMPARECENCIA O LA PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA O LA PROTECCIÓN DE LA
COMUNIDAD, EN ESPECIAL, DE LAS VÍCTIMAS.”.-
En
las circunstancias precedentes de manera comedida solicitamos se declare la
inexequibilidad del aparte demandado o se haga un pronunciamiento de
constitucionalidad condicionada, debiéndose precisar todos los requisitos que
deben tenerse en cuenta y que deben aparecer en una orden de captura, para
evitar los desafortunados abusos que cotidianamente son cometidos por nuestros
jueces que han hecho popularizar el adagio según el cual entre nosotros se
captura para investigar y no se investiga para capturar.-
Este
aspecto fue debatido tanto en la comisión preparatoria, como en el Congreso de
la Republica cuando estaba en trámite el acto legislativo No. 03 de 2.002,
observemos:
Comisión
preparatoria:
“Dr. Jaime Granados: Definitivamente este es un tema crucial, pero
como se está hablando de la captura y la Corte Constitucional admitió la
detención administrativa, ¿Por qué no va a ser posible la captura por la
Fiscalía General de la Nación? …” (Acta No.3 Reunión Comisión Preparatoria –
febrero 12 de 2.002 Despacho del Fiscal General)
Exposición
de motivos proyecto de acto legislativo (Gaceta No. 134 de 2.002):
“Lo anterior no quiere decir que la Fiscalía no pueda actuar como
cualquier ciudadano en los casos de la captura en flagrancia, lo mismo que se
mantendrán las atribuciones de la captura administrativa, en los eventos
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente a
partir de la Sentencia C-024 de 1.994”
Ponencia
para 4º debate en el Senado del proyecto de Acto Legislativo:
“Sin embargo, se reserva la posibilidad de capturar
administrativamente en los términos en que la ley fije”
Queda
claro que la intención siempre fue el que la Fiscalía pudiese ejercer las
facultades para una captura administrativa así ello no se hubiese consignado
expresamente en el Acto Legislativo; y siendo esto así, como efectivamente lo
es, tal situación  no se refleja en la redacción del artículo demandado. Así
las cosas se solicita la inexequibilidad de esta norma.
1.3
INTERVENCIONES
Fiscalía
General de la Nación.
El
Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio presentó intervención en el
proceso de constitucionalidad, el día 13 de Enero de 2005.
De
acuerdo con su intervención, en el nuevo sistema adversativo de enjuiciamiento
penal, la restricción de los derechos fundamentales corresponde principalmente
al juez, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política, entre las
cuales
se encuentra la facultad de capturar por parte de la Fiscalía en casos
excepcionales en los que se estableció el control judicial posterior.
De
conformidad con su intervención, la regla rectora desarrolla el máximo estatuto
que “otorga la facultad de privar de la libertad sin orden
judicial previa, por causas excepcionales, fundada en motivos serios y no
caprichosos ante situaciones que no dan espera a recibir la autorización
judicial que impida la labor constitucional y legal de luchar contra la criminalidad”
(folio 551).
De la
misma manera, indica que esta norma debe ser interpretada de manera conjunta
con el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, que señala los
requisitos para dicho proceder. La potestad consagrada tiene carácter
reglado y se encuentra sometida al control judicial para efectos de determinar
su validez constitucional y legal.
Ministerio
del Interior y de Justicia.
El Ministerio
del Interior y de Justicia intervino por medio de apoderado para defender la
constitucionalidad del artículo 2 inciso 3º de la Ley 906 de 2004.
En primer lugar,
señala que el Acto Legislativo 03 de 2002 que reformó varios artículos de la
Constitución Política permite que de manera excepcional, la Fiscalía pueda
realizar capturas las cuales deberán contar con el control posterior del juez
de garantías. El interviniente considera que el legislador desarrolló la norma
constitucional de acuerdo con los parámetros establecidos por el constituyente
derivado observando los principios y postulados constitucionales que rigen el
Estado Social de Derecho.
De la misma
manera, indica que la voluntad legislativa se encuentra plasmada de forma clara
en la disposición acusada y en los artículos contenidos en los Capítulos I y II
Título IV del Libro II del nuevo código de procedimiento penal, que regulan la
aplicación de la libertad, la finalidad de su restricción y lo relacionado con
la captura. Especialmente, menciona el artículo 295 del Código Penal en donde
se afirma la libertad como regla general y la privación de la misma como la
excepción, el artículo 296 que enumera las causales para privar de la libertad
a las personas, los artículos 297 y 298 que regulan los requisitos de la
captura, así como los derechos del capturado y el artículo 300 sobre las
capturas sin orden judicial.
En virtud de las
normas anteriormente mencionadas, el apoderado del Ministerio concluye que el
legislador estableció varios requisitos que permiten la procedencia de la
captura e manera excepcional, dentro de los cuales se encuentran: delitos sobre
los cuales procede la detención preventiva, conductas investigadas que sean de
competencia del juez especializado del circuito, o que se trate de delitos
investigables de oficio cuando se trate de conductas cuya pena mínima sea 4
años. Igualmente, sostiene que la existencia de motivos fundados para que se
permita la captura busca velar por el valor de la justicia y proteger los
derechos de los ciudadanos de injerencias arbitrarias.
Adicionalmente,
señala que el lapso de 36 horas previsto para poner a disposición del juez a
una persona capturada es acorde con la disposición constitucional del artículo
28 que faculta a las autoridades para detener a una persona en determinados
eventos y con el cumplimiento de ciertas formalidades hasta por 36 horas.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En virtud de la
designación realizada por el Procurador General de la Nación en Resolución No.
052 de febrero de 2005, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales,
presentó concepto No. 3736, el 4 de Abril del presente año. A juicio del
Ministerio Público, la demanda contra el inciso final del artículo 2º de la Ley
906 de 2004 no debe prosperar. Lo anterior con base en  las siguientes
consideraciones:
La norma
demandada consagra un principio orientador de la interpretación de las
restantes disposiciones legales. En este orden de ideas, la Fiscalía General de
la Nación puede ejercer la facultad excepcional de capturar, de acuerdo con los
parámetros fijados en varios artículos de la Ley 906 de 2004, especialmente:
a. El artículo
114, numeral 7, en donde se reconoce que es una atribución de la Fiscalía “ordenar
capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y
poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a
más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”.
b. El artículo
119 ídem el cual precisa que “Si el registro y allanamiento tiene como
finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo podrá
ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de
detención preventiva” (folio 614).
c. El artículo
300 el cual determina que la captura excepcional a la que se refiere el inciso
final del artículo 250 numeral 1° de la Carta Política sólo es procedente
cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1. Exclusivamente en los eventos
en que proceda la detención preventiva, 2. Que en desarrollo de la
investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona ha
participado en la conducta investigada, 3. Que no sea posible obtener
inmediatamente orden judicial y 4. Que concurra al menos una de las siguientes
causales: Cuando exista riesgo de que la persona evada la acción de la
justicia, cuando represente peligro para la comunidad u obstruya la
investigación.
Con fundamento
en las normas enunciadas, la Procuraduría advierte que “el legislador sí
estableció las reglas que desarrollan la disposición constitucional
supuestamente vulnerada, y lo hizo atendiendo justamente a los
condicionamientos que, como consecuencia de un análisis parcial y
unidimensional, se adujeron por el demandante como omitidos” (folio 615).
1.4.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Competencia
1.
Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la
norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de
la Constitución, por estar contenida en una ley.
2. Cosa Juzgada
Constitucional respecto del Artículo 2 ( parcial ) Ley 906 de 2004.
La Corte
Constata que mediante Sentencia C- 730 de 2005[1]
se declaró la inexequibilidad de las expresiones “En las capturas en
flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo
motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el
mandamiento escrito, “ contenidas en el inciso final del artículo 2° de la
ley 906 de 2004.
En consecuencia,
siendo las mismas expresiones acusadas del art. 2° en la presente demanda, esta
Corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 730 de 2005 , por
el cargo analizado .
Lo
anterior, por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional , en
los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política.
NORMA ACUSADA
2. ARTÍCULO
4° IGUALDAD Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la
igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y
proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
El sexo, la
raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la
lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso
podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de
discriminación.
2.1 DEMANDA
Se señala de
parte del demandante que “Se demanda el artículo 4º
de la ley 906, porque por un erróneo entendimiento del contenido del artículo
13 constitucional en lugar de  consagrar la igualdad procesal, se termina es
por institucionalizar la desigualdad, de la misma manera que se distorsiona las
funciones competenciales de las ramas del poder público.
En
el artículo 13 constitucional , se consagran en el primer inciso tres tipos
diferentes de igualdad a saber:
A )
Igualdad de todas las personas ante la ley;
B )
Igualdad de todas las personas respecto de la protección y trato que deben
recibir de las autoridades y;
C )
Igualdad de todas las personas en el goce y disfrute de los derechos,
libertades y oportunidades.-
La
norma demandada ha debido ser redactada de conformidad con los parámetros
políticos señalados en la Norma Superior que se comenta, pero como ya se
anticipó por un mal entendimiento de la misma, se terminó redactando de
conformidad con el contenido de los incisos 2º y 3º del artículo 13, razón por
la cual finalmente en lugar de consagrarse la igualdad de los sujetos
procesales se terminó institucionalizando la desigualdad de los mismos.-
El
Constituyente sobre los parámetros políticos en que se concibió al Estado
colombiano, como un Estado Social de Derecho, directriz estructural que aparece
claramente configurado en el artículo 1º constitucional  y desarrollado en el
artículo 2º, en cuanto primero se hace la consagración como Estado Social de
Derecho, para enseguida establecer que son fines esenciales del Estado promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos,
estableciendo como una de las obligaciones de los servidores públicos el de
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.-
Consciente
entonces el Constituyente de esta característica política del Estado
colombiano, reconoce que la igualdad real y total de todos los habitantes es utópica,
puesto que bien se sabe que por los más diversos factores biológicos, sociales,
económicos, culturales y de toda naturaleza, desde el mismo momento del
nacimiento surge la desigualdad o por los mismos factores, en el desarrollo de
la vida se institucionaliza la desigualdad.-
Frente
a tal realidad y con el propósito de tratar de alcanzar una mediana igualdad,
reconociendo la desigualdad existente, y en cumplimiento de las funciones
sociales del Estado dispone en el segundo inciso de la norma comentada que éste
debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva,
imponiéndose a sí mismo la obligación de adoptar las medidas necesarias en
favor de grupos discriminados o marginados.-
Y
dentro de esa misma concepción, para efecto de poder cumplir con los deberes
constitucionalmente impuestos, en el inciso tercero se acude a un nuevo
desarrollo del Estado Social al determinarse que éste debe proteger
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, debiendo
sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.-
De
conformidad con lo anterior, ha de concluirse que mientras en el inciso primero
se consagra la igualdad política integralmente, en los incisos siguientes, como
una manifestación del Estado Social, se impone al Estado deberes sociales, para
ayudar a los grupos más desprotegidos de la sociedad.
Es
perfectamente claro que los deberes sociales son funciones políticas
fundamentalmente de las ramas ejecutiva  y legislativa, porque entre las
funciones constitucionales que debe cumplir la rama judicial, no le
corresponden deberes de naturaleza social.-
Es
claro que dentro del proceso penal ningún funcionario judicial se encuentra
obligado a proteger especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta como erróneamente lo impone la norma que se demanda parcialmente.-
Si
un indigente, un minusválido o un enfermo mental cometen una infracción a la
ley penal, deben ser sometidos a proceso penal y dentro del mismo serán
tratados de manera exactamente igual a cualquiera de los otros sujetos
procesales; pero por dicha razón no podrían recibir del funcionario judicial un
tratamiento preferencial, de la misma manera que no tendría justificación
constitucional que tuviesen de parte de los funcionarios judiciales una
protección especial.-
Si
el procesado es un inimputable es claro que en el momento de dictarse sentencia
se le deben imponer medidas de seguridad, en lugar de pena, pero esta
diferencia respecto a la medida aplicable no surge de una forma de ayuda por
parte del funcionario judicial, sino que por la enfermedad mental que padece el
imputado antes de ser castigado debe ser tratado científicamente para tratar de
que recobre la normalidad o deje de ser peligroso para la sociedad; pero es
absolutamente diáfano que ese estado de inimputabilidad no lo hace merecedor en
el transcurso del proceso a un tratamiento preferencial y de protección de
parte de los servidores de la justicia.-
Pero
si se trata de indigentes o minusválidos es claro que demostrada la
responsabilidad deben ser necesariamente condenados a las penas previstas en la
respectiva norma penal y de conformidad con el delito cometido, pero esa
situación de indigencia o de minusvalidez no los hace acreedores a tratamientos
preferenciales o a medidas de protección.-
En
relación con los indigentes, en el momento de hacer la tasación de la pena, se
les podría conceder en su favor la rebaja de pena prevista en el artículo 56
del Código penal, cuando la realización de la conducta punible haya sido
consecuencia de: “….. la influencia de profundas situaciones de
marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido
directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad
suficiente para excluir la responsabilidad,…..”.-
Pero
ésta última norma bajo ninguna circunstancia autorizaría a los funcionarios
judiciales para que durante el transcurso del proceso pudieran recibir tratos
preferenciales o de protección.-
Además
que debe tenerse en cuenta que los funcionarios judiciales carecen del apoyo de
fundamento normativo, y del poder político, económico o instrumental para poder
cumplir con éste absurdo e inconstitucional deber que se les impone en la norma
demandada; porque es absolutamente cristalino que dentro de las competencias
legales de los servidores de la justicia, no se encuentra el cumplimiento de
ningún deber social, porque como ya se dijo estos son deberes constitucionales
que les incumben a las otras ramas del poder político.-
Si
los jueces en cumplimiento de este deber legalmente impuesto dieran un trato
preferencial y de protección a las personas económica, física o mentalmente
desprotegidas es claro que se estaría consagrando la más perfecta desigualdad
entre los sujetos procesales.-
Son
éstas las razones que nos llevan a demandar la inconstitucionalidad del aparte
demandado.”
2.2
INTERVENCIONES
Intervención del
Ministerio del Interior y de Justicia.
El apoderado
del Ministerio del Interior y de Justicia reseñó algunos  pronunciamientos de
la Corte Constitucional sobre el principio de igualdad el cual “tiene carácter
objetivo y no  formal, se predica de la identidad de los iguales, y de la
diferencia entre los desiguales y permite dar un tratamiento diferente a
distintas personas cuando aquellas se encuentran  en diversas situaciones de
hecho” (folio 568).
De acuerdo con
el interviniente, los funcionarios judiciales en su calidad de funcionarios
pertenecientes a la Rama Judicial y en el ámbito de su competencia tienen la
obligación constitucional y legal de promover las condiciones para que la
igualdad sea real en los casos concretos; otorgar tratamiento igual a los
intervinientes en el proceso que se encuentran en igual situación y diferente a
quienes se hallen en situaciones fácticas diversas (folio 569).
De otro lado,
expresa que los funcionarios judiciales deben actuar con sentido proteccionista
cuando el interviniente en un proceso no posea recursos económicos para
sufragar los servicios de un defensor de oficio evento en el cual debe tomar
las medidas necesarias para designarle un apoderado de oficio o realizar las
diligencias para que se le preste el servicio de defensoría pública (folio
570).
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
La Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Constitucionales solicitó a la Corte declarar la
constitucionalidad de la norma demandada, artículo 4 inciso 1º de la Ley 906 de
2004.
El Ministerio
Público estima que la interpretación del actor sobre el carácter social de las
medidas de protección especial prescritas en el inciso demandado es errada toda
vez que el deber de protección sobre este principio incluye también la
administración de justicia. En este orden de ideas, la Procuraduría considera
que “El inciso final del artículo 13 constitucional vincula a todos quienes
conforman la organización estatal (…) este precepto de conformidad con el
artículo 2° constitucional implica tanto la prohibición de trato
discriminatorio a este grupo poblacional, como la realización de acciones
positivas de modo que los factores que determinen su situación de debilidad
sean menguados y así se establezcan verdaderas condiciones de igualdad
sustancial con quienes afortunadamente no están afectados por las mismas
circunstancias” (folio 616).
En segundo
lugar, la representante del Ministerio Público menciona que la igualdad
material, que supone tratamiento diverso a situaciones distintas e igual trato
entre pares, permite establecer un trato diferente como el que menciona la
norma atacada. Dentro de este contexto, precisó que la disposición demandada le
impone al operador judicial el deber de adelantar acciones positivas a favor de
quienes se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta es decir, conferir
un “trato diferente más no discriminatorio a esta clase de intervinientes en la
actuación penal” (folio 616).
En tercer lugar,
considera que debe tenerse en cuenta la Observación General N° 18, del Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la cual ha afirmado que una
diferenciación de trato basada en criterios razonables y objetivos -como lo son
las circunstancias de debilidad manifiesta-, no constituye una discriminación.
Finalmente,
afirma que el principio rector consagrado en esta normatividad logra
materializarse en la “defensa pública para el imputado que carece de recursos
económicos para realizar su defensa, así como la asistencia jurídica gratuita a
las víctimas que se encuentran en similares circunstancias, o la sustitución de
la detención preventiva para quienes por su condición física se encuentran en
imposibilidad de soportar la privación de la libertad” (folio 617).
2.3
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Problema
Jurídico
Corresponde a la
Corte Constitucional determinar si  proteger especialmente a las personas que
por su condición económica , física o mental se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta , es una discriminación que atente contra el derecho a la
igualdad establecido en el artículo 13 Constitucional.
Así las cosas,
se analizará de una parte el contenido normativo del Artículo 13
Constitucional para en una segunda parte analizar si la discriminación
propuesta por la norma demandada vulnera dicho precepto constitucional.
De un lado, es
necesario transcribir el contenido del artículo 13 Constitucional:
“
ARTICULO
13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
Así
las cosas, es indispensable reafirmar la variada jurisprudencia de esta Corporación
donde se ha interpretado el contenido normativo del derecho a la igualdad
Constitucional.  En consecuencia, se ha señalado que el derecho a la igualdad
debe ser interpretado como una igualdad entre iguales y una desigualdad entre
desiguales.
En consecuencia,
el inciso final del artículo Constitucional señalado lo que hace expresamente
es crear una desigualdad entre aquel grupo de personas que están en situación
de desigualdad respecto del resto.  Esto es, aquellas personas que por su
situación económica, física o mental , se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta respecto del resto.
Por
consiguiente, es con relación a este tipo de personas que el Estado Colombiano
efectúa una protección especial precisamente para establecerlos en una situación
de igualdad con el resto de personas que no se encuentran en las mismas
circunstancias.
En este orden de
ideas, dicha protección especial es el verdadero resultado del derecho a la
igualdad material y no simplemente la constatación de una igualdad formal,
cambio sustancial en el Estado Social de Derecho.
De otro lado, debe
la Corte analizar si la protección propuesta por la norma demandada, en punto
de proteger especialmente a las personas que por su condición económica ,
física o mental , se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
atenta contra el derecho a la igualdad.
Evidencia esta
Corporación , que existe una incorrecta interpretación del postulado
Constitucional por parte del demandante.  Efectivamente, la norma demandada no
es más que el desarrollo de la norma Constitucional, hasta el punto que su
transcripción es casi similar.
Pues bien, es
ajustado a la Constitución que los servidores judiciales realicen actividades
tendientes a proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en
las circunstancias ya expresadas tal como se advierte en varios artículos de la
misma ley 906  de 2004 , que desarrollan dicha protección especial, en
circunstancias como:
-
Defensa
pública para aquel procesado que carezca de recursos para realizar su defensa.
-
Asistencia
jurídica gratuita a las víctimas que igualmente carezcan de recursos.
-
Sustitución
de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de
residencia, cuando el procesado sea mayor de 65 años, cuando a la procesada le
falten dos meses o menos para el parto, cuando el procesado estuviere en estado
grave de enfermedad, cuando el procesado sea madre o padre cabeza de familia.
En conclusión ,
estos ejemplos denotan la importancia de hacer valedera a la luz de la
Constitución la desigualdad señalada en la ley en aras de proteger
especialmente a estas personas que se encuentran en situaciones especiales que
ponen de manifiesta su debilidad.  Así las cosas, no resta a esta Corte que
declarar  ajustada al Art. 13 de la Constitución Política la expresión “y
proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” contenida
en el artículo 4° de la ley 906 de 2004, por los cargos analizados.
NORMA
ACUSADA
3. ARTICULO 8°
DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez
adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena
igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
( ... )
b) No
autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad
3.1
DEMANDA
A.
Inciso Primero
Indica
el demandante,  en relación con el inciso primero,  que “El texto
constitucional en su artículo 29 estableció el derecho a la defensa material y
técnica sin limitaciones temporales de ninguna naturaleza y por si fuera poco,
esa Corporación en decisión de 22 de abril de 1993, siendo ponente el H. M.
Fabio Morón Díaz entendió que este constitucional derecho debía de ser
consagrado durante la investigación previa o preliminar
“El
término "sindicado" debe entenderse como que en él también están
incluidos "imputados", "procesados" y aún
"condenados" , pues en toda la actuación procesal -previa,
instrucción, juzgamiento y ejecución de la pena-, como garantía mínima debe
prevalecer la asistencia del defensor en desarrollo del debido proceso. Estos
términos son además de creación legal, mientras que la Constitución Política se
refiere a toda persona durante toda actuación judicial de naturaleza penal.”
En
las circunstancias precedentes ha de entenderse que cuando el Constituyente
consagra el derecho a la defensa material y técnica en el artículo 29, la misma
se encuentra garantizada en la etapa pre-procesal, en las dos etapas del
proceso, instrucción y juzgamiento, y en la etapa de ejecución de la pena.-
Si
ese es el entendimiento que ha de darse a la norma y a la expresión
constitucional relacionada con el derecho a la defensa, ha de concluirse que el
Constituyente no quiso establecer límites temporales al ejercicio de la defensa
y si ello es así, es obvio que una norma subalterna, como es la ley aprobatoria
del nuevo código procesal penal, no puede establecer limitaciones que no están
contenidas en la Carta Política.-
La
expresión que estimamos contraria a la Carta, es la contenida en el artículo
8º  de la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expidió el nuevo código
procesal, porque al consagrarse el derecho a la defensa como norma rectora se
establece que ese derecho solo se adquiere una vez se obtenga la calidad de
imputado.-
Como
se puede observar el derecho a la defensa solo se adquirirá mucho tiempo
después de haber ocurrido los hechos que son motivo de investigación, cuando el
ciudadano sea capturado o se realice la audiencia donde se le formule la
imputación, pero en ese momento solo se viene a adquirir un remedo de defensa,
porque no entendemos como puede la defensa “…preparar de modo eficaz la
actuación procesal “, sin que surja el correlativo derecho de defensa.-
De
conformidad con las previsiones legislativas comentadas, luego de ocurridos los
hechos supuestamente delictivos que originan la investigación penal, la
Fiscalía es dueña y soberana de la misma, puesto que puede comenzar a hacer sus
pesquisas, sin tener contraparte de ninguna naturaleza y tal situación la puede
prolongar por el tiempo que quiera, puesto que le bastará demorar la orden de
captura o simplemente no convocar a la audiencia para la formulación de la
imputación y mientras ello no suceda el ser humano involucrado en la
investigación carecerá de las más elementales manifestaciones para ejercer el
derecho constitucional que estimamos se infringe con la norma demandada, puesto
que mientras no se den tales presupuestos no adquiere la calidad de imputado,
supuestamente para tener derecho a una defensa restringida.-
El ciudadano se defiende de la imputación formulada, probando sus afirmaciones defensivas y controvirtiendo
probatoriamente las imputaciones que le formule el Estado o los otros sujetos
procesales. Es tan íntima la unión de las dos garantías que se analizan, que se
puede afirmar que la defensa como derecho constitucional se convierte en un principio puramente retórico si no se contara
con el derecho de probar y el de controvertir.”
B.
literal ( b )
Señala
el demandante :  Si se recuerda el artículo 33 de la Carta, al consagrar el
derecho a la no incriminación además del sindicado o declarante, lo hace
extensivo &únicamente al cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad O PRIMERO CIVIL.
Al
eliminarse el vocablo “ primero “ es claro que la garantía de no
autoincriminación se está haciendo extensiva a todos los miembros del
parentesco civil, con detrimento en un momento determinado de la Administración
de Justicia, porque personas que no están amparadas por la garantía
constitucional lo vendrían a estar como consecuencia de la ampliación del
derecho, por una errónea concepción de la norma.-
La
contravención de la Carta es evidente, de allí nuestra petición para que sea
declarada su inexequibilidad.-
3.2
INTERVENCIONES
Fiscalía General
de la Nación.
El Fiscal General explica que en el nuevo sistema
procesal penal no se presenta la antigua división entre investigación previa e instrucción o
investigación propiamente dicha toda vez que la causa probable es el mecanismo
que activa la acción penal del Estado. Por consiguiente, el contradictorio
únicamente se traba cuando se cuenta con suficientes elementos probatorios que
permitan inferir la autoría o participación en una conducta punible. En
consecuencia, el ente acusador puede realizar los cometidos de su competencia
constitucional y legal dentro del plazo de prescripción del respectivo delito.
De otra parte, explicó que
el artículo 267 del código de procedimiento penal señala las facultades de
quien no es imputado e igualmente, que la imputación sí significa el comienzo
del proceso, el cual culmina con la audiencia pública de juzgamiento oral en
donde se ventila el acervo probatorio, cuyo fin es el esclarecimiento de los
hechos.
En tercer lugar, con base
en los numerales 3 y 4 del artículo 250 de la Constitución, manifiesta que la
Fiscalía, antes de formular la acusación no practica ni recauda pruebas y que
sólo puede considerarse como prueba aquella que se practica en el juicio
público y oral. Por esta razón, “no puede pretenderse que antes de esa fase
exista controversia probatoria” (folio 552).
En relación con el literal
b del artículo 8 que regula el principio de no autoincriminación, el
interviniente recuerda la sentencia de la Corte Constitucional C-1287 de 2001
en la cual  se “extendió el campo de protección a la garantía de la no
autoincriminación al parentesco por adopción en las mismas condiciones
previstas para la familia por consaguinidad (cuarto grado)” (folio 552).
Ministerio del
Interior y de Justicia.
En relación con
los cargos formulados, el interviniente considera que la norma debe
interpretarse a la luz de la sentencia C-1287 de 2001 de la Corte
Constitucional en la cual, esta corporación precisó el sentido y alcance de las
normas constitucionales que comprometen la aplicación del principio de no
autoincriminación. Por este motivo, solicita a la Corte declarar que ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y por lo tanto, es necesario
atenerse a lo dispuesto en la sentencia citada.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
La Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Constitucionales solicitó a la Corte Constitucional
declarar la exequibilidad del inciso 1º del artículo 8 de la Ley 906 de 2004.
Su petición se encuentra fundamentada en las siguientes razones:
1. “El artículo
29 de la Constitución Política, (…) establece que debe garantizarse al
sindicado, es decir, a quien ha sido vinculado al proceso mediante formulación
de imputación o declaratoria de persona ausente, el ejercicio pleno de su
defensa y la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, desde que el
fiscal ejerce en nombre del Estado la acción penal y da paso con la formulación
de la imputación a la investigación y al juzgamiento”. (folios 618 y 619)
2. La garantía
sobre el artículo 29 no debe anticiparse en las mismas condiciones e iguales
prerrogativas a las diligencias previas toda vez que la labor investigativa que
realiza el Fiscal en esta etapa tiene como objetivo individualizar al posible
sujeto activo de la conducta punible. “Por tanto, en la medida en que tal
individualización no se logre, no existe obligación alguna del Estado, en
cabeza del fiscal, de reconocer derechos y permitir la intervención de la
defensa en su investigación previa al proceso” (folio 619).
3. “La condición
precaria de sospecha tampoco impone que en garantía del derecho a la
defensa de aquel que todavía no es parte en el proceso, se le comunique su
condición de sospechoso (no procesado ni imputado) dentro de la investigación y
le sean reconocidos los derechos consagrados a favor del imputado en el
artículo 8 de la Ley 906 de 2004” (folios 619 y 620).
4. “Toda vez que
no existe un recaudo probatorio que pueda ser llevado al juicio, resulta
inconsecuente garantizar el ejercicio de la defensa frente a la prueba mediante
la contradicción, la controversia desde el momento mismo de su práctica, o la
solicitud o la presentación de otras pruebas antes de darse inicio al proceso”
(folio 620).
5. “El indiciado
(…) no está expuesto en todos los eventos a decisiones judiciales que afecten
sus derechos, de allí que los artículos 119 inciso 2° y 267 ejusdem
establezcan, en coherencia con las disposiciones que regulan las actuaciones
que puede adelantar la Fiscalía y las autoridades de Policía judicial bajo la
dirección de aquella, que en algunos eventos señalados en la misma ley (por
ejemplo en el recaudo de prueba anticipada), el funcionario investigador
informará a quien no es imputado del derecho que le asiste a designar un
defensor” (folio 621).
6. “Las
garantías señaladas en el artículo 8° de la Ley 906 de 2004 tienen aplicación
una vez iniciado el proceso penal, pues: i) no hay recaudo probatorio
por tanto el no imputado no podrá ser escuchado en declaración, en donde deba
garantizarse el derecho del artículo 33 constitucional y pueda renunciar al
mismo; ii) como aún no hay proceso ni partes, tampoco existen
preacuerdos a los cuales aplicar la garantía señalada en el ordinal d); iii)
por la misma razón tampoco puede afirmarse que el indiciado, sin que curse un
proceso tenga derecho a un juicio oral, público, contradictorio, imparcial y
además la facultad de renunciar a él (ordinales k y l);  iv) En cuanto
no es escuchado por las autoridades, pues aún no se le han formulado una
imputación, naturalmente el indiciado no necesita un traductor o intérprete
para que pueda comunicarse con los funcionarios judiciales y hacer peticiones”
(folios 621 y 622).
7. El
reconocimiento expreso que en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004 se hace de
determinadas garantías procesales al imputado, no desconoce aquellas facultades
que antes de la formulación de la imputación o la captura razonablemente pueden
ser ejercidas por quien es apenas indiciado, sospechoso, y al que aún no se le
ha atribuido de manera concreta y clara una conducta que revista las
características de delito.
Sobre estas
garantías, el Ministerio Público cita el artículo 119, inciso final (derecho a
designar un defensor desde el momento que sea informado o advierta de la
investigación preliminar que realiza la Fiscalía)  y 267 realizar entrevistas
en busca de información útil, y a recaudar directamente o a través de su
defensor elementos materiales probatorios y hacerlos examinar por peritos particulares
o de policía judicial.
Artículo 8 Literal b
Asimismo, el
Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional desestimar el cargo
formulado contra el literal b del artículo 8 que consagra el derecho a no
incriminar a parientes dentro del cuarto grado civil.
Sobre esta
disposición legal, la Procuraduría estimó que la disposición representa una
concreción del derecho a la igualdad reconocida entre los hijos naturales,
legítimos y adoptivos, por cuanto permite proteger el vínculo familiar que
existe entre el adoptado y la familia del adoptante o adoptantes, de la misma
manera que se ha protegido el parentesco sanguíneo.
De la misma
forma, estima que la norma permite “fortalecer la unidad familiar, salvaguardar
y promover la fraternidad, solidaridad y lealtad entre los integrantes del
grupo familiar al cual se une el hijo adoptivo, es decir, entre éste y los
consanguíneos del adoptante o adoptantes (artículo 279 Código Civil, artículo
100 del Código de Menor)” (Folio 625).
Igualmente,
subraya que la excepción al deber de declarar establecida sobre los parientes
en el cuarto grado de consanguinidad es acorde con la Constitución Política,
tal como lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia C-1287 de 2001, en
donde concluyó que la garantía contenida en el artículo 33 de la Constitución,
debía extenderse a los parientes adoptivos hasta el cuarto grado.
3.3
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Problema Jurídico
Corresponde a esta Corte establecer , en
primer lugar , si existe violación al derecho de defensa cuando la norma
acusada determina que este derecho se podrá ejercer desde el momento en el cual
se adquiera la condición de  imputado; para en una segunda parte , analizar
si el hecho de que la causal b) del artículo 8 de la ley 906 de 2004 , ampare
la no incriminación hasta el cuarto grado civil es violatoria del artículo 33
Constitucional.
a.  Artículo 8° inciso primero.
Para poder establecer sí el ejercicio del
derecho de defensa desde que se adquiere la condición de imputado es violatorio
de la Constitución, debe analizarse primeramente el derecho de defensa, aunado
con la jurisprudencia de ésta Corporación,  para finalmente estudiar
específicamente la norma demandada a la luz de los argumentos expuestos.
Primeramente, debe decirse que el derecho de defensa
garantiza que se concurra al proceso ,  que se haga parte en el mismo, que se
ejecute una defensa y se presenten pruebas y alegaciones.
Por consiguiente, el derecho de defensa
es una de las tantas garantías que “ constituyen un presupuesto para la
realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico “   Es
decir, el derecho de defensa es de aplicación general y universal.  Al respecto
a dicho esta Corporación :
“  La concepción del proceso como un
mecanismo para la realización de la justicia impide que algún ámbito del
ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante, pues a la conciencia
jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el
camino que conduce a ella “ [2]
Así entonces, debe tenerse en claro que
el derecho de defensa, como base fundamental del Estado de derecho , ha
adquirido una connotación general para todo el ordenamiento jurídico el cual
debe verse constantemente influenciado por su presencia so pena de atentar
contra el valor de justicia determinado por el Estado Colombiano.
Ante tal constatación , corresponde a
esta Corporación estudiar si el ejercicio de este derecho tiene algún límite
temporal o por el contrario si el ejercicio de este derecho implica un límite a
este respecto.
Pues bien, evidencia esta Corte que ni en
la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha
establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa.  Como
se ha dicho , el derecho de defensa es general y universal , y en ese contexto
no es restringible al menos desde el punto de vista temporal.
Por consiguiente,  el ejercicio del
derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso
en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso.
Pues bien, respecto a investigaciones
penales , esta Corporación se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto.
Entre dichos fallos encontramos:
“
Durante
la investigación previa el interés dominante corresponde a la función
investigativa del Estado. El adentrarse en el proceso propiamente dicho  impone
la idea de equilibrio entre la función investigativa y punitiva del Estado
(autoridad) - trasunto de su deber de administrar justicia - y los derechos y
garantías del sindicado (libertad). La persona simplemente investigada en la
fase preliminar, pronto puede tornarse en sospechosa, convertirse durante la
instrucción en sindicada, inmediatamente después en acusada y finalmente
terminar condenada.
Las
metamorfosis sucesivas que se operan en el status penal de la persona no pueden
producirse sin que progresivamente se la dote de las necesarias garantías, que
naturalmente llegan a su plenitud durante la investigación y el juzgamiento. Dado
que el status virtual de la persona depende de las pruebas de autoría y
responsabilidad que el Estado acumule en su contra, la prolongación de la
investigación previa - en la que el interés dominante es el del Estado - debe
analizarse con detenimiento a fin de establecer si la misma en un momento dado
deja de ser compatible con el nivel de garantía que debe asegurarse al
imputado. De otro lado, la prolongación de la investigación previa - como además
es de rigor frente a cada etapa del proceso - debe juzgarse desde una
perspectiva de eficiencia del Estado en el ejercicio de la acción penal.
( … )
Aspectos
conflictivos que emergen de la investigación previa
11.
Sin embargo, una situación diferente se presenta cuando el imputado no se
encuentra privado de la libertad pero la Fiscalía le ha recibido versión
preliminar. En estas condiciones el imputado se impone de la investigación que
se le adelanta y, en cierta medida, puede participar en la presentación y
discusión de las pruebas que se alleguen en su contra (C de P.P. art. 321).
Sobre este particular, esta Corte ha señalado lo siguiente:
"Aunque
la etapa de la investigación previa es anterior a la existencia del proceso y
tiene como finalidad establecer si la investigación debe proseguir o no, es
considerada como especial y básica de la instrucción y del juicio. Por tal
motivo no asiste razón que permita la limitación de la controversia probatoria
en dicha etapa. Por tanto el debido proceso debe aplicarse en dicha etapa.
Con
el acatamiento al principio de contradicción se cumple una función
garantizadora que compensa el poder punitivo del Estado en cabeza de los
funcionarios judiciales, es decir, actúa como un contrapeso obligatorio, respetuoso
de los Derechos Humanos, al permitir la intervención en cualquier diligencia de
la que pueda resultar prueba en contra del imputado, sindicado o procesado.
(...)
Obsérvese
que lo que se entiende por "controversia de la prueba" es la
posibilidad que tiene el sindicado o imputado de pronunciarse sobre el valor,
el contenido y los elementos internos y externos del material recaudado y con
base en ello sustentar la argumentación de la defensa. La distinción entre
imputado y sindicado es relevante desde el punto de vista constitucional para
muchos otros efectos jurídicos y su repercusión es amplia en el orden legal y
principalmente en el procedimiento penal; empero, de la interpretación del
artículo 29 de la Carta, se advierte con claridad que no es admisible el
establecimiento de excepciones al principio de la contradicción de la prueba
así en la etapa de investigación previa no exista sindicado de un posible
delito; no puede el legislador señalar, como lo hace en la disposición acusada,
que en la etapa de la investigación previa, existan excepciones al principio de
la presentación y controversia de pruebas por el imputado, pues este también
tiene derecho a su defensa y a controvertir las pruebas que se vayan
acumulando"1 .
El
principio contradictorio se anticipa en esta etapa, pues frente al interés que
anima a la función investigativa y sancionadora del Estado, surge el interés
concreto, digno de tutela, del imputado de resultar favorecido con una
resolución inhibitoria que descarte la existencia del hecho, su tipicidad, la
procedibilidad de la acción, o, en fin que establezca en su caso una causal de
antijuridicidad o inculpabilidad (C de P.P. art. 327).
Si
bien la formalización del conflicto Estado-sindicado se constituye formalmente
a partir de la resolución de apertura de instrucción, ésta materialmente y de
manera gradual se prefigura en la etapa previa. Justamente, la anticipación
constitucional del contradictorio en esta etapa, otorgándole al imputado posibilidades
de defensa en el campo probatorio, corresponde al reconocimiento que la Corte
hace de la conflictualidad actual o potencial que ya comienza a manifestarse en
esta temprana fase de la investigación y que exige se le brinden las necesarias
garantías constitucionales a fin de que pueda enfrentar equilibradamente al
poder punitivo del Estado.
En
este contexto, la ilimitada utilización de los medios de que dispone el Estado
en la etapa previa - práctica de "todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento
de los hechos" y control por parte del fiscal del momento de cierre de
esta etapa - cuyo empleo exalta en grado sumo la función investigativa y
punitiva del Estado, puede desvirtuar su conexidad funcional con el cometido
institucional de la misma y terminar atrayendo hacía sí la definición y
tratamiento de aspectos conflictuales ínsitos en la persecución e investigación
del delito que son más propios del proceso.
Patente
la conflictividad Estado-imputado, la prolongación indefinida en el tiempo de
la etapa previa, de manera cada vez más acusada la exacerba, subvierte la
enunciada conexidad de unos medios ideados para establecer los presupuestos
mínimos de la acción penal y no para investigar el delito en sí mismo, y
termina por generar un creciente desequilibrio entre el Estado y el imputado,
que para defenderse adecuadamente requeriría de todo el repertorio garantístico
del proceso y al cual sólo puede acceder cuando se le ponga término a dicha
investigación previa.
( … )
En
esta hipótesis el desequilibrio Estado-investigado es manifiesta. La
utilización de los medios que tiene el Estado en la etapa de la investigación
previa se han ejercido con el único objetivo de potenciar al máximo su función
investigativa y punitiva, más allá de la simple averiguación de los
presupuestos mínimos de la acción penal, excluyendo y nulificando en la
práctica toda posibilidad de contrapeso efectivo por parte del investigado, en
este caso colocado ad portas de parte sindicada expuesta a una ardua y desigual
defensa.
El
derecho al debido proceso contiene en su núcleo esencial el derecho a conocer
tan pronto como sea posible la imputación o la existencia de una investigación
penal en curso - previa o formal -, a fin de poder tomar oportunamente todas
las medidas que consagre el ordenamiento en aras del derecho de defensa. Hay un
derecho al proceso y a la intimidad personal y familiar. Pero, antes,
inclusive, la dignidad de la persona humana postula la existencia del derecho a
ser sujeto del proceso y no simplemente objeto del mismo.
13.
Dada la regulación legal de la investigación previa en el Código de
Procedimiento Penal, se ha demostrado que en la etapa de la investigación
previa surgen conflictos en la relación Estado-imputado y Estado-investigado,
que por su naturaleza e intensidad y, además por la necesidad de observar un
adecuado equilibrio en las indicadas relaciones, no deberían ser objeto de
dicha etapa ni materia sobre la cual obren libremente los medios de que dispone
el Estado en aquélla. Se impone, por lo tanto, la consagración de un preciso
límite cronológico  - el más breve posible atendidas las circunstancias - a la
investigación previa que sea razonable y proporcionado a su finalidad
institucional que ha de circunscribirse a la verificación de los presupuestos
objetivos mínimos y necesarios para el ejercicio de la acción penal. “[3]
De lo anterior se puede concluir:
- La correcta interpretación Constitucional del
derecho de defensa implica que este no tiene un límite temporal.
-  Si no existiera desde el inicio de la investigación
esta proporcionalidad basada en el derecho de defensa, fácilmente la persona
puede pasar de investigada, a imputada , a acusada y a condenada; sin haber
actuado en equilibrio de fuerzas con quien lo investiga.  Razón por la cual,
existiría una clara violación al derecho de igualdad y al derecho de defensa.
-  En consecuencia, no es de relevancia para el
ordenamiento Constitucional el nombre que jurídicamente se le otorgue a una
persona al interior de una investigación o de un proceso penal.  Lo
trascendente acá , es que a dicha persona no se le apliquen excepciones
temporales al ejercicio de su derecho de defensa , pues ella en
cualquier etapa pre o procesal puede hacer uso del ejercicio constitucional ha
defenderse.
- Por
consiguiente, el ejercicio de dicho derecho de defensa por parte de la persona
investigada obtiene constitucionalmente realce.  Lo anterior, por cuanto nadie
más interesada que la persona sujeta de investigación en demostrar que no debe
ser ni siquiera imputada de los delitos que se investigan.
-  En
conclusión, no permitir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que
se inicia una investigación en su contra , tenga ésta el carácter de pre-
procesal  o procesal , es potenciar los poderes investigativos del Estado sin
razón Constitucional alguna en desmedro del derecho de defensa de la persona
investigada.
Por
el contrario, corresponde al ordenamiento jurídico reforzar el principio  de
dignidad humana , de raigambre Constitucional, permitiendo que la persona
ejerza general y universalmente su derecho de defensa.  Lo anterior, para
evitar que la persona en realidad sea sujeto del proceso penal y
no objeto del mismo.
Finalmente,
resta
a esta Corte confrontar la disposición acusada con base en los planteamientos
Constitucionales esbozados.
Interpretaciones
de la norma demandada.
En
este orden de ideas, constata esta Corporación que del enunciado de la norma
bajo análisis , es decir “ Defensa. En desarrollo de la actuación, una
vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en
plena igualdad respecto del órgano de persecución penal… “  se pueden
desprender dos diferentes interpretaciones del texto en estudio:
Una
primera, según
la cual exclusivamente se puede ejercer el derecho de defensa desde el
momento en el cual se adquiere la condición de imputado.  Es decir, el término
“ … una vez adquirida …” denotaría una posición y por consiguiente una
interpretación excluyente de las restantes condiciones a las cuales se
ve sometida una persona antes de la imputación.  En consecuencia, y otorgándole
una interpretación radical al término “… una vez adquirida …” se podría
entender que el derecho de defensa únicamente puede ejercerse desde que se adquiera
la condición de imputado y no antes.
Una
segunda interpretación, según la cual el término “ … una vez
adquirida … “ expresa la adquisición de  una de las diferentes
condiciones en la cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal ,
pero en momento alguno excluye a las restantes .  En este orden de ideas, esta
interpretación sería incluyente, respecto de condiciones anteriores a la
imputación, lo que implicaría que el derecho de defensa se pueda ejercer antes
de adquirirse la condición de imputado.
Así
las cosas, corresponde a esta Corte establecer ¿ Sí circunstancias anteriores a
la condición de imputado , requieren del ejercicio del derecho de defensa ?
Para
lo anterior, se expondrán algunas hipótesis en las cuales se activa el
derecho de defensa antes de adquirirse la condición de imputado.
Hipótesis
en las que se Activa el Derecho de Defensa antes que se adquiera la Condición
de imputado
Primera:
Cuando
se efectúa un allanamiento por parte de autoridad pública competente ,  bajo el
entendido que se pretende obtener material probatorio y evidencia física por
ejemplo, lo razonable a la luz de los postulados Constitucionales es que
aquella persona que se vea sometida a dicha carga pública pueda desde ese
momento cuestionar la evidencia física que se recauda.
¿Que
pasa si el objeto – arma de fuego - que se pretende hallar no se encuentra en
el inmueble allanado sino en la casa vecina ? ¿ Que sucede si la existencia de
insumos para el procesamiento de estupefacientes  era totalmente ajena a la
persona allanada ?  .  Para poder dar respuesta a estas interrogantes
hipotéticos , siempre será necesario el ejercicio del derecho de defensa.
En
efecto, si se realiza un allanamiento es porque existe un motivo para hacerlo.
La persona en un Estado de derecho debe tener la posibilidad de controvertir
desde un primer momento dicho motivo, con base en el derecho de defensa.  Así
entonces, el solo hecho de la aplicación de una medida cautelar , que no es la
detención preventiva, implica la activación del derecho de defensa; por
consiguiente con mayor énfasis deberá operar ante la propia detención
preventiva.
No
obstante, esta Corporación hace claridad que una cosa es que la autoridad
pública no esté obligada a avisar del momento en el cual va a realizar un
allanamiento, en aras de la eficacia de la justicia, y otra distinta es que la
persona que este siendo objeto del allanamiento  no pueda defenderse.
Por
consiguiente, el derecho de defensa, debe poder ser ejercido no solo desde que
se adquiera la condición de imputado sino igualmente antes de la misma.
Segunda:
En
el instante mismo de un accidente de tránsito y ante la evidencia de un posible
homicidio culposo ; la persona sobre la recae la supuesta responsabilidad debe
poder ejercer su derecho de defensa , con el propósito de demostrar que, por
ejemplo, su vehículo estaba en otro carril, el croquis no responde a la
realidad de los hechos, solicitar testimonios de personas que afirmen su dicho,
entre otras.  Hechos estos posibles de aclarar con la activación del derecho
de defensa y no necesariamente ostentando la condición de imputado.
Tercera
:
Ante los posibles señalamientos públicos, efectuados por la Fiscalía General de
la Nación, la Policía Nacional o cualquiera de los intervinientes en el proceso
penal,  en los cuales se endilga algún tipo de responsabilidad penal  , debe
poder la persona activar su derecho de defensa no necesariamente
teniendo la condición de imputado.
En
consecuencia, la activación del derecho de defensa es una prioridad esencial
para aquella persona que se vea sometida a la vulneración de uno de sus
derechos fundamentales.  El caso representativo es la vulneración del derecho
fundamental a la libertad a través de la captura, la cual inmediatamente activa
el derecho de defensa de la persona capturada.
La
activación del derecho de defensa en un capturado trae consigo un conjunto de
derechos y prerrogativas en quien recae dicho acto , precisamente porque se
está violentando el derecho a la libertad personal, esencial en un estado de
Derecho.  Entre este conjunto de derechos encontramos entre otros:
-
El
derecho a guardar silencio y que éste no se utilice en su contra.
-
El
derecho a conocer la razón por la cual se realiza la captura. Así mismo, a
entender la razón a través de un interprete si le es imposible hacerlo por los
órganos de los sentidos o hacerlo oralmente.
-
El
derecho a cuestionar la propia privación de la libertad.
-
El
derecho a ser conducido ante un juez en el término de treinta seis horas que
estipula la Constitución.
-
El
derecho de no autoincriminación.
-
El
derecho a ser representado por un abogado de confianza.
-
El
derecho a comunicarse efectivamente con su abogado.
-
El
derecho a que se le nombre un abogado de oficio si la persona capturada no
cuenta con recursos para costearse uno propio.
-
El
derecho a disponer de un término razonable para preparar su defensa.
Interpretación
Sistemática de la Ley 906 de 2004
Ahora
bien, el mismo Código de Procedimiento Penal – ley 906 de 2004 – establece la
posibilidad de activar el derecho de defensa y varios de los derechos
que lo componen , en cabeza de una persona y antes de que esta adquiera la
condición de imputado.  Al respecto se puede observar el artículo 282 :
“Interrogatorio
a indiciado. El fiscal o el servidor de policía judicial, según el caso, que
tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la conducta
que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a conocer
que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra
sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el
indiciado no hace uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se
podrá interrogar en presencia de un abogado.”
De
esta forma, y efectuando una interpretación sistemática, se evidencia que la
misma ley 906 de 2004 otorga derechos que permiten la activación del derecho de
defensa , en cabeza de una persona que aún no siendo imputado se le debe
reconocer el derecho a guardar silencio, el derecho a no autoincriminarse, el
derecho a declarar en presencia de un abogado , entre otros.  Por consiguiente,
el propio Código señala las causas y la oportunidad para ejercer el derecho de
defensa en las distintas etapas del proceso.
Así
pues, fuerza es concluir que la activación del derecho de defensa no
solo opera desde el momento en el cual se adquiere la condición de imputado ,
sino que varias hipótesis demuestran que debe poder activarse desde antes que
se adquiera dicha condición.  Posición esta reforzada por un análisis
sistemático del mismo Código de Procedimiento Penal , que permite el ejercicio
del derecho de defensa antes de obtener la condición de imputado .
Interpretación
del Artículo 8 ( parcial ) de la ley 906 de 2004 ajustada a la Constitución.
Exequibilidad Condicionada
Pues bien,  la
disposición bajo estudio es una norma de principio.  El derecho de defensa señalado en el
artículo 8 ° de la ley 906 de 2004 es un principio
rector de las restantes
disposiciones jurídicas que conforman el Código de Procedimiento Penal.    En
consecuencia, las disposiciones jurídicas contenidas en dicha ley deben ser
interpretadas según las directrices de dicho principio.
De esta manera
entonces, la Corte Constitucional debe determinar cual de las dos
interpretaciones expuestas provenientes de la disposición acusada es ajustada a
la Constitución, con el propósito de que una interpretación inconstitucional no
informe e irradie las restantes disposiciones jurídicas del Código de
Procedimiento Penal.
Por
consiguiente , y con base en lo expuesto con anterioridad ,  se extracta que
existen dos interpretaciones susceptibles de tener en cuenta en relación con la
norma demandada:
La
interpretación excluyente, la cual permitiría entender que
únicamente puede ejercerse el derecho de defensa desde el momento en el cual se
adquiere la condición de imputado , desechando las restantes condiciones en las
cuales se encuentre una persona antes de obtener dicha condición.
Esta
interpretación , por ser violatoria de la Constitución , específicamente del
derecho de defensa , es inconstitucional.
Sin
embargo, la interpretación incluyente, es decir, aquella que permite
entender que la adquisición de la condición de imputado es  una de las
diferentes condiciones en la cuales se puede encontrar una persona en un
proceso penal , pero en momento alguno excluye aquellas anteriores a la
condición de imputado lo que implicaría que el derecho de defensa se pueda
ejercer antes de adquirirse la referida condición; es una interpretación
ajustada a la Carta Política y por ende es Constitucional.
En
este orden de ideas, la correcta interpretación del derecho de defensa implica
que se puede ejercer desde antes de la imputación.  Así lo establece el propio
Código por ejemplo desde la captura o inclusive antes, cuando el investigado
tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos .  Por ello,
la limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004 , si se
interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer
desde el momento en que se adquiere la condición de imputado , sería violatorio
del derecho de defensa.
Por
tal motivo, esta Corporación condicionará la exequibilidad de la expresión
acusada sin perjuicio del ejercicio oportuno , dentro de los cauces legales,
del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de
indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación.
b.
Literal b) artículo 8 de la ley 906 de 2004
Corresponde
a la Corte Constitucional establecer si la extensión del derecho de no
incriminar hasta el cuarto grado civil es violatorio del artículo 33
Constitucional.
El
artículo 33 de la Constitución Política determina:
“
ARTICULO
33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo
o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”
Para
poder entender la confrontación entre la especificidad del artículo
Constitucional y la extensión de la norma acusada es indispensable traer a
colación jurisprudencia de esta Corporación sobre la textura abierta de los
derechos constitucionales.  Tenemos así:
“
En
efecto, el tenor literal de la ley no puede enfrentar con éxito las exigencias
derivadas de una aplicación del derecho conforme a la Constitución, porque las
normas de la Carta son de textura abierta; ellas buscan dar espacio a múltiples
concepciones de la vida y la sociedad.”[4]
Pues
bien, los parámetros establecidos en la Constitución son mínimos que el
ordenamiento jurídico y los órganos estatales deben respetar.  En consecuencia,
si una ley extiende dichas garantías mínimas , en aras de la
discrecionalidad con que cuenta el poder legislativo y dicha extensión es
ajustada a la Constitución  ; la protección del derecho resguardado es mayor.
Por consiguiente, el reforzamiento de una garantía constitucional  por
parte  de la ley estaría ajustada a la Constitución.
En
otras palabras, teniendo  las normas que establecen derechos fundamentales una
“ textura abierta “ es posible que la garantía establecida en ella sea
ampliada por una ley , lo anterior como resultado de la discrecionalidad con
que cuenta el poder legislativo fruto del principio democrático.
Así
las cosas, tenemos que el artículo 33 Constitucional establece una garantía consistente
en que nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ,
segundo de afinidad o primero civil.
De
esta manera, la Constitución ha determinado el derecho de no incriminación con
relación a aquellas personas que se encuentren primer grado de parentesco
civil.
No
obstante, el literal b ) del artículo 8° de la mencionada ley, ha establecido
esta protección en cabeza de otras personas diferentes a las mencionadas en el
artículo constitucional, a saber: los compañeros permanentes y parientes en
cuarto grado civil.
El
demandante acusa de inconstitucional la norma, por cuanto específicamente en lo
relacionado con el parentesco civil, se extiende hasta el cuarto grado no
obstante que el artículo Constitucional lo circunscribe al primero.
Sin
embargo, para esta Corporación dicha extensión es mucho más garantista.  En
otras palabras, la posibilidad de que una persona no esté obligada a declarar
contra parientes en el cuarto grado civil es una amplificación  de la garantía
constitucional, que en manera alguna vulnera la Constitución sino que por el
Contrario es un perfecto desarrollo de ella.  Además , dicha ampliación permite
situar en condiciones de igualdad a los hijos no solo matrimoniales y naturales
sino igualmente a los hijos adoptivos como lo estableció la Sentencia C- 1287
de 2001.
Por
consiguiente, la expresión “ o civil “ contenida en el literal b) del
artículo 8° de la ley 906 de 2004 será declarada exequible por esta Corte, por
el cargo analizado
NORMA ACUSADA
4. ARTICULO 20
DOBLE INSTANCIA. Las sentencias y los autos que se
refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las
pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en
este código, serán susceptibles del recurso de apelación.
El superior no
podrá agravar la situación del apelante único
4.1
DEMANDA
Respecto del
presente artículo, manifestó el demandante que “
“
El articulo 31
de la Carta Política, consagra la prohibición de la reformatio in pejus,
pero única y exclusivamente en relación con las sentencias, cuando de manera
muy clara establece:
EL SUPERIOR NO PODRÁ AGRAVAR LA PENA IMPUESTA CUANDO EL CONDENADO
SEA APELANTE ÚNICO.-
La
modificación que se pretende introducir al texto constitucional es evidente,
porque cuando el texto de la Carta alude a que el superior no podrá agravar la
pena impuesta cuando el condenado sea apelante único, está delimitando la aplicación
de éste principio única y exclusivamente a la sentencia; mientras que en la
norma legal demandada al determinarse que el superior no podrá agravar la
situación del apelante único, extiende el principio a toda clase de decisiones,
incluidas los autos interlocutorios, introduciéndose de tal manera una
inconstitucional reforma a la Carta Política.-
En
las circunstancias precedentes, de manera comedida  se solicita la declaratoria
de contrariedad de la norma demandada con la Constitución.-“
4.2
INTERVENCIONES
Fiscalía General
de la Nación.
En el concepto remitido a esta corporación, el Fiscal
General señala que la acusación del demandante resulta improcedente toda vez
que la expresión de apelante único comprende solamente la categoría de
condenados o sus defensores cuando han impugnado la sentencia de condena, de
acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política. En este sentido, la
Fiscalía cita el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal, el cual
estipula como principio de no agravación que cuando se trate de una persona
condenada, no se podrá agravar la pena impuesta salvo que el fiscal, el
Ministerio Público, la víctima o su representante, cuando tuviere interés, la
hubieran demandado.
Ministerio del
Interior y de Justicia.
El apoderado
del Ministerio solicita declarar la constitucionalidad de la norma cuestionada
y expresa que al contrario de lo que señala el demandante, la norma demandada
permite ampliar el ámbito de aplicación del principio de no reformatio in pejus
“haciéndola posible aún para los autos interlocutorios en los que se decida la
libertad del procesado” (folio 573), en el mismo sentido, expresó que la norma
dentro del nuevo sistema de enjuiciamiento se constituye en una herramienta
básica para garantizar los derechos fundamentales que se derivan de la
condición de procesado en el proceso penal.
De otro lado,
señala que el Congreso de la República tiene la facultad de regular todo lo
concerniente a los procesos judiciales, que comprende el señalar las formas propias
de cada enjuiciamiento, los recursos que proceden frente a la impugnación de
las providencias judiciales; los efectos y alcances de los mismos entre otros
aspectos.
En tercer lugar, indicó que
el principio busca permitir al juez de garantías ejercer un mayor control de
las actividades desplegadas por la Fiscalía y la  Policía Judicial.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
La Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Constitucionales solicitó a la Corte Constitucional
declarar conforme a la Constitución el artículo 20 inciso 2º con base en los
siguientes motivos:
a. La
prohibición de reformatio in pejus constitucionalmente se reconoce
respecto de las sentencias, pero nada impide que tal garantía se extienda a
otras decisiones en el proceso penal.
b. El legislador
tiene la potestad de regular los principios constitucionales, de acuerdo con
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, el legislador
tenía la facultad de “extender la garantía constitucional a situaciones o eventos
distintos al expresamente señalado en la norma superior” (folio 628).
c. De otro
lado, invoca la sentencia C-055 de 1993 según la cual “el reconocimiento
expreso de este derecho frente a las sentencias que imponen una pena no puede
entenderse como una limitación o prohibición de reconocer la misma garantía
cuando el recurso de apelación se interpone contra otra clase de decisiones
judiciales como los autos interlocutorios” (folio 628).
d. La
Constitución consagra la garantía de no reformatio in pejus como un
derecho del condenado respecto de la pena impuesta para que ésta no sea
agravada cuando él es apelante único, más no prohíbe reconocerla respecto de
otros impugnantes únicos y frente a otras decisiones judiciales distintas a la
sentencia, que es lo que hace el artículo 20 de la Ley 906 de 2004, ahora
cuestionado” (folio 629).
4. 3
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Cosa Juzgada
Constitucional respecto del inciso final del Artículo 20 de  Ley 906 de 2004.
Para esta
Corporación , es diáfano que no puede ser alterado el principio de non
reformatio in pejus so pretexto de salvaguardar el principio de legalidad.
Así las cosas, en momento alguno el principio de non reformatio in pejus debe
ceder o claudicar con el propósito de hacer valer el principio de legalidad.
En efecto, el
principio de non reformatio in pejus es un derecho fundamental  que estructura
el propio Estado de derecho, por consiguiente es anterior a él , así las cosas
el principio de legalidad , producto del surgimiento y existencia del Estado de
Derecho , no puede supeditar el ejercicio de un derecho fundamental previo y
preexistente al propio Estado.
Por otra parte,
la Corte constata que mediante Sentencia C- 591 de 2005[5]  se declaró la
exequibilidad de la expresión “ El superior no podrá agravar la situación
del apelante único “ contenida en el inciso final del artículo 20 de la ley
906 de 2004.
En consecuencia,
siendo las mismas expresiones acusadas del art. 20 en la presente demanda, esta
Corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 591 de 2005 , por
el cargo analizado.
Lo
anterior, por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional , en
los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política.
NORMA ACUSADA
5. ARTÍCULO
192 PROCEDENCIA. La acción de revisión procede contra sentencias
ejecutoriadas, en los siguientes casos:
( ... )
5. Cuando con
posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el
fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.
6. Cuando se
demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó, en todo o
en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones.
5.1
DEMANDA
Por último, el
demandante señala que Igualmente se afecta la integridad del Bloque de
Constitucionalidad y de manera concreta el numeral 4º del artículo 8º de la
Convención Americana de derechos Humanos, en cuanto dispone que la persona
absuelta por sentencia ejecutoriada no podrá ser nuevamente sometida a un nuevo
juicio.-
Desde siempre,
es evidente que la revisión comporta un nuevo juzgamiento, porque para poder
instaurar esta acción es indispensable que se haya producido una sentencia
ejecutoriada y al prosperar la demanda, se inicia un nuevo juicio con su
correspondiente etapa probatoria y la necesaria segunda sentencia producida por
un juez diferente del que produjo la primera, decisión que puede ser igual o
diversa a la que se está atacando mediante ésta acción extraordinaria
El Pacto
Universal de Derechos Humanos establece en el numeral 7º del artículo 14º lo
siguiente:
7.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el
cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con
la ley y el procedimiento penal de cada país.
La
Convención Americana por su parte en el numeral 4º del artículo 8º dispone en
relación con el mismo tema:
4. El
inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo
juicio por los mismos hechos.
Creemos que el
doble juzgamiento que se origina cuando prospera la acción de revisión, aparece
en franca contradicción con las normas citadas que integran el Bloque de
Constitucionalidad, porque no existe la más mínima duda que como consecuencia
de la prosperidad de la acción de revisión, queda sin efecto la sentencia
primeramente dictada y el proceso regresa al juez de primera instancia,
diferente de aquel que dictara la sentencia original, para que reinicie toda la
etapa de juzgamiento, el cual finalizado debe concluir con una nueva sentencia,
y si se tiene en cuenta que el primer y fundamental requisito de la acción de
revisión es que exista sentencia ejecutoriada, no puede dudarse que la segunda
sentencia que se dicta como consecuencia de la prosperidad de la acción produce
consecuencia de un nuevo juicio, evento procesal que está expresamente
prohibido por las normas que integran el Bloque de Constitucionalidad como se
ha dejado expuesto y demostrado.-
Creemos que con
fundamento en el artículo 94 de la Constitución que determina que los derechos
allí establecidos no son taxativos, sino meramente enunciativos, lo que indica
que además de los allí consignados se pueden aceptar todos los restantes que
sean inherentes a la persona humana, es perfectamente posible aceptar la
constitucionalidad de la revisión, pero única y exclusivamente para sentencias
condenatorias.-
La razón de la
propuesta diferencial resulta obvia, porque tratando de una persona condenada,
con la revisión surge una posibilidad de absolución en un nuevo juicio y esto
se constituye en una nueva garantía, que ingresa como derecho fundamental por
la vía del artículo 94.-
Además tiene
pleno respaldo en el numeral 4º del artículo 8º de la Convención Americana de
Derechos Humanos, porque recuérdese que en esta normatividad la prohibición de
nuevo juicio es única y exclusivamente para quienes hubieren sido absueltos por
sentencia firme.-
No sucede así,
ni puede ocurrir con las sentencias absolutorias, así hubieran sido obtenidas
mediante procedimientos ilícitos, porque es obvio que el nuevo juicio, puede
desembocar en una nueva sentencia, pero de carácter condenatorio.-
Podría
contraargumentarse que lo que se obtiene por vía delictiva no puede adquirir la
fuerza de la cosa juzgada, o que lo que se obtiene por vías ilegales no puede
obtener la corroboración del Estado y del Derecho; y en principio ello podría
ser así, pero si se tiene en cuenta que la Normatividad Superior consagra una
norma de carácter absoluto, que no da lugar a excepciones de ninguna
naturaleza, es obvio concluir, que donde la Norma Superior no distingue, no
puede distinguir la norma subalterna, o que ésta no puede crear excepciones que
no están previstas en aquella.-
En las
condiciones precedentes las normas sobre la revisión que posibilitan un nuevo
juzgamiento de los absueltos, serían contrarias al bloque de Constitucionalidad
que se analiza. Efectivamente en el artículo 192 se consagran varias hipótesis,
en los numerales 5 y 6 que
permitirían al absuelto ser sometido a un nuevo juzgamiento pese a la
existencia de un fallo firme en su favor.
Como se puede observar en los numerales 5
y 6 se prevé la posibilidad de revisión de las sentencias condenatorias y
absolutorias ejecutoriadas cuando las mismas se hayan obtenido por actividades
delictivas del juez,  o de un tercero.-
De conformidad
con las argumentaciones precedentes, comedidamente solicitamos se decrete la
inexequibilidad de los numerales 5 y 6 del artículo 192.del Código de
Procedimiento Penal.
5.2
INTERVENCIONES
Fiscalía General
de la Nación.
El Fiscal General de la
Nación solicita declarar la constitucionalidad de la norma acusada, bajo los
siguientes argumentos:
a. “La acción de revisión
tiene como objetivo central hacer prevalecer la justicia sobre la forma, pues a
través de ella se abandona el concepto de inmutabilidad de los fallos, en busca
de la prevalencia del derecho sustancial afectado por providencias proferidas
de manera irregular o por medios fraudulentos, cuyo medio únicamente es el
restablecimiento del derecho a través de un  nuevo fallo con todas las
garantías jurídicas de imparcialidad para todos los sujetos del proceso” (folio
553).
Además, indica que las
disposiciones demandadas pretenden subsanar los defectos materiales de los
proveídos preferidos en contra de la recta administración de justicia sin que
esto signifique desconocer derechos fundamentales.
Ministerio del
Interior y de Justicia.
El
interviniente solicita a la Corte declarar ajustados a la Constitución Política
los numerales 5 y 6 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004. De conformidad con
su intervención, el principio non bis in idem no es absoluto. En ese sentido,
menciona que varios instrumentos internacionales permiten revisar procesos
judiciales en algunos casos expresamente señalados, dentro de los cuales
mencionó el artículo 14 numeral 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos en donde se consagra que cuando una sentencia condenatoria haya
sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un
error judicial la persona que haya sufrido una pena como resultado de la sentencia
deberá ser indemnizada.
Señala también
que cuando se produce una condena basada en la actuación dolosa del funcionario
o de un  tercero o de prueba falsa, no puede afirmarse que se condenó o
absolvió de acuerdo con el procedimiento penal y menos con la ley. Una
sentencia basada en pruebas falsa afecta gravemente el debido proceso penal.
Consideró que es una obligación del Estado ejercer la acción penal, en cuanto a
iniciar un nuevo juicio por cuanto en el Estado Social de Derecho el juez tiene
la obligación de encontrar la verdad material y no solo la verdad procesal.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
La Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General de la Nación
solicitó declarar exequible los numerales 5 y 6 del artículo 192 por las
siguientes razones:
a. “El principio
de non bis ídem opera ya sea que la sentencia en firme sea absolutoria o
condenatoria, tal como lo reiteró la Corte Constitucional en la sentencia C-551
de 2001” (folio 630).
b. “El principio
de non bis in idem admite excepciones en casos excepcionales atendiendo a
intereses jurídicos que el legislador quiere proteger y que en el caso concreto
de la acción de revisión se refieren a la necesidad de que las decisiones
correspondan a la verdad real y de esta forma realicen la justicia no sólo
respecto del procesado, sino también frente a las víctimas y perjudicados con
la conducta punible, esto es, a una recta administración de justicia” (folio
630).
c. “La acción de
revisión da lugar a la reanudación de un proceso que necesariamente por
circunstancias excepcionales como son la existencia de hechos nuevos no
conocidos durante el desarrollo del proceso que necesariamente afectan la
decisión dictada” (folio 631).
5.3
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Problema
Jurídico
Esta
a cargo de esta Corporación analizar sí las causales de revisión fundamentadas
en que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero o que el
fallo se basó en todo o en parte en prueba falsa fundante de sus conclusiones,
son violatorias del principio de non bis in idem establecido en la
Constitución.
Para
resolver el problema planteado , acudirá la Corte Constitucional ha algunas de
sus jurisprudencias donde se a tratado el tema de los límites al principio de
nom bis in idem, para posteriormente analizar  las causales demandadas.
“
Consideraciones
generales sobre los principios de non bis in idem y de la cosa juzgada (C.P.,
artículo 29)
4. Aún
cuando usualmente se habla de los principios de la cosa juzgada y de non bis in
idem como dos conceptos diferenciados, es menester precisar que éstos se
encuentran íntimamente relacionados. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha sentado la siguiente doctrina:
"Para esta Corporación, por el
contrario, estas dos nociones se implican mutuamente, son inconcebibles por
separado. Non bis in
idem, es una expresión latina que significa 'no dos veces sobre lo mismo'; ésta
ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión
judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante
otro juez. En otras palabras, quiere decir que no debe resolverse dos veces el
mismo asunto. En
sentido similar ha sido acuñado el término 'cosa juzgada'. (…)”[6]
Igualmente la Sentencia C- 004 de 2003 , trató el tema
de la siguiente manera:
“La
acción de revisión, en
la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo
extraordinaria sino que además procede por las causales taxativamente señaladas
por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata
de “una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa
juzgada”, y por ello “las causales previstas para la revisión deben ser
aplicadas e interpretadas en sentido restringido”. Por consiguiente,
corresponde al Legislador, en desarrollo de su libertad de configuración, determinar
cuáles son las posibles causales que podrían justificar privar de efectos una
sentencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada.
(… )
Es posible entonces establecer
limitaciones al derecho al non bis in ídem a fin de desarrollar otros valores y
derechos constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia. Ahora
bien, los derechos de las víctimas de los hechos punibles y el deber
correlativo del Estado de investigar y sancionar los delitos a fin de realizar
la justicia y lograr un orden justo son obviamente los valores constitucionales
que pueden claramente colisionar con el non bis in ídem, y que pueden entonces
autorizar, o incluso, exigir una limitación de esa garantía constitucional del
procesado. En efecto, en aquellos casos en que una persona es absuelta por un
delito, pero aparecen hechos o pruebas posteriores que sugieren que ella puede
ser culpable, se desarrolla una clara tensión normativa entre, de un lado, la
garantía del procesado a no ser enjuiciado nuevamente y, de otro lado, los
derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar los delitos y
sancionar a los responsables a fin de lograr un orden justo. Así, la fuerza normativa del non bis in
ídem indica que la persona absuelta no debería volver a ser juzgada, a pesar de
esas pruebas y hechos nuevos; sin embargo, el deber del Estado de investigar
los delitos y amparar los derechos de las víctimas a fin de lograr un orden
justo parece implicar que la persona debe ser enjuiciada nuevamente, sobre todo
si se trata de delitos que configuren violaciones a los derechos humanos.”
De lo anterior
se concluye lo siguiente:
-  El derecho
fundamental al debido proceso comporta el derecho a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho, es decir el nom bis in idem.
-  El nom bis in idem es un derecho fundamental que
requiere de la protección y garantía por parte del Estado.  Por tal razón, debe
ser interpretado con base en los valores y principios establecidos en la misma
Constitución.
-  El preámbulo Constitucional establece como un valor
trascendental dentro de nuestro modelo de Estado , la obtención de la justicia,
entendida esta desde su perspectiva material.  Es decir, el anhelo permanente
del Estado Colombiano por arribar al conocimiento cierto de los hechos y así
poder administrar justicia.
-  En igual forma, es uno de los fines del Estado,
como objetivo a corto plazo, el obtener un orden justo.
-  La justicia , tanto como componente axiológico del
Estado como objetivo a corto plazo, permiten servir de fuente de interpretación
no solo de los derechos fundamentales sino de todo el ordenamiento jurídico
Colombiano.
- En consecuencia, el principio de nom bis in idem debe
ser interpretado a la luz de lo interpretado tanto en el preámbulo
Constitucional como en el artículo 3° de la misma Carta.
Pues bien, llegando al caso concreto debe afirmarse
que la acción de revisión es un mecanismo procedimental que limita el principio
de nom bis in idem.  Y lo limita por cuanto permite que una persona que ya ha
sido sentenciada pueda volver a serlo debido a hechos nuevos o pruebas nuevas y
esto es lo que hace que el proceso no sea efectivamente igual al anterior.
Así las cosas, corresponde determinar la
Constitucionalidad de las dos causales acusadas respecto de los parámetros ya
señalados.  Así entonces, debe afirmarse que dicha acción procede cuando el
fallo haya sido determinado por el delito de un juez o un tercero ó por prueba
falsa que sirva de base para las conclusiones del mismo.
Por consiguiente,
debe decirse de una vez , que dichas causales responden a los limites que la
misma Constitución ha establecido para el principio de nom bis in idem.  Es
claro para esta Corporación que en aquel fallo penal donde se haya emitido una
sentencia sea absolutoria o condenatoria , y este se ha determinado en un
delito del un juez o de un tercero ó ha sido sustentado en una prueba falsa ;
se está violentando no solo un valor fundamental de la Constitución como es la
justicia sino igualmente no se cumple con uno de los fines primordiales del
Estado como lo es el alcance de un orden justo. Lo dicho, por cuanto el fallo
no sería correspondiente con una justicia material sino que estaríamos en
presencia de un fallo formal ( fruto de un delito o una prueba falta ) ajeno a
lo que busca el ordenamiento Constitucional.
Por ende, el
principio de nom bis in idem , se ve limitado por unos intereses de mayor
jerarquía como lo son la justicia como valor Estatal y el orden justo como
objetivo primordial del Estado.  No obstante, es la ley la que taxativamente
determina dichas limitaciones siempre y cuando estén ajustadas a la
Constitución, como es el presente caso.
No obstante , el
demandante circunscribe la discusión a la posibilidad de dicha acción proceda
en caso de sentencia absolutoria.  Para esta Corte , se produce entonces una
tensión entre “la garantía del procesado a no ser enjuiciado nuevamente y,
de otro lado, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar
los delitos y sancionar a los responsables a fin de lograr un orden justo.” Tensión
que como se explicó anteriormente , beneficia a la justicia como valor y al
orden justo como fin primordial del Estado.
En consecuencia,
por lo expuesto precedentemente esta Corporación declarará la exequibilidad de
las causales 5 y 6 del artículo 192 de la ley 906 de 2004, por los cargos
analizados.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del
Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites y requisitos que
contempla el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
1. ESTARSE A
LO RESUELTO en la Sentencia C- 730 de 2005, que declaró inexequible la
expresión “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía
General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la
oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, “ contenida en el inciso
final del artículo 2° de la ley 906 de 2004.
2.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “y proteger,
especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” contenida
en el artículo 4° de la ley 906 de 2004, por los cargos analizados
3.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “ una vez adquirida la condición de
imputado” contenida en el inciso 1° del artículo 8° de la ley 906 de 2004,
por los cargos examinados , sin perjuicio del ejercicio oportuno , dentro de
los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o
indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de
la imputación
4.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “ o civil “ contenida en el
literal b) del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos analizados.
5.  ESTARSE A LO RESUELTO
en la Sentencia C- 591 de 2005 , que declaró exequible la expresión “ El superior no podrá
agravar la situación del apelante único “ contenida en
el artículo 20 de la ley 906 de 2004, por el cargo analizado.
6.  Declarar EXEQUIBLES
los numerales 5 y 6 del artículo 192 de la ley 906 de 2004 , por los cargos
analizados.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
SIERRA PORTO
Magistrado
CON
ACLARACIÓN DE VOTO
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA
SENTENCIA C-799/05
CAPTURA
SIN ORDEN JUDICIAL POR FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Aplicación
de interpretación sistemática/PRINCIPIO RECTOR EN CODIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL-No autonomía normativa (Aclaración de voto)
PRINCIPIO
LEGAL-Concepto/PRINCIPIO
LEGAL-Función (Aclaración de voto)
CAPTURA
SIN ORDEN JUDICIAL-Condiciones para la procedencia en
nuevo procedimiento penal (Aclaración de voto)
CAPTURA
SIN ORDEN JUDICIAL-Eficacia en la tarea de persecución
penal (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-5464
Magistrado
Ponente:
Dr.
JAIME ARAUJO RENTERÍA
1.-
Con el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala, el suscrito
Magistrado procede a sustentar la aclaración de voto manifestada en la Sala
Plena respecto de la sentencia C-799 de 2005.
2.-
En dicha providencia se declararon exequibles expresiones de los artículos 4º,
8º y 192 de la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), así como
también se resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-591 de 2005
respecto de la exequibilidad de algunas expresiones contenidas en el artículo
20 de la misma ley, declaraciones con las que estoy de acuerdo.
De
otro lado, se resolvió igualmente estarse a lo resuelto en la sentencia
C-730 de 2005 respecto de la inexequibilidad de las expresiones del inciso
tercero del artículo 2º de la ley 906 en comento, que contemplaban la
posibilidad que la Fiscalía realizara capturas sin orden previa del juez. Sobre
este punto, comparto la apreciación de la Sala en el sentido que se ha
configurado cosa juzgada en relación con lo decidido respecto de las mismas
expresiones en la sentencia C-730 de 2005. Pero, debo aclarar que en la citada
sentencia salvé el voto por considerar que las mencionadas expresiones no
debieron ser declaradas inexequibles. En atención a lo anterior, encuentro que
la mayoría de la Sala, aunque fundamentó acertadamente la necesidad de estarse
a lo resuelto en lo relativo a la inexequibilidad de dichas expresiones, ya
decretada por la Corte en un pronunciamiento anterior, aclaro el voto en cuanto
a que se trata de la ratificación de una inexequibilidad de la que disentí en
su momento. Las razones en las que sustenté lo anterior, consignadas en el
salvamento de voto a la sentencia C-730 de 2005, las transcribo a continuación in
extenso:
3.-
Las expresiones normativas – que a continuación de subrayan - declaradas
inexequibles en la referida C-730 de 2005, disponían lo siguiente:
En las
capturas en flagrancia y en aquellas en donde
la Fiscalía General de la Nación,
existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de
solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez
de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y
seis (36) horas siguientes.
En aquella
sentencia, la mayoría de la Sala Plena fundamentó la declaratoria de
inexequibilidad de las expresiones del inciso tercero del artículo 2º de la Ley
906 de 2004 relativas a la captura que eventualmente podía realizar la Fiscalía
sin orden previa del juez,
en los siguientes argumentos:
(i)
En el sistema
normativo colombiano existe una estricta reserva judicial para el ejercicio
legítimo de la privación de la libertad por parte de las autoridades. Ésta se
debe entender sujeta a la idea
de representación democrática, por lo que su legitimidad viene dada por el
principio de separación de las ramas del poder público. Se cita la sentencia C-
1024 de 2002 en donde se manifiesta que “…es claro que la privación o restricción de la
libertad que
materialmente se ejecuta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder
público, no queda a la discreción de ésta, sino que exige la intervención de
las otras dos ramas del poder, pues el legislador define los motivos y el juez
emite la orden escrita con
sujeción a éstos, para que quien la practique lo haga luego con sujeción a las
formalidades previamente definidas por el legislador. (…) [Q]ue la orden sea dada por escrito y por un juez, es
garantía para la persona pues ello exige al funcionario el acatamiento estricto a los motivos definidos
por el legislador y no autoriza a nadie distinto a los funcionarios
jurisdiccionales  la afectación de la libertad individual” [El énfasis es nuestro]
De ahí que se
concluya en la presente sentencia, que el derecho a la libertad personal, “…encuentra (…) sólo en la ley su posible
límite y en el juez su legítimo garante (…), [pues es a éste] a quien le está encomendada la tarea de ordenar
restringir el derecho a la libertad en los precisos términos señalados en la ley, de la misma manera que es a él a
quien corresponde controlar las condiciones en las que esa privación de la
libertad se efectúa y mantiene.” Luego la estricta reserva judicial en materia de capturas obliga a que
sea el juez el que disponga su realización.
(ii)
Como excepción a lo
anterior, dentro de la reforma constitucional introducida por el artículo 4º
del Acto Legislativo Nº 03 de 2002, el inciso tercero del numeral 1º del
artículo 250 de la Constitución
contempla que mediante una ley se podrá facultar a la Fiscalía para que
excepcionalmente realice capturas. Sin embargo, en el nuevo sistema de
procedimiento penal establecido mediante el Acto Legislativo referido, se
transformó sustancialmente el papel de la Fiscalía. Aunque continúa siendo parte de la rama judicial, ya no
corresponde a ella (la Fiscalía) asegurar la comparecencia al proceso de los
presuntos infractores de la ley penal mediante la expedición de órdenes de
captura. Sino que “…el
juez de control de
garantías en el nuevo ordenamiento penal es
la autoridad judicial competente que alude el inciso primero del artículo 28
superior.” Mientras que
el Fiscal no es competente en principio, pero puede llegar a serlo si una la
ley lo faculta para que excepcionalmente
realice capturas, siempre que “…el ejercicio de dichas competencias se enmarque en dicho presupuesto
de excepcionalidad.” En
este orden, afirma la Sala que la estricta reserva judicial para la restricción
del derecho de libertad personal contenida en el artículo 28 Superior, interpretada sistemáticamente con
el artículo 250 de la Carta, estipula que la autoridad competente para la
mencionada restricción es el juez de garantías y, el Fiscal no es competente,
pero excepcionalmente podrá realizar capturas en los términos en que la ley lo autorice.
(iii)
El desarrollo de la
autorización legal para la realización de capturas por parte de la Fiscalía
según lo anterior, debe comportar “verdaderos elementos de excepcionalidad”.
Éstos no están dados en los
apartes demandados del artículo 2º de la Ley 906 de 2004. Lo dispuesto en este
artículo, en el sentido de hacer viable la captura por parte del Fiscal sin
orden judicial previa bajo la existencia de motivos fundados y carencia razonable de oportunidad para
solicitar la mencionada orden, resultan ser condiciones que “…dejan un amplísimo margen de
interpretación que no se compadece con el carácter excepcional fijado por el
Constituyente derivado para la competencia que podría atribuírsele a la Fiscalía General de la Nación  para
efectuar capturas.” Por
lo que no están acordes con lo estipulado en el artículo 250 de la
Constitución.
(iv)
Por último, argumentó
la mayoría de la Sala que la indeterminación con la que se describe la facultad de la Fiscalía
para capturar sin orden judicial previa, contenida en el artículo 2º acusado no
podía “…superarse
concordando las expresiones acusadas con los mandatos contenidos en los
artículos 114-7 y 300 de la misma ley 906, pues independientemente de si dichos artículos en sí
mismos atienden o no el presupuesto de excepcionalidad exigido por el
Constituyente,
así como si los mandatos en ellos contenidos respetan o no el principio de
legalidad, es
claro que las disposiciones acusadas tienen una autonomía normativa que permite que las
mismas puedan ser aplicadas  sin necesidad de acudir a otras normas de la Ley
906 de 2003.” [El énfasis es nuestro]
4.- De las
razones expuestas, en las que la Sala Plena sustentó en aquella oportunidad la inconstitucionalidad de
los enunciados normativos demandados, disentí únicamente del argumento (iv).
Con éste último, se argumentó que la falta de especificación con la que el
legislador regula la facultad de la Fiscalía de capturar sin orden judicial previa - la cual fue
dispuesta por el Constituyente derivado como excepcional, luego alejada del
carácter general e indeterminado -, no se subsanaba con las regulaciones que el
mismo legislador dispuso en otros artículos de la Ley 906 de 2004. Consideré por el contrario,
que se debió interpretar sistemáticamente el enunciado normativo demandado, con
los demás artículos de la Ley en comento que regulan la facultad excepcional de
la Fiscalía de capturar sin orden previa del juez. Estos artículos, que son el 300 y el 313 del
nuevo Código de Procedimiento Penal (L.906/05), prestan la concreción y
especificidad por ausencia de la cual la Corte declaró la inconstitucionalidad
en mención. En este orden – a mi juicio – los mencionados artículos subsanaban el reparo constitucional
consistente en que el artículo 2º acusado, deja “abierta la puerta” para que la
excepción del artículo 250 de la Carta se convierta en la regla general,
haciendo que la regulación del tipo de captura permitida a la Fiscalía sin orden judicial previa, se
presente como condicionada a la concurrencia de circunstancias excepcionales.
Por ello, no se debió declarar inexequible en la C-730 de 2005 el enunciado
normativo del artículo demandado. El fundamento de los anterior se expresó como sigue.
5.- Según la
mayoría de la Honorable Sala Plena de la Corte Constitucional y los fundamentos
de la sentencia C-730 de 2005, la razón por la cual el inciso tercero del
artículo 2º de la Ley 906 de 2004 demandado, no puede ser interpretado para su aplicación junto con los
demás artículos de la misma ley que regulan la captura sin orden judicial
previa por parte de la Fiscalía, es que las expresiones del  inciso acusado “…tienen una autonomía normativa que
permite que las mismas puedan ser aplicadas sin necesidad de acudir a otras normas de la Ley 906 de 2004.” A su vez, la justificación en el que en
dicha sentencia se sustentó la mencionada autonomía normativa es que – aunque
del todo claro – la norma demandada hace parte del Título Preliminar sobre “Principios Rectores y
Garantías Procesales”. El argumento fue presentado por la Sala en aquella
oportunidad de la siguiente manera:
“Empero es
claro para la Corte que en cuanto se trata de una norma que hace parte del
título preliminar sobre
“Principios Rectores y Garantías Procesales” del Código de Procedimiento penal
y cuyo contenido normativo es autónomo, bien podría llegar a interpretarse en
el sentido de servir de base a la Fiscalía General
de la Nación – independientemente de los señalado en los referidos artículos 114, 297 y 300 – para
ordenar capturas en los términos en el señalados, a saber cuando <la
Fiscalía General de la nación, existiendo motivos fundados, razonablemente
carezca de oportunidad de solicitar el mandamiento escrito>.”
En mi parecer,
existieron dos falencias en la anterior justificación: (i) del hecho que la
norma sea un principio rector del Código de Procedimiento Penal, no se deriva
que su contenido normativo sea autónomo frente al resto de disposiciones de dicho Código, y (ii) en la práctica no
resulta posible que del alcance de la aplicación del artículo 2º de la Ley 906
de 2004, se sustraiga a las demás normas que regulan la posibilidad de la
Fiscalía de capturar sin orden judicial previa. Sobre lo anterior expresé lo siguiente:
Alcance del artículo 2º de la Ley 906 de
2004, entendido como principio rector del nuevo sistema de procedimiento penal.
6.- De manera
general, en derecho la palabra “principio” hace referencia a un tipo de norma
de carácter general. Su
contenido es amplio y puede ser interpretado como un fin hacia el cual
orientarse o una guía a seguir, tanto por el legislador en la tarea de crear
las normas, como por el operador jurídico al aplicarlas. Referente a los
principios legales, a cuya categoría
pertenece la disposición demandada, se encuentra que están revestidos por el
mismo carácter general, orientador e inspirador. Ahora bien, cuando el
contenido de los principios legales obedece a objetivos específicos que el
legislador ha tomado de la Constitución
– como es el caso -, su función orientadora e inspiradora tiene un ámbito
determinado. En primer lugar sirven a las otras normas legales de guía
interpretativa inmediata, pues son los objetivos más próximos a los que dichas
normas se dirigen. En
segundo, fundamentan medidas para el logro de estos objetivos trazados en la
Constitución. En consecuencia, estos principios legales avalan o descartan
tanto interpretaciones como atribuciones a partir de su relación con las normas
a las que le sirven de guía.
Prestan a las disposiciones a las que inspiran, validez interpretativa cuando
ellas se derivan de dichos principios y en caso contrario desvirtúan la
mencionada validez.
Afirmar
entonces, que la norma acusada por formar parte de los principios rectores y
garantías procesales de la Ley 906 mencionada, tiene independencia normativa
respecto del tema que regula, significa por un lado desconocer la función
orientadora de los principios y por otro la posibilidad de que el legislador
reproduzca en las leyes los principios contenidos en la Constitución.
7.-
Acerca de lo primero, me parece claro que si los principios son guías y
orientan sobre la regulación de ciertos temas, difícilmente pueden ser
interpretados como independientes en sus contenidos normativos. El sentido de
guiar y orientar presupone un elemento adicional al cual se guía y orienta. Por
ello la regulación de la posibilidad de la captura por parte de la Fiscalía sin
orden previa del juez, contemplada como un principio rector y una garantía general
procesal dentro del procedimiento penal colombiano, es un mandato general que
inspira a otras disposiciones en la conformación del marco normativo de este
tipo de captura. Ante la existencia de un principio rector y garantía procesal
referente a la libertad personal (art. 2º L.906/04), es inaceptable no
remitirse al “Régimen de la libertad y su restricción”, para entender la
regulación completa sobre esta materia. Una tal desconexión, no atiende al
carácter sistemático de las disposiciones que norman todo un ámbito del derecho
– en este caso el procedimiento penal y concretamente el derecho a la libertad
personal y su restricción -.
8.-
De ahí que en mi opinión, resultó inexacta la afirmación de la mayoría de la
Sala según la cual la posibilidad de realizar capturas de la Fiscalía sin orden
previa de juez, fue regulada en la Ley 906 de 2005 bajo las condiciones de existencia
de motivos fundados y razonable carencia de oportunidad para solicitar la
mencionada orden del juez. Esta posibilidad estipulada en el artículo 250
de la Carta fue regulada por el legislador de manera diferente. Así pues, se le
dio viabilidad en el nuevo procedimiento penal frente a los siguientes
condiciones: (i) cuando existan motivos fundados para inferir, a)
que determinada persona ha participado en la conducta investigada, b)
que la persona va a evadir la acción de la justicia, c) que la persona
representa peligro para la comunidad (o para las víctimas, art 296 L.906/04), o
d) que la persona pueda obstruir la investigación. (ii) En los
eventos en que proceda la detención preventiva, esto es, en los tres tipos de
delitos que contempla el artículo 313 de la Ley 906/04. Y (iii) que el
Fiscal se encuentre frente a una situación tal, que no tenga oportunidad de
solicitarle al juez el mandamiento escrito.
Si no
se dan las anteriores condiciones, los Fiscales no están autorizados para
realizar capturas sin orden previa del juez. Así, el amplísimo margen de
interpretación del que se habla en la sentencia C-730 de 2005 – de la que me
aparté -, el cual da al traste con el carácter excepcional de este tipo de
captura, queda reducido a la verificación de: al menos una de las cuatro
situaciones fácticas descritas en el párrafo anterior como a), b),
c) y d), a los tres tipos de delitos a los que se refiere el
artículo 313 de la Ley 906 de 2005 y a la ocurrencia de la situación
excepcional de ausencia de oportunidad para solicitar la orden al juez antes de
realizar la captura. En esta medida, consideré que el tipo de captura bajo estudio
no estaba insuficientemente regulada para ser ejercida en situaciones realmente
excepcionales.
9.-
De otro lado, el anterior argumento de la mayoría de la Sala, trae como
consecuencia la sospecha de inconstitucionalidad de todas aquellas disposiciones
legales que reproduzcan principios constitucionales. Esto es, todos aquellos
artículos de la parte preliminar de las leyes, en cuyo texto el legislador haya
incluido normas generales extraídas de los principios y valores contenidos en
la Constitución. Su generalidad y amplitud, individualmente consideradas,
permitirían – según la mencionada tesis – que se dieran interpretaciones
contrarias a la Constitución.
Resulta
cierto que en ocasiones desarrollar la regulación de situaciones concretas, a
partir de normas de rango legal cuyo contenido reproduce la generalidad de un
principio constitucional, puede generar en efecto interpretaciones
inconstitucionales de esa norma legal y en consecuencia vulneración de los
derechos fundamentales. Pero, esto se da únicamente cuando la regulación de una
materia mediante la ley induce al error al intérprete, haciéndole creer que
sólo son aplicables aquellas normas constitucionales y/o generales y nada más,
abriendo así la puerta a cualquier tipo de interpretaciones. O, cuando la norma
legal que reproduce el contenido constitucional, es la única que regula la
materia y a su vez, ésta no es de aplicación directa.
En el
caso concreto del artículo 2º analizado en la C-730 de 2005 no se da ninguno de
los anteriores supuestos, pues la materia regulada de manera general por éste
en la parte preliminar, es el marco dentro del cual se deben desplegar los
requisitos específicos que el legislador estableció para lo propio, en
artículos posteriores de la misma ley. La norma declarada inexequible en la
citada C-730 de 2005, ni sugiere que ella misma es la única que regula la
materia, ni pretende su aplicación de forma directa. Pues no se puede perder de
vista que es un principio rector y una garantía procesal a la luz de la cual se
deben interpretar el resto de normas procesales penales.
Ámbito
de aplicación del artículo 2º de la Ley 906 de 2004, en el contexto del nuevo
sistema de procedimiento penal.
10.-
También se expresó que lo expuesto en el acápite anterior, resultaba cierto no
sólo a partir de las nociones teóricas de principios generales e interpretación
sistemática de las normas. Desde el punto de vista de la aplicación del
artículo 2º en comento, es también inaceptable la afirmación según la cual lo
estipulado en el artículo declarado inexequible podría “servir de base” a la
Fiscalía General de la Nación para que ordenara capturas en desatención de los
artículos del Capítulo I del Título IV del Código de Procedimiento Penal, el
cual fue titulado por el legislador, precisamente como “Régimen de la libertad
y su restricción”.
No se
puede aseverar que un Fiscal en un caso concreto pretenda sustentar una captura
sin previa orden del juez, si el delito investigado no es uno de los que se
habla en el artículo 313 del mencionado Código, o teniendo la convicción que
puede hacer comparecer a la persona por otros medios. Y mucho menos que en las
condiciones descritas el juez de garantías avale la mencionada captura.
11.-
Afirmar que los Fiscales fundamentarán la realización de capturas sin orden
judicial previa sólo en lo contenido en el artículo 2º de la Ley 906 de 2004,
como se hizo en la C-730 de 2005, es descontextualizar completamente tanto la
labor jurídica del Fiscal, como la labor de control del cumplimiento de las garantías
constitucionales del juez de control de garantías. No se puede hacer caso omiso
al hecho que los Fiscales están constreñidos en su actuación dentro del proceso
penal, al nuevo Código de Procedimiento Penal en su integridad, y no sólo a la
parte preliminar. De este modo no se puede desconocer tampoco, que el Fiscal –
según el nuevo Código procesal penal – en la tarea de demostrar eventos claros
y objetivos, v.gr, el riesgo de evasión del capturado - está atado al debate
jurídico que supone el control posterior obligatorio por parte del juez de
garantías.
Así,
en el debate que surtió la sentencia C-730 de 2005 la Sala omitió el análisis
acerca de la complejidad que se presenta al pretender predeterminar todos los
posibles eventos a partir de los que un fiscal pueda encontrarse en una
situación tal que lo obligue a practicar una captura sin previa orden.
Evidentemente resulta imposible para el legislador determinar por anticipado
semejante situación. Lo que obligaba a concentrar el análisis en el control
posterior que sobre la captura realizada sin orden, hace el juez de garantías.
Los elementos de juicio que sirvieron de sustento a la captura deben ventilarse
ante el juez mencionado. Es obligación constitucional y legal del juez de
garantías decidir sobre la legalidad de este tipo de captura, y obligación
constitucional y legal del Fiscal colocar a disposición del mismo al capturado
para lo propio.
En
este orden de ideas, la posibilidad de declaratoria de ilegalidad de la captura
y la subsiguiente orden de libertad, suponen un alto grado de diligencia
jurídica para el fiscal que teniendo la oportunidad de conseguir una orden del
juez, opte por realizar una captura sin ella. Las posibilidades de sustentar
razonablemente semejante acción son pocas, pero las posibilidades que el juez
de garantías acepte una argumentación precaria como justificación de la
captura, son prácticamente nulas.
12.-
Por último, al no estudiarse en la C-730 de 2005 en comento, la regulación que
el nuevo Código de Procedimiento Penal que estableció la posibilidad
excepcional de los Fiscales para realizar capturas sin orden judicial previa en
su contexto, se omitió también analizar la racionalidad del establecimiento de
dicha posibilidad. No se tuvo en cuenta que con la orden de captura emitida por
un fiscal se pretende mantener la eficacia de la tarea de la persecución penal
del órgano investigador, en situaciones o ante eventos muy particulares. Que la
regulación de esta competencia por parte del legislador se desarrolló como la verificación
de una serie de causales (art 300 L.906/05). Que dichas causales pretenden dar
cuenta de los eventos en que el Fiscal sólo tiene una oportunidad para realizar
la captura, y se encuentra frente a ella sin la orden escrita del juez. Y que
pese a que el presupuesto normativo necesario es la ocurrencia de hechos
imprevisibles, frente a los que el fiscal no tiene otra opción que realizar la
captura en forma inmediata, su realización está condicionada a priori
por los requisitos a que se ha hecho mención y a posteriori por el
control del juez de garantías.
En
los anteriores términos consideré que los apartes demandados del inciso tercero
del artículo 2º de la Ley 906 de 2004 no debieron ser declarados inexequibles,
mediante la C-730 de 2005.
Por
ello aclaro el voto en la presente sentencia que resolvió estarse a lo resuelto
en la mencionada C-730 de 2005.
Fecha
ut supra,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1] M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[2] Sentencia C-131 de 2002 Corte
Constitucional.
1 Corte Constitucional. Sentencia C-150/1993
[3] Sentencia C- 412 de 1993 Corte
Constitucional. Esta Sentencia ha sido reiterada en varias oportunidades por la
Corte Constitucional , entre otras en la Sentencia C- 1711 de 2000.
[4] Sentencia T-116 de 2004 Corte
Constitucional
[5]  M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[6] Sentencia T- 162 de 1998 Corte
Constitucional