T-772-15
Sentencia T-772/15
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA
PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos internacionales
ratificados por Colombia
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA
MUJER EN COLOMBIA-Desarrollo normativo
PROTECCION ESPECIAL DE LA MUJER-Jurisprudencia
constitucional
Este
Alto Tribunal ha reconocido especial protección a la mujer en aras de su
protección constitucional, ya como una manifestación del derecho a la igualdad
de sexos o bien con el establecimiento de acciones afirmativas en su favor y en
contra de la discriminación.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Disposición de un recurso judicial efectivo
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO
JUDICIAL EFECTIVO-Evolución en el derecho internacional
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL
EFECTIVO-Alcance constitucional
GARANTIA DE NO REPETICION-Contenido y
alcance
La Corte Constitucional ha indicado
que la garantía de no repetición está conformada por las acciones orientadas a
impedir que se vuelvan a realizar las conductas que afectaron los derechos de
las víctimas, las cuales se deben adecuar a la magnitud y naturaleza de la
ofensa. Igualmente, se ha establecido que tal
garantía está relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves
violaciones de los DDHH a través de medidas jurídicas, políticas,
administrativas y culturales que permitan la protección de los derechos.
GARANTIA DE NO REPETICION DEL DELITO
FRENTE A LAS VICTIMAS ESPECIFICAS DE UN DELITO
La
garantía de no repetición se desarrolla a través de las acciones orientadas a
impedir que se vuelvan a realizar las conductas que afectaron los derechos de
las víctimas, para lo cual deben adoptarse estrategias y políticas de
prevención integral, pero también medidas específicas destinadas a erradicar
factores de riesgo e implementar medidas de prevención específica en aquellos
eventos donde se detecte un grupo de personas en riesgo de que sus derechos
sean vulnerados.
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS AMENAZADAS-Obligación de
brindarle protección para que no vuelvan a ser objeto de la misma conducta
punible
Una
de las consecuencias del derecho a la no repetición es "tomar medidas de prevención específica en casos en los que
se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean
vulnerados”. En virtud de lo anterior, la primera obligación que surge frente
a las víctimas es la de brindarle protección para que no vuelvan a ser objeto
de la misma conducta punible.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA
INTEGRIDAD PERSONAL DE MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA-Vulneración
por cuanto la Fiscalía
no solicitó medidas de protección para mujer víctima y sus hijos, colocándola
en grave peligro
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA
INTEGRIDAD PERSONAL DE MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA-Orden a Juez
Municipal realizar una audiencia para decidir si es procedente aplicar las
medidas especiales de protección solicitadas por la Defensoría del Pueblo
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO
TIPO DE VIOLENCIA-Se previene a la Fiscalía para que en caso de
recibir denuncias por violencia de género solicite inmediatamente al juez de
control de garantías medidas de protección, si encuentra que se presentan
indicios leves de la existencia de una agresión
Referencia: expediente T - 4.991.216.
Acción de tutela
instaurada por la Defensoría del Pueblo, seccional Magdalena, como agente
oficioso de Martha Cecilia Villamizar Ebratt contra la Dirección Seccional de
Fiscalías del Magdalena Medio, la Policía Nacional - Dirección Seccional del
Magdalena Medio, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja y Jorge
Elías Corzo Rodríguez.
Derechos
fundamentales invocados: vida, debido proceso y derecho de la
mujer a una vida libre de violencia.
Temas:
(i) Medidas de protección judicial eficaces y recurso judicial efectivo a
favor de la mujer; (ii) derecho
fundamental de las mujeres víctimas de violencia; y (id)
trámite
procesal de la solicitud de medidas de protección especial en el sistema penal
acusatorio.
Problema
jurídico: determinar si se le otorgó un recurso judicial
efectivo a la accionante para la protección de sus derechos constitucionales.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Bogotá D.C.,
dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto
Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la
preside -, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9o
de la Constitución Política, profiere la siguiente,
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos por la Sala Penal de Decisión del Tribunal
Superior de Bucaramanga, el once (11) de marzo de dos mil quince (2015), y por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el doce (12) de mayo
de 2015. Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete de la
Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia[1].
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1. ANTECEDENTES
1.1 HECHOS
La Defensoría del
Pueblo, Regional Magdalena Medio, presentó acción de tutela como agente
oficioso de la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt, en contra de la
Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, la Policía Nacional -
Dirección Seccional del Magdalena Medio, el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Barrancabermeja y Jorge Elias Corzo Rodríguez, por los siguientes motivos:
1.1.1   Asegura que la
señora Villamizar Ebratt convivió durante doce (12) años con el señor Jorge Elías
Corzo Rodríguez y que desde abril de 2014 comenzó a agredirla verbalmente y que
a partir del diez (10) de noviembre del mismo año la agresión se tornó física.
1.1.2   Indica que el
compañero permanente de la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt la agredió
físicamente cuando tenía cinco (5) meses de embarazo.
1.1.3   Manifiesta que,
en vista de las agresiones, la señora Villamizar Ebratt se separó del señor Corzo Rodríguez, denunciándolo
penalmente por primera vez el cinco (5) de diciembre de 2014.
1.1.4   Sostiene que el
veintitrés (23) de enero de 2015, la señora Villamizar Ebratt presentó
nuevamente denuncia penal en contra del agresor, acudiendo esta vez a la
Defensoría del Pueblo, con el fin de que se le asistiera jurídicamente en la
solicitud de medidas de protección.
1.1.5   Aduce que, el
treinta (30) de enero de dos mil quince (2015), el defensor público Wilson Andrés
Parra Mera, solicitó al Juzgado Segundo Municipal de Barrancabermeja
con función de control de garantías, medidas de protección, sin obtener
respuesta a su solicitud.
1.1.6    Manifiesta que la
actora al verse desprotegida, fue nuevamente agredida por su ex compañero
sentimental, quien en esa ocasión intentó matarla, por lo cual interpuso una
tercera denuncia en la Fiscalía General de la Nación.
1.1.7    Indica que la
víctima ha sido valorada en dos (2) ocasiones por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses: (i) en la primera valoración le
dictaminaron una incapacidad médico legal de nueve (9) días y (ii) en la
segunda fue de diez (10) días.
1.1.8    Expone que la
Fiscalía, la Policía y el Juzgado Segundo Penal Municipal no han actuado en
debida forma, y por ende, se ha agravado la situación de desprotección de
Martha Cecilia Villamizar Ebratt, pues no había podido ingresar a su vivienda y
el agresor tiene retenidas sus pertenencias personales y las de sus dos hijos
menores, que para el momento de interponer la tutela contaban con diez (10) y
doce (12) años de edad.
1.1.9    Por lo anterior,
pide que se tutelen los derechos a la vida, al debido proceso y el derecho de
la mujer a una vida libre de violencia de la señora Martha Cecilia Villamizar
Ebratt. En consecuencia, solicita: (i) impulsar las tres
(3) denuncias interpuestas por la peticionaria, (ii) ordenar a la
Policía Nacional que realice una protección adecuada a la peticionaria y
mantenga vigilancia especial sobre el agresor, (iii) ordenar al
agresor que cese cualquier acto de agresión en contra de la señora Martha
Cecilia Villamizar Ebratt y (iv) ordenar al Juez
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías efectuar el
trámite de medidas de protección solicitado por la Defensoría del Pueblo
contempladas en la Ley 1257 de 2008.
1.2
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.2.1 Respuesta
de la Subdirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio
El Subdirector
Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana del Magdalena Medio, por medio de
escrito se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela,
solicitando que se niegue por las siguientes razones:
1.2.1.1 Afirma que no se
han vulnerado los derechos de la accionante, pues la Fiscalía Primera Local de
Barrancabermeja llevó la indagación en contra del señor Jorge Elías Corzo
Rodríguez por el delito de violencia intrafamiliar conforme a la
ley, efectuando las actuaciones procesales pertinentes.
1.2.1.2 Sostiene que se
procedió a elevar ante el Juez Segundo Penal Municipal, la solicitud de
audiencia para pedir orden de captura en contra del sindicado.
1.2.1.3 Manifiesta que la
Fiscalía también pidió las medidas tendientes al restablecimiento de los
derechos de las víctimas de este injusto ante la Comisaria de Familia y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
1.2.2  Respuesta del Juzgado Segundo Penal Municipal
Laura Cristina
Torres Becerra, titular del Juzgado Segundo Penal Municipal dio respuesta al
requerimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial, solicitando que se
declare improcedente la acción de tutela por las siguientes
razones:
1.2.2.1 Manifiesta que en
el proceso radicado 680816000136201500287 contra Jorge Elías Corzo
Rodríguez, la Defensoría del Pueblo, presentó solicitud de medida
de protección a favor de la víctima, consistente en ordenar al agresor
abstenerse de penetrar cualquier lugar donde se encuentre la denunciante.
Requirió también a la defensoría, la protección temporal de la víctima por
parte de las autoridades de policía en su lugar de trabajo y en su domicilio.
1.2.2.2 Aduce que en
atención a la solicitud de la Defensoría del Pueblo, mediante auto del treinta
(30) de enero de dos mil quince (2015), se señaló como fecha para la audiencia
de medidas de protección el diecisiete (17) de abril de dos mil quince (2015),
teniendo presente la agenda del juzgado y las diligencias que debían efectuarse
de manera prioritaria.
1.2.2.3 Considera
respecto del objeto de la tutela que la competencia inmediata para otorgar
dichas medidas está a cargo de las Comisarias de Familia y no del Juez de
Control de Garantías.
1.2.2.4 Por lo anterior,
sostiene que la competencia del juez municipal es subsidiaria a que se hayan
interpuesto las medidas de protección por parte de la Comisaria de Familia,
pues nada le impide a la víctima acudir de manera más inmediata a la obtención
de medidas ante el ente que posee idoneidad, recursos y medios para la
realización de las mismas.
1.2.3  Respuesta de Jorge Elías Corzo Rodríguez
Mediante escrito
del veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015), el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Barrancabermeja, manifiesta que pese a los esfuerzos del
despacho no se pudo notificar al señor Jorge Eliecer Corzo Rodríguez.
1.2.4 Respuesta
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
El Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solicitó al Tribunal Superior
del Distrito se le desvincule de la actuación constitucional como accionado de
oficio por los siguientes motivos:
1.2.4.1 Manifiesta que
esta entidad en ningún momento ha vulnerado los derechos fundamentales alegados
por la accionante.
1.2.4.2 En igual sentido,
aduce que la actuación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, se ciñe a lo establecido por la Ley 938 de 2004. Es así como en
efecto, la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt ha sido valorada en dos (2)
oportunidades: (i) el 23 de enero de 2015, con informe Pericial de Clínica
Forense No. UBBRRCB-DSANT-00182-C-2015, en el cual se concluye incapacidad
definitiva de nueve (9) días, sin secuelas médico legales, y (ii) un mes
después, el 23 de febrero de 2015, se practicó el segundo examen, con informe
pericial de Clínica Forense No. UBBRRCB-DSANT-00465-C-2015, en el cual se
concluye incapacidad definitiva de diez (10) días (Secuelas médico legales sin
determinar).
1.2.5 Respuesta
del Departamento de Policía del Magdalena Medio
El Comandante del
Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Oscar Octavio González
Parra, a través de escrito del tres (3) de marzo de 2015, dio respuesta a la
acción de tutela sub - examine, solicitando al Tribunal declarar la
improcedencia de la acción por las siguientes razones:
1.2.5.1 Afirma que una
vez se tuvo conocimiento de los hechos citados por la accionante, se ordenó al
señor Teniente Coronel Jarley Céspedes Duarte, adoptar todas las medidas de
seguridad de acuerdo a la competencia de la policía y realizar acciones de
prevención, tales como, entregar a la víctima cartilla de autoprotección y
abonado telefónico del cuadrante de vigilancia. Además, se incrementaron los
patrullajes con la finalidad mantener y generar seguridad en la accionante.
1.2.5.2 En igual sentido
explica que mediante comunicación oficial No. S-2015-0050035 COSEC DISPO 1 del
dos (02) de marzo de 2015 se informan las acciones pertinentes, con el
propósito de garantizar los derechos fundamentales de la señora Martha Cecilia
Villamizar Ebratt. Cita una llamada al celular personal de la actora y una
entrevista personal con ella, los días primero (Io) y dos (2) de
marzo de 2015, respectivamente. Eventos tales, en los que se confirmó la
dirección de residencia de la víctima y se le orientó sobre las medidas de
protección personal que debía tomar.
1.2.6 Pruebas y documentos
En el expediente
obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.2.6.1 Copia de la
solicitud presentada por la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt a la
Defensoría del Pueblo, pidiendo asistencia jurídica para obtener medidas de protección[2].
1.2.6.2 Copia del Informe
Pericial de Clínica Forense de fecha febrero 23 de 2015, elaborado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre la integridad
de la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt[3].
1.2.6.3 Copia del Informe
Pericial de Clínica Forense de fecha enero 23 de 2015, elaborado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre la integridad
de la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt[4].
1.2.6.4 Copia del oficio
N° 2273 del Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja, mediante el
cual, se fija como fecha para la audiencia de Medidas de Protección en favor de
la víctima, el día 17 de abril de 2015[5]
1.2.6.5 Copia del escrito
dirigido por el defensor público de la accionante, Wilson Andrés Parra Mera, al
Juzgado Segundo Penal Municipal, con fecha de enero 29 de 2015, por medio del
cual solicita se apliquen medidas de protección a su defendida[6].
1.2.6.6 Copia de la
Noticia Criminal es 680816000136201406698, recibida el 05 de diciembre de 2014,
siendo la denunciante Martha Cecilia Villamizar Ebratt[7].
1.2.6.7
Copia de solicitud escrita, oficiada por la policía
judicial a la Comisaria de Familia de Barrancabermeja, fechada el 05 de
diciembre de 2014, con el fin de proveer protección a la accionante[8].
1.2.6.8
Copia
del informe de actividades del Comandante del Primer Distrito de
Barrancabermeja, dirigido al Comandante del Departamento de Policía del
Magdalena Medio, fechado el 02 de marzo de 2015, donde se informa de las
actividades tendientes a garantizar la protección de la señora Martha Cecilia
Villamizar Ebratt[9].
1.3    DECISIONES JUDICIALES
1.3.1 Sentencia de primera instancia
La Sala Penal de
Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga, declaró la improcedencia de la
acción de tutela, mediante sentencia del once (11) de marzo de dos mil quince
(2015), por las siguientes razones:
1.3.1.1 Manifiesta que únicamente
cuando se desconoce alguna de las etapas procesales establecidas en la Ley 906
de 2004, el juez constitucional puede intervenir para restablecer el equilibrio
procesal y el debido proceso.
1.3.1.2 Aduce que debido
a la congestión y excesiva carga judicial que detentan los operadores
judiciales, se limita su posibilidad de acatar estrictamente los términos
judiciales y prerrogativas. No puede por ello, configurarse la violación de los
derechos fundamentales de los administrados.
1.3.1.3 Cita la sentencia
T - 1154 de 2004, donde la Corte señaló que "(...) se
presenta [vulneración al debido proceso] cuando la mora en el trámite de una
actuación judicial no tiene su génesis en la complejidad del asunto o en la
existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los
funcionarios, sino (sic) en la falta de diligencia y en la omisión sistemática
de sus deberes por parte de los mismos "
1.3.1.4 Estima que si
bien se encuentra justificada la preocupación de la accionante para que se
lleve a cabo la audiencia preliminar de medidas de protección, también lo está,
la excesiva carga laboral del Juzgado Segundo Penal Municipal. Sin perjuicio de
que la accionante podía haber solicitado las medidas de protección ante la
Comisaria de Familia, puesto que legalmente también resultan de su competencia.
1.3.1.5 Aunado a lo
anterior, señala que la fiscalía y la policía han realizado las actuaciones
debidas para la protección de la víctima, como lo son en el caso de la primera,
la solicitud de la respectiva audiencia preliminar y las comunicaciones a las
entidades que pueden brindar la protección requerida. Por parte de la policía,
se han realizado visitas periódicas al lugar de residencia de la demandante,
así como recomendaciones y canales de comunicación para brindar protección
inmediata en caso de agresión.
1.3.1.6 Por último,
sostiene que la accionante en ese momento aún contaba con mecanismos judiciales
para salvaguardar sus derechos fundamentales. La audiencia preliminar de
medidas de protección y las medidas que la fiscalía y la policía estaban
ejecutando, resultan ser medios alternos que dejan improcedente la acción de
tutela.
1.3.2 Impugnación
de la Defensoría del Pueblo - Regional Magdalena Medio
Mediante escrito
presentado el 18 de marzo de 2015, la Defensoría del Pueblo - Regional
Magdalena Medio, impugnó la decisión del 11 de marzo de 2015, proferida por el
Tribunal Superior de Barrancabermeja, por la cual se declaró improcedente el
amparo de tutela por las siguientes razones:
1.3.2.1 Manifiesta que
dentro de las distintas formas de violencia contra la mujer, se encuentra la
violencia institucional. Este tipo de violencia, se manifiesta por la agresión
verbal de los funcionarios públicos y la dilación injustificada a las
peticiones de auxilio de las mujeres.
1.3.2.2 Afirma que
contrario a lo expuesto por el Tribunal en el fallo de tutela, la solicitud de
audiencia preliminar no la hizo la Fiscalía General de la Nación, sino que fue
el defensor público, representante de la víctima, quien el 30 de enero de 2015
solicitó la audiencia de medidas de protección.
1.3.2.3 Expresa que,
según lo establece el Decreto 4799 de dos mil once (2011): "cuando los
casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia
intrafamiliar, el fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control de
Garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su
seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134
de la Ley 906 de 2004 (...). Una vez proferida la medida provisional por el
Juez de Control de Garantías, en cuaderno separado a la actuación penal,
remitirá las diligencias a la Comisaria de Familia, Juez Civil Municipal o
Promiscuo Municipal para que se continúe con su procedimiento en la forma y
términos señalados en la Ley 575 de 2000 y en el presente decreto, o en las
normas que lo modifiquen o adicionen ".
1.3.2.4 Aduce, en
concordancia con lo anterior, que el artículo 11 de la Ley 294 de 1996,
establece que "El Comisario o el Juez, según el caso, recibirá
y avocará de forma inmediata la petición, y si estuviere fundada en al menos
indicios leves, podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes,
medidas de protección en forma provisional tendientes a evitar la continuación
de todo acto de violencia (...) ". Por lo anterior, no es dable para el
funcionario judicial dilatar el otorgamiento de las medidas de protección casi
tres (3) meses desde su solicitud, como se observa en el caso que nos ocupa.
1.3.2.5 Manifiesta que
para decidir sobre la impugnación, será necesario tener en cuenta la Sentencia
T - 878 de 2014, donde la Corte señaló el deber que tienen las autoridades de
acelerar los procesos en donde las mujeres resulten víctimas de violencia de
género. En igual sentido, la Sentencia C - 776 de 2010, donde la Corte analiza
la violencia contra la mujer como fenómeno socio jurídico, la protección de la
mujer en el derecho internacional y la protección de la mujer en el Derecho
Colombiano.
1.3.2.6 De la misma
manera, cita la Sentencia T - 434 de 2014 en la que este Alto Tribunal, hace un
análisis de cómo se debe abordar por parte de las autoridades judiciales la
problemática de la violencia intrafamiliar, estableciendo claramente la
prevalencia en aplicar las garantías hacia la mujer, por ser un sujeto de
especial protección por parte del Estado.
1.3.3 Sentencia de segunda instancia
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del doce
(12) de mayo de dos mil quince (2015)[10],
decidió confirmar el fallo de primera instancia proferido
por el Tribunal Superior de Barrancabermeja, por las siguientes razones:
1.3.3.1 Afirma que la
naturaleza propia de la acción de tutela es proteger los derechos fundamentales
de las personas, por lo tanto se trata de un procedimiento judicial específico,
autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos
judiciales que establece la ley, no siendo en ese sentido una institución
procesal alternativa o supletoria.
1.3.3.2 Aduce que uno de
los requisitos elementales de la acción de tutela es la existencia cierta del agravio,
y por ende, su demostración probatoria por lo que resulta indispensable para
pretender la protección de las garantías fundamentales. De esta manera, es
evidente que la Defensoría del Pueblo, actuando como agente oficioso de la
accionante, no pudo demostrar la manera en la que se vulneraron los derechos
alegados, habida cuenta que en las respuestas suministradas por los demandados
se advierte que se han adoptado las medidas de protección que requiere la
actora, así como que ha cesado la presunta agresión.
1.3.3.3  Sostiene que de
las respuestas allegadas por los accionados, resulta importante destacar el
diligente actuar de la fiscalía, la cual, además de solicitar ante la autoridad
competente orden de captura en contra del agresor, advirtió a la Comisaria de
Familia, para que conforme a las disposiciones del Decreto 4799 de 2011,
adoptara las medidas de protección pertinentes. En igual sentido, el
Departamento de Policía de Magdalena allegó los elementos de prueba que
establecen la adopción de las medidas protección.
1.3.3.4 Señala que
mientras el proceso penal en contra del agresor siga su trámite, mal haría
dicha Corporación, en pretender ordenar o revisar decisiones judiciales propias
de la competencia del Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja
actuando como si se tratara de una instancia superior, pues no es competencia
del juez constitucional definir la correcta interpretación del derecho
legislado, pues es la Corte Suprema de Justicia quien en su competencia civil,
laboral y penal está autorizada a realizar dichas interpretaciones.
1.3.3.5 Cita la Sala, la
Sentencia T-122 de 2005, donde se indica que "(...) ante
una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por presunta
arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado — vía hecho sustancial
por interpretación arbitraria - el juez constitucional (...) no puede (...)
definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable del
derecho legislado (...) "
1.3.3.6 Expone que la
Corte Suprema de Justicia no podría ordenar al Juez Segundo de Control de
Garantías que lleve a cabo las audiencias preliminares de su competencia en
determinado tiempo, pues ello conllevaría la afectación sin causa de los
derechos de quienes intervinieron en los procesos con turnos anteriores.
1.4.   ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1.4.1. Auto de pruebas e intervenciones
1.4.1.1. Mediante Auto del
dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), el Magistrado
Sustanciador solicitó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja
remitir dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, copia de los
cuadernos principales del expediente en donde figura como accionante la señora
Martha Cecilia Villamizar Ebratt, incluyendo los videos de las audiencias
adelantadas en el mismo.
Igualmente se
ordenó a la Policía Nacional - Dirección Seccional del Magdalena Medio y la
Dirección Seccional de Fiscalía Regional del Magdalena Medio que en un lapso
igual informaran sobre las actividades adelantadas para garantizar la seguridad
de la accionante dentro del proceso de la referencia. También se solicitó a la
Dirección Seccional de Fiscalías, Regional Magdalena Medio informar los
trámites adelantados con ocasión a las denuncias interpuestas por Martha
Cecilia Villamizar Ebratt contra Jorge Elías Corzo Rodríguez y el estado actual
de los procesos.
Se invitó al
Grupo de Investigación de Derecho y Género de la Universidad de los Andes, a la
Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, al Grupo de
Investigación sobre Política, Género y Democracia de la Universidad Javeriana,
a la Corporación Sisma Mujer, a la Corporación Humanas, la Consejería para la
Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y
a ONU Mujeres para que emitieran su concepto dentro del proceso de la
referencia. De igual manera se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo
y de la Procuraduría General de la Nación para que se manifestaran dentro del
presente proceso.
1.4.1.2.Posteriormente,
y teniendo en cuenta que el trece (13) de octubre del año en curso, se remitió
al despacho del Magistrado Ponente la comunicación de la Dirección Seccional de
Fiscalías del Magdalena Medio en la cual informó que el día treinta (30) de
junio de dos mil quince (2015) el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Barrancabermeja condenó al señor Jorge Elías Corzo Rodríguez
por el delito de violencia intrafamiliar y que se le había otorgado el
beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, el despacho
emitió un nuevo auto el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015), en
el cual se vinculó al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Barrancabermeja para que se pronunciaran sobre la presente
acción de tutela.
Igualmente se
ordenó al mismo Juzgado remitir dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes copia de la sentencia condenatoria proferida por ese despacho el
treinta (30) de junio de dos mil quince (2015) contra Jorge Elías Corzo
Rodríguez e informar sobre el cumplimiento de la pena impuesta al denunciado.
Finalmente se suspendieron los términos para fallar en el proceso de la
referencia por el término de un mes contado a partir de la notificación de
dicho auto.
1.4.2. Respuesta
del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja
Mediante oficio
9158 de 12 de noviembre de 2015, el Doctor Alvaro Russi Sierra, Juez Cuarto
Penal Municipal de Barrancabermeja indicó que no se pronunciaría sobre la
presente acción de tutela por cuanto la misma se dirigía contra otro
funcionario judicial y al considerar que la decisión respecto al proceso de la
referencia era improcedente.
En el mismo
sentido realiza un pequeño recuento de las actuaciones adelantadas por su
despacho dentro del proceso adelantado contra el señor Jorge Elías Corzo
Rodríguez.
1.4.3.
Intervención de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
La Consejera
Presidencial para la Equidad de la Mujer emitió su concepto sobre la acción de
tutela de la referencia en los siguientes términos:
1.4.3.1.
Señala
que por la ratificación de tratados y convenciones internacionales sobre
derechos de las mujeres, Colombia a través de sus instituciones tiene el deber
de garantizar a las mismas una vida libre de violencia.
1.4.3.2.Resalta que con
la Ley 248 de 1995 entró en vigor la "Convención para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer — Convención Belem Do Para ", el cual como
instrumento internacional de obligatorio cumplimiento para el Estado
Colombiano, reconoce el derecho a la vida, a la integridad física y
psicológica, y a la igualdad de protección ante la Ley.
1.4.3.3.En igual sentido,
se refiere a la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing en la cual se
manifiesta el compromiso de los gobiernos en impulsar todas las acciones
posibles para eliminar las violencias contra la mujer, entre otros.
1.4.3.4. Indica que de
conformidad con ese marco normativo se expidió la Ley 1257 de 2008 "por la cual
se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres" y que en su
artículo 8 reconoce el derecho de las mujeres víctimas de violencia, entre
otros a las "garantías de no repetición frente a los hechos
constitutivos de violencia ".
1.4.3.5. Manifiesta que
en dicha Ley se le asignó al Estado la tarea de prevenir, investigar y
sancionar toda violencia, física, psicológica, sexual, económica y/o
patrimonial de las que hayan sido víctimas las mujeres.
1.4.3.6.Se refiere a la
Sentencia T-843 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), mediante la cual
se reitera el deber de protección que recae en cabeza de los Estados y que fue
consagrado mediante el artículo 4.f de la Declaración de la Violencia contra la
Mujer, y también la importancia de destinar los recursos necesarios para
prevenir y eliminar la violencia contra la mujer, estipulada en el literal h de
dicho artículo.
1.4.3.7. Establece que
las medidas consagradas en la Ley 1257 de 2008 y las demás del marco jurídico
sobre protección a los derechos de las mujeres deben cumplir con la función de
prevención general y prevención especial, para lo cual el Estado debe realizar
sus actuaciones con celeridad y la fijación de las medidas debe ser oportuna,
más aún cuando se trata de prevenir perjuicios irremediables.
1.4.3.8.Afirma que para
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el actuar de
autoridades como los Juzgados con función de Control de Garantías debe
orientarse a garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las
mujeres, esto corresponde a una obligación inherente a los fines esenciales del
Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución.
1.4.3.9.Expresa que las
actuaciones de las autoridades de justicia deben aplicar el principio de debida
diligencia en los procesos que se adelanten ante ellas por cuanto la ausencia
del mismo puede conllevar a la impunidad en casos como la violencia contra las
mujeres y resultar en actuaciones inoportunas o ineficientes para brindar las
condiciones requeridas y garantizar a las solicitantes medidas de protección
para que gocen de una vida libre de violencia.
1.4.3.10.Considera que en
el caso de la referencia, además de una violación al principio de diligencia
debida se puede presentar una eventual vulneración al principio de plazo razonable
que hace parte del debido proceso establecido en el artículo 8.1. de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocido por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional como salvaguarda a la eficiencia y efectividad en la
garantía de los derechos de las personas.
1.4.3.11.Aduce que la
Corte Interamericana al interpretar el principio de plazo razonable ha indicado
que "una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en
ciertos casos, una violación de las garantías judiciales ", con lo cual se
pretende evitar que se afecten los derechos de la persona por acción u omisión
del Estado, entre otros.
1.4.3.12.Expone que en el
presente caso se observa una vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante, por cuanto la tardía actuación de las autoridades por la entidad de
las conductas objeto de investigación y acciones de protección agudizan la
impunidad y desconocen los derechos inherentes de las mujeres.
1.4.3.13.Resalta que los
términos establecidos para adoptar las decisiones sobre las medidas de
protección están estipulados para proteger los valores constitucionales que
salvaguardan las medidas de protección referidas, ya que de lo contrario la
protección resultaría ineficiente en caso de no lograr mitigar o superar el
riesgo que dio origen a la solicitud de protección.
1.4.3.14.Considera que no
aplicar un análisis crítico de oportunidad en los procesos donde se investiga
violencia contra la mujer y en los procesos  donde se adoptan decisiones sobre
su atención y/o protección desconoce el fenómeno de violencia contra las
mujeres por el hecho de ser mujeres negando la característica sistemática lo
cual contribuye a generar patrones de discriminación y estereotipos de género
en las decisiones de los administradores de justicia y resulta en una situación
de desprotección y vulneración de derechos en su contra.
1.4.3.15.Señala que la
sentencia T-979 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) establece que
para considerar a una persona como sujeto de especial protección
constitucional, se debe encontrar en aquellos grupos donde debido a su
condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para
lograr una igualdad efectiva.
1.4.3.16.En este sentido
indica que para determinar si las mujeres víctimas de violencia pueden ser
consideradas como sujetos de especial protección constitucional se deben
cotejar las condiciones que presenta la accionante con los parámetros definidos
por esta Corte:
1.4.3.17.La accionante fue
víctima de violencia intrafamiliar de manera reiterada, durante su convivencia
con el presunto agresor y después de la misma.
1.4.3.18.La accionante
acudió ante las autoridades para que adoptaran las medidas de protección sin
que estas hayan sido fijadas por parte del Juzgado Segundo Municipal de
Barrancabermeja con función de Control de Garantías en la oportunidad necesaria
y en los términos fijados para ello.
1.4.3.19. Sufre de una
condición social específica y excepcional de vulneración de sus derechos a una
vida libre de violencia.
1.4.3.20.Tal condición
puede conllevar a perjuicios irremediables los cuales según la denunciante
pueden conducir a su muerte, lo cual también se ha manifestado a la Fiscalía
General de la Nación.
1.4.3.21.Finaliza
señalando que en el presente caso debido a la condición de la accionante se
hace necesaria una acción positiva del Estado para lograr una igualdad efectiva
de la accionante para que se le garantice su derecho a la vida libre de
violencia mediante la adopción oportuna de las medidas de protección
solicitadas, tomándola a ella y a las demás mujeres en su misma situación como
personas de especial protección constitucional para atacar directa y
efectivamente las situaciones que dieron lugar a la vulneración de sus derechos
y estabilizar su situación y permitirle llegar a un plano de igualdad con el
resto de ciudadanos.
1.4.4. Intervención del Ministerio de
Justicia y del Derecho.
La Viceministra
de Promoción de la Justicia se pronunció sobre el proceso de la referencia
resolviendo los siguientes interrogantes: ¿Qué entidades son competentes para
emitir medidas de protección en caso de violencias basadas en el género? y ¿Es
procedente la acción de tutela cuando la destinataria de las medidas de
protección no se encuentra satisfecha con la emisión de las mismas?
1.4.4.1.En primer lugar
señala que el artículo 5o de la Ley 294 de 1996 modificado por el
artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 establece que son los comisarios de familia
los funcionarios competentes para emitir las medidas de protección y
subsidiariamente el Juez Civil Municipal o el Juez Promiscuo Municipal.
1.4.4.2.Manifiesta que el
parágrafo 2o del artículo 2o de la Ley 575 de 2000 suma a
la Fiscalía como entidad competente para emitir las medidas de protección de
manera provisional, por cuanto con posterioridad debe enviar el caso a la
Comisaría de Familia o al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal para que
éstos últimos continúen el trámite.
1.4.4.3.
Indica
que la Ley 1257 de 2008 en el parágrafo 2o del artículo 17 de la Ley
1257 de 2008 contempla que las medidas de protección pueden ser adoptadas de
manera provisional e inmediata por la autoridad judicial que tenga conocimiento
de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.
1.4.4.4.Aduce que el
Decreto 4799 de 2011 en su artículo 2o establece que en casos de
violencia intrafamiliar, la Fiscalía solicitará al Juez de Control de Garantías
la imposición de medidas de protección provisionales y que en casos de
violencia diferentes a los familiares, la entidad puede solicitar al Juez de
Garantías la imposición de medidas de protección que garanticen a la víctima su
seguridad y el respeto de su intimidad.
1.4.4.5.Considera que la
acción de tutela iniciada por la señora Villamizar no es procedente por los
siguientes motivos: (i) señala que ya cesó la presunta agresión y no existe
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales, por lo que la tutela no
tiene fundamento; (ii) indica que las entidades que conocieron del caso tomaron
las medidas de protección o derivaron a la entidad competente para que las
emitiera, solucionando la petición de la accionante, (iii) Aclara que las
comisarías de familia son las entidades que deben decretar las medidas de
protección en todo evento, y que en el caso de la referencia a pesar que la
accionante no haya acudido a la entidad para solicitarlas, otras entidades las
tramitaron por lo que no se puede evidenciar que las peticiones fueron
desatendidas y (iv) concluye indicando que si la accionante no está satisfecha
con las medidas de protección puede interponer recurso de apelación de
conformidad con el artículo 12 de la Ley 575 de 2000.
1.4.5. Intervención
de la Defensoría del Pueblo
El Defensor
Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo
señaló lo siguiente:
1.4.5.1.Indicó que para
esa entidad, el presente caso resulta un problema constitucionalmente relevante
ya que propone analizar la adopción oportuna de medidas de protección como
mecanismo que permita brindar condiciones que garanticen la seguridad personal
de las víctimas de la violencia intrafamiliar y establecer la responsabilidad
del Estado cuando las mismas no se estudian, dictan y se verifica su
cumplimiento, permitiendo que se presenten de nuevo hechos violentos que
atenten contra la vida y la integridad personal o psicológica.
1.4.5.2.Adujo que existía
un consenso que reflejaba el creciente reconocimiento de la comunidad
internacional respecto de la violencia contra la mujer como un problema de
derechos humanos que exige la atención del Estado.
1.4.5.3.Manifestó que tal
consenso ha sido consagrado en varios instrumentos internacionales como
resoluciones de la Asamblea General de la ONU, declaraciones y plataformas que
cuentan con amplio respaldo estatal, tratados, opiniones de los órganos de
tratados y otras fuentes del derecho internacional.
1.4.5.4.Señaló que
Tribunales internacionales y regionales se han pronunciado sobre la
responsabilidad del Estado en cuanto a las medidas de protección y prevención
en especial aquellas sobre la eficacia e inmediatez para otorgar esas medidas.
1.4.5.5.En cuanto al caso
objeto de estudio, resaltó los estándares en la materia, en especial los
establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
1.4.6. Intervención de la Escuela de Estudios de
Género de la Universidad
Nacional
La Directora de
la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, Luz Gabriela Arango,
desarrolló su intervención mediante 5 ejes centrales de la siguiente manera:
1.4.6.1. En primer lugar,
analizó el contexto y la interpretación de la violencia contra las mujeres al
interior de la familia y/o en su defecto en las relaciones de pareja.
1.4.6.2.Determinó a
través de este análisis que existe una variedad de modelos interpretativos para
analizar la violencia contra las mujeres y, que a pesar del conocimiento que
las autoridades tenían del caso, no hicieron uso de estas herramientas con el
objeto de brindar una respuesta oportuna, integral, eficaz y efectiva a sus
requerimientos conforme los mandatos de la Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia y las obligaciones derivadas de tratados internacionales.
1.4.6.3.En segundo lugar
señaló que la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja no es un
hecho aislado, sino que se constituye en la manifestación de una sociedad
patriarcal que ubica a las mujeres en una posición de subordinación respecto de
los varones y que históricamente los ha legitimado para ejercer el dominio
sobre ellas.
1.4.6.4.E1 tercer punto
se refirió al marco normativo de la violencia contra las mujeres en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Interno.
1.4.6.5.Especificó que "En el caso
objeto de análisis las autoridades encargadas de garantizar a MARTHA CECILIA
VILLAMIZAR EBRATT sus derechos a la vida, al debido proceso y a una vida libre
de violencias no lo hicieron a pesar de los mandatos derivados del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y de las disposiciones de la legislación
interna transcritas, relacionadas con los derechos de las mujeres víctimas de
violencia basada en género, de violencia al interior de la familia y con las
medidas de protección que debe proveerle el Estado cuando quiera que esta se
perpetre. "
1.4.6.6.Expuso que existe
un riesgo de feminicidio en las parejas y exparejas y el deber que le asiste a
las autoridades es el de realizar la debida diligencia.
1.4.6.7.Por lo anterior afirmó que las
instituciones involucradas "vulneraron el principio de la
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las
mujeres por cuanto estando obligadas a prevenir la ocurrencia de nuevos hechos
de violencia no lo hicieron, omisión con la cual además de vulnerar el
principio de la debida diligencia inobservaron el deber de garante que les
asiste en relación con los derechos a la vida, a la integridad y una vida libre
de violencias de MARTHA CECILIA VILLAMIZAR EBRATT. "
1.4.6.8.Por último se refirió a los datos
referentes al feminicidio en las relaciones de pareja y expareja, concluyendo
que, "si bien el ordenamiento ha venido incorporando los derechos de
las mujeres en cumplimiento de los mandatos internacionales, las prácticas de
los funcionarios encargados de atender y orientar las mujeres víctimas de la
violencia están lejos de honrar tales compromisos. "
1.4.7. Intervención
de la Policía Nacional
El representante
de la Policía Nacional respondió la solicitud presentada por el Magistrado
Sustanciador, referente a las actividades adelantadas por esa institución para
garantizar la seguridad de la accionante:
1.4.7.1.El Subintendente
Ramón Ariel Vargas Rodríguez informó que se emitió orden al Jefe de Comuna y
Patrullas de Vigilancia del Cuadrante, en cada turno de patrullaje, el cual ha
tomado contacto con la víctima en los términos de la Ley 1257 de 2008.
1.4.7.2.Hace constar el
informe que el personal policial "patrullas de vigilancia " pasan revista al
lugar de residencia de la ciudadana, con el fin de brindar acompañamiento
policial y seguridad en cualquier requerimiento, a su vez se hizo entrega del
Stiker del cuadrante dando a conocer el número telefónico del comandante de
Distrito, Estación y del Cuadrante de Vigilancia con el fin de tener una
reacción efectiva, eficaz y eficiente ante cualquier requerimiento y generar
una sensación de seguridad ciudadana a la comunidad.
1.4.8. Intervención de la Procuradora delegada para el
Ministerio Público
en Asuntos Penales.
El Procurador 296
Judicial I Penal de Barrancabermeja rindió su concepto sobre el proceso de la
referencia en los siguientes términos:
1.4.8.1.En primer lugar
aclara que dentro del proceso al que hace referencia la tutela por parte de la
Dirección de Fiscalías del Magdalena Medio se adelantaron los trámites con
ocasión a las denuncias 6808160001362014 06698; 680816000136201500287;
6808161013330201500061 y 6808160001362015 00731 y que por conexidad y
conceptualización del caso se unieron a la investigación con radicado
68081600013620140 6698.
1.4.8.2.Aduce el interviniente que la tutela es un mecanismo
de protección de derechos fundamentales que procede bajo circunstancias
especiales, una de ellas es la subsidiariedad "es decir
que prospera la acción de tutela cuando no exista otro medio de proteger el
derecho. "
1.4.8.3.Reitera que se
debe sancionar a las personas que agredan físicamente dentro del núcleo
familiar (pareja, hijos, padres). Por lo tanto, el ordenamiento punitivo
colombiano lo consagra en el tipo penal de violencia intrafamiliar.
1.4.8.4.Señala que en
2013 el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizó 68.230 peritaciones por
violencia intrafamiliar, manifestó que en relación con 2012 se presentó una
disminución del 18,68% correspondiente a 15.668 casos.
1.4.8.5.Afirma que de los
68.230 casos de violencia intrafamiliar que se presentaron, 44.743 (65,58%)
corresponden a violencia de pareja, 9.708 (14,23%) a violencia contra niños,
niñas y adolescentes; 12.415 (18,20%) a violencia entre otros familiares; 1.364
(2,00%) a violencia contra el adulto mayor.
1.4.8.6.Resalta que
52.933 (77,58%) de las víctimas fueron mujeres y que los mecanismos o armas
contundentes y cortocontundentes como manos, pies y otras partes del cuerpo
fueron los utilizados con mayor frecuencia para agredir a familiares.
1.4.8.7.Destaca que el
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, así como la intolerancia se
encuentran dentro de las principales causas que generaron la violencia dentro
de la familia.
1.4.8.8.Concluye el
funcionario que en el caso particular, el Estado entró a proteger y
salvaguardar la integridad de la actora, y como consecuencia del requisito de
subsidiariedad la tutela resulta improcedente.
1.4.9.
Intervención del Director Seccional de la Fiscalía del Magdalena Medio en
representación de la Fiscalía General de la Nación
El Director
Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio se pronunció sobre las actuaciones
realizadas por esa entidad en razón a las denuncias interpuestas por la Señora
Martha Villamizar.
1.4.9.1.Señala el informe
que el número de referencia de la denuncia es incorrecto, por lo que procede a
corregirlo y a plantear el caso, estableciendo que la accionante puso en
conocimiento de las autoridades haber sido víctima de agresiones físicas y
verbales por parte de su compañero permanente.
1.4.9.2.Menciona que
procedieron a solicitar a la Defensoría del Pueblo que brindara orientación y
asesoría jurídica a la víctima; libraron copias al ICBF para que se activaran
las medidas de protección y al Instituto de Medicina Legal para la respectiva
valoración médico legal.
1.4.9.3.Indica que la
Fiscalía Primera de Barrancabermeja, procedió a ordenar a la policía judicial,
la recolección de pruebas materiales, en donde la denunciante es la misma y por
tanto hacen uso de la figura de conexidad de los procesos.
1.4.9.4.E1 26 de febrero
de 2015 la Fiscal Primera Local solicitó audiencia de orden de captura en
contra del presunto victimario. Aduce que la audiencia no fue programada de
manera prioritaria, razón por la cual, la Señora Fiscal decide retirar la
solicitud para incoarla nuevamente, quedando en cabeza del Juzgado 3o
Penal Municipal, quien decide dictar orden de captura en contra del victimario,
el 2 de marzo de 2015.
1.4.9.5.Al capturado se
le formulan cargos por la conducta punible de Violencia Intrafamiliar Agravada
en concurso Homogéneo y Sucesivo. El imputado se allana a los mismos y se le
impone Medida de Aseguramiento en establecimiento carcelario.
1.4.9.6.En consecuencia,
la Fiscalía presentó escrito de acusación con aceptación de cargos, por lo que
el juzgado correspondiente emite sentencia condenatoria, condenándolo a una
pena de 3 años y otorgándole el mecanismo de suspensión condicional de la
ejecución de la pena, por lo que el proceso se encuentra inactivo en el juzgado
de ejecución de penas.
1.4.9.7.Esgrime que la
última vez que la accionante puso en conocimiento de la fiscalía una denuncia
en contra del señor Jorge Elías Corzo fue el 23 de febrero de 2015 y que el día
26 solicita a la misma entidad orden de captura, la cual se logra obtener el 2
de marzo de 2015. Por lo que afirma que la Fiscalía intervino de manera eficaz,
eficiente y oportuna.
1.4.9.8.Explica que el
hecho de que el imputado haya obtenido beneficio de libertad durante el
proceso, es una situación que se escapa del ámbito funcional de la Fiscalía.
1.4.9.9.Concluye
señalando que las actuaciones de la fiscalía han sido diligentes y de ninguna
manera se han vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales de la
accionante. Como consecuencia de esto solicita se confirme la decisión de
segunda instancia.
1.4.10.
Intervención de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres - ONU Mujeres.
La Representante
de ONU - Mujeres emitió su concepto sobre el proceso de la referencia en los
siguientes términos:
1.4.10.1.En primer lugar
se refiere a las obligaciones internacionales que tiene el Estado en relación
con la violencia contra las mujeres. En este sentido señaló que "existe un
deber de debida diligencia para los casos de violencia contra la mujer, deber
que tiene que primar en las actuaciones del Estado, no solo cuando el Estado
sea un agente público sino además en los casos que los agentes sean
particulares o no se los haya identificado. "
1.4.10.2.Igualmente,
manifestó que "en este tema, se puede hablar a nivel
internacional de una norma del derecho internacional consuetudinario que obliga
a los estados a prevenir y responder con la debida diligencia a los actos de
violencia contra la mujer. "
1.4.10.3.En segundo lugar señala
los problemas en la judicialización de los casos de violencia contra las
mujeres, indicando que existe una realidad de obstaculización de acceso a la
justicia de las mujeres víctimas de violencia la cual demanda un cuidado
especial por parte de las autoridades de justicia que deben asumir las
denuncias e investigaciones de estos casos. No obstante estos problemas, existe
una ley en la que han sido establecidos mecanismos de prevención y respuesta
inmediata por parte de las autoridades, esta es la Ley 1257 de 2008.
1.4.10.4.Por último
establece como factor determinante los estereotipos de género en el Derecho. Al
respecto recuerda que la CIDH ha señalado que "existen
patrones socioculturales discriminatorios que influyen en la actuación de los
funcionarios judiciales, quienes consideran los casos de violencia como no
prioritarios y descalifican a las víctimas, no efectúan pruebas que resultan
claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a
las pruebas físicas y testimoniales, otorgan poca credibilidad a las
aseveraciones de la víctima y brindan un tratamiento inadecuado a éstas y a sus
familiares cuando intentan colaborar en la investigación de los hechos. "
1.4.11.
Informe del Director de la Seccional del Magdalena Medio de la Fiscalía.
1.4.11.1.Inicia su escrito
exponiendo la naturaleza de la acción de tutela y los casos en los cuales
procede este instrumento jurídico.
1.4.11.2.Realiza el análisis
del caso concreto, en cuanto a la presunta vulneración que efectuó la Fiscalía
sobre los derechos al debido proceso, acceso a la justicia, vida libre de
violencia, entre otros, de la señora Martha Villamizar.
1.4.11.3.Aduce el citado,
que la Fiscalía llevo a cabo todas las actuaciones procesales que la ley le
impone en el término correcto y que por esta razón no ha existido vulneración
alguna de los derechos de la accionante por la acción u omisión de la fiscalía
en el proceso de referencia.
2. CONSIDERACIONES
2.1. COMPETENCIA
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
en desarrollo de
las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9o, de
la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en
el proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad
con los hechos narrados con antelación, la Corte Constitucional deberá
establecer si se vulneraron los derechos fundamentales a la vida, al debido
proceso y al derecho de la mujer a una vida libre de violencia de la
accionante, como consecuencia de la inactividad de la Fiscalía General de la
Nación, la Dirección Seccional de Fiscalía Regional Magdalena Medio, la Policía
Nacional - Dirección Seccional del Magdalena Medio y el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Barrancabermeja, frente a las medidas de protección urgentes
solicitadas a través de la Defensoría del Pueblo, Seccional Magdalena Medio.
Para resolver el
problema jurídico que se plantea, la Sala analizará los siguientes temas: (i) la protección de
la mujer contra la violencia, (ii) el derecho a un
recurso judicial efectivo, (¡ii) la garantía de
las víctimas a la no repetición y el deber del estado de evitar la
revictimización y finalmente analizará (iv) el caso concreto,
en donde se establecerá si existe o no un hecho superado.
2.3.
LA PROTECCIÓN DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA.
REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
2.3.1.
La protección de la mujer en el derecho internacional frente a la violencia
Esta Corte ha
señalado los diversos intentos de la comunidad internacional para eliminar la
discriminación y la violencia contra la mujer pues son fenómenos extremadamente
dañinos para los derechos humanos. De esta manera, dentro de los instrumentos
jurídicos que han adoptado para prevenir y sancionar estas conductas están[11]:
2.3.1.1.
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 217 A (III), de 10 de
diciembre de 1948 señala la protección contra toda forma de discriminación[12].
2.3.1.2.Igualmente, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra especialmente en
los artículos 3o y 20 disposiciones contra la discriminación[13].
2.3.1.3.El artículo 1.1. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[14]
estipula que "Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social"[15]. En el mismo
sentido, prevé que "Todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la
ley"[16]
2.3.1.4.Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia en contra de la Mujer
La Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, fue aprobada el 20 de
diciembre de 1993 y consagra que las mujeres deben acceder en igualdad a la
protección y goce de las libertades fundamentales y derechos humanos en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil, entre otros[17].
De igual manera,
este instrumento estableció que los Estados tienen la obligación de utilizar
una política que tenga como objetivo erradicar la violencia contra la mujer,
especialmente: "(i) abstenerse de practicar cualquier acto de
violencia contra la mujer; (ii) prevenir, investigar y castigar todo acto de
violencia contra la mujer; (iii) establecer sanciones penales, civiles,
laborales y administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a
las mujeres que sean objeto de violencia; (iv) elaborar planes de acción
nacionales para promover la protección de la mujer contra toda forma de
violencia; (v) elaborar enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de
índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la
protección de la mujer contra toda forma de violencia; (vi) garantizar que las
mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de
asistencia especializada; (vii) contar con los recursos adecuados para sus
actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer;
(viii) sensibilizar a autoridades y funcionarios sobre el fenómeno; (ix)
modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la
mujer y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias o de otra
índole; (x) promover la realización de investigaciones, informes y directrices
sobre el tema; (xi) y apoyar las organizaciones y movimientos que se dediquen a
promover los derechos de la mujer, entre otros "[18].
2.3.1.5.Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer
La Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas se reunió en Beijing
entre el 4 y el 15 de septiembre de 1995 y estipuló un plan para cumplir con
objetivos estratégicos relacionados con temas como: la mujer y la pobreza[19], la
educación y la capacitación[20],
la salud[21],
la violencia contra la mujer[22],
los conflictos armados[23],
la economía[24],
el ejercicio del poder y la adopción de decisiones[25], los mecanismos
institucionales para el adelanto de la mujer[26], los derechos humanos de la mujer[27], los
medios de difusión[28],
el medio ambiente[29]
y las niñas[30].
En dicho
documento se resalta la presencia de situaciones graves de discriminación en
diversos ámbitos como la educación, salud, trabajo, economía y sociedad[31] por lo
que indicó que la comunidad internacional tiene como prioridad que las mujeres
tengan plena participación igualitaria en la vida civil, social, política,
económica y cultural a nivel regional, nacional e internacional, eliminando
cualquier forma de discriminación originada a partir del sexo[32].
Igualmente, se
reconocieron los efectos que tienen la desigualdad y la discriminación en el
trabajo, la familia, la comunidad y la sociedad generando que se propicien
actos violentos contra las mujeres[33],
por lo que se exige la adopción de medidas para prevenir tales conductas[34].
2.3.1.6. Las
recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la eliminación de la
discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW)
La Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en
el párrafo 1o del artículo 21 crea el comité para eliminar la
discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, de conformidad con el
cual se pueden hacer recomendaciones y sugerencias generales de acuerdo con el
examen de los informes y datos que provean los Estados partes. En ejercicio de
esta actividad, dicho comité ha proferido diversas recomendaciones referentes a
la protección de los derechos de las mujeres, como las siguientes:
La Recomendación
General No. 12 referente a la Violencia contra la mujer, exige a los Estados
que en sus informes incluyan información relacionada con la legislación aplicable
para proteger a la mujer de cualquier acto de violencia; los mecanismos
utilizados para evitar y eliminar este tipo de violencia; los servicios para
apoyar a las mujeres víctimas de violencia, agresiones o malos tratos; y
facilitar datos respecto a la frecuencia de conductas violentas que atentan
contra las mujeres y las víctimas de la misma.
La Recomendación
No. 13 se refiere a la "Igual remuneración por trabajo de
igual valor" y se insta a los Estados que aún no hayan ratificado
el Convenio No. 100 de la OIT a hacerlo con el fin de aplicar la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La Recomendación
General No. 14 trata sobre la circuncisión femenina y se exige que los Estados
Partes incluyan los mecanismos eficaces y apropiados para erradicar dicha
práctica.
En la
Recomendación General N° 15 se habla sobre la necesidad de evitar la
discriminación contra la mujer en las actividades nacionales que tienden a
prevenir y erradicar el SIDA.
Las Recomendaciones
Generales 16, 17 y 18 se refieren a las mujeres que trabajan sin remuneración
en empresas familiares rurales y urbanas, la medición y cuantificación del
trabajo doméstico no remunerado de las mujeres y su reconocimiento en el
producto nacional bruto[35],
y sobre las mujeres discapacitadas, respectivamente[36].
La Recomendación No. 19 se refiere a la
violencia contra la mujer la cual es reconocida como un método de
discriminación mediante el cual no se les permite a las mujeres que gocen de
sus derechos y libertades en igualdad con los hombres[37].
La Recomendación General No. 21 se
pronunció sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, y
aconseja a los Estados Partes que incluyan mecanismos para erradicar la
discriminación contra las mujeres en los ámbitos del matrimonio y de relaciones
familiares asegurando su igualdad respecto a los hombres.
En la
Recomendación General N° 23 se trata el tema relacionado con la "vida
política y pública" de las mujeres y aconseja a los Estados
que adopten medidas para eliminar cualquier acto de discriminación contra las
mujeres en la vida pública y política nacional y que se garanticen los
siguientes derechos en igualdad con los hombres: "a) Votar en
todas las elecciones y referendums públicos y ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en
la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los
planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones no gubernamentales y
asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país ",[38]
La Recomendación General No. 33 de 15 de
agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, indica que
existen diversas problemáticas que dificultan el acceso a la justicia de las
mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia como "la
centralización de los tribunales y órganos cuasi-judiciales en las principales
ciudades, la falta de disponibilidad en las regiones rurales y remotas, el
tiempo y el dinero que se necesita para acceder a ellos, la complejidad de los
procedimientos, las barreras físicas para las mujeres con discapacidad, la
falta de acceso a asesoramiento legal con visión de género, incluida la
asistencia jurídica, así como las deficiencias a menudo señaladas en la calidad
de los sistemas de justicia (como resoluciones insensibles al género debidas a
la falta de formación, retrasos y excesiva duración de los procedimientos, la
corrupción, etc.) dificultan que las mujeres tengan acceso a la justicia.
"
En el mismo
sentido, señaló que para contrarrestar estas barreras y garantizar el acceso a
la justicia de las mujeres se hace necesario desarrollar seis temáticas:
-
.Justiciabilidad: indica que era necesario
permitir el acceso sin limitaciones de las mujeres a la justicia, al igual que
su autonomía y capacidad para reivindicar sus derechos de conformidad a la
Convención como derecho positivo.
-
Disponibilidad: exige que se implementen tribunales y
órganos cuasi-judiciales, o similares, en todo el Estado y garantizar su
mantenimiento y financiación.
-
Accesibilidad: implica que todos los sistemas de
justicia (formales y cuasi-judiciales) son seguros, asequibles y accesibles
físicamente a las mujeres, inclusive aquellos que están enfrentándose a formas
intersectoriales o agravadas de discriminación.
-
Exige que los sistemas de justicia sean de calidad, lo que implica
que los componentes se adhieran a normas internacionales de competencia,
eficiencia, independencia e imparcialidad que brinden remedios efectivos y
adecuados oportunamente. Los sistemas de justicia deben se contextualizados,
dinámicos, participad vos y abiertos a prácticas innovadoras, con perspectiva
de género.
-
Finalmente se indica que la responsabilidad de los
sistemas de justicia está garantizada por medio de la supervisión del
funcionamiento de los mismos. La rendición de cuentas de los sistemas también implica
la supervisión de las actuaciones de sus profesionales y de su responsabilidad
legal en los eventos en donde trasgredan la ley.
-
Se afirma que al establecerse los recursos, se hace necesario
que las mujeres puedan recibir los sistemas de justicia de protección.
2.3.1.7. Convención Interamericana para
Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
La Convención
Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
se adoptó en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, y definió la
violencia contra las mujeres como "cualquier acción o conducta, basada
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[39]. Igualmente
indicó que existen diversas formas en las que se manifiesta la violencia contra
la mujer:
"Se
entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica:
a)    Que tenga lugar
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y
abuso sexual;
b)    Que tenga lugar
en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c)
Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, dondequiera que ocurra "[40].
En el mismo
sentido, la Convención exige a los Estados parte la adopción de políticas y
mecanismos adecuados y sin dilaciones tendientes a erradicar, sancionar y
prevenir este tipo de violencia[41].
2.3.1.8.ProtocoIo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres
y Niños, como complemento a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
Este instrumento
internacional complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y exige que se tipifiquen cualquier
manifestación de trata de personas[42],
que se garantice la protección y asistencia a las víctimas de este delito[43] y
consagra una serie de medias de cooperación y prevención frente a esta conducta
punible[44].
2.3.2.
El reconocimiento de los derechos de la mujer en Colombia
A través de la
historia, Colombia ha afrontado la discriminación contra las mujeres
conllevando a graves afectaciones de la dignidad humana de las mismas. A pesar
de lo anterior, paulatinamente se ha avanzado en cuanto al reconocimiento de
los derechos de la mujer[45]:
2.3.2.1.Con la expedición
de la Ley 83 de 1931 se le permitió a la mujer que trabajaba obtener de manera
directa su salario y no que el mismo fuera recibido por su esposo o sus padres.
2.3.2.2.Posteriormente,
en 1932 se promulgó la Ley 28 mediante la cual se introdujeron reformas sobre
la organización de la familia ya que la administración y el mando eran
ejercidos por el padre y la mujer era una incapaz a la cual representaba su
esposo. Este modelo se cambia por una familia en que la mujer es una persona
capaz, no necesitaba la representación de su marido y podía administrar los
bienes de forma conjunta[46].
2.3.2.3.Mediante el
Decreto 1972 de 1933 se les otorgó a las mujeres el acceso a la Universidad[47].
2.3.2.4.En el año de 1938
entraron en vigencia las reglas que había recomendado la OIT en 1919 mediante
las cuales se protegía la maternidad, al reconocer una licencia remunerada
durante un periodo de ocho (08) semanas luego de haber dado a luz, la cual fue
ampliada posteriormente por la Ley 50 de 1990[48] a doce (12) semanas.
2.3.2.5.Luego, a través
del Acto Legislativo No. 3 de 1954 se le reconoció a la mujer el derecho al
voto, el cual fue ejercido en 1957 por primera vez, sobre este mismo tema con
posterioridad se promulgó el Decreto 502 de 1954 que extendió la cedulación a
todos los ciudadanos colombianos que contaran con más de 21 años, por lo tanto
las mujeres tendrían acceso a la identidad portando la cédula de ciudadanía.
2.3.2.6.E1 Decreto 2351
de 1965, implemento la prohibición de despedir a una mujer que estuviera en
estado de embarazo. Por su parte, el Decreto 2820 de 1974 "por el cual
se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones'"
modificó
diversos artículos del Código Civil tendientes a erradicar la desigualdad que
contenía esa codificación, por tal motivo, se derogó la obligación de
obediencia de la mujer a su esposo, la de vivir con él y la de seguirlo a
cualquier lugar donde este trasladara su residencia, también se le concedió la
patria potestad de los hijos a la mujer y al hombre.
2.3.2.7.E1 Decreto 999 de
1988 mediante su artículo 94 eliminó la obligación que tenían las mujeres para
llevar el apellido de su esposo estableciendo  que "La mujer
casada podrá proceder, por medio de escritura pública, a adicionar o suprimir
el apellido del marido precedido de la preposición "de", en los casos
en que ella lo hubiere adoptado o hubiere sido establecido por la ley"[49].
2.3.2.8.Con la expedición
de la Constitución de 1991 se dio uno de los avances más relevantes en cuanto a
la igualdad de las mujeres respecto a los hombres, el artículo 13 establece el
derecho a la igualdad[50];
el artículo 40 garantiza la participación efectiva de las mujeres en los cargos
decisorios de la Administración Pública; el artículo 43 equipara los derechos
de hombres y mujeres y estipula que la mujer no puede ser sometida a ningún
tipo de discriminación[51]
y el artículo 53 requiere que el estatuto del trabajo tenga presente la
especial protección hacia la mujer y a la maternidad.
2.3.2.9.En el año 1992
con la expedición de la Ley 8a se inició con el reconocimiento de
los derechos patrimoniales y civiles de las mujeres en nuestro país[52], por
cuanto se concedió que las mujeres casadas tuviesen uso y administración libre
de sus bienes[53]
y se les permitió que pudiesen ser testigos en los actos de la vida civil al
igual que los hombres[54].
2.3.2.10.     En 1993, se
profirió la Ley 82 en la cual se estipularon reglas que
procuraban el apoyo a las mujeres cabeza de familia por lo cual se les
brindó una especial protección en aspectos como la "seguridad
social[55],
educación[56], capacitación[57],
cultura[58], adquisición y venta
de bienes
estatales y de contratación de servicios[59],
vivienda[60], política y
administración[61] "[62]
2.3.2.11. La Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer fue aprobada mediante la Ley 248 de 1995.
2.3.2.12.
Por
su parte, el artículo 42 de la Carta fue desarrollado por la Ley 294 de 1996,
en la que además se dictaron normas para prevenir, remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar, entre las medidas que se adoptaron con esta
disposición se encuentra la posibilidad de solicitar al Comisario de Familia
del lugar donde ocurrieron los hechos la protección inmediata requerida para
resguardar los derechos de la mujer.[63]
2.3.2.13.0tros de los
mecanismos de protección a la mujer incluidos en la Ley 294 fueron: la decisión
provisional de quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias y el uso y
disfrute de la vivienda familiar; la devolución inmediata de los objetos de uso
personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de
propiedad o custodia de la víctima; la prohibición, al agresor la realización
de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a
registro; órdenes de desalojo, de no penetrar en un lugar donde se encuentre la
víctima, la prohibición de esconder y trasladar de la residencia a determinadas
personas, la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico,
el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y
psíquica que requiera la víctima, la protección de la policía, la revisión del
régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas y la suspensión
al agresor de la tenencia, porte y uso de armas.[64] Según el artículo 7o
de la citada ley, a quien incumpla tales medidas de protección se le aplicaran
sanciones como multas y arresto.
2.3.2.14.En el mismo
sentido, se establecieron diferentes alternativas con la finalidad de impedir
la repetición de hechos de violencia contra la mujer. Algunas de ellas son (i)
asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de
violencia, (ii) prestarle la información pertinente para que la víctima pueda
obtener los servicios gubernamentales y privados que le asisten, (iii) de considerarse
necesario acompañar a la víctima hasta su lugar de residencia para que pueda
retirar sus objetos personales, en caso de considerarse necesario para la
seguridad de aquella, (iv) aunque las lesiones no fueren visibles, acompañar a
la víctima hasta un lugar seguro o centro asistencial más cercano.
2.3.2.15.E1 Código Penal,
Ley 599 de 2000, estimó a la mujer como sujeto pasivo en diferentes delitos
como el secuestro[65],
el desplazamiento forzado[66],
la tortura[67],
la desaparición forzada[68]
y la violencia intrafamiliar[69].
Así mismo, reprochó penalmente distintas conductas en las que la mujer puede
llegar a ser víctimas, como lo son: el parto o aborto preterintencional[70]; el
aborto sin consentimiento[71]
y la inseminación o transferencia de óvulo no consentidas[72].
2.3.2.ló.La Ley 731 de
2002, estuvo encaminada a priorizar la calidad de vida de las mujeres rurales y
a propender por el trato equitativo entre el hombre y la mujer en lo que tiene
que ver con la participación en los fondos de financiamiento del sector rural[73], los
subsidios familiares de vivienda rural para las mujeres rurales , participación
de las mujeres rurales en los planes, programas y proyectos de reforestación y
la igualdad de remuneración en el sector rural, el régimen de seguridad social
de las mujeres rurales[74],
la educación, capacitación y recreación de las mujeres rurales[75], la participación
de las mujeres rurales en los órganos de decisión[76], la reforma agraria[77].
Dentro de las medidas para establecer la equidad de trato, se encuentran la
creación del fondo de fomento para las mujeres rurales (FOMMUR)[78], el acceso de las
mujeres rurales al fondo agropecuario de garantías[79], la creación de
cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las mujeres rurales de
bajos ingresos[80],
la afiliación de las mujeres rurales sin vínculos laborales al sistema general
de riesgos profesionales[81]
y la extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios a las
mujeres rurales por parte de COMCAJA[82].
2.3.2.17.E1 Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños, fue aprobado en nuestro país por la Ley 800 de 2009 y adoptado por la
Asamblea General de la ONU el 15 de noviembre del 2000.
2.3.2.18.Las normas sobre
la igualdad de oportunidades para las mujeres, las políticas para su
establecimiento y el fortalecimiento de las instituciones responsables de velar
por el cumplimiento de las mismas, fueron creadas por la Ley 823 de 2003.
2.3.2.19.Por otro lado, la
pena por el delito de violencia intrafamiliar consagrado en el artículo 299 del
Código Penal, Ley 599 de 2000, fue agravada por la Ley 882 de 2004, lo que
responde a una política criminal enfocada a proteger cada vez más y mejor los
derechos de la mujer que es víctima de violencia.
2.3.2.20.En el 2006,
mediante la Ley 1009, se creó el observatorio de asuntos de género con carácter
permanente a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, cuya finalidad especifica es observar sociológicamente la situación
de las mujeres y la equidad de género en Colombia, y de esa manera hacer
reflexiones críticas sobre las políticas, planes, programas y normas que giran
en torno a la vulneración que sufren las mujeres.[83]
2.3.2.21.En lo que tiene
que ver con el acoso laboral y si bien no es un tema que afecte exclusivamente
a la mujer, si resulta importante para luchar contra la discriminación y la
violencia de género, por ello, la Ley 1010 de 2006, lo definió como "toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de
un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero
de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o
inducir la renuncia del mismo". La ley tiene como objeto adoptar medidas
para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en
el marco de las relaciones de trabajo. En ese sentido, se entienden como
modalidades del acoso laboral: el maltrato laboral, la persecución laboral, la
discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequidad laboral y la
desprotección laboral.
2.3.2.22.La Ley 1257 de
2008, consagra mecanismos de gran relevancia para la protección de los derechos
de las mujeres, con la finalidad de sensibilizar, prevenir y sancionar las
formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En el primer capítulo
de la ley se establecen aspectos generales como la violencia contra la mujer[84], las
modalidades de daño contra la mujer[85],
los principios de igualdad efectiva, derechos humanos, corresponsabilidad,
integralidad, autonomía, coordinación, no discriminación y atención
diferenciada[86]
y los derechos de las mujeres víctimas de violencia[87]. El segundo
desarrolla medidas de sensibilización y prevención en el ámbito público,
educativo, laboral de la salud, de la familia y de la sociedad y, finalmente,
el tercero consagra una serie de medidas de protección en el caso de violencia
intrafamiliar y en el ámbito familiar para lo cual se modifica la Ley 294 de
1996.
2.3.2.24.E1 Decreto 164 de
2010 creó la Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional
para Erradicar la Violencia contra las Mujeres". En el tema laboral, las
normas sobre el descanso remunerado en la época del parto[88], la prohibición de
despido por motivo de embarazo o lactancia[89] y las obligaciones especiales del
empleador en caso de licencia remunerada por embarazo[90], que consagra el
Código Sustantivo del Trabajo, fueron modificadas por la Ley 1468 de 2011.
2.3.2.25.La Ley 1542 de
2012, en cuanto a los delitos de inasistencia alimentaria y violencia
intrafamiliar, eliminó el carácter de querellables, conciliables y desistibles
que ostentaban, para volverlos de investigación oficiosa.
2.3.2.26.La Ley 1761 de
2015, también conocida como la Ley Rosa Elvira Cely tipificó el
feminicidio como un delito autónomo y dentro de las medidas contempladas para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer por motivos de género y
discriminación, estableció que la Defensoría del Pueblo debe garantizar la
asesoría, orientación y representación jurídica a las mujeres víctimas de
violencia feminicida de manera gratuita, inmediata, especializada y prioritaria
desde la perspectiva de género y de los Derechos Humanos.[91] De esta manera, la
Ley 1761 de 2015 pretende que las mujeres víctimas de violencia de género
puedan acceder a la administración de justicia, a un recurso judicial efectivo
y a las medidas de protección y atención contempladas en la Ley 1257 de 2008,
así como en otras instancias jurisdiccionales y administrativas.[92]
En el mismo
sentido, se estableció que tal asistencia y representación también puede ser
ejercida por entidades rectoras de políticas públicas para las mujeres y de
equidad de género a nivel nacional, departamental, distrital y municipal
teniendo en cuenta sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias.[93]
2.3.3. La protección de la mujer en la
jurisprudencia Constitucional
Este Alto
Tribunal ha reconocido especial protección a la mujer en aras de su protección
constitucional, ya como una manifestación del derecho a la igualdad de sexos[94] o bien
con el establecimiento de acciones afirmativas en su favor y en contra de la
discriminación[95]:
2.3.3.1.
De
los aspectos más importantes en materia laboral se destacan: el derecho a la
igualdad en los procesos de selección de personal; protección especial en casos
de no contratación laboral en razón a la condición de mujer[96]; y el derecho al
libre desarrollo de la personalidad en el ingreso de las mujeres a empleos que
históricamente fueron desempeñados exclusivamente por hombres como la
infantería de marina[97].
2.3.3.2.
Sobre
los derechos políticos, destaca mencionar, el derecho de la mujer a participar
activamente en los niveles decisorios del poder público[98].
2.3.3.3.
Sobre
la igualdad ante la ley jurisprudencialmente se han reconocido una serie de
garantías como: el derecho a la igualdad en el régimen contributivo de
seguridad social en salud[99];
el derecho a la igualdad de protección de la mujer adolescente en relación con
el matrimonio precoz[100];
la igualdad de protección en especial entre menores en relación con el género[101] y la
vulneración del derecho a la igualdad por medidas discriminatorias
injustificadas en la ley penal como la de la sanción a la mujer adúltera[102].
2.3.3.4.En relación con
grupos especiales de mujeres destacan: las acciones afirmativas a favor de la
mujer cabeza de familia[103];
el derecho a la igualdad de la mujer cabeza de familia disminuida físicamente[104]; y la
inclusión de prestaciones de alojamiento y alimentación para mujeres víctimas
de violencia y maltrato en los POS de los regímenes contributivo y subsidiado
no vulneran la Constitución[105].
2.3.3.5.En lo que tiene
que ver con la mujer embarazada se han reconocido garantías como: el derecho a
no ser discriminada[106];
derecho a la educación[107];
pago oportuno de salarios[108];
y el derecho de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, para que
puedan permanecer junto a sus menores hijos en condiciones adecuadas[109].
2.3.3.6. De igual
manera, se ha reconocido jurisprudencialmente la protección de la mujer contra
todo tipo de violencia[110],
la cual encuentra sustentó constitucional especialmente en el artículo 43 de la
Carta, según el cual "la mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades ", "la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación", "obligando al Estado a prestar especial protección a
la maternidad y a las mujeres cabeza de familia"[111].
2.4.   DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL
EFECTIVO
2.4.1. Desarrollo en el Sistema
Inter-americano
El Sistema
Interamericano de Derechos Humanos establece como premisa esencial para la
defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, el acceso a
recursos judiciales idóneos y efectivos. El principio de igualdad y no
discriminación representa entonces, el eje central de los instrumentos
vinculantes y aplicables a la problemática que nos ocupa. Así pues, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, constituyen el marco
jurídico interamericano para la protección de la mujer y la garantía que a ella
le asiste en acceder a un recurso judicial sencillo y eficaz en la defensa de
sus derechos.
Los artículos XVIII
de la Declaración Americana y 8 y 25 de la Convención Americana establecen que
todas las personas tienen el derecho a acceder a recursos judiciales y a ser
oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
tribunal competente, independiente e imparcial cuando creen que sus derechos
han sido violados. La protección de estos derechos se ve reforzada por la
obligación general de respetar, impuesta por el artículo 1.1 de la Convención
Americana.[112]
La tutela
judicial efectiva de los derechos de las mujeres víctimas de violencia debe ser
amparado en atención a políticas criminales no discriminatorias, en
concordancia con el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que establece el derecho a la igualdad ante la ley que les asiste y, el
artículo 1.1 que como ya se dijo le impone una obligación general de respeto al
Estado sobre la Convención.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha definido el recurso judicial efectivo como "el derecho
de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya
sido violado -sea éste un derecho protegido por la Convención, la Constitución
o las leyes internas del Estado- - de obtener una investigación judicial a
cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que se
establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda,
una compensación adecuada"[113]. De esa manera, se
ha identificado que en los casos concernientes a violencia contra mujeres, la
investigación es la etapa de mayor importancia procesal, pues es allí donde
pueden obtenerse los elementos probatorios necesarios para brindar una tutela
efectiva de los derechos que les asisten.
El derecho a un recurso judicial
efectivo, entendido como una manifestación de la protección judicial, se
encuentra reconocido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH) con una doble connotación; (i) como un derecho
que tiene toda persona "a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"[114]; (ii) como un deber de
los Estados Partes, los cuales se comprometen a garantizar que la autoridad
competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.”[115]
En todo caso, y
según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sentencia del seis
(06) de agosto de dos mil ocho (2008), caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos
Mexicanos, la obligación de implementar en el ordenamiento
jurídico un recurso judicial efectivo "no se reduce simplemente a la mera
existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad
de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad, es
decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un
recurso, en los términos de aquel precepto"[116].
En este sentido, la obligación de los
Estados Partes no se limita a implementar en sus ordenamientos jurídicos el
recurso judicial, sino que éste debe tener efectividad, lo que significa que
debe ser capaz "(...) de producir resultados o respuestas a las
violaciones de derechos contemplados en la Convención".[117]
Igualmente, en sentencia del veinticuatro
(24) de noviembre de dos mil seis (2006), caso Trabajadores
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, se indicó que la
existencia de un recurso judicial efectivo no está dada por su mero
reconocimiento constitucional o legal, sino que en la práctica debe ser idóneo
para establecer si el funcionario judicial de instancia ha incurrido en una
violación a los derechos humanos del recurrente y proveer lo necesario para
resarcir esa situación. No obstante lo anterior, en aquella oportunidad también
se reconoció que el hecho de que determinado recurso sea resuelto en contra de
quien lo intenta, no significa que necesariamente exista una violación del
derecho a la protección judicial.
En sentencia del veinte (20) de noviembre
de dos mil nueve (2009), caso Usón Ramírez vs. Venezuela, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estudió la demanda que interpuso el señor
Francisco Usón Ramírez en contra del Estado de Venezuela al considerar
vulnerados sus derechos humanos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la CADH
(entre otros), al no habérsele proporcionado un recurso judicial efectivo,
sencillo y rápido, que pudiera haber subsanado las violaciones de sus derechos
fundamentales.
Al respecto reiteró la Corte que la
obligación de los Estados Partes contenida en el artículo 25 de la CADH tiene
como finalidad garantizar a todas las personas un recurso judicial efectivo
contra aquellos actos violatorios de sus derechos fundamentales. En este
sentido, señaló que para que el Estado cumpla con la finalidad del artículo 25 ibídem, no basta con que
los recursos existan formalmente, sino que también es necesario que sean
efectivos, es decir, que sean idóneos para combatir la violación y que sea
efectiva su aplicación por la autoridad competente.
En la sentencia del cinco (5) de julio de
dos mil once (2011), caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, la Corte
Interamericana señaló: "En cuanto a la efectividad del
recurso, la Corte ha establecido que para que tal recurso efectivo exista, no
basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea
formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer
lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos
recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las
circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios”.
En sentencia del primero (1o)
de julio de dos mil once (2011), caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció acerca de la demanda
interpuesta por la señora Mercedes Chocrón Chocrón en contra del Estado de
Venezuela, por la ausencia de garantías mínimas de debido proceso al no haber
contado con un recurso judicial efectivo que le permitiera controvertir la
decisión de destituirla del cargo de Jueza de Primera Instancia en lo Penal de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que desempeñaba
la demandante.
En aquella
oportunidad, la Corte adujo que no pueden considerarse efectivos aquellos
recursos que resulten ilusorios, lo cual ocurre por ejemplo cuando falten los
medios para ejecutar sus decisiones o cuando se configure un cuadro de
denegación de justicia. Por otro lado, la Corte señala que al evaluar la
efectividad de los recursos incoados en la jurisdicción contencioso
administrativa nacional, los Tribunales nacionales deben observar si las
decisiones tomadas en aquélla han contribuido efectivamente a poner fin a una
situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de los actos
lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos
por la Convención; de manera que el Tribunal no evalúa la efectividad de los
recursos interpuestos en función a una eventual resolución favorable a los
intereses de la víctima.
En sentencia del veintitrés (23) de
noviembre de dos mil doce (2012), caso Mohamed vs. Argentina, la Corte estudió
la demanda interpuesta por parte del señor Oscar Alberto Mohamed en contra del
Estado de Argentina por la vulneración al derecho de protección judicial
contenido en el artículo 25 de la CADH y a las garantías judiciales previstas
en el artículo 8 de este mismo instrumento, en razón a que se le impidió
recurrir el fallo que lo condenó penalmente. En aquella oportunidad, la Corte
señaló que la finalidad del derecho a impugnar el fallo es proteger el derecho
de defensa, y reiteró que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un
recurso ordinario accesible y eficaz, lo cual supone que: (i) debe ser
garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada; (ii) debe procurar
resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido; y (iii) las formalidades
requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben
constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y
resolver los agravios sustentados por el recurrente.
Adicionalmente la Corte consideró que, en
la regulación que los Estados desarrollen en sus respectivos regímenes
recursivos, deben asegurar que dicho recurso contra la sentencia condenatoria
respete las garantías procesales mínimas que bajo el artículo 8 de la
Convención, resulten relevantes y necesarias para resolver los agravios
planteados por el recurrente.
En sentencia del
treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), caso Liakat Ali Alibux
vs. Suriname, se consideró que independientemente del régimen o
sistema recursivo que adopten los Estados Parte y de la denominación que den al
medio de impugnación de la sentencia respectiva, para que éste sea eficaz debe
constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena
errónea. En este entendido, según la Corte, a través del recurso deben poderse
analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la
sentencia impugnada, ya que en la actividad jurisdiccional existe una
interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del
derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una
errada o indebida aplicación del derecho; consecuentemente, las causales de
procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos
impugnados de la sentencia condenatoria.
En este mismo
sentido se pronunció la Corte en sentencia del 29 de mayo de 2014, caso Norín
Catriman y otros vs. Chile, en virtud de la
cual se consagró que la protección judicial efectiva es una garantía primordial
que debe respetarse en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir
que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y
de superior jerarquía orgánica.
En este sentido,
la Corte señaló las características de que debe gozar un recurso judicial
efectivo acorde con lo previsto en la CAHD: (i) recurso
ordinario, en este entendido el derecho a interponerlo debe ser garantizado
antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada; (ii) recurso
accesible, las formalidades requeridas para su admisión deben ser mínimas y no
deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar
y resolver los agravios sustentados por el recurrente; (iii) recurso eficaz,
ya que no basta con su existencia formal, sino que éste debe permitir que se
obtengan resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido; (iv) recurso que
permita un examen o revisión integral del fallo recurrido; (v) recurso al
alcance de toda persona condenada; (vi) recurso que
respete las garantías procesales mínimas.
2.4.2. Alcance Constitucional
En la Sentencia C-l 195
de 2001[118] esta Corporación
se pronunció sobre la estrecha relación entre el derecho a acceder a la
justicia y el derecho al recurso judicial efectivo, entendido este último como
una garantía necesaria para asegurar la efectividad de los derechos. En este
sentido, se reiteró que las formas procesales y las garantías sustanciales no
pueden cumplirse efectivamente, sin que se garantice de manera adecuada el
acceso a las mismas.[119]
Igualmente, se indicó que la finalidad
del derecho al acceso a la administración de justicia no se cumple solo al
consagrar formalmente los recursos y procedimientos sino que resulta necesario
que los mismos sean idóneos y eficaces, de esta manera señaló que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que "(...) la
inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos
reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el
Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe
subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por
la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se
requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla".[120]
En
el mismo sentido, la Corte Constitucional expresó que la justicia estatal
formal no es efectiva en todos los casos, especialmente si no se prevén
recursos judiciales suficientes e idóneos que permitan resolver de manera
pacífica los conflictos, o si la complejidad del tiempo modo y lugar de los
procedimientos o las condiciones.
En conclusión,
para la Corte resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es
efectiva, en especial cuando no se han previsto recursos judiciales idóneos y
suficientes que faciliten la solución pacífica de los conflictos, o cuando la
complejidad de los procedimientos o de las condiciones de tiempo, modo y lugar
que requiere el legislador limitan la capacidad de obtener el goce efectivo de
los derechos que se buscan proteger cuando se acude a instancias judiciales.[121]
123      Sentencia
de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Mediante Sentencia C-454 de 2006[122], esta Corte se
pronunció sobre el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo como
un elemento esencial de la protección que le ha brindado a esta población el
derecho internacional humanitario, lo cual tiene fundamento en el artículo 93
Superior en el que se estipula que los derechos y deberes se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia)[123] Se resaltó que en
diversas decisiones, la Declaración Americana de Derechos del Hombre y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, han marcado una tendencia en el
derecho internacional para establecer mecanismos que permitan garantizar el
derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva de sus derechos
para que no sólo obtengan reparación del daño que sufrieron sino también sus
derechos a la verdad y a la justicia.[124]
Se indicó que en
este mismo sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la "Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder" establece que las víctimas tendrán
derecho a acceder a los mecanismos de justicia y a una reparación eficaz del
daño sufrido, por lo tanto se debe permitir que las opiniones y preocupaciones
de las víctimas se presenten y estudien en las etapas indicadas dentro de las
actuaciones desde que sus intereses estén en juego, sin importar los del
acusado y las cuales sean acordes con el sistema nacional de justicia penal
correspondiente.[125]
Se afirmó que en nuestro ordenamiento
jurídico, los artículos 29 y 229 de la Constitución consagran el acceso a la
justicia como un derecho fundamental el cual puede ser amparado a través de la
acción de tutela, y como una expresión esencial del aspecto participativo y
democrático del Estado.[126]
Dentro de este derecho, se encuentra el derecho de las víctimas a contar con un
recurso judicial efectivo, del cual hacen parte las garantías de información y
comunicación que permiten que se agoten los recursos y acciones judiciales que
permiten garantizar y proteger de forma eficaz los derechos de las víctimas[127] Por
lo anterior, se concluyó que "del deber del Estado de proteger ciertos
bienes jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de
garantizar la protección judicial efectiva de los mismos."[128]
Finalmente, esta Corporación señaló que
la jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho de las víctimas a
un recurso judicial efectivo se hace efectivo si las mismas pueden intervenir
dentro del proceso penal a cualquier momento, inclusive en la etapa de
indagación preliminar, ya que dicha intervención está encaminada a garantizar
la reparación del daño sufrido con el delito y además a satisfacer sus derechos
a la verdad y a la justicia. En este sentido expresó: "la Corte
constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una
concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en el
resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados con
el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con el
fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de
manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la
justicia[129]. "[130]
Mediante Sentencia C-936 de 2010[131], esta Corporación
indicó que a partir de los mecanismos internacionales señalados con
anterioridad, la protección de los derechos de las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos o de Derecho Internacional Humanitario se
refiere básicamente a cuatro aspectos fundamentales: a) las víctimas de
estos delitos deben tener acceso a un recurso judicial efectivo; b) el Estado tiene
el deber de garantizar su acceso a la justicia; c) los Estados
también están obligados a investigar las violaciones a los Derechos Humanos y
al Derecho Internacional Humanitario para conocer la verdad; y d) el Estado debe
cooperar para prevenir y sancionar dichos delitos y colaborar para restaurar
los derechos de las víctimas.[132]
Sobre este punto, la Corte Constitucional
definió el contenido de la debida diligencia en las investigaciones, juicios y
sanciones penales contra los responsables de violaciones a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario, en lo concerniente a la violencia
sexual contra las mujeres, como quiera que la no vinculación de los
responsables a un proceso penal y la inaplicación de las sanciones
correspondientes refuerza los patrones de discriminación y violencia,
al enviarse un mensaje a la sociedad y a los agresores en el sentido que la
violencia contra las mujeres es tolerada. En esta medida,
la garantía de sanción y enjuiciamiento penal representa una de las estrategias
político-criminales más contundentes, pues constituye una prevención contra la
violencia y discriminación de género.[133]
Por otra parte, el deber de debida
diligencia es a su vez consistente con la obligación internacional de los
Estados de proveer un recurso judicial efectivo, que permita a los ciudadanos y
ciudadanas la posibilidad real de solicitar ante las autoridades competentes:
(i) la declaración de que un derecho está siendo vulnerado, (ii) el cese de la
vulneración y (iii) la reparación adecuada por los daños causados
Tratándose del derecho a la justicia de
las víctimas de violencia contra las mujeres, las obligaciones del Estado se
centra especialmente en dos: (i) prevenir las prácticas degradantes en contra
de la mujer y (ii) procesar y sancionar a los responsables de crímenes que
impliquen cualquier tipo de violencia contra las mujeres.[134]
De igual manera, se entenderá que un
recurso es ilusorio, cuando en la práctica se haya demostrado su inutilidad, ya
sea porque falten los medios para ejecutar las decisiones o por cualquier
situación que en sí misma configure un cuadro de denegación de justicia. Sobre
las obligaciones del Estado referentes a la concreción de un recurso judicial
efectivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho:
"En los
términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos
obligaciones específicas del Estado. La primera, consagrar normativamente y
asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades
competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos
que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los
derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para
ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales
autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos
declarados o reconocidos. El derecho establecido en el artículo 25 se encuentra
íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención,
al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes
"[135].
Igualmente, se ha establecido que las
obligaciones que consagra el artículo 8o de la Convención de Belem
do Pará se deben interpretar junto con aquellas que establece el artículo 7o
de dicha Convención en donde se estipulan obligaciones inmediatas en cabeza del
Estado dentro de las que se encuentra actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.[136]
En este sentido, la CIDH ha indicado que
el deber de debida diligencia impone a los Estados el deber de vigilar la
situación social a través de la producción de información estadística que
permita el diseño y evaluación de políticas públicas, así como del control de
las mismas que sean implementadas por la sociedad civil, con el fin de prevenir
situaciones de violencia, en especial frente a prácticas que sean extendidas o
estructurales.[137]
Así mismo, señaló que la obligación del inciso B del artículo 7o de
dicha Convención se debe interpretar junto con el inciso H del artículo 8o
referente a garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y otra
información pertinente relacionada con las causas, consecuencias y frecuencia
de la violencia contra las mujeres.[138]
Lo anterior con el fin de evaluar la eficacia de las medidas utilizadas para prevenir,
sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y de formular e introducir
los cambios necesarios[139].[140]
Igualmente la
Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer ha sostenido que los
Estados para cumplir con las obligaciones internacionales de debida diligencia
en cuanto a prevención se deben implementar medidas como la "sensibilización
del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género,
accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo; existencia de medidas para
aumentar la sensibilización y modificar las políticas discriminatorias en la
esfera de la educación y en los medios de información, y reunión de datos y
elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer[141]”[142]
2.5.
LA GARANTÍA DE LAS VÍCTIMAS A LA NO REPETICIÓN Y EL DEBER DEL ESTADO DE EVITAR
SU REVICTIMIZACIÓN
Una vez se ha
cometido un delito en contra de una persona, una de las primeras obligaciones
que tiene el Estado es la de garantizar la no repetición del hecho y evitar que
se genere su revictimización a través de medidas concretas y oportunas.
2.5.1.
La garantía de no repetición
2.5.1.1.La Corte
Constitucional ha indicado que la garantía de no repetición está conformada por
las acciones orientadas a impedir que se vuelvan a realizar las conductas que
afectaron los derechos de las víctimas, las cuales se deben adecuar a la
magnitud y naturaleza de la ofensa.[143]
Igualmente, se ha establecido que tal garantía está relacionada con la
obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH a través
de medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales que permitan la
protección de los derechos.[144]
2.5.1.2.La garantía de no repetición también ha
sido reconocida por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos
humanos, en especial en las siguientes decisiones:
2.5.1.3. En la Sentencia
del caso Loaiza Tamayo vs. Perú[145]
señaló
que en materia de reparaciones es aplicable el artículo 63.1 de la Convención
Americana, el cual recoge uno de los principios fundamentales del derecho
internacional general, reiteradamente desarrollado por la jurisprudencia bajo
el cual al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge
responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma
internacional, con el consecuente deber de reparación del cual rugen la restitutio in
integrum, la indemnización, la satisfacción y las garantías de
no repetición.
2.5.1.2.1. En la sentencia
del caso Garrido y Baigorria vs. Argentina[146], la Corte recuerda
la obligación de reparación en cabeza de los Estados que cometen un ilícito,
por lo que la disposición aplicable a las reparaciones es el artículo 63.1
de
la Convención Americana que prescribe lo siguiente: Cuando decida que hubo
violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados. La Corte estimó conveniente precisar que entre otros conceptos, la
reparación puede tener también el carácter de medidas tendientes a evitar la
repetición de los hechos lesivos.
2.5.1.2.3. En la sentencia
del Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras[147], la
Corte reconoció
que las garantías de no repetición en la jurisprudencia de la Corte hacen parte
del macro concepto de reparación, por esto considera la corporación suscrita
que es debido identificar la obligación de los Estados de reparar a las
víctimas. Ante lo cual podemos observar que la corte también establece una
obligación en cabeza del Estado dado que este está en "el deber
jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos,
de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se
hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los
responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la
víctima una adecuada reparación. "
2.5.1.2.4. En la sentencia
del caso Molina Theissen Vs. Guatemala[148], la Corte
recomendó entre otras medidas para asegurar la salud de la familia la
reparación las garantías de no repetición.
2.5.1.2.5. En el caso Gómez Lund y otros (Guerrilla
do Araguaia) vs. Brasil, reconoció nuevamente la garantía de no
repetición tales como: la educación sobre derechos humanos; la tipificación de
la desaparición forzada; el acceso, sistematización y publicación de documentos
que tenga el Estado; la creación de una Comisión de Verdad; la búsqueda de los
restos mortales; el esclarecimiento de la verdad y la sanción para los responsables;
la adopción de una legislación que prevenga las violaciones a los derechos
humanos; los actos públicos de reconocimiento; erigir monumentos en honor a las
víctimas; no aplicar figuras de amnistía, prescripción o que excluyan la
responsabilidad penal que no permitan la investigación y sanción[149].
2.5.1.3.Esta garantía no
solamente es aplicable a los procesos de justicia transicional, sino que se
predica respecto de graves violaciones a los derechos humanos, respecto de los
cuales la jurisprudencia constitucional ha reconocido los siguientes elementos:
a)
el
reconocimiento a nivel nacional de los derechos y generar garantías de
igualdad; b) el diseño y funcionamiento de estrategias
y políticas de prevención integral; c) la implementación de programas de
divulgación y educación tendientes a eliminar los patrones de violencia y
vulneración de derechos, e informar sobre los mismos, sus mecanismos de
protección y las consecuencias de su trasgresión; d) la introducción
de programas y promoción de prácticas que faciliten actuar de manera eficaz
ante las denuncias de violaciones a los DDHH, y el fortalecimiento de las
instituciones que tengan a su cargo funciones en la materia; e) la destinación de
recursos para apoyar las actividades de prevención; f) la adopción de
medidas para erradicar factores de riesgo, incluyendo el diseño y puesta en
marcha de instrumentos que faciliten la identificación y notificación de los
factores y eventos de riesgo de vulneración; y g) la implementación
de medidas de prevención específica en los eventos donde se detecte que un
grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados.[150]
2.5.2. La
garantía de no repetición del delito frente a las víctimas específicas de un
delito
2.5.2.1.La garantía de no
repetición se desarrolla a través de las acciones orientadas a impedir que se
vuelvan a realizar las conductas que afectaron los derechos de las víctimas[151], para
lo cual deben adoptarse estrategias y políticas de prevención integral, pero
también medidas específicas destinadas a erradicar factores de riesgo e
implementar medidas de prevención específica en aquellos eventos donde se
detecte un grupo de personas en riesgo de que sus derechos sean vulnerados.[152]
2.5.2.2.En virtud de lo
anterior, esta garantía no solo se extiende al grupo de potenciales víctimas,
sino que se aplica muy especialmente a aquellas personas que han sufrido
delitos, para no permitir su revictimización, lo cual se puede presentar en
tres (3) niveles:
(i)    La victimización
primaria, que se presenta cuando una persona es objeto de un delito[153]. El
Estado debe proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes y esta
obligación se intensifica cuando un individuo ha sufrido un delito denunciado a
las autoridades, pues en ese momento el Estado conoce su situación de
vulnerabilidad[154].
La
vulnerabilidad, implica el nivel de riesgo de que una persona pueda sufrir
nuevos delitos y debe ser estudiado en cada caso concreto de acuerdo a factores
especiales dentro de los cuales se encuentran[155]: (i) la deseabilidad, es decir, el
grado de atracción del delincuente a cometer delitos sobre una víctima
específica, (ii) la accesibilidad o exposición de
la víctima a sufrir nuevos delitos de acuerdo a su situación concreta, (iii) la susceptibilidad o afectación
psicológica de la víctima tras la vivencia del suceso, (iv) la precipitación o actitud
imprudente de la víctima para incrementar el riesgo y (v) la resiliencia o capacidad de
recuperarse del hecho traumático.
De esta manera,
el primer deber que tiene el Estado frente a una persona que sufre un delito es
brindarle protección y asistencia para no volver a ser víctima, especialmente
si se trata de un sujeto de especial protección. En este ámbito, la privación
de la libertad del presunto agresor a través de una medida de aseguramiento es
solamente una opción, pues existen otras que pueden adoptarse de manera más
inmediata como la protección policial y la asistencia que se le pueda proporcionar
a la víctima para superar los factores especiales de vulnerabilidad.
(ii)  La victimización
secundaria abarca los costes derivados de la intervención del sistema legal
sobre la víctima, sus familiares o sus personas allegadas, tales como: la
atribución de responsabilidad a la víctima, la exposición al proceso penal, la
impotencia ante la falta de respuesta del Estado y la confrontación con el
autor[156].
Esta modalidad nació precisamente para explicar los daños causados a las
mujeres víctimas de violencia sexual o doméstica frente a las cuales el Estado
no solamente no presenta una respuesta inmediata, sino que además les hace
revivir constantemente la escena del delito, exponiéndolas además a
interrogatorios prolongados y vejatorios[157].
(iii) La victimización
terciaria está constituida por el conjunto de costes que se presentan con
ocasión de la penalización del delincuente, tal como sucede con la realización
de actos en retaliación por la denuncia, no solamente contra la integridad de
la víctima o de sus familiares sino también otros actos de carácter social o
económico[158].
Esta forma de victimización es responsabilidad del Estado, pues dentro de las
funciones de la pena se encuentra la prevención especial positiva o resocialización,
la cual exige la reintegración a la sociedad de quien ha cometido un delito, lo
cual requiere que se eliminen los sentimientos de venganza hacia el denunciante
y el propio Estado.
2.5.3.
La obligación de proteger la seguridad personal de las víctimas que estén
amenazadas
2.5.3.1.Una de las
consecuencias del derecho a la no repetición es "tomar
medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de
personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados "[159]. En
virtud de lo anterior, la primera obligación que surge frente a las víctimas es
la de brindarle protección para que no vuelvan a ser objeto de la misma
conducta punible.
2.5.3.2.Mediante
Sentencia T-339 de 2010[160],
esta Corporación determinó las diferencias entre el riesgo y la amenaza con el
fin de establecer los escenarios en donde el Estado debe brindar medidas de
protección especiales. De esta manera, se indicó que el riesgo es abstracto y
que sus consecuencias no son concretas, por su parte la amenaza implica la
presencia de manifestaciones o señales que permitan presumir que va a ocurrir
algo malo. Por lo anterior, concluyó que la amenaza supone la existencia de "signos
objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño ". Por este motivo, "cualquier
amenaza constituye un riesgo pero no cualquier riesgo es una amenaza". En dicha
providencia, se estableció la escala de riesgos y amenazas que se debe aplicar
en los casos donde se solicite una protección especial por parte del Estado[161]:
2.5.3.2.1. Nivel
de riesgo: Se presenta una abstracta y aleatoria posibilidad que
se produzca un daño a la vida o la integridad personal.[162] Este
nivel se divide en dos: (i) Riesgo mínimo, el cual es una
categoría hipotética en donde las personas están amenazadas solo por la muerte
o las enfermedades naturales y (ii) Riesgo ordinario, que se deriva de
factores internos y externos de la persona dentro de su convivencia en
sociedad, soportando los riesgos propios de la existencia humana y de la vida
en sociedad.[163]
En este escenario no se pueden exigir medidas de protección especial por parte
del Estado por cuanto no se afecta su derecho a la seguridad personal, ya que
el riesgo de daño no es una lesión sino un riesgo de lesión.[164]
2.5.3.2.2.
Nivel de amenaza: La amenaza de daño implica el principio de la
alteración y la disminución de goce pacífico de los derechos fundamentales, En
ese sentido, se indicó que a partir de este nivel el riesgo se convertirá en
una amenaza, el cual dependiendo de su intensidad se divide en dos[165]:
Amenaza ordinaria: El funcionario
para determinar si se está ante esta categoría debe valorar la situación
concreta y establecer si los siguientes elementos se presentan: (i) la
existencia de un peligro individualizable y específico (preciso, determinado y
sin vaguedades), (ii) La existencia de un peligro cierto, con elementos
objetivos que permitan deducir que hay una razonable probabilidad frente a que
el inicio de la lesión del derecho destruya definitivamente el mismo, por lo
que no es un peligro remoto ni eventual, (iii) Debe ser importante, por cuanto
se tiene que amenazar bienes o intereses jurídicos valiosos para la persona,
tales como el derecho a la libertad, (iv) Tiene que ser excepcional, no puede
ser un riesgo que tolere la mayoría de personas y (v) Deberá ser
desproporcionado respecto de los beneficios que deriva el sujeto de la
situación por la que se ocasiona el riesgo.
Si se presentan todas las características
señaladas anteriormente, se puede invocar el derecho fundamental a la seguridad
personal con el fin de recibir protección del Estado, ya que a partir de este
nivel se inicia la lesión del derecho fundamental y por lo tanto se ocasiona un
perjuicio cierto que puede o no agravarse. De esta manera, la persona tiene
derecho a que el Estado intervenga para que detenga las causas de la alteración
del goce del derecho o al menos evite que el inicio de la lesión se transforme
en una violación definitiva del derecho.[166]
Amenaza extrema: Se está ante este
nivel si una persona se encuentra ante una amenaza que cumple con las
características que se señalaron con anterioridad y, cuando adicionalmente el
derecho que se encuentra en peligro es la vida o la integridad personal. Por lo
anterior, en este nivel se puede exigir que se protejan de manera directa sus
derechos a la vida y a la integridad personal sin tener que invocar el derecho
a la seguridad para obtener protección por parte de las autoridades.
Esta Corporación ha reconocido que las
autoridades deben garantizar la efectividad del derecho a la seguridad personal
cuando se encuentren expuestos a un nivel de amenaza ordinaria y extrema.
Igualmente se indicó que las medidas preventivas no proceden si se ha
materializado o concretado un daño consumado por cuanto las medidas que se
deben adoptar son de carácter reparador o sancionador.[167] De
esta manera, la primera garantía que tiene la persona que ha sido víctima de un
delito es acudir a las autoridades para solicitar protección cuando su vida o
su integridad se encuentren amenazadas para evitar que se vuelva a cometer en
su contra un delito o que se presenten represalias por la denuncia,
independientemente de las medidas penales que se adopten en el proceso, pues en
muchas ocasiones éstas exigen aplicar procedimientos y requisitos que las
pueden prolongar.
En conclusión, al
ser las garantías de no repetición un derecho concreto y no un simple concepto
abstracto que inspira la política pública, las víctimas tienen derecho a
solicitar medidas de protección de su vida y de su integridad física a la
Fiscalía General de la Nación en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 6o
del artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Así mismo, en caso de que no se adopten
medidas en un plazo razonable, las víctimas también podrán acudir directamente
ante un juez de control de garantías con el objeto de solicitar medidas
dirigidas a la protección de su vida e integridad personal en desarrollo de lo
señalado en ejercicio de su derecho a la protección contemplado en el literal
b) del artículo 11 de la ley 906 de 2004.
3.  CASO CONCRETO
La Defensoría del Pueblo presentó acción
de tutela como agente oficioso de Martha Cecilia Villamizar contra la Dirección
Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, la Policía Nacional - Dirección
Seccional del Magdalena Medio, el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Barrancabermeja y Jorge Elías Corzo Rodríguez, por los siguientes motivos: (i) desde abril de
dos mil catorce (2014) comenzó a ser agredida verbalmente y desde el diez (10)
de noviembre físicamente, (ii) por lo anterior denunció
al señor Corzo Rodríguez el cinco (5) de diciembre de dos mil catorce (2014), (iii) el veintitrés
(23) de enero de dos mil quince (2015) presentó nuevamente denuncia penal, (iv) el treinta (30)
de enero de 2015 se solicitaron medidas de protección al Juzgado 2o
Municipal de Barrancabermeja sin obtener respuesta y (v) días después la
actora fue nuevamente agredida por su ex compañero sentimental, quien en esa
ocasión intentó matarla, por lo cual interpuso una tercera denuncia. Cabe resaltar
que incluso cuando la víctima contaba con cinco (5) meses de embarazo fue
agredida físicamente por su ex compañero permanente.
Por lo anterior, solicita que se tutelen
los derechos a la vida, al debido proceso y el derecho de la mujer a una vida
libre de violencia. En consecuencia, pide que se le ordene: (i) a la Dirección
Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio impulsar las acciones penales
impetradas por la actora, (ii) a la Policía
Nacional que de manera adecuada proteja a la peticionaria y mantenga vigilancia
especial sobre Jorge Elías Corzo Rodríguez, (iii) al agresor que
cese cualquier acto de violencia en contra de la ciudadana y (iv) que se le ordene
al Juez Segundo Municipal de Barrancabermeja que otorgue las medidas de
protección solicitadas.
3.1.   PRECISIONES PREVIAS
3.1.1. Legitimación en la causa por
activa
El artículo 86 de
la Constitución Política de 1991 establece que todas las personas que estén
dentro del territorio nacional o fuera de éste pueden recurrir a la acción de
tutela directamente a través de un procedimiento preferente, informal y sumario[168]. A
pesar de lo anterior, también se contempla la opción de que se interponga por
un tercero si se presenta alguno de los siguientes eventos: "(i) quien
actúa es el representante legal del titular de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados; (ii) el accionante es el apoderado judicial de aquel
que alega sufrir un menoscabo a sus derechos, o (iii) el tercero actúa como
agente oficioso. "[169]
La jurisprudencia
de la Corte Constitucional[170]
ha establecido que para utilizar la agencia oficiosa se debe demostrar la
necesidad de utilizar la figura y probar que el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no puede promover por sí sola su propia defensa por
incapacidad física o mental.[171]
A partir de la norma mencionada, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
determinó que la tutela se puede ejercer por cualquier persona cuyos derechos
se vean vulnerados o amenazados y que existe la posibilidad de promoverla por
medio de representante legal o de un agente oficioso[172].
Igualmente, la
Sentencia T-214 de 2014 señaló que la agencia oficiosa es una
figura que se utiliza cuando el titular de los derechos fundamentales que se
consideran vulnerados está en la imposibilidad de ejercer su defensa, por lo
cual se legitima a un tercero indeterminado para que actúe a su nombre sin que
se requiera que medie un poder.[173]
En el mismo sentido, se indicaron los requisitos que se exigen para que opere
la agencia oficiosa: (i) que se exprese claramente por parte del
agente que actúa a nombre de otra persona; (ii) que en el escrito
de tutela se deje expresamente manifestado que el titular del derecho sobre el
cual se solicita protección no esté en condiciones físicas o mentales de
promover su defensa; (iii) que estén totalmente identificados el o
los agenciados; y (iv) que oportunamente mediante actos
positivos del agente se ratifique frente a los hechos y pretensiones de la
tutela.[174]
En el mismo
sentido se indicó que la procedencia de la agencia oficiosa se fundamenta en
principios constitucionales como "i) la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas (artículo 228 CP.), cuyo objetivo principal es
hacer efectiva la protección de los derechos de las personas e impedir se
presenten circunstancias y requisitos superfluos; ii) el principio de eficacia
de los derechos fundamentales (artículo 2o CP.), el cual vincula
tanto a las autoridades públicas como a los particulares; iii) el principio de
solidaridad (artículo 95 CP.), que exige velar por la defensa no sólo de los
propios derechos, sino también de los ajenos cuando los titulares se encuentren
en imposibilidad de hacerlo por sí mismos.,"[175]
La Corte Constitucional ha establecido
que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden ejercer la
acción de tutela como agentes oficiosos con el objeto de proteger los derechos
fundamentales de aquellas personas que no pueden acudir a la administración de
justicia directamente.[176]
En estos eventos, se requiere que se presenten dos (2) elementos para que se
configure la agencia oficiosa: (i) que el algente
oficioso exprese claramente que actúe en tal condición y (ii) que el titular de
los derechos fundamentales que se invocan no tenga las condiciones que le
permitan instaurar a nombre propio la acción de tutela[177].
Esta Corporación paulatinamente ha
flexibilizado la exigencia de señalar de manera expresa que se actúa como
agente oficioso y también la referente a indicar los motivos por los cuales el
titular de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados no puede
interponer por sí mismo la acción de tutela. Por lo anterior, se ha establecido
que en los eventos en donde el titular de los derechos invocados no pueda actuar
por sí mismo por motivos físicos, mentales y síquicos, y no se indique esa
situación ni que se adelanta una actuación como agente oficioso, el juez de
tutela está en la obligación de identificar las razones que generan que el
accionante actúe en nombre de otra persona[178]. Así mismo, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 contempla que el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales están legitimados para interponer la acción de tutela en nombre de
un tercero cuyos derechos fundamentales se vean vulnerados o estén en riesgo de
verse afectados.[179]
Por su parte, el artículo 46 del Decreto
2591 de 1991 legitima al Defensor del Pueblo para interponer acciones de tutela
en nombre de terceros: "Artículo 46.- Legitimación. El
Defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los
interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que
lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión." Así mismo, esta
Corporación ha reconocido que el Defensor del Pueblo y los Personeros
Municipales o Distritales tienen competencia para instaurar una tutela como
agentes oficiosos en dos circunstancias específicas: "(i) cuando
actúen en representación de una persona que lo haya solicitado y (ii) cuando la
persona se encuentre desamparada o indefensa. [180]
De esta manera, se tiene que en el primer
caso si la persona solicitó la intervención y representación de cualquiera de
estas dos (2) autoridades existe la voluntad de quien considera afectados sus
derechos fundamentales, lo anterior es necesario para poder garantizar que se
acceda a la administración de justicia del titular de los derechos vulnerados,
quien puede desistir de la acción en cualquier momento[181]. En
cuanto al segundo supuesto, esta Corte ha señalado que se refiere a eventos en
donde la persona "se encuentra inerme o desamparada, es decir, sin
medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos insuficientes
para resistir o repeler la agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho
fundamental".[182]
En relación con el caso concreto, se
encuentra demostrado que el día veinticinco (25) de febrero de dos mil quince
(2015), la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt envió un escrito a la
Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio narrando las agresiones sufridas
por parte de su ex pareja sentimental, señor Jorge Elias Corzo Rodríguez y
solicitando ayuda: "Nos piden que denuncien y el Estado nos deja
solas, mire que ya he puesto tres denuncias y no ha pasado nada, ni la policía
ni la fiscalía, ni el juez ha tomado cartas en el asunto. El juez, los fiscales
y la policía van a esperar a que me mate para poder actuar. Le suplico a usted
ayuda". En el mismo sentido, el 30 de enero de 2015 la señora Martha
Cecilia otorgó un poder al defensor Wilson Andrés Parra Mera para que
solicitara las medidas de protección contra el agresor por los hechos narrados
anteriormente, medidas que fueron solicitadas ese mismo día y que no fueron
concedidas dentro de los términos señalados en la Ley.
Teniendo en cuenta la información
suministrada por la señora Villamizar Ebratt y su solicitud de ayuda, el mismo
25 de febrero del presente año la Defensoría del Pueblo - Regional Magdalena
Medio interpuso una acción de tutela como agente oficioso de Martha Cecilia
Villamizar Ebratt pues sus derechos fundamentales a la vida e integridad
personal de ella y su núcleo familiar se veían amenazados por su ex compañero.
De conformidad con lo anterior, debe concluirse que la Defensoría del Pueblo
Regional Magdalena Medio como agente oficioso de la señora Martha Cecilia
Villamizar Ebratt está legitimada por activa por los siguientes motivos:
(i)      La titular de los
derechos que se consideran vulnerados solicitó la ayuda de la Defensoría por
escrito, cumpliendo con el requisito establecido en el artículo 46 del Decreto
2591 de 1991 que indica que el Defensor del Pueblo puede interponer una acción
de tutela a nombre de un tercero que lo haya solicitado.
(ii)   También se
configura el segundo supuesto para la intervención de la Defensoría del Pueblo
como agente oficioso, pues el titular de los derechos que se consideran en
riesgo o vulnerados estaba desamparada e indefensa, pues la señora Martha
Cecilia Villamizar había sido víctima de agresiones físicas y verbales por
parte de su ex pareja sentimental quien se encontraba en libertad y podía
agredirla nuevamente. Finalmente, la señora Villamizar manifestó directamente
en el escrito en donde solicitó ayuda su situación de vulnerabilidad al
expresar contundentemente: "...van a esperar a que me mate para
poder actuar. "
3.1.2. Inexistencia de hecho superado
Algunos de los
intervinientes señalan que en el presente caso se configuró un hecho superado,
por cuanto ya se ha emitido una sentencia condenatoria en contra del señor Jorge Elías Corzo
Rodríguez, lo cual no se comparte por los siguientes motivos:
3.1.2.1.En primer lugar,
el hecho superado se presenta "si la situación de hecho que
origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la
pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la
acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser"[183],
lo
cual no se presenta en este caso, pues solo la primera petición  de la acción
de tutela tenía relación con el proceso penal adelantado en contra del señor Corzo Rodríguez, subsistiendo
otras tres (3) pretensiones relacionadas con la vigilancia especial del
agresor, la cesación de actos de agresión y la aplicación de protección
especiales contempladas en la Ley 1257 de 2008, siendo tales pretensiones, las
siguientes:
"1. Tutelar
los derechos fundamentales de la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt y de
su núcleo familiar y se le ordene a la Fiscalía General de la Nación en cabeza
del DR. Fidel Gómez como director seccional de Fiscalía del Magdalena Medio,
que en el término de 8 horas proceda a impulsar las tres (3) denuncias
interpuesta por la peticionaria y se le dé un trámite de urgencia ante el
inminente peligro que se encuentra expuesta por las múltiples agresiones
físicas y psicológicas a que se encuentra sometida por su ex pareja
sentimental.
2.   Se le ordene a
la Policía Nacional que de manera inmediata realice protección adecuada a la
peticionaria y mantenga vigilancia especial sobre el
agresor para que no se permita que las agresiones continúen y que puedan llevar
a un desenlace fatal.
3.   Se le ordene
al agresor cese cualquier acto de agresión en contra de la señora Martha
Cecilia Villamizar Ebratt, so pena de las sanciones de ley.
4.   Se le ordene
al juez segundo penal municipal con funciones de control de garantía que en un
término de 4 horas proceda a efectuar el trámite de medidas de protección
solicitado por la Defensoría del Pueblo y dicte las medidas provisionales
solicitadas, para evitar hechos futuros de agresión"(negrillas y subrayado
fura de texto).
De manera particular, la petición
contemplada en el numeral 4o se refiere a las siguientes medidas
provisionales solicitadas ante el juez de control de garantías:
"PRETENSIONES
1.   Ordenar al
agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar en el cual se encuentre la
víctima, toda vez que la misma se encuentra amenazada y existe la posibilidad
de que se le perturbe, intimide o agreda en próximas ocasiones.
2.   Toda vez, que es
posible que se repita la agresión, solicito se Ordene una protección temporal
especial por parte de las autoridades de policía tanto en su domicilio como en
su lugar de trabajo. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda
y custodia de los menores hijos de la usuaria, como quiera que estos (sic) han
sido víctima de maltrato por parte de su progenitor
3.  Establecer el
valor de una cuota alimentaria a cargo del agresor y a favor de los menores,
así con la cuantía y lugar donde deben ser consignados los dineros”.
En este sentido,
solamente una de las tres (3) peticiones de la acción de tutela fue cumplida
por las autoridades, sin que se hubiera tomado ninguna decisión específica en
la sentencia condenatoria sobre los otros puntos adicionales, pues los mismos
no corresponden necesariamente al Derecho Penal. En especial, cabe destacar que
ninguna de las cuatro (4) medidas especiales de protección fue ordenada, por lo
cual subsisten estas pretensiones formuladas en la acción de tutela.
3.1.2.2. En
segundo lugar, el hecho superado se presenta "cuando por
la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del derecho cuya
protección se reclama, de tal manera que 'carece' de objeto el pronunciamiento
del juez constitucional "[184], lo cual no se configura en este caso,
pues la vulneración subsiste por los siguientes motivos:
(i)      A pesar de la
existencia de una sentencia condenatoria emitida en contra del señor Jorge Elias Corzo
Rodríguez persiste un grado de peligro respecto de los derechos
de la víctima a la vida y a la integridad personal, pues la sentencia otorgó el
beneficio de libertad condicional y no se adoptaron medidas especiales de
alejamiento respecto de la señora Martha Cecilia Villamizar ni de sus hijos.
(ii)   Persiste la
afectación del derecho al debido proceso, pues no se ha adoptado ninguna
decisión respecto de las otras pretensiones de la acción de tutela que no
tienen una naturaleza exclusivamente penal.
3.2.
LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y A
LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LA ACCIONANTE
3.2.1.  Como ya se
afirmó, si bien en virtud de la actuación de la Fiscalía General de la Nación
se condenó al señor Jorge Elías Corzo Rodríguez a una pena de tres (3) años, no
se dio respuesta sobre las demás peticiones señaladas en la acción de tutela,
las cuales estaban orientadas a la protección extra penal que la ley otorga a
las mujeres que han sido objeto de maltrato o de violencia intrafamiliar.
3.2.2.  En particular,
las pretensiones 2 a 4 de la acción de tutela se dirigen a ordenar: (i) a la policía que
realice una vigilancia especial sobre el  agresor, (ii) al señor Jorge
Elias Corzo Rodríguez que cese sus actos de violencia y (iii) que se realice el
trámite de las medidas de protección de exigir al agresor abstenerse de
penetrar en cualquier lugar en el cual se encuentre la víctima, ordenar una
protección temporal especial por parte de las autoridades de policía, decidir
provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los menores
hijos de la usuaria y establecer el valor de una cuota alimentaria a cargo del
agresor.
3.2.3. Estos
instrumentos son completamente independientes a los penales y están
contemplados en el artículo 4o de la Ley 294 de 1996, adicionado por
el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, el cual contempla un extenso grupo de
medidas para la protección de las mujeres maltratadas y de su familia:
"a) Ordenar
al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima,
cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o
la salud de cualquiera de los miembros de la familia;
b)   Ordenar al
agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la
víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria
para prevenir que aquel perturbe, intimidé, amenace o de cualquier otra forma
interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya
sido adjudicada.
c)    Prohibir al agresor
esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;
d)   Obligación
de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública
o privada que ofrezca tales servicios a costa del agresor.
e)    Si fuere
necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y
asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;
f)      Cuando la
violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad
competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de
las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo,
si lo tuviere;
g)   Ordenar a la
autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta
para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la
obligación de salir para proteger su seguridad;
h)   Decidir
provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e
hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras
autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas,
en caso
de que estas sean indispensables para el ejercicio de
su profesión
u oficio, la suspensión deberá ser motivada;
j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo
las pensiones
alimentarias, sin perjuicio de la competencia en
materia civil de
otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida
o
modificarla;
k) Decidir
provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la
competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta
medida o modificarla. 1) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto
de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si
tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a
las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial;
m) Ordenar al
agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal,   documentos
de  identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la
víctima; n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley ".
3.2.4.  Según el art. 4o
de la Ley 294 de 1996, la aplicación de estas medidas correspondía inicialmente
al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste
al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal. Sin embargo, esta norma fue
modificada por el parágrafo 2o del artículo 2o de la Ley
575 de 2000, en virtud del cual estas mismas medidas podrán ser dictadas en
forma provisional e inmediata por el fiscal que conozca los delitos de
violencia intrafamiliar.
3.2.5.  Con la entrada en
vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal existieron dudas sobre la
aplicación de esta norma, pues la Ley 906 de 2004 no le concede a la Fiscalía
facultades jurisdiccionales, por lo cual no podría adoptar estas medidas de
manera directa. Sin embargo, como sucede respecto de cualquier otra medida de
protección a las víctimas, la Fiscalía podría solicitarlas al Juez de Control
de Garantías según el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal.
En este sentido,
se expidió el Decreto 4799 de 2011, en el cual se señala que el Fiscal o la
víctima podrá solicitar al Juez de Control de Garantías la imposición de las
medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto de sus derechos,
con lo cual no existe en este momento duda sobre el deber de la Fiscalía de
solicitarlas: "Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General
de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, el Fiscal o la víctima
solicitarán al Juez de Control de Garantías la imposición de las medidas de
protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad
con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004, contemplando incluso las
medidas de protección provisionales señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257
de 2008 ".
3.2.6.
Pese
a la gravedad de la denuncia presentada por la señora Martha Cecilia
Villamizar, la Fiscalía no solicitó prontamente al Juez control de garantías la
adopción de las medidas urgentes contempladas en la Ley 1257 de 2008. Lo más
grave de todo es que después de la primera denuncia la víctima fue golpeada nuevamente
por su agresor, lo cual pudo haber sido evitado si se hubiera acudido
prontamente a alguno de los mecanismos contemplados en la ley para su
protección.
En este sentido,
la Corte debe recalcar que las medidas de protección contra la violencia contempladas
en la Ley 1257 de 2008 son urgentes, por lo cual deben ser solicitadas de
manera inmediata y no puede esperarse a que se formule imputación para poder
pedirlas, pues ello puede tardar meses. En este sentido, para formular
imputación y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, la
Fiscalía General de la Nación debe recaudar y analizar los elementos materiales
probatorios de manera seria y responsable, respetando el derecho de defensa y
el debido proceso, por lo cual mientras ello ocurre deben adoptarse medidas
especiales de protección contra la violencia, independientemente de la
determinación de la responsabilidad del autor.
Por lo anterior,
es claro que los requisitos para solicitar las medidas contempladas en la Ley
1257 de 2008 son mucho menores que los exigidos para formular imputación e
imponer una medida de aseguramiento:
(i)      El artículo 11 de
la Ley 294 de 1996 exige solamente indicios leves para imponer medidas de
protección[185].
(ii)   El artículo 308
de la Ley 906 de 2004 exige que los elementos materiales probatorios y
evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos
legalmente permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o
partícipe de la . conducta delictiva y además que se cumplan alguno de los
siguientes requisitos: "1. Que la medida de aseguramiento
se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido
ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad
de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no
comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia ".
De esta manera,
cuando la Fiscalía encuentre que existan indicios al menos leves de que se ha
dado una agresión, debe solicitar inmediatamente ante el juez de control de
garantías la aplicación de las medidas pertinentes contempladas en la Ley 294
de 1996, sin perjuicio de que posteriormente pueda imputar la comisión del
delito e incluso solicitar la imposición de una medida de aseguramiento cuando
se cumplan las condiciones contempladas en la Ley 906 de 2004 para tal efecto.
En consecuencia, la Fiscalía vulneró los derechos de la señora Martha Cecilia
Villamizar, pues no solicitó las medidas para su protección y la de sus hijos
de manera inmediata, sino que centró todos sus esfuerzos en las medidas penales
como formular imputación y solicitar la imposición de una medida de
aseguramiento, con lo cual se colocó su vida y su integridad personal en grave
peligro.
3.2.7. El 30 de enero de
2015, fue la Defensoría del Pueblo la que tuvo que solicitar directamente al
juez de control de garantías la aplicación de las medidas contempladas en la
Ley 1257 de 2008. Sin embargo, el Juzgado Segundo de Control de Garantías de
Barrancabermeja solamente ordenó la realización de la audiencia para decidirlas
el diecisiete (17) de abril de dos mil quince (2015), desconociendo de manera
grave el carácter urgente de estas medidas.
De esta manera,
el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja afectó claramente el
derecho al debido proceso de la señora Martha Cecilia Villamizar, pues se le
solicitó una audiencia para la adopción de medidas urgentes el treinta (30) de
enero de dos mil quince (2015) y fijó la audiencia para el diecisiete (17) de
abril de dos mil quince (2015), es decir, más de dos (2) meses y medio después,
tiempo en el cual esta mujer pudo volver a ser golpeada e incluso asesinada,
poniendo en riesgo no solo su integridad física sino su derecho a la vida.
En este sentido,
es muy claro que este juez desconoció lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley
294 de 1996, el cual señala que recibida una petición de medidas urgentes
deberá avocarse en forma inmediata la petición, y si estuviere fundada en al
menos indicios leves, podrá decretarlas dentro de las cuatro (4) horas hábiles
siguientes: "El Comisario o el Juez, según el caso, recibirá
y avocará en forma inmediata la petición, y si estuviere fundada en al menos
indicios leves, podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes,
medidas de protección en forma provisional tendientes a evitar la continuación
de todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa contra la
víctima, so pena de hacerse el agresor acreedor a las sanciones previstas en esta
ley para el incumplimiento de las medidas de protección "[186].
Finalmente, el
proceso penal avanzó de manera más célere que las medidas urgentes solicitadas
por la Defensoría del Pueblo, pues el denunciado fue capturado el 2 de marzo de
2015, por lo cual esta entidad retiró la solicitud. Sin embargo, debe
destacarse que ni siquiera en el proceso penal se ordenó ninguna medida
especial en relación con la señora Martha Cecilia Villamizar ni de con hijos.
3.2.8. De esta manera,
el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja con Funciones de
Conocimiento, el 30 de junio de 2015 condenó al señor Jorge Elías Corzo
Rodríguez a la pena de 3 años de prisión como autor del delito de violencia
intrafamiliar, igualmente concedió "al sentenciado JORGE ELIAS CORZO
RODRÍGUEZ el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena,
como quiera que se dan los requisitos tanto objetivos como subjetivos de la
prenombrada norma, ya que la pena a imponer no sobrepasa los 3 años de prisión,
así como no tener antecedentes judiciales ni policivos, la naturaleza y
modalidad de la conducta hacen aconsejable este beneficio suspendiéndole la
pena por un lapso de 2 años como periodo de prueba. Para lo cual prestará
caución juratoria y firmara diligencia de compromiso de conformidad con el
artículo 65 del CP., advirtiéndole que debe dar cumplimiento a la totalidad de
los numerales allí señalados a excepción del 3°, de lo contrario se le revocará
el beneficio concedido ".
3.2.9. De acuerdo a lo
anterior se observa que se vulneraron los derechos a la vida, al debido proceso
y el derecho de la mujer a una vida libre de violencia de la señora Martha
Cecilia Villamizar por parte de la Fiscalía Regional del Magdalena Medio y del
Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja y el señor Jorge Elías Corzo
Rodríguez:
3.2.9.1.La Dirección
Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio desconoció el debido proceso y su
deber de proteger los derechos de las víctimas, pues si bien no tenía
competencia para ordenar directamente las medidas contempladas en la Ley 1257
de 2008, sí debió solicitarlas al juez de control de garantías de manera
inmediata tal como lo exigen el numeral 8o del artículo 114 de la
Ley 906 de 2004 y el Decreto 4799 de 2011.
3.2.9.2.E1 Juzgado
Segundo Municipal de Barrancabermeja desconoció lo señalado en el artículo 11
de la Ley 294 de 1996 y con ello el derecho a un recursos judicial efectivo
como componente del debido proceso, pues es completamente irrazonable fijar una
audiencia para determinar si se imponía una medida urgente más de dos (2) meses
después de su solicitud.
3.3.
CONCLUSIONES Y DECISIÓN A ADOPTAR.
3.3.1.  La Defensoría del
Pueblo presentó acción de tutela como agente oficioso de Martha Cecilia
Villamizar contra la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio, la
Policía Nacional - Dirección Seccional del Magdalena Medio, el Juzgado 2o
Penal Municipal de Barrancabermeja y Jorge Elías Corzo Rodríguez, solicitando: (i) impulsar las
denuncias interpuestas por la peticionaria, (ii) ordenar a la
Policía Nacional que realice una protección adecuada a la peticionaria y
mantener vigilancia especial sobre el agresor, (iii) ordenar al
agresor que cese cualquier acto de agresión en contra de la señora Martha
Cecilia Villamizar Ebratt y (iv) ordenar al Juez
Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías efectuar el
trámite de medidas de protección solicitado por la Defensoría del Pueblo
contempladas en la Ley 1257 de 2008.
3.3.1.  En el proceso se
demostró que la señora Martha Cecilia Villamizar comenzó a ser víctima de
agresiones desde el 27 de abril de 2014 y lo denunció penalmente el cinco (5)
de diciembre de 2014. Días más tarde volvió a ser golpeada, por lo cual
interpuso una segunda denuncia el veintitrés (23) de enero de 2015, acudiendo
esta vez a la Defensoría del Pueblo para que le asistiera jurídicamente en la
solicitud de medidas de protección. Cabe resaltar, que las agresiones se
presentaron incluso cuando la accionante contaba con cinco (5) meses de
embarazo.
3.3.2.  Como no se
adoptaron medidas urgentes por parte de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo
solicitó directamente al juez de control de garantías la aplicación de las
medidas contempladas en la Ley 1257 de 2008. Sin embargo, el Juzgado Segundo de
Control de Garantías de Barrancabermeja solamente ordenó la realización de la
audiencia el 17 de abril de 2015, más de 2 meses después de la petición,
desconociendo de manera grave el carácter urgente de estas medidas y con ello
el derecho al recurso judicial efectivo y al plazo razonable.
El derecho a un
plazo razonable hace parte del debido proceso y ha sido consagrado expresamente
en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el
cual: "toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter ".
La relevancia del
derecho al plazo razonable ha sido reconocido en numerosas sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos[187], la cual ha establecido tres
criterios que deben ser tenidos en cuenta para establecer la razonabilidad del
plazo: "(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad
procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades nacionales”[188]. A estos criterios
se ha agregado además la "afectación actual que el
procedimiento implica para los derechos y deberes —es decir, la situación
jurídica— del individuo”. En este sentido se ha expresado que: "Es posible
que aquél incida de manera poco relevante sobre esa situación; si no es así, es
decir, si la incidencia crece, hasta ser intensa, resultará necesario, en bien
de la justicia y la seguridad seriamente comprometidas, que el procedimiento
corra con más diligencia a fin de que en breve tiempo -'plazo razonable'— se
resuelva la situación del sujeto, que ha comenzado a gravitar severamente sobre
la vida de éste. La afectación debe ser actual, no meramente posible o
probable, eventual o remota"[189].
3.3.4.  El proceso penal
siguió adelantándose hasta que el treinta (30) de junio de dos mil quince
(2015) se profirió sentencia en contra del señor Jorge Elías Corzo Rodríguez,
condenándolo a tres (3) años de prisión y concediéndole la libertad
provisional, pese a lo cual no se adoptó en la sentencia ninguna medida de
protección especial respecto de la víctima o de su familia.
3.3.5.  Por lo anterior,
se vulneraron los derechos de la señora Martha Cecilia Villamizar al plazo
razonable (debido proceso), a la vida y a la integridad personal (al no
evitarse que se repitieran actos de violencia en su contra pudiéndose haber
impedido), pues no se le otorgaron medidas de protección contra la violencia e
incluso llegó a ser agredida después de haber denunciado los hechos ante la
Fiscalía. Adicionalmente, pese a que el señor Jorge Elías Corzo Rodríguez fue
condenado ni siquiera se realizó la audiencia especial contemplada en la Ley
1257 de 2008:
3.3.5.1.
La afectación del debido proceso por desconocimiento del derecho a un plazo
razonable
El derecho a un
plazo razonable hace parte del debido proceso[190] y ha
sido consagrado expresamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, según el cual: "toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ".
La relevancia del
derecho al plazo razonable ha sido reconocido en numerosas sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos[191], la cual ha establecido criterios
que deben ser tenidos en cuenta para establecer la razonabilidad del plazo: (i) la complejidad
del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de
las autoridades nacionales y (iv) la afectación
actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes —es decir, la
situación jurídica— del individuo. Sobre este último elemento se ha expresado
que: "Es posible que aquél incida de manera poco relevante sobre esa
situación; si no es así, es decir, si la incidencia crece, hasta ser intensa,
resultará necesario, en bien de la justicia y la seguridad seriamente
comprometidas, que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que en
breve tiempo -'plazo razonable'— se resuelva la situación del sujeto, que ha
comenzado a gravitar severamente sobre la vida de éste. La afectación debe ser
actual, no meramente posible o probable, eventual o remota"[192].
En este caso,
está demostrado que se estaba presentando una afectación inminente e intensa de
los derechos fundamentales de la señora Martha Cecilia Villamizar que incluso
podía llegar a afectar su vida, por lo cual la audiencia debió haberse
programado de manera urgente y de ninguna manera en 2 meses.
3.3.5.2.
Vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal (al no evitarse
que se repitieran actos de violencia en su contra, habiéndose podido evitar).
Como se expresó
previamente, una de las consecuencias del derecho a la no repetición es que el
Estado debe tomar "medidas de prevención específica en casos en los
que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean
vulnerados”[193]. Por lo
anterior, toda persona que sufre la comisión de un delito tiene derecho a que
el Estado le brinde protección cuando sus derechos fundamentales se encuentren
amenazados, bien sea porque pueda ser objeto de nuevos ataques por la misma
persona o porque pueda ser objeto de retaliaciones por denunciarlos.
En el caso
específico de la violencia de género, la legislación contempla la posibilidad
de que se adopten medidas de protección inmediata en las Leyes 294 de 1996 y
1257 de 2008 dentro de las cuales tienen un carácter urgente aquellas que
tienen por objeto garantizar la vida y la integridad física personal de las víctimas
y de su familia, pues pueden implicar su victimización. Por lo tanto resulta
fundamental que en casos donde se puedan ver afectadas la vida y/o la
integridad física de las víctimas y/o de sus familias, el término en el que las
autoridades correspondientes deban adoptar las medidas de protección sea de
cuatro (4) horas, las otras medidas referentes a otros asuntos que a pesar de
ser prioritarios no revisten ningún peligro para la vida o la integridad física
de las personas pueden ser tomadas en un término más amplio sin que ello
implique contradecir el principio de celeridad.
En este proceso se demostró que se
vulneró la garantía de no repetición de la señora Martha Cecilia Villamizar y
el deber del Estado de proteger su vida e integridad personal, pues fue
golpeada después de haber denunciado que su pareja la agredía y de haber
solicitado medidas de protección. Además fue objeto de una re victimización por
parte de las autoridades, pues lejos de dársele una protección efectiva se
programó una audiencia de medidas urgentes varios meses después de haberse
solicitado. Esta Corporación ha reconocido que las autoridades deben garantizar
la efectividad del derecho a la seguridad personal, no solo de aquellos
individuos que se encuentren expuestos a un nivel de amenaza ordinaria, sino
que tienen el deber constitucional de garantizar los derechos a la integridad
personal y a la vida cuando se esté ante una amenaza extrema. Igualmente se
indicó que las medidas preventivas no proceden si se ha materializado o concretado
un daño consumado por cuanto las medidas que se deben adoptar son de carácter
reparador o sancionador.[194]
De esta manera, se tiene que la señora
Martha Cecilia Villamizar Ebratt al momento de acudir a la Defensoría Regional
del Magdalena Medio se encontraba ante una situación de amenaza extrema ya que
manifestó que su ex compañero la había agredido con anterioridad, incluso
cuando contaba con 5 meses de embarazo, y que temía por su vida e integridad
física, así como la de sus hijos menores, con lo cual se cumplen los requisitos
de la amenaza ordinaria pero además al ser una situación que ponía en riesgo la
vida e integridad física de la víctima, se constituye en una amenaza extrema.
En este sentido, la demandante manifestó que sus derechos a la vida e
integridad física se encontraban en riesgo junto a la de sus hijos menores de
edad, por lo cual procedía que se decretaran las medidas de protección por parte
del Estado para evitar que fuera agredida de nuevo, tal y como sucedió por la
demora de las entidades encargadas de otorgar tal protección, ya que la
audiencia en donde se decretarían las medidas correspondientes se programó para
dos (2) meses después de la denuncia.
3.3.4. Decisión
Teniendo en
cuenta lo anterior se adoptarán las siguientes decisiones con el objeto de
salvaguardar los derechos a la vida, a la integridad personal y al debido
proceso de la señora Martha Cecilia Villamizar:
3.3.4.1.En primer lugar, ORDENAR al Juez Segundo
Penal Municipal de Barrancabermeja que en un plazo máximo de ocho (8) días,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realice una
audiencia para decidir si es procedente aplicar las medidas especiales
solicitadas por la Defensoría del Pueblo: "1. Ordenar
al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar en el cual se encuentre la
víctima, toda vez que la misma se encuentra amenazada y existe la posibilidad
de que se le perturbe, intimide o agreda en próximas ocasiones. 2. Toda vez,
que es posible que se repita la agresión, solicito se Ordene una protección
temporal especial por parte de las autoridades de policía tanto en su domicilio
como en su lugar de trabajo. 3. Decidir provisionalmente el régimen de visitas,
la guarda y custodia de los menores hijos de la usuaria, como quiera que este
han sido víctima de maltrato por parte de su progenitor. 4. Establecer el valor
de una cuota alimentaria a cargo del agresor y a favor de los menores, así con
la cuantía y lugar donde deben ser consignados los dineros”.
3.3.4.2.En segundo lugar,
lo sucedido en este caso demuestra que tal como lo afirma la Defensoría del
Pueblo en la actualidad existe una profunda crisis en la aplicación de las
medidas contempladas por la Ley 1257 de 2008 por parte de las autoridades
penales, por cuanto en vez de solicitar su aplicación de manera inmediata se
espera a formular imputación y a solicitar una medida de aseguramiento en
contra del agresor, mientras que la víctima queda expuesta a volver a ser
objeto de maltrato o incluso asesinada. Esta situación desconoce gravemente la
garantía de no repetición de las víctimas de violencia de género y las expone a
ser revictimizadas tanto por su agresor. En virtud de lo anterior se adoptarán
las siguientes decisiones:
3.3.4.2.1.  Se prevendrá la
Fiscalía General de la Nación para que en caso de recibir denuncias por
violencia de género deberá solicitar inmediatamente al juez de control de
garantías medidas de protección contempladas en la Ley 1257 de 2008 si
encuentra que se presentan indicios leves de la existencia de una agresión.
3.3.4.2.2.  Se prevendrá a
los Comisarios de familia, a los Jueces Civiles o Promiscuos Municipales y a
los Jueces de Control de Garantías que deberán dar un estricto cumplimiento a
los términos contemplados en la Ley 1257 de 2008.
3.3.4.2.3.
Se
prevendrá a la Fiscalía General de la Nación, a los Comisarios de Familia, a
los Jueces Civiles o promiscuos municipales y a los jueces de control de
garantías que una vez reciban una denuncia por violencia intrafamiliar o
violencia de género tienen posición de garante frente a las lesiones que pueda
sufrir la víctima de no adoptarse las medidas contempladas en la Ley 1257 de
2008.
4. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR los fallos
proferidos por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga
el 11 de marzo de 2015 y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia el 12 de mayo de 2015 y en su lugar CONCEDER la protección de
los derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad personal de la
señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt.
SEGUNDO. ORDENAR al Juez Segundo
Penal Municipal de Barrancabermeja que en un plazo máximo de ocho (8) días,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realice una
audiencia para decidir si es procedente aplicar las medidas especiales
solicitadas por la Defensoría del Pueblo.
TERCERO. PREVENIR a la Fiscalía
General de la Nación para que en caso de recibir denuncias por violencia de
género solicite inmediatamente al juez de control de garantías medidas de
protección contempladas en la Ley 1257 de 2008 si encuentra que se presentan
indicios leves de la existencia de una agresión.
CUARTO. PREVENIR a los Comisarios
de Familia, a los Jueces Civiles o promiscuos municipales y a los jueces de
control de garantías que deberán dar un estricto cumplimiento a los términos
contemplados en la Ley 1257 de 2008.
QUINTO. PREVENIR a la Fiscalía
General de la Nación, a los Comisarios de Familia, a los Jueces Civiles o
promiscuos municipales y a los jueces de control de garantías que una vez
reciban una denuncia por violencia intrafamiliar o violencia de género tienen
posición de garante frente a las lesiones que pueda sufrir la víctima de no
adoptarse las medidas contempladas en la Ley 1257 de 2008.
SEXTO. Por Secretaría
General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIOA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sala
de Selección número siete (7) de 2014, integrada por los Magistrados Luis
Ernesto Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[2] Folio
10, Cuaderno No. 1.
[3]
Folios 11, Cuaderno No. 1.
[4] Folios
11, Cuaderno No. 1.
[5]
Folios 30, Cuaderno No. 1.
[6]
Folios 34 - 37, Cuaderno No.
[7]
Folios 39 - 41, Cuaderno No. 1.
[8]
Folio 42 Cuaderno No. 1.
[9] Folio 70, Cuaderno No.
1.
10.
M.P. Eugenio Fernández Carlier.
11 Ver, Sentencia de la
Corte Constitucional C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[12]
Art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[13]
Art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, "los
Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el presente Pacto "
Art. 20.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley"
[14]
Aprobado mediante Ley 16 de 1972
[15]
Art. 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[16] Artículo
24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[17]
Art. 3 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer, "a) El derecho a la vida 6/; b) El derecho a la igualdad II;
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona
8/; d) El derecho a igual protección ante la ley II;
e) El derecho a verse libre de todas las formas de
discriminación II; f)
El derecho al mayor grado de salud física y mental
que se pueda alcanzar 91; g)
El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 10/; h) El derecho a no
ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes 11 /".
[18]
Art. 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la
Mujer. Ver también la Sentencia C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[19]
Numerales 47 a 68 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[20]
Numerales 69 a 88 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[21]
Numerales 89 a 111 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[22]
Numerales 112 a 130 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[23]
Numerales 131 a 149 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[24]
Numerales 150 - 180 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[25]
Numerales 181 - 195 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[26]
Numerales 196 - 209 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[27]
Numerales 210 - 233 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[28]
Numerales 234 - 245 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[29]
Numerales 246 - 258 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[30]
Numerales 259 - 285 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Ver
también la Sentencia C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31]
Numerales 71, 90, 161 y 220 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[32]
Numeral 10 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[33] Numeral 118 de la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[34] Numeral. 124 de
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
[35]
Se realizó una recomendación "a los Estados Partes para que alienten y
apoyen las investigaciones y los estudios experimentales destinados a medir y
valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer." Sentencia de la
Corte Constitucional C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36]
"Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos
información sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para
hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas especiales para
que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educación y de empleo,
servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos
los aspectos de la vida social y cultural" Sentencia
de la Corte Constitucional C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[37]
Esta recomendación reconoce que la violencia contra la mujer, menoscaba o anula
el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del
derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos,
constituye discriminación y afecta los derechos a la vida; a no ser sometido a
torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a protección en
condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de
conflicto armado internacional o interno; a la libertad y a la seguridad
personales; a igualdad ante la ley; a igualdad en la familia; al más alto nivel
posible de salud física y mental; a condiciones de empleo justas y favorables.
[38] Sentencia
de la Corte Constitucional C-355 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Art. 1. de la Convención Interamericana para Prevenir,
Castigar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
[40]
Art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer. Ver también la Sentencia C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[41]
Art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer.
[42]
Art. 5 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
[43]
Art. 6 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
[44]
Arts. 9 a 13 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
[45]
Ver, Sentencia de la Corte Constitucional C 335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[46]
Art. l°de la Ley 28 de 1932.
[47] Artículo
4° Decreto 1972 de 1933. Ver también Sentencia de la Corte Constitucional C-335
de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48]
Sentencia de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[49]
Art. 6° del decreto ley 999 de 1988. Ver también la Sentencia de la Corte
Constitucional C-335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50]
Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia
[51]
Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia.
[52]
La Ley 8a de 1922 reconoció en su artículo 1° a la mujer casada la
administración y uso libre de los bienes (1) "determinados en las
capitulaciones matrimoniales" y (2) "los de su exclusivo uso
personal, como sus vestidos, ajuares, joyas e instrumentos de su profesión u
oficio. De estos bienes no podrá disponer en ningún caso por sí solo uno de los
cónyuges, cualquiera que sea su valor." La Ley reconoce a las mujeres, a
la par con los hombres, la posibilidad de ser testigos en los actos de la vida
civil. [Ley 8a de 1922, artículo 4°- Con los mismo requisitos y
excepciones de los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos
de la vida civil.]
[53]
Art. l° de la Ley 8a de 1992.
[54]
Art. 4° de la Ley 8a de 1922: "Con los mismo requisitos y
excepciones de los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos
de la vida civil"
[55]
Art. 4 de la Ley 82 de 1992.
[56]
Art. 5 de la Ley 82 de 1992.
"Art. 8 de la Ley
82 de 1992.
[58]
Art. 9 de la Ley 82 de 1992.
"Art. 11 de la Ley
82 de 1992.
[60]
Art. 13 de la Ley 82 de 1992.
[61]
Art. 20 de la Ley 82 de 1992.
[62]
Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
Art 4o. de la Ley 294
de 1996.
Art. 5o de la Ley 294
de 1996.
Art. 170 de la Ley 599
de 2000.
Art. 181 de la Ley 599
de 2000.
Art. 179 de la Ley 599
de 2000.
Art. 163.3 de la Ley
599 de 2000
Art. 229 de la Ley 599
de 2000.
[70]
Art. 118 de la Ley 599 de 2000
[71]
Art. 123 de la Ley 599 de 2000
[72]
Art. 187 de la Ley 599 de 2000
[73]
Cap. 2 de la Ley 731 de 2002.
[74]
Cap. 3 de la Ley 731 de 2002.
[75]
Cap. 4 de la Ley 731 de 2002.
[76]
Cap. 5 de la Ley 731 de 2002.
[77]
Cap. 6 de la Ley 731 de 2002.
[78]
Art. 731 de la Ley 731 de 2002
[79]
Art. 9 de la Ley 731 de 2002.
[80]
Art. 8 de la Ley 731 de 2002.
[81]
Art. 14 de la Ley 731 de 2002.
[82]
Art. 13 dela Ley 731 de 2002.
Art. 1 de la Ley 1009
de 2006.
Art. 2 de la Ley 1257
de 2008.
Art. 3 de la Ley 1257
de 2008.
Art. 6 de la Ley 1257
de 2008.
Art. 8 de la Ley 1257
de 2008.
[88]
Art. 1 de la Ley 1468 de 2011.
[89]
Art. 2 de la Ley 1468 de 2011.
[90]
Arts. 3y4de la Ley 1468 de2011.
[91] Art.
9° de la Ley 1761 de 2015.
[92]
Art. 9° de la Ley 1761 de 2015.
[93]
Art. 9° de la Ley 1761 de 2015.
[94]
Sentencias de la Corte Constitucional C-l 12 de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[95]
Ver, Sentencia de la Corte Constitucional C 335 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[96]
Sentencias de la Corte Constitucional T-247 de 2010, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto y T-322 de 2002, M.P. Alvaro Tafiir Galvis.
[97]
Sentencia de la Corte Constitucional T-624 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[98]
Sentencias de la Corte Constitucional C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y
C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[99]
Sentencia de la Corte Constitucional C-l032 de 2006, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[100]
Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[101]
Sentencia de la Corte Constitucional C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[102]
Sentencia de la Corte Constitucional C-082 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[103]
Sentencias de la Corte Constitucional C-722 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y
C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[104]
Sentencia de la Corte Constitucional T- 943 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y
C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[105]
Sentencia de la Corte Constitucional C-776 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[106]
Sentencias de la Corte Constitucional T-375 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[107]
Sentencias de la Corte Constitucional T-656 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[108]
Sentencias de la Corte Constitucional T- 606 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz y
C-667 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[109]
Sentencia de la Corte Constitucional C-l57 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[110] Sentencia de la
Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Trivifto.
[111] Sentencia de la
Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[112] Informe
de la Relatoría sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia
en las Américas. OEA/Ser.L/V/11. Punto B. Doc. 68. Enero 20 de 2007, véase en
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/capl.htm.
113CIDH, Informe de Fondo,
N° 5/96, Raquel Martín de Mejia (Perú),
1 de marzo de 1996, pág. 22.
[114] Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
[115] Ibídem
[116]Sentencia
del 6 de agosto de 2008, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[117] Sentencia
del 04 de julio e 2006, Caso Lopes vs  Brasil. Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
[118] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[119]
Sentencia de la Corte Constitucional T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera
Carbonell. Ver también Sentencia T-l 195 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[120]
Sentencia T-l 195 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra.
Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25
y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87
del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.
[121] Sentencia
de la Corte Constitucional C-l 195 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[122]
M.P. Jaime Córdoba Triviño
[123]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[124]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[125]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Trivifio.
[126]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Trivifio.
[127]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Trivifio.
[128] Sentencia
de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[129] Esta
doctrina fue desarrollada tanto en el ámbito de la justicia penal militar, como
de la justicia penal ordinaria. Cfr. Sentencias C-293 de 1995; C- 163 de 2000;
C- 1149 de 2001; C-228 de 2002; C-805 de 2002; C-916de 2002.
[130]
Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[131]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[132]
Sentencia C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[133]
Auto 009 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[134]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN MESOAMÉRICA. OEA/Ser.L/V/II. Pág. 7. Doc. 63 9
diciembre 2011.
[135] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Corte Suprema de Justicia
(QUINTANA COELLO Y OTROS) VS. ECUADOR. Sentencia de 23 de agosto de 2013
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
[136]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia
contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de
2015. Pág. 33
[137]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia
contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de
2015. Pág. 33
[138]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia
contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de
2015. Pág. 33
[139]
CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas,
20 de enero de 2007, párr. 42
[140]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información, violencia
contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27 de marzo de
2015. Pág. 33
[141]
Naciones Unidas, La violencia contra la mujer en la familia: Informe de
la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de conformidad
con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc.
E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25
[142]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la información,
violencia contra las mujeres y administración de justicia en las Américas, 27
de marzo de 2015. Pág. 40
[143] Sentencia
de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[144]
Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[145] Sentencia
de 17 de septiembre de 1997.
145
Sentencia de 27 de agosto de 1998
[147]
Sentencia del 29 de julio de 1988.
[148] Sentencia
del 4 de mayo de 2004.
[149] Sentencia
de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[150]
Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[151]
Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[152]
Sentencia de la Corte Constitucional C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[153]
GARCÍA PABLOS, Antonio: Criminología, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, 145 y
ss. HALE, Chris / HAYWARD, Keith / WAHIDIN, Asrini / WINCUP, Emma: Criminology,
Oxford University Press, Oxford, 2005, 264; MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo /
PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa María / AGUILAR CÁCERES, Marta María: Victimología: un
estudio sobre la víctima y los procesos de victimización, Dykinson, Madrid,
2014, 264 y ss; NEWBURN, Tim: Criminology. WP. Devon, 2007, 359.
[154]
GARCÍA PABLOS, Antonio: Criminología, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, 145 y
ss. HALE, Chris / HAYWARD, Keith / WAHIDIN, Asrini / WINCUP, Emma: Criminology,
Oxford University Press, Oxford, 2005, 264.
155ELÍAS, R: The
Politics of Victimization, Victims, Victimology and Human Rights, Oxford, 1986.
[156] GARCÍA
PABLOS, Antonio: Criminología, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, 145 y ss.
HALE, Chris / HAYWARD, Keith / WAHIDIN, Asrini / WINCUP, Emma: Criminology,
Oxford University Press, Oxford, 2005, 264; MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo /
PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa María / AGUILAR CÁCERES, Marta María: Victimología: un
estudio sobre la víctima y los procesos de victimización, Dykinson, Madrid,
2014, 264 y ss; NEWBURN, Tim: Criminology. WP. Devon, 2007, 359.
[157]
NEWBURN, Tim: Criminology. WP. Devon, 2007, 359.
[158]
MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo / PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa María / AGUILAR
CÁCERES, Marta María: Victimología: un estudio sobre la víctima y los procesos
de victimización, Dykinson, Madrid, 2014, 264 y ss;
[159]Sentencia C 579 de
2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver también Ver Corte IDH, caso
González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre
de 2009. Párr. 258.
[160] M.P. Juan Carlos
Henao Pérez.
[161] Sentencia de la
Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[162] Sentencia de la
Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[163] Sentencia
de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[164]
Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[165] Sentencia
de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[166]
Sentencia de la Corte Constitucional, T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[167]
Sentencia de la Corte Constitucional, T-234 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[168]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 11 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[169]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[170]
Sentencia de la Corte Constitucional T-845 de 2011 MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[171]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 11 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[172]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
Ver sentencias T-330 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-545 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[173]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[174]
Sentencia de la Corte Constitucional T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa
[175]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[176]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
[177]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias SU-707 de 1996,
M.P. Hernando Herrera Vergara; T-659 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-414
de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-574 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-239 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-078 de 2004,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-681 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería;
T-095 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-365 de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-299 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-050
de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-591 de 2009, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; y T-961 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; entre otras.
178
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva
179Sentencia de la Corte Constitucional
T-l 19 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[180]
Sentencia T-682 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
181 Sentencia T-682 de
2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
182Sentencia T-682 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[183]
Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-495 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar
Gil; T-693 A de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-l62 de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-442 de 2010, M.P.  Humberto Antonio Sierra
Porto.  T-022 DE 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-842 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-291 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
y, T-388 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[184]
Sentencia de la Corte Constitucional T- 957 de 2009, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia T - 290 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-918 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Sentencia T-942 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia 779-12, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[185] Art.
11 de la Ley 296 de 1996: El Comisario o el Juez, según el caso, recibirá y
avocará en forma inmediata la petición, y si estuviere fundada en al menos
indicios leves, podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes,
medidas de protección en forma provisional tendientes a evitar la continuación
de todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa contra la
víctima, so pena de hacerse el agresor acreedor a las sanciones previstas en
esta ley para el incumplimiento de las medidas de protección.
186 Artículo 11 de la
Ley 294 de 1996.
[187] Caso
Salvador Chiriboga Vs. Ecuador., Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala., Caso
Genie Lacayo Vs. Nicaragua., Caso Forneron e Hija Vs. Argentina, Caso González
Medina y familiares Vs. República Dominicana, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña
Vs. Bolivia, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Caso Chitay Nech y otros Vs.
Guatemala., Caso López Mendoza Vs. Venezuela., Caso Fleury y otros Vs. Haití.,
Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile., Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras.
[188]
Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador: 67. Con respecto al
principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención
Americana, este Tribunal ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres
elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un
proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c)
conducta de las autoridades judiciales". Cfr Caso Tibi, supra nota 20,
párr. 175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No.
111, párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual
sentido cfr. Wimmer v. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko
v. Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no.
39832/98, § 45, 18 January 2005.
[189]
Voto concurrente del Juez Sergio
García Ramírez a la sentencia de la CIDH sobre el caso Valle Jaramillo y
otros del 27 de noviembre de 2008.
[190] Sentencias
de la Corte Constitucional C-l083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería y T-954
de 2006, M.P. Jaime Córdoba Trivifio.
[191]
Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador., Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala.,
Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua., Caso Forneron e Hija Vs. Argentina, Caso
González Medina y familiares Vs. República Dominicana, Caso Ibsen Cárdenas e
Ibsen Peña Vs. Bolivia, Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Caso Chitay Nech y otros
Vs. Guatemala., Caso López Mendoza Vs. Venezuela., Caso Fleury y otros Vs.
Haití., Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile., Caso Pacheco Teruel y otros Vs.
Honduras
[192] Voto
concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la sentencia de la CIDH sobre el
caso "Valle Jaramillo y otros del
27 de noviembre de 2008.
[193]Sentencia
C 579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver
también Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
194. Sentencia de la Corte Constitucional, T-234 de 2012,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.