T-244-16
Sentencia T-244/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL
DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
Se configura un defecto sustantivo cuando: (i) se aplica una disposición que perdió vigencia por
cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su
inexequibilidad o derogatoria por una norma posterior; (ii) se
aplica una norma manifiestamente inaplicable al caso y la aplicable pasa
inadvertida por el fallador; (iii) el
juez realiza una interpretación contraevidente -interpretación
contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada que
afecta los intereses de las partes; (iv) el juzgador se aparta del precedente
judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución.
PROCESO CIVIL-Naturaleza/PROCESO CIVIL-Finalidad
El proceso civil regula situaciones
jurídicas provenientes del derecho sustancial privado, tal y como se establece
en el artículo 1º del Código General del Proceso, el cual dispone que su objeto
es regular “la actividad
procesal en los asuntos, civiles, comerciales, de familia y agrarios”. La finalidad del proceso civil es asegurar el respeto por el
derecho objetivo o sustancial, cuando no se logre su realización por parte de
su titular y que la ley procesal civil presume la igualdad entre las partes que
participan en tal procedimiento, lo que no ocurre en todos los procesos.
DESISTIMIENTO EN MATERIA CIVIL-Implica la terminación del proceso
El desistimiento en materia civil
implica la terminación del proceso. En consecuencia, tal y como se establece en
las normas de procedimiento civil, el auto de aceptación de desistimiento tiene
los mismos efectos de cosa juzgada que tiene una sentencia absolutoria a la
parte demandada. En este sentido, se reitera la importancia de que se demuestre
la verdadera voluntad del demandante de abandonar sus pretensiones y terminar
el proceso judicial.
PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS-Naturaleza
PROCESO DE RESTITUCION
DE TIERRAS EN EL CONTEXTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Objeto
Su objeto consiste en establecer un
conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, de
carácter individual y colectivo, en beneficio de las personas que han sido
víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves
violaciones de Derechos Humanos, con ocasión del conflicto armado interno por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. Todo esto en un marco de justicia
transicional en el que se haga efectivo el goce los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a fin
de lograr la reconciliación y una paz sostenible.
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Contenido en la ley 1448 de 2011
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Etapas administrativa y judicial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se incurrió
en un defecto sustantivo debido a que el desistimiento en materia civil no es
aplicable al proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de
2011
Referencia: expediente
T-5.299.362
Acción de tutela
instaurada por la señora María Elena Robledo Noreña y otro contra el Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería.
Procedencia: Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto: Legitimación
por activa como requisito de procedibilidad en la acción de tutela, el defecto
sustantivo como requisito de procedencia de tutela contra providencias
judiciales y el desistimiento en el proceso de restitución de tierras de la Ley
1448 de 2011.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C.,
dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Quinta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda
instancia adoptado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 19 de noviembre de 2015, que revocó la sentencia proferida por la Sala
Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia, por medio del cual se declaró improcedente el
amparo constitucional solicitado por María Elena Robledo Noreña y Mario
Francisco Robledo Prada.
El asunto llegó a
la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia. El 25 de enero de 2016, la Sala Número Uno de
Selección de Tutelas de esta Corporación, escogió el presente caso para su
revisión.
I. ANTECEDENTES
El 18 de septiembre de 2015[1], el abogado José Luis
Giraldo, presentó acción de tutela en representación de los señores María Elena
Robledo Noreña y Mario Francisco Robledo Prada, en contra del Juzgado 1º Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, por considerar
que éste vulneró el derecho fundamental al debido proceso de sus representados,
al negar la solicitud de desistimiento presentada por el señor José Miguel
Gómez Cuello en el proceso de restitución de tierras respecto del bien inmueble
identificado como Parcela No. 76E ubicado en el predio denominado Mundo Nuevo.
A. Hechos y
pretensiones
1. Los actores manifiestan que
el señor José Miguel Gómez Cuello, representado por su cónyuge, la señora Gladis
del Carmen Acosta López y el Director de la Unidad Especial de Restitución de
Tierras Despojadas en Montería[2],
presentaron una demanda de restitución de tierras en su contra, pues ellos ostentan
la calidad de opositores en dicho proceso. En la demanda se solicitó la
restitución de la Parcela No. 76E, segregada de la antigua Hacienda Mundo
Nuevo, ubicada en el Municipio de Montería[3].
2. En el transcurso de la etapa
probatoria del proceso de restitución, la señora Gladis del Carmen Acosta López
y su esposo, presentaron dos memoriales al juzgado accionado, en los que
manifestaron que: (i) revocan el poder otorgado al señor Rodrigo Torres
Velásquez para representarlos en el proceso y (ii) desisten del proceso de
restitución de tierras[4].
Particularmente, el señor José Miguel Gómez Cuello manifestó lo siguiente:
“JOSE MIGUEL GOMEZ CUELLO
(sic), mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° C.C.
15.664.711, obrando en mi propio nombre y representación, mediante
el presente escrito, le manifiesto al despacho, que revoco el poder
otorgado al Dr. RODRIGO TORRES VELAZQUEZ, y desisto de continuar con el
proceso de restitución de la PARCELA 76E de Mundo Nuevo, que se
reclama en el proceso de la referencia, por las siguientes razones.
Soy una persona de poca instrucción
y cuando la UNIDAD DE TIERRAS DESPOJADAS, me explico (sic) en qué consistía
la reclamación de la parcela Mundo Nuevo parcela 76E, M.I.140-52000, ubicada
en MUNDO NUEVO, no entendí bien y cometí un error al reclamar una tierra, que
realmente había vendido, que me habían pagado, mediante la entrega de otra
parcela en LA PELEA, lo que hice fue una permuta con el señor JOAQUIN
RAMIREZ, la cual también vendimos y posteriormente nos fuimos a montar un
restaurante y luego nos trasladamos a vivir a VENEZUELA por más de 12 años.
No hemos sido desplazados por nadie y no hemos abandonado la PARCELA 76E,
cuando hicimos el cambio, nos fuimos directamente para la parcela que compramos
en LA PELEA.
Esto me ha hecho recapacitar y
le manifiesto, nuevamente al despacho, que no quiero reclamar la Mundo Nuevo
parcela 76E, M.I.140-52000, y no quiero que nadie me represente en el
proceso que se inició en contra de MARIA ELENA ROBLEDO NORENA (sic),
mayor de edad, domiciliada y residente en Medellín, identificada con la cédula
de ciudadanía N° .C.C. 42.890.576 de Envigado, y MARIO FRANCISCO
ROBLEDO PRADA, mayor de edad, domiciliado y residente en Medellín,
identificado con la cédula de ciudadanía N° C.C. 70.554.607 de Medellín.
También, manifiesto de manera
clara, expresa y voluntaria al despacho que desisto de continuar con el
presente proceso de restitución y desisto de todas las pretensiones de la
demanda. Así mismo COADYUVO y RATIFICO, el memorial presentado por mi
apoderada GLADIS DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ, mayor de edad, identificada
con la cedula de ciudadanía Nro.23.101.522.” (Negrillas en el texto
original) [5].
3. Mediante auto del 15 de
julio de 2015, el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Montería, decidió negar el desistimiento presentado por José Miguel
Gómez Cuello y Gladis del Carmen Acosta López. En particular, manifestó que, de
conformidad con lo establecido por la Sala Tercera Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia,
en la Sentencia No. 006 del 26 de junio de 2015, no es jurídicamente viable
admitir el desistimiento ni aplicar las normas establecidas en el Código
General del Proceso sobre el tema, debido a la naturaleza del proceso de
restitución de tierras, el cual busca una reparación integral a las víctimas,
lo que implica una intervención más activa de los jueces en tales
procedimientos[6].
4. Con fundamento en lo
anterior, los accionantes presentaron recurso de reposición en contra del auto
anteriormente referido. El 10 de agosto de 2015, el juzgado tutelado denegó el
recurso de reposición, bajo el argumento de que no se conocía ningún
pronunciamiento de las altas cortes sobre el desistimiento dentro del proceso
de restitución de tierras y por esta razón, siguió los lineamientos de la Sala
Tercera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia que en otra oportunidad, negó una solicitud de
desistimiento, por considerar que no era procedente aceptar esta forma de
terminación del proceso de restitución. Adicionalmente, informó que no procedía
el recurso de apelación en contra de esa providencia[7].
5. En consecuencia, los
accionantes solicitan al juez de tutela el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso por incurrir en un defecto sustantivo, al negar una actuación
que no se encuentra consagrada como uno de los trámites inadmisibles dentro del
proceso de restitución de tierras establecidos en el artículo 94[8] de la Ley 1448 de 2011 y
no aplicar en el proceso de restitución la figura del desistimiento consagrada
en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil.
6. Específicamente, piden al
juez de tutela que ordene al Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería, que acepte el desistimiento y la
revocatoria de poder, presentados por el señor José Miguel Gómez Cuello y la
señora Gladis del Carmen Acosta López[9].
B. Actuaciones en sede de
tutela
Mediante auto del 21 de
septiembre de 2015[10],
la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia, avocó el conocimiento de la acción
de tutela.
El juez de instancia decidió
vincular a la Unidad Especial de Restitución de Tierras Despojadas Dirección
Territorial de Córdoba quien representa a los reclamantes en el proceso de
restitución de tierras identificado con el número de radicado 23-001-31-21-001-2015-0003-00,
incluido el señor José Miguel Gómez Cuello.
Asimismo, el Tribunal vinculó
al proceso de tutela al municipio de Montería – Córdoba, al señor José Miguel
Gómez Cuello, a la señora Gladis del Carmen Acosta López y al Ministerio Público.
Los accionados e intervinientes
contestaron en los siguientes términos:
Respuesta del Ministerio
Público
Mediante escrito presentado el
23 de septiembre de 2015[11],
la Procuraduría General de la Nación afirmó que en su criterio, los accionantes
carecen de legitimación en la causa por activa para solicitar el amparo
constitucional, toda vez que desde el punto de vista material, la decisión que
negó la solicitud de desistimiento se encuentra dirigida a los demandantes en
el proceso de restitución de tierras, es decir a José Miguel Gómez Cuello y
Gladis del Carmen Acosta López.
En este sentido, el Ministerio
Público considera que en el caso objeto de estudio, no se cumple con el
requisito de procedibilidad de legitimación por activa y en consecuencia, se
deben negar las pretensiones de los accionantes.
Respuesta del Juzgado 1º Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería
Por medio de escrito presentado
el 23 de septiembre de 2015[12],
el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Montería, manifestó que no se vulneró ningún derecho fundamental a los
accionantes. Argumentó que, por la naturaleza del proceso de restitución de
tierras, no era viable admitir la solicitud de desistimiento de los reclamantes,
tal como lo había señalado la Sala Tercera Civil Especializada en Restitución
de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia en una de
sus sentencias.
Asimismo, señaló que la
justicia transicional es diferente a la ordinaria, debido a que busca proteger
los intereses de las víctimas y amparar su derecho fundamental a la reparación
integral. Por lo anterior, el juzgado demandado considera que los procesos de
restitución de tierras solo pueden terminar con una decisión final en la
sentencia.
En consecuencia, solicitó negar
las pretensiones de los demandantes por considerar que no se les vulneró ningún
derecho fundamental.
Adicionalmente, el juzgado
accionado remitió al juez de tutela el auto admisorio de la solicitud de
restitución y formalización de tierras, presentada por la Unidad Especial de
Restitución de Tierras Despojadas Dirección Territorial de Córdoba[13].
Con fundamento en las
intervenciones anteriormente referidas, mediante auto del 23 de septiembre de
2015[14],
la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia, decidió vincular al Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (INCODER) y a los demás solicitantes[15] dentro del proceso de
restitución de tierras que se adelanta en el juzgado demandado.
Respuesta de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Dirección
Territorial de Córdoba
Mediante escrito presentado el
24 de septiembre de 2015[16],
la Unidad representada por el señor Rodrigo José Torres Velásquez manifestó que,
durante el trámite procesal le había solicitado al juzgado accionado que se
realizara un interrogatorio al señor José Miguel Gómez Cuello, con el fin de
profundizar en su consentimiento sobre el desistimiento de la demanda de
restitución de tierras. Lo anterior, debido a que esa solicitud se había
presentado personalmente por el peticionario y no a través de la Unidad
Especial de Restitución de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD).
Además, el representante indicó
que en el transcurso del trámite administrativo de los procesos de restitución,
los solicitantes pueden desistir de continuar con el trámite, sin embargo, la
Unidad puede decidir de oficio si continúa o no con la actuación cuando lo
considere necesario, con fundamento en la prevalencia del interés público.
Adicionalmente, la Unidad
afirmó que en los procesos de restitución de tierras es muy importante
verificar el grado de voluntad o libertad que tiene la persona que presenta el
desistimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 343 del Código
de Procedimiento Civil y el principio de favorabilidad dirigido a las víctimas.
En este sentido, considera que, si en efecto la persona tiene la voluntad libre
de solicitar el desistimiento, éste debe ser aceptado y se debe terminar el
proceso. Lo anterior, debido a que pueden ocurrir situaciones en las que el
solicitante verifique que no cumple con las previsiones de la Ley 1448 de 2011
para obtener la restitución, se halle incurso en alguna de las situaciones
establecidas en el artículo 12 del Decreto 4829 de 2011[17] o la vida del reclamante
se encuentre en riesgo por estar amenazado.
Respuesta del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)
Mediante escrito presentado el
28 de septiembre de 2015[18]
el INCODER afirmó que en el caso objeto de estudio, no se cumple con ninguno de
los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. En
particular, manifestó estar de acuerdo con lo establecido por el Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería en el
auto que negó el desistimiento, por considerar que, la confrontación que existe
entre los derechos de las víctimas y los opositores debe resolverse por el juez
competente.
Con fundamento en lo anterior
el INCODER solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.
C. Decisiones objeto de
revisión
Fallo de primera instancia
Mediante fallo proferido el 1º
de octubre de 2015[19],
la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia, declaró improcedente el amparo
constitucional solicitado por María Elena Robledo Noreña y Mario Francisco
Robledo Prada. En particular, indicó que en el escrito de tutela no se indicó
el defecto que viciaba la providencia demandada y sólo se realizó una analogía
sobre la figura del desistimiento en los procesos ordinarios aplicada a los de
restitución de tierras.
Adicionalmente, el juez de primera
instancia consideró que los accionantes no se encuentran legitimados por activa,
debido a que no se ven afectados por la decisión del juzgado accionado, mediante
la cual se negó el desistimiento de los demandantes en el proceso de
restitución de tierras.
Impugnación
El 5 de octubre de 2015[20], los accionantes
presentaron recurso de apelación, bajo el argumento de que no era cierto que
ellos no se veían afectados con la decisión del juzgado accionado, en la medida
en que la aceptación del desistimiento implicaba la terminación del proceso de
restitución de la Parcela No. 76E ubicada en la Hacienda Mundo Nuevo, sobre la
cual ostentan su propiedad.
Fallo de segunda instancia
Mediante sentencia del 19 de
noviembre de 2015[21],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que en
este caso se vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes, por
considerar que el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Montería, tomó la decisión de no aceptar el desistimiento de los
demandantes en el proceso de restitución de tierras, pero no presentó
argumentos de fondo para sustentar su negativa. Adicionalmente, indicó que el
juez también omitió pronunciarse sobre los argumentos que presentaron los
accionantes, en el auto que resolvió el recurso de reposición presentado por
los demandados en el proceso de restitución.
En consecuencia, la Corte
Suprema de Justicia dejó sin efectos la providencia proferida el 10 de agosto
de 2015 por el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Montería y ordenó emitir un nuevo auto en el que se pronunciara
sobre todos los argumentos presentados por los actores, para decidir sobre la
viabilidad o no, del desistimiento presentado por José Miguel Gómez Cuello y
Gladis del Carmen Acosta López.
D. Actuaciones en sede de
revisión
1.- Con el fin de contar con
mayores elementos de juicio, mediante auto del 15 de marzo de 2016[22], la Magistrada
Sustanciadora ordenó al Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería, que informara a la Corte Constitucional el
estado actual del proceso de restitución de tierras y remitiera una copia de la
providencia proferida en cumplimiento de la sentencia del 19 de noviembre de
2015 dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Adicionalmente, la Magistrada solicitó
al juzgado accionado una copia del recurso de reposición presentado por los
señores María Elena Robledo Noreña y Mario Francisco Robledo Prada, contra el
auto que negó el desistimiento en el proceso de restitución.
2.- El 4 de abril de 2015[23], el Juzgado 1º Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería allegó a esta
Corporación una copia del auto proferido el 18 de enero de 2016, dictado en
cumplimiento de lo ordenado  por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema,
mediante el cual, se negó el recurso de reposición presentado contra el auto
que había negado la solicitud de desistimiento.
En dicha providencia el juzgado
accionado indicó que el proceso de restitución de tierras se desarrolla en un
contexto de justicia transicional en medio del conflicto, lo que implica que,
en la actualidad los despojadores y testaferros ostentan una posición
privilegiada frente las víctimas. Adicionalmente, señaló que los sujetos
amparados por la Ley 1448 de 2011 no pueden equipararse a los usuarios de las
normas de la jurisdicción ordinaria por la naturaleza del proceso de
restitución.
Por consiguiente, el juez
indicó que en este caso, no es procedente aceptar el desistimiento ni la
revocatoria del poder a la UAEGRTD, en la medida en que ni las normas del Código del
Procedimiento Civil ni las del Código General del Proceso resultan aplicables a
la restitución de tierras, toda vez que “(…) los usuarios de la justicia
ordinaria no han sufrido los señalamientos del Artículo 3º de la Ley 1448 de
2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”[24]. En consecuencia,
afirmó que este asunto no se trata de un desconocimiento de la voluntad de
quien presenta el desistimiento, como lo afirman los accionantes, pues lo que
se busca es proteger los principios de verdad, justicia, reparación integral y
garantías de no repetición, que constituyen un pilar fundamental de la justicia
transicional.
Adicionalmente, el Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería manifestó
que los procesos de justicia transicional deben terminar con una sentencia, en
la que el fallador imparta justicia de conformidad con lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 1448 de 2011[25].
Por otra parte, el juez reiteró
que no existe un pronunciamiento de las Altas Cortes, sobre la figura del
desistimiento en el proceso de restitución de tierras, por lo que acogió lo
establecido por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia. En este sentido, el fallador
afirmó que el derecho a la verdad establecido en la Ley 1448 de 2011 es
imprescriptible e inalienable para las víctimas, sus familiares y la sociedad
en general.
Finalmente, el juzgado
accionando se pronunció sobre el argumento de los recurrentes sobre la
aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil en otras etapas del
proceso. Al respecto, el juez indicó que las diligencias que se habían
practicado de conformidad con lo establecido en el procedimiento ordinario,
eran etapas de trámite que no decidían sobre los derechos de reclamación.
Con fundamento en lo anterior,
el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Montería negó el recurso de reposición presentado por el abogado José Luis
Giraldo, en representación de los accionantes, quienes ostentan la calidad de
opositores en el proceso de restitución.
Adicionalmente, remitió el
expediente del proceso a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para que decida de
fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79[26] de la Ley 1448 de 2011.
Por otra parte, mediante
escrito presentado el 12 de abril de 2016[27], el Ministerio Público reiteró
sus argumentos que presentó a los jueces de instancia, en los que indicó que
los actores no tienen legitimación por activa para interponer la tutela en
contra de la decisión del juzgado accionado de negar el desistimiento
presentado por el señor José Miguel Gómez Cuello. Lo anterior, por considerar
que dicha providencia está dirigida a quien desiste y no a los accionantes.
Con fundamento en lo anterior,
solicita que se declare improcedente el amparo solicitado por falta de
legitimación por activa.
3.- En la sesión celebrada el
16 de mayo de 2016 por la Sala Quinta de Revisión, el Magistrado Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub manifestó su impedimento para conocer del proceso de la
referencia. En particular, el Magistrado indicó que el Director de la Unidad de
Restitución de Tierras le informó a través de diferentes medios de comunicación,
que dicha entidad inició un proceso de restitución de tierras respecto de los
predios identificados como “No hay como Dios” y “Alto Bonito”,
que actualmente son de su propiedad. Con fundamento en lo anterior, consideró que podía
configurarse la causal de impedimento establecida en el numeral 1° del artículo
56 de la Ley 906 de 2004, esto es, tener interés directo en el resultado del proceso objeto de
estudio[28].
Por consiguiente, los demás Magistrados de
la Sala Quinta de Revisión aceptaron el impedimento mencionado y procedieron a pronunciarse
sobre las pretensiones de la presente acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.- Corresponde a la Corte Constitucional
analizar, en Sala de Revisión, la sentencia proferida dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y
problema jurídico
2.- Como se indicó en el acápite
de hechos, el abogado José Luis Giraldo, presentó acción de tutela en
representación de María Elena Robledo Noreña y Mario Francisco Robledo Prada,
por considerar que el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería, vulneró el  derecho fundamental al debido
proceso de sus representados, como consecuencia de la negativa del juzgado
demandado, de aceptar el desistimiento del proceso de restitución de tierras de
la propiedad identificada como Parcela No. 76E ubicada en el predio Mundo
Nuevo, presentado por el señor José Miguel Gómez Cuello en contra de los
accionantes.
En particular, el apoderado señala
que el juzgado accionado vulneró los derechos de sus representados al denegar
la solicitud de desistimiento, en la medida en que tal actuación no es
inadmisible en el proceso de restitución de tierras de conformidad con lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011, y en consecuencia, debió
aplicar las normas que regulan el desistimiento en materia civil.
El Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Montería, considera que no se vulneró ningún
derecho fundamental a los accionantes, toda vez que por la naturaleza del
proceso de restitución de tierras, no se debe admitir la figura del
desistimiento procesal.
3.- Con fundamento en lo
anterior, la Corte Constitucional deberá resolver el siguiente problema
jurídico: ¿El Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Montería vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al negar
una solicitud de desistimiento del proceso de restitución de tierras?
Para resolver las cuestión planteada, es
necesario abordar el análisis de los siguientes temas: (i) legitimación por
activa como requisito de procedencia de la acción de tutela y su análisis en el
caso concreto; (ii) requisitos generales de la procedencia excepcional de la
tutela contra providencias judiciales y su cumplimiento en el caso concreto;
(iii) requisitos específicos de la procedencia excepcional de la tutela contra
providencias judiciales, en particular el defecto sustantivo o material por
omitir la noma aplicable al caso; (iv) la naturaleza del procedimiento civil
colombiano; (v) el desistimiento en materia civil; (vi) la naturaleza del
proceso de restitución de tierras y (vii) el análisis del defecto sustantivo
alegado en el caso concreto.
Requisitos de procedencia de la acción de
tutela
4.- De conformidad con lo
establecido en los artículos 86 Superior y 5º del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas y en ciertos casos en contra de particulares, que vulneren o amenacen
los derechos fundamentales de los accionantes.
Teniendo en cuenta que a lo
largo del proceso se ha hecho referencia sobre ese tema, a continuación, la
Sala abordará el análisis del requisito de procedencia de legitimación por
activa. Los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, se estudiarán en los fundamentos
18 y 19 de esta providencia, debido a que éstos tienen una valoración
cualificada cuando se trata de acciones de tutela contra providencias
judiciales.
Legitimación por activa como
requisito de procedencia de la acción de tutela
5.- La Constitución Política[29] establece el derecho que
tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario. Además, el artículo 4º de la misma normativa, establece
que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado haya agotado todos
los mecanismos de defensa judicial, salvo que el amparo sea utilizado como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Igualmente, el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991 establece que, toda persona vulnerada o amenazada en
uno de sus derechos fundamentales podrá solicitar el amparo constitucional
por sí misma, por representante, o a través de un agente oficioso, cuando el
titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de
promover su propia defensa.
6.- Desde sus inicios,
particularmente en la sentencia T-416 de 1997[30], la Corte Constitucional estableció
que la legitimación por activa constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
Asimismo, en la sentencia
T-176 de 2011[31], este Tribunal indicó
que legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la
persona que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y
particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de
tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En particular sobre la
legitimación por activa en los casos de tutelas contra providencias judiciales,
en la sentencia T-240 de 2004[32], esta Corporación indicó que,
cuando se demuestra que una autoridad judicial incurre en una vía de hecho,
vulnera el derecho fundamental al debido proceso de todas las personas que
intervienen en dicho procedimiento.
Igualmente, en la sentencia T-019 de 2013[33], la Corte estableció que
la legitimación por activa en tutela contra providencias judiciales, se
acredita cuando se demuestra un interés en el resultado del fallo que se
revisa en sede constitucional.
7.- Por otro
lado, en las sentencias T-610 de 2011[34] y T-417 de 2013[35] entre otras[36] este Tribunal ha establecido que el
ordenamiento jurídico colombiano otorga cuatro posibilidades para solicitar el
amparo constitucional al juez de tutela: (i) el ejercicio directo de la acción
por parte del afectado; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio
de apoderado judicial; y (iv) mediante agente oficioso.
En relación con la
legitimación por activa mediante apoderado, recientemente en la sentencia T-
366 de 2015[37], la Corte
afirmó que el representante se encuentra legitimado para solicitar el amparo
constitucional, cuando se acredita que ha sido expresamente autorizado para ello.
Por consiguiente, el apoderado deberá acreditar la condición de abogado
titulado y anexar el poder para presentar la acción de tutela.
8.- En esta oportunidad,
la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una persona se
encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución
del fallo que se revisa en sede constitucional.
Análisis de la legitimación por
activa como requisito de procedencia en el caso concreto
9.- De acuerdo con los fundamentos
jurisprudenciales anteriormente señalados y las pruebas que obran en el
expediente, la Sala encuentra que en el caso objeto estudio, María Elena Robledo Noreña y
Mario Francisco Robledo Prada acreditan su legitimación por activa para presentar
la acción de tutela contra el auto que negó el desistimiento presentado por el
señor José Miguel Gómez Cuello en el proceso de restitución de la Parcela No.
76E, segregada de la antigua Hacienda Mundo Nuevo, ubicada en el Municipio de
Montería. Lo anterior, debido a que en la actualidad, los accionantes tienen el
derecho de dominio sobre dicho predio.
10.- En efecto, de las pruebas del
expediente se demuestra que el 25 de julio de 2002 el señor José Miguel Gómez
Cuello confirió poder especial al señor Moisés Elías Robledo Prada para “transferir
a título de venta real y efectiva el derecho de dominio y posesión del predio
denominado Parcela No. 76E ubicado en Nuevo Mundo en el Municipio de Montería”[38].
Posteriormente, el 17 de noviembre de
2009, Moisés Elías
Robledo Prada en representación de José Miguel Gómez Cuello y otras personas de
la misma zona, que también son reclamantes en el proceso de restitución de
tierras objeto de estudio, celebró un contrato de compraventa con Mario
Francisco Robledo Prada y María Elena Robledo Noreña, ante el Notario Público
Único del Circulo de Sahagún, mediante el cual se transfirió el derecho de
dominio de los predios ubicados en Mundo Nuevo, dentro de los cuales se
encuentra la Parcela             No. 76E[39].
Con fundamento en lo anterior, se
evidencia que los accionantes han tenido el derecho de dominio sobre el predio cuya
restitución se pretende. Lo anterior, se comprueba en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el que consta que María Elena Robledo Noreña y Mario
Francisco Robledo Prada son propietarios del predio denominado Parcela No. 76E
Mundo Nuevo[40].
Por esta razón, mediante auto del 27 de
febrero de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería admitió 7 solicitudes presentadas por la UAEGRTD
en representación de varios reclamantes, dentro de los cuales se encuentra el
señor José Miguel Gómez Cuello, en las que se pide la restitución de las parcelas
segregadas de un predio de mayor extensión denominado Mundo Nuevo [41].
En la misma providencia, el juez ordenó
dar traslado de las 7 peticiones de restitución admitidas a María Elena Robledo Noreña y
Mario Francisco Robledo Prado, por tener la titularidad de los predios cuya
restitución se pretende. Adicionalmente, se ordenó la sustracción provisional
del comercio de los predios anteriormente mencionados[42].
Para esta Corporación se evidencia que los
accionantes demuestran que tienen un interés directo en el proceso y, en
particular, en el auto proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería que negó el desistimiento
dentro del proceso de restitución del inmueble identificado como Parcela No.
76E, presentado por el señor José Miguel Gómez Cuello. Lo anterior, debido a
que ellos ostentan la propiedad del predio que actualmente se encuentra
provisionalmente sustraído del comercio.
En consecuencia, se concluye que los
señores María
Elena Robledo Noreña y Mario Francisco Robledo Prada se encuentran legitimados
por activa para presentar la acción de tutela en contra del Juzgado 1º Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería.
Asimismo, se demuestra que el abogado José
Luis Giraldo acredita su calidad de apoderado judicial ya que aporta el poder
concedido por sus representados para instaurar la acción de tutela de la
referencia[43], con lo cual no hay duda sobre
la legitimación por pasiva.
11.- Finalmente, la Sala observa que la cadena de tradiciones
anteriormente descrita no coincide con lo afirmado por el señor José Miguel Gómez
Cuello en el escrito de desistimiento. Este punto será abordado por este
Tribunal más adelante.
Procedencia excepcional de la
tutela contra decisiones judiciales
12.- El artículo 86 Superior
establece que la tutela procede contra toda “acción u omisión de cualquier
autoridad pública”. Las autoridades judiciales son autoridades públicas que
en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de ajustarse a la
Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes
y derechos reconocidos en la Constitución.
13.- Bajo el presupuesto
mencionado, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales
de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha
precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser
excepcional, con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa
juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la
naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo.
La acción de tutela contra
decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez
constitucional de una providencia que incurre en graves falencias, que la
tornan incompatible con la Carta Política[44].
14.- La Sala Plena de la Corte, en sentencia C-590
de 2005[45],
señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos
de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos
específicos de procedibilidad.
Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
15.- De conformidad con la línea jurisprudencial uniforme y
actual de esta Corporación desde la sentencia C-590 de 2005[46], los requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuestión que se discuta
tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con
el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es decir, que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que
la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate
de sentencias de tutela.
Examen de los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso
que se analiza
16.- La Sala observa que en este caso se reúnen todos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que ha fijado la jurisprudencia de esta Corporación, tal y como se
muestra a continuación:
17.- En primer lugar, la cuestión objeto de debate es de
evidente relevancia constitucional. En este caso se encuentra en
discusión la aplicabilidad de la figura del desistimiento en materia civil, en
el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley 1448 de 2011, en el
que no sólo se discute el derecho a la propiedad de las víctimas, sino también
se analizan sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y a las
garantías de no repetición.
18.- En segundo lugar, respecto
del requisito de subsidiariedad, el inciso 4º del artículo 86 de la
Norma Superior consagra el principio de subsidiariedad como requisito de
procedencia de la acción de tutela y establece que “[e]sta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
Del mismo modo, el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece que el amparo
constitucional será improcedente, cuando existan otros medios de defensa
judicial eficaces para resolver la situación particular en la que se encuentre
el solicitante.
En relación con este requisito,
en la sentencia T-1008 de 2012[47] reiterada en la T-630
de 2015[48],
esta Corporación estableció que, por regla general, la acción de tutela procede
de manera subsidiaria y por lo tanto, no constituye un medio alternativo o
facultativo, que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios
establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar
del amparo constitucional ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria
o contenciosa, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y
expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para remplazar los medios
ordinarios existentes.
Respecto del principio de
subsidiariedad en casos de tutela contra providencias judiciales, en la sentencia
C-590 de 2005, al analizar la constitucionalidad del artículo 185 de
la Ley 906 del 2004 que establecía que no procedía ninguna acción en contra de
la sentencia de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, este
Tribunal dispuso que la acción de tutela se puede interponer contra cualquier
autoridad pública que con su actuación u omisión afecte o amenace algún derecho
fundamental, incluidas las autoridades judiciales. Con fundamento en lo
anterior, la Corte concluyó que el amparo constitucional procede aún contra
sentencias de casación cuando se demuestra que éstas vulneran los derechos del
afectado en el proceso.
En esta oportunidad, la Corte
reitera su jurisprudencia, en el sentido de que no se cumple con el requisito
de subsidiariedad cuando (i) no se han agotado todos los mecanismos judiciales
en la jurisdicción ordinaria o, (ii) en los casos en que no se agotaron, el
afectado no ejecutó todas las acciones existentes para hacerlo.
En el caso objeto de estudio, se evidencia que se cumple
con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que los accionantes
agotaron todos los recursos judiciales a su disposición para controvertir las
providencias revisadas en sede constitucional. En efecto, de las pruebas se
demuestra que el 23 de julio de 2015, los accionantes presentaron recurso de
reposición en contra del auto que negó el desistimiento solicitado por el señor
José Miguel Gómez Cuello. La reposición fue resuelta mediante auto del 10 de
agosto de 2015, en el que se confirmó la negativa del desistimiento por los
mismos argumentos y se indicó que forma expresa que contra dicha providencia no
procedían más recursos[49].
19. - En tercer lugar, se demuestra que la acción de tutela
se interpuso en un término razonable, toda vez que tal y como se indicó
anteriormente, el auto que confirmó la negativa de la solicitud de
desistimiento se profirió el 10 de agosto de 2015 y la tutela se presentó el 18
de septiembre de 2015[50],
es decir, un mes y 8 días después de que se profirió la última providencia
censurada.
20.- En cuarto lugar, los demandantes
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de
sus derechos, así como las irregularidades que, estiman, hacen procedente
la acción de tutela. A pesar de que el apoderado judicial no identificó el
defecto en el que presuntamente incurrieron las providencias censuradas, de los
hechos de la demanda y de las pruebas documentales aportadas en el proceso, se
demuestra que la supuesta vulneración se deriva de la negativa del juez de
tierras a aplicar las normas sobre desistimiento consagradas en el artículo 342
del Código de Procedimiento Civil al proceso de restitución de tierras que se
lleva en contra de los accionantes, lo que implicaría un defecto sustantivo por
omitir la norma aplicable al caso concreto.
21.- En quinto lugar, la acción de tutela no se dirige
contra un fallo de tutela. Los demandantes acusan: a) el auto
proferido el 15 de julio de 2015, por Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, consistente en negar el
desistimiento a continuar con el proceso de restitución de tierras de la
Parcela 76E ubicada en el predio Mundo Nuevo; y b) el auto proferido el
10 de agosto de 2015 por el mismo juzgado, mediante el cual no se repuso la
decisión anteriormente mencionada.
22.- En consideración a que se
cumplen con todos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala continuará con el análisis de los requisitos
específicos de procedibilidad.
Requisitos específicos de
procedencia de la acción tutela contra providencias judiciales
23.- Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de
defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea
incompatible con los preceptos constitucionales. De conformidad con la
jurisprudencia vigente de esta Corporación[51], reiterada en
esta providencia, estos defectos son los siguientes:
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario
judicial que profirió la sentencia impugnada carece en forma absoluta de
competencia.
Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.[52]
Defecto fáctico: se presenta cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de la prueba fue
absolutamente equivocada.
Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.[53]
Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de
los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones.
Desconocimiento del precedente:
se configura
cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el
funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida.[54]
Violación directa de la
Constitución: se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con
base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al
caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
Defecto material o sustantivo
24.- De acuerdo con lo
establecido por esta Corporación en la sentencia T-140 de 2012[55] reiterada por la T-007
de 2014[56],
el defecto sustantivo tiene su fundamento, en el hecho de que el principio
de autonomía e independencia judicial se encuentra limitado por el orden
jurídico prestablecido y por el respeto de los derechos fundamentales de las
partes procesales.
25.- Este Tribunal se ha
pronunciado en diferentes oportunidades sobre la configuración del defecto
sustantivo. En particular, en la sentencia SU-159 de 2002[57] la Corte estableció que
este defecto se presenta, cuando el juez se apoya en una norma que es
evidentemente inaplicable a un caso concreto, por ejemplo cuando: (i) ha
sido derogada y en consecuencia, no produce efectos en el ordenamiento
jurídico; (ii) ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; (iii)
es inconstitucional y no se aplicó la excepción de incostitucionalidad; y (iv)
la norma no está vigente o a pesar de estarlo y ser  constitucional, no se
adecua a las circunstancias fácticas del caso.
Posteriormente, en la sentencia T-686 de
2007[58] esta
Corporación afirmó que, adicional a las circunstancias anteriormente referidas,
el defecto material como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se genera cuando: (i) la aplicación de una norma es
irracional y desproporcionada en contra de los intereses de una de las partes
del proceso; (ii) el juez desconoce lo resuelto en una sentencia con efectos erga
omnes, de la jurisdicción constitucional o contenciosa en la interpretación
de una norma, es decir que desconoce el precedente horizontal o vertical; o
(iii) cuando la norma aplicable al caso no es tenida en cuenta por el
fallador.
Posteriormente, en la sentencia SU-918
de 2013[59]
la Corte concluyó que una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
“(i) cuando la norma aplicable
al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,
(ii) cuando a pesar del amplio
margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y, finalmente,
(iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva.”
26.- En esta oportunidad la Sala reitera
las reglas jurisprudenciales en las que se establece que se configura un
defecto sustantivo cuando: (i)
se aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad o derogatoria por
una norma posterior; (ii) se aplica una norma manifiestamente inaplicable al
caso y la aplicable pasa inadvertida por el fallador; (iii) el juez realiza
una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente irrazonable o desproporcionada que afecta los intereses de las
partes; (iv) el juzgador se aparta del precedente judicial –horizontal o
vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución.
Naturaleza del procedimiento civil
27.- El proceso civil regula situaciones
jurídicas provenientes del derecho sustancial privado, tal y como se establece
en el artículo 1º del Código General del Proceso, el cual dispone que su objeto
es regular “la actividad procesal en los asuntos, civiles, comerciales, de
familia y agrarios”.
28.- De conformidad con lo establecido en
los artículos 4º del Código de Procedimiento Civil[60] y 11 del Código General
del Proceso[61],
el objeto del proceso civil es hacer efectivos los derechos que ya han sido reconocidos
por la ley sustancial y se rige por el principio de igualdad entre las partes
procesales. En efecto las normas anteriormente referidas establecen que la
interacción de las normas de procedimiento debe respetar y mantener la
igualdad entre las partes. En el mismo sentido, los artículos 37 del Código de
Procedimiento Civil y 42 del Código General del Proceso establecen que uno de
los deberes del juez es hacer efectiva la igualdad entre las partes.
29.- Por otra parte, el artículo 396 del
Código de Procedimiento Civil establece que el proceso civil es el
procedimiento residual de la jurisdicción ordinaria. En efecto, el Decreto 1400
de 1970 establecía que todos los asuntos contenciosos que no estuvieran
sometidos a un trámite especial, se decidirían mediante el proceso ordinario.
Esta norma fue modificada por el artículo 21 de la Ley 1395 de 2010 que
establece que “Se ventilará y decidirá en proceso verbal todo asunto
contencioso que no esté sometido a un trámite especial”.
El carácter residual del proceso civil se
mantuvo en el artículo 368 del Código General del Proceso, el cual regula los
asuntos sometidos al trámite del proceso verbal en los procesos declarativos.
En dicha norma se establece que “Se sujetará al trámite establecido en este
Capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial”.
30.- Estas características del proceso
civil han sido reconocidas por esta Corporación desde sus inicios. En
particular sobre su finalidad, en la sentencia C-029 de 1995[62], la Corte indicó que el
objeto de dicho procedimiento es proveer los mecanismos necesarios para que los
titulares de derechos sustanciales logren su realización por medio de la
actividad jurisdiccional que supone la solución de los conflictos.
Por otra parte, en la sentencia T-357
de 2002[63]
reiterada en la T-300 de 2006[64],
este Tribunal reconoció el carácter supletivo del procedimiento
civil, al establecer que los procesos de restitución internacional de menores
debían decidirse con las normas del proceso civil ordinario, precisamente por
su carácter residual.
En el mismo sentido, en la sentencia
C-543 de 2011[65],
esta Corporación afirmó que la Ley 1395 de 2010 instauró el proceso verbal como
el procedimiento residual de la jurisdicción civil, ya que antes de la norma
previamente citada, todos los asuntos que no estuvieran sometidos a un trámite
especial debían decidirse mediante el proceso ordinario.
31.- La Corte Suprema de Justicia también
se ha pronunciado sobre la finalidad del proceso civil y su carácter residual.
En efecto, ese Tribunal[66]
estableció que el objeto de los procesos consagrados en el Código de
Procedimiento Civil es lograr la efectividad de los derechos que previamente
han sido reconocidos por el derecho sustancial y, de esta forma, poder alcanzar
la justicia en las relaciones que surgen entre las personas.
Por otra parte, la Corte Suprema de
Justicia indicó que el carácter supletivo del procedimiento civil no es
absoluto, por considerar que no en todos los casos se puede realizar una
interpretación analógica de normas general a ordenamientos que regulan materias
excepcionales, debido a que se incluirían supuestos de hecho que por alguna
razón no han sido previstos o regulados por la normativa excepcional. En este
sentido, esa Corporación concluyó que la interpretación analógica debe
fundamentarse “(…) en la identidad de razón jurídica para dar el mismo
tratamiento a situaciones semejantes”[67].
32.- Con fundamento en lo anterior, esta
Sala concluye que la finalidad del proceso civil es asegurar el respeto por el
derecho objetivo o sustancial, cuando no se logre su realización por parte de
su titular y que la ley procesal civil presume la igualdad entre las partes que
participan en tal procedimiento, lo que no ocurre en todos los procesos como se
mostrará más adelante.
Adicionalmente, la Corte reconoce el
carácter residual del procedimiento civil frente a otros procesos. No obstante,
se reitera que no se puede hacer una interpretación analógica de todas las
disposiciones de dicho procedimiento, en la medida en que se debe evaluar que
se trate de situaciones semejantes y que los hechos se fundamenten en los
mismos argumentos jurídicos, especialmente cuando se trate de procedimientos
excepcionales.
El desistimiento en materia civil
33.- El desistimiento ha sido definido
como una de las formas anormales de terminación del proceso. Consiste en la
declaración del actor de abandonar las pretensiones por las que inició un
proceso que se encuentra pendiente de resolverse. Por lo anterior, el
desistimiento conlleva la terminación del proceso[68].
De conformidad con lo establecido en los
artículos 342 del Código de Procedimiento Civil y 314 del Código General del
Proceso, el demandante puede desistir de la demanda o de sus pretensiones,
mientras no se haya proferido una sentencia que ponga fin al proceso. Adicionalmente,
disponen que el auto que acepta el desistimiento produce los mismos efectos de
cosa juzgada que una sentencia absolutoria, en la medida en que el desistir
implica la renuncia de las pretensiones de la demanda.
34.- Por otra parte, los artículos 343 del
Código de Procedimiento Civil y del 315 Código General del Proceso, muestran un
listado de las personas que no pueden desistir de la demanda, a saber:
a)
Los incapaces y sus representantes,
salvo que obtengan previa licencia judicial, la cual deberá solicitarse en el
mismo proceso y podrá ser concedida en el auto de aceptación del desistimiento.
b)
Los curadores ad
litem con la licencia judicial anteriormente referida.         (En el
Código General del Proceso no requieren la autorización previa del juez).
c)
Los apoderados judiciales
que no tengan autorización expresa para desistir.
d)
Los representantes
judiciales de la Nación, los departamentos, las intendencias, las
comisarías, y los municipios, salvo que tengan autorización expresa, de
conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. (Esta
prohibición se eliminó en el Código General del Proceso).
35.- Este Tribunal se ha pronunciado en
dos ocasiones sobre el desistimiento en materia civil solicitado de forma
expresa por el demandante[69].
En efecto, en las sentencias T-616 de 2003[70] y T-519 de
2005[71],
la Corte señaló que se puede presentar el desistimiento en cualquier etapa
del proceso, antes de proferirse la sentencia que pone fin al litigio, en la
medida en que el desistimiento implica la terminación de la actuación
procesal.
36.- En el mismo sentido, la Corte Suprema
de Justicia ha establecido que el desistimiento es la declaración de
voluntad de terminar un pleito y abandonar las pretensiones de la demanda,
en consecuencia, se debe desistir antes del pronunciamiento definitivo del juez[72]. Por otra parte, ese
Tribunal ha determinado que el desistimiento tiene efectos jurídicos desde que
se emite el auto de aceptación, en la medida en que dicha providencia tiene
efectos de cosa juzgada[73].
37.-
Esta Sala observa que las prohibiciones establecidas en el Código de
Procedimiento Civil y en el Código General del Proceso, responden a una
necesidad de tener plena certeza de la voluntad del demandante de desistir de
la acción. En efecto, en todas las causales se evidencia que las personas
anteriormente mencionadas pueden desistir si se demuestra un verdadero
consentimiento para ello.
Con
fundamento en lo anterior, la Corte concluye que el desistimiento en materia
civil implica la terminación del proceso. En consecuencia, tal y como se
establece en las normas de procedimiento civil, el auto de aceptación de
desistimiento tiene los mismos efectos de cosa juzgada que tiene una sentencia
absolutoria a la parte demandada. En este sentido, se reitera la importancia de
que se demuestre la verdadera voluntad del demandante de abandonar sus
pretensiones y terminar el proceso judicial.
Naturaleza
del proceso de restitución de tierras
El Proceso de Restitución de
Tierras en el Contexto de Justicia Transicional
38.- El proceso de restitución
de tierras se encuentra consagrado en la Ley 1448 de 2011 -Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones-. A pesar de que dicho procedimiento hace
referencia a la restitución de un bien material, esta Corporación considera
necesario hacer énfasis en el marco jurídico dentro del cual se encuentra
regulado el proceso de restitución de tierras. Lo anterior, debido a que la Ley
1448 de 2011 es una norma de justicia transicional y en consecuencia, tiene características
que diferencian sus procedimientos de los previstos en la jurisdicción
ordinaria.
Los artículos 1º y 3º de la Ley 1448 de 2011, disponen que su
objeto consiste en establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, de carácter individual y colectivo, en
beneficio de las personas que han sido víctimas de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de graves violaciones de Derechos Humanos, con ocasión
del conflicto armado interno por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de
1985. Todo esto en un marco de justicia transicional en el que se haga efectivo
el goce los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición, a fin de lograr la reconciliación y una paz
sostenible.
Asimismo, el artículo 8º de Ley 1448 de 2011 establece que hacen
parte del contexto de justicia transicional, todos los procesos y mecanismos
judiciales o extrajudiciales relacionados con: (i) el rendimiento de cuentas de
los responsables de las violaciones establecidas en el artículo 3º de la misma
normativa, (ii) la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia,
la reparación integral de las víctimas e implementación de medidas
institucionales necesarias para garantizar la no repetición de los hechos y
(iii) la desarticulación de las estructuras armadas que se encuentran por fuera
de la ley.
Con fundamento en lo anterior, el artículo 9º de la Ley 1448 de
2011 establece que las autoridades judiciales y administrativas competentes
deben ajustar sus actuaciones para adecuarse al marco de justicia transicional[74].
39.- Por otra parte, se observa
que uno de los pilares fundamentales que afecta todos los procesos consagrados
en la Ley 1448 de 2011 es el derecho a la verdad. En particular, el artículo 23
de tal normativa establece que: “Las víctimas, sus familiares y la
sociedad en general tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer
la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron
las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley”. (Subrayado
fuera del texto original).
40.- Asimismo, la Ley 1448 de
2011 establece los principios generales por los cuales deben regirse sus
procedimientos. Particularmente, el artículo 4º de la ley dispone el principio
de dignidad, el cual constituye el fundamento axiológico de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, y el respeto por la integridad y honra
de las víctimas. En virtud de tal principio, se compromete al Estado a realizar
de forma prioritaria todas las acciones dirigidas al fortalecimiento de la autonomía
de las víctimas para contribuir a su recuperación como ciudadanos. Adicionalmente,
se establece el principio de buena fe el cual implica que, basta con que la
víctima pruebe sumariamente el daño sufrido ante una autoridad administrativa
para que se le releve de la carga de la prueba.
41.- Esta Corporación se ha pronunciado sobre el proceso de
restitución de tierras en el marco de la justicia transicional. En efecto, en
la sentencia C-820 de 2012[75],
reiterada en la sentencia C-794 de 2014[76], La Corte indicó que el
proceso de restitución de tierras es un elemento impulsor de la paz, en la
medida en que a través de un procedimiento especial y con efectos diferentes a
los consagrados en régimen del derecho común, se establecen las reglas para
restitución de bienes de las personas que han sido víctimas del conflicto
armado de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la misma
normativa.
Igualmente, en la sentencia T-666 de 2015[77] la Corte indicó que el
proceso de restitución de tierras tiene como objetivo la protección de los
derechos de las víctimas y específicamente obedece a los lineamientos
trazados por la Corte Constitucional al declarar el estado de cosas
inconstitucional en relación con las víctimas de desplazamiento forzado.
En este orden de ideas, es a través del proceso de
restitución de tierras que el Legislador materializó la protección de algunos
de los derechos constitucionales fundamentales cuya vulneración fue puesta de
presente por la Corte en la sentencia T-025 de 2004[78], a saber: (i) el derecho
a la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a escoger el lugar de
domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que enfrentan las
víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su sitio
habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad
familiar y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de circulación
por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para
vivir; (vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio,
especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las
ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales; y (vii) el
derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en condiciones de
desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares y someterse a
condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se
desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie.
Proceso de Restitución de
Tierras establecido en la Ley 1448 de 2011
42.- Particularmente, el proceso de restitución de tierras se
encuentra regulado en el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, en el que se
establecen las acciones de restitución de las víctimas y, en particular,
consagra: a) la acción de restitución jurídica y material de las tierras
a los despojados y desplazados  y b) cuando no sea posible
la restitución, el pago de una compensación.
De conformidad con lo
establecido en el artículo 78 de la Ley 1448 de 2011, la carga de la prueba se
traslada al demandado o a quien se oponga a la pretensión de la víctima, cuando
ésta prueba la propiedad, posesión u ocupación del bien cuya restitución se
pretende, y su reconocimiento como desplazado en el proceso judicial.
Las medidas de
restitución adoptadas en este proceso, deben ostentar las características
previstas en el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, de las cuales resultan
relevantes para el caso las siguientes: (i) ser preferentes; (ii) adoptarse en
consideración a que el derecho a la restitución es autónomo y opera
independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas;
(iii) reconocer que las víctimas tienen derecho a retornar y ser reubicadas de
forma voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad
(principio de estabilización); (iv) propender por la seguridad jurídica y el
esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución; (v) adoptarse
con el fin de prevenir el desplazamiento forzado, proteger la vida e integridad
de los reclamantes y las propiedades y posesiones de las personas desplazadas;
y (vi) garantizar la participación plena de las víctimas en todo el
procedimiento[79].
43.- El artículo
76 de la Ley 1448 establece que la inscripción de los predios Registro de
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se debe realizar
de forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la densidad histórica del
despojo, la situación de seguridad y la existencia de condiciones para el
retorno. Esto fue desarrollado en el Decreto 4829 de 2011, particularmente en
sus artículos 5 y 6, en los que se dispone que “se adelantará un
proceso de macro y microfocalización, mediante el cual se definirán las áreas
geográficas en las cuales se realizará el estudio de las solicitudes recibidas”
que será establecido por las instancias de cooperación operativa que defina
el Gobierno Nacional.
44.- El proceso de restitución consta de dos etapas: la primera,
consiste en un procedimiento administrativo que tiene como finalidad que la UAEGRTD
incluya la solicitud de la víctima en el Registro de Restitución de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente, actuación que constituye un requisito de
procedibilidad de la acción de restitución –artículos 76 y 83 de la Ley 1448 de
2011-; y la segunda, que se trata del proceso judicial, el cual inicia con la
presentación de la demanda.
La etapa administrativa del proceso de restitución inicia
con una solicitud de inclusión en el registro. Durante ésta la UAEGRTD comunica
la iniciación del trámite al propietario, poseedor u ocupante, que se encuentre
en el predio cuyo registro se solicita, para que aporte las pruebas
documentales que acrediten su buena fe –artículo 76 ibídem-.
La UAEGRTD tiene la obligación de recaudar el acervo probatorio
que le permita identificar el inmueble, la relación del solicitante con el
predio y de quienes en ese momento tengan el dominio, la posesión y/o la
tenencia del mismo, para decidir sobre la inscripción en el registro.
La etapa administrativa concluye con la decisión de la UAEGRTD
sobre la inscripción, la cual consta en un acto administrativo motivado.
Una vez incluido
en el registro, el solicitante cumple con el requisito de procedibilidad y
puede ejercer la acción de restitución de tierras, la cual es de carácter real, pues pretende que se
declare la existencia de derechos sobre las tierras despojadas. Además, se
trata de una acción autónoma, lo cual se comprueba de la lectura del artículo
86 de la Ley 1448 de 2011, según el cual la admisión de la solicitud de
restitución conlleva la suspensión de todos los procesos declarativos de
derechos reales sobre el predio cuya restitución se solicita y en general de
cualquier proceso que afecte el predio, con excepción de los procesos de
expropiación.
De las solicitudes de restitución
conocen en única instancia: a) los jueces civiles del circuito
especializados en restitución de tierras, cuando no se presenten opositores y b)
los magistrados de la Sala Civil de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, en el evento en que existan opositores –artículo 79-.
Con el fin de garantizar los derechos de quienes tengan interés en
el proceso de restitución, la Ley 1448 de 2011 prevé el traslado de la
solicitud, entre otros, a quienes aparezcan en el certificado de registro
expedido por la Unidad de Tierras, bien sea que se trate de víctimas o de
opositores.
Cuando venza el término mencionado, el juez o el magistrado que
conozca del caso dictará la sentencia, mediante la cual “(…) se pronunciará
de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del
baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar,
a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del
proceso” [80].
45.- Finalmente, esta Sala
considera relevante resaltar que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, las sentencias proferidas por los jueces de
restitución de tierras no sólo se limitan a pronunciarse sobre la propiedad o
posesión del bien objeto de la demanda y ordenar las compensaciones
correspondientes, toda vez que el juez de restitución también debe:
(i)
referirse sobre la identificación,
individualización y deslinde de los inmuebles que se restituyan.
(ii)
ordenar a la oficina de
registro de instrumentos públicos inscribir la sentencia y cancelar todo
antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de
tenencia, arrendamientos de la denominada falsa tradición y las medidas
cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la
cancelación de los asientos e inscripciones registrales.
(iii)
proferir las órdenes
correspondientes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los
términos de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les
restituya el bien estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de
protección.
(iv)
establecer los mecanismos
necesarios para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia
de restitución cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva
providencia.
(v)
tomar las medidas para que
se desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el bien a restituir
sea parte de uno de mayor extensión.
(vi)
tomar medidas necesarias
para que se haga efectivo el cumplimiento de las compensaciones de que trata la
ley, y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en
relación con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución.
(vii)
declarar la nulidad de las
decisiones judiciales y/o actos administrativos que pierdan validez con la
sentencia de restitución.
(viii)      cancelar la inscripción de cualquier derecho
real que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución.
(ix)
proferir las órdenes
pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de
entrega material de los bienes a restituir y garantizar la efectividad de la
restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el
ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas.
(x)
remitir los oficios a la
Fiscalía General de la Nación en caso de que se perciba la posible ocurrencia
de un hecho punible.
Estas características que diferencian el proceso de restitución de
tierras consagrado en la Ley 1448 de 2011, de los procesos en la jurisdicción
ordinaria han sido reconocidas por esta Corporación en diferentes
oportunidades.
46.- En efecto, en la sentencia C-715 de 2012[81],
la Corte señaló que, si bien el proceso de restitución de tierras se encuentra
principalmente asociado a la entrega física y material de bienes inmuebles
despojados, la restitución  constituye un componente preferente y esencial
del derecho a la reparación integral de las víctimas, ya que su pretensión
es restablecer plenamente los daños que le han sido causados. En esa medida,
todo lo que no se pueda restituir, debe repararse a la víctima a través de
medidas compensatorias contempladas de forma expresa en la Ley 1448 de 2011.
Asimismo, en la sentencia C-099 de 2013[82], este Tribunal indicó que al expedir la Ley
1448 de 2011, el Legislador utilizó fórmulas para armonizar los derechos de las
víctimas, que podrían implicar la restricción del derecho a la justicia en
algunos casos, pero siempre en cumplimiento de unos estándares mínimos de
protección constitucional de los derechos a la verdad, justicia, reparación y
las garantías de no repetición.
En
aquella oportunidad la Sala Plena estableció que, no obstante la brevedad del
proceso, el Legislador dio garantías suficientes para que quienes tengan
interés puedan intervenir en el proceso de restitución, solicitar pruebas y
controvertir las que hayan sido presentadas. En efecto, la Corte determinó que
las exigencias de publicidad que establece la ley para asegurar la presencia de
todos los interesados en la restitución, la posibilidad de que el juez solicite
las pruebas que considere necesarias, el nombramiento de un apoderado judicial
que represente a los terceros determinados que no se presenten al proceso para
hacer valer sus derechos, la intervención obligatoria del Ministerio Público
como garante de los derechos de los despojados y de los opositores, la
participación del representante legal del municipio o municipios donde se
ubique el predio, y en el caso de los procesos iniciados sin la intervención de
la Unidad de Tierras, la posibilidad de tomar parte como posible opositora; garantizan
un debate amplio de los derechos de todos los que tengan interés en la
restitución y de las pruebas que permitan llegar al convencimiento sobre su
procedencia[83].
En
el mismo sentido, en la sentencia T-679 de 2015[84], esta Corporación indicó
que el proceso de restitución creado en la Ley 1448 de 2011, se enmarca dentro
de una política integral de reparación que abarca otros componentes como la
indemnización, la rehabilitación y las medidas de satisfacción. Sin embargo,
por su importancia y complejidad, la restitución de tierras consagra un
proceso judicial particular, que constituye el mecanismo adecuado para decidir
los asuntos particulares de la restitución.
47.- Ahora bien, de los antecedentes legislativos de la Ley 1448
de 2011, se evidencia que los procesos establecidos en dicha normativa tienen
un carácter especial frente a otros procedimientos consagrados en la
jurisdicción ordinaria. En particular, en la ponencia para segundo debate en la
Plenaria de la Cámara, el Representante Efraín Antonio Torres Monsalvo indicó
lo siguiente:
“Este proyecto de ley presentado por el Presidente de la
República, y con la votación de nosotros los Congresistas, lo que busca es
reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero no solamente
repararlos de una forma integral, sino también buscar el derecho a la verdad,
el derecho a la justicia, y darles garantía a estas víctimas para que no se le
repita la violación de los derechos humanos” [85].
En la misma
sesión, el Congresista Óscar Fernando Bravo Realpe, quien también fue ponente
de la referida ley señaló lo siguiente:
“¿Qué pretendemos con esta ley?
Que las víctimas conozcan la verdad, que las víctimas tengan un acceso
preferencial a la justicia, que las víctimas reciban atención, que las víctimas
reciban protección, que las víctimas reciban reparación y asistencia para
reivindicar su dignidad como corresponde, y desarrollar ellas un nuevo modelo
de vida, sin descuidar, por supuesto, la reinserción de los victimarios, y
recomponer, así como aspiramos todos, el tejido social. Consagra esta ley
medidas precisas en educación, medidas precisas en salud, medias precisas en
ayuda humanitaria y medidas precisas en reparación, mediante indemnización,
rehabilitación y restitución de sus predios. [86]”
Además, en la exposición de motivos de la
ponencia para primer debate en el Senado de la República, se establece que la ley
introduce nuevas herramientas para la atención, protección y reparación de las
víctimas del conflicto armado e implementa nuevos mecanismos para lograr la
materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a
la reparación y las garantías de no repetición[87].
Igualmente, en la ponencia para segundo
debate en el Senado se dispuso que el proceso de restitución de tierras se
encuentra fundado en el marco de la justicia transicional, en el que se
crea un sistema de registro de predios despojados, con fundamento en el cual,
los jueces apliquen las presunciones legales y la inversión de la carga de la
prueba a favor del despojado[88].
Asimismo, se indicó que:
“Se incluyen
disposiciones tendientes a proteger los derechos sobre la tierra que hayan sido
entregados al despojado, para lo cual se propone, de una parte que los
derechos a la restitución no sean negociables, y que la tierra no pueda ser
negociada con terceros, sino transcurridos más de dos años[89]”. (Negrilla fuera del texto original)
48.- En
síntesis, el proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de
2011 constituye un mecanismo previsto por el Legislador para dar cumplimiento a
los lineamientos fijados por esta Corporación en relación con la protección de
los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y despojo. Se trata de
una acción real y autónoma, que garantiza la participación de las distintas
personas interesadas, con el fin de que se llegue a la verdad de los hechos del
despojo en un lapso breve, que impide que su duración se extienda
indefinidamente en detrimento de los derechos de las víctimas del despojo.
49.- Con
fundamento en lo anterior, esta Corporación concluye que tal procedimiento no
sólo se refiere a la restitución de un bien material, toda vez que se rige por
principios y reglas que van más allá del derecho a la propiedad y lo convierte
en un proceso de interés público en la medida en que:
(i)
se enmarca dentro de un
contexto de justicia transicional cuya finalidad principal es lograr la paz
sostenible y materializar los derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas del conflicto
armado reconocidas en el artículo 3º la Ley 1448 de 2011;
(ii)
el derecho a la verdad
constituye un pilar fundamental del proceso de restitución de tierras. Este
derecho es imprescriptible e inalienable y afecta de forma directa el proceso
de restitución;
(iii)
se acepta que los
reclamantes se encuentran en una posición de desventaja frente a sus
opositores, por lo que se establece el principio de buena fe, en virtud del
cual, se traslada la carga de la prueba al demandado cuando el reclamante ha
acreditado su calidad de víctima y su derecho de posesión o propiedad del bien
cuya restitución se pretende.
(iv)
de conformidad con los
principios que rigen el proceso de restitución, éste debe llevarse de tal forma
que se proteja la vida y la integridad de los reclamantes y su derecho de
propiedad o posesión, y prevenir el desplazamiento forzado.
(v)
las sentencias proferidas
por los jueces de restitución, no sólo se refieren a la propiedad del bien cuya
restitución se pretende, sino que también se dan órdenes tendientes a lograr de
forma efectiva la restitución jurídica y material del predio, a proteger a los
reclamantes y conocer los hechos que dieron origen al despojo de la víctima.
(vi)
de conformidad con lo
demostrado en los antecedentes legislativos de la Ley 1448 de 2011, la voluntad
del Legislador al proferir tal normativa, es que los derechos derivados de la restitución
no sean negociables, ni sometidos al tráfico comercial.
Análisis del defecto sustantivo
alegado en el caso concreto
50.- De conformidad con lo
establecido en la sentencia T-310 de 2009[90] y reiterado en la T-253 de 2015[91], cuando se está ante esta causal, la actividad del juez
constitucional se limita a verificar la ruptura con el ordenamiento
constitucional o legal, de manera que se circunscribe a identificar la
incompatibilidad entre las razones de la decisión y las normas jurídicas que
regulan la materia debatida en sede jurisdiccional.
51.- El señor José Luis Giraldo, apoderado de los actores,
considera que los autos que negaron el desistimiento solicitado por el señor
José Miguel Gómez Cuello, proferidos por el Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería incurrieron en un defecto
sustantivo, al rechazar una actuación que no se encuentra consagrada como uno
de los trámites inadmisibles dentro del proceso de restitución de tierras, y en
consecuencia negar la aplicación de la figura del desistimiento consagrada en
el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, el abogado
afirma que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de sus
representados, los señores María Elena Robledo Noreña y Mario Francisco Robledo
Prada.
Con
fundamento en el artículo 29 Superior que consagra el derecho fundamental al
debido proceso, esta Corporación ha determinado que una decisión judicial
incurre en una causal específica de procedencia de tutela contra providencias
judiciales, cuando el funcionario se aparta de manera evidente y grosera de las
normas aplicables al caso concreto[92].
Como se expuso en esta providencia, la
Corte Constitucional ha establecido que una de las formas por las que se
configura el defecto sustantivo, se materializa cuando el juez omite aplicar la
norma correspondiente al caso que debe decidir.
52.- En el caso objeto de estudio, se evidencia que en el
transcurso de la etapa probatoria del proceso de restitución de tierras, el
señor José Miguel Gómez Cuello, su esposa y su hijo, presentaron una solicitud
para desistir de la restitución del inmueble identificado como Parcela 76E y
revocaron el poder del Representante de la UAEGRTD. No obstante, mediante auto del 15 de julio de 2015,
confirmado por medio del auto del 10 de agosto de la misma anualidad, el Juez
1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería negó
el desistimiento presentado por los reclamantes, por considerar que, por la
naturaleza del proceso de restitución, no era jurídicamente viable aplicar el
desistimiento consagrado en el procedimiento civil.
53.- Esta Corporación observa
que en este caso el Juzgado accionado no incurrió en un defecto sustantivo en
las providencias emitidas el 15 de julio de 2015 y el 10 de agosto de la misma
anualidad, debido a que el desistimiento en materia civil no es aplicable al
proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de 2011.
Por una parte, el proceso civil
regula asuntos de derecho privado y su finalidad es proveer los mecanismos
necesarios para la realización de los derechos sustanciales que han sido
previamente reconocidos. Asimismo, se evidencia que normas de procedimiento
civil se aplican como norma residual frente a los vacíos que se presenten en
otros procedimientos. Sin embargo, el carácter supletivo no es absoluto, en la
medida en que no se permite realizar una interpretación analógica de todas las
disposiciones civiles en materias que regulan situaciones excepcionales.
Adicionalmente, la Corte
observa que en el proceso civil se presume la igualdad entre las partes, por lo
que una de las funciones principales del juez civil es mantenerla y hacerla
efectiva durante el proceso.
54.- Por el contrario, el
proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de 2011 es un
procedimiento de interés público que regula situaciones excepcionales que se
apartan del ordenamiento común.
En efecto, la restitución de
tierras se desarrolla dentro de un marco de justicia transicional y su
finalidad principal no es el pronunciamiento sobre el derecho de propiedad del
bien que se pretende restituir, sino lograr una paz sostenible y garantizar
a las víctimas del conflicto armado sus derechos inalienables e
imprescriptibles a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición.
Una de las particularidades que
evidencian el carácter especial del proceso de restitución de tierras y lo
diferencia del procedimiento civil, es que se presume que las partes no se
encuentran en condiciones de igualdad procesal, por lo que la misma norma
establece fórmulas para lograr la igualdad entre los reclamantes y opositores
que participan en dicho procedimiento. Uno de estos mecanismos se materializa
en la aplicación del principio de buena fe, en virtud del cual, se traslada la
carga de la prueba a los opositores cuando los demandantes han logrado probar
su calidad de víctima y su derecho de propiedad o posesión sobre el bien objeto
de restitución.
Adicionalmente, se observa que
los jueces de tierras no se limitan a pronunciarse sobre el derecho de
propiedad de los bienes a restituir, sino que también deben ordenar la
implementación de mecanismos necesarios para lograr de forma efectiva la
restitución jurídica y física de las tierras y proteger la vida de las víctimas
que ostentaron la calidad de reclamantes en el proceso. Además, sus fallos deben
enfocarse en la búsqueda de la verdad sobre los hechos que dieron origen al
despojo.
55.- Finalmente, la Sala quiere
resaltar el argumento presentado por la UAEGRTD, que señala que se debe aceptar el desistimiento en los
casos en los que el reclamante se encuentre amenazado para que renuncie al
proceso de restitución. Para esta Corporación la amenaza no puede constituir
una razón válida para  acepar el desistimiento, en la medida en que no se deben
avalar situaciones jurídicas provenientes de hechos evidentemente ilegales como
una forma válida para la terminación del proceso de restitución. Por el
contrario, se deben tomar las medidas necesarias para fortalecer la protección
de aquellas personas que, han sido amenazadas por buscar la restitución de sus
derechos. Además, se debe resaltar que la restitución real depende de los
procesos de macro y microfocalización para definir las áreas geográficas donde
se encuentran ubicados los predios a restituir, las cuales se determinan con
fundamento en la densidad histórica del despojo, la situación de seguridad y la
existencia de condiciones para el retorno.
56.- La Sala considera que, aceptar el desistimiento como una
forma legítima para terminar el proceso de restitución de tierras incentivaría
a los grupos ilegales a seguir presionando a las víctimas a renunciar al
derecho de propiedad que tienen sobre sus predios y a los derechos a la verdad,
justicia y reparación que se derivan del proceso de restitución. En cambio sí
se prohíbe el desistimiento, se impide que dichos grupos utilicen esta figura
jurídica como estrategia de presión a las víctimas, y se garantiza que el
proceso de restitución finalice con una sentencia judicial, en la que el juez dicte
las órdenes necesarias para salvaguardar los derechos de las víctimas. En
particular, se protege el derecho a conocer la verdad sobre los hechos que
dieron origen al despojo, lo que conlleva a que se puedan tomar medidas
efectivas de no repetición de vulneración de derechos humanos.
Con fundamento en lo anterior,
la Corte concluye que no se puede hacer una interpretación analógica de la
figura del desistimiento consagrada en el artículo 342 del Código de
Procedimiento Civil al proceso de restitución de tierras establecido en la Ley
1448 de 2011. En efecto, el desistimiento en el proceso civil implica la
renuncia de las pretensiones de la demanda y en consecuencia la terminación del
proceso, con efectos de sentencia absolutoria y de cosa juzgada. Para la Sala esta
forma de terminación del proceso no puede ser aceptada en la restitución de
tierras debido a su carácter excepcional y de interés público.
57.- Así las cosas, la Corte
encuentra que las providencias proferidas por el Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, no incurrieron en un
defecto sustantivo al negar la solicitud de desistimiento presentada por el
señor José Miguel Gómez Cuello y su familia. Lo anterior, debido a que el
desistimiento en materia civil no puede ser aplicado como una causal de
terminación del proceso de restitución de tierras por su carácter excepcional,
al encontrarse dentro de un contexto de justicia transicional, cuyos intereses
transcienden al reconocimiento de los derechos particulares de las partes
procesales y por considerarse una medida de protección a los derechos de las
víctimas. En efecto, la restitución va más allá de reconocer el derecho de
propiedad sobre los predios a restituir, pues se enfoca en la búsqueda de la
verdad de los hechos que dieron origen al despojo y en garantizar a las
víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición.
Conclusiones y decisión a
adoptar
58.- Con fundamento en lo anterior, es preciso concluir que las decisiones proferidas el 15 de julio de 2015 y el 10
de agosto de la misma anualidad, emitidas por Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, no incurrieron en un
defecto sustantivo y en consecuencia, no vulneran el derecho fundamental al
debido proceso de los accionantes.
Por
las anteriores razones, la Sala revocará la sentencia de segunda
instancia, proferida el 19 de noviembre de 2015 por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, y confirmará el fallo emitido el 1º de
octubre de 2015 por la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, por medio del
cual, declaró improcedente el amparo constitucional solicitado por los
accionantes. Por lo tanto, se dejará sin efecto el auto proferido el 18 de enero de 2016
por el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Montería, emitido en cumplimiento de la sentencia 19 de noviembre de 2015 proferida por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, que será revocada en esta oportunidad.
59.-
Por otra parte, de la revisión de las pruebas que obran en el expediente, se
evidencia que la cadena de tradición del inmueble identificado como             Parcela
No. 76E, no corresponde a la señalada por el señor José Miguel Gómez Cuello en
su escrito de desistimiento. En efecto, se evidencia que en el año 2002 el
señor Gómez Cuello
le otorgó un poder a señor Moisés Elías Robledo Prada para vender el predio anteriormente
referido[93],
el cual fue transferido a los accionantes el 17 de noviembre de 2009[94]. En ninguna parte de la
tradición se evidencia que la transferencia del inmueble se hubiera dado como
consecuencia de una permuta realizada con el señor Joaquín Ramírez, tal y como
lo afirmó el reclamante en su escrito de desistimiento[95].
De conformidad con lo establecido en el
artículo 31 de la Ley 1448 de 2011, las autoridades competentes deben adoptar
medidas de protección integral a las víctimas, testigos y funcionarios que
intervengan en los procesos consagrados en dicha norma, en especial en el de
restitución de tierras, cuando se determine que existe amenaza contra sus
derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal. Tales
medidas pueden extenderse al núcleo familiar cuando sea necesario, de acuerdo
con el estudio de riesgo realizado en cada caso. Adicionalmente, se dispone
que: “Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio
Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el presente
artículo, remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente
designada de acuerdo a los programas de protección, para que inicien el
procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, de acuerdo a la
evaluación de riesgo a la que se refiere el presente artículo”.
Con
fundamento en los hechos anteriormente expuestos y en consideración a que la
UAEGRTD ha reconocido los problemas de seguridad que enfrentan los reclamantes
en los procesos de restitución de tierras, la Corte ordenará a la
Procuraduría General de la Nación que en el marco de sus competencias, en
particular, en las establecidas en el artículo 31 de la Ley 1448 de 2011, realice
las acciones necesarias ante las autoridades competentes para que se
implementen las medidas especiales de protección a favor del señor José Miguel
Gómez Cuello y su núcleo familiar establecidas en la misma normativa.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la decisión adoptada el 19 de noviembre de 2015 por la Sala de
Casación Civil de la Co rte Suprema de Justicia. En su lugar, CONFIRMAR el
fallo emitido el 1º de octubre de 2015 por la Sala Primera Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia, por medio del cual se declaró IMPROCEDENTE el
amparo constitucional solicitado por el abogado José Luis Giraldo en
representación de María
Elena Robledo Noreña y Mario Francisco Robledo Prada.
SEGUNDO.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el emitido el
18 de enero de 2016 por el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería, emitido en cumplimiento de la sentencia 19 de noviembre de 2015 proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
TERCERO.- ORDENAR a la Procuraduría General de la
Nación que, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley
1448 de 2011, realice las acciones necesarias ante las autoridades competentes,
para que se implementen las medidas especiales de protección a favor del señor
José Miguel Gómez Cuello y su núcleo familiar.
CUARTO.- Por Secretaría General líbrese
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Impedimento aceptado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Escrito de tutela, folios 1-9, Juzgado
1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería, Auto
del 15 de julio de 2015, folio 13, cuaderno 1.
[2] El Director de la Unidad Especial
de Restitución de Tierras Despojadas en Montería es el señor Rodrigo Torres
Velásquez.
[3] Ibídem, folio 1, cuaderno 1.
[4] Ibíd.
[5] Folios 25 y 26, cuaderno 1.
[6] Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, Auto del 15 de julio de
2015, folios 12-15, cuaderno 1.
[7] Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, Auto del 10 de agosto de
2015, folios 16-20, cuaderno 1.
[8] El artículo 94 establece lo
siguiente: “Actuaciones y Trámites Inadmisibles. En este proceso no son
admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o
coadyuvante, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la
conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el Juez
o Magistrado deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso
alguno.”
[9] Escrito de tutela, folio 9,
Cuaderno 1.
[10]Auto admisorio de la acción de tutela, 21 de septiembre de 2015,
folios 33-34, Cuaderno 1.
[11]Folios 45-49, cuaderno 1.
[12]Folios 51-53, cuaderno 1.
[13]Folios 54-60, cuaderno 1.
[14]Folio 61, cuaderno 1.
[15] Los demás solicitantes son: Absalón Neris Artúz Sánchez, Clemente
Garay Solar, Manuel Julián Reyes Bello, Emilio José Yanes Polo, Luis Miguel
Care Martínez y Germán Antonio Varilla Vertel.
[16] Folios 74-76, cuaderno 1.
[17] El artículo 12 establece lo siguiente: “Decisión. Con base en
el análisis previo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas deberá decidir el inicio formal del estudio del caso para
determinar la inclusión del predio en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente, o la exclusión del caso. Se procederá a la exclusión
en las siguientes circunstancias: 1. Cuando no se cumpla el requisito de
temporalidad señalado en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.2. Cuando la
relación jurídica del solicitante con el predio no corresponda a alguna de las
previstas en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.3. Cuando se establezca que
los hechos declarados por el solicitante no son ciertos, o que ha alterado o
simulado deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción.4.
Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3° de la Ley
1448 de 2011 sobre la calidad de víctima.5. Cuando se verifique que el
solicitante incurrió en las vías de hecho establecidas en el artículo 207 de la
Ley 1448 de 2011.6. Cuando los hechos que ocasionaron la pérdida del derecho o
vínculo con el predio no correspondan con el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011.
En todo caso, siempre que se adviertan posibles irregularidades o actividades
fraudulentas en lo relacionado con las solicitudes de inclusión en el registro,
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas deberá ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes. Se
incluyen en tales eventos, entre otros, potenciales suplantadores de las
víctimas y personas que pretendan obtener provecho indebido del Registro, así
como las actuaciones de funcionarios que puedan haber obrado en forma ilegal.”
[18]Folios 83-85, cuaderno 1.
[19]Folios 87-92, cuaderno 1.
[20]Folios 105-111, cuaderno 1.
[21]Folios 105-111, cuaderno 1.
[22] Folios 12-14, cuaderno Corte
Constitucional.
[23] Folios 16-40, cuaderno Corte
Constitucional.
[24] Folio 22, Cuaderno Corte
Constitucional.
[25] Artículo 27. Aplicación
Normativa. En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en
los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho
Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante
los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. En
los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas
en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación
o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de persona
humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas.
[26] Artículo 79. Competencia para
Conocer de los Procesos de Restitución. Los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de
tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y
los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron
en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores
dentro del proceso. Así mismo, conocerán de las consultas de las sentencias
dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de
tierras.
[27]Folios 97-103, cuaderno Corte Constitucional.
[28] El numeral 1° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 establece lo
siguiente:” Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.
[29] Artículo 86.
[30] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[31] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[32] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[33] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] M.P. Mauricio González Cuervo.
[35] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[36] Ver sentencias: T-531 de 2002,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-447 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
y T-889 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[38] Folio 55, cuaderno Corte
Constitucional.
[39] Folio 52, cuaderno Corte
Constitucional.
[40] Folio 42-43, cuaderno Corte
Constitucional.
[41] Folio 44-50, cuaderno Corte
Constitucional.
[42] Ibídem.
[43] Folios 29-30, cuaderno 1.
[44] Al respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas.
[45] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[46] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[47] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[48] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[49] Folios 16-20.
[50] Escrito de tutela, folio 1-10, Cuaderno 1.
[51] T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto
que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien
por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió,
ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional
puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en
ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones
descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la
decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del
funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por
defecto orgánico.
[53] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia
violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial
- presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que
aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio
iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos
órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la
administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los
derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales,
al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho por consecuencia -
se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario
judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la
actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[54] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[55] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56] M.P. Mauricio González Cuervo.
[57] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[59] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[60] Decreto 1400 del 6 de agosto de 1970.
[61] Ley 1564 del 12 de julio de 2012.
[62] M.P. Jorge Arango Mejía.
[63] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[64] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[65] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[66] Sentencia del 8 de marzo de 1973.
[67] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de marzo de 1958,
citada en Código de Procedimiento Civil Jurisprudencia. Doctrina Comentarios.
Concordancias, Luís César Pereira Monsalve, diciembre 27 de 1990, Medellín.
[68] Víctor Fairen Guillen, El desistimiento y la Bilateralidad en
primera instancia, Barcelona, Bosch, 1950, pág. 23.
[69] El artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y el artículo
317 del Código General del Proceso establecen la figura del desistimiento
tácito.
[70]M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[71] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[72] Corte Suprema de Justicia, Auto del 23 de septiembre de 1938,
citada en Código de Procedimiento Civil Jurisprudencia. Doctrina Comentarios.
Concordancias, Luís César Pereira Monsalve, diciembre 27 de 1990, Medellín.
[73] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de abril de 1913,
citada en Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I,
Parte General, Hernán Fabio López Blanco, enero 4 de 1991, Bogotá, Editorial
ABC.
[74] El inciso 5º del artículo 9º de la Ley 1114 de 2011 establece lo
siguiente: “En el marco de la justicia transicional las autoridades
judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus actuaciones al
objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable.
Para estos efectos se deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la
magnitud de las consecuencias de las violaciones de que trata el artículo 3o de
la presente Ley, y la naturaleza de las mismas.”
[75] M.P. Mauricio González Cuervo.
[76] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[77] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[78] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[79] Sentencia T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[80] Sentencia T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[81] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[82] M.P. María Victoria Calle Correa.
[83] Sentencia T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[84] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[85] Gaceta del Congreso No. 116 del 23 de marzo de 2011.
[86] Ibídem.
[87] Gaceta del Congreso No. 63 del 1º de marzo de 2011.
[88] Gaceta del Congreso No. 247 del 11 de mayo de 2011.
[89] Ibídem.
[90] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[91] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[92] Sentencia T-253 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[93] Folio 55, cuaderno Corte
Constitucional.
[94] Folio 52, cuaderno Corte
Constitucional.
[95] Folios 25 y 26, Cuaderno 1.