T-192-15
Sentencia T-192/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL
O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Esta Corporación ha caracterizado el defecto
sustantivo como la existencia de una falencia o yerro en una providencia
judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las normas
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
ACCION DE TUTELA CONTRA INTERPRETACIONES JUDICIALES-Procedencia excepcional
La jurisprudencia constitucional ha señalado algunas
premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan interpretaciones
judiciales, a saber: (i) el juez constitucional no puede
suplantar al juez ordinario; (ii) el juez de conocimiento tiene amplia
libertad interpretativa en materia de valoración probatoria conforme al
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código
General del Proceso, y en el análisis y determinación de los efectos de las
disposiciones normativas aplicables al caso concreto; (iii) la
discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la arbitrariedad judicial
y, (iv) las
interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de conocimiento deben
primar sobre las que consideraría viables el juez de tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto no se configura defecto sustantivo, porque la interpretación dada al
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, no es arbitraria,
irrazonable o desproporcionada
Referencia:
Expediente T-4526966
Acción
de tutela presentada por Camilo Vence De Luque contra las salas jurisdiccionales
disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y del Consejo
Superior de la Judicatura
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil quince
(2015)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y los magistrados
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera instancia,
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
del Cesar el diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014) y, en segunda
instancia, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura el veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014), dentro del
proceso de tutela iniciado por Camilo Vence De Luque contra las salas
jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
y del Consejo Superior de la Judicatura.
El proceso de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Once, mediante auto
proferido el veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014)[1].
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013) Camilo
Vence De Luque, en su condición de Juez Primero Civil del Circuito de
Descongestión de Valledupar, presentó acción de tutela contra las salas jurisdiccionales
disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y del Consejo
Superior de la Judicatura, solicitando dejar sin efecto las sentencias del
dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César, y del dos (02)
de octubre de dos mil trece (2013), emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, mediante las cuales, en su orden, se
impuso y se confirmó una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio
del cargo de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar por el término de un
(1) mes. El accionante señaló que dichos órganos judiciales vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía judicial al incurrir
en un defecto sustantivo[2].
A continuación se exponen los hechos más relevantes
que derivan del expediente de tutela:
1. En el marco de un proceso ejecutivo adelantado en
octubre de dos mil cinco (2005) por la Cooperativa Multiactiva Nacional de
Bienestar Familiar contra los señores Evis Esther Peña Córdoba y Heiler José
Jiménez Peña, ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, del cual
fungía como titular el accionante, el apoderado judicial de los ejecutados,
Felipe Galesky Argote Pérez, presentó ante la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura del César, una solicitud de vigilancia administrativa
del proceso (radicado bajo el número 1030-2005), por las presuntas irregularidades
en que incurrió el juzgador en el trámite del mismo[3].  Las
irregularidades descritas fueron las siguientes:
- El Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar adelantó
parte del trámite procesal en contra de Evis Esther Peña Córdoba y Heiler José
Jiménez Peña, pese a que la primera no había sido notificada del auto de
mandamiento de pago[4],
pues, en principio, solo el señor Jiménez Peña le otorgó poder al abogado
Argote Pérez para que ejerciera su defensa, y si bien en el documento
contentivo del poder especial aparece la firma de la señora Evis Esther, esta no
hizo la presentación personal del documento conforme a la exigencia del
artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de los
hechos[5].
- El juez Hernán Enrique Gómez Maya, para la época encargado
del despacho, mediante auto del tres (03) de marzo de dos mil ocho (2008), le
reconoció personería para actuar al abogado Argote Pérez como apoderado
judicial de la cooperativa ejecutante y no del ejecutado Heiler José Jiménez
Peña, quien sí le había otorgado poder[6].
Este defecto fue subsanado posteriormente por el juez Camilo Vence De Luque, por
medio del auto del veinticinco (25) de febrero de dos mil diez (2010), a raíz
de una solicitud de nulidad presentada por el apoderado, que finalmente no fue
concedida, pero fue útil para componer la actuación[7].
- La apoderada de la parte ejecutante solicitó,
erradamente, el emplazamiento del señor Heiler José Jiménez Peña, quien ya se
había notificado personalmente del auto de mandamiento de pago, y el juez
accedió a dicha solicitud a través de auto fechado el trece (13) de noviembre
de dos mil ocho (2008)[8].
- La señora Evis Esther Peña Córdoba, realizó la
notificación personal del auto de mandamiento de pago el veintisiete (27) de
mayo de dos mil diez (2010), y le confirió poder al abogado Argote Pérez[9],
quien propuso en su favor la excepción de prescripción extintiva[10].
Pese a ello, el juez Vence De Luque, desconociendo la notificación personal de
la ejecutada, el veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010) dictó sentencia
que ordenó seguir adelante la ejecución sin tener en cuenta la excepción de
mérito alegada dentro del término legal, toda vez que estimó que dicho medio
defensivo fue propuesto extemporáneamente porque ya había operado la notificación
por conducta concluyente de los ejecutados, incluida la señora Evis Esther, el
primero (01) de marzo de dos mil diez (2010)[11].
En la misma providencia, ordenó la práctica de la liquidación del crédito;
decretó el avalúo y el remate de los bienes embargados y los que se llegaren a
embargar, y condenó en costas a la parte demandada.
2. Previo traslado del asunto a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César[12], el veintidós
(22) de octubre de dos mil diez (2010), dicho órgano inició una indagación
preliminar en contra del accionante[13],
que derivó en la apertura de la investigación disciplinaria[14] y en la
calificación del mérito de la investigación el doce (12) de diciembre de dos
mil once (2011), en donde se dispuso la formulación de pliego de cargos por la
presunta comisión de la falta descrita en el artículo 153, numeral 1º, de la
Ley 270 de 1996[15],
en concordancia con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002[16], falta de
naturaleza grave, imputada a título de culpa[17].
3. El dieciocho (18) de febrero de dos mil trece
(2013), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del César[18],
profirió sentencia sancionando al doctor Camilo Vence De Luque, con suspensión
por el término de un (1) mes en el ejercicio del cargo de Juez Tercero Civil
Municipal de Valledupar, César, como responsable a título de culpa de la falta
que se le imputó por la violación del artículo 153, numeral 1º, de la Ley 270
de 1996, en concordancia con el artículo 196 de la Ley 134 de 2002, por inaplicación
de los artículos 29 de la Constitución Política y 510 del Código de Procedimiento
Civil[19],
y de los principios de la administración de justicia establecidos en los
artículo 2 (acceso a la justicia), 3 (derecho de defensa) y 9 (respeto de los
derechos) de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia.  En la referida decisión la Sala sostuvo:
“2.33.- En el caso en concreto, la sala es
del criterio de que la providencia del 22 de junio de 2010 [que ordenó seguir
adelante la ejecución], folios 41-42, pronunciada por el doctor CAMILO VENCE DE
LUQUE en su calidad de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, constituye
una protuberante y evidente infracción a la ley, porque en la misma se incurrió
en un defecto fáctico porque el operador de justicia citado dejó de valorar
algunas pruebas, como el poder otorgado por los demandados y que milita a folio
36; las notificaciones que recibió la demandada PEÑA CÓRDOBA de los
mandamientos de pago el 27 de mayo de 2010; el poder otorgado ese si en legal
forma por la demandada citada al abogado ARGOTE PÉREZ el 31 de mayo de 2010
visible a folio 38 y el escrito de excepciones a folios 39-40, porque decidió
sentenciar el caso teniendo en cuenta tan solo los autos a folios 37 de 3 de
marzo de 2008, y el de 25 de febrero de 2010, sin valorar las anteriores
pruebas, que de ser valoradas según las reglas de la sana crítica, hubieran
sido definitivas o determinante[s] para la solución del proceso ejecutivo en
cualquier sentido.
“2.34.- Es bien cierto que el juzgador goza
de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual
debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, con base en los
principios científicos de la sana crítica como se establece en el artículo 187
del Código de Procedimiento Civil, pero dicho poder jamás puede ser arbitrario,
porque la actividad valorativa probatoria supone necesariamente la adopción de
criterios objetivos, racionales, serios y responsables; y no se adecua a estas
exigencias la valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración.
“2.34.- (sic) La sala no admitirá el
argumento defensivo propuesto por el operador de justicia doctor VENCE DE LUQUE
cuando manifiesta que su decisión se basó en una interpretación razonable,
lógica y adecuada del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil que trata
de la notificación por conducta concluyente, porque si se revisa de manera
cuidadosa y sistemática la sentencia de seguir adelante con la ejecución,
folios 41-42, se concluye de manera lógica y coherente en que en dicha decisión
no hubo ningún tipo de interpretación judicial, sino la aplicación de unos
supuestos hechos que no eran ciertos, pero que fueron dados como tales, para
que caprichosamente, cupieran o entraran o se adecuaran al citado artículo de
la ley adjetiva civil.
“2.35.- Con la conducta funcional
cuestionada en esta providencia, el funcionario judicial vulneró la garantía de
la función pública establecida en el artículo 22 de la ley 734 de 2002, porque
incumplió el deber de salvaguardar la legalidad que se le exige en el desempeño
de sus funciones sin justificación alguna probada de manera fehaciente en el
proceso disciplinario adelantado en legal forma, por lo que se le sancionará
como autor responsable de la falta descrita en el artículo 153  numeral 1 de la
ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 196 de la ley
734 de 2002, por inaplicación de los artículos 29 de la Carta Política; el 510
del Código de Procedimiento Civil y de los principios de acceso a la justicia,
derecho a la defensa y respeto de los derechos, regulados en los artículos 2, 3
y 9 de la ley 270 de 1996, como se estableció en el pliego de cargos.
“2.36.- La sala manifiesta que la falta
disciplinaria se reprocha en la modalidad de culpabilidad culposa porque el
funcionario judicial, conociendo el deber que juró cumplir cuando tomó posesión
del cargo, no cumplió con el deber de cuidado, estando en posibilidad objetiva
de cumplir con dicho deber, incurriendo en negligencia o incuria al momento de
resolver la excepción de prescripción alegada por la demandada en el proceso
ejecutivo [de] EVIS PEÑA CÓRDOBA.
“2.37.- La sala establece que la falta que
se le reprocha al operador de justicia es de naturaleza grave por la
perturbación del servicio esencial de la administración de justicia que en este
caso en concreto fue ineficiente; por la jerarquía de director del despacho que
ostentaba para la época de los hechos; por la forma de culpabilidad culposa en
que se estableció que agenció la conducta investigada; por la trascendencia
social de la conducta; por el mal ejemplo dado a la comunidad o colectivo de la
rama judicial con este tipo de conductas; porque se causaron perjuicios
económicos a la demandada EVIS PEÑA CÓRDOBA con la sentencia pronunciada ya que
se le condenó en costas y se ordenó liquidar el crédito, se liquidó y se aprobó
su liquidación; criterios determinados en el artículo 43 de la ley 734 de
2.002…”[20].
4. Mediante escrito del veinticinco (25) de febrero de
dos mil trece (2013) el accionante investigado interpuso recurso de apelación
contra la sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013),
referida en el hecho anterior, solicitando su revocatoria y, en su lugar, que fuera
exonerado de cualquier tipo de sanción[21].
En esa oportunidad reiteró los argumentos realizados en el escrito de descargos
presentado el veintitrés (23) de enero de dos mil doce (2012), y en los alegatos
de conclusión del treinta (30) de julio del mismo año, además, insistió: “[…]
la demostración más irrebatible de la inexistencia de la falta disciplinaria
que se me endilga, la configura justamente el hecho de que el soporte axial del
fallo sancionatorio es sencillamente una discrepancia interpretativa en
relación a los efectos de una preceptiva específica, entre quien esto
escribe y la sala disciplinaria autora del fallo” (negrillas originales)[22].
5. A través de la sentencia del dos (02) de octubre de
dos mil trece (2013), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura confirmó la sentencia de primera instancia, proferida el
dieciocho (18) de febrero del mismo año[23].
En dicha providencia se expuso:
“Del análisis del material probatorio, ésta
Sala logró establecer que efectivamente en el trámite del proceso ejecutivo
seguido contra la señora EVIS ESTHER PEÑA CÓRDOBA Y HEILER JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA,
radicado bajo el número 2005-1030, se omitieron por parte del juez aquí
disciplinado, actuaciones que el procedimiento civil exige, consistentes en no
haber despachado en forma adecuada el reconocimiento de la personería que a
través de memorial poder le conferían al abogado FELIPE GALESKY ARGOTE PÉREZ,
pues ese trato diligente que se echa de menos, habría permitido al juzgador
percatarse que tal documento de mandato no aparecía autenticado para legitimar
al mandatario para ejercer el poder otorgado por la demandada.
“Esa falta de cuidado en el funcionario de
conocimiento de la acción ejecutiva, permitió el desenlace de una serie de
irregularidades, como son el haber reconocido al quejoso como apoderado
sustituto de la parte ejecutante, cuando sus poderdantes constituyen la parte
demandada; no haberse pronunciado expresamente sobre la notificación del
mandamiento de pago al apoderado del ejecutado HEILER JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA o haber
tenido a éste por notificado por conducta concluyente, tomando en cuenta que sí
autenticó el documento y el poder confería esa facultad; simultáneamente, haber
requerido la autenticación del memorial poder por parte de la ejecutada, por
ser una exigencia legal como lo informan los artículos concordantes 65 y 84 de
la Codificación Procesal Civil.
“También dio lugar esa incuria, a que el
abogado del ejecutado impetrara una solicitud de nulidad cuestionando esa
irregularidad en el reconocimiento de la personería y con ello, que se generara
la actuación discutida sobre la notificación por conducta concluyente, que
conllevó a tener por extemporánea la excepción de Prescripción formulada por
los ejecutados.
“Todas esas situaciones son el resultado de
no haber obrado el Juez disciplinado con la diligencia y el cuidado que debe
observar el funcionario al desarrollar su labor de administrar justicia, y que
lógicamente conllevan consecuencias de las que establece la ley disciplinaria
para el servidor público que incurrió en tales acciones y omisiones, pues se
evidenció que con ocasión al incumplimiento de las normas descritas con
anterioridad el funcionario disciplinado profirió sentencia del 22 de junio de
2010 en la cual ordenó continuar adelante con la ejecución, la liquidación del
crédito entre otras, absteniéndose de pronunciarse sobre la excepción propuesta
al considerarla extemporánea
“[…]
“En este orden de ideas, considera la Sala
que, la omisión del juez disciplinario no tiene justificación y por tanto, la
excepción planteada por la demandada EVIS ESTHER PEÑA CÓRDOBA debió haber
recibido el tratamiento que el procedimiento civil consagra, toda vez que su
vinculación al proceso se surtió al notificarse personalmente del mandamiento
de pago el día 27 de mayo de 2010, y el 1º de junio se presentó por su abogado
el memorial contentivo de la excepción, garantizando de esta forma su derecho
de defensa y por ende, el debido proceso de que trata el artículo 29 de la
Constitución Nacional, y cumpliéndose así la etapa procesal que impone el
artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señalara el
fallador de instancia en la providencia que le profirió pliego de cargos, […]
“Por tanto esta Colegiatura reitera que en
eventos como el que aquí se estudia, no pueden ser aceptados como causal
excluyente de responsabilidad el principio de la autonomía judicial bajo las
circunstancias aquí analizadas, y como bien se sabe, tal argumento no es
aceptable para justificar el obrar desbordado del operador judicial”[24].
6. En este escenario, el juez Camilo Vence De Luque
interpuso acción de tutela contra las salas jurisdiccionales disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y del Consejo Superior de la
Judicatura, por considerar que las decisiones por ellas proferidas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía judicial,
incurriendo, con ello, en una causal de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales por la existencia de un defecto sustantivo.
7. Como fue establecido en hechos anteriores, las salas
accionadas consideraron que el Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar
desconoció la Constitución y la ley procesal civil en el trámite del proceso
ejecutivo radicado bajo el número 2005-1030, seguido contra el señor Heiler
José Jiménez Peña y la señora Evis Esther Peña Córdoba, al no haber decidido en
forma adecuada el reconocimiento de la personería para actuar del abogado
Felipe Galesky Argote Pérez, conforme al poder especial que le había conferido
el ejecutado Jiménez Peña[25].
Esta situación desencadenó en una serie de irregularidades, entre ellas, el hecho
de que el Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar reconociera como abogado sustituto
de la parte ejecutante, a quien en realidad actuaba como apoderado de la parte ejecutada,
esto es, la Cooperativa Multiactiva Nacional de Bienestar Familiar.  Frente a
este último punto, el accionante señaló que el error en el reconocimiento de la
personería jurídica de una de las partes no le era endilgable, debido a que
quien emitió el auto del tres (03) de marzo de dos mil ocho (2008), mediante el
cual se le reconoció personería para actuar al abogado Felipe Galesky Argote
Pérez, fue otro funcionario que en ese entonces ocupaba el cargo de Juez Tercero
Civil Municipal de Valledupar[26].
8. Las accionadas también le reprocharon al
disciplinado el haber considerado que la parte ejecutada se notificó por
conducta concluyente, cuando en realidad debió entender que tal notificación se
surtió en forma personal.  Esta situación, en el caso de la señora Evis Esther
Peña Córdoba, afectó el ejercicio de su derecho de defensa, debido a que el
Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar declaró que Evis Esther se había
notificado del auto de mandamiento de pago, por conducta concluyente, el
primero (01) de marzo de dos mil diez (2010)[27],
cuando en realidad realizó la diligencia de notificación personal el veintisiete
(27) de mayo del mismo año, lo que derivó en que una excepción de prescripción extintiva
presentada por su apoderado judicial[28],
fuera rechazada “por extemporánea” por parte del funcionario
investigado. Frente a dicho argumento, el juez accionante expuso que las
decisiones sancionatorias en ambas instancias se derivan de “[l]a percepción
en torno a la supuestamente errática interpretación que el suscrito hace de los
efectos de notificación por conducta concluyente que [el poder visible a folio
55 del cuaderno principal del proceso materia de la queja] generó al interior
del proceso con basamento en lo reglado en el art. 330 del código de
procedimiento civil”[29].
9. Finalmente, sostuvo el juez disciplinado que las
salas accionadas vulneraron su derecho a la autonomía judicial al sancionarlo
con base en “una discrepancia interpretativa en relación a los efectos de
una preceptiva específica”[30].
Es decir, en su criterio, las decisiones disciplinarias desconocieron su
derecho al debido proceso y a la autonomía judicial pues la interpretación que
dio al artículo 330 del Código de Procedimiento Civil no fue arbitraria,
irracional o absurda. Considera, entonces, que las Salas Disciplinarias
desbordaron su competencia, toda vez que la sanción estuvo soportada en una
discrepancia interpretativa.
10. Por estos hechos, el accionante solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, se dejen sin efecto las
sentencias del dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), proferida por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
César, y del dos (02) de octubre de dos mil trece (2013), emanada de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.  Asimismo,
solicitó como medida provisional la suspensión de la ejecución de la sanción
impuesta en la sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013),
proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
César, y que fue confirmada por el Superior, consistente en la suspensión en el
ejercicio del cargo de Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar por el
término de un (1) mes.
2. Respuesta de las autoridades judiciales
accionadas
2.1. Mediante auto del dieciséis (16) de diciembre de
dos mil trece (2013), la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, admitió la acción de tutela;
remitió copia del escrito a las autoridades accionadas e intervinientes para
efectos de garantizar el ejercicio del derecho de defensa; negó la medida
provisional solicitada al no encontrar razones urgentes y necesarias para su
procedencia, y solicitó a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar el envío del expediente del proceso disciplinario con
radicado No. 2010-539, dentro de cuyo trámite se le impuso la sanción al
tutelante[31].
2.2. Respuesta de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César[32].
El dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013), el presidente de la
Sala suscribió respuesta en el sentido de considerar que el Tribunal no tiene
competencia para tramitar y fallar la tutela presentada por Camilo Vence De
Luque, de conformidad con el artículo 1, numeral 2º, inciso 2º, del Decreto
1382 de 2000[33],
a través del cual se le atribuye al propio Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el conocimiento de las acciones de tutela
que se intentan contra sus decisiones, encontrándose vigente dicho precepto. Además,
señaló que el accionante tiene su domicilio fijado en la ciudad de Valledupar
y, en estas circunstancias, la Sala Civil Especializada de Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, no tiene
competencia a prevención para tramitar la tutela, ya que según el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, solo la tienen “jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud”.  En este orden de ideas, y para
corregir el error a la hora de repartir la tutela, solicitó que se remita a la
oficina de reparto de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura “para que resuelva lo que en derecho corresponda, ya que no
le es dable al actor de la tutela escoger su propio juez, como lo está haciendo
en el caso concreto”.
En relación con el fondo del asunto, y en el evento de
que no fueran aceptados los anteriores argumentos, solicitó negar la acción de tutela
toda vez que del estudio cuidadoso del expediente disciplinario, se observó que
no hay violación del debido proceso ni del derecho de defensa del juez Camilo
Vence De Luque, “porque la indagación preliminar que se abrió el 22 de
octubre de 2010 concluyó con la práctica de una inspección judicial al
expediente ejecutivo radicado 2005-1030 practicada el 7 de febrero de 2011,
donde se estableció que uno de los jueces que había intervenido en dicho
trámite lo era el [accionante], por lo que el 11 de febrero de 2011, se inició
investigación formal en su contra al establecerse el cumplimiento del requisito
exigido en el artículo 152 de la ley 734 de 2002”[34].  Asimismo,
expresó que en el proceso disciplinario al juez Vence De Luque “se le
otorgaron todas las garantías legales, que efectivamente usó en ejercicio de su
derecho a la defensa”[35].
2.3. Respuesta de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura[36].  El diecinueve
(19) de diciembre de dos mil trece (2013), el presidente de la Sala reiteró los
argumentos relacionados con la falta de competencia de la Sala Civil
Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá[37].
Seguidamente, y en caso de no ser atendida la declaración de incompetencia del
Tribunal, peticionó negar el amparo constitucional solicitado por el accionante,
en tanto la decisión adoptada por la Sala, “es producto de un análisis
ponderado de los presupuestos de hecho y de derecho, luego en forma alguna
puede constituir afectación de los derechos fundamentales invocados […], siendo
irrefutable que esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria estudió y valoró los
elementos de juicio obrantes en el infolio para concluir que se encontraba demostrada
la responsabilidad disciplinaria del investigado y que por lo tanto, se hacía
merecedor a la correspondiente sanción”[38].
Agregó, que durante el trámite de la actuación
sancionatoria siempre se le garantizó al accionante el debido proceso y el
derecho de defensa, “tan es así, que participó de manera activa dentro de
las averiguaciones disciplinarias adelantadas en su contra, […], por lo que
ahora resulta inadmisible […], que se pretenda por vía de tutela esgrimir
argumentos propios de la controversia jurídica, por tanto, se puede afirmar que
el funcionario ahora tutelante, tuvo el escenario idóneo en desarrollo mismo de
la actuación correccional, para debatir lo que ahora pretende convertir en una
tercera instancia”[39].
Concluyó, que la decisión cuestionada no puede ser calificada como una vía de
hecho, máxime cuando fue adoptada conforme a los principios de autonomía e
independencia judicial.
2.4. Respuesta del abogado Felipe Galesky Argote[40].
El diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013), el quejoso en el
proceso disciplinario solicitó la negación del amparo “toda vez que sus
argumentos son maquillados con las mismas argumentaciones [con las que] trató
de desvirtuar su responsabilidad ante el ente disciplinario…”.
3. Actuaciones surtidas en el trámite de la
acción de tutela
3.1. Teniendo en cuenta los argumentos que
conjuntamente plantearon en sus escritos de contestación las salas
jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
y del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Civil de Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante auto
del quince (15) de enero de dos mil catorce (2014)[41], declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del auto del dieciséis (16) de diciembre de
dos mil trece (2013), por carecer de competencia para adelantar la acción
constitucional, en el entendido de que una de las corporaciones accionadas es
alta corte y, por lo tanto, órgano de cierre de la correspondiente jurisdicción
disciplinaria.  Consecuencialmente, ordenó remitir el expediente contentivo de
la acción de tutela a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura[42].
3.2. Mediante oficio del cinco (05) de
febrero de dos mil catorce (2014), el magistrado de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria
Buitrago, remitió las diligencias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de César, para que surta allí el trámite de
primera instancia[43].
3.3. A través de auto del veintiséis (26)
de febrero de dos mil catorce (2014), el conjuez ponente Jaime Carlos Ojeda
Ojeda[44],
admitió la acción de tutela presentada por el accionante Camilo Vence De Luque
en contra de las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Seccional de
la Judicatura del Cesar y del Consejo Superior de la Judicatura; negó la medida
cautelar de suspensión de la sanción disciplinaria solicitada por el juez Vence
De Luque, porque la misma ya fue ejecutada, y ordenó notificar a las
autoridades accionadas para efectos de presentar la respectiva contestación. Asimismo,
ordenó vincular al proceso a Felipe Galesky Argote Pérez, en su condición de quejoso
dentro del proceso disciplinario[45].
3.4. El Presidente de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César,
en memorial fechado el veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014),
solicitó que se tengan en cuenta los argumentos de respuesta que fueron
presentados en su momento a la Sala Civil Especializada de Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá[46].
3.5. La Presidenta de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en memorial
fechado el tres (03) de marzo de dos mil catorce (2014), peticionó que se
niegue el amparo del derecho invocado como conculcado.  Argumentó que los
defectos que constituyen causales genéricas de procedibilidad de la acción de
tutela, “brillan por su ausencia” en la providencia que motivó la
inconformidad del juez accionante y, por el contrario, sostuvo, “claramente
se establece que es el resultado de un estudio juicioso, lógico y coherente que
mantiene relación entre lo probado y lo decidido y por ende no permite predicar
la configuración de vías de hecho; cosa diferente es que su conclusión no fuera
esperada por el accionante, circunstancia que no admite controversia en sede de
tutela y por lo mismo no puede ser tenida en cuenta como causa vulneradora del
derecho fundamental al debido proceso que se invoca”[47].
4. Decisión del juez de tutela de primera
instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del César, mediante sentencia del diez (10) de marzo
de dos mil catorce (2014)[48],
negó por improcedente el amparo del derecho fundamental al debido proceso del juez
Camilo Vence De Luque, bajo las siguientes consideraciones:
4.1. Fueron allegadas a la acción de tutela las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, además del expediente que contiene la investigación
disciplinaria adelantada contra el accionante y, de su estudio cuidadoso, se
advierte que la misma fue rituada de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley.
4.2. En la investigación disciplinaria no se le violó al
funcionario judicial el derecho fundamental al debido proceso.  Pudo observarse
que en el curso de la actuación procesal el investigado Camilo Vence De Luque
participó de manera activa, rindiendo versiones libres, presentando solicitud
de pruebas, entre otras actuaciones, por lo que le fue garantizado su derecho a
la defensa.  En tal virtud, no emerge violación a ningún derecho fundamental.
4. Impugnación
El Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, Camilo
Vence De Luque, impugnó el fallo de tutela emitido por la Sala Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura del César, el diez (10) de marzo de dos
mil catorce (2014)[49],
sin exponer las razones de su inconformidad.
5. Decisión del juez de tutela de segunda instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura a través de la sentencia del veinticuatro (24) de julio
de dos mil catorce (2014)[50],
modificó el fallo impugnado, mediante el cual “se [negó] por improcedente”
la acción de tutela formulada por el señor Camilo Vence De Luque para, en su
lugar, “NEGAR el amparo deprecado” al considerar que las decisiones
judiciales atacadas “se fundamentaron en el material probatorio lícitamente
recaudado y a partir del mismo calificaron como indebida la aplicación que
efectúo el actor del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil.  A primera
vista, la hermenéutica de dicha norma acogida por las Salas accionadas no
resultó arbitraria, irracional o contraevidente, y, de ahí, que no sea
susceptible de revocar en sede de tutela”.  Concluyó, entonces, que las
autoridades judiciales demandadas no vulneraron el derecho al debido proceso
del accionante y que, en consecuencia, las providencias condenatorias que
profirieron en su contra resultan ajustadas a derecho.
6. Material probatorio relevante en este caso
Dentro del expediente contentivo de la presente acción
de tutela, se encuentran como pruebas relevantes sendas copias de las
sentencias del dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), proferida por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del
César, y del dos (02) de octubre de dos mil trece (2013), emanada de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que son
objeto de controversia, además de otras piezas del proceso disciplinario
radicado No. 2010-539, todas ellas referidas en el acápite de los hechos.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Primera es competente para revisar los fallos
de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
Camilo Vence De Luque, en su condición de Juez Primero
Civil del Circuito de Descongestión de Valledupar, presentó acción de tutela
contra las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura del Cesar y del Consejo Superior de la Judicatura, por el presunto
desconocimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
autonomía judicial, en el marco del proceso disciplinario adelantado en su
contra bajo el radicado No. 2010-539, que derivó en la imposición de una
sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo de Juez Tercero
Civil Municipal por el término de un (1) mes. Estimó el accionante que los
órganos colegiados incurrieron en una causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, debido a la existencia de un defecto
sustantivo generado por una discrepancia interpretativa en relación con la
aplicación del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil que regula la
notificación por conducta concluyente.
Debido a lo anterior, el juez accionante solicitó
dejar sin efecto las sentencias del dieciocho (18) de febrero de dos mil trece
(2013), proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del César, y del dos (02) de octubre de dos mil
trece (2013), emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante las cuales, en su orden, se impuso y se
confirmó la sanción disciplinaria.
De acuerdo con estos hechos, corresponde a la Sala
Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneraron las
salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura
del Cesar y del Consejo Superior de la Judicatura, los derechos fundamentales
al debido proceso y a la autonomía judicial del funcionario judicial Camilo
Vence De Luque, al imponer y confirmar, en su orden, una sanción disciplinaria
de suspensión en el ejercicio del cargo de Juez Tercero Civil Municipal por el
término de un (1) mes, en el marco del proceso disciplinario adelantado en su
contra bajo el radicado No. 2010-539, pese a que las decisiones no se revelan
arbitrarias, irrazonables o desproporcionadas, sino que responden al ejercicio
racional de la independencia y la autonomía judicial?
Para desarrollar el anterior interrogante,
la Sala procederá a (i) reiterar la cuestión atinente a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) caracterizar
el defecto sustantivo por interpretación errónea; (iii) recordar la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra interpretaciones
judiciales, y (iv) constatar en el caso concreto el cumplimiento de los
requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela.  Finalmente, (v)
resolverá el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales
3.1. La Corte Constitucional como
intérprete autorizado de la Constitución Política y guardiana de la integridad
del texto superior, ha desarrollado una doctrina bien definida sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre
dos elementos fundamentales del orden constitucional, de un lado, la primacía
de los derechos fundamentales y, de otro, el respeto por los principios de
autonomía e independencia judicial[51].
3.2. Para lograr este adecuado equilibrio,
en primer lugar, la Corte ha partido de los principios generales de procedencia
de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos particularmente
exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una providencia judicial;
en segundo lugar, ha ido determinando los eventos en los cuales es posible que
una providencia judicial vulnere los derechos fundamentales, con el fin de
evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel adecuado de coherencia y
entendimiento entre los diversos funcionarios judiciales. Por último, ha
acentuado constantemente que la acción de tutela solo procede cuando se
encuentre acreditada la amenaza o violación de un derecho fundamental.
3.3. A continuación, la Sala reiterará
brevemente la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena
en la decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[52]:
3.3.1. La tutela contra sentencias
judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico[53],
como desde una interpretación sistemática, teniendo como referencia el bloque
de constitucionalidad[54]
e, incluso, a partir de la ratio decidendi[55] de la
sentencia C-543 de 1992[56],
siempre que se presenten los criterios ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
3.3.2. Así, al estudiar la procedencia de
la acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos
formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la
acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales[57]:
(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente
relevancia constitucional[58];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[59]; (iii)
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[60].
3.3.3. Además de la verificación de los
requisitos generales, para que proceda la acción de tutela contra una decisión
judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las
causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia
constitucional[61],
a saber: (i) defecto orgánico: tiene lugar cuando el funcionario
judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para
ello. (ii) defecto procedimental absoluto: se presenta cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido[62].
(iii) defecto fáctico: se genera debido a una actuación del juez sin el
apoyo probatorio que permita aplicar el supuesto legal que fundamenta la
decisión[63].
(iv) defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando existe una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las normas jurídicas al caso sometido al
conocimiento del juez, o cuando se presenta una evidente contradicción entre
los fundamentos y la decisión, o por desconocimiento del  precedente judicial
en materia constitucional[64].
(v) error inducido: también conocido como vía de hecho por consecuencia,
hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y
ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión
violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima
de engaño, por fallas estructurales de la administración de justicia o por
ausencia de colaboración entre los órganos del poder público[65]. (vi)
decisión sin motivación: tiene lugar cuando el funcionario judicial no da
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha
motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias[66]. (vii)
desconocimiento del precedente: se origina cuando el juez ordinario, por
ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho
fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado[67].
Y, (viii) violación directa de la Constitución: se presenta cuando el
juez le da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la
Constitución[68].
3.4. Acerca de la determinación de los
vicios o defectos, es claro para la Corte que no existe un límite indivisible
entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una norma
inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional, pueden
implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o, que la
falta de apreciación de una prueba, pueda producir una aplicación indebida o la
falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para la solución de
un caso específico[69].
3.5. Los eventos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de
hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en casos en los
que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales[70].
Asimismo, vista la excepcionalidad de la tutela como
mecanismo judicial apropiado para rectificar las actuaciones judiciales
equivocadas, es necesario que las alegadas causales de procedibilidad se
aprecien de una manera tan evidente o protuberante, y que las mismas sean de
tal magnitud, que puedan desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial
objeto de cuestionamiento[71].
Por esta razón, esta Corporación ha sido muy clara al señalar que no toda
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una vía de hecho[72].
3.6. De acuerdo con las consideraciones
precedentes, para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de
una providencia judicial debe verificarse la concurrencia de dos situaciones: (i)
el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y (ii) la
existencia de alguna o algunas de las causales establecidas por la Corporación
para hacer admisible el amparo material[73].
4. Caracterización del defecto sustantivo por
interpretación errónea
4.1. Esta Corporación ha caracterizado el defecto
sustantivo como la existencia de una falencia o yerro en una providencia
judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las normas
jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez[74]. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales. En tal
sentido, expresó la Corte en sentencia T-462 de 2003[75]:
“[…] una providencia judicial adolece de un
defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador[76], (ii) cuando a
pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente[77]
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes[78]
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva
”.
En similar sentido, en las sentencias T-018 de 2008[79]
y T-757 de 2009[80],
la Corte Constitucional ha explicado que los siguientes supuestos pueden dar
lugar a un defecto sustantivo:
“3.2.1. Ha señalado la jurisprudencia de
esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto[81],
bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto
en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y
el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[82], (iv) porque
ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[83]
o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”[84].
4.2. En este orden de ideas, la acción de tutela es procedente para
controvertir la interpretación de las normas efectuada por el juez natural del
conflicto, si la opción hermenéutica escogida por el juez natural resulta
insostenible desde el punto de vista constitucional por (i) entrar en
conflicto con normas constitucionales; (ii) ser irrazonable, pues la
arbitrariedad es incompatible con el respeto por el debido proceso; (iii)
devenir desproporcionada, al lesionar excesivamente los intereses de una de las
partes, siempre que esa afectación ostente relevancia constitucional, o (iv)
ser incompatible con la interpretación autorizada, y decantada por las altas
cortes.
4.3. En relación con el defecto sustantivo por interpretación
errónea de las disposiciones jurídicas[85],
debe advertirse que es un supuesto particularmente restringido de procedencia
de la tutela.  De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial. En efecto, en
la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a diversas
posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las
disposiciones normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál
es la “correcta”, o la más conveniente para la resolución de un caso
específico, porque con fundamento en el artículo 230 de la Constitución
Política, el funcionario judicial al administrar justicia goza de una libertad
interpretativa, producto del respeto de la independencia y la autonomía
judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que afecten su
imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran
límite en la desviación caprichosa y arbitraria de la ley[86].
5. Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra interpretaciones judiciales
5.1. La jurisprudencia constitucional y la doctrina
especializada han sostenido en forma pacífica que el ejercicio de la función
judicial no solo implica la aplicación silogística de reglas normativas para
casos concretos que restringen claramente la libertad de apreciación del juez,
sino también la interpretación de disposiciones de obligatorio cumplimiento
que, por la complejidad propia del lenguaje, su ambigüedad o simplemente por su
textura abierta, exigen que el aplicador jurídico amplíe el texto normativo y
señale el alcance o sentido concreto del mismo.  Es por eso que, al momento de
atribuir el significado a la disposición normativa, puede verse que la función
judicial se desarrolla en varios momentos, algunos de los cuales en los que la
valoración del juez es determinante para la decisión y su entendimiento,
resultan indispensables para concretar el carácter democrático y pluralista del
Estado social de derecho, en que él se enmarca.
Precisamente porque se reconoce la especialidad de la
función judicial y la importancia que ella tiene para concretar los valores y
principios que la Constitución proclama, los artículos 228 y 230 consagraron la
autonomía e independencia judicial –que se resumen en que únicamente está
sometido al imperio de la ley– como garantías institucionales que se deben
preservar para efectos de articular correctamente el principio de separación de
poderes, además, como medios para lograr los fines superiores de “garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución” (artículo 2 CP).  De este modo, es claro que a pesar de que
el ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la ley y la
Constitución, también es evidente que la norma superior reconoció que existen
situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de discrecionalidad
importante para apreciar el derecho aplicable al caso, para lo cual debe ser
independiente y autónomo[87].
Pero, incluso, también como una forma de garantizar la
efectiva concreción del Estado social de derecho, el Constituyente consideró
importante preservar y promover el principio de separación de jurisdicciones en
aras de garantizar la especialidad y la solvencia en los distintos temas que se
someten al análisis judicial. Por esta razón, el Título VIII de la Constitución
organizó a la Rama Judicial en jurisdicciones y, como órganos de cierre, ubicó
a la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, al Consejo de
Estado en la jurisdicción contencioso administrativa y a la Corte
Constitucional en la jurisdicción constitucional.
Puede concluirse, entonces, que un juez competente
para resolver una controversia sometida a su decisión es libre y autónomo para
aplicar la Constitución y la ley, pero bajo ningún punto lo será para apartarse
de ellas ni para aplicar reglas que no se deriven de las mismas. De hecho, no
hay más riesgo de socavar un Estado social de derecho que un juez arbitrario,
por lo que también deberá existir un instrumento judicial idóneo para combatir
el capricho judicial y la arbitrariedad, imponer la aplicación de la Constitución
y restablecer los derechos afectados[88].
5.2. De este modo, para efectos de armonizar las
garantías constitucionales de independencia y autonomía judicial, eficacia de
los derechos fundamentales y supremacía constitucional, que resultan tan
importantes para la estructura del Estado social de derecho, sin que se
sacrifiquen unas a costa de las otras, la jurisprudencia constitucional ha
señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan
interpretaciones judiciales, a saber: (i) el juez constitucional no
puede suplantar al juez ordinario; (ii) el juez de conocimiento tiene
amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria conforme al
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código
General del Proceso[89],
y en el análisis y determinación de los efectos de las disposiciones normativas
aplicables al caso concreto[90];
(iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la
arbitrariedad judicial y, (iv) las interpretaciones razonables y
proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría
viables el juez de tutela[91].
En este orden de ideas, en la sentencia SU-120 de 2003[92]
la Corte Constitucional señaló que una decisión judicial constituye un defecto
sustantivo por interpretación judicial, cuando: “el juez elige la norma
aplicable o determina su manera de aplicación (i) contraviniendo o haciendo
caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales[93],
(ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[94], (iii) sin
respetar el principio de igualdad[95],
y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[96]”.
Ahora bien, a partir de una descripción en sentido
negativo, también la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que no
constituye un defecto sustantivo por interpretación judicial[97], cuando se
trata de (i) la simple divergencia sobre la apreciación normativa[98];
(ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial[99];
(iii) una interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la
lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la disposición analizada[100],
y (iv) discutir una lectura normativa que no comparte[101], porque para
ese efecto debe acudirse a los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios y no a la acción de tutela, pues no se trata de una tercera
instancia.
5.3. En síntesis, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la protección de los derechos fundamentales por vía de tutela
cuando estos resultan afectados por la interpretación judicial de pruebas o de
normas jurídicas debe ser excepcional, y únicamente procede cuando el juez se
aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que
existan distintas interpretaciones razonables debe prevalecer la del juez de
conocimiento en aras de preservar los principios de independencia, autonomía y
especialidad de la labor judicial.
6. Constatación de los requisitos formales
de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
6.1. Antes de asumir el estudio de fondo del problema
jurídico que plantea la presente solicitud de amparo, debe la Sala verificar el
cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción.
6.1.1. La relevancia constitucional del asunto bajo
examen.  Observa la Sala que el asunto sometido al conocimiento del juez de
tutela tiene evidente relevancia constitucional, en tanto que se discute si la
decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del César, proferida el dieciocho (18) de febrero de dos mil trece
(2013), a través de la cual se le impuso a Camilo Vence De Luque, una sanción
disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo de Juez Tercero Civil
Municipal de Valledupar por el término de un (1) mes, y que fuera confirmada
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
el dos (02) de octubre de dos mil trece (2013), (i) vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la autonomía judicial, consagrados en los
artículos 29 y 230 de la Constitución Política, respectivamente, por incurrir
en un defecto sustantivo, o, por el contrario, (ii) constituye el legítimo
ejercicio de la independencia y la autonomía judicial, pues se trata de una
decisión que envuelve una interpretación razonable y proporcionada del
ordenamiento constitucional y legal.  En tal sentido, el amparo solicitado le
plantea a la Sala un problema relacionado con el alcance del principio de
autonomía e independencia judicial, que se relaciona directamente con las
garantías de los artículos 29 (debido proceso), 86 (acción de tutela) y 228
(prevalencia del derecho sustancial) de la Constitución. Así las cosas, el
asunto es de relevancia constitucional.
6.1.2. El agotamiento de los mecanismos ordinarios
al alcance del actor.  En relación con el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez constitucional, encuentra la Sala que el
juez accionante no cuenta con otro mecanismo para controvertir la decisión
adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del César, confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, y que hizo tránsito a cosa juzgada conforme
al inciso final del artículo 111 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia. Por lo tanto, la acción de tutela resulta ser el mecanismo
idóneo para la salvaguarda de los derechos fundamentales que el funcionario
considera conculcados con la actuación de los órganos disciplinadores. En este
sentido, el presupuesto de la subsidiaridad se haya debidamente acreditado.
6.1.3.
El cumplimiento del requisito de inmediatez.  Se constata, igualmente,
el cumplimiento del requisito de inmediatez debido a que transcurrió un término
razonable entre la notificación de la sentencia del dos (02) de octubre de dos
mil trece (2013), emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura[102],
a través de la cual se confirmó la sanción disciplinaria impuesta al juez
Camilo Vence De Luque por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del César, el dieciocho (18) de febrero de dos mil
trece (2013), y la interposición de la presente solicitud de amparo, el doce
(12) de diciembre de dos mil trece (2013)[103].
6.1.4. La incidencia directa de una irregularidad
procesal en la decisión impugnada. Como en el presente caso no se discute
una irregularidad de carácter procesal, no corresponde a la Sala el examen de
este requisito.
6.1.5. La identificación razonable de los hechos y
derechos presuntamente vulnerados. Los antecedentes de la demanda dan
cuenta de que el juez accionante señala como fuente de la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía judicial,
principalmente, las decisiones tomadas por las salas jurisdiccionales
disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y del Consejo
Superior de la Judicatura,  a través de las cuales, en su orden, se impuso y se
confirmó una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo de
Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar por el término de un (1) mes.  Lo
anterior, debido a que incurrieron en un defecto sustantivo generado por una
discrepancia interpretativa en relación con la aplicación del artículo 330 del
Código de Procedimiento Civil que regula la notificación por conducta
concluyente.  Por lo tanto, se encuentra igualmente satisfecho este requisito.
6.1.6. No se trata de una tutela contra tutela.  Como
se indicó, en este caso se impugnan las decisiones proferidas por las
corporaciones accionadas tomadas en el marco del proceso disciplinario radicado
con el No. 2010-539.
6.2. Por las anteriores razones, encuentra
la Sala cumplidos los requisitos formales de procedibilidad de la acción, por
lo cual se impone examinar si las sentencias del dieciocho (18) de febrero de
dos mil trece (2013), proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del César, y del dos (02) de octubre de dos
mil trece (2013), emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, incurrieron en el defecto sustantivo que el
accionante les atribuye, afectando, con ello, sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la autonomía judicial.
7. Las corporaciones accionadas, en el marco del proceso disciplinario adelantado
en contra del juez Camilo Vence De Luque, no vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la autonomía judicial
7.1. Como ya fue indicado en líneas
anteriores, el Juez Primero Civil del Circuito de Descongestión de Valledupar,
Camilo Vence de Luque, interpuso acción de tutela contra las salas jurisdiccionales
disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y del Consejo
Superior de la Judicatura, por considerar que incurrieron en un defecto
sustantivo que afecta la validez de las sentencias del dieciocho (18) de
febrero de dos mil trece (2013) y del dos (02) de octubre del mismo año, a
través de las cuales se impuso y se confirmó, respectivamente, una sanción
disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo de Juez Tercero Civil
Municipal de Valledupar por el término de un (1) mes. En dichos fallos las
salas accionadas concluyeron que en el marco del proceso ejecutivo adelantado
bajo el radicado 1030-2005, entre la Cooperativa Multiactiva Nacional de
Bienestar Familiar y los señores Evis Esther Peña Córdoba y Heiler José Jiménez
Peña, el funcionario judicial incurrió en una serie de irregularidades en razón
de la inaplicación de los artículos 29 de la Constitución Política y 510 del
Código de Procedimiento Civil[104],
y de los principios de la administración de justicia establecidos en los
artículo 2 (acceso a la justicia), 3 (derecho de defensa) y 9 (respeto de los
derechos) de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia.
En concreto, el juez accionante reclama que con las
decisiones tomadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias se vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía judicial, porque se
incurrió en un defecto sustantivo generado por una discrepancia interpretativa
entre el juez natural en el trámite del proceso ejecutivo y los órganos
colegiados de la jurisdicción disciplinaria, en torno a la aplicación del
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, que regula la notificación por
conducta concluyente[105].
7.2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Cesar, mediante sentencia del diez (10) de marzo
de dos mil catorce (2014)[106],
negó por improcedente el amparo del derecho fundamental al debido proceso del
juez Camilo Vence De Luque. Impugnada la anterior decisión por el accionante,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por
medio de sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014)[107],
modificó el fallo a través del cual “se [negó] por improcedente” la
acción de tutela formulada por el señor Camilo Vence De Luque para, en su
lugar, “NEGAR el amparo deprecado” al concluir que las autoridades
judiciales demandadas no vulneraron el derecho al debido proceso del accionante
y, en consecuencia, que las providencias condenatorias que profirieron en su
contra resultan ajustadas a derecho.
7.3. En relación con el cuestionamiento planteado por
el accionante, es decir, la configuración de un defecto sustantivo debido a la
discrepancia interpretativa entre las salas jurisdiccionales disciplinarias y
el funcionario disciplinado, en torno a la aplicación del artículo 330 del
Código de Procedimiento Civil, que regula la notificación por conducta
concluyente; resume la Sala, mientras las accionadas entendieron que como el
poder otorgado al abogado Felipe Galesky Argote Pérez, por el ejecutado Heiler
José Jiménez Peña, con la debida nota de presentación personal[108], no fue apto
para perfeccionar el acto de apoderamiento en lo que a la representación de la
señora Evis Esther Peña Córdoba se refiere, pues, si bien en el documento
aparecía su firma, esta no fue autenticada conforme a la exigencia del artículo
65 del Código de Procedimiento Civil[109],
en consecuencia, la ejecutada, en ese momento, no se integró como parte legal al
proceso ejecutivo adelantado por la Cooperativa Multiactiva Nacional de
Bienestar Familiar, por ende, no podía ser notificada por conducta concluyente
del auto de mandamiento de pago[110]
a la luz de dicho poder[111].
Contrario a lo anterior, el Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar entendió
posible realizar dicha notificación con fundamento en el inciso 1º del artículo
330 ibíd.[112]
Según observa la Sala, el asunto tiene que ver
directamente con la fijación del alcance que se le dio al poder otorgado al
abogado Argote Pérez para actuar en el proceso ejecutivo radicado con el No.
1030-2005, y que si bien contó con la firma de los ejecutados Evis Esther Peña
Córdoba y Heiler José Jiménez Peña, no contó con la nota de presentación personal
de la primera[113].
7.4. Conforme al artículo 63 del Código de
Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos, “[l]as personas
que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado
inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa”.
En razón de la cuantía de las pretensiones[114],
los ejecutados en este proceso requerían actuar por conducto de abogado
inscrito, para lo cual debían otorgar poder bajo las formalidades establecidas
en los artículos 65 y 84 del estatuto procesal civil.  Como en el caso de la
señora Evis Esther el mandato judicial no logró perfeccionarse, pues el poder
presentado en el despacho no contó con la autenticación de su firma, en ese
momento, no pudo ser integrada como parte al proceso ejecutivo, como si lo fue
el ejecutado Heiler José Jiménez Peña, quien sí confirió poder especial en
debida forma. Así las cosas, quedó pendiente la notificación personal del
mandamiento de pago a la ejecutada Evis Esther, conforme al artículo 314 del
Código de Procedimiento Civil[115],
hasta que realizó dicha diligencia el veintisiete (27) de mayo de dos mil diez
(2010).  A continuación, le otorgó poder al abogado Argote Pérez para que
ejerciera su defensa técnica[116],
quien propuso en su favor la excepción de prescripción extintiva[117],
la cual fue desatendida por el juez accionante al considerar que había sido
planteada extemporáneamente.  Así lo señaló a través de la providencia del
veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010):
“Los ejecutados HEILER JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA y
EVIS ESTHER PEÑA CÓRDOBA, se notificaron del auto de mandamiento de pago el día
01 de marzo de 2010, por conducta concluyente, a través de la notificación de
la providencia calendada [el] 25 de febrero de 2010, que corrigió un yerro
cometido en el auto emitido el 3 de marzo de 2008, precisando que el Doctor
FELIPE GALESKY ARGOTE PÉREZ, funge como apoderado de la parte ejecutada y no de
la ejecutante como se había dicho inicialmente a folio (56) del cuaderno
principal operando de ese modo la notificación de acuerdo a lo reglado en el
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil [notificación por conducta
concluyente]. En consecuencia las excepciones presentadas por su apoderado el
1º de junio de 2010 son extemporáneas razón por la que el despacho se abstendrá
de darles trámite…”[118].
En este punto, llama la atención de la Sala que el
juez Vence de Luque haya entendido operada la notificación por conducta
concluyente desde el primero (01) de marzo de dos mil diez (2010), y no desde
el día en que fue presentado el poder suscrito por Evis Esther Peña Córdoba y
Heiler José Jiménez Peña, pero sin la nota de presentación personal de la
primera[119],
pues la fijación del alcance del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil
conduce a colegir que la notificación por conducta concluyente se entienda
surtida en la fecha de presentación del escrito en el cual las partes o los
terceros manifiestan conocer determinada providencia”[120].
Siguiendo con el problema jurídico objeto de decisión
en esta oportunidad, conviene destacar que el artículo 330 del Código de
Procedimiento Civil, vigente para la época de los hechos, regula la
notificación por conducta concluyente, estableciendo en su inciso primero que “[c]uando
una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o
la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia
o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada
personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito
o de la audiencia o diligencia” (negrillas fuera de texto)[121].  Es así como
el mismo legislador prevé que la notificación por conducta concluyente en este
específico evento, supone el hecho de que la persona que se entiende notificada
de una providencia por conducta concluyente, haya sido previamente integrada
como parte al respectivo proceso.
Otra hipótesis es la que señala el artículo 330 ibíd.,
en su inciso 3º, que autoriza notificar por conducta concluyente, de todas las
providencias que se hayan dictado, incluso del mandamiento de pago, a quien aún
no se ha integrado como parte al proceso, pero partiendo del supuesto de que ha
presentado en el respectivo despacho judicial un poder otorgado a un abogado con
las formalidades legales.  Reza el texto normativo: “Cuando el escrito en
que se otorgue poder a un abogado se presente en el juzgado de conocimiento se
entenderá surtida la notificación por conducta concluyente de todas las
providencias que se hayan dictado, inclusive el auto admisorio de la demanda
o del mandamiento de pago, el día en que se notifique el auto que reconoce
personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad”
(negrillas fuera de texto).
A las anteriores disposiciones se atienen las
corporaciones accionadas y, a juicio de la Sala, el entendimiento que en las
providencias cuestionadas se le otorgó al artículo 330 del Código de
Procedimiento Civil no se revela arbitrario, irrazonable o desproporcionado,
sino que, por el contrario, a primera vista aparece enmarcado dentro de las
legítimas posibilidades de interpretación que le corresponden al juez natural
respecto de la normativa aplicable a los casos sometidos a su decisión, tal
como lo consideraron la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura del Cesar y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura en las sentencias de primera y segunda instancia
proferidas dentro de la presente tutela el diez (10) de marzo de dos mil
catorce (2014) y el veinticuatro (24) de julio del mismo año, respectivamente.
Así pues, aunque el funcionario accionante plantea una
interpretación alternativa del inciso 1º del artículo 330 del Código de
Procedimiento Civil, que a juicio de la Sala es desacertada, el carácter
razonable de la significación de acuerdo con la cual las corporaciones tuteladas
resolvieron el caso, releva a la Sala de entrar a profundizar en la interpretación
brindada por el juez disciplinado, pues de hacerlo, tendría que tomar
decisiones en el proceso disciplinario e incidiría en un debate interpretativo
que le corresponde resolver al juez competente, es decir, las salas
jurisdiccionales del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y del Consejo
Superior de la Judicatura, mas no al juez constitucional.
7.5. Ciertamente, como ha indicado la Sala, uno de los
supuestos que da lugar a la configuración del defecto sustantivo alude a la
indebida interpretación de las disposiciones aplicables para solucionar el caso.
Al respecto, la Corte ha señalado con claridad que prima facie, los
debates sobre la adecuada interpretación de un texto legal no pueden dar origen
a la acción de tutela contra una providencia judicial. En su criterio, los
principios de independencia y autonomía funcional de los jueces consagrados en
los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, les confiere a estos
funcionarios la facultad de escoger, entre las diversas opciones hermenéuticas
de una disposición, la que consideren más ajustada al ordenamiento jurídico en
su conjunto. En aplicación de esta teoría, la Corte ha negado múltiples
solicitudes de tutela, pues, a su juicio, la procedencia de la tutela en estas
circunstancias equivaldría a convertir al juez constitucional en una instancia
más del proceso.  En este sentido, la Sala Quinta de Revisión señaló:
“Sólo las actuaciones judiciales que
realmente contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante
repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden
ser susceptibles de ataque en sede constitucional. No así las decisiones que
estén sustentadas en un determinado criterio jurídico, que pueda ser admisible
a la luz del ordenamiento, o interpretación de las normas aplicables, pues de
lo contrario se estaría atentando contra el principio de la autonomía judicial”[122].
Así las cosas, para que esa interpretación constituya
defecto sustantivo debe ser el resultado de un “error grave” del juez
que les atribuye a esos preceptos un significado contraevidente o, tan
desproporcionado e irrazonable, que perjudica los intereses legítimos de alguna
de las partes.
Las exigencias que rodean la configuración de un
defecto sustantivo fundado en una interpretación indebida tienen explicación en
el propósito de evitar una invasión del ámbito competencial de los jueces
ordinarios, so pretexto de corregir cualquier interpretación de las
disposiciones normativas aplicables al asunto decidido por el juez competente.
En este sentido, como ya fue señalado por la Sala en los considerandos 4 y 5,
la jurisprudencia constitucional ha sido clara al exigir el error grave en la
interpretación y al prevenir al juez de tutela acerca de que su tarea no
consiste en imponer su propia interpretación o su propia valoración de los
hechos o de las pruebas.
La Sala reitera, entonces, que cuando el criterio
jurídico empleado para resolver un caso no es compartido por otras autoridades
judiciales, por terceros o por la generalidad de los sujetos procesales, ello
no significa que la interpretación acogida por el juez sea arbitraria o
abusiva, pues de considerarlo así se estarían “desestimando los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial que, justamente, le
reconocen al juez natural plena competencia para aplicar la ley del proceso y
valorar el material probatorio de conformidad con las reglas de la sana crítica”[123].
Así las cosas, la Sala recalca la prudencia y
deferencia del juez de tutela hacia las opciones valorativas del juez natural
de cada trámite. Las alternativas que acoge, tanto en materia de interpretación
y aplicación de la ley como de determinación de las hipótesis fácticas, no solo
están cubiertas por la independencia y autonomía del funcionario, sino que se
presumen correctas y constitucionales.
7.6. A partir de las anteriores premisas, la Sala
considera que las salas jurisdiccionales disciplinarias accionadas no incurrieron
en un defecto sustantivo derivado de una interpretación contraevidente,
irrazonable o desproporcionada del artículo 330 del Código de Procedimiento
Civil. Sus decisiones, entonces, responden a la libre formación del
convencimiento, de acuerdo con las reglas de la sana crítica[124], y a la
interpretación que realizaron de las normas aplicables al caso concreto.
8. Conclusión
En atención a lo anterior, la Sala de Revisión
concluye que las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Seccional de
la Judicatura del Cesar y del Consejo Superior de la Judicatura, en el marco
del proceso disciplinario adelantado bajo el radicado No. 2010-539, no vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía judicial del
funcionario judicial Camilo Vence De Luque, en razón de la interpretación dada
al artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que esta no se
revela arbitraria, irrazonable o desproporcionada. Además, el cumplimiento de
sus funciones en el trámite del proceso disciplinario se sujetó al ordenamiento
constitucional y legal, y constituyó un ejercicio racional de la independencia
y la autonomía judicial.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del
veinticuatro (24) de julio de dos mil catorce (2014), emanada de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través de
la cual se modificó el fallo del diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014)
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
del César, que negó por improcedente el amparo del derecho fundamental al
debido proceso del juez Camilo Vence De Luque, para, en su lugar, negar el
amparo deprecado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, la sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos
mil catorce (2014), emanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, a través de la cual se modificó el fallo del diez
(10) de marzo de dos mil catorce (2014) de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura del César, que negó por improcedente el
amparo del derecho fundamental al debido proceso del juez Camilo Vence De
Luque, para, en su lugar, negar el amparo deprecado.
Segundo.-  LÍBRESE por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] La Sala de Selección estuvo conformada por los magistrados Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Ernesto Vargas Silva.
[2] La demanda obra a folios 33 al 53.  En adelante, los folios a que
se haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale
otra cosa.
[3] A folios 4 y 5 del cuaderno principal del proceso disciplinario
radicado 2010-00539-00, obra la solicitud de vigilancia administrativa suscrita
por el abogado Felipe Galesky Argote Pérez con fecha del veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil diez (2010).  Sus quejas fueron ampliadas en la
declaración jurada rendida el trece (13) de abril de dos mil once (2011), ante
el magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Lucas Monsalvo Castilla
(folios 65 al 70).
[4] El catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005), el Juez
Tercero Civil Municipal de Valledupar, César, Camilo Vence De Luque,
libró orden de pago por la vía ejecutiva a favor de la Cooperativa Multiactiva
Nacional de Bienestar Familiar, contra Heiler José Jiménez Peña por unas sumas
de dinero por concepto de capital e intereses (folios 32 y 33 del cuaderno
principal del proceso disciplinario).  El auto anterior, fue corregido el ocho
(08) de febrero de dos mil seis (2006) por el mismo juez, en el siguiente
sentido: “Teniendo en cuenta que mediante auto de fecha 14 de diciembre de
2005, se admitió la presente demanda ejecutiva impetrada por [la] COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, contra HEILLER JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA, y
este despacho observa que en las pretensiones también se solicita la actuación
contra la señora EVIS ESTHER [PEÑA CÓRDOBA], y se omitió por error
involuntario, por lo que procede a realizar la corrección del caso de
conformidad con el artículo 310 inciso final del C. P. C., ya que esta puede
realizarse en cualquier tiempo” (negrillas fuera de texto). Así, libró orden de
pago contra Heiler José Jiménez Peña y Evis Esther Peña Córdoba a favor de la
Cooperativa del ICBF (folios 34 y 35 ibíd.).
[5] A folio 36 del cuaderno principal del proceso disciplinario,
aparece un poder firmado por Evis Esther Peña Córdoba y Heiler José Jiménez
Peña, en donde autorizan al doctor Felipe Galesky Argote Pérez, para que se
notifique del mandamiento de pago librado en el proceso ejecutivo a favor de la
Cooperativa ICBF, bajo el radicado 2005-01030, y descorra el traslado del
mismo. Si bien el documento está suscrito por ambos poderdantes, solo tiene la nota
de presentación personal del señor Heiler José Jiménez Peña, con fecha del
primero (01) de noviembre de dos mil siete (2007).  En la diligencia de versión
libre rendida por el juez Camilo Vence De Luque el diez (10) de marzo de dos
mil once (2011), ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del César, frente a la pregunta que versaba acerca
de la ausencia de autenticación del poder por parte de Evis Peña Córdoba,
respondió: “La verdad es que no me percaté de esa circunstancia y además, en el
texto de nulidad no se hace referencia a ese punto [sino] al yerro referente a
su reconocimiento como apoderado de la parte ejecutante” (folios 52 y 53).
[6] A folio 37 del cuaderno principal del proceso disciplinario, se
encuentra el auto del tres (03) de marzo de dos mil ocho (2008), emanado del
Juez Tercero Civil Municipal, Hernán Enrique Gómez Maya, mediante el
cual se indica que se tenga al doctor Felipe Galesky Argote Pérez, como
apoderado sustituto de la parte ejecutante en el proceso ejecutivo iniciado por
la Cooperativa Multiactiva Nacional del Bienestar Familiar, contra Evis Esther
Peña Córdoba y Heiler Jiménez Peña.
[7] La solicitud de nulidad, con fecha del trece (13) de febrero de dos
mil nueve (2009), y el auto que la decide, suscrito por el juez Camilo Vence
De Luque el veinticinco (25) de febrero de dos mil diez (2010), aparecen a
folios 25 al 31 del cuaderno principal del proceso disciplinario. La solicitud
de nulidad la encabeza el abogado Argote Pérez, “en [su] condición de apoderado
del señor HEILER JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA…” (folio 25).  En el auto descrito, se
resuelve (i) negar la solicitud de declaratoria de nulidad del proceso elevada
por el abogado de la parte ejecutada; (ii) corregir el yerro cometido en
el auto dictado el tres (03) de marzo de dos mil ocho (2008), “precisando que
el doctor Felipe Galesky Argote Pérez funge como apoderado de la parte
ejecutada y no de la ejecutante”, y (iii) apartarse de los efectos del auto
dictado el trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), que ordenó el
emplazamiento del ejecutado Heiler José Jiménez Peña (folio 31 ibíd.).
[8] Por medio del auto del veinticinco (25) de febrero de dos mil diez
(2010), el juez Camilo Vence De Luque, resuelve apartarse de los efectos del
auto dictado el trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008), que ordenó
el emplazamiento del ejecutado Heiler José Jiménez Peña (folio 31 del
cuaderno principal del proceso disciplinario).
[9] A folio 38 ibíd., se observa el poder otorgado por Evis Peña
Córdoba al abogado Felipe Galesky Argote Pérez, esta vez sí con la nota de
presentación personal de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez
(2010).
[10] El escrito de alegación de la excepción de prescripción extintiva a
favor de la señora Evis Esther Peña Córdoba, con constancia de presentación del
primero (01) de junio de dos mil diez (2010), obra a folios 39 y 40 del
cuaderno principal del proceso disciplinario.
[11] Mediante providencia del veintidós (22) de junio de dos mil diez
(2010) el juez Camilo Vence De Luque, señaló: “Los ejecutados HEILER JOSÉ
JIMÉNEZ PEÑA y EVIS ESTHER PEÑA CÓRDOBA, se notificaron del auto de mandamiento
de pago el día 01 de marzo de 2010, por conducta concluyente, a través de la
notificación de la providencia calendada [el] 25 de febrero de 2010, que
corrigió un yerro cometido en el auto emitido el 3 de marzo de 2008, precisando
que el Doctor FELIPE GALESKY ARGOTE PÉREZ, funge como apoderado de la parte
ejecutada y no de la ejecutante como se había dicho inicialmente a folio (56)
del cuaderno principal operando de ese modo la notificación de acuerdo a lo
reglado en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil [notificación por
conducta concluyente]. En consecuencia las excepciones presentadas por su
apoderado el 1º de junio de 2010 son extemporáneas razón por la que el despacho
se abstendrá de darles trámite. || […] || RESUELVE: || PRIMERO: Llévese
adelante la ejecución en la forma como fue decretada en el Auto de mandamiento
de pago. || SEGUNDO: Abstenerse de darle trámite a las excepciones propuestas
por el apoderado judicial de la parte ejecutada…” (folios 41 y 42 del cuaderno
principal del proceso disciplinario).  A folios 43 y 44 ibíd., aparece el
escrito de interposición del recurso de reposición y en subsidio apelación,
presentado por el abogado Argote Pérez, en el cual se controvierte el hecho de
haber dado por notificados por conducta concluyente a los ejecutados y el
consecuente rechazo de la excepción de mérito alegada en razón de su
extemporaneidad.  A folio 45 ibíd., se observa el auto del veintitrés (23) de
julio de dos mil diez (2010), a través del cual el juez Camilo Vence De Luque negó
los recursos de reposición, por no ser un medio de impugnación procedente
contra sentencias, y de apelación, por no ser admisible conforme al inciso final
del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.
[12] Folios 1 al 3 del cuaderno principal del proceso disciplinario.
[13] El auto obra a folio 9 del cuaderno principal del proceso
disciplinario. En esa oportunidad se ordenó notificar al Juez Tercero Civil
Municipal para que asumiera su derecho de defensa y rindiera versión libre, y
se decretó la inspección judicial al expediente para determinar los hechos de
la queja.  La inspección judicial realizada el siete (07) de febrero de dos mil
once (2011), obra a folio 23 ibíd., y la diligencia de versión libre rendida
por el juez Camilo Vence De Luque el diez (10) de marzo de dos mil once (2011),
se encuentra a folios 51 al 53. Asimismo, a folios 57 al 60 ibíd., aparece un memorial
del juez investigado disciplinariamente, a través del cual amplía la versión
libre rendida el diez (10) de marzo de dos mil once (2011).
[14] En el sentido de abrir investigación formal disciplinaria en contra
del Juez Tercero Civil Municipal de Valledupar, Camilo Vence De Luque, aparecen
los autos suscritos por el magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura del César, Lucas Monsalvo Castilla, del
once (11) de febrero y del cuatro (04) de mayo de dos mil once (2011) (folios 47
y 72 del cuaderno principal del proceso disciplinario).
[15] Señala el artículo 153 de la Ley 270 de 1993: “DEBERES. Son deberes
de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 1.
Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la
Constitución, las leyes y los reglamentos”.
[16] El artículo 196 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario
Único, dispone: “Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta
disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el
incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses
previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este
código”.
[17] La formulación de pliego de cargos fue aprobada mediante Acta de
Sala No. 0054 del doce (12) de diciembre de dos mil once (2011), MP Lucas
Monsalvo Castilla (folios 86 al 90 del cuaderno principal del proceso
disciplinario).  El veintitrés (23) de enero de dos mil doce (2012), el juez Camilo
Vence De Luque presentó descargos conforme al artículo 166 de la Ley 734 de
2002 y solicitó la práctica de pruebas (folios 93 al 103 del cuaderno principal
del proceso disciplinario).  Mediante auto del ocho (08) de febrero de dos mil
doce (2012), el magistrado ponente negó por inconducente e impertinente la
práctica de pruebas solicitadas por el funcionario judicial investigado (folios
105 y 106 ibíd.).  Dicha decisión fue confirmada por el Consejo Superior de la
Judicatura el dieciocho (18) de mayo del mismo año, en el trámite de la
apelación interpuesta por el juez Vence De Luque (folios 109 al 112 y 124
ibíd.).  A continuación, fueron presentados los alegatos de conclusión por
parte del investigado, con sello de radicación del treinta (30) de julio de dos
mil doce (2012), en donde reitera su petición de que la Sala Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar se abstenga de emitir en su contra
una sanción disciplinaria (folios 130 al 141). En dicho memorial, bajo el
amparo del inciso 1º del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil,
explicó: “[…] si el ESCRITO visible a folio 55 del cuaderno principal está
FIRMADO por EVIS ESTHER PEÑA CÓRDOBA y en [é]l se MENCIONA el auto de
mandamiento ejecutivo, sencillamente con su presentación se surtió legalmente
la notificación por conducta concluyente de ese proveído, careciendo en
absoluto de trascendencia, que dicho escrito también es un poder carente de
nota de presentación personal por parte de aquella. || […] || Si se parte
entonces de la base, de que dicha notificación por conducta concluyente se
surtió con la presentación del escrito referido, resulta claro que cuando se
presentó la excepción de prescripción el 31 de mayo de 2.010 por parte del
abogado de la parte ejecutada, dicho mecanismo defensivo resultaba absolutamente
extemporáneo, y por ende la decisión del suscrito, de dictar sentencia
ordenando la prosecución de la ejecución, no solo resulta absolutamente plegada
al ordenamiento jurídico sino que además demuestra que la supuesta falta
disciplinaria que se me endilga, sencillamente no existe. || […] || Pero la
demostración más irrebatible de la inexistencia de la falta disciplinaria que
se me endilga por la absoluta atipicidad de la conducta, la configura
justamente el hecho de que el soporte axial del pliego de cargos sea una
DISCREPANCIA INTERPRETATIVA en relación a los efectos de la aplicación de una
norma específica, entre quien esto escribe y la SALA DISCIPLINARIA. || En
efecto se observa sin mayor dificultad, que el aspecto álgido que se avizora en
este asunto, es que en opinión de la Sala el inciso 1º del art. 330 del
[C]ódigo de procedimiento civil resultaba inaplicable en relación al documento
visible a folio 55 del cuaderno principal, por lo que no se podía inferir de su
presentación la configuración de una notificación por conducta concluyente, y
de ese aspecto insular se derivan todas las demás conclusiones que han sido
referenciadas en precedencia, mientras que el suscrito, en uso de su derecho
constitucional como juez de la república a la autonomía y a la independencia
judicial, interpreta que ese inciso s[í] resulta aplicable, y por ende toda la
actuación resulta perfectamente ajustada a derecho…” (folios 134 y 135 ibíd.).
[18] La decisión fue aprobada según Acta de Sala No. 006 del dieciocho
(18) de febrero de dos mil trece (2013), MP Lucas Monsalvo Castilla; proceso
radicado 2010-00539 (folios 181 al 190 del cuaderno principal del proceso
disciplinario).
[19] El artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, modificado por
el artículo 31 de la Ley 1395 de 2010, vigente para la época de los hechos,
establece: “De las excepciones formuladas con expresión de su fundamento
fáctico, se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para que
se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer valer.
|| Surtido el traslado, el juez convocará a la audiencia de que tratan los
artículos 430 a 434 del C. P. C., o a la contemplada en el artículo 439, si el
asunto fuere de mínima cuantía. || a) Si al dictar sentencia prospera alguna
excepción contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, el juez se abstendrá
de fallar sobre las demás, pero en este caso el superior deberá cumplir lo
dispuesto en el inciso 2o del artículo 306; || b) La sentencia de excepciones
totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el
desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las
costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas
cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone
el inciso final del artículo 307; || c) Si las excepciones no prosperan, o
prosperaren parcialmente, la sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en
la forma que corresponda, condenará al ejecutado en las costas del proceso y
ordenará que se liquiden; || Cuando las excepciones prosperen parcialmente, se
aplicará lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 392. || d) Si prospera la
excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la responsabilidad
del ejecutado al valor por el cual se le adjudicaron los bienes en el respectivo
proceso de sucesión”.
[20] Folios 189 y 190 del cuaderno principal del proceso disciplinario.
[21] Folios 191 al 204 ibíd.
[22] Folio 199 ibíd.
[23] Decisión aprobada según Acta No. 076 del dos (02) de octubre de dos
mil trece (2013), MP Angelino Lizcano Rivera; proceso radicado
200011102000201000539 02 (folios 12 al 22 del cuaderno dos del proceso
disciplinario).
[24] Folios 27, 28 y 30.  Agrega, en relación con el argumento defensivo
del juez disciplinado de que tuvo por notificados a los demandados por conducta
concluyente el primero (01) de marzo de dos mil diez (2010), con la
notificación del auto que resolvió la nulidad deprecada por el quejoso, que “no
es de aceptación de esta Sala, toda vez que si hubiese dado aplicación a dicha
norma [artículo 330 del Código de Procedimiento Civil], de acuerdo a su
criterio, había tenido por notificado a los ejecutados a partir de la fecha en
que fue radicado el memorial poder, esto es 1º de noviembre de 2007; pero
fueron las circunstancias sobrevinientes las que llevaron al juzgador a
realizar la notificación por conducta concluyente, en la fecha arriba
mencionada, de lo que se desprende que no se estructura la interpretación a que
alude el recurrente…” (folio 29).
[25] El poder referido se observa a folio 36 del cuaderno principal del
proceso disciplinario.
[26] A folio 37 del cuaderno principal del proceso disciplinario, se
encuentra el auto del tres (03) de marzo de dos mil ocho (2008), emanado del
Juez Tercero Civil Municipal, Hernán Enrique Gómez Maya, mediante el
cual se indica que se tenga al doctor Felipe Galesky Argote Pérez, como apoderado
sustituto de la parte ejecutante en el proceso ejecutivo iniciado por la
Cooperativa Multiactiva Nacional del Bienestar Familiar, contra Evis Esther
Peña Córdoba y Heiler Jiménez Peña.  En la diligencia de inspección judicial
adelantada al expediente ejecutivo radicado 2005-1030 tramitado por el juzgado
tercero civil municipal de Valledupar, el siete (07) de febrero de dos mil once
(2011), se lee la siguiente afirmación: “[…] el 3 de marzo el juez HERNÁN GÓMEZ
MAYA reconoce personería al doctor ARGOTE PÉREZ como sustituto del ejecutante”
(folio 23 ibíd.).
[27] A folios 41 y 42 del cuaderno principal del proceso disciplinario
obra la providencia del veintidós (22) de junio de dos mil diez (2010), a
través de la cual el juez Camilo Vence De Luque señaló: “Los ejecutados HEILER
JOSÉ JIMÉNEZ PEÑA y EVIS ESTHER PEÑA CÓRDOBA, se notificaron del auto de
mandamiento de pago el día 01 de marzo de 2010, por conducta concluyente, a
través de la notificación de la providencia calendada [el] 25 de febrero de
2010, que corrigió un yerro cometido en el auto emitido el 3 de marzo de 2008,
precisando que el Doctor FELIPE GALESKY ARGOTE PÉREZ, funge como apoderado de
la parte ejecutada y no de la ejecutante como se había dicho inicialmente a
folio (56) del cuaderno principal operando de ese modo la notificación de
acuerdo a lo reglado en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil
[notificación por conducta concluyente]. En consecuencia las excepciones presentadas
por su apoderado el 1º de junio de 2010 son extemporáneas razón por la que el
despacho se abstendrá de darles trámite…” (negrillas fuera de texto).
[28] A folio 38 del cuaderno principal del proceso disciplinario, se
observa el poder otorgado por Evis Peña Córdoba, identificada con cédula de
ciudadanía 42.486.499, al abogado Felipe Galesky Argote Pérez, esta vez sí con
la nota de presentación personal de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil
diez (2010).  El escrito de proposición de la excepción de prescripción
extintiva a favor de la señora Evis Esther, con constancia de presentación del
primero (01) de junio de dos mil diez (2010), obra a folios 39 y 40 del
cuaderno principal del proceso disciplinario.
[29] Folio 44. Al respecto, reiteró el
accionante que “para que opere la notificación por conducta concluyente reglada
en el primer inciso del art. 330 del código de procedimiento civil, SOLAMENTE
basta que 1.- SEA UN ESCRITO; 2.- ESTÉ FIRMADO POR LA PARTE; Y, 3.- MENCIONE LA
PROVIDENCIA, requisitos que se satisfacen plenamente en el memorial obrante a
folio 55 del cuaderno principal, ya que en efecto se trata de un SECRITO,
FIRMADO por la ejecutada Evis Esther peña Córdoba –autenticidad que jamás
desconoció en el discurrir procesal–, y, hace expresa MENCIÓN del
mandamiento ejecutivo cuando en su texto se dice que el poder se otorga
‘para que se notifique del mandamiento ejecutivo de pago’”[29]
(mayúsculas y negrillas originales).  Y agregó: “lo que parecería no alcanzar a
percibir la sala, es que una cosa son los efectos procesales de ese escrito en
relación al otorgamiento del mandato como tal, ya que obviamente para ese
efecto puntual no podría configurarse un poder legalmente perfeccionado, como
consecuencia de la omisión de su autenticidad, pero ello JAMÁS OBSTA, para que
en relación con la configuración de la notificación por conducta concluyente,
si genere plenos efectos procesales” (mayúsculas originales).
[30] Folio 50.
[31] Folios 54 al 56.
[32] La respuesta obra a folios 71 al 73.  El memorial está suscrito por
el magistrado Lucas Monsalvo Castilla, Presidente de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria de la Corporación.
[33] Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de
tutela.
[34] Señala el artículo 152 de la Ley 734 de 2002: “Procedencia de la
investigación disciplinaria. Cuando, con fundamento en la queja, en la
información recibida o en la indagación preliminar, se identifique al posible
autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la
investigación disciplinaria”.
[35] Agregó, que “[t]odos y cada uno de los hechos propuestos por el
actor de la tutela, […], como vías de hecho, fueron el fundamento del recurso
de apelación que interpuso contra la sentencia de primer grado pronunciada por
la sala y se debatieron en la segunda instancia de manera profunda como se
advierte del contenido del fallo emitido por nuestra superioridad el 2 de
octubre de 2013” (folio 72).
[36] La respuesta obra a folios 89 al 98.  El memorial está suscrito por
el magistrado Wilson Ruiz Orejuela, Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
de la Corporación.
[37] En esa oportunidad, sostuvo: “[…] se hace imperioso advertir que el
H. Magistrado no cuenta con la competencia para conocer del asunto que ahora
nos ocupa la atención, atendiendo que fehacientemente el actor ataca vía tutela
una decisión proferida por una Alta Corporación como lo es la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que es
cabeza y órgano de cierre de la Jurisdicción Disciplinaria, por lo que se solicita
de manera respetuosa, se desprenda del conocimiento de la acción de amparo
incoada contra una providencia proferida por esta Colegiatura, y se proceda a
la remisión de la misma a esta Sala para lo de su cargo” (folio 91).
[38] Folio 91.
[39] Folio 92.
[40] La respuesta obra a folios 74 al 77.
[41] Folios 99 y 100.
[42] Por medio de memorial el juez accionante, Camilo Vence De Luque,
solicitó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que se
abstenga de asumir el conocimiento de la acción de tutela, por razones de
competencia, y ordene su remisión a la Corte Constitucional para que lo devuelva
a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (folios 107 al 108).
[43] Folio 110.
[44] Mediante auto del veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce
(2014), los conjueces Jaime Carlos Ojeda Ojeda y Eloisa Morón Cotes,
posesionados el veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014), declararon
fundados los impedimentos presentados por los magistrados Glenis Iglesias de
López y Lucas Monsalvo Castilla, por haber participado en el proferimiento de
la sentencia disciplinaria que condenó al accionante y que es atacada por la
presente tutela (folios 120 y 121).
[45] Folios 123 y 124.
[46] Folio 130.  El oficio está suscrito por el magistrado Lucas
Monsalvo Castilla.
[47] Folios 138 al 144.  El oficio está suscrito por la magistrada María
Mercedes López Mora. Agregó: “Es evidente, que el actor por este excepcional
medio pretende revivir un debate que ya se dio ante el Juez natural,
circunstancia que ciertamente desvirtúa la naturaleza y alcance de la acción de
tutela, invocando la presunta vulneración al debido proceso por la vía de hecho
en que, en su criterio, incurrió esta Corporación, por irrespetar su derecho a
la autonomía judicial como Juez de la República, y al soportar dicha sanción en
una discrepancia interpretativa, sin argumentos sólidos ni coherente en la
decisión adoptada en sede de apelación dentro de la investigación disciplinaria
adelantada en su contra por la Sala disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del César, la que mediante Sentencia proferida el 18 de febrero de
2013 lo sancionó disciplinariamente con un (1) mes de suspensión en el
ejercicio del cargo, en su condición de JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR” (mayúsculas originales) (folio 143).
[48] Decisión adoptada mediante Acta No. 014 del diez (10) de marzo de
dos mil catorce (2014), conjuez ponente Jaime Carlos Ojeda Ojeda; radicado No. 201400059
(folios 153 al 160).
[49] Folio 165.
[50] Decisión aprobada según Acta No. 54 del veinticuatro (24) de julio
de dos mil catorce (2014), MP Néstor Iván Javier Osuna Patiño; radicado No. 110010102000201400096-01
(folios 32 al 46 del cuaderno de tutela de segunda instancia). En el trámite de
la segunda instancia, se aceptaron los impedimentos presentados por los
magistrados Pedro Alonso Sanabria Buitrago, José Ovidio Claros Polanco, Julia
Emma Garzón de Gómez,  Angelino Lizcano Rivera, María Mercedes López Mora y
Wilson Ruiz Orejuela, por estar incursos en el numeral 6º del artículo 56 de la
Ley 906 de 2004, debido a que todos participaron en la Sala No. 76 del dos (02)
de octubre de dos mil trece (2013), en la que se confirmó la sentencia de
primera instancia que sancionó con suspensión de un (1) mes en el ejercicio del
cargo al accionante Camilo Vence De Luque, en su calidad de Juez Tercero Civil
Municipal de Valledupar. Por tal razón, fueron nombrados seis (6) conjueces (folios
4, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 28 al 30 ibíd.).
[51] Al respecto, ver las sentencias T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771
de 2003 y T-949 2003 (todas ellas del MP Eduardo Montealegre Lynett) y C-590 de
2005 (MP Jaime Córdoba Triviño. Unánime) y T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño).  Entre muchas otras, la posición fijada ha sido reiterada en las
sentencias T-743 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-310 de 2009 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) y T-451 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[52] MP Jaime Córdoba Triviño.  Se trata de una exposición sintetizada
de la sentencia C-590 de 2005.
[53] “En la citada norma superior (artículo 86
CP) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los
distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o
algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los
derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se
habla de “cualquier” autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela
procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder
inherente a la función jurisdiccional y, específicamente, contra las decisiones
judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación
del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se
tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de
aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. sentencia C-590 de
2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[54] “La procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino
también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibídem.
[55] Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta,
consultar la sentencia SU-047 de 1999  (MP Carlos Gaviria Díaz).
[56] MP José Gregorio Hernández Galindo (SV
Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). “Al
proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la
tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[57] Se reitera, se sigue la exposición de la sentencia C-590 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[58] Ver sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y
C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[59] Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su
relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela
para controvertir un fallo judicial, ver la sentencia T-1049 de 2008 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[60] Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte
Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión,
se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[61] Es importante precisar que esta línea jurisprudencial se conoció
inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, con el propósito
de superar una percepción restringida de esta figura que había permitido su
asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad judicial, la Corporación
sustituyó la expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de
la acción de tutela contra decisiones judiciales” que responde mejor a su
realidad constitucional.  La sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta
evolución, señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra
providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de
procedibilidad de la acción”, que de vía de hecho.
[62] Al respecto, ver las sentencias T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-937 de 2001 (MP Manuel José Cepeda), SU-159 de 2002 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa;  SV Alfredo Beltrán Sierra), T-996 de 2003 (MP  Clara Inés
Vargas Hernández), T-196 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-937 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda).
[63] El defecto fáctico está referido a la producción, validez o
apreciación del material probatorio. En razón al principio de independencia
judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es
supremamente restringido.
[64] Ver al respecto, las sentencias C-590 de 2005), T-079 de 1993 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[65] Ver, principalmente, las sentencias SU-014 de 2001 (MP Martha
Victoria Sáchica Hernández), T-1180 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y
SU-846 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra; SV Eduardo Cifuentes Muñoz y
Vladimiro Naranjo Mesa; AV Álvaro Tafur Galvis).
[66] La decisión sin motivación se configura en una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un deber de
los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un
ordenamiento democrático. Ver la sentencia T-114 de 2002 (MP Eduardo
Montealegre Lynett).
[67] Conforme a la sentencia T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño),
el desconocimiento del precedente constitucional “[se presenta cuando] la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver las
sentencias SU-640 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime) y SU-168 de
1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime).
[68] Al respecto, ver las sentencias T-1625 de 2000 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez), SU-1184 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y T-1031 de
2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett).  Asimismo, cuando no se aplica la
excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido
solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[69] Ver la sentencia T-701 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).
[70] Cfr. sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[71] Al respecto pueden consultarse las sentencias T-231 de 2007 (MP
Jaime Araujo Rentería) y T-933 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[72] Entre otras, ver la sentencia T-231 de 2007 (MP Jaime Araujo
Rentería).
[73] Ver las sentencias C-590 de 2005 y T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño). En el mismo sentido, la sentencia T-701 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny
Yepes).
[74] El defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de la
acción de tutela ha sido ampliamente estudiado por la Corte.  Para una
exposición completa del tema, ver las sentencias C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño. Unánime), T-462 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-018
de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño) y T-757 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[75] MP Eduardo Montealegre Lynett.
[76] Cfr. sentencia T-573 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía).
[77] Cfr. sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[78] Cfr. sentencia T-001 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[79] MP Jaime Córdoba Triviño.
[80] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[81] Sobre el particular, además de la sentencia T-231 de 1994 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), pueden consultarse, entre varias, las sentencias
T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-984 de 1999 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).
[82] Cfr. la sentencia SU-1722 de 2000 (MP Jairo Charry Rivas). Tal es
el caso, por ejemplo, de todas las decisiones judiciales en las que se viola el
principio de “no reformatio in pejus”.
[83] Cfr. la sentencia C-984 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[84] Sentencia SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV
Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería).
[85] En este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo de la
sentencia T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett).  En este caso, un
miembro de un grupo armado al margen de la ley que se hallaba fuera del país,
ofreció colaboración a la Fiscalía General de la Nación a cambio de los beneficios
previstos por la ley para este tipo de asuntos. La Fiscalía consideró que no
podrían otorgarse tales beneficios sino una vez se entregara a la justicia. La
interpretación fue considerada irrazonable, pues no existía norma que
prohibiera otorgar los beneficios en las condiciones descritas. La Sala de
Revisión recalcó que los jueces son independientes, pero que su independencia
no es absoluta. La falta de una razón jurídica para negar una interpretación
penal más favorable, fue considerada suficiente para otorgar el amparo.
[86] Así lo expresó la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1031
de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett): “Para la realización de este ejercicio
hermenéutico, el juez ha de estar rodeado de algunas garantías, que
corresponden a su independencia (pretensión de neutralidad y ausencia de
inherencias horizontales –frente a las otras ramas del poder–) y autonomía
(ausencia de inherencias verticales –libertad frente al superior–), que han
tenido consagración constitucional apropiada”.
[87] Ver la sentencia T-1263 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra. SV
Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla).
[88] Ibídem. En este sentido, la Sala Séptima de Revisión en la
sentencia T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), señaló: “La
“efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución”, constituyen el parámetro de la actuación legítima de los poderes
públicos.  ||  Así las cosas, resulta evidente que la labor de los jueces al
interpretar el derecho para aplicarlo al caso concreto, si bien supone que sea
realizada de manera autónoma, no puede convertirse en patente de corzo para
aplicar cualquier interpretación posible.  El sistema jurídico, en sus
distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de
suerte que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y
aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”.
[89] El artículo 176 del Código General del Proceso, establece:
“Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
||  El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
[90] La sentencia T-588 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), explicó al
respecto: “[…] no es posible cuestionar, por vía de tutela, una sentencia,
únicamente porque el actor o el juez constitucional consideran que la
valoración probatoria o la interpretación de las disposiciones legales por el
juez ordinario fueron discutibles. Es necesario que las interpretaciones y
valoraciones probatorias del juez ordinario sean equivocadas en forma evidente
y burda para que pueda proceder el amparo constitucional.  Cualquier tesis
distinta implicaría no sólo desconocer la autonomía funcional que tienen los
jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas (CP art. 230) sino que
además desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y
la jurisdicción ordinaria”.
[91] En este sentido, pueden verse las sentencias T-066 de 2005 (MP
Rodrigo Escobar Gil), T-345 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-588 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-070 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-028
de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-1263 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-661 de 2011
(MP Jorge Iván Palacio Palacio.  AV Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.
[92] MP Álvaro Tafur Galvis.
[93] Sobre la posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales
que resulten contrarias a la Constitución, y en relación con la procedencia de
la acción de tutela en los casos en que la interpretación que el juez hace de
una norma contraría un criterio hermenéutico establecido por esta Corporación,
ver las sentencias T-001 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-522 de
2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-842 de 2001 (MP Álvaro Tafur Galvis),
entre otras.
[94] La Corte se ha referido a los casos en que la interpretación
judicial resulta contra evidente o irracional, entre otras, en las sentencias
T-1017 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-1072 de 2000 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa).
[95] Sobre las decisiones proferidas en contravención del principio de
igualdad se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-123 de 1995 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-321 de
1998 (MP Alfredo Beltrán Sierra), SU-1300 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-068 de 2001 (MP Álvaro Tafur Galvis) y T-1306 de 2001 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[96] La jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho
procesal no puede ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho
sustantivo, entre otras, en las sentencias C-596 de 2000 (MP Antonio Barrera
Carbonell) y T-1306 de 2001(MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[97] Ver la sentencia T-1263 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra. SV Mauricio González Cuervo; AV Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.
[98] La sentencia T-565 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), señaló: “[…]
siempre que la interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de
un texto legal permanezca dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable,
la mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye
una irregularidad que haga procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales”.
[99] Al respecto, la sentencia T-1001 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil),
reiterada en la sentencia T-565 de 2006 del mismo ponente, explicó: “En materia
de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía
de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la
actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de
que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales
no coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico a quien la
ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en
ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de una vía de
derecho distinta que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio
democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la
adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho”.
[100] Es clara la sentencia T-1036 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), al afirmar: “[…] las divergencias en la
interpretación de las normas legales, en principio, no son materia que pueda
ser objeto de acción de tutela, sobre todo en presencia de recursos ordinarios,
diseñados precisamente para lograr ‘la superación de las diferencias de
interpretación de las normas y promover, a su vez, la unificación de criterios
entre los funcionarios judiciales, con vista a una aplicación uniforme de la
ley’. Por lo tanto, cuando la labor interpretativa realizada por el juez se
encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser
‘cuestionada, ni menos de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto,
cuando su decisión sea impugnada
porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a
través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será
improcedente’ […]. En suma, el juez de tutela no puede controvertir la
interpretación que de las situaciones de hecho o de derecho realice el juez de
la causa en el respectivo proceso, salvo que esta hermenéutica sea arbitraria e
irrazonable y, por ende, vulnere los derechos fundamentales de la persona que
acude a la acción de tutela”.
[101] En la sentencia T-955 de 2006 (MP Jaime
Araujo Rentaría), la Sala Primera de Revisión concluyó lo siguiente: “[…] la
labor adelantada por el Tribunal hace parte de su función interpretativa de las
normas, y que la decisión que profirió en el presente caso no surge subjetiva o
irrazonable, por el simple hecho de que el accionante no comparta la forma en
que dicho tribunal aplicó las normas pertinentes en su caso. || Ciertamente en
materia de interpretación judicial, es claro que los criterios para definir la
existencia de una vía de hecho se circunscriben a la actuación arbitraria que
adelante el juez, y que por ello sea abiertamente contraria al derecho, lo cual
no se aprecia en el presente caso”.
[102] La notificación de la sentencia se realizó por medio de edicto
fijado en lugar público de la secretaría el tres (03) de diciembre de dos mil
trece (2013), a las ocho de la mañana, y desfijado el cinco (05) de diciembre
de dos mil trece (2013), a las cinco de la tarde (folio 45 del cuaderno dos del
proceso disciplinario).
[103] Folios 33 al 53.
[104] El artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, modificado por
el artículo 31 de la Ley 1395 de 2010, vigente para la época de los hechos,
establece: “De las excepciones formuladas con expresión de su fundamento
fáctico, se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para que
se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer valer.
|| Surtido el traslado, el juez convocará a la audiencia de que tratan los
artículos 430 a 434 del C. P. C., o a la contemplada en el artículo 439, si el
asunto fuere de mínima cuantía. || a) Si al dictar sentencia prospera alguna
excepción contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, el juez se abstendrá
de fallar sobre las demás, pero en este caso el superior deberá cumplir lo
dispuesto en el inciso 2o del artículo 306; || b) La sentencia de excepciones
totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el
desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las
costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas
cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone
el inciso final del artículo 307; || c) Si las excepciones no prosperan, o
prosperaren parcialmente, la sentencia ordenará llevar adelante la ejecución en
la forma que corresponda, condenará al ejecutado en las costas del proceso y
ordenará que se liquiden; || Cuando las excepciones prosperen parcialmente, se
aplicará lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 392. || d) Si prospera la
excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la responsabilidad
del ejecutado al valor por el cual se le adjudicaron los bienes en el
respectivo proceso de sucesión”.  Frente a dicho texto normativo, la Sala
Tercera de Revisión en la sentencia T-909 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), sostuvo: “El trámite establecido por el artículo 510 del CPC está
encaminado a abrir un debate probatorio y procesal que le permita al juez
llegar al convencimiento necesario para aceptar o rechazar las pretensiones de
la demanda ejecutiva, y a la vez para evaluar las excepciones presentadas por
el ejecutado y decidir acogerlas de ser preciso. Y precisamente es a través del
análisis del escrito de demanda, del escrito de excepciones, de las pruebas
allegadas por las partes y practicadas por el despacho judicial, y de los alegatos
de conclusión que el juez adquiere la certeza que se requiere para tomar una
decisión que comprenda todos los elementos del debate jurídico. || […]. || Esto
significa que a través de la proposición de excepciones el demandado en el
proceso ejecutivo ejerce su derecho de defensa y de contradicción, pues es a
través de éstas que es posible que la parte pasiva controvierta las
obligaciones emanadas del título ejecutivo. Por tanto, se deriva un deber del
juez de evaluar los argumentos presentados por esta parte procesal así como las
pruebas allegadas con el escrito de excepciones, deber que expresamente
encuentra su asidero legal en el artículo 96 del CPC, modificado por el
artículo 1, numeral 45 del Decreto 2282 de 1989…”.
[105] Folio 37.
[106] Conjuez ponente Jaime Carlos Ojeda Ojeda, radicado No. 201400059
(folios 153 al 160).
[107] MP Néstor Iván Javier Osuna Patiño, radicado No.
110010102000201400096-01 (folios 32 al 46 del cuaderno de segunda instancia).
[108] El poder obra a folio 36 del cuaderno principal del proceso
disciplinario radicado 2010-00539-00.
[109] El artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, vigente al
momento del trámite procesal, establece: “Los poderes generales para toda clase
de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán
conferirse por escritura pública. En los poderes especiales, los asuntos se
determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con otros. || El
poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por
memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para
la demanda…” (negrillas fuera de texto). A su vez, el artículo 84 del mismo
cuerpo normativo, dispone: “Las firmas de la demanda deberán autenticarse
por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario
de cualquier despacho judicial, o ante notario de cualquier círculo; para
efectos procesales, se considerará presentada el día en que se reciba en el
despacho de su destino...” (negrillas fuera de texto).
[110] El juez Camilo Vence De Luque, por medio de auto del ocho (08) de
febrero de dos mil seis (2006), libró orden de pago contra Heiler José Jiménez
Peña y Evis Esther Peña Córdoba a favor de la Cooperativa del ICBF (folios 34 y
35 del cuaderno principal del proceso disciplinario), corrigiendo el auto del
catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005), en el que solo había
ordenado el pago a cargo de Heiler José Jiménez Peña (folios 32 y 33 ibíd.).
[111] La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del César, en la sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil
trece (2013), frente a este punto señaló: “2.20.- La sala no le dará
credibilidad a los argumentos defensivos propuestos por el juez VENCE DE LUQUE,
porque como el poder inicial otorgado por la demandada PEÑA CÓRDOBA al doctor
ARGOTE PÉREZ, no fue presentado por la mandante según las formalidades del
artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, es decir, personalmente, como se
dispone para la demanda, la mandante nunca fue parte legal en dicho trámite
sino hasta el 27 de mayo de 2010 cuando se notificó personalmente del
mandamiento de pago de[l] 8 de febrero de 2006, momento procesal en que comenzó
a correr respecto de ella el término previsto en el artículo 509 Ibídem para
proponer excepciones. || […] || […] tanto la demanda como el poder DEBERÁN autenticarse
por quienes lo firman, requisito esencial que en el caso concreto no se dio
respecto de la mandante PEÑA CÓRDOBA, porque si bien es cierto que otorgó poder
conjuntamente con el otro demandado al doctor ARGOTE PÉREZ, para que la
representara en el proceso, no acudió a la Oficina Judicial, ni ante Notario,
ni mucho menos ante el secretario del Juzgado Tercero Civil Municipal de
Valledupar a autenticar su firma, como se evidencia de manera clara y objetiva
en el documento poder visible a folio 36 del expediente disciplinario, de tal
forma que por ausencia de tal requisito esencial y obligatorio, no se configuró
en legal forma el ius postulandi, el derecho de postulación. || […] || 2.21.-
Por maneras que no es jurídicamente cierto lo afirmado por el juez en su
versión en el sentido de que esa demandada se notificó por conducta concluyente
porque en el poder la mandante PEÑA CÓRDOBA manifestaba conocer el mandamiento
de pago, dado que materialmente ese poder por la falencia de su presentación
personal, como antes se demostró, era como si nunca se hubiera llevado al
proceso, ergo, las manifestaciones expresas en ese escrito, no podían tenerse
en cuenta para darle el alcance que ahora, y no en la providencia del 22 de
junio de 2010, folios 41-42, el funcionario judicial le está dando con apego a
lo dispuesto en el artículo 330 inciso 1 del Código de Procedimiento Civil…”
(negrillas fuera de texto) (folios 186 y 187 del cuaderno principal del proceso
disciplinario).
[112] El texto normativo, derogado por el literal c) del
artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, a partir del 1º de enero de 2014, en forma
gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627, reza: “Cuando una parte o un
tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito
que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda
constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha
providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o
diligencia”.
[113] A folio 36 del cuaderno principal del proceso disciplinario,
aparece un poder firmado por Evis Esther Peña Córdoba y Heiler José Jiménez
Peña, en donde autorizan al doctor Felipe Galesky Argote Pérez, para que se
notifique del mandamiento de pago librado en el proceso ejecutivo a favor de la
Cooperativa ICBF, bajo el radicado 2005-01030, y descorra el traslado del
mismo. Si bien el documento está suscrito por ambos poderdantes, solo tiene la
nota de presentación personal del señor Heiler José Jiménez Peña, con fecha del
primero (01) de noviembre de dos mil siete (2007).
[114] A folios 32 al 35 obran los autos de mandamiento de pago emanados
del juez camilo Vence de Luque del catorce (14) de diciembre de dos mil cinco
(2005) y del ocho (08) de febrero de dos mil seis (2006), que confirman que las
pretensiones de la demanda ejecutiva superan la mínima cuantía.
[115] El artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, reza:
“PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Deberán hacerse personalmente las
siguientes notificaciones. || 1. Al demandado o a su representante o apoderado
judicial, la del auto que confiere traslado de la demanda o que libra
mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte
en todo proceso….”.
[116] A folio 38 del cuaderno principal del proceso disciplinario, se
observa el poder otorgado por Evis Peña Córdoba al abogado Felipe Galesky
Argote Pérez, esta vez sí con la nota de presentación personal de fecha treinta
y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010).
[117] El escrito de alegación de la excepción de prescripción extintiva a
favor de la señora Evis Esther Peña Córdoba, con constancia de presentación del
primero (01) de junio de dos mil diez (2010), obra a folios 39 y 40 del
cuaderno principal del proceso disciplinario.
[118] Continuó señalando el resuelve de la providencia: “PRIMERO: Llévese
adelante la ejecución en la forma como fue decretada en el Auto de mandamiento
de pago. || SEGUNDO: Abstenerse de darle trámite a las excepciones propuestas
por el apoderado judicial de la parte ejecutada…” (folios 41 y 42 del cuaderno
principal del proceso disciplinario).  A folios 43 y 44 ibíd., aparece el
escrito de interposición del recurso de reposición y en subsidio apelación,
presentado por el abogado Argote Pérez, en el cual se controvierte el hecho de
haber dado por notificados por conducta concluyente a los ejecutados y el
consecuente rechazo de la excepción de mérito alegada en razón de su
extemporaneidad.  A folio 45 ibíd., se observa el auto del veintitrés (23) de
julio de dos mil diez (2010), a través del cual el juez Camilo Vence De Luque
negó los recursos de reposición, por no ser un medio de impugnación procedente
contra sentencias, y de apelación, por no ser admisible conforme al inciso
final del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.
[119] Folio 36 del cuaderno principal del proceso disciplinario.
[120] Este asunto fue objeto de estudio en la sentencia T-1044 de 2006
(MP Rodrigo Escobar Gil), en la cual correspondió establecer si, atendidas las
circunstancias del caso concreto, las interpretaciones que hicieron los jueces
en sus respectivas providencias en el marco de un proceso ejecutivo, de los
artículos 330 del Código de Procedimiento Civil y 790 del Código de Comercio,
constituyen o no vías de hecho judiciales que tornen procedente la acción de
tutela.  Precisó la Sala Quinta de Revisión que “[e]n efecto, conforme a lo
expuesto, el asunto tiene que ver directamente con la fijación del alcance del
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil que, para los actores en tutela,
no conduce a entender que la notificación por conducta concluyente opera antes
de la providencia que la declara, a diferencia de los despachos judiciales que
la entienden surtida en la fecha de presentación del escrito en el cual los
demandados demuestran conocer el mandamiento de pago”.  Concluyó que “el
entendimiento que en las providencias cuestionadas se le otorgó al artículo no
se revela arbitrario, irrazonable o desproporcionado, sino que, por el
contrario, a primera vista aparece enmarcado dentro de las legítimas
posibilidades de interpretación que le corresponden al juez ordinario respecto
de la normatividad aplicable a los casos sometidos a su decisión, tal como lo
consideró la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la
sentencia de primera instancia proferida dentro de la presente tutela”.
[121] El artículo 330 citado continúa señalando: “Cuando una parte retire
el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la ley, se
entenderá notificada desde el vencimiento del término para su devolución, de
todas las providencias que aparezcan en aquel y que por cualquier motivo no le
hayan sido notificadas. || Cuando el escrito en que se otorgue poder a un
abogado se presente en el juzgado de conocimiento se entenderá surtida la
notificación por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan
dictado, inclusive el auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago,
el día en que se notifique el auto que reconoce personería, a menos que la
notificación se haya surtido con anterioridad. || Cuando se decrete la nulidad
por indebida notificación de una providencia, ésta se entenderá surtida por
conducta concluyente al día siguiente de la ejecutoria del auto que la decretó
o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior”.
[122] Ver la sentencia T-100 de 1998 (MP José Gregorio Hernández
Galindo). En esa oportunidad la Sala de Revisión confirmó los fallos de
instancia por medio de las cuales se negó el amparo de los derechos al debido
proceso y a la defensa del accionante, quien mediante la acción de tutela
pretendía que se revocara una decisión adoptada en segunda instancia por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, en virtud de la cual se
declaró la ilegalidad de la diligencia de entrega y se ordenó la entrega de
unos locales a la poseedora y dueña de los inmuebles, al considerar que la
providencia atacada no desconoció en forma alguna la cosa juzgada, pues la
sentencia del Juzgado Civil había recaído sobre la suerte de la administración
del establecimiento de comercio y no sobre los locales comerciales. Señaló: “Esa
–aunque pudiera no compartirse, a partir de enfoques jurídicos diferentes
acerca de la normatividad aplicable– es una distinción respetable, que puede
sostenerse y sustentarse sin que comporte desobediencia a las disposiciones
vigentes, y sin que signifique agravio a los derechos fundamentales de la parte
no favorecida con la decisión judicial”.  Bajo esta misma línea argumentativa,
la sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), señaló: “Las
actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las
convierte –pese a su forma– en verdaderas vías de hecho, no merecen la
denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de
establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia
de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad
constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. La doctrina de
la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana
distinción entre las providencias judiciales –que son invulnerables a la acción
de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y
respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios
judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico– y las vías de
hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería
administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y
abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar
en cambio los derechos básicos de las personas. La violación flagrante y
grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el
manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la
acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en
el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del
afectado para la defensa de su derecho. El objeto de la acción y de la orden
judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se debate
en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el cual se
viola o amenaza un derecho fundamental”.
[123] Sentencia T-1169 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil).  Asimismo en las
sentencias T-907 de 2006 y 1044 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), la Sala
Quinta de Revisión precisó: “[…] en garantía del principio de autonomía
judicial, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
se remite ‘a la consideración de defectos objetivamente verificables, de tal
manera que sea posible establecer que la decisión judicial, que debiera
corresponder a la expresión del derecho aplicable al caso concreto, ha sido
sustituida por el arbitrio o capricho del funcionario judicial que ha proferido
una decisión que se muestra evidentemente incompatible con el ordenamiento
superior’, de lo cual se desprende ‘que no cualquier discrepancia sobre el
entendimiento de un determinado supuesto fáctico y de la norma aplicable puede
ser objeto de examen por el juez constitucional’”.
[124] Conforme al Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable para la época de los hechos, “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos. || El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba”.