T-642-15
Sentencia T-642/15
LEGITIMACION POR
ACTIVA Y LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Requisitos generales
de procedencia
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad
ACCION DE TUTELA
PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
En consideración al particular estado de vulnerabilidad de la población desplazada, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es el mecanismo judicial
idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, por una
parte, porque a pesar de que existen otros medios de defensa judicial, los
mismos carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta oportuna,
completa e integral frente a las víctimas del desplazamiento forzado, con
ocasión de la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran;
y por la otra, porque en virtud de
los principios de inmediatez, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que
caracterizan al amparo constitucional, no es posible exigir el agotamiento
previo de los recursos ordinarios, pues en tratándose de la población
desplazada prevalece la necesidad de asegurar la realización efectiva de
los derechos materiales que se encuentran comprometidos. Esta posición de la
Corte guarda concordancia con lo dispuesto en los principios rectores del
desplazamiento interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la
definición e interpretación de las normas jurídicas que se vinculan con las
medidas de protección a favor de la población desplazada, en los cuales se
demanda la existencia de un recurso judicial eficaz para garantizar los
derechos de las personas víctimas del desplazamiento.
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Alcance y contenido
ACCESO
A SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-Evolución
normativa
SUBSIDIO
FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE-Regulación
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS DESPLAZADAS-Responsabilidad
de entidades territoriales en materia de subsidios de vivienda
DERECHO A SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DESPLAZADA-Orden a Fonvivienda que, en la próxima convocatoria que se
desarrolle en la zona de residencia de la accionante, se incluya en el listado
de potenciales beneficiarios
Referencia:
Expedientes T-4966615 y T-4976745 (acumulados)
Acciones
de tutela instauradas por la señora Juana contra el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda; y la señora Gloria Janet Posso
Tuberquia contra esta última entidad
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C.,
nueve (9) de octubre de dos mil quince (2015)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha
pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos dictados por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla en el expediente              T-4.966.615, y
por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín en el expediente T-4.976.745.
A continuación, se expondrán los antecedentes y las sentencias objeto de
revisión de cada uno de los casos que se estudian en esta oportunidad.
No obstante, como
se verá más adelante, dado que en una de las tutelas se busca la protección del
derecho a la vivienda digna de una señora, entre cuyos hechos se invocan datos
sensibles relacionados con su salud[1],
y en aras de proteger su privacidad, se emitirán respecto del asunto sometido a
decisión dos copias del mismo fallo, diferenciándose en que se sustituirán los
nombres reales en aquella copia que se publique en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
I.
EXPEDIENTE T-4.966.615
Acción de tutela
interpuesta por la Defensora Pública de la Regional Atlántico de la Defensoría
del Pueblo, actuando como agente oficiosa de la señora Juana, en contra del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda (en
adelante Fonvivienda).
1.1.
Antecedentes
1.1.1.
Hechos
Los
hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron los
siguientes:
- La
señora Juana fue víctima del delito de desplazamiento forzado hace 10
años, lo que la obligó a establecer su domicilio en el municipio de Soledad,
departamento del Atlántico, en la residencia de su progenitora. Según se afirma
en la demanda, es madre cabeza de familia con dos hijos menores de edad, carece
de recursos económicos para su sostenimiento y padece de varias enfermedades,
entre ellas, esquizofrenia y epilepsia.
- En
el año 2007, la señora Juana se postuló a la convocatoria de subsidio
familiar realizada por Fonvivienda, para la adquisición de vivienda nueva o usada
dirigida a la población desplazada. Como resultado de tal postulación, el hogar
de la accionante fue calificado como “apto” para recibir el aludido subsidio en
la Resolución No. 174 de 2007. Sin embargo, a la fecha de interposición de esta
acción, esto es, el 29 de enero de 2015, la peticionaria no había recibido la
suma correspondiente a dicho beneficio.
- A
través de la Defensoría del Pueblo, Regional Atlántico, se presentaron varias
peticiones a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en
las cuales se solicitó información sobre el pago del subsidio. En respuesta se
informó que el hogar de la señora Juana se encuentra como “calificado” y
que, para hacer efectivo el desembolso, es necesario que figure como
“asignado”. En desarrollo de lo anterior, se explicó que las asignaciones se
realizan en estricto orden de postulación y que la demora en su formalización
tiene su causa en la gran cantidad de familias que esperan por este beneficio, respecto
de la disponibilidad de recursos con los que se cuenta.
1.1.2. Solicitud
de amparo constitucional
Con fundamento
en los hechos expuestos, se solicita el amparo de los derechos  al mínimo vital
y a la vivienda digna de la señora Juana y, en
consecuencia, se ordene la pronta asignación del subsidio para la compra de
vivienda. Adicionalmente, pide que sea incluida en programas de
restablecimiento socioeconómico.
1.1.3.
Contestación de la demanda
1.1.3.1.
Contestación de Fonvivienda
El
18 de febrero de 2015, el apoderado de Fonvivienda, allegó un oficio en el cual
informó que el hogar de la peticionaria figura en las bases de datos como
“calificado”, lo que significa que cumplió con los requisitos necesarios para
acceder al subsidio de vivienda. Sin embargo, no ha sido posible incluirlo en
las resoluciones de asignación, porque tal proceso se realiza luego de la
calificación y priorización de los aspirantes y hasta agotar los recursos
disponibles.
Por
lo demás, la entidad accionada anexa dos imágenes de la consulta en línea del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en las cuales se lee, por una
parte, “calificado proceso bolsa desplazados y proceso de asignación”, y
por la otra, “rechazado por no estar reportado en el Registro Único de
Población Desplazada-RUPD”.
1.1.3.2.
Contestación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
En
escrito del 10 de febrero de 2015, el apoderado del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio indicó que ha dado respuesta a la totalidad de las peticiones
presentadas por la actora sobre su postulación, pese a que la entidad encargada
de coordinar, otorgar, asignar y/o rechazar los subsidios familiares de
vivienda es Fonvivienda.
Aunado
a lo anterior, hace una exposición del procedimiento y los requisitos de la
política del subsidio de vivienda en especie, señalando que el hogar debe
someterse a los procesos de postulación, previa verificación de datos, rechazo
y validación, calificación y desembolso para recibir tal beneficio.
Finalmente,
cita providencias del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de
la Corte Constitucional, en las cuales se concluye que no existe vulneración de
derechos fundamentales a los hogares con la condición de “calificados”.
1.1.4.
Pruebas aportadas al proceso
Para
acreditar los hechos narrados en el expediente obran los siguientes documentos
relevantes:
a)
Petición dirigida a Fonvivienda en la cual la madre de la accionante solicita
información sobre la asignación del subsidio de vivienda, la cual fue radicada
el 23 de julio de 2013 ante Combarranquilla[2],
con miras a que sea remitida al citado fondo.
b)
Respuestas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del 24 de marzo de
2011, 29 de octubre y 14 de noviembre de 2013, en las cuales se informa a las
señoras Juana y a su progenitora, que su hogar se encuentra en
estado “calificado” y que, para hacer efectivo el desembolso del subsidio, es
necesario que figure como “asignado”, lo cual tan sólo ocurrirá cuando se
produzca su inclusión en una resolución con tal fin.
c)
Oficio del 30 de septiembre de 2013 de la Regional Atlántico de la Defensoría
del Pueblo, en el que se informa al Subdirector del Subsidio Familiar de vivienda
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la situación referente al
subsidio de vivienda de la accionante y se solicita comunicar a dicha entidad
las gestiones adelantadas al respecto.
d)
Escritos de la Defensoría del Pueblo del 25 de julio de 2014, dirigidos a
Combarranquilla, a la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
del Ministerio de Vivienda y a la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda
del citado Ministerio, en los cuales solicita un informe del estado en el que
se encuentra el desembolso del subsidio a la señora Juana.
e)
Respuesta de Combarranquilla a la Defensoría del Pueblo, con fecha del 8 de
agosto de 2014, en que se informa que el hogar de la accionante se encuentra
“calificado” y que no ha sido posible realizar la asignación, puesto que la
misma se somete a un estricto orden hasta agotar los recursos disponibles.
f)
Certificación del 19 de junio de 2013 del médico psiquiatra del Hospital
Universitario CARI de Barranquilla, en la que consta que la señora Juana
asistió hasta el 6 de junio de 2012 a dicha institución a citas de control por psiquiatría
y neurología, con diagnóstico de epilepsia y otros trastornos mentales.
g)
Historia clínica de la accionante, del 24 de junio de 2014, en la que se establece
como diagnóstico “deterioro neurológico”, “síndrome convulsivo”, “epilepsia” y
“esquizofrenia”.
h)
Registro civil de nacimiento de una hija de la accionante nacida el 7 de mayo
de 2003, así como registro de un hijo nacido el 19 de noviembre de 2004.
i)
Finalmente, aparecen: registro civil de nacimiento de la accionante, copia de
su carné de afiliación a la EPS Caprecom y copia de su cédula de ciudadanía.
1.2. Sentencia
objeto de revisión y actuaciones adelantadas en dicha sede
1.2.1. Primera
instancia
En
sentencia del 10 de febrero de 2015, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió negar el amparo solicitado,
al considerar que el hogar de la accionante figura como “calificado” en la
convocatoria de subsidios de vivienda a desplazados del año 2007, lo que
implica que se encuentra en el trámite de un proceso que no ha concluido, lo
que descarta la violación de sus derechos. No obstante, exhortó a las
accionadas para que, si no lo han hecho, se pronuncien sobre las peticiones formuladas
por la señora Juana. No consta en el expediente que esta decisión haya
sido impugnada.
1.2.2. Actuaciones en sede de revisión
1.2.2.1. En Auto
del 23 de julio de 2015, por Secretaría General de esta Corporación, el
despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que se librara oficio a la señora Juana, con
el fin de que diera respuesta al siguiente cuestionario: (i) de qué actividad
deriva su sustento económico y en qué consiste; (ii) cuántas personas componen
su núcleo familiar, a qué se dedican y de qué forma proveen sus necesidades
básicas; (iii) a cuánto equivalen sus gastos mensuales por concepto de
manutención, vivienda, transporte, salud, etc.; (iv) qué enfermedades sufre o
afectan a su núcleo familiar, y qué limitaciones les generan; y (v) dónde y con
quién reside actualmente, esto incluye si debe pagar arrendamiento o convive
con algún familiar. Sobre el particular, se destaca que el oficio enviado a la
accionante fue devuelto por la Oficina de Correo 472 con la anotación de “desconocido”.
1.2.2.2. En el
mismo Auto de la referencia, se le pidió a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que informara si
la señora Juana se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas
(RUV), de ser así, indicara cómo está compuesto su núcleo familiar y si ha sido
beneficiaria de algún programa de restablecimiento socioeconómico.
En escrito
enviado el 31 de julio de 2015, la Directora de Registro y Gestión de la Información
dio respuesta al requerimiento realizado por esta Corporación, en el que se
señaló que al consultar el número de identificación de la señora Juana
en el Registro Único de Víctimas, éste arroja como resultado su “no
inclusión”, decisión que fue adoptada en la Resolución No. 2013-309028 del
25 de noviembre de 2013.
Expresamente, en
la citada Resolución se observa la negativa a su inclusión como víctima por el
delito de desaparición forzada de su esposo[3].
Sin embargo, se señala que: “se realizó la consulta de la declarante y su
hogar en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), hoy Registro Único
de Víctimas (RUV), se encontró a la deponente y su hogar, en una declaración
anterior CÓDIGO SIPOD 416144 rendida en la Personería de Malambo (Atlántico) el
día 21 de noviembre de 2005; declaración por la cual se emitió un concepto de
INCLUSIÓN”.
1.2.2.3.
Finalmente, en la misma providencia en cita, se le pidió a Fonvivienda que
informara en cuánto tiempo –aproximadamente– se realizará la asignación del
subsidio para la adquisición de vivienda nueva o usada a favor de la señora Juana,
cuyo hogar aparece como “calificado” en la convocatoria del año 2007. Por lo
demás, se solicitó poner de presente cuándo se expedirán las próximas
resoluciones de asignación destinadas a población residente en el área
metropolitana de Barranquilla.
En escrito del
12 de agosto de 2015, el Director Ejecutivo de Fonvivienda indicó que la señora
Juana se postuló a la Convocatoria Desplazados 2007 para subsidio en la
modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada y su estado actual es “calificado”.
Alegó que dicha entidad no puede señalar una fecha concreta para la asignación
del subsidio, pues el otorgamiento del mismo depende del cumplimiento de los
puntajes y del presupuesto disponible.
Al margen lo
anterior, y respecto del caso concreto, señaló que una vez se incluye un hogar
en el listado de potenciales beneficiarios, éste debe realizar las gestiones de
postulación. Así las cosas, visto el asunto sub-judice, se encontró que la
accionante fue habilitada como potencial beneficiaria de dos proyectos ubicados
en Malambo y Soledad. Sin embargo, no llevó a cabo el citado proceso de
postulación, lo que le impidió ser reconocida como beneficiaria en el listado
definitivo. Por último, puntualizó que no se tienen previstas nuevas
asignaciones en el municipio de residencia de la peticionaria.
1.2.2.4.
Teniendo en cuenta la información recibida en sede de revisión por parte de
Fonvivienda, se profirió un nuevo Auto de pruebas el 4 de septiembre de 2015,
en el que se le preguntó sobre la manera de llevar a cabo la publicación,
comunicación o notificación de la lista de potenciales beneficiarios y la
apertura de convocatorias para programas de vivienda gratuita.
En respuesta del
16 de septiembre de 2015 se informó que:
“[L]a
entidad encargada de la publicación de los actos administrativos que otorgan el
estado de potencial beneficiario es el Departamento Administrativo para la
prosperidad –DPS, por ser la entidad que expide dicho acto administrativo, el
cual es remitido con posterioridad al Fondo Nacional de Vivienda para que sea
tenido en cuenta al momento de abrir la convocatoria para la postulación de
hogares, teniendo en cuenta que de conformidad con las normas que regulan el
Programa de Vivienda Gratuita, sólo podrán postularse los hogares habilitados
por el DPS.
No
obstante lo anterior, una vez el DPS remite a Fonvivienda el acto
administrativo que habilita a los hogares como potenciales beneficiarios, esta
entidad envía la Resolución a la Unión Temporal de Cajas de Compensación
Familiar CAVIS UT, con la cual existe un contrato de encargo de gestión, para
que, a través de las Cajas de Compensación Familiar se dé aviso a los hogares
seleccionados y puedan realizar la respectiva postulación.
Las
resoluciones expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda que abren y cierran
las Convocatorias para la postulación de los hogares, son publicadas en el
Diario Oficial de la Imprenta Nacional.”
II. EXPEDIENTE T-4.976.745
Acción de tutela
interpuesta por la señora Gloria Janet Posso Tuberquia contra Fonvivienda.
2.1 Antecedentes
2.1.1. Hechos
Los hechos que
dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron los siguientes:
-
La accionante afirma ser desplazada, madre cabeza de familia y beneficiaria de
un subsidio para la compra de vivienda nueva o usada reconocido conjunta-mente
por Fonvivienda y el municipio de Medellín desde el 8 de junio de 2010.
-
Manifiesta que mediante Escritura Pública No. 979 del 5 de mayo de 2014 de la
Notaría de Rionegro (Antioquia), se pactó la compraventa de un bien inmueble destinado
a constituir su hogar, en el que se dispuso que la mitad de su valor se pagaría
con el subsidio que cubriría Fonvivienda y la suma restante con el subsidio
otorgado por el municipio de Medellín.
-
Señala que al momento en que se interpuso la presente acción de tutela, esto es,
el día 28 de enero de 2015; Fonvivienda no había desembolsado el dinero
correspondiente al beneficio ya reconocido, por lo que le adeuda al vendedor la
mitad del valor del inmueble.
-
La accionante afirma que el 12 de noviembre de 2014 instauró una petición ante
Fonvivienda, en la que solicitó el desembolso del subsidio o, en su defecto, se
explicaran las razones por las cuales ello no ha ocurrido; sin que hasta el
momento de interposición de la acción, se haya otorgado respuesta alguna.
2.1.2. Solicitud
de amparo constitucional
La
peticionaria solicita que se proteja su derecho de petición y, en consecuencia,
se ordene a Fonvivienda dar respuesta de fondo y concreta sobre el pago de su
subsidio de vivienda, incluyendo la orden de realizar el desembolso respectivo.
2.1.3.
Contestación de la demanda
La
entidad accionada no allegó respuesta en el término concedido por el juez de
primera instancia.
2.1.4.
Pruebas aportadas al proceso
Para
acreditar los hechos narrados en el expediente obran los siguientes documentos
relevantes: (i) Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante; (ii)
petición formulada el 12 de noviembre de 2014, en la cual se solicitó a
Fonvivienda el desembolso del subsidio o, en su defecto, la explicación de las
razones por las cuales no se ha realizado el mismo[4]; y (iii) escrito de petición
con fecha del 29 de julio de 2014, en el cual la accionante relata su situación
al Ministerio de Vivienda y solicita el desembolso del subsidio. Este documento
no cuenta con sello o firma de recibido.
2.2. Sentencia
objeto de revisión y actuaciones
adelantadas en dicha sede
2.2.1. Primera instancia
En sentencia del
10 de febrero de 2015, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que el asunto solicitado tiene
un carácter meramente económico y que el amparo no es la herramienta judicial idónea
para resolverlo. No consta en el expediente que esta decisión haya sido
impugnada.
2.2.2. Actuaciones en sede de revisión
2.2.2.1. En Auto
del 23 de julio de 2015, por Secretaría General de esta Corporación, el
despacho del Magistrado Sustanciador dispuso que se librara oficio a la señora Gloria
Janet Posso Tuberquia, con el fin de que diera respuesta al siguiente
cuestionario: (i) de qué actividad deriva su sustento económico y en qué
consiste; (ii) cuántas personas componen su núcleo familiar, a qué se dedican y
de qué forma proveen sus necesidades básicas; (iii) a cuánto equivalen sus
gastos mensuales por concepto de manutención, vivienda, transporte, salud,
etc.; (iv) qué enfermedades sufre o afectan a su núcleo familiar, y qué
limitaciones les generan; y (v) dónde y con quién reside actualmente, esto
incluye si debe pagar arrendamiento o convive con algún familiar. Sobre el
particular, se destaca que el oficio enviado a la accionante fue devuelto por la
Oficina de Correo 472 con la anotación de “no existe número”.
2.2.2.2. En el
mismo Auto de la referencia, se le pidió a Fonvivienda que informara el estado
en el cual se encuentra la postulación al subsidio para la adquisición de
vivienda nueva o usada de la señora Gloria Posso Tuberquia y, en concreto, si
resultó beneficiada y se dispuso a su favor la asignación y posterior
desembolso del subsidio solicitado. En caso contrario, explicar las razones por
las cuales dicho procedimiento no ha culminado.
En escrito del
12 de agosto de 2015, el Director Ejecutivo de Fonvivienda indicó que la
accionante resultó favorecida con un subsidio por valor de $ 15.450.000 pesos[5] y presentó solicitud de
desembolso del mismo, el cual fue autorizado a la Fiduciaria Central quien
maneja los recursos del proyecto Torres del Este, ubicado en Medellín.
Verificado el avance del referido proyecto, se encontró que aún aparece en estado
de construcción.
2.2.2.3. Teniendo
en cuenta la información recibida en sede de revisión, el despacho del
Magistrado Sustanciador profirió nuevo auto del 4 de septiembre de 2015, en el
cual se dispuso lo siguiente: (i) que se librara oficio al Fondo Nacional de
Vivienda para que emitiera un concepto, con fundamento en la regulación existente,
sobre la posibilidad de revertir el desembolso de un subsidio en la modalidad
de adquisición de vivienda nueva o usada hecho a un proyecto en construcción, a
través de una fiduciaria. Lo anterior, puesto que, en el caso sub-judice,
la accionante encontró otra solución de vivienda, en la que cuenta con el apoyo
del municipio de Medellín, y los recursos otorgados por Fonvivienda se encuentran
en un proyecto que aparece en estado de construcción.
Adicionalmente,
(ii) se libró oficio a la Fiduciaria Central S.A, adjuntando copia de la acción
de tutela, del auto admisorio y del fallo de instancia, para que se entendiera
vinculada a este proceso y se pronunciara acerca los hechos y pretensiones en
que se funda la solicitud de amparo. De igual manera, se le pidió informar el
estado actual del proyecto de vivienda denominado Torres del Este, ubicado en
el municipio de Medellín.
Por último, (iii)
se libró igualmente oficio a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia,
Comfama[6],
adjuntando copia de la acción de tutela, del auto admisorio y del fallo de
instancia, para que la citada entidad se entendiera vinculada a este proceso y
se pronunciara acerca los hechos y pretensiones en que se funda la solicitud de
amparo.
2.2.2.4. En
escrito del 16 de septiembre de 2015, Fonvivienda se pronunció sobre la
posibilidad de revertir el desembolso de un subsidio en la modalidad de
adquisición de vivienda nueva o usada, realizado a un proyecto que se encuentra
en estado de construcción, a través de una fiduciaria, en los siguientes
términos:
“La beneficiaria del subsidio, señora Gloria Janet Posso Tuberquia se encuentra en posibilidad de
rescindir el contrato de promesa de compraventa que tiene con el oferente del
proyecto Torres del Este (aclarando que esta es una relación contractual entre
ellos ajena a Fonvivienda), trámite que podrá realizar demostrando que
actualmente tiene adelantado el proceso de escrituración y registro con un
nuevo oferente, de conformidad con lo indicado por ella en la acción de tutela,
(…), particular con quien realizó el trámite de compraventa del inmueble usado.
Posterior a ello, deberá tramitar con el oferente del proyecto Torres del Este
de Medellín, la solicitud de traslado de los recursos del subsidio familiar de
vivienda, de la fiduciaria al nuevo oferente, ya que ésta sería la encargada de
consignarle el dinero al segundo oferente, con el cual la accionante realizó
contrato de compraventa, por motivos de demora en el proyecto al cual aplicó
inicialmente.”
2.2.2.5. En
escrito del 11 de septiembre de 2015, el representante legal de la Fiduciaria
Central S.A. dio respuesta al requerimiento realizado por la Corte e informó
que el derecho de petición sobre el cual se invoca el amparo se dirigió a
Fonvivienda, por lo que no le asiste ninguna responsabilidad respecto del
derecho fundamental cuya protección se solicita.
Frente a la
solicitud de desembolso del subsidio, en virtud del respectivo contrato de
encargo fiduciario, manifestó que el 30 de diciembre de 2013 se realizó el
primer desembolso del 40% de los recursos girados por Fonvivienda por 84
subsidios, previa certificación de la ejecución del 100% de las obras de
urbanismo básico y un avance de obra de construcción de las viviendas del
15.1%. Por lo demás, informó que los desembolsos restantes no se han realiza-do,
pues no se han presentado los documentos necesarios para ello.
Respecto de la
solicitud de la accionante de desembolsar los recursos del subsidio con el fin
de pagar una vivienda que no hace parte del proyecto Torres del Este, la
Fiduciaria indicó que no es procedente si se tiene en cuenta que el encargo
fiduciario se constituyó exclusivamente para dicho proyecto y que a la fecha no
hay manifestación alguna por parte de Fonvivienda, en el sentido de proceder a
la restitución de los recursos.
De igual manera puso
de presente que al 6 de julio del año en curso, el avance del proyecto era del
24% de ejecución.
Por último,
anexó el contrato de encargo fiduciario de administración
de subsidios familiares de vivienda de interés social proyecto Torres del Este,
en el cual figuran como constituyentes la Fundación Colombiana de Desplazados,
Vulnerables y Etnias -FUNCODENT– e INSEREL Ingeniería en Servicios Eléctricos,
de Comunicaciones y de Gas LTDA.
2.2.2.6. La Caja
de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA dio respuesta al requerimiento en
escrito del 16 de septiembre de 2015, en el cual advirtió que la adjudicación
del subsidio está a cargo de Fonvivienda, siendo su labor la de apoyar y
colaborar en el proceso de postulación mediante la recepción de la
documentación de los postulantes, la cual se envía a la citada entidad pública.
En relación con
el caso de la señora Posso Tuberquia, señala que fue beneficiaria del subsidio
de vivienda y suscribió contrato de promesa de compraventa para el proyecto
Torres del Este, circunstancia que condujo a que el subsidio fuese pagado
anticipadamente a la Fiduciaria.
Como la
accionante también gestionó la compra de una vivienda usada con una persona
natural, Comfama le devolvió los documentos que presentó para el pago del
subsidio, explicándole que éste ya había sido desembolsado de forma anticipada a
la fiduciaria para aplicarlo al proyecto Torres del Este.
Finalmente,
adjuntó copia del contrato de promesa de compraventa del fidei-comiso Torres
del Este, en el cual la señora Gloria Janet Posso Tuberquia figura como
prometiente comprador, la representante legal de la fiduciaria central como
promitente vendedor, y vocera y administradora del Fideicomiso Torres del Este
y los representantes legales de FUNCONDENT e INSEREL como fideicomitentes. El
contrato fue firmado el 30 de octubre de 2012 y la fecha de entrega del
inmueble se estipuló para diciembre de 2013.
2.2.2.7. Más
adelante, la accionante hizo llegar al despacho del Magistrado sustanciador los
siguientes documentos: (i) certificado de libertad y tradición de la vivienda
usada adquirida por la accionante a la persona natural, en el cual figura como
propietaria. Esta propiedad es distinta a la que consta en la promesa de
compraventa del proyecto Torres del Este, cuya ejecución se encuentra en un 24%
y respecto de la cual se realizó el giró del subsidio por Fonvivienda.
(ii) Resolución No.
199 del 26 de febrero de 2014 del ISVIMED “por la cual se acepta la renuncia
voluntaria a la asignación del subsidio de vivienda para el Proyecto
Habitacional Torres del Este Etapa I de un grupo familiar beneficiario de la
Organización Popular de Vivienda FUNCONDENT [el de la accionante] y en consecuencia
se revoca parcialmente la Resolución No. 1023 del 3 de octubre de 2012”.
(iii)
Comunicación de FUNCONDENT dirigida a la gerente regional de la Fiduciaria
Central S.A. radicada el 24 de julio de 2014, en la cual le solicita el “cambio
de proyecto a vivienda usada”, a favor de la señora Gloria Janet Posso
Tuberquia.
(iv) Comunicación
de la asignación del subsidio familiar de vivienda por parte del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a la accionante y su grupo familiar
con fecha del 8 de junio de 2010.
(v) Comunicación
dirigida a la accionante, en la cual ISVIMED informa que a través de la Resolución
No., 1427 del 31 de agosto de 2015, se le ajustó el valor del subsidio familiar
al 90% para la adquisición de vivienda usada.
2.2.2.8. Ante
los documentos enviados, el despacho del Magistrado Sustanciador entabló
comunicación con el Instituto de Vivienda de Medellín ISVIMED para que aportara
al proceso la mencionada Resolución No. 1427 del 31 de agosto de 2015. Dicha
entidad allegó el citado acto administrativo, en el cual se ajustó el valor del
subsidio municipal asignado al grupo familiar de la accionante hasta el 90% del
valor de la vivienda usada adquirida, en virtud de lo establecido en el
parágrafo del artículo 23 del Decreto Municipal 2339 del 21 de noviembre de
2013, el cual establece ese beneficio para las víctimas de desplazamiento
urbano. El valor restante, esto es, el 10% del valor de la vivienda (que
asciende a la suma de $ 3.200.000 pesos) deberá ser aportado por el grupo
familiar beneficiario.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en las acciones de tutela de
la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. Los expedientes fueron seleccionados y acumulados por
medio de Auto del 24 de junio de 2015 proferido por la
Sala de Selección Número Seis.
3.2. Presentación
de los casos, problema jurídico y esquema de resolución
Dada la cantidad
de información recaudada en sede de revisión que podría dar una nueva lectura
de los hechos que dieron origen a las acciones de tutela aquí estudiadas, y que
conduciría a una adecuación por parte del juez constitucional de los derechos
objeto de amparo, esta Sala considera necesario hacer de nuevo una presentación
de cada uno de los casos expuestos, previa identificación de los elementos
fácticos narrados por las accionantes y de los hallados por esta Corporación[7].
3.2.1.
Expediente T-4.966.615: Acción de tutela promovida a favor de la señora Juana
La accionante es
víctima del desplazamiento forzado, madre cabeza de familia y padece de
esquizofrenia y epilepsia. Según consta en el expediente, su hogar figura en la
base de datos como calificado para acceder al subsidio de vivienda  desde el
año 2007. Sin embargo, no ha sido incluido en las resoluciones de asignación, pese
a los distintos derechos de petición que con tal propósito se formularon por la
accionante y su progenitora entre los años 2011 y 2014, tanto a Fonvivienda
como al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
De acuerdo con Fonvivienda,
a pesar de que la accionante ha sido incluida en el listado de potenciales
beneficiarios respecto de dos proyectos ubicados en los municipios de Malambo y
Soledad, no ha realizado los trámites de postulación, que rigen actualmente el
programa de subsidio familiar de vivienda en especie, lo cual le ha impedido
aparecer en la lista definitiva de beneficiarios y, por ende, disfrutar del
subsidio que reclama. Al parecer, según se infiere de los elementos de juicio
que constan en el expediente, dicho trámite no se ha realizado por
desconocimiento.
A partir de lo anterior,
esta Corporación solicitó a Fonvivienda informar la manera cómo se lleva a cabo
el referido proceso de publicación, comunicación o notificación de la lista de
potenciales beneficiarios y de la apertura de la convocatoria para programas de
vivienda gratuita; frente a lo cual se otorgó la siguiente respuesta:
“[L]a
entidad encargada de la publicación de los actos administrativos que otorgan el
estado de potencial beneficiario es el Departamento Administrativo para la
prosperidad –DPS, por ser la entidad que expide dicho acto administrativo, el
cual es remitido con posterioridad al Fondo Nacional de Vivienda para que sea
tenido en cuenta al momento de abrir la convocatoria para la postulación de
hogares, teniendo en cuenta que de conformidad con las normas que regulan el
Programa de Vivienda Gratuita, sólo podrán postularse los hogares habilitados
por el DPS.
No
obstante lo anterior, una vez el DPS remite a Fonvivienda el acto
administrativo que habilita a los hogares como potenciales beneficiarios, esta
entidad envía la Resolución a la Unión Temporal de Cajas de Compensación
Familiar CAVIS UT, con la cual existe un contrato de encargo de gestión, para
que, a través de las Cajas de Compensación Familiar se dé aviso a los hogares
seleccionados y puedan realizar la respectiva postulación.
Las
resoluciones expedidas por el Fondo Nacional de Vivienda que abren y cierran
las Convocatorias para la postulación de los hogares, son publicadas en el
Diario Oficial de la Imprenta Nacional.”
De lo expuesto
se infiere entonces que el asunto a definir en el caso sub-judice, no se
relaciona con la falta de otorgamiento del subsidio o con la situación
particular de la accionante para ser titular del mismo, sino con dificultades
operativas que se han presentado y que la han llevado a no poder advertir ante
las autoridades competentes su condición de potencial beneficiaria de dos
proyectos de vivienda (Malambo y Soledad), frente a los cuales no realizó los
trámites de postulación para que le sea otorgado de manera definitiva el citado
subsidio. Así las cosas, se está en presencia de un problema vinculado con la
realización del derecho a la vivienda digna de un sujeto de especial protección
constitucional, pues pese a que la accionante tiene la condición de víctima del
desplazamiento forzado, y su hogar se postuló desde la convocatoria de
desplazados del año 2007, no ha podido acceder al subsidio de vivienda ofrecido
por el Estado por inconvenientes meramente operativos.
Finalmente, a
pesar de que en la demanda se formula una pretensión encamina-da a que se
incluya a la accionante en programas de restablecimiento socio-económico, debe
manifestar la Sala que no observa en el expediente que se haya iniciado trámite
alguno ante las entidades competentes para tal efecto, así como tampoco se alega
la existencia de algún tipo de actuación que conduzca a entender que se ha
presentado la violación de algún derecho fundamental, más allá de lo
relacionado con el debate propuesto respecto del subsidio reclamado, por lo que
el objeto de este amparo se circunscribe al problema relacionado con la defensa
del mencionado derecho a la vivienda digna, como consecuencia del ejercicio de
la atribución del juez constitucional de identificar el conflicto que se
presenta y los derechos que se encuentran en riesgo[8].
3.2.2.
Expediente T-4.976.745: Acción de tutela promovida por la señora Gloria Janet
Posso Tuberquia
La señora Gloria
Janet Posso Tuberquia es igualmente víctima del desplaza-miento forzado y madre
cabeza de familia. A diferencia del caso anterior, ya es beneficiaria de un
subsidio para la adquisición de vivienda nueva o usada otorgado por Fonvivienda,
mediante la Resolución No. 750 de 2010, por un valor de $ 15.450.000.
En sede de
revisión se tuvo conocimiento de que el citado subsidio fue desembolsado el 20
de septiembre de 2013 para el proyecto de vivienda Torres del Este, a través de
la Fiduciaria Central S.A[9].
De acuerdo con lo que se explica por Fonvivienda, se trató de un giro
anticipado condicionado a la constitución de un encargo fiduciario para la
administración de los recursos otorgados a través de un patrimonio autónomo,
con el fin de brindar una solución de vivienda a la accionante, así como a
otros sujetos beneficiarios de subsidios.
Para el efecto,
lo que se dispone es una relación en la que intervienen tres sujetos: (i) el titular
del subsidio que escoge un proyecto de vivienda a cargo de un constructor, previa
suscripción de un contrato de promesa de compraventa, a través de una
fiduciaria, sometido a la entrega de la vivienda en una fecha determinada; (ii)
la selección de una fiduciaria encargada del manejo de los recursos del
subsidio y de formalizar su pago al constructor, en la medida en que se
producen avances hasta la entrega final de la vivienda edificada; y (iii)
finalmente, el constructor que realiza las obras, brinda la solución de
vivienda y quien se relaciona directamente con la fiduciaria, para efectos de
hacer la entrega de las soluciones habilitaciones construidas, así como para obtener
el pago de los recursos que se administran por vía del encargo fiduciario, esto
es, básicamente los subsidios girados de forma anticipada.
En el asunto
bajo examen, con miras a obtener una solución de vivienda, se encuentra que la
señora Posso Tuberquia suscribió un contrato de promesa de compraventa el día
26 de noviembre de 2012, a través de la Fiduciaria Central, con el Fideicomiso
Torres del Este. Según se señala en dicho contrato, el bien prometido sería entregado
en diciembre de 2013. Previamente, el 16 de octubre de 2012, se había
constituido el encargo fiduciario, por parte de la Fundación Colombiana de
Desplazados, Vulnerables y Etnias (FUNCODENT) y la empre-sa de Servicios Eléctricos,
de Comunicaciones y de Gas Ltda. (INSEREL), con los recursos provenientes de
los subsidios otorgados por Fonvivienda, incluyen-do el dispuesto a cargo de la
accionante.
Tanto la
FUNCODENT como INSEREL tenían a su cargo la construcción de la solución de
vivienda, que había sido objeto de la citada promesa de compra-venta, para lo
cual se dispuso en el encargo fiduciario una fórmula de entrega de los recursos
administrados por la Fiduciaria Central[10].
De acuerdo con
lo suscrito en la promesa de compraventa, el valor del inmueble objeto de este
contrato se acordó en la suma de $ 39.669.000 pesos, cubierto básicamente con
la suma del subsidio otorgado por Fonvivienda y con un subsidio adicional por
la suma de $ 19.834.500 pesos, conferido por el Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín (ISVIMED[11]).
No obstante lo
anterior, no se produjo la entrega del bien en la fecha acordada, esto es, en
diciembre de 2013, lo que condujo a que la accionante buscara otra alternativa
para satisfacer su derecho a la vivienda digna y adecuada, incluso según
comunicación de la Fiduciaria Central del 11 de septiembre de 2015, el proyecto
Torres del Este en la actualidad presenta un porcentaje de avance del 24%.
En el desarrollo
del citado proceso, la señora Posso Tuberquia decidió adquirir una vivienda
usada por un valor de $ 32.000.000 pesos, para lo cual suscribió una escritura
pública de compraventa el 5 de mayo de 2014 en la Notaría Segunda de Rionegro
(Antioquia). Por lo demás, la transferencia del dominio se hizo efectiva
mediante la inscripción de la tradición en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos el día 3 de junio del año en cita[12].
De acuerdo con
lo expuesto en la demanda, en la citada compraventa se estipuló que el valor
del inmueble sería cancelado con el subsidio de Fonvivienda por la suma de $
15.450.000 pesos, más el subsidio del municipio de Medellín. A pesar de ello,
para la fecha de interposición de la acción de tutela, se adeudaba el valor
correspondiente al apoyo económico otorgado por Fonvivienda.
Bajo el
escenario previamente reseñado se presentó el amparo constitucional, en el que
se solicitó la protección del derecho de petición, pues la accionante había
enviado un escrito a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio el 12 de noviembre de 2014, en el que no sólo pidió información
sobre el estado del trámite del referido subsidio, sino que también reclamó que
se hicieran “los desembolsos necesarios para cumplir con el contrato”.
Aun cuando no
aparece constancia de que el derecho de petición haya sido efectivamente resuelto
por las entidades señaladas, lo que si observa en los escritos que fueron
enviados en sede revisión, es que no existe la posibilidad de que Fonvivienda
solicite el reintegro del subsidio y lo reasigne a la solución real de vivienda
que tiene la señora Gloria Janet Posso Tuberquia. En este sentido, en escrito
del pasado 16 de septiembre de 2015, se señaló que:
“En
conclusión, no existe posibilidad de que el Fondo Nacional de Vivienda,
revierta el desembolso del subsidio familiar de vivienda, puesto que la
normatividad vigente no lo permite. Necesariamente, los recursos se
reintegrarían al tesoro nacional sin que la accionante ni Fonvivienda pueda
disponer de ellos. Tal y como se expuso, habría una posibilidad de traslado de
recursos por parte de la fiduciaria al nuevo oferente, con autorización claro
está, de las partes contratantes; Sin embargo, es una actuación que no depende
de esta entidad, por ser un acuerdo entre terceros”.
Esta solución a
la que se hace referencia, surgió como consecuencia de la pregunta realizada
por esta Sala de Revisión, sobre la posibilidad de revertir el desembolso de un
subsidio hecho a un proyecto en construcción, a través de una fiduciaria, para
destinarlo a otra solución de vivienda. Al respecto, como se mencionó en el
acápite de antecedentes, se expuso que:
“La
beneficiaria del subsidio, señora Gloria Janet Posso Tuberquia se encuentra en
posibilidad de rescindir el contrato de promesa de compraventa que tiene con el
oferente del proyecto Torres del Este (aclarando que esta es una relación
contractual entre ellos ajena a Fonvivienda), trámite que podrá realizar
demostrando que actualmente tiene adelantado el proceso de escrituración y
registro con un nuevo oferente, de conformidad con lo indicado por ella en la
acción de tutela, (…), particular con quien realizó el trámite de compraventa
del inmueble usado. Posterior a ello, deberá tramitar con el oferente del
proyecto Torres del Este de Medellín, la solicitud de traslado de los recursos
del subsidio familiar de vivienda, de la fiduciaria al nuevo oferente, ya que
ésta sería la encargada de consignarle el dinero al segundo oferente, con el
cual la accionante realizó contrato de compraventa, por motivos de demora en el
proyecto al cual aplicó inicialmente.”
Ante las
dificultades planteadas, según pudo conocer esta Sala de Revisión, el Instituto
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) expidió la Resolución No.
00001427 del 31 de agosto de 2015, en la que teniendo en cuenta que la señora
Gloria Janet Posso Tuberquia también había sido víctima de desplazamiento
intraurbano, se decidió ampliar el valor del subsidio munici-pal inicialmente
concedido, para cubrir el 90% de la suma total de la vivienda objeto de
adquisición. De esta manera, se otorgó un subsidio de $ 28.800.000 pesos, sobre
un valor total de la vivienda de $ 32.000.000, dejando un remanente de $
3.200.000 pesos. Para hacer efectiva esta operación, previamente se había
aceptado el retiro voluntario de la accionante del proyecto Torres del Este por
parte de FUNCODENT, circunstancia que fue puesta de presente a la Fiduciaria
Central, según consta en escrito recibido el día 24 de julio de 2014.
De lo expuesto
se infiere que si bien la tutela se motivó en un supuesto desconocimiento del
derecho de petición, ese no es realmente el problema que se plantea, sino una
eventual infracción al mínimo vital y a la vivienda digna, por cuanto no ha
sido posible utilizar el subsidio reconocido por Fonvivienda a la accionante en
su condición de víctima, para pagar el remanente de la vivienda que ya fue
adquirida, y frente a la cual, su antiguo propietario, según se expone en la
demanda, le exige el pago de intereses que no puede cubrir, pues es madre
cabeza de familia con dos niños a cargo.
3.2.3. Problema
jurídico y esquema de resolución
3.2.3.1. A
partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de las
acciones de tutela, esta Corporación
debe determinar si se configura por parte de Fonvivienda una vulneración de los
derechos de las accionantes al mínimo vital y a la vivienda digna en su
condición de víctimas del desplaza-miento forzado, en primer lugar, por no
constatar en el caso de la señora Juana que haya sido
efectivamente comunicada de las listas de potenciales beneficiarios en los dos
proyectos en los que resultó elegida y en los cuales finalmente no se postuló;
y en segundo lugar, en el caso de la señora Gloria Posso Tuberquia, por no
solicitar el reintegro de un subsidio desembolsado a su favor para un proyecto
de vivienda, luego de que ésta tuviera que, por la demora en su entrega y su
bajo nivel de ejecución, aplicarlo a la compra de otro inmueble, circunstancia
para la cual contó con el apoyo del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín (ISVIMED), al otorgarle un subsidio para cubrir inicialmente un poco
más del 50% de su valor total y al final asumir el 90% del mismo.
3.2.3.2.
Con el fin de resolver este problema jurídico, en primer
lugar, la Sala realizará el examen de procedencia de las acciones de tutela y
reiterará la jurisprudencia sobre el alcance del principio de subsidiariedad en
relación con la protección de los derechos fundamentales de la población
desplazada. En segundo lugar, se pronunciará sobre el derecho a la vivienda
digna respecto de dicha población, acápite en el que se explicará su alcance y
contenido, la evolución normativa en materia de subsidios de vivienda de
interés social y el procedimiento para su asignación. Una vez agotado el examen
de los temas propuestos, se procederá a la resolución del caso concreto.
3.3. De la
procedencia de las acciones de tutela
3.3.1.
En cuanto a la legitimación por activa, por regla general, conforme se
establece en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
podrá ser interpuesta por los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. En el caso del expediente T-4.976.745, la señora
Gloria Janet Posso Tuberquia se encuentra legitimada para interponer la presente
acción, no sólo porque actúa directamente, sino también porque solicita la
protección de su derecho a la vivienda digna en
su condición de víctima del desplazamiento forzado.
Ahora
bien, no sobra recordar que la regulación sobre la legitimación por
activa también consagra algunas situaciones particulares[13], en las
cuales terceras personas se encuentran facultadas para solicitar el amparo de
los derechos de otras, como ocurre con la atribución para que el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales puedan presentar la acción de tutela.
Esta facultad se
origina en el mandato consagrado en el numeral 3 del artículo 282 del Texto
Superior, que faculta al Defensor para interponer acciones de tutela, sin
perjuicio del derecho que asiste a los interesados, como expresión de su deber
institucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los
derechos humanos. En desarrollo de lo expuesto, el Decreto 2591 de 1991 dispone
que:
“Artículo 46.
Legitimación. El Defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho
que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de
cualquier persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo e
indefensión. (…)”
Como se deriva
de lo expuesto, siempre que actúe a través de dicha autoridad, ya sea
directamente o por intermedio de alguno de los funcionarios habilitados para
tal fin[14],
es preciso que se cumpla con una de dos condiciones: (i) que el titular de los
derechos haya solicitado actuar en su representación; o (ii) que la persona se
encuentre desamparada e indefensa, esto es, que carezca de medios físicos y/o
jurídicos, en aras de evitar o resistir la amenaza o violación de sus derechos
fundamentales[15].
Bajo el panorama
expuesto, la Sala estima que en el expediente T-4.966.615, la Defensora
Pública de la Regional Atlántico de la Defensoría del Pueblo está legitimada
para interponer la acción de tutela a favor de la señora Juana, con
miras a obtener el amparo de su derecho a la vivienda digna y adecuada,
básicamente por la situación de desamparo e indefensión en la que se encuentra,
pues se trata de una persona que presenta un diagnóstico de salud de deterioro
neurológico, síndrome convulsivo, epilepsia y esquizofrenia, cuya situación justifica
el acompañamiento que le brinda el Estado, a través de la autoridad competente
en materia de derechos humanos, en especial cuando se afirma que tiene la
condición de madre cabeza de familia a cargo de dos hijos menores de edad y que
carece de recursos económicos para autosostenerse. Por lo anterior, en el
citado caso, también se satisface el requisito de legitimación por activa.
3.3.2.
Respecto de la legitimación por pasiva[16],
se advierte que en cada caso se cuestiona el comportamiento del Fondo Nacional
de Vivienda (Fonvivienda), por distintas razones vinculadas con la salvaguarda
del derecho a la vivienda digna de víctimas del delito de desplazamiento
forzado. En este sentido, como se trata de un fondo con personería jurídica
adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio las tutelas son procedentes,
ya que –en los términos del numeral 7 del artículo 150 del Texto Superior– se
está en presencia de una autoridad pública del orden nacional.
3.3.3. En relación con el cumplimiento del principio de
inmediatez[17], en el expediente T-4.966.615, se
observa que la Defensora Pública de la Regional Atlántico de la Defensoría del
Pueblo promovió la acción de tutela a favor de la señora Juana el día 29
de enero de 2015, momento para el cual había transcurrido un poco más de cuatro
meses desde que Combarranquilla, como entidad encargada de la gestión operativa
de los subsidios otorgados por Fonvivienda, le informó a la actora que se
encuentra calificada como apta en su estado de postulación al subsidio de
vivienda 100% gratuita desde el 5 de agosto de 2007[18]. Por ello,
a juicio de esta Sala de Revisión, se trata de un término razonable para
interponer el amparo.
Por su parte, en lo que respecta al expediente T-4.976.745, la
última actuación adelantada corresponde al derecho de petición formulado por la
señora Gloria  Janet Posso Tuberquia el día 12 de noviembre de 2014 y dirigido
a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el que
solicitó los “desembolsos necesarios” para poder cumplir con las obligaciones asumidas
en la compraventa de la vivienda usada. En la medida en que la acción se interpuso
hasta el 28 de enero de 2015, esto es, cerca de tan sólo dos meses con
posteriori-dad a la citada actuación, en criterio de esta Sala de Revisión, su
ejercicio se realizó en un plazo razonable.
3.3.4.
Finalmente, en lo que atañe al carácter subsidiario de la acción de tutela,
es preciso recordar que el artículo 86 de la Constitución Política señala que
el amparo constitucional sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable[19].
Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o
subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo
de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de
que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios
para asegurar su protección”[20].
El carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las diferentes
autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios de independencia
y autonomía de la actividad judicial.
No
obstante, aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia
de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está llamada a
prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo suficiente-mente idóneos
para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Así lo sostuvo
la Corte, en la Sentencia SU-961 de 1999[21],
al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar
si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien
la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones
ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio integral,
pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de
un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía
ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones comunes no sean
susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia en
la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo de
protección definitiva de los derechos fundamentales[22].
Respecto
de este último punto, este Tribunal ha entendido que el mecanismo ordinario
previsto por el ordenamiento jurídico para resolver un asunto no es idóneo,
cuando, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión
constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho
comprome-tido. En este sentido, esta Corporación ha dicho que: “el requisito de
la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el
cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos
sobre las consideraciones de índole formal[23].
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[24].
Ahora
bien, en consideración al particular estado de vulnerabilidad de
la población desplazada,
esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de
tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales[25],
por una parte, porque a pesar de que existen otros medios de defensa judicial,
los mismos carecen de la entidad suficiente para dar una respuesta oportuna,
completa e integral frente a las víctimas del desplazamiento forzado, con
ocasión de la situación de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran[26]; y por la
otra, porque en virtud de los principios de inmediatez, eficacia y
prevalencia del derecho sustancial que caracterizan al amparo constitucional,
no es posible exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios, pues en
tratándose de la población desplazada prevalece la necesidad de
asegurar la realización efectiva de los derechos materiales que se encuentran
comprometidos[27]. Esta posición de la Corte guarda
concordancia con lo dispuesto en los principios rectores del desplaza-miento
interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la definición e
interpretación de las normas jurídicas que se vinculan con las medidas de
protección a favor de la población desplazada[28], en los cuales se demanda la
existencia de un recurso judicial eficaz para garantizar los derechos de las
personas víctimas del desplazamiento[29].
3.3.4.1.
En cuanto al expediente T-4.966.615, la Corte encuentra que la señora Juana
es víctima del desplazamiento forzado aproximadamente desde hace cerca de diez
años[30],
lo que si bien puede ser un indicativo de que se han superado las consecuencias
adversas del desarraigo latentes en los primeros años, no deja de ser cierto
que continua en un estado de indefinición en lo que respecta a la solución
sobre su vivienda, a pesar del prolongado tiempo transcurrido desde que debió
abandonar su casa y enceres para huir de la violencia, de manera que no resulta
proporcionado exigirle que acuda ante el juez contencioso administrativo, más
aún cuando la controversia que se plantea lejos de pretender cuestionar la
legalidad de un acto de la administración, lo que demanda es una respuesta
definitiva frente a su derecho a la vivienda digna y adecuada (CP art. 51), como
consecuencia de la falta de asignación de un subsidio por parte de Fonvivienda,
siendo que su hogar fue calificado como apto para tal efecto desde la convocatoria
realizada en el año 2007. Por lo anterior, es claro que resulta procedente el
amparo propuesto, en especial si se tiene en cuenta que la accionante es una
persona en una precaria condición de salud (deterioro neurológico, síndrome
convulsivo, epilepsia y esquizofrenia), que carece de recursos económicos y que
tiene la condición de madre cabeza de familia a cargo de dos hijos menores de
edad.
3.3.4.2. En lo que respecta al expediente T-4.976.745, a pesar de
que la señora Gloria Janet Posso Tuberquia es beneficiaria de un subsidio
otorgado por Fonvivienda desde el año 2010, al día de hoy no ha podido hacer
uso del mismo para pagar el remanente del precio de una vivienda usada que
adquirió con el apoyo del Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín (ISVIMED), entidad que asumió el 90% del valor del inmueble[31].
Aun cuando, en principio, podría considerarse que la disputa que
se plantea es de carácter económico, no se puede omitir ni dejar a un lado la
consideración de que el subsidio se reconoció para permitir la satisfacción de
un derecho, como lo es la vivienda digna y adecuada (CP art. 51), por la
condición de víctima del desplazamiento forzado que tiene la accionante, lo que
le otorga al caso sometido a revisión un acercamiento distinto al meramente patrimonial
y, por el contrario, lo vincula con la obligación del Estado de asegurar un
sitio apropiado para vivir dignamente, para quien se ha visto forzado a
abandonar su hogar y propiedades. Respecto de este asunto, el amparo
constitucional tiene la entidad suficiente para brindar una respuesta completa
e integral, diferente al examen meramente procedimental de las reglas que
permiten el reintegro de los subsidios. Lo anterior se refuerza si se tiene en
cuenta que el antiguo
propietario, según se expone en la demanda, le exige a la accionante el pago de
intereses que no puede cubrir, pues es madre cabeza de familia con dos niños a
cargo.
3.4. Derecho a la vivienda digna de la población desplazada
3.4.1.
Alcance y contenido[32]
3.4.1.1. De acuerdo con el artículo 51
de la Constitución Política “[t]odos los colombianos tienen derecho a [una] vivienda
digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda.” Este derecho ha sido definido por la jurisprudencia de la
Corte, como aquél dirigido a satisfacer la necesidad de disponer de un sitio
propio o ajeno, que sirva como lugar de habitación en el cual se garanticen
unas condiciones mínimas, para que quienes residan allí, puedan cumplir
dignamente su proyecto de vida[33].
De acuerdo con las consideraciones expuestas en la Sentencia T-014 de 2014[34], se tiene que desde sus primeros
pronunciamientos este Tribunal ha considerado que el derecho a una vivienda
digna hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales, que se
caracterizan por tener una naturaleza eminente-mente prestacional que está a
cargo del Estado y que necesitan para su aplicación de un desarrollo
legislativo previo. Específicamente se ha dicho que: “[e]l derecho a la vivienda
digna es un derecho de carácter asistencial que requiere un desarrollo legal
previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las
entidades asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su
aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que
pretendan beneficiarse de los programas y subsidios. Así, las autoridades deben
facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores
y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para
tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por
la ley.”[35]
3.4.1.2. Posteriormente, la jurisprudencia matizó su posición en el
sentido de avalar la procedencia de la acción de tutela para amparar el derecho
a la vivienda digna, en aquellos casos en los que su exigibilidad guarde una
relación de conexidad con un derecho de rango fundamental, como ocurre con los
derechos a la salud, a la vida o a la integridad personal. Así, por ejemplo, en
la Sentencia T-175 de 2008[36], la Sala
Quinta de Revisión explicó que:
“El artículo 51 de la CP establece el derecho a la vivienda digna. Dado su
contenido de derecho económico, social, cultural y programático -de desarrollo
legal y progresivo- su consagración constitucional no otorga a las personas, de
manera inmediata, un poder de exigibilidad de la prestación allí contenida
contra el Estado, salvo que concurran las condiciones que permitan que ‘el
derecho adquiera una fuerza normativa directa’. De igual manera, la
jurisprudencia ha sostenido que el derecho a disfrutar de una vivienda digna,
en abstracto, no puede ser considerado como fundamental, mas por conexidad con
un derecho fundamental puede ser protegido mediante la acción de tutela.”
3.4.1.3. No obstante, en casos particulares y específicos, se ha entendido
que el derecho a la vivienda digna adquiere un carácter autónomo fundamental,
cuando quienes promueven la acción en procura de su defensa, son personas que
pertenecen a los grupos más vulnerables de la sociedad, como ocurre con las
personas desplazadas por la violencia[37]. En estos
casos, su fundamentalidad se explica en tanto han tenido que abandonar
forzosamente sus viviendas y propiedades en el lugar de origen, como
consecuencia directa o indirecta del conflicto armado interno, enfrentándose a
la imposibilidad de acceder a un sitio adecuado para vivir dignamente, por
carecer –entre otros factores– de recursos económicos o empleos estables. De
suerte que la definición sobre sus condiciones de vida, en términos de
habitabilidad, tiene un vínculo directo con la salvaguarda de la dignidad
humana, las condiciones preexistentes de vida y con la realización de otros
derechos como la salud, la integridad física, el mínimo vital, etc.[38]
En desarrollo de lo anterior, se ha
entendido que el derecho fundamental a la vivienda digna para personas en
situación de desplazamiento, contempla la correlativa obligación de las
autoridades competentes para: “i)
reubicar las personas en condición de desplazamiento; ii) brindar a este
especial grupo de personas soluciones de vivienda no solo con carácter
temporal, sino también, con carácter permanente; iii) proporcionar información clara
y concreta, asesoría y especial acompañamiento en los procedimientos que deben
adelantar ante las autoridades competentes para acceder a los programas;
iv) diseñar y ejecutar los planes y programas de vivienda en los que se deberá
considerar las especiales necesidades (sociales, culturales, económicas, entre
otras) de la población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de
esta[39]; y v) eliminar barreras que
impidan el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia
estatal.”[40]
Desde esta perspectiva, es claro que
el
Estado colombiano tiene el deber de garantizar las condiciones necesarias que
permitan lograr la efectividad del derecho a la vivienda digna de la población
desplazada, como se desprende de lo previsto en el artículo 51 del Texto
Superior; para lo cual, entre otras alternativas, puede promover el acceso a
viviendas de interés social, establecer mecanismos de financiación a largo
plazo o disponer formas de asociación para ejecutar proyectos de vivienda[41].
3.4.1.4.
En este punto no sobra insistir en que la garantía de
la vivienda digna está relacionada con el principio de la dignidad humana, en
especial cuando se trata de la población víctima del desplazamiento forzado,
por lo que en su realización deben tenerse en cuenta los elementos básicos que
identifican su contenido[42],
tales como, la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de
servicios, la habitabilidad, la asequibilidad, etc.[43] Así, por ejemplo, en
relación con este último se ha dicho que el Estado debe adoptar medidas para
garantizar el acceso a la vivienda, en especial a los grupos en situación de
desventaja, entre los cuales se encuentran los menores de edad, las personas en
situación de discapacidad, las personas con problemas médicos persistentes, las
víctimas de desastres naturales y las víctimas del conflicto armado[44].
3.4.2.
Evolución normativa en materia de subsidios de vivienda de interés social[45]
3.4.2.1.
Desde la expedición de la Ley 3ª de 1991, se enfocó el desarrollo de la
política pública de vivienda a través del Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, del cual hacen parte las entidades del sector público y privado
que cumplen funciones en materia de financiación, mejoramiento, habilitación,
construcción, reubicación y legalización de títulos de vivienda de interés
social. Dentro del citado sistema se estableció al subsidio de vivienda
como método de financiación, consistente en un aporte estatal, en dinero o en
especie, dirigido a personas que carecen de recursos económicos suficientes
para adquirir una vivienda o mejorarla. Este programa de subsidios responde a
los elementos de asequibilidad y gastos soportables que se prevén como
componentes esenciales del derecho a la vivienda y que permiten su efectiva
realización.
Con
posterioridad, y en respuesta a la grave situación generada con ocasión del
desplazamiento forzado interno, se expidió la Ley 387 de 1997 “por la cual
se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la República de Colombia.” Más allá de crear
el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia, en esta ley se radicó en el Instituto Nacional de la Reforma Urbana
INURBE, la competencia para desarrollar programas especiales de vivienda
dirigidos a atender las necesidades de la población desplazada.
Tanto
la Ley 3ª de 1991 como la Ley 387 de 1997 fueron reglamentadas a través del
Decreto 951 de 2001 del Ministerio de Desarrollo Económico, en el cual se
reguló el procedimiento para la entrega de los subsidios de vivienda a cargo
del INURBE en áreas urbanas y del Banco Agrario en las rurales. No obstante, al
ordenarse la supresión y liquidación de la primera de las mencionadas entidades
en el año 2003, dicha competencia se trasladó al Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda), con el propósito de consolidar el Sistema Nacional de
Informa-ción de Vivienda y de ejecutar las políticas gubernamentales en materia
de vivienda de interés social urbana[46].
En un fallo preexistente sobre la materia, esta Corporación señaló que:
“[E]l
procedimiento establecido en el Decreto 951 de 2001,
reguló la asignación de subsidios familiares de vivienda urbanos para la
población en situación de desplazamiento, a través de una distribución
territorial de los subsidios, celebración de convocatorias, criterios de
calificación para las postulaciones y asignación de las subvenciones[47].
Con fundamento en este marco normativo, FONVIVIENDA dio apertura en los años
2004 y 2007 a convocatorias especial y exclusivas para la postulación de
población en condición de desplazamiento, con enfoque de adjudicación de
subsidios en dinero (cartas de asignación o como eran denominadas por la
población desplazada “carta cheque”), para que fueran aplicadas a
soluciones de vivienda bajo las modalidades de adquisición, construcción,
mejoramiento o arrendamiento[48].”[49]
Como requisitos para el otorgamiento del subsidio, las
familias debían realizar la búsqueda de una solución de vivienda construida o
en proyecto y verificar el cierre financiero de las viviendas, que era el
resultado de sumar el subsidio adjudicado más los ahorros del hogar y/o un
crédito de vivienda. Tal como fue puesto de presente en la sentencia de la
referencia, dicha política presentó dos problemas: el primero relacionado con
la insuficiente oferta de soluciones de vivienda; mientras que, el segundo, se
vinculó con la ausencia de recursos económicos adicionales de las familias que
permitiesen su cierre financiero.
3.4.2.2. Esta problemática no fue ajena a la Sala de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004[50], la cual recomendó al Gobierno
Nacional un replanteamiento de la política de vivienda para la población
desplazada en el Auto 008 de 2009[51], toda vez que después de diez
años de su adopción, se presentaban fallas en su concepción y fundamentación.
Así, por ejemplo, sobre el cierre financiero de las viviendas se encontró que: “los
hogares desplazados no [contaban] con [los] suficientes recursos para cubrir la
financiación no subsidiada por el Estado”, constituyendo una de las
principales razones por las que poco se ejecutaban los subsidios adjudicados.
Siguiendo el diagnóstico realizado por esta Corporación, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 4911 de 2009, con el objeto de “adoptar
los correctivos necesarios para proteger los derechos fundamentales de la
población en situación de desplazamiento y dar soluciones puntuales en
cumplimiento de lo expresado por la Corte Constitucional.” Este decreto
focalizó la política de vivienda en la generación de una oferta suficiente y
dirigida a la población desplazada, a través del otorgamiento de subsidios para
el desarrollo de obras de urbanismo, de la concurrencia coordinada de las
entidades territoriales para ejecutar dichos proyectos y de la posibilidad de
aplicar los subsidios asignados en cualquier municipio del país, tanto en suelo
urbano como rural, entre otras.[52]
3.4.2.3.
Como se deriva de lo expuesto, durante estos años se impuso el denominado
Subsidio Familiar de Vivienda (SVF), como aporte estatal en dinero,
otorgado por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución,
constituyendo un complemento del ahorro y/o de los recursos propios que le
permitan al beneficiario adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una
vivienda de interés social.
El
procedimiento para la asignación de este subsidio está previsto en el Decreto
2190 de 2009. El mismo inicia con la postulación de los hogares ante la entidad
otorgante o el operador autorizado para ello, radicando el respectivo formulario
y los documentos señalados en el artículo 33 del mencionado decreto[53].
Una vez hecha la
postulación, la entidad otorgante del subsidio deberá verificar la información
suministrada por los postulantes, cotejándola con las bases de datos que
reposan en otras entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, según lo establece el artículo 42 del
citado Decreto 2190 de 2009[54].
Una vez verificados los datos suministrados, aquellas postulaciones que sean
aceptadas, se someten a un proceso de calificación atendiendo a los siguientes
criterios:
“1.
Condiciones socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del Sisbén, que
evidencien mayor nivel de pobreza, en el caso de postulantes que presenten
carné o certificación municipal del puntaje Sisbén.
2.
Número de miembros del hogar.
3.
Condiciones especiales de los miembros del hogar.
4.
Ahorro previo.
5.
Número de veces que el postulante ha participado en el proceso de asignación de
subsidios, sin haber resultado beneficiario, siempre y cuando haya mantenido la
inmovilización del ahorro mínimo pactado para la postulación.”[55]
Luego de
calificadas las postulaciones, a partir del puntaje obtenido, se ordenarán de
manera automática en forma secuencial descendente y se conformará un listado
hasta completar el número de hogares equivalente al total de recursos
disponibles, según lo establece el artículo 45 del ya mencionado decreto[56].
Finalmente, se
realiza el procedimiento de asignación de los subsidios mediante la aplicación
de los recursos disponibles a los postulantes que les corresponda, de acuerdo
con el orden secuencial de las listas de postulantes calificados. La asignación
incluirá las postulaciones correspondientes a las mejores calificaciones, hasta
completar el total de los recursos disponibles para cada entidad otorgante.
3.4.2.4.
A pesar de las virtudes del citado programa, su implementación no logró superar
la crisis en la que se encontraba la población desplazada, pues, por un lado,
la oferta de viviendas no fue suficiente y, por el otro, no se logró eliminar
las barreras para alcanzar el cierre financiero en el valor de las viviendas,
pues se exigía un ahorro o aporte por parte del beneficiario, que en el caso de
la citada población, en muchas ocasiones se convertía en una verdadera barrera
de acceso[57].
Por ello, se creó un nuevo programa de subsidio en especie, al cual se hará
referencia en el acápite siguiente de esta providencia.
3.4.3.
Subsidio de vivienda familiar en especie. Procedimiento para su asignación[58]
3.4.3.1.
Con el objeto de superar las dificultades ya indicadas, se expidió la Ley 1537
de 2012[59],
en la cual se creó el subsidio de vivienda familiar en especie, como una ayuda
a los beneficiarios que cumplen los requisitos de priorización y focalización
establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales deberán estar guiados a
beneficiar en forma preferente a la población que se encuentre en alguna de las
siguientes condiciones: “a) que esté vinculada a programas sociales del
Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se
encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) que esté en situación de
desplazamiento, c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades
públicas o emergencias y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto
riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas condiciones, se dará
prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de
discapacidad y adultos mayores.”[60]
Sin
perjuicio de algunas particularidades sobre el trámite para la asignación del
subsidio, el Decreto 1921 de 2012 reglamentó la ley de la referencia[61],
en el sentido de fijar competencias específicas en cada una de las etapas del
mencionado trámite de asignación tanto al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social como a Fonvivienda, las cuales, a continuación, pasarán a
explicarse de manera general.
En
primer lugar, le compete al Fondo Nacional de Vivienda el deber de remitir al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la información sobre
los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del programa de
vivienda gratuita. En dicha remisión se deberá indicar el departamento o
municipio en donde se desarrollará, el número de viviendas a transferir y los
porcentajes de composición poblacional, es decir, a qué grupo están destinadas
las viviendas. En lo que respecta a este último punto, los sujetos habilitados
son: población de la Red Unidos, población en condición de desplazamiento,
hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia o
localizados en zonas de alto riesgo (Decreto 1921 de 2012, arts. 5 y 8).
En
segundo lugar, después de recibida esta información, el mencionado Departamento
Administrativo deberá elaborar un listado de “potenciales beneficiarios”,
quienes serán los hogares registrados en la Red de la Superación de la Pobreza
Extrema Unidos, el SISBEN III y el Registro Único de Población Desplazada o el
que haga sus veces. Para efectos de seleccionar a los potencia-les
beneficiarios, se deberá tener en cuenta los criterios de priorización que
atienden de manera prevalente a la situación de vulnerabilidad de los hogares y
a quienes se encontraban en proceso de asignación de un subsidio familiar con
anterioridad al nuevo proyecto (Decreto 1921 de 2012, art. 8)[62].
En
tercer lugar, una vez realizada la identificación de los potenciales
beneficiarios, dicha lista se envía a Fonvivienda y mediante acto
administrativo se da apertura a la convocatoria de los hogares, los cuales
deberán suministrar la información de postulación al operador que se designe
para el efecto y deberán entregar los siguientes documentos:
“Artículo  11. Postulación.  Los hogares potencialmente
beneficiarios definidos por el DPS mediante resolución, deberán suministrar la
información de postulación al operador designado, y entregar los documentos que
se señalan a continuación:
1. Formulario
debidamente diligenciado con los datos de los miembros que conforman el hogar,
con indicación de su información socioeconómica, jefe del hogar postulante, la
condición de discapacidad, de mujer u hombre cabeza de hogar,
indígena, afrodescendiente, Rom o gitano.
2. Registro
civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho de conformidad con la
Ley 979 de 2005, cuando fuere el caso.
3. Fotocopia de
la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de
nacimiento de los demás miembros del hogar que se postula.
Se incluirá en
el formulario la declaración jurada de los miembros del hogar postulante
mayores de edad, que se entenderá surtida con la firma del mismo, en la que
manifiestan que cumplen en forma conjunta con las condiciones para ser
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, que no están
incursos en las inhabilidades para solicitarlo y que los datos suministrados
son ciertos, así como la autorización para verificar la información
suministrada y aceptación para ser excluido de manera automática del proceso de
selección en caso de verificarse que la información aportada no corresponda a
la verdad.
Parágrafo. El formulario de
postulación será impreso por parte del operador que se designe para tal efecto,
una vez culmine y cargue la captura en línea de la información suministrada por
el hogar, para su revisión y firmas.”
Después
de revisar la consistencia y veracidad de la información suministrada por los
postulantes, Fonvivienda deberá remitir al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social el listado de los hogares que cumplen con los requisitos
para ser beneficiarios. Con base en dicho listado, éste último deberá
seleccionar los hogares que definitivamente son beneficiarios del subsidio.
Para el efecto, se deberá tener en cuenta nuevamente los criterios de
priorización, los cuales responden a distintos órdenes acorde con la situación
particular de cada hogar, que se encuentran contenidos en el artículo 8 del
Decreto 1921 de 2012, previamente citado.
La
selección de los hogares beneficiarios podrá hacerse de forma directa, en
aquellos casos en que los postulantes de un orden de priorización no exceden el
número de viviendas ofertadas; o a través de sorteo, cuando los hogares que
conforman el orden de priorización exceden el número de viviendas ofertadas, de
conformidad con la metodología explicada en el artículo 15 del decreto en cita.
El
listado definitivo constará en una resolución que nuevamente se remitirá a
Fonvivenda, quien se encargará de su posterior asignación mediante acto
administrativo.
3.4.3.2. Del
resumen realizado se constata que luego de que se da apertura a la convocatoria
de los hogares potencialmente beneficiarios, de acuerdo con los listados
emitidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se
continúa con un proceso de postulación por parte de los hogares, quienes
deberán suministrar los documentos previamente reseñados, directa-mente a
Fonvivienda o al operador que se designe para el efecto. En este proceso,  y
como mandato constitucional, se exige el deber de adoptar todas las medidas necesarias
que permitan que la población que podría ser beneficiaria, entre ellas las
víctimas del desplazamiento forzado, conozcan efectivamente de la posibilidad
de hacerse parte en dicho trámite, con miras a lograr un amparo efectivo de su
derecho a la vivienda digna, en los términos consagrados en el artículo 51 del
Texto Superior.
3.4.4.
De los subsidios de las entidades territoriales
3.4.4.1.
Finalmente, las entidades territoriales del nivel municipal también cuentan con
programas de apoyo del derecho a la vivienda digna. Así, por ejemplo, y
respecto de uno de los casos sometidos a revisión, el Decreto 2339 de 2013 de
la Alcaldía de Medellín[63],
señala que el subsidio municipal de vivienda “es un aporte (…) en dinero o
en especie (…) con cargo al gasto público social no restituible, salvo
disposiciones legales y reglamentarias, adjudicado por una sola vez a grupos
familiares bajo un mismo hogar en condiciones de vulnerabilidad social y
económica, para contribuir con la obtención o mejoramiento de una solución
habitacional (…)”.
Dentro
de los requisitos previstos para la postulación del subsidio en cita, se
destacan los siguientes:
“a) Conformación de un grupo familiar de
acuerdo con lo establecido en el presente decreto, en cuyo caso el jefe deberá
ser mayor de edad.
b) El grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales
o inferiores a dos SMLMV.
c) El jefe de hogar deberá acreditar residencia en el municipio de
Medellín por un período no inferior a seis años. (…)
d) Disponer de un aporte mínimo para la solución habitacional
conforme a lo establecido en el presente decreto, salvo que por disposición
legal se encuentren exentos.
e) Los demás establecidos para cada una de las modalidades y
poblaciones señaladas en el presente decreto.”[64]
Sobre
el último de los citados requisitos, se acepta que la modalidad del subsidio varía
dependiendo de la población beneficiada, como sucede en el caso de las personas
víctimas del desplazamiento forzado. En este contexto, su ingreso al citado programa
social se flexibiliza, al no requerir tiempos mínimos de residencia en el
municipio[65].
Por lo demás, en cuanto a los posibles beneficiarios se requiere: (i) que
tengan la calidad de desplazados internos o intraurbanos; (ii) que acrediten su
condición de desplazados con la inscripción en las bases de datos y (iii) que “reali[cen]
un aporte complementario, en aquellos eventos en que la sumatoria de subsidios
de vivienda otorgado por las entidades competentes entre sí o junto con otros
recursos complementarios aportados por cualquier persona natural o jurídica, no
sea suficiente para lograr el cierre financiero de la vivienda. En cualquier
caso, los gastos de escrituración correrán por cuenta del beneficiario.”[66]
En
lo que respecta al valor del subsidio para la población desplazada se establece
que será de treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
posibilidad de ser ampliado hasta el 90% del valor de la vivienda para quienes
sean víctimas del desplazamiento intraurbano[67].
Por
último, se consagra una posibilidad para que anualmente las víctimas del
desplazamiento forzado puedan conformar un listado especial de postulantes
inscritos al subsidio, a partir del cual se citará a los posibles beneficiarios
y se verificará el cumplimiento de las condiciones para acceder al mismo. En la
reglamentación dispuesta para la población desplazada, se señala que se podrán
acceder a las modalidades de vivienda nueva o usada.
Con
fundamento en lo anterior, se procederá a resolver los casos sometidos a
decisión, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de ellos.
3.5. Casos
concretos
3.5.1 Expediente
T-4.966.615: Acción de tutela promovida a favor de la señora Juana
3.5.1.1. A
través de una Defensora Pública de la Regional Atlántico de la Defensoría del
Pueblo, se interpuso acción de tutela a favor de la señora Juana, con el
fin de que le sean protegidos sus derechos al mínimo vital y a la vivienda
digna, a través de una orden consistente en disponer la pronta asignación de un
subsidio para la compra de vivienda.
De acuerdo con
lo expuesto en el acápite de antecedentes, la accionante aplicó a la
convocatoria de subsidios dirigida a la población desplazada del año 2007. Una
vez verificada la información presentada en dicha oportunidad, la entidad
otorgante calificó al grupo familiar de la señora Juana como “apto” para
recibir el citado beneficio mediante la Resolución No. 174 de 2007.
Luego de la
expedición del referido acto administrativo, según se afirma en la demanda, la
peticionaria no tuvo conocimiento de otras diligencias o trámites a realizar, con
el propósito de materializar la entrega del subsidio. Por ello, solicita su
asignación en sede de tutela, tanto por el plazo transcurrido como por las
condiciones especiales en las que se encuentra, pues se trata de una persona en
una precaria condición de salud (deterioro neurológico, síndrome convulsivo,
epilepsia y esquizofrenia), que carece de recursos económicos y que tiene la
condición de madre cabeza de familia a cargo de dos hijos menores de edad.
3.5.1.2. A
partir del material probatorio recaudado en sede de revisión, se pudo constatar
que si bien inicialmente el hogar encabezado por la señora Juana fue
calificado como “apto” para ser beneficiario de un Subsidio Familiar de
Vivienda (SVF) desde el año 2007[68];
su inclusión en las recientes listas de potenciales beneficiarios se produjo
bajo la vigencia del Decreto 1921 de 2012, que regula el Subsidio Familiar de
Vivienda en Especie (SVFE).
En efecto, según
se informó por Fonvivienda, en virtud de lo establecido en el numeral 1, inciso
2, del artículo 8 del Decreto 1921 de 2012[69],
se priorizó al hogar de la accionante para ser beneficiaria del citado subsidio
y, por ello, fue enlistada en dos ocasiones distintas como potencial beneficiaria
en dos proyectos de vivienda ubicados en los municipios de Malambo y Soledad (Atlántico),
por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social[70].
Ahora bien, conforme
a lo previsto en el decreto en cita, luego de publicada la lista de potenciales
beneficiarios, los interesados deben llevar a cabo el proceso de postulación, con
el fin de que les sea asignado uno de los inmuebles objeto de la convocatoria.
En el asunto bajo examen, como se pone de presente Fonvivienda, el hogar de la
accionante no cumplió con el citado requisito, por lo que no ha sido
beneficiaria de la asignación definitiva del subsidio en especie.
3.5.1.3. Teniendo
en cuenta la información recaudada en el proceso, se infiere que la señora Juana
no tuvo conocimiento de que fuese incluida en tales listas, porque dada la
necesidad de una vivienda –como se manifiesta en el escrito de tutela– de
haberse enterado de su potencial selección, sin duda alguna hubiese realizado
los trámites tendientes a que se materializara el citado beneficio, máxime
cuando se observa que uno de los proyectos a los cuales tenía la posibilidad de
aplicar se adelantó en el municipio de su actual residencia, es decir, en el
municipio de Soledad.
Al preguntarle a
la entidad accionada sobre la manera cómo lleva a cabo la publicación,
comunicación o notificación de la lista de potenciales beneficiarios, como ya
se expuso, Fonvivienda señaló que dichos actos son comunicados a través de las
cajas de compensación familiar, que actúan como operadores destinados en el
proceso de recepción de los documentos de los hogares que deciden postularse en
la convocatoria[71].
En el asunto sub-judice,
se observa que por razón territorial la accionante debió realizar todo el
trámite de postulación ante Combarranquilla, la cual, según se pudo determinar
por esta Sala de Revisión, publica las respectivas listas de beneficiarios en
su página Web: www.combarranquilla.co.
Aun cuando se
podría estimar que la accionante tiene el deber mínimo de revisar la citada
página Web, con el fin de conocer si ha sido incluida o no en el listado de
potenciales beneficiarios y, por ende, proceder a realizar el trámite de
postulación; esta Corporación no puede desconocer que dada su condición de
víctima del desplazamiento forzado, y por tratarse de una persona de escasos
recursos, difícilmente tiene la posibilidad de realizar un seguimiento
permanente a dicha fuente de información, en especial si se tiene en cuenta que
el nivel de penetración de Internet en el municipio de Soledad asciende a un
escaso 9.31% de la población, según estadísticas del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones[72],
circunstancia que se agrava, en el caso concreto, si se tiene en cuenta su precaria
condición de salud.
Así las cosas,
pese a que no se desestima el deber de vigilancia que les asiste a los potenciales
beneficiarios, tampoco se puede ignorar la obligación que existe a cargo de la
entidad otorgante de verificar que las cajas de compensación cumplan
efectivamente con su deber de dar a conocer a la población beneficiaria de las
decisiones adoptadas por ésta o por el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, en virtud de su función de “realizar interventorías,
supervisiones y auditorías para verificar la correcta ejecución de los
subsidios familiares de vivienda”, consagrada en el numeral 9.3 del
artículo 3 del Decreto 555 de 2003. Se trata de una obligación que desarrolla
el componente de asequibilidad del derecho a la vivienda digna y adecuada, el
cual, en el caso de la población desplazada, como lo ha señalado la Corte,
envuelve el deber de proporcionar información clara y concreta sobre los
programas de beneficio a los cuales se puede acceder[73].
Por ello, en
criterio de esta Sala de Revisión, se hace necesario advertir al Fondo Nacional
de Vivienda para que, en lo sucesivo, junto con las cajas de compensación
familiar, adopten medidas alternativas que permitan asegurar que en la labor de
comunicación a los hogares que se incluyen en los listados de potenciales
beneficiarios, no sólo se haga uso del sistema de consulta en la página Web,
sino que también se habiliten otras fuentes de información, que permitan asegurar
el conocimiento real y efectivo de la posibilidad que tienen de formalizar su
postulación, con miras a ser titulares de la asignación definitiva de un
subsidio familiar de vivienda en especie.
3.5.1.4. Por lo
demás, y en cuanto al asunto sub-examine, no comprende esta Sala como la
entidad demandada, en múltiples ocasiones, al dar respuesta a las solicitudes
de la señora Juana y de la Defensoría del Pueblo, en las que se
solicitaba conocer el estado del trámite del subsidio de vivienda, nunca le
comunicó su inclusión en las listas de potenciales beneficiarios, pese a que las
respuestas datan de los años 2011, 2013 y 2014, suceso que sin duda incidió en
que la accionante no se postulara a las convocatorias indica-das por
Fonvivienda y que, por ende, no obtuviera la asignación definitiva del subsidio
que viene solicitando desde el año 2007.
En virtud de lo
anterior y con miras a garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada de
la accionante, se dispondrá que en la próxima convocatoria que se desarrolle en
su zona de residencia, Fonvivienda deberá adoptar las medidas que sean necesarias
para que se incluya en el listado de potenciales beneficiarios, sea
efectivamente informada sobre la posibilidad de postularse, y en caso de que lo
haga, se priorice su hogar, a partir de la prevalencia que le otorga su estado
de “calificado” en la convocatoria del año 2007, así como su condición de madre
cabeza de hogar[74].
No sobra aclarar que no es posible ordenar su incorporación a los dos proyectos
en los que resultó admitida en el listado de potenciales beneficiarios, puesto que
ello implicaría desconocer los derechos de las personas que realizaron en su
integridad el trámite de postulación, en la medida en que se trata de proyectos
cerrados, al haberse asignado la totalidad de las viviendas, según se informó por
la autoridad en cita.
3.5.1.5. Por
las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia del 10 de febrero de 2015
proferida por la Sala de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla que negó el amparo promovido a favor de la señora Juana
y, en su lugar, amparará su derecho a la vivienda digna en su condición de
víctima del desplazamiento forzado, de conformidad con la orden de protección
previamente señalada.
3.5.2.
Expediente T-4.976.745: Acción de tutela promovida por la señora Gloria Janet
Posso Tuberquia
3.5.2.1. En el
asunto bajo examen, la señora Gloria Janet Posso Tuberquia interpuso acción de
tutela contra Fonvivienda, como se señaló en el acápite destinado a la
delimitación de la controversia, con el propósito final de que se ordenara a dicha
entidad realizar el desembolso del subsidio de vivienda que le fue reconocido
en el año 2010[75].
El citado beneficio
corresponde a la modalidad de subsidio familiar de vivienda (SVF), el cual fue
otorgado en dinero y no en especie. Según consta en el expediente, la suma
otorgada correspondiente a $ 15.450.000 pesos fue desembolsada el 20 de
septiembre de 2013 para el proyecto de vivienda Torres del Este, a través de la
Fiduciaria Central S.A., la cual constituyó un patrimonio autónomo con los
recursos otorgados para tal fin.
Con
anterioridad, el día 26 de noviembre de 2012, se suscribió un contrato de
compraventa entre la accionante y el fideicomiso, éste último actuando en
representación del encargo fiduciario creado por FUNCODENT e INSEREL[76], para adelantar la
construcción de las viviendas en el citado proyecto Torres del Este, cuya
entrega se acordó para diciembre de 2013. Con miras a realizar el pago de la
solución habitacional ofrecida, según se reseña en el referido acto jurídico,
la actora se comprometió con los recursos del subsidio otorgado por
Fonvivienda, aunado a otro subsidio de carácter municipal concedido por el
Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED).
La construcción
del proyecto se retrasó, tanto así que para septiembre de 2015 tiene un avance
de ejecución del 24%, por lo que la accionante decidió adquirir una vivienda
usada por un valor de $ 32.000.000 pesos, con miras a garantizar su derecho a
la vivienda digna y adecuada, en especial si tiene en cuenta su condición de
madre cabeza de familia con dos niños a cargo.
La actora
realizó los trámites tendientes a formalizar su renuncia al proyecto Torres del
Este, la cual fue aceptada por ISVIMED[77],
lo que dio lugar a que FUNCODENT en escrito del 22 de julio de 2014, aceptara
su retiro voluntario del citado proyecto, y le informara de dicha situación a
la Fiduciaria Central, según consta en el sello de recibido de la referida
comunicación. Sin embargo, en relación con el subsidio reconocido por
Fonvivienda, se observa que los recursos permanecen en la mencionada fiduciaria,
impidiendo que la accionante pudiera contar con los mismos para cancelar el
valor total del bien inmueble usado adquirido.
Ante esta
dificultad y teniendo en cuenta el apremio realizado por el vendedor para
obtener el pago del inmueble transferido a la accionante, ISVIMED decidió
aumentar el monto del subsidio municipal reconocido hasta el 90% del valor del bien,
al encontrar que la señora Posso Tuberquia también tenía la condición
desplazada intraurbana, en virtud de lo establecido en el parágrafo del
artículo 23 del Decreto 2339 de 2013.
3.5.2.2. Visto
lo anterior, se observa que los elementos fácticos anteriormente narrados conducen
a la siguiente situación respecto del acceso al subsidio de vivienda otorgado
por Fonvivienda a la señora Gloria Janet Posso Tuberquia, a saber:
- Actualmente la
Fiduciaria Central S.A. tiene en su poder el dinero correspondiente al subsidio
otorgado por Fonvivienda, para aplicarlo al proyecto Torres del Este, esto es, la
suma de $ 15.450.000 pesos.
- La accionante
renunció al citado proyecto y optó por otra solución de vivienda, lo que
implica que no adquirirá el inmueble ofrecido por parte de FUNCODENT, a través
del encargo fiduciario.
- En la actualidad,
la accionante ya es propietaria de la otra solución que encontró ante el
incumplimiento en la fecha de entrega del inmueble ofrecido en el proyecto
Torres del Este, como consta en el certificado de tradición y libertad. Para
tal efecto, logró la cancelación del 90% del valor de la vivienda usada
adquirida, en aplicación del subsidio municipal otorgado por ISVIMED, por su
condición de víctima del desplazamiento forzado.
- No obstante lo
anterior, a la señora Posso Tuberquia aún le corresponde pagar el 10% restante
del valor de la vivienda, lo que equivale a la suma $ 3.200.000 pesos.
- Pese a la
renuncia presentada y aceptada por FUNCODENT, la accionante todavía figura en
las bases de datos del Ministerio de Vivienda y de Fonvivienda como beneficiaria
del proyecto Torres del Este.
3.5.2.3. Al
solicitarle a la entidad accionada un concepto sobre la posibilidad de
reintegrar el dinero del subsidio para que no sea usado en el proyecto Torres
del Este, sino en otra solución de vivienda a partir de las circunstancias del
caso concreto, Fonvivienda –como ya se señaló– sugirió que:
“La beneficiaria del subsidio, señora Gloria Janet Posso Tuberquia se encuentra en posibilidad de
rescindir el contrato de promesa de compraventa que tiene con el oferente del
proyecto Torres del Este (aclarando que esta es una relación contractual
entre ellos ajena a Fonvivienda), trámite que podrá realizar demostrando que
actualmente tiene adelantado el proceso de escrituración y registro con un
nuevo oferente, de conformidad con lo indicado por ella en la acción de tutela,
el señor (…), particular con quien realizó el trámite de compraventa del
inmueble usado. Posterior a ello, deberá tramitar con el oferente del
proyecto Torres del Este de Medellín, la solicitud de traslado de los recursos
del subsidio familiar de vivienda, de la fiduciaria al nuevo oferente, ya
que ésta sería la encargada de consignarle el dinero al segundo oferente, con
el cual la accionante realizó contrato de compraventa, por motivos de demora en
el proyecto al cual aplicó inicialmente.” (Subraya fuera del texto original).
Ya que, como se aclaró por la
citada entidad, “no existe posibilidad de que el Fondo Nacional de Vivienda,
revierta el desembolso del subsidio familiar de vivienda, puesto que la
normatividad vigente no lo permite. Necesariamente, los recursos se
reintegrarían al tesoro nacional sin que la accionante ni Fonvivienda pueda
disponer de ellos.”
3.5.2.4. Ante la solución
sugerida por la entidad accionada, como ya se dijo, esta Sala observa que
efectivamente en los documentos aportados por la actora consta la comunicación de FUNCODENT, organización que
figura como constituyente del encargo fiduciario creado para el proyecto Torres
del Este, dirigida a la Gerente Regional de la Fiduciaria Central S.A. y
radicada el 24 de julio de 2014, en la cual se acepta el “retiro voluntario”
de la señora Posso Tuberquia del citado proyecto por el “cambio” a una “vivienda
usada”. Este documento permite inferir que se aceptó la resolución de la
promesa de compraventa sobre la unidad habitacional ofrecida y que, además, se
pide a la fiduciaria que gire los recursos hacia la solución encontrada por la
accionante, más aún cuando en ella se pone de presente que cuenta con el apoyo
de ISVIMED.
Pese a que tal comunicación, como
previamente se mencionó, cuenta con el sello de recibido por parte de la fiduciaria,
no obra respuesta sobre la misma, de igual forma que no se hizo referencia sobre
su existencia en los documentos enviados por tal entidad a esta Corporación. En
consecuencia, y vistos los citados elementos de juicio, considera esta Sala que
por parte de la accionante se cumplió con el trámite pertinente para trasladar
los recursos; sin embargo, se presentó una omisión en la Fiduciaria Central que
impidió que el referido trámite se materializara y que, por ende, la actora
pudiera aplicar el monto del subsidio otorgado por Fonvivienda a la solución habitacional
por ella escogida.
En efecto, en criterio de esta Sala de
Revisión, la Fiduciaria Central S.A. ha debido autorizar el traslado del
subsidio para garantizar el derecho a la vivienda digna de la señora Gloria
Janet Posso Tuberquia, en aplicación del componente de asequibilidad, el cual,
en el caso de la población desplazada, implica el deber de eliminar barreras
que impidan el acceso de las víctimas del citado delito a los programas de
asistencia estatal[78].
3.5.2.5. Ahora bien, vista la Resolución No.
1427 del 31 de agosto de 2015 proferida por ISVIMED, inicialmente se había
previsto que el valor de la vivienda usada se pagara de la siguiente forma: $
15.450.000 pesos con el subsidio nacional y $ 16.550.000 pesos con el subsidio
municipal. Esto significa que de haberse materializado el subsidio reconocido
por Fonvivienda, la actora no hubiese tenido que aportar dinero para el pago de
su vivienda. Sin embargo, actualmente, con el beneficio del 90% otorgado por el
municipio de Medellín, la accionante tiene una deuda por pagar $ 3.200.000, los
cuales, ante la falta de giro de los recursos por la Fiduciaria Central, deben
ser pagados con su propio peculio, circunstancia que no resulta razonable ni
proporcional frente a su situación de víctima del desplazamiento forzado, madre
cabeza de familia y beneficiaria de un subsidio que no reconoce –precisamente–
su imposibilidad de pago.
En virtud de lo anterior, y como medida de
protección de los derechos al mínimo vital y a la vivienda digna de la
accionante, esta Sala ordenará a la Fiduciaria Central S.A. que del valor total
del subsidio familiar de vivienda reconocido a la señora Gloria Janet Posso
Tuberquia, pague al nuevo oferente, esto es, al vendedor de la nueva solución habitacional,
lo equivalente al 10% del valor del inmueble que se encuentra pendiente de pago
($ 3.200.000 pesos). El monto restante ($ 12.250.000 pesos) deberá reintegrarlo
en su totalidad al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), teniendo en cuenta
que el bien ofrecido en el proyecto Torres del Este ya no será utilizado por la
beneficiaria y carece de justificación que tenga en su poder los recursos
destinados para tal fin.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- En
relación con el expediente T-4.966.615, REVOCAR la sentencia proferida
el 10 de febrero de 2015 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, en la que se negó la tutela promovida
contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de
Vivienda y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho a la vivienda digna
de la señora Juana.
SEGUNDO.-
ORDENAR al
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) que, en la próxima convocatoria que se
desarrolle en la zona de residencia de la señora Juana, adopte las
medidas que sean necesarias para que se incluya en el listado de potenciales
beneficiarios, sea efectivamente informada sobre la posibilidad de postularse,
y en caso de que lo haga, se priorice su hogar, a partir de la prevalencia que
le otorga su estado de “calificado” en la convocatoria del año 2007, así como
su condición de madre cabeza de familia.
TERCERO.-
ADVERTIR  a
Fonvivienda
que, en lo sucesivo, junto con las cajas de compensación familiar, adopten
medidas alternativas que permitan asegurar que en la labor de comunicación a
los hogares que se incluyen en los listados de potenciales beneficiarios, no
sólo se haga uso del sistema de consulta en la página Web, sino que también se
habiliten otras fuentes de información, que permitan asegurar el conocimiento
real y efectivo de la posibilidad que tienen de formalizar su postulación, con
miras a ser titulares de la asignación definitiva de un subsidio familiar de
vivienda en especie.
CUARTO.- En
relación con el expediente T-4.976.745, REVOCAR la
sentencia del 10 de febrero de 2015 proferida por el Juzgado 22
Penal del Circuito de Medellín, en la que se declaró improcedente la acción de
tutela promovida contra el Fondo Nacional de Vivienda y, en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos al mínimo vital y a la vivienda digna de la
señora Gloria Janet Posso Tuberquia.
QUINTO.- ORDENAR
a
la Fiduciaria Central, a través de su representante legal o de quien haga sus
veces, que en el término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de
la notificación de esta providencia, del valor total del subsidio familiar de
vivienda reconocido a la señora Gloria Janet Posso Tuberquia, pague al nuevo
oferente, esto es, al vendedor de la nueva solución habitacional, lo equivalente
al 10% del valor del inmueble que se encuentra pendiente de pago. El monto
restante deberá reintegrarlo en su totalidad al Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda), teniendo en cuenta que el bien ofrecido en el proyecto Torres
del Este ya no será utilizado por la beneficiaria.
SEXTO.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-642/15
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONAS DESPLAZADAS-Debió señalarse
un plazo prudencial pero cierto, término en el cual la accionante debe ser
incluida en el próximo proyecto como potencial beneficiaria, respetando a
quienes se hubieren postulado y tuvieren un mejor derecho (Salvamento parcial
de voto)
Debió señalarse un plazo prudencial pero cierto -entre
tres y cinco años, término en el cual la accionante debe ser incluida en el
próximo proyecto como potencial beneficiaría, respetando a quienes se hubieren
postulado y tuvieren un mejor derecho. Dicho lapso de tiempo, a mi juicio, le
permite a las entidades administrativas diseñar un plan de ejecución
presupuestal con el que puedan proyectar o ejecutar la construcción y asignación
de proyectos de vivienda lo cual, le brinda a la actora una solución que se
vislumbra en un tiempo cierto y determinado, tornando factible la protección a
su derecho fundamental. Lo anterior, en consideración a las especiales
circunstancias de la accionante, quien es madre cabeza de familia, padece de
esquizofrenia, epilepsia y, además, lleva 14 años esperando la asignación de un
proyecto al cual se postuló
Referencia:
Expedientes
T-4.966.615 y T-4976.745.
Acción de tutela
instaurada por la señora Juana contra el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda; y la señora Gloria
Janet Posso Tuberquia contra Fonvivienda.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ.
Aun cuando comparto la decisión que
amparó los derechos fundamentales en los expedientes de la referencia, disiento
de lo decidido en la acción de tutela T-4.966.615, por cuanto, a efectos de
asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos que fueron protegidos, debió
señalarse un plazo prudencial pero cierto -entre tres y cinco años-, término en
el cual la accionante debe ser incluida en el próximo proyecto como potencial
beneficiaría, respetando a quienes se hubieren postulado y tuvieren un mejor
derecho. Dicho lapso de tiempo, a mi juicio, le permite a las entidades
administrativas diseñar un plan de ejecución presupuestal con el que puedan
proyectar o ejecutar la construcción y asignación de proyectos de vivienda lo
cual, le brinda a la actora una solución que se vislumbra en un tiempo cierto y
determinado, tornando factible la protección a su derecho fundamental. Lo
anterior, en consideración a las especiales circunstancias de la accionante,
quien es madre cabeza de familia, padece de esquizofrenia, epilepsia y, además,
lleva 14 años esperando la asignación de un proyecto al cual se postuló.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Ley 1581 de 2012,
art. 5; y Decreto 1377 de 2013, art. 3
[2] Caja de Compensación
Familiar a través de la cual se llevó a cabo el proceso de postulación.
[3] Al respecto, se
señala que: “(…) una vez valorada la declaración rendida por [Juana]se
encontró que no es viable jurídicamente efectuar la inscripción del solicitante
en el Registro Único de Víctimas -RUV, de el (los) hecho(s) victimizante(s) de
Desaparición Forzada, por cuanto en el proceso de valoración de la solicitud de
registro se determinó que los hechos ocurrieron por causas diferentes a lo
dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, de conformidad con el
artículo 40 Del Decreto 48000 de 2011”
[4] Sobre el particular
reposa un certificado de envío de la oficina de correo 472 con fecha del 14 de
noviembre de 2014, cuyo contenido es ilegible.
[5] Resolución No. 750 de
2010.
[6] Al ser esta la entidad
que llevó a cabo el proceso de recepción de los documentos para la respectiva
postulación al subsidio de vivienda.
[7] Sobre el particular
es preciso resaltar que el
artículo 86 de la Constitución Política contempla la posibilidad de toda
persona de acudir ante los jueces de la República, a través de la acción de
tutela, para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, ya sea por sí misma o por quién actúe en su nombre. Como se
trata de una acción cuyo ejercicio se puede realizar sin apoderado judicial, en
procura de la efectividad de los derechos ciudadanos, la Corte ha señalado que
una de sus características es la informalidad. En razón tal atributo, el juez
constitucional ha de analizar de manera oficiosa, a partir de las
circunstancias concretas del caso, cuál es el conflicto que se le presenta y si
el mismo ha de ser resuelto a través de la acción de amparo constitucional.
Esta atribución se deriva del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el cual
contempla que la solicitud de tutela deberá expresar con “la mayor claridad
posible”, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
transgredido o amenazado, el posible autor de la amenaza o agravio y “la
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud”.
Adicionalmente, se establece que no “será indispensable citar la norma
constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho
violado o amenazado”. En consecuencia, es el juez constitucional quien, de
manera oficiosa, debe esclarecer las actuaciones u omisiones que amenazan o
vulneran los derechos fundamentales, así como cuál es la pretensión que se
pretende realizar a través del amparo constitucional.
[8] Decreto 2591 de 1991,
art. 14.
[9] Así lo manifiesta el
Jefe de Departamento de Vivienda de Comfama, al señalar que: “(…) este
subsidio fue desembolsado anticipadamente el 20 de septiembre de 2013 a la
Fiduciaria Central, para aplicarlo en el proyecto Torres del Este”.
[10] En concreto, en la
cláusula cuarta del negocio fiduciario, sobre las instrucciones, se establece
que: “(…) 4.4. Efectuar de los recursos administrados, los desembolsos que
requieran LOS CONSTITUYENTES, una vez se haya ejecutado el ciento por ciento
(100%) de las obras de urbanismo exceptuando aquellos elementos que deban ser
instalados para la conexión definitiva de los servicios públicos domiciliarios,
acaecida dicha situación los CONSTITUYENTES, podrán proceder a discreción del
mismo, de la siguiente manera: a) Primer cuarenta por ciento (40%) del subsidio
familiar de vivienda previa presentación de la certificación por parte de la
INTERVENTORIA, verificado y avalado por el SUPERVISOR, en la que conste la
ejecución del cien por ciento (100%) de las obras de urbanismo básico del lote
donde se desarrolle el plan de vivienda, exceptuando aquellos elementos que
deban ser instalados para la conexión definitiva de los servicios públicos
domiciliarios; y un avance de obra de construcción de las viviendas que no
podrá ser inferior al diez por ciento (10%). B) Segundo cuarenta por ciento
(40%) del subsidio familiar de vivienda, previa presentación de la
certificación por parte de la INTERVENTORIA verificado y avalado por el
SUPERVISOR, de un avance de obra de construcción de las viviendas, de
conformidad con el cronograma de obra aprobado por la  INTERVENTORIA que en
todo caso no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%). C) El veinte por
ciento (20%) del subsidio familiar de vivienda restante, contra presentación de
los documentos relacionados a continuación, por parte de LOS CONSTITUYENTES
ante la entidad otorgante de los subsidios, entidad que a su vez autorizará
mediante escrito la movilización del referido veinte por ciento (20%) a la
FIDUCIARIA: - Copia de la escritura pública de compraventa, de declaración de
construcción en sitio propio o de mejoramiento de inmueble, otorgada a favor
del beneficiario del subsidio de vivienda familiar; - Original del certificado
de libertad y tradición del inmueble objeto de aplicación del subsidio en el
que conste la inscripción de la escritura de compraventa, de declaración de
construcción en sitio propio o de mejoramiento de inmueble, según corresponda,
a favor del beneficiario del subsidio, o en su defecto copia del recibo de la
caja de la solicitud de registro del respectivo documento ante la Oficina de
registro de Instrumentos Públicos correspondiente; - Copia del acta de recibo
del inmueble que fue vendido, construido o mejorado conforme a las condiciones
que sirvieron de base a la declaratoria de elegibilidad del proyecto suscrita
por parte del beneficiario del subsidio de vivienda familiar; - Certificado de
existencia de la solución de vivienda expedido por quien designe la entidad
otorgante; - Certificado expedido por la INTERVENTORIA, verificado y avalado
por el SUPERVISOR, en el que conste que se han instalado los elementos
necesarios para la conexión definitiva de los servicios públicos
domiciliarios”.
[11] Este subsidio se
otorgó el 3 de octubre de 2012.
[12] Así consta en la
anotación No. 4 del folio de matrícula inmobiliaria del inmueble en cuestión.
[13] Decreto
2591 de 1991, artículos 10 y 46.
[14] Decreto 025 de 2014, “por
el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.”
[15] Véanse,
entre otras, las Sentencias T-161 de 1993, T-420 de 1997, T-612 de 2005, T-896A
de 2006, T-875 de 2008, T-460 de 2012, T-682 de 2013, T-141 de 2014 y T-299 de
2014.
[16] El
artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de tutela tiene por
objeto la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y en
la ley.
[17] Sobre el alcance de
este principio, la Corte ha sostenido que la procedibilidad de la acción de
tutela también exige que su interposición se haga dentro de un plazo razonable,
contabilizado a partir del momento en el que se generó la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, de manera que el amparo constitucional no se convierta
en un factor de inseguridad jurídica y de posible afectación de los derechos de
terceros.
[18] Oficio recibido el 8
de agosto de 2014. Como se expuso en el acápite de antecedentes, en él se
señaló lo siguiente: “El estado actual de la postulación de la señora [Juana]]
es ‘calificado’, quiere decir esto, que su hogar postulante cumple con todos
los requisitos para ser beneficiaria del subsidio de vivienda gratuita. No
obstante lo anterior, no ha sido posible incluir a la señora [Juana] en las
resoluciones de asignación expedidas por FONVIVIENDA hasta la fecha, debido a
que las asignaciones se realizan en estricto orden de postilación hasta agotar
los recursos disponibles, teniendo en cuenta la calificación obtenida por los
hogares postulados”.
[19] Véanse, entre otras,
las Sentencias T-336 de 2009, T-436 de 2009, T-785 de 2009, T-799 de 2009,
T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[20] Sentencia T-723 de
2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[21] M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[22] Véanse, además, las
Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482
de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de
1999, SU-086 de 1999,            T-554 de 1998, T-384 de 1998 y T-287 de 1995.
[23] Véase, entre otras,
las Sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[24] Sentencia T-705 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25] Véanse, entre otras,
las Sentencias T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-175 de 2005, T-563 de 2005,
T-882 de 2005, T-1076 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006, T-468 de 2006,
T-496 de 2007, T-620 de 2009,  T-840 2009 y T-085 de 2010.
[26] Véanse, entre otras,
las Sentencias T-025 de 2004, T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-175 de 2005,
T-563 de 2005, T-882 de 2005, T-1076 de 2005, T-1144 de 2005, T-468 de 2006,
T-496 de 2007, T-821 de 2007,             T-1135 de 2008, T-192 de 2010 y T-319
de 2009.
[27] Véanse, entre otras,
las sentencias T-192 de 2010; T-319 y T-923 de 2009; T-506, T-787 y T-869 de
2008.
[28]
Sentencias T-602 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería y C-278 de 2007, M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[29] En el
aparte pertinente, el principio No. 7 señala que: “Si el desplazamiento se
produce en situaciones distintas de los estados de excepción debidos a
conflictos armados y catástrofes, se respetarán las garantías siguientes: (…)
las autoridades legales competentes aplicarán medidas destinadas a asegurar el
cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y se respetará el derecho a un
recurso eficaz, incluida la revisión de las decisiones por las autoridades
judiciales competentes.” Subrayado por fuera del texto original.
[30] En la Resolución No.
2013-309028 del 25 de noviembre de 2013, se observa que la accionante fue
incluida en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), hoy Registro
Único de Víctimas, por virtud de una declaración rendida en la personería de
Malambo (Atlántico) el día 21 de noviembre de 2005.
[31] El valor del remanente
corresponde a la suma de $ 3.200.000 pesos.
[32] En este acápite se
siguen parte de las consideraciones expuestas por esta Sala de Revisión en la
Sentencia               T-628 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[33] Véanse, entre
otras, las  Sentencias T- 958 de 2001, T-791 de 2004, T-573 de 2010 y
T-019 de 2014.
[34] M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado
[35] Sentencia T-495 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[36] M.P. Mauricio
González Cuervo
[37] Sentencia T-585 de
2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-159 de 2011, M.P. Humberto Sierra
Porto.
[38] De esta modo, en la
citada Sentencia T-585 de 2006 se manifestó que: “En lo que respecta a la
población desplazada, no cabe duda del carácter fundamental de este derecho, no
sólo respecto de los contenidos desarrollados normativamente, sino también por
la estrecha relación que la satisfacción de éste guarda con la de otros
respecto de los cuales existe consenso sobre su carácter fundamental. //En
efecto, como ha sido expresado por esta Corte, la población desplazada, en
tanto ha tenido que abandonar sus viviendas y propiedades en su lugar de
origen, y se enfrenta a la imposibilidad de acceder a viviendas adecuadas en
los lugares de arribo, por carecer de recursos económicos, empleos estables,
entre otros factores, requieren la satisfacción de este derecho a fin de lograr
la realización de otros derechos como la salud, la integridad física, el mínimo
vital, etc.” En este mismo sentido, en la Sentencia T-088 de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, se dijo que: “[L]a Corte ha reconocido que es
procedente la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna cuando
quien invoca su protección ha sido víctima del desplazamiento forzado. Las
personas en situación de desplazamiento han tenido que abandonar sus viviendas
de manera forzada y repentina. Una vez en el lugar de arribo, carecen de los
recursos necesarios para acceder de forma oportuna a viviendas temporales.
Adicionalmente, se ven enfrentados a múltiples obstáculos económicos y sociales
para acceder a soluciones habitacionales que contribuyan eficazmente a superar
el desplazamiento. En esa medida, la ausencia de vivienda representa para la
población desplazada una amenaza directa y grave contra su vida, y un factor
que acrecienta sus condiciones extremas de vulnerabilidad. Por ello, ha
merecido una especial protección por parte de la Corte que decididamente ha
establecido que el derecho a la vivienda digna es fundamental en el caso de la
población desplazada.”
[39] Personas de la
tercera edad, en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, niños,
entre otros.
[40] Sentencia T-885 de
2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[41] Al respecto, ver
Sentencias T-742 de 2009, T-287 de 2010 y  T-885 de 2014.
[42] Sobre el particular
se puede consultar la Observación General No. 4 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales sobre el
derecho a una vivienda adecuada.
[43] Estos elementos han
sido agrupados en las siguientes categorías. (i) seguridad jurídica de la
tenencia: todas las personas tienen derecho a una protección legal contra
la expulsión o cualquier amenaza, sea cual sea la forma de tenencia sobre la
vivienda que habitan. El Estado tiene la obligación de implementar medidas
tendientes a garantizar tal protección; (ii) disponibilidad de servicios,
materiales, facilidades e infraestructura: una vivienda adecuada debe
comprender acceso a recursos naturales, agua potable, energía, instalaciones
sanitarias y de aseo, y a servicios de emergencia; (iii) gastos soportables:
los costos relacionados con la vivienda no pueden impedir que el hogar
satisfaga otras necesidades básicas. El Estado debe garantizar que el gasto de
vivienda sea proporcional a los ingresos. De igual manera debe crear subsidios
y formas de financiación; (iv) habitabilidad: una vivienda adecuada debe
ofrecer el espacio adecuado para todos sus habitantes, protegerlos de los
impactos del clima, riesgos estructurales y vectores de enfermedades; (v) ubicación
adecuada o lugar:   para que la vivienda sea adecuada debe estar
situada en un punto que permita acceso a opciones de empleo, servicios de
salud, escuelas, etc. Así mismo, debe estar alejada de fuentes de contaminación
que amenacen la salud de sus habitantes; y (vi) adecuación cultural: la
construcción de la vivienda y las políticas en que se apoya deben permitir la
expresión de la identidad cultural.
[44] En concordancia con
lo expuesto, la Regla No. 18 de los Principios Rectores del Desplazamiento
Interno dispone que: “Los
desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. //
Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes
proporcionarán a los desplazados internos, como mínimo, los siguientes
suministros o se asegurarán de que disfrutan de libre acceso a los mismos: -
alimentos esenciales y agua potable; - alojamiento y vivienda básicos; -
vestido adecuado; y - servicios médicos y de saneamiento esenciales.” Énfasis por fuera del texto
original.
[45] En este acápite se
siguen parte de las consideraciones expuestas por esta Sala de Revisión en la
Sentencia               T-628 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[46] Sobre la naturaleza
jurídica de Fonvivienda, es preciso recordar que se trata de un fondo con
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera,
adscrito al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
[47] Fol. 67 v cuaderno de
revisión.
[48] Ibídem.
[49] Sentencia T-885 de
2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[50] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[51] M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[52] Sentencia T-885 de
2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[53] “Artículo  33. Postulación. La postulación de los hogares
para la obtención de los subsidios se realizará ante la entidad otorgante o el
operador autorizado con el que se haya suscrito un convenio para tales efectos,
mediante el diligenciamiento y entrega de los documentos que se señalan a
continuación:
1. Formulario de postulación debidamente
diligenciado y suscrito por los miembros que conforman el hogar, con su
información socioeconómica, indicación del jefe del hogar postulante y de la
persona que siendo parte del hogar, lo reemplazará si renunciare o falleciere
y, mención de la Caja de Compensación Familiar y Fondo de Cesantías a los
cuales se encuentren afiliados al momento de postular, si fuere del caso.
Cuando se trate de postulaciones para planes de
construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda, o mejoramiento para
vivienda saludable, en el formulario se determinará el correspondiente plan de
vivienda.
En cualquiera de los casos anteriores, el documento
incluirá la declaración jurada de los miembros del hogar postulante mayores de
edad en la que manifiestan que cumplen en forma conjunta con las condiciones
para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda, que no están incursos
en las inhabilidades para solicitarlo, que sus ingresos familiares totales no
superan el equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (4
smmlv) y que los datos suministrados son ciertos, la cual se entenderá surtida
con la firma del formulario.
2. Copia de la comunicación emitida por la entidad
donde se realice el ahorro, en la que conste el monto y la inmovilización del
mismo para efectos de proceder a la postulación. En el caso de ahorro
representado en lotes de terreno, deberá acreditarse la propiedad en cabeza del
postulante.
3. Registro civil de matrimonio, prueba de unión
marital de hecho, fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18
años y registro civil de nacimiento de los demás miembros que conforman el
hogar.
4. Declaración ante notario que acredite la
condición de mujer u hombre cabeza de hogar, cuando fuere del caso, de
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente aplicable a
la materia.
5. Copia del Carné o certificación municipal del
puntaje Sisbén.
6. Autorización para verificar la información
suministrada para la postulación del subsidio y aceptación para ser excluido de
manera automática del sistema de postulación al subsidio en caso de verificarse
que la información aportada no corresponda a la verdad.
7. Certificado médico que acredite la discapacidad
física o mental de alguno de los miembros del hogar, cuando fuere el caso.
8. Documento que certifique la existencia de ahorro
voluntario contractual vinculado a evaluación crediticia favorable y el monto
de cada uno de estos.
9. Carta de capacidad de endeudamiento, cuando
requiera financiación de un crédito
10. Para los Afiliados a Cajas de Compensación
Familiar: certificado de ingresos de la empresa en donde labora. (…)”
[54] “Artículo 42. Verificación de información. Antes de proceder a la
calificación de las postulaciones, la entidad otorgante del subsidio familiar
de vivienda verificará la información suministrada por los postulantes. //
Mensualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, las Oficinas de Catastro de las ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali y el departamento de Antioquia, la Superintendencia de Notariado
y Registro, las Entidades Financieras, los Fondos de Pensiones y Cesantías, el
Inurbe en Liquidación, las Cajas de Compensación Familiar, el Fondo Nacional de
Vivienda, el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar y las demás
entidades que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
determine, deberán entregar a este o a la entidad que este designe, sin costo alguno
y en medio magnético, electrónico o similar, la información necesaria para
verificar la información suministrada por los postulantes. (…)”.
[55] Decreto 2190 de 2009,
art. 43.
[56] “Artículo
45. Proceso general de selección de beneficiarios de los subsidios.
Una vez calificadas cada una de las postulaciones aceptables, la entidad
otorgante o el operador autorizado, si fuere el caso, las ordenará de manera
automática y en forma secuencial descendente, para conformar un listado de
postulantes calificados hasta completar un número de hogares equivalente al
total de los recursos disponibles. Los hogares postulantes que no alcanzaren a
quedar incorporados en el listado resultante serán excluidos de la
correspondiente asignación. (…)”
[57] Respecto del
desarrollo completo que se presentó en cada una de las etapas adelantadas por
el Gobierno para la estructuración de la actual política de vivienda, consultar
la Sentencia T-885 de 2014.
[58] En este acápite se
siguen parte de las consideraciones expuestas por esta Sala de Revisión en la
Sentencia               T-628 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[59] “Por la cual se
dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.”
[60] Ley 1537 de 2012,
art. 12.
[61] El citado decreto fue
modificado por los Decretos 2161 de 2013 y 2726 de 2014.
[62] Se enlista a
continuación el grupo poblacional de personas en condición de desplazamiento,
atendiendo a que las accionantes pertenecen a dicho grupo poblacional, de
acuerdo con las modificaciones realizadas por el artículo 1 del Decreto 2726 de
2014: “Primer orden de priorización: Hogares en condición de
desplazamiento que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda
urbano asignado por Fonvivienda que se encuentre sin aplicar y pertenezcan a la
Red Unidos. // Segundo orden de priorización: Hogares en condición
de desplazamiento que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de
vivienda urbano asignado por Fonvivienda que se encuentre sin aplicar. // Tercer
orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que se
encuentren en estado ‘Calificado’ en el sistema de información del subsidio
familiar de vivienda administrado por Fonvivienda, que se hayan postulado en la
convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año
2007 y pertenezcan a la Red Unidos. // Cuarto orden de priorización: Hogares
en condición de desplazamiento que se encuentren en estado ‘Calificado’ en el
sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por
Fonvivienda y que se hayan postulado en la convocatoria para población en
situación de desplazamiento realizada en el año 2007. // Quinto orden de
priorización: Hogares incorporados como desplazados en la base de
datos del RUV, que no hayan participado en ninguna convocatoria de Fonvivienda
dirigida a población desplazada y que adicionalmente pertenezcan a la Red
Unidos. // Sexto orden de priorización: Hogares incorporados como
desplazados en la base de datos del RUV, que no hayan participado en ninguna
convocatoria de Fonvivienda dirigida a población desplazada.”
[63] “Por
el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio
municipal de vivienda en el municipio de Medellín”
[64] Decreto 2339 de 2013,
art. 15.
[65] Decreto
2339 de 2013, art. 15, par. 1.
[66] Decreto
2339 de 2013, art. 22.
[67] Decreto 2339 de
2013, art.
23.
[68] Resolución No. 174 de
2007.
[69] Modificado por el
Decreto 2164 de 2013, art. 1.
[70] Al respecto, en
escrito del 12 de agosto de 2015, se señaló por la citada autoridad que: “(…)
le informo que actualmente esta entidad se encuentra ejecutando el Programa de
Vivienda Gratuita, en el cual se beneficia a los hogares con un subsidio
familiar de vivienda en especie. Los hogares postulados en la Convocatoria
Desplazados 2007 cuyo estado es calificado, son priorizados para la asignación
del subsidio familiar de vivienda en las convocatorias de vivienda gratuita que
lleva a cabo esta entidad. No obstante, el hogar debe cumplir con los
requisitos previstos, uno de ellos es postularse una vez es incluido en el
listado de potenciales beneficiarios que elabora el DPS. // La accionante fue
habilitada por el DPS como potencial beneficiario de los proyectos Ciudadela
Real del Caribe en el municipio de Malambo - Atlántico y Nueva Esperanza en el
municipio de Soledad - Atlántico. En este sentido, ha tenido la posibilidad de
postularse en las convocatorias de vivienda gratuita abiertas por esta entidad;
sin embargo, a la fecha no se ha postulado a ninguna”.
[71] Sobre el particular
se expuso que: “(…) una vez el DPS remite a Fonvivienda el acto
administrativo que habilita a los hogares como potenciales beneficiarios, esta
entidad envía la Resolución a la Unidad Temporal de Cajas de Compensación CAVIS
UT, con la cual existe contrato de encargo de gestión, para que, a través de
las cajas de compensación familiar, se de aviso a los hogares seleccionados y
puedan realizar la respectiva postulación”.
[72]
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-8655.html
[73] Sentencia T-885 de
2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74] Decreto 2726 de 2014,
art. 1; y Ley 1537 de 2012, art. 12.
[75] Resolución No. 750 de
2010.
[76] Aparecen como los
constituyentes del encargo con la suma de los subsidios otorgados por
Fonvivienda a varios beneficiarios, así como también tienen la condición de
constructores del proyecto prometido.
[77] Resolución No.
0000199 de 2014.
[78] Sentencia T-885 de
2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.