T-126-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-126/09
DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE
LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHOS DE LOS INTERNOS EN EL MARCO DE LA RELACION ESPECIAL DE
SUJECION-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LOS INTERNOS-Reglas mínimas que se deben cumplir en los establecimientos
carcelarios
CARCEL DISTRITAL DE MUJERES DE CARTAGENA-Deficientes condiciones locativas en su infraestructura
MUJERES DE CARTAGENA-Hacinamiento y
deficiencias en el suministro del servicio de salud
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS INTERNAS DE LA CARCEL DISTRITAL
DE MUJERES DE CARTAGENA-Vulneración por las
inadecuadas condiciones de habitabilidad y de deterioro de su infraestructura
física
Referencia: expediente T-1.644.081
Acción de tutela instaurada por Arturo Nicolás Zea Solano, actuando
en ejercicio de sus facultades como agente de la Defensoría del Pueblo,
Regional Bolívar, contra el Ministerio del Interior y de Justicia, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el Departamento de Bolívar y la
Alcaldía Distrital de Cartagena.
Magistrado Ponente
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C.
veinticuatro (24) de febrero de dos mil nueve (2009).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Humberto
Antonio Sierra Porto, quien la preside, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández, y, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y, en segunda instancia,
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la acción
de tutela promovida por Arturo Nicolás Zea Solano, actuando en ejercicio de sus
facultades como agente de la Defensoría del Pueblo, Regional Bolívar, contra el
Ministerio del Interior y de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-, el Departamento de Bolívar y la Alcaldía Distrital de
Cartagena.
I. ANTECEDENTES
Actuando en desarrollo de las competencias atribuidas por el texto
constitucional a la Defensoría del Pueblo - y, de manera específica aquella
contenida en el inciso final del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 -, el
Ciudadano Arturo Nicolás Zea Solano, director de la mencionada entidad en la
Regional Bolívar, presentó acción de tutela en procura de obtener protección
judicial de los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud, educación,
intimidad, trabajo, recreación e integridad física de las mujeres que se
encuentran recluidas en el centro penitenciario San Diego, ubicado en la ciudad
de Cartagena. A continuación se resume el fundamento fáctico sobre el cual el
ciudadano apoyó su pretensión de tutela:
1. Hechos
1.1. Como
resultado de las diferentes visitas de inspección realizadas en el centro de
reclusión San Diego por parte de la Defensoría Regional, la Dirección del penal
informó que no se dispone de una sede propia destinada al funcionamiento del
penitenciario, pues el inmueble en el cual se encuentran recluidas las mujeres
en cuya representación fue promovida la acción, fue vendido a “la Empresa
Promotora La Huerta de San Diego S. A.”. En tal sentido, el accionante
informó que la sede presente tiene “serias deficiencias estructurales,
locativas y sanitarias”.
1.2. Con el
objetivo de ahondar en la exposición de los graves inconvenientes locativos del
centro de reclusión, el accionante presentó una detallada relación, la cual fue
elaborada con fundamento en un informe precedente rendido por la misma
Defensoría Regional y el Departamento Administrativo Distrital de Salud –DADIS-,
de las circunstancias actuales en que se encuentra. Sobre el particular señaló
lo siguiente: “se constató que la infraestructura física del centro de
reclusión amenaza ruina, a tal punto que el segundo piso de la edificación
debió ser desalojado por el grave deterioro de los techos y paredes, el nulo
suministro de agua y las pésimas condiciones de reclusión y seguridad.” También
informó, que el estado de la red eléctrica es una verdadera amenaza para la
salud y vida de las representadas, pues el mal estado de las conexiones, aunado
a las constantes filtraciones de agua genera riesgos considerables. A su vez manifestó
que el depósito de agua que abastece la segunda planta no está funcionando, en
las celdas del primer piso hay deficiente iluminación, poca ventilación y
algunas de ellas son comunitarias lo que genera poca salubridad. Además hay una
preocupante carencia de instrumental médico y odontológico, a lo cual se suma
la deficiente provisión de insumos básicos y dotación de medicamentos
esenciales.
1.3. De manera
específica, a propósito del servicio de salud ofrecido a las mujeres, manifestó
que el centro no sólo carecía de vehículo para el traslado de las internas
enfermas, medicamentos y elementos indispensables para la atención en
urgencias, sino que no había celebrado contrato alguno con una Empresa
Promotora de Salud o Institución Prestadora de Servicios que se asegurara de
brindar los servicios médicos requeridos de manera permanente y oportuna. Al
respecto, agregó el accionante que para obtener atención en salud, las reclusas
se veían en la obligación de concertar una cita previa, dado que la atención
médica no se presta los sábados, domingos, festivos y en horario nocturno, lo
cual amenaza seriamente sus derechos fundamentales a la vida y a la salud en la
medida en que dicha prestación no constituye una respuesta eficaz para las
eventuales dolencias que pueden padecer y que requieran servicios de urgencias
o atención inmediata.
1.4. Adicionalmente
sostiene que las instalaciones donde funciona el centro de reclusión, carece de
condiciones necesarias para que las internas puedan ejercer su derecho a la
educación, el trabajo y la recreación, sin que tengan la posibilidad de
capacitarse o estudiar en talleres, aulas de clase, canchas para practicar
deportes y demás elementos que propendan por la rehabilitación y reinserción
social de las personas privadas de la libertad.
2. Fundamentos
de la solicitud de tutela
Con fundamento
en los hechos anotados, la Defensoría Regional interpuso acción de tutela con
el objetivo de asegurar la protección de los derechos fundamentales de las
mujeres recluidas en el Centro Penitenciario San Diego, para lo cual puso en
conocimiento del juez de instancia que la acción era, en el caso concreto, el
último cauce legal al cual acudía para obtener la protección reclamada en la
medida en que, según fue relatado en la demanda, la entidad por él representada
ha venido realizando un infructuoso proceso de seguimiento orientado a remediar
la preocupante situación de hacinamiento en la cual se encuentran las mujeres
privadas de la libertad en dicha cárcel. A pesar del continuo acompañamiento
por parte de la entidad y de la emisión de varias “Resoluciones Defensoriales”,
dirigidas a mejorar las condiciones de reclusión de las mujeres privadas de la
libertad o a construir o adecuar los establecimientos carcelarios en
condiciones más beneficiosas, sólo se han obtenido respuestas dilatorias por
parte de las diferentes autoridades demandadas, con lo cual la amenaza que se
cierne sobre los derechos fundamentales continúa latente.
Para terminar,
luego de adelantar un recuento de la jurisprudencia de esta Corporación sobre
el deber reforzado de protección en cabeza del Estado a favor de la población
ubicada en los centros de reclusión, reconocida como sujetos de especial de
protección en atención a la situación de dependencia y pronunciada
vulnerabilidad en la cual se encuentran, manifestó lo siguiente: “La grave e
inminente situación de vulneración de sus derechos fundamentales la constituye
la privación de su libertad en un inmueble que no ofrece condiciones de
reclusión que posibiliten el respeto a su dignidad humana, y el cumplimiento de
los fines esenciales del Estado (art. 1° de la Constitución Nacional), los
fines y funciones de la pena (art. 4 del Código Penal), que propendan por la
rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad, pues
se requiere que el local donde funcione un centro de reclusión cuente con
instalaciones educativas, talleres, área de rancho, área de recreación o
esparcimiento, área de sanidad, o enfermería y odontología, y áreas
administrativas, además de instalaciones de seguridad como garitas y muros
adecuados para vigilancia y seguridad de las internas y del personal
administrativo y de guardia”.
3. Solicitud
de tutela
El accionante solicitó
al juez de tutela ordenar al Gobernador del Departamento de Bolívar abstenerse
de ordenar el traslado de las mujeres recluidas a otras cárceles ubicadas fuera
de la ciudad de Cartagena, pues tal decisión, amenaza los derechos
fundamentales de los familiares de las mujeres privadas de la libertad,
consideración que adquiere una dimensión significativa para el juez de tutela
en el caso de menores de edad, en la medida en que los separa de la posibilidad
de mantener permanente contacto con las mujeres.
También solicitó
al juez ordenar a las autoridades demandadas desarrollar las actuaciones
necesarias para llevar a cabo, bien la remodelación de la Cárcel San Diego de
tal manera que permita el adecuado proceso de resocialización fundado en la
dignidad humana que anima desde el texto constitucional el funcionamiento del
sistema penitenciario, o, en segundo término, el traslado a otro centro que
cumpla con las aludidas condiciones y que, adicionalmente, se encuentre ubicado
en la ciudad de Cartagena para que los núcleos familiares de las mujeres no se
vean amenazados en virtud de la orden judicial.
Para terminar,
el accionante reclamó al juez de instancia la adopción de una medida cautelar
consistente en ordenar, dentro de un plazo perentorio, la realización de las
urgentes reparaciones locativas con el objetivo de conjurar la materialización
de la violación de los derechos fundamentales.
4. Pruebas
relevantes allegadas al expediente
Dentro del
material probatorio anexado a la acción de tutela, se encuentran los siguientes
elementos:
- Informe
realizado por la Subdirección de Salud Pública, DADIS, correspondiente a la
visita llevada a cabo el 30 de agosto de 2006, presentado ante la Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias, en el cual informa lo siguiente: “…La cubierta
construida en concreto rígido se encuentra deteriorada evidenciándose los
escombros que caen al suelo y el mal estado de la placa. // 3. Las
instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado, los alambres y cables no
están empotrados en las paredes ni en ductos especiales, se pudo observar que
la gran mayoría están colocados peligrosamente atravesando salones completos de
un lado a otro, convirtiéndose en un riesgo gravísimo. // 4. La mayoría de los
baños se encuentran en un mal estado, no cuentan con cisterna y es necesario
evacuar los residuos líquidos mediante un balde acondicionado para tal fin
(…) no se le practica ningún tipo de control al agua de consumo, ni se hace
limpieza a los tanques de almacenamiento. [de agua] // 6. Los pisos,
paredes, cubierta y equipo de cocina como los mesones se encuentran en mal
estado, agrietados, los manipuladores de alimentos no mostraron evidencias de
capacitación en las labores que desarrollan (…) no se lleva un programa
de control de plagas y roedores (…) // 7. Las tapas de los registros de
alcantarilla están en mal estado, no existe rejilla metálica instalada en la
tubería de desagüe para impedir el acceso de los roedores al interior del penal…”[1]
(fl.153 Cd.5).
- Oficio
suscrito por la Ciudadana Liduvina Poveda Villafañe, Directora de la Cárcel San
Diego, dirigido al Defensor del Pueblo Regional, en el cual manifiesta: “No
contamos con convenios suscritos por el Distrito o el INPEC con entidades
prestadoras de salud, para la atención de las internas que cubra la atención de
primer nivel, urgencias, consulta médica especializada, procedimientos médicos
de diagnósticos, laboratorio clínico, suministro de medicamentos del P.O.S. y
no P.O.S., hospitalización y cirugía”. (fl.160 Cd.5).
- Oficio del 8
de abril de 2005 remitido por el Despacho de la Gobernación del Departamento de
Bolívar a la Alcaldía de Cartagena, solicitando con carácter urgente la entrega
del inmueble en el cual funciona el centro penitenciario a la Empresa Promotora
La Huerta de San Diego que lo adquirió. (fl.167 Cd.5).
- Derecho de
petición presentado ante la Alcaldía Distrital de Cartagena, por el Comité de Derechos
Humanos de la Cárcel Distrital de San Diego a través del cual se solicita “la
permanencia de un médico las 24 horas, un servicio ambulatorio disponible y la
efectividad de los medicamentos” (fl.170 Cd.5).
- Acta de la
visita de inspección llevada a cabo el día 26 de septiembre de 2006 por la
Defensoría del Pueblo, en la que se consignó lo siguiente: “el consultorio
médico es un espacio abierto, con paredes en enchape de cerámica, sin puertas o
ventanas, por esto no permite plena privacidad pues se encuentra en un pasillo
entre la zona administrativa y la reja de acceso a las celdas, se tapa la
visibilidad al pasillo con muebles y vitrinas (…) nos atiende la
auxiliar de enfermería (…) quien informa que faltan medicamentos solo
cuentan con los de atención de primeros auxilios (…) [el médico] falta
frecuentemente a su turno y/o llega tarde, por lo cual durante sus ausencias no
se dispone de atención médica (…) actualmente se dispone de una sola
unidad odontológica, y el equipo de esterilización es obsoleto por ello se
requiere reposición de equipo, hacen falta insumos odontológicos: amalgamas,
resinas, material de obturación, rayos X, ni para tratamiento de conductos, nos
dirigimos al área de cocina y a la entrada encontramos un depósito de agua, se
observa abandonado y en mal estado, actualmente no está funcionando porque se
dañó la motobomba que surtía el segundo piso, por ello debió ser desalojado el
segundo piso y declarar la emergencia sanitaria y desalojar el segundo piso del
Centro de Reclusión, lo que ha ocasionado hacinamiento en algunas celdas (…)
Pasamos a la zona de Comando de guardia se observan los techos y paredes en
muy mal estado, presenta varias zonas del techo desprendidas y se aprecian las
varillas oxidadas, se observa humedad en paredes y techo, también se aprecian
los cables eléctricos desprendidos y en malas condiciones, lo cual representa
un peligro para los guardianes y para toda la población carcelaria y visitas (…)
se observa la oficina de atención psicológica que se presta dos veces a la
semana en un cuarto muy pequeño y mal dotado, (…) al fondo un salón
amplio y ventilado en mejores condiciones de mantenimiento de que resto de los
locales visitados, el cual está destinado a salón de actos y talleres, allí se
observan varias sillas y un escritorio, pero ningún elemento o maquinaria de
talleres (…) luego encontramos, a mano izquierda entrando, la celda 1B, la cual
es amplia y bien ventilada , en ella se encuentran siete (7) internas, en camas
de madera con colchón y tendido de camas que traen las propias internas , se
observa aseada y ordenada, se aprecia humedad en el techo y desprendimiento de
una zona, mostrando las varillas oxidadas, y humedad en la pared que da al
patio, dispone de servicios sanitarios y ducha con agua, aseado y en regular
estado de conservación (…) luego accedemos a un salón de las mismas dimensiones
que las celdas, aledaño a estas, cerrado con reja y candado, (…)presenta grave
deterioro en su estructura, el piso se ha hundido considerablemente, (…) [es]
nido de roedores e insectos, (…) luego accedemos al segundo piso de la
edificación, que actualmente no se está utilizando pues se declaró la
emergencia sanitaria, debido al grave deterioro de su estructura, y a que no
dispone de agua, (…) se aprecian grandes porciones de placa del techo
desprendidas y algunas otras amenazan por desprenderse, se observan techos y
paredes con humedad, e instalaciones eléctricas en mal estado…” (fl.183
Cd.5)
- Orden de
servicio emitida en agosto de 2006 por la Dirección Administrativa de Apoyo
Logístico de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, mediante la cual se
contrato el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la Cárcel
Distrital de San Diego, por valor de $15.643.950.(fl.27 Cd. Ppal).
- Contrato de
prestación de servicios celebrado en el 2006 por la Alcaldía Mayor de Cartagena
de Indias, mediante el cual se contrató los servicios de un médico
epidemiológico, por el término de 3 meses. (fl.41 Cd. Ppal).
- Contrato de
venta e hipoteca, celebrado el 30 de diciembre de 1997 entre el departamento de
Bolívar y la empresa Promotora la Huerta San Diego S.A., por valor de
$1.650.000.000. (fl.100 Cd. Ppal).
- Convenio
Interinstitucional celebrado el 1° de abril de 1993, entre el Departamento de
Bolívar y el Distrito de Cartagena por el término de 6 meses, mediante el cual
entre otras, el Departamento cedió en comodato el inmueble donde funciona
actualmente la Cárcel de San Diego. (fl.103 Cd. Ppal).
- Ficha de
Estadística Básica de Inversión – EBI, del proyecto de construcción y dotación
del Complejo Penitenciario, Carcelario y Reclusión de Mujeres de Cartagena –
Bolívar. (fl.14 Cd. Pruebas).
- Documento
Conpes 3412 del 6 de marzo de 2006, “Estrategia para la expansión de la
Oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios – Seguimiento del Conpes 3277.”
(fl.362 Cd. Pruebas).
- Documento
Conpes 3277 de marzo 15 de 2004, “Estrategia para la Expansión de la Oferta
Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios”. (fl.378 Cd. Pruebas).
- Documento
Conpes 3086 de julio 14 de 2000 “Ampliación de la Infraestructura
Penitenciaria y Carcelaria.” (fl.405 Cd. Pruebas).
5. Respuesta
de las entidades accionadas
5.1.
Ministerio del Interior y de Justicia.
Mediante
escrito presentado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior y de
Justicia, en respuesta a la acción de tutela manifestó que el Ministerio que
representa no es la entidad llamada a responder por las pretensiones del actor,
toda vez que por disposición de los Decretos 2160 de 1992, 1890 de 1999 y 1490
de 2000 corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC,
ejercer las funciones de vigilancia, seguridad y control, así como la administración,
mantenimiento, dotación y sostenimiento “de los establecimientos de
reclusión del orden nacional”, que garanticen su funcionamiento.
Por lo
anterior, dado que las peticiones realizadas por la Defensoría del Pueblo
corresponden a obras menores como son la impermeabilización de las placas por las
que se filtran las aguas negras, el destaponamiento de cañerías, y la revisión,
reparación y reinstalación de las redes eléctricas, deberá ser el INPEC la entidad
que responda por la solución de tales inconvenientes y no el Ministerio del
Interior y de Justicia. Agrega que a dicho Instituto le corresponde realizar la
recopilación de solicitudes relacionadas con la infraestructura carcelaria y
penitenciaria presentadas por los diferentes directores de los establecimientos
carcelarios, que sirven de base para la formulación de los anteproyectos que
serán presentados al Banco de Proyectos de Inversión Nacional y luego remitidos
al Departamento Nacional de Planeación para obtener la viabilidad técnica y su
posterior inclusión en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
Es así como en
desarrollo de los proyectos de construcción de los centros penitenciarios y
carcelarios del orden nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia logró
el 15 de marzo de 2004, la aprobación del documento del Consejo Nacional de
Política Económica y Social - CONPES  denominado “La estrategia para la
expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”, en
11 centros de reclusión entre los cuales se encuentra incluido el Complejo
Penitenciario y Carcelario y Reclusión de Mujeres de Cartagena.
De igual
manera, el 30 de diciembre de 2004, el Ministerio celebró un convenio
interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos con el Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo- FONADE, para adelantar los estudios de Preinversión
y Dotación en los 11 centros carcelarios, los cuales cuentan con la aprobación
de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuyo
proceso licitatorio para la construcción ya se inició.
Sostiene que el
Ministerio del Interior y de Justicia no ha vulnerado derecho fundamental
alguno de las internas del penal de Cartagena, puesto que ha dado cumplimiento
a lo que le compete, en tanto que el predio fue adquirido por FONADE y
adicionalmente, “tiene destinadas la partidas presupuestales necesarias para
realizar la construcción del Complejo Carcelario y Reclusión de Mujeres de
Cartagena, el cual tendrá una capacidad de 1600 cupos, tal y como se encuentra
contemplado dentro del Documento Conpes 3277 y su modificatorio, el 3412”.
Por último,
especifica que en cuanto al mejoramiento del Centro de Reclusión San Diego, “este
sólo podrá ser programado dentro del Plan de Rehabilitación, Refacción y Reposición
2007, dependiendo de la disponibilidad de recursos asignados para
atender este tema”, y según la aprobación previa otorgada por el
Departamento Nacional de Planeación, para el monto de los recursos asignados a
cada Establecimiento Penitenciario y Carcelario.
5.2.
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Distrito Turístico y Cultural.
La asesora de la
Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, dio respuesta a la acción de tutela
para solicitar se declare su improcedencia toda vez que las pretensiones
formuladas por el accionante no son susceptibles de dirimir a través de éste
mecanismo constitucional, puesto que se trata de hacer cumplir a las
autoridades lo dispuesto en las leyes, y “para ello existe la Acción de
Cumplimiento que tiene un trámite diferente a la acción de tutela, y un
objetivo también diferente que es el de hacer cumplir leyes y actos
administrativos, más no la de proteger derechos de rango constitucional.”
5.3. Cárcel
Distrital San Diego de Cartagena.
En escrito
presentado ante el Juzgado de instancia para dar respuesta a la acción de
tutela, la Directora del centro carcelario sostuvo que la administración del
Distrito de Cartagena, viene adelantando estudios dirigidos a obtener el
traslado de la Cárcel a un lugar más adecuado. Respecto de la sede donde
funciona la institución carcelaria indicó que es exagerado sostener que el
inmueble en el cual funciona el centro de reclusión este amenazando ruina, “toda
vez que su estructura física se encuentra en buen estado; presentando sí un
lamentable estado de fachada y repello de la parte superior (Techo) y paredes”.
Por tal razón, se suscribió una orden de servicio para el mantenimiento y
reparación del inmueble, la cual anexó al escrito[2].
Informa que no
se presenta hacinamiento en la Cárcel pues las celdas son amplias[3].
Así mismo indicó que ya se iniciaron los trabajos de adecuación para los
consultorios con el fin de permitir mayor espacio y privacidad en la atención
médica y odontológica; se está adelantando el proceso de contratación de
medicamentos esenciales; en la actualidad se cuenta con un vehículo para el
traslado de las enfermas; fueron contratados un médico general para la atención
de la mañana y otro epidemiólogo para la tarde, los fines de semana y feriados
así como dos auxiliares de enfermería mañana y tarde; las internas pueden ser
atendidas también por la red médica hospitalaria con que cuenta el Distrito a
través del Dadis, entidad que realizó las fumigaciones recomendadas.
En cuanto a
los programas de resocialización y redención de pena, se cuenta con
alfabetización e instrucción para primaria y bachillerato en convenio con
Cafam; educación superior a través de la Universidad a Distancia y Universidad
Nacional Abierta y a Distancia en su modalidad virtual; patios productivos a
cargo de la Umata Distrital y capacitaciones en oficios varios por el SENA.[4]
Por lo anterior
concluye que tanto la Alcaldía Distrital como la Dirección Carcelaria a su
cargo, han tomado las medidas necesarias para brindar una atención integral y
una socialización positiva a las internas con mejores condiciones locativas.
5.4.
Gobernación de Bolívar
La
representante judicial de la Gobernación de Bolívar, dio respuesta a la acción
de tutela mediante escrito en el que manifestó que en el año 1995, debido a la
crisis financiera por la que venía atravesando la Administración Departamental,
la Asamblea facultó al Gobernador para enajenar, gravar o permutar bienes
muebles o inmuebles de propiedad del Departamento, cuyo producido debía
destinarse al pago de la deuda pública y para inversión social. Por tal motivo,
mediante escritura pública No.5003 de la Notaría Segunda del Círculo de
Cartagena, fue vendido el inmueble donde funciona la Cárcel de San Diego a la
empresa Promotora La Huerta de San Diego S.A., por valor de $1.650.000.000,
pagaderos en la suma de $660.000.000 el 15 de noviembre de 1995 y el saldo, o
sea, la suma de $990.000.000 se cancelarían el día 30 de julio de 1998, siempre
que se hiciera la entrega física y material del bien inmueble.
Pese a lo
anterior, los Gobernadores del Departamento de Bolívar en las diferentes
administraciones han permitido que la Cárcel de San Diego continúe funcionando
en esas instalaciones, sin que se hubieren iniciado las acciones judiciales
tendientes a su desalojo por haber sido vendido, desconociendo los perjuicios y
el detrimento económico causado por la no entrega a la actual sociedad
propietaria. Pone de presente el acuerdo de restructuración de pasivos al amparo
de la Ley 550 de 1999, necesario para lograr la viabilidad financiera del
Departamento, cuyas directrices deben ser acatadas en procura de evitar las
consecuencias nefastas para el saneamiento financiero del Departamento.
5.5.
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
El Jefe de la
Oficina Jurídica del INPEC dio respuesta a la acción de tutela, mediante
escrito en el que solicitó desestimar las pretensiones del actor por encontrar
falta de legitimidad en la causa por pasiva, toda vez que la Cárcel San Diego
de Cartagena es un establecimiento del orden Distrital, autónomo, independiente
y de competencia exclusiva de la Alcaldía Distrital de Cartagena, ante la cual el
INPEC no tiene ingerencia alguna en las decisiones que allí se tomen, así como
tampoco en el suministro de medios para la resocialización, rehabilitación y
demás situaciones de los internos, pues no están bajo su custodia de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.
También indicó
que de acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo de
Obras Civiles de la entidad, mediante el documento CONPES 3277 de 2004 se
aprobó la estrategia de expansión de cupos penitenciarios y carcelarios con una
capacidad para 200 mujeres, el Ministerio del Interior y de Justicia con el
apoyo de la Alcaldía Distrital está gestionando la consecución de un  lote para
la ejecución del proyecto allí planteado.
II. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISION.
1. Primera
instancia.
En sentencia del
20 de noviembre de 2006, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, concedió el amparo solicitado y como consecuencia ordenó
al INPEC y a la Alcaldía Mayor de Cartagena realizar las actividades necesarias
para la apropiación de los recursos para efectuar las obras civiles de
refacción, mantenimiento, adecuación y dotación del centro de reclusión.
Adicionalmente ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia y a la
Gobernación de Bolívar con el apoyo del INPEC y de la Alcaldía Mayor de
Cartagena, reubicar las internas en un lugar digno, para lo cual deberá
ejecutar y poner en funcionamiento el proyecto de construcción del nuevo
Complejo Penitenciario y Carcelario y Reclusión de Mujeres de Cartagena.
Lo anterior,
por cuanto estimó el juzgador que el INPEC, a través de la Directora de la institución
carcelaria, es el competente para realizar todas las gestiones en procura del desarrollo
efectivo y la integridad física de todos los reclusos, de manera que se
preserve su existencia por el simple hecho de ser personas. En su criterio, de
acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, los derechos fundamentales de
las reclusas han sido vulnerados toda vez que el centro de reclusión San Diego
no se escapa de las condiciones de hacinamiento y graves deficiencias en
materia de servicios públicos y asistenciales que caracteriza la
infraestructura carcelaria del país, tal como lo reconoció la propia directora
del penal.
2. Impugnación
2.1. Gobernación
del Departamento de Bolívar
La
representante judicial de la Gobernación Departamental, se opuso al fallo
proferido en primera instancia por el Tribunal, mediante escrito en el que además
de reiterar las consideraciones expuestas en la respuesta a la acción de
tutela, sostiene que no encuentra vulneración alguna de los derechos fundamentales
de las internas, puesto que el ente departamental ayudó al sostenimiento de la
institución cuando las finanzas se lo permitían y pese a que el inmueble fue
vendido, nunca ha adelantado acción alguna para recuperarlo.
2.2. Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias.
La asesora de la
Oficina Jurídica de la Alcaldía impugnó el fallo al considerar que tal como lo
explicó el fallador en la parte considerativa, es el INPEC y no el ente
Distrital que representa, el llamado a responder por la realización de las
obras destinadas al mejoramiento de las condiciones en que se encuentran las
reclusas. De la misma forma estima que tampoco es responsable por la
realización de tales obras, por cuanto, de conformidad con lo expuesto por el
Ministerio del Interior y de Justicia, las partidas presupuestales necesarias
para la realización de la construcción del Complejo Carcelario para Cartagena
ya fueron destinadas. Adicionalmente, las obras para la reparación y
mantenimiento de la cárcel, así como los médicos y las enfermeras solicitadas
fueron contratados por la Alcaldía, y también se realizaron las fumigaciones y
se implementaron los servicios educativos de los que adolecía el sitio en el
que actualmente funciona el penal.
2.3. Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
La
Coordinadora del Grupo de Acciones de Tutela de la Oficina Jurídica de la
entidad impugnó el fallo proferido por el a quo, mediante escrito en el que
reitera que la Cárcel San Diego de Cartagena no es un establecimiento de
reclusión del orden nacional sino del orden Distrital y por tanto, no se
encuentra dentro de la órbita de competencia presupuestal, ni funcional del
INPEC. Así entonces, en caso de destinar o asignar partidas del presupuesto
nacional para la cárcel de Cartagena se generaría un peculado y además se
vulneraría el principio de legalidad del gasto, pues el presupuesto general de la
Nación que sólo puede ser modificado por el legislador y el estatuto general de
la contratación administrativa.
Finaliza
reiterando que el Instituto carece de recursos propios y los relativos al
funcionamiento integral son asignados a través del presupuesto nacional con
destinación especifica, para lo cual se requiere contar con el certificado de
disponibilidad previo a la ejecución del gasto y el registro presupuestal. Por
tanto, dado que ninguna autoridad puede contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, la acción de
tutela es improcedente.
3. Segunda
Instancia
Por sentencia del
16 de mayo de 2007, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
revocó el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena al encontrar que la acción de tutela no es el mecanismo
viable para esclarecer a cuál de los entes accionados le corresponde asumir las
obligaciones relacionadas con el centro carcelario, en la medida en que cada
uno de ellos ha planteado ausencia de responsabilidad. De la misma forma estima,
que la acción es improcedente ya que el gasto de los dineros del erario
público, están sometidos a regulaciones constitucionales o legales que no
pueden omitirse o variarse por el juez constitucional.
III. PRUEBAS
DECRETADAS POR LA SALA DE REVISIÓN
1. Mediante auto del 3 de diciembre de 2007 la Sala de Revisión ordenó
a la Gobernación del Departamento de Bolívar informar sobre las actuaciones
administrativas que guarden relación con el contrato de
compraventa celebrado con la Empresa Promotora La Huerta de San Diego S. A., sobre
el inmueble en el cual se encuentra funcionando en la actualidad el Centro Penitenciario
San Diego. Adicionalmente la requirió para que diera
respuesta a una serie de interrogantes relacionados con las actuaciones de orden administrativo y presupuestal que han sido
llevadas a cabo por el ente territorial con el objetivo de atender la situación
de hacinamiento y deficiencia estructural del centro penitenciario, así como la
destinación de partidas presupuestales encaminadas a llevar a cabo la
adecuación del centro penitenciario.
En el mismo auto
se ordenó a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, que por medio de una inspección judicial informara a la Corte la situación
de las mujeres recluidas y la aptitud del inmueble para el funcionamiento de la
cárcel, para lo cual la requirió para dar respuestas referentes al número de
mujeres que se encuentran en el penal, la provisión de medicamentos, el número
de profesionales de la salud en el centro penitenciario, los servicios públicos
con que se cuenta para el funcionamiento, mejorías estructurales realizadas en
la segunda planta, así como espacios para la recreación y las visitas
periódicas.
También, se
ofició a la Dirección del Centro Penitenciario San Diego para que informara las actuaciones administrativas que han sido llevadas a cabo con el
objetivo de poner fin a la situación de hacinamiento y deficiencia estructural
del penal. Adicionalmente, se ordenó dar respuesta a una serie de interrogantes
relacionados con el número de mujeres reclusas, especificando las que requieren
tratamiento especial debido a su incapacidad o su condición de sujeto de
especial protección así mismo, se solicitó información sobre las alternativas
que se han concertado con las diferentes entidades para atender la situación de
las mujeres privadas de la libertad en el centro carcelario.
Igualmente, se
solicitó a la Dirección Nacional de Planeación pronunciarse sobre el problema
jurídico planteado, así mismo explicar que actuaciones han
sido realizadas con el objetivo de superar el estado de cosas inconstitucional
declarado por la Corte Constitucional en sentencia T-153 de 1998. También se
solicitó allegar la documentación existente sobre los compromisos presupuestales
e institucionales necesarios para hacer frente a la situación de hacinamiento
en los centros penitenciarios del país, incluyendo los documentos CONPES sobre
la materia, así como la información relacionada con la evolución de las
apropiaciones presupuestales y del gasto público destinado a atender la
situación de hacinamiento que afecta a la población carcelaria en los últimos
10 años.
Así mismo, se
ofició al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que rindiera un
informe sobre las actuaciones realizadas por la entidad para superar el estado
de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en la sentencia
T-153 de 1998. De la misma forma le solicitó  remitir
la documentación e información actualmente disponible sobre el censo de la
población recluida en centros penitenciarios especificando edad, género, región
y pertenencia a grupos especiales, así como los indicadores de gestión en
materia de mejoramiento de la situación de derechos humanos de la población
recluida en centros penitenciarios.
Adicionalmente, se ofició al Ministerio del Interior y Justicia para
que informe acerca de las actuaciones que han sido
realizadas con el objetivo de superar el estado de cosas inconstitucional
declarado por la Corte Constitucional en sentencia T-153 de 1998 sobre la
situación de derechos humanos en los centros de reclusión. También se solicitó,
realizar una detallada descripción de las políticas y programas actuales trazados
por el Ministerio con el objetivo de atender la situación de hacinamiento en
los penales del país, dando a conocer los indicadores de gestión en materia de
mejoramiento de la situación de derechos humanos de la población recluida en
centros penitenciarios. Igualmente, brindar información detallada sobre la
ayuda ofrecida por la comunidad internacional y las organizaciones no
gubernamentales a los programas de atención a la población recluida en centros
penitenciarios.
Además, en el mencionado auto se dispuso invitar al Alto Comisionado
para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que aporte elementos de
juicio en lo que respecta a los problemas de relevancia constitucional que
aquejan la población recluida en centros penitenciarios.
También se ofició a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría
General de la Nación para que informen sobre el cumplimiento de la Sentencia
T-153 de 1998 y para que aporten los elementos de juicio derivados de su
experticio institucional en lo que respecta a los problemas de relevancia
constitucional que aquejan la población recluida en centros penitenciarios.
Para concluir, se solicitó la Comisión Colombiana
de Juristas, al Instituto Latinoamericano de Estudios Alternativos –ILSA-, al
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –DEJUSTICIA -, al Centro de Investigaciones
Sociojurídicas –CIJUS- de la Universidad de los Andes y al Centro de Investigaciones
y Proyectos Especiales –CIPE- de la Universidad Externado de Colombia para que
den a conocer los trabajos de seguimiento que han realizado a propósito de la
situación de derechos humanos de la población en centros de reclusión
penitenciaria.
2. Respuesta
a la solicitud de pruebas
2.1.
Departamento Nacional de Planeación
En comunicación
recibida por la Secretaría de esta Corporación el día 10 de diciembre de 2007,
el Departamento Nacional de Planeación informó que dentro de las acciones
adelantadas para confrontar el estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario, la entidad sometió a consideración del Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes, una estrategia para expandir la oferta
nacional de cupos penitenciarios y carcelarios, aprobada en el Documento 3277
de 15 de marzo de 2004.
El Documento contiene
un diagnóstico sobre el déficit de cupos que enfrentan los establecimientos de
reclusión, las acciones de infraestructura requeridas para solucionar la
problemática, así como la presentación de la propuesta, que se compone de 2
planes: el primero, dirigido a ampliar, adecuar y dotar los establecimientos de
reclusión existentes y el segundo, a la construcción, dotación y mantenimiento
de los nuevos establecimientos de reclusión.
Posteriormente,
con el documento Conpes 3412 del 6 de marzo de 2006, previa evaluación de las
condiciones fiscales, se advirtió la necesidad de construir 11 centros
penitenciarios bajo la modalidad de contrato de obra pública en diferentes
ciudades del país[5]. En particular el
proyecto de Cartagena, que contará con una capacidad para 1.600 internas y
tendrá un costo total de $59.429.000.000, se denomina “Construcción y
dotación complejo penitenciario, carcelario y de reclusión de mujeres de
Cartagena” está registrado en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión, y su ejecución se encuentra a cargo del Ministerio del Interior y de
Justicia.
Respecto de los
compromisos presupuestales necesarios para hacer frente a la situación de
hacinamiento en los centros penitenciarios del país, informó que los recursos
para financiar los 11 proyectos de nuevos establecimientos carcelarios,
provienen de vigencias futuras, respaldadas con la venta de bienes del Fondo de
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el crimen organizado. Para el
establecimiento de Cartagena indicó que “le fueron asignados recursos
durante las vigencias 2006 y 2007 y que, para la vigencia 2008, se encuentra
programada una apropiación por $24.115.780.000”.
Agrega que el
compromiso institucional del Departamento Nacional de Planeación frente a la
situación de la población carcelaria de país, se materializa principalmente en
el seguimiento a la ejecución de los planes adoptados en los documentos Conpes,
y a los proyectos de inversión orientados a mejorar las condiciones de
reclusión en los establecimientos penitenciarios.
Igualmente,
informó que en el 2007, el Programa de Renovación de la Administración Pública,
financió una consultoría para conocer propuestas relacionadas con el proceso de
reestructuración del Instituto Penitenciario y Carcelario, orientado a
consolidar con eficiencia y efectividad el Sistema Penitenciario y Carcelario y
adicionalmente se previó dentro del Plan Nacional de Desarrollo – Ley 1152 de
2007-, la continuación de la estrategia de expansión de la oferta de cupos
penitenciarios contemplados dentro del plan de construcción, dotación y
mantenimiento.
Respecto de la evolución
de las apropiaciones presupuestales y de gasto público destinadas a atender la
situación de hacinamiento en los centros penitenciarios durante los últimos 10 años,
adjuntó un cuadro que contiene las apropiaciones y ejecución en términos de
compromiso, destinadas a financiar centros penitenciarios y carcelarios del
país, desde 1998 hasta el 2007. En relación con el Departamento de Bolívar, se destaca
que las apropiaciones y compromisos en el 2005 para la población femenina, fue
de $5.127.005.080, en el 2006 fue de $4.064.671.090 y en el 2007 fue de
$17.365.320.000.
Por último, sostiene
que la entidad carece de legitimación en la causa por pasiva para responder por
las obras que reclama el actor para mejorar las condiciones de reclusión de las
internas, toda vez que el Departamento Nacional de Planeación no tiene dentro
de sus funciones la construcción o reparación de establecimientos
penitenciarios y carcelarios. Esta función le corresponde al Ministerio del
Interior y de Justicia, como entidad responsable de hacer cumplir las políticas
en materia de infraestructura del sistema penitenciario y carcelario y de
viabilizar los proyectos de inversión sobre la materia, por tanto, “una vez
cumplido el registro y programadas las partidas, corresponde a la entidad
ejecutora y responsable del proyecto “Construcción y dotación complejo
penitenciario, carcelario y de reclusión de mujeres de Cartagena – Bolívar,
esto es, el Ministerio del Interior y de Justicia, comprometer y ejecutar la
respectiva apropiación presupuestal”.
2.2. Ministerio
del Interior y de Justicia
En comunicación
recibida el 12 de diciembre de 2007 en la Secretaría General de esta
Corporación, el Ministerio del Interior y de Justicia, informa en relación con
las acciones adelantadas con posterioridad a la notificación de la sentencia
T-153 de 1998, que se generó una nueva política consistente en la búsqueda del
mejoramiento en las condiciones de vida de la población reclusa a través de la
descongestión de los establecimientos con la ampliación de los cupos
carcelarios ya existentes.
Por tal razón,
el Ministerio gestionó la aprobación de los Conpes 3086 del año 2000, 3277 del
15 de marzo de 2004 y posteriormente el 3412 del 6 de marzo de 2006. En el
último de los documentos aprobados, que se centra en el ajuste del plan de construcción,
dotación y mantenimiento de nuevos centros de reclusión, se propuso como estrategia
la ejecución de los proyectos a través de contratos de obra pública en lugar de
concesión.
Para la
ejecución de los compromisos adquiridos en el Conpes, con una adición
presupuestal a los recursos asignados en el 2004, el 30 de diciembre de ese año,
el Ministerio suscribió el convenio interadministrativo No. 137 con FONADE,
gracias al cual se obtuvo la aprobación de las vigencias futuras que “sumadas
a los recursos presupuestados en la ley de presupuesto del año 2006 por valor
de $86.000 millones más los $33.000 millones transferidos a FONADE en la
vigencia 2005, cifras incorporadas al Convenio suscrito con FONADE,
garantizaron la apertura de las licitaciones para la construcción de los nuevos
establecimientos”.
Con las acciones
implementadas a través de los documentos Conpes, en especial con el 3412 del
2006, se obtuvo como resultado la aprobación de la ampliación a 24.331 cupos
carcelarios entre los años 2008 a 2010, de los cuales 21.600, provienen de la
construcción de 11 establecimientos de reclusión, en los que se encuentra el Complejo
Penitenciario y Carcelario y Reclusión de Mujeres de Cartagena que contiene un
Establecimiento Carcelario para 700 hombres sindicados, un Establecimiento
Penitenciario para 700 hombres condenados y un Centro de Reclusión para 100
mujeres condenadas y 100 sindicadas para un total de 1600 cupos. Los cupos
restantes corresponden al Plan de Ampliación, Adecuación y Dotación de los
establecimientos de reclusión del orden nacional existentes.
Para concluir,
informa sobre las obras de refacción adelantadas entre los años 2003 y 2007 y
las obras nuevas a cargo de FONADE dentro del marco del convenio suscrito. Adicionalmente
informa la fecha de entrega de los 11 nuevos establecimientos y el número de
cupos que se espera se puedan ampliar, señalando para el establecimiento
penitenciario de Cartagena, el año 2010 como fecha de entrega.
2.3. Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
En comunicación
recibida por la Secretaría de esta Corporación el día 14 de diciembre de 2007,
el Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC - informó que para darle frente al estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario declarado en la sentencia T-153 de
1998, la Dirección General del Instituto dispuso la creación de la figura de
Cónsul de Derechos Humanos para que con el apoyo de los directores de los
Centros de Reclusión se responsabilice de velar porque no se violen los
derechos fundamentales de las personas recluidas en los establecimientos
penitenciarios. Adicionalmente se sostienen reuniones quincenales con los
Comités de Derechos Humanos y los entes de control, en donde se evidencian las
quejas en temas relacionados con alimentación, salud, habitabilidad,
recreación, atención jurídica y los directores de establecimientos adquieren
los compromisos para dar solución definitiva a los problemas planteados, para
lo cual se ha previsto un plan de seguimiento.
Adjuntó con el
escrito, información sobre la población interna en establecimientos de
reclusión a octubre de 2007, discriminada por sexo, edades, grupos
minoritarios, situación jurídica, por departamento y regiones, así como de los
miembros de la fuerza pública y otros organismos de seguridad.
Adicionalmente
allegó el informe sobre el cumplimiento de las acciones ordenadas al INPEC
mediante la sentencia T-153 de 1998 y el plan de acción diseñado por la entidad
para dar cumplimiento a la misma, dentro de las cuales destacan las actividades
llevadas a cabo año por año, en cumplimiento del plan de construcción y
refacción carcelaria, con el fin de aumentar los cupos en diferentes centros de
penitenciarios del país. Es así como entre 1998 - 2001, se generaron 8595
cupos, en el 2002, 4928, en el 2004, 2529, en el 2005, 99, en el 2006, 3940 y
en el 2007 se generaron 87 cupos, para un total de 23.641. Tal como lo indicó
el Ministerio del Interior y de Justicia en su respuesta al requerimiento de
esta Corporación, de acuerdo con los Documentos Conpes, se prevé la
construcción de 24.331 cupos, de los cuales 21.200 corresponden al Plan de Construcción,
Dotación y Mantenimiento de Establecimientos de reclusión y 3.131 cupos al de
Ampliación, Adecuación y Dotación de los Establecimientos de reclusión del
orden nacional existentes.
Por su parte, en
escrito presentado el 19 de diciembre de 2007 ante la Secretaría General de
esta Corporación, el Director de la Regional Norte del INPEC, precisó que en el
marco del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de derechos humanos y
situación carcelaria, se adelantaron jornadas de capacitación en materia de
derechos humanos dirigidas a miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, con
el propósito de brindarles herramientas para la promoción, protección y
divulgación de los derechos humanos y además capacitarlos como formadores
encargados de multiplicar los conocimientos, cuya plataforma estratégica es el
respeto de la dignidad humana de los internos, del personal administrativo y
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Por último,
presenta los indicadores de gestión en derechos humanos aplicados por el cónsul
regional, así como el censo de la población recluida en los establecimientos
carcelarios que conforman la Regional Norte que dirige, en el que señala que el
total de sindicados es de 3.285 y el de condenados es de 4.032, siendo el
índice de hacinamiento del 1%. El informe discrimina también el número de
población ocupada en el área de la educación y en el área laboral, miembros de
la fuerza pública, población por edades, nivel académico y grupos minoritarios.
2.4. Cárcel
Distrital de Cartagena – San Diego
En comunicación
recibida el 18 de diciembre de 2007 en la Secretaría General de esta Corporación,
la Directora del establecimiento carcelario, informa que sobre el bien inmueble
donde funciona la Cárcel Distrital de Cartagena se realizaron pequeñas
reparaciones en el cableado y las filtraciones de agua, mejorando con ello la
habitabilidad en varias celdas, aunque “su estructura física de manera
integral requiere atención por continuar su deterioro causado por el
envejecimiento del inmueble. // Las reparaciones efectuadas no logran
contrarrestar algunos deterioros del inmueble como la presentada en la segunda
planta del penal, el cuál se encuentra deshabitado por el desprendimiento del
repello de la parte superior del mismo, algunas fugas de agua, que son reparadas
pero por lo viejo de la tubería se presentan en otras partes por presión del
líquido, siendo conveniente su cambio general.”
Informa que la
población es de 41 internas, de las cuales 34 son madres cabezas de familia, no
se encuentran personas discapacitadas o pertenecientes a grupos indígenas y no
existe hacinamiento.
Por último,
precisó que la Cárcel que dirige pertenece a la Alcaldía Mayor de Cartagena,
adscrita a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y aunque no es
penitenciaria, ha aceptado la permanencia de internas condenadas sin recibir
apoyo institucional de la Gobernación de Bolívar ni del INPEC, pese a los
reiterados requerimientos a esta última entidad respecto de su obligación de
asumir los servicios de salud de II Nivel y Hospitalarios de esas internas,
dado que en la zona no existe un establecimiento para mujeres con esas
características. Sostiene que se ha concertado con dependencias del Distrito
como la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Planeación, Secretaría
de Infraestructura y los asesores del Alcalde para la adopción de acciones para
arreglar la infraestructura del penal y en la definición de partidas
presupuestales dirigidas a obtener un nuevo inmueble.
2.5. Procuraduría
General de la Nación
En comunicación
recibida el 18 de diciembre de 2007 la Procuraduría General de la Nación informó
que dentro de las actuaciones de la entidad frente al cumplimiento de la Tutela
T-153 de 1998, se tiene la elaboración por parte del Gobierno Nacional del Plan
de construcción de nuevos establecimientos de reclusión y refacción carcelaria,
para garantizar condiciones de vida dignas a las personas privadas de la
libertad, en el cuál se distinguen 2 fases: la primera culminó en el segundo
semestre de 2002, con la edificación y entrega de 6 establecimientos
penitenciarios de alta y mediana seguridad ubicados en Santiago de Calí “Villa
Hermosa”, Popayán “San Isidro”, Girón “Palo Gordo”, Cómbita, la Dorada “Doña
Juana” y Valledupar, cada uno con capacidad para alojar 1.600 internos
aproximadamente, para una total de de 9.600 plazas creadas, lo que disminuyó
temporalmente el índice de hacinamiento a nivel nacional, especialmente en
Bogotá y Medellín.
Una segunda etapa,
que se adelanta con fundamento en el Conpes 3277 del 15 de marzo de 2004, dirigida
a ampliar la oferta nacional de cupos, para lo cual se contrataron los estudios
y diseños de preinversión para la construcción y dotación de 11 nuevos Complejos
Penitenciarios y Carcelarios del Orden Nacional (ERON), que genera 21.169
nuevos cupos ubicados en Medellín, Puerto Triunfo, Bogotá, Guaduas, Florencia, Acacias,
Yopal, Jamundí, Cartagena, Cúcuta e Ibagué, algunos de los cuales ya iniciaron
su proceso de construcción. En desarrollo de la labor preventiva que le compete
a la Procuraduría frente a los derechos de las personas privadas de la
libertad, el Grupo de Asuntos Penitenciarios y Carcelarios, realizó un trabajo
de seguimiento y evaluación a la etapa de diseño de los nuevos establecimientos
de reclusión, para que se preserven los estándares internacionales de respeto a
los derechos estas personas en infraestructura, espacios y dotaciones.
Por su parte,
pese a que el Ministerio del Interior y de Justicia realizó un programa de
remodelaciones en algunos establecimientos ubicados en Arauca, Palmira, La
Modelo de Bogotá, Bucaramanga, Montería, Santa Marta, Sincelejo y Fusagasuga
debido al deterioro, para ampliar cupos y mejorar las condiciones de vida de
los reclusos, esta situación aún persiste en algunos de los centros
penitenciarios.
También informó
que como resultado de las visitas de inspección practicadas por la Procuraduría
a los 6 Establecimientos Penitenciarios de Alta y Mediana Seguridad del país,
se identificaron diversas problemáticas que se desprenden del diseño estandarizado
tomado de las cárceles de los Estados Unidos, relacionados con el tipo de
material utilizado, los espacios, equipamientos y suministro de agua potable,
que han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes como el
INPEC, el Ministerio del Interior y de Justicia, las Gobernaciones y las
Alcaldía para los correctivos a que haya lugar, dado que afectan las
condiciones de vida de la población carcelaria.
Por último,
indica que en desarrollo de sus competencias, frente a la problemática
evidenciada en las visitas de inspección, se ha pronunciado por medio de
alertas, conceptos y oficios dirigidos al INPEC, en temas relacionados con el
servicio de salud, el tratamiento penitenciario y el respeto de los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad.
2.6. Defensoría
del Pueblo
La Defensora
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo
dio respuesta al requerimiento de la Corte Constitucional mediante escrito
radicado en la Secretaría General el 19 de diciembre de 2007, en el que señaló
que en cumplimiento a la labor de supervigilancia encomendada a la entidad en
la sentencia T-153 de 1998, durante el periodo de los cuatro años que señaló el
fallo se adelantaron las siguientes actuaciones:
Se procedió a
través de los Gobernadores a la conformación de la Comisiones de Vigilancia y
Seguimiento del Régimen Penitenciario Departamental, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1365 de 1982.
En cuanto al
plan de construcción y refacción carcelaria, instadas las autoridades
competentes para el cumplimiento de lo ordenado en el fallo, en el año 1998, el
INPEC envió un plan de modernización construcción y refacción de la infraestructura
carcelaria, para la construcción por concesión de 5 centros penitenciarios y la
puesta en funcionamiento de 17 cárceles prefabricadas, así como la refacción de
varios centros penitenciarios durante los años 1998 a 2002 cubriendo la
totalidad de los establecimientos de reclusión. Este Plan fue reajustado un año
después.
Por su parte el
Departamento Nacional de Planeación, propendió por la reforma institucional del
Ministerio de Justicia para lo cual se creó el Fondo de Infraestructura
Carcelaria - FIC, que asumiría las funciones que en ese campo le corresponde al
INPEC y además propició la realización de estudios para la elaboración de un
diagnóstico y la presentación del Plan Estratégico 2000-2002, lo cual
constituyó la base para la expedición del documento Conpes 3086 sobre
ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria aprobado el 14 de
julio de 2000 y las estrategias para la expansión de cupos, contemplada en los
documentos Conpes del 2004 y 2006.
De la misma
forma, en desarrollo de la labor de seguimiento encomendada a la Defensoría del
Pueblo en el citado fallo, el FIC presentó un informe en el que detalla las
obras de construcción de penitenciarias nuevas, la realización de obras de
ampliación y adecuación para la generación de nuevos cupos, así como la
realización de algunas refacciones para facilitar la habilitación de los cupos
existentes.
No obstante las
acciones adelantadas por las diferentes entidades, en criterio de la Defensoría
del Pueblo, solamente atacan los efectos del hacinamiento carcelario pero no
sus causas, con lo cual se evidencia la carencia de una política criminal
sólida. Esto se ve reflejado en las leyes 1142 y 1153 de 2007, que contienen medidas
de prevención y represión de delitos y el tratamiento de pequeñas causas, que
fueron expedidas debido al incremento de la criminalidad en las principales
ciudades.
La entidad
considera que las medidas adoptadas por el INPEC se limitaron exclusivamente a
la construcción de más establecimientos de reclusión, con lo cual se atendió uno
de los componentes de la problemática como es el hacinamiento, pero se dejó de
lado la provisión de condiciones que respeten la dignidad humana de las
personas recluidas en los centros penitenciarios, la cual debe ser una política
permanente y no coyuntural.
La sola
ampliación de cupos no es la solución para el sobrecupo carcelario, puesto que
se requiere un modelo de planificación que involucre las diferentes variables
que causan el hacinamiento, tales como la criminalidad, el incremento del
quantum de la pena, el abuso de la privación de la libertad como medida preventiva,
la demora en la tramitación de proyectos, la ausencia de una política criminal,
entre otras. Adicionalmente, centrar la atención en el aumento de cupos con la
construcción de establecimientos carcelarios impide que los recursos de
inversión puedan destinarse a otros factores que integran el sistema
penitenciario y carcelario como son la reinserción social, la salud, la
ampliación de la planta de custodia y vigilancia, lo cual ya se ha verificado a
través de las visitas de inspección.
Por último,
informa que más allá de lo específicamente ordenado a la entidad en el aludido
fallo del año 98, la Defensoría supervigiló también el cumplimiento de las
demás acciones ordenadas en la providencia, tales como la separación de los
sindicados y condenados, reclusión de establecimientos especiales para miembros
de la Fuerza Pública privados de la libertad, aumento de la planta de personal
especializado y de guardia penitenciaria en los centros de reclusión, el orden
público interno en los centros carcelarios y el envío de las copias compulsadas
por la Corte Constitucional a los Consejos Seccionales de la Judicatura, para
adelantar la investigación ordenada a los jueces de penas y medidas de
seguridad.
Sostiene que al
finalizar los cuatro años fijados por la Corte en la Sentencia T-153 de 1998,
para la realización total del Plan de construcción y refacción carcelaria,
conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación presentaron un informe
final en el que se concluye que: “las entidades a las cuales la Corte
Constitucional les atribuyó responsabilidades directas para el cumplimiento del
fallo de tutela 153/98, (ordinal tercero), cumplieron a cabalidad con el
mandato impartido, el cual debe entenderse en las dimensiones de espacio y
tiempo a las que se refiere la sentencia.”
2.7. Otras
entidades
Mediante escrito
radicado en la Secretaría General de esta Corporación, el Centro de
Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes – Cijus, en respuesta al requerimiento de la Corte Constitucional,
informó que por el momento no cuentan con material de investigación que
pudieran aportar, en razón a que la investigación que se está adelantando sobre
la situación de derechos humanos de la población en los centros de reclusión de
Colombia, aún no ha terminado.
El Director del
Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad – Dejusticia, adjuntó en
respuesta a la solicitud formulada por esta Corporación, el documento
“Intervención Judicial en Cárceles”, elaborado por varios investigadores de esa
Institución.
3. Por medio de auto del 21 de noviembre
de 2008, el Despacho reiteró a la Gobernación del Departamento de Bolívar y a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la orden
emitida en el auto del 3 de diciembre de 2007. La parte resolutiva de dicha
providencia estableció lo siguiente:
PRIMERO.- REITERAR la ORDEN dirigida
a la Gobernación del Departamento de Bolívar para que en el término de tres (3)
días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, informe
detalladamente a esta Sala de Revisión las actuaciones administrativas que
guarden relación con el contrato de compraventa celebrado con la Empresa
Promotora La Huerta de San Diego S. A. que tuvo por objeto la venta del
inmueble en el cual se encuentra funcionando en la actualidad el Centro
penitenciario San Diego en la ciudad de Cartagena. Adicionalmente, la entidad
deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes: (i) ¿qué actuaciones de
orden administrativo y presupuestal han sido llevadas a cabo por la entidad con
el objetivo de atender los permanentes llamados presentados por la Defensoría
Regional del Pueblo sobre la alegada situación de hacinamiento y deficiencia
estructural del centro penitenciario San Diego? (ii)¿cuál es el sentido de las
decisiones que han sido adoptadas sobre el futuro del centro penitenciario a
propósito de la continuidad del funcionamiento del penal en la actual sede?
(iii) ¿Ha sido contemplada la destinación de partidas presupuestales
encaminadas a llevar a cabo la adecuación del centro penitenciario San Diego o
la adquisición de una nueva sede para el funcionamiento del penal en atención
al contrato de compraventa celebrado con la Empresa Promotora La huerta de San
Diego S. A.? (iv) en consideración al mencionado contrato de compraventa, ¿qué
tipo de alternativas han sido concertadas por la entidad con el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- y la Alcaldía Distrital de
Cartagena sobre la situación de las mujeres que en la actualidad se encuentran
privadas de la libertad en el centro penitenciario San Diego?
SEGUNDO.- REITERAR la comisión
conferida a través del Despacho Comisorio No.15 del 4 de diciembre de 2007 a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para que
en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación
del presente auto, practique y allegue a esta Sala de Revisión una inspección
judicial al Centro Penitenciario de San Diego con el objetivo de informar de
manera detallada la situación en la cual se encuentran las mujeres recluidas en
cuya representación fue promovido el proceso de tutela y, adicionalmente, la
aptitud del inmueble para el funcionamiento del centro de reclusión. De manera
específica la entidad deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes: (i)
¿cuál es el número de mujeres que se encuentran en el penal y bajo qué titulo
han sido privadas de la libertad? (ii) ¿la provisión de medicamentos y atención
de profesionales de la salud –física y siquiátrica- resulta suficiente de cara
a las necesidades médicas de las mujeres que se encuentran recluidas en el
penal? (iii) ¿el centro penitenciario cuenta con los servicios públicos
necesarios para su adecuado funcionamiento? (iv) ¿se observan mejorías
estructurales que permitan el normal funcionamiento del penal en la segunda
planta del centro penitenciario? (v) ¿La cárcel cuenta con espacios adecuados
para la recreación de las reclusas y para la realización de visitas periódicas?
En último término, se le solicita a la Sala remitir los diferentes elementos
que permitan a la Sala formarse un juicio completo sobre las condiciones en las
que se encuentran recluidas las mujeres del centro de reclusión de San Diego,
para lo cual se solicita el envío de fotografías y demás elementos probatorios
que sean considerados pertinentes para tal efecto.
TERCERO.- ADVERTIR al ente y a la
Corporación requeridas que, de conformidad con la legislación colombiana,
deberán prestar en forma eficaz e inmediata la colaboración solicitada por esta
Corporación.
3.1. El día 5 de diciembre de 2008, la Asesora Delegada de Tutelas del
Departamento Jurídico de la Gobernación de Bolívar, reiteró los términos del
oficio de respuesta a la acción de tutela presentada ante el Juez de primera
instancia, indicando que en relación con la entrega del inmueble donde funciona
la Cárcel, las distintas administraciones departamentales “han sido
consecuentes con la problemática afrontada por el Distrito e INPEC, otorgándole
amplios plazos para resolver su situación, lo que muestra que ha habido falta
de voluntad de la administración distrital y de poder resolutivo, generándole inclusive
perjuicios para el Departamento por no poder cumplir a cabalidad al comprador”.
Concluye afirmando que  “En lo que respecta a los demás interrogantes
planteados en su oficio, nos permitimos comunicarle que los mismos no son
competencia del Departamento de Bolívar, toda vez que son actuaciones que le
concierne al Distrito de Cartagena por estar este centro penitenciario bajo su
responsabilidad”.
3.2. Mediante oficio No.01348 radicado en la Secretaría General de esta
Corporación el 19 de diciembre de 2008, la Secretaria de la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, remitió el acta de la
diligencia de inspección judicial, practicada en las instalaciones de la Cárcel
Distrital San Diego, ubicada en la ciudad de Cartagena, según el Despacho
Comisorio No.15 del 4 de diciembre de 2007. La diligencia se llevó a cabo el 11
de diciembre de 2008, en presencia de la Directora del establecimiento carcelario
quien afirmó que la institución cuenta con atención básica en salud de primer
nivel, a través de odontólogo, enfermera, sicóloga y médico permanentes y con
la red hospitalaria para atención de segundo y tercer nivel. Mediante convenio
con las diferentes entidades de salud de la ciudad, se realizan campañas de
salud oral, cardiológicas y preventivas y se prestan los servicios de exámenes
de diagnóstico y de cirugías.
En cuanto a los
medicamentos, manifiesta que se encuentran todos los que se utilizan para los tratamientos
odontológicos, aunque los demás están “un poco agotados, razón por la cual
ya se hizo la disponibilidad presupuestal, las tres cotizaciones necesarias
para contratar y para aprovisionar nuevamente de medicamentos a la institución
antes de culminar el año.”
De la inspección
realizada a los consultorios documentada con fotografías que se adjuntaron al
acta, se encontró que el consultorio médico “consta de dos  camillas, un
biombo, lámpara, nebulizadores, tensiómetro, peso, todo lo que es para atención
primaria, también se encuentra el centro de odontología que consta de sillón,
lámpara, escurridera, módulo de atención, su compresor, lámpara de fotocurado y
todos los implementos de atención básica, también está el esterilizador, los
mesones y lavamanos.” Se recibe la declaración de la odontóloga del centro
carcelario, quien manifiesta en relación con las actividades que desarrolla lo
siguiente: “Se les da atención en su atención básica, odontológica como
profilaxis, detartrage exodoncia, obturaciones y prótesis y también se hizo una
actividad de prevención en el mes de octubre y la comunidad se sigue atendiendo
al personal y las que necesitan tratamiento especializado se les hace la
respectiva remisión”.
A continuación,
se toma declaración a la representante de la empresa Eventos Tera, con la cual la
Alcaldía del Distrito de Cartagena tiene contratado el suministro de alimentos
para el establecimiento carcelario, quien manifestó lo siguiente: “se les
suministra un menú variado, dirigido por una nutricionista, se tiene en cuenta
las reclusas que tienen algún tipo de enfermedad para mandarles una dieta especial,
que el médico recomienda. Un día se le suministra pescado, en la tarde pollo,
ensalada, jugo en las tres comidas, sánduche al desayuno y bebidas lácteas,
arepas de huevo, variedad que tiene un ciclo de 21 minutas, es decir, 21 menús.
Es la misma comida que consumen tanto oficiales, como suboficiales y la
Directora del Centro Carcelario.
Los
intervinientes efectúan un recorrido por las dos plantas que conforman el
establecimiento, encontrando lo siguiente: “En el primer piso está
conformado por un pabellón 9 celdas un taller, comedor y alojamiento para la
guardia, cocina y el patio, un caspete donde las reclusas pueden adquirir
gaseosas, jugos, dulces, galletas, implementos de aseo, etc. Las celdas contiene
cada una aproximadamente de cuatro a cinco camas, son espaciosas, bien
ventiladas, las camas están bastante separadas la una de la otra, arregladas,
limpias. Las celdas se encuentran aseadas. Dotadas cada una de baño interno el
cual tiene sanitario, lavamanos, ducha, el cual se encuentra en buen estado de
aseo y físico. En cada celda hay televisión. Hay una celda espaciosa con el
piso hundido lo cual impide su utilización por parte del centro carcelario El
pabellón es amplio. Se observa una mesa con una máquina de coser y dos reclusas
cosiendo y otra mesa donde otra reclusa exhibe artesanías elaboradas por ellas.
El comedor cuenta con 18 mesas y 4 sillas cada una en buen estado. El taller
cuenta con pin pong y tableros de ludo. Disponen de 2 lavadoras. La cocina
tiene implementos, unos en buen estado y otros necesitan reparación. El techo
las alacenas, las paredes están deteriorados, necesitan mantenimiento. En
algunas partes del techo de la primera parte hay humedad que ha causado
desprendimiento y las varillas están al descubierto. El patio es amplio. Tiene
una cancha múltiple, una pequeña huerta orgánica con ají, berenjena, patilla y
limonaria, las cuales son sembradas y cuidadas por las reclusas. El segundo
piso esta formado por amplias habitaciones en un avanzado estado de deterioro
Por lo cual únicamente se utilizan tres de ellas las que se encuentran en buen
estado de aseo: la modistería de la cárcel en la que se encontraron algunas
reclusas cosiendo, una habitación contigua en la que se encuentra un estante
con libros y un lavamanos, sobre la cual nos informa la directora del
establecimiento ha proyectado adecuarla para destinarla a reclusas que no
alcance a ubicarse en el primer piso, y evitar el hacinamiento. Y una tercera
habitación medianamente espaciosa con camas de cemento que eran utilizadas
anteriormente cuando la cárcel era mixta y que hoy se destina para que las
reclusas reciban sus visitas conyugales, las que ellas adecuan y mantienen aseda
para tales efectos. // También se encuentran un par de salones bastante amplios
con numerosas camas de cemento que no son utilizados debido a la peligrosidad
de las instalaciones del segundo piso, como ya se ha dicho, amenazan ruina.”
Por último, la
Directora de la Cárcel al responder las preguntas contenidas en el despacho
comisorio y las formuladas por el Magistrado comisionado en el momento de la
diligencia, precisó con apoyo en el documento que adjunto al Tribunal y que forma
parte del acta, que: (i) el número de internas recluidas a la fecha de la
diligencia es de 39 entre sindicadas o imputadas, contraventoras y condenadas, estas
últimas ubicadas allí ante la ausencia de establecimiento carcelario para
mujeres en el departamento, debiendo el INPEC asumir los servicios de salud de tales
internas; (ii) el Centro Carcelario cuenta con todos los servicios públicos
necesarios para el adecuado funcionamiento; (iii) con el fin de mejorar la
habitabilidad del establecimiento dado el deterioro de la infraestructura
física, ha iniciado un proceso de contratación para reparaciones locativas,
complementarias a las adelantadas en el 2006 por la anterior administración,
mientras se realiza el traslado definitivo de la cárcel a otro lugar que
ofrezca las condiciones necesarias. Indicó además, que el traslado está siendo
definido bajo la coordinación de una comisión creada por el Consejo Distrital
de Cartagena, compuesta por tres concejales, la Jefe del Despacho de la
Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana Distrital, la Personera
Distrital de Cartagena y la Directora de la Cárcel Distrital San Diego de
Cartagena, con el objetivo de canalizar recursos y definir la nueva ubicación y
construcción de la sede, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial
que rige para el Distrito; reitera (iv) la adecuada prestación de los servicios
de salud de las internas y la fortaleza de los programas académicos y de
capacitación en artes y oficiosos varios que la institución presta, en convenio
con otras entidades.
IV. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia
La Sala Octava
de Revisión de la Corte es competente para conocer el fallo objeto de revisión,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en
las demás disposiciones pertinentes.
2. Problema jurídico
Con base en la
situación fáctica planteada, le corresponde a la Corte establecer si las
entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las internas de la
Cárcel Distrital San Diego de Cartagena dadas las condiciones de hacinamiento
en que se encuentran, las deficiencias locativas del inmueble donde funciona el
centro penitenciario y las precarias condiciones en se brindan los servicios de
salud y los programas para la resocialización.
Para este
efecto, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: (i) la relación de
especial sujeción en la que se encuentran los internos de establecimientos
carcelarios y penitenciarios, (ii) los derechos de los internos en el marco de
la relación especial de sujeción, (iii) el respeto a la dignidad humana y las
Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, y (iv) por último se
abordará la solución del caso concreto.
3. La
relación de especial sujeción en la que se encuentran los internos de
establecimientos carcelarios y penitenciarios. Reiteración Jurisprudencial.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado la
noción de relaciones especiales de sujeción como base para el entendimiento del
alcance de los deberes y derechos recíprocos, entre internos y autoridades
carcelarias. De manera genérica, algún sector de la doctrina ha definido las
relaciones especiales de sujeción, como “las relaciones
jurídico-administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva inserción
del administrado en la esfera organizativa de la Administración, a resueltas de
la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un
especial tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales, así como
de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a los fines típicos de cada
relación.”[6]
Tres elementos principales pueden destacarse de la anterior
definición general. El primero, relacionado con la posición jerárquica superior
de la administración respecto de ciudadano o administrado. Por tal razón, los
ordenamientos jurídicos modernos contienen una enorme gama de principios y
reglas de organización que tiene por objeto evitar que la relación entre el
Estado y el ciudadano afecte en forma ilegítima los derechos de los que éste último
es titular. No obstante, las relaciones especiales de sujeción se caracterizan
justamente porque, se exacerba la idea de superioridad jerárquica de la
Administración sobre el administrado, y en tal sentido, se admiten matices a
las medidas y garantías que buscan en los Estados actuales, atemperar dicho
desequilibrio. Lo anterior tiene como sustento la aceptación de la premisa
según la cual la organización política de los Estados constitucionales de
Derecho, supone la cesión del ejercicio del poder, a un ente superior que lo
administra para gobernar.
Respecto del segundo de los elementos, cabe señalar que en las
relaciones especiales de sujeción, el administrado se inserta de manera
radical a la esfera organizativa de la Administración. “Inserción que crea
una mayor proximidad o inmediación entre ambos sujetos jurídicos”[7],
administrado y Administración. Varias causas pueden suscitar el anterior
fenómeno. Para el caso interesan aquellas “en que la integración [o
inserción] es forzosa y responde, bien a la necesidad que tiene la
Administración de determinadas prestaciones personales (caso del soldado de
reemplazo- [reservista]), bien al deseo de tutelar la seguridad de los
restantes ciudadanos, poniéndola a salvo del peligro que representan [las
conductas] de ciertos individuos (es el triste y lamentable supuesto de los
reclusos).”[8]
La consecuencia pues, de dicha inserción o acercamiento del
administrado a las regulaciones más próximas de la organización de la
Administración, implica el sometimiento a un régimen jurídico especial y más
estricto, respecto de aquél que cobija a quienes no están vinculados por dichas
relaciones especiales.
El tercer elemento se refiere a los fines constitucionales que deben
sustentar las relaciones especiales de sujeción, para poder autorizar un
sometimiento jurídico especial y estricto del administrado. Así, la disposición
de una estructura administrativa para implementar centros de reclusión penal,
tiene como fin garantizar que el Estado aplique penas privativas de la libertad
(artículo 28 C.N). A su turno, dichas penas tienen una “función protectora y
preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización”[9],
en tal sentido, las amplias potestades reconocidas a favor del Estado en el
marco de las relaciones en comento, encuentran justificación en cuanto puedan
ser consideradas mecanismos idóneos para alcanzar la resocialización de los
responsables penales.
4. Los derechos de los internos en el marco de la relación especial
de sujeción. Reiteración Jurisprudencial.
En el contexto anterior, la jurisprudencia constitucional ha hecho
referencia a las implicaciones constitucionales de la relaciones especiales de
sujeción entre autoridades carcelarias y reclusos. Dichas implicaciones suponen
considerar la ponderación de las necesidades organizativas y de disciplina en
las cárceles con los derechos no limitables de los internos. Ha sostenido la
Corte:
“De la jurisprudencia de la Corte
Constitucional la Sala identifica seis elementos característicos qué procederá
a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la
subordinación[10] de una
parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta
en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[11]
(controles disciplinarios[12]y
administrativos[13]
especiales y posibilidad de limitar[14] el
ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al
ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los
derechos fundamentales debe estar autorizado[15] por la
Constitución y la ley. (iv) La finalidad[16] del
ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás
derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina,
seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la
resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos
derechos especiales[17]
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[18]
especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar[19] de manera
especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos
(sobre todo con el desarrollo de conductas activas).”[20]
Al respecto, resulta necesario destacar la conclusión que a partir
de los elementos anteriormente señalados se derivó en la sentencia T-881 de
2002. Se afirmó en dicha ocasión que, entre las consecuencias jurídicas más
importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción se
encuentran: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos
fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación); (ii) la
imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida,
dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros);
(iii) el deber positivo[21] en cabeza del Estado de
asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los
fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma
procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación
de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos; (iv)
El deber positivo[22] en cabeza del Estado de
asegurar todas las condiciones necesarias[23] que permitan
a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[24]
de los reclusos.
5. El respecto a la dignidad humana de las personas privadas de la
libertad. Reglas mínimas que se deben cumplir para el tratamiento de los
internos en los centros carcelarios
Como lo señaló la Corte en otra oportunidad[25],
del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos
y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del aparato estatal
que se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del
sistema penal, la cual a su vez viene dada por la posibilidad real de la
resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones
cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. El
cumplimiento de tales obligaciones condiciona asimismo la legitimidad del
sistema penal.
Tales deberes cobran vital importancia en relación con la garantía
de aquellos derechos fundamentales de los internos que además de no ser limitables
en el marco de la relación especial de sujeción, revisten cierta vulnerabilidad
en atención a las especiales condiciones de la población carcelaria. La
protección de estos derechos implica la especial tutela del Estado respecto de
los internos en su condición de sujetos en circunstancias de debilidad
manifiesta.[26]
De la misma
forma, esta Corporación ha concluido que el pilar central de la relación entre
el Estado y las personas privadas de la libertad es el respeto a la dignidad
humana. Así lo ha reconocido el derecho internacional de los derechos humanos, al
disponer en el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que “toda persona privada de la libertad será tratada humanamente
y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, principio
que ha sido interpretado en la Observación General No. 21 del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que la Corte ha sintetizado del
siguiente modo: “(i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser
tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al
cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas[27];
(ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-1
del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas
privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos que
las legítimamente derivadas  de la medida de detención correspondiente[28];
y (iii) por tratarse de una “norma fundamental de aplicación universal”, la
obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar
sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a
distinciones de ningún tipo[29]” [30].
Igualmente, la legislación nacional contempla el carácter vinculante del
principio de la dignidad humana en el tratamiento penitenciario. Al respecto,
el artículo 5º de la Ley 65 de 1993 “por medio de la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario” prevé dentro de sus principios rectores
que “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respecto a
la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos
universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física
o moral.”.
Adicionalmente, esta Corporación ha precisado un contenido mínimo de
las obligaciones que surgen para el Estado en relación con los internos, de
acuerdo con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas
por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobado por el
Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de
1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977[31]. Sobre este particular resulta relevante, como lo tuvo en cuenta la
Corte en la sentencia T-851/04, lo indicado por el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas al resolver el caso Mukong contra Camerún, en donde se
establecieron los requisitos mínimos que deben ser garantizados a las personas
privadas de la libertad al margen de las limitaciones económicas que pueden
hacer difícil su cumplimiento[32]. Esta misma decisión consideró que, con base en las reglas 10, 12,
17, 19 y 20 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, podían
identificarse los contenidos que deben garantizarse ineludiblemente por los
Estados al margen de su nivel de desarrollo, así:
“(i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos
y dignos[33], (ii) el
derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus
necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana[34],
(iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal[35],
(iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama
correspondiente en condiciones higiénicas[36], y (v) el
derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable suficientes y
adecuadas[37].” [38].
En el mismo
sentido, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha añadido a la
anterior enumeración de los mínimos a satisfacer por los Estados, aquellos
contenidos en las reglas Nos. 11, 15, 21, 24, 25, 31, 40 y 41 de las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas[39], que se
refieren en su orden a, (vi) la adecuada iluminación y ventilación del sitio de
reclusión[40], (vii) la
provisión de los implementos necesarios para el debido aseo personal de los
presos[41], (viii)
el derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio
diariamente al aire libre[42], (ix) el
derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al
establecimiento y cuando así se requiera[43], (x) el
derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y diligente[44],
(xi) la prohibición de las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o
degradantes[45], (xii) el
derecho de los reclusos a acceder a material de lectura[46],
y (xiii) los derechos religiosos de los reclusos[47].”
[48]
La vigencia de
los derechos fundamentales no sujetos a suspensión y la consagración de
condiciones específicas para la limitación de las garantías constitucionales
que pueden resultar legítimamente restringidas por la privación de la libertad,
encuentran justificación, de conformidad con el mismo precedente, en la
resocialización del infractor como fin de la sanción penal. De esta manera, el
contenido del artículo 10-3 del PIDCP establece como finalidad esencial del
tratamiento penitenciario la reforma y adaptación social de los penados. Del
mismo modo, la jurisprudencia constitucional ha previsto que el régimen
aplicado a las personas privadas de la libertad debe estar dirigido no a
aumentar el grado de desocialización de los penados, sino a garantizar,
a través de actividades laborales y educativas, la reincorporación social del
interno. Este fin, en cualquier caso, sólo puede lograrse a través de la
protección de los derechos fundamentales del recluso, puesto que la vulneración
de esas garantías constitucionales se muestra incompatible con la consecución
de los fines de la pena en un Estado democrático.
Por último y
como aplicación concreta de los argumentos expuestos, decisiones anteriores de
esta Corporación[49] concluyen que la
facultad legal que tienen los directores de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios para proferir los reglamentos internos de esas instituciones,
resulta admisible desde la perspectiva constitucional, a condición que las
limitaciones que impongan a los derechos fundamentales de los internos resulten
compatibles con los fines de la pena.
Como se observa,
el conjunto de condiciones que las normas del bloque de constitucionalidad
imponen para el tratamiento penitenciario se traducen en obligaciones estatales
definidas, que apuntan a (i) proteger los derechos fundamentales
intangibles de los internos; y (ii) garantizar que las limitaciones a
los derechos legítimamente restringidos por la privación de la libertad
respondan a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, compatibles con los
fines constitucionales de la pena, en especial la readaptación social del
condenado.  Estas obligaciones deben cumplirse no sólo a partir de la
estipulación normativa en los reglamentos de los establecimientos carcelarios y
penitenciarios, sino también a través del suministro efectivo de elementos
materiales que permitan la digna subsistencia del interno, entre ellos la
alimentación suficiente, la entrega oportuna de elementos de aseo personal, la
atención en salud, los servicios de saneamiento básico (energía, agua potable)
y la dotación de la infraestructura física necesaria para la reclusión.
6. Caso Concreto
6.1. Para resolver el caso encuentra la Sala que la Defensoría del
Pueblo a través del Director de la Regional Bolívar, presentó acción de tutela
en representación de las mujeres recluidas en la Cárcel Distrital San Diego de
Cartagena, al constatar en las diferentes visitas de inspección realizadas en
cumplimiento de sus funciones constitucionales, las serias deficiencias
estructurales, locativas y sanitarias en las que se encuentra el inmueble donde
actualmente funciona el centro penitenciario, el cual fue vendido por la
Gobernación Departamental a una empresa privada. A juicio del actor, el
inmueble no ofrece condiciones de reclusión que posibiliten el respeto a la
dignidad humana de las internas y el cumplimiento de los fines resocializadores
de la pena, en tanto que: (i) la infraestructura física se encuentra deteriorada,
con humedad, desprendimiento de paredes, poca ventilación y hacinamiento; (ii)
los servicios médicos y odontológicos son deficientes, pues además de no ser
permanentes y oportunos, carecen de insumos, equipos y medicamentos para la
atención básica; y (iii) las instalaciones no tienen las condiciones necesarias
para que las recluidas puedan ejercer su derecho a la educación, al trabajo y a
la recreación.
El Ministerio
del Interior y de Justicia, señala que corresponde al Inpec como entidad encargada
del mantenimiento de los centros de reclusión del orden nacional, realizar las
construcciones menores y al Ministerio, adelantar el proyecto de construcción
de la Cárcel de Mujeres de Cartagena, el cual se encuentra incluido dentro de
los centros penitenciarios y carcelarios a nivel nacional que fueron aprobados
por el Conpes en el año 2004.
El Inpec
sostiene que dado que la Cárcel San Diego de Cartagena es un establecimiento
del orden Distrital, autónomo, independiente y de competencia exclusiva de la
Alcaldía Distrital de Cartagena, no tiene ingerencia alguna en las decisiones
que allí se tomen, así como tampoco en el suministro de medios para la
resocialización, rehabilitación y demás situaciones de los internos que no
están bajo su custodia.
La Gobernación
del Departamento de Bolívar sostiene que no tiene responsabilidad alguna en
relación con los hechos de la demanda, puesto que la dirección y manejo de la
Cárcel está a cargo de la Alcaldía Distrital. Agrega que, no obstante haberse
vendido el inmueble en el que funciona, el ente departamental no ha iniciado las
acciones judiciales pertinentes por la no entrega a la sociedad que lo
adquirió, sin importar los perjuicios y el detrimento económico causado.
La Alcaldía
Mayor de Cartagena se abstuvo de pronunciarse en relación con los hechos
materia de la tutela por considerar que las pretensiones formuladas por el
accionante pueden hacerse cumplir por la acción de cumplimento, ya que se trata
de disposiciones contenidas en las leyes.
La Directora de la
Cárcel Distrital San Diego de Cartagena, informa que no obstante las
reparaciones realizadas al cableado y a las pequeñas filtraciones de agua, no fue
posible contrarrestar el deterioro generalizado de la estructura física del
inmueble a causa del envejecimiento y el mal estado de la construcción. Afirma
que no se presenta hacinamiento puesto que se encuentra recluidas solamente 41
mujeres. Adicionalmente manifiesta que se adelantaron trabajos de adecuación de
los espacios para los consultorios y se adelantaron gestiones para contratar la
adquisición de medicamentos y el servicio médico permanente. Para atender los
programas de resocialización y redención de pena a través de estudio y trabajo,
se realizaron convenios con cajas de compensación y universidades del país.
Precisa que el centro penitenciario San Diego es un establecimiento del orden
distrital a cargo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y no recibe apoyo
institucional de la Gobernación del Departamento de Bolívar, ni del Inpec, pese
a la obligación de éste último de brindar los servicios de salud de las
personas condenadas que deben ser recluidas allí ante la falta de
establecimiento carcelarios para mujeres en la zona norte del Departamento.
El Departamento
Nacional de Planeación, entidad vinculada dentro del presente trámite de
revisión, sostiene que no es la entidad llamada a responder, en tanto que no le
corresponde dentro de sus funciones la construcción o reparación de
establecimientos carcelarios. Estima que es el Ministerio del Interior y de
Justicia la entidad responsable de ejecutar el proyecto de construcción del
centro penitenciario de Cartagena, que ha sido aprobado por el Conpes y
registrado en el banco de proyectos, quedando sólo comprometer y ejecutar la
respectiva apropiación presupuestal.
El Juez de
primera instancia concedió la tutela por considerar demostrada la vulneración
de los derechos fundamentales de las reclusas puesto que el centro de reclusión
no se escapa a las condiciones de hacinamiento y graves deficiencias en
servicio públicos y asistenciales que caracteriza la infraestructura carcelaria
del país. Impugnada la decisión, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia revocó el fallo al considerar que la acción de tutela no es
el mecanismo apropiado para esclarecer cual de los entes accionados es el
responsable de asumir las obligaciones relacionadas con el centro carcelario en
la medida que cada una de ellas ha planteado ausencia de responsabilidad.
De acuerdo con
lo anterior, son dos los aspectos que la Sala de Revisión debe analizar: (i) si
las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las internas
de la Cárcel Distrital San Diego de Cartagena dadas las condiciones de
hacinamiento en que se encuentran y las deficiencias locativas, de servicios de
salud y programas para la resocialización del inmueble donde actualmente
funciona el centro penitenciario; y (ii) si la falta de ejecución del Plan de
construcción, dotación y mantenimiento del establecimiento de reclusión de Cartagena,
no obstante, haberse incluido en el Plan para la ampliación de la
infraestructura penitenciaria y carcelaria y en las estrategias para la
expansión de cupos penitenciarios, vulnera los derechos fundamentales de las
internas de la Cárcel San Diego.
6.2. Para abordar el estudio de los problemas jurídicos planteados la
Sala debe entrar a determinar las entidades responsables de la construcción,
refacción, dotación y mantenimiento de los establecimientos carcelarios del país.
El Código
Penitenciario y Carcelario – Ley 65 de 1993 -, determina en el artículo 16 que
los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados,
suprimidos, dirigidos, administrados, sostenidos y vigilados por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC.
Por su parte, corresponde
a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el Distrito Capital de
Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del mencionado
estatuto, “la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad, por orden de autoridad policiva”. La disposición
señala que en los presupuestos municipales y departamentales se incluirán las
partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, y que los gobernadores y
alcaldes, respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar, según el caso,
los presupuestos departamentales y municipales que no incluyan las mencionadas
partidas.
El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC -, creado por el Decreto
Extraordinario 2160 de 1992, como un establecimiento público del orden nacional
adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia, tiene bajo su
responsabilidad entre otras funciones el “mantenimiento, dotación y
sostenimiento y sostenimiento de los establecimientos de reclusión del orden
nacional”[50]. De la misma forma le
corresponde “la administración, mantenimiento, dotación y sostenimiento de
las sedes y de los establecimientos de reclusión del orden nacional a su cargo”[51].
El mantenimiento comprende “la realización de todas aquellas obras de
construcción menor que requieran los centros de reclusión para garantizar su
funcionamiento.”[52]
También son funciones del INPEC, ejercer la dirección, administración y control
de los Centros Carcelarios y Penitenciarios del Orden Nacional.[53]
La
responsabilidad para la generación de la infraestructura carcelaria está en
cabeza de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de
Justicia, que por disposición del Decreto 200 de 2003[54],
tiene a su cargo las funciones que tenía asignadas al Fondo de Infraestructura
Carcelaria[55]. La financiación y
generación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, estará a cargo del
FIC que funcionará como un sistema separado de cuentas, sin personería
jurídica, ni planta de personal, administrado por el Ministro del Interior y de
Justicia o su delegado.
Así las cosas, corresponde
al INPEC ejercer la dirección, administración,  control, mantenimiento y
sostenimiento de los Centros Carcelarios y Penitenciarios del orden nacional.
La responsabilidad para la generación de la infraestructura carcelaria está en
cabeza de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y de
Justicia, administrado por el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.
En el caso subexamine. La Alcaldía del Distrito de Cartagena es la directa
responsable de la realización de las obras de mantenimiento y adecuación de sus
establecimientos carcelarios, toda vez que la Cárcel San Diego de Cartagena es
un establecimiento del orden Distrital a cargo de la Alcaldía, por tanto los
trabajos de mantenimiento y reparación son de su responsabilidad.
6.3. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, para la
Sala es claro las deficientes condiciones locativas en que se encuentran las
internas de la Cárcel Distrital San Diego, pues pese a las obras de adecuación
que se adelantaron en el 2006 por parte de la Alcaldía del Distrito de
Cartagena de Indias y a las acciones de coordinación ejercidas tanto por el ente
Distrital como por la Dirección del establecimiento en procura de brindar
servicios de salud y algunos programas de resocialización, las condiciones de
hacinamiento de las internas recluidas actualmente, las relacionadas con el
deterioro de la infraestructura física del penal, las deficiencias en el
suministro de los servicios de salud y los incipientes programas de
resocialización, permanecen.
6.4. Ahora bien, la situación de hacinamiento y el mal estado de la
Cárcel San Diego expuesta por el Defensor del Pueblo de la Regional Bolívar en
la presente tutela, no es nueva. Desde la Sentencia T-153 de 1998, la Corte
Constitucional evidenció que la infraestructura carcelaria no respondía a las
necesidades de la población carcelaria, debido a la falta de capacidad e insuficiencia
de servicios sanitarios y con instalaciones deterioradas por ser en su mayoría antiguas
no construidas para tales fines. Así, la Corte al encontrar el incumplimiento
del propio Estado en el deber de preservar los derechos fundamentales de los
reclusos que no resultan restringidos o suspendidos como consecuencia de su
situación penal, tales como la dignidad, la salud, la alimentación y el trabajo,
declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario.
Para superar la
situación encontrada, esta Corporación ordenó en la sentencia aludida: (i) al
INPEC, Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de
Planeación la elaboración y ejecución de un plan de construcción y refacción
carcelaria, para lo cual se debían tomar las medidas necesarias para incluir
las partidas en el presupuesto nacional e incorporarlas dentro del Plan
Nacional de Desarrollo e Inversiones; (ii) Al INPEC ubicar en establecimientos
especiales a los miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad y
separar completamente a los sindicados de los condenados; (iii) al INPEC,
Ministerio de Justicia y del Derecho y Ministerio de Hacienda tomar medidas
para solucionar la carencia de personal especializado en las prisiones y
guardia penitenciaria; y (iv) a los gobernadores, alcaldes y presidentes de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales tomar las
medidas necesarias para cumplir con su obligación de crear y mantener centros
de reclusión propios. La Corte asignó a la Procuraduría General de la Nación y
a la Defensoría del Pueblo la supervigilancia en la elaboración del plan de
construcción y refacción carcelaria.
Es así como, de
conformidad con la información aportada por el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio del Interior y de Justicia, el INPEC, la Procuraduría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en respuesta al requerimiento
efectuado por esta Corporación sobre las acciones adelantadas para dar
cumplimiento a la sentencia T-153 de 1998, las entidades coincidieron en
afirmar lo siguiente:
Mediante el
documento No.3086 del 14 de julio de 2000, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social – Conpes, aprobó el plan de ampliación de infraestructura
penitenciaria y carcelaria del orden nacional, dado el marcado desequilibrio
entre la oferta y la demanda de cupos carcelarios y penitenciarios y el grave
deterioro de los centros de reclusión del país, las deficientes condiciones de
vida de los reclusos y la calidad de los servicios. El 15 de marzo de 2004, se
aprobó el documento Conpes 3277 sobre “La estrategia para la expansión de la
oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios”, en el que se
plantean dos estrategias, la primera de ellas consistente en un plan de
ampliación, adecuación y dotación de los establecimientos de reclusión
existentes y una segunda, relativa a un plan de construcción, dotación y
mantenimiento de establecimientos de reclusión y de complejos penitenciarios y
carcelarios a través de la figura de concesión.
Este Plan fue
objeto de reajuste, mediante el documento Conpes 3412 del 6 de marzo de 2006, en
cuanto a los mecanismos de ejecución y los requerimientos presupuestales, en
particular con la estrategia para la construcción, dotación y mantenimiento de
nuevos centros de reclusión, al haber encontrado que la ejecución del proyecto
debía hacerse por contrato de obra pública y no por concesión como se planteó inicialmente
pues esta modalidad resultaba más gravosa para la Nación en términos del manejo
presupuestal. Dentro del marco de la estrategia contenida en el documento
Conpes 3277, los estudios de preinversión realizados por Fonade en el año 2005,
llevaron a concluir la necesidad de construir 11 establecimientos de reclusión,
cuyo plazo de construcción oscila entre 18 meses para la construcción de los
centros de Puerto Triunfo, Cúcuta, Guaduas, Acacias, Yopal y Florencia; y 24 meses
para los centros de Ibagué, Cartagena, Jamundí, La Picota y Medellín.
Particularmente,
en relación con la ejecución del proyecto para la construcción del Complejo
Penitenciario y Carcelario y Reclusión de Mujeres de Cartagena, se tiene que de
acuerdo con la información suministrada por el Departamento Nacional de
Planeación[56] y el Ministerio de
Justicia y del Derecho[57] el complejo está compuesto
por un establecimiento carcelario con capacidad para 700 hombres sindicados,
uno penitenciario de 700 hombres condenados y la Reclusión de Mujeres, para 100
condenadas y 100 sindicadas para un total de 1600 cupos, cuya fecha de entrega
se tiene programada para el año 2010. Se encuentra registrado en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión BPIN y los recursos de financiación
provienen de vigencias futuras que ya fueron aprobadas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, los cuales se encuentran respaldados con la venta
de los bienes del Frisco[58] y de la Ley 55 de 1985.
Sobre las
apropiaciones presupuestales y de gasto público en términos de compromiso, en
el 2005 se asignó para la financiación del centro de reclusión del Departamento
de Bolívar la suma de $5.127.005.080, en el 2006, la suma de $4.064.671.090, en
el 2007, la suma de $17.365.320.000 y para la vigencia 2008, se programó una
apropiación por valor de $24.115.780.000. Además el proyecto de construcción fue
incluido, junto con los otros 10 proyectos, dentro de los principales programas
de inversión del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, aprobado por la Ley
1152 de 2007.
Así entonces, el
DNP sostiene que una vez cumplido el registro y programadas las partidas,
corresponde al Ministerio del Interior y de Justicia como entidad ejecutora,
comprometer y ejecutar la respectiva apropiación presupuestal.
Por su parte la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo concluyen en su
informe final que las entidades comprometidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia T- 153 de 1998 en la realización total del plan de construcción y
refacción carcelaria, cumplieron a cabalidad con el mandato impartido.
No obstante el
contenido de los anteriores informes, la situación real es otra, pues pese a
haber transcurrido 10 años desde la expedición del fallo de la Corte y de
haberse trazado los lineamientos para la ampliación de la infraestructura
penitenciaria y carcelaria consignados en el Conpes 3277 y 3412, existe un
desfase en la construcción de las cárceles proyectadas desde el 2004 y el
índice de hacinamiento se ha incrementado.
Así lo evidencia
el estudio realizado por la Contraloría General de la República[59]
en el que se afirmó que solo algunos de los centros carcelarios proyectados se
han construido, toda vez que el proceso de licitación a cargo de FONADE ha
sufrido tropiezos que han impedido la adjudicación de los contratos y el inicio
de las obras, al punto que solamente en el 2007, se suscribieron los contratos
para 6 de las cárceles (Acacías, Yopal, Jamundí, Guaduas, Puerto Triunfo y
Medellín), cuyo grado de avance es de apenas del 34.43%. Las otras 5 cárceles,
entre las que se encuentra la de Cartagena, no han empezado la obra, no
obstante los sobrecostos que ello genera. Destaca también el informe, que lo
más preocupante es que tanto la Procuraduría General de la Nación como la
Defensoría del Pueblo, sostienen que los nuevos establecimientos no cumplen con
las condiciones adecuadas para llevar a cabo los procesos de reinserción
social.[60] Concluye que la
estrategia de ampliación de cupos y construcción de cárceles propuesta no se
cumplió y fue diseñada para unas condiciones diferentes a las actuales, razón
por la cual el Plan de construcción, dotación y mantenimiento de la
infraestructura carcelaria debe adecuarse a las nuevas condiciones y
necesidades.
6.5. Conforme los hechos, las pruebas recaudadas dentro del expediente
de la presente tutela y la jurisprudencia constitucional reseñada
anteriormente, encuentra la Sala que en el presente caso se ha vulnerado el
derecho fundamental a la dignidad de las internas de la Cárcel de San Diego de
Cartagena, dadas las inadecuadas condiciones de habitabilidad en que se
encuentran, en tanto que la infraestructura física está en avanzado estado de
deterioro, es inadecuada para llevar a cabo los programas de resocialización y los
servicios de salud resultan insipientes.
En este orden de
ideas, y vistas las anteriores consideraciones, esta Sala concluye que se ha
vulnerado el derecho a la dignidad de las internas del establecimiento
carcelario San Diego, por lo que se concederá la protección solicitada, toda
vez que el derecho a la dignidad, es un derecho que no admite limitación alguna
y por tanto el Estado está en la obligación de facilitar su resocialización, a
través del trabajo, el estudio y la recreación y de satisfacer las necesidades
vitales mínimas de la persona privada de libertad, a través de la alimentación,
la habitación, el suministro de útiles de aseo, la prestación de servicio de
sanidad, el mantenimiento en condiciones de salubridad e higiene dado que quien
se halle internado en un centro de reclusión, justamente por su especial
circunstancia, está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma tales
beneficios.
Por las
anteriores razones, la Sala revocará la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 16 de mayo de 2007, que
denegó la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Arturo Nicolás Zea Solano,
actuando en ejercicio de sus facultades como agente de la Defensoría del
Pueblo, Regional Bolívar y confirmará parcialmente la sentencia proferida en
primera instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, el 20 de noviembre de 2007 dentro de la misma acción de
tutela.
Por tanto
ordenará al Alcalde de Cartagena de Indias y al Director de la Cárcel Distrital
San Diego de Cartagena, para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este fallo, adopten las medidas
administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar en un término no
superior a tres (3) meses las obras de mantenimiento, adecuación y reparación
de la Cárcel San Diego de Cartagena, de modo
que se respete el núcleo esencial de la dignidad humana de las internas allí
recluidas. Estas obras deberán realizarse periódicamente según la necesidad,
hasta tanto el establecimiento carcelario sea trasladado de lugar.
También ordenará
al Ministerio del Interior y de Justicia, en
coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC -, el
Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Departamento de Bolívar
y la Alcaldía de Cartagena de Indias, a más tardar dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo han
hecho, adopten las medidas administrativas y presupuestales necesarias para
ejecutar la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario y Reclusión de
Mujeres de Cartagena, previsto en el Plan de Construcción, Dotación y
Mantenimiento de los 11 centros penitenciarios a que se refieren los documentos
CONPES 3412 del 6 de marzo de 2006 y 3277 de marzo 15 de 2004 y según los
requerimientos actuales. La construcción y puesta en funcionamiento del
establecimiento carcelario de Cartagena, no podrá ser superior a los 24 meses,
contados a partir de la notificación de la presente providencia.
Por último se
ordenará a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo,
que dentro del marco de sus competencias se verifique el cumplimiento de las
decisiones adoptadas en esta sentencia.
V. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión del término decretada para
decidir el presente asunto.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 16 de mayo de 2007,
en la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Arturo Nicolás Zea Solano,
actuando en ejercicio de sus facultades como agente de la Defensoría del
Pueblo, Regional Bolívar, contra el Ministerio del Interior y de Justicia, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el Departamento de
Bolívar y la Alcaldía Distrital de Cartagena y CONFIRMAR PARCIALMENTE
la sentencia proferida en primera instancia por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 20 de noviembre de 2007 que
concedió la tutela de la referencia.
TERCERO: ORDENAR al Alcalde de Cartagena de Indias D.T. y C. y al Director de la
Cárcel Distrital San Diego de Cartagena, para que dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún
no lo han hecho, adopten las medidas administrativas y presupuestales
necesarias para ejecutar en un término no superior a tres (3) meses las obras de
mantenimiento, adecuación y reparación de la Cárcel San Diego de Cartagena, de modo que se respete el núcleo esencial de la
dignidad humana de las internas allí recluidas. Estas obras deberán realizarse
periódicamente según la necesidad, hasta tanto el establecimiento carcelario
sea trasladado de lugar.
CUARTO: ORDENAR
al Ministerio del Interior y de Justicia, en
coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el
Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Departamento de Bolívar
y la Alcaldía de Cartagena de Indias, a más tardar dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo han
hecho, adopten las medidas administrativas y presupuestales necesarias para
ejecutar la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario y Reclusión de
Mujeres de Cartagena, previsto en el Plan de Construcción, Dotación y
Mantenimiento de los 11 centros penitenciarios a que se refieren los documentos
CONPES 3412 del 6 de marzo de 2006 y 3277 de marzo 15 de 2004 y según los
requerimientos actuales. La construcción y puesta en funcionamiento del
establecimiento carcelario de Cartagena, no podrá ser superior a los 24 meses,
contados a partir de la notificación de la presente providencia.
QUINTO:
ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo, que dentro del marco de sus competencias se verifique el
cumplimiento de las decisiones adoptadas en esta sentencia.
Por Secretaría
General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Con salvamento de voto
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-126 DE
2009 DEL MAGISTRADO JAIME ARAÚJO RENTERÍA
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS INTERNAS DE LA CARCEL DISTRITAL
DE MUJERES DE CARTAGENA-La orden de la Corte no
debió limitarse solo a las obras de mantenimiento y reparación y a la
construcción del complejo Penitenciario y Carcelario, sino que se debió dar la
orden inmediata de traslado de las internas (Salvamento de voto)
No estoy de
acuerdo con la sentencia de tutela, que sólo se limita a dar órdenes en el
numeral tercero de la parte resolutiva a la Alcaldía de Cartagena, y al
Director de la Cárcel, para que en el término de cuarenta y ocho horas se tomen
las medidas administrativas y presupuestales para que se ejecuten las obras de
mantenimiento, adecuación y reparación de la Cárcel; y en el numeral cuarto al
Ministerio del Interior para que en coordinación con el INPEC, con el Departamento
Administrativo Nacional de Planeación, la Gobernación del Departamento de
Bolívar y la Alcaldía se adopten las medidas necesarias para ejecutar la
construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario, en un término que no
puede ser superior a veinticuatro meses. En mi opinión, se ha debido dar la
orden inmediata de traslado de las internas, por cuanto está probado que las
condiciones de dicho establecimiento carcelario son lamentables, como se deduce
de las pruebas que obran en el expediente.
Referencia: expediente T-1644081
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Con el debido
respeto por las decisiones de esta Sala de Revisión, me permito presentar la
razón que me lleva a disentir del presente fallo, a partir de las siguientes
consideraciones:
En el caso
concreto, se ha de observar que las internas del Centro Penitenciario San
Diego, ubicado en la ciudad de Cartagena, tienen derecho a exigir al Estado la
satisfacción de los derechos fundamentales que no se encuentran restringidos
por razón natural al cumplimiento de la pena, como lo es el de la vida en
condiciones de dignidad. Luego, frente a una conducta de omisión u acción que
origina la vulneración a este principio fundante de la organización social
-dignidad-, como lo es la condición de hacinamiento, el individuo puede
demandar la superación de dicha circunstancia para de este modo garantizar el
amparo de sus derechos.
No estoy de
acuerdo con la sentencia de tutela, que sólo se limita a dar órdenes en el
numeral tercero de la parte resolutiva a la Alcaldía de Cartagena, y al
Director de la Cárcel, para que en el término de cuarenta y ocho horas se tomen
las medidas administrativas y presupuestales para que se ejecuten las obras de
mantenimiento, adecuación y reparación de la Cárcel; y en el numeral cuarto al
Ministerio del Interior para que en coordinación con el INPEC, con el
Departamento Administrativo Nacional de Planeación, la Gobernación del
Departamento de Bolívar y la Alcaldía se adopten las medidas necesarias para
ejecutar la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario, en un término
que no puede ser superior a veinticuatro meses.
En mi opinión,
se ha debido dar la orden inmediata de traslado de las internas, por cuanto
está probado que las condiciones de dicho establecimiento carcelario son
lamentables, como se deduce de las pruebas que obran en el expediente.
En efecto, en la
diligencia de inspección judicial practicada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena se lee en algunos apartes:
“… En algunas
partes del techo de la primera parte (sic)  hay humedad que ha causado
desprendimiento y las varillas están al descubierto… El segundo piso está
formado por amplias habitaciones en una avanzado estado de deterioro, por lo
cual únicamente se utilizan tres de ellas…”.
Como se observa
las medidas tomadas no son las que se requerían en este caso, dada la urgencia
de resolver el problema de hacinamiento y deterioro del lugar en que se
encuentra el centro de reclusión de mujeres.
A mi modo de ver
se corre el riesgo de que las órdenes dadas no sean cumplidas oportunamente, y
que se dilaten en el tiempo, y que por tanto no haya una solución real,
efectiva e inmediata para el problema del caso planteado a la Corte
Constitucional en virtud de la acción de tutela interpuesta por el Defensor del
Pueblo de la regional Bolívar.
De conformidad
con lo anterior, salvo mi voto a la presente decisión.
Fecha ut
supra,
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
La subdirección recomendó lo siguiente: “Notificar al
Alcalde e informarle las condiciones desfavorables que obligarían a un cierre
del establecimiento generando una situación difícil para la autoridad local,
por lo tanto se requiere tomar decisiones urgentes para enfrentar la situación
y mejorar las condiciones locativas e higiénicas y sanitarias”.
[2] En declaración rendida el 3 de noviembre de 2006 bajo
la gravedad de juramento ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, la Directora de la Cárcel Distrital San Diego
de Cartagena, sostuvo que  la Alcaldía Mayor de Cartagena contrató, mediante
orden de servicio SG-AL-2005 de agosto de 2006, por valor de $15.643.950, el
mantenimiento y reparación de las dependencias e instalaciones de la Cárcel
Distrital San Diego, “para habilitar lo que en este momento representa el
peligro inminente” (fl.76 cuaderno 3).
[3] Sobre este aspecto la Directora explica en su
declaración que en el establecimiento carcelario que dirige, “Jamás ha
existido hacinamiento ya que la reubicación en el pabellón A primer Piso se
adecuaron a través de la oficina de apoyo logístico e infraestructura dos
celdas que todas son bastantes amplia con una capacidad de 8 personas por cada
celda. Pero en la actualidad tenemos cinco por cada celda y alguna con dos
personas, cada habitación está dotada a través de mi gestión (Donaciones de
camas y un televisor por cada celda)”. (fl.76 cuaderno 3).
[4]
En la declaración judicial también afirmó que se está adecuando un área para
sistemas y biblioteca para lo cual se adquirieron tres computadores.
[5] La construcción de los
establecimientos carcelarios se aprobó en las ciudades de Medellín, Puerto
Triunfo, La Picota, Guaduas, Acacias, Yopal, Florencia, Jamundí, Cartagena,
Cúcuta e Ibagué.
[6]
LÓPEZ BENITES Mariano, Naturaleza y presupuestos constitucionales de las
relaciones especiales de sujeción, Ed. Civitas, Madrid, 1994, Págs. 161 y
162.
[7]
Ibídem. Pág. 195
[8]
Ibídem. Pág. 197
[9]
Artículo 9° de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y
Carcelario), y artículo 12 Código Penal.
[10]
[Cita del aparte trascrito] La subordinación tiene su fundamento en la
obligación especial de la persona recluida consistente en “cumplir una medida
de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a
que es responsable de la comisión de un hecho punible” citada de la Sentencia
T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del
administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda
“sometido a un régimen jurídico especial”, así en Sentencia T-705 de 1996.
[11]
[Cita del aparte trascrito] Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la
Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se
encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la
limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido ver Sentencia
T-422 de 1992.
[12][Cita
del aparte trascrito] Que se concreta por ejemplo,  en la posibilidad de
implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en  la Sentencia
T-596 de 1992.
[13]
[Cita del aparte trascrito] Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de
implantar un régimen especial de visitas, así en la sentencia T-065 de 1995.
[14]
[Cita del aparte trascrito] Sobre los tres regímenes de los derechos
fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión,
limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de
1995 y T-705 de 1996.
[15]
[Cita del aparte trascrito] En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995.
La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en
el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente
autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de
1996.
[16]
[Cita del aparte trascrito] Sobre la finalidad de la limitación a los derechos
fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase
especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad
real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.
[17]
[Cita del aparte trascrito] Entre los especiales derechos de los presos y su
correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una
relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno,
del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,
utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud
adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno,
entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.
[18]
[Cita del aparte trascrito] Sobre los deberes especiales del Estado ver la
sentencia T-966 de 2000.
[19]
[Cita del aparte trascrito] Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya
que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene
limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en
este sentido ver la sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado
de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la
eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en
este sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia
T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma
autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia
digna, así en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de
indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.
[20] T-881 de 2002, reiterada
entre otras en la T-1108 de 2002 y T-161 de 2007.
[21]
[Cita del aparte trascrito] Sobre el contenido de este deber positivo ver la
sentencia T-153 de 1998.
[22]
[Cita del aparte trascrito] Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del
Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[23]
[Cita del aparte trascrito] Responsabilidad del Estado que se concreta en la
obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario
y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos,
así en la Sentencia T-522 de 1992.
[24]
[Cita del aparte trascrito] La posibilidad de reinserción social depende en
buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros
carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el
derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en
sentencia T-153 de 1998.
[25] Sentencia
T-881 de 2002.
[26] Cfr.
Sentencias T-958 de 2002 y T-1168 de 2003.
[27]
Expresa el Comité: “2. El párrafo 1 del artículo 10 el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos es aplicable a todas las personas privadas de
libertad en virtud de las leyes y autoridad del Estado e internadas en
prisiones, hospitales..., campos de detención, instituciones correccionales o
en otras partes. Los Estados Partes deben asegurarse que el principio en él
estipulado se observe en todas las instituciones y establecimientos bajo su
jurisdicción en donde las personas están internadas.”
[28]
Expresa el Comité: “3. El párrafo 1 del artículo 10 impone a los Estados Partes
una obligación positiva en favor de las personas especialmente vulnerables por
su condición de personas privadas de la libertad y complementa la prohibición
de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista
en el artículo 7 del Pacto. En consecuencia, las personas privadas de libertad
no sólo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 7, incluidos
los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias o a
restricciones que no sean los que resulten de la privación de la libertad; debe
garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas
condiciones aplicables a las personas libres. Las personas privadas de libertad
gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las
restricciones inevitables en condiciones de reclusión.”
[29]
Expresa el Comité: “4. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad
y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por
ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales
disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de
ningún género...”
[30] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-851/04.
[31]
Entre otros casos, se ha hecho referencia a este referente
normativo en las siguientes sentencias: T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz);  T-1030 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández); T-851 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-317 de 2006 y T-793 de 2008.
[32]  Al respecto el Comité señaló: “todo recluso debe disponer de
una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias
adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni
humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.  Debe
hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité,
deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias
puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”.
[33]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 10: “Los locales
destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias
de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al
volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.”
[34]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 12: “Las instalaciones
sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus
necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.”
[35]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 17. “1) Todo recluso a
quien no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima
y suficientes para mantenerle en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en
modo alguno degradantes ni humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar
limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con
la frecuencia necesaria para mantener la higiene. 3) En circunstancias
excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines
autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas o vestidos que no
llamen la atención.”
[36]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 19: “Cada recluso
dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama
individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente
y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.”
[37]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No.  20: “1) Todo recluso
recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de
buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente
para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá
tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.”
[38]
Cfr. Corte Constitucional,
Sentencia T-851/04.
[39]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra
Jamaica, párrafo 133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights
contra Grenada, párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195,
2001.
[40]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 11: “En todo local
donde los reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser
suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz
natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco,
haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser
suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su
vista.”
[41]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se exigirá de los
reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de
aseo indispensables para su salud y limpieza.”
[42]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 21: “1) El recluso que
no se ocupe de un trabajo al aire libre deberá disponer, si el tiempo lo
permite, de una hora al día por lo menos de ejercicio físico adecuado al aire
libre. 2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo
permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física
y recreativa. Para ello, se pondrá a su disposición el terreno, las
instalaciones y el equipo necesario.”
[43]  Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 24: “El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible
después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en
particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar
en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos
sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las
deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la
readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.
(...)”
[44]  Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 25: “1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los
reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los
que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su
atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime
que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por
la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.”
[45] Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 31: “Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción
cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones
disciplinarias.”
[46] Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 40: “Cada establecimiento deberá tener una biblioteca para el uso de todas
las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros instructivos y
recreativos. Deberá instarse a los reclusos a que se sirvan de la biblioteca lo
más posible.”
[47] Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,
No. 41: “1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que
pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante
autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las
circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con
carácter continuo. 2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme
al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios
religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales
particulares a los reclusos de su religión. 3) Nunca se negará a un recluso el
derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la
inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una
religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.”
[48] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-851/04.
[49] Cfr.
Corte Constitucional,
Sentencia T-900/05.
[50] El aartículo
38 del Decreto 1890 de 1999 “Por el cual se reorganiza el Ministerio de
Justicia y del derecho y se dictan otras disposiciones sobre la materia
relacionadas con las entidades que integran el Sector Administrativo de
Justicia”, establece lo siguiente: “Reorganización. El
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- establecimiento público
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio independiente y
autonomía administrativa, creado por el Decreto Extraordinario 2160 de 1992,
adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, continuará cumpliendo las
funciones relacionadas con la ejecución de las penas privativas de la libertad
y de la detención precautelativa, el tratamiento penitenciario, la dirección y
coordinación de la vigilancia, seguridad y control, así como la administración,
mantenimiento, dotación y sostenimiento de los establecimientos de reclusión
del orden nacional.”
[51] Artículo
41 del Decreto 1890 de 1999 ya citado.
[52]
Parágrafo del artículo 41 del Decreto 1890 de 1999, adicionado por el aartículo 4° del Decreto 1490 de 2000, “Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 1890 de 1999”.
[53] Artículo 44-2, del
Decreto 1890 de 1999.
[54] “Por el
cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio del Interior y
de Justicia, y se dictan otras disposiciones”.
[55]
El Fondo de Infraestructura Carcelaria fue creado mediante el
decreto 1890 de 1999, como una dependencia del Ministerio de Justicia y del
derecho encargada de atender desde su creación las funciones que tenía a su
cargo el INPEC relacionadas con el diseño, adquisición de terrenos, construcción,
reconstrucción, refacción, ampliación y equipamiento de la infraestructura del
sistema penitenciario y carcelario del orden nacional.
[56]
Oficio No.OAJ.20071300576831, del 10 de diciembre de 2007,
mediante el cual la Coordinadora del Grupo de Asuntos Judiciales de la Oficina
Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, dio respuesta al
requerimiento de la Corte Constitucional (fl.1 Cd. de pruebas)
[57]
Oficio OFI-36302-DVJ-0300, del 11 de diciembre de 2007,
mediante el cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del
Interior y de Justicia, dio respuesta al requerimiento de esta Corporación (fl.
58 Cd. de pruebas).
[58]
Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra
el Crimen Organizado.
[59]
El estudio fue elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa,
Justicia y Seguridad y publicado en la Revista Económica Colombiana de la
Contraloría General de la República, con cifras actualizadas con base en la
información oficial suministrada por FONADE en noviembre de 2008.
[60]
Así lo puso de presente la Procuraduría General de la Nación,
en el escrito de respuesta al requerimiento formulado por la Corte
Constitucional en el presente trámite de revisión, suscrito por la Procuradora
delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Éticos,
obrante a folios 272 a 278 del Cuaderno de Pruebas.