C-106-95
Sentencia No
Sentencia No.
C-106/95
DERECHO A LA
IGUALDAD/TRABAJADOR MIGRATORIO
La aplicación
efectiva de la igualdad en un determinada circunstancia no puede ignorar o
desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o
caracterizan a cada uno de los sujetos.  Sin que ello sea en manera alguna
óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. La vigencia del derecho a
la igualdad no excluye necesariamente el dar un tratamiento diferente a sujetos
colocados en las mismas condiciones, cuando exista motivo razonable  que lo
justifique. Los Estados partes adquieren el compromiso de aplicar a todo
trabajador migratorio los derechos humanos previstos en la Convención, sin
ningún tipo de discriminación que afecte el derecho de igualdad de los
trabajadores migrantes.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Alcance
El artículo 15 de
la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y familiar, en el
que tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de
inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica la
interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en
concordancia con las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto
es, el derecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el
registro domiciliario sin orden judicial. El derecho fundamental a la intimidad
asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable,
ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la
vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su
personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema
social normalmente acarrea".
EXPROPIACION POR
RAZONES DE EQUIDAD
La prohibición de
expropiar arbitrariamente a los trabajadores migrantes no impide que el Estado
Colombiano pueda proceder a la expropiación por razones de equidad, en
cumplimiento de lo establecido por el último inciso el artículo 58 de la C.P.
Lo contrario constituiría un discriminación injustificada en favor de los
trabajadores extranjeros en detrimento del principio de igualdad.
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Finalidad/TRABAJADOR
MIGRATORIO-Protección
Uno de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho consiste en garantizar la seguridad y
la libertad de los habitantes del territorio nacional.  Dadas las especiales condiciones
de los trabajadores migratorios y en concordancia con el principio de igualdad
material, se puede afirmar que el Estado Colombiano tiene una obligación
especial de proteger a este grupo, en aquellos casos en los cuales se
encuentran en circunstancias de inferioridad y vulnerabilidad debido a su
condición de extranjeros.
TRABAJADOR
MIGRATORIO/DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL
El trabajador
migratorio tendrá derecho a la asociación sindical en las condiciones
establecidas por la Constitución y no sólo en las contempladas por la
Convención.
TRABAJADOR
MIGRATORIO/TRABAJADOR NATIVO/IGUALDAD DE TRATO-Tributo
Se debe
establecer  una reserva por medio de la cual el Estado colombiano pueda tratar
de igual manera en materia tributaria y arancelaria, a los trabajadores
migratorios y a los demás viajeros y habitantes del territorio nacional. De
esta manera se salvaría el espíritu de la Convención, que pretende que no se
grave injustificadamente a los trabajadores migratorios y que se les prodigue
el mismo trato que a los trabajadores nativos.
TRABAJADOR
MIGRATORIO/TRABAJADOR NATIVO/IGUALDAD DE TRATO-Transferencia de ingresos
En relación con
el derecho a la transferencia de los ingresos y ahorros de los trabajadores
migratorios la normatividad vigente no la prohibe, pero tampoco establece un
trato preferencial. Por lo tanto, para evitar problemas de aplicación, deberá
establecerse una reserva que permita otorgar a los trabajadores migratorios el
mismo trato que a los demás habitantes del territorio nacional en esta materia.
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA/EXPROPIACION POR RAZONES DE EQUIDAD
La exequibilidad
de los artículos 15, 46 y 47 de la “Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”,
aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de
que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias,
cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores
migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación
de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y
ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones
de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo
34 de la CP. En consecuencia, el Presidente de la República hará la
correspondiente reserva.
REF: Expediente
L.A.T. 29
Revisión oficiosa
de la Ley 146 de 1994, "por medio de la cual se aprobó la convención
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares".  Hecha en New York, el 18 de diciembre
de 1990.
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., Marzo quince (15) de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Aprobado por Acta Nº
08
La Sala Plena de la
Corte Constitucional integrada por su Presidente José Gregorio Hernández
Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell,
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz,  Hernando Herrera Vergara,
Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de constitucionalidad de la Ley  146 de 1994 "por medio de la
cual se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares". Hecha en New
York, el 18 de diciembre de 1990", y de la Convención que aprobó.
I. TEXTO DE LA NORMA REVISADA
LEY 146 DE 1994
"por medio de la cual se aprobó la
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares".  Hecha en New York, el 18
de diciembre de 1990".
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto de la “CONVENCION
INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIAS”, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de
1990.
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO:  Apruébese la “Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares", hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990.
ARTICULO SEGUNDO:   De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7a de 1944, la “Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares", hecha en New York, el 18 de diciembre de 1990, que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfecciones el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTICULO TERCERO:  La presente Ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
TEXTO DE LA CONVENCION
CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS
FAMILIARES
Preámbulo
Los Estados
Partes en la presente Convención,
Teniendo
en cuenta los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de
las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la
Declaración Universal de Derechos Humanos[1],
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2], el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos2,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial[3],
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer[4]
y la Convención sobre los Derechos del Niño[5].
Teniendo
en cuenta también los principios y normas establecidos en los instrumentos
pertinentes elaborados en el marco de la Organización Internacional de Trabajo,
en especial el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (Nº 97), el
Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la
igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (Nº 143), la
Recomendación sobre los trabajadores migrantes (Nº 86), la Recomendación sobre
los trabajadores migrantes (Nº 151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u
obligatorio (Nº 29) y el Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso
(Nº 105).
Reafirmado
la importancia de los principios consagrados en la Convención relativa a la
lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura[6].
Recordando
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes[7],
la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente[8],
el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley[9], y las Convenciones
sobre la esclavitud[10].
Recordando
que uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, como se
establece en su Constitución, es la protección de los intereses de los
trabajadores empleados en países distintos del propio, y teniendo en cuenta los
conocimientos y experiencias de dicha organización en las cuestiones relacionadas
con los trabajadores migratorios y sus familiares.
Reconociendo
la importancia del trabajo realizado en relación con los trabajadores
migratorios y sus familiares en distintos órganos de las Naciones Unidas,
particularmente en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Desarrollo
Social, así como en la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y en otras
organizaciones internacionales.
Reconociendo
también los progresos realizados por algunos Estados mediante acuerdos
regionales o bilaterales para la protección de los derechos de los trabajadores
migratorios y de sus familiares, así como la importancia y la utilidad de los
acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera.
Comprendiendo
la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca a
millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la comunidad
internacional.
Conscientes
de la repercusión que las corrientes de trabajadores migratorios tienen sobre
los Estados y los pueblos interesados, y deseosos de establecer normas que
puedan contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante la
aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los
trabajadores migratorios y de sus familiares.
Considerando
la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los
trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras cosas, a su
ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en
razón de su presencia en el Estado de empleo.
Convencidos
de que los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no han
sido debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto, requieren una
protección internacional apropiada.
Teniendo
en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves
problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para
los propios trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia.
Teniendo
presente  que los problemas humanos que plantea la migración son aún más
graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se
debe alentar la adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los
movimientos y el tránsito clandestinos de los trabajadores migratorios,
asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos fundamentales.
Considerando
que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son
empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de
otros trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye un
aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto de obtener los
beneficios de una competencia desleal.
Considerando
también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen
en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los
derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, además,
que la concesión de determinados derechos adicionales a los trabajadores
migratorios y a sus familiares  que se hallen en situación regular  alentará a
todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y
procedimientos establecidos por los Estados interesados.
Convencidos,
por ello, de la necesidad de lograr la protección internacional de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y
estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que tenga
aplicación universal.
Han
convenido en lo siguiente:
PARTE I
Alcance y definiciones
Artículo 1
1.      La presente
Convención será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos
los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o
de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
2.      La presente
Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los
trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la
migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio
de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al
Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
Artículo 2
A los efectos de la
presente Convención:
1.      Se entenderá
por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice
o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.
2.      a) Se
entenderá por "trabajador fronterizo" todo trabajador migratorio que
conserve su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regrese
cada día o al menos una vez por semana;
b) Se
entenderá por "trabajador de temporada" todo trabajador migratorio
cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y
sólo se realice durante parte del año;
c) Se
entenderá por "marino", término que incluye a los pescadores, todo
trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un
Estado del que no sea nacional;
d) Se
entenderá por "trabajador en una estructura marina" todo trabajador
migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la
jurisdicción de un Estado del que no sea nacional;
e) Se
entenderá por "trabajador itinerante" todo trabajador migratorio que,
aún  teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro
Estado otros Estados por períodos breves, debido a su ocupación;
f) Se
entenderá por "trabajador vinculado a un proyecto" todo trabajador
migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar
solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador;
g) Se
entenderá por "trabajador con empleo concreto" todo trabajador
migratorio:
i) Que haya
sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de
empleo para realizar una tarea o función concreta;
ii) Que
realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera
conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados
de otra índole; o
iii) Que, a
solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado
y definido un trabajo de carácter transitorio o breve; y que deba salir del
Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, si
deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho
referencia;
h) Se
entenderá por "trabajador por cuenta propia" todo trabajador
migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de
trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando
normalmente solo o junto con sus familiares, así como todo otro trabajador
migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación
aplicable del Estado de empleo o por acuerdos bilaterales o multilaterales.
Artículo 3
La presente
Convención no se aplicará a:
a) Las
personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales y
las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio para
desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica estén
reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos o convenios
internacionales concretos;
b) Las
personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de su territorio, o por un
empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros
programas de cooperación; cuya admisión y condición jurídica estén reguladas
por un acuerdo con el Estado de empleo y que, de conformidad con este acuerdo,
no sean consideradas trabajadores migratorios;
c) Las
personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad
de inversionistas;
d) Los
refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto que se aplique a estas
personas en la legislación nacional pertinente del Estado Parte de que se trate
o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado;
e) Los
estudiantes y las personas que reciben capacitación;
f) Los
marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados
a residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo.
Artículo 4
A los
efectos de la presente Convención, el término "familiares" se refiere
a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos
una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas
a su cargo reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por
acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se
trate.
Artículo 5
A los
efectos de la presente Convención, los trabajadores migratorios y sus
familiares:
a) Serán
considerados documentados o en situación regular si han sido autorizados a
ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de
empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos
internacionales en que ese Estado sea parte;
b) Serán
considerados no documentados o en situación irregular si no cumplen las
condiciones establecidas en el inciso a) de este artículo.
Artículo 6
A los
efectos de la presente Convención:
a) Por
"Estado de origen" se entenderá el Estado del que sea nacional la
persona de que se trate;
b) Por
"Estado de empleo" se entenderá el Estado donde el trabajador
migratorio vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada,
según el caso;
c) Por
"Estado de tránsito" se entenderá cualquier Estado por el que pase el
interesado en un viaje al Estado de empleo o del Estado de empleo al Estado de
origen o al Estado de residencia habitual.
PARTE II
No discriminación en el reconocimiento de
derechos
Artículo 7
Los Estados
Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores
migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos
a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o
social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil,
nacimiento o cualquier otra condición.
PARTE III
Derechos humanos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
Artículo 8
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares podrá salir libremente de cualquier
Estado, incluido su Estado de origen. Ese derecho no estará sometido a
restricción alguna, salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias
para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades ajenos y sean compatibles con otros derechos
reconocidos en la presente Parte de la Convención.
2. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a regresar en
cualquier momento a su Estado de origen y permanecer en él.
Artículo 9
El derecho
a la vida de los trabajadores migratorios y sus familiares estará protegido por
ley.
Artículo 10
Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 11
1. Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a esclavitud ni
servidumbre.
2. No se
exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que realicen
trabajados forzosos u obligatorios.
3. El
párrafo 2 del presente artículo no obstará para que los Estados cuya
legislación admita para ciertos delitos penas de prisión con trabajos forzosos
puedan imponer éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal
competente.
4. A los
efectos de este artículo, la expresión "trabajos forzosos u
obligatorios" no incluirá:
a) Ningún
trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3º de este artículo, que
normalmente deba realizar una persona que, en virtud de una decisión de la
justicia ordinaria, se halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en
situación de libertad condicional;
b) Ningún
servicio exigido en casos de emergencia o de desastre que amenacen la vida o el
bienestar de la comunidad;
c) Ningún
trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones civiles normales, en la
medida en que se imponga también a los ciudadanos del Estado de que se trate.
Artículo 12
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de
profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la
libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos,
las prácticas y la enseñanza.
2. Los trabajadores
migratorios y sus familiares no serán sometidos a coacción alguna que limite su
libertad de profesar y adoptar una religión o creencia de su elección.
3. La
libertad de expresar la propia religión o creencia sólo podrá quedar sometida a
las limitaciones que se establezcan por ley y que sean necesarias para proteger
la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las
libertades fundamentales de los demás.
4. Los
Estados Partes en la presente Convención se comprometen a respetar la libertad
de los padres, cuando por lo menos uno de ellos sea trabajador migratorio, y,
en su caso, de los tutores legales para hacer que los hijos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 13
1. El
derecho de opinión de los trabajadores migratorios y sus familiares no será
objeto de injerencia alguna.
2. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de
expresión; este derecho comprende la libertad de recabar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
medio de su elección.
3. El
ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2º del presente artículo entraña
obligaciones y responsabilidades especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a
ciertas restricciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por ley
y sean necesarias para:
a) Respetar
los derechos o el buen nombre ajenos;
b) Proteger
la seguridad nacional de los Estados de que se trate, el orden        público o
la salud o la moral públicas;
c) Prevenir
toda propaganda en favor de la guerra;
d) Prevenir
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a
la discriminación, la hostilidad o la violencia.
Artículo 14
Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia u otras
comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los
trabajadores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
Artículo 15
Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus
bienes, ya sean de propiedad personal exclusiva o en asociación con otras
personas. Cuando, en virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo,
los bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo sean expropiados
total o parcialmente, la persona interesada tendrá derecho a una indemnización
justa y apropiada.
Artículo 16
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la
seguridad personales.
2. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección
efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o
intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o
instituciones.
3. La
verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la
identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con
arreglo a los procedimientos establecidos por ley.
4. Los
trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni
colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su
libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la
ley establezca.
5. Los
trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados
en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de
los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente; en un idioma
que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.
6. Los
trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una
infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser
juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla
general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las
diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
7. Cuando
un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión
o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención:
a) Las
autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado
que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora,
si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa
medida;
b) La
persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda
comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin
demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las
comunicaciones de dichas autoridades;
c) Se
informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados
de los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se
trate, a intercambiar  correspondencia y reunirse con representantes de esas
autoridades y a hacer gestiones con ellos para su representación legal.
8. Los
trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por
detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a
fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención
y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este
recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete
cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado.
9. Los
trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención
o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización.
Artículo 17
1. Todo
trabajador migratorio o familiar suyo o privado de libertad será tratado
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y a
su identidad cultural.
2. Los
trabajadores migratorios y sus familiares acusados estarán separados de los
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y sometidos a un régimen
distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas. Si fueren menores
de edad, estarán separados de los adultos y la vista de su causa tendrá lugar
con la mayor celeridad.
3. Todo
trabajador migratorio o familiar suyo que se encuentre detenido en un Estado de
tránsito o en el Estado de empleo por violación de las disposiciones sobre
migración será alojado, en la medida de lo posible, en locales distintos de los
destinados a las personas condenadas o a las personas detenidas que esperen ser
juzgadas.
4. Durante
todo período de prisión en cumplimiento de una sentencia impuesta por un
tribunal, el tratamiento del trabajador migratorio o familiar suyo tendrá por
finalidad esencial su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a
su edad y condición jurídica.
5. Durante
la detención o prisión, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
el mismo derecho que los nacionales a recibir visitas de miembros de su
familia.
6. Cuando
un trabajador migratorio sea privado de su libertad, las autoridades
competentes del Estado de que se trate prestarán atención a los problemas que
se planteen a sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.
7. Los
trabajadores migratorios y sus familiares sometidos a cualquier forma de
detención o prisión prevista por las leyes vigentes del Estado de empleo o el
Estado de tránsito gozarán de los mismo derechos que los nacionales de dichos
Estados que se encuentren en igual situación.
8. Si un
trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido con objeto de verificar
una infracción de las disposiciones sobre migración, no correrán por su cuenta
los gastos que ocasione ese procedimiento.
Artículo 18
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los
nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de
justicia. Tendrán derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,
en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra
ellos o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
2. Todo
trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito tendrá derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la
ley.
3. Durante
el proceso, todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un delito
tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser
informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y las causas de la acusación formulada en su contra;
b) A
disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa
y comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser
juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A
hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por
un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del
derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo
exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciera de
medios suficientes para pagar;
e) A
interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia
de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en las mismas
condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser
asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma
empleado en el tribunal;
g) A no ser
obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
4. En el
procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y la
importancia de promover su readaptación social.
5. Todo
trabajador migratorio o familiar suyo declarado culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean
examinados por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando
una sentencia condenatoria firme contra un trabajador migratorio o un familiar suyo
haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un
error judicial, quien haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia
deberá ser indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es
imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho
desconocido.
7. Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser juzgado ni sancionado por un
delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto mediante sentencia firme
de acuerdo con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado.
Artículo 19
1. Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será condenado por actos u omisiones que
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o
internacional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley
dispone la imposición de una pena más leve, el interesado se beneficiará de esa
disposición.
2. Al
dictar una sentencia condenatoria por un delito cometido por un trabajador
migratorio o un familiar suyo, se deberán considerar los aspectos humanitarios
relacionados con su condición, en particular con respecto a su derecho de
residencia o de trabajo.
Artículo 20
1. Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el sólo hecho de no
cumplir una obligación contractual.
2.  Ningún
trabajador migratorio o familiar suyo será privado de su autorización de
residencia o permiso de trabajo ni expulsado por el solo hecho de no cumplir
una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento
de esa obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o
permiso.
Artículo 21
Ninguna
persona que no sea un funcionario público debidamente autorizado por la ley
podrá confiscar, destruir o intentar destruir documentos de identidad,
autorizaciones de entrada, estancia, residencia o permanencia en el territorio
de un país ni permisos de trabajo. En los casos en que la confiscación de esos
documentos esté autorizada, no podrá efectuarse sin la previa entrega de un
recibo detallado. En ningún caso estará permitido destruir el pasaporte o
documento equivalente de un trabajador migratorio o de un familiar suyo.
Artículo 22
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de
expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido
individualmente.
2. Los
trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del
territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la
autoridad competente conforme a la ley.
3. La
decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será
comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro
concepto y, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de
seguridad nacional, se indicarán también los motivos de la decisión. Se
informará a los interesados de estos derechos antes de que se pronuncie la
decisión o, a más tardar, en ese momento.
4. Salvo
cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados
tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su
expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente,
a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta
tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la
ejecución de la decisión de expulsión.
5. Cuando
una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la persona
interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se
hará valer la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a
ingresar en el Estado de que se trate.
6. En caso
de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de la
partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras
prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones
pendientes.
7. Sin
perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador
migratorio o familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización
de ingreso en un Estado que no sea su Estado de origen.
8. Los
gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio
o un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus
propios gastos de viaje.
9. La
expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los
derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un
trabajador migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los
salarios y otras prestaciones que se le adeuden.
Artículo 23
Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la
protección y la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su
Estado de origen, o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en
todos los casos en que queden menoscabados los derechos reconocidos en la
presente Convención. En particular, en caso de expulsión, se informará sin
demora de ese derecho a la persona interesada, y las autoridades del Estado que
haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho.
Artículo 24
Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 25
1. Los
trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el
que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y
de:
a) Otras
condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo,
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de
empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la
legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término;
b) Otras
condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción del trabajo
a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación y la
práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.
2. No será
legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad
de trato que se menciona en el párrafo 1º del presente artículo.
3. Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para asegurar que los
trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos derivados
de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En
particular, los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica
ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa
de cualquiera de esas irregularidades.
Artículo 26
1. Los
Estados Partes reconocerán el derecho de los trabajadores migratorios y sus
familiares a:
a)
Participar en las reuniones y actividades de los sindicados o de cualesquiera
otras asociaciones establecidas conforme a la ley, con miras a proteger sus
intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole, con sujeción
solamente a las normas de la organización pertinente;
b)
Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera de las asociaciones
citadas, con sujeción solamente a las normas de la organización pertinente;
c)
Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de cualquiera de las
asociaciones citadas.
2. El
ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o del orden público o para proteger los derechos y
libertades de los demás.
Artículo 27
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en el Estado de empleo, con
respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida
en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese
Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades
competentes del Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en
cualquier momento las disposiciones necesarias para determinar las modalidades
de aplicación de esta norma.
2. Cuando
la legislación aplicable no permita que los trabajadores migratorios o sus
familiares gocen de alguna prestación, el Estado de que se trate, sobre la base
del trato otorgado a los nacionales que estuvieren en situación similar,
considerará la posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones que hubieren
aportado en relación con esas prestaciones.
Artículo 28
Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier
tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o
para evitar daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato
con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia
no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la
permanencia o al empleo.
Artículo 29
Todos los
hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al
registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad.
Artículo 30
Todos los
hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso
a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del
Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a
las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá
denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a
la permanencia o al empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter
irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo.
Artículo 31
1. Los
Estados Partes velarán por que se respete la identidad cultural de los
trabajadores migratorios y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan
vínculos culturales con sus  Estados de origen.
2. Los
Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas para ayudar y alentar los
esfuerzos a este respecto.
Artículo 32
Los
trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar su permanencia en el
Estado de empleo, tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros y, de
conformidad con la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus
efectos personales y otras pertenencias.
Artículo 33
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a que el Estado de
origen, el Estado de empleo o el Estado de tránsito, según corresponda, les
proporcione información acerca de:
a) Sus
derechos con arreglo a la presente Convención;
b) Los
requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligación con arreglo
a la   ley y la práctica del Estado interesado y cualesquiera otras cuestiones
que les permitan    cumplir formalidades administrativas o de otra índole en
dicho Estado.
2. Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas que consideren apropiadas para
difundir la información mencionada o velar por que sea suministrada por
empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones apropiados. Según
corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados.
3. La
información adecuada será suministrada a los trabajadores migratorios y sus
familiares que la soliciten gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un
idioma que puedan entender.
Artículo 34
Ninguna de
las disposiciones de la presente parte de la Convención tendrá por efecto
eximir a los trabajadores migratorios y a sus familiares de la obligación de
cumplir las leyes y reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y del
estado de empleo ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los
habitantes de esos Estados.
Artículo 35
Ninguna de
las disposiciones de la presente Parte de la Convención se interpretará en el
sentido de que implica la regularización de la situación de trabajadores
migratorios o de familiares suyos no documentados o en situación irregular o el
derecho a que su situación sea así regularizada, ni menoscabará las medidas
encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y equitativas para la
migración internacional previstas en la parte VI de la presente Convención.
PARTE IV
Otros derechos de los trabajadores
migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentren en
situación regular
Artículo 36
Los trabajadores
migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentren en
situación  regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos enunciados en
la presente Parte de la Convención, además de los enunciados en la parte III.
Artículo 37
Antes de su
partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de empleo,
los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente
informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según
corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y,
particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas
que podrán realizar, así como de los requisitos que deberán cumplir en el
Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para que se
modifiquen esas condiciones.
Artículo 38
1. Los
Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar a los trabajadores
migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a
la autorización que tengan de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al
hacerlo, los Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y
obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares
particularmente en sus Estados de origen.
2. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser informados
plenamente de las condiciones en que estén autorizadas esas ausencias
temporales.
Artículo 39
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de movimiento
en el territorio del Estado de empleo y a escoger libremente en él su
residencia.
2. Los
derechos mencionados en el párrafo 1º del presente artículo no estarán sujetos
a ninguna restricción, salvo las que estén establecidas por ley, sean necesarias
para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean congruentes con
los demás derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 40
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el derecho a establecer
asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la
protección de sus intereses económicos, sociales, culturales y de otra índole.
2. No
podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese derecho, salvo las que
prescriba la ley y resulten necesarias en una sociedad democrática en interés
de la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y
libertades de los demás.
Artículo 41
1. Los trabajadores
migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos
públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones
celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.
2. Los
Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su
legislación, el ejercicio de esos derechos.
Artículo 42
1. Los
Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer procedimientos o
instituciones que permitan tener en cuenta, tanto en los Estados de origen como
en los Estados de empleo, las necesidades, aspiraciones u obligaciones
especiales de los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán
también, según proceda, la posibilidad de que los trabajadores migratorios y
sus familiares tengan en esas instituciones sus propios representantes
libremente elegidos.
2. Los
Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su legislación nacional, la
consulta o la participación de los trabajadores migratorios y sus familiares en
las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades
locales.
3. Los
trabajadores migratorios podrán disfrutar de derechos políticos en el Estado de
empleo si ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, les concede tales
derechos.
Artículo 43
1. Los
trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los
nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) El
acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos
de          admisión y otras reglamentaciones de las instituciones y servicios
de que se trate;
b) El
acceso a servicios de orientación profesional y colocación;
c) El
acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento;
d) El
acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la
protección
contra la explotación en materia de alquileres;
e) El
acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los
requisitos establecidos para la participación en los planes
correspondientes;
f) El
acceso a las cooperativas y empresas en régimen de autogestión, sin que ello
implique    un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con
sujeción a las normas y los       reglamentos por que se rijan los órganos
interesados.
g) El
acceso a la vida cultural y a la participación en ella.
2. Los
Estados Partes promoverán condiciones que garanticen una efectiva igualdad de
trato, a fin de que los trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos
enunciados en el párrafo 1º del presente artículo, siempre que las condiciones
establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización del Estado de
empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.
3. Los
Estados de empleo no impedirán que un empleador de trabajadores migratorios
instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos. Con sujeción a
lo dispuesto en el artículo 70 de la presente Convención, el Estado de empleo
podrá subordinar la instalación de esos servicios a los requisitos generalmente
exigidos en ese Estado en relación con su instalación.
Artículo 44
1. Los
Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la
sociedad y del Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la
protección de la unidad de la familia del trabajador migratorio.
2. Los
Estados Partes tomarán las medidas que estimen apropiadas y entren en la esfera
de su competencia para facilitar la reunión de los trabajadores migratorios con
sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio
una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, al igual que con sus hijos solteros menores de edad
que estén a su cargo.
3. Los
Estados de empleo, por razones humanitarias, considerarán favorablemente
conceder un trato igual al previsto en el párrafo 2º del presente artículo a
otros familiares de los trabajadores migratorios.
Artículo 45
1. Los
familiares de los trabajadores migratorios gozarán, en el Estado de empleo, de
igualdad de trato respecto de los nacionales de ese Estado en relación con:
a) El
acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos
de          ingreso y a otras normas de las instituciones y los servicios de
que se trate;
b) El
acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, a          condición
de que se cumplan los requisitos para la participación en ellos;
c) El
acceso a servicios sociales y de salud, a condición de que se cumplan los
requisitos   para la participación en los planes correspondientes;
d) El
acceso a la vida cultural y la participación en ella.
2. Los
Estados de empleo, en colaboración con los Estados de origen cuando proceda,
aplicarán una política encaminada a facilitar la integración de los hijos de
los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo
tocante a la enseñanza del idioma local.
3. Los
Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de los trabajadores
migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando proceda, los
Estados de origen colaborarán a esos efectos.
4. Los
Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza de la lengua
materna de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los
Estados de origen si ello fuese necesario.
Artículo 46
Los
trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a la
legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos internacionales
pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su participación
en uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de
importación y exportación por sus efectos personales y enseres domésticos, así
como por el equipo necesario para el desempeño de la actividad remunerada para
la que hubieran sido admitidos en el Estado de empleo:
a) En el
momento de salir del Estado de origen o del Estado de residencia habitual;
b) En el
momento de su admisión inicial en el Estado de empleo;
c) En el
momento de su salida definitiva del Estado de empleo;
d) En el
momento de su regreso definitivo al Estado de origen o al Estado de residencia   habitual.
Artículo 47
1. Los
trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros,
en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares del
Estado de empleo a su Estado de origen o a cualquier otro Estado. Esas
transferencias se harán con arreglo a los procedimientos establecidos en la
legislación aplicable del Estado interesado y de conformidad con los acuerdos
internacionales aplicables.
2. Los
Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar dichas
transferencias.
Artículo 48
1. Sin
perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble tributación, los trabajadores
migratorios y sus familiares, en lo que respecta a los ingresos en el Estado de
empleo:
a) No
deberán pagar impuestos, derechos ni gravámenes de ningún tipo que sean más          elevados
o gravosos que los que deban pagar los nacionales en circunstancias análogas;
b) Tendrán
derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a las          desgravaciones
tributarias aplicables a los nacionales en circunstancias análogas, incluidas    las
desgravaciones tributarias por familiares a su cargo.
2. Los
Estados Partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar que los
ingresos y ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto
de doble tributación.
Artículo 49
1. En los
casos en que la legislación nacional exija autorizaciones separadas de
residencia y de empleo, los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores
migratorios una autorización de residencia por lo menos por el mismo período de
duración de su permiso para desempeñar una actividad remunerada.
2. En los
Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la libertad de
elegir una actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores
migratorios se encuentran en situación irregular, ni se les retirará su
autorización de residencia, por el sólo hecho del cese de su actividad
remunerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo o
autorización análoga.
3. A fin de
permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2º del
presente artículo tengan siempre suficiente para encontrar otra actividad
remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por
un período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a prestaciones de
desempleo.
Artículo 50
1. En caso
de fallecimiento de un trabajador migratorio o de disolución del matrimonio, el
Estado de empleo considerará favorablemente conceder autorización para
permanecer en él a los familiares de ese trabajador migratorio que residan en
ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el Estado de empleo
tendrá en cuenta el período de tiempo que esos familiares hayan residido en él.
2. Se dará
a los familiares a quienes no se conceda esa autorización tiempo razonable para
arreglar sus asuntos en el Estado de empleo antes de salir de él.
3. No podrá
interpretarse que las disposiciones de los párrafos 1º y 2º de este artículo
afectan adversamente al derecho a permanecer y trabajar concedido a esos
familiares por la legislación del Estado de empleo o por tratados bilaterales y
multilaterales aplicables a ese Estado.
Artículo 51
No se
considerará que se encuentren en situación irregular los trabajadores
migratorios que en el Estado de empleo no estén autorizados a elegir libremente
su actividad remunerada, ni tampoco se les retirará su autorización de
residencia por el sólo hecho de que haya cesado su actividad remunerada con
anterioridad al vencimiento de su permiso de trabajo, excepto en los casos en
que la autorización de residencia dependa expresamente de la actividad
remunerada específica para la cual hayan sido aceptados. Dichos trabajadores
migratorios tendrán derecho a buscar otros empleos, participar en programas de
obras públicas y readiestrarse durante el período restante de su permiso de
trabajo, con sujeción a las condiciones y limitaciones que se establezcan en
dicho permiso.
Artículo 52
1. Los
trabajadores migratorios tendrán en el Estado de empleo libertad de elegir su
actividad remunerada, con sujeción a las restricciones o condiciones
siguientes.
2. Respecto
de cualquier trabajador migratorio, el Estado de empleo podrá:
a)
Restringir el acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o
actividades,         cuando ello sea necesario en beneficio del Estado y esté
previsto por la legislación
nacional;
b)
Restringir la libre elección de una actividad remunerada de conformidad con su          legislación
relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales          adquiridas
fuera del territorio del Estado de empleo. Sin embargo, los Estados Partes          interesados
tratarán de reconocer esas calificaciones.
3. En el
caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso de trabajo sea de tiempo
limitado, el Estado de empleo también podrá:
a)
Subordinar el derecho de libre elección de una actividad remunerada a la
condición de     que el trabajador migratorio haya residido legalmente en el
territorio del Estado de empleo       para los fines de ejercer una actividad
remunerada por un período de tiempo determinado        en la legislación
nacional de dicho Estado que no sea superior a dos años;
b) Limitar
el acceso del trabajador migratorio a una actividad remunerada en aplicación de
una política de otorgar prioridad a sus nacionales o a las personas que
estén asimiladas a         sus nacionales para esos fines en virtud de la
legislación vigente o de acuerdos bilaterales o        multilaterales. Las
limitaciones de este tipo no se aplicarán a un trabajador migratorio que          haya
residido legalmente en el territorio del Estado de empleo para los fines de
ejercer una         actividad remunerada por un período determinado en la
legislación nacional de dicho   Estado que no sea superior a cinco años.
4. El
Estado de empleo fijará las condiciones en virtud de las cuales un trabajador
migratorio que haya sido admitido para ejercer un empleo podrá ser autorizado a
realizar trabajos por cuenta propia. Se tendrá en cuenta el período durante el
cual el trabajador haya residido legalmente en el Estado de empleo.
Artículo 53
1. Los
familiares de un trabajador migratorio cuya autorización de residencia o
admisión no tenga límite de tiempo o se renueve automáticamente podrán elegir
libremente una actividad remunerada en las mismas condiciones aplicables a
dicho trabajador migratorio de conformidad con el artículo 52 de la presente
Convención.
2. En
cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a quienes no se les permita
elegir libremente su actividad remunerada, los Estados Partes considerarán
favorablemente darles prioridad, a efectos de obtener permiso para ejercer una actividad
remunerada, respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión en el
Estado de empleo, con sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales
aplicables.
Artículo 54
1. Sin
perjuicio de las condiciones de sus autorización de residencia o de su permiso
de trabajo ni de los derechos previstos en los artículos 25 y 27 de la presente
Convención, los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto
de los nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) La
protección contra los despidos;
b) Las
prestaciones de desempleo;
c) El
acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el desempleo;
d) El
acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse término a otra
actividad    remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 52 de la
presente Convención.
2. Si un
trabajador migratorio alega que su empleador ha violado las condiciones de su
contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades competentes
del Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 18 de la
presente Convención.
Artículo 55
Los
trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso para ejercer una actividad
remunerada, con sujeción a las condiciones adscritas a dicho permiso, tendrán
derecho a igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en
el ejercicio de esa actividad remunerada.
Artículo 56
1. Los
trabajadores migratorios y sus familiares a los que se refiere la presente
Parte de la Convención no podrán ser expulsados de un Estado de empleo salvo
por razones definidas en la legislación nacional de ese Estado y con sujeción a
las salvaguardias establecidas en la parte III.
2. No se
podrá recurrir a la expulsión como medio de privar a un trabajador migratorio o
a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de residencia y
el permiso de trabajo.
3. Al
considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio o a un familiar suyo,
deben tenerse en cuenta consideraciones de carácter humanitario y también el
tiempo que la persona de que se trate lleve residiendo en el Estado de empleo.
PARTE V
Disposiciones aplicables a categorías
particulares de trabajadores migratorios y sus familiares
Artículo 57
Los
trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las categorías
particulares enumeradas en la presente Parte de la Convención que estén
documentados o en situación regular gozarán de los derechos establecidos en la
parte III, y, con sujeción a las modificaciones que se especifican a
continuación, de los derechos establecidos en la parte IV.
Artículo 58
1. Los
trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del párrafo 2º del artículo
2º de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la parte
IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el
territorio del Estado de empleo, teniendo en cuenta que no han establecido su
residencia habitual en dicho Estado.
2. Los
Estados de empleo considerarán favorablemente la posibilidad de otorgar a los
trabajadores fronterizos el derecho a elegir libremente una actividad
remunerada luego de un período determinado. El otorgamiento de ese derecho no
afectará a su condición de trabajadores fronterizos.
Artículo 59
1. Los
trabajadores de temporada, definidos en el inciso b) del párrafo 2º del
artículo 2º de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en
la parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo
en el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición
de trabajadores de temporada en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho de que
se encuentran en ese Estado sólo una parte del año.
2. El
Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este artículo, examinará la
conveniencia de conceder a los trabajadores de temporada que hayan estado
empleados en su territorio durante un período de tiempo considerable la
posibilidad de realizar otras actividades remuneradas, otorgándoles prioridad
respecto de otros trabajadores que traten de lograr admisión de ese Estado, con
sujeción a los acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
Artículo 60
Los
trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del párrafo 2º del artículo
2º de la presente Convención, gozarán de todos los derechos reconocidos en la
parte IV que puedan corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en
el territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con su condición de
trabajadores itinerantes es ese Estado.
Artículo 61
1. Los
trabajadores vinculados a un proyecto, definidos en el inciso f) del párrafo 2
del artículo 2 de la presente Convención, y sus familiares gozarán de los
derechos reconocidos en la parte IV salvo los establecidos en los incisos b) y
c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43
en lo referente a los planes sociales de vivienda, en el inciso b) del párrafo
1 del artículo 45 y en los artículos 52 a 55.
2. Si un
trabajador vinculado a un proyecto alega que su empleador ha violado las
condiciones de su contrato de trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las
autoridades competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el empleador,
según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la presente Convención.
3. Con
sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, los
Estados Partes procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un
proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de
sus Estados de origen o de residencia habitual durante el tiempo que estén vinculados
al proyecto. Los Estados Partes interesados tomarán medidas apropiadas a fin de
evitar toda denegación de derechos o duplicación de pagos a este respecto.
4. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente Convención y en los
acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, los Estados Partes
interesados permitirán que los ingresos de los trabajadores vinculados a un
proyecto se abonen en su Estado de origen o de residencia habitual.
Artículo 62
1. Los
trabajadores con empleo concreto, definidos en el inciso g) del párrafo 2 del
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la
parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c) del párrafo 1
del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 43 en lo referente
a los planes sociales de vivienda, en el artículo 52 y en el inciso d) del
párrafo 1 del artículo 54.
2. Los
familiares de los trabajadores con empleo concreto gozarán de los derechos que
se les reconoce a los familiares de los trabajadores migratorios en la parte IV
de la presente Convención, con excepción de lo dispuesto en el artículo 53.
Artículo 63
1. Los
trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso h) del párrafo 2 del
artículo 2 de la presente Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la
parte IV, salvo los que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que
tienen contrato de trabajo.
2. Sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52 y 79 de la presente Convención,
la terminación de la actividad económica de los trabajadores por cuenta propia
no acarreará de suyo el retiro de la autorización para que ellos o sus
familiares permanezcan en el Estado de empleo o se dediquen en él a una
actividad remunerada, salvo cuando la autorización de residencia dependa
expresamente de la actividad remunerada concreta para la cual fueron admitidos.
PARTE VI
Promoción de condiciones satisfactorias,
equitativas, dignas
y lícitas en relación con la migración
internacional de los
trabajadores y sus familiares
Artículo 64
1. Sin
perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la presente Convención, los
Estados Partes interesados se consultarán y colaborarán entre sí, según sea
apropiado, con miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y
dignas en relación con la migración internacional de trabajadores y sus
familiares.
2. A ese
respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y recursos
de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales
y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las
consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate.
Artículo 65
1. Los
Estados Partes mantendrán servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas
con la migración internacional de trabajadores y sus familiares. Sus funciones
serán, entre otras:
a) La
formulación y la ejecución de políticas relativas a esa clase de migración;
b) El
intercambio de información, las consultas y la cooperación con las autoridades          competentes
de otros Estados Partes interesados en esa clase de migración;
c) El
suministro de información apropiada, en particular a empleadores, trabajadores
y sus          organizaciones, acerca de las políticas, leyes y reglamentos
relativos a la migración y el     empleo, los acuerdos sobre migración
concertados con otros Estados y otros temas         pertinentes;
d) El
suministro de información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios
y sus          familiares en lo relativo a las autorizaciones y formalidades y
arreglos requeridos para la        partida, el viaje, la llegada, la estancia,
las actividades remuneradas, la salida y el regreso,    así como en lo relativo
a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de empleo las    normas
aduaneras, monetarias y tributarias y otras leyes y reglamentos pertinentes.
2. Los
Estados Partes facilitarán, según corresponda, la provisión de servicios
consulares adecuados y otros servicios que sean necesarios para atender a las
necesidades sociales, culturales y de otra índole de los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
Artículo 66
1. Con
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, el derecho a realizar
operaciones para la contratación de trabajadores en otro Estado sólo
corresponderá a:
a) Los
servicios u organismos públicos del Estado en el que tengan lugar esas          operaciones;
b) Los
servicios u organismos públicos del Estado de empleo sobre la base de un
acuerdo      entre los Estados interesados;
c) Un
organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral.
2. Con
sujeción a la autorización, la aprobación y la supervisión de las autoridades
públicas de los Estados Partes, interesados que se establezcan con arreglo a
las legislaciones y prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que
organismos, futuros empleadores o personas que actúen en su nombre realicen las
operaciones mencionadas.
Artículo 67
1. Los
Estados Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apropiada en la
adopción de medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores
migratorios y sus familiares al Estado de origen cuando decidan regresar,
cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando se encuentren en
situación irregular en el Estado de empleo.
2. Por lo
que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren
en situación regular, los Estados Partes interesados cooperarán de la manera
que resulte apropiada, en las condiciones convenidas por esos Estados, con
miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su reasentamiento y para
facilitar su reintegración social y cultural duradera en el Estado de origen.
Artículo 68
1. Los
Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito, colaborarán con miras a impedir
y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los
trabajadores migratorios en situación irregular. Entre las medidas que se
adopten con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado interesado, se
contarán:
a) Medidas
adecuadas contra la difusión de información engañosa en lo concerniente a la      emigración
y la inmigración;
b) Medidas
para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de
trabajadores        migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas
a las personas, grupos o       entidades que organicen o dirijan esos
movimientos o presten asistencia a tal efecto;
c) Medidas
para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos o entidades que hagan         uso
de la violencia o de amenazas o intimidación contra trabajadores migratorios o
sus          familiares en situación irregular.
2. Los
Estados de empleo adoptarán todas las medidas necesarias y efectivas para
eliminar la contratación en su territorio de trabajadores migratorios en
situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones a
los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no menoscabarán los derechos
de los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación con su
empleo.
Artículo 69
1. Los
Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares
suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa
situación no persista.
2. Cuando
los Estados Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la
situación de dichas personas de conformidad con la legislación nacional y los
acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables, se tendrán debidamente en
cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su estancia en los
Estados de empleo y otras consideraciones pertinentes, en particular las
relacionadas con su situación familiar.
Artículo 70
Los Estados
Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las aplicadas a sus
nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los
trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en
consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los
principios de la dignidad humana.
Artículo 71
1. Los
Estados Partes facilitarán, siempre que sea necesario, la repatriación al
Estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o de
sus familiares.
2. En lo
tocante a las cuestiones relativas a la indemnización por causa de
fallecimiento de un trabajador migratorio o de uno de sus familiares, los
Estados Partes, según proceda, prestarán asistencia a las personas interesadas
con miras a lograr el pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo de dichas
cuestiones se realizará sobre la base del derecho nacional aplicable de conformidad
con las disposiciones de la presente Convención y de los acuerdos bilaterales o
multilaterales pertinentes.
PARTE VII
Aplicación de la Convención
Artículo 72
1. a) Con
el fin de observar la aplicación de la presente Convención se establecerá un
Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores, migratorios y
de sus familiares (denominado en adelante "el Comité");
b) El
Comité estará compuesto, en el momento en que entre el vigor la presente
Convención, de diez expertos y, después de la entrada en vigor de la Convención
para el cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce expertos de gran
integridad moral, imparciales y de reconocida competencia en el sector abarcado
por la Convención.
2. a) Los
miembros del Comité serán elegidos en votación secreta por los Estados Partes
de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Se prestará la
debida consideración a la distribución geográfica equitativa, incluyendo tanto
Estados de origen como Estados de empleo, y a la representación de los
principales sistemas jurídicos. Cada Estado Parte podrá proponer la candidatura
de una persona elegida entre sus propios nacionales;
b) Los
miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a título personal.
3. La
elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente Convención, y las elecciones subsiguientes se
celebrarán cada dos años. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada
elección, el Secretario General de la Naciones Unidas dirigirá una carta a
todos los Estados Partes para invitarlos a que presenten sus candidaturas en un
plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden
alfabético de todos los candidatos, en la que indicará los Estados Partes que los
han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más tardar un mes antes
de la fecha de la correspondiente elección, junto con las notas biográficas de
los candidatos.
4. Los
miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que
será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de la
Naciones Unidas. En la reunión, para la cual constituirá quórum dos tercios de
los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que
obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los
Estados Partes presentes y votantes.
5. a) Los
miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de
cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la
reunión de los Estados Partes designará por sorteo los nombres de esos cinco
miembros;
b) La
elección de los cuatro miembros adicionales  del Comité se realizará de
conformidad con las disposiciones de los párrafos 2º, 3º y 4º del presente
artículo, inmediatamente después de la entrada en vigor de la Convención para
el cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos de los miembros
adicionales elegidos en esa ocasión expirará al cabo de dos años; el Presidente
de la reunión de los Estados Partes designará por sorteo el nombre de esos
miembros;
c) Los
miembros del Comité podrán ser reelegidos si su candidatura vuelve a
presentarse.
6. Si un
miembro del Comité fallece o renuncia o declara que por algún otro motivo no
puede continuar desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que
presentó la candidatura de ese experto nombrará a otro experto de entre sus
propios nacionales para que cumpla la parte restante del mandato. El nuevo
nombramiento quedará sujeto a la aprobación del Comité.
7. El
Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los
servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité.
8. Los
miembros del Comité percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las
Naciones Unidas en los términos y condiciones que decida la Asamblea General.
9. Los
miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e
inmunidades de los expertos en misión de las Naciones Unidas que se estipulan
en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades
de las Naciones Unidas[11].
Artículo 73
1. Los
Estados Partes presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, para
su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales,
administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las
disposiciones de la presente Convención:
a) En el
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado
Parte de que se trate;
b) En lo
sucesivo, cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite.
2. En los
informes presentados con arreglo al presente artículo se indicarán también los
factores y las dificultades, según el caso, que afecten a la aplicación de la
Convención y se proporcionará información acerca de las características de las
corrientes de migración que se produzcan en el Estado Parte de que se trate.
3. El
Comité establecerá las demás directrices que corresponda aplicar respecto del
contenido de los informes.
4. Los
Estados Partes darán una amplia difusión pública a sus informes en sus propios
países.
Artículo 74
1. El
Comité examinará los informes que presente cada Estado Parte y transmitirá las
observaciones que considere apropiadas al Estado Parte interesado. Ese Estado
Parte podrá presentar al Comité sus comentarios sobre cualquier observación
hecha por el Comité con arreglo al presente artículo. Al examinar esos
informes, el Comité podrá solicitar a los Estados Partes que presenten
información complementaria.
2. El
Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida antelación a la
apertura de cada período ordinario de sesiones del Comité, transmitirá al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo copias de los informes
presentados por los Estados Partes interesados y la información pertinente para
el examen de esos informes, a fin de que la Oficina pueda proporcionar al
Comité los conocimientos especializados de que disponga respecto de las
cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro del ámbito de
competencia de la Organización Internacional del Trabajo. El Comité examinará
en sus deliberaciones, los comentarios y materiales que la Oficina pueda
proporcionarle.
3. El
Secretario General de las Naciones Unidas podrá también, tras celebrar
consultas con el Comité, transmitir a otros organismos especializados, así como
a las organizaciones intergubernamentales, copias de las partes de esos
informes que sean de su competencia.
4. El
Comité podrá invitar a los organismos especializados y órganos de las Naciones
Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y demás órganos
interesados, a que presenten, para su examen por el Comité, información escrita
respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención que caigan dentro
del ámbito de sus actividades.
5. El
Comité invitará a la Oficina Internacional del Trabajo a nombrar representantes
para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones.
6. El
Comité podrá invitar a representantes de otros organismos especializados y
órganos de las Naciones Unidas, así como de organizaciones
intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados en las sesiones cuando
se examinen cuestiones que caigan dentro del ámbito de su competencia.
7. El
Comité presentará un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la aplicación de la presente Convención, en el que expondrá sus propias
opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, en el examen de los
informes de los Estados Partes y en las observaciones que éstos presenten.
8. El
Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes anuales del
Comité a los Estados Partes en la presente Convención, al Consejo Económico y
Social, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras organizaciones
pertinentes.
Artículo 75
1. El
Comité aprobará su propio reglamento.
2. El
Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
3. El
Comité se reunirá ordinariamente todos los años.
4. Las
reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en la Sede de las Naciones                        Unidas.
Artículo 76
1. Todo
Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, con
arreglo a este artículo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y
examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro Estado
Parte no cumple sus obligaciones dimanadas de la presente Convención. Las
comunicaciones presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir y
examinar si las presenta un Estado Parte que ha hecho una declaración por la
cual reconoce con respecto a sí mismo la competencia del Comité. El Comité no
recibirá ninguna comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya
hecho esa declaración. Las comunicaciones que se reciban conforme a este
artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento:
a) Si un
Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado Parte no está
cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente Convención, podrá,
mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese
Estado Parte. El Estado Parte podrá también informar al Comité del asunto.
En un plazo de tres
meses contado desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor
ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u otra exposición
por escrito en la que aclare el asunto y que, en la medida de lo posible
pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos
valer, pendientes o existentes sobre la materia;
b) Si el
asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes interesados dentro
de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor,
cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité, mediante notificación
cursada al Comité y al otro Estado;
c) El
Comité examinará el asunto que se le haya referido sólo después de haberse
cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos
internos sobre la materia, de conformidad con los principios de derecho
internacional generalmente reconocidos. No se aplicará esta norma cuando, a juicio
del Comité, la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente;
d) Con
sujeción a lo dispuesto en el inciso c) del presente párrafo, el Comité pondrá
sus buenos oficios a disposición de los Estados Partes interesados con miras a
llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto a las
obligaciones establecidas en la presente Convención;
e) El
Comité celebrará sesiones privadas cuando examine comunicaciones con arreglo al
presente artículo;
f) En todo
asunto que se le refiera de conformidad con el inciso b) del presente párrafo,
el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados, que se mencionan en el
inciso b), que faciliten cualquier otra información pertinente;
g) Ambos
Estados Partes interesados, conforme a lo mencionado en el inciso b) del
presente párrafo, tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea
examinado por el Comité y a hacer declaraciones oralmente o por escrito;
h) El
Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de la
notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presentará un
informe, como se indica a continuación:
i) Si se
llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d) del presente
párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y
de la solución a la que se haya llegado;
ii) Si no
se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d), el Comité
indicará en su informe los hechos pertinentes relativos al asunto entre los
Estados Partes interesados. Se anexarán al informe las declaraciones por
escrito y una relación de las declaraciones orales hechas por los Estados
Partes interesados. El Comité podrá también transmitir únicamente a los Estados
Partes interesados cualesquiera observaciones que considere pertinentes al
asunto entre ambos.
En todos los casos
el informe se transmitirá a los Estados  Partes interesados.
2. Las
disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados
Partes en la presente Convención hayan hecho una declaración con arreglo al
párrafo 1º del presente artículo. Los Estados Partes depositarán dichas
declaraciones en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien
remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá
retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al secretario
General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente
artículo; después de que el Secretario General haya recibido la notificación de
retiro de la declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones de ningún
Estado Parte con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte
interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 77
1. Todo
Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento, con
arreglo al presente artículo, que reconoce la competencia del Comité para
recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su
jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado Parte ha violado los
derechos individuales que les reconoce la presente Convención. El Comité no
admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa
declaración.
2. El
Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad con el
presente artículo que sea anónima o que, a su juicio, constituya una abuso del
derecho a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con las
disposiciones de la presente Convención.
3. El
Comité no examinará comunicación alguna presentada por una persona de
conformidad con el presente artículo a menos que se haya cerciorado de que:
a) La misma
cuestión no ha sido, ni está siendo examinada en otro procedimiento de
investigación o solución internacional;
b) La
persona ha agotado todos los recursos que existan en la jurisdicción interna;
no se aplicará esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de los
recursos se prolongue injustificadamente o no ofrezca posibilidades de dar un
amparo eficaz a esa persona.
4. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º del presente artículo, el Comité
señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con el presente
artículo a la atención del Estado Parte en la presente Convención que haya
hecho una declaración conforme al párrafo uno y respecto del cual se alegue que
ha violado una disposición de la Convención. En un plazo de seis meses, el
Estado receptor proporcionará al Comité una explicación u otra exposición por
escrito en la que aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva
que haya adoptado.
5. El
Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente
artículo a la luz de toda la información presentada por la persona o en su
nombre y por el Estado Parte de que se trate.
6. El
Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las comunicaciones
presentadas conforme al presente artículo.
7. El
Comité comunicará sus opiniones al Estado Parte de que se trate y a la persona
que haya presentado la comunicación.
8. Las
disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando diez Estados
Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace
referencia en el párrafo 1 del presente artículo. Los Estados Partes
depositarán dichas declaraciones en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda
declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida
al Secretario General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine
cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
del presente artículo; después de que el Secretario General haya recibido la
notificación de retiro de la declaración no se recibirán nuevas comunicaciones
presentadas por una persona, o en su nombre, con arreglo al presente artículo,
a menos que el Estado Parte de que se trate haya hecho una nueva declaración.
Artículo 78
Las
disposiciones del artículo 76 de la presente Convención se aplicarán sin
perjuicio de cualquier procedimiento para solucionar las controversias o
denuncias relativas a la esfera de la presente Convención establecido en los
instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos especializados
o en convenciones aprobadas por ellos, y no privarán a los Estados Partes de
recurrir a otros procedimientos para resolver una controversia de conformidad
con convenios internacionales vigentes entre ellos.
PARTE VIII
Disposiciones Generales
Artículo 79
Nada de lo
dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de cada Estado Parte a
establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios
y de sus familiares. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con su situación
legal y el trato que se les dispense como trabajadores migratorios y familiares
de éstos, los Estados Partes estarán sujetos a las limitaciones establecidas en
la presente Convención.
Artículo 80
Nada de lo
dispuesto en la presente Convención deberá interpretarse de manera que
menoscabe las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de las
constituciones de los organismos especializados en que se definen las
responsabilidades respectivas de los diversos órganos de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados en relación con los asuntos de que se ocupa la
presente Convención.
Artículo 81
1. Nada de
lo dispuesto en la presente Convención afectará a ningún derecho o libertad más
favorable que se conceda a los trabajadores migratorios y a sus familiares en
virtud de:
a) El
derecho o la práctica de un Estado Parte; o
b) Todo
tratado bilateral o multilateral vigente para el Estado Parte interesado.
2. Nada de
lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse en el sentido de conceder
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o
realizar actos que puedan menoscabar cualquiera de los derechos o libertades
reconocidos en la presente Convención.
Artículo 82
1. Los
derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares previstos en la
presente Convención no podrán ser objeto de renuncia. No se permitirá ejercer
ninguna forma de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre sus
familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los derechos mencionados o
privarse de alguno de ellos. No se podrán revocar mediante contrato los
derechos reconocidos en la presente Convención. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar que se respeten esos principios.
Artículo 83
1. Cada uno
de los Estados Partes en la presente Convención se compromete a garantizar que:
a) Toda
persona cuyos derechos o libertades reconocidos en la presente Convención hayan
sido violados pueda obtener una reparación efectiva, aún cuando tal violación
haya sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales;
b) La
autoridad judicial, administrativa o legislativa competente, o cualquier otra
autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, decida sobre
la procedencia de la demanda de toda persona que interponga tal recurso, y que
se amplíen las posibilidades de obtener reparación por la vía judicial;
c) Las
autoridades competentes cumplan toda decisión en que el recurso se haya
estimado procedente.
Artículo 84
Cada uno de
los Estado Partes se compromete a adoptar las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones de la presente
Convención.
PARTE IX
Disposiciones finales
Artículo 85
El
Secretario General de las Naciones Unidas será depositario de la presente
Convención.
Artículo 86
1. La
presente Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados. Estará
sujeta a ratificación.
2. La
presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados.
3. Los
instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 87
1. La
presente Convención entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo
de tres meses contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto
de todo Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de su
entrada en vigor, la Convención entrará en vigor el primer día del mes
siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que ese
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 88
Los Estados
que ratifiquen la presente Convención o se adhieran a ella no podrán excluir la
aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 3º, podrán excluir de su aplicación a ninguna categoría
determinada de trabajadores migratorios.
Artículo 89
1. Todo
Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, una vez transcurridos
cinco años desde la fecha en que la Convención haya entrado en vigor para ese
Estado, mediante comunicación por escrito dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas.
2. La
denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente a la expiración de un
plazo de doce meses contado a partir de la fecha en que el Secretario General
de las Naciones Unidas haya recibido la comunicación.
3. La
denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte de las obligaciones
contraídas en virtud de la presente Convención respecto de ningún acto u
omisión que haya ocurrido antes de la fecha en que se hizo efectiva la
denuncia, ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de cualquier asunto
que se hubiere sometido a la consideración del Comité antes de la fecha en que
se hizo efectiva la denuncia.
4. A partir
de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de un Estado Parte, el Comité
no podrá iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado con ese Estado.
Artículo 90
1. Pasados
cinco años de la fecha en que la presente Convención haya entrado en vigor,
cualquiera de los Estados Partes en la misma podrá formular una solicitud de
enmienda de la Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará acto seguido
las enmiendas propuestas a los Estados Partes y les solicitará que le
notifiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una conferencia de
Estados Partes para examinar y someter a votación las propuestas. En el caso de
que, dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de dicha
comunicación, por lo menos un tercio  de los Estados Partes se pronuncie a
favor de la celebración de la conferencia, el Secretario General convocará la
conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada
por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes, en la conferencia se
presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Tales
enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los
Estados Partes en la presente Convención, de conformidad con sus respectivos
procedimientos constitucionales.
3. Cuando
tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que
las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados
por las disposiciones de la presente Convención y por toda enmienda anterior
que hayan aceptado.
Artículo 91
1. El
Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los
Estados Partes el texto de las reservas formuladas por los Estados en el
momento de la firma, la ratificación o la adhesión.
2. No se
aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la
presente Convención.
3. Toda
reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a
tal fin dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará
de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha de su
recepción.
Artículo 92
1. Toda
controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la
interpretación o la aplicación de la presente Convención y no se solucione
mediante negociaciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
organización del arbitraje, cualquiera de las partes podrá someter la
controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo
Estado Parte, en el momento de la firma o la ratificación de la Convención o de
su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo
1º del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese
párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa declaración.
3. Todo
Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2º del
presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 93
1. La
presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
2. El
Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas de la
presente Convención a todos los Estados.
EN TESTIMONIO DE LO
CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por
sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
II.  ANTECEDENTES
La Presidencia de la
Corte Constitucional recibió el día 18 de julio de 1994, la Ley 146 de 1994,
por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares".
Con fundamento en el
artículo 44 del decreto 2067 de 1991, que ordena someter al trámite ordinario
las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de tratados internacionales,
el Magistrado Sustanciador, por medio del auto del veintidós (22) de agosto de
1994, avocó el conocimiento de la norma, para lo cual decretó la práctica de
pruebas y ordenó la fijación en lista del negocio, con el fin de asegurar la
participación ciudadana prevista en los artículos 242, numeral 1 de la
Constitución y 7, inciso 2 , del decreto citado. Así mismo, dispuso el traslado
del negocio al despacho del Señor Procurador, quien rindió el concepto de
rigor.
Cumplidos los
tramites constitucionales y legales procede la Corte Constitucional a resolver.
II.   Pruebas
Por intermedio de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, el Magistrado Sustanciador
ofició al Ministro de Relaciones Exteriores para que informara, en el término
de 10 días, los pormenores de la celebración de la Convención.
Así mismo se ofició
a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que en el término de 10 días remitieran al proceso el
proyecto de ley, la exposición de motivos  y las actas de discusión y
aprobación de la ley ante las comisiones y las plenarias respectivas.
La existencia del
proceso se comunicó al Presidente de la República, a los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social y al Director del
Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S.
Por consiguiente,
obran en el expediente los siguientes documentos:
a-)  Los siguientes
ejemplares de la Gaceta del Congreso:
- Gaceta No. 319,
del 14 de septiembre de 1993.
- Gaceta No. 66, del
2 de junio de 1994
- Gaceta No. 76, del
15 de junio de 1994
- Gaceta No. 332,
del 24 de septiembre de 1993.
- Gaceta No. 355,
del 13 de octubre de 1993.
- Gaceta No. 431,
del 3 de diciembre de 1993.
- Gaceta No. 101,
del 27 de julio de 1994.
b-) Certificación
del Jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
fechada el 1 de septiembre de 1994, en la cual consta que la "Convención
Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares" no ha sido objeto de firma o adhesión por
parte de Colombia.
c-)  Informe del
secretario General de la Cámara de Representantes sobre el trámite de la ley,
fechado el 23 de septiembre de 1994.
d-)  Certificación
del Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República en relación a
la aprobación del proyecto de ley ante el Senado, fechada el 19 de septiembre
de 1994.
III.
Intervenciones
En el término legal
el Ministerio de Relaciones Exteriores intervino en el presente proceso. Por
medio del oficio de fecha 13 de octubre de 1994, el apoderado del ministerio
defendió la constitucionalidad de la convención objeto de estudio.
En su argumentación
considera este instrumento internacional como una herramienta para la efectiva
defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes, sin
desconocer el ordenamiento interno ni limitar la soberanía del Estado
Colombiano para regular la materia.
Así mismo, justifica
la conveniencia de ratificar la convención, con base en el alto índice de la
población colombiana que ha recurrido a la migración laboral como estrategia
para acceder a unas mejores condiciones de vida.  Considera el apoderado del
ministerio que la ratificación del instrumento permitirá que los integrantes de
este grupo de nacionales sean mejor tratados en el exterior.
El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social se pronunció, igualmente, en relación con la
ratificación de la convención sobre la protección de los derechos de los
trabajadores migratorios y sus familias. En oficio recibido por la Corte el 14
de octubre de 1994 se defiende, por parte del ministerio, la constitucionalidad
del instrumento. Se asegura que la convención no contraría ningún precepto
constitucional y que, por el contrario, se trata de un instrumento que hace
efectivo el principio de igualdad, al establecer una serie de garantías
adicionales que favorecen a un grupo débil de la población.
De manera
extemporánea, la Directora de Extranjería del D.A.S., presentó un escrito, en
el cual defiende la constitucionalidad de la convención.
IV. Concepto del
Procurador General de la Nación
El señor Procurador
General de la Nación, por medio del oficio 533 del 16 de noviembre de 1994,
rindió el concepto de rigor.
En primer término
analiza la competencia de esta Corporación  para ejercer el control
constitucional de la norma objeto de estudio. Concluye que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 241 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional tiene la misión de efectuar el control integral, previo y
automático de los tratados públicos.
A continuación
inicia el estudio de los aspectos formales de la convención.  Esta aún no ha
sido firmado por Colombia, por lo que no entra en el análisis de la competencia
del representante nacional en las etapas de negociación y celebración.
Posteriormente
estudia el trámite dado a la ley aprobatoria por parte del Congreso.  Luego de
determinar que no se trata de una ley que requiera de un trámite diferente al
ordinario, procede a cotejar los pasos establecidos por la Constitución y la
ley, con el proceso que efectivamente siguió la ley 146 de 1994. Concluye que
se han verificado los requisitos de rigor y que, por lo tanto, la norma no
adolece de nulidad formal.
Finalmente entra a
efectuar el estudio material del instrumento internacional. El análisis
realizado consiste en reseñar los aspectos más importantes de la convención,
destacando los derechos que consagra a favor de los trabajadores migratorios.
Con base en lo anterior, concluye que la norma debe ser declarada exequible,
dada la identidad casi perfecta entre lo dispuesto por el tratado y lo
establecido en la Carta Política.
III. FUNDAMENTOS
Primero.
Competencia
De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, esta Corte
es competente para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los
tratados internacionales y de las leyes que los aprueban.
Segundo.  Examen
formal y material de la Convención y de la ley 146 de 1994 "por medio de
la cual se aprueba LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, hecha en
Nueva York el 18 de diciembre de 1990".
El Convenio fue
adoptado y abierto para la firma, ratificación o adhesión, el 18 de diciembre
de 1990, por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de New York.
El 1 de Septiembre de 1994 el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de
Relaciones Exteriores certificó que Colombia no había firmado ni ratificado la
Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
Examen del
Cumplimiento de las formalidades constitucionales en la expedición de la ley
146 de 1994.
Aprobación
Presidencial:
El 1 de junio de
1993, el Presidente de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores
aprobaron la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, realizada en Nueva York el 18 de
diciembre de 1990 y la sometieron a la consideración del Congreso Nacional,
para los efectos constitucionales.
Trámite del
Proyecto ante el Senado de la República:
El 13 de agosto de
1993, la viceministra de Relaciones Exteriores, doctora Wilma Zafra de Turbay y
el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Fernando Ramírez Acuña,
presentaron a consideración del Senado de la República el texto correspondiente
a la Convención con el fin de que fuera revisado en compañía de la respectiva
exposición de motivos.
En la Secretaría
General del Senado de la República el texto fue identificado con el número de
proyecto 53 de 1993. A continuación fue repartido a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, para que allí se le diera el trámite de rigor.  Así
mismo una copia del texto recibido fue enviado a la Imprenta Nacional, con el
fin de que fuera publicado en la Gaceta Legislativa del Congreso, publicación
que se realizó el 14 de septiembre de 1993.  De esta manera se dio cumplimiento
al artículo 157, numeral 1 de la Constitución, que exige que todo proyecto de
ley sea publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la
comisión pertinente.
Fue designado como
ponente del proyecto el senador José Blackbourn.  La ponencia fue publicada el
24 de Septiembre de 1994. El 13 de octubre fue publicada la ponencia para el
segundo debate.
El 6 de octubre de
1993 se llevó a cabo el primer debate, resultando aprobado el proyecto por 11
de los 13 senadores, miembros de la Comisión Segunda del  Senado.  Esta
ponencia fue publicada el 13 de octubre del mismo año.
El 23 de noviembre
de 1993 se dio segundo debate al proyecto de ley 53, siendo aprobado por
unanimidad. Este debate fue publicado en la gaceta del 3 de diciembre de
1993.
Trámite ante
la Cámara de Representantes:
El 2 de junio de
1994 fueron publicadas las ponencias para  primero y segundo debates del
proyecto de ley aprobatorio de la Convención. Los ponentes ante esta
Corporación fueron los Representantes Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y Víctor
Manuel Tamayo. Ambas ponencias fueron favorables a la aprobación del tratado.
El 10 de mayo de
1994 se dio el primer debate ante la Comisión Segunda de la Cámara.  El
proyecto de ley fue aprobado por 12 representantes, tal como consta en la
certificación expedida por el Secretario General de dicha Comisión.
La Cámara de
Representantes, reunida en pleno, aprobó por unanimidad el proyecto de ley el 1
de junio de 1994. En la Gaceta del Congreso se efectuó la respectiva
publicación el  15 de junio de 1994.
De acuerdo con lo
anterior, el trámite dado a la ley 146 para su aprobación cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 157 y 160 de la Constitución Política.
El texto completo de
la ley 146 fue publicado en la Gaceta del Congreso el 27 de julio de 1994. El
13 de julio de 1994, el Gobierno sancionó el proyecto de ley, que fue enviado
cinco (5) días más tarde a esta Corporación para su estudio integral.
Examen desde el
punto de vista material
De acuerdo con la
Gran Enciclopedia Larousse migración se define como "desplazamiento de
individuos o de pueblos de un país a otro para establecerse en ellos, por
causas económicas sociales o políticas". Definición ante la cual un lector
desprevenido no capta las profundas consecuencias que implica dicho flujo de
población, tanto para el territorio de partida como para el de llegada.
Pese a la disparidad
de teorías acerca de los movimientos de población, la mayoría de los estudios
teóricos que se ocupan de ellos coinciden en otorgarles, al menos, el siguiente
papel:
a) Descongestión de
los lugares de origen, que enfrentaban sobrepoblamientos relativos.
b) Oferta de mano de
obra para los países receptores, supliendo las insuficiencias numéricas de la
población nativa y actuando como elemento depresor de los salarios al captar
condiciones de trabajo por debajo de las estipuladas legalmente.
El caso de la
industrialización de los Estados Unidos en la primera parte del siglo, con base
en mano de obra extranjera, expulsada de las hambrunas de Irlanda, de
Escandinavia, de los campesinos sin tierra de España, Portugal, Italia y
Grecia, ofrece un ejemplo que ilustra bien este proceso.
En la actualidad la
O.I.T. calcula que cerca de 70 millones de personas trabajan o viven en países
extranjeros, sin contar con los 12 millones de refugiados y apátridas.  Sin
embargo, no se trata, en modo alguno, de un fenómeno reciente. El hombre
siempre se ha dirigido hacia las regiones en las que ve posibilidades de
satisfacer sus necesidades básicas, y continuará haciéndolo mientras subsistan
los desequilibrios entre los espacios habitables.
Por lo general, los
flujos migratorios parten de regiones pobres y se dirigen hacia otras más
prosperas.  Esta circunstancia pone a los inmigrantes en un estado de
inferioridad en relación con la población nativa.  No sólo se encuentran lejos
de su lugar de origen (de su familia y de su comunidad) sino que la necesidad
los impulsa a aceptar condiciones laborales inferiores a las legalmente permitidas.
Así mismo, suelen ser objeto y discriminación por parte de las autoridades
locales, sobre todo en aquellos casos en los cuales han ingresado al país en el
que laboran sin cumplir los requisitos legales.
Los flujos laborales
migratorios vienen siendo objeto de preocupación por parte de la comunidad
internacional desde principios de siglo. En 1926 se firmó el primer convenio de
la O.I.T., relativo a los trabajadores migratorios. Sin embargo, el tema ha ido
aumentando en importancia con el paso del tiempo. Lo anterior se debe al cambio
en las condiciones de la economía mundial. Durante la postguerra las fronteras
de los países del norte de Europa se encontraban abiertas, mientras que  hoy en
día se han ido cerrando.  Buena parte de la mano de obra que se empleó en la
reconstrucción europea hoy está de sobra.
En los Estados
Unidos se enfrenta una situación similar. Al parecer no existen ya las
condiciones que permitieron la absorción de la mano de obra foránea durante
varias décadas. Actualmente, se pretende controlar al máximo la entrada de
extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales.
En Africa, Asia y
Latinoamérica, continúan presentándose fuertes movimientos de población en
búsqueda de oportunidades laborales.  Pese a las hondas diferencias de cada
fenómeno migratorio podría decirse que existe un elemento común:  se trata en
su mayoría de flujos ilegales, es decir que los individuos que los conforman no
cumplen con las disposiciones de los estados receptores, relativas a las
condiciones de ingreso.  Esto los convierte en un grupo extremadamente
vulnerable al maltrato y a la discriminación.
En estas
circunstancias la O.I.T. ha propiciado la suscripción de varios Convenios (el
97 de 1949, el 86 de 1947 y el 143 de 1975) y Recomendaciones (la 86 de 1949,
la 100 de 1955 y la 151 de 1975). Estos instrumentos buscan la protección de
esta clase de trabajadores, asegurando la satisfacción de sus necesidades
básicas en el trayecto hacia su lugar de trabajo y la igualdad de
oportunidades, trato y protección, una vez lleguen a su destino.  Sin embargo,
estos esfuerzos no ha sido suficientes.
La magnitud del
problema y el interés de los países desarrollados en controlar los flujos
ilegales, motivaron la participación de la  O.N.U. en el problema. Fue así cómo
el 18 de diciembre de 1990 se expidió la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares", cuya aprobación por parte de Colombia es actual objeto de
estudio.
El instrumento Internacional,
objeto de análisis es depositario de los siguientes objetivos:
1-) Garantizar la
protección de los derechos fundamentales a todo trabajador migratorio y
a los miembros de su núcleo familiar.
2-) Garantizar
derechos sociales y culturales a los trabajadores migratorios y las familias
que han ingresado legalmente.
3-) Reconocer la
importancia de los flujos migratorios en el mundo de hoy.
4-) Impedir la
explotación de los trabajadores migratorios. Reconocerles sus derechos básicos
e impedir que sean contratados en condiciones menos favorables.
5-) Propender a la
eliminación de los flujos ilegales.
La presente
Convención no presenta un planteamiento novedoso para Colombia.  El
Constituyente de 1991 se preocupó por garantizar la totalidad de los derechos a
los que esta se refiere, a todo habitante del territorio nacional, sin
considerar su procedencia u ocupación.
Una vez realizadas
las anteriores precisiones se entra de lleno a realizar el análisis de
constitucionalidad de la convención aprobada por la ley 146 de 1994.
PARTE I
Esta parte se ocupa
de delimitar los objetos de regulación que son materia del Convenio. También se
define el campo de aplicación de las normas y se establecen los criterios
básicos para su interpretación. Ninguna de las normas contenidas en esta parte
del Convenio suscita un problema jurídico que pueda poner en tela de juicio su
sometimiento al texto constitucional.
ART. 1: Campo de
aplicación.
ART. 2:  Concepto de
trabajador migratorio, establecimiento de clases de acuerdo a las
características de su permanencia en un país extranjero y al tipo de labor que
desempeña.
ART. 3:
Excepciones: Personas cobijadas por el derecho internacional, inversionistas,
refugiados y estudiantes.
ART. 4: Concepto de
familia a la que se refiere: Familia nuclear.
ART. 5: Establece la
distinción entre trabajadores extranjeros documentados y aquellos que se
encuentran en condiciones irregulares.
ART. 6: Conceptos de
Estado de origen, de empleo y de tránsito.
PARTE II
Esta parte contiene
un solo artículo en el que se establece que los Estados partes adquieren el
compromiso de aplicar a todo trabajador migratorio los derechos humanos
previstos en la Convención, sin ningún tipo de discriminación que afecte el
derecho de igualdad de los trabajadores migrantes.
La Constitución
política contempla el principio de igualdad en su artículo 13. Esta Corte ha
desarrollado ampliamente esta norma, señalando, entre otras cosas, que "la
aplicación efectiva de la igualdad en un determinada circunstancia no puede
ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que
afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos.  Sin que ello sea en manera
alguna óbice para hacerlo objeto de tratamiento igualitario. La vigencia del
derecho a la igualdad no excluye necesariamente el dar un tratamiento diferente
a sujetos colocados en las mismas condiciones, cuando exista motivo razonable
que lo justifique."  (Sentencia No. C-040 de 1993).
La igualdad es uno
de los derechos que mayor alcance y significado posee en la construcción de un
estado social de derecho. Desde esta perspectiva, no sólo son de una enorme
importancia los conceptos de igualdad en la ley y de igualdad en la aplicación
de la ley, sino  también la idea de una igualdad sustancial (inciso segundo
art. 13, C.P.) que permita crear condiciones sociales en las cuales este
derecho sea real y efectivo.  En este orden de ideas el artículo 7 del convenio
es perfectamente compatible con la Constitución y con la axiología política en
la cual ella se inspira.
PARTE III
Este apartado
garantiza a los trabajadores migratorios el reconocimiento y la protección de
los derechos fundamentales. Pretende, además, que los Estados se comprometan
activamente en la tarea de hacer efectivas estas garantías básicas. Es así cómo
abre la posibilidad de emprender acciones positivas en favor de este grupo de
trabajadores, con el fin de poner a sus integrantes en un plano de igualdad
real. De esta manera las disposiciones contenidas en la Convención gozarán de
una verdadera aplicación.
En términos
generales, estos preceptos no presentan ningún problema pues la Constitución
los reconoce para toda persona sin importar su procedencia o condición.  En
ocasiones, la Carta Política es aún más generosa que el mismo Convenio en el
reconocimiento y protección de los derechos. En estos eventos, es claro que la
norma constitucional cobija a los trabajadores foráneos de la misma manera que
a los demás habitantes del territorio nacional.
A continuación se
hace referencia a cada uno de los artículos contenidos en este segmento de la
Convención.
ART. 8: Consagra la
libertad de salir de cualquier Estado y regresar a su lugar de origen. Sin
embargo, establece posibles excepciones a esta regla general derivadas de un
mandato legal, de la seguridad nacional  o del orden público.
Esta norma es
compatible con el derecho fundamental a la libertad de locomoción e implica la
no injerencia del Estado en las decisiones relativas al sitio de permanencia de
las personas.
ART. 9:  Protege el
derecho a la vida
No hay duda de que
se trata de una norma acorde con el texto Constitucional. El artículo 11 de la
Carta de derechos reconoce en esta garantía el supuesto primordial del
ordenamiento jurídico y la base de todos los demás derechos.
ART. 10.  Prohibe
las torturas y los tratos crueles.
El texto
constitucional contempla esta garantía en su artículo 12. El derecho a la
integridad personal se conecta directamente con el derecho a la vida. Entraña
el reconocimiento de la dignidad del ser humano y proscribe la tortura como
instrumento de castigo, intimidación o como medio para obtener información.
ART. 11:  Prohibe la
esclavitud y los trabajos forzosos.
Esta prohibición se
encuentra consagrada en el artículo 17 de la Constitución
ART. 12. Consagra la
libertad de pensamiento, conciencia y religión.
La Constitución no
se limita a tolerar, la diversidad de religiones y creencias.  Además, el
carácter no confesional del Estado (C.P. Art. 1) entraña un reconocimiento de
la igualdad de religiones y creencias y les otorga la misma protección y
garantías (C.P. arts. 19 y 20).
ART. 13. Consagra la
libertad de opinión y de expresión.
El artículo 20 de la
C.P. garantiza a toda persona la posibilidad de expresar libremente su opinión
y la de recibir la información que considere necesaria.
ART. 14. Consagra el
derecho a la intimidad.
La Carta Política reconoce
a toda persona el derecho a mantener un espacio individual y familiar libre de
las injerencias institucionales. Esta garantía, fuertemente vinculada con el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, incluye también el derecho al
habeas data.
En relación a esta
garantía la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:
"El artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad
personal y familiar, en el que tradicionalmente se han entendido contenidas las
garantías de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica
la interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en
concordancia con las garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto
es, el derecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el
registro domiciliario sin orden judicial. El derecho fundamental a la intimidad
asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable,
ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la
vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su
personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema
social normalmente acarrea" (Sentencia t-210/94).
ART. 15. Consagra el
derecho a la propiedad privada.
Los artículos 58 a
64 de la C.P. imponen el respeto a varias formas de propiedad. No obstante, es
importante tener presente que este derecho incluye una función social y
ecológica que genera obligaciones a los titulares del mismo.
La prohibición de
expropiar arbitrariamente a los trabajadores migrantes no impide que el Estado
Colombiano pueda proceder a la expropiación por razones de equidad, en
cumplimiento de lo establecido por el último inciso el artículo 58 de la C.P.
Lo contrario constituiría un discriminación injustificada en favor de los
trabajadores extranjeros en detrimento del principio de igualdad.
ART. 16. Consagra
los derechos a la libertad y a la seguridad personal. Obliga al Estado a proteger
a los trabajadores y a sus familiares contra toda forma de violencia.  También
contempla el derecho al debido proceso, con características especiales debido a
la calidad de extranjeros de los titulares del derecho. Finalmente  impone al
Estado la  Obligación de indemnizar al trabajador víctima de detención o
prisión ilegal.
Uno de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho consiste en garantizar la seguridad y
la libertad de los habitantes del territorio nacional.  Dadas las especiales
condiciones de los trabajadores migratorios y en concordancia con el principio
de igualdad material, se puede afirmar que el Estado Colombiano tiene una
obligación especial de proteger a este grupo, en aquellos casos en los cuales
se encuentran en circunstancias de inferioridad y vulnerabilidad debido a su
condición de extranjeros.
La indemnización a
la que tiene derecho el trabajador foráneo que ha sido objeto de detención
ilegal es compatible con el artículo 90 de la Constitución.  Debe quedar en
claro, sin embargo, que la aplicación práctica y los efectos de esta
disposición, dependen del desarrollo jurisprudencial que lleven a cabo el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
ART. 17. Protege el
derecho al trato digno y al respeto de la identidad cultural en caso de
detención. Se establece que en el evento de que un trabajador migratorio sea
privado de la libertad, las autoridades competentes del Estado de que se trate,
le prestarán atención a los familiares, en particular al cónyuge e hijos
menores.
El artículo 70 de la
C.P. reconoce la dignidad e igualdad de todas las culturas que conviven en el
país sin excepción alguna. Por eso la constitucionalidad de esta norma no
suscita problema.
De otra parte, la
protección de los familiares del trabajador privado de la libertad, constituye
un asunto previsto por la legislación. En efecto, el código penitenciario y carcelario
en su artículo 155 establece que el INPEC, en coordinación con el ICBF, se
ocupará de la atención de los hijos menores de cualquier persona detenida.  Así
mismo el artículo 157 de la misma ley crea la posibilidad de brindar asistencia
a sus familiares.
Arts. 18 y 19.
Consagran el derecho al debido proceso en igualdad de condiciones a los
nacionales, así como el derecho a ser indemnizado en caso que la sentencia
condenatoria sea revocada o que el condenado sea indultado por haberse
producido o descubierto un hecho plenamente probatorio del error judicial.
El debido proceso es
uno de los derechos más celosamente garantizados por el constituyente. En el
artículo 29 se  elevan a norma constitucional los principios que lo rigen. La
indemnización a la que se refiere el numeral 6 del artículo 18 es
constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la
Constitución. Sin embargo, al igual que en el artículo 16 del Convenio que se
revisa, el alcance de esta norma está sujeta al desarrollo legal y
jurisprudencial.
ART. 20.  Prohibe la
pena de cárcel  por el incumplimiento de obligaciones contractuales.
En acuerdo con el
artículo 28 C.P. en el que se prohibe la prisión por deudas.
Art. 21:  Prohibe la
destrucción o confiscación de los documentos del trabajador, a menos que se
lleve a cabo por funcionarios debidamente autorizados.
El artículo 6 de la
C.P. establece que los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley
les permite, por lo que únicamente los autorizados por ella están en
posibilidad de retener los documentos de los inmigrantes.
Art.. 22.  Prohibe
la expulsión colectiva y contempla un debido proceso individual en el evento de
expulsión. Además, establece que cuando una decisión de expulsión ya
ejecutada sea posteriormente revocada, la persona interesada tendrá derecho a
reclamar indemnización conforme a la ley .
El artículo 29 C.P.
al establecer el derecho al debido proceso cobija la anterior situación. Nadie
puede ser expulsado del territorio nacional sin un proceso previo en el que
haya tenido la posibilidad de defenderse.
El restablecimiento
del derecho del trabajador injustamente expulsado es viable, no sólo a la luz
del artículo 90 de la Constitución, sino a través de todo el desarrollo legal y
jurisprudencial que se le ha dado a la responsabilidad del Estado por la
expedición de actos que posteriormente son anulados o revocados.
ART: 23: Hace
posible el acceso a la protección y asistencia de las autoridades consulares y
diplomáticas respectivas en caso de menoscabo de los derechos que la convención
les otorga.
ART 24 . Consagra el
derecho al reconocimiento de la personería jurídica.
En acuerdo con el
artículo 14 de la  C.P.
ART. 25. Contempla
el derecho a la igualdad en materia de condiciones laborales.
En acuerdo con
derechos establecidos en los arts. 25, 11 de la C.P y desarrollados en el
código laboral.
ART. 26. Contempla
el derecho a la asociación sindical y  a formar parte de un sindicato.
Se trata de Derechos
consagrados en el art. 39 de la C.P.. Esta garantía se compone de dos
elementos: 1)la libertad de asociación positiva, en cuanto se puede formar
sociedad con quien se desee y con cualquier fin legal y 2)la libertad negativa,
en cuanto el ingreso al sindicato es un acto voluntario.
La garantía
constitucional es todavía más amplia que la norma prevista en el convenio.
Siendo así, el trabajador migratorio tendrá derecho a la asociación sindical en
las condiciones establecidas por la Constitución y no sólo en las contempladas
por la Convención.
ART. 27. Consagra el
derecho a la seguridad social, en las mismas condiciones que los nacionales.
Derecho previsto en
el art. 48 de la C.P.
ART. 28. Contempla
el derecho a recibir atención médica en igualdad de condiciones de los
nacionales de urgencia,
.
Garantía establecida
en el art. 49 de la C.P.
ART. 29:  Derecho al
nombre y a la nacionalidad de los hijos de los trabajadores.
Previsto en el art.
44 de la C.P.
ART. 30:  Derecho a
la educación de los hijos de los trabajadores, en igualdad de condiciones a los
niños nacionales.
La Constitución
Política elevó a la categoría de fundamentales a los derechos de los niños,
siendo la educación uno de sus principales. En relación a la igualdad de oportunidades
en materia educativa esta corporación se ha referido a ella como "un
antídoto contra la arbitrariedad, la discriminación y el desconocimiento de las
desventajas relativas en que se encuentran las personas en circunstancias de
debilidad manifiesta" (Sentencia T-450/93).
ART. 31: Respeto de
la identidad cultural.
Garantía establecida
en el art. 70 de la C.P.
ART. 32:  Derecho a
la transferencia de ingresos y ahorros cuando terminen su período de estadía.
No presenta duda
respecto de su constitucionalidad debido a que se trata de una materia propia
del ámbito legal.
ART. 33:  Derecho a
recibir información sobre sus derechos y sobre requisitos de admisión.
Se encuentra
contenido en el derecho de petición (art. 23 C.P.)
ART. 34:  Obligación
del trabajador de cumplir las disposiciones legales de los Estados en los que
se encuentren y de respetar la identidad cultural de los mismos.
ART. 35:  Hace
énfasis en la aplicación de los derechos para los trabajadores que incluso no
se encuentran en situación regular.
PARTE IV
En este apartado la
Convención contempla la situación de los trabajadores migratorios que han
ingresado al país cumpliendo las disposiciones legales y que gozan de una
situación regular. Su propósito consiste en garantizar la igualdad de
oportunidades y de trato por parte de las autoridades entre los trabajadores
migratorios y los trabajadores nacionales. Para lograr este fin, es necesario
que el Estado receptor se haga responsable - por lo menos parcialmente - de la
suerte de las personas que han ingresado con su autorización al territorio
nacional.
La Convención impone
a los Estados partes una serie de obligaciones encaminadas a proteger al
trabajador extranjero, que podrían dar lugar a una protección privilegiada y,
en consecuencia, a una violación del principio de igualdad frente a los
trabajadores nacionales. A continuación se estudia el articulado teniendo en
cuenta esta probabilidad.
ART. 36:  Aplicación
de los derechos contenidos en esta parte para los trabajadores documentados.
ART. 37:  Derecho a
recibir información antes de partir, sobre las condiciones de su admisión y
registro.
Derechos contenidos
en los artículos 23 y 74 C.P.
ART. 38: Obligación
del Estado de permitir que los trabajadores se ausenten temporalmente sin que
ello implique la cancelación de su permiso de estadía.
Se trata de un
asunto legal, no perteneciente al ámbito constitucional.  La norma que regula
el ingreso de extranjeros al país lo permite.
ART. 39:  Derecho a
la libertad de locomoción.
Garantía establecida
en el artículo 24 C.P.
ART. 40:  Derecho de
asociación sindical
La Constitución
establece el derecho a la asociación sindical en su art. 39
ART. 41:  Derecho a
la participación en asuntos públicos y al voto en las elecciones de conformidad
con la legislación
Se trata de un
derecho que debe ser entendido no sólo en los términos de la ley, sino también
de acuerdo con lo prescrito por la Constitución Política en los artículos 40 y
100 referentes a la participación política y a los derechos civiles y políticos
de los extranjeros en Colombia, respectivamente.
ART. 42:
Posibilidad de que el Estado establezca medidas o instituciones que permitan
tener en cuenta las necesidades de los trabajadores migratorios. Obligación de
facilitar la participación de los trabajadores migratorios en las decisiones
relativas a la vida y a la administración de las comunidades locales.
Posibilidad
establecida en los artículos 40 y 100 de la C.P.
ART. 43:  Derecho a
la igualdad en el acceso a las instituciones educativas, acceso a los servicios
públicos, a la vivienda a las cooperativas, a la vida cultural, en el trato.
Manifestación
adicional del principio de igualdad, artículo 13 de la C.P.
ART. 44. Reconoce la
importancia de la unidad familiar y obliga al Estado a facilitar la reunión de
los trabajadores con sus respectivas familias.
Plenamente de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la C.P.
ART. 45.: Repetición
del artículo 43.
ART. 46:  Excepción
a los trabajadores migratorios del pago de impuestos por concepto de
importación y exportación de sus bienes de uso personal y enseres domésticos,
todo ello con sujeción a la legislación interna y a los acuerdos internacionales.
En principio se
trata de un asunto de orden legal, que no presenta problemas relativos a su
constitucionalidad.  Sin embargo, es necesario revisar la legislación vigente,
con el fin de prever posibles conflictos de aplicación del tratado.
Actualmente están
vigentes dos decretos sobre esta materia:  el 2057 de 1987 y el 1742 de 1990.
En ellos se establece que los efectos personales de los viajeros, cualquiera
que sea su origen o el interés en visitar el territorio nacional, así como los
elementos necesarios para el ejercicio de su profesión arte u oficio, se
encuentran exentos de impuestos por concepto de ingreso al país. Sin embargo,
el menaje doméstico, es decir los muebles, aparatos y accesorios propios de una
vivienda, están gravados con un arancel del 15% ad valorem. Esta norma, si bien
impone un pago inferior al que se pagaría al importar cualquiera de los bienes
que constituyen el menaje en condiciones normales, es más gravosa que la que se
contempla en el mismo Convenio.
En estas
circunstancias, para evitar problemas de aplicación práctica del tratado en
relación con la normatividad vigente, se debe establecer  una reserva por medio
de la cual el Estado colombiano pueda tratar de igual manera en materia
tributaria y arancelaria, a los trabajadores migratorios y a los demás viajeros
y habitantes del territorio nacional. De esta manera se salvaría el espíritu de
la Convención, que pretende que no se grave injustificadamente a los
trabajadores migratorios y que se les prodigue el mismo trato que a los
trabajadores nativos.
ART. 47:  Derecho a
realizar la transferencia de ingresos y ahorros.
En relación con el
derecho a la transferencia de los ingresos y ahorros de los trabajadores
migratorios la normatividad vigente no la prohibe, pero tampoco establece un
trato preferencial. Por lo tanto, para evitar problemas de aplicación, al igual
que el  artículo precedente deberá establecerse una reserva que permita otorgar
a los trabajadores migratorios el mismo trato que a los demás habitantes del
territorio nacional en esta materia.
ART. 48: Igualdad en
materia tributaria.
En acuerdo con el
artículo 13 de la C.P.
ART. 49. Consagra la
obligación estatal de conceder una autorización de residencia, al menos igual y
por el mismo tiempo que la autorización para laborar en los casos en que se
exijan autorizaciones separadas.
Problema
perteneciente a la esfera legal. Sin embargo, no se da el caso en Colombia,
pues se concede una única autorización que cobija la residencia y el trabajo de
la persona que ingresa al país.
ART. 50: Establece
la posibilidad de permanencia en favor de los familiares del trabajador que
haya muerto o cuando se haya disuelto el vínculo matrimonial.
Dada la situación de
especial desprotección en la que estas personas se encuentran, es constitucional
en los términos establecidos por el artículo 13 de la C.P.
ART. 51 :  No se
entenderá que el trabajador se encuentre en situación irregular por el solo
hecho de que haya cesado la actividad remunerada que desempeñaba, con la
excepción de que la autorización de su permanencia dependa del desempeño de una
actividad específica.
No se da el caso en
Colombia, pero en todo caso se trata de un problema legislativo y no
constitucional.
ART. 52:  Derecho a
la libertad de elegir la actividad laboral que se va a ejercer, aunque el
Estado puede limitarla en pro del interés público, o exigir determinada
calificación para el ejercicio de ciertas actividades, siempre de acuerdo con
la legislación. Así mismo contempla la posibilidad de limitar el acceso a
determinadas actividades con el fin de dar prioridad a los nacionales. La
limitación no puede ser aplicada a quien ha residido legalmente en el
territorio del estado por un plazo superior a cinco años.
Esta disposición
encuentra respaldo en el artículo 26 de la Constitución.
ART. 53: Libertad de
elección de la actividad remunerada para los familiares del trabajador, en las
condiciones previstas por el artículo anterior.
Garantía establecida
en el artículo 26 de la C.P..
ART. 54:  Igualdad
en la protección contra los despidos y el desempleo.
En acuerdo con los
artículos 13 y 25 de la C.P..
ART. 55: Igualdad en
el ejercicio de la actividad remunerada para la que obtuvieron permiso.
Derecho establecido
en los artículos 13 y 25 de la C.P..
ART. 56: Prohibición
de expulsión, salvo por las causales previstas en la legislación.
En armonía con  el
artículo 29 de la C.P.
PARTE V
En esta parte, se
especifican los derechos que corresponde a cada categoría de trabajadores
migratorios: fronterizos, de temporada, itinerantes, vinculados a u proyecto,
de empleo concreto y por cuenta propia. De esta manera la Convención tiene en
cuenta la especificidad de cada uno de estos empleos con el objeto de adaptar
las disposiciones generales sobre derechos y obligaciones a cada situación
particular. Este conjunto de normas no presenta problemas de igualdad ni
ninguna otra dificultad que pueda ser considerada como incompatible con el
texto fundamental.
PARTE VI
En esta parte, los
Estado firmantes se comprometen directamente en la lucha contra el comercio de
trabajadores ilegales y se disponen las medidas necesarias para tal efecto.  No
sobra anotar que Colombia no es ajena a esta lucha que afecta en todo el mundo
a las capas más pobres de los países del tercer mundo. La suscripción del
instrumento andino (la decisión 116 de la Comisión), y su adopción como norma
interna (el decreto 309 de 1978), es una clara prueba de este interés. La
constitucionalidad de lo dispuesto en el este segmento resulta clara a la luz
del artículo 17 de la C.P.
PARTE VII
En esta parte se
establecen reglas encaminadas a la aplicación de la Convención a través de la
creación de un comité conformado por 10 miembros elegidos democráticamente por
los países miembros. Según estas normas, cada país signatario está obligado a
presentar informes al comité, al menos cada 5 años.  Así mismo, se fijan pautas
para que el Comité funcione adecuadamente y se establecen los procedimientos
para que se ventilen las dificultades que surjan entre los miembros con ocasión
del cumplimiento del tratado. Teniendo en cuenta que la Comisión sólo puede
emitir informes que en ningún caso tienen fuerza coercitiva, se concluye la
inexistencia de inconstitucionalidad en esta materia.
PARTE VIII
Esta  parte tampoco
presenta problema alguno en relación con la constitucionalidad de sus
disposiciones. En ella se ratifica el propósito de la Convención de establecer
un marco mínimo de derechos para los trabajadores migratorios, de tal manera
que se establezcan condiciones de igualdad en relación con los trabajadores
nativos. De otra parte, se pone de presente la libertad de cada Estado para
definir su política migratoria y  establecer los requisitos de admisión de los
trabajadores y de sus familias.
PARTE IX
Este último
fragmento de la Convención establece las reglas que deben seguir los Estados
para su adhesión y ratificación. Se permite, además, que los Estados partes
formulen reservas, siempre y cuando sean compatibles con el objeto de la
Convención.  No presenta ningún problema de constitucionalidad.
IV. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO.- Con la salvedad que se señala en el
artículo siguiente, declarar exequible la Convención y la Ley 146 de
1994, "por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares".
SEGUNDO.- La exequibilidad de los artículos
15, 46 y 47 de la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, aprobada mediante
la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el Estado
colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y
monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus
familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso
personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el
exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a
la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la CP.
En consecuencia, el Presidente de la República hará la correspondiente reserva.
Notifíquese,
Cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del
Congreso, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL           CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado                                Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ                FABIO
MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]/ Resolución 217 A (III).
[2]/ Resolución 2200 A (XXI), anexo.
2 Resolución 2200 A (XXI), anexo
[3]/ Resolución 2106 A (XX) anexo.
[4]/ Resolución 34/180, anexo.
[5]/ Resolución 44/25, anexo.
[6]/ Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 429, No. 6193.
[7]/ Resolución 39/46, anexo.
[8]/ Véase Cuarto Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Kioto, Japón,
17 a 26 de agosto de 1970: informe de la Secretaría (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.71.IV.8).
[9]/ Resolución 34/169, anexo.
[10]/ Véase Derechos Humanos: recopilación
de instrumentos internacionales (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: s.88. XIV.1).
[11] Resolución 22 A (I).