T-213-04
Hechos
Sentencia
T-213/04
ACCION DE TUTELA DE FISCAL CONTRA
PARTICULAR-Publicación de
libro
Resulta claro para la Corte que el autor
no escribió una obra dirigida a atacar a la demandante, sino a cuestionar la
actuación de la justicia misma. Sólo el contexto global de la obra permite
observar lo anterior. Ello no implica que automáticamente desaparezca cualquier
violación de los derechos fundamentales de la demandante. Simplemente permite
establecer un parámetro para juzgar las expresiones hechas por el demandado. Se
ha puesto en duda, no a manera de insulto u ofensa en contra de la fiscal, su comportamiento
dentro del proceso. La duda surge de la existencia de una serie de hechos,
dentro y fuera del proceso, que en últimas conducen a cuestionar toda la
administración de justicia. Así, si bien es claro que el autor tiene por
objetivo cuestionar a la Fiscal y criticar su labor en el proceso penal, las
opiniones manifestadas y las críticas y dudas emitidas, se encuentran
constitucionalmente protegidas. Resulta claro para la Corte que nuevamente el
autor parte de la existencia de una compleja relación de poder que afecta a la
Fiscalía. Producto de tal relación de poder, quien se enfrenta a los intereses
de la empresa, recibe una “sanción” –en este caso traslado -. Bajo este
contexto, no resulta desatinado sostener que por corrupción o falta de imparcialidad,
se adopta una decisión de archivo de un proceso penal. Puede resultar
completamente exagerado señalar que la Fiscal actuó de manera parcializada,
pero no puede calificarse como un ejercicio abusivo de la libertad de opinión,
y mucho menos considerar que la interpretación que el demandado hizo de tales
hechos (a los que se suma los argumentos de la decisión), tengan por propósito
exclusivo dañar el buen nombre de la demandante. Claramente no ha intentado
insultarla u ofenderla, tampoco se desprende que le impute un hecho punible.
DERECHO
AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Ambitos
protegidos/LIBERTAD DE EXPRESION Y LIBERTAD DE OPINION-Prevalencia prima
facie
La distinción entre los ámbitos protegidos del buen
nombre y la honra tiene hondas consecuencias en el debate constitucional. La
honra se afecta tanto por la información errónea, como por las opiniones
manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o
sobre la persona en si misma. No es necesario en este caso, que la información
sea falsa o errónea, se cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la
persona. Como consecuencia de lo anterior, la prevalencia prima facie de la
libertad de expresión frente a estos derechos constitucionales, puede ser
objeto de distinción. La primacía de la libertad de opinión en la tensión con
el buen nombre será reforzada, de manera que sólo opiniones insultantes o
absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche constitucional. Por su
parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión guarde una estrecha
relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo se trata de opiniones
insultantes las que merecen reproche constitucional, sino también opiniones
que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente exageradas, siempre y
cuando tengan como propósito directo cuestionar a la persona en si misma.
LIBERTAD
DE EXPRESION Y LIBERTAD DE OPINION
La libertad de expresión, en los
términos del artículo 20 de la Constitución, garantiza tanto el derecho a la
información como la “libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones”. La libertad de información está sujeta a condiciones de veracidad e
imparcialidad, que esta Corporación ha delimitado, con el objeto de evitar que
el eventual control sobre tales requisitos conduzca a la negación misma del
derecho a informar y a recibirla debidamente, lo que se acerca a una pretensión
de objetividad. En punto a la libertad de opinión, resulta imposible demandar
veracidad e imparcialidad. Por definición misma, la opinión no es veraz, en la
medida en que no transmite hechos sino apreciaciones sobre los mismos. Tampoco
puede reclamarse imparcialidad, pues la opinión es un producto subjetivo del
emisor. Ello conduce a que la opinión, en cuanto emitida y parte de la
sociedad, es un ingrediente para la construcción de realidades y verdades.
DERECHO
A LA RECTIFICACION Y EQUILIBRIO INFORMATIVO-Se debe diferenciar entre medios masivos de
comunicación y actividad realizada a través de libros
El equilibrio informativo y el derecho a
una rectificación, así como la posibilidad de réplica y respuesta, no pueden
demandarse de manera igual a proyectos disímiles como la actividad periodística
presentada en medios masivos de comunicación y dicha actividad realizada a
través de libros. Tratándose de medios masivos de comunicación, el poder social
que ostentan tales medios obliga a establecer mecanismos que aseguren el
equilibrio informativo. Este equilibrio se logra de varias maneras y, en casos
extremos, obliga a considerar la posibilidad de que el afectado por la opinión
pueda presentar su propia versión. Sólo así se logra que la posición del medio
no totalice la visión de la realidad y, en su lugar, se convierta en vehículo
de la formación de opiniones sociales. En este sentido, la responsabilidad
social de los medios de comunicación adquiere una connotación positiva, en
tanto que canales de expresión de ideas y visiones de mundo. No implica, como
se indicó en sentencia T-1319 de 2001, un derecho al micrófono, pero si la
proscripción de cualquier aprovechamiento de una audiencia cautiva. Tratándose
de publicaciones en libros, el espacio deliberativo se construye a partir del
proceso de reflexión que la ausencia de inmediatez posibilita. Este fenómeno
elimina, en principio, la necesidad de establecer mecanismos de rectificación.
LIBERTAD
DE OPINION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Mantenimiento de la confianza
DERECHO AL BUEN NOMBRE-No se configura violación por afirmaciones
hechas/DERECHO A LA HONRA-Imputaciones aluden al ejercicio de profesión
DECISION
INHIBITORIA EN PROCESO PENAL-Publicación
de libro
MEDIDAS
CAUTELARES EN PROCESO DE TUTELA–No se estableció responsabilidad previa
LIBERTAD
DE OPINION-Privilegio
prima facie
El privilegio prima facie del derecho a
la libertad de opinión, implica que mientras no se determine claramente que las
expresiones emitidas constituyen un ejercicio abusivo de éste y violatorio de
derechos fundamentales, se mantiene la protección de las opiniones. Existe, en
este orden de ideas, una presunción de conformidad con la Constitución de toda
opinión, la cual ha de ser protegida mientras no se adopte decisión judicial.
CENSURA
Censura es una supresión de la libertad
de expresión. Ordinariamente ocurre cuando previo a la publicación de la
información o la opinión, esta es evaluada por la autoridad y, a partir de ello
se emite autorización para su publicación (en el sentido de emitir) final. Sin
embargo, existen formas más sutiles de censura. No sólo a través de presiones
directas o indirectas por parte del Estado. Se incurre en censura cuando, sin
haberse establecido responsabilidad, se impide que continúe circulando
información u opiniones. Al establecerse la responsabilidad, desaparece la
presunción de constitucionalidad de la emisión y, por lo tanto, el Estado está
en el deber de proteger en sus derechos a la persona afectada por la
información o la opinión. De allí que por regla general, constituye una forma
de censura retirar de circulación o impedir la publicación de una obra, sin que
medie sentencia judicial previa que señale que en ella se incurre en violación
de los derechos fundamentales de una persona.
RESERVA
SUMARIAL EN PROCESO PENAL-Contenido
y alcance
La reserva del sumario tiene por objeto
asegurar condiciones que permitan la correcta investigación penal. Llegado a
juicio, el sumario se torna público. De allí que respecto de todo proceso penal
que alcance dicha etapa, no es posible predicar reserva alguna. En primer
lugar, ningún expediente judicial será reservado por tiempo indeterminado.
Llegado el momento en que se considere documento histórico, asunto que
corresponde al legislador precisar, toda persona tendrá acceso al mismo. La
reserva sumarial en estas condiciones sólo tiene por objeto preservar la
presunción de inocencia. Por lo mismo, sólo estarán sujetos a reserva los
documentos o pruebas que afecten dicha presunción. No así documentos que son
públicos por naturaleza: a) la denuncia. b) las decisiones definitivas de las
autoridades judiciales. El carácter público de la denuncia, deriva del hecho de
que con ella se ponen en conocimiento de la autoridad hechos que se consideran
eventualmente punibles. Denunciar no implica, en sí mismo, atentado alguno
contra la presunción de inocencia. Por su parte, las decisiones definitivas,
como la inhibición o la preclusión o cese de investigación, son públicas por
emanar de una autoridad estatal. No pueden, salvo algunos asuntos restringidos
–como defensa nacional -, existir documentos que contengan decisiones estatales
al margen del escrutinio público. El control ciudadano sobre el Estado demanda
acceso a tales documentos. Sólo así es posible controlar que el Estado - sea el
legislador, la administración o la judicatura -, actúen de conformidad con la
Constitución y la ley.
DERECHO
AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Proceso
penal como mecanismo de protección
La Corte considera que en principio para la protección del buen
nombre y la honra, ante expresiones que se califican como injuria o calumnia,
el proceso penal es el mecanismo de protección indicado. Conforme a la lógica
de la demandante y los jueces de instancia, los cuestionamientos contra la
administración de justicia son, en si mismos, de una gravedad tal que demandan
una acción rápida del Estado. No de otra manera se justificaría que se entienda
la concesión de la tutela. En consecuencia, si se consideraban injuriosas o
calumniosas las expresiones del libro, ha debido declararse improcendente la
tutela, por existir el mecanismo ordinario del proceso penal.
DERECHO A LA HONRA–No afectación por cuanto expresiones no
tenían como objetivo personalidad de Fiscal/LIBERTAD DE EXPRESION Y DE
OPINION-Legítimo ejercicio
Referencia: expediente T-625688
Acción de tutela instaurada por Elizabeth Alcalá
Jiménez en contra de Luis Armando Carpio Caicedo.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá D. C., ocho (8) de marzo de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett,
Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en uso de sus facultades
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados por el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali y el Juzgado 12 Penal
del Circuito de Cali, en el trámite de la acción de tutela instaurada por
Elizabeth Alcalá Jiménez en contra de Luis Armando Carpio Caicedo.
I. ANTECEDENTES
Hechos
1. El ciudadano Luis Armando Carpio Caicedo escribió
el libro titulado “La corrupción de la justicia en Colombia –Proponen robo al
Estado- involucrados Thomas Greg & Sons de Colombia, Fiscalía General de la
Nación, Presidencia de la República, Juzgado 16 Penal del Circuito (Cali),
órganos de control estatal”. En este libro, el autor describe lo que considera
una serie de hechos que “señalan el grado de descomposición moral de los
administradores de justicia de Colombia”. El autor analiza o expone algunos hechos
que considera prueba del fenómeno de la corrupción judicial en Colombia.
Presenta información de prensa, de la cual deriva que la empresa mencionada
tiene importantes nexos con el gobierno nacional, así como el Fiscal General de
la Nación de la época.
En cuanto a la administración de justicia, cita
diversos casos que considera son prueba de corrupción. Entre ellos su propio
caso. Dentro de la exposición sobre los litigios que tuvo con Thomas Greg &
Sons de Colombia, presenta las actuaciones de la Fiscal 41 de Cali. Le dedica
el capítulo VIII, que se titula: “La Honorable” Señora Fiscal 41 de Cali – Dra.
Elizabeth Alcalá Jiménez. Por lo expuesto por el autor en dicho capítulo, la
ciudadana Elizabeth Alcalá Jiménez, por intermedio de apoderado, interpuso
acción de tutela en contra del señor Luis Armando Carpio Caicedo.
2. En concepto de la demandante, el señor Luis Armando
Carpio Caicedo, hizo en su contra expresiones injuriosas y violó la reserva del
sumario. Con ello, violó sus derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra. Para lograr la protección de tales derechos, solicita al juez que (i)
ordene el retiro del libro “La corrupción de la justicia en Colombia – Proponen
robo al Estado”, (ii) prohíba la distribución, exhibición y circulación del libro
en el país; (iii) prohíba las nuevas ediciones o reimpresiones del mismo; (iv)
solicitar a los organizadores de la Feria Internacional del Libro que se
abstengan de exhibir y permitir la circulación del libro; y, finalmente (v)
ordenar al demandado que publique, en un diario de amplia circulación nacional,
la decisión de protección de sus derechos fundamentales. La demandante expone
los siguientes argumentos que sustentan su acusación.
2.1 En su concepto, el señor Luis Armando Carpio
Caicedo actúa como comunicador o periodista, razón por la cual está sujeto a
los mismos deberes que incumben dicha profesión. Entre ellos, esta la carga de
informar con imparcialidad y respetando el principio de veracidad. Ello implica
que no puede dejarse llevar por sus “propias impresiones y preconceptos”.
Las afirmaciones contenidas en el capítulo VIII del
libro, coinciden con la denuncia penal presentada en contra de la demandante y
que culminaron con decisiones inhibitorias. Dado lo anterior, la demandante
señala que la conducta del demandante de reiterar tales denuncias resultan
inadmisibles. Sostiene en la demanda:
“Y su propósito se vuelve aleve cual designio maduro y
deliberado afán propio de quien calcula fríamente los modos más oportunos para
procurar una mayor probabilidad del injusto efecto. Conociendo que sus
denuncias sobre la supuesta conducta procesal ilícita de los fiscales
terminaron en resoluciones inhibitorias, decide revivir las acusaciones en
libraco que niega la posibilidad de defensa de sus víctimas, para luego
indicarnos desde allí su absoluto menosprecio por las decisiones judiciales”.
El demandado,
asegura la demandante, actuó fría y calculadamente en su menosprecio por los
derechos fundamentales de su “víctima”, lo que lo lleva a incurrir en conductas
punibles:
“Y léase bien: su alevosía y cálculo es mayor cuando
se abstuvo de interponer los recursos que como denunciante le otorga la ley
penal, o de aportar la prueba necesaria para remover las citadas resoluciones
inhibitorias...
Y su punible atrevimiento va más allá. En pos de
sustentar sus torcidas apreciaciones, el particular Luis Armando Carpio Caicedo
no sólo revela documentos legalmente reservados por la ley procedimental, sino
que incurre en el despropósito de publicarlos incompletos, mutilados, o dándole
prevalencia a sus escritos también injuriosos o calumniosos, como las denuncias
instauradas contra los funcionarios judiciales; excluyendo del libraco las
motivaciones, fundamentos y pruebas que sirvieron de soporte para las
decisiones judiciales cuya inconformidad no plantea como recurso sino como
noticia criminal”.
2.2 En el acápite denominado “de las imputaciones
deshonrosas”, la demandante señala los hechos que considera son directamente
violatorios de sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra.
2.2.1 En primer lugar, señala que existe un ánimo de
injuriar a la demandante en el título del capítulo, pues al colocar la
expresión honorable entre comillas, se denota la intención de que ello se ponga
en “duda, que es irreal, ficticio o simplemente imposible”. Con dicha conducta
se prueba la “malsana intención de poner en entredicho sus calidades éticas y
de mofarse de ellas”, ultrajando su patrimonio moral en la medida en que la
demandante ocupa un cargo público profesional “merced al cumplimiento de
estrictas exigencias formuladas por la institución a la cual representa”.
Con ello, además, se atenta contra el nombre de la
Fiscalía General de la Nación “pues desconoce con su malsano proceder que es
esta la institución que con mayor celo selecciona sus miembros en razón a la
delicada y difícil misión que está llamada a cumplir”.
2.2.2 La siguiente afirmación que la demandante
considera que “reafirman el propósito injuriante”, se encuentra en la página
207 del libro. Según la demanda de tutela:
“Se dice en la página 207 que la señora Fiscal 41 citó
al sindicado Sánchez para diligencia de ampliación de indagatoria y que ‘a tal
diligencia fueron citados solamente él y su defensor y, por obvias razones,
asistieron la Sra. Fiscal  y su secretario’
(…)”
Para la demandante, aisladamente esta afirmación
parece inocua. No obstante, si se tiene en cuenta el contexto (el capítulo de
libro) y su título, resulta claro que se trata de una “deshonrosa imputación”.
En su concepto, el demandado está sugiriendo “procederes irregulares, propios
de personas inescrupulosas y deshonestas”. Lo sugerido no consulta la realidad
del proceso penal, en el cual “a la diligencia de injurada no tiene por qué ser
citado ningún sujeto procesal distinto al procesado y su defensor”. La Fiscal
llega a tal conclusión luego de consultar los artículos 352 y 356 del Código de
Procedimiento Penal.
El demandado, se asegura en la demanda de tutela,
debía conocer de manera amplia el desarrollo del proceso penal, “más aún cuando
según se lee bajo el epígrafe de ‘agradecimientos’ la publicación fue posible
gracias ‘a los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Santiago de Cali’…”.
Con las afirmaciones, el demandado incurrió en una
injuria implícita, “pues el agravio no se presenta de manera directa, textual y
concreta, sino que… se insinúan como arbitrarios, como actos que no se ajustan
a la normatividad procesal, dejando en entredicho la honestidad de la
profesional a quien se imputan”. Lo anterior se agrava, resultando “bajas y
cobardes”, por cuanto se trata de una obra que no está dirigida a personas
especializadas en temas jurídicos, “lo que les hace más permeables a la
aceptación de las falsas aseveraciones”.
2.2.3 En tercer lugar, la demandante se refiere al
análisis que hace el demandado cuando describe la declaración que rindió ante
ella. En la página 208 del libro, el demandado señala que la demandante le
requirió información sobre los ingresos y los sitios a los cuales había acudido
en procura de un empleo. La demandante destaca el siguiente párrafo:
“fue entonces cuando comprendí que esas preguntas
estaban relacionadas directamente con la indemnización de los perjuicios
ocasionados por el delito. Lo extraño allí es que la tasación del valor de
dichos daños corresponde efectuarla al juez, previo avalúo pericial, a
excepción del valor de los daños morales, cuya valoración corresponde al juez
del conocimiento, pues así lo dispone la ley” (La demandante señala que en el
texto original se encuentra la misma negrilla).
Para la demandante, con estas afirmaciones, nuevamente
se incurre en una injuria implícita, pues el demandante estaría sugiriendo que
esta no es una facultad o competencia de la fiscal, cuando ocurre todo lo contrario.
En efecto, la Fiscalía tiene el deber jurídico de indagar por estos elementos,
ya que se dirigían a “asegurar la indemnización a que en derecho hubiera lugar,
de haber sido  favorable el fallo al particular Luis Armando Carpio Caicedo”.
Olvida el señor Carpio que, conforme al artículo 250 de la Constitución,
corresponde a la Fiscalía General de la Nación tomar las medidas necesarias
para “hacer efectivo el restablecimiento del derecho y la indemnización de los
perjuicios ocasionados por el delito”.
2.2.4 Como cuarto hecho que atenta contra sus derechos
constitucionales, la demandante indica las siguientes afirmaciones que aparecen
en el libro (en la demanda no consta la página):
“Como desde el comienzo del proceso, la Fiscalía, se
había propuesto desvincular a los coautores, Benhur Navarrete fue llamado a
rendir declaración juramentada, es decir –como testigo -, diligencia para la
cual, tampoco se citó al Agente especial del Ministerio Público, ni al
apoderado de la parte civil. Es decir, se realizó a puerta cerrada entre
ese coautor, el apoderado de la empresa –cómplice-, la Señora Fiscal Elizabeth
Alcalá Jiménez y su secretario”. (En la demanda se indica que el texto
se encuentra resaltado en el original).
Según se indica en la demanda, con estas expresiones
se causa un agravio a la demandante y a “la institución a la que ella
representa”, que son mero resultado del “resentimiento” del demandado. Aquí se
imputa a la demandante una actuación tendenciosa, lo que se pone de manifiesto
en la primera frase, sin “apuntar las razones y pruebas que en cuanto a tal
ilícito proceder atañen o lo llevan a dicha conclusión”.
Para la demandante resulta claro que, tales
expresiones “malintencionadamente transmiten la idea que la profesional del
derecho se apartó arbitrariamente del deber de investigación integral”, en
razón a la no presencia de dos sujetos procesales. Asegura que “oculta
maliciosamente el particular Luis Armando Carpio Caicedo a sus potenciales
lectores, que la intervención del procurador no es obligada sino en específicos
casos –dentro de los cuales no clasifica el suyo -” y que es deber de los
sujetos procesales estar atentos a las determinaciones que se adoptan en
materia procesal, para participar debidamente en el proceso probatorio.
Tan abultado es el agravio que, en su concepto, “sobra
entonces entrar en específicos análisis acerca del daño que con ello se causa
al buen nombre de” la demandante.
2.2.5 La última imputación deshonrosa que señala la
demandante, se encuentra en la página 211 del libro:
“Pero la rueda del poder económico y político no se
detiene. La “Honorable” Dra. Elizabeth Alcalá Jiménez, en otro acto de
corrupción sin precedentes y contra todo pronóstico posible, mediante
resolución interlocutoria No. 275 de marzo 21 de 2000 –en 27 folios- DECIDIO
PRECLUIR LA INVESTIGACION PENAL, tanto a favor del sindicado Sánchez, como
de los demás copartícipes y desvincular a la firma THOMAS Greg & Sons…”
(Destacado en la demanda. No consta si es destacado en el original).
Para la demandante, no se trata este de un caso de
injuria implícita, como en las anteriores imputaciones deshonrosas, sino que la
“imputación deshonrosa se hace de manera expresa, clara y directa”.
Según reseña la demandante, por dicha decisión fue
denunciada penalmente, investigación en la que se dictó resolución inhibitoria.
“Significa lo anterior que ante esta decisión en la que estima improcedente una
investigación penal en contra de la fiscal por descartarse cualquier
irregularidad en su comportamiento”, el demandado, en lugar de interponer
recursos de ley, somete a la demandante a un estado de indefensión y “al
escarnio público y sindicarla alegre y ligeramente de corrupta, apuntando
adicionalmente que existían motivos de orden económico y político para que así
actuara”.
Para la demandante, esta reacción es “rastrera”, pues
se vale de una “publicación masiva para desconocer una decisión adoptada en
derecho por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali”.
Además, el demandado se limitó a publicar el
encabezado y la parte final de la resolución proferida por la demandante,
“negándole a los lectores la posibilidad de conocer las verdaderas razones y
las reflexiones que en un total de veintisiete (27) páginas hiciera la
funcionaria para concluir en la decisión que finalmente adoptó”. Así, no sólo
tergiversó la realidad, sino que “de forma amañada y caprichosa como la
manipuló”, impidió un conocimiento adecuado de la realidad.
A lo anterior se suma que, una vez hecho un resumen de
la decisión “-a su manera -”, en la página 213 el demandado sostiene que “con
estas artimañazas, la Dra. Elizabeth Alcalá Jiménez, revocó la orden impartida
por su superior jerárquico…”, lo que implica una prueba de “un ensañamiento
descarado y aleve con la funcionaria”.
2.3 En segundo punto, la demandante señala que el
demandado violó la reserva del sumario, al publicar “en forma íntegra la
denuncia por él propuesta” en contra de la demandante y la providencia mediante
la cual la Fiscalía General de la Nación se inhibió de iniciar investigación
penal en contra de Elizabeth Alcalá Jiménez. La Corte Constitucional, recuerda
la demandante, ya había indicado en sentencia T-331 de 1994, que los procesos
archivados por ausencia de pruebas, no podían ser entregados a particulares.
Con tales publicaciones, se violó el derecho al buen
nombre y se desconoció el principio de inocencia y  “se somete a la palestra
pública a una funcionaria cuya rectitud y HONESTIDAD –con mayúscula y sin
comillas- fue ratificada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de
esta ciudad”.
2.4 La demandante invoca jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la procedencia de la tutela en contra de particulares en
materia de publicaciones y sobre la insuficiencia de la protección por vía
penal. Sobre este último punto, recuerda que la Corte ha indicado que existen
situaciones que, sin ser formas de injuria o calumnia, si afectan los derechos
fundamentales al buen nombre y la honra. Luego cita las sentencias T-263 de
1998 y T-1319 de 2001.
3. Admitida la demanda, el apoderado de la demandante
solicitó al juez a-quo que, como medida provisional para proteger los
derechos al buen nombre y a la honra de la demandante, se sirviera “ordenar el
retiro del mercado” del libro.
Mediante providencia del 29 de abril de 2002, el
Juzgado Treinta penal Municipal de Cali ordenó el retiro del mercado del libro
en cuestión. En concepto de la Juez, del texto del libro, resulta claro que el
demandado “pretende enlodar la ética y la honorabilidad de la doctora ALCALA
JIMENEZ, y en aras a no ir a afectar mayormente sus derechos constitucionales
fundamentales al buen nombre y a la honra…”, se justifica otorgar la medida
provisional, “al menos hasta que se recaude la prueba necesaria para emitir el
fallo de tutela que corresponda”.
4. Mediante sendos memoriales, el apoderado del
demandado contestó la demanda de tutela y solicitó el levantamiento de la
medida provisional.
4.1 En relación con las medidas provisionales, el
demandado afirma que se violan sus derechos fundamentales. Considera que se
quebrantan sus derechos a la libertad de conciencia y de información, pues el
demandado “efectúa unas denuncias, no solo a conciencia propia, sino también a
conciencia de cada uno de los lectores, que en forma imparcial evalúen el texto
referenciado con las pruebas que allí se adjuntan”, para lo cual ha entregado
“información veraz e imparcial” en ejercicio de la libertad de información.
También considera violado el debido proceso y en
particular el derecho de defensa, pues (i) no está probado que el demandado
esté incurso en los delitos que le imputan en la demanda de tutela; (ii) antes
de adoptar la medida, el juez tenía la obligación de escuchar la versión del
demandado. En su concepto resulta imposible proteger provisionalmente unos
derechos fundamentales, merced a la violación de los derechos del demandado.
Por otra parte, indica que, en punto al debido
proceso, existe medio de defensa judicial ante la justicia ordinaria, la cual
ha de prevalecer en esta materia.
Por último, indica que los señalamientos hechos por el
demandado corresponden a lo expuesto en la denuncia penal que presentara en
contra de la demandante.
4.2  En el escrito mediante el cual se contesta la
demanda, el demandado en primer lugar señala que constituye una falta de
respeto calificar de “libraco” el libro en cuestión. A partir de ello sigue un
análisis sobre cómo con la demanda se pretende llevar a error al funcionario
judicial, pues en lugar de mostrar los parámetros constitucionales sobre la protección
al buen nombre y la honra, hace una crítica “literaria y política” del mismo,
lo cual es irrelevante. No se trata, como lo pretende la demandante, de
suscitar una controversia procesal.
Si la demandante considera que el demandado ha hecho
imputaciones deshonrosas, ha debido acudir a la justicia ordinaria y presentar
la respectiva denuncia penal, en lugar de acudir a la acción de tutela.
Señala que la demandante es parte, en representación
de la Fiscalía General de la Nación, en proceso penal ante el Juzgado 16 Penal
del Circuito, en el cual los hechos mencionados en el libro “hasta la fecha si
está probada la vulneración” de los derechos del demandado.
Por último, indica que la medida provisional sólo
puede equipararse a una conducta propia de la inquisición.
5. En providencia del 8 de mayo de 2002, el Juzgado
Treinta Penal Municipal de Cali, resolvió la petición de levantamiento de la
medida cautelar. En su concepto, el carácter exiguo del término para decidir en
el trámite de la tutela, torna imposible que frente a las decisiones se
presenten recursos de reposición y apelación.
Por otra parte, indica que con la prohibición de
circulación del libro, no se “está causando un perjuicio cierto e inminente al
interés público”.
6. La juez de tutela ordenó inspección judicial al
expediente dentro del cual la demandante dictó las decisiones mencionadas en el
libro. Según consta en el acta de la diligencia de inspección, la decisión de
la demandante fue revocada y se emitió resolución de acusación en contra de las
personas denunciadas por el demandado, correspondiendo al Juzgado 16 Penal del
Circuito de Cali su juzgamiento. Está pendiente la notificación de la decisión
de cesación de procedimiento adoptada ante la prescripción de la acción penal.
Fallos que se revisan e impugnación de la decisión del
juez a-quo.
7. El día 10 de mayo de 2002, la Juez 30 Penal
Municipal de Cali dicta sentencia, mediante la cual concede la tutela. La Juez
señala que la demandante se encuentra en una situación de indefensión en razón
a que el libro, en el cual el demandado reseña su propia experiencia, estará en
poder del público. El proceso penal, por otra parte, no resulta idóneo pues
“sabido es que el proceso penal es lento, y no duraría menos de seis meses, por
lo tanto lo que entra a ser la acción de tutela el mecanismo más efectivo para
la inmediata protección de tales derechos”.
Para la juez, el demandado violó de manera flagrante
los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la demandante, pues
en el libro se hacen “manifestaciones que ciertamente ponen en entredicho la
ética, honorabilidad, honradez y profesionalismo de la aludida funcionaria
judicial, dado que la describe como una funcionaria corrupta, que dentro del
proceso penal que ella instruyó y dentro del cual él era denunciante y
ofendido, cometió irregularidades para favorecer a la firma...”. En su
concepto, el demandado en realidad acusa a la Fiscal de prevaricato por acción
y favorecimiento.
Señala que el demandado hace comentarios tendenciosos
sobre las actuaciones procesales, que se desarrollaron de manera correcta y
conforme a la ley, lo que demuestra una actitud “ofensiva hacia la accionante”.
Así mismo, en la sentencia se hace referencia a algunos comentarios dentro del
capítulo dedicado a la demandante, en los que “da a entender que dicha
funcionaria estaba inclinada a favorecer al tercero civilmente responsable”.
Las siguientes son las citas que se señalan en la sentencia:
·   “¡Me asombró un detalle! En toda diligencia
de carácter judicial o administrativo a las que había asistido hasta entonces,
siempre la labor de escribiente la realizó el secretario (a) del Despacho...
Pero esta vez, fue la propia Fiscal, Dra. ELIZABETH ALCALÁ JIMÉNEZ, quien se
sentó frente a la máquina de escribir, en una diligencia que se prolongó por
espacio de cinco (5) horas. ¿La razón?”
·   “Sin embargo, después de la exposición de
los hechos, la Dra. ELIZABETH ALCALÁ JIMÉNEZ comenzó a efectuarme un
interrogatorio tan riguroso, que por momento tuve la sensación de ser yo mismo
el propio sindicado...”
·   “El 15 de septiembre de 1999, compareció
ante el Despacho de la Fiscal 41, a cargo de la Dra. Elizabeth Alcalá Jiménez,
el copartícipe del delito, Marco Tulio Román Ramos –Asistente Operativo -, en
reunión de carácter cuasiprivado entre éste, el defensor de la empresa
demandada y la Sra. Fiscal” (Se indica que la negrilla existe en el
original).
·   “No se precisa la hora, pero la Sra. Fiscal
y ‘sus invitados’, tenían ya una trascripción en dos y medio (2 ½) folios,
cuando por simple casualidad, se hizo presente en el Despacho el apoderado de
la parte civil, Dr. Jesús Alfonso Caicedo y la sorpresa fue mayúscula”.
A lo anterior se suma el comentario sobre la
resolución interlocutoria mediante la cual la demandante ordenó precluir la
investigación. Para la Juez, también constituye agravio al buen nombre y honra
de la demandante que el demandado hubiera indicado que la defensa de la Fiscal
estuvo a cargo del abogado José Gerardo Atehortúa Cruz, “sin importar en este acápite,
quién, o quiénes, hayan pagado tan costosos honorarios profesionales al Dr.
Atehortúa Cruz”. Con tal afirmación sugiere que alguien pudo haber costeado los
servicios de defensa de la demandante, de suerte que se entiende que “intereses
soterrados se mueven alrededor de todo el proceso que interesaba al accionado”.
La actuación del demandado se estima de mayor
gravedad, cuando por los mismos hechos se inició proceso penal, en el cual se
dictó resolución inhibitoria. En dicha decisión se precisó que “ya se
estableció en manera fehaciente que ningún interés, diferente de cumplir con el
juramento prestado al momento de posesionarse del cargo, animaba a la fiscal
imputada...”.
8. El demandado impugnó la decisión, mediante memorial
del día 22 de mayo de 2002. El demandado cuestiona varios elementos dentro del
proceso. En primera medida, la inspección al proceso que cursaba en el Juzgado
16 Penal del Circuito, pues se limitó a dejar constancia de los hechos
procesales, pero no consideró los elementos de juicio existentes en el mismo.
Así, no tuvo en cuenta que la decisión de la demandante, que es objeto de
señalamiento en el libro, fue revocada por el superior, quien dictó resolución
de acusación y que, dicho proceso precluyó por prescripción de la acción penal.
Si el demandado ha de denunciar las conductas realizadas por los partícipes en
el proceso mencionado, necesariamente ha de mencionar a la demandante. Se
pregunta: “y si es esto lo que el Despacho denomina ‘vulneración a la honra y
al buen nombre’, ¿Significa que quedó proscrita en nuestro Estado Social de
derecho toda forma de expresión de la verdad objetiva?
Señala el recurrente que el juez a-quo
interpretó erróneamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues en
sentencia T-471 de 1994, que se cita en la sentencia, dicha Corporación dejó en
claro que se violan los derechos a la honra y el buen nombre, cuando las
expresiones son difundidas “sin justificación, ni causa cierta y real; es
decir, sin fundamento”. Además, la Corte precisó que es posible que exista
violación de los mencionados derechos, si las expresiones son comunicadas sin
exhibir prueba alguna. Si el juez a-quo hubiese considerado atentamente
la decisión y el expediente del Juzgado 16 Penal del Circuito, resultaría claro
que están probados los hechos, lo que explica que se sugiera “la
responsabilidad patrimonial del Estado, como consecuencia directa de la
actuación de la Dra. Elizabeth Alcalá Jiménez...”.
Los hechos denunciados penalmente por el demandado son
los mismos que se exponen en el libro. Tales hechos son, para el demandado,
irregularidades. Si no es posible calificarlos de esa manera, por afectar
derechos de alguna persona, ¿cómo llamarlos?
En cuanto a los hechos que se exponen en el libro, el
demandante anexa documentos a partir de los cuales se desprende que una serie
de hechos, que se consideran clave en la denuncia, son ciertos.
·   El autor del libro señala que sólo la
demandante era “testigo de excepción” del sindicado Sánchez. Ello deriva de que
ella indicó que respecto de éste no “existió acción”, a pesar de que el
“sindicado manifestó que ‘el día de los hechos, Carpio Caicedo, tomó seis
cartuchos de una munición que estaba en el suelo y se las llevó’...”. Ello se
puede verificar tanto en la ampliación de la indagatoria, como en la resolución
preclusiva dictada por el Juzgado 16 del Circuito.
·   En la ampliación de la denuncia puede
apreciarse que la demandante hizo preguntas que el demandado consideró
impertinentes, por tratarse de asuntos de su vida personal.
·   En relación con Benhur Navarrete, si bien
es cierto que la ley procesal no exige más que la presencia del declarante, la
Fiscal, el apoderado de la parte demandada y el secretario del Despacho, es
claro que en su testimonio no pudo explicar “la razón por la cual, aparece su
firma en la prueba documental del ilícito”. Sin embargo, la demandante exoneró
a este “coautor”.
·   Que el apoderado del demandado llegó
coincidencialmente a la declaración de Marco Tulio Román Ramos y que sus
preguntas fueron objetadas por la Fiscal, puede observarse en la diligencia de
declaración juramentada rendida por la mencionada persona.
·   Que, como lo afirma el demandado y sin
saber por cuál motivo, la Fiscal fue ascendida y que, con todo, continuó
conociendo de su proceso y que “demoró cerca de dos años para recepcionar
cuatro declaraciones”, es cierto y verificable.
·   El autor menciona que para la Dra. Alcalá
los directivos de la empresa demandada no tuvieron intención de causar daño en
el patrimonio del mismo, y que en todo caso, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali había condenado a la empresa a pagar la suma de dinero, es un
hecho verificable.
·   El demandado sostiene que la demandante
indicó que los denunciados nunca utilizaron las expresiones hurto o robo para
referirse a la pérdida de los seis cartuchos y que, a pesar de que en el
expediente aparecen algunas expresiones (“usted se sustrajo”, “tomó y cogió
para si”, usted tomó de forma inescrupulosa”, “Tomó de forma fraudulenta”,
“presunción de ilícito”, “por lo tanto usted es una persona deshonesta”), para
la Fiscal, los directivos de la empresa quisieron significar solamente: “ASIR
CON LA MANO”, sin ningún ánimo de calumniar o injuria”, lo que se puede
comprobar en diversos documentos que obran en el expediente.
Se pregunta el demandado: si tales hechos son ciertos,
“significa lo anterior, que en Colombia, quien exprese públicamente la verdad y
lo demuestre... ¿vulnera el buen nombre y la honra de la persona contra quien
se aduce dicha verdad?”
9. En sentencia del 18 de junio de 2002, el  Juzgado
12 Penal del Circuito de Cali, confirmó la decisión de primera instancia. En
concepto del ad quem, el demandado ejerció de forma abusiva su derecho a
publicar libros, pues dado que no existe sentencia condenatoria en firme que
pruebe que la demandante hubiese incurrido en delitos de prevaricato,
favorecimiento o encubrimiento, o cualquier “otra actividad ilícita que
compruebe su personalidad inmoral, corrupta, prevaricadora o delictiva”, no le
es permitido al señor Carpio desconocer la resolución inhibitoria, ni “hacer su
propia investigación, juicio y sentencia en el libro en cuestión”.
Pruebas solicitadas por la Corte
Constitucional
10. La Sala de Revisión solicitó a algunas escuelas de
comunicación social y ciencias del leguaje que resolvieran un cuestionario
relativo al concepto de insulto y la forma de distinguirlo de la opinión
negativa.
Las autoridades académicas invitadas a dar su
concepto, expresan puntos de vista distintos, que se encuentran en una serie de
elementos que la Corte resume:
Insulto supone la intención de afectar y ofender de
manera grave a la persona. Si bien existen expresiones que, en una sociedad
globalizada, se estiman objetivamente como insultantes, en términos generales,
el insulto se define a partir de un contexto. Tal contexto está determinado por
elementos socio - culturales que determinan el significado de las expresiones
utilizadas. Así, expresiones que en situaciones descontextualizadas se
consideran insultantes, son emitidas ordinariamente en relaciones amistosas. Un
elemento que se destaca en los documentos recibidos es el carácter
interpersonal del insulto. Es decir, el mensaje tiene un destinatario
específico.
La opinión y, en particular, la opinión negativa,
corresponde más a un juicio de valor producto de una evaluación previa. Es
posible que tal evaluación previa corresponda a la realidad, en cuyo caso es
una denuncia y, en caso contrario, a una acusación. La opinión negativa tiene
la potencialidad de ofender a la persona evaluada, pero no existe insulto por
carecer de la intención de ofender. Sin embargo, nuevamente, el contexto
determina en buena medida el carácter insultante de una opinión negativa, pero
ello, por otra parte, depende de las específicas circunstancias del proceso en
cuestión, como el lugar, las personas, etc.
Finalmente, en cuanto al empleo de la voz corrupción,
se llega a la conclusión de que en principio, tal expresión no supone insulto,
pues no tiene como objeto ofender, sino evaluar. Con todo, es el contexto el
que determina el carácter insultante del uso de la expresión, pues en parte
está vinculado a la “verdad” de los hechos que soportan la opinión. Un elemento
central, parece ser, es si la opinión se dirige en contra de la persona en si
misma o en contra de sus actuaciones. Pues en el segundo caso, existen
elementos para considerar que la expresión “corrupción” es utilizada como
mecanismo de control público de tal conducta.
10. La Sala solicitó a diversas facultades de derecho
y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia que rindieran informe sobre el
tratamiento que la doctrina y la jurisprudencia han dado a los delitos de
injuria y calumnia, con el objeto de distinguir entre opinión negativa, insulto
y estos tipos penales. Puntos estos que serán considerados más adelante.
11. La Sala sometió a consideración de varios medios
de comunicación –noticieros de cadenas de televisión, noticieros radiales y
periódicos- un cuestionario sobre periodismo investigativo. Se indagó sobre los
límites al periodismo investigativo y la posibilidad de emitir juicios de valor
negativos e insultos, y la protección que se ha de brindar al periodismo
investigativo.
Frente a las preguntas relacionadas con la posibilidad
de alterar la publicación de los resultados del periodismo investigativo, todos
los invitados señalaron que consideran que se trata de una obra intangible.
Respecto a la posibilidad de que por vía judicial se
prohíba la circulación de la edición –sea radial, audiovisual, en medio
magnético o impreso- que contiene los resultados del periodismo investigativo,
los invitados coinciden en señalar que se trata de una forma de censura, que en
su concepto está prohibida. Si la publicación contiene opiniones negativas o
insultos, debe ser objeto de rectificación y si se ha causado un daño, debe
procederse a la reparación.
En punto del alcance del periodismo investigativo y la
emisión de opiniones negativas e insultos, las posiciones varían. Los medios
consideran que es imposible emitir juicios de valor, siempre y cuando se apoye
en el material periodístico. Algunos consideran que es imposible desligar el
periodismo investigativo de un juicio de valor, pues se parte de la valoración
de que un hecho es socialmente relevante.
Para algunos, existe la posibilidad de que califique
de corruptas a las personas con base en los resultados, mientras que otras
señalan que eso no corresponde al periodismo. En relación con este específico
punto, quienes niegan la posibilidad, señalan que ello es tarea de las
autoridades públicas; mientras quienes apoyan la posibilidad señalan que la
corrupción no es un asunto exclusivamente jurídico, sino que aún actuando
dentro de la legalidad, la infracción de normas éticas y políticas, permite
hablar de corrupción.
Lo anterior está directamente ligado a la capacidad de
crítica del receptor de la información. Así, algunos medios destacan que el
pluralismo informativo tiene por objeto proteger la existencia de distintos
puntos de vista como de conexiones subjetivas, y que en últimas corresponde a
los receptores decidir qué consideran verdadero. De allí que no se pueda
demandar una verdad objetiva de los medios de comunicación, sino una gestión
racional y responsable de la información y la realización de juicios razonables
y plausibles.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia
11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y
35 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar las
sentencias de la referencia.
Problema jurídico.
12. En concepto de la demandante y los jueces de
instancia, el demandado violó los derechos al buen nombre y a la honra de la
Fiscal Elizabeth Alcalá Jiménez, al cuestionar, en el libro “La corrupción de
la justicia en Colombia –Proponen robo al Estado -”, la imparcialidad y
rectitud con las cuales actuó y adoptó las decisiones judiciales mencionadas en
el mismo libro, dentro del proceso penal por calumnia iniciado a instancias del
demandado. Para los jueces y la demandante, como la Fiscalía General de la
Nación dictó resolución inhibitoria, por no encontrar mérito para acusar a la
Fiscal, no podía el demandado cuestionar el comportamiento procesal de la
demandante. Menos aún señalar que se trataba de actos de corrupción.
La demandante, además, considera que el demandado
violó la reserva sumarial al revelar piezas del proceso penal antes mencionado
y que, así mismo, injurió a la Fiscalía General de la Nación, al cuestionar la
honorabilidad de la Institución.
El demandado considera que no ha desconocido los
derechos fundamentales de la demandante, pues se ha limitado a hacer juicios
sobre su conducta en el proceso penal en el cual dictó resolución inhibitoria y
que fuera revocado por su superior. El demandado señala que los hechos sobre
los cuales hace los juicios de valor son verificables y por lo mismo, tales
juicios no son susceptibles de control judicial. Así mismo, que las expresiones
han de leerse en el contexto del libro y no de manera aislada como lo hace la
demandante.
El presente proceso es complejo e involucra diversos
asuntos jurídicos a tratar. De una parte, la Corte deberá analizar si las
expresiones utilizadas por el demandante constituyen un instrumento para atacar
injustamente a la Fiscal demandante y, de esta manera, atentar contra su buen
nombre y honra o si se trata de una valoración, protegida constitucionalmente,
de los hechos ocurridos en un proceso penal en particular. Frente a este
problema, se plantean dos proposiciones distintas: (i) que en si mismo tales
expresiones violan los mencionados derechos y (ii), que debido a la decisión
inhibitoria en el proceso penal iniciado ante la denuncia presentada por el
autor del libro por los mismos hechos, no podía este emitir legítimamente tales
expresiones.
Directamente ligado a lo anterior, la Corporación
deberá considerar si fue puesto en juicio, sin justificación alguna, el nombre
de la Fiscalía General de la Nación.
De otra parte, la Corte deberá considerar las medidas
cautelares dictadas en el proceso de tutela. ¿Constituye un mecanismo de
protección de los derechos fundamentales de la demandante o un mecanismo de
censura?
Finalmente, la Corte abordará la acusación sobre la
violación de la reserva del sumario.
13. Para resolver estos interrogantes, la Corte hará
primero un análisis sobre los derechos constitucionales al buen nombre y la
honra, con el objeto de precisar su ámbito de protección. Luego considerará la
libertad de opinión y su relación con distintas formas de reproche. Realizado
lo anterior, entrará a considerar distintos aspectos del caso concreto.
Honra y buen nombre. Protección constitucional y
penal.
14. La Corte Constitucional ha indicado que la honra y
el buen nombre constituyen derechos fundamentales que se protegen tanto en sede
de tutela, como a través de las instancias penales[1].
La delimitación conceptual que ha hecho la Corporación
de estos derechos fundamentales permite concluir que el buen nombre se refiere
a la reputación de la persona[2],
mientras que la honra hace alusión al respeto que la persona merece por su
propia condición de tal[3].
Con todo, la jurisprudencia de la Corte no es absolutamente clara al distinguir
ambos conceptos. En muchos casos[4],
se indica que buen nombre es reputación, al igual que honra. De igual manera se
encuentran decisiones en las cuales buen nombre y honra se refiere a la
conducta en sociedad, sin precisar en qué se diferencian.
En la sentencia C-489 de 2002, con ocasión del estudio
de aspectos normativos de los tipos penales de injuria y calumnia, la Corte
parece acoger la distinción entre reputación y respeto, para vincular el buen
nombre al primero y la honra al segundo. Ello guarda estrecha relación con
decisiones en las cuales se considera el derecho al buen nombre vinculado a una
actividad exterior de la persona (natural o jurídica).
La Corte considera que el buen nombre alude a la
reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de
la persona por su comportamiento en ámbitos públicos[5]. Mientras que la honra,
por su parte, se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos
privados, así como la valoración en si de la persona. En suma, el buen nombre
se refiere a la apreciación que se otorga a la persona por asuntos relacionales
(cumplimiento de obligaciones dinerarias[6],
aptitud para dirigir un equipo deportivo[7],
entre otras), mientras que la honra se refiere más a la apreciación de la
sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y
comportamientos privados directamente ligados con ella.
En sentencia T-1319 de 2001 la Corte utilizó esta
distinción, al considerar las expresiones dirigidas a cuestionar la aptitud de
un director de un equipo deportivo:
“25. En este orden de ideas, no puede
sostenerse que exista un atentado contra el buen nombre del demandante, pues
dicha calificación es producto de la manera como la sociedad –de la cual hace
parte el demandado -, aprecia su ejercicio profesional como director técnico
del equipo que dirigía. Tampoco se aprecia violación de la honra del
demandante, pues las imputaciones –ineptitud, incompetencia, etc.- no aluden a
la personalidad del demandante, sino al ejercicio de su profesión de director
técnico. Es decir, no implican una minusvalía de Jaime Rodríguez como persona
anónima, sino del personaje público Jaime Rodríguez director técnico del equipo
de fútbol.”
Ello permite distinguir claramente la relación de cada
uno de tales derechos con la dignidad humana. Tratándose de la honra, la
relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en que involucra
tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como la valoración
de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad personal y
familiar). El buen nombre, por su parte, también tiene una relación con la
dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a
la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la
persona en el ámbito público o colectivo.
No quiere ello decir que un ataque injustificado a la
honra no tenga consecuencias en el ámbito colectivo. Significa que sólo el
ataque a la honra comporta afectación de ámbitos privados y colectivos. Así,
por ejemplo, del hecho de que se establezca que una persona es mala pagadora y
por lo tanto su buen nombre está en entredicho, no se sigue que sea un mal
padre de familia.
Estas consideraciones guardan estrecha relación, por
otra parte, con el concepto de derechos fundamentales que sigue esta
Corporación, conforme al cual “será fundamental todo derecho constitucional
que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en
un derecho subjetivo”[8].
La posibilidad de elegir un plan de vida concreto y de “funcionar en sociedad y
desarrollar un papel activo en ella”[9],
suponen que la persona sea valorada conforme a sus calidades propias y que las
relaciones que establece con el resto de las personas en la sociedad, en los
diversos ámbitos familiares, de amistad, profesional, etc., sean valorados
debidamente. La intención de modificar, injustificadamente, tales
valoraciones, supone una restricción profunda a las posibilidades
trascendentales para la persona, sea en el espacio de elección o de proyección
social.
Lo mismo vale en sentido contrario: si la
transformación de la apreciación del buen nombre y la honra de la persona está
justificada, ésta ha de soportar las restricciones mencionadas. Para la Corte
es claro que la valoración social sobre una persona no es inmutable. Está en
constante cambio y no existe posibilidad jurídica alguna de impedir que ello no
ocurra. Sólo es intangible el respeto que toda persona merece por su condición
de ser humano.
15. La distinción entre los ámbitos protegidos del
buen nombre y la honra tiene hondas consecuencias en el debate constitucional.
En la mencionada sentencia C-489 de 2002 la Corte precisó que “el derecho al
buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona,
se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin
fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.
Ello implica que la afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la
emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera
la distorsión del concepto público.
Por el contrario, la honra se afecta tanto por la
información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas
respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en si misma. No
es necesario en este caso, que la información sea falsa o errónea, se cuestiona
la plausibilidad de la opinión sobre la persona.
Como consecuencia de lo anterior, la prevalencia prima
facie de la libertad de expresión frente a estos derechos constitucionales,
puede ser objeto de distinción. La primacía de la libertad de opinión en la
tensión con el buen nombre será reforzada, de manera que sólo opiniones
insultantes o absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche
constitucional. Por su parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión
guarde una estrecha relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo
se trata de opiniones insultantes las que merecen reproche constitucional, sino
también opiniones que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente
exageradas, siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar
a la persona en si misma.
16. Estas consideraciones guardan estrecha relación
con la protección de estos derechos por vía del proceso penal. La doctrina
nacional y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia coinciden en la necesidad de que exista animo injuriandi para
que se considere que la conducta se adecua a los tipos penales pertinentes. En
particular, la injuria.
La valoración de la existencia de dicho ánimo deberá
partir de las consideraciones expuestas. Es decir, tratándose del buen nombre,
dicho ánimo de injuriar se encuentra directamente ligado a la transmisión de
información falsa o errada y a la opinión meramente insultante, en tanto que en
relación con la honra, puede abarcar situaciones más amplias.
Libertad de opinión
17. La libertad de expresión es un derecho básico y
central para el modelo de sociedad sobre la cual se construye una democracia
constitucional. Para la Corte Constitucional, resulta claro que la libertad de
expresión tiene una doble dimensión. De una parte, constituye un elemento decisivo
para crear condiciones democráticas en la sociedad y la realización misma de la
democracia. Por otra, en la medida en que tanto información e ideas son
elementos necesarios para la definición, y realización social de los distintos
proyectos de vida individuales, resulta claro que constituye un ingrediente
esencial para el respeto de la dignidad humana.
La protección especial que la Constitución brinda a la
libertad de expresión –sea bajo la libertad de información o de opinión -,
derivado de su función nuclear en la sociedad, implica que cualquier
restricción a ella tiene que tener como propósito alcanzar fines compatibles
con la democracia[10]
y el respeto por la dignidad humana.
Tales restricciones están definidas en la Constitución
(art. 20) y en el Pacto de San José (art. 13). El Pacto establece que sólo son
admisibles restricciones dirigidas a asegurar “el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás” y “la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas”.
18. La libertad de expresión, en los términos del
artículo 20 de la Constitución, garantiza tanto el derecho a la información
como la “libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”. La
libertad de información está sujeta a condiciones de veracidad e imparcialidad,
que esta Corporación ha delimitado, con el objeto de evitar que el eventual
control sobre tales requisitos conduzca a la negación misma del derecho a
informar y a recibirla debidamente, lo que se acerca a una pretensión de
objetividad.
En punto a la libertad de opinión, resulta imposible
demandar veracidad e imparcialidad. Por definición misma, la opinión no es
veraz, en la medida en que no transmite hechos sino apreciaciones sobre los
mismos. Tampoco puede reclamarse imparcialidad, pues la opinión es un producto
subjetivo del emisor. Ello conduce a que la opinión, en cuanto emitida y parte
de la sociedad, es un ingrediente para la construcción de realidades y
verdades.
En una sociedad plural y multicultural, no es posible
demandar una reserva sobre la verdad. No existe centro a partir del cual emana
la verdad, a la cual los miembros de la sociedad accedan. Por el contrario, la
“verdad” se traduce en un concepto relativo, producto de la construcción de
imaginarios y de sistemas de valores en la sociedad. Cada grupo social, cada
persona y cada sistema de la sociedad ofrecen versiones propias sobre la
realidad, que califica de verdaderas. No existe un monopolio sobre la verdad.
Admitir lo contrario, implica un régimen absolutamente
totalitario, en la medida en que cada persona se ve constreñida a diseñar su
proyecto de vida a partir de determinada concepción acerca de lo que se
considera verdadero. Se controla, así, no el diseño del proyecto de vida en sus
aspectos particulares, sino que se impide seleccionar la concepción de lo
verdadero que cada persona considera razonable.
19. La Corte ha indicado que, no obstante dicha
pluralidad de concepciones de mundo (y, por ende, de verdades y correcciones),
existen límites a la libertad de expresión y, en particular, de opinión. El
sistema social se organiza en torno a un sistema de valores que le transmite
sus elementos característicos. Sin tal sistema de valores, cambia por completo
el sistema imperante (en un sentido global y no limitado al funcionamiento de
la política, la economía, etc.). En sentencia T-1083 de 2002 la Corte señaló
que existen límites absolutos en “los principios y valores jurídicos y derechos
constitucionales fundantes de la sociedad”. Como tales principios, valores y
derechos fundantes se identificó la prohibición de deshumanizar al ser humano,
la prohibición de “cualquier ejercicio de los derechos constitucionales que
conduzca a una amenaza cierta y real a la paz, ‘contrario a la Carta de las
Naciones Unidas’” y “de las conductas y expresiones que tengan capacidad
directa de reducir los espacios de pluralismo dentro de la sociedad”.
La libertad de opinión contribuye decididamente a la
creación de espacios plurales dentro de la sociedad. Mediante la opinión se
genera debate sobre la apreciación que la sociedad tiene sobre distintos
hechos. De allí su importancia radical para una democracia constitucional.
También, explica la dificultad para imponer restricciones a su ejercicio y el
estricto control que debe ejercerse sobre tales restricciones.
20. En sentencia T-1319 de 2001 la Corte avanzó en una
delimitación más precisa sobre la manera en que operan tales restricciones y
los controles sobre las mismas. En dicha oportunidad dejó en claro que a partir
de la Constitución existe una protección prima facie de la libertad de
opinión. También, que en tanto que se trata de un derecho que no es absoluto,
puede entrar en colisión con otros derechos fundamentales como el buen nombre,
la honra, la vida y la integridad física.
Para efectos de marcar un límite preciso que permita
racionalizar el ejercicio y goce de cada uno de estos derechos, se estableció
como criterio la creación o no de opinión o, en versión negativa, la
utilización o no de la opinión como mecanismo de persecución. La libertad de
opinión garantiza que el flujo de ideas en la sociedad permita a las personas
la construcción de sus proyectos de vida. En esta medida es un multiplicador de
opiniones y un elemento determinante de la transformación y evolución de la
sociedad.
Tal fenómeno no se logra sólo a partir de
señalamientos positivos respecto de hechos y personas, es decir, a partir de
opiniones positivas. Demanda también la posibilidad de que circulen ideas
negativas o alternas sobre hechos y personas. Inclusive es necesario que se
desafíe a la sociedad misma. La pretensión de que toda opinión sea
exclusivamente positiva, conduce a la parálisis de los procesos comunicativos
de la sociedad, pues elimina la posibilidad de que se presenten visiones
alternativas o, inclusive, desviadas dentro de ella. Se rompe la posibilidad
misma de la comunicación y de generación de ideas.
En este orden de ideas, la sociedad tiene la carga de
soportar opiniones que causen molestia o afecten el amor propio de las personas[11]. La libertad para
expresar y difundir pensamiento y opiniones, permite, por lo mismo, cuestionar
y criticar directamente, inclusive llegando al nivel de la exageración y la
mortificación, diversos hechos, conductas y personas en la sociedad.
Sólo, cuando dicho cuestionamiento y crítica, alcancen
niveles del insulto o, tratándose de expresiones dirigidas a personas
específicas, resulten absolutamente desproporcionadas frente a los hechos,
comportamientos o actuaciones, que soportan la opinión, de tal manera que, más
que una generación del debate, demuestre la intención clara de ofender sin
razón alguna o un ánimo de persecución desprovisto de toda razonabilidad, se
activa un control intenso sobre las opiniones emitidas.
Ahora bien, en la sentencia T-1319 de 2001, la Corte
consideraba un caso de libertad de opinión ejercido a través de medios masivos
de comunicación. Ello le permitió a la Corte introducir el elemento del
equilibrio informativo, de manera que se distinguió entre un control intenso y
uno débil, a partir de la posibilidad de contradicción:
“18. En resumen, el control débil se activa
cuando, existiendo un genuino interés en generar opinión, no se ofrece
oportunidad alguna de contradicción, en cuyo caso es necesario garantizar un
equilibrio entre las opiniones, necesario para el proceso deliberativo
(equilibrio informativo/opinión). El control estricto, por su parte, se
aplicará en el evento en que el propósito de la opinión es la persecución
individual y con fines personales del comunicador y, finalmente, el control
extremo, por conducto del aparato penal, cuando el comunicador únicamente busca
el insulto.”
En el presente caso la Corte se enfrenta a un caso en
el cual la opinión ha sido consignada en un libro. Por lo mismo, deberá
considerar este punto.
Medios masivos de comunicación y libros.
21. La demandante considera que a la publicación de un
libro se aplican las mismas reglas que rigen y controlan la actividad
periodística en los medios masivos de comunicación. Prima facie no
pareciera existir razones para brindar un tratamiento distinto a uno y otro
caso. Inclusive el artículo 14 del Pacto de San José, al referirse al derecho
de rectificación o respuesta, alude a publicación, a medios que se dirijan al
público en general, lo que permite inferir que no existe diferencia alguna
entre uno y otro medio.
La Corte considera que, sin perjuicio de los evidentes
elementos similares que pueden existir entre publicaciones en medios masivos
–en particular la prensa y semanarios y revistas- y libros, existen factores
que obligan a distinguir profundamente el tratamiento jurídico en cada caso.
22. La Corte Constitucional ha abordado la cuestión de
la libertad de expresión tratándose de libros frente a dos tipos de casos:
novelas –como en el caso de La Bruja- y versiones biográficas –caso Fei-. En el
primero la Corte protegió la integridad de la obra literaria, de manera
que no puede el juez constitucional entrar a juzgar el producto de la
imaginación del autor, aunque tengan como referente hechos ciertos. En el
segundo la Corte cuestionó el hecho de que se utilizara un libro para atentar
contra la intimidad familiar de menores de edad.
El presente caso no cae bajo ninguna de las
situaciones mencionadas. No se trata de una novela, pues el demandado pretende
exponer unos hechos y realizar un juicio de valor a partir de los mismos.
Tampoco se trata de la edición y publicación de una biografía de un documento
que caiga en el ámbito de publicaciones científicas.
23. El libro, en este caso, es producto de la
descripción de unos hechos que han sido objeto de investigación del autor y la
realización de un juicio de valor sobre los mismos. Así, y sin que la
distinción sea tajante y absoluta, se acerca a la figura del periodismo
investigativo. Por éste, la Corte entiende obras en las cuales un autor realiza
una investigación sobre hechos socialmente relevantes y presenta sus conclusiones
a manera de informe o de denuncia. Ello permitiría pensar que se sujeta a los
mismos parámetros que la Corte ha definido para el ejercicio de la libertad de
prensa.
24. La Corte Constitucional considera que si bien
existen elementos comunes, como el deber de procurar la veracidad en la
información, existen razones importantes para distinguir ambos tipos de obras.
Bajo el concepto de prensa se recogen distintas manifestaciones del quehacer
periodístico que no se limitan a la publicación en periódicos. Comprende
básicamente, la utilización de mecanismos de difusión masivos: periódicos,
radio, televisión, algunas formas de colocación de información y opiniones en
internet, revistas. En tales casos, priman algunos rasgos determinantes, como
la amplia difusión y la inmediatez. Con tales medios de comunicación se logra
un impacto pronto en la sociedad y se disminuyen los espacios de reflexión. El
receptor de la información o de la opinión tiene una capacidad menor de
reacción frente al hecho del emisor.
Tratándose de libros, usualmente se presentan
situaciones de baja difusión y poco impacto. Si ocurre lo contrario, se torna
en una suerte de noticia y adquiere las connotaciones de los medios masivos de
difusión. Un elemento central en torno al libro es el tiempo. Las obras
contenidas en libros, por lo general, demandan tiempo para su lectura y ello
asegura, en términos razonables, un mayor margen de reflexión.
Tales diferencias llevan a que en la tensión entre
responsabilidad social por la emisión de información y opiniones y la
generación de opinión y de desafíos, se resuelva de manera distinta en cada
caso. Tratándose de medios masivos, se otorga una mayor relevancia a la
responsabilidad social de los medios de comunicación, de suerte que se demanda una
mayor precisión en distinguir entre información y opinión, a fin de que los
receptores puedan hacerse un juicio propio sin demandas exigentes de reflexión.
Por el contrario, tratándose de libros, la existencia
de un tiempo para la reflexión implica que se privilegie la capacidad de
desafío y de generación de opinión. Si bien se espera mantener nítida la
diferencia entre información y opinión, el tiempo de reflexión permite al
receptor hacer la distinción y, así mismo, evaluar la admisibilidad de las opiniones
emitidas. No quiere decir que ello no ocurra tratándose de medios masivos de
comunicación; simplemente el tiempo con que cuenta la persona para realizar
dicha operación es mayor tratándose de libros y, por lo mismo, se sujeta a
menores rigores.
25. El equilibrio informativo y el derecho a una
rectificación, así como la posibilidad de réplica y respuesta, no pueden
demandarse de manera igual a proyectos disímiles como la actividad periodística
presentada en medios masivos de comunicación y dicha actividad realizada a
través de libros.
Tratándose de medios masivos de comunicación, el poder
social que ostentan tales medios obliga a establecer mecanismos que aseguren el
equilibrio informativo. Este equilibrio se logra de varias maneras y, en casos
extremos, obliga a considerar la posibilidad de que el afectado por la opinión
pueda presentar su propia versión. Sólo así se logra que la posición del medio
no totalice la visión de la realidad y, en su lugar, se convierta en vehículo
de la formación de opiniones sociales. En este sentido, la responsabilidad
social de los medios de comunicación adquiere una connotación positiva, en
tanto que canales de expresión de ideas y visiones de mundo. No implica, como
se indicó en sentencia T-1319 de 2001, un derecho al micrófono, pero si la
proscripción de cualquier aprovechamiento de una audiencia cautiva.
“En
el contexto del periodismo, este aspecto funcional pone de presente la fuerte
necesidad de armonizar derechos constitucionales, como los que ocupa esta
decisión, y explica de la responsabilidad social que la Carta le endilga a
dicha actividad. De ésta se deriva, en el contexto de la libertad de opinión,
que la persona señalada por el medio de comunicación ha de tener la oportunidad
de confrontar, de manera razonable y sin que ello pueda implicar un derecho a
acceder al micrófono cuando lo considere pertinente, las opiniones en su
contra. Se trata de garantizar un equilibrio entre las opiniones, pues
únicamente de esta manera se realiza la función constitucional de los medios de
comunicación en materia de opinión: coadyuvar a la conformación de la opinión
pública.
En este sentido, debe advertirse que la función
estructural que cumple la libertad de expresión, y en particular la libertad de
prensa, de crear condiciones para una real democracia deliberativa, dentro de
la cual sea posible el ejercicio de control del poder[12],
impone al medio de comunicación que establezca escenarios dentro de los cuales
la opinión pueda ser confrontada por las contrapartes. El espacio deliberativo
se ha de trasladar, de alguna manera, al ámbito periodístico. A fin de que el
foro sea realmente público[13]
y democrático, en el cual se genera una opinión libre, no pueden faltar
elementos propios del debate. La ausencia de contradictores torna a la
audiencia en cautiva y con reducidas opciones para formarse su propia opinión sobre
el tema debatido en el foro. Se trata, pues, de lograr un equilibrio
informativo.”[14]
26. Tratándose
de publicaciones en libros, el espacio deliberativo se construye a partir del
proceso de reflexión que la ausencia de inmediatez posibilita. Este fenómeno
elimina, en principio, la necesidad de establecer mecanismos de rectificación.
Con todo, podría argumentarse que se coloca a la
persona objeto de las opiniones en una situación de indefensión absoluta,
máxime cuando la obra adquiere resonancia y es objeto de tratamiento por parte
de los medios masivos de comunicación. Empero, en tal caso, se generan cargas
para los medios de asegurar el equilibrio informativo, como se indicó antes.
Con los anteriores elementos de juicio, la Corte
comenzará a abordar los distintos problemas jurídicos del caso.
Libertad de opinión y reproche.
27. Se ha considerado por parte de la demandante y los
jueces de instancia que, existiendo una decisión inhibitoria por parte de la
Fiscalía General de la Nación en relación con la conducta de la Fiscal, no
podía el demandante, legítimamente, iniciar una investigación por su cuenta y
publicar sus opiniones e ideas en torno a la conducta de la demandante. Lo
anterior, porque según ellos, la obra endilga a la fiscal el haber incurrido en
conductas que caen bajo los tipos penales de favorecimiento y prevaricato.
La tesis expuesta tiene dos aristas. De un lado, la
pretensión de un cierre absoluto sobre la valoración de la conducta de una
persona cuando se ha dictado una providencia la cual la Fiscalía General de la
Nación se abstiene de acusar, manteniéndose, por lo tanto, en toda su dimensión
la presunción de inocencia. Por otro, que ante tal decisión, no es posible
imputar directamente o “insinuar” que una persona ha incurrido en una conducta
típica.
28. La decisión de inhibirse procede por distintas
razones; entre ellas, que de los hechos no se desprende la realización de una
conducta típica. Si, a pesar de la existencia de la decisión inhibitoria, la
persona imputa directamente la realización de una conducta típica, podría estar
incurriendo a su vez en una. Asunto que la Corte no analiza.
Cosa distinta ocurre con la insinuación. La
insinuación, a partir de una opinión, es un asunto subjetivo –tanto en lo que
al emisor como al receptor respecta- y, si realmente existe, no puede reputarse
vedado. Lo anterior, en la medida en que la adecuación típica es una
calificación jurídica de una acción u omisión, en tanto que la insinuación no
implica imputación de la calificación, sino la descripción y calificación de
una conducta –activa u omisiva- como irregular.
29. Podría señalarse que, en todo caso, ante la
existencia de una inhibición para iniciar instrucción o frente a una preclusión
o cesación de procedimiento, o ante una sentencia en firme, no cabe
calificación alguna sobre la conducta de la persona. Es decir, el control
jurídico sobre el comportamiento de una persona cierra de manera absoluta
cualquier posibilidad de cuestionamiento.
Ya se indicó antes que en una sociedad multicultural y
pluralista no existe un monopolio sobre la verdad (Fundamento 18). En la
democracia constitucional el respeto por el pluralismo valorativo de la
sociedad, no puede conducir a que se entienda que la definición de la
corrección de la conducta de los funcionarios públicos se limite a su
conformidad con la ley. La sociedad tiene derecho a (y requiere) controlar la
actuación de tales funcionarios y de valorar si, a pesar de que no ha incurrido
en conductas irregulares en términos jurídicos, su comportamiento resulta
inaceptable en otros términos sociales. Dicho fenómeno se desprende de tres
consideraciones.
29.1 De una parte, que en una democracia
constitucional no es posible centralizar en el sistema jurídico la calificación
de la conducta de las personas. La separación entre derecho y moral, así como
del derecho del sistema de valores religiosos, (separación indispensable para
lograr una sociedad plural), obliga a aceptar que a partir de cada sistema
social es posible realizar juicios de valor respecto de la conducta de las
personas y, en particular, de los funcionarios estatales.
Sólo entra en juego el reproche jurídico cuando dicha
valoración cae dentro de los parámetros normativos propios del sistema
jurídico. No así, cuando dicho reproche responde al sistema de valores de otros
sistemas de la sociedad. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha protegido
en el ámbito jurídico el derecho de las mujeres, aún en edad escolar, por optar
por la maternidad. Ello no implica que, en el ámbito estrictamente religioso
tal comportamiento pueda resultar reprochable por contrariar determinadas
creencias o dogmas. El derecho, simplemente, no considera vinculante tales
sistemas normativos.
29.2 Por otra parte, pretender un monopolio absoluto
sobre el reproche en cabeza del sistema jurídico, conduciría a paralizar el
proceso de transformación del sistema de valores de la sociedad, en la medida
en que sólo resultarían legítimos los reproches jurídicamente sancionados.
Por el contrario, es la dinámica social y la
permanente evolución (sea en un sentido u otro) del sistema de valores de la
sociedad, lo que permite la transformación del sistema jurídico y la permanente
actualización de los reproches que demandan la estabilización jurídica. Es tal
dinámica social la que permite a la sociedad acoplarse y responder a los
fenómenos que ocurren en su seno.
29.3 Esta pretensión de monopolización del reproche en
el sistema jurídico se basa en una suposición incompatible con el orden social:
centralidad del sistema jurídico. La única explicación razonable para
proscribir todo reproche desde sistemas de la sociedad distintos del sistema
jurídico, es considerar que se trata de un sistema que abarca y agota todas las
relaciones sociales y que determina la suerte de las restantes. Se entendería,
entonces, que la sociedad gravita en torno al sistema jurídico.
Contrario a esto, el pensamiento moderno ha centrado
el debate en torno a sistemas y fenómenos distintos al derecho. Este,
inclusive, fue considerado sujeto a sistemas normativos externos. Baste
considerar las posturas iusnaturalistas, sean de corte teológica o racional,
que determinan la justicia del sistema del derecho a partir de premisas
extrajurídicas. Posturas contemporáneas, por su parte, destacan la ausencia de
sistemas centrales en la sociedad.
En suma, esta postura sólo podría comprenderse a
partir de una deformación del concepto de lo jurídico, de suerte que la
separación entre derecho y moral (así como de religión) hubiera supuesto la
desaparición del segundo.
29.4. Teniendo en cuenta lo anterior, la opinión
constituye una herramienta de control social sobre el funcionamiento de la
sociedad misma. La opinión permite revelar las conductas socialmente
reprochables que se escudan en lo legal o, en otra perspectiva,
instrumentalizan el sistema jurídico para su propio provecho. También, la
opinión permite mostrar la necesidad de modificaciones al sistema normativo
jurídico. Con el fin de readecuar el reproche jurídico de conformidad con los
diversos reproches desde otros ámbitos sociales.
30. Por las razones expuestas, el argumento presentado
en la consideración 27, apoyado por los jueces de instancia, constituye una
restricción inadmisible a la libertad de opinión en la medida en que define la
reputación exclusivamente a partir de la existencia o no de un reproche
jurídico a la conducta de la demandante, que se traduce en una imposición de
una concepción determinada del mundo: aquella que ha sido estabilizada a través
del sistema jurídico. Con ello, se restringe injustificadamente el tráfico de
ideas dentro de la sociedad.
Podría oponerse a este argumento que, como lo indica
la demandante, en realidad el autor ha desconocido un fallo de la
administración de justicia que, como ciudadano, tiene la obligación de respetar
y acatar. Este argumento obliga a la Corte a considerar: (i) el respeto por la
administración de justicia y (ii) el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Libertad de opinión y mantenimiento de la confianza en
la administración de justicia.
31. La existencia de una democracia constitucional no
se verifica exclusivamente por la presencia de un sistema de control de
constitucionalidad de las decisiones de todas las autoridades –sean
administrativas, judiciales o legislativas- y la presencia de un modelo
democrático, así como el respeto pleno por el principio de legalidad.
Ante la ausencia de una administración de justicia
eficaz y eficiente tales elementos se tornan simbólicos. Existe control de
constitucionalidad, pero las decisiones del tribunal constitucional son
desconocidas por los controlados; existe democracia, pero ante infracciones a
los procesos electorales sancionadas judicialmente, no se cumple la decisión;
se administra justicia, pero las personas no acatan las decisiones judiciales
ordinarias; se declara al Estado responsable, pero éste elude el deber de
indemnizar.
El incumplimiento generalizado de las decisiones
judiciales conduce a minar la confianza en la administración de justicia y en
últimas, a la desestabilización institucional.
32. Lo anterior implica que existe un claro interés
constitucional en garantizar el acatamiento pleno de las decisiones judiciales.
Por lo mismo, podría sostenerse que imponer restricciones a la libertad de
expresión y, en particular a la libertad de opinión, con el objeto de lograr
asegurar dicho acatamiento, implica la persecución de un fin
constitucionalmente válido, en cuanto definitivamente a una democracia
constitucional le resulta determinante la confianza de la población en su
administración de justicia[15].
Para analizar esta restricción, es necesario considerar algunas hipótesis:
1.  Información contraria a
la realidad de la decisión: habiéndose adoptado una decisión judicial en un
sentido A, en ejercicio de la libertad de expresión se informa no - A.
2.  Se ha establecido
mediante sentencia judicial una prohibición de informar A, pero se informa A.
3.  Se ha dictado una
sentencia que dice A, pero se cuestiona la decisión judicial que dice A.
Las hipótesis 1 y 3 no constituyen incumplimiento de
las decisiones judiciales. En el primer caso, se trata simplemente de la
información absolutamente falsa, que permite exigir la corrección de la
información. El tercero, se trata del ejercicio del derecho de opinión respecto
de una decisión judicial. Sólo en la hipótesis 2 se presenta una violación
del deber de acatar una sentencia judicial. Pero en tal caso, existe una
prohibición expresa de publicar cierta información. Es decir, se
trata de una infracción a una norma particular.
De lo anterior se desprende que prima facie,
imponer restricciones a la libertad de opinión bajo el argumento de proteger la
confianza en la administración de justicia, no puede entenderse como una
persecución de un interés legítimo, en la medida en que mediante la opinión no
se desconocen sentencias judiciales, sino que (hipótesis 3), se cuestiona la
decisión judicial misma, pero ésta se acata.
33. Se podría sostener que esta aproximación no tiene
presente algunas situaciones. De un lado, cuando se ha dictado una decisión
judicial en la que se concluye que una persona no ha incurrido en una conducta
típica, pero el emisor califica la conducta de la persona como irregular. De
otro lado, cuando existe una campaña de desprestigio en contra de la
judicatura.
El hecho de que se califique de irregular una
conducta, a pesar de que la administración de justicia ha llegado a la
conclusión de que ella no implica la realización de una conducta típica y, por
lo mismo, no punible, no implica que se agote el reproche social respecto de
tal conducta. No se desconoce la decisión judicial mientras no se impute la
realización de la conducta punible. Sostener lo contrario implicaría caer en el
argumento totalitario, según el cual, el derecho suprime y agota todas las
posibilidades de reproche en la sociedad, tal y como fuera analizado en los
fundamentos 28 a 30 de esta sentencia.
Leyes de desacato.
34. La segunda hipótesis consiste en cuestionar, a
través de una campaña de desprestigio, a la administración de justicia. La
demandante indica que el demandado incurrió en tal situación, pues cuestionó el
buen nombre de la Fiscalía General de la Nación por dos vías. De una parte, al
dudar de la rectitud con que dicha entidad realiza las investigaciones penales
y al sugerir la posibilidad de que intereses distintos al establecimiento de la
verdad, dirijan sus actuaciones. Por otra, al cuestionar la honorabilidad de la
demandante, cuando la Fiscalía General de la Nación es la “…institución que con
mayor celo selecciona sus miembros en razón a la delicada y difícil misión que
está llamada a cumplir”.
Esta hipótesis recoge una de las prescripciones
propias de las leyes de desacato (la otra, se refiere a la imputación directa a
un funcionario) y que, en términos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, se han justificado “so pretexto de la necesidad de proteger el
adecuado funcionamiento de la administración pública”[16].
35. En la actualidad en Colombia no existe disposición
expresa que permita restringir la libertad de opinión por este motivo, de
manera que admitirla implicaría violación del Pacto de San José que demanda ley
previa a cualquier restricción a la libertad de expresión (Art. 13). Se podría
sostener, por su parte, que tal restricción es el resultado de armonizar el
derecho al buen nombre de la administración y la libertad de opinión.
Tal postura resulta completamente inadmisible por dos
razones. En primer lugar, conduce a la negación de la libertad de opinión. Esta
corporación ha señalado que la armonización concreta implica “mutua
delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de
las respectivas normas constitucionales, de modo que se asegure su máxima
efectividad”[17].
Tal efectividad no puede conducir a que se anule uno de los derechos en juego.
En la hipótesis que se considera, se llega al punto de prohibir la emisión de
una opinión respecto de la administración de justicia. Es decir, está prohibido
opinar.
Directamente ligado a lo anterior, implica desconocer
los principios tutelares de una democracia constitucional. En ella, todos los
órganos del Estado están sujetos a escrutinio público. Sus decisiones son
absolutamente cuestionables y criticables. La democracia misma se basa en la
posibilidad que tiene el grupo opositor de cuestionar las actuaciones y decisiones
del grupo gobernante y proponer soluciones alternas. En el ámbito jurídico, la
construcción de una dogmática y una doctrina jurídica implica la posibilidad de
cuestionar las decisiones judiciales. Más aún, la imposibilidad de cuestionar o
criticar al Estado, sea el ejecutivo, el legislador o la judicatura, impide el
ejercicio de la libertad de pensamiento y la formación científica en la
sociedad.
En suma, conduce a la consideración del ser humano
como una suerte de autómata, sujeto a las directrices del Estado. Desaparece,
así, cualquier asomo de autonomía y de dignidad humana.
Por otra parte, las leyes de desacato de la naturaleza
propuesta, parten de la idea de que la administración de justicia (o el resto
del Estado) es titular del derecho al buen nombre; simplemente existe, como se
ha dicho, un interés constitucionalmente legítimo en proteger la confianza de
los ciudadanos en la recta administración de justicia.
De allí que, sólo cuando la opinión tenga por objeto
específico minar dicha confianza podrá el Estado legítimamente imponer
restricciones proporcionadas al ejercicio de la libertad de opinión. Pero tal
afectación de la confianza no puede evitarse cuando es consecuencia de la
valoración de hechos que involucran a la administración de justicia, de sus
decisiones o si se trata de una percepción generalizada en la población. Así,
si la sociedad o una persona consideran que una institución que participa en el
proceso de administración de justicia no es digna de merecer confianza, no
puede impedirse la publicación o emisión de opiniones que tengan como
consecuencia criticar una determinada institución.
De igual manera, si se llega a la conclusión, a partir
de la valoración de determinados hechos, como la filiación política de los
jueces, sus estudios, las preferencias personales, etc., que la administración
de justicia no ofrece garantías de confianza, no puede impedirse la emisión de
tales opiniones.
Precisamente, tales opiniones tienen por objeto
generar un consenso en la necesidad, bien sea de cambio en la administración de
justicia o de mantener dicho estado de desconfianza.
36. En cuanto a la posibilidad de que se mine la
reputación de la Fiscalía como consecuencia de la opinión que se manifiesta de
un fiscal, se sigue la misma suerte. Si un fiscal es objeto de reproche social,
no existe razón jurídica alguna para impedir que ello afecte a la Fiscalía
General de la Nación.
La demandante considera que la situación se agrava al
observar que la entidad a la cual pertenece realiza el proceso de selección más
celoso. Con ello quiere indicar que se cuestiona el proceso de selección mismo,
el cual es superior al que se observa en otras instancias.
Ello no apareja afectación alguna al interés
constitucional protegido de asegurar la confianza en la administración de
justicia. Por el contrario, podría aducirse que son las afirmaciones de la
demandante las que la minan, en la medida en que cuestiona los procesos de
selección de los funcionarios de la administración de justicia que no integran
la Fiscalía General de la Nación. Es decir, ella estaría cuestionando la
idoneidad de los juzgados, tribunales y altas cortes, debido al  inferior
proceso de selección de jueces y magistrados.
Para la Corte, no es posible derivar un ejercicio
abusivo del derecho a la libertad de opinión merecedora de sanción jurídica,
del cuestionamiento, sea del funcionamiento global de una entidad pública o de
los procesos de selección de personal que realiza. El control político
participativo de la ciudadanía sobre el Estado supone dicha posibilidad de
crítica. El Estado no es intocable y la administración de justicia hace parte
de ella.
Primera aproximación al caso concreto.
37. Según se asegura en la demanda de tutela, la
Fiscal considera que el demandado “malintencionadamente” utilizó expresiones
que violaban su buen nombre y su honra. Para tal efecto, cita las expresiones
parciales contenidas en el capítulo dedicado a la actuación de la demandante en
el proceso penal referenciado en la obra.
La obra trata de denunciar una serie de hechos que el
demandante considera constituyen un fenómeno de corrupción en la administración
de justicia. Aunque el libro se centra en la descripción de lo ocurrido en un
proceso penal que se inició como consecuencia de una denuncia formulada por el
autor, el análisis va más allá de la mera descripción de lo acaecido en el
proceso penal.
La ecuación que formula el autor en el libro se puede
resumir de la siguiente manera: (i) una empresa privada tiene suficiente poder
para alterar el curso de los procesos penales; (ii) dicho poder es producto de
las relaciones que mantienen sus propietarios con altos dignatarios del Estado,
entre ellos el Presidente de la República y el Fiscal General de la Nación;
(iii) como consecuencia de dicho poder, logra que procesos penales en los
cuales puede considerarse como civilmente responsable, o bien no se le vincule,
o que el caso no se resuelva de fondo debido a la prescripción de la acción
penal y, (iv) termine el Estado colombiano asumiendo los costos del daño
causado y que se buscaba reparar en el proceso penal.
Esta ecuación se observa en la distribución propia del
libro, que comienza con una descripción de la empresa y sus dueños; con una
explicación de las relaciones que la empresa y los dueños mantienen con los
altos funcionarios; sigue con la descripción de lo ocurrido en el proceso penal
y consideraciones sobre las consecuencias derivadas de decretar la prescripción
de la acción penal.
Así, resulta claro para la Corte que el autor no
escribió una obra dirigida a atacar a la demandante, sino a cuestionar la
actuación de la justicia misma. Sólo el contexto global de la obra permite
observar lo anterior.
Ello no implica que automáticamente desaparezca
cualquier violación de los derechos fundamentales de la demandante. Simplemente
permite establecer un parámetro para juzgar las expresiones hechas por el
demandado.
Expresiones emitidas y que son demandadas.
38. En los hechos de la presente providencia se ha
hecho alusión a las expresiones que la demandante considera atentan contra su
buen nombre y honra. A partir de las distinciones hechas en los fundamentos 14,
15 y 16 de esta sentencia, resulta claro para la Corte Constitucional que no
existe ataque alguno a la honra de la demandante.
Las afirmaciones que hace el demandado tienen por
exclusivo objeto cuestionar la conducta profesional de la demandante. En
términos llanos, pone en duda que la demandante hubiese actuado
imparcialmente en el proceso penal referenciado en la obra. No se hace
alusión alguna al ámbito privado de la demandante, a su condición de persona.
Simplemente se ha considerado que en ejercicio de su función como fiscal,
existen elementos que permiten dudar del cumplimiento cabal de tales funciones.
De lo anterior, resulta claro que está en juego el buen nombre de la
demandante.
39. En los numerales 2.2.1 a 2.2.5 de esta
providencia, se hizo mención a los hechos de los cuales la demandante deriva la
violación de su buen nombre. Para efectos analíticos, la Corte considerará
primeramente las expresiones mencionadas en los numerales 2.2.2 a 2.2.4 y luego
considerará los consignados en 2.2.1 y 2.2.5
Las expresiones contenidas en 2.2.2 a 2.2.4 tienen un
elemento común. Se parte de cuestionar actuaciones que, a la luz del derecho no
son censurables. En la defensa dentro del proceso, el apoderado del demandado
deja en claro que no cuestiona la licitud de la actuación de la demandante. Se
pone en tela de juicio que revestida de licitud, en realidad haya consultado
otros intereses. De allí que la demandante califique la actuación de
malintencionada y constitutiva de injuria indirecta.
39.1 En los fundamentos 27 y siguientes de esta
providencia se analizó cómo no es posible reducir el reproche a lo
jurídicamente inadmisible. En esta oportunidad, el demandado ha hecho una
crítica, por demás severa, en contra de lo ocurrido dentro del proceso penal.
Tal crítica no se apoya en la corrección o no del procedimiento seguido. Por el
contrario, el reproche se basa en la consideración de que la empresa podría
resultar afectada y, gracias a su poder, alteró el curso del proceso. Incluso,
podría señalarse que se trata de expresiones exageradas.
Críticas de este tipo han de soportarse en una
democracia constitucional. Por ello se avanzó sobre la imposibilidad de que se
prohíba o restrinja el ejercicio de la libertad de opinión respecto de la
administración de justicia misma. La cuestión es cuál debe ser el límite de la
libertad de expresión. Para la Corte, dicho límite se define con base en la
plausibilidad (la Corte advierte que no se trata de corrección) de tales
opiniones a partir del contexto descrito. Según se ha precisado en la sentencia
C-489 de 2002, la afectación del buen nombre parte de informaciones falsas o
erróneas, que distorsionan el concepto público sobre un individuo. También se
indicó que bajo el amparo del derecho al buen nombre, las opiniones meramente
insultantes, están proscritas (fundamento 15).
Los hechos mencionados por el autor, y referidos en
los hechos 2.2.2 a 2.2.4 no han sido tachados de falsos. La demandante,
precisamente, señala que se trata de conductas legales. Así, no se trata de
información falsa. Ello no implica que sea plausible la opinión del demandado.
39.2 Ahora bien, la demandante omite señalar
expresamente otros elementos de juicio expuestos por el autor del libro. Este
indica que la Fiscal logró un ascenso y que entregó todos los procesos a otros
fiscales para seguir con la investigación, salvo el caso que relata.
Igualmente, indica que la Fiscal demoró un tiempo considerable (más de un año)
para recibir 4 testimonios.
Si se tienen presente estos elementos, junto a los
hechos descritos por la demandante y el contexto del libro, resulta claro que
el demandado construye una sospecha sobre la capacidad de la empresa para
incidir en el proceso. Sostiene que resulta cuestionable, aunque jurídicamente
admisible, que en ciertas diligencias no estuvieran presentes algunas partes
del proceso y que la Fiscal accediera a los servicios jurídicos de un costoso
abogado, etc.
Se ha puesto en duda, no a manera de insulto u ofensa
en contra de la fiscal, su comportamiento dentro del proceso. La duda surge de
la existencia de una serie de hechos, dentro y fuera del proceso, que en
últimas conducen a cuestionar toda la administración de justicia. Así, si bien
es claro que el autor tiene por objetivo cuestionar a la Fiscal y criticar su
labor en el proceso penal, las opiniones manifestadas y las críticas y dudas
emitidas, se encuentran constitucionalmente protegidas.
39.3 Es posible argumentar que no se encuentra probado
vínculo directo entre el supuesto poder de la empresa y la fiscal. Por lo
mismo, el demandado se basaría en un supuesto de hecho falso, afectándose en
consecuencia el buen nombre de la funcionaria.
Este argumento parte de demandar un grado de certeza
que obliga al demandado a convertirse en fiscal con poderes de instrucción. El
demandado realizó una investigación previa sobre la empresa, sus dueños y los
nexos de éstos con altos funcionarios del Estado colombiano. Así, el demandante
destaca que el Fiscal General fue apoderado de los intereses de la empresa y
que, sólo cuando se retiró de la Fiscalía, se dictó resolución de acusación en
el proceso penal referenciado.
Si bien no existe una “plena prueba” de la capacidad
directa de la empresa para afectar el transcurso del proceso, si existen
elementos de juicio que le permiten al demandado, de manera plausible, inferir
tal poder[18].
Es posible que éste hubiera exagerado en los alcances del poder de la empresa.
Sin embargo, los medios de comunicación ya habían cuestionado al Fiscal General
por sus nexos con empresarios[19].
De allí que la exageración no pueda reputarse como producto de la intención de
insultar u ofender en manera grave.
40. En el numeral 2.2.5 se reseña la expresión de la
cual la demandante deriva una intención directa de injuriar a la Fiscal. La
demandante extrae un fragmento de la obra, pero olvida un punto esencial del
párrafo, que es necesario tener presente. Se transcribe la sección y en cursiva
lo reseñado por la demandante:
“La Procuradora Especial del Ministerio Público,
designada para este proceso, Dra...., mediante oficio de..., solicitó la
resolución de acusación, por estar plenamente reunidos los requisitos que
exige el Art. 441 del anterior código penal...
¿Coincidencialmente? Esta Procuradora Especial fue
trasladada desde Cali a prestar sus servicios en Buenaventura. Pero la rueda
del poder económico y político no se detiene. La “Honorable” Dra. Elizabeth
Alcalá Jiménez, en otro acto de corrupción sin precedentes y contra todo
pronóstico posible, mediante resolución interlocutoria No. 275 de marzo 21 de
2000 –en 27 folios- DECIDIO PRECLUIR LA INVESTIGACION
PENAL, tanto a favor del sindicado Sánchez, como de los
demás copartícipes y desvincular a la firma THOMAS Greg & Sons…, tercero civilmente responsable,
ordenando, así mismo, se archive de manera definitiva el proceso, según el
‘recto y sano juicio’ de esta funcionaria estrella de la Fiscalía General de la
Nación –ascendida un año antes a ...-, con el siguiente paralogismo:...”
Resulta claro para la Corte que nuevamente el autor
parte de la existencia de una compleja relación de poder que afecta a la
Fiscalía. Producto de tal relación de poder, quien se enfrenta a los intereses
de la empresa, recibe una “sanción” –en este caso traslado -. Bajo este
contexto, no resulta desatinado sostener que por corrupción o falta de
imparcialidad, se adopta una decisión de archivo de un proceso penal. Puede
resultar completamente exagerado señalar que la Fiscal actuó de manera
parcializada, pero no puede calificarse como un ejercicio abusivo de la
libertad de opinión, y mucho menos considerar que la interpretación que el
demandado hizo de tales hechos (a los que se suma los argumentos de la
decisión), tengan por propósito exclusivo dañar el buen nombre de la
demandante. Claramente no ha intentado insultarla u ofenderla, tampoco se
desprende que le impute un hecho punible.
La expresión contenida en el numeral 2.2.1,
consistente en colocar en comillas la palabra honorable, adquiere, conforme a
lo anterior, un sentido distinto. Es claro que el demandante cuestiona la
honorabilidad de la funcionaria, pero dicho cuestionamiento es producto del
análisis que el autor hace. Por lo mismo, se encuentra constitucionalmente
protegida.
Medida cautelar.
41. El juez a quo dictó orden para impedir la
circulación y venta del libro. Tal decisión se adoptó durante el proceso, antes
de escuchar los argumentos del demandado y, claramente, antes de dictar
sentencia.
El artículo 20 de la Constitución prohíbe la censura.
Por su parte, el artículo 13 del Pacto de San José señala que está prohibida la
censura previa y que el ejercicio de este derecho sólo está sujeto a
“responsabilidades ulteriores”.
El privilegio prima facie del derecho a la
libertad de opinión, implica que mientras no se determine claramente que las
expresiones emitidas constituyen un ejercicio abusivo de éste y violatorio de
derechos fundamentales, se mantiene la protección de las opiniones[20]. Existe, en este orden
de ideas, una presunción de conformidad con la Constitución de toda opinión, la
cual ha de ser protegida mientras no se adopte decisión judicial.
Censura es una
supresión de la libertad de expresión. Ordinariamente ocurre cuando previo a la
publicación de la información o la opinión, esta es evaluada por la autoridad
y, a partir de ello se emite autorización para su publicación (en el sentido de
emitir) final. Sin embargo, existen formas más sutiles de censura. No sólo a
través de presiones directas o indirectas por parte del Estado.
Se incurre en censura cuando, sin haberse establecido
responsabilidad, se impide que continúe circulando información u opiniones. Al
establecerse la responsabilidad, desaparece la presunción de constitucionalidad
de la emisión y, por lo tanto, el Estado está en el deber de proteger en sus
derechos a la persona afectada por la información o la opinión.
De allí que por regla general, constituye una forma de
censura retirar de circulación o impedir la publicación de una obra, sin que
medie sentencia judicial previa que señale que en ella se incurre en
violación de los derechos fundamentales de una persona.
Por lo tanto, la medida adoptada por el juez a quo,
con el objeto de proteger los derechos de la demandante, implicó una restricción
inconstitucional de los derechos del demandado y, por lo mismo, será revocada.
Reserva del sumario.
42. El autor del libro publica piezas completas e
incompletas del proceso penal que reseña en la obra. Para la demandante, ello
implica violación de la reserva del sumario.
La reserva del sumario tiene por objeto asegurar
condiciones que permitan la correcta investigación penal. Llegado a juicio, el
sumario se torna público. De allí que respecto de todo proceso penal que
alcance dicha etapa, no es posible predicar reserva alguna.
En relación con los procesos que no llegan a dicha
etapa, si bien la Corte en sentencia T-331 de 1994 estableció que no era
posible suministrar copias de un expediente que no llegó a juicio, por
necesidad de proteger la presunción de inocencia de una persona, esta
limitación al acceso a la información no es absoluta.
42.1 En primer lugar, ningún expediente judicial será
reservado por tiempo indeterminado. Llegado el momento en que se considere
documento histórico, asunto que corresponde al legislador precisar, toda
persona tendrá acceso al mismo.
42.2 La reserva sumarial en estas condiciones sólo
tiene por objeto preservar la presunción de inocencia. Por lo mismo, sólo
estarán sujetos a reserva los documentos o pruebas que afecten dicha
presunción. No así documentos que son públicos por naturaleza:
a) la denuncia.
b) las decisiones definitivas de las autoridades
judiciales.
El carácter
público de la denuncia, deriva del hecho de que con ella se ponen en
conocimiento de la autoridad hechos que se consideran eventualmente punibles.
Denunciar no implica, en sí mismo, atentado alguno contra la presunción de
inocencia.
Por su parte, las decisiones definitivas, como la
inhibición o la preclusión o cese de investigación, son públicas por emanar de
una autoridad estatal. No pueden, salvo algunos asuntos restringidos –como
defensa nacional -, existir documentos que contengan decisiones estatales al
margen del escrutinio público. El control ciudadano sobre el Estado demanda acceso
a tales documentos. Sólo así es posible controlar que el Estado - sea el
legislador, la administración o la judicatura -, actúen de conformidad con la
Constitución y la ley.
En punto a las investigaciones penales, la prohibición
de juicios secretos tiene un doble propósito. Prohibir que se juzgue en secreto
a una persona, minando su derecho de defensa y, a la vez, prohibir que se
absuelva en secreto a una persona, afectando la imparcialidad y rectitud de la
justicia. Es decir, minando la confianza de la población en su administración
de justicia.
Procedencia de la tutela.
43. El demandado señaló repetidamente que la tutela no
era procedente en el presente caso, pues la demandante (i) le imputaba la
realización de actos de injuria –directas e indirectas- y (ii) contaba con el
mecanismo de defensa a través del proceso penal.
La demandante nunca justificó la procedencia de la
tutela, simplemente se limitó a recordar la sentencia T-1319 de 2001, en la
cual la Corte Constitucional admitió la posibilidad de que procediera la tutela
para proteger el buen nombre y la honra, por ejercicio de la libertad de
expresión. Los jueces consideraron que la investigación penal no constituye un
medio adecuado de defensa, en razón a su lentitud.
44. La Corte Constitucional ha indicado que la
protección de los derechos que la demandante consideraba violados, son objeto
de protección total por vía de tutela[21].
Con todo en la sentencia C-392 de 2002, la Corte dejó en claro que debe
distinguirse la protección contra injuria o calumnia, en cuyo caso procede la
investigación penal, y otras formas de violación, que permiten la tutela. En
todo caso, la tutela procede para evitar un perjuicio irremediable:
“En este sentido tomando en cuenta su carácter de
derechos fundamentales, esta Corporación ha señalado que independientemente de
la existencia  mecanismos de protección en materia penal[22],
cuando se presenten violaciones a la honra y al buen nombre de las personas
que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia, afecten estos
derechos, será posible invocar la acción de tutela, cuando ello sea necesario
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[23].”
En la sentencia T-1319 de 2001, la Corte consideró la
afectación del buen nombre y la honra del demandante, habida consideración de
que alegaba la puesta en peligro de su vida e integridad personal, como
consecuencia de las opiniones del periodista demandado. Así, la opinión del
periodista, en concepto del demandante, tuvo por objeto directo su buen nombre
y su honra y, por consecuencia, otros derechos fundamentales.
45. En el presente caso, la única razón para que se
estimara procedente la acción de tutela radicaba en la “lentitud” de la
investigación penal. La demandante señaló que el demandado la injurió.
Permanentemente aduce en la demanda que incurrió en injuria directa o
indirecta. Así, en últimas, pretendió que a través de la acción de tutela se
estableciera si el demandado había incurrido, al menos, en conducta típica. No
entra la Corte a precisar si al sostener que se trataba de una actuación
“malintencionada” o fríamente calculada, implicaba también una pretensión de
que se calificara el dolo del demandando.
La Corte
considera que en principio para la protección del buen nombre y la honra, ante
expresiones que se califican como injuria o calumnia, el proceso penal es el
mecanismo de protección indicado. Conforme a la lógica de la demandante y los
jueces de instancia, los cuestionamientos contra la administración de justicia
son, en si mismos, de una gravedad tal que demandan una acción rápida del
Estado. No de otra manera se justificaría que se entienda la concesión de la
tutela. En consecuencia, si se consideraban injuriosas o calumniosas las
expresiones del libro, ha debido declararse improcendente la tutela, por
existir el mecanismo ordinario del proceso penal.
Podría pensarse que la demandante y los jueces de instancia
consideraron que, ante la flagrancia de las afirmaciones, junto a su gravedad,
el daño al patrimonio moral de la demandante se tornaría en irreparable al
pasar los 6 meses (que señalan los jueces) que dura la investigación y el
proceso penal.
Con base en lo anterior, se ha demostrado que no
existió daño alguno al patrimonio moral de la demandante y que, por el
contrario, se trata de expresiones completamente protegidas por el ordenamiento
constitucional.
Sin embargo, por razón de la función de la Corte
Constitucional de unificar la jurisprudencia, se torna indispensable tomar una
decisión de fondo.
Conclusión.
47. En conclusión, la Corte observa que en el presente
caso:
a) Se censuró la obra “La corrupción de la justicia en
Colombia –Proponen robo al Estado -”, al dictarse una medida cautelar sin que
se estableciera responsabilidad previa alguna.
b) No existen en Colombia leyes de desacato y, por lo
mismo, es absolutamente legítimo que los ciudadanos critiquen y juzguen la
actuación de las entidades estatales.
c) No existió amenaza o violación del derecho al buen
nombre de la demandante, pues las opiniones expresadas por el demandado, a
pesar de ser fuertes y, posiblemente, exageradas, resultan plausibles a partir
de la investigación y la descripción de los hechos en la obra. Además, no
existe elemento alguno que permita inferir con una alta probabilidad, que el
demandado difundió información falsa o inexacta como base para emitir sus
opiniones.
d) No existió amenaza o violación del derecho a la
honra de la demandante, pues las opiniones expresadas no tuvieron como objetivo
la personalidad de la fiscal, sino su conducta exterior como funcionaria del
Estado colombiano.
e) Las expresiones emitidas por el demandante
constituyen un legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión y, en
particular, del derecho de opinión.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Revocar los fallos dictados por el Juzgado 30 Penal Municipal
de Cali y el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali y en su lugar negar la
tutela presentada por Elizabeth Alcalá Jiménez.
Segundo.- Revocar la orden impartida mediante auto del 29 de abril de 2002,
mediante la cual el Juzgado Treinta penal Municipal de Cali prohibió la venta y
circulación del libro “La corrupción de la justicia en Colombia –Proponen robo
al Estado -”. En consecuencia, por Secretaría General se notificará a la
editorial y librerías indicadas en dicho auto, así como en las sentencias
revocadas, sobre la libertad de circulación y venta del mismo.
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] Ver sentencias T-1319 de 2001 y C-489 de
2002, entre otras.
[2] Ver sentencias C-489 de 2002 y T-921 de
2002.
[3] Idem.
[4] Como en la sentencia T-412 de 1992 y
aquellas que se apoyan en esta.
[5] Sentencias Su-089 de 1995 y T-455 de 1998.
[6] Sentencia T-299 de 1994.
[7] Sentencia T-1319 de 2001.
[8] Sentencia T-227 de 2003.
[9] Ibid.
[10] Sentencia T-1319 de 2001.
[11] Sentencia T-1319 de 2001, sentencia T-028 de
1996.
[12]  Sentencia C-010 de 2000
[13]  Sentencias T-403 de 1992, T-421 de 1992,
T-210 de 1994, T-404 de 1994, T-662 de 1999
[14] Sentencia T-1319 de 2001.
[15] En el ámbito europeo, ver la sentencia
dictada por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso De Haes and Gijsels
v. Belgium (caso 7/1996/626/809).
[16] Ver “Informe sobre la compatibilidad entre
las leyes de desacato y la Convención Americana de Derechos Humanos”, Doc. 9
88° período de sesiones, Informe anual 1994 (Capítulo V), Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 1995.
[17] Sentencia T-425 de 1995.
[18] En el ámbito europeo, ver las decisiones
de la Corte Europea de Derechos Humanos en los casos De Haes and Gijsels v.
Bélgica y Perna v. Italia
[19] En el libro aparece copia de una
publicación de un conocido medio de comunicación, en el cual uno de sus
periodistas reseña los cuestionamientos de otros medios de comunicación
conocidos y ofrece su perspectiva personal.
[20] La doctrina penal colombiana ha sostenido
que las opiniones no pueden, por regla general, ingresar en el ámbito penal.
Sobre el particular, puede consultarse el siguiente estudio: Jaime Lombana
Villalba. Injuria, calumnia y medios de comunicación. Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. 1° Edición 2003. Pags. 175 y ss.
[21] Sentencias C-392 de 2002 y C-489 de 2002.
[22] Título V del Código Penal (ley 599 de
2000).
[23] Ver Sentencia T-263 de 1998