T-144-99
Sentencia T-144/99
Sentencia T-144/99
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago oportuno de
salarios por afectación del mínimo vital
Aunque no cabe en
principio la acción de tutela para obtener el pago de acreencias laborales, por
cuanto existen medios judiciales idóneos para alcanzar la protección de los
derechos y para la efectividad de las prestaciones de esa índole, la
jurisprudencia de esta Corte ha sido también constante en el sentido de que la
aptitud de tales medios ordinarios se ve ostensiblemente disminuida y aun
anulada, frente al propósito constitucional de la defensa cierta de los
derechos fundamentales, cuando la falta de cumplimiento de elementales deberes
del patrono -como el oportuno pago del salario- llega a afectar el mínimo vital
de los trabajadores y sus familias, en particular los niños, lo que amerita un
desplazamiento de aquéllos, con miras al inmediato y eficiente amparo de los
derechos en juego. La subsistencia de las personas no admite la espera de un
largo proceso laboral y si a ello se agrega la carencia absoluta de recursos de
quien tiene en el trabajo la única fuente de ellos, la intervención del juez
constitucional se hace indispensable y es oportuna para realizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho. Se ha estimado viable el amparo por
razón de la imperativa prevalencia del derecho sustancial.
PRINCIPIO DE
REMUNERACION PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO-Adecuación del salario al grado que
actualmente corresponde
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
DERECHO AL
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Discriminación en pago oportuno de salarios
atendiendo rango del cargo/DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminación en el
pago oportuno de salarios atendiendo rango del cargo
El trabajo, según
la Carta, merece protección en todas sus modalidades y es digno, como lo es la
persona humana que lo presta, con absoluta independencia del tipo de labor que
se adelante, desde la más humilde hasta la de mayor rango. Todo trabajo, por el
hecho de prestarse, genera como consecuencia el derecho de quien lo ejecuta a
una adecuada y oportuna remuneración, vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo, y no susceptible de ser negada o injustificadamente
reducida ni indefinidamente aplazada, por causa exclusiva del nivel jerárquico
del empleado o de la clase de tarea que se le encomienda, ya sea manual o
intelectual, de dirección y confianza o puramente subalterna, de medios o de resultado,
permanente o transitoria. Las condiciones dignas y justas de la relación
laboral se aplican, por imperativo mandato constitucional, a todas las formas y
expresiones del trabajo, y entre ellas, la oportunidad en la cancelación de los
salarios y prestaciones desempeña el mismo papel. El artículo 13 de la
Constitución, no sólo proscribe toda forma de discriminación por causas tan
accidentales e irrelevantes como el tipo de labor que se desempeñe, sino que
ordena al Estado, en busca de la igualdad real y efectiva, adoptar medidas en
favor de grupos discriminados o marginados y proteger especialmente a aquellas
personas que por su condición económica -entre otros motivos-, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta, sancionando los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.
Referencia:
Expedientes T-186104, T-185532, T-185427, T-187130, T-187488, T-187684,
T-192131, T-190926, T-187934 y T-195159
Acciones de tutela
instauradas por Jorge Eliécer Rudas Galán, Nurys Mercedes Sarmiento Torres,
Osman Borja Guerrero, Katia Patricia Acosta Sierra, Adelaida María Aguilar
Lara, Maurelis del Rocío Andrade Fragozo, Gloria María Ríos Márquez, Jorge
Urieles Bovea, Magalys Esther Polo Rua y Juana Martínez de Mora, contra el
Municipio de Ciénaga
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los quince (15) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y
nueve (1999).
I. INFORMACION PRELIMINAR
La identidad en el objeto de las acciones
de tutela incoadas lleva a la acumulación de los expedientes en referencia, tal
como lo dispusieron las salas de selección de esta Corte al escogerlas para su
revisión constitucional. Se examinarán conjuntamente y sobre el tema planteado
se resolverá mediante el presente Fallo.
En todos los casos se trata de personas que
prestan o prestaron sus servicios al Municipio de Ciénaga, bien en calidad de
empleados o mediante orden de trabajo, y a quienes se les adeuda el pago de los
salarios de varios meses así como el de las correspondientes prestaciones
sociales. Todos aducen violación del derecho a la igualdad por no habérseles
pagado las sumas adeudadas pero sí haberlo hecho al exalcalde Alberto Vives
Pacheco y a su motorista, Raul Rada Caro, a quienes el 30 de diciembre de 1997
se les canceló lo que se les adeudaba por el mismo concepto que constituye
objeto de reclamo.
En un solo caso, el del expediente
T-187684, se acude a la tutela, además, para lograr que se tenga en cuenta, con
miras a establecer el monto del salario, el reajuste ya operado en el grado del
escalafón nacional docente.
Los hechos expuestos por la actora en tal
caso pueden resumirse así:
"PRIMERO: Estoy
nombrada como docente de tiempo completo, grado uno en el escalafón nacional en
la Unidad Especial de Servicio Docente de la Secretaría de Educación Municipal.
SEGUNDO: Fui
comisionada para desempeñarme como docente en la Escuela Primera de niñas de la
ciudad de Ciénaga en la jornada matinal en la cual me cancelaban la asignación
mensual que corresponde al grado uno.
TERCERO: Que según
resolución Nº 3229 del 28 de diciembe de 1997 fui ascendida al grado Siete del
Escalafón Nacional Docente y para el cual la mencionada resolución surte efecto
fiscal a partir del 25 de septiembre de 1997.
CUARTO: La
Secretaría de Educación por intermedio de la Secretaría de Hacienda no ha
reajustado desde el 25 de septiembre hasta el 31 de diciembre del mismo año el
incremento del grado uno al grado siete. Además se me adeudan los salarios
correspondientes a los meses desde el primero de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 1997, y sus respectivas primas.
QUINTO: En varias
oportunidades he solicitado el pago de los ajustes y salarios dejados de
percibir sin obtener respuesta alguna".
II. LAS DECISIONES JUDICIALES
Expediente T-186104
El Juzgado Primero Civil del Circuito de
Ciénaga, en providencia del 11 de agosto de 1998, no tuteló el derecho a la
igualdad del peticionario, JORGE ELIECER RUDAS GALAN, por considerar que no se
demostró la violación del derecho a la igualdad. Según la sentencia, no puede
esgrimirse el argumento del pago al Alcalde, a su conductor y al tesorero para
argumentar la vulneración del derecho a la igualdad, ya que el Alcalde y el
tesorero corresponden a la nómina del Ejecutivo y no se puede predicar que un
docente, como lo es el peticionario, se encuentre en la misma condición del
Alcalde. Se necesitaría que a otro docente, colocado en pie de igualdad con el
demandante, sí se le hubiera desembolsado lo debido para admitir que
efectivamente se está violando al actor ese derecho fundamental.
Impugnado el fallo, correspondió conocer en
segunda instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta,
Sala Civil-Familia, que en providencia del 25 de septiembre de 1998, lo
confirmó, sosteniendo que el afectado debe acudir a los procedimientos
ordinarios para obtener la satisfacción de sus derechos laborales.
Expediente 185532
El Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga,
mediante fallo del 18 de septiembre de 1998, no tuteló el derecho a la igualdad
de la peticionaria, NURYS MERCEDES SARMIENTO TORRES, al considerar que la
tutela no es el mecanismo idóneo para satisfacer acreencias salariales y
laborales, debiendo acudirse al proceso ejecutivo laboral.
Expediente 185427
El Juzgado Primero Civil Municipal de
Ciénaga, en fallo del 13 de agosto de 1998, resolvió tutelar el derecho a la
igualdad del peticionario, OSMAN BORJA GUERRERO, afirmando que sí se
configuraba un perjuicio irremediable. En consecuencia, se ordenó a la
Alcaldesa Municipal cancelar los salarios y las prestaciones sociales que se
causaron durante la vigencia de 1997.
Al impugnarse el fallo, el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Ciénaga, en providencia del 21 de septiembre de 1998,
revocó la decisión, pues, en su criterio, no fue violado el derecho a la
igualdad. Para el Juzgado, el Alcalde Municipal no se encuentra en la misma
escala jerárquica del celador que instaura la acción de tutela. Al encontrarse
en distintas circunstancias de hecho y dárseles un trato diferente, no podemos
deducir que se haya desconocido el derecho a la igualdad.
Expediente 187130
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Ciénaga, en proveído del 10 de agosto de 1998, tuteló el derecho a la igualdad
y a la remuneración mínima de la actora, KATIA PATRICIA ACOSTA SIERRA, quien
pedía el pago de los salarios de febrero a diciembre de 1997, así como las
prestaciones sociales de dicho año, pues estableció que el salario era el único
ingreso de la accionante.
Impugnado el fallo, correspondió conocer en
segunda instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta,
Sala Civil- Familia, el cual, en providencia del 15 de octubre de 1998, revocó
la providencia, arguyendo que no se estaba amenazando el mínimo vital. La
petente informa vivir con sus padres, a quienes ayuda en el pago de los
servicios públicos, es decir, tiene manera de subsistir.
Expediente 187488
El Juzgado Segundo Civil Municipal de
Ciénaga, mediante sentencia del 27 de agosto de 1998, resolvió tutelar el
derecho a la igualdad de la peticionaria, ADELAIDA MARIA AGUILAR LARA, pues
entendió que se había ignorado el principio de la imparcialidad que debe regir
las actuaciones administrativas.
Tal decisión fue revocada por el Juez
Primero Civil del Circuito de Ciénaga el 7 de octubre de 1998, puesto que,
según sus consideraciones, la docente no está en pie de igualdad con el Alcalde
Municipal y al ser las situaciones de hecho diferentes, se justifica un trato
también diverso en cuanto a los pagos.
Expediente 187684
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Ciénaga, mediante providencia del 8 de septiembre de 1998, negó las
pretensiones de la demanda. Estimó que no estaba demostrado el hecho de que se
hallara en peligro el mínimo vital, ni tampoco la existencia de perjuicio
irremediable. De otro lado, según el fallador, la peticionaria, MAURELIS DEL
ROCIO ANDRADE FRAGOZO, debe hacer valer la Resolución 3229 de diciembre de
1997, mediante la cual obtuvo su ascenso en el escalafón nacional docente.
Correspondió conocer en segunda instancia
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia,
el cual, mediante fallo del 20 de octubre de 1998, confirmó en todas sus partes
la providencia impugnada. En esta instancia el Tribunal citó a la interesada,
para que adjuntara los registros civiles de sus hijos, pero ella no compareció.
Señaló el Tribunal en su fallo que, en
todos los estadios de la vida hay divisiones, categorías, y que es necesario
demostrar la igualdad de condiciones para acceder al amparo judicial. Se
concluye afirmando que la tutela es improcedente a pesar de haberse violado el
derecho a la igualdad, toda vez que la solicitante puede utilizar medios de
defensa judicial distintos y teniendo en cuenta, además, que no se ha
configurado un perjuicio irremediable.
Expediente 192131
El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Ciénaga, en fallo del 21 de agosto de 1998, resolvió tutelar el derecho a la
igualdad de la accionante, GLORIA MARIA RIOS MARQUEZ, pero su determinación fue
revocada por el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Penal, según providencia
del 27 de octubre de 1998, en la cual se sostuvo que la tutela no procede para
el pago de salarios y prestaciones sociales, salvo ciertas excepciones,
teniendo en cuenta las circunstancias particulares del petente.
Expediente 190926
El Juzgado Tercero Civil Municipal de
Ciénaga, en providencia del 24 de septiembre de 1998, no tuteló el derecho a la
igualdad del peticionario, JORGE URIELES BOVEA, afirmando que debe existir un
vínculo de racionalidad y proporcionalidad entre el tratamiento desigual, el
supuesto de hecho y el fin que se persigue. Se debe excluir la tendencia que
pretende hacer de la igualdad un rasero único.
Ante la impugnación del afectado, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Ciénaga, en fallo del 29 de octubre de
1998, confirmó en todas sus partes el fallo inicial, al afirmar que el señor
Alcalde Municipal no se encuentra en la misma escala ni jerarquía del celador
que interpone la tutela. Existe entonces una legitimación del trato diferente.
Expediente 187934
El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Ciénaga, mediante fallo del 21 de agosto de 1998, resolvió tutelar el derecho a
la igualdad de la peticionaria, MAGALYS ESTHER POLO RUA, al encontrar que
efectivamente se le violó ese derecho y que no existe justificación alguna para
el atraso en los pagos.
Impugnado el fallo, correspondió conocer en
segunda instancia al Tribunal Superior de Santa Marta, Sala de Decisión Penal,
el cual, en providencia del 13 de octubre de 1998, revocó la decisión inicial,
al considerar que existe otro medio de defensa judicial y no se configura
violación alguna del derecho a la igualdad.
Expediente 195159
El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Ciénaga, mediante fallo del 22 de septiembre de 1998, resolvió tutelar el
derecho a la igualdad de la peticionaria, JUANA MARTINEZ DE MORA, al considerar
que efectivamente este derecho fue violado y que el atraso en el pago de los
salarios no tiene ninguna justificación, ordenando su pago inmediato.
El fallo fue impugnado y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Penal, lo revocó, mediante
sentencia del 4 de noviembre de 1998. Manifestó el Tribunal que el cobro de
acreencias laborales mediante tutela es excepcionalísimo y que en el presente
caso no se dan los supuestos que lo permitan.
Señaló el Tribunal:
"Con el
innovado mecanismo jurídico de la igualdad, pretender utilizarlo como
equivocado instrumento para servir de remedio o panacea a cuanto desvío se
cometa por las indelicadezas o preferencias en que pueda incurrir el gobernante
de turno, podría llegarse en un futuro no tanto cercano a situaciones no deseadas
por el Constituyente de 1991, cuando en casos como el que se analiza, los
jueces optaren por acceder a la acción de tutela con fundamento en una igualdad
derivada por algunos vicios administrativos".
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
anteriores decisiones judiciales con base en lo dispuesto en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991.
2. Cabe la acción de tutela para proteger
el mínimo vital de los trabajadores a quienes no se les paga oportunamente su
salario
Aunque no cabe en principio la acción de
tutela para obtener el pago de acreencias laborales (Cfr., entre otras, las
sentencias T-01 del 21  de enero de 1997, T-207 del 23 de abril de 1997, T-010
del 27 de enero de 1998), por cuanto existen medios judiciales idóneos para
alcanzar la protección de los derechos y para la efectividad de las
prestaciones de esa índole, la jurisprudencia de esta Corte ha sido también
constante en el sentido de que la aptitud de tales medios ordinarios se ve
ostensiblemente disminuida y aun anulada, frente al propósito constitucional de
la defensa cierta de los derechos fundamentales, cuando la falta de
cumplimiento de elementales deberes del patrono -como el oportuno pago del
salario- llega a afectar el mínimo vital de los trabajadores y sus familias, en
particular los niños, lo que amerita un desplazamiento de aquéllos, con miras
al inmediato y eficiente amparo de los derechos en juego. La subsistencia de
las personas no admite la espera de un largo proceso laboral y si a ello se
agrega la carencia absoluta de recursos de quien tiene en el trabajo la única
fuente de ellos, la intervención del juez constitucional se hace indispensable
y es oportuna para realizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Al respecto pueden verse providencias de la
Corte, en casos similares al presente, en las que se ha estimado viable el
amparo por razón de la imperativa prevalencia del derecho sustancial
(sentencias T-167 del 25 de marzo de 1994, T-063 del 22 de febrero de 1995,
T-146 del 17 de abril de 1996, T-565 del 25 de octubre de 1996, T-641 del 25 de
noviembre de 1996, T-006 del 21 de enero de 1997, T-116 del 1 de abril de 1997,
SU-519  del 15  de  octubre de 1997, SU-547 del 30 de octubre de 1997, T-011
del 29 de enero de 1998 y T-210 del 14 de mayo de 1998).
Analizado el material probatorio obrante en
los expedientes, se tiene que en todos los casos objeto de estudio se trata de
personas que han prestado o prestan sus servicios personales al Municipio de
Ciénaga. Docentes, aseadoras, celadores, secretarias, auxiliares de enfermería
y similares se han visto sorprendidos por la actitud de la administración que
no les paga oportunamente sus salarios, y éstos constituyen su única
posibilidad de ingresos. Del conjunto de pruebas aportadas surge que los
accionantes desempeñan cargos que por su nivel implican salarios bajos, apenas
suficientes para asegurar el mínimo vital de los trabajadores y sus
beneficiarios. Para la Corte Constitucional resulta evidente, a la luz de lo
establecido en todos los procesos, que el pago oportuno de los salarios de
quienes han acudido a la presente acción de tutela, es indispensable para su
subsistencia y, en la generalidad de los casos, para la de sus familias, por lo
cual la Sala, reiterando la consolidada jurisprudencia al respecto, concederá
la protección solicitada.
La Corte reitera los criterios expuestos en
la sentencia T-210 de 1998, cuando en un caso idéntico a los que aquí se
revisan, procedió a conceder la tutela solicitada contra el Municipio de
Ciénaga, el cual ha venido reincidiendo en la mora en cuanto al pago de
salarios y prestaciones sociales de sus empleados, aun existiendo las debidas
reservas presupuestales para la ejecución de los contratos respectivos.
En cuanto a la accionante MAURELIS DEL
ROCIO ANDRADE FRAGOZO, cuyo actual grado dentro del Escalafón Docente no se ha
tenido en cuenta para lo relativo al monto de su salario, pese a que la
respectiva Resolución del Ministerio de Educación (Junta Seccional de Escalafón
Nacional ante el Magdalena) dice principiar a surtir sus efectos fiscales desde
el 25 de septiembre de 1997, estando evidentemente comprometido su mínimo vital
-no ha recibido el pago del salario anterior ni del nuevo-, la tutela se
concederá ordenando que, además, el pago del sueldo atrasado se efectúe previos
los ajustes que el acto administrativo de ascenso en el Escalafón contempla.
La Corte entiende que la solicitante no ha
acudido a la acción de tutela para obtener un aumento de sueldo -para lo cual
no cabría- sino con el objeto de adecuar el monto del salario al grado que
actualmente le corresponde según reconocimiento oficial en firme, lo que
resulta indispensable para realizar el principio constitucional que manda
remunerar los servicios de los trabajadores en condiciones dignas y justas en
proporción a la calidad de trabajo (art. 53 C.P.).
Téngase presente, de otro lado, que a la
actora ni siquiera le han respondido sus peticiones acerca del ajuste al que ya
tiene derecho. Y esta omisión, aunque no fue alegada en el escrito de tutela,
vulnera abiertamente su derecho fundamental de petición y repercute en el monto
precario de sus ingresos.
3. El rango del cargo que se desempeña no
constituye motivo válido para el ejercicio del derecho al pago oportuno de los
salarios y prestaciones sociales
Estímase necesario corregir con prontitud
la distorsión surgida en la interpretación sobre los alcances constitucionales
de los derechos a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y justas, como
consecuencia de la motivación en que se fundaron algunos de los fallos de
instancia para negar el amparo solicitado.
Dijeron ellos que la tutela resultaba
improcedente, entre otros motivos, por cuanto, habiendo sido pagado el salario
del Alcalde municipal, no era el caso de que servidores públicos subalternos
alegaran violación del derecho fundamental contemplado en el artículo 13 de la
Carta. Y ello a partir del presupuesto, equivocadamente aceptado en tales
sentencias, de que el burgomaestre, al no encontrarse en la misma escala
jerárquica de los celadores y otros empleados del municipio, podía recibir
justificadamente un trato distinto en cuanto al pago de su sueldo y prestaciones.
Sobre el punto, se hace menester expresar
que el argumento resulta abiertamente contrario no solamente al más elemental
sentido de justicia sino a los postulados del Estado Social de Derecho y a los
artículos 1, 5, 13, 25 y 53 de la Constitución.
El trabajo, según la Carta, merece
protección en todas sus modalidades y es digno, como lo es la persona humana
que lo presta, con absoluta independencia del tipo de labor que se adelante,
desde la más humilde hasta la de mayor rango.
Todo trabajo, por el hecho de prestarse,
genera como consecuencia el derecho de quien lo ejecuta a una adecuada y
oportuna remuneración, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo, y no susceptible de ser negada o injustificadamente reducida ni
indefinidamente aplazada, por causa exclusiva del nivel jerárquico del empleado
o de la clase de tarea que se le encomienda, ya sea manual o intelectual, de
dirección y confianza o puramente subalterna, de medios o de resultado,
permanente o transitoria.
Las condiciones dignas y justas de la
relación laboral se aplican, por imperativo mandato constitucional, a todas las
formas y expresiones del trabajo, y entre ellas, la oportunidad en la
cancelación de los salarios y prestaciones desempeña el mismo papel. Las
capacidades del individuo -aun con la diversidad existente en cuanto a las
modalidades laborales, en su magnitud, alcances y niveles-, se orientan hacia
la ejecución de las labores asumidas con un propósito y por una causa
primordial, que residen normalmente en la remuneración, sin perjuicio de otros
móviles estimados valiosos por quien trabaja, como la realización de sus
propias tendencias y expectativas en los aspectos personal y profesional.
Si, en gracia de discusión, pudieran
introducirse distinciones para preferir a algunos trabajadores, cancelándoles
sus salarios con mayor celeridad que a los demás -lo cual es, de suyo,
irregular-, no es posible aceptar que las sacrificadas debieran ser
precisamente las personas de niveles inferiores, de menores ingresos y con más
apremiantes necesidades. Bajo esta óptica, parece a la Corte inconcebible que
el Municipio haya acudido presuroso a cubrir el salario del Alcalde pero siga
retardando el pago de los salarios a que tienen derecho los demás trabajadores
municipales.
El beneficiario del trabajo, en este caso
el Municipio, afecta de manera grave las condiciones dignas y justas de la
relación laboral, con independencia del nivel jerárquico del empleado, cuando
demora injustificadamente el pago del salario. Y eso, desde luego, dentro de un
concepto de igualdad, garantizado en el artículo 13 de la Constitución, que no
sólo proscribe toda forma de discriminación por causas tan accidentales e
irrelevantes como el tipo de labor que se desempeñe, sino que ordena al Estado,
en busca de la igualdad real y efectiva, adoptar medidas en favor de grupos
discriminados o marginados y proteger especialmente a aquellas personas que por
su condición económica -entre otros motivos-, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta, sancionando los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.
DECISION
Con base en las anteriores consideraciones,
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR los siguientes
fallos, relativos a demandas de tutela dirigidas contra el Municipio de Ciénaga
por sus trabajadores:
1) Los proferidos por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, el 25 de septiembre
de 1998, al resolver sobre la tutela solicitada por JORGE ELIECER RUDAS GALAN
(expediente T-186104); el 15 de octubre de 1998 al decidir acerca de la acción
de tutela incoada por KATIA PATRICIA ACOSTA SIERRA (expediente T-187130); y el
20 de octubre de 1998, que negó la tutela instaurada por MAURELIS DEL ROCIO
ANDRADE FRAGOZO (expediente T-187684).
2) Los dictados por la Sala Penal del mismo
Tribunal el 27 de octubre de 1998 en cuanto a la acción de tutela intentada por
GLORIA MARIA RIOS MARQUEZ (expediente T-192131); el 4 de noviembre de 1998 al
decidir sobre la tutela de JUANA MARTINEZ DE MORA (expediente T-195159); y el
13 de octubre del mismo año en lo relativo al amparo impetrado por MAGALYS
ESTHER POLO ROA (expediente T-187934).
3) El pronunciado por el Juzgado Primero
Penal Municipal de Ciénaga, el 18 de septiembre de 1998, respecto de la tutela
propuesta por NURYS MERCEDES SARMIENTO TORRES (expediente T-185532).
4) Los dictados por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Ciénaga el 21 de septiembre de 1998, al decidir sobre la
acción de tutela interpuesta por OSMAN BORJA GUERRERO (expediente T-185427); el
7 de octubre del mismo año, en torno a la acción impetrada por ADELAIDA MARIA
AGUILAR LARA (expediente T-187488); y el 29 de octubre en relación con la
incoada por JORGE URIELES BOVEA (expediente T-190926).
En consecuencia, SE CONCEDEN, en
todos los casos, la protección del derecho al trabajo y la tutela del mínimo
vital de los peticionarios.
Segundo.- En el caso de la tutela incoada
por MAURELIS DEL ROCIO ANDRADE FRAGOZO, se concede la tutela en cuanto hace al
pago de los salarios atrasados, pero ordenando además que se tenga en cuenta,
para la liquidación del monto del salario, la Resolución 3229 del 28 de
diciembre de 1997, proferida por el Ministerio de Educación Nacional (Junta
Seccional de Escalafón Nacional ante el Magdalena), mediante la cual se la
ascendió dentro del Escalafón Docente.
Tercero.- ORDENAR al Alcalde
municipal de Ciénaga que, si aún no lo hubiere hecho, proceda a cancelar la
totalidad de los salarios atrasados, correspondientes a los actores, dentro del
término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia, siempre que exista partida presupuestal disponible. En
caso contrario, el indicado plazo se concede para iniciar los trámites
presupuestales pertinentes, informando al juez de instancia.
Cuarto.- PREVENIR al Alcalde
municipal de Ciénaga, Magdalena, para que evite incurrir de nuevo en las
omisiones que originaron las presentes acciones, so pena de hacerse acreedor a
las sanciones legales respectivas, pues el pago oportuno de los salarios a sus
empleados es garantía fundamental del respeto al derecho al trabajo.
Quinto.- El desacato a lo aquí dispuesto,
cuyo cumplimiento corresponde al Alcalde municipal, se sancionará por el
correspondiente juez de primera instancia en los términos previstos por el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- Por Secretaría líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E)