C-289-16
Sentencia
C-289/17
Referencia:
Expediente RDL-005
Revisión
automática de constitucionalidad del Decreto Ley 249 del 14 de febrero de 2017 “por
el cual se regula la contratación para la erradicación manual de cultivos
ilícitos en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
Magistrado
Ponente:
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Bogotá D.C., 4 de mayo de dos mil diecisiete
(2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, tal como fue modificado por el Decreto Ley 121 de 2017,[1]
y en el Acto Legislativo 01 de 2016, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. Expedición del Decreto
Ley 249 de 2017
1.1. El Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades que le otorga el Acto Legislativo 01
de 2016, profirió el Decreto Ley 249 de 2017 “por el cual se regula la
contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera”.[2]
1.2. La señora Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República, por oficio fechado el 14 de febrero
de 2017, recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 15 de
febrero de 2017, remitió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Ley 249
de 2017.
2.
Texto del Decreto Ley
“Decreto Ley 249 del 14 de febrero de 2017
“por el cual se regula la contratación para la
erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 “Por medio del cual se establecen
instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Constitución
de una paz Estable y Duradera", y
CONSIDERANDO
Que la Constitución
Política de la República de Colombia establece en sus artículos 2 y 22,
respectivamente, que es un fin esencial del Estado asegurar la convivencia
pacífica, y que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Que en la búsqueda de una
paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado el
Gobierno Nacional suscribió, el 24 de noviembre de 2016, con el grupo armado
Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP) un
nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera.
Que el día 1 de diciembre
de 2016, el Congreso de la República, adoptó la decisión política de refrendar
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.
Que el artículo 8 de la
Ley 418 de 1997, modificado por la Ley 1779 de 2016, establece que el contenido
de los acuerdos podrá prever "... la reincorporación a la vida civil de
los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad y la creación
de condiciones que propendan por un orden político, social y económico
justo".
Que el punto 4 del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, señala que para contribuir al propósito de sentar las bases para la
construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar
una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los
cultivos de uso ilícito, por lo que se considera que muchas regiones y
comunidades del país, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y
abandono, se han visto afectadas directamente por el cultivo, la producción y
comercialización de drogas ilícitas, incidiendo en la profundización de su
marginalidad y de la inequidad. Así mismo, se ha considerado que el cultivo, la
producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado,
alimentado y financiado el conflicto interno armado.
Que para la debida
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, se deben buscar nuevas opciones
centradas en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y la puesta en
marcha de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que harán
parte de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito, el cual contribuirá a generar condiciones de bienestar y buen vivir
para las poblaciones afectadas por esos cultivos.
Que así mismo, se acordó
que, sin perjuicio de las limitaciones que tiene el país para dar una solución
definitiva a una problemática de carácter transnacional, se empeñarán todos los
esfuerzos para transformar las condiciones de las comunidades en los
territorios y asegurar que Colombia sea un país sin cultivos de uso ilícito y
sin narcotráfico.
Que de conformidad con el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito (PNIS) tendrá como principio, entre otros, la sustitución
voluntaria que conlleva la decisión y compromiso de los cultivadores y
cultivadoras de abandonar los cultivos de uso ilícito, para generar confianza
entre las comunidades y crear condiciones que permitan contribuir a la solución
del problema, de manera que se formalizará ese compromiso y la decisión de
sustituir los cultivos de uso ilícito, mediante la celebración de acuerdos
entre las comunidades, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales,
previo a la puesta en marcha del Programa en un territorio.
Que igualmente ha previsto
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, que en los casos donde haya algunos cultivadores y
cultivadoras que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso
ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o
fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos,
el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de
socialización e información con las comunidades.
Así mismo se ha
establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, que en los casos en los que no haya
acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los
cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible.
Que la Política Nacional
de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos contenida en el documento Conpes
3669 de 2010, tiene por objetivo principal afianzar procesos integrales y
sostenibles de erradicación manual y de desarrollo alternativo que permitan la
consolidación de áreas libres de cultivos ilícitos como resultado de la
focalización, sincronización y adaptabilidad de los esfuerzos institucionales
así como de la corresponsabilidad de las comunidades y las autoridades locales.
Que la erradicación manual
de cultivos ilícitos tiende a la consolidación de áreas libres de cultivos
ilícitos, permitiendo con ello nuevas alternativas que conduzcan a mejorar las
condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades -hombres y mujeres- en
los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, la recuperación y
conservación de ecosistemas, el uso sostenible de recursos naturales, la
implementación de bienes y servicios ambientales, la generación de ingresos
alternativos en zonas social y ambientalmente estratégicas, el restablecimiento
de lazos confianza entre comunidades y el Estado, la implementación proyectos
agro-forestales y agrícolas (sustitución cultivos) mediano y largo plazo,
impulsando la seguridad alimentaria, y otras alternativas, todo lo cual guarda
estrecha relación con diversos puntos del Acuerdo Final para Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz y Duradera.
Que tal como lo señala
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una y
Duradera, el fin del conflicto supone la apertura de un nuevo capítulo de la
historia de Colombia, en el que se da inicio a una fase de transición que
contribuya a una mayor integración de los territorios, una mayor inclusión
social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han
padecido el conflicto-, lo que demanda adoptar manera pronta y sin dilación
alguna acciones eficientes, eficaces y efectivas que permitan consolidar e
implementar lo acordado, en aras impulsar la presencia y la acción eficaz del
Estado en todo el territorio nacional, central de paz.
Que en este sentido, la
erradicación manual de cultivos ilícitos constituye una herramienta fundamental
para la construcción y consolidación de una paz estable y duradera pues, en la
medida en que se trata una de las piezas centrales del Programa Nacional
Integral de Sustitución Cultivos Uso Ilícito (PNIS), constituye el escenario
propicio para acoplar el componente erradicación con el componente integración
social, lo cual permitirá a comunidades y a autoridades públicas -locales y
nacionales- aunar esfuerzos en la búsqueda de una solución final problema de
las drogas ilícitas.
Que es necesario dotar a
las autoridades públicas que tienen a su cargo la función desarrollar la
política nacional en materia de lucha contra las drogas ilícitas y dirigir la
erradicación manual de cultivos ilícitos, de nuevas herramientas de orden
legal, para que en virtud ellas puedan adelantarse manera ágil y eficiente
todas las actividades que demande la erradicación manual de cultivos, lo cual
contribuirá a la solución al problema drogas ilícitas, a la ampliación de la
oferta de tierras libres de cultivos ilícitos, a la implementación del Programa
Nacional Integral de Sustitución Cultivos uso Ilícito (PNIS), el cual hace
parte de la Reforma Rural Integral que contribuirá a la transformación estructural
del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando
condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.
Que, en mérito lo
expuesto, DECRETA:
Artículo 1. Contratación
Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos. La Policía Nacional contratará la
erradicación manual de cultivos ilícitos tomando en consideración los precios
del mercado, sin se realizar una convocatoria pública, observando los
principios transparencia, economía, responsabilidad, y los postulados que rigen
la función administrativa.
Artículo 2. Procedimiento
para la contratación. Para la celebración de contratos de erradicación manual
de cultivos ilícitos se adelantará el siguiente procedimiento:
1. Estudios previos. La
Policía Nacional deberá elaborar unos estudios previos que contendrán como
mínimo: 1.1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con el
Proceso de Contratación. 1.2. El objeto a contratar. 1.3. El estudio de mercado
que analice la oferta y las características de las personas naturales o
jurídicas que están en condiciones de prestar el servicio. 1.4. El valor
estimado del contrato y su justificación. 1.5. Los criterios para seleccionar
la oferta más favorable. Podrá fijarse como único criterio de evaluación el
menor precio y establecer los criterios de desempate. 1.6. El análisis de
riesgo y la forma de mitigarlo. 1.7. Las garantías que va a exigir para
asegurar el adecuado manejo de los riesgos identificados. 1.8. El plazo y lugar
de ejecución del contrato. 1.9. El certificado de disponibilidad presupuestal
que respalda la contratación.
2. Solicitud de Oferta: Se
formulará solicitud de oferta como mínimo a dos personas naturales o jurídicas
que estén en capacidad de ejecutar el objeto contractual, que hayan sido
identificadas en el estudio de mercado, la cual contendrá como mínimo: 2.1. La
descripción del objeto a contratar con indicación de sus especificaciones
técnicas. 2.2. Descripción de las obligaciones que estarán a cargo del
contratista. 2.3. El valor del contrato, su plazo, forma de pago y lugar de
ejecución. 2.4. Requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos 2.5. Las
garantías que se contempla exigir en el Proceso de Contratación. 2.6. Término
para presentación de la oferta 2.7. Criterios de evaluación de la oferta. 2.8.
La Policía Nacional solicitará al proponente la vinculación de un porcentaje de
trabajadores habitantes de la región en la cual se vaya a ejecutar el contrato
de erradicación manual de cultivos ilícitos. El mayor porcentaje servirá como
criterio de desempate. 3. Verificación y Evaluación de las Ofertas: La Policía
Nacional verificará y evaluará las ofertas presentadas y escogerá la oferta más
favorable, lo cual comunicará a los oferentes. 4. Formalidad del contrato. El
contrato deberá constar siempre por escrito.
Artículo 3. Publicidad.
Con el fin de preservar la seguridad del programa de erradicación de cultivos
ilícitos y la de sus participantes, el Proceso de Contratación de que trata el
presente decreto no requiere de publicidad.
Artículo 4. Control de la
contratación. Sin perjuicio de las funciones de los organismos de control, la
Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional
ejercerá control especial sobre los contratos que celebre la Policía nacional
en virtud de lo previsto en este Decreto.
Artículo 5. Vigencia. El
presente decreto rige a partir
de su publicación.”
3. Trámite de Revisión Constitucional
3.1. La señora Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República, por oficio fechado el 14 de febrero de 2017,
recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 15 de febrero
de 2017, remitió a esta Corporación copia auténtica del Decreto Ley 249 de
2017.
3.2. Por reparto realizado en la sesión de la
Sala Plena de la Corte Constitucional de fecha 15 de febrero de 2017, le
correspondió al Despacho del magistrado ponente el conocimiento del expediente
de la referencia. El expediente fue recibido en el Despacho del magistrado
ponente el 16 de febrero de 2017.
3.3. Por auto de 17 de febrero de 2017, el
magistrado ponente asumió conocimiento del proceso, hizo los traslados de
rigor, ordenó fijar en lista el proceso, invitó a participar a varias
universidades y centros de pensamiento, y ordenó la práctica de pruebas.[3]
3.4. Teniendo en cuenta la
respuesta remitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho a la orden a la
que se refería el numeral 5 del auto de pruebas, el despacho sustanciador
emitió un nuevo auto de fecha 24 de febrero de 2017 requiriendo el envío de los
protocolos a los que se refería esa orden.[4]
4. Pruebas Documentales
que obran en el Proceso
4.1. Respuesta del
Ministerio de Justicia y del Derecho[5]
En respuesta al auto que
decretó pruebas en el presente proceso, la señora Marisol Palacio Cepeda, en su
calidad de Directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas y
Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes contestó lo
siguiente a la orden de remitir copia de los protocolos de mitigación de riesgo
y salud ocupacional del programa para la erradicación de cultivos ilícitos:
“Teniendo en cuenta que el
auto de fecha 17 de febrero de 2017 refiere al control automático de
constitucionalidad del Decreto 249 del 14 de febrero de 2017, se precisa que el
mismo fue expedido por el Departamento Nacional de Planeación, en el cual
ordena la contratación que deberá realizar la Policía Nacional para la
erradicación manual de Cultivos Ilícitos. En ese orden de ideas, a esta cartera
ministerial no le es posible dar cumplimiento a la orden impartida en el
numeral quinto del artículo segundo del Auto de febrero 17 de 2017, en el
sentido de remitirle los protocolos solicitados de mitigación del riesgo y
salud ocupacional”.
También
anexó una copia de las Resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes
números 009 de 2016 “Por la cual se autoriza la ejecución del Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato –
Pecat” y 001 de 2017 “Por la cual se autoriza la ejecución del Programa
de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato
– Pecat, en todo el Territorio Nacional”.
4.2. Respuesta
conjunta de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa Nacional[6]
Cristina Pardo
Schlesinger, en calidad de Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República, y Carlos Alberto Saboyá González, en calidad de Director de Asuntos
Legales del Ministerio de Defensa Nacional, respondieron al auto de pruebas que
emitió el despacho del magistrado sustanciador y, en el mismo escrito,
defendieron la constitucionalidad de la norma objeto de control.
4.2.1. Sobre el
fin de la norma, afirman que “consiste en dotar el Gobierno Nacional de las
herramientas necesarias para garantizar la rápida implementación de dicho
Acuerdo, pues la experiencia internacional demuestra que el éxito de los
procesos de paz depende de que lo pactado se cumpla en un tiempo razonable.”
4.2.2. A continuación afirman que la norma
objeto de control “busca cumplir varios compromisos del Acuerdo Final, pues
está orientado a (i) atacar el problema de las drogas ilícitas desde su
cultivo, (ii) garantizar que el territorio nacional esté libre de cultivos de
uso ilícito lo más pronto posible, (iii) priorizar la erradicación manual en
este proceso y (iv) mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las
comunidades afectadas, a través de su vinculación laboral a la ejecución de los
contratos para la erradicación manual.”
4.2.3. Con respecto al análisis de
alternativas y medidas de mitigación para minimizar la afectación de los
principios constitucionales que rigen la contratación administrativa, los
intervinientes afirmaron que en el mes de enero de 2017 el Ministerio de Defensa
Nacional “propuso un proyecto de decreto en el cual se facultaba a la
Policía Nacional para contratar la erradicación manual de cultivos ilícitos,
tomando como única consideración los precios del mercado, sin que previamente
se requiriera obtener varias ofertas”.
4.2.4. Afirma que “la Agencia Nacional de
Contratación Pública propuso una segunda alternativa que consistía en
establecer un mecanismo de contratación pública, que se sujetara al régimen
previsto en la Ley 1219 de 2008.” Por último, afirma que “una vez
evaluadas las dos alternativas ya mencionadas, se propuso una tercera
propuesta, hoy contenida en el Decreto 249”.
4.2.5. Sobre los criterios utilizados para
encomendar las labores de estudios previos, solicitud de ofertas y contratación
a la Policía Nacional los intervinientes afirmaron que el Decreto 2096 de 2016
generó un vacío en la responsabilidad de contratar los procesos de erradicación
de cultivos ilícitos, de manera que se tuvo en cuenta la asignación de
funciones que le hace el Decreto 4222 de 2006 a la Dirección Antinarcóticos de
la Policía Nacional. Igualmente, afirman que para expedir el Decreto Ley 249 de
2017, hubo participación activa de la Agencia Nacional de Contratación Pública
– Colombia Compra Eficiente.
4.2.6. En cuanto a la excepción contenida en
la norma acusada con respecto al principio de publicidad, los intervinientes
citan los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-491 de 2007[7]
y el Auto de 14 de mayo de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con
respecto a la posibilidad de mantener en reserva cierta información que puede
comprometer la seguridad y la defensa nacional. Posteriormente, afirma que la
norma objeto de control cumple con los criterios jurisprudenciales para poder limitar
el principio de publicidad en materia de contratación administrativa.
4.2.7. Con respecto a los mecanismos de
participación y consulta previa, los intervinientes primero hacen una
referencia general a las condiciones de participación ciudadana en los procesos
de erradicación de cultivos de uso ilícito antes de que el Gobierno Nacional
pueda poner en práctica una operación forzosa de erradicación. A continuación,
afirman que “para la redacción del Decreto Ley 249 de 2017 no se llevó a
cabo ningún proceso de consulta previa pues este no afecta ni específica ni
directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes".
Igualmente, respecto de los cultivos que comúnmente son de uso ilícito, pero
que son de uso y consumo ancestral de las comunidades étnicas, los
intervinientes afirman que “es menester aclarar que las medidas adoptadas en
el Decreto Ley 249 no aplican, pues, en virtud de su naturaleza, están
amparados por el ordenamiento jurídico”.
4.2.8. En cuanto a los procesos de consulta
previa para proyectos particulares, los intervinientes afirman que “el
Gobierno nacional tiene claro su deber de llevar a cabo los procesos de
consulta previa para determinar la manera en que se ejecutarán los contratos de
erradicación manual de cultivos de uso ilícito en los territorios de las
comunidades étnicas.” Por esa razón, según los intervinientes, “(l)a
Consulta Previa única para la erradicación de cultivos ilícitos de coca deberá
iniciarse y culminar en el plazo de tres (3) meses y se desarrolla en las siguientes
dos fases conforme a lo ordenado por la sentencia SU-383 de 2003.”
4.3. Respuesta de la Policía Nacional[8]
La Coronel Sandra Julieta Montañez Rubiano, en
calidad de Secretaria General (e) de la Policía Nacional respondió al
interrogante presentado por el despacho del magistrado sustanciador en el auto
de pruebas y defiende la exequibilidad de la norma objeto de control. Al
respecto, la interviniente presenta una descripción de los procedimientos que
seguirá la Policía Nacional en el proceso de implementación del Decreto Ley 249
de 2017 para conformar la lista de elegibles a los que posteriormente se les
solicitarán ofertas en el desarrollo de los contratos que se realicen. A
continuación, afirma que “es preciso tener en cuenta que el Decreto Ley 249
de 2017 no restringe la participación en los procesos contractuales de las
comunidades que habitan las regiones en las cuales se adelante la erradicación
manual de cultivos ilícitos”.
4.4. Respuestas al auto de 24 de febrero de
2017
Carlos Alberto Saboyá González, obrando en
calidad de Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional afirmó
que “la elaboración del protocolo de mitigación del riesgo y de salud
ocupacional del programa de erradicación manual, estará a cargo del contratista”.
Adicionalmente, remitió al despacho del magistrado sustanciador copia de los
documentos “Protocolo de coordinaciones en terreno grupos móviles de
erradicación – Fuerza Pública” y “Manual de antinarcóticos para la
erradicación manual de cultivos ilícitos”.
[9]
Por su parte, Jenny Fabiola Páez Vargas, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
del Departamento Nacional de Planeación respondió al auto afirmando que el
Ministerio de Defensa Nacional enviaría la información requerida.[10]
4.5. Respuesta de la Agencia de Defensa
Jurídica del Estado[11]
Hugo Alejandro Sánchez Hernández, Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
remitió al despacho del magistrado sustanciador un informe sobre los procesos
en los cuales se ha demandado al Estado colombiano por causar daños como
consecuencia del programa para la erradicación manual de cultivos ilícitos. Al
respecto hace constar que en total hay 116 procesos activos con pretensiones
que ascienden a $218.448.079.547.
5. Intervenciones Ciudadanas
5.1. Universidad Sergio Arboleda
La Universidad Sergio Arboleda solicitó que “se
declare la inexequibilidad del Decreto Ley 249 del 14 de febrero de 2017 de
manera retroactiva a esta fecha por falta de competencia del Presidente de la Republica
para expedirlo”, por cuanto, a su juicio, no hay claridad sobre la fecha de
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2016 en virtud del cual se
expide el Decreto Ley en estudio no ha entrado en vigencia. Por tanto, dado que
establecer con certeza la fecha de entrada en Vigencia del Acto Legislativo 01
de 2016 es un presupuesto necesario para juzgar el Decreto Ley 249 de 2017,
pues si ello no ha ocurrido se seguiría, como corolario inexorable, que el
Presidente de la Republica carece de competencia para expedirlo.
5.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
El Ministerio de Agricultura, a través de
Edward Daza Guevara, coordinador del grupo de atención de procesos judiciales y
jurisdicción coactiva de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó a la Corte
declarar la exequibilidad de la norma objeto de consideración ya que la misma
no es contraria per se a las obligaciones que surgen de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, ni ningún otro instrumento internacional.
5.3. Ciudadana Aura María Puyana Mutis
5.3.1. Mediante oficio recibido en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 17 de marzo de 2017, la
ciudadana Aura María Puyana Mutis, socióloga, intervino en el trámite de
control de constitucionalidad automático del Decreto Ley 249 de 2017, haciendo
una relación entre las consideraciones generales del “Acuerdo Final Para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y el
Decreto estudiado”. Comenzó por decir que el Acuerdo tiene como fundamento
los artículos 13, 22, 94 y 95 de la Constitución Política y que se desarrolló
en el marco de la integración de territorios y mayor inclusión social. A juicio
de la interviniente, el Decreto Ley 249 de 2017, resume los apartes del Acuerdo
Final de manera incoherente para justificar las acciones operativas de
erradicación forzada que se ejecutan en el territorio nacional. Asimismo, la
interviniente afirmó que no existe ninguna consideración o replanteamiento de
fondo respecto a la prioridad de la sustitución voluntaria.
5.3.2. En cuanto a la relación del Decreto Ley
con el derecho a la consulta étnica, afirmó que hay un conjunto de principios y
salvaguardias orientados a garantizar el enfoque diferencial de la
implementación del Acuerdo Final. Al respecto, afirmó que en tanto el Decreto
Ley se expidió sin la mínima consulta con indígenas y afrodescendientes, las
organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación enviaron al
Presidente de la República y el Ministerio de Interior, una comunicación donde
señalan que si bien protocolizaron una ruta excepcional para la consulta de
iniciativas normativas relativas al Acuerdo de Paz, el Decreto Ley 249 de 2017,
que implica el ingreso de militares y civiles a territorios étnicos, requeriría
también del procedimiento de consulta que no se llevó a cabo.
5.4. Proyecto Indígena Nassa, Coca Nasa.
5.4.1. David Curtidor Arguello, responsable
del proyecto Indígena Nassa, remitió a la Corte una comunicación solicitando la
declaratoria de inexequibilidad del Decreto Ley 249 de 2017. Al respecto,
afirmó que con la expedición del Decreto Ley, quedan evidenciadas las prioridades
del Gobierno Nacional en medidas de represión dirigida a los campesinos
cultivadores de plantas de uso ilícito, antes que otras medidas, como las
establecidas en el Acuerdo Final donde se establece un nuevo referente
normativo que apunta a la realización de derechos fundamentales, como fin
esencial del Estado para la población en condiciones de marginación, exclusión
social y económica. Al respecto el interviniente dijo que “no resulta idóneo
el contratar personas por mecanismos expeditos para generar confianza en la
población objeto de las intervenciones que se proponen, por el contrario tomar
medidas con características represivas, antes que medidas de mitigación o
superación de la exclusión y la marginalidad o aliviar la situación de los
agricultores de plantas de uso ilícito objeto de la acción punitiva, violenta
el Acuerdo.”
5.4.2. A continuación, el interviniente afirmó
que organizaciones indígenas presentes en la Mesa Permanente de Concertación
han denunciado que la adopción de este acto normativo es una limitación al
derecho fundamental a la consulta previa libre e informada para los grupos
étnicos. Sobre los derechos fundamentales y la erradicación de cultivos de uso
ilícito, el interviniente dijo que la eliminación de las plantas a partir de
las cuales se producen sustancias estupefacientes, es una medida plausible para
enfrentar el problema del narcotráfico, pero no la única y además es ineficaz
para alcanzar el propósito que anuncia. Por lo tanto, el interviniente concluye
afirmando que pese a anunciarse como un desarrollo del Acuerdo Final, la expedición
del Decreto Ley 249 de 2017 violenta lo allí pactado.
5.5. Instituto de Ciencia Política
5.5.1. Su directora ejecutiva, Adriana Mejía
Hernández, manifestó que el Decreto Ley 249 de 2017 puede resultar
inconveniente e ineficaz. Dijo que “(l)a erradicación manual de cultivos
ilícitos, por sí sola, sin hacer parte de una política integral de lucha contra
cultivos ilícitos que sea coherente, coordinada y que tome en cuenta las
necesidades y características del territorio, puede resultar inconveniente e
ineficaz”[12].
5.5.2. Al respecto afirmó que el Decreto Ley
249 parece que estuviera tomando medidas dispersas, sin el análisis
correspondiente, buscando una solución de corto plazo para tratar de resolver
el problema. Al respecto dijo que “en un país asolado por la corrupción
permitir la celebración de contratos en la manera como este Decreto Ley
pretende, abre la puerta a que se presenten irregularidades, más aun cuando el
desarrollo de la actividad a contratar requiere manejo efectivo y objetivo del
contrato se desarrollará en territorios apartados de la geografía nacional lo
que puede presentar un gran reto para la supervisión adecuada el mismo.”[13] Así entonces,
dice que no es claro cómo se puede garantizar la observancia del principio de
transparencia sin contar con la debida publicidad del proceso y cuando no se
conoce el valor del contrato y pareciera que los criterios de selección no
tienen que estar fundamentados.
5.6. Presidencia de la República
5.6.1. El doctor Julio Andrés Ossa Santamaría,
actuando como secretario jurídico (e) de la Presidencia de la República y en
defensa de la constitucionalidad del Decreto Ley 249, sostuvo que el Acuerdo
Final contiene como uno de sus puntos centrales, la solución del problema de
las drogas ilícitas. Al respecto afirmó que “(d)e la urgencia de las medidas
previstas en el decreto ley 249 de 2017. Aumento de cultivos de uso ilícito en
los últimos meses, necesidad de presencia de la Fuerza Pública en las zonas que
eran territorialmente controladas por las FARC e implementación del PNIS”.[14]
5.6.2. El interviniente afirmó que actualmente
hay nuevas siembras de cultivos ilícitos en zonas de interés estratégico como
los territorios indígenas y, entre otras, los parques nacionales y consejos comunitarios.
Sostuvo, además, que actualmente hay una expectativa por los cultivadores de
coca con respecto a los beneficios al erradicar los cultivos en el marco del
Acuerdo Final. Afirmó que se evidencia un incremento en su producción debido a
la producción eficiente del clorhidrato de cocaína. Así entonces, dice el
interviniente, “la erradicación manual prevista en el Decreto Ley 249 estará
dirigida principalmente a las áreas donde se presentan mayores problemas de
alteración del orden público, presencia de bandas criminales dedicadas al
narcotráfico, cultivos de uso ilícito en grandes extensiones (cultivos
industriales) y finalmente donde no exista interés de las comunidades a la
sustitución voluntaria. || Esto permitirá a la Fuerza Pública retomar el
control sobre estas zonas y, por tanto, impedir que grupos armados al margen de
la ley se apoderen de los territorios que eran controlados por las FARC y, de
paso, se dediquen al negocio de las drogas”.[15]
5.6.3. A continuación, el interviniente anotó
que para la implementación del PNIS es menester que la Policía Nacional cuente
con herramientas de orden legal que le permitan resolver con celeridad y
eficiencia las necesidades que demanda el componente de erradicación manual de
este programa. Por eso reiteró que este no se puede implementar en las zonas en
las cuales no se haya efectuado la erradicación. En consecuencia, a su juicio, el
régimen actual de contratación no ofrece la inmediatez y celeridad que se
requiere para cumplir con la meta de erradicación para el año 2017 y tampoco
garantiza la implementación del PNIS. Así entonces, el interviniente afirmó que
la necesidad estricta de regular por el Decreto Ley 249 de 2017 la erradicación
manual responde al menos a tres finalidades concretas derivadas del cumplimiento
del punto 4 del acuerdo final: “(I) la urgencia de adoptar medidas para
detener la tendencia en el incremento de áreas con cultivos de uso ilícito.
(II) la adopción de mecanismos inmediatos que permitan por la presencia de la
fuerza Pública en las zonas que han sido tradicionalmente de influencia de las
FARC y que por su traslado a las Zonas Veredales Transitorias quedan expuestas
al fenómeno de cultivos de uso ilícito. Y (III) la necesidad de cumplir la meta
de erradicación de este año para avanzar rápidamente en la puesta en marcha del
PNIS".[16]
5.7. Departamento Nacional de Planeación
El Departamento Nacional de Planeación, a
través de su apoderado especial el señor Luis Carlos Vergel Hernández, intervino
con la finalidad de justificar la Constitucionalidad de la norma objeto de
revisión. Al respecto, el interviniente afirmó que los decretos con fuerza de
ley pretenden garantizar la implementación de forma ágil y expedita, respecto
de materias que no requieran una norma de rango superior a una ley ordinaria.
Según el artículo 3º del acto legislativo 01 de 2016, el Presidente está
habilitado para expedir decretos con fuerza de ley cuando “i) el contenido
se refiera a los mimos temas del Acuerdo Final; ii) cuando tengan la finalidad
de facilitar, agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final
(conexidad tecnológica); y iii) la temática regulada no abarque las materias
que fueron expresamente excluidas de la habilitación”.[17] Por eso, el
interviniente manifestó que para la debida implementación del Acuerdo Final, es
menester buscar opciones de sustitución de cultivos ilícitos y la puesta en
marcha de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que harán
parte de un nuevo programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo
de cultivos de uso ilícito. A continuación expuso que esa es una forma viable
de erradicar el problema de drogas ilícitas. Sostuvo que éste hace parte de una
Reforma Rural Integral que contribuirá a la transformación estructural del
campo cerrando brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de
bienestar y buen vivir para la población rural.
5.8. Ministerio de Justicia
Diana Alexandra Remolina, actuando en calidad
de Directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento
Jurídico, expuso las razones para defender la constitucionalidad de la norma
revisada en este proceso. Al respecto anotó que el Decreto revisado constituye
y representa la garantía de la protección de los principios de trasparencia,
economía y responsabilidad, y de los postulados que rigen la función
administrativa en los términos de la Constitución Política, pues la actuación
precontractual impone el cumplimiento de determinadas exigencias que garantizan
la escogencia de contratistas de manera imparcial, objetiva y en igualdad de
condiciones; el procedimiento y la ejecución misma del contrato se encuentran
sujetos al control respectivo de los organismos competentes; y el trámite
previsto se desarrolla bajo parámetros de celeridad y economía que garantizan
el adecuado manejo de los recursos públicos. Por lo tanto dijo, “(e)n efecto
la garantía del cumplimiento de los referidos principios se evidencia por
cuanto el procedimiento de contratación regulado en el Decreto Ley exige la
realización de (i) estudios previos en los que se describa la necesidad que se
pretenda satisfacer, el estudio de mercado que analice la oferta y las
características de quienes están en condiciones de prestar el servicio, el
análisis del riesgo y las características de su adecuado manejo (ii) una
solicitud fe oferta mínimo de dos personas que esté en capacidad de ejecutar el
objeto contractual (iii) control de contratación por parte de la oficina de
Control Interno Sectorial del ministerio de Defensa sin perjuicio de las funciones
de los demás organismos de control.” Por su parte, sobre el principio de
publicidad, la interviniente dijo que aunque el artículo 3º del Acuerdo dice
que en el proceso de contratación no habrá lugar a publicidad, éste limitación tiene
justificación en la necesidad de preservar el programa de erradicación y de sus
participantes, pues conforme con información del Área de Erradicación de
cultivos Ilícitos de la Policía Nacional, estos procesos se han visto permeados
por bloqueos, amenazas, afectación a la integridad personal y pérdida de vidas como
consecuencia de, entre otras cosas, la instalación de Minas antipersonas.
5.9. Colombia Compra Eficiente
5.9.1. La secretaría de Colombia Compra
Eficiente, solicitó se declare la exequibilidad de la norma revisada en razón a
que “la consolidación de una paz estable y duradera requiere de una
estrategia que incentive de manera concreta la sustitución de cultivos y dote a
las autoridades con las herramientas para invertir en esas zonas del territorio
nacional cuando la estrategia de sustitución voluntaria no sea exitosa y se
requiera acudir a la erradicación manual, tal como lo reconoce el Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y
Duradera.”
5.9.2. Manifestó que las normas de
contratación contenidas en el Decreto son estrictamente necesarias porque le “permiten
a la Policía Nacional utilizar sus recursos de manera estratégica y consistente
con sus restricciones en el uso de la fuerza y acudir al mercado para cumplir un
deber constitucional en condiciones proporcionales y adecuadas a los valores y
principios de la Carta Política.” Señaló que mientras existan fuentes de
financiación disponibles para actores del conflicto, ese conflicto tendrá la
tendencia a no terminar hasta que el Estado tenga un compromiso creíble en el
tiempo de controlar esa fuente de financiación; los insurgentes con una fuente
de financiación confiable (como los cultivos ilícitos) pueden continuar retando
la institucionalidad por largos periodos de tiempo. Entre más tiempo se demoren
las autoridades legítimas en controlar esa fuente de financiación, los grupos
al margen de la ley pueden consolidar su poder territorial y poner en riesgo el
futuro de la paz. “Hace ver que esa entidad propuso al Ministerio de Defensa
Nacional aplicar el procedimiento de contratación contenido en los artículos 4
y 6 de la Ley 1219 de 2008 de manera que la Policía Nacional pudiera cumplir
sus objetivos, incluyendo la reserva de los operadores de estos contratos. Sin
embargo el Gobierno adoptó la alternativa que establecía un régimen especial
para la contratación de la erradicación manual de cultivos ilícitos. Frente a
esta decisión, Colombia Compra Eficiente propuso las modificaciones necesarias
para garantizar que a norma se adecuara ala previsiones constitucionales y
cumpliera con mejores prácticas que Colombia Compra Eficiente ha incorporado en
el sistema de compra pública.”
5.10. Campaña Colombiana Contra Minas
5.10.1. La Campaña Colombiana Contra Minas y el
Centro De Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Northwestern University,
Pritzker School of Law a través de su representante legal, Álvaro Jiménez
Millán y Bridget Arimond, representante del Centro de Derecho Internacional de
los Derechos Humanos de Northwestern University, Pritzker School of Law,
intervinieron en el presente proceso para solicitar la declaratoria de la
inexequibilidad del Decreto Ley 249 del 14 de febrero de 2017, teniendo en
cuenta las siguientes razones.
5.10.2. Afirmaron que durante los últimos 11
años, el Gobierno colombiano ha implementado un programa que consiste en enviar
campesinos pobres a realizar erradicación manual forzosa de cultivos de coca en
zonas remotas del país - lugares donde las mimas antipersonas son comunes y los
grupos al margen de la ley tienen más presencia que el Estado-, por lo cual los
erradicadores son vulnerables a los ataques armados. Al menos 58 erradicadores
civiles han muerto por minas antipersonales y 9 en los ataques armados contra
las misiones de erradicación, 356 heridos por minas y 65 por ataques armados,
por lo cual ese trabajo se torna extremadamente peligroso.
5.10.3. Sobre el
Decreto 249 de 2017, dijeron los intervinientes que “el texto del Decreto
ignora lo establecido por el Comité de derechos humanos, pues no condiciona su
aplicación a que la zona este libre de minas y cualquier otro peligro para la
vida e integridad de los erradicadores, por eso solicitan declarar su inexequibilidad,
pues exponer a los campesinos de bajos recursos a exponer su vida y su
integridad, implica una vulneración flagrante a los derechos humanos que hoy
hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto” . En esta
medida el Estado viola normas de rango constitucional cuando expone a civiles a
esos peligros.
5.10.4. Por otro
lado, dijeron los intervinientes que “es cierto que nadie está directamente
obligado a trabajar como erradicador. Sin embargo, como desprende de las
declaraciones de las víctimas, quienes llevan a acabo tales trabajos peligrosos,
están indirectamente obligados a hacerlo por las condiciones de pobreza en las
que viven y la falta de oportunidades alternativas. || En conclusión,
teniendo en cuenta lo expuestos, los intervinientes solicitan se declare la
inconstitucionalidad del Decreto pues su contenido va en contra de las
obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos por parte del Estado
colombiano, que constituyen bloque de constitucionalidad. Específicamente vulneran:
[1] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Arts. 2(1), 2 (3), 6
y 9. [2] Convección Interamericana sobre Derechos Humanos Arts. 1 (1), 4
y 5. [3] Convención sobre Prohibición de Minas antipersonales. [4] Pacto
Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales arts. 7(b), 9 y 12”
5.11. Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos
5.11.1. A través de su director, esta entidad la
entidad, intervino en el proceso con el fin de solicitar la declaratoria inconstitucionalidad
del Decreto Ley objeto de control en tanto acarrea riesgos y daños en materia
de derechos humanos para los civiles contratados y las poblaciones rurales a
las cuales se les aplica, en razón a que la erradicación en el marco del
conflicto armado implican el uso y despliegue de operaciones militares y
policiales que culminan en enfrentamiento con las comunidades campesinas,
aumentando la desconfianza en las instituciones del Estado y generando choques
directos que afectan derechos humanos. Para ilustrar su punto, el interviniente
anotó que “(e)n el área de manejo especial de la Macarena durante el año
2005 y 2006, lo cual se puede observar en la Sentencia T-299 de 2009, proceso
en el cual un grupo de pobladores de la margen izquierda del rio Guayabero tuvo
que acudir al Tribunal reclamando ser reconocidos como desplazados y víctimas
del conflicto en ocasión al uso y despliegue de operaciones militares”.
5.11.2. Asimismo, señaló que al aprobarse el
Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz, se introdujo por
parte del Congreso de la Republica un tratamiento diferenciado en lo referente
a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y en materia rural se avanza
rápidamente con la implementación del Acuerdo Final para la paz que contiene
opción pacíficas, participativas, de ciudadanía y de derechos, alternativas que
están siendo acogidas con esperanza en las comunidades “por eso mal se hace en
dar facultades extraordinarias de contratación a la Policía Nacional al amparo
del proceso de Paz, para contratar civiles que para realizar su labor tendrán que
ser cubiertos de dispositivos de seguridad que chocan con las comunidades, lo
cual va en contra vía de lo acordado”.
5.12. Universidad Libre
Jorge Kenneth Burbano Villamarín, actuando como
ciudadano y director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional
de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá; Jorge Palomares
García como profesor de derecho público de esa facultad; Javier Santander Díaz
y Edgar Valdeleón Pabón, actuando como ciudadanos y abogados egresados de la
facultad de Derecho de la Universidad Libre, intervinieron para solicitar se
declare la inexequibilidad del Decreto Ley objeto de control en razón a la
existencia de dudas sobre el por qué el mismo no fue tramitado por el Congreso
de la Republica en el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 1º
del Acto Legislativo 01 de 2016, y por no incluir a las demás instituciones del
Estado en la creación de una política general y no excepcional sobre la
erradicación de cultivos ilícitos.
5.13. Ministerio de Defensa Nacional
5.13.1. Carlos Alberto Saboya González, en
calidad de director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional-,
solicitó se declare la constitucionalidad de la norma revisada. Al respecto,
afirmó que toda vez que el Decreto Ley 249 de 2017, fue expedido por el señor
Presidente de la República el 14 de febrero de 2017, es claro que el primero de
los requisitos para establecer la constitucionalidad de esta norma se ve satisfecho,
pues fue expedido dentro del término de 180 días previsto para el ejercicio de
las facultades legislativas. Ahora bien, en relación con la materia objeto del
Decreto Ley 249 de 2017, el interviniente afirmó que no existe limitación de
competencia para la expedición del mismo y que se tiene identificado el
comportamiento en el aumento de los cultivos ilícitos a nivel nacional, con
desagregación de los principales factores que lo estimulan, siendo necesario
prever mecanismos que tengan como objetivo la disminución de los mismos. Con
este propósito, dice el interviniente,  y con la inminente urgencia de dotar a
las autoridades públicas que tienen a su cargo la función de desarrollar la
política en materia de lucha contra las drogas ilícitas y dirigir la
erradicación manual de cultivos ilícitos de herramientas de orden legal para
que en virtud de ellas puedan adelantarse de manera ágil y eficiente todas las
actividades que demande esta actividad, se justifica el uso del mecanismo
extraordinario de expedición de decretos ley, a fin de evitar el incremento de
los cultivos ilícitos y concomitantemente promover la generación de condiciones
que hagan eficaz, no solo la política de sustitución de cultivos, uno de los
pilares fundamentales para el desarrollo de los acuerdos de Paz, sino la
generación de condiciones materiales e inmateriales de bienes y buen vivir para
aquellas poblaciones afectadas por esta problemática.
5.13.2. A continuación el interviniente dijo
que de no adelantarse el programa de erradicación manual de cultivos ilícitos
en los casos señalados, de manera paralela y simultánea con el programa de
sustitución de cultivos como instrumento predominante de reducción de los
mismos en los términos acordados por Gobierno y FARC en el Acuerdo de Paz,
podrían verse frustrados los esfuerzos por alcanzar la paz estable y duradera
que impone crear condiciones de bienestar, integración y desarrollo en la zonas
azotadas por la violencia, mediante proyectos auto sostenibles y de seguridad
alimentaria, como bien lo refleja el informe allegado por la Policía Nacional
que se adjunta a la presente intervención. Por eso, justifica la urgencia de
contratar la erradicación manual de cultivos ilícitos en que aquellos
territorios donde se concentra el mayor número de cultivos ilícitos y que han
sido dejados por las FARC para su tránsito a las zonas veredales, están siendo
ocupados por disidentes de la guerrilla, el ELN y los grupos criminales que
buscan tomar control de los cultivos ilícitos en esos territorios, frente a
cual el Ejército Nacional ha iniciado la intervención de estas zonas con el
objeto de brindar tranquilidad y apoyo a los habitantes.
5.13.3. Sobre la norma objeto de control el
interviniente consideró que el procedimiento de contratación regulado en el Decreto
Ley 249 de 2017 exige la realización de (i) estudios previos en los que se
describa la necesidad que se pretende satisfacer, el estudio de mercado que
analice la oferta más favorable, el análisis del riesgo y las garantías para su
adecuado manejo; (ii) una solicitud de oferta mínimo a dos personas que estén
en capacidad de ejecutar el objeto contractual y hayan sido identificadas en el
estudio de mercado (exigiendo al proponente la vinculación de un porcentaje de
trabajadores habitantes de la región objeto de erradicación); y (iii) el
control de la contratación por parte de la oficina de Control Interno Sectorial
del Ministerio de Defensa sin perjuicio de las funciones de los demás
organismos de control, de manera que se constituyen y representan garantías de
protección de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de
los postulados que rigen la función administrativa en los términos de la
Constitución Política, pues la actuación precontractual impone el cumplimiento
de determinadas exigencias que garantizan la escogencia del contratista de
manera imparcial, objetiva y en igualdad de condiciones, por lo que el
procedimiento y la ejecución misma del contrato se encuentran sujetos al
control respectivo de los organismos competentes; y el tramite previsto se
desarrolla bajo parámetros de celeridad y economía que garantizan el adecuado
manejo de los recursos públicos.
5.14. Dejusticia
5.14.1. El Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad – Dejusticia, solicitó la declaratoria de inexequibilidad
del decreto Ley 249 de 2017 por cuanto “(i) no cumple con el criterio de
estricta necesidad y (ii) vulnera los principios de legalidad, debido proceso y
publicidad, que son aplicables a los procedimientos de contratación estatal”.
Basó su solicitud en los siguientes argumentos:
5.14.2. El Presidente de la República se
extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias al momento de
expedir el DL 249/2017. Lo anterior, debido a que el decreto estudiado solo “reúne
los criterios de competencia material, conexidad y finalidad, pero no cumple el
criterio de estricta necesidad”. Por eso, pese a que la norma analizada cumple
con los requisitos de competencia material, conexidad y finalidad “ya que es
una norma que regula un procedimiento abreviado para la contratación de
particulares en erradicación manual, la cual es una actividad mencionada en el
Acuerdo Final. || Sin embargo, no satisface la justificación de estricta
necesidad”, así: (i) el Presidente no justificó que “existía estricta necesidad
de usar facultades extraordinarias para la paz y que, por tanto, no había lugar
a aprobar las reglas especiales de contratación de particulares para
erradicación manual, por las vías ordinarias ni por el procedimiento legislativo
abreviado del Acto Legislativo 01 de 2016”; (ii) tampoco adujo “por qué esas
vías legislativas, que conservan al máximo la competencia del Congreso de la
República, pueden generar traumatismos o retrasos en la implementación del PNIS
o la Reforma Rural integral”; (iii) “no hay claridad respecto de cuáles son las
razones sobre la necesidad o urgencia de privilegiar un mecanismo que en el
Acuerdo Final es subsidiario respecto de los demás elementos de la solución al
problema de las drogas ilícitas o la Reforma Rural Integral”; y (iv) el
Presidente se empeña en dotar a las autoridades antinarcóticos “de nuevas
herramientas de orden legal” para agilizar la erradicación manual sin
“argumentar la estricta necesidad de establecer un procedimiento abreviado de
contratación, para llevar a cabo las actividades de esta modalidad”.
5.14.3. El Decreto analizado “viola los
presupuestos constitucionales en materia de contratación estatal para
erradicación manual de cultivos ilícitos”, porque la forma “en que
regula la contratación de particulares para la erradicación manual viola los
principios de legalidad, debido proceso y publicidad, que regulan la
contratación estatal”, así: (i) la norma no contempla un procedimiento “que
fije reglas claras, precisas y unívocas aplicables a la contratación
respectiva, sólo se limita a señalar unas reglas para la etapa precontractual
pero no para la contractual o de ejecución y la postcontractual”. Tampoco
define pautas respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable,
supervisión, interventoría, exigibilidad, causales de terminación, declaratoria
de incumplimiento, entre otros, necesario para que la ciudadanía y los entes de
control cuenten con herramientas de verificación de la actividad contractual
del Estado; (ii) la norma “restringe totalmente y de manera injustificada la
publicidad del proceso de contratación, sin fundamentarse en las excepciones
constitucionalmente permitidas” por cuanto “no contiene una motivación
debidamente fundada que justifique la excepción que establece al principio de
publicidad” y “no hay razón constitucional para restringir el acceso a
todos los asuntos, trámites y documentos relacionados con la contratación para
la erradicación de cultivos ilícitos”.
5.15. Segunda Intervención de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
5.15.1. El 3 de abril de 2016, (vencido el término de
fijación en lista), Luis Guillermo Vélez Cabrera, Director General de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, remitió una segunda comunicación
a la Corte Constitucional solicitando la declaratoria de exequibilidad de la
norma objeto de revisión,[18]
teniendo en cuenta que tiene facultades para intervenir en cualquier tipo de
proceso, ante cualquier jurisdicción y en cualquier estado del proceso.
5.15.2. Para defender la constitucionalidad de las normas
acusadas, el interviniente, empezó por presentar los que son, a su juicio, los “criterios
o parámetros que puede seguir y aplicar la honorable Corte Constitucional para
controlar la constitucionalidad de los decretos ley expedidos por el ejecutivo
a partir de las facultades transitorias conferidas en el artículo 2 del Acto
Legislativo 01 de 2016”.  En esa lista de criterios, el interviniente
afirma además que el criterio de “necesidad” que contiene la Sentencia C-699 de
2016 y ha sido ratificado ya en 4 providencias adicionales por esta Corporación
“resulta altamente problemático y aparentemente ambiguo o incompatible con
la naturaleza de estos decretos leyes y del particular control de constitucionalidad
que debe hacerse sobre ellos”.[19]
Por eso, el interviniente anota que a su juicio, “debería sobre entenderse
que, por el hecho de que un decreto ley sirva para facilitar o desarrollar la
implementación del Acuerdo Final, se está necesariamente ante una circunstancia
excepcional en el marco de un sistema de justicia transicional en sentido
amplio.”
5.15.3. El interviniente pasa a desarrollar las razones por
las que a su juicio la norma revisada es exequible. Al respecto anota que sobre
los criterios de finalidad y conexidad constan evidencias suficientes en la
exposición de motivos del Decreto Ley 249 y en los documentos aportados al
proceso por otras entidades del Estado. Por otro lado, frente al criterio de
necesidad, el interviniente afirma que la urgencia de uso del procedimiento
expedito frente al procedimiento legislativo “es evidente en el caso que nos
ocupa”. También afirma que la necesidad de las medidas adoptadas se
justifica en la necesidad de implementar de forma rápida la erradicación manual
de cultivos ilícitos.
6. Concepto del Procurador General de la
Nación
El Procurador General de la Nación, Fernando
Carrillo Flórez, solicitó a la Corte Constitucional declarar constitucionalidad
del Decreto Ley Número 249 del 3 de febrero de 2017 “Por el cual se regula
la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera”. A continuación se señalan sus argumentos:
6.1. En el presente caso, el Ministerio
Público señaló que en el Concepto 6259 rendido en el expediente RDL-001,
radicado el 21 de febrero de 2017, ya sentó su posición frente al alcance del
control sobre decretos con fuerza de ley dictados con base en el Acto Legislativo
01 de 2016 estimando que “como aquel no está calificado en la Carta Política
de ser un escrutinio único – como sí ocurre con los proyectos de ley y de acto
legislativo tramitados por el procedimiento especial previsto en la citada
reforma constitucional (literal k del artículo 1)-, podría considerarse la
posibilidad de la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra tales
decretos”.
Lo anterior, dependerá de los efectos que la
Corte Constitucional señale en el fallo sobre cosa juzgada constitucional, “[a]sí
pues, debe partirse de la presunción de cosa juzgada absoluta, con el fin de
asegurar un mínimo de estabilidad jurídica respecto de la normatividad de
implementación de los acuerdos de paz, salvo que esa Corporación señale lo
contrario, y con ello, abra paso a las demandas ciudadanas”. Al respecto,
transcribe apartes del citado concepto.
6.2. Indicó que, para determinar si la norma
demandada es constitucional o no, es necesario evaluar primero si el Acto
Legislativo 01 de 2016 está o no vigente, ya que en su artículo 2º es en donde
se encuentra la facultad legislativa dada al Presidente para la expedición del
decreto analizado. En su concepto asegura que dicha normativa (Acuerdo 01 de
2016) está vigente gracias al proceso de refrendación popular del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, en los términos del artículo 5º de dicha reforma constitucional y de
acuerdo con la interpretación hecha sobre éste en la sentencia C-699 de 2016. Lo
anterior ha sido confirmado por la sentencia C-160 de 2017 (comunicado de
prensa número 11 del 9 de marzo de 2017) en la que la Corte señaló que el
citado Acto Legislativo se encontraba vigente por haberse surtido el proceso de
refrendación popular del Acuerdo Final. De tal manera que el Ministerio Público
afirma la existencia de la norma que faculta al Presidente de la República para
asumir la función legislativa extraordinaria, de tal suerte que continuará con
el examen de constitucional al que fue llamado.
6.3. Por tratarse de un decreto con fuerza de
ley, debe constatarse el requisito formal de quiénes lo deben suscribir,
conforme a las reglas constitucionales. En este caso, revisado el decreto 249
de 2017 se encuentra que fue suscrito por el Presidente de la República, el
Ministro de Defensa Nacional, el Director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y el Director del Departamento Nacional de
Planeación, concluyéndose que, como “el decreto regula los procedimientos para
que la Policía Nacional contrate la erradicación manual de los cultivos
ilícitos se concluye que efectivamente concurrieron las carteras interesadas en
el asunto”. Por lo anterior, el Decreto Ley 249 de 2017 en cuanto a sus
requisitos formales, es constitucional.
6.4. De otra parte, en cuanto a la limitación
temporal para el ejercicio de las facultades extraordinarias, el Acto
Legislativo 01 de 2016 señala un término de 180 días siguientes a la entrada en
vigencia del citado Acto. Teniendo en cuenta que la refrendación popular se
terminó el 30 de noviembre de 2016, el cómputo de los 180 días inició el 1 de
diciembre del mismo año. El decreto analizado fue expedido el 14 de febrero de
2017 lo cual indica que se “respetó el límite temporal para que el Gobierno
hubiere desarrollado su competencia legislativa excepcional”.
6.5. La Procuraduría ha considerado que este
tipo de decretos deben superar un escrutinio que ella ha denominado faceta o
dimensión positiva de la competencia, que es verificar si la norma tiene o no
el objeto de facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo de Paz,
justificándose el uso de mecanismos extraordinarios; y por otro lado la faceta
o dimensión negativa, la cual indica que es necesario evaluar que el Ejecutivo
no incurra en las prohibiciones explícitas o implícitas en ejercicio de las “Funciones
Presidenciales para la Paz”.
6.5.1. En cuanto a la primera faceta señaló el
Ministerio Público que “el decreto facilita la implementación del Acuerdo de
Paz, y se parte de una conexidad directa entre uno y otro; además, habría una
justificación suficiente para acudir a los mecanismos de producción normativa
especial”. Lo anterior basado en que en el mismo texto del Acuerdo Final se
señala que es necesario diseñar estrategias para la solución definitiva al
problema de las drogas ilícitas, así como también dotar a las autoridades
públicas respectivas de herramientas legales para tal fin. Es decir, que ante “la
imperatividad y urgencia de poder atender de forma pronta la erradicación de
cultivos ilícitos, y la necesidad de implementar la política pactada en el
acuerdo de paz, existe la conexidad y justificación suficiente para el uso de
los mecanismos de producción normativa especiales diseñados en el Acto
Legislativo 01 de 2016”.
6.5.2. Respecto de la dimensión negativa de la
competencia la Procuraduría General de la Nación, enunció tres posibles
barreras implícitas al uso de las facultades legislativas del Gobierno: “(i)
Que la materia regulada sea propia del legislador, en otras palabras, que el
Presidente no utilice las facultades legislativas para petrificar disposiciones
que debieron ser expedidas en ejercicio de la facultad reglamentaria; (ii) Que
no se trate de un contenido que requiera una especial deliberación democrática,
y que por tal motivo exija la aprobación del Congreso de la República, en
desarrollo de lo previsto en el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016.|| Y
(iii) que no se usen en materias de ley sometidas a iniciativa gubernamental,
pues en dicho escenario se impediría todo control político por parte del
Congreso, en tanto que una nueva iniciativa legal estaría sometida a la
anuencia gubernamental, y el Acto Legislativo 01 de 2016 no entregó al Congreso
la potestad de modificar, autónomamente, los decretos leyes que desarrollaran
una temática reservada a la iniciativa gubernamental”.
Al confrontar el Decreto analizado con dichas
limitaciones “la Procuraduría encuentra que aquel fue expedido dentro del
ámbito de potestades reconocidas al Ejecutivo”, así: (i) la medida no
corresponde a un acto legislativo, ley estatutaria u orgánica. No es un código,
no decreta impuestos, ni se trata de asuntos de leyes que requieran mayoría
calificada o absoluta para ser aprobada. Tampoco puede entenderse como una
modificación al Estatuto General de Contratación pues ya la Corte
Constitucional precisó que la denominación de dicha ley como estatuto no
implica una posición especial en el orden constitucional; (ii) respecto del
límite para su uso en asuntos que se encuentran sometidos a reserva de ley en
sentido estricto, no se evidencia objeción alguna de carácter constitucional;
(iii) finalmente, “el decreto no desconoce los límites implícitos derivados
del principio constitucional de la separación de las ramas del poder público
bajo un esquema de colaboración armónica, en tanto la materia regulada
corresponde a un asunto de rango legal, que no es der iniciativa exclusiva del
Ejecutivo, ni se trata de una medida que requiera especial deliberación
democrática, en cuanto se trata de la creación de mecanismos técnicos, para la
contratación del procedimiento de erradicación manual de cultivos ilícitos”.
6.6. El Ministerio Público defiende la
constitucionalidad material del Decreto acusado de la siguiente manera:
6.6.1. El decreto es constitucional en cuanto
“prevé mecanismos especiales de contratación estatal para la erradicación
manual de cultivos ilícitos”. Tampoco desconoce “las reglas sustanciales
de la función administrativa aplicables a la contratación. Plantea las reglas
necesarias para “garantizar una disposición eficiente y trasparente de los
recursos públicos”.
6.6.2. Respecto del artículo primero del
Decreto en estudio señala que: (i) no existe objeción constitucional frente a
la función contractual asignada a la Policía Nacional, pues como institución
perteneciente a la Rama Ejecutiva, “es un órgano constitucionalmente
competente para hacerse cargo de dicha contratación”; (ii)
constitucionalmente está permitido utilizar otras formas (además de la
convocatoria pública en los procesos contractuales que regula) que ponderen las
necesidades y fines de cada caso contractual, indudablemente sobre los
principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad. En concreto, indica que la norma prevé
dos herramientas para garantizar el respeto de tales principios: “la
primera: la obligación de contratar al precio del mercado; y la segunda: el
diseño específico de un procedimiento contractual en los artículos 2º, 3º y 4º
del Decreto”, artículos que establecieron las etapas y exigencias de dicho
trámite. Aunado a esto, la erradicación de cultivos ilícitos es una medida que
implica actividades de alto riesgo lo cual hace razonable la posibilidad del
Estado de tener mayor libertad en la selección y publicidad de esos procesos
contractuales.
6.6.3. Frente al artículo segundo señala que
contiene medidas constitucionales que materializan un verdadero trámite de
selección objetiva de oferentes, a pesar de la ausencia de convocatoria
pública.
6.6.4. Sobre el artículo tercero considera que
la “exclusión de publicidad del proceso contractual no puede entenderse como
un impedimento legal al acceso a la información pública, ni como una reserva
legal de información contractual, ni como una supresión de los controles a
tales procedimientos” pues, según el artículo 2º de la Ley Estatutaria 1712
de 2014 que regula el acceso a la información pública, las particularidades de
cada caso contractual, y una motivación suficiente, permiten a la autoridad que
posee la información respectiva que evalúe si ésta se encuentra exceptuada o no
del acceso al dominio público. Además, la norma evaluada solo “pretende
limitar el deber de publicidad en el proceso contractual, lo cual no se puede
confundir con la regulación de la naturaleza pública o reservada de la
información, conforme al derecho de acceder a la información pública”.
6.6.5. El artículo cuarto lo considera
ajustado constitucionalmente en tanto que el Gobierno estableció que la Oficina
de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional “ejerciera
control sobre las contrataciones”, señalando que se trata de una tutela
adicional y “que no sustrae de competencia a los demás entes de control”.
6.6.6. Sobre el artículo quinto considera que
se ajusta a la Constitución “ya que utiliza una opción razonable, como es
condicionarla a su publicación”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y cumplimiento de requisitos
de forma
1.1. Vigencia del Acto Legislativo 01 de
2016
La Corte Constitucional, en Sentencia C-160 de
2017, reiterada en ese punto en la Sentencia C-174 de 2017, determinó que los
requisitos para entender que el Acto Legislativo 01 de 2016 está vigente, por
haber ocurrido la refrendación popular del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, están cumplidos.[20]
1.2. Competencia de la Corte Constitucional
Teniendo en cuenta que se está ante una norma
que es objeto de control automático de constitucionalidad, en virtud de lo
establecido en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 y en el numeral 7
del Artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, la Corte
Constitucional es competente para realizar el control automático de
constitucionalidad del Decreto Ley 249 de 2017.
1.3. Análisis formal de los Decretos con
fuerza material de Ley expedidos con el fin de desarrollar el Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera
1.3.1. Al revisar la constitucionalidad del
Acto Legislativo 01 de 2016, esta Corporación determinó que esa reforma
constitucional no implica una sustitución de la Constitución, pero estableció
unos límites a las competencias otorgadas tanto al Presidente como al Congreso
de la República. Frente a la expedición de decretos con fuerza de ley, la Corte
afirmó:
“En desarrollo de este
control, la Corte deberá verificar que los decretos con fuerza de ley cumplan
la finalidad para la cual se confieren las facultades, a saber, facilitar o
asegurar el desarrollo normativo del acuerdo final; que tengan entonces una
conexidad objetiva, estricta y suficiente con el referido acuerdo; que se den
en circunstancias excepcionales, pues las facultades son precisamente
extraordinarias, lo cual supone que sea necesario usarlas en vez de acudir al
trámite legislativo ante el Congreso; y que respeten en general el ordenamiento
constitucional. Por su parte, el Congreso preserva las competencias de control
político y jurisdiccional sobre el Gobierno y el Presidente de la República (CP
arts 114, 174 y 178).”[21]
1.3.2. Teniendo en cuenta lo anterior, antes
de hacer el análisis de fondo sobre el contenido del Decreto Ley 249 de 2017,
la Corte revisará los aspectos formales de la expedición del Decreto para luego
pasar a revisar el cumplimiento de los criterios de conexidad objetiva,
estricta y suficiente, de finalidad y de estricta necesidad, sin el
cumplimiento de los cuales el Decreto Ley 249 no puede entenderse ajustado a la
Constitución. Posteriormente, una vez se verifique el cumplimiento de los
requisitos constitucionales formales, la Corte llevará a cabo un análisis
material de constitucionalidad de las normas que componen el Decreto Ley objeto
de control.
1.4. La Expedición del Decreto Ley 249 de
2017
Con base en el texto del Decreto Ley 249 de 2017, la Corte
Constitucional constata lo siguiente:  (1) El Decreto Ley fue proferido por el
Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el
Acto Legislativo 01 de 2016 y se expidió afirmando que por medio de él se desarrollaba
el Acuerdo Final.  (2) El Decreto Ley contiene unas consideraciones que
procuran establecer las condiciones en las que se desarrolla el Acuerdo Final.
(3) El Decreto Ley fue suscrito, además de por el Presidente de la República,
por el Ministro de Defensa Nacional, por el Director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y por el Director del
Departamento Nacional de Planeación.  (4) El Decreto Ley fue promulgado el 14
de febrero de 2017, esto es, dentro del término de 180 días de vigencia de las
facultades excepcionales que le otorgó al Presidente de la República el
artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016.
2. Cumplimiento con los presupuestos
formales de constitucionalidad de los decretos expedidos por el presidente de la
república en ejercicio de las facultades excepcionales
La Corte Constitucional, al analizar los
decretos con fuerza de ley emitidos por el Presidente de la República en
ejercicio de las facultades especiales que le otorga el Acto Legislativo 01 de
2016, ha puesto de presente que estas normas deben ser analizadas a la luz de
los principios establecidos en la Sentencia C-699 de 2016.[22] En virtud de esa
sentencia, las normas expedidas en uso de facultades habilitantes excepcionales
por parte del Presidente de la República deben ser objeto de un control de
constitucionalidad doble. En ejercicio de ese control, lo primero que debe
realizar la Corte Constitucional es un estudio estricto de cumplimiento de los
presupuestos determinados en la Ley y en la jurisprudencia para la
exequibilidad de los decretos con fuerza de ley, emitidos en virtud de las
facultades excepcionales contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2016. Esos
requisitos son los de conexidad, finalidad y necesidad estricta.
Como es obvio, para el caso de las normas
emitidas en virtud del procedimiento especial contenido en el Acto Legislativo
01 de 2016, el estudio formal de cumplimiento debe ser más estricto cuando se
trata de decretos con fuerza de ley que cuando se trata de leyes emitidas en
virtud del procedimiento legislativo especial. La razón de ese estándar más
exigente es que el nivel de afectación del principio democrático que está
incorporado en la emisión de una ley con un procedimiento legislativo
abreviado, es inferior, en todo caso, al nivel de afectación que se deriva de
la expedición unilateral de un decreto por parte del Presidente de la República.
Esto es así, a pesar de que ambas normas tienen una jerarquía normativa igual. Por
eso, la Corte Constitucional ha establecido que el Gobierno Nacional, al
expedir un decreto con fuerza de ley en virtud de las facultades especiales
contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2016, tiene la carga de demostrar que
la misma norma no podía tramitarse por la vía del procedimiento legislativo
ordinario.[23]
2.1 Juicio de conexidad
2.1.1. La Ley
Estatutaria de Estados de Excepción establece en su artículo 10 que las medidas
que se pongan en marcha en uso de facultades excepcionales, deben estar “directa
y específicamente encaminadas a conjurar las causas de la perturbación y a
impedir la extensión de sus efectos”. En ese mismo sentido, el artículo 2
del Acto Legislativo 01 de 2016 establece que se autoriza al Presidente de la
República para expedir decretos con fuerza de ley “cuyo contenido tendrá por
objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.”
2.1.2. En esas
condiciones, la Corte Constitucional, al evaluar la constitucionalidad de los
decretos con fuerza de ley expedidos antes del que es objeto de control de
constitucionalidad en esta sentencia, ha sido clara en afirmar que ese criterio
de conexidad es objeto de una evaluación estricta, que permita a la Sala
discernir con claridad cuál es el componente del Acuerdo Final que se
implementa o desarrolla mediante el uso de la facultad excepcional. Ese
criterio, como es obvio, no se cumple simplemente con demostrar una relativa
conexidad teleológica. Al contrario, el juez constitucional está llamado a
encontrar compromisos puntuales del Gobierno Nacional que deban ser puestos en
marcha, y a evaluar el contenido de las normas que son objeto de control para
poder abstraer de ellas los mecanismos puntuales de implementación y desarrollo
de esos compromisos.
2.1.3. Consultada
sobre los elementos del Acuerdo Final que se están desarrollando mediante la
norma objeto de control constitucional, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República afirmó que los componentes principales de conexidad
se encuentran en el punto cuatro del Acuerdo Final denominado “Solución al
Problema de las Drogas Ilícitas”.[24]
Como sustento de esa apreciación, la interviniente citó apartes contenidos en
las páginas 98, 99, 104 y 105 del Acuerdo Final.[25]
2.1.4. A partir de
las consideraciones que preceden, la Sala entiende que una norma como la que es
objeto de control en esta oportunidad, tiene una relación de conexidad directa
con el Acuerdo Final, pues desarrolla uno de sus ejes temáticos fundamentales,
y dota al Gobierno Nacional de una herramienta que le permite desarrollar la
actividad de erradicación manual de cultivos de uso ilícito en los términos
pactados. Por eso, se verifica por la Corte que existe un nexo causal directo
entre el texto del Acuerdo Final, la necesidad de implementarlo de manera
urgente, y entre aquellas causas y la materia regulada. La Corte comprueba que
se cumplen los requisitos fijados en la jurisprudencia para verificar la
conexidad externa entre las normas que dan lugar a estados de excepción y
aquellas que los desarrollan,[26]
las cuales son aplicables al procedimiento especial para el desarrollo del
Acuerdo Final, según lo ha determinado la jurisprudencia reciente de la Corte
Constitucional en esta materia.[27]
2.1.5. En este caso,
además, la Corte verifica que las consideraciones del Decreto Ley 249 de 2017
se refieren tanto a la necesidad de implementar políticas de erradicación
manual, como a las dificultades temporales que impone el régimen general de
contratación administrativa, como a la implementación del Acuerdo Final. En ese
sentido, la Corte considera que el Decreto Ley 249 de 2017 cumple con el
criterio de conexidad interna, pues existe concordancia entre las
consideraciones que lo anteceden y las normas que incorpora.[28]
2.2 Juicio de Finalidad
Dentro del análisis de finalidad de la medida,
la Corte está llamada a determinar si el Decreto Ley se emite con el fin de
desarrollar e implementar el Acuerdo Final. Así lo dijo en la Sentencia C-699
de 2016 al afirmar que “[e]n desarrollo de este control, la Corte deberá
verificar que los decretos con fuerza de ley cumplan la finalidad para la cual
se confieren las facultades, a saber, facilitar o asegurar el desarrollo
normativo del acuerdo final”.[29] Al respecto, en consonancia con lo establecido en el capítulo 2.1
anterior, la Corte observa que el procedimiento contractual de implementación
del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito es un componente
central del proceso de desarrollo del Acuerdo Final. Por eso, en general, las
medidas destinadas a menguar la influencia del flagelo del narcotráfico en el
conflicto armado colombiano, y las consecuencias sociales que ese fenómeno
tiene por sobre los indicadores nacionales de violencia, se entienden como un
desarrollo directo del Acuerdo Final, uno de cuyos ejes es, precisamente,
procurar el desmonte del tráfico de drogas. En ese orden de ideas, si bien la
Corte entiende que la política de prevención y coacción frente al tráfico de
drogas no se circunscribe únicamente a la implementación del Acuerdo Final, lo
cierto es que en todo caso sí es un objetivo del mismo. Por esa razón, la Corte
entiende acreditado el requisito de finalidad para el Decreto Ley 249 de 2017.
2.3 Juicio de necesidad estricta
2.3.1. El hecho urgente detectado por la
jurisprudencia para permitir desde el punto de vista constitucional que se
otorguen poderes especiales al Presidente de la República es la necesidad de
implementar y desarrollar de manera rápida los compromisos adquiridos en el
Acuerdo Final, en especial los relacionados con los procesos de cese al fuego,
concentración y desarme de las FARC.[30]
2.3.2. En el proceso de evaluación de
constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley expedidos por el
Presidente de la República, la Corte Constitucional ha sido clara en afirmar
que las habilitaciones especiales que concede el Acto Legislativo 01 de 2016
para expedir leyes y actos legislativos por el procedimiento legislativo
especial y para expedir decretos con fuerza de ley, no derogan ni excluyen el
uso del mecanismo legislativo ordinario establecido en la Constitución y en el
Reglamento del Congreso de la República. Por esa razón, el uso de los
mecanismos excepcionales debe ser igualmente excepcional y limitado,
utilizándose solamente para la expedición de medidas urgentes que por su
trascendencia para la implementación del Acuerdo Final no pueden expedirse en
los tiempos del procedimiento ordinario. Solo en esas condiciones, las
afectaciones que sufre el proceso deliberativo y democrático de expedición
ordinaria de normatividad, resultan constitucionalmente aceptables. Por eso
mismo, incluso cuando una norma esté íntimamente relacionada con el desarrollo
e implementación del Acuerdo Final, si su expedición no requiere del uso del
procedimiento excepcional, debe ser tramitada por la vía ordinaria y la carga
argumentativa sobre por qué no debe serlo, está en cabeza del Gobierno
Nacional.
2.3.3. En ese contexto, el Gobierno Nacional,
en tanto titular exclusivo de la facultad de emitir decretos con fuerza de ley
y de la iniciativa legislativa en el proceso legislativo especial contenido en
el Acto Legislativo 1 de 2016, tiene la obligación de cumplir con una estricta
carga argumentativa que no deje lugar a dudas para la Corte Constitucional
sobre la necesidad de implementar esa normatividad de manera urgente y sobre la
imposibilidad de incorporar la misma norma al ordenamiento jurídico mediante el
procedimiento ordinario o mediante el procedimiento legislativo especial
incorporado en el Acto Legislativo 01 de 2016. Dicho en otras palabras, la
habilitación especial otorgada al Presidente de la República para expedir
decretos con fuerza de ley, contenida en el Acto Legislativo 01 de 2016 es
única y exclusivamente el mecanismo de implementación de los aspectos urgentes
del Acuerdo Final que no puedan tramitarse por la vía del procedimiento legislativo
especial, pero no son el mecanismo único de implementación del mismo, pues todo
aquello que no revista ese carácter urgente, deberá implementarse por la vía
ordinaria, so pena de ser declarado inexequible. Esa carga argumentativa debe
en principio cumplirse en las consideraciones del Decreto Ley, pero su omisión
no obsta para que la Corte, en ejercicio del control automático de
constitucionalidad y materializando el principio de colaboración armónica entre
los poderes públicos, haga una averiguación solicitando aclaraciones al
respecto al Gobierno Nacional que, de resultar satisfactorias, también deben
ser consideradas idóneas para sustentar el cumplimiento del requisito de
necesidad estricta.
2.3.4. Respecto del Decreto Ley 249 de 2017,
la Corte observa que en las consideraciones que anteceden al texto de la norma
no se presentaron argumentos con respecto a la urgencia de las medidas
contenidas en la misma. En consonancia, la Corte anota que algunos
intervinientes han puesto de presente que, a su juicio, el Decreto Ley 249 de
2017 no cumple con el criterio de estricta necesidad por cuanto “el
Presidente de la República omitió justificar que existía estricta necesidad de
usar las facultades extraordinarias para la paz y que, por tanto, no había
lugar a aprobar las reglas especiales de contratación de particulares para la
erradicación manual, por las vías ordinarias ni por el procedimiento
legislativo abreviado del Acto Legislativo 1 de 2016”.[31]  Sin embargo, el
despacho del magistrado ponente, al momento de asumir el conocimiento del
expediente, solicitó al Gobierno Nacional que se refiriera a la necesidad de la
norma, con el fin de discernir si en la misma se incorpora el elemento de necesidad
estricta al que se hizo referencia. Al respecto, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República en su comunicación afirmó que “el Decreto Ley
249 busca satisfacer la necesidad de contar con un instrumento que facilite e
imprima presteza a los procesos de contratación que se requieran en esta
materia (la erradicación de cultivos ilícitos) y, a la vez, generar ingresos a
la población local víctima de este fenómeno”.[32] Posteriormente afirma que
“es claro que la urgencia con la cual el Gobierno Nacional debe implementar
al Acuerdo final justifica la puesta en marcha de procesos contractuales más
flexibles que se ajusten a la prontitud con la cual corresponde cumplir con lo
pactado, así como a las particularidades de los compromisos adquiridos por las
partes”.[33]
Finalmente, termina diciendo que “el Decreto Ley 249 busca satisfacer la
necesidad de contar con un instrumento que agilice los procesos de contratación
para la erradicación manual de cultivos ilícitos”.[34]
2.3.5. Sobre la necesidad de presteza y
facilitación, la Corte nota que la misma comunicación de la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República establece claramente que las herramientas
contractuales contenidas en el Decreto Ley 249 de 2017 no van a ser las únicas
utilizadas en el proceso de implementación del programa de erradicación de
cultivos ilícitos. Sobre ese particular se afirma que “hasta el mes de
diciembre de 2016, la erradicación manual de cultivos ilícitos se realizaba por
medio de personal temporal en misión, a través de empresas de servicios
temporales, que se contrataban mediante un proceso de licitación pública de
acuerdo con lo establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el
Decreto 1082 de 2016”. Más adelante en el mismo texto se afirma que “el
Gobierno Nacional considera que no solo podrá adelantar la contratación de la
erradicación manual en los términos que prescribe el Decreto Ley 249 de 2017,
cuando no exista acuerdo o los acuerdos de sustitución fracasen. Esto, porque
lo cierto es que nada se opone a que dicha contratación también se lleve a cabo
(i) en el marco de los procesos de sustitución voluntaria, (ii) cuando las
comunidades afectadas suscriban acuerdos con el Gobierno que prevean dicha
erradicación y (iii) cuando se trate de zonas que deban someterse a un manejo
especial de interés ambiental –como los parques nacionales naturales- en las
que dada su naturaleza, no puedan adelantarse programas de sustitución de
cultivos ilícitos”.[35]
2.3.6. Como se ve, de las expresiones
contenidas en la comunicación remitida al despacho del magistrado ponente queda
claro que al ser requerido, el Gobierno Nacional expresó que las normas
contenidas en el Decreto Ley 249 de 2017 fungen como un complemento al régimen
contractual vigente, que no va a ser el único utilizado para el cumplimiento de
los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo Final. Igualmente, la Corte
encuentra que no se sustentó cuál es la necesidad de establecer un régimen
contractual distinto y diferenciable del vigente, que ya incorpora excepciones
puntuales a las formalidades propias del procedimiento contractual ordinario,
cuando quiera que las circunstancias requieran una contratación urgente. Al
respecto, la Corte entiende que no puede cumplirse el requisito de necesidad
estricta mediante un Decreto Ley que, según el dicho de la misma entidad que
promulgó la norma, se limita a ampliar un abanico de opciones ya existentes. No
se explica la razón por la cual esas opciones que contempla la ley actualmente no
son conducentes para lograr el mismo objetivo de implementación pronta del
Acuerdo Final. Por último, la Corte tampoco encontró en las consideraciones del
Decreto Ley objeto de control constitucional ni en las respuestas remitidas a
esta Corporación por el Gobierno Nacional, un análisis que presentara las
razones por las cuales el régimen contractual especial que establece el Decreto
Ley 249 de 2017, se requiere de manera imperiosa para la implementación del
Acuerdo Final.
2.3.7. En esas condiciones, la Sala Plena de
la Corte Constitucional encuentra que el Decreto Ley 249 de 2017 no cumple con
el estándar argumentativo de necesidad estricta, ni en sus consideraciones ni
en los pronunciamientos posteriores al respecto emitidos por los intervinientes
en el proceso de control automático de constitucionalidad, por lo cual la norma
debe ser declarada inexequible. En consecuencia, no es procedente entrar a
hacer un análisis de constitucionalidad de las disposiciones incorporadas en
esa norma.
3. Conclusión
Teniendo en cuenta las consideraciones
presentadas en esta sentencia, la Corte Constitucional encuentra que el Decreto
Ley 249 de 2017 cumple con los presupuestos formales de conexidad, y finalidad,
pero no con el de necesidad estricta. No fue sustentado suficientemente en las
consideraciones del Decreto objeto de control ni en las comunicaciones
remitidas por el Gobierno Nacional a la Corte, en razón del decreto de pruebas
realizado. Por esa razón, el Decreto Ley 249 de 2017 no puede ser objeto de un
pronunciamiento de constitucionalidad sobre el fondo de su contenido por parte
de la Corte Constitucional y debe ser declarado inexequible.
III. DECISIÓN
Los decretos con fuerza de ley emitidos por el
Presidente de la República en ejercicio de las potestades que le entrega el
Acto Legislativo 01 de 2016, pueden ser objeto de un análisis de
constitucionalidad de fondo, si cumplen con los requisitos de forma y de
competencia identificados por la jurisprudencia a saber: (a) El Decreto Ley
debe ser proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las
facultades que le confiere el Acto Legislativo 01 de 2016.  (b) El Decreto Ley
debe contener unas consideraciones que afirman que desarrollan el Acuerdo Final
y procuran establecer las condiciones en las que ello se hace.  (c) Por
provenir del Gobierno, el Decreto Ley debe ser suscrito, además de por el
Presidente de la República, por los ministros del ramo.  Y (d) el Decreto Ley
debe haber sido promulgado dentro del término de 180 días de vigencia de las
facultades excepcionales que le otorgó al Presidente de la República el
artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016. Adicionalmente, el Decreto ley debe
cumplir con los criterios (i) de conexidad interna; (ii) de conexidad externa;
(iii) de finalidad y (iv) de estricta necesidad.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del Pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Ley 249
de 2017,“por el cual se regula la contratación
para la erradicación manual de cultivos ilícitos en el marco del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera”.
Notifíquese, publíquese, comuníquese, cúmplase
y archívese el expediente.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
HERNÁN LEANDRO CORREA CARDOZO
Magistrado (e)
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
Con salvamento parcial de voto
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] La Corte Constitucional, en Sentencia C-174 de 2017 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo; AV
Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos), declaró inexequibles
algunos apartes del Decreto Ley 121 de 2017.
[2] Las referencias que se hagan en esta sentencia al “Acuerdo Final”
deben entenderse referidas al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito entre el Gobierno
Nacional y las FARC en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
[3] El numeral segundo del auto que asume conocimiento del expediente
establece: ORDENAR la práctica de las siguientes pruebas:
1. OFICIAR al señor director del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, y al señor Ministro de Defensa Nacional, para que en el
término de tres días siguientes a la comunicación de este auto, de respuesta a
los interrogantes que se exponen a continuación: 1.1. Sírvase describir
detalladamente cuál es el fin perseguido por la norma objeto de control
constitucional, identificando cuáles componentes del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se están desarrollando mediante dicha norma. 1.2. Sírvase describir el
análisis de alternativas que se llevó a cabo en el proceso de diseño de la
norma objeto de control constitucional, explicando qué medidas de mitigación se
pondrán en práctica para asegurar que con la norma no se desconocen los
principios constitucionales y legales que rigen la contratación pública. 1.3.
¿Cuáles fueron los criterios utilizados para encomendar las labores de estudios
previos, solicitud de ofertas y contratación a la Policía Nacional? ¿Se obtuvo
al respecto concepto favorable de la Agencia Nacional de Contratación Pública?
1.4. ¿Qué mecanismo de información pública se va a utilizar para poner en
conocimiento de la ciudadanía el monto, forma de contratación y cumplimiento de
los principios rectores de la contratación pública relacionados con los
procesos de contratación que se realicen amparándose en la norma objeto de
control de constitucionalidad? 1.5. En caso de que así haya ocurrido, sírvase
informar qué mecanismo de participación pública y consulta previa se llevó o se
está llevando a cabo para la redacción de la norma objeto de control de
constitucionalidad. Si no se ha puesto en marcha ninguno, sírvase informar qué
mecanismo compensatorio de las medidas razonables y legítimas que se deriven de
la norma revisada se tiene planeado poner en marcha para proteger el derecho
constitucional de consulta previa de las comunidades étnicas potencialmente
afectadas por la norma objeto de control. En caso de no haberse puesto en
marcha un proceso de consulta previa, ni haberse previsto medidas
compensatorias, sírvase informar cuáles fueron los criterios para tomar esa
decisión. 1.6. Dentro del esquema de ejecución de los procesos contractuales a
los que se refiere la norma objeto de control de constitucionalidad, sírvase
informar a este Despacho cómo tiene previsto el Gobierno Nacional que se
cumplan las obligaciones de consulta previa que pueden generarse en caso de
ejecutarse los contratos en los territorios de las comunidades étnicas
titulares de ese derecho. En caso de considerarse que no hay obligaciones de
esa naturaleza, sírvase informar cuáles son los criterios jurídicos que dan
lugar a esa convicción. || 2. OFICIAR al señor director de la Policía Nacional
para que en el término de tres días siguientes a la comunicación de este auto,
de respuesta al interrogante que se expone a continuación, invitándolo además a
pronunciarse sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la norma objeto de
control constitucional, esto último si así lo estima conveniente: 2.1. ¿Qué
mecanismo se va a utilizar para hacer la identificación de las personas
naturales y jurídicas que estén en capacidad de cumplir el objeto contractual
al que se refiere la norma objeto de control constitucional, asegurando el
cumplimiento de los principios rectores de la contratación pública? || 3.
ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que REMITA a
este despacho en el término de tres días hábiles contados a partir de la
notificación de este auto, informe sobre la adecuación del Plan de Manejo
Ambiental para la implementación del programa para la erradicación manual de
cultivos ilícitos. || 4. ORDENAR a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a este
despacho en el término de tres días hábiles contados a partir de la
notificación de este auto REMITA un
informe detallado sobre los procesos en los que el Estado Colombiano ha sido
demandado por causar daños como consecuencia del programa para la
erradicación manual de cultivos ilícitos. ||
5. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, en tanto
preside el Consejo Nacional de Estupefacientes que REMITA a este
despacho en el término de tres días hábiles contados a partir de la
notificación de este auto, copia de los protocolos de mitigación de riesgo y de
salud ocupacional del programa para la erradicación manual de cultivos
ilícitos.
[4] La porción pertinente de la parte resolutiva de ese auto es la
siguiente: PRIMERO.- ORDENAR al señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis
Carlos Villegas Echeverri, al señor Director del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera y al señor
Director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Simón Gaviria Muñoz
que REMITAN a este despacho en el término de veinticuatro (24) horas contadas a
partir de la comunicación de este auto, copia de los protocolos de mitigación
de riesgo y de salud ocupacional del programa para la erradicación manual de
cultivos ilícitos. || SEGUNDO.- REMITIR al señor Ministro de Defensa Nacional,
al señor Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a la señora Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y
al señor Director del Departamento Nacional de Planeación, copia de la
comunicación remitida a la Corte Constitucional por la señora Marisol Palacio Cepeda,
en su calidad de Directora Política de Drogas y Actividades Relacionadas del
Ministerio de Justicia y del Derecho.
[5] Visible a folio 26 del cuaderno principal del expediente.
[6] Folio 32 y subsiguientes del cuaderno principal del expediente.
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-491 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño; SV Jaime Araújo Rentería).
[8] Folio 91 del cuaderno principal del expediente.
[9] Folio 117 del cuaderno principal del expediente.
[10] Folio 137 del cuaderno principal del expediente.
[11] Folio 144 del cuaderno principal del expediente.
[12] Intervención del Instituto de Ciencia y Política, cuaderno principal,
folio 225.
[13] Folio 227 del cuaderno principal del expediente.
[14] Folio 231 del cuaderno principal del expediente
[15] Folio 233 del cuaderno principal del expediente
[16] Folio 234 del cuaderno principal del expediente
[17] Folio 240 del cuaderno principal del expediente
[18] Páginas 2 a 4 de la segunda intervención de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
[19] Página 15 de la intervención de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
[20] Esa verificación se realizó por la Corte en la Sentencia C-160 de 2017
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo
Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y Aquiles Arrieta Gómez; SPV Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas Ríos).
[21] La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del Acto
Legislativo 1 de 2016 en la  Sentencia C-699 de 2016 (MP María Victoria Calle
Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, Luis Ernesto Vargas Silva; SPV Gloria Stella Ortiz Delgado,
Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos; SV Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[22] Las dos primeras sentencias de la Corte Constitucional que resolvieron
procesos de control automático de constitucionalidad de decretos con fuerza de
ley emitidos en uso de las facultades contenidas en el acto legislativo 01 de
2016 fueron las sentencias C-160 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV
María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz
Delgado, y Aquiles Arrieta Gómez; SPV María Victoria Calle Correa, Gloria
Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Alejandro Linares
Cantillo, Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo Ocampo) y Sentencia C-174
de 2017 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Alejandro Linares Cantillo y
Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas
Ríos). Ambas providencias se citan en repetidas ocasiones en esta decisión,
pero se incluyen en su integridad las citas y las referencias a aclaraciones y
salvamentos de voto con el fin de permitir citaciones futuras completas.
[23] Corte Constitucional, Sentencia C-160 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria
Stella Ortiz Delgado y Aquiles Arrieta Gómez; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Alejandro Linares Cantillo, Antonio José
Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas Ríos).
[24] Folio 33 del Cuaderno Principal del Expediente.
[25] Respuesta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República. Visible a folio 33 del cuaderno principal del expediente, citando la
página 107 del Acuerdo Final. Esos
apartes, en términos generales, se refieren a la necesidad de hallar una
solución integral al problema de las drogas ilícitas que incorpore toda la
cadena de producción. Esa solución integral se logra a través de la puesta en
marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
(PNIS) que busca, entre otras, “generar políticas y oportunidades
productivas para los cultivadores mediante la generación de oportunidades
laborales y la promoción de la asociatividad”. Igualmente, se refiere a la
necesidad de implementar estrategias que incluyan el diseño de alternativas
para mejorar las condiciones de bienestar de los habitantes de las zonas
afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito. Por último, la
comunicación referida, citando el Acuerdo Final, afirmó que “(e)n los casos
en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la
erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual
donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el
medio ambiente y el buen vivir”.
[26] “El primero de tales juicios –conexidad- se orienta a la verificación de un nexo causal
entre (i) las
situaciones que de manera mediata e inmediata han dado origen a la declaración
del estado de excepción y la finalidad de las medidas introducidas (conexidad externa), y
entre (ii) tales
causas y la materia regulada por los decretos legislativos correspondientes (conexidad interna)”
Corte Constitucional, Sentencia C-226 de 2011 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
En ese caso la Corte se refirió a la constitucionalidad de uno de los decretos
expedidos con ocasión de la declaratoria de calamidad pública contenida en el
Decreto 4580 de 2010. La primera sentencia en que se trató este tema es la
sentencia C-033 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[27] Corte Constitucional, Sentencia C-160 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado; AV María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria
Stella Ortiz Delgado, y Aquiles Arrieta Gómez; SPV María Victoria Calle Correa,
Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Alejandro
Linares Cantillo, Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo Ocampo) y
Sentencia C-174 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Alejandro Linares
Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alberto Rojas Ríos).
[28] La Corte Constitucional en las sentencias C-160 de 2017 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado; AV María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado, y Aquiles Arrieta Gómez; SPV María Victoria
Calle Correa, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV
Alejandro Linares Cantillo, Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo Ocampo)
y Sentencia C-174 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa; SPV Alejandro
Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo; AV Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Alberto Rojas Ríos) verificó el cumplimiento de los requisitos de
conexidad interna y conexidad externa al revisar la constitucionalidad de dos
decretos expedidos en ejercicio de las potestades otorgadas en virtud del Acto
Legislativo 01 de 2016.
[29] Corte Constitucional en la Sentencia C-699 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa AV Aquiles Arrieta Gómez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Luis Ernesto Vargas Silva SPV Gloria Stella Ortiz
Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos, SV Luis Guillermo
Guerrero Pérez. Reiterada en las sentencias C-160 de 2017 MP Gloria Stella
Ortiz Delgado y C-174 de 2017 MP María Victoria Calle Correa.
[30] Al respecto dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-699 de 2016
(MP María Victoria Calle Correa AV Aquiles Arrieta Gómez, Alejandro Linares
Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Luis Ernesto Vargas Silva SPV Gloria
Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos, SV Luis
Guillermo Guerrero Pérez lo siguiente “Por tanto, se justifica ejercer las
facultades previstas en el artículo 2 demandado solo en circunstancias
extraordinarias, cuando resulte estrictamente necesario apelar a ellas en lugar
de someter el asunto al procedimiento legislativo correspondiente.”
[31] Página 6 de la intervención de DEJUSTICIA.
[32] Folio 32 del Cuaderno Principal del Expediente.
[33] Folio 33 del Cuaderno Principal del Expediente.
[34] Folio 35 del Cuaderno Principal del Expediente.
[35] Folio 33 del Cuaderno Principal del Expediente.