T-522-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-522/16
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO ORGANICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto orgánico se configura cuando una persona o un
asunto objeto de litigio es juzgado por quien carece de los elementos de la
competencia fijados previamente en las normas que regulan los procedimientos
judiciales.
VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i)
deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen  de los
dictados de la Constitución.
DERECHO AL
TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD INDIGENA-Fundamental
La jurisprudencia de la Corte ha
señalado que los territorios
habitados por los pueblos indígenas tienen una especial protección
constitucional ya sea que estén constituidos en cabildos, o cuando lo sean en
entidades territoriales indígenas. Dicha protección difiere de la protección a
la propiedad individual y privada, pues los territorios indígenas son
imprescriptibles, inalienables e inembargables en virtud del respeto de la
autonomía de las comunidades en su ámbito territorial, el cual tiene una
especial connotación cultural, política, religiosa y, por tanto, ameritan una
protección jurídica.
DERECHO AL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD INDIGENA-Contenido/DERECHO AL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD
INDIGENA-Alcance
AUTONOMIA JURISDICCIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA RESOLVER
CONFLICTOS POR AUTORIDADES PROPIAS Y SEGUN NORMAS Y PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS
POR CADA COMUNIDAD-Contenido
PRINCIPIO DE COORDINACION INTER JURISDICCIONAL-Definición de competencias
La Corte ha señalado que una ley de coordinación supone “un
acuerdo sobre cómo decidir las controversias acerca de si se presentan o no los
elementos necesarios para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena,
que “esos mecanismos deben ser apropiados para todas esas comunidades, y que
además deben ser “aceptables desde su forma de ver el derecho”.
ELEMENTOS DE LA JURISDICCION INDIGENA-Territorial, personal, institucional y objetivo
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por configuración
de un defecto orgánico por cuanto Juzgado Civil adelantó un proceso ejecutivo
en contra de integrantes de comunidad indígena, afectando su territorio
colectivo
Existe una vulneración al territorio de la comunidad y la solución
de esta controversia ameritaba una intervención del juez constitucional con
miras a resolver una tensión de derechos que terminó por afectar a la comunidad
Yaguara y que no fue tenida en cuenta por el juez ordinario que adelantó el
proceso ejecutivo. El Juzgado accionado no era
competente para adelantar el proceso ejecutivo en mención.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configuración
de un defecto por violación directa de la Constitución al decretar un
secuestro, embargo, remate y adjudicación de un bien objeto de propiedad
colectica indígena
La
decisión que se demanda incurrió en un yerro por violación directa de la
Constitución en tanto con ella se vulneraron los mandatos constitucionales que
establecen que los territorios indígenas son propiedad colectiva
imprescriptible, inembargable, inalienable y no enajenable.
Referencia: Expediente T-5.406.648
Acción de tutela instaurada por Isidro Méndez Ramos,
como Gobernador del cabildo indígena Yaguara, contra los Juzgados Primero (1°)
y Segundo (2°) Civiles Municipales de Chaparral –Tolima–.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis
(2016)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Luís
Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados
en primera instancia por el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral –Tolima– el
cinco (5) de octubre de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué –Sala de decisión Civil-Familia– el
veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015), en el asunto de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Isidro Méndez Ramos, en su calidad de
gobernador y representante del cabildo indígena de Yaguara en el municipio de
Chaparral –Tolima–, presentó acción de tutela en contra de los Juzgados Primero
y Segundo Civiles Municipales de Chaparral –Tolima– para la protección del
derecho fundamental al debido proceso de la comunidad que representa, y de los
indígenas José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luis Adonías
Lozano Hernández. La solicitud de amparo se fundamenta en los aspectos fácticos
y jurídicos que se relatan a continuación.
1. Hechos
1.1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Chapararral
adelantó un proceso ejecutivo promovido por la organización Roa Flor Huila, por
la mora en el pago de unos insumos agrícolas suministrados a los miembros de la
comunidad indígena Yagura, señores Fredy Erminsul Riaño Girón y Adonías Lozano
Hernández. Para respaldar la deuda se suscribió como co-deudor al también
integrante de la comunidad José Delio Riaño Cerquera.
1.2. Mediante auto del 20 de noviembre de 2009 el
Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral –Tolima– decretó el embargo y secuestro
de las parcelas Buena Vista y Silvania las cuales figuraban a nombre del señor
José Delio Riaño Cerquera. El mismo procedimiento fue iniciado y adelantado
ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Chaparral[1],
no obstante mediante auto del 11 de septiembre de 2014 el proceso fue acumulado
al trámite del proceso adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de
Chaparral quien en adelante dirigió la actuación.
1.3. Posteriormente, y luego de surtidas las
diferentes etapas procesales sin manifestación de los demandados[2], el Juzgado
1º Civil Municipal de Chaparral, mediante providencia del 14 de julio de 2015 ordenó
el remate de los inmuebles, los cuales fueron finalmente adjudicados a la
organización Roa Flor Huila.
1.4. El accionante señala que las parcelas afectadas
en el proceso están asentadas en el territorio ancestral indígena del resguardo
de los Yaguara en los corregimientos de Calarma y Amoya, y que hacen parte del
gran resguardo de indígenas de los municipios de Chaparral, Ortega y Coyaima.[3]
Sostiene, además, que el asentamiento es de aproximadamente 20.000 hectáreas
sobre las zonas de Yaguara, Amoyá y Capellanía.
1.5. Indica que los miembros del cabildo que fueron condenados
en el proceso ejecutivo, decidieron por su cuenta adelantar algunos créditos con
el molino Flor Huila, actualmente Organización Roa Flor Huila, para el control,
mantenimiento y fertilización de cultivos agrícolas en la jurisdicción de
Yaguara, donde al parecer incumplieron el pago de las cuotas pactadas con esa
sociedad molinera de arroz.
1.6. Sostiene que todo proceso o actividad de los indígenas
y no indígenas de Yaguara en relación con el trabajo de las tierras del
asentamiento debe contar con la autorización del cabildo y de la asamblea
general de indígenas. Lo anterior, a fin de garantizar que si el poseedor de la
chagra o parcela, por alguna razón incumple sus obligaciones crediticias, la
autoridad del cabildo realice la labor de hacer cancelar el crédito, pues los
territorios indígenas son inembargables, inalienables e imprescriptibles.
1.7. Advierte que la autoridad del cabildo indígena de
Yaguara no desconoce la existencia de una deuda u obligación de los integrantes
de la comunidad, sino que se opone a la utilización de la figura del proceso
civil del embargo, secuestro, remate y adjudicación de las tierras de la comunidad
debido a que legal y constitucionalmente tienen un fuero especial de protección
y amparo que las hace inembargables, inalienables e imprescriptibles.
1.8. Sostiene que a los juzgados accionados les
correspondía el deber de verificar si los ejecutados pertenecían a algún grupo
indígena, al igual que sus posesiones o parcelas.
1.9. Finalmente, manifiesta que el cabildo indígena
Yaguara rechaza y no reconoce ningún tipo de titulación que pudiera haber
realizado el antiguo Incora a indígenas, o no indígenas, sobre alguno de los
predios del resguardo indígena de Yaguara, porque tales procedimiento no fueron
autorizados por las autoridades de la comunidad.
2. Solicitud de tutela.
2.1 Con base en las consideraciones fácticas y
jurídicas del caso, el accionante sostiene que se opone a cada uno de los autos
que fueron proferidos dentro del proceso ejecutivo de menor cuantía que se
surtió en contra de los indígenas José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul
Riaño Girón y Luís Adonías Lozano Hernández, que conllevaron al embargo,
secuestro, remate, adjudicación y consecuente registro de las parcelas Buena
Vista y Silvania a nombre de la organización Roa Flor Huila.
2.2 Por lo tanto, solicita que se tutelen y protejan
los derechos al debido proceso y al derecho colectivo del territorio ancestral
de los indios Yaguaras, razón por la que pide que se revoquen las decisiones adoptadas con las cuales se
dio lugar al embargo, secuestro, remate y adjudicación de las parcelas
indígenas, las cuales se encuentran ubicadas
en el resguardo indígena de la comunidad. Adicionalmente, y de manera especial, solicita que
se ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro que cancele las
anotaciones de las matrículas inmobiliarias 355-4711 y 355-8974 de los
registros ordenados por el Juzgado 1º y 2º Civil Municipales de Chaparral, que
corresponden a las citadas parcelas Buena Vista y Silvania.
Dentro de la razones que fundamentan su
solicitud, el actor sostiene que las actuaciones judiciales adelantadas en relación
con los inmuebles Buena Vista y Silvania no fueron comunicadas a la comunidad
indígena, razón por la que fueron vulnerados sus derechos a la defensa y al
debido proceso. También señala que los funcionarios judiciales que conocieron
de los procesos ejecutivos debieron declarar la nulidad de todo lo actuado, o
en su defecto enviar el proceso al cabildo indígena de Yaguara o al Tribunal
indígena del Tolima. Finalmente, resalta que no se solicitó ninguna
autorización al cabildo indígena ni a la asamblea indígena para realizar algún crédito
a la empresa Molinos FlorHuila S.A.-.
3. Intervención dentro del proceso.
3.1 Del Juzgado Primero Civil Municipal de Chaparral.
El 23 de septiembre de 2015, el despacho judicial referido
respondió a la acción de tutela para solicitar que se declarara improcedente. Adujo
que en el marco del proceso ejecutivo en ningún momento se señaló que los
demandados fueran indígenas o pertenecieran a algún cabildo. Adicionalmente,
señaló que la jurisdicción competente para conocer del proceso era la ordinaria,
pues la ejecución se basó en los créditos derivados de los préstamos
solicitados por los demandados, así como con base en las escrituras de sus
predios, los cuales se encuentran debidamente registrados. Finalmente, sostuvo
que el día que se practicó la diligencia de secuestro de los bienes inmuebles
estuvo presente uno de los demandantes quien no hizo ninguna manifestación al
respecto.
3.2 Del Juzgado Segundo Civil Municipal de Chaparral.
En escrito del 22 de septiembre de 2015, el Juzgado 2º
Civil Municipal de Chaparral sostuvo que la acción de tutela era improcedente. Señaló
que en ese despacho se tramitó el proceso ejecutivo al que se hizo referencia
en la demanda, sin embargo, el 5 de septiembre de 2014 el expediente fue
remitido al Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral para su acumulación. Agregó
que la acción de tutela no cumplía con los requisitos de inmediatez y
legitimación en la causa para actuar por parte de quien la suscribe. Sobre lo
primero, se limitó a señalar que se trata de una situación antigua, y sobre lo
segundo, dijo que no se otorgó poder especial para actuar como apoderado.
Adicionalmente, sostuvo que el señor Isidro Méndez Ramos no acreditó tener la
calidad de abogado. Finalmente, agregó que el peticionario no actúa en nombre
de los intereses de su comunidad pues aceptó que el bien objeto material del
proceso ejecutivo estaba en cabeza del demandado.
3.3 De la Organización Roa Flor Huila S.A.
El 30 de septiembre de 2015, el apoderado judicial de la
empresa referenciada presentó un escrito de contestación de la demanda en la
que se pronunció sobre los hechos de la demanda. Para empezar, sostuvo que los
folios de matrícula inmobiliaria de los predios Buena Vista y Silvania señalaban
claramente que son de propiedad del señor José Delio Riaño Cerquera, sin que
hubiese aparecido ninguna anotación que indicara medidas de protección especial
por tratarse de predios ubicados dentro del resguardo indígena que alega el
accionante.
Además de lo anterior, señaló que los demandados en
los procesos ejecutivos fueron debidamente notificados y que contaron con los
mecanismos de defensa judicial correspondientes, sin que los utilizaran para
manifestar su situación personal o la de los predios, que ahora pretenden hacer
valer en sede de tutela. Finalmente, señala que en la diligencia de secuestro
practicada el 27 de octubre de 2011 estuvo presente el señor José Delio Riaño
Cerquera, propietario de los bienes, quien no realizó ninguna manifestación y
por el contrario aceptó la práctica de la diligencia de secuestro.
3.3 De los demandados en el proceso ejecutivo, José
Delio Riaño Cerquera, Fredy Herminsul Riaño Girón y Luis Adonías Lozano
Hernández.
En escritos separados, presentados el 29 de septiembre
de 2015, los indígenas que fueron demandados en el proceso ejecutivo señalaron
que se acogían a los argumentos expuestos en el memorial de la acción de
tutela, debido a que las parcelas que fueron afectadas durante el proceso están
ubicadas en el territorio de la comunidad Yaguara, a la que ellos pertenecen. De
manera específica, resaltaron que las parcelas Buena Vista y Silvania fueron
tituladas por el Incora para poder acceder a los créditos de financiación, como
única forma y condición prevista por los bancos y las entidades del Estado como
estrategia en contra de los indígenas. Señalaron también, que en todo caso no
accedió a dicha titulación para comercializar y enajenar su “chagra” y
sus mejoras dentro del resguardo, las cuales están integradas en las tierras
del resguardo.
Igualmente, señalaron que el crédito adquirido con la
entidad Roa Flor Huila no fue comunicado ni autorizado por el Cabildo Indígena
de Yaguara y que, tampoco fue preguntada la tradición étnica por dicha empresa
privada. No obstante, aceptaron que existe una deuda con dicha empresa pero que
José Delio Riaño Cerquera no era deudor directo pues simplemente ayudó a sus
compañeros en un crédito de insumos para que cultivaran arroz, pues ellos no
tienen parcelas propias dentro o fuera de la comunidad, y por tal razón no les
hacían ningún crédito. Resaltaron que frente al pago del crédito es posible
realizar un acuerdo según las posibilidades financieras y económicas de los
deudores.
Agregaron que por su antigüedad, los despachos
judiciales del municipio de Chaparral, debían haber preguntado si los
demandados pertenecían a un grupo étnico, y que lo mismo pudo haberse hecho en
la diligencia de embargo y secuestro llevada a cabo en el resguardo por el
señor Pastor García, corregidor de Yaguara, que sí conocía este hecho y no lo
reportó. Señalaron además, que al momento de la contestación las parcelas están
en poder del cabildo indígena y en custodia del señor Rigoberto Riaño Girón,
con la asistencia de la Guardia Indígena de Yaguara. Finalmente, consideran que
el proceso ejecutivo indígena debe pasar a la jurisdicción indígena, en cabeza
del cabildo indígena de Yaguara.
4. Decisiones –del proceso ejecutivo– contra las
que se dirige la acción de tutela.
4.1. La parte actora afirmó en el escrito de tutela,
que la acción de amparo se dirigía en contra de “las decisiones judiciales
proferidas por los Juzgados 1º y 2º Civiles Municipales de Chaparral”,
mediante los cuales se decretó el embargo, secuestro, remate y adjudicación de
los predios Buena Vista y Silvania, dentro del proceso ejecutivo que se efectuó
en contra de Luis Adonias Lozano Hernández, Fredy Erminsul Riaño Girón y José
Delio Riaño Cerquera. No obstante, como informó el Juzgado 2º Civil Municipal
de Chaparral, el proceso se desarrolló de manera acumulada en el Juzgado 1º
Civil Municipal de la misma localidad. En las decisiones proferidas durante el
proceso ejecutivo se destacan las siguientes:
4.2. Se evidencia que la obligación
ejecutada se encuentra sustentada en dos pagarés que, en principio, constituyen
una obligación clara, expresa y exigible: (i) el N° 153 por un valor de
$25’221.744 con fecha de vencimiento el 23 de octubre de 2009[4]; y (ii)
el N° 085 por un valor de $9.082.247 con vencimiento el día 27 de enero de 2010[5].
4.3. Mediante Auto del 20 de noviembre de
2009 el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral libró mandamiento de pago y
decretó el embargo y secuestro de los derechos de propiedad sobre los predios
denominados Buena Vista y Silvania ubicados en la vereda Yaguara del municipio
de Chaparral[6].
Por otra parte, la misma actuación fue ordenada por el Juzgado 2º Civil
Municipal de Chaparral en providencia del 9 de marzo de 2010[7].
4.4. Se destaca que en el trámite se dio
cumplimiento al artículo 318 del C.P.C. debido al desconocimiento del domicilio
de los demandados, y en ambos procesos se dio cumplimiento a la publicación de
los edictos correspondientes y se ordenó la diligencia de notificación personal,
luego de lo cual se nombró curadores ad-litem.[8] A estos
últimos se les puso en conocimiento el auto de mandamiento ejecutivo y se les
hizo saber del término de 5 días para pagar y 10 para proponer las excepciones
respectivas.
4.5. El día 1º de diciembre de 2009 se
inscribió el embargo en la oficina de registro de instrumentos públicos de
Chaparral, de los inmuebles denominados Silvania y Buena Vista[9]. Luego de
ello, se decretó el secuestro de los derechos de propiedad del señor José Delio
Riaño Cerquera según los folios de matrícula inmobiliaria 355-4711 y 355-8974
de la citada oficina de registro de instrumentos públicos de Chaparral. Y
mediante auto del 25 de enero de 2010 se ordenó el secuestro de los mismos[10],
el cual fue efectivamente realizado el 28 de marzo de 2012[11].
4.6. Como consecuencia de lo anterior, y en
cumplimiento del despacho comisorio N° 27 del 20 de octubre de 2011 se realizó
la diligencia de secuestro realizada por el señor corregidor de Calarma de
Chaparral, sobre los predios Buena Vista y Silvania, y en donde se hizo entrega
real y material al señor secuestre, quien manifestó que dejaba en depósito
provisional esos dos bienes secuestrados a uno de los demandados: el señor
Fredy Erminsul Riaño, quien estuvo presente en la diligencia. Igualmente dejó
constancia que a se hicieron las correspondientes advertencias de ley. Resalta
que en dicha diligencia el señor Erminsul no hizo ninguna manifestación de
oposición y que tampoco realizó ningún reparo sobre la pertenencia de los
predios a algún resguardo.
4.7. Entretanto, en autos del 4 de febrero
de 2011 y 15 de diciembre de 2011 se ordenó seguir con la ejecución, avalúo y
posterior remate de los bienes embargados conforme lo dispuesto en el artículo
516 del C.P.C.-. Seguidamente, en providencias del 25 de marzo de 2011 y 23 de
noviembre de 2012 se aprobó la liquidación de los créditos correspondientes.
4.8. Mediante auto del 14 de mayo de 2014
el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral solicitó al Juzgado 2º Civil
Municipal de la misma localidad que remitiera el expediente del proceso
ejecutivo que adelantaba contra los mismos actores para su posible acumulación.
El Juzgado 2º Civil Municipal ordenó remitir el expediente el 27 de agosto de
2014, y mediante auto del 11 de septiembre de 2014 el Juzgado 1º Civil
Municipal decretó la acumulación de los procesos ejecutivos adelantados en
ambos juzgados por Molinos Flor Huila contra Fredy Erminsul Riaño Girón, Luis Adonias Lozano Hernández y José Delio Riaño Cerquera.[12]
4.9. El 27 de abril de 2015 se ordenó
llevar a cabo el remate de los inmuebles[13],
el cual se efectuó en diligencia del 25 de junio de 2015, diligencia en la que
además se adjudicaron a la Organización Roa FlorHuila S.A.[14]. Dicho
remate fue aprobado mediante providencia del 14 de julio de 2015, en virtud del
cual además se canceló el embargo y secuestro de los inmuebles y se ordenó
expedir copias para la protocolización y registro en la Notaría y oficina de
registro de instrumentos públicos del lugar[15].
5. Fallo de tutela en primera instancia.
En fallo del 5 de octubre de 2015, el Juzgado
Civil del Circuito de Chaparral –Tolima– negó la solicitud de tutela por
considera que no se habían vulnerado, ni amenazado los derechos fundamentales
por parte de las autoridades judiciales accionadas. Para sustentar su decisión,
describió las diferentes actuaciones procesales que se surtieron en el proceso
ejecutivo, la cuales consideró estaban soportadas en una correcta aplicación de
la normatividad, pues se realizó la ejecución con base en dos pagares que
señalaban obligaciones claras, expresas y exigibles. Adicionalmente, señaló que
los accionantes fueron notificados por los medios que establece la ley, que se
les nombró curadores ad litem, y que uno de los demandantes –Fredy
Erminsul Riaño– presenció el acto de secuestro de los inmuebles.
Adicionalmente, sostuvo que los predios
embargados en el proceso no tenían ningún tipo de limitación al dominio. Para
explicar esta razón, citó las anotaciones de los registros de matrícula
inmobiliaria en los que se señalaba que el predio Buena Vista fue adjudicado como
baldío al señor José Delio Riaño Cerquera por parte del Incora de Ibagué el día
27 de febrero de 1981, y que con posterioridad a esta fecha este realizó
diferentes gravámenes sobre dicho inmueble. En este mismo sentido, señaló que
el predio Silvania fue adquirido mediante compraventa el 13 de julio de 1973
por el mismo señor Riaño Cerquera, y que de igual manera ha sido objeto de
gravámenes. También sostuvo que en ninguno de los registros inmobiliarios
aparece algún tipo de limitación de la propiedad por pertenencia a alguna
comunidad indígena.
Concluyó que los predios no tenían ninguna
restricción y que eran propiedad del señor Riaño Cerquera, y que si hubieran
sido parte del resguardo Yaguara, el Incora no hubiera realizado la
adjudicación de uno de los predios a título de baldío a un particular, sino a la
comunidad indígena. Adujo que prueba de ello era que el señor Riaño ejerció
acciones de señor y dueño a través de embargos e hipotecas por más de 30 años,
en los cuales nunca hubo una limitación del resguardo. Por lo tanto, era
razonable que los jueces no realizaran ninguna comunicación o consulta como la
que reclamó el accionante, pues los dos bienes estaban en cabeza del señor
Riaño Cerquera.
Finalmente, señaló que las afirmaciones del
accionante no estaban soportadas probatoriamente, pues no existe documento que
señale que los predios Buena Vista y Silvania estén dentro de las linderos
señalados en las escrituras aportadas por el demandante o que estén registradas
en la matrícula inmobiliaria del resguardo. Por lo tanto, al no existir
vulneración de los derechos de la comunidad, ni de sus integrantes, por parte
de las autoridades judiciales accionadas, no hay lugar al amparo solicitado.
6. De la impugnación y fallo de tutela en segunda instancia.
6.1 El día 14 de enero de 2015 la parte
actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia por considerar que el
amparo sí era procedente, y porque el juez a-quo no había tenido en
cuenta elementos de juicio importantes dentro de su decisión. En primer lugar, el
impugnante argumentó que los indígenas Yagurara del municipio de Chaparral en
ningún momento han solicitado, avalado o aprobado ningún proceso de titulación
y adjudicación de las tierras del asentamiento indígena al Instituto Colombiano
de Reforma Agraria –Incora–, ni al actual Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –Incoder–.
De otra parte, señaló que las tierras
asignadas, aprobadas y entregadas por sus ancestros a sus familias descendientes
de aborígenes, escasamente les permitían adelantar programas y proyectos de
vida de subsistencia familiar, y no tienen nada que ver con la
comercialización, hipotecas, garantías de las tierras con personas foráneas a
la comunidad, excepto entre comuneros. Indicó que excepcionalmente la asamblea
general de indígenas aprueba los endeudamientos o créditos.
Precisó que las veredas Calarcá, Tetuán,
Chontaduro, Lemaya y Mesa de Puracé están dentro de las áreas jurisdiccionales
que hacen parte del territorio ancestral definido protocolariamente en las
escrituras públicas aportadas al proceso, y que las parcelas Buena Vista y
Silvania se encuentran dentro de los linderos del resguardo. Y señaló que si
los predios referidos fueron titulados por el Incora, lo cierto es que están en
el área ancestral de los Yaguara, y que no son susceptibles de ninguna medida
de embargo, secuestro y menos de remate, toda vez que la normatividad
constitucional y legal en la materia así lo señala.
De otra parte, adujo que aportó todos los
elementos de juicio y pruebas documentales, escrituras públicas y matriculas
inmobiliarias, que señalan los linderos, y que si el juez tenía alguna duda
sobre el bien, podía decretar pruebas. Señaló que de lo que se trata es de
corregir una situación inadvertida durante el proceso ejecutivo, que necesita
un estudio delicado, minucioso y juicioso, pues implica la afectación de los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Sobre el argumento de la titulación
realizada por el Incora, sostuvo que existen casos en los que el Ministerio de
Agricultura llevaba a las familias indígenas de la comunidad a realizar este
tipo de procesos administrativos y no judiciales para titular algunas parcelas,
con el pretexto de acceder a algunos créditos que permitieran que la tierra
fuera explotada en cultivos lícitos para desarrollar su vocación agropecuaria y
su función social. No obstante, señaló que este tipo de actuaciones fueron
denunciadas e impugnadas durante décadas, cuando el Incora realizó estos
procesos en el Tolima. Sobre este punto, destacó que tales actos
administrativos del Incora no tiene validez jurídica y que deben ser
considerados ilegales e inconstitucionales pues desconocen documentos públicos
anteriores –como las escrituras y las matriculas inmobiliarias– en las que se
protocolizó la propiedad del cabildo sobre sus tierras ancestrales.
Sostiene que no es posible que un juez constitucional
de tutela sostenga y acepte que están vigentes unas matriculas inmobiliarias correspondientes
a una titulación de supuestos baldíos realizada por el Incora, que desconoce
las escrituras y matriculas inmobiliarias que amparan el derecho a las tierras
colectivas del resguardo Yaguara amparado por la Constitución y las leyes.
Por otra parte, señaló que José Delio Riaño
Cerquera no es propietario de los predios Buena Vista y Silvania, sino que es
un mero usufructuario como lo define la ley 89 de 1890. Explicó que el Cabildo
Yaguara tomó posesión de dichas parcelas y las dejó en custodia del indígena
Rigoberto Riaño Girón, con base en las facultades constitucionales y legales
que facultan a la Asamblea indígena para la oposición y resistencia frente a
toda agresión que busque destruir, romper y desarticular la armonía del
resguardo Yaguara, y arrebatar estas tierras a los nativos que la componen.
Indicó que la Organización Molino Roa Flor
Huila no debió autorizar un crédito en el que el avalista o codeudor fuera el
señor José Delio Riaño Cerquera pues es una persona de avanzada edad –88 años–.
Además es un nativo sordo, que no asimila ni coordina sus ideas, y que siendo
una persona inocente e ignorante de los trámites que se realizaron, no entiende
sus implicaciones. Por lo tanto, sus decisiones no fueron razonables pues lo
único que le enseñaron sus antepasados fue a trabajar la tierra. Señala que su
única actuación ha sido coadyuvar a la posición del cabildo indígena de Yaguara
en el trámite de la tutela.
De la misma manera, expresó que la decisión
del Juez de primera instancia es preocupante pues sus argumentos únicamente se
ciñen a valorar la validez del pagaré como título valor en materia civil, sin
embargo, no tuvo en cuenta la problemática que se genera por las actuaciones de
embargo, secuestro, remate y adjudicación de tierras colectivas indígenas que
son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Por todo lo anterior,
solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, y que, en su lugar,
se concediera el amparo de los derechos fundamentales de la comunidad Yaguara.
6.2 Mediante fallo de segunda instancia del
25 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué,
Sala de Decisión Civil-Familia, confirmó el fallo de tutela de primera
instancia. Sostuvo que el caso correspondía a una tutela contra providencia
judicial, y que por tanto era necesario determinar si se cumplían las
condiciones previstas por la jurisprudencia constitucional para este tipo de
casos. Para el efecto señaló que concurrían los requisitos generales de procedencia
que establece la doctrina constitucional, sin embargo, al analizar la posible
ocurrencia de alguna de las causales específicas de procedibilidad,
particularmente, la consistente en una violación directa de la Constitución,
esta no se cumplía.
Al respecto, señaló que del examen del
proceso ejecutivo se encontró que las actuaciones se ajustaron a las normas que
lo rigen y que, adicionalmente, de las pruebas aportadas al proceso no se
extraía que los predios en cuestión se encontraran en cabeza del resguardo
indígena, o sujeto a una limitación del dominio. Lo anterior, debido a que los
citados por el actor son folios de matrícula inmobiliaria distintos a los
allegados al proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado 1º Civil Municipal de
Chaparral, razón por la que era procedente el embargo, secuestro y remate de
los predios al no haberse cumplido la obligación dineraria que recaía sobre los
accionados. Finalmente, indicó que en la diligencia de secuestro estuvo
presente el señor Fredy Erminsul Riaño, quien no expresó oposición alguna en el
proceso, razón por la que considera se respetó el debido proceso.
7. Actuaciones en sede de revisión.
7.1 Mediante auto de 19 de mayo de 2016
esta Corporación profirió un auto en el que ordenó la práctica de unas pruebas
y la remisión de algunos conceptos. Específicamente, en la citada providencia
se resolvió:
“Primero: OFÍCIESE, por intermedio de
la Secretaria General de la Corte Constitucional, al Juzgado Primero (1°) Civil Municipal de Chaparral –Tolima– para que en el término de tres (3) días
hábiles a partir de la notificación del presente auto,  remita a esta
Corporación, en su integridad, el expediente con número de radicado
2009-00208-00, del proceso ejecutivo adelantado por Molinos FlorHuila contra
Luis Adonias Lozano Hernández y José Delio Riaño Cerquera. Una vez
inspeccionado se devolverá, a su sede judicial de origen.
Segundo: OFÍCIESE, por intermedio de la Secretaria General de la Corte Constitucional, al Juzgado Segundo (2°) Civil Municipal de
Chaparral –Tolima– para que en el término de tres (3) días hábiles, remita a
esta Corporación, en su integridad, el expediente con número de radicado
2010-00037-00, del proceso ejecutivo adelantado por Molinos FlorHuila contra
Luis Adonias Lozano Hernández y José Delio Riaño Cerquera. Una vez
inspeccionado se devolverá, a su sede judicial de origen.
Tercero: OFÍCIESE, por intermedio de la Secretaria General de la Corte Constitucional, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
–Incoder– para que en el término de tres (3) días hábiles, remita a esta
Corporación un concepto técnico en el que señale:
(i) Sus apreciaciones generales sobre el
proceso de la referencia, el problema jurídico, los elementos jurídicos a
considerar, y las alternativas de solución;
(ii) La información y aspectos relevantes que
reposen en la entidad sobre la delimitación territorial del cabildo indígena
Yaguara en el municipio de Chaparral –Tolima–, y la veracidad de la afirmación
según la cual las parcelas Buena Vista (matrículas inmobiliarias 355-4711) y
Silvania (matrículas inmobiliarias 355-974), se ubican dentro del territorio
del mencionado cabildo indígena.
(iii) Los demás elementos de prueba y de
juicio que considere pertinentes.
Para el efecto, remítanse copias de la demanda
de tutela y sus anexos.
Cuarto: OFÍCIESE, por intermedio de la Secretaria General de la Corte Constitucional, al Ministerio del Interior –Dirección de
asuntos indígenas, Rom y Minorías– para que en el término de tres (3) días
hábiles, remita a esta Corporación un concepto técnico en el que señale:
(i) Sus apreciaciones generales sobre el
proceso de la referencia, el problema jurídico, los elementos jurídicos a
considerar, y las alternativas de solución;
(ii) La información y aspectos relevantes que
reposen en la entidad sobre la delimitación territorial del cabildo indígena
Yaguara en el municipio de Chaparral –Tolima–, y la veracidad de la afirmación
según la cual las parcelas Buena Vista (matrículas inmobiliarias 355-4711) y
Silvania (matrículas inmobiliarias 355-974), se ubican dentro del territorio
del mencionado cabildo indígena.
(iii) Los demás elementos de prueba y de
juicio que considere pertinentes.
Para el efecto, remítanse copias de la demanda
de tutela y sus anexos.
Quinto: OFÍCIESE, por intermedio de la Secretaria General de la Corte Constitucional, a la Superintendencia  de Notariado y Registro
para que en el término de tres (3) días hábiles, remita a esta Corporación un
escrito en el que:
(i) Conceptúe sus apreciaciones generales
sobre el proceso de la referencia, el problema jurídico, los elementos
jurídicos a considerar, y las alternativas de solución;
(ii) Certifique, con base en la información de
la entidad, si los predios correspondientes a las matrículas inmobiliarias
355-4711 (parcela Buena Vista) y matrículas inmobiliarias 355-974 (parcela
Silvania), se ubican dentro del territorio del cabildo indígena de Yaguara del
municipio de Chaparral –Tolima–. En caso de encontrar alguna inconsistencia o
diferencia en la información requerida, deberá señalarla.
Para
el efecto, remítanse copias de la demanda de tutela y sus anexos.”
a.     Respuesta del Juzgado 2º Civil Municipal
de Chaparral –Tolima–.
En respuesta allegada el 3 de junio de
2016 a la Secretaría de la Corte, el Juzgado 2º Civil Municipal de Chaparral
informó que el proceso ejecutivo solicitado por la Sala de Revisión había sido
remitido al Juzgado 1º Civil Municipal de la misma localidad, el día 5 de
septiembre de 2014.
b.     Respuesta del Incoder en Liquidación.
El día 2 de junio de 2016 el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Incoder en liquidación remitió su informe a esta
Corte, junto con la respuesta de la Dirección Técnica de Asuntos Étnicos e información
magnética relacionada con el caso. Adicionalmente, señaló que sugería a la
Corte solicitar información adicional a la nueva Agencia Nacional de Tierras –ANT–
quien asumiría en lo sucesivo varias de las competencias del Incoder. No
obstante, señaló que la entidad conservaba su competencia para seguir
adelantando los procesos agrarios, de titulación de baldíos, de adecuación de
tierras y riego, gestión y desarrollo productivo, promoción, asuntos étnicos y
ordenamiento productivo, hasta tanto entraran en operación la Agencia Nacional
de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.
En relación con los cuestionamientos
formulados por la Corte, el Subgerente de promoción, seguimiento y asuntos
étnicos del Incoder señaló, en primer lugar,  que en el caso era necesario
tener en cuenta las definiciones establecidas en el artículo 2.14.1.7.2 del Decreto
Reglamentario 1070 de 2015 sobre territorios indígenas, comunidad o parcialidad
indígena, reserva indígena, autoridad tradicional y cabildo indígena.
Enfatizó en el carácter de propiedad
colectiva de los resguardos indígenas y de institución legal y sociopolítica
inalienable, imprescriptible e inembargable, razón por la que los integrantes
de la comunidad indígena del resguardo no pueden enajenar a cualquier título,
arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que conforman el resguardo.
Adicionalmente, señaló que el resguardo es una entidad con personería jurídica
y con reconocimiento legal en tanto está constituida por una comunidad
indígena, con la obligación de administrar el territorio que les ha sido
reconocido por el Estado a través de un acuerdo de constitución de resguardo
indígena.
Explicó que el resguardo indígena está
manejado y administrado por el Cabildo indígena como una “junta directiva”
con base en el reglamento interno de la asamblea general. Señaló que el cabildo
tiene entre sus funciones administrar las tierras de propiedad colectiva que se
adjudiquen; delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; y
velar por la conservación y protección de los derechos de dicha propiedad.
Sobre esta última –la propiedad– indicó que su territorio tiene una extensión
definida, unos límites establecidos y les pertenece por ley como propiedad
colectiva.
Dentro de su argumentación destacó que el
parágrafo 2º del artículo 85 de la ley 160 de 1994 prevé que el Cabildo o la
autoridad tradicional elaborará un cuadro de las asignaciones de solares del
resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las familias de la parcialidad,
las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por parte del Incora
–actualmente Incoder- con el fin de lograr la distribución equitativa de las
tierras. Igualmente, expuso que el título que constituye el resguardo indígena
no se puede dividir y/o entregar en parcelas individuales a cada familia, pues
el título es uno solo y está en cabeza del resguardo indígena legalmente
constituido, y de todas y cada una de las familias que hacen parte de la
comunidad indígena.
De manera particular, precisó que por
tratarse, en principio, de un resguardo de origen colonial, se debe adelantar
un procedimiento de clarificación de la propiedad. Sin embargo, sostuvo que en
la actualidad no se cuenta con el marco normativo para realizarlo ya que el
Decreto 2663 1994 y el Decreto 1465 de 2013, se encuentran derogados y el Decreto
1071 de 2015, no recopila dicho procedimiento. En este orden de ideas,
manifiesta que para determinar la calidad jurídica de los predios es necesario
realizar un estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras,
consagrado en el artículo 2.14.7.2.3 del Decreto 1071 de 2015 –Reglamentario
del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural–, el
cual señala que el Incoder “elaborará un estudio socioeconómico, jurídico y
de tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de la comunidad
(…).” De otra parte, señaló que para establecer el posicionamiento espacial
de los predios que la comunidad considera le pertenecen, se debe realizar un
levantamiento topográfico para identificar los predios geográfica, espacial y
catastralmente.
c.
Respuesta
de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior.
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior respondió al requerimiento de la Corte en
los siguientes términos. De manera inicial, señaló que el problema jurídico en
el presente proceso consistía en establecer si con la decisión adoptada se
vulneró el derecho al territorio de la comunidad indígena y con tal decisión la
afectación de sus procesos culturales. Adicionalmente, consideró que era
necesario determinar si el juez que decidió el caso era competente para conocer
del caso estando de por medio una comunidad indígena.
Señaló que de llegar a establecer que las
parcelas Buena Vista y Silvania son de propiedad de la comunidad indígena
Yaguara, o que se encuentran en posesión de la misma, así no cuenten con título
de propiedad en los términos que define el Código Civil, las transacciones y
compromisos que llevaron a cabo los señores Riaño Cerquera, Riaño Girón y
Lozano Hernández carecerían de eficacia jurídica porque se trataría de predios
donde la comunidad realiza sus actividades económicas, sociales y culturales
que deben ser protegidas aun cuando no cuenten con la calidad del territorio
del Resguardo, porque respondería a la noción de territorio definido por el
convenio 169 de la OIT.
Y en cuanto a la competencia de las
autoridades judiciales, señaló que al tratarse de una comunidad indígena los
jueces civiles municipales debieron remitir las diligencias al Juez Civil del
Circuito sin tener en cuenta la cuantía, tal y como lo establece el artículo 10
de la ley 89 de 1890.
De otra parte, sobre la delimitación
territorial del Cabildo Indígena Yaguara indicó que era necesario que el
Incoder hiciera una verificación del territorio, porque si bien se habla del
Gran Resguardo de Ortega y Chaparral, el mismo no cuenta con tal entidad
jurídica ya que las comunidades en su gran mayoría han optado por la creación
de pequeños resguardos o parcialidades. Es decir, el Cabildo Yaguara no tiene
definido un territorio que responda a las características de un resguardo.
Adicionalmente, señaló que no hay certeza
de que los títulos de propiedad de la comunidad sean legítimos sino que se hace
referencia a la entrega de estos predios en años que se remontan incluso a la
época de la colonia pero con falsa tradición. Al respecto, sostuvo que lo
ocurrido en esta clase de escrituras y registros es que las personas creen que
con ello se es propietario de todo el globo de terreno sin observar que con el
paso del tiempo se produjeron ventas, escisiones y adjudicaciones que afectan
el alinderamiento original y la titulación, razón por la que es necesaria una
verificación en el terreno por parte de la autoridad competente.
d.     Respuesta de la Superintendencia de
Notariado y Registro.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la Superintendencia de Notariado y Registro presentó un memorial en el que
respondió a los diferentes cuestionamientos formulados por la Corte. Para
empezar, explicó que los temas relacionados con la dotación y titulación de
tierras a las comunidades indígenas para constitución, reestructuración,
ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas fue reglamentado por la
Ley 160 de 1994 y el correspondiente Decreto reglamentario 2164 de 1995, según
el cual el Incoder es el ente encargado de realizar los estudios y trámites para
el saneamiento de las tierras de los Resguardos Indígenas.
Señaló que dicho decreto, en su capítulo
2° establece los procedimientos para constituir, reestructurar, ampliar y
sanear los Resguardos Indígenas, solicitud que puede tramitarse de oficio o a petición
de parte, o por la comunidad, autoridad u organización indígena que tenga la
necesidad de legalizar algunos predios dentro de un Resguardo. Destaca que el
trámite de “saneamiento de titulación de tierras” culmina con la
expedición de una resolución que debe ser inscrita en la oficina de registro de
instrumentos correspondiente (arts. 13, 14 y 16 del Dcto. 2164/95).
Adujo que la normatividad establece que
los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas y
que tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, razón
por la que los integrantes de la comunidad no las pueden enajenar a cualquier
título, ni arrendar o hipotecar. Adicionalmente, señaló que los notarios deben
abstenerse de autorizar escrituras públicas de venta de inmuebles
pertenecientes a comunidades indígenas, y que con aprobación del alcalde de la
localidad se pueden entregar porciones de terreno determinadas a los indígenas
para que las usufructúen con sus familias, lo que se protocoliza en un acta.
Sin embargo, se debe dejar constancia que no se trata de un título traslaticio
de la propiedad. Agregó que dichas actas no son objeto de registro.
Sobre la titulación de las parcelas, observó
que una vez analizados los folios de matrícula inmobiliaria claramente se
evidencia que no existe acto, título o documento alguno sobre declaración de
territorio indígena o constitución del resguardo indígena, como tampoco se
evidencia que el derecho real de dominio este en cabeza del Resguardo Indígena
Yaguara, sino que por el contrario el titular de las dos parcelas es la
Sociedad Molinos Roa, en virtud del remate realizado por el Juzgado 1º Civil
Municipal de Chaparral, al señor José Delio Riaño Cerquera.
En relación con la parcela Buenavista, destacó
que se puede establecer que su tradición (m.i. 355-4711) obra por el título
constitutivo de dominio “adjudicación baldío” realizada directamente al
señor José Delio Riaño Cerquera, según Resolución 00213 de fecha 27 de febrero
de 1981 proferida por el Incora de Ibagué (anotación N° 001). Por otra parte,
el predio Silvania tiene una cadena traditicia entre personas naturales, donde
el señor José Delio Riaño Cerquera adquirió por compra realizada a la señora
Teresa de Jesús Polanco según escritura 249 de fecha del 30 de mayo de 1983 de
la Notaría Única de Chaparral, quien a su vez adquirió por compra realizada a
la señora Felisa Cerquera Viuda de Riaño por escritura pública 624 del 6 de
julio de 1973 de la Notaría Única de Chaparral, registrada como anotación N° 1.
Destacó que en la casilla de complementación del folio de matrícula se señala
que la referida señora Felisa Cerquera adquirió en mayor extensión por compra
realizada a Marco Antonio Visval, según escritura 508 de fecha 14 de septiembre
de 1945 de la Notaría de Chaparral.
Concluye que a los bienes siempre se la
ha dado el tratamiento de propiedad privada y que solo hasta la presentación de
la acción de tutela se puso de presente la presunta pertenencia a un territorio
indígena, razón por la que la pretensión del actor se tornaría improcedente
debido a que no se evidencian acciones y pruebas por parte del Resguardo
indígena que permitan establecer que dichos bienes correspondan a una reserva
indígena ancestral.
Por lo anterior, consideró que una
posible solución consistiría en iniciar el trámite correspondiente para
adquirir los predios cuya titularidad están en cabeza de la Sociedad Molinos
Roa S.A. para el beneficio de la comunidad, para que en lo sucesivo se les
pueda considerar como bienes inembargables, inalienables e imprescriptibles,
como lo define la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
Finalmente, comentó que le solicitó a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chaparral que informara qué
predios existían a nombre del Resguardo Indígena Yaguara, a lo que la
Registradora informó que revisada la base de datos de dicho circulo registral
se encontró un globo de terreno con una extensión superficiaria aproximada de
876 m2 como producto del englobe realizado sobre 8 lotes de terreno,
y contenido en la escritura 816 de fecha 30 de julio de 2012 de la Notaría de
Chaparral.
e.
Respuesta
del –actor– Gobernador del Cabildo Yaguara.
Mediante escrito del 23 de junio de 2016,
el Gobernador del Cabildo Yaguara reiteró los argumentos de hecho y de derecho
que presentó en la acción de tutela. Y enfatizó en que las parcelas Buena Vista
y Silvania están dentro del territorio ancestral de los indios Yaguara.
7.2. Con base en las anteriores respuestas, la Sala de
Revisión decidió proferir un nuevo auto con el fin de requerir nuevas pruebas y
vincular a algunas entidades al proceso de la referencia. De esta manera, en providencia
del 30 de junio del presente año, se ordenó:
“Primero: REQUERIR al Juzgado 1° Civil Municipal de Chaparral –Tolima– para que dentro del día (1) siguiente a la
comunicación de esta providencia dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en
providencia del 19 de mayo del presente año. ADVIÉRTASELE que de conformidad
con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 “La persona que incumpliere una
orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales (…)”; y que el artículo 35 numeral 24 de la Ley 734
de 2002 establece que los servidores públicos tienen prohibido “Incumplir
cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o
con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución”.
Segundo:
VINCULAR al
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder– en liquidación, a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio del Interior –Dirección de asuntos indígenas, Rom y
Minorías–, y a la Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral –Tolima– al presente trámite de revisión, en calidad de
terceros legítimamente interesados. En consecuencia, por Secretaría General de
la Corte, NOTIFICAR por el medio más expedito a las anteriores entidades para
que, si lo consideran, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la
comunicación de esta providencia, se manifiesten sobre la demanda de tutela de
la referencia.
En el caso de las entidades que ya emitieron
concepto a esta Corte, se les informará que podrán, a su elección: presentar un
nuevo escrito de contestación, aclarar o adicionar el ya presentado, o
simplemente reiterarse en el concepto que ya fue allegado a esta Corte.
Tercero:
OFÍCIESE, por intermedio de la Secretaria General de la Corte Constitucional, a la Agencia Nacional de Tierras –ANT– para
que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación, remita
a esta Corporación un concepto técnico en el que señale:
(i) Sus apreciaciones generales sobre el proceso de la
referencia, el problema jurídico, los elementos jurídicos a considerar, y las
alternativas de solución;
(ii) Las actuaciones que en el marco de sus
competencias y funciones legales y reglamentarias puede desarrollar dicha
agencia para resolver los problemas de titulación de tierras en relación con
los cabildos indígenas y los miembros de estas comunidades.
(iii) Adicionalmente, deberá explicar si tiene
información sobre la posible titulación de territorios dentro de los cabildos
indígenas a particulares o miembros de comunidades indígenas, efectuados por
parte del Incoder o el Incora. Igualmente, y de manera particular, deberá indicar
si este tipo de actuaciones se han realizado en el territorio del Cabildo
indígena Yagura.
(iv) Además, deberá explicar cuáles son las
implicaciones jurídicas en relación con aquellos eventos en los que se realiza
la titulación de una porción del territorio de un cabildo indígena a un
particular o a un miembro de dicha comunidad.
(v) La información y aspectos relevantes que reposen
en la entidad sobre la delimitación territorial del cabildo indígena Yaguara en
el municipio de Chaparral –Tolima–, y la veracidad de la afirmación según la
cual las parcelas Buena Vista (matrículas inmobiliarias 355-4711) y Silvania
(matrículas inmobiliarias 355-974), se ubican dentro del territorio del
mencionado cabildo indígena.
(vi) Los demás elementos de prueba y de juicio que
considere pertinentes.
Para el efecto, remítanse copias de la demanda de
tutela y sus anexos, así como de la respuesta allegada a esta Corporación el
día 2 de junio de 2016 por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Incoder en liquidación.
Cuarto:
OFÍCIESE, por intermedio de la Secretaria General de la Corte Constitucional, a la Oficina de Instrumentos Públicos de
Chaparral –Tolima– para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a
la comunicación, remita a esta Corporación un escrito en el que:
(i) Informe si los predios correspondientes a las
matrículas inmobiliarias 355-4711 (parcela Buena Vista) y matrículas
inmobiliarias 355-8974 (parcela Silvania), se ubican dentro del territorio del
cabildo indígena de Yaguara del municipio de Chaparral –Tolima–. En caso de no
contar con dicha información, deberá explicar a esta Corte cuál es el
procedimiento para determinar si los predios señalados efectivamente se ubican
dentro del territorio del cabildo indígena Yaguara.
(ii) Explique a esta Corte por qué razones o
situaciones puede existir coincidencia entre el total o parte de los linderos,
cabida y terreno correspondientes a las parcelas denominadas “Buena Vista” y
“Silvania”, con los del Cabildo indígena Yaguara.
(iii) Señale cuál es el procedimiento para definir la
titularidad del inmueble cuando existen dos o más matriculas inmobiliarias en
relación con una misma porción de terreno, como presuntamente sucede con las
parcelas denominadas “Buena Vista” y “Silvania” con el territorio del cabildo
indígena Yaguara.
(iv) Si existe algún caso similar que fue conocido por
dicha oficina en el que se resolvió la titularidad de un inmueble que hiciera
parte del Cabildo indígena Yaguara. En caso afirmativo, remita los documentos
pertinentes y explique cuáles fueron las actuaciones que se surtieron.
Para el efecto, remítanse copias de la demanda de
tutela y sus anexos.”
a.    Respuesta del Juzgado 1º Civil Municipal
de Chaparral
Mediante oficio del 18 de julio de 2016
la Secretaria del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral respondió al
requerimiento efectuado por la Corte para señalar que el expediente solicitado
había sido enviado al despacho sustanciador el día 1º de junio de 2016 mediante
oficio 394 de la misma fecha. Para el efecto, remitió la planilla-franquicia
número 32 de la empresa 472 Servicios Postales Nacionales S.A.
b.    Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras
–ANT–.
El día 18 de julio de 2016, la Jefe de la
Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras contestó al requerimiento
efectuado por la Corte, conforme a la información suministrada por la Dirección
Técnica de Asuntos Étnicos de la misma entidad. Para empezar, señaló al igual
que el Incoder que era necesario revisar los conceptos contenidos en el
artículo 2.14.7.1.2. del Decreto 1071 de 2015.
Sobre las actuaciones que puede
desarrollar la ANT para resolver los problemas de titulación de tierras en
relación con los territorios indígenas, sostuvo que dicha entidad debe realizar
un estudio socioeconómico, jurídico y de la tenencia de tierras, para
establecer la calidad jurídica de los predios. Por otra parte, en relación con
la información sobre la titulación de territorios dentro del cabildo indígena
Yaguara manifestó que el gran resguardo de Ortega Chaparral y Coyaima fue
dividido en 1832 por el Gobernador de la provincia de Neiva, y que dicha
decisión fue ratificada por el Gobierno Nacional en los años 1892 y 1917.
Sobre las implicaciones jurídicas de la
titulación de porciones del territorio de un cabildo indígena a particulares,
indicó que era necesaria una investigación histórica y jurídica de las
calidades jurídicas de los predios, procedimiento que se realiza dentro del
estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de la tierra, que establece el
decreto 1071 de 2015. Adicionalmente, sobre la delimitación del territorio
señaló que para determinar la tradición de los predios era necesario solicitar
los folios de matrícula inmobiliaria para realizar el estudio jurídico de los
títulos para verificar el posicionamiento espacial de dichos predios dentro del
área que la comunidad considera de su propiedad colectiva. Especificó que se
debía realizar un levantamiento topográfico para identificar los predios
geográfica, espacial y catastralmente. Finalmente, anexó en un CD, el
expediente que reposa en el Incoder en liquidación sobre el procedimiento de
legalización de tierras a la comunidad indígena Yaguara.
c.     Segunda Respuesta de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior presentó un segundo memorial para
responder el requerimiento efectuado por la Corte en el auto del 30 de junio de
2016. En el escrito reiteró que si se llegaba a establecer, con plena certeza,
que las parcelas Buena Vista y Silvania eran de propiedad de la comunidad
indígena Yaguara, o se encontraban en posesión de ellas, así no contaran con
títulos de propiedad en los términos que define el Código Civil (titulación y
registro), las transacciones y compromisos que realizaron los señores Riaño
Cerquera, Riaño Girón y Lozano Hernández, carecerían de eficacia jurídica
porque se trataría de predios donde la comunidad realiza sus actividades
económicas, sociales y culturales que deben ser protegidas aun cuando no
cuenten con las calidades del territorio del Resguardo.
Adicionalmente, señaló que la competencia
para delimitar un territorio indígena está en cabeza del Incoder, ahora Agencia
Nacional de Tierras, con base en el Decreto 1071 de 2015 que reemplazó al 2164
de 1995. Precisó que sobre el cabildo Yaguara no tenía ningún estudio que
permitiera ubicar su territorio o donde se evidenciara la delimitación y los
predios que lo componen, ya que dicho cabildo surgió del reconocimiento que se
hizo de la Asociación Consejo Regional Indígena del Tolima –CRIT–, creado en el
marco del Decreto 1088 de 1993.
Anotó que por lo anterior, era necesario
que el Incoder hiciera una verificación del territorio dado que este Cabildo
simplemente representa una comunidad donde no es posible definir un polígono de
territorio como si se hace en el caso de los resguardos, porque si bien se
habla del Gran Resguardo de Ortega y Chaparral, el mismo no cuenta con entidad
jurídica ya que las comunidades en su gran mayoría han optado por la creación
de pequeños resguardos o parcialidades.
d.    Respuesta de la Oficina Seccional de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo Notarial de Chaparral –Tolima–.
El 22 de julio del año en curso fue
recibida en la Secretaría de esta Corte un memorial suscrito por la
Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del Círculo Notarial de
Chaparral. En el escrito se señaló que efectivamente los predios Buena Vista y
Silvania están ubicados en la vereda Yaguara de la jurisdicción del municipio
de Chaparral –Tolima–, sin embargo, se indicó que no era posible certificar si
los mismos pertenecían o se ubicaban dentro del territorio de la comunidad
indígena Yaguara, puesto que en los folios de matrículas inmobiliarias correspondientes,
no había evidencia o mención en los instrumentos públicos de dicha oficina que
permitieran inferir una distinción o vínculo como integrantes de la comunidad
indígena Yaguara.
También precisó que si bien es cierto que
hay propietarios inscritos pertenecientes a la comunidad indígena Yaguara,
también existen propietarios que hacen parte de las juntas de acción comunal,
personas naturales no indígenas –particulares– y, también personas jurídicas –no
indígenas– inscritas como propietarias en esa jurisdicción, porque la tradición
no cuenta con antecedentes de propiedad colectiva de la comunidad indígena.
Manifestó que tampoco le era posible
conceptuar sobre la ubicación y geo-referenciación, o sobre la pertenencia o no
a la comunidad indígena, pues dicha oficina solo califica los documentos
sometidos a su registro y determina su inscripción de acuerdo a la ley. Anotó que
sus funciones son la de servir como medio de tradición del dominio de bienes
raíces y otros derechos reales, así como dar publicidad a los actos y contratos
que trasladan el dominio o que impongan gravámenes o limitaciones a dicho
dominio, y establecer el estado jurídico de la propiedad.
De otra parte, señaló que se puede
presentar una coincidencia total o parcial de los linderos y de las parcelas
Buenavista y Silvania porque, en principio, la parcela Silvania hacía parte de
un folio de mayor extensión llamado Bocas de Ceniza el cual está referenciado
por la escritura 508 del 14 de septiembre de 1945. Sin embargo, no existe
certeza al respecto pues las medidas no están expresadas en el sistema métrico
decimal, debido a que se basan en antiguos instrumentos públicos que originaron
los folios, y que responden a los rudimentarios sistemas de medidas empleados
en el pasado. Señaló que, en contraste, los linderos del predio Buenavista se
reflejan con mayor precisión técnica por lo que consta la adjudicación a título
de Baldío mediante la Resolución N° 00213 del 27 de febrero de 1981 realizada
por el Incora a favor del señor Riaño Cerquera.
Agrega que ninguno de los antecedentes de
estos predios muestra vínculos con la propiedad colectiva de la comunidad
indígena Yaguara, pues nunca se menciona que hicieran parte de dicho
territorio, lo que dificulta conocer documentalmente si los linderos tenían
algún tipo de coincidencia. Adicionalmente, comenta que fueron radicados
individualmente por propietarios distintos y siempre como propiedad privada.
Finalmente, sostuvo que cuando a
solicitud de parte o de oficio se encuentren dos o más folios de matrícula
asignados a un mismo inmueble, el registrador debe proceder a su unificación de
conformidad con la reglamentación que sobre el particular expida la
Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, enfatiza en que la
alinderación, extensión y ubicación deben ser concordantes para que proceda la
aplicación de esta figura registral.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, la presente acción de amparo fue seleccionada para
revisión a través del auto del 11 de marzo de 2016 proferido por la Sala de
Selección número Tres de la Corte Constitucional.
2. Planteamiento del problema jurídico y la estructura
de la decisión.
2.1. En el presente proceso, la Sala revisa la
acción de tutela instaurada por el ciudadano Isidro Mendez Ramos en su calidad
de Gobernador del Cabildo Indígena de los Yaguara. El actor aduce que los
Juzgados 1° y 2º Civiles Municipales de Chaparral –Tolima– vulneraron el
derecho fundamental al debido proceso de los indígenas José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luís
Adonías Lozano Hernández, así como de la comunidad que él representa, debido a
que adelantaron un proceso ejecutivo con base en el cual fueron secuestradas,
embargadas, rematadas y adjudicadas las parcelas Buena Vista y Silvania, sin tener en cuenta que hacen
parte del territorio de la comunidad Yaguara.
La censura formulada por el accionante contra
las actuaciones de las autoridades judiciales accionadas se fundamenta
básicamente en dos aspectos esenciales: (i) el juez que llevó a cabo el
proceso ejecutivo no tenía competencia para decidir sobre asuntos relacionados
con personas indígenas y el territorio de la comunidad Yaguara; y (ii)
hubo una vulneración del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad
indígena al disponer de unos predios que hacen parte del territorio Yaguara.
2.2 En respuesta a la solicitud de tutela, el Juzgado 1º
Civil Municipal de Chaparral, quien dirigió de manera acumulada el proceso, sostuvo
que en el proceso ejecutivo en ningún momento se puso de presente que los
demandados fueran indígenas o pertenecieran a algún cabildo. También señaló que
la jurisdicción competente para conocer el proceso era la ordinaria, pues la
ejecución se basó en los créditos de los préstamos solicitados por los
demandados, así como en las escrituras de sus predios, los cuales se encuentran
debidamente registrados.
2.3 Los diferentes intervinientes dentro del proceso
señalaron que es necesario establecer la naturaleza jurídica de los predios
para determinar si existe alguna vulneración de derechos, especialmente en
relación con la propiedad colectiva indígena. Al respecto, expresaron que no es
posible determinar con exactitud si los predios rematados hacen parte del
territorio indígena de los Yaguaras, y que por tanto es necesario resolver esta
cuestión para determinar las actuaciones posteriores.
2.4 Con base en los planteamientos
anteriores, la Sala encuentra que, de manera general, el problema jurídico que
se debe resolver en esta oportunidad consiste en determinar si el Juzgado 1º
Civil Municipal de Chaparral –Tolima–[16]
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad colectiva
de la comunidad indígena Yaguara –y de sus integrantes–, al adelantar un proceso
ejecutivo en el que presuntamente se demandaron indígenas, y en el que dicha
autoridad judicial ordenó secuestrar, embargar, rematar y adjudicar porciones
de terreno de la comunidad indígena.
2.4.1. Ahora bien, debido a las
particularidades del caso y a los cargos formulados por el demandante, para
resolver el anterior problema jurídico es necesario, a su vez, resolver los
siguientes problemas jurídicos específicos:
(i) ¿Incurre en un defecto orgánico el juez
de la jurisdicción ordinaria civil que adelanta un proceso ejecutivo contra los
miembros de una comunidad indígena y dentro del cual se secuestran, embargan,
rematan y adjudican predios del territorio de dicha comunidad?
(ii) ¿Incurre en una violación directa de la
Constitución la decisión judicial que con base en un proceso ejecutivo decide
el secuestro, embargo, remate y adjudicación de unos predios que no están
registrados como parte del territorio de una comunidad indígena, pero que así lo
indican los miembros y autoridades de la misma?
(iii) ¿Cuál es el procedimiento –y fundamento–
jurídico para establecer si un predio hace parte de un territorio indígena, en
aquellos casos en los que no existe certeza sobre su pertenencia a la propiedad
colectiva de una comunidad?
Adicionalmente, y en razón a que el caso que
se somete a estudio de la Sala de Revisión, corresponde a lo que se denomina en
la jurisprudencia constitucional como acción de tutela contra providencias
judiciales, será preciso efectuar el análisis que ha decantado esta Corte en
el marco de la doctrina sobre la procedibilidad de la acción de amparo contra
este tipo de decisiones.
2.5 En consecuencia, para resolver los
problemas jurídicos planteados, la Corte: (i) reiterará su
jurisprudencia respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra decisiones judiciales; (ii) realizará un breve énfasis en las
reglas atinentes a los defectos orgánico y por violación directa de la
Constitución; y (iii) señalará los elementos pertinentes sobre el
derecho fundamental de las comunidades indígenas a su territorio y la solución
de controversias en este tipo de casos.
A partir de este marco, y una vez corroborado
si el asunto que se revisa supera el examen de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala abordará
el estudio del caso concreto para determinar la presunta configuración de los
defectos específicos en los que pudiera haber incurrido la autoridad
jurisdiccional accionada.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que
la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias[17] emitidas por
los jueces de la república en virtud del artículo 86 Superior que, al consagrar
la acción de tutela, previó expresamente que ella puede ser elevada para
obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
Así mismo ha considerado que para proteger la autonomía
judicial y la seguridad jurídica, principios que también ostentan relevancia
constitucional y que pueden verse afectados por la revisión en sede de tutela
de los fallos judiciales, en estos casos el amparo procede solo cuando se
reúnen estrictos requisitos contemplados en la jurisprudencia. En efecto, en
numerosos fallos y, en especial, en la sentencia C-590 de 2005[18], la Corte estableció las
causales de orden general y especial que debe examinar el juez constitucional
para determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección
frente a la decisión adoptada por otro juez.
3.1. En primer lugar, ha dicho la Corte que la tutela
procede únicamente cuando se verifica la totalidad de los requisitos
generales de procedencia que se mencionan a continuación:
(i)
“Que la cuestión que se
discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…)
(ii)
Que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(…)
(iii)
Que se cumpla con el
requisito de la inmediatez;(…)
(iv)
Que,
tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (…)
(v)
Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…)  y
(vi)
Que no se trate de sentencias
de tutela (…)”.
En los eventos en los que la acción de tutela
promovida contra un fallo judicial ha superado este examen, puede el juez
constitucional entrar a analizar si en la decisión judicial se configura al menos uno de los requisitos
especiales de procedibilidad.
3.2. Los requisitos especiales de
procedibilidad constituyen los defectos
en que puede incurrir la sentencia que se impugna, y son el aspecto nuclear de
los cargos elevados contra la sentencia. La citada providencia C-590 de 2005
sintetizó de la siguiente forma las causales especiales de procedibilidad.
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, en los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.  Violación
directa de la Constitución.
3.3. Así las cosas, la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales depende de la verificación de
la configuración de todos los requisitos generales y, al menos, de una causal
específica de procedibilidad, que conlleve a la violación de un derecho
fundamental. De este modo se protegen los elevados intereses constitucionales
que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, al tiempo
que se garantiza el carácter supremo de la Constitución y la vigencia de los
derechos de los ciudadanos.
Por resultar pertinente para el análisis del caso
sometido a revisión de la Sala, se hará una breve referencia a los defectos,
orgánico y por violación directa de la Constitución.
Breve
caracterización del defecto orgánico.
3.4. El defecto orgánico tiene fundamento en
el respeto de la garantía constitucional del juez natural, prevista en el
artículo 29 de la Constitución.[19]
Bajo este entendido, el defecto orgánico se configura cuando una persona o un
asunto objeto de litigio es juzgado por quien carece de los elementos de la
competencia fijados previamente en las normas que regulan los procedimientos
judiciales.[20]
3.5. Sobre la definición de este defecto, esta
Corte ha explicado[21]
que la incompetencia del funcionario judicial en un proceso constituye un
defecto de carácter orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto
“el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad
delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el
principio de seguridad jurídica” que representa un límite para la autoridad
pública que administra justicia, en la medida en que “las atribuciones que
le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y
la ley establecen”[22].
Adicionalmente, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que “la extralimitación de la esfera de
competencia atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros
supuestos, se produce cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una
que no les corresponde”[23],
así como también cuando adelantan “alguna actuación o emiten
pronunciamiento por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se
surtan determinadas actuaciones.”[24]
3.6. Específicamente, sobre la configuración
de este defecto, la Corte ha explicado que para su análisis existen dos
elementos por valorar: (i) que el peticionario se encuentra supeditado a
una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro
mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en firme y que
fue dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de competencia[25];
y (ii) que en el transcurso del proceso el actor pusiera de presente las
circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situación fuera desechada por
los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios,
constituyéndose en una actuación erigida sobre una competencia inexistente[26].
3.7. Por lo tanto, las actuaciones judiciales
están ajustadas al ordenamiento constitucional cuando se respeta los diferentes
ámbitos de la competencia –territorial, funcional y temporal, según el caso–[27],
que han sido determinados constitucional y legalmente. Y en aquellos casos en
que estos ámbitos sean desconocidos la actuación del juez conlleva a la
configuración de un defecto orgánico, y por lo tanto, a la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.
Breve caracterización de la causal por
violación directa de la Constitución.
3.8. Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela
encuentra fundamento en que el actual modelo de ordenamiento constitucional
reconoce valor normativo –eficacia directa– a los preceptos superiores de la
Constitución, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión
judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente tales postulados[28].
3.9. El referido defecto se estructura cuando el juez ordinario adopta
una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i)  deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto[29];
o porque (ii) aplica la ley al margen  de los dictados de la
Constitución[30].
En el primer caso, la Corte ha explicado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución: (a) cuando en
la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata,[31]
y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución[32].
En el segundo caso, la jurisprudencia ha
sostenido que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que de conformidad
con el artículo 4 de la C.P., la Constitución es norma de normas, y que en todo
caso en que se encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es
incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad[33].
4. El derecho fundamental al
territorio colectivo de las comunidades indígenas. Reiteración de
jurisprudencia.
4.1 La jurisprudencia de la
Corte ha señalado[34]
que los territorios habitados por los pueblos indígenas tienen una especial
protección constitucional (arts. 329, 58 y 63 C.N.) ya sea que estén
constituidos en cabildos, o cuando lo sean en entidades territoriales
indígenas. Dicha protección difiere de la protección a la propiedad individual
y privada, pues los territorios indígenas son imprescriptibles, inalienables e
inembargables en virtud del respeto de la autonomía de las comunidades en su
ámbito territorial, el cual tiene una especial connotación cultural, política,
religiosa y, por tanto, ameritan una protección jurídica.[35]
4.2. Este carácter especial de
la relación pueblos-territorio, también ha sido reconocido por el derecho internacional
de los derechos humanos. Así por ejemplo, el principal instrumento
internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y tribales, el
Convenio 169 de la OIT, del cual Colombia es signatario[36], en su artículo 13,
numeral 1º señala que “los gobiernos deberán respetar la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular
los aspectos colectivos de esa relación.”
En similar sentido, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que “[e]ntre los indígenas
existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad
colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se
centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el
hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios
territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra
debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas,
su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las
comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de
posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a
las generaciones futuras.”[37]
4.3. De la misma manera, el
reconocimiento de la especial relación de los pueblos indígenas con sus
territorios ha sido tratado en nuestro ordenamiento interno, y en especial por
la jurisprudencia de esta Corte. Así por ejemplo, la jurisprudencia constitucional[38] colombiana
ha determinado que la especial relación de pertenencia mutua de los pueblos a
sus tierras y de estas a esos pueblos, es el fundamento esencial del derecho al
territorio colectivo, previo, incluso, a cualquier reconocimiento estatal.[39]
En este mismo sentido, la Corte
ha explicado que es la posesión ancestral del territorio, antes que los títulos
que conceden los Estados, constituye el fundamento del derecho al territorio
ancestral, y que la tardanza en la titulación comporta una violación a dicho
derecho, el cual es preexistente a esos procedimientos –de titulación–.[40] Adicionalmente,
ha señalado que estas reglas deben ser aplicadas con especial precaución frente
a comunidades que han sido víctimas de despojo y desplazamiento, y a quienes se
les ha suspendido su posesión ancestral en contra de su voluntad.[41]
4.4. Como se mencionó
inicialmente, la Corte ha explicado[42]
que el concepto de territorio colectivo tiene una connotación amplia y distinta
a la de la propiedad privada. En efecto, los territorios indígenas no se corresponden
con las concepciones jurídicas asociadas a la demarcación de fronteras, tales
como los mojones y linderos, propios del clásico derecho civil. Por esta razón,
la actuación de las autoridades estatales para el reconocimiento de los
territorios indígenas, y la debida delimitación de sus áreas, es de vital
importancia para su protección jurídica. Adicionalmente, la jurisprudencia
constitucional ha recabado en que debido a la importancia para la vida de las
comunidades tribales, el concepto de propiedad colectiva es un concepto
cultural, más que espacial, razón por la que su protección jurídica es especial.[43]
4.5. En este sentido, esta
Corte ha señalado[44]
que la propiedad colectiva de los pueblos indígenas tiene una protección
especial cuyo fundamento es la propia Constitución. Así por ejemplo, el
artículo 63 de la Carta señala que “las tierras comunales de grupos étnicos”
y “las tierras de resguardo” son “inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.[45]
Adicionalmente, el artículo 329 Constitucional señala que los resguardos son de
propiedad colectiva y no enajenable, y que pueden constituirse en entidades
territoriales, y que su delimitación se realizará con la participación de las
autoridades tradicionales. Por otra parte, el artículo 330 de la Constitución
señala que los territorios indígenas estarán gobernados por autoridades
indígenas las cuales estarán conformadas según los usos y costumbre de las
propias comunidades. Dichas autoridades a su vez, tienen funciones para
garantizar la integridad de su territorio, la preservación de los recursos
naturales y velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo
y poblamiento de sus territorios.[46]
4.6. Como se puede apreciar, la
protección de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas no es un tema
menor en la Constitución de 1991, sino que corresponde a una verdadera
preocupación por mantener el patrimonio cultural y étnico de nuestro país. Por
tal motivo, el legislador también ha expedido un conjunto de normas que tienen
como finalidad responder a dicha preocupación y avanzar en el proceso de delimitación
de los territorios indígenas.
Así por ejemplo, se puede citar
la Ley 160 de 1994 mediante la cual se creó el “Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural Campesino”, se estableció “un subsidio para
la adquisición de tierras”, y se reformó el “Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria”. En esta ley se ratificó la protección reforzada que
corresponde a la propiedad indígena, ahora bajo las funciones del Incoder. Dentro
de las funciones de este último se estableció (art. 12 numeral 18) la de “estudiar
las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y constituir, ampliar,
sanear y reestructurar los resguardos en beneficio de las respectivas
parcialidades”. También se señaló que (art. 38 b) los bienes adquiridos en
su momento por el Incora tenían como una de sus finalidades “la
constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos
indígenas”. Adicionalmente, se precisó (artículo 69) que “no podrán
hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades
indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la
constitución de resguardos indígenas”.
4.7. En relación con los
territorios correspondiente a resguardos indígenas, la ley 160 de 1994
determinó que el Incoder debía (art. 85) estudiar las necesidades de tierras de
las comunidades indígenas para “dotarlas de las superficies indispensables
que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, y además llevará a cabo el
estudio de los títulos que aquellas presenten con el fin de establecer la
existencia legal de los resguardos.” Dicha ley también señaló que con tal
objeto debía proceder a constituir o ampliar los “resguardos de tierras y
proceder […] al saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas
que no pertenezcan a la respectiva parcialidad.” Finalmente, esta ley
dispuso que el Incoder “reestructurará y ampliará los resguardos de origen
colonial previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos
títulos, con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título
individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados en favor de la
comunidad por el INCORA u otras entidades.”
4.8. Para reglamentar varios de
los aspectos anteriormente citados de la Ley 160 de 1994, se expidió el Decreto
2164 de 1995. Dicho decreto dispuso un capítulo especial en relación con la
titulación de tierras de los pueblos indígenas. El mencionado decreto definió,
por ejemplo (art. 2°), a la reserva indígena como: “un globo de terreno
baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y
legalmente asignado por el INCORA a aquellas para que ejerzan en él los
derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas
constituyen tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el
[Artículo 63 de la Constitución Política] y la [Ley 21 de 1991]”.
4.9 Por lo tanto, y con base en
las normas citadas se puede afirmar que la propiedad colectiva constituida a
través de reservas indígenas o de resguardos, constituyen tierras comunales que
son inembargables, imprescriptibles e inalienables, y que tienen una protección
especial de orden constitucional, como lo señala el artículo 63 de la
Constitución. Adicionalmente, le corresponde al Incoder, o a la entidad que
haga sus veces, la obligación de sanear la propiedad colectiva indígena.
4.10. Ahora bien, en tratándose de conflictos
relativos a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, la Corte ha fijado[47]
un conjunto de subreglas que deben ser valoradas por el juez constitucional
a la hora de analizar un caso en el que aquella se vea comprometida. Para el
efecto, la Corte ha señalado[48]
que el derecho a la propiedad colectiva comprende los siguientes aspectos iusfundamentales:
(i) el derecho a constituir resguardos; (ii) la protección contra
actos de terceros; (iii) según los precedentes este derecho es además un
medio para garantizar la integridad étnica y la supervivencia de los pueblos
indígenas.
4.10.1. El primero de estos aspectos hace referencia a que el
derecho fundamental a la propiedad colectiva implica el derecho a constituir
resguardos en el territorio habitado por los pueblos indígenas. No obstante, el
derecho fundamental al territorio no implica simplemente el lugar donde se
encuentran asentados los indígenas, pues hace referencia a la noción de
ancestralidad que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.[49]
4.10.2. En cuanto a la protección contra actos de terceros, la
Corte ha señalado que los pueblos
indígenas tienen un derecho fundamental a la propiedad colectiva, debido a que
su integridad como pueblo se encuentra directamente relacionada con su
permanencia en su territorio. En relación con este derecho, la Corte ha
determinado que las autoridades públicas deben: (i) contar con un plan
de salvaguarda respecto de aquellas etnias que se encuentran en riesgo que
tiene un componente para garantizar su integridad étnica y otro para garantizar
su  territorio; (ii) establecer mecanismos para la restitución de
las comunidades; y (iii) congelar las transacciones sobre un territorio
colectivo por los riesgos de explotación económica.[50]
4.10.3. Finalmente, en relación con la obligación de
garantizar la integridad étnica y la supervivencia de los pueblos indígenas, la
Corte ha dicho que el derecho a la propiedad colectiva no solamente es un fin
en sí mismo, sino que además un medio para garantizar la supervivencia y la
integridad étnica de los pueblos indígenas, la cual ha sido considerada un
derecho fundamental.[51]
5. Autonomía jurisdiccional,
fuero indígena y criterios para resolver eventuales conflictos de competencia
entre el sistema jurídico mayoritario y la jurisdicción especial indígena. El
principio de coordinación inter-jurisdicciones. Reiteración de jurisprudencia.
5.1. Uno de los aspectos más
importantes en materia de derechos de las comunidades indígenas contenidos en
la Constitución de 1991 es el reconocimiento de la autonomía jurisdiccional de
dichos pueblos. Este reconocimiento se origina en el propósito de hacer
efectivo la igualdad dentro de la diversidad y pluralismo –cultural y jurídico–
reconocidos por la Constitución a los diferentes pueblos étnicos que componen
nuestro país, en lo que ha sido denominada como la “Constitución
multicultural”. [52]
5.2. Dentro del reconocimiento
de esta diversidad y pluralismo, la Constitución resalta la existencia (art. 246
C.N.) de una jurisdicción especial indígena, según la cual los pueblos
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, “siempre
que no sean contrarias a la Constitución y leyes de la República”. Adicionalmente,
la Carta señala que para la operación armónica de los diferente jurisdicciones
“[l]a ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción
especial con el sistema judicial nacional”. Sobre el alcance de la
jurisdicción indígena, la Corte ha señalado[53]
que esta comprende los siguientes aspectos:
(i) la facultad de las
comunidades de establecer autoridades judiciales propias;
(ii) la potestad de
establecer y/o conservar normas y procedimientos propios;
(iii) la sujeción de los
elementos anteriores a la Constitución y la Ley;
(iv) la competencia del
Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional
(definición de competencias),
(vi) el ejercicio de la
jurisdicción indígena sin que esté condicionado a la expedición de la ley
mencionada.
5.3. Como se señaló con
anterioridad, el constituyente previó la necesidad de una ley de coordinación
entre la jurisdicción especial indígena y los órganos del sistema jurídico
mayoritario. Sin embargo, la expedición de esa ley ha resultado particularmente
difícil, y ello obedece en buena medida al concepto mismo de pluralismo
jurídico y diversidad cultural, debido a que en Colombia “las comunidades
indígenas tienen formas muy distintas de concebir el derecho, y su contacto con
el derecho no indígena es más o menos amplio, así como las influencias que los
órdenes jurídicos proyectan entre sí”.[54]
La Corte ha señalado que una
ley de coordinación supone “un acuerdo sobre cómo decidir las controversias
acerca de si se presentan o no los elementos necesarios para el ejercicio de la
jurisdicción especial indígena, que “esos mecanismos deben ser
apropiados para todas esas comunidades, y que además deben ser “aceptables
desde su forma de ver el derecho”.[55]
5.4. Adicionalmente, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la existencia del fuero indígena, entendido como
el derecho de los miembros de la comunidad a ser juzgados por su comunidad,[56] y según el
cual existe una competencia de la jurisdicción especial indígena que estaría
dada por la pertenencia del “acusado” a la comunidad, y la ocurrencia de
los hechos dentro del territorio. La evolución jurisprudencial de la figura de
la jurisdicción especial indígena ha llevado a que se establezcan nuevos
elementos para su análisis, los cuales se relacionan con la eficacia del debido
proceso.[57]
Así por ejemplo, la Corte ha determinado[58]
que existen ciertos elementos que definen la competencia de la jurisdicción
especial indígena y que deben ser analizados cuidadosamente por el juez para
determinar si debe o no conocer de un caso que afecte a una comunidad indígena
o a sus miembros.
5.5. Dichos elementos fueron
sintetizados en la sentencia T-617 de 2010 de la siguiente manera: (i)
personal, (ii) territorial, (iii) objetivo e (iv)
institucional.[59]
Sobre los factores personal y territorial, la Corte ha explicado[60] que el fuero
indígena, tiene una doble dimensión: es un derecho de las personas que reclaman
una identidad étnica indígena a ser juzgadas de acuerdo con los sistemas de
regulación de las propias comunidades, y es una garantía institucional de la
autonomía indígena.[61]
5.5.1. Sobre este aspecto, se
ha indicado que para la configuración del fuero indígena no resulta suficiente
la identidad étnica indígena del procesado, sino que debe acreditarse un elemento
personal, de acuerdo con el cual “el individuo debe ser juzgado de
acuerdo con las normas de su comunidad”, así como un elemento “geográfico”
o “territorial”, el cual “permite a las comunidades indígenas
juzgar conductas cometidas en su ámbito territorial, de conformidad con sus
propias normas”.[62]
De esta manera, si concurren el
elemento personal y el territorial el juzgamiento del  indígena debe
realizarse por parte de las autoridades de su comunidad. Sin embargo, si no se
reúnen estas condiciones o tan solo es clara una de ellas, el juez encargado de
dirimir el conflicto debe valorar el grado de aculturación del
sujeto o el nivel de aislamiento de la comunidad para
definir a qué jurisdicción asignar la competencia, bajo parámetros de equidad y
razonabilidad.
Ahora bien, además de los
elementos territorial y personal, la Corte ha señalado la existencia de dos
elementos adicionales: el institucional, esencial para la defensa de las
víctimas y la paz social, y el elemento objetivo, que toma en consideración la
naturaleza del conflicto.
5.5.2. El elemento institucional
de la competencia ha sido abordado por la Corte en casos relacionados con el
papel de las víctimas en el proceso penal y el alcance del derecho al debido
proceso del acusado.[63]
La Corte ha explicado[64]
que este factor conlleva a que la jurisdicción especial indígena se defina en
relación con la institucionalidad que existe dentro de las comunidades
indígenas para realizar procedimientos judiciales, esto es el conjunto de
autoridades tradicionales, sistemas de derecho propio, y procedimientos conocidos
y aceptados por la comunidad. Dicha institucionalidad es un presupuesto
esencial para la eficacia del debido proceso y para la eficacia de los derechos
de las víctimas, debido a que permite conservar la armonía dentro de la
comunidad, pues otorga aceptación social y efectiva aplicación de las sanciones
internas, e idoneidad de las medidas de protección y reparación de las víctimas.
Además propende porque se restaure el equilibrio interno de la comunidad y que
no se produzcan venganzas entre sus miembros o familias.
5.5.3. Por otra parte, la Corte
ha señalado[65]
la existencia de un elemento objetivo de competencia, que se refiere a “la
naturaleza del sujeto o el objeto sobre el que recae la conducta”[66]. Sin
embargo, la jurisprudencia constitucional ha advertido que la definición del
elemento objetivo puede resultar demasiado vaga[67] en tanto no específica
qué tipo de objetos, o sujetos afectados, determinan la competencia de la
jurisdicción especial indígena.
En la sentencia T-617 de 2010, ésta
Sala de Revisión analizó con mayor detalle dicho elemento, y precisó que “hacía
referencia a la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado por una
conducta punible, de manera que pueda determinarse si el interés del proceso es
de la comunidad indígena o de la cultura mayoritaria”. Adicionalmente, se
aclaró que, debido a las dificultades que pueden surgir en cada caso concreto,
era necesario valorar distintas hipótesis en las que es relevante el elemento
objetivo: (i) si el bien jurídico afectado o su titular pertenecen a una
comunidad indígena; (ii) si el bien jurídico lesionado o su titular
pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria; o (iii) si independientemente
de la identidad étnica del titular, el bien jurídico afectado concierne tanto a
la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a
la cultura mayoritaria.
Con base en estas hipótesis, la
Sala concluyó que el elemento objetivo es muy relevante en los supuestos (i)
y (ii), pues es claro que en el primer caso corresponde a la
jurisdicción especial indígena y en el segundo a la justicia ordinaria. Sin
embargo, en el evento (iii) dicho elemento no resulta determinante,
razón por la que el juez del caso deberá sopesar todos los elementos del caso
concreto, y los otros factores –territorial y personal– tendrán mayor
relevancia para definir si la competencia corresponde al sistema jurídico mayoritario
o a las autoridades de los pueblos indígenas.
5.6. Finalmente, la Sala
concluyó que estos criterios deben ser evaluados de forma ponderada y razonable
en las circunstancias de cada caso, y que si uno de estos factores no se cumple
en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso
corresponda al sistema jurídico nacional. Por el contrario, el juez debe
valorar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena –perspectiva
de la diversidad cultural–, el debido proceso y los derechos de otros afectados
–como las víctimas–.
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.
En el presente proceso la Sala se ocupa de la
revisión de la acción de tutela instaurada por el ciudadano Isidro Méndez Ramos
en su calidad de Gobernador del Cabildo Indígena de los Yaguara, quien aduce
que los Juzgados 1º y 2º Civiles Municipales de Chaparral –Tolima– vulneraron
el derecho fundamental al debido proceso de los indígenas José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luís
Adonías Lozano Hernández, así como de la comunidad que él representa, debido a
que adelantaron un proceso ejecutivo con base en el cual se secuestraron,
embargaron, remataron y adjudicaron las parcelas Buena Vista y Silvania, sin tener en cuenta que hacen
parte del territorio de la comunidad. Para el análisis, la Sala se centrará en
las actuaciones adelantadas por el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral
teniendo en cuenta que fue esta autoridad judicial quien dirigió, de manera
principal, las decisiones del proceso ejecutivo, debido a la acumulación que
ese despacho ordenó respecto de la otra demanda que cursaba contra las mismas
partes en el Juzgado 2º Civil Municipal de la misma localidad.[68]
Los reproches del actor se centran
básicamente en dos aspectos: (i) la falta de competencia del juez que llevó
a cabo el proceso ejecutivo, quien decidió sobre asuntos relacionados con
personas indígenas y el territorio de la comunidad Yaguara; y (ii) la
presunta vulneración del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad indígena
al disponer de unos predios que hacen parte del territorio Yaguara, los cuales
son inembargables, imprescriptibles, inalienables y no enajenables. En
contraste, el Juzgado accionado sostiene
que el proceso ejecutivo estuvo ajustado a los procedimientos legales
correspondiente y que en ningún momento se señaló que los demandados fueran
indígenas o pertenecieran a algún cabildo. Además, señaló que las escrituras de
los predios muestran que son de propiedad de uno de los ejecutados pues se
encontraban debidamente registrados a su nombre.
Debido a que el sub examine corresponde
a una acción de tutela contra providencia judicial, será preciso efectuar el
análisis que ha decantado la jurisprudencia constitucional en el marco de la
doctrina sobre la procedibilidad de la acción de amparo contra este tipo de
decisiones. Para el efecto, la Sala procederá a analizar la concurrencia de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para posteriormente analizar la posible configuración
de causales específicas de procedibilidad, con base en los cargos planteados
por el accionante. No obstante, de manera previa y sucinta la Sala abordará la
cuestión de la legitimidad del actor para presentar acciones de tutela en
nombre de su comunidad y de los otros accionantes que conforman la parte activa
del presente proceso, debido a que fue una situación controvertida por algunos
intervinientes.
Cuestión previa:
la debida legitimación por activa en el proceso.
En el presente asunto, la Sala encuentra que
la acción de tutela fue presentada por el señor Isidro Méndez Ramos, como
representante legal del cabildo indígena de Yaguara, así como en representación
de los señores José Delio Riaño Cerquera, Luis Adonías Lozano Hernández y Fredy
Erminsul Riaño Girón, de quienes se dice son miembros de dicha comunidad
indígena. Como pruebas de lo anterior, en el expediente se encuentran: (i)
el Acta N° 006 del 6 de febrero de 2014 de la Alcaldía Municipal de Chaparral
–Tolima–, mediante la cual tomaron posesión de sus cargos los directivos del
cabildo Yaguara, y en la que de manera especial se señala que el señor Isidro
Méndez Ramos es el gobernador del mismo.[69]
Adicionalmente, (ii) se aportó la
certificación emitida por el gobernador del cabildo según la cual los señores
José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luis Adonias Lozano
Hernández “se encuentran debidamente en el CENSO PADRÓN DEL CABILDO INDÍGENA
DE YAGUARA – COMPRENSIÓN DEL GRAN RESGUARDO DE INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE
ORTEGA Y CHAPARRAL, de conformidad a los usos, costumbre, tradiciones, estatutos
indígenas, la ley 89 de 1990 y el artículo 246 de la Constitución Política y la
ley 21 de 1991 que adoptó el convenio 169 de la OIT de 1989.”[70]
Sobre la legitimación del señor gobernador del
cabildo, la Sala considera que en efecto este está facultado para adelantar
acciones de tutela en nombre de su comunidad y sus miembros, pues como lo ha
señalado la jurisprudencia constitucional, los derechos de estas comunidades “pueden
ser defendidos por sus dirigentes o sus miembros, pues estos gozan de
legitimidad para reclamar en sede de tutela la protección de los derechos fundamentales
de los cuales goza su comunidad. Así mismo, ha admitido que pueden hacerlo las
organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas
y la Defensoría del Pueblo, e incluso terceros, cuando los hechos así lo
demanden.”[71]
Por lo tanto, al encontrarse debidamente acreditado que el actor es el
gobernador y representante legal del cabildo indígena de los Yaguara, y que los
demás accionantes son parte de la misma comunidad, se encuentra debidamente
acreditada la parte activa en el presente proceso.
7. Constatación de los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
7.1 La
relevancia constitucional del asunto bajo examen.
Encuentra la Corte, que la tutela se dirige contra las
decisiones judiciales que el actor consideró vulneratoria de los derechos
fundamentales al debido proceso (art. 29 C.N.) y a la propiedad colectiva de la
comunidad indígena Yaguara (arts. 63 y 329 C.N.), al disponer el secuestro,
embargo, remate y adjudicación de las parcelas Buena Vista y Silvania que presuntamente
hacen parte del territorio de dicha comunidad. Las decisiones adoptadas afectan
directamente la situación de los Yaguara y de los presuntos integrantes de este
pueblo. en el proceso ejecutivo que se libró en su contra. En tal sentido, el
amparo solicitado se relaciona directamente con principios y derechos fundamentales
de la Constitución, como el respeto a la diversidad étnica y cultural, la
autonomía de la jurisdicción indígena y la propiedad colectiva (artículos 7, 63
y 329), y con la garantía del artículo 29 superior. Así las cosas, el asunto es
de relevancia constitucional.
7.2 El agotamiento de los mecanismos ordinarios al
alcance del actor.
En particular se debe observar que las decisiones que
se enjuician es este caso son providencias interlocutorias[72] en un proceso ejecutivo.
Así por ejemplo, el señor Isidro Méndez Ramos presentó un recurso de reposición
y en subsidio de apelación contra los autos que decretaron el embargo y
secuestro de las parcelas Buena Vista y Silvania por parte del Juzgado 1º Civil
Municipal de Chaparral, el cual fue negado mediante providencia del 3 de
septiembre de 2015.
Así mismo, dentro del mismo proceso, la parte actora
instauró el 3 de febrero de 2016 una solicitud de nulidad que fue resuelta
negativamente en la correspondiente oportunidad el 16 de marzo de 2016. En
efecto, como consta en el expediente del proceso ejecutivo, al ser el incidente
de nulidad el único mecanismo judicial para resolver la controversia planteada
por el demandante, y al haber sido negada esa solicitud, se encuentra
satisfecho este requisito.
7.3 Satisfacción del requisito de inmediatez.
Al examinar el expediente, se encuentra que la diligencia
de remate de las parcelas Buenavista y la Silvania se surtió el día 25 de junio
de 2015, por parte del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral. Así las cosas, al
tomar esta fecha de referencia para el análisis del caso en estudio, en
contraste con la fecha de presentación de la tutela –18 de septiembre de 2015–,
transcurrieron poco menos de 3 meses, por lo cual la Sala encuentra que el
término resulta admisible y razonable. Por lo señalado, el requisito de
inmediatez está satisfecho al no encontrar, en principio, una afectación grave
del principio de seguridad jurídica en relación con las decisiones judiciales.
7.4 La
incidencia directa de una irregularidad procesal en la decisión impugnada.
La acción de amparo que se revisa tiene como objeto
cuestionar las decisiones del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral –Tolima–,
quien presuntamente ordenó el secuestro, embargo, remate y adjudicación de las
parcelas Buena Vista y Silvania, las cuales presuntamente hacen parte del
territorio de la comunidad indígena Yaguara, y por tanto son inalienables,
inembargables, imprescriptibles y no enajenables. También, se alega que el
proceso corresponde a la jurisdicción especial indígena debido a que recae
sobre un territorio de una comunidad étnica, así como sobre integrantes de la
comunidad. Así las cosas, al tratarse de una discusión relacionada con la
aplicación o el desconocimiento de normas sustantivas, este requisito no es
aplicable al caso en estudio.
7.5 La identificación razonable de los hechos y
derechos presuntamente vulnerados, y su alegación  en el proceso judicial.
En los antecedentes de la demanda la parte accionante
señala como fuente de la vulneración de sus derechos al debido proceso y al
territorio colectivo indígena, las actuaciones del juez de la ejecución, quien
desconoció el carácter de la propiedad de las parcelas secuestradas, embargadas,
rematadas y adjudicadas, las cuales no podías ser objeto de disposición por
pertenecer a la comunidad indígena Yaguara. Adicionalmente, señaló que el juez
no verificó la calidad de indígenas de los ejecutados en el proceso. En
consecuencia, a juicio de la parte accionante se incurrió en una vía de hecho
porque el juez no era competente para conocer del proceso debido a que se
trataba de un asunto del resorte de la jurisdicción indígena, así como por
incurrir en una violación directa de la Constitución que establece que los
territorios de las comunidades indígenas son inembargables, inenajenables,
imprescriptibles y no enajenables (arts. 63 y 329 C.N.). Por lo señalado, se
encuentra igualmente satisfecho este requisito.
7.6 No se trata  de una tutela contra tutela.
Como se indicó, en este caso se impugna la actuación
del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral –Tolima–, dentro del proceso
ejecutivo que la empresa Roa Flor Huila adelantó contra Luis Adonias Lozano
Hernández, Fredy Erminsul Riaño Girón y José Delio Riaño Cerquera. De manera
que no se trata de un fallo de tutela.
En suma, la Sala ha evidenciado la concurrencia de los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. En consecuencia, procederá a establecer si se estructura alguno de los
cargos atinente a los defectos endilgados por el demandante, y así determinar
si se vulneraron sus derechos fundamentales.
8. Metodología de análisis de los cargos.
Como se ha mencionado, el actor plantea que
el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral –Tolima– incurrió en una vía de
hecho, y por tanto en una vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
en contra de la comunidad Yaguara y de sus integrantes los señores Luis Adonias Lozano Hernández, Fredy Erminsul Riaño Girón y José Delio Riaño Cerquera dentro del proceso
ejecutivo que se adelantó en su contra.
El actor aduce en términos generales dos cargos:
(i) la falta de competencia del juez que llevó a cabo el proceso
ejecutivo, quien decidió sobre asuntos relacionados con personas indígenas y el
territorio de la comunidad Yaguara; y (ii) la presunta vulneración del
derecho a la propiedad colectiva de la comunidad indígena al disponer de unos
predios que hacen parte del territorio Yaguara, los cuales son inembargables,
imprescriptibles, inalienables y no enajenables.
Estos dos cargos se pueden traducir
fácilmente a través de la metodología elaborada por la Corte para el análisis
de acciones de tutela contra providencias judiciales como: (i) un
defecto orgánico debido a que el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral
–Tolima– carecía de la competencia para decidir y disponer de cualquier decisión
judicial relacionada con las parcelas Buena Vista y Silvania que pertenecían al
territorio de la comunidad indígena Yaguara, así como porque procesó en juicio
de ejecución civil a dos ciudadanos que en realidad hacen parte de una
comunidad indígena.
De otra parte, el segundo cargo formulado
por el actor corresponde a la causal específica de procedibilidad conocida como
(ii) violación directa de la Constitución. En este caso, la censura que
el demandante formula se fundamenta en que la decisión judicial atacada viola
los artículos 7º, 63 y 329 de la Constitución que reconocen el carácter de
propiedad colectiva de los territorios de las comunidades indígenas, así como
su carácter no enajenable, imprescriptible, inalienable e inembargable. Con
base en los anteriores cargos, procederá la Sala a analizar de fondo la
presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el demandante.
9. Configuración de un defecto orgánico
por adelantar un proceso ejecutivo en contra de integrantes de la comunidad
indígena Yaguara y con el que se afectó su territorio colectivo.
9.1. Como se mencionó, el primer reproche que formuló
el actor se relaciona con la falta de competencia del juez que llevó a cabo el
proceso ejecutivo, quien decidió sobre asuntos relacionados con personas
indígenas y el territorio de la comunidad Yaguara. Este asunto, en términos
concretos, está relacionado con una posible falta de competencia e incluso de
jurisdicción puesto que el proceso que se adelantó contra los señores Luis Adonias Lozano Hernández, Fredy Erminsul Riaño Girón y José Delio Riaño Cerquera puede ser un asunto que corresponda
a las autoridades indígenas de la comunidad Yaguara.
9.2.
Al respecto, en su contestación a la demanda el Juez 1º Civil Municipal de
Chaparral argumentó que el proceso se desarrolló con estricto apego a la
normatividad aplicable y que en ningún momento los ciudadanos ejecutados, Luis
Adonias Lozano Hernández, Fredy
Erminsul Riaño Girón y José Delio Riaño
Cerquera, manifestaron tener la calidad de indígenas. No obstante lo expresado
por dicho funcionario judicial, la Sala encuentra que de la revisión de las
actuaciones judiciales dentro del proceso ejecutivo, así como del análisis de
las intervenciones y pruebas recaudadas en el proceso, es posible concluir que
en este caso el despacho judicial accionado no era competente para desarrollar
el proceso ejecutivo alegado.
9.3.
De manera preliminar, al realizar un análisis detallado de las diferentes
actuaciones que se surtieron durante el proceso ejecutivo[73], la Sala encuentra que
los señores Luis Adonias Lozano Hernández y José Delio Riaño Cerquera no
participaron de las actuaciones del mismo[74],
pues el día 4 de febrero de 2011 les fue nombrado un curador ad litem.[75] Dentro de la
defensa que realizó dicho curador, se destaca la contestación de la demanda del
11 de febrero del 2011 en donde el nombrado representante presentó un memorial
de 2 páginas, en el que únicamente señaló que no le constaban los hechos de la
demanda ejecutiva y que no se oponía a las pretensiones de la misma. No
obstante, dentro de las demás actuaciones procesales no hubo ninguna
manifestación por parte del curador o de los afectados. En contrasten el señor
Fredy Erminsul Riaño solamente estuvo presente en la diligencia de secuestro de
una de las parcelas.[76]
9.4.
Ahora bien, con posterioridad a la terminación del proceso, el día 24 de agosto
de 2015 el señor gobernador del resguardo Yaguara, Isidro Méndez Ramos, el
ahora accionante en el proceso de tutela, presentó un memorial en el que
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra los autos que
decretaron el embargo, secuestro, remate y demás actuaciones que resolvieron de
fondo en el proceso ejecutivo seguido contra los señores José Delio Riaño
Cerquera, Luis Adonias Lozano Hernández y Fredy Erminsul Riaño Girón.[77]
9.4.1.
En su escrito, el recurrente explicó[78]
que los señores José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luis
Adonias Lozano Hernández pertenecían al pueblo indígena de Yaguara, y que sus
ranchos y parcelas indígenas estaban dentro del territorio de los indios
Yaguaras. Así mismo, precisó que las parcelas Buena Vista y Silvania, con
matrículas inmobiliarias 355-4711 y 355-974 hacían parte integral del
territorio de los indios Yaguara, tal y como lo señalan la escritura y matrículas
inmobiliarias referenciadas, en un asentamiento de aproximadamente 20.000
hectáreas, las cuales están ubicadas contiguas a los terrenos de la escuela
indígena del pueblo y la vía principal que de Chaparral conduce el municipio de
El Guamo.
9.4.2.
Igualmente, aseveró que los indígenas José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul
Riaño Girón y Luis Adonias Lozano Hernández habían decidido por su cuenta
adelantar algunos créditos ante la empresa Molinos Flor Huila S.A., hoy
Organización Roa Flor Huila, para el control, mantenimiento y fertilización de
cultivos agrícolas en la Jurisdicción de Yaguara, donde al parecer incumplieron
el pago de las cuotas pactadas con esta sociedad molinera de arroz. En este
sentido, señaló que “[t]odo proceso o actividad de los indígenas y no
indígenas de Yaguara que se interesen en trabajar las tierras de este
asentamiento indígenas deben contar con la autorización del cabildo y la
asamblea general de indígenas a fin de garantizar a las entidades o empresas
públicas o privadas prestamistas de dinero o insumos de productos agrícolas que
sus créditos deben ser avalados y autorizados, a fin de garantizar que si el
poseedor de la chagra o parcela, por alguna razón incumple sus obligaciones
crediticias, la autoridad del cabildo realice la labor de hacer cancelar el
crédito, toda vez que las tierras de Yaguara son inembargables, inalienables e
imprescriptibles, como lo define la constitución política, la ley y las
sentencias de la Honorable Corte Constitucional, como en el caso que nos ocupa.”
9.4.3.
Además de lo anterior, aclaró que la autoridad del cabildo indígena de Yaguara
no pretendía desconocer la existencia de una deuda u obligación contraída por
los nativos José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luis
Adonias Lozano Hernández, en favor de Molinos Flor Huila, donde el primero de
los tres es responsable como codeudor solidario de los créditos de los segundos
y que, de ser así, no se oponía como cabildo, a su deber personal, en el marco
indígena, y a la obligación de perseguirlos para que cancelaran sus créditos,
pero no utilizando la figura del proceso civil del embargo, secuestro, remate y
adjudicación de lo rematado, debido a que se habían afectado tierras del
resguardo colonial de Yaguara, las cuales legal y constitucionalmente tienen un
fuero especial de protección y amparo por su naturaleza inembargable,
inalienable e imprescriptible.
9.4.4.
Adicionalmente, sostuvo que la autoridad judicial que adelantó el proceso
ejecutivo debió preguntar si los accionados pertenecían a algún grupo indígena
y si sus posesiones, parcela o chagras hacían parte del territorio indígena.
También expresó que el cabildo no reconocía ningún tipo de titulación realizada
por el Incora porque en el pasado esta se utilizó como una estrategia para
inducir a la comunidad para acceder a créditos, y que no se le explicó a
algunos “incautos” que dicha titulación implicaba la enajenación de la
tierra.
9.4.5.
Concluyó que en el proceso ejecutivo que se adelantó se vulneraron las
garantías sustanciales y procesales de la comunidad indígena y que por tanto se
oponían a cualquier diligencia de entrega material del inmueble. Por lo tanto,
solicitó al Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral que se le concediera el
recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el superior
jerárquico, para que se declarara la nulidad de todas las actuaciones
procesales adelantadas.
9.5.
En virtud de la anterior solicitud, el día 3 de septiembre de 2015 el Juzgado
1º Civil Municipal de Chaparral emitió una providencia en la que resolvió
rechazar de plano por improcedente la solicitud del gobernador del cabildo
indígena Yaguara. En dicha providencia el funcionario judicial sostuvo que el
proceso se encontraba terminado, pues la diligencia de remate se había surtido
el 25 de junio de 2015, y porque los autos que pretendía impugnar por
reposición y apelación el solicitante habían quedado ejecutoriados con
anterioridad a dicha fecha, sin que se hubiera propuesto oposición alguna
dentro de los términos y tiempos previstos en las oportunidades legalmente
establecidas.
9.5.1.
Adicionalmente, agregó que si bien era cierto que el peticionario era el
gobernador indígena del cabildo Yaguara, lugar donde se encontraban los bienes
que fueron objeto de remate, dicho hecho per se no lo facultaba para
intervenir en el proceso ya que solamente era potestativo de los demandantes
directamente o mediante apoderado. De la misma manera, señaló que el
peticionario no acreditó ser abogado inscrito, y que en tales diligencias se
requería ostentar dicha profesión para gestionar a nombre de otro los asuntos
propios de la jurisdicción ordinaria, o que a lo sumo los mismos demandados
podían realizar solicitudes personalmente, debido a que era un asunto de mínima
cuantía.
9.5.2.
El funcionario judicial también señaló que si bien podía darse la circunstancia
alegada por el gobernador indígena de que los predios rematados se encontraran
en la jurisdicción de su comunidad, al revisar la diligencia de secuestro el
día 27 de octubre de 2011, en la misma estuvo presente una persona, que al
parecer era miembro del cabildo, quien sirvió como depositario de los predios
secuestrados y que no se pronunció sobre ningún aspecto del proceso. Agregó que
los predios se encontraban debidamente registrados en la oficina de
instrumentos públicos de la ciudad, y que en los registros obraban como
propietarios los señores Luis Adonías Lozano Hernández y José Delio Riaño
Cerquera, sin que apareciera la comunidad indígena Yaguara, razón por la que se
procedió a la ejecución.
9.5.3.
Finalmente, señaló que no había discusión sobre su posible incompetencia para
conocer del asunto porque el Juzgado no tuvo conocimiento oportunamente de la
mediación o injerencia que pudiera tener la comunidad indígena en los predios
embargados y secuestrados, teniendo en cuenta, además, que todo apuntaba a que
los predios eran de particulares.
9.6.
Pues bien, con base en los anteriores elementos de juicio y la evidencia recopilada
en el proceso la Sala encuentra que efectivamente existen serias dudas sobre la
competencia del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral, quien adelantó el
proceso ejecutivo ya reseñado. Lo anterior, debido a que si el asunto
comprometía a personas de la comunidad indígena, o a una parcialidad del
territorio de dicha comunidad, resultaba necesario realizar el análisis de jurisdicción
de dicha autoridad para determinar la posible ocurrencia de un defecto o vicio
que implicara la vulneración del derecho al debido proceso de la comunidad
Yaguara y sus integrantes.
9.7.
Sobre este aspecto, la Sala considera que, en principio, le asistiría razón al
Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral al señalar que no es posible reprocharle
alguna inobservancia frente al hecho de haber surtido el proceso ejecutivo
sobre personas que no manifestaron ser integrantes de una comunidad indígena, y
sobre inmuebles o predios cuyo titular en los certificados de propiedad es un
particular. Adicionalmente, el proceso se realizó con base en unos títulos
ejecutivos que fueron debidamente acreditados y que no tenían ninguna tacha o
reproche respecto a su validez. Sin embargo, esta Sala encuentra que el
material probatorio aportado al proceso permite concluir que el Juzgado
accionado no era competente para adelantar el proceso ejecutivo en mención. Lo
anterior, con base en las razones que se expondrán a continuación.
9.8.
En primer lugar, los señores José Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño
Girón y Luis Adonias Lozano Hernández efectivamente son integrantes de la
comunidad indígena de los Yaguara, pues así fue certificado por el propio
gobernador del cabildo[79],
como autoridad administrativa y representante legal de dicha comunidad. Prueba
de ello es que los citados indígenas se encuentran debidamente registrados en
el censo padrón de la comunidad Yaguara[80].
9.9.
En segundo lugar, las pruebas recabadas en el proceso llevan a concluir que las
parcelas Buena Vista y Silvania hacen parte del territorio de la comunidad indígena
Yaguara. Así por ejemplo, la descripción del terreno que realiza el señor
gobernador del cabildo, respaldado por pruebas aportadas no solamente ante el
Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral, sino ante los jueces de tutela, llevan
a afirmar que en efecto están dentro de los límites del territorio de dicha
comunidad.[81]
Frente a este aspecto, lo que se discute en el proceso y ponen de presente las
partes e intervinientes en el proceso es una ausencia de titulación del
resguardo.
9.9.1.
Al respecto, la Sala encuentra que no obstante la falta de titularidad formal de
la comunidad respecto de las parcelas, esto es, que la comunidad figure como
propietaria en los registros de matrícula inmobiliaria, el territorio que fue
afectado siempre ha estado en posesión de la comunidad indígena por ser
considerado parte de la misma. Este aspecto es cardinal debido a que la
jurisprudencia en la materia ha señalado[82],
con base en la noción de territorio contenida en el Convenio 169 de la OIT[83], que basta
con que el territorio sea de posesión ancestral de la comunidad, así no cuente
con título de propiedad en los términos que define el Código Civil, para que el
territorio sea considerado colectivo y de propiedad de la comunidad.[84]
Lo
anterior, en tanto el concepto de propiedad colectiva indígena hace referencia
al lugar en donde la comunidad realiza sus actividades económicas, sociales y
culturales, lo que amerita su protección aun cuando no cuente con la calidad formal
de título del Resguardo, debido a que el concepto de territorio para las
comunidades indígenas es un concepto más cultural que espacial.[85] Por lo tanto, los compromisos
que llevaron a cabo los señores Riaño Cerquera, Riaño Girón y Lozano Hernández utilizando
como respaldo las parcelas Buena Vista y Silvania carecen de toda eficacia
jurídica porque se trata de predios que hacen parte de la propiedad colectiva
de la comunidad Yaguara.
9.9.2.
Ahora bien, adicionalmente esta Corte, en sede de revisión, ofició a varias
entidades para intentar establecer la efectiva pertenencia y la titularidad de
las parcelas Buena Vista y Silvania respecto del territorio de la comunidad
indígena Yaguara. Así por ejemplo, se ofició a entidades como el Incoder, a la
Superintendencia de Notariado y Registro y a la Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías del Ministerio del Interior, y posteriormente a la Agencia
Nacional de Tierras –ANT– y a la Oficina de Instrumentos Públicos de Chaparral
–Tolima–, para que se manifestaran, entre otras cosas, sobre la posible
correspondencia territorial entre las parcelas Buena Vista y Silvania con el
territorio de la comunidad Yaguara. Varias de estas entidades le manifestaron a
la Corte que no contaban con información precisa para determinar si existía
dicha correspondencia entre los territorios.
Así
por ejemplo, en el memorial allegado por la Registradora Seccional de Instrumentos Públicos del
Círculo Notarial de Chaparral, dicha funcionaria explicó a la Corte que
efectivamente los predios Buena Vista y Silvania están ubicados en la vereda
Yaguara de la jurisdicción del municipio de Chaparral –Tolima–, pero que no
podía certificar si los mismos pertenecían o se ubicaban dentro del territorio
de la comunidad indígena Yaguara, puesto que los folios de matrículas
inmobiliarias no evidenciaban o mencionaban información que permitiera inferir
una distinción o vínculo como integrantes de la comunidad indígena Yaguara.[86]
No obstante lo anterior, también señaló
que se podía presentar una coincidencia total o parcial de los linderos y de
las parcelas Buenavista y Silvania porque “en principio la parcela Silvania
hacía parte de un folio de mayor extensión llamado Bocas de Ceniza”[87],
con base en la escritura 508 del 14 de septiembre de 1945. Al respecto, explicó
que las medidas utilizadas en dichos folios no se expresaban en el sistema
métrico decimal debido a la antigüedad de los instrumentos públicos que
originaron los folios, y los rudimentarios sistemas de medidas empleados en el
pasado.
9.9.3. Por su parte, el Gobernador del cabildo indígena Yaguara en su
intervención en sede de revisión[88]
reiteró que las parcelas Buena Vista y Silvania están dentro del territorio
ancestral de los indios Yaguaras, y que tal situación se podía constatar a
simple vista porque estaban colindando con la institución educativa de primaria
de la comunidad “Escuela Rural Mixta de Yaguara”. Así mismo, reiteró que
la ubicación de las parcelas constaba en varios instrumentos públicos tales
como las escrituras públicas N° 657 del 4 de julio de 1917 de la Notaría 4ª de
Bogotá, 162 del 8 de octubre de 1941 de la Notaría Única del Circulo del
Municipio de Purificación y 93 del 21 de abril de 1942 de la Notaría Única del
Círculo de Purificación.
9.10. Para la Sala es claro que existe un problema de
titulación y delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara, pues
en este caso y como se indicó en los fundamentos de esta decisión, los
territorios indígenas no se corresponden con las concepciones jurídicas
asociadas a la demarcación de fronteras, tales como los mojones y linderos,
propios del clásico derecho civil. Esta situación se hace más compleja si se
tiene en cuenta que la información
sobre la titulación de los territorios indígenas se fundamenta en datos que se
remontan a periodos lejanos de tiempo, incluso desde el periodo de la colonia.
Así por ejemplo, como lo explicó la
Agencia Nacional de Tierras en su intervención en sede de revisión[89],
en el caso del cabildo indígena Yaguara, el gran resguardo de Ortega Chaparral
y Coyaima fue dividido en 1832 por el Gobernador de la provincia de Neiva, y
dicha decisión fue ratificada por el Gobierno Nacional en los años 1892 y 1917.
También, la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior[90] explicó que en este tipo
de casos relacionados con títulos de propiedad antiguos o que reconocen
derechos a comunidades indígenas desde la colonia, ocurre que las personas creen que son propietarios de
un globo de terreno y que con el paso del tiempo se produjeron ventas,
escisiones y adjudicaciones que afectan el alinderamiento original y la
titulación, razón por la que es necesaria una verificación en el terreno por
parte de la autoridad competente.
9.11.
No obstante, con base en el material probatorio aportado al proceso la Sala
considera que en el presente asunto efectivamente se afectó la posesión de un
territorio que ha sido ancestralmente de la comunidad indígena Yaguara. Así por
ejemplo, la última actuación que se surtió dentro del proceso ejecutivo fue la
diligencia de entrega de los inmuebles por parte del secuestre, la cual no se
pudo llevar a cabo debido a la oposición de las autoridades de la comunidad. En
efecto, al examinar el expediente se encuentra la constancia de 16 de febrero
de 2016[91]
en la que el señor Leonardo Casas Trujillo en calidad de secuestre de los inmuebles
Buena Vista y Silvania le comunica al Juez 1º Civil Municipal de Chaparral que
le fue imposible hacer la entrega del bien debido a que se dirigió “(…) hasta
la finca del señor Gobernador de los Indígenas señor ISIDRO MENDEZ RIAÑOS y le
informé el motivo de la visita [quien] respondió que ellos tenían un
proceso (…) y que no desocupaban.”
9.12.
La anterior evidencia permite concluir a la Sala que en efecto existe una
vulneración al territorio de la comunidad y que la solución de esta
controversia ameritaba una intervención del juez constitucional con miras a resolver
una tensión de derechos que terminó por afectar a la comunidad Yaguara y que no
fue tenida en cuenta por el juez ordinario que adelantó el proceso ejecutivo.
9.13.
De esta manera, la inobservancia de la calidad de indígenas de los señores José
Delio Riaño Cerquera, Luis Adonias Lozano Hernández y Fredy Erminsul Riaño
Girón, así como la afectación de las parcelas Buena Vista y Silvania que hacen
parte del territorio de la comunidad, conllevó a una grave afectación de la
autonomía de la jurisdicción de dicha etnia y a su derecho fundamental al
debido proceso. Lo anterior, debido a que no fue posible que las autoridades
del cabildo tomaran las medidas tendientes a conjurar la posible afectación de
su territorio, así como discutir la presunta responsabilidad jurisdiccional de
sus miembros que desembocó en el proceso ejecutivo.
9.14.
En conclusión, debido a que en el sub examine el Juzgado 1º Civil
Municipal de Chaparral –Tolima– no realizó el análisis de los elementos de
competencia y jurisdicción previo a decidir sobre el proceso ejecutivo en
contra de José Delio Riaño Cerquera, Luis Adonias Lozano Hernández y Fredy
Erminsul Riaño Girón, quienes eran miembros de la comunidad indígena Yaguara, y
porque se afectaba a la propiedad colectiva de dicha comunidad, la Sala
encuentra que se configura el defecto orgánico alegado por la parte demandante.
La configuración de dicho defecto, radica en la posible competencia que sobre
el proceso tenían las autoridades de la propia comunidad indígena Yaguara, y
que se explicará (infra) en los fundamentos 11.3 a 11.7 de la presente
sentencia.
10. Configuración de un defecto por violación directa
de la Constitución al decretar un secuestro, embargo, remate y adjudicación de
un bien objeto de propiedad colectica indígena.
10.1. Además de lo expuesto en relación con el cargo
anterior, la Sala encuentra que la decisión que se demanda incurrió en un yerro
por violación directa de la Constitución en tanto con ella se vulneraron los mandatos
constitucionales que establecen que los territorios indígenas son propiedad
colectiva imprescriptible, inembargable, inalienable y no enajenable. Sobre
este punto, la omisión del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral en observar
que los predios objeto del proceso ejecutivo –parcelas Buena Vista y Silvania– eran
parte del territorio del pueblo indígena Yaguara, contrarió los postulados de
los artículos 7, 63 y 329 de la Constitución que ordenan la protección
constitucional a la diversidad étnica y cultural, y la imposibilidad de
disponer en materia civil o comercial de los territorios de las comunidades
indígenas.
10.2. Como ha señalado
esta Corte[92],
dentro de la protección especial a la propiedad colectiva que establece la
propia Constitución, el artículo 63 de la Carta dispone que “las tierras
comunales de grupos étnicos” y “las tierras de resguardo” son “inalienables,
imprescriptibles e inembargables”.[93]
Por otra parte, el artículo 329 Constitucional señala que los resguardos son de
propiedad colectiva y no enajenable. Finalmente, el artículo 330 de la
Constitución señala que los territorios indígenas estarán gobernados por
autoridades indígenas las cuales estarán conformadas según los usos y costumbre
de las propias comunidades.[94]
De esta manera, esta protección constitucional especial de la propiedad colectiva (arts.
329, y 63 C.N.),[95]
se diferencia de la protección ordinaria a la propiedad individual y privada,
pues los territorios indígenas son imprescriptibles, inalienables,
inembargables y no enajenables en virtud del respeto de la autonomía de las
comunidades en su ámbito territorial que nuestro ordenamiento constitucional reconoce,
y que se basa en la especial connotación cultural, política, e incluso
religiosa que la hace merecedora de una protección jurídica reforzada.[96]
10.3.
Así las cosas, la Sala encuentra que el territorio de la comunidad indígena Yaguara tiene carácter imprescriptible, inembargable, inalienable y no enajenable, y por tanto
la decisión del Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral y las diferentes
actuaciones que dentro del mismo se surtieron configuran una violación directa
de la Constitución y son nulas de pleno derecho. Lo anterior, debido a que las
decisiones de dicha autoridad judicial no podían recaer sobre parcelas que
hacen parte del territorio de la comunidad las cuales por expresa disposición
constitucional no son disponibles para ser gravadas en ningún negocio en
materia civil o comercial.
10.4 Adicionalmente, la Sala considera que el juez del
proceso ejecutivo, así como los jueces de instancia en el proceso de tutela, debieron
observar las advertencias que realizó el gobernador del cabildo indígena en sus
intervenciones ante dichas autoridades judiciales. La protección de la
propiedad colectiva de las comunidades indígenas no es un asunto menor, pues
constituye una verdadera garantía para la conservación del patrimonio cultural
y étnico de nuestro país (art. 7° C.N.), razón por la que se reitera que, al
contrariar mandatos expresos de la Constitución, las decisiones del Juzgado
accionado carecían de validez.
10.5.
Como ha explicado la Corte la protección de la propiedad colectiva sobre los
territorios indígenas se genera por la especial relación de pertenencia mutua
de los pueblos con sus tierras y de estas a esos pueblos.[97] Además, la protección
del territorio se hace de especial precaución frente a comunidades que han sido
víctimas de despojo y desplazamiento, y a quienes se les ha suspendido su
posesión ancestral en contra de su voluntad.[98]
10.6.
En el caso de la comunidad Yaguara, y como lo explicara el gobernador de ese
cabildo[99],
la afectación al territorio de dicha comunidad es sensible, si se tiene en
cuenta que se trata de una de aquellas etnias en grave riesgo de desaparición (Auto
004 de 2009[100])
debido al desplazamiento forzado del que han sido víctimas. Razón por la cual cuentan
y están incluidos en un plan de salvaguarda étnica[101], para contrarrestar los
diferentes ataques contra sus miembros y sus territorios.
10.7
Como señaló la Corte en el Auto 004 de 2009[102],
el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad étnica y la
supervivencia de los pueblos indígenas, razón por la que la protección del
derecho a la propiedad colectiva no solamente es un fin en sí mismo, sino que
además es un medio para garantizar la supervivencia y la integridad étnica de
los pueblos indígenas.[103]
Por
las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso sub examine las
actuaciones judiciales demandas configuraron, adicionalmente, un defecto por
violación directa de la Constitución.
11.
Ordenes principales relativas al proceso ejecutivo.
11.1.
Debido a que la Sala constató la configuración de los defectos antes
mencionados, se dejarán sin efectos todas las actuaciones surtidas en el
proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral
–Tolima– en contra de los señores José Delio Riaño Cerquera, Luis Adonias
Lozano Hernández y Fredy Erminsul Riaño Girón, desde el auto que decretó el
embargo y secuestro de los derechos de propiedad sobre los predios Buena Vista
y Silvania.
11.2
Ahora bien, la Sala aclara que la presente decisión no implica un
desconocimiento de los derechos de la empresa que inició el proceso ejecutivo contra
los señores Riaño Cerquera, Lozano Hernández y Riaño Girón, pues la sociedad
Roa Flor Huila conserva la potestad de perseguir el cumplimiento de su
obligación dineraria en contra de estos ciudadanos. Sin embargo, la
satisfacción de dicho crédito deberá ajustarse al cumplimiento de los mandatos
constitucionales y legales que implican la intervención de la contraparte en
calidad de indígenas. Para el efecto se deberá observar lo siguiente.
11.2.1
Como se explicó en los fundamentos de esta decisión, nuestro ordenamiento
jurídico y en especial la Constitución de 1991 (Art. 246) ha determinado que
frente a los posible conflictos o controversias sobre la competencia entre el
sistema jurídico mayoritario nacional y los sistemas jurídicos de las
comunidades indígenas debe procurarse una armonización derivaba del principio
constitucional del pluralismo jurídico. Como ha señalado esta Corte, debido a
la diversidad cultural de nuestro país, en Colombia “las comunidades
indígenas tienen formas muy distintas de concebir el derecho, y su contacto con
el derecho no indígena es más o menos amplio”, incluidas “las
influencias que los órdenes jurídicos proyectan entre sí”.[104] Por tal motivo, la
Constitución previó la necesidad de establecer “formas de coordinación de
esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.[105]
11.2.2.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia
del fuero indígena, entendido como el derecho de los miembros de la comunidad a
ser juzgados por su comunidad,[106]
y según el cual existe una competencia de la jurisdicción especial indígena que
estaría dada por la pertenencia del “acusado” a la comunidad, y la
ocurrencia de los hechos dentro del territorio.
11.3.
En el caso que se estudió en esta oportunidad, se trata de una controversia
derivada del incumplimiento de una obligación civil por parte de los indígenas
José Delio Riaño Cerquera, Luis Adonias Lozano Hernández y Fredy Erminsul Riaño
Girón (criterio de competencia personal), quienes adquirieron deudas económicas
por fuera de la comunidad, y con las que se afectó el territorio colectivo de
la comunidad (criterio de competencia territorial). Por tal motivo, y
pese a que las deudas fueron adquiridas fuera de la comunidad indígena, la
Corte concluye que en este caso, en principio, el cobro de los créditos sería competencia
del sistema jurisdiccional indígena.
11.4
No obstante lo anterior, debido a las condiciones especiales del caso, para la
Sala el litigio debe resolverse en virtud del principio de coordinación
inter-jurisdicciones (art. 246 C.N.), razón por la cual se emitirán algunas
órdenes especiales: El juez que adelantó el proceso deberá informar a las
autoridades del cabildo al que pertenecen los indígenas demandados, para que conjuntamente
inicien los procedimientos jurisdiccionales, que permitan la satisfacción de
los créditos adeudados. Lo anterior, debido a que las propias autoridades de la
comunidad Yaguara, en cabeza de su gobernador, expresaron durante el presente
proceso constitucional que no desconocen la existencia de la deuda que
adquirieron los miembros de la comunidad.
11.5
De esta manera, previo a adoptar una nueva decisión, tanto el Juez que conoció
inicialmente del proceso ejecutivo, como las autoridades de la comunidad, deberán
explorar de manera coordinada la posibilidad de adelantar un
procedimiento conjunto para lograr el pago por parte de la misma comunidad, o adoptar
las medidas correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones que los
señores José Delio Riaño Cerquera, Luis Adonias Lozano Hernández y Fredy
Erminsul Riaño Girón adquirieron con la Organización Roa Flor Huila.
11.6.
Adicionalmente, la Corte ordenará que, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales de Ministerio Público (arts. 275, 277, 281 y 282 C.N.), el
proceso de coordinación sea acompañado por la Defensoría Delgada para
los asuntos Indígenas y las Minorías Étnicas, así como por la Procuraduría
Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos.
11.7. Finalmente, y debido a las órdenes anteriores,
la Sala aclara que se dejarán sin validez y efectos las anotaciones de los folios de matrícula inmobiliaria que se
expidieron como resultado del remate y adjudicación de los predios Buena Vista
y Silvania en el proceso ejecutivo que se dejó sin efectos, y se advertirá a la
autoridad registral que sobre los mismos no será posible inscribir ningún
gravamen o actuación judicial, administrativa o contractual, hasta tanto se
cumpla la orden complementaria que se dictará en el aparte que sigue a
continuación.
12.
Órdenes complementarias tendientes a un amparo integral: la titulación de la
propiedad colectiva de la comunidad indígena Yaguara.
12.1 Además de lo anterior, la Sala encuentra que en
el presente asunto se evidenció un problema en relación con la adecuada titulación
y delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara, que afecta
gravemente los derechos de este pueblo frente a actuaciones de terceros, tal y
como sucedió en esta oportunidad. Por tal razón, esta Sala emitirá un conjunto
de órdenes adicionales tendientes a subsanar dicha problemática, pues como se
explicó en los fundamentos de esta decisión, la tardanza en la titulación
comporta una violación al derecho al territorio de las comunidades indígenas.[107]
12.2. En el presente asunto se ha evidenciado que
existe una discusión sobre la titularidad de las parcelas Buena Vista y
Silvania debido a que existen folios de matrícula inmobiliaria en los que se
señala que el titular de la propiedad de las parcelas es un particular (Buena
Vista M.I. 355-4711 y Silvania M.I. 355-8974). Así por ejemplo, en la matrícula
correspondiente al predio Buena Vista, se señala en la primera anotación que el
15 de junio de 1981 el Incora realizó la adjudicación del predio como baldío al
señor José Delio Cerquera Riaño; por otra parte, en la segunda, atinente al
predio Silvania, se indica que el 30 de mayo de 1983 se adquirió por
compraventa del señor José Delio Riaño Cerquera a la señora Teresa de Jesús
Polanco. Como se evidenció en esta sentencia, en realidad las parcelas ya
referidas están en posesión de la comunidad indígena Yaguara razón por la que
existe un problema con su titulación.
12.3. Para resolver este problema, la
Sala encuentra que es necesario formalizar la titulación de la tierra a favor
de la comunidad Yaguara tal y como lo sugirieron en su intervención en sede de
revisión el Incoder en liquidación y la Agencia Nacional de Tierras.
12.3.1. Para el efecto, es necesario recordar que el Decreto reglamentario 2164 de 1995,
establecía que el Incoder era el ente encargado de realizar los estudios y
trámites para el saneamiento de las tierras de los Resguardos Indígenas. No
obstante, el Incoder se encuentra actualmente en proceso de liquidación, razón
por la que, para cumplir las funciones antes descritas, se creó la Agencia
Nacional de Tierras –ANT–. De esta manera, el Decreto 2363 del 7 de diciembre
de 2015, que ordenó la liquidación del Incoder y la creación de la ANT, señaló
(Art. 3º.) que el Incoder conservaría “su capacidad para seguir adelantando
los procesos agrarios, de titulación de baldíos, de adecuación de tierras y
riego, gestión y desarrollo productivo, promoción, asuntos étnicos y ordenamiento
productivo hasta tanto entren en operación la Agencia Nacional de Tierras y la
Agencia de Desarrollo rural (…)”. Así las cosas, y según lo dispuesto en el
Decreto 1071 de 2015 que reemplazó al 2164 de 1995, la competencia para
delimitar un territorio indígena que estaba en cabeza del Incoder en
liquidación, ahora pasará a la Agencia Nacional de Tierras.
12.3.2. Ahora bien, al analizar los recientes
cambios de reglamentación, la Sala encuentra que por tratarse de un resguardo
de origen colonial, es necesario adelantar un procedimiento de clarificación
de la propiedad, el cual se encuentra previsto en la Ley 160 de 1994 (art.
50) y su correspondiente Decreto reglamentario 2164 de 1995 (art. 1º) en
concordancia con el reciente decreto 1071 de 2015 (Título 7), normas según las
cuales el Incoder es el ente encargado de realizar los estudios y trámites para
el saneamiento de las tierras de los Resguardos Indígenas.
12.3.3. Adicionalmente, previo a
formalizar la titulación de la tierra a la comunidad Yaguara es necesario
realizar un estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de la tierra.
Este procedimiento estaba señalado en el Decreto 2164 de 1995, y actualmente se
encuentra en el Decreto 1070 de 2015. El artículo 2.14.7.2.3 de este último
señala que el Incoder “elaborará un estudio socioeconómico, jurídico y de
tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de la comunidad (…).”
12.3.4. Igualmente, se encuentra que para
la delimitación del territorio y para determinar la tradición de los predios
resulta necesario revisar y si es del caso expedir nuevos folios de matrícula
inmobiliaria, dentro del estudio jurídico de los títulos. Dicha delimitación
del territorio requiere, para validar los nuevos títulos y formalizar las
matrículas inmobiliarias correspondientes, un levantamiento topográfico (Art.
2.14.20.3.2. del Dcto. 1070 de 2015) para identificar los predios, geográfica,
espacial y catastralmente, el cual además constituye una medida de protección
de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional.
12.4. Por lo tanto, esta Sala ordenará, tanto al
Incoder en liquidación, como a la Agencia Nacional de Tierras, que de manera
coordinada adelanten el
procedimiento de clarificación de la propiedad y delimitación del territorio
indígena de la comunidad Yaguara. Para el efecto, y con el fin de determinar la
calidad jurídica de los predios realizará el correspondiente estudio
socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, consagrado en el del Decreto
1071 de 2015 (artículos 2.14.7.2.3 y ss.), junto con el correspondiente levantamiento
topográfico que permita la debida delimitación del territorio de la comunidad
indígena Yaguara.
12.5. Para el efecto, deberán pedir la
colaboración de las entidades administrativas correspondientes y competentes
que consideren necesarias en el caso –Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
Ministerios de Ambiente y Agricultura, Comisión Nacional de Territorios
Indígenas, Institutos y Universidades, etc.–, así como de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, para que oriente
al Incoder en liquidación y a la ANT sobre los aspectos y procedimientos pertinentes
sobre propiedad colectiva indígena y jurisdicción especial indígena, que puedan
ser necesarios para la realización del procedimiento de clarificación de la
propiedad y delimitación del territorio.
En este sentido, deberán ser referentes
de actuación los lineamientos que sobre cada uno de estos temas establece el
Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de esta Corte, así como los lineamientos
de enfoque diferencial sobre pueblos indígenas que con base en dicho convenio
y  la jurisprudencia constitucional se han desarrollado[108].
12.6.
Como resultado del proceso de clarificación de la propiedad y delimitación del
territorio indígena, la Agencia Nacional de Tierras deberá realizar las
actuaciones administrativas tendientes a formalizar la titulación de la
propiedad de la comunidad Yaguara, para lo cual deberá registrar en la Oficina
de Instrumentos Públicos del Municipio de Chaparral –Tolima–, y de aquellos
otros municipios a los que se pueda extender el territorio de la comunidad, los
títulos que correspondan. Por su parte, las oficinas de instrumentos públicos,
y en especial la de Chaparral –Tolima– deberá realizar las actuaciones
correspondientes para cancelar, expedir y/o unificar los registros que permitan
la correcta titulación del territorio de la comunidad Yaguara.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR los fallos del veinticinco (25) de noviembre de dos mil
quince (2015) proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué –Sala de decisión Civil-Familia– que confirmó en segunda instancia, el
fallo de cinco (5) de octubre de dos mil quince (2015) proferido en primera
instancia por el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral –Tolima–, y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales
al debido proceso y a la propiedad colectiva indígena de la comunidad Yaguara en
el proceso de la referencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la totalidad de las decisiones y actuaciones proferidas en el proceso
ejecutivo adelantado por Molinos Flor Huila S.A. contra los señores José Delio
Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luis Adonías Lozano Hernández ante
los Juzgados 1º y 2º Civiles Municipales de Chaparral –Tolima–, por las razones
expuestas en la presente sentencia.
Tercero.- REMITIR el expediente del proceso ejecutivo adelantado por Molinos Flor Huila S.A. contra los señores José Delio
Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luis Adonías Lozano Hernández, al
Juez 1º Civil Municipal de Chaparral –Tolima–, para que con base en lo
dispuesto en los fundamentos 11.4 a 11.7 de la presente sentencia, de manera coordinada
con las autoridades indígenas del cabildo Yaguara, emita una nueva decisión.
Cuarto.- ORDENAR a la Defensoría Delgada para los
asuntos Indígenas y las Minorías Étnicas, así como a la Procuraduría Delegada
para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, que en
cumplimiento de sus funciones constitucionales de Ministerio Público, acompañe
el proceso de coordinación que se surtirá con base en la orden tercera
de la presente sentencia.
Quinto.- DEJAR SIN EFECTOS las anotaciones surtidas en los folios de
matrícula inmobiliaria 355-4711 –predio Buena Vista– y 355-8974 –predio
Silvania– derivadas del proceso ejecutivo adelantado por Molinos Flor Huila S.A. contra los señores José
Delio Riaño Cerquera, Fredy Erminsul Riaño Girón y Luis Adonías Lozano
Hernández ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral –Tolima–, por las
razones expuestas en la presente sentencia. Para el efecto OFÍCIESE a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Chaparral
–Tolima–, para que ejecute esta orden.
Sexto.- ADVERTIR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de
Chaparral –Tolima– que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de realizar cualquier
anotación en los folios de
matrícula inmobiliaria 355-4711 –predio Buena Vista– y 355-8974 –predio
Silvania–, hasta tanto el Incoder en liquidación y la Agencia Nacional de
Tierras realicen el respectivo proceso clarificación de la propiedad y
delimitación del territorio indígena de la comunidad Yaguara, que deberá
culminar con la formalización de la respectivas actuaciones y folios de
matrícula inmobiliaria ante dicha Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Séptimo.- ORDENAR al Incoder en liquidación y a la Agencia
Nacional de Tierras para que de manera conjunta y coordinada, dentro de los 3
meses siguientes a la notificación de la presente decisión, realicen el proceso
de clarificación de la propiedad y delimitación del territorio indígena de la
comunidad Yaguara. Para el efecto, deberán solicitar la colaboración técnica de
la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior para que acompañe el
proceso según las consideraciones expuestas en esta sentencia[109].
Octavo.- DESE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
(P)
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA T-522/16
PRINCIPIO DE COORDINACION INTER JURISDICCIONAL-Definición de competencias (Aclaración de voto)
La Corte Constitucional señaló que ninguna autoridad,
indígena o no indígena, puede dictar una orden de embargo y secuestro sobre
tierras que hacen parte del territorio colectivo o ancestral de los pueblos
indígenas, por mandato expreso de la Constitución Política (art. 63 Superior);
y estimó que, en efecto el juez había incurrido en un defecto orgánico, por
decidir el caso al margen de la justicia indígena, a pesar de que se hallaban
involucrados los intereses de tres comuneros y, especialmente, el derecho
colectivo y fundamental al territorio de la comunidad indígena Yaguara.
JUSTICIA INDIGENA Y JUSTICIA ORDINARIA-Colisiones (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-5406648
Acción de tutela instaurada por el Gobernador del Cabildo Indígena
de Yaguara contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Chaparral y otros
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Comparto
la decisión adoptada por la Sala Novena de Revisión en la sentencia T-522 de
2016[110],
y aclaro mi voto con el propósito de destacar un aspecto particular de esta
sentencia, que considero un avance sustancial en la efectividad del artículo
246 Superior (jurisdicción especial indígena) y, por lo tanto, en la
construcción del pluralismo jurídico, el Estado multicultural y el diálogo
inter cultural, en condiciones de igualdad.
En
esta sentencia la Corte Constitucional se pronunció sobre la acción de tutela
presentada por las autoridades del resguardo Guayara, proferida por un Juzgado
Civil del Circuito, en Chaparral (Tolima). De acuerdo con los accionantes, el
juzgado habría incurrido en defecto orgánico por decidir un caso que debió ser
decidido en el marco de la autonomía indígena, en materia de justicia, y al
ordenar el embargo y secuestro de tierras que hacen parte del territorio
colectivo del pueblo Yaguara. La autoridad judicial accionada argumentaba que
no incurrió en ningún defecto, pues, por una parte, los demandados dentro del
proceso ejecutivo nunca dijeron ser indígenas (el proceso se adelantó con
curador ad-litem); y, por otra, la parte accionante era una sociedad comercial,
sin connotación étnica alguna.
La
Corte Constitucional señaló que ninguna autoridad, indígena o no indígena,
puede dictar una orden de embargo y secuestro sobre tierras que hacen parte del
territorio colectivo o ancestral de los pueblos indígenas, por mandato expreso
de la Constitución Política (art. 63 Superior); y estimó que, en efecto el juez
había incurrido en un defecto orgánico, por decidir el caso al margen de la
justicia indígena, a pesar de que se hallaban involucrados los intereses de
tres comuneros y, especialmente, el derecho colectivo y fundamental al
territorio de la comunidad indígena Yaguara.
La
decisión surge de una ponderación entre los cuatro factores de competencia,
utilizados para definir las eventuales colisiones entre la justicia indígena y
la justicia ordinaria, aspecto suficientemente decantado por la jurisprudencia
de este Tribunal. Pero, lo que deseo destacar es el remedio judicial establecido
por la Corte, según el cual el asunto debe ser decidido a partir de un
mecanismo de coordinación que se deberá establecer entre el juzgado civil
cuestionado y las autoridades del pueblo Yaguara.
Este
mecanismo no sólo fomenta el diálogo inter cultural en el ámbito judicial, sino
que, tal vez por primera vez en la jurisprudencia de este Tribunal, desplaza la
discusión sobre los límites de competencia de cada jurisdicción, para dotar de
efecto útil a la expresión constructiva que escogida por el constituyente, al
hablar de coordinación, como elemento esencial del pluralismo jurídico.
Esta decisión, sin duda, marca un derrotero para casos futuros, especialmente,
en los lugares de la geografía nacional donde con alta diversidad étnica en su
composición demográfica.
Fecha
ut supra,
María Victoria Calle Correa
Magistrada
[1] Auto que ordenó librar mandamiento de pago,
de fecha 9 de marzo de 2010, folio 12 de Cuaderno 1 del proceso ejecutivo
adelantado ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[2] Mediante auto del 24 de febrero de 2011 el
Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral dispuso que al no haber sido posible la
notificación de los demandados se nombró al abogado Fernando Augusto Bernal
Días como curador ad litem dentro del proceso ejecutivo.
[3] Cita como prueba de ello las escrituras 657 del 4 de julio de 1917 de
la Notaría 4ª de Bogotá, 93 del 21 de abril de1941 de la Notaría Única de
Purificación, y 162 del 8 de octubre de 1942 de la Notaría de Purificación.
Igualmente cita la matrícula inmobiliaria MI 360-00006885 del 30 de junio de
1917 de la OIP del Guamo –Tolima–
[4] Folio 2 del Cuaderno 1 del proceso ejecutivo
adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[5] Folio 7 del Cuaderno 1 del proceso ejecutivo
adelantado ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[6] Folio 4 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[7] Folio 12 del Cuaderno 1 del proceso ejecutivo
adelantado ante el Juzgado 2º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[8] Mediante auto del 24 de febrero de 2011 el
Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral dispuso que al no haber sido posible la
notificación de los demandados se nombró al abogado Fernando Augusto Bernal
Días como curador ad litem dentro del proceso ejecutivo. (Folio 40 del
cuaderno 1 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º
Civil Municipal de Chaparral)
[9] Folios 10 a 14 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[10] Folio 33 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[11] Folio 50 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[12] Folio 75 y 76 del cuaderno 1 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[13] Folio 65 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[14] Folios 86 a 89 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[15] Folio 94 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral Tolima.
[16] Para la delimitación de problema jurídico la
Sala considera que basta con incluir al Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral
debido a que, como se verá en el análisis del caso concreto, las actuaciones
del Juzgado 2º Civil Municipal de la misma localidad, fueron remitidas al
primero de los mencionados, quien fue el que dirigió el proceso de manera
principal.
[17] El concepto de providencia judicial en el marco de la doctrina de la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende
tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales, en tanto éstos últimos tengan un contenido y alcance que pueda
vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes en los
procesos jurisdiccionales. Cfr. Sentencias T-224 de 1992, T-025 de 1997,
T-1047 de 2003, T-489 de 2006 y T-148 de 2010.
[18] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[19] Cfr. Sentencias C-208 de 1993, SU-1184 de 2001, T-757 de 2009,
T-309 de 2013, SU-198 de 2013 y SU-565 de 2015.
[20] Cfr. Sentencias T-008 de 1998, T-1057 de 2002, T-929 de 2008,
T-757 de 2009 y SU-565 de 2015.
[21] Cfr. Sentencia SU-198 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[22] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1057 de 2002 (M. P.
Jaime Araújo Rentaría). Con reiteración en las sentencias T-929 de 2008 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil) y T-757 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva).
[23] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2007. (M. P.
Clara Inés Vargas Hernández).
[24] Sentencia T-929 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[25] Cfr. Sentencias T-058 de 2006, T-309 de 2013 y SU-565 de 2015.
[26] Cfr. Sentencias T-446 de 2007, T-313 de 2010, T-511 de 2011,
T-309 de 2013 y SU-565 de 2015.
[27] Así por ejemplo en la sentencia SU-565 de 2015, la Corte explicó dos
hipótesis en las cuales se configura el defecto orgánico, a saber: (i)
la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el
ámbito de sus competencias constitucionales y legales; y (ii) la
temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la
autoridad judicial las ejerce por fuera del término previsto para ello.
[28] Sentencias T-310 de 2009  M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo y T-555 de
2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[29] Dice la Corte en la Sentencia C – 590 de 2002 M.P Jaime Córdoba
Triviño, que se deja de aplicar una disposición iusfundamental en los casos en
que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
[30] En la sentencia C – 590 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño, se
reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela, y
se establecieron algunos criterios para su aplicación.
[31]Sentencias T-765 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-001
de 1999 M.P. José Gregorio Hernández. Los derechos de aplicación inmediata
están consagrados en el artículo 85 de la C.P, que establece que los derechos
de aplicación inmediata son el derecho a la vida, a la integridad personal, a
la igualdad, a la personalidad jurídica, intimidad, al buen nombre, la honra,
al libre desarrollo de la personalidad, libertad, de conciencia, de cultos,
expresión, de petición, a la libertad de escoger profesión u oficio, a la
libertad personal, a la libre circulación, al debido proceso, al habeas corpus
y a la segunda instancia en materia penal, a la inviolabilidad del domicilio, a
la no incriminación, de reunión, de asociación y los derechos políticos.
[32] Ver entre otras, las sentencia T – 199 de 2005 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-590 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010.
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[33] En la Sentencia T – 522 de 2001 Manuel José Cepeda Espinosa, se dijo
que la solicitud  debía ser expresa.
[34] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[35] En la sentencia T-235 de 2011, la Corte recordó que por definición la
propiedad colectiva del territorio de las comunidades indígenas son de carácter
imprescriptible, inalienable e inembargable.
[36] Aprobada mediante la ley 21 de 1991.
[37] Cfr. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Awas Tingni vs. Nicaragua.
Sentencia del 31 de agosto de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas. Igualmente,
caso de la Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, y caso de la comunidad
indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. En el caso de la comunidad indígena Yakye
Axa, la CorteIDH explicó que: “1) la posesión tradicional de los indígenas
sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que
otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho
a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros
de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o
perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad
sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan
sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los
pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras,
y éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, tienen el
derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad.
Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia
del derecho a la recuperación de las tierras indígenas. El presente caso se
encuadra dentro del último supuesto”.
[38] Ver entre otras las Sentencias T-188 de 1993, SU-039 de 1997, T-909 de
2009, T-617 de 2010, T-235 de 2011, T-433 de 2011, y T-661 de 2015. En
su primer pronunciamiento sobre el tema, en la sentencia T-188 de 1993 la Corte
señaló: “El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios
indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales
de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios
internacionales aprobados por el Congreso, donde se resalta la especial
relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo
por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen
un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos
aborígenes. Adicionalmente, el Constituyente resaltó la importancia fundamental
del derecho al territorio de las comunidades indígenas. // ‘Sin este derecho
los anteriores (derechos a la identidad cultural y a la autonomía) son sólo
reconocimientos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del
territorio en el cual está asentado, para desarrollar su cultura. Presupone el
reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales
ocupados y los que configuran su hábitat’”
[39] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[40] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-909 de 2009 y T-433
de 2011 en las que la Corte determinó que la dilación injustificada en la
titulación de territorios colectivos de comunidades étnicas constituye una violación
a sus derechos fundamentales y genera amenazas adicionales como la compraventa
de sus tierras, la acumulación de cultivos ilícitos y la consecuente
fragmentación de sus territorios y descomposición del tejido social. En
particular, en la sentencia T-433 de 2011, la Corte señaló que la tardanza del
Incoder al momento de definir el área correspondiente al territorio colectivo
de las comunidades Embera Dobida de Eyakera del Chocó, comportó la violación de
sus derechos fundamentales, como pueblos étnicamente diferenciados y,
especialmente, una amenaza a la integridad de su territorio
[41] Cfr. Auto 004
de 2009 (Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[42] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[43] Cfr. Sentencias T-610 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle).
[44] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[45] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[46] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[47] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[48] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[49] Cfr.
Sentencias T-652 de 1998 y T-634 de 1999.
[50] Al respecto consultar, entre otras las
sentencias T-955 de 2003, T-129 de 2011 y el Auto A-004 de 2009.
[51] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[52] Cfr.
Sentencia T-001 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[53] Cfr.
Sentencia C-139 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[54] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[55] Al respecto consultar las sentencias C-139 de
1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-661 de 2015 (M.P.
María Victoria Calle Correa).
[56] Al respecto, consultar la sentencia T-617 de
2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[57] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[58] Al respecto, consultar especialmente las
sentencias T-617 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[59] Para el análisis detallado de cada uno de
estos elementos consultar la sentencia T-661 de 2015 (M.P.
María Victoria Calle Correa).
[60] Al respecto consultar las sentencias
sentencias T-496 de 1996, T-728 de 2002, T-617 de 2010 y T-661 de 2015.
[61] En la sentencia T-728 de 2002 la Corte explicó que: “[e]l
fuero indígena es el derecho del que gozan los miembros de las comunidades
indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados por las
autoridades indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir por
un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y
cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y modo de vida la
comunidad. Este reconocimiento se impone dada la imposibilidad de traducción
fiel de las normas de los sistemas indígenas al sistema jurídico nacional y
viceversa (…)”.
[62] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa). En la sentencia T-496 de 1996 la Corte se
refirió por primera vez al elemento territorial como elemento
constitutivo del fuero indígena, junto con el personal, en donde
explicó que si la conducta objeto de investigación (o el conflicto, en términos
más amplios) tuvo lugar dentro del territorio de una comunidad indígena,
debe ser conocida por las autoridades de esa comunidad. Adicionalmente, en
la sentencia T-661 de 2015 se explicó que el factor territorial se
desprende de la redacción del artículo 246, CP, que confiere a los pueblos
indígenas la potestad de aplicar justicia, normas y procedimientos propios (o
los usos y costumbres) dentro de su “ámbito territorial”, y se destacó
que la consideración sobre el ámbito territorial se basa en el
reconocimiento de la especial relación que guardan estos grupos humanos con los
territorios que ocupan. En esta última decisión, la Corte también aclaró que el
factor territorial debe entenderse en referencia al efecto expansivo
del territorio, o a la forma en que este no se agota en sus límites
geográficos, sino que se extiende a los lugares de relevancia cultural para el
pueblo indígena.
[63] Cfr.
Sentencias T-552 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-661
de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[64] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[65] Cfr.
Sentencia T-552 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[66] Al respecto, consultar las sentencias las sentencias T-552 de 2003
T-811 de 2004, T-1238 de 2004 y T-1026 de 2008.
[67] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[68] El Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral –Tolima– ordenó la acumulación
de los procesos mediante auto del 11 septiembre de 2014.
[69] Folio 62 del expediente de tutela.
[70] Folio 61 del expediente de tutela.
[71] Sentencia T-866 de 2013.
[72] Sobre el tema la Corte ha precisado (sentencias T-224 de 1992, T-025
de 1997, T-1047 de 2003, T-489 de 2006 y T-148 de 2010) que la tutela es
procedente cuando se cumplan ciertos requisitos: i) cuando se evidencie una
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede
ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción
constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para
interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o
cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que
existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o iii) cuando la protección constitucional es urgente
para evitar un perjuicio irremediable.
[73] Dentro de las principales actuaciones se
pueden resaltar las siguientes: (i) mediante Auto del 20 de noviembre de
2009 el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral decretó el embargo y  secuestro
de los derechos de propiedad sobre los predios denomandos Buena Vista y Silvania
ubicados en la vereda Yaguara del municipio de Chaparral (folio 4 del cuaderno
2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil
Municipal de Chaparral); (ii) el día 1º de diciembre de 2009 se
inscribió el embargo en la oficina de registro de instrumentos públicos de
Chaparral, respecto de los inmuebles Silvania y Buena Vista (folios 10 a 14 del
cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º
Civil Municipal de Chaparral); (iii) mediante auto del 25 de enero de
2010 se ordenó el secuestro de los inmuebles mencionados (folio 33 del cuaderno
2 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil
Municipal de Chaparral); (iv) mediante diligencia del 28 de marzo de
2012 se secuestraron los bienes (folio 50 del cuaderno 2 del expediente del
proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral); (v)
mediante providencia del 27 de abril de 2015 se ordenó llevar a cabo el remate
de los inmuebles (folio 65 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo
adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral); en diligencia del
25 de junio de 2015 se efectuó el remate de los inmuebles y se adjudicaron a la
Organización Roa Flor Huila S.A. (folios 86 a 89 del cuaderno 2 del expediente
del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral);
(vi) en providencia del 14 de julio de 2015 se aprobó el remate, se
canceló el embargo y secuestro de los inmuebles y se ordenó expedir copias para
la protocolización y registro en la Notaría y oficina de registro de
instrumentos públicos del lugar de remate (folio 94 del cuaderno 2 del expediente
del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de
Chaparral).
[74] A folios 20 y 21 del cuaderno 2 del expediente
del proceso ejecutivo obran las comunicaciones de 11 de marzo de 2010 de la
diligencia de notificación personal de los señores Luís Adonias Lozano
Hernández y José Delio Riaño Cerquera en la que se deja constancia de que las
mismas fueron devueltas “por la CAUSAL: NO RECLAMADA”. Previamente, en
auto del 9 de marzo de 2010 el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral había
ordenado librar mandamiento ejecutivo.
[75] A folio 40 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo obra la providencia del 4 de febrero
de 2011 en la que se reconoció como curador ad-litem de los señores Luís Adonias Lozano Hernández y José Delio Riaño
Cerquera en el proceso al abogado Fernando Augusto Bernal
Díaz, y se ordenó seguir adelante con la ejecución.
[76] Diligencia de secuestro, folio 52 del
expediente del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado 1º Civil Municipal
de Chaparral.
[77] Folios 181 a 229 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo.
[78] Folio 183 del cuaderno 2 del expediente del
proceso ejecutivo.
[79] Folio 114 del cuaderno 2 del expediente del
proceso ejecutivo.
[80] Folio 61 del expediente de tutela.
[81] Así por ejemplo, tanto en las actuaciones del
proceso ejecutivo ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral, como en las
de tutela en primera instancia ante el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral el
actor allegó: (i) mapa del lavantamiento con base en la diligencia de
constitución del resguardo de ortega y coyaima de 24 de abril de 1621 (folio
117 del cuaderno 1 del expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el
Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral); (ii) Certificados de libertad
y tradición del territorio del cabildo indígena Yaguara M.I. 360-6885, M.I.
355-19774 y M.I. 355-19773 (folios 118 a 121 del cuaderno 1 del expediente del
proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral); (iii)
Plan de vida del Resguardo Indígena de la comunidad de Yaguara en la
jurisdicción del municipio de Chaparral (folios 124 a 154 del cuaderno 1 del
expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal
de Chaparral); (iv) Estatutos y Reglamento interno del Resguardo
Colonial de la Comunidad Indígena Yaguara (folio 155 a 180 del cuaderno 1 del
expediente del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado 1º Civil Municipal
de Chaparral).
[82] Cfr. Sentencias T-007 de 1995 y SU-039 de 1997.
[83] El cual hace parte del ordenamiento jurídico colombiano, no solo a
través de la figura del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.N.), sino
también mediante la legislación colombiana a través de la Ley 21 de 1992.
[84] El mencionado concepto de propiedad colectiva
de los territorios indígenas ha sido igualmente reconocido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quien en el caso de la comunidad indígena
Yakye Axa vs. Paraguay, la CorteIDH explicó que: “1) la posesión tradicional
de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de
pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los
indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su
registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su
voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales
mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título
legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladas a terceros
de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente
han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladas
legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a
obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión
no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación
de las tierras indígenas. El presente caso se encuadra dentro del último
supuesto”. En similar sentido, consultar la sentencia T-282 de 2011.
[85] Cfr. Sentencias T-610 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle).
[86] Folio 159 del expediente de tutela en sede de
revisión.
[87] Folios 158 a 159 del expediente de tutela en
sede de revisión.
[88] Folios 94 a 102 del expediente de tutela en
sede de revisión.
[89] Folios 135 a 143 del expediente de tutela en
sede de revisión.
[90] Folios 145 a 148 del expediente de tutela en
sede de revisión.
[91] Folios 238 a 239 del cuaderno 2 del expediente del proceso ejecutivo.
[92] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[93] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[94] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[95] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[96] En la sentencia T-235 de 2011, la Corte recordó que por definición la
propiedad colectiva del territorio de las comunidades indígenas son de carácter
imprescriptible, inalienable e inembargable.
[97] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[98] Cfr. Auto 004
de 2009 (Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[99] Intervención en sede de revisión (Folios 94 a
102 del expediente de tutela en sede de revisión).
[100] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[101] Cfr. Auto 004 de 2009 de la Sala Especial de seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004.
[102] Proferido por la Sala Especial de seguimiento a la Sentencia T-025 de
2004.
[103] Cfr.
Sentencia T-387 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[104] Cfr.
Sentencia T-661 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[105] Cfr. Artículo
246 de la Constitución Política de 1991.
[106] Al respecto, consultar la sentencia T-617 de
2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[107] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-909 de 2009 y T-433
de 2011 en las que la Corte determinó que la dilación injustificada en la
titulación de territorios colectivos de comunidades étnicas constituye una
violación a sus derechos fundamentales y genera amenazas adicionales como la
compraventa de sus tierras, la acumulación de cultivos ilícitos y la consecuente
fragmentación de sus territorios y descomposición del tejido social. En
particular, en la sentencia T-433 de 2011, la Corte señaló que la tardanza del
Incoder al momento de definir el área correspondiente al territorio colectivo
de las comunidades Embera Dobida de Eyakera del Chocó, comportó la violación de
sus derechos fundamentales, como pueblos étnicamente diferenciados y,
especialmente, una amenaza a la integridad de su territorio
[108] Cfr.
Ministerio del Interior, “Enfoque diferencial para pueblos y comunidades
indígena víctimas”, consultado en el link: http://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/cartilla_indigenas_final_1.pdf
[109] Cfr. Supra, “Órdenes complementarias tendientes a un amparo integral: la
titulación de la propiedad colectiva de la comunidad indígena Yaguara.”
[110] MP Luis Ernesto Vargas Silva.