C-372-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-372/16
JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL-Ámbito
de aplicación/JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-Garantías de las
víctimas para la defensa de sus derechos en procesos penales que adelanta esta
jurisdicción/JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-Organización y
funcionamiento de esta jurisdicción no requiere de la expedición de ley
estatutaria
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LA ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carácter
rogado
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación del principio pro
actione/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Test de procedibilidad no debe
ser tan estricto
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR
VULNERACION DE RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-No observa los requisitos de certeza, especificidad,
suficiencia y pertinencia
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN
MATERIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance
restringido
AMPLIACION INDEBIDA DE LA
COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR DELITOS DE
CONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR-Ineptitud sustantiva por no cumplir los requisitos de
procedibilidad
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Asignación
de competencia de juzgados penales militares y policiales de conocimiento
especializado frente a la investigación y juzgamiento de los delitos de
conocimiento de la Justicia Penal Militar/NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Asignación de competencia de juzgados penales
militares y policiales de conocimiento frente a la investigación y juzgamiento
de los delitos de conocimiento de la Justicia Penal Militar
CODIGO PENAL MILITAR-Delitos cometidos por miembros de
la Fuerza Pública
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Ineptitud
sustantiva por desconocimiento de los principios de independencia, autonomía e
imparcialidad de la administración de justicia
DEMANDA CONTRA NORMA QUE
REESTRUCTURA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-No cumple el requisito formal que
exige el señalamiento y transcripción de las normas que se acusan como
inconstitucionales
DEMANDA CONTRA NORMA QUE
REESTRUCTURA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-No observa los requisitos de
certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia frente a los principios de
autonomía, independencia e imparcialidad judicial
DEMANDA CONTRA NORMA QUE
REESTRUCTURA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-No puede estructurarse a partir de
la formulación de un cargo general porque la ley regula diversas materias cuyas
disposiciones tiene contenidos normativos distintos
CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION DE
LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y ADSCRIPCION A LA FISCALIA GENERAL PENAL
MILITAR-Ineptitud
sustancial por violación de la prohibición de atribuir funciones de policía
judicial a las fuerzas militares y desconocimiento del diseño constitucional
para la Fiscalía General de la Nación
CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION DE
LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y ADSCRIPCION A LA FISCALIA GENERAL PENAL
MILITAR-No cumple
los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia frente a la prohibición de
la fuerza Pública de ejercer funciones de policía judicial y el desconocimiento
de las funciones atribuidas al órgano de investigación en relación con la
coordinación de las funciones de policía judicial
FUERO PENAL MILITAR-Naturaleza jurídica particular/FUERO
PENAL MILITAR-Estructura y funcionamiento
FUERO PENAL MILITAR-Jurisprudencia constitucional
FUERO PENAL MILITAR-Alcance
La
Corte ha puesto de presente que la incorporación de la figura del fuero penal
militar en el ordenamiento jurídico colombiano, no es una innovación atribuida
al Constituyente de 1991, pues, al respecto, éste se limitó a reproducir en el
artículo 221 de la Carta, el mandato previsto originariamente en el artículo
170 de la Constitución Centenaria de 1886, que ya la consagraba. En ese
contexto, el fuero penal militar es una institución jurídica con una larga
tradición en el constitucionalismo colombiano, la cual, bajo la actual
Constitución Política, encuentra pleno reconocimiento en el ya citado artículo
221, con las modificaciones introducidas por los Actos Legislativos 02 de 1995
y 01 de 2015, a su vez complementado por los artículos 116 y 250 del mismo
ordenamiento Superior. Conforme con dichas disposiciones, la figura del fuero
penal militar se constituye en una prerrogativa especial de juzgamiento, a
través de la cual se busca que las conductas punibles cometidas por los
miembros de la Fuerza Pública “en servicio activo, y en relación con el mismo
servicio”, sean de competencia de las cortes marciales o tribunales militares,
“con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”; organismos éstos que,
a su vez, “estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo o en retiro”. De ese modo, aun cuando la propia Constitución tenga
previsto, como regla general, que el “juez natural” para investigar y juzgar a
los autores o partícipes de las conductas punibles son las autoridades
judiciales que hacen parte de la jurisdicción penal ordinaria, la circunstancia
de que también contemple la existencia de cortes marciales o tribunales
militares, constitutivos de la denominada Justicia Penal Militar, comporta sin
lugar a dudas una excepción a esa regla general y, por tanto, la implementación
de un régimen penal de naturaleza especial que, bajo un determinado contexto,
investiga y juzga las conductas delictivas cometidas por los miembros de la
Fuerza Púbica en servicio activo y en relación directa con el servicio.
FUERO PENAL MILITAR-Tratamiento particular/MIEMBROS
DE LA FUERZA PUBLICA-Función especial, exclusiva y excluyente
El
tratamiento particular que a través del fuero penal militar se reconoce,
encuentra una clara justificación en las diferencias existentes entre los
deberes y responsabilidades impuestas a los ciudadanos y los que están llamados
a cumplir los miembros de la fuerza pública, pues a estos últimos la
Constitución les asigna una función especial, exclusiva y excluyente, “como es
el monopolio del ejercicio coactivo del Estado, lo que implica el uso y
disposición de la fuerza legítima y el sometimiento a una reglas especiales
propias de la actividad militar, opuestas por naturaleza a las que son
aplicables en la vida civil”.
FUERZA PUBLICA-Integrada por las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional/FUERZA PUBLICA-Atribuciones específicas propias de
su naturaleza especial
La
Fuerza Pública, de la que forman parte las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, es un cuerpo armado de carácter permanente, instruido y disciplinado
conforme a las técnicas militar y de policía, a quien la propia Constitución le
asigna atribuciones específicas que son propia de su naturaleza especial, y que
se concretan en la defensa de la soberanía, la independencia e integridad del
territorio nacional, y en el mantenimiento de las condiciones necesarias para
la convivencia pacífica y para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas (C.P. arts. 217 y 218). Para el cumplimiento de dichas atribuciones,
el mismo ordenamiento Superior, al tiempo que delega en la Fuerza Pública el
monopolio exclusivo de la fuerza y la posibilidad de portar armas,
prerrogativas a las que de ordinario no tienen acceso los civiles, también le
restringe a sus miembros el ejercicio de ciertos derechos, como ocurre en el
caso de los derechos políticos, los cuales si son plenamente garantizados a los
demás ciudadanos (C.P. art. 220).
FUERO PENAL MILITAR-Régimen jurídico especial
El
fuero penal militar encuentra pleno respaldo institucional en la necesidad de
establecer un régimen jurídico especial, materializado en la denominada
Justicia Penal Militar, que resulte compatible con la especificidad de las
funciones que la Constitución y la ley le han asignado a la fuerza pública, y
que a su vez resulte coherente y armónico con su particular sistema de
organización y de formación castrense. A este respecto, en la Sentencia C-457
de 2002, la Corte destacó que la razón de ser de la Justicia Penal Militar
radica, “de una parte, en las reglas de conducta particulares a que se
encuentran subordinados los miembros de la fuerza pública y, de otra, en la
estrecha relación que existe entre esas reglas particulares de comportamiento,
el uso de la fuerza y la especial índole de las conductas que les son
imputables”, las cuales son en esencia incompatibles con las reglas generales y
comunes que el orden jurídico existente ha establecido para la jurisdicción
ordinaria.
FUERO PENAL MILITAR DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LOS SUJETOS Y DEL OBJETO ESPECIFICO QUE AMPARA-Competencia/JUSTICIA PENAL
MILITAR-Carácter limitado, excepcional y restringido/JUSTICIA PENAL
MILITAR-Elementos básicos para que se active su competencia/JUSTICIA
PENAL MILITAR-Imposibilidad de investigar o juzgar a los civiles ni a los
miembros de la fuerza pública en retiro o en servicio activo que cometan
delitos no relacionados con el servicio
Siguiendo
con el mandato previsto en el artículo 221 Superior y las normas que lo
complementan, la Corte ha precisado que el fuero Penal Militar, desde el punto
de vista de los sujetos y del objeto específico que ampara, no puede ser visto
como un simple privilegio, gracia o prebenda en favor del estamento militar y
policial, que suponga una especie de inmunidad de sus miembros frente a la
justicia ordinaria, pues el mismo persigue fines y propósitos muy claros,
derivados únicamente de las especialísimas funciones asignadas a la Fuerza
Pública, con lo cual se descarta que todos los comportamientos delictivos sean
de conocimiento de dicha jurisdicción especial. Por ello, en aplicación del
referido mandato, este Tribunal ha dejado sentado que a la Justicia Penal
Militar se le reconoce un campo de acción limitado, excepcional y restringido,
en la medida que a ella solo le corresponde juzga a los miembros de la fuerza
pública en servicio activo por los delitos cometidos y relacionados con el
servicio. En esa dirección, la competencia de la Justicia Penal Militar, esto
es, de los tribunales militares o cortes marciales, solo se activa cuando
concurran dos elementos básicos: (i) que el agente pertenezca a la institución
castrense y sea miembro activo de ella (elemento subjetivo); y (ii) que el
delito cometido tenga relación directa con el servicio (elemento funcional).
Consecuencia de lo anterior, es que el fuero penal militar se extiende a los
miembros de la Fuerza pública en servicio activo que cometan delitos
relacionados con el servicio, y a los miembros de la fuerza pública en retiro
que hayan cometido delitos cuando se encontraban en servicio activo y el mismo
encuentre relación con el servicio.
De ese modo, no le corresponde a la jurisdicción penal militar, en ningún
caso, y por ningún motivo, juzgar a los civiles, ni tampoco a los miembros de
la fuerza pública en retiro o en servicio activo que cometan delitos no
relacionados con el servicio, esto es, delitos que se aparten de las funciones
misionales que en su condición de tal ejecutan de acuerdo con el ordenamiento
jurídico, los cuales serían de competencia de la jurisdicción ordinaria.
Tratándose de los civiles, el artículo 213 de la Carta establece expresamente
que “[e]n ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la
justicia penal militar”.
JUSTICIA PENAL MILITAR-Elemento funcional para que se
active su competencia excepcional
En
relación con el elemento funcional que debe concurrir para activar la
competencia excepcional de la Justicia Penal Militar: que el delito cometido
tenga relación directa con el servicio, la Jurisprudencia ha destacado su
especial importancia en la configuración y aplicación del fuero, precisando que
el mismo consiste “en que la conducta punible tenga una conexión directa con el
cumplimiento de una función legítima”, lo que significa, a su vez, que si “el comportamiento
típico es consecuencia del desarrollo de una tarea propia del servicio, pero la
misma es cumplida de forma distorsionada o desviada, la acción perderá
cualquier relación con la labor legal y será, como cualquier delito común,
objeto de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”.
JUSTICIA PENAL MILITAR-Desconoce los principios de
igualdad, juez natural y autonomía e independencia judicial cuando asume el
conocimiento, investigación y juzgamiento de delitos fuera de su competencia
La
jurisprudencia ha concluido que se desconocen los principios de igualdad, juez
natural y autonomía e independencia judicial, cuando la Justicia Penal Militar
asume el conocimiento, investigación y juzgamiento de delitos que no se ajustan
a los parámetros restringidos de su competencia, y que en realidad deben ser
decididos por la justicia penal ordinaria; es decir, cuando dicha jurisdicción
especial extiende su competencia más allá de los delitos cometidos por los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con dicho
servicio. Ello, tras considerar que en tales casos, “se estaría generando una
diferencia en cuanto al órgano llamado a ejercer el juzgamiento de conductas
delictivas que no requieren de una cualificación específica del sujeto que las
realiza”.
JUSTICIA PENAL MILITAR-No hace parte de la rama judicial/JUSTICIA
PENAL MILITAR-Integra la Rama Ejecutiva del Poder Público
JUSTICIA PENAL MILITAR-Adscripción a la Rama Ejecutiva
JUSTICIA PENAL MILITAR-Aplicación de las garantías del
debido proceso/JUSTICIA PENAL MILITAR-Aplicación de los principios de
autonomía, independencia e imparcialidad que rigen la administración de
justicia
La
jurisprudencia  ha dejado en claro que, aun cuando orgánicamente la justicia
Penal Militar no hace parte de la estructura de la Rama Judicial, en la medida
que su función específica es la de administrar justicia, debe aceptarse que
todas aquellas garantías que conforman la noción de debido proceso, y los
principios constitucionales que rigen la administración de justicia, le
resultan igualmente aplicables a dicha jurisdicción especial, en particular,
los principios de autonomía, independencia e imparcialidad “cuya observancia se
constituye en pilar fundamental de la función judicial, toda vez que, por su
intermedio, se busca garantizar a los ciudadanos sometidos al proceso, un
juicio libre y autónomo, alejado de cualquier tipo de presiones e influencias
que ponga en entredicho la objetividad del juzgador”.
JUSTICIA PENAL MILITAR Y JUSTICIA
PENAL ORDINARIA-Distinción/JUSTICIA
PENAL MILITAR Y JUSTICIA PENAL ORDINARIA-Identidad no es plena/JUSTICIA
PENAL MILITAR Y JUSTICIA PENAL ORDINARIA-Trato diferenciado
JUSTICIA PENAL MILITAR-Regulación diferente/JUSTICIA
PENAL MILITAR-Configuración normativa del legislador/CONFIGURACION
NORMATIVA DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL MILITAR-Introducción
de instituciones jurídicas propias del sistema acusatorio ordinario/JUSTICIA
PENAL MILITAR-Adopción e implementación del sistema acusatorio/CODIGO
PENAL MILITAR-Expedición con base en la adopción e implementación del
sistema acusatorio en la justicia penal militar
JUSTICIA PENAL MILITAR-Libertad de configuración
legislativa en la definición de su estructura y funcionamiento
JUSTICIA PENAL MILITAR-Estructura y funcionamiento es
materia reservada al legislador/JUSTICIA PENAL MILITAR-Amplio margen de
configuración normativa
MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Régimen especial de personal y de
carrera
JUSTICIA PENAL MILITAR-Desarrollo de la estructura y
funcionamiento con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar/JUSTICIA
PENAL MILITAR-Facultad del Legislador de incluir modificaciones e
introducir otras regulaciones/CODIGO PENAL MILITAR-No existe disposición
constitucional que le haya reconocido o consagrado una especie de “reserva de
código”
Sobre
el mandato previsto en el artículo 221, según el cual, la definición de la
estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar debe llevarse a cabo
“con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”, la jurisprudencia
constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse para aclarar que tal
expresión debe ser interpretada en sentido amplio, de manera que se entienda
que “también mediante legislación complementaria, entiéndase leyes ordinarias,
el legislador puede incluir modificaciones e introducir regulaciones a la
Jurisdicción Penal Militar”. Con esa orientación, en la Sentencia C-399 de
1995, reiterada posteriormente, entre otras, en las Sentencias C-676 de 2001,
C-737 de 2006 y C-084 de 2016, la Corte dejó claro que ni el artículo 221
Superior ni ninguna otra disposición constitucional, le han reconocido a los
mandatos del Código Penal Militar, una fuerza normativa especial o consagrado
sobre él una especie de “reserva de código”, de la cual pueda concluirse que sólo
a través del mismo es posible diseñar la estructura de la justicia castrense.
En ese entendido, se sostuvo en el aludido fallo que el objetivo de la
Constitución, particularmente a través del artículo 221, es consagrar un
régimen penal especial para juzgar los delitos cometidos por los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el servicio, permitiéndole
al legislador regular, mediante leyes ordinarias, asuntos relativos a esa
justicia especial, lo cual no significa que, necesariamente, las referidas
medidas deban encontrarse formalmente incorporadas en el  Código de Justicia
Penal Militar. Al respecto, señaló que “la ley ordinaria puede regular asuntos
relativos a la justicia penal militar sin que tales disposiciones tengan que estar
formalmente incorporadas en el texto del Código Penal Militar”, entendiendo
“que esas leyes, aun cuando no se encuentren formalmente en ese código, pueden
modificarlo y adicionarlo, sin que ello implique ningún vicio de
inconstitucionalidad ya que, se reitera, se trata de normas legales de la misma
jerarquía.”.
JUSTICIA PENAL MILITAR-Atribución legislativa para regular
lo relacionado con la estructura y funcionamiento no es absoluta
En
lo que hace a la atribución legislativa para regular lo relacionado con la
estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar, también la Corte ha
señalado “que la misma no es absoluta, en el sentido de que debe ser ejercida
en forma razonable y proporcional, dentro de los parámetros específicos que
sobre la materia fija la propia Constitución, y con plena observancia y respeto
de los principios y derechos consagrados en la Carta Política”, precisando,
además, que “[l]a existencia de un régimen especial en materia penal militar no
puede convertirse en una razón que justifique el desconocimiento de la
Constitución y los derechos fundamentales que el Ordenamiento Superior reconoce
a todos los ciudadanos - también a quienes forman parte de la fuerza pública”.
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Contenido
CODIGO PENAL MILITAR-Regula las normas de la Justicia
Penal Militar y fija los criterios de implementación del sistema penal
acusatorio en la jurisdicción especializada
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Regula
aspectos vinculados al nuevo procedimiento penal especial y materias de orden
administrativo y laboral
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Interpretación
histórica y sistemática
JUEZ CONSTITUCIONAL-Métodos de interpretación histórico
y sistemático/INTERPRETACION HISTORICA-Alcance/INTERPRETACION
SISTEMATICA-Alcance
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Trámite
legislativo
APLICACION DE LA NORMA QUE
REESTRUCTURA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL RESPECTO DE MIEMBROS DE LA
FUERZA PUBLICA EN SERVICIO ACTIVO O EN RETIRO Y PERSONAL CIVIL O NO UNIFORMADO
QUE DESEMPEÑE CARGOS EN LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-Interpretación sistemática
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Medidas
de carácter administrativo y laboral dirigidas a garantizar el funcionamiento
de la Justicia Penal Militar
CODIGO PENAL MILITAR Y POLICIAL-Define el alcance del Fuero Penal
Militar y la competencia de la Justicia Penal Militar
MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA EN
RETIRO-Solo pueden
someterse a la Justicia Penal Militar y Policial por delitos cometidos durante
el servicio y en relación con el mismo/JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-Ordenamiento
Superior prohíbe la investigación y juzgamiento de civiles
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Se
aplica a miembros de la Fuerza Pública en retiro y personal civil o no
uniformado solo en relación con medidas de carácter laboral y administrativo
cuando sean exigibles por razón de su vinculación a la planta de personal de
los órganos de la Justicia Penal Militar y Policial
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL PROCESO PENAL-Jurisprudencia
constitucional en relación con los preacuerdos y negociaciones
La
jurisprudencia constitucional ha considerado constitucionalmente admisible la
celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o el
acusado, orientados a que se dicte anticipadamente sentencia condenatoria,
sobre la base de que tales institutos estén asistidas por finalidades específicas,
como son las de humanizar la actuación procesal y la pena; garantizar la
eficacia del sistema reflejada en la obtención  de una pronta y cumplida
justicia; propugnar por la solución de los conflictos sociales que genera el
delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el
injusto; y promover la participación del imputado en la definición de su caso.
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL PROCESO PENAL-Configuración
legal
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES EN EL
PROCESO PENAL-Institucionalización
y regulación no contraria la Constitución Política por tanto no viola el debido
proceso
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES-Alcance y características
ACUERDOS Y NEGOCIACIONES-Derecho de las víctimas a
participar activamente
La
jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que en todos los mecanismos de
negociación anticipada, los derechos de las víctimas deben ser garantizados, de
manera que el proceso de negociación de los acuerdos y preacuerdos no puede ser
ajeno a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación, lo cual significa que el juez que los apruebe deberá
escucharlas, tener en cuenta su participación y tomar en consideración sus
intereses.
COMPETENCIA PARA EL TRANSITO AL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PARA GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD EN LA JURISDICCION
ESPECIALIZADA PENAL MILITAR-Contenido
y alcance
COMPETENCIA PARA EL TRANSITO AL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PARA GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD EN LA JURISDICCION
ESPECIALIZADA PENAL MILITAR-Regulación
de las formas de terminación anticipada del proceso/COMPETENCIA PARA EL
TRANSITO AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PARA GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD EN LA
JURISDICCION ESPECIALIZADA PENAL MILITAR-Regulación de las modalidades de
preacuerdos y acuerdos
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL-Preacuerdos
desde la audiencia de formulación de imputación/NORMA QUE REESTRUCTURA LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-Modalidades de negociación anticipada
JUSTICIA PENAL MILITAR-Inclusión de preacuerdos y
negociaciones
PREACUERDOS Y ACUERDOS-Amplio margen de configuración
normativa
SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE LA
JURISDICCION PENAL MILITAR Y POLICIAL-Incorporación
de preacuerdos y acuerdos como formas de terminación anticipada del proceso no
contraria la Constitución/PREACUERDOS, ACUERDOS Y NEGOCIACIONES ANTICIPADAS-No
violan el debido proceso ni contrarían la Carta Política
PREACUERDOS Y ACUERDOS EN LA
JUSTICIA PENAL MILITAR-Inclusión
no desconoce las atribuciones exclusivas de la Fiscalía General de la Nación/PREACUERDOS
Y NEGOCIACIONES-No implican una disposición de la acción penal y su
regulación corresponde al legislador
DELITOS DE CONOCIMIENTO Y
JUZGAMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR-Se encuentran excluidos de la competencia asignada a
la Fiscalía General de la Nación
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES-No incorporan el ejercicio de un
poder dispositivo sobre la acción penal, sino la búsqueda a través del
consenso, de alternativas que permitan anticipar o abreviar el ejercicio de la
acción penal/PREACUERDOS Y ACUERDOS ANTICIPADOS-Estado no está
renunciando a investigar y juzgar las conductas punibles
JUSTICIA PENAL MILITAR-No incluye a las víctimas para
intervenir en los preacuerdos y negociaciones
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL
EFECTIVO, A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION INTEGRAL-Desconocimiento al no garantizar la
participación e intervención de las víctimas en los procesos de negociación de
preacuerdos y acuerdos
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS
VICTIMAS EN PROCESOS ORDINARIOS-Se
extiende a todas las actuaciones de la Justicia Penal Militar y Policial
Considera
la Corte importante aclarar, en plena correspondencia con la posición de la
demanda y algunos intervinientes, que la protección de los derechos de las
víctimas que se predica de los procesos ordinarios, se extiende también a todas
las actuaciones que se surtan al interior de la Justicia Penal Militar y
Policial, pues las garantías procesales en general, y en particular las de las
propias víctimas, deben aplicarse en cualquier procedimiento, sin importar su
naturaleza y especialidad, con el fin de  garantizar el ejercicio legítimo de
los derechos en ellos involucrados y que pueden resultar afectados. Como ha
sido señalado por la jurisprudencia en forma reiterada, aun cuando
orgánicamente la justicia Penal Militar y Policial no hace parte de la
estructura de la Rama Judicial, le resultan igualmente aplicables a dicha
jurisdicción especial, todos aquellos derechos y garantías que conforman la
noción de debido proceso, así como también los principios constitucionales que
rigen la administración de justicia, en particular los de acceso a la justicia,
derecho a la defensa y respeto por los derechos (Ley 270 de 1996. Arts. 2, 3 y
9).
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL FRENTE A LOS PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE
FORMULACION DE IMPUTACION Y ACEPTACION DE CARGOS-Exequibilidad en el entendido que
la víctima podrá intervenir en la celebración de los acuerdos y preacuerdos
entre la Fiscalía Penal Militar y el imputado o acusado
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL FRENTE A LAS VICTIMAS Y SU INTERVENCION EN LA
ACTUACION PENAL-No
opera la figura de la cosa juzgada material/COSA JUZGADA MATERIAL-Requisitos
REPARACION INTEGRAL-Asistencia de las víctimas afectadas
con el delito/FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Deber de solicitar al juez
la protección de las víctimas/VICTIMAS-Ejercicio de la acción penal
VICTIMAS-Importancia en el proceso penal/VICTIMAS-Ausencia
de una definición precisa en la Constitución Política
CONCEPTO DE VICTIMA-Jurisprudencia constitucional/VICTIMA-Alcance
del concepto
CONCEPTO DE VICTIMA-Se circunscribe a quien sufra un
daño por causa de un delito
CONCEPTO DE VICTIMA EN EL CONFLICTO
ARMADO-Alcance
frente a personas afectadas por la comisión del delito de manera indirecta/CONCEPTO
DE VICTIMA EN EL CONFLICTO ARMADO-Reconocimiento a las personas que
hubieran sufrido un daño de manera indirecta
DAÑO-Concepto/DAÑO-Modalidades
DAÑO-Definidor del concepto de víctima/NOCION
DE DAÑO-Alcance
VICTIMA-Concepto
Esta
Corporación definió que el concepto de víctima debía entenderse, además de
quien sufra el daño de manera directa, de manera general, de “todas aquellas
personas que hubieren sufrido daño como consecuencia de los hechos
victimizantes”. En este contexto, la Corte no sólo reconoció el concepto de
víctima indirecta, en los términos que ya lo incluía la disposición acusada
entonces, sino que lo amplió más allá de los vínculos civiles o grados de
consanguinidad con la víctima directa, a un criterio general derivado del daño
causado a cualquier persona.
VICTIMA EN EL CONFLICTO ARMADO-Exclusión no resulta violatorio del
principio de igualdad
CONCEPTO DE VICTIMA-Protección en el Derecho
Internacional Humanitario
CARACTER “DIRECTO” DEL DAÑO-Restringe la posibilidad de
intervención de las víctimas en el proceso penal y su derecho a un recurso
judicial efectivo
JUSTICIA PENAL MILITAR-No constituye justificación
restringir el concepto de víctima en los delitos contenidos en el Código Penal
Militar sólo al daño directo
VICTIMAS EN EL CODIGO PENAL MILITAR
QUE HAYAN SUFRIDO ALGUN DAÑO DIRECTO-Inexequibilidad
de la expresión “directo” contenida en el artículo 294 de la ley 1407 de 2010
FISCALIA GENERAL PENAL MILITAR-Derecho de las víctimas a recibir
información
NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA
PENAL MILITAR-No
incluye el derecho de las víctimas a recibir información por parte de la
Fiscalía General Penal Militar sobre la aplicación del principio de oportunidad
APLICACION DEL PRINCIPIO DE
OPORTUNIDAD EN LA JURISDICCION PENAL MILITAR Y POLICIAL-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA
JURISDICCION PENAL MILITAR Y POLICIAL-Inaplicación
DERECHO DE LAS VICTIMAS A RECIBIR
INFORMACION POR LA FISCALIA GENERAL PENAL MILITAR-Sustracción de materia por carencia
actual de objeto ante inoperancia del principio de oportunidad en el
procedimiento penal militar y policial
JURISDICCION PENAL MILITAR Y
POLICIAL-No es
posible la comparación con la Ley 906 de 2004 por cuanto esta sí incluye el
derecho de las víctimas a ser informadas en relación con la aplicación del
principio de oportunidad
DERECHO DE LAS VICTIMAS FRENTE A LA
PLURALIDAD DE VICTIMAS EN LA INVESTIGACION-Norma prevé que sus intereses sólo pueden estar
representados por dos abogados
CODIGO PENAL MILITAR FRENTE A LA
PLURALIDAD DE VICTIMAS EN LA INVESTIGACION-Norma limita su participación a ser representadas por
un máximo de dos abogados
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Protección constitucional
CONCEPTO DE VICTIMA FRENTE A LA
AFECTACION DEL DAÑO CAUSADO POR EL ILICITO-No resulta de recibo que se incluyan limitaciones
injustificadas a los derechos de las víctimas cuando acuden al proceso en un
número plural
CODIGO PENAL MILITAR FRENTE A LA
PLURALIDAD DE VICTIMAS EN LA INVESTIGACION-Desconocimiento del principio de igualdad al
impedirles acudir directamente al proceso para defender sus derechos
DERECHO DE LAS VICTIMAS A LA
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION Y AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Afectación ante posibilidad de
limitar el número de apoderados para la asistencia técnica
DERECHO DE POSTULACION DE LAS
VICTIMAS PARA INTERVENIR DURANTE LA INVESTIGACION-Desproporción al limitar el número
de apoderados para la asistencia técnica
DERECHO DE LAS VICTIMAS FRENTE A LA
PLURALIDAD DE VICTIMAS EN LA INVESTIGACION EN PROCESO PENAL MILITAR-Desconocimiento y afectación del
derecho a la igualdad al limitar la asistencia técnica a dos abogados
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-Debe garantizar el acceso a la
administración de justicia y la protección de los derechos de las víctimas
CODIGO PENAL MILITAR FRENTE A LA
PLURALIDAD DE VICTIMAS EN PROCESO PENAL MILITAR-Inexequibilidad del numeral 4 del
artículo 299 de la ley 1407 de 2010 al privar la posibilidad de intervenir
FISCALIA PENAL MILITAR-Especial vinculación con la
protección de los derechos de las víctimas en el proceso penal
CODIGO PENAL MILITAR-Posición garante de la Fiscalía
Penal Militar frente a los derechos de las víctimas
INTERVENCION DE LAS VICTIMAS EN LA
ACTUACION PENAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Garantía para quienes no tengan
recursos económicos, de contar con un defensor de oficio/FISCALIA PENAL
MILITAR-Código Penal Militar le atribuye la función de designar defensor de
oficio
FISCALIA PENAL MILITAR-Representación judicial de las
víctimas/DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, ASISTENCIA
JURIDICA Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-No se desconocen por la
representación judicial de las víctimas por parte de la Fiscalía Penal Militar
FUERZA PUBLICA-Cuenta con un sistema especial para
la defensa disciplinaria y judicial/SISTEMA DE DEFENSA TECNICA Y
ESPECIALIZADA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Objeto/SISTEMA DE
DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Gobernado
por el principio de gratuidad
CREACION DEL SISTEMA DE DEFENSA
TECNICA Y ESPECIALIZADA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA SIN LA DIRECCION DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Protección de grupos poblacionales
particulares que requieran alternativas de representación judicial diferenciada/CREACION
DEL SISTEMA DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE MIEMBROS DE LA FUERZA
PUBLICA-Garantiza su defensa técnica
SISTEMA DE DEFENSA TECNICA Y
ESPECIALIZADA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Justificado por un factor subjetivo/SISTEMA
DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA EN
SERVICIO ACTIVO Y EN RETIRO-Representación judicial en procesos
disciplinarios y penales
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORIA
PUBLICA-Dispuesto
para garantizar el derecho a la defensa técnica de personas que no cuentan con
recursos para designar un abogado de confianza/SISTEMA NACIONAL DE
DEFENSORIA PUBLICA-Finalidad/SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA-Cobertura/SISTEMA
NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA-Dirección está en cabeza del Defensor del
Pueblo
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORIA
PUBLICA-Asistencia
y representación judicial en materia penal ante la imposibilidad de hacerlo a
través de un abogado de confianza
REPRESENTACION TECNICA DE LAS
VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL MILITAR-Factor
subjetivo/SISTEMA DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE MIEMBROS DE LA
FUERZA PUBLICA-Acceso cuando víctima hace parte de la fuerza pública/SISTEMA
NACIONAL DE DEFENSORIA PUBLICA-Acceso cuando víctima es un civil y no está
en condiciones de designar un abogado de confianza/FISCAL PENAL MILITAR-Competente
para asignar abogado de oficio cuando víctimas civiles no cuentan con capacidad
económica
ASIGNACION DE ABOGADO DE OFICIO POR
LA FISCALIA PENAL MILITAR-No
constituye vulneración de los derechos de las víctimas
CODIGO PENAL MILITAR FRENTE A LA ASIGNACION DE
ABOGADO DE OFICIO PARA LAS VICTIMAS DURANTE LA INVESTIGACION-Exequibilidad
condicionada de la expresión “la Fiscalía Penal Militar” en el entendido que,
tratándose de víctimas civiles que no cuenten con medios suficientes para
contratar un abogado, la Fiscalía Penal Militar deberá garantizar su acceso al
Sistema Nacional de Defensoría Pública
Referencia: expediente D-11158
Asunto:
Demanda
de inconstitucionalidad   contra los artículos 2 (parcial), 3 (parcial), 7, 8,
9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 54 (parcial), 58, 65, 71, 72,
74, 75, 83, 90, 109 (parcial) y 110 de la Ley 1765 de 2015; y contra los
artículos 294 (parcial), 298 y 299 (parcial) de la Ley 1407 de 2010.
Demandante:
Luz Marina Bernal Parra y otros.
Magistrado Sustanciador:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., trece (13) de
julio de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Las ciudadanas y ciudadanos Luz Marina Bernal Parra,
María Ubilerna Sanabria López, María del Pilar Navarrete Urrea, Juan Francisco
Lanao Anzola, Gustavo Arley Trejos, Luis Guillermo Pérez Casas, Jomary Ortegón
Osorio, Fabián Eduardo Wilches García, Mauricio Ortiz Coronado, Claudia Liliana
Erazo Maldonado, Daniel Ricardo Vargas Díaz, Alberto de Jesús Yepes Palacio,
Shaira Alexandra Rivera Gallo, Iván Cepeda Castro,  Alirio Uribe Muñoz, Germán
Navas Talero[1],
Ángela María Robledo Gómez, Agustín Alberto Jiménez Cuello, Daniel Ricardo
Vargas Díaz y Angélica María Chaparro[2],
presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 (parcial), 3
(parcial), 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 54 (parcial),
58, 65, 71, 72, 74, 75, 83, 90, 109 (parcial) y 110 de la Ley 1765 de 2015, “Por
la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen
requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General
Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se
señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal
acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción
Especializada y se dictan otras disposiciones”; y contra los artículos 294
(parcial), 298 y 299 (parcial) de la Ley 1407 de 2010, “Por la cual se
expide el Código Penal Militar”.
Mediante auto del catorce
de diciembre de 2015, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda por
encontrar cumplidos los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo
2° del Decreto 2067 de 1991. De igual forma, dispuso su fijación en lista y
corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su competencia. Asimismo, ordenó comunicar la demanda a los Ministerios de
Interior, Justicia y Defensa Nacional, a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, a la Fiscalía General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, al Director de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Javeriana,
Rosario, Libre, Nacional y Atlántico, para que, de considerarlo conveniente,
intervinieran en el proceso con el propósito de impugnar o defender la
constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.      TEXTO DE LAS
NORMAS ACUSADAS
2.1. A continuación, se transcribe
el texto de
los artículos 2, 3, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 54, 58,
65, 71, 72, 74, 75, 83, 90, 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, “Por la cual
se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos
para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal
Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan
disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y
para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se
dictan otras disposiciones”; y de los artículos 294, 298 y 299 de la Ley
1407 de 2010, “Por la cual se expide el Código Penal Militar”.
2.2. Normas demandadas
de la Ley 1765 de 2015. En relación con los artículos 2, 3, 54 y 109, se
subrayan y destacan los apartes acusados. Frente al resto de disposiciones
impugnadas, en la medida en que los cargos se dirigen contra todo el contenido,
la Corte se limita a su transcripción.
“LEY
1765 DE 2015
(julio 23)
Diario Oficial No.
49.582 de 23 de julio de 2015
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por la cual se
reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos
para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal
Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan
disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y
para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se
dictan otras disposiciones.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley se aplicará en lo pertinente,
a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, así
como al personal civil o no uniformado que desempeñe cargos en la Justicia
Penal Militar y Policial.
Los artículos que modifican, adicionan o
derogan disposiciones de carácter penal militar, se aplicarán exclusivamente a
miembros de la Fuerza Pública en los términos del artículo 221 de la Constitución Política. En ningún caso se
aplicarán a los civiles.
(…)
ARTÍCULO 3o. INTEGRACIÓN. La Justicia Penal Militar y Policial estará
integrada por:
Órganos Jurisdiccionales y de Investigación
1. Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Penal.
2. Tribunal Superior Militar y Policial.
3. Jueces Penales Militares y Policiales de
Conocimiento Especializado y de Conocimiento.
4. Jueces Penales Militares y Policiales de
Control de Garantías.
5. Jueces Penales Militares y Policiales de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
6. Fiscalía General Penal Militar y
Policial y Cuerpo Técnico de Investigación.
Órganos de Dirección y Administración de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, de que
trata la presente ley:
1. Consejo Directivo.
2. Director Ejecutivo.
(…)
ARTÍCULO 7o. JUZGADOS
PENALES MILITARES Y POLICIALES DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE CONOCIMIENTO. Créanse los Juzgados
Penales Militares y Policiales de conocimiento especializado y de conocimiento,
que conocerán de los delitos a que hace referencia la presente ley. Estos,
tendrán jurisdicción en todo el territorio nacional.
Las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional contarán con el número de juzgados necesarios que les permita
garantizar la pronta y efectiva administración de justicia, cuyos titulares
serán miembros activos o retirados de la respectiva Fuerza.
PARÁGRAFO. La competencia
territorial de cada despacho se definirá por acto administrativo emitido por la
Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial.
ARTÍCULO 8o. DE LOS JUZGADOS
PENALES MILITARES Y POLICIALES DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO. Los Juzgados Penales
Militares y Policiales de conocimiento especializado continuarán conociendo de
los delitos previstos en los artículos 20 y 171 de la Ley 1407 de
2010, pero de conformidad con la nueva asignación de competencia que aquí se
prevé así:
1. Homicidio.
2. Delitos contra la
protección de la información y de los datos.
3. Delitos contra la fe
pública.
4. Delitos contra la
administración pública, con excepción de los delitos de peculado sobre bienes
de dotación, peculado culposo, abuso de autoridad, abuso de autoridad especial
y omisión de apoyo.
5. Delitos contra la
seguridad pública.
6. Delitos contra la
seguridad de la Fuerza Pública.
7. Delitos contra la
población civil.
8. Delitos contra la
existencia y la seguridad del Estado.
9. Delitos que no tengan
asignación especial de competencia, siempre y cuando su pena mínima sea
superior a tres (3) años de prisión.
(…)
ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES. Para acceder a los cargos de Magistrado del
Tribunal Superior Militar y Policial, Juez Penal Militar y Policial de
Conocimiento Especializado, Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento, Juez
Penal Militar y Policial de Control de Garantías y Juez Penal Militar y
Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se requiere acreditar
como requisitos generales los siguientes:
1. Ser colombiano por nacimiento y ciudadano
en ejercicio.
2. Ser oficial en servicio activo o en retiro
de la Fuerza Pública.
3. Acreditar título profesional de abogado.
4. Tener título de posgrado en una de las
siguientes áreas: ciencias penales y criminológicas, derecho Penal Militar o
Policial, criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho
internacional humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho
operacional.
1o. No obstante lo dispuesto en este artículo, los
cargos de Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y Juez Penal
Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrán ser
desempeñados por civiles y no uniformados, siempre que acrediten los demás
requisitos para el desempeño del cargo.
PARÁGRAFO 2o. Su selección será por meritocracia mediante
evaluación de sus competencias por el Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), la Escuela de Administración Pública (ESAP), o cualquier otra
entidad que pueda adelantar dicha evaluación.
(…)
ARTÍCULO 14. MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL. Para ser Magistrado del
Tribunal Superior Militar y Policial será necesario, además de los requisitos
generales consignados en la presente ley, ostentar grado no inferior a Teniente
Coronel o Capitán de Fragata en servicio activo o en uso de buen retiro de la
Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años en el
desempeño de cargos como funcionario judicial en la Justicia Penal Militar y
Policial.
ARTÍCULO
15. CARGOS DE PERÍODO. Los
cargos de Magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial serán provistos
por el Presidente de la República para un período fijo e individual, de ocho
(8) años no prorrogable, de lista de candidatos conformada por miembros activos
o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública que cumplan los requisitos
generales y especiales establecidos en esta ley. El procedimiento para
conformar la lista será reglamentado por el Gobierno nacional.
Los Magistrados del
Tribunal Superior Militar y Policial no son reelegibles y permanecerán en sus
cargos durante todo el período, salvo que antes de su vencimiento incurran en
una falta absoluta. Los uniformados que sean designados para ocupar estos
cargos, permanecerán en servicio activo hasta concluir el periodo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los Magistrados del
Tribunal Superior Militar nombrados en vigencia de la Ley 940 de 2005, continuarán
en sus cargos hasta cuando cumplan el período para el cual fueron nombrados,
con la denominación de Magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial.
ARTÍCULO
16. JUECES DE CONOCIMIENTO. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y
Policial de Conocimiento Especializado y Juez Penal Militar y Policial de
Conocimiento, se requiere además de los requisitos generales consignados en la
presente ley, ostentar el grado que en cada caso se indica y la experiencia señalada,
así:
1. Juez Penal Militar
y Policial de Conocimiento Especializado. Para desempeñar el cargo de Juez
Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado se requiere ostentar
grado no inferior al de Oficial Superior en servicio activo o en uso de buen
retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de cinco (5)
años, en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y
Policial.
2. Juez Penal Militar
y Policial de Conocimiento. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y
Policial de Conocimiento se requiere ostentar grado no inferior al de Capitán o
Teniente de Navío en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza
Pública y acreditar una experiencia mínima de cuatro (4) años en el desempeño
de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial.
(…)
ARTÍCULO 18. JUEZ PENAL
MILITAR Y POLICIAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Para desempeñar el
cargo de Juez Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad se requiere además de los requisitos generales señalados en la
presente ley ostentar grado no inferior al de Capitán o Teniente de Navío en
servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una
experiencia mínima de dos (2) años en el desempeño de cargos como funcionario
en la Justicia Penal Militar y Policial.
PARÁGRAFO. Si el cargo es
desempeñado por un civil o no uniformado, con el fin de preservar la
especialidad de la Justicia Penal Militar y Policial, este deberá tener como mínimo
una experiencia profesional de ocho (8) años relacionada con derecho penal
militar, salvo que acredite la experiencia mínima de cuatro (4) años en el
desempeño de cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 19. ESTRUCTURA. Para el cumplimiento
de las funciones legales, la Fiscalía General Penal Militar y Policial tendrá
la siguiente estructura:
1. Fiscal General Penal
Militar y Policial.
2. Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial.
3. Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales Militares y
Policiales.
4. Coordinador Nacional del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
5. Coordinadores Regionales
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 20. DESEMPEÑO DE
FUNCIONES. Las
funciones de la Fiscalía General Penal Militar y Policial se cumplen a través
del Fiscal General Penal Militar y Policial, de los Fiscales Penales Militares
y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, de los
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales
Militares y Policiales y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia
Penal Militar y Policial.
Los Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales Militares y Policiales
se ubicarán por la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de
la Justicia Penal Militar y Policial, atendiendo sus atribuciones y las
necesidades judiciales presentadas por el Fiscal General Penal Militar y
Policial.
Corresponde a la Fiscalía
General Penal Militar y Policial, en desarrollo de atribuciones
constitucionales y legales, la dirección, coordinación, control jurídico y
verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle la policía
judicial en los términos previstos en el Código Penal Militar.
ARTÍCULO
21. COMPETENCIA. El
Fiscal General Penal Militar y Policial, los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial y los
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados, tienen competencia en todo
el territorio nacional.
(…)
ARTÍCULO 22. PERIODO. El Fiscal General
Penal Militar y Policial será nombrado por el Presidente de la República, para
un periodo institucional de cuatro (4) años no prorrogable, de lista de
candidatos que cumplan los siguientes requisitos:
1. Ser colombiano por
nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Acreditar título
profesional de abogado.
3. Tener título de posgrado
en una de las siguientes áreas: ciencias penales y criminológicas, derecho
Penal Militar o Policial, criminalística, derecho constitucional, derechos
humanos, derecho internacional humanitario, derecho probatorio, derecho
procesal penal o derecho operacional.
4. Acreditar una
experiencia mínima de ocho (8) años como funcionario de la Justicia Penal
Militar y Policial.
5. Ser oficial en servicio
activo de la Fuerza Pública o en uso de buen retiro, con grado no inferior al
de Teniente Coronel o Capitán de Fragata.
El procedimiento para
conformar la lista será reglamentado por el Gobierno Nacional teniendo en
cuenta la selección por meritocracia.
PARÁGRAFO 1o. No obstante lo
dispuesto en este artículo, el cargo de Fiscal General Penal Militar y Policial
podrá ser desempeñado por un civil o no uniformado, siempre que acredite los
requisitos 1 a 4 del presente artículo para el desempeño del cargo.
PARÁGRAFO 2o. El Fiscal General
Penal Militar y Policial no será reelegible, tendrá el mismo nivel jerárquico
de Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y su sede estará en
Bogotá, D. C.
ARTÍCULO 23. FUNCIONES DEL
FISCAL GENERAL PENAL MILITAR Y POLICIAL. El Fiscal General Penal
Militar y Policial tiene la representación de la Fiscalía General Penal Militar
y Policial y además de las funciones especiales otorgadas por el Código Penal
Militar, ejercerá las siguientes:
1. Asumir las
investigaciones y formular las acusaciones que dispone el Código Penal Militar
y aquellas que en razón de su naturaleza, importancia o gravedad, lo ameriten.
2. Coordinar dentro del
ámbito de su competencia con la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la creación de unidades
especializadas cuando la necesidad del servicio lo exija o la gravedad o
complejidad del asunto lo requiera y asignar a ellas fiscales especiales.
3. Dirigir, coordinar y
controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los
presuntos infractores de la ley penal de conformidad con el ámbito de su
competencia, directamente o a través de sus delegados, para lo cual deberá
tener en cuenta la especificidad dentro de lo militar o policial del miembro de
la Fuerza Pública investigado.
4. Coordinar con otros
organismos que ejerzan funciones de policía judicial, la definición e
implementación de mecanismos que racionalicen y eviten la duplicidad de
esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones.
5. Hacer parte del Consejo
Nacional de Policía Judicial, función que podrá delegar en el Coordinador
Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial.
6. Hacer parte del Consejo
Superior de Política Criminal y Penitenciaria.
7. Crear comisiones
especiales de fiscales delegados de conformidad con las atribuciones de estos,
designando un coordinador, cuando la gravedad, importancia o trascendencia
pública del hecho lo ameriten, para lo cual podrá desplazar del conocimiento al
Fiscal Penal Militar y Policial Delegado. En este evento el fiscal coordinador
de la comisión será quien actúe ante el Juez Penal Militar y Policial de
Control de Garantías y ante el Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento.
8. Elaborar el manual de
funciones de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, para su respectivo
trámite de adopción ante la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa
Especial.
9. Proponer a la Dirección
Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, la reglamentación de los Centros de Servicios Judiciales, dentro del
ámbito de su competencia.
10. Expedir los
reglamentos, órdenes, circulares y manuales de procedimiento y de normas
técnicas conducentes al eficaz desempeño de la Fiscalía General Penal Militar y
Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial, en materias de su competencia.
11. Presentar al Director
Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, las necesidades y requerimientos de la Fiscalía General Penal Militar
y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial.
12. Ser el vocero de la
Fiscalía General Penal Militar y Policial ante los estamentos del Estado y la
sociedad.
13. Diseñar y coordinar con
el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, la implementación de un sistema de gestión y control de la
Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Justicia Penal Militar y Policial.
14. Proponer a la Dirección
Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, estímulos para los servidores de la Fiscalía General Penal Militar y
Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial.
15. Coordinar con el
Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, el apoyo logístico requerido para el funcionamiento de la
Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Justicia Penal Militar y Policial.
16. Adelantar las gestiones
para lograr cooperación internacional en materia de investigación criminal con
sus pares.
17. Las demás funciones que
le señale la ley o los reglamentos.
ARTÍCULO 24. INHABILIDADES. No podrá ejercer el
cargo de Fiscal General Penal Militar y Policial, de Fiscales Penales Militares
y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, ni de
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales
Militares y Policiales:
1. Quien haya sido
condenado penalmente en cualquier tiempo, excepto por delitos culposos.
2. Quien se halle en
interdicción judicial.
3. Quien se encuentre bajo
medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad.
4. Quien haya sido excluido
de la profesión de abogado o esté suspendido.
5. Quien haya sido
destituido en cualquier tiempo de un cargo público.
6. Las demás que establezca
la Constitución y la ley.
ARTÍCULO
25. FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. Son faltas absolutas del
Fiscal General Penal Militar y Policial, de los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, y de los Fiscales
Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales Militares y
Policiales, la muerte real o presunta, la renuncia aceptada, la separación
definitiva del cargo ordenada por sentencia judicial debidamente ejecutoriada,
la destitución o separación como consecuencia de un proceso disciplinario, la
incapacidad física o mental permanente una vez se reconozca la pensión de
invalidez en el caso de los civiles, por invalidez e incapacidad absoluta y
permanente o gran invalidez en el caso de los uniformados, la declaratoria de
vacancia del empleo en caso de abandono del mismo o inasistencia al servicio
sin causa justificada, la edad de retiro forzoso, el vencimiento del periodo y
las demás que determine la Constitución Política y la ley.
Son faltas temporales las
licencias, las incapacidades por enfermedad, la suspensión por medida penal o
disciplinaria, los permisos y vacaciones y las demás que determine la
Constitución Política y la ley.
En caso de falta absoluta o
temporal del Fiscal General Penal Militar y Policial, sus funciones las
ejercerá uno de los Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el
Tribunal Superior Militar y Policial, designado por el Ministro de Defensa
Nacional por la duración de la falta temporal, si la falta es absoluta, hasta
la terminación del período si faltaren menos de seis (6) meses para concluir el
mismo. Si faltaren seis (6) meses o más para el vencimiento del periodo, la
designación le corresponde al Presidente de la República.
(…)
ARTÍCULO
26. REQUISITOS GENERALES. Para acceder a los cargos de Fiscal Penal
Militar y Policial Delegado ante el Tribunal Superior Militar y Policial y de
Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante los Jueces Penales Militares y
Policiales, se requiere acreditar los siguientes requisitos generales:
1. Ser colombiano por
nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Acreditar título
profesional de abogado.
3. Tener título de posgrado
en una de las siguientes áreas: ciencias penales y criminológicas, derecho
Penal Militar o Policial, criminalística, derecho constitucional, derechos
humanos, derecho internacional humanitario, derecho probatorio, derecho
procesal penal o derecho operacional.
PARÁGRAFO. Su selección será por
meritocracia mediante evaluación de sus competencias por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Escuela de Administración
Pública (ESAP), o cualquier otra entidad que pueda adelantar dicha evaluación.
ARTÍCULO
27. REQUISITOS ESPECIALES. Para ser Fiscal Penal Militar y Policial
Delegado ante el Tribunal Superior Militar y Policial se requiere, además de
los requisitos generales consignados en la presente ley, acreditar una
experiencia mínima de ocho (8) años como funcionario en la Justicia Penal
Militar y Policial y ostentar grado no inferior al de Teniente Coronel o
Capitán de Fragata en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza
Pública.
PARÁGRAFO. Si el cargo es
desempeñado por un civil o no uniformado, con el fin de preservar la
especialidad de la Justicia Penal Militar y Policial, este deberá tener como
mínimo una experiencia profesional de diez (10) años en derecho penal militar,
salvo que acredite la experiencia mínima de ocho (8) años en el desempeño de
cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 28. CARGOS DE
PERIODO. Los
cargos de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante el Tribunal Superior
Militar y Policial serán provistos por el Presidente de la República para un
período fijo e individual de ocho (8) años no prorrogable, de lista de
candidatos conformada por quienes cumplan los requisitos generales y especiales
establecidos en este capítulo. El procedimiento para conformar la lista será
reglamentado por el Gobierno nacional.
Los Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial,
no son reelegibles y permanecerán en sus cargos durante todo el período, salvo
que antes de su vencimiento incurran en una falta absoluta. Los uniformados que
sean designados para ocupar estos cargos, permanecerán en servicio activo hasta
concluir el periodo.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Los
Fiscales Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar nombrados en
vigencia de la Ley 940 de 2005, continuarán
en sus cargos hasta cuando cumplan el período para el cual fueron nombrados,
con la denominación de Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante
el Tribunal Superior Militar y Policial.
ARTÍCULO
29. FISCALES PENALES MILITARES Y POLICIALES DELEGADOS ANTE LOS JUECES PENALES
MILITARES Y POLICIALES. Para
desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante los Jueces
Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado y de Conocimiento,
se requiere además de los requisitos generales consignados en la presente ley,
acreditar la experiencia señalada para cada cargo, así:
1. Fiscal Penal
Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
Especializado. Para desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial
Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, se
requiere acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años, en el desempeño de
cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial y ostentar
grado no inferior al de Oficial Superior en servicio activo o en uso de buen
retiro de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO. No obstante lo
dispuesto en este artículo, el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial
Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado podrá
ser desempeñado por un civil o no uniformado, siempre que acredite los
requisitos generales para el desempeño del cargo y una experiencia profesional
como asesor jurídico de la Fuerza Pública mínima de diez (10) años, salvo que
acredite la experiencia mínima de cinco (5) años en el desempeño de cargos como
funcionario de la Justicia Penal Militar y Policial.
2. Fiscal Penal
Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento.
Para desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez
Penal Militar y Policial de Conocimiento, se requiere acreditar una experiencia
mínima de tres (3) años en el ejercicio profesional de abogado y ostentar grado
no inferior al de Capitán o Teniente de Navío en servicio activo o en uso de
buen retiro de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en
este artículo, el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante Juez
Penal Militar y Policial de Conocimiento podrá ser desempeñado por un civil o
no uniformado, siempre que acredite los requisitos generales para el desempeño
del cargo y una experiencia profesional como asesor jurídico de la Fuerza
Pública mínima de ocho (8) años, salvo que acredite la experiencia mínima de
tres (3) años en el desempeño de cargos como funcionario de la Justicia Penal
Militar y Policial.
ARTÍCULO
30. FUNCIONES GENERALES DE LOS FISCALES PENALES MILITARES Y POLICIALES
DELEGADOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL Y ANTE LOS JUECES PENALES
MILITARES Y POLICIALES DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE CONOCIMIENTO. Los Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial y
ante los Jueces Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado y
de Conocimiento, entre otras, tienen las siguientes funciones:
1. Investigar y acusar a
los presuntos responsables de haber cometido un delito de conocimiento de la
Justicia Penal Militar y Policial.
2. Adelantar previa
autorización del Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de Control de
Garantías, registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de
comunicaciones y poner a su disposición los elementos materiales probatorios y
evidencia física recogidos, para su control de legalidad dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes.
3. Asegurar en cada caso
particular los elementos materiales probatorios y evidencia física,
garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso
de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos
fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización del Juez Penal
Militar y Policial de Garantías para poder proceder a ello.
4. Dirigir, coordinar y
controlar en cada caso particular las actividades de policía judicial que en
forma permanente ejerce el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial y los demás organismos de policía judicial que señale la
ley.
5. Solicitar capturas ante
el Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y poner
al capturado a su disposición, a más tardar dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes.
6. Solicitar al Magistrado
o Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías las medidas necesarias
que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso Penal Militar o
Policial, la conservación de la prueba, la integridad de la Fuerza Pública, la
protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
7. Presentar solicitud de
preclusión de la investigación ante la Sala del Tribunal Superior Militar y
Policial o Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado y de
Conocimiento.
8. Celebrar preacuerdos con
los imputados.
9. Presentar la acusación
ante el Magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial o Juez Penal
Militar y Policial de Control de Garantías.
10. Intervenir en la etapa
del juicio.
11. Solicitar ante la Sala
del Tribunal Superior Militar y Policial o Juez Penal Militar y Policial de
Conocimiento o ante el Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de Control de
Garantías, las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las
víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los
efectos del injusto.
12. Interponer y sustentar
los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión en los
eventos establecidos en el Código Penal Militar.
13. Solicitar las nulidades
y demás actuaciones procesales de su competencia y disponer las que le señale
la ley.
14. Aplicar el principio de
oportunidad en los términos y condiciones establecidos en la presente ley.
15. Las demás que le señale
la ley.
ARTÍCULO 31. FUNCIONES
ESPECIALES DE LOS FISCALES PENALES MILITARES Y POLICIALES DELEGADOS ANTE EL
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL. Los Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial
tendrán su sede en Bogotá, D. C., y además de las funciones señaladas en el
artículo anterior y la ley, tienen las siguientes:
1. Investigar y acusar si a
ello hubiere lugar a los servidores de la Justicia Penal Militar y Policial con
fuero legal, cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia al Tribunal
Superior Militar y Policial.
2. Cumplir las funciones
que le asigne el Fiscal General Penal Militar y Policial de conformidad con sus
atribuciones y representarlo en las actuaciones que le delegue.
3. Reemplazar al Fiscal
General Penal Militar y Policial en sus ausencias temporales o absolutas,
cuando sea designado.
4. Reemplazar al Fiscal
General Penal Militar y Policial en caso de impedimento o recusación, cuando
sea designado.
5. Formular recomendaciones
al Fiscal General Penal Militar y Policial en materia de políticas de
investigación y acusación.
6. Diseñar y recomendar
acciones orientadas a mejorar la gestión de los despachos de las fiscalías penales
militares y policiales delegadas.
7. Presentar postulaciones
para proveer los cargos de empleados subalternos asignados a sus despachos, a
la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial.
8. Las demás que les sean
asignadas por la ley.
(…)
ARTÍCULO 32. COMPOSICIÓN
DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. El Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial estará integrado por el
Coordinador Nacional, los Coordinadores Regionales y el personal profesional,
tecnólogo, técnico y de investigación que lo conforme, nombrados por el
Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial previa selección por meritocracia mediante evaluación de sus
competencias por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP),
la Escuela de Administración Pública (ESAP), o cualquier otra entidad que pueda
adelantar dicha evaluación.
ARTÍCULO 33. FUNCIONES. El Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tiene las siguientes
funciones generales:
1. Ejercer funciones de
policía judicial en la Justicia Penal Militar y Policial.
2. Recibir las denuncias o
querellas de los delitos de conocimiento de la Justicia Penal Militar y
Policial y adelantar los actos urgentes conforme a lo dispuesto en el Código
Penal Militar.
3. Realizar las
investigaciones de los delitos de acuerdo con lo establecido en el Código Penal
Militar y bajo la dirección del Fiscal Penal Militar y Policial Delegado.
4. Adelantar con estricta
sujeción a las normas y al respeto de los derechos humanos todas las
actividades inherentes a la investigación de las conductas punibles.
5. Dar cumplimiento de
conformidad con las normas vigentes a las órdenes de captura, allanamiento,
intervención telefónica, registro de correspondencia, vigilancia electrónica y
demás actuaciones inherentes requeridas en las investigaciones que se
adelanten, previa decisión judicial del Magistrado o Juez Penal Militar y
Policial de Control de Garantías o disposición del Fiscal Penal Militar y
Policial Delegado en los casos que determine la ley.
6. Dar cumplimiento a las
órdenes de captura que emita la Sala de Decisión o los Jueces Penales Militares
y Policiales de Conocimiento Especializado o de Conocimiento.
7. Garantizar la cadena de
custodia de los elementos materiales de prueba y de la evidencia física.
8. Las demás que le señale
la ley o le asigne el Fiscal General Penal Militar y Policial que guarden
relación con la naturaleza de la dependencia.
ARTÍCULO
34. COORDINADOR NACIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para ser Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial se requiere:
1. Ser colombiano por
nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Acreditar título
profesional de abogado.
3. Tener posgrado en
ciencias penales y criminológicas, derecho Penal Militar o Policial,
criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional
humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
4. Acreditar experiencia
profesional relacionada con las funciones del cargo de cuatro (4) años.
5. Aprobar la selección por
meritocracia.
PARÁGRAFO. Si el cargo fuere
desempeñado por un miembro activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública,
deberá ostentar un grado no inferior al de Oficial Superior.
ARTÍCULO
35. COORDINACIÓN NACIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL. La Coordinación Nacional del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tiene las siguientes
funciones:
1. Recomendar al Fiscal
General Penal Militar y Policial la definición de políticas y estrategias
asociadas con las funciones de investigación, criminalística y administración
de información técnica y judicial, útiles para la investigación.
2. Desarrollar actividades
de planeación, organización, ejecución y control de las funciones del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
3. Orientar el apoyo a las
actividades forenses que desarrollen las Coordinaciones Regionales.
4. Cumplir y hacer cumplir
la cadena de custodia.
5. Coordinar el apoyo
técnico-científico con los demás organismos nacionales de policía judicial.
6. Responder por el control
estadístico en los aspectos relativos al desarrollo de las investigaciones
adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar
y Policial.
7. Coordinar con la
Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial la creación e integración de Unidades de Investigación para
optimizar la actividad investigativa y operativa del cuerpo técnico de
investigación, previa autorización del Fiscal General Penal Militar y Policial.
8. Realizar el seguimiento
a la gestión de las Coordinaciones Regionales y tomar las medidas necesarias
para su efectivo funcionamiento.
9. Por delegación del
Fiscal General Penal Militar y Policial, hacer parte del Consejo Nacional de
Policía Judicial.
10. Elaborar el manual de
funciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial y presentarlo al Fiscal General Penal Militar y Policial para su
respectivo trámite de adopción ante la Dirección Ejecutiva de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
11. Las demás que le señale
la ley o le asigne el Fiscal General Penal Militar y Policial que guarden
relación con la naturaleza de la dependencia.
ARTÍCULO
36. COORDINADOR REGIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para ser Coordinador Regional del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, se requiere:
1. Ser colombiano por
nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Acreditar título
profesional de abogado.
3. Tener posgrado en
ciencias penales y criminológicas, derecho penal militar o policial,
criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional
humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
4. Acreditar experiencia
profesional relacionada con las funciones del cargo, de dos (2) años.
5. Aprobar la selección por
meritocracia.
PARÁGRAFO. Si el cargo fuere
desempeñado por un miembro activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública,
deberá ostentar un grado no inferior al de Capitán o Teniente de Navío.
ARTÍCULO
37. COORDINACIÓN REGIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL. Las Coordinaciones Regionales del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tendrán las siguientes
funciones a dicho nivel:
1. Desarrollar actividades
de planeación, organización, ejecución y control de las funciones del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
2. Orientar el apoyo a las
actividades forenses.
3. Coordinar las
actividades investigativas y de servicios forenses.
4. Coordinar el apoyo
técnico-científico con los demás organismos regionales de policía judicial.
5. Cumplir y hacer cumplir
la cadena de custodia.
6. Asistir en
representación del Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de
la Justicia Penal Militar y Policial a los comités, juntas, sesiones y demás
reuniones interinstitucionales en su respectiva jurisdicción relacionadas con
el ejercicio de la función de policía judicial.
7. Responder por el control
estadístico de los aspectos relativos al desarrollo de las investigaciones
adelantadas.
8. Las demás funciones que
le señale la ley y el Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Justicia Penal Militar y Policial, relacionadas con el cargo.
ARTÍCULO 38. REQUISITOS DEL
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para integrar el Cuerpo
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, se requiere
acreditar como mínimo:
1. Ser colombiano de
nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2. Título profesional,
tecnológico o técnico de centro académico universitario o instituto legalmente
reconocido.
3. Acreditar experiencia
mínima de un (1) año con posterioridad a la obtención del título.
4. Aprobar la selección por
meritocracia.
(…)
ARTÍCULO
41. CONFORMACIÓN DE GRUPOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. Cuando por la
particular complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo
especial en la regional respectiva, el Fiscal Penal Militar y Policial Delegado
lo solicitará al Coordinador Regional del Cuerpo Técnico, previa autorización
del Fiscal General Penal Militar y Policial.
(…)
ARTÍCULO
42. CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. El Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial es una dependencia especializada
de la Fiscalía General Penal Militar y Policial que tiene por objeto
desarrollar la investigación judicial, criminalística, criminológica y el
manejo de la información, orientada a brindar apoyo a la administración de la
Justicia Penal Militar y Policial en los casos de su competencia, incluyendo
las investigaciones que se adelanten en vigencia de la Ley 522 de 1999.
ARTÍCULO
43. ESTRUCTURA. El
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tiene
competencia investigativa en todo el territorio nacional dentro de la
jurisdicción Penal Militar y Policial y su organización tendrá dos niveles:
central y desconcentrado.
PARÁGRAFO. El Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial hace parte de la
estructura de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial y por consiguiente el Gobierno nacional desarrollará la misma y
establecerá su planta de personal.
(…)
ARTÍCULO 44. TRANSFORMACIÓN
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR EN UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Trasformase la
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa
Nacional de que trata el artículo 26 del Decreto número 1512 de 2000, la cual
cuenta con autonomía administrativa y financiera, en una Unidad Administrativa
Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio
propio, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, cuyo domicilio principal
está en la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá contar con dependencias
desconcentradas territorialmente, la cual se denominará Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y hará parte del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
(…)
ARTÍCULO 48. FUNCIONES DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá las
siguientes funciones:
1. Administrar la
jurisdicción especializada.
2. Llevar el control y
gestión de rendimiento de los funcionarios y empleados de la Jurisdicción Penal
Militar y Policial.
3. Implementar las políticas,
planes, programas y proyectos de la jurisdicción especializada.
4. Administrar y conservar
el archivo de la jurisdicción especializada.
5. Las demás que le señale
la ley.
(…)
ARTÍCULO 50. INTEGRACIÓN. El Consejo Directivo
de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
estará integrado por:
1. El Ministro de Defensa
Nacional quien lo presidirá.
2. El Ministro de Justicia
y del Derecho.
3. El Comandante General de
las Fuerzas Militares.
4. El Director General de
la Policía Nacional.
5. El Presidente de la
Corte Suprema de Justicia.
PARÁGRAFO 1o. Los Ministros solo
podrán delegar su participación en los Viceministros, el Comandante General de
las Fuerzas Militares podrá delegarla en el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional de Colombia en el
Subdirector General de la Policía Nacional, el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia en el Vicepresidente de la Corporación.
PARÁGRAFO 2o. Al Consejo Directivo
asistirá el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial, el Presidente del Tribunal Superior Militar
y Policial y el Fiscal General Penal Militar y Policial con voz pero sin voto.
El órgano directivo podrá invitar a otros servidores públicos y personas que
considere importante escuchar sobre determinados asuntos de interés para la
entidad, quienes asistirán con derecho a voz pero sin voto. El Consejo
sesionará con la periodicidad que determinen los estatutos.
La Secretaría Técnica del
Consejo estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y sus actas serán reservadas.
3o. En ningún caso los
miembros del Consejo Directivo ni el Director Ejecutivo de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, podrán
interferir en las decisiones judiciales de los funcionarios de la jurisdicción.
(…)
ARTÍCULO 54. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL. La Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá las siguientes
funciones:
1. Implementar las políticas y ejecutar los
planes, programas, proyectos y decisiones adoptadas por el Consejo Directivo.
2. Adoptar y proponer según su competencia,
las decisiones necesarias para que la Justicia Penal Militar y Policial se
imparta oportuna y eficazmente.
3. Administrar de conformidad con las normas
vigentes el talento humano, y los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial, desarrollando adecuados
sistemas de información y control.
4. Impartir las directrices para mantener
actualizada la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Unidad.
5. Elaborar y presentar al Consejo Directivo
de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial el
informe de gestión anual y los que este solicite.
6. Diseñar planes, programas y proyectos que
propendan por el comportamiento ético del personal de la Justicia Penal Militar
y Policial.
7. Elaborar e impulsar programas de
capacitación y formación del personal de la Justicia Penal Militar y Policial.
8. Adoptar los mecanismos de control de
rendimiento y gestión de los funcionarios y empleados de la Justicia Penal
Militar y Policial y tomar las decisiones necesarias para su buen
funcionamiento y descongestión.
9. Determinar la distribución, ubicación
territorial y lugar de funcionamiento de los despachos judiciales de acuerdo
con las necesidades del servicio.
10. Presentar al Consejo Directivo el mapa
judicial y sus modificaciones.
11. Crear y organizar los grupos internos de
trabajo necesarios para el funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial
de la Justicia Penal Militar y Policial y designar sus coordinadores.
12. Expedir manuales, de funciones y
requisitos, procesos y procedimientos, circulares, directivas, instructivos,
reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial.
13. Regular los trámites de los títulos
judiciales y demás aspectos administrativos que se adelanten en los despachos
judiciales y cuando lo considere necesario establecer servicios administrativos
comunes para ellos.
14. Conceder estímulos, reconocer los méritos
y otorgar las menciones honoríficas al personal que se distinga por los
servicios prestados a la Justicia Penal Militar y Policial.
15. Ejercer la facultad nominadora de los
servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, salvo de los de periodo.
16. Designar y terminar la designación de los
miembros de la Fuerza Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar
y Policial.
17. Definir las situaciones administrativas de
los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial y de los miembros de la Fuerza Pública del Cuerpo
Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, de acuerdo con la
Constitución y la ley.
18. Ubicar y distribuir los servidores
públicos de la Justicia Penal Militar y Policial de acuerdo con la planta
disponible y las necesidades del servicio.
19. Celebrar los contratos, convenios y
acuerdos que se requieran para el eficaz funcionamiento de la Justicia Penal
Militar y Policial.
20. Ser ordenador del gasto para el
cumplimiento de las funciones que le correspondan.
21. Representar a la entidad judicial y
extrajudicialmente y nombrar los apoderados especiales que demande la mejor
defensa de los intereses de la entidad.
22. Ejercer la función de control
disciplinario en los términos de ley, sobre los servidores públicos que ejerzan
funciones administrativas y de apoyo a los despachos judiciales, así como sobre
los Jueces de Conocimiento Especializado; Conocimiento, Garantías, Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, Fiscales Delegados ante los Jueces de
Conocimiento Especializado, Conocimiento y servidores del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, en relación con
conductas distintas a las derivadas de su función judicial y de policía
judicial.
23. Presentar el proyecto de presupuesto al
Consejo Directivo para su aprobación.
24. Elaborar el proyecto de plan de desarrollo
de la Justicia Penal Militar y Policial con su correspondiente plan de
inversiones y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo.
25. Suscribir convenios y acuerdos
institucionales con entidades nacionales e internacionales.
26. Administrar la Escuela de Justicia Penal
Militar y Policial que por esta ley se crea, presidir su Consejo Directivo y
nombrar su director.
27. Las demás que le asigne la ley y los
estatutos.
PARÁGRAFO. Para todos efectos, la representación legal de
la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
estará en cabeza de su Director Ejecutivo.
(…)
58. AUTORIDAD DISCIPLINARIA. Los servidores públicos que desempeñen cargos
de jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar y Policial, serán
investigados disciplinariamente por conductas derivadas del ejercicio de sus
funciones por la Procuraduría General de la Nación y, los demás servidores por
la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial; sin perjuicio en este último caso, del ejercicio del poder
preferente de la Procuraduría General de la Nación.
(…)
ARTÍCULO 65. INTEGRACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA
FUERZA PÚBLICA AL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para integrar el Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y, Policial, la Dirección Ejecutiva de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, solicitará a
las Fuerzas de acuerdo con las necesidades del servicio, el envío de listas de
candidatos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía
Nacional, para desempeñar cargos en la Jurisdicción Especializada, listas de
las cuales la Dirección de la Unidad seleccionará de acuerdo con el
procedimiento interno y designará a los funcionarios y empleados judiciales e
investigativos requeridos para el servicio.
(…)
ARTÍCULO 71. CONDICIONES PARA ASCENSO DEL
PERSONAL DEL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Los miembros de la Fuerza Pública
pertenecientes al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, para
ascender dentro de la jerarquía militar y policial, deberán acreditar además de
las condiciones y requisitos comunes establecidos en los estatutos de carrera
militar o policial, los siguientes:
1. Tener el tiempo mínimo de servicio efectivo
establecido para cada grado en los estatutos de carrera del personal de la
Fuerza Pública.
2. Capacidad profesional acreditada con las
evaluaciones anuales de desempeño en el cargo, realizadas conforme a lo
previsto en la presente ley.
3. Adelantar y aprobar los cursos de ascenso
reglamentarios.
4. Acreditar aptitud psicofísica de acuerdo
con el reglamento vigente.
5. Concepto favorable del Comité de Ascensos
del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
6. Tener la clasificación para ascenso.
ARTÍCULO 72. AUTORIDAD COMPETENTE
PARA CONCEDER ASCENSOS. El ascenso de los oficiales
hasta el grado de Coronel o Capitán de Navío será dispuesto por el Gobierno
nacional, y el de los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros
por el Ministro de Defensa Nacional previa recomendación del Comité de Ascensos
del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
(…)
ARTÍCULO
74. COMITÉ DE ASCENSOS DEL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL. El
Comité de Ascensos del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial
estará conformado por:
1. El Ministro de Defensa
Nacional o su delegado.
2. El Director Ejecutivo de
la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
3. El Presidente del
Tribunal Superior Militar y Policial.
4. El Fiscal General Penal
Militar y Policial.
5. El funcionario judicial
de mayor antigüedad y grado de las Fuerzas Militares, integrante del Cuerpo
Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, cuando se trate de ascensos
de las Fuerzas Militares.
6. El funcionario judicial
de mayor antigüedad y grado de la Policía Nacional, integrante del Cuerpo
Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, cuando se trate de ascensos
de la Policía Nacional.
ARTÍCULO
75. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ASCENSOS DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Son funciones del
Comité de Ascensos de la Justicia Penal Militar y Policial las siguientes:
1. Evaluar las anotaciones
existentes en el folio de vida y su respectiva clasificación o escala y la
calificación de la evaluación judicial, de gestión investigativa o de apoyo
judicial o investigativo de los miembros de la Fuerza Pública y de acuerdo con
ello decidir quiénes deben ser enviados a curso de ascenso a la Fuerza a la que
pertenecen.
2. Emitir concepto para
ascenso.
3. Clasificar al personal
de la Fuerza Pública miembro del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y
Policial.
4. Ratificar o modificar la
lista de precedencia de clasificación o escala para ascensos.
5. Seleccionar y recomendar
al Gobierno Nacional por intermedio del Ministro de Defensa Nacional, los
ascensos dentro de la jerarquía militar y policial del personal del Cuerpo
Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
6. Aplicar los reglamentos
de evaluación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, para la
calificación y clasificación del desempeño Militar y Policial.
7. Darse, su propio
reglamento.
(…)
ARTÍCULO 83. RETIRO DEL CUERPO AUTÓNOMO DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. El retiro del Cuerpo Autónomo de la Justicia
Penal Militar y Policial se configura cuando se termina la designación del
miembro de la Fuerza Pública en un cargo de la Justicia Penal Militar y
Policial.
PARÁGRAFO. Incurrir en cualquiera de las causales de
terminación de la designación del artículo anterior conlleva igualmente el
retiro de la Fuerza Pública. La Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, tramitará el retiro del
servicio activo del miembro de la Fuerza Pública ante el Gobierno nacional o el
Ministro de Defensa, según corresponda.
ARTÍCULO 90. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS
FISCALES PENALES MILITARES Y POLICIALES DELEGADOS ANTE LOS JUECES PENALES
MILITARES Y POLICIALES Y DE LOS SERVIDORES DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La evaluación de desempeño de los fiscales
penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y
policiales y de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Justicia Penal Militar y Policial, corresponde al Director Ejecutivo de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, al
Fiscal General Penal Militar y Policial y a los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, de
conformidad con los siguientes criterios:
1. El Director Ejecutivo de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial evaluará el
rendimiento estadístico de los fiscales penales militares y policiales
delegados ante los jueces penales militares y policiales y de los servidores
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, de
acuerdo con la validación de los informes de cada despacho y el informe
estadístico consolidado presentado por el Coordinador Nacional del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
2. El Fiscal General Penal Militar y Policial
y los Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal
Superior Militar y Policial, evaluarán la gestión investigativa, el diseño del
programa metodológico, la estructura de la teoría del caso, la actuación y
argumentación en estrados judiciales y su efectividad en el resultado de la
acción penal de los Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los
Jueces Penales Militares y Policial. Así mismo evaluarán a los coordinadores
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial,
con fundamento en la eficaz planeación, organización y control de las misiones
asignadas a los servidores.
3. El Fiscal General Penal Militar y Policial
y el Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación evaluarán la
gestión desarrollada en las misiones de trabajo, la efectividad de los informes
periciales, técnicos y los resultados de la actividad investigativa de los
servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial.
PARÁGRAFO. La consolidación de las evaluaciones
establecidas en los numerales anteriores permitirá determinar el rendimiento
anual de los Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces
Penales Militares y Policiales, y de los servidores del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, la cual constituirá para
el personal militar y policial el indicador de desempeño en el cargo.
ARTÍCULO 109. Adicionase el artículo 491A a la Ley 1407 de 2010, el cual será del
siguiente tenor:
‘Artículo 491A. Preacuerdos desde la
audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y
hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el
imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación.
Obtenido este preacuerdo, el fiscal penal militar y policial delegado lo
presentará ante el juez penal militar y policial de conocimiento o de
conocimiento especializado como escrito de acusación.
El fiscal penal militar y policial delegado y
el imputado, a través de su defensor podrán adelantar conversaciones para
llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito
imputado, o de uno relacionado con pena menor, a cambio de que el fiscal penal
militar y policial delegado:
l. Elimine de su acusación alguna causal de
agravación punitiva, o algún cargo específico.
2. Tipifique la conducta, dentro de su
alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena’.
ARTÍCULO 110. Modificase el Artículo 493 de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
‘Artículo 493. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en
la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la
mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de
acusación.
También podrán el fiscal penal militar y
policial delegado y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos
imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado
con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja
compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la
forma prevista en el inciso anterior.
En el evento que la fiscalía, por causa de
nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más
gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos
deben referirse a esta nueva y posible imputación.
Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y
acusado obligan al juez penal militar y policial de conocimiento o de
conocimiento especializado, salvo que ellos desconozcan o quebranten las
garantías fundamentales.
Aprobados los preacuerdos por el juez penal
militar y policial de conocimiento o de conocimiento especializado, procederá a
convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
Las reparaciones efectivas a la víctima que
puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal penal militar y policial
delegado e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de
rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.
PARÁGRAFO. Cuando el acusado, previo acuerdo con la
Fiscalía colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen
otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de
delincuencia organizada, tendrá derecho a una rebaja de hasta la mitad de la
pena a imponer.
El mismo beneficio será concedido cuando el
imputado sirva como testigo principal de cargo contra los demás
intervinientes’.”
2.3. Normas demandadas
de la Ley 1407 de 2010. En relación con los artículos 294 y 298, se
subrayan y destacan los apartes acusados. Frente al artículo 299, en la medida
en que los cargos se dirigen contra todo el contenido, la Corte se limita a su
transcripción.
“LEY
1407 DE 2010
(agosto 17)
Diario Oficial No.
47.804 de 17 de agosto de 2010
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por la cual se
expide el Código Penal Militar.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 294. VÍCTIMAS. Se entiende por víctimas,
para efectos de este Código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos
de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo
como consecuencia del injusto.
ARTÍCULO
298. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN. A quien demuestre
sumariamente su calidad de víctima, la Fiscalía General Penal Militar le
suministrará información sobre:
1. Organizaciones a las que
puede dirigirse para obtener apoyo y de qué tipo puede ser este.
2. El lugar y el modo de
presentar una denuncia o una querella y su papel en las actuaciones
subsiguientes.
3. El modo y las
condiciones en que puede pedir y obtener protección.
4. Las condiciones en que
de modo gratuito puede acceder a asesoría o a asistencia jurídica, asistencia o
a asesoría psicológica u otro tipo de asesoría.
5. Los requisitos para
acceder a una indemnización.
6. Los mecanismos de
defensa que puede utilizar.
7. El trámite dado a su
denuncia o querella.
8. Los elementos
pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el
desarrollo de la actuación.
9. La fecha y el lugar del
juicio oral.
10. El derecho que le
asiste a promover el incidente de reparación integral.
11. La fecha en que tendrá
lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia.
12. La sentencia del juez.
También adoptará las
medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo para las
víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la puesta en
libertad de la persona inculpada.
ARTÍCULO
299. INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL. Las víctimas del
injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación,
tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de
acuerdo con las siguientes reglas:
1. Podrán solicitar a
través del fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección
frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus
familiares.
2. El interrogatorio de las
víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y
dignidad.
3. Para el ejercicio de sus
derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado;
sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán
que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio
jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.
4. En caso de existir
pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que
estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un
acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.
5. Si la víctima no contare
con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa
solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía Penal
Militar le designará uno de oficio.
6. El juez podrá en forma
excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su
intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.
7. Las víctimas podrán
formular ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una
vez establecida la responsabilidad penal del imputado.”
III.
LA
DEMANDA
1.
Normas
constitucionales que se consideran infringidas
De acuerdo con la demanda, las normas acusadas
desconocen los artículos 1º, 2º, 29, 93, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 150,
152, 189-3, 213, 216, 217, 218, 228, 229, 230, 235, 237, 241, 246, 250, 251-4 y
256,  de la Constitución Política; así como también el preámbulo y los
artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el
artículo 14 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
los artículos 1º, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH) y el artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas.
2.
Fundamentos
de la demanda
A través de los distintos cargos de
inconstitucionalidad, se plantea que la vulneración de las citadas
disposiciones, por parte de las normas acusadas, se produce: (i) por
vicios de procedimiento, derivados de la presunta violación de la reserva
de ley estatutaria, y, (ii) por vicios de fondo, a)
en razón a la ampliación indebida de la competencia de la justicia penal
militar; b) la posibilidad del juzgamiento de civiles por parte
de la justicia penal militar; c) el desconocimiento de los
principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la administración de
justicia; d) la vulneración de los derechos de las víctimas; y e)
la violación de la prohibición constitucional expresa de atribuir funciones de
policía judicial a las fuerzas militares y desconocimiento del diseño
constitucional para la Fiscalía General de la Nación.
A continuación se procede a la explicación de los
distintos cargos de conformidad con lo planteado en la demanda.
2.1. Cargo contra toda la Ley 1765
de 2015 por vicio de procedimiento derivado de la presunta violación de la
reserva de ley estatutaria
2.1.1. Según los demandantes, el proyecto de ley
210/2014 Cámara – 085/2014 Senado, que dio origen a la Ley 1765 de 2015, “Por
la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen
requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General
Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se
señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal
acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción
Especializada y se dictan otras disposiciones”, se tramitó bajo el
procedimiento ordinario, cuando debió dársele el trámite de las leyes
estatutarias, en razón a que en ella se regulan aspectos estructurales de la
administración de la justicia penal militar. Según su entender, tal
irregularidad en el trámite de la citada ley, “constituye un vicio de
procedimiento insubsanable en su proceso de formación, por vulneración de lo
dispuesto en los artículos 152 y 153 de la Constitución Política y 119 de la
ley 5ª de 1992 – Reglamento Interno del Congreso”.
2.1.2. En relación con dicho cargo, exponen los
actores que, de conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, la
reserva estatutaria en materia de administración de justicia se predica de
aquellas leyes que se refieren a los elementos estructurales esenciales de la
función pública de justicia, esto es, a la determinación de los principios que
informan la administración de justicia, así como a los órganos encargados de
ejercerla y sus competencias generales. Siendo ello así, aducen que el proyecto
que dio paso a la expedición de la Ley 1765 de 2015 ha debido surtir el trámite
más riguroso y especializado de las leyes estatutarias, pues, mediante su
texto, se regulan “elementos esenciales de la administración de la justicia
penal militar” tales como: “los principios rectores de la administración
de justicia que son de obligatorio cumplimiento en la Jurisdicción Penal
Militar y Policial; su ámbito de aplicación; la estructura de la Justicia Penal
Militar y Policial; los órganos jurisdiccionales que la conforman; la
competencia asignada a los funcionarios que ejercen la función jurisdiccional;
los requisitos para el desempeño de cargos en la justicia penal militar y
policial; la estructura de la Fiscalía General Penal Militar; la composición
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial; la
administración de la Justicia Penal Militar y Policial; se crean la Escuela de
Justicia Penal Militar y Policial y el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal
Militar y Policial; se establece el régimen de personal aplicable a los
miembros de la fuerza pública que conforman el Cuerpo Autónomo de la Justicia
Penal Militar y Policial; se fijan disposiciones para garantizar la
operatividad del sistema acusatorio en esta jurisdicción, así como los casos en
los que se aplicará el principio de oportunidad”.
2.1.3. Sostienen que, en la medida en que la Ley 1765
de 2015 se ocupó de reestructurar la Justicia Penal Militar, derogando y
modificando algunos apartes del Decreto 1512 de 2000 y de la Ley 940 de 2005
que regulaban la materia, su trámite de aprobación debió ser el de las leyes
estatutarias, más aún, “cuando contiene disposiciones que consideramos
vulneradoras de los principios sustanciales y procesales que guían la
administración de justicia; así como con las competencias generales de los
órganos encargados de ejercerla, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional en la materia”. Tal aserto, señalan, “lo demuestra el
desarrollo argumentativo de los cargos de fondo, donde se abordan desde
diversas perspectivas, la estrecha relación entre múltiples principios
constitucionales y normas incorporadas en el bloque de constitucionalidad
referidas a la administración de justicia, con la reestructuración de la
Justicia Penal Militar en los términos de la Ley 1765 de 2015 lo cual conlleva,
de acuerdo con las consideraciones precedentes, a la obligatoriedad de la
reserva de ley estatutaria y su trámite correspondiente”.
2.1.4. Con respecto a la aplicación de los principios
que informan la administración de justica a la estructura de la Justicia Penal
Militar, aducen los demandantes que la jurisprudencia constitucional “ha
señalado que a pesar de que esta no pertenece a la rama judicial sino a la rama
ejecutiva y de que ejerce funciones jurisdiccionales de manera restringida, en
efecto administra justicia y por esta razón no puede desconocer los principios
propios de dicha función”. Sobre esa base, destacan que “la relación
entre la ley demandada y los principios que orientan la administración de
justicia es estudiada más adelante en la presente demanda, en el cual se aborda
la afectación a los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial, a partir del contraste con el texto constitucional, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y las normas que hacen parte del bloque de
constitucionalidad”.
2.1.5. En el caso específico de los principios de
autonomía e independencia judicial, los actores afirman que, tanto la
normatividad nacional e internacional, como la jurisprudencia de los altos
tribunales en los dos ámbitos, han destacado que los referidos principios “deben
ser entendidos en términos generales como la ausencia de injerencias indebidas
en la labor de administrar justicia por parte de otras ramas del poder y que en
este entendido, las normas que afecten el desarrollo de estos principios
rectores de la administración de justicia tienen reserva de ley estatutaria y
deben tramitarse por tal motivo con el procedimiento previsto por la
Constitución y la ley para este tipo de norma”.
Tratándose de la ley acusada, destacan, el hecho de
que su proceso de formación no haya seguido el trámite previsto para las leyes
estatutarias, constituye un vicio de formación insubsanable, “pues las
modificaciones a la jurisdicción de la Justicia Penal Militar y Policial
incorporadas a través de la misma implican alteraciones a los principios
constitucionales que rigen a la administración de justicia”. Ello ocurre,
por ejemplo, en el caso de las normas que regulan lo relacionado con el proceso
de nombramiento de los jueces, fiscales y demás funcionarios de la justicia
penal militar, el cual no garantiza suficientemente la independencia de la
misma, entre otras razones, por cuanto tales “funcionarios operadores del
sistema de justicia penal militar estarán sometidos a un permanente proceso de
evaluación por funcionarios que no tienen la condición de hacer parte del
sistema judicial colombiano”. Tal situación también tiene lugar en el caso
de las normas que atribuyen competencias propias de la administración de
justicia a entidades de carácter militar que no deberían desarrollar estas
funciones, como sucede con la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar o el Cuerpo Técnico de Investigación de la justicia castrense,
pues estas “entidades se ocuparían de funciones que deberían ser ejercidas
directamente por un órgano de la rama judicial o bajo la coordinación de uno de
estos, no bajo la dependencia de una entidad vinculada al poder ejecutivo, como
lo es el Ministerio de Defensa cuyos miembros serán investigados y juzgados
bajo esos parámetros”.
2.2. Cargo contra los artículos 8 y
9 de la Ley 1765 de 2015 por ampliación indebida de la competencia de la
Justicia Penal Militar
2.2.1. Apoyándose en el derecho internacional de los
derechos humanos, en el derecho internacional humanitario y en pronunciamientos
del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y de la Corte Constitucional colombiana, los demandantes
sostienen que, en virtud de los principios de funcionalidad y especificidad,
que informan la administración de justicia, la jurisdicción penal militar tiene
un carácter restringido y excepcional, en el sentido que la misma se reserva
para aquellos delitos cometidos por el personal en servicio activo en el ámbito
de las competencias atribuidas a los miembros de la fuerza pública. Así,
sostienen, “es la naturaleza de la actividad exclusivamente militar la que
se constituye como factor determinante para que una conducta se considere como
delito militar y sea posible atribuir competencia al juez penal militar”.
2.2.2. Sobre esa base, afirman que las disposiciones
contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, “desconocen los
principios de funcionalidad y especificidad que deben regir la atribución de
competencias en cabeza de la jurisdicción penal militar”, pues las mismas “no
contienen esa necesaria relación de conexidad entre los delitos cuya competencia
se atribuye a los jueces penales militares y las actividades propias del
servicio activo”. Aducen que los delitos a que hacen referencia las citadas
normas, en realidad, buscan tutelar bienes jurídicos, como son los derechos
humanos, la seguridad y la administración pública, “cuya protección no
guarda estrecha relación de conexidad con el servicio militar activo, y por lo
tanto, la competencia para el juzgamiento y sanción de las conductas que les
vulneren deben estar radicadas en la jurisdicción penal ordinara”.
2.2.3. Al respecto, explican que “las normas
analizadas hacen que se configure una regla general de competencia en la
jurisdicción penal militar, lo cual, termina desconociendo principios de
derecho internacional, jurisprudencia interamericana, la Constitución Política
y el precedente sentado por la Corte Constitucional, que de manera unívoca
establecen el carácter restringido de la justicia penal militar frente al
carácter amplio de la jurisdicción ordinaria con el fin de que se desarrollen juicios
justos por jueces independientes y se pueda garantizar el debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y el orden justo y democrático dentro
del Estado Social de Derecho”.
2.2.4. Sobre los delitos contra los derechos humanos,
como es el caso del homicidio (art. 8-1), los delitos contra la población civil
(art. 8-7) y las lesiones personales (art. 9-5), estos “no pueden ser
juzgadas por tribunales militares en la medida en que tales actos, por su
propia naturaleza, no corresponderían al ámbito de las funciones ejercidas por
el personal militar”, por lo cual, tales delitos “quebrantarían el fuero
funcional de carácter restringido que impone la jurisdicción penal militar, que
se encuentra limitado en razón de la materia (delito estrictamente militar)”.
Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
concretamente la fijada en el caso de la Masacre de la Rochela Vs Colombia,
los actores sostienen que, según lo dicho por el referido tribunal en el caso
citado, el juzgamiento de miembros de la fuerza pública “por el delito de
homicidio en la jurisdicción penal militar implicó una violación al principio
del juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a
la justicia, dado que dicha jurisdicción carecía de competencia”.
2.2.5. En punto a los delitos contra la administración
pública, que según los demandantes “comprende el conjunto de delitos
consagrados en los numerales 3 y 4 del artículo 8 y los numerales 6 y 7 del
artículo 9 y cuyo contenido comprende la violación de distintos bienes
jurídicos, como la fe pública, el patrimonio económico y la administración
pública en general”, aducen que “estos delitos no se encuentran en
relación directa con la prestación de servicio activo por parte de los miembros
de las fuerzas armadas”, por no ser “propio de sus competencias,
relacionadas con la seguridad y el ejercicio de la fuerza”. Al respecto,
señalan que “[l]a defensa de la integridad de la fe pública, de la
administración o del patrimonio económico no son funciones propias del servicio
militar activo en el sentido de que su garantía y protección no requiere la
intervención de los miembros de la fuerza pública sino de la intervención del
Estado a través de las autoridades administrativas instituidas legal y constitucionalmente
en cada caso para proteger diferentes bienes jurídicos”.
No obstante lo anterior, consideran que, frente a “algunos
delitos enunciados en el artículo 9 numeral 7 como es el caso del peculado
sobre bienes de dotación, el abuso de autoridad especial y la omisión de apoyo
especial, se puede hacer un condicionamiento en el entendido de que debe
tratarse de delitos que se cometan con ocasión del servicio activo, ya que en
esos casos si podría haber una relación con el mismo”.
2.2.6. Tratándose de los delitos contra la seguridad
del Estado, como es el caso de los “delitos contra la protección y la
información de los datos (art. 8 núm, 2), delitos contra la seguridad pública
(art. 8 Núm. 5), delitos contra la seguridad de la fuerza pública (art. 8. Núm.
6) y delitos contra la existencia y la seguridad del Estado (art. 8 Núm. 8)”,
señalan que, en principio, los mismos no son “incompatibles con las normas
relativas a la independencia e imparcialidad de la judicatura, razón por la
cual, los tribunales militares que reúnan las características de independencia,
imparcialidad y competencia, podrían conocer de este tipo de violaciones”.
Sin embargo, manifestando apoyarse en decisiones de los tribunales de derechos
humanos, destacan que “los tribunales penales militares no satisfacen los
requisitos de un tribunal independiente e imparcial aplicable a aquellos
procesos que se alejan de la sanción de los actos castrenses así su propósito
fundamental sea mantener el orden y la seguridad”. Por esa razón, concluyen
que los tribunales penales militares “no pueden juzgar violaciones
relacionadas con la seguridad del Estado, cuando la misma no es consecuencia
del servicio militar y no es cometida por funcionarios que pertenecen a las
fuerzas de seguridad del Estado, es decir, que se aplica la interpretación
restrictiva del delito militar y, en particular, del delito de función”.
Considerar la contrario, sostienen, “podría generar consecuencias graves en
la protección de los derechos humanos y el respeto a las garantías
constitucionales, toda vez que se le estaría dando alcance a la jurisdicción
militar sobre asuntos que son de resorte exclusivamente civil”.
En ese sentido, consideran los actores que resulta
contrario a la Constitución y a los principios del derecho internacional, que
se permita a los tribunales penales militares juzgar los delitos que atenten
contra la seguridad del Estado cuando éstos sean cometidos por personal civil,
toda vez que existe prohibición constitucional sobre la posibilidad del juzgamiento
de civiles por la justicia castrense.
2.2.7. Finalmente, los demandantes se refieren a los
delitos sin asignación especial de competencia, que “[c]omprende el conjunto
de delitos consagrados en el numeral 9 del artículo 8 y el numeral 8 del
artículo 9 y cuyo contenido se refiere a la competencia general radicada en la
jurisdicción militar para todos aquellos delitos que no tengan asignación
especial de competencia”. Ello, para sostener que la asignación general de
competencia a la jurisdicción penal militar “desconoce a todas luces la
jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia interamericana, tratados y
principios internacionales y doctrina que han establecido el alcance
restringido de la competencia de la jurisdicción penal militar, pues su ampliación
injustificada atentaría contra el debido proceso, el derecho al juez natural y
contra la democracia misma”.
2.3. Cargo contra el artículo 2 de
la Ley 1765 de 2015 por el posible juzgamiento de civiles por parte de la
justicia penal militar
2.3.1. Sostiene los demandantes que el artículo 2 de
la Ley 1765 de 2015, en la medida en que extiende la competencia de la justicia
penal militar más allá del juzgamiento de miembros de la fuerza pública que
cometan delitos en servicio activo y en relación con el mismo, como es el caso
de los militares en retiro y de los civiles que desempeñan cargos en la
Justicia Penal Militar, desconoce el principio de independencia judicial y los
derechos a la igualdad y al juez natural, así como también la prohibición constitucional
prevista en el artículo 213 Superior, en virtud de la cual, “[e]n ningún
caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal
militar”.
2.3.2. Aducen que, ateniéndose al significado de la
expresión “en ningún caso”, contenida en el artículo 213 de la Carta, “debe
colegirse que bajo esta expresión se comprenden tanto a los civiles como a los
militares retirados, que como lo han expresado varios órganos internacionales,
son también civiles, aunque unos y otros puedan desempeñar cargos en diferentes
instancias de la justicia penal militar”. Al respecto, precisan que, “[s]i
el fundamento funcional de la justicia penal militar se refiere a conductas
perpetradas en servicio activo por militares en servicio, y en acciones directa
y sustancialmente vinculadas con el mismo servicio, es claro que el desempeño
de funciones de investigación, de apoyo, o de investigación y juzgamiento no
corresponden a la naturaleza militar de las funciones que constituyen la
limitación ratione personae de los sujetos justiciables mediante el fuero penal
militar”.
Consideran igualmente, que la ampliación de
competencia prevista en la norma acusada, más allá de los miembros de la fuerza
pública que cometan delitos en servicio activo y en relación con el mismo,
desconoce también diferentes instrumentos internacionales que consagran la
referida prohibición, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la materia y la propia jurisprudencia constitucional; las cuales
coinciden en afirmar que la justicia penal militar debe estar estrictamente
reservada a militares en servicio activo, por lo cual, los militares en retiro
-por su condición de civiles- y el personal civil al servicio de la fuerza
pública deben ser juzgados por la justicia ordinaria.
2.4. Cargo contra la totalidad de
la Ley 1765 de 2015, por desconocimiento de los principios de independencia,
autonomía e imparcialidad de la administración de justicia
En relación con dicho cargo, advierte la Corte que, de
acuerdo con el contenido de la demanda, el mismo se dirige, de manera general,
contra todas las disposiciones acusadas de la Ley 1765 de 2015, y no contra
alguna o algunas de ellas en particular.
En relación con el punto, al iniciar la formulación de
la acusación, los demandantes señalan: “[e]l cargo de inconstitucionalidad
por falta de independencia, autonomía e imparcialidad de la justicia penal
militar reformada en su estructura por la Ley 1765 de 2015, se fundamenta en
que la misma desconoce los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial, los cuales se encuentran consagrados en el preámbulo,
artículos 1, 2, 29, 113, 114, 115, 116, 121, 150, 228, 229, 230, 235, 237, 241,
246, 250, 256 de la Constitución Política de 1991; el preámbulo, los artículos
8 y 10 de la DUDH; el artículo 14 del PIDCP y los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”.
Conforme con ello, basándose en el Capítulo VIII de la
Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y varios instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos -como la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas-, los actores ponen
de presente “la necesidad de la independencia del sistema judicial del resto
de las ramas del poder público, como elemento fundamental de la construcción
democrática de nuestro estado de derecho y de las garantías judiciales que
deben asistir a todos los ciudadanos, tanto a los que son acusados como los que
acceden a exigir justicia”.
Al respecto, precisan que “[e]l principio de
separación de poderes, así como la independencia y autonomía judicial, son
elementos que caracterizan las democracias constitucionales y no se consagran
sólo para evitar intromisiones ilegítimas de autoridades pertenecientes a otras
ramas del poder público, sino también para garantizar que al interior de la
propia administración de justicia se observe la correcta división funcional de
competencias y se garanticen contrapesos al ejercicio de todo poder público”.
Sobre esa base, sostienen que la “jurisdicción
penal militar constituye una excepción constitucional a la regla del juez
natural general”, razón por la cual, “su ámbito debe ser interpretado de
manera restrictiva, tal como lo precisa la Carta Política al establecer en su
artículo 221 que la justicia penal militar conocerá ´de los delitos cometidos
por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el
mismo servicio´”. En ese sentido, destacan, el Constituyente, “al
plantearse la existencia de la Justicia Penal Militar y a través de ella
desarrollar el Fuero, reconoce que la existencia de este solo puede cubrir los
delitos meramente relacionados con el ejercicio del servicio y evidentemente
señala que esta debe estar limitada”, lo cual “es un reconocimiento de
que dicha jurisdicción no cumple con los estándares de independencia y
autonomía para tener el conocimiento de todos los delitos cometidos por los
militares y policiales”.
En relación con esto último, ponen de presente que con
la restructuración de la justicia penal militar, a través de la Ley 1765 de
2015, quiso el legislador “lograr una reforma que muestre una supuesta
independencia de la Justica Penal Militar sin que esta quede separada realmente
del ejecutivo y en especial del Ministerio de Defensa, al tiempo que busca que
se acepte una ampliación de las conductas que son de su conocimiento”.
A partir de dicho propósito, los demandantes entran a
evaluar “si cumple la Ley 1765 de 2015 con los estándares de independencia y
autonomía fijados por la Constitución, la ley y la jurisprudencia internacional
de Derechos Humanos”, para lo cual manifiestan aplicar lo que denominan “un
test válido”, que, de acuerdo con la Corte IDH y la Relatoría Especial,
deben respetar los estados democráticos para asegurar la independencia
judicial. En ese orden, destacan, como elementos de evaluación del test,
los siguientes: “1. Procedimiento de nombramiento de los operadores
judiciales, 2. Permanencia preestablecida para el cargo, estabilidad y posibilidad
de permanencia. 3. Garantías contra presiones externas. 4. Diferencia de
funciones entre autoridades judiciales y ejecutivas. Y 5. Suficiente nivel de
imparcialidad, no sesgo y razonabilidad de los jueces y funcionarios judiciales
(no espíritu de cuerpo)”.
Aplicando el referido test a las normas
acusadas, los actores concluyen que la reforma estructural a la Justicia Penal
Militar representada en la ley demandada, “no supera la falta de
independencia, autonomía e imparcialidad que reiteradamente se ha señalado para
esta jurisdicción”. Precisan, al respecto, que, “si bien la Justicia
Penal Militar es una entidad importante para el desarrollo de las funciones de
las fuerzas militares, presenta serios problemas en cuanto a la independencia e
imparcialidad judicial, pues se trata de un organismo que estructuralmente
depende del poder ejecutivo, cuestión que no es superada por la Ley 1765 de
2015 y que por el contrario profundiza nuevas formas de asegurar la dependencia
de todos los funcionarios de dicho sistema judicial de las políticas y visiones
que desarrolla el Ministerio de Defensa y en general el poder ejecutivo”.
La presunta falta de independencia, autonomía e
imparcialidad en que incurre la ley acusada, lo muestran los actores destacando
aspectos concretos de la ley acusada, de la siguiente manera:
-
El
hecho de que sea el Presidente de la República, el que tenga la facultad
exclusiva para presentar las ternas de las que la Corte Suprema de Justicia
elije los magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, “crea una
situación de dependencia del ejecutivo, en la definición de la visión y
orientación que dicha selección tendría del poder ejecutivo”, situación que
“nos muestra que la independencia de esa jurisdicción se mantiene en
nivel[es] muy bajos” (art. 15). Esa tendencia se ve fortalecida,
además,  con la transformación de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal
Militar en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, “la cual continuará dependiendo estructuralmente del Ministerio de
Defensa y hará parte del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional” (art. 44).
-
Exigir
como requisito para acceder a todos los cargos de magistrado y juez en la
Justicia Penal Militar y Policial, “ser oficial en servicio activo o en
retito de la Fuerza Pública”, salvo para los cargos de Juez Penal Militar o
Policial de Control de Garantías y Juez Penal Militar o Policial de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, “predetermina la selección de las personas que
se nombrarán en el sistema de Justicia Penal Militar, lo cual es una medida que
contradice y desmonta cualquier avance en el proceso para lograr un
nombramiento independiente del cuerpo de funcionarios que manejarán los
desarrollos y procesos sometidos a esta jurisdicción” (art. 11).
-
Disponer
que el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial (funcionarios,
empleados judiciales e investigativos) se integrará de las listas de candidatos
que remitan las respectivas Fuerzas -de acuerdo con las necesidades del
servicio- a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, quien los seleccionará y designará, constituye una “intromisión de
las Fuerzas Armadas en el nombramiento y la conformación del cuerpo de
funcionarios y operadores del sistema de Justicia Penal Militar (…) porque de
manera temprana configura quienes podrán ser tenidos en cuenta y quienes no,
para la conformación de los tribunales y juzgados, y aún más grave de la
Fiscalía Penal Militar y el CTI Militar”. Ello, tras considerar que “un
mecanismo democrático de selección, debería basarse en la posibilidad
individual y libre de los ciudadanos de poderse postular para aspirar a
integrar el sistema de Justicia Penal Militar o cualquier entidad de justicia
del Estado” (art. 65).
-
La
circunstancia de que, con excepción de los cargos de Magistrado del Tribunal
Superior Militar y Policial (art. 15) y de Fiscal General Penal Militar y
Policial (art. 22), los demás funcionarios operadores del sistema de justicia
penal militar se encuentren “sometidos a un permanente proceso de
evaluación, por funcionarios que no tienen la condición de hacer parte del
sistema judicial colombiano”, como lo es la Unidad Administrativa Especial
de la Justicia Penal Militar y Policial, “no satisfacen los estándares
internacionales, ni constitucionales que garantizan un adecuado nivel de
independencia de los funcionarios operadores del sistema de justicia penal
militar restructurado por la Ley 1765 de 2015” (art. 48).
-
La
forma como se regula el sistema de ascensos del personal del Cuerpo Autónomo de
la Justicia Penal Militar y Policial, y el hecho de “que un ente de la
justicia penal militar [el Comité de Ascensos del Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial] t[enga] la función de calificar las
condiciones y posibilidades para los ascensos militares, a los operadores
judiciales, (…) constituye un amarre de intereses muy grave para la
independencia judicial”. Las funciones asignadas al Comité de Ascensos del
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, “dan cuenta de un
poder muy importante, pues determinan la continuidad de la carrera profesional
militar, la cual según el contenido normativo de la ley 1765/2015 es la
principal”; circunstancia que, a su vez, “hace que los funcionarios del
sistema de justicia penal militar, dependan de los máximos dirigentes de dicha
jurisdicción para poder continuar su carrera profesional en sus dos aristas,
tanto en la carrera como funcionarios judiciales y al mismo tiempo como militares”.
Tal situación, “mantiene o coloca a los integrantes de la Justica Penal
Militar en permanente situación de presión, lo cual hace suponer que no es
factible que la voluntad y visión libre de estos funcionarios les permita
ejercer adecuadamente y con independencia sus funciones judiciales” (arts.
70, 71, 74, 75).
-
El
control administrativo del sistema de justicia Penal Militar está a cargo del
ejecutivo, tal y como se advierte de la forma como se integra el Consejo
Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial; de las causales  de terminación de la Designación en el Cuerpo
Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial y Retiro de la Fuerza Pública;
y del régimen disciplinario aplicable. En el caso del régimen disciplinario, se
destaca que “los militares y policiales activos que tengan la condición de
miembros del sistema de justicia penal militar, estarán sometidos a dos campos
de presión disciplinarios, por un lado los factores de evaluación y control por
el cumplimiento de sus funciones judiciales”, y del otro, “esos mismos
funcionarios tienen que responder a un régimen disciplinario, amarrado a los
reglamentos de la fuerzas militares y de la policía, de lo cual no se tiene
claridad, sobre todo si se afirma en la misma ley que los militares y
policiales en servicio activo de la fuerzas estarán dedicados a la función
judicial y separados del mando” (arts. 50, 82-3-4, 83, 85 y 87).
-
En la
selección y nombramiento de los funcionarios de la Justica Penal Militar y Policial,
“no se garantiza de los jueces y magistrados del sistema de justicia penal
militar, unas adecuadas condiciones de imparcialidad y por el contrario la ley
busca asegurar la selección de un determinado sector poblacional que pueda
tener sesgos concretos sobre los asuntos que se pondrán a su conocimiento”.
Los requisitos exigidos para tales cargos, en la medida en que mezclan la doble
condición de militares o policiales en servicio con la función judicial, “lo
que reflejan es que la ley 1765 de 2015, busca garantizar que los seleccionados
para ocupar cargos de juzgamiento en la justicia penal militar sean personal de
confianza de las fuerzas militares que garantice la debida comprensión de las
razones militares y policiales, y tengan profundo conocimiento de los
pensamientos y principios de acción de militares y policiales”. En ese sentido,
lo que se persigue es “asegurar la selección de un determinado sector
poblacional que puede tener sesgos concretos sobre los asuntos que se pondrán a
su conocimiento” (arts. 14, 16 y 79).
2.5. Cargo contra los artículos 109
y 110 de la Ley 1765 de 2015 y 294, 298 y 299 de la Ley 1407 de 2010, por la
vulneración de los derechos de las víctimas
2.5.1 Acusación contra los
artículos 109 y110 de la Ley 1765 de 2015
Para estructurar dicho cargo, los actores parten de
considera que “[l]os derechos de las víctimas representan una condición
indispensable para la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia”.
Sobre esa base, en la demanda se hace un breve recuento del sistema penal
acusatorio, instaurado en Colombia por el Acto Legislativo 03 de 2002 y
desarrollado por la Ley 906 de 2004, y sobre los derechos que se les reconoce a
las víctimas en el proceso penal del sistema acusatorio, cuyo amplio
reconocimiento ha tenido lugar por vía jurisprudencial.
Apoyándose en la jurisprudencia constitucional, los
actores sostienen que la estructura del sistema penal acusatorio descansa en la
“separación material y funcional” de las funciones de investigación y
juzgamiento. La primera, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, quien
adquiere un nuevo rol con funciones exclusivamente acusatorias, y la segunda, a
cargo de los jueces de conocimiento, a quienes se les despoja de la posibilidad
de tener alguna acción investigativa. De igual manera, sostienen, en el sistema
acusatorio se separa la función de garantías de la de conocimiento del asunto,
pues el juez que ejerce las funciones de control de garantías no puede ser, en
ningún caso, juez de conocimiento.
A continuación, los demandantes precisan que los
elementos de separación material y funcional, propios del sistema acusatorio, “no
se configuran al interior de la Ley 1765 de 2015, que pretende la adecuación
del sistema penal acusatorio a la justicia penal militar, pues como puede
observarse de una simple lectura de dicha norma, la Fiscalía Penal Militar y
los jueces de Justicia Penal Militar, hacen parte de un mismo cuerpo y dependen
de una misma autoridad en este caso del Ministerio de Defensa a través de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, que
‘tendrá como objetivo fundamental la organización, funcionamiento y
administración de la jurisdicción especializada’ según lo dispone el artículo
45 de la ley 1765 de 2015”, lo cual comprende, además, “‘[ll]evar el
control y gestión de rendimiento de los funcionarios y empleados de la
Jurisdicción Penal Militar y policial’ como lo establece el numeral 2 del
artículo 48 de la misma ley”.
En ese contexto, los actores sostienen que los
artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, al enunciar formas de terminación
del proceso que son propias de la justicia ordinaria, particularmente en la
modalidad de preacuerdos y negociaciones entre el imputado o acusado y el
fiscal, “están tomando atribuciones que según el artículo 250 superior le
corresponden exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, quien está
obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que
llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o
de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.
De ese modo, afirman, además de no quedar dicha
atribución “en la órbita de conocimiento del juez natural, en este caso de
la justicia ordinaria, se vulnera el derecho de las personas víctimas de tales
delitos a tener un recurso eficaz, y que el juzgamiento sea por parte de un
tribunal independiente e imparcial, como se ha señalado en la jurisprudencia
nacional e internacional”.
En ese sentido, entienden los demandantes, los
artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, implican una “contradicción con
la obligación constitucional de protección y garantía de las personas víctimas
de violaciones a los derechos humanos a la verdad, justicia, reparación
integral y garantías de no repetición”. De ese modo, configuran una
violación de los artículos 1, 2, 29, 228 y 229 de la Constitución Política, y
de los tratados internacionales de derechos humanos, pues los mismos “sustituyen
un principio fundamental, al determinar que en las investigaciones dirigidas
contra los miembros de la fuerza pública podrán celebrarse acuerdos con el
investigado que dejarán como consecuencia la terminación del proceso de
juzgamiento y por consiguiente la cesación de la investigación de las faltas
cometidas en contra de las víctimas”.
Adicionalmente, los actores llaman la atención de la
Corte en el sentido de destacar que el numeral 2 del artículo 109 de la Ley
1765 de 2015, reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 350 de la Ley
906 de 2004, el cual ya había sido de objeto de estudio por la Corporación a
través de la Sentencia C-1260 de 2005, en la que se declaró su exequibilidad
condicionada. De igual manera, ponen de presente que el artículo 110 de la Ley
1765 de 2015 reproduce el contenido del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, el
cual también fue juzgado por la Corte en la Sentencia C-516 de 2007, en la que
se declaró su exequibilidad condicionada.
2.5.2. Acusación contra los
artículos 294, 298 y 299 de la Ley 1407 de 2010
Los demandantes sostienen igualmente, que los
artículos 294, 298 y 299 de la Ley 1407 de 2010, también vulneran los derechos
de las víctimas. Concretamente, afirman, “[n]os referimos a la expresión
‘directo’ contenida en el artículo 294, al artículo 298 y a los numerales 4 y 5
del artículo 299, los cuales igual que como ocurrió con los artículos 109 y
110, son transcripciones idénticas de contenidos de la ley 906 de 2004 que
reproducen contenidos que ya fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional”. Precisan que, “[e]n el caso del artículo 298 se elimina
un numeral que resulta fundamental para las víctimas”.
Con respecto al artículo 294 de la Ley 1407 de 2010,
afirman que el mismo reprodujo el contenido del artículo 132 de la Ley 906 de
2004, del cual, la Corte declaró inexequible la expresión “directo”  en
la Sentencia C-516 de 2007. Señalan que, en dicho fallo, la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión “directo”, parte del hecho de que la
Corte “afirma que la calidad de víctima no puede estar restringida tan solo
a aquellas que han padecido un daño directo dado que esto afecta el concepto
amplio de víctima establecido por la jurisprudencia de la Corte, y restringe
notablemente los derechos de las víctimas”, con lo cual, “[e]l calificativo
directo frente al daño restringe la posibilidad de intervención de las víctimas
en el proceso penal”.
Con respecto al numeral 4 del artículo 299 de la Ley
1407 de 2010, este coincide con el numeral 4 del artículo 137 de la Ley 906 de
2004, declarado inexequible por la Corte en la Sentencia C-516 de 2007. A
respecto, señalan que la razón de su inconstitucionalidad está en que “la
citada sentencia manifiesta que la intervención de las víctimas en la etapa
investigativa no representa una carga desproporcionada en contra del procesado,
sino que al contrario puede contribuir a la búsqueda de la verdad y al
ejercicio pleno de los derechos de las víctimas en el proceso penal acusatorio”.
De ese modo, consideran que en relación con la
expresión “directo” del artículo 294 y el numeral 4 del artículo 299 de
la Ley 1407 de 2010, opera el fenómeno jurídico de la “cosa juzgada
constitucional material”, además que, con su expedición, el legislador
desconoció los artículos 29 y 229 de la Carta, “por no haber tenido en
cuenta la interpretación constitucional que sobre los mismos se realizara en la
sentencia C-516-2007”.
Con respecto al numeral 5 del artículo 299 de la Ley
1407 de 2010, que es reproducción según los actores del numeral 5 del artículo
137 de la Ley 906 de 2004, los mismos manifiestas que “hace expreso un
factor que se encuentra particularmente contrario a la Constitución, pues
contempla que será el ente investigador de la jurisdicción castrense quien
designará un representante a las víctimas que llegaren a necesitarlo”, lo
que “significa que para esta representación se acudirá a la estructura
administrativa de dicha jurisdicción y será entonces un militar o civil al
servicio de esta [institución] quien defienda los intereses de las víctimas en
la actuación penal; subrogando entonces las funciones otorgadas
constitucionalmente a la Defensoría del Pueblo para asignarlas quizás a la
Defensoría Técnica Militar creada por la ley 1765 de 2015”. De ese modo,
sostienen, el numeral 5 del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, “se
encuentra en clara contravía con los derechos al debido proceso, asistencia
jurídica, acceso a la justicia, igualdad y otros, contenidos en los artículos
29, 229, 93 de la Constitución Nacional, pues niega la posibilidad de
representación debida a aquellas víctimas que no cuenten con los recursos para
pagar un abogado de confianza”.
En relación con el artículo 298 de la Ley 1407 de 2010,
los accionantes consideran que el mismo reproduce el artículo 136 de la Ley 906
de 2004, “salvo por el numeral 11 que fue excluido de su redacción”.
Destacan que el referido artículo 136 de la Ley 906 de 2004, que se ocupa de
regular lo referente al derecho de las víctimas a recibir información, preveía
en el numeral 11, excluido de la redacción del artículo 298 de la Ley 1407 de
2010, que la Fiscalía General Penal Militar debía suministrar información a
quien demuestre sumariamente la calidad de víctima, sobre “[l]a posibilidad
de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la
Fiscalía como por el juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello”.
Aducen, al respecto, que el legislador, al reproducir
el artículo 136 de la Ley 906 de 2004, en el artículo 298 de la Ley 1407 de
2010, excluyendo de su redacción el numeral 11 citado, incurrió en una omisión
legislativa relativa, pues no tuvo en cuenta “un apartado importante en
detrimento de los derechos de las víctimas”. Según los actores, “[e]sta
situación representa efectivamente un incumplimiento del legislador frente a la
garantía de los derechos de las víctimas reconocidos en los artículos 29, 229 y
93 de la Constitución Nacional en donde se predican ampliamente que los derechos
de las víctimas deben ser garantizados en todas las fases del procedimiento
penal”. A su juicio, la aludida “omisión legislativa causa una lesión
importante en los derechos de las víctimas a controvertir la aplicación del
principio de oportunidad cuando sus intereses no sean tenidos en cuenta, ni sus
derechos garantizados como elemento sine qua non para la aplicación de dicho
principio”.
2.6. Cargo contra los artículos 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 2015 por la violación de la
prohibición constitucional expresa de atribuir funciones de policía judicial a
las fuerzas militares y desconocimiento del diseño constitucional para la
Fiscalía General de la Nación
A través del presente cargo, los actores cuestionan la
constitucionalidad de los artículos 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 2015, en los que se regula lo
referente al Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial, adscrito y dependiente de la Fiscalía General Penal Militar.
Sobre el particular, citando jurisprudencia
constitucional, en particular, lo resuelto en las Sentencias C-034 de 1993 y
C-179 de 1994, los accionantes sostienen que, en la medida que las normas
acusadas le atribuyen a las fuerzas militares funciones de policía judicial,
viola la prohibición constitucional expresa de asignar ese tipo de funciones a
las fuerzas militares (C.P. arts. 216, 217 y 218), el derecho al debido proceso
(C.P. art. 29), el mandato constitucional que le asigna la dirección y
coordinación de la función de policía judicial a la Fiscalía General de la
Nación (C.P. arts. 249 y 250) y los principios de autonomía e independencia
judicial (C.P. art. 229).
Los demandantes explican la acusación, señalando que,
conforme con la Constitución, está prohibido adscribir a las Fuerza Pública una
dualidad de funciones (la militar y la de policía judicial), e imponer una
correlativa dualidad de jerarquías (el superior en el rango y la Fiscalía
General de la Nación), pues tal situación desvertebraría su estructura,
quebrantaría la necesaria unidad de mando y no aseguraría que, de presentarse
conflicto entre las dos funciones, prime la de policía judicial.
Complementan lo anterior destacando que, conforme con
el derecho internacional, el respeto y garantía de los derechos humanos implica
que la estructura y funcionamiento del Estado esté basado en: “i. La
separación efectiva de los podres ejecutivo, legislativo y judicial, del
Estado; ii. La supremacía del poder civil sobre las fuerzas militares y la
consecuente subordinación de estas a las autoridades civiles; y iii. La
existencia de un poder judicial independiente e imparcial”. Sobre esa base,
afirman, “[a]tribuir a las fuerzas militares funciones de policía judicial,
desconoce todos los elementos anteriores. Lo primero, por cuanto las fuerzas
militares pertenecen en la estructura orgánica del Estado a la rama ejecutiva y
están sometidas a la Dirección como Jefe Supremo del presidente de la República
(art. 189), mientras que la función de policía judicial, en cuanto apoyo a la
investigación de los delitos, es eminentemente judicial y por esa razón está
bajo la Dirección y Coordinación de la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, es principio fundante del Estado de Derecho la supremacía del poder
civil sobre las fuerzas militares, que se ve gravemente afectada, por cuanto
resultan los militares coordinando las investigaciones de delitos cometidos por
civiles, en abierto desconocimiento del artículo 213 que lo prohíbe
expresamente”. En relación con esto último, hacen énfasis en que, siguiendo
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción,
ni siquiera bajo un estado de excepción es posible que los militares
investiguen a los civiles.
Aducen, igualmente, que el otorgamiento de funciones
de policía judicial a miembros de las fuerzas militares, “desconoce la
existencia de un poder judicial independiente e imparcial, por cuanto las
fuerzas militares están subordinadas a la rama ejecutiva y porque además por
virtud de la disciplina castrense y la jerarquía militar sus miembros no pueden
actuar autónomamente”. En el mismo sentido, afirman, “el otorgamiento de
funciones de policía judicial a miembros de las fuerzas militares rompe también
la dependencia funcional entre quienes realizan estas labores y el Fiscal que
es el rector de la investigación y además equivale a una indebida intromisión
en la función jurisdiccional”.
Finalmente, señalan que las normas acusadas violan de
manera flagrante los artículos 249 y 250 de la Carta, que establecen como
función de la Fiscalía General de la Nación la de dirigir y coordinar las
funciones de policía judicial -que en forma permanente cumple la Policía
Nacional-, en cuanto dicha función “es sustituida por la actuación de la
Fiscalía General Penal Militar, que no tiene asidero constitucional alguno,
sino que es una creación del legislador en un ejercicio que excede la libertad
de configuración legislativa”, con lo cual, además, se están entregando
funciones de policía judicial “a un cuerpo que queda totalmente por fuera de
la coordinación de la Fiscalía General de la Nación y en otra rama del poder
público”.
IV.
INTERVENCIONES
1.  Ministerio de Defensa
Nacional
Mediante escrito allegado a esta Corporación el 29 de
enero de 2016, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de apoderada,
intervino en el trámite de la presente acción, con el fin de solicitarle a la
Corte se declare la exequibilidad de los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 54, 58, 65, 71, 72, 74, 75, 83 y 90 de la Ley 1765
de 2015, por considerar que los argumentos planteados por el demandante son
improcedentes. De otro lado, solicita se declare la constitucionalidad
condicionada de los artículos 190 y 110 de la Ley 1765 de 2015 y de los
artículos 294, 298 y 299 numeral 4 de la Ley 1407 de 2010, en los términos
contenidos en la Sentencia C-516 de 2007, atendiendo a la figura de la cosa
juzgada constitucional por identidad normativa.
Luego
de hacer referencia al contenido de la acción de inconstitucionalidad y citar
cada uno de los artículos censurados, el Ministerio de Defensa estructura su
intervención controvirtiendo cada uno de los cargos formulados en la demanda:
(i)
Respecto a los presuntos vicios de procedimientos en los que incurrió la Ley
1765 de 2015. Contrario
a los manifestado por el demandante y de acuerdo con los artículos 152 y 153 de
la Constitución Política de Colombia, el interviniente considera que la ley
objeto de censura constitucional no debió ser tramitada en el Congreso de la
República como una ley estatutaria, debido a que no todos los temas
relacionados con las materias contenidas expresamente en el citado artículo 152
son objeto de trámite de ley estatutaria, debido a que, de acuerdo con lo
sostenido por esta Corporación en diferentes pronunciamientos[3],
se debe realizar una interpretación restrictiva del principio de reserva de la
ley estatutaria en materia de administración de justicia, por cuanto una interpretación
extensiva del mismo convertiría una excepción en una regla general, afectando
la libertad de configuración del legislador.
Para
sustentar lo anterior, la representante del Ministerio de Defensa Nacional
cita, entre otras, la Sentencia C-737 de 2006, la cual evaluó la
constitucionalidad de la Ley 940 de 2005 “ Por la cual se expiden normas
sobre requisitos para el desempeño de cargos en la Jurisdicción penal Militar”.
En dicha oportunidad, la Corte sostuvo que “ La facultad para regular
todo lo relacionado con la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal
Militar ha sido reservada al legislador, quien ese campo goza de un amplio
margen de configuración política para definir: i) los comportamientos
constitutivos de delito que de acuerdo con su competencia deben ser conocidos
por esa jurisdicción especial, ii) los procedimientos especiales que debe regir
los juicios y, en general, iii) todo lo relacionado con los órganos específicos
que la integran y con su régimen de personal, lo cual incluye la creación y
suspensión de cargos, la forma de provisión, permanencia y retiro, la fijación
de los requisitos y calidades requeridas para el ejercicios de los mismo.”
(ii)
La ampliación indebida de las competencias de los Juzgados Penales Militares
y Policiales. Advierte
la interviniente que los argumentos presentados en la demanda parten de un
fundamento errado, cual es el de sostener que el artículo 2 de la Ley 1765 de
20015 “…amplió la competencia de la Justicia Penal Militar al otorgar a la
jurisdicción castrense la posibilidad de investigar y juzgar particulares”[4].
Al respecto, aclara que, tal como se menciona en el mismo título de la
referida ley, su objetivo principal es la reestructuración de la Justicia Penal
Militar a través de la implementación de la Fiscalía General Penal Militar y
Policial, la organización de un Cuerpo Técnico de Investigación y el tránsito
al sistema penal acusatorio. En consecuencia, dentro de las finalidades de la
Ley 1765 de 2015 nunca se contempló la posibilidad de investigar o juzgar
particulares, frente a lo cual sostiene, no existe duda alguna sobre la
competencia de la jurisdicción ordinaria en esos eventos.
En
cuanto a la aplicación del fuero militar, cita, entre otras, las Sentencias: C-
878 de 2000 y C- 677 de 2002, en las cuales se sostiene que para verificar la
competencia del Fuero Penal Militar, se debe acudir a dos factores: i)
subjetivo, que acude a la calidad de miembro de la fuerza pública en servicio
activo del procesado al momento de la comisión del delito y ii) el criterio
funcional, el cual se refiere a la relación existente entre el delito con el
servicio mismo, de tal sentido que la comisión del delito sea consecuencia del
ejercicio desviado del miembro de la fuerza pública. En virtud de lo expuesto,
advierte que son de competencia de la jurisdicción castrense los delitos que
únicamente pueden ser cometidos por miembros activos de la fuerza pública y
aquello que delitos comunes que se relacionen directa y sustancialmente con las
funciones que constitucionalmente está llamado a cumplir el miembro de la
fuerza pública.
Señala,
además, que con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el
fuero castrense contiene una doble naturaleza, por una lado, es una
prerrogativa concedida al militar para garantizar que su investigación y
juzgamiento se llevará a cabo por funcionarios especializados que comprenden:
la organización militar, los límites jurídicos de la fuerza pública y su
reglamentación. Por otro lado, por voluntad del constituyente, es un factor de
competencia especializado y excluyente, sobre los delitos cometidos por los
militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, estos delitos
bien pueden ser militares, militarizados o comunes. Teniendo en cuenta lo
anterior, aclara que no “ es el contenido del injusto, ni la severidad del
reproche que pueda formularse, lo que sirve como factor para determinar el juez
natural de un delito cometido por militares en servicio activo; si no como
atrás se dejó dicho, el fuero se colige cuando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que gravitan en la comisión del punible, permitan concluir
racionalmente que dicha conducta tiene relación física con el servicio militar
y se explica como consecuencia de una extralimitación, desvío o abuso del
poder”[5].
Así mismo, se refiere a la Sentencia C-561 de 1997, la cual estudió la
constitucionalidad del Código Penal Militar de 1988 y estableció que “[e]s
claro que el código penal militar consagra no sólo hechos militares sino
también ordinarios o comunes en lo que pueden quedar incurso los miembros de la
fuerza pública, al cumplir la misión o servicio que les ha sido asignado. Estos
último delitos, como lo ha sostenido la Corte, no pueden tener penas inferiores
a las establecidas en el Código penal para los de su misma clase, pues en caso
de que así sucediera, tales normas serían inconstitucionales por infringir el
derecho a la igualdad”.
Finalmente,
con base en los argumentos anteriores, concluye que “salvo los delitos
taxativamente excluidos como los de lesa humanidad, el fuero militar si puede
cobijar todos los ilícitos sin consideración de su gravedad, ni a la mayor o
menor lesividad de los bienes jurídicos, sólo a los dos factores que se ha
hecho alusión en la presente intervención”.[6]
(iii) Sobre la inconstitucionalidad del juzgamiento de
civiles por parte de la Justicia Penal Militar. El interviniente considera
necesario precisar que, para determinar la constitucionalidad o no de la
expresión “o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que
desempeñe cargos en la justicia penal militar y policial”, contenido en el
artículo 2 de la Ley 1756 de 2015, es fundamental hacer lectura integral,
sistemática y lógica de la norma, para comprender que la expresión demandada
realmente obedece a un presupuesto de carácter administrativo que será
aplicable a las personas, civiles, militares en servicio activos o retirados,
que desempeñen cargos al interior de la Jurisdicción Penal Militar. En
consecuencia, de declarase la inconstitucionalidad de la frase demandada, se
dejaría sin “presupuestos legales a las personas civiles o militares
retirados, que aspiren a desempeñar cargos en la justicia penal militar o
policial”.[7]De
lo anterior deduce que, teniendo en cuenta que en el inciso 2 del artículo 2 de
la Ley 1765 de 2015 establece que, “los artículos que modifican, condicionan
o derogan disposiciones de carácter penal militar, se aplicarán exclusivamente
a miembros de la fuerza pública en los términos del artículo 221 de la
Constitución Política” y que “[e]n ningún caso se aplicarán a los civiles”,
es claro que la estructura general de la norma precisa que, en cuento a la
investigación y juzgamiento de competencia de la Justicia Penal Castrense
concebida en el artículo 221 de la Constitución, “[e]n ningún caso” será
aplicable a los civiles incluidos los miembros de la fuerza pública en retiro,
salvo que hubieran cometido el delito en ejercicio de funciones relacionadas
con el servicio activo.
(iv)
La vulneración de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad de
la administración de justicia. Considera
el interviniente que los argumentos presentados por los demandantes con
respecto a este cargo, están sustentados en las consideraciones que hizo la
Corte Constitucional en la Sentencia C-141 de 1995, que declaró la
inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 656 de Decreto 2550 de 1988,
cuyo proceso de enjuiciamiento penal militar estaba compuesto por los Consejos
Verbales de Guerra conformados por oficiales en servicio activo que no se desempeñaban
de manera exclusiva en la jurisdicción penal militar, comprometiendo los
principios de independencia y autonomía en la administración de justicia. Sin
embargo, los inconvenientes puestos de presente en el referido examen de
constitucionalidad fue corregido con el avance legislativo del país hasta el
punto que, con la Ley 1765 de 2015, se estructuraron las políticas para
enmarcar la separación del Mando Institucional de las funciones propias de los
jueces y fiscales y se ha avanzado considerablemente para garantizar la
autonomía de la Justicia Penal Militar, implementando para los ascensos de
funcionarios de la jurisdicción, un comité donde no tiene injerencia el mando
militar, que se encargue de verificar el desempeño a nivel jurisdiccional y un
cuerpo autónomo compuesto por oficiales de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional que se encargue de verificar el  desempeño militar o policial.
Lo anterior, con el fin de verificar que “los seleccionados a ocupar los
cargos de juzgamiento en la Justicia Penal Militar, sea personal de confianza
de las Fuerzas Militares y Policiales que garantice la debida comprensión de
las razones militares y tenga profundo conocimiento de los pensamientos y
principios de acción de militares y policías”[8].
Agrega
que la consagración Constitucional de un fuero especial para los miembros de la
Fuerza Pública, permite que las conductas delictivas llevadas a cabo dentro del
servicio activo y con relación a la función que desempeñan, sean investigadas y
juzgadas por sus pares con el fin de garantizar el conocimiento especializado
de los funcionarios que desempeñen las funciones jurisdiccionales, sin que esto
comprometa bajo ninguna circunstancia la imparcialidad de la justicia
castrense. Sobre lo anterior, sostiene que “ [n]o se puede predicar de una
igualdad en la legítima defensa que se aplica a un particular, al que se
presenta en un hecho de enfrentamiento con grupos subversivos, de ahí que se
requiere recibir formación militar y policial para cumplir con el principal objetivo
del fuero especial, que quienes ejercen las funciones de investigación y
juzgamiento tengan el conocimiento de las lides propias que cumple el personal
de la fuerza pública en desarrollo de sus funciones constitucionales”[9].
(v) Vulneración de los derechos de las víctimas. Por un lado, respecto a la
intervención de la víctima en los procesos de negociación entre la Fiscalía y
la Defensa contemplado en los artículos 491 A y 439 de la Ley 1407 de 2010,
adicionados y modificados por los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015,
considera el interviniente que el análisis de fondo de los artículos referidos
ya fue objeto de estudio constitucional a través de la Sentencia C-516 de 2007,
cuando se evaluaron los artículos 350 y 351 de la Ley 906 de 2004, razón por la
cual solicita que, por identidad normativa, se declare la exequibilidad
condicionada. En igual sentido, solicita a la Corte que se excluya del
análisis de constitucionalidad la expresión “directo”, contendida
en el artículo 294 y del numeral 4 del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, por
existir cosa juzgada, al ser valorado previamente por la Corte los artículos
132 y 131 numeral 4 de la Ley 906 de 2004, en la Sentencia C-516 de 2007.
De
otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional considera que el artículo 298 de
la Ley 1407 de 2010, no incluyó dentro de los derechos de las víctimas el de
recibir información sobre la posible aplicación del principio de oportunidad,
porque la Ley 1407 de 2010 no contempló dicha figura, como si lo hace el artículo
136 de la ley 906 de 2004. No obstante lo anterior, la Ley 1765 de 2015 prevé
el principio de oportunidad en la Justicia Penal Militar, pero omitió incluir
el deber de información a la víctima, por lo que solicita a este Tribunal que,
existiendo igualmente unidad de materia, se declare la constitucionalidad
condicionada del artículo 298 de la Ley 1407 de 2010, siguiendo el criterio
fijado por la Corte en la Sentencia C-516 de 2007 en cuanto a los derechos de
las víctimas consagrado el numeral 11 del artículo 136 de la Ley 906 de 2004.
En
cuanto a los cargos formulados contra el numeral 5 del artículo 299 de la Ley
1407 de 2010, el interviniente considera que los accionantes parten de una
premisa equivocada, al establecer que la defensoría técnica militar proveerá de
representación tanto al acusado como a la víctima, pues, de acuerdo al análisis
integral del artículo 299, los abogados integrados en la defensoría sólo
tendrán la función de apoderar en el proceso penal a los miembros de la fuerza
pública y no a las víctimas. En consecuencia, considera que el artículo
demandado resulta constitucional, sobre la base de la identidad normativa
existente entre la Ley 906 de 2004 y la Ley 1407 de 2010, en lo que respecta a
las garantías procesales de las víctimas, en especial, sobre la designación de
abogado de oficio por parte del fiscal, cuando la víctima no cuente con los
medios suficientes para ello.
(vi) Sobre la presunta violación de la prohibición
constitucional de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas
militares y desconocimiento de diseño institucional para la Fiscalía General de
la Nación. Sostiene
la interviniente, que la Ley 1407 de 2010 está inspirada en los postulados del
Estado Social de Derecho que pretende la implementación de un sistema de
enjuiciamiento eficaz, a partir de la creación de la Fiscalía General Penal
Militar, encargado de la indagación e investigación de los hechos que revistan
características de un delito de competencia de la justicia penal militar y
policial y la conformación de su Cuerpo de investigación.
A
su turno,  señala, que la Ley 1765 de 2015 logra cumplir con el mandato del
legislador de 2010, el cual es el de reglamentar a la Fiscalía General Penal
Militar y al Cuerpo técnico de investigación. Asimismo, asegura que lo afirmado
por el demandante es contrario a la realidad legislativa, pues esta, no se
encarga de atribuirle funciones de policía judicial a las fuerzas militares ni
de recaudar evidencia física y elementos materiales probatorios frente a
conductas típicas cometidas por civiles, debido a que la ley objeto de censura
constitucional no reglamenta ni organiza la estructura de las funciones de las
fuerzas militares, sino que organiza el cuerpo técnico de investigación
atendiendo a los límites previstos en el artículo 221 de la Constitución
Política. Sobre el particular, Manifiesta la necesidad de precisar que, de
acuerdo con los artículos 274, 275, 276 y 363 de la Ley 1407 de 2010, las
laborales de policía judicial “son dentro del ámbito de competencia de la
justicia penal militar y policial y no para el nivel operacional y
operativo de la fuerza pública, no es y es un exabrupto entenderlo así, para la
investigación de personal civil por parte de las fuerzas militares, pues ello
está prohibido desde el artículo 213 de la Constitución política”[10].
En sustento de lo anterior, cita la sentencia C-215 de 2001, que declaró la
inconstitucionalidad de la Ley de Defensa Nacional, la cual permitía que las
Fuerzas Militares ejercieran funciones de policía judicial y en ejercicio de
dicha función, pudieran recaudar elementos materiales probatorios con el fin de
enfrentar la delincuencia común, la criminalidad organizada, el conflicto
interno.
En
consecuencia, considera “que no hay prohibición constitucional de atribuir
de funciones de policía judicial a la justicia penal militar y policial pues su
función es administrar justicia dentro de su ámbito de competencia dispuso en
el artículo 221 superior, la investigación técnico científica por un cuerpo
especializado inherente al sistema acusatorio que dispone la Ley 1407de 2010 y
que reglamenta la Ley 1765 de 2015; la presencia del cuerpo técnico supeditado
a la Fiscalía General Penal Militar, no sustituye ni altera el núcleo esencial
de la constitución sino que reafirma el estado social de derecho”[11].
2.    Fiscalía General de la
Nación
La
Fiscalía General de la Nación, a través de la Directora Nacional de Estrategia
en Asuntos Constitucionales, intervino en el presente juicio solicitándole a la
Corte que adopte las siguientes decisiones:
“(i) DECLARE LA
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 2 de la Ley 1765 de 2015,
por los cargos analizados y en el entendido que la expresión “en lo
pertinente”, se refiere a asuntos de carácter laboral y administrativo,
aplicables a los miembros de la fuerza pública en retiro y a personal civil o
no uniformado que desempeñen cargos en la justicia penal militar y policial.
(ii) DECLARE LA
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, por
los cargos analizados y en el entendido que el ejercicio de la competencia
asignada está regulada por el Código Penal Militar y por las reglas
establecidas por la Corte Constitucional frente a la justicia penal militar.
(iii) DECLARE LA
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los siguientes apartes normativos, en el entendido
que de ser la Fiscalía General de la Nación la encargada máxima de dirigir y
coordinar las actividades de policía judicial adelantada por el Cuerpo Técnico
de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, en los procesos de
competencia de la jurisdicción especial:
[La entidad cita los
artículos los artículos 20, 23 numeral 4º, 23 numeral 10º, 30 numerales 2º, 3º
y 4º, 33 numerales 1º y 5º, 39 y 42 de la Ley 1765 de 2015]. [No obstante, como
petición principal, en relación con el cargo contra dichas normas, la Fiscalía
le solicita  a la Corte inhibirse por ineptitud sustantiva de la demanda].
(iv) DECLARE LA
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de
2015 por los cargos analizados en el entendido que las víctimas pueden
intervenir activamente en los preacuerdos y negociaciones que se lleven a cabo
en el marco de los procesos adelantados en la justicia penal militar, con el
fin de que se respeten las garantías judiciales de las víctimas en estos
procesos.
(v) DECLARE EXEQUIBLES, por los cargos analizados,
los artículos 294 y 299 de la Ley 1407 de 2010, por la falta de acreditación
por parte de los demandantes de la totalidad de los requisitos que exige la
Corte Constitucional para declarar la existencia de una cosa juzgada material.
(vi) DECLARE LA
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 298 de la Ley 1407 de 2010, por los
cargos analizados y en el entendido que la Fiscalía General Penal Militar y
Policial deberá escuchar y suministrar información relacionada con la
posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad , a quien demuestre
al menos sumariamente la calidad de víctima”[12].
Para sustentar lo anterior, la Fiscalía General de la
Nación se refiere a los cargos elevados por los demandantes con la aclaración
de que no realizará ningún pronunciamiento en relación con los cargos relativos
a: “(i) el supuesto vicio de procedimiento en que se incurrió al expedir la
Ley 1765 de 2015 y (ii) la adecuación del sistema penal acusatorio al interior
de la Justicia Penal Militar”[13],
frente a lo cual se atiene a lo que la Corte defina en el presente proceso.
Sobre esa base, divide su intervención en cuatro cargos a saber:
(i) Cargo relacionado con el
reproche a los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, por ampliar la
competencia de la Justicia Penal Militar y Policial a delitos que no se
relacionan necesariamente con el ejercicio de la función de los militares en
servicio.
La entidad no comparte la posición de los demandantes, aunque considera que las
disposiciones acusadas deben ser declaradas condicionalmente exequibles, toda
vez que, en sus distintas interpretaciones, requiere de una delimitación por
parte de la Corte Constitucional. Al respecto, indica que las normas acusadas
solamente realizan una distribución de competencias entre los Juzgados Penales
Militares y Policiales de Conocimiento y los de Conocimiento Especializado, y
que, si bien establecen un amplio catálogo de delitos, dentro de los cuales se
incluyen tipos aplicables tanto en la justicia penal militar, como en la
jurisdicción penal ordinaria, tales disposiciones deben ser leídas de manera
sistemática, conforme a la Constitución y al Código Penal Militar, de donde se
deriva que la jurisdicción penal militar, en todo caso, solamente conoce de
aquellas conductas que se hayan originado con ocasión de la prestación del
servicio.
La entidad interviniente hace una consideración en
relación con el cargo presentado en la demanda contra el numeral 9º del
artículo 8º y el numeral 8º del artículo 9º de la Ley 1765 de 2015, por
encontrarlos contrarios a las disposiciones constitucionales que se refieren al
carácter restrictivo de la justicia penal militar. Al respecto, la Fiscalía
reitera su postura de que los artículos 8º y 9º se dirigen a hacer una
atribución y distribución de competencias entre los Juzgados Penales Militares
y Policiales de Conocimiento, y los Especializados. Esto, a partir de una
interpretación razonable, conlleva a que la competencia de estas autoridades
judiciales para conocer de tales delitos, está determinada por el hecho que los
mismos puedan ser objeto de conocimiento de la jurisdicción penal militar y,
siempre y cuando, “su conocimiento no hubiere sido asignado a los Juzgados
Penales Militares y Policiales de Conocimiento o a los de Conocimiento
Especializado por los numerales precedentes de las dos disposiciones acusadas”[14].
(ii) Cargo según el cual el
artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, contempla el juzgamiento de civiles por
parte de la justicia penal militar. En primer lugar, observa que dicho
cargo se estructura a partir de una lectura descontextualizada de la norma
acusada, toda vez que los demandantes no hacen referencia a la expresión “en
lo pertinente” que se incluye en la misma disposición, y que determina que
la jurisdicción penal militar no se aplique de manera general a civiles, sino
que sólo será aplicable en lo pertinente. Desde ese punto de vista,
entiende que el cargo no es de recibo, pues, en su entender, la disposición “no
extiende la competencia de la justicia penal militar y policial a militares en
retiro y a civiles que desempeñen cargos en esta jurisdicción, pues para estas
personas solamente resultan aplicables las disposiciones de carácter laboral y
administrativo de este texto normativo”[15].
Lo anterior lo sustenta a partir de tres argumentos.
En primer lugar, la Fiscalía hace referencia a la competencia de la justicia
penal militar, la cual solamente se activa cuando concurre el elemento
subjetivo, respecto a una persona que es miembro de la fuerza pública, y el
funcional, en razón de que el delito se cometa en relación “directa y
próxima con el mismo servicio”[16],
lo que excluye de su aplicación a los civiles. En segundo lugar, la entidad
propone una interpretación histórica del artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, con
base en los apartes que cita de la exposición de motivos y de los debates
adelantados en el Congreso para la aprobación del proyecto de ley, en los que
se permite entender que la intención del legislador era excluir a los civiles de
la aplicación de la justicia penal militar y policial, y, en concreto, que la
disposición estaba dirigida a los servidores públicos que hicieran parte de la
jurisdicción especializada en lo relativo a las disposiciones de carácter
laboral-administrativo. Todo ello, aduce la interviniente, es confirmado por “la
adición que los legisladores hicieron al texto de la disposición demandada,
esto es, por la expresión ´en lo pertinente´ que fue incorporada al artículo 2
durante el debate que condijo a la aprobación de la ley”[17].
Por último, la Fiscalía General de la Nación se refiere a la interpretación
sistemática de la disposición acusada, la cual debe entenderse en conjunto con
el resto del contenido de la Ley 1765 de 2015. Así pues, la entidad afirma que
desde el encabezado de la ley se puede inferir que “no se refiere únicamente
al procedimiento y elementos propios del derecho penal y del sistema penal
acusatorio, sino que también regula aspectos administrativos sobre el
funcionamiento de los distintos órganos que compondrán esta jurisdicción
especializada”[18].
En vista de lo anterior, la Fiscalía General de la
Nación concluye que la Ley 1765 de 2015, contiene normas aplicables tanto a la
fuerza pública como a civiles, por lo que se observa una interpretación equivocada
por parte de los demandantes. Sin embargo, considera necesario “que la Corte
Constitucional condicione la exequibilidad de la norma demandada, con el fin de
evitar interpretaciones del texto contrarias a la Constitución, que pretendan
ampliar la competencia de la jurisdicción penal militar y policial, abarcando a
miembros de la fuerza pública en retiro y a civiles que desempeñen cargos en la
Justicia Penal Militar y Policial”[19].
(iii) Cargo en el que se reprocha
que los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015 y los artículos 294, 298 y
199 de la Ley 1407 de 2010, violan los derechos constitucionales de las
víctimas dentro del proceso penal militar. Para ello, analiza los argumentos
relacionados con cada una de las disposiciones acusadas.
En primer lugar, la entidad se detiene en
la vulneración de los derechos constitucionales de las víctimas que los
accionantes formulan a partir de la consagración de los mecanismos de
terminación anticipada en el proceso penal militar y policial que se desarrolla
en los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, y que, en términos de la
demanda, significa que estas disposiciones atribuyen competencias a la justicia
penal militar en relación con la posibilidad de realizar preacuerdos y
negociaciones, lo que, de conformidad con el artículo 250 Superior, corresponde
exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación. Para abordar el cargo, la
entidad presenta unas consideraciones generales a partir de la jurisprudencia
constitucional relacionada con: (i) el amplio margen de configuración
normativa de la que dispone el legislador en relación con la estructura y
funcionamiento de la justicia penal militar y, en particular, para incluir
figuras del sistema penal acusatorio; y con (ii) los acuerdos y
preacuerdos como posibles formas de terminación anticipada del proceso penal.
Con base en lo anterior, pasa a explicar su desacuerdo con los planteamientos
de la demanda, en el sentido que el mismo artículo 250 de la Constitución
exceptúa de la competencia investigativa de la Fiscalía los delitos cometidos
por miembros de la fuerza pública, en servicio activo y en relación con el
mismo servicio. Esto, en su criterio, se desarrolla en las disposiciones
acusadas a partir del amplio margen del legislador para configurar los procedimientos
de la justicia penal militar.
Adicionalmente, la Fiscalía General se refiere al
reproche presentado en la demanda según el cual la facultad de la justicia
penal militar de realizar preacuerdos y negociaciones permite terminar el
proceso, por tanto, cesar la investigación de los hechos que afectan a las
víctimas, lo que, llevaría a que el Estado colombiano incumpliera los
compromisos internacionales en relación con la protección de las víctimas en
los procesos penales y la posible afectación de derechos humanos. Al respecto,
la entidad interviniente sostiene que los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de
2015 no desconocen el artículo 250 de la Constitución ni algún otro, pues, “lo
que se busca es resolver de manera más amplia el conflicto penal, a cambio de
un tratamiento punitivo menos severo para el responsable, pero sin perjuicio de
los derechos de las víctimas (…)”.
Por otra parte, la Fiscalía comparte la
afirmación de los demandantes al presentar el segundo cargo, en relación con
que los derechos de las víctimas deben ser amparados a partir de su
participación en los espacios de justicia negociada. Por lo tanto, solicita a
la Corte que declare “la exequibilidad condicionada de los artículos 109 y
110 de la Ley 1765, en igual sentido que declaró, en la sentencia C-516 de
2007, la exequibilidad condicionada de los artículo 348, 350, 351 y 35 de la
Ley 906 de 2004”, de manera que se garantice su participación en los
mecanismos de terminación anticipada en los procesos ante la justicia penal
militar y policial.
En tercer lugar, la interviniente se
refiere al cargo según el cual se debe declarar la cosa juzgada material
respecto a los artículos 294 y 299 numeral 4, del Código Penal Militar,  toda
vez que sus contenidos coinciden con los apartes de los artículos 132 y 137 de
la Ley 906 de 2004, referidos a las víctimas y su intervención en el proceso
penal acusatorio, y que fueron declarados inexequibles en la Sentencia C-516 de
2007. La Fiscalía coincide parcialmente, pues considera que deben advertirse
las diferencias que, en todo caso, se presentan entre la justicia penal
ordinaria y la justicia penal militar, y que requieran tratos diferenciados por
el legislador, por lo tanto es necesario “acreditar los requisitos que la
Corte Constitucional ha determinado para la existencia de una cosa juzgada
material, pues su declaratoria significa en este caso sacar los apartes
demandados del ordenamiento jurídico, por razones que se alejan de un estudio
de fondo, requerido en esta caso para determinar si en el régimen excepcional
de la Justicia Penal Militar, caben las restricciones que imponen los artículos
294 y 299 en su numeral 4.[Ley 906 de 2004]”.
Por último, la interviniente se pronuncia
sobre el reproche que los demandantes hacen del artículo 298 de la Ley 1407 de
2010, en el sentido que, en su entender, no garantiza el derecho de las
víctimas a ser escuchadas dentro del proceso penal y a ser informadas sobre la
aplicación del principio de oportunidad. A propósito de lo anterior, la
Fiscalía General realiza unas consideraciones generales en torno a la
jurisprudencia constitucional sobre la intervención de las víctimas en la
actuación penal, la obligación de las autoridades judiciales de informar a las
víctimas sus derechos y la trascendencia que tiene la aplicación del principio
de oportunidad en los derechos de las víctimas.
Realizadas estas precisiones, la entidad se refiere,
en concreto, al cargo formulado en la demanda en el sentido que identifica
ciertas deficiencias en el reproche formulado, ya que “la disposición
acusada enumera 12 casos en los cuales la Fiscalía General Penal Militar debe
cumplir esa obligación, pero omite ordenar que se informe a las víctimas sobre
la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchadas
por la Fiscalía y el juez”. (Resaltado del texto original). Con ello,
continúa en su intervención, “desconoce el mandato consagrado en el artículo
250 mencionado, la jurisprudencia constitucional precitada y en el artículo 118
de la Ley 1765 de 2015”[20].
La anterior situación pone de manifiesto, al decir de la Fiscalía General, una
desigualdad entre el sistema penal ordinario y el especial, toda vez que la
disposición acusada no prevé lo establecido por el numeral 11 del artículo 136
de la Ley 906 de 2004, en el sentido que la Policía Judicial y la Fiscalía
General de la Nación le suministrarán información a las víctimas acerca de la
aplicación del principio de oportunidad,  entre otros asuntos,  al igual que el
derecho a ser escuchadas por la misma Fiscalía y por el juez de control de
garantías. En conclusión, la interviniente solicita a la Corte Constitucional,
en relación con este cargo, que “declare exequible el artículo 298 de la Ley
1407 de 2010, en el sentido que la Fiscalía General Penal Militar y Policial
deben escuchar y suministrar información relacionada con la posibilidad de dar
aplicación al principio de oportunidad, a quien demuestre al menos sumariamente
la calidad de víctima”[21].
(iv) Cargo que plantea una
vulneración del artículo 250 Superior por parte de las normas acusadas pues, a
partir de ellas, se atribuyen funciones de policía judicial al Cuerpo Técnico
de la Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial para la
investigación de delitos de competencia de tal jurisdicción especial. Tal
oposición se fundamenta, primeramente, en que la Fiscalía encuentra que no se
satisfacen cabalmente los requisitos de procedibilidad de la acción de
inconstitucionalidad, pues, si bien satisface el de claridad, “frente a los
requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia, la argumentación de los
accionantes presenta deficiencias”[22].
Lo anterior por cuanto los demandantes  (i) no demuestran que la
Constitución prohíba de manera expresa “que la fuerza pública pueda contar
con funciones de policía judicial para la investigación de los delitos de
competencia de la justicia penal militar”[23];
(ii) su argumentación parte de interpretaciones propias, tal como sucede al dar
por hecho que las normas demandadas permiten que personas civiles sean
investigadas por militares; además (iii) el cargo se centra en “una
serie de consideraciones subjetivas acerca de la inconveniencia de que
integrantes de la fuerza pública tengan atribuciones de policía judicial, pero
no desarrolla la forma en la que las normas acusadas contradicen la
Constitución”.
No obstante el anterior reproche de procedibilidad, la
Fiscalía hace un pronunciamiento de fondo según el cual sostiene que, de manera
general, la Constitución no prohíbe la existencia de la justicia penal militar,
y, de hecho, la permite bajo la dirección de la Fiscalía General. En estos
términos la entidad considera que algunos apartes de las normas demandadas “deben
ser declarados exequibles de manera condicionada, en el entendido de que en
virtud del numeral 8 del artículo 250 de la Constitución, debe ser la Fiscalía
General de la Nación quien tenga la dirección y coordinación máxima de las
actividades de policía judicial que adelante el Cuerpo Técnico de la
investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, para asuntos de
competencia de tal jurisdicción especial”[24].
A la par de lo anterior, la entidad hace referencia a
las demás normas, además del artículo de la Constitución mencionado, en donde
se otorgan competencias de policía judicial a órganos distintos a la Fiscalía
General de la Nación, pero sometiéndolos a su supervisión, como por ejemplo el
numeral 5º del artículo 251 de la misma Carta, el artículo 117 de la Ley 906 de
2004 y el artículo 12 del Decreto 261 de 2000 (Estatuto Orgánico de la
Fiscalía).
En este orden de ideas, la entidad interviniente se
refiere al hecho que el numeral 5º del artículo 23 de la Ley 1765 de 2015 haya
integrado al Fiscal General Penal Militar y Policial al Consejo Nacional de
Policía Judicial, el cual es precedido por el Fiscal General de la Nación, de
lo cual se deriva que la policía judicial militar está vinculada por las
decisiones del Consejo en relación con las políticas, estrategias y directivas
que fije. “En conclusión, la membresía del Fiscal General Penal Militar y
Policial al Consejo Nacional de Policía Judicial, implica que está bajo la
coordinación del Fiscal General de la Nación, tal como los demás funcionarios
que en Colombia ejercen funciones de policía judicial”[25].
Todo lo anterior, indica la interviniente, desvirtúa
el cargo presentado en la demanda, además si se tiene en cuenta que la
Constitución, no sólo no prohíbe la existencia de un cuerpo técnico que
investigue los delitos de la justicia penal militar ni que se integre por
miembros de la fuerza pública, sino que, a partir de la lectura del inciso 1º
del artículo 116 de la Carta Política, y del artículo 221 del mismo
ordenamiento, “se concluye que la Constitución faculta a esta jurisdicción
especial para adelantar a cabalidad las investigaciones y juicios de su competencia.
Para tal efecto, ninguna norma constitucional excluye la posibilidad que esta
jurisdicción especial cuente con su propia policía judicial para tales efectos”.
En atención a las anteriores consideraciones, la
entidad solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de los artículos
acusados que se refieren a la creación de este órgano investigativo, pero
condicionada a que, “debe ser la Fiscalía General de la Nación la encargada
máxima de dirigir y coordinar las actividades de policía judicial adelantadas
por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial,
en los proceso de tal jurisdicción especial”. Tal condicionamiento, precisa
la interviniente, se predica de los artículos 20, 23 numeral 4º, 23 numeral
10º, 30 numerales 2º, 3º y 4º, 33 numerales 1º y 5º, 39 y 42 de la Ley 1765 de
2015.
3.    Defensoría del Pueblo
La
Defensoría del Pueblo, a través de la Defensora Delegada para Asuntos
Constitucionales, intervino en el presente juicio, aclarando que su
participación se limita “única y exclusivamente al cargo referido a la
violación del derecho de acceso a la justicia para las víctimas por el
mecanismo de designación de su representación oficiosa, debido a su impacto
directo sobre las funciones misionales de la Defensoría del Pueblo...”.
Hecha
la anterior precisión, la referida entidad le solicita a la Corte “declarar
inexequible el apartado ‘la Fiscalía Penal Militar’ contenido en el numeral 5
del artículo 299 de la Ley 1407 de 20010”, por considerar “que otorgar
de modo exclusivo y excluyente a la Fiscalía Penal Militar la facultad de
designar representantes de oficio para las víctimas, desconoce la orientación
específica en la prestación del servicio de Defensoría Pública y cuestiona la
competencia e idoneidad del SNDP para asumir esa labor”.
La
interviniente pone de presente que la Defensoría del Pueblo ya ha expresado su
posición sobre el tema ante la Corte Constitucional, al intervenir en el
proceso de constitucionalidad adelantado contra la Ley 1698 de 2013, en el cual,
mediante Sentencia C-745 de 2015, la Corte declaró la exequibilidad de la
referida ley, tras considerar que “no incluir a la Defensoría del Pueblo
como órgano de dirección del Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los
miembros de la fuerza pública se encontraba justificado porque este presta un
servicio exclusivo de defensa técnica voluntario, exclusivo, restrictivo y
accesorio para militares y policías que puede funcionar de forma paralela al
SNDP…”.
No
obstante lo anterior, destaca la interviniente, “en la sentencia C-745 de
2015 la Corte tuvo como sustento para su decisión focalizar la atención en
grupos poblacionales que debido a sus particularidades, requieren de
alternativas para garantizarles una representación diferenciada con el fin de
optimizar la protección de su derecho a la defensa técnica”. Sin embargo,
considera que un análisis de ese tipo de medidas, “en los casos donde la
víctima no cuenta con recursos suficientes para contratar un abogado, no arroja
como resultado un aumento en su estándar de protección por el simple hecho de
verse representadas por profesionales de la jurisdicción penal militar”.
Sobre
esa base, luego de examinar la disposición acusada, quien actúa en
representación de la Defensoría del Pueblo sostiene “que no existe razón
para que el legislador otorgue a la Fiscalía Penal Militar la potestad de
designar un abogado de oficio a la víctima de escasos recursos dentro de la
jurisdicción penal militar, pues en el caso concreto no se trata de optimizar
la protección del derecho a la defensa técnica de un grupo poblacional sobre el
cual aplique el principio de correspondencia”.
En
consecuencia, concluye la interviniente, “es posible afirmar que por
encontrarse fuera de los parámetros fijados por la Corte para justificar la
necesidad de una alternativa en la representación judicial –que sí se cumple
respecto de los miembros de la fuerza pública- la disposición acusada otorga un
tratamiento diferenciado, exclusivo y excluyente de las víctimas reconocidas al
interior de la justicia penal militar respecto de otras víctimas sin que exista
justificación constitucional para ello”.
4.    Universidad Libre
La universidad Libre, a través del
Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la
Facultad de Derecho y de algunos estudiantes de la referida facultad, intervino
en el presente juicio, aclarando que “se pronunciará sobre ciertos apartes
de la demanda, que se consideran de especial importancia para el posterior
pronunciamiento que realice la Honorable Corte”. Concretamente, manifiesta
que su intervención se concentrará en los siguientes aspectos de la demanda:
(i) reserva de ley estatutaria frente a la Ley 1765 de 2015; (ii) delitos sin
asignación especial de competencia (arts. 8, numeral 9 y 9, numeral 8); (iii)
juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal militar (art. 2); (iv)
violación de los derechos de las víctimas (art. 294); (v) vulneración de los
principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la administración de
justicia; y (vi) violación de la prohibición constitucional de atribuir
funciones de policía judicial a las fuerzas militares y el desconocimiento del
diseño constitucional para la Fiscalía General de la Nación. En ese contexto,
el interviniente se refiere a los aspectos mencionados de la siguiente manera:
(i) reserva de ley estatutaria
frente a la Ley 1765 de 2015. Inician
por señalar que la Corte Constitucional, desde diferentes perspectivas, “ha
establecido que la justicia penal militar no hace parte de la rama judicial del
poder público pues no ha sido prevista como tal en el Título VIII de la Carta”,
lo cual “no significa que la justicia penal militar no deba cumplir con los
principios estructurales de la administración de justicia, pues dicha
obligación está constitucionalmente establecida en os artículos 116 y 229
superiores”. Acorde con ello, destacan que también la Corte Constitucional “determinó
que en temas de administración de justicia procedía la reglamentación por vía
estatutaria cuando (I) afecten la estructura general de la administración de
justicia, (II) establezcan y garanticen la efectividad de los principios
generales sobre el tema o (III) desarrollen aspectos sustanciales de la Rama
Judicial del Poder Público; y como la ley en cuestión no desarrolla integralmente
los temas referidos no genera la inconstitucionalidad solicitada por los
demandantes”.
Por tal razón, entienden que, en
relación con el cargo por violación de la reserva de ley estatutaria, “la
pretensión principal de los demandantes no debe prosperar”.
(ii) delitos sin asignación especial de competencia
(arts. 8, numeral 9 y 9, numeral 8). Apoyándose en la jurisprudencia constitucional sobre
la materia, sostienen que la “jurisdicción penal militar constituye una
excepción constitucional a la regla del juez natural general”, razón por la
cual, “su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva, tal como lo
precisa la Carta Política al establecer en su artículo 221 que la justicia
penal militar conocerá ‘de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza
pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio’ ”. Acorde
con ello, destacan que “el legislador estatutario estableció dentro de la
función judicial el conocimiento general de los asuntos a la jurisdicción
ordinaria, mal puede hacer el legislador ordinario en establecer dicho carácter
a la justicia penal militar”.
Sobre
esa base, concluyen que “la inconstitucionalidad de la disposición acusada
recae de manera tajante por violar los postulados de la ley 270 de 1996 que conforme
a la jurisprudencia hace parte del bloque de constitucionalidad”, pues las
normas enjuiciadas amplían “el carácter restringido que tiene la
jurisdicción penal militar regulada por la Constitución y certificada en casos
mencionados anteriormente por la Corte Constitucional”. En ese sentido, le
solicitan a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 8,
numeral 9 y 9, numeral 8 de la Ley 1765 de 2015.
(iii) juzgamiento de civiles por parte de la justicia
penal militar (art. 2). Sobre
dicha acusación, afirman que el artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, en la medida
que extiende la aplicación de la justicia penal militar y policial a los
miembros de la fuerza pública en retiro, así como al personal civil o no
uniformado que desempeñe cargos en dicha justicia, viola el derecho a la
independencia judicial, a la igualdad, al juez natural, a la prohibición de
juzgar civiles en tribunales militares, toda vez “que no resulta
constitucionalmente admisible que personas definidas dentro del Estado colombiano
como civiles, tengan un régimen de enjuiciamiento penal especial, solo por
haber pertenecido a la fuerza pública o estar trabajando con ella”. A su
juicio, “resulta lesivo, como lo enuncian los demandantes, de diversidad de
instrumentos constitucionales e internacionales, atribuir a un tribunal militar
y policial la investigación y juzgamiento de conductas penales de civiles,
violando garantías como imparcialidad, la libertad, el juez natural, la
presunción de inocencia, entre otros aspectos que los demandantes acotan”.
Conforme con lo dicho, le solicitan a la Corte que declare inexequible la
expresión “o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que
desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar y Policial”, contenida en el
artículo 2 de la ley acusada.
(iv) violación de los derechos de las víctimas (art.
294).
Consideran que la expresión “directo”, que hace parte del artículo 294
de la Ley 1407 de 2010, en el que se define la condición de víctima para
efectos del Código de Justicia Penal Militar y Policial, debe declarase
inexequible, “ya que a la luz de la jurisprudencia constitucional, la
expresión es una regresión en materia de derechos de víctimas que no puede
continuar vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que su permanencia
restringe a diversas personas vinculadas  indirectamente con el conflicto, de
su calidad legítima de víctima y del reclamo judicial para la satisfacción de
sus derechos”.
(v) vulneración de los principios de independencia,
autonomía e imparcialidad de la administración de justicia. Sostienen que el sistema de
nombramientos que trae consigo la ley acusada, “permite entrever que so
pretexto de que existan las garantías necesarias para quienes serán objeto del
fuero penal militar, se permite que la estructura de la jurisdicción penal
militar esté supeditada por completo a las directrices y órdenes de la rama
ejecutiva, tal como ocurre con la terna que presenta el Presidente de la
República para la elección de algunos funcionarios que administran justicia,
funcionario que como jefe supremo de las fuerzas armadas no debería intervenir
en dichos nombramientos que suponen poder y facultades importantes para
administrar justicia”. En consecuencia, aducen, “se tiene que,
efectivamente, en contraposición con lo reglado por el constituyente y
refrendado por la Corte Constitucional en relación con la independencia de
poderes del Estado como pilar fundamental del Estado social de derecho, la
articulación y funcionamiento de la justicia penal militar no resulta ser independiente
como constitucionalmente lo ordena el artículo 228 y siguientes, puesto que al
dirigirse desde el ejecutivo toda la estructura y funcionamiento de este modelo
de justicia, más que ser una jurisdicción especial autónoma, es a la postre ser
un apéndice de la rama ejecutiva”.
(vi) violación de la prohibición
constitucional de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas
militares y el desconocimiento del diseño constitucional para la Fiscalía
General de la Nación. Sobre
el punto, ponen de presente que el mismo se analizará de dos perspectivas. Por
un lado, “en relación con la atribución de funciones de policía judicial a
las fuerzas militares”, y por el otro, “en relación con la posición de
inconstitucionalidad de la creación de la Fiscalía Penal Militar”. Frente a
lo primero, consideran que “la creación de un cuerpo de investigación que
cumpla funciones de policía judicial en cabeza de los miembros de la fuerza
pública, es una cuestión que además de aparatarse de los postulados del Estatuto
Superior y la jurisprudencia constitucional, es una de las novedades
legislativas en punto al fuero militar, que tal vez, desconocen con mayor
notoriedad el principio de autonomía e independencia que debe regir la
administración de justicia como función pública, razón por la cual se pide a la
Corte declare la INEXEQUIBILIDAD”. Sobre lo segundo, es decir, lo
relacionado con la creación de un nuevo ente investigador y titular de la
acción penal militar, entienden los intervinientes que no existe quebranto constitucional
“puesto que los accionantes conciben la creación de la Fiscalía General de
la Nación por la Carta Política de 1991 como único ente titular de la acción
penal en Colombia indistintamente de la jurisdicción a la cual apoye, y para el
caso concreto, la justicia penal militar al tener jueces independientes, debe
por cohesión, tener un ente acusador independiente y contextualizado en el
marco del régimen castrense, razón por la cual, de cara a la libertad de
configuración legislativa que le concede el constituyente en este materia en el
artículo 221 de la Carta, la creación de esta nueva Fiscalía no se aparta de
los postulados constitucionales”.
5.    Comisión Colombiana de
Juristas
Los integrantes de la Comisión
Colombiana de Juristas manifestaron estar de acuerdo con los planteamientos
esbozados por los demandantes y solicitan a la Corte que las normas demandadas deben
ser declaradas inconstitucionales en la misma línea en que se expone en la
demanda.
En
un comienzo, desarrollan los estándares de independencia e imparcialidad que,
de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, deben ser
atendidos en el diseño de la estructura de la justicia penal militar en materia
de acceso, ejercicio y retiro del cargo, tanto para los jueces como para los
fiscales que a ella pertenezcan. Luego de ello, señalan que tal y como se
encuentra estructurada la justicia militar y policial en la Ley 1765 de 2015,
no se garantiza que los jueces y fiscales que sean miembros en servicio activo
de las fuerzas militares o de la policía, puedan ejercer sus funciones
jurisdiccionales de manera independiente e imparcial.
Reconocen
que si bien la justicia penal militar no hace parte de la rama judicial, en
ella sí se deben garantizar los principios que le son propios al ejercicio de
administrar justicia. Añaden que si bien, a lo largo de la ley censurada se
encuentran una serie de disposiciones que buscan lograr la independencia e
imparcialidad de los funcionarios judiciales de la justicia penal militar y
policial, según los estándares internacionales lo imponen, las mismas resultan
insuficientes.
Primero,
afirman que la ley censurada no logra realizar una adecuada separación entre la
función ejecutiva y la judicial y, en consecuencia, no garantiza la
independencia de la justicia penal militar. Sobre ello, exponen que si bien “los
funcionarios de la justicia penal militar tienen algunas previsiones especiales
en materia de ingreso, permanencia, ascensos y demás condiciones laborales,
estas se encuentran reguladas principalmente por el régimen general de cada
fuerza y de la policía”[26]. Exponen que
el régimen de las fuerzas militares y de policía tiene una naturaleza que de
por sí es incompatible con las garantías necesarias para asegurar independencia
e imparcialidad jurídica, cual es la flexibilidad de su régimen de carrera, en
el cual es posible la discrecionalidad en el retiro[27].
Respecto
de lo anterior, exponen que si bien el artículo 63 de la ley acusada creó el
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar, el cual está conformado por
miembros de la fuerza pública en servicio activo con un sistema de carrera
propio e independiente del mando institucional y bajo la dependencia de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el
mismo no resulta independiente. Ello es así,  toda vez que el miembro de la
fuerza que quiera ingresar al Cuerpo Autónomo, debe estar incluido en una lista
que debe enviar las fuerzas militares y la Policía Nacional a la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, lo que se
traduce en que tales candidatos deben contar con el aval de la fuerza de
origen, sin que resulten claras o apelen a criterios técnicos las razones de su
selección.
En segundo lugar, señalan que la ley demandada tampoco
da suficientes garantías de estabilidad en el cargo para los miembros de la
fuerza pública que pertenezcan al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar
y Policial, pues a pesar de que la misma contempla periodos fijos y sin
posibilidad de reelección para los magistrados del Tribunal Superior Militar,
para el Fiscal General Penal Militar y Policial y para el Fiscal Penal Militar
y Policial Delegado ante el Tribunal Superior Militar y Policial, y dispone que
la única forma de remoción del cargo será por falta absoluta; contempla también
como causales de retiro en los numerales 3 y 4 del artículo 82: “3. Obtener resultado regular o deficiente de
acuerdo con los reglamentos de evaluación y clasificación de la Fuerza Pública
e 4. Incurrir en cualquiera de las causales de retiro consignadas en los
reglamentos de la institución militar o policial a la cual pertenece”. Así, coligen que del contenido de tales
numerales, la permanencia en el cargo de
los miembros de la fuerza pública que hagan parte del Cuerpo Autónomo no
depende únicamente del buen desarrollo sus funciones judiciales, pues están
supeditados al régimen de su fuerza de origen, lo cual supone una situación de
dependencia orgánica que resulta incompatible con las garantías de
independencia.
En
tercer lugar, señalan que el ascenso en la carrera de los miembros de la fuerza
pública pertenecientes al Cuerpo Autónomo, se encuentra sometido a la
discrecionalidad propia de la línea de mando y no atiende únicamente a un
factor meritocrático, lo que haría pensar que el sentido de las actuaciones
judiciales de dichos miembros pueda estar influencia por el interés que puedan
tener en el ascenso.
Finalmente,
exponen que les parece preocupante la posibilidad que otorga la ley acusada de
que los miembros del Cuerpo Autónomo puedan solicitar por una sola vez regresar
a la fuerza de origen, pues ella abre la posibilidad de que se generen
intereses indebidos en aquellos miembros del Cuerpo Autónomo que tengan dicha
aspiración.
6.    Universidad Externado de
Colombia
La Universidad Externado de Colombia, a través del
Departamento de Derecho Constitucional, interviene en el presente proceso,
aclarando que su pronunciamiento es solo respecto de los siguientes cargos: (i)
violación del principio de reserva de ley estatutaria en materia de
administración de justicia (cargo por vicio de forma); (ii)
vulneración de los principios de independencia y autonomía de la administración
de justicia; (iii) inconstitucionalidad del juzgamiento de
civiles por parte de la justicia penal militar y policial, e
inconstitucionalidad del juzgamiento de delitos contra la población civil por
parte de la justicia penal militar y policial; y (iv) vulneración
de los derechos de las víctimas en la consagración de los mecanismos de
terminación anticipada del proceso.
Hecha la anterior precisión, la Universidad Externado
de Colombia le solicita a la Corte que proceda a: (a) declarar la
exequibilidad de la totalidad de la ley demandada por el cargo relacionado con
la violación de la reserva de ley estatutaria; (b) llevar a acabo
pronunciamiento de fondo sobre los artículos 11, 14, 15, 16, 18, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 58, 65, 71, 72, 74, 75
y 83, “en cuanto a partir de ellas se extrae la vulneración de los principios
de autonomía e independencia de la Justicia Penal Militar y Policial”; (c)
precisar el contenido y alcance del concepto “población civil” “con
respecto al ámbito material de competencia de la justicia penal militar y en
relación con las disposiciones demandadas en nuestro ordenamiento jurídico”;
y (d) declarar la exequibilidad condicionada de los artículos 109
y 110 de la Ley 1407 de 2010, “en el entendido que la víctima también podrá
intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la Fiscalía y el
imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración
por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo”. La referida
solicitud se funda en los siguientes argumentos:
(i) Cargo por violación del
principio de ley estatutaria. En relación con dicho cargo, sostiene la
interviniente que el mismo debe ser evaluado en relación con la totalidad de la
Ley 1765 de 2015, por ser este el alcance dado a la acusación en la demanda. En
ese contexto, afirma que “la Corte Constitucional se ha pronunciado en
sentido negativo sobre la posibilidad de someter a la reserva de ley
estatutaria la estructura de la justicia penal militar, al declarar inexequible
mediante la Sentencia C-368 de 2000 la norma que así lo exigía…”. Conforme
con ello, citando las reglas fijadas por la Corte para definir cuando una ley
relativa a la administración de justicia debe ser objeto de ley estatutaria,
precisa que “la materia regulada por la Ley 1765 de 2015 trata de normas
procesales por medio de las cuales se establecen las reglas de procedimiento a
las cuales se someten las actuaciones judiciales adelantadas por la Justica
Penal Militar y Policial”, razón por la cual no infringe la reserva de ley
estatutaria, pues “no son disposiciones encaminadas a afectar el núcleo
esencial o básico de la estructura, organización y funcionamiento de la
administración de justicia”.
(ii) Cargo por vulneración de los
principios de independencia y autonomía de la administración de justicia.
Apoyándose en la jurisprudencia constitucional y en distintos instrumentos de
derechos humanos, la interviniente inicia refiriéndose el principio de
autonomía e independencia judicial, señalando que este se define a partir de
dos facetas: “la primera, denominada ‘institucional’, la cual se refiere al
poder judicial como sistema el cual no debe estar sometido a intromisiones de
otras ramas del poder público y; la segunda, denominada ‘individual’ se refiere
al juez como individuo encargado de determinar la justicia en un caso en
concreto quien deberá igualmente estar libre de cualquier presión en especial
al interior del sistema judicial”. Sobre la faceta institucional (u
objetiva), anota que la misma guarda conexión con los principios de separación
de poderes -entendiendo que de la garantía de la autonomía judicial depende una
adecuada comprensión del referido principio-, y de colaboración armónica
-entendido como límite al principio de separación de poderes-. En cuanto a la
faceta individual (o subjetiva), señala que la misma se basa en tres garantías
fundamentales, a saber: “a) un adecuado proceso de nombramiento, b) la
inamovilidad en el cargo y c) la garantía contra presiones externas”.
Conforme con lo anterior, la interviniente considera
que, atendiendo a la estructura de la Justicia Penal Militar y Policial
prevista en la Ley 1765 de 2015, con ella “se vulnera la garantía del
principio de autonomía e independencia judicial en su faceta institucional, por
cuanto el funcionario judicial está supeditado a los lineamientos establecidos
por los órganos máximos de dirección de la Unidad (Consejo Directivo y
Dirección Ejecutiva) conformados mayoritariamente por los altos mandos de las
fuerzas militares y de policía (Ministro de Defensa, Comandante General de las
Fuerzas Militares y Director General de la Policía Nacional), quienes han
tenido injerencia previa en el desarrollo de las operaciones militares”. Al
margen de las cuales se habrían cometido los delitos que el operador jurídico
entra a juzgar, pues quien dispone directrices en el ámbito militar se encarga
también de diseñar administrativamente el sistema judicial que resolverá
posteriormente las acusaciones de naturaleza penal que se eleven en virtud de
delitos cometidos con ocasión del desarrollo de funciones militares”.
Acorde con lo dicho, destaca que, tanto el Ministro de
Defensa como los comandantes de las fuerzas militares y de policía nacional
ejercer cargos de mando y, en virtud de la Ley 1765 de 2015 (arts. 48, 51 y
54), “también ejercen funciones administrativas, para las cuales en
principio no están formados y menos aún en el ámbito judicial”, de manera
que “el ejercicio de dos funciones distintas pero relacionadas y siendo
capaz de generar intromisiones negativas en el ámbito de la otra, son ejercidas
por unas mismas personas y por tanto es imposible que exista independencia,
pues el interés de los funcionarios al diseñar administrativamente la
jurisdicción penal militar y policial (a través de políticas, reglamentos
internos, sistemas de evaluación, y entre otras funciones conferidas a estos
órganos) será favorecer judicialmente el entendimiento de las instrucciones
militares brindadas anteriormente por ellos mismos”.
Concluye destacando que tal distribución de funciones “repercute
en la forma en la cual los operadores jurídicos de la justicia penal militar y
policial han de interpretar la aplicación del derecho en los casos en concreto
sometidos a su conocimiento, pues no basta con incorporar en la ley una norma
(artículo 62) que prevea que los funcionarios de la Justicia Penal Militar no
podrán recibir instrucciones respecto de su función judicial, cuando el diseño
del sistema se confiere de manera preponderante a representantes de un sector y
de una rama del poder público”.
(iii) Cargo por
inconstitucionalidad del juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal
militar y policial, e inconstitucionalidad del juzgamiento de delitos contra la
población civil por parte de la justicia penal militar y policial.
Citando jurisprudencia de la Corte Constitucional y de organismos
internacionales de derechos humanos, la interviniente advierte que, en cuanto
al ámbito de aplicación de la Justicia Penal Militar y Policial, “la regla
general es el carácter excepcional y restrictivo de ésta para investigar,
juzgar y sancionar a los miembros de la fuerza pública en servicio activo por
hechos relacionados con el servicio”. A partir de dicha regla, señala que
el artículo 2 de la Ley 1765 de 2015 “faculta a los juzgados penales
militares y policiales de conocimiento especializado para juzgar a civiles
(miembros de la fuerza pública en retiro y personal civil o no uniformado que
desempeñe cargos en la justicia penal militar), lo cual contradice
manifiestamente el carácter excepcional y restrictivo del ámbito de competencia
de la justicia penal militar”, pues “los civiles deben ser investigados,
juzgados y sancionados por los jueces y tribunales ordinarios y no por la
justicia penal militar que tiene un ámbito de competencia limitado al
juzgamiento de las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza
pública y en relación con el servicio”.
Con el mismo criterio, señala que el artículo 8
numeral 7 de la Ley 1765 de 2015 “desconoce el carácter restrictivo y
excepcional de la justicia penal militar al atribuirle a los juzgados penales
militares y policiales de conocimiento especializado la competencia para juzgar
los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública contra la población
civil”. Precisa, al respecto, que, “a raíz de la falta de precisión que
a hoy existe en nuestro ordenamiento jurídico respecto del contenido de la
categoría ‘población civil’, se abre un campo demasiado amplio en el cual caben
incluso ‘delitos comunes’ como las violaciones graves a los derechos humanos o
los crímenes de lesa humanidad”. Según su entender, “[e]l conocimiento
de estos delitos excede el criterio material de competencia de la Justicia
Penal Militar la cual está llamada a juzgar únicamente los delitos militares o
castrenses (por ejemplo, insubordinación, desobediencia, ataque al superior y
al inferior, abandono del puesto, entre otros) cometidos por los miembros de la
fuerza pública y en relación con el servicio”.
(iv) Cargo por vulneración de los
derechos de las víctimas en la consagración de los mecanismos de terminación
anticipada del proceso. Con
respecto a dicho cargo, la interviniente se limita  a destacar que los “artículos
109 y 110 de la Ley 1765 de 2015 que adicionan disposiciones normativas a la
Ley 1407 de 2010 en materia de preacuerdos y negociaciones en el sistema penal
militar y policial desconocen los derechos de las víctimas al excluir su
intervención o participación en los mismos”. Sustenta tal afirmación
señalando que la Corte, en la Sentencia C-516 de 2007, “decidió declarar la
exequibilidad de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la ley 906 de 2004 pero
de manera condicionada en el entendido que la víctima también podrá intervenir
en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado o
acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el
fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo”.
VI.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, en concepto número
006062, radicado en esta Corporación el 24 de febrero de 2016, le solicitó a la
Corte adoptar las siguientes decisiones:
“ESTARSE A LO CONCEPTUDADO
dentro del expediente D-10987 en relación con el cargo por violación de la
reserva de ley estatutaria por parte de la Ley 1765 de 2015 [en el que se
solicitó la declaratoria de exequibilidad de la referida ley por el cargo
señalado].
INHIBIRSE  de emitir un
pronunciamiento de fondo sobre los cargos formulados contra los artículos 7, 8
y 9 de la Ley 1765 de 2015, por carecer de la certeza y la pertinencia
necesaria.
Declarar INEXEQUIBLE el
aparte normativo ‘así como al personal civil o no uniformado que desempeñe
cargos en la Justicia Penal Militar y Policial’, contenido en el artículo 2 de
la ley 1765 de 2015.
Declarar la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA de la expresión ‘o en retiro’, contenida en el artículo 2 de la
Ley 1765 de 2015, bajo el entendido de que se entienda que sólo estarán bajo el
ámbito de la Justicia Penal Militar y Policial las conductas de los militares
en retiro que éstos hubiesen realizado estando en servicio activo.
Declarar la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADO del numeral 2º del artículo 48 de la Ley 1765 de 2015, de tal
forma que los magistrados, jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar y
Policial no estén bajo el  control de la Unidad Administrativa de la Justicia
Penal Militar y Policial.
Declarar INEXEQUIBLES las
expresiones ‘por el Presidente de la República’ de los artículos 15, 22 y 28, y
‘corresponde al Presidente de la República’ del artículo 25 de la Ley 1765 de
2015.
Declarar la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADO del artículo 110 de la Ley 1765 de 2015, de la misma manera en que
se hizo en la Sentencia C-516 de 2007, en relación al derecho de participación
de las víctimas en la celebración de preacuerdos y acuerdos.
Declarar la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA  del artículo 109, numeral 2º, de la Ley 1765 de 2015, en el mismo
sentido en que se hizo en la Sentencia C-1260 de 2015.
Declarar INEXEQUIBLE el
numeral 4º del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010.
Declarar la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADO del artículo 298 de la Ley 1407 de 2010, en la medida en que se
incluya el deber de informar a las víctimas de la posibilidad de dar aplicación
al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el
juez de control de garantías, cuando haya lugar a ello.
Declarar la EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA de los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 38 de la Ley 1765 de 2015,
en el entendido de que los coordinadores y funcionarios del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, que ejerzan funciones de
policía judicial, no podrán ser miembros de las Fuerzas Militares y deberán
estar bajo la dirección de la Fiscalía Penal Militar y Policial.”
El Ministerio Público sustenta su solicitud con base
en los siguientes argumentos:
(i) Cargo relacionado con la reserva de ley
estatutaria. Señala
que ya tuvo oportunidad de pronunciarse en el concepto rendido ante la Corte
dentro del expediente D-10987, en el que en su momento se solicitó declarar
exequible la Ley 1765 de 2015, tras considerar que “debido a que ‘la estructura
orgánica de la Justicia de la Justicia Penal Militar no afecta la rama
[judicial] del poder público, se le está excluyendo en su parte orgánica del
objeto de la reserva de Ley Estatutaria, toda vez que dicha fuente normativa
especial está reservada para el diseño del aparato de administración de
justicia universal’”.
(ii) Cargo contra los artículos 8 y 9 por
ampliación indebida de la competencia de la Justicia Penal Militar. Resalta que en la demanda “sólo se
formularon acusaciones contra las normas que definen las competencias para
conocer de determinados delitos pero no se incluyeron las disposiciones
normativas que contienen los tipos penales que los accionantes
consideran que no deben estar dentro de la JPMP”. Tal situación “hace que sea imposible efectuar un
verdadero análisis de fondo puesto que, de una parte, no se cuestiona el
reparto de competencia que hacen los artículos 7, 8, 9 de la Ley 1765 de 2015
y, de otra, los reparos formulados no recaen sobre las normas que sí tipifican
los delitos”. Con base en ello, le solicita a la Corte que se declare
inhibida para proferir decisión de fondo, por considerar que el cargo no cumple los requisitos
de certeza, “porque de las normas demandadas no se derivan las
acusaciones hechas en la demanda”, y pertinencia, en razón a
que “los argumentos aducidos no están encaminados a demostrar la
inconstitucionalidad de las normas demandadas”.
(iii) Cargo contra el artículo 2 de
la Ley 1765 de 2015 por el posible juzgamiento de civiles por parte de la
justicia penal militar.
Sostiene
que la voluntad del constituyente fue sustraer a los civiles de la Justicia
Penal Militar, prohibiéndolo expresamente en el artículo 213 de la Carta;
prohibición que se entiende extendida a los miembros de la Fuerza Pública en
retiro. Sobre esa base, le solicita a la Corte que declare inexequible el
aparte “así como al personal civil o no uniformado que desempeñe cargos en
la Justicia Penal Militar y Policial”, por entender que amplía la
competencia de la JPMP más allá de los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo conforme lo dispone el artículo 221 de la Carta. Asimismo,
solicita declarar exequible la expresión “o en retiro”, siempre que se
entienda que sólo estarán bajo el ámbito de la Justicia Penal Militar y
Policial respecto de conductas cometidas durante el tiempo que se estuvo en
servicio activo.
(iv) Cargo por desconocimiento de los
principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la administración de
justicia. Inicia por
hacer una distinción entre los funcionarios que administran justicia en el
ámbito de la JPMP, y los que no llevan a cabo tal función, pues considera que “pueden
ser más flexibles las reglas referentes a los funcionarios que directamente no
van a administrar justicia”. Sobre esa base, entiende que la Ley 1765 de
2015 pareciera responder a esa distinción pues estableció para los cargos de
magistrados, jueces y fiscales periodos específicos, mientras que para los
otros un control de rendimiento a cargo de la Unidad Administrativa Especial de
la JPMP. No obstante, “encuentra que no se puede asegurar una efectiva
independencia de la JPMP del mando de la Fuerza Pública cuando el director y
supremo comandante de ésta (Presidente de la República, artículo 189 C.P.) es
quien elige a los magistrados de los tribunales militares y al Fiscal General
Penal Militar y Policial (artículos 15 y 22 de la Ley 1765 de 2015)”. De
igual manera, entiende “problemático desde el punto de vista constitucional
que la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
encargada de administrar la JPMP y llevar el control y gestión de rendimiento
de los funcionarios y empleados de la Jurisdicción Penal Militar y Policial,
entre otros, ejerza dicho control sobre los funcionarios de esta jurisdicción
que ejercen funciones de administración de justicia”. En consecuencia, le
solicita a la Corte un condicionamiento del numeral 2º del artículo 48 de la
Ley 1765 de 2015, para que se entienda que los magistrados, jueces y fiscales
no estén bajo el control de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal
Militar.
(v) Cargos contra los artículos 109
y 110 de la Ley 1765 de 2015 por
vulneración de los derechos de las víctimas en la consagración de los
mecanismos de terminación anticipada del proceso. Con respecto al artículo 109,
considera que el mismo reproduce el numeral 2 del artículo 350 de la Ley 906 de
2004, respecto del cual la Corte declaró la exequibilidad condicionada en la
Sentencia C-1260 de 2005, “en el entendido que el fiscal, en ejercicio de
esta facultad, no puede crear tipos penales y de que en todo caso, a los hechos
invocados en su alegación no les puede dar sino la calificación jurídica que
corresponda conforme a la ley penal preexistente”; criterio que, según su
entender, debe ser extendido a la norma acusada.
En relación con el cargo sobre la violación de los
derechos de las víctimas por no permitir su participación en los mecanismos de
negociación anticipada, imputado al artículo 110 de la Ley 1765 de 2015, señala
que el mismo fue estudiado por la Corte al llevar a cabo el control de
constitucionalidad del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, a su vez reproducido
por la norma ahora acusada, declara exequible “en el entendido que la
víctima, también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos
entre la Fiscalía y el imputado o acusado…”.  Sostiene que el análisis de
constitucionalidad que se hizo en la Sentencia C-516 de 2007 cobra plena
vigencia respecto de la norma demandada, “ya que no tiene ninguna
justificación privar a las víctimas cuya reclamación está bajo la JPMP de la
posibilidad de intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la
Fiscalía y el imputado o acusado, mientras que esta medida si le es aplicable a
las víctimas cuyas reclamaciones son conocidas por la Justicia penal ordinaria”.
VI.    CONSIDERACIONES DE
LA CORTE
1.
Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, de
manera general, esta Corporación es competente para decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad que se formula en la presente causa, por dirigirse la
misma contra dos leyes de la República, la Ley 1765 de 2015,“Por la cual se
reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen requisitos
para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal
Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan
disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y
para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se
dictan otras disposiciones”; y la Ley 1407 de 2010, “Por la cual se
expide el Código Penal Militar”.
2.
De la aptitud
sustantiva de la presente demanda
2.1.
Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, en cumplimiento a lo previsto
en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, las demandas que presenten los
ciudadanos contra las leyes, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, deben cumplir unos requisitos mínimos de procedibilidad,
a través de los cuales se busca habilitar la competencia de la Corte
Constitucional para proferir la respectiva decisión de fondo. De ese modo, de
acuerdo con la norma citada, para que exista demanda en forma, la acusación que
se formula contra una ley debe contener: (i) el señalamiento y
transcripción de las normas que se acusan; (ii) la indicación de
las normas constitucionales que se consideran infringidas; y, (iii)
las razones o motivos por las cuales las disposiciones superiores se estiman
violadas; (iv) de ser necesario, el señalamiento del trámite
impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma
en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es
competente para conocer la demanda.
2.2.
Con respecto a los dos primeros presupuestos, la jurisprudencia ha sido clara
en señalar que, por su intermedio, se busca definir e identificar dos aspectos
esenciales del control de constitucionalidad: (i) lo que es objeto del
mismo, es decir, las normas legales que se pretenden impugnar, lo cual se
cumple, atendiendo las voces del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, con la
trascripción literal de las mismas por cualquier medio, o con la inclusión en
la demanda de un ejemplar de la publicación oficial; y, (ii) las
disposiciones constitucionales que, según el razonamiento del actor, son las
que a su vez se entienden desconocidas o vulneradas por las primeras.
2.3.
Frente al tercero de los citados requisitos, el referido a las razones o
motivos por las cuales las disposiciones superiores se estiman violadas, conocido
también como concepto de violación, este Tribunal ha destacado
que el mismo le impone al ciudadano que hace uso de la acción pública una carga
de contenido material y no simplemente formal, en el sentido de exigirle
desplegar una labor argumentativa mínima, que le permita al órgano de control
determinar de forma adecuada el cargo o los cargos respecto de los cuales debe
pronunciarse, en procura de respetar el carácter rogado y no oficioso de esa
modalidad de control de constitucionalidad.
2.4.
Con base en ello, esta Corporación ha consolidado una doctrina sobre los
elementos básicos que se requieren para examinar la aptitud de la demanda, la
cual parte de exigirle al actor la formulación de por lo menos un cargo
concreto de inconstitucionalidad en contra de la norma acusada, que se entiende
debidamente estructurado solo cuando el mismo está sustentado en razones “claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[28]. Ello, bajo la
consideración que a partir de la observancia de tales presupuestos es posible
plantear una verdadera controversia de tipo constitucional, propia del control
abstracto cuando el juicio es activado mediante la modalidad de demanda
ciudadana.
2.5.
La doctrina constitucional sobre la materia, recogida y sistematizada en la Sentencia
C-1052 de 2001[29],
explica el alcance de las razones de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia que se deben tener en cuenta en la
formulación de los cargos de inconstitucionalidad, de la siguiente manera:
Claridad. Exige que cada uno de los cargos
de la demanda tenga un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender y entender
fácilmente el contenido de la demanda y las justificaciones en las que ella se
funda.
Certeza. Impone que (i) la acusación
recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre
una deducida por el actor, o implícita; y (ii) que los cargos de la
demanda se dirijan efectivamente contra las disposiciones impugnadas y no sobre
otras normas que, en todo caso, no son consideradas en la demanda ni son el
objeto concreto de la misma.
Especificidad. Se requiere que se defina o se
muestre en forma diáfana la manera como la norma acusada vulnera la Carta
Política, a través de la formulación de por lo menos un cargo concreto de
inconstitucionalidad contra la norma demandada, que permita verificar una
oposición objetiva entre el contenido de las normas demandadas y la
Constitución. De conformidad con el requisito de  especificidad, no son
admisibles los argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y
globales que no guardan relación concreta y directa con las disposiciones que
se acusan.
Pertinencia. El reproche formulado por el
peticionario debe ser de naturaleza estrictamente constitucional, lo que
significa que debe estar fundado en la apreciación del contenido de la norma
Superior que se expone como violada y el precepto demandado, resultando
inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones
puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar
puntos de vista subjetivos en los que el demandante, en realidad, no está
acusando el contenido de la norma sino utilizando la acción pública de
inconstitucionalidad para resolver un problema de orden particular, como podría
ser la indebida aplicación de la disposición en un caso concreto o específico.
En ese orden de ideas, tampoco son admisibles las acusaciones que fundan en un
análisis de conveniencia de la norma demandada, calificándola de inocua,
innecesaria, o reiterativa a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Suficiencia. Exige que en la acusación se
expongan todos
los elementos de juicio, argumentativos y probatorios, que son necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad de la norma demandada. La suficiencia
del razonamiento se basa en el alcance persuasivo que debe tener la demanda,
mediante la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie
convencer al operador jurídico sobre la contrariedad de la norma acusada con la
Carta, si despierten una duda mínima en torno a su inconstitucionalidad, de
forma tal que permita iniciar un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal, haciendo de ese modo
necesario un pronunciamiento por parte del órgano de control.
2.6.
De esa forma, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que la
habilitación para que la Corte pueda emitir pronunciamiento de fondo en torno a
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, cuestionada mediante
el ejercicio de acción pública, está condicionada a que el actor, además de
señalar en la demanda la norma que acusa y las disposiciones constitucionales
que estima violadas, también formule por lo menos un cargo concreto de
inconstitucionalidad, el cual, a su vez, debe estar apoyado en razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. En caso de no procederse
de esa manera, lo ha expresado este Tribunal, la demanda es sustancialmente
inepta, lo que a su vez da lugar a proferir una decisión inhibitoria por
estricta falta de competencia.
2.7.
Ahora bien, este Tribunal ha destacado que la exigencia en el cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad de la demanda, como presupuesto para que tenga
lugar la decisión de fondo, no comporta una restricción al derecho ciudadano a
participar en la defensa de la guarda e integridad de la supremacía de la
Constitución, “sino por el contrario, hace eficaz el dialogo entre el
ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación
de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del
Ordenamiento Superior”[30].
En ese sentido, “el objetivo de tales exigencias en la argumentación, no es
otro que garantizar la autorrestricción judicial y un debate constitucional en
el que el demandante y no el juez sea quien defina el ámbito de control
constitucional”[31].
2.8. Con respecto a esto último, también la Corte ha
establecido que la apreciación del cumplimiento de tales requisitos ha de
hacerse en aplicación del principio pro actione, de tal manera que se
garantice la eficacia real del derecho político a promover acciones públicas en
defensa de la Constitución Política (C.P. art. 40-6). Lo anterior quiere
significar, que el rigor con el que la Corte aplica el test de procedibilidad
de las demandas de inconstitucionalidad no debe ser tan estricto, de manera que
haga nugatorio el referido derecho, sino amparado en cierto nivel de
flexibilidad, lo que lleva a entender que las dudas que puedan surgir en torno
al cumplimiento de los citados requisitos, se interpreten a favor del
accionante, dando paso a la admisión de la demanda y a proferir la respectiva
decisión de fondo.
2.9. En la presente causa, los actores agrupan las
acusaciones formuladas en contra de la Ley 1765 de 2015 y de la Ley 1407 de
2010, en seis cargos básicos: (i) la presunta violación de la
reserva de ley estatutaria (vicio de procedimiento); (ii) la
ampliación indebida de la competencia de la justicia penal militar; (iii)
la posibilidad del juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal
militar; (iv) el desconocimiento de los principios de
independencia, autonomía e imparcialidad de la administración de justicia; (v)
la vulneración de los derechos de las víctimas; y (vi) la
violación de la prohibición constitucional expresa de atribuir funciones de
policía judicial a las fuerzas militares y desconocimiento del diseño
constitucional para la Fiscalía General de la Nación.
2.10. El Ministerio Público le solicitó a la
Corte inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo en relación con el cargo
dirigido contra los artículos 8 y 9 de la Ley  1765 de 2015, referido a la
ampliación indebida de la competencia de la justicia penal militar, por
considerar que el mismo no cumple los requisitos de certeza, “porque
de las normas demandadas no se derivan las acusaciones hechas en la demanda”,
y pertinencia, en razón a que “los argumentos aducidos no
están encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de las normas demandadas”.
2.11. Por su parte, La Fiscalía General dela
Nación considera que el cargo formulado contra los artículos 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 2015, por la violación de la prohibición
constitucional expresa de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas
militares y desconocimiento del diseño constitucional para la Fiscalía General
de la Nación, no cumple con los requisitos de certeza, pertinencia
y suficiencia, pues en la demanda no se muestra que la Constitución
prohíba a la fuerza Pública ejercer funciones de policía judicial, ni tampoco
se explican las razones por las cuales se desconocen las funciones atribuidas a
la Fiscalía General de la Nación.
2.12. Adicional a lo anterior, sobre los
cargos relacionado con (i) la presunta violación de la reserva de ley
estatutaria en el trámite de la Ley 1765 de 2015, y (ii) el aparente
desconocimiento de los principios de autonomía, independencia e imparcialidad
de la administración de justicia, la Corte advierte ciertas falencias en su
estructuración que ponen en duda el análisis de procedibilidad llevado a cabo
en el auto admisorio de la demanda, particularmente, frente al cumplimiento de
los requisitos de especificidad, suficiencia, certeza y pertinencia.
2.13. En ese orden de ideas, previo al
planteamiento de los problemas jurídicos que le corresponderá resolver a la
Corte en la presente causa, debe la Sala examinar si los cargos mencionados
cumplen con los requisitos de procedibilidad que habilitan a esta Corporación
para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de ellos. Sobre este
particular, cabe aclarar que el análisis de procedibilidad de la demanda se
circunscribirá única y exclusivamente a los cargos mencionados, en razón a que
la aptitud sustantiva de los demás cargos no fue cuestionada por ninguno de los
intervinientes, ni respecto de ellos encuentra la Corte elementos de duda que, prima
face, desvirtúen su pertinencia para ser objeto de pronunciamiento de fondo
en esta sentencia.
3.      Ineptitud sustantiva del
cargo formulado contra la Ley 1765 de 2015, referido a la presunta violación de
la reserva de ley estatutaria
3.1. Como ya ha sido señalado, el primero de los
cargos formulados en la presente causa se dirige contra la totalidad de la Ley
1765 de 2015, atribuyéndole un presunto desconocimiento de los artículos 152 y
153 Superiores, en razón a que la misma fue tramitada por el procedimiento
ordinario, cuando debió seguir el trámite previsto para las leyes estatutarias.
A través de una acusación general, los actores consideran que la ley demandada
solo podía ser expedida mediante el procedimiento de las leyes estatutarias, “[p]orque
las materias en [ella] reguladas están relacionadas con la administración de
justicia”; concretamente, en la medida que consagra “elementos
esenciales de la administración de la justicia penal militar”.
3.2. Para mostrar que la Ley 1765 de 2015 se ocupa de
aspectos estructurales de la administración de la justicia, concretamente en el
campo de la justicia penal militar, los actores aducen que la misma contiene
materias tales como: “sus principios, al establecer y regular la aplicación
del principio de oportunidad en su procedimiento; los órganos encargados de
ejercer la jurisdicción penal militar, los cuales robustece; y los asuntos que
serán competencia de esta jurisdicción”.
3.3. Dentro del propósito de definir sobre la aptitud
de la referida acusación, es importante recordar que, recientemente, a través
de la Sentencia C-260 de 2016, esta Corporación tuvo oportunidad de
pronunciarse sobre un cargo similar al que ahora concentra la atención de la
Sala, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad también dirigida
contra noventa y tres artículos de la mencionada Ley 1765 de 2015. En dicha
oportunidad, tal y como ocurre ahora, se le atribuía a la referida ley el
presunto desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, sobre la base de
regular materias propias de la administración de justicia, concretamente, en el
ámbito de la justicia castrense.
3.4. En la referida sentencia, una vez estudiado con
detenimiento el contenido de la acusación, la Corte decidió inhibirse para
emitir pronunciamiento de fondo, tras encontrar que la demanda no cumplía con
los requisitos de especificidad y suficiencia, ni tampoco los de certeza
y pertinencia.
3.5. En punto al incumplimiento de los requisitos especificidad
y suficiencia, precisó la Corte que ello tenía lugar, en razón a que en
la referida demanda se había formulado un cargo genérico de
inconstitucionalidad contra un número considerable de normas de la ley acusada,
que regulan diversas materias, “sin exponerse las razones específicas por la
cuales cada norma en concreto, debía haber sido tramitada como ley
estatutaria”. Se explicó al respecto en el aludido fallo, que, “habida cuenta
de que las disposiciones acusadas legislan acerca de distintas cuestiones
atinentes a la justicia Penal Militar y Policial, tales como (i) órganos que la
integran, competencias a cargo de los mismos, requisitos para el desempeño de
los cargos de esta justicia especial; (ii) estructura, competencia, funciones y
requisitos de los servidores públicos que conforman la Fiscalía General Penal
Militar; (iii) composición, funciones y requisitos del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial; (iv) administración,
gestión y control de la JPMP; (v) escuela de Justicia Penal Militar; y (vi)
disposiciones que garantizan la independencia y autonomía de la Justicia Penal
Militar y Policial; era necesario concretar el cargo de
constitucionalidad contra cada una de las normas demandadas, explicándose las
razones particulares, de acuerdo a su temática, de por qué debían surtir el
trámite legislativo cualificado”. (Subrayas fuera de texto original).
3.6. En cuanto a la inobservancia de los presupuesto
de certeza y pertinencia,  expresó la Corte que los mismos no se
cumplían, dado que la estructuración del cargo general partía “de un erróneo
entendimiento acerca del ámbito que constituye la reserva de ley Estatutaria
sobre la Administración de Justicia, así como del estatus de la Ley que debe
regular los aspectos relacionados con la justicia castrense”.
3.7. Al respecto, acotó la Corte, siguiendo la
jurisprudencia sentada en la Sentencia C-037 de 1996 y reiterada en
pronunciamientos posteriores[32],
que “la justicia Penal Militar es un segmento de la organización del Estado que
no forma parte de la Rama Judicial del Poder Público, ni es una jurisdicción
especial adscrita a la misma, como tampoco conforma la estructura general de la
administración de justicia, en cuanto no se encuentra incluida en el Título VIII
de la Constitución Política, sino que está adscrita a la Rama Ejecutiva”. Por
esta razón, aclaró, “la mención que se hace en el artículo 116 de la Carta a la
Justica Penal Militar obedece al señalamiento por el constituyente de quienes
administran justicia en Colombia, pero no la incluye entre los órganos que
integran la rama judicial”.
3.8. Sobre esa base, precisó la Corporación en la
citada Sentencia C-260 de 2016, que los cargos generales por violación de la
reserva de ley estatutaria,  dirigidos contra las leyes que regulan cuestiones
atinentes a la justicia castrense, como es el caso de la Ley 1765 de 2015, y
cuyo sustento es el hecho de que esa jurisdicción especial administra justicia,
no pueden ser considerados aptos, “pues la Justicia Penal Militar no forma
parte de la estructura general de la administración de justicia, por lo que su
regulación no sigue necesariamente el trámite de ley estatutaria establecido
para esta última”.
3.9. En complemento de lo anterior, este Tribunal fue
claro en señalar que “la categoría que deben tener las normas que regulan la
estructura, organización y funcionamiento de la Justicia Penal Militar,
conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, no es necesariamente la de
ley estatutaria, pudiéndose regular estas materias a través de una ley
ordinaria”. En sustento de dicha afirmación, la Corte se refirió a lo expresado
por la Corporación en la Sentencia C-676 de 2001, en la que sostuvo que la
facultad de regulación de los aspectos atinentes a la estructura y funcionamiento
de la Justicia Penal Militar ha sido reservada por el artículo 221 de la Carta
Política al “Código Penal Militar”, de manera que “[e]l sentido obvio de
la norma indica que el legislador está facultado para regular, mediante código[33],
la estructura y funcionamiento de las cortes marciales y tribunales militares;
lo cual, por supuesto, incluye el catálogo de las conductas criminalmente
reprochables, el sistema procedimental al que deben ajustarse los juicios que
ante ellas se adelanten y el régimen del personal que tiene a su cargo el
ejercicio de la función jurisdiccional…”. Aclarándose en el mismo fallo, “que
también mediante legislación complementaria, entiéndase leyes ordinarias, el
legislador puede incluir modificaciones e introducir regulaciones a la
Jurisdicción Penal Militar”.
3.10. Acorde con ello, concluyó la Corte que “es
indispensable que cuando se demande la inconstitucionalidad de una disposición
legal por haber infringido la reserva de ley estatutaria en materia de
administración de justicia, el ciudadano indique de manera clara, expresa,
cierta, específica y suficiente, porqué cada una de las disposiciones legales
que impugna tienen la categoría estatutaria y por lo tanto requería someterse
al procedimiento especial previsto en el artículo 153 de la Constitución.”
3.11. Pues bien, de acuerdo con los criterios
hermenéuticos fijados en la Sentencia C-260 de 2016, encuentra la Sala que la
demanda de inconstitucionalidad formulada en esta ocasión contra la Ley 1765 de
2015, por la presunta violación de la reserva de ley estatutaria, no cumple con
los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 2º del Decreto 2067
de 1991, desarrollados y precisados por la jurisprudencia constitucional.
3.12. Concretamente, la demanda no observa los
requisitos de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia,
en razón a que los actores, en la formulación de la acusación, parten de un
presupuesto equivocado, cual es el de considerar que la Ley 1765 de 2015, por
el solo hecho de regular materias relacionadas con la administración de
justicia, concretamente, en el escenario de la justicia penal militar, debía
tramitarse por el procedimiento especial de las leyes estatutarias. El alcance
de la acusación quedó expresado en la demanda en los siguientes términos: “¿Por
qué razón decimos que al proyecto de ley debía dársele el trámite propio de las
leyes estatutarias? Porque las materias en él reguladas están relacionadas con
la administración de justicia, que como quedó antes anotado exigen que sean discutidas
bajo un procedimiento más riguroso que el de las leyes ordinarias.”
3.13. Conforme ya fue señalado, si la Justicia Penal
Militar no forma parte de la estructura general de la administración de
justicia, y por expresa habilitación constitucional el legislador ordinario
está facultado para regular asuntos relacionados con la organización y
funcionamiento de la jurisdicción castrense (C.P. art. 221), no es posible
concluir que la Ley 1765 de 2015, vista desde una perspectiva general, tenga
necesariamente categoría estatutaria, simplemente, por ocuparse de asuntos
relacionados con la jurisdicción castrense. En ese sentido, la acusación contra
la citada ley, por no seguir el trámite cualificado para ese tipo de leyes, no
puede estructurarse a partir de la formulación de un cargo general, como ocurre
en el presente caso, precisamente, porque en ella se regulan temas distintos y
no todas sus normas tienen un alcance estatutario.
3.14. En forma
reiterada, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la reserva de
ley estatutaria, en materia de administración de justicia, tiene un alcance
restringido, de manera que se aplica sólo respecto de aquellas disposiciones
que: “(i) afectan la
estructura general de la administración de justicia,  (ii) establecen y
garantizan la efectividad de los principios generales sobre el tema, o (iii)
desarrollan aspectos sustanciales de esta rama del poder público”[34].
3.15. En consecuencia, la aptitud de la acusación
contra la Ley 1765 de 2015, exige que los cargos se dirijan de manera
particular y concreta contra cada una de las normas de la citada ley, debiendo
explicarse las razones por las cuales las mismas, atendiendo a la temática en
ellas desarrolladas, deben surtir el trámite legislativo especial propio de las
leyes estatutarias, situación que no tuvo lugar en el asunto que se examina.
3.16. Ciertamente, aun cuando en la demanda bajo
estudio se mencionan los temas que hacen parte de la Ley 1765 de 2015,
señalando que ella contiene     -entre otros- los principios rectores, los
órganos encargados de ejercer la jurisdicción penal militar y los asuntos de
competencia de esa jurisdicción, más allá del cargo general que se formula en
contra del precitado ordenamiento, no se presentan acusaciones específicas y
directas contra las normas que desarrollan tales temas, ni tampoco se exponen
las razones por las cuales cada uno de ellos debía ser regulado mediante el
procedimiento legislativo especial previsto para las leyes estatutarias,
circunstancia que le impide a la Corte, a partir del cargo imputado, establecer
si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre la ley acusada y
la Constitución Política.
3.17. Así las cosas, conforme ya fue anotado, la
circunstancia de que la acusación haya sido planteada por los demandantes con
base en un presupuesto equivocado, cual es el de atribuirle a la ley impugnada
una condición o alcance que no tiene, hace que, por ese aspecto, la demanda
carezca de la certeza, especificidad, suficiencia
y pertinencia necesarias para que la Corte pueda pronunciarse sobre su
exequibilidad. Como se explicó anteriormente, el reproche que en el aludido
cargo se le hace a la Ley 1765 de 2015, referente al hecho de no haber sido
aprobada por el procedimiento estatutario, no es posible predicarlo de manera
general de todas y cada una de sus disposiciones, razón por la cual la Corte no
puede proceder a emitir pronunciamiento de fondo en el presente caso, pues, la
acusación: (i) no se dirige efectivamente contra cada una de las
disposiciones impugnadas; (ii) no muestra en forma diáfana la manera
como las mismas vulneran la Carta Política; (iii) no se estructura en la
apreciación de cada uno de los preceptos demandados frente a las disposiciones
constitucionales citadas como violadas; y (iv) no se expone en la
acusación todos los elementos de juicio, argumentativos y probatorios, que son
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad de las normas
demandadas.
3.18. De esta forma, el cargo por vicios de
procedimiento, formulado contra la Ley 1765 de 2015, referido a la presunta
violación de la reserva de ley estatutaria, adolece de los elementos básicos
para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, motivo por el cual la Corte
debe abstenerse de pronunciarse sobre el mismo.
4.       Ineptitud sustantiva del
cargo formulado contra los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, referido a
la ampliación indebida de la competencia de la Justicia Penal Militar para
investigar y sancionar ciertos delitos
4.1. En relación con el referido cargo, advierte la
Corte, inicialmente, la existencia de una imprecisión de tipo formal en su
estructuración, que puede conducir a una confusión en torno a la pretensión que
se esgrime sobre el mismo, y que es necesario aclarar para efectos de definir
sobre la aptitud sustantiva de la demanda. Dicha imprecisión consiste en que,
en los distintos apartados de la demanda, esto es, en la referencia a las
normas demandadas, en el señalamiento de las mismas y en el subtítulo que
encabeza la formulación del cargo, los actores señalan como demandados los
artículos 7 y 8 de la Ley 1765 de 2015.
4.2. No obstante ello, los argumentos que se exponen
para sustentar la acusación por la presunta ampliación de la competencia de la
jurisdicción penal militar para investigar y sancionar ciertos delitos, no se
refieren al contenido del artículo 7, sino que se predican de manera clara y
precisa del contenido de los artículos 8 y 9 de la mencionada ley. En esa
dirección, al entrar a desarrollar los argumentos del referido cargo, los actores
hacen la siguiente manifestación al respecto: “la cuestión problemática que
surge de los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015 consiste en establecer si
una autoridad de carácter militar es la competente para juzgar a civiles o para
juzgar a militares que han cometido delitos constitutivos de violaciones de los
derechos humanos de civiles…”. De igual manera, sostienen que: “[s]iguiendo
el orden metodológico enunciado al principio de este escrito, a continuación se
analizarán los delitos consagrados en los artículos 8 y 9 de la ley 1765 de
2015 desde cuatro categorías generales”.
4.3. En ese orden de ideas, a pesar de que el artículo
7 de la Ley 1765 de 2015 es citado en la demanda como una de las normas
impugnadas, en la medida en que contra el mismo no se formula materialmente
acusación alguna, entiende la Corte, en virtud del principio pro actione,
que, en relación con el segundo cargo, las normas demandadas son, en realidad,
los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, dado que es contra ellas que se
esgrimen las razones de inconstitucionalidad.
4.4. Precisado lo anterior, se reitera que el cargo
dirigido en esta oportunidad contra los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015,
parte de la base de que tales disposiciones desconocen los artículos 29, 228 y
217 de la Constitución Política y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en razón a que, por su intermedio, se amplía indebidamente
la competencia de la Justicia Penal Militar para investigar y sancionar ciertas
conductas punibles, en la medida que incluyen tipos penales cuyo conocimiento
es del resorte exclusivo de la justicia ordinaria y que, por tanto, no pueden
ser juzgados por autoridades castrenses, como es el caso de los delitos contra
los derechos humanos, contra la administración pública, contra la seguridad del
Estado y los delitos sin asignación especial de competencia.
4.5. Con respecto a dicha acusación, como ya fue
señalado, el Ministerio Público le solicita a la Corte inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo, por considerar que el cargo no cumple con los
requisitos de certeza, “porque de las normas demandadas no se derivan
las acusaciones hechas en la demanda”, y pertinencia, en razón a que
“los argumentos aducidos no están encaminados a demostrar la inconstitucionalidad
de las normas demandadas”.
4.6. Para efectos de poder establecer la pertinencia o
impertinencia de la aludida acusación, considera la Corte necesario determinar
el contenido de las disposiciones impugnadas.
4.7. Al respecto, cabe mencionar que los artículos 8 y
9 acusados, hacen parte del Título II de la Ley 1765 de 2015, en el que se
regula lo relacionado con la “Estructura de la Justicia Penal Militar”.
En el marco de lo que comprende dicho título, las citadas normas se integran, a
su vez, al Capítulo II que desarrolla lo referente a los “Órganos
Jurisdiccionales”. Dentro del capítulo referente a los “Órganos
Jurisdiccionales”, se incluye: en el artículo 4, a la Corte Suprema de
Justicia; en el artículo 5, al Tribunal Superior Militar y Policial; y en el
artículo 7, a los Juzgados Penales Militares y Policiales de Conocimiento
Especializado y de Conocimiento, creados directamente por la citada Ley 1765 de
2015.
4.8. En ese contexto, los artículos acusados, 8 y 9,
se ocupan de distribuir y asignar competencia a los mencionados despacho
judiciales, disponiendo que: (i) tanto los Juzgados Penales
Militares y Policiales de Conocimiento Especializados como los Juzgados Penales
Militares y Policiales de Conocimiento, “continuarán conociendo de los delitos
previstos en los artículos 20 y 171 de la Ley 1407 de 2010 [Código
Penal Militar]”,
(ii) determinando, a su vez, de conformidad con la nueva
asignación de competencia que las normas citadas prevén, cuáles de esas
conductas corresponden a unos y a otros juzgados.
4.8.1. Al respecto, en la relación con la asignación
de competencia de los juzgados penales militares y policiales de conocimiento
especializado, el artículo 8 de la Ley 1765 de 2015, consagra:
“ARTÍCULO 8o. DE LOS JUZGADOS PENALES MILITARES Y
POLICIALES DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO. Los Juzgados Penales Militares y Policiales de
conocimiento especializado continuarán conociendo de los delitos previstos en
los artículos 20 y 171 de la Ley 1407 de 2010, pero de conformidad con la nueva
asignación de competencia que aquí se prevé así:
1. Homicidio.
2. Delitos contra la protección de la información y de
los datos.
3. Delitos contra la fe pública.
4. Delitos contra la administración pública, con
excepción de los delitos de peculado sobre bienes de dotación, peculado
culposo, abuso de autoridad, abuso de autoridad especial y omisión de apoyo.
5. Delitos contra la seguridad pública.
6. Delitos contra la seguridad de la Fuerza Pública.
7. Delitos contra la población civil.
8. Delitos contra la existencia y la seguridad del
Estado.
9. Delitos que no tengan asignación especial de
competencia, siempre y cuando su pena mínima sea superior a tres (3) años de
prisión.”
4.8.2. Del mismo modo, en punto a la asignación de
competencia de los juzgados penales militares y policiales de conocimiento, el
artículo 9 de la Ley 1765 de 2015, prevé:
“ARTÍCULO 9o. DE LOS JUZGADOS PENALES MILITARES Y
POLICIALES DE CONOCIMIENTO. Los Juzgados Penales Militares y Policiales de
Conocimiento, continuarán conociendo de los delitos previstos en los artículos 20 y 171 de la Ley 1407 de 2010, pero de conformidad
con la nueva asignación de competencia que aquí se prevé, así:
1. Delitos contra la disciplina.
2. Delitos contra el servicio.
3. Delitos contra los intereses de la Fuerza Pública.
4. Delitos contra el honor.
5. Lesiones personales.
6. Delitos contra el patrimonio económico.
7. De los siguientes delitos contra la administración
pública: delitos de peculado sobre bienes de dotación, peculado culposo, abuso
de autoridad, abuso de autoridad especial y omisión de apoyo.
8. Delitos que no tengan asignación especial de
competencia, siempre y cuando su pena mínima sea igual o inferior a tres (3)
años de prisión.”
4.9. Por su parte, los artículos 20 y 171 del Código
Penal Militar (Ley 1407 de 2010), a los que remiten las normas acusadas,
establecen que: “Los delitos
cometidos por los miembros de la Fuerza Pública son los descritos en este
Código, los previstos en el Código Penal común y en las normas que los
adicionen o complementen” (art. 20); y, en plena concordancia con ello,
que: “Cuando un miembro de
la Fuerza Pública, en servicio activo y en relación con el mismo servicio,
cometa delito previsto en el Código Penal Ordinario o leyes complementarias,
será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código
Penal Militar” (art. 171).
4.10. Conforme con lo dicho, advierte la Corte que los
artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, antes que determinar cuáles son los
delitos que son objeto de conocimiento de la Justicia Penal Militar, como
erradamente lo entienden los demandantes, de lo que se ocupan es de distribuir
y asignar la competencia frente a la investigación y juzgamiento de tales
conductas, entre los Juzgados Penales Militares y Policiales de Conocimiento
Especializados (art. 8) y los Juzgados Penales Militares y Policiales de
Conocimiento (art. 9), siendo los artículos 20 y 171 del Código Penal Militar
(Ley 1407 de 2010), los llamados a determinar cuáles delitos son de
conocimiento de la jurisdicción castrense y bajo qué condiciones opera dicha
competencia, en concordancia con las normas especiales que de manera particular
y concreta tipifican cada uno de los tipos penales.
4.11. En ese sentido, no obstante que la demanda se
dirige a cuestionar algunos delitos que según los actores no deben estar
adscritos a la Justicia Penal Militar y Policial, los cargos formulados en esa
dirección atacan, exclusivamente, las normas que determinan la distribución de
competencia de los Juzgados Penales Militares y Policiales de Conocimiento
Especializados (art. 8) y los Juzgados Penales Militares y Policiales de
Conocimiento en esa jurisdicción (art. 9), y no aquellas llamadas a regular la
materia que es objeto de la controversia constitucional planteada en la
presente causa.
4.12. Bajo ese entendido, comparte la Corte la
posición expresada por el Ministerio Público en el concepto de rigor, en el sentido
de considerar que, por ese aspecto, la demanda formulada contra los artículos 8
y 9 de la Ley 1765 de 2015 es inepta, en la medida que no cumple con todos los
requisitos de procedibilidad.
4.13. En efecto, definido el contexto en el que se
inscriben las normas acusadas y la materia objeto de regulación, encuentra la
Corte que la demanda no cumple con los requisitos de certeza, especificidad
y suficiencia. A Juicio de la Sala, la demanda adolece de certeza,
en la medida que los cargos en ella propuestos no son predicables directamente
de las disposiciones impugnadas, sino de otras normas que no fueron
identificadas ni vinculadas al escrito de impugnación y cuyo contenido
específico, por sustracción de materia, no fue considerado ni tenido en cuenta
para efectos de la estructuración de la demanda. Sobre esa misma base, tampoco
se cumple el requisito de especificidad, pues los argumentos a partir de
los cuales se construye la aludida acusación, no se dirigen a demostrar la
inconstitucionalidad de las normas demandadas, con lo cual, no existe en
realidad un cargo concreto de inconstitucionalidad en su contra, que permita
verificar una oposición objetiva entre las mismas y las disposiciones de la
Constitución y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
fueron citadas como violadas. Finalmente, la inobservancia del requisito de suficiencia
tiene lugar, en cuanto los cargos esgrimidos, al no guardar relación concreta y
directa con las disposiciones que se acusan, no tienen la entidad suficiente
para generar una duda mínima en torno a la presunción de constitucionalidad que
las ampara y que se predica de toda norma legal.
4.14. En consecuencia, el
cargo contra los artículos 8 y 9 de la Ley 1765 de 2015, referido a la
ampliación indebida de la competencia de la Justicia Penal Militar, también
adolece de los elementos básicos para adelantar el juicio de
inconstitucionalidad, razón por la cual la Corte debe abstenerse de
pronunciarse sobre el mismo.
5.   Ineptitud sustantiva del
cargo formulado contra la totalidad de la Ley 1765 de 2015 por desconocimiento
de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad de la
administración de justicia
5.1. Los actores manifiestan que el cargo por
desconocimiento de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad
de la administración de justicia  se dirige, de manera general, contra la
totalidad de la Ley 1765 de 2015, por considerar que la misma desconoce tales
principios constitucionales, en la medida en que las regulaciones contenidas en
sus normas, mantienen la dependencia actualmente existente de la Justicia Penal
Militar y Policial con el poder ejecutivo.
5.2. Sobre el alcance general del cargo, en el texto
de la demanda se lee lo siguiente: “[e]l cargo de inconstitucionalidad por
falta de independencia, autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar
reformada en su estructura por la Ley 1765 de 2015, se fundamenta en que
la misma desconoce los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial, los cuales se encuentran consagrados en el preámbulo,
artículos 1, 2, 29, 113, 114, 115, 116, 121, 150, 228, 229, 230, 235, 237, 241,
246, 250, 256 de la Constitución Política de 1991; el preámbulo, los artículos
8 y 10 de la DUDH; el artículo 14 del PIDCP y los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”. (Subrayas y negrillas
fuera de texto original).
5.3. En esa misma dirección, en otro aparte de la
demanda se afirma: “[e]n ese sentido es muy importante señalar que la
reforma estructural a la Justicia Penal Militar representada en la ley
demandada, no supera la falta de independencia, autonomía e
imparcialidad que reiteradamente se ha señalado para esta jurisdicción. Si bien
la Justicia Penal Militar es una entidad importante para el desarrollo de las
funciones de las fuerzas militares, presenta serios problemas en cuanto a la
independencia e imparcialidad judicial, pues se trata de un organismo que
estructuralmente depende del poder ejecutivo, cuestión que no es superada por
la Ley 1765 de 2015 y que por el contrario profundiza nuevas formas de asegurar
la dependencia de todos los funcionarios de dicho sistema judicial de las
políticas y visiones que desarrolla el Ministerio de Defensa y en general el
poder ejecutivo. (Negrillas y subrayas fuera de texto original).
5.4. Pues bien, teniendo en cuenta el sentido y
alcance de la acusación, encuentra la Corte que la demanda bajo estudio
presenta serias deficiencias en su estructuración, en cuanto la misma no cumple
con los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 2º del Decreto
2067 de 1991, tal y como los mismos han sido desarrollados y precisados por la
jurisprudencia constitucional.
5.5. Inicialmente, advierte la Corte que la demanda no
incluye la totalidad de las normas que se acusan como inconstitucionales.
Ciertamente, aun cuando los actores estructuran un cargo por vicio de fondo
contra todas y cada una de las disposiciones de la Ley 1765 de 2015, sobre la
base de una presunta violación de los principios de autonomía, independencia e
imparcialidad judicial, no hacen una trascripción literal de las mismas en la
demanda, ni, en su defecto, incluyen en ella un ejemplar de la publicación
oficial de dicha ley, tal y como lo exige el artículo 6 del Decreto 2067 de
1991.
5.6. En efecto, revisado con  detenimiento el
contenido de la demanda, se advierte que en ella se transcriben tan solo 46 de
los 129 artículos que hacen parte integral de la Ley 1765 de 2015. En ese
sentido, se reitera, la demanda no cumple el requisito formal que exige el
señalamiento y transcripción de las normas que se acusan como
inconstitucionales, con lo cual no es posible identificar un aspecto esencial
del control de constitucionalidad, cual es, precisamente, el conocimiento por
parte del operador jurídico del contenido de las normas legales que se
pretenden impugnar, visto desde la perspectiva de la acusación formulada.
5.7. Adicionalmente, la demanda no observa los
requisitos de certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia,
en razón a que los actores, en la estructuración de la acusación, no formulan
un cargo concreto de inconstitucionalidad contra cada uno de los artículos de
la Ley 1765 de 2015 que se tachan de inconstitucionales, ni explican los
motivos o razones por los cuales su contenido específico es inconstitucional, a
la luz de los principios de autonomía, independencia e imparcialidad judicial.
5.8. Considerando que la impugnación de la Ley 1765
de 2015, es, como se ha dicho, por un aparente vicio de fondo atribuible a cada
una de sus normas, la demanda no puede estructurarse a partir de la formulación
de un cargo general, precisamente, porque en la citada ley se regula diversas
materias y sus disposiciones tiene contenidos normativos distintos, los cuales,
al estar amparados por la presunción de constitucionalidad, requieren que se
cuestionen directamente, mostrando de qué manera cada uno de ellos violan los
principios de autonomía, independencia  e imparcialidad judicial.
5.9. En efecto, tal y
como surge de su propio encabezado, la Ley 1765 de 2015, fue expedida con el fin de
reestructurar la Justicia Penal Militar y Policial; establecer requisitos para
el desempeño de sus cargos; implementar la Fiscalía General Penal Militar y
Policial; organizar su administración, gestión, control, independencia y
autonomía; adoptar medidas para el tránsito al sistema penal acusatorio; así
como fijar lo relacionado con la evaluación de desempeño de los funcionarios y
servidores que la integran. Conforme con su objetivo, es claro que la referida
ley regula un sinnúmero de materias relacionadas con aspectos que se refieren,
tanto al procedimiento y elementos propios del derecho penal y del sistema
acusatorio, como a situaciones administrativas y laborales sobre el
funcionamiento de los distintos órganos que integran la Justicia Penal Militar
y Policial. Desde ese punto de vista, no es posible cuestionar todas las
disposiciones de la Ley 1765 de 2015, con base en un cargo general, como ocurre
en el presente caso, sin mostrar la manera como las mismas, individualmente
consideradas, y a partir de su respectiva temática, violan las disposiciones
constitucionales invocadas en la demanda.
5.10. Y es que, conforme lo ha explicado esta
Corporación, tratándose de cargos por vicios de fondo, como ocurre en el
presente caso, la aptitud de la acusación pasa por que el demandante
identifique debidamente y de manera clara las normas acusadas y dirija los
cargos de manera directa, particular y concreta contra cada una de ellas (claridad
y certeza), debiendo explicar las razones por las cuales las mismas,
atendiendo a la temática en ellas desarrolladas, resultan contrarias a la
Constitución (especificidad), de manera que logre despertar una duda
razonable sobre su inconstitucionalidad (suficiencia), a partir de
argumentos de naturaleza estrictamente constitucional (pertinencia).
Precisamente, tal situación no fue considerada en la presente causa, en
relación con el cargo general imputado contra toda la Ley 1765 de 2015, por la
presunta violación de los principios de autonomía, independencia e
imparcialidad judicial, pues, como se ha dicho, se trata de una acusación
abstracta y general, que no se dirige a cuestionar el contenido particular y
concreto de los disposiciones que hacen parte de la Ley 1765 de 2015.
5.11. En relación con lo anterior, cabe agregar que,
aun cuando los demandantes, en la formulación del cargo general, mencionan
algunos temas que estarían vinculados al presunto desconocimiento de los
principios de autonomía, independencia e imparcialidad judicial, como son los
relacionados con: la designación y elección de magistrados y jueces; la
transformación de la Dirección Ejecutiva en la Unidad Administrativa Especial
de la Justicia Penal Militar y Policial; y la regulación y control
administrativo, en todo caso, no se presentan acusaciones específicas y
directas contra las normas que desarrollan tales temas, ni tampoco se exponen
las razones por las cuales cada uno de ellos desconocen los principios de
autonomía, independencia e imparcialidad judicial, circunstancia que le impide
a la Corte, a partir del cargo imputado, establecer si realmente existe una
oposición objetiva y verificable entre la ley acusada y la Constitución
Política.
5.12. De igual manera, como ya fue señalado, en la
demanda se transcriben 46 artículos de la Ley 1765 de 2015. Ellos son los
artículos: 2, 3, 7, 8, 9 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 54, 58,
65, 71, 72, 74, 75, 83, 90, 109 y 110. En relación con tales disposiciones, por
fuera de las acusaciones que por motivos distintos se formulan en la presente
demanda contra algunos de ellos, respecto del cargo por violación de los
principios de autonomía, independencia e imparcialidad judicial, ninguno de los
citados artículos es objeto de una acusación específica y directa, ni se
muestra la forma como los mismos violan los citados principios.
5.13. Así las cosas, por el aspecto analizado, la
demanda no cumple los requisitos de Certeza y especificidad, en la medida en
que no se dirige contra cada una de las disposiciones impugnadas ni formula en
su contra una acusación concreta de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta la
materia en ellas regulada. Tampoco cumple los requisitos de Pertinencia y
suficiencia, pues la acusación, por su contenido general y abstracto, no
permite una confrontación objetiva entre la Constitución Política y la
totalidad de las normas acusadas, y, por tanto, tampoco permite despertar una
duda mínima en torno a la inconstitucionalidad de la Ley 1765 de 2015.
5.14. En consecuencia, con respecto a la acusación
contra la totalidad de la Ley 1765 de 2015, por el presunto desconocimiento de
los principios de independencia, autonomía e imparcialidad, la Corte debe
abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo.
6.
Ineptitud
sustancial del cargo dirigido contra los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
42 y 43 de la Ley 1765 de 2015 por la violación de la prohibición
constitucional expresa de atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas
militares y desconocimiento del diseño constitucional para la Fiscalía General
de la Nación
6.1. Como ya fue señalado, a través del presente
cargo, los actores cuestionan la constitucionalidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley
1765 de 2015, en los que se regula lo referente al Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, y su adscripción a la
Fiscalía General Penal Militar. Sostienen que las citadas normas violan la
prohibición constitucional expresa de asignar ese tipo de funciones a las
fuerzas militares (C.P. arts. 216, 217 y 218), y el mandato constitucional que
le asigna la dirección y coordinación de la función de policía judicial a la
Fiscalía General de la Nación (C.P. arts. 249 y 250), así como los principios
de independencia y autonomía judicial.
6.2. La Fiscalía General de la Nación considera que dicha acusación no cumple con los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia,
pues en la demanda no se muestra que la Constitución prohíba a la fuerza
Pública ejercer funciones de policía judicial, ni tampoco se explican las
razones por las cuales se desconocen las funciones atribuidas al órgano de
investigación en relación con la coordinación de las funciones de policía
judicial.
6.3. La Corte comparte la posición adoptada por la
Fiscalía General de la Nación, en el sentido que la acusación adolece de los
requisitos de certeza pertinencia y suficiencia, por las
razones que se explican a continuación.
6.4. Los demandantes sostienen que la atribución de
funciones judiciales a la Fuerza Pública viola una prohibición constitucional
expresa, para lo cual citan los artículos 216, 217 y 218 de la Carta Política
en los que se definen quienes integran la fuerza pública (Ejército, Fuerza
Aérea, Armada y Policía Nacional). No obstante, no muestran que efectivamente
exista un mandato Superior que prohíba a la Fuerza Pública ejercer funciones de
policía judicial en el ámbito de la Justicia Penal Militar, pues las
disposiciones constitucionales citadas, más allá de regular lo referente a la
integración de dichas fuerzas, sus funciones específicas y el régimen de
personal, no establece ninguna prohibición en el sentido expresado por los
actores, como tampoco regulan ningún aspecto relacionado con la Justicia Penal
Militar y Policial.
6.5. En esa misma dirección,
estructuran los cargos a partir de consideraciones personales, resultado su
propia elaboración conceptual, que no encuentran sustento en el contenido de
las disposiciones acusadas. Así, para construir la argumentación, sostienen que
“las normas demandadas permiten que civiles sean investigados por militares,
en contra de la Constitución y de tratados ratificados por el Estado
Colombiano”, aspecto éste que no es materia de regulación en las normas
impugnadas, ni en la demanda se explica el fundamento de dicha afirmación a
partir del contenido de las mismas.
6.6. Al
respecto, es importante destacar que, contrario a la aproximación que hacen los
demandantes, las normas acusadas no reglamentan lo relacionado con la
estructura de las funciones de la Fuerza Púbica en ninguno de sus componentes,
sino que se ocupan de organizar, desde el punto de vista administrativo, el
cuerpo técnico de investigación dentro del ámbito de competencia de la Justicia
Penal Militar. En ese sentido, la demanda no precisa, a partir del contenido de
las disposiciones impugnadas, las razones por las cuales de ellas debe
deducirse la atribución de funciones de policía judicial a las fuerzas
militares frente a conductas típicas cometidas por civiles.
6.7. Asimismo, también cabe resaltar que el fundamento
legal acerca de la existencia de un Cuerpo
Técnico de Investigación en el ámbito de la Justicia Penal Militar y Policial,
se encuentra en el artículo 363 de la Ley 1407 de 2010, y no en las normas
acusas, las cuales, según se ha anotado, se limitan a adoptar medidas
administrativas y laborales relacionadas con su organización. En ese sentido,
la norma citada dispone, al referirse a los órganos que intervienen en el
proceso de indagación e investigación, que: “[e]l Cuerpo Técnico de la
Justicia Penal Militar apoya la investigación y depende funcionalmente de los
Fiscales Penales Militares”, precisando además que: [l]a organización
administrativa del Cuerpo Técnico de investigación, se determinará por medio de
ley. Los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación serán preferiblemente
civiles”.
6.8. De igual manera, advierte la Corte que los cargos
se centran en consideraciones subjetivas, sustentadas en argumentos de
conveniencia y no de constitucionalidad, y cuyo propósito es mostrar lo
inadecuado que resulta que miembros de la Fuerza Pública tengan atribuciones de
policía judicial, sin acreditar objetivamente la forma como las normas acusadas
violan la Constitución. Con ese mismo criterio, los demandantes tampoco
desarrollan cargos de inconstitucionalidad con relación al presunto
desconocimiento de las disposiciones constitucionales que regulan las funciones
de la Fiscalía General de la Nación (C.P. art. 249 y 250), ni señalan en forma
clara y concreta las razones por las cuales se producen o tienen lugar las
referidas violaciones.
6.9. De ese modo, en la medida que los actores no
muestran que exista una prohibición constitucional respecto a la posibilidad de
crear un cuerpo técnico de investigación en la Justicia Penal Militar, que
ejerza funciones de policía judicial en los casos que son de competencia de
dicha jurisdicción, ni señalan las razones por las cuales se desconocen las
atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, no es posible llevar a cabo
el estudio de constitucionalidad de las normas acusadas, pues no se genera una
duda mínima en torno a su inconstitucionalidad.
6.10. Por lo tanto, frente al cargo contra los
artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 2015, por la
presunta violación de la prohibición constitucional expresa de atribuir
funciones de policía judicial a las fuerzas militares y desconocimiento del
diseño constitucional para la Fiscalía General de la Nación, la Corte debe
abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo.
7.
Problemas
jurídicos y metodología de decisión
7.1. Resuelto el tema sobre la procedibilidad de la
demanda, le corresponde a la Corte entrar a examinar el fondo de los cargos
formulados por los actores, con excepción de aquellos relacionados con: (i)
la presunta violación de la reserva de ley estatutaria; (ii) la
ampliación indebida de la competencia de la Justicia Penal Militar; (iii)
el desconocimiento de los principios de independencia, autonomía e
imparcialidad judicial; y (iv) la prohibición constitucional expresa de
atribuir funciones de policía judicial a las fuerzas militares y
desconocimiento de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, respecto
de los cuales la Corte se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo por
ineptitud sustantiva de la demanda.
7.2. Como ya ha sido señalado, al margen de las
acusaciones que presentan defectos de estructuración, los actores agrupan la
demanda formulada en contra de la Ley 1765 de 2015 y de la Ley 1407 de 2010, en
dos cargos básicos más, a saber: (i) la posibilidad del
juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal militar; y la (iii)
la vulneración de los derechos de las víctimas. A la luz de los referidos
cargos, y de las acusaciones particulares en ellos formuladas, en esta
oportunidad le corresponde a la Corte dar respuesta a los siguientes problemas
jurídicos:
-
Si el aparte acusado del
artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, desconoce los principios de igualdad, juez
natural e independencia judicial, y la prohibición prevista en el artículo 213
de la Constitución, por el hecho de extender el ámbito de aplicación de la
referida ley a los militares en retiro y al personal civil o no uniformado que
desempeñe cargos en la justicia penal Militar.
-
Si los artículos 109 y 110
de la Ley 1765 de 2015, contrarían el artículo 250 Superior, y los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, al promover, en los
procesos de competencia de la justicia penal militar, la posibilidad de llevar
a cabo, como formas de terminación del proceso, preacuerdos y negociaciones
entre el imputado o acusado y el fiscal.
-
Si el aparte acusado del
artículo 294 de la Ley 1407 de 2010, viola los derechos constitucionales de las
víctimas, en los procesos de competencia de la justicia penal militar, por el
hecho de reconocer la condición de víctima, solo a las personas que “hayan
sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto”.
-
Si el artículo 298 de la
Ley 1407 de 2010, afectan los derechos constitucionales de las víctimas, al no
haber dispuesto que la Fiscalía General Penal Militar debe escuchar y
suministrar información relacionada con la posibilidad de dar aplicación al
principio de oportunidad, a quien demuestre al menos sumariamente la calidad de
víctima.
-
Si el numeral 4 del
artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, es contrario a los derechos
constitucionales de las víctimas, y a los artículos 29 y 229 de la Carta, al
prever que durante la etapa de investigación y cuando exista pluralidad de
víctimas, sus intereses solo pueden estar representados por dos abogados,
facultando a su vez al fiscal, en caso de no llegarse a un acuerdo sobre tal
designación, para determinar lo más conveniente y efectivo.
-
Si el
aparte acusado del numeral 5 del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010,
contraviene los derechos de las víctimas a la igualdad, al debido proceso, a la
asistencia jurídica y al acceso a la administración de justicia, al facultar a
la Fiscalía Penal Militar para asignarle a la víctima un defensor de oficio
durante la investigación, cuando esta no cuente con los recursos para nombrar
uno de confianza.
7.3. A continuación, antes de entrar a
pronunciarse sobre cada uno los cargos, y con el fin de orientar las decisiones
por adoptar, la Corte considera importante referirse a dos temas específicos: (i)
el fuero penal militar en los términos en que el mismo ha sido abordado por la
jurisprudencia constitucional; y (ii) el contexto y contenido de la Ley
1765 de 2015.
8.
El
fuero penal Militar. Su particular naturaleza jurídica y la facultad del
legislador para regular lo relacionado con su estructura y funcionamiento
8.1.
Esta Corporación, en un número considerable de decisiones, ha tenido
oportunidad de referirse al tema del fuero penal militar. Los
pronunciamientos de mayor relevancia en la materia, han tenido lugar, entre
otras, en las Sentencias C-252 de 1994, C-399 de 1995, C-358 de 1997, C-878 de
2000, C-361 de 2001, C-676 de 2001, C-172 de 2002, C-407 de 2003, C-737 de
2006, C-533 de 2008, C-373 de 2011 y C-084 de 2016, en las que la Corte ha
procedido a delimitar y precisar los aspectos más relevantes de su
configuración jurídica, tales como: el propósito de su consagración, los
elementos definitorios, las características, estructura y funcionamiento y las
instituciones que lo conforman.
8.2.
En algunos de los citados pronunciamientos, la Corte ha puesto de presente que
la incorporación de la figura del fuero penal militar en el ordenamiento
jurídico colombiano, no es una innovación atribuida al Constituyente de 1991,
pues, al respecto, éste se limitó a reproducir en el artículo 221 de la Carta,
el mandato previsto originariamente en el artículo 170 de la Constitución
Centenaria de 1886, que ya la consagraba. En ese contexto, el fuero penal
militar es una institución jurídica con una larga tradición en el
constitucionalismo colombiano, la cual, bajo la actual Constitución Política,
encuentra pleno reconocimiento en el ya citado artículo 221, con las
modificaciones introducidas por los Actos Legislativos 02 de 1995 y 01 de 2015,
a su vez complementado por los artículos 116 y 250 del mismo ordenamiento
Superior.
8.3.
Conforme con dichas disposiciones, la figura del fuero penal militar se
constituye en una prerrogativa especial de juzgamiento, a través de la cual se
busca que las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza
Pública “en servicio activo, y en relación con el mismo servicio”, sean
de competencia de las cortes marciales o tribunales militares, “con arreglo
a las prescripciones del Código Penal Militar”; organismos éstos que, a su
vez, “estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo o en retiro”.
8.4.
De ese modo, aun cuando la propia Constitución tenga previsto, como regla general, que el “juez
natural” para investigar y juzgar a los autores o partícipes de las
conductas punibles son las autoridades judiciales que hacen parte de la
jurisdicción penal ordinaria, la circunstancia de que también contemple la
existencia de cortes marciales o tribunales militares, constitutivos de la denominada
Justicia Penal Militar, comporta sin lugar a dudas una excepción a esa regla
general y, por tanto, la implementación de un régimen penal de naturaleza
especial que, bajo un determinado contexto, investiga y juzga las conductas
delictivas cometidas por los miembros de la Fuerza Púbica en servicio activo y
en relación directa con el servicio.
8.5.
Como ya lo ha señalado esta Corporación, el tratamiento particular que a
través del fuero penal militar se reconoce, encuentra una clara
justificación en las diferencias existentes entre los deberes y
responsabilidades impuestas a los ciudadanos y los que están llamados a cumplir
los miembros de la fuerza pública, pues a estos últimos la Constitución les
asigna una función especial, exclusiva y excluyente, “como es el monopolio del
ejercicio coactivo del Estado, lo que implica el uso y disposición de la fuerza
legítima y el sometimiento a una reglas especiales propias de la actividad
militar, opuestas por naturaleza a las que son aplicables en la vida civil”[35].
8.6.
A este respecto, ha destacado la jurisprudencia que la Fuerza Pública, de la
que forman parte las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, es un cuerpo armado de carácter
permanente, instruido y disciplinado conforme a las técnicas militar y de
policía, a quien la propia Constitución le asigna atribuciones específicas que
son propia de su naturaleza especial, y que se concretan en la defensa de la
soberanía, la independencia e integridad del territorio nacional, y en el
mantenimiento de las condiciones necesarias para la convivencia pacífica y para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas (C.P. arts. 217 y 218). Para
el cumplimiento de dichas atribuciones, el mismo ordenamiento Superior, al
tiempo que delega en la Fuerza Pública el monopolio exclusivo de la fuerza y la
posibilidad de portar armas, prerrogativas a las que de ordinario no tienen
acceso los civiles, también le restringe a sus miembros el ejercicio de ciertos
derechos, como ocurre en el caso de los derechos políticos, los cuales si son
plenamente garantizados a los demás ciudadanos (C.P. art. 220).
8.7.
Sobre esa base, lo ha expresado esta Corporación, el fuero penal militar
encuentra pleno respaldo institucional en la necesidad de establecer un régimen
jurídico especial, materializado en la denominada Justicia Penal Militar, que
resulte compatible con la especificidad de las funciones que la Constitución y
la ley le han asignado a la fuerza pública, y que a su vez resulte coherente y
armónico con su particular sistema de organización y de formación castrense. A
este respecto, en la Sentencia C-457 de 2002, la Corte destacó que la razón de
ser de la Justicia Penal Militar radica, “de una parte, en las reglas de
conducta particulares a que se encuentran subordinados los miembros de la
fuerza pública y, de otra, en la estrecha relación que existe entre esas reglas
particulares de comportamiento, el uso de la fuerza y la especial índole de las
conductas que les son imputables”, las cuales son en esencia incompatibles con
las reglas generales y comunes que el orden jurídico existente ha establecido
para la jurisdicción ordinaria.
8.8.
Ahora bien, siguiendo con el mandato previsto en el artículo 221 Superior y las
normas que lo complementan, la Corte ha precisado que el fuero Penal
Militar, desde el punto de vista de los sujetos y del objeto específico que
ampara, no puede ser visto como un simple privilegio, gracia o prebenda en
favor del estamento militar y policial, que suponga una especie de inmunidad de
sus miembros frente a la justicia ordinaria, pues el mismo persigue fines y
propósitos muy claros, derivados únicamente de las especialísimas funciones
asignadas a la Fuerza Pública, con lo cual se descarta que todos los
comportamientos delictivos sean de conocimiento de dicha jurisdicción especial.
Por ello, en aplicación del referido mandato, este Tribunal ha dejado sentado
que a la Justicia Penal Militar se le reconoce un campo de acción limitado,
excepcional y restringido, en la medida que a ella solo le corresponde juzga a
los miembros de la fuerza pública en servicio activo por los delitos cometidos
y relacionados con el servicio. En esa dirección, la competencia de la Justicia
Penal Militar, esto es, de los tribunales militares o cortes marciales, solo se
activa cuando concurran dos elementos básicos: (i) que el agente
pertenezca a la institución castrense y sea miembro activo de ella (elemento
subjetivo); y (ii) que el delito cometido tenga relación directa con el
servicio (elemento funcional). Consecuencia de lo anterior, es que el fuero
penal militar se extiende a los miembros de la Fuerza pública en servicio
activo que cometan delitos relacionados con el servicio, y a los miembros de la
fuerza pública en retiro que hayan cometido delitos cuando se encontraban en
servicio activo y el mismo encuentre relación con el servicio.
8.9.
De ese modo, no le corresponde a la jurisdicción penal militar, en ningún caso,
y por ningún motivo, juzgar a los civiles, ni tampoco a los miembros de la
fuerza pública en retiro o en servicio activo que cometan delitos no
relacionados con el servicio, esto es, delitos que se aparten de las funciones
misionales que en su condición de tal ejecutan de acuerdo con el ordenamiento
jurídico, los cuales serían de competencia de la jurisdicción ordinaria.
Tratándose de los civiles, el artículo 213 de la Carta establece expresamente
que “[e]n ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la
justicia penal militar”.
8.10.
En relación con el elemento funcional que debe concurrir para activar la
competencia excepcional de la Justicia Penal Militar: que el delito cometido
tenga relación directa con el servicio, la Jurisprudencia ha destacado su
especial importancia en la configuración y aplicación del fuero,
precisando que el mismo consiste “en que la conducta punible tenga una conexión
directa con el cumplimiento de una función legítima”[36],
lo que significa, a su vez, que si “el comportamiento típico es consecuencia del
desarrollo de una tarea propia del servicio, pero la misma es cumplida de forma
distorsionada o desviada, la acción perderá cualquier relación con la labor
legal y será, como cualquier delito común, objeto de conocimiento de la
jurisdicción ordinaria”[37].
8.11. Con respecto a este último aspecto, en la
Sentencia C-084 de 2016, recientemente proferida, la Corte explicó que “[l]a
exigencia de que el delito tenga una relación con las tareas institucionales
encomendadas al respectivo cuerpo armado, no quiere decir que se sancione en
algún punto la realización de las funciones propias de la fuerza pública, pues
ningún cumplimiento del deber ajustado a los límites constitucionales y legales
puede ser objeto de persecución y castigo”. En esa misma dirección, se aclaró
en el aludido fallo que, “lo que se halla cobijado por el fuero son aquellos
delitos cometidos, en relación con la función policial o militar, punibles al
constituir extralimitaciones o excesos en su cumplimiento”.
8.12. Desde ese punto de vista, ha sostenido este
Tribunal[38],
que la Justicia Penal Militar no es entonces competente para investigar y
juzgar delitos que en general sean contrarios a su misión constitucional, como
ocurre con las violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa
humanidad y las infracciones al derecho internacional humanitario, pues tal
conjunto de delitos, por su extrema gravedad, son considerados en todos los
casos ajenos al servicio, sin que pueda afirmarse que su ocurrencia está
relacionada con la realización de un fin constitucionalmente válido.
8.13.
A partir de lo dicho, la misma jurisprudencia ha concluido que se desconocen
los principios de igualdad, juez natural y autonomía e independencia judicial,
cuando la Justicia Penal Militar asume el conocimiento, investigación y
juzgamiento de  delitos que no se ajustan a los parámetros restringidos de su
competencia, y que en realidad deben ser decididos por la justicia penal
ordinaria; es decir, cuando dicha jurisdicción especial extiende su competencia
más allá de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con dicho servicio. Ello, tras considerar que en
tales casos, “se estaría generando una diferencia en cuanto al órgano llamado a
ejercer el juzgamiento de conductas delictivas que no requieren de una
cualificación específica del sujeto que las realiza”.[39]
8.14.
Caber destacar que, aun cuando la justicia penal militar, en el ámbito reducido
de sus competencias, administra justicia, la misma no hace parte de la
estructura de la Rama judicial y, por el contrario, se encuentra integrada a la
Rama Ejecutiva del Poder Público. Así lo ha señalado esta Corporación, en
particular, en la Sentencia C-037 de 1996, donde se llevó a cabo el control
previo y automático de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, que posteriormente se convirtió en la Ley 270 de
1996. En dicha oportunidad, la Corte declaró inexequibles aquellas
disposiciones del proyecto que, precisamente, adscribían la jurisdicción Penal
Militar a la Rama Judicial. Dijo sobre el particular que la Jurisdicción Penal
Militar, no obstante que administra justicia, no integra la Rama Judicial del
Poder Público en razón a que no fue incluida en el Título VIII de la Carta
Política, que es el apartado normativo donde se determina la estructura de
dicha rama y donde se definen los órganos que la integran. En el mismo fallo se
precisó que, de acuerdo con el actual régimen constitucional vigente, existen
diferencias entre los órganos e individuos que administran justicia y los
órganos e individuos que hacen parte de la Rama Judicial, con lo cual debe
entenderse que los que no fueron integrados directamente por la Constitución
Política a la estructura de la Rama judicial, como ocurre con la Justicia Penal
Militar, no hacen parte de dicha rama aun cuando en sentido estricto
administren justicia.
8.15.
La posición adoptada en la Sentencia C-037 de 1996, ha sido recogida y
reiterada posteriormente por la Corte, entre otras, en las Sentencias C-361 de
2001, C-676 de 2001, C-1149 de 2001, C-1262 de 2001, C-457 de 2002, C-737 de
2006, C-928 de 2007, C-533 de 2008 y C-084 de 2016, en las cuales se ha hecho
claridad sobre la adscripción de la Justicia Penal Militar a la Rama Ejecutiva
del Poder Público, al señalarse que “[s]i bien es cierto que en los términos de los artículos
116 y 221 de la Constitución Política, la justicia penal militar administra
justicia, no hace parte de la Rama Judicial del poder público sino de la Rama
Ejecutiva del mismo y, lo hace de manera restringida en razón de los sujetos
sometidos a su jurisdicción, y de los asuntos de los cuales conoce.”[40]
8.16.
Sobre las razones que justifican la adscripción de la Justicia Penal Militar a
la Rama Ejecutiva, explicó esta Corporación en la Sentencia C-737 de 2006, que
ella “encuentra fundamento en el hecho de que la misma hace parte de la
estructura de la Fuerza Pública, la cual, además de tener como Director y
Comandante Supremo al propio Presidente de la República (C.P art. 189, numeral
3°), a su vez se encuentra dentro de los órganos del Estado que de acuerdo con
el contenido del Título VII de la Carta Política integran la Rama Ejecutiva del
Poder Público. Por ello, no es equivocado afirmar que la vinculación directa a
uno de los órganos de la Rama Ejecutiva, la Fuerza Pública, y la subordinación
de dicha fuerza al Ejecutivo, es lo que justifica que la justicia Penal Militar
se entienda anexa a esa rama del Poder Público”.
8.17.
En punto a este último aspecto, la jurisprudencia[41]
ha dejado en claro que, aun cuando orgánicamente la justicia Penal Militar no
hace parte de la estructura de la Rama Judicial, en la medida que su función
específica es la de administrar justicia, debe aceptarse que todas aquellas
garantías que conforman la noción de debido proceso, y los principios
constitucionales que rigen la administración de justicia, le resultan
igualmente aplicables a dicha jurisdicción especial, en particular, los
principios de autonomía, independencia e imparcialidad “cuya observancia se
constituye en pilar fundamental de la función judicial, toda vez que, por su
intermedio, se busca garantizar a los ciudadanos sometidos al proceso, un
juicio libre y autónomo, alejado de cualquier tipo de presiones e influencias
que ponga en entredicho la objetividad del juzgador”[42].
8.18.
Siguiendo la doctrina constitucional en la materia, si bien la Corte ha
sostenido que las garantías constitucionales que gobiernan la administración de
justicia deben ser respetadas con la misma intensidad en el ámbito de la
Justicia Penal Militar, también ha dejado en claro que  “la identidad entre la
jurisdicción penal militar y la justicia penal ordinaria no es plena y […] en
cambio, entre ambas jurisdicciones existen distinciones profundas que obligan
al legislador a conferir un trato abiertamente diferenciado”[43]. Al respecto, ha precisado que
entre la jurisdicción penal ordinaria y la penal militar no se concibe un trato
diferenciado en tratándose de asuntos como el sometimiento del juez a la ley,
el respeto por el debido proceso y los principios de imparcialidad,
independencia y autonomía judiciales, en la medida que éstos son fundamentos
connaturales a la función de administrar justicia que ambas jurisdicciones
comparten. No obstante, sí puede el legislador disponer regulaciones
diferentes, por ejemplo, en aspectos tales como la organización y estructura de
cada jurisdicción, el procedimiento que debe respetarse en los juicios
correspondientes y el juzgamiento de los delitos de competencia de cada una[44]. Sobre la diferencia de regulación,
esta Corporación precisó en la Sentencia C-358 de 1997, lo siguiente:
“La
Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar
deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las
disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se
sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas
que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas
ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución
ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta
de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no
podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos. Lo anterior no
significa que toda diferencia adquiera validez por el simple hecho de que se
inserta en una norma especial.”
8.19. En consecuencia,
se reitera, aunque en los fundamentos esenciales de la administración de
justicia las garantías constitucionales deben respetarse con la misma
intensidad, nada impide que en otras materias, en las cuales las diferencias
existentes entre la Jurisdicción Penal Militar y la ordinaria son relevantes,
se puedan adoptar regulaciones diferentes, sin que por ese solo hecho las
mismas puedan presumirse inconstitucionales. Lo anterior, sin perjuicio
de que también el legislador, dentro del margen de configuración normativa de
que dispone, pueda introducir instituciones jurídicas propias del sistema
acusatorio ordinario a la Justicia Penal Militar[45], precisamente, sobre la base de
la adopción e implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción
especial, a partir de la expedición de la Ley 1407 del 17 de agosto de 2010, “Por
la cual se expide el Código Penal Militar”.
8.20.
A propósito de lo arriba expuesto, este Tribunal, atendiendo a lo previsto en
los artículos 125, 150-1-2-23, 217, 218 y 221 de la Constitución Política, ha
puesto de presente que todo lo relacionado con la estructura y funcionamiento
de la Justicia Penal Militar es materia reservada al legislador, quien para el
efecto goza de un amplio margen de configuración normativa para regular el
procedimiento que debe seguirse para definir la responsabilidad, y, en
general,  todo lo relacionado con los órganos de justicia que integran esa
jurisdicción y con su régimen de personal, incluyendo lo referente a la
creación y supresión de cargos, la forma de provisión, permanencia y retiro, y
la fijación de los requisitos y calidades requeridas para el ejercicio de los
mismos[46].
8.21.
Acorde con lo anterior, cabe recordar que son los artículos 217, 218 y 221 del
mismo ordenamiento Superior, los que consagran la existencia de un régimen
especial de personal y de carrera para los miembros de la Fuerza Pública,
delegando en la ley la determinación de todo lo relacionado con dicho régimen, y
precisando además que la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal
Militar debe desarrollarse “con arreglo a las prescripciones del Código
Penal Militar”.
8.22.
De ese modo, conforme con la propia Constitución, lo relacionado con la
implementación de la Justicia Penal Militar, ha sido reservado al legislador,
quien para el efecto goza un amplio margen de configuración legislativa, la
cual se concreta, entre otras,  en la posibilidad de definir los procedimientos
que deben gobernar la investigación, la acusación y el juicio, los órganos que
la dirigen y la administran, los regímenes de carrera, disciplinario y de
personal, y todo lo relacionado con la fijación de requisitos y calidades
necesarios para el ejercicio de los cargos.
8.23.
Sobre el mandato previsto en el artículo 221, según el cual, la definición de
la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar debe llevarse a
cabo “con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar”, la
jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse para
aclarar que tal expresión debe ser interpretada en sentido amplio, de manera
que se entienda que “también
mediante legislación complementaria, entiéndase leyes ordinarias, el legislador
puede incluir modificaciones e introducir regulaciones a la Jurisdicción Penal
Militar”[47].
Con esa orientación, en la Sentencia C-399 de 1995, reiterada posteriormente,
entre otras, en las Sentencias C-676 de 2001, C-737 de 2006 y C-084 de 2016, la
Corte dejó claro que ni el artículo 221 Superior ni ninguna otra disposición
constitucional, le han reconocido a
los mandatos del Código Penal Militar, una fuerza normativa especial o
consagrado sobre él una especie de “reserva de código”, de la cual pueda
concluirse que
sólo a través del mismo es posible diseñar la estructura de la justicia
castrense. En ese entendido, se sostuvo en el aludido fallo que el objetivo de
la Constitución, particularmente a través del artículo 221, es consagrar un régimen penal especial para juzgar
los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
y en relación con el servicio, permitiéndole al legislador regular, mediante leyes ordinarias,
asuntos relativos a
esa justicia especial, lo cual no significa que, necesariamente, las referidas
medidas deban encontrarse formalmente incorporadas en el  Código de Justicia
Penal Militar. Al respecto, señaló que “la ley ordinaria puede regular asuntos
relativos a la justicia penal militar sin que tales disposiciones tengan que
estar formalmente incorporadas en el texto del Código Penal Militar”,
entendiendo “que esas leyes, aun cuando no se encuentren formalmente en ese
código, pueden modificarlo y adicionarlo, sin que ello implique ningún vicio de
inconstitucionalidad  ya que, se reitera, se trata de normas legales de la
misma jerarquía.”
8.24.
En lo que hace a la atribución legislativa
para regular lo relacionado con la estructura y funcionamiento de la Justicia
Penal Militar, también la Corte ha señalado “que la misma no es absoluta, en el
sentido de que debe ser ejercida en forma razonable y proporcional, dentro de
los parámetros específicos que sobre la materia fija la propia Constitución, y
con plena observancia y respeto de los principios y derechos consagrados en la
Carta Política”[48], precisando,
además, que “[l]a existencia de un régimen especial en materia penal militar no
puede convertirse en una razón que justifique el desconocimiento de la
Constitución y los derechos fundamentales que el Ordenamiento Superior reconoce
a todos los ciudadanos - también a quienes forman parte de la fuerza pública”[49].
9.    Contenido de la
Ley 1765 de 2015
9.1. Mediante la
Ley 1407 del 17 de agosto de 2010, “Por la cual se expide el Código
Penal Militar”, se adoptó para la Justicia Penal Militar, el Sistema Penal
Acusatorio, siguiendo el modelo que opera en la justicia ordinaria a partir
de la Ley 906 de 2004. Tal y como quedó
consignado en la exposición de motivos del proyecto que dio paso a la
expedición de la Ley 1765 de 2015, la implementación del referido
sistema en la jurisdicción castrense, responde a la necesidad inaplazable de
armonizar el procedimiento penal con la evolución del derecho procesal penal a
nivel nacional e internacional, bajo los principios rectores que rigen la
administración de justicia y dentro del marco constitucional especial
establecido para los miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo, acorde con las funciones constitucionales que cumple y la especificidad
de su forma de organización y funcionamiento[50].
9.2. Conforme con el
objetivo propuesto, la Ley 1407 de 2010, además de regular lo relacionado con
las normas rectoras de la Justicia Penal Militar y con los delitos de su
competencia, fijó los criterios de implementación del sistema penal acusatorio
en esa jurisdicción especializada, concibiendo la estructura de una Fiscalía
General Penal Militar, un Cuerpo Técnico de Investigación y una defensoría
pública de carácter permanente, instituciones necesarias para garantizar el
funcionamiento del nuevo sistema.
9.3. Dentro de ese
contexto, tal y como surge de su encabezado, la Ley 1765 de 2015 fue expedida
con el fin de reestructurar la Justicia Penal Militar y
Policial, establecer requisitos para el desempeño de sus cargos, implementar la
Fiscalía General Penal Militar y Policial, organizar su administración,
gestión, control, independencia y autonomía, así como fijar lo relacionado con
la evaluación de desempeño de los funcionarios y servidores que la integran.
9.4. De acuerdo con su contenido, la
citada ley regula, entonces, no solo aspectos vinculados al nuevo procedimiento
penal especial, sino también materias de orden administrativo y laboral,
relacionadas con la conformación y funcionamiento de los órganos que hacen
parte de esa jurisdicción especial y con el régimen de personal. Todo ello,
dentro del propósito de facilitar la ejecución del Sistema Penal Acusatorio en
la Justicia Penal Militar, implementado previamente por la Ley 1407 de 2010.
9.5. En ese contexto,
la Ley 1765 de 2015 está conformada por 129 artículos, los cuales a su vez se
encuentran distribuidos en IX títulos, organizados de la siguiente manera:
El título I: trata lo relacionado con
la Administración de Justicia Penal Militar y Policial. De acuerdo con ello,
consagra las normas y principios rectores de la administración de justicia en
la Jurisdicción Penal Militar y Policial (Art. 1), e igualmente, define el
ámbito de aplicación de la ley a los miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo o en retiro, y al personal civil o no uniformado que desempeñe cargos en
la Justicia Penal Militar y Policial (Art. 2).
El título II: se refiere a la
estructura de la Justica Penal Militar y Policial. Así, determina la integración de
dicha justicia especial (Art. 3); define las funciones que le corresponde
ejercer a la Corte Suprema de Justicia en el ámbito de la Justicia Penal
Militar y Policial, conforme a sus competencias constitucionales y legales
(Art. 4o); establece la sede y conformación del Tribunal Superior Militar y
Policial (Art. 5); implementa el criterio de unificación de jurisprudencia
(Art. 6); crea los juzgados penales militares y policiales de conocimiento
especializado y de conocimiento, los cuales seguirán conociendo de los delitos
previstos en los Artículos 20 y 171 de la Ley 1407 de 2010, pero según las
nuevas competencias asignadas (Arts. 7, 8 y 9); y dispone una solución en caso
de concurrencia de jueces por motivos de competencia (Art. 10).
El título III: se ocupa sobre los
requisitos para el desempeño de los cargos en la Justicia Penal Militar. Conforme con ello,
establece los requisitos generales y especiales para acceder a los cargos de
Magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial, Juez Penal Militar y
Policial de Conocimiento Especializado, Juez Penal Militar y Policial de
Conocimiento, Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y Juez
Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (arts.
11, 14, 16, 17 y 18), así como las inhabilidades y faltas absolutas y
temporales (Arts. 12 y 13), definiendo además cuales cargos son de periodo
(art. 15).
El título IV: regula lo relacionado con
la Fiscalía General Penal Militar y Policial. En ese ámbito, implementa la
estructura, funciones y competencia de la Fiscalía General Penal Militar y
Policial (Arts. 19, 20 y 21); prevé el nombramiento del Fiscal General Penal
Militar y Policial para un periodo institucional de 4 años, no prorrogable, al
igual que sus requisitos, funciones, inhabilidades, así como faltas absolutas y
temporales (Arts. 22, 23, 24 y 25); estipula los requisitos generales y
específicos para acceder a los cargos de Fiscal Penal Militar y Policial
Delegado ante el Tribunal Superior Militar y Policial y de Fiscal Penal Militar
y Policial Delegado ante los Jueces Penales Militares y Policiales, así como
sus periodos y funciones generales y especiales (Arts. 26, 27, 28, 29, 30 y
31).
En el mismo Título IV, (Capítulo
V)  se regulan también aspectos relacionados con el Cuerpo
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial. De acuerdo
con ello, establece la composición, funciones, organización y estructura del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial (arts.
32, 33, 42 y 43); al igual que se fijan los requisitos para acceder a los
cargos de Coordinador
Nacional y Regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial, las funciones de las Coordinaciones Nacional y Regional del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial (arts.
34, 35, 36 y 37); los requisitos del Personal Profesional y Técnico del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial (art. 38); se
prevé el apoyo a la Justicia Penal Militar y Policial por parte de las
organizaciones que ejerzan permanente o transitoriamente funciones de policía
judicial y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y
dispone la conformación de grupos especiales de investigación cuando sea
necesario (Arts. 39, 40 y 41).
El título V: se refiere a la
Administración, Gestión y Control de la Justicia Penal Militar y Policial. En ese orden, determina la
transformación de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar del
Ministerio de Defensa Nacional en la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial (Art. 44); implementa el objetivo y el
patrimonio de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial (Arts. 45 y 46); crea un fondo de cuenta que será administrado por la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y
establece las funciones y órganos de dirección y administración de dicha unidad
(Arts. 47, 48 y 49); fija la integración y funciones del Consejo Directivo
(Arts. 50 y 51); dispone los requisitos para ocupar el cargo de Director
Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, y las funciones de la Dirección Ejecutiva de esa unidad (Arts. 52, 53
y 54). En el mismo título, se advierte a los servidores públicos de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, sobre los
regímenes de inhabilidades, impedimentos, recusaciones y faltas absolutas y
temporales que les resultan aplicables, precisando que son las previstas en la
Constitución y la ley (Arts. 55, 56 y 57); se regula lo relacionado con la
investigación disciplinaria de los servidores públicos de la Justicia Penal
Militar y Policial (Art. 58); se señala que la estructura interna de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial será
establecida por el Gobierno Nacional (Art.59); y, finalmente, se crea la
Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, como centro de formación de los
funcionarios y empleados al servicio de esa jurisdicción, institución que hace
parte de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial (Arts. 60 y 61).
El título VI: hace mención a la
Independencia y Autonomía de la Justicia Penal Militar y Policial. Acorde con ello, consagra
la independencia de la Justicia Penal Militar y Policial del Mando
Institucional de la Fuerza pública (Art. 62); crea el Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial, bajo la dependencia de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia penal Militar y Policial (Art. 63); fija
los requisitos que deben reunir los miembros de la Fuerza Pública para
incorporarse e integrarse el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y
Policial (Arts. 64 y 65); señala que la planta militar y policial será fijada
por el Gobierno nacional (Art. 66); determina las exigencias de la procedencia
y cambio de cuerpo de los miembros de la Fuerza Pública al Cuerpo Autónomo de
la Justicia Penal Militar y Policial (Arts. 67 y 68). El mismo título, regula
lo relacionado con el régimen de personal aplicable a los miembros de la Fuerza
Pública que integran el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y
Policial, en aspectos tales, como: el ascenso militar o policial, oportunidad y
condiciones para ascender, la autoridad que realiza el ascenso, la promoción de
Oficiales y Generales y de Insignia, el Comité de Ascensos del Cuerpo Autónomo
de la Justicia Penal Militar y Policial y sus funciones, los parámetros para
recomendar ascensos, los requisitos especiales para ascender y la extensión de
las situaciones administrativas de carrera especial a los miembros de la Fuerza
Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial (Arts. 69,
70, 71,72,73,74, 75, 76, 77 y 78). Finalmente, también se ocupa de la formación
y capacitación de los miembros de la Fuerza Pública que integran el Cuerpo
Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial (Arts. 79 y 80); establece el
régimen de terminación de la designación y retiro de los miembros de la Fuerza
Pública que conforman el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y
Policial, ya sea por solicitud propia o por incurrir en alguna de las causales
de terminación de la designación y retiro, así como sus efectos (Arts. 81, 82,
83 y 84); prevé la evaluación y clasificación de los miembros de la Fuerza
Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial (Art. 85);
e implementa el régimen disciplinario de los miembros del Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial, para lo cual, determina la titularidad de la
acción disciplinaria, las faltas disciplinarias, el procedimiento y las sanciones,
y contempla una remisión legal ante la falta de regulación en este título
(Arts. 86, 87 y 88).
El título VII: trata sobre la evaluación
de desempeño.
Al respecto, reglamenta y define los criterios para la evaluación de desempeño
de los Jueces Penales Militares y Policiales, los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante los Jueces Penales Militares y Policiales, los
servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial, y de los secretarios y asistentes judiciales (Arts. 89, 90 y 91);
determina que los indicadores aplicables a las evaluaciones de rendimiento,
serán diseñados por los evaluadores y expedidos mediante acto administrativo
por la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial (art. 92); y
finalmente, consagra el recurso de reposición como único medio de defensa
contra el resultado de la evaluación de rendimiento de gestión y de apoyo
judicial e investigativo (art. 93).
El Título VIII: contiene disposiciones
sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para
garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada. En ese orden, adopta
medidas sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio de los
procesos en curso (art. 94); define la competencia de los juzgados de
instrucción penal militar, de los juzgados de primera instancia y fiscalías
(arts. 95 y 96); adoptada las medidas para garantizar la plena operatividad del
sistema penal acusatorio en la jurisdicción especializada (arts. 97 a 110); regula
la aplicación del principio de oportunidad: causales, control judicial en su
aplicación, participación de las víctimas, efectos y reglamentación e  (arts.
11 a 114, 117, 118, 120, 121); la suspensión del procedimiento a prueba y las
condiciones a cumplir durante el periodo de prueba (arts. 115 y 116); y una
adición al artículo 277 de la Ley 522 de 1999, en relación con las causales de
impedimento aplicables en la jurisdicción penal especial.
Finalmente, el
Título IX: se ocupa del tema referente a otras disposiciones finales.
En ese contexto, adopta medidas relacionadas con la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, en los siguientes aspectos:
definición de competencias en relación con la adopción de las plantas de personal
(art. 122); régimen salarial y prestacional (art. 123); sistema especial de
carrera y clasificación de empleos (art. 124); contratos y convenios vigentes
(art. 125); procesos judiciales, de cobro coactivo y disciplinarios en curso
(art. 126);  transferencia de bienes, derechos y obligaciones (art. 127); y
entrega de archivos (art. 128). En su último artículo,  se refiere a la
vigencia de la ley y a las derogatorias (art. 129).
10.  Estudio de los cargos
10.1.
Cargo contra el artículo 2 de la Ley 1765 de 2015
10.1.1. Los actores sostienen que el artículo 2 de la
Ley 1765 de 2015, al establecer
que dicha ley “se aplicará en lo pertinente, a los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo o en retiro, así como al personal civil o no
uniformado que desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar y Policial”,
extiende la competencia de la justicia penal militar más allá del juzgamiento
de miembros de la fuerza pública que cometan delitos en servicio activo y en
relación con el mismo, como es el caso de los militares en retiro y de los
civiles que desempeñan cargos en la Justicia Penal Militar, lo cual desconoce
el principio de independencia judicial y los derechos a la igualdad y al juez
natural, así como también la prohibición constitucional prevista en el artículo
213 Superior, en virtud de la cual, “[e]n ningún caso los civiles podrán ser
investigados o juzgados por la justicia penal militar”.
10.1.2. Un grupo de intervinientes,
entre los que se cuenta el Ministerio Público y las Universidades Libre y Externado,
apoyan en este punto la demanda de inconstitucionalidad, tras considerar que se
está facultando a la Justicia Penal Militar para investigar y juzgar civiles,
lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Política. En contra de
tal posición, otro grupo importante de intervinientes, del que forman parte la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, consideran
que el propósito de la
Ley 1765 de 2015 no es extender el fuero penal militar a los civiles y personal
retirado de la fuerza pública, pues en relación con tales sujetos solo aplican
las medidas de carácter laboral y administrativo en ella previstas.
10.1.3. Como ya fue señalado, frente a la acusación
formulada contra el artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, el problema jurídico que
se le plantea a la Corte es el de determinar si el aparte acusado de la citada norma, desconoce los
principios de igualdad, juez natural e independencia judicial, y la prohibición
prevista en el artículo 213 de la Constitución, por el hecho de extender el
ámbito de aplicación de la referida ley a los militares en retiro y al personal
civil o no uniformado que desempeñe cargos en la justicia penal Militar.
10.1.4.
Para efectos de dar solución al referido problema jurídico, es importante recordar
las reglas que la jurisprudencia constitucional ha fijado en torno al marco de
competencia de la Justicia Penal Miliar. Según quedó reseñado en el apartado
anterior, a partir de lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución
Política, la Corte ha sostenido que el fuero Penal Militar tiene
un alcance excepcional y restrictivo, limitado al juzgamiento de los miembros
de la fuerza pública en servicio activo por los delitos cometidos y
relacionados con el servicio. Con base en ello, ha dejado en claro que, para
que un delito pueda ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar, esto es,
de los tribunales militares o cortes marciales, es necesario que concurran dos
elementos básicos: (i) que el agente pertenezca a la institución
castrense y sea miembro activo de ella (elemento subjetivo); y (ii) que
el delito cometido tenga relación directa y próxima con el servicio (elemento
funcional).
10.1.5.
Sobre esa base, ha precisado igualmente que no le corresponde a la jurisdicción
penal militar, en ningún caso, juzgar a los civiles, ni tampoco a los miembros
de la fuerza pública en retiro. En relación con esto último, la propia
jurisprudencia ha sostenido que la voluntad del Constituyente de 1991, plasmada
a través del artículo 213 de la Carta, fue, precisamente, la de sustraer a los
civiles del ámbito de la Justicia Penal Militar, razón por la cual procedió a
prohibir tal posibilidad, inclusive, en las situaciones más extremas como lo
son los estados de excepción. Ello, tras consagrar expresamente en el citado
artículo 213 de la Carta, en el que se regula la declaratoria del Estado de
Conmoción Interior, que: “[e]n ningún caso los civiles podrán ser
investigados o juzgados por la justicia penal militar”.
10.1.6. Siendo ello así, entiende la Corte que el artículo
2 de la Ley 1765 de 2015, estaría desconociendo los principios de igualdad, juez natural e independencia
judicial, así como la prohibición prevista en el artículo 213 Superior, si se
establece que, en realidad, el objetivo de la referida disposición es permitir
que la jurisdicción Penal Militar y Policial juzgue a los miembros de la Fuerza
Pública en retiro y al personal civil o no uniformado que desempeña cargos en
dicha jurisdicción. Tal violación se presentaría, en razón a que la norma
estaría ampliando indebidamente la cláusula de competencia, excepcional y
restrictiva, reconocida por la propia Constitución Política a la Justicia Penal
Militar y Policial,
10.1.7. Al respecto, resulta relevante
recordar que, conforme surge de su propio
encabezado, la Ley 1765 de 2015 fue expedida con el fin de
reestructurar la Justicia Penal Militar y Policial, establecer requisitos para
el desempeño de sus cargos, implementar la Fiscalía General Penal Militar y
Policial, organizar su administración, gestión, control, independencia y
autonomía, así como fijar lo relacionado con la evaluación de desempeño de los
funcionarios y servidores que la integran. En ese contexto, la citada ley no se
limita a regular aspectos relacionados con el procedimiento penal especial,
sino que también adopta medidas de orden administrativo y laboral, relacionadas
con la conformación y funcionamiento de los órganos que hacen parte de esa
jurisdicción especial y con el régimen de personal. Todo ello, dentro del
propósito de facilitar la ejecución del Sistema Penal Acusatorio al interior de
la Justicia Penal Militar, implementado previamente por la Ley 1407 de 2010.
10.1.8.
Acorde con el objetivo de la Ley 1765 de 2015, el artículo 2 del referido
ordenamiento se ocupa de definir su ámbito de aplicación en los siguientes
términos: “[l]a
presente ley se aplicará en lo pertinente, a los miembros de la Fuerza Pública
en servicio activo o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que
desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar y Policial”. La misma norma prevé en el
inciso segundo que: “[l]os artículos que modifican, adicionan o derogan
disposiciones de carácter penal militar, se aplicarán exclusivamente a miembros
de la Fuerza Pública en los términos del artículo 221 de la Constitución
Política. En ningún caso se aplicarán a los civiles”.
10.1.9. En punto al contenido del artículo 2 de la Ley
1765 de 2015, no advierte la Corte que en él se consagre de manera expresa una
adscripción de competencia en favor de la Justicia Penal Militar para
investigar y juzgar a los miembros de la Fuerza Pública en retiro y al personal
civil o no uniformado que desempeña cargos en dicha jurisdicción especial, pues
lo que dispone la norma en relación con tales sujetos es que la ley se les “aplicará
en lo pertinente”.
10.1.10.
En ese sentido, no considera la Corte que la intención del Legislador haya sido
la de ampliar la competencia de la Justicia Penal Militar, al juzgamiento de los miembros de la Fuerza
Pública en retiro y al personal civil o no uniformado que desempeñen cargos en
dicha jurisdicción especial. Aun cuando es cierto que la norma acusada hace
extensiva la aplicación de la Ley 1765 de 2015 al personal en retiro de la
Fuerza Pública y a los civiles, una
interpretación histórica y sistemática de la misma disposición permite advertir
que el sentido de la medida es
que la aplicación de la ley a tal grupo de sujetos solo tiene lugar en relación con
las medidas de carácter laboral y administrativo en ella previstas y que están
relacionadas con el adecuado funcionamiento de la Justicia Penal Militar.
10.1.11.
La Corte[51] ha señalado
que el juez
constitucional puede acudir a los diversos métodos de interpretación, entre
ellos al histórico y al sistemático, para basarse en referentes objetivos, con
el fin determinar el significado y alcance de una norma. Sobre la
interpretación histórica, ha expresado que la misma consiste en analizar las propuestas y los debates que se
dieron en el proceso de formación de las leyes para reconstruir de esta manera
la intención aproximada del órgano legislativo con su expedición. Tratándose
del método sistemático de interpretación, por su intermedio se busca averiguar
el significado de las normas a través del entendimiento del ordenamiento
jurídico como un todo, que se deriva de la comparación del precepto objeto de
interpretación con la norma o normas en las que se integra.
10.1.12. Así, se
tiene que en la exposición de motivos del proyecto que dio paso a la expedición
de la Ley 1765 de 2015,  se hizo expresa referencia al ámbito de aplicación de
la Justicia Penal Militar, destacado su carácter especial y excepcional. Al
respecto, se explicó que: “[l]a Justicia Penal Militar o Policial encuentra su principal
justificación en la voluntad del Constituyente a lo largo de la historia de
nuestro país, al crearla como una jurisdicción especializada y excepcional, que
investiga y juzga conductas delictivas cometidas por miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y en relación directa con el servicio”, razón por la cual “la Justicia
Penal Militar constituye una excepción a la regla general de competencia
que tiene la jurisdicción ordinaria, indicando que este tratamiento particular
que se despliega tanto a nivel sustancial como procedimental, encuentra
justificación en el hecho que las conductas ilícitas sometidas a su
consideración, están estrechamente vinculadas con el ejercicio de la función,
ya que los sujetos activos que incurren en ellas, están subordinados a reglas
de comportamiento disímiles a las de la vida civil”[52].
10.1.13.
Acorde con dicho criterio, en el informe de ponencia para primer debate en la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes, al proyecto de ley que
posteriormente se convirtió en la Ley 1765 de 2015, si bien se reconoció que el
ámbito de aplicación de la ley estaba “dispuesto para los miembros de la
Fuerza Pública en servicio activo o en retiro, así como para el personal civil
o no uniformado que desempeñe cargos en la justicia penal militar o Policial a
lo largo del territorio nacional”[53],
también se delimito dicho ámbito de aplicación tratándose del personal civil y
en retiro que desempeña cargos en la Justicia Penal Militar, en el sentido de
sostener que la ley solo les resultaba oponible en lo relativo a las
disposiciones de carácter laboral y administrativo, y en ningún caso en lo
relacionado con el fuero penal militar. Sobre el particular, se dijo en el
referido informe: “El Título I del proyecto se refiere al
ámbito de su aplicación, incluyendo al personal administrativo de la
Unidad en que se transforma la actual dirección y al civil, uniformado y
no uniformado que desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar y
Policial, abarcando a todos los servidores públicos que hagan parte de la
Jurisdicción Especializada. Ello, en lo relativo a disposiciones de
carácter laboral y administrativo, mas no al Fuero Penal, de aplicación
restringida en los términos del artículo 213 de la Constitución Política”[54]. (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).
10.1.14.
En plena correspondencia con lo anterior,
al explicar el alcance del artículo 2, en el que se define el ámbito de
aplicación de la ley, se precisó en dicho informe de ponencia que: “El artículo 2°
establece que la ley se aplicará a los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo o en retiro, así como al personal civil o no
uniformado que desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar y
Policial; lo anterior tiene fundamento en que el proyecto de ley
establece una serie de disposiciones relativas a la adopción de las plantas de
personal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial, la incorporación del personal que viene
prestando sus servicios, la conservación del régimen prestacional aplicable a
los servidores públicos civiles que desempeñen cargos en la actual Dirección
Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y que se incorporen a cargos
de la planta de personal de la Unidad y su sistema especial de
carrera y clasificación de empleos”[55]. (Negrillas y subrayas fuera de
texto original).
10.1.15.
Seguidamente, en el informe para primer debate también se hizo la siguiente
aclaración: “Ahora bien, es de aclarar que el Fuero Penal Militar no se
extiende a funcionarios civiles, pues se requiere como requisito para su
operación la existencia de un factor subjetivo, según el cual quien cometa la
conducta debe ser para el momento de la comisión de los hechos un
miembro de la Fuerza Pública en servicio activo, de
manera tal que con ello se excluye automáticamente a quienes no ostenten tal
calidad, bien sea porque ya se encuentren en uso de buen retiro o porque nunca
hayan pertenecido a las Fuerzas. Adicionalmente el último inciso del artículo
213 de la Constitución establece que en ningún caso los funcionarios
o empleados civiles de la justicia penal militar pueden ser investigados o
juzgados por la jurisdicción especializada”[56].
10.1.16. De igual manera, durante el segundo
debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, los ponentes del
proyecto explicaron que el propósito del mismo era extender su ámbito de
aplicación a los servidores públicos que hacen parte de la jurisdicción
especializada, entre los que se cuentan los militares en retiro y el personal
civil que desempeñe cargos en la justicia penal Militar, pero solo en lo
relativo a las disposiciones de carácter laboral y administrativo. Sobre el
particular, se expresó: “El proyecto estructurado por Títulos, se refiere en el
primero de ellos al ámbito de su aplicación abarcando los servidores públicos
que hagan parte de la Jurisdicción Especializada, en lo relativo a
disposiciones de carácter laboral-administrativo”[57]. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
10.1.17. En esa misma instancia
legislativa, también se hizo referencia a los apartes del proyecto que se
ocupaban de los temas administrativos y laborales relacionados con la
implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Militar. Al
respecto, en el informe de ponencia para segundo debate se dijo: “De la parte administrativa, se ocupa el título quinto
del proyecto que
se refiere a la Administración, Gestión y Control de la Justicia
Penal Militar y Policial, mereciendo especial mención la
transformación de la actual Dirección Ejecutiva de la Justicia
Penal Militar en Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial, con autonomía administrativa y financiera,
personería Jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Defensa
Nacional, cuyo objetivo primordial, es la organización y funcionamiento
eficiente de la Jurisdicción Especializada. Así mismo en este título
se le da creación legal a la Escuela de Justicia Penal Militar y
Policial dentro de la Unidad Administrativa Especial, como centro de
formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio
de la Justicia Penal Militar y Policial. (…) Por último el título noveno consagra
disposiciones relativas a la adopción por el Gobierno Nacional de las plantas
de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial, la incorporación del personal que viene
prestando sus servicios en la Dirección Ejecutiva de la Justicia
Penal Militar; la conservación del régimen prestacional aplicable a los
servidores públicos civiles que desempeñen cargos en la actual Dirección
Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y que se incorporen a cargos
de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial; el sistema
especial de carrera y clasificación de empleos de la Unidad Administrativa,
estableciendo que se regirá por lo señalado en el Decreto-ley 091 de 2007 y los
que lo modifiquen o sustituyan.”[58]
10.1.18. En consecuencia, del proceso de adopción de
la Ley 1765 de 2015, y en particular de su artículo 2, se infiere que la
intención del legislador al definir el campo de aplicación de la citada ley, no
fue la de extender indiscriminadamente la competencia de la Justicia Penal
Militar y Policial al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en
retiro ni a los civiles que desempeñen cargos en dicha jurisdicción especial.
Por el contrario, haciendo claridad sobe el carácter especial, excepcional y
restringido del fuero penal militar, en el curso de los debates se dejó
establecido que la extensión de la ley en favor de militares y policías en
retiro y de los civiles, solo tenía lugar respecto de las medidas
administrativas y laborales allí adoptadas, en cuanto las mismas les fueran
aplicables por razón de su vinculación a la planta de personal de los órganos
de la Justicia Penal Militar y Policial.  Esto sin perjuicio de que corresponda
a la justicia penal militar el juzgamiento de las conductas cometidas por
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio, no obstante que con posterioridad se haya retirado del servicio.
10.1.19. El mencionado propósito quedo consignado en
el propio artículo 2 de la mencionada Ley 1765 de 2015. Inicialmente, con la
inclusión en su inciso primero de la expresión “en lo pertinente”,
a través de la cual se hace manifiesta la intención del legislador de no
aplicar la totalidad e integridad de la ley a los miembros de la Fuerza Pública
en retiro ni a los civiles que desempeñen cargos en dicha jurisdicción
especial, sino solo aquellos aspectos relacionados con los asuntos
administrativos y laborales. Esto último, surge también de lo previsto en
inciso segundo de la propia preceptiva acusada, en la que se dispone que:
“[l]os artículos que modifican, adicionan o derogan disposiciones de carácter
penal militar, se aplicarán exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública en
los términos del artículo 221 de la Constitución Política”, y se aclara que: “[e]n ningún caso se
aplicarán a los civiles”. Por tanto, una lectura integral del artículo 2 de
la Ley 1765 de 2015, en particular frente a la expresión “en lo
pertinente” y al contenido del inciso segundo, no deja duda sobre el
interés del legislador de excluir a los civiles de la aplicación
de las normas de la Ley 1765 de 2015, que se refieran a asuntos relacionados
con la investigación y juzgamiento de los delitos de competencia de la Justicia
Penal Militar y de los sujetos sometidos a dicha jurisdicción, en los términos
del artículo 221 de la Carta Política.
10.1.20. En ese mismo contexto, el alcance reconocido
al artículo 2, surge también de una interpretación sistemática de la Ley 1765
de 2015, pues, conforme se anotó en el apartado anterior, y quedo expresado en
los antecedentes legislativos, del encabezado y del contenido de la citada ley, se
puede advertir que la misma no se limita regular aspectos relacionados con el
procedimiento penal especial, sino que también regula materias de orden
administrativo y laboral, vinculadas con la conformación y funcionamiento de
los órganos que hacen parte de esa jurisdicción especial y con el régimen de
personal, aplicable a los
miembros de la Fuerza Pública en retiro y al personal civil o no uniformado que
desempeñe o aspire a desempeñar cargos en la Justicia Penal Militar y Policial.
10.1.21.
Ciertamente, como ya ha sido señalado, considerando que el objetivo de la Ley
1765 de 2015, definido en su título, es el de “reestructurar la Justicia Penal Militar y
Policial”, algunos de los
títulos en que se organiza la citada ley, contienen medidas de carácter
administrativo y laboral, dirigidas a garantizar el funcionamiento de la
Justicia Penal Militar. Con
ese propósito se pueden citar, entre otros, los siguientes títulos, a los que
se hizo expresa referencia en el apartado anterior: El título III,
que regula situaciones de naturaleza administrativa y laboral, como es la
relacionada con los requisitos generales y especiales para acceder a los cargos
de la Justicia Penal Militar y Policial, las inhabilidades y faltas absolutas y
temporales. El título IV, que en la misma dinámica del
título anterior, regula aspectos administrativos y laborales en materias
relacionadas con los requisitos para acceder a cargos de la Fiscalía General
Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la justicia Penal
Militar y policial. El título V, que se ocupa de
aspectos concernientes a la Administración, Gestión y Control de la Justicia
Penal Militar y Policial, y cuyo objetivo es el de “organizar los recursos
humanos, financieros, presupuestales, tecnológicos y logísticos dentro de esa
jurisdicción”[59].
Con ese propósito, se dispone en las normas de dicho título la transformación
de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar del Ministerio de
Defensa Nacional en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, y se adoptan las medidas necesarias para su organización y
funcionamiento. El título VII, que regula aspectos
de naturaleza administrativa en el tema de la evaluación de desempeño, y cuya
finalidad es la de reglamentar y definir los criterios para la evaluación de
desempeño de los funcionarios y empleados de la Justicia Penal Militar y
Policial. Y el Título IX, que trata sobre las
disposiciones finales, en el que se adoptan medidas administrativas y
laborales, relacionadas con la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial, en aspectos como: la definición de competencias en
relación con la adopción de las plantas de personal, régimen salarial y
prestacional, sistema especial de carrera y clasificación
de empleos.
10.1.22. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra
que en la formulación del cargo, tanto los demandantes como el grupo de
intervinientes que avalan la acusación, parten de reconocerle a la norma
acusada un alcance que no es el que surge directamente de su texto, y que
tampoco es acorde con el sentido de la ley a la que se integra.
10.1.23.
Para la Corte, es claro que el artículo 2 de la Ley 1765 de 2015 no desconoce
el principio de independencia judicial, ni los derechos a la igualdad y al juez
natural, ni la prohibición de investigar o juzgar civiles por la justicia penal
militar. Ello, teniendo en cuenta que, a partir de una interpretación histórica
y sistemática de la norma acusada, el sentido de la misma no es extender el
fuero penal militar a
los miembros de la Fuerza Pública en retiro y al personal civil o no uniformado
que desempeña cargos en dicha jurisdicción especial, sino permitir la aplicación de los
mandatos de dicha ley a ese grupo de sujetos solo en relación con las medidas
de carácter laboral y administrativo en ella previstas y que están relacionadas
con el adecuado funcionamiento de la Justicia Penal Militar. Las cuales, a su
vez, se predican de los
miembros de la Fuerza Pública en retiro y del personal civil o no uniformado,
en la medida que, por expresa disposición constitucional y legal, tales sujetos
pueden desempeñar cargos en la Justicia Penal Militar y Policial.
10.1.24.
Dicha interpretación no solo se ajusta al espíritu y contenido de la Ley 1765
de 2015, sino que también resulta acorde con los mandatos del Código Penal
Militar y Policial, contenido en la Ley 1407 de 2010, el cual, de conformidad
con lo previsto en los artículos 213 y 221 de la Carta Política, define el
alcance del Fuero Penal Militar y, por tanto, la competencia de la
Justicia Penal Militar, de la siguiente manera: (i) en el
artículo primero, al consagrar que: “[d]e los delitos cometidos por los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo
servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con
arreglo a las disposiciones de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”;
(ii) en el artículo segundo, al disponer que: “[s]on delitos
relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los
mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la
Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado”; (iii) en el
artículo cuarto, al definir que “[l]a Fuerza Pública estará integrada en
forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”; y (iv)
en el artículo quinto, al prever que: “[e]n ningún caso los civiles podrán
ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.
10.1.25.
Por otra parte, para la Corte es claro que si bien, en los términos que se han
señalado, los miembros de la fuerza pública en retiro, solo son destinatarios
de la Ley 1765 de 2015 en sus aspectos administrativos y laborales, sin que en
su actual condición estén amparados por, o les resulte aplicable, el fuero
penal militar, tal fuero sí se predica de las conductas delictivas en las que
hubiesen incurrido cuando se encontraban en servicio activo y en relación con
el mismo servicio, en los términos del artículo 221 de la Constitución
Política.
10.1.26.
Ahora bien, aun cuando es claro que, conforme a una interpretación histórica y
sistemática de la norma acusada, el sentido de la misma no es ampliar el fuero
penal militar más allá de los
delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en
relación con el mismo servicio, no obstante que después hayan hecho uso de buen
retiro, la Corte encuentra necesario condicionar la exequibilidad del artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, con el propósito de
impedir que se promuevan interpretaciones contrarias a la Constitución a través
de las cuales se busque extender la competencia de la Justicia Penal Militar y
Policial a los miembros de la Fuerza Pública en retiro y al persona civil o no
uniformado.
10.1.27.
En punto a este último aspecto, cabe reiterar que, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 221 de la Carta Política, los miembros de la Fuerza Pública en
retiro solo pueden someterse a la Justicia Penal Militar y Policial por delitos
cometidos durante el servicio y en relación con el mismo. De igual manera, el
artículo 213 del mismo ordenamiento Superior prohíbe la investigación y el
juzgamiento de civiles por parte de la Justicia Penal Militar y Policial. En
consecuencia, como se ha explicado, los mandatos de la Ley 1765 de 2015 le
resultan aplicables a los miembros de la Fuerza Pública en retiro y el personal
civil no uniformado vinculado a la justicia penal militar, únicamente, en
relación con las medidas de carácter laboral y administrativo en ella
previstas, en cuanto las mismas les sean exigibles por razón de su vinculación
a la planta de personal de los órganos de la Justicia Penal Militar y Policial.
10.1.28.
Sobre esa base, en la parte resolutiva del presente fallo, se procederá a
declarar la exequibilidad
de la expresión
“La presente ley se aplicará
en lo pertinente, a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en
retiro, así como al personal civil o no uniformado que desempeñe cargos en la
Justicia Penal Militar y Policial”, contenida en el
artículo 2 de la Ley 1765 de 2015, en el entendido que la competencia de la Justicia Penal
Militar y Policial se circunscribe únicamente al juzgamiento de los delitos
cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en
relación con el mismo servicio -no obstante que con posterioridad se hayan
retirado del servicio-, con lo cual, la Ley 1765 de 2015 aplica a los miembros
de la Fuerza Pública en retiro y al personal civil o no uniformado solo en relación con las medidas
de carácter laboral y administrativo en ella previstas, en cuanto las mismas les sean
exigibles por razón de su vinculación a la planta de personal de los órganos de
la Justicia Penal Militar y Policial.
10.2. Cargos contra los artículos
109 y 110 de la Ley 1765 de 2015
10.2.1. Según sostienen los demandantes, los artículos
109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, al consagrar para la Justicia Penal Militar
formas de terminación anticipada del proceso que son propias de la justicia
ordinaria, particularmente en la modalidad de preacuerdos y negociaciones,
violan los derechos de las víctimas y, por esa vía, los artículos 1, 2, 29, 228
y 229 de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos
humanos. Según su entender la aludida violación se produce por las siguientes
razones: (i) porque se “están tomando atribuciones que según el artículo
250 superior le corresponden exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación,
quien está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito”;(ii)
porque se genera
como consecuencia directa la terminación del proceso de juzgamiento y por
consiguiente la cesación de la investigación de las faltas cometidas contra las
víctimas  y (iii) porque en la
aplicación de las formas de terminación anticipada del proceso no se permite la
participación activa de las víctimas.
10.2.2. Los intervinientes que se
pronunciaron sobre este cargo, entre los que se encuentran el Ministerio
Público, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional y
la Universidad Externado de Colombia, aun cuando consideran que la formas de
terminación anticipada del proceso previstas para la Justicia Penal Militar no
son contrarias a la Constitución, coinciden en solicitarle a la Corte que
condicione la exequibilidad de los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015,
de la misma manera en que se hizo en la Sentencia C-516 de 2007, en relación
con el derecho de participación de las víctimas en la celebración de
preacuerdos y acuerdos.
10.2.3. Conforme se mencionó anteriormente, en
relación con la acusación formulada contra los artículos 109 y 110 de la Ley
1765 de 2015, el problema jurídico que se
le plantea a la Corte es el de determinar si tales disposiciones contrarían el artículo 250 Superior, y los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, al
promover, en los procesos de competencia de la justicia penal militar, la
posibilidad de llevar a cabo, como formas de terminación del proceso,
preacuerdos y negociaciones entre el imputado o acusado y el fiscal.
10.2.4. Para resolver
el anterior cuestionamiento, la Corte considera necesario abordar los
siguientes temas jurídicos: (i) se recordaran las reglas
jurisprudenciales referentes a la libertad de configuración legislativa en
materia de la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar; (ii)
se reiterará la jurisprudencia constitucional en materia de formas de
terminación anticipada del proceso penal, en particular, frente a los acuerdos
y preacuerdos;  (iii) también se explicará la posición de la
jurisprudencia en relación con la participación de las víctimas en la instancia
de los preacuerdos y negociaciones; (iv) se hará mención del contenido y
alcance de las normas acusadas y se procederá a resolver el cargo evaluando la
constitucionalidad de las normas impugnadas.
10.2.5.
La libertad de configuración legislativa en la definición de la estructura y
funcionamiento de la Justicia Penal Militar
10.2.5.1.
Tal y como explicado en el apartado 6 de las consideraciones de esta sentencia,
la jurisprudencia constitucional, atendiendo a lo previsto en los artículos
125, 150-1-2-23, 217, 218 y 221 de la Constitución Política, ha dejado sentado
que todo lo relacionado con la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal
Militar es materia reservada al legislador, quien para el efecto goza de un
amplio margen de configuración normativa para regular, entre otros aspectos,
el procedimiento que debe seguirse para definir la responsabilidad, y, en
general, todo lo relacionado con los órganos de justicia que integran esa
jurisdicción y con su régimen de personal, incluyendo lo referente a la
creación y supresión de cargos, la forma de provisión, permanencia y retiro, y
la fijación de los requisitos y calidades requeridas para el ejercicio de los
mismos.
10.2.5.2.
También ha precisado al respecto, que la cláusula de competencia para regular
todo lo relacionado con la
estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar, no es absoluta, razón
por la cual debe ser ejercida en forma razonable y proporcional, dentro de los
parámetros específicos que sobre la materia fija la propia Constitución, y con
plena observancia y respeto de los principios y derechos consagrados en la
Carta Política.
10.2.5.3.
En punto a este último aspecto, la jurisprudencia constitucional ha puesto de
presente que, aun cuando orgánicamente la justicia Penal Militar no hace parte
de la estructura de la Rama Judicial, le resultan igualmente aplicables a dicha
jurisdicción especial, todas aquellas garantías que conforman la noción de debido
proceso, y los principios constitucionales que rigen la administración de
justicia, sin perjuicio de las diferencias que legítimamente puedan existir
entre ambas jurisdicciones en otros campos. Al respecto, ha
precisado que entre la jurisdicción penal ordinaria y la penal militar no se
concibe un trato diferenciado en tratándose de asuntos como el sometimiento del
juez a la ley, el respeto por el debido proceso y los principios de
imparcialidad, independencia y autonomía judiciales, en la medida que éstos son
fundamentos connaturales a la función de administrar justicia que ambas
jurisdicciones comparten. No obstante, sí puede el legislador disponer
regulaciones diferentes, por ejemplo, en aspectos tales como la organización y
estructura de cada jurisdicción, el procedimiento que debe respetarse en los
juicios correspondientes y el juzgamiento de los delitos de competencia de cada
una.
10.2.5.4. Lo anterior, sin perjuicio de que también el
legislador, dentro del margen de configuración normativa de que dispone, pueda
introducir instituciones jurídicas propias del sistema penal acusatorio
ordinario a la Justicia Penal Militar, precisamente, sobre la base de la
adopción e implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción especial,
a partir de la expedición de la Ley 1407 del 17 de agosto de 2010, “Por la cual se
expide el Código Penal Militar”.
10.2.6.
Formas de terminación anticipada del proceso penal. Jurisprudencia
constitucional en relación con los preacuerdos y las negociaciones
10.2.6.1.
La jurisprudencia constitucional ha examinado en distintas oportunidades el
tema de los preacuerdos y las negociaciones, como formas de terminación
anticipada del proceso penal. Las principales decisiones sobre la materia,
tanto en el campo del control abstracto de constitucionalidad, como en sede de
revisión de tutela, han tenido lugar con posterioridad a la expedición del
artículo 2 del Acto Legislativo 03 de 2002, mediante el cual se modificó el
artículo 250 de la Constitución Política y se adoptó el sistema penal
acusatorio en la jurisdicción penal ordinaria.
10.2.6.2.
Entre los pronunciamientos más destacados se pueden citar las Sentencias C-1260
de 2005, C-516 de 2007, T-794 de 2007 y C-059 de 2010, donde la Corte ha
estudiado con detenimiento lo referente a la institución de las formas de
terminación anticipada del proceso, a partir de su configuración legal y con
fundamento en las disposiciones superiores, dogmáticas y orgánicas, que guardan
relación con la materia y que, a su vez, sirven de parámetro de control para
determinar si las reglas operativas fijadas por el legislador se ajusten a la
constitución.
10.2.6.3.
Precisamente, en la Sentencia T-966 de 2006, una de las primeras decisiones
sobre la materia, la Corte se refirió a las formas de terminación anticipada
del proceso, destacando que en el “nuevo estatuto procesal penal, Ley
906 de 2004, se contempla la terminación anticipada del proceso, prevista bajo
dos modalidades, las cuales permiten la imposición de sentencia condenatoria
sin el agotamiento total del debate penal, y que ellas se encuentran
perfectamente diferenciadas en su estructura, consecuencias y objetivos
político criminales. Son ellas, (1) el consenso o aceptación de responsabilidad
a través de los preacuerdos y negociaciones entre fiscal y procesado y (2) el
allanamiento o aceptación unilateral de los cargos…”. En la misma decisión,
explicó el alcance de las aludidas formas de terminación anticipada, señalando
que: “[e]n el primer caso [el de
los preacuerdos y negociaciones] se trata de verdaderas formas de negociación
entre el fiscal y el procesado, respecto de los cargos y sus consecuencias
punitivas, las cuales demandan consenso. En el segundo caso, [el del
allanamiento o aceptación de cargos] el presupuesto es la aceptación de los
cargos por parte del procesado, es decir que no existe transacción y en
consecuencia no requiere consenso”.
10.2.6.4.
De igual manera, en la Sentencias C-1260 de 2005, reiterada posteriormente en
la Sentencia C-059 de 2010, la Corte aclaró que la institucionalización per
se de los preacuerdos y negociaciones dentro del proceso penal, y su
regulación por parte del legislador, no resulta contrario a la Constitución
Política y, por tanto, no viola las garantías constitucionales del debido
proceso. En ese sentido, precisó en el fallo que: “la posibilidad de renunciar
a un juicio público, oral, mediante la celebración de acuerdos entre
la fiscalía y el imputado, así como la aceptación de la culpabilidad al inicio
del juicio por parte del acusado, no viola las garantías constitucionales
propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el control de
legalidad del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez de
conocimiento, verificándose la no violación de derechos fundamentales y el cumplimiento
del debido proceso, y que se trata de una decisión libre, consciente,
voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual es
imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado así como que
se actuó en presencia del defensor”. En complemento de lo anterior, la misma
sentencia destacó que el debido proceso se respeta “por cuanto aceptado por el
procesado los hechos materia de la investigación y su responsabilidad como
autor o partícipe, y existiendo en el procesos además suficientes elementos de
juicio para dictar sentencia condenatoria, se hace innecesario el agotamiento
de todas y cada una de las etapas del proceso, por lo que procede dictar el
fallo sin haberse agotado todo el procedimiento, a fin de otorgar pronta y
cumplida justicia, sin dilaciones injustificadas, según así también se consagra
en el artículo 29 de la Constitución”.
10.2.6.5.
En punto al alcance y características de los preacuerdos y negociaciones, uno
de los pronunciamientos de mayor relevancia tuvo lugar en la Sentencia C-516 de
2007, donde la Corte llevó a cabo el estudio de constitucionalidad de los
artículos 348, 350, 351 y 352 del
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), los cuales se ocupan de regular,
precisamente, lo relacionado con los “Preacuerdos
y Negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”. En la
mencionada decisión, la Corte se refirió a los preacuerdos y negociaciones,
desde el punto de vista de su naturaleza, finalidad, objeto, oportunidad,
niveles de intervención de los actores procesales, consecuencias procesales y
controles, fijando las siguientes reglas:
-
los preacuerdos
y las negociaciones representan una vía judicial encaminada a la simplificación
de los procesos mediante la supresión  parcial o total del debate
probatorio y argumentativo como producto del consenso entre las partes del
proceso.
-
Los procesos
simplificados a partir de los preacuerdos y las negociaciones entre las partes
involucradas, no son expresión de una renuncia al poder punitivo del Estado,
pues los mismos están guiados por el propósito de resolver de manera más
expedita el conflicto penal mediante la aceptación, por parte del imputado o
acusado de hechos que tengan  relevancia frente a la ley penal y su
renuncia libre, voluntaria e informada, al juicio oral y público, a cambio de
un tratamiento jurídico y punitivo menos severo por parte del órgano
jurisdiccional.
-
Los preacuerdos
y negociaciones no  incorporan el ejercicio de un  poder dispositivo
sobre la acción penal, sino la búsqueda, a través del consenso, de alternativas
que permitan anticipar o abreviar el ejercicio de la acción penal.
-
La justicia
consensuada, basada en los preacuerdos y las negociaciones, debe estar asistida
por unas finalidades como son la de: “(i) humanizar la
actuación procesal y la pena; (ii) la eficacia del
sistema reflejada en la obtención  pronta y cumplida justicia; (iii) propugnar
por la solución de los conflictos sociales que genera el delito;(iv) propiciar
la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el
injusto; (v) promover la participación del
imputado en la definición de su caso…”.
-
Los preacuerdos
pueden promoverse, en una primera oportunidad, desde la audiencia de
formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de
acusación. Así mismo, una vez presentada la acusación y hasta el momento en que
sea interrogado el acusado en el juicio oral para que fije una oposición sobre
su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos.
-
El objeto sobre
el cual recae el preacuerdo son los hechos imputados y sus
consecuencias, y por su intermedio se busca “que el imputado o acusado se
declare culpable del delito que se le atribuye, o de uno relacionado de pena
menor, a cambio de que el fiscal elimine de su acusación alguna causal de
agravación punitiva, o algún cargo específico, o tipifique la conducta, dentro
de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la
pena”. Sobre esa base, los aspectos respecto de los cuales versa el acuerdo son: “(i) Los
hechos imputados, o alguno relacionado;(ii) la adecuación típica
incluyendo las causales de agravación y atenuación punitiva;  (iii) las
consecuencias del delito (art. 351, inciso 2°) las cuales son de orden penal y
civil”.
-
El control sobre
los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el acusado  o imputado
es judicial, debe ser ejercido por  el juez de
conocimiento, quien verificará si el mismo desconoce o quebranta garantías
fundamentales. Sólo recibirán aprobación y serán  vinculantes para el juez
de conocimiento cuando superen este juicio sobre la satisfacción de las
garantías fundamentales de todos los involucrados en la actuación (Arts. 350
inciso 1° y 351 inciso 4° y 5°).
-
El ámbito y
naturaleza del control que ejerce el juez de conocimiento está determinado por
los principios que rigen su actuación dentro del proceso penal como son el
respeto por los derechos fundamentales de quienes intervienen en la actuación y
la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia; el imperativo
de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la
actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta; así como el imperativo de establecer con objetividad la
verdad y la justicia.
-
El acuerdo o la
negociación comporta el reconocimiento de responsabilidad por parte del
imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y probatorio sobre
el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, consciente, voluntaria y
debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral,
concentrado y contradictorio; y los descuentos punitivos derivados del acuerdo.
-
Una vez
aprobado el acuerdo, lo que procede es convocar a audiencia para dictar la
sentencia correspondiente, mediante la cual se produce la terminación
anticipada al proceso.
10.2.6.6.
En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha considerado
constitucionalmente admisible la celebración de preacuerdos y negociaciones
entre la Fiscalía y el imputado o el acusado, orientados a que se dicte
anticipadamente sentencia condenatoria, sobre la base de que tales institutos
estén asistidas por finalidades específicas, como son las de humanizar la actuación procesal y la
pena; garantizar la eficacia del sistema reflejada en la
obtención  de una pronta y cumplida justicia; propugnar por la
solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación
integral de los perjuicios ocasionados con el injusto; y promover
la participación del imputado en la definición de su caso.
10.2.7.
El derecho de las víctimas a participar activamente en los acuerdos y
negociaciones
10.2.7.1.
En la misma Sentencia C- 516 de 2007, la Corte examinó in extenso el tema referente a la intervención de
las víctimas en los acuerdos y negociaciones llevadas a cabo entre la Fiscalía
y la defensa del acusado. En dicha oportunidad, si bien la Corporación
consideró ajustados a la Constitución los artículos 348, 350, 351 y 352 de la
Ley 906 de 2004, sobre la base de que los  acuerdos y negociaciones no son por
sí mismos contrarios a las disposiciones superiores, lo hizo de manera
condicionada, precisamente, en razón de la garantía de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.  Ello, tras encontrar
que las referidas disposiciones del Código de Procedimiento Penal, no
garantizaban una presencia activa de las víctimas en los preacuerdos y
negociaciones celebrados entre la Fiscalía y el imputado o acusado, pues no
contemplaban un mecanismo de participación de aquellas en estas instancias
procesales, ni siquiera un papel pasivo o una intervención mediada por el
fiscal.
10.2.7.2.
Sobre esa base, en la citada sentencia C-516 de 2007, la Corte declaró la
exequibilidad condicionada de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, “en el
entendido  que la víctima también podrá intervenir en la celebración de
acuerdos y preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual
deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado
de aprobar el acuerdo”. La
decisión adoptada por la Corte en dicha oportunidad, tuvo como fundamento los
siguientes presupuestos fácticos y jurídicos, relacionados con los derechos que
le asisten a las víctimas en el proceso penal, y, particularmente, en la
instancia de la terminación anticipada del proceso:
-
Las víctimas de
los delitos son titulares del derecho a un recurso judicial efectivo que les
garantice sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral;
intervención que debe ser compatible con los rasgos esenciales del sistema de
tendencia acusatoria introducido en la Constitución Política por el Acto
Legislativo 03 de 2002.
-
Conforme con
los derechos que les asisten, las normas que regulan los preacuerdos y las
negociaciones, deben contemplar mecanismos de participación de las víctimas en
estas instancias procesales.
-
No existe una
razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión de la víctima de la facultad
de intervención en los preacuerdos y las negociaciones, como quiera que se
trata de actuaciones que se desarrollan en una fase previa al juicio
oral,  justamente con el propósito de evitar esa etapa mediante una
sentencia anticipada que debe ser, en lo posible, satisfactoria para todos los
actores involucrados en el conflicto.
-
La garantía de
intervención de la víctima en la fase de negociación no tiene la potencialidad
de alterar los rasgos estructurales del sistema adversarial, ni modifica la
calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido, pues con su
intervención en esta fase no se auspicia una acusación privada paralela a
la del fiscal, dado que el acuerdo se basa en el consenso, el
cual  debe ser construido tomando en cuenta el punto de vista de la
víctima.
-
Aun cuando la
Constitución radicó en la Fiscalía la titularidad de la acción penal, y la ley
le asigne un cierto nivel de discrecionalidad, el propiciar la fijación de una
posición por parte de la víctima frente a los preacuerdos  y las
negociaciones, no afecta la autonomía del Fiscal para investigar y acusar, ni
lo desplaza en el ejercicio de las facultades que le son propias. Por el
contrario, la intervención de la víctima le permite a la justicia contar con
una información valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no,
y si hay lugar a rectificar información aportada por la defensa y por la
fiscalía que puede conducir a  evitar una sentencia injusta que no
se  adecue a la verdad de los hechos y su gravedad.
-
No permitir la
participación de la víctima en los preacuerdos y negociaciones, genera una
desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, que
deja en manifiesta desprotección los derechos de las víctimas. Tal situación
implica, a su vez, un incumplimiento por parte del legislador del deber de
configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le
impide asegurar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral.
-
La exclusión de
las víctimas de los procesos de negociación, no contribuye a la humanización de
la actuación procesal, pues implica prescindir del punto de vista del agraviado
o perjudicado en la construcción de un consenso que puede llevar a la
terminación del proceso, escenario en el que se deben hacer efectivos sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
-
La eficacia del
sistema penal no es un asunto que involucre únicamente los derechos del acusado
y los intereses del Estado; pues también están de por medio los derechos de las
víctimas del ilícito. En ese sentido, no se puede predicar la eficacia del
sistema si se priva a la víctima de acceder a un mecanismo que pone fin al
único recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos a la verdad y a
la justicia. Ello, teniendo en cuenta que la titularidad del derecho de
participación en las decisiones que los afectan reposa tanto en el
imputado o acusado como en la víctima o perjudicado.
-
No es posible
activar de manera adecuada la solución del conflicto social que
genera el delito, y propiciar  una reparación integral  de
la víctima, si se ignora su punto de vista en la celebración de un preacuerdo o
negociación.
10.2.7.3. De ese modo, la
jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que en todos los mecanismos de
negociación anticipada, los derechos de las víctimas deben ser garantizados, de
manera que el proceso de negociación de los acuerdos y preacuerdos no puede ser
ajeno a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación, lo cual significa que el juez que los apruebe deberá
escucharlas, tener en cuenta su participación y tomar en consideración sus
intereses.
10.2.7.4. Precisamente, al condicionar la exequibilidad de
los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, la Corte hizo claridad
sobre el particular, al sostener que le exclusión de las víctimas de los
procesos de negociación que concluyen en acuerdos y preacuerdos, afecta
sustancialmente sus derechos a la verdad, a la justica y a la reparación, e
implica un incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el
legislador en relación con las finalidades del proceso, como son: la humanización de la actuación procesal y la pena;
la garantía de eficacia del sistema penal reflejada en la obtención
de una pronta y cumplida justicia; propugnar por la solución de los
conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de
los perjuicios ocasionados con el injusto; y promover la participación del
imputado en la definición de su caso.
10.2.8.
Contenido y alcance de los artículos 109 y 110 de la ley 1765 de 2015. Solución
del cargo y declaratoria de exequibilidad condicionada de los artículos 109 y
110 de la ley 1765 de 2015
10.2.8.1.
Los artículos 109 y 110, acusados en esta causa, hacen parte del Título VIII de
la Ley 1765 de 2015, que contiene disposiciones sobre competencia para el
tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en
la Jurisdicción Especializada Penal Militar. Dentro del mencionado título, a su
vez, las citadas disposiciones se integran al Capítulo II, que se refiere a las
medidas para garantizar la plena operatividad del Sistema penal Acusatorio en
la Justicia Penal Militar.
10.2.8.2.
En ese contexto, las
preceptivas cuestionadas regulan las formas de terminación anticipada del
proceso, particularmente en la modalidad de preacuerdos y acuerdos. En lo que corresponde al artículo
109 de la Ley 1765 de 2015, el mismo adiciona el artículo 491A del Código Penal
Militar (Ley 1407 de 2010), en relación con la posibilidad de llevar a cabo
preacuerdos desde la audiencia de imputación entre el Fiscal Penal Militar y el
imputado o acusado. Respecto del artículo 110 de la misma ley, este modifica el
artículo 493, también del Código Penal Militar, que reglamente las modalidades
de preacuerdos y acuerdos entre el Fiscal Penal Militar y el imputado o
acusado.
10.2.8.3.
Cabe destacar que los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, reproducen
los contenidos de los artículos 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal
ordinario (Ley 906 de 2004), salvo en lo que tiene que ver con las autoridades
que en una u otra jurisdicción tienen a su cargo el proceso de negociación
anticipada, los cuales, a su vez, ya fueron objeto de pronunciamiento por esta
Corporación a través de la Sentencia C-516 de 2007.
10.2.8.4. Sobre el
particular, es menester precisar que, si bien puede encontrarse una identidad
gramatical entre ciertas disposiciones de la Ley 906 de 2004 y las
disposiciones acusadas de la Ley 1765 de 2015, debe tenerse en cuenta, como ya
se afirmó en líneas anteriores, la distinción que la misma Constitución ha
establecido entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar, en
relación con la adscripción de esta última a la Rama Ejecutiva del Poder
Público y con el trato especial que el ordenamiento le reconoce a los miembros
de la fuerza pública en razón a la función especial, exclusiva y excluyente
asignada por la Constitución, cual es la de ejercer el monopolio del poder
coactivo del Estado. Ello determina que, así como se encuentran diferencias
entre la naturaleza jurídica de la jurisdicción penal ordinaria y de la
jurisdicción penal militar, también sus disposiciones cobran un contenido
normativo acorde con sus características y su escenario de aplicación, no
obstante la mencionada identidad gramatical que pueda existir entre normas
contenidas en el Código Penal ordinario y el Código Penal Militar. Tal
situación, entonces, exige que la Corte deba realizar un estudio de
constitucionalidad de las normas acusadas que parta de las características
propias de la jurisdicción penal militar, aun cuando las mismas reproduzcan
disposiciones del Código de Procedimiento penal que, además, ya fueron objeto
de control de constitucionalidad por esta Corporación. Ello, sin perjuicio de
que los criterios fijados por la Corte en su jurisprudencia puedan ser
reiterados en esta oportunidad.
10.2.8.5.
Sobre la base de los anteriores supuestos, como ya se anotó, las normas
acusadas regulan lo relacionado con los acuerdos y preacuerdos. En lo que toca
con el artículo 109, este se ocupa del tema de los “[p]reacuerdos
desde la audiencia de formulación de imputación”, de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 109. Adicionase el artículo 491A a la Ley 1407 de 2010, el cual será del
siguiente tenor:
‘Artículo 491A. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y
hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el
imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación.
Obtenido este preacuerdo, el fiscal penal militar y policial delegado lo
presentará ante el juez penal militar y policial de conocimiento o de
conocimiento especializado como escrito de acusación.
El fiscal penal militar y policial delegado y el
imputado, a través de su defensor podrán adelantar conversaciones para llegar a
un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o
de uno relacionado con pena menor, a cambio de que el fiscal penal militar y
policial delegado:
l. Elimine de su acusación alguna causal de agravación
punitiva, o algún cargo específico.
2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena’.
10.2.8.6. Por su parte, el artículo 110 de la Ley 1765 de 2015,
desarrolla el tema de las “[m]odalidades” de negociación anticipada,
como se anuncia a continuación:
ARTÍCULO 110. Modificase el Artículo 493 de la Ley 1407 de 2010, el cual quedará así:
‘Artículo 493. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de
formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena
imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
También podrán el fiscal penal militar y policial
delegado y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus
consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a
la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el
acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el
inciso anterior.
En el evento que la fiscalía, por causa de nuevos
elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a
los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben
referirse a esta nueva y posible imputación.
Los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado
obligan al juez penal militar y policial de conocimiento o de conocimiento
especializado, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías
fundamentales.
Aprobados los preacuerdos por el juez penal militar y
policial de conocimiento o de conocimiento especializado, procederá a convocar
la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan
resultar de los preacuerdos entre fiscal penal militar y policial delegado e
imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos,
esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.
PARÁGRAFO. Cuando el acusado, previo acuerdo con la
Fiscalía colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen
otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de
delincuencia organizada, tendrá derecho a una rebaja de hasta la mitad de la
pena a imponer.
El mismo beneficio será concedido cuando el imputado
sirva como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes’.”
10.2.8.7.
En relación con las citadas disposiciones, cabe recordar que los argumentos de
los demandantes para cuestionar su constitucionalidad, parte de considerar que,
con la inclusión de los preacuerdos y negociaciones en la Justicia Penal
militar: (i) se están tomando atribuciones que de acuerdo con el
artículo 250 de la Constitución están reservadas a la Fiscalía General de la
Nación, que es la directamente obligada a adelantar el ejercicio de la acción
penal y a investigar los hechos constitutivos de delitos; (ii) se genera
como consecuencia directa la terminación del proceso de juzgamiento y por
consiguiente la cesación de la investigación de las faltas cometidas contra las
víctimas; y (iii) no se garantiza el derecho de las víctimas a
participar en los procesos de negociación anticipada.
10.2.8.8.
Frente a las dos primeras acusaciones, considera la Corte que las mismas no
están llamadas a prosperar, pues, vistas desde una perspectiva general, las
normas acusadas se ajustan a la jurisprudencia constitucional sobre la materia
y no desconocen la Carta Política, en particular, el artículo 150 del citado
ordenamiento Superior.
10.2.8.9.
Conforme ha sido destacado en forma reiterada, lo relacionado con la estructura
y funcionamiento de la Justicia Penal Militar es materia reservada al
legislador, quien para el efecto goza de un amplio margen de configuración
normativa, que lo habilita, entre otros aspectos, para regular todo lo relacionado
con el procedimiento penal especial aplicable y los órganos de justicia que
integran esa jurisdicción, lo incluye también la posibilidad de introducir
instituciones jurídicas que considere adecuadas y necesarias para los fines de
la justicia, como es precisamente el caso de los preacuerdos y acuerdos.
10.2.8.10.
En ese sentido, el solo hecho de que el legislador, a través de los artículos
109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, haya optado por incorporar al sistema penal
acusatorio de la jurisdicción Penal Militar y Policial, la institución de los
preacuerdos y acuerdos, como formas de terminación anticipada del proceso, no
resulta contrario a la Constitución, pues, además, como ya fue definido por la
propia jurisprudencia de esta Corte, los preacuerdos, acuerdos y las
negociaciones anticipadas, por si mismas, no violan las garantías
constitucionales del debido proceso ni resultan contrarias a la Carta Política.
10.2.8.11.
Ahora bien, de manera particular, debe aclarar la Corte que las normas acusadas
no desconocen el artículo 250 Superior, por el hecho de que, según los
demandantes, incluir los preacuerdos y acuerdos en el ámbito de la Justica
Penal Militar, implica una toma de atribuciones que son exclusivas de la
Fiscalía General de la Nación.
10.2.8.12.
A juicio de la Sala, si bien es cierto, como lo afirman los demandantes, que
por expreso mandato del artículo 250 Superior, “la Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revisten las características de un delito...”,
sin que pueda “suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal,
salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de
oportunidad”, no es menos cierto, que, tal y como lo ha sostenido la
jurisprudencia constitucional, a diferencia de lo que ocurre con el principio
de oportunidad, los preacuerdos y las negociaciones no implican una disposición
de la acción penal y su regulación corresponde al legislador.
10.2.8.13.
Además, por expresa disposición constitucional, se encuentran excluidos de la
competencia asignada por el artículo 250 de la Carta a la Fiscalía General de
la Nación, aquellos delitos cuyo conocimiento y juzgamiento es atribuido a la
Justicia Penal Militar en los términos del artículo 221 Superior. Por tanto, la decisión del legislador,
de incluir la figura
de los preacuerdos y acuerdos en el sistema acusatorio de la Justica Penal
Militar, y asignar a la Fiscalía Penal Militar la facultad para liderar el respectivo
proceso de negociación, antes que violar la Constitución Política, lo que hace
es desarrollar sus mandatos especiales sobre la materia.
10.2.8.14.
En ese mismo orden de ideas, para la Corte tampoco encuentra fundamento la
acusación según la cual, incluir
los preacuerdos y acuerdos en el ámbito de la Justica Penal Militar, también
desconoce el artículo 250 de la Carta, en cuanto genera como consecuencia
directa la terminación del proceso de juzgamiento y, por consiguiente, la
cesación de la investigación de las faltas cometidas contra las víctimas.
10.2.8.15. Como ha quedado definido
por la jurisprudencia constitucional citada en este fallo, de acuerdo con su
naturaleza y finalidad, los preacuerdos y las negociaciones representan una vía
judicial encaminada a la simplificación de los procesos mediante la
supresión  parcial o total del debate probatorio y argumentativo como
producto del consenso entre las partes. En ese escenario, tales formas de
terminación anticipada del proceso, no son expresión de una renuncia al poder
punitivo del Estado, pues las mismas están guiadas por el propósito de resolver
de manera más expedita el conflicto penal mediante la aceptación, por parte del
imputado o acusado de hechos que tengan  relevancia frente a la ley penal
y su renuncia libre, voluntaria e informada, al juicio oral y público, a cambio
de obtener un tratamiento jurídico y punitivo menos severo por parte del
operador judicial competente.
10.2.8.16. Desde ese punto de
vista, contrario a lo afirmado en la demanda, los preacuerdos y negociaciones
no  incorporan el ejercicio de un poder dispositivo sobre la acción
penal, sino la búsqueda, a través del consenso, de alternativas que permitan
anticipar o abreviar el ejercicio de la acción penal. En consecuencia, a través
de la figura de los preacuerdos y acuerdos anticipados, el Estado no está
renunciando a investigar y juzgar las conductas punibles, pues, en realidad, el
objetivo y finalidad de tales figuras, se reitera, es definir en forma pronta y
rápida la controversia penal causada con el ilícito, a cambio de lo cual se
obtiene en favor del implicado un tratamiento punitivo menos severo, sin que
ello implique afectar los derechos de las víctimas.
10.2.8.17.
Ahora bien, con respecto a la tercera acusación que formulan los actores contra
los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, consistente en sostener que en
ellos no se garantiza
la participación de las víctimas en los preacuerdos y acuerdos anticipados,
pues ninguna de sus contenidos normativos van en esa dirección, la Corte
advierte que, por ese aspecto, las referidas normas presentan problemas de
constitucionalidad.
10.2.8.18.
Como ya fue reseñado, los artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, que
regulan lo relacionado con los acuerdos y preacuerdos en el ámbito de la
Justicia Penal Militar, reproducen los contenidos de los artículos 350 y 351
del Código de Procedimiento Penal ordinario (Ley 906 de 2004), salvo en lo que
hace referencia a las autoridades que en una u otra jurisdicción tienen a su cargo
el proceso de negociación anticipada; esto es, la Fiscalía General de las
Nación en la jurisdicción penal ordinaria y la Fiscalía Penal Militar y
Policial en la jurisdicción penal especializada.
10.2.8.19.
Según quedó también anotado, los artículos 350 y 351 del Código de
Procedimiento Penal ordinario, fueron objeto de pronunciamiento por la Corte en
la Sentencia C- 516 de 2007, en la cual se llevó a cabo su estudio de
constitucionalidad. En dicho pronunciamiento, si bien la Corporación consideró
que tales disposiciones se ajustaban a la Constitución, sobre la base de que
los instrumentos de negociación anticipada no son por sí mismos contrarios a
las garantías superiores, procedió a declarar su exequibilidad condicionada,
precisamente, tras encontrar que las referidas disposiciones no garantizaban
una presencia activa de las víctimas en los preacuerdos y acuerdos celebrados entre
la Fiscalía y el imputado o acusado, pues no contemplaban un mecanismo de
participación de aquellas en estas instancias procesales, ni siquiera un papel
pasivo o una intervención mediada por el fiscal.
10.2.8.20.
En los fundamentos de la aludida decisión, la Corte hizo claridad en el sentido
de sostener que las
víctimas de los delitos son titulares del derecho a un recurso judicial
efectivo que les garantice sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral. Con base en ello, sostuvo que la exclusión de las
víctimas de los procesos de negociación que finalizan en acuerdos y
preacuerdos, afecta sustancialmente los mencionados derechos e implica un
incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el legislador en
relación con las finalidades del proceso, como son: la humanización de
la actuación procesal y la pena; la garantía de eficacia del sistema penal
reflejada en la obtención de una pronta y cumplida justicia;  el
propósito de lograr la solución de los conflictos sociales que genera el
delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios
ocasionados con el injusto; y promover la participación del
imputado en la definición de su caso.
10.2.8.21. Al respecto, aclaró
también, que la garantía de intervención de la víctima en la fase de
negociación no tiene el efecto de alterar los rasgos estructurales del sistema
adversarial, así como tampoco de modificar la calidad de la víctima como
interviniente especialmente protegido, pues su participación en esta fase no
auspicia una acusación privada paralela a la del fiscal, en razón a que el
acuerdo se basa en el consenso, el cual, en todo
caso, debe ser construido tomando en cuenta el punto de vista de la
víctima. Agregó, además, que aun cuando la Fiscalía tiene la titularidad de la
acción penal, propiciar la fijación de una posición por parte de la víctima
frente a los preacuerdos  y las negociaciones, antes que afectar la
autonomía de dicha institución para investigar y acusar, le permite a la
justicia contar con una información valiosa para establecer si la pena
propuesta es aceptable o no, y si hay lugar a rectificar información aportada
por la defensa y por la fiscalía que puede conducir a  evitar una
sentencia injusta que no se  adecue a la verdad de los hechos y a su
gravedad.
10.2.8.22.
Sobre esas bases, en la citada Sentencia C-516 de 2007, la Corte declaró la
exequibilidad condicionada, entre otros, de los artículos 350 y
351 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido  que la víctima también
podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la Fiscalía y
el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su
celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo”.
10.2.8.23. En el caso de los
artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, al igual que lo ocurrido con los
artículos 350 y 351 de la Ley 906 de 2004, la Corte advierte que su contenido
presenta el mismo déficit de protección frente a los derechos de las
víctimas  a la verdad, a la justicia y a la reparación, pues las mencionadas
normas no incluyen a la víctima dentro de los actores procesales que pueden
intervenir en los preacuerdos y negociaciones, ni en ellas se adoptan medidas
dirigidas a garantizar su conocimiento y participación en dichos actos
procesales.
10.2.8.24. En efecto, revisado con
especial detenimiento el contenido de los citados artículos 109 y 110 de la ley
1765 de 2015, no advierte la Corte que ellos contemplen la obligación del
Fiscal de consultar previamente a la víctima sobre la proposición de un
preacuerdo al imputado, como tampoco incluyen un deber de comunicación a la
víctima sobre la existencia del preacuerdo una vez este se materialice (art.
109). De igual manera, las normas no consagran en favor de la víctima facultad
alguna para intervenir en la negociación, al igual que no prevén un mecanismo
de intervención oral o escrita de la víctima ante el juez competente al momento
en que el acuerdo es sometido a su aprobación (arts. 109 y 110). Finalmente, al
condicionar la aprobación del acuerdo por parte del juez de conocimiento a la
preservación de las garantías fundamentales, no se hace explícita la extensión
de ese control a la satisfacción de los derechos de las víctimas (art. 110).
10.2.8.25.
En ese orden, reiterando lo expresado por la Corte en la Sentencia C-516 de
2007, si bies cierto que la víctima no cuenta con un poder de veto frente a los
preacuerdos y acuerdos celebrado entre la Fiscalía y el imputado, en todo caso,
si debe ser oída por el Fiscal y por el juez que controla la legalidad
del acuerdo, “con el  propósito de lograr una mejor aproximación a los hechos,
a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el
acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima”. De la
misma manera, una vez celebrado el acuerdo, “la víctima debe ser informada del
mismo a fin de que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento
cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobación”. También, en la valoración
del acuerdo con miras a su aprobación, le corresponde al juez velar porque el
mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o
acusado como de la víctima.
10.2.8.26.
En consecuencia, se reitera, las normas acusadas, en la medida que no
garantizan la participación e intervención de las víctimas en los procesos de
negociación de preacuerdos y acuerdos, desconocen su derecho a un recurso
judicial efectivo y, por esa vía, los derechos a la verdad, a la justicia y a
la reparación integral.
10.2.8.27.
A este respecto, considera la Corte importante aclarar, en plena
correspondencia con la posición de la demanda y algunos intervinientes, que la
protección de los derechos de las víctimas que se predica de los procesos
ordinarios, se extienden también a todas las actuaciones que se surtan al
interior de la Justicia Penal Militar y Policial, pues las garantías procesales
en general, y en particular las de las propias víctimas, deben aplicarse en
cualquier procedimiento, sin importar su naturaleza y especialidad, con el fin
de  garantizar el ejercicio legítimo de los derechos en ellos involucrados y
que pueden resultar afectados. Como ha sido señalado por la jurisprudencia en
forma reiterada, aun cuando orgánicamente la justicia Penal Militar y Policial
no hace parte de la estructura de la Rama Judicial, le resultan igualmente
aplicables a dicha jurisdicción especial, todos aquellos derechos y garantías
que conforman la noción de debido proceso, así como también los principios
constitucionales que rigen la administración de justicia, en particular los de
acceso a la justicia, derecho a la defensa y respeto por los derechos (Ley 270
de 1996. Arts. 2, 3 y 9).
10.2.8.28.
Por las razones expuestas, siguiendo la posición adoptada por la Corte en la
Sentencia C-516 de 2007, esta Corporación procederá a declarar la exequibilidad
condicionada, por los cargos analizados, de los artículos 109 y 110 de la Ley
1765 de 2015, en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la
celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía Penal Militar y el
imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración
por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo, quien para
su aprobación velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías tanto
del imputado o acusado, como de las víctimas.
10.3. Cargos contra los artículos
294, 298 y 299 de la Ley 1407 de 2010
10.3.1. En relación con las
acusaciones formuladas contra las disposiciones de la Ley 1407 de 2010,
previamente, es preciso tener en cuenta que, en lo que respecta a los reproches
elevados contra los artículos 294, 298 y el numeral 4 del 299, los accionantes
fundamentan sus solicitudes en el hecho que la Corte, en la Sentencia C-516 de
2007, ya se había pronunciado sobre idénticos contenidos normativos cuando
examinó la constitucionalidad de, entre otros, los artículos 132, 136, 137 de
la Ley 906 de 2004, razón por la cual, consideran, respecto de los artículos
acusados, que, preliminarmente, opera el fenómeno de la cosa juzgada material.
10.3.2. En este punto, cabe
reiterar lo señalado en el apartado anterior, en el sentido de precisar que, si
bien puede encontrarse una identidad gramatical entre ciertas disposiciones de
la Ley 906 de 2004 y las acusadas en esta oportunidad, es importante tener en
cuenta la distinción que la propia Constitución ha establecido entre la
justicia penal ordinaria y la justicia penal militar, en relación con la
adscripción de esta última a la Rama Ejecutiva del Poder Público y con el trato
especial que el ordenamiento le reconoce a los miembros de la fuerza pública en
razón a la función especial, exclusiva y excluyente, asignada por la Carta, de
ejercer el monopolio del poder coactivo del Estado. Ello determina que, así
como se encuentra una distinción entre la naturaleza jurídica de la
jurisdicción penal ordinaria y de la jurisdicción penal militar, también sus
disposiciones cobran un contenido normativo acorde con sus características y su
escenario de aplicación, no obstante la mencionada identidad gramatical que
pueda existir entre normas contenidas en el Código Penal ordinario y en el
Código Penal Militar. Esta situación, entonces, le impone a la Corte el deber
de llevar a cabo el estudio de constitucionalidad de las normas acusadas,
tomando en consideración, en lo que corresponda, las características propias de
la jurisdicción penal militar, sin que ello implique desconocer las reglas de jurisprudencias
fijadas por la Corte y que le resulten también aplicables a la jurisdicción
penal especial.
10.3.3. Este escenario,
conduce a que no opere la figura de la cosa juzgada material a la que hacen
referencia los accionados en relación con la expresión “directo”
contenida en el artículo 294 de la Ley 1407 de 2010, y con el numeral 4 del
artículo 299 de ese mismo ordenamiento, en la medida en que, como lo sostienen,
en la Sentencia C-516 de 2007, la Corte declaró la inexequibilidad de los
mismos textos que ahora se demandan y que estaban contenidos en los artículos
132, y en el numeral 4 del artículo 137 de la Ley 906 de 2004. Ello, por cuanto
la jurisprudencia constitucional ha sido clara al afirmar, sobre la cosa
juzgada material, que “pese a que el texto sea el mismo, si el contexto
normativo en el que se reproduce es diferente, no cabe hablar de cosa juzgada
material”[60].
Así las cosas, la Corte ha señalado que, aunque la reproducción del texto
normativo pueda ser igual, si del contexto se deduce un contenido normativo
diferente, como ocurre precisamente en el asunto bajo examen, se entiende que
no hay una reproducción de la norma sobre la cual opere la cosa juzgada
material.[61]
10.3.4. A la luz de lo
anterior, la Sala advierte que, no obstante que no se presenta el fenómeno de
la cosa juzgada material alegada por los actores, en relación con los reproches
elevados contra el artículo 294 y el numeral 4 del artículo 299 de la Ley 1407
de 2010, tal imprecisión en el escrito de demanda no afecta los cargos que, en
todo caso, los accionantes formularon contra las disposiciones mencionadas a
partir de los argumentos contenidos en la parte considerativa de la misma
Sentencia C-516 de 2007, y que serán resueltos junto con las demás
controversias constitucionales planteadas en contra de las normas de la Ley
1407 de 2010. Así cosas, procede la Corte a resolver los cargos sobre cada una
de ellas.
10.3.5. Pues bien, hecha la
anterior precisión, cabe también destacar que, en la medida que las normas
acusadas, los artículos 294,
298 y 299 de la Ley 1407 de 2010, tienen un contenido distinto, y a su vez los
cargos que se presentan en su contra son independientes y autónomos, los mismos
serán analizados en forma independiente.
10.3.6. Sobre el reproche
contra la expresión “directo”  contenida en el artículo 294 de la Ley
1407 de 2010, los actores afirman que, de conformidad con lo indicado en la
Sentencia C-516 de 2007, restringir el concepto de víctima solamente a quienes
hayan sufrido un daño “directo” afecta el criterio amplio de víctima que
ha sido definido por la jurisprudencia constitucional, y, con ello, se
menoscaba su participación en el proceso penal militar. En consecuencia,
solicitan a esta Corte que declare la inexequibilidad de dicho término.
10.3.6.1. En el mismo
sentido se pronunciaron quienes en su intervención se refirieron a dicho cargo
-el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Universidad
Libre y el Procurador General de la Nación- para solicitar que, tal y como la
Corte lo declaró en la Sentencia C-516 de 2007, la expresión acusada resultaba
restrictiva de los derechos de las víctimas, por lo que la misma debía
declararse inexequible.
10.3.6.2. Así las cosas, el
problema jurídico que le corresponde determinar a la Corte, es definir si el
aparte acusado del artículo 294 de
la Ley 1407 de 2010, viola los derechos constitucionales de las víctimas en los
procesos de competencia de la justicia penal militar, por el hecho de reconocer
la condición de víctima, solo a las personas que “hayan sufrido algún daño
directo como consecuencia del injusto”.
10.3.6.3. La anterior
cuestión exige un acercamiento al concepto de víctima en los términos de la
Constitución y de las precisiones incorporadas por la jurisprudencia de esta
Corporación, con el fin de determinar si la expresión acusada significa una
restricción contraria a los principios y contenidos constitucionales.
10.3.6.4. Esta fue la
aproximación que hizo la Corte en la Sentencia C-516 de 2007, al realizar el
estudio de constitucionalidad del artículo 132 de la Ley 906 de 2004, cuyo
texto original, que incluía la misma expresión que en esta oportunidad se
acusa, coincide con el artículo 294 de la Ley 1407 de 2010. En aquella ocasión,
esta Corporación partió del hecho de que la Constitución no contiene una
definición expresa del concepto de víctima, sin embargo, era de advertirse que
en el numeral 6 del artículo 250 Superior se incluyó como una de las funciones
de la Fiscalía General de la Nación la de solicitar
ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las víctimas, y resaltó el aparte de la norma referido a las
medidas de la Fiscalía orientadas a la reparación integral a los afectados con
el delito.
10.3.6.5. Adicionalmente, el
artículo 250 de la Constitución contiene otras formas de  proteger a las
víctimas que no fueron advertidas en la Sentencia C-516 de 2007, como es el
caso del numeral 1 que impone a la Fiscalía el deber de solicitar al juez la
protección a las víctimas, y del parágrafo 2º  incluido con posterioridad al
mentado fallo por el Acto Legislativo 06 de 2011 en el que se da la posibilidad
para que las víctimas ejerzan la acción penal en los casos regulados por el
legislador. Empero, es de observarse que en tales normas no se hace un
acercamiento preciso al concepto de víctima, de las que se pueda hacer un
juicio de constitucionalidades la norma acusada.
10.3.6.6. Lo anterior rescata la
importancia de las víctimas en el proceso penal, y la ausencia de una
definición precisa en la Constitución Política. De manera que, en estos
términos, en la Sentencia C-516 de 2007, la Corte se remitió al Derecho
Internacional para plantear, a partir del conjunto de directrices impuestas por
la Organización de Naciones Unidas (ONU), una definición amplia, según la cual
se considera víctima a
toda persona que hubiese sufrido un daño a consecuencia del delito. En estos
términos, indicó esta Corporación en aquella oportunidad, que en el marco de la
implementación de la justicia transicional por la incorporación del sistema
penal acusatorio, la jurisprudencia constitucional con apoyo en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha referido a las víctimas, o
perjudicados, como aquellas personas afectadas por un delito directamente y sus
familiares “sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas
del delito, el grado de relación o parentesco”.
10.3.6.7. En la Sentencia
C-516 de 2007 también se hizo referencia al concepto de víctima a partir de la
posibilidad de que en el proceso penal intervengan “en condición de víctima,
perjudicado o “afectado con el delito”, en la acreditación de un daño real,
concreto y específico”. De manera que, a partir de todo ello, en esta
oportunidad la Corte definió los criterios que regulan el alcance del concepto
de víctima, en el siguiente sentido:
“(i)
Conforme al texto constitucional, en desarrollo del principio de dignidad, del
derecho de participación y del derecho a un recurso judicial efectivo, tienen
acceso a la asistencia, al restablecimiento del  derecho y a la reparación
integral tanto las víctimas como los afectados con el delito (Art. 250.2 C.P.);
(ii) la tendencia en el derecho internacional es la de definir la condición de
víctima a partir del daño sufrido como consecuencia del crimen; (iii) esta
Corporación tiene una jurisprudencia consolidada, que se constituye en
precedente, conforme a la cual son titulares de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación las víctima y los perjudicados que acrediten un daño
real, concreto y específico como consecuencia de la conducta criminal”.
10.3.6.8. Esta concepción,
que circunscribe el concepto de víctima a quien sufra un daño por causa de un
delito, sin que se especifique o restrinja a algún tipo o manifestación del
daño, ha sido desarrollada por la jurisprudencia con posterioridad a la
Sentencia C-516 de 2007.
10.3.6.9. En efecto, en la
Sentencia C-052 de 2012, se examinó la constitucionalidad del  segundo inciso
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, “[p]or la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en relación con el
alcance del concepto de víctima en el escenario del conflicto armado, a
personas afectadas por la comisión del delito de manera indirecta, pues la
norma acusada restringía tal calidad a cierto grado de consanguinidad y civil
con la víctima directa. En estos términos, la Corte pasó a analizar si se podía
considerar víctima a cualquier persona que hubiera sufrido un daño de manera
indirecta,  y no sólo a quienes se definan según los criterios del legislador.
A lo que esta Corporación indicó:
“(…)
se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un
daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina a
continuación. Así, pese a que existen también otros criterios relevantes, el
concepto de daño es el más significativo de todos, pues es de la acreditación
de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren ser reconocidas
como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en esta
normativa”. (Resaltado del original).
10.3.6.10. Paralelamente,
el mismo fallo puntualizó que el concepto de daño “es amplio y comprehensivo,
pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como fuente
generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante,
el daño moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el
desamparo derivado de la dependencia económica que hubiere existido frente a la
persona principalmente afectada, así como todas las demás modalidades de daño,
reconocidas tanto por las leyes como por la jurisprudencia, ahora o en el
futuro”.
10.3.6.11. A la luz de lo
anterior, cabe advertir que el daño como definidor del concepto de víctima, no
ha sido restringido por la jurisprudencia constitucional a sus tipologías o
manifestaciones, ni tampoco se ha predicado exclusivamente de la persona
directamente afectada, pues, al decir de la Sentencia C-052 de 2012, “la noción
de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado
sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que
directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite
que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente
lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una
situación desfavorable, jurídicamente relevante”.
10.3.6.12. En tales
términos, esta Corporación definió que el concepto de víctima debía entenderse,
además de quien sufra el daño de manera directa, de manera general, de “todas
aquellas personas que hubieren sufrido daño como consecuencia de los hechos
victimizantes”. En este contexto, la Corte no sólo reconoció el concepto de
víctima indirecta, en los términos que ya lo incluía la disposición acusada
entonces, sino que lo amplió más allá de los vínculos civiles o grados de
consanguinidad con la víctima directa, a un criterio general derivado del daño
causado a cualquier persona.
10.3.6.13. Por otra parte,
en la Sentencia C-781 de 2012, la Corte resolvió sobre la constitucionalidad
del primer inciso del mismo artículo 3° de la Ley 1448 de 2011,  en relación
con la delimitación que la norma hace del concepto de víctima en el contexto del
conflicto armado. Al respecto, la Corte consideró que la exclusión de las
víctimas fuera de tal contexto no resultaba violatorio del principio de
igualdad, por cuanto estas personas podían acudir a otras herramientas y
mecanismos de protección distintos a los previstos en la Ley 1448 de 2011. Para
tal efecto, esta Corporación hizo referencia al concepto amplio de víctima
dentro del escenario del Derecho Internacional Humanitario, lo cual determinaba
que, no obstante que no accedieran a las garantías que el legislador había
creado para situaciones de conflicto armado, por ello no perdían su condición
como tales y, en consecuencia, gozaban de las protecciones que en su calidad de
víctimas en todo caso tenían derecho.
10.3.6.14. Por todo lo anterior, es
posible avistar que el concepto de víctima incluye a todas las personas que
sufran un daño a causa de la comisión de un delito. Así las cosas, no se
observa que, a partir de la inclusión de las víctimas en la Constitución a
través de las normas que protegen sus derechos en el proceso penal, y la
definición del mismo concepto en el Derecho Internacional y en la
jurisprudencia constitucional, se incluyan exclusiones en razón a alguna
calificación sobre el tipo de daño o la imputación subjetiva que se haga del mismo.
Todo lo contrario, la jurisprudencia previamente comentada es clara en afirmar
que el concepto de víctima se construye sobre la realización de un daño en
sentido amplio, es decir, en cualquiera de sus posibles manifestaciones causado
de manera directa o indirectamente.
10.3.6.15. De manera concreta, para
lo que corresponde a la presente causa, la Sala advierte que, en la medida en
que el daño puede causase directamente sobre quien sufre la conducta delictiva,
como a personas que resulten afectadas de manera indirecta, la jurisprudencia
constitucional ha sido clara en que el concepto de víctima se extiende a ambos
supuestos. En tal sentido, se pronunció esta Corporación en la mencionada
Sentencia C-516 de 2007, en la que se declaró inconstitucional la expresión “directo”
que calificaba el daño como definidor de las víctimas en el proceso penal. Al
respecto, indicó la Corte que “la
calificación que el precepto introduce al daño – daño “directo” – como único
generador de responsabilidad, restringe el alcance del concepto de víctima o
perjudicado que ha acuñado la jurisprudencia constitucional”. Así pues, basta
con que el daño sea “cierto y  la persona que reclama debe ser la misma
que resultó perjudicada, aunque no tuviere la titularidad jurídica sobre el
bien lesionado”.
10.3.6.16. Se indicó con
claridad en la providencia en comento que “[e]n cuanto al carácter ‘directo’
del perjuicio, se ha considerado que tal cualidad no constituye un elemento o
condición de existencia del daño, sino que plantea un problema de imputación,
en cuanto pone de manifiesto el nexo de causalidad que debe existir entre el
daño y el comportamiento de una persona. De tal manera que cuando el legislador
en el artículo 132 asigna al daño el calificativo de ‘directo’ para el
sólo efecto de determinar la calidad de víctima, está condicionando tal calidad
a la concurrencia de un elemento de imputación que corresponde a un análisis
posterior que debe efectuar el juez, al determinar tanto la responsabilidad
penal como la civil del imputado o acusado”.
10.3.6.17. Sobre esa base,
la Corte concluyó que “[e]ste calificativo indudablemente restringe de manera
inconstitucional la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso
penal y su derecho a un recurso judicial efectivo. La determinación de la
calidad de víctima debe partir de las condiciones de existencia del daño, y no
de las condiciones de imputación del mismo”.
10.3.6.18. Así las cosas, la Sala
pone de presente que estas consideraciones resultan enteramente aplicables a la
definición de las víctimas en el escenario de la justicia penal militar, y que
de las distinciones comentadas previamente entre ésta y la justicia penal
ordinaria, no se justifica una exclusión en el concepto de víctima que ha sido
desarrollado por la jurisprudencia a la luz de los principios constitucionales.
Es decir que, en la medida en que la diferenciación en la aplicación de una
jurisdicción y otra está dada, en términos generales, por el sujeto que realiza
la conducta punible en relación con el ejercicio de la función, esta situación
no altera la afectación producida a consecuencia del injusto, y en ningún
sentido constituye una justificación constitucionalmente aceptable para
restringir el concepto de víctima en los delitos contenidos en el Código Penal
Militar sólo al daño directo.
10.3.6.19. En efecto, si bien la
jurisdicción penal militar activa unas competencias en la investigación,
acusación  y juzgamiento, y un fuero en relación con el sujeto pasivo de la
acción penal, ello no altera la ocurrencia del daño que de manera directa o
indirectamente sufran personas naturales o jurídicas, en los términos definidos
por esta Corporación.
10.3.6.20. Por todo lo apuntado, la
Sala declarará
la inexequibilidad de la expresión “directo” contenida en el artículo
294 de la Ley 1407 de 2010.
10.3.7. En relación con el
artículo 298 de la Ley 1407 de 2010, los actores aducen que el legislador
incurrió en una omisión legislativa, toda vez que en la disposición no
incluyó el derecho de las víctimas a recibir información sobre la aplicación
del principio de oportunidad. Lo anterior, indican, desconoce las garantías que
la Constitución reconoce a favor de las víctimas en los artículos 29, 93 y 299,
orientadas a que los derechos de las víctimas sean reconocidos en todas las
etapas procesales. Al respecto, además, los accionantes llaman la atención en
que dicha omisión legislativa se hace evidente por cuanto el legislador,
al reproducir el artículo 136 de la Ley 906 de 2004, en el artículo 298 de la
Ley 1407 de 2010, excluyó el numeral 11 de aquella ley que hacía referencia al
derecho comentado.
10.3.7.1. Sobre esta
cuestión, coinciden los intervinientes que se pronunciaron en relación con este
cargo -Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación y el Procurador
General de la Nación- al afirmar que efectivamente el artículo 298 de la Ley
1407 de 2010 había omitido el derecho de información a la víctima en relación
con la aplicación del principio de oportunidad, y en tal sentido, solicitan que
la disposición sea declarada exequible, con la condición de que se incluya el
deber de la Fiscalía General Penal Militar y Policial de escuchar y suministrar
información relacionada con la posibilidad de dar aplicación al principio de
oportunidad, a quien demuestre al menos sumariamente la calidad de víctima
10.3.7.2. En estos
términos, corresponde a la Corte definir como problema jurídico, si el artículo
298 de la Ley 1407 de 2010, afecta los derechos constitucionales de las
víctimas, al no haber dispuesto que la Fiscalía General Penal Militar debe
escuchar y suministrar información relacionada con la posibilidad de dar
aplicación al principio de oportunidad, a quien demuestre al menos sumariamente
la calidad de víctima.
10.3.7.3. Esta cuestión,
parte del derecho de las víctimas a recibir información por parte de la
Fiscalía General Penal Militar, sobre los asuntos que enumera el mencionado
artículo 298, a saber:
“1.
Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo y de qué tipo puede
ser este.
2.
El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella y su papel en las
actuaciones subsiguientes.
3.
El modo y las condiciones en que puede pedir y obtener protección.
4.
Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o a asistencia
jurídica, asistencia o a asesoría psicológica u otro tipo de asesoría.
5.
Los requisitos para acceder a una indemnización.
6.
Los mecanismos de defensa que puede utilizar.
7.
El trámite dado a su denuncia o querella.
8.
Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión,
seguir el desarrollo de la actuación.
9.
La fecha y el lugar del juicio oral.
10.
El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral.
11.
La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y
sentencia.
12.
La sentencia del juez.
También
adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo
para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la
puesta en libertad de la persona inculpada”.
10.3.7.4. Visto el
contenido de la norma citada, se advierte que, en efecto, la misma no incluye
el derecho de las víctimas, que demuestren tal calidad, a recibir información
por parte de la Fiscalía General Penal Militar sobre la aplicación del principio
de oportunidad. Tal omisión podría resultar relevante desde el punto de vista
constitucional, particularmente, si se tiene en cuenta que la ley materia de
estudio en la presente causa, Ley 1765 de 2015, implementó la aplicación del
referido principio en el ámbito de la Justicia Penal Militar y Policial.
10.3.7.5. Ciertamente, aun
cuando el Código Penal Miliar, la Ley 1407 de 2010, no incorporó el principio
de oportunidad en el ámbito de esa Jurisdicción, la ley demandada, la citada
Ley 1765 de 2015, mediante la cual se reestructuró la Justicia Penal Militar y
Policial, si introdujo el principio de oportunidad en la justicia Penal Militar
y Policial, a través de distintas normas a saber: (i) en el
artículo 30, al incluir como una de las funciones de los fiscales penales
militares y policías delegados, aplicar el principio de oportunidad; (ii)
en el artículo 111, al establecer la adecuación de la aplicación del principio
de oportunidad a la política criminal del Estado; (iii) en el
artículo 112, al consagrar la obligación de la Fiscalía General Miliar y
Policial de perseguir a los responsables de los hechos de conductas punibles,
excepto el evento en que se aplica el principio de oportunidad; (iv)
en el artículo 113, al prever la posibilidad de la aplicación del principio de
oportunidad para que, en determinados supuestos, la Fiscalía General Miliar y
Policial suspendiera, interrumpiera o renunciara a la persecución penal; (v)
en el artículo 114, al fijar las causales de aplicación del principio de
oportunidad; (vi) en el artículo 115 al fijar como una
manifestación del principio de oportunidad, la posibilidad para que el imputado
o acusado solicitara la suspensión del procedimiento a prueba; (vii) en
el artículo 117, al regular el control judicial en la aplicación del principio
de oportunidad; (viii) en el artículo 118, al consagrar la
participación de las víctimas en la aplicación del principio de oportunidad;
(ix) en el artículo 119, al describir los efectos de la
aplicación del principio de oportunidad y, por último, (x) en el
artículo 120, al facultar al Fiscal Penal Militar y Policial para reglamentar
la aplicación del principio de oportunidad, de conformidad con la Constitución
y la ley.
10.3.7.6. Tal compendio
normativo determinaba, entonces, la inclusión y aplicación del principio de
oportunidad en la Justicia Penal Militar y Policial, incluyendo la expresa
disposición de que las víctimas tuvieran participación en su práctica (art.
118). Sin embargo, en reciente pronunciamiento, concretamente en la Sentencia
C-326 del 22 de junio de 2016, al resolver sobre una demanda de
inconstitucionalidad presenta contra los artículos 30 (parcial), 111, 112
(parcial), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 de 2015, esta
Corporación declaró inexequible las citadas disposiciones, tras considerar que
resultaba contrario al artículo 250 de la Constitución Política, la posibilidad
de aplicar el principio de oportunidad dentro del ámbito de la Jurisdicción
Penal Militar y Policial. Sobre este particular, en el acápite correspondiente
a las conclusiones del fallo, dijo la Corte en la citada Sentencia C-326 de
2016:
“Teniendo
en cuenta que, tanto de la aplicación de los métodos histórico, sistemático y
teleológico de interpretación en torno al contenido del vigente artículo 250
superior, como de las exigencias y graves implicaciones que rodearían la
aplicación del principio de oportunidad en el ámbito de la justicia penal
ordinaria y/o penal militar, se concluye que se requeriría de una expresa
previsión constitucional que permita su incorporación en cada uno de estos
ámbitos, y considerando que el referido artículo 250 solo contempla la
aplicación de este mecanismo para los procesos a cargo de la Fiscalía General
de la Nación y la jurisdicción penal ordinaria, al paso que ni esta ni ninguna
otra norma constitucional autoriza la posibilidad de aplicar esa misma figura
dentro del ámbito de la justicia penal militar, sino que, por el contrario, su
valoración en los términos consignados en este fallo, se traduce en su
prohibición en esta última especialidad, la Corte determinó que el desarrollo
legislativo contenido en los apartes acusados de los artículos 30 y 112, además
de la totalidad de los artículos 111 y 113 a 120 de la Ley 1765 de 2015,
resulta contrario al referido texto constitucional.”
10.3.7.7. Como consecuencia
de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 30 (parcial), 111,
112 (parcial), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 de 2015,
en la Sentencia C-326 de 2016, una conclusión lógica se impone: que el
principio de oportunidad dejo de tener vigencia en el ámbito de la Justicia
Penal Militar y Policial, lo que significa que el mismo no se aplica en dicha
jurisdicción especial.
10.3.7.8. Bajo ese
entendido, el pronunciamiento adoptado en la citada Sentencia C-326 de 2016,
tiene un efecto determinante en la decisión que le corresponde adoptar a la
Corte en la presente causa, particularmente, si se considera que la acusación
formulada en contra del artículo 298 de la Ley 1407 de 2010, parte de
considerar que la referida norma vulnera los derechos constitucionales de las
víctimas, al haber omitido el derecho de estas a recibir información por parte
de la Fiscalía General Penal Militar y Policial sobre la aplicación del principio
de oportunidad. Por lo tanto, ante la inoperancia del principio de oportunidad
en el procedimiento penal militar y policial, no cabe, por sustracción de
materia, hacer un reproche de la norma acusada en los términos referidos por
los demandantes.
10.3.7.9. En otras
palabras, la declaratoria de inexequibilidad contenida en la Sentencia C- 326
de 2016, excluye, en los términos definidos en la misma providencia, la
aplicación del principio de oportunidad en el proceso penal militar, de lo cual
se deriva que no pueda plantearse la duda sobre la exigibilidad de un derecho a
que las víctimas sean informadas sobre un procedimiento que, bajo la
normatividad vigente, es inexistente.
10.3.7.10. Esto último
también permite inferir que no resulta posible la comparación que los
accionantes promueven entre la disposición acusada y el artículo 136 de la Ley
906 de 2004, el cual sí incluye el derecho de las víctimas a que sean
informadas en relación con la aplicación del principio de oportunidad, toda vez
que, a diferencia de la Jurisdicción Penal Militar y Policial, la jurisdicción
penal ordinaria sí prevé la aplicación de dicho principio.
10.3.7.12. A la luz de lo
anterior, en la medida que la institución jurídica del principio de oportunidad
ya no hace parte de la Jurisdicción Penal Militar y Policial, al haber sido
declarada inexequible en la Sentencia C-325 de 2016, la Corte debe abstener de
emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada contra
el artículo 298 de la Ley 1407 de 2010, por carencia actual de objeto.
10.3.8. Por otra parte, los
demandantes solicitan la declaratoria de inexequibilidad del numeral 4º del
artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, con fundamento en que tal y como lo había
dispuesto esta Corporación en la Sentencia C-516 de 2007, en relación con el
numeral 4º del artículo 137 de la Ley 906 de 2004, la intervención de una
pluralidad de víctimas en la etapa investigativa, en ningún caso suponía una
carga desproporcionada para el procesado, y en cambio podía contribuir a la
búsqueda de la verdad y a garantizar los derechos de las víctimas dentro del
proceso.
10.3.8.1. Al respecto, los
intervinientes que se pronunciaron sobre este cargo, afirmaron que la Corte
debía declarar la inexequibilidad de la norma acusada, en el mismo sentido de
lo decidido en la Sentencia C-516 de 2007 en relación con el numeral 4º  del
artículo 137 de la Ley 906 de 2004.
10.3.8.2. En este
escenario, corresponde a la Sala determinar si el numeral 4º  del artículo 299
de la Ley 1407 de 2010, es contrario a los derechos constitucionales de las
víctimas, y a los artículos 29 y 229 de la Carta, al prever que durante la
etapa de investigación y cuando exista pluralidad de víctimas, sus intereses
sólo pueden estar representados por dos abogados, facultando a su vez al
fiscal, en caso de no llegarse a un acuerdo sobre tal designación, para
determinar lo más conveniente y efectivo.
10.3.8.3. Para abordar el
presente problema jurídico, es pertinente tener en cuenta que la norma acusada
incorpora una limitación específica a la participación de las víctimas en la
etapa de investigación, que consiste en que, en los supuestos en que al proceso
acuda un pluralidad de víctimas, éstas, a solicitud del fiscal, serán
representadas por un máximo de dos abogados, y que, en caso de que no lleguen a
un acuerdo, será el mismo fiscal quien resuelva la cuestión.
10.3.8.4. Esta limitación
contrasta con las consideraciones realizadas anteriormente, en relación con el
carácter amplio del concepto de víctima y que, como se indicó, riñe con
cualquier tipo de restricción injustificada que impida su participación, la
protección de sus derechos dentro del trámite procesal y la reparación del daño
sufrido. En concreto, tal protección se expresa en la misma Constitución a
partir de las distintas disposiciones que en el artículo 250  propenden por (i)
la protección especial de las víctimas, (ii) las medidas judiciales
necesarias para su a asistencia, y (iii) la forma de intervención en el
proceso (numerales 1º, 6º y 7º, respectivamente), y que mutatis mutandis,
resultan aplicables a la jurisdicción penal militar, sometida a los mismos
principios del a jurisdicción ordinaria.
10.3.8.5. En consecuencia
con lo anterior, si se parte de un concepto amplio de víctima en el que se
permita incluir a todas las personas afectadas por las diferentes
manifestaciones del daño causado por el ilícito, no resulta de recibo que se
incluyan limitaciones injustificadas a los derechos de las víctimas como la que
plantea la norma acusada cuando al proceso acuden en un número plural.
10.3.8.6. A  la luz de lo
anterior, la Corte encuentra que la disposición reprochada conduce a un
desconocimiento del principio de igualdad, pues la norma incluye una limitación
injustificada los derechos de las víctimas cuando existe pluralidad,
impidiéndoles acudir directamente al proceso para defender sus derechos.
10.3.8.7. Esta situación
fue advertida por en la Sentencia C-516 de 2007, en la que se indicó que  “la
posibilidad de limitar mediante una regulación legislativa el número de
apoderados de las víctimas que intervienen en determinada fase del
proceso  puede cumplir finalidades legítimas tales como racionalizar los
canales de acceso a la justicia; propugnar por una mayor eficacia de la
administración de justicia;  evitar la dilación injustificada de los
procedimientos; o impedir la reacción desproporcionada contra el imputado”. No
obstante, a continuación la Corte señaló que “[e]sas finalidades sin embargo,
pueden entrar en tensión con otros intereses también protegidos jurídicamente
como es el derecho de la víctima a la verdad, a la justicia, a la reparación, y
en particular a  un recurso judicial efectivo”.
10.3.8.8. En ese orden de
ideas, esta Corporación señaló en la mencionada Sentencia C-516 de 2007, que la
limitación numérica de la asistencia técnica a las víctimas, sea por el máximo
de dos, o, en caso que ante el desacuerdo el fiscal considere “conveniente y
efectivo” nombrar sólo un abogado, resulta limitar los derechos de las
víctimas. De hecho, la Corte indicó que “una intervención calificada y plural
de las víctimas durante la investigación puede contribuir a fortalecer la
actividad de la Fiscalía orientada a asegurar los elementos materiales
probatorios, y a dotarla de mejores elementos de juicio para definir si formula
imputación y luego acusación, sin que ello signifique propiciar una reacción
desproporcionada contra la persona investigada, (…)”. En consecuencia,
consideró que “la limitación que impone el numeral 4° del artículo 137 al
derecho de postulación de las víctimas para intervenir durante la investigación
resulta desproporcionada, pues no hace aportes significativos a los fines que
pretende proteger, en tanto que sí priva a las víctimas de valiosas
posibilidades de acceso eficaz a la administración de justicia”.
10.3.8.9. En tal sentido,
la Sala advierte que, mutatis mutandis, estos argumentos son también
aplicables en lo que corresponde al proceso penal militar, toda vez que, además
de la afectación al principio de igualdad comentada en los casos en que al
proceso acude una pluralidad de víctimas, también se encuentra que reducir la
concurrencia de estas a dos abogados, o a lo que considere el fiscal en cada
caso, termina por desconocer, tanto los derechos de las víctimas, como la
posibilidad de que al proceso se allegue la mayor cantidad de material
probatorio a fin de hallar la verdad y reparar los perjuicios causados por el
daño causado con la comisión de un delito de competencia de la justicia penal
militar.
10.3.8.10. En efecto, la
Corte encuentra que la Justicia Penal Militar y Policial, como cualquiera de
las jurisdicciones, sin importar su especialidad, debe garantizar los
principios y garantías constitucionales, en particular, el acceso a la
administración de justicia y la protección de los derechos de las víctimas.
10.3.8.11. Al respecto, se
reitera, la protección
de los derechos de las víctimas que se predica de los procesos ordinarios, se
extienden también a todas las actuaciones que se surtan al interior de la
Justicia Penal Militar y Policial, pues las garantías procesales en general, y
en particular las de las propias víctimas, deben aplicarse en cualquier
procedimiento, sin importar su naturaleza y especialidad, con el fin de
garantizar el ejercicio legítimo de los derechos en ellos involucrados y que
pueden resultar afectados. Aun cuando orgánicamente la justicia Penal Militar y
Policial no hace parte de la estructura de la Rama Judicial, le resultan
igualmente aplicables a dicha jurisdicción especial, todos aquellos derechos y
garantías que conforman la noción de debido proceso, así como también los
principios constitucionales que rigen la administración de justicia, en
particular los de acceso a la justicia, derecho a la defensa y respeto por los
derechos (Ley 270 de 1996. Arts. 2, 3 y 9).
10.3.8.12. De manera que,
en atención a las razones anteriormente expuestas, la norma acusada priva a las
víctimas, cuando exista pluralidad, de poder acudir al proceso penal militar,
participar en él y defender sus derechos, razón por la cual la Corte declarará
la inexequibilidad del numeral 4° del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010.
10.3.9. Finalmente, los
actores elevan un reproche contra la expresión “la Fiscalía Penal Militar”,
incluida en el numeral 5 del artículo 137 de la Ley 1407 de 2010, el cual
regula la designación de abogado de oficio para las víctimas que no cuenten con
medios suficientes para contratar uno. Indican en el escrito de demanda, que
esta función no puede estar asignada a la Fiscalía Penal Militar, como lo
dispone la norma, toda vez que, en la medida en que ello “significa que para
esta representación se acudirá a la estructura administrativa de dicha
jurisdicción”, resulta contrario a la Constitución que el mismo ente
investigador castrense sea quien designe la representación técnica a las
víctimas. Esto, además, conlleva una subrogación de las funciones otorgadas
constitucionalmente a la Defensoría del Pueblo, con lo cual, afirman, se
desconocen los derechos de las víctimas al debido proceso, asistencia jurídica,
acceso a la justicia e igualdad, entre otros.
10.3.9.1. Sobre el
comentado reproche, el Ministerio de Defensa se apartó de la posición de los
demandantes al considerar que éstos suponen una premisa equivocada, según la
cual la Defensoría Técnica Militar proveerá de representación también a las
víctimas, cuando esta sólo se encarga de la defensa de los miembros de la
fuerza pública. Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte la
declaratoria de inexequibilidad del apartado demandado, toda vez que en su
entender, al otorgarle la competencia exclusiva a la Fiscalía Penal Militar de
designar abogados de oficio, se desconoce la competencia e idoneidad de la
Defensoría en el cumplimiento de la función que le pertenece. En este sentido,
la interviniente indicó que, si bien la Ley 1698 de 2013 había otorgado la
competencia para que el Servicio Técnico Especializado de la Fuerzas Pública
designara defensores con conocimientos técnicos específicos para los miembros
de la fuerza pública, ello no era extensible a las víctimas que se reconocieran
dentro la jurisdicción penal militar, lo que además generaba una distinción
injustificada respecto de las víctimas reconocidas en la jurisdicción
ordinaria.
10.3.9.2. Bajo los
anteriores presupuestos, corresponde a la Corte determinar si el aparte acusado
del numeral 5 del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, contraviene los derechos
de las víctimas a la igualdad, al debido proceso, a la asistencia jurídica y al
acceso a la administración de justicia, por atribuirle a la Fiscalía Penal
Militar la función de asignarle a la víctima un defensor de oficio durante la
investigación, cuando esta no cuente con los recursos para nombrar abogado de
confianza.
10.3.9.3. Para abordar este
problema jurídico, es preciso tener en cuenta la especial vinculación de la
Fiscalía Penal Militar con la protección de los derechos de las víctimas dentro
del proceso penal. Vinculación que, además, resulta acorde con los mandatos que
el artículo 250 Superior prevé para el caso de la Fiscalía General de la Nación
dentro del contexto de la jurisdicción penal ordinaria, a partir de sus
numerales 1º, 6º y 7º, y que en esta providencia ya han sido comentados,
referidos a los deberes a ella impuestos en relación con: (i) la
protección especial de las víctimas en el proceso; (ii) la adopción de
las medidas necesarias de asistencia en su favor; y (iii) las garantías en las
condiciones de intervención en la actuación judicial..
10.3.9.4. En el caso de la
Jurisdicción Penal Militar, el Código Penal Militar, la Ley 1407 de 2010, en el
Capítulo V del Título V, dedicado a las víctimas, consagra varias disposiciones
en las que también se hace evidente la posición de la Fiscalía Penal Militar
como garante de los derechos de las víctimas. En efecto, el artículo 295
establece que, bien sea el fiscal o el juez de conocimiento, “adoptarán o
coordinarán ante las entidades competentes las medidas necesarias para la
atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, y la
protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida
privada o dignidad”, y finaliza la norma indicando que:”[l]as medidas de
atención y protección a las víctimas no podrán redundar en perjuicio de los
derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles
con estos”. Por su parte, el artículo 296 dispone que las víctimas pueden
acudir, tanto al fiscal como al juez de conocimiento, para reclamar las medidas
necesarias en favor de su seguridad y el respeto a su intimidad.  A su vez, el
artículo 297 asigna al fiscal, exclusivamente, la función de comunicar a la
víctima “[l]os derechos reconocidos, las facultades que puede ejercer por
los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de
formular una pretensión indemnizatoria en el proceso o en el incidente
de reparación integral (…)”. Asimismo, el artículo 298 le fija a la
Fiscalía General Penal Militar, la función de suministrar información sobre
todos los aspectos en él enumerados.
10.3.9.5. En este contexto,
a continuación, el artículo 299 regula la intervención de las víctimas en la
actuación penal y se refiere a la garantía del derecho al acceso a la
administración de justicia para aquellas personas que, aunque no tengan los
recursos económicos necesarios, puedan contar con un defensor de oficio. Para
tal efecto, la mencionada disposición le atribuye a la Fiscalía Penal Militar,
en el numeral objeto de análisis, la función de designar defensor de oficio.
10.3.9.6. Así las cosas, no
se encuentra que, prima facie, esta distribución de competencia que la
preceptiva acusada imputa a la Fiscalía Penal Militar, en relación con la
representación judicial de las víctimas, suponga un desconocimiento, per se,
de los derechos de las víctimas a la igualdad, al debido proceso, a la
asistencia jurídica y al acceso a la administración de justicia. De hecho,
resulta consecuente que, al órgano al que corresponde el ejercicio de la acción
penal y la investigación de los delitos, y velar por la protección especial de
las víctimas en el proceso, que para el caso de la Jurisdicción Penal Militar y
Policial es a la Fiscalía Penal Militar, se le haya impuesto también la función
de intervenir en la asignación de abogado a las víctimas que no cuenten con los
recursos para nombrar uno de su confianza, como una manifestación de la
garantía de acceso a la administración de justicia a la asistencia jurídica y
al debido proceso.
10.3.9.7. Ahora bien, en
términos del escrito de demanda, el cuestionamiento sobe la posible afectación
de los derechos de las víctimas se fundamenta en que la designación del
defensor de oficio por parte de la Fiscalía Penal Militar “significa que
para esta representación se acudirá a la estructura administrativa de dicha
jurisdicción y será entonces un militar o civil al servicio de esta
[institución] quien defienda los intereses de las víctimas en la actuación
penal; subrogando entonces las funciones otorgadas constitucionalmente a la
Defensoría del Pueblo para asignarlas quizás a la Defensoría Técnica Militar
creada por la ley 1765 de 2015”.
10.3.9.8. Se plantea, pues,
que la designación del defensor de oficio a cargo de la Fiscalía Penal Militar
supone una suplantación de las funciones de la Defensoría del Pueblo en cuanto órgano de dirección del Sistema de
Defensa Técnica y Especializada,
de conformidad con el artículo 282 Superior, lo que en última instancia
redundaría, según afirman los actores, en la afectación de los derechos de las
víctimas que ya fueron señalados. Para abordar esta cuestión, resulta conveniente,
antes, hacer una aclaración sobre los mecanismos que garantizan la defensa
técnica en los procesos penales, primero, en relación con el régimen especial
de defensa de la Fuerza Pública al que hacen referencia los accionantes, y,
segundo, en relación con el sistema de defensa pública en los casos en que,
como indica la norma acusada, una víctima no cuenta con los recursos
suficientes para proveerse la defensa de sus derechos.
10.3.9.9. En este contexto,
en la actualidad, la Fuerza Pública cuenta, efectivamente, con un sistema
especial para la defensa disciplinaria y judicial, en este último caso en
materia penal, regulado por la Ley 1698 de 2013 “[p]or la cual se crea y
organiza el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la
Fuerza Pública, y se dictan otras disposiciones”. Dicho Sistema de Defensa
Técnica y Especializada, tiene como objeto, de conformidad con el artículo 2º
de la ley mencionada, garantizar “a los miembros activos y retirados de la
Fuerza Pública una adecuada representación, para materializar el derecho
fundamental a la defensa en las instancias disciplinarias o jurisdicción penal
ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y de terceros Estados
por excepción, previstas en la ley para cada caso, de conformidad con la
reglamentación que para tal efecto determine el Gobierno Nacional”. El
cual, como dispone el artículo 3º  se gobierna, entre otros, por el principio
de gratuidad.
10.3.9.10. Al respecto, es
de tener en cuenta que, en su oportunidad, esta Corporación examinó la
constitucionalidad de ciertas disposiciones de la mencionada ley, en la
Sentencia C-745 de 2015, para lo cual la Corte se planteó, entro otros
problemas jurídicos, si se vulneraba el artículo 282-4 Superior, al crearse el
Sistema de Defensa Técnica y Especializada (SDTYE), sin la dirección de la
Defensoría del Pueblo.
10.3.9.11. Para resolver
este asunto, la Corte arguyó que “el legislador tiene competencia, en aras de
optimizar la protección del derecho a la defensa técnica para focalizar su
atención en grupos poblacionales que por sus particularidades, requieran de
alternativas de representación judicial diferenciada, teniendo en cuenta que
este tipo de medidas aumentan el estándar de protección”. Y, en concreto, esta
Corporación señaló que resultaba constitucionalmente admisible la creación de
un régimen especial para los miembros de la Fuerza Pública, “dado que por el
riesgo permanente al que están expuestos sus integrantes en defensa de la
independencia nacional, las instituciones públicas y los derechos de todas las
personas (arts. 2 y 221 C.P.), el Estado está obligado a garantizar su defensa
técnica, “teniendo en cuenta que hay un ejercicio legítimo de la fuerza,
en la tarea que desarrollan”, sin que pueda entenderse como un privilegio”.
10.3.9.12. En estos
términos, el Sistema de Defensa Técnica y Especializada para los miembros de la
Fuerza Pública está justificado por un factor subjetivo, y por ende, determina
que todos los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en retiro, sin
distinción, cuentan con la posibilidad de una representación judicial en los
procesos disciplinarios y penales. Siendo ello así, en principio, nada obsta
para que, asimismo, un miembro de la fuerza pública, que tenga la condición de
víctima, pueda ser destinatario de los servicios de este sistema
especializado.
10.3.9.13. En sentido
contrario, los civiles, bajo ninguna condición, pueden ser beneficiarios de los
servicios del Sistema de Defensa Técnica y Especializada de la Fuerza Pública,
razón por la cual, inicialmente, cuentan con la posibilidad de contratar un
abogado de confianza para la defensa de sus derechos.
10.3.9.14. Ahora bien, el
ordenamiento jurídico, con fundamento en los artículos 29 y 282 de la
Constitución Política, ha dispuesto el Sistema Nacional de Defensoría Pública
(SNDP) para garantizar el derecho a la defensa técnica de las personas que no
cuentan con los recursos para designar un abogado de confianza. Este SNDP fue
organizado por la Ley 941 de 2005, la cual estableció en su artículo 1º que su
finalidad es “ proveer el acceso de las personas a la Administración de
Justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos del
debido proceso con respeto de los derechos y garantías sustanciales y
procesales”. En el artículo 2º, dispone que su cobertura estaba destinada a
“las personas que por sus condiciones económicas o sociales se
encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por sí
mismas, la defensa de sus derechos”. Y, por último, debe llamarse la
atención en que la dirección de este SNDP está a la cabeza del Defensor del
Pueblo, pues como dispone el artículo 13: “[e]l Sistema Nacional de
Defensoría Pública es un servicio público que organiza, dirige y controla el
Defensor del Pueblo, en favor de las personas que lo requieren para asumir su
asistencia y representación judicial y garantizar el pleno e igual acceso a la
administración de justicia en materia penal”.
10.3.9.15. Como se puede
observar, la Ley 941 de 2005, da la posibilidad a las víctimas que, como en el
caso previsto en la disposición objeto de examen            -numeral 5º del
artículo 299 de la Ley 1407 de 2010-, no cuentan con los recursos económicos
suficientes para designar un abogado de confianza que los represente en el
proceso, en defensa de sus derechos, intereses y garantías. Dicha posibilidad
se traduce, como se ha explicado, en el acceso al Sistema Nacional de
Defensoría Pública (SNDP) para que este asuma la asistencia y representación
judicial en materia penal, ante la imposibilidad de la persona para hacerlo a
través de un abogado de confianza.
10.3.9.16. A partir de lo
anterior, se puede concluir, con miras a resolver el problema jurídico
propuesto, que en el caso de la representación técnica de las víctimas en el
proceso penal militar, debe atenderse al factor subjetivo al que anteriormente
se hizo referencia. En consecuencia, si la víctima hace parte de la fuerza
pública, por ese sólo hecho, cuenta con los servicios del Sistema de Defensa
Técnica y Especializada, mientras que si la víctima es un civil, y no está en
condiciones de designar un abogado de confianza, accede al Sistema Nacional de
Defensoría Pública, bajo la organización, dirección y coordinación del Defensor
del Pueblo. En consecuencia, en tratándose de víctimas civiles que no cuenten
con capacidad económica, el fiscal penal militar competente, en el ejercicio de
sus funciones, deberá realizar la asignación de un abogado de oficio conforme
con el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
10.3.9.17. Así las cosas,
la Corte advierte que la función atribuida a la Fiscalía Penal Militar, no
constituye una vulneración de los derechos de las víctimas en los términos
acusados por los accionantes, toda vez que, dentro de la autonomía que los
artículos 150-1 y 282-4 de la Constitución le otorgan al legislador para
regular el servicio de defensa pública, a la que se hizo referencia en la
Sentencia C- 745 de 2015, resulta constitucionalmente admisible atribuir a la
Fiscalía Penal Militar, en tanto autoridad vinculada con la protección de los
derechos de las víctimas, la función de designarle abogado a las víctimas que
no cuenten con recursos para nombrar uno de confianza, a la luz de la
normatividad vigente para ello.
10.3.9.18. Lo anterior no
implica un desconocimiento de las reglas que el ordenamiento ha establecido
para esta asignación en la que la Fiscalía Penal Militar asume un rol
determinante. Es decir que, tratándose de una víctima civil, la asignación a
cargo de la Fiscalía Penal Militar debe observar, en todo caso, el Sistema
Nacional de Defensoría Pública, el cual se encuentra bajo la organización,
dirección y coordinación del Defensor del Pueblo, por lo tanto no se produce
subrogación alguna de sus funciones. Mientas que si la víctima es un miembro de
la Fuerza Pública, en servicio activo o en retiro, la misma tiene acceso
directo al Sistema de Defensa Técnica y Especializada para la Fuerza Pública.
10.3.9.19. Conforme con
dicha interpretación, no encuentra la Corte que la función atribuida a la
Fiscalía Penal Militar en el  numeral 5 del artículo 299 de la Ley 1407 de
2010, para asignarle a la víctima un defensor de oficio durante la
investigación, cuando esta no cuente con los recursos para nombrar uno de su
confianza, afecte los derechos de aquellas a la igualdad, al debido proceso, a
la asistencia jurídica y al acceso a la administración de justicia. Al
respecto, entiende la Corte que tal competencia viene a constituirse en una
garantía adicional al objetivo de asegurar los derechos de las víctimas, en
particular, en cuanto hace al ejercicio de su derecho a la defensa, cuando el
mismo no puede ser garantizado por ellas directamente, sin que ello implique
afectar la atribución reconocida por la Carta Política a la Defensoría del
Pueblo para coordinar, organizar, dirigir y controlar el Sistema
Nacional de Defensoría Pública, ni suplantar o sustituir el cumplimiento de sus
funciones.
10.3.9.20. En relación con
esto último, advierte la Corte que, en todo caso, la norma demandada, el
numeral 5° del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, no hace claridad sobre la
condición de la víctima -miembro de la fuerza pública o civil- para efectos de
determinar el sistema de defensoría pública al que puede acudir, en el caso de
no contar con los medios suficientes para contratar un abogado de confianza que
la represente en el proceso. Al respecto, la citada norma se limita a señalar
que “si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un
abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la
necesidad, la Fiscalía Penal Militar le designará uno de oficio”.
10.3.9.21. La circunstancia
de que la norma acusada no permita distinguir entre víctimas civiles o miembros
de la fuerza pública, puede dar lugar a interpretaciones contrarias a la
Constitución, particularmente frente a las víctimas que tienen la condición de
civiles, en caso de considerarse que las mismas no tienen acceso al Sistema
Nacional de Defensoría Pública, bajo la organización, dirección y coordinación
del Defensor del Pueblo.
10.3.9.22. A  la luz de lo
expresado, esta
Corporación procederá a declarar la exequibilidad condicionada, por los cargos
analizados, de
la expresión “la Fiscalía Penal Militar”, contenida en el numeral 5º del
artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, en el entendido que, tratándose de
víctimas civiles que no cuenten con medios suficientes para contratar un
abogado, la Fiscalía Penal Militar deberá garantizarles su acceso al Sistema
Nacional de Defensoría Pública (SNDP).
VII.    DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE,
por los cargos analizados, la expresión “La
presente ley se aplicará en lo pertinente, a los miembros de la Fuerza Pública
en servicio activo o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que
desempeñe cargos en la Justicia Penal Militar y Policial”, contenida en el artículo 2 de la Ley 1765 de
2015, en el
entendido que la competencia de la justicia penal militar y policial se
circunscribe únicamente al juzgamiento de los delitos cometidos por los
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio -no obstante que con posterioridad se hayan retirado del servicio-,
con lo cual, la Ley 1765 de 2015 aplica a los miembros de la Fuerza Pública en
retiro y al personal civil o no uniformado
solo en relación con las medidas de carácter laboral y administrativo en ella
previstas, en
cuanto las mismas les sean exigibles por razón de su vinculación a la planta de
personal de los órganos de la Justicia Penal Militar y Policial.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE, por
los cargos analizados, los
artículos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, en el entendido que la víctima también
podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía
Penal Militar y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada
de su celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el
acuerdo, quien para su aprobación velará por que el mismo no desconozca o
quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas.
TERCERO.- Declarar INEXEQUIBLE
la expresión “directo” contenida en el artículo 294 de la Ley 1407 de
2010.
CUARTO.- Declarar INEXEQUIBLE
el numeral 4° del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010.
QUINTO.- Declarar EXEQUIBLE,
por el cargo analizado, la expresión “la Fiscalía Penal Militar”,
contenida en el numeral 5º del artículo 299 de la Ley 1407 de 2010, en el
entendido que, tratándose de víctimas civiles que no cuenten con medios
suficientes para contratar un abogado, la Fiscalía Penal Militar deberá
garantizarles su acceso al Sistema Nacional de Defensoría Pública (SNDP).
SEXTO.- Declararse INHIBIDA para
emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la totalidad de
la Ley 1765 de 2015, en relación con los cargos formulados en su contra, por
ineptitud sustantiva de la demanda.
SEPTIMO.- Declararse INHIBIDA para
emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 8,
9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de la Ley 1765 de 2015, en relación con
los cargos formulados en su contra, por ineptitud sustantiva de la demanda.
OCTAVO.- Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre
la constitucionalidad del artículo 298 de la Ley 1407 de 2010, en relación con
el cargo formulado en su contra, por carencia actual de objeto.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1]
El ciudadano Germán Navas Talero
aparece en el encabezado de la demanda pero no suscribe el texto ni diligencia
de presentación personal y reconocimiento de contenido de firma.
[2]
La ciudadana Angélica María
Chaparro no aparece en el encabezado de la demanda ni suscribe el texto de la
misma. Sin embargo suscribe la diligencia de presentación personal y
reconocimiento de contenido de firma ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional.
[3]
El interviniente cita las
siguientes Sentencias: C- 145 de 1994, C-818 de 2011, C-670 de 2001 y C-619 de
2012.
[4]
Folio 138.
[5]
Follio 162.
[6]
Folio 161.
[7]
Folio 165.
[8]
Folio 175.
[9]
Ibídem.
[10]
Folio 183.
[11]
Folio 187.
[12]
Folios 349 a 352.
[13]
Folio 248.
[14]
Folio 291.
[15]
Folio 295.
[16]
Folio 296.
[17]
Folio 299.
[18]
Folio 300.
[19]
Folio 304.
[20]
Folio 334.
[21]
Folios 334 y 335.
[22]
Folio 335.
[23]
Folio 336.
[24]
Folia 337.
[25]
Folio 343.
[26]
Folio 217.
[27]
Artículo 104 del Decreto 1790 de
2000, declarado exequible en la Sentencia C-179 de 2006.
[28]
Sentencia
C-1052 de 2001.
[29]           En la Sentencia C-1052
de 2001, la Corte sistematizó los lineamientos fijados por la jurisprudencia en
torno a la aptitud de las demandas de inconstitucionalidad, y definió las
circunstancias a partir de las cuales un cargo se entiende debidamente
estructurado. Dicho fallo ha sido reiterado por la Corte en innumerables
pronunciamientos constituyéndose en un precedente consolidado.
[30]
Sentencia C-914 de 2010.
[31]
Sentencia C-914 de 2010.
[32]
Sobre la naturaleza jurídica de la
justicia penal militar se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-361
de 2001, C-1262 de 2001, C-178 de 2002, C-407 de 2003 y C-457 de 2003.
[33]
Sobre este particular, resulta pertinente transcribir la reciente
jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-408 de 2001), en la que
este Tribunal reconoció la facultad que le asiste al legislador para determinar
los requisitos y calidades que deben cumplir los aspirantes a ocupar cargos
públicos, cuando dichos requisitos y calidades no hayan sido expresamente
establecidos por la Carta Política. Así dijo la Corte:
“Al tenor de lo dispuesto
en el artículo 150 de la Constitución, corresponde al Congreso de la República hacer
las leyes, y por medio de ellas ejercer las siguientes funciones:
‘7.
Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o
fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus
objetivos y estructura orgánica (…)’
‘23. Expedir
las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de
los servicios públicos".
“De otra parte, en
el artículo 125 del mismo ordenamiento se consagra:
‘El
ingreso a los cargos de carrera, y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar
los méritos y calidades de los aspirantes.’
“Al hacer un
análisis sistemático de estos preceptos constitucionales resulta claro para la
Corte que, con excepción de los empleos respecto de los cuales el mismo
constituyente ha señalado los requisitos y calidades que deben reunir los
aspirantes a ocuparlos que, generalmente son los más altos cargos del Estado, corresponde
al Congreso establecerlos por medio de ley, sea cual fuere la clase o el
nivel del empleo, esto es, de carrera, de libre nombramiento y remoción, o de
concurso público.” (Sentencia C-408 de 2001) (Subrayas por fuera del
original)
[34]
Sentencia C-319 de 2006.
[35]
Sentencia C-737 de 2006.
[36]
Sentencia C-084 de 2016.
[37]
Sentencia C-084 de 20126.
[38]
Sobre el punto de pueden consultar,
entre otras, las Sentencias C-878 de 2000, C-1054 de 2001, C-457 de 2002, C-737
de 2006, C-928 de 2007, C-533 de 2008 y C-084 de 2016.
[39]
Sentencia C-878 de 2000. En el
mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-358 de 1997,
C-802 de 2002, C-079 de 2009 y C-084 de 2016.
[40]
Sentencia C-C-1262 de 2001.
[41]
Cfr. Las Sentencias C-141 de 1995,
C-361 de 2001, C-737 de 2006, C-928 de 2007, entre otras.
[42]
Sentencia C-737 de 2006.
[43]
Sentencia C-171 de 2004.
[44]
Sobre el tema se pueden consultar,
entre otras, las Sentencias C-358 de 1997, C-676 de 2001, C-171 de 2004 y C-928
de 2007.
[45]
Cfr. Sentencia C-737 de 2006 y
C-928 de 2007.
[46]
Cfr. Las Sentencias C-737 de 2006 y
C-928 de 2007, entre otras.
[47]
Sentencia C-676 de 2001.
[48]
Sentencia C-737 de 2006.
[49]
Sentencia C-178 de 2002, M.P.
Manuel José cepeda espinosa.
[50]          Cfr.
Exposición de motivos del proyecto de ley 085 de 2013 Senado que dio paso a la
expedición de la Ley 1765 de 2015. Gaceta del Congreso 710 de 2013, Senado.
[51]
Sobre el tema se pueden consultar,
entre otras, las Sentencias C-032 de 1999, C-415 de 2002, C-1200 de 2003 y
C-574 de 2011.
[52]
Cfr.
Exposición de motivos del proyecto de ley 210 de 2014 Cámara - 085 de 2013
Senado, que dio paso a la expedición de la Ley 1765 de 2015. Gaceta del
Congreso 710 de 2013, Senado.
[53]
Informe de
ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes al proyecto de ley 210 de 2014 Cámara, 85 de 2013 Senado. Gaceta
del Congreso 644 de 2014.
[54]
Informe de
ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes al proyecto de ley 210 de 2014 Cámara, 85 de 2013 Senado. Gaceta
del Congreso 644 de 2014.
[55]
Informe de
ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes al proyecto de ley 210 de 2014 Cámara, 85 de 2013 Senado. Gaceta
del Congreso 644 de 2014.
[56]         Informe
de ponencia para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes al proyecto de ley 210 de 2014 Cámara, 85 de 2013 Senado. Gaceta
del Congreso 644 de 2014.
[57]
Informe de
ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes al
proyecto de ley 210 de 2014 Cámara, 85 de 2013 Senado. Gaceta del Congreso 314
de 2015.
[58]
Informe de
ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes al
proyecto de ley 210 de 2014 Cámara, 85 de 2013 Senado. Gaceta del Congreso 314
de 2015.
[59]
Exposición de motivos del proyecto de ley 085 de 2013 Senado
que dio paso a la expedición de la Ley 1765 de 2015. Gaceta del Congreso 710 de
2013, Senado.
[60]
Entre otras, las sentencias C-393
de 2011, C-228 de 2002, C-181 de 2010,  C-1189 de 2005 y C-308 de 2007, C-693
de 2008.
[61]
Sobre este aspecto en la Sentencia C-259
de 2015 al señalar sobre la cosa juzgada material en sentido estricto que se
deben verificar los siguientes requisitos para que ésta se produzca:
“(i) Que una norma haya
sido declarada previamente inexequible. (ii) Que
el contenido material del texto examinado, sea similar a aquel que
fue declarado inexequible por razones de fondo, teniendo en cuenta el contexto
dentro del cual se ubica la norma examinada, en la medida en que su significado
y sus alcances jurídicos pueden variar si el contexto es diferente. La identidad se aprecia, entonces,
teniendo en cuenta no sólo la redacción de los artículos, sino también el
contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si
la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del
contexto, se entiende que ha habido una reproducción. Por el contrario, si la
redacción es igual pero del contexto se deduce un significado normativo
distinto, se entiende que no se realizó dicha reproducción. (iii)  Que el texto legal,
supuestamente reproducido, haya sido declarado inconstitucional por “razones
de fondo”, lo cual hace necesario analizar la ratio decidendi del
fallo anterior; y(iv) que subsistan las disposiciones
constitucionales que sirvieron de fundamento al juicio previo de
la Corte”.
(Subrayas fuera del texto original).