T-297-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-297/04
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Definición de criterios y sistema de calificación de estudiantes
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Exigencia de requisitos que garanticen la mejor calidad de
educación
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Libertad de exigir pruebas de conocimiento, preparatorios, cursos e
idiomas
ABOGADO-Posibilidad de las universidades de exigir mayores requisitos para
obtener el grado
UNIVERSIDAD-Fijación de exámenes preparatorios para obtener título de abogado
DERECHO A LA EDUCACION-Implica el deber de cumplir los reglamentos educativos
Referencia: expedientes T-826623, T-826624, T-826625, T-826626,
T-826628, T-826629, T-827189, T-827555, T-828332, T-828333, T-828334, T-829654,
T-829655 y T-832218.
Peticionarios: Mónica Andrea Romo López y otros
Accionados: Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Pasto,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Universidad Libre, Seccional
Cali.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D. C.,  veinticinco (25) de marzo de dos mil cuatro (2004).
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Eduardo Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo
Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado 1º Penal del
Municipal de Pasto, el 20 de junio de 2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito
de Pasto, el 1 de agosto de 2003 (T-826623); el Juzgado 3º Penal Municipal de
Pasto, el 20 de junio de 2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el
1 de agosto de 2003, (T-826626); el Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto, el 26
de junio de 2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 1 de agosto
de 2003 (T-826628); el Juzgado 2º Penal Municipal de Pasto, el 18 de julio de
2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 25 de agosto de 2003
(T-826624); el Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto, el 14 de julio de 2003, y
el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 22 de agosto de 2003 (T-826625);
el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 29 de julio de 2003, y el Juzgado 2º
Penal del Circuito de Pasto, el 25 de agosto de 2003  (T-826629); el Juzgado 32
Penal Municipal de Pasto, el 12 de septiembre de 2003 (T-827189); el Juzgado 2º
de Familia de Tunja, el 29 de agosto de 2003 (T-827555); el Juzgado 3º Penal
Municipal de Pasto, el 3 de junio de 2003, y el Juzgado 3º Penal del Circuito
de Pasto, el 8 de julio de 2003  (T-829655); el Juzgado 2º Penal Municipal de
Pasto, el 19 de junio de 2003, y el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, el
24 de julio de 2003 (T-829654); el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 4 de
julio de 2003, y el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, el 13 de agosto de
2003 (T-828332); el Juzgado 3º Penal Municipal de Pasto, el 21 de julio de
2003, y el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, el 5 de septiembre de 2003
(T-828333);el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 14 de julio de 2003, y el
Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, el 25 de agosto de 2003 (T-828334); y
el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 11 de julio de 2003, y el Juzgado 3º
Penal del Circuito de Pasto, el 13 de agosto de 2003 (T-832218).
I.
HECHOS
1. Mónica Romo López (T-826623 folios 16-19), Evelyn Rodríguez
Guaismayan (T-826626, folios 12 y 13), Viviana Chamorro Rojas (T-826628, folios
12 y 13), Javier Enríquez Sambrano (T-826625, folios, 20-22), Oscar Coral
Barahona (T-829655, folios 17 y 18), Janneth Rocio Santacruz Martínez y Milena
Rocio Ortega (T-829654, folios 15-17 y 21-23), Jorge Olmedo  Arturo España
(T-828332, folios 10 y 117), Nury Ortiz Benavides (T-828333, folios 19 y 20),
Rafael Timana Rosero (T-828334, folios 13 y 14), Harold Pérez Segura (T-832218,
folios 16 y 17), cursaron y aprobaron el plan de estudios de derecho de la
Universidad Cooperativa de Colombia con posterioridad al establecimiento de los
exámenes preparatorios como requisito para optar por el título de abogado y les
fue acreditada por el Consejo Superior de la Judicatura, la práctica jurídica
como requisito alternativo para optar  al título de abogado.
2. Jhony Ariel Carmona Burbano (T-826624, folios 20 y 21) y Javier
Rodríguez Rosales (T-826629, folios 15-17) cursaron y aprobaron el plan de
estudios de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia y les fue
aprobada la monografía de grado.
3. Francisco Antonio Certuche Quiguanas (T-827189, folio 7) cursó y
aprobó cinco años del plan de estudios de la Universidad Libre en el período
comprendido entre octubre de 1983 y mayo de 1999. En abril de 1998 sustentó y
aprobó Monografía de Grado (folio 8).
4. Audrey Nitola Viancha (T-827555) cursó y aprobó el plan de
estudios  de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sede Tunja en
diciembre de 2002 (folio 13) y en noviembre de 2002 le fue acreditada la
práctica jurídica por el Consejo Superior de la Judicatura, como requisito
alternativo para optar al título de abogado (folio 12).
5. Todos los accionantes consideran que las Universidades accionadas
han vulnerado sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, a la libre elección de profesión u oficio, al trabajo, a la
igualdad, y a la educación entre otros, toda vez que aquellas se han negado a
concederles  el título de abogado al que afirman tener derecho,  por haber
cumplido las exigencias  previstas en la Ley 552 de 1999 y el Decreto 2802 del
20 de diciembre de 2001.
6. En consecuencia, solicitan  se ordene a las accionadas otorgarles
el  título de abogado sin la presentación  de los exámenes preparatorios, por
expresa  disposición  de la Ley 552 de 1999.
7. Por auto del 12 de diciembre de 2003, la Sala doce de Selección
decidió acumular entre sí y al expediente T-826623, los expedientes T-
T-826624, 826625, T-826626, T-826628, T-826629, T-827189, T-827555, T-828332,
T-828333, T-828334, T-829654 y T-829655; y por auto del 2 de marzo de 2004, la
Sala sexta de Selección acumuló al T-826623 el expediente T- 832218.
II. PRUEBAS
Expedientes T-826623, T-826624, T-832218, T-828332, T- 828333, T-
828334, T-829654 y T-829655.
1.
Resolución  No 028 de 1993, Reglamento de la
Universidad Cooperativa de Colombia, en el cual se señala en el artículo 107,
parágrafo, que para obtener el grado en la Universidad Cooperativa de Colombia “el
requisito final exigido puede ser: monografía de grado, tesis de grado, taller
de investigación, práctica profesional, seminarios taller, consultorio
profesional, investigación dirigida, curso de perfeccionamiento o preparatorio.
Cualquiera que sea el requisito adoptado, debe estar reglamentado por el
respectivo Consejo Académico al momento de adoptar el Plan de Estudios de cada
programa.”
2.
Acuerdo No 002 de 1994, el cual establece en su
artículo 1º que para obtener el título de profesional de abogado en la facultad
de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, deberán, entre otros
requisitos, realizarse  los exámenes preparatorios.
3.
Resolución Rectoral No 266 del 28 de julio de
1998 en la cual después de recordar que los exámenes preparatorios son un
requisito indispensable para obtener el título de abogado, se entra a
definirlos.
4.
Copia de la Resolución Rectoral No 285 del 28 de
septiembre de 1998 en la cual después de recordar que los exámenes
preparatorios orales o escritos son un requisito indispensable para obtener el
título de abogado, se definen éstos.
5.
Resolución Rectoral No 517 del 27 de marzo de
2001 en la cual después de recordar que los exámenes preparatorios son un
requisito indispensable para obtener el título de abogado, redefinen éstos.
Expediente T-827189
1.
Reglamento de  los exámenes preparatorios,
Acuerdo No 14 de noviembre de 1997, en el cual se establece que  los
estudiantes y egresados no graduados de  la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre, seccional Cali, deben presentar y aprobar  preparatorios
como requisito para optar el título de abogado.
2.
Reglamento de  los exámenes preparatorios,
Acuerdo No 15 de diciembre de 2002, en el cual se reitera la exigencia señalada
en el Acuerdo No 14 de 1997 y redefine algunos aspectos conceptuales.
Expediente T- 827555
1.
Copia de la Resolución 036 del 6 de octubre de
1999 del Consejo Académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, en cuyo artículo 1º se establece como uno de los requisitos para
optar el título profesional de abogado, el haber aprobado los exámenes
preparatorios.
III.
DECISIONES JUDICIALES
No
Expediente
Accionante
y accionado
Juzgado de
primera instancia y fallo
Juzgado de
segunda instancia y fallo
T-826623
T-826626
T-826628
Mónica Romo
López y Karen Villota Basante vs. Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Pasto
Evelyn
Rodríguez Guasmayan
Viviana
Chamorro Rojas
En fallo del 20 de junio de 2003, el Juzgado 1º Penal Municipal de
Pasto declaró improcedentes las acciones interpuestas por Mónica Romo López y
Karen Villota Basante, por considerar que el mecanismo  idóneo para hacer
efectiva sus peticiones es la acción de cumplimiento (art. 87 C.P.).
El Juzgado 3º Penal Municipal de Pasto, mediante fallo del 20 de
junio de 2003, deniega por improcedente la acción  por considerar que,
primero, existe otro mecanismo de defensa judicial, esto es, la acción de
cumplimiento y, segundo, si bien los preparatorios fueron derogados por la
Ley 552 de 1999, la garantía constitucional de la autonomía universitaria
(art. 69 C.P.) faculta a las universidades para exigir  la presentación de
preparatorios como requisito adicional al título de abogado.
El Juzgado 4º Penal Municipal de Pasto,  en fallo del 26 de junio
de 2003, declaró improcedente la acción de tutela con similares argumentos.
El Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, mediante providencia
del 1º de agosto de 2003, revocó las sentencias de primera instancia y en su
lugar  concedió el amparo a las accionantes, considerando que la Ley 552 de
1999 suprimió los exámenes  preparatorios  como requisito adicional para la
obtención del título. Señaló que los únicos requisitos para obtener el título
de abogado – precisados por la sentencia C-1053 de 2001-, son: la terminación
del pénsum académico y a elección del egresado, la elaboración  y
sustentación  de la monografía jurídica o la judicatura.
Ordena a la accionada otorgar el título de abogado a las
accionantes dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo.
T-826624
Jhony Ariel Carmona Burbano
Vs. Universidad Cooperativa de Colombia seccional Pasto
El Juzgado 2º Penal Municipal de Pasto, en sentencia
del 18  de julio de 2003, declaró improcedente la acción de tutela por
considerar que el accionante contaba con la acción de cumplimiento, como
mecanismo idóneo para hacer efectiva su petición.
El Juzgado 2º Penal del Circuito de pasto, en fallo del 25 de
agosto de 2003, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar
concedió el amparo al accionante, considerando que la Ley 552 de 1999
suprimió los exámenes  preparatorios  como requisito adicional para la
obtención del título. Señaló que los únicos requisitos para obtener el título
de abogado - precisados por la sentencia C-1053 de 2001-, son: la terminación
del pénsum académico y a elección del egresado, la elaboración  y
sustentación de la monografía jurídica o la judicatura.
Ordena a la
accionada otorgar el título de abogado al accionante, dentro de los 15 días
siguientes a la notificación del fallo.
T-826625
Javier Enríquez Zambrano vs. Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Pasto
El Juzgado 4º Penal Municipal  de Pasto en fallo del 14 de julio
de 2003, declaró improcedente la acción al estimar que el mecanismo judicial
idóneo para hacer efectiva su petición es la acción de cumplimiento.
El Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, en sentencia del 22 de
agosto de 2003, reiterando las consideraciones expresadas en la sentencia del
1 de agosto de 2003, ordenó a la accionada otorgar el título de abogado al
accionante, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo.
T-826629
Javier Rodríguez Rosales vs. Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Pasto
El Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, mediante sentencia del 29
de julio de 2003, declaró improcedente el amparo, toda vez que el accionante
cuenta con otro medio de defensa judicial de sus derechos, cual es, la acción
de cumplimiento.
La vía judicial para la reclamación planteada es la
acción de cumplimiento,
El Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, en sentencia del 25 de
agosto de 2003, reiterando las consideraciones expresadas en la sentencia del
1 de agosto de 2003, ordenó a la accionada otorgar el título de abogado al
peticionario, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo.
T-827189
Francisco
Certuche Quiguanas vs.
Universidad
Libre seccional Cali.
El Juzgado 32 Penal Municipal de Cali en sentencia del 12 de septiembre
de 2003, decidió tutelar los derechos fundamentales de libre escogencia de
profesión y oficio y de igualdad del accionante, considerando que el
principio de autonomía universitaria no es absoluto, debiendo ajustarse  a la
Constitución y a la Ley, específicamente a la Ley 552 de 1999 que excluyó los
preparatorios, como requisito para optar el título de abogado.
En consecuencia, ordenó a la Universidad accionada que, una vez
que el egresado acredite haber cumplido con las exigencias que demanda la Ley
552 de 1999 y demuestre encontrarse a paz y salvo con la Universidad, proceda
a fijar fecha y hora para la ceremonia de grado.
T-827555
Audrey Nitola
Viancha vs. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja.
El Juzgado 2º de Familia de Tunja, mediante fallo del 29 de agosto
de 2003, tuteló los derechos a la educación y al debido proceso de la
accionante al estimar que la Ley 552 de 1999 eliminó los exámenes
preparatorios como requisito para el título de abogado, ante lo cual no puede
aceptarse el argumento según el cual, dichos exámenes están consagrados en
una Resolución de la Universidad de 1999, puesto que tal resolución se apoya
en la Ley 446 de 1998, la cual fue derogada en lo respectivo por la Ley 552
referida.
Ordenó a la accionada disponer, dentro de las 48 horas siguientes
a partir de la notificación del fallo, lo pertinente para que le sea otorgado
el grado de abogada a la peticionaria.
T-829655
Oscar Coral
Barahona vs.
Universidad
Cooperativa de Colombia seccional Pasto.
El Juzgado 3º Penal Municipal de Pasto, en sentencia del 3 de
junio de 2003 denegó la tutela interpuesta por el accionante, por considerar
que, primero, existe otro mecanismo de defensa judicial, esto es, la
acción de cumplimiento, y segundo, si bien los preparatorios fueron
derogados por la Ley 552 de 1999, la garantía constitucional de la autonomía
universitaria (art. 69 C.P.) faculta a las universidades para exigir  la
presentación de preparatorios como requisito adicional al título de abogado.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, mediante fallo del 8 de
julio de 2003, revocó la sentencia del juez de instancia considerando que primero,
la Ley 552 de 1999 suprimió los exámenes preparatorios como requisito parcial
para la obtención del título, con lo cual su exigencia configura una vía de
hecho y, segundo, la acción de tutela es el único medio con que cuenta
el peticionario para la defensa de sus derechos fundamentales vulnerados, no
procediendo en su lugar la acción de cumplimiento.
Ordenó a la Universidad otorgar el título de abogado al tutelante
dentro de los 20 días siguientes a la notificación del fallo
T-829654
Janneth Rocio
Santacruz y Milena Rosero Ortega vs.
Universidad
Cooperativa de Colombia seccional Pasto.
Mediante sentencia del 19 de junio de 2003, el Juzgado  2º  Penal
Municipal de Pasto declaró improcedente el amparo solicitado por estimar que
las accionantes cuentan con la acción de cumplimiento, como mecanismo idóneo
para hacer efectiva su petición.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, mediante fallo del 24
de julio de 2003, revocó la sentencia del a-quo, fundamentado su
decisión con similares consideraciones a las señaladas en el fallo del 8 de
julio de 2003 del mismo despacho.
Ordenó a la Universidad otorgar el título de abogadas a las
tutelantes, dentro de los 20 días siguientes a la notificación del fallo.
T- 828332
Jorge Olmedo Arturo España vs. Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Pasto.
El Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, mediante
fallo del 4 de julio de 2003, resolvió no tutelar los derechos invocados por
la accionante considerando que la vía judicial para la reclamación planteada
es la acción de cumplimiento. Agrega que no se configuró ninguna vulneración
a los derechos fundamentales del accionante y que se trata de un caso de
interpretación de una norma legal, lo cual hace improcedente la tutela.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, en fallo del 13 de
agosto de 2003, revocó la decisión del a-quo,  reiterando las
consideraciones manifestadas en el fallo de fecha 8 de julio de 2003 del
mismo despacho.
Ordenó a la Universidad otorgar el título de abogado al tutelante
dentro de los 20 días siguientes a la notificación del fallo.
T-828333
Nury Ortiz Benavides vs.
Universidad Cooperativa de Colombia seccional Pasto.
En sentencia del 21 de julio de 2003 el Juzgado 3º
Penal Municipal de Pasto denegó la tutela interpuesta al estimar que en
virtud del principio de autonomía universitaria, la accionada está facultada
para exigir el requisito de los exámenes preparatorios para optar al título
de abogado. Adicionalmente, agrega que la tutela es improcedente debido a la
existencia de otro medio de defensa judicial como lo es la acción de
cumplimiento.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, en sentencia del 5 de
septiembre de 2003, reiterando la consideraciones expresadas en el fallo del
8 de julio de 2003 del mismo despacho, revocó el fallo proferido por el a-quo.
En consecuencia, ordenó a la Universidad otorgar el título de
abogada a la tutelante dentro de los 20 días siguientes a la notificación del
fallo.
T- 828334
Rafael Timana Rosero vs. Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Pasto.
Mediante sentencia del 14 de julio de 2003, el Juzgado 1º Penal
Municipal de Pasto declaró improcedente el amparo invocado por el accionante
considerando que la vía judicial para la reclamación planteada es la acción
de cumplimiento.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, mediante fallo del 25
de agosto de 2003, revocó la sentencia del 14 de julio de 2003 reiterando las
consideraciones señaladas en el fallo del 8 de julio de 2003 del mismo
despacho.
En consecuencia, ordenó a la Universidad otorgar el título de
abogado al tutelante dentro de los 20 días siguientes a la notificación del
fallo.
T-832218
Harold  Pérez Segura vs. Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Pasto
Mediante sentencia del 11 de julio de 2003 el Juzgado 1º Penal
Municipal de Pasto, resolvió no tutelar los derechos invocados, toda vez que
el la vía judicial para la reclamación planteada por el peticionario es la
acción de cumplimiento.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, en fallo proferido el
13 de agosto de 2003, revocó la sentencia de primera instancia reiterando las
consideraciones señaladas en  la sentencia del 8 de julio de 2003 del mismo
despacho y en su lugar  concedió el amparo al accionante ordenando a la
Universidad otorgar el título de abogado al accionante, dentro de los 20 días
siguientes a la notificación del fallo.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el
presente fallo de tutela.
B. Fundamentos
1. Problema jurídico
En el presente caso, procede la Sala a establecer si la exigencia de
presentación de exámenes preparatorios, cuando la respectiva Universidad tiene
señalado este requisito en su normatividad interna para optar el título de
abogado, constituye una vulneración a los derechos fundamentales a la educación,
el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, o es un ejercicio
legítimo de la autonomía universitaria.
2. Autonomía universitaria y posibilidad de fijación de requisitos
de grado. Reiteración de jurisprudencia.
La Jurisprudencia de esta Corporación ha
hecho explícita, dentro del marco constitucional del principio de autonomía
universitaria, la facultad de las universidades para establecer la presentación
de exámenes preparatorios como requisito para optar por el título de abogado,
con fundamento en las siguientes consideraciones:
(i) La autonomía universitaria comprende
la capacidad de autorregulación en torno a la determinación administrativa y
filosófica de cada institución; (ii) la educación es un derecho deber que
conlleva el cumplimiento de las cargas que razonablemente haya impuesto la
institución, con lo cual no se puede considerar violado tal derecho si no se ha
cumplido con lo establecido en los reglamentos universitarios; (iii) el riesgo
social que supone el ejercicio de ciertas profesiones implica un papel especial
de las universidades, el cual puede materializarse en la exigencia de ciertos
requisitos a fin de garantizar la idoneidad de los profesionales.
Respecto de la autonomía, la Corte ha expresado que las
Universidades están facultadas para exigir no sólo la presentación de exámenes
preparatorios[1],
sino otro tipo de pruebas de conocimiento, como  la realización de cursos de
profundización o el dominio de un idioma, toda vez que la imposición de los
requisitos cumplan  con dos condiciones: que sean razonables en términos de
respeto a la Constitución y que  cubran por igual a todos los estudiantes de la
institución.
En el mismo sentido, la sentencia de unificación SU-783 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), señaló que si bien la Ley 552 de 1999,
artículo 2, había derogado en su totalidad el artículo 19 de la Ley 446 - el
cual fijaba expresamente los preparatorios como requisito  de grado -, las
universidades, en desarrollo del principio de autonomía universitaria, podían
establecerlos como requisito para optar el título de abogado.
Ahora bien, debe precisarse que tales requisitos, exigibles por las
universidades en virtud del principio de autonomía, constituyen condiciones
para obtener el grado académico y guardan independencia de los requisitos
establecidos para el ejercicio de la profesión, cuyo implantación no le
corresponde a las universidades en ejercicio de su autonomía, sino a la Ley
(art. 26 CN).
En conexión con lo anterior y en lo relativo a la educación como un
derecho deber, esta Corte de manera reiterada ha estimado que el derecho a la
educación implica el deber de cumplir con los requisitos señalados en los
reglamentos del establecimiento educativo siempre que sean razonables y
respeten la Constitución Política[2],
por lo cual el derecho referido no puede entenderse vulnerado si no se ha
cumplido con las cargas y requisitos que las instituciones, mediante sus
reglamentos, impongan a los estudiantes.
En consecuencia, los reglamentos universitarios son normas
vinculantes[3]
para la comunidad educativa que representan la estructura interna de los
establecimientos educativos y, en esta medida, una vez el estudiante ingresa en
una institución universitaria, adquiere el compromiso de  cumplir con los
contenidos del reglamento y, correlativamente, la universidad específica queda
obligada a desarrollar los programas ofrecidos.
Así mismo, la Sala reitera que el carácter vinculante de los
reglamentos no se limita a los contenidos establecidos en éstos al iniciar la
carrera, sino que dichos contenidos pueden ser modificados a lo largo de la
carrera siempre y cuando se respeten los derechos de los estudiantes y el
principio de buena fe.
Finalmente, en cuanto al riesgo de ciertas profesiones se refiere -
entre ellas el ejercicio del derecho -, la Sala resalta la importancia de
permitir a las universidades la fijación de requisitos dirigidos a obtener una
mejor calidad en al educación a fin de garantizar que el titular del diploma es
competente para laborar en el área en que cursó sus estudios, con lo cual se
consolida el compromiso de los futuros profesionales con la sociedad. En esta
medida se materializa la función social que la Constitución ha establecido en
torno de la educación (art. 67 CN). Así las cosas y puesto que la preparación
de futuros profesionales irradia a toda la sociedad en la que se desempeñarán,
no solo es admisible sino deseable que las universidades puedan exigir
requisitos razonables  para  garantizar una óptima formación en los egresados y
particularmente respecto de quienes ejercerán la abogacía, toda vez que su rol
en el ámbito jurídico incide directamente en las relaciones sociales y en la
realidad circundante en general.
Casos concretos
La
Sala encuentra que, de acuerdo con la pruebas que obran en el expediente, todas
las universidades accionadas podían exigir exámenes preparatorios en virtud de
que dentro de su normatividad consagran, con anterioridad razonable a la
finalización del pénsum académico por parte de los estudiantes, la exigencia de
exámenes preparatorios.
En
este orden de ideas, la Universidad Cooperativa de Colombia ha establecido
desde 1993 hasta la actualidad la obligación de presentar exámenes
preparatorios. En efecto, la Resolución No 028 de 1993 - reglamento de la
Universidad -, artículo 107, el acuerdo No 02 de 1994, artículo 1º, la
Resolución rectoral No 266 del 28 de julio de 1998, la Resolución rectoral No 285
del 28 de septiembre de 1998 y la reciente Resolución rectoral No 517 del 27 de
marzo de 2001 señalan como requisito para obtener el título profesional, la
presentación de exámenes preparatorios.
En esta medida y como se indicó en los antecedentes de esta
providencia, Mónica Romo López (T-826623 folios 16-19), Evelyn Rodríguez
Guaismayan (T-826626, folios 12 y 13), Viviana Chamorro Rojas (T-826628, folios
12 y 13), Javier Enríquez Sambrano (T-826625, folios, 20-22), Oscar Coral
Barahona (T-829655, folios 17 y 18), Janneth Rocio Santacruz Martínez y Milena
Rocio Ortega (T-829654, folios 15-17 y 21-23), Jorge Olmedo Arturo España
(T-828332, folios 10 y 117), Nury Ortiz Benavides (T-828333, folios 19 y 20),
Rafael Timana Rosero (T-828334, folios 13 y 14), Harold Pérez Segura (T-832218,
folios 16 y 17), Jhony Ariel Carmona Burbano (T-826624, folios 20 y 21) y
Javier Rodríguez Rosales (T-826629, folios 15-17) iniciaron, cursaron y
aprobaron el plan de estudios de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia
con posterioridad al establecimiento de los exámenes preparatorios como
requisito para optar el título de abogado. En efecto, como se señaló con
anterioridad, esta Universidad ha señalado desde 1993, y de manera
ininterrumpida, la exigencia de preparatorios para optar por el título de
abogado. Por tanto, los accionantes enunciados están en la obligación de
cumplir con los mencionados requisitos para poder graduarse.
Así mismo, la Universidad Pedagógica de Colombia, mediante
Resolución 036 del 6 de octubre de 1999 del Consejo Académico de la
Universidad, estableció como requisito para obtener el grado de abogado la
presentación de exámenes preparatorios, razón por la cual Audrey Nitola Viancha
(T-827555, folio 13), quien cursó y aprobó el plan de estudios de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia sede Tunja en diciembre de
2002, está obligada a cumplir con las reglas señaladas por su universidad en
desarrollo del principio de autonomía universitaria, toda vez que culminó el
plan de estudios 3 años después de que se exigieran los preparatorios como
requisito de grado.
Finalmente, Francisco Antonio Certuche
Quiguanas (T-827189) si bien inició sus estudios en septiembre de 1983 - mucho
antes de que se establecieran los preparatorios en la Universidad Libre
mediante el Acuerdo 014 1997-, solo hasta 1998 presentó y sustentó monografía
de grado y, de acuerdo con la certificación expedida por la Universidad, solo
hasta el año 1999 terminó el plan de estudios.
En esta medida, habiendo estado el accionante
desvinculado de la academia por más de 10 años (desde 1988 hasta 1998), estima
la Sala que la exigencia de los preparatorios como nuevo requisito para optar
el título no constituye una vulneración a su confianza legítima puesto que, de
un lado, el reintegro implica que el estudiante acepte a las normas vigentes y,
de otro, constituye un legítimo desarrollo de la autonomía de las
universidades, dentro de su expectativa académica, incluir nuevos requisitos
para obtener el grado, siempre y cuando éstos sean razonables y su exigencia no
desvirtúe los derechos consolidados de los estudiantes.
En
consecuencia, puesto que Francisco Certuche terminó el plan de estudios hasta
el mes de mayo de 1999, le era aplicable la exigencia de los exámenes
preparatorios consagrados por la universidad un año y medio antes, esto es en
noviembre de 1997. En efecto, no existía un derecho consolidado del accionante
que imposibilitara a la universidad para exigirle el requisito en mención en
virtud de que cuando se hicieron exigibles los exámenes aquel no había
culminado  el plan de estudios.
Así
las cosas, la Sala advierte que todos los accionantes mencionados aceptaron al
firmar sus matrículas universitarias la obligación de presentar los exámenes
preparatorios en la medida en que ésta estaba señalada dentro de las normas de
las diferentes universidades accionadas o, en el caso de Francisco Certuche y
Audrey Nitola Viancha se establecieron los preparatorios como requisito para el
grado, con una anterioridad razonable a la terminación de su plan de estudios,
con lo cual no les fue desconocido ningún derecho adquirido.
Así
entonces, a los estudiantes no se les está imponiendo obligación alguna de
manera retroactiva puesto que desde el primer semestre de universidad o con una
anterioridad razonable a la culminación del plan de estudios de los
peticionarios se exigía la presentación de exámenes preparatorios, y en ningún
momento tal exigencia fue derogada por las entidades accionadas, como se deduce
de la relación de normas anteriormente realizada.
Por
último, la Sala, después de reiterar la constitucionalidad de la exigencia de
preparatorios como requisito de grado, manifiesta que en los casos bajo estudio
tampoco se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales a la
libertad de escoger profesión u oficio, al trabajo en consonancia con la
libertad de ejercer profesión u oficio y a la educación.
En efecto, (i) cada uno de los accionantes ingresó y cursó a
satisfacción todas las materias del pénsum académico necesarias para la
formación de un abogado, incluyendo consultorio jurídico y judicatura o tesis
de grado, (ii) ninguna de las entidades demandadas impidieron el desarrollo
académico de los peticionarios, (iii) el derecho al trabajo no se vio afectado,
toda vez que si se quiere obtener el título para poder ejercer una profesión de
una manera válida, se debe, primero, cumplir con los requisitos de grado
establecidos por las universidades en ejercicio legítimo de su autonomía, y
(iv) no es de recibo el argumento según el cual la exigencia de preparatorios
impide el acceso a estudios de especialización, ya que el ingreso a la
especialización requiere haber cumplido antes los requisitos para ser
profesional en virtud del doble carácter de la educación como derecho-deber.
En consecuencia, acogiendo la decisión adoptada en Sala Plena
mediante sentencia SU-783 de 2003 y en aplicación del artículo 7 del decreto
306 de 1992[4]
se dejarán sin efecto los títulos de abogado que hayan sido otorgados a los
accionantes en cumplimiento de las ordenes de los jueces de instancia. Es
decir, se retrotraeran todos los efectos de los grados que se hayan surtido en
las universidades accionadas, en cumplimiento de las providencias reseñadas en
el acápite de pruebas.
V. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del
Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto del 1 de agosto de 2003 y, en su lugar, NEGAR
la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio de Mónica Romo López, Evelyn Rodríguez Guaismayan y
Viviana Chamorro Rojas.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los grados de
abogadas de Mónica Romo López, Evelyn Rodríguez Guaismayan y Viviana Chamorro
Rojas, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 1 de
agosto de 2003 del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto.
TERCERO: REVOCAR la sentencia del
Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto del 25 de agosto de 2003 y, en su lugar,
NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad
de escoger profesión u oficio de Jhony Ariel Carmona Burbano.
CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de
abogado de Jhony Ariel Carmona Burbano, en caso de que se haya otorgado en
cumplimiento de la sentencia del 25 de agosto de 2003 del Juzgado 2º Penal del
Circuito de Pasto.
QUINTO: REVOCAR la sentencia del Juzgado
2º Penal del Circuito de Pasto del 22 de agosto de 2003 y, en su lugar, NEGAR
la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio de Javier Enríquez Zambrano.
SEXTO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de
abogado de Javier Enríquez Zambrano, en caso de que se haya otorgado en
cumplimiento de la sentencia del 22 de agosto de 2003 del Juzgado 2º Penal del
Circuito de Pasto.
SÉPTIMO: REVOCAR la providencia del Juez
2º Penal del Circuito de Pasto del 25 de agosto de 2003 y, en consecuencia, DEJAR
SIN EFECTOS el grado de abogado de Javier Rodríguez Rosales, en caso de que
se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 25 de agosto de 2003 del
Juzgado señalado.
OCTAVO: REVOCAR la sentencia del Juzgado
32 Penal Municipal de Cali del 12 de septiembre de 2003 y, en su lugar, NEGAR
la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio de Francisco Certuche Quiguanas.
NOVENO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de
abogado de Francisco Certuche Quiguanas, en caso de que se haya otorgado en
cumplimiento de la sentencia del 12 de septiembre de 2003 del Juzgado 32 Penal
Municipal de Cali.
DÉCIMO: REVOCAR la sentencia del Juzgado
2º de Familia de Tunja del 29 de agosto de 2003 y, en su lugar, NEGAR la
tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio de Audrey Nitola Viancha .
DECIMOPRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el
grado de abogadas de Audrey Nitola Viancha , en caso de que se haya otorgado en
cumplimiento de la sentencia del 29 de agosto de 2003 del Juzgado 2º de Familia
de Tunja.
DECIMOSEGUNDO: REVOCAR la sentencia del
Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 8 de julio de 2003 y, en su lugar, NEGAR
la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio de Oscar Coral Barahona.
DECIMOTERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el
grado de abogado de Oscar Coral Barahona, en caso de que se haya otorgado en
cumplimiento de la sentencia del 8 de julio de 2003 del Juzgado 3º Penal del
Circuito de Pasto.
DECIMOCUARTO: REVOCAR la sentencia del
Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 24 de julio de 2003 y, en su lugar, NEGAR
la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio de Janneth Rocio Santacruz y Milena Rosero Ortega.
DECIMOQUINTO: DEJAR SIN EFECTOS los
grados de abogadas de Janneth Rocio Santacruz y Milena Rosero Ortega, en caso
de que se hayan otorgado en cumplimiento de la sentencia del 24 de julio de
2003 del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto.
DECIMOSEXTO: REVOCAR la sentencia del
Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 13 de agosto de 2003 y, en su lugar,
NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad
de escoger profesión u oficio de Jorge Olmedo Arturo España .
DECIMOSEPTIMO: DEJAR SIN EFECTOS el
grado de abogado de Jorge Olmedo Arturo España, en caso de que se haya otorgado
en cumplimiento de la sentencia del 13 de agosto de 2003 del Juzgado 3º Penal
del Circuito de Pasto.
DECIMOCTAVO: REVOCAR la sentencia del
Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 5 de septiembre de 2003 y, en su
lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la
libertad de escoger profesión u oficio de Nury Ortiz Benavides.
DECIMONOVENO: DEJAR SIN EFECTOS el grado
de abogada de Nury Ortiz Benavides, en caso de que se haya otorgado en
cumplimiento de la sentencia del 5 de septiembre de 2003 del Juzgado 3º Penal
del Circuito de Pasto.
VIGÉSIMOPRIMERO: REVOCAR la sentencia
del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 25 de agosto de 2003 y, en su
lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la
libertad de escoger profesión u oficio de Rafael Timana Rosero.
VIGÉSIMOSEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el
grado de abogado de Rafael Tima Rosero, en
caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 25 de agosto
de 2003 del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto.
VIGÉSIMOTERCERO: REVOCAR la sentencia
del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 13 de agosto de 2003 y, en su
lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la
libertad de escoger profesión u oficio de Harold Pérez Segura .
VIGÉSIMOCUARTO: DEJAR SIN EFECTOS el
grado de abogado de Harold Pérez Segura, en caso de que se haya otorgado en
cumplimiento de la sentencia del 13 de agosto de 2003 del Juzgado 3º Penal del
Circuito de Pasto.
VIGÉSIMOQUINTO: Para los efectos del
artículo 36 del decreto 2591 de 1991, los juzgados de origen hará las
notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta
sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1] En este
sentido pueden consultarse las sentencias T-310 de 1999 M.P. Alejandro Martínez
Caballero, T-515 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero y particularmente en
lo referido a los preparatorios, las sentencias T- 006 de 1994, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra y la sentencia C-1043 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Al respecto esta última indicó lo siguiente: “No obstante cabe precisar  que
los establecimientos  educativos que imparten formación  a quienes aspiran  a
obtener el título de abogado, pueden exigir  los exámenes preparatorios, u
otros requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de abogado de
acuerdo con sus planes de estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos
y propósitos  de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria  que
les reconoce el artículo 69 constitucional”.
[2] Al
respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-826 de 2003, M.P
Eduardo Montealegre Lynett, T-974 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-460 de
2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-515 de 1999, M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[3] En este
mismo sentido pueden consultarse entre muchas otras las sentencias T-672 de
1998, M.P. Hernando Herrera Vergara, T-496 de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, T-634 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett  y recientemente la
sentencia T-1127 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas.
[4] El
artículo 7 del decreto 306 de 1992 reza:  "Cuando el juez que conozca
de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el
fallo de tutela que haya ordenando realizar una conducta, quedarán sin efecto
dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa
en cumplimiento del fallo respectivo"