T-630-15
Sentencia T-630/15
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
En principio la acción de tutela procede cuando se han agotado los
mecanismos de defensa judicial ordinarios, sin embargo, existen situaciones de
hecho en las que urge la protección inmediata e impostergable por parte de las
autoridades correspondientes, para evitar la afectación de un bien
jurídicamente protegido y que hacen procedente la acción de tutela.
PENSION DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN LA LEY 100/93-Reiteración de jurisprudencia
Existen 3 condiciones para acceder al régimen de transición: tener 35 años
o más de edad para las mujeres, tener 40 o más años para los hombres o 15 años
o más cotizados al sistema; no se exige cumplir simultáneamente el requisito de
edad y el requisito de semanas cotizadas para poder acceder a dicho régimen; el
acceso al régimen de transición es una expectativa legítima cuando existe una
probabilidad de acceder a él bajo la normatividad vigente.
PENSION DE VEJEZ-Reconocimiento conforme
al Acuerdo 049 de 1990
Para
que una persona se pudiera pensionar con las condiciones de monto, edad y
tiempo señaladas en el Acuerdo 049 de 1990 debía (i) tener 60 o más años de
edad al momento de solicitar la pensión y (ii) demostrar como mínimo 500
semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores a la solicitud o 1000 en
cualquier momento.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Improcedencia por no afectar derechos fundamentales y por no haber
agotado los medios ordinarios de defensa
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Improcedencia por cuanto no se acreditan
los requisitos para acceder al régimen de transición y obtener el reconocimiento
de la pensión de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990
Referencia: Expediente T-4.953.353
Acción de tutela instaurada por Jesús
Ballesteros contra la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES).
Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.
Asunto: Principio de
subsidiariedad como requisito de procedencia de la acción de tutela y régimen
de transición.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., dos (2) de octubre
de dos mil quince (2015).
La Sala Quinta de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de segunda instancia adoptado por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de marzo de 2015, que confirmó la decisión
adoptada por el Juzgado 3º Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del
proceso de tutela promovido por Jesús Ballesteros contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES).
El asunto llegó a la Corte
Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá. El 11 de junio de 2015, la Sala Sexta de Selección
de Tutelas de esta Corporación, escogió el presente caso.
I. ANTECEDENTES
El 3 de febrero de 2015, el señor
Jesús Ballesteros interpuso acción de tutela contra de COLPENSIONES, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital. El accionante afirma que se violaron las garantías señaladas,
debido a que la entidad demandada no reconoció que el actor era beneficiario
del régimen de transición, y en consecuencia, le negó la solicitud de reconocimiento
y pago de su pensión de vejez.
A. Hechos y pretensiones
1.     El señor Ballesteros indica que nació en el
año 1955 y empezó a trabajar desde 1973, y que desde esa fecha, ha cotizado sus
aportes al Sistema de Seguridad Social de Pensiones de forma ininterrumpida[1].
2.     El actor señala que al momento de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, había cotizado aproximadamente 17 años de
servicio[2]
en el sistema.
3.      El 11 de febrero de 2014, el accionante
solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, por
considerar que cumplía con los requisitos legales para acceder a dicha
prestación por ser beneficiario del régimen de transición, ya que para esa
fecha, tenía más de 40 años de servicio cotizados[3].
4.     Por medio de la Resolución No. GNR 144701 del
28 de abril de 2014, la entidad accionada negó la petición, bajo el argumento
de que el actor no acreditaba el requisito mínimo de edad establecido en el
artículo 9º de la Ley 797 de 2003, toda vez que al momento de presentar la
solicitud, el peticionario tenía 59 años de edad y debía tener 62, de acuerdo
con lo establecido en dicha normativa[4].
5.     El 24 de junio de 2014, el accionante
interpuso recurso de reposición en contra del acto administrativo que negó su
solicitud, el cual fue resuelto el 28 de agosto de 2014, mediante Resolución
No. GNR 300594, que confirmó la negativa de reconocimiento y pago de la pensión
de vejez del señor Ballesteros[5].
6.     En dicha resolución, COLPENSIONES indicó que
el accionante no era beneficiario del régimen de transición, porque al momento
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía las semanas de
cotización requeridas para acceder a dicho beneficio, pero no cumplía con el
requisito de la edad por tener menos de 40 años. Adicionalmente, señaló que de
acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4º del artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición no podía extenderse más allá
del 31 de julio de 2010[6].
7.     El 3 de febrero de 2015, el señor Ballesteros
presentó acción de tutela contra COLPENSIONES, por considerar que la entidad
accionada vulneró sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital al negarle
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez[7].
8.     Específicamente, solicita al juez de tutela
ordenar el reconocimiento de su pensión de vejez con los beneficios respectivos
por haber cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones por más de 40
años[8].
B. Actuación en sede de tutela
Mediante auto del 5 de febrero de 2015, el
Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá, avocó el conocimiento de la acción de
tutela y ordenó notificar a COLPENSIONES en calidad de demandada, con el fin de
que presentara sus argumentos sobre los hechos que fundamentan la solicitud de
amparo[9].
La entidad accionada guardó silencio respecto
de los hechos que suscitaron la controversia.
C. Decisiones objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 12 de febrero
de 2015, el Juzgado 3º Civil del
Circuito de Bogotá, negó la acción de tutela. En particular, afirmó que el
actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial, como la jurisdicción
ordinaria, para solicitar el reconocimiento de su pensión de vejez. Además,
indicó que en el caso objeto de estudio no había elementos de juicio que
permitieran evidenciar la existencia o amenaza de un perjuicio irremediable, o
alguna situación de vulnerabilidad que requiriera conceder el amparo
constitucional de forma transitoria[10].
Impugnación
El 16 de febrero de 2015, el accionante
impugnó el fallo del a quo por no compartir su contenido. Adicionalmente,
manifestó que presentaría un escrito de apelación en el que expondría los
argumentos que sustentaban el recurso, sin embargo dicho escrito nunca se
presentó[11].
Sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia del 10 de marzo de 2015, la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. confirmó
la sentencia del juez de primera instancia.
Reiteró lo señalado en la providencia
controvertida y adicionalmente señaló que el requisito de subsidiariedad es una
característica fundamental de procedencia de la acción de tutela, excepto si el
amparo es utilizado como mecanismo transitorio, con el propósito de evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Asimismo, manifestó que el debate
objeto de estudio debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, competente para
determinar si el actor tiene el derecho a que se le reconozca la pensión de
vejez bajo el régimen de transición.
D. Documentos aportados en sede de revisión
COLPENSIONES
El 22 de septiembre de 2015, la Secretaría General de la
Corte Constitucional allegó al despacho un escrito remitido por la entidad
demandada[12]
en la que manifiesta que: (i) en el presente caso, la acción de tutela es
improcedente debido a que el actor no ha agotado la jurisdicción ordinaria
laboral; (ii) el peticionario no podía beneficiarse del régimen de transición,
toda vez que dicha normativa estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2010,
excepto para las personas que tuvieran 750 semanas de cotización a la entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, a quienes se les extendería hasta
el 31 de diciembre de 2014; y (iii) no se podía conceder la pensión al actor
bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, debido a que el accionante no cumplía
con el requisito de edad mínima de 60 años, cuando presentó la solicitud de
reconocimiento de la prestación reclamada.
Con fundamento en lo anterior, solicita de manera
principal, que se declare la improcedencia de la acción de tutela y,
subsidiariamente que se niegue el amparo solicitado por el señor Jesús
Ballesteros.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.- Con fundamento en las facultades
conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el
proceso de la referencia.
El asunto objeto de discusión
y problemas jurídicos
2.- El 11 de febrero de 2014, el
señor Jesús Ballesteros pidió a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de su
pensión de vejez, por considerar que era beneficiario del régimen de transición,
toda vez que al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, había
cotizado aproximadamente 17 años de servicio[13] en el Sistema de
Seguridad Social.
La entidad accionada negó la
petición mediante resolución proferida el 28 de abril de 2014, bajo el
argumento de que el actor no acreditaba el requisito mínimo de edad, debido a
que al momento en el que presentó la solicitud tenía 59 años de edad y debía tener
62.[14].
El 24 de junio de 2014, el
accionante interpuso recurso de reposición en contra de la resolución que negó
la solicitud, la cual fue confirmada por la resolución del 28 de agosto de
2014. En dicho acto administrativo COLPENSIONES señaló que el actor no cumplía
con los requisitos para acceder a la pensión de vejez y que no era beneficiario
del régimen de transición, porque, a pesar de que había cumplido con el requisito
de semanas cotizadas, no tenía 40 años de edad en la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 y que, en todo caso, el régimen no podía extenderse más allá
del 31 de julio de 2010[15].
3.- Con fundamento en lo anterior,
el señor Jesús Ballesteros solicita el amparo de sus derechos fundamentales a
la seguridad social y al debido proceso y, en consecuencia, pide que se ordene
a la entidad accionada reconocer y pagar la pensión de vejez a la que considera
tener derecho.
4.- La situación fáctica descrita exige a la Sala
determinar si COLPENSIONES vulneró los derechos a la seguridad social y al
mínimo vital del accionante, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión
de vejez, bajo el argumento de que éste no cumple con el requisito de edad para
acceder a dicha prestación.
Para resolver el problema planteado, es necesario abordar
el análisis de los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela,
en particular el principio de subsidiariedad; (ii) las reglas jurisprudenciales
sobre el acceso y vigencia del régimen de transición en pensiones establecido
en la Ley 100 de 1993; y (iii) los requisitos para acceder a la pensión de
vejez bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990. Con base en dichos presupuestos,
se estudiará el caso concreto.
Examen de procedencia de la acción de tutela
Subsidiariedad
5.- El inciso 4º del artículo 86 de la Norma
Superior consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia
de la acción de tutela y establece que “[e]sta acción sólo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Del mismo modo, el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, establece que el amparo constitucional será improcedente,
cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la
situación particular en la que se encuentre el solicitante.
Respecto de lo anterior, en la sentencia
T-1008 de 2012[16] esta Corporación estableció que por regla
general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y por lo tanto, no
constituye un medio alternativo o facultativo, que permita complementar los
mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Adicionalmente, la
Corte señaló que no se puede abusar del amparo constitucional ni evitar el
agotamiento de la jurisdicción ordinaria o contenciosa, con el propósito de
obtener un pronunciamiento más ágil y expedito, toda vez que éste no ha sido
consagrado para remplazar los medios ordinarios existentes.
Posteriormente, la sentencia T-373 de 2015[17] estableció que si
existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces
para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En
consecuencia una persona que acude a la administración de justicia con el fin
de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones
judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez
de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer
dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un
determinado asunto radicado bajo su competencia.
6.- No obstante, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un
mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran
vulnerados, existen algunas excepciones al principio de subsidiariedad que
harían procedente la acción de  tutela. La primera de ellas es que se compruebe
que el mecanismo judicial pendiente por agotar no es idóneo ni eficaz para
proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que “siendo
apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de
la tutela”[18].
En el primer supuesto, la aptitud del medio de
defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, en consideración a
las características procesales del mecanismo y al derecho fundamental
involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de
tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.[19]
Respecto de lo anterior, en la sentencia
SU-961 de 1999[20],
esta Corporación indicó que en cada caso, el juez de tutela debe evaluar y
determinar si los mecanismos ordinarios pueden otorgar una protección completa
y eficaz a quien lo necesita, y si las medidas pendientes no cumplen con dicho
fin, el operador judicial puede conceder el amparo constitucional de forma
definitiva o transitoria dependiendo del caso concreto.
En el mismo sentido, la sentencia T-230 de 2013[21],
indicó que una de las formas para determinar que el mecanismo no es idóneo, se
presenta cuando éste no ofrece una solución integral y no resuelve el conflicto
en toda su dimensión. En consecuencia, la aptitud del medio debe analizarse en
cada caso concreto, teniendo en cuenta (i) las características del
procedimiento; (ii) las circunstancias del peticionario y (iii) el derecho
fundamental involucrado.
7.- En relación con la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, este Tribunal, en la sentencia T-225 de 1993[22],  señaló que
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 86 de la Norma Superior, éste se
presenta cuando existe un menoscabo moral o material injustificado que es irreparable,
debido a que el bien jurídicamente protegido se deteriora hasta el punto que ya
no puede ser recuperado en su integridad.
Adicionalmente, en la sentencia T-808 de 2010[23],
reiterada en la T-956 de 2014[24], la Corte estableció que se debía tener en
cuenta la presencia de varios elementos para determinar la irremediabilidad del
perjuicio.
En primer lugar, estableció que el daño debe ser
inminente, es decir que está por suceder en un tiempo
cercano, a diferencia de la mera expectativa ante un posible menoscabo. Esto
exige la existencia de evidencias fácticas de la presencia de un daño en un
corto plazo que justifique la intervención del juez constitucional. Es
importante resaltar que la inminencia no implica necesariamente que el daño
este consumado. Asimismo, indicó que las medidas que se debían tomar para conjurar
el perjuicio irremediable deben ser urgentes y precisas
ante la posibilidad de un daño grave evaluado por la
intensidad del menoscabo material o moral a una persona. En esa oportunidad, la
Corte señaló que la gravedad del daño depende de la importancia que el orden
jurídico le concede a determinados bienes bajo su protección.
Finalmente estableció la acción de tutela debe
ser impostergable para que la actuación de las autoridades
correspondientes sea eficaz y pueda asegurar la debida protección de los
derechos comprometidos.
8.- Con fundamento en las consideraciones
anteriormente expuestas, se concluye que en principio la acción de tutela
procede cuando se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios,
sin embargo, existen situaciones de hecho en las que urge la protección
inmediata e impostergable por parte de las autoridades correspondientes, para
evitar la afectación de un bien jurídicamente protegido y que hacen procedente
la acción de tutela.
Reglas jurisprudenciales sobre el acceso al
régimen de transición en pensiones establecido en la Ley 100 de 1993 y su
vigencia
9.- Con la creación del Sistema General de
Pensiones regulado en la Ley 100 de 1993, el Legislador consagró un régimen de
transición con el fin de proteger las expectativas legítimas de los
trabajadores afiliados al régimen de prima media, que estaban próximos a
adquirir la pensión de vejez con los requisitos de monto, edad y tiempo de
cotización en el régimen anterior, al momento de entrada en vigencia del
sistema general de pensiones, es decir a partir el 1º de abril de 1994.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece
que “La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas
que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.”.
10.- En
particular sobre la aplicabilidad del régimen de transición, en la sentencia
T-893 de 2013[25], la Corte reiteró las reglas fijadas por este
Tribunal en varias ocasiones[26]  y estableció que el artículo 36 de dicha
normativa dispuso: (i) en qué consiste el régimen de transición; (ii) la
categoría de los trabajadores que pueden acceder a él; y (iii) las
circunstancias por las que se pierde el beneficio consagrado en tal régimen.
En la providencia anteriormente referida, la Corte estableció que
el régimen de transición “prevé como beneficio para acceder a la pensión de
vejez, que la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y
el monto de la misma, sea la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentre afiliado el trabajador”. Asimismo, indicó que dicho beneficio
está dirigido a 3 categorías de trabajadores:
(i)
Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad al 1º de abril
de 1994.
(ii)
Hombres con cuarenta (40) o más años de edad al 1º de abril de
1994.
(iii)
Hombres y mujeres que independientemente de la edad, acrediten
quince (15) años o más de servicios cotizados al 1º de abril de 1994.
Con fundamento en lo anterior, la providencia previamente citada
concluyó lo siguiente:
“Conforme con lo anterior, para ser
beneficiario o sujeto del régimen de transición pensional y así quedar exento
de la aplicación de la Ley 100/93 en lo referente a la edad, el tiempo y el
monto de la pensión de vejez, no se requiere cumplir paralelamente el
requisito de edad y el de tiempo de servicios cotizados, sino tan solo uno de
ellos, pues la redacción disyuntiva de la norma así lo sugiere.” (Negrilla
fuera del texto original).
11.- Por otra parte, en el Acto Legislativo 01 de 2005[27], el
Constituyente consagró un límite temporal para la aplicación del régimen de
transición en materia de pensiones, así:
Artículo 48. Parágrafo
Transitorio 1. “El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31
de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho
régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a
los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”. (Subrayado
fuera del texto original).
12.- En diferentes oportunidades, este Tribunal
ha establecido que la expresión “hasta el año 2014” implica que la
vigencia del régimen de transición se extendería hasta el 31 de diciembre de
2014. Esta interpretación ha sido reconocida por otros tribunales y autoridades
públicas. En efecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia del 29 de noviembre de 2011[28], indicó que si una persona tenía al menos 750
semanas cotizadas en el momento de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01
de 2005[29], el régimen de transición para pensionarse con los
requisitos del Acuerdo 049 de 1990, se mantendría hasta el 31 de diciembre de
2014.
Igualmente, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de abril de 2011[30], señaló lo siguiente:
“Adicionalmente, el Acto Legislativo No. 1 de 2005 en su
parágrafo transitorio No. 4 determinó que el régimen de transición no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente de 15 años de servicios al 25 de julio de 2005 –fecha de entrada en
vigencia del acto- quienes podrán seguir amparados con la transición
hasta el 31 de diciembre de 2014 efectuando de esta manera un desmonte
de la transición pensional prevista en la Ley 100 de 1993”. (Subrayado por fuera del texto original).
La Procuraduría General de la Nación se ha manifestado
en el mismo sentido.
En efecto, mediante la Circular 048 del 29 de septiembre
de 2010[31], al pronunciarse sobre los oficios No. 177868 de 2010 y
12310 de 2010, proferidos por la Dirección General de Seguridad Económica y
Pensiones del Ministerio de la Protección Social y la Dirección General de
Seguridad Económica y Pensiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Ministerio Público sostuvo que la vigencia del régimen de transición se
extendía hasta el 31 de diciembre de 2014 y no hasta el 31 de diciembre de
2013, tal como se establecía en dichos oficios.
La Corte Constitucional también se ha pronunciado
en el mismo sentido, en particular, en la sentencia C-258 de 2013[32] esta
Corporación indicó que el régimen de transición en pensiones terminó el 31 de
julio de 2010, salvo para las personas que siendo beneficiarias de éste,
tuvieran más de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005, a quienes se les extendería hasta el 31 de diciembre
2014.
Asimismo, la sentencia C-418 de 2014[33] estableció
que la expresión “hasta 2014” contenida en el parágrafo 4° del Acto
Legislativo 01 de 2005, significa que el régimen de transición sería aplicable
hasta el 31 de diciembre de 2014 para los trabajadores que cumplieran con el
requisito de tener las 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005.
13.- Ahora bien, con el fin de
dar un mayor entendimiento del contenido y alcance del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sala considera
necesario abordar la doctrina constitucional acerca de los derechos
adquiridos, las meras expectativas y las expectativas
legítimas en materia de pensiones que ha desarrollado este Tribunal
en su jurisprudencia en virtud del principio de progresividad, toda vez que tal
y como se mencionó en el fundamento 9º de la presente sentencia, el régimen de
transición se creó con el fin de proteger las expectativas legitimas que tenían
las personas próximas a pensionarse antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.
De acuerdo con lo establecido en la Sentencia SU-130 de 2013[34],
al analizar varios casos en lo que era necesario determinar si los accionantes
eran beneficiarios del régimen de transición para obtener su pensión de vejez,
esta Corporación indicó que los derechos adquiridos se configuran a
partir de situaciones jurídicas individuales que ya han sido definidas y consolidadas
bajo el imperio de una ley, y en consecuencia pertenecen al patrimonio de una
persona. Por otra parte, dicha providencia establece que las meras
expectativas son las probabilidades o esperanzas que tiene una persona de
adquirir un derecho en el futuro, si no se produce un cambio importante en el
ordenamiento jurídico.
Esta diferenciación ha sido
reconocida por este Tribunal, entre otras, en las sentencias C-147 de
1997[35]
y la C-177 de 2005[36]
y ha señalado que con el fin de mantener la seguridad jurídica, la Constitución
Política establece el principio de irretroactividad de la ley, que prohíbe el
desconocimiento o la modificación de situaciones jurídicas consolidadas bajo un
régimen anterior, y esto constituye los derechos adquiridos. En contraposición
a lo anterior, la jurisprudencia hace referencia a las meras expectativas como
una posibilidad de alcanzar un derecho y que por lo mismo, no son más que una
esperanza de obtener un resultado jurídico concreto y pueden ser modificadas
por una nueva normativa.
Además de las dos posiciones
jurisprudenciales anteriormente expuestas, en la sentencia C-789 de 2002[37], la Corte
determinó que a pesar de que en los casos de meras expectativas es inaplicable
la prohibición de regresividad, ello no significa que éstas queden
desprotegidas, toda vez que cualquier tránsito legislativo debe estar acorde a
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y confianza legítima. De
acuerdo con lo anterior, esta Corporación ha establecido que se debe proteger
la creencia de una persona, de que la regulación que le otorga un derecho, seguirá
vigente dentro del ordenamiento jurídico. En este sentido, entre más cerca se
esté de acceder al goce efectivo de un derecho, mayor es la legitimidad de su
expectativa de obtenerlo. Con fundamento en lo anterior, en esa
oportunidad, la Corte desarrolló el concepto de expectativa legítima que
hace referencia a la aplicación del principio de no regresividad a las
aspiraciones personales de los trabajadores, cuando existe un cambio radical en
el ordenamiento jurídico que pueda afectar sus derechos.
Posteriormente, en la sentencia
C-663 de 2007[38],
la Corte definió el concepto de expectativa legítima como “(…) una
probabilidad cierta de consolidación futura del correspondiente derecho,
si se mantienen las condiciones establecidas en una ley determinada. Tales
expectativas pueden ser modificadas por el legislador en virtud de sus
competencias, si ello se requiere para cumplir fines constitucionales, pero no
pueden ser modificadas de una manera arbitraria en contraposición a la
confianza legítima de los ciudadanos”. (Subrayado fuera
del texto original).
En particular sobre los regímenes de transición, la providencia
anteriormente referida y reiterada por la sentencia C-228 de 2011[39],
estableció que éstos (i) recaen sobre
expectativas legítimas y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es salvaguardar las aspiraciones
de las personas que están cerca de acceder a un derecho específico de
conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la
subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte en exceso
las aspiraciones válidas de los asociados.
14.- Con fundamento en lo
anterior, la Sala concluye que (i) existen 3 condiciones para acceder al
régimen de transición: tener 35 años o más de edad para las mujeres, tener 40 o
más años para los hombres o 15 años o más cotizados al sistema; (ii) no se exige
cumplir simultáneamente el requisito de edad y el requisito de semanas
cotizadas para poder acceder a dicho régimen; (iii) el acceso al régimen de
transición es una expectativa legítima cuando existe una probabilidad de
acceder a él bajo la normatividad vigente.
Requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo el régimen del
Decreto 758 de 1990 (Acuerdo N° 049 de 1990)
15.- Como ha sido reconocido por este Tribunal, en particular en
la sentencia C-177 de 1998[40], antes
de la expedición de la Ley 100 de 1993, no existía un sistema integral de
pensiones, sino que había diferentes regímenes que eran administrados por
distintas entidades.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, los beneficiarios del régimen de transición tendrían derecho al
reconocimiento de su pensión de vejez bajo las condiciones de edad,
semanas cotizadas y monto, que estableciera el régimen al que
se encontraban afiliados antes de la entrada en vigencia de dicha normatividad.
En el caso del actor, se debía aplicar el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, toda vez que dicha norma contenía el
Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte
antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. En relación con los requisitos para acceder a la pensión de vejez,
el artículo 12 de dicha normativa establece lo siguiente:
“Tendrán derecho a la pensión
de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de
edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se
es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500)
semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores
al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
(1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.”
16.- Lo anterior
ha sido reiterado en diferentes oportunidades por la Corte Constitucional[41]. Recientemente
las sentencias T-021 de 2013[42] y la
T-476 de 2013[43], establecieron
que de acuerdo con lo dispuesto el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para
poder acceder a la pensión de vejez, era necesario acreditar que se contaba con
60 o más años de edad para los hombres, o 55 años para las mujeres y,
adicionalmente, demostrar que se habían cotizado como mínimo 500 semanas dentro
de los 20 años anteriores a la acusación del derecho pensional, o 1000 semanas
en cualquier tiempo.
Con fundamento en
lo anterior, se concluye que para que una persona se pudiera pensionar con las
condiciones de monto, edad y tiempo señaladas en el Acuerdo 049 de 1990 debía
(i) tener 60 o más años de edad al momento de solicitar la pensión y (ii)
demostrar como mínimo 500 semanas de cotización dentro de los 20 años
anteriores a la solicitud o 1000 en cualquier momento.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia en
el caso concreto
17.- Con base en las consideraciones anteriormente expuestas,
la Sala analizará si en el caso bajo estudio se cumplieron los requisitos de
procedencia de la acción de tutela.
En este caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad
18.- De acuerdo con los fundamentos
jurisprudenciales anteriormente señalados y las pruebas que obran en el expediente,
la Sala encuentra que en el caso objeto de estudio, no se cumple con el
requisito de subsidiariedad. Lo anterior, debido a que el actor tiene pendiente
por agotar la jurisdicción ordinaria laboral que sería la competente para
resolver el presente asunto, y en el escrito de tutela no se hace referencia a
las razones por las cuales no se agotó dicho mecanismo judicial, ni por las que
que éste no resulta idóneo o eficaz para proteger los derechos que se consideran
vulnerados.
Adicionalmente la Sala evidencia que no se demuestra
la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable. En efecto, dentro del
escrito de tutela no se hace referencia a alguna situación particular que
requiera una intervención inminente e impostergable, ni que el mínimo vital del
actor se encuentre afectado.
19.- Además, no se evidencia que el
peticionario se encuentre en una situación de vulnerabilidad que requiera la
intervención inminente del juez de tutela. Contrario a lo anterior, de acuerdo
con el reporte de semanas cotizadas en pensiones[44] aportado por
el accionante, hasta el 11 de diciembre de 2014, el actor se encontraba trabajando
en la empresa Toronto de Colombia Limitada. Asimismo, consultada la base de datos
del Sistema Integral de Información de la protección Social - Registro Único de
Afiliados del Ministerio de Salud y Protección Social[45], se demuestra que
actualmente el señor Ballesteros se encuentra afiliado al sistema de salud en
calidad de cotizante, tiene vigente una afiliación al Sistema General de
Riesgos Profesionales con la empresa Seguros De Vida Colpatria S.A. y se
encuentra afiliado a la Caja de Compensación Compensar en calidad de trabajador
dependiente, lo que demuestra que el actor actualmente se encuentra trabajando
y que su mínimo vital no está siendo afectado.
20.- Con fundamento en lo anterior, se concluye
que en el presente caso, no se cumple con principio de subsidiariedad y en
consecuencia la acción de tutela resulta improcedente. No obstante, en gracia
de discusión, la Sala entrara a revisar si el actor cumple con los presupuestos
para ser beneficiario del régimen de transición pensional y si acredita los
requisitos del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a su pensión de vejez bajo
dicha normativa, teniendo en cuenta que COLPENSIONES negó la solicitud del
peticionario por considerar que éste no era beneficiario de dicho régimen.
No se acreditan los requisitos para acceder al
régimen de transición y obtener el reconocimiento de la pensión de vejez bajo
el Acuerdo 049 de 1990
21.- La Sala considera necesario aclarar que
tal como se expuso en la parte considerativa de la presente sentencia, el artículo
36 de Ley 100 de 1993, no exige que las personas cumplan simultáneamente con el
requisito de edad y tiempo de servicio para ser beneficio de dicho régimen como
lo indicó COLPENSIONES en su respuesta a la petición del accionante[46], ya que la norma exige tener 35 años de edad
en el caso de las mujeres y 40 para los hombre o acreditar más de
15 años de servicio a la entrada en vigencia del  Sistema General de Pensiones.
22.- Con fundamento en lo anterior y en las
pruebas que obran en el expediente, se demuestra que prima facie el
actor cumplía con los requisitos para ser beneficiario del régimen de
transición, toda vez que del Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones[47]  y tal como
lo reconoció la entidad demandada[48],
el accionante acreditó más de 15 años de servicio al 1º de abril de 1994.
23.- Ahora bien, lo anterior implica que el
actor podía pensionarse si cumplía con las condiciones de tiempo y edad
del régimen anterior a la Ley 100 de 1993, es decir, el Acuerdo 049 de 1990.
De conformidad con el artículo 12 de dicha normativa, una persona podía acceder
al reconocimiento de la pensión de vejez cuando cumpliera simultáneamente con
dos condiciones: (i) para los hombres tener 60 o más años de edad y (ii) haber
cotizado mínimo quinientas (500) semanas durante los últimos veinte (20) años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado mil (1000)
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
En el caso concreto, se evidencia que para el
momento en el que el actor solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez,
es decir el 11 de febrero de 2014, éste cumplía con el requisito de semanas cotizadas,
pero no con el de la edad, toda vez que tenía 59 años y en consecuencia no
acreditaba las condiciones necesarias para pensionarse con dicho régimen.
24.- Ahora bien, la Sala considera que el señor
Ballesteros tampoco tenía una expectativa legítima de pensionarse con las
condiciones de tiempo y edad del Acuerdo 049 de 1990, ya que el Acto
legislativo 01 de 2005 impuso un término de vigencia del régimen de transición,
hasta el 31 de diciembre de 2010, excepto para las personas que tuvieran más de 750 semanas cotizadas a la
entrada en vigencia de dicho acto, a quienes se les extendería hasta el 31 de
diciembre 2014. En el caso particular, se demuestra que al actor le era
extensivo el régimen de transición hasta el año 2014, debido a que para el 25
de julio de 2005[49],
tenía 750 semanas cotizadas en el sistema. No obstante,  del documento de
identidad del accionante, se evidencia que éste no acreditaría el requisito de
la edad antes del 31 de diciembre de 2014, toda vez que cumpliría los 60 años el
13 de enero de 2015 y por lo tanto nunca existió una probabilidad
cierta de consolidación futura del correspondiente derecho a la pensión de
vejez.
Conclusión y decisión a adoptar
25.- La Sala concluye que en este
caso, la tutela es improcedente porque el señor Jesús Ballesteros no agotó los
mecanismos judiciales en la jurisdicción ordinaria y no alegó ni demostró la
ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable que afectara sus derechos
fundamentales. Por otra parte, la Sala considera que el actor no cumplió con
los requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo el régimen del Acuerdo
049 de 1990, toda vez que no cumplió los 60 años durante la vigencia del
régimen de transición.
26.- En consecuencia, la Sala, confirmará
la sentencia del 10 de marzo de 2015, proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., que reiteró la decisión
proferida por el Juzgado 3º Civil del Circuito de la misma ciudad, mediante la
cual se negó el amparo solicitado.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2015,
proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que ratificó la decisión
proferida por el Juzgado 3º Civil del Circuito de la misma ciudad, mediante la
cual se negó el amparo solicitado.
SEGUNDO. Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Escrito de tutela, folios 1-9 y
Reporte de semanas cotizadas expedido por COLPENSIONES, folios 18-22, Cuaderno
1.
[2] Ibídem.
[3] Resolución No.
GNR 144701, 28 de abril de 2014, folio 12 y 13, Cuaderno 1.
[4] Ibídem.
[5] Resolución No.
GNR 300594, 28 de agosto de 2014, folio 15-17, Cuaderno 1.
[6] Ibídem.
[7] Acta individual
de reparto, folio 45, Cuaderno 1.
[8] Escrito de tutela, folios 1-9,
Cuaderno 1.
[9] J Juzgado 3º Civil del Circuito de
Bogotá, Auto admisorio, folio 47, Cuaderno 1.
[10]  Juzgado 3º Civil del Circuito de
Bogotá. Sentencia del 12 de febrero de 2015, folios 52-56, Cuaderno 1.
[11]  Escrito de impugnación, folios 59,
Cuaderno 1.
[12] Escrito de COLPENSIONES, folios
10-17, Cuaderno Corte Constitucional.
[13] Escrito de tutela, folios 1-9 y Resolución
No. GNR 144701, 28 de abril de 2014, folio 12 y 13, Cuaderno 1.
[14] Resolución No. GNR 144701, 28 de
abril de 2014, folio 12 y 13, Cuaderno 1.
[15] Resolución No.
GNR 300594, 28 de agosto de 2014, folio 15-17, Cuaderno 1.
[16] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[17] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[18] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[19] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-373 de
2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[20]M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[21] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[22]M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[23]M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[24]M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[25] Jorge Iván Palacio Palacio.
Ver sentencias [26]C-596
de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-789 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil,
T-526 de 2006, M.P. Mauricio González Cuervo, T-651 de 2009 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, T-879 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-860 de 2012 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio y T-476 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa,
entre otras.
[27] Que modificó el artículo 48 de la
Constitución Política.
[28] Radicado No. 42839, citada en la Sentencia C-418 de 2014.
[29] Radicado No. 110010325000200700054-00, citada en la Sentencia C-418
de 2014.
[30] El 29 de julio de 2005.
[31]Citada en la Sentencia C-418 de 2014.
[32] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33] M.P. María Victoria Calle Correa.
[34]M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[35] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[36] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[38] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[40] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[41] Ver Sentencias T-398 de 2009 M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-583 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
T-093 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-637 de 2011 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva Luis Ernesto Vargas Silva,  T-201 de 2012 M.P. Nilson Pinilla
Pinilla, T-360 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-408 de 2012 M.P. Mauricio
González Cuervo,
[42] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43] M.P. María Victoria Calle Correa.
[44] Reporte de semanas cotizadas expedido
por COLPENSIONES, folios 18-22, Cuaderno 1.
[45] http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
[46] Resolución No.
GNR 300594, 28 de agosto de 2014, folio 15-17, Cuaderno 1.
[47] Reporte de semanas cotizadas expedido
por COLPENSIONES, folios 18-22 Cuaderno 1.
[48] Resolución No.
GNR 300594, 28 de agosto de 2014, folio 15-17, Cuaderno 1.
[49] Fecha de
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005..