C-287-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-287/14
PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA REPARACION
INTEGRAL DE VICTIMAS EN PROCESOS DE JUSTICIA Y PAZ DE LA
LEY 975 DE 2005, MODIFICADO POR LA LEY 1592 DE 2012-Cosa juzgada constitucional
DESTINACION DE
RECURSOS DEL FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS Y VIGENCIA DEL INCIDENTE
DE IDENTIFICACION-Contenido
CONFIGURACION DE LA
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia
constitucional/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Se orienta a garantizar la
estabilidad de las sentencias judiciales, la certeza respecto de sus efectos y
la seguridad jurídica/COSA JUZGADA ABSOLUTA Y COSA JUZGADA RELATIVA-Distinción/COSA
JUZGADA MATERIAL Y COSA JUZGADA FORMAL-Distinción
INCIDENTE DE IDENTIFICACION DE LAS
AFECTACIONES CAUSADAS A LAS VICTIMAS-Cosa Juzgada Constitucional
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
POR LA VIA JUDICIAL PENAL DEL REGIMEN DE TRANSICION DE JUSTICIA Y PAZ-Vulneración del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo para
lograr dicha reparación
REGIMENES DE JUSTICIA TRANSICIONAL POR
PARTE DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA
VERDAD, A LA JUSTICIA, A LA
REPARACION INTEGRAL Y GARANTIA DE NO REPETICION-Límites
impuestos al legislador
Referencia: expediente  D-9892
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 23, 24, 25, 33 y 41 (parciales)
de la Ley 1592 de 2012, “por medio de la cual se modifica la
Ley 975 de 2005”.
Demandante: Ramón del Carmen Garcés y
otros.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil catorce
(2014).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4º, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos
contemplados en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, los ciudadanos Ramón del Carmen Garcés, Ricardo Rosas
Viso, Félix Tomás Batta Jiménez, Hugo Montoya Zuluaga y Nini Johana Cardozo
Dueñas presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 23,
24, 25, 33 y 41 (parciales) de la Ley 1592 de 2012 “Por medio de la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005 ¨por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios¨ y se dictan otras
disposiciones”.
Los ciudadanos demandantes consideran que
los segmentos normativos acusados son contrarios a los artículos 1º, 2º, 9º,
95.7, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 150
a 156, 188, 189, 228, 229, 235, 237, 241, 246, 250, 256 de la
Constitución Política, a los artículos 8 y 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), al artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y a los artículos 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
En sesión del 11 de septiembre de 2013, la
Sala Plena de la Corte Constitucional decidió acumular los expedientes D-9887
y D-9892, y asignarlos al Magistrado Luís Ernesto Vargas Silva.
Mediante providencia 26 de septiembre de 2013, el
Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda que dio lugar al expediente
D-9892, por considerar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2°
del Decreto 2067 de 1991. De otra parte, decidió inadmitir el libelo
correspondiente al expediente D-9887, por encontrar que no cumplía con los
requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia constitucional para
acceder al estudio de la demanda, y concedió un término 3 días para que de
forma clara, cierta, específica, pertinente y suficiente, la parte actora
expresara los argumentos por los cuales las normas acusadas vulneraban la
Carta Política.
Posteriormente, en auto del 16 de octubre de 2013 el
Magistrado Sustanciador resolvió rechazar la demanda correspondiente al
expediente D-9887, en razón a que la parte demandante no cumplió con lo
dispuesto en la providencia del 26 de septiembre de 2013. En la misma decisión,
se ordenó adelantar el presente proceso únicamente respecto de la demanda
contenida en el expediente D-9892.
En la misma providencia se invitó a participar a las
Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de los
Andes, Libre, de Ibagué, de la Sabana y del Rosario, a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudio de Derecho,
Justicia y Sociedad (DeJusticia), y a la
Comisión Colombiana de Juristas, solicitándoles emitir concepto técnico sobre
las normas demandadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del
Decreto 2067 de 1991.
Finalmente, la
Sala dispuso comunicar la iniciación del presente proceso al Presidente de la
República y al Presidente del Congreso de la
República, para los fines previstos en el artículo 244 de la
Constitución, así como a los Ministerios del Interior, de Justicia y del
Derecho, de Hacienda y Crédito Público, al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura, al Presidente del Consejo de Estado y a la
Directora de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de procesos, entra la
Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.  LA
NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, de
conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 48.633, deL 3 de
diciembre de 2012.
“LEY 1592
DE 2012
(Diciembre 3)
Diario Oficial No. 48.633 del 3 de diciembre de 2012
“Por medio de la cual se introducen
modificaciones a la Ley 975 de 2005 ¨por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios¨ y se dictan otras disposiciones”.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
DECRETA
(…)
ARTÍCULO  4°. Modifíquese el artículo 6° de la
Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
ARTÍCULO
6°. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y
la reparación integral. La definición de estos derechos se encuentra
desarrollada en la Ley 1448 de 2011. Para estos efectos las víctimas
tendrán derecho a participar de manera directa o por intermedio de su
representante en todas las etapas del proceso a las que se refiere la presente
ley, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1448 de 2011. La magistratura velará porque así sea.
(…)
ARTÍCULO  23. Modifíquese el
artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
ARTÍCULO 23. INCIDENTE DE
IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES CAUSADAS A LAS VÍCTIMAS. En la misma audiencia en la que la
Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la
legalidad de la aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará
inicio de oficio al incidente para la identificación de las afectaciones
causadas a las víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días
siguientes al recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse por
más de veinte (20) días hábiles.
La audiencia del incidente se iniciará con
la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio,
para que exponga las afectaciones causadas con la conducta criminal.
Bastará con la prueba sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se
trasladará la carga de la prueba al postulado, si este estuviere en desacuerdo.
La Sala
examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien la promueve no es
víctima, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta
ley.
Admitida la versión de la víctima, la
Sala la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los
cargos. Si el postulado estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la
víctima se incorporará a la decisión que falla el incidente, junto con la
identificación de las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en
ningún caso serán tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la
prueba ofrecida por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el fundamento de
las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente.
La Sala
incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia con el fin de
contribuir al esclarecimiento del patrón de macrocriminalidad en el accionar de
los grupos armados organizados al margen de la ley, así como de los contextos,
las causas y los motivos del mismo, y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para
acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar.
(…)
PARÁGRAFO 3°. A la audiencia de incidente de identificación
de las afectaciones causadas a las víctimas se citará a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas a efectos de suministrar la
información que sea requerida por la sala del tribunal superior de distrito
judicial y de informar a la víctima sobre los procedimientos de reparación
integral de la Ley 1448 de 2011.
PARÁGRAFO 4°. Si participare en el incidente del que trata el
presente artículo una pluralidad de personas que afirmen ostentar la condición
de sujeto de reparación colectiva, la Sala ordenará la remisión a la
Uni­dad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta valore de manera
preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los
términos de la Ley 1448 de 2011. Si la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, al valorar la información suministrada considera que efectivamente se
trata de un sujeto de reparación colectiva, deberá iniciar el trámite de la reparación
colectiva administrativa.
PARÁGRAFO 5°. La Sala
del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la
Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas necesarias para
asegurar que en el incidente de identificación de las afectaciones causadas
a las víctimas participen las víctimas correspondientes al patrón de
macrocriminalidad que se esté esclareciendo dentro del proceso, de conformidad
con los criterios de priorización.
ARTÍCULO  24. La
Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23A, del siguiente tenor:
ARTÍCULO 23A. REPARACIÓN
INTEGRAL. Con el
fin de asegurar a las víctimas una reparación integral, la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, según corresponda, adoptarán las medidas articuladas de
rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no
repetición, según corresponda por el hecho victimizante, de conformidad con
el modelo de reparación contemplado en la
Ley 1448 de 2011 y sus normas complementarias.
En concordancia con el artículo 23 de la
presente ley, la Sala remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
con el fin de que la víctima sea objeto de la aplicación integral de las
distintas medidas de justicia transicional adoptadas por el Estado colombiano.
ARTÍCULO  25. Modifíquese el
artículo 24 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:
ARTÍCULO 24. CONTENIDO DE LA
SENTENCIA. De
acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria
se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la
pena alternativa prevista en la presente ley; la declaratoria de extinción del
derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan
sobre los bienes destinados para la reparación, así como sobre sus frutos y
rendimientos; la acumulación jurídica de penas; la obligación del condenado de
participar en el proceso de reintegración de que trata el artículo 66 de la
presente ley una vez se encuentre en libertad; las circunstancias previstas en
el artículo 25 de la presente ley, así como los compromisos que debe asumir el
condenado por el tiempo que disponga la sala de conocimiento.
En el evento en que el condenado incumpla
alguno de los compromisos u obligaciones determinados en la sentencia se le
revocará el beneficio de la pena alternativa y, en consecuencia, deberá cumplir
la sanción principal y las accesorias que le fueron impuestas.
La Sala
de Conocimiento en el marco de la presente ley, según el caso, se ocupará de
evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a
la pena alternativa.
ARTÍCULO  33. El artículo 54 de la
Ley 975 de 2005 tendrá un parágrafo 5° con el siguiente contenido:
PARÁGRAFO 5°. Los recursos del Fondo para la
Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por los postulados en el
marco del proceso penal especial de que trata la presente ley como aquellos que
provengan de las demás fuentes de conformación del Fondo, serán destinados por la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para el pago de los programas
de reparación administrativa que se desarrollen de conformidad con la
Ley 1448 de 2011. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo
tercero del artículo 17B y en el artículo 46 de la presente ley.
ARTÍCULO  41. VIGENCIA
Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de la fecha
de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
particular los artículos 7°, 8°, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 55 y 69 de
la Ley 975 de 2005.”
III.
LA DEMANDA
Los ciudadanos demandantes consideran que
los apartes normativos subrayados resultan incompatibles con los artículos 1,
2, 9, 95.7, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 150
a 156, 188, 189, 228, 229, 235, 237, 241, 246, 250, 256 de la
Constitución Política, los artículos 8 y 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDESC), y los artículos 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Los ciudadanos concretan su impugnación en
dos cargos, y en cada uno de ellos involucran apartes de varias disposiciones
de la Ley 1592 de 2012.
Primer cargo: Sostienen los actores que algunos de los apartes
normativos acusados vulneran los principios de separación de poderes e
independencia judicial, toda vez que trasladan a una dependencia de la rama
ejecutiva del poder público (a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UAEARIV-), funciones que son
propias de los jueces, como es la de tasar el monto de la indemnización
correspondiente al daño antijurídico ocasionado a la víctima por el punible
investigado. Vinculan este cargo a las siguientes expresiones: “(…) las
cuales en ningún caso serán tasadas” contenida en el inciso cuarto del
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012; “(…) y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las víctimas (…)” contenida en el inciso
quinto del artículo 23;  y al inciso 2° del artículo 24 de la
Ley 1592 de 2012.
1. En relación con el primer cargo
sostienen los actores que las normas demandadas contrarían los principios de
separación de funciones de las ramas del poder público y de independencia del
poder judicial. Sobre el particular aducen que los preceptos acusados acaban
con la reparación judicial y remiten a la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a las Víctimas la
fijación de los montos y las formas de reparación a las víctimas, facultad que
en su criterio corresponde a la rama judicial. Señalan que el Estado colombiano
se caracteriza por la separación de poderes, y que particularmente, la rama
judicial goza de autonomía, independencia e imparcialidad para el ejercicio de
sus funciones, precisando que la justicia ordinaria es la competente para
administrar justicia de manera permanente y general, sin estar sometida a
ninguna injerencia por parte de otras ramas del poder público.
1.1 En esta línea argumentativa, aseguran
que las disposiciones demandadas de la ley 1592 de 2012 incorporan un “principio
nuevo”, en  virtud del cual la rama judicial está limitada y sometida en su
función de administrar justicia a la injerencia de la rama ejecutiva, puesto
que en los casos de justicia transicional se le atribuyen a la rama ejecutiva
parte de sus funciones. Todo ello, por cuanto el artículo 23 de la ley 1592 de
2012, “quita” a los Tribunales Superiores la función de “tasar”
las “afectaciones causadas a la víctima” y ordena que se remita “el
expediente a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, con lo que evidentemente
se traslada una competencia judicial al poder ejecutivo.
1.2. Sostienen que el demandado artículo 25
de la ley 1592 de 2012, al señalar el contenido de las sentencias de la
justicia transicional, no incluye la reparación integral a las víctimas;
prohíbe que se establezcan “las reparaciones individuales, colectivas o
simbólicas que sean del caso”, y priva a los tribunales ordinarios de la
facultad de pronunciarse sobre ellas en la sentencia.
1.3. Argumentan que el artículo 41 de la
ley 1592, al derogar el 8° de la ley 975 de 2005 atribuye funciones propias de
los Tribunales, a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARIV). Destacan que mientras
que la norma derogada establecía que “las autoridades judiciales competentes
fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del
caso, en los términos de esta ley”, la nueva norma, traslada esta
competencia a la rama ejecutiva del poder público en cabeza de la
UAEPARIV.
1.4. Para los actores, el proceso penal
implica la investigación en la que se busca la verdad, la justicia y dentro de
ésta, la sanción que se le debe imponer al victimario. El proceso conlleva a la
pena privativa de la libertad e, implícitamente, a la reparación de las
víctimas del delito. Por tanto, condena y reparación forman una unidad que no
se puede escindir para que el ejecutivo imponga una parte de la sanción, como
es el monto de la reparación. Las funciones de la
UAEARIV (Art. 168 de la ley 1448) no prevén que ésta pueda administrar
justicia, “ni tasar”, ni recibir el expediente para estudiar, ni definir
el monto de la reparación.
Finalmente, indican que al no ser un juez o
un tribunal el que “tasa” o establece un monto, la reparación ya no
depende de lo probado en un proceso sino de la interpretación que defina el
ordenador del gasto, que en este caso es la
UAEARIV.
Segundo cargo. Según los demandantes algunas expresiones contenidas
en los artículos 4°[1],
23[2]
(título del artículo), 23 parágrafo 4°, 23 parágrafo 5°, 24 inciso 1°, 33 y 41
de la Ley 1592 de 2012 son violatorias de los derechos a la reparación y al
acceso a la administración de justicia de las víctimas, y desconocen la
obligación internacional del Estado colombiano de buscar la verdad, la justicia
y la reparación para las víctimas del conflicto armado.
Las expresiones, pertenecientes a diversas
disposiciones de la Ley 1592 de 2012, de las cuales deducen este cargo son las
siguientes:
Del artículo 4° de la
Ley 1592 de 2012: “(…) La definición de estos derechos se encuentran
desarrollados en la Ley 1448 de 2011”.
Del inciso primero del artículo 23: “(…)
afectaciones causadas a la víctima”,
Del inciso segundo del artículo 23: “(…)
afectaciones causadas con la conducta criminal”.
Del parágrafo 3° del artículo 23: “(…)
de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas”.
Del parágrafo 4° del artículo 23: “(…) la
Sala ordenará la remisión a la
Unidad Administrativa Especial para la atención  y Reparación Integral de las
víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un
sujeto de reparación colectiva en los términos de la
Ley 1448 de 2001”.
Del parágrafo 5° del artículo 23: “la
identificación de las afectaciones causadas a las víctimas”.
Del artículo 24, inciso primero: “de
conformidad con el modelo de reparación contemplado en la ley 1448 de 2011 y
sus normas complementarias”.
Del artículo 33 parágrafo 5°: “(…) para
el pago de los programas de reparación administrativa”.
Del artículo 41: el segmento “8, 42, 43,
45, 47, 48, 49”.
A continuación se reseñan los argumentos en
que se sostiene la impugnación:
2.1 La
Corte Constitucional ya había determinado en la sentencia C-370 de 2006 que el
Estado tiene la obligación de reparar a toda persona que hubiese sufrido un
daño real y concreto, y no solo a las víctimas de unos determinados delitos,
porque ello vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y al debido proceso.
2.2 Contrario a ello, las normas demandadas
ordenan que la reparación a las víctimas de la violencia se hará conforme a la
ley 1448 de 2011, lo que resulta violatorio del derecho a la reparación
integral. En tal sentido, explican los actores que el artículo 132 de la ley
1448 autorizó al gobierno para expedir un estatuto reglamentario – el Decreto
4800 de 2011- cuyos  artículos 149 y 150 establecen los montos de reparación
para los delitos de homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura, tratos
inhumanos y degradantes,  delitos contra la libertad e integridad sexual,
reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado. Indican que al no
incluir otro tipo de delitos -como hurto de ganado, extorsión, amenazas, daño
en bien ajeno, destrucción y apropiación de bienes, violación de habitación y
otros- el Ejecutivo termina por negarles a las víctimas de tales conductas la
posibilidad de obtener una indemnización y, por lo tanto, las priva de su
derecho a la reparación.
2.3 Luego de destacar algunas diferencias
entre las Leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011, señalan que el vicio fundamental de
las normas demandadas radica en que reemplazan la reparación judicial
establecida en la primera, por la reparación administrativa prevista en la
segunda, cuyos orígenes, fines y alcances son diferentes, con lo que
consecuentemente se perjudica a las víctimas que adelantaron largos procesos
judiciales ante los tribunales de “justicia y paz”. Insisten en que las
normas demandadas socavan la figura de la indemnización judicial, reduciéndola
a una reparación administrativa para todas las víctimas del país, sin
consideración al daño total que cada una demuestre ante un juez o tribunal
competente, lo cual contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación.
2.4 Argumentan que las normas demandadas
violan el derecho a la reparación porque dejan a muchas víctimas sin
satisfacción alguna. En este orden de ideas, señalan que los artículos 4° y 41
de la ley 1592/12 derogan las normas que se refieren a los derechos de las
víctimas, en el marco de la reparación judicial (Arts. 6 y 37 de la ley 975 de
2005). Además, señalan, la nueva norma ordena aplicar, en materia de
reparación, la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, norma ésta que en
sus artículos 149 y 150 solo incluye a unas víctimas, dejando a un gran grupo
de ellas sin reparación.
2.5 Afirman que la
Ley 975/05 ordenaba al victimario reparar a sus víctimas, mientras que ahora,
en el marco normativo vigente, la ley ordena que en el “incidente de
reparación” se envíe el expediente a la
UAEARIV para “tasar” el monto de la reparación, y destinar los bienes
entregados por el postulado a la reparación administrativa. Por consiguiente,
en su criterio, se viola el derecho a la reparación porque ahora el victimario
no está obligado a reparar directamente a las víctimas de sus delitos. Sobre
este tema, afirman que el artículo 42 de la ley 975 de 2005 establecía el deber
general de reparar en cabeza del victimario, quien, a partir de la ley 1592 de
2012 (Art. 33) no está obligado a reparar a su víctima directa porque los
bienes de aquel no están destinados al pago de las condenas por violación de
sus derechos, sino al pago de los programas de reparación administrativa.
2.6 Señalan que la normatividad demandada
cambia el término “reparar el daño” causado a la víctima, por “reparar
la afectación” causada a la víctima, criterio ambiguo que se presta para
múltiples interpretaciones que difieren de lo que la legislación penal ha
considerado un daño (no una afectación).
En este sentido, argumentan que el daño es
definido como “el detrimento, perjuicio o menoscabo que una persona sufre a
consecuencia de la acción u omisión de otra, y que afecta a sus bienes,
derechos e intereses” mientras que la afectación alude al efecto y no al
perjuicio causado, es decir, a las posibles secuelas del daño, más que al daño
en sí mismo.
Así las cosas, con la reforma normativa
cuestionada no basta haber sufrido un daño para ser titular del derecho a la
reparación, sino que deben acreditarse nuevos requisitos como la determinación
de que sea real, concreto y específico, para que cause la mencionada afectación
a la víctima.
2.7 Consideran que los segmentos normativos
acusados violan el derecho de las víctimas a la justicia porque no establece
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de sus derechos.
Sobre este tema, los actores alegan que al trasladar la competencia de los
jueces y tribunales a la UAEARIV, como consecuencia lógica se obliga a las
víctimas a iniciar otro proceso por vía contencioso administrativa, producto de
los eventuales desacuerdos entre la entidad y las víctimas por el monto de las
indemnizaciones, trámite que puede durar varios años.
Finalmente, afirman que no existe
proporcionalidad entre los valores de la justicia y la paz, pues el derecho a
la reparación de la víctima se mengua, y los derechos de los victimarios
permanecen incólumes. Esto, debido a que el equilibrio en la ponderación entre
justicia y paz, ámbito en el que se compensa menos cárcel para el victimario a
cambio de verdad y reparación para las víctimas no se cumple, pues al trasladar
la competencia de “tasar” los daños causados a la víctima a una
autoridad administrativa (UAEARIV), no se tiene en cuenta lo demostrado
judicialmente y se somete a las víctimas a decisiones administrativas que
conllevan a procesos de varios años de duración, reduciendo los montos de
reparación.
IV.
INTERVENCIONES
1.
De entidades
públicas
1.1.
Presidencia del
Congreso de la República.
Clemente Martínez Araque, apoderado del Congreso de la
República, presentó escrito defendiendo la constitucionalidad de las normas
demandadas, con base en las siguientes razones:
El propósito de la ley 1592, y por tanto de las normas
demandadas, es “imprimir celeridad y eficacia a los procesos judiciales de
justicia y paz que actualmente están siendo conocidos mediante el mecanismo de
justicia transicional, para así garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación, y contribuir a la reconciliación nacional.”
De manera que las normas reprochadas cumplen con los estándares internacionales
en materia de derechos humanos.
Frente al primer cargo expuesto por los accionantes,
se recuerda que el legislador tiene una amplia potestad regulatoria otorgada
por la Constitución y reconocida por la jurisprudencia constitucional, la cual
incluye la determinación de los procedimientos judiciales y administrativos,
con el propósito de dotar de efectividad a los derechos y deberes
fundamentales.
Con base en lo anterior, es claro que el Legislador
podía trasladar funciones legalmente atribuidas a un órgano de administración
de justicia a la UAEARIV, sin vulnerar el principio de separación de poderes, o
la autonomía e independencia de la administración de justicia. El mecanismo que
utilizó es adecuado, debido a que en la respectiva “audiencia en la que la
Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial declare la legalidad de la
aceptación de los cargos formulados al postulado, se dará inicio de oficio al
incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas
con la conducta delictiva.”
En efecto, si se examina el procedimiento ahora
vigente, debe observarse que la audiencia del incidente se iniciará con la
intervención de la víctima, su representante legal o abogado de oficio, para
que exponga las afectaciones causadas. En ese momento, la
Sala de decisión competente incorporará en el fallo lo expresado por las
víctimas en la audiencia, con el fin de contribuir al esclarecimiento del
patrón de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al
margen de la ley, así como los contextos, las causas y los motivos del mismo, y
remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para la inclusión de éstas en
los registros correspondientes, a fin de acceder de manera preferente a los
programas de reparación integral de que trata la
Ley 1448 de 2011. “[A]si entrarán en aplicación las disposiciones de los
artículos 23 (incidente de identificación de las afectaciones causadas a las
víctimas) y remitirá el expediente a la
UAEARIV para tales efectos (art. 24 –reparación integral–), y el pago de los
programas de reparación administrativa que se desarrollen de conformidad con la
ley 1448 de 2011 (art. 33).”
Frente al segundo cargo propuesto, la
Corte debe declararse inhibida, en tanto la demanda no confronta las normas
censuradas con la Constitución (carga procesal sustancial), sino que se
limitaron a compararlas con las normas modificadas o derogadas de la ley 975 de
2005.
Por tanto, contrario a lo expresado por los
demandantes, el nuevo sistema es acorde con el ordenamiento constitucional, al
reconocerles a las víctimas sus derechos y otorgarles garantías para la
reparación administrativa. Incluso, tiene la posibilidad de acudir a reclamos
tanto en sede administrativa (recurso de reposición) como a la sede
jurisdiccional contencioso administrativa.
1.2.
Del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
Andrés Bernal Morales, en representación del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, intervino en defensa de las
normas demandadas.
De forma preliminar, el interviniente señala que se
limitará a pronunciarse sobre los cargos que puedan incidir en las medidas de
restitución de tierras despojadas o en las competencias de la
Unidad de Restitución de Tierras.
Una vez aclarado el punto anterior, señala que “uno
de los cambios más significativos de la reforma realizada por dicha ley, es el
artículo 23 de la ley 1592 de 2012, en donde se establece que los Incidentes de
Reparación Integral se convierten ahora en Incidentes de Identificación de
Afectaciones Causadas (IIAC), dando prioridad a la indemnización por vía
administrativa y dejando atrás la reparación económica por vía judicial”.
Lo anterior, significa que el daño sufrido por las víctimas no será objeto de
tasación y que, en caso de ser considerado como víctima en la sentencia, su
indemnización será tramitada de acuerdo a los montos establecidos en la
Ley de Víctimas.
En un segundo apartado, aduce que la remisión al
régimen transicional de la Ley 1448 de 2011 que realizan algunas de las normas
censuradas por los accionantes es constitucional. En el marco de la
normatividad propia de la justicia transicional en nuestro país (Leyes 975 de
2005 y 1448 de 2011), las normas que se impugnan pretenden instituir una
política de Estado en materia de asistencia, atención, protección y reparación
integral a las víctimas, ofreciendo herramientas para que aquellas reivindiquen
su dignidad y desarrollen su modelo de vida. En esa medida, “la ley 1592
busca fortalecer, (…), las funciones principales del proceso penal de Justicia
y Paz (…); así como garantizar la reparación de las víctimas reconocidas a
través de los programas administrativos de reparación de la ley 1448 de
2011(…). Por ese motivo, para el representante del Ministerio de
Agricultura las normas demandadas son producto de la legítima potestad del
legislador para regular los instrumentos y herramientas por las cuales se
materializa la justicia transicional, como marco necesario para lograr la
verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
Señala que el artículo 23A de la ley 975 y las normas
que ordenan la remisión del expediente que se tramita en el proceso de justicia
y  paz a la UAEARIV y/o a la UAEGRTD, “deben leerse en armonía con el
artículo 38 de la ley 1592 de 2012 que señala que en el evento en que la medida
cautelar se haya impuesto con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley
(3 de diciembre de 2012), se tramitará por el proceso de Justicia y Paz. (…)”.
En esa dirección, también expresa el interviniente que
“al tenor de los artículos 17B, 38 y 39 de la
Ley 1592 de 2012, se deduce cómo el legislador lo que pretendió fue establecer
un régimen de transición que armonizara la
Ley de Justicia y Paz con la normatividad de la
Ley de Víctimas, permitiendo que los incidentes de restitución de tierras en
curso culminaran dentro del trámite de la
Ley 975 de 2005.” Por lo expuesto, concluye que la ley 1592 establece
que en algunos casos, el juez de justicia y paz se pronuncie sobre la
reparación a las víctimas, y específicamente sobre la restitución de tierras si
se satisfacen, entre otros, los requisitos de los artículos 38 y 39 de la ley
1592 de 2012.
El apoderado del Ministerio de Agricultura sostuvo
además que no existe vulneración del principio de separación de funciones entre
las ramas judicial y la ejecutiva, pues en materia de restitución de tierras
existe siempre el juez especializado, quien decide de fondo sobre la
titularidad del derecho a la restitución de tierras de las víctimas de despojo
o abandono, conforme lo previsto en el artículo 91 de la ley 1448 de 2011.
1.3.
Del Ministerio
de Defensa.
Sandra Marcela Parada Aceros, en representación del
Ministerio de Defensa Nacional, intervino ante esta Corporación con la
finalidad de defender la constitucionalidad de las normas demandadas.
Expone que la Ley 1592 de 2012 pretende esencialmente
mejorar los aspectos fundamentales y el funcionamiento e implementación de la
Ley de justicia y paz. Afirma que la ley señalada busca que las
investigaciones puedan llevarse a cabo en etapas procesales más ágiles y
expeditas, tal como en efecto lo contempla la ley demandada. Como lo señalan
los incisos 2º y 3º del artículo 26 de la ley 1592 de 2012, en la aplicación de
la ley de justicia y paz “fue necesario corregir […] los puntos
álgidos siendo relevante entre otros, bajo la óptica no solo del ente
investigador, sino de la institucionalidad involucrada, dar una respuesta
oportuna a los postulados sobre la procedencia de una pena alternativa, como
consecuencia de contribuciones efectivas al proceso de reconciliación nacional
(…).”
Así las cosas, en criterio de la apoderada del
Ministerio de Defensa, la Ley 1592 de 2012 plantea: (i) la
investigación, enjuiciamiento y sanción de los mayores responsables de
violaciones de los derechos humanos; (ii) la reintegración a la vida
civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley; y (iii)
la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación.
1.4.
Del Ministerio
del Interior y de Justicia.
Pedro Ricardo Torres Báez, Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior y de Justicia, presentó
su intervención a esta Corte dentro del término establecido, para solicitar la
declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas.
En esta intervención, se sostiene que las normas
demandadas garantizan de una mejor manera la satisfacción del derecho a la
reparación integral de las víctimas. Afirma que la mejor fórmula para
satisfacer ese derecho “es a través de un programa masivo de reparación
administrativa como el contemplado en la ley 1448 de 2011, y no como insisten
los demandantes, a través de un procedimiento judicial”. Con ello, la
remisión que las normas demandadas hacen para que las víctimas que participan
del procedimiento de justicia y paz acudan a los cauces de la ley de víctimas,
es a todas luces constitucional.
Adicionalmente, argumenta que el programa
administrativo de reparación de víctimas es la forma de garantizar de manera
adecuada el derecho a la reparación. Sobre este asunto, afirma que el programa
administrativo de reparación creado por la
Ley 1448 de 2011 es integral, al incluir distintos componente del derecho a la
reparación. En tal sentido, la reparación instituida en la
Ley 1448 incluye diferentes componentes como: (i) indemnización
administrativa; (ii) restitución de tierras; (iii) medidas de
satisfacción, reparación simbólica y construcción de la memoria histórica; (iv)
creación de un programa de rehabilitación que abarca tanto las afectaciones
físicas y psicológicas de las víctimas, como el resquebrajamiento del tejido
comunitario y social; y la (v) garantía de no repetición.
Señala que el proceso judicial de justicia
transicional demostró no ser la manera efectiva de satisfacer el derecho a la
reparación a cargo del Estado en un contexto de violaciones masivas de
derechos, toda vez que la reparación sometida a reglas judiciales adolece de
cuatro defectos: (i) no es pronta; (ii) el Estado no cuenta con
los recursos económicos para garantizar la reparación del universo total de
víctimas que hacen parte de Justicia y Paz, bajo estándares judiciales
ordinarios; (iii) para la reparación es necesario el establecimiento de
obligaciones concretas a cargo de las autoridades nacionales, regionales y
locales, que no pueden ser ordenadas por funcionarios judiciales; y (iv)
la reparación a cargo del Estado, a través de un proceso penal mantiene el statu
quo de vulnerabilidad social de las víctimas, reproduciendo lógicas de
exclusión económica.
Finalmente, aduce que las normas reprochadas como
inconstitucionales no violan el principio de separación de poderes ni la
independencia judicial, pues no se excluye de la reparación integral a las
víctimas del proceso penal especial de justicia y paz, no se releva al
victimario de su obligación de reparar, no se afecta el derecho a la reparación
integral con el establecimiento de montos de indemnización, se garantizan
procedimientos justos, y no procede el juicio de ponderación establecido por
los demandantes.
1.5.
Del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Diana Marcela Cárdenas Ballesteros, como apoderada del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó se declarara la
constitucionalidad de las normas demandadas con base en las siguientes razones.
No existe vulneración del principio de separación de
poderes o de independencia del poder judicial en tanto el diseño procesal de la
ley 1592 busca que las víctimas accedan a los programas de reparación integral
y restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011.
Las disposiciones contenidas en los aparte acusados “son
indispensables precisamente para garantizar la reparación de un número mayor de
víctimas, porque a pesar de que el victimario no entregue sus bienes para
reparar a su víctima directa, si debe entregarlos como condición para recibir
los beneficios de la ley de justicia y paz, por tanto, estos bienes y las demás
fuentes de recursos del Fondo para la
Reparación de las Victimas, se encuentran destinados para la reparación de las
víctimas, de manera continua, viable y progresiva.” Recuerda el
interviniente que el legislador tiene una amplia libertad de configuración en
materia de procedimientos judiciales, aspecto que avala también la
constitucionalidad de las normas demandadas
2.  De Instituciones Educativas
2.1. De la
Universidad Libre
Esta institución educativa, a través del Observatorio
de Intervención Ciudadana Constitucional, presentó concepto en este trámite, con
el propósito de solicitar que se declare: (i) la inexequibilidad de la
expresión “las cuales en ningún caso serán tasadas” contenida en el
artículo 23 de la ley 1592 de 2012; (ii) inexequible el segmento “la
Sala ordenará la remisión a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta valore de manera
preferente si se trata o no de un sujeto de reparación colectiva en los
términos de la ley 1448 de 2011”, del artículo 23; y (iii) la
exequibilidad condicionada del apartado demandado del artículo 23A que señala “[e]n
concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la
Sala remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas  y/o a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
para que las víctimas puedan acceder a los programas de reparación que estas
ofrecen, sin que esto signifique la renuncia a un recurso para acceder a
reparación judicial”, esto, bajo el entendido de que la correspondiente
Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial deberá obligatoriamente tasar
el daño y determinar las medidas de reparación a partir del incidente de
identificación de las afectación causada. Además; (iv) la exequibilidad
de los restantes contenidos normativos demandados en la presente acción de
inconstitucionalidad.
Para fundamentar su solicitud adujo que el artículo 23
señalado, ordena que las afectaciones causadas a las víctimas no sean tasadas
en el marco del proceso judicial sino que se envíe el expediente a la
UAEARIV, con lo que se evade la obligación que corresponde al Estado de
proveer de un recurso judicial eficaz, rápido y apropiado a las víctimas para
garantizar el derecho a la reparación. Sobre este tema, sostiene que “[s]i
en el marco de la actuación judicial se inicia de oficio un incidente para la
identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta
criminal, que implica la comparecencia directa de éstas a una audiencia y
aportar prueba sumaria de las afectaciones alegadas, el hecho que la ley ordene
al juez no tasar la ‘afectación causada’ y como consecuencia le impida
establecer las medidas de reparación, es una violación al derecho a un recurso
judicial eficaz.”
En esta misma línea argumentativa estimó que “[s]i
bien es cierto que el incidente se inicia de oficio, también lo es que cuando
la víctima acude a la audiencia y aporta prueba sumaria de la ‘afectación’ está
haciendo uso de un recurso judicial que debería conducir a una reparación
adecuada, efectiva y rápida. En este caso sucede lo contrario. El acceso a la justicia
para efectos de la reparación se ve truncado ante la orden legal que impide al
funcionario judicial tomar las medidas que en materia de reparación le
corresponden.”
En criterio de la institución interviniente, el
segmento normativo demandado tampoco responde a la obligación del Estado de
adecuar su ordenamiento jurídico a los tratados internacionales de protección
de los derechos humanos, pues no solo expresa el desconocimiento de la
obligación de garantía, sino de la de respeto de los derechos humanos, en este
caso, del derecho a un recurso judicial y a la reparación.
Adicionalmente, encuentra que el artículo 23 excluye
la protección a través de un recurso judicial cuando se está en presencia de un
“sujeto de reparación colectiva”, puesto que la calificación se le quita
al juez y se traslada a un órgano del ejecutivo tratándose de la determinación
de derechos fundamentales.
Con base en la sentencia C-099 de 2013 señala que esta
Corte estableció que resulta incompatible  con la
Carta excluir a las víctimas del derecho a acceder a un recurso judicial
efectivo para reclamar la reparación por crímenes de lesa humanidad por agentes
del Estado. En este sentido afirman que no se debe discriminar cuando los daños
antijurídicos son causados por miembros de grupos armados organizados al margen
de la ley, pues hacerlo “implicaría una distinción entre las víctimas
respecto a sus derechos, permitiendo a las que lo son de agentes estatales
reparación por la vía judicial y a las demás negándoles ese derecho y con esto
una reparación proporcional y plena”.
Concluye que la norma que considera inconstitucional
plantea en la práctica dos regímenes de derechos para las víctimas: uno, basado
en la ley 975 de 2005, y otro, derivado de la ley 1592 de 2012. En este último
se excluye del proceso judicial que se adelanta con base en la ley 975 la
posibilidad de tasar el daño causado y determinar las medidas de reparación,
con lo que se desconoce el derecho a un recurso judicial efectivo y se reduce el
derecho de reparación, únicamente, a la de carácter administrativo.
Señala además que “si bien no hay una prohibición
en la norma a que las víctimas puedan acudir a otro funcionario judicial para
buscar la reparación, se impone en las normas demandadas la obligación de
acudir dos veces con el mismo propósito al aparato judicial: la primera en el
marco de la Ley 1592 que concluye con reparación administrativa y una segunda a
través de los mecanismos ordinarios que se establecen para reclamar reparación
por violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional
humanitario.”
Igualmente concluye que la reparación que se ofrece a
través de la ley 1592 no es adecuada, efectiva y rápida, en tanto no es
proporcional al daño causado y la gravedad de la violación, pues excluye la
reparación judicial en el procedimiento descrito y por ello no es idónea para
lograr el fin constitucional de la reparación.
3. De la
Universidad de Ibagué
La Institución educativa mencionada presentó escrito extemporáneo a la
Corte Constitucional en el que consideró que los preceptos acusados son
constitucionales.
Luego de explicar la existencia de dos formas de
reparación a las víctimas, tanto en sede administrativa como en sede judicial,
señaló que el incidente de reparación establecido en la ley 1592 de 2012 en sus
artículos 23, 24 y 25 se ocupa del tema y en esencia es el mismo que el del
proceso penal ordinario, aunque culmina con la remisión del expediente a la
UAEAREV y/o a la UAEGRTD para la inclusión de las víctimas en los registros
correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de
reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011. Con base en lo anterior, sostiene que la modificación de
algunas normas de la ley 975 de 2005 obedece a las particularidades de un
proceso de justicia transicional.
Afirma que “una cosa son las afectaciones y otra
los actos de reparación según cada afectación, sin que la falta de tasación por
el juez de conocimiento penal frente a cada una constituya un claro
desconocimiento de la división de poderes.” Y explica que “el artículo
24 que adiciona el artículo 23ª, a la Ley 975 reitera la remisión que el
tribunal debe hacer del expediente a la
Unidad Administrativa, con el fin de que la víctima sea objeto de la
aplicación integral de las distintas medidas de justicia transicional.”
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
En ejercicio de la competencia prevista en
los artículos 242.2 y 278.5 de la
Constitución, la Viceprocuradora General de la
Nación actuando con funciones de Procuradora General de la
Nación emitió el concepto No. 5689 de cinco (05) de diciembre de dos mil trece
(2013) solicitando que la Corte decida: (i) estarse a lo resuelto en las
sentencias relativas a los expedientes D-9813, D-9818 y D-9849 con relación a
los artículos 4°, 23, 24, 25 y 41 de la Ley 1592 de 2012, y, de conformidad con
ello, declare su exequibilidad por los cargos analizado; (ii) declararse
inhibida para pronunciarse sobre el artículo 25 y sobre el aparte demandado del
artículo 33 de la Ley 1592 de 2012, por ineptitud sustantiva de los cargos
elevados contra los mismos; (iii) de manera subsidiaria, declararlos exequibles
en relación con los cargos elevados, con fundamento en las razones señaladas en
los conceptos 5649, 5650 y 5669. La Viceprocuradora General fundamenta su posición en las siguientes consideraciones:
1. La
Corte ya ha analizado la constitucionalidad de los artículos 23, 24, 25 y 41
de la Ley 1592 de 2012 por cargos semejantes a los aducidos en la demanda, e
incluso, a partir de muchas de las normas constitucionales que se han invocado
como vulneradas.
Así, en el concepto 5650, el Jefe del
Ministerio Público solicitó declarar la exequibilidad del artículo 23 de la
Ley 2592 de 2012 (junto con los artículos 23A y 40), al considerar que la
remisión del expediente a las autoridades administrativas (UAEARIV o la
UAERTD) para efectos de la aplicación de las medias de reparación desconocía
las garantías establecidas en la CADH.
En esa oportunidad se adujo, con base en
reciente jurisprudencia de la
Corte Constitucional (sentencias C-099 y SU-254 de 2013), que la modificación
del incidente de reparación integral por la fórmula de reparación
administrativa se justificaba en tanto “el modelo original de la
Ley 795 de 2005, ha resultado poco eficaz en términos de asegurar los derechos
de reparación a las víctimas como parte integral de sus derechos [ya que] su
duración prolongada y [la reparación] se ve seriamente obstaculizada por
la poca vocación reparadora de los bienes del miembro del grupo armado ilegal
(…).” Por lo anterior, dentro de la amplia potestad de configuración del legislador
era adecuado armonizar el derecho a la reparación administrativa, con la
posibilidad de acudir a la reparación judicial en los casos más graves, donde
el daño es especialmente intenso para las víctimas.
En el concepto 5649, el ente de control, solicitó
la exequibilidad del mismo apartado del artículo 4° de la ley 1592 de 2012, y
de los artículos 23 y 24 de la misma ley, acusados por estimarlos contrarios a
varios artículos constitucionales e instrumentos internacionales como los ahora
invocados, por vulneración de los derechos de las víctimas a la reparación
integral y del principio de separación de poderes; por reducir la participación
de las víctimas dentro del proceso de justicia y paz; por exclusión y
discriminación de ciertos grupos de víctimas, y por violación del derecho de
las víctimas a gozar de un recurso judicial efectivo para la protección de sus
derechos.
Se sostuvo en dicha ocasión que la
reparación integral a las víctimas implicaba un conjunto de medidas para la
garantía de sus derechos (restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción, garantía de no repetición, reparación simbólica y reparación
colectiva). En esta medida el Legislador, al introducir modificaciones al régimen
de reparación de las víctimas, a través de la
Ley 1592 de 2012 pretendió “separar el proceso penal del que trata la
Ley de Justicia y Paz, en donde en todo caso se buscaron reconocer y respetar
los derechos de las víctimas, de las medidas estrictamente de reparación,
establecidas ahora en la Ley 1448 de 2011, sin con ello pretender desconocer o
menoscabar éste o los demás derechos de las víctimas.”
Por su parte, en el concepto 5669 se
solicitó la constitucionalidad de los artículos 23, 24 y 40 de la
Ley 1592 de 2012 por la presunta vulneración de los derechos de las víctimas
al acceso a la administración de justicia y a obtener una reparación integral.
En esta oportunidad nuevamente se reprochó que el legislador hubiere
reemplazado la reparación judicial de las víctimas de la
Ley 795 de 2005 por la reparación administrativa prevista en la ley 1448 de
2011, pues para el Ministerio Público “es claro que ninguna de las normas a
las cuales reenvía la modificación impide el acceso a un juez para reclamar la
indemnización por vía judicial, en el caso en que la víctima lo considere
oportuno,” para lo que nuevamente se acudió a lo establecido en las
sentencias C-099 y SU-254 de 2013.
2. En lo que se relaciona con artículos 25
y 33 de la Ley 1592 de 2012, no ha habido pronunciamientos o precedentes, pero
en la demanda no se ofrecen razones de naturaleza constitucional. Esto, por
cuanto en el reproche que se realiza de dichas normas “únicamente consideran
que debe volverse a la redacción original del artículo 24 por cuanto allí se
incluían unas ‘obligaciones de reparación moral y económica’ en favor de las
víctimas, que ahora han sido eliminadas en virtud de la remisión a la
Ley 1448 de 2011 y la consecuente procedencia de las medidas de reparación
integral para las víctimas que allí se establecen.”
Señala además que la censura de los
artículos referidos se entiende por la conexidad con las razones de
inconstitucionalidad de los artículos sobre los que ya existe pronunciamiento
constitucional, de manera que al sustraer del juicio las normas sobre las que
ya existe juicio de constitucionalidad, quedan sin piso los argumentos de la
demanda. En efecto, indica que “antes que buscar que se elimine de esta
norma el aparte ya señalado, lo que pretenden es que desaparezca toda remisión
de la Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005) a la
Ley de Víctimas (Ley 1448) y que, de conformidad con ello, se mantengan
vigentes las normas anteriores de la primera de estas leyes, en donde se
establecía que el proceso judicial penal de Justicia y Paz incluía un incidente
de reparación integral.”
En consecuencia, la
Corte deberá declararse inhibida para pronunciarse sobre los artículos 25 y 33
en consideración a la falta de claridad, certeza especificidad y suficiencia de
las razones por las que se les acusa de inconstitucionales. Finalmente, si la
Corte considerara viable analizar la constitucionalidad de las normas
referidas, debería estimarlas ajustadas a la
Carta por las razones expuestas en este concepto.
VI. FUNDAMENTOS DE LA
DECISIÓN
Competencia de la
Corte
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4o. de la
Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las
disposiciones acusadas forman parte de una ley de la
República, en este caso, de la Ley  1592 de 2012.
Planteamiento de los problemas jurídicos
2. De acuerdo con la demanda, las intervenciones institucionales
y ciudadanas y el concepto del Procurador General de la
Nación, corresponde a la Corte resolver los siguientes problemas jurídicos,
derivados de los dos cargos formulados:
(i) Determinar si las expresiones: “(…)las
cuales en ningún caso serán tasadas” contenida en el inciso cuarto del
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012; “(…) y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las víctimas (…)” contenida en el inciso
quinto del artículo 23;  y  el  inciso 2° del artículo 24 de la
Ley 1592 de 2012, vulneran los principios de separación de poderes e independencia
judicial, en cuanto  trasladan a una dependencia de la rama ejecutiva del poder
público (a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UAEARIV-), funciones que son
propias de los jueces, como es la de tasar el monto de la indemnización
correspondiente al daño antijurídico ocasionado a la víctima por el punible
investigado.
(ii) Establecer si las expresiones “(…) La definición de estos derechos se
encuentran desarrollados en la Ley 1448 de 2011”del artículo 4° de la
Ley 1592 de 2012; “(…) afectaciones causadas a la víctima” del inciso
primero del artículo 23; “(…) afectaciones causadas con la conducta
criminal” del inciso segundo del artículo 23; “(…) de identificación de
las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 3° del artículo 23;
“(…) la Sala ordenará la remisión a la
Unidad Administrativa Especial para la atención  y Reparación Integral de las
víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un
sujeto de reparación colectiva en los términos de la
Ley 1448 de 2001” del parágrafo 4° del artículo 23;  “la identificación
de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 5° del artículo
23; “de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la ley 1448
de 2011 y sus normas complementarias” del artículo 24, inciso primero; “(…)
para el pago de los programas de reparación administrativa” del artículo 33
parágrafo 5°;  el segmento “8, 42, 43, 45, 47,48, 49”
del artículo 41, todos de la Ley 1592 de 2012, vulneran los derechos de las
víctimas a una reparación integral, al debido proceso, al acceso a la justicia
y a la igualdad, en razón a que las expresiones acusadas implican la
sustitución del incidente judicial  de reparación integral previsto en la
Ley 975 de 2006, por un incidente de identificación de afectaciones a la
víctima contenido en la Ley 1592 de 2012, el cual reduce la reparación a
las víctima de los delitos de justicia y paz, a una indemnización por la vía
administrativa .
Cuestión  Preliminar. Examen
de cosa juzgada constitucional.
3. Comoquiera que existen pronunciamientos
de fondo de esta corporación, plasmados en las  sentencias C-180 de 2014 y
C-286 de 2014 en relación con algunas de las normas demandadas en esta
oportunidad, procederá la Sala a constatar si se configura el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional, en relación con los preceptos y los cargos que
sustentan la presente demanda. Para el efecto, la
Sala recordará las reglas jurisprudenciales sobre los eventos en que se
configura la cosa juzgada constitucional, determinará el alcance de los
pronunciamientos mencionados y efectuará el cotejo respectivo para establecer
si sus efectos se extienden a los preceptos demandados en esta ocasión.
Configuración de cosa Juzgada Constitucional.
Reiteración de jurisprudencia
4. El artículo 241 Superior encarga la
guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución a la Corte Constitucional, y el artículo 243 Superior determina
que “[L]os fallos que  la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. De otra parte, el artículo 244 Superior
le otorga a los pronunciamientos de este Tribunal un carácter inmutable,
vinculante y definitivo, de manera que el juez constitucional no puede volver a
conocer y decidir sobre lo resuelto. De esta manera, los pronunciamientos de la
Corte Constitucional tienen
carácter definitivo e inmutable, esto es, los cobija la figura jurídica de la
cosa juzgada constitucional en desarrollo del principio de seguridad jurídica.[3]
5. La cosa juzgada constitucional tiene
como efecto, de un lado, la prohibición de que las autoridades puedan
reproducir o aplicar el contenido material del acto jurídico declarado
inexequible por razones de fondo; y de otro lado, implica una restricción
frente a la propia actividad de la Corte, ya que si este  Tribunal se ha
pronunciado sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica, pierde prima
facie la competencia para pronunciarse nuevamente sobre el mismo tópico, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.
Por tanto, la jurisprudencia de esta Corte ha
establecido que en relación con las sentencias de constitucionalidad rige el principio
general de la cosa juzgada constitucional absoluta, el cual impide que el juez
se pronuncie de nuevo sobre lo que ya ha sido juzgado por esta Corporación en
providencias anteriores de constitucionalidad. Este principio cobra mayor
relevancia cuando se trata de decisiones de inexequibilidad, por cuanto en
estos casos las normas analizadas y encontradas contrarias a la
Carta Política son expulsadas del ordenamiento jurídico.
De esta manera, la figura jurídica de la cosa juzgada
constitucional se orienta a garantizar la estabilidad de las sentencias
judiciales, la certeza[4]
respecto de sus efectos, y la seguridad jurídica[5].
6. No obstante lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha aceptado que en el caso de las declaraciones
de inexequibilidad parcial o declaratorias de exequibilidad, puede presentarse
el fenómeno de la cosa juzgada relativa, cuando el pronunciamiento se limita a
uno o más cargos de inconstitucionalidad determinados, y por consiguiente, permite
la presentación de nuevas demandas contra la misma disposición, por otros
motivos o razones.
En este orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional ha diferenciado ampliamente entre las categorías conceptuales de
cosa juzgada absoluta, relativa, formal y material[6]. Existe cosa juzgada absoluta “cuando el
pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control
abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se
entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a
todo el texto Constitucional.”[7]
Por otro lado, existe cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional
limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la
posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a
los que la Corte ya ha analizado.”[8]
En relación a esta última categoría, también se ha dicho que ésta puede
presentarse de manera explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos
de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita
cuando tal hecho ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o
considerativa de la providencia, sin que se haga mención alguna en la parte
resolutiva.[9]
De esta manera, le concierne al juez
constitucional efectuar un análisis minucioso respecto de la norma acusada con
el fin de poder establecer si sobre ella recae el fenómeno jurídico de la cosa
juzgada constitucional, y si tal cosa juzgada es absoluta o relativa.
De otra parte, la
Corte ha diferenciado entre la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal.[10]
En relación con esta diferenciación este Tribunal ha establecido que la cosa
juzgada formal ocurre “….cuando existe una decisión previa del juez
constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a
su estudio”[11]
En contraposición, existe cosa juzgada material cuando existen dos
disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo,
de manera que frente a una de ellas existe ya un juicio de constitucionalidad
por parte de este Tribunal.[12]
7. En síntesis, es de reiterar que: (i) el
principio general es que las sentencias de la
Corte hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta; (ii) las
declaraciones de inexequibilidad que hace la
Corte, siempre hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, por
cuanto en estos casos las normas acusadas, analizadas y encontradas
inconstitucionales por esta Corporación son expulsadas del ordenamiento
jurídico, y por tanto, respecto de ellas no puede volver a entablarse ningún
tipo de discusión o debate sobre su constitucionalidad; y (iii) no
obstante lo anterior, en casos de inexequibilidad parcial o de exequibilidad,
puede configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional relativa, en
cuanto el pronunciamiento de la Corte respecto de un precepto normativo se
hubiere restringido al análisis de ciertos cargos, dejando abierta la
posibilidad a nuevas demandas contra el mismo enunciado normativo, pero por
cargos disímiles a los ya analizados.
Con fundamento en este marco conceptual, procede la
Sala a pronunciarse sobre la posible estructuración de cosa juzgada
constitucional derivada de las sentencias C-180 de 2014 y C-286 de 2014.
Configuración de cosa juzgada respecto de
las expresiones acusadas de los incisos 4° y 5° del artículo 23, y en relación
con el inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, declarados
inexequibles  en la Sentencia C-180 de 2014.
8. El primer cargo formulado en la demanda
se  dirige contra las expresiones:
“(…) las cuales en ningún caso serán tasadas” contenida en el inciso
cuarto del artículo 23 de la Ley 1592 de 2012; “(…) y remitirá el expediente
a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las víctimas (…)” contenida en el inciso
quinto del artículo 23;  y contra el  inciso 2° del artículo 24 de la
Ley 1592 de 2012.
Sostienen los actores que los mencionados apartes normativos vulneran
los principios de separación de poderes e independencia judicial, toda vez que
trasladan a una dependencia de la rama ejecutiva del poder público (a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UAEARIV-), funciones que son
propias de los jueces, como es la de tasar el monto de la indemnización
correspondiente al daño antijurídico ocasionado a la víctima por el punible
investigado.
9. Al respecto observa la
Corte que mediante sentencia C-180 de 2014 esta Corporación analizó y falló una demanda que
involucraba algunos apartes de los artículos 23 y 24 de la
Ley 1592 de 2012, también objeto de la presente demanda de
inconstitucionalidad, declarando su inexequibilidad. Por tanto, la
Sala debe verificar si se está ante el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.
En efecto, en la mencionada sentencia la
Corte decidió declarar INEXEQUIBLES las expresiones “las cuales en ningún caso serán
tasadas” del inciso 4 del artículo 23 de la
Ley 1592 de 2012, y el apartado “y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas y/o a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para
acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar” del inciso quinto del artículo 23. Igualmente declaró
la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 24 de la
Ley 1592 de 2012.[13]
10. Luego de examinar los lineamientos
constitucionales sobre los derechos de las víctimas en procesos de transición
democrática hacia la paz, la Corte concluyó en la sentencia C-180 de 2014 que
en el contexto colombiano el derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo se vincula constitucionalmente a la posibilidad que mediante una
decisión del juez penal de conocimiento se dispongan las medidas de reparación
integral que demanda, y en ese orden, resultan inconstitucionales las
expresiones “las cuales en ningún caso serán tasadas”, del artículo 23
inciso cuarto y el apartado normativo “y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la
Unidad Administrativa Especial para la
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para la inclusión de las víctimas
en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los
programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la
Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar” del inciso quinto del
artículo 23 de la Ley 1592 de 2012. De igual manera este Tribunal
consideró que las mencionadas disposiciones debían integrarse normativamente
con el inciso segundo del artículo 24 de la
Ley 1592 de 2012, precepto que también fue cobijado con el pronunciamiento de
inexequibilidad.
11. Observa la
Sala que los segmentos normativos demandados en esta oportunidad y que se
integran a la censura  contenida en el primer cargo, quedan totalmente
subsumidos en los contenidos normativos que fueron declarados inexequibles en
la sentencia C-180 de 2014.
De conformidad con lo expuesto, constata la
Corte que existiendo ya un pronunciamiento de fondo respecto de los contenidos
normativos acusados, se configura el fenómeno de la cosa juzgada formal
absoluta, la cual recae sobre la expresión  “las cuales en ningún caso serán
tasadas” del inciso 4 del artículo 23 de la
Ley 1592 de 2012, y sobre el segmento normativo “y remitirá el
expediente a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas (…)” contenido en el inciso
quinto del artículo 23. Aunque el segmento normativo declarado inexequible en
la sentencia C-180 de 20014 es más extenso, el aparte ahora demandado queda
subsumido dentro de  esa declaratoria. Igualmente, el inciso segundo del
artículo 24 de la Ley 1592 de 2012, objeto de la demanda ciudadana que ahora se
examina, fue cobijado por el pronunciamiento de inexequibilidad contenido en la
sentencia C-180 de 2014.
En consecuencia, en relación con el primer
cargo, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia C-180 de 2014 que
declaró la inexequibilidad de las expresiones “las cuales en ningún caso
serán tasadas” del inciso 4° del artículo 23 de la
Ley 1592 de 2012; “y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas y/o a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para acceder
de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de
tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar” del inciso 5° del artículo 23; así como el inciso
segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
Configuración de cosa
juzgada constitucional respecto otras expresiones acusadas de los artículos 23, 24, 33, y 41 de la ley 1592 de 2012,
declarados inexequibles en la sentencia C-286 de 2014.
12. El segundo cargo de esta demanda se
dirige contra las expresiones que se relacionan a continuación, pertenecientes
a diversos preceptos de la Ley 1592 de 2012:
“(…) La definición de estos derechos se
encuentran desarrollados en la Ley 1448 de 2011, contenida en el artículo
4° de la Ley 1592 de 2012; “(…) afectaciones causadas a la víctima”,
contenida en el inciso primero del artículo 23; “(…) afectaciones causadas
con la conducta criminal” del inciso segundo del artículo 23; “(…) de
identificación de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo
3° del artículo 23; “(…) la Sala ordenará la remisión a la
Unidad Administrativa Especial para la atención  y Reparación Integral de las
víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un
sujeto de reparación colectiva en los términos de la
Ley 1448 de 2001” del parágrafo 4° del artículo 23;  “la identificación
de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 5° del artículo 23;
“de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la ley 1448 de
2011 y sus normas complementarias” del artículo 24, inciso primero; “(…)
para el pago de los programas de reparación administrativa” del parágrafo
5° del artículo 33;  y el segmento normativo “8, 42, 43, 45,
47,48, 49” perteneciente al artículo 41.
13. En la sentencia C-286 de 2014, la
Corte examinó una demanda ciudadana dirigida contra el contenido integral de
los artículos 23, 24, 33 y 40 de la Ley 1592 de 2012, así como contra la
expresión “y contra el fallo del incidente de identificación de afectaciones
causadas” contenida en el inciso 3° del artículo 27 de la misma ley. En
atención a que la demanda realizaba serios cuestionamientos al denominado
“incidente de identificación de afectaciones”, la
Corte, haciendo uso de la técnica de integración normativa, y con el propósito
de que el pronunciamiento no se tornara inocuo, extendió su estudio y decisión
a los artículos 25 y 41 de la Ley 1592 de 2012.
14. En la mencionada sentencia, la
Corte analizó un problema jurídico consistente en determinar si los artículos
23, 24, 25, 27 [parcial], 33, 40 y 41, en los cuales se regula de manera
integral el incidente de identificación de afectaciones causadas a las
víctimas, son violatorios de los derechos de acceso a la justicia, a un recurso
judicial efectivo (Art. 229), y al debido proceso (Art. 29), para  lograr la
garantía del derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas, en
razón a que sustituye el incidente de reparación integral por la vía judicial
penal, tal como se encontraba consagrado en la
Ley 975 de 2005, por un incidente de identificación de afectaciones que se homologa
con la reparación integral a las víctimas por vía administrativa.
Se refirió la
Corte en esa oportunidad a las características de la justicia transicional, y
a los límites que los derechos de las víctimas a la reparación integral en
conexidad con el derecho a la justicia, a un recurso judicial efectivo, y al
debido proceso, imponen a la libertad de configuración del legislador en
contextos de justicia transicional. Analizó las diferencias sustanciales
existentes entre la vía judicial y la administrativa para la reparación
integral, y tras referirse a la naturaleza y alcance del incidente de
reparación integral previsto en la Ley 975 de 2005, y al denominado incidente
de identificación de afectaciones causadas a la víctima, concluyó que la
configuración de este último contenida en los artículos 23, 24, 25, 27
(parcial), 33, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012, era inexequible, por vulnerar el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a un recurso
judicial efectivo para el logro de una reparación integral, así como los
artículos 2,8, y 25 la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que forman parte del bloque de
constitucionalidad.
Sobre el particular la
Corte puntualizó:
“5.4.3 En cuanto a los límites impuestos al legislador para
regular los regímenes de justicia transicional por parte de los derechos
fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación
integral, y a las garantías de no repetición, especialmente en este caso a la
reparación integral en conexidad con el derecho a la justicia en su aspecto del
derecho a un recurso judicial efectivo y el debido proceso, tal y como quedó
expuesto ampliamente en el apartado 6.2 de la parte motiva de esta providencia,
la Corte colige que las normas demandadas de la
Ley 1592 de 2012, al sustituir o reemplazar el incidente de reparación integral
por la vía penal de justicia transicional consagrada en la
Ley 975 de 2005 por el incidente de identificación de afectaciones regulado
por la Ley 1592 de 2012, que se homologa con los mecanismos de reparación
integral por la vía administrativa, excede claramente estos límites consagrados
tanto por normas de derecho internacional como constitucionales. Así las cosas,
las disposiciones acusadas desconocen lo consagrado en los artículos 2, 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del bloque de constitucionalidad,
los  Principios de Joinet, la
Resolución 60/147 la
Asamblea General de la Naciones Unidas, la
Observación General 31 del  Comité de Derechos Humanos (num.15), y el
artículo 14 de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que consagran
el derecho de acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial
efectivo y al debido proceso para obtener la reparación judicial integral, así
como los artículos 250, 229 y
29 de la
Constitución Política.
En este sentido, es de reiterar aquí que la
amplia libertad de configuración del legislador en materia de justicia
transicional no es de manera alguna absoluta, sino que está limitada constitucionalmente
por la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a
la reparación, los cuales no pueden ser desconocidos, ni afectados de manera
grave o desproporcionada por el legislador, llegando por ejemplo a desconocer la
reparación integral por la vía judicial de justicia transicional contenida en
el incidente de reparación de la Ley 975 de 2005 por un incidente de
identificación de afectaciones que se homologa con la reparación integral a las
víctimas por la vía administrativa.
En punto a este tema, si bien la
Corte explicó ampliamente en el apartado 6.1 de la parte considerativa de esta
providencia judicial las características y finalidades legítimas de la justicia
transicional, las cuales hacen referencia a la búsqueda de la paz, a la
reconciliación, a la recuperación de la confianza, a la consolidación del
Estado Social de Derecho y de la Democracia, estos objetivos
constitucionalmente legítimos, tienen que estar en armonía y consonancia con el
respeto y la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas a la
verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición,
máxime cuando se trata de delitos contra los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que
son los que tienen que ser investigados, juzgados, sancionados y reparados
integralmente por la justicia penal transicional”.
Con fundamento en estas consideraciones, la
Corte declaró la INEXEQUIBILIDAD de los artículos 23, 24, 25, la expresión  “y contra el fallo del incidente de identificación de las
afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27,
así como los artículos 33, 40 y 41, todos de la
Ley 1592 de 2012.
15. Finalmente, en la citada decisión la
Corte analizó la necesidad de reincorporar al ordenamiento jurídico algunas
normas derogadas, a través de la figura denominada reviviscencia de
disposiciones derogadas[14],
a fin de colmar el vacío dejado por la declaratoria de inexequibilidad, con
potencialidad para afectar derechos fundamentales, aplicándola respecto de los
artículos 7, 8, 42, 43, 45, 47, 48 y 49  de la
Ley 975 de 2005.
Subrayó la Corte que “la declaratoria de inexequibilidad de las
normas demandadas de la Ley 1592 de 2012 no afectan de ninguna manera, ni en
ningún sentido, las normas, disposiciones, planes, programas, mecanismos,
elementos, componentes y diferentes medidas de la reparación integral por vía
administrativa y la restitución de tierras consagradas en la
Ley 1448 de 2011”.
16. Al cotejar el objeto del pronunciamiento efectuado
en la sentencia C-286 de 2014, con las acusaciones parciales efectuadas en la
demanda presentada por los ciudadanos Ramón del Carmen Garcés, Ricardo Rosas
Viso, Félix Tomás Batta Jiménez, Hugo Montoya Zuluaga y Nini Johana Cardozo
Dueñas, contra algunas expresiones de los artículos 23, 24, 33 y 41 de la
Ley 1592 de 2012, encuentra la Corte que todas estas, excepto la contenida en
el artículo 4°, se encuentran cobijadas por el efecto de cosa juzgada
constitucional que emana de la sentencia mencionada.
En efecto, como ya se indicó la demanda que originó
este juicio se dirige contra la expresiones: “(…) afectaciones causadas a la
víctima”, contenida en el inciso primero del artículo 23; “(…)
afectaciones causadas con la conducta criminal” del inciso segundo del
artículo 23; “(…) de identificación de las afectaciones causadas a las
víctimas” del parágrafo 3° del artículo 23; “(…) la
Sala ordenará la remisión a la
Unidad Administrativa Especial para la atención  y Reparación Integral de las
víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no de un
sujeto de reparación colectiva en los términos de la
Ley 1448 de 2001” del parágrafo 4° del artículo 23;  “la identificación
de las afectaciones causadas a las víctimas” del parágrafo 5° del artículo
23; “de conformidad con el modelo de reparación contemplado en la ley 1448
de 2011 y sus normas complementarias” del artículo 24, inciso primero; “(…)
para el pago de los programas de reparación administrativa” del parágrafo
5° del artículo 33;  y el segmento normativo “8, 42, 43, 45,
47,48, 49” perteneciente al artículo 41. Comoquiera que estos segmentos
acusados forman parte de los artículos 23, 24, 33 y 41 de la
Ley 1592 de 2012, declarados INEXEQUIBLES, en su integridad, en la sentencia
C-286 de 2014, es claro que respecto de ellos operó el fenómeno de la cosa
juzgada absoluta.
En consecuencia, la
Corte, en lo que respecta a las acusaciones formuladas, de  manera parcial,
contra los artículos 23, 24, 33 y 41 de la
Ley 1592 de 2012, declarará ESTARSE A LO RESUELTO  en la sentencia C-286 de
2014 que declaró la INEXEQUIBILIDAD integral de dichos preceptos.
17. Ahora bien, observa la
Corte que el pronunciamiento plasmado en la sentencia C-286 de 2012 no se
extendió al artículo 4° de la Ley 1592 de 2012, parcialmente demandado en esta
oportunidad, por lo que corresponde analizar el cargo que se formula contra la
expresión “La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”,
contenida en el artículo
4° de la Ley 1592 de 2012, a efecto de establecer si reúne los requisitos necesarios
para emitir un pronunciamiento de fondo.
Ineptitud sustantiva de la
demanda respecto de la expresión “La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”,
contenida en el
artículo 4° de la Ley 1592 de 2012.
18. Los demandantes consideran que todos
los segmentos normativos acusados entre los que se encuentra la expresión “La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”,
contenida en el artículo
4° de la Ley 1592 de 2012, son violatorias de los artículos  1º, 2º, 9º, 95.7,
113, 114, 115, 116, 121, 122, 150 a 156, 188, 189, 228, 229, 235, 237, 241,
246, 250, 256 de la
Constitución Política, así como de los artículos 8 y 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y  los artículos 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
19. Examinada la demanda se observa que la impugnación
contra la expresión “La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”,
del artículo 4° de la
Ley 1592 de 2012, se sustenta en los siguientes argumentos
.
Sostiene los ciudadanos demandantes que los
artículos 4° y 41 de la ley 1592 de 2012 derogan las normas que
se refieren a los derechos de las víctimas, en el marco de la reparación
judicial (Arts. 6° y 37 de la ley 975 de 2005). Además, señalan que la nueva
norma ordena aplicar, en materia de reparación, la
Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, norma ésta que en sus artículos
149 y 150 solo incluye a unas víctimas, dejando a un gran grupo de ellas sin
reparación.
Indican que las normas demandadas ordenan
que la reparación a las víctimas de la violencia se efectúe conforme a la
Ley 1448 de 2011, lo que resulta violatorio del derecho a la reparación
integral. En tal sentido, explican los actores que el artículo 132 de la ley
1448 autorizó al gobierno para expedir un estatuto reglamentario – el Decreto
4800 de 2011- cuyos  artículos 149 y 150 establecen los montos de reparación
para los delitos de homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura, tratos
inhumanos y degradantes,  delitos contra la libertad e integridad sexual,
reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado. Indican que al no
incluir otro tipo de delitos -como hurto de ganado, extorsión, amenazas, daño
en bien ajeno, destrucción y apropiación de bienes, violación de habitación y
otros- el Ejecutivo termina por negarles a las víctimas de tales conductas la
posibilidad de obtener una indemnización y, por lo tanto, las priva de su
derecho a la reparación. En suma, argumentan que las normas demandadas violan
el derecho a la reparación porque dejan a muchas víctimas sin satisfacción
alguna.
20. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991
establece que las demandas que presenten los ciudadanos en ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad deberán contener: (i) el
señalamiento y transcripción de las normas acusadas; (ii) la indicación
de las normas constitucionales que se consideran infringidas; y (iii)
las razones por las cuales se estiman violadas. Adicionalmente, deberá indicarse
(iv) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la
demanda y, cuando la norma se impugne por vicios de forma (iv) señalar el
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la
forma en que fue quebrantado.
El tercero de los requisitos antes
indicados, conocido como concepto de violación, requiere que el
demandante despliegue una labor argumentativa que permita a la
Corte fijar de manera adecuada los cargos respecto de los cuáles debe
pronunciarse para, de este modo, respetar el carácter rogado del control de
constitucionalidad. En ese orden de ideas, esta Corporación ha consolidado una
doctrina sobre los requisitos básicos para examinar la aptitud sustantiva de la
demanda, expuestos en la sentencia C-1052 de 2001 y reiterados con
posterioridad en múltiples sentencias[15].
Al respecto ha indicado que esos presupuestos mínimos de argumentación,
referida a los cargos son:
La
claridad, que exige que cada uno de los cargos de la demanda tenga un hilo
conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de
su demanda y las justificaciones en las que se basa.
La
certeza, que implica que: (i) la demanda recaiga sobre una proposición
jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor,
o implícita”; (ii) que los cargos de la demanda se dirijan efectivamente
contra las normas impugnadas y no sobre otras normas vigentes que, en todo
caso, no son el objeto concreto de la demanda.
La
especificidad, que reclama que se expongan razones que definan con
claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la
Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo
constitucional concreto contra la norma demandada”, que permita verificar
una oposición objetiva entre el contenido de las normas demandadas y la
Constitución. De acuerdo con este requisito, no son admisibles los argumentos
“vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.
La
pertinencia que requiere que el reproche formulado por el peticionario
sea de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del
contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto
demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se
formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua,
innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.
En
cuanto a la suficiencia, se
requiere la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y
probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto
de la norma demandada. La suficiencia del razonamiento apela directamente al
alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que,
aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es
contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional.
Finalmente,
la Corte ha establecido que la apreciación del cumplimiento de tales
requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione, de
tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del
contexto de una democracia participativa como la que anima la
Constitución de 1991. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan
estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá
de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y
fallando de fondo.
21. Aplicados los anteriores parámetros a la acusación (parcial)
contra el artículo 4° de la Ley 1592 de 2012, específicamente contra la
expresión “La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”, encuentra la
Sala que no se configura un cargo que reúna los atributos de certeza,
pertinencia y especificidad para provocar un pronunciamiento de mérito.
La
acusación carece de certeza, toda vez que la demanda se dirige contra
otras disposiciones que si  bien se encuentran vigentes, no constituyen el
objeto de la demanda. En efecto, en el desarrollo del cargo los actores
cuestionan la ley 1448 de 2011, en su conjunto, y de manera prevalente el
Decreto Reglamentario 4800 de 2011, específicamente los artículos 149 y 150.
Estas normas se orientan a regular, el primero, los montos que Unidad
Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a la
Víctimas podrá reconocer por la indemnización administrativa, y el segundo, la
manera como se distribuye la indemnización cuando se presentan concurrencia de
beneficiarios. Como se puede observar se trata de materias que además de estar
contempladas en preceptos que no fueron objeto de la acusación, regulan
aspectos que trascienden el ámbito temático del artículo 4° impugnado relativo
a “la definición de los derechos de las víctimas”. De modo que los
cuestionamientos de los actores relativos a los montos y la forma de
distribución de la indemnización administrativa, no se derivan de la norma
acusada.
No
se encuentra tampoco satisfecho el requisito de pertinencia, comoquiera
que  los actores no fundan su reproche en la apreciación del contenido
de una norma superior que exponen y enfrentan al precepto demandado. La censura
se centra en una crítica a la norma reglamentaria en lo que concierne al tipo
de delitos que incluye, y a sugerir aquellos que, en criterio de los
demandantes, deberían formar parte de esa lista de hechos victimizantes.
Tampoco encuentra la
Sala satisfecho el requisito de especificidad, toda vez que los
ciudadanos demandantes no plantean una oposición objetiva entre el contenido de
la norma demandada (la definición de los derechos de las víctimas en la
Ley 1448 de 2011), y alguno o algunos de los múltiples preceptos superiores
que consideran infringidos. Recuérdese que la demanda  estima vulnerados los
artículos 1º, 2º, 9º, 95.7,
113, 114, 115, 116, 121, 122, 150 a 156, 188, 189, 228, 229, 235, 237, 241,
246, 250, 256 de la
Constitución Política, así como de los artículos 8 y 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y  los artículos 8 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Si bien sostienen que
el precepto vulnera el derecho a la reparación integral, no aportan razones de
naturaleza constitucional para demostrar porqué la manera como se definen en
la Ley 1448/11 los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación,  vulnera los preceptos superiores de los que deriva esta garantía.
Con base en las anteriores consideraciones, la
Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la
expresión “La definición de estos derechos se
encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011”,
del artículo 4° de la
Ley 1592 de 2012, por
presentar  ineptitud sustantiva.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-180 de 2014, que declaro
la INEXEQUIBILIDAD de los siguientes apartes normativos: “las
cuales en ningún caso serán tasadas”, contenida en el inciso cuarto del
artículo 23 de la Ley 1592; “y remitirá el expediente a la
Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
para la inclusión de las víctimas en los registros correspondientes para
acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011
a los que haya lugar” contenida en el inciso quinto del artículo 23;  y el
inciso segundo del artículo 24 de la Ley 1592 de 2012.
Segundo: Estarse a los resuelto en la sentencia C-286 de 2014,
que declaró la INEXEQUIBILIDAD de los
artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de 2012, la expresión  “y contra el fallo del incidente de identificación de las
afectaciones causadas” contenida en el inciso 3º del artículo 27 de
la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de la
Ley 1592 de 2012.
Tercero: Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto de la
expresión: “La definición de estos derechos se encuentran desarrollados en la
Ley 1448 de 2011”,  contenida en el artículo 4° de la
Ley 1592 de 2012.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-287/14
DEFINICION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS
CONTENIDO EN ARTICULO 4 DE LA LEY 1592 DE 2012-Demanda si planteaba un cargo de inconstitucionalidad
(Aclaración de voto)
NORMAS DESTINADAS A REEMPLAZAR INCIDENTE DE
REPARACION INTEGRAL-Decisión
corresponde a los jueces y tribunales de justicia y paz, por un trámite de
identificación de afectaciones, susceptible de ser discutido y resuelto por las
unidades de víctimas y de restitución de tierra (Aclaración de voto)
ELIMINACION DEL INCIDENTE DE REPARACION
INTEGRAL-Inconstitucionalidad
de la regulación en su conjunto (Aclaración de voto)
Referencia: expediente  D-9892
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 4, 23, 24, 25, 33 y 41 (parciales) de la Ley 1592 de 2012, “por
medio de la cual se modifica la Ley 975 de 2005”.
Demandante: Ramón del Carmen Garcés y
otros.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, aclaramos el voto a la sentencia C-287
de 2014, pues consideramos que no debió dictarse un fallo inhibitorio, en lo
relacionado con los cuestionamientos dirigidos contra el artículo 4º de la Ley
1592 de 2012[16]
(reformatoria de la Ley de Justicia y Paz).
1. En la sentencia C-287 de 2014, la Sala
Plena de la Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda dirigida contra
los artículos 4º, 23, 24, 25, 33 y 41 de la Ley 1592 de 2012 (reforma a la Ley
de Justicia y Paz).
2. Los artículos demandados hacen parte de
un conjunto de normas destinado a remplazar el incidente de reparación integral,
cuya decisión corresponde a los jueces y tribunales de la justicia y paz, por
un trámite de “identificación de afectaciones”, susceptible de ser
discutido y resuelto por las unidades de víctimas y de restitución de tierra,
órganos que hacen parte del sector ejecutivo.
3. La demanda que dio origen a la sentencia
C-287 de 2014 se presentó casi simultáneamente con tres acciones públicas que,
entre otras cosas, cuestionaban también la eliminación del incidente de
reparación integral. En cada una de esas discusiones hemos sostenido que esta
regulación es, en su conjunto, inconstitucional, pues pretende (i) derogar uno
de los derechos fundamentales de las víctimas, ignorando que las normas que
consagran este tipo de derechos no están a disposición del Legislador, sino
que, por el contrario, constituyen límites a su facultad de configurar el
derecho; (ii) que la ley de justicia y paz fue considerada ajustada a la
Constitución en la sentencia C-370 de 2006 porque ella pretendía garantizar los
derechos a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad,
la justicia y la reparación, y especialmente, porque aseguraba su exigibilidad
ante los jueces; y (iii) que estos derechos (así como las garantías de no
repetición) guardan una estrecha relación interna, o dicho de otra forma, son
condición de eficacia los unos de los otros, de manera que la ausencia de
reparación judicial no solo compromete este componente de la justicia
transicional, sino que afecta intensamente el acceso a la verdad y la justicia.
4. En el fallo que suscita esta aclaración,
la Sala Plena decidió estarse a lo resuelto en las sentencias (i) C-180
de 2014, en la cual se declaró la inexequibilidad de dos apartes normativos de
los artículos 23 y 24 de la Ley 1592 de 2012; y (ii) C-286 de 2014, en la que
se declaró la inexequibilidad de los artículos 23, 24, 25 de la Ley 1592 de
2012 (en su totalidad), así como de la expresión “y contra el fallo del
incidente de identificación de afectaciones causadas”, contenida en el
inciso 3º del artículo 27 de la misma normativa, y los artículos 33, 40 y 41 de
la Ley 1592 de 2012, básicamente por razones análogas que expusimos en párrafos
precedentes.
5. Compartimos plenamente el alcance de
esas decisiones, que corresponden a los numerales 2º y 3º de la sentencia C-287
de 2014; sin embargo, propusimos ante el resto de la Sala Plena abordar de
fondo la discusión sobre el artículo 4º de la Ley 1592, considerando que a
pesar de la brevedad de la demanda, esta sí planteaba un cargo. Este consistía
en que no resulta válido limitar el alcance de los derechos de las víctimas,
ampliamente definidos en el derecho internacional, la Constitución Política y
la jurisprudencia de esta Corporación, a la regulación de la Ley 1448 de 2011
(o Ley de víctimas) en la que, por razones de eficiencia administrativa, se
plantea una visión restringida de los mismos.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] Modifica el artículo 6° de la
Ley 975 de 2005 sobre los derechos de las víctimas.
[2] Modifica el artículo 23 de la
Ley 975 de 2005, sobre el incidente de reparación integral.
[3] Corte Constitucional, sentencia C-1022 de
2012.
[4] Sentencia C-153 de 2002.
[5] Ver Sentencias C-337 de 2007,  C-774 de
2001, C- 548 de 2002, C-478 de 1998, entre otras.
[6] Sentencia C-774 de 2001.
[7] Cfr. Sentencia C-310 de 2002. Para consultar los alcances y
diferencias entre cosa juzgada relativa y cosa juzgada absoluta se pueden
consultar los siguientes fallos: C-366 de 2006, C-850 de 2005, C-710 de 2005,
A-163 de 2005, C-914 de 2004, C-1004 de 2003, C-567 de 2003, C-063 de 2003,
C-415 de 2002, C-045 de 2002, entre otras.
[8] Cfr. Auto de Sala Plena, A-174 de 2001.
[9] Cfr. Sentencia C-478 de 1998. (MP. Alejandro Martínez
Caballero)
[10] Ver Sentencia C-532 de 2013
[11] Sentencia C-489 de 2000.
[12] Ver Sentencias C-427 de 1996 y C-532 de 2013. En esta última la Corte precisó que los requisito para que se
configure la cosa juzgada material, de conformidad con el inciso 2º del
artículo 243 de CP son los siguientes: “1. Que una norma
haya sido declarada inexequible.
2. Que se trate
de un mismo sentido normativo, esto es, que el contenido material del texto
examinado sea similar a aquel que fue declarado inexequible por razones de
fondo, teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se inscribe la norma
examinada, ya que su significado y sus alcances jurídicos pueden variar si el
contexto es diferente;[12]
3. Que el texto
legal, supuestamente reproducido, haya sido declarado inconstitucional por “razones
de fondo”, lo cual hace necesario analizar la ratio decidendi del fallo
anterior;
4. Que subsistan
las disposiciones constitucionales que sirvieron de referencia en la sentencia
anterior de la Corte. La Corte ha puesto de relieve la importancia
de la cosa juzgada material para la seguridad jurídica, el respeto del Estado
Social de Derecho, y la vinculatoriedad del precedente constitucional. El
primer objetivo se logra al evitar que una disposición que ya ha sido declarada
inconstitucional pueda ser introducida nuevamente al ordenamiento jurídico. La
segunda finalidad se consigue cuando se estable un límite al amplio margen de
configuración legislativa del legislador, de manera que no pueda reproducir un
contenido normativo que ha sido declarado inconstitucional. El tercer propósito
se consigue como exigencia a la Corte de que respete la ratio decidendi de sus
propios pronunciamientos.[12]
[13] Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 2014.
[14] La figura de la reincorporación de normas derogadas al ordenamiento
jurídico interno o reviviscencia de disposiciones derogadas por la declaratoria
de inexequibilidad de las normas que las han sustituido, ha existido y ha sido
utilizada aún desde antes de la
Constitución de 1991. A partir de la
Constitución de 1991 esta figura jurídica ha sido aplicada por esta
Corporación en múltiples oportunidades, como en las sentencias C-608 de 1992, C-145
de 1994, C-055 de 1996, C-562 de 1996, C-501 de 2001, C-432 de 2004, C-421 de 2006 y C-402 de 2010.
[15] Entre otras, las Sentencias C-403 de 2013; C-331 de 2013; C-913 de
2012; C-593 de 2012; C-502 de 2012; C.296 de 2012; C-025 de 2012.
[16] Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de
2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones.