T-292-16
Sentencia T-292/16
PROTECCION CONSTITUCIONAL A LA FAMILIA-Importancia
La familia es una institución sociológica derivada de la
naturaleza del ser humano, “toda la comunidad se beneficia de sus virtudes así
como se perjudica por los conflictos que surjan de la misma”. Entre sus fines
esenciales se destacan la vida en común, la ayuda mutua, la procreación, el
sostenimiento y la educación de los hijos. En consecuencia, tanto el Estado
como la sociedad deben propender a su bienestar y velar por su integridad,
supervivencia y conservación. Lineamientos que permearon su reconocimiento
político y jurídico en la Constitución de 1991. El constituyente reguló la
institución familiar como derecho y núcleo esencial de la sociedad en el
artículo 42 Superior. De acuerdo con esta disposición, la familia “se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla”. En todo caso, el Estado y la sociedad deben garantizarle
protección integral.
CONCEPTO DE FAMILIA-Jurisprudencia constitucional
FAMILIA-No puede restringirse exclusivamente a las conformadas en
virtud de vínculos jurídicos o biológicos
FAMILIA-Reconocimiento constitucional a partir de contrato
matrimonial, de crianza, extendida, monoparental, ensamblada y uniones de hecho
Entre otras
formas de composición familiar que se vislumbran en la sociedad actual se
denotan las originadas en cabeza de una pareja, surgida como fruto del
matrimonio o de una unión marital de hecho , cuya diferencia radica en la
formalización exigida por el matrimonio, ambas tienen iguales derechos y
obligaciones, y pueden o no estar conformadas por descendientes. También
existen las familias derivadas de la adopción, nacidas en un vínculo jurídico
que permite “prohijar como hijo legítimo a quien no lo es por lazos de la
sangre” ; las familias de crianza, que surgen cuando “un menor ha sido separado
de su familia biológica y cuidado por una familia distinta durante un período
de tiempo lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos
afectivos entre [este] y los integrantes de dicha familia” ; las familias
monoparentales, conformadas por un solo progenitor y sus hijos y las familias
ensambladas.
IGUALDAD DE LA FAMILIA INDEPENDIENTEMENTE DE SU ORIGEN-Prohibición de discriminación fundada en la naturaleza de la
filiación
Resulta
contrario a los fines estatales brindar un trato discriminatorio a las familias
en razón a su forma de composición cuando, precisamente, por medio de su
conformación, se busque cumplir el deber de protección y asistencia a los
menores de edad. De esta manera, la protección y el respeto debido sobre la
familia por parte del Estado se fundamenta en que “su desconocimiento
significa, de modo simultáneo, amenazar seriamente los derechos
constitucionales fundamentales de la niñez”, a pesar del interés superior del
que son titulares los niños, niñas y adolescentes.
INTERES SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE PRESUNTA
VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Consagración constitucional e internacional
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO
FAMILIAR-Hijos biológicos e hijastros
Al existir
diferentes clases de composición familiar, existen diferentes formas a través
de las cuales llegan los hijos a las familias. En paralelo a las formas de
composición familiar mencionadas, jurisprudencialmente, se han diferenciado los
hijos “matrimoniales extramatrimoniales y adoptivos”.
Igualmente, se han distinguido los hijos provenientes de las familias de
crianza y los provenientes de las familias ensambladas, a quienes se les ha
denominado hijos aportados. Los hijos aportados, quienes revisten especial
interés para el asunto bajo estudio, se entienden como aquellos integrados al
matrimonio o a la unión marital de hecho por uno de los cónyuges o de los
compañeros permanentes provenientes de una relación diferente. A estos, al
igual que a cualquier otro tipo de hijos, se les debe garantizar por parte de
la familia, la sociedad y el Estado una igualdad de trato (i) frente a su
núcleo familiar, lo que comprende a sus hermanos, en caso de haberlos, ya sea
que tengan su misma calidad de aportados o sean hijos comunes de la pareja,
consanguíneos, adoptivos o de crianza, (ii) frente a la sociedad en general y
(iii) frente al Estado.
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO
FAMILIAR-Desarrollo jurisprudencial respecto a
hijastros o hijos aportados
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS INTEGRANTES DEL NUCLEO
FAMILIAR-Orden de afiliar a salud y educación a
hijastros o hijos de crianza
Referencia: expedientes
T-5.273.833 y      T-5.280.591 (Acumulados)
Demandantes: Juan José
Montenegro y Andrés Felipe Martínez Candamil
Demandado: Entidad XX (Entidad
YY) y Banco de la República
Magistrado:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., dos
(2) de junio de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz
Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela proferido por el
Juzgado Décimo Civil de Circuito de Oralidad de Cali, mediante el cual revocó
la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Cali,
dentro del expediente T-5.273.833, y del fallo de tutela dictado por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante el cual revocó la
sentencia emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Civil, dentro del expediente T-5.280.591.
Los mencionados procesos fueron escogidos para revisión por la Sala
de Selección Número Dos, mediante Auto del 12 de febrero de 2016, y, por
presentar unidad en la materia, se acumularon para ser decididos en una misma
providencia. Su estudio le correspondió a la Sala Cuarta de Revisión de
Tutelas.
I.
ANTECEDENTES
Anotación preliminar
Como medida de protección a la
intimidad de la menor de edad involucrada en el Expediente T-5.273.833, la Sala
ha decidido suprimir de la providencia su verdadero nombre, así como algunos
datos e información que permitan su identificación[1].
1. Revisión metodológica del
presente pronunciamiento
Antes de abordar los asuntos objeto de revisión, se
precisa que fueron presentados a través de escritos separados, los cuales
coinciden en sus aspectos esenciales. Por consiguiente, para mayor claridad y
coherencia, se realizará una sola reseña de los supuestos fácticos relevantes
y, de ser necesario, al finalizar, se precisarán algunos aspectos propios de
cada caso.
2. La
solicitud
Juan José Montenegro, en representación
del adolecente William Villamizar Guerrero y de la niña Juliana Pérez Guerrero,
y Andrés Felipe Martínez Cadamil, en representación del niño Nicolás Peláez
Martínez, presentaron acción de tutela contra la Empresa XX y el Banco de la
República, respectivamente, por haber vulnerado, presuntamente, los derechos
fundamentales a la igualdad, a la familia y a la seguridad social de sus
representados, al no permitir su acceso a determinados beneficios, en virtud de
su condición de hijos aportados.
3. Hechos relevantes
3.1. Juan José Montenegro convive con Juana
María Guerrero, desde el 21 de febrero de 2013, y se encuentran casados desde
el 9 de marzo de 2015[2]
(T-5.273.833). Por su parte, Andrés Felipe Martínez Cadamil convive, en unión
marital de hecho, con Elba Lucero Martínez, desde abril de 2007[3] (T-5.280.591).
3.2. Juana María Guerrero es madre
biológica de William Villamizar Guerrero, de 14 años de edad, y de Juliana
Pérez Guerrero, de 5 años de edad  (T-5.273.833). Elba Lucero Martínez es madre
biológica de Nicolás Peláez Martínez, de 12 años de edad (T-5.280.591). Los
menores de edad provienen de relaciones anteriores y fueron aportados a la
nueva unión.
3.3. Los demandantes indican que
conviven con sus respectivas parejas e hijos, anteriormente relacionados,
conformando una institución familiar.
3.4. En el primer caso, el actor, según
manifiesta, se encarga de asumir todas las obligaciones económicas del hogar,
como la alimentación, educación, vivienda, salud, entre otras (T-5.273.833)[4].
Obligaciones que asumió en su totalidad porque su esposa no se encuentra
trabajando y los padres biológicos de los menores de edad aportan cuotas
esporádicamente. Los ingresos del núcleo familiar corresponden a
$2'000.000.
3.5. En el segundo, el actor asevera que
se encarga de los gastos económicos en conjunto con su compañera permanente con
la cual tiene un hijo biológico común de 4 años de edad (T-5.280.591). Los
ingresos de la pareja corresponden a $10'000.000. Según se desprende de la
visita social, que más adelante se relaciona, el padre biológico del hijo
aportado consigna una cuota mensual de $1'180.000.
3.6. Los demandantes están vinculados a
las entidades accionadas, las cuales proveen beneficios para ellos y su núcleo
familiar[5].
En tal virtud, solicitaron que a sus hijos aportados se les permitiera el
acceso a:
a.
Servicios
de salud que cubre la Entidad XX (T-5.273.833).
b.
Auxilios
de educación y servicios de salud prestados a los familiares de los
trabajadores del Banco de la República[6]
(T-5.280.591). La solicitud se presentó en el 2011 y en el 2013 de forma
verbal y, en el 2015, de forma escrita, tras la publicación de la Sentencia
T-070 de 2015, a través de la cual, en un caso similar, se accedió a las
pretensiones y se determinó que “los hijos de crianza y los hijos aportados, se
encuentran en igualdad de condiciones, con respecto a los hijos biológicos y
adoptivos”.
3.7. En ambos
procesos, la respuesta fue negativa[7]
y fundamentada en que “los hijastros” no son beneficiarios de lo pretendido. De
manera específica, la Entidad XX advirtió que era necesario allegar el “documento
de reconocimiento”  de  los  hijos  extramatrimoniales para  poderlos  incluir
como  beneficiarios. A su turno, en el Expediente T-5.280.591, el Banco de la
República respecto del precedente citado (Sentencia T-070 de 2015), consideró
que tiene efectos inter partes, por ende, no le es obligatorio.
4.
Pretensiones
Los accionantes
presentaron acción de tutela en representación de sus hijos aportados con el
fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, a la familia y a la seguridad social y, en consecuencia, se
ordene a la  Entidad XX que les permita afiliarse a los servicios de salud que
se presta por medio de esa entidad (T-5.273.833) y al Banco de la República
brindarles los auxilios de educación y servicios de salud consagrados en la
Convención Colectiva de Trabajo de 1997 (T-5.280.591).
5. Pruebas
que obran en los expedientes
En cada caso, se
aportaron los siguientes elementos probatorios relevantes:
5.1.
Expediente T-5.273.833
·
Copia
simple de la cédula de ciudadanía de Juan José Montenegro y de Juana María
Guerrero (folio 8 y 9, Cuaderno 2).
·
Copia
simple de la declaración extrajuicio ante notario realizada el 29 de mayo de
2014, en la que Juan José Montenegro y Juana María Guerrero manifiestan, bajo
gravedad de juramento, que conviven en unión libre desde el 21 de febrero de
2013, que junto con ellos viven William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez
Guerrero, y que Juan José Montenegro se encarga del sostenimiento y la
manutención de ese núcleo familiar (folio 10, Cuaderno 2).
·
Copia
simple del Registro Civil de Matrimonio de Juan José Montenegro y Juana María
Guerrero (folio 11, Cuaderno 2).
·
Copia
simple de la tarjeta de identidad de William Villamizar Guerrero y del
Registro civil de nacimiento de Juliana Pérez Guerrero (folio 14 y 15, Cuaderno
2).
·
Copias
simples de oficios emitidos por la Entidad XX, en el que se informa que la
petición presentada por el actor fue resuelta de forma negativa (folio 12 y 13,
Cuaderno 2).
·
Informe
de visita domiciliaria realizada por el ICBF Regional Valle del Cauca a la casa
del accionante, del 15 de marzo de 2015 (folios del 41 al 43 y del 100 al 109
Cuaderno 1).
·
Informe
de entrevista psicológica realizada a William Villamizar Guerrero y a Juliana
Pérez Guerrero, por el ICBF Regional Valle del Cauca, el 10 de abril de 2015
(folios 85 al 99, Cuaderno 1).
5.2.
Expediente T-5.280.591
·
Copia
simple de la cédula de ciudadanía de Andrés Felipe Martínez Candamil y de Elba
Lucero Martínez Galvis (Folio 1, Cuaderno 2 y folio 32 Cuaderno
1, respectivamente).
·
Copia
simple de la declaración bajo juramento del 24 de agosto de 2015, por medio de
la cual Andrés Felipe Martínez Candamil y Elba Lucero Martínez Galvis
manifiestan que conviven en unión marital de hecho desde abril de 2007 y que
con ellos viven los menores de edad Sebastián Martínez Martínez, hijo en común,
y Nicolás Peláez Martínez, aportado por la compañera permanente (Folio 2,
Cuaderno 2).
·
Copia
simple de la Escritura Pública No. 03964, del 6 de agosto de 2010, por medio de
la cual se registra la adquisición de un bien inmueble por Elba Lucero Martínez
Galvis y se deja constancia de la unión marital de hecho con Andrés Felipe
Martínez Candamil (Folios 5 al 7, Cuaderno 2).
·
Copia
simple del registro civil de nacimiento de Nicolás Peláez Martínez (Folio 3,
Cuaderno 2).
·
Copia
simple de escrito dirigido por Andrés Felipe Martínez Candamil al Banco de la
República el 29 de julio de 2015, en el que solicita el acceso a los beneficios
convencionales pretendidos (Folio 10, Cuaderno 2).
·
Copia
simple de oficio emitido, el 21 de agosto de 2015, por el Banco de la
República, que resuelve negativamente la petición (Folio 24, Cuaderno 2).
·
Informe
de visita domiciliaria realizada por el ICBF Regional Bogotá a la casa del
accionante, el 15 de marzo de 2015 (folios 48 al 51 Cuaderno 1).
·
Informe
de entrevista psicológica realizada a Nicolás Peláez Martínez por el
ICBF Regional Bogotá, el 15 de marzo de 2016, (folios 46 y 47, Cuaderno 1).
6. Respuesta de las entidades accionadas
Las acciones de
tutela correspondieron por reparto al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali
(T-5.273.833) y al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil
(T-5.280.591), autoridades judiciales que decidieron admitirlas y, en aras de
conformar debidamente el contradictorio, corrieron traslado a las entidades
accionadas.
6.1. Entidad
XX (T-5.273.833)
El Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Cali, a su vez, vinculó a la Entidad YY. Este entidad
aclaró que “actúa como accionada”. De acuerdo al reglamento[8] de la Entidad
XX, Entidad YY se encuentra autorizada para ejercer su representación legal.
Sostiene que
está acreditado que el tutelante se encuentra a cargo del sostenimiento
económico de su esposa e hijos y están afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud “en condición de hijastros”. Adicionalmente, “el
padre de los menores también aporta cuota económica” [sic]. En consecuencia,
gozan del derecho “a tener una familia, a la salud y […] lo necesario para su
congrua subsistencia”; por ende, gozan de la protección de la niñez, de la vida
digna, la salud y la seguridad social.
Advierte que los
representados se encuentran excluidos por reglamento para acceder a los
beneficios pretendidos y especifica que por asuntos de viabilidad financiera no
es posible vincular a todos los hijos de las madres o compañeras permanentes de
los afiliados.
Se resalta que
el reglamento de la Entidad XX, en el Artículo 12, No. 2º, viñeta 2º, señala
entre los hijos beneficiarios a los “legítimos, legalmente adoptados y
extramatrimoniales reconocidos, que dependan económicamente del afiliado,
siempre que sean solteros (as) y menores de 18 años”. Igualmente, se destaca
que en el Artículo 13, se determinan los requisitos específicos para la
afiliación de los hijos, entre los cuales se incluyen las categorías de
“hijos”, “hijos discapacitados y/o especiales” e “hijastros legalmente
adoptados”.
Los requisitos
exigidos para la afiliación de los “hijastros legalmente adoptados” son: (i) registro
civil anterior y actual del niño; (ii) afiliación a una EPS; (iii)
certificado de estudio si está entre los 18 y 25 años de edad; (iv) constancia
médica si es discapacitado y (v) visita domiciliaria realizada por un
funcionario de la Entidad XX.
6.2. Banco de
la República (T-5.280.591)
Alega que la
acción de tutela no cumple con los requisitos de procedencia, pues lo debatido
obedece a asuntos de índole económico y existen otros medios ordinarios de
defensa judicial. Sostiene, además, que no se demuestra la existencia de un
perjuicio irremediable. Al respecto advierte que el accionante devenga
$3'289.082; y tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, pues el
demandante comenzó a trabajar para la entidad en el 2011, fecha desde la cual
pudo acudir a la jurisdicción ordinaria.
Agrega que los
beneficios solicitados son de carácter extralegal, adicionales, en lo que
respecta a salud, a los servicios prestados en virtud del Régimen Contributivo
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sostiene que no son absolutos
e ilimitados y obedecen al acuerdo convencional suscrito con la organización
sindical, a la “razonabilidad de las prestaciones y al empleo de los recursos
públicos” y su reglamentación acata la ponderación de las necesidades de los
trabajadores y sus familiares, por la cual “se ha considerado pertinente que solamente
los hijos biológicos o adoptivos puedan ser cobijados”.
Se resalta que
en el Reglamento del Auxilio Educativo, del 6 de noviembre de 2014, se indica
entre los beneficiarios a los hijos; y, en el Reglamento del Servicio Médico
del 10 de octubre de 2014, se precisa, entre los beneficiarios a los hijos
menores de 18 años.
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
Las decisiones
judiciales que se señalan a continuación guardan identidad en cuanto que, en
primera instancia, se concede la protección de los derechos fundamentales que
se alegan vulnerados y, en segunda instancia, se revoca y se niega lo
deprecado. Sin embargo, las decisiones guardan diferencias en su argumentación,
por lo que resulta pertinente desarrollarlas de manera separada para mayor
claridad.
1. Expediente T-5.273.833
1.1. Primera instancia
El Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Cali, mediante sentencia del 23 de julio
de 2015, accedió a las pretensiones de la acción de tutela por considerar vulnerados
los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la seguridad social de los
representados y, en consecuencia, ordenó a la Entidad
YY afiliarlos como integrantes del núcleo familiar del actor a la Entidad XX,
para que puedan gozar de los beneficios que otorga esa entidad en igualdad de
condiciones que los demás hijos de los trabajadores vinculados a la Empresa NN.
Argumenta que la
aplicación de la Convención Colectiva realizada por la Entidad YY vulnera el
derecho fundamental a la igualdad y desconoce la protección integral a la
familia. Asevera que el trato igualitario entre hijos nacidos dentro y fuera
del matrimonio es obligatorio y que la relación entre el accionante con los
menores de edad, en calidad de “padre de crianza”, se encuentra probada, por lo
cual conforman un núcleo familiar. Igualmente, advierte que imponer la adopción
de los niños a fin de que puedan acceder a los beneficios, como parece
sugerirlo la accionada, es “coaccionarlos” a renunciar a la filiación con su
padre biológico.
El anterior
fallo fue impugnado por la Entidad YY sin sustentar el recurso.
1.2. Segunda
instancia
El Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali, a través de sentencia proveída
el 2 de septiembre de 2015, decidió revocar el fallo de primera instancia y, en
su lugar, negó el amparo deprecado. Argumenta que en el reglamento de la Entidad
XX se determinan los requisitos para acceder a sus servicios y, en particular,
para la afiliación, la cual no contempla a los hijos aportados sino a los “hijastros
legalmente adoptados” (Artículo 13, No. 6º).
Resaltó, además,
que los menores de edad se encuentran “vinculados a la EPS como sus
beneficiarios”.
2. Expediente T-5.280.591
2.1. Primera
instancia
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por medio de fallo
proferido el 9 de septiembre de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda,
por considerar que se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, a la
protección a la familia, a la educación y a la salud del menor de edad
representado. En consecuencia, ordenó al Banco de la República reconocerle el
auxilio de educación y los servicios de salud en igualdad de condiciones que a
los hijos de los demás trabajadores vinculados.
Resalta que, de
acuerdo con lo manifestado por el actor, este solicitó a la entidad accionada
el reconocimiento de los beneficios pretendidos en el año 2011, cuando ingresó
a trabajar para la accionada e igualmente en el año 2013. Posteriormente, en
atención a la expedición de la Sentencia T-070 de 2015, presentó una nueva
solicitud. En consecuencia, se cumple con el requisito de inmediatez. En igual
sentido, destaca que, si bien existen otros medios de defensa judicial para
acceder a lo requerido, se pretende la satisfacción de derechos fundamentales
de un menor de edad, lo que hace procedente la tutela.
Precisa que, aun
cuando las sentencias de la Corte Constitucional tienen efectos inter-partes,
lo cierto es que la Sentencia T-070 de 2015 guarda coincidencia con los
supuestos facticos estudiados, por consiguiente, no aplicarla vulnera el
derecho fundamental a la igualdad, así como los derechos fundamentales a la
educación y a la salud del representado.
Resalta que al
acervo probatorio se aportó el registro civil de nacimiento del niño,
demostrando el lazo de consanguineidad con la compañera permanente del actor.
Igualmente, se anexó copia de la escritura pública en la que se afirmó, bajo
gravedad de juramento, que la pareja que conforma la familia convive en unión
marital de hecho, así como una declaración bajo juramento adicional en la que
se señala que la compañera permanente aportó a la relación al menor de edad
representado. Estas pruebas, advierte, no fueron controvertidas por la
accionada.
El Banco de la
República impugnó la decisión. Reiteró que no existe vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, a la salud ni a la educación del
representado, debido a que el accionante devenga una suma superior a siete
salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que le permite sufragar la
educación y los servicios médicos que su representado requiera.
2.2. Segunda
instancia
La Corte Suprema
de Justicia, a través de sentencia del 26 de octubre de 2015, revocó el fallo
del a quo y, en su lugar, negó el amparo. En su criterio, la tutela no
cumple con el requisito de inmediatez, pues el actor ingresó a laborar para la
demandada en el año 2011 y la tutela fue presentada el 26 de agosto de 2015.
Adicionalmente, se presentó la solicitud en tres oportunidades: en los años
2011, 2013 y 2015. Desde la primera solicitud la respuesta fue negativa y la
reiteración del pedimento “no torna oportuna la salvaguarda”. Ese proceder, a
su juicio, advierte la evasión del actor a la vía ordinaria.
En lo atinente a
la subsidiariedad, afirmó que del acervo probatorio no se evidencia que el
accionante haya acudido a los medios ordinarios de defensa judicial para
acceder a lo pretendido o debatir la posición de la accionada. Tampoco que haya
presentado los recursos de reposición ni de apelación, procedentes contra los
pronunciamientos del Banco de la República; ni acudió a los medios de control
correspondientes ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Bajo estos
mismos considerandos estimó que no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable.
Cuestionó que el
Tribunal haya adelantado un estudio de fondo bajo el argumento de estar en vilo
la “satisfacción” de los derechos fundamentales de un menor de edad. A su
parecer, ese desarrollo desconoció que es el juez laboral[9], quien tiene
competencia para conocer los conflictos jurídicos derivados del contrato de
trabajo, del cual hace parte la convención colectiva, también debe aplicar las
garantías constitucionales del juez de tutela, en específico, las relacionadas
con la protección a la familia, la igualdad de trato entre sus integrantes y el
interés superior del niño.
En adición,
afirmó que no se probó la vulneración del derecho fundamental a la salud, al no
demostrarse que el niño Nicolás Peláez Martínez estuviese excluido del Sistema
General de Salud.
Tampoco encontró
probada la relación del actor con el niño, pues de la lectura de su registro
civil de nacimiento, se entiende vigente el parentesco de consanguineidad con
su padre biológico, quien, se presume, debe velar por sus alimentos, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 411 del Código Civil. Presunción que no ha sido
desvirtuada. Igualmente concluyó que no existe prueba de que el padre biológico
del menor de edad carezca de capacidad laboral, o que se oponga al “trámite de
adopción” a través del cual el accionante pudiese discutir los “derechos, deberes
y facultades del padre biológico”.
Respecto de la
Sentencia T-070 de 2015, adujo que, en virtud del artículo 48, Numeral 2, de la
Ley 270 de 1996, “tien[e] carácter obligatorio únicamente entre las partes” y
que los supuestos facticos difieren de los del presente caso, en atención a la
parte pasiva, a la Convención Colectiva fuente de las prestaciones requeridas y
a la “tempestividad” con la que fue presentada la demanda de tutela.
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA
CORTE
1. Una vez seleccionadas las acciones de tutela y puestas a
disposición de esta Sala de Revisión, el magistrado sustanciador consideró que
el proceso en revisión no contaba con los elementos de juicio suficientes para
adoptar una decisión de fondo, acorde con la situación fáctica planteada. En
consecuencia, mediante Auto del 9 de marzo de 2016, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Director Regional del
Valle del Cauca del ICBF, Dr. Jhon Arley Murillo, con el fin de que dentro de
los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, designe a
quien corresponda, para realizar una visita social domiciliara al hogar
conformado por los señores Juan José Montenegro, Juana María Guerrero y los
menores Juliana Pérez Guerrero y William Villamizar Guerrero, quienes se
encuentran domiciliados en la Calle 00 No. 00 - 00 con el fin de indagar sobre
el vínculo de afecto, respeto, solidaridad y protección, surgido entre los
miembros que componen dicho núcleo familiar.
Así
mismo, se requiere realizar una entrevista sicológica a los menores Juliana
Pérez Guerrero y William Villamizar Guerrero con el propósito de explorar la
relación que mantienen con su padre biológico.
SEGUNDO.
Por Secretaría General, OFÍCIESE al señor Juan José Montenegro, quien actúa
como demandante dentro del expediente T-5.273.833, para que en el término de
dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación de este Auto, aporte
Registro Civil de Nacimiento legible del menor William Villamizar Guerrero.
TERCERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Directora Regional de
Bogotá del ICBF, Dra. Diana Patricia Arboleda Ramírez, con el fin de que,
dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto,
designe a quien corresponda, para realizar una visita social domiciliara al
hogar conformado por los señores Andrés Felipe Martínez Cadamil, Elba Lucero
Martínez y el menor Nicolás Peláez Martínez, quienes se encuentran domiciliados
en la Calle 67 No. 59 - 40, Modelo Norte, Bogotá, con el fin de indagar sobre
el vínculo de afecto, respeto, solidaridad y protección, surgido entre los
miembros que componen dicho núcleo familiar.”
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de
escrito allegado a la Secretaría General de esta Corporación, el 15 de marzo de
2016,  remitió los informes de las visitas domiciliarias efectuadas por
funcionarios de las Regionales Valle del Cauca y Bogotá, así como la entrevista
psicológica realizada a Nicolás Peláez Martínez (T-5.280.591). La entrevista
psicológica de Juliana Pérez Guerrero y William Villamizar Guerrero fue
entregada, en la misma dependencia, el 28 de abril siguiente (T-5.273.833).
2.1 Informe ICBF Regional Valle del Cauca
Del informe
realizado por el ICBF Regional Valle del Cauca (T-5.273.833)[10],  se
desprende que el núcleo familiar de Juan José Montenegro está compuesto por él,
su compañera permanente y los dos hijos que ella aportó, a saber, William
Villamizar Guerrero, de 14 años, y Juliana Pérez Guerrero, de 5 años. Conviven
desde hace dos años, uno de ellos después de la celebración del matrimonio
católico entre la pareja[11].
Se advierte la
existencia de lazos armoniosos bajo la autoridad conjunta de la pareja. Los dos
menores de edad se encuentran estudiando y están afiliados al Sistema General
de Salud por medio de Comfenalco Valle EPS-S. El núcleo familiar depende
económicamente del  accionante, cuyo ingreso mensual es aproximadamente de $2'000.000,
“distribuidos en el pago del arriendo, pago de servicio público, recreación del
núcleo familiar, pago de salud, vestuario y alimentación” [sic].
Resalta que “el
medio familiar” garantiza “al adolecente William Villamizar Guerrero y a la
niña Juliana Pérez Guerrero, el derecho a la salud, el derecho a la educación,
vivienda digna, recreación y a tener una familia. Esto muestra que […]
garantiza el cumplimiento de los derechos de la niñez, se evidencia que la
familia presenta factores de protección y de cuidado hacia el adolescente y la
niña”.
2.1.1.
Entrevista psicológica realizada a Juliana Pérez Guerrero y a William
Villamizar Guerrero. Extractos
El informe de la
entrevista psicológica realizada por el ICBF regional Valle del Cauca a los
menores de edad representados fue entregado en la Secretaría General de esta
Corporación el 28 de abril de 2016.
En el se afirma
que William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez Guerrero tienen “buen
comportamiento y capacidad para expresar sus ideas y sentimientos y que la
madre es su principal referente afectivo, quien desde hace 3 años convive con
su actual esposo, el señor William Villamizar Guerrero, de 49 años, de
profesión empleado público”. Su custodia está en cabeza de su madre biológica.
Reconocen en William
Villamizar Guerrero una autoridad, le guardan respeto, acatan sus órdenes y son
conscientes de la dependencia económica que tienen frente a él. Igualmente,
reconocen su “rol paterno” y el afecto, respeto y protección que les
proporciona.
De la entrevista
psicológica realizada a Juliana Pérez Guerrero se destaca que se refiere
al accionante como “tío”, según informa, por sugerencia de su madre, a fin de
“evitar conflictos con el padre biológico” de quien esta se separó por
“diferencias personales y por conflictos a nivel de vida en pareja”[12].
Sin embargo, comprende que Juan José Montenegro es esposo de su progenitora,
confirma que convive bajo su mismo techo, los lazos de afecto y la dependencia
económica.
Frente a la
relación con su padre biológico Omar Pérez, se advierte que la niña es consciente
de su vínculo paterno y, frente a él, también manifiesta expresiones de afecto
y obediencia. No obstante, se indica que ha incurrido en conductas violentas,
las cuales insinúan la intromisión de este en la familia ensamblada, lo que le
ha generado a la niña, de acuerdo al informe, estados de estrés y ansiedad.
En efecto, en el
transcurso de la entrevista, la niña mencionó el disgusto que siente su padre
biológico frente a su relación con el esposo de su madre. Afirma que Omar Pérez
pelea con su mamá, porque quiere que viva con ellos, pero no tiene
trabajo y no puede encargarse de sus estudios.
Señala que la
agredió físicamente, al pegarle con un casco, lo que ocasionó que “su tío Juan
lo golpeara”, puesto que él “la defiende”. A la par, adujo: “mi papá Omar está
con mi abuela Belén, yo visito a mi abuela porque mi papá no va a volver a la
casa de mi mamá porque pelean mucho y a mí no me gusta que le peguen a mi …”,
momento en el cual la niña guarda silencio, según se reporta.
Al hacerle la
pregunta “¿a quién le pegan?”, la niña respondió “todos se pegan, porque mi
papá quiere que yo me vaya con él y mi tío Juan, mi hermano y mi mamá dicen que
no tengo permiso para irme con mi papá, pero ellos no quieren estar juntos. Mi
tío Juan me dice que no llore que conoce un niño que los papas se separaron y
el niño decidió vivir con su abuelita, yo le dije que yo quería estar con
ellos” [sic].
Al indagarle
sobre el padre biológico de William Villamizar Guerrero informó que este
falleció.
De la entrevista
psicológica realizada a William Villamizar Guerrero se desataca el
concepto favorable que tiene frente al accionante, “a quien identifica como su
protector y generador de afectos y de calidad de vida, por los medios
económicos que les suministra a su medio familiar (…)”.  Es consciente
de que se está tramitando su afiliación a la entidad accionada para acceder a
beneficios de salud. Precisa que tiene un tratamiento odontológico pendiente,
que implica un gasto elevado para su mamá y su “padrastro”.
Su padre
biológico, según se desprende del informe, falleció antes de que naciera. En su
registro civil de nacimiento, su reconocimiento, lo realizó su abuelo paterno;
no tiene cercanía con esa red familiar. Advierte que el padre de Juliana sí se
encuentra vivo y expresa que:
“él
va a la casa a hacer escándalos, el quiere sacar a la niña y llevársela, que
día peleamos todos con él porque se la quería llevar a las 11 p.m. y eso no
está bien, tan tarde sacarla, y mi padrastro se enojó y le dijo que no se la
dejaba llevar… mi hermana le dice a mi padrastro tío, porque mi mamá le dijo
que le diera así para evitar problemas con Omar, pero mi hermana se la lleva
muy bien con mi padrastro, yo a veces quiero decirle papá a Juan pero me da
pena, es que el nos quiere mucho, el paga el arriendo, compra la comida, le da
plata a mi mamá para nuestros colegios, nos compra ropa y nos cuida como si
fuéramos sus hijos” [sic].
2.2. Informe ICBF Regional Bogotá Expediente T-5.280.591
Del informe
realizado por la Regional Bogotá[13],
se resalta que el accionante, Andrés Felipe Martínez Cadamil, tiene una familia
“recompuesta”, integrada por él, su compañera permanente, un hijo común
biológico de 4 años y por el niño Nicolás Peláez Martínez, aportado por la
compañera. La convivencia entre el accionante y su compañera viene desde hace
nueve años. Los ingresos mensuales de la pareja, según el informe, son de
$10´000.000 y los egresos, en promedio, son de $9´500.000.
“Se
encuentra una familia recompuesta, con fuerte vínculo afectivo, relaciones
adecuadas, buenos canales de comunicación, la pareja quiere mucho a los hijos,
Andrés Felipe trata a Nicolás como un hijo, es un grupo familiar consolidado en
el que se identifican sentimientos y valores positivos que permiten a la
familia una buena convivencia y la construcción de una familia estable y
garante.”
“Es
importante resaltar que no obstante lo anterior, Nicolás tiene buena relación
con su padre biológico Juan Carlos Peláez, quien responde económicamente por
él, lo visita cada quince días y comparte temporadas vacacionales, y hay
permanente contacto telefónico entre padre e hijo existe fuerte y positivo
vínculo afectivo, la relación paterno filial se mantiene a nivel afectivo y de
responsabilidades legales” [sic].
2.2.1.
Entrevista psicológica realizada por el ICBF regional Bogotá a Nicolás Peláez
Martínez. Extractos
El informe de la
entrevista realizada a Nicolás Peláez Martínez se allegó a esta Corporación el
15 de marzo de 2016. Según se indica, el niño identifica en su núcleo familiar
a la señora Elba Lucero Martínez Galvis, su hermano Sebastián Martínez Martínez
y a Andrés Martínez Candamil, a quien menciona como “mi papá o sea mi papá no
biológico”, respecto del cual manifiesta lazos de afecto propios de una
relación paternal. Igualmente, mantiene lazos afectivos con su padre biológico,
quien cumple con sus responsabilidades legales, lo visita cada 15 días y, de
acuerdo con su madre, aporta una cuota mensual de $1´180.000. Tras la
entrevista realizada se emitió el siguiente concepto:
“Se
evidencian vínculos afectivos fuertes con su progenitor, Juan Carlos Peláez
Mendoza quien ha estado al tanto de sus cuidados y sus necesidades pese a que
nunca ha vivido con él, se observa que Nicolás le considera una figura paterna
adecuada y se siente cómodo tanto cuando se genera comunicación entre ellos,
como cuando están en una visita. Se observa que el progenitor Juan Carlos
Peláez Mendoza mantiene una relación adecuada con Nicolás y en cuanto a los
aspectos de personalidad que menciona el menor se observa estabilidad emocional
y responsabilidad a la hora de ejercer un rol paterno adecuado, lo cual se
observa en conductas tanto recreativas, como el apoyo académico que realiza el
progenitor, el cual es bien recibido por el menor. En relación con el núcleo
familiar paterno no se observan factores de riesgo; se observan factores de
protección teniendo en cuenta que el menor siente que es un espacio agradable,
en el cual nunca se le ha aislado y se le ha integrado en las actividades
familiares; así mismo, se observa que la relación con la familia externa
paterna es adecuada” [sic].
3.  De las pruebas relacionadas se corrió traslado a las entidades
demandadas, a través de Auto del 10 de mayo de 2016, con el fin de que se
pronunciaran sobre las mismas. Vencido el término, la Entidad XX guardó
silencio.
El Banco de la
República, por su parte, a través de escrito entregado en esta Corporación el
17 de mayo de 2016, además de reiterar los argumentos expuestos en el libelo de
contestación, destacó la cercana relación filial entre Nicolás Peláez Martínez
y su padre biológico, enfatizando en el reconocimiento del vínculo paternal por
parte del menor de edad hacia este y la ayuda emocional y económica que le
brinda.
Resaltó que la
institución familiar del accionante está integrada por el hijo aportado y un
hijo común de la pareja, entre quienes, según afirma, no existe igualdad de
condiciones; pone de presente que el ingreso del núcleo familiar del accionante
es de $10'000.000 a lo que se suma $1'180.000, aportados por el padre biológico
del representado, por lo que concluye que tienen la capacidad suficiente para
brindarle los beneficios de salud y educación que requiere.
Finalmente,
advierte que el Banco de la República es una entidad encargada del manejo de
recursos públicos y carece de sustento jurídico obligarla a que reconozca
beneficios de carácter extralegal a un tercero con el cual no tiene vínculo
jurídico, como es el caso del representado.
IV.
Insistencias
1. Expediente
T-5.273.833
Defensoría
del Pueblo
El defensor del
pueblo, por medio de escrito allegado a esta Corporación el 2 de febrero de
2016, presentó insistencia para la selección del mencionado expediente por
considerar que integra un problema constitucionalmente relevante relacionado
con “padres e hijos de crianza”.
A su juicio,
debe haber un pronunciamiento jurisprudencial en lo relacionado con “los hijastros
como integrantes del núcleo familiar en el cual conviven y los derechos y
obligaciones derivados de tal condición”. Ello, con el fin de que se proteja el
derecho a la igualdad, el cual considera vulnerado en el caso por cuya revisión
intercede.
Advierte sobre
la jurisprudencia desarrollada en torno a la “crianza como un hecho a partir
del cual surge el parentesco”, para, posteriormente, señalar que el fallador de
instancia desconoció que las familias, además de integrarse por vínculos
naturales o jurídicos, se integra por lazos de crianza.
Indicó que la
familia es una “construcción cultural” y que, en tal virtud, el Estado
colombiano ha desarrollado un concepto de familia a partir de las nuevas
relaciones entre sus miembros y “que junto con la sociedad le corresponde
garantizar su protección por mandato constitucional”.
Advirtió que, a
pesar del desarrollo jurisprudencial logrado al respecto, existen vacíos sobre
el alcance y la protección de los derechos y obligaciones de los padres e hijos
de crianza que, a su consideración, “se evidenciaron no solo en el caso
concreto, sino también se observan en otras materias de vocación hereditaria y
seguridad social, entre otras”.
2. Expediente
5.280.591
Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio
El magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio presentó insistencia para la selección del
mencionado expediente, el 1º de febrero de 2016, por considerar que existen
elementos de juicio que permiten inferir la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, debido al desconocimiento del precedente jurisprudencial
constitucional desarrollado frente a la ampliación de beneficios prestacionales
de los hijos aportados.
Defensoría
del Pueblo
El defensor del
pueblo, por medio de escrito entregado en esta Corporación el 2 de febrero de
2016, presentó insistencia con el fin de que se seleccione el expediente en
comento, habida cuenta que, a su parecer, involucra un problema
constitucionalmente relevante que posibilita el desarrollo jurisprudencial.
Advierte sobre
la protección especial que se debe brindar a la familia como núcleo esencial de
la sociedad, la cual se debe otorgar tanto a la conformada en virtud de
vínculos jurídicos o de consanguinidad, como a la que surge de facto, con lo
que pasa a explicar que la crianza es un hecho a partir del cual surge el
parentesco y la necesidad de hacer efectiva la igualdad entre los hijos
integrantes del núcleo familiar.
Considera que el
Banco de la República, al interpretar la Convención Colectiva de Trabajo de
1997, en lo relacionado con los hijos beneficiarios de los servicios de salud y
los auxilios de educación, contradice el derecho a la igualdad y desconoce la
protección integral de la familia. Igualmente, señala que los derechos a la
salud y a la educación deben ser protegidos puesto que su protección y
promoción garantiza un adecuado nivel de vida de los menores de edad.
V.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
A través de la
Sala Cuarta de Revisión, la Corte Constitucional es competente para examinar
las sentencias proferidas dentro de los procesos referenciados, con fundamento
en lo dispuesto en los Artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, en concordancia con los Artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
En atención a la situación fáctica expuesta y a las decisiones
judiciales que se revisan,  le  corresponde a esta Sala de Revisión determinar
si la Entidad XX (T-5.273.833) y el Banco de la República (T-5.280.591), vulneran
los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia de los menores de edad
representados, en los casos objeto de revisión, al impedirles acceder a
beneficios convencionales que otorgan dichas entidades a los hijos biológicos y
adoptados de sus trabajadores, alegando que los aquí reclamantes tienen la
condición de hijos aportados.
Con el propósito
de resolver el problema jurídico planteado, se procederá a estudiar,
principalmente, los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela;
(ii) la protección de la familia y el alcance del interés superior de los niños,
niñas y adolescentes como principio orientador ante la presunta vulneración de
un derecho fundamental; (iii) precisiones sobre el derecho a la igualdad entre
los hijos, indistintamente de su forma de vinculación familiar; (iv)
proscripción de la vulneración del derecho a la igualdad de las familias
ensambladas y de los hijos aportados para, estudiar finalmente, (v) los casos
concretos.
3.
Procedencia de la acción de Tutela
3.1.
Legitimación activa
Según lo
establecido en el Artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario, al que puede acudir
cualquier persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o
los particulares en los casos previstos en la ley, y no exista otro mecanismo
de defensa judicial idóneo para una protección efectiva.
En este sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, “[p]or el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el Artículo 86 de la Constitución
Política”, determina que:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
Juan José
Montenegro y Andrés Felipe Martínez Candamil se encuentran legitimados para
actuar en representación de sus respectivos hijos aportados por cuanto se trata
de sujetos de especial protección constitucional, por su minoría de edad,
quienes se encuentran bajo su responsabilidad, a quienes, presuntamente, se les
están vulnerando sus garantías fundamentales.
Se resalta que
esta Sala, en un caso similar[14],
consideró que los accionantes estaban legitimados para actuar por las
“obligaciones alimentarias” que le asisten. “[D]icha obligación comprende “todo
lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica,
recreación, formación integral, educación o instrucción (…)”.[15]
3.2.
Legitimación pasiva
Según lo
establecido en los artículos 5º, 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad
pública o un particular, en los casos determinados por la ley, cuando se les
atribuye la vulneración de un derecho fundamental.
La Entidad XX,
demandada en el Expediente T-5.273.833, fue creada para prestar servicios de
salud especiales NO POS a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la
EMPRESA NN, así como a sus beneficiarios[16].
El Banco de la
República, demandado en el Expediente T-5.280.591, es un organismo estatal de
rango constitucional, el cual ejerce las funciones de banca central. Está
organizado como una persona jurídica de derecho público, con autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio[17].
Según se
desprende de los expedientes objeto de revisión, a estas dos entidades se les
acusa de haber transgredido los derechos fundamentales de los menores de edad
representados, en esa medida, se encuentran legitimadas como parte pasiva en la
presente acción de tutela.
3.3
Procedencia de la acción de tutela
La acción de
tutela fue regulada en el artículo 86 de la Constitución Nacional como un
mecanismo judicial autónomo[18],
subsidiario y sumario, que le permite a los habitantes del territorio nacional
acceder a una herramienta de protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por las autoridades
públicas, o los particulares, según lo determinado en el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991.
Para que proceda
este medio privilegiado de protección se requiere que dentro del ordenamiento
jurídico colombiano no exista otro medio de defensa judicial[19] que permita
garantizar el amparo deprecado o que, existiendo, se promueva para precaver un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio.
De esta manera,
en el marco del principio de subsidiaridad, cabe afirmar que “la acción
de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio judicial
alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la
defensa de los derechos, pues con ella no se busca remplazar los procesos
ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos impuestos
[dentro] de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”.[20]
En todo caso,
cuando en la acción de tutela se alegue la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales de menores de edad, siguiendo el artículo 42 constitucional y el
numeral 9º del Decreto 2591 de 1991, se torna como el medio idóneo para garantizar
la protección oportuna que corresponda[21].
En este sentido, la Corte ha señalado, entratándose de derechos prestacionales,
que “la acción de tutela procede cuando se interpone en favor de un menor de
edad, sin necesidad de que la relación causal entre la vulneración del derecho
prestacional y el perjuicio del derecho fundamental quede demostrada”[22].
Bajo estos
parámetros, en la Sentencia T-403 de 2011, a través de la cual se estudió el
caso de dos niños a quienes se les negaba un auxilio económico, se señaló que:
“En el presente caso habida consideración de que el derecho
fundamental cuya protección se solicita es precisamente el de la educación de
unas menores en condiciones de igualdad con otros menores integrantes de una
misma familia, no obstante las implicaciones patrimoniales subyacentes, cabe
considerar que la acción de tutela es el medio idóneo para dirimir el asunto en
vista de que, a no dudarlo, el trámite y la decisión del juez ordinario no
garantiza una pronta y eficaz solución al conflicto, lo cual redundaría en
perjuicio de las menores involucradas, cuyo proceso lectivo podría afectarse
drásticamente.”
En esa misma
línea, la Corte Constitucional censuró la posición de un Tribunal por declarar
improcedente el amparo frente a dos niños a quienes les negaron beneficios
convencionales debido a su filiación en calidad de hijos aportados:
“Para
la Sala resulta censurable la decisión del Tribunal que, sin examinar de manera
sistemática los derechos fundamentales involucrados y la situación de la menor
dentro del núcleo familiar, las relaciones de afecto, protección, solidaridad y
prohijamiento que se presentan en este caso y que hacían procedente la
protección que se reclama, hizo prevalecer lo meramente formal sobre lo
sustancial y desconoció el deber de garantizar a los ciudadanos unas
condiciones mínimas de justicia material.”[23]
En el presente
caso se estudia la presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad
de tres menores de edad presuntamente discriminados en razón de su filiación,
en consecuencia, la acción de tutela se torna en el mecanismo idóneo para estudiar
la solicitud de amparo presentada.
Por otro lado,
en lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, es pertinente
resaltar que la tutela pretende garantizar una protección efectiva, actual y
expedita frente a la transgresión o amenaza inminente de un derecho
fundamental, motivo por el cual, entre la ocurrencia de los hechos en que se
funde la pretensión y la presentación de la demanda, debe haber trascurrido un
lapso razonable.
En los casos
bajo estudio, la vulneración alegada gravita en torno a que a los hijos
aportados, pertenecientes a dos núcleos familiares diferentes, se les impide
acceder a beneficios convencionales en razón de su filiación. De modo que la
presunta transgresión se mantendría, al menos, mientras perdure la exclusión.
En consecuencia, la acción de tutela resulta procedente, pues la causa de la
violación alegada aún continua.
En todo caso, se
resalta que en el primer proceso, al accionante se le informó, por última vez,
que no era procedente el reconocimiento de los beneficios pretendidos, el 15 de
mayo de 2015 y presentó acción de tutela el 9 de julio siguiente, por lo que se
entiende cumplido este requisito (T-5.273.833).
En el segundo
proceso, al actor se le informó, por última vez, que no era procedente el
acceso a los beneficios solicitados en favor de su hijo aportado el 21 de
agosto de 2015 y presentó acción de tutela el 25 de agosto siguiente
(T-5.280.591).
4. Protección
de la familia
La familia es
una institución sociológica derivada de la naturaleza del ser humano, “toda la
comunidad se beneficia de sus virtudes así como se perjudica por los conflictos
que surjan de la misma”[24].
Entre sus fines esenciales se destacan la vida en común, la ayuda mutua, la
procreación, el sostenimiento y la educación de los hijos[25]. En
consecuencia, tanto el Estado como la sociedad deben propender a su bienestar y
velar por su integridad, supervivencia y conservación[26].
Lineamientos que permearon su reconocimiento político y jurídico en la
Constitución de 1991[27].
El constituyente
reguló la institución familiar como derecho y núcleo esencial de la sociedad en
el artículo 42 Superior. De acuerdo con esta disposición, la familia “se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
En todo caso, el Estado y la sociedad deben garantizarle protección integral.
Sin pretender
agotar las disposiciones constitucionales que blindan su protección se destaca
que el artículo 5º dispone que el Estado debe amparar a la familia como la
institución básica de la sociedad; seguidamente, el artículo 13 señala que
nadie puede ser discriminado en razón de su origen familiar; en el artículo 15,
se regula el derecho a la intimidad familiar; el artículo 28,  relativo a la
garantía fundamental a la libertad, precisa que nadie puede ser
“molestado en su persona o familia”; y, el artículo 33, determina que “nadie
está obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil”.
Los lineamientos
jurídicos a nivel internacional han sido reiterativos en señalar que el Estado
debe brindar a la familia respecto, protección y asistencia, así como en hacer
un llamado para adoptar medidas tendientes a la igualdad y protección de los
hijos que la componen. Entre los instrumentos jurídicos internacionales se
destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos[28], artículo
16, ordinal 3º; la Convención Americana sobre Derechos Humanos[29], artículos
11, 17 y 19; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales[30],
artículos 7º, 10 y 11; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[31],
artículos 17, 23 y 24.
El concepto de
esta institución social puede estudiarse, entre otras, desde dos ópticas, por
lo general, complementarias entre sí. La primera, concibiéndola como un
conjunto de personas emparentadas por vínculos naturales o jurídicos, unidas
por lazos de solidaridad, amor y respeto, y caracterizadas por la unidad de
vida o de destino[32],
presupuestos que, en su mayoría, se han mantenido constantes. La segunda, se
puede desarrollar en consideración a sus integrantes, desde esta perspectiva el
concepto de familia se ha visto permeado por una realidad sociológica cambiante
que ha modificado su estructura[33]. En este sentido se ha señalado que “el concepto de
familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el
principio de pluralismo”, porque “en una sociedad plural, no puede existir un
concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente
con aquella surgida del vínculo matrimonial”[34].
Entre otras
formas de composición familiar que se vislumbran en la sociedad actual se
denotan las originadas en cabeza de una pareja, surgida como fruto del
matrimonio o de una unión marital de hecho[35],
cuya diferencia radica en la formalización exigida por el matrimonio, ambas
tienen iguales derechos y obligaciones, y pueden o no estar conformadas por
descendientes. También existen las familias derivadas de la adopción, nacidas
en un vínculo jurídico que permite “prohijar como hijo legítimo a quien no lo
es por lazos de la sangre”[36]; las familias de crianza, que surgen cuando
“un menor ha sido separado de su familia biológica y cuidado por una familia
distinta durante un período de tiempo lo suficientemente largo como para que se
hayan desarrollado vínculos afectivos entre [este] y los integrantes de dicha
familia”[37];
las familias monoparentales, conformadas por un solo progenitor y sus hijos y
las familias ensambladas.
Esta última, se
comprende como “la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de
hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijos
provenientes de un casamiento o relación previa”[38]. Este último
tipo de composición familiar va en aumento por la gran cantidad de vínculos
afectivos disueltos[39].
Al respecto, la Corte en la Sentencia T-519 de 2015, resaltó que estas familias
merecen toda la protección constitucional, pues, “cambiadas, asediadas,
fracturadas y/o reconstruidas, las familias siguen siendo, y lo serán por mucho
tiempo, los lugares donde se crían los humanos, donde se incorporan pautas de
socialización y modos relacionales que luego son transferidos a los contextos
sociales más amplios.”[40]
En Colombia se
predica la igualdad en la protección de las diferentes formas de composición
familiar, de hecho, desde la construcción de la Constitución de 1991 se
determinó que “tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia
estructurada a partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas
y/o  legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin
consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las
funciones básicas de la familia […]”[41].
Así las cosas, en
la Sentencia C-105 de 1994, en desarrollo del mentado artículo 42, se precisó
que: “a) la Constitución pone en un plano de igualdad a la familias
constituidas 'por vínculos naturales o jurídicos', es decir, a la que surge de
la 'voluntad responsable de conformarla' y a la que tiene su origen en el
matrimonio; b)  'el Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de
la familia', independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o
naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato; c)  por lo
mismo, 'la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables',
sin tener en cuenta el origen de la misma familia; d) pero la igualdad está
referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad.  Prueba de ello
es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio”, se concluye
que “según la Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección
las familias originadas en el matrimonio o [las] constituidas al margen de éste.”
En este mismo
sentido, en la Sentencia C-577 de 2011, la Corte señaló que:
“La
doctrina ha puesto de relieve que “la idea de la heterogeneidad de los modelos
familiares permite pasar de una percepción estática a una percepción dinámica y
longitudinal de la familia, donde el individuo, a lo largo de su vida, puede
integrar distintas configuraciones con funcionamientos propios. (…) El
“carácter maleable de la familia” se corresponde con un Estado multicultural y
pluriétnico que justifica el derecho de las personas a establecer una familia
“de acuerdo a sus propias opciones de vida, siempre y cuando respeten los
derechos fundamentales”, pues, en razón de la variedad, “la familia puede tomar
diversas formas según los grupos culturalmente diferenciados”, por lo que “no
es constitucionalmente admisible el reproche y mucho menos el rechazo de las
opciones que libremente configuren las personas para establecer una familia”.
Ahora, si bien a
la familia se le debe brindar protección en igualdad de condiciones,
indistintamente de los miembros que la conformen, lo cierto es que cuando está
integrada por niños, niñas o adolescentes su protección debe ser reforzada[42].
Se resalta que para este sector poblacional el derecho a tener una familia, en
virtud del artículo 44 Superior, es de carácter fundamental, pues se erige como
la cuna de formación del ser humano, donde se le debe proporcionar la
asistencia, protección, cuidado y preparación necesarios para forjarse como
seres integrales aptos para desenvolverse en sociedad.
Resulta
contrario a los fines estatales brindar un trato discriminatorio a las familias
en razón a su forma de composición cuando, precisamente, por medio de su
conformación, se busque cumplir el deber de protección y asistencia a los
menores de edad. De esta manera, la protección y el respeto debido sobre la
familia por parte del Estado se fundamenta en que “su desconocimiento
significa, de modo simultáneo, amenazar seriamente los derechos
constitucionales fundamentales de la niñez”[43],
a pesar del interés superior del que son titulares los niños, niñas y
adolescentes.
4.1. El
interés superior de los niños, niñas y adolescentes como principio orientador
ante la presunta vulneración de un derecho fundamental. Alcance.  Reiteración
de jurisprudencia
Los menores de
edad son considerados un grupo poblacional en condición de debilidad manifiesta
por su ausencia de madurez física y mental, la cual los hace indefensos y
vulnerables, en consecuencia, demandan protección y cuidados especiales a lo
largo de su crecimiento, a fin de formarse como seres independientes. Bajo
estas precisiones se ha considerado que tienen un interés superior sobre el
resto de la población, por consiguiente, todo conflicto entre estos y otro
grupo poblacional debe resolverse en su favor.
Consideraciones
como las precedentes llevaron a establecer en el artículo 44 de la
Constitución Política que “los derechos de los niños
prevalecen  sobre los derechos de los demás”.  En consecuencia, las
determinaciones que frente a estos se asuman se desarrollan conforme con el
carácter superior y
prevaleciente de
sus derechos e intereses.
Nuestro marco
legislativo actual determina el interés superior del niño, entre otros instrumentos,
en la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en el cual se
establece que:
“Artículo 8º. Interés superior de los
niños, las niñas y los adolescentes: Se entiende por interés superior del
niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos,
que son universales, prevalentes e interdependientes”.
“Artículo 9º. Prevalencia de los
Derechos[44]:
En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier
naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los
adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.
En
caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del
niño, niña o adolescente.”
A nivel
internacional se han desarrollado diferentes mecanismos para la protección del
interés superior del menor, sin embargo, es en la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño de 1989[45]
donde se consolidó la doctrina integral internacional de su protección[46].
En dicho instrumento se dispuso que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”[47].
Este principio
“transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento
de los menores de edad”[48],
a partir de su incorporación se abandona su concepción como incapaces para, en
su lugar, reconocerles la potencialidad de involucrarse en la toma de
decisiones que les conciernen[49].
Así las cosas, “de ser sujetos incapaces con derechos restringidos y hondas
limitaciones para poder ejercerlos, pasaron a ser concebidos como personas
libres y autónomas con plenitud de derechos, que de acuerdo a su edad y a su
madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”[50].
La aplicación
del interés superior del niño, como principio, depende de cada situación en
concreto, por lo que se ha determinado que su significado “únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y
de cada niño en particular”. Su naturaleza real y
relacional implica, de acuerdo a esta Corporación que “sólo se puede
establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales,
únicas e irrepetibles de cada menor de edad”[51].
En todo caso, no
se trata de un principio absoluto, por ende, si bien la Corte Constitucional ha
determinado que debe guiar a los operadores judiciales, a las entidades públicas
y privadas y a la sociedad en general, se han establecido diferentes criterios
para orientar su aplicación, entre ellos se vislumbran algunos de carácter
fáctico y otros de carácter jurídico[52].
Los criterios
fácticos se refieren a “circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar” que
rodean cada caso individualmente considerado. Imponen a las autoridades y a los
particulares “la obligación de abstenerse de desmejorar las condiciones en las
cuales se encuentra éste al momento mismo de la decisión”[53].
Por su parte,
algunos criterios jurídicos[54]
son:
(i) Garantizar
el desarrollo integral del niño: lo que implica, “como regla
general, asegurar el desarrollo armónico e integral”[55]. “El
desarrollo es armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano
(intelectual, afectiva, social, cultural, política, religiosa, etc.); y es integral
cuando se logra un equilibrio entre esas dimensiones o cuando al menos no se
privilegia ni se minimiza o excluye desproporcionadamente alguna de ellas”[56].
(ii) Garantizar
las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales: los
derechos fundamentales de los niños además de los que tiene toda persona
comprende los especificados en el artículo 44 Superior, a saber, la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión. Esta premisa implica “una interpretación de las normas que
procure maximizar todos sus derechos.”[57]
(iii) Protección
ante riesgos prohibidos: implica la protección “frente a condiciones
extremas que amenacen [el] desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la
drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la explotación
económica o laboral y, en general, el irrespeto por la dignidad humana en todas
sus formas”[58].
Esta premisa debe estudiarse en concordancia con la segunda parte del inicio
primero del artículo 44 mencionado, el cual ordena “la protección a los niños
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”[59].
(iv) Equilibrar
sus derechos y los derechos de sus familiares: “la
prevalencia de los derechos e intereses de los niños no significa que […] sean
absolutos o excluyentes”. No obstante, si se altera dicho equilibrio, debe
adoptarse la decisión que mejor satisfaga sus derechos.[60]
(v) Garantizar
un
ambiente familiar apto para el desarrollo del menor de edad: “se
le debe proveer una familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los
deberes derivados de su posición, [de tal forma que] le permitan desenvolverse
adecuadamente en un ambiente de cariño, comprensión y protección”[61].
(vi) La
exigencia de una argumentación contundente para la intervención del Estado en
las relaciones paterno y materno filiales.[62]
5.
Precisiones sobre el derecho a la igualdad entre los hijos, indistintamente de
su forma de vinculación familiar
De acuerdo con
el mencionado artículo 42 de la Constitución Política, todos los “hijos habidos
en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con
asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”. Precepto que se
aplica en concordancia con el artículo 13 Superior. Bajo tales premisas, la
jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en manifestar que está
proscrita cualquier forma de discriminación en razón de la forma de filiación[63].
En este sentido,
en la Sentencia C-105 de 1994 se indicó que “así como antes la desigualdad y la
discriminación se transmitían de generación en generación, ahora la igualdad
pasa de una generación a la siguiente.  Basta pensar en los sentimientos de los
hombres, para entender por qué la discriminación ejercida contra el hijo afecta
a su padre, como si se ejerciera contra él mismo. (…) Es evidente que la igualdad
pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea
ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado.”
Así, aunque
pueden existir diferencias jurídicas entre las parejas que conformen la cabeza
de la institución familiar, lo cierto es que, según se estableció en la
Sentencia C-577 de 2011:
“[T]ratándose
de los hijos, no procede aplicar el mismo régimen al que están sometidas las
relaciones de pareja, ya que en materia de filiación rige un principio absoluto
de igualdad, porque, en relación con los hijos, “no cabe aceptar ningún tipo de
distinción, diferenciación o discriminación, en razón de su origen matrimonial
o no matrimonial”, igualdad absoluta que no existe “en la protección de las
diferentes uniones convivenciales”.
Resulta fundamental brindar un trato igualitario entre
los hijos que compongan un núcleo familiar, por un lado, para garantizarles,
sin ningún tipo de discriminación, la protección integral por parte de su
familia y, por otro lado, para que entre quienes componen el núcleo familiar no
haya lugar a rivalidades o conductas que terminen repercutiendo en la formación
y desarrollo del individuo.
Ahora, al
existir diferentes clases de composición familiar, existen diferentes formas a
través de las cuales llegan los hijos a las familias[64]. En paralelo
a las formas de composición familiar mencionadas, jurisprudencialmente, se han
diferenciado los hijos “matrimoniales[65]
extramatrimoniales[66]
y adoptivos[67]”.
Igualmente, se han distinguido los hijos provenientes de las familias de
crianza y los provenientes de las familias ensambladas, a quienes se les ha
denominado hijos aportados.
Los hijos
aportados, quienes revisten especial interés para el asunto bajo estudio, se
entienden como aquellos integrados al matrimonio o a la unión marital de hecho
por uno de los cónyuges o de los compañeros permanentes provenientes de una
relación diferente. A estos, al igual que a cualquier otro tipo de hijos, se
les debe garantizar por parte de la familia, la sociedad y el Estado una
igualdad de trato (i) frente a su núcleo familiar, lo que comprende a sus
hermanos, en caso de haberlos, ya sea que tengan su misma calidad de aportados
o sean hijos comunes de la pareja, consanguíneos, adoptivos o de crianza, (ii)
frente a la sociedad en general y (iii) frente al Estado.
6.
Proscripción de la vulneración del derecho a la igualdad de las familias
ensambladas y de los hijos aportados. Desarrollo jurisprudencial
A pesar de que
el desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial vigente impone la
igualdad entre las diferentes formas de composición familiar y sus miembros, lo
cierto es que la discriminación contra las familias ensambladas ha sido
constante. A menudo se les imponen fórmulas de exclusión social para impedirles
acceder, en igualdad de condiciones, a prerrogativas de las cuales gozan
familias tradicionales. Ello resulta contradictorio, pues sus miembros guardan
entre sí iguales obligaciones, resultantes de los lazos de solidaridad que se
forman naturalmente en un núcleo familiar[68].
Frente a esa mala praxis la Corte Constitucional ha amparado, en reiteradas
ocasiones, el derecho a la familia y a la igualdad, haciendo un llamado
institucional para que cese ese proceder.
Así, por
ejemplo, a través de la Sentencia T-586 de 1999, se conoció el caso de una niña
a quien se le impedía acceder a un subsidio familiar otorgado por una caja de
compensación familiar por ser la hija aportada del compañero permanente de la
afiliada y no de una persona con quien tuviese vínculo marital. La entidad
accionada alegó que, en virtud del artículo 27 de la Ley 21 de 1982, solo
podían ser beneficiarios los “hijos legítimos, naturales, adoptivos o
hijastros” y, de acuerdo con la Superintendencia de Subsidio Familiar, eran
hijastros los “llevados al matrimonio por uno sólo de los cónyuges”. Por
ende, se exigía a la accionante estar casada con el padre biológico de la menor
de edad.
Esta Corporación
precisó que “la doctrina sentada por la Superintendencia de Subsidio Familiar
resulta[ba] manifiestamente contraria a la Constitución y por ello deb[ía] ser
inaplicada”. Enfatizó que el constituyente del 91 pretendió “equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que
surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio”.
La procedencia del amparo constitucional derivó del simple, pero trascendental
hecho de haber impuesto un trato discriminatorio a una familia basado en su forma
de composición y, bajo esos considerandos, proscribió “cualquier tipo de
discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia”.
En otra
oportunidad, a través de la Sentencia T-1502 de 2000, la Corte revisó, el caso
de una familia integrada por una pareja unida en unión marital de hecho,
compuesta por un hijo común en gestación y dos aportados por la compañera
permanente, a estos últimos se les impedía el acceso al servicio de salud por
su clase de vinculación familiar con el afiliado, su padre, quien presentó la
acción de tutela. El demandante manifestó que los niños dependían
económicamente de él y solicitó, entre otras cosas, ordenar su afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Al respecto la Corte determinó que
“[b]asta […] que el afiliado cotizante pruebe que [los representados] hacen
parte de la familia, son menores, discapacitados o estudian, para que el amparo
familiar de la seguridad social les cobije.”
Posteriormente,
se conoció, por medio de la Sentencia T-403 de 2011, el caso de una familia,
también originada en una unión marital de hecho, integrada por cuatro hijos
aportados por la compañera permanente y dos por el compañero. Todos dependían
económicamente de este último. A dos hijas de las aportadas por la compañera,
menores de edad, cuyo padre había fallecido, se les impedía acceder a
beneficios educativos reconocidos a hijos de agentes del Ejército en
virtud de un acto administrativo. La accionada se fundamentó en la carencia de
filiación legítima o extramatrimonial demostrada a través del registro civil de
nacimiento.
Esta
Corporación consideró que ese acto administrativo era contrario a la
Constitución y, por consiguiente, debía ser inaplicado. Reiteró la
imposibilidad de brindar trato desigual en razón de la filiación y, entre otras
precisiones, advirtió que el avance dinámico de la concepción igualitaria de la
familia originada en el matrimonio y en la unión marital de hecho, “tampoco
permite discriminaciones en materia de educación entre los hijos de los
compañeros, sea porque nacieron dentro o por fuera de la unión”.
En
la misma corriente se destacó que “en materia de educación es necesario que los
funcionarios públicos verifiquen que no se contraría el ordenamiento jurídico
ni los precedentes jurisprudenciales establecidos por esta Corporación”. “[L]e
corresponde al Estado garantizar la igualdad en materia educacional respecto de
los miembros del grupo familiar”.
A
su vez, en la Sentencia T-606 de 2013, se estudió el caso de una niña cuyo
padre biológico había fallecido, era aportada por la compañera permanente a la
unión marital de hecho que tenía con un trabajador de Ecopetrol S.A. y no se le
permitía inscribirse en su grupo familiar por su clase de vinculación.
Consecuencialmente, se le impedía el acceso a beneficios convencionales
relacionados con salud y recreación, a diferencia de su hermana, hija biológica
común de la pareja. La accionada alegó que los beneficios pretendidos solo se
reconocían, en virtud de la Convención Colectiva, a los hijos de los
trabajadores y, en su criterio, el concepto de hijos comprendía solo a los
biológicos o adoptados.
Se
precisó que a “la Corte no le corresponde modificar las condiciones de
atención y acceso acordadas convencionalmente, salvo que […] comporten la
violación de los derechos fundamentales de los asociados y, en particular, de
los menores de edad, en cuanto estos prevalecen y deben guiar el ejercicio del
derecho a la negociación colectiva […]”.
Bajo
esa consideración, la Corte determinó que la Convención Colectiva, al señalar
que son beneficiarios los hijos del trabajador, se podía interpretar de
dos formas, por un lado, “a partir de la igualdad de
derechos que, como se ha dejado expuesto, debe existir entre los hijos de la
pareja y los de uno de los integrantes de la familia y que tiene fundamento en
el artículo 42 Superior, según el cual en el concepto de hijos allí mencionado
se incorporan tanto los habidos dentro del matrimonio o unión marital de hecho,
como aquellos que son descendientes sólo de uno de los integrantes de la pareja
y hacen parte del núcleo familiar por habitar de manera permanente en él y los
hijos de crianza, que como quedó expuesto, tienen los mismos derechos y deberes
de los demás hijos”. Por otro, se podría interpretar,
como lo hizo la accionada, que se refiere solo a los hijos “respecto de los
cuales existe vínculo jurídico (adoptivos) o natural (por consanguinidad)”.
La
aplicación convencional derivada de esa interpretación, a juicio de esta
Corporación, vulnera el derecho a la igualdad de la menor de edad y transgrede
la integridad familiar, pues no reconoce “en dicha categoría” a la hija
aportada del trabajador, a pesar de estar en las mismas condiciones de la hija
en común.
Advirtió
que el vínculo familiar entre la representada y el accionante se constató por
su convivencia conjunta superior a seis años, época desde la cual aquel ha
asumido el rol de padre y, tras visita social realizada, se verificó que la
menor de edad lo reconoce como su figura paterna, así como también los “lazos
de afecto, respeto y protección” existentes entre ellos.
Así,
se determinó que “imponer la adopción de la niña para ser considerada como hija
del accionante, como lo sugiere la empresa, es coaccionarla […] a renunciar a
la filiación con la familia de su padre biológico ya fallecido, como condición
para reconocer el vínculo afectivo y emocional que se ha formado de manera
natural […] durante los años de convivencia.”
Específicamente,
frente al derecho a la salud, en ese texto jurisprudencial, se determinó que la
Ley 100 de 1993 fija la atención para los hijos menores de 18 años de
cualquiera de los cónyuges que hagan parte del núcleo familiar. Ahora,
siguiendo la Sentencia C-173 de 1996, la ley regula el mínimo de garantías y
derechos, en consecuencia, las normas convencionales no pueden limitar o
restringir ese mínimo de derechos o cobertura. En ese sentido estableció que:
“[N]o
hay justificación para que frente a dos menores de edad, integrantes del mismo
núcleo familiar, en el cual son reconocidas como hijas, se imponga a una de
ellas un sistema de atención en salud distinto y menos beneficioso que el
consagrado en la Convención Colectiva de Ecopetrol, porque la empresa considera
que una de ellas, la hijastra del trabajador, no hace parte de la familia por
la ausencia de filiación”.
Por medio de
este texto jurisprudencial, tras señalar que no es posible imponer un trato
diferente entre los hijos que componen un mismo núcleo familiar basándose en su
filiación; que las disposiciones que impongan esa discriminación no deben ser
aplicadas bajo esa interpretación; que no es posible exigir la adopción para
que un hijo aportado pueda considerarse perteneciente a una determinada
familia; y tras recalcar que los acuerdos convencionales no pueden desconocer o
contrariar las mínimas garantías legales establecidas, la Corte procedió a
amparar los derechos a la igualdad y a la protección integral a la familia
vulnerados en esa oportunidad.
Posteriormente,
por medio de la Sentencia T-070 de 2015, la Corte conoció un nuevo caso de
discriminación derivada de la filiación, en esta oportunidad, la familia estaba
compuesta por el demandante, su compañera permanente y un niño aportado por
esta. El actor frente al menor de edad ejercía actos de cuidado y protección,
como prueba de ello adujo que este se encontraba afiliado en salud como su
beneficiario. El actor se encontraba trabajando en la Empresa de Acueducto,
Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá-ESP, en la cual se había pactado una
convención colectiva que permitía, entre otras cosas, que los hijos
“biológicos, adoptados y/o en custodia” de los beneficiarios  accedieran a
prerrogativas de carácter educativo.
La
Corte advirtió que el concepto de hijos incluye los comunes nacidos del
matrimonio o de la unión marital de hecho, así como los descendientes de uno de
los integrantes de la pareja y los hijos de crianza “que de manera permanente
hacen parte del núcleo familiar […]. En este sentido, otorgar el auxilio
educativo a los padres que tienen hijos biológicos y adoptivos, y no hacerlo a
aquellos padres, que como es el caso, tienen a su cuidado hijos que han sido
aportados al núcleo familiar, constituye una actuación contraria a preceptos
constitucionales.”
Frente
al derecho a la educación resaltó que debía protegerse en sede de tutela porque
la igualdad, que debe entenderse en todos los hijos, permeaba todas las áreas y
“la correcta protección y promoción de este derecho, garantiza un adecuado
nivel de vida”[69].
Recientemente,
en la Sentencia T-233 de 2015, la Corte estudió el caso de una señora a quien
la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas le impedía acceder a la reparación administrativa por la muerte de su
padre, a la cual consideraba tener derecho por su condición de “hija de
crianza”. La actora alegaba que su madre biológica “desarrolló vida marital con
el fallecido durante 19 años”[70]
y dependió de él durante toda su vida a nivel afectivo y económico. En esta
oportunidad la Corte Constitucional, tras advertir la vulneración del derecho a
la igualdad de la accionante, dispuso rehacer la actuación administrativa y
ordenó:
“[…] dejar sin efectos cualquier acto administrativo que haya
resuelto de manera negativa y definitiva la situación de Viany Lilley Moreno
Gómez, en el marco del proceso de reparación administrativa, por el hecho de no
ser hija biológica o adoptiva del señor Castaño Zapata. En consecuencia, deberá
estudiar nuevamente la solicitud teniendo en cuenta los mandatos
constitucionales de protección a la familia y a los hijos de crianza en los
términos que han sido interpretados por la Corte Constitucional […].”
También
en la Sentencia T-519 de 2015, se estudió el caso de dos hijas aportadas a una
unión marital de hecho por la compañera permanente (una de ellas menor de edad)
a quienes se les negaba el acceso a beneficios convencionales relacionados con
educación y servicios de salud otorgados por Ecopetrol S.A. a los hijos de sus
trabajadores. La Corte, reiterando el criterio expuesto en la Sentencia T-606
de 2013, sostuvo que, cuando la Convención Colectiva se refiere a “hijos de la
pareja”, interpretar que comprende solo a los hijos biológicos o adoptivos es
contrario al derecho a la igualdad predicado entre todos los hijos y desconoce
el derecho a la protección integral de la familia.
En
esa providencia se precisó que la protección brindada con anterioridad por la
Corte se había basado en “la certeza de las relaciones familiares que se habían
creado entre los accionantes y sus hijastros, evidenciadas por el tiempo
convivido, el rol de padre asumido y los lazos afectivos surgidos”. Bajo esa
orientación y con el fin de “establecer las relaciones de afecto, respeto y
asistencia entre los miembros de la familia”, la Sala de Revisión solicitó al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizar una visita social y la
práctica de una entrevista psicológica al menor de edad.
Debido
a que no fue posible practicar esas pruebas, si bien se ordenó tutelar los
derechos fundamentales vulnerados, se determinó mantener los beneficios
convencionales como había sido ordenado por el juez de primera y segunda
instancia, siempre y cuando se lograra establecer las relaciones de afecto,
respeto y asistencia entre los miembros de la familia.
Se
resalta que, al igual que cualquier familia, para el acceso, por ejemplo a
servicios de salud, educación o vivienda, una familia ensamblada debe demostrar
la existencia de sus lazos filiales, lo cual, si bien no puede convertirse en
una carga desproporcionada que redunde en su discriminación, sí debe ser
mínima. Por lo general, en las familias ensambladas se ha verificado, para
proceder a su protección, la existencia de lazos de solidaridad, afecto y
respeto, la convivencia conjunta de los miembros y la dependencia afectiva y
económica de sus integrantes respecto al núcleo familiar.
7. Casos concretos
7.1.
Expediente T-5.273.833
Según se logró
acreditar, Juan José Montenegro y Juana María Guerrero conviven en unión
marital de hecho desde el 21 de febrero de 2013 y contrajeron matrimonio el 9
de marzo de 2015. Juana María Guerrero aportó a dicha unión al adolescente William
Villamizar Guerrero, de 14 años de edad, y a la niña Juliana Pérez Guerrero, de
5 años de edad.
El núcleo
familiar depende económicamente de Juan José Montenegro, cuyos ingresos
corresponden, según se informó en la visita social, a $2´000.000. Los dos
menores de edad reconocen esa  dependencia económica, así como los lazos
afectivos y la autoridad que este ejerce basada en el respeto.
William
Villamizar Guerrero lo reconoce como su figura paterna. A pesar de que el
tutelante en la demanda señaló que el padre de los niños aportaba
económicamente de forma ocasional, haciendo entender que los padres biológicos
de los dos representados se encontraban con vida, lo cierto es que, de acuerdo
con el informe reportado por el ICBF Regional Valle, el padre biológico de William
Villamizar Guerrero falleció antes de su nacimiento, su abuelo paterno lo
reconoció al momento de realizar su registro civil de nacimiento y no tiene
ningún contacto con su familia biológica paterna.
Juliana Pérez
Guerrero reconoce frente al accionante la existencia de fuertes lazos de amor,
respeto y solidaridad, así como la dependencia económica, sin embargo, se
refiere a él como “tío” por sugerencia de su madre, “a fin de evitar disgustos
con su padre biológico”. La niña es consciente de su vínculo familiar paterno
con su padre consanguíneo, de hecho, hace manifestaciones de afecto frente a él
y también le reconoce autoridad. El padre biológico aporta cuotas económicas de
manera esporádica.
Según la
entrevista psicológica realizada por el ICBF Regional Valle del Cauca a la
menor de edad, su padre biológico pretende que ella viva con él, sin embargo no
cuenta con los recursos para sufragar su educación. Tampoco está demostrado que
pueda proveerle un hogar adecuado para su crecimiento, pues, en la misma
entrevista, la niña señaló que en una ocasión la agredió físicamente y ha
intentado retirarla de su casa de habitación de forma irregular, ocasionando
enfrentamientos con los miembros de la familia ensamblada, lo que le ha dejado
secuelas psicológicas.
La custodia de los niños está a cargo de la señora Juana María
Guerrero.
Juan José
Montenegro se encuentra vinculado laboralmente a la Empresa NN, es miembro de
la Entidad YY y, en consecuencia, es beneficiario de la Entidad XX, creada en
virtud de una convención colectiva, a través de la cual se prestan servicios de
salud adicionales al Plan Obligatorio de Salud, POS. De la Entidad XX pueden
ser beneficiarios, además de los trabajadores, sus padres, esposa o compañera
permanente e hijos. Dentro de los hijos que pueden afiliarse se encuentran los
legítimos, adoptados y extramatrimoniales reconocidos.
El reglamento,
al señalar los requisitos de afiliación, hace referencia a estos últimos como hijastros
legalmente adoptados, y entre los requisitos para  afiliarse están: (i) registro
civil anterior y actual del niño; (ii) afiliación a una EPS; (iii)
certificado de estudio si está entre los 18 y 25 años de edad; (iv) constancia
médica si es discapacitado y (v) visita domiciliaria realizada por un
funcionario de la Entidad XX[71].
El accionante
solicitó que a sus hijos aportados se les permitiera acceder a los servicios
prestados a través de la Entidad XX, pretensión resuelta negativamente, en dos
ocasiones, el 23 de abril y el 15 de mayo de 2015. En la primera oportunidad,
se le sugirió allegar el documento de “reconocimiento” de los hijos.
En trámite de
contestación, la accionada reiteró que solo era procedente la afiliación de los
hijos señalados en el reglamento. Adicionalmente, indicó que no resulta viable,
financieramente, “afiliar a todos los menores  hijos de las compañeras o
esposas de los afiliados”. Añade que los niños están afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Salud[72]
como beneficiarios del actor, aunado a ello cuentan con el apoyo de su padre
biológico quien aporta cuotas económicas de acuerdo a lo manifestado por el
accionante y, en consecuencia, concluye que no se encuentran amenazados sus
derechos fundamentales.
En consecuencia,
se trata de un núcleo familiar que se ha recompuesto por la ruptura de lazos
familiares previos y, al igual que cualquier otro, debe ser ampliamente
protegido por el Estado y por la sociedad en general. Ahora, al estar integrado
por menores de edad la protección es reforzada, con el fin de que pueda brindárseles
el cuidado, la protección y la asistencia necesarios para que logren una
formación integral. Ello, con especial cuidado frente a la situación de Juliana
Pérez Guerrero, pues cuenta con apenas 5 años y su desarrollo se ha visto
alterado por la relación entre su familia ensamblada y su padre biológico.
Bajo supuestos
facticos similares, en los que se ha evidenciado dependencia afectiva y
económica, así como una convivencia conjunta, esta Corporación ha mantenido una
postura proteccionista frente al derecho a la igualdad y, en consecuencia, ha
ordenado el amparo de la familia y de los hijos[73]. No existe
justificación para proceder de forma diferente en esta oportunidad.
En todo caso, se
resalta que los hijos aportados se encuentran en igualdad de condiciones que
los hijos biológicos y adoptivos, por ende, no es procedente que la accionada
niegue el acceso a los beneficios pretendidos fundamentándose en la forma de
vinculación familiar de los menores. Igualmente se destaca que las familias
ensambladas, como las compuesta por el accionante, deben tener las mismas
garantías y protección de las cuales gozan las familias tradicionales para
cumplir sus deberes frente a los niños que tienen a cargo, lo contrario
desconoce los preceptos que la Constitución y la Corte Constitucional han
establecido sobre la institución familiar como núcleo esencial de la sociedad.
Igualmente,
debe resaltarse,  siguiendo  la  línea  orientativa  de  la Sentencia T-606 de
2013, que no es posible imponer la adopción para que a los menores de edad se
les permita acceder a los beneficios pretendidos, como pareciera sugerirlo la
Entidad XX, al solicitar que se allegue “el documento de reconocimiento de los
hijos” y al exigir entre los requisitos de afiliación para los hijos aportados,
a quienes se refiere como “hijastros legalmente adoptados”, “el registro civil
anterior y actual del niño”. Ello sería coaccionarlos a renunciar a la
filiación con su familia biológica, a pesar de que se encuentran probados los
lazos de amor, respeto, solidaridad y protección con el accionante, los cuales
se han forjado por la convivencia conjunta.
Aunado a ello,
alegar, como lo hace la entidad demandada la imposibilidad de vincular a “todos
los menores hijos de las compañeras o esposas de los afiliados” a los
beneficios pretendidos, fundamentándose en asuntos de viabilidad financiera, en
primer lugar, es una posición que al estar basada en la forma de vinculación
familiar de los representados está proscrita y, en segundo lugar, al tratarse
de intereses económicos de la accionada en contraposición con el interés
superior de los menores representados para acceder a beneficios relacionados
con salud, son los derechos de estos últimos los que prevalecen.
Adicionalmente,
a pesar de que los niños se encuentren afiliados al Sistema General de Salud,
lo cierto es que sus derechos fundamentales y, en especial, el derecho a la
salud, se deben proteger procurando la máxima garantía posible, debido a que
son sujetos de especial protección constitucional, cuyo resguardo se funda,
entre otros particulares, en que se encuentran en etapa de formación y son especialmente
vulnerables en su integridad física y psicológica.
Se resalta que,
según lo señalado por el ICBF regional Valle del Cauca, los ingresos del núcleo
familiar corresponden a $2´000.000, destinados a sufragar sus necesidades
básicas, por consiguiente, no es posible afirmar que los representados pueden
acceder a servicios de medicina prepagada o complementaria, a diferencia de sus
padres, quienes cuentan con la posibilidad de acceder a especiales servicios de
salud prestados por la demandada. Lo que implica la existencia de desigualdad
entre los integrantes de un mismo núcleo familiar, en la que los perjudicados
son sujetos de especial protección constitucional, circunstancia contradictoria
frente al Estado Social de Derecho.
Así las cosas, se procederá a tutelar
los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia de los niños William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez Guerrero
y, en consecuencia, se revocará la sentencia proferida, el 2
de septiembre de 2015, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de
Cali y, por consiguiente, se confirmará el fallo dictado el 23 de julio de
2015, por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Cali, dictado dentro
del Expediente T-5.273.833.
Seguimiento especial a la situación de la niña Juliana
Pérez Guerrero
El magistrado sustanciador, por Auto del 9 de marzo de
2016, con el fin de recaudar los elementos de juicio suficientes para adoptar
una decisión de fondo, dentro del Expediente T-5.273.833, ordenó a la Dirección
Regional del Valle del Cauca del ICBF, la realización de una visita
domiciliaria al hogar del núcleo familiar del accionante y, además, la requirió
para “realizar una entrevista psicológica a los menores Juliana Pérez Guerrero
y William Villamizar Guerrero para explorar la relación que mantienen con su
padre biológico”.
El informe de la entrevista psicológica realizada a
los menores de edad fue entregado, el 28 de abril de 2016, en la Secretaría
General de esta Corporación. Según se desprende de este, Juliana Pérez Guerrero
sufre episodios de ansiedad y estrés por la mala conducta de su padre
biológico.
En efecto, de la
entrevista psicológica realizada a la niña se destaca que se refiere al
accionante como “tío” por sugerencia de su madre, a fin de “evitar conflictos
con el padre biológico”. Lo que denota temor de su madre hacia el padre
biológico. De la misma forma señala, sin especificar una fecha ni precisar un
espacio temporal, que su padre biológico se enfrenta con su madre, hermano y
con el demandante, por pretender que viva con él. Situación que es puesta en
conocimiento también por el adolescente William Villamizar Guerrero [74],
al momento de su entrevista.
Igualmente, la
niña, indicó que Omar Pérez incurrió en una agresión física contra ella, al
pegarle con un casco, lo que ocasionó que Juan José Montenegro, el accionante,
entrara a defenderla.
Esta situación,
según las pretensiones de la demanda y los supuestos facticos que la motivan,
no es el objeto de la presente acción de tutela. Sin embargo, en virtud de la
facultad oficiosa del Juez Constitucional y teniendo en cuenta que existe una
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida e integridad de la
menor de edad representada, la Sala no puede pasar por alto dicha situación.
En consecuencia,
se procederá a ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional
Valle del Cauca que, por medio de la Defensoría de Familia, investigue si la
niña Juliana Pérez Guerrero ha sido agredida física o psicológicamente por su
padre biológico, Omar Pérez, y, en el evento en que se constate esa situación,
adelante las gestiones que sean pertinentes ante las autoridades competentes en
aras de salvaguardar los derechos fundamentales de la menor de edad.
Igualmente, se
ordenará compulsar copias de la presente providencia con destino a la
Procuraduría Judicial de Familia.
7.2.
Expediente T-5.280.591
Según se logró
constatar, Andrés Felipe Martínez Cadamil y Elba Lucero Martínez conviven en
unión marital de hecho desde hace nueve años, tienen un hijo en común de 4 años
de edad, y uno aportado por la compañera permanente, Nicolás Peláez Martínez,
de 12 años de edad. Según lo informó el ICBF, Regional Bogotá, tras visita
social, los ingresos mensuales del núcleo familiar corresponden a la suma de
$10'000.000 y los gastos a $9'500.000.
En este núcleo
familiar hay fuertes lazos de amor, respeto y solidaridad. Sin embargo, el niño
Nicolás Peláez Martínez reconoce como figura paterna tanto a Andrés Felipe
Martínez Cadamil como a su padre biológico, quien mensualmente aporta una cuota
mensual de $1'180.000, lo visita cada 15 días y con quien comparten temporadas
vacacionales. En adición, su relación con su familia paterna biológica es
buena.
El accionante se
encuentra vinculado laboralmente al Banco de la República y, por consiguiente,
es beneficiario de lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo de 1997,
la cual consagra auxilios de educación y beneficios de salud. Entre los
beneficiarios de los primeros se encuentran los hijos menores de 18 años y, de
los segundos, los hijos.
El tutelante ha
solicitado en tres oportunidades que a su hijo aportado se le permita acceder a
los mentados beneficios. Las dos primeras peticiones fueron presentadas de
forma verbal (2011 y 2013) y la última de forma escrita (2015). La respuesta ha
sido siempre negativa. En la última oportunidad, se precisó que no era
procedente porque los “hijastros” no son beneficiarios. Adicionalmente, en la
contestación de la acción de tutela, la demandada alegó la improcedencia de la
misma, en vista de que los recursos que maneja son públicos, razón por la cual
advirtió que solo es procedente reconocer el auxilio a los hijos biológicos y
adoptivos.
A juicio de la
Corte las razones en las que se funda la negativa del Banco de la Republica
para impedir el acceso a los beneficios convencionales pretendidos devienen en
discriminatorias, pues no es posible brindar un trato diferente a los hijos de
un núcleo familiar en razón de su forma de vinculación al mismo. Bajo esta
perspectiva los derechos de los hijos, cualquiera sea su condición, deben prodigarse
en condiciones de igualdad. Vistas así las cosas, resulta inadmisible la
posición aludida por la entidad demandada en el sentido de que solo pueden
acceder a los beneficios convencionales los hijos biológicos y adoptivos. Menos
aun cuando se trate de menores de edad, quienes son sujetos de especial
protección constitucional.
Es pertinente
resaltar que, siguiendo los lineamientos esbozados en la Sentencia T-606 de
2013, reiterada en la sentencia T-519 de 2015, la expresión “hijos”,
contemplada en la Convención Colectiva del Banco de la República, puede
interpretarse de dos formas, la primera, fundada en la “igualdad de derechos
que, como se ha dejado expuesto, debe existir entre los hijos de la pareja y los
de uno de los integrantes de la familia y que tiene fundamento en el artículo
42 Superior, según la cual en el concepto de hijos allí mencionado se
incorporan tanto los habidos dentro del matrimonio o unión marital de hecho,
como aquellos que son descendientes sólo de uno de los integrantes de la pareja
y hacen parte del núcleo familiar por habitar de manera permanente en él y los
hijos de crianza, que como quedó expuesto, tienen los mismos derechos y deberes
de los demás hijos”.
La segunda,
aplicada por el Banco de la República, en el entendido de que “al referirse a
los hijos, la norma convencional sólo alude a aquellos respecto de los cuales
existe un vínculo jurídico (por adopción) o natural (por consanguinidad) con el
trabajador”. Esta interpretación se fundamenta en un trato discriminatorio
hacía los hijos en razón de su filiación, por consiguiente, se encuentra
proscrita en nuestro marco jurídico vigente.
No está de más
resaltar que en la Sentencia C-173 de 1996 se determinó que “no puede olvidarse
que la regulación general y uniforme de las condiciones de trabajo y
prestaciones sociales consagradas por el legislador para toda clase de
trabajadores, tiene el carácter de beneficios mínimos que, dicho sea de paso,
son irrenunciables, de manera que el convenio colectivo bien puede consagrar y
de hecho lo hace, beneficios y prerrogativas superiores a los contenidos en ese
mínimo legal”.
Igualmente, se
destaca que si bien el padre biológico del menor
de edad Nicolás Peláez Martínez se encuentra vivo y cumple con las obligaciones
económicas y afectivas que le corresponden, lo cierto es que, en virtud del
interés superior del menor, se debe propender, no por garantizar un mínimo de
derechos a los niños, sino un máximo y de manera progresista. Por consiguiente,
cuando un niño este bajo el amparo de una institución familiar con acceso a
ciertas dadivas debe tener derecho a ellas en igualdad de condiciones que los
demás integrantes que la componen. Situación que, valga decir, no exonera la
obligación de su padre o madre biológica respecto a sus responsabilidades de
ley.
Se propende por un trato igualitario,
erradicando cualquier forma de discriminación en razón de la filiación. Si
bien, factores como la falta de capacidad económica, podrían adicionar el argumento
de la protección, no resulta ser determinante para prescribirla. Prima el
derecho fundamental del niño, ser humano en etapa de formación, que debe contar
con la mayor cantidad de garantías posibles para formarse bajo el cuidado de un
núcleo familiar y desarrollarse como una persona íntegra para desenvolverse en
sociedad.
Bajo estos
considerandos, se tutelara los derechos
fundamentales a la igualdad y a la familia del niño Nicolás Peláez Martínez y,
en consecuencia, se revocará el fallo proferido, el 26 de octubre de
2015, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y, por
consiguiente, se confirmará el fallo dictado, el 9 de septiembre de 2015, por
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dictado dentro del
Expediente T-5.280.591.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia de los niños William Villamizar Guerrero y Juliana Pérez Guerrero y,
en consecuencia, REVOCAR la sentencia proferida, el 2 de septiembre de
2015, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali y, por
consiguiente, CONFIRMAR el fallo dictado el 23 de julio de 2015, por el
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Cali, dictado dentro del
Expediente T-5.273.833.
SEGUNDO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Valle del
Cauca que, por medio de la Defensoría de Familia, investigue si la niña Juliana
Pérez Guerrero ha sido agredida física o psicológicamente por su padre
biológico, Omar Pérez, y, en el evento en que se constate esa situación,
adelante las gestiones que sean pertinentes ante las autoridades competentes en
aras de salvaguardar los derecho fundamentales de la menor de edad.
TERCERO.-
COMPULSAR copias de la presente
providencia con destino a
la Procuraduría Judicial de Familia, para los fines del cumplimiento de la
presente decisión.
CUARTO.- TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la familia del niño
Nicolás Peláez Martínez y, en consecuencia, REVOCAR el fallo proferido,
el 26 de octubre de 2015, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil y, por consiguiente, CONFIRMAR el fallo dictado, el 9 de
septiembre de 2015, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
dictado dentro del Expediente T-5.280.591
QUINTO.- LÍBRENSE por la Secretaría General de
esta Corporación, en cada uno de los procesos, la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-292/16
DISCRIMINACION Y NECESIDAD DE PROTECCION DE LA DIGNIDAD HUMANA POR
PARTE DEL LENGUAJE JURIDICO-Jurisprudencia
constitucional (Aclaración de voto)
DISCRIMINACION POR EL LENGUAJE-No es
adecuado utilizar los adjetivos “fracturadas” o “ensambladas” para calificar a
las familias/DISCRIMINACION POR EL LENGUAJE-No es adecuado utilizar los
adjetivos “hijos aportados” o “tipos de hijos” (Aclaración de voto)
Mi
reflexión apunta entonces a que los jueces constitucionales reconozcamos que,
debido a que el lenguaje jurídico es una herramienta de creación de estándares
de conducta, debemos omitir o modificar aquellos conceptos que tienen una carga
de exclusión o que califican ciertas conductas como adecuadas y otras como
imperfectas. Bajo los postulados constitucionales de igualdad, de dignidad y de
diversidad, más que ahondar en las diferencias y calificarlas es necesario
reconocer las situaciones que merecen protección, sin perpetuar una discriminación
a través del lenguaje que utilizamos. Máxime, cuando se reproduce un patrón de
discriminación contra personas que merecen especial protección constitucional.
Referencia: expedientes T-5.273.833 y T-5.280.591, acumulados.
Acciones de tutela presentada por Juan José Montenegro y Andrés
Felipe Martínez Candamil contra la Entidad XX (Entidad YY) y el Banco de la
República.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación presento brevemente las razones que me
condujeron a aclarar el voto en la sentencia de la referencia, proferida
por la Sala Cuarta de Revisión, el 2 de junio de 2016.
La sentencia T-292 de 2016 estudió dos expedientes de tutela
con hechos y pretensiones similares. Los elementos fácticos coincidían porque
en los dos casos los accionantes eran hombres, que trabajaban en entidades
públicas y pretendían afiliar a los hijos biológicos de sus parejas, que eran
hijos de crianza suyos, como receptores de los beneficios en salud y educación
que ofrecían las entidades en las que laboraban. Los accionantes actuaban como
agentes oficiosos de los menores de edad, quienes hacían parte del nuevo hogar.
En los dos casos, los accionantes solicitaron la afiliación de todos
los hijos de la familia como beneficiarios de los servicios especiales a los
que tenían acceso por ser trabajador en determinada entidad. Sin embargo, las
entidades negaron las peticiones de los hijos de sus parejas porque estimaban
necesario aportar un documento de reconocimiento de hijos extramatrimoniales o
consideraban que los beneficios eran únicamente para hijos biológicos.
A su turno, las decisiones de tutela fueron diferentes en cada uno
de los expedientes y en cada una de las instancias. En líneas generales, los
jueces de primera instancia ordenaron la afiliación de los menores de edad a
los servicios de salud y educación por considerar que, en efecto, el trabajador
era su padre de crianza y, aunque los niños y niñas no fueran sus hijos
biológicos o adoptivos, eran miembros de una familia y merecían protección de
forma igualitaria. Los jueces de segunda instancia, declararon improcedente las
solicitudes de amparo y expusieron argumentos según los cuales no era necesaria
la afiliación de los niños a los servicios requeridos porque ellos no estaban
excluidos de la prestación en salud, además no estaba probada la falta de
capacidad económica de los padres biológicos de los menores de edad para
proveerles servicios especiales de salud, ni se demostró que aquellos se
opusieran a la adopción de los niños por parte de la nueva pareja de sus
madres.
En sede de revisión, el magistrado sustanciador consideró que hacían
falta pruebas para emitir un juicio de fondo en el caso concreto. Ofició al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que adelantara una visita
domiciliaria y una entrevista a los niños representados, con el fin de
verificar la relación entre los menores de edad y los accionantes de cada una
de las tutelas. Como resultado de las entrevistas, se verificó que los niños
tenían una buena relación y lazos estrechos con la pareja de su madre. En
consecuencia, podía considerárseles hijos de crianza de estos últimos.
Finalmente, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la
Sala de Revisión amparó el derecho a la igualdad y a la familia de los menores
de edad representados y ordenó su afiliación como hijos de los accionantes para
recibieran los beneficios en salud y educación que ofrecían las entidades
accionadas.
Estoy de acuerdo con la sentencia T-292 de 2016 y comparto
plenamente la decisión tomada. Sin embargo, decidí aclarar mi voto
porque discrepo de los términos utilizados en la providencia para ilustrar el
problema jurídico y la situación de los niños representados.
A lo largo de la
decisión judicial se hace referencia a los hijos aportados que hacen
parte de las familias ensambladas para enfatizar que aquellos tienen
igualdad de derechos, como todos los hijos de una familia. Asimismo, se
presentan consideraciones sobre los tipos de hijos[75], al hacer
referencia a la clasificación que hizo la sentencia T-519 de 2015
y se retoma el concepto de familias fracturadas[76], expuesto por un
artículo académico citado en la providencia. Considero que estos conceptos
tienen una carga idiomática de exclusión, que no debería perpetuar la Corte
Constitucional. En mi criterio, son expresiones ofensivas, que generan una
discriminación porque acentúan una distinción irrelevante basada en una idea
histórica producto de un estereotipo de familia.
Para respaldar
mi opinión, a continuación haré una breve mención a la carga valorativa que se
le ha reconocido al lenguaje y a la forma a través de la cual la Corte
Constitucional ha abordado los problemas de constitucionalidad de expresiones
normativas discriminatorias. Finalmente, expondré por qué considero que,
particularmente, algunos de los conceptos utilizados en la sentencia de la
referencia no deberían ser utilizados por esta Corporación.
Para empezar, es importante tener en cuenta que el lenguaje no es
únicamente una herramienta para crear símbolos e interpretarlos. Su alcance no
se limita a la descripción de hechos ni a ser un medio de comunicación formal.
También tiene capacidad de crear realidades, pues la cultura y el poder se
moldean, en muchas ocasiones, desde los términos en los que se desarrolla una
expresión y los discursos[77],
y a la vez, la cultura y el poder definen el lenguaje. En ese sentido, expertos
de la comunicación y lingüistas han identificado que determinados discursos
tienen una carga valorativa, que crea privilegios o que excluye y discrimina.
El académico Teun Van Dijk ha estudiado la especial relación que
existe entre el lenguaje y la discriminación. Él sostiene que el lenguaje “no
es simplemente un instrumento de comunicación entre individuos anteriores a él
(…), [p]or el contrario, posee (…) un papel fundante dado su potencial creativo
y ordenador”[78].
Bajo esa premisa, explica que la desigualdad puede venir de las mismas
expresiones lingüísticas que se presentan como descripción de la realidad
abstraída de cualquier influencia. Así, considera que “la coartada
discriminatoria induce a concebir las desigualdades como resultado de la
naturaleza y no como construcción cultural.”[79] En ese sentido,
resalta que la realidad no tiene identidad con la construcción simbólica de lo
que en el lenguaje se expresa como una descripción de la realidad, pues la
utilización de determinados símbolos o palabras puede tener una carga
valorativa para llevar a cierto resultado. En palabras del académico, “debería
plantearse que entre lo real y lo que el sujeto percibe como su realidad se
ubica precisamente una mediación simbólica a partir de la cual se inducirán,
entre otras, las discriminaciones negativas(…)”[80]. A
su juicio, esa carga valorativa del lenguaje, ha sido determinante para que en
ciertas épocas un concepto, una condición o una característica se torne
inferior, diferente o meritoria de exclusión.
Varios estudios
han relacionado el lenguaje con la reproducción de la desigualdad del racismo y
el sexismo. Con respecto al discurso racista se ha sostenido que lo que se
considera consenso social está atravesado por determinadas ideologías
dominantes[81]. Y sobre el lenguaje sexista, algunos autores han expuesto que al
ignorar a las mujeres o al homologarlas a los hombres, el lenguaje que “excluye u oscurece a
algunos sujetos sociales, no sólo representa lingüísticamente
la negación de los mismos, sino que contribuye a la reproducción y
permanencia de prejuicios comunes”[82].
En la jurisprudencia constitucional, esta Corporación ha señalado
que el lenguaje no se reduce a efectuar una labor de descripción, pues tiene
dos funciones más. La sentencia C- 066 de 2013 precisó que el lenguaje
normativo tiene una función de tipo valorativo, a través de la cual se
categorizan situaciones, se promueven, se rechazan o se distinguen de otras.
Asimismo, tiene una función de validación, enmarcada en la función general del
derecho relativa a crear estándares de conducta.
Para la Corte Constitucional ha sido de especial relevancia que el
lenguaje jurídico no abrigue una exclusión de grupos o actividades por la
posible afectación de derechos que de ello podría derivarse y porque tales
expresiones no son respetuosas de los principios y valores constitucionales. La
sentencia C-037 de 1996 declaró inexequible la expresión “recursos
humanos” de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia porque estimó que
era contrario a la dignidad humana concebir a una persona como un medio para un
fin. Consideró que aunque el uso de la expresión fuera cada vez más común, era
deplorable y señaló que " es deber de la Corte preservar el contenido
axiológico humanístico que informa a nuestra norma fundamental, velando aún
porque el lenguaje utilizado por el legislador no la contradiga”[83]. Igualmente,
la sentencia C-478 de 2003[84],
al estudiar la constitucionalidad de términos jurídicos del Código Civil que
hacían referencia a las personas con discapacidad, declaró inexequibles varios
apartados normativos por ser discriminatorios y contrarios a la dignidad
humana.
Más recientemente, la sentencia C 458 de 2015 estudió la
constitucionalidad de varias expresiones contenidas en normas, que eran
acusadas de ser discriminatorias. En las consideraciones, la providencia
explicó que “[n] o cabe ninguna duda del
poder del lenguaje y más del lenguaje como forma en la que se manifiesta la
legislación, que es un vehículo de construcción y preservación de estructuras
sociales y culturales”[85]. En el
análisis de las expresiones demandadas, la Corte consideró que aunque algunos
términos podían tener implicaciones inconstitucionales, ofrecían una protección
legal a una población, por esa razón, las declaró exequibles y condicionó su
constitucionalidad a una comprensión ajustada a la normatividad internacional,
que no contiene cargas discriminatorias.
En relación con la sentencia T-292 de 2016 respecto de la
cual decidí aclarar mi voto, es mi propósito reflexionar sobre el contenido
valorativo que tienen algunos conceptos de la providencia.
La sentencia de la referencia utiliza los conceptos de hijos aportados, familias ensambladas, tipos de hijos y familias fracturadas. En mi
criterio, el propósito de la sentencia en relación con la creación de la línea
jurisprudencial es enfatizar en la igualdad de derechos entre hijos y demostrar
que son odiosas las diferenciaciones y exclusiones en razón de la forma en la
que se integran a la familia. El derecho a la familia y el derecho a la
igualdad implican que los hijos, más cuando se trata de menores de edad, no
deben tener un trato especial en virtud de la historia emocional de sus padres
y las formas en las que el derecho las califica.
No hace mucho tiempo, el ordenamiento jurídico colombiano denominaba
a los hijos extramatrimoniales, “hijos naturales”, al tiempo que les concedía
menos derechos que a aquellos hijos nacidos después del contrato de matrimonio
suscrito por sus progenitores. En la actualidad, dicha diferenciación no
existe. Los lazos que se construyen alrededor de la familia surgen por las
relaciones de apoyo y afecto entre los miembros. En ese camino, la
jurisprudencia ha reconocido igualdad de derechos a los miembros de las
familias, sin importar la identidad sexual de quienes la conforman, ni la forma
en la que los hijos hacen parte de ella. No se privilegia una forma de
constituirla, ni se considera que exista un modelo a seguir u otros que se
desprecian.
Por lo anterior, no considero adecuado utilizar adjetivos como
“fracturadas” o “ensambladas” para calificar las familias. Esta caracterización
no necesariamente es relevante, ni es cierta, pues es incompatible con la
concepción constitucional de familia, que se fundamenta en la existencia de
afectos. Las múltiples formas en que surgen lazos entre las personas únicamente
tienen relevancia jurídica para identificar la existencia de una familia, pero
no para juzgar su pasado, ni para marcar a sus miembros con los juicios de
valor sobre lo normal, lo adecuado o lo fracturado.
Asimismo, el adjetivo de “aportados” que utiliza la jurisprudencia
para calificar a los hijos, y la misma referencia a los “tipos de hijos”, es
contraria a la igualdad porque pretende resaltar
diferencias irrelevantes en un contexto en el que las particularidades no deben
tener injerencia en el trato que merece cada persona, ni en los derechos que
surgen por ser un miembro de la familia.
Mi reflexión apunta entonces a que los jueces constitucionales
reconozcamos que, debido a que el lenguaje jurídico es una herramienta de
creación de estándares de conducta, debemos omitir o modificar aquellos
conceptos que tienen una carga de exclusión o que califican ciertas conductas
como adecuadas y otras como imperfectas. Bajo los postulados constitucionales
de igualdad, de dignidad y de diversidad, más que ahondar en las diferencias y
calificarlas es necesario reconocer las situaciones que merecen protección, sin
perpetuar una discriminación a través del lenguaje que utilizamos. Máxime,
cuando se reproduce un patrón de discriminación contra personas que merecen
especial protección constitucional.
Fecha ut supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] T-1042
de 2010 “En numerosas ocasiones esta Corporación cuando ha advertido la
afectación de algunos de los derechos fundamentales de un  niño, niña, o
adolescente como consecuencia de la publicación de la información que se
ventila dentro del trámite de la acción de tutela ha decidido suprimir de la
providencia sus nombres verdaderos y los de sus familiares, al igual que los
datos e informaciones que permitan su identificación con el propósito de
mantenerlos  en  reserva. Véanse, entre otras, las sentencias: T-523 de 1992,
T-442 de 1994, T-420 de 1996; SU-337 de 1999, T-941 de 1999, T-1390 de 2000,
T-510 de 2003, T-639 de 2006, T-794 de 2007, T-900 de 2007, T-302 de 2008,
T-912 de 2008 y T-572 de 2010”.
[2] Anexa registro
civil de matrimonio, Indicativo Serial No. 4230987, del 9 de marzo de 2015. La
unión marital de hecho se certifica mediante declaración extrajuicio ante
notario, radicada en Acta No. 1186, del 29 de mayo de 2014.
[3] Para probar la
unión marital de hecho el accionante adjunta escritura pública de adquisición
de un inmueble por parte de su compañera permanente, en la que afirma su
convivencia con él e igualmente, adjunta declaración bajo juramento, firmada el
24 de agosto de 2015, al tenor del Decreto Ley 019 de 2012, en cuyo Artículo7o
se “prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación
administrativa declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de
cualquier otra índole. Para surtirla bastará la afirmación que haga el
particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del
juramento.”
[4] El
accionante manifiesta que los menores representados se encuentran afiliados al
Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de beneficiarios suyos (folio
10, Cuaderno 2).
[5] En el
Expediente T-5.273.833, el actor aclara que se encuentra vinculado a Empresa NN
y es miembro del sindicato Entidad YY, de lo cual se deriva su acceso a los
beneficios de salud que presta la accionada.
En el Expediente T-5.280.591, el actor
manifiesta que se encuentra vinculado laboralmente al Banco de la República.
[6] Banco de la
República, Convención
Colectiva de Trabajo de 1997, Artículo 32, 33, 34, 36, 37, 39 y 40.
[7] La Entidad XX,
en respuesta emitida el 23 de abril de 2015, reiterada el 15 de mayo siguiente,
señaló que los hijos beneficiarios eran solo “los hijos legítimos, legalmente
adoptados y extramatrimoniales reconocidos (…)”, por ende, para la afiliación
era necesario “el documento de reconocimiento (…)” de los “hijastros”. De
manera concreta, en la segunda respuesta se determinó que en el Reglamento de
la Entidad XX, Artículo 13, No.  6º, se hace referencia entre los requisitos
para afiliación a “hijastros legalmente adoptados” (T-5.273.833).
Por su parte, el Banco de la
República determinó, en respuesta del 21 de agosto de 2015, que los beneficios
requeridos no son reconocidos a los “hijastros” (T-5.280.591).
[8] De acuerdo al
preámbulo del reglamento de la Entidad XX:
“La organización YY, pactó con la
Empresa NN, por convención colectiva, fondos para bienestar social de
los trabajadores activos y jubilados, recursos que se administraron
paritariamente Entidad YY y la Empresa NN, hasta el año 2005, cuando se asume
el manejo autónomo de estos recursos, estructurando un contrato fiduciario bajo
administración de representantes de Entidad YY, LL y OO.
Ha transcurrido un periodo de
importante experiencia en el manejo, guarda, aplicación y relacionamiento
institucional, que han madurado la visión administrativa y de eficiencia
financiera, así como la necesidad de contextualizar esta experiencia con las
nuevas realidades de nuestras organizaciones, tal como fue la renuncia
presentada por la LL y al fideicomiso, nuevos enfoques y ajustes en el sistema
de la seguridad social del país.
Teniendo en cuenta que la Entidad
YY, organización sindical mayoritaria de primer grado y de rama de actividad
económica con personería jurídica No. 247 del 10 de diciembre de 1973 con
domicilio en Cali, según consta en la certificación expedida por el ministerio
de protección social de fecha 15 de mayo de 2009 No 0000183 y firmada por el
coordinador del grupo de archivo sindical del Ministerio de Protección Social y
la Entidad OO organización de primer grado y de gremio con Personería Jurídica
No. 2596 de julio de 1969, según certificación expedida por el Ministerios de
Protección Social de fecha 22 de octubre de 2008 No 002510 quienes son las
entidades que vienen administrando la Entidad XX desde noviembre de 2005 como
entidades jurídicamente reconocidas por los organismos de ley para realizar los
actos jurídicos como lo vienen haciendo según contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administración, pagos e inversión no. 3-1-1472
celebrado entre el sindicato de trabajadores de Empresa NN- Entidad YY, LL.
Empresa NN y OO, como fideicomitentes y la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. y
modificado mediante otro si del mismo contrato quedando como fideicomitentes
Entidad YY y OO”. (Negrillas fuera del texto).
[9] “Numeral 1º del
precepto 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.
[10] Folios
41, 42 y 43 del Cuaderno 2.
[11] Extracto del
informe realizado por el ICBF, Regional Valle: “el grupo
familiar del señor Juan José Montenegro se encuentra conformado por la señora
Juana (esposa del señor Juan), el adolescente William Villamizar Guerrero de 14
años de edad (hijo de crianza del señor Juan), la niña Juliana Pérez Guerrero
de 5 años de edad (hija de crianza del señor Juan), el señor Juan es la persona
que se hace cargo de suplir las necesidades del grupo familiar, pues en su rol
de jefatura y proveedor económico del núcleo familiar.
Se observa en el
grupo familiar del señor Juan José Montenegro buenas prácticas de crianza, una
comunicación asertiva que contribuye a una sana interacción entre los
integrantes de este núcleo familiar. Quien tiene en cuenta las opiniones y
percepciones de la señora Juliana Pérez Guerrero.
El adolescente
William Villamizar Guerrero y la niña Juliana Pérez Guerrero provienen de una
familia recompuesta pues la señora Juana María Guerrero tuvo otra pareja
anterior”.
[12] Folio
96, Cuaderno 1.
[13] Folios
44 al 51 del Cuaderno 2.
[14] T-519
de 2015.
[15] C-873
de 2003, citada en la Sentencia T-519 de 2015.
[16]
“La Entidad XX por la naturaleza de la entidades que lo componen, Entidad YY y
OO, es un órgano privado, sin ánimo de lucro y de espíritu solidario que tiene
como objetivo la administración de recursos aplicables para atender eventos de
salud no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), para sus afiliados
aportantes y sus beneficiarios como también atender las necesidades
relacionadas con los eventos de promoción de salud que defina el comité para el
bienestar del afiliado y sus beneficiarios, de acuerdo a lo estipulado en el
presente reglamento, garantizando la financiación de los gastos de funcionamiento
e inversiones necesarias para el cumplimiento del objeto social presupuestado
anualmente.” Reglamento de la Entidad XX.
[17] Artículo 371,
Constitución Política.
[18] T-583
de 2006: “Esto significa que no es recurso dentro de otro proceso
judicial”.
[19] Al respecto,
revisar entre otras, las sentencias T-661 de 2007, T-556 de 2010, T-404 de
2010.
[20] Al respecto,
revisar entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002,
T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009,
T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010, T-1043 de 2010,  T-076 de 2011,
T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-627 de 2013, T-502 de 2015 y
T-575 de 2015.
[21] T-070
de 2015.
[22] T-070
de 2015.
[23] T-606
de 2013.
[24] T-071 de 2016.
[25] C-241 de 2012 y
C-026 de 2016.
[26] C-371 de 1994
reiterada en la Sentencia C-577 de 2011 y T-071 de 2016, entre otras.
[27] C-289 de 2000,
reiterada en la Sentencia C-577 de 2011.
[28] Su vinculación
no es obligatoria, pero se ha aplicado en virtud de la costumbre internacional,
la cual constituye una fuente del derecho internacional según el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, Artículo 38.1, precepto reiterado, entre
otras, en la Sentencia T-070 de 2015.
[29] Ratificada por
Colombia el 28 de mayo de 1973.
[30] Ratificado por
Colombia el 29 de octubre de 1969.
[31] Ratificado por
Colombia el 29 de octubre de 1969.
[32] C-271 de 2003.
[33] “En este
sentido, esta Corporación ha sostenido “el
concepto de familia no incluye tan solo la comunidad natural compuesta por
padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía incorporando aun a
personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando faltan todos
o algunos de aquellos integrantes, o cuando, por diversos problemas, entre
otros los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los
padres, y obviamente los económicos, resulta necesario sustituir al grupo
familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda,
con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar al niño un ámbito
acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas
fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico”.  T-049 de 1999, C-577 de 2011 y C-026
de 2016.
[34] C-572 de 2009,
C-278 de 2014, C-577 de 2011 y T-071 de 2016.
[35] En este punto,
se destaca que “la familia que surge de la unión libre” también es merecedora
de protección constitucional y la Constitución la pone en un plano de igualdad
con la que tiene su origen en el matrimonio, porque el Estado y la sociedad
garantizan la protección integral de la familia, “independientemente de su
constitución por vínculos jurídicos o naturales” y, por lo mismo, la honra, la
dignidad y la intimidad de la familia son inviolables, “sin tener en cuenta el
origen de la misma familia”, C-577 de 2011.
[36] C-831 de 2006.
[37] T-292 de 2004 y
T-459 de 1997. Al respecto también consultar la Sentencia T-233 de 2015.
[38] T-577
de 2011.
[39] CECILIA P.
GROSMAN e IRENE MARTINEZ ALCORTA, Familias ensambladas, Buenos Aires, Editorial
Universidad, 2000. Pág. 35 Cita en la Sentencia C-577 de 2011.
[40]
VERÓNICA LORENA CONTRERAS, Familias Ensambladas. Aproximaciones histórico-sociales
y jurídicas desde una perspectiva construccionista y una mirada contextual.
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwibnoOnw5DIAhWNuB4KHXN3DAs&url=http%3A%2F%2Frabida.uhu.es%2Fdspace%2Fbitstream%2Fhandle%2F10272%2F531%2Fb1520121.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNHZfTmJ7Hhx4Q3
-gReZh8TMritGsw&sig2=qpTOfXN_UbzwdBbt21Semg&bvm=bv.103388427,d.dmo.
Cita en la Sentencia  T-519 de 2015.
[41] T-606
de 2013 y T-070 de 2015.
[42]En la Convención
sobre los Derechos del Niño, se determina que la protección a la familia se
funda:
“(…) Convencidos de que la
familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños,
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente
sus responsabilidades dentro de la comunidad.
Reconociendo que el niño, para el
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (…)”
En este sentido, en el Artículo
18 de ese instrumento, se determinó que el Estado debe velar por la protección
de la familia: “[a] los efectos de garantizar y promover los derechos
enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la
asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán
por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de
los niños.”
En el Código de Infancia y
Adolescencia, Ley 1098 de 2006, se determinan diferentes disposiciones
relacionadas, entre ellas, el Artículo 1º, según el cual su finalidad se centra
en “garantizar a los niños, niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia (…)”. En su Artículo 22, se
reitera el derecho de estos sujetos de especial protección constitucional a
tener una familia y a no ser separados de ella. Seguidamente, en el Artículo 39
se señalan las obligaciones de la familia, se indica que esa institución tiene
la “obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y
el respeto reciproco entre todos sus integrantes (…)”.
[43] T-887 de 2009.
[44] “El sentido
mismo del verbo “prevalecer” implica, necesariamente, el establecimiento de una
relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los
cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma
de armonización; por lo mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y
demás personas relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés
superior del menor”. C-664 de 2006.
[45] Ratificada por
Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
[46] “Aunque es la
Convención Internacional sobre Derechos del Niño, la que consolida la doctrina
integral de protección de la niñez, incluyendo como principio orientador el
interés superior de las y los niños, el primer instrumento internacional que
hizo referencia a ese postulado fue la Declaración de Ginebra de 1924 sobre
derechos del niño. Después fue reproducido en la Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículo 25. 2°), la Declaración de los Derechos del Niño
(Principio 2º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículos 23 y 24) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
19).” T-955 de 2013, citada en la Sentencia T-119 de 2016.
[47] Convención
Internacional Sobre los Derechos del Niño de 1989, Artículo 3.1. Igualmente se
determinó que “los Estado Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos”.
Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales se dispuso que “los
Estados Partes adoptarán las medidas hasta el máximo de los recursos de que
dispongan”. Adicionalmente, se señaló que deben garantizar al máximo el
desarrollo del menor de edad. Artículo 6º.
[48] T-408
de 1995.
[49] Por medio de la
Sentencia T-408 de 1995 “la Corte tuteló el derecho invocado por una abuela
materna en nombre de su nieta, para que se le garantizara a la menor el derecho
a visitar a su madre, recluida en prisión, ya que el padre de la menor le
impedía hacerlo. Allí también se explicó lo siguiente: “La más especializada
doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor se caracteriza
por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del
menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente
del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección
no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de
intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía
de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto
cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos
del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo
integral y sano de la personalidad del menor”.
[50] C-355
de 2006.
[51] Corte
Constitucional, Sentencia T-510 de 2003. En sentido similar pueden consultarse,
entre otras, las Sentencias T-397 de 2004,  T-572 de 2010,  T-078 de 2010,
C-840 de 2010 y C-177 de 2014.
[52] T-510 de 2003.
[53] Al respecto,
revisar entre otras, las sentencias T-510 de 2003 y C-683 de 2015 y T-119 de
2016, entre otras.
[54] Ibidem.
[55] Ibidem.
[56] Ibidem.
[57] Ibidem.
[58] T580A
de 2011.
[59] C-740
de 2008.
[60] Al respecto,
revisar entre otras, las sentencias T-510 de 2003 y C-683 de 2015 y T-119 de
2016, entre otras.
[61] T-510
de 2003.
[62]
T-510 de 2003, T-397 de 2004, T-572 de 2010, C-683 de 2015 y T-119 de 2016.
[63] T-071 de 2016:
“el concepto de filiación, proviene del latín “filius”, el cual significa
‘hijo’, y ha sido definido por la doctrina como “el estado de familia que se
deriva de la relación entre dos personas de las cuales una es el hijo (a) y
otra el padre o la madre del mismo”. MORENO R.,
J.A., “Derecho De Familia”, Asunción, Paraguay: Ed. Intercontinental,
3ra, 2009, página 519 Tomo II.
[64] Expresión
empleada, entre otras, en la Sentencia T-519 de 2015.
[65] T-071 de 2016:
los hijos matrimoniales son los nacidos después de celebrado el matrimonio y,
se presumen como tales, los nacidos 300 días después de disuelto. Ese vínculo
filial, y su presunción, se extienden a quienes hayan nacido en unión marital
de hecho declarada. Ley 1060 de 2006, Artículo 1º.
[66] T-071 de 2016:
“vínculo que se contrae por fuera del matrimonio o de la unión marital de hecho
declarada (…) a menos que por vía de legitimación se entiendan como
matrimoniales”.
[67] T-071 de 2016: vínculo
que nace después de surtidos los trámites de adopción entre adoptante y
adoptado. Después de lo cual estos adquieren un vínculo filial. Se integra una
familia por lazos jurídicos, exentos de consanguinidad.
[68] T-071 de 2016.
[69] Se precisó que
la relación paternal del accionante con su hijo se probaba con su convivencia
superior a cinco años, porque lo tenía registrado como beneficiario en el
sistema de salud y la realización de su inscripción en el colegio.
[70] Párrafo 2º,
Caso Concreto, T-233 de 2015.
[71] Artículo 13, Reglamento
de
la Entidad XX.
[72] De
acuerdo a la visita realizada por el ICBF Regional Valle, se encuentran
afiliados a Comfenalco Valle, EPS-S.
[73] T-403
de 2011, T-606 de 2013, T-070 de 2015, T-233 de 2015 y T-519 de 2015.
[74] Folios
93, 95 y 96, Cuaderno 1.
[75]
En la página 27 se retoma
la expresión de “tipos de hijos” de la sentencia T-519 de 2015.
[76] En la página 21 se hace
referencia a un artículo académico para sostener que todas las familias merecen
especial protección aunque sean “cambiadas, asediadas, fracturadas y/o
reconstruidas”.
[77] Leach, Edmund. Cultura
y comunicación: la lógica de la conexión de los símbolos. México: Siglo
Ventiuno Editores, 1985.
[78] Van Dijk, Teun A. El lenguaje y el status quo en Lenguaje y
Discriminación, de Islas Azaïs, Héctor.
[79] Van Dijk, Teun A. Lenguaje,
cultura y discriminación. Teun Van Dijk.
[80] Van Dijk, Teun A. El
lenguaje y el status quo en Lenguaje y Discriminación, de Islas
Azaïs, Héctor.
[81] Van Dijk, Teun A. Discurso
y racismo en Persona y sociedad, 2001.
[82] Tapia-Arizmendi, Margarita; Romani,
Patrizia. Lengua y género en documentos académicos. Revista
de Ciencias Sociales, vol. 19, núm. 59, mayo-agosto, 2012, pp. 69-86
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México.
[83] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[84] Corte Constitucional, sentencia
C-478 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[85] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.