T-295-17
Sentencia T-295/17
ACCION
DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance
y contenido
PROGRAMAS
DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO-Finalidad
PROGRAMAS
DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO-Beneficiarios
(i) Quienes se encuentren vinculados a programas
sociales del Estado que busquen la superación de la pobreza extrema; (ii) los
desplazados; (iii) quienes hayan sido afectados por calamidades públicas o
desastres naturales; y (iv) quienes habiten en zonas de alto riesgo no
mitigable. Así también, resalta que dentro de estos grupos se dará prioridad “a
las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y
adultos mayores
PROYECTOS
DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA MADRES CABEZA DE FAMILIA CON
CARACTERIZACION ETNICA-Protección
constitucional
Dentro de los procesos de adjudicación de viviendas de
interés prioritario (VIP) para madres cabeza de familia de origen tribal, el
derecho fundamental al debido proceso se desarrolla en un plano que debe
considerar y valorar las circunstancias especiales que revisten a estos grupos
poblacionales. Esto no significa que deban reducirse considerablemente las
oportunidades de acceso de aquellas madres cabeza de familia o demás que no
revisten una caracterización étnica, sino más bien asegurar un mínimo de
participación y acceso a las comunidades tribales dentro de dichos programas.
Las entidades públicas encargadas de realizar los trámites y procedimientos
para hacer eficaz la adjudicación de viviendas de interés prioritario (VIP)
deban evitar incurrir en dilaciones injustificadas que retarden
considerablemente la entrega de las propiedades que van a ser ocupadas por las
madres cabeza de familia. En este mismo sentido, la falta de diligencia
administrativa que produzca el vencimiento y la pérdida de oportunidades para
estas comunidades, constituye un acto reprochable y sancionable en el marco del
Estado social de derecho. Sobre la participación de comunidades étnicas en
proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), la jurisprudencia
constitucional ha señalado que estas construcciones deben ajustarse a las
necesidades culturales de ellas, con el fin de facilitar el desarrollo de sus
expresiones grupales.
VIVIENDA DE
INTERES PRIORITARIO PARA MADRES CABEZA DE FAMILIA CON CARACTERIZACION ETNICA-Orden a municipio renueve la licencia de
construcción dirigida a la continuación del proyecto de interés prioritario
para madres cabeza de familia afrodescendientes
Referencia: Expediente
T-5.455.313
Acción de Tutela
instaurada por la Asociación de Mujeres Afrocolombianas y demás
Asociados Cabeza de Familia para el Desarrollo Socio Empresarial y la Vivienda (AMCAF)
contra el municipio de Medellín - Curaduría Cuarta de Medellín.
Magistrado
Ponente:
AQUILES ARRIETA
GÓMEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil
diecisiete (2017)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Alberto Rojas Ríos, José Antonio Cepeda Amarís y Aquiles Arrieta Gómez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia
del nueve de diciembre de dos mil quince, proferida en única instancia por el
Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal de Medellín con Función de Control de
Garantías.[1]
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Decreto 2591
de 1991, la Sala entra a resolver el asunto en discusión, conforme a los
siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y solicitud
La Asociación de Mujeres Afrocolombianas y
demás Asociados Cabeza de Familia para el Desarrollo Socio Empresarial y la
Vivienda (AMCAF) interpuso acción de tutela contra el municipio de Medellín -
Curaduría Cuarta, por considerar que la decisión de negar la prórroga
extralegal de la licencia de construcción del conjunto Villa Jesusita II,
vulneró sus derechos fundamentales a la vivienda digna, al mínimo vital y al
debido proceso. La peticionaria solicita que se ordene a la entidad accionada
otorgar el permiso para terminar el proyecto, toda vez que se trata de un
programa de interés prioritario para madres cabeza de familia, que se
encuentran a la espera de una solución a su problema de vivienda. En este
sentido, expone los siguientes hechos y argumentos.
1.1. La señora María Jesusita Noemi
Asprilla Martínez,[2]
en calidad de Representante Legal de la asociación accionante, manifiesta que
el proyecto de vivienda de interés prioritario Villa Jesusita II está
localizado en la ciudad de Medellín, sobre carrera 32, entre las calles 81ª y
81C del Barrio Manrique, El Jardín, propiedad de la OPV AMCAF.[3] Agrega que la
construcción de la Primera Torre inició en el mes de junio del año 2013, “tras
haberse logrado el cierre financiero de las familias asociadas, luego de haber
sido beneficiadas con recursos municipales representados en 24 subsidios
familiares de vivienda, por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de
Medellín”.[4]
1.2. En ese sentido, relata que al
encontrarse próximo el vencimiento de la licencia, procedieron a tramitar la “actualización
y modificación” de la misma. Al acudir a la Curaduría Cuarta de Medellín,
el asesor les solicitó “como requisito por tratarse de un lote mayor de
2.000 m2 el diseño de vías y rasantes aprobado por Vías y Movilidad de
Planeación Municipal”. Menciona que dicho diseño comenzó a tramitarse en el
mes de abril de 2013, por la ingeniera Victoria Bedoya Orrego, “quien
desistió del trámite ante la dificultad que se presentó para obtenerlo, por lo
que la AMCAF contrató la firma BIOKASA, quienes // obtuvieron la aprobación de
Planeación con el Oficio 2014PP046689N01 de noviembre 14 de 2014”.[5] Sin embargo, indica que
para esa fecha ya estaba vencida la prórroga de la licencia, así como también, en
Medellín habían cambiado las políticas de las VIP debido a proyectos
fraudulentos.[6]
Así, ilustra lo siguiente:
“[C]uando AMCAF fue a
retomar el tema de la actualización de la licencia en la Curaduría Cuarta nuevamente,
esta fue negada por cuanto en el nuevo POT de la ciudad fue derogado el Decreto
Nacional 2060 que era el que permitía densificar los lotes designados para las
VIP, por lo tanto sólo se permitía aplicar la densidad del polígono donde éste
se encuentra ubicado, la cual es de solo 30 viviendas por hectárea, con lo cual
el proyecto aprobado por la anterior licencia perdió su validez y el lote
perdió su capacidad de aprovechamiento y densidad anterior.  ||  El proyecto no
fue incluido en la Resolución 258 del 15 de agosto de 2014, por medio de la cual
se autoriza el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario VIP
en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del municipio de Medellín
para las OPV con acompañamiento del ISVIMED, donde aparece el listado de los
proyectos de la OPV que están avalados por el Instituto, para que Planeación y
las Curadurías permitan que se otorgue la licencia de construcción, lo cual no
sabemos o no entendemos qué sucedió, puesto que este es uno de los dos proyectos
que la OPV AMCAF taníapostulados ante el Instituto para la obtención de
subsidios para sus asociados, de los cuales efectivamente ya se habían obtenido
63 de estos”.[7]
1.3. Declara que para el proyecto se han
otorgado 63 subsidios de vivienda de parte del Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín (ISVIMED), “que suman un total de $972.211.082, de los
cuales ya han sido desembolsados el equivalente a la suma de $517.715.274”.
Explica que los valores entregados “fueron aplicados en la construcción del
proyecto por parte del contratista y en el pago de la interventoría”.
Además, “aún se tiene en la fiduciaria el resto de dineros de dichos
subsidios equivalente a la suma de $421.995.808, los cuales requieren para
terminar por lo menos dos de las tres torres que están iniciadas”.[8] Así, frente al estancamiento
de este proceso, asegura que las obras “se encuentran en riesgo de ser
saqueadas, destruidas o invadidas, por cuanto este es un sector de estrato bajo
de la ciudad (estrato 2), donde habitan personas necesitadas y de escasos
recursos”. En este mismo sentido, señala lo siguiente:
“[C]uando se empezó a
tramitar la nueva licencia y se radicaron los planos arquitectónicos en marzo
14 de 2013, el diseño urbanístico y arquitectónico inicial del proyecto se tuvo
que modificar por lo que la topografía del terreno había sido también
modificada o alterada por un anterior urbanizador, quien sin la autorización de
la AMCAF, ni teniendo en cuenta el diseño aprobado en la licencia inicial, hizo
varias explanaciones de mayor área o tamaño del requerido. Obligando esto a
desarrollar las 7 torres de apartamentos en terrazas completas para 4 viviendas
y no en semisótano para 2 viviendas como estaba inicialmente diseñado. Esto se
le informó al Asesor de la Curaduría Cuarta Ingeniero William Galeano y quedó
consignado en los nuevos planos, así como también se acordó que si se daba inicio
a la obra, se debía ejecutar de acuerdo con las terrazas existentes, por lo
tanto se aumentaban 2 unidades de vivienda por cada torre, lo cual aumentaba la
cantidad total de viviendas del proyecto, de 154 a 168 unidades VIP y por esto se
solicitó la Licencia de Urbanización y Construcción y la modalidad de la
licencia quedó como modificación.”[9]
1.4. Señala que el proyecto consta de 7 torres
de seis pisos, cuatro viviendas por piso para 24 unidades por torres y 168
unidades VIP en total, con todas las instalaciones para ser habitables. También
explica que la primera etapa del proyecto inició en junio de 2013, con
ejecución normal y con cumplimiento de las especificaciones técnicas, “pero
éste tuvo que suspenderse desde octubre de 2014, en vista de la falta de
recursos por la necesidad del contratista de otro desembolso por parte del
ISVIMED, además por la demora // por parte de Planeación para poder ejecutar la
vía de acceso al proyecto”.[10]
En consecuencia, presentó acción de tutela el día 27 de noviembre de 2015, por
considerar que es urgente la aprobación de la Oficina de Planeación Municipal, “para
la obtención de la licencia, modificada y actualizada para poder cumplir con
este requisito y para presentarla al ISVIMED, para que continúen con los
desembolsos al contratista y de esta manera poder reactivar la construcción de
la obra”.[11]
2. Respuesta del Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED)
Mediante escrito presentado el día 1º de
diciembre de 2015, el señor Santiago Melquicedec Elorza Toro, en calidad de
apoderado judicial de esta entidad, se opuso a las pretensiones de la acción de
tutela. Informó que los subsidios “no se desembolsan a ninguno de los
beneficiarios, sino a las compañías fiduciarias encargadas de desarrollar los
proyectos o de financiar los proyectos subsidiados de las Organizaciones
Populares de Vivienda”. Asimismo, explicó que los subsidios entregados a la
asociación peticionaria deben estar en la respectiva fiduciaria, pero “dada
la paralización de las obras que se denuncian en esta ocasión, se ha paralizado
también el desembolso”. Agregó que, no obstante, la razón “para detener
dicho flujo no es de resorte del ISVIMED sino a la fiduciaria que administra el
patrimonio autónomo, sobre el cual el instituto ya no tiene ningún poder de
disposición, de acuerdo a las normas que rigen esta figura”.[12]
3. Respuesta del municipio de Medellín
3.1. Mediante escrito presentado el día 02
de diciembre de 2015, la señora Paula Andrea Elejal de López, en calidad de apoderada
judicial de esta entidad pública, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela. Explicó lo siguiente:
“[E]l proyecto de
vivienda ‘Villa Jesusita II’ fue licenciado en el año 2010, a través de la
Resolución C4-0175 del 25 de enero de 2010, contando con una vigencia de tres
años, prorrogables por un año más. Dichas así las cosas, la vigencia inicial
iba hasta el 24 de enero de 2013 y con la prórroga, la nueva fecha de
vencimiento de la licencia de urbanismo y construcción era al 10 de febrero de
2014.  ||  Ahora, los accionantes tuvieron todos los momentos y oportunidades
procesales para solicitar a la Curaduría Urbana, las prórrogas y revalidaciones
necesarias para evitar el fenecimiento de la vigencia de la licencia de
urbanización y construcción // [d]ichas así las cosas no dependía de la
aprobación del plano topográfico y de diseño vial por parte de ésta Dirección
Administrativa, que los interesados hicieran uso de los medios que la ley y los
reglamentos traen para prorrogar la vigencia de las licencias de construcción
// los interesados pudieron haber solicitado dentro de los términos
establecidos en el Decreto 1469 de 2010, la revalidación de la licencia de
construcción y considerando que la modalidad de la licencia inicial es de
urbanización y construcción simultanea por etapas, el mismo Decreto 1469 de
2010, permite que se otorguen licencias con vigencias independientes para cada
una de las etapas del proyecto constructivo, lo que permite postergar la
vigencia de la licencia inicialmente otorgada”.[13]
3.3 De igual forma, sostuvo que el 14 de
marzo de 2013, la accionante solicitó la actualización y modificación del
proyecto, para lo cual se exigió la presentación del plano topográfico y de
diseño vial debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de
Planeación. Relató que este trámite inició el 19 de febrero de 2013 y fue atendido
el 31 de mayo de ese mismo año, con varias entregas antes de los estudios
aprobados. Para ilustrar esto, el municipio expresó lo siguiente:
“[L]uego, tras 15
entregas parciales por parte de los interesados en los documentos y correcciones
necesarios para el otorgamiento del visto bueno para la incorporación del plano
topográfico y de diseño vial, finalmente, el 30 de octubre de 2014, el
interesado hace entrega de los últimos ajustes y correcciones al proyecto,
permitiéndose que, en tan sólo catorce días calendario, esto es, al 14 de
noviembre de 2014, se entregara la aprobación solicitada por el interesado”.[14]
3.4. En ese sentido, aseveró que la demora
en el trámite obedeció “a la falta de diligencia con la que, los interesado,
aportaban la información”, toda vez que la Dirección de Planeación sólo
puede aprobar dichos proyectos “cuando éstos cumplen con la totalidad de
requisitos exigidos por la norma urbanística, cosa que sólo aconteció, hasta el
30 de octubre de 2014”.[15]
Adicionalmente, manifestó que la Resolución 258 de 2014 no incluyó el proyecto
Villa Jesusita II, debido a que la derogatoria del Decreto Nacional 2060 de
2004 dejó un vacío respecto a los requisitos para el otorgamiento de licencias.
Para ello expresó lo siguiente:
“[C]on ocasión de la
derogatoria del Decreto Nacional 2060 de 2004 –que tuvo vigencia hasta el 23 de
enero de 2013, por disposición del Decreto Nacional 075 de 2013-, se tuvo que
en el territorio del Municipio de Medellín, no hubo norma que considerara los
requisitos para el otorgamiento de licencias de construcción de viviendas VIP
hasta que se expidiera el nuevo POT, de tal suerte que la Dirección de
Planeación, en uso de la facultad de interpretación que le otorga el artículo
102 de la Ley 388 de 1997, dictó la Resolución 258 de 2014, donde incluyó los
proyectos VIP que podían ser objeto de subsidio municipal de vivienda que
administra el ISVIMED”.[16]
3.5. Por lo descrito, adujo que el ISVIMED
remitió a la Dirección de Planeación el listado de proyectos que mantendrían,
para su aprobación, un tratamiento especial en función de la normatividad
urbanística vigente, especialmente en materia de densidades habitacionales y
altura máxima para las VIP. De esta manera, el proyecto Villa Jesusita II no
fue incluido y sus razones no hacen parte de la competencia de esta entidad.
4. Respuesta de la Curaduría Cuarta de
Medellín
4.1. El día 02 de diciembre de 2015, la
señora Ángela María Restrepo Uribe, en calidad de Curadora Urbana Cuarta
Provisional de Medellín, presentó escrito de contestación en el cual se opuso a
los hechos y pretensiones contenidas en la acción de tutela. Aseguró que todas
las actuaciones adelantadas en el marco de su función, para el caso que se
discute, “han estado guiadas por todos los lineamientos normativos que en
materia urbanística están definidos tanto en el Decreto 1077 de 2015, como en
las demás normas nacionales y locales que regulan la materia”.[17] En este mismo sentido,
afirmó que la acción de tutela es improcedente, porque no cumple con el
requisito de inmediatez.
4.2. La Curadora Cuarta explicó que la
licencia para el proyecto Villa Jesusita fue otorgada mediante Resolución
C4-0175 del 25 de enero de 2010, que dio permiso para la urbanización y construcción
simultánea bajo la vigencia del Decreto 564 de 2006. Mencionó que en este marco
jurídico, las licencias de construcción tendrán una vigencia de 36 meses, “prorrogables
por un plazo adicional de 12 meses”.[18]
De esta manera, señaló que la Resolución C4-0175 del 25 de enero de 2010 fue
prorrogada mediante Resolución C4-0656 del 20 de febrero de 2013, por 12 meses
más, hasta el 10 de febrero de 2014. Así, adujo que ese permiso contó con un
plazo perentorio para ejecutar las obras autorizadas, pero que, al parecer, no
se culminaron los desarrollos urbanísticos y constructivos concedidos por la
Curaduría Urbana, por lo cual, las interesadas deben solicitar una nueva
licencia que será valorada de acuerdo a la normativa vigente al momento de la
solicitud. Igualmente, sostuvo que ninguna autoridad urbanística, sea
Planeación Municipal o los curadores urbanos, tiene facultades para detener o
suspender los términos de vigencia de las licencias, como lo pretende la
asociación actora, toda vez que estos se encuentran consagrados normativamente
y son de carácter perentorio. En este sentido, indicó lo siguiente:
“Cuando como
consecuencia del paso del tiempo una licencia urbanística pierde su vigencia
sin que se hayan ejecutado totalmente las obras autorizadas, solo existen dos
alternativas normativas:  - Solicitar una nueva licencia, con la consecuencia
inmediata que a esta solicitud se aplicarían las normas urbanísticas vigentes
al momento de su radicación-  ||  - Solicitar una revalidación de licencia en
los términos del artículo 2.2.6.1.2.4.3. del Decreto 1077 de 2015, lo cual no
sería posible para el caso concreto, ya que vencieron los términos establecidos
para ello”.[19]
5. Decisión de única instancia – Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal de Medellín con Función
de Control de Garantías
Este despacho declaró improcedente la
acción de tutela mediante sentencia del 09 de diciembre de 2015. Concluyó que
la petición no se presentó dentro de un término razonable, ya que
transcurrieron 20 meses desde el 10 de febrero de 2014, fecha en que expiró la
licencia de construcción. Adicionalmente, presentó las siguientes razones: (i)
en primer lugar, que contrario a lo afirmado por la peticionaria, “la
Dirección de Planeación no se tardó más de 14 días para expedir el visto bueno”,
de manera que no puede afirmarse que hayan sido negligentes en su labor; (ii)
en segundo lugar, que nunca se demostró la legitimidad por activa en el
proceso, puesto que “la presunta representante legal” de la asociación peticionaria
“no allegó dentro de este trámite constitucional un certificado de
existencia y representación legal en el cual denotara su calidad”; y (iii)
en tercer lugar, que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable,
puesto que nunca “existió vulneración a los derechos fundamentales
conculcados por la parte actora”.[20]
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedibilidad
1.1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, con base en las facultades conferidas
por los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución, es competente para
revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. Además,
procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala
correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
1.2. La acción de tutela procede para
proteger el derecho fundamental a la vivienda digna de madres cabeza de
familiar en el marco de proyectos de construcción de viviendas de interés
prioritario (VIP)
1.2.1. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que en ciertas ocasiones, aunque
existan mecanismos judiciales diferentes a la acción de tutela para solucionar
controversias referentes a la entrega de viviendas de
interés prioritario, éstos
no son eficientes ante una situación de afectación permanente del derecho
fundamental a la vivienda digna, sobre todo si se trata de sujetos de especial
protección constitucional, en condiciones de precariedad o de vulnerabilidad.
En estos casos, la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo y
eficaz para amparar el derecho amenazado.[21] Como lo ha dicho expresamente
la jurisprudencia: “[…] cuando la protección del derecho a la vivienda digna
sea solicitada al juez de tutela, dicha autoridad no podrá sin más desconocer
la procedibilidad del amparo valiéndose del supuesto carácter no fundamental
del derecho, así como tampoco será apropiado que recurra al criterio de la
conexidad para negar la admisibilidad del amparo.”[22]
1.2.2. El Juzgado Treinta y Nueve Penal
Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías decidió que la tutela
era improcedente, porque las personas interesadas en la acción dejaron
transcurrir demasiado tiempo entre la ocurrencia del hecho reprochado y la
presentación de la acción de tutela. Esto es, por no atender el principio de
inmediatez. Además, aseguró que la representante de la asociación peticionaria
no demostró encontrarse legitimada para adelantar este proceso, así como
tampoco encontrarse ante la amenaza de un perjuicio irremediable para las
madres beneficiadas con el proyecto de vivienda.
Si bien pasó un tiempo importante entre la
decisión que se cuestiona y el momento en que se interpuso la acción de tutela,
(10 de febrero de 2014 a 27 de noviembre de 2015), se trata de un grupo de
personas que son sujetos de especial protección reforzada y que se encuentran
en una situación de precariedad. Es decir, existen varias razones
constitucionales para que el juez de tutela garantice su acceso a la justicia y
a la posibilidad de que su reclamo sea atendido. Se trata de personas que son
mujeres, cabeza de familia, de escasos recursos y pertenecientes a un grupo
social tradicionalmente excluido y discriminado. Ostentar la condición de
sujeto de especial protección no es razón suficiente para flexibilizar el
principio de inmediatez. Pero esa condición, sumada a una condición precaria si
dan lugar a la protección. La razón para recurrir a la acción de tutela, es que
las accionantes no han podido materializar el goce efectivo de su derecho, como
consecuencia de la interrupción del proyecto Villa Jesusita II. En este caso la
acción de tutela resulta procedente, por tanto, en razón a la especial
protección constitucional que se ha de dar a las madres cabeza de familia de
AMCAF y a la necesidad de resolver la protección al derecho a la vivienda, que
sigue en suspenso. Someter a las asociadas a un proceso contencioso
administrativo sería dilatar aún más su acceso a una vivienda en condiciones de
dignidad. En casos como el presente, la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido la procedencia de acciones de tutela que, a pesar de haber sido
interpuestas después de mucho tiempo, buscan superar una desprotección que sigue
desplegando efectos. Así, por ejemplo, en la sentencia T-698 de 2015 se
decidió, entre otras cosas, tutelar los derechos de una madre cabeza de hogar
con tres hijos menores de edad, con relación a un reclamo relacionado con una
vivienda de un tipo similar (las accionantes, beneficiarias en programas de
vivienda de interés prioritario, tenían inmuebles adjudicados que se
encontraban en condiciones deplorables, que no garantizaban siquiera solidez en
las edificaciones), a pesar de que la acción de tutela había sido interpuesta
más de cuatro años después del momento inicial de vulneración de los derechos,
según se alegaba.[23]
1.2.3. Adicionalmente, la Sala advierte que
la señora María Jesusita Noemi Asprilla Martínez tiene la capacidad para
adelantar esta acción de tutela como representante legal de la asociación
peticionaria. A pesar que dentro del expediente no se aportó un documento que
manifestara expresamente su condición, existen varios documentos públicos en
los cuales puede advertirse que la señora Asprilla funge como representante
legal de la parte actora. Esto puede verse en: (i) el documento sobre Plan
Estratégico Habitacional de Medellín 2020;[24]
(ii) en el documento de inventario de Organizaciones de Base Afrodescendientes
del Departamento de Antioquia;[25]
y (iii) en la misma página de internet del Concejo Municipal de Medellín.[26] Puede darse por sentado entonces, que hay elementos para entender
que sí se dio una legítima representación.[27] La acción de tutela es un proceso de carácter informal, en el que
no se puede negar el acceso a la justicia para reclamar un derecho fundamental
a una persona sujeto de especial protección constitucional, por un aspecto
formal que, como se dijo, puede ser constatado de otra manera.
1.2.4. A continuación pasa la Sala a
plantear y a analizar el problema jurídico de la referencia.
2. Problema jurídico
2.1. La Sala de Revisión deberá resolver el
siguiente problema jurídico: ¿una entidad pública vulnera los derechos
fundamentales de personas como las pertenecientes a una asociación de madres
cabeza de familia afrodescendientes, cuando niega la prórroga extralegal de una
licencia de construcción dirigida a terminar un proyecto de vivienda de interés
prioritario (VIP), con fundamento en que las interesadas contaron con el tiempo
legal para lograr la aprobación del diseño de vías y rasantes y presentar
oportunamente los requisitos técnicos exigidos por el municipio?
2.2. Para resolver la cuestión planteada,
la Sala analizará la protección del derecho fundamental a la vivienda digna,
así como su alcance y contenido. Hará referencia a las viviendas de interés
prioritario, a la especial protección de las comunidades afrodescendientes
para, finalmente, analizar el caso bajo estudio.
3. El derecho fundamental a la
vivienda digna y su protección a través de la acción de tutela. Reiteración de
jurisprudencia
El derecho a la
vivienda digna está consagrado en la Constitución Política de 1991 (art. 51),
ha sido desarrollado por la jurisprudencia[28] y forma parte del bloque de
constitucionalidad.[29]
3.1. Al inicio de la jurisprudencia, se
dejó en claro que la acción de tutela es el medio
idóneo para proteger el derecho a la vivienda digna, cuando este derecho se
encuentra en conexidad con otros derechos fundamentales como la vida, la
dignidad, la integridad personal o los derechos de los niños, por mencionar
algunos ejemplos.[30] Esta posición se ha acentuado, al considerar actualmente que tales
ámbitos de protección del derecho son fundamentales, por lo que se ha tutelado
‘el derecho fundamental a la vivienda digna’.[31] Como se
dijo, actualmente es claro que un juez no puede descartar de plano una acción
de tutela por el sólo hecho de invocar la protección del derecho a la vivienda
digna, pues muchas de sus facetas y ámbitos de protección son de carácter
fundamental.[32]
3.2. Es claro que
la materialización del alcance de algunos ámbitos de protección de este derecho
depende de voluntad política, de un desarrollo legal previo y de erogaciones
económicas que garanticen su eficacia. Sin embargo, siempre, incluso bajo la
tesis de la conexidad, la Corte ha considerado que el
derecho a la vivienda digna puede ser objeto de protección a través de la
acción de tutela pues en
determinados eventos el derecho tiene un claro carácter fundamental.[33] Este Tribunal acogió
la postura de la conexidad, con la intención de proteger de manera efectiva
aquellas garantías que pudieran resultar conculcadas por causa de la
vulneración del derecho a la vivienda digna, con base en un
análisis garantista del artículo 51 de la Carta Política.[34]
Así, por ejemplo,  desde un inicio la jurisprudencia ha considerado procedente
la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna cuando se
evidencia una afectación directa del mínimo vital tanto en el demandante como
en su familia, especialmente cuando se tratara de personas que se encontrasen
en una situación de debilidad manifiesta, pues el derecho a la vivienda
adquiere importancia en la realización de la dignidad del ser humano.[35]
3.3. La jurisprudencia constitucional resaltó desde el año 2002 que la
condición de ‘prestacio­nal’ no se predica de la categoría ‘derecho’,
sino de la ‘faceta de un dere­cho’ (justamente a propósito de la
protección de un derecho de libertad).[36] Esta posición, que ya se había señalado
antes, ha continuado.[37]
Actualmente es claro que “es un error categorial hablar de ‘derechos presta­cionales’,
pues, […] todo derecho, incluidos los fundamentales, tiene facetas
prestacionales y facetas no prestacionales”.[38] Para la
jurisprudencia es ‘artificioso’
tener que recurrir a la ‘estrategia de la conexidad’ para poder proteger
derechos constitucionales.[39] Así, el carácter
fundamental de un derecho contemplado en la Carta de la Constitución de 1991 no
depende de si tiene carácter prestacional. La justiciabilidad de las facetas
prestacionales de cualquier derecho fundamental supone importantes retos para
el juez de tutela (por ejemplo, con relación a cuándo se debe intervenir y de
qué manera hacerlo),[40] pero su goce efectivo no se
puede dejar de lado, tiene que garantizarse. Para la Corte todo derecho que
está en la Carta Política tiene un carácter de fundamentalidad que no puede
ponerse en suspenso, en razón
a la manera como se haga efectiva alguna de sus facetas.[41]
3.4. La Corte ha tutelado el derecho
fundamental a la vivienda digna de forma autónoma y ha considerado lo
siguiente:
“[…] está estrictamente ligado con la dignidad
humana entendida como valor, puesto que la disposición de un sitio de
habitación adecuado es absolutamente necesario para el desarrollo del proyecto
de vida, toda vez que facilita la supervivencia del sujeto y, además, porque es
allí en donde transcurre una porción importante de su vida y la de su familia”.[42]
3.4.1. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que en sede de tutela se puede exigir el respeto
y la protección del derecho a la vivienda digna de manera inmediata, lo cual no
implica que
“[…] todos los aspectos que se deriven de
la garantía de este derecho se puedan exigir del mismo modo, pues para el
cumplimiento de algunas de estas obligaciones la administración requiere de la
inversión de recursos humanos y económicos, por consiguiente, su satisfacción
está sometida a una cierta ‘gradualidad progresiva’. De esta manera, si bien
hoy se reconoce el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna solo es
exigible al Estado colombiano, en un corto plazo, su contenido mínimo o
esencial puesto que, en relación con lo demás, su obligación se agota en
iniciar, inmediatamente, el proceso encaminado a obtener el resultado esperado
y definitivo en el mediano y largo plazo”.[43]
3.4.2. En cuanto a
las facetas que deben cumplirse de inmediato o en períodos breves de tiempo, la
Corte ha señalado que, cuando menos, puede decirse que son las siguientes:
“(i) garantizar
unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos sus
titulares; (ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa
realización del derecho (como mínimo, disponer de un plan); (iii) garantizar la
participación de los involucrados en las decisiones; (iv) no discriminar
injustificadamente; (v) proteger especialmente a las personas desaventajadas,
en circunstancias de vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor
situación; (vi) no interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado
del derecho, y (vii) no retroceder de forma injustificada en el nivel de
protección alcanzado. En cuanto a las obligaciones de cumplimiento
progresivo, el Estado debe asegurarles progresivamente a todas las personas el
derecho a una vivienda en plenas condiciones de seguridad jurídica,
disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación
espacial y adecuación cultural”.[44]
3.5. Así, se
advierte que la concepción del derecho a la vivienda digna ha avanzado de la
mano de la jurisprudencia. Se ha entendido que todos los derechos, incluidos
los fundamentales, como a la vivienda digna, tiene facetas prestacionales y no
prestacionales, y que en sede de tutela se puede exigir su protección, la
cual se deberá concederse de acuerdo del ámbito que corresponda y con el debido
respeto del orden jurídico y democrático vigente. Siempre se debe dar
protección inmediata a contenidos mínimos, estructurales o esenciales de
un derecho fundamental.
4. Contenido del derecho a la vivienda
digna
Bajo el orden constitucional vigente, el
derecho a la vivienda digna implica contar con un espacio propio o
ajeno, que le permita a la persona por un lado, protegerse de los rigores del
medio ambiente y, por el otro, desarrollar sus actividades personales y
familiares en un ambiente de intimidad, con unas mínimas condiciones de
dignidad que les permita satisfacer su proyecto de vida.
4.1. La Sala Plena de la Corte ha precisado el alcance del derecho la
vivienda digna de conformidad con la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,[45] en el sentido en que, para que una vivienda pueda considerarse
adecuada en los términos del Pacto Internacional, es necesario que cuente con
espacios seguros, iluminados, ventilados, con una infraestructura básica
apropiada y con el suministro de los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable.[46]
4.2. La
jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho a la vivienda digna en
diferentes escenarios y contextos; por ejemplo, cuando la vivienda amenaza
ruina por culpa de la propia administración, bien sea por acción[47]
o por omisión.[48]
Concretamente, ha precisado que la construcción de
unidades habitacionales en terrenos no aptos para ello, significa la exposición
de sus habitantes a un riesgo extraordinario que compromete su derecho
fundamental a la seguridad personal, incluso, a la vida y a la integridad
personal.[49] Ha protegido grupos familiares que habitan
en una casa que corre el riesgo de caerse, cuando dentro de sus miembros se
encuentran sujetos de especial protección constitucional, tales como niños,
adultos mayores o personas con disca­pacidad.[50].
La jurisprudencia ha puntualizado esta regla en los siguientes términos: ‘una
persona tiene derecho a que la entidad responsable —por acción u omisión— de
afectar —total o par­cial­mente— su vivienda, hasta el punto de poner en riesgo
su vida e integridad personal, tome las medidas adecuadas para evitar que el
riesgo persista. Esta protección es prioritaria cuando en la vivienda se
encuentran sujetos de especial protección constitucional.’[51] La
jurisprudencia considera que se viola el derecho a la vivienda digna de
personas que debe ser reubicadas, especialmente cuando son vulnerables, cuando
la administración “no adopta las medidas adecuadas y necesarias para cumplir
efectivamente un programa de reubicación, del cual depende su nueva vivienda,
tales demoras conllevan una afectación mayor al derecho a la vivienda de la que
ya se tenía –así como de los derechos fundamentales conexos–, y no se adoptan
nuevas medidas para minimizar o reducir los nuevos riesgos a los que se expone
a las personas.”[52]
4.3. La protección a la vivienda digna
también se ha dado cuando no existe certeza sobre el riesgo de que la vivienda
sea efectivamente afectada, hasta un grado tal que comprometa otros derechos
fundamentales. La jurisprudencia también ha protegido el derecho en casos en
los que se protege a las personas que podrían ver vulnerados sus derechos,
aunque existiera un “grado importante de incertidumbre” al respecto,
pues “el riesgo que se deriva [del] margen de duda no tiene por qué
ser asumido” por la accionante y su grupo familiar.[53]  Se ha ordenado
al ente administrativo respectivo realizar los estudios necesarios para
determinar la existencia o no del riesgo y la magnitud del mismo, así como la
obligación de ‘tomar las medidas adecuadas’ para prevenirlo.[54]
4.4. Ahora bien, “el derecho a la vivienda
digna no sólo contempla la posibilidad de encontrarse bajo un tipo de
construcción que se sostenga”.[55]
La jurisprudencia constitucional,[56] en armonía
con la citada Observación, ha precisado como
necesarios para la efectividad del derecho a la vivienda adecuada el
cumplimiento de los siguientes criterios: (i) seguridad jurídica de la tenencia;  ||  (ii) disponibilidad
de servicios, materiales, facilidades e infraestructura;  ||  (iii)
gastos soportables;  ||  (iv) habitabilidad;  ||  (v)
asequibilidad;  ||  (vi) lugar; y  (vii) adecuación
cultural.[57]
Del primer aspecto, el Comité observa que
el derecho a la vivienda contempla que la tenencia de la vivienda por parte de
las personas, sin importar de cuál de todas sus formas se trate,
“(…) debe gozar de cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el
desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados
Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad
legal de tenencia a las personas y los hogares que la actualidad carezcan de
esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados”.[58]
4.5. En conclusión, a la luz de la
jurisprudencia constitucional, del bloque de constitucionalidad y de parámetros
de interpretación derivados de observaciones regionales e internacionales (por
ejemplo la Observación General No. 4 del Comité del Pacto), puede concluirse
que el derecho a la vivienda no garantiza a las personas simplemente un techo o
un lugar cubierto donde puedan habitar, debe ser interpretado de forma amplia y
teniendo en cuenta que los derechos fundamentales son indivisibles,
interdependientes y están interrelacionados. En efecto, implica el derecho a
vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte, y en ese orden de ideas, el
concepto de “vivienda” debe ir atado al de adecuación, es decir, disponer de un
lugar donde poderse resguardar, que permita un espacio con una seguridad, una
iluminación y una ventilación adecuadas, acordes con una infraestructura
necesaria para los servicios básicos, y todo ello a un precio razonable.[59]
La materialización del derecho fundamental a la vivienda digna, no
implica únicamente la posibilidad de adquirir un inmueble para su habitación,
sino, a su vez, que dicho acceso sea real y estable, en el sentido de que el bien
otorgado permita su goce efectivo y se constituya en un lugar adecuado para que una persona y su familia puedan
desarrollarse en condiciones de dignidad. El
derecho a la vivienda digna requiere para su perfeccionamiento, de unas
condiciones mínimas que les permitan a las personas desarrollar sus actividades
personales y familiares en condiciones de dignidad. Toda persona tiene derecho
a un lugar seguro para vivir en paz y dignamente, acorde con sus necesidades
humanas, teniendo en cuenta que se debe proteger especialmente a quienes se
encuentran en situaciones de indefensión, de debilidad manifiesta o de
desventaja de acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir
una vivienda, como las madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos
suficientes para adquirir una vivienda adecuada a sus necesidades, la población
ubicada en zona de riesgo, los desplazados por la violencia, las personas de la
tercera edad y los niños, entre otros. Por supuesto, se trata de un derecho de
compleja aplicación, que supone el diseño e implementación de políticas
públicas, sostenibles, en condiciones democráticas y orientadas a garantizar el
goce efectivo de los derechos fundamentales, con las diferencias que tengan en
cuenta a sujetos de especial protección o en las situaciones mencionadas.
5. Los programas de construcción de
viviendas de interés prioritario, acción afirmativa del Estado que busca
proteger y asegurar el goce efectivo del derecho a una vivienda digna
5.1. La Constitución Política de Colombia
“no sólo acoge la noción de
que la atención de las necesidades básicas satisface exigencias primarias de
los seres humanos, sino que convierte ese cometido en prioridad del Estado y
del ordenamiento. El concepto de "necesidades básicas insatisfechas" condiciona la
apropiación y distribución de partidas presupuestales (CP art. 324) y del gasto
público social (CP art. 350), constituyéndose en una finalidad social del
estado su satisfacción (CP art. 366) (…)”.[60]
Entonces, se entiende por
gasto público social “aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable,
vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad
de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión”.[61] En
este sentido, la vivienda, “es considerada un típico gasto social por la
doctrina nacional e internacional, y corresponde a un derecho social
constitucionalmente reconocido (CP art. 51)”.[62]
5.2. El gasto
público social justifica que la Constitución hubiera señalado el derecho a la
vivienda digna como objetivo fundamental del estado social de derecho. En
efecto, la vivienda es una de las áreas prioritarias de inversión social que
ratifica la finalidad social propia del Estado representada en el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Así las cosas, los
subsidios de vivienda familiar se consideran jurisprudencialmente un mecanismo
estatal válido para desarrollar progresivamente el derecho a la vivienda digna
consagrado en la Constitución, principalmente, cuando se trata de personas en
estado de pobreza o extrema pobreza.[63]
5.3. En otras palabras, la Administración Pública debe diseñar unos
programas especiales con el fin de generar unos beneficios destinados a dichos
grupos poblaciones, para con ello otorgarles una ayuda que les ayude a gozar de
sus derechos fundamentales.[64]
Dentro de esas medidas especiales que se dirigen a lograr fines
constitucionales de protección a la población vulnerable, se encuentran los
proyectos urbanísticos de vivienda prioritaria o social.[65] La Ley 1753 de 2015,
en su artículo 90 identifica dos tipos de proyectos o programas de construcción
de vivienda social en Colombia: por un lado, los proyectos de vivienda de
interés social (VIS), que corresponden a aquellos que ascienden hasta la suma
de 135 SMLM; y, por otro lado, los proyectos de vivienda de interés prioritario
(VIP), cuyo valor máximo es de 70 SMLM.
5.4. La Ley 1537 de 2012, dirigida a
regular y establecer instrumentos de apoyo para que las familias de escasos
recursos puedan acceder a una vivienda digna, establece en su artículo 2º que
las autoridades públicas en la materia deben: (i) promover mecanismos para
estimular estos proyectos; (ii) otorgar estímulos para su ejecución; (iii)
aportar bienes y recursos autónomos; (iv) identificar y habilitar terrenos; (v)
estimular la construcción de viviendas VIS y VIP en las zonas de frontera; (vi)
promover la construcción de vivienda que propenda por la dignidad humana; (vi)
promover mecanismos de generación de ingresos para la población beneficiada con
programas VIS y VIP.  De igual forma, en su artículo 12, señala que las
viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos
destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda, así como los predios
destinados para estos propósitos por parte de las entidades territoriales,
podrán ser asignados en especie “a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y
focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social”. Asimismo, indica que la asignación de las
viviendas que se desarrollen de estos proyectos deberán beneficiar
preferentemente a las siguientes personas: (i) quienes se encuentren vinculados
a programas sociales del Estado que busquen la superación de la pobreza
extrema; (ii) los desplazados; (iii) quienes hayan sido afectados por
calamidades públicas o desastres naturales; y (iv) quienes habiten en zonas de
alto riesgo no mitigable. Así también, resalta que dentro de estos grupos se
dará prioridad “a las
mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y
adultos mayores”.
5.5. La Alcaldía
de Medellín expidió el Decreto 012 de 2011, toda vez que el Decreto Nacional
2060 de 2004, que establecía las “normas mínimas para el desarrollo de
programas de vivienda de interés social en el marco de los objetivos asumidos
por la Constitución Política”, se venía aplicando “de manera
indiscriminada para desarrollos multifamiliares aislados, predio a predio,
desvirtuando de esta manera el propósito que persigue el precitado decreto”.[66] En
este sentido, determinaba las medidas de los lotes, frentes y aislamientos que
debían tener las construcciones de este tipo, así como: (i) que la densidad
habitacional aprovechable se calcularía buscando generar el máximo número de
soluciones posibles a las condiciones de precio de venta;[67] (ii)
que las normas municipales y distritales sobre índices de ocupación y
construcción no podían afectar el potencial máximo de aprovechamiento de área
útil;[68]
y (iii) que el área neta urbanizable sería el resultado de “descontar del
área bruta de un terreno que se va a urbanizar, las áreas para la localización
de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes
primarias de servicios públicos y las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales y paisajísticos”.
5.5.1. En este
orden de ideas, a través del Decreto 012 de 2011 de la Alcaldía de Medellín se
explica que un alto porcentaje de las licencias de construcción otorgadas bajo
la modalidad de viviendas VIS o VIP fueron expedidas para multifamiliares
aislados o “predio a predio”. Para estos efectos se daba aplicación
exclusiva del Decreto 2060 de 2004 en relación con “el porcentaje de
cesiones urbanísticas gratuitas y densidad habitacional”, sin tener en
cuenta los demás aspectos previstos en otras normas municipales sobre ese tipo
de viviendas. Menciona que la aplicación indiscriminada del Decreto 2060 de
2004 a los proyectos y programas de viviendas VIS o VIP, “colocan en riesgo
la consolidación del modelo de ocupación definido para el municipio de
Medellín, desbordando la capacidad de soporte del territorio en términos de
espacio público, movilidad, equipamientos, servicios públicos, desvirtuando así
los fines de la función pública del urbanismo”.[69] En
este sentido, el Decreto 012 de 2011 introduce unas medicaciones respecto de
las medidas y estándares que deben cumplir las construcciones de esta
naturaleza.
5.5.2. Posteriormente,
la Alcaldía de Medellín expidió el Decreto 2339 de 2013, “[p]or el cual se
reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal
de vivienda del municipio de Medellín”. Este marco indica que el Subsidio
Municipal de Vivienda (SMV) es aquel aporte público que se entrega en dinero o
especie a grupos familiares bajo un mismo hogar en condiciones de
vulnerabilidad social y económica,[70]
cuya adjudicación comprende las etapas de postulación, calificación,
asignación, aplicación y entrega.[71]
Asimismo, establece que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
(ISVIMED) será la entidad encargada de administrar el Subsidio Municipal de
Vivienda, bajo las siguientes funciones: (i) evaluar y asignar el subsidio;
(ii) determinar en cada caso la cantidad del subsidio a otorgar; (iii)
desarrollar sistemas de información, promoción y asesoría; (iv) adoptar los
manuales de procedimientos y guías; (v) declarar la elegibilidad de los
proyectos; (vi) adjudicar el subsidio; y (vii) adelantar actuaciones tendientes
a obtener la restitución del subsidio cuando haya lugar.[72] De
igual forma, explica que la vigencia del Subsidio Municipal de Vivienda (SMV)
será de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de asignación del
mismo[73];
así como también, señala que la postulación al subsidio debe reunir los
siguientes requisitos: (i) conformación de un Grupo Familiar con Jefe mayor de
edad; (ii) el Grupo Familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales o
superiores a dos SMLMV; (iii) el Jefe de Hogar deberá acreditar una residencia
de mínimo seis años en el municipio; (iv) disponer de un aporte mínimo para la
solución habitacional; y (v) los demás establecidos para cada modalidad
poblacional. En este mismo sentido, determina que existen unas causales que dan
lugar a la pérdida del subsidio.[74]
5.6. En síntesis, los programas de
vivienda en Colombia hacen parte de una obligación constitucional, por el cual
todo ciudadano tiene derecho a gozar efectivamente de un lugar que le
proporcione condiciones de resguardo y seguridad habitacional. Para estos
efectos, fue necesario identificar ciertos grupos poblacionales que afrontan
circunstancias especiales, que les impiden acceder por sus propios medios a una
vivienda digna, con el fin de crear subsidios en dinero o especie que les
permitan acceder a programas de vivienda de interés social o prioritario.
6. La construcción de proyectos de
vivienda de interés prioritario (VIP) para madres cabeza de familia con
caracterización étnica debe atender a sus necesidades de conservación cultural
6.1. La Corte,
a la luz de la Constitución Política y del bloque de constitucionalidad, ha
garantizado los derechos de los afrocolombianos, en especial, el principio de
igualdad y el de no discriminación. Las diferenciaciones fundadas en la
identidad étnica o el origen racial, que generan una exclusión o restricción en
el acceso a beneficios o servicios a las personas que las ostentan, por tanto,
se presumen inconstitucionales.[75]
Como lo ha reconocido la Corte, la situación de histórica marginalidad y
segregación que han afrontado los afrocolombianos, da lugar a una especial
protección por parte del Estado.[76]
6.2. La jurisprudencia ha reconocido
el carácter de grupo étnico de las comunidades afrocolombianas y resaltado la
importancia que tiene para asegurar su “adecuada inserción en la vida
política y económica del país”[77]
Ha precisado la Corte que la definición de los miembros de las comunidades
afrodescendientes, no puede fundarse exclusivamente en criterios tales como el
‘color’ de la piel, o la ubicación de los miembros en un lugar específico del
territorio, sino en “(i) un elemento ‘objetivo’, a saber, la existencia
de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y
(ii) un elemento "subjetivo", esto es, la existencia de una identidad
grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad
en cuestión.”[78]
6.3. En tanto grupo étnico, en la
jurisprudencia constitucional se ha insistido en que las comunidades
afrocolombianas son titulares de derechos constitucionales fundamentales a la
propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, al uso, conservación y
administración de sus recursos naturales, y a la realización de la consulta
previa en caso de medidas que les afecten directa y específicamente.[79]
Conforme a los instrumentos internacionales reseñados
es claro que el Estado tiene unos compromisos y deberes especiales frente a las
comunidades afro colombianas, que lo obligan no sólo a evitar eventuales
discriminaciones, sino también a desarrollar acciones tendientes a garantizar
que éstas comunidades y los individuos que las componen puedan gozar de todos
los derechos constitucionales, individuales y colectivos, en igualdad de
condiciones.
6.4. Las comunidades étnicas, como los
indígenas o afrodescendientes, sobre los cuales no sólo corresponde al Estado
adoptar medidas dirigidas a preservar su patrimonio ancestral, sino también
disponer de programas que les permitan acceder a oportunidades de vivienda y
trabajo. El Convenio 169 de la OIT de 1989 consagra el deber que tienen los
Estados Parte de tomar medidas que ayuden a dichas comunidades a superar sus
diferencias socioeconómicas que marginan a estas poblaciones.[80] Sobre el particular,
el artículo 2 establece tres tipos de medidas que deberán incluir las acciones
tendientes al logro de los objetivos del convenio:
“a) que aseguren a los
miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la
población;
b) que promuevan la
plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones,
y sus instituciones;
c) que ayuden a los
miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la
comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de
vida”. (Convenio 169 de la OIT de 1989)
6.5. Así las cosas, dentro de los procesos
de adjudicación de viviendas de interés prioritario (VIP) para madres cabeza de
familia de origen tribal, el derecho fundamental al debido proceso se
desarrolla en un plano que debe considerar y valorar las circunstancias especiales
que revisten a estos grupos poblacionales. Esto no significa que deban
reducirse considerablemente las oportunidades de acceso de aquellas madres
cabeza de familia o demás que no revisten una caracterización étnica, sino más
bien asegurar un mínimo de participación y acceso a las comunidades tribales
dentro de dichos programas.[81]
Las entidades públicas encargadas de realizar los trámites y procedimientos
para hacer eficaz la adjudicación de viviendas de interés prioritario (VIP)
deban evitar incurrir en dilaciones injustificadas que retarden
considerablemente la entrega de las propiedades que van a ser ocupadas por las
madres cabeza de familia. En este mismo sentido, la falta de diligencia
administrativa que produzca el vencimiento y la pérdida de oportunidades para
estas comunidades, constituye un acto reprochable y sancionable en el marco del
Estado social de derecho. Sobre la participación de comunidades étnicas en proyectos de
vivienda de interés prioritario (VIP), la jurisprudencia constitucional ha señalado
que estas construcciones deben ajustarse a las necesidades culturales de ellas,
con el fin de facilitar el desarrollo de sus expresiones grupales.[82]
6.6. En la actualidad no existe la
información suficiente para conocer en detalle las dimensiones del fenómeno de
discriminación racial con relación al goce efectivo del derecho a una vivienda
digna. Sin embargo, existe evidencia, por ejemplo, de la segregación
residencial y las condiciones de vida en las ciudades de la población
afrodescendiente en Colombia. En un estudio más o menos reciente sobre esta
cuestión, el centro de estudios Dejusticia concluyó que “son los
afrocolombianos los que casi en todas las ciudades tienen condiciones de vida
más desfavorables en comparación con los blancos/mestizos.”[83] Este problema se
acentúa en ciudades que tienen un alto porcentaje de población afro, como es el
caso, precisamente, de Medellín. Dice el estudio en cuestión lo siguiente:
“[…] En casi todas las ciudades
estudiadas con mayor porcentaje de población afro, se encontró también que
enfrentan mayores vulnerabilidades. Analizando con detalle, se pueden
evidenciar tres grupos de ciudades en las que hay un ambiente más negativo para
los afrocolombianos. En primer lugar, Barranquilla y Medellín son altamente segregadas
y presentan una alta diferencia en condiciones de vida entre grupos afro y
blanco-mestizos, a pesar de tener un índice de desarrollo humano alto. Es
decir, que haya una medida de bienestar alta como el índice de desarrollo
humano no significa que ese bienestar beneficie a dos poblaciones por igual; en
otras palabras, la segregación de grupos afro acentúa las diferencias respecto
a grupos blanco-mestizos que tienen mejores condiciones de vida.”[84]
6.7. Lo expuesto conduce a determinar que,
en virtud de las condiciones de vulnerabilidad e indefensión que afrontan estos
grupos,[85]
las entidades administrativas competentes se vean en la necesidad de actuar con
la mayor celeridad y eficiencia posible. Esto dentro del marco de buena
gestión, control y calidad, para impartir una protección oportuna al ejercicio
del derecho fundamental a la vivienda digna de personas que afrontan
circunstancias apremiantes.
7. El municipio de Medellín
vulneró los derechos fundamentales de las madres cabeza de familia de origen
afrodescendiente beneficiadas con la construcción del proyecto Villa Jesusita
7.1. La Sala
encuentra que el municipio de Medellín pudo haber extendido una prórroga
extralegal, para permitir que el proyecto de vivienda adelantado por la
asociación accionante terminara luego de haber obtenido la aprobación del
diseño de vías y rasantes. No obstante, la rigurosidad en la aplicación del
procedimiento que usualmente debe seguirse en estos casos, terminó generando un
vacío que no sólo ha dejado una construcción inconclusa, sino que ha dilatado
en el tiempo una protección indispensable para un grupo de mujeres que
requieren atención prioritaria del Estado. Varias razones llevan a tomar esta
decisión judicial.
7.1.1. Primero, las madres asociadas a
AMCAF son sujetos de especial protección constitucional que requieren una
atención prioritaria del Estado. En efecto, la Asociación de Mujeres
Afrocolombianas y demás Asociados Cabeza de Familia para el Desarrollo Socio
Empresarial y la Vivienda – AMCAF – es una agrupación conformada por personas de
especial protección constitucional desde una perspectiva doble: por un lado, la
condición de madres cabeza de familia[86]
y por otro, su caracterización étnica como agrupación afrodescendiente.[87] Esto quiere decir que
se requiere desplegar una protección que considere el estado de vulnerabilidad
en el cual se puedan encontrar esas personas, para de esta forma adoptar las
medidas oportunas que permitan evitar la consolidación de un perjuicio grave
sobre ellas. Para la Sala es notorio que las integrantes de la AMCAF son
mujeres que califican dentro de aquellas personas que requieren especial
atención.
7.1.2. Segundo, el
proyecto de vivienda de interés prioritario Villa Jesusita fue licenciado bajo
el régimen del Decreto 2060 de 2004, pero en el transcurso de la ejecución del
mismo, se presentó una modificación en el régimen legal para este tipo de
programas en el municipio de Medellín; de esta manera, fue necesario que la
asociación accionante realizara un reajuste de los planos a las nuevas
condiciones de construcción que se habían señalado. Como se explicó en la parte
considerativa de esta providencia, el municipio de Medellín se vio en la
necesidad de proferir un nuevo marco regulatorio para la ejecución de programas
de vivienda social en la ciudad, toda vez que se estaba haciendo uso
indiscriminado del Decreto 2060 de 2004 para expedir licencias de construcción
que no se ajustaban a los propósitos de ese marco legal. Entre ellas, un buen
número fueron emitidas bajo la modalidad de viviendas VIS o VIP para
multifamiliares aislados o “predio a predio”.[88] Precisamente,
la motivación del Decreto 012 de 2011 explica que la aplicación indiscriminada
del Decreto 2060 de 2004 a los proyectos de viviendas VIS o VIP constituía un
gran riesgo para la consolidación del modelo de vivienda en Medellín, toda vez
que desbordaba la capacidad de soporte del territorio “en términos de
espacio público, movilidad, equipamientos, servicios públicos, desvirtuando así
los fines de la función pública del urbanismo”.[89] De
esa manera, no puede afirmarse que el cambio de régimen legal constituyó por sí
mismo un acto arbitrario, una violación a los derechos fundamentales de las
accionantes. Como se expuso, se consideró necesario realizar ese cambio en el
marco regulatorio de construcción de viviendas VIP en virtud del riesgo y la
amenaza que representaba la expedición de licencias de construcción
disfrazadas, para la ejecución de proyectos que seguramente iban a colapsar el
terreno y el especio público. La Sala advierte que ese cambio en las
regulaciones para la ejecución de programas VIP en el municipio de Medellín, se
encuentra dentro de las obligaciones constitucionales e internacionales que
imponen al Estado colombiano la necesidad de adelantar programas de vivienda
social para comunidades vulnerables, que ofrezcan condiciones idóneas para
garantizar la vivienda digna de las personas que habrán de ocuparlas. Como se
dijo, la Constitución, la jurisprudencia y el bloque de constitucionalidad,
conllevan la la obligación de ofrecer viviendas seguras y con adecuaciones
idóneas que garanticen una vida digna dentro de ellas.
No obstante lo
anterior, la nueva regulación tuvo que haber considerado aquellos proyectos que
ya se encontraban en tramitación o ejecución, pues el cambio de medidas condujo
a la necesidad de adaptar los planos a los nuevos estándares señalados por el
municipio. De esta manera, al aplicarse sobre proyectos que son desarrollados
por sociedades o asociaciones que tienen carácter prioritario, el plazo de la
prórroga de la licencia debió haber sido suficientemente amplio para alcanzar
dichos objetivos. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de un grupo de
especial protección constitucional, que le implica al Estado, se insiste, tomar
medidas especiales que permitan a grupos históricamente marginados, acceder a
los bienes y servicios básicos de subsistencia en condiciones de igualdad. En
ese sentido, el hecho de no haber establecido un régimen de transición que
enmarcara el desarrollo de dichos proyectos o programas dentro de un margen que
ayudara a lograr el ajuste efectivo a las nuevas determinaciones
administrativas, muestra que no se abordó la problemática con precisión de los
datos y las condiciones que rodeaban a los beneficiados con esas obras.
7.1.3. Tercero,
como se indicó, luego de las nuevas regulaciones, la
asociación accionante adelantó las gestiones para el ajuste de los planos del
proyecto a las nuevas condiciones de construcción. En el proceso de aprobación
del diseño de vías y rasantes, la parte actora realizó quince entregas
parciales que fueron rechazadas por el Departamento Administrativo de
Planeación, toda vez que no cumplían con los requisitos normativos para estos
efectos. De esa manera, si bien es cierto que el municipio de Medellín sólo
puede aprobar el diseño de vías y rasantes de manera completa cuando se cumplan
las exigencias técnicas y normativas que se crearon con el fin de corregir una
problemática que se venía presentando en esa ciudad, no es menos cierto el
hecho que la condición especial de la asociación accionante, así como el
esfuerzo que mostraron en las diversas entregas realizadas, debieron ser
valoradas dentro del término de vigencia de la licencia de construcción que
permitía continuar con el proyecto Villa Jesusita. Es legítimo y razonable que
las autoridades hagan cumplir a las personas y entidades los requisitos mínimos
que aseguren la calidad y adecuación de los proyectos de vivienda. Se trata de
acciones que sólo buscan la mejor protección de los derechos de las personas.
Sin embargo, es deber de la Administración tomar las medidas adecuadas y
necesarias para acompañar el proceso de cumplimiento de tales requisitos, y
evitar que éstos se puedan convertir en barreras y obstáculos infranqueables,
que impidan garantizar el goce efectivo de los derechos. En especial, frente a
grupos como el de la accionante y el resto de mujeres de la asociación, que
merecen del Estado la acción decidida y positiva para garantizar sus derechos.
Así, hay unas garantías y obligaciones mínimas para informar, guiar y acompañar
a las personas en sus gestiones ante la administración.
El juez constitucional no es un funcionario
idóneo para analizar especificidades técnicas en materia de ingeniería de
proyectos de construcción de viviendas VIP, pero sí para discernir las
situaciones particulares en las que se requiera extender la protección
constitucional a sujetos que afrontan una condición especial, como lo es el
caso que se resuelve en esta ocasión, donde la AMCAF se vio en la necesidad de
realizar una serie de adecuaciones técnicas que le tardaban mayor tiempo al
normalmente le podría tomar a compañías de construcción de carácter
estrictamente comercial.
7.1.4. En cuarto lugar, la Sala encuentra
la necesidad de realizar una aclaración. A pesar de la afirmación que realiza
la parte actora y el municipio de Medellín sobre la no inclusión del proyecto Villa
Jesusita dentro de la Resolución 258 de 2014, al analizar dicho documento, así
como la Resolución 462 de 2014 “[p]or medio de la cual se prorroga el
término de vigencia de la Resolución No. 258 del 15 de agosto de 2014”, se
encuentra que en ambos, dentro del punto (12.), se incluyó el proyecto “OPV:
AMCAF PROYECTO VILLA JESUSUTA ETAPAS 2-3”. Ahora, si bien es cierto que no se consigna el nombre Villa Jesusita,
sino el nombre “VILLA JESUSUTA”, para la Sala esta diferencia puede
constituir un error aritmético, ya que no se menciona, ni se advierte, que la
misma asociación tenga en desarrollo dos proyectos distintos dentro del mismo
paquete de beneficios, así como tampoco resultaría lógico desde la óptica del
concurso que un grupo obtenga más beneficios que el resto de postulados. Por
esta razón, para la Sala queda desvirtuada la queja que presenta la parte
actora en este punto, pues no existe soporte probatorio que ayude a sustentar
esta afirmación. De hecho, como se explicó, las etapas 2 y 3 del proyecto
social VIP Villa Jesusita sí fueron incluidos dentro de la Resolución 258 de
2014, así como en la Resolución 462 de 2014, que autorizó la prórroga de la
primera.
7.1.5. En quinto
lugar, es necesario mencionar que a diferencia de las grandes compañías o
empresas de construcción, las asociaciones que se presentan para obtener
subsidios públicos de vivienda familiar no cuentan con la logística, el
patrimonio ni la infraestructura para desplegar la misma diligencia y
eficiencia que aquéllos. Precisamente, la falta de medios para acceder de
manera autónoma a una vivienda en condiciones de dignidad, hace necesario que
el Estado deba intervenir en estos contextos con el fin de procurar programas
de financiación y subsidios que permitan a estas personas materializar su
derecho fundamental a la vivienda digna. Por esta razón, las exigencias
técnicas que en materia de proyectos de urbanización deban hacerse sobre
sociedades de madres cabeza de familia, no pueden tener la misma valoración
estricta que se aplica en materia procedimental sobre otras compañías
constructoras propiamente comerciales (no sociales). Así, en el caso concreto
de la asociación accionante era necesario que las entidades demandadas hubiesen
desplegado una valoración acorde con las condiciones constitucionalmente
especiales que la revisten, pues, el cambio en la regulación normativa, la
necesidad de adecuación técnica de los planos y el esfuerzo representado en 15
entregas previas a la aprobación del diseño de vías y rasantes, muestran que la
asociación actora fue constante en su trabajo y realizó intentos por cumplir
los términos dentro de sus capacidades logísticas. Como se dijo, el
cumplimiento de los requisitos legítima y razonablemente exigidos, no pueden
ser exigidos de tal forma que se conviertan en mecanismos de exclusión de las
personas y grupos sociales más necesitados de protección y garantía estatal.
7.1.6. Finalmente,
en sexto lugar, el proyecto de vivienda de interés prioritario Villa Jesusita
dio inicio a su ejecución y logró avanzar hasta la terminación de la primera
fase de la urbanización. Sin embargo, hoy día se encuentra pendiente la
construcción de las etapas 2 y 3, para lo cual cuentan con el diseño de vías y
rasantes aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín,
aunque el problema radica en que expiró la vigencia de la licencia. La Sala
encuentra que en un principio el proyecto había sido aprobado en su integridad,
pero el cambio de regulación en las indicaciones técnicas de construcción para
proyectos VIP generó la necesidad de ajustar los planos a las nuevas medidas
tomadas por la Administración Municipal. Esto condujo al trámite que desembocó
en el proceso ante la oficina de Planeación de Medellín, donde la aprobación
tomó un tiempo prolongado que culminó justo antes de expirar la vigencia de la
licencia. Así, en consideración a la especial
protección que reviste a la asociación accionante y a las particularidades de
interés social que tiene la obra que se empezó a ejecutar, esta Sala no
encuentra impedimentos para que se tomen las medidas necesarias que ayuden a la
culminación de este proyecto y permitan a estas madres cabeza de familia
acceder a la vivienda que les fue asignada. De esta manera se evitará que dicha
construcción quede en un limbo administrativo y en un abandono material que
genere afectación urbanística, especialmente cuando en estos momentos reúne los
requisitos técnicos para ser levantada.
7.2. Para la Sala, por tanto, el factor de
cambio en la regulación técnica de la construcción de VIP en Medellín puede ser
considerado un desarrollo propio de la política, que modificó las condiciones
en las cuales se venía adelantando la obra Villa Jesusita. Estos cambios, entre
otros factores, generaron la necesidad de realizar modificaciones en los planos
de construcción, pero bajo los mismos términos que venían corriendo para el
diseño anterior. En este sentido, se procederá a dar la posibilidad de que se
continúe la obra, manteniendo la vigencia de la licencia, por un término igual
al que se venía contando antes de su expiración. De esta forma, se brinda la
posibilidad para que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para lograr
que la obra de construcción avance, con el pleno cumplimiento de los requisitos
básicos exigidos.
7.2.1. En virtud de lo expuesto, esta Sala
procederá a revocar la sentencia del nueve (09) de diciembre de dos mil quince
(2015), proferida en única instancia por el Juzgado Treinta y Nueve Penal
Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías, que declaró
improcedente la solicitud de protección constitucional invocada. En su lugar,
el concederá la protección al derecho fundamental a la vivienda digna invocado
por la Asociación de Mujer Afrocolombianas y demás Asociados Cabeza de Familia
para el Desarrollo Socio Empresarial y la Vivienda – AMCAF. De igual forma, se
procederá a ordenar a las entidades accionadas dar reapertura a la licencia de
construcción para la continuación del proyecto Villa Jesusita, por el mismo
término inicialmente concedido y con posibilidad de prórroga. Para estos
efectos, los términos de entregas y vencimientos deberán empezar a contarse a
partir de la notificación de esta providencia.
7.2.2. Las órdenes que la Sala impartirá tienen
como propósito restablecer la oportunidad de las madres afrodescendientes
cabeza de familia que pertenecen a la AMCAF, para que así puedan acceder a una
vivienda digna y materializar el subsidio del cual fueron beneficiarias por
parte del Estado. Además, con ellas se busca presentar una advertencia a las
autoridades administrativas en el municipio de Medellín, para que desplieguen
una valoración especial en los casos de procedimientos y trámites relacionados
con la satisfacción de necesidades básicas de comunidades o personas amparadas
por una protección constitucional reforzada.
III. DECISIÓN
Las entidades públicas que realizan
trámites para la expedición de licencias de construcción, vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de sujetos de especial
protección (como aquellas que hacen parte de una asociación de madres cabeza de
familia afrodescendientes), cuando niegan la prórroga extralegal de una
licencia urbanística dirigida a terminar un proyecto de vivienda de interés
prioritario (VIP), sin considerar (i) su especial condición y (ii) que existían
razones que justificaban la demora (en este caso, luego de un cambio en la
regulación municipal, se ven obligadas a realizar ajustes técnicos dentro de un
término para el cual no cuentan con la capacidad financiera y logística que les
permita cumplir oportunamente).
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del nueve (09) de diciembre de dos mil quince (2015),
proferida en única instancia por el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal de
Medellín con Función de Control de Garantías, que declaró improcedente la
solicitud de protección constitucional invocada. En su lugar, CONCEDER
la protección al derecho fundamental a la vivienda digna  invocado por la
Asociación de Mujeres Afrocolombianas y demás Asociados Cabeza de Familia para
el Desarrollo Socio Empresarial y la Vivienda – AMCAF.
SEGUNDO.- ORDENAR al municipio de Medellín y a la
Curaduría Cuarta de Medellín que dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a realizar los
trámites correspondientes para la renovación de la licencia de construcción
dirigida a la continuación del proyecto Villa Jesusita. Para estos efectos se
dará el mismo término inicialmente concedido y con posibilidad de prórroga. Los
términos de entregas y vigencias deberán contabilizarse a partir de la
notificación de esta sentencia.
TERCERO.- ADVERTIR al municipio de Medellín y a las dependencias administrativas que lo
integran la necesidad de realizar una valoración
especial en los casos de procedimientos y trámites relacionados con la
satisfacción de necesidades básicas de comunidades o personas amparadas por una
protección constitucional reforzada.
CUARTO.- LIBRAR
las comunicaciones por la Secretaría General de la
Corte Constitucional, así como DISPONER las notificaciones a las partes
a través del Juzgado Treinta y Seis Administrativo Oral de Medellín, previstas
en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e)
[1] Este proceso fue seleccionado el día 14 de
abril de dos mil dieciséis por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro de
la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortíz
Delgado y el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. El reparto inicial del
expediente correspondió al Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien
presentó proyecto de fallo el día veintiuno de julio de dos mil dieciséis. En
esa ocasión, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas fue integrada únicamente
por el Magistrado sustanciador y el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien
presentó salvamento de voto el día diecinueve de octubre de ese mismo año. Por
designación de la Sala Plena de la Corte, fue encargado el Magistrado Aquiles
Arrieta Gómez en el despacho del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y el
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva fue reemplazado en encargo por el
Magistrado José Antonio Cepeda Amarís.
[2] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 33. Copia de la cédula de ciudadanía de María Jesusita Nohemi Asprilla
Martínez, en la que se advierte que tiene 55 años de edad.
[3] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folios. 16-19. Copia de la Resolución C4-0175 de 2010, por medio de la cual, la
Curaduría Cuarta de Medellín expidió la licencia de urbanización y construcción
simultánea y división por etapas para el proyecto de vivienda de interés
prioritaria Villa Jesusita.
[4] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folios. 34-38. Copia de la Resolución 0000788 del 02 de septiembre de 2013, “[p]or
la cual se asigna subsidio municipal en dinero a cinco (5) grupos familiares –
población afectada por obra pública de interés colectivo – para adquisición de
vivienda nueva en el proyecto Villa Jesusita Altos del Jardín de la OPV AMCAF y
se incorpora el valor del inmueble o mejora que resultó afectado como aporte
para el cierre financiero de la vivienda”.
[5] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 20. Copia de informe de radicación del 14 de marzo de 2013, expedido por
la Curaduría Cuarta de Medellín, donde reciben por parte de AMCAF: (i) copia de
Certificado de Tradición y Libertad; (ii) Certificado de Existencia y
Representación Legal; (iii) licencia de construcción anterior; y (iv) estudio
geotécnico y de sueldos.
[6] VIP: vivienda de interés prioritario.
[7] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folios. 3-4. La accionante relaciona los siguientes subsidios aprobados: (i)
Resolución 0001509 del 13 de diciembre de 2012 = 24 subsidios de vivienda por
valor de $13.034.100 para un total de $312.818.400; (ii) Resolución 0000788 del
02 de septiembre de 2013 = 5 subsidios por un valor promedio de $29.393.146
para un total de $146.965.732; (iii) Resolución 0000827 del 11 de septiembre de
2013 = 3 subsidios por valor en promedio de $28.346.483 para un total de
$85.039.450; y (iv) Resolución 0000989 del 24 de octubre de 2013 = 30 subsidios
de vivienda por valor de $13.558.500 y uno por valor de $20.632.500 para un
total de $427.387.500.
[8] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 4. La accionante discrimina los desembolsos de la siguiente forma: (i)
primer desembolso 17/04/13 = $99.218.400; (ii) segundo desembolso 17/12/13 =
$203.693.750; (iii) tercer desembolso 13/05/14 = $56.307.312; (iv) cuarto
desembolso 13/05/14 = $9.778.735; (v) quinto desembolso 13/05/14 = 23.589.717;
(vi) sexto desembolso 17/07/14 = $125.127.360; total desembolsado =
$517.715.274.
[9] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 4. De igual forma, dentro de los folios 21 a 28 se encuentra la copia de
los planos del proyecto urbanístico Villa Jesusita.
[10] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 5.
[11] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 5.
[12] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folios. 42-43.
[13] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 59.
[14] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 59. Asimismo, entre los folios 29-30 se encuentra copia de concepto
sobre la incorporación del Plano Topográfico y de Diseño Vial para el proyecto
Villa Jesusita II, emitido por el Departamento Administrativo de Planeación de
Medellín. Este documento expresa que: “el plano se encuentra bien
georeferenciado y se ajusta a la cartografía inicial, dado que el área y el
contorno coinciden con la información de la Geo data base de Catastro
Municipal”. Así también, informa que serán los curadores urbanos quienes
determinarán el momento del inicio o terminación el cumplimiento normativo de
manera integral.
[15] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 59. Igualmente, entre los folios 71-73 se encuentra copia de oficio remitido
por la Subdirección de Planeación Territorial y Estratégica de Medellín el día
18 de junio de 2013, donde informan al señor Guillermo Ospina sobre los
lineamientos que deben seguir los planos de las vías obligadas.
[16] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 59.
[17] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 85.
[18] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 85.
[19] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folio. 85.
[20] Expediente T-5.455.313. Primer cuaderno,
folios. 106-108.
[21] La corte Constitucional aceptó la procedencia de la tutela para lograr la protección del derecho a la
vivienda digna, siempre
que la lesión de tal prerrogativa pudiera tener como consecuencia la amenaza o
vulneración de otros derechos del peticionario, tales como la vida, la
integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros. También cuando se
pudiera evidenciar una afectación del mínimo vital, especialmente en personas
que se encontraran en situación de debilidad manifiesta. Posteriormente, bajo
la idea de ampliar las hipótesis de protección de los derechos, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la garantía del derecho a la
vivienda en condiciones dignas debe ser considerada fundamental, y en tal
sentido, admite la intervención del juez de amparo.  En tal sentido se pueden
revisar las sentencias T-617 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-190
de 1999 (MP Fabio Morón Díaz), T-626 de 2000 (Álvaro Tafur Galvis), T-1073 de
2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-363 de 2004 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-894 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería), T-585 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T- 865 de 2011 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, SV Humberto Antonio Sierra Porto), T-761 de 2011 (MP
María Victoria Calle Correa) y T-349 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[22] La Corte dijo al respecto: “cuando la protección del derecho a la
vivienda digna sea solicitada al juez de tutela, dicha autoridad no podrá sin
más desconocer la procedibilidad del amparo valiéndose del supuesto carácter no
fundamental del derecho, así como tampoco será apropiado que recurra al
criterio de la conexidad para negar la admisibilidad del amparo.” Corte
Constitucional, sentencia T-585 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En
este caso se ordenó a la CAJA DE VIVIENDA POPULAR del Distrito Capital que en
el plazo improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas incluyera al accionante y
a su grupo familiar (dos hijas y su padre) en un programa de reasentamientos
con fundamento en el cual se garantice el acceso de estas personas a todas
aquellas prestaciones a las que tienen derecho los habitantes de las zonas
declaradas de alto riesgo no mitigable en aplicación de las normas en la
materia.
[23] Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado; SPV Jorge Iván Palacio Palacio). Al respecto puede verse también
la sentencia T-082 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[24] Plan Estratégico Habitacional de Medellín
2020: comentarios y aportes de los actores. En este documento funge la señora
María Jesusita Noemi Asprilla Martínez, identificada con Cédula de Ciudadanía
43510361, como representante legal de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas y demás
Asociados Cabeza de Familia para el Desarrollo Socio Empresarial y la Vivienda
(AMCAF). Disponible en:
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/PEHM/Aportespehc.pdf
[25] Inventario sobre Organizaciones de Base
Afrodescendientes en el Departamento de Antioquia.
[26] En su página de internet, el Concejo
Municipal de Medellín publicó el Boletín 035 del 08 de febrero de 2017, en el
cual señalan que hubo una reunión entre la representante
legal de la AMCAF, María Jesusita Asprilla Martínez; el Concejal Jesús Aníbal
Echeverri Jiménez; la Presidenta del Concejo de Medellín, Liliana Posada
Rodríguez; el señor Jesús Aníbal Echeverri Jiménez; y la abogada del Concejo de
Medellín, Ana María Sepúlveda Marulanda. Esto se encuentra disponible en: http://www.concejodemedellin.gov.co/concejo/concejo/index.php?sub_cat=16296#.WQduLIiGPIU
[27] En la Sentencia T-610 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo), la Sala Segunda de Revisión de Tutelas explicó que la
legitimidad por activa en la acción de tutela se desenvuelve en las siguientes
esferas: “(i) la del ejercicio directo de la acción. (ii) la de su ejercicio por
medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio
por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición
de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo) y (iv) la del
ejercicio a través de agente oficioso”.
[28] El artículo 51 de la Constitución Política de 1991 consagra que “Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
[29] El artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, sostiene que: “[t]oda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. Por su parte, el numeral 1º del
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, establece
que “Los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua de las condiciones de existencia (…)”. A
su vez, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su Observación
General N°. 4 de 1991 se refirió a este derecho de la siguiente manera: “el derecho a la vivienda no se debe
interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo,
con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la
cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más
bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”. Por
otro lado, desarrolló el concepto
de vivienda adecuada, al que se refería el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en los siguientes
términos: "el concepto
de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un
costo razonable".
[30] El derecho a la vivienda digna, en principio, no fue considerado
como fundamental por la Corte Constitucional. Así pasó con los demás
derechos económicos, sociales y culturales, pues al considerarse como derechos
de carácter prestacional, su contenido debía ser precisado, en forma
programática y progresiva, por el legislador y la administración, de
conformidad con las condiciones jurídicas, materiales y económicas del momento,
salvo en los casos de conexidad. Ver entre otras las
sentencias T-251 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-258 de 1997 (MP Carlos
Gaviria Díaz); T-203 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-958 de 2001 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), T- 1318 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-530 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En efecto, la Corte manifestaba que la
acción de tutela procedía para amparar el derecho a la vivienda digna, siempre
que se cumplieran los requisitos generales de procedencia de esta acción, y
cuando se estuviera frente a actuaciones arbitrarias de las autoridades públicas
y de los particulares. En Sentencias como la T-258 de
1997 (MP Carlos Gaviria Díaz), la Corte Señaló: “[…] Así, las autoridades deben
facilitar la adquisición de vivienda, especialmente en los sectores inferiores
y medios de la sociedad, donde aparece detectado un déficit del servicio; para
tal efecto los particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por
la ley. Este derecho de contenido social no le
otorga a la persona un derecho subjetivo para exigir en forma inmediata y
directa del Estado su plena satisfacción, pues se requiere del cumplimiento de
condiciones jurídico-materiales que lo hagan posible. Por otra parte la Constitución señaló el derecho que tiene toda
persona para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Dicho derecho, que se
cataloga como de segunda generación y que se sitúa junto con otros derechos de
carácter económico, no tiene la protección inmediata que le puede brindar la
acción de tutela, pues en su condición de derecho asistencial, le corresponde
al Estado la obligación de desarrollar planes de vivienda, ya sea directamente
o por medio de contratos con particulares, todo de acuerdo con la ley. Por tal
motivo, las condiciones jurídicas, económicas y materiales son las que
determinarán la efectiva materialización de tal derecho (…)”. Al respecto ver
también la sentencia T-495 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[31] En la sentencia T-079 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo), por
ejemplo, se tuteló el derecho fundamental a una vivienda digna, se ordena hacer
las gestiones necesarias para reubicar en una vivienda de interés social a un
sujeto de especial protección constitucional ­–una persona de la tercera edad
(más de 62 años), madre cabeza de familia, analfabeta, de escasos recursos
económicos, sin ingreso fijo, sin la expectativa de ser beneficiaria de una
pensión y que durante su actividad laboral trabajó como empleada del servicio
doméstico–, a la cual se le había demolido su casa, por encontrarse en una zona
de riesgo. Esta posición fue reiterada por la sentencia T-544 de 2009 (MP María
Victoria Calle Correa) en la cual también se tuteló el derecho a la vivienda
digna.
[32] Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2008 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[33] En relación a la protección del derecho a la vivienda digna, y el
avance de la tesis de la conexidad, ver, entre otras, las siguientes
sentencias: T-569 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz), T-617 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero),  T-190 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz),  T-626 de 2000 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-1073 de 2001 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-756 de
2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-363 de 2004 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-791 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería) y T-894 de 2005 (MP Jaime
Araujo Rentería). Confrontar al respecto las sentencias T-895 de 2008 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-036 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-282 de 2012 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-175 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-197 de 2014 (MP Alberto
Rojas Ríos), T-544 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[34] Este supuesto de la conexidad se
defendió con la intención de proteger de manera efectiva las garantías
constitucionales que pudieran resultar afectadas por causa de la transgresión
del derecho a la vivienda digna. Sobre esta cuestión, y su evolución, ver al
respecto, entre otras, las sentencias T-756 de 2003 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T- 363 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández),  T-1075 de 2007 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T-079 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T- 036 de 2010
(MP Jorge Iván palacio Palacio), T-437 de 2012 (MP Adriana María Guillén
Arango), y T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Gloria Stella
Ortiz Delgado), en las que la Corte defendió la procedencia de la acción de
tutela para el amparo del derecho a la vivienda digna, cuando se trata de
personas en situación de debilidad manifiesta y para los casos en que existiera
una afectación cierta del mínimo vital del núcleo familiar del accionante.
[35] Corte Constitucional, sentencia T-203 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa). En esta sentencia la Corte determinó que: “[…]la
Corte Constitucional ha reconocido en prolija jurisprudencia que, en virtud del
factor de conexidad, los derechos de segunda generación v.gr. los derechos a la
salud, a la seguridad social o a la vivienda digna, pueden ser protegidos de la
misma forma que los derechos fundamentales. A este respecto, la Corte ha dicho:
Los derechos fundamentales por
conexidad son aquellos que
no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les
es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación
con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma
inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos
[…]”. Ver entre otras las sentencias C-575 de 1992 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-021 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-617 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-011 de 1998 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), T-666 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell), C-328 de 1999 (MP
Martha Victoria Sáchica Méndez),  T-1165 de 2001 (MP Alfredo Beltrán Sierra),
C-560 de 2002 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-959 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa),  Sentencias T-036 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-106 de
2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-484 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
y T-132 de 2015 (MP Martha Sáchica Méndez, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[36] En la sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), la Corte estudió la acción de tutela de un ciudadano que
consideraba que una de las entidades que opera el sistema de transporte público
de Bogotá, –Transmilenio S.A.–, violaba su derecho a la libertad de locomoción
y desconocía la especial protección que la Constitución le brinda, al no haber
garantizado la accesibilidad a las rutas periféricas [rutas alimentadoras] del
Sistema a las personas con discapacidad –en concreto, personas en silla de
ruedas–. La Corte resolvió el caso a favor del accionante. Consideró que el
derecho de los discapacitados para acceder al sistema de transporte público en
condiciones de igualdad supone una faceta prestacional de la libertad de
locomoción de carácter progresivo, por cuanto requiere “tiempo para diseñar
y planificar, así como la necesidad de apropiar y destinar recursos para
adecuar las condiciones existentes”. Por eso, el cumplimiento pleno e
integral de esta faceta del derecho no puede ser exigido de forma instantánea.
De acuerdo con la Corte, en este campo, como en otros, “[e]s preciso que
gradualmente se vayan implementado las diversas políticas que aseguren a los
discapacitados su inclusión a la sociedad.”
[37] En lo
concerniente al desarrollo
jurisprudencial de la tesis del carácter fundamental autónomo del derecho a la
vivienda digna, la Corte ha descartado el argumento de que su contenido
principalmente prestacional y de desarrollo progresivo impida su reconocimiento
como fundamental. Sobre la
dimensión prestacional de los derechos fundamentales se pueden ver, entre muchas otras, las
siguientes sentencias: T-427 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-595 de
2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),  T-680 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-087
de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-016 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-760 de 2008 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
SV María Victoria Calle Correa; SV Humberto Antonio Sierra Porto) y T-743 de
2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SPV Mauricio González Cuervo).
[38] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[39] Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-016
de 2007 (MP Antonio Humberto Sierra Porto).
Se consideró ‘artificioso’ tener que recurrir a la ‘estrategia de la conexidad’
para poder proteger derechos constitucionales que aunque tienen una connotación
prestacional, son fundamentales, por lo que su justiciabilidad debe hacerse de
marea expedita a través de la acción de tutela.” En este caso se tuteló el
derecho a la salud del accionante.
[40] Al respecto, ver el capítulo 8° de la parte considerativa de la
Sentencia C-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González
Cuervo), en la cual se declaró el estado de cosas inconstitucional en el
sistema carcelario y penitenciario.
[41] Corte Constitucional, sentencia T-016 de
2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En este fallo, la Corte precisó que el
carácter fundamental de un derecho no puede estar sometido a la forma en que se
hace efectivo este, y que todos los derechos son fundamentales, por cuanto se
conectan directamente con los valores que el Constituyente del 91 quiso elevar
a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Ver
además, las sentencias T-1103 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-440
de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-504 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra porto), T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y T-459 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[42] Corte Constitucional, sentencia T-530 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto). En este fallo, esta Corporación reconoció que el derecho a la
vivienda digna está estrictamente ligado con la dignidad humana, pues de ello
depende que los sujetos puedan elegir libremente su plan de vida, y puedan
desarrollar un papel activo en la sociedad. Específicamente señaló la Corte que
“la Constitución al autorizar el reconocimiento de derechos fundamentales no
positivizados explícitamente en su capítulo primero (1º) permitió que la Corte
incluyera dentro de esta categoría a la vivienda digna como una condición para
lograr la libertad de elección del plan de vida concreto y la posibilidad de
funcionar en la sociedad, desarrollando un papel activo en ella. En estos
términos, calificar como fundamental el derecho a la vivienda digna a pesar de
que hacer parte de los derechos económicos, sociales y culturales, llevó a esta
colegiatura a adoptar una postura más cercana al ideario plasmado por los
Constituyentes y, adicionalmente, más respetuosa de los compromisos adquiridos
por el Estado colombiano a nivel internacional”. Esta posición fue reiterada,
entre otras, en las sentencias T-886 de 2014 (MP María Victoria Calle
Correa), la Corte T-763 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-433 de
2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[43] Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
En este fallo esta Corporación precisó que en virtud del carácter fundamental
del derecho a la vivienda digna, éste puede ser exigible al Estado colombiano
de manera inmediata a través de la acción de tutela. No obstante, ello no implica que todos los
aspectos que se deriven de la garantía de este derecho se puedan exigir del
mismo modo, pues para el cumplimiento de algunas de estas obligaciones la
administración requiere de la inversión de recursos humanos y económicos, que hacen
que su satisfacción esté sometida a una cierta gradualidad. En efecto, al Estado colombiano le es exigible en un corto plazo,
el contenido mínimo o esencial del derecho fundamental a la vivienda digna.
Esta posición fue
reiterada, entre otras, en las sentencias T-763 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y T-433 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[44] Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
En este fallo esta Corporación precisó las facetas del derecho fundamental a la
vivienda digna que deben cumplirse de
inmediato o en períodos breves de tiempo. Esta posición fue reiterada, entre otras, en las sentencias T-763 de
2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-433 de 2016 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[45] La Observación General N° 4 (1991) al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, relativa al derecho a una vivienda
adecuada ha sido acogida en varias ocasiones por la
Corte Constitucional. Así, por ejemplo, en la sentencia C-936 de 2003 (MP
Eduardo Montealegre Lynett, SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño,
Clara Inés Vargas Hernández), la Corte Constitucional resolvió declarar
exequible, por los cargos analizados en la sentencia, el artículo 1° de la Ley
795 de 2003 “por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones”, en el entendido que el
reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional debe someterse a los objetivos
y criterios señalados el artículo 51 de la Constitución y en los artículos 1 y
2 de la ley marco 546 de 1999 y demás reglas de esta ley que sean aplicables al
leasing habitacional y encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda. A partir de esta sentencia, esta Corporación ha recurrido al artículo que derecho
a una vivienda adecuada (Art.11) del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (cuyo contenido ha sido interpretado por la Observación
General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales), con el fin
de precisar el alcance y el contenido del derecho. Este instrumento
internacional es un referente interpretativo que permite dilucidar el contenido
del artículo 51 constitucional. Al respecto ver también, entre otras, las
sentencias T-495 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-530 de
2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-907 de 2010 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-045 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-019 de 2014
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-188 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa).
[46] Observación General No. 4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículo 7: “En opinión del Comité, el derecho a la
vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un
tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una
comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz
y dignidad en alguna parte.  Y así debe ser por lo menos por dos razones.
En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros
derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al
Pacto.  Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana",
de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término
"vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras
diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe
garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos
económicos.  En segundo lugar, la referencia que figura en el
párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda
a secas, sino de vivienda adecuada.  Como han reconocido la Comisión de
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el
Año 2000 en su párrafo 5:”el concepto de "vivienda
adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en
relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo
razonable”.
[47] En la sentencia T-237 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz) se tuteló el
derecho a la vida de los accionantes (una familia) en contra de la compañía de
acueducto, por considerar que las construcciones realizadas por la entidad
habían ocasionado, parcialmente, el deterioro de su vivienda, hasta el punto de
poner en riesgo sus vidas. La Corte resolvió ordenar “(…) a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santafé de Bogotá que, en el término
máximo 48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, disponga la
ejecución de las obras mínimas necesarias para evitar el derrumbamiento de la
casa de habitación de la señora María Trinidad Torres de Bernal y su familia.”
[48] En la sentencia T-269 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz) se resolvió
tutelar los derechos a la vida, a una vivienda digna, a la propiedad y a un
medio ambiente sano de un grupo de personas que habitaban casas que amenazaban
ruina, por un problema en el terreno que la Administración conocía, había tolerado y permitido, sin tomar acción alguna efectiva al
respecto. La Corte resolvió ordenar al Alcalde del Distrito Especial Industrial
y Portuario de Barranquilla  (1) que elaborara un plan de acción específico y
lo pusiera en práctica, hasta tanto concluya la cobertura del arroyo Don Juan,
(2) que se abstuviera de autorizar, permitir o tolerar la construcción de cualquier
edificación sobre el área tributaria del arroyo Don Juan, y las remodelaciones
de las construcciones allí existentes que impliquen aumento del número de
residentes en esa área, y  (3) que continuara la actuación administrativa
tendente a la adquisición, por parte de ese municipio, de las viviendas de los
actores y su subsiguiente reubicación, la que debía completarse en el término
máximo de seis (6) meses.
[49] Corte Constitucional, sentencia T-958
de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En esta sentencia, la
Corte determinó que el derecho a la vivienda digna se concreta cuando las
personas pueden acceder realmente a un espacio físico de habitación para sí
mismas y su familia, en el que desarrollen sus proyectos de vida en condiciones
dignas. Entre otras, se pueden ver también las sentencias T-791 de 23 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), T-894 de 2005 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-1017 de 2007 (MP Mauricio González Cuervo, AV Jaime Araujo
Rentería), T-079 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-238A de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo), y T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[50] Corte Constitucional, sentencia T-894 de 2005 (MP Jaime Araujo
Rentería), en este caso se resolvió ordenar  a la entidad administrativa
correspondiente (la Alcaldía de Neiva), que si aún no lo había hecho,
procediera a “reubicar la vivienda de la [accionante] y de su grupo familiar,
en los términos establecidos en las normas que le son aplicables, en aras de
salvaguardar los derechos fundamentales que se consideran vulnerados.” La
Corte estimó que en este caso se estaba “ante la vulneración de derechos
fundamentales de los miembros de un grupo familiar conformado en su mayoría por
menores de edad, que conforme a la
Carta Constitucional y a los tratados internacionales, gozan de una especial y
reforzada protección constitucional, así como del derecho a tener una vivienda
en donde puedan desarrollarse en mínimas condiciones de dignidad. Esta
protección es aún más notoria, si se tiene en cuenta que la menor [de las
hijas], de 5 años de edad, afectada del Síndrome de Down, por su
circunstancia de debilidad manifiesta dada su condición física y mental y por
la excesiva vulnerabilidad a la que se ve expuesta, es merecedora de un trato
preferente y de una especial protección.”
[51] Corte Constitucional, sentencia T-601 de 2007 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa); en este caso se ordenó, entre otras cosas, que en el térmi­no
de un mes contado a partir de la notificación de la sentencia, si aún no lo
había hecho, determinara cuáles son las medidas adecuadas que se deben tomar
para superar el riesgo que amenaza la vivienda de la accionante, así como
determinar el tiempo en el cual tales obras deben ser realizadas, el cual no
podrá ser superior a 10 meses.
[52] Corte Constitucional, sentencia T-544 de 2009 (MP María Victoria
Calle Correa). En el caso se resolvió, entre otras cosas, ordenar a la Alcaldía
Municipal de Girardot que si aún no había entregado el lote correspondiente a
cada uno de los accionantes y el resto de sus familias, tomara las medidas
adecuadas y necesarias para asegurar la tenencia de sus viviendas actuales,
hasta tanto no se les haga la entrega correspondiente. En caso de que la
Alcaldía no pudiera adoptar medidas en tal sentido y los accionantes junto con
sus familias fueran desalojados, se adoptarían las medidas adecuadas y
necesarias para que 48 horas antes del momento en que fueran a ser desalojados,
contaran con una vivienda transitoria. Sobre reasentamientos ver, entre otras,
la sentencias T-585 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-530 de 2011
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-681 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio, AV Alberto Rojas Ríos).
[53] Corte Constitucional, sentencia T-1216 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), en este caso se decidió tutelar los derechos de las personas
que habitaban en una casa que ‘podría’ estar en situación de riesgo. La
Corte consideró que no existía cereza frente a la existencia o no del riesgo.
Al respecto consideró: “El experticio rendido por la ingeniera que participó en
la inspección judicial realizada por el Juez Civil del Circuito de Bolívar
concluye que la vivienda de la actora se encontraba en alto riego de
deslizamiento debido a las obras de construcción de la carretera. Luego, el
informe de los ingenieros al servicio de la
Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca determinó que no se
observaba un riesgo inminente de derrumbe de la vivienda. Como se observa, los
dos informes llegan a una conclusión distinta. De allí se deriva que no se
puede aseverar de forma definitiva que la acción o la omisión de las
autoridades departamentales hayan producido una amenaza contra los derechos
fundamentales de la demandante.” Para la
Corte en este caso existía “(…) un grado importante de incertidumbre acerca de
las posibles consecuencias de la construcción de la carretera y el talud en las
inmediaciones del predio de la actora, con la correspondiente amenaza sobre
[sus] derechos.”
[54] Corte Constitucional, sentencia T-1216 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). En este caso se resolvió ordenar al ente administrativo
correspondiente (el Departa­mento del Cauca) realizar “los estudios apropiados
sobre el predio de la accionante […] con el objeto de descartar o confirmar si
las obras [adelan­tadas por la
Administración han] generado un riesgo de deslizamiento para los terrenos de
la actora y amenazan el derrumbe de su vivienda,” advirtiendo que la “Facultad
de Ingeniería Civil de la Univer­sidad del Cauca supervisará la realización de
los estudios.” Adicionalmente, la Corte ordenó a la Administración que, en caso de verificar la existencia del riesgo, debería “tomar las medidas
más adecuadas para neutralizar el peligro, para lo cual procurará llegar a
acuerdos con la demandante acerca de la fórmula más indicada para lograrlo. Si
el riesgo identificado es alto y próximo, deberán tomarse medidas con rapidez,
en un plazo que no supere los dos (2) meses siguientes a la culminación de los
estudios. Si el riesgo es moderado con tendencia al deterioro, la
administración definirá el término junto con la actora, aun cuando este no
podrá ser superior a los seis (6) meses, en el momento de establecer cuál es la
mejor solución para enfrentar el peligro.”
[55] Corte Constitucional, sentencia T-544 de 2009 (MP María Victoria
Calle Correa).
[56] Corte Constitucional, sentencia
C-936 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett, SV Alfredo Beltrán Sierra,
Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández).
Al respecto ver también, entre otras, las sentencias Corte
Constitucional, sentencia T-544 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-495 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-530
de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-907 de 2010 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-045 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-019 de 2014
(MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-024 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, AV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-188 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa).
[57] Observación General No. 4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, artículo 8.
Las condiciones que configuran la vivienda adecuada son: “a) Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una
variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en
cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de
emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o
propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar
de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal
contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas (…). //b) Disponibilidad
de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada
debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la
comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a
agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a
instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. //c) Gastos
soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían
ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de
otras necesidades básicas (…). //d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe
ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y
de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.
Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes (…). //e)
Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso
pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda.
Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de
la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños,
los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH
positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos
mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas
en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas (…). //f) Lugar.
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las
opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención
para niños, escuelas y otros servicios sociales (…). De manera semejante, la
vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad
inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los
habitantes. //g) Adecuación cultural. La manera en que se construye la
vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se
apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la
modernización en la esfera de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen
las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros,
los servicios tecnológicos modernos”.
[58] Observación General N° 4 (1991) al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, relativa al derecho a una vivienda. Al
respecto ver la sentencia Corte Constitucional, sentencia T-544 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa).
[59] Así lo reconoce la Comisión de Asentamientos Humanos y la
Estrategia Mundial de Vivienda. Disponible en: http://ww2.unhabitat.org/chs18/English/hsc182s.pdf.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz). En esta sentencia, la Corte, a partir del principio de Estado Social de
Derecho, dedujo la obligación constitucional de la creación de condiciones para asegurar a todos los habitantes del país una
vida digna. En ese sentido, en dicha sentencia se resalta la obligación de las
autoridades de
actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye
la vivienda digna.
[61] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 1998 (MP Carlos Gaviria
Díaz). En esta sentencia la Corte precisó que en el gasto público social se incluyen únicamente aquellas erogaciones que
pretenden mejorar la calidad de vida en forma directa, esto es, facilitando a
todas las personas, y en especial a aquellas de escasos recursos económicos, el
acceso concreto a ciertos bienes o servicios específicos que se consideran
indispensables para llevar una vida digna, por lo cual estos gastos permiten,
en concreto, la formación de capital humano y la satisfacción de derechos
sociales prestacionales reconocidos por la Constitución.
[62] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz, SV Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz).
[63] Corte Constitucional, sentencia
T-831 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería). En esta sentencia la Corte al
ocuparse del régimen general de los subsidios de vivienda, manifestó que éstos
se tratan de una herramienta con que cuenta el Estado, para
lograr que los ciudadanos, con escasos recursos económicos, puedan acceder a
una vivienda en condiciones dignas, dando así aplicación al derecho consagrado
constitucionalmente en el artículo 51. Al respecto ver también, entre otras,
las sentencias T-040 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), C-057 de 2010
(MP Mauricio González Cuervo; SV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván
Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva), T-140 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa), T-675 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-024 de 2015
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-669 de
2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[64] Sobre la protección de madres cabeza de
familia en procesos de construcción y adjudicación de viviendas de interés
prioritario (VIP), puede verse, entre otros fallos de la Corte Constitucional
la sentencia T-270 de 2014 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[65] Las primeras referencias legales sobre el
régimen de construcción de viviendas se dieron con las siguientes referencias:
(i) Ley 46 de 1918, por la cual se indicó que los municipios con más de 15.000
habitantes debían destinar el 2% de sus presupuestos para vivienda higiénica de
clase proletaria; (ii) Ley 70 de 1931 y el Decreto 711 de 1932, que enmarcaron
jurídicamente la constitución del patrimonio de familia y ayudaron a impulsar
la creación del Banco Central Hipotecario; (iii) Ley 61 de 1936, relativa al
patrimonio de familia inembargable; (iv) Ley 170 de 1936, por la cual el Banco
Central Hipotecario fue facultado para financiar programas de construcción; el
Decreto 200 de 1939, que promovió la construcción de vivienda campesina; (v) la
Ley 29 de 1945, para el fomento de vivienda urbana; y (vi) el Decreto 1575 de
1946, sobre financiación de vivienda para trabajadores con la pignoración de
salarios, cesantías y seguros de vida. Posteriormente, se expidieron las leyes 9
de 1989, 3 de 1991 y 388 de 1997, a través de las cuales se regula el
ordenamiento territorial y la implementación de diferentes instrumentos de
gestión de suelo.
[66] Decreto 012 de 2011, punto 2.
[67] Decreto 2060 de 2004, artículo 1º, punto
3.
[68] Decreto 2060 de 2004, artículo 1º, punto
3, parágrafo 1º.
[69] Decreto 2060 de 2004, punto 3.
[70] Decreto 2060 de 2004, literal a).
[71] Decreto 2060 de 2004, artículo 1º, literal
q).
[72] Decreto 2060, artículo 3º.
[73] Decreto 2060, artículo 13.
[74] A saber “a) Cuando los beneficiarios no cumplan con el aporte
mínimo requerido que les corresponda dentro del término de la vigencia del
subsidio.  ||  b) Cuando el grupo familiar al cual se le asignó el subsidio
municipal de mejoramiento no ejecute el mejoramiento de la vivienda dentro del
término de la vigencia inicial del subsidio.  ||  c) Cuando el grupo familiar
al cual se le asignó el subsidio transfiera el dominio de la solución de
vivienda nueva o usada o deje de residir en ella antes de haber transcurrido
diez (10) años desde la fecha de la transferencia o entrega de la vivienda, sin
mediar la autorización a que alude el artículo 9 del presente decreto.  ||  d)
Cuando se evidencie que existió falsedad en los documentos presentados para
acreditar los requisitos establecidos para la asignación del Subsidio Municipal
de Vivienda (SMV) u ocultación de los mismos, que haga incurrir en error al
Administrador del subsidio.  ||  e) Cuando dos miembros de un mismo grupo
familiar soliciten el Subsidio Municipal de Vivienda (SMV) en forma separada y
ambos lo hubieren recibido.  ||  f) Cuando se dé a la solución de vivienda una
destinación diferente para la cual fue diseñada”. Decreto 2339 de 2013, “por el cual se reglamenta la
administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda del
municipio de Medellín”; Artículo 10.
[75] Al respecto ver, por ejemplo, las sentencias T-1095 de 2005 (MP
Clara Inés Vargas Hernández); T-375 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-586
de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-422 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[76] Al respecto ver, entre otras, las sentencias C-931 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa con AV; SV Juan Carlos Henao Pérez y Luis Ernesto
Vargas Silva) y T-691 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[77] Sentencia C-169 de 2001 (MP Carlos Gaviria
Díaz). En esta decisión la Corte revisó la constitucionalidad del proyecto de
ley estatutaria N° 25-S/99 y 217-C/99 “por la cual se reglamenta el artículo
176 de la
Constitución Política, en relación con la participación en la
Cámara de Representantes de los grupos étnicos, las minorías políticas y los
colombianos residentes en el exterior”.
[78] Ver, entre otras, las sentencias C-169 de 2001, MP: Carlos Gaviria
Díaz; T-586 de 2007. MP Nilson Pinilla Pinilla  y T-375 de 2006. MP Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[79] Sentencia C-461 de 2008. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. A este respecto, en la sentencia T-549 de 2006. MP. Jaime
Araujo Rentaría, puntualmente se expresó:  “Por consiguiente, no cabe duda
en relación con que las comunidades negras reconocidas y protegidas
especialmente por el propio Constituyente en el artículo 176 de la
Constitución Nacional, lo mismo que en la ley 70 de 1993, expedida en
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 55 transitorio de la
Carta Política, son titulares calificadas de una serie de derechos
fundamentales, derivados directamente de la obligación estatal de respetar y
garantizar la diversidad étnica y cultural de la
Nación”.
[80] El Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por Colombia el 07 de agosto de
1991.
[81] Convenio 169 de la OIT, artículo 20: “1.
Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en
cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a
los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia
de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén
protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en
general. 2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar
cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: (…) c)
asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las
prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así
como la vivienda”.
[82] En la sentencia C-359 de 2013 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio) se consideraron, por ejemplo, las condiciones
diferenciales para grupos ROM o gitanos.
[83] Duarte, Villamizar, Alvarez
& Rodríguez (2013) Raza y vivienda en Colombia. Dejusticia.
Bogotá, 2013. p.48
[84] Duarte, Villamizar, Alvarez
& Rodríguez (2013) Raza y vivienda en Colombia. Dejusticia.
Bogotá, 2013. p.48
[85] En Colombia, el Ministerio del Interior ha
identificado como minorías étnicas las comunidades indígenas, las comunidades
afrodescendientes y las comunidades ROM (gitanos). Para estos efectos, puede
verse http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-Etnicas-de-Colombia/
[86] Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de
2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería). En este fallo,
la Sala Plena expuso que: “las acciones
afirmativas genéricas autorizadas para las mujeres en el artículo 13 de la
Constitución se diferencian de la ‘especial protección’ que el Estado debe brindar a las
madres cabeza de familia, cuyo fundamento es el artículo 43 de la Carta, pues
estas últimas plantean un vínculo de conexidad directa con la protección de los
hijos menores de edad o discapacitados, donde es razonable suponer que la ayuda
ofrecida redundará en beneficio de toda la familia y no de uno de sus miembros
en particular. De hecho, los objetivos de fondo en ocasiones se dirigen también
a fortalecer la familia como institución básica de la sociedad”.
[87] Corte Constitucional, Sentencia C-169 de
2001 (MP Carlos Gaviria Díaz). En este fallo, la Sala Plena de esta Corporación
sostuvo que desde la interpretación constitucional de la regulación consagrada
en la Ley 70 de 1993, la Ley 99 de 1993 y la Ley 199 de 1995, las comunidades afrodescendientes
se definen como: “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y
conservan conciencia de identidad que las distinguen (sic) de otros grupos
genéricos”.
[88] Decreto 012 de 2011.
[89] Decreto 012 de 2011, punto 3.