C-035-96
Sentencia No
Sentencia No.
C-035/96
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL
Ref: Expediente
D-1011
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 159 (parcial) de la Ley 136 de 1994.
Actor: Jairo Díaz
Hernández.
Magistrado
Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de Bogotá,
D.C., febrero primero (1o.)                                                  de
mil novecientos noventa y seis (1996).
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Jairo
Díaz Hernández, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad
consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la
inexequibilidad del artículo 159 (parcial) de la Ley 136 de 1994.
Admitida la demanda,
se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes; se
fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para
efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se dio traslado al
Procurador General de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia.
Una vez cumplidos
todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el
decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. TEXTO DE LA
NORMA ACUSADA
El tenor literal de
las disposiciones demandadas es el siguiente:
Ley 136 de 1994
"Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios."
"......................................................................................................................."
"Artículo
159. Salario del contralor. El monto de los salarios asignados a los contralores de
los municipios y distritos de categoría especial, primera y segunda será del
ciento por ciento (100%) del salario mensual fijado por el Concejo municipal
para el respectivo alcalde. En los demás municipios, será el setenta
por ciento (70%) del salario mensual del respectivo alcalde.
"............................................................................................."
III. LA DEMANDA
1. Normas
constitucionales que se consideran infringidas
Estima el actor que
la disposición acusada es violatorias del artículo 13 de la Constitución
Política.
2. Fundamentos
de la demanda
A juicio del
demandante, la norma acusada es inconstitucional, toda vez que establece una
discriminación entre las contralorías municipales. Así, sostiene que "si
bien el artículo 320 de la Constitución Política dice que 'La ley podrá
establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales,
importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para
su organización, gobierno y administración.' y en desarrollo de la anterior
disposición el artículo 6o. de la Ley 136 de 1994 estableció la categorización
de los municipios, también es cierto que la Constitución Política no contempla
la posibilidad de establecer diferenciaciones entre las contralorías."
Como sustento de lo
anterior, el demandante hace alusión a la Sentencia C- 223 de 1995 de la Corte
Constitucional, mediante la cual se declaró inexequible la diferenciación de
los salarios de los personeros municipales atendiendo a las categorías de los
municipios, contenida en el artículo 177 de la Ley 136 de 1994. "Si no
existe objetivo serio y razonable que permita a la Ley establecer
diferenciaciones entre las personerías, tampoco lo existe para establecer
diferenciaciones entre las contralorías", puntualiza el actor.
Finalmente
manifiesta que, si la Constitución Política establece que el contralor
distrital y los municipales ejercen iguales funciones y deben reunir los mismos
requisitos para ser elegidos, atendiendo al principio de la igualdad, deben
devengar el mismo salario.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En la oportunidad
legal, el señor procurador general de la Nación
(e) se pronunció sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta
Corporación que se declare la exequibilidad del artículo 159 de la Ley 136 de
1994, a excepción de la expresión "en los demás municipios será el setenta
por ciento (70%)  del salario mensual del respectivo Alcalde", la cual
solicita sea declarada inexequible. "Si al momento de fallar el presente
negocio, ya se hubiere dictado pronunciamiento de mérito dentro del expediente
D-970, se le solicita a la Corte Constitucional estar a lo allí
resuelto.", afirma el señor procurador (e).
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La
competencia
Por dirigirse la
demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, es
competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad,
según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental.
2. La cosa juzgada constitucional
Según
los artículos 243 de la Constitución Política y 46 del Decreto 2067 de 1991,
las sentencias de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada.
En
acatamiento de tales disposiciones, en lo que respecta a la norma demandada,
habrá que estarse a lo resuelto en la sentencia C- 590 de 1995, que, con
ponencia del H. magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, declaró inexequible las
expresiones "de categoría especial, primera y segunda" y
"en los demás municipios será el setenta por ciento (70%) del salario
mensual del respectivo alcalde" contenidas en el artículo 159 de la
Ley 136 de 1994, "por la
cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios."
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el
concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites
previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
ESTESE a lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia No. C- 590 de
1995.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General