C-585-16
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-585/16
NORMA DEL CODIGO CIVIL SOBRE “HIJOS LEGITIMOS”-Inhibición
para decidir de fondo por ineptitud sustancial de la demanda
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
mínimos
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carácter
rogado
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia
Referencia: Expediente D-11380
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 236 del Código Civil.
Demandante: Carlos Saúl Sierra Niño.
Magistrado Ponente:
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, el ciudadano Carlos Saúl Sierra Niño presentó demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 236 del Código Civil. Esto al
considerar que vulnera los artículos 13, 15, 16, 42 y 44 de la Constitución
Política.
Mediante auto del 5 de mayo de 2016, el Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda por considerar que reunía los requisitos
exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, corrió traslado al
Procurador General de la Nación, y comunicó del inicio del proceso al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso, así como al Ministro
del Interior, al Ministro de Justicia y a la Directora del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
Además, se invitó a las Facultades de Derecho de las Universidades de Externado de
Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de los Andes, ICESI de Cali, Eafit
de Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y
del Rosario, para que intervinieran dentro del proceso, con la finalidad de
rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada.
Una vez cumplidos los trámites
previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067
de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la
referencia.
II. LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el artículo demandado:
“Código Civil
(…)
Libro I
(…)
TITULO XI.
DE LOS HIJOS LEGITIMADOS
(…)
ARTÍCULO 236 <HIJOS LEGÍTIMOS>. Son también hijos
legítimos los concebidos fuera de matrimonio y legitimados por el que
posteriormente contraen sus padres, según las reglas y bajo las condiciones que
van a expresarse”.
III. LA DEMANDA
1. El demandante sostiene que el artículo 236 del Código Civil
colombiano, contraviene los artículos 13, 15, 16, 42 incisos 3º y 6º, y 44 de
la Constitución Política, “por cuanto el legislador incurrió en una omisión
a su deber legislativo”. Sin embargo, en el acápite de pretensiones
solicita su inexequibilidad porque quebranta los artículos 4, 6, 29 y 95
Superiores, ya que “atenta contra la dignidad del ser humano”, “ubica
al menor de edad en una categoría injusta y discriminatoria” y deja sin
protección a aquellos hijos concebidos por mujer soltera o casada con hombre
soltero o casado (hijos naturales) y a aquellos hijos que nacieron antes de
contraer matrimonio y que no fueron registrados en la partida de matrimonio
civil o religioso, a quienes se les causa un perjuicio irreparable para el
acceso al patrimonio de familia toda vez que por el origen familiar no podrían
acceder a éste. Insiste en que el legislador en su tarea incurrió en una
omisión legislativa.
2.   Para explicar la acusación, el actor se limita a tomar como suyas
las consideraciones expuestas por esta Corporación en la sentencia C-404 de
2013, en la cual se declaró inexequible la expresión “legítimos” del
artículo 288 del Código Civil que regula la institución de la patria potestad.
Puntualmente, aquellas consideraciones que explican que la Ley 29 de 1982 no
derogó expresa ni globalmente la expresión “hijos legítimos” del
estatuto civil, por lo cual ante las dudas en torno a la derogatoria tácita,
era necesario asumir el estudio de fondo del caso. Así las cosas, en 4 páginas
transcribe esa sentencia haciendo siempre referencia al tema de la patria
potestad.
3. Más adelante, en el mismo acápite denominado concepto de la violación,
el demandante parece plantear que la inconstitucionalidad no deriva de la
totalidad del artículo 236 del Código Civil, sino del término “legítimos”
que ocasiona un trato discriminatorio al comparar a los hijos y resulta
contrario a los valores en que se inspira la Constitución, “puesto que se
encuentra ocasionando un daño al ordenamiento jurídico desconociendo de los (sic)
derechos de los menores que por su origen familiar no podrían acceder al
patrimonio de familia”. Agrega que “dicha norma parece por completo
desconocer la protección de patria potestad respecto de aquellos hijos
concebidos en el marco de uniones maritales de hecho, contenidos en el artículo
42 de la Constitución Política”.
4. Manifiesta que “la frase de la norma acusada” viola el artículo
13 Superior, porque establece una clasificación histórica de los hijos que
perpetua una diferencia de trato, de tal forma que “el término ‘legítimos’
contenido en el artículo 28 de la Ley 70 de 1931, atenta y vulnera el derecho a
la igualdad porque se traduce en una grave discriminación relacionada con el
origen de los hijos vinculado a un linaje familiar o al nacimiento”. Añade
que también atenta contra el derecho a la dignidad humana, “ya que
discrimina a un ser incapaz, inocente y que no tiene la culpa y mucho menos la
capacidad de dilucidar las consecuencias de unos actos humanos anteriores a la
concepción”.
5. Luego de ello, la demanda nuevamente toma como suyas las consideraciones
de la sentencia C-404 de 2013, haciendo una transcripción in extenso de
la misma con párrafos como los siguientes, con los cuales pretende fundamentar
el concepto de la violación de la norma actualmente cuestionada:
“Pues bien, el artículo 288 del Código Civil consagra el
ejercicio de la patria potestad de forma conjunta por los padres sobre los
hijos “legítimos”, como un derecho que les reconoce para facilitar los
deberes que su calidad de progenitores les impone. Sobre el punto, esta
Corporación ha sostenido que la patria potestad es una institución de orden
público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e
indisponible, porque es deber de los padres ejercerla en interés del menor, sin
que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulado ni extinguido por
la propia voluntad privada.
De allí que ha definido la patria potestad como “el
conjunto de derechos y facultades que la ley atribuye al padre y a la madre
sobre la persona y los bienes de los hijos, para facilitar a aquellos el
cumplimiento de los deberes que su condición les impone, es decir, para
garantizar respecto de los hijos su protección, bienestar y formación integral,
desde el momento mismo de la concepción, y mientras sean menores de edad y no
se hayan emancipado”. También ha precisado que la patria potestad “hace
referencia a un régimen paterno-filial de protección del hijo menor no
emancipado, en cabeza de sus padres, que no deriva del matrimonio de estos pues
surge por ministerio de la ley independientemente a la existencia de dicho
vinculo”.
Así, la Corte ha establecido que la patria potestad es
una institución creada por el derecho para facilitar la observancia adecuada de
los deberes impuestos por el parentesco y la filiación, lo que significa que la
patria potestad no se ha otorgado a los padres en provecho personal, sino como
un deber que reporta bienestar al menor en cuanto a la crianza, la educación,
el establecimiento de la persona; éstos último relacionado directamente con la
ayuda y asistencia que le deben otorgar al menor.
Siendo entonces la institución de la patria potestad un
instrumento para garantizar el desarrollo armónico e integral del menor, y que
a su vez sirve para imponer a la pareja el deber de sostener y educar a los
hijos mientras sean menores (artículo 42-8 Superior), limitar ese beneficio
solo para los hijos “legítimos”, es decir, a aquellos concebidos dentro
del matrimonio de sus progenitores, claramente desconoce el postulado de
igualdad material que debe existir entre los hijos, habida consideración que
fija un parámetro de exclusión para aquellos hijos cuyo lazo filial tiene su
cimiente extramatrimonial o adoptivo.
No cabe duda de que la expresión acusada pone en
evidencia una diferenciación de trato entre los hijos que resulta inadmisible
desde el punto de vista constitucional, ya que restringe el disfrute de la
protección que otorga la patria potestad ejercida conjuntamente por los padres,
sólo a los hijos habidos dentro del matrimonio, situación que genera una
discriminación legal por el origen familiar o por el nacimiento de los hijos
cuyo modo de filiación es extramatrimonial o adoptivo, desconociendo los
principios y valores que enmarcan la Constitución Política de 1991, en especial
lo atinente a la igualdad de trato ante la ley que consagra el artículo 13
Superior.
Ello resulta suficiente para declarar inexequible la expresión acusada
con el fin de conciliar la contradicción discriminatoria de trato que incluye
el artículo 288 del Código Civil como norma legal preconstitucional, respecto
del principio de igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos que
consagra como mandato constitucional la Carta de 1991, y la prohibición de
discriminación por el origen familiar entre los hijos.
(…)
En ese orden de ideas, el que el inciso 2° del artículo
288 del Código Civil consagre el ejercicio de la patria potestad como un
ejercicio conjunto de los padres respecto de los hijos “legítimos”,
quienes a su vez son titulares del beneficio que otorga esa protección
parental, constituye una discriminación por el origen familiar que excluye en
la literalidad del lenguaje empleado, a los hijos extramatrimoniales y a los
adoptivos. Así, no existe ninguna justificación para que ese deber, que a la
vez es un beneficio que se debe predicar en favor de todos los hijos al margen
de los modos de filiación, se restrinja al lazo matrimonial porque claramente
trae consigo una discriminación por el origen familiar que amerita el que la
expresión “legítimos” acusada, sea retirada del ordenamiento
jurídico.
Y es que además de ello, el efecto simbólico del
lenguaje que trae consigo esa expresión, pone de presente un trato diferencial
entre los hijos que gozan de una consanguinidad matrimonial y los que la detentan
de forma extramatrimonial, situación que no está acorde con los postulados y
valores constitucionales, y que desconoce el principio de la dignidad humana
que se predica de todas las personas sin distinción alguna. Entonces, el aparte
censurado del artículo 288 del Código Civil, deberá ser declarado inexequible”.
6. Apoyado en los anteriores argumentos, sin incluir
un análisis concreto respecto del artículo 236 del Código Civil, el demandante
pide su declaratoria de inexequibilidad.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervenciones oficiales
1.1.
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento
Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Dr. Fernando Arévalo
Carrascal, solicita emitir una decisión inhibitoria porque en el presente caso
no se cumplen los requisitos necesarios para que la Corte se pronuncie de
fondo, pues las razones de la demanda carecen de certeza, claridad,
especificidad y suficiencia.
Para tal efecto plantea que el actor demanda la totalidad del artículo
236 del Código Civil alegando que desconoce los artículos 13, 15, 16, 42 y 44
de la Constitución Política, por “incurrir en una omisión legislativa
relativa”, pero en el acápite de pretensiones manifiesta que vulnera los
artículos 4, 6, 29 y 95 Superiores, toda vez que la norma acusada ocasiona un
daño irreparable a los menores de edad que se encuentran en condiciones de “acceder
al patrimonio de familia” sin poder hacerlo por su origen familiar, cuando
lo cierto es que la misma no refiere al patrimonio familiar.
Sumado a ello, indica que construye la demanda de inconstitucionalidad
transcribiendo textualmente casi la totalidad de las consideraciones de la
sentencia C-404 de 2013, en la cual esta Corporación declaró inexequible la
expresión “legítimos” contenida en el artículo 288 del Código Civil,
referida a los hijos sobre los cuales se ejerce la patria potestad por los
padres, argumentos que utiliza el actor para centrarse sin fundamento en la
institución de la patria potestad y para cuestionar al parecer solo la
expresión “legítimos”. Así las cosas, aduce que en este caso las razones
de inconstitucionalidad carecen de certeza porque se refieren a un contenido y
alcance normativo que no se encuentra en la disposición acusada.
Considera que las razones de la demanda no son claras, específicas ni
suficientes, justamente porque se apoyan en la transcripción de la sentencia
C-404 de 2013 sin presentar argumentos que despierten una duda mínima sobre la
presunción de constitucionalidad que obra en favor de la norma censurada.
1.2.
Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF, doctora Luz Karime
Fernández Castillo, divide su intervención en dos tipos de análisis: de un lado,
el estudio de la aptitud de la demanda como cuestión previa, y del otro lado,
la solicitud a la Corte para que declare inexequible el artículo 236 del Código
Civil.
Comienza señalando que la demanda es inepta porque se limita a citar en
extenso la sentencia C-404 de 2013, la cual si bien consolida una sólida línea
jurisprudencial de la Corte sobre el tema de las expresiones que establecen un
trato discriminatorio a las personas en razón de su origen familiar, “la
cita exclusiva de la misma no puede ser considerada como suficiente para
construir un cargo de inconstitucionalidad, especialmente cuando la demanda se
refiere a todo el artículo y no a la expresión sobre la cual la Corte se ha
pronunciado en múltiples oportunidades”.
Esgrime que la demanda identifica en principio una omisión
legislativa relativa, que en el desarrollo de los fundamentos jurídicos no es
explicada ni mencionada nuevamente, y a pesar de que se señala como demandado
todo el artículo 236 del Código Civil, los argumentos esbozados se refieren
única y exclusivamente a la expresión "legítimos", con lo cual
al final no es clara la pretensión.
Luego de ello realiza una exposición histórica de la figura
del parentesco legítimo e ilegítimo, indicando que esta Corporación desde la
sentencia C-595 de 1996 decantó que el parentesco legítimo asociado a la
relación padres-hijo que surge ante el matrimonio de aquellos, genera un trato
discriminatorio respecto de las personas que tienen un origen familiar
distinto, y por ende, sus alusiones incluidas en el Código Civil deben ser
declaradas inexequibles.
Expresa que en cuanto a su aplicación al caso específico del
artículo 236, que define la figura de la legitimación, denominando a los hijos
legitimados como "legítimos", se observa que la línea de la
Corte en la materia se ha centrado en declarar la inexequibilidad de las
expresiones o normas cuando contienen en sí mismas un trato discriminatorio
para las personas en razón de su parentesco u origen familiar, situación que
ocurre con la presente norma, que desarrolla una figura en desuso y obedece a
una clasificación discriminatoria respecto a los hijos habidos en el matrimonio
o fuera de él.
En este sentido y con base en la línea jurisprudencial sobre
las normas que establecen un tratamiento discriminatorio de las personas por su
origen familiar, solicita a la Corte Constitucional que declare la
inexequibilidad del artículo 236 del Código Civil, esto sin perjuicio del
análisis que se realice previamente sobre los requisitos de procedibilidad de
la acción pública de inconstitucionalidad.
2.
Intervenciones académicas
2.1.
De la Academia Colombiana de Jurisprudencia
El Secretario General de la Academia Colombiana de Jurisprudencia remitió
a esta Corporación el concepto rendido por uno de sus académicos, Dr. Carlos
Fradique-Méndez, en el cual se solicita proferir sentencia inhibitoria ante la
ineptitud sustancial de la demanda.
Sostiene que el actor alega una omisión legislativa relativa de una norma
preconstitucional sin exponer las razones de su conclusión, sumado a que invoca
en las pretensiones la violación de los artículos 4, 6, 29 y 95 de la
Constitución, pero en el acápite de “norma constitucional infringida”
relaciona los artículos 13, 15, 16, 42 y 44 del texto superior, es decir, “la
citación de estas normas carece de seriedad”.
Así mismo, evidencia que la norma acusada es la totalidad del artículo
236 del Código Civil, pero en varios apartes se menciona solo el término “legítimos”
e incluso se pide la inexequibilidad de esa expresión consignada en el artículo
288 del Código Civil que regula el ejercicio de la patria potestad, además de
una falta de coherencia en la argumentación porque se pasa de una consideración
a otra sin soporte lógico. Por consiguiente, aduce que la demanda no es clara y
que presenta una confusión en los cargos.
Indica que al parecer son demandas puestas como requisito en alguna
materia en la Universidad, sin que los docentes se percaten de su contenido.
Así, reclama que se haga un llamado al orden para que los profesores y
estudiantes suspendan la presentación de demandas sin fundamento, sin revisión
académica, copia de retazos de otras demandas. Plantea que el ejercicio de la
acción de inconstitucionalidad debe ser serio.
2.2.
Del Instituto Colombiano de Derecho Procesal –ICDP
Por medio del miembro Dr. Fernando Badilla Abril, el ICDP solicita, como
pretensión principal, que la Corte se declare inhibida para resolver de fondo
por ineptitud sustancial de la demanda. De forma subsidiaria pide declarar
exequible el artículo 236 del Código Civil.
Para fundamentar lo anterior, comienza señalando que la demanda
presentada por el actor cumple, en un principio, con los requisitos de: anunciar
la disposición acusada, citar las normas de nuestra Constitución Política que
considera infringidas y de señalar la competencia de la Corte Constitucional
para asumir el estudio de la demanda. Sin embargo, no ocurre lo mismo al
formular los cargos de inconstitucionalidad, ya que en la sustentación de estos
no se presentaron razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes, que permita proferir una sentencia de fondo ante la ineptitud de
la demanda.
Manifiesta que al estudiar la demanda no se encuentra un hilo
conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de ella y de
las justificaciones en las que se basa. Asegura que es tan grave la falta de
claridad de los argumentos del actor, que presenta argumentos opuestos entre
sí, al plantear: "...el legislador excedió mandatos de la Constitución
Política en sus artículos 13, 15, 16, 42 y 44 de la Constitución Política, por
cuanto el legislador incurrió en una omisión a su deber legislativo."
Agrega que no se comprende si se demanda el artículo 236 del
Código Civil por contener la expresión hijos legítimos, o por la posibilidad de
adquirir esta condición mediante la legitimación.
Asegura que el actor parte de supuestos falsos, al pretender
ver violadas normas constitucionales, basado en interpretaciones que no se
desprenden del contenido de la norma demandada. Transcribe el actor, en
extenso, apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-404 de 2013, en
donde la Corte declaró inexequible la expresión "legítimos"
contenida en el inciso 2° del artículo 288 del Código Civil, argumentos que
utiliza para solicitar la inexequibilidad del artículo 236 del mismo Código,
sin brindar mayores explicaciones. Según el interviniente, esas normas
corresponden a supuestos diferentes, toda vez que en el artículo 288 sí se
presentaba un trato discriminatorio para los hijos que no tuvieran la condición
de hijos legítimos, ya que solamente permitía el ejercicio de la patria
potestad respecto de estos, excluyendo a los extramatrimoniales.
Señala que las razones de la demanda no son específicas porque
presenta argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales.
Pretende el actor que se declare no ajustada a la Constitución Política el
artículo demandado tomando argumentos abstractos como: "se atenta
contra la dignidad del ser humano", "ubica a un menor de edad
en una categoría injusta y discriminatoria" y "atenta contra
su buen nombre y honra, de su integridad moral".
Menciona que no hay suficiencia en los argumentos presentados,
pues no son persuasivos, no plantean una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma demandada, que permita desvirtuar la presunción
de estar ajustada a la Constitución Política. En la demanda no se presentan
cargos específicos y suficientes que permitan considerar que la norma demanda
es inexequible.
En criterio del interviniente, si la Corte decide pronunciarse
de fondo respecto de la norma acusada, considera que debe ser declarada
exequible porque no desconoce el artículo 13 Superior que desarrolla el
principio de la igualdad, toda vez que a partir de la Ley 29 de 1982 todos los
hijos gozan de los mismos derechos y obligaciones, sumado a que la lectura
sistemática con el artículo 42-6 de la Constitución permite concluir que existe
diferentes denominaciones de hijos pero frente a todos se predica la igualdad. Plantea
que contrario a lo que indica el actor, sería desafortunado retirar el artículo
236 censurado del ordenamiento jurídico porque desaparecería la figura de la
legitimación.
2.3.
De la Universidad EAFIT
Por medio del docente Guillermo Montoya Pérez, esta
universidad pide a la Corte declarar inexequible la norma acusada. Precisa que
la situación fáctica señalada en la demanda contra el artículo 236 del Código
Civil, es exactamente igual a la formulada en la demanda contra los artículos
47 y 48 del Código Civil. Tal demanda fue resuelta mediante Sentencia C-595 de
1996, con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía. En esta sentencia la
Corte consideró, en primer lugar, que con la vigencia de la Ley 29 de 1982 se
impondría una sentencia inhibitoria porque tal norma sustituyó las expresiones "legítimo"
e "ilegítimo" por las expresiones "matrimonial"
y "extramatrimonial", respectivamente. Sin embargo, por
razones prácticas y de seguridad jurídica, decidió de fondo declarando la
inexequibilidad de la expresión "ilegítimo" en relación con el
parentesco, advirtiendo que ello no implica la desaparición de la afinidad
extramatrimonial.
Asevera que la declaración de inexequibilidad de las
expresiones "legítimos" y "legitimados" del
artículo 236 del Código Civil, carece de efectos prácticos, toda vez que, como
lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia aquí citada, las diferencias
entre los hijos han desaparecido. Siguiendo también la opinión de la Corte, el
interviniente indica que "(...) la declaración de inexequibilidad es
razonable porque elimina la posibilidad de cualquier interpretación equivocada
(...)", en este caso de las expresiones "legítimos" y
"legitimados".
2.4.
De la Universidad de Antioquía
La Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esa
Universidad, Dra. Clemencia Uribe Restrepo, pide a la Corte declarar
inexequible la norma acusada.
Previo a sustentar su petición, de manera breve la
interviniente indica que los planteamientos de la demanda no son completamente
claros y presentan falacias estructurales. A pesar de ello, considera que
siendo coherentes con los postulados de la Carta Política, no debe tenerse en
cuenta la situación fáctica en la que nace un hijo para ningún aspecto de la
vida en comunidad, porque ello implica una discriminación y desconoce el
mandato de igualdad. Estima que en los términos simbólicos del lenguaje, el
hecho de poder ser catalogado como “legitimado” implica una permanencia
de dicha desigualdad.
Estima que el uso de cualquier tipo de categorías como lo son
matrimoniales, extramatrimoniales, legítimos o legitimados, producen
significados que atraviesan el imaginario colectivo, promoviendo la formación
de estereotipos que determinan formas de comportamiento social que les
proporciona a unos sujetos un "status" superior con respecto a otros,
lo que implica desigualdad y discriminación, lo cual a su vez, contradice
igualmente lo estipulado en la Constitución.
Afirma que cuando se habla de hijos legítimos y legitimados es
porque contrario a ellos, hay quienes no lo son y esto supone que se mantiene,
aunque simbólicamente, esa diferencia entre los hijos, atentando contra
preceptos constitucionales fundamentales como lo son la igualdad, la dignidad y
la protección especial que se establece para la familia, pues todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de origen
familiar.
Siendo esto así, carece de sentido mantener esa
categorización, en últimas lo que se hizo fue simplemente un cambio en el
leguaje al pasar de legítimos e ilegítimos a matrimoniales y
extramatrimoniales, sin dejar de lado el tener que dividir los hijos con unos
rótulos que atienden a su origen, lo cual menoscaba los derechos amparados por
el Constituyente.
Finaliza diciendo que en Colombia debe hablarse única y
exclusivamente de hijos sin lugar a que se realicen clasificaciones de estos,
eliminando así todo tipo de categorización que de ellos se predique, pues a la
luz de la Constitución, los hijos son todos iguales y merecen el mismo trato,
protección y garantía de sus derechos.
2.5.
De la Universidad de Ibagué
El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ibagué, Dr. Omar Mejía Patino, solicita declarar la exequibilidad del artículo
236 del Código Civil “condicionando su interpretación en el sentido de que
se entienda que la distinción realizada por el legislador solo procederá para
efectos de establecer la filiación del menor con sus padres”.
La intervención presenta como problema jurídico el “determinar
si la norma acusada consagra derechos prevalentes de los llamados hijos
legitimados que darían lugar a que se pueda hablar de discriminación en contra
de quienes no tienen esta calidad, o por el contrario se limita a definir
quienes tienen esa condición”. Para dar respuesta a ese problema, indica
que la norma censurada se limita a establecer distinciones en la filiación, sin
vulnerar derechos porque en la actualidad todos los hijos tienen igualdad de
derechos y obligaciones.
Aduce que si bien el lenguaje utilizado con la expresión “legítimos”
acarrea un efecto negativo, la naturaleza de la disposición no está
contrariando la Constitución ni desprotege en forma alguna a un sector particularmente
protegido, pues no consagra derechos que impliquen un trato discriminatorio.
Así las cosas, concluye que el artículo 236 del Código Civil tiene un “efecto
negativo exclusivamente formal derivado del lenguaje utilizado, pero que carece
de efectos negativos de fondo, pues ajusta su naturaleza al ordenamiento
jurídico, y no implica un trato discriminatorio ni desigualitario”. Por
consiguiente, pide su exequibilidad condicionada en los términos expuestos.
2.6.
De la Universidad Externado de Colombia
La doctora María Eugenia Gómez, a nombre de la Universidad Externado de
Colombia, pide a la Corte emitir un fallo inhibitorio porque la demanda no
cumple con los requisitos de claridad, especificidad, pertinencia y
suficiencia. Subsidiariamente solicita declarar exequible el artículo 236 del
Código Civil.
Respecto de la pretensión principal, plantea que “la declaratoria de
inexequibilidad de la norma acusada carece de argumentos jurídicos sustanciales
en la demanda, así, es reiterada la jurisprudencia inhibitoria por no
encontrase reunidos los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en
esta oportunidad, a pesar de que el actor hace un señalamiento general de las
normas constitucionales infringidas, no ahonda en las razones legales que sustentan
la infracción a cada norma; lo que el actor llama concepto de la violación
carece de orden lógico, cronológico, que permita ubicar el argumento central de
la demanda, no se determina en el cuerpo de la misma de qué manera la norma del
Código Civil recurrida transgrede cada una de las normas constitucionales que
el accionante indica como infringidas”. Agrega que en la demanda no existe
suficiente claridad y argumentación sobre cuáles son los cargos de
inconstitucionalidad que se pretenden hacer valer para retirar la norma del
ordenamiento jurídico por ir en contravía de la Constitución.
En cuanto a la petición subsidiaria, la interviniente manifiesta que con
la expedición de la Ley 29 de 1982 existe una igualdad entre hijos legítimos o
legitimados, extramatrimoniales y adoptivos, normas que se refuerza con el
artículo 42-6 de la Constitución que establece esa igualdad como mandato
superior. De contera que las tres clasificaciones de la filiación en legítima,
extramatrimonial y adoptivos, no implica discriminación alguna y menos por el
origen familiar.
Concluye que la expresión “legitimación de los hijos” concebidos
fuera del matrimonio pero que al momento de nacer ya se encuentran sus padres
casados entre sí o la manifestación hecha en el acta de matrimonio o mediante
escritura pública en la que se confiere dicho beneficio a los hijos, carece hoy
de relevancia porque en la práctica existe una igualdad de derechos para todos
los hijos.
2.7.
De la Universidad del Rosario
La Directora de la Oficina Jurídica de la Universidad del Rosario informó
que en esta oportunidad, por razones administrativas, no era posible atender el
requerimiento de emitir concepto académico.
2.8.
De la Universidad Industrial de Santander (UIS)
El Grupo de Litigio Estratégico de la UIS solicita a la Corte declarar
inexequible la expresión “legítimos” del artículo 236 del Código Civil.
Para tal fin, considera que la Ley 29 de 1982 estableció la igualdad de
derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y
adoptivos, y derogó tácitamente las normas que le son contrarias, situación que
incluye la expresión “legítimos”. Sin embargo, se ha reconocido que la
Ley 29 de 1982 no derogó globalmente la expresión "hijos
legítimos" del estatuto civil, sino que por el contrario reafirmó su
existencia al indicar que los hijos son "legítimos, extramatrimoniales
y adoptivos". Entendiéndose que no toda referencia a los hijos "legítimos"
contenida en el Código Civil fue derogada por la Ley 29 de 1982, considera se
debe habilitar el pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal
Constitucional.
Estima que la permanencia formal de la expresión "legítimos"
en el ordenamiento jurídico, generaría un efecto simbólico negativo en el uso
literal del lenguaje que emplea el artículo 236 del Código Civil, ya que
reporta una discriminación y estigmatización frente a aquellos hijos cuyo
parentesco es tildado erróneamente de ilegítimo.
Manifiesta que es necesario que la Corte analice la expresión
demandada, confrontando su lenguaje literal con los postulados de la
Constitución, excluyendo de plano el fallo inhibitorio por derogatoria tácita
cuando existe oposición objetiva entre una y otra, caso en cual lo que procede
es la declaratoria de inexequibilidad de la respectiva norma. Siendo la forma
de garantizar a los asociados un mayor grado de certidumbre sobre los límites a
la protección jurídica de sus actuaciones frente a las normas que le son
aplicables, y también, la manera de reconocer el verdadero valor normativo de
la Constitución, fundado en los principios de supremacía y eficacia de la Carta
Política como norma de normas directamente aplicable, los cuales informan la
totalidad del ordenamiento y obligan a todos los órganos del poder público.
Indica el Grupo interviniente que si bien la Corte
Constitucional ha hecho un análisis riguroso de expresiones similares a la
demandada, el término "legítimos" contenido en el artículo 236
del Código Civil Colombiano no ha sido objeto de estudio y por ende no existe cosa
juzgada constitucional, situación que permite emitir un pronunciamiento de
fondo sobre la demanda, bajo el argumento de que a pesar de haber sido al
parecer derogado tácitamente, puede seguir produciendo efectos jurídicos que motiven
su inexequibilidad.
2.9.
De la Universidad del Atlántico
El docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta Universidad, Dr.
Mario Rafael Solórzano, interviene pidiendo que el artículo 236 del Código
Civil sea declarado inexequible.
Para motivar su postura, explica en qué consiste la figura de la
legitimación, su evolución histórica y su clasificación entre legitimación ipso
jure y voluntaria por declaración expresa. Luego realiza un análisis de la
institución de la legitimación en el momento histórico y jurídico actual,
señalando que ahora se propende por el apego y reconocimiento a la igualdad del
ser humano ante el mismo, lo que muchos han llamado igualdad entre iguales. Por
consiguiente, estima que la norma acusada se torna en discriminatoria ya que
efectúa la rotulación del hijo como legitimado, cuando en la actualidad los
hijos son reconocidos en un plano de igualdad.
Esgrime que desde el punto de vista de los enfoques que
permiten la integración del derecho de familia, no se puede celebrar el
mantener una institución que discrimina al ser humano por ser producto de una
decisión en la que él no tuvo voluntad alguna, “cual si estuviésemos aún
bajo las influencias del derecho canónico, castigando a aquel inocente por el
pecado de sus padres, exponiéndole y haciéndole merecedor de escarnio por el
hecho de otros”.
Manifiesta que si se analiza el avance que se ha logrado a
nivel social y jurídico, en lo que al tratamiento de hijos se trata, es
evidente que los hijos son todos iguales ante la ley y su tratamiento será dado
desde esa misma igualdad, extendiendo y ampliando el espectro de los efectos,
que van desde el reconocimiento de derechos como el surgimiento de deberes para
todos los hijos desde el mismo rango y bajo el mismo rasero.
Aduce que si se ausculta detenidamente, la medida de la
legitimación o dicho mejor aún la institución y su historicidad, se encuentra
que ésta fue orientada presuntamente para realizar una inclusión social, pero
que en realidad conllevó de cierto modo un castigo, toda vez que si se quería
hacer parte de la sociedad moral se tendría que colocar el rótulo en la frente
de haber sido concebido por fuera de los cánones y mandamientos morales del
momento. Justamente esa diferenciación en considerar a un hijo legítimo o
legitimado por razón del matrimonio, es la que estima discriminatoria.
El interviniente se pregunta si constituye un beneficio para el
ciudadano, el ser tenido como hijo legitimado en la actualidad. Su respuesta es
No, porque a partir de la Ley 29 de 1982 se otorgó igualdad de derechos y
obligaciones a todos los hijos, estableciendo en dicha igualdad una nueva
categorización de la estirpe de los hijos que afectaba las disposiciones que le
fueran contrarias (art. 10 de la Ley 29 de 1982).
Con base en ello, realiza un cuestionamiento final: “¿Si el legislador
realizó la respectiva abolición de las antiguas categorizaciones de hijos, por
vía de derogatoria expresa que comenta la cita ley, es dable seguir hablando nosotros
de tales tratamientos? Como respuesta indica que en el actual mundo
jurídico no es dable hacer distinciones discriminatorias entre los hijos como
la que contiene la norma acusada, por lo cual estima que se debe “abolir”.
3.
Intervenciones ciudadanas
3.1.
Ciudadana que solicita la inhibición
La ciudadana Yeini Sulaidi Silva Antury solicita “se me reconozca como
coadyuvante en contra del actor de la demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 236 del Código Civil”. Su oposición la fundamenta en que los
argumentos propuestos por el demandante no muestran claramente el punto al cual
pretende llegar, es carente de planteamientos jurídicos y lo único que refleja
es que se trata de una acción temeraria.
Además de ello, plantea que el término “legítimos” que contiene la norma
censurada, lo que hace es calificar fácticamente el reconocimiento de los hijos
sin diferencia alguna. Indica que si el actor pretende la inexequibilidad de la
institución de la legitimación, debe explicar la misma en qué consiste,
construir argumentos de naturaleza constitucional para propender por su
eliminación y señalar de manera clara en qué forma el precepto normativo agrede
los derechos constitucionales de algún ciudadano. Finaliza afirmando que la
presente demanda le deja “un sin sabor al que yo llamaría el abuso de los
sistemas de participación ciudadana”, por cuanto es una demanda carente de
fundamentos que busca saturar el aparato judicial.
3.2. Ciudadanos que solicitan la inexequibilidad
Los ciudadanos Jesús Anibal Torres Acuña, Paula Franco
Bohórquez, José Leonardo Urquijo Ospina, Sandra Lisbeth Ávila y Yeimy Patricia
Jiménez Suárez, intervienen ante la Corte solicitando la inexequibilidad del
artículo demandado.
Consideran que el artículo 236 acusado aborda el parentesco
consanguíneo, lo define y concretiza a través de las ideas del tronco, grado y
línea. En este sentido, este tipo de parentesco puede definirse como la
relación de familia que existe entre personas que descienden de un tronco
común, es decir, que hay entre ellas un vínculo de sangre. Por otra parte el
término “legitimidad” es catalogado para la filiación surgida del
matrimonio, pero a partir de la Constitución de 1991 los hijos son
matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos; por ende, estiman que hablar de
legitimidad o de legitimación corresponde a un trato discriminatorio por el
origen familiar.
En forma adicional, en el escrito de intervención que
presentan José Leonardo Urquijo Ospina, Sandra Lisbeth Ávila y Yeimy Patricia
Jiménez Suárez, consideran relevante referirse a la institución de la patria
potestad que invoca la demanda. Al respecto definen la patria potestad como un
conjunto de derechos que opera en favor de los niños, niñas y adolescentes,
atribuido como obligación de los padres con el fin de generar una protección
integral desde el momento mismo de la concepción, sin que tal obligación esté
atada al vínculo del matrimonio de los padres. En ese sentido, estiman que
independientemente del lazo filial, la patria potestad es una institución que
debe cubrir tanto a los hijos matrimoniales como a los naturales, sin
discriminación por razones del origen familiar.
Por su parte, Jesús Anibal Torres Acuña y Paula Franco
Bohórquez en su intervención enfatizan en que la disposición acusada quebranta
los artículos 42 y 44 de la Constitución, habida cuenta que las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos de los hijos habidos dentro o
fuera del matrimonio, sumado a que si se tratan de menores de edad, prevalecen
sus derechos. Así, plantean que es la propia Carta Política la que dio un paso
al establecer la prohibición de discriminación dentro del núcleo familiar y
decantar la igualdad absoluta entre los hijos.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN:
El
Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los
artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del
trámite de la referencia, en el que solicita a la Corte declarar exequible el
artículo 236 del Código Civil, y como petición subsidiaria que se declare la
inexequibilidad de la expresión “legítimos” allí contenida y se
sustituya por la locución “matrimoniales”.
En primer
lugar, como aspectos previos, el Ministerio Público indica que “la demanda
sub examine no es clara en cuanto a su objetivo y argumentación. Sin embargo,
en aplicación del principio proactione, esta vista fiscal tratará de
desentrañar su sentido”.
Plantea que
una inconsistencia de la demanda tiene que ver con que, a pesar de que el actor
señala al inicio que la norma acusada es el artículo 236 del Código Civil, su
argumentación refuta la inconstitucionalidad del artículo 228 del mismo
estatuto. Sin embargo, advierte que “es dable entender que su demanda
efectivamente se dirige contra el contenido del artículo 236 del Código Civil”.
Luego señala que “la falta de claridad de la demanda radica en la dificultad
para determinar cuál es su propósito, puesto que demanda el artículo 236 en su
integridad –sobre los hijos legitimados-, pero al mismo tiempo expresa que su
pretensión es que se elimine el término ‘legítimos’. Y, además afirma
erróneamente que tal clasificación produce efectos discriminatorios sobre los
derechos sucesorales de los hijos, lo cual no es cierto en virtud de la
promulgación de la Ley 29 de 1982”.
A pesar de
lo anterior, en concepto del Ministerio Público, el debate constitucional debe
centrarse en la existencia de los hijos legítimos y en sí es
constitucionalmente válido que existan distintos tipos de hijos en la ley
civil, para lo cual comienza afirmando que el artículo 236 del Código Civil no
fue derogado por la Ley 29 de 1982, ya que ésta indica que los hijos son
legítimos, matrimoniales y adoptivos y que tienen igualdad de derechos en
materia sucesoral. En ese sentido, “para la vista fiscal el artículo 236 del
estatuto civil de ninguna manera fue derogado por la mencionada ley, puesto que
éste se limita a señalar una forma de ser considerado como hijo legítimo a
través de la legitimación brindada por los padres cuando contraen matrimonio
posmortem (sic)”.
En segundo
lugar, el Procurador General refiere a la igualdad de trato que existe para las
familias constituidas por vínculos naturales y jurídicos, a la igualdad de los
hijos y a la consecuente prohibición de discriminación en razón del origen
familiar. Indica que existen dos formas de constituir familia: la derivada del
vínculo jurídico llamado matrimonio, que es familia legítima; y la constituida
por vínculo natural que es familia natural o extramatrimonial, sin que esa
distinción sea discriminatoria porque la Constitución quiso regular el contrato
de matrimonio y la unión libre.
Después de
reseñar las sentencias C-047 de 1994, C-105 de 1995, C595 de 1996, C-1298 de
2001 y C-1026 de 2004, entre otras, concluye del recuento jurisprudencial que (i)
es constitucional la diferenciación entre la familia constituida por vínculos
naturales y la constituida por vínculos jurídicos; (ii) los tipos de
familia mencionados en la Constitución son objeto de idéntica protección por
parte de la sociedad y el Estado; (iii) la Constitución distingue entre
los hijos concebidos dentro y fuera del matrimonio, así como entre los hijos
biológicos, procreados con asistencia científica y adoptivos; (iv) la
Constitución es clara al señalar que todos los tipos de hijos tienen igualdad
de derechos y obligaciones; (v) que la Corte Constitucional ha censurado
por completo la expresión “hijos ilegítimos” (sic) por ser
discriminatoria y peyorativa; y, (vi) que de igual manera la
jurisprudencia ha expulsado del ordenamiento jurídico todas las
diferenciaciones de trato injustificado entre los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales.
Plantea que
las anteriores premisas son relevantes porque la referencia a distintos tipos
de hijos y a diversos tipos de familia es constitucionalmente válido mientras
ello no tenga como consecuencia el establecimiento de diferencias de trato que
desconozcan la igualdad y la protección a la familia. Así, como el artículo 236
del Código Civil establece que los hijos extramatrimoniales pueden convertirse
en hijos matrimoniales si sus padres contraen matrimonio con posterioridad, sin
establecer ninguna consecuencia adicional, estima que la norma censurada se
ajusta a la Constitución toda vez que no envuelve un patrón de discriminación.
No obstante,
el Ministerio Público aduce que como la confusión puede radicar no tanto en la
posibilidad de referirse a los distintos tipos de hijos, sino más bien al
vocablo “legítimos” que supone la existencia de hijos ilegítimos,
solicita que la norma acusada sea ajustada de una mejor forma a los cánones
constitucionales, declarando la inconstitucionalidad de la expresión “legítimos”
para que sea sustituida por el término “matrimoniales”.
VI. FUNDAMENTOS
DE LA DECISIÓN
Competencia
de la Corte
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la
demanda de inconstitucionalidad que se formula en esta ocasión, por dirigirse
contra un artículo de una Ley de la República.
Cuestión
preliminar: Requisitos de la acción pública de inconstitucionalidad para
proferir fallo de mérito[1].
Estudio sobre la aptitud de la demanda.
2. Según fue
reseñado en los antecedentes, algunos intervinientes solicitan a la Corte
declararse inhibida para proferir decisión de fondo respecto de la demanda
interpuesta por el ciudadano Carlos Saúl Sierra Niño contra el artículo 236 del
Código Civil, por cuanto la misma incumple las condiciones mínimas para
sustentar el concepto de la violación, en especial los requisitos de claridad,
certeza y suficiencia. Es más, inclusive varios intervinientes que defienden la
exequibilidad de la norma acusada o aquellos que piden su inexequibilidad,
advierten reparos de forma frente a los argumentos que expone el actor. En este
último grupo se ubica el Procurador General de la Nación.
3. Debido a
ello, como cuestión previa a la determinación del problema jurídico y de la
metodología de decisión, la Sala debe establecer si la presente demanda ofrece
un cargo de inconstitucionalidad que cumpla con las condiciones fijadas por la
Ley y la jurisprudencia de la Corte.
4. Para tal
efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991
establece que se rechazarán las demandas cuando no cumplan con las condiciones
formales para ello. Si bien, como regla general el examen
sobre la aptitud sustantiva de la demanda se debe realizar en la etapa de
admisibilidad, la norma en mención admite que este tipo de decisiones se
adopten en la sentencia, debido a que no siempre resulta evidente en esa fase
preliminar el incumplimiento de los requisitos mencionados, permitiendo a la
Sala Plena abordar un análisis con mayor detenimiento y profundidad[2].
5. Así las
cosas, con el fin de dilucidar esta cuestión preliminar, la Corte adoptará la
siguiente metodología: En primer término, reiterará el precedente
constitucional sobre la fundamentación y contenido de los requisitos
argumentativos mínimos que debe satisfacer una demanda de constitucionalidad.
Luego, definirá si los requisitos mencionados son cumplidos en el caso objeto
de examen, incluyendo para tal efecto un breve estudio sobre el contenido de la
norma acusada. Solo si la aptitud de la demanda se encuentra acreditada, la
Sala planteará el problema jurídico y asumirá su estudio desde la perspectiva
constitucional.
Las
condiciones argumentativas de las demandas de inconstitucionalidad
6. La
jurisprudencia constitucional, en específico aquella establecida con la
sentencia C-1052 de 2001, ha fijado un precedente reiterado y estable acerca de
las condiciones argumentativas mínimas que deben cumplir las demandas de
constitucionalidad. Este precedente ha considerado que, debido a que la acción
pública de inconstitucionalidad es expresión de la democracia participativa y pluralista,
se requiere de condiciones argumentativas mínimas que permitan la discusión
entre diversas posturas y que, a su vez, informen a la Corte sobre el contenido
y alcance del problema jurídico constitucional que se somete a su decisión.
Este ejercicio de deliberación, entonces, depende de que se esté ante un debate
jurídico genuino, pues de lo contrario no podrá adoptarse una resolución de
fondo por parte de la Sala.
7. Sobre
este particular, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “[p]ara
que pueda trabarse un debate de esta naturaleza, es preciso que la demanda
reúna unos contenidos indispensables, los cuales son precisamente aquellos
contemplados por la disposición a la que antes se hizo referencia. Esta
exigencia no puede entenderse como una limitación desproporcionada al ejercicio
del ius postulandi sino, por el contrario, como una carga de necesario
cumplimiento para que el procedimiento de control llegue a buen término, pues
de lo que se trata es que el demandante cumpla con unos deberes mínimos de
comunicación y argumentación que ilustren a la Corte sobre la disposición
acusada, los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el concepto de
dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para pronunciarse
sobre la materia.”[3]
8. En este
mismo sentido, la Corte ha enfatizado el vínculo entre los requisitos mínimos
argumentativos y la participación democrática que precede a la acción pública
de inconstitucionalidad. Sobre este particular, se ha considerado que la
exigencia de tales requisitos no constituye una restricción al ciudadano de su
derecho a “participar en la defensa de la supremacía de la Constitución,
‘sino que por el contrario, hace eficaz el diálogo entre el ciudadano, las
autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas
demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento
Superior. El objetivo de tales exigencias en la argumentación, no es otro que
garantizar la autorrestricción judicial y un debate constitucional en el que el
demandante y no el juez sea quien defina el ámbito del control constitucional.”[4]
9.  La
exigencia de dichos requisitos mínimos también opera, como se ha señalado, como
un mecanismo de autorrestricción judicial.  El control de constitucionalidad
es, en el caso de la acción pública, de carácter rogado y, por ende, los cargos
propuestos delimitan el ámbito de decisión de la Corte.  Por lo tanto, esta
Corporación está limitada para asumir nuevos asuntos que no han sido propuestos
por el demandante o, menos aún, puede construir acusaciones nuevas. En términos
simples, la Corte tiene vedado suplir la acción del demandante, bien sea en el
perfeccionamiento de una argumentación deficiente o en la formulación de nuevos
cargos de inconstitucionalidad, no contenidos en el líbelo.
10. De la
misma forma, la previsión de los requisitos argumentativos de la demanda de
constitucionalidad está vinculada con la vigencia del principio de separación
de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, y la presunción de
constitucionalidad de las leyes.  En la medida en que las leyes son productos
de la actividad democrática deliberativa del Congreso, están amparadas por la
presunción de ser compatibles con la Constitución. Esta presunción solo puede
ser derrotada a través del ejercicio del control de constitucionalidad que, en
el caso de aquellas normas susceptibles de la acción pública, supone la
existencia de una acusación concreta que demuestre la oposición entre el
precepto legal y la Carta Política.  Esta condición exige, por ejemplo, que el
cargo cuente con condiciones de certeza y especificidad.  Así, la Corte ha
señalado que la certeza de los argumentos del cargo de inconstitucionalidad “no
radica en la lectura de la disposición que se considere contradice la
Constitución, sino en la precisión de los hechos que desconocen lo preceptuado por
la norma parámetro, razón por la cual existe una carga de diligencia del
accionante que quiere controvertir la validez de la ley, en el sentido de
demostrar sin lugar a duda alguna la veracidad de los hechos que sustentan sus
afirmaciones. Cuando falta certeza respecto de algún hecho debe privilegiarse
la validez de la ley elaborada por el Congreso de la República –indubio pro
legislatoris-, pues es la que resulta acorde con la presunción de
constitucionalidad que se predica de la misma.”[5]
Esta
exigencia, más que una carga injustificada al demandante, delimita el ámbito de
acción de la Corte y, en consecuencia, evita que el control de
constitucionalidad se torne en una intrusión injustificada en el ejercicio
general de la competencia de producción legislativa, al menos en aquellos
escenarios de escrutinio judicial distintos al control previo, automático y
oficioso. El control de constitucionalidad reside en la tensión entre democracia
y su índole contramayoritaria, lo que obliga a que tenga un carácter
eminentemente restringido.[6]
Esa limitación la otorga, entre otros elementos, la definición específica y por
parte del demandante de los cargos de constitucionalidad.
11.  La
jurisprudencia constitucional ha definido estos requisitos, en cualquier caso,
como condiciones esenciales, proporcionadas con el carácter público de la
acción de inconstitucionalidad.  No suponen en modo alguno la adopción de una
técnica específica, sino simplemente unos requerimientos argumentativos
indispensables para que pueda evidenciarse una acusación jurídico constitucional
objetiva y verificable. La jurisprudencia constitucional ha construido reglas
suficientemente definidas sobre las condiciones de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que
fundamentan el cargo de constitucionalidad.[7]
11.1. La
claridad de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia
argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido
de la censura y su justificación.  Aunque como se ha indicado, debido al
carácter público de la acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la
adopción de una técnica específica, como sí sucede en otros procedimientos
judiciales, no por ello el demandante se encuentra relevado de presentar las
razones que sustentan los cargos propuestos de modo tal que sean plenamente
comprensibles.
11.2. La
certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los
cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en
la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante,
implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que
exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad
cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del
texto acusado.
11.3. El
requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al
menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas
que se advierten contrarias a la Carta Política.  Este requisito refiere, en
estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean
precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se
fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición
objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente
con las disposiciones que se acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la
acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de
constitucionalidad.”[8]
11.4. Las
razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto
estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados
“en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se
enfrenta al precepto demandado.”[9].
En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales
o doctrinarias;  la interpretación subjetiva de las normas acusadas por
parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y
concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas
inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de
pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
11.5. Por
último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia
como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en
primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio
(argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por
otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance
persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque
no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” [10]
Estudio
de aptitud sustancial de la presente demanda
12. Como fue
puesto en evidencia por el Ministerio de Justicia y del Derecho, por la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, por la Universidad Externado de Colombia e incluso tácitamente por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Procuraduría General de la
Nación, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Carlos
Saúl Sierra Niño contra el artículo 236 del Código Civil contiene graves
falencias en su formulación que la torna inepta e impide que la Corte
Constitucional pueda asumir un pronunciamiento de mérito.
13. La
demanda incumple el requisito de claridad principalmente por tres
razones: en primer lugar, el demandante en el encabezado del líbelo y en el
acápite de pretensiones señala como norma acusada la totalidad del artículo 236
del Código Civil; sin embargo, al momento de exponer las razones del concepto
de la violación, indica diversos objetos de demanda porque una veces refiere
únicamente a la expresión “legítimos” que contiene el artículo 236 en
comento, otra mayoría de veces señala como precepto censurado el artículo 288
del Código Civil sobre la institución de la patria potestad que los padres
ejercen frente a los hijos, y en otra oportunidad incluso menciona como norma
demandada el artículo 28 de la Ley 70 de 1931, el cual establece la figura del
patrimonio de familia en favor de los hijos legítimos o naturales menores de
edad cuando mueren ambos cónyuges. De tal forma que no existe un objeto de
control claro sobre el cual recaiga la acción pública de inconstitucionalidad.
En segundo
lugar, los parámetros de control que propone la demanda son diversos, sin
propender por su claridad. En algunos apartes se plantea que la norma acusada
vulnerada los artículos 13, 15, 16, 42 y 44 de la Constitución Política,
mientras que en otros propone y desarrolla argumentos frente al presunto
quebranto de los artículos 4, 6, 29 y 95 Superiores. Justamente esta confusión fue
puesta de presente por varios de los intervinientes.
En tercero
lugar, la demanda carece de coherencia argumentativa y de un hilo conductor que
permita comprender las razones en que se basa la presunta infracción a la Carta
Política. Toda vez que los planteamientos neurálgicos de los cargos están
cimentados sobre las consideraciones textuales de la sentencia C-404 de 2013
que declaró inexequible la palabra “legítimos” del artículo 288 del
Código de Procedimiento Civil sobre el ejercicio de la patria potestad de los
padres sobre los hijos, es difícil hallar una conexión de argumentos claros que
permitan cuestionar desde el plano constitucional la figura de la legitimación
que regula el artículo 236 del Código Civil, es decir, no se puede identificar
un verdadero cargo comprensible que permita a la Sala abordar el análisis de
fondo.
14. Además
de ello, la Sala considera que la demanda carece de certeza toda vez
que, en opinión del demandante, el artículo 236 del Código Civil atenta contra
la dignidad del ser humano y ubica al menor en una categoría injusta que deja
sin protección a aquellos hijos que nacieron antes de contraer matrimonio y que
no fueron registrados en la partida del registro civil o religioso, pues les
causa un perjuicio irreparable para acceder al patrimonio de familia dada su
exclusión por razones de origen familiar. Así mismo, sostiene que la norma
censurada desconoce la protección de la patria potestad respecto de aquellos
hijos concebidos en el marco de uniones maritales.
Al respecto,
una interpretación gramatical del artículo 236 del Código Civil permite
advertir que las acusaciones planteadas por el demandante no se desprenden ni
tienen relación directa con el contenido legal verificable del mismo, por
cuanto éste ni refiere a la figura del patrimonio de familia generando
exclusiones a los hijos no legitimados por sus padres, así como tampoco menciona
la institución de la patria potestad estableciendo una diferencia de trato
entre hijos legitimados y extramatrimoniales no legitimados.
El artículo
236 del Código Civil desde su contexto literal regula la figura de la
legitimación para los hijos concebidos fuera del matrimonio y que
posteriormente por el matrimonio que contraen sus padres se entienden
legitimados, es decir, quedan reconocidos como hijos matrimoniales. Así, lo que
la ley civil permite, un poco carente de efectos prácticos en la actualidad, es
conferir a los hijos concebidos fuera del matrimonio el reconocimiento de la
legitimación, sin que del anterior contenido legal se desprendan beneficios en
el acceso al patrimonio de familia o al disfrute de los privilegios que se
derivan de la patria potestad que ejercen los padres. Ello corresponde entonces
a una interpretación subjetiva del actor que no se relaciona con el contenido
legal verificable de la norma censurada.
Incluso,
desde una interpretación sistemática del artículo 236 del Código Civil con los
artículos siguientes del mismo estatuto, se concluye que de las diversas formas
de legitimación, bien sea (i) ipso jure frente a hijos nacidos
dentro del matrimonio pero concebidos fuera de él o respecto de los hijos
concebidos y nacidos fuera del matrimonio (naturales) que son legitimados por
el matrimonio posterior de sus padres, o (ii) por declaración expresa
y voluntaria de los padres consignada en el acta de matrimonio o en
escritura pública, no se deprende un alcance normativo que establezca un
beneficio para los hijos legitimados en los temas relacionados con la patria
potestad ni con el patrimonio de familia.
De tal forma
que, los argumentos de inconstitucionalidad que expone el demandante no se
dirigen contra una proposición normativa efectivamente contenida en la
disposición acusada, y por ende, los cargos incumplen el requisito de certeza.
15. La
demanda tampoco acredita la exigencia de especificidad de los cargos
propuestos, habida cuenta que son imprecisos en la medida que olvidan realizar
una confrontación objetiva entre el contenido legal verificable del artículo
236 del Código Civil y los artículos constitucionales que estima vulnerados. En
efecto, los argumentos son vagos, indirectos y como se ha dicho, no se
relacionan de forma concreta con el precepto demandado pues la mayor parte del
concepto de la violación está construido a partir de la citación textual de la
sentencia C-404 de 2013, que abordó el estudio de un problema jurídico
diferente relacionado con la institución de la patria potestad. En ese
contexto, esas omisiones en concretar el cargo impiden adelantar el juicio de
constitucionalidad.
16.
Finalmente, la Corte estima que la demanda también incumple el requisito de suficiencia
por cuanto el demandante señala que el legislador incurrió en una omisión
legislativa relativa al dejar sin protección a los hijos naturales con la
figura de la legitimación, pero olvidó exponer los elementos de juicio
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto de ese
reproche. Justamente, se limitó a señalar que se causaba un perjuicio en el
acceso al patrimonio de familia y respecto de la patria potestad que, además de
no desprenderse del contenido legal verificable de la norma, tampoco permitió
acreditar los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para asumir el estudio de fondo de esta clase de omisiones[11].
No expuso las razones en las cuales apoyaba esa conclusión omisiva.
Sumado a
ello, la extensa cita textual de la sentencia C-404 de 2013 sin desarrollar
mayores argumentos, permite evidenciar la ausencia de una duda mínima que
persuada al punto de desvirtuar la presunción de constitucionalidad que recae
sobre el artículo 236 del Código Civil.
17. En
síntesis, a título de conclusión, la Corte estima que la demanda de
inconstitucionalidad que presentó el ciudadano Carlos Saúl Sierra Niño contra
el artículo 236 del Código Civil incumple los requisitos de claridad,
certeza, especificidad y suficiencia que han sido desarrollados por la
jurisprudencia constitucional, situación que impone una decisión inhibitoria
por ineptitud sustancial de la demanda. Son tantas las deficiencias del líbelo,
que no puede realizarse una interpretación de la demanda como lo solicita la
Procuraduría General de la Nación, porque conllevaría a una construcción
oficiosa de los cargos, a una definición de los parámetros de control por parte
de la Sala y a enderezar el contenido legal verificable de la norma acusada, lo
cual escapa a la competencia de esta Corporación y a la naturaleza rogada de la
acción pública de inconstitucionalidad.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en
relación con el artículo 236 del Código Civil, por ineptitud sustancial de la
demanda.
Notifíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
AQUILES IGNACIO ARRIETA
GÓMEZ
Magistrado (e)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
En uso de permiso
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA C-585/16
SENTENCIA
INHIBITORIA-Definición (Aclaración de voto)
Esta Corporación ha definido que las Sentencias inhibitorias son: “…aquellas
en cuya virtud, por diversas causas, el juez pone fin a una etapa del proceso,
pero en realidad se abstiene de penetrar en la materia del asunto que se le
plantea, dejando de adoptar resolución de mérito, esto es, ‘resolviendo’ apenas
formalmente, de lo cual resulta que el problema que ante él ha sido llevado
queda en el mismo estado inicial. La indefinición subsiste. Para la Corte
Constitucional es claro que, estando la función judicial ordenada, por su misma
esencia, a la solución de los conflictos que surgen en el seno de la sociedad,
el fallo inhibitorio es, en principio, su antítesis. En efecto, al consagrar el
acceso a la administración de justicia como derecho fundamental en cabeza de
toda persona, y al establecer, como uno de los postulados que orientan la
actividad judicial, la prevalencia del Derecho sustancial (Artículos 228 y 229
C.P.), la Constitución Política impuso a los jueces la obligación primordial de
adoptar, en principio, decisiones de fondo en los asuntos materia de proceso.
(…) La inhibición no justificada o ajena a los deberes constitucionales y
legales del juez configura en realidad la negación de la justicia y la
prolongación de los conflictos que precisamente ella está llamada a resolver.
En otros términos, la inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los
cuales se establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no
debe ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales. Ha de
corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser
corroborados en los que se funde objetiva y plenamente la negativa de
resolución sustancial. De lo contrario, es decir, mientras no obedezca a una
razón jurídica valedera, constituye una forma de obstruir, por la voluntad del
administrador de justicia, el acceso de las personas a ella”.
SENTENCIA
INHIBITORIA-Carácter excepcional y restringido (Aclaración de voto)
Los fallos inhibitorios tienen un carácter excepcional y
restringido, pues la regla general de la función judicial promueve la solución
eficaz y de fondo de los conflictos constitucionales planteados por los
ciudadanos. Así, un fallo inhibitorio se opone al derecho al acceso a la
administración de justicia y al derecho político a interponer acciones públicas
en defensa de la Constitución, como derechos fundamentales, así como al
postulado que rige la administración de justicia, esto es, la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal.
VIA DE HECHO POR INHIBICION
INJUSTIFICADA-Jurisprudencia constitucional (Aclaración de voto)
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CON FUNDAMENTO EN INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA
QUE INICIALMENTE FUE ADMITIDA-Desconoce la lógica de decisión judicial
constitucional (Aclaración de voto)
En múltiples oportunidades se admiten demandas de inconstitucionalidad
al encontrarse reunidos todos los requisitos legales y jurisprudenciales
necesarios para tal efecto, sin embargo, posteriormente, se profieren
Sentencias en las cuales se adoptan decisiones inhibitorias por considerarse
sustancialmente ineptas, lo cual, constituye un pronunciamiento paradójico que desconoce la lógica de decisión
judicial constitucional.
DEMANDA-Inadmisión
(Aclaración de voto)
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos (Aclaración de voto)
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes (Aclaración de voto)
PRINCIPIO
PRO ACTIONE-Aplicación (Aclaración de voto)
PRINCIPIO
PRO ACTIONE-Reglas jurisprudenciales (Aclaración de voto)/PRINCIPIO PRO
ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Límites
(Aclaración de voto)
Este Tribunal ha indicado que la demanda debe contar con los
siguientes elementos para aplicar el principio pro actione: (i) La
indicación de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas
literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación
oficial; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas; (iii) las
razones que sustentan la acusación, esto es, el por qué se estima que se violan
los textos constitucionales, que exista al menos una duda razonable sobre el alcance
interpretativo de la norma acusada o en relación con la disposición
constitucional que constituye parámetro de confrontación;[43] (iv)
en caso que se acuse desconocimiento del trámite legislativo, entonces debe
señalarse cuál es el procedimiento que debió haberse observado; y (v) la
justificación que indique la competencia de la Corte. Cabe resaltar que, el
carácter prevalente del principio pro actione significa que en caso
de duda razonable sobre la procedencia de un recurso de defensa judicial se
prefiera su estudio de fondo sobre su improcedencia. De hecho, la Sala Plena de
la Corte ha utilizado ese parámetro normativo para iniciar el estudio de mérito
de una demanda cuando existe al menos una duda razonable sobre el alcance
interpretativo de la norma acusada. Un ejemplo de ello ocurrió en la Sentencia
C-641 de 2002, en la cual la Sala Plena entró a analizar la demanda presentada
contra el Artículo 187 del entonces Código de Procedimiento Civil. En esa
oportunidad, el censor propuso una hermenéutica que colocó en duda razonable la
constitucionalidad de la norma acusada, debido al alcance interpretativo sobre
la misma. La Corte ha manifestado que el principio pro actione cuenta
con límites a su aplicación, restricciones que se concretan en lo
siguiente: “[s]i bien la Corte debe tomar en cuenta el carácter
democrático de la acción de constitucionalidad y la necesidad de adoptar un
criterio pro actione en el examen de las demandas que le son presentadas, no
puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos,
ni de determinar por sí misma, el concepto de la violación de las normas que
ante ella se acusan como infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le
impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción
de inconstitucionalidad”. En conclusión, las reglas jurisprudenciales del
principio pro actione que sustentan las decisiones de fondo por parte
de esta Corte son el resultado de la visión constitucional y democrática de la
labor del juez en el ejercicio de la administración de justicia adelantada en
la acción pública de inconstitucionalidad. Esta postura se funda en el carácter
prevalente del mencionado principio, así como en las siguientes razones: (i) se
trata del derecho de los ciudadanos a contribuir y participar en el control del
ejercicio del poder legislativo y a la defensa de la supremacía constitucional;
(ii) se otorga prevalencia al derecho sustancial sobre el formal; (iii) se
garantizan los derechos de acceso a la administración de justicia y a la
participación democrática; y (iv) se propende por mantener la integridad y
supremacía de la Carta Política.
Ref: Expediente
D-11380.
Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 236 del Código Civil.
Magistrado
Ponente:
Luis Ernesto
Vargas Silva
“Para el derecho procesal moderno las llamadas sentencias
inhibitorias son un horror, porque niegan el derecho a la justicia y un orden
justo, reflejan la equivocada dirección y composición del juicio y no se
compadecen con los poderes que se le reconocen al juez para conducir e integrar
el proceso del modo y con los elementos requeridos para que concluya con una
solución definitiva y de fondo de la controversia jurídica que le sirve de
escenario”.[12]
Disiento de la decisión de INHIBICIÓN
adoptada en la Sentencia C-585 de 2016, toda vez que, con aplicación del principio pro
actione, el cargo por la presunta vulneración de los Artículos 13, 15, 16,
42 incisos 3 y 6, y 44 de la Constitución, observa los requisitos legales y
jurisprudenciales para que esta Corporación emita un pronunciamiento de fondo,
tal como se consideró cuando fue admitida la demanda de la referencia mediante
Auto del 5 de mayo de 2016 proferido por el respectivo Magistrado Sustanciador.
Es deber de la Corte
Constitucional aplicar el mencionado principio en aquellos casos en los que, como en este, el demandante
planteaba una duda razonable para asumir el estudio sobre la constitucionalidad
del Artículo 236 del Código Civil, por cuanto
expuso la carga argumentativa suficiente para demostrar que el legislador
presuntamente incurrió en una omisión legislativa relativa al dejar sin
protección a los hijos naturales con la figura de la legitimación. Lo anterior, por tratarse
del ejercicio del derecho de acción de un ciudadano a impulsar el control
constitucional, para lo cual no deben exigirse tecnicismos complejos y
especializados que hagan nugatorio el ejercicio efectivo de dicha prerrogativa.
A fin de
desarrollar la presente aclaración de voto, comenzaré por resumir lo resuelto
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-585 de 2016. En segundo término,
desarrollaré el alcance de las providencias inhibitorias. Seguidamente,
precisaré que la decisión inhibitoria proferida por la Corte con fundamento en
la ineptitud sustancial de una demanda de inconstitucionalidad que inicialmente
fue admitida por esa misma Corporación al cumplir todos los requisitos para tal
efecto, constituye un pronunciamiento paradójico que desconoce la lógica de
decisión judicial. Luego, abordaré los requisitos mínimos para que este
Tribunal emita una decisión de mérito. Posteriormente, reiteraré las reglas del
principio pro actione que sustentan las decisiones de fondo por parte de
esta Corporación. Por último, demostraré el cumplimiento de las condiciones
exigidas para pronunciarse de fondo sobre la inconstitucionalidad del Artículo
236 del Código Civil, por la presunta vulneración de los Artículos 13, 15, 16, 42 incisos 3 y 6,
y 44 Superiores.
A.
Decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-585 de 2016.
La acción
pública de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano se formuló contra el Artículo 236 del Código Civil al
considerarse que contraría los Artículos 13, 15, 16, 42 incisos 3 y 6, y
44 de la Constitución, por cuanto el legislador incurrió
en una omisión a su deber legislativo.
Adicionalmente, el actor solicitó en el aparte de
pretensiones la declaratoria de inexequibilidad del Artículo demandado tras
considerar que este quebranta los Artículos 4, 6, 29 y 95 Superiores, ya que “atenta
contra la dignidad humana del ser humano”, “ubica al menor de edad en
una categoría injusta y discriminatoria” y deja sin protección a aquellos
hijos concebidos por una mujer soltera o casada con hombre soltero o casado
(hijos naturales) y a aquellos hijos que nacieron antes de contraer matrimonio
y que no fueron registrados en la partida de matrimonio civil o religioso, a
quienes se les causa un perjuicio irreparable para el acceso al patrimonio de
familia toda vez que por el origen familiar no podrían acceder a éste.
Para
sustentar los cargos de la demanda, el demandante expuso los argumentos que se
resumen a continuación:
1. La
inconstitucionalidad no deriva de la totalidad del Artículo 236 del C.C., sino
del término “legítimos” que ocasiona un trato discriminatorio al
comparar a los hijos y resulta contrario a los valores en que se inspira la
Constitución, “puesto que se encuentra ocasionando un daño al ordenamiento
jurídico desconociendo de los (sic) derechos de los menores que por su origen familiar
no podrían acceder al patrimonio de familia”.
2. Manifestó
que “la frase de la norma acusada” viola el Artículo 13 Superior, porque
establece una clasificación histórica de los hijos que perpetua una diferencia
de trato, de tal forma que “el término ‘legítimos’ contenido en el Artículo
28 de la Ley 70 de 1931, atenta y vulnera el derecho a la igualdad porque se
traduce en un grave discriminación relacionada con el origen de los hijos
vinculado a un linaje familiar o al nacimiento”. Añadió que también atenta
contra el derecho a la dignidad humana, “ya que discrimina a un ser incapaz,
inocente y que no tiene la culpa y mucho menos la capacidad de dilucidar las
consecuencias de unos actos humanos anteriores a la concepción”.
En la
providencia C-585 de 2016, como asunto preliminar, la Corte abordó el estudio
sobre la aptitud sustancial de la demanda. Como resultado de dicho análisis, la
Sala Plena concluyó que la demanda “contiene graves falencias en su
formulación que la torna inepta e impide que la Corte Constitucional pueda
asumir un pronunciamiento de mérito”. Ello, por cuanto se estimaron
incumplidos los requisitos de claridad, certeza, especificidad
y suficiencia.
A
continuación se expone brevemente los argumentos planteados en la sentencia,
con base en los cuales se resolvió proferir un fallo inhibitorio:
Carecía de
claridad, pues “indica diversos objetos de demanda porque una veces refiere
únicamente a la expresión ‘legítimos’ que contiene el Artículo 236 en comento,
otra mayoría de veces señala como precepto censurado el Artículo 288 del Código
Civil sobre la patria potestad que los padres ejercen frente a los hijos, y en
otra oportunidad incluso menciona como norma demandada el Artículo 28 de la Ley
70 de 1931, el cual establece la figura de patrimonio de familia en favor de
los hijos legítimos o naturales menores de edad cuando mueren ambos cónyuges”.
Adolecía de
certeza, toda vez que “una interpretación gramatical del Artículo 236 del
Código Civil permite advertir que las acusaciones planteadas por el demandante
no se desprenden ni tienen relación directa con el contenido legal verificable
del mismo, por cuanto éste ni refiere a la figura del patrimonio de familia
generando exclusiones a los hijos no legitimados por sus padres, así como
tampoco menciona la institución de la patria potestad estableciendo una
diferencia de trato entre hijos legitimados y extramatrimoniales no
legitimados.”
Incumplía la
especificidad, “habida cuenta que son imprecisos en la medida que olvidan
realizar una confrontar (Sic) objetiva entre el contenido legal verificable del
Artículo 236 del Código Civil y los Artículos constitucionales que estima
vulnerados. En efecto, los argumentos son vagos, indirectos y como se ha dicho,
no se relacionan de forma concreta con el precepto demandado pues la mayor
parte del concepto de la violación está construido a partir de la citación
textual de la Sentencia C-404 de 2013, que abordó el estudio de un problema jurídico
diferente relacionado con la institución de la patria potestad.”
No acreditó
suficiencia, “por cuanto el demandante señala que el legislador incurrió en
una omisión legislativa relativa al dejar sin protección a los hijos naturales
con la figura de la legitimación, pero olvidó exponer los elementos de juicio
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto de ese
reproche.”
Con base en
lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para
resolver de fondo sobre la inconstitucionalidad de la referida disposición
normativa, por ineptitud sustancial de la demanda.
B. El alcance de las Sentencias inhibitorias.
La palabra inhibir, del latín inhibēre, contiene
varias acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
algunas de las cuales son aplicables a la actividad jurisdiccional: “4.
abstenerse, dejar de actuar. 5. Dicho de un juez: Declararse incompetente en
una causa”.
Esta
Corporación ha definido que las Sentencias inhibitorias son:
“…aquellas en cuya virtud, por diversas causas, el
juez pone fin a una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar
en la materia del asunto que se le plantea, dejando de adoptar resolución de
mérito, esto es, ‘resolviendo’ apenas formalmente, de lo cual resulta que el
problema que ante él ha sido llevado queda en el mismo estado inicial. La
indefinición subsiste. Para la Corte Constitucional es claro que, estando la función
judicial ordenada, por su misma esencia, a la solución de los conflictos que
surgen en el seno de la sociedad, el fallo inhibitorio es, en principio, su
antítesis.
En efecto, al consagrar el acceso a la administración de justicia
como derecho fundamental en cabeza de toda persona, y al establecer, como uno
de los postulados que orientan la actividad judicial, la prevalencia del
Derecho sustancial (Artículos 228 y 229 C.P.), la Constitución Política impuso
a los jueces la obligación primordial de adoptar, en principio, decisiones de
fondo en los asuntos materia de proceso. (…)
La inhibición no justificada o ajena a los deberes
constitucionales y legales del juez configura en realidad la negación de la
justicia y la prolongación de los conflictos que precisamente ella está llamada
a resolver. En otros términos, la inhibición, aunque es posible en casos
extremos, en los cuales se establezca con seguridad que el juez no tiene otra
alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos
judiciales. Ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos que
puedan ser corroborados en los que se funde objetiva y plenamente la negativa
de resolución sustancial. De lo contrario, es decir, mientras no obedezca a una
razón jurídica valedera, constituye una forma de obstruir, por la voluntad del administrador
de justicia, el acceso de las personas a ella”.[13]
Los fallos
inhibitorios tienen un carácter excepcional y restringido, pues la regla
general de la función judicial promueve la solución eficaz y de fondo de los
conflictos constitucionales planteados por los ciudadanos. Así, un fallo
inhibitorio se opone al derecho al acceso a la administración de justicia y al
derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución,
como derechos fundamentales, así como al postulado que rige la administración
de justicia, esto es, la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
En la
Sentencia C-666 de 1996, antes citada, la Corte examinó la constitucionalidad
de los Artículos 91 y 333 del Código de Procedimiento Civil y condicionó los
preceptos enunciados “en el sentido de que las providencias judiciales
inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las
atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales
para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible
proferir decisión de fondo”.
Adicionalmente,
en la Sentencia T-794 de 2011,[14]
la Sala Quinta de Revisión, detectó un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente horizontal debido a una decisión inhibitoria del Tribunal
Administrativo del Cesar. Para lo cual reiteró lo establecido en la Sentencia
C-666 de 1996, sobre la configuración de una “vía de hecho”, al respecto
indicó:
“Se configura, en tales ocasiones, una verdadera e
inocultable vía de hecho, toda vez que, al inhibirse sin razón
válida, el juez elude su responsabilidad, apartándose de la Constitución y de
la ley; realiza su propia voluntad, su interés o su deseo, por encima del orden
jurídico; atropella a quienes están interesados en los resultados del juicio y
hace impracticable el orden justo preconizado por la Constitución.
Si ello es así,
la inhibición injustificada carece de legitimidad y pierde el sentido de una
decisión judicial apta para producir cualquier efecto jurídico. Es tan sólo una
providencia judicial aparente que no merece la intangibilidad normalmente
atribuida a las determinaciones de los jueces”[15].
Posteriormente,
en providencia T-713 de 2013, la Sala Séptima de Revisión reiteró el precedente
acerca de los fallos inhibitorios, señaló lo siguiente:
“…en principio,
las decisiones inhibitorias no tienen cabida dentro del ordenamiento jurídico
colombiano, pues impiden la garantía de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto no resuelven de
fondo la controversia por la cual el ciudadano acudió a la jurisdicción,
prolongando con ello la incertidumbre sobre el derecho subjetivo alegado”[16].
A nuestro
juicio, el juez constitucional como garante del proceso constitucional, de los
derechos fundamentales e integridad de la Constitución, debe adoptar las
medidas necesarias para interpretar la demanda de manera que la excepción
-proferir fallos inhibitorios- no se convierta en la regla general –decidir de
fondo el asunto-. Bajo el régimen constitucional actual, formado con principios
y valores, al operador judicial le corresponde interpretar y aplicar las reglas
de procedimiento de manera armónica para privilegiar el derecho sustancial y
las garantías procesales, sobre las formas, que en ocasiones obstaculizan el
acceso a la justicia y a una decisión judicial de fondo.
Las
tendencias contemporáneas en materia de derecho procesal conllevan a reconocer
la garantía de obtener una Sentencia que resuelva el fondo de la cuestión en
litigio. Este derecho comprendido dentro del derecho fundamental al debido
proceso significa la respuesta efectiva al fondo del asunto y a cada una de las
solicitudes formuladas por las partes durante el proceso. Se vulnera su
contenido cuando las decisiones judiciales son inhibitorias y se abstienen de
desatar el litigio, ya que reiterando lo dicho por López Blanco:
“…permiten al
funcionario salirse por la tangente, y son muy socorridos cuando la situación
(desde el punto de vista de la aplicación de las normas sustanciales o del
desarrollo de las pruebas) se muestra difícil porque sin entrar a decidir, como
es su deber, dictan Sentencias que le ponen fin al proceso sin dirimirlo
mostrando al juez como cumplidor de su deber por cuanto ha Sentenciado, así en
realidad ocurra lo contrario”[17].
C. La
decisión inhibitoria proferida por la Corte Constitucional con fundamento en la
ineptitud sustancial de una demanda de inconstitucionalidad que inicialmente
fue admitida por esa misma Corporación al cumplir todos los requisitos para tal
efecto, constituye un pronunciamiento paradójico que desconoce la lógica de
decisión judicial constitucional.
Los actos de introducción procesal, como el auto admisorio de la
demanda, exigen la especial responsabilidad del demandante de ser diligente a
fin de que la Corporación pueda garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia y cumplir eficazmente la función de guarda de la
supremacía constitucional, al derivar su demanda en un juicio de
constitucionalidad abstracta, en los estrictos y precisos términos ordenados
por el Artículo 241 de la Carta Política.
En ese sentido se ha pronunciado esta Corporación desde la
Sentencia fundadora C-131 de 1993, diciendo que aquellas demandas “incorrectamente
presentadas serán inadmitidas, siendo obligación del magistrado sustanciador,
en ejercicio de la dirección y control del proceso, señalarle claramente al
actor el trámite correcto y las enmiendas que es necesario introducir, antes de
rechazar dicha demanda”. Esto, con el fin de permitir “que el actor
corrija su demanda y el proceso constitucional se desenvuelva normalmente.
Luego en todo momento queda salvaguardado el derecho político del ciudadano
demandante”.
Sobre los
requisitos de la demanda, los cuales abordaremos más adelante con suficiencia,
el Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece que cuando los ciudadanos
ejercen la acción pública de inconstitucionalidad deben señalar con precisión:
(i) el objeto demandado, (ii) las normas constitucionales que se consideran
infringidas, (iii) el concepto de la violación, (iv) el señalamiento del
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado, así
como la forma en que fue quebrantado, y (v) la razón por la cual la Corte es
competente para conocer del asunto.
En la línea argumentativa de lo expuesto, desconoce la garantía
procesal de acceso a la administración de justicia el hecho de admitir una
demanda de inconstitucionalidad, para luego proferir una decisión inhibitoria
que no resuelva la cuestión de fondo bajo el argumento de que quien alega el
desconocimiento de la Constitución ha incumplido el presupuesto procesal de
demanda en forma.
Frente al
asunto de constitucionalidad de la referencia, estimamos que las precitadas
condiciones debieron ser advertidas desde el auto admisorio de la demanda y en
consecuencia haberse inadmitido la demanda, con la finalidad de garantizarle al
actor la oportunidad de efectuar la corrección pertinente; y no esperar hasta el
momento procesal de proferir la Sentencia para adoptar una decisión inhibitoria
que, bajos estas consideraciones, comportan una negación del acceso a la
administración de justicia (art. 229 C.P.).
Si bien es
cierto que las condiciones de admisión de la acción pública de
inconstitucionalidad procuran que el ciudadano cumpla con una carga mínima
argumentativa que permita derivar en un verdadero juicio de constitucionalidad,
la aplicación constante por parte de la Corte de estas condiciones exige un
altísimo grado de diligencia y prudencia judicial, pues podrían conducir a la
desnaturalización de la vocación popular de la acción pública de
inconstitucionalidad, diseñada como tal desde sus orígenes autóctonos con la
expedición del Artículo 41 del Acto Legislativo Número 3 de 1910.
En este
punto, es pertinente recordar las consideraciones basadas en la naturaleza
simple y popular de la acción, conforme fueron entendidas por la Sala de
Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en el año 1912:
“El derecho que
el más insignificante ciudadano goza, de parar en el atajo del quebrantamiento
de la Constitución al Presidente de la Republica y al mismo Congreso, y
devolverlos al camino de sus deberes fundamentales, es para nosotros el
principio que más sabio, original y benéfico que nuestros legisladores han
traído al acervo constitucional[18].”
Debido a las
exigencias que plantea instaurar la acción de constitucionalidad, el auto
admisorio de la demanda constituye el momento procesal oportuno para garantizar
el debido proceso en el trámite incidental de constitucionalidad abstracta. La
inadmisión de la demanda se erige como la posibilidad con que cuenta el
demandante para corregir el escrito presentado para que esta sea estudiada
nuevamente por el Despacho encargado.
El hecho de
admitir la demanda de inconstitucionalidad y proferir un fallo inhibitorio, el
cual podía haberse evitado al realizar el examen juicioso de admisibilidad de
la demanda invitando al ciudadano a corregir su escrito, trae como consecuencia
que la más antigua de las acciones de control ciudadano de constitucionalidad[19] sea
inadecuadamente utilizada. Adicionalmente, frustra el objeto de la jurisdicción
constitucional que no es otro que desarrollar un verdadero juicio de
constitucionalidad. En palabras de este Tribunal:
“La consagración
de requisitos mínimos no puede entenderse como una limitación a los derechos
políticos del ciudadano ya referidos, pues lo que se persigue al identificar el
contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos elementos que
informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo,
evitando un fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho
político.  Esto supone que el demandante de una norma cumpla con una carga
mínima de comunicación y argumentación que ilustre a la Corte sobre la norma
que se acusa, los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el
concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para
pronunciarse sobre la materia”[20].
A las luz de
estos elementos de juicio, estimamos que una decisión inhibitoria, su sustento
y el desgaste innecesario que la misma llegare a implicar no solo para el
Despacho Ponente sino para el Pleno de la Corte Constitucional, puede
detectarse y evitarse desde el momento en que se realiza el examen de
admisibilidad de la demanda.
Pese a lo
anterior, en múltiples oportunidades se admiten demandas de
inconstitucionalidad al encontrarse reunidos todos los requisitos legales y
jurisprudenciales necesarios para tal efecto, sin embargo, posteriormente, se
profieren Sentencias en las cuales se adoptan decisiones inhibitorias por
considerarse sustancialmente ineptas, lo cual, constituye un pronunciamiento
paradójico que desconoce la lógica de decisión judicial constitucional.
D.
Requisitos legales y jurisprudenciales para que la Corte emita un
pronunciamiento de mérito.
El Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991[21] establece
que toda demanda de inconstitucionalidad debe contener los siguientes
requisitos: (i) el señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas
constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si fuere el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la
Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda.
Respecto a la tercera exigencia que alude a “las razones por
las cuales dichos textos se estiman violados”, mediante Sentencia C-1052 de
2001, la Corte Constitucional precisó que dichas razones deben ser claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.[22] Según lo señalado en la
referida providencia, tales características consisten en lo siguiente:
La claridad:
“…es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto
de la violación, pues aunque ‘el carácter popular de la acción de
inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de
hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la
norma que acusa y el Estatuto Fundamental’[23],
no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que
permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones
en las que se basa”.
La certeza:
“…significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y
existente[24]
‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e incluso
sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda[25].
Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la
confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; ‘esa
técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer
proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador,
para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto
normativo no se desprenden’[26].”
La especificidad:
“… las razones son específicas si definen con claridad la manera como la
disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través ‘de la
formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma
demandada’[27].
El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales’[28] que no
se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin
duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la
discusión propia del juicio de constitucionalidad[29].”
La pertinencia:
“Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de
naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de
una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este
orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales[30]
y doctrinarias[31],
o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los
que ‘el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino
que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular,
como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’[32];
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia[33],
calificándola ‘de inocua, innecesaria, o reiterativa’[34] a partir
de una valoración parcial de sus efectos.”
Y la suficiencia:
“…guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos
de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo,
cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición
del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué
procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (Artículo 2 numeral 4
del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los
hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no
se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante.
Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance
persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque
no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.
En conclusión,
una demanda de inconstitucionalidad es sustancialmente apta cuando reúne todas
las exigencias anteriormente expuestas, ya que a partir de ello resulta posible
determinar la norma legal acusada, el precepto constitucional vulnerado y el
concepto de violación que la sustenta, y así realizar el respectivo análisis de
constitucionalidad.
E. Reglas jurisprudenciales del principio pro actione
que sustentan las decisiones de fondo por parte de la Corte Constitucional.
La
aplicación y estudio de los requisitos señalados en el aparte anterior debe
estar guiado por el principio pro actione. De acuerdo con este criterio,
el examen de las exigencias adjetivas de admisibilidad de la demanda de
inconstitucionalidad no debe ser sometido a tan riguroso escrutinio, porque ese
mandato de optimización obliga a que el juez constitucional prefiera una
decisión de fondo antes que una inhibitoria, de tal suerte que se privilegie la
efectividad de los derechos a la participación ciudadana como derecho político,
y acceso al recurso judicial efectivo.[35]
La
consagración de este principio tiene en cuenta que la acción de
inconstitucionalidad es de carácter público, es decir, una herramienta procesal
de contenido constitucional abierta a todos los ciudadanos. Por esa razón, el
ordenamiento jurídico no exige acreditar la condición de abogado.[36] Por
ello, “(e)l rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no
puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio
el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del
demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”[37].
Como
criterio máximo de aplicación del principio pro actione, esta
Corporación ha considerado viable subsanar los distintos defectos de las
demandas, yerros que pudieren llevar a un fallo inhibitorio, o falencias que
detectadas en la etapa de admisión pudieren dar lugar a la inadmisión o rechazo
de la censura. Tal medida tiene el fin de otorgar prevalencia al derecho
sustancial sobre el formal, garantizar los derechos al acceso de la
administración de justicia y la participación democrática, y mantener “la
integridad y supremacía de la Constitución”, en los términos previstos en
los Artículos 241 y subsiguientes del Texto Superior.[38]
Sin embargo,
la aplicación de la norma citada no puede darse de manera automática, pues ello
implicaría que la Corte elabore la demanda, carga que corresponde al ciudadano.
Ante tal situación, este Tribunal ha indicado que la demanda debe contar con
los siguientes elementos para aplicar el principio pro actione:
(i) La
indicación de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas
literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación
oficial;[39]
(ii) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas;[40] (iii) las
razones que sustentan la acusación, esto es, el por qué se estima que se violan
los textos constitucionales,[41]
que exista al menos una duda razonable sobre el alcance interpretativo de la
norma acusada[42]
o en relación con la disposición constitucional que constituye parámetro de
confrontación;[43]
(iv) en caso que se acuse desconocimiento del trámite legislativo, entonces
debe señalarse cuál es el procedimiento que debió haberse observado; y (v) la
justificación que indique la competencia de la Corte.[44]
Cabe
resaltar que, el carácter prevalente del principio pro actione significa
que en caso de duda razonable sobre la procedencia de un recurso de defensa
judicial se prefiera su estudio de fondo sobre su improcedencia.[45]
De hecho, la
Sala Plena de la Corte ha utilizado ese parámetro normativo para iniciar el
estudio de mérito de una demanda cuando existe al menos una duda razonable
sobre el alcance interpretativo de la norma acusada. Un ejemplo de ello ocurrió
en la Sentencia C-641 de 2002, en la cual la Sala Plena entró a analizar la
demanda presentada contra el Artículo 187 del entonces Código de Procedimiento
Civil. En esa oportunidad, el censor propuso una hermenéutica que colocó en
duda razonable la constitucionalidad de la norma acusada, debido al alcance
interpretativo sobre la misma.
La Corte ha
manifestado que el principio pro actione cuenta con límites a su
aplicación, restricciones que se concretan en lo siguiente:
“[s]i
bien la Corte debe tomar en cuenta el carácter democrático de la acción de
constitucionalidad y la necesidad de adoptar un criterio pro actione en el
examen de las demandas que le son presentadas, no puede llegar al extremo de
suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí
misma, el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como
infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para
hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad”[46].
En
conclusión, las reglas jurisprudenciales del principio pro actione que
sustentan las decisiones de fondo por parte de esta Corte son el resultado de
la visión constitucional y democrática de la labor del juez en el ejercicio de
la administración de justicia adelantada en la acción pública de
inconstitucionalidad. Esta postura se funda en el carácter prevalente del
mencionado principio, así como en las siguientes razones: (i) se trata del
derecho de los ciudadanos a contribuir y participar en el control del ejercicio
del poder legislativo y a la defensa de la supremacía constitucional; (ii) se
otorga prevalencia al derecho sustancial sobre el formal; (iii) se garantizan
los derechos de acceso a la administración de justicia y a la participación
democrática; y (iv) se propende por mantener la integridad y supremacía de la
Carta Política.
F. El
cumplimiento de las condiciones exigidas para pronunciarse de fondo sobre la
inconstitucionalidad del Artículo 236 del Código Civil, por la presunta vulneración de los Artículos 13,
15, 16, 42 y 44 de la Constitución Política.
Nuestra
preocupación radica en que la Sala Plena soslayó que la valoración de los
requisitos de una demanda de inconstitucionalidad debe orientarse por el
principio pro actione, como quiera que se trata de un derecho ciudadano
que contribuye a la participación en el control del ejercicio del poder
legislativo y a la defensa de la supremacía constitucional.
La Sentencia
C-585 de 2016 adoptó una decisión desproporcionada, al exigirle e imponerle al
demandante un conocimiento de la disciplina jurídica propia de los expertos en
derecho constitucional, específicamente, en asuntos donde se alegue una omisión
legislativa relativa.
Por esto,
considero que la Corte debió decidir de fondo sobre la constitucionalidad del
Artículo 236 del Código Civil, ya que, en atención al principio pro actione,
los argumentos esbozados por el censor cumplieron con los requisitos para un
pronunciamiento de mérito acerca de la inconstitucionalidad de la disposición
legal acusada. Lo anterior, en razón a que el actor identificó la norma legal
censurada, el precepto constitucional vulnerado y formuló el concepto de la
violación. En esta medida, lo alegado en la demanda observa los requisitos
mínimos exigidos para admitir y decidir de fondo la demanda presentada, tal y
como a continuación lo demuestro:
1.
El demandante señaló la norma acusada como inconstitucional y la
transcribió de manera literal. En efecto, manifestó que el Artículo 236 del
Código Civil es contrario a la Constitución.
2.
Indicó las disposiciones constitucionales que consideró infringidas, por
cuanto alegó un presunto desconocimiento de los Artículos 13, 15, 16, 42 incisos 3 y 6,
y 44 de la Carta Política.
3.
La demanda contiene la razón por la cual la Corte Constitucional es
competente para conocer de la misma, como fundamento de ello, se invocó el
numeral 4 del Artículo 241 Superior.
4.
El actor describió sus razones con claridad y siguiendo un hilo
conductor en la argumentación, lo cual permite una comprensión del contenido de
la demanda y de las justificaciones en las que fundamento su pretensión.
5.
Contrario a lo estimado en la Sentencia C-585 de 2016, el ciudadano sí
propuso un cargo cierto, pues es evidente que recae sobre una
proposición jurídica real y existente, esto es, el Artículo 236 del Código
Civil.
6.
El censor en ningún momento dedujo o consideró implícita dicha norma
legal en otra vigente, por el contrario, su discurso siempre estuvo dirigido a
sostener que la disposición censurada desconocía de manera directa los
Artículos 13, 15, 16, 42
incisos 3 y 6, y 44 de la Constitución.
7.
El demandante formuló un cargo específico, ya que definió y
precisó adecuadamente la manera cómo la disposición acusada desconoce los
Artículos 13, 15, 16, 42
incisos 3 y 6, y 44 Superiores, al señalar que el legislador incurrió en
una omisión legislativa relativa al dejar sin protección a los hijos naturales
con la figura de la legitimación, y al sostener que dicha norma legal establece
una clasificación histórica de los hijos que perpetua una diferencia de trato,
a su juicio, inconstitucional.
8.
El ciudadano esbozó un cargo pertinente, toda vez que constituye
un reproche de naturaleza constitucional, es decir, se funda en la apreciación
del contenido del precepto censurado confrontado con el de los Artículos 13, 15, 16, 42 incisos 3 y 6,
y 44 de la Carta Política.
9.
El censor propuso un cargo suficiente, en la medida que planteó
la existencia de un problema de relevancia constitucional que llevaba consigo
una oportunidad propicia para que la Corte se pronunciara al respecto.
La
relevancia de ese asunto radicaba en que el Artículo 236 del Código Civil
presuntamente desconoce las normas constitucionales referidas, por cuanto “deja
sin protección a aquellos hijos concebidos por una mujer soltera o casada con
hombre soltero o casado (hijos naturales) y a aquellos hijos que nacieron antes
de contraer matrimonio y que no fueron registrados en la partida de matrimonio
civil o religioso, a quienes se les causa un perjuicio irreparable para el
acceso al patrimonio de familia toda vez que por el origen familiar no podrían
acceder a éste”.
Lo anterior
propone una duda razonable acerca de si la disposición normativa demandada
establece una manifestación o trato discriminatorio respecto a los hijos concebidos
fuera del matrimonio y cuyos padres posteriormente no contraían matrimonio, lo
cual, es suficiente para considerar que ello podría implicar, por lo menos, un
presunto desconocimiento del derecho a la igualdad (Artículo 13 Superior),
partiendo de la premisa universal de que todos los hijos, sin distinción
alguna, son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos.
Es notorio
que la acción pública de inconstitucionalidad formulada contra el Artículo 236
del Código Civil, contaba la carga argumentativa suficiente para demostrar que
el contenido de esa norma legal podría contrariar la Constitución. En virtud
del principio pro actione se precisaba un estudio de mérito del
caso.
En este
orden de ideas, consideramos que la decisión adoptada desconoce que el
Constituyente quiso que la acción pública de inconstitucionalidad fuese una
herramienta procesal meramente instrumental que facilite la discusión que susciten
ciudadanos preocupados por la integridad del pacto de convivencia. El abuso de
las decisiones inhibitorias desatiende el derecho al acceso a la administración
de justicia y cercena la participación de las personas en el control político.
Por tanto, es contraria a la Constitución, en la medida en que desconoce normas
de rango superior.
La decisión
de inhibición adoptada en la Sentencia C-585 de 2016, su sustento y el desgaste
innecesario que la misma implicó no solo para el Despacho Ponente sino para el
Pleno de la Corte, ya que esta pudo haberse detectado y evitado desde el
momento en que se efectuó el examen de admisibilidad de la demanda. Pese a
ello, mediante Auto del
5 de mayo de 2016 se admitió la demanda de inconstitucionalidad
contenida en el expediente D-11380 al encontrarse reunidos todos los requisitos
legales y jurisprudenciales necesarios para tal efecto. Sin embargo,
posteriormente, en el fallo de la referencia se produjo una decisión inhibitoria
frente a esa misma demanda, al estimarse incumplidos los presupuestos de
claridad, certeza, especificidad y suficiencia, lo cual claramente constituye
un pronunciamiento paradójico que desconoce la lógica de decisión judicial
constitucional.
Lo expuesto en
precedencia no es más que el resultado de la visión constitucional y
democrática de la labor del juez en el ejercicio de la administración de
justicia adelantada en la acción pública de inconstitucionalidad. Esta postura
se funda en los parámetros y en el carácter prevalente del principio pro
actione, así como en las siguientes razones: (i) se trata del derecho de un
ciudadano que contribuye a la participación en el control del ejercicio del
poder legislativo y a la defensa de la supremacía constitucional; (ii) se
otorga prevalencia al derecho sustancial sobre el formal; (iii) se garantizan
los derechos al acceso de la administración de justicia y a la participación
democrática; y (iv) se propende por mantener la integridad y supremacía de la
Carta Política.
Como
Magistrado de la Corte Constitucional tengo la plena convicción que en un
futuro cercano esta Corporación reflexionará sobre su actual postura frente a
las sentencia inhibitorias y, producto de ello, acogerá mayoritariamente la
postura de pronunciarse de fondo frente a todas las demandas de
inconstitucionalidad que sean admitidas, pues esto llevaría consigo a la
efectividad de las garantías y derechos que han sido resaltados  a lo largo de
la presente aclaración de voto.
Dejo aquí
plasmadas las razones que me llevaron a aclarar mi voto frente a la Sentencia
C-585 de 2016, en relación con la decisión inhibitoria de emitir un
pronunciamiento de mérito respecto de la posible inconstitucionalidad del
Artículo 236 del Código Civil.
Fecha ut
supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1] Para
desarrollar la parte teórica de los requisitos mínimos que debe acreditar toda
demanda de inconstitucionalidad, se seguirán de cerca las sentencias C-055 de
2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, con AV de los Magistrados Luis Guillermo
Guerrero Pérez y Alejandro Linares, y con SV del Magistrado Alberto Rojas Ríos)
y C-160 de 2016 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva, con SV de los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y
Alberto Rojas Ríos).
[2] En la sentencia C-­874 de 2002 (MP Rodrigo
Escobar Gil), reiterada en las sentencias C-612 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) y C-160 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, con SV de los Magistrados
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos), la Corte consideró que: “[Si] bien el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la
inexistencia de cargos de inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide
sobre la admisibilidad de la demanda, por resultar más acorde con la garantía
de la expectativa que tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de
fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos,
esta decisión también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es
en esta etapa procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y
profundidad las acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de
inconstitucionalidad”.
[3] Sentencia C-421 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, con SV del
Magistrado Jaime Araújo Rentería).
[4] Sentencia C-914 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[5] sentencia C-076 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[6] Así lo planteó esta Corte en la sentencia C-612 de 2015 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), en donde citó las siguientes obras relevantes: La
discusión sobre la tensión entre la democracia, el ejercicio de la actividad de
producción normativa del Congreso y el control de constitucionalidad es clásica
en la teoría constitucional.  Para una de sus revisiones más autorizadas, Vid.
Alexander Bickel (1986) The Least Dangerous Branch.  Yale University
Press. Second Edition. A su vez, para una discusión en el ámbito
latinoamericano Vid.  Roberto Gargarella (1997) La dificultad de
defender el control de constitucionalidad de las leyes. Revista Isonomía
No. 6.
[7] La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la
sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Sentencia C-1052 de 2001, fundamento jurídico 3.4.2.
[9] Ibídem.
[10] Ibídem.
[11]
Al invocar la posible existencia de una omisión legislativa relativa, el
demandante debe asumir la carga de demostrar los siguientes requisitos: “(a)
la existencia de una norma respecto de la cual se pueda predicar necesariamente
el cargo por inconstitucionalidad; (b) la exclusión de las consecuencias
jurídicas de la norma de aquellos casos o situaciones análogas a las reguladas
por la norma, que por ser asimilables, debían de estar contenidos en el texto
normativo cuestionado, o la omisión en el precepto demandado de un ingrediente
o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (c) la inexistencia de
un principio de razón suficiente que justifique la exclusión de los casos,
situaciones, condiciones o ingredientes que debían estar regulados por el
precepto en cuestión; (d) la generación de una desigualdad negativa para los
casos o situaciones excluidas de la regulación legal acusada, frente a los
casos y situaciones que se encuentran regulados por la norma y amparados por
las consecuencias de la misma, y por consiguiente la vulneración del principio
de igualdad, en razón a la falta de justificación y objetividad del trato
desigual; y (e) la existencia de un deber específico y concreto de orden
constitucional impuesto al legislador para regular una materia frente a sujetos
y situaciones determinadas, y por consiguiente la configuración de un
incumplimiento, de un deber específico impuesto por el constituyente al
legislador” . Sentencia C-179 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En
mismo sentido se pueden consultar las sentencias C-837 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), y C-881 de 2011
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[12] Auto 026 de 1996.
[13] Sentencia C-666 de 1996 (Unánime).
[14]
En esta oportunidad, este Tribunal tuteló los derechos fundamentales a la
igualdad, a la confianza legítima, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de una menor que pretendía acceder a una pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su padre.
[15] Sentencia C-666 de 1996 (Unánime).
[16] Sentencia T-713 de 2013.
[17] López Blanco. H. Procedimiento Civil, parte general.
Dupré-Editores, tomo I. Bogotá. 8ª edición, 2002, p. 967.
[18] Salvamento de voto de los magistrados Luis Eduardo Villegas y
Rafael Navarro y Euse, Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 20 de abril de
1912.
[19] Artículo 41 del Acto Legislativo No. 3 de 1910 y previamente
consagrada en el Artículo 72 de la Constitución de Rio Negro.
[20] Sentencia C-1052 de 2001.
[21] “Por el cual se dicta el régimen procedimental de
los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
[22] Estos presupuestos fueron reiterados en la Sentencia C-1256 de 2001, y
recientemente, en los fallos C-535 de 2013; C-287 de 2014; C-370 de 2014; C-584
de 2014; C-052 y C-552 de 2015, entre otros.
[23] “Cfr Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993 MP. José Gregorio Hernández.
Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra
los artículos 16 y 20 de la Ley 3a de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de
1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996 MP.
Carlos Gaviria Díaz.”
[24] “Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; MP. Álvaro Tafur
Gálvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues ‘del
estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como
corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se
plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra
ella’.”
[25] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 MP. José Gregorio
Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de
mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse
ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que
se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo
sentido C-113 de 2000 MP. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000 MP.
Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000 MP. Alfredo Beltrán Sierra.”
[26] En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas,
las Sentencias C-509 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (MP.
José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001 (MP. Álvaro Tafur Gálvis),
entre otras.
[27] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en
contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que
la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos
constitucionales invocados.”
[28] “Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia
de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (MP.
Jaime Córdoba Triviño) y las Sentencias C-281 de 1994 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo), C-519 de 1998 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000
(MP. Álvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de
2001 (MP. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.”
[29] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 MP. Alejandro
Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre
la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228
de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.”
[30]
“Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.”
[31] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La Corte declaró exequible en esta
oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces:
‘Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra
un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por
no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la
creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional
alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal
- ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante
concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que
permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos
comparables’. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados
por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la
visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del
actor, animaba el texto de la Constitución.”
[32] “Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.”
[33] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.  Este fallo que se encargó de estudiar la Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es
un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los
cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos
de conveniencia.”
[34] “Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha
desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de
la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la
C-090 de 1996 (MP. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo), C, 374 de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo) se
desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la
Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (MP. Alfredo Beltrán
Sierra), C-040 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000 (MP. Alejandro
Martínez Caballero), C-876 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), C-955 de
2000 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), C-1044 de 2000 (MP. Fabio Morón
Díaz), C-052 de 2001 (MP. Álvaro Tafur Gálvis), C-201 de 2001 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo).”
[35] Sentencia
C-012 de 2010.
[36] Sentencia C-814 de 2009.
[37] Sentencia C-1052 de 2001.
[38] Sentencia C-865 de 2004.
[39] Ver, entre otros, los Fallos C-063 y C-335 de 1994, C-622 de 1997,
C-142 de 2001 y C-864 de 2004.
[40] Sentencia C-642 de 2012.
[41] Ver, en relación con cargos confusos las Sentencias C-1065 de 2000,
C-621 y C-992 de 2001, C-155 de 2002 y C-864 de 2004. En torno a cargos
insuficientes: C-016 de 1993 y C-157 de 2002.
[42] Ver, entre otros, la Sentencia C-641 de 2002.
[43] Ver, las Sentencias C-211 de 1992, C-540 de 2001, C-226 de 2002 y
C-864 de 2004, entre otras.
[44] Sentencia C-642 de 2012.
[45] Al respecto, ver Auto 131 de 2004 y Sentencia C-499 de 2015.
[46] Sentencia C-012 de 2010.