T-890-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-890/11
ACCION DE
TUTELA-Carácter subsidiario y residual por existencia de otro medio de
defensa judicial/ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Requisito
de procedibilidad
La Corte
Constitucional ha indicado que, dado el carácter subsidiario y residual de la
acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro
medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe
entenderse que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los
recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un
derecho. Sin embargo, también ha dicho que esta regla tiene dos excepciones que
se presentan cuando la acción de tutela es: (i) interpuesta como mecanismo
transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable o (ii) como
mecanismo principal cuando, existiendo otro medio de defensa judicial, este no
es idóneo ni eficaz para la defensa de los derechos fundamentales conculcados o
amenazados.
ACCION DE
TUTELA PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia
excepcional
La acción
de tutela es prima facie improcedente para el reconocimiento y pago de los
derechos pensionales, salvo que se demuestre, al menos sumariamente, la
existencia de un perjuicio irremediable o que los otros medios ordinarios de
defensa con los que se cuenta no sean eficaces para proteger los derechos
invocados. Lo anterior siempre y cuando (i) exista certeza sobre la titularidad
del derecho exigido y (ii) el asunto puesto a consideración del juez de tutela
sea de relevancia constitucional.
ACCION DE
TUTELA PARA EXIGIR EMISION DE BONOS PENSIONALES-Procedencia excepcional
CONCILIACION-Concepto
y características
CONCILIACION
EN ASUNTOS LABORALES-Procedencia excepcional de la acción de tutela para
controvertirla
DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Fundamental e
irrenunciable
La
seguridad social es reconocida internacionalmente como el derecho mediante el
cual se busca proteger a las personas de cualquier circunstancia que les impida
obtener los ingresos necesarios para llevar una vida digna, tales como la vejez
y las incapacidades físicas o mentales ajenas a su voluntad. La jurisprudencia
constitucional también ha precisado que el trabajador
que cumple los requisitos legalmente exigidos para acceder a una pensión tiene
el derecho a su reconocimiento pleno y oportuno, y que las demoras injustificadas
imputables a los responsables de dicha prestación vulneran no sólo la seguridad
social, sino también otros derechos, como la dignidad y el mínimo vital.
Se concluye que el derecho a la pensión es inalienable, irrenunciable, de
naturaleza fundamental y que no se extingue con el transcurso del tiempo.
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Afiliación de los trabajadores de la
industria del petróleo con anterioridad y posterioridad a la Ley 100 de 1993
PENSION DE
VEJEZ-Imposibilidad del cómputo de semanas cotizadas con
anterioridad a la ley 100/93 cuando el contrato no esté vigente a su entrada en
vigor
EMPRESAS
DEL SECTOR PETROLERO-Obligación de inscribir a sus trabajadores en el ISS
Para
poder establecer el grado de responsabilidad de un empleador por inscripción
tardía o falta de afiliación al seguro social de sus trabajadores y los efectos
que de ello se generen, es necesario determinar, en primer lugar, en qué fecha
inició la obligación de afiliar en la zona geográfica en la que se ejecutó el
contrato y/o a partir de qué momento fue llamada a inscripción la actividad
económica de la respectiva empresa. Finalmente, debe resaltarse que con la
expedición de la Ley 100 de 1993 se hace obligatorio para todos  los
empleadores afiliar al régimen de seguridad social en pensiones a sus
trabajadores,
incluidos los que desarrollan actividades  extractivas de la industria del
petróleo y sus derivados.
ACCION DE
TUTELA CONTRA CHEVRON PETROLEUM COMPANY-Caso en que se vulnera el derecho a
la seguridad social por falta de la realización de aportes en pensiones antes
de la entrada en vigencia de la resolución 4250 de 1993 expedida por el ISS
Referencia: expedientes T-3099901,     T-3106318, T-3106321 y T-3152559
Acciones de tutela
interpuestas por María de Jesús Cuenca Sornoza y Eduardo Hernando Correa
Camargo contra Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company); Víctor
Manuel Motta Sepúlveda contra Occidental de Colombia, LLC; y José Delfín Díaz
Polo contra BJ Services Switzerland Sarl.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de
dos mil once (2011)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos emitidos por los Juzgados Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá
(Expedientes T-3099901, T-3106318 y T-3106321) y Dieciocho
Civil del Circuito de Bogotá (Expediente               T-3152559).
Mediante auto del dieciocho (18) de agosto de 2011 la Sala de Selección
número ocho de esta corporación decidió seleccionar para su revisión ante la
Corte los procesos de tutela radicados bajo los números T-3099901,             T-3106318,
T-3106321 y T-3152559, y los acumuló para ser fallados en la misma sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-3099901
Por intermedio de apoderado judicial, la señora María de
Jesús Cuenca Sornoza interpuso acción de tutela en contra de Chevron Petroleum
Company (antes Texas Petroleum Company), al estimar violados sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social,
al mínimo vital y los derechos de las personas de la tercera edad. Para
fundamentar la solicitud relata los siguientes:
1.1.
Hechos
- La demandante, quien para el momento de
presentar la acción de tutela afirma tener 68 años de edad, mantuvo una
relación laboral con Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum
Company) desde el 22 de mayo de 1967 hasta el 31 de
enero de 1995, devengando como último salario la suma de $1.673.800.
- Durante la vigencia del vínculo laboral la
entidad accionada no efectuó las cotizaciones al sistema de seguridad social y
posteriormente se negó al pago de los respectivos bonos pensionales aduciendo
estar amparada en legislación especial que la excluía de dicha obligación.
- El día 1° de febrero de 1995 se realizó una audiencia
de conciliación en la Inspección Décima de Trabajo de Bogotá, en la que se
acordó el pago a la accionante de $162.268.966 por concepto de “pacto único
de pensión”.
- La actora “sintiéndose burlada en sus
derechos, presentó una demanda que fue fallada en su contra”.
- Debido a su avanzada edad carece de
oportunidades laborales y se encuentra en estado de indefensión.
1.2.
Solicitud de tutela
La actora pide que: (i) se amparen sus
derechos fundamentales; (ii) se ordene a Chevron
Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company) enterar “al ISS sobre el
monto del sueldo y prestaciones (…) en el momento de ser desvinculada de la
empresa accionada”; (iii) se solicite al Instituto de Seguros Sociales –ISS-
que, una vez recibida dicha información, “proceda a realizar el cálculo
actuarial de la misma”; y (iv) se ordene a la sociedad Chevron Petroleum
Company (antes Texas Petroleum Company) que “proceda a realizar, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a recibida la información por parte del ISS,
los valores a que hace relación la petición anterior”.
Como sustento de sus pretensiones sostiene que
pese al régimen laboral especial de las empresas del sector petrolero, la
entidad tenía la obligación de efectuar los aprovisionamientos de capital por
concepto de pensiones, para su posterior entrega al Instituto de Seguros
Sociales –ISS-. A su juicio, el desconocimiento de este deber le vulnera los derechos
fundamentales invocados. Adicionalmente manifiesta que como en la sentencia
T-784 de 2010 se reconoció este derecho a un antiguo trabajador de esa compañía
con fundamento en los mismos hechos, la negación de esta prestación implicaría
también la lesión del derecho a la igualdad.
1.3. Respuesta de la sociedad Chevron
Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company)
Una vez surtido el trámite de admisión, la
entidad accionada procedió a su  contestación, exponiendo los argumentos que a
continuación se relatan.
Solicita que la demanda sea remitida a la Corte
Suprema de Justicia toda vez que lo que se persigue realmente es dejar sin
efectos las sentencias proferidas por la justicia ordinaria en el marco del
proceso laboral iniciado por la demandante en el año 2002.
Así responde el hecho tercero de la demanda: “Es
cierto que la accionante prestó sus servicios a la Empresa, en las fechas
indicadas en este punto (…)”.
De otro lado, pide que se declare improcedente
la acción de tutela, por las siguientes razones:
- El amparo contra particulares es excepcional
y en este caso no se configura una relación de subordinación, dado que el
vínculo laboral ya finalizó.
- El ordenamiento jurídico consagra otros
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para asegurar los presuntos
derechos constitucionales vulnerados, como el proceso ordinario laboral al que
ya se acudió previamente y el previsto para solicitar la nulidad del acta de
conciliación; tampoco se presenta la amenaza de un perjuicio irremediable para
proponer la tutela como mecanismo transitorio, porque no hay evidencia alguna
de su gravedad o inminencia y las medidas solicitadas no tienen la connotación
de urgencia.
- No concurre el requisito de la inmediatez,
puesto que la relación laboral terminó hace más de 16 años y solo hasta ahora
la accionante reclama sus derechos.
- El acta de conciliación, en la que se acordó
pagar una cuantiosa suma de dinero a la demandante por un rubro pensional que
no era constitutivo de un derecho cierto e indiscutible, hizo tránsito a cosa
juzgada y no existe ningún motivo que permita inferir que carece de validez;
por el contrario, uniforme jurisprudencia laboral ha reconocido la posibilidad
de conciliar expectativas pensionales cuando no se ha cumplido integralmente
con los requisitos para esa prestación, como la edad, el tiempo de servicios o
el de cotización.
- En razón de que la empresa estaba sometida a
un régimen especial, no tenía el deber de hacer las cotizaciones al sistema de
seguridad social que ahora se reclaman, sino sólo a partir del 1° de octubre de
1993.
- Finalmente, los hechos sobre los cuales la
Corte Constitucional se pronunció en la sentencia T-784 de 2010 difieren
sustancialmente de los que se presentan en el caso específico, ya que “en el
caso de la tutela T-784/2010, el accionante, (…) solicitó el reconocimiento del
bono pensional por la supuesta omisión de la Empresa de no hacer los aportes a la
Seguridad Social, en el caso de la señora CUENCA SORNOZA, si bien es cierto se
argumenta la omisión por parte de la Empresa, pretende adicionalmente
desconocer la validez de las sentencias proferidas con ocasión del proceso
ordinario laboral instaurado (…) que respaldan, validan y legitiman el Pacto
Único de Pensión celebrado con la actora en febrero de 1995”.
1.4. Pruebas relevantes que reposan en el
expediente
- Copia del acta de conciliación número 014 de la
Inspección Décima de Trabajo de Bogotá, del 1° de febrero de 1995 (folios 56 a 61).
- Copia de la sentencia del Juzgado Trece Laboral
del Circuito de Bogotá, del 9 de abril de 2002 (folios 147 a 156).
- Copia de la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 31 de julio de 2002 (folios 157 a 163).
- Copia de la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, del 6 de agosto de 2003 (folios 164 a178).
- Copia de la sentencia T-784 de 2010 de la
Corte Constitucional (folios 62 a 76).
1.5. Sentencia objeto de revisión
1.5.1. Primera instancia. Mediante sentencia del 5 de abril de 2011, el Juzgado Cuarenta
y Tres Civil Municipal de Bogotá niega la tutela interpuesta. Afirma que la
pretensión es incompatible con la conciliación suscrita, que ha hecho tránsito
a cosa juzgada, cuya validez y fuerza vinculante fue confirmada por la justicia
ordinaria. Asegura que la sentencia T-784 de 2010, en la que se reconoce la
obligación de la misma petrolera de pagar un bono pensional, carece de fuerza vinculante
respecto de este caso por referirse a hechos sustancialmente distintos, dado
que en aquél no se suscribió un acta de conciliación, no se recibió compensación
alguna por este concepto y no se acudió a la jurisdicción laboral para reclamar
los derechos. Finalmente, tampoco encuentra una lesión del derecho al mínimo
vital, en la medida en que no se acreditó, ni siquiera de manera sumaria, la
carencia de recursos para cubrir las necesidades en materia de vivienda, educación,
alimentación, vestuario y seguridad social, ni la eventual afectación de su
dignidad.
·
Impugnación. La accionante presenta recurso de apelación en contra del
referido fallo con el fin de que se revocara y, en su lugar, se resolvieran
favorablemente sus pretensiones.
Sostiene que, si bien es cierto que presentó
otra acción de tutela contra la misma accionada y por los mismos hechos y
derechos que la de ahora, la cual fue resuelta negativamente, también lo es que
posteriormente a esa primera acción la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia
al respecto mediante la sentencia T-784 de 2010, que resolvió favorablemente
las pretensiones del señor Nelson Arias Pabón, haciéndose necesario que la
Corte ampare su derecho a la igualdad frente a ese accionante.
1.5.2. Segunda instancia. El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá, en
sentencia del 19 de mayo de 2011, confirma la de primera instancia. Argumenta
que no existe vulneración de ningún derecho fundamental en consideración a que la
negativa de la empresa a pagar el bono pensional se encuentra amparada en un
acta de conciliación que ha hecho tránsito a cosa juzgada, de cuya validez no
existe ninguna duda. La sentencia  T-784 de 2010 tampoco implica una violación
del derecho a la igualdad, ya que, como la accionante concilió los supuestos
derechos pensionales y recibió la respectiva suma de dinero, los hechos sobre los
cuales se pronunció la Corte Constitucional difieren sustancialmente de los del
presente caso.
Por último, no encuentra lesión de los derechos
prestacionales, toda vez que la accionante no acreditó haber iniciado los
trámites administrativos ante el Instituto de Seguros Sociales –ISS- para el
reconocimiento de la pensión, ni que este se hubiera negado a ello por la falta
de los bonos a cargo de Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum
Company).
2. Expediente T-3106318
A través de apoderado judicial, el señor
Eduardo Hernando Correa Camargo presentó acción de tutela en contra de Chevron
Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company), por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital y los derechos de las personas de la tercera
edad. La solicitud se sustenta en los siguientes:
2.1. Hechos
- El actor afirma tener 64 años edad al momento
de interponer la acción de tutela y haber mantenido una relación laboral con
Texas Petroleum Company (hoy Chevron Petroleum Company) entre el 1° de octubre
de 1974 y el 30 de junio de 1979, y del “3 de enero de 1982” al 29 de diciembre de 1992, devengando como último salario la suma de un $1.001.000.
- Durante la vigencia de la relación laboral la
entidad accionada no efectuó las cotizaciones al sistema de seguridad social y
posteriormente se negó al pago de los bonos pensionales, manifestando estar
amparada en legislación especial que la excluía de dichas obligaciones.
- El día “15 de enero de 1995” las partes celebraron una audiencia de conciliación en la que Chevron Petroleum
Company (antes Texas Petroleum Company) le pagó al demandante
la suma de $165.224.190 por concepto de “pacto único de pensión”.
2.2.
Solicitud de tutela
El accionante solicita que: (i) se amparen sus
derechos fundamentales precitados; (ii) se ordene a la sociedad Texas Petroleum
Company (hoy Chevron Petroleum Company) enterar al Instituto de Seguros
Sociales –ISS- “sobre el monto del sueldo y prestaciones de mi poderdante en
el momento de ser desvinculado de la empresa accionada”; (iii) se pida al Instituto
de Seguros Sociales –ISS- que, una vez recibida “la información de que trata
la petición anterior, proceda a realizar el cálculo actuarial de los valores
correspondientes al bono pensional (…)”; y (iv) se ordene a la sociedad
demandada que, cuando tenga la información suministrada por el Instituto de
Seguros Sociales –ISS-, pague “los valores a que hace relación la petición
anterior”.
Sostiene el actor que pese al régimen laboral
especial de las empresas del sector petrolero, la entidad tenía la obligación
de efectuar los correspondientes aprovisionamientos de capital por concepto
pensional para su posterior entrega al Instituto de Seguros Sociales –ISS-. Desde
su punto de vista, el desconocimiento de este deber le impide acceder a la
pensión de vejez y por tanto vulnera sus derechos fundamentales. Igualmente,
señala que, como en la sentencia T-784 de 2010 se reconoció este derecho a un
antiguo trabajador de la misma empresa con fundamento en hechos semejantes, la
negación de esta prestación implicaría también la violación del derecho a la
igualdad.
2.3. Respuesta de la sociedad Chevron
Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company)
Una vez admitida la acción, la empresa
accionada la contestó en los siguientes términos:
Está de acuerdo con la demanda en cuanto al
tiempo que el actor le prestó sus servicios laborales.
Pide que la tutela sea declarada improcedente,
porque no cumple los requisitos exigidos por los artículos 86 de la
Constitución, 42 del Decreto 2591 de 1991 y abundante jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Afirma sobre este aspecto que la acción de tutela no es
procedente para reclamar prestaciones sociales ya que la vía idónea y adecuada
es la jurisdicción laboral, a la que el accionante no ha recurrido para
solicitar el derecho al bono pensional.
Sostiene también que al demandante no se le
está causando ningún perjuicio irremediable por el no pago del título
pensional, debido a que no tiene derecho a este, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 3°, inciso segundo, del parágrafo del Decreto 1299 de 1994, y 9°,
literal c), de la Ley 797 de 2003. Explica que su vinculación laboral con la
empresa accionada ya había terminado para el 23 de diciembre de 1993 cuando
entró en vigencia la Ley 100 de ese año.
Por otra parte, considera que la acción de
tutela también es improcedente para que se declare la nulidad del acta de
conciliación celebrada entre las partes el 15 de enero de 1993, en virtud de la
cual la empresa le pagó al ahora accionante la suma de $165.224.190;
conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada y sólo puede ser invalidada por
decisión de la jurisdicción laboral, que tampoco ha sido utilizada en este
caso. Agrega que la cuantiosa suma de dinero recibida por el actor en la
conciliación le permite vivir en condiciones dignas, por lo que su mínimo vital
no está siendo afectado.
Finalmente, expresa que la sentencia T-784 de
2010 no tiene aplicación en este caso, porque fue proferida en una acción de
tutela y sus efectos son solamente inter partes.
2.4. Pruebas relevantes que reposan en el
expediente
- Copia del acta de conciliación número 014 del
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, del 15 de enero de 1993 (folios 44 a 46, cuaderno de tutela).
- Copia de la sentencia T-784 de 2010 de la
Corte Constitucional (folios 108 a 122, cuaderno de tutela).
- Copia del Registro Único de Afiliados a la
Protección Social correspondiente al señor Eduardo Hernando Correa Camargo, en
el que consta que se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en
pensiones en el régimen de ahorro individual (folios 160 a 162, cuaderno de tutela).
2.5. Sentencia objeto de revisión
2.5.1. Primera instancia. El Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, en
sentencia del 14 de abril de 2011, niega por improcedente la tutela
interpuesta. Aduce que el ordenamiento consagra otras acciones judiciales
idóneas y eficaces para asegurar los derechos supuestamente vulnerados, que en
este caso desplazan al amparo tutelar; si bien es cierto que el accionante es
una persona de la tercera edad que goza de una protección especial, la suma
recibida en el acuerdo conciliatorio es incompatible con el supuesto perjuicio
irremediable que justificaría acudir a la tutela como mecanismo transitorio. Manifiesta
que el litigio carece de trascendencia constitucional por cuanto se origina en
derechos de rango legal, cuyo reconocimiento y exigibilidad corresponde a la
jurisdicción ordinaria. Adicionalmente, sostiene que la decisión contenida en
la sentencia T-784 de 2010 de la Corte Constitucional no es aplicable al
accionante, debido a que los hechos relevantes en aquella oportunidad difieren sustancialmente
de los alegados por el demandante en el presente caso: mientras en este se suscribió
un acuerdo conciliatorio y recibió una cuantiosa suma de dinero, en aquel no ocurrió
nada de ello. Por último, indica que la acción no cumple con el requisito de
inmediatez, ya que fue propuesta 18 años después de haberse suscrito el acuerdo
conciliatorio, lapso que supera por mucho el plazo razonable para interponer la
tutela.
·
Impugnación. El actor, a través de su apoderada, interpone contra ese
fallo recurso de apelación con el propósito de que se revocara y en su lugar se
reconociera el amparo solicitado.
Enfatiza a que la acción propuesta busca la
protección del derecho a la igualdad frente a la sentencia T-784 de 2010, que
amparó los derechos fundamentales al señor Nelson Arias Pabón, la cual es
anterior y se erige como antecedente jurisprudencial ya que la situación de los
dos accionantes es igual.
2.5.2. Segunda instancia. El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá, en
fallo del 27 de mayo de 2011, confirma lo decidido por el a quo. Explica que no
existe vulneración de ningún derecho fundamental, dado que la negativa de la
empresa a pagar el bono pensional se encuentra amparada en un acta de
conciliación que ha hecho tránsito a cosa juzgada, de cuya validez no existe
ninguna duda. Aclara que la sentencia T-784 de 2010 no implica una violación
del derecho a la igualdad, ya que, como el accionante concilió los supuestos derechos
pensionales y recibió la respectiva suma de dinero, los hechos sobre los cuales
se pronunció la Corte difieren sustancialmente de los del presente caso. Por
otra parte, considera que no puede pretenderse que esa sentencia tenga efectos
generales y retroactivos. De igual forma, manifiesta que no hay vulneración de
los derechos prestacionales del accionante, toda vez que no acreditó haber
iniciado los trámites administrativos ante el Instituto de Seguros Sociales –ISS-
para el reconocimiento de la pensión, ni que este se hubiera negado a ello por
la falta de los bonos a cargo de Chevron Petroleum Company (antes Texas
Petroleum Company).
3.
Expediente T-3106321
Mediante apoderado judicial, el señor Víctor
Manuel Motta Sepúlveda interpuso acción de tutela en contra de Occidental de
Colombia LLC, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y los derechos de las personas
de la tercera edad. La solicitud se sustenta en los
siguientes:
3.1.
Hechos
- El actor dice tener 65 años de edad y que mantuvo
una relación laboral con Occidental de Colombia LLC desde el 14 de mayo de 1981
hasta el 25 de noviembre de 1993, devengando como último salario la suma de
$1.632.254.
- Durante la vigencia del vínculo laboral la
entidad accionada no efectuó las cotizaciones al sistema de seguridad social en
pensiones y posteriormente se negó al pago de los bonos pensionales por estar
amparada en legislación especial que la excluía de dichas obligaciones
laborales.
- El demandante presentó otra acción de tutela en
contra de Occidental de Colombia LLC para el reconocimiento y pago de los bonos
pensionales, que fue conocida y resuelta en primera instancia por el Juzgado Cincuenta
y Uno Civil Municipal de Bogotá, y en segunda por el Juzgado Treinta y Nueve Civil
del Circuito de la misma ciudad. Ambas decisiones negaron las pretensiones de
la demanda.
3.2. Solicitud de tutela
El actor pretende que: (i) se amparen sus
derechos fundamentales; (ii) se ordene a la sociedad Occidental de Colombia LLC
enterar al Instituto de Seguros Sociales –ISS- “sobre el monto del sueldo y
prestaciones de mi poderdante en el momento de ser desvinculado de la empresa
accionada”; (iii) se pida al Instituto de Seguros Sociales –ISS- que, una
vez recibida “la información de que trata la petición anterior, proceda a
realizar el cálculo actuarial de la misma (…)”; y (iv) se ordene a la
sociedad demandada que, cuando tenga la información suministrada por el Instituto
de Seguros Sociales –ISS-, pague “los valores a que hace relación la
petición anterior”.
Como sustento de sus pretensiones sostiene que
pese al régimen laboral especial de las empresas del sector petrolero, la
entidad accionada tenía la obligación de efectuar los aprovisionamientos de
capital por concepto de pensiones para su posterior entrega al Instituto de
Seguros Sociales –ISS-. A su juicio, el desconocimiento de este deber vulnera
sus derechos fundamentales, al no poder acceder a la pensión de vejez. Sostiene
también que como en la sentencia T-784 de 2010 se reconoció este derecho a un
antiguo trabajador de otra empresa del sector petrolero con base en los mismos
hechos, la negación de esta prestación implicaría, además, la lesión del
derecho a la igualdad. Por último, aclara que, aunque anteriormente se
interpuso una acción de tutela con las mismas pretensiones y fundamentos
fácticos, la providencia judicial que la decidió fue anterior a la expedición
de la sentencia T-784 de 2010, por lo que, para evitar una vulneración del
derecho a la igualdad, se requiere de otro pronunciamiento del juez de tutela.
3.3. Respuesta de la sociedad Occidental de
Colombia LLC
Sostiene que la acción debe ser rechazada por
haberse interpuesto otra con anterioridad, que fue resuelta en contra del actor
por los jueces de instancia sin que haya sido seleccionada para revisión por la
Corte Constitucional. Añade que la sentencia T-784 de 2010 no afecta la validez
ni la vigencia de los fallos, en la medida en que no contiene ninguna
modificación a su fundamento jurídico.
De otra parte, afirma que el amparo propuesto no
cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto el demandante interpone la
tutela 18 años después de la terminación de la relación laboral. Además,
durante ese tiempo omitió acudir a la justicia ordinaria laboral, por lo que la
tutela no puede ser utilizada para suplir la negligencia e inactividad del accionante.
Reitera que la empresa no ha vulnerado ninguno
de los derechos alegados, porque la legislación especial a la que estaba
sometida no le atribuía la obligación de efectuar las cotizaciones que ahora se
reclaman, ni la de hacer las reservas o provisiones correspondientes para su
posterior entrega al Instituto de Seguros Sociales.
Finalmente, asegura que aunque en la sentencia
T-784 de 2010 se declara la obligación de una empresa del sector petrolero de
efectuar el pago de un bono pensional, dicho fallo no es aplicable a todos los
extrabajadores, ya que no solo tiene efectos inter partes, sino que los hechos
relevantes abordados allí son diferentes a los actualmente estudiados. Igualmente,
la referida providencia ha sido objeto de un incidente de nulidad, por ser incompatible
con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-506 de 2001, en los
que se dispone que la obligación de pagar los bonos y títulos pensionales se
circunscribe a los trabajadores que tenían un contrato laboral vigente al
momento de entrar a regir dicha ley.
3.4. Respuesta del Ministerio de la
Protección Social
Dicha entidad, vinculada al proceso por el juez
de primera instancia, da respuesta a la demanda solicitando la improcedencia de
la acción y que se le exonere de toda responsabilidad. Como justificación expone
estos argumentos:
Las prestaciones a cargo de las empresas del
sector petrolero se rigieron para la época de la prestación del servicio por el
Código Sustantivo del Trabajo, que no contemplaba la obligación de reconocer al
trabajador ningún valor por este concepto, sino únicamente la de asumir el pago
de la pensión cuando se cumpliesen íntegramente los requisitos de edad y tiempo
de servicios laborados. En virtud de los artículos 33 de la Ley 100 de 1993 y 3
del Decreto 1748 de 1995, existe una excepción a esta regla general, pero se
circunscribe a las vinculaciones laborales con empleadores del sector privado
que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, que se encontraran
vigentes o se hubieran iniciado con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.
Los efectos del fallo T-784 de 2010 son
limitados, puesto que, como sentencia de amparo, únicamente tiene efectos inter
partes y además es incompatible con otras decisiones judiciales de la propia
Corte Constitucional y de la jurisdicción ordinaria. Dicha providencia
desconoce no solo el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, sino la interpretación
que del mismo hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-506 de 2001, al
expresar que “el derecho a acumular tiempos servidos en el sector privado no
existía con anterioridad a la Ley 100 de 1993” y que “sólo con la consagración del sistema general de pensiones se creó para los empleadores particulares
la obligación de aprovisionar hacia el futuro el valor de los cálculos
actuariales en la suma correspondiente al tiempo de servicio prestado, con el
fin de ser trasladado posteriormente al ISS”.
Finalmente, dice que la vía ordinaria desplaza
en este caso a la acción de tutela por tener la virtualidad de asegurar la
protección de los derechos presuntamente vulnerados.
3.5. Pruebas relevantes que reposan en el
expediente
- Copia de la sentencia T-784 de 2010 de la
Corte Constitucional (folios 9 a 21, cuaderno de tutela número 1).
- Copia de la sentencia C-506 de 2001 de la
Corte Constitucional (folios 84 a 133, cuaderno de tutela número 1).
3.6. Sentencia objeto de revisión
3.6.1. Primera instancia. El Juzgado Cincuenta y Uno  Civil Municipal de Bogotá, en
sentencia del 8 de abril de 2011, niega la tutela por existir mecanismos
idóneos y eficaces en la vía ordinaria para la protección del derecho
supuestamente vulnerado. Tampoco evidencia un inminente perjuicio irremediable,
menos aún cuando no se conoce la edad del accionante y por el contrario se sabe
que “se encuentra actualmente laborando en otras latitudes”.
·
Impugnación. El actor interpuso recurso de apelación en contra de lo
resuelto, aclarando que aunque anteriormente se propuso otra acción de tutela
que fue denegada, ella fue decidida con anterioridad a la expedición de la
sentencia T-784 de 2010 de la Corte Constitucional, por lo que se requiere de
un nuevo pronunciamiento a la luz de esa doctrina constitucional. Insiste en
que las líneas jurisprudenciales fijadas en dicha providencia son aplicables al
presente caso, en la medida en que la parte demandada y los hechos relevantes
son coincidentes.
3.6.2. Segunda instancia. El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de fecha 19 de mayo de 2011, confirma el fallo de primera
instancia argumentando que existe un pronunciamiento previo del juez de tutela
frente a las mismas pretensiones y por los mismos hechos. Por lo demás, la
sentencia T-784 de 2010, en la que se escuda el accionante para justificar su
pretensión, no sólo no puede tener efectos erga omnes, ni retroactivos,
sino que es abiertamente incompatible con otros pronunciamientos de
constitucionalidad, como la sentencia C-506 de 2001.
4. Expediente T-3152559
El
señor José Delfín Díaz Polo presentó acción de
tutela en contra de BJ Services Switzerland Sarl
(antes Hughes Services S.A.), al considerar vulnerados su derechos
fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo
vital y a la “protección de la tercera edad”. Relata los siguientes:
4.1. Hechos
- El actor dice tener 69 años de edad al
momento de interposición de la acción de tutela y que mantuvo una relación
laboral con BJ Services Switzerland Sarl (antes Hughes Services S.A.) de junio
de 1968 a junio de 1970 y de agosto de 1971 a noviembre de 1986, lapso en el cual ocupó diversos oficios en diferentes lugares de la geografía nacional, siendo
el último la ciudad de Bogotá.
- Aclara que durante la vigencia de la relación
laboral la entidad accionada no efectuó las cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensiones y después se negó al pago de los bonos
pensionales, alegando estar amparada en legislación especial que la excluía de
dichas obligaciones.
- Agrega que desde su desvinculación de la
empresa en el año de 1986 el accionante carece de los recursos económicos para
subsistir decorosamente, viéndose obligado incluso a vender su única propiedad
y a depender económicamente de sus hijos.
4.2. Solicitud de tutela
El accionante pide que: (i) se tutelen a su
favor los derechos invocados; (ii) se ordene a la empresa demandada que “efectúe
el reconocimiento a la seguridad social, a gozar de una pensión y pago de los
valores que corresponderían al bono pensional, realizando la liquidación
actuarial correspondiente, así como me reconozcan los valores que se deriven de
ésta, y sea el Seguro Social el depositante de los mismos para que realice a mi
favor las respectivas erogaciones”.
El señor José Delfín Díaz Polo fundamenta sus
pretensiones en los artículos 86 de la Constitución Política, 8 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, 39 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en la sentencia T-784 de 2010.
4.3. Respuesta de BJ Services Switzerland Sarl
(antes Hughes Services S.A.)
Afirma que la acción de tutela es improcedente
por existir otros mecanismos de defensa judicial en la vía ordinaria y por no
cumplirse con el requisito de inmediatez, ya que los hechos constitutivos de la
presunta violación ocurrieron hace más de 25 años.
Indica que en los hechos relacionados por el
demandante se omite señalar que: (i) el accionante presentó una demanda ante el
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá en la que reclamó la pensión
sanción aduciendo despido sin justa causa; (ii) el día 9 de febrero de 1990 se
realizó un acuerdo conciliatorio entre las partes, en virtud del cual el señor
José Delfín Díaz Polo desistió de la demanda laboral; (iii) a pesar de haberse
llegado a una conciliación, el actor radicó otra demanda en contra de BJ
Services Switzerland Sarl, por los mismos hechos y con las mismas pretensiones;
(iv) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 30
de noviembre de 2007, al resolver dicha demanda declaró probada la excepción de
cosa juzgada y en consecuencia ordenó la terminación y archivo del proceso. Así
las cosas, lo que pretende el accionante es controvertir una providencia
judicial sin acreditar el cumplimiento de los requisitos para tal efecto.
Sostiene que el acuerdo conciliatorio al que se
llegó impide acudir nuevamente al amparo para realizar reclamaciones con
fundamento en el vínculo laboral.
Aduce que la empresa no tenía el deber de afiliar
al accionante ni a ninguno de sus trabajadores, al Instituto de Seguros
Sociales –ISS-, “[s]ituación ésta que perduró hasta el 1° de octubre de 1993
(conforme a lo establecido por la Resolución 4250 de 1993) momento en el cual
ya el trabajador no se encontraba vinculado a la empresa”. Adiciona que a
la luz del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y de la sentencia C-506 de 2001, la
acumulación del tiempo como trabajadores vinculados con empleadores que antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago
de la pensión, solo es posible respecto de las relaciones laborales vigentes al
momento de entrar a regir dicha ley.
4.4. Pruebas relevantes que reposan en el
expediente
- Copia del contrato individual de trabajo a término
indefinido suscrito entre el señor José Delfín Díaz Polo y Sudamericana de
Perforaciones y Servicios S.A. (folios 1 a 2, cuaderno de tutela).
- Copia de la comunicación de Hughes Services S.A. al señor
José Delfín Díaz Polo del 14 de noviembre de 1986, en la que se termina
unilateralmente el contrato de trabajo por justa causa (folios 4, 7 y 8,
cuaderno de tutela).
- Copia de la liquidación del contrato de trabajo celebrado
entre Hughes Services S.A. y José Delfín Díaz Polo, del 14 de noviembre de 1986,
(folios 3, 6 y 10, cuaderno de tutela).
- Copia del acta de audiencia de conciliación del 9 de
febrero de 1990, del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá (folios 37 a 38, cuaderno de tutela).
- Copia del desistimiento unilateral e incondicional de la
demanda “presentada contra Hughes Services S.A.”, radicada por los
señores José Delfín Díaz Polo y Hugo Alberto Bermúdez Fontalvo en el Juzgado
Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 9 de febrero de 1990 (folio 39,
cuaderno de tutela).
- Copia de la certificación expedida por el Jefe de la
Sección de Afiliación y Registro de la División de Seguros Económicos SC. y DE,
de fecha 6 de marzo de 1987 (folio 41, cuaderno de tutela).
- Copia de la petición dirigida por el señor José Delfín
Díaz Polo al Instituto de Seguros Sociales –ISS-, en la que solicita
información sobre las cotizaciones a su nombre, efectuadas al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones por parte de la Compañía Suramericana de Perforaciones y
Servicios, del 9 de agosto de 2010 (folio 11, cuaderno de tutela).
4.5. Sentencias objeto de revisión
4.5.1. Primera instancia. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, mediante
fallo del 3 de mayo de 2011, niega la tutela interpuesta argumentando que
existe una decisión judicial previa de la controversia que no puede ser desconocida
por vía de tutela. Añade que la providencia T-784 de 2010, que sirvió de
fundamento a la pretensión de amparo, aborda una hipótesis sustancialmente
diferente, puesto que en este caso no se presenta un perjuicio irremediable y
existe un pronunciamiento judicial anterior.
·
Impugnación. El accionante interpone recurso de apelación en contra de
esa providencia, aclarando que si bien es cierto que ya había presentado una
demanda laboral con anterioridad, la misma no iba encaminada al reconocimiento de
los derechos pensionales que por ley le corresponden. De igual modo, afirma que,
según la sentencia T-784 de 2010, las empresas del sector petrolero, aunque no
tenían la obligación de hacer la afiliación de sus trabajadores al Instituto de
Seguros Sociales -ISS-, sí debían hacer las provisiones respectivas y
posteriormente pagar los bonos pensionales, incluso cuando a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 ya estuviesen desvinculados de la misma.
Finalmente, insiste en que se encuentra en una situación de peligro inminente porque
depende económicamente de sus hijos.
4.5.2. Segunda instancia. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, en
sentencia del 8 de junio de 2011, confirma la de primera instancia. Sostiene
que la acción es extemporánea al haber transcurrido cerca de 25 años desde la
ocurrencia de los hechos constitutivos de la supuesta vulneración de derechos. Afirma
que las reclamaciones objeto de la acción ya fueron definidas por la jurisdicción
ordinaria, en cuanto no solo se realizó una audiencia de conciliación en la que
el ahora accionante declaró a paz y salvo a la empresa por todo concepto, sino
que ese acuerdo fue avalado posteriormente por un juez laboral.
II. ACTUACIÓN EN SEDE DE
REVISIÓN
1.
Expedientes T-3099901 y
T-3106318
En
escritos radicados en esta corporación los días 12 y 15 de septiembre de 2011 dentro
de los procesos de la referencia, el apoderado de Chevron Petroleum
Company (antes Texas Petroleum Company) solicita que
se confirmen las sentencias proferidas por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del
Circuito de Bogotá. Argumenta lo siguiente:
- Existe un acta de conciliación cuya validez y
eficacia jurídica no puede ser desconocida mediante la acción de tutela.
- El ordenamiento jurídico prevé otros
mecanismos judiciales en la vía ordinaria para garantizar los derechos
presuntamente vulnerados, sin que tampoco pueda alegarse un inminente perjuicio
irremediable para utilizar la tutela como mecanismo transitorio.
- No se cumple el requisito de inmediatez
exigido por la Corte, por haberse propuesto el recurso de amparo de manera
extemporánea.
- Por medio de la acción de tutela se pretende
controvertir una decisión judicial sin el cumplimiento de los requisitos.
2.
Expediente T-3106321
En escrito radicado en esta corporación el día 27 de
octubre de 2011, el apoderado de Occidental de Colombia LLC presenta las
siguientes solicitudes:
2.1. Pide que se declare la improcedencia de la acción por estas
razones:
- El actor no ha agotado los medios judiciales ordinarios
que tiene a su disposición, pese a que se trata de mecanismos idóneos y
eficaces para proteger los derechos presuntamente vulnerados.
- No existe amenaza de perjuicio irremediable que permita
la utilización del amparo como mecanismo transitorio.
- El accionante presentó anteriormente otra acción de
tutela con idénticas pretensiones y con fundamento en los mismos hechos
relevantes.
- No se ha acreditado la afectación del mínimo vital ni
ninguna otra condición de vulnerabilidad que justifique la elusión de los
mecanismos judiciales ordinarios.
2.2. Igualmente, solicita que se niegue de fondo la acción
de tutela por cuanto el demandante carece del derecho a acumular el tiempo
trabajado con la empresa Occidental de Colombia LLC. Los argumentos en que
apoya esta tesis son los siguientes:
- La normatividad aplicable a la relación laboral no
contemplaba la obligación de los empleadores del sector petrolero de afiliar a
sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales -ISS-, ni la de realizar las
respectivas cotizaciones periódicas, ni la de hacer un aprovisionamiento de
capital para su posterior entrega a las entidades de seguridad social. Por el
contrario, en virtud de la Ley 90 de 1946 y del Código Sustantivo del Trabajo,
los empleadores debían asumir el riesgo de vejez cuando se cumplieran
integralmente los requisitos en materia de edad y de tiempo de servicios.
Aunque con la mencionada Ley 90 de 1946 se creó el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales -ICSS-, que se subrogó en los
riesgos de vejez que asumían anteriormente los empleadores, esta subrogación operó
de manera gradual; para el caso específico de las empresas del sector petrolero,
el deber de inscribir a sus trabajadores nació a partir del 1° de octubre de
1993 y únicamente respecto de las zonas geográficas donde el Instituto de
Seguros Sociales -ISS- tuviese cobertura, por lo que carece de todo sentido
atribuirles la obligación de pagar unos bonos por el tiempo laborado bajo un
régimen normativo totalmente diferente.
- Como la empresa Occidental de Colombia LLC operaba en
Caño Limón (Arauca), que fue una región no cubierta por el Instituto de Seguros
Sociales   -ISS- antes de 1996, obviamente no estaba obligada a afiliar a
pensiones a sus trabajadores, como el accionante.
- La Ley 100 de 1993 dispuso de manera expresa e inequívoca,
en su artículo 33, que para efectos pensionales la acumulación del tiempo
laborado solamente opera respecto de las relaciones laborales que se extendieron
al menos hasta el 23 de diciembre de 1993. Esta disposición fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en las sentencias C-506 de 2001 y      C-1124
de 2004.
- La orden de acumular los tiempos respecto de vínculos
laborales extinguidos antes del 23 de diciembre de 1993 negaría “otras
líneas estables y pacíficas” de jurisprudencia constitucional, como las que
se enuncian a continuación:
(i) La regla jurisprudencial que reconoce la posibilidad de
establecer regímenes pensionales especiales, particularmente en contextos de
transición normativa.
(ii) El precedente que ordena la aplicación integral de los
regímenes pensionales, sin que sea admisible fraccionarlos y tomar de cada uno
de ellos lo que satisfaga los intereses y expectativas patrimoniales del trabajador.
(iii) La relativa a la amplia libertad de configuración
legislativa en materia pensional.
2.3. Adicionalmente, requiere a la Corte que se aparte de las
reglas jurisprudenciales de la sentencia T-784 de 2010 y que, en cambio, se
reiteren los precedentes que adoptan la posición contraria, particularmente los
contenidos en las sentencias de constitucionalidad C-506 de 2001 y C-1124 de 2004.
Resalta que las falencias de la sentencia T-784 de 2010 son las siguientes:
- Transgrede la jurisprudencia de la Sala Plena fijada en
las sentencias C-506 de 2001 y C-1124 de 2004. Según éstas, antes de la Ley 100
de 1993 no existía ninguna obligación de los empleadores de aprovisionar
capital para el reconocimiento de la pensión de los trabajadores y tampoco
ningún derecho de éstos a acumular los tiempos laborados con distintos empleadores.
- Desconoce las reglas jurisprudenciales de la Sala Plena
de la Corte Constitucional sobre la prohibición de aplicación retroactiva de la
Constitución a situaciones jurídicas consolidadas antes de su entrada en
vigencia, tal como se sostuvo en las sentencias C-014 de 1993, C-177 de 1994,
C-355 de 1999, C-1226 de 2004 y C-1203 de 2005.
- Niega las reglas jurisprudenciales sobre la admisibilidad
de los regímenes pensionales diferenciados, particularmente en contextos de
transición normativa que pretenden ampliar el espectro de los derechos sociales
y hacer efectivo el principio de progresividad, tal como se ha sostenido en las
sentencias C-331 de 2000 y C-316 de 1996.
- Abandona los precedentes sobre la amplia libertad de
configuración legislativa en materia pensional, reconocidas en la sentencia
C-177 de 1994.
- Desconoce el modelo pensional vigente antes de la Ley 100
de 1993, distorsionando el contenido del artículo 72 de la Ley 90 de 1946,
radicando en el empleador una obligación de aprovisionamiento que nunca se
contempló y un deber de reconocer bonos pensionales que únicamente vino a nacer
a partir de la Ley 100 de 1993, pero sin efectos retroactivos.
- Finalmente, la mencionada sentencia eludió los fallos de
tutela vinculantes en la materia específica, como las sentencias T-241 de 1998
y T-360 de 1998.
2.4. Por último, el escrito enmarca el caso planteado por
el actor dentro del bajo acceso al sistema pensional en Colombia. Sostiene que,
al tratarse de un problema estructural, las soluciones deben ser de la misma
naturaleza y que la introducción de excepciones al régimen legal por vía
jurisprudencial no resuelve la situación actual de inequidad y exclusión, sino
que la agravan.
En este contexto, en el escrito se propone que la Corte
Constitucional exhorte al Congreso para la expedición de una ley que haga
frente al bajo nivel de acceso al sistema pensional, dándole prioridad a las
personas que se encuentren en una franca y abierta situación de vulnerabilidad,
a partir de criterios objetivos, que hubieren laborado un tiempo considerable
antes del nuevo régimen pensional, pero sin poder tener derecho a la pensión
bajo ninguno de los regímenes normativos, y que desplegaron toda su diligencia
a través de la activación de los mecanismos administrativos y judiciales ordinarios
para obtener la pensión.
En caso de no acogerse esta petición, sugiere algunas “políticas
judiciales” encaminadas a proteger a las personas que atraviesan
situaciones de verdadera urgencia y vulnerabilidad.
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer de los fallos materia
de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86,
inciso tercero, y 241, numeral noveno, de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación de los casos objeto de
revisión y problemas jurídicos
2.1. De los antecedentes reseñados la Corte
encuentra que en todos los casos bajo análisis los accionantes pretenden,
además del amparo de sus derechos fundamentales, que: (i) se realice el cálculo
actuarial correspondiente a los tiempos trabajados en empresas del sector
privado cuyo objeto es la exploración, extracción, explotación, refinación,
transporte, distribución o venta de petróleo y sus derivados; (ii) una vez
realizado este procedimiento, las empresas demandadas efectúen el
reconocimiento de dichos valores. El fundamento fáctico de estas pretensiones
comunes es la existencia de relaciones laborales nacidas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, durante las cuales no hubo
afiliación al Instituto de Seguros Sociales –ISS; el sustento jurisprudencial
es la sentencia T-784 de 2010.
En algunos de los casos se encuentran los
siguientes hechos adicionales:
- Realización de audiencias de conciliación con
posterioridad a la terminación del contrato laboral, en las que se acuerda el
pago al extrabajador de sumas de dinero por concepto de “pacto único de
pensión” (expedientes T-3106318 y T-3099901) o por concepto de “salarios,
indemnizaciones y prestaciones en general causadas con motivo de la prestación
de los servicios a la compañía” (expediente T-3152559).
- Presentación de acciones laborales ante la
jurisdicción ordinaria por parte de los accionantes. En el caso del expediente
T-3099901 se propuso para solicitar el reconocimiento y pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, mientras que en el expediente T-3152559 se presentó
para solicitar la pensión sanción, demanda de la cual desistió el actor.
- Interposición previa de una acción de tutela por
parte del actor con identidad de partes, pretensiones y fundamento fáctico, que
fue resuelta desfavorablemente a sus intereses (expediente T-3106321).
2.2. De acuerdo con los antecedentes mencionados, corresponde a esta Sala
de Revisión determinar si es procedente la
acción de tutela en los casos bajo análisis. De
ser así, la Corte analizará si:
(i) Una empresa del sector privado cuyo objeto
es la exploración, extracción, explotación, refinación, transporte,
distribución o venta de petróleo y sus derivados, vulnera los derechos fundamentales
a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y a la igualdad de
un extrabajador, al no reconocerle para efectos
pensionales los tiempos de servicio prestados en virtud de relaciones laborales
nacidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, bajo
el argumento que, de acuerdo a las normas vigentes, la empresa no tenía el
deber de afiliarlo a seguridad social, ni de hacer las provisiones en dinero
correspondientes. (Expedientes T-3106318, T-3106321 y T-3152559).
(ii) Se vulneran los derechos fundamentales a
la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de una persona que
cumplió los requisitos exigidos por el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo al no reconocérsele la pensión de jubilación que establecía esa norma, a
pesar de haberse celebrado previamente entre el empleador y el trabajador una
conciliación respecto a dicha prestación (Expediente T-3099901).
Conforme a los
antecedentes descritos y problemas jurídicos planteados, la Sala estima
necesario estudiar los siguientes temas: (i) el carácter subsidiario de la
acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela para
el reconocimiento y pago de acreencias laborales, específicamente las
pensionales; (iii) la conciliación en asuntos laborales y la procedencia de la
acción de tutela para controvertirla; (iv) el derecho a la seguridad social en
pensiones, su carácter fundamental e irrenunciable; (v)
la pensión de los trabajadores del sector privado antes y después de la
Ley 100 de 1993; (vi) la obligación de las empresas del sector petrolero de afiliar
a sus trabajadores en el Instituto de Seguros Sociales –ISS-. Con base en ello,
(vii) efectuará el análisis de los casos concretos.
3. El carácter subsidiario de
la acción de tutela
3.1. El inciso
3º del artículo 86 de la Constitución, al referirse a la acción de tutela, lo
hace asignándole un carácter subsidiario ante la existencia de otros medios o
mecanismos de defensa judicial. Señala la
norma en comento:
“ARTÍCULO 86.
Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. (…)” (Subrayas fuera de texto
original).
En desarrollo del artículo 86 Superior, el artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991 establece:
“ARTÍCULO 6o.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
(…)” (Subrayas fuera de texto).
3.2. Con
fundamento en las anteriores normas la Corte Constitucional ha indicado que,
dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho[1]. Sin embargo, también ha dicho
que esta regla tiene dos excepciones que se presentan cuando la acción de
tutela es: (i) interpuesta como mecanismo transitorio con el fin de evitar un
perjuicio irremediable o (ii) como mecanismo principal cuando, existiendo otro
medio de defensa judicial, este no es idóneo ni eficaz para la defensa de los derechos
fundamentales conculcados o amenazados. Así lo sostuvo, por ejemplo, en
sentencia T-235 de 2010, al afirmar:
“Para que
la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe
acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o
teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de
los derechos fundamentales presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio
del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental,
implica que, aún existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces,
estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pueden ser
desplazados por la acción de tutela[2].
En este caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la acción de
tutela se conceda en forma transitoria, hasta tanto la jurisdicción competente
resuelve el litigio en forma definitiva.”
3.3. Bajo
este derrotero, esta corporación ha advertido que cuando el accionante cuenta
con otro medio de defensa judicial el juez de conocimiento debe determinar si
el procedimiento alternativo es eficaz para proteger de forma efectiva y
oportuna los derechos fundamentales invocados y si ofrece una solución clara,
definitiva y precisa a las pretensiones puestas en consideración, para lo cual es
necesario analizar, entre otros, los siguientes aspectos: (i) el objeto del proceso
judicial con el que se cuenta y (ii) el resultado esperado en términos de
protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales invocados. Al
respecto en sentencia T-795 de 2011 señaló:
“Es así
como en aquellos casos en que se logra establecer la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, debe ponderarse la idoneidad de dicho medio de
protección, valorando el caso concreto y determinando su eficacia en las
circunstancias específicas que se invocan en la tutela[3].
Por esta razón, el juez constitucional debe establecer si el procedimiento
alternativo permite brindar una solución ‘clara, definitiva y precisa’[4]
a las pretensiones que se ponen a consideración del debate iusfundamental y su
eficacia para proteger los derechos invocados.
Por ello,
la jurisprudencia constitucional ha considerado necesario apreciar frente al
medio de defensa alternativo, entre otros aspectos: ‘(a) el objeto del
proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela y (b) el
resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la
protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales’[5]. Estos elementos,
aunados al análisis de las circunstancias concretas del caso, permiten
corroborar si el mecanismo judicial de protección alterno es eficaz para la
defensa de los derechos presuntamente conculcados. (…)” (Subrayas fuera de
texto original).
3.4. Por otra
parte, la jurisprudencia constitucional ha definido el perjuicio irremediable
en los siguientes términos:
“[U]n
perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el
derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera
grave su  subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen.”[6]
Asimismo, esta
corporación ha precisado las características del perjuicio irremediable, a
saber:
“ A)… inminente:
‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de
la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas
de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y
oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...)
B). Las medidas
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la
Real Academia. (...)
C). No
basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona. (…)
D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando
ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (...)”[7]
Se hace
necesario señalar en este punto que la existencia del perjuicio irremediable
debe verificarse mediante el análisis de los hechos del caso concreto. A partir
de este supuesto la jurisprudencia constitucional ha indicado algunos criterios
que permiten al juez de tutela comprobar la presencia de un perjuicio
irremediable, entre los cuales se encuentran: (i) la existencia de
alguna condición que permita considerar al actor como sujeto de especial
protección constitucional, (ii) el estado de salud del peticionario y de su
familia, y (iii) las condiciones económicas del solicitante[8].
3.5.
Siguiendo los anteriores lineamientos, esta Corte ha reconocido la importancia
del deber que tiene el juez constitucional de verificar el cumplimiento de los
factores de procedibilidad de la acción de tutela, ya que solo de esta forma se
puede lograr la protección de los derechos fundamentales sin desarticular el
sistema de competencias y procedimientos propio del Estado constitucional de
derecho. Sobre el particular, en sentencia T-514 de 2003 dijo:
“7. Considera entonces la Corte que
tales reglas, a las que debe sujetarse el ejercicio de la acción de tutela y su
correcta ejecución por parte de los jueces, permiten que con la misma, a la vez
que se consigue el propósito de la protección de los derechos fundamentales, no
se desplacen las acciones ordinarias y de paso se evite que por esta vía se
llegue a desarticular el sistema de competencias y procedimientos propio del
Estado Constitucional de derecho. (…)”
4. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento y pago de acreencias laborales, específicamente las pensionales
4.1. La Corte
Constitucional, en consideración al criterio de subsidiaridad, ha señalado que
la acción de tutela, por regla general, es improcedente para reclamar
acreencias laborales y pensionales, toda vez que es la jurisdicción ordinaria,
mediante el ejercicio de la acción laboral respectiva, la competente para
decidir controversias que se originan en un contrato de trabajo[9].
No obstante,
siguiendo la argumentación expuesta en el acápite anterior, también ha indicado
que la tutela se torna procedente: (i) como mecanismo principal, cuando los
medios de defensa disponibles resultan ineficaces para la protección de los
derechos fundamentales, o (ii) como mecanismo transitorio para prevenir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, circunstancias que deben ser evaluadas
por el juez constitucional en cada caso concreto. En efecto, esta corporación,
en sentencia T-052 de 2008, sostuvo al respecto:
“(…) Sentada la
anterior regla general de procedibilidad de la acción de tutela, la jurisprudencia
constitucional también ha admitido la procedencia excepcional de este
mecanismo de defensa judicial para derechos de contenido prestacional, como el
reconocimiento de pensiones, no sólo cuando se ejercita como mecanismo
transitorio con el propósito de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, sino también cuando el mecanismo de defensa judicial ordinario,
dispuesto por el ordenamiento jurídico para la protección de estos derechos,
resulta inocuo, ineficaz o  no es lo suficientemente expedito para ofrecer una
protección adecuada de los derechos, circunstancia que debe ser evaluada
por el juez constitucional en cada caso concreto.” (Subrayas fuera de
texto).
4.2. Ahora
bien, la Corte ha precisado que cuando lo que se alega como perjuicio
irremediable es la afectación al mínimo vital como
consecuencia de la falta de pago de una acreencia pensional, en
principio hay que demostrar los hechos en
que se fundamenta dicha pretensión. Sin embargo, también ha sostenido
que la omisión continua y extendida en el tiempo de una prestación de esa
naturaleza hace presumir la afectación al mínimo vital de la persona e invierte
la carga de la prueba, correspondiéndole al empleador desvirtuarla. Al
respecto, en sentencia T- 567 de 2005 expuso:
“Además,
con el objetivo de facilitar la defensa judicial efectiva de los derechos
fundamentales a los pensionados, la Corte Constitucional, reiterando su
jurisprudencia,  señaló que (i) la acción de
tutela constituye un instrumento excepcional mediante el cual es posible
reclamar el pago oportuno de acreencias laborales; (ii) La omisión continua
y extendida en el tiempo de esta prestación hace presumir la vulneración del
mínimo vital del trabajador o pensionado y de su familia; (iii) Ante tal
evento, se invierte la carga de la prueba, correspondiendo al demandado
desvirtuar la vulneración del derecho fundamental[10].”
(Subrayas fuera de texto
original).
4.3. De igual
forma, ha aclarado que, aunque las personas de la tercera edad se encuentran en
una posición de debilidad e indefensión, razón por la cual debe otorgárseles
especial protección constitucional, esa sola y única circunstancia no
hace procedentes las acciones de tutela que versen sobre derechos pensionales,
ya que es necesario acreditar que el daño causado al actor le está vulnerando
sus derechos fundamentales o aquellos que lo son por conexidad, como el
mínimo vital y la subsistencia digna. En sentencia T-1316 de 2001 indicó:
“A su vez,
en el caso específico de las pensiones, la Corte ha explicado que si una
persona pertenece a la tercera edad, esa ‘sola y única circunstancia’ no hace
necesariamente viable la tutela, a menos que se pruebe que su subsistencia o su
mínimo vital pueden estar gravemente comprometidos[11].”
(Subrayas fuera de texto original).
La anterior
posición ha sido reiterada en varias oportunidades por esta corporación, por
ejemplo, en sentencia T-472 de 2008 señaló:
“En
consecuencia, la condición de persona de la tercera edad no constituye por
sí misma razón suficiente para definir la procedencia de la
acción de tutela en estos casos. Así, para que el mecanismo de amparo
constitucional pueda desplazar la vía judicial ordinaria o contenciosa, es
condición necesaria acreditar que el daño impetrado al solicitante, afecta
materialmente sus derechos fundamentales o aquellos que lo son por conexidad
-como la dignidad, el mínimo vital y la subsistencia digna-, e
igualmente, que darle trámite al litigio por el otro mecanismo de defensa hace
temporalmente nugatorio el ejercicio y disfrute de tales derechos, haciendo
mucho más gravosa la situación particular del actor.” (Subrayas fuera de
texto).
4.4. Es
importante señalar que la procedencia excepcional de la tutela en estos casos se
torna más difícil cuando no existe certeza respecto al derecho invocado. Sobre
este punto esta corporación, en sentencia T-1316 de 2001, expresó:
“9. Un
tercer elemento que debe ser tenido en cuenta para la procedencia excepcional
de la tutela, está relacionado con la certeza del derecho que se pretende
garantizar. De esta manera, cuando la protección invocada tiene origen en
asuntos litigiosos y que se hallan en conocimiento de un juez (quien en
ejercicio de sus competencias y basado en el principio de su autonomía decidirá
la controversia), el amparo mediante tutela se torna más difícil, pues debe
acreditarse la inminencia del perjuicio: así, a mayor controversia respecto de
un derecho la protección por tutela se hace más difícil, porque debe
demostrarse claramente el perjuicio irremediable.  De lo contrario, no
solo podría desplazarse masivamente la competencia del juez ordinario, sino que
también desaparecería el ‘alea’ o ‘grado de incertidumbre’, inmerso durante
todo proceso de naturaleza judicial. Así, por ejemplo, la
afectación de un derecho es más clara cuando una entidad no cancela el salario
a un empleado, que cuando la misma entidad niega una prestación social
argumentando que nunca se configuró un vínculo laboral: en el primer caso el
derecho es cierto pero insatisfecho; en el segundo, ni siquiera existe certeza
sobre  el derecho como tal (…)”  (Subrayas fuera de texto
original).
4.5. De otro
lado, cabe mencionar que, según la jurisprudencia constitucional, también es
indispensable que la controversia planteada suponga un problema de relevancia
constitucional[12].
En este orden de ideas, ha señalado que un asunto tiene relevancia
constitucional cuando:
“(…) a.)
del conjunto de condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante,
por ejemplo, su edad avanzada, su estado de salud, su precaria situación
económica[13],
se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta[14];
b.) se verifica la grave afectación del derecho fundamental a la seguridad
social y de otros de derechos fundamentales como la vida digna, la salud, el
mínimo vital y el debido proceso[15];
y c.) se constata la afectación de principios constitucionales como el
principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley, el
principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal o el principio de
irrenunciabilidad de los beneficios económicos establecidos en las normas que
dan contenido prestacional al derecho a la seguridad social[16].”[17]
4.6. Es de
concluir, entonces, que la acción de tutela es prima facie improcedente para el
reconocimiento y pago de los derechos pensionales, salvo que se demuestre, al
menos sumariamente, la existencia de un perjuicio irremediable o que los otros
medios ordinarios de defensa con los que se cuenta no sean eficaces para proteger
los derechos invocados. Lo anterior siempre y cuando (i) exista certeza sobre
la titularidad del derecho exigido y (ii) el asunto puesto a consideración del
juez de tutela sea de relevancia constitucional.
4.7. Por otra
parte, refiriéndose a la procedencia de la acción de tutela para decidir sobre
controversias en torno a títulos o bonos pensionales la Corte Constitucional,
siguiendo la misma línea argumentativa, ha afirmado que: (i) en principio éstas
escapan a los propósitos de protección inherentes a dicha acción, por lo que se
deben ventilar ante los jueces competentes y en uso de los procedimientos para
tal efecto establecidos; y (ii) sólo cuando involucran directamente un derecho
fundamental pueden dar lugar a su discusión en sede de tutela.
En la sentencia T-911 de 2005, por ejemplo, esta Corte negó una acción de
tutela en la que se debatía sobre la entidad que tenía a su cargo la emisión y
el pago de un bono pensional, al no demostrarse la vulneración de un derecho
fundamental. En la sentencia T-801 de 2006 se denegó un amparo en el que se
discutía la normatividad aplicable a la expedición de ciertos bonos
pensionales; esta corporación sostuvo que únicamente de manera excepcional,
cuando se acredite plenamente que de su reconocimiento y pago dependen otros
derechos, es posible ventilar la respectiva controversia a través de esta vía
procesal. En la sentencia T-810 de 2008 se adoptó una decisión semejante,
reiterando nuevamente la necesidad de acreditar el vínculo entre el
reconocimiento o pago del bono y un derecho fundamental. Análogamente, en la
sentencia T-480 de 2009 se declaró improcedente una acción cuya controversia
giraba en torno al reconocimiento de un bono pensional, argumentando que sólo
es viable cuando el acceso a la pensión de vejez está supeditado al pago del
bono, si el trámite para su expedición se ha prolongado excesivamente y si la
vía constitucional es utilizada para evitar un menoscabo en los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana, circunstancias que no
fueron acreditadas a lo largo del correspondiente proceso judicial.
Al contrario, cuando en los casos particulares se demuestra el nexo entre
el título o bono pensional y algún derecho fundamental, la Corte ha permitido
la utilización del amparo. Así, en la sentencia T-795 de 2007 encontró que, por
las particularidades del caso, como la marcada e injustificada dilación en el
pago de los bonos y la gravedad de la enfermedad de la entonces accionante, se
configuraba la mencionada relación de conexidad y era procedente la tutela.
En armonía con
los anteriores preceptos esta corporación ha precisado que la tutela no debe
ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional “cuando
se la utiliza para pretermitir el trámite administrativo correspondiente o
cuando se solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante
hubiera presentado una solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el
bono”[18].
De lo dicho
se infiere que: (i) la regla general es la improcedencia de la acción de tutela
para ventilar asuntos relacionados con títulos o bonos pensionales; (ii)
excepcionalmente puede acudirse a este mecanismo cuando, a partir de los hechos
relevantes del caso específico, se demuestra la vulneración de algún derecho
fundamental.
Ahora bien, lo
anterior no quiere decir que en estos casos no se deban tener en cuenta, además,
los criterios ya mencionados para la procedencia de la acción de amparo en
relación con el reconocimiento y pago de derechos pensionales, tales como la certeza
sobre la titularidad del derecho que se pretende garantizar y la relevancia
constitucional del asunto planteado.
5. La conciliación en asuntos laborales y la procedencia de la acción
de tutela para controvertirla
5.1. La Corte
Constitucional ha definido la conciliación como “una institución en virtud
de la cual se persigue un interés público, mediante la solución negociada de un
conflicto jurídico entre partes, con la intervención de un funcionario estatal,
perteneciente a la rama judicial o a la administración, y excepcionalmente de
particulares”[19].
A su vez, esta corporación ha precisado algunas características esenciales que
identifican este mecanismo, entre las cuales se encuentran las siguientes:
“(…) e) La conciliación
tiene un ámbito que se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, en
principio, de ser negociados, o en relación con personas cuya capacidad de
transacción no se encuentre limitada por el ordenamiento jurídico. En tal
virtud, bien puede éste señalar los casos en los cuales válidamente se puede
restringir la facultad de conciliar. (…).
f) La conciliación es el
resultado de una actuación que se encuentra reglada por el legislador en varios
aspectos, tales como: las autoridades o sujetos competentes para intervenir en
la actividad de conciliación y las facultades de las cuales disponen; las
clases o tipos de conciliación admisibles y los asuntos susceptibles de ser
conciliados; las condiciones bajo las cuales se pueden presentar peticiones de
conciliación; los trámites que deben sufrir dichas peticiones; la renuencia a
intentarla y las consecuencias que se derivan de ello; la audiencia de
conciliación, la formalización del acuerdo total o parcial entre las partes o
la ausencia de éste y la documentación de lo actuado.”[20]
De tal forma que una de las características de la
conciliación es el ámbito restringido que tiene en relación con: (i) las
materias sobre las cuales puede versar y (ii) las personas que están facultados
para realizarla.
Bajo tal perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que están excluidos de ser conciliables: (i) las cuestiones relativas
al estado civil o a los derechos de incapaces, (ii) los derechos que la ley
prohíba a su titular disponer, (iii) los asuntos que involucren el orden
público, la soberanía nacional o el orden constitucional o (iv) las materias
relacionadas con la legalidad de los actos administrativos[21].
5.2. En relación con los asuntos conciliables en el ámbito
laboral, el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:
“ARTÍCULO
14. CARACTER DE ORDEN PÚBLICO. IRRENUNCIABILIDAD. Las disposiciones legales que
regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los
derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los
casos expresamente exceptuados por la ley.” (Subrayas fuera de texto).
La anterior
prohibición sigue vigente y ahora con rango constitucional, ya que el artículo
53 Superior estable como principio mínimo fundamental de la regulación
laboral la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales. Dice la norma en comento:
“ARTÍCULO
53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad.
El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna.
La ley, los
contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad,
la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” (Subrayas fuera de
texto).
5.3. Bajo
este contexto, la Corte Constitucional ha señalado
que, aunque en el caso específico de la conciliación laboral el artículo
78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social le asigna fuerza de
cosa juzgada al acta de conciliación[22],
esta puede verse debilitada cuando el acuerdo de voluntades: (i) está afectado
por un vicio del consentimiento que lo invalida (artículo 1502 del Código
Civil) y/o (ii) desconoce derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores.
Al respecto en sentencia T-446 de 2001 señaló:
“Debe
tenerse en cuenta, sin embargo, que los efectos de cosa juzgada de la
conciliación pueden verse enervados cuando el acuerdo de voluntades está
afectado por un vicio del consentimiento que lo invalide, por lo que
excepcionalmente se puede poner en tela de juicio la cosa juzgada por
infracción a los supuestos del artículo 1502 del Código Civil, sin que ello
desvirtúe el carácter serio y responsable con el que las partes deben
intervenir en este caso. Así la misma Corte Suprema de Justicia expresó:
‘(...) De conformidad  con la jurispru­den­cia de
la Corte de la que se aparta el Tribunal de Maniza­les, los efectos de cosa
juzgada de la conciliación solamente se producen cuando el acuerdo de
voluntades no está afectado por un vicio del consentimiento que lo invalide.
Por esta razón la juris­prudencia ha aceptado la posibilidad excepcional de
revisar en juicio las conciliaciones laborales, mientras que la ley no permite
la revisión de los fallos judiciales en proceso diferente a aquél en que se
produce la sentencia. (...)’.
(…)
En materia laboral, debe
tenerse en cuenta además que la manifestación de voluntad de las partes no
puede comprometer derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, so pena de
invalidar el acto respectivo. Al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia ha sido enfática, así como sobre la tarea que asiste al juez o
funcionario de trabajo que participa en la audiencia de conciliación.
‘En el efecto laboral, lo
mismo que en otros campos de la vida jurídica el consentimiento expresado por
persona capaz y libre de vicios, como el error la fuerza o el dolo, tiene
validez plena y efectos reconocidos  por la ley, a menos que dentro del ámbito
laboral haya renuncia  de derechos concretos, claros e indiscutibles  por parte
del trabajador, que es el caso que tiene que precaver  el juez del trabajo
cuando en su presencia quienes son  o fueron patrono y empleado formalizan un
arreglo amigable de divergencias surgidas durante el desarrollo del contrato de
trabajo  o al tiempo de su finalización’[23]”
En consonancia
con lo anterior, esta Corporación ha sido enfática en sostener que “la
actuación del juez o funcionario del trabajo no es indiferente, en efecto, a él
le corresponde vigilar que en ningún caso se amenacen o vulneren derechos
ciertos e indiscutibles de los trabajadores (…)”[24].
5.4. Ahora bien, toda vez que el sistema jurídico prevé
distintos mecanismos para asegurar el respeto de los derechos laborales y que
la acción de tutela tiene un carácter residual, cuando se pretenda controvertir
la validez de los acuerdos conciliatorios en principio debe acudirse a la vía
ordinaria. Por lo tanto, no es la acción de tutela sino la jurisdicción ordinaria
laboral la competente para resolver ese tipo de conflictos. Al respecto la
Corte en sentencia T-446 de 2001 sostuvo:
“(…) las controversias
sobre la conciliación laboral encuentran en nuestro ordenamiento jurídico claros
mecanismos de solución ante la jurisdicción laboral ordinaria que son
suficientemente eficaces para proteger los derechos de los trabajadores, los
cuales además  cuentan con  la protección del juez o inspector de trabajo que
presencia, revisa y aprueba la suscripción de las actas de conciliación en las
que se consignan los acuerdos a que llegan empleador y trabajador para
solucionar sus diferencias surgidas del desarrollo o la terminación del
contrato de trabajo.”
La anterior posición ha sido reiterada en varias oportunidades; por
ejemplo, en la sentencia T-929 de 2002, en la cual se solicitaba el reintegro
de unos extrabajadores sindicalizados, pese a existir conciliaciones en las que
se acordaba la terminación del contrato laboral y el pago de una indemnización
o bono de retiro, según la antigüedad de los trabajadores, se sostuvo la
improcedencia del amparo frente a conciliaciones laborales, en la medida en que
esta tiene plenos efectos vinculantes, como cualquier otra decisión judicial
que ha hecho tránsito a cosa juzgada.
En el mismo sentido, en la sentencia T-942 de 2005 se resolvió el caso de
una institución bancaria que, en cumplimiento de un acta de conciliación, le
reconoció y canceló a un antiguo trabajador una pensión especial, voluntaria  y
temporal durante 5 años, al cabo de los cuales suspendió el mencionado pago. En
esa oportunidad se sostuvo que la conciliación está amparada por la cosa
juzgada y, por lo tanto, tiene un carácter definitivo e inmutable. Con fundamento
en estas consideraciones, la Corte consideró que el acuerdo conciliatorio debía
ser respetado y que las inconformidades con el mismo debieron haber sido
planteadas oportunamente ante la jurisdicción laboral, por lo que confirmó las
decisiones de instancia que denegaron el amparo.
5.5. Sin perjuicio de esta regla general, esta Corporación también ha
advertido que, en los casos en que el acuerdo conciliatorio ha sido el
resultado de un consentimiento viciado o en los que existe una clara e
indiscutible vulneración de un derecho fundamental de alguna de las partes, si
los mecanismos judiciales ordinarios carecen de idoneidad o eficacia, es
posible apelar excepcionalmente a la acción de tutela. En este sentido, en la
sentencia T-350 de 2000, en donde se solicitaba el reconocimiento y pago de
bonos pensionales, pese a existir una conciliación en la que el accionante
declaró a paz y salvo a la empresa por todo concepto, dada la edad y la
condición de desempleo del actor, la Corte consideró que los mecanismos de
defensa ante la justicia ordinaria eran incapaces de asegurar adecuadamente los
derechos laborales, por lo que consideró procedente la acción de tutela.
Algo semejante ocurrió en la sentencia T-1233 de 2008. El accionante
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte de
Ecopetrol, pese a la existencia de una conciliación en la que la empresa se
comprometía únicamente al pago de bonos pensionales. Cerciorándose la Corte
sobre la dilación injustificada del proceso administrativo que antecedió a la
petición y sobre la difícil situación del accionante, consideró que esta vía
podía ser utilizada para controvertir la legalidad y constitucionalidad del
acuerdo conciliatorio.
6. El derecho a la seguridad social en pensiones, su carácter
fundamental e irrenunciable
6.1. Según lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política,
la seguridad social como bien jurídico tiene una doble connotación: (i) es un
servicio público que se presta bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, el cual debe responder a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, y (ii) es un derecho irrenunciable en cabeza de
todos los habitantes del territorio nacional.
Como lo ha señalado esta corporación en varias oportunidades, la anterior
protección constitucional del derecho a la seguridad social se ve reforzada por
lo dispuesto en el ámbito internacional. Al respecto, en sentencia T-784 de
2010, expuso:
“La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho
a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito
internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el
derecho de las personas a la seguridad social. El artículo 16 de la Declaración
Americana de los Derechos de la Persona afirma que:
‘Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia’.
Así mismo se encuentra estipulado en el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Sociales y Culturales:
‘Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social’.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prescribe:
‘Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene
derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la
vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus
dependientes’.
En el mismo sentido el Código Iberoamericano de la Seguridad Social,
aprobado por la ley 516 de 1999, en su artículo 1, establece:
‘El Código reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable
del ser humano.”
De las normas precitadas se concluye que la seguridad social es
reconocida internacionalmente como el derecho mediante el cual se busca
proteger a las personas de cualquier circunstancia que les impida obtener los
ingresos necesarios para llevar una vida digna, tales como la vejez y las
incapacidades físicas o mentales ajenas a su voluntad.
6.2. Ahora bien, esta corporación sostuvo que dada su categoría de
derecho prestacional y programático, el derecho a la seguridad social sólo
podía ser considerado un derecho subjetivo de rango fundamental en tres casos:
(i) por la transmutación del derecho[25],
(ii) por su conexidad con otro derecho fundamental (teoría de la conexidad)[26] y (iii)
cuando su titular fuese un sujeto de especial protección constitucional[27].
No obstante, en la sentencia T-016 de 2007, luego de indicar que la
distinción entre los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales
y culturales resulta equivocada y que “la fundamentalidad de los derechos no
depende -ni puede depender- de la manera como estos derechos se hacen efectivos
en la práctica”, la Corte señaló:
“Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera
directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar
democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la
Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos
vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir
la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones
estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo,
admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas
gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y
educativos - indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que
tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la
consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas
personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y educativa.
Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en
relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz
(obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).” (Negrillas
fuera de texto).
Bajo este contexto es posible afirmar que “(…)
el derecho a la seguridad es un verdadero derecho fundamental cuya efectividad
y garantía se deriva de (i) su carácter irrenunciable, (ii) su reconocimiento
como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado
colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en
concordancia con el principio de universalidad.”[28].
6.3. Por otro
lado, la Corte ha sostenido que la seguridad social         (concretamente la
pensión) no es una dádiva que se da por el hecho de haber llegado a determinada
edad, sino que es una contraprestación cuyo propósito es permitir descansar a
la persona que puso a disposición de la sociedad su fuerza laboral y, además,
según el caso, seguir respondiendo a las necesidades propias y las de su
familia[29];
y que este derecho no se extingue con el transcurso del tiempo, es decir, que
puede ser reclamado en cualquier momento. Sobre este último asunto la Corte, en
sentencia C-230 de 1998 indicó:
“(…) no
todo derecho de naturaleza laboral se extingue con el transcurso del tiempo.
Como ocurre en el específico evento de las pensiones, tan pronto una persona
reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento legal para obtener el
mencionado ‘status’ de pensionado, el derecho adquirido no puede ser
desconocido, y se enmarca dentro de la categoría de los derechos que no
prescriben en relación con su reconocimiento; de manera que, sólo el
fallecimiento de la persona hace viable la terminación del mismo, salvo cuando
haya lugar a la sustitución pensional establecida en la ley o en las normas
convencionales sobre la materia, para los beneficiarios de dicho derecho.” (Negrillas
fuera de texto original).
6.4. Tomando como fundamento lo anterior, la jurisprudencia
constitucional también ha precisado que el trabajador
que cumple los requisitos legalmente exigidos para acceder a una pensión tiene
el derecho a su reconocimiento pleno y oportuno[30], y que las demoras injustificadas
imputables a los responsables de dicha prestación vulneran no sólo la seguridad
social, sino también otros derechos, como la dignidad y el mínimo vital. Sobre el particular esta corporación, en sentencia
T-020 de 2012, dijo:
“El trabajador que cumple los presupuestos
contenidos en el ordenamiento jurídico, tales como los requisitos de edad y
tiempo de cotización exigidos para acceder a su pensión, tiene el derecho al
reconocimiento y consecuente pago, como quiera que las demoras imputables a las
entidades responsables de esa prestación conculcan no sólo la seguridad social,
sino otros derechos como la dignidad, el mínimo vital, la seguridad social
(sic) y los derechos adquiridos[31].”
De lo
expuesto se concluye que el derecho a la pensión es inalienable, irrenunciable,
de naturaleza fundamental y que no se extingue con el transcurso del tiempo.
7. La pensión de los trabajadores del sector privado antes
y después de la Ley 100 de 1993
7.1. La Ley 6ª de 1945[32], considerada el primer Estatuto Orgánico del
Trabajo en Colombia, tuvo como finalidad reglamentar
las relaciones que surgían entre empleadores y trabajadores, las
convenciones laborales y los conflictos colectivos del trabajo. El artículo 14 de
dicho estatuto disponía que las empresas con capital superior a $1.000.000
tenían la obligación de reconocer y pagar una pensión de jubilación a los
trabajadores que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios, continuos o
discontinuos[33].
7.2. Posteriormente, la Ley 90 de 1946[34] instituyó el seguro social obligatorio para
todos los individuos, nacionales y extranjeros,
que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o
presunto de trabajo o aprendizaje[35] y creó para su dirección y vigilancia al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales[36].
Esta ley
estableció en Colombia un sistema de subrogación gradual y progresiva de las
prestaciones laborales de origen legal al Instituto de Seguros Sociales. Así se
desprende de la lectura del artículo 72 según el cual:
“ARTÍCULO
72. Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose
en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo
por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya
asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso.
Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos,
y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores.” (Subrayas fuera
de texto original).
A su vez, el
artículo 76 de la Ley 90 señaló que el seguro de vejez a que se refería esa
norma reemplazaría la pensión de jubilación que había venido figurando en la
legislación anterior.
7.3. En 1951 la
gradualidad en la subrogación de las prestaciones por el Instituto de Seguros
Sociales fue adoptada por el Código Sustantivo del Trabajo, que en su artículo
259 dispuso:
“ARTÍCULO 259.
REGLA GENERAL. // 1. Los {empleadores} o empresas que se determinan en el
presente Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones
comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación
de cada una de ellas en su respectivo capítulo. // 2. Las pensiones de
jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio
dejaran de estar a cargo de los {empleadores} cuando el riesgo correspondiente
sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y
dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.” (Subrayas
fuera de texto).
En ese
orden, el artículo 260 del mismo código estableció:
“ARTÍCULO 260. DERECHO A LA PENSIÓN. // 1. Todo
trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos
mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y
cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer,
después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio. // 2. El trabajador que se retire o sea retirado del
servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al
llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20)
años de servicio.”
7.4. Luego,
en desarrollo de la anterior normatividad, se expidió el Decreto 3041 de 1966[37], el cual en
sus artículos 60 y 61 reguló la subrogación paulatina por el Instituto de
Seguridad Social –ISS- de la pensión de jubilación contemplada en el artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo, así:
“Artículo
60. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez
y muerte lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una
misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) M/cte. o
superior, ingresarán al Seguro Social obligatorio como afiliados para el riesgo
de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad
exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a
cargo del patrono y éste estará obligado, a pagar dicha jubilación, pero continuarán
cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por
el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento el Instituto
procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el
mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que
le venía siendo pagada por el patrono.
Artículo.
61. Acuerdo 029 de 1985, ISS, artículo 10 (Aprobado por el Decreto 2979 de
1985). // Artículo 6. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de
asegurarse al Instituto de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez,
vejez y muerte, lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos
($ 800.000) M/cte o superior, diez años o más de servicios continuos o
discontinuos, ingresarán al seguro obligatorio como afiliados en las mismas
condiciones establecidas en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 y en caso de
ser despedidos por los patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la
edad requerida por la ley al pago de la pensión restringida de que habla el
artículo 8 de la ley 71 de 1961, con la obligación de seguir cotizando de
acuerdo con los reglamentos del Instituto hasta cumplir con los requisitos
mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez, en este momento el
Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el
Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono. // La obligación
consagrada en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 y en esta disposición, de
seguir cotizando al seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos
por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, sólo rige para el patrono.”
De igual
forma, el artículo 59 de ese decreto aclaró que:
“Artículo
59. Los trabajadores que al iniciar la obligación de asegurarse contra los
riesgos de invalidez, vejez y muerte hubiesen cumplido veinte (20) años de
servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de
ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior cualquiera que fuere su edad, no estarán
obligados a asegurarse contra el riesgo de vejez, y en consecuencia al llegar a
la edad prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y
retirarse del servicio podrán reclamar con las modalidades y condiciones que
establecen las leyes respectivas, la pensión de jubilación al patrono
responsable.”
7.5. En el
año 1993 se expidió la Ley 100, mediante la cual se crea “el
sistema de seguridad social integral”, como desarrollo del derecho a la
seguridad social consagrado en la Constitución Política. El artículo 15
de esta ley (modificado por el 3 de la Ley 797 de 2003) estableció, en aplicación
del principio rector de la universalidad, la obligación por parte de todos los
empleadores de afiliar al régimen de seguridad social en pensiones a sus
trabajadores[38].
El artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo, que señalaba los requisitos para acceder
a la pensión, fue derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993. Esta ley
en su artículo 33 (posteriormente modificado por el artículo 9° de la Ley 797
de 2003), entre otros, introdujo nuevos requisitos para el reconocimiento de dicha
prestación y algunas reglas sobre el cómputo de semanas de cotización. El texto
del artículo es el siguiente:
“ARTÍCULO
33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ.
Para tener
el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes
condiciones:
Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre.
A partir
del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber
cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir
del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a
partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a
1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO
1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo, se tendrá en cuenta:
a) El
número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones;
b) El
tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos
servidos en regímenes exceptuados;
c) El
tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se
haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El
tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que
por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El
número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes
de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la
pensión.
En los
casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional (…)”
Así las
cosas, según el parágrafo 1° del artículo 33, para efecto del cómputo de las
semanas exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, se puede acumular:
(i) el número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del
sistema general de pensiones; (ii) el tiempo de servicio como servidor público
remunerado, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados; (iii) el
tiempo de servicio como trabajador vinculado con empleadores que antes de
entrar en vigor la Ley 100 de 1993 tuvieran a su cargo el reconocimiento y pago
de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral existiera o se hubiere
iniciado con posterioridad a la vigencia de la citada ley[39]; (iv) el tiempo de servicios
como trabajador vinculado con aquellos empleadores que por omisión no hubieren
afiliado al trabajador; (v) el número de semanas cotizadas a cajas
previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su
cargo el reconocimiento y pago de la pensión.
Es importante
aclarar que el derecho a acumular los tiempos servidos en el sector privado,
para efecto de la pensión de vejez, surge con la Ley 100 de 1993, ya que con
anterioridad a esa norma los trabajadores privados solo podían exigir el pago
de una pensión por los tiempos servidos a entidades privadas que tuviesen a
cargo el reconocimiento y pago de pensiones, si cumplían con todos los
requisitos para acceder a la pensión dentro de la empresa respectiva, sin que
fuese posible la acumulación de tiempo por semanas laboradas para distintos
empleadores privados[40].
Asimismo, es
necesario señalar que la Corte Constitucional, en la sentencia C-506 de 2001
declaró exequible la expresión “siempre que la vinculación laboral se
encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente
ley”, contenida en el literal c) del parágrafo 1º, del artículo 33 de la
Ley 100 de 1993[41].
8. La obligación de las empresas del sector petrolero de inscribir a
sus trabajadores en el Instituto de Seguros Sociales –ISS-
8.1. Como ya se mencionó, el sistema del seguro social obligatorio creado
por la Ley 90 de 1946 no entró en vigencia de manera inmediata, ya que la asunción
de riesgos por el Instituto de Seguros Sociales –ISS- fue gradual y progresiva.
Tanto la Ley 6ª de 1945 como la Ley 90 precitada y posteriormente el Código
Sustantivo del Trabajo dispusieron que las prestaciones laborales seguirían a
cargo de las empresas obligadas hasta cuando la carga prestacional fuera
asumida por dicho Instituto, conforme a la ley y a los reglamentos que la misma
entidad emitiera.
8.2. Los llamamientos a inscripción realizados por el Instituto de Seguros
Sociales –ISS- se efectuaron teniendo en cuenta dos criterios concurrentes:
(i) A partir de un factor territorial, en tanto que el nuevo sistema no
entró a regir automáticamente en todo el territorio nacional sino que se
extendió geográficamente de manera paulatina. Una de las primeras zonas en ser
llamada a inscripción fue Bogotá, donde la obligación de afiliación surgió desde
el 1º de enero de 1967[42].
De
acuerdo con este criterio, si no existía cobertura en la zona geográfica en
donde se había ejecutado el contrato de trabajo, por no haber sido llamada a
inscripción, no podía predicarse incumplimiento u omisión del empleador en la
afiliación del trabajador.
(ii) Según la actividad económica de los empleadores obligados a realizar
la inscripción.
Para el caso que ocupa a la Sala interesa resaltar que el Acuerdo 257 de
1967, emanado del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado
por el Decreto 1993 de 1967, en su artículo 1° ordenó la inscripción en el
Seguro Social Obligatorio de enfermedad no profesional y maternidad, accidentes
de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, vejez y muerte, de los
“patronos y trabajadores” que realizaran actividades industriales
extractivas del “petróleo y sus derivados, y gas natural: exploración,
explotación, refinación, transporte, distribución y venta” [43]; facultando
en su artículo 5° al Director General del Instituto de Seguros Sociales para
que fijara la fecha de inscripción respectiva[44].
La
Resolución 3540 de 1982 hace el llamamiento, a partir del 1º de septiembre de
1982, al régimen de los seguros sociales obligatorios de invalidez, vejez y
muerte, a los “patronos y trabajadores” de todo el territorio nacional,
de las actividades industriales extractivas, industria del petróleo y sus
derivados, y gas natural[45].
No obstante, inmediatamente después se emite la Resolución 5043 de 1982,
dejando sin efectos la Resolución 3540 del mismo año[46].
Es
así como el Decreto 1993 de 1967 viene a concretarse solo hasta la Resolución
4250 de 1993[47],
por medio de la cual la Presidencia del Instituto de Seguros Sociales resolvió
fijar como fecha de iniciación de inscripción el 1º de octubre de 1993[48], aclarando
en su artículo 2° que dicha inscripción debería efectuarse en las “zonas
geográficas en donde el Instituto haya extendido cobertura y llamado a inscripción”[49].
8.3.
Bajo este panorama, para poder establecer el grado de responsabilidad de un
empleador por inscripción tardía o falta de afiliación al seguro social de sus
trabajadores y los efectos que de ello se generen, es necesario determinar, en primer
lugar, en qué fecha inició la obligación de afiliar en la zona geográfica en la
que se ejecutó el contrato y/o a partir de qué momento fue llamada a
inscripción la actividad económica de la respectiva empresa.
8.4. Finalmente, debe resaltarse que con la
expedición de la Ley 100 de 1993 se hace obligatorio para todos  los
empleadores afiliar al régimen de seguridad social en pensiones a sus
trabajadores, incluidos los que desarrollan actividades  extractivas de la
industria del petróleo y sus derivados.
9. Análisis de los casos concretos
A partir de las directrices que anteceden, la Corte procede a resolver
los casos concretos, examinando en primer lugar su procedibilidad y únicamente
cuando esta concurra se abordará el análisis de fondo.
9.1. Asunto previo
Uno de los
argumentos que exponen los accionantes como sustento de sus pretensiones es lo
decidido en la sentencia T-784 de 2010, en la cual se amparó el derecho a la
seguridad social de una persona que trabajó para una empresa de petróleo desde
julio 16 de 1984 hasta junio 15 de 1992, que veía frustrado el acceso a la
pensión de vejez porque el empleador no realizó los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones durante el mencionado período, providencia que,
al hacer el análisis de procedencia del caso, sostiene que la calidad de sujeto
de especial protección constitucional del actor, derivada de su edad (66 años),
era un criterio suficiente para determinar la falta de idoneidad y eficacia del
medio ordinario de defensa judicial con el que contaba el accionante.
Sin embargo,
es claro que ese fallo no refleja en su integridad lo establecido en la
jurisprudencia constitucional reseñada en precedencia, ya que la condición de
persona de la tercera edad no constituye por sí sola razón suficiente para
definir la procedencia de la acción de tutela, toda vez que, para que el
mecanismo de amparo constitucional pueda desplazar la vía judicial ordinaria es
necesario, además, acreditar que: (i) el daño causado al actor le esté
vulnerando sus derechos fundamentales, (ii) haya certeza sobre la titularidad
del derecho exigido y (iii) el asunto puesto a consideración del juez de tutela
sea de relevancia constitucional.
9.2. Expediente T-3099901
9.2.1. Como
ya se anotó, la señora María de Jesús Cuenca Sornoza, quien dijo tener 68
años de edad cuando presentó la acción de tutela[50], solicita el amparo de
sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad social, al
mínimo vital y a los “derechos de las personas de la tercera edad”, que
considera vulnerados por la empresa Chevron Petroleum Company (antes Texas
Petroleum Company), porque a pesar de haber trabajado desde el 22 de mayo de
1967 al 31 de enero de 1995, devengando como último salario la suma de
$1.673.800, dicha compañía no efectuó las cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones y posteriormente se ha negado a pagar los correspondientes
bonos pensionales, alegando que está amparada por legislación especial que la
excluye de esa obligación.
Aclara que el 1° de febrero de 1995, en la Inspección Décima del Trabajo
de Bogotá, firmó un acta de conciliación por medio de la cual la empresa accionada
le reconoció la suma de $162.268.966 por concepto de “pago único de pensión”.
Agrega que el 9 de abril de 2001 el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá
resolvió en su contra una demanda por reliquidación y pago de cesantías, prima
de servicios, vacaciones, salario integral e indemnización moratoria, habiendo
sido confirmada la sentencia por el Tribunal Superior de Bogotá, cuya
providencia no fue casada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral.
Para sustentar la violación del derecho a la igualdad cita la sentencia
T-784 de 2010, a través de la cual la Corte Constitucional ordenó al Instituto de Seguros Sociales –ISS- liquidar las
sumas actualizadas, de acuerdo con el salario devengado por un trabajador del
16 de julio de 1984 al 15 de junio de 1992, en la compañía Chevron Petroleum
Company (antes Texas Petroleum Company), y a esta última transferir al Instituto de Seguros Sociales –ISS- el equivalente a
la mencionada liquidación.
Como consecuencia de lo anterior, pide igualmente que se ordene a Chevron
Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company) enterar “al ISS sobre el
monto del sueldo y prestaciones (…) en el momento de
ser desvinculada de la empresa accionada”;
que se solicite al Instituto de Seguros Sociales –ISS- que, una vez reciba
dicha información, “proceda a realizar el cálculo actuarial de la misma”;
y que se ordene a Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company)
realizar “dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a recibida la
información por parte del ISS, los valores a que hace relación la petición
anterior”.
Por su parte, la empresa accionada solicitó que
se enviara la acción de tutela a la Corte Suprema de Justicia por considerar que
se dirige contra la sentencia que negó una demanda laboral interpuesta con
anterioridad por la misma parte actora. Además, pide que la acción se declare
improcedente por no existir en la actualidad relación de dependencia entre las
partes; al no estar demostrado un perjuicio irremediable ni la violación del
mínimo vital. Agrega que la actora no tiene derecho a bono pensional porque la
empresa solo estuvo obligada a afiliarla en pensiones al Instituto de Seguros
Sociales   -ISS- a partir de 1° de octubre de 1993.
Considera que la sentencia T-784 de 2010 no
obliga en este caso para dejar sin validez las providencias judiciales proferidas
en el proceso ordinario laboral que la accionante adelantó contra la empresa
demandada, ya que se refiere al reconocimiento de bonos pensionales. Es decir,
que las dos acciones mencionadas tienen pretensiones diferentes.
Las sentencias de primera y segunda instancia
niegan la tutela por cuanto consideran que existe cosa juzgada, porque las
partes conciliaron lo relativo a la pensión y al bono pensional, razón por la
cual este caso difiere del resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
T-784 de 2010, en el que las partes no suscribieron conciliación sobre el bono
pensional. El ad quem agrega que la acción es improcedente y que, además, no se
presenta vulneración de ningún derecho fundamental, dado que la accionante no
ha adelantado ningún trámite de reconocimiento de su pensión de vejez ante el Instituto
de Seguros Sociales –ISS- y por eso este tampoco se la ha negado por falta de
bono de la empresa Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company).
9.2.2. La actora refiere en la demanda que para
ese entonces tenía 68 años de edad[51],
afirmación que no ha sido desvirtuada por la empresa accionada. Sostiene también
que prestó sus servicios laborales a la compañía Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company) desde el 22 de
mayo de 1967 hasta el 31 de enero de 1995[52], hecho que es corroborado plenamente
por dicha sociedad en la contestación de la demanda[53] y en el acta
de conciliación suscrita por las partes el 1° de febrero de 1995[54].
Esto quiere decir que trabajó para la misma empresa en forma continua un total
de 27 años, 8 meses y 9 días.
De acuerdo con el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad
Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company) tiene por objeto
social, entre otras actividades, la extracción, distribución y comercialización
de petróleo y otras materias afines[55].
Por otra parte, según lo dispuesto por el
precitado Acuerdo 257 de 1967, emanado del Consejo Directivo del Instituto de
Seguros Sociales –ISS-, aprobado por el Decreto 1993 de 1967, y la Resolución
4250 de 1993, la empresa accionada, por pertenecer al sector de la economía
dedicado a la extracción de petróleo y sus derivados, quedó obligada a afiliar a
todos a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales –ISS- y a cotizarles
para pensión a partir del 1° de octubre de 1993.
Sin embargo, para esa fecha la señora María
de Jesús Cuenca Sornoza llevaba trabajando para esa compañía, en forma
continua, más de 26 años y tenía más de 50 años de edad. Por consiguiente,
reunía todos los requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación a
cargo de la empresa Chevron Petroleum Company (antes
Texas Petroleum Company), según lo dispuesto en el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo, vigente en ese entonces, cuyo texto señalaba lo
siguiente:
“ARTÍCULO
260. DERECHO A LA PENSIÓN. // 1. Todo trabajador que preste
servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o
superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de
edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte
(20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de
jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. //
2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber
cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad,
siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.” (Subrayas
fuera de texto).
Igualmente,
resulta aplicable al caso el artículo 59 del Decreto 3041 de 1966, que dice:
“Artículo
59. Los trabajadores que al iniciar la obligación de asegurarse contra los
riesgos de invalidez, vejez y muerte hubiesen cumplido veinte (20) años de
servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de
ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior cualquiera que fuere su edad, no
estarán obligados a asegurarse contra el riesgo de vejez, y en consecuencia al
llegar a la edad prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo
y retirarse del servicio podrán reclamar con las modalidades y condiciones que
establecen las leyes respectivas, la pensión de jubilación al patrono
responsable.”  (Subrayas fuera de texto).
Ahora bien, tomando
en consideración lo dispuesto en esta última norma; que la obligación de la
empresa accionada de afiliar al Instituto de Seguros
Sociales –ISS- a todos sus trabajadores comenzó el 1° de octubre de 1993; que
para esa fecha la señora María de Jesús Cuenca Sornoza no solo había
cumplido 15 años de servicio a la empresa, sino además los 20 años de servicio
y los 50 años de edad que exige el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación,
resulta claro que la sociedad accionada no ha estado obligada a afiliarla a
dicho instituto, ni a expedirle un título o bono pensional, sino a reconocerle
y pagarle la pensión de jubilación a partir de la fecha en que cumplió los dos
requisitos mencionados.
9.2.3. Conforme a las
normas y a la jurisprudencia[56]
ya expuestas, especialmente los artículos 48 y 53 de la Constitución, así como
el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, no cabe ninguna duda que el
derecho a la pensión de jubilación es de orden público y tiene carácter
fundamental e irrenunciable. Además, la pensión de jubilación de la accionante es
un derecho cierto e indiscutible, porque, se repite, reunió todos los
requisitos exigidos por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo,
vigente el 1° de octubre de 1993, cuando la empresa demandada quedó obligada a
afiliar a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales –ISS-.
En tales condiciones, si bien es cierto que, según consta
en el acta de conciliación suscrita por las partes el 1° de febrero de 1995 en la
Inspección Décima del Trabajo de Bogotá, la señora María de Jesús Cuenca
Sornoza expresó que la compañía Chevron Petroleum Company (antes Texas
Petroleum Company) le pagó la suma de $162.268.966, quedando a paz y salvo con
ella por “cualquier obligación de tipo laboral, pues la suma correspondiente
al pacto único de pensión se entiende que es imputable a cualquier deuda de
carácter laboral, declarando como ya se dijo, a paz y salvo a la Empresa
compareciente de cualquier obligación pensional y a la vez de cualquier otro
derecho que se desprenda de la misma”, también lo es que dicha conciliación
no tiene validez jurídica en relación con la pensión de jubilación, que era un
derecho cierto, indiscutible e irrenunciable en ese momento, porque, como lo ha
sostenido esta corporación “[e]n materia laboral, debe tenerse
en cuenta además que la manifestación de voluntad de las partes no puede
comprometer derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, so pena de
invalidar el acto respectivo”[57].
Así las cosas, es evidente que la empresa demandada le ha
estado demorando injustificadamente a la actora el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, generando con su actuar la vulneración de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna.
9.2.4. Ahora bien, como ya se explicó, por regla general
la acción de tutela no procede para reclamar prestaciones sociales y solo es
viable, de manera excepcional, como mecanismo principal, cuando no existe otro
medio de defensa judicial, o cuando existiendo este no resulta idóneo y eficaz
para proteger los derechos fundamentales; y como mecanismo transitorio cuando
se trata de evitar un perjuicio irremediable. Cabe precisar también que dicha
procedencia excepcional tiene lugar siempre y cuando haya certeza sobre el
derecho que se pretende garantizar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[58], la
accionante en principio dispone de otro medio de defensa judicial para reclamar
el derecho a la pensión. Sin embargo, la Sala considera que en este caso la
acción de tutela es procedente como mecanismo principal, por la relevancia
constitucional que denota el asunto bajo análisis, por las siguientes razones:
(i) la señora María de Jesús Cuenca Sornoza es
una persona de avanzada edad por tener más de 68 años; (ii) según lo afirma la
misma accionante, debido a su edad carece de oportunidades laborales y se encuentra
en estado de indefensión[59],
hechos que no fueron desvirtuados por la sociedad demandada; (iii) el derecho a
la pensión es de carácter fundamental e irrenunciable por expreso mandato
constitucional (artículos 48 y 53 Superiores); y (iv) por la certeza que
existe sobre la titularidad del derecho a la pensión de jubilación en cabeza de
la actora.
9.2.5. También
debe aclararse que, no obstante la manifestación en contrario que hace la
señora María de Jesús Cuenca Sornoza[60],
no está demostrado que haya presentado contra la empresa Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company)
otra acción de tutela por los mismos hechos que la actual y que hubiese sido
fallada en su contra. Lo que sí está probado es que adelantó un proceso laboral
con distintas pretensiones, que no incluyó el reconocimiento y pago de los
valores correspondientes al cálculo actuarial por la prestación de servicios
laborales, como tampoco el reconocimiento de la pensión de jubilación[61].
9.2.6. Igualmente,
la Sala estima necesario precisar que, si bien es cierto que la accionante
solicita se ordene al Instituto de Seguros Sociales –ISS- realizar el cálculo
actuarial correspondiente al tiempo que trabajó en la empresa demandada y a esta
que le expida el título o bono pensional para evitar que le siga vulnerando su derecho
fundamental a la seguridad social, entre otros, también lo es que, por las
razones que se acaban de anotar, en este caso no  hay lugar a la afiliación al
Instituto de Seguros Sociales –ISS-, ni a la expedición del título o bono
pensional, sino al reconocimiento de la pensión de jubilación, que también hace
parte del derecho fundamental a la seguridad social. Lo anterior, en virtud de
que el juez de tutela, cuando verifica
la necesidad de reparar o evitar la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, tiene la facultad de fallar más allá de lo solicitado por
el accionante (extra o ultra petita), ello en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 2° Superior y en atención a que la vigencia de los derechos
fundamentales es la base del Estado social de derecho.
Sobre el particular, la Corte en sentencia T-886 de 2000[62] señaló:
“(…) [L]a naturaleza de
la acción de tutela, como mecanismo de protección de derechos fundamentales,
reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades que en, ejercicio
de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, consiste en
fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos
ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez de tutela pronunciarse
sobre aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del amparo solicitado,
deben ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerado o impidiendo la
efectividad de derechos de rango constitucional fundamental.”
9.2.7. En conclusión, estando demostrado que el
derecho a la pensión de jubilación es de carácter cierto, indiscutible e
irrenunciable; que la conciliación suscrita por las partes el 1° de febrero de
1995 no tiene validez jurídica; que la falta de reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación está vulnerando los derechos fundamentales a la
accionante,  con fundamento en la facultad del juez de tutela para fallar más
allá de las pretensiones iniciales de la demanda, se ordenará a la
empresa accionada que reconozca y pague a la señora María de Jesús Cuenca
Sornoza una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio (artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo), a partir de la fecha en que cumplió 50 años
de edad y 20 años de servicios, aclarando que le debe indexar o actualizar el
salario base de liquidación de la primera mesada pensional, hacer los reajustes
legales correspondientes a las mesadas posteriores, compensar la suma de ciento
sesenta y dos millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y seis
pesos ($162.268.966), que ya le canceló por concepto de “pago único de
pensión”, y abstenerse de pagar las mesadas que hayan prescrito.
9.3. Expediente T-3106318
9.3.1. El señor Eduardo Hernando Correa
Camargo, de 64 años de edad, pide la tutela de sus derechos fundamentales a la
vida digna, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a los “derechos
de las personas de la tercera edad”, que afirma están siendo vulnerados por
la compañía Chevron Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company), en razón
de que, no obstante haberle prestado sus servicios laborales del 1° de octubre
de 1974 al 30 de junio de 1979 y del 3 de enero de 1982 al 29 de diciembre de
1992, con el último salario de $1.001.000 mensuales, no realizó las
cotizaciones correspondientes a seguridad social en pensiones y posteriormente
se ha negado a expedirle el bono pensional. Precisa que el 15 de enero de 1995
firmó con la entidad accionada un acta de conciliación, en la cual Chevron
Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company) le pagó la suma de
$165.224.190 por concepto de “pacto único de pensión”.
En consecuencia, solicita que se ordene a Chevron Petroleum Company
(antes Texas Petroleum Company) que “enteren al ISS
sobre el monto del sueldo y prestaciones de mi poderdante en el momento de ser
desvinculado de la empresa accionada”; que
se pida al Instituto de Seguros Sociales –ISS- que “proceda a realizar el
cálculo actuarial de los valores correspondientes al bono pensional”; y que
se ordene a la sociedad demandada le pague “los valores a que hace relación
la petición anterior”. Fundamenta su derecho a la igualdad en el
antecedente jurisprudencial constituido por la sentencia T-784 de 2010.
La empresa se opone a las pretensiones del
accionante por considerar que: (i) la tutela es improcedente para reclamar
prestaciones sociales, ya que la vía idónea es la jurisdicción laboral
ordinaria, a la que el actor no ha acudido; (ii) no está demostrado un
perjuicio irremediable; (iii) no existe relación de dependencia; (iv) la
conciliación celebrada hizo tránsito a cosa juzgada; y (v) la sentencia T-784
de 2010 no es aplicable en este caso, debido a que solo tiene efectos inter
partes.
Las sentencias de primera y segunda instancia
niegan la tutela por improcedente, acogiendo, en general, los argumentos de la
parte accionada. La primera de ellas resalta que no existe perjuicio
irremediable en virtud de que, si bien es cierto que el actor es persona de la
tercera edad que goza de protección constitucional especial, también lo es que
la suma de dinero recibida en el acuerdo conciliatorio es incompatible con el
perjuicio irremediable, en tanto que los derechos cuya protección se pide no
son de rango constitucional, sino legal, que deben ser conocidos por la
jurisdicción laboral y no a través de la tutela, circunstancia esta que
diferencia el presente caso del decidido en la sentencia T-784 de 2010.
El ad quem resalta que no existe vulneración de
los derechos fundamentales alegados por el actor, debido a que no demostró
haber iniciado los trámites administrativos para solicitar la pensión al Instituto
de Seguros Sociales –ISS, ni que se le hubiese negado dicho reconocimiento por
falta de la expedición del bono pensional por parte de Chevron Petroleum
Company (antes Texas Petroleum Company).
9.3.2. Como se ha visto, la acción de tutela no procede, en principio,
para reconocer esa clase de prestaciones sociales, a menos de que no se
disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz o que sea necesaria
para evitar un perjuicio irremediable. Además, es indispensable que exista
vulneración de derechos fundamentales y que haya certeza sobre el derecho que
se quiere garantizar.
Sobre este último requisito, es evidente que en el caso bajo análisis se
presenta controversia jurídica y probatoria acerca de si el accionante tiene o
no derecho al reconocimiento y expedición del título o bono pensional correspondiente
al tiempo que trabajó a la empresa demandada, en virtud de lo dispuesto en el
literal c), parágrafo 1°, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y habida cuenta
que la relación laboral finalizó el 29 de diciembre de 1992, según se afirma en
la demanda[63],
en la respuesta a la acción de tutela[64]
y en el acta de conciliación suscrita por las partes[65]. Es decir, que el
contrato laboral no se hallaba vigente cuando entró a regir la Ley 100 el 23 de
diciembre de 1993.
A lo anterior se agrega que la actuación no contiene elementos
probatorios para determinar el lugar o lugares del territorio nacional donde el
demandante prestó sus servicios a la empresa; si esas zonas territoriales
estaban o no cubiertas por el Instituto de Seguros
Sociales –ISS- y desde cuándo. En tales condiciones, se desconoce si la empresa
demandada tenía o no la obligación de afiliar al accionante al seguro social,
de cotizarle para pensión y desde qué fecha.
Por otra parte, de acuerdo con las pruebas que
reposan en la actuación[66],
el señor Eduardo Hernando Correa Camargo
prestó sus servicios laborales a la empresa durante 14 años, 8 meses y 25 días.
Lo cual significa que, a diferencia del caso anterior, no reúne el requisito de
20 años de servicio que exigen los artículos 59 del Decreto 3041 de 1966 y 260
del Código Sustantivo del Trabajo para que la empresa le reconozca y pague
directamente la pensión de jubilación.
De suerte que aquí no se pretende garantizar un
derecho determinado y cierto, sino discutible y litigioso, para cuya protección
la acción idónea y eficaz no es la acción de tutela, sino la ordinaria laboral,
en desarrollo de la cual las partes pueden solicitar la práctica de las pruebas
que se echan de menos y las demás que juzguen necesarias para la plena
demostración de sus pretensiones.
De otro lado, el hecho de que el actor tenga más
de 64 años, según se dice en la demanda, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional analizada, no hace procedente por sí sola la acción de tutela,
ya que no se advierte la vulneración de ningún derecho fundamental, ni la
amenaza de un perjuicio irremediable, precisamente porque no hay certeza del
derecho que se quiere garantizar, siendo esta circunstancia la principal
diferencia con el caso de la señora María de Jesús Cuenca Sornoza, en
que hay certeza del derecho que tiene al reconocimiento de la pensión de
jubilación por parte de la empresa accionada.
9.3.3. Cabe precisar que la impugnación del
contenido del acta de conciliación que las partes suscribieron debe encausarse también
por la vía laboral ordinaria, que es el medio idóneo de defensa judicial, más
no a través de la tutela, ya que, al no referirse a un derecho cierto e
indiscutible, por las razones precitadas, tampoco se observa, prima facie,
una vulneración de derechos fundamentales que haga excepcionalmente procedente este
mecanismo de amparo.
En este orden de ideas, en el presente caso se
declarará la improcedencia de la acción propuesta y se confirmará la sentencia
objeto de revisión.
9.4. Expediente T-3106321
9.4.1. El señor Víctor Manuel Motta Sepúlveda,
de 65 años de edad, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y “los de las personas de
la tercera edad”, que estima violados por la empresa Occidental de Colombia
LLC, y que, en consecuencia, se ordene a esta última enterar al Instituto de
Seguros Sociales –ISS- “sobre el monto del sueldo y prestaciones de mi
poderdante en el momento de ser desvinculado de la empresa accionada”; se
pida al Instituto de Seguros Sociales –ISS- que, una vez recibida “la información
de que trata la petición anterior, proceda a realizar el cálculo actuarial de
la misma (…)”; y se ordene a la sociedad demandada que cuando tenga la
información suministrada por dicho Instituto pague “los valores a que hace
relación la petición anterior”.
Para fundamentar estas pretensiones expone que
laboró para la sociedad Occidental de Colombia LLC del 14 de mayo de 1981 al 25
de noviembre de 1993, devengando como último salario la suma de $1.632.254; que
la empresa no cotizó durante ese tiempo al sistema de seguridad social en
pensiones y posteriormente se ha negado a expedir el correspondiente bono
pensional.
Aclara que los Juzgados 32 Civil Municipal y 39
Civil de Circuito de Bogotá le resolvieron desfavorablemente en primera y
segunda instancia otra acción de tutela por idénticas pretensiones a las de
ahora y con base en las mismas razones fácticas; pero que ha surgido un nuevo
hecho constituido por las sentencia T-784 de 2010, por lo cual estima
procedente la presente acción.
La apodera judicial de la sociedad Occidental
de Colombia LLC pide que, “dado que mi representada no adquirió ninguna
obligación de carácter pensional con el demandante, que no hay evidencia de
violación a ningún derecho fundamental, que existen otros mecanismos ordinarios
de defensa judicial y que exactamente por los mismos hechos y con las mismas
pretensiones ya se adelantó otra tutela que fue desfavorable a los intereses
del demandante, deben rechazarse por improcedentes las pretensiones incoadas en
el escrito introductorio”.
Anota que, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 259 del Código Sustantivo del Trabajo y 72 de la Ley 90 de 1946, “el
sistema de ‘aportes a pensiones’ no existía fuera del ISS precisamente porque
lo que se consagraba era un cubrimiento directo del riesgo por parte del
empleador, siempre y cuando el trabajador cumpliera los requisitos de edad y
tiempo de servicio para hacerse acreedor a la pensión”.
Agrega que el entonces Instituto Colombiano de
Seguros Sociales no asumió el riesgo en pensiones de manera general, sino
progresiva, llamando a diferentes grupos de población, sin que fuera forzoso que
un empleador ubicado en un sector industrial o regional al que no se le hubiere
hecho llamamiento obligatorio pudiera inscribir a sus trabajadores para cubrir
los riesgos.
Precisa que ninguna empresa dedicada a la
explotación y exploración de petróleo tuvo llamamiento obligatorio para afiliar
a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales –ISS- sino a partir de la
expedición de la Ley 100 el 23 de diciembre de 1993 y que antes asumían
directamente el riesgo, ya que no existían aportes pensionales. Dice que este
es el caso de Occidental de Colombia LLC.
El representante del Ministerio de la
Protección Social solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela y
exonerar al Ministerio de toda responsabilidad, aduciendo que “de
conformidad con lo establecido por el Legislador en el literal c) del artículo
33 de la Ley 100 de 1993, no se configura la obligación del empleador de emitir
y pagar un bono pensional a favor del trabajador, si al momento de la
expedición de la Ley 100 de 1993, no existía una relación laboral vigente, toda
vez que las figuras jurídicas surgidas en virtud de la citada Ley, como es el
caso de los denominados bonos pensionales, sólo producen efectos hacía el
futuro, pues lo contrario vulneraría las situaciones jurídicas ya
consolidadas”.
Como se sabe, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil
Municipal de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de tutela y el
Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad confirmó ese
fallo.
9.4.2. De acuerdo con los hechos planteados, el
accionante pretende que se le ordene a la empresa Occidental de Colombia LLC
que le expida un título o bono pensional por haber trabajado en esa compañía
del 14 de mayo de 1981 hasta el 25 de noviembre de 1993, sin que lo hubiese
afiliado al Instituto de Seguros Sociales -ISS-.
A excepción de que no existió acuerdo
conciliatorio previo entre las partes y de que el actor interpuso con
anterioridad otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones, el
presente caso es semejante al del señor Eduardo Hernando Correa Camargo.
Bajo este contexto, en orden a determinar si la
acción de tutela es procedente, se constata, en primer lugar, que en este caso
tampoco hay certeza respecto del derecho que el actor pretende garantizar. En
efecto, no existe claridad jurídica, ni probatoria, sobre el derecho del accionante
a que la empresa demandada le pague los valores correspondientes al cálculo
actuarial “sobre el monto del sueldo y prestaciones (…) en el momento de su
desvinculación de la empresa accionada”, en razón de lo dispuesto en el
literal c), parágrafo 1°, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, teniendo en
cuenta que la relación laboral terminó el 29 de diciembre de 1992, según se
dice en la demanda[67]
y en la respuesta a la misma[68],
lo cual significa que el contrato laboral no estaba en vigencia cuando entró a
regir la Ley 100 el 23 de diciembre de 1993.
Además, aunque la parte accionada sostiene en
la respuesta a la demanda de tutela[69]
y en escrito presentado en sede de revisión[70] que el actor le prestó sus servicios
en Caño Limón (Arauca), no precisa si esa relación laboral se desarrolló total
o parcialmente en ese lugar. Tampoco está demostrado cuándo el Instituto de
Seguros Sociales –ISS- comenzó a operar en esa zona para establecer la fecha a partir
de la cual la empresa estaba obligada a afiliar al accionante a seguridad
social y a cotizar para pensión, según las disposiciones legales vigentes.
Por las afirmaciones que contienen la demanda[71]
y la respuesta a la misma[72],
se sabe que el actor trabajó a la compañía Occidental de Colombia LLC un total
de 12 años, 6 meses y 11 días. Por tanto, no alcanzó a cumplir los 20 años de
servicio que se requieren según los artículos 59 del Decreto 3041 de 1966 y 260
del Código Sustantivo del Trabajo para que la empresa le reconozca y pague
directamente la pensión de jubilación.
En este orden de ideas, siendo incierto y
litigioso el derecho que el actor pide que se garantice, la acción de tutela,
dada su naturaleza, no es idónea y eficaz para proteger los derechos del
accionante, sino la acción ordinaria laboral, en cuyo trámite el actor puede
pedir y hacer practicar todas las pruebas conducentes al reconocimiento de los
derechos que reclama.
De otro lado, en la demanda de tutela se afirma
que el señor Víctor Manuel Motta Sepúlveda tiene 65 años de edad[73],
en tanto que la parte accionada dice que tiene 53 años, por haber nacido el 9
de abril de 1958[74],
sin que ninguno de ellos haya aportado prueba sobre el particular. En cualquier
caso, la Sala recuerda que independientemente de que el actor pertenezca o no a
un grupo de personas de especial protección constitucional en razón de su edad,
esa característica no es por sí sola suficiente para hacer procedente la acción
de tutela, ya que es preciso demostrar, además, que el daño recibido por el accionante
vulnera sus derechos fundamentales o causa un perjuicio irremediable, lo cual
no sucede en este caso, en virtud de que no hay certeza sobre la titularidad
del derecho reclamado.
9.4.3. Finalmente, debe advertirse que el peticionario
ya había presentado otra acción de tutela contra la misma empresa, con iguales
pretensiones y fundamento fáctico, que fue denegada en primera y segunda
instancia[75].
Sin embargo, el actor pretende justificar la presentación del nuevo amparo con
la sentencia T-784 de 2010, que considera como un hecho nuevo.
Sobre este punto es preciso aclarar que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991[76] y por la jurisprudencia
constitucional, para determinar si una acción de tutela es temeraria es
necesario que: “(i) las acciones de tutela se presenten en diferentes
oportunidades, con base en los mismos hechos y reclamando la protección de los
mismos derechos; (ii) quien presenta la tutela sea la misma persona o su
representante; iii) no exista una expresa justificación que respalde el
trámite de la nueva acción de tutela. (…)”[77].
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional
también ha precisado que, a pesar de confluir los anteriores elementos, la
acción no es temeraria si se deriva de algunas de las siguientes situaciones: “(i)
estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión, y consecuente
actuación por miedo insuperable o necesidad extrema de defender sus derechos;
(ii) asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos
eventos, posteriores al ejercicio de la acción u omitidos en el trámite de la
misma, u otra situación que no se hubiera tomado en cuenta para decidir la
tutela anterior que involucra la necesidad de protección de los derechos; y (iv)
existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que
justifica la presentación de nueva demanda de tutela”[78].
De acuerdo con ello, la Sala estima que, aunque
la sentencia T-784 de 2010 se  pudiera considerar como un hecho nuevo que
descartara la temeridad de la acción, esta circunstancia no justifica que el
actor haya dejado de acudir a las vías ordinarias idóneas y eficaces para hacer
valer los derechos que invoca.
Con base en lo anterior, la Sala declarará
improcedente esta acción de tutela y confirmará el fallo que se revisa.
9.5. Expediente T-3152559
9.5.1. El señor José Delfín Díaz Polo, quien
dice tener 69 años de edad, pretende que se le ordene a la empresa BJ Services
Switzerland Sarl (antes Hughes Services S.A.) que expida y pague el bono
pensional por los valores que corresponden al tiempo que le trabajó de junio de
1968 hasta el 30 de junio de 1970 y del 1° de agosto de 1971 al 16 de noviembre
de 1986.
Agrega que no ha conseguido trabajo desde
cuando se retiró de esa empresa y que carece de recursos económicos para su
sostenimiento, hasta el punto que se vio obligado a vender su casa de
habitación y a vivir de los auxilios que le dan sus hijos. Fundamenta su
petición en lo resuelto en un caso análogo en la sentencia T-784 de 2010.
El apoderado judicial de BJ Services
Switzerland Sarl (antes Hughes Services S.A.) pide que se declare improcedente
la acción propuesta, porque la competente es la jurisdicción laboral. Además,
dice que la empresa que representa solo estaba obligada a afiliar a sus
trabajadores al Instituto de Seguros Sociales –ISS- a partir del 1° de octubre
de 1993, por disposición de la Resolución 4250 de ese año. Agrega que las
partes suscribieron un acta de conciliación por las mismas pretensiones en el
Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el 9 de febrero de 1990, que
hizo tránsito a cosa juzgada.
El Juzgado Cincuenta y Uno Civil Municipal de
Bogotá negó la acción por improcedente y el Juzgado Dieciocho Civil del
Circuito de la misma ciudad confirmó dicho fallo.
9.5.2. Se trata aquí también de un accionante
que pretende se le ordene a una empresa petrolera que le expida un título o bono
pensional correspondiente al tiempo que trabajó, habiendo suscrito una
conciliación el 9 de febrero de 1990.
Como asunto previo la Corte reitera que la
acción de tutela no procede, en principio, para reconocer las prestaciones
sociales a que se refiere la demanda, salvo que no se disponga de otro medio de
defensa idóneo y eficaz o que sea necesaria para evitar un perjuicio
irremediable. Además, debe existir afectación de derechos fundamentales y que el
derecho que se pretenda garantizar sea cierto y no un asunto netamente
litigioso.
Precisamente este último requisito no concurre en el caso que se analiza,
porque se presenta controversia jurídica y probatoria sobre si el señor José
Delfín Díaz Polo tiene o no derecho al reconocimiento de “una pensión y pago
de los valores que corresponderían al bono pensional realizando la actuación
actuarial correspondiente”, en consideración a lo establecido en el
literal c), parágrafo 1°, de la Ley 100 de 1993, dado que la relación laboral
finalizó el 16 de noviembre de 1986, según se afirma en la demanda de tutela[79] y en el
escrito de terminación del contrato por justa causa, de fecha 14 de noviembre
de 1986[80].
Por tanto, cuando entró en vigencia la Ley 100 el 23 de diciembre de 1993, el
contrato laboral suscrito entre las partes ya había terminado.
Por otra parte, aunque el accionante afirma que prestó sus servicios a la
compañía demandada “en varios lugares de la geografía nacional, siendo el
último la ciudad de Bogotá”, lo cierto es que no precisa en qué época, ni
por cuánto tiempo laboró en cada uno de esos lugares. En esas circunstancias,
es por ahora imposible determinar si la empresa demandada estaba o no obligada
a afiliar al demandante al Instituto de Seguros Sociales –ISS- y a cotizarle
para pensión, de acuerdo con las normas vigentes durante la relación laboral,
habida cuenta que el seguro social obligatorio no
entró a regir de inmediato en todo el territorio nacional, sino progresivamente
por regiones y según la actividad económica desarrollada por el
empleador.
De acuerdo con lo expresado por el actor en la demanda[81], con el contenido de las
copias de los contratos laborales y sus respectivas liquidaciones[82], el señor José Delfín Díaz Polo prestó sus servicios laborales a la
entidad accionada por un tiempo total de 17 años, 2 meses y 20 días, lapso que
es insuficiente para adquirir el derecho a la pensión de jubilación, según lo
dispuesto en los artículos 59 del Decreto 3041 de 1966 y 260 del Código
Sustantivo del Trabajo.
Por consiguiente, el derecho que el actor
pretende garantizar no es determinado ni cierto, sino discutible y litigioso,
lo cual significa que la acción de tutela no es idónea y eficaz para su
protección, sino la ordinaria laboral, en cuyo trámite las partes pueden pedir
la práctica de las pruebas que consideren necesarias para la demostración de
sus pretensiones.
De otro lado, el hecho de que el señor José
Delfín Díaz Polo tenga más 69 años de edad no es por sí solo suficiente para
justificar la procedencia de la acción de tutela, ya que, como se ha analizado,
no se evidencia, al menos en principio, la afectación de ningún derecho
fundamental ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable debido a que no hay
certeza del derecho a la expedición del título o bono pensional que se
solicita.
Por las mismas razones que se acaban de
explicar, la acción de tutela no procede para decidir sobre la invalidez de la
conciliación que suscribieron las partes el 9 de febrero de 1990, siendo el
proceso ordinario laboral el medio de defensa idóneo y eficaz para tal efecto.
De lo dicho se deduce que debe declararse
improcedente la acción de tutela y confirmarse la sentencia cuya revisión se
pide.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
Con respecto al expediente T-3099901 (María de Jesús Cuenca Sornoza), REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de
Bogotá el 19 de mayo de 2011, que confirmó la dictada por el Juzgado Cuarenta y
Tres Civil Municipal de la misma ciudad el 5 de abril del mismo año, la cual negó la acción de tutela presentada por la
accionante. En su lugar, por las razones
expuestas en esta providencia, TUTELAR en favor de la señora María de
Jesús Cuenca Sornoza los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna, que están siendo vulnerados por la empresa Chevron
Petroleum Company (antes Texas Petroleum Company), a la que se le ordena reconocer
y pagar a la accionante, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de este fallo, una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio (artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo), a partir de la fecha en que cumplió cincuenta (50) años de edad y veinte
(20) años de servicios, aclarando que le debe indexar o actualizar el salario
base de liquidación de la primera mesada pensional, hacer los reajustes legales
correspondientes a las mesadas posteriores, compensar la suma de ciento sesenta
y dos millones doscientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos
($162.268.966), que ya le canceló por concepto de “pago único de pensión”,
y abstenerse de pagar las mesadas que hayan prescrito.
SEGUNDO.- Con respecto al expediente T-3106318 (Eduardo Hernando Correa
Camargo), CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y
Nueve Civil del Circuito de Bogotá el 27 de mayo de 2011, que a su vez confirmó
la dictada por el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de la misma ciudad el
14 de abril de 2011, la cual denegó la acción de
tutela presentada por el actor.
TERCERO.- Con respecto al expediente T-3106321 (Víctor Manuel Motta Sepúlveda), CONFIRMAR la
sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá
el 24 de mayo de 2011, que confirmó la dictada por el Juzgado Cincuenta
y Uno Civil Municipal de la misma ciudad el 8 de abril de 2011, la cual negó la acción de tutela presentada por el accionante.
CUARTO.- Con
respecto al expediente T-3152559 (José Delfín Díaz Polo), CONFIRMAR
la sentencia proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá el
8 de junio de 2011, que confirmó la dictada por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil
Municipal de la misma ciudad el 3 de mayo de 2011, la cual denegó la acción de tutela presentada por el actor.
QUINTO.- LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, sentencias T-871 de
1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de
2010 y T-177 de 2011,  entre muchas otras.
[2] “Sobre la figura del perjuicio irremediable y
sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 expresó: “Dicho
perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por
ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean
urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad”. Así mismo, sobre las características que debe reunir el perjuicio
irremediable, pueden consultarse las Sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001,
T-1316 de 2001, T-983 de 2001, entre otras”.
[3] “El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que ‘La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[4] “Sentencia T-803 de 2002”.
[5] “Sentencia T-822 de 2002, reiterando lo
dicho en la sentencia T-569 de 1992 la cual señaló lo siguiente: ‘De allí que
tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para
la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable’.”
[6] Corte Constitucional, sentencia T­634 de 2006.
[7] Corte Constitucional,  sentencia T-225 de 1993.
[8] Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2010.
[9] Corte Constitucional, sentencias SU-086 de 1999; T-875 y T-999 de
2001;  T-179 de 2003; T-963 de 2007; SU-484 de 2008; T-422 y T-786 de 2010;
entre muchas otras.
[10] “Sentencias T-426 de 1992;T-01 de 1997; T-118 de 1997; T-011 de 1998;
T-544 de 1998; T-387 de 1999; T-325 de 1999; T-308 de 1999; SU-995 de 1999; T-129 de 2000; T-130 de 2000;
SU-090 de 2000; T- 959 de 2001; SU-1023 de 2001; T-751 de 2002; T-273 de
2003; T-814 de 2004; T-025 de 2005; y T-133 de 2005”.
[11] “Corte Constitucional, Sentencia T-637 de 1997. Ver también
sentencias T-001 y T-304 de 1997”.
[12] Corte Constitucional, sentencias T-335 de
2000, T-108 de 2007, T-658 y T-1030 de 2008, T-217 de 2009 y T-578A de 2010.
[13] “En este sentido, véase la sentencia T-1206 de 2005.
Igualmente, las sentencias T-614 de 2007 y T-124 de 2007”.
[14] “Sobre este punto, se puede consultar la
sentencia T-730 de 2008”.
[15]  “Sentencias T-019 de 2009, T-524 de 2008 y T-920 de 2006”.
[16] “Véanse, por ejemplo, las sentencias T-090 de 2009, T-997 de 2007,
T-621 de 2006, T-158 de 2006, T-871 de 2005, T-545 de 2004 T-169 de 2003, T-631
de 2002 y T-800 de 1999”.
[17] Corte Constitucional, sentencia T-578A de 2010.
[18] Corte Constitucional, sentencia T-147 de 2006.
[19] Corte Constitucional, sentencia C-160 de 1999.
[20] Ibídem.
[21] Corte Constitucional, sentencia C-893 de 2001.
[22] La norma en cita señala: “ARTÍCULO 78. ACTA DE CONCILIACIÓN. En el
día y hora señalados el Juez invitará a las partes a que, en su presencia y
bajo su vigilancia, procuren conciliar su diferencia. Si se llegare a un
acuerdo se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente, tendrá
fuerza de cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo
que él señale. Si el acuerdo fuere parcial se ejecutará en la misma forma en lo
pertinente, y las pretensiones pendientes se tramitarán por el procedimiento de
instancia”. (Subrayas fuera de texto).
[23] “Sentencia C.S.J. Cas. Lab. 23/08/83”.
[24] Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2001, T-929 de 2002, T-942
de 2005 y T-893 de 2008, entre otras.
[25] Corte Constitucional, sentencias T-207 de
1995, T-042 de 1996, SU-819 de 1999 y T-227 de 2003, entre otras.
[26] Corte Constitucional, sentencias T-919 y
T-790 de 2005; T-691 de 2006; T-871 y T-942  de 2007;  T-928 y T-239 de 2008,
entre otras.
[27] Corte Constitucional, sentencias T-776 de 2005, T-826 de 2006, T-887 de
2007, T-952 de 2008 y T-180 de 2009, entre otras.
[28] Corte Constitucional, sentencia T-414 de 2009.
[29] Corte Constitucional, sentencias C-546 de
1992, C-177 y SU-430 de 1998, T-1452 de 2000, T-529 de 2002  y T-430 de 2011,
entre otras.
[30] Corte Constitucional, sentencia T-429 y
T-631 de 2002; T-631 de 2009; T-430 de 2011 y T-020 de 2012
[31]  “Cfr. T-429 de mayo 29 de 2002”.
[32] Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción
especial de trabajo.
[33] Dice la norma: “Artículo 14. // La empresa cuyo capital exceda de
un millón de pesos ($ 1.000.000) estará también obligada // a) A sostener y
establecer escuelas primarias para los hijos de sus trabajadores, con sujeción
a las normas del Ministerio de Educación, cuando el lugar de los trabajos esté
situado a más de dos (2) kilómetros de las poblaciones en donde funcionen las
escuelas oficiales, y siempre que haya al menos veinte (20) niños de edad
escolar; // b) A costear permanentemente estudios de especialización técnica
relacionados con su actividad característica, en establecimientos nacionales o
extranjeros, a sus trabajadores o a los hijos de éstos, a razón de uno (1) por
cada quinientos (500) trabajadores o fracción; // c) A pagar al trabajador que
haya llegado o llegue a los cincuenta (50) años de edad después de veinte (20)
años de servicios continuos o discontinuos, una pensión vitalicia de jubilación
equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarlos devengados,
sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200), en
cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en
cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales, o préstamos que se le hayan
hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión
de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión. –negrilla
ausente en texto original-”.
[34] Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales.
[35] Ley 90 de 1946, artículo 2: “Serán asegurados por el régimen del
seguro social obligatorio, todos los individuos, nacionales y extranjeros, que
presten sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o
presunto, de trabajo o aprendizaje, inclusive los trabajadores a domicilio y
los del servicio doméstico. // Sin embargo, los asegurados que tengan sesenta
(60) años o más al inscribirse por primera vez en el seguro, no quedarán
protegidos contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni habrá lugar a
las respectivas cotizaciones”.
[36] Ley 90 de 1946, artículo 8: “Para la dirección y vigilancia de los
seguros sociales, créase como entidad autónoma con personería jurídica y
patrimonio propio, un organismo que se denominará Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, cuya sede será Bogotá”.
[37] Por el cual se aprueba el Reglamento General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.
[38] Ley 100 de 1993, artículo 2: “PRINCIPIOS. El servicio público
esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación:
(…) // b. UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las
personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida; (…)”.
[39] El artículo 289 de la Ley 100 de 1993 establece que dicha ley rige a
partir de la fecha de su publicación, la cual se llevó a cabo el 23 de
diciembre de 1993 (Diario Oficial número 41.148).
[40]Sobre este punto ver sentencia T-719 de 2011.
[41] El literal c del parágrafo 1°, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, fue modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, norma que también fue objeto de pronunciamiento por esta corporación en sentencia C-1024 de
2004, en la cual se resolvió estarse a lo resuelto en el fallo C-506 de 2001.
[42] Resolución 831 de 1966, por la cual se “señala la fecha de vigencia
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, vejez y muerte”.
[43] “Artículo 1° Ordenar la inscripción en el Seguro Social Obligatorio
de Enfermedad no Profesional y Maternidad; Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales; Invalidez, Vejez y Muerte, de los patronos y trabajadores que
cumplan dentro de la jurisdicción de las actuales Cajas Seccionales y Oficinas
Locales del Instituto, alguna o algunas de las actividades que se citan a
continuación: // Actividades industriales // Extractivas, Industriales del
petróleo y sus derivados, y gas natural: exploración,  explotación, refinación,
transporte, distribución y venta”.
[44]“Artículo 5° La inscripción de patronos y trabajadores se iniciará en
las fechas que determine, por resolución, la Dirección General del Instituto Colombiano de Seguros Sociales”.
[45] A través de la Resolución 3540 de 1982 “se llama a
inscripción en el Seguro Social Obligatorio de Enfermedad General y Maternidad
(EGM); Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (ATEP); e Invalidez,
Vejez y Muerte (IVM) a las Empresas y Trabajadores de las actividades
extractivas de la Industria del Petróleo y sus derivados, y gas natural, su
exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y venta”.
[46]  Mediante la Resolución 5043 de 1982 “se suspende
indefinidamente la Resolución 3540 de 1982”. El artículo Único dispone lo siguiente: “Dejar sin efecto indefinidamente la Resolución No. 3540 del 6 de agosto de 1982, por medio de la cual se fijó la fecha de
llamamiento a inscripción al régimen de los distintos riesgos atendidos por el
Instituto a todos los patronos y trabajadores que desarrollen actividades extractivas
de la industria del petróleo y sus derivados, y gas natural, su exploración,
explotación, refinación, transporte, distribución y venta”.
[47] Por medio de la Resolución 4250 de 1993 se “llama a inscripción en
el Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios a los empleadores y
trabajadores de las actividades extractivas de la industria del petróleo y sus
derivados, y gas natural, sus exploración, explotación, refinación, transporte,
distribución y venta de más labores propias de tales actividades”.
[48]  El artículo 1° de la Resolución 4250 de 1993, establece lo siguiente:
“Fijar el 1º de octubre de 1993 como fecha de iniciación de inscripción en
el Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios de Enfermedad General y
Maternidad, incluido el servicio médico familiar, Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (ATEP), e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para las
personas naturales y jurídicas, de derecho privado y sus contratistas
independientes y para los Trabajadores de los citados empleadores, que se
dediquen a las actividades extractivas de la industria del petróleo y sus
derivados y gas natural,  su exploración, explotación, refinación, transporte,
distribución y venta y demás labores relacionadas con dichas actividades”.
[49] El artículo 2° de la Resolución 4250 de 1993, dice: “La inscripción
a que se refiere el artículo 1° de esta Resolución se efectuará en las  zonas
geográficas en donde el Instituto haya extendido cobertura y llamado a
inscripción”.
[50] Folio 78, cuaderno de tutela.
[51] Folio 118, cuaderno de tutela.
[52] Folio 78, cuaderno de tutela.
[53] Folio 181, cuaderno de tutela.
[54] Folios 144 a 146, cuaderno de tutela.
[55] Folios 126 a 143, cuaderno de tutela.
[56] Corte Constitucional, sentencia T-414 de 2009, entre otras.
[57] Corte Constitucional, sentencia T-446 de 2001.
[58] La norma en cita señala: “ARTÍCULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: // 1.
Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el
contrato de trabajo. // 2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera
sea la naturaleza de la relación laboral. // 3. La suspensión,
disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.
// 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que
se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y
las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza
de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. // 5. La
ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de
seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. // 6. Los
conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios
o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea
la relación que los motive. // 7. La ejecución de las multas impuestas a favor
del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas
establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del
artículo 13 de la Ley 119 de 1994. // 8. El recurso de anulación de laudos
arbitrales. // 9. El recurso de revisión. // 10. La calificación de la
suspensión o paro colectivo del trabajo”. (Subrayas fuera de texto).
[59] Folios 78 y 111, cuaderno de tutela.
[60] Folio 227, cuaderno de tutela.
[61] Folios 79, 147 a 178, cuaderno de tutela.
[62] Al respecto ver también sentencias T-310 de 1995; T-1216 de
2005; 553 y T-571 de 2008, entre otras.
[63] Folio 4, cuaderno de tutela.
[64] Folio 175, cuaderno de tutela.
[65] Folio 44, cuaderno de tutela.
[66] Folios 4, 37, 44 y 175, cuaderno de tutela.
[67] Folio 23, cuaderno de tutela.
[68] Folio 137, cuaderno de tutela.
[69] Folio 138, cuaderno de tutela.
[70] Folios 46 y 60, cuaderno de revisión.
[71] Folio 23, cuaderno de tutela.
[72] Folio 137, cuaderno de tutela.
[73] Folio 58, cuaderno de tutela.
[74] Folio 29, cuaderno de revisión.
[75] Folios 22, 23, 134, 135, 148, 183 y 184 cuaderno de tutela.
[76] Decreto 2591 de 1991, artículo 38: “Cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela se presente por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
[77] Corte Constitucional, sentencia T-320 de 2009.
[78] Corte Constitucional, sentencia T-113 de 2010.
[79] Folio 22, cuaderno de tutela.
[80] Folio 4, cuaderno de tutela.
[81] Folio 22, cuaderno de tutela.
[82] Folios 2, 3, 5 y 6, cuaderno de tutela.