T-138-16
Sentencia T-138/16
DERECHO A LA EDUCACION-Comprende cuatro dimensiones de contenido
prestacional según la jurisprudencia y la doctrina
DERECHO A LA EDUCACION-Núcleo esencial/DERECHO A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Fundamental y progresivo
PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Concepto, alcance y contenido
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA EN MATERIA DE EDUCACION
PROGRAMA DEL GOBIERNO NACIONAL “SER PILO PAGA”-Consiste en un crédito
condonable, que beneficia a las personas de escasos recursos con excelencia
académica
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Vulneración por parte del
Ministerio de Educación por no garantizar permanencia de estudiante en el
sistema de educación superior de manera efectiva
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Orden a Universidad permitirle a estudiante presentar las tareas, trabajos y exámenes que
dejó de presentar por cancelación de cupo por parte de institución
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Orden a Universidad asignar un cupo al agenciado para que
continúe sus estudios a partir del segundo período académico del año en curso,
teniendo en cuenta los créditos académicos aprobados anteriormente
Referencia: expediente T-5.240.016.
Acción
de tutela instaurada por Marleny Hurtado Mena, en representación de Eddy
Alexander Bejarano Hurtado, contra la Universidad de Caldas.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución, y 33 y concordantes del Decreto Estatutario 2591 de 1991,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos el 30 de julio de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Manizales y el 2 de septiembre de 2015 por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales[1], en
relación con la acción de tutela promovida por Marleny Hurtado Mena, en
representación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado, contra la Universidad de
Caldas, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación
y el principio de confianza legítima.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos Relevantes[2].
1.1.
Eddy Alexander Bejarano Hurtado (17 años[3]) se
hizo acreedor de una de las 10.000 becas que otorgó el Gobierno Nacional en el
2014 a los estudiantes que obtuvieran un mínimo de 310 puntos en las pruebas Saber
11 y cuyo grupo familiar estuviera clasificado en determinado rango del puntaje
del Sisbén establecidos por área[4], a
través del programa Ser Pilo Paga.
1.2.
Refiere la accionante que en representación de su hijo Eddy
Alexander Bejarano Hurtado[5],
tramitó una primera acción de tutela (radicado número 2014-00353), contra la
Universidad de Caldas. En ella solicitó el amparo de los derechos al debido
proceso y a la educación porque, a su parecer, la universidad desconoció las
reglas de selección del reglamento. En consecuencia, no le asignó un cupo
especial de comunidades afrodescendientes en el programa de Medicina, para el
primer período académico del 2015.
1.3.
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Quibdó, en
sentencia Núm. 003 del 13 de enero de
2015, amparó los derechos invocados. Ello se debió a que la universidad no
cumplió con sus propias reglas de selección y admisión, por cuanto las
desconoció cediendo el cupo especial al décimo en la lista cuando él era
cuarto. Por ende, el juez constitucional ordenó asignarle un cupo de la
comunidad afrodescendiente como estudiante del Programa de Medicina para el
primer semestre del 2015[6].
1.4.
Con motivo de lo anterior, en aras de cumplir con la orden
de tutela, la Universidad de Caldas expidió la Resolución Núm. 008 del 20 de
enero de 2015 en la que creó y concedió un cupo especial adicional para al
agenciado, para ese período en la Facultad de Medicina [7]. Lo
anterior, debido a que para esa fecha los dos puestos estudiantiles especiales
de este tipo ya habían sido asignados.
1.5.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó[8]
resolvió la impugnación presentada por la parte demandada en providencia del 27
de enero de 2015. Allí, declaró la nulidad de todo lo actuado por considerar
que se debía vincular a terceros interesados.
1.6.
El expediente fue devuelto al Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Quibdó, quien negó lo pretendido por la parte actora, en
sentencia el 11 de febrero de 2015, por cuanto “la no asignación del
cupo obedeció al hecho de haber aspirantes con puntajes superiores en ambas
categorías, verbigracia, regular y especial”[9].
Esta decisión fue notificada el 17 de febrero a la parte actora.
1.7.
En razón a ello, la Universidad de Caldas profirió la
Resolución Núm. 881 del 8 de abril de 2015, por medio de la cual retiró el cupo
especial a Eddy Alexander Bejarano Hurtado[10].
1.8.
La resolución citada fue notificada el 22 de abril
de 2015 al joven mediante aviso fijado en la página web de la universidad[11], dado que
la notificación personal remitida el 10 de abril no pudo ser entregada, según
informó el correo certificado[12].
1.9.
La señora Hurtado interpuso una segunda acción de tutela
porque consideró que la demora de la notificación de la sentencia del 11 de
febrero de 2015 (un mes), habría generado, a su juicio, expectativa razonable
al agenciado de continuar con los estudios en dicha institución, razón por la
cual inició una segunda acción de tutela.
1.9.1.  El
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, en sentencia del 19 de
mayo de 2015, amparó los derechos al debido proceso administrativo y a la
educación del menor. En la parte considerativa expuso que “en virtud del
principio de confianza legítima le corresponde amparar expectativas razonables,
como es la de Eddy Alexander Bejarano Hurtado de terminar el primer semestre de
medicina en la Universidad de Caldas, mas no que continúe su carrera allí, ya
que tal decisión corresponde a la autonomía universitaria”[13]. En
ese sentido, ordenó “a la Universidad de Caldas, dejar sin efectos la
Resolución 881 del 08 de abril 2015 y permitir que el estudiante Eddy Alexander
Bejarano Hurtado culmine el primer semestre de medicina en esa institución”[14].
1.9.2. En
providencia del 6 de julio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito de
Manizales confirmó en su integridad la sentencia del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Manizales[15].
Estimó que entre el 17 de marzo de 2015 – día de notificación de la decisión de
tutela- y el 8 de abril de 2015 – fecha de expedición del acto que canceló el
cupo universitario- transcurrió un tiempo razonable por lo que se configuró la
confianza legítima del estudiante para concluir el semestre en ese plantel.[16]
1.10.    Con motivo de lo
anterior, la Universidad de Caldas expidió la Resolución Núm. 979 del 26 de
mayo de 2015[17],
por medio de la cual se reactivó el cupo en medicina al agenciado en los
términos ordenados por el juez constitucional, esto es para que terminara el
primer semestre académico.
1.11.
La señora Hurtado sostiene que el menor Bejarano
Hurtado culminó el primer semestre de estudios[18].
1.12.
Posteriormente, se inscribió a un curso intersemestral que se brindaría
del 22 de junio al 10 de julio[19],
de una materia del segundo semestre del pensum académico (Bioquímica General)[20].
1.13.
Sin embargo, Eddy Alexander Bejarano Hurtado asistió
a las clases de dicho curso presentando todos los trabajos programados desde el
22 de junio hasta el 6 de julio de 2015,[21]
fecha en la que Olga Buritica Arboleda - Directora del programa de
medicina- le informó, mediante correo electrónico, que no podía hacer parte del
mismo porque no era un estudiante regular[22].
1.14.
La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Caldas comunicó a Eddy
Alexander Bejarano Hurtado, mediante oficio 11417 del 10 de julio de 2015, que
la Resolución Núm. 779 del 19 de mayo de 2015[23]
dispuso que una vez culminado el semestre estaría inactivo en el sistema
académico porque la orden de tutela limitó su participación en el programa para
ese período.
1.15.
La señora Hurtado sostiene que la decisión de la Universidad de Caldas
de retirar el cupo a su hijo es arbitraria porque (i) los fallos judiciales
anteriores “no dispusieron que al joven se le cancelara el cupo escolar,
luego no hay fundamento para realizarlo, pues el joven ha cumplido con sus
compromisos y deberes como estudiante”; y, (ii) “después de haber
permitido que el estudiante realizara actos posteriores a la terminación del
primer semestre debe garantizar la continuidad del menor en dicho plantel
educativo para de esta manera remediar el error”[24], teniendo
en cuenta que aprobó el primer período académico. Por lo anterior, a su juicio,
se vulneró el derecho a la educación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado.
1.16.
Con base en lo anterior, la señora Hurtado inició un tercer proceso de
tutela para que se ampararan los derechos fundamentales a la educación y
confianza legítima de su hijo y, en consecuencia, se ordenara a la accionada
(i) permitir continuar sus estudios en el plantel siempre y cuando cumpla con
los deberes como estudiante de acuerdo con los reglamentos internos de la
Universidad, en garantía de la autonomía universitaria; (ii) nivelarlo en las
clases en caso de haber iniciado al momento de que se profiera una decisión y,
(iii) no incurrir en más fallas en el servicio en relación con el menor.
1.17.
En síntesis, la acción de tutela de referencia fue interpuesta porque, a
criterio de la demandante, la Universidad de Caldas presuntamente (i) incumplió
la orden del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales contenida en
la sentencia del 19 de mayo de 2015, que fue confirmada por el Tribunal
Superior del Distrito de Manizales en fallo del 6 de julio del mismo año; y,
(ii) quebrantó el principio de confianza legítima por no dejar a Eddy Alexander
Bejarano Hurtado terminar el curso intersemestral ni la carrera a los que le
permitió inscribirse.
2.     Trámite
procesal[25].
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, mediante auto del
15 de julio de 2015, avocó conocimiento y corrió traslado a la entidad
accionada, con el fin de que rindiera el informe de que trata el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, decretó pruebas
para contar con mayor información sobre los procesos judiciales de tutela
anteriores y el proceso de selección de estudiantes de la universidad[26].
3. Respuesta de la entidad demandada.
La Universidad de Caldas argumentó que al agenciado no le asiste
confianza legítima por dos motivos. Primero, el estudiante conocía de antemano
el alcance restrictivo de la orden de tutela, limitado a que terminara
únicamente el primer semestre. Explicó que la universidad canceló el cupo con
fundamento en la sentencia que ordenó “que se le permitiese culminar el primer
semestre académico y no que continuara al interior de la institución el
desarrollo de sus estudios”. Enfatizó que el alcance de esta orden es
claro, no se pretendió de ninguna manera garantizarle el cupo hasta terminar su
carrera.
En este sentido, detalló que al culminar el primer semestre, la
Resolución Núm. 979 del 26 de mayo de 2015 quedaba sin sustento y dejaba de
existir. De ahí que “no había lugar a expedir acto alguno y mucho menos a
conceder recursos por cuanto el acto administrativo dejó de producir efectos
jurídicos con fundamento en las determinaciones adoptadas por la sentencia (…)
dentro del proceso de acción de tutela referenciado”[27].
Adicionalmente, el estudiante tenía pleno conocimiento de su situación,
es decir que la Universidad no se encontraba en la obligación de autorizar que
continuara ocupando el cupo que se le había ofrecido, en cumplimiento de una
orden de tutela equivocada, ya que no había cumplido con los requisitos de
admisión[28].
por lo que se inscribió en la convocatoria para el segundo semestre del 2015.
Segundo, el joven Bejarano Hurtado no consultó previamente a la
Facultad de medicina su inscripción al curso intersemestral, lo cual era
necesario. Teniendo en cuenta que el estudiante no agotó el procedimiento
regular, la universidad no tuvo la oportunidad de explicarle que, de acuerdo
con el reglamento interno, no podía tomar el curso. En razón a ello, cuando se
advirtió internamente que había inscrito la materia, se procedió a corregir la
situación.
De igual modo, comentó que por voluntad propia “el joven Bejarano
Hurtado se presentó al programa de medicina para la convocatoria de admisiones
para el 2015-2 sin que en esta nueva oportunidad haya obtenido el puntaje que
le permitiera acceder de manera regular a uno de los cupos asignados”[29]. En
efecto, el 22 de julio de 2015, el Centro de Admisiones y Registro de la
Universidad de Caldas certificó que el agenciado “se presentó como aspirante
especial de la comunidad afrocolombiana al Programa de Medicina dentro de la
convocatoria de admisiones 2015-2 de la Universidad de Caldas, con el Pin
Num.608461861566. Que en los listados oficiales de admisión que fueron
publicados en la web el aspirante BEJARANO HURTADO resultó en el puesto 720
general y 17 de comunidades afrocolombianas en estado NO ADMITIDO”[30].
Por último, refirió que el Ministerio de Educación le solicitó a la
Universidad de Caldas permitirle al joven Eddy Alexander Bejarano Hurtado
continuar con sus estudios allí[31].
4.
Pruebas.
En
el expediente obran, entre otras, las siguientes pruebas:
Calidad
de representante legal.
o
Registro civil de nacimiento de Eddy Alexander Bejarano Hurtado
(f.11)
o
Copia de tarjeta de identidad y carnet de estudiante en la
Universidad de Caldas de Eddy Alexander Bejarano Hurtado (f.33)
o
Cédula de ciudadanía de Mena Marleny Hurtado. (f.12)
Procesos
de tutela anteriores.
o
Sentencia del 13 de enero de 2015 del Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Quibdó, Rad. 2014-00354-00). (Fl. 67- 75)
o
Sentencia del 11 de febrero de 2015 del Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Quibdó, Rad. 2014-00354-00) (Fl.77-85)
o
Sentencia del 19 de mayo de 2015 del Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Manizales, Rad. 2015-00059-00) (Fl. 15- 22)
o
Sentencia del 6 de julio de 2015 del Tribunal Superior de
Manizales, Rad. 2015-00059-00). (f.23-25)
De
la Universidad de Caldas
o
Acuerdo 49 de 2007 de la Universidad de Caldas (Reglamento
estudiantil) (Fl. 186-206)
o
Acuerdo 2 de 2015 de la Universidad de Caldas.
o
Resolución Núm. 008 del 20 de enero de 2015 de la Universidad de
Caldas, mediante la cual se asignó el cupo por comunidad afrodescendiente a
Eddy Alexander Bejarano Hurtado, en cumplimiento de la sentencia del Juzgado
Promiscuo de Familia de Quibdó del 13 de enero de 2015. (Fl.28)
o
Resolución Núm. 881 del 8 de abril de 2015 de la Universidad de
Caldas, mediante la cual se revocó la Resolución Núm. 008 y retira a Eddy
Alexander Bejarano Hurtado del cupo por comunidad afrodescendiente, con
fundamento en la sentencia del 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal
Superior de Quibdó. (Fl.30)
o
Resolución Núm. 979 del 26 de mayo de 2015, por medio de la cual
se reactiva el cupo en el Programa de Medicina al agenciado, con motivo de la
sentencia del 19 de mayo de 2015. (Fl.111)
o
Oficio 11417 del 10 de julio de 2015 de la Vicerrectoría
Académica de la Universidad de Caldas a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, en el
que se informa que estaría inactivo en el sistema académico porque la
Secretaría General manifestó que la Resolución Núm. 779 del 19 de mayo de 2015
permitió la revinculación a fin de que completara exclusivamente el primer
semestre. (Fls.38-39)
o
Oficio 10877 de la Secretaria General dirigido a Vicerrectoría
Académica donde se explica que se debe cancelar el cupo asignado al joven
Berajano por el límite temporal impuesto por la sentencia de la tutela 2015-059
(Fls. 116 a 118).
o   Certificado del
22 de julio de 2015 expedido por el Centro de Admisiones y Registro de la
Universidad de Caldas certificando que el agenciado “se presentó como
aspirante especial de la comunidad afrocolombiana al Programa de Medicina
dentro de la convocatoria de admisiones 2015-2 de la universidad de Caldas, con
el Pin Num.608461861566. Que en los listados oficiales de admisión que fueron
publicados en la web el aspirante BEJARANO HURTADO resultó en el puesto 720 (general)
de 17 (especial) de comunidades afrocolombianas en estado NO ADMITIDO”(Fl.
118)
Período Intersemestral
o
Lista de admitidos al curso intersemestral. (Fl. 31)
o
Comprobante de pago del al curso intersemestral por parte del
agenciado (Fl. 32)
o
Correo electrónico dirigido a Eddy Alexander Bejarano Hurtado,
para informarle que “la Oficina de Admisiones y Registro nos avisó hoy que
usted no puede hacer el curso de bioquímica General intersemestral, porque no
es estudiante regular de nuestro programa” (Fl. 42)
o
Notificación de cancelación del intersemestral del 6 de julio de
2015.
o
Certificado de inscripción al intersemestral del 22 de junio al
10 de julio de 2015. (Fl. 125)
II.
SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN.
1. Sentencia de primera instancia.
En sentencia del 30 de julio de 2015[32],
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales negó el amparo invocado. Valoró
el derecho a la educación frente a la autonomía a universitaria. Del análisis
probatorio concluyó que “los actos administrativos (de la Universidad de
Caldas) fueron expedidos en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los
despachos judiciales en decisiones constitucionales”[33].
De otro lado, se refirió al principio de la confianza legítima traído a
colación por la demandante como sustento de su petición que dejaran terminar al
joven la carrera, aduciendo que “nadie puede alegar a su favor su propia
culpa”.
Estimó que el agenciado tenía pleno conocimiento del alcance de las
decisiones previas, es decir que le había asignado un cupo extraordinario
únicamente para el primer semestre. Indicó, que este fue el motivo por el cual
el joven solicitó formalmente a la Universidad que se le permitiera efectuar la
inscripción para el término siguiente[34].
También explicó que la Resolución Núm. 979 de 2015 – que había
reavivado el cupo que finalizara el primer semestre- quedó sin fundamento [35] y dejó
de surtir efectos[36].
Con base en lo anterior, el juez estimó que por ello “no resulta procedente
o necesario como lo sostiene el estudiante que la Universidad de Caldas debiera
expedir un nuevo acto administrativo para cancelar su cupo, contra el cual
pudiera ejercer los recursos de vía gubernativa, máxime si contra los
anteriores actos administrativos no hizo uso de los mismos”[37].
Así mismo, señaló que cursar una materia intersemestral no genera
expectativas de continuar el siguiente semestre en la universidad, porque aquel
hace parte del anterior, según lo dispuesto por el Acuerdo 2 del 23 de enero de
2015[38].
De igual manera, no se trató de una propuesta exclusiva al estudiante sino una
convocatoria general.
En sus propio términos, “no puede alegar su propia culpa comoquiera
que “el accionante tenía pleno conocimiento de los efectos del fallo de tutela
expedidos con anterioridad y los actos administrativos dictados por la
Universidad de Caldas, que indicaban  inequívocamente que sólo le estaba
permitido terminar el primer semestre de su carrera y que la decisión de su
continuidad dependía de la autonomía universitaria, tal y como lo demuestra el
oficio dirigido a la Secretaría General de Universidad, con fecha de recibido
del 29 de mayo de 2015, en el que solicitó se le permitiera realizar la
inscripción como aspirante para el segundo semestre de 2015”[39].
2. Impugnación.
La señora Marleny Hurtado Mena apeló aduciendo los mismos argumentos
expresados en la acción de tutela. Añadió que el juez de instancia desconoció
que: (i) su hijo se inscribió de buena fe en el curso intersemestral y (ii) su
inscripción fue sometida a la aceptación por parte de la entidad demandada.
Sostuvo que la omisión de la actuación de la universidad – aval de inscripción-
derivó en una conclusión errada, esto es la inexistencia de confianza legítima
por parte del estudiante para concluir sus estudios en la universidad.
Mediante auto del 11 de agosto de 2015, el juez de primera instancia
concedió la impugnación presentada por la parte actora[40].
3. Sentencia de
segunda instancia.
En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, en providencia del 2 de septiembre de 2015[41],
confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que de las pruebas
documentales se infiere que la cancelación del cupo no fue arbitraria. Esto
debido a que la Resolución Núm. 979 de 2015 produjo efectos hasta la
culminación del primer ciclo académico como lo había ordenado el juez de
tutela.
También estimó que la actora se equivoca al considerar que el
estudiante estaba cobijado por el principio de confianza legítima porque la orden
judicial del segundo proceso de tutela se limitó a darle la posibilidad al
joven de terminar el primer semestre. Explicó que el joven tenía pleno
conocimiento de ello, de lo contrario no se hubiera postulado para las
admisiones del período 2015-2.
Además, las asignaturas intersemestrales no generan expectativas
particulares porque son ofrecidas a toda la comunidad estudiantil.
III.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN.
1. Decreto de pruebas.
Mediante auto del 26 de enero de 2016, la Sala
Sexta de Revisión decretó algunas pruebas con el propósito de contar con información actualizada, pertinente y suficiente para:
(i) determinar las condiciones del programa Ser Pilo Paga;
(ii) establecer cómo fue vinculado el Eddy Alexander Bejarano Hurtado en el
primer semestre; (iii) identificar cómo fueron asignados los cupos de medicina
en el período 2015-2; y, (iv) conocer por qué fue inadmitido.
Por ello pidió la información
correspondiente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (Icetex) y al Ministerio de Educación, a quienes vinculó, y a la
señora Marleny Hurtado Mena y a la Universidad de Caldas.
2. Respuestas y pruebas allegadas en sede de
revisión.
2.1.
Icetex.
Alegó
la improcedencia de la acción de tutela interpuesta en su contra por no existir
una acción omisión que le fuera atribuible, que hubiera amenazado o violado
algún derecho fundamental del agenciado. Por el contrario, afirmó que ha
procurado garantizar la continuidad de su proceso educativo.
Manifestó
que el alumno es beneficiario del programa Ser Pilo Paga. Además, “el estado
actual del crédito es sin actualizar datos del estudiante con fecha de
noviembre 10 de 2015 y aplazado con fecha de diciembre de 2015”.
2.2.
Ministerio de Educación.
Expuso
los aspectos técnicos, financieros y operativos del programa del Gobierno
Nacional Ser Pilo Paga. Este, señaló, fomenta el ingreso y la permanencia en la
educación superior de estudiantes con excelentes puntajes en las pruebas Saber 11
y menores recursos económicos. Para ello, facilita créditos condonables a
través del Icetex, a quien corresponde verificar el cumplimiento de los
requisitos de inscripción, gestionar las convocatorias, evaluar, asignar y
hacer el seguimiento de cada uno de los créditos condonables otorgados hasta el
límite presupuestal.
Por
otro lado, advirtió que se presentan dificultades en la implementación de dicho
programa a causa de órdenes de tutela que desconocen su estructura, disponiendo
incluir: (i) a personas que no cumplen con los requisitos del SISBEN; (ii) a
quienes no fueron admitidos por las universidades acreditadas en contravía de
la autonomía universitaria; (iii) a beneficiarios del programa en universidades
no acreditadas por el Ministerio de Educación.
En
relación con el caso bajo estudio, recalcó que el Reglamento Operativo de “Ser
Pilo Paga” posibilita aplazar el semestre o solicitar el cambio de programa o
de institución educativa. Además, el estudiante informó telefónicamente que se
está presentando a otras instituciones de educación superior para reactivar su
crédito en el 2016-2, fecha límite con la que cuenta para continuar con el
crédito.
Anotó
que debido a “la particularidad del caso, desde el MEN se considera un
perjuicio no conservarle la calidad de estudiante al beneficiario, pues su
proceso de registro inició desde el 05/22/2014”.[42] En
este sentido, aclaró que si el joven Bejarano Hurtado no pudiera continuar sus
estudios en la Universidad de Caldas como consecuencia del proceso judicial,
“desde el programa se le reservará el crédito condonable y será necesario que
el beneficiario notifique su situación ante el Icetex solicitando un
aplazamiento, el cual se haya contemplado en el Reglamento Operativo para
quienes legalizaron el primer semestre de 2015”[43].
De
cualquier manera, enfatizó que perdería de manera definitiva el acceso a los
beneficios del programa si no reactiva el crédito antes de la fecha prevista[44].
2.3.
La señora Marleny Hurtado Mena.
Manifestó
que el Ministerio de Educación y el Icetex aprobaron el aplazamiento de la beca
de manera que el estudiante retome sus estudios a más tardar en el segundo
semestre del 2016.
No
obstante lo anterior, se condicionó esta prerrogativa a que: (i) el valor de la
nueva matrícula no exceda el 20% del crédito otorgado en un principio y (ii) la
duración total del nuevo programa no sea mayor a la aprobada inicialmente.
Respecto
de la primera condición, explicó que teniendo en cuenta que el costo de la
matrícula original fue de 150 000 pesos, contaría hasta con 165 000 pesos para
la matrícula en la nueva institución. A su juicio, este requisito impide al
joven acceder cualquier programa de medicina de las universidades acreditadas
por el programa porque los costos de ingreso exceden el valor aprobado.
Adicionalmente,
advirtió que de ingresar a otro ente educativo deberá volver a iniciar los
estudios desde el primer semestre porque no le homologarían las materias
cursadas en la Universidad de Caldas bajo el argumento que cada institución
tiene un pénsum distinto.
2.4.
La Universidad de Caldas.
Manifestó
que la asignación de cupos para el segundo período de 2015 se realizó conforme
a lo estipulado en el Acuerdo 16 de 2007- Reglamento Estudiantil de Pregrado-,
que fija los criterios, requisitos y procedimientos establecidos por el Consejo
Académico para que el Centro de Admisiones y Registro Académico conduzca el
proceso de ingreso al plantel educativo[45].
El
proceso de selección comienza con la etapa de presentación de los puntajes de
la prueba Saber 11 de todos los aspirantes, que determina el estricto orden de
asignación de cupos. Ahora bien, existen dos cupos especiales para la comunidad
afrodescendiente para cada programa presencial y uno para los programas a
distancia, en virtud del literal d del artículo 9 del Acuerdo 49 de 2007[46].
Los
cupos especiales de la comunidad afrodescendiente en el programa de medicina
para el primer semestre de 2015 fueron asignados a otros estudiantes que
ocuparon los primeros puestos de la categoría[47].
Para demostrarlo, la Universidad allegó sus certificados de matrícula de la
Oficina de Admisiones y Registro Académico[48].
Por lo anterior, el joven Bejarano Hurtado ingresó en un cupo adicional a lo
acostumbrado en la universidad, con el propósito de cumplir la orden del
Juzgado Promiscuo de Familia de Quibdó el 13 de enero de la misma anualidad.
En
relación con el segundo período de 2015, manifestó que el joven se presentó
como aspirante afrodescendiente y no fue admitido porque ocupó el puesto 720
dentro del listado de cupos regulares y el puesto 17 dentro de los aspirantes
por esta comunidad. En esa oportunidad, los cupos especiales fueron adjudicados
a otras personas[49].
Para
sustentar lo anterior, aportó: (i) el listado oficial de admitidos a la carrera
de medicina para el semestre 2015-1[50],
donde consta que el joven Bejarano Hurtado no fue admitido porque ocupó el
puesto 501 general y 4º de la comunidad afrodescendiente[51] entre los
aspirantes al programa; (ii) el listado oficial de admitidos a dicho programa
para el período 2015-2[52],
donde consta que no fue admitido por ocupar el puesto 720 general y 17 de la
comunidad afrodescendiente entre los aspirantes al programa[53]; (iii) los
certificados de matrícula de los beneficiarios de los cupos especiales para
afrodescendientes en medicina durante el segundo período de 2015[54]; (iv) el
Acuerdo 49 de 2007 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas[55]; el
Acuerdo 16 del 2007 Consejo Superior de la Universidad de Caldas[56]; la
Resolución Núm. 008 de 2015[57].
2.5.
De oficio, la Sala integró al expediente los documentos que soportan el
Programa Ser Pilo Paga, esto es el Reglamento Operacional del Programa
Ser Pilo Paga, el Convenio Interadministrativo del 23 de octubre 771 de 2014 y
el Contrato 77 del 16 de enero 2015, suscritos por el Icetex y el Ministerio de
Educación.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer
del fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y del problema
jurídico.
2.1.
Eddy Alexander Bejarano Hurtado ingresó a la
facultad de medicina de la Universidad de Caldas en el primer semestre de 2015
por una orden de tutela, que fue revocada en segunda instancia. Para el momento
en el que fue notificada esta última (17 de marzo de 2015), el estudiante ya
había cursado casi 5 meses del semestre. Por ello, otra decisión judicial le
amparó el derecho a la educación en aplicación del principio de confianza
legítima, ordenando a la institución de educación superior permitirle terminar
el semestre.
Luego, cursando una materia intersemestral, la universidad le
notificó que su desvinculación bajo el argumento que las órdenes de tutela del
segundo proceso estaban limitadas a que terminara los estudios correspondientes
al primer semestre.
Sin embargo, para la agente oficiosa la decisión de retirar el cupo a
su hijo por parte de la Universidad de Caldas: (i) es arbitraria porque
desconoce que el amparo del derecho a la educación del proceso de tutela previo
y, al mismo tiempo, (ii) es contraria a la confianza legítima, por cuanto cambió
de manera injustificada la situación del estudiante, a quien le había permitido
inscribirse y asistir a las clases del intersemestral.
Es necesario aclarar que el muchacho se
postuló para ser admitido en la universidad para el programa de medicina
en dos ocasiones, sin que fuera seleccionado para ocupar un cupo
regular ni especial. Cuando  se presentó para el período 2015-1, el agenciado
no cumplió los requisitos para ser admitido en la institución de educación
superior ni en un cupo regular (41 por programa) ni uno especial para la
comunidad afrodescendiente (2 para programas asistenciales), de acuerdo con los
requisitos y procedimientos de selección y admisión de la universidad. Lo
anterior, se encuentra respaldado por la lista de no admitido al ciclo 2015-1
al programa de medicina aportada por la Universidad[58], donde consta que el candidato estudiantil ocupó el puesto 501
general y 4 º de la comunidad afrodescendiente[59]
entre los aspirantes al programa.
Adicionalmente, en una segunda oportunidad, en la
convocatoria para el semestre siguiente (2015-2), tampoco fue admitido. De
acuerdo con el listado correspondiente[60], el agenciado obtuvo el puesto 720 general y 17 de la comunidad
afrodescendiente entre los aspirantes al programa[61].
Con base en lo anterior, la señora Hurtado inició el proceso de
tutela del asunto de referencia, para que se amparen los derechos fundamentales
al debido proceso, la educación, confianza legítima de su hijo y, en
consecuencia, se ordene a la accionada que: (i) le permita continuar sus
estudios en el plantel siempre y cuando cumpla con los deberes como estudiante
de acuerdo con los reglamentos internos de la universidad, en garantía de la
autonomía universitaria; (ii) nivelarlo en las clases en caso de haber iniciado
al momento de que se profiera una decisión y, (iii) exigirle que no incurra en
más fallas en el servicio en relación con el menor.
2.2. De los hechos planteados
anteriormente, la Sala observa que
el objeto principal de la tutela es la permanencia del estudiante en la
universidad a través del cumplimiento de una orden de tutela originada en un
proceso anterior (radicado 2015-0059) y de la aplicación del principio de
confianza legítima.
Esto sugiere tres problemas
jurídicos que esta Sala de Revisión debe responder:
2.2.1. ¿Procede la acción de tutela cuando su pretensión corresponde a la misma que fue
propuesta anteriormente en otro proceso de tutela, teniendo en cuenta que se
proponen hechos nuevos para su análisis?
2.2.2. ¿Vulnera una universidad el derecho fundamental a la
educación de un estudiante que obtuvo un cupo no previsto por el reglamento
interno por una orden de tutela, cuando lo desvincula y no lo deja terminar un
curso intersemestral, bajo el argumento que dicha resolución estaba limitada a
que cursara un solo período académico, a pesar de que por un error
administrativo no se percataron y lo dejaron avanzar el estudio?
2.2.3. ¿Vulnera el
Ministerio de Educación el derecho fundamental a la educación de un estudiante
que obtuvo un crédito beca financiando por dicha entidad, dentro de un programa
de fomento de la excelencia y calidad de educación superior a estudiantes con
menores recursos económicos y destacados puntajes en las pruebas saber 11 a
partir del 2014, cuando no garantiza su permanencia en el sistema de educación
superior, bajo el argumento que se encuentra sujeto a la autonomía
universitaria en relación a la admisión de los aspirantes?
2.3. En este orden de ideas, la
Sala comenzará por el estudio de la
procedencia de la acción de tutela para hacer efectivas órdenes de la
misma naturaleza. Por tanto, explicará el desacato y, luego resolverá sobre la procedencia de la acción
de referencia. Con base en ello, delimitará el estudio de fondo y resolverá el
caso bajo estudio.
3. Procedencia de la acción de tutela.
3.1. Desde su concepción
la acción de tutela tiene como propósito ser una  herramienta constitucional
expedita para que cualquier ciudadano exija la protección de derechos
fundamentales, que se encuentren amenazados o vulnerados, por la actuación u
omisión de un particular o de un ente público, que cause un perjuicio
irremediable (art. 86 de la Constitución).
En ese sentido, la petición principal de este mecanismo consiste
en hacer cesar la acción u omisión que representa el hecho vulneratorio.
3.2. El artículo 38
del Decreto 2591 de 1991 define la actuación temeraria como aquella que se
presenta “[c]uando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”,
y dispone que en caso de darse dicha circunstancia, “se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes”[62].
De otra parte, la Corte ha sostenido que la procedencia
de esta herramienta constitucional debe analizarse desde una perspectiva
distinta a la meramente procedimental. De ahí que bajo ciertas circunstancias
especiales la interposición de múltiples acciones de tutela no configura la
temeridad. Esto ocurre cuando se fundan en:
“(i) La condición de
ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe. (ii) El asesoramiento errado de los profesionales
del derecho. (iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite
de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para
decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante. (iv) Se puede interponer una nueva
acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión. (v) Por último, la Corte ha detectado situaciones en las que la
vulneración se configura después de interpuesta o fallada la acción de tutela,
pues surgen eventos cuya consecuencia vulnera derechos fundamentales en una
misma situación de hecho en la que se había determinado que la tutela no era
procedente. Esto sucede por ejemplo cuando, a pesar de la similitud en los
hechos de las dos tutelas presentadas, el juez constitucional no se ha
pronunciado sobre la real pretensión del actor, o cuando la violación se
mantiene o se agrava por otras violaciones, como cuando se niega el suministro
de un medicamento o cuando se trata de hechos que no habían tenido ocurrencia o
no habían sido conocidos por el actor”[63].
Visto lo anterior, la acción de tutela puede ser procedente aun
cuando esta se presente por hechos y pretensiones que involucren a las mismas
partes procesales discutidos en un proceso previo, si se está frente a una de
las hipótesis descritas.
Procedencia en el
caso examinado.
1. Considera
esta Sala que resulta conveniente revisar el objeto de las tutelas previas, las
decisiones judiciales y su alcance, con el fin de establecer si guardan
identidad de causa petendi, partes y objeto con la analizada en esta
oportunidad.
Para ello, es necesario aclarar que en el primer proceso
de tutela, radicado número 2014-00353,
se pretendió la asignación de un cupo universitario a Eddy Alexander Bejarano
Hurtado y se tramitó ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Quibdó.
Este negó el amparo en sentencia del 11 de febrero de 2015 porque el joven no
fue admitido de acuerdo con los requisitos y procedimientos de selección y
admisión. Puntualmente, encontró probado que ocupó el puesto 501 general
y 4 º de la comunidad afrodescendiente[64]
entre los aspirantes al programa. En razón a ello, no obtuvo un
cupo regular (41 por programa) ni uno especial para la comunidad
afrodescendiente (2 para programas asistenciales), como está respaldado por la
lista de no admitidos al período 2015-1 al programa de medicina aportada por la
universidad[65].
En otras palabras, se estableció que no se vulneró el
derecho al debido proceso ni a la educación por no otorgarle el cupo de
afrodescendiente, dado que estos fueron asignados en orden a quienes pertenecen
a esta categoría y fueron admitidos desde un principio. De ahí que el argumento
presentado en la demanda de tutela era errado, en la medida que no se asignó un
cupo al 10º en lista en lugar de beneficiar al agenciado (4º puesto) dentro de
la categoría de cupos de afrodescendientes. La persona referida en la tutela que
obtuvo un cupo participó en una categoría distinta (Mejor Bachiller ciudad no
capital). Por ello, le reasignaron una de las plazas que fueron declinadas por
los aspirantes del grupo al que la beneficiada pertenecía, que habían sido
seleccionados y tenían mejores puntajes, sin perjuicio de la situación del
agenciado[66].
En el segundo
proceso de tutela, radicado 2015-0059-00, la demandante solicitó permitir a  Eddy
Alexander Bejarano Hurtado “terminar sus estudios en ese plantel educativo (Universidad
de Caldas) basado en el principio de confianza legítima”[67].
Manifestó que este se vería gravemente perjudicado porque al momento en el que
tuvo conocimiento que no tendría un cupo en ese plantel, como se dispuso en la
sentencia del 11 de febrero de 2015 del Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Quibdó, ya había cursado
gran parte del primer semestre.
Esta demanda
fue resuelta en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Manizales, que amparó
los derechos al debido proceso administrativo y a la educación en sentencia del
19 de mayo de 2015. Ordenó concretamente: (i) “tutelar los derechos al
debido proceso administrativo y a la educación del joven Eddy Alexander
Bejarano Hurtado, frente a la Universidad de Caldas”; (ii) “a la Universidad de
Caldas, dejar sin efectos la Resolución 881 del 08 de abril 2015 y permitir que
el estudiante Eddy Alexander Bejarano Hurtado culmine el primer semestre de medicina
en esa institución”[68].
Como fundamento de lo anterior, argumentó que “en
virtud del principio de confianza legítima le corresponde amparar expectativas
razonables, como es la de Eddy Alexander Bejarano Hurtado de terminar el primer
semestre de medicina en la Universidad de Caldas, mas no que continúe su
carrera allí, ya que tal decisión corresponde a la autonomía universitaria”[69].
Posteriormente,
el Tribunal Superior del Distrito de Manizales decidió en el numeral primero “confirmar
la sentencia de tutela que por vía de impugnación se ha revisado”. Aunado a
lo anterior, dispuso que “se confirmará de manera íntegra el fallo
confutado, al igual que la orden impartida, en las condiciones que lo dispuso
el juez de primera instancia”.
2. La Sala observa que la acción de tutela bajo estudio, al igual que
aquella que fue resuelta en el proceso anterior, tiene por finalidad que se proteja el derecho a la educación de Eddy Alexander Bejarano Hurtado,
de manera que se le autorice terminar su carrera de medicina en la Universidad
de Caldas.
También se advierte que esta nueva solicitud introduce hechos
nuevos ocurridos con posterioridad a las decisiones judiciales de dicho
proceso, por lo que aportan nuevos elementos de análisis y plantea una
situación distinta a la escrutada inicialmente. Puntualmente, indica que el
estudiante aprobó el semestre con un promedio aproximado de 4 sobre 5 y,
además, cursó parte de una clase vacacional hasta que la universidad, a su
juicio, de manera arbitraria, lo retiró. Estos hechos no fueron sopesados
en los procesos pasados, dado que ocurrieron tras la interposición de las
tutelas correspondientes y sus decisiones judiciales[70].
En consecuencia, la tutela de referencia es
procedente porque se está en el evento que los supuestos de hecho son distintos a los de la acción
anterior, por lo que no se configura la temeridad de la acción. En otras
palabras, al presentar varios elementos adicionales que permiten la
interposición de una nueva acción, y una nueva vulneración del derecho
fundamental a la educación, aduciendo el retiro arbitrario del curso
intersemestral, se trata de una demanda distinta que debe ser examinada en su
integridad.
Así las cosas, la Corte resolverá de fondo las pretensiones
presentadas por la señora Marleny Hurtado Mena.  Para ello, la Sala hará una
reiteración jurisprudencial sobre: (i) el derecho a la educación superior, (ii)
la obligación del estado de procurar el acceso progresivo a la educación
superior, y los principios de (iii) autonomía universitaria y (iv) confianza legítima
en materia de educación. Con base en ello, (v) analizará el caso concreto.
4.
Consideraciones del mérito de las pretensiones.
4.1.
El derecho a la educación superior.
4.1.1. La educación tiene cuatro
dimensiones constitucionales[71]. Por una parte, es un derecho prestacional porque hace parte de los
derechos sociales, económicos y culturales (en adelante DESC), (artículos 67,
68 y 69 de la Constitución). Esto implica que su efectividad está ligada a la
disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una estructura
organizacional[72].
Por otra parte, se constituye como derecho fundamental cuando se trata de
educación primaria y básica[73]
y, de manera excepcional, de educación superior[74],
como se explicará más adelante.
Así mismo, se trata de un servicio público (artículo 365)[75] regulado por la Ley 30 de 1992[76]
y por el Decreto 1075 de 2015[77].
Además, es un derecho-deber[78],
ya que implica obligaciones y derechos causados
por la relación entre prestadores del servicio y usuarios; se refiere “concretamente
a las obligaciones que se generan por parte de los planteles educativos
–públicos o privados- con los estudiantes y la obligación que tienen éstos a
cumplir con los deberes y obligaciones que se estipulan en el reglamento estudiantil”[79].
4.1.2. El núcleo esencial del derecho a la educación abarca las siguientes
dimensiones según la jurisprudencia constitucional[80]: “(i)
disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que se
satisfaga la demanda educativa de las personas, como por ejemplo escuelas,
docentes calificados, materiales de enseñanza, entre otros;[81](ii)
accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en
los niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita;[82]
(iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a
conservar la educación básica sin que existan criterios de exclusión
irrazonables[83]
y finalmente, (iv) calidad, que consiste en brindarle a los estudiantes
una educación que les permita adquirir y producir conocimientos suficientes
para desarrollar sus planes de vida, sin importar el nivel socioeconómico.[84]”
(Subrayas fuera del texto original) [85].
4.1.3. De
conformidad con el artículo 67 de la Constitución[86], la educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica”. Lo anterior, revela
que es imperativo que el Estado brinde la educación de cinco años de primaria y
cuatro de secundaria que comprende la educación básica[87].
Sin embargo, no exime al Estado de la responsabilidad de brindar la
disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar,
primaria, secundaria y superior) [88].
En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que si bien la obligación del Estado en materia de
educación se limita según el nivel de enseñanza, con
base en el principio de progresividad[89], le
corresponde junto con la familia y la sociedad “el deber de procurar el
acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad,
mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por
expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la
educación superior” [90].
4.1.4. Por otro lado, múltiples
instrumentos internacionales, que forman parte del bloque de
constitucionalidad, soportan esta restricción en relación con la educación
superior. La Convención de los Derechos de los
Niños, adoptada por la Ley 12 de 1991, en su Artículo 28, dispone:
“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a
la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones
de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
(…)
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos,
sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; (…)
(Subrayas fuera del texto original)”[91]
El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13
(2) (c), limita la obligatoriedad de la educación a la primaria, lo que deja
por fuera al nivel preescolar y a los cuatro años de secundaria que están
contemplados en la Carta del 1991[92]:
Artículo 13. 2. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este
derecho:
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita;
Así mismo, con arreglo al apartado c) del párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo
de San Salvador:
Artículo 13. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen
que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,
sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados
y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
Por otra parte, la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior (1998) y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el
Desarrollo de la Educación Superior, adoptadas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hacen un
llamado a los estados miembros para que adopten las medidas necesarias para
fomentar la accesibilidad a la educación superior. Por ejemplo, “crear,
cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero para reformar y
desarrollar la educación superior”; impulsar la vinculación con la
investigación y los distintos sectores de la sociedad para que contribuyan
eficazmente con el desarrollo. Visto lo anterior, no fija una obligación
directa de brindar la educación superior.
Teniendo en cuenta que las disposiciones citadas expresan que el acceso
y gratuidad de la enseñanza superior es un compromiso gradual  de los Estados, estos deben tomar medidas
para estimular su acceso y permanencia.
En cumplimiento de este deber, una de las
funciones otorgadas al Ministerio de Educación consiste en formular políticas
para el fomento de la educación superior[93]. De igual forma, el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnico (Icetex) está encargado de facilitar
mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la educación superior “priorizando la población de
bajos recursos económicos y aquella con mérito académico”[94],
de manera que, por esta vía, el Estado colombiano tiende progresivamente a la
provisión de mecanismos para que los asociados puedan realizarse personal y
profesionalmente.
4.1.5. En concordancia
con lo anterior, el derecho a la educación no solo goza de protección
constitucional en su modalidad, primaria, básica y secundaria[95]. La
Corte también ha protegido el derecho al acceso
a la educación superior[96],
cuando su amenaza o vulneración provoca la amenaza o vulneración de otros
derechos de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la
personalidad o el debido proceso por conexidad.
La Corte ha protegido el derecho a la educación por la correspondencia
que ésta tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan de vida del individuo
como herramienta para superar situaciones de marginación. Esta perspectiva
presume que el grado de educación formal incide decisivamente en la calidad de
vida de los individuos, las familias y las colectividades. En efecto atiende a
la relación entre la educación y la mejora de los niveles de ingreso, el acceso
a oportunidades profesionales, la inserción en la vida productiva, la movilidad
social, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia,
la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad
autónoma y responsable de las personas.
En este sentido, en la sentencia T-321 de 2007[97]
expresó que “se puede concluir que el derecho a la educación goza de
naturaleza fundamental, como quiera que su núcleo esencial comporta un factor
de desarrollo personal y social, de manera que su ejercicio se dirige a la realización
de la dignidad humana, en tanto permite la concreción de un plan de vida y el
desarrollo pleno del individuo en sociedad.”[98]
Posteriormente, en sentencia T-056 de 2011, esta Corporación afirmó que
el derecho fundamental a la educación: (i) es objeto de protección
especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de
otros derechos fundamentales, como la escogencia de una profesión u oficio, la
igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal, el
libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros[99]
y (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social y
Democrático de Derecho.
4.2. Principio de la autonomía
universitaria.
El estudio del derecho a la educación
superior requiere ineludiblemente tener en cuenta la autonomía universitaria[100].
Esta consiste en la facultad que gozan las
universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de
acuerdo con la ley, en virtud del artículo 69 de la Constitución.
Esta potestad de autorregulación administrativa
y académica está también consagrada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de
1992. Estos disponen que las instituciones de educación superior podrán darse y
modificar sus estatutos; designar sus autoridades académicas y administrativas;
crear, desarrollar sus programas académicos; expedir los correspondientes
títulos; definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión; seleccionar y vincular a sus docentes y
alumnos; adoptar el reglamento interno; arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Esta Corporación ha explicado que a través de este principio
se da un margen de independencia a los entes educativos “que propende por la garantía
para los centros educativos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en
un entorno adaptado a su ideología y los fines académicos que se plantea”[101].
No obstante, la autorregulación se desarrolla a través de los
reglamentos estudiantiles, en los cuales constan las facultades, atribuciones y
límites que rigen a todos los actores del proceso educativo. Lo anterior, bajo
el marco de los principios, valores y derechos
fundamentales establecidos en la Constitución, en la ley y en los tratados
internacionales[102].
Así las cosas, el reglamento estudiantil debe ser claro sobre los parámetros
exigidos de cualquier procedimiento en la institución, esto es la inscripción,
admisión, acreditación de los requisitos académicos y para aprobar las
diferentes materias, así como para optar por el título de profesional que el
estudiante haya escogido. Este rige la relación derecho-deber entre los
estudiantes y los centros de educación superior, quienes deben respetarlo.
A partir de ello, la Corte ha analizado casos
en los que los estudiantes piden la protección de su derecho al acceso a la
educación superior con motivo de alguna actuación de una entidad de formación
superior, por lo que debe verificar si estas han cumplido con los
procedimientos o requisitos establecidos por el reglamento interno para definir
si es viable su amparo.
Con base en lo anterior: (i) en sentencia T-365 de 2015, se encontró que no hubo vulneración del derecho a la
educación por cuanto el estudiante incumplió el deber de respeto por las reglas
y compromisos académicos adquiridos para obtener grado de abogada; (ii) en
sentencia T-152 de 2015[103],
la Corte concedió el amparo del derecho al debido proceso y al acceso a la
educación superior porque la universidad no comunicó a la comunidad estudiantil
las características que esperaba que cumpliera la acreditación de dominio de
segundo idioma (certificación Icontec), a falta del cual rechazó los
certificados de los accionantes; y, (iii)
en sentencia T-153 de 2013 se negó el amparo al
derecho a la educación de una estudiante en razón a que no cumplió con los
requisitos que exige el reglamento estudiantil respecto de la formalización y
matrícula de las materias.
En breve, la autonomía universitaria es un
atributo de autorregulación de las instituciones de educación superior, que se
encuentra sujeto a unos límites constitucionales y legales, entre los cuales se
destaca la imposibilidad de vulnerar o desconocer los derechos fundamentales[104].
4.3. Principio de confianza legítima en materia de
educación.
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el principio de confianza legítima tiene como finalidad la
protección de que han tenido carácter de durabilidad o permanencia en el tiempo,
sin que constituyan derechos adquiridos[105].
Con base en este principio, la Corte ha
protegido el derecho a la educación de estudiantes de instituciones de
educación superior[106]. En la sentencia T-068
de 2012, la Corte resolvió el caso de una joven a quien la universidad no le
permitió inscribir un curso que era requisito indispensable para graduarse,
bajo el argumento que se encontraba en mora. Lo anterior se debió a que el Icetex
no había hechos los desembolsos correspondientes a los períodos 2005-1 y 2005-2
porque la estudiante no realizó la renovación del crédito, por lo que la universidad
asumió la financiación. Interpuso una acción de tutela para que se le
protegiera su derecho a la educación, teniendo en cuenta que no se le permitía
graduarse por la deuda y no contaba con los recursos para cancelarla.
En esa oportunidad, la Corte se refirió al principio de confianza
legítima que envuelve la convicción de buena fe de la estabilidad de las
acciones de un tercero. Sobre el caso particular, consideró que el aval de la universidad
para que la estudiante continuara con su formación, sin informarle la falta de
pago por parte del Icetex, dio base para que esta confiara en que se encontraba
vinculada de manera regular y generó la expectativa de buena fe de graduarse de
esa institución[107].
También analizó la obligación del estado en relación con la educación
superior definiendo que es progresiva y que adquiere la naturaleza fundamental
cuando constituye una herramienta para la efectividad de otros derechos
fundamentales y/o guarda una íntima relación con la dignidad humana por
tratarse de un factor de desarrollo individual y social cuyo ejercicio
materializa el desarrollo pleno del ser humano. En ese sentido, manifestó: “En
esta perspectiva son necesarias dos conclusiones: i) que el acceso al
conocimiento y a la formación académica constituyen los fundamentos esenciales
para el desarrollo de conocimientos científicos, históricos, morales, sociales,
culturales, geográficos, tecnológicos, entre otros, que propenden por la
consecución de niveles óptimos del desarrollo personal de los individuos, en
aras, a que éstos a la vez puedan aportar a la sociedad el respeto y protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y ii) que el contenido
del derecho a la educación va mucho más allá de ser un servicio público y un
derecho fundamental, pues esta garantía constitucional guarda estrecha relación
con el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a escoger profesión y
oficio, pues representa la posibilidad de todas las personas de elegir y
acceder a cierto tipo de conocimiento según sus propias expectativas de vida.”
En consecuencia, amparó el derecho a la educación ordenando a la universidad
inscribir a la estudiante a la materia que requería cursar y aprobar para su
grado y suscribir un acuerdo de pago con
ella.
5. Caso Concreto.
5.1. Presentación del caso.
Como quedó expresado en el acápite
de antecedentes, en el presente caso el Eddy Alexander Bejarano
Hurtado ingresó la facultad de medicina de la Universidad de Caldas en
el primer semestre de 2015 por una orden de tutela, que fue anulada. Posteriormente
se negó el amparo[108].
Para el momento en el que fue notificada esta decisión, el estudiante ya había
cursado gran parte del semestre. Por ello, en un nuevo proceso se le amparó el
derecho a la educación por el principio de confianza legítima y se ordenó a la
institución de educación superior permitirle terminar el semestre.
Luego, cursando una materia intersemestral, la universidad le
notificó su desvinculación bajo el argumento que las órdenes de tutela del
segundo proceso estaban limitadas a que terminara los estudios correspondientes
al primer semestre.
Sin embargo, para la demandante la decisión de la Universidad de
Caldas de retirar el cupo a su hijo: (i) es arbitraria porque desconoce que el
amparo del derecho a la educación del proceso de tutela previo y, al mismo
tiempo, (ii) es contrario a la confianza legítima, por cuanto permitió al
estudiante inscribirse y asistir a las clases del intersemestral.
Es necesario aclarar que el joven se postuló
para ser admitido en dicho centro educativo en el programa de medicina
en tres ocasiones sin ser admitido. Cuando se presentó para el período
2015-1, su puntaje en el examen de estado no fue suficiente para ser seleccionado
y, por ende, obtener un cupo regular ni uno especial de la comunidad
afrodescendiente (2 para programas asistenciales), de acuerdo con el procedimiento
de selección y admisión de la universidad. Lo anterior, se encuentra respaldado
por la lista de no admitidos al período 2015-1 al programa de medicina aportada
por la Universidad[109], donde consta que ocupó el puesto 501 general y 4 º de la
comunidad afrodescendiente[110]
entre los aspirantes al programa.
En
relación con el segundo período de 2015, se presentó como aspirante
afrodescendiente y no fue admitido porque: ocupó el puesto 720 dentro del
listado de cupos regulares y el puesto 17 dentro de los aspirantes por esta
comunidad. En esa oportunidad, los cupos especiales fueron adjudicados a otras
personas (3º y 4 puesto especial).
Con base en lo anterior, la señora Hurtado interpuso la tutela, que
se revisa actualmente, para que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, la educación, confianza legítima de su hijo. Por ende, se ordene a la
accionada: (i) permitirle continuar sus estudios en el plantel siempre y cuando
cumpla con los deberes como estudiante de acuerdo con los reglamentos internos
de la universidad, en garantía de la autonomía universitaria; (ii) nivelarlo en
las clases en caso de haber iniciado al momento de que se profiera una decisión
y, (iii) no incurrir en más fallas en el servicio.
5.2. Para la Sala, la respuesta al segundo problema jurídico es
afirmativa[111].
Es decir, la Universidad de Caldas vulneró el derecho a la educación del
agenciado, por cuanto lo retiró del curso vacacional pese a haber cursado más de
la mitad del mismo.
La
entidad demandada expuso que para participar en los cursos
intersemestrales los estudiantes deben encontrase activos en el Sistema de Información
Académica de la Universidad de Caldas, realizar el pago correspondiente y efectuar
la consulta previa en el programa al que está inscrito. Estas afirmaciones
encuentran respaldo, por una parte, en los artículos 3[112] y 30[113] del Acuerdo
49 de 2007.
En
el caso concreto, se encuentra acreditado que el agenciado fue admitido al
curso intersemestral[114],
canceló la inscripción al curso[115].
Sin embargo, no surtió el trámite interno en la Facultad previo a
la inscripción.
En este orden de ideas, se tiene que Eddy Alexander Bejarano Hurtado no
cumplía con los requisitos para ser parte del esquema intersemestral. Esto fue
comunicado al estudiante mediante correo electrónico, donde se estipuló
que “la Oficina de Admisiones y Registro nos avisó hoy que usted no puede
hacer el curso de Bioquímica General intersemestral, porque no es estudiante
regular de nuestro programa”[116].
No obstante, asistió a clases entre el 22 de junio y el 6 de julio de
2015, fecha para la cual le cancelaron el cupo. Esto es 4 días antes de que
finalizara la materia según el calendario académico. De ahí que es posible
inferir que para ese entonces se habían generado expectativas de culminar los
estudios.
Así las cosas, es cierto que de acuerdo con lo fijado por el Reglamento
Interno el estudiante no debía haber ingresado a la clase intersemestral. Adicionalmente,
no hay duda que retirarle el cupo con tan poca antelación a que las clases finalizaran
es contradictorio con los actos previos de la universidad (inscripción,
admisión y recibo de pago), máxime cuando este ha presentado los trabajos y ha
asistido a clases. Por ello, resulta desproporcionado que se eliminara la inscripción
sin brindarle la oportunidad de terminar la materia.
En consecuencia, la Corte ordenará a la Universidad de Caldas permitirle
a Eddy Alexander Bejarano Hurtado presentar las tareas, trabajos
y exámenes que habían sido programados para calcular la nota final de la
materia cursada en el período intersemestral (Bioquímica General), y que dejó
de presentar por la cancelación del cupo por parte de la institución.
Para ello, en un plazo de 48 horas[117]
contadas a partir de la notificación de esta providencia, la universidad deberá:
(i) informarle la lista de tareas, trabajos y exámenes que debe presentar,
junto con las instrucciones claras y precisas de cada uno de ellos, (ii) fijar
un plazo razonable para su entrega y (iii) proporcionar acceso al material
académico que requiera para su presentación, (iv) calificarlo y comunicarle los
resultados obtenidos en cada una de las entregas en un plazo de 15 días
calendario contados desde su presentación. En caso de aprobar la materia,
deberá reconocerle los créditos académicos y expedirle el certificado
correspondiente.
5.3. De igual modo, la Sala estima
que el derecho a la educación fue quebrantado por parte del Ministerio de
Educación por no garantizar la permanencia del estudiante en el sistema de
educación superior de manera efectiva.
5.3.1. La educación universitaria tiene
un nexo con el desarrollo personal e inclusive la dignidad humana porque
determina el plan de vida del individuo y sirve de herramienta para superar
situaciones de marginación. En razón a ello, la jurisprudencia constitucional
ha protegido el derecho a la educación superior[118].
En efecto, este planteamiento es el presupuesto
del Programa Ser Pilo Paga[119]
del que hace parte Eddy Alexander Bejarano Hurtado. Este esquema desarrolla una
política pública del Gobierno Nacional, ejecutada por el Ministerio de
Educación y el Icetex[120],
a través de la cual se realizan acciones afirmativas a favor de jóvenes de
escasos recursos con resultados destacados en el examen SABER 11. Para ello,
reconocen el mérito o esfuerzo académico, otorga créditos becas de manera a
facilitar la financiación para acceder y permanecer en la educación superior de
alta calidad.
Las consideraciones generales del
contrato interadministrativo 077 de 2015, suscrito entre las entidades
referidas para constituir el fondo de los recursos dispuestos para el programa
Ser Pilo Paga, denotan la función social de la educación. Allí, se establece
como reflexión general que para “generar las condiciones para un país en
paz, equidad y con educación, el Gobierno Nacional busca posicionar a Colombia
como la más educada de América Latina”. En materia de educación superior, propone
el Programa Ser Pilo Paga, en el que “se fomenta el acceso a la educación
superior  en jóvenes bachilleres, con los mejores resultados de las pruebas de
Estado y con menores condiciones socioeconómicas, atendiendo criterios de
fomento a la calidad y focalización”.
En lo atinente al caso concreto, la
Sala estima que ciertas particularidades ameritan una consideración individual:
por una parte, el agenciado no cuenta con los recursos para costear su
educación formal de manera directa. De otra parte, el estudiante hace parte de
una minoría racial (comunidad afrodescendiente) respecto de la cual se ha
identificado un alto grado de dificultad en el acceso a educación de calidad y
la permanencia en el ciclo educativo.  La Comisión Intersectorial, creada  por
el Decreto 4181 de 2007, encargada de analizar las barreras que constriñen la
inclusión de la población afrocolombiana, palenquera y raizal y la realización
efectiva de sus derechos, advirtió que:
“En lo que respecta a la educación recibida, los
afrocolombianos (…) presentan las tasas más bajas de acceso a la educación
superior; y cuentan con menores oportunidades para acceder a educación de
calidad. Asimismo existen barreras que obstaculizan el paso de la escuela
primaria a la secundaria y de esta última a la educación superior, no solamente
por factores asociados con la pobreza sino también por problemas de calidad en
la educación básica que reciben los afrocolombianos. En 2003, para el país en
su conjunto, los resultados de las pruebas del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (ICFES) mostraron que el 65% de los colegios
situados en municipios con población mayoritariamente afrodescendiente se
ubicaban en las categorías “inferior” y “muy inferior”. Cabe destacar que el
70% de las opciones de educación media disponibles para los afrodescendientes
no responden a los contextos ni a las expectativas de la población.”[121]
Con base en lo anterior, dicha
Comisión explicó que esta barrera limita el acceso a empleos de calidad y a los
emprendimientos, dificultando la superación de la pobreza[122].
Un elemento de juicio adicional es su
procedencia, toda vez que es oriundo de una zona apartada del país (Chocó) en
las que las posibilidades de formación técnica o profesional son escasas. De
acuerdo al Ministerio de Educación: (i) la tasa de cobertura de educación
superior en el Chocó en el 2014 fue de 22,08%; (ii) únicamente 4 instituciones
de educación superior tienen oferta en el departamento; (iii) la tasa de
absorción del sistema de educación superior de bachilleres es apenas del
22,56%.[123].
Teniendo en cuenta los factores
descritos, la participación en el programa ser Pilo Paga proporciona al muchacho
el derecho al acceso y permanencia en el sistema de educación superior, de lo
que emerge su desarrollo de la personalidad, escogencia de oficio, acceso a
oportunidades laborales, entre otros. Esta oportunidad se encuentra ligada su
plan de vida. En efecto, afirma haberse planteado una vida a partir de su
vocación de médico “desde que tuvo uso de razón”[124] porque
conlleva eventualmente a la superación de condiciones precarias de su entorno.
Vistos estos antecedentes, se torna
imperioso garantizar el acceso y permanencia en el sistema de educación
superior de Eddy Alexander Bejarano Hurtado.
5.3.2. El Programa Ser Pilo Paga
respalda la permanencia de los beneficiarios del crédito-beca a través de la
posibilidad de interrumpir los estudios sin perjuicio del crédito. Para ello, dispone
el aplazamiento del semestre hasta por dos veces y el cambio de carrera o de institución
de educación superior por una sola vez dentro de los primeros cuatro semestres
del programa inicial.
Se da por descontado que el
estudiante conoce el Reglamento Operativo del Programa Ser Pilo Paga,
que contemplada estas alternativas. Prueba de ello es que
agotó la primera opción en dos ocasiones, aplazó los semestres 2015-2 y 2016-1.
Por otro lado, el Ministerio de Educación le explicó de manera concreta, clara
y específica las condiciones para efectuar el cambio de institución y de
programa mediante comunicación escrita del 4 de noviembre de 2015[125], en la
que ofreció orientación vocacional[126].
Ahora bien, para hacer efectivo el
cambio de universidad se deben verificar tres elementos: (i) la admisión del
estudiante otra institución acreditada por el Ministerio de Educación, (ii) que
el valor del nuevo programa no debe exceder el 20% del valor inicial y (iii) que
su duración no supere la del programa para el cual se otorgó el crédito
originario, de lo contrario el excedente debe ser costeado por el beneficiario[127].
La Sala observa que estas condiciones
no se cumplen en el caso sub-examine, como se explica a continuación:
(i)  El joven se
ha postulado a otras universidades para reiniciar sus estudios en el período
2016-2. Al respecto, el Ministerio informó que “de acuerdo con las
conversaciones telefónicas sostenidas con el pilo, ha afirmado que está
presentando a otras instituciones de educación superior para reactivar su
crédito en el 2016-2, fecha límite con la que cuenta Eddy Alexander Bejarano
Hurtado para continuar con el crédito condonable”.[128] Sin
embargo, este no ha sido admitido en otra institución de educación superior[129].
(ii) El joven contaría con una
suma de dinero insuficiente para matricularse en el mismo programa en la
mayoría de las demás universidades avaladas por el Ministerio. De ahí que la condición económica para el cambio de institución constituye
un obstáculo para concretar el acceso y la permanencia en la educación superior[130].
(iii) Es posible que otras
universidades no homologuen las materias que el alumno ya aprobó[131]. En
tal contexto, este deberá volver a cursar la carrera desde el principio. Esto causaría
un riesgo económico por cuanto deberá asumir el pago de un semestre adicional
que no estaría cubierto por el crédito. Situación que sería desproporcionada e
injustificada máxime cuando cumplió con sus deberes de estudiante de manera
satisfactoria.
De conformidad con los lineamientos del reglamento
operativo del programa, Eddy Alexander Bejarano Hurtado no podría cambiar de
institución educativa para reiniciar sus estudios el próximo semestre. Por
ello, corre el riesgo perder el crédito-beca, vigente hasta el segundo período
de 2016. Esta situación conlleva una amenaza cierta su derecho fundamental a la
educación, que podría causar un perjuicio irremediable, en tanto se le
sustraería la posibilidad de financiar su acceso a la formación profesional,
que no puede costear por sí mismo. Por consiguiente, la Sala debe disponer una
medida que rectifique esta situación.
5.3.3. Así las cosas, con el
propósito de garantizar la permanencia de Eddy Alexander Bejarano Hurtado en la
formación profesional de su escogencia y, simultáneamente, salvaguardar el
acceso a la financiación de la educación superior de la que es beneficiario,
sin afectar en manera desmedida las condiciones presupuestales del Programa, la
Sala estima que la mejor alternativa para amparar su derecho es permitirle
continuar sus estudios en la Universidad de Caldas, donde ya demostró su valor
académico.
El promedio de 3.9 en el primer
semestre cursado de Eddy Alexander Bejarano Hurtado, su interés en adelantar
cursos vacacionales y su buena relación con los docentes[132]
comprueban su buen desempeño académico y su adaptabilidad en el ambiente
académico de la Universidad de Caldas.  De igual modo, indican que este plantel
educativo proporciona el contexto óptimo para su desarrollo personal, académico
y profesional.
5.3.4. Así mismo, para la Sala es
pertinente aclarar que la decisión que ordenó la asignación de un cupo
estudiantil por un semestre resultó más contraproducente a la situación del
agenciado, poniéndolo en una situación de mayor desprotección.
Al otorgarle un cupo e iniciar los
estudios en la Universidad de Caldas, se hizo efectivo el crédito educativo.
Sin embargo, una vez culminado el período, este beneficio económico ya estaría
vigente por lo que el agenciado debía someterse a las condiciones fijadas por
el programa “Ser Pilo Paga” para no perderlo por la suspensión de estudios.
Teniendo en cuenta que, como ya se
explicó previamente, estas condiciones establecen una barrera infranqueable al
acceso efectivo al sistema de educación superior por las condiciones
particulares del caso. Por tanto, se puso en riesgo la subvención de sus
estudios superiores y de su proyecto de vida. En razón de ello, se infiere que
era necesario tomar las medidas para garantizar la continuidad del proceso
educativo del joven Bejarano Hurtado. Una decisión en sentido contrario
terminaría afectando, de manera desproporcionada, el derecho a la educación de
este.
5.3.5. En consecuencia, ordenará a la
Universidad de Caldas asignar un cupo en el programa de medicina a Eddy
Alexander Bejarano Hurtado, para que continúe sus estudios a partir del segundo
período académico del año en curso, teniendo en cuenta los créditos académicos
aprobados anteriormente.
Si bien la Corte valora circunstancias personales
del actor como la vocación manifiesta, los resultados académicos hasta ahora
obtenidos y el esfuerzo para continuar en el ejercicio de su derecho derivado
del Programa Ser Pilo Paga, advierte que el amparo no puede extenderse más allá
del aseguramiento de su permanencia en una institución universitaria, siempre
que cumpla el reglamento interno de la universidad y obtenga los resultados
académicos que le permitan continuar sus estudios, con arreglo a la valoración
de la Universidad.
Adicionalmente, la labor de apoyo y seguimiento por parte del
Ministerio ha estado dirigida a que el estudiante conserve el derecho a
utilizar el crédito educativo. Por ello, se instará al Ministerio
de Educación continuar brindando el acompañamiento y asistencia administrativa
a Eddy Alexander Bejarano Hurtado a fin de que pueda hacer uso del crédito.
V.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.
REVOCAR la sentencia
del 2 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Manizales,
que confirmó la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales
que denegó el amparo invocado en sentencia del 30 de julio de 2015, y en su
lugar: DECLARAR la improcedencia parcial de la acción de referencia, en
relación con la petición de cumplimiento de las órdenes de tutela del Juzgado
Penal del Circuito Especializado de Manizales y el Tribunal Superior del
Distrito de esa ciudad; y, TUTELAR el derecho fundamental a la educación
de Eddy Alexander Bejarano Hurtado.
Segundo. Por conducto de Secretaría, ORDENAR
a la Universidad de Caldas permitirle a Eddy Alexander Bejarano Hurtado presentar las tareas, trabajos y exámenes que habían sido programados
para calcular la nota final de la materia cursada en el período intersemestral
(Bioquímica General), y que dejó de presentar debido a la cancelación del cupo
por parte de la institución.
Para ello, en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación
de esta providencia, la universidad deberá: (i) informarle la lista de tareas,
trabajos y exámenes que debe presentar, junto con las instrucciones claras y
precisas de cada uno de ellos, (ii) fijar un plazo razonable para su entrega y
(iii) proporcionar acceso al material académico que requiera para su
presentación, (iv) calificarlo y comunicarle los resultados obtenidos en cada
una de las entregas en un plazo de 15 días calendario contados desde su
presentación. En caso de aprobar la materia, también deberá reconocerle los
créditos académicos y expedirle el certificado.
Tercero. Por conducto de la Secretaría,
ORDENAR a la Universidad de Caldas asignar un cupo en el programa de
medicina a Eddy Alexander Bejarano Hurtado, para que continúe sus
estudios a partir del segundo período académico del año en curso, teniendo en
cuenta los créditos académicos aprobados anteriormente
Cuarto. Por conducto de la Secretaría, INSTAR
al Ministerio de Educación continuar brindando el acompañamiento y asistencia
administrativa a Eddy Alexander Bejarano Hurtado a fin de que pueda hacer uso
del crédito y opte por alguna de las alternativas de estudio, de acuerdo con lo
expresado en el punto 5.3.4.
Quinto. LÍBRESE por la Secretaría General de esta Corporación la comunicación de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
A LA SENTENCIA T-138/16
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Improcedencia de la tutela por
no cumplirse con el requisito de subsidiariedad por cuanto el trámite
incidental de desacato es el mecanismo idóneo para que se cumpla de manera
efectiva lo ordenado por el juez (Salvamento de voto)
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA-Debe adoptar medidas
necesarias para que el fallo se cumpla y conocer de incidentes de desacato por
desconocimiento de órdenes dadas (Salvamento de voto)
La actora debió acudir
al juez de primera instancia, a quien le corresponde verificar la obediencia de
las decisiones anteriores y tomar las medidas que correspondan para asegurar su
eficiencia.
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Competencia del juez
de primera instancia (Salvamento de voto)
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, EN LA QUE SE
RESUELVE SOBRE LA ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA POR MARLENY HURTADO MENA, EN
REPRESENTACIÓN DE SU HIJO EDDY ALEXANDER BEJARANO HURTADO, CONTRA LA
UNIVERSIDAD DE CALDAS
Referencia:
Expediente T-5.240.016
Problema jurídico: Corresponde a la Corte Constitucional determinar si:
(i) procede la acción de tutela cuando su pretensión corresponde a la misma que
fue propuesta anteriormente en otro proceso de tutela, teniendo en cuenta que
se proponen hechos nuevos para su análisis; (ii) vulnera una universidad el
derecho fundamental a la educación de un estudiante que obtuvo un cupo no
previsto por el reglamento interno por una orden de tutela, cuando lo
desvincula y no lo deja terminar un curso intersemestral, bajo el argumento que
dicha resolución estaba limitada a que cursara un solo período académico, a
pesar de que por un error administrativo no se percataron y lo dejaron avanzar
el estudio; (iii) vulnera el Ministerio de Educación el derecho fundamental a
la educación de un estudiante que obtuvo un crédito beca financiado por dicha
entidad, dentro de un programa de fomento de la excelencia y calidad de
educación superior a estudiantes con menores recursos económicos y destacados
puntajes en las pruebas saber pro a partir del 2014, cuando no garantiza su
permanencia en el sistema de educación superior, bajo el argumento de que se
encuentra sujeto a la autonomía universitaria en relación a la admisión de los
aspirantes.
Motivo del Salvamento: (i) conforme a la jurisprudencia constitucional,
el juez a quién le correspondió pronunciarse en primera instancia dentro del
trámite de la acción de tutela, mantiene su competencia hasta que se
restablezca en su integridad el derecho fundamental vulnerado o hasta que se
eliminen las causas de su amenaza; (ii) el trámite incidental de desacato es el
mecanismo idóneo para dar solución eficiente al problema jurídico que por este
juicio se propicia, mientras que la acción de tutela, en razón a su carácter
subsidiario, se torna improcedente.
Con el habitual respeto por las
decisiones de la Sala, y de conformidad con los argumentos que se expondrán a
continuación, me permito salvar el voto respecto a la Sentencia T-138
de 2016, en virtud de la cual se resolvió amparar
el derecho fundamental a la educación del agenciado y ordenar
a la Universidad de Caldas permitirle presentar las tareas, trabajo y exámenes
que habían sido programados para calcular la nota final de la materia cursada
en el periodo intersemestral y que dejó de presentar debido a la cancelación
del cupo por parte de la institución.
1.
Antecedentes
1.1.
La accionante indica que su hijo, Eddy
Alexander Bejarano, se hizo acreedor de una de las 10.000 becas que otorgó el
Gobierno Nacional en el 2014 a los estudiantes que obtuvieran un mínimo de 310
puntos en las pruebas Saber 11 y cuyo grupo familiar estuviera clasificado en
determinado rango del puntaje del Sisbén, a través del programa “Ser Pilo
Paga”.
1.2.
Manifiesta que interpuso acción de tutela
(radicado No. 2014-99353) contra la Universidad de Caldas, debido a que
desconoció las reglas de selección del reglamento y no le asignó un cupo
especial de comunidades afrodescendientes en el programa de medicina a su hijo,
para el primer periodo académico del 2015; (i) el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Quibdó amparó los derechos fundamentales invocados al
considerar que la accionada desconoció sus propias reglas de selección al ceder
el cupo especial al décimo en la lista, cuando él era el cuarto; (ii) en
este sentido, la universidad profirió Resolución No. 008 del 20 de enero de
2015 en virtud de la cual creó y concedió un cupo especial adicional para el
agenciado para cursar el programa de medicina; (iii) el Tribunal
Superior del Chocó, que conoció de la impugnación contra la sentencia de
primera instancia, resolvió declarar la nulidad de lo actuado por considerar
que se omitió vincular a terceros interesados; (iv) el expediente fue
devuelto al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Quibdó que resolvió negar
lo pretendido por la actora, al considerar que la no asignación del cupo
obedeció al hecho de haber aspirantes con puntajes superiores en ambas
categorías; (v) en consecuencia, la universidad profirió la Resolución
No. 881 del 9 de abril de 2015, por medio de la cual retiró el cupo especial al
menor.
1.3.
Aduce que la Resolución No. 881 del 9 de abril
de 2015 fue notificada mediante aviso fijado en la página web de la
universidad, dado que la notificación personal no pudo ser entregada, según
informó el correo certificado; lo cual motivó la interposición de una segunda
acción de tutela, al considerar que la demora de un mes en noticiar el acto
administrativo, habría generado una expectativa razonable al agenciado de
continuar con los estudios en dicha institución.
1.4.
Sostiene que como consecuencia de la segunda
acción de tutela; (i) el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Manizales resolvió amparar los derechos al debido proceso y a la educación, al
considerar que  en virtud del principio de confianza legítima, se le generó una
expectativa razonable al agenciado de terminar el primer semestre de medicina
en la Universidad de Caldas; (ii) el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales confirmó la sentencia de primera instancia, indicando que
entre el día de notificación de la tutela (17 de marzo de 2015) y el día en que
se expidió el acto administrativo que canceló el cupo universitario (8 de abril
de 2015), transcurrió un tiempo razonable, por lo que se configuró la confianza
legítima del estudiante para concluir el semestre en ese plantel; (iii)
en consecuencia la universidad profirió Resolución No. 779 del 26 de mayo de
2015 por medio de la cual se reactivó el cupo en medicina al agenciado para que
terminara el primer semestre académico.
1.5.
Arguye que el agenciado culminó el primer
semestre de estudios y se inscribió en un curso intersemestral al que asistió
en todas sus clases y presentó todos los trabajos programados desde el 22 de
junio hasta el 6 de julio de 2015.
1.6.
Afirma que el 6 de julio de 2015 se le informó
mediante oficio 11417 del 10 de julio de 2015 que según la Resolución No. 779
del 19 de mayo de 2015 había sido admitido a fin de que completara únicamente
el primer semestre, por lo que una vez culminado estaría inactivo en el sistema
académico.
1.7.
Considera que la decisión de quitarle el cupo a
su hijo es arbitraria por incumplir lo ordenado en los fallos anteriores, y en
este sentido solicita que se le permita al agenciado continuar sus estudios en
el plantel educativo accionado.
2.
Fundamentos del salvamento
2.1.
Como se explicará a continuación, el Despacho
no está de acuerdo con el sentido de la decisión, pues: (i) conforme a
la jurisprudencia constitucional, el juez a quién le correspondió pronunciarse
en primera instancia dentro del trámite de la acción de tutela, mantiene su
competencia hasta que se restablezca en su integridad el derecho fundamental
vulnerado o hasta que se eliminen las causas de su amenaza; y (ii) el
trámite incidental de desacato es el mecanismo idóneo para dar solución
eficiente al problema jurídico que por este juicio se propicia, mientras que la
acción de tutela, en razón a su carácter subsidiario, se torna improcedente.
2.2.
Frente al cumplimiento de las providencias
judiciales, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que constituye un imperativo del Estado Social y Democrático de Derecho y
en este sentido, es un elemento integrante del derecho al acceso a la
administración de justicia, en tanto, no sólo implica la posibilidad de acudir
ante la administración de justicia para obtener una resolución al problema
jurídico planteado, sino que también significa que se cumpla de manera efectiva
lo ordenado por el juez y se restablezcan los derechos que fueron vulnerados.
Igualmente, el
artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[133]  y el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[134], exigen no solamente la
implementación de un recurso sencillo, efectivo y breve que ampare los derechos
fundamentales, sino que también obliga a las autoridades competentes a cumplir
las decisiones en que se haya estimado procedente el recurso.
En consideración a lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que “la
administración de justicia y, de manera especial, el juez que dictó la
providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento”.[135]
2.3.
En este entendido, el Decreto 2591 de 1991 es
claro en consagrar que el juez a quién le correspondió pronunciarse en primera
instancia dentro del trámite de la acción de tutela, mantendrá su competencia
hasta que se restablezca en su integridad el derecho fundamental vulnerado o
hasta que se eliminen las causas de su amenaza.
Para el efecto, el artículo 52 ibídem regula la figura
del incidente de desacato, cuyo conocimiento corresponde exclusivamente
al juez de primera instancia y que se constituye como un mecanismo que propende
por sancionar con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva
desatienda las órdenes proferidas en sentencias de tutela; ello con el único
fin de “lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo
para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los
tutelantes”.
2.4.
En estos términos, se considera que la Sala
debió declarar la improcedencia de la acción de tutela y en este sentido,
abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la
accionante; al respecto se observa que la señora Marleny Hurtado reclama que la
Universidad de Caldas no cumplió con lo ordenado por el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Manizales en la sentencia del 19 de mayo de 2015, que
fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito de Manizales; es decir que
utiliza la acción de tutela como mecanismo para solicitar el cumplimiento de
las medidas adoptadas por jueces en otro proceso, sin haber recurrido al
trámite de desacato.
En este sentido, se considera que la actora debió acudir
al juez de primera instancia, a quien le corresponde verificar la obediencia de
las decisiones anteriores y tomar las medidas que correspondan para asegurar su
eficacia.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] La Sala de Selección número 11, en Auto del 26 de noviembre de 2015,
seleccionó para revisión del expediente de referencia.
[2] Para mayor claridad de los hechos, se complementan los hechos narrados
por la agente oficiosa con las pruebas documentales que obran en el expediente.
[3] Según su documento de identidad, al momento de la presentación de la
acción de tutela tenía 17 años. Fl.12,
cuaderno 1.
[4] Folio 67, cuaderno 1. El obtuvo puntaje de 328
puntos.
[5] Allegó copia de su cédula de ciudadanía y del registro civil de
nacimiento de Eddy Alexander Bejarano Hurtado donde consta la filiación. Folios 11-12, cuaderno 1.
[6] Aportó copia de esta decisión judicial. Folios 67-75, cuaderno 1.
[7] Acompañó copia de la Resolución Nº008 del 20 de enero de 2015 de la
Universidad de Caldas, mediante la cual se asignó el cupo por comunidad
afrodescendiente a Eddy Alexander Bejarana Hurtado, en cumplimiento de la
sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Quibdó del 13 de enero de 2015
(fl.28).
[8] Folio 81, cuaderno 1.
[9] Folio 84, cuaderno 1.
[10] Resolución Nº881 del 8 de abril de 2015 de la Universidad de Caldas,
mediante la cual se revocó la Resolución Nº008 y retira a Eddy Alexander
Bejarano Hurtado del cupo por comunidad afrodescendiente, con fundamento en la
sentencia del 27 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Quibdó
que implicó el decaimiento de los fundamentos de la
Resolución Núm. 008 del mismo año (f.30).
[11] Copia del aviso y certificación de su publicación en la página web el
22 de abril de 20115 (f.29, 94 -101)
[12] Certificado de trazabilidad de envió de 472 de la Universidad de
Caldas a Marleny Hurtado (fl.93)
[13] Folio 54, cuaderno 1.
[14] Folios 13-23, cuaderno 1.
[15] Folios 23-25, cuaderno 1.
[16] En palabras del Tribunal, “ la tardanza en la expedición de
esa decisión, se convirtió para él en una errada e invencible convicción de que
podía terminar allí sus estudios que redundarían en su dignificación, pero al
mismo tiempo en un obstáculo en tanto que ya no podía acudir a otras
Universidades en procura de sus estudios universitarios sin contratiempo
alguno, amén de generarle gastos para su manutención y de manera obvia para
cumplir con los estudios que inició y realizó ante la accionada, como la
adquisición de uniforme, libros e insumos que la misma universidad le exigía,
amén de que parte de los dineros que recibió como beca para estudiar por parte
del ICETEX llegaron a las arcas de la institución que sin más ni más procuró
por el rembolso de los mismos luego de expedida la resolución que cuestiona
esta vía” (Fl.24).
[17] Folio 111, cuaderno 1. En su numeral primero resolvió “Dejar
sin efectos la Resolución Núm. 881 del 8 de abril de 2015 “por medio de la cual
se cancela y retira el cupo especial de comunidad afrodescendiente al
estudiante Eddy Alexander Bejarano Hurtado del programa de medicina”, y en
consecuencia permitirle a Eddy Alexander Bejarano Hurtado que culmine su primer
semestre académico en el programa de Medicina”.
[18] Folio 34, cuaderno 1.
[19] La demandante refiere estas fechas y así mismo lo certificó la
Directora del Programa de Medicina (Fl. 125, cuaderno 1). Sin embargo, según el
Acuerdo 02 del 23 de enero de 2015, el período intersemestral es más extenso
por cuanto en el artículo primero dispone que las clases comprende desde el 22
de junio al 31 de julio (Fl. 122, cuaderno 1).
[20] Folio 32, cuaderno 1.
[21] Olga Clemencia Buritica Arboleda, en su calidad de Directora del
Programa de Medicina, en oficio 12159 del 23 de julio de 2015, comunicó “que
el estudiante Eddy Alexander Bejarano Hurtado fue inscrito desde el Programa de
Medicina el 22 de junio de 2015 en el intersemestral de Bioquímica General
programado desde el 22 de junio hasta el 10 de julio de 2015. Folio 125,
cuaderno 1.
[22] Folio 42, cuaderno 1. “la Oficina de Admisiones y Registro nos
avisó hoy que usted no puede hacer el curso de bioquímica General intersemestral,
porque no es estudiante regular de nuestro programa”
[23] Folios 38-39, cuaderno 1.
[24] Folios 5 y 7, cuaderno 1.
[25] Mediante reparto del 13 de julio de 2015 correspondió conocer del
asunto de referencia al Juzgado Tercero Laboral del Circuito que en Auto del 14
de julio de 2015 ordenó devolver el expediente a reparto debido a que la Juez
se declaró impedida. Por tanto, el expediente fue sometido nuevamente a reparto
el 15 de julio de 20115 y fue enviado al Juzgado Primero Laboral del Circuito
(fls 1-2 y 43-44).
[26] Folio 47, cuaderno 1.
[27] Folio 60, cuaderno 1.
[28] En el primer proceso de tutela, en un principio el Juez Primero
Promiscuo de Quibdó ordenó que se le asigara un cupo. Sin embargo, esta
decisión fue anulada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó y
en su lugar se negó el amparo porque (i) no fue preseleccionado por la
Universidad en un cupo regular o especial, (ii) hubo aspirantes que obtuvieron
puntajes mejores a los suyos de acuerdo con los requisitos definidos por la
Universidad, a quienes se les asignaron los cupos existentes en el programa al
que quería ingresar.
[29] Folio 57, cuaderno 1.
[30] Folio 118, cuaderno 1.
[31] Fl. 59, cuaderno 1.
[32] Fls 208-241.
[33] Fl. 236.
[34] El 28 de mayo de 2015 el joven Bejarano solicitó por escrito a la
Secretaría General de la Universidad de Caldas que le permitieran inscribirse “como
aspirante para el segundo período académico de 2015”, ante lo cual la
Universidad respondió el 12 de junio de 2015 refiriendo la asesoría que se le
brindó para que realizara exitosamente su inscripción. (Folios 112-113)
[35] Numeral 4 del art. 91 de la Ley 1437 de 2011,
[36] Fls. 236 y 237, cuaderno 1.
[37] Fl. 238.
[38] “Por medio del cual se modifica el calendario académico para el
2015”. En sus consideraciones, refiere que “es necesario programar un período
académico intersemestral, con el fin de garantizar una oferta académica
continua a los estudiantes”. Por tanto, el artículo primero dispone un
calendario académico en el que se prevé un período de cursos intersemestrales
del 22 de junio al 31 de julio de 2015, cuyas inscripciones se realizan entre
el 16 y 19 de junio y el cierre de notas se extiende hasta el 6 de agosto del
mismo año. El calendario registrado indica que el período intersemestral hace
parte únicamente del primer semestre del año.
[39] Fls. 239-240, cuaderno 1.
[40] Fls. 252-263, cuaderno 1.
[41] Fls. 8-31, cuaderno 2.
[42] Folio 33, cuaderno de pruebas.
[43] Folio 33, cuaderno de pruebas.
[44] Artículo 21 del Reglamento Operativo “Causales de
suspensión. Son causales de suspensión definitiva de los desembolsos del
crédito condonable los siguientes: (…) 5. Suspender el crédito condonable por
más de dos períodos académicos consecutivos.”
[45] El artículo 9 del Acuerdo 49 de 2007 otorga la facultad de “reglamentar
el número de cupos y criterios específicos para la admisión a Programas de
pregrado, de aspirantes pertenecientes a comunidades indígenas o
afrodescendientes, mejores bachilleres, convenio Andrés Bello nacional y
departamental, bachilleres provenientes de departamentos sin sede de IES o de
zonas de conflicto o de difícil acceso u otros que el gobierno o el Consejo
Superior determinen.”
[46] “Los aspirantes especiales son aquellos que se identifican
por una de las siguientes condiciones particulares ya sea de carácter académico
o social y que pretenden ingresar a un Programa de pregrado: (…) d. Comunidades
Afrodescendientes. Para hacer uso de esta condición deberá demostrarla mediante
una certificación expedida por el Ministerio del interior y de Justicia o la
entidad que haga sus veces. A este grupo se le otorgarán dos cupos por Programa
presencial y uno por Programa a distancia, en cada convocatoria.”
[47] Dichos cupos fueron asignados a Johny Rentería Dabón y Maria del Mar
Angarita Mosquera, de acuerdo con la lista de admitidos para ese período (fl.
65, cuaderno de pruebas).
[48] Folios 104-105, cuaderno de pruebas.
[49] Inicialmente los cupos correspondieron a Carolina Andrea
Arroyave Ramírez y a Mario Ernesto Cruel Estaban, pero fueron redistribuidos,
dado que la primera ingresó al programa como estudiante regular por su puntaje
ponderado y el segundo no efectuó el proceso de matrícula. De ahí que los cupos
especiales fueron asignados a Rubén Darío Mosquera Monroy (3º puesto especial)
y a Cristian Camilo Acevedo Orozco (4º puesto especial). (Fl. 103 y 106,
cuaderno de pruebas y folios 143 y 147 del CD anexo a folio 119).
[50] Folios 65- 85, cuaderno de pruebas.
[51] Folio 71, cuaderno de pruebas.
[52] Folios 86-102, cuaderno de pruebas.
[53] Folios 95, cuaderno de pruebas.
[54] Folios 103-106, cuaderno de pruebas.
[55] Folio 119, cuaderno de pruebas.
[56] Folios 116-117, cuaderno de pruebas.
[57] Folio 118, cuaderno de pruebas.
[58] Folios 65- 85, cuaderno de pruebas.
[59] Folio 71, cuaderno de pruebas.
[60] Folios 86-102, cuaderno de pruebas.
[61] Folios 95, cuaderno de pruebas.
[62] La jurisprudencia precisó cuatro elementos esenciales que permiten
determinar si en un caso concreto se presenta esta figura: (i)  La identidad de
partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición
persona de natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado
judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales; (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo
mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en
unos mismos hechos que le sirvan de causa; (iii) La identidad de objeto, esto
es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o
el amparo de un mismo derecho fundamental; y, (iv) La obligación del juez
constitucional de excluir la existencia de un argumento válido que permita
convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Ello, en razón
a la necesidad de controvertir la presunción de buena fe que, de acuerdo con el
texto constitucional, cobija las actuaciones de los particulares. Ver, entre otras, sentencias T-975 de 2011, T-1185 de 2005; T- 407de
2005; T-212/05; y T-184 de 2005.
[63] Sentencia T-096 de 2011.
[64] Folio 71, cuaderno 1.
[65] Folios 65- 85, cuaderno 1.
[66] Folio 83-85, cuaderno 1. “que en el caso planteado por la señora
Marlenys Hurtado, donde se refiere a la aspirante (..), recalca que su puesto
como aspirante regular fue el 501, y como aspirante especial ocupó el puesto
10, que su categoría fue la de Mejor Bachiller ciudad no capital, para lo cual
se destinan 8 cupos, y que la razón por la cual la mentada aspirante y el señor
(…) (Puesto especial 9 y regular 458) aparecen en el segundo llamado, es porque
debieron reasignarse los cupos de los aspirantes (…), tal y como aparece en el
Acta de Publicación del segundo llamado para el programa de medicina del 16 de
diciembre de 2014.”
[67] Fl. 4, cuaderno 1.
[68] Folio 22, cuaderno 1.
[69] Folio 54, cuaderno 1.
[70] La primera acción de tutela fue interpuesta en diciembre de 2014 y la
segunda en mayo de 2015. El hecho vulnerador relativo al curso intersemestral,
es decir el retiro, ocurrió el 6 de julio de 2015.
[71] Sobre
esta caracterización, la Corte ha sostenido que la educación:“(E)s considerada en primer lugar, como
derecho de todas las personas que guarda una estrecha relación con la
posibilidad de garantizar el desarrollo de los individuos y a su vez es un
servicio público con función social, vigilado e inspeccionado por el Estado con
el propósito de asegurar el cumplimiento de sus fines, su calidad, permanencia
y las condiciones necesarias para garantizar su acceso. Así las cosas, se
entiende que el Estado, en relación con el derecho fundamental a la educación,
debe propender a su prestación en forma adecuada, no solo por tratarse de un
derecho fundamental que está obligado a garantizar, sino también, porque su
obligación se encamina a crear y desarrollar mecanismos que garanticen este
derecho, además de fomentar y permitir el acceso al mismo. (…). Sentencia T-1026 de 2012.
[72]
Sentencia T-1026 de 2012.
[73] La jurisprudencia constitucional ha
instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado exclusivamente
por su consagración en la Carta Política, sino por su relación intrínseca con
la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter al derecho
a la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de
edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o adultos en
relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria (Sentencia
T-743 de 2013 y T-428 de 2012).
[74]
Sentencias T-068 de 2012, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de
1999.
[75] Artículo 365. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional. // Los servicios públicos estarán
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés
social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una
y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del
ejercicio de una actividad lícita.(…)”
[76] “Por el cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior”.
[77] Este es el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, que
reglamenta la educación superior en el Libro 2. Régimen Reglamentario del
Sector Educativo, Parte 5. Reglamentación de la educación superior. Publicado
en el Diario Oficial 49.523 el 26 mayo de 2015.
[78] Sentencias T 465 de 2010 y T-642 de 2001.
[79] Sentencia T-153 de 2013.
[80] De acuerdo con la sentencia T-356 de 2011: “Estos fueron planteados
por primera vez en el informe preliminar presentado a la Comisión de Derechos
Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a la educación el 13 de enero
de 1999 y han sido acogidos tanto por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su Observación General No. 13 sobre el derecho a la
educación, como por esta Corte en varias de sus sentencias con fundamento en la
figura del bloque de constitucionalidad”. Cfr. Sentencias
T-153 de 2013, T-306 de 2011, T-787 de 2006, T-550 de 2007, T-805 de 2007 y
T-1227 de 2005, entre otras.
[81] Titilo
II, Capitulo 2 de la Constitución Política de Colombia. “Derechos Sociales
Económicos y Políticos”, en el inciso 5 del Artículo 67: (…) garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…) Con
respecto a la disponibilidad o la asequibilidad del servicio, la sentencia
T-1259 de 2008 la explicó cómo “(…) la obligación del Estado de crear y
financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a disposición de
todos aquellos que demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre
otras cosas, el deber de abstenerse de impedir a los particulares fundar
colegios, escuelas o cualquier tipo de centro educativo y la necesidad de
asegurar la inversión en infraestructura para la prestación de este servicio(…)”;
[82] Pacto
Internacional de Derechos Humanos. (en adelante PIDESC). Artículo 13 “1. Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones
Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y
asequible a todos gratuitamente; (…)” En el mismo sentido, los artículos 41 y
42 del Código de Infancia y Adolescencia, contemplan las obligaciones del
Estado y de las Instituciones Educativas frente al derecho a la educación de
los menores. Entre estas, se señala en los numerales 1 y 2 del Artículo 42 las
siguientes: Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema
educativo y garantizar su permanencia y brindar una educación pertinente y de
calidad.
[83] Al
respecto en la sentencia T-290 de 2006, la Corte estudió el caso de una niña a
la que le negaban el cupo para el grado décimo, después de haber cursado los
grados 7 y 8 en ese colegio, porque era de monjas y la menor era gestante
soltera. Estimó la Corte, en esa oportunidad que “La efectividad del derecho
fundamental a la educación exige que, en primer lugar, se tenga acceso a un
establecimiento que la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, se
garantice la permanencia del educando en el sistema educativo.
[84]
Sentencia T- 433 de 1997. En esta oportunidad la Corte al revisar el caso de
varios estudiantes de medicina que solicitaban el amparo del derecho a la
educación que consideraban había sido vulnerado por la Universidad como quiera
que habían tenido un débil y deficiente proceso de formación práctica, no
acorde con los objetivos del mismo según los reglamentos vigentes, desarrolló
el componente de calidad en la educación y señaló: “Una educación de baja
calidad, soportada en procesos de formación débiles y carentes de orientación y
dirección, no solo afecta el derecho fundamental a la educación de quien la
recibe, sino el derecho de la sociedad a contar con profesionales sólidamente
preparados que contribuyan con sus saberes específicos a su consolidación y
desarrollo, mucho más cuando provienen de instituciones públicas financiadas
por el Estado.”
[85] Sentencia T-1026 de 2012.
[86] Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura.// La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. // El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica. // La educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos. // Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo. // La Nación y las entidades territoriales participarán en
la dirección, financiación y administración de los servicios educativos
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. (…)”
[87] Literal b del artículo 11 de la Ley 115 de 1994.
[88] SentenciaT-068 de 2012. “(S)i
bien éste último no tiene una obligación directa de procurar el acceso
inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no
queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las
personas al sistema educativo”
[89] Al respecto, La Corte ha afirmado que
la progresividad se manifiesta en: “i) la obligación del Estado de adoptar medidas, en un plazo
razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que la
simple actitud pasiva de éste se opone al principio en mención (aquí
encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las
personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias,
dentro de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan
posible el acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía
de que progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio
se vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas
sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas
regresivas para la eficacia del derecho concernido”. (Sentencia
T-068 de 2012.). También ver sentencias T-423 de 2013 y T-375 de 2013,
T-1026 de 2012, T-068 de 2012, entre otras.
[90] Ídem.
[91] “1. Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho,
deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y
gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la
enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas
apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión
de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior
accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean
apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación
en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar
medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas
de deserción escolar. (…)” https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
[92] “Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la educación. (…) 2. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este
derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente (…)” (subrayado fuera de
texto).
[93] Numeral 18, del artículo 2º del Decreto 5012 del 28 de diciembre de
2009.
[94] De acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1002 de 2005, el ICETEX “tendrá
por objeto el fomento social de la educación superior, priorizando la población
de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los
estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la
permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y
administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e
internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto
con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de
equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia
en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.
[95] La jurisprudencia constitucional ha
instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado
exclusivamente por su consagración en la Carta Política, sino por su relación
intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese
carácter al derecho a la educación, cuando quien exige la prestación del
servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44
superior; o adultos en relación con el acceso a la educación de nivel de básica
primaria (Sentencias T 743 de 2013 y T-428 de 2012).
[96]
Sentencias T-365 de 2015, T -854 de 2014, T-774 de 2013, T-068 de 2012, T-056
de 2011, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de 1999, entre
otras.
[97] En esa oportunidad la Corte estudió si las
entidades demandadas vulneraron el derecho fundamental de educación del actor,
como quiera que el ICETEX le había manifestado que no seguiría realizando los
desembolsos para el financiamiento de la carrera profesional que cursa, por
falta de recursos en el fondo constituido por el Municipio para para el
financiamiento de estudios superiores de los bachilleres destacados de esta
municipalidad. Para resolver el caso, consideró que (i) el crédito se confirió
para cursar una carrera profesional completa, de manera que la interrupción en
los desembolsos lesionan las expectativas que legítimamente fundó y atentan
contra su derecho a la educación, (ii) la falta de apropiación de recursos
suficientes del municipio no es óbice para cumplimiento del financiamiento, no
puede generar efectos adversos sobre los beneficiaros de los créditos de manera
que se amenace la permanencia en el plantel
educativo y el cabal ejercicio del derecho fundamental a la educación. Por lo
anterior, resolvió amparar el derecho a la educación por confianza legítima,
puesto que el crédito pretendía cubrir el costo de la carrera y no una parte.
[98] Sobre
esto mismo, en sentencia T-202 de 2000 se dispuso que “es indudable que el
derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales,
pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social
con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas
sus potencialidades. Esta Corporación, también ha estimado que este derecho
constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a
la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos
esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a
la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la
cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y
perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y
principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y
en los artículos 5, 13, 67, 68 y 69 de la C.P. En este orden de ideas, en la
medida que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá
igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona.”
[99] Al respecto, la educación universitaria debido a su interdependencia
con otros derechos como la proyección social del ser humano, la dignidad y la
equidad salarial posee una especial importancia. La sentencia C-006 se refiere
a ello en los siguientes términos: “La consagración de Colombia como un
Estado Social de Derecho, implica la consolidación de una estructura
político-administrativa al servicio de la sociedad, en la cual priman los
propósitos de justicia y equidad, los cuales se desarrollarán sobre el
presupuesto del respeto a la diversidad y a la diferencia de los individuos que
la conforman; en dicho esquema, el conocimiento, la cultura y el acceso a los
desarrollos de la ciencia y la tecnología, se constituyen progresivamente en
bienes cada vez más necesarios para el desarrollo integral de los individuos y
por ende de la sociedad; ello, a su vez, le otorga a la educación la condición
de derecho fundamental de las personas, y a los establecimientos que la
brindan, el carácter de oferentes de un servicio público, por cuya calidad y
pertinencia debe velar el Estado. En este contexto, las universidades, son
entendidas como centros de producción y adecuación del conocimiento, cuyo
quehacer se traduce fundamentalmente en las labores de docencia, investigación
y extensión, entendida esta última como la función dirigida a articularlas con
la sociedad de la cual hacen parte.”
[100] Otros casos en los que la Corte ha ponderado la garantía de la
autonomía universitaria con los derechos fundamentales de los estudiantes: T-531
de 2014, T-056 de 2011, T-689 de 2009, T-768 de 2009, T-886 de 2009, T-1159 de
2004, T-156 de 2005, T- 669 de 2000, entre otras.
[101] Sentencia T-703 de 2008.
[102] Sentencia T-850 de 2014.
[103] En esa ocasión, unos aspirantes a grado interpusieron la acción de
tutela contra la institución superior a la que estaban adscritos. Consideraron
que al pedirles una certificación acreditar el conocimiento de un segundo
idioma expedida por una entidad que cuente con certificación Icontec, se les
estaba imponiendo un nuevo requisito para el grado y el acceso a las prácticas
sociales obligatorias. Explicaron que la universidad había aceptado
certificados de las entidades que les certificaron la aprobación de ese
requisito en semestres anteriores, pero a que a ellos no se las validaron.
[104] Cfr. Sentencia T-531 de 2014.
[105] Cfr. Sentencias T-365 de 2015, T- 068 de 2012, T-248 de 2008 y C-478
de 1998.
[106] Sentencias T-164 de 2012, T-037 de 2012, T-850 de 2010 y T-845 de
2010, entre otras.
[107] En los términos de la Sala Séptima de revisión: “su conducta generó en
la estudiante la confianza de que los pagos se venían haciendo con normalidad.
Esto se materializa en el hecho de permitirle seguir cursando las materias del
programa académico de Diseño Industrial, pese a que el ICETEX no le estaba
desembolsando el dinero correspondiente a los dos períodos académicos del 2005.
En efecto, la estudiante se creó la expectativa legítima de que ante un
incumplimiento en el pago de los semestres que cursaba, la Universidad no
prestaría sus servicios, pues ésta es la forma en que habitualmente proceden
las Instituciones Educativas.”
[108] El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó declaró la nulidad de todo lo
actuado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Quibdó, que profirió la
sentencia Núm. 003 del 13 de enero de 2015.
[109] Folios 65- 85, cuaderno de pruebas.
[110] Folio 71, cuaderno de pruebas.
[111] ¿Vulnera una universidad el derecho fundamental a la educación de un
estudiante que obtuvo un cupo no previsto por el reglamento interno por una
orden de tutela, cuando lo desvincula y no lo deja terminar un curso
intersemestral, bajo el argumento que dicha resolución estaba limitada a que
cursara un solo período académico, a pesar de que por un error administrativo
no se percataron y lo dejaron avanzar el estudio?
[112] “En ningún caso un estudiante de los Programas formales de
educación superior de la Universidad podrá inscribir actividades académicas
opcionales, electivas u obligatorias en la modalidad de estudiante especial,
bien sea que se encuentre matriculado, en reserva de cupo o que esté excluido
por bajo rendimiento.” (Subrayas fuera del texto original)
[113] “La inscripción de actividades académicas
es el acto por el cual el estudiante registra las actividades académicas que va
a cursar durante el respectivo período, de acuerdo con el calendario aprobado
con base en el plan de estudios de cada Programa. (…) Parágrafo 2. En los demás
casos (inscripción para materias distintas a las del primer semestre) la
inscripción de las actividades será responsabilidad del estudiante y la
realizará directamente en el sistema de información académica, previa asesoría
del Director o Coordinador del Programa respectivo, sin que le genere costo
adicional al estudiante.” (Subrayas fuera del texto original)
[114] Fl. 31, cuaderno 1.
[115] Comprobante
de pago del al curso intersemestral por parte del agenciado (Fl. 32, cuaderno
1).
[116] Fl. 42.
[117] Art. 29 del Decreto 2591 de 1991.
[118] Sentencias T-365 de 2015, T -854 de 2014, T-774 de 2013, T-068 de
2012, T-056 de 2011, T-845 de 2010, T-321 de 2007, T-689 de 2005, T-780 de
1999, entre otras.
[119] El Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Educación Nacional, creó el Programa Nacional de Ser Pilo Paga,
que busca fomentar la excelencia y calidad de la Educación Superior promoviendo
el ingreso y permanencia de estudiantes. Este programa procura el acceso
progresivo a la educación superior y facilita los mecanismos financieros para
hacer posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
(Art. 69). Consiste en otorgar créditos condonables a bachilleres de hasta 20
años de edad, a través del ICETEX, para financiar el 100% del costo de la
matrícula de pregrado y el sostenimiento del estudiante. Este último valor
oscila entre 1 y 4 s.m.l.m.v. de conformidad con el artículo 4 del Reglamento
Operativo. En el caso particular, el agenciado recibe 4 s.m.l.m.v. porque
requería desplazarse del lugar de residencia de su núcleo familiar (Quibdó) a
la ciudad (Manizales) donde cursaría sus estudios y no corresponde a áreas
metropolitanas.
Para ello, dichas entidades suscribieron el
Convenio Interadministrativo del 23 de octubre 771 de 2014, cuyo objeto era “aunar
esfuerzos (…) para fortalecer estrategias que permitan fomentar la excelencia y
calidad de objeto de la educación superior a estudiantes con menores recursos
económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas pro saber 11 del
año 2014 y en adelante” (fl. 151). Con base en él, también convinieron: (i)
el Contrato 77 del 16 de enero 2015 mediante el cual se creó el fondo de
administración de recursos de la nación denominado Ser Pilo Paga y se otorga su
manejo al ICETEX; y (ii) el Reglamento Operativo de Créditos Condonables para
la excelencia de la Educación Superior.
Las condiciones del crédito están definidas
principalmente en el capítulo V del Reglamento Operativo. En su artículo 17
prevé que el crédito “se garantizará por un período equivalente al número de
períodos del programa académico, según la duración establecida para el mismo y
de conformidad a la disponibilidad presupuestal del Fondo”. Aunado a lo
anterior, la condonación se encuentra sujeta a la “previa certificación
de la Institución de Educación Superior al ICETEX, de la graduación del
beneficiario del programa académico objeto del crédito aclarado los datos
básicos del mismo, el número y fecha del acta de grado” y sólo podrá ser
autorizada por la Junta Administradora del fondo de administración del programa
Ser Pilo Paga (art. 27).
De lo anterior, se infiere que el crédito sea
condonable siempre que el estudiante se gradué en el tiempo regular del
programa al que se inscribió.
Así mismo, el Reglamento vaticina que es
posible que el beneficiario curse la carrera en el tiempo mayor al previsto
debido a que perdió un semestre o lo aplazó, lo que podrá hacer por máximo por
dos semestres académicos durante la duración del programa (art. 17).
Así las cosas, cuando el beneficiario (i) no
cumple con los requisitos de condonación del crédito dentro del plazo
establecido o (ii) superó los períodos académicos del programa deberá cancelar
al ICETEX (Artículo 19 del Reglamento Operacional del Programa Ser Pilo Paga),
en pesos colombiano y cuotas mensuales, la totalidad de las sumas recibidas,
los intereses generados durante la época de amortización en caso de
incumplimiento de las condiciones de condonación (art. 24).
En concordancia con el principio de
progresividad y de autonomía de las universidades, el programa se ideó para
conceder un determinado número de créditos condonables de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal y en respeto de la independencia de cada
institución de educación superior para evaluar las aspiraciones de ingreso de
cada aspirante de acuerdo con sus propios procedimientos y requisitos de
admisión.
En armonía con lo anterior, las dos
convocatorias efectuadas hasta el momento fijan tres criterios específicos para
ser beneficiario de esta prerrogativa. Los aspirantes deben: (i) ser admitidos
por las Universidades acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional,
según los criterios y reglamentos de estas; (ii) obtener un puntaje de
calificación del Sisbén dentro de un margen determinado a partir del área de
residencia verificado con base en la encuesta de calidad de vida del 19 de
septiembre 2014. Adicionalmente, (iii) deben conseguir un puntaje destacado en
la prueba SABER 11: para la primera convocatoria debía ser superior a 310 en la
prueba presentada el 3 de agosto de 2014, mientras que la segunda convocatoria
requería un puntaje mayor a 318 puntos en la prueba del 19 de septiembre de
2014 (fl. 134, cuaderno de pruebas).
En este orden de ideas, es imperativo cumplir
con los requisitos esbozados para ser beneficiario del programa Ser Pilo Paga,
ya que de lo contrario se estaría menoscabando el derecho de igualdad y al
debido proceso de los demás aspirantes.
[120] De acuerdo con el convenio interadministrativo especial de cooperación
institucional  544 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional
y el Icetex, se trabaja por el fortalecimiento de la financiación de la
educación superior e incentivar la permanencia en el sistema de educación
superior
[121] Pág. 14-15, “Políticas públicas para el avance de la población
afrocolombiana: revisión y análisis”. Esta es una publicación del Proyecto
Regional “Población afrodescendiente de América Latina” del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). http://www.afrodescendientes-undp.org/FCKeditor_files/File/PP_AVANCE_POB_AFROCOLOMBIANA.pdf
[122] Entre otras, recomendó: Fortalecer la oferta de programas de
alfabetización con enfoque cultural; Promover prácticas de lectura y el acceso
a las nuevas tecnologías educativas; Asignar cupos en los mejores colegios
públicos y cupos-becas en los colegios privados; Incluir el enfoque étnico en
los currículos de las facultades de educación; Mejorar la calidad educativa en
las instituciones que atienden a la población afrocolombiana -Promover el
conocimiento general sobre la diversidad étnica; Fortalecer el sistema de
implementación y monitoreo de la política etnoeducativa; Definir cupos para
estudiantes afrodescendientes en universidades e instituciones de educación
superior; Fortalecer los centros regionales de educación superior (CERES);
Programas de tutoría a estudiantes afrodescendientes en universidades e
instituciones de educación superior; Becas en universidades privadas que
incluyan recursos para el sustento de los estudiantes; Fortalecer el fondo de
becas para estudios en el exterior (posgrados); Reestructurar el fondo de
préstamos condonables del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (ICETEX); entre otras. Idem. Pág.39.
[123] Esto sin perjuicio de la mejoría en el índice de progreso de la
educación superior del departamento del 13,2% entre 2012 y 2013. Informe
“Educación superior 2014 - síntesis estadística Departamento de Choco”.
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_choco.pdf
[124] Folio 16, cuaderno de pruebas.
[125] Folio 55, cuaderno de pruebas.
[126] Folio 38, cuaderno de pruebas.
[127] Art. 17, Reglamento Operativo del Programa Ser Pilo Paga.
[128] Folio 33, cuaderno de pruebas.
[129] Folio 52, cuaderno de pruebas.
[130] Así mismo, la Sala advierte que es contradictorio que una
condición de naturaleza económica sea óbice para limitar el acceso a la
educación superior, cuando el Ministerio ha otorgado un crédito beca para ello.
[131] Ídem.
[132] Folio 16, cuaderno de pruebas.
[133] Incorporado mediante la Ley 74 de 1968
[134] Incorporado mediante la Ley 16 de 1972
[135] Corte Constitucional, Sentencia C-367 de 2014.