T-112-20
Sentencia
T-112/20
Referencia: expediente
T-7.478.866
Asunto: Acción
de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– contra el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá
D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Antonio
José Lizarazo Ocampo, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de los fallos dictados por la Sección Quinta y por la
Sección Tercera –Subsección C– del Consejo de Estado, dentro del proceso de
tutela promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra
el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos relevantes
1.1.
La señora Ana Vicenta de los Reyes de Escorcia se desempeñó como docente vinculada
a la Secretaría del Departamento del Atlántico desde enero de 1968 hasta junio
de 1996, fecha en la cual fue retirada del servicio por invalidez permanente
parcial[1].
Con posterioridad, en 2005, mediante Resolución No. 001417, CAJANAL reconoció y
ordenó en su favor el pago de una pensión gracia, en cuantía de $423.236 pesos
y efectiva a partir del 19 de junio de 1998[2].
1.2.
En 2007, Ana Vicenta de los Reyes solicitó el cese de los descuentos y el
reintegro de las cotizaciones a salud, por valor del 12% de su mesada. La
entidad negó tal petición en Oficio No. 22423 del año en cita, por lo cual la
interesada promovió proceso de nulidad y restablecimiento del derecho orientado
a invalidar el referido acto administrativo[3].
1.3.
En sentencia del 16 de diciembre de 2010, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla declaró la nulidad parcial del Oficio No.
22423[4]
y, en consecuencia, ordenó a CAJANAL abstenerse de descontar el 7% y reintegrar
dicho valor desde marzo de 2005. En criterio de la autoridad judicial “no
pueden integrarse las normas que regulan la pensión gracia y las del régimen
excepcional del [FOMAG], con las del Sistema General de la Seguridad
Social en Salud (Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios), pues son
completamente independientes y autónomas”[5].
Por consiguiente, explicó que, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 91
de 1989[6],
el descuento aplicable al régimen especial es del 5%[7].
1.4. CAJANAL formuló recurso de
apelación contra la anterior decisión, pero este fue declarado desierto en
razón a que no
se presentó a la audiencia especial de conciliación y tampoco justificó su
inasistencia[8].
1.5. En 2013, la UGPP ejecutó lo
ordenado por el Juzgado[9]. Sin embargo, en
Resolución No. 009540 de 2015, objetó la legalidad del fallo y declaró
la imposibilidad de cumplimiento, por cuanto este contrariaba el precedente
constitucional sentado en las Sentencias T-359 de 2009 y T-546 de 2014[10].
1.6. El 27 de marzo de 2017, la UGPP
promovió recurso extraordinario de revisión[11] en el cual
sostuvo que
el referido despacho desatendió la tasa de cotización aplicable a todos los
pensionados, establecida en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993[12]. Además,
desconoció el precedente constitucional que aclara que, luego de la expedición
de dicha ley, los beneficiarios de la pensión gracia pasaron de cotizar el 5%
al 12%[13].
En
este sentido, invocó la causal contemplada en el numeral 7º del artículo 250
del CPACA[14]: “[n]o
tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida”. En esta línea, explicó que inaplicar un descuento legal a una mesada
pensional equivale a que su beneficiario se haga “acreedor a una prestación
periódica en la misma cuantía”[15].
Por último, argumentó que su actuación
fue oportuna, pues, si bien la providencia del Juzgado quedó ejecutoriada el 16
de marzo de 2011, según la Sentencia SU-427 de 2016, el conteo del término de
caducidad de cinco años, previsto en el artículo 251 del CPACA[16],
debía iniciar el 12 de junio de 2013, momento en el que la Unidad asumió la
defensa judicial de los asuntos de CAJANAL.
1.7.
En auto del 1º de febrero de 2018[17],
una magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico, explicó
que, de acuerdo con el artículo 251 del CPACA, por regla general, el recurso de
revisión debe presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo cuestionado,
con excepción de los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003[18], cuyo
término de caducidad es de cinco años.
En relación con el caso concreto, la
magistrada estimó que no
cabía estudiar la admisibilidad bajo el término exceptivo aplicable al citado artículo
20,
pues, por un lado, la
sentencia del Juzgado no ordenó el pago periódico de sumas de dinero a
cargo del tesoro público o de fondos de la misma naturaleza, sino que dispuso
el reintegro de los valores descontados de la pensión gracia por concepto de
servicios médicos asistenciales. Y, por el otro, resaltó que la UGPP invocó la
causal consagrada en el numeral 7º del artículo 250 del CPACA –cuyo término de
caducidad es de un año–, por lo cual el plazo para presentar el recurso venció
el 16 de marzo de 2012. Con sujeción a lo expuesto, y teniendo en cuenta que la
demanda se radicó el 27 de marzo de 2017, dispuso su rechazo.
1.8. El 7 de febrero de 2018, la UGPP
presentó recurso de súplica[19] en el que
argumentó que el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 sí resultaba aplicable,
pues, a pesar de que el Juzgado no reconoció en estricto sentido una prestación
periódica, ordenó a la entidad reducir los descuentos efectuados sobre
una pensión gracia, por concepto de aportes a salud. En esa medida, el monto
restante debía asumirlo el sistema de pensiones, imponiéndose al Estado la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero. Así, se configuraba el
escenario exigido por la norma y, por consiguiente, el término de caducidad aplicable
era de cinco años.
De otra parte, la Unidad reiteró que su
actuación fue oportuna, por cuanto, según la Sentencia SU-427 de 2016,
tratándose de fallos en su contra, los cinco años debían contarse desde el 12
de junio de 2013. Por ello, considerando que el plazo vencía el 12 de junio de
2018 y que el recurso se radicó el 27 de marzo de 2017, debía concluirse que se
presentó a tiempo.
1.9. La Sala de Oralidad A del Tribunal
confirmó la decisión de rechazo mediante auto del 3 de mayo de 2018[20], en el que
reiteró que no procedía aplicar el referido artículo 20 y que la UGPP invocó la
causal consagrada en el numeral 7º del artículo 250 del CPACA, cuyo término de
caducidad es de un año.
2.
Solicitud de tutela
Por
intermedio de apoderado, la UGPP presentó recurso de amparo constitucional
invocando la protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, solicita que se deje sin efectos el
auto del 1º de febrero de 2018, dictado y confirmado por el Tribunal
Administrativo del Atlántico el 3 de mayo del año en cita, y que se profiera otra
decisión con sujeción a la Sentencia SU-427 de 2016. Asimismo, que se suspendan
los efectos del fallo dictado por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Barranquilla, mientras se decide sobre la admisibilidad del recurso
extraordinario de revisión[21].
Para
la entidad, la decisión del Juzgado incurrió en defecto sustantivo al
desconocer las normas que regulan los descuentos aplicables a la pensión gracia
por concepto de aportes al sistema de salud, por ejemplo, el artículo 204 de la
Ley 100 de 1993. Además, contrarió el precedente constitucional sobre la
materia, sentado en las Sentencias T-359 de 2009, T-546 de 2014, T-835 de 2014
y T-581 de 2015.
Por
otro lado, la Unidad argumenta que el Tribunal incurrió en defecto
sustantivo al inadvertir que la sentencia cuestionada impuso un
reconocimiento en detrimento de fondos de naturaleza pública, cuando ordenó el
reintegro de las sumas descontadas[22].
En esa medida, era aplicable la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que se configura cuando: “la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley”. Asimismo, incurrió
en defecto procedimental absoluto, ya que desconoció que,
según la Sentencia SU-427 de 2016, el conteo del término de caducidad de
cinco años, aplicable al citado artículo 20, iniciaba el 12 de junio de 2013 y,
por ende, tenía
plazo hasta junio de 2018 para promoverlo[23].
3. Trámite surtido en primera instancia
En auto del 14 de diciembre de 2018[24], la
Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ofició al
Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Barranquilla para que ejercieran su derecho a la defensa.
En la misma providencia, vinculó como tercero con interés a la señora Ana
Vicenta de los Reyes de Escorcia.
4.
Contestación de las autoridades judiciales demandadas y de la ciudadana
vinculada al proceso
4.1.
En escrito del 23 de enero de 2019[25],
el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Barranquilla solicitó que se declarara
la
improcedencia de la acción al estimar que no se satisfacía el requisito de
subsidiariedad, por cuanto el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del
16 de diciembre de 2010 fue declarado desierto, en razón a que CAJANAL no se
presentó a la audiencia de conciliación. Agregó que “no puede tenerse en
cuenta el argumento expresado por la UGPP respecto a la defectuosa defensa que
ejerció la extinta CAJANAL, pues para la fecha en que asumieron como sucesores
de dicha entidad ya se encontraba en firme el fallo proferido por este
Despacho”[26].
4.2.
En oficio del 22 de enero de 2019[27],
la magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico, que dictó el auto del
1º de febrero de 2018, también pidió la declaratoria de improcedencia,
con fundamento en el indebido agotamiento de los medios de defensa[28]. Además,
reiteró que no cabía estudiar la caducidad del recurso bajo el término de cinco
años aplicable al artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que no se cumplían los
supuestos exigidos por la norma.
4.3.
No se advierte en el expediente que la señora Ana Vicenta de
los Reyes de Escorcia se hubiese pronunciado sobre los hechos
que motivaron la solicitud de amparo.
5.
Sentencias objeto de revisión
5.1.
Primera instancia
En
sentencia del 14 de febrero de 2019[29],
la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo al
estimar que no satisfacía el requisito de inmediatez. Sobre el particular,
recordó que ha considerado “como plazo prudencial el de 6 meses desde la
ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de la providencia
judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de protección (…) y
cuando este es excesivo se declara [la] improcedencia”[30]. En
relación con el caso concreto, resaltó que la UGPP presentó la solicitud el 12
de diciembre de 2018, habiendo transcurrido más de seis meses desde la
ejecutoria del auto que resolvió el recurso de súplica –23 de mayo–.
5.2.
Impugnación
La
UGPP presentó recurso de apelación[31]
en el cual señaló que entre la presentación de la acción constitucional y “la
firmeza del Auto que rechazó el recurso extraordinario de revisión SOLO
transcurrieron 6 meses y 11 días” [32],
plazo que no resulta desproporcionado. De igual manera, indicó que la
vulneración alegada se concreta en el pago incompleto de un aporte mensual al
sistema de salud y, en esa medida, al ser permanente, se satisface el requisito
de inmediatez[33].
Por otra parte, destacó que ha asumido la defensa judicial de otras cinco
entidades desde 2011, por lo cual no pudo promover el amparo en un término inferior.
5.3.
Segunda instancia
En
sentencia del 29 de abril de 2019[34],
la Sección Tercera del Consejo de Estado –Subsección C– confirmó la decisión
del a-quo. En concreto, señaló que: “[l]a providencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó el auto de
rechazo del recurso extraordinario de revisión, se notificó el 18 de mayo
[de] 2018 (…), de manera que los 6 meses de plazo de inmediatez
vencieron el 19 de noviembre de 2018. Como la solicitud de tutela se interpuso
el 12 de diciembre de 2018, [se concluye que] no cumple el requisito”[35].
6. Pruebas relevantes que obran
en el expediente
-
Copia de la decisión proferida el 16 de diciembre de 2010 por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora de los Reyes de Escorcia
contra CAJANAL[36].
-
Resolución No. 017896 de 2013 emitida por la UGPP, por medio de la cual se da
cumplimiento al fallo del Juzgado[37].
-
Resolución No. 009540 de 2015 proferida por la UGPP, en la que se objeta la
legalidad de la citada sentencia y se declara la imposibilidad de cumplimiento[38].
-
Copia del auto del
1º de febrero de 2018, en el que la magistrada del Tribunal resuelve rechazar
el recurso extraordinario de revisión[39].
-
Copia del auto del 3 de mayo de 2018, proferido por la Sala de Oralidad A de la
misma Corporación, donde se resuelve desfavorablemente el recurso de súplica
interpuesto contra la decisión de rechazo[40].
-
Certificado expedido en noviembre de 2018 por el Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional (FOPEP) en el que consta el historial de pagos recibidos por
la señora Ana Vicenta de los Reyes de Escorcia[41].
-
Recurso de revisión presentado por la UGPP contra la sentencia dictada el 16 de
diciembre de 2010 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Barranquilla[42].
-
Recurso de súplica presentado por la UGPP contra el auto del 1º de febrero de
2018[43].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo
241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y
36 del Decreto 2591 de 1991.
Mediante
auto del 30 de julio de 2019, notificado el 14 de agosto siguiente, la Sala de
Selección de Tutelas Número Siete, integrada por las Magistradas Diana Fajardo
Rivera y Cristina Pardo Schlesinger, resolvió elegir para revisión los fallos
dictados en el proceso de la referencia.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2.1. De manera preliminar, conviene
precisar que, a pesar de que en la presente causa fueron demandados el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, la Sala circunscribirá su pronunciamiento a los
autos dictados por la segunda de las autoridades, en los cuales se rechazó el recurso
de revisión orientado a cuestionar la sentencia proferida en el año 2010 por el
primer funcionario dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Lo
anterior, teniendo en cuenta que los proveídos proferidos por el Tribunal
accionado son las últimas providencias dictadas en el asunto objeto de revisión
vía constitucional y, en consecuencia, son las que, bajo los presupuestos de
inmediatez y subsidiariedad que subyacen a la acción de tutela, podrían
lesionar, en la actualidad, los derechos fundamentales de la UGPP. En efecto,
la “protección inmediata” de derechos fundamentales que el Constituyente previó
salvaguardar por medio del amparo hace que dicho medio no se torne procedente
contra un fallo dictado nueve años atrás, máxime cuando la parte actora decidió
acudir al recurso de revisión para cuestionarlo.
En
este sentido, se resalta que en caso de prosperar la tutela en contra del
Tribunal demandado, el estudio de las irregularidades imputadas al Juzgado
también accionado deberán ser examinadas por el primero en calidad de autoridad
de revisión, con lo cual una decisión sobre el particular por parte del juez de
tutela, conduciría a la superposición de competencias.
2.2. Aclarado lo anterior, la Sala debe
determinar si se acreditan las causales generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. En caso favorable, le compete definir
si el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en defecto sustantivo y en defecto
procedimental absoluto, respectivamente, al inaplicar el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y al desconocer los parámetros fijados en la
Sentencia SU-427 de 2016, en virtud de los cuales la UGPP tenía plazo hasta
junio de 2018 para promover el recurso extraordinario de revisión.
2.3. Con el fin de resolver la
problemática planteada, esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia
constitucional en torno a (i) las causales generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de encontrarlas acreditadas,
abordará aquella relacionada con (ii) el defecto sustantivo y (iii) el defecto procedimental
absoluto. Con
sujeción a lo anterior, (iv) decidirá el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.1.1. De acuerdo con el artículo 86 de
la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo residual y
subsidiario de defensa judicial, cuya finalidad es la protección de los
derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular, en los casos previstos en la Constitución y en la ley.
Tal como se estableció en la Sentencia
C-543 de 1992[44],
por regla general, la acción de tutela es improcedente cuando se pretende
cuestionar providencias judiciales, en respeto de los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial y de la garantía
procesal de la cosa juzgada[45].
3.1.2. Sin embargo, en dicha
oportunidad, también se estableció que, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, “no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales”[46].
En este sentido, si bien se entendió que en principio la acción de amparo no
procede contra providencias judiciales, excepcionalmente es viable su uso como
mecanismo subsidiario de defensa judicial, cuando de la actuación judicial se
produzca la violación o amenaza de un derecho fundamental.
Se trata entonces de un
instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la
decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, que
la tornan incompatible con los mandatos del Texto Superior. Por esta razón, la
acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio
de validez”[47],
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los
recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir
las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta.
No obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste
la arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita
el uso del amparo tutelar.
3.1.3. En desarrollo de lo expuesto, la
Sala Plena de esta Corporación en la Sentencia C-590 de 2005[48]
estableció un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos afectados por una
providencia judicial. Dichos requisitos fueron divididos en dos categorías,
aquellos generales que se refieren a la procedibilidad de la acción de
tutela, y aquellos específicos que se relacionan con la tipificación de
las situaciones que conducen a la vulneración de los derechos fundamentales,
especialmente del derecho al debido proceso.
3.1.4. Los requisitos de carácter
general, conforme se expuso, se refieren a la viabilidad procesal de la
acción de tutela contra providencias judiciales y son esenciales para que el
asunto pueda ser conocido de fondo por el juez constitucional. La verificación
de su cumplimiento es entonces un paso analítico obligatorio, pues en el evento
en que no concurran en la causa, la consecuencia jurídica es la declaratoria de
su improcedencia. Lo anterior corresponde a una consecuencia lógica de
la dinámica descrita vinculada con la protección de la seguridad jurídica y la
autonomía de los jueces, ya que la acción de amparo no es un medio alternativo,
adicional o complementario para resolver conflictos jurídicos. Por el
contrario, en lo que respecta a los requisitos de carácter específico,
se trata de defectos en sí mismos considerados, cuya presencia conlleva el
amparo de los derechos fundamentales, así como a la expedición de las órdenes
pertinentes para proceder a su protección, según las circunstancias concretas
de cada caso.
3.2. Requisitos generales y específicos
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.2.1. La Corte ha
identificado los siguientes requisitos generales que, según lo expuesto,
habilitan la procedencia de la acción de amparo, a saber: (i) que la cuestión
discutida tenga relevancia y trascendencia constitucional; (ii) que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance del afectado; (iii) que la acción se interponga en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, es decir, que se
cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal
alegada, de existir, tenga un impacto decisivo en el contenido de la decisión;
(v) que el actor identifique los hechos constitutivos de la vulneración y que,
en caso de ser posible, los hubiese alegado durante el proceso judicial en las
oportunidades debidas; y (vi) que no se trate de una sentencia de tutela.
Siempre que la acción de tutela contra
una providencia judicial resulte procedente, en el entendido que se acreditaron
los requisitos generales previamente expuestos, es posible examinar si se
presentan las causales específicas de prosperidad de la acción, cuya presencia
conlleva el amparo de los derechos fundamentales, así como a la expedición de
las órdenes pertinentes para proceder a su reparación.
3.2.2. En este orden de ideas, resulta
relevante enfatizar que una cosa es que el juez constitucional estudie el
asunto de fondo y otra muy distinta que conceda el amparo. Según la Sentencia
C-590 de 2005[49],
los defectos específicos de prosperidad de la acción contra providencias
judiciales son los siguientes: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii)
fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) carencia absoluta
de motivación; (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa
de la Constitución.
3.2.3. En conclusión, la acción de
tutela contra providencias judiciales es procesalmente viable de manera
excepcional, en aquellos casos en que se cumplen los requisitos generales
que avalan su procedencia. Una vez la autoridad judicial resuelva
afirmativamente dicha cuestión, el juez de tutela ha de determinar si en el
caso bajo estudio se configura alguna de las causales específicas o
defectos de prosperidad definidos por esta Corporación, caso en el cual se
otorgará el amparo solicitado.
4. Examen de los requisitos generales en
el caso concreto
Antes
de abordar el estudio de los defectos alegados por la entidad demandante, la
Sala analizará la viabilidad procesal de la causa. Este examen incluye, además
de la revisión sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, el estudio de la
observancia de las exigencias básicas que permiten la prosperidad del amparo
establecidas en el artículo 86 de la Constitución y desarrolladas en el Decreto
2591 de 1991.
4.1.
En primer lugar, no cabe duda de que la UGPP obró de acuerdo con el requisito
de legitimación por activa, por una parte, por su condición de persona jurídica[50] que actúa
a través de un apoderado judicial, en concreto, su Subdirector Jurídico[51]. Y, por la
otra, por ser la entidad que se ve afectada en sus derechos al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia con ocasión de los autos dictados por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que rechazaron el recurso de
revisión.
En
este punto, conviene resaltar que CAJANAL fungía como demandada en el proceso contencioso
que originó la presentación del citado recurso y que, según el artículo 64 del
Decreto Ley 4107 de 2011[52],
continuaría ejerciendo actividades relacionadas con el
reconocimiento de obligaciones pensionales hasta que estas fueran asumidas por
la UGPP, lo cual ocurrió el 12 de junio de 2013, luego de su liquidación[53]. En
consecuencia, la Sala entiende que operó el fenómeno de la
sucesión procesal contemplado en el artículo 68 del Código General del Proceso[54] y,
por consiguiente, la accionante estaba legitimada para solicitar el amparo.
Por lo demás, en vista de que la demanda
se instauró en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, es claro que
se cumple igualmente con el requisito de la legitimación por pasiva, ya
que las autoridades judiciales no están excluidas de ser sujetos de la acción
de tutela, cuando quiera que con sus actuaciones u omisiones vulneren o
amenacen derechos fundamentales.
4.2.
En segundo lugar, pasa la Sala a analizar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Para efectos
metodológicos y de economía procesal, se abordará inicialmente el estudio de
las exigencias vinculadas con la inmediatez y la identificación clara de los
hechos constitutivos de la trasgresión alegada, luego de lo cual se examinará
la relevancia constitucional, el agotamiento de los mecanismos de defensa
judicial, la alegación previa de los defectos procesales y la limitación
correspondiente a que no se trate de una demanda en contra de una sentencia de
tutela.
4.3. Como se indicó, la UGPP aduce que el Tribunal
Administrativo del Atlántico incurrió en defecto sustantivo al inaplicar
el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en defecto procedimental absoluto al
desconocer los parámetros fijados en la Sentencia SU-427 de 2016, en virtud de
los cuales tenía plazo hasta junio de 2018 para promover el recurso de revisión.
4.4.
En lo que respecta al requisito de inmediatez, es preciso
recordar que, tratándose de acciones de tutela presentadas por la UGPP, esta Corporación
ha evaluado la razonabilidad del plazo en el que se acude al mecanismo de
amparo, con base en criterios como la continuidad de la vulneración cuando esta
se origina en el pago de prestaciones periódicas, como mesadas pensionales[55] o aportes
al sistema de salud[56].
De igual manera, ha tenido en cuenta la duración de los trámites que deben
surtirse al interior de la entidad[57]
y también el hecho de que esta “funge como demandada en 20.164 procesos
aproximadamente y atiende el pasivo pensional de otras 30 entidades liquidadas”[58].
En
relación con el caso concreto, la Sala observa que: la decisión
cuestionada fue dictada el 1º de febrero de 2018, el auto que la confirma fue
notificado el 18 de mayo siguiente[59]
y el recurso
de amparo fue interpuesto el 14 de diciembre, esto es, en un plazo que no
superó el término de siete meses en relación con la última providencia.
Atendiendo a lo expuesto, es claro que la tutela se presentó en un tiempo
razonable, toda vez que la vulneración se concreta en un descuento mensual
sobre una mesada, destinado a financiar el sistema de salud. Además, no debe
olvidarse que la UGPP es parte en un alto número de procesos, situación que le
dificulta acudir a las instancias judiciales en un término inferior.
4.5.
A partir de la contextualización realizada en líneas precedentes, también es
claro que los hechos constitutivos de la presunta vulneración de los
derechos invocados se encuentran claramente identificados. En efecto, las
causales específicas de procedencia alegadas se relacionan con el supuesto
desconocimiento del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y de los parámetros
establecidos en la Sentencia SU-427 de 2016, asuntos que fueron advertidos en
el recurso de súplica.
4.6.
El presente caso tiene relevancia constitucional, puesto que la
discusión que se plantea gira en torno a la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
4.7. En lo que respecta al agotamiento
de los recursos judiciales existentes, interesa señalar que, en marzo de
2017, la UGPP promovió recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, el
cual, como ya se dijo, fue rechazado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.
Ahora
bien, dado que la entidad presentó recurso de súplica contra la decisión de
rechazo, cabe resaltar que, según el artículo 246 del CPACA[60], dicho
mecanismo procede contra autos que rechazan un recurso extraordinario y lo
decidido no puede ser cuestionado en ningún otro escenario procesal. Visto lo
anterior, es claro que no existe otro medio de defensa judicial para resolver
el problema que se trae a conocimiento del juez constitucional.
4.8.
Por último, se observa que la irregularidad procesal alegada, esto es, el
rechazo del recurso extraordinario de revisión en desconocimiento del plazo
previsto en la Sentencia SU-427 de 2016, impidió que el asunto fuera estudiado
de fondo. Cabe agregar que la providencia cuestionada no es una sentencia de
tutela.
Por
consiguiente, a juicio de esta Sala de Revisión, la demanda instaurada por la
UGPP cumple con la totalidad de los presupuestos básicos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que se pasará a
desarrollar las consideraciones específicas en torno (i) al defecto sustantivo
y (ii) al defecto procedimental absoluto.
5. Causales específicas de procedencia invocadas
por la UGPP
5.1. Como se indicó, la jurisprudencia
de esta Corporación ha identificado las causales específicas de prosperidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Dicha labor se adelantó en
la Sentencia C-590 de 2005[61], en
los siguientes términos:
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i.
Violación directa de la Constitución”.
En esta providencia, la Sala se centrará
en el estudio de los defectos sustantivo y procedimental
absoluto.
6.
Caracterización
del defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[62]
6.1.
En términos generales, este Tribunal ha indicado que el defecto sustantivo se
configura cuando una autoridad judicial incurre en un error relacionado con la
interpretación o aplicación de disposiciones normativas. Así, ha explicado que
dicho yerro se presenta, por ejemplo, cuando:
(i) La decisión
tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es
pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es
inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) no se
adecúa a la situación fáctica estudiada.
(ii) La norma
aplicable es desatendida y, por ende, inaplicada.
(iii) A pesar de
la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma: a) no
se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable, o b) es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses de una de las partes.
6.2.
Conviene precisar que, al determinar la configuración del defecto sustantivo,
la competencia del juez de tutela se restringe a analizar la vulneración o
potencial afectación de derechos fundamentales. De esta manera, no le
corresponde adelantar un escrutinio del alcance de la
disposición inaplicada o indebidamente interpretada o de las razones adoptadas
por el funcionario judicial, pues su labor consiste en verificar que se hubiese
dictado una decisión contraria a garantías superiores.
7.
Caracterización
del defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[63]
7.1.
De otra parte, esta Corporación ha señalado que el defecto procedimental
absoluto se presenta cuando el juez actúa al margen del procedimiento
establecido, es decir, cuando se aparta abierta e injustificadamente de la
normatividad procesal aplicable. Lo anterior conduce al desconocimiento
absoluto de las formas del juicio porque (i) el funcionario judicial sigue un trámite
ajeno al pertinente o (ii) pretermite etapas o fases sustanciales del
procedimiento legalmente establecido, en detrimento del derecho de defensa y
contradicción de una de las partes.
Por
vía excepcional, la jurisprudencia constitucional también ha establecido que
dicho defecto puede originarse por exceso ritual manifiesto, cuando un
funcionario judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y, por lo tanto, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia.
7.2.
En todo caso, en ambos escenarios, la procedencia del amparo se sujeta a la
concurrencia de los siguientes elementos: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra
vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el
defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que
se acusa de vulnerar los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad
haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv)
que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) que se presente
una vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de lo anterior.
8. Caso concreto
8.1.
En esta oportunidad, la Sala estudia la acción de tutela promovida por la UGPP
contra el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y
el Tribunal Administrativo del Atlántico. En este punto, conviene precisar que,
como se indicó en el numeral 2.1. del acápite de consideraciones, el
pronunciamiento de la Corte se circunscribirá a las providencias dictadas por
la segunda autoridad mencionada.
En
concreto, la UGPP cuestiona los autos que rechazaron el recurso de revisión. Al
respecto, argumenta que (i) se incurrió en un defecto sustantivo, toda
vez que el Tribunal desatendió que la sentencia del Juzgado impuso un
reconocimiento a cargo de fondos de naturaleza pública al ordenar el reintegro
de las sumas descontadas y, por ende, inaplicó la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; al mismo tiempo que invoca (ii) el defecto
procedimental absoluto, por cuanto se desconocieron los
parámetros fijados en la Sentencia SU-427 de 2016, en virtud de los cuales la
entidad tenía plazo hasta junio de 2018 para promover el referido medio de
defensa, ya que el conteo del término de caducidad de cinco años no podía iniciar antes
del 12 de junio de 2013.
8.2. Aclarado lo anterior, la Sala sintetizará
los hechos que dieron origen a la controversia, para luego determinar si se presentaron
los yerros alegados.
El 17 de marzo de
2017, la UGPP promovió recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
del 16 de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Barranquilla, en la cual, a efectos de cubrir los aportes
obligatorios a salud, se ordenó a CAJANAL descontar, únicamente, el 5% de la
mesada pensional percibida por Ana Vicenta de los Reyes de Escorcia.
La UGPP invocó la causal contemplada
en el numeral
7º del
artículo 250 del CPACA, advirtiendo que se desconoció la tasa de
cotización a salud aplicable a todos los pensionados, establecida en el artículo 204 de
la Ley 100 de 1993, así como el precedente constitucional sobre el
entendimiento de la norma en cita, en tratándose de personas beneficiarias de
pensiones gracia. Por otro lado, la entidad peticionaria resaltó que su
actuación fue oportuna, comoquiera que, de conformidad con la Sentencia SU-427
de 2016, el término de cinco años contemplado en el artículo 251 del CPACA,
debía contabilizarse desde el 12 de junio de 2013.
Mediante auto del 1º de febrero de 2018,
una magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó el recurso de
revisión al considerar que fue extemporáneo. En particular, sostuvo que:
(i) De conformidad con el artículo 251
del CPACA, cuando se invoca la causal contemplada en el numeral 7º del artículo
250 del mismo estatuto, el recurso debe ser presentado dentro del año siguiente
a la ejecutaría de la decisión cuestionada.
(ii) La sentencia objeto de reproche fue
proferida el 16 de diciembre de 2010 y quedó ejecutoriada el 16 de marzo de
2011.
(iii) La UGPP tardó hasta el 27 de marzo
de 2017 en presentar el recurso, cuando el término para ello venció el 16 de
marzo de 2012.
Adicionalmente, la magistrada consideró
que el término de cinco años, contemplado en el artículo 251 del CPACA,
sólo es aplicable cuando se invocan las causales consagradas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, referentes al indebido reconocimiento de prestaciones
periódicas. Sin embargo, nada se dijo sobre el particular en el medio
impugnatorio presentado, en tanto la UGPP puso de presente un desconocimiento de
las normas que regulan el descuento por concepto de aportes a salud.
La citada entidad interpuso recurso
de súplica contra la anterior decisión, argumentando que la demanda de revisión
fue presentada en término. En su criterio, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
sí resulta aplicable, pues, a pesar de que el fallo cuestionado no reconoce en
estricto sentido una prestación periódica, ordenó reducir el descuento
destinado al pago de aportes a salud, desconociendo el monto legal y ocasionando
que la diferencia fuera asumida, mensualmente, por el sistema de pensiones. Por
consiguiente, al configurarse el escenario exigido por la norma, debía
aplicarse el término de caducidad de cinco años.
Finalmente, a través de auto del
3 de mayo de 2018, la Sala
de Oralidad A
del Tribunal confirmó la decisión de rechazo al estimar que la misma fue
acertada, pues, al haberse invocado la causal de revisión contemplada en el
numeral 7º del artículo 250 del CPACA, el término de caducidad es de un año,
según el artículo 251 del mismo estatuto. En esa medida, no resulta aplicable
el plazo de cinco años, previsto, exclusivamente, para casos en los que se
alega alguna de las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
8.3. Ateniendo a lo expuesto, la Corte estima que el
Tribunal Administrativo del Atlántico no incurrió en defecto sustantivo al
rechazar el recurso extraordinario de revisión, en tanto no cometió un error relacionado con
la interpretación o aplicación de disposiciones normativas. De hecho, el estudio sobre
la admisibilidad se basó en el principio de congruencia, en virtud del cual “el
juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y
excepciones”[64].
Como ya se dijo, la entidad invocó la
causal de revisión contemplada en el numeral 7º del artículo 250 del CPACA,
por lo cual no resulta reprochable, ni violatorio del derecho al debido proceso,
que el auto de rechazo hubiera aplicado el término de caducidad de un año,
previsto en el artículo 251 para dicho supuesto.
En
esta línea, conviene resaltar que, de conformidad con el artículo 252
del CPACA[65],
la procedencia del recurso extraordinario de revisión se encuentra supeditada a
la configuración de alguna de las causales consagradas en la ley. Por ende, la
parte interesada debe cumplir con la carga procesal consistente en indicar con
precisión cuál es la causal que sustenta su pretensión y los hechos que la estructuran,
sin que pueda exigírsele al juez que se pronuncie sobre la admisibilidad con
fundamento en un supuesto normativo que no fue invocado por el demandante.
En este caso, como la UGPP interpuso el
recurso de revisión con base en la causal contemplada en el numeral 7º del
artículo 250 del CPACA, no resultaba exigible al Tribunal demandado que
examinara su procedencia con base en el término de caducidad establecido para
las causales contempladas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como se
pretende ordenar vía amparo constitucional.
8.4. Cabe agregar que, según el
artículo 246 del CPACA, la súplica procede contra el auto que rechaza un
recurso extraordinario. Sobre la viabilidad de dicho medio
impugnatorio, el Consejo de Estado ha resaltado que el recurrente debe expresar
los motivos de inconformidad respecto de la providencia cuestionada proferida
por el ponente[66],
lo
cual descarta la posibilidad de que la súplica sea empleada para corregir
posibles errores de defensa o introducir elementos de juicio que no fueron incorporados
en el recurso primigenio.
En el asunto objeto de estudio, la Sala
advierte que aunque la UGPP presentó recurso de súplica contra el auto del 1º
de febrero de 2018, mediante el cual una magistrada del Tribunal Administrativo
del Atlántico rechazó el recurso de revisión, lo cierto es que la
entidad empleó esta oportunidad procesal con una finalidad distinta a
cuestionar dicha decisión, pues el memorial presentado estuvo orientado a
demostrar que el fallo del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla se subsumía en una de las hipótesis previstas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003,
asunto que no fue desarrollado en la demanda de revisión en la que se invocó únicamente
la causal contemplada en el numeral 7º del artículo 250 del CPACA.
8.5. De otra parte, en criterio de esta
Corte, tampoco se configuró el defecto procedimental absoluto, ya que, como se
expuso en la parte considerativa de esta providencia, dicho yerro se presenta
cuando la autoridad judicial sigue un trámite ajeno al pertinente u
omite etapas o fases sustanciales del procedimiento y, en esta oportunidad, la
actuación del Tribunal se ciñó a aquel establecido en el artículo 253 del CPACA[67].
Concretamente, la norma en cita dispone que, una vez presentado el recurso, el
juez de revisión debe pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, etapa que
se surtió en debida forma.
Ahora bien, en ambos recursos la UGPP refiere
que, de acuerdo con la Sentencia SU-427 de 2016, puede “presentar acciones
de revisión, incluso luego de vencido el plazo de los cinco años de caducidad
(…), pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013”[68].
Sobre el particular, conviene precisar que, en dicho fallo, la Sala Plena de
esta Corporación unificó su jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
“(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de
revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de
cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un
abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco
años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de
2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos
que tenía a cargo Cajanal”. (énfasis añadido)
En atención a la cita transcrita, debe
entenderse que la habilitación en comento se circunscribe a aquellos casos
relacionados con el supuesto de abuso del derecho, cuya estructuración requiere
de (i) una vinculación precaria y (ii) un incremento excesivo en la mesada
pensional[69],
aspectos que no fueron demostrados en ninguna oportunidad por la UGPP y que tampoco
se configuran. Lo anterior, por cuanto, la señora Ana Vicenta de
los Reyes de Escorcia se desempeñó durante 28 años como docente vinculada a la
Secretaría del Departamento del Atlántico y en ningún momento ha obtenido un
incremento protuberante en la prestación, según se observa en el historial de
pagos aportado al proceso[70].
Incluso, si el plazo para promover el
recurso de revisión se contara desde el 12 de junio de 2013, no cabría decir que
el mismo vencía en junio de 2018, pues el término de cinco años aplica a supuestos
que no fueron señalados en la demanda de revisión –causales del artículo
20 de la Ley 797 de 2003. De hecho, la entidad se refirió al numeral 7º del
artículo 250 del CPACA, cuya caducidad es de un año. En esa medida, aunque se
hubiera extendido la habilitación establecida en la Sentencia SU-427 de 2016, la
oportunidad procesal habría expirado el 12 de junio de 2014.
8.6. Así las cosas, la Corte concluye
que, al
rechazar el recurso extraordinario de revisión, el Tribunal Administrativo del
Atlántico –Sala de Oralidad A–  no incurrió en ninguno de los defectos alegados
y, por lo tanto, su actuación no lesionó los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la entidad accionante.
Por
lo anterior, habrá de ser revocada la sentencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 29 de abril de 2019, en la que se decidió confirmar la
decisión del 14 de febrero de 2019 adoptada por la Sección Quinta de dicha
Corporación, en el sentido de declarar improcedente el amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez para, en su lugar, negar la acción
de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de
la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de abril de 2019, en la que se resolvió
confirmar la decisión del 14 de febrero de 2019 adoptada por la Sección Quinta
de dicho Tribunal, en el sentido de declarar improcedente la
acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, NEGAR
el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, LÍBRESE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 1. En adelante,
siempre que se haga mención a un folio del expediente, se entenderá que hace
parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo
contrario.
[2] Folio 2.
[3] Ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Folio 37.
[6] La norma en cita
dispone que: “El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, estará constituido por los siguientes
recursos: (…) El 5% de cada mesada
pensional que pague el Fondo incluidas las mesadas adicionales, como aporte de
los pensionados”.
[7] Folio 37.
[8] Folio 82.
[9] Folio 41.
[10] Folio 50.
[11] Folios 53 a 60, cuaderno de
revisión.
[12] “(…) La
cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del
12% del ingreso de la respectiva mesada pensional”.
[13] Se refirió a las
sentencias mencionadas en el numeral anterior.
[14] Ley 1437 de 2011, “Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
[15] Folio 57, cuaderno de revisión.
[16] “Artículo 251.
Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. // En los casos
contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá
interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare. // En el caso del numeral 7, el
recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los
motivos que dan lugar al recurso. // En los casos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en
los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir
del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”. (énfasis
añadido)
[17] Folios 58 y 59.
[18] “Artículo 20.
Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado
o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el
reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial. // La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para
el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá
solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
// b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
[19] Folios 62 a 65, cuaderno de
revisión.
[20] Folios 60 a 63.
[21] Folio 30. Subsidiariamente,
solicita que se deje sin efectos la sentencia del Juzgado y la Resolución No.
017896 de 2013, por medio de la cual se dio cumplimiento a la misma.
[22] En el escrito de tutela (folio
16) se indica: “el Tribunal Administrativo del Atlántico (…) se
aparta de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto RECHAZO por
caducidad el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto contra la sentencia
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla de fecha 16 de
diciembre de 2010 toda vez que desconoció la facultad otorgada por la Ley a
la Unidad para interponer el precitado recurso, así mismo que la orden impone
un reconocimiento que proviene de fondos de naturaleza pública lo que faculta a
esta Unidad para interposición del Recurso de Revisión de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues el reintegro de los descuentos a salud
constituye un pago que viene de fondos públicos ya que son dineros que fueron
transferidos a las entidades prestadoras de salud y que ahora con la orden del
Despacho Judicial serán necesario reintegrar, si se tiene en cuenta que esta
causal se configura cuando (…) [l]a autoridad judicial respectiva
desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables (…) ya sea por su
inadvertencia, por aplicación indebida, por error grave en su interpretación o
por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de una norma” (sic).
[23] Folio 15.
[24] Folio 75.
[25] Folios 81 y 82.
[26] Folio 82.
[27] Folios 84 a 86.
[28] No se refirió a ninguno en
particular.
[29] Folios 88 a 96.
[30] Folio 93.
[31] Folios 101 a 135.
[32] Folio 104.
[33] Como sustento, se
refirió a las Sentencias T-546 de 2014, T-581 de 2015, SU-631 de 2017 y T-034
de 2018.
[34] Folios 159 y 160.
[35] Folio 160.
[36] Folios 32 a 38.
[37] Folios 39 a 42.
[38] Folios 43 a 50.
[39] Folios 58 y 59.
[40] Folios 60 a 63.
[41] Folios 64 y 65.
[42] Folios 53 a 60,
cuaderno de revisión.
[43] Folios 62 a 65,
cuaderno de revisión.
[44] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[45] En aquella
oportunidad, se advirtió que: “[l]a acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales. // Se comprende, en consecuencia, que
cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando
ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del
artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”.
[46] Ibídem.
[47] Al respecto, en la
Sentencia T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó que: “(…) la
acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión
judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone
a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva
como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[48] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[49] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[50] Este Tribunal ha considerado que
“una persona jurídica tiene derecho a la igualdad, a la inviolabilidad de
domicilio, petición, debido proceso, libertad de asociación, acceso a la
administración de justicia y el derecho al buen nombre, sin que esta enunciación
pretenda ser exhaustiva”. Ver Sentencia T-317 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[51] El poder otorgado por la
Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social obra a folio 66.
[52] “Artículo 64.
Continuidad de actividades de Cajanal EICE en liquidación. Cajanal EICE en
liquidación continuará realizando las actividades de que trata el artículo 3o
del Decreto 2196 de 2009 hasta tanto estas funciones sean asumidas por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a más tardar el 1o de diciembre de
2012. Para garantizar la continuidad de los procesos que le deben ser
transferidos de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o del Decreto 2040 de
2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, efectuará especial seguimiento a
los contratos de administración u operación suscritos o que suscriba Cajanal
EICE para desarrollar las actividades del artículo 3o del Decreto 2196 de
2009”.
[53] El artículo 1º del Decreto 877 de
2013 dispone lo siguiente: “Prórroga. Prorrogar hasta el día once (11) de
junio de 2013, el plazo dispuesto para la liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación, establecido en el artículo 1° del
Decreto número 2196 de 2009, prorrogado mediante el artículo 1° de los Decretos
números 2040 de 2011, 1229 y 2776 de 2012”.
[54] “Artículo 68.
Sucesión procesal. Fallecido un litigante o declarado ausente o en
interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de
bienes, los herederos o el correspondiente curador. // Si en el curso del
proceso sobreviene la extinción, fusión o escisión de alguna persona jurídica
que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer
para que se les reconozca tal carácter. En todo caso la sentencia producirá
efectos respecto de ellos aunque no concurran. // El adquirente a cualquier título
de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del
anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte
contraria lo acepte expresamente. // Las controversias que se susciten con
ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código
Civil se decidirán como incidente.”
[55] Sentencias T-060 de 2016, M.P.
Alejandro Linares Cantillo y T-034 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[56] Sentencias T-546 de 2014, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, T-835 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y
T-581 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[57] T-034 de 2018, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[58] Ibídem.
[59] Folio 95.
[60] “Artículo 246.
Súplica. El recurso de súplica procede contra los autos que por su
naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de
la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También
procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso
extraordinario. // Este recurso deberá interponerse dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala
de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda. //
El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos
(2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el
Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno
al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la
Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso
alguno”. (énfasis añadido)
[61] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[62] Caracterización
efectuada tomando como referencia las Sentencias SU-448 de 2011, M.P. Mauricio
González Cuervo; SU-427 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-321 de
2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y SU-479 de 2019, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[63] Caracterización
efectuada tomando como referencia las Sentencias T-160 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-643 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y
T-119 de 2019, Antonio José Lizarazo Ocampo.
[64] Sentencia T-455 de 2016, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[65] “Artículo 252.
Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse
mediante escrito que deberá contener:
1.
La designación de las partes y sus representantes. // 2. Nombre y domicilio del
recurrente. // 3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento. //
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada. // Con el recurso
se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que
el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer”. (énfasis
añadido)
[66] Consejo de Estado –Sala de lo
Contencioso Administrativo–, Sección Segunda, sentencia del 15 de febrero de
2018, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
[67] “Artículo 253. Trámite. Admitido el recurso,
ese auto se notificará personalmente a la contraparte y al Ministerio Público,
para que lo contesten, si a bien tienen, y pidan pruebas, dentro del término de
diez (10) días”.
[68] Folios 59 y 64,
cuaderno de revisión.
[69] Sentencias SU-631 de 2017, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; y SU-115 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[70] Folios 64 y 65.