T-174-00
Sentencia T-174/00
Sentencia T-174/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
JUEZ DE TUTELA-Decreto de pruebas
VIDA DIGNA DE
TRABAJADOR-Regla general
de no contar con entradas distintas del salario
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer obligaciones laborales
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios
Referencia:
expediente T-254978
Acción de tutela
instaurada por Ana del Cristo Portacio Mercado, Irma Espitaleta Araujo y José
Enrique Herrera Jiménez contra el Municipio de Planeta Rica.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Santa Fe de Bogotá, D.C., veinticuatro (24)
de febrero de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
que pone fin al proceso de revisión del
fallo adoptado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica -Córdoba- el
seis (6) de septiembre de 1999, al resolver sobre la acción de tutela
instaurada por Ana del Cristo Portacio Mercado, Irma Espitaleta Araujo y José
Enrique Herrera Jiménez contra el Municipio de Planeta Rica.
I. ANTECEDENTES
Ana del Cristo Portacio Mercado, José
Enrique Herrera Jiménez e Irma Espitaleta Araujo incoaron  acción de tutela
contra el Municipio de Planeta Rica, representado legalmente por Rafael Márquez
Hernández, por la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la
igualdad, el trabajo y el pago oportuno de salarios.
Informan los peticionarios, quienes
trabajan al servicio del ente territorial demandado, que la Administración
Municipal no les ha cancelado los salarios desde el mes de marzo de 1999,
vulnerando sus derechos fundamentales, toda vez que no cuentan con más recursos
para el sustento de sus familias. Solicitan que se les cancele lo adeudado, tal
y como ha sucedido con los pensionados, a quienes se les ha pagado
oportunamente sus mesadas. Aducen que son conscientes de la crisis financiera
de la entidad demandada para el cumplimiento de sus obligaciones, pero
consideran que ésta puede ir cumpliendo en la medida en que recaude los
diferentes recursos.
II. SENTENCIA
OBJETO DE REVISIÓN
El Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta
Rica, en providencia del seis (6) de septiembre de 1999, resolvió denegar el
amparo solicitado, argumentando que si bien la tutela excepcionalmente procede
para el pago de acreencias laborales, en el caso bajo estudio no se determinó
que el salario fuera el único ingreso con el que cuentan los peticionarios para
su subsistencia. De igual forma, consideró que no se vulneró el derecho a la
igualdad respecto al pago de las mesadas pensionales a los jubilados, por
cuanto se logró determinar que estos pagos se han realizado mediante tutela.
Así mismo hizo hincapié en la crisis
económica del Municipio, la cual le impide cumplir con las obligaciones
contraidas. Pese a lo anterior, la providencia exhorta al Alcalde para que
acelere las diligencias para la recepción de los dineros que permitan atender
las necesidades de funcionamiento del Municipio.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Justificación excepcional para la
viabilidad de la acción de tutela para el reclamo de acreencias laborales
En sentido general, esta Corporación ha
sido enfática al señalar que la tutela no es el medio idóneo para obtener el
pago de acreencias laborales, toda vez que los conflictos correspondientes
pueden ser resueltos a través de otro medio de defensa judicial, a cargo de la
justicia ordinaria. Sin embargo, la doctrina constitucional, con base en una
interpretación sistemática de las normas constitucionales y con miras a la
efectiva protección de derechos fundamentales prevalentes y a la eficacia del
Derecho sustancial, ha fijado ciertas excepciones, teniendo en cuenta las
características especiales de cada caso, como cuando dicha omisión afecta
directamente el mínimo vital del trabajador, al no contar con otro medio de
subsistencia para suplir sus necesidades básicas y las de su familia.
En el presente caso, como el juez de tutela
decidió negar el amparo, sin decretar ni practicar pruebas, alegando que no se
demostró por parte de los peticionarios que el salario constituyera su única
forma de subsistencia.
Al respecto, debe anotar la Corte que, de
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela goza de amplias
facultades con miras a establecer la verdad de los acontecimientos que se
llevan a su análisis y las verdaderas circunstancias del caso controvertido. A
juicio de la Corte, el juez debe utilizar esas posibilidades para asegurar así
la inmediación que requiere con el objeto de acertar en su fallo. Si no lo
hace, corre el riesgo de dejar desprotegidos derechos fundamentales que merecen
protección o de obrar, por el contrario, con tal precipitud que ampare
situaciones que no requieren la intervención judicial o respecto de las cuales
ella no cabe.
Si el juez en este caso tenía dudas acerca
de si en efecto estaba afectado el mínimo vital de los accionantes, ha debido
decretar las pertinentes pruebas sobre las fuentes de ingreso de aquéllos. Al
denegar la tutela pretendiendo que han debido acreditar su necesidad desde la
presentación de la demanda -lo que no exigen la Constitución ni la ley-, ha
resuelto fundado en una presunción en contra de la parte más débil en la
relación laboral y bien puede haber propiciado que se sigan vulnerando sus
derechos básicos, siendo, como es, la regla general, la de que en los niveles
de trabajo a los que pertenecen, no cuentan con entradas distintas de su
salario para mantener una vida digna.
Para la Corte, ya que no fueron practicadas
pruebas, al fallar debió apelarse a la buena fe de los actores, ante la
ausencia de elementos probatorios para desvirtuar su afirmación. Además, el
fallo que se revisa negó la tutela amparándose en la grave crisis económica que
atraviesa la entidad territorial demandada, criterio que no comparte esta Sala,
pues jurisprudencialmente en varias oportunidades esta Corporación ha señalado
que la iliquidez de los entes públicos o privados no se puede tomar como
disculpa para eludir el pago de los salarios, más aún si se tiene en cuenta que
el derecho al pago oportuno de la remuneración constituye un derecho de
aplicación inmediata destinado a suplir el mínimo vital de las personas.
En el presente caso, el incumplimiento del
pago de los salarios por parte del empleador, que ha sido prolongado y se
presume por ello que afecta el mínimo vital de los trabajadores, se ha traducido
en la vulneración de los derechos fundamentales de aquéllos al trabajo y a la
vida en condiciones dignas y justas.
Se revocará la decisión de instancia y se
concederá la tutela.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el Fallo proferido
por el Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica, el 6 de septiembre de
1999, al resolver sobre la acción de tutela incoada por Ana del Cristo Portacio
Mercado, José Enrique Herrera Jiménez e Irma Espitaleta Araujo y, en
consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada.
Segundo. ORDENAR al Alcalde del
Municipio de Planeta Rica que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes  a la notificación de esta providencia, cancele la totalidad de los
salarios adeudados a los peticionarios, siempre y cuando cuente con la debida
disponibilidad presupuestal. En caso contrario, dentro del mismo término deberá
iniciar las gestiones pertinentes que le permitan cumplir lo aquí ordenado, a
más tardar en un plazo de tres (3) meses. De todo lo anterior, informará al
juzgado de instancia, bajo el apremio de las sanciones legales por desacato.
Tercero. Por Secretaria, LÍBRESE
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta del la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General