C-815-01
Sentencia C-833/01
Sentencia C-815/01
SERVICIO PUBLICO
DE TELECOMUNICACIONES-Ambito
de regulación
El ámbito de
regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones es mucho más amplio,
y por consiguiente admite una mayor intervención del Estado, que aquel que se
predica de las actividades  que se desenvuelven, pura y simplemente en la
esfera de la libertad económica. En la medida en que se trata de la prestación
de un servicio público que se desarrolla a través de un bien que, como el
espectro electromagnético, es de uso público, esa regulación no se mueve en el
ámbito de la libre empresa y la competencia sino que tiene que ver, de un lado,
con el deber que tiene el Estado de organizar y asegurar la prestación regular,
continua y eficiente de los servicios y funciones a su cargo, y de otro, con la
especialidad del régimen para la gestión de los bienes de uso público.
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Concepto
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Bien
público
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Relación
con servicios de telecomunicaciones
SERVICIO PUBLICO
DE TELECOMUNICACIONES-Delegación
en particulares de prestación y deber de intervención del Estado
SERVICIO PUBLICO-Prestación que comporta utilizar bien
público
SERVICIO PUBLICO
POR PARTICULAR-Prestación/CONTRATO
DE CONCESION DE SERVICIO PUBLICO-Sujeción a principios de la función
pública/SERVICIO PUBLICO POR PARTICULAR-Sujeción a principios de la
función pública
CONTRATO DE
CONCESION-Bienes y
servicios públicos/CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIO PUBLICO-Campo de la
función pública y no de libertad económica
CONTRATACION
ADMINISTRATIVA-Establecimiento
de prohibiciones
CONTRATACION
ADMINISTRATIVA-Prohibiciones
no implican limitación de libertad económica
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN ACCESO AL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Alcance
Cuando
la ley contemple que para la prestación de un servicio público de
telecomunicaciones concurran particulares, debe el Estado permitir el acceso a
todos los posibles interesados que reúnan las condiciones de idoneidad técnica,
económica y financiera que permitan asegurar la óptima ejecución del objeto de
la concesión que se pretende adjudicar.
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Límites a libertad de concurrencia u oposición/IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES EN CONTRATO DE CONCESION-Límites a libertad de
concurrencia u oposición
El
derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado en la contratación de la
administración pública, como en el caso del contrato de concesión, se plasma en
el derecho a la libre concurrencia u oposición, por virtud del cual, se
garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles
proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la
administración. Sin embargo, la libertad de concurrencia admite excepciones que
pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la
idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y
financieras del contratista. Dichas limitaciones deben ser fijadas por el
legislador, con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad,
dentro del ámbito de regulación propio de la actividad que va a ser objeto de
concesión. Otra modalidad de limitación de la libertad de concurrencia se
deriva de la posibilidad que tiene el Estado  para establecer inhabilidades e
incompatibilidades en el ámbito de la contratación estatal.
CONTRATO DE
CONCESION DE SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES-Establecimiento por el Estado de límites bajo
modalidad de prohibiciones
Es
posible que el Estado, al regular las condiciones para la concesión de un
determinado servicio de telecomunicaciones, establezca limitaciones, bajo la
modalidad de prohibiciones que restrinjan el acceso a determinados agentes
económicos y que se deriven o de la naturaleza de bien público del espectro
electromagnético o de la condición de servicio público que la ley atribuye a
los servicios de telecomunicaciones, o, en fin de la necesidad de promover la
libre competencia.
LIBRE
COMPETENCIA ECONOMICA-Alcance
La libre
competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios, en un marco
normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores
empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo
el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas
restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita.
LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-Armonización con la función social/LIBRE
COMPETENCIA ECONOMICA-Concepción social del mercado
Se reconoce
y garantiza la libre competencia económica como expresión de la libre
iniciativa privada en aras de obtener un beneficio o ganancia por el desarrollo
y explotación de una actividad económica. No obstante, los cánones y mandatos
del Estado Social imponen la obligación de armonizar dicha libertad con la
función social que le es propia, es decir, es obligación de los empresarios
estarse al fin social y a los límites del bien común que acompañan el ejercicio
de la citada libertad. Bajo estas consideraciones se concibe a la libre
competencia económica, como un derecho individual y a la vez colectivo, cuya
finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que
permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que
genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad,
con mayores garantías y a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo
una concepción social del mercado, no actúa sólo como garante de los derechos
económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que
se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades.
LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-Promoción de pluralidad de oferentes
La
protección a la libre competencia económica tiene también como objeto, la
competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la
relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia
de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre
elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de
monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de
posiciones dominantes que produzcan  distorsiones en el sistema económico
competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el
colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.
LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-Restricciones legislativas
LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-Límites
TELEFONIA MOVIL CELULAR-Incompatibilidad para concesionarios y accionistas/SERVICIOS
DE COMUNICACION PERSONAL-Prohibición de obtener concesiones y participación
como accionistas/SERVICIOS DE COMUNICACION PERSONAL-Prohibición de
obtener concesiones y participación como accionistas
TELEFONIA MOVIL CELULAR-Concepto
SERVICIOS DE COMUNICACION PERSONAL-Concepto
TELEFONIA MOVIL CELULAR Y SERVICIOS DE COMUNICACION
PERSONAL-Servicios
sujetos a la intervención del Estado
Ambos son
servicios que se prestan dentro del sector de las telecomunicaciones y que, no
obstante que pueden presentar diferencias significativas, se desarrollan
alrededor del mercado de la telecomunicación móvil y tienen como elemento
fundamental el espacio radioeléctrico asignado por el Estado.
Independientemente de quien preste los servicios, ya sea una entidad de naturaleza
pública, mixta o un particular por concesión (como en el caso de PCS y TMC), el
Estado mantendrá la regulación, control y vigilancia en su desarrollo,
circunstancia por la cual, puede intervenir con la finalidad de promover la
productividad, la eficiencia y la competitividad, o para racionalizar la
economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, o para evitar las
prácticas monopolísticas en el mercado.
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Determinación de condiciones por el Estado para
utilización y prestación
Es el Estado
quien en desarrollo de la titularidad del espectro electromagnético determina
las condiciones para su utilización y prestación, ya sea de manera directa o
indirecta (concesión), siendo titular de las potestades de control y vigilancia
para garantizar a la comunidad la prestación regular, continua y eficiente del
servicio, y de intervención en aras de alcanzar los objetivos que la
Constitución impone.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SERVICIO
PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES-Ambito determinado
En
materia de telecomunicaciones, la potestad de configuración del legislador se
encuentra determinada por la naturaleza propia del espectro electromagnético,
por la condición de servicio público que la ley atribuye a las telecomunicaciones
y  por el ambito de regulación propio de la contratación estatal.
LIBRE
COMPETENCIA ECONOMICA-Ambito
determinado por legislador/LIBRE COMPETENCIA ECONOMICA-Límites y
restricciones que no vulneren la igualdad
SERVICIOS DE
COMUNICACION PERSONAL-Límites
y prohibiciones para participar en licitación, obtener concesiones y ser
accionista
SERVICIOS DE
COMUNICACION PERSONAL-Incompatibilidades
que actúan como límites del derecho de concurrencia
SERVICIOS DE
COMUNICACION PERSONAL-Incompatibilidades
por desigualdad de condiciones entre sujetos
CONTRATO DE CONCESION DE
SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES-Desigualdad de condiciones entre concesionarios y quienes no lo son/ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Desigualdad de condiciones entre quienes disponen de acceso y quienes
no
PROCESO DE
LICITACION EN SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES-Igualdad de condiciones de participantes
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Igualdad
de condiciones de participantes en proceso licitatorio/ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Condiciones entre quienes tienen acceso y quienes no
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Garantía
de pluralismo para evitar concentración monopolística en acceso
LIBRE
COMPETENCIA ECONOMICA-Límites
para la preservación
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Promoción
para garantizar una competencia suficiente en acceso
TELECOMUNICACION
MOVIL-Preservación de
competencia/ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-Garantía para evitar prácticas
monopolísticas en acceso
SERVICIOS DE
COMUNICACION PERSONAL-Restricciones
al proceso inicial de concesión
PROCESO DE
LICITACION EN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL-Prohibición de operadores, empresas y accionistas de
TMC y Trunking/PROCESO DE LICITACION EN SERVICIOS DE COMUNICACION PERSONAL-Impedimento
de participación
CONCESIONARIOS
DE SERVICIOS DE COMUNICACION PERSONAL-Restricción temporal de participación en el mercado
accionario
Referencia:
expediente D- 3367
Demanda de
inconstitucionalidad contra el literal b) del artículo 11 de la Ley 555 de
febrero de 2000.
Actor: José Antonio Lloreda Camacho.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL.
Bogotá, D.C., dos
(2) de agosto de dos mil uno (2001).
I.
ANTECEDENTES
El ciudadano
José Antonio Lloreda Camacho, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, demandó la inexequibilidad del literal b) del artículo 11 de la Ley
555 de febrero de 2000.
Mediante auto
del 30 de enero de 2001, la entonces magistrada sustanciadora Cristina Pardo
Schlesinger admitió la demanda y dio traslado al señor Procurador General de la
Nación para lo de su competencia.
Una vez
cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el
decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II.
TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe, subrayando lo
acusado, el texto de la disposición objeto de proceso, según aparece publicada
en el Diario Oficial N° 43.883 de febrero 7 de 2000:
"LEY 555 DE 2000
(febrero 2)
Por la cual se
regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS  y se dictan otras
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 11.
Concesiones iniciales. Inicialmente se otorgará una
concesión para la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS, en
cada una de las áreas Oriental, Occidental y Costa Atlántica, las cuales
corresponden a las establecidas para la prestación de telefonía móvil celular en
la Ley 37 de 1993 y sus reglamentos. De esta manera, la asignación de
frecuencias se hará de forma que atienda esta división especial del territorio
nacional.
En todo caso, se
observarán las siguientes reglas:
a)        (…)
b) Los
concesionarios de telefonía móvil celular, TMC, los operadores nacionales de
trunking, sus empresas filiales, matrices, subordinadas; los accionistas de los
concesionarios de TMC, los accionistas de los operadores nacionales de
trunking, que tengan una participación individual o conjuntamente de más del
30% y las empresas matrices, filiales o subordinadas de dichos accionistas no
podrán:
Participar en
el proceso de licitación, ni obtener concesiones de PCS en ninguna de las áreas
de prestación de PCS.
Ser accionista
de los concesionarios de servicios PCS, durante los primeros tres años de
concesión para la prestación de los servicios PCS, contados a partir del
perfeccionamiento del primer contrato;
c)        (…).”
III.    LA DEMANDA
1.  Normas constitucionales que se consideran infringidas
Estima el actor que la disposición acusada es
violatoria de los artículos 13, 75 y 333 de la Constitución Política de
Colombia.
2.      Fundamentos
de la demanda
Para el actor, el legislador adoptó medidas
discriminatorias contra los concesionarios de telefonía móvil celular (en
adelante TMC), los operadores nacionales de trunking, sus empresas filiales,
matrices, subordinadas; los accionistas de los concesionarios de TMC, los
accionistas de los operadores nacionales de trunking, que tengan una participación
individual o conjuntamente de más del 30% y las empresas matrices, filiales o
subordinadas de dichos accionistas, en cuanto prohibe su participación en el
proceso de licitación del servicio PCS, así como, en la obtención de
concesiones y en la posibilidad de ser accionistas de los concesionarios de
PCS.
Precisa el actor que la citada discriminación afecta
el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro
electromagnético, y el derecho a la libre competencia económica.
2.1.   Frente al derecho a la igualdad señala que
debe ser entendido en su doble connotación, como igualdad formal, es decir,
aquella que opera frente a la ley, y como igualdad material, la que vincula al
Estado en la obligación de promover medidas tendientes a que este derecho sea
real y efectivo.
Expresa que jurisprudencialmente se ha elaborado la
noción de igualdad de oportunidades, según la cual, las personas que se
encuentran en una misma situación deben ser tratadas de idéntica manera,
generando entonces que, quienes se encuentran en hipótesis diversas han de ser
objeto de decisiones diferentes.
Apoya sus consideraciones en apartes de la sentencia
T-624 de 1995, en la que la Corte expresó que “[s]in
desconocer las reales e inmodificables condiciones de desequilibrio fáctico,
social y económico en medio de las cuales se desenvuelve la sociedad, exige de
la autoridad un comportamiento objetivo e imparcial en cuya virtud, en lo que
respecta a las condiciones y requisitos que ellas pueden fijar, otorguen las mismas
prerrogativas y posibilidades a todos aquellos que tienen una determinada
aspiración.”
Manifiesta el actor que para establecer la
constitucionalidad de una desigualdad de trato es necesario acudir al test de
razonabilidad recogido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-022 de
1996, y conforme al cual, para tal efecto, es necesario realizar n análisis en
tres pasos.
Agrega que el primer paso consiste en mirar, si el
acto persigue un objetivo constitucionalmente permitido, para lo cual presenta una
transcripción de un aparte de la ponencia del proyecto de ley en el cual se
expresa que la finalidad de la medida adoptada es la promoción de la
competencia.
Afirma que el objetivo perseguido por la disposición
es constitucional. No obstante, considera que lo inconstitucional es el
mecanismo utilizado para lograrlo, porque si bien -expresa el actor- los
artículos 75 y 333 de la Constitución Política le permiten al Estado intervenir
para evitar prácticas monopolísticas y evitar el abuso de la posición dominante,
estas facultades sólo se pueden ejercer cuando se compruebe que efectivamente
se esta abusando de una posición, pero no antes de haber tenido la oportunidad
de licitar para demostrar que sus servicios optimizarían los gustos del
consumidor  y mejorarían su prestación.
El segundo paso se centra en analizar, si el acto es
adecuado para lograr el objetivo perseguido, es decir, si es eficaz. Expresa el
actor, que la eficacia de la promoción de la competencia se valora en el
beneficio que obtienen los usuarios de ella.
Para el actor, un real provecho lo obtienen los
usuarios cuando estos adquieren servicios de mayor calidad a un mejor precio,
evento que, en su criterio, únicamente puede ocurrir cuando quien presta el
servicio goza de una estructura tecnológica suficiente para alcanzar economías
de escala, es decir, las que permiten ampliar la producción de un bien o
servicio logrando una reducción de costos. Siendo entonces el servicio de PCS
muy similar en tecnología al de TMC, y estando estas últimas compañías dotadas
de todas las herramientas suficientes para alcanzar en el mercado una eficaz
mejoría en precios y servicios, resulta absurdo pretender prohibir su
participación en la prestación del servicio de PCS.
El tercer paso consiste en examinar la medida
adoptada en función de la proporcionalidad entre las restricciones que impone y
los beneficios que se derivan de ella. Citando a Cesar Rodríguez expresa que “[l]a relación de proporcionalidad debe darse entre el beneficio
obtenido por las personas favorecidas por el acto acusado y el perjuicio
sufrido por quienes resultan desfavorecidos por la realización de ese acto” [1].
Señala el actor, que la restricción se hace
inconstitucional al analizar la proporcionalidad de la medida, puesto que       “[l]a norma demandada claramente favorece a un grupo mínimo de
posibles participantes, en detrimento del derecho de la igualdad, pero más
grave aún en detrimento de los futuros usuarios que sumarían cientos de miles
que no podrían favorecerse de las tarifas más baratas que los concesionarios de
TMC y Trunking podrían ofrecer. No hay pues proporción en el sacrificio del
derecho a la igualdad causado por la norma acusada frente a unos inexistentes
beneficios que se supone resultaría de impedir que los operadores de celulares
y de Trunking participen en el servicio de PCS”.
Para concluir su exposición sobre el derecho a la
igualdad, señala que la falta de oportunidad para la participación en la
licitación del servicio PCS, está vulnerando el núcleo esencial del derecho a
la igualdad de oportunidades, por la adopción de medidas irrazonables en
relación con los demás participantes.
2.2.
Frente al derecho a la libre competencia
económica, señala que la ley se encuentra facultada para intervenir y
restringir su alcance con la finalidad de crear y mantener mercados eficientes
y competitivos. No obstante, ninguna medida puede atentar contra el núcleo
esencial de la citada libertad, es decir, no puede limitar para ciertos
operadores el derecho hasta el punto de anularlo.
Finalmente afirma el actor, que la limitación
impuesta en la ley para participar en la prestación del servicio de PCS, no
esta restringiendo la capacidad de competir, al contrario, la prohíbe,
afectando así el núcleo esencial del derecho a la libre competencia.
IV.    INTERVENCIONES
1.      El ciudadano Lorenzo Villegas Carrasquilla, en nombre y representación
de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, presenta escrito
mediante el cual sustenta las razones por las que -a su juicio- el aparte
normativo acusado debe ser declarado constitucional.
Afirma el ciudadano, que la dirección general de la
economía se encuentra a cargo del Estado, el cual interviene mediante ley, con
la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas y promover por una
equitativa distribución de oportunidades.
Dicha intervención en materia de telecomunicaciones
se realiza de acuerdo con los artículos 75, 334 y 365 de la Constitución
Política; los cuales en términos generales promueven la igualdad de
oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagnético (en este caso:
espectro radioeléctrico) con miras a lograr una real competencia.
Señala el interviniente que la igualdad en el uso del
espectro, se expresa en que los competidores reciban iguales garantías,
derechos, instrumentos y medios de acción, y en general se les exija el mismo
nivel de responsabilidades.
Frente al test de igualdad, expresa el interviniente,
que en asuntos de naturaleza económica la Corte Constitucional le ha otorgado
un criterio débil de interpretación, para permitir un cierto grado de autonomía
al legislativo en el ejercicio de sus facultades reguladoras, reseña la
sentencia C-445 de 1995:
“ …Cuando el
Estado regula la actividad económica, el juicio de igualdad debe ser débil, y
por ende, son legítimas todas aquellas clasificaciones que puedan ser
simplemente adecuadas para alcanzar una finalidad permitida, esto es, no
prohibida por el ordenamiento constitucional….
….Es legítimo
aquel trato diferente que está ligado de manera sustantiva con la obtención de
una finalidad constitucionalmente importante. ”.
Estas afirmaciones llevan al interviniente a
concluir, que la restricción a los operadores de TMC y Trunking, no genera una
vulneración al derecho de igualdad de oportunidades, porque al ser PCS una
tecnología que ingresa a competir con las existentes, se logra que el mercado
tenga competidores diferentes garantizando el mandato constitucional de
permitir el uso del espectro electromagnético en distintas personas y a la vez
genera, un real beneficio para los consumidores al permitirles la posibilidad
de escoger entre distintas opciones.
Por último señala el interviniente que “[e]n la
medida en que las personas clasificadas por la disposición acusada ya tienen
acceso al espectro electromagnético y se benefician lucrativamente de éste, el
legislador, en la norma demandada, quiso darle la oportunidad a diferentes
sujetos y personas para que puedan desarrollar su actividad económica a partir
de la utilización de este bien escaso, de forma que se garantice la igualdad,
la libertad de empresa y la libre competencia económica, siendo esta finalidad
acorde con nuestra Carta Política, lo mismo que la forma en la que el
legislador quiere alcanzar esta finalidad ”.
2.      El ciudadano Francisco Florez, en nombre y representación del
Ministerio de Comunicaciones, presenta escrito mediante el cual sustenta las
razones por las que -a su juicio- el aparte normativo acusado debe ser
declarado constitucional.
Comienza el
interviniente señalando que el espíritu de la ley está encaminado a garantizar
el acceso al espectro electromagnético a otros operadores, y señala que la
restricción de participación a los actuales prestadores del servicio de TMC y
Trunking, proviene de la necesidad de tener en el mercado más operadores y así
permitir el ejercicio del derecho de libre elección de los usuarios.
Así mismo, se buscó
con esta norma, la creación de nuevas empresas, la posibilidad de involucrar
capitales nacionales y extranjeros, y en general, permitir un alto grado de
competencia.
Señala el
interviniente que el mandato del artículo 75 de la Constitución Política fija
la obligación estatal de permitir una igualdad de oportunidades en el acceso al
uso del espectro electromagnético, que – según el interviniente - se violaría
de haber permitido el ingreso de los operadores de TMC y Trunking.
Afirma que la
medida está destinada a dotar de pluralidad de competidores al mercado, y que
por lo mismo, la restricción es temporal, es decir, únicamente opera para las
concesiones iniciales, consistentes en permitir la pluralidad de operadores en
el mercado. Sostiene entonces que las concesiones posteriores admiten a
cualquier postulante sin restricción alguna.
Por último
considera que la norma no vulnera el derecho a la igualdad, porque precisamente
lo que persigue, es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al
espectro electromagnético, dentro de los límites del bien común, lo cual
redunda en beneficio de los usuarios, ya que una sana competencia, permite una
reducción de precios, una mejora en el servicio y una mejor atención al
cliente.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador
General de la Nación considera que, la norma debe ser declarada constitucional,
para lo cual transcribe las definiciones de los servicios de TMC y PCS
concluyendo que, ambos utilizan  necesariamente el espectro electromagnético y
sólo se diferencian en la diversidad tecnológica.
Considera que debe
interpretarse, si la norma demandada se ajusta al derecho de igualdad de
oportunidades, analizando la potencialidad, que el acceso al espectro por parte
de los operadores de PCS genere ventajas carentes de justificación.
Inicia precisando
que la valoración del test de igualdad en asuntos económicos debe ser débil,
para permitirle al legislador un espacio suficiente de configuración normativa,
destinado a realizar adecuadamente los fines impuestos por la Carta Política.
Trae a colación la sentencia C – 286 de 1998, en la cual la Corte expresa, -
según exposición del Procurador -, que son legítimas todas las distinciones que
sean adecuadas para alcanzar una finalidad admitida por la Constitución. Se
pregunta el Señor Procurador si el fin perseguido es admisible frente a la
norma Constitucional.
Expresa de acuerdo
a la transcripción de la exposición de motivos de la norma en cuestión, que la
intención del legislador fue la de darle, la oportunidad a nuevos operadores en
el acceso al servicio público de las telecomunicaciones y de ese modo
democratizar el espectro radioeléctrico.
Ello es así - afirma
– porque los sujetos cobijados con la prohibición, ya gozan de un amplio
mercado en el sector, de manera que no se limita el  acceso al uso del espectro
sino que, únicamente se previno la concentración de la prestación de este
servicio por un mismo operador, permitiendo evitar la consolidación de una
posición dominante y garantizando el derecho de los usuarios a la posibilidad
de elección.
Es más la misma ley - continua el procurador – prevé
un mecanismo similar dirigido a equilibrar el posicionamiento del mercado, al
prohibir a los operadores de PCS adquirir en un determinado límite el capital
social de los operadores de TMC, según el literal c) del artículo 11.
Es así como
concluye, que la norma demandada no desconoce el derecho de igualdad de oportunidades,
por el contrario, lo garantiza.
Por último
transcribe el artículo 333 de la Constitución Política para demostrar - afirma
el procurador -, que el control sobre la actividad económica que realiza el
Estado, le permite prohibir los acuerdos o prácticas que excluyan la
competencia, así como admite prohibir los monopolios, según el artículo 336 de
la Constitución.
VI.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Esta Corte es
competente para fallar de manera definitiva sobre la exequibilidad de la disposición
acusada, por formar parte de una ley de la República, según lo prescribe el
artículo 241-4 de la Carta Fundamental.
2.      La
materia sujeta a examen
El demandante solicita la declaratoria de
inexequibilidad del literal b) del artículo 11 de la Ley 555 de 2.000, por
estimar que la disposición afecta el derecho a la igualdad de oportunidades en
el acceso al espectro electromagnético y el derecho a la libre competencia
económica.
Afirma el demandante que las prohibiciones
impuestas por la norma demandada, consistentes en la restricción a los sujetos
allí calificados                (Compañías prestadoras de los servicios de TMC
y trunking, y algunos de sus accionistas) para participar en el proceso de
licitación del servicio de PCS, obtener concesiones del mismo, y ser
accionistas de los concesionarios del citado servicio por un término de tres
años, son inconstitucionales, porque aunque el objetivo buscado por la
disposición acusada es válido, no lo es el medio o mecanismo para lograrlo, ya
que resulta ineficaz para generar un real beneficio en el consumidor, y deviene
en desproporcionado al producir un detrimento irrazonable del derecho a la
igualdad frente a los supuestos beneficios que operan de la restricción.
El demandante sostiene que el núcleo esencial
del derecho a la libre competencia económica resulta vulnerado, toda vez que la
limitación impuesta no esta restringiendo la capacidad de competir sino
prohibiéndola.
El ciudadano Lorenzo Villegas
Carrasquilla, en nombre y representación de la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, estima que el aparte normativo acusado debe ser declarado
constitucional, porque la restricción que impone la ley está dirigida a
procurar la existencia de distintos competidores en la prestación del servicio
de la telefonía móvil, garantizando así el mandato constitucional de permitir
el uso del espectro electromagnético en distintas personas, y generando a la
vez un beneficio para los consumidores al otorgar distintas opciones para
escoger entre los prestadores del servicio, al ser PCS una tecnología que
ingresa a competir con las existentes.
El ciudadano Francisco Florez, en nombre y
representación del Ministerio de Comunicaciones, estima que el aparte normativo
acusado debe ser declarado constitucional, porque la restricción que impone la
ley está dirigida a procurar la existencia de varios operadores en la
prestación del servicio de la telefonía móvil, garantizando así el acceso
democrático al espectro electromagnético, y permitiendo el ejercicio del
derecho de libre elección de los usuarios. Estima que la disposición no vulnera
el derecho a la igualdad, siendo precisamente ese el objetivo que persigue al garantizar
la igualdad de oportunidades en el uso del espectro, lo cual redunda en
beneficio de los usuarios, ya que una sana competencia, logra una reducción de
precios, una mejora en el servicio y una mejor atención para cliente.
El
Ministerio Público, en su intervención, estima que la norma debe ser declarada
exequible ya que no vulnera el derecho a la igualdad, ello es así, porque los
sujetos cobijados con la prohibición, gozan de un amplio margen de
participación en el mercado, de manera que no se limita el acceso al uso del
espectro electromagnético sino que por el contrario se elude la concentración
en la prestación del servicio de telefonía móvil por un mismo operador, para
evitar la consolidación de una posición dominante y garantizar el derecho de los
usuarios a la posibilidad de elección, facultad que la Constitución le reconoce
al Estado en los artículos 75, 333 y 365.
3.       Consideraciones
de la Corte
3.1.
Ambito de regulación de los servicios de telecomunicaciones
El ámbito de regulación de los servicios públicos de
telecomunicaciones es mucho más amplio, y por consiguiente admite una mayor
intervención del Estado, que aquel que se predica de las actividades  que se
desenvuelven, pura y simplemente en la esfera de la libertad económica.
En la medida en que se trata de la
prestación de un servicio público que se desarrolla a través de un bien que,
como el espectro electromagnético, es de uso público, esa regulación no se
mueve en el ámbito de la libre empresa y la competencia sino que tiene que ver,
de un lado, con el deber que tiene el Estado de organizar y asegurar la
prestación regular, continua y eficiente de los servicios y funciones a su
cargo, y de otro, con la especialidad del régimen para la gestión de los bienes
de uso público.
3.1.1.  Del espectro electromagnético
Por espectro electromagnético se entiende “...[la] franja de espacio alrededor de la tierra a través de la
cual se desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes
sonoros o visuales. Su importancia reside en ser un bien con aptitud para
transportar información e imágenes a corta y larga distancia...” [2],
este espacio permite la expansión de las ondas hertzianas, mediante las cuales
se desarrolla la radiodifusión, la televisión y la prestación de los servicios
de telecomunicaciones.
El espectro electromagnético es un bien público que
forma parte del territorio colombiano y que es propiedad de la nación
(artículos 75, 101 y 102 de la Constitución), es imprescriptible, inenajenable
e inembargable, y se encuentra sujeto a la gestión y control del Estado. De
acuerdo con la Constitución, al uso del mismo tienen acceso los particulares,
en igualdad de condiciones, en los términos que fije la ley. Sin embargo, es
claro que para dicho acceso no se aplican, de manera absoluta, las reglas que
gobiernan el sistema de libre iniciativa, en la medida en que, por tratarse de
un bien de uso público, la gestión del espectro está sujeta a una especial
regulación por el Estado.
Por otra parte, el espectro electromagnético tiene
una relación de conexidad de carácter esencial con los servicios públicos
vinculados al desarrollo de las telecomunicaciones, como la telefonía móvil y
el servicio de comunicación personal (PCS), de tal modo que su consideración no
puede hacerse únicamente a la luz de las normas constitucionales que lo regulan
de modo específico, sino que es necesario enmarcar el análisis dentro del
concepto de servicio público y de las limitaciones que del mismo se derivan para
la iniciativa privada.
3.1.2.   Del servicio público de Telecomunicaciones
El concepto de servicio público aplicado a las
telecomunicaciones ha sido definido en numerosas disposiciones legales. Para el
caso objeto de estudio  el artículo 2 de la Ley 555 de 2000 define los
servicios de comunicación personal (PCS) como servicios públicos de
telecomunicaciones y lo propio se hace en el artículo 1 de la Ley 37 de 1993
respecto de los servicios de telefonía móvil celular (TMC).
De acuerdo con el artículo 365 de la Constitución
Política, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado y es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional. Para el efecto en el mismo artículo se
dispone que, no obstante que pueden ser prestados directa o indirectamente por
el Estado, o por comunidades organizadas o por particulares, el Estado
mantendrá, en todo caso, “...la regulación, el control
y la vigilancia de dichos servicios.”
Lo anterior comporta que cuando el Estado decide
delegar en particulares la prestación de un servicio público, si bien da paso a
la concurrencia de éstos en el ámbito de la libertad económica, tiene el deber
de intervenir de modo que tal concurrencia sea compatible con las finalidades
del servicio público. Sobre el particular la Corte en Sentencia C-616 de 2001,
dijo:
“Adicionalmente
la libertad económica permite también canalizar recursos privados, por la vía
del incentivo económico, hacia la promoción de concretos intereses colectivos y
la prestación de servicios públicos. En esa posibilidad se aprecia una opción,
acogida por el constituyente, para hacer compatibles los intereses privados,
que actúan como motor de la actividad económica, con la satisfacción de las
necesidades colectivas.
Por
ello el constituyente expresamente dispuso la posibilidad de la libre
concurrencia en los servicios públicos, los cuales pueden prestarse por el
Estado o por los particulares, cada uno en el ámbito que le es propio, el cual,
tratándose de estos últimos, no es otro que el de la libertad de empresa y la
libre competencia.
Sin embargo la Constitución ha previsto, para la
preservación de valores superiores, la posibilidad y la necesidad de que el
Estado ejerza labores de regulación, vigilancia y control, a través de una
serie de  instrumentos de intervención con los cuales se controlan y limitan
los abusos y deficiencias del mercado. Dicha intervención es mucho más intensa
precisamente cuando se abre la posibilidad de que a la prestación de los
servicios públicos concurran los particulares.”
3.1.3.   Concesión de servicios públicos
Para la prestación de los servicios públicos que
comporten la utilización de un bien de uso público el Estado puede optar por
distintas modalidades de administración y gestión, que es posible encuadrar o
en la gestión directa, cuando el propio Estado presta el servicio, o en la
gestión mixta, cuando para la prestación del servicio el Estado se asocia con
particulares o en la gestión indirecta, cuando el servicio se presta por
particulares.
La prestación de los servicios públicos por
particulares, a su vez, se realiza de acuerdo con las modalidades contractuales
que determina el legislador, dentro de las cuales es de común utilización en el
campo de las telecomunicaciones el contrato de concesión, cuyo objeto consiste
en “... otorgar a una persona llamada concesionario la
prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de
un servicio público, o la construcción, explotación, o conservación total o
parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como
todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o
funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y
bajo la vigilancia y control de la entidad concedente...”[3],
a cambio de una contraprestación que acuerden las partes. Al asumir los
particulares la prestación de un servicio público, quedan sometidos a los
principios que gobiernan las actuaciones de la Administración, ello es así,
porque ocupan el lugar de aquella y por lo tanto deben actuar con fundamento en
los pilares que gobiernan el desarrollo de las funciones públicas, es decir, de
acuerdo con los postulados de la igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad (artículo 209 de la Constitución).
Cuando el Estado opta por la gestión de los bienes de
uso público y de los servicios públicos a través del sistema de concesión, no
nos encontramos, en el punto de partida, en el campo de la libertad económica,
sino en el de la función pública, no sólo porque la titularidad de la actividad
es de naturaleza pública, sino también porque se trata de la satisfacción del
interés público, para lo cual el legislador puede establecer las condiciones y
limitaciones necesarias para el logro de sus fines competenciales.
Una modalidad de tales limitaciones está
en el señalamiento de inhabilidades e incompatibilidades que “... constituyen
prohibiciones que restringen la capacidad y la libertad de un contratista para
acceder a la contratación...”[4],
y que tienen como objeto preservar los principios de igualdad, moralidad e
imparcialidad, que conforme a la Constitución orientan la función
administrativa, y permitir que la actuación del Estado se enfoque en beneficio
de los intereses generales.
Las inhabilidades e incompatibilidades tienen su
fundamento en la facultad atribuida al legislador para establecer
prohibiciones, ya sea de carácter general en el estatuto general de la
contratación de la administración pública (inciso 2º numeral 25 del artículo
150 de la Constitución), o especiales, mediante la expedición de leyes que
rijan el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de servicios
públicos (numeral 23 del artículo 150 de la Carta Fundamental).
Dichas
prohibiciones no implican una limitación de la libertad económica tal como ha
sido señalado por la Corte en Sentencia C-415 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz):
“Observa la Corte, sin embargo, que si bien se
trata indudablemente de una limitación, el actor equivocadamente la interpreta
al ubicarla en el campo de la libertad económica. El legislador no pretende
mediante las disposiciones acusadas, introducir límites a la actividad
económica y a la iniciativa privada. Las normas forman parte del estatuto
general de contratación de la administración pública (Ley 80 de 1993), cuyo
objeto es regular este aspecto tan relevante de la actividad estatal. Regular
la función pública, en particular la contratación estatal, es enteramente
diferente de intervenir en la actividad económica y en la libre competencia.
Las limitaciones y restricciones que se
contienen en el citado estatuto, predicables de la relación Estado-particulares
y que afectan los diversos momentos de formación, celebración y ejecución de
los contratos estatales, se refieren a una faceta de la actividad del Estado y
en la que se contempla, en los términos de la ley, una especial modalidad de
participación o colaboración de los particulares en su papel de contratistas.
La ley demandada recae sobre una materia que pertenece al dominio de la esfera
estatal y pública, dentro de la cual no rige el principio pro libertate,
sino el de legalidad, el que ordena que la función pública debe someterse
estrictamente a lo que disponga la Constitución y la ley (CP art. 6).”
La Corte, en la misma providencia, señaló que tales
limitaciones, cuando impidan a ciertas personas participar en la convocatoria
que realice una entidad pública para contratar, deben ser razonables y
proporcionadas a la luz de los fines que se proponen, de manera que “implique[n] el menor sacrificio posible al derecho de igualdad”.
3.2.
De la igualdad y la libertad de
concurrencia
Por virtud del derecho fundamental a la igualdad que
se encuentra reconocido en el artículo 13 de la Constitución Política, todos
los ciudadanos tienen la posibilidad (libertad) de acceder, en igualdad de
condiciones a las oportunidades y beneficios que ofrece el Estado.
De manera específica, en el artículo 75 de
la Constitución Política, se dispone que “se garantiza la igualdad de oportunidades
en el acceso” al uso del espectro electromagnético en los términos que fije la
ley. En razón de ese mandato, cuando la ley contemple que para la prestación de
un servicio público de telecomunicaciones concurran particulares, debe el
Estado permitir el acceso a todos los posibles interesados que reúnan las
condiciones de idoneidad técnica, económica y financiera que permitan asegurar
la óptima ejecución del objeto de la concesión que se pretende adjudicar.
El derecho a la igualdad de oportunidades,
aplicado en la contratación de la administración pública, como en el caso del
contrato de concesión, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u
oposición, por virtud del cual, se garantiza la facultad de participar en el
trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real
posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración.
Sin embargo, la libertad de concurrencia
admite excepciones que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la
capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales,
económicas y financieras del contratista. Dichas limitaciones deben ser fijadas
por el legislador, con sujeción a parámetros de razonabilidad y
proporcionalidad, dentro del ámbito de regulación propio de la actividad que va
a ser objeto de concesión.
Otra modalidad de limitación de la
libertad de concurrencia se deriva de la posibilidad que, tal como se ha
señalado en el apartado anterior, tiene el Estado  para establecer
inhabilidades e incompatibilidades en el ámbito de la contratación estatal.
En ese contexto, es posible que el Estado,
al regular las condiciones para la concesión de un determinado servicio de
telecomunicaciones, establezca limitaciones, bajo la modalidad de prohibiciones
que restrinjan el acceso a determinados agentes económicos y que se deriven o
de la naturaleza de bien público del espectro electromagnético o de la
condición de servicio público que la ley atribuye a los servicios de
telecomunicaciones, o, en fin, como ocurre en el presente caso,  de la
necesidad de promover la libre competencia.
3.3      La libre competencia económica
La libre competencia se presenta cuando un conjunto
de empresarios, en un marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus
esfuerzos, factores empresariales y de producción, en la conquista de un
mercado determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o
de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad
económica lícita.
De acuerdo con los artículos 333 y 334 de la
Constitución Política, se reconoce y garantiza la libre competencia económica
como expresión de la libre iniciativa privada en aras de obtener un beneficio o
ganancia por el desarrollo y explotación de una actividad económica. No
obstante, los cánones y mandatos del Estado Social imponen la obligación de
armonizar dicha libertad con la función social que le es propia, es decir, es
obligación de los empresarios estarse al fin social y a los límites del bien
común que acompañan el ejercicio de la citada libertad.
Bajo estas consideraciones se concibe a la libre
competencia económica, como un derecho individual y a la vez colectivo
(artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es alcanzar un estado de
competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro
individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el
consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a
un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del
mercado, no actúa sólo como garante de los derechos económicos individuales,
sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio
irregular o arbitrario de tales libertades.
Por ello, la protección a la libre competencia
económica tiene también como objeto, la competencia en sí misma considerada, es
decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe
impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan
efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al
Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la
competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan
distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el
interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés
público del Estado.
Es así como, “... a los luz
de los principios expuestos, el Estado, para preservar los valores superiores,
puede regular cualquier actividad económica libre introduciendo excepciones y
restricciones sin que por ello pueda decirse que sufran menoscabo  las
libertades básicas que garantizan la existencia de la libre competencia... En
ese contexto y supuesto el espacio de concurrencia económica en una determinada
actividad, el Estado debe evitar y controlar todo aquello que se oponga a la
libertad económica, dentro de lo cual está aquello que pueda constituir una
restricción de la competencia...”[5].
Por lo tanto, resultan admisibles conforme a la
Constitución las restricciones que se establezcan por el legislador para
promover la libre competencia.
3.4.  Análisis de la norma acusada
La disposición objeto de examen constitucional
consagra una incompatibilidad, tanto para los actuales concesionarios de los
servicios de la telefonía móvil celular (TMC) y de trunking, como para las
personas que tengan determinados vínculos con ellos, en particular, los
accionistas cuya participación individual o conjunta sea superior al 30%. La
incompatibilidad se traduce en una prohibición de obtener concesiones para la
prestación de los servicios de comunicación personal (PCS), e igualmente, de
participar como accionistas de los concesionarios de tales servicios durante
los primeros tres años de concesión, término que empieza a correr a partir del
perfeccionamiento del contrato inicial.
Sobre el particular, cabe señalar que, según lo
prescribe el artículo 1 de la Ley 37 de 1993, “[l]a
telefonía móvil celular es un servicio público de telecomunicaciones, no
domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo
capacidad completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y, a
través de la interconexión con la red telefónica pública conmutada (RTPC),
entre aquellos y usuarios fijos, haciendo uso de una red de telefonía móvil
celular, en la que la parte del espectro radioelétrico asignado constituye
su elemento principal”[6].
Por su parte, el artículo 2 de la Ley 555 de 2000
define los servicios de comunicación personal PCS como: “[aquellos] servicios públicos de telecomunicaciones, no
domiciliarios, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso de
una red terrestre de telecomunicaciones cuyo elemento fundamental es el
espectro radioeléctrico asignado, que proporcionan en sí mismos capacidad
completa para la comunicación entre usuarios PCS y a través de la interconexión
con las redes de telecomunicaciones del Estado con usuarios de dichas redes.
Estos servicios permiten la transmisión de voz, datos e imágenes fijas como
móviles y se prestan utilizando la banda de frecuencia que para el efecto
atribuya y asigne el Ministerio de Comunicaciones”[7].
De las definiciones expuestas se desprende que ambos
son servicios que se prestan dentro del sector de las telecomunicaciones
y que, no obstante que pueden presentar diferencias significativas, se
desarrollan alrededor del mercado de la telecomunicación móvil y tienen como
elemento fundamental el espacio radioeléctrico asignado por el Estado.
Independientemente de quien preste los servicios, ya
sea una entidad de naturaleza pública, mixta o un particular por concesión
(como en el caso de PCS y TMC), el Estado mantendrá la regulación, control y
vigilancia en su desarrollo (artículos 75, 334 y 365 de la Constitución),
circunstancia por la cual, puede intervenir con la finalidad de promover la
productividad, la eficiencia y la competitividad, o para racionalizar la
economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, o para evitar las
prácticas monopolísticas en el mercado.
Por lo tanto, es el Estado quien en desarrollo de la
titularidad del espectro electromagnético determina las condiciones para su
utilización y prestación, ya sea de manera directa o indirecta (concesión),
siendo titular de las potestades de control y vigilancia para garantizar a la
comunidad la prestación regular, continua y eficiente del servicio, y de intervención
en aras de alcanzar los objetivos que la Constitución impone (artículos 74,
333, 334 y 365 de la Constitución).
Se tiene, entonces, que como se ha
establecido en esta providencia, en materia de telecomunicaciones, la potestad
de configuración del legislador se encuentra determinada por la naturaleza
propia del espectro electromagnético, por la condición de servicio público que
la ley atribuye a las telecomunicaciones y  por el ambito de regulación propio
de la contratación estatal.
3.4.1. Sostiene el actor, en primer lugar,
que las restricciones que para ciertas personas se imponen en la disposición
acusada habrían desbordado ese espacio de configuración legislativa, por cuanto
son contrarias al derecho de igualdad y a la libre concurrencia.
El análisis de este cargo debe hacerse a
partir de la consideración de que, por las razones anotadas, en el presente
caso, la libre concurrencia se desenvuelve en un ámbito determinado por el
legislador, el cual está habilitado para imponer limitaciones y restricciones
que consulten el interés general. Debe tenerse en cuenta también, que tales
limitaciones no púeden conducir a una limitación injustificada o
desproporcionada del derecho de igualdad.
Cuando la Ley 555 de 2000 limita y prohíbe
a los concesionarios de telefonía móvil celular, y a los operadores nacionales
de trunking, a sus empresas filiales, matrices y subordinadas; a los
accionistas de los concesionarios de TMC, y a los accionistas de los operadores
nacionales de trunking, que tengan una participación individual o conjuntamente
de más del 30% y a las empresas matrices, filiales o subordinadas de dichos
accionistas, participar en el proceso de licitación del servicio PCS, así como,
en la obtención de concesiones y en la posibilidad de ser accionistas de los
concesionarios de PCS, está estableciendo una serie de incompatibilidades que
actúan como limitantes del derecho de concurrencia.
Se trata de una incompatibilidad que el
legislador ha establecido en función de las calidades de los sujetos afectados
y frente a la cual es necesario indagar si, como lo sostiene el actor, comporta
un tratamiento desigual de situaciones iguales que debe, por consiguiente,
someterse, en las condiciones por él planteadas, al llamado test de razonabilidad
que ha sido desarrollado en este campo por la jurisprudencia constitucional.
Para que proceda el
test, sin embargo, ha sido señalado también por la jurisprudencia, es necesario
establecer primero la existencia fáctica de un tratamiento desigual y la
materia sobre la que él recae.[8]
Si ello no es posible, el análisis de razonabilidad y proporcionalidad que
frente a una determinada restricción debe hacer la Corte, no se orientaría
hacia la justificación de un trato diferente, sino a la admisibilidad de la
limitación impuesta por el legislador en función de sus finalidades a la luz de
la Constitución.
Debe anotar la Corte que la restricción
contenida en la disposición demandada se impone precisamente en consideración a
una desigualdad de condiciones entre los sujetos.   Es claro que quien ya
tiene, por virtud de una concesión del Estado, acceso al espectro
electromagnetico, no está en la misma condición de quien no tiene tal acceso a
un bien cuyo uso no está abierto para todos. Y tal diferencia es relevante en
función del ámbito de regulación de la norma acusada. Ella incide sobre la
oportunidad de acceso al espectro electromagnético, campo en el que se impone
distinguir entre quienes en un momento dado tienen ya la posibilidad de hacer
uso de una parte del mismo y quienes no la tienen; incide también en la
posición de quienes estén interesados en obtener la concesión del servicio,
porque quienes ya tienen la calidad de concesionarios, tendrían, por esa misma
calidad, ventaja sobre quienes no la tienen, en el momento de proponer
condiciones en la licitación o concurso; incide tambien, finalmente, en el
ámbito de la competencia porque en el marco de una actividad de acceso restringido
y regulado, es imperativo distinguir entre quienes por virtud de una concesión
del Estado tienen la calidad de competidores en esa actividad y quienes no la
tienen, ni han podido tenerla precisamente en función de la restricción de
acceso impuesta por el Estado.
Se tiene entonces que los destinatarios de
la norma están en situación de desigualdad, y lo están precisamente en función
de la materia que es objeto de regulación.
En estas circunstancias es posible
concluir que  la restricción que se impone en la disposición acusada no es per
se violatoria de la igualdad y de la libre concurrencia en cuanto que obedece a
condiciones de desigualdad en los sujetos. Sin embargo, el análisis de
constitucionalidad debe completarse con una referencia a la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida restrictiva en función de sus fines.
3.4.2.
Una aproximación desprevenida a la norma permite
derivar de ella las siguientes finalidades:
3.4.2.1. Por un lado se buscaría garantizar la igualdad de
condiciones para los participantes en el proceso licitatorio, al impedir que
quienes, por virtud de una concesión previa, ya tienen acceso al uso del
espectro electromagnético, participen con ventaja sobre quienes no están esa
misma situación. Tal como se ha señalado en la propia demanda, los actuales
concesionarios de TMC, precisamente por su calidad de tales y por las economías
de escala que ello les genera, estarían en la posibilidad de ofrecer en la
oposición condiciones más favorables que proponentes interesados en ingresar al
mercado pero que en la actualidad no tengan acceso al uso del espectro
electromagnético. Este propósito de igualdad, que la disposición acusada
desarrolla con plena eficacia, tiene sustento en los artículos 13 y 334 de la
Constitución, que establecen el derecho a la igualdad y el deber del Estado de
intervenir para logarar una distribución equitativa de las oportunidades, y en
las normas que, de acuerdo con esos principios, rigen la contratación estatal.
3.4.2.2. Un segundo objetivo de la restricción sería
garantizar el pluralismo en el acceso al uso del espectro electromagnético. De
las previsiones del artículo 75 de la Constitución se deriva para el legislador
el deber de garantizar tal pluralismo así como el de evitar la concentración monopolística
en el mercado de las telecomunicaciones. La disposición acusada es
perfectamente congruente, desde el punto de vista de su eficacia, con tales
objetivos.
En este caso, además, puede decirse también que la disposición demandada desarrolla tanto el
mandato general del artículo 13 de la Constitución, por virtud del cual, el
Estado debe fomentar las condiciones para hacer real y efectivo el derecho a la
igualdad, como el más específico del artículo 334, que en este caso, se cumple
cuando la norma acusada promueve la distribución equitativa de las
oportunidades y beneficios del desarrollo, a través de la utilización de un
bien del Estado (espectro electromagnético) que según mandato constitucional
(artículo 75) es de naturaleza pública, es decir, de aquellos cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio nacional.
Con todo, los objetivos previstos en los
numerales anteriores podrían no resultar suficientes en una evaluación de
constitucionalidad si, como lo hace el actor, la restricción que la disposición
cuestionada impone para ciertas personas se contrastase unicamente con el
interés de las personas que, en principio, se ven beneficiadas por la
disposición,  (Los potenciales adjudicatarios de PCS) en el contexto del
interés más amplio de los usuarios que, en su concepto, también sufriría
mengua.
Ello, sin embargo, no es así, por cuanto
en uno de los extremos de la comparación no se encuentra simplemente el interés
de los potenciales adjudicatarios, sino que toda la sociedad se beneficia de un
sistema de contratación dentro del cual no se admiten situaciones de ventaja
para algunos y de un mayor pluralismo en el acceso al uso del espectro
electromagnético.
3.4.2.3. De la disposición acusada también
es posible derivar el objetivo de minimizar el riesgo que, para la continuidad
y permanencia en la prestación de un servicio público en condiciones de
eficiencia, se deriva de la concentración del mismo en uno o en pocos sujetos.
Dicho objetivo encuentra asidero en el artículo 365 de la Constitución Política
y la disposición acusada, en cuanto que busca ampliar el número de quienes
tienen acceso a la prestación del servicio, es apta para satisfacerlo.
3.4.2.4. En la medida en que el actor  lo
formula como cargo separado, cabe analizar de manera más detenida la
restricción acusada a la luz de su finalidad en el ámbito de la libre
competencia.
Manifiesta
el actor que conforme a la exposición de motivos de la ley la restricción
acusada tendría como finalidad la de promover la competencia.
Como se señaló con anterioridad, dentro del concepto
de libertad de competencia económica se incluye el deber del Estado de velar
por la protección de la competencia en sí misma considerada, razón por lo cual,
puede, mediante el ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos
75 y 334 de la Constitución intervenir en la economía para  fomentar la
existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la
libre elección de los consumidores, y por lo tanto, evitar la ocurrencia de
prácticas monopolísticas y eventuales abusos de posiciones dominantes en el
mercado.
Es así como, el legislador para preservar la
competencia en el sector de la telecomunicación móvil, y en aras de hacer
efectivo el interés individual de los competidores, el colectivo de los
consumidores y el público del Estado, limitó la libre competencia económica.
Para la Corte la limitación impuesta en la norma
acusada, no vulnera el derecho a la libre competencia, toda vez que la Ley 555
de 2000, está cumpliendo un mandato constitucional mediante el cual se impone
al legislador, la obligación de garantizar el acceso democrático al espectro
electromagnético con la finalidad de evitar las prácticas monopolísticas en su
uso (artículo 75 C.P). Por lo tanto, la norma demandada no está eliminando la
posibilidad a los operadores de TMC y Trunking de competir en el sector de la
telecomunicación móvil, toda vez que ya tienen acceso al espectro, por el
contrario, promueve el acceso a otros operadores con el objeto de garantizar
una competencia suficiente.
Esta Corte se pronunció en idéntico sentido en la
sentencia C-711 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz): “... Le
corresponde al Estado compatibilizar y articular los objetivos que tienden a
promover el bienestar general y a realizar los principios de igualdad de
oportunidades, democratización de la propiedad y solidaridad, con aspectos
tales como la libertad de empresa, libre competencia y libre iniciativa,
también consagrados y protegidos en la Constitución, los cuales no admiten
exclusión por el hecho de que su titular adquiera, legítimamente, la calidad de
concesionario que lo habilite para prestar un servicio público, siempre y
cuando esa aspiración no origine concentración de los medios o prácticas de
monopolio, las cuales están expresamente prohibidas en el artículo 75 de la
C.P., en relación con el uso del espectro electromagnético; evitar el monopolio
y la concentración de la propiedad es tarea del Estado y específicamente del
legislador, el cual deberá, a través de la ley, diseñar e implementar
mecanismos necesarios para el efecto...”[9].
En relación con esto último, habrá de destacarse,
además, que la prescripción normativa debatida no comporta una prohibición de
carácter definitivo sino eminentemente temporal. A esta conclusión se llega si
consideramos, de un lado, que la concesión otorgada para la prestación de los
servicios de PCS tiene un término de duración de diez años[10] y, del otro, que por
expreso mandato de la norma impugnada, los operadores de TMC, trunking y demás
personas vinculadas a dichas actividades, se encuentran en capacidad de
participar como accionistas de los concesionarios de PCS, una vez hayan
transcurrido los primeros tres años de concesión. Lo anterior, sin desconocer
que la propia Ley 555 de 2000, en su artículo 12, prevé, con efecto futuro, el
otorgamiento de nuevas concesiones para el servicio de PCS -adicionales a las
que son materia de controversia jurídica- en las cuales se permite la participación
de “... todas las personas jurídicas públicas,
privadas o mixtas sin ningún tipo de restricción, siempre y cuando cumplan
con las condiciones del proceso licitatorio que para el efecto adelante el
Ministerio de Comunicaciones.”
(Subrayas fuera de texto).
Respecto a la limitación transitoria impuesta por la
norma acusada a los operadores, empresas y accionistas de TMC y trunking,
dirigida a permitir su participación accionaria en las empresas concesionarias
del servicio PCS después de transcurridos los tres primeros años de concesión,
es preciso advertir que, para dar plena aplicación a los objetivos
constitucionales que legitiman la adopción de la medida, se hace necesario que
el legislador, de manera especial para el ámbito de los servicios de telecomunicaciones
previstos en la norma acusada (C.P. art. 75), y las demás autoridades dentro de
las respectivas órbitas de competencia[11],
regulen en forma específica el tema de la negociación de acciones, la
concentración y los demás aspectos materiales que estimen conducentes, a
efectos de impedir que, abierto el mercado accionario, tengan lugar las
prácticas monopolísticas y el abuso de la posición dominante.
3.4.2.5. Por otra parte, señala el actor que la limitación que
se impone a determinadas personas en la disposición acusada resulta contraria a
la libertad de competencia, por cuanto ésta tiene como propósito en la
Constitución el de beneficiar al usuario y que si bien la norma acusada, en
teoría se orienta a promover la competencia, resultaría ineficaz a ese efecto,
por cuanto impide que los usuarios se beneficien de las economías de escala que
pueden ofrecer los actuales operadores de TMC.
Encuentra la Corte que tal valoración de la eficacia
de la disposición acusada para la consecución de un fin que, en si mismo
considerado, resulta admisible a la luz  de la Constitución, cae dentro del
ámbito de la potestad de configuración del legislador, por cuanto la misma
comporta un contraste entre los beneficios que en el corto plazo se derivarían
de la posibilidad de que, quien ya esté operando un sistema de
telecomunicaciones, ofrezca en el nuevo sistema condiciones más ventajosas para
el usuario, frente a la posibilidad de que, en una perspectiva de más largo
plazo, ese mismo usuario se beneficie con la ampliación del número de
operadores en los sistemas de telecomunicaciones.
Frente a esa valoración, el legislador, en la
disposición acusada realizó una elección y estima la Corte que no se han
sustentado razones que permitan desvirtuarla como desproporcionada o
irrazonable.
En consecuencia, no se observa que a través de la
norma acusada, salvo por la precariedad de la prohibición temporal mencionada,
se vulnere el derecho de concurrencia ni el derecho a la libre competencia
económica, cuando el legislador evita la concentración del espectro
electromagnético para hacer efectivo el mandato constitucional que exige el
acceso democrático.
4. Alcance de la decisión que debe adoptar la Corte
Para los efectos de establecer el alcance de la
decisión que en el presente caso le corresponde tomar a la Corte, se hace
imprescindible recordar que la norma impugnada, esto es, el literal b) del
artículo 11 de la Ley 555 de 2000, consagra dos restricciones aplicables al
proceso inicial de concesión de los Servicios de Comunicación Personal PCS, en
los siguientes términos:
b) Los concesionarios de telefonía móvil celular, TMC,
los operadores nacionales de trunking, sus empresas filiales, matrices,
subordinadas; los accionistas de los concesionarios de TMC, los accionistas de
los operadores nacionales de trunking, que tengan una participación individual
o conjuntamente de más del 30% y las empresas matrices, filiales o subordinadas
de dichos accionistas no podrán:
Participar en el proceso de licitación, ni obtener
concesiones de PCS en ninguna de las áreas de prestación de PCS.
Ser accionista de los concesionarios de servicios PCS,
durante los primeros tres años de concesión para la prestación de los servicios
PCS, contados a partir del perfeccionamiento del primer contrato;
Acogiendo los fundamentos jurídicos que fueron
expuestos a lo largo del punto 3 de las consideraciones de esta Sentencia,
puede concluirse que el contenido material de la norma impugnada, antes que
violar la Carta Política, se inscribe dentro del marco de la potestad normativa
reguladora reconocida al legislador en el ámbito de los servicios públicos y,
en especial, de aquellos cuya prestación supone el empleo de bienes de
naturaleza pública (C.P. arts. 75, 150-23 y 365). Dentro de ese contexto, no
existe duda en torno a la finalidad de la preceptiva acusada: desarrollar
aquellos objetivos constitucionales que propugnan por garantizar la pluralidad
e igualdad de oportunidades en el acceso y uso del espectro electromagnético,
proteger la sana competencia y evitar la concentración monopolística en el
mercado de las telecomunicaciones (C.P. arts. 75 y 333).
- Así las cosas, es claro que la primera prohibición
impuesta a los operadores, empresas y accionistas de TMC y trunking,
consistente en impedir su participación en el proceso inicial de licitación y
concesión de los servicios de PCS, se ajusta en todas sus partes a los
mencionados propósitos y, por ello, es procedente la declaratoria de
constitucionalidad simple de los incisos 1° y 2° del literal b) del artículo 11
de la Ley 555 de 2000.
- No ocurre lo mismo frente a la segunda limitación.
La que restringe de manera temporal la participación de ese grupo de personas
-operadores, empresarios y accionistas de TMC y trunking- en el mercado
accionario de los concesionarios de PCS, pues la posibilidad de que éstos
puedan invertir en dicho servicio una vez superada la incompatibilidad de tres
años, conlleva una clara reducción del criterio democrático que debe imperar en
el uso del espectro electromagnético. Ello, por supuesto, le impone a este
organismo de control constitucional hacerle un condicionamiento a la norma
citada, dirigido a garantizar la plena observancia de los principios y
objetivos constitucionales en los que, como se ha explicado, se encuentra
soportada la adopción de las medidas limitativas que han sido materia del
presente análisis. En este sentido, la declaratoria de constitucionalidad  del
inciso 3° del literal b) del artículo 11 de la Ley 555 de 2000, quedará
condicionado al hecho de que el legislador, de manera especial para el ámbito
de los servicios de telecomunicaciones a los que se refiere la norma acusada, y
las demás autoridades dentro de las respectivas órbitas de competencia, regulen
en forma específica el tema de la negociación de acciones, la concentración y
los demás aspectos materiales que estimen conducentes, a efectos de impedir
que, abierto el mercado accionario, tengan lugar las prácticas monopolísticas y
el abuso de la posición dominante.
4.1 Integración de la unidad normativa.
Finalmente, una vez confrontado y revisado en su integridad
el tenor literal del artículo 11 de la Ley 555 de 2000, observa la Corte que el
literal C) consagra una incompatibilidad similar a la prescrita por el inciso
3° del literal b), la cual es aplicable a los concesionarios y accionistas de
los Servicios de Comunicación Personal PCS, sus empresas filiales, matrices o
subordinadas.
La norma dispone:
“c) los concesionarios de servicios PCS, sus empresas filiales,
matrices o subordinadas; los accionistas de los concesionarios de servicios
PCS, las empresas matrices, filiales o subordinadas de dichos accionistas, no
podrán adquirir más del treinta por ciento (30%) del capital social de un
concesionario de TMC que preste servicios dentro de la misma área o de un
operador nacional de trunking durante los primeros tres años de concesión
para la prestación de los servicios PCS.”  (Subrayas fuera del texto)
Ciertamente, en cuanto la norma citada limita la
posibilidad de que los operadores, empresarios y accionistas de PCS adquieran
más del 30% del capital social de un concesionario de TMC o trunking, durante
los tres primeros años de otorgada la concesión de los servicios PCS, la misma
guarda una clara relación de conexidad material con el inciso 3° del literal b)
que, en igual medida, prevé la aludida restricción para los operadores,
empresarios y accionistas de TMC y trunking.
En consecuencia, al encontrarse probada la
correspondencia lógica, temática y fáctica entre los literales b) y c) del
artículo 11 de la Ley 555 de 2000, esta Corporación, dando plena aplicación al
artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, y con el fin de no hacer inocua la
decisión por tomar, procede a integrar la unidad normativa y a extender los
efectos de la declaratoria de exequibilidad condicionada al precitado literal
c) del artículo 11 de la Ley 555 de 2000.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución, oído el concepto del Procurador General de la Nación y surtidos
los trámites que ordena el Decreto 2067 de 1991,
R E S U E L V E
PRIMERO:  Declarar EXEQUIBLES los incisos
1° y 2° del literal b) del artículo 11 de la Ley 555 de febrero de 2000, en
relación con lo acusado.
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLES el inciso 3° del literal
b) y el literal c) del artículo 11 de la Ley 555 de febrero de 2000, siempre y
cuando se entienda que, vencido el término de tres (3) años previsto en los
citados literales, el legislador, de manera especial para el ámbito de los
servicios de telecomunicaciones a que se refieren las normas acusadas, y las
demás autoridades dentro de las respectivas órbitas de competencia, deben
regular en forma específica el tema de la negociación de acciones, la
concentración y los demás aspectos materiales que estimen conducentes, a
efectos de impedir que, abierto el mercado accionario, tengan lugar las
prácticas monopolísticas y el abuso de la posición dominante.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
18 del Decreto 2067 de 1991, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDOMONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia C-815/01
SERVICIO PUBLICO
DE TELECOMUNICACIONES-Actuación
del Estado regulador (Aclaración de voto)
SERVICIOS DE
COMUNICACION PERSONAL-Regulación
económica (Aclaración de voto)
PROCESO DE
LICITACION EN SERVICIOS DE COMUNICACION PERSONAL-Regulación de entrada al mercado específico de
participación (Aclaración de voto)
PROCESO DE
LICITACION EN SERVICIOS DE COMUNICACION PERSONAL-Regulación de propiedad cruzada respecto de
participación (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-3367
Demanda de
inconstitucionalidad contra el literal b) del artículo 11 de la Ley 555 de
febrero de 2000
Demandante:
José Antonio
Lloreda Camacho
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Con el debido respeto por la Corporación
y por el magistrado ponente, aclaro mi voto. Tanto el condicionamiento
introducido en la parte resolutiva como la mayoría de los argumentos en que
este se sustenta, indican que la Corte Constitucional ha sentado en esta sentencia
unos criterios de suma importancia relativos a la actuación del Estado
Regulador en el sector de las telecomunicaciones. El propósito de la presente
aclaración es limitado y puntual, a pesar de ser éste un tema que por su
trascendencia invita a detenerse en múltiples aspectos de este sector vital no
sólo en la economía globalizada sino también para la efectividad del ejercicio
de derechos constitucionales y el equilibrado funcionamiento de la democracia.
1. El enfoque a partir del cual estimo
que se pueden apreciar cabalmente las implicaciones de la norma demandada es el
de la regulación económica. En este contexto, las reglas relativas a la
contratación administrativa constituyen tan sólo uno de los múltiples
instrumentos de regulación. Por esta razón, la norma demandada no se limita a
fijar unas reglas para la concesión de la prestación de los servicios de
comunicación personal (PCS), sino que se ocupa de otras materias atinentes, por
ejemplo, a la estructuración del mercado de estos servicios y a la propiedad de
las empresas que participan en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, y no sólo de PCS.
2. Desde esta perspectiva la norma
demandada establece una “regulación de entrada” al mercado específico de PCS,
al indicar quiénes no pueden participar en el proceso de licitación u obtener
concesiones y quiénes no pueden ser accionistas de las empresas que resulten
escogidas como concesionarios. A partir de este enfoque, la norma demandada no
está creando una incompatibilidad, como lo sugiere la sentencia. El artículo 11
de la Ley 555 de 2000 no encuadra dentro del concepto de incompatibilidad
tradicional: (i) Los sujetos de la prohibición, no son funcionarios públicos o
sus familiares, sino particulares; si bien esto no es determinante sí indica
que se trata de una prohibición atípica. (ii) El objeto de la prohibición no es
impedir que concurran en una misma persona dos condiciones de manera
simultánea, sea en razón a su estatus o a la actividad que realizan. En efecto,
la norma distingue entre los concesionarios y operadores mismos y los
accionistas de estos concesionarios u operadores. La prohibición es total sólo
respecto de los primeros, de tal manera que una misma empresa no puede ser
simultáneamente concesionaria de telefonía móvil celular, por ejemplo, y
concesionaria de PCS. Sin embargo, respecto de los accionistas la norma no
establece una prohibición general sino un tope máximo de participación en la
propiedad accionaria. Este es del 30%. De tal manera que una persona puede ser simultáneamente
accionista de un concesionario de telefonía celular y de PCS si se encuentra
por debajo de dicho tope. Si ello es posible la norma no crea una
incompatibilidad en sentido estricto sino una regulación de “propiedad
cruzada”. Luego, a partir de esta regulación, sí establece prohibiciones
generales respecto de la participación en la licitación y de la obtención de la
concesión. (iii) La duración de la prohibición no está atada a la duración de
las dos condiciones supuestamente incompatibles.
3. Desde la perspectiva del derecho de la
regulación económica, la naturaleza temporal de la regla sobre “propiedad
cruzada” reafirma que no se trata de una simple incompatibilidad. En efecto, el
último inciso del literal b) del artículo 11 citado permite que después de
transcurridos los primeros tres años de la concesión para PCS, todos los que no
podían participar en el proceso de licitación ni obtener concesión de PCS
puedan, ahora sí, ser accionistas de los concesionarios de los servicios de
PCS. De tal manera que desaparece el tope máximo de “propiedad cruzada”. Esta
posibilidad fue la que condujo con razón a la Corte a establecer el
condicionamiento que comparto, con el fin de evitar que al cabo de tres años
hubiera una carencia de criterios materiales relativos a la concentración de la
propiedad accionaria, con las implicaciones que ello tiene a la luz del mandato
constitucional claro y específico del artículo 75 de la Constitución según el
cual “para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado
intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en
el uso del espectro electromagnético” (último inciso).
El carácter imperativo y especial de esta
norma constitucional exige que el legislador regule la materia. No le
corresponde a la Corte establecer los criterios materiales ni los lineamientos
del futuro diseño regulativo. Este asunto es de competencia del legislador y de
la comisión de regulación respectiva. El legislador podrá adoptar un tipo de
regulación diferente a la que escogió para los primeros tres años de
funcionamiento del mercado de PCS, ya que tiene un margen de configuración
suficientemente amplio en esta materia. Inclusive puede emplear una técnica de
regulación que no pase por el criterio de “propiedad cruzada”, si estima que
existen medios alternativos más efectivos para desarrollar el mandato
constitucional. No obstante, el legislador no puede dejar de cumplir dicho
mandato.
Fecha ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] RODRIGUEZ. Cesar. El test de razonabilidad y el derecho a la
igualdad. EN: Observatorio de justicia constitucional. Facultad de derecho.
Universidad de los Andes. Siglo del Hombre Editores.1998.Pág.278.
[2]              Sentencia C-423 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
[3]              Numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
[4]              Sentencia C-711 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.
[5] Sentencia C-616 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[6] Subrayado por fuera del texto original.
[7] Subrayado por fuera del texto original.
[8]              Sentencia C-022/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[9] Subrayado del texto original.
[10] Cfr. Art. 6° de la Ley 555 de 2000.
[11] Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que el parágrafo
único del artículo 10 de la Ley 555 de 2000, le otorga competencia a la
Superintendencia de Industria y Comercio para inspeccionar, vigilar y controlar
los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de
comunicaciones, debiendo aplicar y velar por la observancia de las
disposiciones contenidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la
Ley 256 de 1996, sin perjuicio de las atribuciones regulatorias de la CRT. En
plena concordancia con lo anterior, el artículo 15 del mismo ordenamiento le
asigna a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -CRT-, la función
específica de promover y regular la competencia entre los operadores de los
Servicios de Comunicación Personal -PCS-, entre sí y con otros operadores de
servicios públicos de telecomunicaciones, fijar el régimen tarifario y regular
el régimen de interconexión, entre otras.