SU565-15
Sentencia
SU565/15
(Bogotá, D.C., 3 de septiembre de 2015)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO ORGANICO
El defecto orgánico se funda en la garantía
constitucional del juez natural, prevista en el artículo 29 de la Constitución.
Este defecto se configura cuando una persona o un asunto son juzgados por un
funcionario que carece de manera absoluta de competencia para ello, conforme a
lo previsto en las normas prexistentes que regulan la competencia. Dos son los elementos a partir de los cuales se
puede configurar el defecto orgánico: (i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no
tiene otro mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en
firme y que fue dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de
competencia; y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de
presente las circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situación fue
desechada por los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos
ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una
competencia inexistente. En la práctica judicial este tribunal ha
encontrado dos hipótesis en las cuales se configura el defecto orgánico, a saber:
(i) la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta
el ámbito de sus competencias constitucionales y legales; y (ii) la temporal,
cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la autoridad
judicial las ejerce por fuera del término previsto para ello.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto factico es
una anomalía protuberante y excepcional que puede presentarse en cualquier
proceso judicial y que se configura cuando el apoyo probatorio en el cual se
basa el juzgador para aplicar una determinada norma es absolutamente
inadecuado. No se trata, pues, de un yerro cualquiera, pues además de ser
ostensible y flagrante, debe ser de tal entidad que resulte determinante para
la decisión.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico por omisión y por acción
En la práctica judicial, este tribunal ha encontrado tres hipótesis en las
cuales se configura el defecto fáctico, a saber: (i) cuando existe una omisión
en el decreto y en la práctica de pruebas que eran necesarias en el proceso;
(ii) cuando se hace una valoración defectuosa o contraevidente de las pruebas
existentes; y (iii) cuando no se valora en su integridad el acervo probatorio. Las anteriores hipótesis pueden configurarse por conductas
omisivas o activas, dando lugar al defecto fáctico por omisión y al defecto
fáctico por acción. El primero se presenta cuando el juez se niega a dar por
probado un hecho que aparece en el proceso, sea (i) porque niega, ignora o no
valora las pruebas solicitadas o (ii) porque, a pesar de poder decretar la
prueba, no lo hace por razones injustificadas. El segundo se presenta cuando, a
pesar de que la prueba si obra en el proceso, el juez (i) hace una errónea
interpretación de ella, al atribuirle la capacidad de probar un hecho que no
aparece en el proceso o al estudiarla de manera incompleta, o (ii) valora
pruebas ineptas o ilegales, o (iii) valora pruebas indebidamente practicadas o
recaudadas.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto
procedimental absoluto se presenta cuando el juez de conocimiento del proceso
actúa totalmente al margen de las formas propias de cada juicio, es decir,
cuando el procedimiento que adopta el juzgador no está sometido a los
requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad. Se trata
de un defecto calificado, pues exige que haya un desconocimiento evidente de
las formas propias de cada juicio, sea porque (i) el juez se ciñe a un trámite
ajeno al pertinente, valga decir, sigue un trámite por completo ajeno al que
corresponde, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento
con violación de los derechos de defensa y de contradicción de una de las
partes del proceso. Este defecto requiere, además, que se trate de un error de
procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y
directa en la decisión de fondo, y que esta deficiencia no pueda imputarse ni
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al derecho a un
debido proceso.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
El defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto ocurre cuando el funcionario utiliza
o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho
sustancial, de tal suerte que sus actuaciones devienen en una denegación de
justicia. Este exceso ritual puede afectar la prevalencia del derecho
sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia, cuando (i) se
deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales
de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir,
siempre que esta circunstancia esté comprobada; (iii) se incurre en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas; (iv) o se omite el
decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIAS DE ALTAS CORTES-Reiteración de jurisprudencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por defecto fáctico por valoración defectuosa que conllevo a su vez a defecto
orgánico y procedimental absoluto en proceso penal contra miembro de las
FARC, por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión
Referencia: Expediente T- 4.620.289
Fallos de tutela objeto de revisión: Sentencias proferidas por la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, en primera instancia el 6 de agosto de
2014 y la Sala Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1- en segunda
instancia, del 2 de octubre de 2014, que negaron el amparo solicitado.
Accionante: Camilo Escobar Rico quien actúa en su condición de
Fiscal 18 especializado de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Accionado: Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda de tutela[1].
1.1. Derecho fundamental invocado.
Debido proceso.
1.2. Conducta que causa la vulneración. La
decisión proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 24 de
junio de 2014, al establecer que el competente para conocer del proceso penal
contra Misael Cabrera Moreno por la presunta comisión de los delitos de
secuestro extorsivo y rebelión, era el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de
Andaquíes. A juicio del accionante, “Se trata de un error procedimental
absoluto, por imprecisión originada por la Fiscalía 61 Delegada ante el
Tribunal Superior de Bogotá quien valoró de manera errada los hechos
considerados delictuosos en la instrucción y los alegatos de la defensa”, lo
cual llevó a considerar que la imputación se hacía por hechos iniciados en
1999, fecha para la cual el sindicado era menor de edad, y no a partir de 2003,
momento en el cual ingresó a las FARC y estuvo a cargo de las personas que habían
sido secuestradas en la fecha inicialmente mencionada.
1.3. Pretensiones. Se solicita que (i) se
declare la “nulidad de la decisión del radicado 11001 02 03 000 2014 01004
00, mediante el cual se definió competencia en cabeza de la jurisdicción de
Adolescentes en el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes”;
(ii) se fije la competencia para conocer de estas conductas delictivas en la
jurisdicción especializada; y (iii) se ordene que el asunto pase a la Fiscalía
61 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, “para que continúe con la
competencia para conocer de los hechos y desate el recurso interpuesto”.
1.2. Fundamentos de la pretensión.
1.2.1. El actor, quien actúa en su
condición de Fiscal 18 Especializado de la Dirección de la Fiscalía Nacional
Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, señala
que le correspondió la instrucción (radicado interno 667), de las conductas
punibles de secuestro extorsivo agravado y rebelión,
(…) en contra de miembros del grupo subversivo FARC,
que participaron en el secuestro de miembros de la policía, conducta punible de
carácter permanente que se inició el día 9 de diciembre de 1999 con la
denominada toma de Curillo (Caquetá) y finalizó el 25 de noviembre de 2011
cuando fuerzas militares al intentar la liberación de los secuestrados, estos
fueron asesinados por los subversivos y únicamente salvo (sic.) su vida el
sargento LUIS ALBERTO ERAZO AMAYA (sic.).
1.2.2. En la referida toma “perdieron la
vida tres agentes de policía, fueron desaparecidos o secuestrados nueve
efectivos policiales, se ocasionaron daños materiales al puesto de policía y a
otros inmuebles”.
1.2.3. Luego de haberse decretado la ruptura
de la unidad procesal, la investigación a su cargo siguió contra el ciudadano
Moisés Cabrera Moreno “alias Arturo”, a quién se vinculó al proceso como
autor de las conductas punibles de secuestro extorsivo y rebelión, por medio de
diligencia de indagatoria practicada en Bogotá el 12 de febrero de 2013. En el
acta de dicha diligencia[2],
el ciudadano dijo haber nacido en Florencia, Caquetá, el 12 de febrero de 1982,
tener el alias de “Arturo” y haber hecho parte de las FARC, en los siguientes
términos:
DILIGENCIA DE INDAGATORIA
Rendida por MOISES CABRERA MORENO identificado
con la c.c. 6.801.521. DIRECCIÓN SAN JERÓNIMO NUMICIPIO (sic.) DE ANTIOQUIA
RESTAURANTE EL LLANERITO. TEL. […]
En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de
febrero de dos mil trece (2013), traído por agentes de la policía judicial
pertenecientes a la Policía Nacional, el señor MOISES CABRERA MORENO, con el
fin de recibirle indagatoria. […]
PREGUNTADO: por sus generales de ley al indagado. CONTESTO: Me
llamo como quedo (sic.) anotado, me identifico con la C.C. No. 6.801.521
expedida en Florencia, nací 12 febrero de 1982, en Florencia Caquetá,
tengo actualmente 31 años de edad […] PREGUNTADO.- Informe a la Fiscalía
si usted tiene un alias. En caso afirmativo cual (sic.). ARTURO no más.
PREGUNTADO.- Dígale a la fiscalía si usted ha hecho parte de alguna
organización ilegal; en caso positivo durante cual (sic.) periodo de tiempo y
en que (sic.) lugar o lugares estuvo operando. CONTESTO.- si (sic.) en la
FARC, yo ingresé en el año 2003, a mi (sic.) me ingreso (sic.) un muchacho
llamado DENINSON de la Universidad ese era el alias, no se el nombre, en la
Universidad de la Amazonía de Florencia Caquetá, tenía 21 años, ingrese (sic.)
a un lugar llamado el PARA de Florencia hacia adentro (…) allí ingresé
alfabetizando en el cargo de razo en la Farc, ahí dure (sic.) dos años en esa
parte, y ahí el comandante era JH, no se su nombre. Después de allí me mandaron
para un hospital porque tengo una hernia, en un hospital que tenían ellos por
allá dure allí dos años, porque los médicos que eran de afuera no podían llegar
entonces duraron en llegar los médicos, y mientras me operaban hacia (sic.) de
patero, el que estaba pendiente de los enfermos, que ya los habían operado. Eso
fue en el Caguán. Y el resto del tiempo lo duré en el Caguán hasta ahora (…) [Subrayas
y negritas agregadas].
1.2.4. Al formulársele cargos por los delitos
de secuestro extorsivo agravado y de rebelión y preguntársele qué tiene que
decir al respecto, en la referida acta de la diligencia de indagatoria aparece
la siguiente respuesta:
PREGUNTADO.- La presente investigación tiene relación con los
acontecimientos que tuvieron su desarrollo en el municipio de CURILLO CAQUETÁ,
el día 9 de diciembre de 1999, cuando con ocasión de una incursión subversiva
en la estación de policía de esa municipalidad, resultaron muertos tres
efectivos de la institución y fueron secuestrados por el grupo de las FARC que
participaron en los hechos, otros miembros de la policía nacional que se
encontraban en esta guarnición policial, siendo ellos: ERAZO MAYA LUIS ALBERTO,
MORENO ALVARO, BEJARANO MEDINA EDUARD SANID, CASTILLO BUSTOS JHON JAIRO,
GORDILLO NIÑO HUBERLANDE, GUTIERREZ SOTO HIRLANDO, LEON OVALLE ORLANDO, LOPEZ
CERVERA DARWIN y MARTINEZ CARDENAS MANUEL ALEJANDRO, quienes
permanecieron privados de su libertad varios años; según aparece dentro del
expediente, usted no solo ha hecho parte de la mencionada organización
subversiva denominada FARC, sino específicamente de aquellos frentes que se
encargaron no solo de la custodia sino además del aprovisionamiento de
alimentos, drogas, etc., para los secuestrados; incurriendo por ello, y
esos son los cargos que se le formulan, en los siguientes delitos SECUESTRO
EXTORSIVO AGRAVADO de que tratan los artículos 169 y 170 numerales 3, 6 y 7,
delito que se endilga en concurso homogéneo como quiera que fue cometido
respecto de varias personas y, de REBELIÓN: artículo 467 del Código
Penal, ambas conductas descritas en el código penal. Que (sic.) tiene que decir
al respecto. CONTESTO.- Acepto el de Rebelión porque yo la función que
siempre desempeñe (sic.) fue las charlas y la alfabetización como miembro de la
Farc, nunca supe de aprovisionamientos ni de secuestros, porque la
función mía era solamente esa y nada más la de alfabetizar y como a nivel de
bloque no habíamos sino tres alfabetizadores no nos iban a mandar, entonces a
nivel de alfabetizador lo hacía para campesinos y miembros de la Farc en el
tema de la reforma agraria y plataforma. No cuide (sic.) nunca
secuestrados, y supe de los secuestrados por lo que dicen las noticias nada
más. No tengo que decir nada más frente a los cargos. [Subrayas y
negritas agregadas].
1.2.5. En este contexto, el actor precisa que
la responsabilidad del sindicado se estructura a partir del año 2003, momento
en el cual, según lo dicho en la diligencia de indagatoria, ingresó al grupo
guerrillero y ya era mayor de edad. Los dos delitos, por los cuales se formulan
cargos, fueron presuntamente cometidos mientras el sindicado pertenecía a las
Farc, es decir, en una fecha posterior a su ingreso a esta organización en el
año 2003.
1.2.6. El 17 de enero de 2014, la Fiscalía 18
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario profirió Resolución de acusación[3]
contra Moisés Cabrera Moreno como presunto coautor de la conducta punible de
secuestro extorsivo agravado y rebelión. En las consideraciones de la
resolución se precisa lo siguiente:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
FISCALÍA DIECIOCHO ESPECIALIZADA
Bogotá DC, enero diez y siete (17) de dos mil catorce
(2014) […]
Procede el despacho a calificar el mérito sumarial en
contra de MOISES CABRERA MORENO, alias ARTURO, identificado con la
c.c. No. 6.801.521, quien fuera vinculado a la presente investigación
mediante indagatoria, por los delitos de SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO y
REBELIÓN.
Frente a la conducta punible de REBELION, hay
expresa confesión de MORENO CABRERA de pertenecer al grupo subversivo armado
FARC, manifestando su actividad como ideólogo del frente que era comandado por
alias ORLANDO PORCELANA, quien a la vez ejercía la actividad ilícita de RETENER
Y OCULTAR al grupo de secuestrados entre los que se encontraba el sargento
mayor ERAZO MAYA, secuestro que perduró en el tiempo desde diciembre 9 de 1999
hasta noviembre 25 de 2011,
fecha de su liberación por parte de fuerzas regulares del estado colombiano,
manifestó que se encargaba de alfabetización, de dictar charlas al campesinado
y a miembros del grupo alzado en armas consistente en concientizar sobre la
ideología del grupo al margen de la ley y sobre temas del marxismo,
materialismo dialéctico y otros similares.
Así mismo existen testimonios de otros miembros del
grupo alzado en armas, que ofrece (sic.) serios motivos de credibilidad que señala
al acá sindicado de participar en el mando o dirección del frente que ejercía
la custodia del grupo de secuestrados, en declaración de TIBERIO OVIEDO
VELÁSQUEZ, exguerrillero perteneciente a las FARC durante un tiempo que él
mismo indicó de 10 años y con respecto a MOISES CABRERA MORENO alias ARTURO si
(sic.) lo conoció cuando ORLANDO tenía que irse para el bosque a dar partes o
así… ARTURO se quedaba a cargo de la compañía de ORLANDO… Ahí cuando
mandaron a ARTURO a cuidar secuestrados.
(…)
La conducta desplegada por el acá acusado en calidad
de COAUTOR, en razón a que se desempeñó como ideólogo del frente encargado de
cuidar los secuestrados desplegaron (sic.) las conductas enmarcadas dentro de
los verbos rectores de RETENER y OCULTAR al grupo de secuestrados. [Subrayas y
negritas agregadas].
1.2.7. Por medio de escrito del 30 de enero de
2014[4],
el defensor del ciudadano Moisés Cabrera Moreno, solicitó se declare la nulidad
de lo actuado y, además, sustentó el recurso de apelación contra la resolución
de acusación. La nulidad se generaría porque para la fecha de los hechos el
ciudadano era menor de edad, por lo que el asunto sería competencia de otra
autoridad judicial. En caso de que no se declare la nulidad, precisa que la apelación
se dirige contra el ordinal quinto de la resolución de acusación, que dispone
la remisión del asunto al Juez Penal del Circuito Especializado de Florencia, y
se funda en el riesgo que correría la vida del ciudadano si el juicio se
hiciere allí, por lo que solicita que se ordene que el juicio se haga en la
ciudad de Bogotá, ante los jueces especializados.
1.2.8. El 20 de febrero de 2014, la Fiscalía
61 de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá[5],
ante la cual “Llega la presente actuación para resolver el recurso de
apelación interpuesto”, resuelve:
PRIMERO: ABSTENERSE de conocer el recurso de apelación interpuesto contra
el calificatorio del 17 de enero de 2014, conforme a lo expuesto.
SEGUNDO: Disponer que se remitan las diligencias para que se
desate el recurso interpuesto, a la Sala Mixta de Familia del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Bogotá.
El texto completo de lo expuesto en esta
providencia es el siguiente:
Del estudio del material probatorio que obra en el
expediente se advierte que le asiste razón al apelante cuando afirma que para
el momento de los hechos, 9 de diciembre de 1999, su asistido era menor de
edad, por lo que la investigación debió haberse adelantado en la jurisdicción
de menores.
En efecto, según el registro civil de nacimiento[6]
del señor MOISES CABRERA MORENO, su fecha de nacimiento es el 12 de febrero de
1982, tal y como éste lo manifestó en la diligencia de indagatoria[7],
luego para el momento de la ocurrencia de los hechos aún no alcanzaba la
mayoría de edad.
Así, la competente para adelantar el proceso era la
jurisdicción de menores, razón por la cual la única decisión posible en este
estadio procesal es abstenerse de conocer el recurso de apelación interpuesto y
remitirlo a la Sala Mixta de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, para su
respectivo reparto.
En el caso de que no se comparta la presente decisión,
desde ya se propone el conflicto administrativo negativo de competencias.
1.2.9. Por medio de escrito del 27 de febrero
de 2014[8],
el actor se dirigió a la Magistrada Patricia Rodríguez Torres, de la Sala Mixta
de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, para ponerle de presente que:
Durante este período de secuestro (12 años y 11
meses), debieron ser muchos los miembros de las FARC, de rango de comandantes,
ideólogos y miembros de base que retuvieron y tuvieron bajo su cuidado al grupo
de secuestrados de la fuerza pública.
Entre estos miembros se encontraba el acá sindicado
MOISES CABRERA MORENO, quien según su propia versión al momento de rendir
indagatoria (c 8 f 62), a pregunta del ente acusador si había hecho parte de
alguna organización ilegal, manifestó: “si a las Farc yo ingrese (sic.)
en el año 2003...” y ha de valorarse que cuando ingreso (sic.) al grupo
subversivo ya tenía 21 años.
En razón a que los planteamientos del defensor no se
ajustan ni a los hechos ni a la situación jurídica del señor MOISES CABRERA
MORENO, no es procedente variar la competencia a la jurisdicción de menores.
1.2.10. Lo acaecido en el Tribunal Superior de
Bogotá, según se refiere en el Auto del 24 de junio de 2014, por medio del cual
el Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia resolvió el conflicto de competencia es lo siguiente:
4. La Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, tras recibir el expediente contentivo de la
actuación materia del presente pronunciamiento, procedente de la Sala Penal del
Tribunal Superior de la misma ciudad –autoridad ésta que determinó su envío a
esa dependencia en providencia de 27 de febrero de 2014-, resolvió en auto del
18 de marzo de 2014 que la ley aplicable para el asunto es el Decreto 2737 de
1989 (Código del Menor), en razón a que el señor MOISÉS CABRERA MORENO era
menor de edad para la fecha en que ocurrieron los hechos que se le endilgan. En
consecuencia, lo remitió por competencia al Juzgado Séptimo Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá.
1.2.11. Por medio de providencia del 19 de
marzo de 2014[9],
Juzgado 7 Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá decide
enviar de manera inmediata las diligencias al Juzgado Promiscuo de Familia de
Belén de los Andaquíes, que considera es el competente conforme al factor
territorial, porque “de acuerdo con la resolución de acusación vista a folio
43 del C.O. # 10 los hechos tuvieron ocurrencia en el Municipio de Curillo
Caquetá”.
1.2.12. Por medio de providencia del 4 de
abril de 2014[10],
el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes decide abstenerse de
conocer del proceso y remitirlo al Juzgado 7 Penal para Adolescentes con
Función de Conocimiento de Bogotá, y, en caso de que éste no lo acepte, desde
ya plantea la colisión negativa de competencias. Considera que la competencia
le corresponde a dicho juzgado porque así lo dispuso la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá y porque la interpretación que se da sobre el
factor territorial no tiene en cuenta que para configurarlo se deben cumplir
todos los requisitos previstos en el Código del Menor y no sólo uno de ellos.
1.2.13. Por medio de providencia del 25 de
abril de 2014[11],
el Juzgado 7 Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá,
luego de hacer un recuento de lo acaecido, resolvió otorgar “la libertad
inmediata e incondicional al señor MOISES CABRERA MORENO”, librar la
correspondiente boleta de libertad y “Trabar el conflicto de competencia
propuesto por el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE BELEN DE LOS ANDAQUIES”. Las
dos primeras decisiones las toma antes de pronunciarse sobre la colisión
negativa de competencias provocada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén
de los Andaquíes, conforme a lo previsto en el artículo 97 de la Ley 600 de
2000, con el siguiente fundamento:
(…) como quiera que en memorial visible a folios 70 a
73 del cdn. 10, el profesional del derecho que funge como representante
judicial del señor MOISES CABRERA MORENO, al sustentar el recurso de apelación
interpuesto contra la resolución de acusación proferida en contra de su
defendido, eleva solicitud de libertad, teniendo en cuenta que para la época de
los hechos investigados el procesado era menor de edad, este Despacho al
advertir que asiste razón al Defensor, deberá disponer la LIBERTAD INMEDIATA
del prenombrado CABRERA MORENO, por encontrarse demostrado a partir del
Registro de Nacimiento adosado a folio 74 del mismo cuaderno, que nació el 12
de febrero de 1982 y, de contera, para la fecha de los hechos, esto es, el 9 de
diciembre de 1999, contaba con menos de 18 años de edad, en tanto que en el
actual momento ya superó la edad de 32 años.
En cuanto al conflicto de competencias,
advierte que si bien el proceso le fue remitido por la Sala Mixta de Familia
del Tribunal Superior de Bogotá, considera que esta circunstancia no puede
conducir a sacrificar el principio de legalidad, pues en todo caso la
competencia se fija por el factor territorial y, dado el lugar en el cual
ocurrieron los hechos, corresponde al Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de
los Andaquíes.
1.2.14. Por medio de escrito del 11 de junio
de 2014[12],
el actor se dirigió al Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, de la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia, para ponerle de presente lo siguiente:
1. En primer lugar, en esta Fiscalía se adelanta la
investigación por el delito de SECUESTRO EXTORSIVO Y REBELIÓN en contra de los
subversivos que se tomaron la estación de policía de Curillo (Caquetá) el día 9
de diciembre de 2009.
2. Este secuestro se prolongó por un tiempo de 12 años
y 11 meses hasta cuando fuerzas militares en un operativo de liberación
únicamente rescató con vida al sargento LUIS ALBERTO ERAZO.
3. Durante este largo periodo de secuestro, las
personas retenidas fueron cuidadas por diferentes Frentes y varios comandantes,
ideólogos y miembros rasos del grupo subversivo.
4. El acá sindicado ingreso (sic.) a las FRAC (sic.)
en el año 2003, cuando tenía 21 años de edad.
5. Inexplicablemente sin valoración probatoria alguna,
el señor Fiscal 61 Delgado (sic.) ante el Tribunal Superior de Bogotá da por
probado que el acá sindicado hizo parte de la toma de Curillo (Caquetá)
únicamente con lo manifestado por la defensa del encartado, omitiendo de manera
ostensible lo probado en el proceso, ya que al (sic.) CABRERA MORENO se le
judicializa por sus actos como ideólogo del Frente subversivo a partir del año
2003, fecha en que se enroló como miembro activo del frente guerrillero
encargado de la custodia de los secuestrados y ya era una persona con
mayoría de edad.
6. Ninguna autoridad judicial avocó conocimiento de
las diligencias en razón a que se declararon incompetentes para asumir la etapa
del juicio, sin embargo al acá encartado se le otorgó la libertad.
De manera respetuosa solicita a su señoría que al
momento de desatar el conflicto de competencia esta quede en cabeza de la
JUSTICIA ESPECILZADA (sic.) como correctamente se instruyó ya que se trata de
una conducta punible de la mas (sic.) lesivas para la humanidad, llevada a cabo
por una persona mayor de edad y adelantar un juicio con la total violación al
debido proceso y sin ser adelantado por su juez natural que es la justicia
especializada se vulneraría entre otros derechos el derecho a la (sic.) conocer
la verdad por parte de las víctimas.
1.2.15. Por medio de providencia del 24 de
junio de 2014, dictada por el Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo[13],
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó que el juzgado
competente para conocer del proceso es el Juzgado Promiscuo de Familia de Belén
de los Andaquíes, “dado que es el lugar donde inició la ocurrencia de los
hechos presuntamente delictivos”. El razonamiento completo que soporta esta
conclusión, es el siguiente:
4. Con todo, según se desprende de la información que
revela el expediente, es claro que los hechos materia de investigación tuvieron
inicio en el municipio de Curillo; y, en contraste, no existe certeza sobre el
lugar de residencia del entonces menor de edad, pues del material probatorio se
extrae que nació en la vereda de Santa Rosa, perteneciente al municipio de
Florencia (fl. 74 cd. 10), y que para la fecha de perpetración de los delitos
presuntamente cometidos, “estaba terminando el bachillerato en el Inca”,
colegio comercial de Florencia, sin más detalles, según su propia declaración
vertida en la indagatoria que rindió (fls. 61 y 63 cd. 8).
Esta situación que se destaca, atinente a que en la
actualidad no se tiene certeza sobre el lugar de residencia del menor
presuntamente infractor cuando los hechos tuvieron ocurrencia, impide dar
aplicación a la norma que apunta a protegerlo mediante la asignación del
conocimiento del proceso al juez de ese lugar, y lleva a la Corte, entonces, a
dirimir el conflicto con apoyo en el otro criterio ya mencionado, el del sitio
en que se iniciaron las conductas que configurarían transgresión a la ley
penal.
2. Actuación
en primera instancia.
Por medio de providencia del 29 de julio de 2014[14],
la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, admitió la demanda de tutela, corrió traslado a la
accionada y dispuso notificar esta decisión a los intervinientes en el proceso
penal y a los Juzgados Séptimo Penal de Adolescentes de Bogotá y Promiscuo de
Familia de Belén de los Andaquíes.
2.1. Respuesta de la accionada.
El Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, por medio de escrito del 31 de julio de 2014[15], manifestó “que
en la providencia de 24 de junio de 2014 de la que anexo copia, están
consignadas las razones que tuvo el doctor Álvaro Fernando García Restrepo para
tomar la decisión atacada”.
2.2. Terceros interesados.
2.2.1. En escrito del 1 de agosto de 2014, el Juzgado
Séptimo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá[16]
dice que no se opone a que se ampare el derecho, pero considera que sí debe
oponerse “a que tanto los jueces como los honorables Magistrados, que de una
u otra manera, hemos conocido del trámite del proceso, podamos ser considerados
como actores de hecho frente a las decisiones que se han adoptado y que
constituyen una de las razones para pedir la protección del debido proceso”,
pues,
(…) si en gracia de discusión se aceptare
que existe un error en la adjudicación de competencia a la especialidad de
menores, como lo alega el señor Fiscal 18 Especializado, de la Dirección de
Fiscalía Nacional de Derechos humanos (DIH), en momento alguno puede ser
abonado a la judicatura (como lo admite el accionante), dado que es la Fiscalía
la que, si quisiera, en este momento tiene claro cuál es la situación fáctica y
la calificación jurídica que convoca a juicio al hoy mayor de edad MOISÉS
CABRERA MORENO.
2.2.2. En escrito del 1 de agosto de 2014, el Juzgado
Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes[17],
afirma que no comprende la razón por la cual se lo ha vinculado al proceso,
pues la supuesta vulneración del derecho fundamental habría ocurrido en la
providencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Advierte además
que:
2. La decisión tomada por éste despacho,
(sic.) no fue y no ha sido cuestionada en vía constitucional, toda vez que lo
que se ataca, (sic.) es la decisión de la Sala de aceptar la errada
interpretación hecha por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal al cambiar el
curso de la jurisdicción de conocimiento, y que al parecer del accionante,
debió haber sido analizada por la Sala Civil de la Corte y no se hizo, como
deja entrever el accionante.
3. Es de anotar, (sic.) que comparto en
un todo el concepto del accionante, toda vez, (sic.) que efectivamente se
omitió por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal que tenía el conocimiento del
caso, decidir el recurso de apelación interpuesto por el defensor del señor
CABRERA MORENO, y no como erradamente hizo, de remitirlo sin resolver al
Honorable Tribunal.
(…) 7. Creo que efectivamente, tal como
ha sido pedido por el accionante, se debe anular todo lo actuado, hasta la
actuación que le correspondía adelantar por la Fiscalía delegada ante el
Tribunal, y en su lugar, ordenarse que la Fiscalía accionada se pronuncie de
fondo sobre la apelación, eso sí haciendo un juicioso análisis de las pruebas y
en especial, proceda a efectuar una juiciosa identificación e individualización
del sujeto autor de los ilícitos endilgados al señor CABRERA MORENO, puesto que
ésta (sic.) es la esencia de la apelación interpuesta por el podatario judicial
del reo.
2.2.3. En escrito del 5 de agosto de 2014, la ciudadana
María Teresa Pineda Buenaventura, Fiscal Delegada ante el Tribunal, refiere
que:
El recurso de alzada fue repartido a la
Fiscalía 61 Delegada ante el Tribunal, entonces a mi cargo, el 14 de febrero de
2014. El 20 de febrero de 2014 la suscrita Fiscal resolvió el recurso
absteniéndose de conocer la alzada.
El proceso de comunicación de la decisión
de segunda instancia se surtió de acuerdo con la Sentencia C-641 del 13 de
agosto de 2002 de la Corte Constitucional, y el expediente se devolvió a la
Fiscalía de origen.
3. Decisiones judiciales objeto de revisión.
3.1. Sentencia del 6 de agosto de 2014 de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[18].
Niega el amparo solicitado, con
fundamento en tres argumentos: (i) la competencia se definió con fundamento en
lo previsto en los artículos 18, 22, 176 y 178 del Código del Menor, según el
criterio del lugar en el cual se iniciaron las conductas; (ii) la decisión no
desconoció la realidad de los hechos y tuvo en cuenta lo que corresponde para
definir la competencia de manera razonable; (iii) el juez constitucional “no
está convocado para dirimir, (sic.) conflictos de competencia, ni menos puede
desconocerse tal decisión realizada por el superior en el marco de la queja,
como sucede en el sublite”.
3.2. Impugnación.
3.2.1. El actor impugnó la anterior
decisión, en escrito del 14 de agosto de 2014[19],
por considerar que "lo resuelto no tiene correlación con la situación
fáctica de la tutela".
3.2.2. El ciudadano Moisés Cabrera
Moreno, a través de su apoderado, intervino en el proceso[20], solicita se
confirme la decisión de primera instancia, pues “Es muy Notorio (sic.) que para la fecha de los hechos, el
investigado era un menor de edad, tal y como se ha probado ante el mismo
funcionario accionante y de igual forma ante la Juez de Menores que concedió la
Libertad, de igual forma como lo ha señalado la Honorable Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Civil en la que dirimió el conflicto de
competencia".
3.3. Sentencia del 2 de octubre de 2014
de la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia[21].
Confirma la sentencia impugnada, por
considerar que en este caso no se configuran las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Así,
pues, advierte:
Corolario de lo expuesto, lejos estaría, como sucede
en el sub judice, de cumplir con los requisitos de habilitación la demanda de
tutela que gira únicamente en torno a la interpretación normativa y valoración
probatoria que se vertió en la resolución del caso concreto, frente a lo cual
lo esbozado por el accionante no alcanza a plantear un asunto de estricto
contenido constitucional con la capacidad de derruir la firmeza de la decisión
censurada, con lo cual pretende continuar el debate en sede constitucional como
si la acción de tutela fuera una instancia más del proceso ya finiquitado.
4. Selección del caso.
4.1. Este caso fue seleccionado por la Sala de
Selección número dos, por medio de Auto del 12 de febrero de 2015, luego de
estudiar la insistencia presentada por el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva el
26 de enero de 2015.
4.2. Conforme a lo previsto en el tercer inciso del
artículo 51 del Acuerdo 5 de 1992, modificado por el Acuerdo 01 del 30 de abril
de 2015, se refiere que los argumentos del escrito de insistencia fueron los
siguientes:
Se debe determinar si la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Civil, en su providencia del 24 de junio de 2014,
incurrió en defectos sustantivo, procedimental absoluto y fáctico por vía
omisiva, al disponer que la remisión del proceso penal se hiciera a un
juzgado de familia arguyendo que al momento de los hechos, en el año 1999,
Moisés Cabrera era menor de edad. Si bien para esa fecha tenía 17 años, no lo
es menos que según su declaración ante la Fiscalía 18 Especializada de Bogotá, ingresó
a las filas del grupo guerrillero FARC-EP en el año 2003, es decir, siendo
mayor de edad. Para esa época tenía 21 años.
Lo anterior resulta estructural en la
medida que la calificación de jurisdicción y competencia para el caso no
puede hacerse teniendo en cuenta la fecha en que ocurrió la toma guerrillera en
el año 1999, sino el año en que dice el sindicado que ingresó a las FARC-EP.
Además, nótese que los delitos que se le imputan son secuestro extorsivo
agravado y rebelión, siendo el último de ellos aceptado por alias Arturo porque
desde el año 2003 era profesor y alfabetizaba como ideólogo en el Frente al
cual pertenecía. Respecto del primer delito, las pruebas advierten que el
sindicado había colaborado con el cuidado y ocultamiento de los secuestrados, y
como tal situación se perpetró por varios años, resulta claro durante la
ejecución del delito continuado, Moisés Cabrera era mayor de edad y, por ende,
el juez natural habilitado para conocer de la causa, es la justicia penal
especializada y no la justicia de menores bajo el Decreto 2737. No se puede
hacer la evaluación de la comisión del delito por parte del sindicado, desde la
fecha de la toma guerrillera de 1999, porque sencillamente no hacía parte del
grupo FARC-EP.
II. FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente
para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución
Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991
-artículos 31 a 36-.
2. Actuaciones en el trámite de la
revisión.
2.1. Actuaciones.
2.1.1. Por medio de Auto del 29 de abril
de 2015[22],
el Magistrado sustanciador vinculó al proceso a la Fiscal 61 de la Unidad de
Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a
la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al
Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá,
al Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes y al ciudadano Moisés
Cabrera Moreno, a quienes se dispuso oficiar para que se pronuncien sobre los
hechos que fundamentan esta acción de tutela, y en el caso de las autoridades
judiciales, para que remitan copia de lo actuado, en especial de las
providencias por ellas proferidas.
2.1.2. Juzgado Séptimo Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá[23] remite copia
de las providencias de su autoría y, en su nueva intervención en el proceso,
modifica un tanto su postura para señalar que:
(…) en mi sentir no existe claridad en la
legitimación por activa ya que el DR. ESCOBAR RICO, en este momento no es
instructor del proceso, no es parte ni es interviniente, por lo que su oposición
al obedecimiento del principio de jerarquía, se hace por fuera de la actuación
procesal, no siendo diáfano su interés, dado que su superior no insinúo (sic.),
ni dio un consejo, como lo prohíbe la Constitución y la Ley Estatutaria, sino
emitió una orden en virtud de sus atribuciones.
2.1.3. Juzgado Promiscuo de Familia de
Belén de los Andaquíes[24],
remite copia de las providencias de su autoría y rinde informe de las
actuaciones surtidas: apertura de la investigación y decreto de pruebas (Auto
del 16 de septiembre de 2014) y su práctica, dentro de la cual está la diligencia
de exposición rendida por el ciudadano Moisés Cabrera Moreno (17 de febrero de
2015). En su nueva intervención en el proceso, reitera lo ya dicho y lo precisa
en los siguientes términos:
(…) considero que tal como lo dije en el
oficio atrás señalado, el problema se suscitó por la omisión de la señora
Fiscal Delegada ante el Tribunal, el de definir la nulidad invocada por el
apoderado del señor MOISÉS CABRERA, en el sentido de indicar que efectivamente
no se podía seguir investigando al señor CABRERA por los hechos punibles que
hubiera cometido antes de su mayoría de edad, pero que ello no conllevaba a que
la investigación que se adelantara en su contra después de haber adquirido la
mayoría de edad, tuviere que ser anulada.
3. El punto principal aquí, (sic.) es que
es cierto que el señor Fiscal 18 no puede investigar al señor MOISÉS CABRERA
por las presuntas infracciones a la ley penal que hubiere cometido cuando era
menor, puesto que esto es de mi competencia y en ello estoy en estos momentos,
pero no es menos cierto, (sic.) que no lo pueda hacer después de su mayoría de
edad, y creo que éste (sic.) es el meollo del asunto, porque no se ha hecho una
expresa declaración de tal situación en éste (sic.) asunto, y tal vez es ésta
la declaración que reclama expresamente el tutelante, lo que también considero
que debe hacerse, porque la señora Fiscal Delegada ante el Tribunal dejo (sic.)
en el limbo tal decisión.
2.1.4. El ciudadano Moisés Cabrera Moreno[25],
por medio de apoderado judicial reitera lo dicho en el escrito en el que
solicitó declarar la nulidad de lo actuado y en su intervención en este
proceso, al momento de impugnarse la sentencia de primera instancia.
2.2. Revisión por la Sala Plena.
Conforme a lo previsto en el artículo 54
A del Reglamento de la Corte Constitucional, el Magistrado sustanciador informó
en su oportunidad a la Sala Plena sobre las circunstancias relevantes de este
caso: en especial sobre la de que la demanda de tutela se dirige contra una
providencia dictada por un Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, por medio de la cual resolvió un conflicto de competencia en torno al
proceso penal a seguir contra una persona por los delitos de rebelión y de
secuestro extorsivo. En la Sala Plena del 22 de abril de 2015, este tribunal
dispuso que el caso sub examine sería revisado por la Sala Plena, dando
lugar a la presente sentencia de unificación.
3. Procedencia de la demanda de tutela.
3.1. Afectación de un derecho fundamental.
En el caso bajo estudio se analiza la
posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
3.2. Legitimación por
activa.
3.2.1. Los hechos que son
objeto de investigación por la fiscalía y las circunstancias en las que
ocurrieron son: el secuestro de varios miembros de la policía, su cautiverio
durante más de una década y la muerte de la mayoría de los secuestrados. Se
trata de hechos de tal gravedad que deben ser investigados de oficio, como en
efecto lo han sido.
3.2.2. En cumplimiento de
este deber, el ciudadano Camilo Escobar Rico, en su condición de Fiscal 18
Especializado de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ha sido el responsable de la
investigación de los hechos punibles que podría haber cometido el ciudadano
Moisés Cabrera Moreno. También es autor de la resolución de acusación en contra
del ciudadano investigado, por la presunta comisión de los delitos de rebelión
y coautoría de secuestro. Contra la resolución acusatoria proferida por el Dr.
Escobar Rico se promovió el incidente de nulidad y se presentó un recurso de
apelación, cuya respuesta  conduce a que se le retire del ejercicio oficioso de
la acción penal. En suma, es el ciudadano accionante, el fiscal Escobar Rico,
quien resulta desprovisto de la competencia para el cumplimiento de los
cometidos de investigación y acusación de los delitos señalados.
3.2.3. Las actuaciones
que venía cumpliendo el fiscal, se enmarcan en las funciones constitucionales a
su cargo: (i) procurar “la comparecencia de los imputados al proceso penal” y
“la conservación de la prueba”; (ii) buscar “la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas” (CP, art. 250, num 1). Tras haber considerado
errónea la decisión de privarlo de la competencia de investigación y acusación
en este caso -y trasladarlo a la jurisdicción de familia-, el fiscal Escobar
Rico, como accionante en tutela, se encuentra comprometido con el ejercicio de
la acción penal de adelantamiento oficioso y con el deber constitucional de
“velar por la protección de las víctimas”, en desarrollo del mandato constitucional
(CP, art. 250, num 7) y los derechos de éstas a la verdad, la justicia y la
reparación.
3.2.4. Por lo anterior,
dada la condición de sujeto procesal del Dr. Escobar Rico afectado -a su
juicio- en el ejercicio de sus competencias legítimas, imposibilitado por lo
mismo para el cumplimiento de su deber constitucional; considerada su responsabilidad
frente a las víctimas y a sus derechos, y además, dada la expectativa legítima
que tiene de poder seguir adelante con el proceso que ha llevado -que luego de
resolverse el recurso de apelación debería seguir llevando-, esta Corte lo
encuentra legitimado para interponer la demanda de tutela, tal como lo
reconocieron los dos jueces de instancia.
3.3. Legitimación por pasiva.
El Magistrado Álvaro Fernando García Restrepo de la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en tanto autor de la providencia
del 24 de junio de 2014, contra la cual se dirige la demanda de tutela está
legitimado en el proceso. También están legitimados en el proceso la Fiscalía
61 de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 7 Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y el Juzgado Promiscuo de
Familia de Belén de los Andaquíes, en tanto las actuaciones surtidas por ellos
y ante ellos pueden resultar afectadas por la presente demanda de tutela, razón
por la cual en su debida oportunidad fueron vinculados a este proceso. Por
último, el ciudadano Moisés Cabrera Moreno, en tanto la decisión puede
afectarle, está legitimado en el proceso y, por ello, en su oportunidad fue
vinculado al mismo. Todos los vinculados tuvieron la oportunidad de intervenir
en el proceso y así lo hicieron, con la única excepción de la Sala de Familia
del Tribunal Superior de Bogotá, que decidió no hacerlo.
3.4. Inmediatez.
Dado que la providencia del Magistrado Álvaro Fernando
García Restrepo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia es del 24 de junio
de 2014 y la acción de tutela se presentó ante la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el 22 de julio de 2014, es decir, menos de un mes después,
sin descontar el tiempo correspondiente a su notificación, se satisface el
requisito de inmediatez.
3.5. Subsidiariedad.
(i) Contra la decisión de la Fiscalía 61 de la Unidad de Fiscalías
Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que ni declara la nulidad
solicitada ni resuelve el recurso presentado, sino que dispone remitir las
diligencias a otra autoridad, no cabe ningún recurso, porque se limita a
proponer un eventual conflicto de competencias; (ii) el actor intervino sin
éxito ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá[26], para que se
planteara un conflicto de competencias negativo; (iii) también intervino sin
éxito ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[27], al momento
de definirse el conflicto de competencias negativo entre el Juzgado 7 Penal
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y del Juzgado Promiscuo
de Familia de Belén de los Andaquíes; (iv) contra la providencia dictada por el
Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no procede ningún
recurso (artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el
artículo 4 de la Ley 1395 de 2010 e inciso cuarto del artículo 139 del Código
General del Proceso). El antedicho recuento pone de presente que el actor actuó
en repetidas oportunidades en el marco del proceso y empleó los recursos que
tuvo a su alcance, hasta que se produjo una providencia judicial contra la cual
no procede ningún recurso. Ante esta circunstancia acudió, de manera
excepcional, a la acción de tutela, pues no tenía ningún otro mecanismo para
lograr la protección de sus derechos. Por lo anterior, se satisface el requisito
de subsidiariedad.
4. Problema Jurídico.
La Sala Plena de la Corte Constitucional
resolverá si las actuaciones de la Fiscalía 61 de la Unidad de Fiscalías
Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, de la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá, del Juzgado 7 Penal para Adolescentes con Función
de Conocimiento de Bogotá y del Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los
Andaquíes, que suscitan el conflicto de competencia que decide el Magistrado Álvaro
Fernando García Restrepo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por
medio de providencia del 24 de junio de 2014, se enmarcan dentro de los
parámetros de las causales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, por vulnerar el derecho a un debido proceso.
5. Tutela contra
providencias judiciales.
5.1. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda.
Como se puso de presente al exponer los
argumentos del actor[28],
la demanda señala que la providencia objeto de la acción de tutela incurre en un
error procedimental absoluto. No obstante, dado que también alude, sin
calificar el tipo de defectos, a las actuaciones precedentes de otras
autoridades -como se puede apreciar de manera objetiva e inequívoca en sus
pretensiones[29]-,
es necesario considerar otros defectos, que guardan en este caso una estrecha
relación con el señalado, como son el defecto fáctico y el defecto orgánico.
5.2.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
5.2.1. En repetidas oportunidades[30] este
tribunal ha reiterado que la acción de tutela procede contra providencias
judiciales. Este aserto se funda en el artículo 86 de la Constitución, al tenor
del cual la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública cuando
se haya vulnerado o se amenace con vulnerar derechos fundamentales. Como
intérprete autorizada de la Constitución y guardián de su integridad (art. 241
C.P.), la Corte ha desarrollado una consistente doctrina sobre esta materia,
sobre la base de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial, por una parte, y la prevalencia y
efectividad de los derechos constitucionales, por otra[31].
La acción de tutela contra providencias judiciales es
un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y la efectividad de los
derechos constitucionales, de manera acorde con lo previsto en la Constitución
(art. 86) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), en
tanto constituye un recurso efectivo para su protección[32]. Esta acción, además, permite el
ejercicio de una función imprescindible en un Estado Democrático y Social de
Derecho, como es la de unificar la jurisprudencia constitucional sobre los
derechos fundamentales[33].
Esta unificación permite precisar el alcance y sentido de los derechos y, al
hacerlo, asegura la aplicación igual de las normas que los reconocen, con la
seguridad jurídica y la justicia material que de ello se sigue[34].
Como se dejó en claro en la Sentencia C-713 de 2008,
al analizar la exequibilidad de la que sería Ley 1285 de 2009, modificatoria de
la Ley 270 de 2006 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, la acción de
tutela procede “contra todo tipo de providencias judiciales, en particular
contra las sentencias de los órganos máximos de las jurisdicciones ordinaria,
contencioso administrativa y jurisdiccional disciplinaria”. Frente al
argumento de que la acción de tutela vulnera los principios de seguridad
jurídica y de autonomía funcional del juez, este tribunal puso de presente, a
partir de lo dicho en la Sentencia C-590 de 2005, que:
El argumento según el cual la tutela
contra sentencias de última instancia afecta la distribución constitucional de
competencias entre las altas Cortes y, en particular, la naturaleza de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado como “órganos de cierre” de la
respetiva jurisdicción, es falso, pues el juez constitucional no tiene facultades
para intervenir en la definición de una cuestión que debe ser resuelta
exclusivamente con el derecho ordinario o contencioso. Su papel se reduce
exclusivamente a intervenir para garantizar, de manera residual y subsidiaria,
en los procesos ordinarios o contencioso administrativos, la aplicación de los
derechos fundamentales, cuyo intérprete supremo, por expresa disposición de la
Constitución, es la Corte Constitucional.
De manera acorde con el equilibrio adecuado entre los
principios[35]
de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, este tribunal ha
distinguido dos sentidos de la jurisdicción constitucional, el orgánico y el
funcional[36]:
en un primer sentido, la jurisdicción constitucional está conformada por la
Corte Constitucional; en un segundo sentido, la jurisdicción constitucional
está conformada por todos los jueces de la República, sean individuales o
colegiados, en tanto tienen competencia para conocer de acciones de tutela y
pueden ejercer el control de constitucionalidad difuso de las normas infra
constitucionales, por medio de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4
C.P.). La acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, la
actuación de la jurisdicción constitucional se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
fundamentales, y no a problemas de carácter legal.
5.2.2. El primer tipo de exigencias o requisitos,
denominado requisitos formales o causales genéricas, está integrado por seis
elementos, a saber:
(i) que el asunto sometido a estudio del juez de
tutela tenga relevancia constitucional[37];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios, antes de acudir a la acción de tutela, salvo que
se trate de evitar un perjuicio irremediable[38];
(iii) que la acción se presente de manera inmediata en
el tiempo, conforme a criterios de razonabilidad y de proporcionalidad;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal,
esta tenga incidencia directa en la decisión que vulnera los derechos
fundamentales, valga decir, que su efecto sea crucial o determinante;
(v) que el actor identifique de manera razonable los
hechos que generan la violación y que, en caso de haber sido posible, esta
circunstancia haya sido alegada al interior del proceso[39]; y
(vi) que no se trate de sentencias de tutela[40].
El segundo tipo de exigencias o requisitos, denominado
requisitos sustanciales o materiales o causales específicas, está integrado por
ocho elementos, a saber:
(i) defecto orgánico: se presenta cuando el juez que
profirió la providencia carezca absolutamente de competencia para ello;
(ii) defecto procedimental: ocurre cuando el juez se
aparta por completo del procedimiento establecido[41] o cuando se
incurre en un exceso ritual manifiesto[42];
(iii) defecto fáctico: surge cuando la aplicación del
supuesto legal en el cual se sustenta la decisión carece de apoyo o soporte
probatorio;
(iv) defecto material o sustantivo: se configura en
aquellos casos en los cuales el juez decide con base en normas inexistentes o
inexequibles, o cuando las providencias judiciales presenten una evidente y
grosera contradicción entre sus fundamentos y su decisión[43];
(v) error inducido -conocido también como vía de hecho
por consecuencia-: acontece cuando a pesar del obrar razonable y ajustado a
derecho del juez, su decisión se afecta por el engaño de terceros, por fallas
estructurales en la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público[44];
(vi) decisión sin motivación: se da cuando el juez incumple
su deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que soportan su
decisión[45];
(vii) desconocimiento del precedente constitucional:
aparece cuando la Corte establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez aplica la ley limitando de manera sustancial dicho alcance[46];
(viii) y violación directa de la Constitución: se
realiza cuando el juez da alcance a una disposición normativa contraria a la
Constitución[47],
o cuando el juez no ejerce el control de constitucionalidad difuso, vía
excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente la
inconstitucionalidad de la norma aplicable y a que lo haya solicitado alguno de
los sujetos procesales[48].
5.3. Defecto orgánico como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
5.3.1. El defecto orgánico se funda en la garantía
constitucional del juez natural, prevista en el artículo 29 de la Constitución[49].
Este defecto se configura cuando una persona o un asunto son juzgados por un
funcionario que carece de manera absoluta de competencia para ello, conforme a
lo previsto en las normas prexistentes que regulan la competencia[50].
5.3.2. Dos son los elementos a partir de los cuales se
puede configurar el defecto orgánico: (i) cuando el peticionario se encuentra
supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no
tiene otro mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en
firme y que fue dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de
competencia[51];
y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de presente las
circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por
los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y
extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia
inexistente[52].
5.3.3. En la práctica judicial este tribunal ha
encontrado dos hipótesis en las cuales se configura el defecto orgánico, a
saber: (i) la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma
manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales; y (ii) la
temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la
autoridad judicial las ejerce por fuera del término previsto para ello[53].
5.4. Defecto fáctico como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
5.4.1. El defecto factico es una anomalía protuberante
y excepcional que puede presentarse en cualquier proceso judicial y que se
configura cuando el apoyo probatorio en el cual se basa el juzgador para
aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado[54]. No se
trata, pues, de un yerro cualquiera, pues además de ser ostensible y flagrante,
debe ser de tal entidad que resulte determinante para la decisión[55].
Si bien la valoración de las pruebas corresponde al
juez, en ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial[56],
de su papel como director del proceso[57],
de los principios de inmediación[58]
y de apreciación racional de la prueba[59],
conforme a las reglas de la sana crítica y a parámetros de la lógica y de la
experiencia, esta valoración está sujeta a la Constitución y a la ley[60].
La valoración de los medios de prueba guarda una
estrecha relación con el deber del juez de dar cuenta de los elementos de
convicción que lo llevan a construir el supuesto de hecho en cada caso. Esta
valoración, si bien es libre, no puede ser irracional o irrazonable[61].
Por lo tanto, la valoración del acervo probatorio debe hacerse conforme a unos
criterios objetivos[62],
racionales[63]
y rigurosos[64].
5.4.2. En la práctica judicial, este tribunal ha
encontrado tres hipótesis en las cuales se configura el defecto fáctico, a
saber: (i) cuando existe una omisión en el decreto y en la práctica de pruebas
que eran necesarias en el proceso[65];
(ii) cuando se hace una valoración defectuosa o contraevidente de las pruebas
existentes[66];
y (iii) cuando no se valora en su integridad el acerbo probatorio[67].
Las anteriores hipótesis pueden configurarse por
conductas omisivas o activas, dando lugar al defecto fáctico por omisión y al
defecto fáctico por acción. El primero se presenta cuando el juez se niega a
dar por probado un hecho que aparece en el proceso, sea (i) porque niega,
ignora o no valora las pruebas solicitadas o (ii) porque, a pesar de poder
decretar la prueba, no lo hace por razones injustificadas. El segundo se
presenta cuando, a pesar de que la prueba si obra en el proceso, el juez (i)
hace una errónea interpretación de ella, al atribuirle la capacidad de probar
un hecho que no aparece en el proceso o al estudiarla de manera incompleta, o
(ii) valora pruebas ineptas o ilegales, o (iii) valora pruebas indebidamente
practicadas o recaudadas[68].
5.5. Del defecto procedimental como causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia. El
defecto procedimental admite dos hipótesis de configuración: (i) el defecto
procedimental de tipo absoluto o defecto procedimental absoluto y (ii) el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto[69].
5.5.1. El defecto procedimental absoluto se presenta
cuando el juez de conocimiento del proceso actúa totalmente al margen de las
formas propias de cada juicio, es decir, cuando el procedimiento que adopta el
juzgador no está sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que
obedece a su propia voluntad[70].
Se trata de un defecto calificado, pues exige que haya un desconocimiento
evidente de las formas propias de cada juicio, sea porque (i) el juez se ciñe a
un trámite ajeno al pertinente, valga decir, sigue un trámite por completo
ajeno al que corresponde, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del
procedimiento con violación de los derechos de defensa y de contradicción de
una de las partes del proceso. Este defecto requiere, además, que se trate de
un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de
manera cierta y directa en la decisión de fondo, y que esta deficiencia no
pueda imputarse ni directa ni indirectamente a la persona que alega la
vulneración al derecho a un debido proceso[71].
La segunda de las hipótesis antedichas se precisa a
partir del análisis de la defensa técnica[72],
para advertir el impacto que tiene pretermitir etapas procesales, en desmedro
de las garantías fundamentales de los sujetos del proceso, como son: (i) la
garantía de ejercer el derecho a una defensa técnica, que implica la
posibilidad de contar con la asesoría de un abogado cuando sea necesario, la
posibilidad de contradecir las pruebas y de presentar y solicitar las que se
requieran para sustentar la postura de la parte; (ii) la garantía de que se
comunique la iniciación del proceso y se permita participar en él; y (iii) la
garantía de que se notificará todas las providencias del juez que, de acuerdo
con la ley, deben ser notificadas.
5.5.2. El defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto ocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos
como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, de tal suerte que
sus actuaciones devienen en una denegación de justicia[73]. Este exceso
ritual puede afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a
acceder a la administración de justicia, cuando (i) se deja de inaplicar normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso
concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva,
aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta
circunstancia esté comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental
en la apreciación de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de
pruebas cuando a ello hay lugar[74].
5.5.3. Tanto el defecto procedimental absoluto como el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, además, requieren: (i) que
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía; (ii) que
el defecto incida de manera directa en la decisión; (iii) que la irregularidad
se haya alegado al interior del proceso, a menos que ello hubiere sido imposible
conforme a las circunstancias del caso; y (iv) que, como consecuencia de lo
anterior se vulnere derechos fundamentales[75].
6. Caso concreto.
Para resolver el problema jurídico planteado, en
primer lugar corresponde (i) verificar las causales genéricas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de superarse,
debe procederse a (ii) verificar las causales específicas de procedibilidad relevantes
para este caso, los defectos orgánico, fáctico y procedimental absoluto.
6.1. La acción de tutela contra
providencias proferidas por las Altas Cortes. Reiteración de jurisprudencia.
Dado que la demanda de tutela se presenta
contra una providencia dictada por un Magistrado de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, debe destacarse que las demandas de tutela contra providencias
proferidas por Altas Cortes, en especial si se trata de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado, tribunales supremos de las jurisdicciones
ordinaria y contencioso administrativa, tienen mayores restricciones[76].
En estos eventos, además de los requisitos señalados atrás, la demanda “sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera
abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional”.
6.2. Verificación de las causales
genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Las seis causales genéricas de las que se
dio cuenta atrás[77],
se verifican así:
6.2.1. El asunto sub examine tiene
relevancia constitucional en tanto se trata de definir la posible vulneración
del derecho fundamental a un debido proceso, en una actuación procesal
tramitada por diversas autoridades judiciales, que culminó en la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia, cuyas consecuencias pueden afectar de manera
grave la investigación y el juzgamiento de las conductas punibles de rebelión y
de secuestro extorsivo, en el contexto de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.
6.2.2. Contra la providencia del 24 de
junio de 2014, proferida por un Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, no procede ningún recurso. Contra las actuaciones anteriores, en
especial la de la Fiscalía 61 de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el
Tribunal Superior de Bogotá, que se limita a remitir las diligencias por
competencia a otra autoridad, y la de la Sala de Familia del Tribunal Superior
de Bogotá, que asume la competencia, tampoco procedían recursos[78].
6.2.3. La demanda de tutela se presentó menos
de un mes después de la fecha en la cual se dictó la providencia que es objeto
de ella, sin tener en cuenta el tiempo correspondiente a su notificación[79].
6.2.4. En la demanda de tutela se señala
dos defectos procesales: la falta de competencia de los jueces de menores y de
familia para investigar y juzgar al ciudadano Moisés Cabrera Moreno, por la
posible comisión de los delitos de rebelión y de secuestro extorsivo, lo que
daría lugar a un defecto orgánico; y la aplicación indebida de las normas que
regulan el juzgamiento penal de menores de edad a una persona que al momento de
cometer los delitos por los cuales se le acusa era mayor de edad, lo que daría
lugar a un defecto procedimental absoluto.
6.2.5. El actor identifica como hecho que
genera la vulneración el que se haya asumido, sin justificación, que la
resolución de acusación proferida contra el ciudadano Moisés Cabrera Moreno se
hubiese fundado en conductas delictivas cometidas el 9 de diciembre de 1999,
circunstancia que es determinante para las decisiones que se toman por las
autoridades judiciales vinculadas en este proceso. Esta errónea convicción, que
proviene de un defecto fáctico, ocasionaría, a su vez, la errónea decisión de
remitir las diligencias a una autoridad judicial que carece de competencia para
conocer de ellas y que las tramitará conforme a un procedimiento ajeno al
pertinente, con lo cual se configuraría un defecto orgánico y un defecto
procedimental absoluto. Al menos en dos ocasiones[80], con
anterioridad a la presentación de la demanda de tutela, el actor puso en
conocimiento de las autoridades judiciales encargadas de definir el conflicto
de competencia esta circunstancia.
6.2.6. En este caso la demanda de tutela
no se dirige contra una sentencia de tutela.
6.3. Causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Las tres causales específicas de las que
se dio cuenta atrás[81],
se verifican así:
6.3.1. La consideración determinante en
este proceso, al punto de ser el fundamento de varias providencias judiciales
proferidas por distintas autoridades, es la de que el ciudadano Moisés Cabrera
Moreno, al momento de haber cometido los punibles que se le endilgan, era menor
de edad. Esta consideración se funda en dos bases objetivas incontrovertibles:
(i) según el registro civil del referido ciudadano, su nacimiento ocurrió el
día 12 de febrero de 1982; y (ii) la “toma de Curillo” ocurrió el día 9
de diciembre de 1999. Del cotejo temporal de estos dos hechos se concluye que
el 9 de diciembre de 1999 el ciudadano Moisés Cabrera Moreno tenía 17 años, 9
meses y 27 días. Por lo tanto, para esa época el referido ciudadano era menor
de edad y, en consecuencia, la investigación y juzgamiento de su conducta
corresponde a las autoridades judiciales de menores.
6.3.1.1. De las anteriores premisas, el
actor acepta la primera, es decir, la fecha de nacimiento del ciudadano Moisés
Cabrera Moreno, pero controvierte la segunda, valga decir, que la investigación
y la acusación por él hechas se funden en la conducta del ciudadano Moisés
Cabrera Moreno realizó el 9 de diciembre de 1999. Sostiene, por el contrario,
que la conducta investigada y de la que resulta la acusación, es la realizada
por dicho ciudadano con posterioridad al año 2003, fecha para en la cual
ingresó a las Farc, siendo ya un adulto. Para soportar su dicho se basa en una
base que es tan objetiva e incontrovertible como las anteriores: el secuestro
de los miembros de la policía inició el 9 de diciembre de 1999, con la “toma
de Curillo”, y se prolongó hasta el 25 de noviembre de 2011 cuando, en una
operación de rescate, los secuestradores asesinaron a la mayoría de ellos y
sólo logró salvarse el Sargento Luis Alberto Erazo Maya.
6.3.1.2. La controversia gira entorno del
momento en el cual ocurren los hechos que son objeto de la investigación y de
la acusación. Es evidente que para el delito de homicidio de los tres agentes
de policía, ese momento es el 9 de diciembre de 1999, y que para el delito de
homicidio de los ocho efectivos policiales restantes ese momento es el 25 de
noviembre de 2011. No obstante, otra es la situación para el delito de
secuestro, pues se trata de un delito que tiene continuidad en el tiempo y que,
en este caso, comienza el 9 de diciembre de 1999 y termina el 25 de noviembre
de 2011.
6.3.1.3. Depurado así el asunto, la
consideración determinante en este proceso es la de que al ciudadano Moisés
Cabrera Moreno se le investigó y acusó por la conducta realizada el 9 de
diciembre de 1999. Esta consideración, a la luz de los elementos de prueba
disponibles, en especial del acta de la diligencia de indagatoria al ciudadano
Moisés Cabrera Moreno[82],
de su confesión respecto del delito de rebelión[83] y del
contenido mismo de la resolución de acusación[84],
es ostensible y flagrantemente errónea, y tiene tal entidad que resulta
determinante para la decisión de remitir las diligencias a otras autoridades y
de procesar al ciudadano ante autoridades judiciales de menores y con
fundamento en el procedimiento previsto para los menores. A pesar de que se
trata de dos delitos diferentes, que podrían ser separables, no es posible
escindir su análisis en el caso sub judice, porque en este proceso se
revisa la competencia de las autoridades judiciales, conforme a los antedichos
elementos de prueba y no la responsabilidad penal de la persona procesada, la
cual dependerá de lo que resulte en el proceso correspondiente.
6.3.1.4. En efecto, es el propio
ciudadano el que reconoce haber ingresado al grupo subversivo en el año de 2003,
al dar cuenta de las circunstancias de su incorporación al mismo y de las
vicisitudes durante su permanencia en dicho grupo, que se prolongó incluso más
allá del 25 de noviembre de 2011. Como es obvio, al confesar haber cometido el
delito de rebelión, el ciudadano Moisés Cabrera Moreno, lo hace a partir del
año 2003, y no antes, porque antes no reconoce haber pertenecido al grupo
subversivo.
6.3.2. Dado que el acta de la diligencia
de indagatoria, en la que aparece su confesión, estaba incorporada al proceso y
es uno de los fundamentos de la resolución de acusación, existe una anomalía
protuberante y excepcional al no advertir y valorar este medio de prueba, para
asumir de manera contraria e infundada, que al ciudadano Moisés Cabrera Moreno
se le acusa del delito de rebelión por hechos acaecidos el 9 de diciembre de
1999. Esta valoración defectuosa y contra evidente de las pruebas existentes
configura un defecto fáctico.
6.3.3. Algo semejante puede decirse del
delito de secuestro extorsivo, pues parece asumirse que la acusación del fiscal
se funda en los hechos acaecidos el 9 de diciembre de 1999, fecha en la cual
comenzó el secuestro. Sin embargo, se pasa por alto, de manera ostensible y
flagrante dos circunstancias que son relevantes para el caso. La primera es la
de que el tipo penal de secuestro[85]
tiene cuatro verbos rectores: arrebatar, sustraer, retener u ocultar
a una persona. La segunda es la de que en la resolución de acusación no se
alude a una conducta de arrebatar o sustraer, que podría relacionarse con los
hechos acaecidos el 9 de diciembre de 1999, sino a la conducta de retener y
ocultar, que pudo haber ocurrido en el lapso comprendido entre dicha fecha
y el 25 de noviembre de 2011. Para sostener la consideración de que para el
momento de los hechos el ciudadano era menor de edad, habría que encontrar que
la acusación se relaciona con la conducta de arrebatar o de sustraer; pero
quienes plantean esta consideración no se dan el trabajo de demostrarlo, sino
que esta consideración procede de una valoración defectuosa y contra evidente
de las pruebas existentes, lo cual configura, también un defecto fáctico.
6.3.4. Luego de verificar que la
consideración de que al ciudadano Moisés Cabrera Moreno se lo investigó y acusó
por conductas que podría haber realizado siendo menor, no corresponde a una
valoración adecuada de los medios de prueba sino a una valoración deficiente y
contra evidente de los mismos, al haber remitido las diligencias a las
autoridades judiciales de menores y al haber éstas asumido la competencia que
no tenían se desconoció el principio constitucional de juez natural, que hace
parte del debido proceso, y se incurrió en un defecto orgánico, porque el
asunto ha sido tramitado por una autoridad judicial que carece de manera
absoluta de competencia para ello.
6.3.5. Del mismo modo, constatado el
defecto fáctico, se tiene que también se configura un defecto procedimental
absoluto, pues en el proceso seguido contra el ciudadano Moisés Cabrera Moreno
se ha aplicado un procedimiento por completo ajeno al que corresponde, como es
el previsto para los menores de edad, cuando ha debido aplicarse y seguirse el
procedimiento previsto para las personas mayores de edad.
6.3.6. Al verificarse los antedichos
defectos, corresponde revocar las sentencias de tutela objeto de revisión y, en
su lugar, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sustentación
del recurso de apelación contra la resolución de acusación dictada por el
Fiscal 18 especializado de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de
Derechos y Derecho Internacional Humanitario.
III. CONCLUSIÓN.
1. Síntesis del caso. Se revisó la sentencia de la Sala de Decisión de
Tutelas No. 1 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que había
confirmado la Sentencia del 6 de agosto de 2014, dictada por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se había negado el amparo
solicitado.
2. Fundamento. (i) El defecto fáctico se configura por una
valoración defectuosa de los medios de prueba, al punto de plantear una
consideración contraevidente, como es la de que al ciudadano Moisés Cabrera
Moreno se le investigó y acusó por conductas que podría haber realizado cuando
era menor de edad. (ii) A este ciudadano en realidad se le investigó y acusó
por conductas que realizó siendo miembro de las Farc, grupo al que ingresó en
el año 2003, cuando ya era mayor de edad. (iii) De este defecto, siguió la remisión
del proceso a un juez que carecía por completo de competencia para conocer de el
mismo, lo que configura un defecto orgánico; y de ello, haberlo tramitado con
arreglo a un procedimiento que no ha debido aplicarse, como es el previsto para
los menores, lo que configura un defecto procedimental absoluto.
3. Regla de decisión. La valoración defectuosa de evidencias que demuestran
la mayoría de edad de un procesado, cuya consecuencia es la atribución de
competencia a la jurisdicción de menores -y no a la justicia penal para
mayores-para la investigación y conocimiento de hechos punibles a él atribuidos,
configura un defecto fáctico de relevancia constitucional para adopción de la
decisión impugnada, y origina también los defectos orgánico y procedimental
absoluto.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia proferida por la Sala de Decisión
de Tutelas No. 1 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 2 de
octubre de 2014, que confirmó la Sentencia dictada por la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el 6 de agosto de 2014, que había negado el amparo
solicitado y, en su lugar, amparar el derecho a un debido proceso del actor.
SEGUNDO.  DEJAR SIN EFECTOS las decisiones relativas a la competencia de la
jurisdicción penal para adolescentes y a la competencia de la jurisdicción de
familia, para conocer y tramitar el proceso penal seguido contra el ciudadano
Misael Cabrera Moreno.
TERCERO. ORDENAR a la Fiscalía 61 de la Unidad de Fiscalías
Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá que asuma el conocimiento del
proceso y proceda a resolver el recurso de apelación contra la resolución de
acusación proferida por el Fiscal 18 especializado de la Dirección de Fiscalía
Nacional Especializada de Derechos y Derecho Internacional Humanitario.
CUARTO. ORDENAR al Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los Andaquíes que
remita el expediente a la antedicha Fiscalía 61.
QUINTO. LIBRAR, por Secretaría General, la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidente (E)
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA
SU565/15
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Requisito de procedibilidad (Salvamento de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
como consecuencia de ausencia de legitimación por activa (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente: t-4.620.289
Accionante: Camilo Escobar Rico, quien actúa en su condición de
Fiscal 18 especializado de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Accionado: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil
Magistrado
Ponente:
mauricio gonzález cuervo
Salvo mi voto en la decisión asumida en esta oportunidad por la
Sala Plena de la Corte Constitucional. Lo hago con inmenso respeto por las
decisiones adoptadas por los magistrados que la conforman. No comparto el
sentido de la Sentencia SU-565 de 2015, ni los argumentos que sustentaron la
decisión. Por ello, considero necesario realizar algunas precisiones.
LA LEGITIMIDAD EN LA CAUSA ES UN
PRESUPUESTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
¿Qué es la legitimidad, sino la facultad para ejercer como parte
en un proceso? Aunque el interés en la adopción de una decisión judicial sea un
criterio para determinar si una persona puede convertirse en sujeto procesal de
una determinada causa, el derecho ha previsto límites al derecho de acción.
De esa manera, como la resolución de una controversia jurídica puede
tener tantos interesados, como consecuencias que se han derivado de ésta, es
necesario precisar que sólo quienes ven un derecho subjetivo afectado tiene la
legitimidad de exigir al juez que restablezca su derecho.
La limitación de la oportunidad de interponer una demanda y
constituirse como extremo activo, entonces, corresponde a la certeza sobre la
afectación de un derecho y no a la inconformidad frente a una decisión judicial
ajena, la cual no trastoca la órbita de los derechos de quien manifiesta su
descontento.
En el escenario de la acción de tutela, no es posible encontrar
una excepción a la afectación de algún derecho subjetivo por parte del
accionante. En ese mecanismo para la protección de derechos, la legitimidad se
encuentra dada por la vulneración de un derecho fundamental.
En el entendido que, conforme al anhelo del deber ser,
pertenecemos a una sociedad justa, fundamentada en los principios de libertad,
igualdad y solidaridad, es una obligación del ciudadano acudir a las
autoridades a denunciar la injusticia y la arbitrariedad. Precisamente nuestras
instituciones están previstas para responder a las situaciones que atenten
contra el Estado Social de Derecho, y el debido proceso para garantizar la
intervención del Estado ante la existencia de decisiones que menoscaban o
desconocen la recta impartición de justicia.
Si un procedimiento para resolver una controversia sobre la
competencia para conocer un asunto jurídico fue resuelto por el juez ¿puede
debatirse su fundamento Constitucional, legal o jurídico? Sí, pero para tal
propósito se exige el cumplimiento de presupuestos de procedibilidad, así como
la legitimidad de quienes pretendan ejercer tal facultad.
En relación con la legitimidad, me pregunto, entonces, si luego de
perder competencia para pronunciarse sobre un caso, un agente del Estado puede
insistir en el derecho que tiene para conocer del mismo y llevar el proceso
hasta su culminación. De presentarse tal situación habría que resolver los
siguientes interrogantes: (i) ¿Cuál es el derecho subjetivo que encuentra
afectado?; y (ii) ¿La creencia de actuar en cumplimiento de un deber legal, le
faculta para pretermitir las decisiones judiciales que le apartaron del conocimiento
de una causa?
Cuando se pierde la competencia sobre un proceso, tanto el juez,
como el colaborador de la justicia, se convierten en extraños al proceso, por
lo cual pierden toda legitimidad para actuar dentro del mismo o discutir más
allá de su esfera intraprocesal una pretensión, como sucede en esta
oportunidad. Tratándose de la acción de tutela esta Corte ha expuesto en la
Sentencia T-526 de 1998 que “nadie puede alegar como violados sus propios
derechos  con base en la supuesta vulneración de los derechos de otro u
otros, pues de una parte el interés en la defensa corresponde a ellos, y de
otra, la relación de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, que
constituye objeto de la tutela, debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia”.
En ese sentido, la interposición del mecanismo de amparo tiene
como propósito defender intereses propios –con la salvedad de la agencia
oficiosa, en la cual un extraño interviene ante la imposibilidad del afectado
de exigir su derecho-, por lo cual la acción de tutela  no puede ser ejercida,
simplemente y sin la afectación de un derecho subjetivo, con el propósito
altruista de corregir decisiones de la administración o de los jueces, que el
accionante considere no estar conformes a derecho.
Al respecto, la Sentencia T-899 de 2001 señaló: “... la
exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela, no corresponde a un
simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que
la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en
el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de
sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo.”.
Recientemente la Sentencia SU-173 de 2015[86], expuso que al
funcionario público, sólo puede hacer aquello que le esté expresamente permitido;
esto es, ejercer las funciones expresamente previstas en la Constitución y en
la ley. Tal jurisprudencia obliga a la Sala Plena a revisar si existe en términos del
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, legitimidad o interés para solicitar la
protección del derecho fundamental al debido proceso, vulnerado, en términos
del actor -Fiscal 61 de la Unidad
de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá-, por la providencia 24 de junio de 2014, proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de la
acción de tutela objeto del presente salvamente de voto.
Sobre la
titularidad de quien pone en marcha el proceso, el tratadista Agustín Gordillo
señala que el elemento subjetivo -que en el caso de la acción de tutela se refiere
al daño o la potencialidad del mismo, sobre derechos fundamentales-, es una
condición sine qua non que no admite excepción “[d]el mismo modo,
podrá ocurrir que un acto ilegítimo no cause lesión a determinados individuos,
los que no podrán así atacarlo por vía de recurso a pesar de que el acto
efectivamente sea contrario a derecho.”[87].
En el
caso concreto de la acción de tutela, sobre la cual recae el presente
salvamento de voto, no encuentro el derecho subjetivo fundamental lesionado de
quien interpuso la acción. En ese sentido, no comparto la decisión mayoritaria
de la Sala Plena sobre la procedibilidad por activa del señor Fiscal 18
Especializado de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, toda vez que ejerció como parte en
la presente acción de tutela, cuando no tenía competencia para ello, toda vez
que al ser retirado de su conocimiento, en virtud de la decisión del 24 de
junio de 2014 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, se convirtió en un extraño al proceso, sin posibilidad alguna actuar
en el mismo.
Deben
realizarse las siguientes precisiones:
Al Fiscal
18 Especializado de la Dirección de la Fiscalía Nacional Especializada de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, le correspondió la
instrucción de las conductas punibles de secuestro extorsivo agravado y
rebelión en contra de los miembros del grupo subversivo FARC, que participaron
en el secuestro de miembros de la policía, que inició el 9 de diciembre de
1999, con la denominada toma de Curillo Caquetá.
En
diligencia de indagación del 12 de febrero de 2013, el referido fiscal vinculó
al proceso alias Arturo, como autor de las conductas punibles de
secuestro extorsivo y rebelión. Luego le profirió resolución de acusación por
los mismos delitos.
Por medio
de escrito del 30 de enero de 2014, el defensor de alias Arturo solicitó
que se declarara la nulidad de lo actuado y, además, sustentó el recurso de
apelación contra la resolución de acusación, argumentando que al momento de
cometerse el ilícito su defendido era menor de edad.
El 20 de
febrero de 2014, la Fiscalía 61 de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el
Tribunal de Bogotá, ante quien llegaron los recursos interpuestos, remitió los
mismos ante el Tribunal Superior de Bogotá para que adoptara decisión, el cual
resolvió que la norma aplicable a alias Arturo era el Decreto 2737 de
1989 (Código del Menor) porque era menor de edad para la fecha en que
ocurrieron los hechos que se le endilgan. En consecuencia lo remitió por
competencia al Juzgado Séptimo Penal para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Bogotá.
Por medio
de providencia del 19 de marzo de 2014, el Juzgado Séptimo Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, decidió enviar de manera
inmediata las diligencias al Juzgado Promiscuo de Familia de Belén de los
Andaquíes, por considera que era competente para conocer del proceso en contra
de alias Arturo, conforme al factor territorial. Este último propuso
conflicto negativo de competencia el cual resolvió la Corte Suprema de
Justicia, quien en providencia del 24 de junio de 2014, determinó que el
competente para conocer del proceso era el Juzgado Promiscuo de Familia de
Belén de los Andaquíes, por ser el lugar donde “inició la ocurrencia de los
hechos presuntamente delictivos”.
Así las
cosas, el único que podía constituirse como parte activa en el proceso de la
referencia era el Fiscal 61 de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá, toda vez que a tal despacho le correspondió el conocimiento
del caso, con ocasión de la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia
sobre el despacho judicial que debía conocer del proceso adelantado en contra
del sindicado.
Por ello,
el Fiscal 61 de la Unidad de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de
Bogotá, era el funcionario que tenía la legitimidad, en caso de considerarlo
necesario, para advertir que no tenía competencia para conocer indirectamente
del proceso, interponiendo los recursos a los que hubiere lugar, entre ellos la
acción de tutela.
En
síntesis, considero que la decisión que correspondía adoptar a la Sala Plena,
era declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, como
consecuencia de la ausencia de la legitimación para poder ejercer ese derecho.
Es
pertinente que la Corte Constitucional, como guardiana de la supremacía e
integridad de la Carta Política, se abstenga de desnaturalizar el mecanismo de
acción de tutela y garantice el derecho fundamental al debido proceso, pues no
puede adoptar criterios que deriven en el menoscabo de las garantías ius
fundamentales de los sindicados por un delito, quienes son inocentes del
mismo hasta que el Estado demuestre lo contrario.
De esta
manera, salvo brevemente mi voto.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA SU-565/15
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Particularidades
que hacen posible reconocer legitimación del accionante debido a condiciones
excepcionales (Aclaración de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Deber de
rechazar regla general según la cual en todo proceso los fiscales a cargo de la
investigación penal pueden acudir a la acción de tutela para dejar sin efecto
decisiones judiciales que contradigan sus conclusiones (Aclaración de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Fiscal
especializado accionante sí podía acudir a la acción de tutela en defensa de
los derechos de las víctimas, pero exclusivamente como agente oficioso
(Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte
Constitucional, explico las razones que me llevan a aclarar mi voto, en
relación con la sentencia SU-565 de 2015.
En el asunto revisado, la mayoría de los miembros de este Tribunal
estimó que el fiscal especializado que inició la investigación contra una
persona acusada de rebelión y secuestro se encuentra legitimado para presentar
acción de tutela contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia que remitió
el caso a la justicia de menores, porque (i) es el representante de las
víctimas dentro del proceso penal; (ii) es su competencia para investigar lo
que se encuentra en juego y (iii) los jueces constitucionales de instancia
nunca pusieron en duda su legitimación.
Aunque en mi concepto el caso objeto de estudio presentaba unas
particularidades que hacían posible reconocer la legitimación del accionante,
me parece imprescindible señalar que ello se debe a condiciones excepcionales,
y que debe rechazarse una regla general según la cual en todo proceso los
fiscales a cargo de la investigación penal pueden acudir a la acción de tutela
para dejar sin efecto las decisiones judiciales que contradigan sus
conclusiones. A continuación desarrollo estos argumentos:
En primer término, el argumento según el cual la Fiscalía es la
representante de las víctimas es sugestivo, pero debe entenderse en el marco
previsto por la Constitución. La Fiscalía no tiene algo así como un mandato
general otorgado por las víctimas, sino que representa sus intereses dentro
del proceso penal. Por ello, esa previsión del artículo 250 de la Carta
no habilita a todo fiscal para iniciar todo trámite judicial que considere
relevante en un caso concreto ni, específicamente, para acudir a la acción de
tutela.
De otra parte, la competencia de un funcionario no puede concebirse
como un derecho fundamental. Los derechos son inherentes a la persona humana,
se asocian a su dignidad, y son universales, o tienen por lo menos la vocación
de universalidad. La competencia de un funcionario de la fiscalía no posee esas
características y debe desarrollarse, antes que como el goce de un derecho,
como el cumplimiento de una obligación. Por ello, tampoco comparto el segundo
argumento de los expuestos en el proyecto.
El tercero de estos plantea que los jueces de instancia no discutieron
este aspecto, pero esa posición pasa por alto que es la Corte la encargada de
revisar los fallos de instancia, incluido el presupuesto procesal de la
legitimación por activa. Especialmente cuando, como ocurre en este caso,
aceptar la procedencia de la tutela puede afectar intereses de terceros.
Ahora bien, aunque creo que ninguno de eso argumentos tiene fuerza
suficiente para soportar la conclusión, estimo que en este caso el fiscal
especializado accionante sí podía acudir a la acción de tutela en defensa de
los derechos de las víctimas, pero exclusivamente como agente oficioso, debido
a que el proceso iniciado en su Despacho se refiere a graves violaciones de
derechos humanos (concretamente a un secuestro que se extendió por más de una
década) y las víctimas se hallaban en imposibilidad de defenderse.
La razón para acoger este enfoque obedece a que una regla general en el
sentido de considerar que los fiscales de cada caso están legitimados para
presentar acción de tutela afecta el principio de igualdad de armas que
caracteriza el proceso penal de tendencia acusatoria, y puede llevar a una
interferencia en los derechos al debido proceso (seguridad jurídica) y libertad
personal de las personas investigadas. Aceptar, en cambio, que se trata de una
excepción derivada de la naturaleza de los hechos que debían esclarecerse en
ese proceso, y de la vulnerabilidad de las víctimas para asumir la defensa de
sus propios derechos, resultar razonable y proporcionado.
Fecha ut supra
María Victoria Calle Correa
Magistrada
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA SU565/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Debió enfatizarse sobre aspectos relacionados con la
discusión suscitada en torno a la legitimación para actuar de quien promueve la
acción (Aclaración de voto)
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por ordenamiento jurídico (Aclaración de voto)
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Naturaleza (Aclaración de voto)
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-
4.620.289.
Revisión de las
Sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en
primera instancia el 6 de agosto de 2014 y la Sala Penal -Sala de Decisión de
Tutelas No. 1-en segunda instancia, del 2 de octubre de 2014, que negaron el
amparo solicitado por el Fiscal 18 especializado de la Dirección de Fiscalía
Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Magistrado ponente:
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO.
Si bien comparto la decisión adoptada por
la mayoría, considero, que en ella debió enfatizarse sobre los siguientes
aspectos, básicamente relacionados con la discusión suscitada en torno a la
legitimación para actuar de quien promueve la acción.
El inciso primero del artículo 86 de la
Constitución Política, estableció que toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
La norma en mención fue reglamentada por
el Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor:
"Artículo
10. Legitimidad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales ".
La jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido tres presupuestos esenciales que caracterizan a la figura de la
agencia oficiosa:
1.    Es un mecanismo
que permite la eficacia de los derechos fundamentales.
2.    Garantiza la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal a fin de evitar la violación
de derechos fundamentales.
3.    Activa el
principio de solidaridad, que impone a la sociedad velar por la protección y
efectividad de los derechos ajenos, cuando ellos, por sí mismos, no pueden
promover su defensa[88].
De igual modo la Sala Plena, en la
Sentencia SU-055 de 2015, estableció dos supuestos para que opere la agencia
oficiosa:
(i)
Que el titular de los derechos no esté en condiciones
de defenderlos por circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción
constitucional como son:
a.
Menores de edad.
b.
Personas de la tercera edad.
c.
Personas amenazadas ilegítimamente en su vida o
integridad personal.
d.
Individuos en condiciones relevantes de discapacidad
física, psíquica o sensorial.
e.
Personas pertenecientes a determinadas minorías
étnicas y culturales.
(ii)    Que en la tutela se manifieste esa
circunstancia.
En ese sentido, es bien sabido que la
acción de tutela puede ser interpuesta por toda persona que considere que le
han vulnerado o amenazado sus propios derechos fundamentales. Sin embargo, en
la tutela sometida a revisión, se destaca que la causa que impulsó al actor a
presentar la acción, fue el hecho de que él, en su calidad de Fiscal, fue
separado de la competencia para instruir una actuación penal en desconocimiento
de las reglas procedimentales que, conforme a los hechos probados, resultaba
menester aplicar, para así acatar las directrices que informan el debido
proceso constitucional y legal.
A mi juicio, otra forma de superar
argumentativamente el escoyo relacionado con la supuesta falta de legitimación
del actor en esta acción de tutela, adicional a la que tuvo en cuenta la
mayoría, relacionada con su afectación por ser sujeto procesal, y que también
comparto, era la de recurrir al análisis de la figura de la agencia oficiosa
teniendo en cuenta los parámetros formales y sustanciales dispuestos para el
trámite de las acciones de tutela.
Al respecto, sigo
considerando acertada la jurisprudencia de la Corporación que ha dado
desarrollo y precisión a esta figura, la cual, constituye una circunstancia
procesal que, desde mi punto de vista, por estar presente o configurada en esta
oportunidad, debió ser abordada en la parte considerativa de la sentencia, a
fin de aclarar las dudas que se pudieran suscitar respecto a la calidad en que
actuó o debió actuar el actor, Fiscal 18 de la Dirección de Fiscalía Nacional
Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, máxime
teniendo en cuenta que en el acápite de legitimación en la causa por activa se
enfatizó, como antes se dijo, en el hecho de que el mismo, fue retirado del
conocimiento de una investigación penal en virtud de un incidente de nulidad
promovido por la defensa, sin que se destacaran suficientemente las posibles
condiciones de debilidad manifiesta en que se pudieran encontrar las víctimas
de los delitos que estuvo investigando el Fiscal y en cuya defensa este, como
agente oficioso, bien podía actuar, lo cual cabía inferirse no obstante que no
se hubiese hecho una expresa manifestación en ese sentido, la cual, atendida
las circunstancias, podría no resultar necesaria a objeto de que la Corte le
diera aplicabilidad al principio pro accione teniendo en cuenta los derechos
fundamentales que estaban en juego y de esa forma conocer y dirimir de fondo el
asunto.
Fecha ut
supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
4
[1] F. 1 a 9, c. 1.
[2] F. 10 a 14, c. 1.
[3] F. 15 a 30, c. 1.
[4] F. 31 a 34, c. 1.
[5] F. 37 a 39, c. 1.
[6] C.O. Flio. 74.
[7] C.O. Flios. 61 a 65.
[8] F. 40 y 41, c. 1.
[9] F. 31 y 32, c. 4. (Este cuaderno da cuenta de las
actuaciones surtidas ante la Corte Constitucional en el trámite de la revisión
y contiene las pruebas decretadas y practicadas en el mismo).
[10]  F. 55 y 56, c. 4.
[11] F. 42 a 55, c. 1.
[12] F. 56 y 57, c. 1.
[13] F. 58 a 61, c. 1.
[14] F. 2, c. 2.
[15] F. 24, c. 2.
[16] F. 17 a 20, c. 2.
[17] F. 51 a 57, c. 2.
[18] Sentencia de primera instancia. Folios 25 a
28 del cuaderno principal.
[19] F. 69, c. 2.
[20] F. 4, c. 3.
[21] F. 12 a 24, c. 3.
[22] F. 22 y 23, c. 4.
[23] F. 29 a 46, c. 4.
[24] F. 47 a 182, c. 4.
[25] F. 183 a 188, c. 4.
[26] Supra 1.2.9.
[27] Supra 1.2.9.
[28] Supra I. 1.1.2.
[29] Supra I, 1.1.3.
[30] Cfr. T-1033, T-1093, T-1095 de 2012 y SU-770 de 2014.
[31] Cfr. Sentencias T-006 y C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994,
SU-014 y T-1180 de 2001, T-441, T-462, T-771 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004 y C-590
de 2005.
[32] Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[33] Cfr. Sentencia C-018 de 1993 y Autos 034 de 1996 y 220 de 2001.
[34] Cfr. Sentencias T-566 de 1998, C-836 de 2001 y T-292 de 2006.
[35] A modo de ejemplo, puede verse lo dicho en la Sentencia T-1093 de
2012, reiterado en la Sentencia T-1095 de este mismo año, en el sentido de que
la subsidiariedad “asegura la independencia y autonomía judicial pues el
peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado todos los
mecanismos previstos en el sistema jurídico”; y la inmediatez “evita que
se dé una erosión muy acentuada de la seguridad jurídica y la cosa juzgada,
pues preserva la intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas, toda vez que,
transcurrido un tiempo razonable no es posible que sean cuestionadas [las
providencias judiciales] por un supuesto desconocimiento de derechos
fundamentales”.
[36] Cfr. Sentencias C-560 de 1999 y C-1290 de 2001.
[37] Cfr. Sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[38] Cfr. Sentencia T-1049 de 2008.
[39] Cfr. Sentencia T-658 de 1998.
[40] Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[41] Cfr. Sentencias T-008 de 1998, T-937 de 2001, SU-159 de 2002, T-996
de 2003 y T-196 de 2006.
[42] Cfr. Sentencias T-591 de 2011 y T-053 de 2012.
[43] Cfr. Sentencias T-079 de 1993, T-008 de 1998, T-522 de 2001 y C-590
de 2005.
[44] Cfr. Sentencias SU-846 de 2000, SU-014 y T-1180 de 2001.
[45] Cfr. Sentencia T-114 de 2002.
[46] Cfr. Sentencias SU-640 de 1998, SU-168 de 1999, T-1625 de 2000,
T-1031 y SU-1184 de 2001 y T-462 de 2003.
[47] Cfr. Sentencias T-1625 de 2000, T-1031 y SU-1184 de 2001.
[48] Cfr. Sentencia T-522 de 2001.
[49] Cfr. Sentencias C-208 de 1993, SU-1184 de 2001, T-757 de 2009 y
T-309 de 2013.
[50] Cfr. Sentencias T-008 de 1998, T-1057 de 2002, T-929 de 2008, T-757
de 2009.
[51] Cfr. Sentencia T-058 de 2006, T-267 y T-309 de 2013.
[52] Cfr. Sentencias T-446 de 2007, T-313 de 2010, T-511 de 2011, T-309
de 2013.
[53] Cfr. Sentencias T-446 de 2007, T-929 de 2008, T-511 de 2011, T-929
de 2012, T-267 y T-309 de 2013.
[54] Cfr. Sentencias C-1270 de 2000 y T-352 de 2012.
[55] Cfr. Sentencia T- 417 de 2008.
[56] Cfr. Sentencias C-157 de 1998, C-252 de 2001, T-974 y C-873 de
2003, T-056 de 2005, T-870 de 2007, T-1015 de 2010 y T-346 de 2012.
[57] Cfr. Sentencias T-504 de 1998, C-798 de 2003, T-264 de 2009, C-868
de 2010 y T-213 de 2012.
[58] Cfr. Sentencias T-1015 de 2010, T-205 y C-371 de 2011 y T-274 de
2012.
[59] Cfr. Sentencias T-290 de 1998, C-202 de 2005, T-1066 de 2007, T-264
de 2009, C-124 de 2011 y T-352 de 2012.
[60] Cfr. Sentencia T-732 de 2011.
[61] Cfr. Sentencias C-202 de 2005 y T-346 de 2012.
[62] Cfr. Sentencia SU-1300 de 2001.
[63] Cfr. Sentencia T-442 de 1994.
[64] Cfr. Sentencia T-538 de 1994.
[65] Cfr. Sentencias T-393 de 1994, SU-132 de 2002, T-1065 de 2006,
T-417 y T-1100 de 2008 y T-346 de 2012.
[66] Cfr. Sentencias T-458 de 2007 y T-346 de 2012.
[67] Cfr. Sentencia T-902 de 2005.
[68] Cfr. Sentencia C-352 de 2012.
[69] Cfr. Sentencias T-591 de 2011 y T-053 de 2012.
[70] Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-920, T- 958, T-994 y T-1276 de
2005, T-225 de 2006, T-757 de 2009, T-327 de 2011, T-214 de 2012 y T-160 de
2013.
[71] Cfr. Sentencias T-565 A de 2010, T-053 de 2012, T-309 de 2013.
[72] Cfr. Sentencias T-639 de 1996, T-654 de 1998, T-984 de 2000, SU-159
de 2002, T-214 de 2012 y T-309 de 2013.
[73] Cfr. Sentencia T-053 de 2012.
[74] Cfr. Sentencias T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003,
T-973 de 2004, T-289 de 2005, T-053 de 2012.
[75] Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-053 y T-214 de 2012, T-160 de
2013.
[76] Cfr. Sentencias SU-917 de 2010 y SU-131 de 2013.
[77] Supra II. 5.2.1.1.
[78] Supra II, 3.5.
[79] Supra II. 3.4.
[80] Supra II, 1.2.9. y 1.2.14.
[81] Supra II. 5.2.1.2.
[82] Supra I, 1.2.3.
[83] Supra I, 1.2.4.
[84] Supra I, 1.2.5.
[85] Artículo 168 y 169 del Código Penal actual y artículo 269
del Código Penal anterior.
[86] Acción de tutela instaurada por Rodrigo Lara Restrepo contra la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
[87] La defensa del usuario y del administrado. Puede consultarse
en http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo4.pdf
[88] Sentencia T-056
de 2015 de la Corte Constitucional.