T-896-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-896/02
DERECHO DE PETICION-Hecho superado
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-624927
Acción de
tutela instaurada por Luz Adriana Hernández Aranzales contra la Caja Nacional
de Previsión Social  (Cajanal).
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de
dos mil dos (2002).
La Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados,
Alvaro Tafur Galvis -Presidente de la Sala-, Clara Inés Vargas Hernández y
Jaime Araújo Rentería, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de
la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión del fallo adoptado por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, en el trámite de la acción de tutela interpuesta
por Luz Adriana Hernández Aranzales contra la Caja Nacional de Previsión Social
–Cajanal-.
I.
ANTECEDENTES.
La señora Luz Adriana Hernández Aranzales
instauró acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal-
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y seguridad
social, en razón a que la accionada no ha dado respuesta a una solicitud
presentada por ella el pasado 8 de marzo. Para fundamentar su solicitud de
amparo, puso de presente los siguientes hechos:
Señala que el 8 de marzo de 2002, presentó
ante la entidad demandada un derecho de petición, para que se le certificara
que no devenga por parte del erario público ninguna asignación salarial,
prestacional o pensional, la cual tenía como destino el Instituto de Seguros
Sociales, quien se la exige para poder ser beneficiaria de un pensionado.
Afirma que a la fecha 4 de mayo de 2002 la
demandada no ha emitido respuesta alguna (se observa que presentó la tutela el
2 de mayo), causándole con ello un perjuicio irremediable, en virtud de que el
Seguro Social no ha podido realizar las actuaciones administrativas que
requieren de la citada información. En consecuencia, solicita que se le ordene
a la entidad demandada dar respuesta a su petición.
La doctora Gloria Moncada Tovar, Coordinadora
Grupo Asuntos Judiciales de la Subdirección General de Prestaciones Económicas
de Cajanal, en oficio remitido al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinarias, de fecha 16 de mayo de 2002,
informó que a la petición presentada por la señora Luz Adriana Hernández
Aranzalez, se le dio respuesta mediante certificado No.3948 del 15 de abril del
año en curso.
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
Conoció del presente asunto el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-
que en providencia del 20 de mayo de 2002[1],
declaró improcedente la tutela presentada en razón a que la Caja Nacional de
Previsión Social respondió el derecho de petición presentado por la demandante,
el 15 de abril de 2002, por lo que se está frente a un hecho superado, que hace
que el amparo solicitado pierda su razón de ser.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
De
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales
mencionadas.
2. Derecho de petición – Hecho
Superado.
La Corte
Constitucional en copiosa jurisprudencia, ha indicado que el núcleo esencial del
derecho de petición consagrado como tal en el artículo 23 de la Constitución
Política, contempla no sólo la posibilidad de que las personas puedan
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, bien sea en  interés
general o particular, sino también el derecho a obtener de éstas una respuesta[2]
clara y precisa del asunto sometido a su consideración, y dentro del término
legal. Por lo tanto, la falta de respuesta o la resolución tardía de la
solicitud, se erigen en formas de  violación de tal derecho fundamental que,
por lo mismo, son susceptibles ser conjuradas mediante el uso de la acción de
tutela, expresamente consagrada para la defensa de esta categoría de derechos[3].
En el caso bajo estudio, observa la Sala que
el motivo que originó la tutela fue el derecho de petición[4]
presentado por la señora Luz Adriana Hernández Aranzales el 8 de marzo del 2002
a la Caja Nacional de Previsión Social, en el que solicitó una certificación
con destino al Instituto  de Seguro Social en la que constara que no devengaba
suma alguna por ningún concepto del erario público y que tampoco tenía a su
favor ninguna pensión o prestación económica.
De los antecedentes expuestos, de la
respuesta dada por la accionada al Consejo Seccional de la judicatura de
Cundinamarca[5],
así como de las pruebas arrimadas al plenario, se infiere que dicha solicitud
fue resuelta mucho antes inclusive de incoar la tutela, pues ésta se instauró
el 2 de mayo de 2002 y el derecho de petición le fue resuelto el 15 de abril de
la misma anualidad, mediante Certificado No. 3948[6] en
el que se lee claramente “Que revisada la Base de Datos del Grupo de Nómina
de esta Subdirección en la fecha no se encontró que el(la) señor(a) HERNÁNDEZ
ARANZALEZ LUZ ADRIANA, identificado(a) con la C.C. No. 51968416, haya sido
inscrita como pensionada por cuenta de la Caja Nacional de Previsión Social”.
Por lo precedente, esta Sala de Revisión
comparte el fallo proferido por la instancia judicial al conocer de este
proceso, pues tal como ésta lo manifestó el objeto de la tutela ya desapareció,
configurándose así un hecho superado. Al tenor de la jurisprudencia “...la decisión del juez de tutela carece
de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación
expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado
intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha
desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.
Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma
expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún
sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en
relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero
que, al momento de cumplirse la sentencia no existen o, cuando menos, presentan
características totalmente diferentes a las iniciales.”[7]
De acuerdo con las anteriores
consideraciones, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria.-
el 20 de mayo de 2002.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- el 20 de mayo de 2002, dentro
de la tutela instaurada por Luz Adriana Hernández Aranzales contra la Caja
Nacional de Previsión Social -Cajanal-.
Segundo.
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Folios 11 al 17.
[2] Sentencia T-099 de 2000 M.P.: José
Gregorio Hernández Galindo, T-134 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz., y
T-300 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández..
[3] T-641 de 1999
[4] Cfr. Folio 3.
[5] Cfr. Folio 9.
[6] Cfr. Folios 10, 31 y 32
[7] Sobre el hecho superado se pueden
consultar entre otras las sentencias T-278, T-496 y     T-537 de 2001, en las
que esta Sala se pronunció al respecto.