T-631-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
SENTENCIA T-631/08
(Bogotá D.C., 26 de junio)
ACCION DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE
DESACATO-Incumplimiento
del gerente de Cajanal de órdenes impartidas por jueces de tutela
INCIDENTE DE DESACATO-Naturaleza y sanción que pueda imponerse
JUEZ DE TUTELA-Posibilidad de imponer sanciones a quien incumple sus
órdenes está perfectamente justificada
ACCION DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE
DESACATO POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional
INCIDENTE DE DESACATO-Improcedencia de tutela salvo que se
presenten vías de hecho
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Condiciones
para procedibilidad excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales
especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Requisitos para que prospere
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Requiere que el trámite incidental haya finalizado
INCIDENTE DE DESACATO-Observancia del debido proceso es
perentoria en el trámite incidental
ACCION DE TUTELA-Se tendrán por ciertos los hechos y se
resolverá de plano cuando demandados no proporcionen información requerida por
el juez
ACCION DE TUTELA-Presunción de veracidad
ACCION DE TUTELA-Agotamiento de mecanismos judiciales de
defensa para la procedencia/INCIDENTE DE DESACATO-Agotamiento de
mecanismos judiciales de defensa para la procedencia
NADIE PUEDE SACAR PROVECHO DE SU PROPIA
CULPA-Principio general
del derecho
ACCION DE TUTELA-Requiere la existencia de un perjuicio grave
e inminente para la procedencia
ACCION DE TUTELA-Derecho para reclamar ante los jueces la
protección de los derechos fundamentales
por acción u omisión de cualquier autoridad pública/ACCION
DE TUTELA-Legitimidad e
interés
ACCION DE TUTELA-Carácter personal y concreto
ACCION DE TUTELA-Agente oficioso debe demostrar que el
titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa
ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADOS-Falta de legitimación del actor para
solicitar amparo en nombre de afiliados de Cajanal
INCIDENTE DE DESACATO-Fallo previa notificación a gerente de
Cajanal que no intervino en el trámite para demostrar que no hubo
incumplimiento
INCIDENTE DE DESACATO-Improcedencia de acciones de tutela
instauradas por gerente de Cajanal
ACCION DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE
DESACATO-Situación anómala
de Cajanal no exime de responsabilidad para no cumplir órdenes impartidas por
jueces de tutela
ACCION DE TUTELA-Competencia de las directivas de Cajanal
de adoptar medidas para atender oportunamente solicitudes y pago de
prestaciones a su cargo
ACCION DE TUTELA-Llamado a prevención a Cajanal para que en
lo sucesivo se abstenga de desproteger a quienes reclaman mesadas pensionales
Referencia: Expedientes acumulados T-1.788.046, T- 1.834.639, T-
1.837.153, T- 1.837.154, T- 1. 837.157, T- 1. 837.165, T- 1. 837.167, T- 1.
837.168, T- 1. 837.169, T- 1. 837.171, T- 1. 837.172, T- 1. 837.174, T- 1.
837.175, T- 1. 837.180
Accionante: Augusto Moreno Barriga
Accionados: Juzgado 7 Laboral del Circuito de Bogotá,  Juzgado 4°
Laboral del Circuito de Santa Marta, Juzgado 1° Laboral del Circuito de Ibagué,
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Itagüi, Juzgado 6 Laboral del Circuito de
Ibagué, Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá, Juzgado Único Laboral del
Circuito de Garzón, Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué, Juzgado 1°
Laboral del Circuito de Ibagué, Juzgado 1° Laboral del Circuito de Neiva,
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué, Juzgado 3 Laboral del Circuito de Tunja,
Juzgado 3 Laboral del Circuito de Popayán, Juzgado 3 Laboral del Circuito de
Ibagué, respectivamente.
Fallos de tutela objeto de Revisión: sentencias no impugnadas del Tribunal
Superior de Bogotá Sala Laboral del  1° de noviembre de 2007[1] (T-1.788.046), Tribunal Superior del Distrito
judicial de Santa Marta Sala laboral del 12 de diciembre de 2007[2] (T-1.834.639), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del  11 de diciembre de 2007[3] (T-1.837.153), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007[4] (T-1.837.154), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007[5] (T-1.837.157), Corte Suprema de Justicia  Sala de
Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007[6] (T-1.837.165), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007[7] (T-1.837.167), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del  3 de diciembre de 2007[8] (T-1.837.168), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del  3 de diciembre de 2007[9] (T-1.837.169), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007[10] (T-1.837.171), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del 3 de diciembre de 2007[11] (T-1.837.172), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007[12] (T-1.837.174), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del  11 de diciembre de 2007[13] (T-1.837.175), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del  11 de diciembre de 2007[14] (T-1.837.180)
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo
Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
En los casos T-1.788.046, T- 1.834.639, T- 1.837.153,
T- 1.837.154,T- 1. 837.157,T- 1. 837.165, T- 1. 837.167, T- 1. 837.168, T- 1.
837.169, T- 1. 837.171, T- 1. 837.172, T- 1. 837.174, T- 1. 837.175  ,T- 1.
837.180, de Augusto Moreno Barriga contra Juzgado 7 Laboral del Circuito de
Bogotá,  Juzgado 4° Laboral del Circuito de Santa Marta, Juzgado 1° Laboral del
Circuito de Ibagué, Juzgado 1° Laboral del Circuito de Itagüi, Juzgado 6
Laboral del Circuito de Ibagué, Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá,
Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón, Juzgado 6 Laboral del Circuito de
Ibagué, Juzgado 1° Laboral del Circuito de Ibagué, Juzgado 1° Laboral del
Circuito de Neiva, Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué, Juzgado 3 Laboral
del Circuito de Tunja, Juzgado 3 Laboral del Circuito de Popayán, Juzgado 3
Laboral del Circuito de Ibagué, respectivamente, el accionante instauró acción
de tutela para la protección de sus Derechos constitucionales fundamentales a
la libertad personal, el debido proceso, la honra y el trabajo artículos 15,
21, 28, 29 de la Constitución Política.
Señala el demandante que los juzgados demandados
dictaron una orden de arresto en su contra por un presunto desacato a las
órdenes de tutela impartidas por ellos, con lo cual se violan sus derechos a la
honra y honor personal en tanto se deja la impresión de que es negligente,
irrespetuoso de la justicia y arrogante con los ciudadanos.
No desconoce que la orden de arresto se “profiere
dentro de un proceso de tutela, por parte de un juez, siguiendo el ritual
procedimental para el efecto y con las formalidades que rige la ley”. Sin
embargo considera que la falta de análisis sobre los hechos que dan lugar, no
al incumplimiento de los fallos, sino al de los términos perentorios en ellos
fijados, vulnera su derecho a la libertad personal.
Plantea que la sola confrontación entre la fecha de la
orden del juez de tutela y aquella en que se da cumplimiento a la misma, sin
validar las razones de la situación anómala de la entidad, constituyen una
violación a la prohibición constitucional de imponer sanciones con base en una
responsabilidad objetiva, con lo cual se viola el principio del debido proceso.
Para mostrar la difícil situación de la entidad que
dirige presenta un Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y derechos de
petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y septiembre de
2007, al igual que un cuadro que muestra los actos administrativos proferidos y
clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de pensión
radicadas y clasificadas por tipo de prestación, durante el mismo lapso.
Señala que con la orden de arresto, unida a otras
decretadas por diferentes despachos judiciales, se le impide dar cumplimiento a
sus funciones como gerente de CAJANAL, lo cual vulnera su derecho al trabajo, y
se deja acéfala la institución impidiendo con ello que se de cumplimiento a las
ordenes de los jueces de tutela.
Añade que dadas las circunstancias de CAJANAL “es
humana, legal y físicamente imposible dar cumplimiento a las órdenes de tutela
impartidas contra ella, y nadie está obligado a lo imposible, por cuanto el
recurso humano con que cuenta la entidad hace imposible evacuar todos los
trámites. La situación anómala de CAJANAL constituye un hecho imprevisible e
irresistible para el actor, lo cual configura una causal eximente de
responsabilidad respecto del incumplimiento de la orden del juez de tutela.
Funda la procedencia de la acción en el hecho de que
las providencias que imponen la sanción no son atacables ante el contencioso y
contra ellas no proceden recursos por no haberlo previsto la ley, por lo cual
no hay vía judicial alterna.
Aclara que, dado que con la presente acción no
pretende impugnar las decisiones del juez en el incidente de desacato sino
hacer eficaz el amparo de los tutelantes, no resulta de recibo la
jurisprudencia de la Corte según la cual en contra de las providencias que
ordenan el arresto por declararse el desacato a la orden de un juez no procede
la acción de tutela pues ello implicaría un espiral jurídico que haría inválido
el proceso de protección de los derechos fundamentales.
Pretende por lo tanto que se dejen sin efecto las
providencias proferidas por los juzgados demandados, por las cuales se ordenó
su arresto en los procesos de tutela incoados contra CAJANAL EICE por Colon Edmundo Delgado Insuasty (T-1.788.046), Yolanda Suárez de Núñez (T-
1.834.639), Orlando Guzmán Sandoval (T- 1.837.153), Benigno Antonio Román
Martínez (T- 1.837.154). Carlos Arturo Rubio López (T- 1. 837.157), Inés Barrios de León (T- 1. 837.165), Rafael Méndez Chávez (T-
1. 837.167), Enmanuel Augusto Puentes Riaño (T- 1. 837.168), Emelina Muñoz de
Chavez (T- 1. 837.169 ), Luz Marian Monje de Ramón (T- 1. 837.171), Flor Alicia
Romero de Mosquera (T- 1. 837.172), Trinidad Beltrán Pimiento (T- 1. 837.174),
Gloria Inés Vásquez Goyes Victor Hugo Muñoz (T- 1. 837.175), Gloria Esperanza
Cifuentes (T- 1. 837.180).
2. Repuestas de los accionados, hechos relevantes y
medios de prueba y decisiones judiciales (según cada caso).
2.1. T-1.788.046 de Moreno Barriga Augusto vs Juzgado
7 Laboral del Circuito de Bogotá.
2.1.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T- 1.788.046
En el escrito de contestación[15],
el Juez Séptimo Civil del Circuito de Bogotá D.C. solicitó que sea negado el amparo toda vez que su
accionar sólo se ha limitado a la aplicación de las normas legales y
constitucionales que regulan el trámite de la tutela y el incidente de
desacato.
Para el efecto resalta que, “es realidad inconcusa que CAJANAL E.I.C.E.
atraviesa por una situación de ‘crisis permanente’ —como lo afirma el
accionante- que implica el incumplimiento de sus obligaciones legales. Pero tal
circunstancia no deviene como consecuencia del accionar de sus afiliados y
mucho menos de este Despacho que sólo se ha limitado ha proteger derechos
superiores que por vía de tutela han solicitado los verdaderos afectados de esa
‘crisis permanente’ en CAJANAL E.I.C.E.”
2.1.2. Hechos relevantes y medios de prueba en
T-1.788.046
- Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y
derechos de petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y
septiembre de 2007.[16]
- Cuadro estadístico que comprende el lapso entre
noviembre de 2006 y septiembre de 2007, con los actos administrativos
proferidos y clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de
pensión radicadas y clasificadas por tipo de prestación.[17]
2.1.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.788.046
Fallo de Primera Instancia (Tribunal Superior de
Bogotá Sala Laboral del  1° de noviembre de 2007)[18]: el juez de instancia negó por  improcedente el
amparo al considerar que las decisiones adoptadas por el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Bogotá fueron proferidas dentro de una acción de tutela
y por ende, conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es
imposible conocer acciones de tutela contra tutela.
2.2. T- 1.834.639 de Moreno Barriga Augusto vs Juzgado
4° Laboral del Circuito de Santa Marta.
2.2.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T- 1.834.639.
La Juez Cuarta Laboral del Circuito de Santa Marta[19] manifestó que actualmente tramita un promedio de 4
tutelas semanales contra la Caja nacional de Previsión Social, y ante la
avalancha de incidentes de desacato que se promueven contra dicha entidad ha
procedido a efectuar múltiples requerimientos con la finalidad de evitar las
consecuencias que la ley asigna a la figura del desacato. En el caso específico
se falló el incidente de desacato debidamente notificado sin que a la fecha de
la decisión se hubiese recibido respuesta alguna por parte de la entidad. Estando
pendiente la decisión de la consulta ante el Tribunal la Juez Cuarta Laboral
del Circuito de Santa Marta no entiende la razón de la tutela por parte del
director de CAJANAL.
2.2.2. Hechos relevantes y medios de prueba en 1.834.639
- Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y
derechos de petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y
septiembre de 2007.[20]
- Cuadro estadístico que comprende el lapso entre
noviembre de 2006 y septiembre de 2007, con los actos administrativos
proferidos y clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de
pensión radicadas y clasificadas por tipo de prestación.[21]
- Comunicación dirigida al doctor Augusto Moreno
Barriga donde se le informa sobre la admisión del incidente de desacato
promovido por la señora Yolanda Suárez de Núñez.[22]
- Constancia expedida por DEPRISA sobre la entrega de
la comunicación en las oficinas de CAJANAL EICE en Bogotá[23].
- Auto del 15 de Agosto de 2007 mediante el cual el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta resuelve el incidente de
desacato promovido por la señora Yolanda Suárez de Núñez, e impone al doctor
Augusto Moreno Barriga la sanción de arresto domiciliario de cinco días, entre
otras cosas por haber transcurrido 10 meses sin que la accionada se hubiese
pronunciado sobre la orden impartida por el juez de tutela[24].
- Comunicación del 24 de septiembre de 2007 por la
cual CAJANAL EICE solicita al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa
Marta que no se haga efectiva la sanción impuesta al doctor Moreno Barriga,
pues dicha entidad había dado cumplimiento a la orden impartida por el juez de
tutela mediante la Resolución Nº 40999 del 6 de septiembre de 2007, por la cual
se resuelve un recurso de reposición presentado por la señora Yolanda Suárez de
Núñez[25].
2.2.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.834.639
Fallo de Primera Instancia no impugnado (Tribunal
Superior del Distrito judicial de Santa Marta Sala laboral del 12 de diciembre
de 2007)[26].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
al considerar que la orden impartida en el incidente de desacato no está en
firme, por lo cual no estaría dado el fundamento para interponer la tutela.
2.3. T- 1.837.153 de Moreno Barriga Augusto vs Juzgado
1° Laboral del Circuito de Ibagué.
2.3.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T-1.837.153: no respondió.
2.3.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.153
- Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y
derechos de petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y
septiembre de 2007.[27]
- Cuadro estadístico que comprende el lapso entre
noviembre de 2006 y septiembre de 2007, con los actos administrativos
proferidos y clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de
pensión radicadas y clasificadas por tipo de prestación.[28]
2.3.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.153
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del  11 de diciembre de 2007)[29].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
al considerar que (i) no aparece probada violación alguna de los derechos
fundamentales invocados; (ii) la acción de tutela no es el mecanismo para dejar
sin efecto las providencias que contienen sanciones de arresto impuestas con
ocasión del trámite de incidentes de desacato, por cuanto ellas son el
resultado de la aplicación imparcial de la ley, ante el incumplimiento de la
respectiva sentencia de amparo tendiente a proteger el derecho o los derechos
fundamentales violados; (iii) resulta abusiva la utilización de la acción
constitucional de amparo, habida cuenta de que el fundamento esgrimido por el
actor, jamás puede servir de soporte legal para obtener una decisión favorable
como la pretendida, porque no se demostró que se hubiese violado derecho
alguno.
2.4. T- 1.837.154 de Moreno Barriga Augusto vs Juzgado
1° Laboral del Circuito de Itagüi.
2.4.1 Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T-1.837.154
Mediante Oficio de 22 de noviembre de 2007[30] el Juez Primero Laboral del Circuito de Itagüi
solicitó denegar el amparo imprecado por cuanto carece de sustento legal dado
que quien incumple una orden de tutela incurre en desacato sin que sean
necesarias consideraciones de otro tipo para imponer la sanción
correspondiente.
2.4.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.154
- Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y
derechos de petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y
septiembre de 2007.[31]
- Cuadro estadístico que comprende el lapso entre
noviembre de 2006 y septiembre de 2007, con los actos administrativos
proferidos y clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de
pensión radicadas y clasificadas por tipo de prestación.[32]
- Auto de 12 de junio de 2007 por la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüi resolvió el incidente de desacato
promovido por el señor Benigno Antonio Román Martínez e impuso al doctor
Augusto Moreno Barriga sanción de 3 días de arresto y multa de 2 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.[33]
- Providencia
de 4 de julio de 2007 por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Séptima de Decisión Laboral al resolver la consulta del proveído
de 12 de junio de 2007 proferido por el Juez Primero Laboral del Circuito de
Itagüi, confirma la decisión adoptada por éste.[34]
- Oficio GG-SAN-46513 de fecha 16 de julio de 2007[35] de CAJANAL EICE por el cual se solicita al Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Itagüi que no se ejecute la sanción impuesta
dado que mediante la Resolución Nº 33585 de 10 de julio de 2007 se dio
cumplimiento al fallo de tutela.
- Oficio de 14 de septiembre de 2007[36] por el cual el Subgerente de Prestaciones Económicas
de CAJANAL EICE solicita nuevamente al Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Itagüi que no se ejecute la sanción impuesta por haberse dado cumplimiento a la
orden del juez de tutela, mediante la resolución expedida el 1º de julio de
2007.
- Auto de 19 de septiembre de 2007[37] por el cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Itagüi denegó la solicitud de no ejecución de la sanción por considerar que
carecía de competencia para desconocer el fallo del Tribunal Superior de
Medellín.
4.4.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.154.
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007)[38].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
solicitado por el doctor Augusto Moreno Barriga, tendiente a anular la
providencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüi al considerar
que (i) no puede ser la tutela judicial de los derechos la causa del desamparo
de los afiliados; ni la propia desidia administrativa razón para exonerarla de
las consecuencias de su irregular actuación y lo mismo puede predicarse de
quien tiene la dirección de la institución; (ii) no se evidencia la violación
de algún derecho fundamental del accionante, toda vez que su situación de
detención obedece a circunstancias que fueron ventiladas y decididas conforme a
la ley.
2.5. T- 1. 837.157 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué.
2.5.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T-1.837.157: no se pronunció.
2.5.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.157
- Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y
derechos de petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y
septiembre de 2007.[39]
- Cuadro estadístico que comprende el lapso entre
noviembre de 2006 y septiembre de 2007, con los actos administrativos
proferidos y clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de
pensión radicadas y clasificadas por tipo de prestación.[40]
2.5.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.157
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007)[41].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
solicitado por el doctor Augusto Moreno Barriga, tendiente a anular la
providencia del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué al considerar que
(i) no se advierte violación de los derechos fundamentales que el actor estima
conculcados; (ii) la providencia que dio origen a la sanción se fundó en el
incumplimiento del fallo de tutela y no en el capricho del sentenciador; (iii)
el argumento de que existe gran cantidad de expedientes por resolver no
resultan atendibles, pues la función del estado es precisamente garantizar que
los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos.
2.6. T- 1. 837.165 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá.
2.6.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T T-1.837.165
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Bogotá manifestó que el trámite del incidente de desacato se hizo conforme a
derecho, tanto en su forma como en su contenido y las razones para la sanción fueron objeto de
consideración por el superior que confirmó la decisión adoptada. [42]
2.6.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.165
-
Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y derechos de petición radicados
en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007.[43]
- Cuadro
estadístico que comprende el lapso entre noviembre de 2006 y septiembre de
2007, con los actos administrativos proferidos y clasificados por tipo de
prestación así como las solicitudes de pensión radicadas y clasificadas por
tipo de prestación.[44]
2.6.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.165
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia  Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007) [45].
La Corte denegó el amparo por considerar que (i) no se advierte la
trasgresión de los derechos fundamentales que alega como conculcados por parte
de los funcionarios judiciales accionados, en el trámite del incidente de
desacato; (ii) la providencia que dio origen a la sanción estuvo fundada en el incumplimiento del fallo
de tutela, y no en el capricho del sentenciador, decisión que, por demás,
estuvo sometida al trámite de consulta; (iii) los argumentos en los que sustenta su petición, según los cuales existe gran
cantidad de expedientes por resolver, de los cuales ha venido
responsabilizándose "en la medida de lo posible" no resultan atendibles por la Sala, pues la función del Estado es
precisamente garantizar que los derechos de los ciudadanos se hagan efectivos, sin que, por
tanto, aquel pueda de esa forma esquivar sus deberes”.
2.7. T- 1. 837.167 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado Unico Laboral del Circuito de Garzón.
Cabe resaltar que en T-867. 167 la acción la interpone
el doctor Augusto Moreno Barriga contra la decisión adoptada por el Juzgado
Único Laboral del Circuito de Garzón que sancionó al Subdirector de
Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE.
2.7.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T-1.837.167
Mediante Oficio 1415 de 7 de diciembre de 2007[46] el Secretario del Juzgado Único Laboral del Circuito
de Garzón manifestó a la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de
justicia que en ese despacho se tramitaron dos incidentes de desacato
promovidos por el señor Rafael Méndez Chávez contra CAJANAL EICE. “El
primero de ellos fallado el 31 de octubre de 2006 contra el Subdirector de
Prestaciones Económicas de esa entidad, y estando en trámite la Consulta ante
el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Huila, se dejó
sin efecto, por cumplimiento de lo peticionado por el actor, según consta en
auto de fecha 3 de noviembre de 2006. El segundo promovido por el mismo actor
fue fallado el 14 de agosto de 2007, confirmado por el Honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, Huila, el día 24 de agosto de 2007,
dirigido contra la doctora LUZ NARLEN ARIZA CASTILLO en su calidad de
Subgerente de Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE y dejada sin efecto la
medida de arresto y multa impuestas por cumplimiento de lo peticionado por el
accionante, según consta en auto de fecha 17 de  septiembre de 2007”.
2.7.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.167
-
Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y derechos de petición radicados
en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007.[47]
-
Cuadro estadístico que comprende el lapso entre noviembre de 2006 y septiembre
de 2007, con los actos administrativos proferidos y clasificados por tipo de
prestación así como las solicitudes de pensión radicadas y clasificadas por
tipo de prestación.[48]
- Sentencia
de 31 de octubre de 2006 por la cual el Juzgado Único Laboral del Circuito de
Garzón resolvió el incidente de desacato promovido por el señor Rafael Méndez
Chávez e impuso al Subdirector de Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE
sanción de 5 días de arresto y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.[49]
- Auto
de 3 de noviembre de 2006 por medio del cual el Juzgado Único Laboral del
Circuito de Garzón dejó sin efecto la decisión adoptada al fallar el incidente
de desacato, por cuanto la accionada CAJANAL EICE remitió en forma extemporánea
la Resolución por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de
vejez reclamada por el señor Rafael Méndez Chávez, actuación con la cual se
cumplió lo ordenado en el fallo de tutela.[50]
- Auto
de 14 de agosto de 2007 mediante el cual se resuelve el nuevo incidente de
desacato promovido por el señor Rafael Méndez Chávez en razón de que no le fue
reajustada la pensión, y se impone a la Subgerente de Prestaciones Económicas
de CAJANAL EICE, doctora LUZ MARLEN ARIZA CASTILLO sanción de 5 días de arresto
y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.[51]
- Providencia
de 24 de agosto de 2007 por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Tercera de Decisión Civil- Familia- Laboral al resolver la
consulta del proveído de 14 de agosto de 2007 proferido por el Juzgado Único
Laboral del Circuito de Garzón, confirma la decisión adoptada por éste.[52]
- Auto
de 17 de septiembre de 2007 por medio del cual el Juzgado Único Laboral del
Circuito de Garzón dejó sin efecto la decisión adoptada el 14 de agosto de 2007 al fallar el incidente
de desacato, y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, Sala Tercera de Decisión Civil- Familia- Laboral el 24 de agosto de
2007, por cuanto la accionada CAJANAL EICE remitió oficio por medio del cual
informa que incluyó en la nómina del mes de octubre de 2007 las mesadas
atrasadas como consecuencia de la reliquidación de la pensión de vejez
reclamada por el señor Rafael Méndez Chávez, actuación con la cual se cumplió
lo ordenado en el fallo de tutela.[53]
2.7.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.167
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007)[54].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
solicitado por el doctor Augusto Moreno Barriga, tendiente a anular la
providencia del Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón al considerar que
(i) no aparece probada violación alguna de los derechos fundamentales
invocados; (ii) la acción de tutela no es el mecanismo para dejar sin efecto
las providencias que contienen sanciones de arresto impuestas con ocasión del
trámite de incidentes de desacato, por cuanto ellas son el resultado de la
aplicación imparcial de la ley, ante el incumplimiento de la respectiva
sentencia de amparo tendiente a proteger el derecho o los derechos
fundamentales violados; (iii) resulta abusiva la utilización de la acción
constitucional de amparo, habida cuenta de que el fundamento esgrimido por el
actor, jamás puede servir de soporte legal para obtener una decisión favorable
como la pretendida, porque no se demostró que se hubiese violado derecho
alguno.
2.8. T- 1. 837.168 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué.
2.8.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
T-1.837.168: no respondió.
2.8.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.168
-
Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y derechos de petición radicados
en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007.[55]
- Cuadro
estadístico que comprende el lapso entre noviembre de 2006 y septiembre de
2007, con los actos administrativos proferidos y clasificados por tipo de
prestación así como las solicitudes de pensión radicadas y clasificadas por
tipo de prestación.[56]
- Sentencia
de 27 de junio de 2007 por la cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Ibagué tuteló el derecho de petición invocado por el señor Emmanuel Augusto
Puente Riaño y ordenó a CAJANAL EICE que en el término de 48 horas a partir del
recibo de la comunicación procediera a resolver la solicitud del accionante.[57]
- Providencia
de 23 de agosto de 2007 proferida en incidente de desacato por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué donde se impuso al doctor Augusto Moreno Barriga
sanción de 3 días de arresto y multa de un salario mínimo mensual legal
vigente.[58]
- Decisión
proferida por el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Laboral, el 3 de septiembre
de 2007 donde desata la consulta del auto de 23 de agosto de 2007 del Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Ibagué y confirma la sanción impuesta por el a
quo, por cuanto no aparece que se hubiese dado cumplimiento a la orden tutelar
por parte de CAJANAL.[59]
2.8.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.168
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del  3 de diciembre de 2007)[60].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
al considerar que (i) no aparece probada violación alguna de los derechos
fundamentales invocados; (ii) la acción de tutela no es el mecanismo para dejar
sin efecto las providencias que contienen sanciones de arresto impuestas con
ocasión del trámite de incidentes de desacato, por cuanto ellas son el
resultado de la aplicación imparcial de la ley, ante el incumplimiento de la
respectiva sentencia de amparo tendiente a proteger el derecho o los derechos
fundamentales violados; (iii) resulta abusiva la utilización de la acción
constitucional de amparo, habida cuenta de que el fundamento esgrimido por el
actor, jamás puede servir de soporte legal para obtener una decisión favorable
como la pretendida, porque no se demostró que se hubiese violado derecho
alguno.
2.9. T- 1. 837.169 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Ibagué.
2.9.1. Respuesta de la entidad accionada en Expediente
1.837.169: no se pronunció.
2.9.2. Hechos relevantes y medios de prueba en
T-1.837.169
- Copia de la petición formulada por la señora Emelina
Muñoz de Chavez del 8 de junio de 2006[61], donde solicita se cancelen los intereses
causados por la demora en el pago de (i) las mesadas pensionales entre el 1 de
junio de 2005 y el 31 de mayo de 2006; (ii) el auxilio funerario entre junio de
2005 y mayo de 2006; (iii) de las primas de junio y diciembre de 2005 y (iv)
del excedente descontado por los pagos a Saludcoop.
- Fallo de tutela del 2 de agosto de 2006 proferido
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué mediante el cual se
ordena a CAJANAL EICE que en el término de 8 días siguientes a la notificación
de esa decisión, responda de fondo y a términos de ley la solicitud radicada el
8 de junio de 2006.[62]
- Formulada la solicitud de desacato, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Ibagué el 30 de octubre de 2006, antes de dar
trámite a dicha solicitud, requirió a la Directora de CAJANAL EICE, para que se
diera cumplimiento al fallo de tutela del 2 de agosto del mismo año.[63]
- Ante el silencio de CAJANAL EICE, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Ibagué, el 24 de noviembre de 2006 dispuso dar trámite
a la solicitud de desacato y correr traslado a la accionada.[64]
- El término de traslado transcurrió en silencio según
informe secretarial.[65]
- Respuesta del Jefe de la Oficina Jurídica de CAJANAL
EICE[66], de fecha 19 de febrero de 2007 en el
incidente de desacato donde informa que esa entidad (i) “mediante Resolución N°
6135 del 10 de febrero de 2006, reconoció en forma vitalicia una Pensión de
Sobrevivientes…a favor de la accionante Señora EMELINA MUÑOZ DE CHAVEZ…efectiva
a partir del 04 de junio de 2005…”; (ii) “…mediante Resolución N° 1805 del 09
de septiembre de 2005…reconoció y ordenó pagar a favor de la Señora EMELINA
MUÑOZ DE CHAVEZ…por concepto de AUXILIO FUNERARIO…”.
Con base en lo anterior solicita se observe que la
entidad ha acatado lo ordenado por el Despacho Judicial.
- Auto del 15 de marzo de 2007 por el cual el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Ibagué, manifiesta a la accionada que los actos
administrativos mencionados en su respuesta no dan cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia proferida el 2 de agosto de 2006 y requiere por última vez para
que dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de esa decisión, se
responda de fondo y a términos de ley la solicitud hecha por la demandante el 8
de junio de 2006.[67]
- Fallo del 15 de mayo de 2007 mediante el cual el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, ante la reticencia de CAJANAL
EICE, para dar cumplimiento al fallo de tutela, y el silencio guardado respecto
de los requerimientos hechos, impuso al Director de CAJANAL EICE la sanción de
5 días de arresto y multa de 3 salarios mínimos legales mensuales.[68]
- Comunicación,  con copia a la señora Emelina  Muñoz
de Chávez, enviada por fax el 18 de mayo de 2007 donde CAJANAL EICE manifiesta
al juez que no es procedente indexar las mesadas ni pagar intereses moratorios.
Añade que “la resolución No. 6135 del 10 de febrero de 2006 fue notificada el
día 10 de marzo del 2006, e incluida en nómina el día 01 de mayo de 2006, en
atención a la solicitud del peticionario de fecha junio 8 de 2006 en la cual
solicita a esta entidad cancelar los intereses de las mesadas atrasadas según
lo ordenado por la Resolución antes mencionada. Me permito comunicar a su
despacho que la misma resolución en su parte resolutiva no ordena que sean
cancelados los intereses moratorios ya que esta solicitud se puede acoger solo
en virtud de un ordenamiento judicial”[69].
- Fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué donde confirma el proveído de 15 de mayo de 2007, mediante el cual el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, sancionó por desacato al
representante legal de CAJANAL EICE, por considerar que “No son de recibo
para esta Sala los argumentos en los que sustenta el incidentado su defensa, ya
que en primer lugar, las resoluciones número 6135 del 10 de febrero de 2006, y
1805 del 9 de septiembre de 2005 por las cuales se reconoció pensión de
sobreviviente y auxilio funerario, no están resolviendo en su totalidad la
petición presentada por la actora el 8 de junio de 2006 con la que pretendía
“el pago de corrección e indexación sobre mesadas de junio de 2005 al 31 de
marzo de 2006, de las primas de junio y diciembre y del auxilio funerario, así
como los descuentos excesivos realizados para pago de Saludcoop.”1, máxime que
esta fue elevada después de la emisión de los actos administrativos, y en
segundo lugar, tampoco se puede concluir que se dio la respuesta con el escrito
que se allegó ante esta instancia, toda vez que con el fallo de tutela no se
ordenó el pago de suma de dinero alguno, sino que se diera respuesta a la
petición presentada”[70].
- Memorial del 10 de octubre de 2007, por el cual
CAJANAL EICE solicita al juez de primera instancia que deje sin efecto la orden
de arresto y la multa, por cuanto a través del Oficio GN 19236[71] se ordenó resolver el derecho de petición formulado
por la señora Emelina Muñoz de Chávez.[72]
- Auto del 1° de noviembre de 2007 por el cual el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué estimó que no obstante
encontrarse en firme la sanción impuesta, “al satisfacerse con la emisión del
acto administrativo reseñado el derecho de petición objeto de la sentencia de
tutela” era viable dejar sin efecto la sanción impuesta al doctor Augusto
Moreno Barriga y archivar las diligencias.[73]
2.9.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T- T-1.837.169
- Fallo de Primera Instancia no impugnado. (Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del  3 de diciembre de 2007)[74].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
al considerar que: (i) no aparece probada la violación de los derechos
fundamentales invocados y el propio accionante señala que no hubo violación en
el trámite del desacato; (ii) los argumentos del actor no pueden servir de
sustento para modificar las sanciones impuestas.
2.10. T- 1. 837.171 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Neiva.
2.10.1. Respuesta de la entidad accionada en
Expediente T-1.837.171
El Juez Primero Laboral del Circuito de Neiva
manifestó que la acción de tutela incoada carecía de objeto por cuanto ese
despacho mediante proveído del 18 de octubre de 2007, en virtud de que el
representante legal de CAJANAL dio cumplimiento al fallo de tutela al expedir
la Resolución 43539 de 20 de septiembre de 2007, dispuso revocar el arresto y
multa impuestas y en consecuencia el archivo de las diligencias.[75]
2.10.2.
Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.171
- Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y
derechos de petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y
septiembre de 2007.[76]
- Cuadro estadístico que comprende el lapso entre
noviembre de 2006 y septiembre de 2007, con los actos administrativos
proferidos y clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de
pensión radicadas y clasificadas por tipo de prestación.[77]
- Providencia de 3 de septiembre de 2007 por
la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Cuarta de
Decisión Civil-Familia-Laboral al resolver la consulta del proveído de 21 de
agosto de 2007 proferido por el Juez Primero Laboral del Circuito de Neiva en
el incidente de desacato promovido por la señora Luz Marina Monje de Ramón,
confirmó la decisión adoptada por éste que impuso al doctor Augusto Moreno
Barriga sanción de 5 días de arresto y multa de un salario mínimo legal
mensual.[78]
- Auto de 18 de octubre de 2007 por el cual
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva en virtud de que el
representante legal de CAJANAL dio cumplimiento al fallo de tutela al expedir
la Resolución 43539 de 20 de septiembre de 2007, dispuso revocar el arresto y
multa impuestas y en consecuencia el archivo de las diligencias.[79]
2.10.3.
Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.171
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007)[80].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
solicitado por el doctor Augusto Moreno Barriga, tendiente a anular la
providencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva al considerar que
(i) no puede ser la tutela judicial de los derechos la causa del desamparo de
los afiliados; ni la propia desidia administrativa razón para exonerarla de las
consecuencias de su irregular actuación y lo mismo puede predicarse de quien
tiene la dirección de la institución; (ii) no se evidencia la violación de
algún derecho fundamental del accionante, toda vez que su situación de
detención obedece a circunstancias que fueron ventiladas y decididas conforme a
la ley.
2.11. T- 1. 837.172 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué.
2.11.1. Respuesta de la entidad accionada en
Expediente T-1.837.172: no se pronunció.
2.11.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.172
-
Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y derechos de petición radicados
en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007.[81]
-
Cuadro estadístico que comprende el lapso entre noviembre de 2006 y septiembre
de 2007, con los actos administrativos proferidos y clasificados por tipo de
prestación así como las solicitudes de pensión radicadas y clasificadas por
tipo de prestación.[82]
- Auto
de 23 de agosto de 2007 por la cual el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Ibagué resolvió el incidente de desacato promovido por la señora Flor Alicia
Romero de Mosquera e impuso al doctor Augusto Moreno Barriga sanción de arresto
de 3 días y multa de un salario mínimo legal mensual vigente.[83]
- Providencia
de 20 de septiembre de 2007 por la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, Sala Laboral al resolver la consulta del proveído de 23 de
agosto de 2007 proferido por el Juez Sexto Laboral del Circuito de Ibagué,
confirmó la decisión adoptada por éste.[84]
2.11.3. Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.172
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral del 3 de diciembre de 2007)[85].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
solicitado por el doctor Augusto Moreno Barriga, tendiente a anular la
providencia del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué al considerar que
(i) no aparece probada violación alguna de los derechos fundamentales invocados;
(ii) la acción de tutela no es el mecanismo para dejar sin efecto las
providencias que contienen sanciones de arresto impuestas con ocasión del
trámite de incidentes de desacato, por cuanto ellas son el resultado de la
aplicación imparcial de la ley, ante el incumplimiento de la respectiva
sentencia de amparo tendiente a proteger el derecho o los derechos
fundamentales violados; (iii) resulta abusiva la utilización de la acción
constitucional de amparo, habida cuenta de que el fundamento esgrimido por el
actor, jamás puede servir de soporte legal para obtener una decisión favorable
como la pretendida, porque no se demostró que se hubiese violado derecho
alguno.
2.12. T- 1. 837.174 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 3 Laboral del Circuito de Tunja.
Cabe anotar que la tutela fue interpuesta el 24 de
octubre de 2007 después de que el Tribunal Superior de Tunja había revocado la
sanción impuesta por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y que
dicha sanción no fue de arresto como señala el tutelante sino de multa
2.12.1. Respuesta de la entidad accionada en
Expediente T-1.837.174
Mediante Oficio de 22 de noviembre de 2007[86] el Juez Primero Laboral del Circuito de Itagüi
solicitó denegar el amparo imprecado por cuanto carece de sustento legal dado
que quien incumple una orden de tutela incurre en desacato sin que sean
necesarias consideraciones de otro tipo para imponer la sanción
correspondiente.
2.12.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.174
- Cuadro
estadístico  con los oficios de tutela y derechos de petición radicados en
CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007.[87]
-
Cuadro estadístico que comprende el lapso entre noviembre de 2006 y septiembre
de 2007, con los actos administrativos proferidos y clasificados por tipo de
prestación así como las solicitudes de pensión radicadas y clasificadas por
tipo de prestación.[88]
- Auto
de 17 de julio de 2007 por la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja resolvió el incidente de desacato promovido por la señora Trinidad
Beltrán Pimiento e impuso al doctor Augusto Moreno Barriga sanción de multa de
3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.[89]
- Providencia
de 13 de septiembre de 2007 por la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, Sala Laboral al resolver la consulta del proveído de 17 de
julio de 2007 proferido por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Tunja,
revoca la decisión adoptada por éste y decide no sancionar por desacato.[90]
- Para
dictar tal proveído el Tribunal consideró que para la época en que se tramitó
la tutela, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 3902 del 3 de noviembre de
2006 que suspendió la atención al público entre el 7 de noviembre de 2006 y el
5 de marzo de 2007, se encontraban cerrados los términos en la entidad
accionada, por lo cual no existía certeza de que la notificación del fallo que
concedía el amparo hubiese sido realizada en debida forma.
2.12.3.
Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.174
-
Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
del 11 de diciembre de 2007)[91].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
solicitado por el doctor Augusto Moreno Barriga, tendiente a anular la
providencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja al considerar que
(i) no puede ser la tutela judicial de los derechos la causa del desamparo de
los afiliados; ni la propia desidia administrativa razón para exonerarla de las
consecuencias de su irregular actuación y lo mismo puede predicarse de quien
tiene la dirección de la institución; (ii) no se evidencia la violación de
algún derecho fundamental del accionante, toda vez que su situación de
detención obedece a circunstancias que fueron ventiladas y decididas conforme a
la ley.
2.13. T- 1. 837.175 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 3 Laboral del Circuito de Popayán.
2.13.1. Respuesta de la entidad accionada en
Expediente T-1.837.175: No respondió.
2.13.2. Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.175
-
Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y derechos de petición radicados
en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007.[92]
- Cuadro
estadístico que comprende el lapso entre noviembre de 2006 y septiembre de
2007, con los actos administrativos proferidos y clasificados por tipo de
prestación así como las solicitudes de pensión radicadas y clasificadas por
tipo de prestación.[93]
- Sentencia
de tutela del 24 de agosto de 2005 mediante la cual el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Popayán concedió la tutela a los derechos de petición,
seguridad social y mínimo vital del señor Víctor Muñoz Cabrera y ordenó a
CAJANAL EICE que en un término de 10 días hábiles contados a partir de la
notificación de esa decisión y una vez efectuado el estudio sobre la procedencia
de los factores salariales a que tiene derecho el accionado como pensionado,
proceda a reconocer, liquidar y cancelar la prestación reclamada debidamente
indexada.[94]
- Auto
de enero 23 de 2007 mediante el cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Popayán solicitó a CAJANAL EICE informar sobre las gestiones adelantadas para
cumplir con el fallo del 24 de agosto de 2006.[95]
- Providencia
de 20 de abril de 2007[96] mediante la cual el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Popayán define el incidente de desacato formulado por
el señor Víctor Muñoz Cabrera donde impuso al doctor Augusto Moreno Barriga la
sanción de arresto de un día y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por cuanto no solo no dio cumplimiento al fallo de tutela sin que
mediara causal de justificación alguna para su negligencia, sino que con
ocasión del desacato hizo llegar a ese despacho judicial tres clases de
resoluciones totalmente contradictorias así: La Resolución  N° 35138 de 28 de
octubre de 2006 mediante la cual niega la prestación; el proyecto de 7 de marzo
de 2006 por medio del cual se revoca la decisión anterior y se informa que una
vez el seguro Social acepte el bono pensional o se produzca el silencio
administrativo se entrará a proferir resolución definitiva mediante la cual se
le reconozca y ordene el pago de la pensión de vejez a partir del 28 de mayo de
2006; y finalmente la Resolución N° 05691 del 11 de julio de 2006, por medio de
la cual se confirma la Resolución N° 35318 del 28 de octubre de 2005, negando
la prestación solicitada.
- Sentencia
de 11 de mayo de 2007[97] del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Popayán Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral, donde se decide la consulta
de la providencia de 20 de abril de 2007 proferida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Popayán que resuelve el incidente de desacato
interpuesto por Victor Muñoz Cabrera contra CAJANAL EICE, que confirma en todas
sus partes ésta decisión.
- Para
adoptar tal providencia el Tribunal consideró que la actitud renuente de
CAJANAL violó los derechos fundamentales del actor amparados por el juez de
tutela, “porque no se trata de cumplir un fallo profiriendo cualquier acto
administrativo so pretexto de responder una petición, sino de expedir un acto
administrativo que se ajuste a derecho, aplicando las normas que le
corresponden, máxime cuando existen tantos pronunciamientos judiciales unánimes
frente a similares situaciones fácticas”.
Destacó igualmente el Tribunal que “la propia entidad
elaboró un proyecto de resolución para desatar el recurso de reposición
interpuesto contra el acto administrativo que denegó la pensión del actor,
proyecto que aplicó el Decreto 546/71 y que sin razón valedera fue desechado
por la doctora Paola de Silvestre Saade, nueva jefe de la Oficina asesora
jurídica de CAJANAL, quien finalmente decidió confirmar la Resolución 35138,
aplicando para el caso la Ley 100/93 cuando debió aplicar las normas
pertinentes para quien ostenta la calidad de servidor público de la Rama
Judicial en régimen de transición como efectivamente lo ostenta el señor VICTOR
MUÑOZ”.
- Comunicación
de junio 6 de 2007 mediante la cual el doctor Augusto Moreno Barriga manifestó
haber cumplido la orden de amparo con la expedición de la Resolución N° 25906
de 4 de junio de 2007[98] donde, aplicando las normas de la ley 100
de 1993 negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes,
y solicitó se declarara cumplida la decisión del juez de tutela y se ordenara
el archivo del trámite de desacato.[99]
- Sentencia
de tutela del 18 de abril de 2007 mediante la cual el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Popayán concedió la tutela al derecho de petición de Gloria
Inés Velásquez Goyez y otros y ordenó a CAJANAL EICE que en el término de 30
días contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo y una vez
realizado el estudio correspondiente procediera a dar respuesta o pronta
resolución de fondo a la solicitud presentada por los peticionarios.[100]
- Auto
de 21 de junio de 2007 en incidente de desacato mediante el cual el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Popayán solicita a CAJANAL EICE informar las
gestiones adelantadas para cumplir el fallo de 18 de abril de 2007.[101]
- Providencia
de 31 de julio de 2007 donde el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán
decide el incidente de desacato interpuesto por Gloria Inés Velásquez Goyez y
otros contra CAJANAL EICE SANCIONANDO AL DOCTOR Augusto Moreno Barriga con
arresto de 31 días y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales, por
considerar que la entidad no cumplió la orden del fallo de tutela sin que
mediara causal de justificación alguna para su negligencia. [102]
- Sentencia
de 13 de agosto de 2007[103] del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Popayán Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral, donde se decide la consulta
de la providencia de 31 de julio de 2007 proferida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Popayán que resuelve el incidente de desacato
interpuesto por Gloria Inés Velásquez Goyez y otros contra CAJANAL EICE, que
modifica ésta decisión respecto de la sanción de arresto confirmándola en todo
lo demás.
- El
Tribunal adoptó su decisión por haber encontrado plenamente probado el incumplimiento al
fallo tutelar, sin que la entidad accionada haya justificado el desconocimiento
de una providencia que protege derechos fundamentales y de rango
constitucional, por lo cual obró ajustado a derecho el juzgador a quo, la Sala encontró que
la dosificación de la pena privativa de la libertad, consistente en 31 días de
arresto a que fue sancionado el Gerente General o representante legal de la
entidad accionada, resulta exagerada porque no se compadece con los criterios de
racionabilidad y proporcionalidad que se deben tener en cuenta al momento de
tomar este tipo de determinaciones.
2.13.3.
Decisiones judiciales objeto de revisión en T-1.837.175
- Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del  11 de diciembre de 2007)[104].
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
al considerar que (i) no aparece probada violación alguna de los derechos
fundamentales invocados; (ii) la acción de tutela no es el mecanismo para dejar
sin efecto las providencias que contienen sanciones de arresto impuestas con
ocasión del trámite de incidentes de desacato, por cuanto ellas son el
resultado de la aplicación imparcial de la ley, ante el incumplimiento de la
respectiva sentencia de amparo tendiente a proteger el derecho o los derechos
fundamentales violados; (iii) resulta abusiva la utilización de la acción
constitucional de amparo, habida cuenta de que el fundamento esgrimido por el
actor, jamás puede servir de soporte legal para obtener una decisión favorable
como la pretendida, porque no se demostró que se hubiese violado derecho
alguno.
2.14. T- 1. 837.180 de Moreno Barriga Augusto vs
Juzgado 3 Laboral del Circuito de Ibagué.
2.14.1. Respuesta de la entidad accionada en
Expediente T-1.837.180: no respondió.
2.14.2.
Hechos relevantes y medios de prueba en T-1.837.180
- Cuadro estadístico  con los oficios de tutela y
derechos de petición radicados en CAJANAL EICE entre noviembre de 2006 y
septiembre de 2007.[105]
- Cuadro estadístico que comprende el lapso entre
noviembre de 2006 y septiembre de 2007, con los actos administrativos
proferidos y clasificados por tipo de prestación así como las solicitudes de
pensión radicadas y clasificadas por tipo de prestación.[106]
2.14.3. Decisiones judiciales objeto de revisión
en T-1.837.180
-
Fallo de Primera Instancia (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
del  11 de diciembre de 2007).[107]
El juez de instancia negó por  improcedente el amparo
al considerar que (i) no aparece probada la violación de los derechos
fundamentales invocados y el propio accionante señala que no hubo violación en
el trámite del desacato; (ii) los argumentos del actor no pueden servir de
sustento para modificar las sanciones impuestas.
II. CONSIDERACIONES y
fundamentos.
1. Competencia
La Sala es competente para la revisión del caso, con
fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36
del Decreto 2591 de 1991, en cumplimiento del Auto del siete (7) de marzo de
2008, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres (3) de la Corte
Constitucional que dispuso acumular los expedientes de la referencia, por
presentar unidad de materia, para que sean fallados en una sola sentencia.
2. El Problema Jurídico.
Corresponde a esta Sala revisar las Sentencias de la
referencia que decidieron en forma negativa la acción de tutela promovida por
el doctor Augusto Moreno Barriga contra las decisiones adoptadas en incidentes
de desacato por los Juzgados 7 Laboral del Circuito de Bogotá,  4° Laboral del
Circuito de Santa Marta, 1° Laboral del Circuito de Ibagué, 1° Laboral del
Circuito de Itagüi, 6 Laboral del Circuito de Ibagué, 1° Laboral del Circuito
de Bogotá, Unico Laboral del Circuito de Garzón, 6 Laboral del Circuito de
Ibagué, 1° Laboral del Circuito de Ibagué, 1° Laboral del Circuito de Neiva, 6
Laboral del Circuito de Ibagué, 3 Laboral del Circuito de Tunja, 3 Laboral del
Circuito de Popayán, y 3 Laboral del Circuito de Ibagué.
Se requiere determinar en primer lugar, si la acción
de tutela procede contra la decisión del incidente de desacato y cuáles son los
requisitos para que esta proceda. Si fuere procedente la acción de tutela, la
Corte debe establecer si las providencias proferidas por los juzgados antes
mencionados, mediante las cuales se declaró que el demandante había incurrido
en desacato al desconocer órdenes impartidas por el juez constitucional,
vulneran los derechos fundamentales a la libertad personal, el debido proceso,
la honra y el trabajo del actor.
Para efectos de entrar a resolver lo planteado y antes
de analizar el caso concreto, la Sala abordará, a la luz de la jurisprudencia
de esta Corte, el estudio de: (i) la naturaleza del incidente de desacato; (ii)
la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que
deciden un incidente de desacato; (iii) el agotamiento de los mecanismos de
defensa dentro del incidente de desacato; (iv) el perjuicio irremediable (v)la
legitimidad para actuar a favor de los tutelantes y  del Subdirector de
Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE, para luego analizar si resulta
procedente la tutela impetrada por el actor o si por el contrario lo procedente
es denegarla.
2.1. Naturaleza del incidente de desacato
En cuanto a la naturaleza del incidente de desacato y
de la sanción que en ella puede imponerse la jurisprudencia de la Corte ha
precisado que (i) La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del
Decreto 2591 de 1991; (ii)el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un
trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible
del recurso de apelación, pero que debe ser objeto del grado de jurisdicción de
consulta en efecto suspensivo si dicho auto es sancionatorio, todo lo cual
obedece a que la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario
que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales; (iii) el
incidente de desacato procede a solicitud de parte y se deriva del
incumplimiento pronto y oportuno de una orden proferida por el juez de tutela
en los términos en los cuales ha sido establecido por la sentencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada[108] y emana de los poderes disciplinarios del
juez constitucional; (iv) el juez que conoce el desacato, en principio, no
puede modificar el contenido sustancial de la orden proferida o redefinir los
alcances de la protección concedida[109], salvo que la orden proferida sea de
imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta ineficacia para proteger
el derecho fundamental amparado[110]; (v) por razones muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente
de desacato o la consulta[111], con la finalidad de asegurar la
protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales a las
originalmente impartidas o o introducir ajustes a la orden original siempre y
cuando se respete el alcance de la protección y, el principio de la cosa
juzgada[112];[113] (vi) el tramite de incidente de desacato,
debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de defensa
de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato[114],
quien no puede aducir hechos nuevos para sustraerse de su cumplimiento[115]; (vii)el objetivo de la sanción  de arresto y multa por desacato es el
de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la
efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los
tutelantes, por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser
impuestas[116]; (viii) el ámbito de acción del juez,
definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente, le obliga a
verificar en el incidente de desacato “(1) a quién estaba dirigida la orden;
(2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma.
Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de
forma oportuna y completa (conducta esperada)”[117]. De existir el incumplimiento “debe identificar las
razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas
necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no
responsabilidad subjetiva de la persona obligada”[118].
La posibilidad de que el juez de tutela imponga
sanciones a quien incumple sus órdenes está perfectamente justificada pues como
ha sostenido esta Corporación:
“…el incumplimiento de las sentencias judiciales
constituye una trasgresión del derecho fundamental de acceso a la justicia
puesto que el reconocimiento de esta garantía en el texto constitucional se
encuentra encaminado, como es obvio, no sólo a garantizar la posibilidad de
interponer acciones frente a tribunales competentes e imparciales, y a reclamar
una decisión sobre las pretensiones debatidas. Adicionalmente –y cabe anotar
que en este punto adquiere sentido la totalidad del proceso judicial agotado-
incluye el derecho a obtener cumplimiento de las decisiones consignadas en las
sentencias. De otra forma, se desvanece la legitimidad de la Rama judicial y
sus decisiones se convierten en meras proclamaciones sin contenido vinculante”[119].
2.2. Procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales que deciden un incidente de desacato.
La Corte en reiterada jurisprudencia acepta la
posibilidad de acudir a la acción de tutela contra los incidentes de desacato
en forma excepcional cuando se está en presencia de una vía de hecho[120], el juez del desacato se extralimita en
sus funciones, vulnera el derecho a la defensa de las partes o impone una sanción
arbitraria[121].
Al respecto manifestó:
“…en el caso del desacato, opera la misma regla general de la
improcedencia de la acción de tutela contra tutela, salvo que en el trámite de
ellas se presente una vía de hecho, que afecte derechos constitucionalmente
protegidos. En estos excepcionales casos, el juez constitucional puede romper
esta regla general y conceder la protección pedida. No sobra advertir que en
este evento, no sólo debe existir debidamente probada la vía de hecho, sino que
ésta debe  enmarcarse dentro de los estrictos criterios que la jurisprudencia
ha desarrollado al respecto”[122].
Igualmente ha recalcado la jurisprudencia que la
procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales es de
carácter excepcional y para que se configure es preciso que se cumplan las
siguientes condiciones:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional...
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios
y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable...
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración...
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora...
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible....
f. Que no se trate de sentencias de tutela...
Además de los anteriores requisitos generales, para
que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
causales especiales de procedibilidad, que deben quedar plenamente demostradas
y constitutivas de: a. Defecto orgánico, b. Defecto procedimental absoluto, c.
Defecto fáctico, d. Defecto
material o sustantivo, f. Error inducido, g.  Decisión sin motivación, h.
Desconocimiento del precedente, i.  Violación directa de la Constitución[123].
Adicionalmente, la Corte ha considerado que para que
la acción de tutela contra la providencia que resuelve un incidente de desacato
prospere será necesario que se verifiquen los siguientes requisitos:
“(...) que las razones que el peticionario exponga en su escrito
de tutela deben ser coherentes con los argumentos esgrimidos durante el
incidente y que las pruebas que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas,
conocidas o analizadas en la etapa incidental porque de lo contrario la tutela
no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada como un remedio
procesal ante la desidia o negligencia del interesado.
4.5. En la acción de tutela no es admisible alegar cuestiones que
debieron haber sido debatidas en el desacato o circunstancias nuevas que no
fueron manifestadas en su momento y menos solicitar la práctica de pruebas no
pedidas durante el trámite incidental. Esto en atención a que -se reitera- la
tutela no es un mecanismo alternativo de los procesos judiciales ni puede ser
utilizada para remediar falencias del actor durante el trámite del proceso
ordinario”.[124]
En suma, amén de las condiciones generales de
procedibilidad de la acción de tutela y de las específicas para solicitar el
amparo contra una providencia judicial, la prosperidad de una acción de tutela
contra una decisión adoptada en el incidente de desacato requiere que el
trámite incidental haya finalizado. En relación con el demandante se ha precisado
que (i) sus argumentos en el trámite del incidente de desacato y en la acción
de tutela contra éste deben ser coherentes y no deben contradecirse; (ii) no le
es dado presentar asuntos nuevos pues el momento procesal para argumentarlos es
en el mismo incidente de desacato; y (iii) no puede pedir o presentar pruebas
que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a
practicar oficiosamente. Por su parte el juez constitucional que conoce de una
tutela contra la providencia de desacato debe limitarse a estudiar (i) si el
juez que decidió el incidente de desacato se ajustó a la orden de amparo
proferida cuyo incumplimiento define; (ii) si respetó el debido proceso y (iii)
si la sanción impuesta – si fuere el caso – no es arbitraria, sin que por otra
parte pueda reabrir el debate o decidir sobre el fondo del asunto ya fallado en
la tutela donde se produjo el incidente de desacato que se ataca, ni cambiar la
protección concedida o el alcance y contenido de aquella.[125]
Definida así la procedencia de la tutela contra las
decisiones proferidas en desarrollo de un incidente de desacato, entra la Sala
a establecer si se cumplen otros presupuestos para la procedibilidad de la
acción de tutela respecto del actor y la legitimidad de éste para incoar la
tutela de los derechos de quienes han debido acudir al amparo constitucional
ante la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de CAJANAL EICE.
2.3. Agotamiento de los mecanismos de defensa dentro
del incidente de desacato.
Como lo ha precisado la Corte:
“ (N)o puede olvidarse que la observancia del debido proceso es
perentoria durante el trámite incidental[126], lo cual presume que el juez, sin desconocer que debe tramitarse al
igual que la tutela de manera expedita, no puede descuidar la garantía del
derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Debe (1) comunicar al
incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad para que
informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus
argumentos de defensa. Es preciso decir que el responsable podrá alegar
dificultad grave para cumplir la orden, pero sólo en el evento en que ella sea
absolutamente de imposible cumplimiento[127]”[128],
“…es preciso advertir que como ya lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, se debe tratar de una verdadera imposibilidad, no cualquier
dificultad para cumplir una obligación implica que esta deba ser tenida por
imposible. Así por ejemplo, la desidia administrativa, la falta de dinero o las
trabas burocráticas, por sí mismas, no pueden ser invocadas como razones de la
imposibilidad para cumplir una orden.[129]”[130]
Adicionalmente la presunción contemplada en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 conforme a la cual se tendrán por ciertos
los hechos y se entrará a resolver de plano la solicitud de amparo en aquellos
eventos en los que el juez constitucional requiere informaciones de los
demandados sin que éstos las proporcionen en el término procesal o informen
sobre las razones que tengan para no hacerlo es una forma de evitar que la
incuria o desidia de las autoridades públicas o los particulares contra quienes
se ha impetrado el amparo, entorpezca la celeridad y especialidad propias de la
tutela como mecanismo de protección eficaz de los derechos fundamentales.
En este sentido la Corte Constitucional ha señalado
que "La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Art. 20
Dec-ley 2591/91] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud
sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos
fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se
pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que
deban cumplirlas servidores o entidades públicas.” [131]
En cuanto al agotamiento de los mecanismos judiciales
de defensa no sobra tampoco reiterar que esta Corporación ha sido enfática al
señalar que es condición de procedencia del amparo de tutela, pues quien no ha
hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece se
abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos
y de su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la
firmeza de las decisiones adoptadas sin que el interesado haya empleado los
medios de defensa a su disposición en el curso del incidente de desacato
constituya una vulneración a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en
ocasión propicia.  “Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se
tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir
los daños causados por el propio descuido procesal”[132].
También ha sostenido la
Corte, por la aplicación del principio general del derecho que dice que nadie
puede sacar provecho de su propia culpa,
“… si el accionante, por imprudencia,
negligencia o voluntad propia ha permitido o facilitado que se ocurran
determinados sucesos que de una forma u otra atentan contra sus derechos
constitucionales fundamentales, no puede posteriormente aspirar a que el
Estado, mediante la acción de tutela, proceda a reparar una situación cuya
responsabilidad recae sobre el mismo interesado…pretender lo contrario
significaría que la culpa, la imprudencia o la negligencia serían objetos
jurídicamente protegidos, lo cual resulta a todas luces absurdo y contrario a
los fundamentos esenciales de un Estado de derecho”[133]
En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios
de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó
parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero,
claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco
puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de
sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria
contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario
de la acción”[134].
2.4. El perjuicio irremediable.
Al respecto la reiterada jurisprudencia de la Corte
advierte que la procedencia de la tutela requiere de la existencia de un
perjuicio grave e inminente que demande la adopción de medidas impostergables
de amparo al derecho fundamental vulnerado con actos u omisiones de las
autoridades públicas o de los particulares cuando sea el caso.[135]
Desde esta perspectiva la Sala no puede
compartir la tesis de la parte actora en tanto no encuentra
que en virtud  de las decisiones de los incidentes de desacato se genere para
el demandante un perjuicio grave e inminente que requiera la adopción de
medidas impostergables para proteger los derechos que invoca como vulnerados,
tal como lo exige la reiterada jurisprudencia de la Corte para la procedencia
de la acción de tutela.
2.5. Legitimidad para actuar a favor de los tutelantes
y  del Subdirector de Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE.
Manifiesta el actor al respecto que con la presente
acción no pretende impugnar las decisiones del juez en el incidente de desacato
sino hacer eficaz el amparo de los tutelantes.
Adicionalmente, en T-1.867.167 la acción la interpone
el doctor Augusto Moreno Barriga contra la decisión adoptada por el Juzgado
Único Laboral del Circuito de Garzón que sancionó al Subdirector de
Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE.
Establecen al efecto los artículos 86 de la
Constitución Nacional, y 10 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 86 superior. Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública (...).
(...) Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...).
Articulo 10. (Decreto 2591 de 1991) Legitimidad e interés. La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
si misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el
Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales (...)".
Se impone examinar a la luz de esta preceptiva la
legitimidad del actor para interponer tutela en nombre de los tutelantes contra
CAJANAL EICE. Al respecto ha precisado esta Corporación:
"Carácter personal y concreto de la acción de tutela.
Excepciones (…) De allí entonces, que el titular de la acción sea la persona
directamente vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
podrá actuar directamente o por representante.
En consecuencia, si la acción de tutela es de carácter personal y
concreto, y el titular es el agraviado o amenazado en uno de sus derechos, cada
uno está en la obligación de intentar y promover su propia acción, salvo que se
encuentre en las circunstancias señaladas en el Decreto que le permitan
ejercerla a través de representante o bien por medio del Defensor del Pueblo o
de un Personero Municipal”[136].
Por su parte el requisito probatorio que establece el
inciso 2o. del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 exige que el agente
oficioso demuestre que el titular del derecho no está en condiciones de
promover su propia defensa. El demandante manifiesta que con la presente acción
no pretende impugnar las decisiones del juez en el incidente de desacato sino
hacer eficaz el amparo de los tutelantes, dado que con la orden de arresto,
unida a otras decretadas por diferentes despachos judiciales, se le impide dar
cumplimiento a sus funciones como gerente de CAJANAL, lo cual vulnera su derecho
al trabajo y se deja acéfala la institución impidiendo con ello que se de
cumplimiento a las ordenes de los jueces de tutela. De acuerdo con este
planteamiento del actor, los directamente afectados con las decisiones
adoptadas en los incidentes de desacato por incumplimiento de las órdenes que
precisamente para tutelar sus derechos profirieron los jueces de tutela serían
los afiliados a CAJANAL EICE que se han visto obligados a solicitar el amparo
del juez constitucional por considerar que esa institución ha vulnerado sus
derechos fundamentales, lo cual resulta contrario a toda lógica. Adicionalmente
para que el actor pudiera actuar en nombre de los afiliados a CAJANAL EICE que
se han visto obligados a solicitar la tutela del juez constitucional por considerar
que esa institución ha desconocido sus derechos, bien en virtud de un poder
otorgado para ello, bien en calidad de agente oficioso, los derechos
fundamentales que deberían invocarse como vulnerados serían los de ellos y no,
como ocurre en los casos que se analizan, los del demandante.
Los mismos argumentos son válidos respecto al
Subdirector de Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE.
Puestas así las cosas es evidente que el doctor
Augusto Moreno Barriga no está legitimado para solicitar el amparo del juez de
tutela en nombre de los afiliados a CAJANAL EICE o del Subdirector de
Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE
3. El caso concreto
3.1. Hechos probados-. En el asunto propuesto, esta plenamente demostrado
que:
3.1.1. Los incidentes de desacato se fallaron previa
notificación de los mismos al actor quien no intervino en el trámite de los
mismos, como se desprende de lo consignado en las providencias en mención, y no
realizó actividad alguna durante el trámite del incidente para demostrar que no
hubo incumplimiento de su parte a lo ordenado en los fallos de tutela o las
razones de tal omisión sin que a la fecha de la decisión se hubiese recibido
respuesta alguna por parte del demandado.
3.1.2. El actor reconoce expresamente en la demanda
que la orden de arresto se “profiere dentro de un proceso de tutela, por
parte de un juez, siguiendo el ritual procedimental para el efecto y con las
formalidades que rige la ley”.
3.1.2. Las decisiones mediante las cuales se
resolvieron los incidentes de desacato le fueron notificadas al actor y
respecto de ellas se surtió el grado de consulta, salvo en el caso del
expediente T-1.834.639 donde encontrándose dicho trámite pendiente no cabía la
interposición de la acción de tutela.
3.1.3. En los casos de los expedientes (i) T-1.834.639
se encontraba pendiente de decisión la consulta; (ii) T-1.837.174 la sanción
fue de multa y no de arresto y en sede de consulta se decidió no sancionar por
desacato; (iii) T-1.837.169 comprobado el cumplimiento de la orden el juez de
tutela decidió no hacer efectiva la sanción por desacato; (iv) T-1.867. 167 la
sanción no fue impuesta al actor sino al Subdirector de Prestaciones Económicas
de CAJANAL EICE.
3.2. Razón jurídica de la decisión.
3.2.1. Las acciones de tutela que se revisan,
instauradas por el doctor Augusto Moreno Barriga no son procedentes, en tanto
no encuentra la Sala que en las decisiones que pusieron fin a los incidentes de
desacato objeto de las solicitudes de amparo acumuladas en el presente proceso
se hubiere incurrido en una vía de hecho, los jueces de tutela decidieron el
desacato atendiendo a la orden inicialmente impartida, respetando el debido
proceso e imponiendo mediante providencia debidamente motivada y fundada en las
pruebas existentes las sanciones que la ley autoriza para procurar la eficaz
defensa de los derechos fundamentales.
3.2.2. En los casos puestos a consideración de ésta
Sala se observa que el demandante pese a que fue debidamente notificado sobre
la admisión de los diferentes incidentes de desacato, iniciados precisamente
por el incumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces de tutela, no se
pronunció al respecto, ni justificó tal conducta por lo cual mal podría existir
coherencia entre los argumentos expuestos en el incidente de desacato y los
manifestados como fundamento de la tutela, de manera que inexistentes aquellos
estos son nuevos al igual que las pruebas que pide el actor, todo lo cual solo
conduce a buscar la reapertura de un debate ya concluido, lo cual resulta
improcedente en sede de tutela.
Obsérvese, en ese sentido, que dos cosas se desprenden
de la conducta asumida por el actor durante el desarrollo de los incidentes de
desacato que cuestiona: de una parte no agotó los mecanismos de defensa que el
ordenamiento jurídico le ofrece y, de otra parte el demandante es responsable
por su conducta omisiva de las decisiones que presuntamente afectan en forma
contraria a la ley sus derechos, lo que impide alegar su propia culpa en su
favor de manera que desde esa perspectiva no le es posible socavar, con éxito, los fundamentos en el que
descansan las providencias proferidas en los incidentes de desacato.
3.2.3. La Sala no puede desconocer que los afiliados a
CAJANAL EICE vienen siendo víctimas de la ineficacia
y el desgreño administrativo de dicha entidad, circunstancias que no pueden invocarse para cohonestar el desconocimiento de
la efectividad sus derechos económicos y sociales, situación que se evidencia
en los numerosas tutelas incoadas por ellos contra dicha entidad y en el
incumplimiento de los fallos en ellas proferidos.
Es claro para la Sala que no puede considerarse como
un argumento válido en sede constitucional la situación anómala de CAJANAL como
un hecho imprevisible e irresistible para el actor, que configura una causal
eximente de responsabilidad como excusa para no cumplir las órdenes impartidas
por los jueces de tutela, dentro de cuyas atribuciones legales y
constitucionales está la de proteger derechos fundamentales vulnerados por la
negligencia de las instituciones.
Como lo afirmó la Corte Suprema de Justicia, los
argumentos en los que el demandante sustenta su petición, según los cuales
existe gran cantidad de expedientes por resolver, no resultan de recibo
pues la función del Estado es precisamente garantizar que los
derechos de los ciudadanos
se hagan efectivos, sin que, por tanto, aquel pueda de esa forma esquivar sus
deberes,  y es evidente no
solo que mediante el Decreto 3902 del 3 de noviembre de 2006 que suspendió la
atención al público entre el 7 de noviembre de 2006 y el 5 de marzo de 2007,
para que se resolvieran los problemas administrativos internos, sino que es a
las directivas de CAJANAL EICE a quienes compete adoptar las medidas para
atender oportunamente las solicitudes y el pago de las prestaciones a su cargo,
sin vulnerar los derechos de quienes presentan reclamos relacionados con sus
mesadas pensionales trasladándoles cargas que no están obligados a soportar. La
omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los
ciudadanos, son manifestaciones de autoritarismo tan graves e inaceptables en
un Estado de derecho como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones.[137]
3.2.4. En el caso del expediente T-1.834.639 tampoco
se observa irregularidad alguna en tanto mientras no se hubiese surtido la
consulta mal podría intentarse una tutela contra la decisión de desacato que
por esa causa no se encontraba en firme.
En el expediente T-1.837.174 se encuentra que mediante
providencia de 13 de
septiembre de 2007 por la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja, Sala Laboral al resolver la consulta del proveído de 17 de julio de 2007
proferido por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Tunja, revoca la decisión
adoptada por éste y decide no sancionar por desacato.[138]
Adicionalmente en el citado expediente consta que la
tutela fue interpuesta el 24 de octubre de 2007 después de que el Tribunal
Superior de Tunja había revocado la sanción impuesta por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Tunja y que dicha sanción fuede multa y no fue de
arresto como señala el tutelante, por lo cual, contrario a lo que afirma el
actor, mal podría invocarse la tutela por ésta causa.
En el proceso T-1.837.169 se advierte que el juzgado
acogió la petición del actor de no imponer la sanción impuesta en el incidente
de desacato una vez comprobó el cumplimiento de la orden de tutela. [139]
Finalmente dado que en T-1.867. 167 la acción la
interpone el doctor Augusto Moreno Barriga contra la decisión adoptada por el
Juzgado Único Laboral del Circuito de Garzón que sancionó al Subdirector de
Prestaciones Económicas de CAJANAL EICE, no resulta procedente el amparo.
3.2.5 Adicionalmente, se prevendrá al representante
legal CAJANAL EICE, para que en lo sucesivo se abstenga de desproteger a
quienes reclaman asuntos relacionados con sus mesadas pensionales, quienes
usualmente son sujetos de especial protección constitucional y respecto de los
cuales la mesada pensional está relacionada normalmente con el mínimo vital.
Respecto a este tipo de llamados la Corte ha
precisado:
"Pero, además, la advertencia judicial implica
también una orden judicial vinculante, con efectos directos sobre la
autoridad, ente o persona a quien se dirige, bajo el entendido de que su
desobediencia ocasiona las sanciones contempladas en el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991, previo incidente de desacato". [140]
3.3. Conclusión.
Todo lo expuesto muestra claramente que la tutela solicitada
por el actor carece de contenido que justifique el amparo, en tanto el desacato
a los fallos de tutela se encuentra debidamente acreditado y dado que no
existió violación del derecho al debido proceso del actor, configurativa de vía
de hecho, ni por consiguiente, quebrantamiento de los derechos a la libertad
personal, la honra y el trabajo cuya tutela invoca.
Dicho lo que antecede es claro que no se cumplen plenamente los requisitos
exigidos por la jurisprudencia de esta Corporación para proteger los derechos
del demandante, máxime si se considera que el actor no se encuentra en
circunstancias de debilidad manifiesta ni tiene la condición de sujeto de
especial protección constitucional, no se está en presencia de un perjuicio irremediable
y los mecanismos de defensa que tuvo dentro de los incidentes de desacato eran
idóneos para la protección oportuna de los derechos invocados por el actor.
Por tanto esta Sala de revisión procederá a confirmar
las decisiones de los jueces de instancia en los casos de la referencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR las sentencias del Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral del  1° de noviembre de 2007[141] (T-1.788.046), Tribunal Superior del
Distrito judicial de Santa Marta Sala laboral del 12 de diciembre de 2007[142] (T-1.834.639), Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral del  11 de diciembre de 2007[143] (T-1.837.153), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007 (T-1.837.154), Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007 (T-1.837.157), Corte
Suprema de Justicia  Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007
(T-1.837.165), Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre
de 2007 (T-1.837.167), Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del
3 de diciembre de 2007 (T-1.837.168), Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral del  3 de diciembre de 2007 (T-1.837.169), Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007 (T-1.837.171),
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del 3 de diciembre de 2007 (T-1.837.172),
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del 11 de diciembre de 2007
(T-1.837.174), Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del  11 de
diciembre de 2007 (T-1.837.175), Corte Suprema de Justicia Sala de Casación
Laboral del  11 de diciembre de 2007 (T-1.837.180).
Segundo. PREVENIR al representante legal de CAJANAL EICE, so pena de incurrir
en desacato, para que dicha entidad, responda oportuna y eficazmente las
solicitudes que hagan sus afiliados en materia pensional.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folos 35 a 42 del
Cuaderno 1.
[2] Folos 88 a 93 del
Cuaderno 1.
[3] Folios 18 a 25 del
Cuaderno 2.
[4] Folios 21 a 26 del
Cuaderno 3.
[5] Folios 83 a 89 del
Cuaderno 2.
[6] Folios 1 a 28 del
Cuaderno 1.
[7] Folios 50 a 59 del
Cuaderno 3.
[8] Folios 49 a 56 del
Cuaderno 2.
[9] Folios 18 a 25 del
Cuaderno 2.
[10] Folios 29 a 33 del
Cuaderno 2.
[11] Folios 92 a 98 del
Cuaderno 2.
[12] Folios 16 a 22 del
Cuaderno 3.
[13] Folos 18 a 25 del
Cuaderno 2.
[14] Folos 17 a 29 del
Cuaderno 2.
[15] Escrito fechado el 31 de octubre
de 2007; Ver Folios
43 y 44 Cuaderno 1.
[16] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[17] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[18] Folos 35 a 42 del
Cuaderno 1.
[19] Folio 40 del Cuaderno1.
[20] Folio 30 del
Cuaderno 1.
[21] Folio 31 del
Cuaderno 1.
[22] Folio 57 del
Cuaderno 1.
[23] Folios 59 y 60 del
Cuaderno 1.
[24] Folios 64 y 65 del
Cuaderno 1.
[25] Folios 71 a 82 del
Cuaderno 1.
[26] Folos 88 a 93 del
Cuaderno 1.
[27] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[28] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[29] Folios 18 a 25 del
Cuaderno 2.
[30] Folios 17 y 18 del Cuaderno 3.
[31] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[32] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[33] Folios 54 a 57 del Cuaderno 2.
[34] Folios 73 a 77 del Cuaderno 2.
[35] Folios 102 a 109 del Cuaderno 2.
[36] Folios 111 a 117
del Cuaderno 2.
[37] Folio 118 del
Cuaderno 2.
[38] Folios 21 a 26 del
Cuaderno 3.
[39] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[40] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[41] Folios 83 a 89 del
Cuaderno 2.
[42] Folio 19 del Cuaderno 1.
[43] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[44] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[45] Folios 22 a 28 del
Cuaderno 1.
[46] Folios 47 y 48 del Cuaderno 3.
[47] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[48] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[49] Folios 26 a 31 del Cuaderno 3.
[50] Folio 32 del
Cuaderno 3.
[51] Folios 33 a 38 del Cuaderno 3.
[52] Folios 39 a 44 del Cuaderno 3.
[53] Folio 45 del
Cuaderno 3.
[54] Folios 50 a 59 del
Cuaderno 3.
[55] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[56] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[57] Folios 21 a 23 del Cuaderno 2.
[58] Folios 29 y 30 del
Cuaderno 2.
[59] Folios 35 a 38 del
Cuaderno 2.
[60] Folios 49 a 56 del
Cuaderno 2.
[61] Folio 83 del Cuaderno
2.
[62] Folios 38 a 43 del
Cuaderno 2.
[63] Folio 47 del Cuaderno
2
[64] Folio 51 del Cuaderno
2.
[65] Folio 55 del Cuaderno
2.
[66] Folios 69 a 71 del
Cuaderno 2.
[67] Folio 79 del Cuaderno
2.
[68] Folios 83 a 88 del
Cuaderno 2.
[69] Folios 94 y 95 del
Cuaderno 2.
[70] Folios 100 a 104 del
Cuaderno 2.
[71] Folios  131 y 132 del
Cuaderno 2.
[72] Folios 125 a 130 del
Cuaderno 2.
[73] Folios 145 a 147 del
Cuaderno 2.
[74] Folios 18 a 25 del
Cuaderno 2.
[75] Folio 47 del Cuaderno 1.
[76] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[77] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[78] Folios 1 a 5 del Cuaderno 3.
[79] Folios 42 y 43 del Cuaderno 1.
[80] Folios 29 a 33 del
Cuaderno 2.
[81] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[82] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[83] Folios 37 y 38 del Cuaderno 2.
[84] Folios 59 a 61 del Cuaderno 2.
[85] Folios 92 a 98 del
Cuaderno 2.
[86] Folios 17 y 18 del Cuaderno 3.
[87] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[88] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[89] Folios 39 a 43 del Cuaderno 3.
[90] Folios 34 a 38 del Cuaderno 3.
[91] Folios 16 a 22 del
Cuaderno 3.
[92] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[93] Folio 28 del
Cuaderno 1.
[94] Folios 125 a 135 del
Cuaderno 3
[95] Folio 162 del Cuaderno
3.
[96] Folios 191 a 196 del
Cuaderno 3.
[97] Folios 211 a 219 del
Cuaderno 3.
[98] Folios 200 a 204 del
Cuaderno 3.
[99] Folio 205 del Cuaderno
3.
[100] Folios 45 a 52 del
Cuaderno 3.
[101] Folio 59 del Cuaderno
3.
[102] Folios 61 a  66 del
Cuaderno 3.
[103] Folios 94 a 100 del
Cuaderno 3.
[104] Folos 18 a 25 del
Cuaderno 2.
[105] Folio 27 del
Cuaderno 1.
[106] Folio 28 del Cuaderno
1.
[107] Folos 17 a 29 del
Cuaderno 2.
[108] Ver entre otras la
sentencia T-459 de 2003 M.P. jaime Córdoba Triviño
[109] Sentencias T-368 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández T-1113 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño y Auto
118 de 2005
[110] Sentencias T-368 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández T-1113 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño y Auto
118 de 2005
[111] Sobre las facultades del juez de
primera instancia, del juez del desacato y del juez de consulta para introducir
cambios accidentales a la orden original, Cfr. la sentencia T-086/03 y SU-1158/03.
[112] Sentencia T-1113 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[113] Sentencia T-086 de 2003 M.P. manuel José Cepeda
Espinosa en esa ocasión dijo la Corte que:
“Así pues, cuando el juez de tutela resuelve amparar
el derecho cuya protección se invoca, conserva la competencia para dictar
órdenes que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de
la amenaza sean eliminadas, lo cual comprende introducir ajustes a la orden
original siempre y cuando ello se haga dentro de los siguientes parámetros para
que se respete la cosa juzgada:
(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las
condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos
accidentales, bien porque (a) la orden original nunca garantizó el goce
efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego
devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta,
manifiesta e inminente el interés público o (c) porque es evidente que lo
ordenado siempre será imposible de cumplir.
(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la
siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el
cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden
impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado.
(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus
aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y
lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad.
(4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la
menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción
de manera inmediata y eficaz.”
[114] Sentencias T-459
de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-368 de 2005 T-368 de 2005 M.P. Clara
Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño y Auto 118/05.
[115] Sentencia T-343 de
1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[116] Sentencias C-243 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa,
C-092/97 M.P. Carlos Gaviria Díaz. Respecto de la finalidad de la sanción que
se impone por desacato a una orden del juez de tutela cabe resaltar lo señalado
por la Corte en sentencia T- 421 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra:
“Del
texto subrayado se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no
es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las
forma de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante
que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del
incidente puesto que éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo
favoreció.
“Segundo,
la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en
caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que
se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.
“En
caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá
evitar ser sancionado acatando.”
[117] Sentencias T-553/02 y T-368/05.
[118] Sentencia T-1113 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[119] Sentencia T-096-08 M.P. Humberto Sierra Porto
[120] Ver., entre otras, las sentencias T-343 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-763 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero,
T-188 de 2002, MP. Alfredo Beltrán Sierra, T-553 de 2002, MP. Alfredo Beltrán
Sierra, T-421 de 2003, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-684 de 2003, MP.
Clara Inés Vargas Hernández, T-368 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández,
T-1113 DE 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[121] T-1113 DE 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[122]  Sentencia T-533/03 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[123] Sentencias  C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T- 1065 de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto
[124] Sentencias T-554/96 M.P. Antonio Barrera
Carbonell, T-572/96 M.P. Antonio Barrera Carbonell , C-092/97 M.P. Carlos
Gaviria Díaz, T-766/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-553/02 M.P.
Alfredo Beltrán Sierra y T-086/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-1113 DE 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
.
[125] T-1113 DE 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[126] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-572 del 29 de octubre de 1996 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell) y T-766 de 1998, ya citada.
[127] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-635 del 15 de julio de 2001 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y T-086 de 2003, ya citada.
[128] Sentencia T-459 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[129] En la sentencia
T-635 de 2001, por ejemplo, se decidió que “(…) cuando por razones de
carácter administrativo diferentes a las razonables de una administra­ción
diligente, una E.P.S. demora un tratamiento médico al cual la persona tiene
derecho, para atender una enfermedad catastrófica, viola los derechos a la vida
y a la salud de ésta.”
[130] Sentencia T-086 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
[131] Cfr. Sentencia T-391 de 1997 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[132] T-511 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[133] T-021 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería
[134] T-511 de 2006 M.P.
Álvaro Tafur Galvis
[135] Sentencias . T-468 de 1992. M.P. Fabio Morón Díaz T
225/ 93 M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa T-050 de 1996. M. P. José Gregorio Hernández Galindo T-1157 de 2000 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-379
de 2001 M.P. Clara Inés Vargas Hernández T-695 de 2004 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, T-295 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.
[136] Sentencia T-044 de 1993 M.P. Jaime Sanín
Greiffenstein
[137] Sentencia No. T-220 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
[138] Folios 34 a 38 del Cuaderno 3. Para dictar tal
proveído el Tribunal consideró que para la época en que se tramitó la tutela,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 3902 del 3 de noviembre de 2006 que
suspendió la atención al público entre el 7 de noviembre de 2006 y el 5 de
marzo de 2007, se encontraban cerrados los términos en la entidad accionada,
por lo cual no existía certeza de que la notificación del fallo que concedía el
amparo hubiese sido realizada en debida forma.
[139] Folios 145 a 147 del
Cuaderno 2.
Auto del 1° de noviembre de 2007 por el cual el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Ibagué estimó que no obstante encontrarse en firme la sanción
impuesta, “al satisfacerse con la emisión del acto administrativo reseñado el
derecho de petición objeto de la sentencia de tutela” era viable dejar sin
efecto la sanción impuesta al doctor Augusto Moreno Barriga y archivar las
diligencias.
[140] Sentencias
T-555 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-141 de 2008 Clara Inés
Vargas Hernández. En esta última se referenciaron algunos casos en los cuales
la Corte ha ordenado llamados a prevención entre los cuales pueden consultarse
las Sentencias: T-649 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero, , SU-480 de 1997
M.P. Alejandro Martínez Caballero,  SU-360 de 1999 M.P. Alejandro Martínez
Caballero,  T-179 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-1100 de 2001
M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-558 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández,T-951 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-161 de 04 M.P. Álvaro Tafur
Galvis, T-840 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[141] Folos 35 a 42 del
Cuaderno 1.
[142] Folos 88 a 93 del
Cuaderno 1.
[143] Folios 18 a 25 del
Cuaderno 2.