C-125-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-125/11
CONVENIO DE
UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILICITAMENTE-Trámite
legislativo
PROTECCION,
CONSERVACION Y RECUPERACION DE BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS
ILICITAMENTE-No puede estar sujeta a la prescripción o caducidad de las
acciones judiciales pertinentes
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Alcance/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Características/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Finalidad/CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Finalidad
La revisión constitucional que
le corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los convenios
internacionales y sus leyes aprobatorias tiene las siguientes características:
i) es previo a la ratificación del tratado, aunque posterior a la aprobación
del Congreso y a la sanción del Gobierno; ii) es automático, por cuanto deben
remitirse por el Gobierno dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
de la ley; iii) es integral, toda vez que se examinan los aspectos formales y
materiales de los actos frente al texto integral de la Constitución; iv) es preventivo,
al buscar garantizar el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º) y
el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad
internacional; v) es una condición sine qua non para la ratificación del
instrumento internacional; y vi) tiene efectos de cosa juzgada constitucional.
El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de
los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado,
así como en el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del
proyecto de Ley. Además, la Ley aprobatoria debe observar el procedimiento de
una Ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así
señalarlo la Ley Orgánica del Congreso, salvo lo concerniente a la iniciación
del debate en el Senado de la República, por referir a las relaciones internacionales
(Art. 154 superior), y a la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la
Ley aprobatoria a la Corte (Art. 241, numeral 10 superior). De esta manera, la
Corte ha manifestado que el examen formal comprende: i) la remisión oportuna
del Instrumento internacional y la ley aprobatoria, ii) la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del tratado, así como la competencia del funcionario que lo
suscribió, iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente, iv) las
publicaciones efectuadas por el Congreso (Art. 157 C.Po.), v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (Art. 157 C.Po.), vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara
(Art. 160 C.Po.), vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las
mayorías con las que fue aprobado el proyecto, y viii) el anuncio previo a la
votación (art. 160 C.Po.). De otra parte, en cuanto al control de
constitucionalidad material, la función de esta Corte se circunscribe a
examinar el contenido del Instrumento internacional y su ley aprobatoria a la
luz del contenido integral de la Constitución.  Por último, la Corte recuerda
que los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad de los
tratados internacionales, son materias ajenas a las funciones jurídicas que le
han sido asignadas a la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y
supremacía de la Constitución (Art. 241-10 superior). Su valoración, entonces,
corresponde constitucionalmente al Presidente de la República en el ejercicio
de la dirección de las relaciones internacionales (Art. 189-2 de la Carta) y al
Congreso de la República al disponer la aprobación o improbación de los
tratados (Art. 150-16 de la Constitución).
PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Contenido
BIENES
CULTURALES Y PATRIMONIO ARQUEOLOGICO-Distinción
CONVENIO DE
UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILICITAMENTE-Mecanismo
para realizar los mandatos constitucionales relacionados con la preservación y
protección del patrimonio cultural de la nación
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Declaración interpretativa
Respecto de la aplicación de
las cláusulas del Instrumento y ante la posibilidad que resulten contrarias a
los intereses del Estado colombiano, es pertinente recordar que el Ministerio
de Relaciones Exteriores al intervenir en este asunto, precisó que llegado el
momento de adherir al Convenio, el Jefe de Estado puede formular las
respectivas reservas y si las mismas no se encuentran expresamente autorizadas,
podrá el Gobierno formular la declaración interpretativa correspondiente.
CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE
BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILICITAMENTE-Declaración
interpretativa
Referencia.:
expediente LAT-347
Revisión de constitucionalidad del “Convenio de Unidroit sobre los bienes
culturales robados o exportados ilícitamente” y de la Ley aprobatoria No.
1304 de 2009
Magistrado Ponente:
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Bogotá D. C.,  dos (2) de marzo
de dos mil once (2011).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez
cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES.
En cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política,  la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia del
“Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente”,
firmado en Roma el 24 de junio de 1995 y de la Ley aprobatoria No. 1304 de
2009.
En desarrollo del mencionado
precepto constitucional, el Magistrado Sustanciador en proveído del 13 de julio
de 2009, dispuso: i) avocar el conocimiento del “Convenio de
Unidroit, sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente”,
firmado en Roma el 24 de junio de 1995 y la Ley aprobatoria No. 1304 de 2009,
ii) decretar la práctica de algunas pruebas, iii) fijar en lista el asunto y
simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación, para que
rindiera el concepto de rigor, iv) comunicar inmediatamente la iniciación del
asunto al Presidente de la República; al Presidente del Congreso de la
República; al Ministro del Interior y de Justicia, al de Comercio, Industria y
Turismo; al de Educación Nacional; y a la Ministra de Cultura, de conformidad
con los artículos 244 de la Constitución y 11 del Decreto 2067 de 1991, e
invitar a v) la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana
de Juristas y a las Universidades Nacional, de los Andes, Externado de
Colombia, Libre, Javeriana, Sergio Arboleda y Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, para que aportaran sus opiniones sobre el asunto de la referencia.
Por cuanto el material probatorio
solicitado no fue remitido en su totalidad, el Magistrado Sustanciador, en
providencia del 14 de septiembre de 2009, dispuso requerir a las autoridades
bajo el apremio del artículo 50 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales, y previo concepto del Ministerio Público, la Corte
Constitucional procede a decidir sobre este asunto.
II.  TEXTO DEL CONVENIO Y DE
SU LEY APROBATORIA
“LEY 1304 DE 2009
(junio 3)
Diario Oficial No. 47.369
de 3 de junio de 2009
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se
aprueba el “Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o
Exportados Ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Visto el texto del
‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados
Ilícitamente’, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, que a la letra dice:
CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE
LOS BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILICITAMENTE
(Roma, 24 de junio de
1995)
LOS ESTADOS PARTES EN EL
PRESENTE CONVENIO,
REUNIDOS en Roma por
invitación del Gobierno de la República Italiana del 7 al 24 de junio de 1995
para celebrar una conferencia diplomática con miras a la aprobación del
proyecto de convenio de Unidroit sobre la Restitución Internacional de Bienes
Culturales Robados o Exportados Ilícitamente.
CONVENCIDOS de la
importancia fundamental de la protección del patrimonio cultural y de los
intercambios culturales para promover la comprensión entre los pueblos y de la
difusión de la cultura para el bienestar de la humanidad y el progreso de la
civilización.
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS
por el tráfico ilícito de los bienes culturales y por los daños irreparables
que a menudo produce tanto a los propios bienes como al patrimonio cultural de
las comunidades nacionales, tribales, autóctonas u otras y al patrimonio común
de todos los pueblos y deplorando en particular el pillaje de lugares
arqueológicos y la consiguiente irreemplazable pérdida de información
arqueológica, histórica y científica.
DECIDIDOS a contribuir con
eficacia a la lucha contra el tráfico ilícito de los bienes culturales
estableciendo un cuerpo mínimo de normas jurídicas comunes con miras a la
restitución y a la devolución de los bienes culturales entre los Estados
contratantes, a fin de favorecer la preservación y protección del patrimonio
cultural en interés de todos.
DESTACANDO que el presente
Convenio tiene por objetivo facilitar la restitución y la devolución de los
bienes culturales, y que el establecimiento en ciertos Estados de mecanismos,
como la indemnización, necesarios para garantizar la restitución o la
devolución, no implica que esas medidas deban ser adoptadas en otros Estados.
AFIRMANDO que la aprobación
de las disposiciones del presente Convenio para el futuro no constituye en modo
alguno una aprobación o legitimación de cualquier tráfico ilícito que se haya
producido antes de su entrada en vigor.
CONSCIENTES de que el
presente Convenio no resolverá por sí solo los problemas que plantea el tráfico
ilícito, pero iniciará un proceso tendiente a reforzar la cooperación cultural
internacional y a reservar su justo lugar al comercio lícito y a los acuerdos
entre Estados en los intercambios culturales.
RECONOCIENDO que la
aplicación del presente Convenio deberá ir acompañada de otras medidas eficaces
en favor de la protección de los bienes culturales, como la elaboración y
utilización de registros, la protección material de los lugares arqueológicos y
la cooperación técnica.
RINDIENDO homenaje a la
actividad llevada a cabo por diversos organismos para proteger los bienes
culturales, en particular la Convención de la UNESCO de 1970 relativa al
tráfico ilícito y a la elaboración de códigos de conducta en el sector privado.
HAN APROBADO las
disposiciones siguientes:
CAPITULO I.
CAMPO DE APLICACION Y
DEFINICION.
ARTÍCULO 1.
El presente Convenio se
aplicará a las demandas de carácter internacional:
a) De restitución de
bienes culturales robados;
b) De devolución de bienes
culturales desplazados del territorio de un Estado contratante en infracción de
su derecho que regula la exportación de bienes culturales con miras a la
protección de su patrimonio cultural (en adelante denominados “bienes
culturales exportados ilícitamente”).
ARTÍCULO 2.
A los efectos del presente
Convenio por bienes culturales se entiende los bienes que, por razones
religiosas o profanas, revisten importancia para la arqueología, la
prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, y que pertenecen
a alguna de las categorías enumeradas en el anexo al presente Convenio.
CAPITULO II.
RESTITUCION DE LOS BIENES
CULTURALES ROBADOS.
ARTÍCULO 3.
1) El poseedor de un bien
cultural robado deberá restituirlo.
2) A los efectos del
presente Convenio, se considera robado un bien cultural obtenido de una
excavación ilícita, o de una excavación lícita pero conservado ilícitamente, si
ello es compatible con el Derecho de Estado donde se ha efectuado la
excavación.
3) Toda demanda de
restitución deberá presentarse en un plazo de tres años a partir del momento en
que el demandante haya conocido el lugar donde se encontraba el bien cultural y
la identidad de su poseedor y, en cualquier caso, dentro de un plazo de
cincuenta años desde el momento en que se produjo el robo.
4) Sin embargo, una
demanda de restitución de un bien cultural que forme parte integrante de un
monumento o de un lugar arqueológico identificado, o que pertenezca a una
colección pública, no estará sometida a ningún plazo de prescripción distinto
del plazo de tres años a partir del momento en que el demandante haya conocido
el lugar donde se encontraba el bien cultural y la identidad del poseedor.
5) No obstante lo
dispuesto en el párrafo precedente, todo Estado contratante podrá declarar que
una demanda prescribe en un plazo de 75 años o en un plazo más largo previsto
en su derecho. Una demanda presentada en otro Estado contratante, de
restitución de un bien cultural desplazado de un monumento de un lugar
arqueológico o de una colección pública situada en un Estado contratante que
haya hecho esa declaración, prescribirá en el mismo plazo.
6) La declaración a que se
hace referencia en el párrafo precedente se hará en el momento de la firma, la
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión.
7) A los efectos del
presente Convenio por “colección pública” se entiende todo conjunto de bienes
culturales inventariados o identificados de otro modo que pertenezcan a:
a) Un Estado contratante;
b) Una colectividad
regional o local de un Estado contratante;
c) Una institución
religiosa situada en un Estado contratante; o,
d) Una institución
establecida con fines esencialmente culturales, pedagógicos o científicos en un
Estado contratante y reconocida en ese Estado como de interés público.
8) Además, la demanda de
restitución de un bien cultural sagrado o que revista una importancia colectiva
perteneciente a una comunidad autóctona o tribal y utilizado por ella en un
Estado contratante para uso tradicional o ritual de esa comunidad estará
sometida al plazo de prescripción aplicable a las colecciones públicas.
ARTÍCULO 4.
1) El poseedor de un bien
cultural robado, que deba restituirlo, tendrá derecho al pago, en el momento de
su restitución, de una indemnización equitativa a condición de que no supiese o
hubiese debido razonablemente saber que el bien era robado y de que pudiese
demostrar que había actuado con la diligencia debida en el momento de su
adquisición.
2) Sin perjuicio del
derecho del poseedor a la indemnización prevista en el párrafo precedente, se
hará todo lo razonablemente posible para que la persona que ha transferido el
bien cultural al poseedor, o cualquier otro cedente anterior, pague la
indemnización cuando ello sea conforme al derecho del Estado en el que se
presentó la demanda.
3) El pago de la
indemnización al poseedor por el demandante, cuando ello se exija, no
menoscabará el derecho del demandante a reclamar su reembolso a otra persona.
4) Para determinar si el
poseedor actuó con la diligencia debida, se tendrán en cuenta todas las
circunstancias de la adquisición, en particular la calidad de las partes, el
precio pagado, la consulta por el poseedor de cualquier registro relativo a los
bienes culturales robados razonablemente accesible y cualquier otra información
y documentación pertinente que hubiese podido razonablemente obtener, así como
la consulta de organismos a los que podía tener acceso o cualquier otra gestión
que una persona razonable hubiese realizado en las mismas circunstancias.
5) El poseedor no gozará
de condiciones más favorables que las de la persona de la que adquirió el bien
cultural por herencia o de cualquier otra manera a título gratuito.
CAPITULO III.
DEVOLUCION DE LOS BIENES
CULTURALES EXPORTADOS ILICITAMENTE.
ARTÍCULO 5.
1) Un Estado contratante
podrá solicitar al tribunal o cualquier otra autoridad competente de otro
Estado contratante que ordene la devolución de un bien cultural exportado
ilícitamente del territorio del Estado requirente.
2) Un bien cultural,
exportado temporalmente del territorio del Estado requirente, en particular con
fines de exposición, investigación o restauración, en virtud de una autorización
expedida de acuerdo con su derecho que regula la exportación de bienes
culturales con miras a la protección de su patrimonio cultural y que no haya
sido devuelto de conformidad con las condiciones de esa autorización, se
considerará que ha sido exportado ilícitamente.
3) El tribunal o cualquier
otra autoridad competente del Estado requerido ordenará la devolución del bien
cultural cuando el Estado requirente demuestre que la exportación del bien
produce un daño significativo con relación a alguno de los intereses
siguientes:
a) La conservación
material del bien o de su contexto;
b) La integridad de un
bien complejo;
c) La conservación de la
información, en particular de carácter científico o histórico, relativa al
bien;
d) La utilización
tradicional o ritual del bien por una comunidad autóctona o tribal, o que el
bien reviste para él una importancia cultural significativa.
4) Toda demanda presentada
en virtud del párrafo 1 del presente artículo deberá ir acompañada de cualquier
información de hecho o de derecho que permita al tribunal o a la autoridad
competente del Estado requerido determinar si se cumplen las condiciones de los
párrafos 1 a 3.
5) Toda demanda de
devolución deberá presentarse dentro de un plazo de tres años a partir del
momento en que el Estado requirente haya conocido el lugar donde se encontraba
el bien cultural y de la identidad del poseedor y, en cualquier caso, en un
plazo de cincuenta años a partir de la fecha de la exportación o de la fecha en
la que el bien hubiese debido devolverse en virtud de la autorización a que se
hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.
ARTÍCULO 6.
1) El poseedor de un bien
cultural que haya adquirido ese bien después de que este ha sido exportado ilícitamente
tendrá derecho, en el momento de su devolución, al pago por el Estado
requirente de una indemnización equitativa, a condición de que el poseedor no
supiese o hubiese debido razonablemente saber, en el momento de la adquisición,
que el bien se había exportado ilícitamente.
2) Para determinar si el
poseedor sabía o hubiese debido razonablemente saber que el bien cultural se
había exportado ilícitamente, se tendrán en cuenta las circunstancias de la
adquisición, en particular la falta del certificado de exportación requerido en
virtud del derecho del Estado requirente.
3) En lugar de la
indemnización, y de acuerdo con el Estado requirente, el poseedor que deba
devolver el bien cultural al territorio de ese Estado, podrá optar por:
a) Seguir siendo el
propietario del bien; o,
b) Transferir su
propiedad, a título oneroso o gratuito, a la persona que elija siempre que esta
resida en el Estado requirente y presente las garantías necesarias.
4) Los gastos derivados de
la devolución del bien cultural de conformidad con el presente artículo
correrán a cargo del Estado requirente, sin perjuicio de su derecho a hacerse
reembolsar los gastos por cualquier otra persona.
5) El poseedor no gozará
de condiciones más favorables que las de la persona de la que adquirió el bien
cultural por herencia o de cualquier otro modo a título gratuito.
ARTÍCULO 7.
1) Las disposiciones del
presente Capítulo no se aplicarán cuando:
a) La exportación del bien
cultural no sea más ilícita en el momento en que se solicite la devolución, o;
b) El bien se haya
exportado en vida de la persona que lo creó o durante un período de cincuenta
años después del fallecimiento de esa persona.
2) No obstante lo
dispuesto en el apartado b) del párrafo precedente, las disposiciones del
presente Capítulo se aplicarán cuando el bien cultural haya sido creado por un
miembro o miembros de una comunidad autóctona o tribal para uso tradicional o
ritual de esa comunidad y el bien se deba devolver a esa comunidad.
CAPITULO IV.
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 8.
1) Se podrá presentar una
demanda fundada en los Capítulo II o III ante los tribunales o ante
cualesquiera otras autoridades competentes del Estado contratante en el que se
encuentre el bien cultural, así como ante los tribunales u otras autoridades
competentes que puedan conocer del litigio en virtud de las normas en vigor en
los Estados contratantes.
2) Las partes podrán
convenir someter el litigio a un tribunal u otra autoridad competente, o a
arbitraje.
3) Las medidas
provisionales o preventivas previstas por la ley del Estado contratante en que
se encuentre el bien podrán aplicarse incluso si la demanda de restitución o de
devolución del bien se presenta ante los tribunales o ante cualesquiera otras
autoridades competentes de otro Estado contratante.
ARTÍCULO 9.
1) El presente Convenio no
impide a un Estado contratante aplicar otras normas más favorables para la
restitución o devolución de los bienes culturales robados o exportados
ilícitamente, distintas de las que se estipulan en el presente Convenio.
2) El presente artículo no
deberá interpretarse en el sentido de que crea una obligación de reconocer o de
dar fuerza ejecutiva a la decisión de un tribunal o de cualquier otra autoridad
competente de otro Estado contratante que se aparte de lo dispuesto en el
presente Convenio.
ARTÍCULO 10.
1) Las disposiciones del
Capítulo II se aplicarán a un bien cultural que haya sido robado después de la
entrada en vigor del presente Convenio con respecto al Estado en el que se
presenta la demanda, a condición de que:
a) El bien haya sido
robado en el territorio de un Estado contratante después de la entrada en vigor
del presente Convenio con respecto a ese Estado; o,
b) El bien se encuentre en
un Estado contratante después de la entrada en vigor del presente Convenio con
respecto a ese Estado.
2) Las disposiciones del
Capítulo III se aplicarán solo a un bien cultural exportado ilícitamente
después de la entrada en vigor del Convenio con respecto al Estado requirente
así como con respecto al Estado en el que se presenta la demanda.
3) El presente Convenio no
legitima en modo alguno una actividad ilícita de cualquier tipo que se llevara
a cabo antes de la entrada en vigor del presente Convenio o que quedara
excluida de la aplicación del Convenio en virtud de los párrafos 1) o 2) del
presente artículo, ni limita el derecho de un Estado o de otra persona a
presentar fuera del marco del presente Convenio, una demanda de restitución o
de devolución de un bien robado o exportado ilícitamente antes de la entrada en
vigor del presente Convenio.
CAPITULO V.
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 11.
1) El presente Convenio
quedará abierto a la firma en la sesión de clausura de la Conferencia
diplomática con miras a la aprobación del proyecto de Convenio de Unidroit
sobre la restitución internacional de los bienes culturales robados o
exportados ilícitamente y quedará abierta a la firma de todos los Estados en
Roma hasta el 30 de junio de 1996.
2) El presente Convenio
estará sometido a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados que
lo han firmado.
3) El presente Convenio
quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que no son signatarios, a
partir de la fecha en que quede abierto a la firma.
4) La ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión serán objeto a estos efectos del depósito de
un instrumento en buena y debida forma ante el depositario.
ARTÍCULO
12.
1) El presente Convenio
entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito
del quinto depósito de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2) Para todo Estado que
ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o se adhiera a él después del
depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, el Convenio entrará en vigor con respecto a ese Estado el primer día
del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
ARTÍCULO 13.
1) El presente Convenio no
deroga los instrumentos internacionales que vinculan jurídicamente a un Estado
contratante y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el
presente Convenio, a menos que los Estados vinculados por esos instrumentos
formulen una declaración en contrario.
2) Todo Estado contratante
podrá concertar con uno o con varios Estados contratantes acuerdos para
facilitar la aplicación del presente Convenio en sus relaciones recíprocas. Los
Estados que hayan concertado acuerdos de ese tipo transmitirán copia de ellos
al depositario.
3) En sus relaciones
mutuas los Estados contratantes, miembros de organizaciones de integración
económica o de entidades regionales, podrán declarar que aplicarán las normas
internas de esas organizaciones o entidades y que no aplicarán, por tanto, en
esas relaciones las disposiciones del presente Convenio cuyo ámbito de
aplicación coincida con el de esas normas.
ARTÍCULO 14.
1) Todo Estado contratante
que abarque dos o varias unidades territoriales, posean o no estas sistemas
jurídicos diferentes aplicables a las materias reguladas por el presente
Convenio, podrá, en el momento de la firma o del depósito de los instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que el presente
Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o únicamente a una o
varias de ellas y podrá en todo momento sustituir esa declaración por otra
nueva.
2) Esas declaraciones se
notificarán al depositario y designarán expresamente las unidades territoriales
a las que se aplica el Convenio.
3) Si en virtud de una
declaración formulada de conformidad con este artículo, el presente Convenio se
aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado contratante,
pero no a todas, la mención:
a) Del territorio de un
Estado contratante en el Artículo 1 se refiere al territorio de una unidad
territorial de ese Estado;
b) Del tribunal u otra
autoridad competente del Estado contratante o del Estado requerido se refiere
al tribunal u otra autoridad competente de una unidad territorial de ese
Estado;
c) Del Estado contratante
en el que se encuentra el bien cultural a que se alude en el párrafo 1 del
Artículo 8 se refiere a la unidad territorial del Estado en el que se encuentre
el bien;
d) De la ley del Estado
contratante en el que se encuentre el bien a que se alude en el párrafo 3 del
Artículo 8 se refiere a la ley de la unidad territorial de ese Estado donde se
encuentre el bien; y,
e) De un Estado
contratante a que se alude en el Artículo 9 se refiere a una unidad territorial
de ese Estado.
4) Si un Estado
contratante no hace ninguna declaración en virtud del párrafo 1 de este
artículo, el presente Convenio se aplicará al conjunto del territorio de ese
Estado.
ARTÍCULO 15.
1) Las declaraciones
hechas en virtud del presente Convenio en el momento de la firma están sujetas
a confirmación cuando se proceda a su ratificación, aceptación o aprobación.
2) Las declaraciones, y la
confirmación de las declaraciones, se harán por escrito y se notificarán
oficialmente al depositario.
3) Las declaraciones
surtirán efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con
respecto al Estado declarante. No obstante, las declaraciones de las que haya
recibido notificación el depositario oficialmente después de esa fecha surtirán
efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha de su depósito ante el
depositario.
4) Todo Estado que haga
una declaración en virtud del presente Convenio podrá en cualquier momento
retirarla mediante notificación oficial dirigida por escrito al depositario.
Esa retirada surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha
del depósito de la notificación.
ARTÍCULO 16.
1) Todo Estado contratante
deberá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, declarar que las demandas de devolución o restitución de bienes
culturales presentadas por un Estado en virtud del Artículo 8 podrán
sometérsele según uno o varios de los procedimientos siguientes:
a) Directamente ante los
tribunales u otras autoridades competentes del Estado declarante;
b) Por intermedio de una o
varias autoridades designadas por ese Estado para recibir esas demandas y
transmitirlas a los tribunales u otras autoridades competentes de ese Estado;
c) Por vía diplomática o
consular.
2) Todo Estado contratante
podrá también designar a los tribunales u otras autoridades competentes para
ordenar la restitución o la devolución de los bienes culturales de conformidad
con las disposiciones de los Capítulos II y III.
3) Toda declaración hecha
en virtud de los párrafos 1 y 2 del presente artículo podrá ser modificada en
cualquier momento por una nueva declaración.
4) Las disposiciones de
los párrafos 1 a 3 del presente artículo no derogarán las disposiciones de los
acuerdos bilaterales y multilaterales de ayuda mutua judicial en las materias
civiles y comerciales que puedan existir entre los Estados contratantes.
ARTÍCULO 17.
Todo Estado contratante,
en un plazo de seis meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, remitirá al depositario una
información por escrito en uno de los idiomas oficiales del Convenio sobre la
legislación que regula la exportación de bienes culturales. Esta información se
actualizará, si procede, periódicamente.
ARTÍCULO 18.
No se admitirá reserva
alguna aparte de las expresamente autorizadas por el presente Convenio.
ARTÍCULO 19.
1) El presente Convenio
podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Partes en todo momento a
partir de la fecha en la que entre en vigor con respecto a ese Estado mediante
el depósito de un instrumento a estos efectos ante el depositario.
2) Una denuncia surtirá
efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del
instrumento de denuncia ante el depositario. Cuando en el instrumento de
denuncia se indique un período más largo para que la denuncia surta efecto,
esta surtirá efecto a la expiración del período indicado después del depósito
del instrumento de denuncia ante el depositario.
3) Sin perjuicio de esa
denuncia, el presente Convenio seguirá siendo aplicable a toda demanda de
restitución o de devolución de un bien cultural presentada antes de la fecha en
que la denuncia surta efecto.
ARTÍCULO 20.
El Presidente del
Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit)
podrá convocar, periódicamente o a petición de cinco Estados contratantes, un
comité especial a fin de que examine el funcionamiento práctico del presente
Convenio.
ARTÍCULO 21.
1) El presente Convenio se
depositará ante el Gobierno de la República Italiana.
2) El Gobierno de la
República Italiana:
a) Comunicará a todos los
Estados signatarios del presente Convenio o que se hayan adherido a él y al
Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
(Unidroit):
i) Toda firma nueva o todo
depósito de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha de esa
firma o depósito;
ii) Toda declaración,
efectuada en virtud de las disposiciones del presente Convenio;
iii) La retirada de
cualquier declaración;
iv) La fecha de entrada en
vigor del presente Convenio;
v) Los acuerdos previstos
en el Artículo 13;
vi) El depósito de
cualquier instrumento de denuncia del presente Convenio, así como la fecha en
la que se efectúe ese depósito y la fecha en la que surta efecto la denuncia;
b) Transmitirá copia
certificada del presente Convenio a todos los Estados signatarios y a todos los
Estados que se adhieran a él, y al Presidente del Instituto Internacional para la
Unificación del Derecho Privado (Unidroit);
c) Desempeñará cualquier
otra función que incumba habitualmente a los depositarios.
EN FE DE LO CUAL los
plenipotenciarios infraescritos, debidamente autorizados, han firmado el
presente Convenio.
HECHO en Roma, el
veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cinco, en un solo original,
en los idiomas francés e inglés, siendo los dos textos igualmente auténticos.
ANEXO.
a) Las colecciones y
ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogías, anatomía y los objetos de
interés paleontológico;
b) Los bienes relacionados
con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las
técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los
dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos
de importancia nacional;
c) El producto de las
excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos
arqueológicos;
d) Los elementos
procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de
lugares de interés arqueológico;
e) Antigüedades que tengan
más de cien años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados;
f) El material etnológico;
g) Los bienes de interés
artístico tales como:
i) Cuadros, pinturas y
dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier
material (con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos
manufacturados decorados a mano);
ii) Producciones
originarias de arte estatuario y de escultura en cualquier material;
iii) Grabados, estampas y
litografías originales;
iv) Conjuntos y montajes
artísticos originales en cualquier material;
h) Manuscritos raros e
incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial
(histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones.
i) Sellos de correo,
sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones;
j) Archivos, incluidos los
fonográficos, fotográficos y cinematográficos;
k) Objetos de mobiliario
que tengan más de cien años e instrumentos de música antiguos.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Bogotá, D. C., 25 de julio
de 2007
Autorizado. Sométase a la
consideración del honorable Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.),
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores, (Fdo.),
Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el
‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados
Ilícitamente’, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
Artículo 2o. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados
Ilícitamente’, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, que por el artículo 1o
de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a
los…
Presentado al honorable
Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores y la Ministra
de Cultura.
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
Fernando Araújo Perdomo.
La Ministra de Cultura,
Paula Marcela Moreno.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
Bogotá, D. C., 25 de julio
de 2007
Autorizado. Sométase a la
consideración del honorable Congreso de la República para los efectos
Constitucionales.
(Fdo.),
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones
Exteriores, (Fdo.),
Fernando Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el
‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados
Ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
Artículo 2o. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados
Ilícitamente’, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, que por el artículo 1o
de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del
honorable Senado de la República,
HERNÁN FRANCISCO ANDRADE
SERRANO.
El Secretario General del
honorable Senado de la República,
EMILIO OTERO DAJUD.
El Presidente de la
honorable Cámara de Representantes,
GERMÁN VARÓN COTRINO.
El Secretario General de
la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ
CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión
de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución
Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 3
de junio de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Viceministra de
Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de
Relaciones Exteriores,
CLEMENCIA FORERO UCROS.
La
Ministra de Cultura,
PAULA MARCELA MORENO
ZAPATA”.
III.    INTERVENCIONES.
1. Ministerio de cultura
La representante del Ministerio
intervino oportunamente para solicitar a la Corte que declare exequibles tanto
el texto del Convenio, como también la Ley que lo aprueba. En su concepto, se
trata de un mecanismo de protección jurídica de los bienes culturales que
establece diversas medidas que deben adoptar los Estados para contribuir al
respeto de la diversidad cultural y la conservación del patrimonio cultural de
cada pueblo.
Como antecedente, la vocera del
Ministerio recuerda que en 1984 la UNESCO solicitó a UNIDROIT elaborar reglas
aplicables al tráfico ilícito de objetos culturales para complementar la
Convención de la UNESCO de 1970. A mediados de los años noventa el Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado UNIDROIT, presentó el
texto final que fue adoptado el 24 de junio de 1995 en Roma.
Considera, además, que la Ley
1304 de 2009 es concordante con los artículos 70, 71 y 72 de la Carta Política;
añade que la definición de Patrimonio Cultural dada en el Convenio es más
amplia que la nacional que no distingue entre los diversos bienes que en
Colombia son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En cuanto a la
finalidad del Instrumento, explica que el mismo busca la protección del
patrimonio cultural de los Estados sin atentar contra el derecho de propiedad
sobre los mismos, finalidad compartida por el Estado colombiano como ente
protector del patrimonio cultural.
En relación con las medidas para
la restitución del patrimonio cultural que haya sido objeto de robo o exportación
ilícita, explica que el tráfico de estos bienes afecta a muchos Estados, entre
ellos a Colombia, razón por la cual el Ministerio de Cultura está comprometido
en la tarea de concientización sobre el daño generado por estos hechos.
2. Instituto colombiano de
antropología e historia
Para el Instituto, tanto el texto
del Convenio como el de la Ley que lo aprueba deben ser declarados exequibles.
El vocero del Instituto empieza por analizar la demanda de restitución de
bienes robados y posteriormente se ocupa de la demanda de devolución de bienes
exportados ilícitamente. En ambos casos adelanta una descripción acorde con los
textos del Convenio bajo revisión. Luego se ocupa de los pros y contras del
texto analizado.
A favor del Convenio explica el
interviniente que los procesos de reclamación de bienes culturales requieren en
su mayoría de un escenario judicial para ser resueltos, salvo que los Estados
parte establezcan otra cosa, todo para proteger al poseedor  obligando a los Estados
reclamantes a aportar las pruebas que justifiquen su solicitud. Para los bienes
robados y los exportados ilícitamente se establecen diferencias, para éstos los
Estados reclamantes  deberán argumentar que los bienes solicitados tienen
ciertas características que hacen su repatriación imprescindible. Para el
Instituto, esta regulación es beneficiosa porque obliga a los países
reclamantes a tener políticas públicas coherentes con el contexto mundial.
En contra del Convenio estima el
interviniente que obliga a los Estados a interponer acciones judiciales,
obligándolos a asumir los costos de las mismas, descartando la reclamación
diplomática como escenario y método de reclamación. Además, el Estado que no
logre probar los criterios para solicitar la repatriación de los bienes, está
avocado a que el tribunal no los reintegre por la ausencia de daño
significativo.
En cuanto a la prescripción de la
acción, el interviniente ve favorable que las acciones deban ser interpuestas
en el menor  tiempo posible, siendo presionados a establecer políticas públicas
de registro y protección de su patrimonio cultural. Por el contrario, encuentra
desfavorable que aun cuando la prescripción de la acción no significa admitir
la prescripción adquisitiva de la propiedad en cabeza del Estado requerido, las
consecuencias prácticas son las mismas.
Frente a la indemnización explica
el representante del Instituto que resulta beneficioso que las restricciones en
derecho interno sean iguales en relación con el comercio de bienes culturales,
toda vez que el poseedor del bien podrá argumentar su buena fe y solicitar una
indemnización; sin embargo, la oportunidad de discutir la buena o mala fe de un
poseedor no es siempre un escenario negativo debido a que no todas las
legislaciones son iguales, ni siempre han existido las restricciones legales
para la compraventa y exportación de bienes culturales.
3. Ministerio del interior y
de justicia
Considera la representante del
Ministerio que tanto el texto del Convenio como el de la Ley que lo aprueba
deben ser declarados exequibles por la Corte Constitucional. Después de
adelantar un recuento sobre el trámite de la Ley 1304 de 2009, concluye que el mismo
es conforme con lo estipulado en la Carta Política.
En cuanto al contenido de los
mismos textos, luego de llevar a cabo una descripción genérica del articulado,
concluye la interviniente que el Convenio defiende fines constitucionalmente
válidos en cuanto busca preservar el patrimonio cultural de la nación y
establecer normas que permitan recuperar bienes culturales robados o exportados
ilícitamente, facilitando la cooperación mutua entre los Estados signatarios.
Añade el concepto del Ministerio
que el Convenio debe ser declarado exequible por cuanto propone afianzar lazos
de amistad entre las partes, preservar la identidad nacional, luchar por el
beneficio mutuo, reconocer la importancia de la cooperación y recuperar bienes
culturales que hayan sido robados o exportados ilícitamente, en defensa de la
identidad cultural.
4. Ministerio de comercio,
industria y turismo
El Ministerio interviene mediante
apoderado para solicitar a la Corte que declare exequibles tanto el texto del
Convenio como el de la Ley que lo aprueba. Explica la conveniencia del
Instrumento en cuanto el acervo cultural de los pueblos representa la fuente
del origen y evolución de la civilización que ha de protegerse y resguardarse
para el futuro de la humanidad.
Como soporte de
constitucionalidad del Convenio el agente del Ministerio menciona los artículos
9º, 150, 189, 224, 241 y 243 de la Carta Política, agregando que el Estado
colombiano hace parte de las naciones que propugnan por el reintegro o
repatriación de los bienes que hacen parte de su patrimonio cultural e
histórico.
5. Universidad Sergio
Arboleda
Luego de llevar a cabo un
denodado estudio sobre la importancia del Convenio en las circunstancias
actuales, vinculadas con el saqueo e indebida apropiación de bienes que
constituyen patrimonio cultural de los pueblos, el representante de la Escuela
de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda hace una relación de las leyes y
tratados que Colombia ha puesto en vigencia con el propósito de proteger los
bienes que constituyen patrimonio histórico y cultural de la nación.
El vocero del centro académico
adelanta el examen formal del proyecto de Ley respectivo y concluye que el
mismo se ajusta a las previsiones de la Carta Política. Respecto del control
material, considera el profesor universitario que el Convenio y su Ley
aprobatoria procuran la protección y recuperación de los bienes culturales de la
Nación, contribuyendo a que las potencias firmantes puedan luchar por la
preservación de patrimonio cultural.
Para el interviniente, las normas
del Convenio desarrollan preceptos internacionales encaminados a hacer efectiva
la restitución de bienes culturales robados, señalando términos de prescripción
amplios pero precisos y disponiendo la forma de compensar económicamente a los
poseedores de buena fe.
6. Ministerio de relaciones
exteriores
La representante del Ministerio
empieza mencionando la importancia que para el Estado colombiano tiene el hecho
de preservar los bienes que hacen parte del patrimonio histórico y cultural de
la nación; para ello recuerda la actividad ilegal de guaquería, mediante la
cual muchas piezas prehispánicas han sido sacadas del territorio colombiano
para ser comercializadas, como ocurre también en otros países, circunstancia
que condujo a la suscripción del Convenio bajo revisión.
En cuanto al trámite seguido para
la adopción del Tratado, explica que el Estado colombiano no lo suscribió ni
participó en su adopción, pero manifiesta que “el Gobierno colombiano tiene
la firme intención de adherirse a este importante Instrumento Internacional por
cuanto el mismo prevé valiosos mecanismos para que el Estado recupere su
patrimonio cultural exportado de manera ilegal”. (Folio 2 del concepto
suscrito por la abogada Suzy Sierra Ruiz).
Sobre la adhesión, el Convenio
establece en el artículo 11, numeral 3: “El presente Convenio quedará
abierto a la adhesión de todos los Estados que no son signatarios, a partir de
la fecha en que quede abierto a la firma”. El Presidente de la República,
Álvaro Uribe Vélez, impartió la aprobación ejecutiva o confirmación
presidencial el 25 de julio de 2007 y ordenó someter a consideración del
Congreso de la República la aprobación del Convenio.
Para fundar las razones de
exequibilidad del Convenio, la interviniente cita el artículo 2º de la Carta
Política, en cuanto el Convenio materializa varios principios, particularmente
los previstos en los artículos 8, 63, 70, 71 y 72 de la Constitución. Considera
que este Instrumento internacional abre una posibilidad de gran trascendencia
en cuanto el país podrá reclamar los bienes culturales exportados ilícitamente
sin cumplir con la rigurosa obligación consagrada en el Convenio de la UNESCO
de 1970, consistente en tener registrada la fecha de hurto de la pieza o
determinar la fecha exacta de salida de la misma del país.
Por considerar que la Ley
aprobatoria del Convenio cumplió el trámite establecido en la Carta Política y
que el contenido de aquél es conforme con lo dispuesto en el Estatuto Superior,
la representante del Ministerio concluye solicitando a la Corte que declare  exequibles
tanto la respectiva Ley, como el texto del citado Instrumento.
IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la
Nación, en concepto No. 5023, recibido en la Secretaría General de esta
Corporación el 21 de septiembre de 2010, solicita a la Corte declarar
INEXEQUIBLE la Ley 1304 del 3 de junio de 2009, por medio de la cual se
aprueba el “Convenio UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados
ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995,  al encontrar que
durante el trámite correspondiente, el Congreso de la República incurrió en
vicios no subsanables.
Como vicios insubsanables en la
formación de la Ley 1304 de 2009, el Procurador General de la Nación manifiesta
que en el trámite del proyecto en la Comisión Segunda del Senado, se incurrió
en dos irregularidades, a saber:
1. El artículo 157 de la Ley 5ª
de 1992 establece que “la iniciación del primer debate no tendrá lugar antes
de la publicación del informe respectivo”, lo que concuerda con lo previsto
por el artículo 157-1 de la Carta Política, según el cual “los proyectos de
ley deben ser publicados oficialmente por el Congreso antes de darles curso en
la comisión respectiva”.
En criterio del Procurador, estas
normas garantizan a los congresistas y a los ciudadanos la oportunidad de
conocer previamente el texto que se somete a discusión, para participar adecuadamente
en el debate y expresar sus opiniones respecto de la iniciativa. Para la Vista
Fiscal, en el momento de tramitar el proyecto en la Comisión Segunda del
Senado, se desconoció el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992 y el 157-1 de la
Constitución Política, que exigen la publicación de la ponencia antes de darle
curso al proyecto, ya que la ponencia para primer debate fue publicada el 29 de
noviembre de 2007 y el anuncio para primer debate se llevó a cabo el 28 de
noviembre del mismo año.
Estima el Procurador que de esta
manera se incurrió en un vicio de inconstitucionalidad no subsanable, producido
en el primer debate en el Senado de la República, momento en el cual esta
Cámara no había expresado de manera válida su voluntad.
2. El segundo vicio está
relacionado con que el proyecto de Ley fue votado en sesión distinta de aquella
para la cual fue anunciado, lo cual implica la invalidez de la discusión y de
la aprobación, según lo prevé el artículo 149 superior.
Según el Ministerio Público, el
hecho ocurrió durante el trámite dado en la Comisión Segunda del Senado de la
República, por cuanto al finalizar la sesión del 28 de noviembre de 2007, “El
señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, cita para mañana 29 de
noviembre a las 9:00 a,m, …”, no obstante, el proyecto es discutido y
aprobado, sin anuncio previo, el 4 de diciembre de 2007, rompiendo así la
cadena de anuncios.
En cuanto a la materia regulada
por el Convenio, la Vista Fiscal expresa que se trata de un Instrumento que surge
de la necesidad de completar lo dispuesto en la “Convención sobre las
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales”,
de la UNESCO. Con el texto bajo revisión se busca armonizar las relaciones
entre el derecho público y el derecho privado, para permitir la recuperación
efectiva de los bienes que hacen parte del patrimonio cultural saqueado.
El Ministerio Público recuerda que
Colombia es Estado parte en protocolos y convenios internacionales que buscan
avanzar en la recuperación y devolución de bienes culturales hurtados,
destacándose la Convención del 16 de noviembre de 1972, aprobada mediante la
Ley 45 de 1983; el Convenio entre Colombia y Perú para la protección,
conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales,
suscrito en Bogotá el 24 de mayo de 1989 y aprobado mediante la Ley 16 de 1992;
el convenio entre Colombia y Ecuador, para la recuperación y devolución de
bienes culturales hurtados, suscrito en Bogotá el 17 de diciembre de 1996,
aprobado mediante la Ley 587 de 2000; y el convenio entre Colombia y Bolivia,
para la recuperación de bienes culturales y otros específicos hurtados,
importados o exportados ilícitamente, suscrito en la Paz el 20 de agosto de
2001, aprobado por la Ley 896 de 2004.
En concepto del Procurador
General de la Nación, el Convenio que se examina es un elemento importante para
impulsar y promover canales de cooperación y desarrollo, lo que se encuentra en
consonancia con los artículos 9º, 226 y 227 de la Carta Política, normas que
orientan la política exterior del Estado colombiano.
V.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
1.      Competencia.
La Corte Constitucional es
competente para examinar la constitucionalidad del Convenio de Unidroit sobre
los bienes culturales robados o exportados ilícitamente y de su ley
aprobatoria, atendiendo a lo previsto en el numeral 10º del artículo 241
superior.
2.      Alcance del control de
constitucionalidad sobre los convenios internacionales y sus leyes aprobatorias
La revisión constitucional que le
corresponde efectuar a la Corte Constitucional sobre los convenios
internacionales y sus leyes aprobatorias tiene las siguientes características:
i) es previo a la ratificación del tratado, aunque posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción del Gobierno; ii) es automático,
por cuanto deben remitirse por el Gobierno dentro de los seis (6) días
siguientes a la sanción de la ley; iii) es integral, toda vez que
se examinan los aspectos formales y materiales de los actos frente al texto
integral de la Constitución; iv) es preventivo, al buscar
garantizar el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º) y el
cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano frente a la comunidad
internacional; v) es una condición sine qua non para la ratificación del
instrumento internacional; y vi) tiene efectos de cosa juzgada
constitucional.
2.1. El control de
constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los
requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado[1],
así como en el trámite legislativo desarrollado[2] y la sanción presidencial
del proyecto de Ley. Además, la Ley aprobatoria debe observar el procedimiento
de una Ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así
señalarlo la Ley Orgánica del Congreso[3], salvo lo concerniente a
la iniciación del debate en el Senado de la República, por referir a las relaciones
internacionales (Art. 154 superior), y a la remisión oportuna por el Gobierno
del tratado y la Ley aprobatoria a la Corte (Art. 241, numeral 10 superior).
De esta manera, la Corte ha
manifestado que el examen formal comprende: i) la remisión oportuna del
Instrumento internacional y la ley aprobatoria, ii) la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del tratado, así como la competencia del funcionario que lo
suscribió, iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente, iv) las
publicaciones efectuadas por el Congreso (Art. 157 C.Po.), v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (Art. 157 C.Po.), vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara
(Art. 160 C.Po.), vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que
las mayorías con las que fue aprobado el proyecto, y viii) el anuncio previo a
la votación (art. 160 C.Po.).
2.2. De otra parte, en cuanto al control
de constitucionalidad material, la función de esta Corte se
circunscribe a examinar el contenido del Instrumento internacional y su ley
aprobatoria a la luz del contenido integral de la Constitución.
2.3. Por último, la Corte
recuerda que los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad
de los tratados internacionales, son materias ajenas a las funciones jurídicas
que le han sido asignadas a la Corte Constitucional, como guardiana de la
integridad y supremacía de la Constitución (Art. 241-10 superior). Su
valoración, entonces, corresponde constitucionalmente al Presidente de la
República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales
(Art. 189-2 de la Carta) y al Congreso de la República al disponer la
aprobación o improbación de los tratados (Art. 150-16 de la Constitución).
3.      Constitucionalidad
formal del Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o
exportados ilícitamente y de su Ley aprobatoria
3.1.   La oportunidad en la
remisión
La Ley No. 1304 que aprueba el “Convenio
de Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente”,
firmado en Roma el 24 de junio de 1995, fue expedida el 3 de junio de 2009,
siendo recibida fotocopia auténtica en la Corte Constitucional[4],
el día 11 de junio de 2009, proveniente de la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República.
Es decir, el Gobierno remitió el
texto de la ley junto con el tratado internacional, dentro del término de
seis (6) días previsto en el numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución Política.
3.2.   Negociación y
celebración del tratado internacional
3.2.1.    Competencia del
funcionario que lo suscribió
Teniendo en cuenta que entre los
documentos enviados por el Gobierno Nacional a la Corte no aparecía
certificación alguna relacionada con el funcionario autorizado para la
negociación y suscripción del Convenio, como también lo atinente a los plenos
poderes de los cuales disponía para su celebración y si fueron confirmados sus
actos por el Presidente de la República, el Magistrado Sustanciador, mediante
auto del 13 de julio de 2009, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores
que enviara los documentos indispensables para avanzar en el trámite de control
de constitucionalidad.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores, mediante oficio OAJCAT No. 38296 del 16 de julio de 2009, suscrito
por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, certificó que a la fecha “No hay
evidencia de que Colombia haya firmado el respectivo instrumento internacional,
en este entendido no hubo plenos poderes”. (Folio 46 del cuaderno principal).
3.2.2. La confirmación por el
Presidente de la República
El 25 de julio de 2007, el
Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, impartió aprobación al
instrumento internacional, conforme al artículo 8º de la Convención de Viena de
1969 sobre el Derecho de los Tratados. (Folio 14 del cuaderno principal).
Como lo ha
sostenido la Corte, la confirmación del Presidente de la República tiene como
efecto jurídico la manifestación de la intención y el interés del Ejecutivo,
responsable de la dirección de las relaciones internacionales (Art. 189, num.
2° de la Constitución Política), en adherir a este Convenio multilateral a
cuya suscripción no concurrió el Estado colombiano[5].
3.3.   Revisión formal de la
Ley No. 1304 del 3 de junio de 2009, aprobatoria del Convenio de Unidroit sobre
los bienes culturales robados o exportados ilícitamente
Conforme con la documentación que
reposa en el expediente, se observa que el trámite dado al proyecto de Ley 147
de 2007 Senado y 323 de 2008 Cámara, el cual culminó con la expedición de la
Ley No. 1304 de 2009, fue el siguiente:
3.3.1. Trámite en el Senado de la
República al proyecto de Ley 147 de 2007
El
20 de septiembre de 2007, el Gobierno, a través de los ministros de
Relaciones Exteriores y de Cultura, doctores Fernando Araújo Perdomo y Paula
Marcela Moreno, radicó en la Secretaría General
del Senado de la República el proyecto de Ley “Por medio de la cual
se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los bienes culturales robados o
exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”. La iniciativa fue radicada bajo el número 147/07 Senado.
El texto original del proyecto de
Ley y del Instrumento internacional, junto con la exposición de motivos
elaborada por el Gobierno, fueron publicados en la Gaceta del Congreso número
469 del 24 de septiembre de 2007 Senado[6].
Posteriormente, la Presidencia del
Senado asignó el proyecto de Ley a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente. Según constancia del Secretario General de la Comisión Segunda, el
1º de octubre de 2007 fue recibido en ese Despacho el proyecto de Ley 147/07
Senado, e inmediatamente lo pasó a la Mesa Directiva de la Comisión para
asignar ponente[7].
El 3 de octubre de 2007, la Mesa
Directiva designó como ponente al Senador Jairo Clopatofsky Ghisays; el día 5
de octubre fueron enviados los documentos al mencionado parlamentario, entre
ellos una copia del proyecto de Ley, informándole que debería rendir ponencia
dentro de los diez días siguientes. La documentación fue recibida en el
Despacho del ponente el día 9 del mismo mes[8].
3.3.1.1.
La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por el Senador
Jairo Clopatofsky Ghisays. Según certificación expedida por el
Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República[9], doctor Felipe Ortiz
Marulanda, la ponencia para primer debate del proyecto de Ley No. 147/07
Senado, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 607 del jueves 29 de
noviembre de 2007.
Como
se dijo anteriormente, la Vista Fiscal considera que el Congreso de la
República incurrió en un vicio de trámite al publicar el texto del proyecto
después de iniciar el primer debate en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado. Considera la Sala que esta situación no
se presentó, teniendo en cuenta que el primer debate al proyecto de Ley
No. 147/07 Senado, tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2007, mientras que la
inserción del texto en la Gaceta del Congreso o publicación del mismo, se llevó
a cabo el día 29 de noviembre de 2007.
Al
revisar el contenido de la Gaceta del Congreso número 607 del jueves 29 de
noviembre, la Sala encuentra que en sus páginas 15 y 16 aparece el texto de la “PONENCIA
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 147 DE 2007 SENADO”, documento
suscrito por el Senador Jairo Clopatofsky Ghisays.  El primer debate
en la Comisión se adelantó el martes 4 de diciembre de 2007, según consta en el
Acta número 15 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 177 de
2008, páginas 7 y 8.
Durante
la discusión participaron los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, Jesús
Enrique Piñacué, Juan Manuel Galán, luego el Secretario General dio lectura al
informe de ponencia, al título del proyecto, al texto del mismo, el Presidente
de la Comisión preguntó a los Senadores si querían que la iniciativa tuviera
segundo debate, a lo cual respondieron afirmativamente.
3.3.1.2.
La materia se encuentra regulada en los artículos 156 y 157 de la Ley 5ª de
1992. La primera de estas normas prevé:
“ART.
157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
1.
Haber sido publicado oficialmente
por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
De
su parte, el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992 establece:
ART. 157.
INICIACIÓN DEL DEBATE. La iniciación del primer debate no tendrá
lugar antes de la publicación del informe respectivo”
Concluye la Sala,
entonces, precisando que el primer debate en la Comisión respectiva tuvo lugar
después de haber sido publicado el texto de la ponencia en la Gaceta del
Congreso[10], cumpliéndose lo
establecido en el ordenamiento constitucional y orgánico.
3.3.1.3. El anuncio de votación se
llevó a cabo el día 28 de noviembre de 2007 y la misma tuvo lugar el día 4 de
diciembre. Al respecto el Secretario General de la Comisión certificó:
“Bogotá,
D.C., Diciembre 04 de 2007
En
sesión de la fecha, la Comisión Segunda del Senado de la República, discutió y
aprobó en primer debate la proposición final con la cual termina el informe de
ponencia correspondiente al proyecto de Ley No. 147/07 Senado “POR MEDIO DE LA
CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE LOS BIENES CULTURALES ROBADOS O
EXPORTADOS ILÍCITAMENTE”, FIRMADO EN ROMA EL 24 DE JUNIO DE 1995.
(…)
Fecha
de anuncio de discusión y votación:
Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado el día 28 de noviembre de
2007, según consta en el Acta No. 14 de esa fecha.
Fecha
de aprobación: Sesión ordinaria de la
Comisión Segunda del Senado de la República el día 04 de diciembre de diciembre
de 2007, según consta en el Acta No. 15 de esa fecha”[11].
Para el Procurador
General de la Nación pudo haber incurrido la Comisión en un vicio de trámite
durante la cadena de anuncios, al someter a discusión y votación el proyecto en
día distinto al mencionado en la citación. Sin embargo, esto no ocurrió si se
tiene en cuenta el contexto en el cual tuvo lugar el acto de votación.
3.3.1.4. El
anuncio para discusión y votación del proyecto de Ley 147/07 en la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado, se llevó a cabo el día 28 de
noviembre. Según el Acta  número 14 del 28 de noviembre de 2007,
publicada en la Gaceta del Congreso número 176 del 28 de abril de 2008, página
28:
“El
señor Secretario, Felipe Ortiz Marulanda,  da lectura:
Anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley por orden del Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la República, para la próxima sesión,
según el artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003:
(…)
Proyecto
de ley número 147 de 2007, Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio
individual sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente,,
firmado en Roma el 24 de julio de 1995”.
…
El
señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, cita para mañana 29 de noviembre
a las 9:00 a. m….”.
El día 29 de noviembre no hubo
sesión como lo demuestra el orden consecutivo de Actas. La “próxima sesión”
tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2007, como consta en el Acta número 15 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 177 del 24 de abril de
2008. Es decir, el proyecto fue anunciado para discusión y votación el 28 de
noviembre y la siguiente sesión se celebró el día 4 de diciembre de
2007, tal como lo demuestra el consecutivo de actas No. 14 y 15, siendo
sometida la iniciativa legislativa a discusión y votación sin transgresión a lo
dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo No 01 de 2003. El proyecto
obtuvo la aprobación de 10 de los 13 Senadores que integran la Comisión[12].
De lo expuesto concluye la Sala
que no se presentó el vicio de trámite informado por el señor Procurador
General de la Nación.
3.3.2.  La ponencia para dar
segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, presentada por el
Senador Jairo Clopatofsky Ghisays, fue publicada en la Gaceta del
Congreso número 099 del jueves 3 de abril de 2008, Senado[13].
Conforme al Acta 49 del martes
27 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 481 del miércoles
30 de julio de 2008, Senado[14], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima
sesión.
…
Proyecto de ley número 147 de 2007
Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los
bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio
de
…
Siendo las 10:40 p. m. la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 28 de mayo de 2008, a las 3:00 p. m.”.
Según el Acta 50 del 28 de mayo
de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso
482 del miércoles 30 de julio de 2008, Senado[15],
en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 147 de 2007, Senado. El
quórum deliberatorio y decisorio fue de 92 de los 102 Senadores que conforman
esa Plenaria[16].
El texto definitivo aparece
publicado en la Gaceta del Congreso No. 324 del jueves 5 de junio de 2008,
Senado[17].
3.4.   Trámite en la Cámara de
Representantes al proyecto de ley 323 de 2008 Cámara y 147 de 2007 Senado
3.4.1.  La ponencia para dar
primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue
presentada por el Representante Luis Felipe Barrios, siendo publicada en la
Gaceta del Congreso número 543 del lunes 25 de agosto de 2008, Cámara[18].
Conforme al Acta 6 del 10 de
septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 41 del  lunes 16 de
febrero de 2009, Cámara[19], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“Anuncio de proyectos de ley para
aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto
Legislativo número 1 de 2003. Proyectos de Ley para aprobación en próxima
sesión de Comisión de acuerdo con lo ordenado por Usted señor Presidente:
(…)
2. Proyecto de Ley número 323 Cámara,
147 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Unidroit sobre
los bienes culturales robados y exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24
de junio de 1995”.
(…)
Hace uso de la palabra el
Presidente (e) Honorable Representante Silfredo Morales Altamar:
Se cita a la Comisión para el
próximo martes a las 10:00 de la mañana”. (Pág. 24, gaceta No. 41 de
2009)”.
Según el Acta 7 del 16 de septiembre
de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 40 del lunes 16 de febrero de
2009, Cámara[20], en esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y
decisorio fue de 17 de los 19 Representantes que conforman esa Comisión[21].
Se designó como ponente para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara,
nuevamente al Representante Luis Felipe Barrios.
3.4.2.  La ponencia para dar
segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada
por Luis Felipe Barrios, fue publicada en la Gaceta del Congreso 931 del jueves
11 de diciembre de 2008, Cámara[22].
Conforme al Acta 162 del 18 de
marzo de 2009, publicada en la Gaceta número 245 del 24 de abril de 2009, Cámara[23],
en esa sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera: el
Secretario General de la Cámara mencionó los proyectos, entre ellos el 323 de
2008 Cámara, 147 de 2007 Senado[24],
concluyendo:
“Señor
Presidente, están leídos los proyectos de ley,
de acuerdo
al acto legislativo 01 de julio 3 de 2003
para la
próxima Sesión donde se debatan proyectos
de ley…
Secretario
General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
C.:
…o de acto
legislativo. Señor Presidente, la Secretaría le informa que están anunciados
los proyectos”.
Al
finalizar la sesión se dijo:
“Dirección
de la Sesión por la Presidencia, doctor
Fabio Raúl
Amín Saleme:
A usted
Representante Obando, muchísimas
gracias.
Se levanta la
Sesión, y se convoca para el próximo
martes 24 a las 3:00 de la tarde”[25].
3.4.3. Según el Acta de
plenaria número 163 del martes 24 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta
del Congreso número 265 del miércoles 29 de abril de 2009, el proyecto de Ley
fue discutido y aprobado[26] con la
presencia de 148 de los 166 Representantes a la Cámara. El texto definitivo
aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 201 Cámara[27]
del martes 14 de abril de 2009.
3.5. De la secuencia
legislativa anterior la Corte puede concluir que el proyecto de Ley:
-  Inició su trámite en el Senado
de la República (C.Po. art. 154).
-  Se cumplieron los términos de 8
y 15 días, que deben mediar entre los debates (C.Po. art. 160), ya que i) en el
Senado el primer debate en Comisión tuvo lugar el 4 de diciembre de 2007 y el
segundo debate en la Plenaria del Senado el 28 de mayo de 2008, y ii) en la
Cámara el primer debate en Comisión tuvo lugar el 16 de septiembre de 2008 y la
aprobación en la Plenaria de la Cámara el 24 de marzo de 2009. Además, entre la
aprobación del proyecto en el Senado (28 de mayo de 2008) y la iniciación del
debate en la Cámara de Representantes (16 de septiembre de 2008), transcurrió
un término no inferior a los quince días previstos en el artículo 160 de la
Carta Política.
- Se efectuaron las publicaciones
oficiales conforme al numeral 1 del artículo 157 de la Carta, por cuanto: i) se
publicó el texto original del proyecto junto con la exposición de motivos en la
Gaceta número 469 del 24 de septiembre de 2007 Senado[28], ii) en el Senado se publicó la ponencia para
primer debate según Gaceta del Congreso número
607 del jueves 29 de noviembre de 2007 y para segundo debate en la
Gaceta del Congreso número 099 del jueves 3 de abril de 2008, Senado[29],
y iii) en la Cámara se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del
Congreso número 543 del lunes 25 de agosto de 2008, Cámara[30]
y para segundo debate en la Gaceta del Congreso 931 del jueves 11 de diciembre
de 2008, Cámara[31].
- Las células legislativas
cumplieron con los anuncios previos a la votación, según lo establecido en el
artículo 8º. del Acto Legislativo 1 de 2003. De las pruebas aportadas se
concluye:
1.
El anuncio para votación en la Comisión Segunda del Senado de la
República se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2007 y la votación tuvo lugar
el 4 de diciembre del mismo año; el anuncio para votación en la Plenaria del
Senado se llevó a cabo el 27 de mayo de 2008 y la votación tuvo lugar el 28 de
mayo del mismo año.
2.
El anuncio para votación en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2008 y la votación tuvo
lugar el 16 de septiembre del mismo año; el anuncio para votación en la
Plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 18 de marzo de 2009
y la votación tuvo lugar el 24 de marzo del mismo año.
-  Se cumplió con el quórum y las
mayorías requeridas según certificaciones de los secretarios de Senado y Cámara
(C.Po. art. 146).
3.6. Consulta previa a
comunidades indígenas
E artículo 3º, numeral 8º del
Convenio, establece que “ … la demanda de restitución de un bien cultural
sagrado o que revista una importancia colectiva perteneciente a una
comunidad autóctona o tribal y utilizado por ella en un Estado contratante para
uso tradicional o ritual de esa comunidad estará sometida al plazo de
prescripción aplicable a las colecciones públicas[32]”.
(Subrayas no originales). Por tratarse de bienes pertenecientes a
comunidades autóctonas o tribales, podría pensarse que el trámite de la Ley
aprobatoria del Convenio requería de la consulta previa regulada en el
parágrafo del artículo 330 de la Carta Política que establece:
“La
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el
Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades”.
El aparte subrayado es aplicable
al término de prescripción para la demanda de restitución de un bien
perteneciente a una comunidad autóctona o tribal; como se ha explicado,
mientras el Convenio establece términos de prescripción que oscilan entre los 3
y 75 años, la Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 63 que el
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley
son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
3.6.1. Siguiendo lo dispuesto en
el artículo 9º del Convenio, concordante con el artículo 18 del mismo, en
materia de prescripción se aplicarán las normas más favorables para la
restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente, siendo más
favorable el artículo 63 superior. De esta manera, el constituyente ha resuelto
todo litigio relacionado con plazos para presentar demandas de restitución de
esta clase de bienes, resultando inocua la consulta a comunidades indígenas
sobre una materia que, como se viene explicando, fue regulada directamente por
el artículo 63 de la Carta Política.
3.6.2. A lo anterior se agrega
que la consulta previa, en los términos señalados en el artículo 6º del
Convenio 169 de la O.I.T., no resulta aplicable en el presente caso, toda vez
que las medidas relacionadas con la restitución de bienes culturales robados o
exportados ilícitamente contempladas en el Convenio, son de carácter general y
aplicables respecto de toda la comunidad colombiana; por ende, no afectan
directa ni exclusivamente a las colectividades indígenas.
La Corte
había precisado en la sentencia C-175 de 2009, que sirvió para resolver sobre
la exequibilidad de la Ley 1152 de 2007 (por la cual se dicta el Estatuto de
Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, y se dictan otras disposiciones), que la consulta previa a
comunidades indígenas es un derecho fundamental que afecta el contenido de la
medida legislativa adoptada por el Congreso de la República, pero que ella no
procede en todos los casos en los cuales estén comprometidos los derechos de
los miembros de estas colectividades. La consulta previa, según lo explicado en
la citada providencia, sólo tendrá lugar cuando la medida legislativa afecte
directamente los intereses y los derechos de la comunidad indígena respectiva.
En esta sentencia la Corte expuso:
“(…) la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que la preservación de la identidad
diferenciada de los pueblos indígenas y tribales y, de esta manera, la eficacia
del mandato superior de reconocimiento y protección de la diversidad étnica, se
logra a través de, entre otros mecanismos, la consulta previa.  Para el caso
particular de las medidas legislativas, la consulta se predica sólo de aquellas
disposiciones legales que  tengan la posibilidad de afectar directamente
los intereses de las comunidades. Por lo tanto, aquellas medidas
legislativas de carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a
todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades
tradicionales, no están prima facie sujetas al deber de consulta,
excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas,
comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos
intereses.  Debe aclararse, por supuesto, que en los casos en que la medida
legislativa no afecte directamente a las comunidades indígenas y tribales, la
participación de las mismas no se ve restringida, sino que se conduce a través
de los mecanismos generales de participación a los que se hizo alusión en el
fundamento jurídico 11 de esta sentencia”.
3.6.3. La Corte mantuvo esta
postura jurisprudencial en la sentencia C-063 de 2010; en esta providencia la
Corporación dijo:
“…
el literal a. del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT establece que el
Gobierno de cada Estado debe realizarla cuando se quieran implementar medidas
–legales o administrativas- que afecten de forma directa a una o varias de
las comunidades indígenas que habitan dentro de su territorio.
Corresponderá
a los operadores jurídicos encargados de aplicar las disposiciones
constitucionales y del Convenio 169 de 1989 determinar para cada caso en
concreto si una medida de carácter legal o administrativo afecta directamente
a una comunidad indígena. Para esta tarea la jurisprudencia constitucional ha
establecido lineamientos o parámetros orientativos, los cuales pueden
encontrarse en la sentencia C-030 de 2008, en donde se manifestó:
‘4.2.2.2.1.  En
primer lugar, tratándose específicamente de medidas legislativas, es claro que
el deber de consulta no surge frente a toda medida legislativa que sea
susceptible de afectar a las comunidades indígenas, sino únicamente frente a
aquellas que puedan afectarlas directamente, evento en el cual, a la luz de
lo expresado por la Corte en la Sentencia C-169 de 2001, la consulta
contemplada en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT deberá surtirse en los
términos previstos en la Constitución y en la ley.
No cabe duda de
que las leyes, en general, producen una afectación sobre todos sus
destinatarios. De esta manera una ley, en cualquier ámbito, aplicable a la
generalidad de los colombianos, afecta a los miembros de las comunidades
indígenas y tribales que tengan la calidad de nacionales colombianos, sin que
en dicho evento pueda predicarse que, en aplicación del literal a) del artículo
6º del Convenio 169 de la OIT, resulte imperativa una consulta previa a dichas
comunidades como condición para que el correspondiente proyecto de  ley
pueda tramitarse válidamente. Sostener lo contrario equivaldría a afirmar que
una parte muy significativa de la legislación debería ser sometida a un proceso
específico de consulta previa con las comunidades indígenas y tribales, puesto
que las leyes que de manera general afecten a todos los colombianos, unas en
mayor medida que otras, afectan a las comunidades indígenas, en virtud a que
sus integrantes, como colombianos que son, se encuentran entre sus
destinatarios, lo cual desborda el alcance del convenio 169.
(…)
De este modo, por
ejemplo, cuando se vaya a regular a través de una ley la manera como se hará la
explotación de yacimientos petroleros ubicados en territorios indígenas, sería
imperativa la consulta con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados,
porque hay una afectación directa que impone al Estado aplicar para el efecto
las disposiciones del convenio.
Pero cuando de lo que
se trata es de adoptar el marco general de la política petrolera del Estado no
hay una afectación directa de las comunidades indígenas o tribales, ni la
medida se inscribe en el ámbito de aplicación del convenio, porque no está
orientada a regular de manera específica la situación de esos pueblos, y lo que
cabe es aplicar la previsión del literal b) del artículo 6º conforme a la cual
debe garantizarse la participación de las comunidades interesadas en igualdad
de condiciones, a menos que, en el texto de la ley se incorporasen medidas
específicamente dirigidas a la explotación del recursos en los territorios de
esas comunidades, o que se pudiese establecer una omisión  legislativa por
la falta de una previsión específica .
(…) De este modo,
cabe señalar que la obligación de consulta prevista en el literal a) del
artículo 6º del Convenio 169 de la OIT no puede interpretarse con el alcance de
que toda la regulación del Estado, en cuanto que sea susceptible de afectar a
las comunidades indígenas y tribales, deba someterse a un proceso de consulta
previa con dichas comunidades, por fuera de los escenarios ordinarios de
participación y deliberación democrática, y que dicho deber sólo se predica de
aquellas medidas que, en el ámbito de la aplicación del Convenio, sean
susceptibles de afectar directamente a tales comunidades’”.  (Las subrayas
no corresponden al texto original).
3.6.4. Para la
Sala, el Convenio y su Ley aprobatoria son aplicables de manera general,
abstracta e impersonal a los nacionales colombianos, entre los cuales se cuenta
a los miembros de las comunidades autóctonas y tribales, sin que la medida
legislativa allí prevista implique afectación directa o exclusiva para un
determinado grupo o comunidad étnica. El instrumento internacional fue
concebido para beneficio de toda la comunidad nacional con el propósito
de repatriar aquellos bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la
nación, fueron robados o exportados ilícitamente.
3.7. De esta forma, la Corte
puede concluir que la Ley No. 1304 del 03 de junio de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”, cumplió debidamente los requisitos formales exigidos por la Carta Política.
4. Examen material del
Convenio
4.1. Ámbito de aplicación del
Instrumento. Para precisar el ámbito de aplicación del Convenio, la Sala
considera pertinente explicar que éste refiere a bienes culturales robados
o exportados ilícitamente, mientras la Constitución Política, en su artículo
63, alude a patrimonio arqueológico, siendo estos dos conceptos
distintos de acuerdo con lo establecido en la Ley 397 de 1997. Así, según el
artículo 4º de esta Ley:
“El
patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el
paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico[33],
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental,
literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.
Como se observa, los bienes a los
que se les atribuye especial interés en el ámbito arqueológico, hacen parte
del patrimonio cultural de la Nación[34]. En concordancia
con esta explicación, el artículo 2º del Convenio establece:
“A los efectos del
presente Convenio por bienes culturales se entiende los bienes que, por
razones religiosas o profanas, revisten importancia para la arqueología,
la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, y que
pertenecen a alguna de las categorías enumeradas en el anexo al presente
Convenio”.
El claro, entonces,
que el Instrumento emplea el concepto de bien cultural, el cual resulta más
amplio que el de patrimonio arqueológico utilizado en el artículo 63 de la
Constitución Política.
4.2. La Nación colombiana cuenta
con una inmensa riqueza cultural conformada con bienes tangibles e intangibles,
entre los que se cuenta piezas elaboradas por nuestros ancestros, elementos que
deben ser protegidos de actividades delictuales o de transferencias ilícitas empleadas
en desmedro de un patrimonio que hace parte integral de nuestra identidad[35].
El Convenio sometido a revisión de la Corte hace parte de la estrategia seguida
por el Estado colombiano[36] para prevenir e impedir
el saqueo de los bienes culturales respecto del robo o de su exportación
ilícita; al mismo tiempo, este Instrumento constituye un mecanismo jurídico
para repatriar los artículos mencionados.
El Convenio que se examina
comparte los objetivos de otros acuerdos internacionales  similares suscritos
por Colombia, tales como la Convención de la UNESCO de 1970, sobre las "Medidas
que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y la transferencia
de propiedad ilícita de Bienes Culturales", suscrita en París en
noviembre de 1970 y aprobada por la Ley 63 de 1986; el “Convenio entre
Colombia y Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes
arqueológicos, históricos y culturales” aprobado mediante la Ley 16 de 1992[37];
el “Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la
recuperación y devolución de bienes culturales robados”, firmado en Bogotá,
el 17 de diciembre de 1996 y aprobado por  la Ley 587 de 2000[38];
y el Convenio suscrito entre la República de Colombia y la de Bolivia, para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos hurtados, importados o
exportados ilícitamente, suscrito en la Paz el 20 de agosto de 2001 y aprobado
mediante la Ley 896 de 2004[39], instrumentos que tienen
en común el propósito de evitar la transferencia ilícita de la propiedad
cultural y el comercio ilegal de estos bienes, y facilitar la cooperación
recíproca entre los países firmantes para su recuperación y repatriación[40].
La Convención de UNESCO de 1970
fue útil, pero siendo susceptible de ser mejorada los Estados signatarios
acudieron al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado,
con el propósito de confeccionar un Instrumento que permitiera complementar y
adecuar el de UNESCO. Es decir, el Convenio bajo revisión aparece por la
necesidad de proveer a los Estados signatarios de mecanismos y herramientas
destinadas a una mejor protección de su patrimonio cultural, cuando este sea
exportado ilegalmente, hurtado o producto de una excavación arqueológica no
autorizada.
4.3. El cuerpo normativo del
Instrumento Internacional cuenta con un Preámbulo que consagra los motivos que
llevaron a la comunidad a adoptarlo, al cual le siguen cinco capítulos
integrados con 21 artículos y un anexo. El primer capítulo establece el campo
de aplicación del Convenio y la definición de bienes culturales; el segundo y
el tercero establecen los procedimientos para la restitución de bienes
culturales robados y la devolución de bienes culturales exportados
ilícitamente; el capítulo cuarto contempla disposiciones a tener en cuenta para
la aplicación de los capítulos II y III; el quinto capítulo refiere a las
disposiciones finales del Instrumento, en lo relacionado con la firma, la
ratificación, adhesión, reservas, se designa al Estado depositario y se señalan
sus funciones. Finalmente, allí se establece la forma de entrada en vigor,
vigencia, denuncia y terminación del Convenio.
4.4. El ámbito jurídico del
Instrumento que se revisa está vinculado con las materias reguladas en los
artículos 2º, 8º, 9º, 63, 70, 71 y 72[41] de la Constitución
Política, en cuanto después de la adhesión el Convenio permitirá al Estado
colombiano contar con un nuevo mecanismo para realizar los mandatos
constitucionales relacionados con la preservación y protección del patrimonio
cultural de la Nación. Con este Convenio Colombia podrá reclamar los bienes
culturales robados o exportados ilícitamente, sin necesidad de cumplir con la
rigurosa obligación  establecida en el Convenio UNESCO de 1970, consistente en
tener registrada la fecha del hurto de la pieza o determinar la fecha exacta de
salida de la misma.
4.5. Entre los aspectos novedosos
a considerar en este acuerdo aparecen:
-
La posibilidad de que los poseedores de bienes culturales robados o
exportados ilícitamente tengan derecho al pago de una indemnización económica
por parte del Estado requirente de los bienes;
-
Los plazos para la presentación de demandas de restitución de bienes
robados o exportados, los cuales aparecen ligados a los tiempos de prescripción
para las demandas o reclamaciones;
-
La posibilidad de que el poseedor que deba devolver el bien cultural al
territorio del Estado requirente que ha sido exportado ilícitamente, opte por
seguir siendo propietario del bien o por transferir su propiedad a la persona
que elija, siempre que esta resida en territorio del Estado requirente. Sobre
esta posibilidad es importante considerar que el artículo 6º del Convenio
establece que esta opción sólo procederá si el Estado requirente lo consiente.
4.6. Respecto de la aplicación de
las cláusulas del Instrumento y ante la posibilidad que resulten contrarias a
los intereses del Estado colombiano, es pertinente recordar que el Ministerio
de Relaciones Exteriores al intervenir en este asunto, precisó que llegado el
momento de adherir al Convenio, el Jefe de Estado puede formular las respectivas
reservas y si las mismas no se encuentran expresamente autorizadas, podrá el
Gobierno formular la declaración interpretativa correspondiente.
Sobre esta materia el artículo 9º
del Convenio autoriza a los Estados parte a aplicar las normas que le sean más
favorables frente a la problemática de los bienes culturales robados o
exportados ilícitamente, ya sea que se trate de aplicar la Constitución
Política, otras normas de derecho interno o tratados internacionales suscritos
por el Estado.
Por lo anterior, la Corte
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia que el Presidente de la
República, al manifestar el consentimiento
internacional para obligar al Estado colombiano por el Convenio que se examina,
deberá formular una declaración interpretativa en el sentido que el Gobierno de
Colombia entiende que por existir un precepto de derecho interno más favorable
para la restitución de bienes robados o ilícitamente exportados, como lo es el
artículo 63 de la Carta Política, éste se aplicará de preferencia en
relación con los términos de prescripción consagrados en el Instrumento
Internacional.
4.7. La articulación entre el
Instrumento y el derecho interno colombiano se pone en evidencia con lo
dispuesto en el artículo 3º, numeral 5º  del Convenio, texto aplicable al
tiempo de prescripción de la acción para presentar la demanda, según el cual
todo Estado contratante podrá declarar que una demanda prescribe hasta en un
plazo de 75 años o en un plazo más largo previsto en su derecho; así,
Colombia podrá aplicar aquellas normas que perteneciendo a su derecho interno
resulten más favorables en materia de prescripción.
4.8. El Convenio puesto a
consideración de la Corte se enmarca dentro de los criterios de cooperación
internacional, promoción y preservación del patrimonio cultural y acoge lo
dispuesto en la Carta Política en los artículos  2º, 8º, 9º, 63, 70, 71 y 72;
por tanto,  frente a su contenido no encuentra esta Corporación ninguna
objeción constitucional.
Así las cosas, la Corte
Constitucional  declarará exequible tanto la Ley 1304 del 03 de junio de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”, como el Convenio de Unidroit sobre los bienes
culturales robados o exportados ilícitamente, firmado
en Roma el 24 de junio de 1995.
VI.    DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero. Declarar EXEQUIBLE
la Ley No. 1304 del 03 de junio de 2009, “Por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los bienes
culturales robados o exportados ilícitamente, firmado
en Roma el 24 de junio de 1995”.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE
el Convenio de Unidroit sobre los bienes
culturales robados o exportados ilícitamente, firmado
en Roma el 24 de junio de 1995.
Tercero.
DISPONER que el Presidente de la República
al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano
por el presente Convenio, formule una declaración interpretativa en el sentido
que el Gobierno de Colombia entiende que por existir un precepto de derecho
interno más favorable para la restitución de bienes robados o ilícitamente
exportados, como lo es el artículo 63 de la Carta Política, según el
cual “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables”, éste se aplicará de
preferencia en relación con los términos de prescripción consagrados en el
Instrumento Internacional.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al
Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Salvamento de voto
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en comisión
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
A LA SENTENCIA
C-125/11
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Contenido y alcance (Salvamento de voto)
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Importancia (Salvamento de voto)
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento en debida forma en la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
LAT-347
Revisión
de constitucionalidad de la Ley 1304 de 2009, (junio 3), por medio de la cual
se aprueba el “Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o
Exportados Ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995
Magistrado
Ponente:
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
1. Con el acostumbrado respeto, a
continuación expongo las razones que me llevaron a salvar el voto en la
presente sentencia. La posición mayoritaria de la cual me aparto a pesar de que
reconoce un patrón irregular en la forma como se realizó el anuncio previo que
exige el artículo 8 del Acto Legislativo de 2003 para la votación del proyecto
de ley en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado, consideró
que tal irregularidad no implicaba un desconocimiento de dicho requisito
constitucional. En efecto, aunque en la sesión del 28
de noviembre de 2007, se anunció la discusión y votación del respectivo
proyecto para la “próxima sesión”, y al final se convocó a la Comisión para el
29 de noviembre de 2007,  no obstante, el día 29 de noviembre, cuando
debía celebrarse la siguiente sesión de la Comisión, esta no se realizó, sin
que exista constancia sobre las razones del aplazamiento ni del aviso de la
nueva fecha de la sesión en que se debatiría y votaría  dicho proyecto. Por tal
motivo, los congresistas no tuvieron certeza acerca de cuándo se consideraría
el proyecto de ley que aprobaba el Convenio Unidroit revisado por la Corte, con
lo cual se desconoció el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
En mi opinión, tal interpretación
desconoce la finalidad constitucional del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2003 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, y vuelve
inocuo el requisito del aviso previo y determinado de votación de los proyectos
de ley. Por ser pertinente, me remito a las consideraciones hechas en el
salvamento de voto a la sentencia C-011 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez),
de las cuales resalto lo siguiente:
“2. Acerca
del cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8
del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta,[42]
la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición
ordena (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente
anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a
la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe
surtirse el día en que se anuncie.[43]
“La Corte
ha señalado además como requisitos mínimos que debe cumplir ese anuncio previo,
el que sea realizado por el Presidente de la respectiva célula legislativa, o
cuando menos, por el Secretario por instrucciones del Presidente de la Comisión
o de la Plenaria.[44] Dado que el texto
constitucional no exige una fórmula sacramental específica que emplee los
términos votación o aprobación, se ha aceptado que se empleen expresiones
análogas, de las cuales sea posible inferir para qué están siendo convocados
los congresistas y que se está dando cumplimiento a lo ordenado en el Acto
Legislativo 01 de 2003. Finalmente, el anuncio para la votación de un proyecto
de ley debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el
anuncio, “siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y
determinada, o por lo menos, determinable”.[45]
“3. Este
requisito consagrado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, no sólo
fue un tema sobre el cual existió un amplísimo consenso en el Congreso de la
República durante el trámite de esta reforma constitucional en el Congreso,
sino que además, fue considerado como uno de los instrumentos necesarios para
alcanzar uno de los objetivos principales de dicha reforma: el fortalecimiento
y la racionalización de la actividad del Congreso de la República, mediante la
introducción de mecanismos que, como el del aviso previo, garantizaran una
mayor transparencia, publicidad y respeto de los derechos de las minorías
políticas en el proceso de formación de las leyes en Colombia.[46]
“Por otra
parte, la Corte ha dicho que el anuncio citado “facilita a los ciudadanos y
organizaciones sociales que  tengan interés en influir en la formación de la
ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política
(Artículo 40 CP) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual
es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa
(Artículos 1 y 3 CP.)”.[47]
(…)
“No nos
pasa desapercibido que en varias sentencias de esta Corporación se ha entendido
que se cumple con el requisito constitucional cuando a pesar de no efectuarse
la votación por la no realización de la sesión en la fecha prevista finalmente,
ésta ocurre en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la
próxima sesión, para lo cual se examina el orden sucesivo de las actas.[48]
Sin examinar en detalle si en cada uno de esos casos el contexto permitía
inferir cuándo se realizaría la sesión de votación, considero que la evolución
jurisprudencial frente a tal interpretación ha ido permitiendo que se entienda
como “fecha determinable”, cualquier fórmula en la que se emplee la expresión
“próxima sesión”, sin verificar si del contexto esa expresión permite obtener
el grado de certeza sobre cuándo se realizará la sesión de votación del
proyecto exigido hasta ahora por la jurisprudencia.
“Ciertamente,
si la finalidad del anuncio es alertar a los Congresistas y a la ciudadanía
sobre los proyectos que habrán de debatirse y votarse en una sesión determinada
o determinable, es claro que cualquier expresión verbal que inequívocamente
transmita dicha idea garantiza el cumplimiento de la exigencia constitucional.
La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 228 CP.), inscrita como
principio de ejercicio de la función jurisdiccional, impide que el juez
constitucional exija la adopción de una frase específica para obtener un
resultado que puede lograrse de maneras distintas, utilizando expresiones
sinónimas.
“No
obstante, el hecho de que no exista una expresión específica diseñada para
cumplir con el requisito del artículo 160 constitucional no significa que
cualquier expresión verbal vinculada con éste tema supla la exigencia de
anuncio impuesta por la Carta. Más allá de la discusión acerca de las frases o
expresiones sinónimas que pudieran transmitir la idea de que la respectiva
plenaria o comisión desean anunciar los proyectos que serán votados en una
sesión específica, la Corte ha admitido la posibilidad de dar por cumplido el
requisito del artículo 160 cuando el contexto de la sesión permite inferir que
la intención de la mesa directiva ha sido la de anunciar determinados proyectos
con el fin de someterlos a votación, en una sesión determinada o determinable.
“La
apelación al contexto del debate como elemento de identificación del anuncio se
predica tanto de la fórmula empleada para el anuncio, en sí mismo considerado,
como de la fecha de votación y de la intención misma de someter a votación el
proyecto específico; lo cual es independiente de que, en cada caso concreto, el
contexto permita identificar con éxito el cumplimiento de cada uno de dichos
elementos. En todo caso, dado que las exigencias constitucionales sobre el
anuncio se refieren a lo que debe ocurrir en la sesión de la célula legislativa
en la que éste se realiza, es claro que el contexto relevante para determinar
qué tan preciso es el anuncio, es lo ocurrido en la sesión en la que se realiza
el anuncio, no los hechos ocurridos por fuera de esta.
“En el caso
examinado en la sentencia de la cual nos apartamos, ni el empleo de la
expresión “próxima sesión” ni el contexto permitían realmente tener certeza
sobre cuándo se produciría la votación. La convocatoria se hizo inicialmente
para una sesión que tendría lugar en una fecha determinada. La expectativa de
los congresistas y del público en general era que en la fecha prefijada
ocurriera la votación. Cuando la sesión no se produjo, ni los congresistas ni
el público tenían un contexto con base en el cual obtener claridad sobre cuándo
se produciría la votación. En ese evento, la expresión “próxima sesión” que
cobija cualquier sesión futura, la cual puede ocurrir al día siguiente, la
próxima semana, o el mes siguiente. Es por ello que dicha expresión adquiere un
carácter indeterminado, que no cumple con los requisitos constitucionales
exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2003”.
Dejo expuestas
las razones que me llevan a disentir de la decisión mayoritaria adoptada por
esta Corporación en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] El artículo 189, numeral 2 de la Constitución, señala: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: …2.
Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y
consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso”.
[2] El artículo 150, numeral 14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o improbar los
tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho
internacional”.
La Ley 5 de 1992, artículo 217, refiere: “Condiciones en
su trámite.. Podrán presentarse propuestas de no
aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios
Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser objeto de enmienda. Las
propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que
prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así
como las de aplazamiento, seguirán el régimen establecido para las enmiendas en
el proceso legislativo ordinario. Las Comisiones competentes elevarán a las
plenarias, de conformidad con las normas generales, propuestas razonadas sobre
si debe accederse o no a la autorización solicitada”. Disposición orgánica que fue declarada exequible en la
sentencia C-227 de 1993. Cft. sentencia C-578 de 2002.
[3] Ley 5 de 1992, artículo 204: “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley
estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre
tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo
ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento”.
[4] Cfr. Folio 1 de cuaderno principal.
[5] Corte Constitucional, sentencia C-638 de 2009.
[6] Págs. 32 a 39
[7] Cfr. Folio 75 del cuaderno de pruebas No. 2 Senado.
[8] Cfr. Folio 76 del cuaderno de pruebas No. 2 Senado.
[9] Cfr. Cuaderno de pruebas  número 1 Senado de la República, págs. 2 y 3.
[10] Situación similar se presentó en el asunto resuelto mediante la
sentencia C-721 de 2007. Es esa oportunidad la Corte expresó:
“Por lo
anterior, considera la Corte Constitucional que al haber anunciado la votación
del proyecto antes de la publicación de la ponencia, no se incurrió en ningún
vicio de trámite, como quiera que (i) el proyecto junto con su exposición de
motivos fue publicado en el medio de difusión oficial del Congreso; (ii) la
ponencia fue publicada después del anuncio que establece el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003, pero antes de la iniciación del debate …”.
[11] Folio 92 cuaderno de pruebas Senado.
[12] Cfr. Certificación a folio 1 de cuaderno de pruebas Senado,
comisión Segunda.
[13] Págs. 11
y 12.
[14] Pág. 47.
[15] Págs. 5,
26 y 27.
[16] Págs. 1 y 2.
[17] Pág. 15.
[18] Págs. 18 a 22.
[19] Pág. 2.
[20] Págs. 13
y 14.
[21] Págs. 1 y 2.
[22] Pág. 17 a 25.
[23] Págs.
3.
[24] Pág. 31
[25] Pág. 38
[26] Pág. 37
[27] Pág. 20.
[28] Págs. 32 a 39
[29] Págs. 11
y 12.
[30] Págs. 18 a 22.
[31] Pág. 17 a 25.
[32] Este término de
prescripción está señalado en el artículo 3º, numeral 5 del Convenio, cuyo
texto es el siguiente:
“(…) todo Estado contratante podrá declarar que una
demanda prescribe en un plazo de 75 años o en un plazo más largo previsto en su
derecho. Una demanda presentada en otro Estado contratante, de restitución de
un bien cultural desplazado de un monumento de un lugar arqueológico o de
una colección pública situada en un Estado contratante que haya hecho esa
declaración, prescribirá en el mismo plazo”.
[33] Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico están mencionados
en el artículo 6º de la Ley 397 de 1997. Según este precepto:
“El
patrimonio arqueológico comprende aquellos vestigios producto de la
actividad humana y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los
métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines, permiten
reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales
pasadas y garantizan su conservación y restauración. Para la preservación de
los bienes integrantes del patrimonio paleontológico se aplicarán los mismos
instrumentos establecidos para el patrimonio arqueológico”.
[34] La Corte ha abordado el tema del patrimonio cultural de la Nación en varias sentencias, entre ellas la C-088 de 1994, C-474 de 2003, C-742 de 2006 y la C-434 de 2010.
[35] Acerca de la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana, la Ley 397 de 1997, dispone en los numerales 1 y 2 del artículo 1º:
“1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los
grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es
fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en
su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los
colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad
y la cultura colombianas”.
[36] Entre los objetivos del Estado en relación con el patrimonio cultural,
la Ley 397 de 1997, art. 4º, numeral 1, señala:
“La política
estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que
sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente
como en el futuro”.
[37] Corte Constitucional, sentencia C-204 de
1993.
[38] Corte Constitucional, sentencia C-091 de
2001.
[39] Corte Constitucional, sentencia C-863 de 2006.
[40] A su vez, la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, suscrita en París el 16 de noviembre de 1972, aprobada por
Ley 45 de 1983, compromete a los  Estados a identificar, proteger, conservar,
rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el legado del patrimonio
cultural situado en su territorio, así como a adoptar medidas  para la
protección del respectivo Patrimonio Nacional y a combatir la importación,
exportación y transferencia ilícitas de los bienes culturales. La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada
en la Haya el 14 de mayo de 1954, en vigor para Colombia desde el 18 de
septiembre de 1998, también tiene este propósito.
[41] Mediante la Ley 397 de 1997 el Congreso de la República desarrolló lo dispuesto en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, especialmente en lo relacionado con patrimonio cultural, fomentos y
estímulos a la cultura.
[42] El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de fecha 3 de julio de
2003 así: “Artículo 8°. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto
de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente
se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará
la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la
cual se realizará la votación.”
[43] Véase entre muchas otras las sentencias C-644 de
2004 (MP: Rodrigo Escobar Gil), SV: Rodrigo Uprimny Yepes; C-549 de 2006 (MP:
Manuel José Cepeda Espinosa); C-172 de 2006 (MP: Jaime Córdoba Triviño); C-241
de 2006 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra)  y los Autos 038
de 2004 y 089 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[44] Ver por ejemplo las sentencias  C-533 de 2004
(MP. Álvaro Tafur Galvis); C-661 de 2004, (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);  C-780
de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo
Beltrán Sierra y SPV. Rodrigo Uprimny Yepes); C-333 de 2005 (MP.
Jaime Córdoba Triviño);  C-400 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto);  C-930 de
2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño);  C-1040 de 2005 (MM.PP. Manuel José
Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto
Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, SV.
Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra, SV. Jaime Córdoba Triviño,
SPV y AV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-241 de 2006 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra);  C-276 de 2006 (MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco
Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra y
SV. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-322 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería y SV. Alfredo Beltrán Sierra);  C-337 de 2006
(MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-576 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo Rentería);  C-649 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araujo Rentería);  C-676
de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa);  C-863 de 2006 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-864 de 2006
(MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería);  C-933
de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil);  C-309 de 2007 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Humberto Antonio
Sierra Porto); C-502 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa,
SV. Jaime Araujo Rentería);  C-718 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla);  C-927
de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-387 de 2008 (MP: Rodrigo
Escobar Gil);  C-799 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández);  C-031 de 2009
(MP. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-150 de 2009 (MP. Mauricio González
Cuervo);  C-195 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio);  C-248 de 2009 (MP.
Luís Ernesto Vargas Silva);  C-376 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo); C-379 de 2009 (MP. Maria Victoria Calle Correa;  También ver autos de Sala Plena Nos. 232 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV.
Jaime Araujo Rentería); 145 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); A-119 de 2007
(MP. Rodrigo Escobar Gil, SV. Jaime Araujo Rentería);
A-053 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería); y A-311 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Humberto
Antonio Sierra Porto, SV. Clara Inés Vargas Hernández).
[45] Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar
Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes). Ver también la
Sentencia C-930 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño SV:
Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis).
[46] Auto 013 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto)
[47] Auto 089 de 2005, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; SV: Jaime Araujo,
Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba y Clara Inés Vargas.
[48] Ver entre otras las sentencias C-533 de 2008 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández), C-639 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), C-615 de
2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto)