T-692-17
Sentencia T-692/17
UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Creación
y funciones, de acuerdo con la ley 1448 de 2011
ACCION
SOCIAL-Tránsito de funciones a la UARIV
LEGITIMACION
POR PASIVA EN TUTELA-UARIV por cuanto es la entidad a
quien corresponde el registro en el RUV y la administración de las ayudas
humanitarias solicitadas en las demandas de amparo
AYUDA HUMANITARIA-Marco normativo
AYUDA HUMANITARIA-Etapas
La ley
calificó la atención humanitaria en tres etapas. (i) La atención inmediata
“entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se
encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue
temporal y asistencia alimentaria”; (ii) atención de emergencia “ a la que
tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se
haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de
Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia
respecto de su subsistencia mínima”; y (iii) la atención de transición para
quienes no cuentan “con los elementos necesarios para su subsistencia mínima,
pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría
destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia”.
INDEMNIZACION
ADMINISTRATIVA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Marco normativo
AYUDA HUMANITARIA-Naturaleza,
características y modalidades
En la Sentencia T-142 de 2017, la Corte puntualizó la naturaleza y
características de las ayudas humanitarias a partir de la amplia jurisprudencia
constitucional sobre el tema. Así, sobre su naturaleza indicó que “uno de los
principales problemas que tienen las víctimas del desplazamiento forzado es la
incapacidad de generar ingresos para proveer su propio sostenimiento, pues una
vez salen de su lugar de origen son sometidas a condiciones infrahumanas, hacinadas
en zonas marginadas de las ciudades intermedias o capitales, donde la
insatisfacción de las necesidades básicas es habitual y su arribo influye
decididamente en el empeoramiento de las condiciones generales de vida de la
comunidad allí asentada: alojamiento, salubridad, abastecimiento de alimentos y
agua potable, entre otros”. Por lo tanto, continúa el fallo, “una vez ocurren
los hechos que generan el desplazamiento forzado se origina el deber del Estado
de brindar ayuda humanitaria a la población víctima del flagelo dada su
estrecha conexión con el derecho a la subsistencia mínima y el derecho
fundamental al mínimo vital”. Por otra parte, la providencia
en mención destacó las características de las ayudas humanitarias que de la
jurisprudencia de esta Corte se derivan, a saber: “(i) protege la
subsistencia mínima de la población desplazada; (ii) es considerada
un derecho fundamental; (iii) es temporal; (iv) es
integral; (v)tiene que reconocerse y entregarse de manera adecuada y
oportuna, atendiendo la situación de emergencia y las condiciones de
vulnerabilidad de la población desplazada; y (vi) tiene que
garantizarse sin perjuicio de las restricciones presupuestales”.
DERECHO FUNDAMENTAL A
LA AYUDA HUMANITARIA-Deber del Estado de garantizar la entrega de la
ayuda humanitaria a población desplazada
AYUDA HUMANITARIA-Procedimiento para
determinar quiénes son o no beneficiarios, conforme al Decreto 1084 de 2015
REGISTRO UNICO DE
VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito
declarativo y no constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para
acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
ACCION
DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia
El requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela ha tenido una aplicación concreta al tratarse de reclamación de ayudas
humanitarias por parte de la población víctima del desplazamiento forzado. Esta
Corte, reiterando el precedente constitucional, precisó en la Sentencia T-196
de 2017, que “la acción de tutela resulta procedente para
reclamar el acceso a este beneficio, en la medida que este
es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de
la población desplazada”, todo ello con ocasión de que “estas personas
se enfrentan a una grave situación de exclusión, marginalidad y violación de
sus derechos fundamentales, que las hace sujetos de especial protección
constitucional y por lo tanto, requieren la adopción de medidas urgentes para
frenar dicha amenaza”. Esto implica que el juez de amparo no puede negar
la procedibilidad de la acción por razones de subsidiariedad, pues existiendo
otras vías de defensa judicial, estas resultan ineficaces ante la grave
situación de las víctimas del desplazamiento forzado, cuya gravedad requiere de
la intervención de la acción de tutela como mecanismo idóneo para la garantía
de los derechos fundamentales en estos casos. Lo anterior
significa que, ante la posible vulneración de derechos de víctimas del
desplazamiento por parte de las autoridades encargadas de la administración y
asignación de las ayudas humanitarias, pueda acudirse ante el juez de tutela
para prevenir o resarcir una afectación iusfundamental.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno
que puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Configuración
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Reconocimiento
y pago de Ayuda Humanitaria
AYUDA HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Improcedencia de tutela por no cumplir con el requisito mínimo de haber
elevado solicitud e iniciar el respectivo trámite ante la entidad responsable
AYUDA HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Accionante venía
recibiendo ayudas humanitarias, contrario a lo que se indica en escrito de
tutela
Referencia: Expedientes acumulados  T-2.497.519,
T-2.497.520, T-2.499.003, T-2.499.006, T-2.499.007, T-2.499.008, T-2.499.009,
T-2.499.010, T-2.499.011, T-2.499.012, T-2.499.016, T-2.499.327, T-2.503.449,
T-2.508.497, T-2.508.787, T-2.513.103, T-2.513.104, T-2.513.106, T-2.513.108,
T-2.521.955, T-2.521.957, T-2.521.958, T-2.522.531, T-2.522.533, T-2.522.535,
T-2.522.536, T-2.522.538, T-2.522.540, T-2.522.547, T-2.522.548, T-2.522.549 y
T-2.671.934.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C.,
veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
Aclaración
previa sobre el esquema de la providencia
El presente fallo
tiene como objeto la revisión de treinta y dos procesos que fueron acumulados
por esta Corporación, para lo cual se adoptó una estructura que permite
identificar los antecedentes de cada uno de los procesos, las pruebas
recopiladas y las decisiones adoptadas de forma ordenada.
Para tal efecto, en
el acápite de antecedentes se hará el recuento fáctico y se indicará el sentido
de la decisión de instancia en cada caso, siguiendo el orden consecutivo de los
números de expediente. Posteriormente, se presentará el material probatorio
recopilado por esta Corte, en el mismo orden en que los procesos son
presentados en los antecedentes. A continuación, después de exponer el problema
jurídico, se realizarán unas consideraciones generales orientadas a resolver
los asuntos objeto de análisis. Finalmente, los casos concretos se resolverán
en dos partes. Primero, a partir de los elementos fácticos y jurídicos comunes
se indicarán los tres tipos de decisiones adoptadas, con una breve explicación
de las razones y se indicarán los expedientes incluidos en cada uno de los tres
grupos. Y, segundo, se resolverá caso a caso, en el mismo orden consecutivo en
que se expusieron en el apartado de antecedentes, a fin de que sea posible
relacionar antecedentes, pruebas y decisiones. Por último, se proferirán las
órdenes en el mismo orden consecutivo manejado en toda la providencia.
I.
ANTECEDENTES
1.    EXPEDIENTE T-2.497.519
1.1.
Hechos y solicitud
1.1.1. El señor
Néstor Ángel Pérez Mulet[1]
y su familia se encuentran inscritos en el Sistema Único
de Registro de la Red de Solidaridad Social desde el año 2002[2].
1.1.2. De conformidad
con los documentos que se anexaron al expediente, el señor Pérez Mulet requirió el suministro de los beneficios
de alimentación, alojamiento o arriendo, transporte y ubicación de vivienda
ante Acción Social (sede de Cartagena) el 25 de agosto de 2009[3]. En el texto
de la demanda, el accionante alegó que, para ese momento, no había recibido
respuesta alguna por parte de esta entidad.
1.1.3. El 25 de
septiembre de 2009, el demandante presentó acción de tutela en contra de Acción
Social al considerar afectados sus derechos fundamentales y los de su familia a
la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la
educación, a la vivienda digna y de petición, ante la demora de la entidad
demandada en responder a su solicitud. Por consiguiente, requirió que se
ordenara a la entidad accionada proceder a entregar las ayudas humanitarias a
las que ha tenido derecho desde el momento de su desplazamiento, así como de
las respectivas prórrogas que correspondan. De igual modo, solicitó que la
Agencia Presidencial los incluyera en los proyectos de estabilización
socioeconómica que existen a favor de la población en situación de
desplazamiento.
1.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional no dieron
respuesta a la solicitud de tutela.
1.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 13
de octubre de 2009[4],
el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena decidió negar el amparo de
los derechos fundamentales al estimar que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, se deben respetar los turnos establecidos en orden cronológico
atendiendo a la fecha de inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada[5].
La decisión no fue
impugnada.
2.    EXPEDIENTE T-2.497.520
2.1.
Hechos y solicitud
2.1.1. En el
escrito de tutela, el señor Agustín Jaime Sanjuan[6] manifestó que
él y su familia son desplazados desde el año de 1998 y que fue inscrito en la
base de datos de Acción Social en el Departamento de Bolívar. Sin embargo, en
el expediente no se encuentra ninguna prueba de ello.
2.1.2. De acuerdo
con los documentos que se allegaron al proceso, el señor Jaime Sanjuan solicitó
el suministro de los beneficios de alimentación, alojamiento, transporte y
ubicación de vivienda ante Acción Social (sede de Cartagena) el 31 de agosto de
2009[7].
En el texto de la demanda, el accionante alegó que, para ese momento, no había
recibido respuesta alguna por parte de esta entidad.
2.1.3. El 25 de
septiembre de 2009, el señor Agustín Jaime Sanjuan instauró acción de tutela en
contra de Acción Social al considerar afectados sus derechos fundamentales y
los de su familia a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad
social, a la educación, a la vivienda digna y de petición, como resultado de la
demora de la entidad demandada en responder a su solicitud de entrega de la
ayuda humanitaria. En esta medida, pidió que se ordene a Acción Social entregar
las atenciones a las que ha tenido derecho desde 1998, así como las respectivas
prórrogas. De igual modo, solicitó que la Agencia Presidencial los incluya en
los proyectos de estabilización socioeconómica que existen a favor de la
población en situación de desplazamiento.
2.2.
Contestación de la entidad accionada
Acción Social
guardó silencio frente a las pretensiones del accionante.
2.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 13
de octubre de 2009[8],
el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena decidió negar el amparo de
los derechos fundamentales, al estimar que el accionante no demostró que se
encontrara inscrito en el Registro Único de Población Desplazada (en adelante RUPD)[9].La
decisión no fue impugnada.
3.    EXPEDIENTE T-2.499.003
3.1.
Hechos y solicitud
3.1.1. La señora
Ligia Esther Martínez Portillo[10]
se encuentra inscrita en el Sistema de Información para la Población Desplazada
(en adelante SIPOD), de conformidad con la certificación expedida por el
Personero Municipal de Acandí, Chocó[11].
3.1.2. En el
escrito de la demanda, la actora sostuvo que, en el mes de abril de 1999, fue
desplazada por la violencia del municipio de Sapzurro, Chocó, y que, como
consecuencia de ello, durante dos años se refugió en la ciudad de Medellín,
Antioquia. De igual manera, que se encontraba nuevamente viviendo en Sapzurro pues
la situación de seguridad del sector había mejorado, pero que “no [contaba]
con los recursos económicos necesarios para una vida digna y poder sufragar el
pago de arriendo, servicios públicos, alimentación, seguridad social,
asistencia médica, vestuario, recreación, educación, etc.”[12] Así
mismo, indicó que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, Acción
Social no había efectuado la entrega de ninguna ayuda humanitaria[13].
Cabe anotar que del
expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, la accionante
realizó solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran los beneficios
mencionados, pues no se allega ninguna prueba al respecto, ni tampoco lo afirma
en el escrito de amparo. Al respecto, se limita a señalar que Acción Social no
había realizado la visita domiciliaria para establecer sus condiciones
económicas y sociales[14].
3.1.3. El 8 de
octubre de 2009, la señora Martínez Portillo promovió acción de amparo en
contra de Acción Social al estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad
social, a la recreación, a la salud, a la igualdad, de petición y a la especial
protección constitucional a favor de la población en situación de
desplazamiento, ante la omisión de la entidad accionada de entregar la atención
humanitaria de emergencia y de realizar la visita domiciliaria para establecer
las condiciones económicas y sociales del accionante. En definitiva, solicitó
que se ordenara a la Agencia Presidencial demandada la entrega inmediata e
indefinida de la prestación, hasta que alcanzara la estabilización
socioeconómica[15].
3.2.
Contestación de la entidad accionada[16]
En comunicación
extemporánea del 28 de octubre de 2009, la apoderada judicial de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional solicitó al
juez de instancia declarar improcedente la acción de tutela presentada, al considerar
que la entidad no vulneró ningún derecho fundamental.
En primer lugar, puso
de presente que la señora Ligia Esther Martínez Portillo se encontraba incluida
en el RUPD desde el 23 de febrero de 2007. Luego, procedió a resumir los
requisitos y cargas mínimas que deben cumplir las personas en situación de
desplazamiento a efectos de acceder a las ayudas humanitarias y sus
correspondientes prórrogas; sin embargo, no relacionó de manera particular esta
información expuesta al caso concreto de la accionante.
Finalmente, requirió
al juez constitucional que integre el contradictorio en debida forma, esto es, incluyendo
a todas las entidades del Estado a las que por ley se les han asignado
obligaciones en favor de la población en situación de desplazamiento.
3.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 26
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela deprecada ya que la misma no cumplía con el
requisito de inmediatez, pues entre la fecha de inscripción en el RUDP y la de
presentación del mecanismo constitucional, habían transcurrido cerca de diez
años, sin que hubiera sido posible verificar circunstancias que excusaran dicha
inactividad judicial por parte de la demandante[17]. La decisión
no fue impugnada.
4.    EXPEDIENTE T-2.499.006
4.1.
Hechos y solicitud
4.1.1. La señora
Elisabeth Toro Salgado[18]
se encuentra inscrita en el SIPOD con su grupo familiar, de acuerdo con la
certificación expedida por el Personero Municipal de Acandí, Chocó[19].
4.1.2. En el
escrito de amparo, la tutelante señaló que en abril de 1999 fue desplazada por
la violencia del municipio de Sapzurro, Chocó, y que, como resultado de lo
anterior, se refugió durante dos años en Pasto, Nariño. Que, al momento de
interponer la acción de tutela, se encontraba nuevamente viviendo en Sapzurro pues
la situación de seguridad había mejorado, pero que, en todo caso, “no [contaba]
con los recursos económicos necesarios para una vida digna y poder sufragar el
pago de arriendo, servicios públicos, alimentación, seguridad social,
asistencia médica, vestuario, recreación, educación, etc.”[20] Así
mismo, expuso que hasta ese momento Acción Social no le había brindado ninguna ayuda
humanitaria[21].
De lo anunciado,
cabe destacar que del expediente no se desprende con claridad si,
efectivamente, la accionante realizó una solicitud verbal o escrita para que se
le reconocieran dichos beneficios, pues no se allegó ninguna prueba al
respecto, ni tampoco se afirmó en el texto de la tutela. Al respecto, la
tutelante se limitó afirmar que Acción Social no había realizado la visita
domiciliaria correspondiente para establecer sus condiciones económicas y
sociales[22].
4.1.3. En esta
medida, el 8 de octubre de 2009, la señora Toro Salgado presentó acción de amparo
en contra de Acción Social al considerar vulnerados sus derechos fundamentales
a la dignidad humana, a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, a la
seguridad social, a la recreación, a la salud, a la igualdad, de petición y la
protección especial constitucional a favor de la población en situación de
desplazamiento, ante la omisión de la entidad accionada de entregar la atención
humanitaria de emergencia y de realizar la visita domiciliaria para establecer
las condiciones económicas y sociales de la actora. Por consiguiente, solicitó
que se ordenara a la accionada realizar la entrega inmediata e indefinida de la
prestación, hasta que alcance la estabilización socioeconómica[23].
4.2.
Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
4.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela deprecada al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, porque entre la fecha de inscripción en el RUDP y
la de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de
diez años, sin que fuera posible encontrar circunstancias que excusaran dicha
inactividad judicial por parte de la demandante[24]. La
decisión no fue impugnada.
5.    EXPEDIENTE T-2.499.007
5.1.
Hechos y solicitud
5.1.1. El señor
Juan Andrés Meza Rivas[25]
se encuentra inscrito en el SIPOD con su grupo familiar, de conformidad con una
certificación expedida por el Personero Municipal de Acandí, Chocó [26].
5.1.2. En el texto
de la demanda, el accionante anunció que en abril de 1999 fue desplazado por la
violencia del municipio de Sapzurro, Chocó, y que, como consecuencia de dicho
evento, se refugió durante dos años en Moñitos, Córdoba. Que, al momento de la
presentación del amparo, se encontraba viviendo nuevamente en Sapzurro, pues la
situación de seguridad en el sector había mejorado, pero que “no [contaba]
con los recursos económicos necesarios para una vida digna y poder sufragar el
pago de arriendo, servicios públicos, alimentación, seguridad social,
asistencia médica, vestuario, recreación, educación, etc.”[27] De
la misma manera, expuso que para ese momento Acción Social no le había
entregado ninguna atención humanitaria[28].
Es necesario
precisar que del expediente no se deriva con claridad si, efectivamente, el demandante
realizó una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran dichos
beneficios, pues no se allegó ninguna prueba al respecto, ni tampoco se afirmó
en el texto de la tutela. El actor se limita a señalar que Acción Social no
había realizado la visita domiciliaria para establecer sus condiciones
económicas y sociales[29].
5.1.3. En este
marco, el 8 de octubre de 2009, el señor Meza Rivas interpuso demanda de amparo
en contra de Acción Social al considerar afectados sus derechos fundamentales a
la dignidad humana, a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, a la
seguridad social, a la recreación, a la salud, a la igualdad, de petición y la
especial protección constitucional a favor de la población en situación de
desplazamiento, dada la omisión de la entidad accionada de entregar la atención
humanitaria de emergencia y de realizar la visita domiciliaria para establecer
las condiciones económicas y sociales del accionante. Por consiguiente,
solicitó que se ordenara a la accionada entregar de forma inmediata e
indefinida de la prestación, hasta que alcance la estabilización socioeconómica[30].
5.2.
Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
5.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela deprecada al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, en tanto entre la fecha de inscripción en el RUDP y
la de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de
diez años, sin que se hubieren podido verificar circunstancias que excusaran
dicha inactividad judicial por parte del demandante[31].
6.    EXPEDIENTE T-2.499.008
6.1.
Hechos y solicitud
6.1.1. La señora
Claudia Caraballo Fabra[32]
se encuentra inscrita en el SIPOD, junto con su grupo familiar, en concordancia
con la certificación expedida el 16 de febrero de 2009 por el Personero
Municipal de Acandí, Chocó[33].
6.1.2. En el
escrito de amparo, la accionante manifestó que en abril de 1999 fue desplazada
por la violencia del municipio de Sapzurro, Chocó, y que, como resultado de ese
hecho, se refugió durante dos años en Turbo, Antioquia. Que, al momento de
interposición del mecanismo constitucional, se encontraba viviendo nuevamente en
Sapzurro ya que la situación de seguridad en sector había mejorado, pero que “no
[contaba] con los recursos económicos necesarios para una vida digna y
poder sufragar el pago de arriendo, servicios públicos, alimentación, seguridad
social, asistencia médica, vestuario, recreación, educación, etc.”[34]
De igual modo, señaló que Acción Social no le había entregado ninguna atención[35]
humanitaria.
Es importante
anotar que del expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, la
actora realizó una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran
dichos beneficios, pues no se allegó ninguna prueba al respecto, ni tampoco se
afirmó en el texto de la tutela. La actora solamente sostiene que Acción Social
no había realizado la visita domiciliaria para establecer sus condiciones
económicas y sociales[36].
6.1.3. Así las
cosas, el 8 de octubre de 2009, la señora Claudia Caraballo Fabra impetró acción
de tutela en contra de Acción Social al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la alimentación, al mínimo vital, al
trabajo, a la seguridad social, a la recreación, a la salud, a la igualdad, de
petición y la protección especial constitucional a favor de la población en
situación de desplazamiento, dada la omisión de la entidad accionada de
entregar la atención humanitaria de emergencia y de realizar la visita
domiciliaria para establecer las condiciones económicas y sociales de la
accionante. Por consiguiente, solicitó que se ordene a la accionada entregar de
manera inmediata e indefinida de la prestación, hasta que alcance la
estabilización socioeconómica[37].
6.2.
Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
6.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela deprecada al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, pues entre la fecha de inscripción en el RUDP y la
de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de diez
años, sin que se hubieren identificado circunstancias que excusaran dicha
inactividad judicial por parte de la accionante[38].
La decisión no fue
impugnada.
7.    EXPEDIENTE T-2.499.009
7.1.
Hechos y solicitud
7.1.1. La señora
Marta Pertuz Berrio[39]
se encuentra inscrita en el SIPOD junto a su núcleo familiar, en concordancia
con una certificación expedida por el Personero Municipal de Acandí, Chocó[40].
7.1.2. En el
escrito de la demanda, la accionante afirmó que en abril de 1999 fue desplazada
por la violencia del municipio de Sapzurro, Chocó, y que, como consecuencia de
ese hecho, se refugió junto a sus hijos en Turbo, Antioquia, durante dos años. Que,
al momento de la presentación del mecanismo constitucional, se encontraba viviendo
nuevamente en Sapzurro ya que la situación de seguridad en el sector había
mejorado, pero que, en todo caso, “no [contaba] con los recursos económicos
necesarios para una vida digna y poder sufragar el pago de arriendo, servicios
públicos, alimentación, seguridad social, asistencia médica, vestuario,
recreación, educación, etc.”[41]
Por otro lado, también adujo que Acción Social no le había entregado ninguna
atención humanitaria[42].
De lo anterior, es
necesario precisar que en el expediente no existe claridad sobre si,
efectivamente, la actora realizó una solicitud verbal o escrita para que se le
reconocieran dichos beneficios, pues no se allegó ninguna prueba al respecto,
ni tampoco lo manifestó en el texto de la tutela. En este sentido, lo único que
se afirmó en la tutela es que Acción Social no había realizado la visita
domiciliaria para establecer las condiciones económicas y sociales de la
accionante[43].
7.1.3. Con
fundamento en lo expuesto, el 8 de octubre de 2009, la señora Pertuz Berrio interpuso
demanda de amparo en contra de Acción Social al estimar transgredidos sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la alimentación, al mínimo
vital, al trabajo, a la seguridad social, a la recreación, a la salud, a la
igualdad, de petición y la especial protección constitucional a favor de la
población en situación de desplazamiento, dada la omisión de la entidad
demandada de entregar la atención humanitaria de emergencia y de realizar la
visita domiciliaria para establecer las condiciones económicas y sociales de la
accionante. En definitiva, solicitó que se ordene a la accionada la entrega
inmediata e indefinida de la prestación, hasta que alcance la estabilización
socioeconómica[44].
7.2.
Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
7.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela deprecada al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, en tanto entre la fecha de inscripción en el RUDP y
la de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de diez
años, sin que se hubieren verificado circunstancias que excusaran dicha
inactividad judicial por parte de la demandante[45].
La decisión no fue impugnada.
8.    EXPEDIENTE T-2.499.010
8.1.
Hechos y solicitud
8.1.1. El señor
Manuel Barrios Caraballo[46]
se encuentra inscrito en el SIPOD, junto a su compañera permanente, de
conformidad con una certificación expedida por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó[47].
8.1.2. En el
escrito de la demanda, el señor Barrios Caraballo aseveró que en abril de 1999,
junto con su compañera permanente, fueron desplazados por la violencia del
municipio de Sapzurro, Chocó; situación que los obligó a refugiarse durante dos
años en Acandí, Antioquia. Que, al momento de presentación del mecanismo
constitucional, se encontraban viviendo nuevamente en Sapzurro ya que la
situación de seguridad del sector había mejorado, pero que “no [contaba]
con los recursos económicos necesarios para una vida digna y poder sufragar el
pago de arriendo, servicios públicos, alimentación, seguridad social,
asistencia médica, vestuario, recreación, educación, etc.”[48] También
adujo que Acción Social no le había entregado ninguna atención humanitaria[49].
Al respecto de lo
anunciado en el párrafo precedente, del expediente no se desprende con claridad
si, efectivamente, el actor realizó una solicitud verbal o escrita para que se
le reconocieran dichos beneficios, pues no se allegó ninguna prueba al respecto
en el expediente, ni tampoco se afirmó en el texto de la tutela. En este
sentido, lo único que se manifestó en la demanda es que Acción Social no había
realizado la visita domiciliaria para establecer las condiciones económicas y
sociales del accionante[50].
8.1.3. Bajo este
panorama, el 8 de octubre de 2009, el señor Manuel Barrios Caraballo interpuso
acción de tutela en contra de Acción Social al considerar afectados sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la alimentación, al mínimo
vital, al trabajo, a la seguridad social, a la recreación, a la salud, a la
igualdad, de petición y la especial protección constitucional a favor de la
población en situación de desplazamiento, dada la omisión de la entidad
accionada de entregar la atención humanitaria de emergencia y de realizar la
visita domiciliaria para establecer las condiciones económicas y sociales del
accionante. En definitiva, solicitó que se ordene a la accionada la entrega
inmediata e indefinida de la prestación, hasta que alcance la estabilización
socioeconómica[51].
8.2.
Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
8.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela impetrada al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, en tanto entre la fecha de inscripción en el RUDP y
la de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de
diez años, sin que se hubieren verificado circunstancias que excusaran dicha
inactividad judicial por parte del demandante[52].
La decisión no fue
impugnada.
9.    EXPEDIENTE T-2.499.011
9.1.
Hechos y solicitud
9.1.1. La señora
Magola Escobar Barrios[53]
se encuentra inscrita en el SIPOD, de acuerdo con una certificación expedida
por el Personero Municipal de Acandí, Chocó[54].
9.1.2. En el
escrito de la demanda, la señora Escobar Barrios mencionó que en abril de 1999
fue desplazada por la violencia del municipio de Sapzurro, Chocó; situación que
la obligó a refugiarse durante dos años en el corregimiento de Capurganá en el
municipio de Acandí, Chocó. Igualmente, que al momento de presentación del
mecanismo constitucional, se encontraba viviendo nuevamente en Sapzurro en la
medida que situación de seguridad del sector había mejorado, pero que “no [contaba]
con los recursos económicos necesarios para una vida digna y poder sufragar el
pago de arriendo, servicios públicos, alimentación, seguridad social,
asistencia médica, vestuario, recreación, educación, etc.”[55] También
aseveró que Acción Social no le había entregado ninguna atención humanitaria[56].
Cabe anotar que del
expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, la actora realizó
una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran dichos beneficios,
pues no se anexó ninguna prueba al respecto en el expediente, ni tampoco se afirmó
en el texto de la tutela. En este sentido, lo único que se indicó en la demanda
es que Acción Social no había realizado la visita domiciliaria para establecer
las condiciones económicas y sociales de la accionante[57].
9.1.3. En ese
contexto, el 8 de octubre de 2009, la señora Escobar Barrios impetró acción de
tutela en contra de Acción Social al estimar transgredidos sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la alimentación, al mínimo vital, al
trabajo, a la seguridad social, a la recreación, a la salud, a la igualdad, de
petición y a la especial protección constitucional a favor de la población en
situación de desplazamiento, dada la omisión de la entidad accionada de
entregar la atención humanitaria de emergencia y de realizar la visita
domiciliaria para establecer las condiciones económicas y sociales del
accionante. En definitiva, solicitó que se ordene a Acción Social la entrega
inmediata e indefinida de la prestación, hasta que alcance la estabilización
socioeconómica[58].
9.2.
Contestación de la entidad accionada
En comunicación
extemporánea del 28 de octubre de 2009, la apoderada judicial de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional solicitó al
juez de instancia declarar improcedente la acción de tutela presentada, al considerar
que la entidad no vulneró ningún derecho fundamental.
De esta manera, en
primer lugar, puso de presente que la señora Magola Escobar Barrios se
encuentra incluida en el RUPD desde el 23 de febrero de 2007. Luego, resumió
los requisitos y cargas mínimas con los cuales deben cumplir las personas en
situación de desplazamiento a efectos de acceder a las ayudas humanitarias y
sus correspondientes prórrogas; sin embargo, no relacionó de manera particular la
información expuesta con el caso concreto de la accionante.
Finalmente, requirió
al juez constitucional que integre en debida forma el contradictorio; esto es,
con todas las entidades del Estado a las que por ley se les han asignado obligaciones
en favor de la población en situación de desplazamiento.
9.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 26
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder el amparo solicitado al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, pues entre la fecha de inscripción en el RUDP y la
de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de diez
años, sin que se hubieren verificado circunstancias que excusaran dicha inactividad
judicial por parte de la demandante[59].
La decisión no fue
impugnada.
10.
EXPEDIENTE T-2.499.012
10.1.    Hechos y solicitud
10.1.1. La señora
Ana Blasina Salgado Ruiz[60]
se encuentra inscrita en el SIPOD, de acuerdo con una certificación expedida
por el Personero Municipal de Acandí, Chocó[61].
10.1.2. En el
escrito de la demanda, la señora Salgado Ruiz mencionó que en abril de 1999 fue
desplazada por la violencia del municipio de Sapzurro, Chocó; situación que la
obligó a refugiarse junto con su familia, en Turbo, Antioquia, durante dos años.
Que, para el momento de la interposición del mecanismo constitucional, se encontraba
viviendo de nuevo en Sapzurro pues la situación de seguridad en el sector había
mejorado, pero que “no [contaba] con los recursos económicos
necesarios para una vida digna y poder sufragar el pago de arriendo, servicios
públicos, alimentación, seguridad social, asistencia médica, vestuario,
recreación, educación, etc.”[62]
También aseveró que Acción Social no le había entregado ninguna atención humanitaria[63].
Cabe resaltar que del
expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, la actora realizó
una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran dichos beneficios,
pues no se anexó ninguna prueba al expediente, ni tampoco se afirmó en el
escrito de tutela. En este sentido, lo único que manifestó fue que Acción
Social no había realizado la visita domiciliaria para establecer las
condiciones económicas y sociales de la accionante[64].
10.1.3. El 8 de
octubre de 2009, la señora Salgado Ruiz impetró demanda de tutela en contra de
Acción Social, al considerar afectados sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social,
a la recreación, a la salud, a la igualdad, de petición y a la especial protección
constitucional a favor de la población en situación de desplazamiento, dada la
omisión de la entidad demandada de entregar la atención humanitaria de emergencia
y de realizar la visita domiciliaria para establecer las condiciones económicas
y sociales de la accionante. En definitiva, solicitó que se ordene a la
accionada la entrega inmediata e indefinida de la prestación, hasta que alcance
la estabilización socioeconómica[65].
10.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
10.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 26
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder el amparo solicitado al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, ya que entre la fecha de inscripción en el RUDP y
la de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de
diez años, sin que se hubieren identificado circunstancias que excusaran dicha
inactividad judicial por parte de la demandante[66].
La decisión no fue
impugnada.
11.
EXPEDIENTE T-2.499.016
11.1.    Hechos y solitud
11.1.1. El señor
Urbaldo De Jesús Urrego[67]
se encuentra incluido junto a su familia[68]
en el RUPD desde el 18 de julio de 1999[69].
11.1.2. En la
demanda, el accionante señaló que se presentó ante la oficina de Acción Social
en Aparató en diferentes oportunidades para solicitar verbalmente el suministro
de la ayuda humanitaria y que ante la recurrente negativa de la entidad,
presentó una petición. Si bien en el expediente no se encuentra prueba de la
solicitud escrita que el actor alega que realizó ni se conoce cuál era el
contenido de la misma, sí existe copia de la respuesta enviada el 11 de junio
de 2009 por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. Igualmente,
manifestó que hasta la presentación de la acción, no había
recibido ningún componente de la atención humanitaria[70].
11.1.3. Como
consecuencia de los hechos reseñados, el 13 de octubre de 2009, el señor
Urbaldo De Jesús Urrego interpuso acción de tutela en contra de Acción Social,
al considerar transgredidos sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad, de petición y a la
especial protección constitucional a favor de la población en situación de
desplazamiento, dada la omisión de la entidad accionada de entregar la atención
humanitaria de emergencia, la cual afirmó haber requerido en diferentes
oportunidades. En este sentido, solicitó que se ordene a Acción Social la
entrega inmediata e indefinida de la prestación, hasta que alcance la estabilización
socioeconómica ya que los ingresos que tiene no le alcanzan para satisfacer sus
necesidades básicas[71].
11.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
11.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 29
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela deprecada al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, ya que entre la fecha de inscripción en el RUDP y
la de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de diez
años, sin que se hubieren identificado circunstancias que excusaran dicha
inactividad judicial por parte del accionante[72].
La decisión no fue
impugnada.
12.
EXPEDIENTE T-2.499.327
12.1.    Hechos y solicitud
12.1.1. La señora
Gladis Fabiola Flórez[73]
se encuentra incluida junto a su familia[74]
en el RUPD desde el 18 de julio de 1998[75].
12.1.2. La demandante
manifestó que se presentó a la oficina de Acción Social en Apartadó en
diferentes oportunidades para solicitar verbalmente el suministro de la ayuda
humanitaria y que ante la recurrente negativa de la entidad, presentó una
petición. Si bien en el expediente no se encuentra prueba de la
solicitud escrita realizada por el accionante ni se conoce cuál era el
contenido de la misma, sí existe copia de la respuesta enviada el 11 de junio
de 2009 por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. Igualmente,
manifestó que hasta la presentación de la acción, no había recibido ningún
componente de la atención humanitaria[76].
12.1.3. En este
sentido, el 1º de octubre de 2009, la señora Gladis Fabiola Flórez presentó
acción de tutela en contra de Acción Social al estimar vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la alimentación, al mínimo vital, al
trabajo, a la igualdad, de petición y a la protección especial constitucional a
favor de la población en situación de desplazamiento, dada la omisión de la
entidad accionada de entregar la atención humanitaria de emergencia, la cual
afirmó haber requerido varias veces. En definitiva, solicitó que se ordene a la
demandada la entrega inmediata e indefinida de la atención, hasta que alcance
la estabilización socioeconómica[77].
12.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de
Acción Social.
12.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 19
de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
decidió no conceder la tutela deprecada al estimar que la misma no cumplía con
el requisito de inmediatez, ya que entre la fecha de inscripción en el RUDP y
la de presentación del mecanismo constitucional habían transcurrido cerca de
diez años, sin que se hubieren podido verificar circunstancias que excusaran
dicha inactividad judicial por parte de la accionante[78]. La decisión
no fue impugnada.
13.
EXPEDIENTE T-2.503.449
13.1.    Hechos y solicitud
13.1.1. La señora
Ligia Marsela Rocero Cardona[79]
y su grupo familiar se encuentran incluidos en el RUPD desde el 26 de mayo de
2006[80].
De acuerdo con la
información suministrada por Acción Social, desde el 12 de junio de 2006 hasta
el 27 de septiembre del mismo año, a la señora Rocero Cardona y su familia se
le han proporcionado diferentes componentes de la ayuda humanitaria como lo son
(i) la asistencia alimentaria (kits de higiene y aseo, kits escolares, mercados
y vajilla), (ii) acompañamiento psicosocial (terapias, talleres y asesoría para
el fortalecimiento de un plan de vida), y (iii) apoyo económico por una suma de
$907.467 pesos[81].
Además de otras ayudas de carácter económico y en especie por concepto de:
modalidad de fortalecimiento de un plan de vida, Familias en Acción, Familias Guardabosques
y Proyectos Productivos ADAM[82].
13.1.2. En la
demanda de amparo, la actora adujo que en el mes de julio de 2008 y en los
meses de febrero, abril y mayo de 2009, solicitó a Acción Social, de manera
verbal, la prórroga de la ayuda humanitaria, pero que no había obtenido ninguna
respuesta[83].
Igualmente, afirmó haber radicado una petición de forma escrita el 30 de enero
del citado año, sin embargo, no se encuentra constancia de ello en el
expediente[84].
13.1.3. Así las
cosas, el 9 de noviembre de 2009, la señora Rocero Cardona interpuso el
mecanismo de amparo constitucional en contra de Acción Social, con miras a la
garantía de sus derechos fundamentales y los de su familia a la vida digna, a
la paz, a la salud, la integridad física, a la alimentación, la igualdad, el
libre desarrollo de la personalidad, petición y a la protección especial a favor
de los menores, los cuales estimó vulnerados ante la omisión de Acción Social
de responder a las solicitudes verbales que alega haber realizado para obtener
la prórroga de la ayuda humanitaria y, por ende, la falta de entrega efectiva
de las prestaciones correspondientes. Por consiguiente, requirió que se ordene
a la entidad accionada el suministro de la respectiva prórroga.
13.2.
Contestación de la entidad accionada
13.2.1. En
respuesta allegada el 13 de noviembre de 2009, la apoderada judicial de la
Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional
solicitó negar las pretensiones de la accionante, al estimar que en el asunto
objeto de análisis no se generó una afectación a sus derechos fundamentales. Lo
anterior en la medida que dicho grupo familiar se encontraba (al momento de la
presentación de la acción de tutela) vinculado a los diferentes programas creados
en favor de la población en situación de desplazamiento.
13.2.2. En
particular, en cuanto a las circunstancias fácticas que rodean el asunto sub
judice, acreditó que la señora Ligia Marsela Rocero Cardona se encuentra
incluida con su familia[85]
en el RUPD desde el 26 de mayo de 2006.
En este marco, Acción
Social advirtió que, desde el 12 de junio de 2006 hasta el 29 de septiembre del
citado año, brindó la asistencia necesaria a la accionante y su familia, a
través del suministro de ayudas tanto de naturaleza económica como en especie. Así
las cosas, además de los componentes correspondientes a la ayuda humanitaria de
emergencia (orientación, asistencia alimentaria, mercados, asesoría para el
fortalecimiento del plan de vida, entre otros), la accionante fue beneficiaria
de otros programas como Familias Guardabosques y Familias en Acción; en virtud
de los cuales se le entregaron $4.400.000. Igualmente, que estuvo vinculada a
los programas de formación complementaria del SENA, el programa de proyectos
productivos ADAM y la respectiva afiliación al régimen de salud[86].
13.2.3. Por otro
lado, la entidad destacó que en relación con el reconocimiento de las prórrogas
de la ayuda humanitaria de emergencia, el desplazado debe cumplir con unas
cargas mínimas para acceder a la prestación “y, adicionalmente, debe
esforzarse por aprovechar la oferta institucional a través de la cual pretenden
ser instrumentadas las medidas para su autosostenimiento.”[87]
13.2.4. En
definitiva, indicó que al momento de resolver el caso concreto es
necesario tener en cuenta que “la accionante no solo ha recibido la ayuda de
atención humanitaria de emergencia inicial, cumpliendo la primera fase
asistencialista, sino también recursos para programas de fortalecimiento de
actividades empresariales o de negocio, que tienen por objeto la estabilización
económica de los beneficiarios de los recursos, y que comprenden la segunda
fase de autosostenimiento.”[88]
13.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 19
de noviembre de 2009, el Juzgado Único de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Mocoa, Putumayo decidió declarar la improcedencia de la acción de
tutela pues no se identificó una vulneración a los derechos fundamentales de la
accionante.
En concreto, frente
a la petición, señaló que, si bien la señora Rocero Cardona afirmó haber presentado
una el 30 de enero de 2009, no allegó prueba al respecto. En consecuencia, que
sin el sustento probatorio necesario, también resultaba improcedente el amparo
frente a esta pretensión.
Por otro lado, en
relación con el resto de solicitudes realizadas en la demanda, el a quo
estimó que el asunto objeto de examen no cumple con el requisito de inmediatez en
tanto que había transcurrido un periodo superior a tres años desde que la
demandante dejó de recibir la ayuda y la solicitud misma de la prórroga. De
esta manera, estimó que en el caso no se encontraba probada la grave situación
de vulnerabilidad que se señaló en la demanda; en consecuencia, el mecanismo de
amparo constitucional no resultaba procedente ante la posible configuración de
un perjuicio irremediable.
La decisión no fue
impugnada.
14.
EXPEDIENTE T-2.508.497
14.1.    Hechos y solicitud
14.1.1. La señora
Deyanid Lozano Mora[89]
se encuentra incluida en el RUPD como jefe de núcleo familiar[90] desde el 28
de diciembre de 2005; tal como se desprende de la carta única de remisión a
instituciones del Estado expedida el 29 de mayo de 2009 por la Unidad de
Atención y Orientación (UAO) de Acción Social del municipio de Soacha[91],
la cual se adjunta al escrito de tutela.
14.1.2. En
concordancia con la demanda de amparo y la declaración rendida por la
accionante ante el juez de primera instancia[92],
se tiene que la demandante realizó cuatro solicitudes verbales ante la UAO de
Acción Social de Soacha para alcanzar la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia, y que cuando interpuso la tutela, no había recibido respuesta a sus
pretensiones.
14.1.3. Así las
cosas, el 26 de octubre de 2009, la señora Lozano Mora presentó acción de
tutela en contra de Acción Social, al estimar vulnerados sus derechos
fundamentales y los de sus hijos a la dignidad humana, a la alimentación, al
debido proceso, de petición y a la protección especial constitucional a favor
de la población en situación de desplazamiento, como consecuencia de la falta
de respuesta de la entidad accionada en relación con las solicitudes verbales de
prórroga de la atención humanitaria de emergencia, que afirmó haber realizado en
diferentes oportunidades. Finalmente, solicitó que se ordene a Acción Social la
entrega inmediata e indefinida de la prestación, hasta que alcance la
estabilización socioeconómica[93].
14.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de la
Agencia Presidencial.
14.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 5
de noviembre de 2009[94],
el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede
en Soacha resolvió no conceder el amparo deprecado al estimar que en el
expediente no se encontró prueba siquiera sumaria que acreditara que
efectivamente la accionante acudió a la UAO de Acción Social de Soacha para
solicitar la prórroga de la Atención Humanitaria de Emergencia, por lo que no
se pudo verificar la supuesta vulneración de derechos fundamentales.
Por otro lado, indicó
que, si bien era claro que la población en situación de desplazamiento se
encuentra en una evidente situación de vulnerabilidad, para el caso específico
de la señora Lozano Mora dichas circunstancias no resultaban evidentes, en la
medida que había transcurrido un largo periodo de tiempo entre el momento en
que se le brindó la primera ayuda humanitaria (en el año 2005) y la nueva
supuesta solicitud (2009). En este mismo sentido, advirtió que, para ese
entonces, tanto ella como su familia se encontraban cubiertas en seguridad
social a través de su afiliación a CAPRECOM. Así las cosas, el juez estimó que la
actora podía acudir al procedimiento administrativo previsto para reclamar los
beneficios a los que tuviera derecho. La decisión no fue impugnada.
15.
EXPEDIENTE T-2.508.787
15.1.    Hechos y solicitud
15.1.1. De
conformidad con el certificado expedido por la Personería Municipal de
Remolino, Magdalena, la señora Rosibel Esther García Cervantes[95] se encuentra
en condición de desplazamiento, al igual que su compañero permanente e hijos[96].
15.1.2. En el texto
de la demanda, la señora García Cervantes señaló que ha solicitado el
reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción Social en diferentes
oportunidades, pero que no ha obtenido una respuesta institucional al respecto[97].
En el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente la
accionante envió a Acción Social para solicitar los beneficios a los que tiene
derecho como persona en situación de desplazamiento[98].
15.1.3. Bajo este panorama,
el 5 de octubre de 2009, la señora García Cervantes interpuso acción de tutela
en contra de Acción Social para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica,
los cuales consideró transgredidos ante la omisión de la entidad de resolver de
fondo su petición y, por ende, el no reconocimiento efectivo de la atención
humanitaria. En este sentido, requirió que se ordene a la demandada realizar la
entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[99].
15.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
15.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla
resolvió denegar el amparo requerido, al estimar que la accionante no probó
estar inscrita en el Sistema Nacional de Población Desplazada, ni la
vulneración de sus derechos fundamentales.
En particular, el
juez consideró: “(…) si bien ACCIÓN SOCIAL no rindió el informe solicitado
por este despacho, ni presentó descargo a su favor para desvirtuar lo afirmado;
esta actitud procesal negativa por sí sola no entraña la posibilidad de activar
y aplicar de manera automática la figura de la presunción de veracidad de los
hechos, pues, corresponde a la actora un mínimo de prueba y no limitarse a una
afirmación vaga e indefinida respecto del cual atañe a su contraparte invertir
la carga de la prueba.”[100]
La decisión no fue impugnada.
16.
EXPEDIENTE T-2.513.103
16.1.    Hechos y solicitud
16.1.1. La señora
María Esther Santamaría Soto[101],
de conformidad con la certificación expedida el 28 de marzo de 2009 por el
Personero Municipal de Granada, Antioquia, se encuentra incluida en la base de
datos del RUPD desde el 17 de mayo de 2002, junto a su grupo familiar[102],
pues fueron desplazados de la zona rural del Municipio de Granada, Antioquia.
16.1.2. Del
expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, la accionante
realizó una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran las ayudas
humanitarias correspondientes, pues no se allegó ninguna prueba al proceso, ni
tampoco así se afirmó en el texto de la tutela. En este sentido, lo único que
la tutelante mencionó fue que, hasta el momento de la presentación del
mecanismo constitucional, “la entidad Acción Social no ha cumplido con su
obligación de brindarme las ayudas de ley para atender las necesidades
primarias propias y de mi familia.”
16.1.3. El 31 de
marzo de 2009, la señora Santamaría Soto presentó acción de amparo en contra de
Acción Social, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger
domicilio, a la familia y a la protección especial constitucional a favor de la
población en situación de desplazamiento, ante la omisión de la entidad
demandada de entregar la atención humanitaria de emergencia. En definitiva,
solicitó que se ordene a la entidad accionada la entrega de los beneficios correspondientes[103].
16.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de
Acción Social.
16.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 30
de abril de 2009, el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario, Antioquia,
decidió declarar improcedente la acción de tutela propuesta al considerar que
en el caso concreto no se generó una afectación de los derechos fundamentales
de la accionante y su familia. Bajo dicha perspectiva, puso de presente que de
los elementos probatorios allegados al proceso no era posible concluir que la
señora Santamaría Soto hubiere adelantado alguna diligencia ante la entidad
demandada tendiente a solicitar las ayudas humanitarias.
En esta medida,
advirtió que Acción Social no tiene la obligación de actuar de manera oficiosa
para otorgar los beneficios a las personas en condición de desplazamiento que
así lo requieran, sino que, por el contrario, la carga de impulso de dicho
proceso administrativo se encuentra en cabeza del potencial beneficiario. Por
lo que, en esta ocasión, la actora puede requerir el pago de la ayuda tanto en
Acción Social como ante las Alcaldías municipales, en cumplimiento de la Ley
1190 de 2009[104].
La decisión no fue impugnada.
17.
EXPEDIENTE T-2.513.104
17.1.    Hechos y solicitud
17.1.1. El señor
Francisco Antonio Quiceno Giraldo[105],
de conformidad con la certificación expedida el 20 de marzo de 2009 por el
Personero Municipal de Granada, Antioquia, se encuentra incluido en la base de
datos del RUPD desde el 22 de junio de 2002, junto a su grupo familiar[106],
quienes fueron desplazados de la zona rural del Municipio de Granada,
Antioquia.
17.1.2. Del
expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, el accionante
realizó una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran las ayudas
humanitarias correspondientes, pues no se allegó ninguna prueba al proceso, ni
tampoco así se manifestó en el texto de la tutela. En este sentido, cabe
advertir que lo único que se afirmó en el recurso de amparo es que, hasta el
momento de la presentación del mecanismo constitucional, “la entidad Acción
Social no ha cumplido con su obligación de brindarme las ayudas de ley para
atender las necesidades primarias propias y de mi familia.”
17.1.3. El 30 de marzo
de 2009, el señor Quiceno Giraldo interpuso acción de amparo en contra de Acción
Social al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger
domicilio, a la familia y la protección especial constitucional a favor de la
población en situación de desplazamiento, ante omisión de la accionada de
entregar la atención humanitaria de emergencia. En definitiva, solicitó que se
ordene a la entidad demandada la entrega de los beneficios correspondientes[107].
17.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de
Acción Social.
17.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 30
de abril de 2009, el Juzgado Penal del Circuito del Santuario, Antioquia,
decidió declarar improcedente la acción de tutela propuesta, al considerar que
en el caso concreto no se generó una afectación de los derechos fundamentales
del accionante y su familia. Bajo dicha perspectiva, puso de presente que de
los elementos probatorios allegados al proceso no era posible concluir que el
señor Quiceno Giraldo hubiere adelantado alguna diligencia ante la entidad
demandada tendiente a solicitar las ayudas humanitarias.
En esta medida,
advirtió que la institución accionada no tiene la obligación de actuar de
manera oficiosa para otorgar los beneficios a las personas en condición de
desplazamiento que lo requieran, sino que, por el contrario, la carga de
impulso de dicho proceso administrativo se encuentra en cabeza del potencial
beneficiario. Por lo que, en esta ocasión, el actor puede requerir el pago de
la ayuda tanto en Acción Social como ante las Alcaldías municipales, en
cumplimiento de la Ley 1190 de 2009[108].
La decisión no fue
impugnada.
18.
EXPEDIENTE T-2.513.106
18.1.    Hechos y solicitud
18.1.1. La señora
Gladys Eugenia Echeverri González[109],
de conformidad con la certificación expedida el 20 de marzo de 2009 por el
Personero Municipal de Granada, Antioquia, se encuentra incluida en la base de
datos del RUPD desde el 19 de diciembre de 2002, junto a su grupo familiar[110],
quienes fueron desplazados de la zona rural del Municipio de Granada,
Antioquia.
18.1.2. Del
expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, la accionante
realizó una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran las ayudas
humanitarias correspondientes, pues no se allegó ninguna prueba al proceso, ni
tampoco así se manifestó en el texto de la tutela. En este sentido, cabe
advertir que lo único que afirmó la demandante en el recurso de amparo es que,
hasta el momento de la presentación del mecanismo constitucional, “la
entidad Acción Social no ha cumplido con su obligación de brindarme las ayudas
de ley para atender las necesidades primarias propias y de mi familia.”[111]
18.1.3. El 14 de abril
de 2009, la señora Echeverri González presentó acción de amparo en contra de
Acción Social al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de escoger
domicilio, a la familia y a la protección especial constitucional a favor de la
población en situación de desplazamiento, ante la omisión de la entidad
demandada de entregar la atención humanitaria de emergencia. En definitiva,
solicitó que se ordene a la accionada la entrega de los beneficios establecidos
por ley y que le corresponden dada su calidad de desplazada[112].
18.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de
Acción Social.
18.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 30
de abril de 2009, el Juzgado Penal del Circuito del Santuario, Antioquia,
decidió declarar improcedente la acción de tutela propuesta al considerar que,
en el caso concreto, no se generó una afectación de los derechos fundamentales
de la accionante y su familia. Bajo dicha perspectiva, puso de presente que de
los elementos probatorios allegados al proceso no era posible concluir que la
señora Echeverri González hubiere adelantado alguna diligencia ante la entidad
demandada, tendiente a solicitar las ayudas humanitarias.
En esta medida,
advirtió que la accionada no tiene la obligación de actuar de manera oficiosa
para otorgar los beneficios a las personas en condición de desplazamiento que
lo requieran, sino que, por el contrario, la carga de impulso de dicho proceso
administrativo se encuentra en cabeza del potencial beneficiario. Por lo que,
en esta ocasión, la tutelante puede requerir el pago de la ayuda tanto en
Acción Social como ante las Alcaldías municipales, en cumplimiento de la Ley
1190 de 2009[113].
La decisión no fue
impugnada.
19.
EXPEDIENTE T-2.513.108
19.1.    Hechos y solicitud
19.1.1. El señor
Héctor Alonso Ramírez Giraldo[114],
de conformidad con la certificación expedida el 27 de marzo de 2009 por el
Personero Municipal de Granada, Antioquia, se encuentra incluido en la base de
datos del RUPD desde el 20 de mayo de 2001, junto a su grupo familiar[115],
quienes fueron desplazados de la zona rural del Municipio de Granada,
Antioquia.
19.1.2. Del
expediente no se desprende con claridad si, efectivamente, el accionante
realizó una solicitud verbal o escrita para que se le reconocieran las ayudas
humanitarias correspondientes, pues no se allegó ninguna prueba al proceso, ni
tampoco así se manifestó en el texto de la tutela. En este sentido, cabe
advertir que lo único que afirmó el demandante en el recurso de amparo es que,
hasta el momento de la presentación del mecanismo constitucional, “la
entidad Acción Social no ha cumplido con su obligación de brindarme las ayudas
de ley para atender las necesidades primarias de mi familia.”[116]
19.1.3. El 2 de abril
de 2009, el señor Ramírez Giraldo presentó acción de amparo en contra de Acción
Social al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
circulación, a escoger el domicilio, a la familia y a la protección especial
constitucional a favor de la población en situación de desplazamiento, ante
omisión de la accionada de entregar la atención humanitaria de emergencia. En
este sentido, solicitó que se ordene a la entidad demandada la entrega de los
beneficios establecidos por ley y que le corresponden dada su calidad de
desplazado[117].
19.2.    Contestación de la entidad accionada
No se recibió respuesta alguna por parte de
Acción Social.
19.3.    Decisión de instancia
En sentencia del 30
de abril de 2009, el Juzgado Penal del Circuito El Santuario, Antioquia,
decidió declarar improcedente la acción de tutela propuesta al estimar que en
el caso concreto no se generó una afectación de los derechos fundamentales del
accionante y su familia. Bajo dicha perspectiva, puso de presente que de los
elementos probatorios allegados al proceso no era posible concluir que el señor
Ramírez Giraldo hubiere adelantado alguna diligencia ante la entidad demandada
tendiente a solicitar las ayudas humanitarias.
En esta medida, advirtió
que la accionada no tiene la obligación de actuar de manera oficiosa para
otorgar los beneficios a las personas en condición de desplazamiento que lo
requieran, sino que, por el contrario, la carga de impulso de dicho proceso
administrativo se encuentra en cabeza del potencial beneficiario. Por lo que,
en esta ocasión, el accionante puede requerir el pago de la ayuda tanto en
Acción Social como ante las Alcaldías municipales en cumplimiento de la Ley
1190 de 2009[118].
La decisión no fue
impugnada.
20.
EXPEDIENTE T-2.521.955
20.1.    Hechos y solicitud
20.1.1. En
concordancia con las pruebas que obran en el expediente, se tiene que la señora
Ana Cecilia Padilla Tovar[119]
y su núcleo familiar son personas en condición de desplazamiento[120].
20.1.2. En el texto
de la demanda, la señora Padilla Tovar indicó que ha solicitado el
reconocimiento de las ayudas humanitarias a la entidad demandada en diferentes
oportunidades[121].
En el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente la actora
envió a Acción Social para solicitar la entrega de la atención humanitaria[122].
20.1.3. El 15 de
octubre de 2009, interpuso acción de tutela en contra de Acción Social para
solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
alimentación y a la estabilidad económica, presuntamente vulnerados ante la
omisión de la entidad accionada de reconocer las prestaciones solicitadas por
la demandante. Por consiguiente, que se ordene a la entidad accionada que
realice la entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[123].
20.2.
Contestación de la entidad accionada[124]
En comunicación
extemporánea allegada el 6 de noviembre de 2009, la representante legal de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional solicitó
declarar improcedente el mecanismo de amparo constitucional al estimar que no
vulneró los derechos fundamentales de la accionante y su familia.
En el mismo escrito
se refirió a que la señora Ana Cecilia Padilla Tovar se encuentra incluida en
el RUPD desde el 28 de enero de 2005, como jefe de hogar de su familia, la cual
se encuentra compuesta por: su conyuge y cuatro hijos (cada uno, para el
momento de la respuesta, tenían 26, 25, 24 y 21 años). Sumado a ello, puso de
presente que la accionante se encuentra afiliada a través de COOMEVA E.P.S, al
régimen contributivo de salud.
Posteriormente,
pasó a exponer los requisitos y cargas mínimas que deben cumplir las personas
desplazadas a efectos de acceder a las ayudas humanitarias y sus
correspondientes prórrogas, sin hacer referencia, al respecto de lo expuesto,
del caso particular de la accionante.
Finalmente,
solicitó al juez constitucional que integre en debida forma el contradictorio;
esto es, con todas las entidades del Estado a las cuales en la ley se les han
asignado obligaciones en favor de la población en situación de desplazamiento.
20.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 4
de noviembre de 2009, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla
resolvió no conceder la tutela impetrada al estimar que la accionante no
demostró que se encontraba incluida en la base de datos de la población en
situación de desplazamiento, ni que hubiere solicitado la entrega de la ayuda
humanitaria. En consecuencia, no fue posible verificar que en el caso concreto
se presentara una vulneración de los derechos fundamentales de la demandante.
La decisión no fue
impugnada.
21.
EXPEDIENTE T-2.521.957
21.1.    Hechos y solicitud
21.1.1. En la acción
de tutela, la señora María Luz Luna Romero[125]
estableció que fue víctima de desplazamiento forzado y que ha solicitado en
diferentes oportunidades el reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción
Social[126].
En el expediente se encuentra una copia de una petición que presuntamente envió
a la entidad demandada para solicitar los beneficios a los que tiene derecho
como persona en situación de desplazamiento[127].
21.1.2. El 19 de
octubre de 2009, la señora Luna Romero presentó acción de tutela en contra de
Acción Social para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la alimentación y a la estabilidad económica, los cuales estimó
vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de reconocer las
prestaciones de las que es beneficiaria como desplazada. Por consiguiente, solicitó
que se ordene a la entidad accionada que realice la entrega de las ayudas
humanitarias que correspondan[128].
21.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
21.3.
Decisión de instancia[129]
En sentencia del 11
de noviembre de 2009, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla
resolvió no conceder la tutela interpuesta al considerar que la accionante no
demostró que se encontrara incluida en la base de datos de la población en
situación de desplazamiento, ni que hubiere solicitado la entrega de la ayuda
humanitaria. En consecuencia, no fue posible verificar que en el caso concreto se
presentara una vulneración de los derechos fundamentales de la demandante.
La decisión no fue
impugnada.
22.
EXPEDIENTE T-2.521.958
22.1.    Hechos y solicitud
22.1.1. De
conformidad con la Declaración de Desplazamiento Forzado realizada por la
Personería Distrital de Barranquilla, el señor Eparquio Antonio González
Altamar[130]
se encontraba en condición de desplazamiento del municipio del Carmen, Bolívar,
desde el noviembre de 2000[131].
22.1.2. En el texto
de la demanda, el accionante afirmó que ha solicitado el reconocimiento de las
ayudas humanitarias a Acción Social en diferentes oportunidades [132]. Sin
embargo, en el expediente no se allegó ninguna prueba de que hubiere realizado
una solicitud verbal o escrita.
22.1.3. Bajo este
panorama, el 21 de octubre de 2009, el señor González Altamar impetró acción de
amparo en contra de Acción Social para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica,
los cuales estimó vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de
reconocer la atención humanitaria. En esta medida, requirió que se ordene a la
demanda realizar la entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[133].
22.2.
Contestación de la entidad accionada[134]
En comunicación
extemporánea, remitida al juzgado de instancia el 9 de diciembre de 2009 por la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la
representante legal de la entidad solicitó declarar la existencia de una
carencia actual de objeto en la medida que las ayudas humanitarias ya habían
sido entregadas al accionante.
Concretamente,
frente al caso del señor Eparquio Antonio González Altamar, resaltó que se
encuentra incluido en el RUPD desde el 12 de marzo de 2001 como jefe de hogar,
junto a su familia compuesta por su esposa, y dos hijos que, para el momento de
la respuesta, tenían 12 y 10 años. Igualmente, que a partir del 10 de agosto de
2009, se programaron ayudas humanitarias de naturaleza económica en favor de
dicho grupo familiar por un valor de $1.155.000 pesos, las cuales fueron
efectivamente cobradas por el demandante el 14 de los citados mes y año. Por
otro lado, demostró que el 21 de diciembre de 2007 también fue suministrado un
pago por $330.000 pesos en favor del señor González Altamar.
De manera paralela
a lo expuesto, requirió que se conformara en debida forma el litisconsorcio
necesario, vinculando al proceso a todas las entidades que hacen parte del
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.
22.3.
Decisión de instancia[135]
En sentencia del 11
de noviembre de 2009, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla
resolvió no conceder la tutela impetrada al considerar que el accionante no
demostró que se encontrara incluido en la base de datos de la población en
situación de desplazamiento, ni que hubiere solicitado la entrega de la ayuda
humanitaria. En consecuencia, no fue posible verificar que en el caso concreto
se presentara una vulneración de los derechos fundamentales de la demandante.
La decisión no fue impugnada.
23.
EXPEDIENTE T-2.522.531
23.1.    Hechos y solicitud
23.1.1. En la
acción de tutela, el señor Alfredo Manuel Montenegro Pedroza[136] aseveró que
fue víctima de desplazamiento forzado y que ha solicitado el reconocimiento de
las ayudas humanitarias a Acción Social en diferentes oportunidades[137].
En el expediente se encuentran dos copias de peticiones que presuntamente envió
a la entidad demandada para solicitar la entrega de la atención humanitaria[138].
23.1.2. El 7 de
octubre de 2009, el señor Montenegro Pedroza interpuso acción de tutela en
contra de Acción Social para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica, los cuales
estimó vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de reconocer las
prestaciones de las que es beneficiario como persona en situación de desplazamiento.
Por consiguiente, requirió que se ordene a la accionada que realice la entrega
de las ayudas humanitarias que correspondan[139].
23.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
23.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 28
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela aparece copia de una supuesta solicitud de
reconocimiento de ayuda humanitaria presentada por el señor Montenegro Pedroza
ante Acción Social, estimó “que la misma es una copia en blanco que luego
fue llenada y suscrita por [el] accionante, es decir, que cuando fue presentada
a la entidad accionada ese documento no contaba con el nombre de quien la
dirigía, ni con dirección alguna, ni suscrita por alguien, porque el recibido
está en fotocopia y la parte de la firma en original, razón por la cual la
petición no reúne los requisitos establecidos en el artículo 5 del CCA, por lo
que a pesar a aparecer un recibido de la accionada ese documento carece de
validez. Nótese que lo escrito por el accionante no pertenece a la copia
presentada.”[140]
Con fundamento en lo anterior, declaró que no existió una vulneración del
derecho fundamental de petición por parte de la accionada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una
petición y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada
demostrar que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. En esta
medida, en relación con el caso objeto de estudio, agregó “si ante el juez
no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional
de responder.”[141]
La decisión no fue
impugnada.
24.
EXPEDIENTE T-2.522.533
24.1.    Hechos y solicitud
24.1.1. De
conformidad con un documento expedido por el Defensor Delegado del Pueblo,
Regional Atlántico, se certificó que la señora María Elena Salgado de Correa[142]
y su grupo familiar se encontraba en situación de desplazamiento por la
violencia[143].
24.1.2. En el texto
de la demanda, la señora Salgado de Correa manifestó que ha solicitado el
reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción Social en diferentes
oportunidades[144].
En el expediente se encuentra copia de la petición que presuntamente la actora
envió a la entidad demandada para solicitar los beneficios a los que tiene
derecho como persona en situación de desplazamiento[145].
24.1.3. Bajo este
contexto, el 6 de octubre de 2009, la señora Salgado de Correa interpuso acción
de tutela en contra de Acción Social para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica,
los cuales estimó vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de
reconocer la atención humanitaria. Por consiguiente, requirió que se ordene a
la accionada que realice la entrega de los beneficios que correspondan[146].
24.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
24.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 28
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela se encuentra copia de una supuesta solicitud
de reconocimiento de ayuda humanitaria presentada por la señora Salgado de
Correa ante Acción Social, “no parece que la misma haya sido recibida por la
entidad accionada o haberse enviado por correo a esa entidad, por lo que el
despacho considera que la petición se tiene como no presentada.”[147]
Con fundamento en lo anterior, declaró que no existió una vulneración del
derecho fundamental de petición por parte de la accionada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una petición
y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada demostrar
que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. En esta medida, en
relación con el caso objeto de estudio, agregó “si ante el juez no ha sido
probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad
destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual
se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de
responder.”[148]
La decisión no fue
impugnada.
25.
EXPEDIENTE T-2.522.535
25.1.    Hechos y solicitud
25.1.1. En
concordancia con un certificado expedido por la Personería Municipal de
Soledad, Atlántico, el señor Joaquín Guillermo Mercado Medina[149] tiene condición
de desplazado por la violencia, junto con su esposa e hijos[150].
25.1.2. En el texto
de la demanda, el señor Mercado Medina mencionó que ha solicitado el
reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción Social en diferentes
oportunidades[151].
En el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente el actor
envió a Acción Social para solicitar los beneficios a los que tiene derecho
como persona en situación de desplazamiento[152].
25.1.3. Bajo este
panorama, el 6 de octubre de 2009, el señor Mercado Medina interpuso acción de
tutela en contra de Acción Social para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica,
los cuales estimó vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de
reconocer las prestaciones de las que es beneficiaria como persona en situación
de desplazamiento. Por consiguiente, requirió que se ordene a la accionada que
realice la entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[153].
25.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
25.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 28
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela se encuentra copia de una supuesta solicitud
de reconocimiento de ayuda humanitaria presentada por el señor Mercado Medina
ante Acción Social, estimó “que la misma es una copia en blanco que luego
fue llenada y suscrita por el accionante, es decir, que cuando fue presentada a
la entidad accionada ese documento no contaba con el nombre de quien la
dirigía, ni con dirección alguna, ni suscrita por alguien, porque el recibido
está en fotocopia y la parte de la firma en original, razón por la cual la
petición no reúne los requisitos establecidos en el artículo 5 del CCA, por lo
que a pesar a aparecer un recibido de la accionada ese documento carece de
validez.” Con fundamento en lo anterior, declaró que no existió una
vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la accionada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una petición
y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada demostrar
que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. En esta medida, en
relación con el caso concreto, agregó “si ante el juez no ha sido probada la
presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria
de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca
que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de responder.”[154]
La decisión no fue
impugnada.
26.
EXPEDIENTE T-2.522.536
26.1.    Hechos y contestación
26.1.1. De acuerdo
con una carta realizada por la Red de Solidaridad Social del Atlántico, el
señor Iván Arrigui Cuellar[155]
se encuentra incluido en el Sistema Nacional de Población Desplazada por la
Violencia[156].
26.1.2. El accionante
indicó en el texto de la demanda que aunque se encuentra inscrito en el RUPD,
Acción Social nunca le ha brindado ninguna ayuda[157]. En el
expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente el señor Arrigui
Cuellar envió a la entidad accionada para solicitar los beneficios a los que
tiene derecho como persona en situación de desplazamiento[158].
26.1.3. Bajo este
panorama, el 5 de octubre de 2009, el señor Arrigui Cuellar impetró acción de
amparo en contra de Acción Social para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica,
los cuales estimó vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de
reconocer las prestaciones de las que es beneficiaria como persona en situación
de desplazamiento. En esta medida, requirió que se ordene a la demandada
realizar la entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[159].
26.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
26.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 3
de noviembre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela se encuentra copia de una supuesta solicitud
de reconocimiento de ayuda humanitaria presentada ante Acción Social, estimó “que
la misma es una copia en blanco que luego fue llenada y suscrita por el
accionante, es decir, que cuando fue presentada a la entidad accionada ese
documento no contaba con el nombre de quien la dirigía, ni con dirección
alguna, ni suscrita por alguien, porque el recibido esta en fotocopia y la
parte de la firma en original razón por la cual la petición, no reúne los
requisitos establecidos en el artículo 5º del C.C.A, por lo que a pesar a
aparecer un recibido de la accionada ese documento carece de validez. Nótese
que lo escrito por la accionante no pertenece a la copia presentada.”[160]
En este sentido, consideró que no existió una vulneración del derecho
fundamental de petición por parte de la accionada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una
petición y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada
demostrar que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. En esta
medida, en relación con el caso objeto de estudio, agregó “si ante el juez no
ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional
de responder.”[161]
La decisión no fue
impugnada.
27.
EXPEDIENTE T-2.522.538
27.1.    Hechos y solicitud
27.1.1. De
conformidad con declaración juramentada rendida por la señora Zoraida Esther
Álvarez González[162]
ante la Personería Municipal de Pueblo Viejo, Magdalena, se tiene que esta y su
familia fueron víctimas de un ataque armado de los Paramilitares y, que como
consecuencia ello, se vieron en la obligación de desplazarse[163].
27.1.2. En el
escrito de la demanda, la accionante manifestó que ha solicitado el
reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción Social en diferentes
oportunidades[164].
En el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente envió a
la entidad demandada para solicitar los beneficios a los que tiene derecho como
persona en situación de desplazamiento[165].
27.1.3. Bajo este
contexto, el 6 de octubre de 2009 impetró acción de amparo en contra de Acción
Social para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la alimentación y a la estabilidad económica, los cuales estimó
vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de reconocer las prestaciones
de las que es beneficiaria como persona en situación de desplazamiento. En esta
medida, requirió que se ordene a la demandada entregar las ayudas humanitarias
que correspondan[166].
27.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
27.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 28
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela se encuentra copia de una supuesta solicitud
de reconocimiento de ayuda humanitaria presentada ante Acción Social, estimó “que
la misma es una copia en blanco que luego fue llenada y suscrita por la
accionante, es decir, que cuando fue presentada a la entidad accionada ese
documento no contaba con el nombre de quien la dirigía, con dirección alguna,
ni suscrita por alguien, porque el recibido está en fotocopia y la parte de la
firma en original, razón por la cual la petición, no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 5º del C.C.A, por lo que a pesar a aparecer un
recibido de la accionada, el documento carece de validez. Nótese que lo escrito
por el accionante no pertenece a la copia presentada.”[167] En
este sentido, consideró que no existió una vulneración del derecho fundamental
de petición por parte de la accionada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una
petición y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada
demostrar que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. En esta
medida, en relación con el caso objeto de estudio, agregó “si ante el juez
no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional
de responder.”[168]
La decisión no fue
impugnada.
28.
EXPEDIENTE T-2.522.540
28.1.    Hechos y solicitud
28.1.1. De
conformidad con el certificado expedido por la Procuraduría Regional del
Atlántico, el señor José Alcides Gamero Toledo[169] se
encuentra en condición de desplazamiento, junto a su familia[170].
28.1.2. En el texto
de la demanda, el accionante afirmó que ha solicitado en diferentes
oportunidades el reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción Social[171].
En el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente el señor Gamero
Toledo envió a la entidad accionada para solicitar los beneficios a los que
tiene derecho como persona en situación de desplazamiento[172].
28.1.3. Bajo este
contexto, el 1º de octubre de 2009 impetró acción de amparo en contra de Acción
Social para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la alimentación y a la estabilidad económica, los cuales estimó
vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de reconocer las
prestaciones de las que es beneficiaria como persona en situación de
desplazamiento. En esta medida, requirió que se ordene a la accionada que
realice la entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[173].
28.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
28.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 21
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió tutelar la petición del señor José Alcides Gamero Toledo, y en
consecuencia, ordenó a Acción Social (Coordinadora de la Población Desplazada
de la Unidad Territorial del Atlántico) que respondiera de fondo la solicitud
del accionante[174].
Para ello, el fallador encontró que el documento allegado al expediente por el
accionante era válido y, en este sentido, efectivamente el 26 de junio de 2009 la
entidad había recibido el requerimiento de entrega de la ayuda humanitaria, al
cual no había dado respuesta.
La decisión no fue
impugnada.
29.
EXPEDIENTE T-2.522.547
29.1.    Hechos y solicitud
29.1.1. Con
fundamento en la Declaración de Desplazamiento Forzado realizada por la
Personería Distrital de Barranquilla, el señor Daniel Severiano Polo Olivares[175]
es desplazado del municipio Remolino, Magdalena, desde el 13 de febrero 2000[176].
29.1.2. En el texto
de la demanda, el accionante afirmó que ha solicitado el reconocimiento de las
ayudas humanitarias a Acción Social en diferentes oportunidades [177]. En
el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente el señor
Polo Olivares envió a la entidad demandada para solicitar los beneficios a los
que tiene derecho como persona en situación de desplazamiento[178].
29.1.3. El 5 de
octubre de 2009, el señor Polo Olivares impetró acción de amparo en contra de
Acción Social para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica, los cuales consideró
afectados ante la omisión de la entidad demandada de reconocer las prestaciones
de las que es beneficiaria como persona en situación de desplazamiento. En esta
medida, requirió que se ordene a la accionada que realice la entrega de las
ayudas humanitarias que correspondan[179].
29.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
29.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela se encuentra copia de una supuesta solicitud
de reconocimiento de ayuda humanitaria presentada ante Acción Social, estimó “que
la misma es una copia en blanco que luego fue llenada y suscrita por el
accionante, es decir, que cuando fue presentada a la entidad accionada ese
documento no contaba con el nombre de quien la dirigía, con dirección alguna,
ni suscrita por alguien, porque el recibido está en fotocopia y la parte de la
firma en original, razón por la cual la petición, no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 5º del C.C.A, por lo que a pesar a aparecer un
recibido de la accionada, el documento carece de validez. Nótese que lo escrito
por el accionante no pertenece a la copia presentada.”[180] En
este sentido, afirmó que no existió una vulneración del derecho fundamental de
petición por parte de la accionada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una
petición y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada
demostrar que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. En esta
medida, en relación con el caso objeto de estudio, agregó “si ante el juez
no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional
de responder.”[181]
La decisión no fue
impugnada.
30.
EXPEDIENTE T-2.522.548
30.1.    Hechos y solicitud
3.1.1. De acuerdo
con una carta realizada por la Red de Solidaridad Social del Atlántico, el
señor Pedro Nel Castellares Ruidiaz[182]
se encuentra incluido en el Sistema Nacional de Población Desplazada por la
Violencia[183].
30.1.2. En el
escrito de la demanda, el accionante afirmó que ha solicitado en diferentes
oportunidades el reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción Social[184].
En el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente el señor
Castellares Ruidiaz envió a la entidad demandada para solicitar la entrega de
la atención humanitaria[185].
30.1.3. El 5 de
octubre de 2009, el señor Castellares Ruidiaz impetró acción de amparo en
contra de Acción Social para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica, los
cuales estimó vulnerados ante la omisión de la entidad demandada de reconocer
las prestaciones de las que es beneficiaria como persona en situación de
desplazamiento. En esta medida, requirió que se ordene a la accionada que
realice la entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[186].
30.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
30.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 27
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela se encuentra copia de una supuesta solicitud
de reconocimiento de ayuda humanitaria presentada ante Acción Social, “no
aparece el nombre del peticionario, su dirección, ni que la misma haya sido
suscrita por alguien, esto es, no reúne los requisitos establecidos en el
artículo 5º del C.C.A, por lo que a pesar de aparecer un recibido por la
accionada, el documento carece de validez” En este sentido, consideró que
no existió una vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la
accionada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una
petición y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada
demostrar que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. Así las cosas,
en relación con el caso objeto de estudio, agregó “si ante el juez no ha
sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional
de responder.”[187]
La decisión no fue
impugnada.
31.
EXPEDIENTE T-2.522.549
31.1.    Hechos y solicitud
31.1.1. De
conformidad con un documento expedido por el Personero Municipal de Remolino,
Magdalena, la señora Dubis Marina Pertuz Retamozo[188] “reúne
las condiciones de desplazada por la violencia que aqueja al corregimiento de
Santa Rita, Remolino, Magdalena”[189].
31.1.2. En el
escrito de la demanda, la señora Pertuz Retamozo indicó que ha solicitado en
diferentes oportunidades el reconocimiento de las ayudas humanitarias a Acción
Social[190].
En el expediente se encuentra copia de una petición que presuntamente la
accionante envió a la entidad demandada para reclamar los beneficios a los que
tiene derecho como persona en situación de desplazamiento[191].
31.1.3. El 29 de
septiembre de 2009, la señora Pertuz Retamozo interpuso acción de tutela en
contra de Acción Social para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la alimentación y a la estabilidad económica, los cuales
estimó afectados ante la omisión de la entidad demandada de reconocer las
prestaciones de las que es beneficiaria como persona en situación de
desplazamiento. En esta medida, requirió que se ordene a la accionada que
realice la entrega de las ayudas humanitarias que correspondan[192].
31.2.
Contestación de la entidad accionada
La Agencia
Presidencial no allegó respuesta alguna.
31.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 21
de octubre de 2009, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla
resolvió declarar improcedente la acción de tutela impetrada al considerar que,
si bien en el expediente de tutela se encuentra copia de una supuesta solicitud
de reconocimiento de ayuda humanitaria presentada por la señora Pertuz Retamozo
ante Acción Social, no quedó acreditado que la misma hubiera sido recibida por
la entidad en tanto que no tiene sello de recibido y la información de la
accionante se encuentra escrita en lapicero. Por ende, afirmó que no existió
una vulneración del derecho fundamental de petición por parte de la demandada.
En concreto, en la
providencia se resaltó que en la garantía del derecho de petición por parte del
juez constitucional se derivan cargas probatorias para las partes. Así las
cosas, corresponde al accionante aportar la prueba suficiente de que elevó una
petición y la fecha en que lo realizó, como corresponde a la entidad demandada
demostrar que resolvió de fondo y oportunamente el requerimiento. En esta
medida, en relación con el caso objeto de estudio, agregó “si ante el juez
no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional
de responder.”[193]
La decisión no fue
impugnada.
32.
EXPEDIENTE T-2.671.934 (expediente
acumulado con posterioridad a los anteriores)
32.1.
Hechos y solicitud
32.1.1. El señor
Javier Enrique Silgado Martínez[194]
afirma estar inscrito en el Sistema Nacional de Atención a la Población
Desplazada[195].
32.1.2. En la
demanda, el accionante señaló que nunca han recibido ayudas humanitarias por
parte del Estado y que con su familia se encuentran en una precaria situación
económica[196],
por lo que requieren de manera urgente la asistencia del Estado. No existe
ninguna afirmación o prueba en relación con alguna petición directa que se
hubiere realizado, ya sea verbal o escrita, para lograr el reconocimiento de
sus beneficios.
32.1.3. El 1º de
febrero de 2010, el señor Silgado Martínez presentó acción de amparo en
contra de Acción Social para solicitar la tutela de sus derechos fundamentales
a la dignidad humana y al mínimo vital, los cuales estimó vulnerados ante la
omisión de la entidad demandada de entregarle las ayudas humanitarias a las que
tiene derecho como parte de la población en situación de desplazamiento. En
consecuencia, reclamó que se ordene a la entidad demandada el pago de la ayuda
humanitaria y su inclusión en los programas de proyecto productivos[197].
32.2.
Contestación de la entidad accionada
En respuesta del 22
de febrero de 2010, la representante legal de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional solicitó negar las pretensiones
del accionante al estimar que no existió una afectación de derechos
fundamentales en la medida que se verificó que el señor Javier Enrique Silgado
Martínez no está incluido en el RUPD[198].
32.3.
Decisión de instancia
En sentencia del 5
de marzo de 2010, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena con
Funciones de Conocimiento resolvió negar el amparo impetrado bajo el argumento
que no existió vulneración de los derechos fundamentales del accionante, en la
medida que el señor Silgado Martínez no se encuentra inscrito en el RUPD y, por
ende, no es titular de los beneficios que pretende recibir a través del
presente mecanismo constitucional.
La decisión no fue
impugnada.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala de Selección de Tutelas Número Uno de la Corte Constitucional,
mediante Auto del 25 de enero de 2010, dispuso la revisión de las sentencia de
tutela de los expedientes T-2.497.519, T-2.497.520, T-2.499.003, T-2.499.006,
T-2.499.007, T-2.499.008, T-2.499.009, T-2.499.010,
T-2.499.011,                 T-2.499.012, T-2.499.016, T-2.499.327,
T-2.503.449, T-2.508.497,                 T-2.508.787, T-2.513.103,
T-2.513.104, T-2.513.106, T-2.513.108,                 T-2.521.955,
T-2.521.957, T-2.521.958, T-2.522.531, T-2.522.533,
T-2.522.535, T-2.522.536, T-2.522.538, T-2.522.540, T-2.522.547,                           T-2.522.548
y T-2.522.549, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones
pertinentes. En la misma providencia dispuso acumularlos entre sí, por
presentar unidad de materia.
Posteriormente, la Sala de Selección Número Seis de la misma
Corporación, mediante Auto del 11 de junio de 2010, dispuso la revisión de la
sentencia de tutela proferida en el marco del proceso número T-2.671.934. Por
lo que, al presentar unidad de materia, se decidió acumular dicho expediente a
los indicados en el párrafo anterior, a través de Auto del 12 de agosto de
2010, proferido por el Despacho del Magistrado Juan Carlos Henao Pérez[199].
2.
Trámite en sede de revisión y estado de la
cuestión
2.1. En Auto del 2 de marzo de 2010, proferido por el Despacho del
Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, se solicitó a Acción Social, por una parte,
verificar e informar si los accionantes de los procesos de tutela objeto de
conocimiento, se encontraban inscritos en el Registro Único de Población
Desplazada (RUPD) y, en tal caso, indicar las ayudas humanitarias que les
hubieran sido entregadas. Por otra parte, informar si estas personas habían elevado
peticiones para solicitar las ayudas humanitarias que reclaman en sede de
tutela[200].
El 18 de marzo de
2010, la entidad remitió a esta Corporación respuesta sobre los asuntos
indicados, en el siguiente sentido:
2.1.1. A propósito de la primera cuestión, Acción Social presentó un informe
en el cual indica las ayudas humanitarias (dinerarias) que había concedido en
los casos que correspondía[201]
y, a su vez, adjuntó el informe presentado por el Subdirector de Atención a la
Población Desplazada[202],
que contenía esta misma información y lo referente a las inscripciones en el
RUPD. Todo lo cual se puede resumir en el siguiente cuadro:
Expediente
Accionante
¿Inscripción en el RUPD?
Fecha de inscripción
Ayuda humanitaria
(Valor)
Fecha
de pago
Fecha de reintegro
Observaciones
de Acción Social
1
T-2.497.519
Néstor Pérez Mulet
Si
30 de mayo de 2002
$1.380.000
9/02/09
$1.380.000
22/10/09
2
T-2.497.520
Agustín Jaime Sanjuan
No
3
T-2.499.003
Ligia Esther Martínez Portillo
Si
23 de febrero de 2007
$510.000
23/10/09
4
T-2.499.006
Elizabeth Toro Salgado
Si
20 de enero de 2007
$510.000
13/11/09
5
T-2.499.007
Juan Andrés Meza Rivas
Si
23 de febrero de 2007
$510.000
5/11/09
6
T-2.499.008
Claudia Caraballo Fabra
Si
20 de enero de 2007
$614.000
16/03/09
$510.000
30/09/09
$510.000
12/01/10
$610.000
13/07/09
7
T-2.499.009
Marta Pertuz Berrio
Si
20 de diciembre de 1999
------
------
------
------
8
T-2.499.010
Manuel Barrios Caraballo
Si
23 de febrero de 2007
$510.000
5/11/09
9
T-2.499.011
Magola Escobar Barrios
Si
23 de febrero de 2007
$450.000
20/11/09
10
T-2.499.012
Ana Blasina Salgado Ruiz
Si
23 de febrero de 2007
$510.000
13/11/09
11
T-2.499.016
Urbaldo De Jesús Urrego
Si
4 de septiembre de 2001
$915.000
-
12/01/10
-
$1.095.000
-
Giro
vigente
12
T-2.499.327
Gladis Fabiola Florez
Si
4 de septiembre de 2001
$510.000
13
T-2.503.449
Ligia Marsela Rocero Cardona
Si
26 de mayo de 2006 (siendo la jefe de
hogar la señora Carmen Omaira Sosa Salazar)
$855.000
10/12/09
14
T-2.508.497
Deyanid Lozano Mora
Si
28 de diciembre de 2005
$975.000
2/12/09
15
T-2.508.787
Rosibel Esther García Cervantes
Si
28 de diciembre de 2005
$1.095.000
26/12/08
$610.000
11/09/09
$915.000
18/11/09
16
T-2.513.103
María Esther Santamaría Soto
Si
28 de abril de 2003
$570.000
22/05/09
$440.000
17/07/09
17
T-2.513.104
Francisco Antonio Quiceno Giraldo
Si
23 de julio de 2002
$440.000
7/07/09
$880.000
21/05/09
18
T-2.513.106
Gladys Eugenia Echeverri González
Si
17 de mayo de 2002
$570.000
1/06/09
19
T-2.513.108
Héctor Alonso Ramírez Giraldo
Si
20 de mayo de 2001
$450.000
3/07/09
-
$540.000
-
Giro
vigente
20
T-2.521.955
Ana Cecilia Padilla Tovar
Si
28 de enero de 2005
$1.470.000
23/11/09
$1.636.000
25/06/09
21
T-2.521.957
María Luz Luna Romero
Si
22 de octubre de 2002
$1.380.000
1/02/10
$1.286.000
-
22
T-2.521.958
Eparquio Antonio González Altamar
Si
12 de marzo de 2001
$330.000
21/12/07
$1.155.000
14/08/09
23
T-2.522.531
Alfredo Manuel Montenegro Pedroza
Si
4 de septiembre de 2001
$1.380.000
23/11/09
24
T-2.522.533
María Elena Salgado de Correa
Si
22 de mayo de 2002
$1.470.000
-
Giro
vigente
$1.380.000
22/10/09
-
-
25
T-2.522.535
Joaquín Guillermo Mercado Medina
Si
26 de enero de 2000
$330.000
17/08/07
26
T-2.522.536
Iván Arrigui Cuellar
Si
13 de marzo de 2002
------
------
------
------
27
T-2.522.538
Zoraida Esther Álvarez González
No
28
T-2.522.540
José Alcides Gamero Toledo
Si
31 de mayo de 2001
$1.609.000
7/12/07
-
-
$1.470.000
-
-
Giro
vigente
29
T-2.522.547
Daniel Severiano Polo Olivares
Si
21 de marzo de 2000
$1.609.000
26/12/07
30
T-2.522.548
Pedro Nel Castellares Ruidiaz
Si
26 de julio de 2002
$570.000
10/12/08
-
-
$570.000
-
23/02/09
-
31
T-2.522.549
Dubis Marina Pertuz Retamozo
Si
$975.000
14/12/09
Respecto al señor Iván
Arragui Cuellar (Expediente T-2.522.536) y la señora Marta Pertuz Berrio
(Expediente T-2.499.009), la entidad señaló que, si bien se encuentran
incluidos en el RUPD, “no reportan haber recibido atención humanitaria de
emergencia, no obstante lo anterior, la entidad procedió a CARACTERIZAR [sus]
núcleos familiares y como consecuencia de dicha valoración, se avaló la entrega
de la atención humanitaria, en virtud de lo anterior se comunicó a los
mencionados accionantes lo siguiente: “Ahora bien en cuanto a su caso concreto,
informamos que, de acuerdo con la valoración de la Atención Humanitaria, a
usted y su núcleo familiar les fue programada la prórroga de la Atención Humanitaria.
Para este efecto, a partir del recibo de la presente deberá comunicarse con
nuestro Call Center (…), a fin de establecer la fecha exacta en que serán
depositados dichos recursos.”[203]
Por otra parte, añadió
que no se encontró que la señora Zoraida Esther Álvarez González (
Expediente T-2.522.538) hubiera presentado declaración de desplazamiento,
sin embargo se le invitó a que se presentara ante cualquiera de las entidades
del Ministerio Público para que rindiera la respectiva declaración juramentada;
mientras que, en relación con el señor Agustín Jaime Sanjuan (Expediente
T-2.497.520), señaló que, si en principio el accionante fue incluido en el
RUPD desde el 19 de marzo de 2008, posteriormente se había modificado a la
calidad de no incluido, en razón a la causal que el artículo 11 del
Decreto 2569 de 2000[204]
establece “cuando la declaración resulte contraria a la verdad”[205].
2.1.2. Ahora bien, sobre la segunda cuestión, relacionada con la presentación
de peticiones de los accionantes, Acción Social afirmó que todos los
requerimientos de la ciudadanía se reciben de manera verbal o escrita en todas
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada (SNAIPD) y que “la programación de entrega de atención
humanitaria se comunica mediante listados publicados en la Unidad de Atención
al Usuario (UAO), en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Código
Contencioso Administrativo”[206].
En consecuencia, señaló que no podría determinarse con precisión si cada uno de
las personas relacionadas interpuso alguna petición.
Sin embargo, a
partir de la caracterización realizada a los núcleos familiares de cada uno de
los accionantes, la entidad manifestó que les remitió una comunicación particular
a efectos de informarle el resultado de la valoración del estado de vulneración[207]
e indicar las instrucciones sobre la concesión de las Atenciones Humanitarias o
sus correspondientes prórrogas.
En este marco, la
entidad accionada anexó, a la respuesta allegada a esta Corporación, copia de cada
una de las comunicaciones enviadas a los tutelantes, cuyo contenido se resume a
continuación:
Expediente
Accionante
¿Inscripción en el RUPD?
Respuesta de Acción Social
Respuesta
1
T-2.497.519
Néstor Pérez Mulet
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452411
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[208].
2
T-2.497.520
Agustín Jaime Sanjuan
No
Si bien
estuvo incluido en el RUPD desde el 19 de marzo de 2008, se revocó dicha
actuación en virtud del artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, pues se
verificó que su declaración de desplazamiento resultó contraria a la verdad[209].
3
T-2.499.003
Ligia Esther Martínez Portillo
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462453241
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[210].
4
T-2.499.006
Elizabeth Toro Salgado
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462449371
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[211].
5
T-2.499.007
Juan Andrés Meza Rivas
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462455611
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[212].
6
T-2.499.008
Claudia Caraballo Fabra
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452511
El 24 de
diciembre de 2009 se le reconoció una prórroga de la atención humanitaria,
sin embargo, como no fue reclamada durante los 30 días siguientes a la fecha
de consignación del dinero, el mismo se reintegró a la entidad. No obstante,
se procedió a realizar una reprogramación, por lo que debía contactarse
durante los 35 días siguientes a la recepción de esta comunicación para que
le brinden las instrucciones de recibo[213].
7
T-2.499.009
Marta Pertuz Berrio
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462453291
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[214].
8
T-2.499.010
Manuel Barrios Caraballo
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103432452581
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[215].
9
T-2.499.011
Magola Escobar Barrios
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462454201
El 20 de
octubre de 2009 se le reconoció una prórroga de la atención humanitaria, sin
embargo, como la misma no fue reclamada durante los 30 días siguientes a
dicha fecha consignación del dinero, éste se reintegró a la entidad. No
obstante, se realizó una reprogramación de la misma.[216].
10
T-2.499.012
Ana Blasina Salgado Ruiz
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452881
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[217].
11
T-2.499.016
Urbaldo De Jesús Urrego
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452211
Se programó
prórroga de la atención humanitaria, la cual puede recoger en la oficina del
Banco Agrario/Sucursal Apartadó (Antioquia) desde el recibo de la
comunicación[218].
12
T-2.499.327
Gladis Fabiola Florez
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103432452891
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[219].
13
T-2.503.449
Ligia Marsela Rocero Cardona
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462453691
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[220].
14
T-2.508.497
Deyanid Lozano Mora
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462453791
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[221].
15
T-2.508.787
Rosibel Esther García Cervantes
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462455311
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[222].
16
T-2.513.103
María Esther Santamaría Soto
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462451671
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[223].
17
T-2.513.104
Francisco Antonio Quiceno Giraldo
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462455341
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[224].
18
T-2.513.106
Gladys Eugenia Echeverri González
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462455401
El 30 de
junio de 2009 se le reconoció una prórroga de la atención humanitaria, sin
embargo, como no fue reclamada durante los 30 días siguientes a la fecha de
consignación del dinero, éste se reintegró a la entidad. No obstante, se
realizó una reprogramación de la misma, pero no se le informó sobre la manera
de acceder a la prestación[225].
19
T-2.513.108
Héctor Alonso Ramírez Giraldo
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452681
Se programó
prórroga de la atención humanitaria, la cual puede recoger en la oficina del
Banco Agrario/Sucursal Medellín (Antioquia) desde el recibo de la
comunicación[226].
20
T-2.521.955
Ana Cecilia Padilla Tovar
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462453611
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[227].
21
T-2.521.957
María Luz Luna Romero
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20091103827462
Se programó
prórroga de la atención humanitaria, la cual fue cobrada por la señora Luna
Romero el 1 de febrero de 2010[228].
22
T-2.521.958
Eparquio Antonio González Altamar
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462451641
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[229].
23
T-2.522.531
Alfredo Manuel Montenegro Pedroza
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103432452761
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[230].
24
T-2.522.533
María Elena Salgado de Correa
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462453671
Se programó
prórroga de la atención humanitaria, la cual puede recoger en la oficina del
Banco Agrario/Sucursal Barranquilla (Atlántico) desde el recibo de la
comunicación[231].
25
T-2.522.535
Joaquín Guillermo Mercado Medina
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462453741
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[232].
26
T-2.522.536
Iván Arrigui Cuellar
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462449261
Se le programó
entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con el Call
Center de la entidad[233].
27
T-2.522.538
Zoraida Esther Álvarez González
No
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452901
Se brinda
información acerca de las opciones que tiene; ya sea para inscribirse en el
RUPD o para que se verifique su inclusión[234].
28
T-2.522.540
José Alcides Gamero Toledo
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462448601
Se programó
prórroga de la atención humanitaria, la cual puede recoger en la oficina del
Banco Agrario/Sucursal Barranquilla (Atlántico) desde el recibo de la
comunicación[235].
29
T-2.522.547
Daniel Severiano Polo Olivares
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452001
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[236].
30
T-2.522.548
Pedro Nel Castellares Ruidiaz
Si
17 de marzo de 2010: Radicado No.
20103462452921
Se le
programó entrega de ayuda humanitaria y para su reclamo debía comunicarse con
el Call Center de la entidad[237].
31
T-2.522.549
Dubis Marina Pertuz Retamozo
Si
En el
resumen presentado por la Subdirección de Atención a la Población Desplazada,
se afirmó que se envió una comunicación para anunciar sobre la reprogramación
de la atención y de la oferta institucional; sin embargo, no se encuentra
copia de la misma en los documentos anexos.
Adicionalmente, en
estas comunicaciones se informaba sobre: (i) los procedimientos para reclamar
el pago de la atención humanitaria o su respectiva prórroga y (ii) la posibilidad
de inclusión en un proyecto productivo para alcanzar la estabilización socio
económica, para lo cual debían dirigirse a las entidades competentes: el SENA
(formación, capacitación y acompañamiento), el Ministerio de Agricultura
(proyectos rurales), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (fomento a
la pequeña y mediana empresa), el Banco Agrario y BANCOLDEX (crédito para
financiamiento)[238].
2.2. El 13 de abril de 2010, el Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, profirió
Auto por medio del cual solicitó información a distintas entidades y a algunos
tutelantes.
2.2.1. En la mencionada providencia, solicitó a Acción Social que informara
acerca del resultado del proceso de caracterización que realizó a cada uno de
los peticionarios, “indicando cuál es la conformación de cada grupo
familiar, si pertenecen o no a grupos de especial protección constitucional, si
están afiliados al sistema de salud, los programas de atención a los cuales han
sido vinculados y, en general, el nivel de goce efectivo de sus derechos.”[239]
La entidad indicó,
en respuesta allegada a la Secretaría General de esta Corporación el 8 de junio
de 2010, que la caracterización de todos los accionantes fue realizada a partir
de los registros administrativos propios y de otras entidades, y que también “se
ha gestionado la vinculación de la población en situación de desplazamiento a
JUNTOS, con el propósito de realizar la identificación de las necesidades
mencionadas y proporcionar un acompañamiento a los hogares en la realización de
su plan de vida.”[240]
En el informe
referido se presentaron los siguientes datos en relación con los demandantes:
-
De los 31 accionantes sobre los que se solicitó
información, 29 figuran en calidad de incluidos en el RUPD (94%), 1
figura en estado no incluido (3%) y 1 no figura en el mismo (3%).
-
De las 29 personas en el estado de incluidas,
16 corresponden a desplazamientos por hogar (55%), 12 corresponden a
desplazamientos masivos[241]
(41%) y 1 corresponde a un desplazamiento individual (3%)
-
Del total de las 30 personas que figuran en el RUPD
en cualquiera de las condiciones, se determinó que 25 de los accionantes son
jefes de hogar (83%) y los cinco restantes no son parientes (17%).
-
En relación con los accionantes que por las
condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran se deben entender como
sujetos de especial protección constitucional, advirtió que los 30 núcleos
familiares son conformados por un total de 117 personas, de las cuales:
Grupo
de especial protección constitucional
Personas
Afro
4
Persona en
situación de discapacidad
1
Mujer en
situación de desplazamiento
27
Mujer adulto
mayor
2
Mujer afro
5
Mujer cabeza de
familia
11
Mujer cabeza de
familia –Adulto mayor
1
Mujer –Afro –Niña
1
Mujer –Niña
18
Niños
13
No pertenece a
grupo de especial protección constitucional
34
-
En cuanto a la afiliación de los accionantes al
Sistema de Seguridad Social en salud, de los 29 accionantes que figuran como incluidos
en el RUPD:
Afiliación
a salud
Personas
Porcentaje
Régimen
subsidiado
18
62%
Régimen
contributivo
3
10%
Desafiliado
1
3%
Retirado
1
3%
No registra en el
Sistema
6
21%
-
Respecto de la afiliación a los programas de
asistencia del Estado a favor de la población en situación de desplazamiento,
de los que han sido beneficiarios los 29 accionantes que aparecen como
incluidos en el RUPD, expone la siguiente información:
Entidad
Personas
Acción Social
29
Fondo de
Solidaridad Pensional
1
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
2
Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
4
Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
4
Ministerio
Nacional de Educación
1
Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA
12
Concretamente,
la accionada denotó que de los 29 demandantes inscritos en el RUPD, la atención
que ha brindado la Agencia Presidencial se puede distinguir por el tipo de
prestación brindada y se resume de la siguiente manera:
Programa
Personas
Atención
Humanitaria
29
Familias en
acción
16
Familias
guardabosques
1
Red de Seguridad
Alimentaria RESA
3
Víctimas de la
violencia
4
Generación de
Ingresos para la Población Desplazada
1
Programas de Paz
y Desarrollo
1
Protección al
adulto mayor en albergues
1
Proyectos
productivos ADAM
1
Proyectos
productivos MIDAS
1
Para sustentar esta
información, la entidad anexó cuadros en los que se detalla la situación de
cada persona y su condición en relación con los grupos de especial protección
constitucional que han sido definidos por la Corte Constitucional los autos de
seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
2.2.2. En la misma providencia la Corte requirió a Acción Social con el fin
de que especificara las razones que llevaron a negar la inscripción en el RUPD
del tutelante, señor Agustín Jaime Sanjuan. Lo mismo que se ofició
directamente al accionante para que informara sobre todos los hechos alrededor
de su desplazamiento (incluyendo los datos relativos a la declaración para ser
incluido en el RUPD) y para que precisara sobre las características de su
núcleo familiar.
Acción Social
advirtió que la decisión de no incluir al señor Agustín Jaime Sanjuan en
el RUPD se fundamentó en el numeral 1º del artículo 11 del Decreto 2569 de
2000, con base en las siguientes circunstancias fácticas:
“i.
El deponente manifiesta en los generales de ley de su declaración que se vio forzado
a migrar junto con su grupo familiar desde la vereda Marquetalia en el
municipio de Teorama (Norte de Santander), el día 5 de enero de 2008, en donde
residió por 5 años. No obstante, al consultar la base de datos del Censo
Nacional Electoral, se encontró que el deponente y la señora ROSALBA SANJUAN
REYES (esposa del deponente) registraron su documento de identidad para ejercer
el derecho al voto en el municipio de Ocaña (Norte de Santander) para la época
en la cual no se había producido el desplazamiento. ii. Así mismo, al consultar
la base de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el SISBEN
Nacional se pudo evidenciar que la inscripción del deponente y los miembros de
su familia en el municipio de Ocaña, realizada mediante encuesta aplicada en la
época en la cual, según lo declarado, se encontraban residiendo en la vereda
Marquetalia del municipio Teorama. Es de resaltar que la encuesta en mención se
destina a las personas que manifiestan ser residentes habituales de la ciudad o
municipio donde ésta se realiza, lo que conduce a establecer la residencia del
hogar en el municipio de Ocaña, y no en el sitio declarado. iii. Además, al
consultar la base de datos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) se
encontró al deponente como cabeza de familia en estado activo en el régimen
subsidiado en la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA –COMPARTA para acceder a los
servicios médicos en el municipio de Ocaña, para la fecha en que presuntamente
no se había ocasionado el desplazamiento, y a la señora ROSALBA SAN JUAN REYES
como otro miembro del núcleo familiar en estado activo en el régimen subsidiado
en la COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA –COMPARTA para acceder a los servicios
médicos en el municipio de Ocaña, para la fecha en que presuntamente no se
había ocasionado el desplazamiento.”[242]
De ahí que, ante la
información contradictoria, la Resolución No. 130010123 del 19 de marzo de
2008, decidió “no inscribir al señor AGUSTÍN JAIME SANJUAN (…) y su grupo
familiar en el Registro Único de Población Desplazada”[243].
Por otra parte, no
se recibió en esta Corporación respuesta del señor Agustín Jaime Sanjuan.
2.2.3. Adicionalmente, en el mismo Auto del 13 de abril de 2010, el
Magistrado Sustanciador también solicitó a Acción Social que se pronunciara
sobre “los avances que ha realizado para ajustar los procedimientos de
provisión de ayuda inmediata y de ayuda humanitaria de emergencia, en
particular, para mejorar los tiempos de entrega, determinar las condiciones
materiales de vulnerabilidad, para determinar la prórroga de la ayuda
humanitaria de emergencia, los procedimientos administrativos desarrollados
para hacer entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a las personas no
inscritas en el RUPD y desplazados antes del año 2004, de conformidad con lo
dispuesto en el Auto 008 de 2009 de esta Corporación. También informar cuáles
han sido las barreras que han obstaculizado su respuesta en materia de entrega
de ayuda inmediata y de ayuda humanitaria de emergencia y cuáles son sus
propuestas de solución.”[244]
Para dar respuesta
a lo anterior, la entidad manifestó que tomó como referencia el informe de
avances en la superación del estado de cosas inconstitucional entregado a la
Corte Constitucional, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la
Sentencia T-025 de 2004. En el resumen que presentó realiza un recuento acerca
de las razones que dieron lugar a los cambios en la estructuración de la
Política de Atención de la Población Desplazada y, en particular, a los
principios, lineamientos y criterios que respaldan la Política de Atención
Humanitaria.
Así las cosas, puso
de presente que la Política Pública de Protección a la Población Desplazada se
ha basado en tres fases de atención al desplazamiento: (i) prevención, (ii)
atención humanitaria y (iii) estabilización socioeconómica; las cuales se han
venido adelantando con anterioridad a la citada Sentencia T-025. Y, que a partir
del pronunciamiento de la Corte en el 2004, el Gobierno adelantó un intenso
trabajo de reformulación y ajuste de la estructura y esquema de intervención
pública a favor de los desplazados, “con el objeto de responder, de manera
integral y congruente, a las necesidades de la población desplazada”[245].
En este orden de
ideas, aseveró que las razones que determinaron la iniciativa de ajustar el
esquema integral de intervención frente a la población en situación de
desplazamiento fueron:
“1. Las fases de atención del desplazamiento forzado, previstas en la
Ley 387 y sus decretos reglamentarios correspondían a una secuencia cronológica
de acciones que se originaban luego de la ocurrencia del delito del
desplazamiento forzado. Sin embargo, en la implementación de la política se ha
evidenciado que las características particulares de cada comunidad, familia e
individuo requieren intervenciones específicas que no necesariamente responden
a un orden cronológico previamente establecido por la política. Por lo tanto,
el nuevo enfoque de la Política Pública de Prevención y Atención a la
Población  en Situación de Desplazamiento, gira entorno a satisfacer el Goce
efectivo de los derechos de la población desplazada, reconocimiento de sus
características y necesidades particulares. De esta manera, sus derechos deben
garantizarse atendiendo, no sólo su situación de vulnerabilidad manifiesta,
sino también su condición de víctima. En esa medida, se requiere de acciones
integrales por parte del Estado en su conjunto, para prevenir, proteger,
atender y reparar, de manera integral, a la población desplazada.
2. El derecho a la subsistencia mínima de esta población se debe
garantizar en la situación de urgencia y de emergencia y durante el tiempo que
tarda su incorporación en la oferta pertinente del Sistema de Protección
Social.
3. Es necesario evidenciar y profundizar el enfoque diferencial de las
políticas, planes y programas específicos, a fin de que respondan efectivamente
a la protección y atención de cada grupo de especial protección constitucional,
de acuerdo con sus vulnerabilidades.
4. El trabajo articulado interinstitucional o intersectorial debe
conducir a lograr mayores impactos o resultados superiores que redunden en el
goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Ello se debe reflejar
a través de los distintos mecanismos de evaluación y seguimiento definidos por
el Gobierno Nacional.
5. Teniendo en cuenta que la atención integral a la población
desplazada no es sólo responsabilidad del Gobierno Nacional, es necesario
generar mecanismos articuladores entre los distintos niveles del Estado
(nación, departamento y municipio) a fin de integrar en el territorio las
distintas acciones de prevención, atención integral y verdad, justicia,
reparación y garantías de no repetición.”[246]
En ese contexto,
sostuvo que los principios orientadores de la Política de Atención tienen un
enfoque asistencial y de protección, a través del cual se pretenden neutralizar
los efectos causados por el hecho del desplazamiento. Se resumieron de la
siguiente manera:
“1.
Garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.
2. Garantizar un enfoque diferencial en la prevención y protección,
atención integral a la población desplazada, con énfasis en los grupos de
especial protección constitucional.
3. Garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral
y las garantías de no repetición a las víctimas del delito del desplazamiento
forzado.”[247]
Respecto de la
Política de Atención Humanitaria, dispuso que su objetivo general es “garantizar
el mínimo de subsistencia”[248].
En concreto, precisó que esta política debe regirse por los siguientes
lineamientos: (i) subsidiariedad y complementariedad[249], (ii)
orientación de la atención humanitaria hacia el Sistema de Protección Social[250],
(iii) rutas diferenciadas para la entrega de cada uno de los beneficios que
integran la política[251]
y (iv) la priorización de la atención a los grupos de especial protección
constitucional[252].
Por lo demás, el
documento describió los criterios que se utilizan para otorgar las atenciones
humanitarias de urgencia (o inmediata), de emergencia y la de transición;
discriminando entre las actuaciones que se llevan a cabo cuando se trata de
desplazamientos individuales o masivos[253].
2.2.4. En la misma providencia se solicitó al señor Agustín Jaime Sanjuan
y a la señora Zoraida Esther Álvarez González que precisara la
información relacionada con la solicitud de inclusión en el RUPD y sobre las
circunstancias fácticas de su desplazamiento. Adicionalmente, el Magistrado
Sustanciador también requirió a la Comisión de Seguimiento a la Política
Pública de Atención a la Población Desplazada que explicara acerca de “los
avances y los problemas que ha enfrentado Acción Social en el tema de la entrega
de la ayuda inmediata y de la ayuda humanitaria de emergencia. Adicionalmente,
que informe a este Despacho sobre las sugerencias que tiene respecto a este
tema.” No obstante, no se recibió respuesta a ninguno de los requerimientos.
2.2.5. En el mencionado Auto también se insta a la Comisión de Seguimiento a
la Política Pública de Atención a la Población Desplazada que se refiera a los
avances que ha presentado Acción Social en relación con la entrega de ayudas
humanitarias. Sin embargo, no se acusa recibo de respuesta por parte de esta
entidad.
2.3. El 3 de mayo de 2010, el Magistrado Sustanciador profirió Auto en el
que solicitó a Acción Social que, con fundamento en la caracterización que ha
realizado de los accionantes y que ha presentado ante esta Corte, informara si los
accionantes indicados a continuación pertenecían a alguno de los grupos de
especial protección constitucional “de los establecidos en los autos 004,
005, 006, 092 y 251 de 2008”[254]
proferidos por esta Corporación y si, en tal caso, bajo dicho presupuesto,
habían recibido algún tipo de atención específica. A su vez, se requirió a las
mismas personas para que indicaran si habían sido beneficiarios de alguna
prestación relacionada:
Peticionario
1
Néstor Ángel
Pérez Mulet
2
Zoraida Esther
Álvarez González
3
Dubis Pertuz
Retamozo
4
Ana Cecilia
Padilla Tovar
5
María Luz Luna
Romero
6
María Elena
Salgado de Correa
7
Magola Escobar
Barrios
8
Ana Blasina
Salgado
9
Agustín Jaime
Sanjuan
10
Ligia Esther
Martínez Portillo
11
Elizabeth Toro
Salgado
12
Juan Andrés Meza
Rivas
13
Claudia Caraballo
Fabra
14
Marta Pertuz
Berrío
15
Gladis Fabiola
Florez
16
Ligia Marsela
Rocero Cardona
17
Deyanid Lozano
Mora
18
Rosibel Esther
García Cervantes
19
María Esther
Santamaría Soto
20
Francisco Antonio
Quiceno Giraldo
21
Gladis Eugenia
Echeverri González
2.3.1. A esta Corporación se allegó respuesta por parte de Acción Social el
19 de mayo de 2010, en la que se da contestación exclusivamente respecto a la
situación de la señora Ligia Marsela Rocero Cardona, con base en la
información recopilada por la Subdirección del Programa de Atención a Población
Desplazada, en los siguientes términos[255]:
-
Que se encuentra incluida en el RUPD, como jefe de
hogar, desde el 26 de mayo de 2006, junto a su núcleo familiar compuesto por
dos hijos (para la fecha de la respuesta de la accionada, de 6 y 1 año) y otra
pariente (para el momento, de 11 años).
-
Que, desde el 12 de junio de 2006 hasta el 27 de
septiembre del mismo año, se le entregaron 19 componentes de la ayuda
humanitaria de emergencia; entre ellas, asistencia alimentaria (como mercados y
vajillas), asistencia no alimentaria (como kits de higiene y aseo, y kits
escolares), acompañamiento psicosocial (como terapias, charlas y asesoría para
el fortalecimiento del plan de vida) y apoyo económico para emprendimiento.
-
Que, reportó haber sido beneficiaria de prórrogas
de ayuda humanitaria en dos ocasiones, “equivalentes a alojamiento
transitorio y asistencia alimentaria por término de tres meses, en virtud de
las cuales, su núcleo familiar recibió la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL PESOS ($855.000), pagados los días dieciséis de diciembre de dos mil nueve,
y la más reciente, también cobrada por la accionante, el día cinco de abril de
2010, por el mismo valor”[256].
-
Que, se recibieron también componentes de procesos
de estabilización socioeconómica durante agosto de 2009, “tales como:
capacitaciones y apoyo para emprendimiento y fortalecimiento”[257].
-
Que, este núcleo familiar se encuentra afiliado al
Sistema Subsidiado de Salud a través de Mallamas EPS Indígena, y es
beneficiario del Programa de Formación Complementaria del SENA, del Programa de
Generación de Ingresos, de Familias Guardabosques y Familias en Acción.
2.3.2. Por otro lado, en la misma providencia esta Corporación también ordenó
requerir a los accionantes mencionados en el cuadro para que comunicaran si
habían sido beneficiarios de alguna atención particular por parte de Acción
Social, atendiendo a su pertenencia, o la de alguno de los miembros de su
familia, a los grupos de especial protección constitucional.
Sin embargo, mediante
oficios de los días 24 de mayo, 28 de julio y 25 de agosto de 2010, la
Secretaría General de esta Corporación informó que no se había recibido
respuesta de ninguno de ellos y, particularmente, aclaro que:
·
Los oficios librados a los ciudadanos Zoraida
Esther Álvarez, Agustín Jaime Sanjuan y Claudia Caraballo Fabra
fueron devueltos por la oficina de correos, con la anotación “desconocido”.
·
La comunicación enviada al señor Juan Andrés
Meza Rivas fue devuelto por la oficina de correos, con la anotación “no
reside”.
2.4. La Sala de Selección Número Seis de esta
Corporación, mediante Auto del 11 de junio de 2010, seleccionó para revisión el
proceso de tutela correspondiente al expediente número T-2.671.934 (accionante
Javier Enrique Salgado Martínez), el cual fue asignado al Magistrado Juan
Carlos Henao Pérez, y que posteriormente sería acumulado con el expediente
T-2.497.519 AC[258].
En relación con este expediente, se presentaron las siguientes actuaciones:
2.5. En Auto del 15 de julio de 2010, el
Magistrado Juan Carlos Henao Pérez ofició a Acción Social para que explicara
las razones por las que el señor Javier Enrique Salgado Martínez aparecía
como no incluido en el RUPD y si había solicitado alguna de las ayudas contenidas
en la Ley 387 de 1997.
2.5.1. En respuesta del 26 de julio de 2010, Acción
Social precisó que el señor Javier Enrique Salgado Martínez hacía parte
del núcleo familiar de la señora Marvelis Martínez Arías (como hijo), e indicó
que esta rindió declaración juramentada de desplazamiento ante la Personería de
San Onofre, Sucre, el 23 de agosto de 2005, la cual, luego de la
correspondiente verificación por parte de Acción Social, “se encontró que no
era viable jurídicamente efectuar su inscripción y la de su hogar en el
Registro Único de Población Desplazada, por cuanto el interesado efectuó la
declaración de forma extemporánea, de conformidad con el numeral tercero del
artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, decisión que fue adoptada mediante Acto Administrativo
No. 409702 expedido el 14 de septiembre de 2005.”[259]
Posteriormente, con ocasión de la presentación de una acción de tutela
el 12 de marzo de 2010, por parte de la señora Martínez Arías, la entidad
resolvió declarar el decaimiento o perdida de ejecutoria de dicho acto administrativo
a partir del cual había denegado la inclusión en el RUPD[260], y a través
de comunicación enviada el 17 de marzo de 2010, se le anunció a la actora que
su solicitud de inclusión en el RUPD había sido concedida[261]. La razón
de dicha decisión se sustentó en lo siguiente:
“Mediante
Sentencia del 12 de junio de 2008, el Consejo de Estado declaró la nulidad del
numeral tercero del artículo 11 del Decreto 2569, generando como consecuencia
la pérdida de fuerza ejecutoria del Acto Administrativo impugnado, de
conformidad con el artículo 86 del C.C.A. pues, sus fundamentos de derecho
desaparecieron del ordenamiento jurídico, y por lo tanto, está declaratoria de
nulidad tiene efectos sobre toda la actuación administrativa, de tal manera, es
necesario devolver el expediente para que el funcionario competente realice
nuevamente la valoración haciendo caso omiso de la causal de extemporaneidad.”[262]
Por otro lado, en la respuesta de la accionada, también se puso de
manifiesto que el señor Javier Enrique Salgado Martínez no ha presentado
ninguna solicitud para la entrega de los componentes de la atención
humanitaria, aunque la Subdirección de Atención a la Población Desplazada
estaba atendiendo una solicitud presentada el 30 de junio de 2010, por la jefe
de hogar del núcleo familiar del accionante. De esta manera, al valorar el
estado de vulnerabilidad de la familia, se les otorgó el turno de entrega de la
atención humanitaria No. 3C-125848 generado a partir del 10 de junio de 2010.
2.5.2. Adicionalmente, esta Corte solicitó al
señor Javier Enrique Salgado Martínez que informara todos los hechos
relacionados con su desplazamiento y las actuaciones que ha surtido ante Acción
Social. Sin embargo, en oficio proferido por la Secretaría General de esta
Corporación el 13 de agosto de 2010, se informó al despacho del Magistrado
Sustanciador que la notificación enviada al señor Salgado Martínez “fue
devuelto por la oficina de correos, con la anotación “Desconocido”[263].
2.5.3. Una vez agotada esta etapa probatoria
individual, mediante Auto del 12 de agosto de 2010 el Magistrado Sustanciador decidió
acumular el citado expediente al T-2.497.519 AC, en atención al criterio de unidad
de materia[264].
2.6. En concordancia con las medidas adoptadas
en el proceso de la referencia, esta Corporación, dentro del seguimiento a la Sentencia
T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional respecto de la
población en situación de desplazamiento por la violencia, profirió distintas
decisiones, de carácter general, dirigidas a atender los problemas que se
venían presentando en la atención de los derechos de dicha población.[265]Concretamente,
la Corporación adoptó medidas con respecto a los temas de inscripción y
registro de la población desplazada y los componentes de ayuda humanitaria, que
son precisamente, los asuntos objeto de revisión en la presente causa.
Así, entre otros, mediante Auto 099 de 2013, la Corte se pronunció sobre
el componente de ayuda humanitaria, profiriendo órdenes generales encaminadas a
solucionar los inconvenientes que se presentaban con el reconocimiento de dicha
ayuda. En la citada providencia, la Sala encontró que, para la fecha de
expedición, se presentaban falencias administrativas, presupuestales e institucionales que
impedían que la población en situación de desplazamiento tuviera acceso
efectivo, oportuno e integral, en términos de igualdad, a la ayuda humanitaria
en los días y meses posteriores al desarraigo. Conforme con ello, se ordenó al Gobierno Nacional, a través de las instancias respectivas, y a todas
las entidades territoriales del país, que reglamentaran el grado de
corresponsabilidad entre ellas por medio de reglas claras y precisas que
permitan la aplicación de los principios de complementariedad, concurrencia y
subsidiariedad en materia de atención humanitaria inmediata o de urgencia y de
transición, de tal manera que “se GARANTICE su entrega efectiva, oportuna,
completa y en términos de igualdad en todo el territorio nacional, en los
términos establecidos en este pronunciamiento, en los autos 314 de 2009 y 383
de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), y en desarrollo de los artículos 106
y 116 del decreto 4800 de 2011…”
De igual
manera, por Auto 119 de 2013, la Corte adoptó medidas encaminadas a resolver
inconvenientes relacionados con la inscripción y registro de la población víctima
de desplazamiento. En dicha providencia, se ordenó a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
que adoptara las medidas necesarias en aras de asegurar que, de manera
inmediata, se inscribieran en el Registro Único de Víctimas a la
población que se vio forzada a desplazarse bajo los escenarios enunciados en la
Ley 387 de 1997, con independencia de si el
desplazamiento forzado se presentó con ocasión del conflicto armado y sin
distinciones en razón de la calidad o motivos del actor (política,
ideológica o común) y de su modo de operar.
Del mismo modo, esta
Corporación, luego de realizar una evaluación sobre las medidas adoptadas para
lograr el goce efectivo de los derechos de la población en situación de
desplazamiento, en el Auto 373 de 2016, encontró que en relación con los componentes de participación y
de registro las autoridades acreditaron un nivel de cumplimiento alto, razón por la cual declaró la superación del estado de cosas inconstitucional en relación con ambos
componentes.
2.7. Sobre la base de las medidas generales
adoptadas por la Corte, en particular las relacionadas con la inscripción y
registro de la población desplazada y el reconocimiento de los componentes de
ayuda humanitaria,  que son de interés para esta causa, y conforme a la
normatividad expedida para atender tales asuntos, la Sala de Revisión, el
19 de septiembre de 2016, profirió un nuevo auto mediante el cual solicitó a la UARIV que informara la situación de cada uno de los
accionantes, con el fin de establecer si la condición de desprotección invocada
ya había sido revertida. En la misma providencia, se
vinculó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación a las Víctimas -UARIV- a los procesos de la referencia, toda vez
que, con posterioridad a que fueron resueltos sus casos por los jueces de
instancia, las funciones relacionadas con el registro, atención y reparación de
las víctimas del conflicto armado (incluidas las víctimas por desplazamiento
forzado) que habían estado en cabeza de Acción Social pasaron a ser de su competencia,
a partir de la Ley 1448 de 2011 y de las normas que la desarrollan.[266]
En punto a la situación actual de cada uno de los accionantes
relacionados en el mismo auto, la Sala presentó a la UARIV los siguientes interrogantes:
“a. Si está incluido en el Registro Único de Víctimas y las
fechas exactas de inclusión. En caso que no se encuentre en dicho registro, el
motivo de la negativa o de una eventual exclusión.
b. Si en calidad de víctima del conflicto
armado, ha recibido ayuda humanitaria, atención, asistencia y/o reparación de
cualquier índole, con la indicación de las fechas precisas. En caso de que las
mismas hayan sido negadas o retiradas, indicar los motivos para ello”.
2.8. Toda vez que, en el término probatorio dispuesto en el Auto del 19 de septiembre de
2016, no se recibió respuesta alguna por parte de la UARIV, el 22 de noviembre
de la misma anualidad, la Corte profirió auto mediante el cual requirió al Director General de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV– para que allegara la información
solicitada por esta Corporación.
2.9. El 1º de diciembre de 2016, la
Secretaría General de la Corte Constitucional remitió a este despacho oficio
con la respuesta allegada por la UARIV, en la cual indicó que “la mayoría de
ellos [los accionantes] están incluidos en el RUV [Registro Único de
Víctimas] por diferentes hechos victimizantes, a excepción de Ana Blasina
Salgado (…) y Ligia Marcela Rosero Carolina (…), quienes no están incluidas,
así como tampoco existe información de bases de datos adicionales”. Sobre lo
cual, además de las constancias de los registros de cada persona sobre la que
se afirma que están incluidas en el RUV, también entrega un cuadro con la
información sobre las ayudas solicitadas y entregadas. Todo lo cual se resume a
continuación:
Accionante
Observación de Subsistencia Mínima
Ayuda dinerarias
(fecha de último pago)
Ayuda de mercado
Ayuda de alojamiento
Néstor Ángel Pérez Mulet
Sin carencias
$1.380.000
Pagada el 13-jul-2015
Sí
Sí
$ 180.000
Pagada el 21-oct-2014
$ 180.000
Orden de pago del 6-feb-2014.
$ 180.000
Orden de pago del 21-ago-2012
$ 180.000
Orden de pago de 25-mar-2010
$ 180.000
Pagada el 22-oct-2009
$ 180.000
Pagada el 09-feb-2009
Agustín Jaime Sanjuan
No presenta trámite de ayuda humanitaria
Ligia Esther Martínez Portillo
Sin carencias
$180.000
Pagada el 26-mar-2015
Sí
Sí
$ 180.000
Orden de pago del 19-ene-2015.
$510.000
Pagada el 22-abr-2010
$510.000
Pagada el 23-oct-2009
Elisabeth Toro Salgado
No informa
No informa
No informa
No informa
Juan Andrés Meza Rivas
Sin carencias
$510.000
Pagada el 5-nov-2009
Sí
Sí
Claudia Caraballo Fabra
Sin carencias
$510.000
Pagada el 15-abr-2013
Sí
Sí
$270.000
Orden de pago del 29-jun-2012
$360.000
Pagada el 24-jun-2011
$510.000
Pagada el 29-mar-2010
$510.000
Orden de pago del 24-dic-2009
$510.000
Orden de pago del 31-ago-2009
$610.000
Orden de pago del 12-jun-2009
$614.000
Orden de pago del 19-ene-2009
Marta Pertuz Berrío
Pago de ayuda humanitaria vigente por 4 meses
$276.000
Pagada el 24-ago-2016
No informa
No informa
Manuel Barrios Caraballo
Pago de ayuda humanitaria vigente por 4 meses
$276.000
Pagada el 30-ago-2016
Sí
Sí
$210.000
Pagada el 26-may-2015
$210.000
Pagada el 16-ene-2014
$510.000
Pagada el 16-abr-2010
$510.000
Pagada el 5-nov-2009
Magola Escobar Barrios
No presenta trámite de ayuda humanitaria
$450.000
Orden de pago del 25-mar-2010
Y del 25-oct-2009
Sí
Sí
Ana Blasina Salgado Ruiz
No presenta trámite de ayuda humanitaria
Urbaldo De Jesús Urrego
No presenta trámite de ayuda humanitaria
$855.000
Pagada el 25-nov-2014
Sí
Sí
$855.000
Pagada el 24-dic-2013
$855.000
Pagada el 14-ene-2013
$855.000
Pagada el 14-jun-2012
$855.000
Pagada el 28-nov-2011
$1.095.000
Pagada el 25-feb-2010
$915.000
Orden de pago del 24-dic-2009
Gladis Fabiola Flórez
Giro disponible
$409.000
Giro disponible desde el 25-oct-2016
Sí
Sí
$645.000
Pagada el 30-jun-2015
$645.000
Pagada el 30-ene-2015
$645.000
Pagada el 21-ene-2014
$645.000
Pagada el 19-mar-2013
$510.000
Pagada el 18-jul-2012
$675.000
Pagada el 22-nov-2011
$915.000
Orden de pago del 25-mar-2010
$510.000
Pagada el 22-oct-2009
Ligia Marsela Rocero Cardona
No presenta trámite de ayuda humanitaria
Deyanid Lozano Mora
No presenta trámite de ayuda humanitaria
$330.000
Pagada el 18-sep-2014
Sí
Sí
$765.000
Pagada el 6-jul-2011
$975.000
Pagada el 13-abr-2010
$975.000
Pagada el 2-dic-2009
Rosibel Esther García Cervantes
No presenta trámite de ayuda humanitaria
$210.000
Pagada el 27-junio-2014
Sí
Sí
$765.000
Pagada el 20-mar-2013
$825.000
Pagada el 8-feb-2012
$870.000
Pagada el 5-jul-2011
$915.000
Pagada el 30-mar-2010
$915.000
Pagada el 18-nov-2009
$610.000
Pagada el 11-sep-2009
$1.095.000
Pagada el 01-feb-2009
$1.095.000
Pagada el 26-dic-2008
María Esther Santamaría Soto
Sin carencias
$1.050.000
Pagada el 30-jun-2015
Sí
Sí
$1.050.000
Pagada el 11-nov-2014
$1.050.000
Pagada el 26-sep-2013
$1.050.000
Pagada el 13-ago-2012
$1.050.000
Pagada el 29-feb-2012
$1.050.000
Orden de pago del 7-dic-2011
$1.320.000
Orden del pago del 25-mar-2010
$440.000
Pagada el 17-jul-2009
$570.000
Pagada el 22-may-2009
Francisco Antonio Quiceno Giraldo
Sin carencias
$270.000
Pagada el 3-jun-2015
Sí
Sí
$270.000
Pagada el 28-jul-2014
$1.320.000
Pagada el 4-abr-2013
$1.050.000
Pagada el 6-ago-2012
$1470.000
Pagada el 23-sep-2011
$1.320.000
Pagada el 7-abr-2010
$440.000
Pagado el 7-jul-2009
$880.000
Pagada el 21-may-2009
Gladys Eugenia Echeverri González
Turno vigente
$660.000
En turno
Sí
Sí
$285.000
Orden de pago del 30-jun-2009
$570.000
Pagada el 1-jun-2009
Héctor Alonso Ramírez Giraldo
Sin carencias
$270.000
Pagada el 20-nov-2014
Sí
Sí
$270.000
Pagada el 5-abr-2013
$270.000
Pagada el 16-jul-2012
$450.000
Pagada el 27-oct-2011
$540.000
Pagada el 25-mar-2010
$450.000
Pagada el 3-jul-2009
Ana Cecilia Padilla Tovar
Sin carencias
$330.000
Pagada el 24-abr-2015
Sí
Sí
$330.000
Pagada el 30-sep-2014
$330.000
Pagada el 24-dic-2013
$1.380.000
Pagada el 10oct-2012
$1.380.000
Pagada el 7-feb-2012
$1.470.000
Pagada el 26-mar-2010
$1.470.000
Pagada el 23-nov-2009
$1.636.000
Pagada el 25-jun-2009
María Luz Luna Romero
Sin carencias
$1.380.000
Pagada el 2-dic-2014
Sí
Sí
$330.000
Pagada el 10-feb-2014
$1.380.000
Pagada el 2-oct-2012
$1.470.000
Pagada el 10-ene-2012
$1.380.000
Pagada el 18-abr-2011
$1.380.000
Pagada el 1-feb-2010
Eparquio Antonio González Altamar
Sin carencias
$210.000
Pagada el 7-oct-2014
Sí
Sí
$210.000
Orden de pago del 6-feb-2014
$705.000
Pagada el 4-ene-2013
$975.000
Pagada el 20-ene-2012
$975.000
Orden de pago del 25-mar-2010
$1.155.000
Pagada el 24-ago-2009
Alfredo Manuel Montenegro Pedroza
Sin carencias
$420.000
Orden de pago del 17-abr-2015
Sí
Sí
$420.000
Orden de pago del 16-jul-2015
$1.320.000
Pagada el 5-ago-2014
$1.320.000
Pagada el 26-dic-2013
$1.320.000
Pagada el 27-dic-2012
$1.320.000
Pagada el 26-jun-2012
$1.380.000
Pagada el 4-nov-2011
$1.380.000
Pagada el 29-mar-2010
$1.380.000
Pagada el 23-nov-2009
María Elena Salgado de Correa
Pago de ayuda humanitaria vigente por 4 meses
$253.000
Pagada el 26-oct-2016
Sí
Sí
$330.000
Pagada el 25-mar-2015
$1.380.000
Pagada el 26-dic-2013
$1.380.000
Pagada el 19-dic-2012
$1.380.000
Pagada el 20-may-2012
$1.380.000
Pagada el 29-sep-2011
$1.380.000
Pagada el 25-abr-2011
$1.380.000
Pagada el 2-spt-2010
$1.470.000
Pagada el 15-mar-2010
$1.380.000
Pagada el 22-oct-2009
Joaquín Guillermo Mercado Medina
Sin carencias
$1.050.000
Pagada el 14-dic-2015
Sí
No
$1.050.000
Pagada el 14-dic-2015
$1.050.000
Pagada el 10-en-2013
$1.050.000
Pagada el 1-nov-2001
$270.000
Pagada el 29-mar-2010
Iván Arrigui Cuellar
Sin carencias
$465.000
Orden de pago del 28-dic-2012
Sí
Sí
$315.000
Pagada el 2-ene-2012
$915.000
Pagada el 10-may-2010
Zoraida Esther Álvarez González
No presenta trámite de ayuda humanitaria
José Alcides Gamero Toledo
Sin carencias
$270.000
Pagada el 29-jul-2015
Sí
Sí
$270.000
Orden de pago del 23-ee-2015
$270.000
Pagada el 3-feb-2014
$1.320.000
Pagada el 20-sep-2012
$1.320.000
Pagada el 20-may-2011
$1.470.000
Pagada el 26-feb-2010
Daniel Severiano Polo Olivares
Sin carencias
$270.000
Pagada el 22-jul-2015
Sí
Sí
$270.000
Pagada el 4-ago-2014
$1.380.000
Pagada el 29-mar-2010
Pedro Nel Castellares Rudiaz
Sin carencias
$210.000
Pagada el 24-nov-2015
Sí
Sí
$210.000
Pagada el 23-ene-2015
$210.000
Pagada el 21-feb-2014
$855.000
Pagada el 6 de jul-2012
$975.000
Pagada el 1-nov-2011
$855.000
Pagada el 25-mar-2010
$570.000
Orden de pago del 14-ene-2009
$570.000
Pagada el 10-dic-2008
Dubis Pertuz Retamozo
Sin carencias
$180.000
Pagada el 17-abr-2015
Sí
Sí
$240.000
Pagada el 22-jul-2014
$375.000
Pagada el 22-mar-2013
$405.000
Orden de pago del 11-may-2012
$780.000
Pagada el 23-mar-2011
$975.000
Pagada el 31-mar-2010
$975.000
Orden de pago del 23-nov-2009
$975.000
Orden de pago del 23-nov-2009
Javier Enrique Silgado Martínez
No presenta trámite de ayuda humanitaria
3.
Presentación del caso
En esta oportunidad corresponde a la Corte revisar los procesos de
tutela de la referencia, los cuales fueron acumulados en razón a su identidad
de materia, en la medida en que todos se refieren a reclamaciones de ayudas
humanitarias que, según sus accionantes, Acción Social les debía reconocer por
su condición de víctimas de la violencia con ocasión del fenómeno del
desplazamiento forzado.
En la totalidad de los casos, quienes demandan afirman que la omisión
en el reconocimiento de las ayudas humanitarias que requieren deriva en la
vulneración de sus derechos (y en algunos supuestos los de su grupo familiar) a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a
la educación, a la vivienda digna y a la petición. Por consiguiente, piden ante
el juez de tutela que se ordene a la entidad responsable que los incluya en los
programas de estabilización socioeconómica y les entregue las ayudas
humanitarias que requieren.
En la mayoría de los procesos, la entidad accionada (para ese momento
Acción Social) no dio contestación dentro de la acción de amparo. En algunos de
los casos en que allegó contestación se limitó a indicar de manera general, sin
referirse al caso concreto, que una vez una persona ha sido registrada como víctima
del conflicto armado, corresponde seguir los procedimientos para solicitar
ayudas humanitarias[267];
y en otros, hizo alusión al caso concreto para indicar el motivo por el cual no
se adquiría el derecho a la ayuda, bien porque ya se habían otorgado, porque no
se cumplían las condiciones que dieran derecho a las mismas[268], o porque
no se contaba con la inscripción en el RUPD[269].
Los jueces de instancia, salvo un caso en que se tuteló el derecho de
petición y se ordenó a la entidad que diera contestación a la solicitud del
accionante[270],
resolvieron no conceder el amparo deprecado a partir de tres argumentos no
excluyentes ni exclusivos. En algunos casos (i) se hizo referencia a la improcedencia
por cuanto no se superaba el requisito de inmediatez, pues había transcurrido
un tiempo considerable (en la mayoría más de diez años, y en un caso el término
de tres años) entre la inscripción en el RUPD y la interposición de la acción
de tutela sin motivo justificado[271].
De otra parte, (ii) se indicó que no se había demostrado, siquiera
sumariamente, que se hubiera adelantado alguna diligencia ante la entidad
demandada para solicitar la ayuda humanitaria[272]. Finalmente,
también se afirmó (iii) que los accionantes no estaban incluidos en el
RUPD como requisito indispensable para acceder a los beneficios solicitados[273].
En este escenario, la Corte adelantó distintas diligencias probatorias
con la finalidad de establecer si las personas accionantes habían sido
identificadas como población víctima de la violencia por motivo del
desplazamiento forzado, y de qué manera la entidad responsable había manejado
cada caso particular para establecer si tenía derecho a las ayudas humanitarias
y si en tal caso habían sido suministradas o en qué etapa administrativa se
encontraban.
En contraste con tales diligencias, dentro del proceso de seguimiento a
la Sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional
respecto de la población en situación de desplazamiento forzado, la Corte
profirió distintas medidas generales, dirigidas a atender los problemas que se
venían presentando en la atención de dicha población y con la garantía y
ejercicio de sus derechos, en particular, respecto a los aspectos de
inscripción y registro y los componentes de la ayuda humanitaria.
En consideración a las medidas generales adoptadas por la Corte en los aspectos citados, las
cuales eran de interés para esta causa, la Sala de Revisión insistió ante la UARIV para que informara la situación actual de cada uno de los
accionantes, con el fin de establecer si la condición de desprotección invocada
ya había sido revertida.
Asimismo, esta Corporación procedió a vincular a la UARIV, toda vez que
en el trámite de revisión la normatividad había cambiado y esta era,
actualmente, la entidad que había asumido las funciones que anteriormente
estaban en cabeza de Acción Social en relación con el
registro, atención y reparación de las víctimas del conflicto armado (incluidas
las víctimas por desplazamiento forzado).
En cumplimiento de lo anterior, Acción Social, en su momento, y la
UARIV allegaron información sobre la situación de cada uno de los actores en
relación con las ayudas humanitarias que han venido recibiendo desde el año
2009 en adelante, y que podría derivar en que las peticiones que en su momento
se elevaron ante los jueces de amparo hoy en día se encuentren superadas.
A partir de esta situación, a continuación se planteará el problema
jurídico y su esquema de resolución, de cara a realizar el control concreto de
constitucionalidad en relación con los expedientes de la referencia.  Sin
embargo, previamente se hará una aclaración en relación con la legitimación por
pasiva, como un elemento de la procedibilidad de las acciones de tutela que es
común en todos los procesos y que debe ser definido antes de pasar a definir el
problema jurídico.
4.
Aclaración previa. Legitimación por pasiva
4.1. En los procesos de la referencia se
interpuso la acción de tutela en contra de Acción Social por ser, para aquel
momento, la entidad que se encargaba de administrar el registro de las víctimas
con ocasión del conflicto interno y las ayudas humanitarias derivadas.
Sin embargo, el 10 de junio de 2011 se expidió la
Ley 1448 de 2011, “[p]or la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, y en la que se creó el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas del que hacen parte diversas entidades,
entre ellas la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a
las Víctimas –UARIV– (artículo 166).
A su vez, en el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 se le atribuyó a la
UARIV, entre otras funciones, la de coordinar “de manera ordenada,
sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones de las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en lo
que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias
de coordinación señaladas en las Leyes”[274],
y en el numeral segundo del mentado artículo se le asignó a la UARIV la función
de: “Garantizar la operación de la Red Nacional de Información para la
Atención y Reparación a las Víctimas, incluyendo la interoperabilidad de los
distintos sistemas de información para la atención y reparación a víctimas”.
Y, en consecuencia con lo anterior, el numeral tercero de la misma disposición
le encargó la función de administrar el Registro Único de Victimas
“garantizando la integridad de los registros actuales de la información”
(resaltado fuera del texto original).
Asimismo, en el artículo 168 de la Ley 1448 de 2011, se le otorgaron
las funciones relacionadas con la administración de los recursos destinados al
pago de las indemnizaciones de las que son beneficiarias las víctimas del
conflicto. Específicamente, el numeral séptimo le atribuyó la de “[a]dministrar
los recursos necesarios y hacer entrega a las víctimas de la indemnización por
vía administrativa de que trata la presente ley”.
Finalmente, el artículo 170 de la Ley 1448 de 2011 se refirió a la
transición de la institucionalidad, con el fin de evitar la duplicidad de las
funciones desarrolladas en la misma ley y que podían venir ejerciendo otras
entidades. En este contexto, estableció que Acción Social se transformaría en
un departamento administrativo, pero que, hasta que ello ocurriera, y hasta
tanto la UARIV adoptara su estructura, Acción Social continuaría cumpliendo con
las funciones que venía desempeñando.
De acuerdo con lo anterior, es de observarse que las funciones
relacionadas con el registro, atención y reparación de las víctimas del
conflicto armado (incluidas las víctimas por desplazamiento forzado) que habían
estado en cabeza de Acción Social, pasaron a ser competencia de la UARIV a
partir de la Ley 1448 de 2011 y las normas que la desarrollan[275].
4.2. Ante tal situación, esta Corporación profirió auto el 19 de septiembre de 2016 mediante el cual se vinculó a
la UARIV y le solicitó que informara sobre la situación de
cada uno de los accionantes. A lo que la entidad dio respuesta como consta en
los antecedentes de esta providencia.
4.3. En este contexto, debe tenerse en cuenta
que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela tiene como finalidad “reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Esta protección
—continúa la norma— “consistirá en una orden para que aquel respecto de
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo”.
Así las cosas, es necesario definir la legitimación por pasiva dentro
del proceso de tutela, pues, además de ser una garantía del derecho al debido
proceso, el amparo de los derechos está subordinado a que la eventual orden a
la que haya lugar se profiera contra la autoridad que puede, conforme sus competencias,
amparar los derechos fundamentales protegidos.
Sobre la anterior situación, la Corte ha indicado que la legitimación
por pasiva en la acción de tutela, entendida como la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción de ser la llamada a responder por la
vulneración o amenaza a un derecho fundamental[276], se rompe
cuando “el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflinge el daño”[277].
4.4. Por consiguiente, en el presente asunto,
como en otras oportunidades lo ha indicado esta Corte en relación con el
tránsito de las funciones de Acción Social[278],
es de destacar que la UARIV, en tanto entidad a quien corresponde el registro
en el RUV y la administración de las ayudas humanitarias solicitadas en las
demandas de amparo, es la entidad legitimada por pasiva en los procesos de
tutela que se revisan.
5.
Problema jurídico y esquema de resolución
Corresponde a la Corte determinar si los derechos fundamentales a la
vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la educación,
a la vivienda digna y de petición de las personas accionantes (y en algunos
casos de sus familias), resultan amenazados o vulnerados por la UARIV, con
ocasión de las ayudadas humanitarias que, en su criterio, no les han sido
otorgadas y de las que serían beneficiarias en su condición de población
víctima de la violencia, en especial con ocasión del fenómeno del
desplazamiento forzado.
Para tal efecto, es necesario tener en cuenta, como ya se indicó
previamente, que en el trámite de revisión se ha podido acopiar material probatorio
relacionado con las ayudas humanitarias que han recibido los accionantes con
posterioridad al inicio de los procesos de tutela, y que podría derivar en una
situación de carencia actual de objeto.
En este orden de ideas, a continuación se pasará a (i) hacer una
aproximación a la regulación del sistema de ayudas humanitarias a víctimas de
la violencia por desplazamiento forzado, para determinar cuáles son las ayudas
que el ordenamiento otorga a este grupo poblacional y los requisitos para
acceder a las mismas. Posteriormente, (ii) se hará una breve consideración
sobre la procedibilidad de la acción de tutela para efectos de solicitar este
tipo de prestaciones; (iii) a continuación se ubicará la figura de la carencia
actual de objeto por hecho superado en el contexto de las ayudas humanitarias, de
modo que, finalmente, (iv) se pueda hacer el análisis de los casos concretos.
6.
El sistema de ayudas humanitarias para las víctimas
de la violencia por desplazamiento forzado. Reiteración
El escenario de violencia dentro del conflicto armado en Colombia ha generado
una grave afectación del orden constitucional en relación con los derechos
fundamentales y la institucionalidad del Estado. Como esta Corte lo resumió en
el fallo de unificación SU-254 de 2013, la jurisprudencia constitucional ha
identificado el daño que produce este fenómeno en el sentido de configurar “una
vulneración masiva, sistemática y continua de los derechos fundamentales de las
personas víctimas del delito de desplazamiento, lo cual les ocasiona la pérdida
de  derechos fundamentales y de bienes jurídicos y materiales, lo que a su
vez los convierte en una población en extrema situación de vulnerabilidad y de
debilidad manifiesta, y por tanto los sitúa en una condición de desigualdad que
da lugar a discriminación”.
6.1. En este contexto, se han adoptado
distintas medidas estatales, de orden logístico, reglamentario y judicial,
encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas y a restablecer la
situación que fue alterada a través de diferentes mecanismos estatales de orden
legislativo y reglamentario, así como judicial en la aplicación de estas
normas, pero sobre todo a cargo de esta Corte con el fin de proteger los
derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado. Tales
medidas fueron sintetizados en la sentencia de unificación SU-254 de 2013 en el
sentido que esta Corporación ha “(i) declarado el estado de cosas
inconstitucional en relación con la vulneración masiva, continua, sistemática
del desplazamiento forzado; (ii) la obligación y responsabilidad del Estado en
materia de prevención y de atención integral desde la ayuda humanitaria de
emergencia hasta la estabilización socioeconómica y la reparación integral a
las víctimas; (ii) ha evidenciado las carencias y falencias por parte de la
respuesta estatal e institucional en relación con la prevención y atención
integral del desplazamiento y ha adoptado medidas que fijan parámetros
constitucionales mínimos para la superación de dichas falencias y del estado de
cosas inconstitucional, para el logro del goce efectivo de los derechos de esta
población; y (iii) ha insistido en que el proceso de restablecimiento y de
reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado es una cuestión de
justicia restaurativa y distributiva y no puede tener un carácter
asistencialista”.
6.2. En el marco legal, existe un cuerpo
normativo integral que con el paso del tiempo ha venido reforzando y actualizando
la protección a las víctimas de desplazamiento forzado. Así, se expidió la Ley
387 de 1997 “[p]or la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de
Colombia”. Entre otros aspectos, en ella se crearon medidas de atención
humanitaria de emergencia “con la finalidad de socorrer, asistir y proteger
a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas” con una duración de 3 meses (artículo 15). Asimismo, se incluyeron
fórmulas destinadas a facilitar el retorno a los territorios de origen
(artículo 16); o medidas a mediano y largo plazo con el propósito de generar
condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada
en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o
urbanas (artículo 17).
En concordancia con lo anterior, se expidió el Decreto 2569 de 2000
“[p]or el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan
otras disposiciones”, entre las que se ahondó en la atención humanitaria de
emergencia, al especificar que podría ser prorrogable por otros 3 meses, a
partir de unos criterios de priorización (artículo 20). A su vez, se fijó el
mecanismo para definir el monto de la ayuda humanitaria de emergencia
equivalente en bienes y servicios, en términos de alojamiento transitorio,
asistencia alimentaria y elementos de aseo personal; o de utensilios de cocina
y elementos de alojamiento; o de transporte en estas mismas condiciones
(artículo 2). Asimismo, se regularon los distintos métodos de estabilización
económica.
6.3. A su vez, el gobierno expidió el Decreto
1290 de 2008 “[p]or el cual se crea el Programa de Reparación Individual por
vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al
Margen de la ley”, en el que se creó el Programa de Reparación Individual
por vía Administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados
al margen de la ley, a cargo del Comité de Reparaciones Administrativas y
la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
con el objetivo de “conceder un conjunto de medidas de reparaciones
individuales a favor de las personas que con anterioridad a la expedición del
presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos fundamentales por
acción de los grupos armados organizados al margen de la ley” (artículo 1).
Para tal efecto, se establecieron como medidas de reparación (a) la
indemnización solidaria, (b) restitución, (c) rehabilitación, (d) medidas de
satisfacción y (e) garantías de no repetición (artículo 4).
El decreto anteriormente mencionado también dispuso un procedimiento
particular para el reconocimiento y aplicación de la reparación individual por
la vía administrativa, el cual parte de elevar una solicitud tramitada por Acción
Social (artículo 20 y siguientes).
6.4. Dentro de este escenario se expidió la
Ley 1448 de 2011, “[p]or la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”. Particularmente, en lo que se refiere al fenómeno del
desplazamiento forzado fue tratado en el Capítulo III del Título II de la ley a
partir de un criterio sistemático con la legislación anterior, al disponer en
el artículo 60 que “[l]a atención a las víctimas del desplazamiento forzado,
se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la
política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población
desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que lo reglamenten”. Así pues, la llamada ley de víctimas, si bien realizó algunos
cambios como el ya mencionado sobre la asunción de las funciones a cargo de
Acción Social por la UARIV, se mantuvo la misma lógica en relación con la
necesidad de un procedimiento que incluyera la declaración de los hechos que
dieron origen al desplazamiento, el registro como víctima la verificación y
calificación para efectos de darle cumplimiento al enfoque diferencial que la ley
de víctimas incluyó a través del cual se reconoce que existen personas con características
particulares “en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de
discapacidad” (artículo 13), y la asignación de las respectivas ayudas
a las que haya lugar.
Sobre esto último, la ley calificó la atención humanitaria en tres etapas.
(i) La atención inmediata “entregada a aquellas personas que
manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de
vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia
alimentaria” (artículo 63); (ii) atención de emergencia “ a
la que tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una
vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro
Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y
urgencia respecto de su subsistencia mínima” (artículo 64); y (iii) la atención
de transición para quienes no cuentan “con los elementos necesarios para
su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha
por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, no presenta las características de gravedad y urgencia que los
haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia” (artículo
65).
Adicionalmente, la Ley 1448 de 2011 prevé programas destinados al
retorno y reubicaciones que permitan que la población desplazada que lo desee
regresar a su lugar de origen con la plena garantía de sus derechos (artículo
66). Y, en todo caso, a la UARIV le corresponde hacer una evaluación bianual de
la población víctima del desplazamiento, con la finalidad de establecer cuáles
son las condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el
hecho mismo del desplazamiento (artículo 68).
6.5. A continuación, el gobierno expidió el
Decreto 4800 de 2011 “[p]or el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones”, y se derogó el Decreto 1290 de 2008. De manera
general, en este decreto se reglamentó lo relacionado con el Registro Único de
Víctimas, su operatividad, procedimiento, la administración a cargo de la UARIV
y se especificaron los diferentes estados del mismo en términos de (i)
incluido, (ii) no incluido, (iii) en valoración y (iv) excluido.
En particular, el Decreto 4800 de 2011 se ocupó de las víctimas del
desplazamiento forzado desarrollando los tres tipos de ayudas relacionadas con
las etapas ya mencionadas por la Ley 1448 de 2011, según se trate de un estado
de atención inmediata, de emergencia o de transición. (i) La ayuda
humanitaria inmediata a cargo de la entidad territorial que recibe la
población desplazada está compuesta por asistencia alimentaria y de alojamiento,
la cual se entrega mientras se adelanta el trámite del registro (artículo 108).
(ii) La ayuda humanitaria de emergencia a cargo de la UARIV, corresponde
a “los componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio a la población
incluida en el Registro Único de Víctimas, cuyo hecho victimizante haya
ocurrido dentro del año previo a la declaración” (artículo 109). Finalmente
(iii) la ayuda humanitaria de transición “se brinda a la población
víctima de desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas, cuyo
desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir
de la declaración y que, previo análisis de vulnerabilidad, evidencie la
persistencia de carencias en los componentes de alimentación y alojamiento como
consecuencia del desplazamiento forzado. Esta ayuda cubre los componentes de
alimentación, artículos de aseo y alojamiento temporal” (artículo 112).
Además de este tipo de ayudas humanitarias, el decreto en comento
también desarrolla la indemnización administrativa prevista en la Ley 1448 de
2011, a la cual asigna unos montos máximos de indemnización según el tipo de
delito del cual se fue víctima, para lo cual, por ejemplo, para el desplazamiento
forzado se pone un límite de diecisiete salarios mínimos mensuales legales
(artículo 149). Para lo cual, en todos los casos, se requiere que luego de la
inscripción en el RUPD una solicitud elevada ante la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que puede
definir si realiza un pago único o pagos parciales.
Esta Corporación ha enfatizado en la condición de extrema necesidad de
las personas víctimas del desplazamiento forzado, que a su vez los ubica en
situaciones que degradan la dignidad humana y que les impide el auto
sostenimiento, por lo que se hace imperativo que el Estado disponga de ayudas
de carácter humanitario en orden de amparar y restablecer sus derechos. En
estos términos, en la Sentencia T-142 de 2017, la Corte puntualizó la
naturaleza y características de las ayudas humanitarias a partir de la amplia
jurisprudencia constitucional sobre el tema. Así, sobre su naturaleza indicó
que “uno de los principales problemas que tienen las víctimas del
desplazamiento forzado es la incapacidad de generar ingresos para proveer su
propio sostenimiento, pues una vez salen de su lugar de origen son sometidas a
condiciones infrahumanas, hacinadas en zonas marginadas de las ciudades
intermedias o capitales, donde la insatisfacción de las necesidades básicas es
habitual y su arribo influye decididamente en el empeoramiento de las
condiciones generales de vida de la comunidad allí asentada: alojamiento,
salubridad, abastecimiento de alimentos y agua potable, entre otros”. Por
lo tanto, continúa el fallo, “una vez ocurren los hechos que generan el
desplazamiento forzado se origina el deber del Estado de brindar ayuda
humanitaria a la población víctima del flagelo dada su estrecha conexión con el
derecho a la subsistencia mínima y el derecho fundamental al mínimo vital”[279].
Por otra parte, la providencia en mención destacó las características
de las ayudas humanitarias que de la jurisprudencia de esta Corte se derivan,
a saber: “(i) protege la subsistencia mínima de la
población desplazada[280]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-142-17.htm
- _ftn44; (ii) es
considerada un derecho fundamental[281];
(iii) es temporal; (iv) es integral[282]; (v)tiene
que reconocerse y entregarse de manera adecuada y oportuna, atendiendo la
situación de emergencia y las condiciones de vulnerabilidad de la población
desplazada[283];
y (vi) tiene que garantizarse sin perjuicio de las restricciones
presupuestales[284]”.
6.6. En este contexto, de manera
complementaria el Decreto 1084 de 2015 “[p]or medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación”.
En él se compila la normatividad relativa al sector que indica, dentro del cual
y, bajo la cabeza del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
se encuentra el sistema de registro y atención de las víctimas del conflicto a
cargo de la UARIV. Esta normatividad, además trae las normas aplicables sobre
las ayudas humanitarias que ya fueron mencionadas previamente. El Capítulo 5
del Título VI, se destina a la atención humanitaria a las víctimas de
desplazamiento forzado y en el artículo 2.2.6.5.1.1. define el objeto de
mencionado capítulo en procura de establecer “los criterios y procedimientos
para la entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición a las
víctimas de desplazamiento forzado con base en la evaluación de los componentes
de la subsistencia mínima”, al igual que “los criterios técnicos para
evaluar la superación de la situación de vulnerabilidad derivada del hecho
victimizante de desplazamiento forzado, dentro de un proceso de retorno,
reubicación en un lugar distinto al de recepción, o permaneciendo en el lugar
de recepción”.
Así las cosas, el parágrafo del artículo anteriormente mencionado
aclara un aspecto que resulta definitivo para el sistema de ayudas humanitarias
al señalar que:
“Las
víctimas de desplazamiento forzado, una vez incluidas en el registro único de
víctimas, RUV, acceden a la atención humanitaria mientras presenten carencias
en la subsistencia mínima. Una vez superadas dichas carencias, y en
concordancia con lo establecido en los artículos 2.2.7.4.6 y 2.2.7.4.7 del
presente decreto, serán priorizadas para el acceso a las medidas de reparación
y particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta estatal
aplicable para avanzar en la superación de la situación de vulnerabilidad. En
todo caso, una vez superada la situación de vulnerabilidad la víctima
continuará en el proceso de reparación hasta acceder a todas las medidas de
este tipo a las que tiene derecho”.
A partir de lo anterior se desarrollan los procedimientos de valoración
de la necesidad, la asignación de las ayudas, los montos y su temporalidad, a
la par que los procesos de acompañamiento, incluso después de que se ha superado
la situación que dio origen a las mismas.
Así las cosas, las ayudas humanitarias se presentan como instituciones
basilares en la obligación del Estado de atender a las víctimas del
desplazamiento forzado dentro del escenario del conflicto armado, y que se
compone de una estructura normativa integral que no distingue a las víctimas,
ni las prestaciones en relación con los distintos tránsitos legales.
En consecuencia, esta Corte ha indicado que las ayudas humanitarias y la
indemnización administrativa constituyen medidas de protección iusfundamental
que garantizan la subsistencia mínima. Sin embargo, las mismas obedecen a
ciertas reglas de aplicación como es la exigencia mínima de haber entregado una
solicitud ante la entidad correspondiente, una valoración de la situación de
vulnerabilidad, que determine la necesidad y el tipo de medida, y un elemento
de temporalidad, que parte del hecho que la ayuda humanitaria es un mecanismo
de atención inmediata y de emergencia para superar el estado de vulnerabilidad
pero tendiente a restablecer los derechos mientras las víctimas logran estabilizarse
y proveerse por sus medios el sostenimiento. En todo caso, no pueden negarse
por razones presupuestales sin que se ofrezcan alternativas y mecanismos de
solución pronta.
Lo anterior pasa por una situación elemental, en el sentido de que la
persona que pretenda acceder al sistema de ayudas, acuda ante el mismo a través
de las entidades y trámites destinados para tal efecto. En primer lugar, con la
finalidad de establecer que se trata de una víctima del desplazamiento forzado
que requiere de la atención del Estado, para lo cual esta Corporación ha
advertido que es admisible cualquier medio probatorio que dé cuenta de los
hechos, como, por ejemplo, estar inscrito en el RUPD. Al respecto, es preciso
tener en cuenta que este Tribunal ha señalado que tal registro tiene un
carácter declarativo y no constitutivo, pues, como lo establece el mismo
Decreto 1084 de 2015, la condición de víctima, en términos generales, “es
una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través
de la inscripción en el Registro” la condición de víctima se deriva de los
mismos hechos que la generan[285],
lo que tiene lugar frente a “la coacción que hace necesario el traslado y la permanencia dentro
de las fronteras de la propia nación”[286].
En adelante, la protección pasa por acudir a los trámites que aseguran
la aplicación a partir del principio de igualdad en sentido material, lo que en
todo caso no obsta para que, en caso de una vulneración de derechos
fundamentales por parte de las entidades responsables, cualquier persona pueda
acudir ante las autoridades administrativas y judiciales a solicitar la
garantía de sus derechos, o incluso ante el juez de tutela como pasa a verse a
continuación.
Esto último guarda una relevancia de capital importancia con los casos
objeto de revisión que se plantean como controversias constitucionales de
reclamaciones de ayudas humanitarias por la vía de la acción de amparo, por lo
que se hará una breve referencia a la jurisprudencia reiterada sobre la
procedibilidad en términos de subsidiariedad.
7.
La procedibilidad de la acción de tutela
para reclamar ayudas humanitarias no significa pretermitir los trámites
administrativos. Reiteración de jurisprudencia
Antes de pasar a resolver los asuntos objetos de revisión, resulta
importante hacer unas precisiones en relación con la procedibilidad de la acción
de tutela, que parte de una lectura sistemática del artículo 86 de la
Constitución, en lo que concierne a la finalidad de la acción y su carácter
subsidiario. En tal sentido, el mencionado artículo establece que toda persona
tiene acción de amparo para reclamar ante los jueces (…) “la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”, y en el tercer inciso se refiere a la subsidiariedad al
indicar que solo procederá “cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.”
7.1. La lectura sistemática de la
subsidiariedad de la acción de tutela presupone una actuación u omisión de la
autoridad para, entonces, pasar a  examinar si resulta procedente en términos
de subsidiariedad, en la medida en que no haya otros mecanismos de defensa
—contra tal acción u omisión—, o como luego lo desarrolló el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, aun cuando el afectado disponga de
otro medio de defensa judicial, si la misma se utiliza (i) “como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”, (ii) siempre que los mismos sean “ineficaces” para
enfrentar la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales invocados,
caso en el cual la decisión tiene un carácter definitivo.
En este contexto, el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
ha tenido una aplicación concreta al tratarse de reclamación de ayudas
humanitarias por parte de la población víctima del desplazamiento forzado. Esta
Corte, reiterando el precedente constitucional, precisó en la Sentencia T-196
de 2017, que “la acción de tutela resulta procedente para
reclamar el acceso a este beneficio, en la medida que este
es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de
la población desplazada”, todo ello con ocasión de que “estas personas se enfrentan a una grave
situación de exclusión, marginalidad y violación de sus derechos fundamentales,
que las hace sujetos de especial protección constitucional y por lo tanto,
requieren la adopción de medidas urgentes para frenar dicha amenaza”[287].
Esto
implica que el juez de amparo no puede negar la procedibilidad de la acción por
razones de subsidiariedad, pues existiendo otras vías de defensa judicial, estas
resultan ineficaces ante la grave situación de las víctimas del desplazamiento
forzado, cuya gravedad requiere de la intervención de la acción de tutela como
mecanismo idóneo para la garantía de los derechos fundamentales en estos casos.
Lo
anterior significa que, ante la posible vulneración de derechos de víctimas del
desplazamiento por parte de las autoridades encargadas de la administración y
asignación de las ayudas humanitarias, pueda acudirse ante el juez de tutela
para prevenir o resarcir una afectación iusfundamental.
7.2. En
este escenario, la procedibilidad de la acción de tutela en los mencionados
términos, presupone la acción u omisión de la entidad administrativa a quien se
le reclama la ayuda humanitaria. Es decir que, primeramente, se debe acudir ante
la entidad responsable para solicitar la ayuda humanitaria dentro de los requisitos
y trámites establecidos para tal efecto, pues como esta Corporación lo ha
sostenido, la acción de tutela no es apta para pretermitir trámites
administrativos[288],
ya que, en todo caso, su naturaleza, en términos del artículo 86 de la
Constitución, supone la reclamación de los derechos fundamentales “cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”. Con lo cual, la protección reclamada y la
orden derivada parte de una actuación u omisión nugatoria de los derechos.
7.3. Corolario
lo anterior, la inaplicación de la subsidiariedad en los casos de solicitud de
ayudas humanitarias, no puede ser usada para omitir los trámites administrativos
de reclamación de la ayuda humanitaria en las condiciones establecidas por la
ley y la jurisprudencia. Debe, primero, existir una actuación u omisión
reprochable en términos iusfundamentales sobre la cual se profiera la solicitud
de amparo. De lo contrario, esta resulta improcedente cuando se activa con la
finalidad de que el juez de tutela remplace a la autoridad administrativa y defina
directamente sobre las ayudas humanitarias, pretermitiéndose, así, que para
ello existe un sistema complejo y organizado encargado de hacer los registros,
valoraciones, cuantificaciones y acompañamientos como se vio en el acápite
anterior.
Así las cosas, hasta este punto se ha podido hacer un breve recuento de
la normatividad que regula el sistema de ayudas humanitarias, sus componentes y
los requisitos para su reclamación ante las autoridades administrativas e
incluso ante el juez de tutela. Lo que en el presente proceso de revisión
resulta determinante en la medida en que las pretensiones de quienes elevan la solicitud
de amparo se fundamentan en que, en su momento, Acción Social no les había otorgado
las ayudas humanitarias que requerían con ocasión del desplazamiento forzado.
Sin embargo, antes de pasar a examinar los casos concretos, es preciso
tener en cuenta que, dentro del trámite de revisión, la UARIV ha informado a esta
Corporación sobre la entrega de ayudas humanitarias en algunos de los casos
objeto del presente control constitucional, por lo que es pertinente hacer una
breve aproximación a la figura de la carencia actual de objeto por hecho
superado, a fin de determinar si en los mismos se configura.
8.
Carencia actual de objeto por hecho superado
8.1. Según el artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela es un procedimiento preferente y sumario
destinado a que toda persona pueda reclamar “la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Esta protección —continúa la disposición jurídica— consiste en “una
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo”.
Así las cosas, en
los supuestos en que la vulneración o amenaza cesa, la acción de amparo pierde
su finalidad y, por tanto, carece de sentido la emisión de cualquier orden. En
estos eventos, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el proceso de
tutela se encuentra frente a una carencia actual de objeto, en el
siguiente sentido:
“La
acción de tutela fue concebida para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas ante la vulneración o amenaza de
los mismos. Pero, si durante el trámite de la misma los motivos que generan esa
vulneración o amenaza, cesan o desaparecen por cualquier causa, la tutela
pierde su razón de ser ya que no existe ningún objeto jurídico sobre el cual
pronunciarse. Cuando se presenta esta situación, estamos ante el fenómeno de la
carencia actual de objeto, el cual a su vez, se concreta a través de dos
eventos: el hecho superado y el daño consumado”[289].
Así pues, la acción de amparo puede perder su objeto jurídico, en otros
eventos, cuando quien acciona pierde el interés en la pretensión iusfundamental[290].
Esto es en los supuestos en que se configura el denominado daño consumado según
el cual “la vulneración o amenaza del derecho
fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que
se concrete el peligro (…)”[291]; o también
cuando ha habido un hecho superado, es decir, que “aquello
que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes
de que el mismo diera orden alguna”[292].
8.2. De manera particular, la Corte ha indicado sobre la
carencia actual de objeto por hecho superado, que dicho fenómeno se presenta
cuando desaparee la afectación o amenaza a los derechos fundamentales sobre los
que se ha dado noticia en una acción de tutela, por lo que la orden que pudiera
adoptar el juez de amparo en relación con el caso de la referencia resultaría
inocua[293].
Esta situación, entonces, se configura cuando “sobreviene la ocurrencia de
hechos que demuestren que la vulneración de los derechos fundamentales, en
principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha
dejado de ocurrir”[294].
Incluso, este
Tribunal ha establecido ciertas pautas para facilitar en análisis a la hora de
establecer si en un caso se está ante el fenómeno del hecho superado, a saber:
“1.
Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se
carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental
del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio
origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el
suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface
ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado”[295].
A partir de esas pautas es posible hacer una consideración general en
relación con los casos objetos de revisión, toda vez que en los mismos se eleva
la reclamación común de ayudas humanitarias a víctimas del desplazamiento
forzado, sobre los que la UARIV ha presentado a esta Corte un informe de las
actuaciones realizadas y, en concreto, de diferentes componentes de ayudas
entregados, con lo que se pudo haber configurado situaciones de hechos
superados.
9.
Casos concretos
Se pasará a resolver los casos concretos a partir del material
probatorio recopilado por esta Corporación durante el trámite de revisión y que
permite establecer tres situaciones existentes. Por un lado, (i) aquellos —la
mayoría— en que es posible identificar la ocurrencia de un hecho superado por
cuanto con posterioridad a la reclamación por la vía de la acción de tutela, la
entidad responsable empezó a conceder las ayudas humanitarias objeto de la
solicitud. Otros en que (ii) las ayudas humanitarias ya se habían empezado a
reconocer con anterioridad a la presentación de la acción de amparo.
Finalmente, los casos en que (iii) se evidencia que se acudió directamente a la
vía de la tutela sin antes realizar la solicitud e iniciar el trámite ante las
entidades encargadas de administrar la entrega de las ayudas reclamadas.
Para abordar estos diferentes supuestos se hará, antes, un análisis
jurídico general en relación con cada uno de los tres supuestos anteriormente identificados
para establecer las líneas generales de solución y las órdenes que se
adoptarán. Posteriormente, se realizará un análisis de las condiciones y
valoraciones a las que haya lugar en cada caso, según sus elementos propios y
haciendo referencia a los números de expedientes y accionantes en el mismo
orden que se ha mantenido en el curso de toda esta providencia para efectos de
que sea posible ubicar, por su numeración e identificación, los elementos
fácticos y probatorios que soportan cada decisión
10.
Soluciones a los casos concretos según sus características
comunes
(i) Por vía del hecho superado. En el reciente material
probatorio remitido por la UARIV se puso de manifiesto que en la mayoría de los
casos se han entregado ayudas desde el año 2009, poco después de que se habían
tramitado los procesos de amparo. Esto, no obstante que en los escritos de tutela
se indicaba que no se había recibido ayuda alguna y se solicitaba la inclusión
en los programas asistenciales.
En efecto, primero Acción Social y posteriormente la UARIV, informaron
sobre las ayudas entregadas y los motivos de las negativas. Lo que, sin
perjuicio del análisis caso a caso, da cuenta de que, con posterioridad a las
acciones de tutela impetradas, en muchos casos se han venido concretando las
prestaciones sobre las que versaban las acciones de amparo.
Esta situación, en principio, configura el fenómeno de la carencia
actual de objeto por hecho superado, pues hay unas reclamaciones concretas
sobre ayudas humanitarias a personas que adujeron ser víctimas de desplazamiento
forzado, pero que con posterioridad al trámite de tutela la entidad responsable
informa que se ha otorgado la prestación requerida, lo
cual coincide con la pretensión tutelar. Lo anterior, aunado al hecho de que
las personas accionantes no se pronunciaron en el curso del proceso de revisión
dentro de las oportunidades para ello, en el sentido que la entidad demandada
incumpliera con sus obligaciones.
Lo anterior, sin perjuicio de las precisiones que, en cada caso, llevará
a que se revoquen las sentencias de instancia que negaban el amparo, y, en su
lugar, se declare la carencia actual de objeto por la
razón expuesta en este fallo.
Por último, es pertinente tener en cuenta que solamente en el
expediente T-2.522.540 el juez de tutela concedió el amparo. Sin embargo, esta
situación obedece a que el fallador centró su atención en la vulneración al
derecho de petición, el cual fue tutelado. Por lo tanto, la Corte confirmará
esta decisión parcialmente y, en todo caso, declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, pues su accionante también recibió las ayudas
humanitarias.
Para mayor claridad, a continuación se relacionan los números de
expediente de los casos incluidos en este supuesto y el numeral de la
respectiva orden:
Número de expediente
Numeral de la orden respectiva
T-2.497.519
Segundo
T-2.499.003
Cuarto
T-2.499.006
Quinto
T-2.499.007
Sexto
T-2.499.008
Séptimo
T-2.499.009
Octavo
T-2.499.010
Noveno
T-2.499.011
Décimo
T-2.499.012
Decimoprimero
T-2.499.016
Decimosegundo
T-2.499.327
Decimotercero
T-2. 503.449
Decimocuarto
T-2.508.497
Decimoquinto
T-2.513.103
Decimoséptimo
T-2.513.104
Decimoctavo
T-2.513.106
Decimonoveno
T-2.513.108
Vigésimo
T-2.521.955
Vigésimo primero
T-2.521.957
Vigésimo segundo
T-2.521.958
Vigésimo tercero
T-2.522.531
Vigésimo cuarto
T-2.522.533
Vigésimo quinto
T-2.522.535
Vigésimo sexto
T-2.522.536
Vigésimo séptimo
T-2.522.540
Vigésimo noveno
T-2.522.547
Trigésimo
T-2.522.549
Trigésimo segundo
(ii) Por la vía de la improcedencia. El material probatorio
allegado permitió establecer que, en ciertos casos, quien eleva la acción de
amparo no cumple con el requisito mínimo de haber elevado
una solicitud e iniciar el respectivo trámite ante la entidad responsable, con
el fin de reclamar las ayudas a las que se refiere en su escrito de tutela. De
manera que su reclamación no se dirige contra una acción u omisión de alguna
autoridad. Por lo contrario, se pretende que el juez de tutela sustituya a las
autoridades y los trámites que, para la reclamación de las ayudas humanitarias,
establece el ordenamiento jurídico y que fueron señalados en las
consideraciones generales de esta providencia.
Por lo tanto, en la parte resolutiva de este fallo se pasará a revocar los fallos de instancia que negaban el amparo y, en su lugar, se
declarará la improcedencia de la acción. Lo anterior, con
la aclaración de que en el caso de que la persona accionante acuda en la
condición de víctima del conflicto armado ante las autoridades competentes para
reclamar las prestaciones a las que haya lugar, y aun así considere que se
desconocen sus derechos fundamentales, podría, luego, acudir ante el juez de
tutela.
Para mayor claridad, a continuación se relacionan los números de
expediente de los casos incluidos en este supuesto y el numeral de la
respectiva orden:
Número de expediente
Numeral de la orden respectiva
T-2.497.520
Tercero
T-2.522.538
Vigésimo octavo
T-2.671.934
Trigésimo tercero
(iii) Por la vía de la negación de amparo porque ya se estaban dando
las ayudas solicitadas
A raíz del material probatorio, se pudo determinar que, en ciertos eventos,
la persona accionante venía recibiendo ayudas humanitarias, contrario a lo que
indicaba en el escrito de tutela, por lo que no se encuentra que haya habido una acción u omisión por parte de la entidad accionada que derivara
en el desconocimiento de derechos fundamentales, razón por la cual se confirmará
el fallo de instancia que negó el amparo, en atención a los argumentos
anteriormente expuestos en cada caso.
Para mayor claridad, a continuación se relacionan los números de
expediente de los casos incluidos en este supuesto y el numeral de la
respectiva orden:
Número de expediente
Numeral de la orden respectiva
T-2.508.787
Decimosexto
T-2.522.548
Trigésimo primero
11.
Solución que se debe adoptar en cada caso
11.1.
EXPEDIENTE T-2.497.519
En su escrito de tutela, el señor Néstor Ángel
Pérez Mulet alega que la entidad responsable (para
entonces Acción Social) no le había suministrado las ayudas humanitarias de
alimentación, alojamiento o arriendo, transporte y ubicación de vivienda que
requería en su calidad de víctima del desplazamiento forzado. Como consta en
los informes que en su tiempo allegó Acción social, y el último informe de la
UARIV, el accionante cuenta con inscripción en el RUPD desde el año 2002.
También se informa que ha recibido pagos dinerarios en los años 2009, 2010,
2012 y 2015, además de ayudas de alimentación y de alojamiento.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor Pérez Mulet ha sido beneficiario de ayudas
humanitarias en su calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual
coincide con su pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya llegado
comunicación alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con
sus obligaciones. En tal orden de ideas, la Corte concluye que en el presente
caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, que hace
inocua una orden de amparo.
Por lo anterior, se revocará el fallo de instancia que negó el amparo,
y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón expuesta en
este fallo.
11.2.
EXPEDIENTE T-2.497.520
El señor Agustín Jaime Sanjuan elevó acción de amparo para solicitar que
la demandada le entregara las ayudas humanitarias de alimentación, alojamiento
o arriendo, transporte y ubicación de vivienda, que requería en su condición de
víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado. El juez de tutela negó
el amparo con fundamento en que no estaba inscrito en el RUPD. Ante esta
situación, la Corte solicitó a Acción Social como entidad encargada en su
momento del mencionado registro, que informara sobre la situación del
demandante. La entidad señaló que, si bien en principio el accionante fue
incluido en el RUPD desde el 19 de marzo de 2008, posteriormente se había
modificado a la calidad de no incluido, en razón a la causal que el
artículo 11 del Decreto 2569 de 2000 establece “cuando la declaración
resulte contraria a la verdad”[296].
De ahí que, ante la información contradictoria, mediante la Resolución No.
130010123 del 19 de marzo de 2008, decidió no inscribir al señor Jaime Sanjuan
ni a su grupo familiar en el Registro Único de Población Desplazada.
Ante tal situación, la Corte requirió al accionante para que se
pronunciara sobre su solicitud, pero no allegó respuesta alguna.
Por otro lado, en la comunicación allegada, la UARIV señaló que en los
archivos constaba que el señor Jaime Sanjuan no presentaba trámite de ayuda
humanitaria; y, como consta en el acápite de antecedentes del presente fallo,
no se halla que el accionante hubiera presentado queja o reclamación para
pronunciarse sobre la falta de registro, o iniciado un trámite ante la entidad
competente para reclamar las prestaciones a las que se refiere en sede de
tutela.
En este orden de ideas, la Corte encuentra que, si bien la condición de
víctima no se adquiere con el RUPD, el accionante no cumple con el requisito
mínimo de haber elevado una solicitud e iniciar el respectivo trámite ante la
entidad responsable con el fin de reclamar las ayudas a las que se refiere en
su escrito de tutela, con lo cual pretende que el juez de amparo defina de
manera principal sobre las ayudas humanitarias, sustituyendo, con ello, a las
autoridades y los trámites que fueron señalados en las consideraciones de esta
providencia.
En tal sentido, como la acción de tutela no se dirige contra una acción
u omisión de alguna autoridad, en los términos del artículo 86 de la
Constitución, deriva en improcedente.
Por lo tanto, en la parte resolutiva de este fallo se pasará revocar la
decisión del juez de instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de tutela. Todo ello, sin perjuicio de que, en el caso que el demandante
acuda en la condición de víctima del conflicto armado ante las autoridades
competentes para reclamar las prestaciones a las que haya lugar, y considere
que se desconocen sus derechos fundamentales, pueda, luego, acudir ante el juez
de tutela.
11.3.
EXPEDIENTE T-2.499.003
La señora Ligia Esther Martínez Portillo solicitó
en sede de tutela la entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de
víctima del desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por
la entidad accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por
esta Corte en el proceso de revisión, la actora se encuentra inscrita en el
RUPD desde el año 2007 y se le han venido realizando pagos dinerarios en los
años 2009, 2010 y 2015; además de ayudas de alimento y alojamiento.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Martínez Portillo ha sido beneficiaria de ayudas humanitarias en su calidad de
víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión tutelar,
sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación alguna en el sentido
que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones. Adicionalmente, en
el informe entregado por la UARIV se precisó que la actora ya no presenta
carencias humanitarias. En tal orden de ideas la Corte concluye que en el
presente caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado que
hace inocua una orden de amparo.
Por lo anterior, se revocará el fallo de instancia que negó el amparo,
y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón expuesta en
este fallo.
11.4.
EXPEDIENTE T-2.499.006
La señora Elisabeth Toro Salgado solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año 2007 y fue
beneficiaria de un pago dinerario en el año 2009 y, como lo informó Acción
Social, se le dio respuesta a la petición presentada, indicándole sobre la
ayuda asignada y el trámite para reclamarla.
Así las cosas, si bien la UARIV no proporcionó información de la
demandante a partir de su base de datos se cuenta con la documentación
presentada en su momento por Acción Social, de la que se concluye que, con posterioridad
a la acción de amparo presentada en octubre de 2009, le fue asignada una ayuda
humanitaria dineraria en el año 2010. Además, durante el presente trámite, incluido
el traslado de pruebas que a las partes se hizo, la tutelante no ha dado cuenta
a esta Corte sobre alguna situación de vulnerabilidad o carencia, ni tampoco de
solicitudes posteriores de renovación, en los términos de la normatividad
comentadas en este fallo.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Toro Salgado ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión
tutelar, sin que a esta Corporación haya allegado comunicación alguna en el
sentido que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.5.
EXPEDIENTE T-2.499.007
El señor Juan Andrés Meza Rivas solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año 2007, fue
beneficiario de un pago dinerario en el año 2010, también recibió ayuda
alimentaria, de alojamiento y, en este contexto, la UARIV indicó en su informe
que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Meza Rivas ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.6.
EXPEDIENTE T-2.499.008
La señora Claudia Caraballo Fabra solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año 2007, fue
beneficiaria de pagos dinerarios desde el año 2009 hasta 2013, también recibió
ayuda alimentaria, de alojamiento y, en este contexto, la UARIV indicó en su
informe que la accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Caraballo Fabra ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación haya llegado comunicación alguna
en el sentido que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.7.
EXPEDIENTE T-2.499.009
La señora Marta Pertuz Berrio solicitó en sede de tutela la entrega de
ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento forzado,
requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin embargo, en
la respuesta que en su momento allegó Acción Social, advirtió puntualmente que
la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año 2007, se le había
programado una prórroga de atención humanitaria y se le indicó el trámite para
reclamarla. A su vez, para la época en que la UARIV presentó informe a este
Tribunal, la actora estaba recibiendo prestación dineraria pagada en agosto de
2016, la cual se encontraba vigente por cuatro meses.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Pertuz Berrio ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.8.
EXPEDIENTE T-2.499.010
El señor Manuel Barrios Caraballo solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año 2007 y ha sido
beneficiario de la ayuda dineraria desde el año 2009. A su vez, para la época
en que la UARIV presentó informe a este Tribunal, el actor recibía la
prestación dineraria, pagada en agosto de 2016, que se encontraba vigente por
cuatro meses y había recibido la ayuda alimentaria y de alojamiento.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Barrios Caraballo ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en
su calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.9.
EXPEDIENTE T-2.499.011
La señora Magola Escobar Barrios solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, en la respuesta que en su momento allegó Acción Social, se advirtió
puntualmente que la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año 2007 y
se le había reconocido una prórroga de atención humanitaria, pero que no la
había reclamado. En concordancia con lo anterior, el informe que dio la UARIV a
este Tribunal, establece que la accionante tiene una orden de pago de prestación
dineraria del 25 de marzo de 2015, que no presenta trámite de ayuda humanitaria
vigente, pero que anteriormente se le entregaron ayudas de alimentación y
alojamiento.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Escobar Barrios ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.10.
EXPEDIENTE T-2.499.012
La señora Ana Blasina Salgado Ruiz solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. En este caso, si bien la UARIV informó que no tenía registrada a la
actora en su base de datos o en la entrega de ayudas conferidas, en la
respuesta que en su momento allegó Acción Social, indicó que la tutelante se
encontraba inscrita en el RUPD desde el año 2007 y se le había reconocido prestación
dineraria en el año 2009.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la tutelante
ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su calidad de
víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión tutelar,
sin que a esta Corporación haya llegado comunicación alguna en el sentido que
la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará el fallo de instancia que negó el amparo,
y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón expuesta en
este fallo.
11.11.
EXPEDIENTE T-2.499.016
El señor Urbaldo De Jesús Urrego solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año 2001, fue
beneficiario de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta 2015 y también
recibió ayuda alimentaria y de alojamiento. En este contexto, la UARIV indicó
en su informe que el accionante no presenta trámite de ayuda humanitaria.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el tutelante
ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su calidad de
víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión tutelar,
sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación alguna en el sentido
que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.12.
EXPEDIENTE T-2.499.327
La señora Gladis Fabiola Flórez solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año 2001, ha sido
beneficiaria de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta 2015 y en el
año 2016 tenía un giro disponible de cobro. Asimismo ha recibido las ayudas
alimentarias y de alojamiento.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la tutelante
ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su calidad de
víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión tutelar,
sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación alguna en el sentido
que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.13.
EXPEDIENTE T-2.503.449
La señora Ligia Marsela Rocero Cardona solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Para examinar el caso es preciso tener en cuenta que, si bien la
UARIV no cuenta con suficiente información sobre la tutelante, en su momento
Acción Social dio un informe específico y detallado de las ayudas recibidas,
tal y como se relacionó en los antecedentes de esta providencia. En dicho
informe la entidad indicó que la señora Rocero Cardona y su grupo familiar se
encuentran inscritos en el RUPD desde el año 2006 y han recibido diferentes
tipos de ayudas humanitarias de emergencia, entre ellas, asistencia alimentaria
(como mercados y vajillas), asistencia no alimentaria (como kits de higiene y
aseo, y kits escolares), acompañamiento psicosocial (como terapias, charlas y
asesoría para el fortalecimiento del plan de vida) y apoyo económico para
emprendimiento. A su vez, según Acción Social, también les fueron entregadas
prestaciones dinerarias con posterioridad al trámite de tutela al finalizar el
año 2009 y en el año 2010.
Sumado a lo anterior la UARIV dio cuenta de que la señora Ligia Marsela
Rocero Cardona no presenta trámite de ayuda humanitaria, de manera que, según
se observa, después de iniciado el trámite de amparo la tutelante ha sido
beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su calidad de víctima del
desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión tutelar, sin que a
esta Corporación se haya a llegado comunicación alguna en el sentido de que la
entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará el fallo de instancia que negó el amparo,
y se procederá a declarar la carencia actual de objeto, por la razón expuesta
en este fallo.
11.14.
EXPEDIENTE T-2.508.497
Deyanid Lozano Mora solicitó en sede de tutela la entrega de ayudas
humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento forzado,
requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin embargo,
como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de revisión,
la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año 2005, ha sido
beneficiaria de prestaciones dinerarias desde el año 2009 hasta el 2014, así
como de las ayudas de alimentación y alojamiento, y la UARIV indicó en su
informe que la señora Lozano Mora no presenta trámite de ayuda humanitaria.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la tutelante
ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su calidad de
víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión tutelar,
sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación alguna en el sentido
de que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto, por la razón
expuesta en este fallo.
11.15.
EXPEDIENTE T-2.508.787
La señora Rosibel Esther García Cervantes solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año
2005 y ha sido beneficiaria de la prestación dineraria y de las ayudas de
alimentación y alojamiento desde el mes de diciembre de 2008, hasta la última
entrega en junio de 2014. Finalmente, la UARIV indicó en su informe que la
señora García Cervantes no presenta trámite de ayuda humanitaria.
Como se observa, la señora Rosibel Esther García Cervantes ha sido
beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su calidad de víctima del
desplazamiento forzado, incluso con anterioridad a la presentación de la acción
de amparo (en octubre de 2009). Esta situación, conduce a concluir que las
entidades vinculadas no han generado por acción u omisión una afectación iusfundamental,
al menos en el sentido alegado por la accionante, por la falta de entrega de
ayudas humanitarias en su condición de desplazamiento forzado, las cuales se
vienen otorgando previamente a su reclamación tutelar.
En este sentido, además de que, como lo indicó el juez de instancia, la
actora no demostró siquiera sumariamente que la entidad hubiera negado
prestaciones y con ello una afectación a sus derechos fundamentales, esta
Corporación pudo determinar, con el ejercicio probatorio practicado, que la actora
sí venía recibiendo los beneficios reclamados en sede de amparo.
Por lo anterior, la Cote no encuentra que en el presente asunto haya
habido una acción u omisión por parte de la UARIV que derivara en el
desconocimiento de los derechos fundamentales de la accionante, por lo que
confirmará el fallo de instancia que negó el amparo, en atención a las razones
anteriormente expuestas.
11.16.
EXPEDIENTE T-2.513.103
La señora María Esther Santamaría Soto solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año
2003, ha sido beneficiaria de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta
2015, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto,
la UARIV indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la tutelante
ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su calidad de
víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión tutelar,
sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación alguna en el sentido de
que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto, por la razón
expuesta en este fallo.
11.17.
EXPEDIENTE T-2.513.104
El señor Francisco Antonio Quiceno solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año 2002, ha sido
beneficiario de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta el 2015, así
como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto, la UARIV
indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Francisco Antonio Quiceno ha sido beneficiario del programa de ayudas
humanitarias en su calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual
coincide con su pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado
comunicación alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con
sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.18.
EXPEDIENTE T-2.513.106
La señora Gladys Eugenia Echeverri González solicitó en sede de tutela
la entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año
2002, fue beneficiaria de la prestación dineraria en el año 2009, así como de
las ayudas de alimentación y alojamiento.
Según consta en los informes que en su momento presentó Acción Social,
la accionante fue incluida en el programa de atención de emergencia en el año
2009, recibiendo el pago de una ayuda dineraria, sin embargo, la segunda ayuda
de este tipo que fue concedida y que generó una orden de pago no fue reclamada
por la señora Echeverri González. Adicionalmente, de conformidad con el informe
de la UARIV, la actora se encuentra en turno de recibir otra ayuda dineraria ya
definida, con orden de prioridad.
En consecuencia, es de tenerse en cuenta que, después de iniciado el
trámite de amparo, la demandante recibió ayudas de carácter dinerario, e incluso
en una ocasión no la reclamó. Asimismo, se le ha otorgado la prestación
alimentaria y de alojamiento, con lo cual se ha concedido lo solicitado en sede
de amparo.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.19.
EXPEDIENTE T-2.513.108
El señor Héctor Alonso Ramírez Giraldo solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año
2001, ha sido beneficiario de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta el
año 2014, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este
contexto, la UARIV indicó en su informe que la accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Ramírez Giraldo ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación haya llegado comunicación alguna
en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.20.
EXPEDIENTE T-2.521.955
La señora Ana Cecilia Padilla Tovar solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año
2005, fue beneficiaria de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta el 2014,
así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto, la UARIV
indicó en su informe que la accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Padilla Tovar ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.21.
EXPEDIENTE T-2.521.957
La señora María Luz Luna Romero solicitó en sede de tutela la entrega
de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento
forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin
embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de
revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año 2002, fue
beneficiaria de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta el 2014, así
como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto, la UARIV
indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Luna Romero ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.22.
EXPEDIENTE T-2.521.958
El señor Eparquio Antonio González Altamar solicitó en sede de tutela
la entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año
2001, ha sido beneficiario de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta el
2014, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto,
la UARIV indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
González Altamar ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.23.
EXPEDIENTE T-2.522.531
El señor Alfredo Manuel Montenegro Pedroza solicitó en sede de tutela
la entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año
2001, ha sido beneficiario de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta
el 2015, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este
contexto, la UARIV indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Montenegro Pedroza ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en
su calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.24.
EXPEDIENTE T-2.522.533
La señora María Elena Salgado De Correa solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD desde el año
2002, fue beneficiaria de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta el 2015,
así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. A su vez, para la época
en que la UARIV presentó informe a este Tribunal, la actora tenía una ayuda
dineraria pagada en octubre de 2016.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Salgado De Correa ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en
su calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.25.
EXPEDIENTE T-2.522.535
El señor Joaquín Guillermo Mercado Medina solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año
2000, ha sido beneficiario de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta
el 2015, así como de la ayuda de alimentación. En este contexto, la UARIV
indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Mercado Medina ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación haya llegado comunicación alguna
en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará el fallo de instancia que negó el amparo,
y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón expuesta en
este fallo.
11.26.
EXPEDIENTE T-2.522.536
El señor Iván Arrigui Cuellar solicitó en sede de tutela la entrega de
ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del desplazamiento forzado,
requería y no le habían sido entregadas por la entidad accionada. Sin embargo,
como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el proceso de revisión,
el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año 2000, ha sido
beneficiario de la prestación dineraria en el año 2010, y en dos ocasiones en el
2012, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto,
la UARIV indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Arrigui Cuellar ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.27.
EXPEDIENTE T-2.522.538
La señora Zoraida Esther Álvarez González solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por Acción
Social. El juez de tutela negó el amparo con fundamento en que no constaba que
la accionante hubiera acudido ante la entidad para reclamar los derechos
aludidos.
Así las cosas, en la actividad probatoria realizada por la Corte en
relación con todos los procesos acumulados, Acción Social informó que, en
respuesta a una petición elevada por la peticionaria, se le había indicado el
procedimiento para llevar a cabo la inscripción en el registro. Ante tal
situación, la Corte requirió a la accionante para que se pronunciara sobre su
solicitud, pero no allegó respuesta alguna.
Adicionalmente, en el informe presentado por la UARIV a este Tribunal, se
indicó que la señora Álvarez González no presentó petición solicitando la ayuda
humanitaria y, como consta en el acápite de antecedentes del presente fallo, no
se halla que hubiera elevado queja o reclamación para pronunciarse sobre la
falta de registro, o iniciado un trámite ante la entidad competente para
reclamar las prestaciones a las que se refiere en sede de tutela.
En este orden de ideas, la Corte encuentra que, si bien la condición de
víctima no se adquiere con la inscripción en el RUPD, la accionante no cumple
con el requisito mínimo de haber elevado una solicitud e iniciar el respectivo
trámite ante la entidad responsable con el fin de reclamar las ayudas a las que
se refiere en su escrito de tutela, con lo cual pretende que el juez de amparo
defina de manera principal sobre las ayudas humanitarias, sustituyendo, con
ello, a las autoridades y los trámites que fueron señalados en las
consideraciones de esta providencia.
En tal sentido, como la acción de tutela no se dirige contra una acción
u omisión de alguna autoridad, en los términos del artículo 86 de la
Constitución, deriva en improcedente.
Por lo tanto, en la parte resolutiva de este fallo se pasará revocar la
decisión del juez de instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia. Todo
ello,  sin perjuicio de que, en el caso en el que la demandante acuda en la
condición de víctima del conflicto armado ante las autoridades competentes para
reclamar las prestaciones a las que haya lugar, y considere que, de cualquier
forma, se desconocen sus derechos fundamentales, pueda, luego, acudir ante el
juez de tutela.
11.28.
EXPEDIENTE T-2.522.540
El señor José Alcides Gamero Toledo solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Si bien el juez de tutela concedió el amparo, lo hizo en relación
con el derecho de petición del actor al considerar que la entidad accionada debía
dar una respuesta de fondo. Lo que a todas luces se ajusta a la garantía
efectiva del derecho de petición en los casos que se solicitan ayudas
humanitarias.
Sin embargo, es de tenerse en cuenta que el juez de instancia no se
refirió a la pretensión principal sobre la reclamación de las ayudas
humanitarias. Al respecto, empero, consta en las pruebas acopiadas por esta
Corte en el proceso de revisión, que el actor se encuentra inscrito en el RUPD
desde el año 2001, ha sido beneficiario de la ayuda dineraria desde el año 2010
hasta el 2015, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este
contexto, la UARIV indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor
Gamero Toledo ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, en la parte resolutiva de la presente providencia se
pasará a confirmar parcialmente el fallo de instancia en relación con el
derecho de petición y se procederá a declarar la carencia actual de objeto en
relación con las ayudas humanitarias solicitadas.
11.29.
EXPEDIENTE T-2.522.547
El señor Daniel Severiano Polo Olivares solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año
2001, ha sido beneficiario de la prestación dineraria en los años 2010, 2014 y
2015, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto,
la UARIV indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, el señor Polo
Olivares ha sido beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su calidad
de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su pretensión
tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación alguna en el
sentido que la entidad demandada incumpliera con sus obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.30.
EXPEDIENTE T-2.522.548
El señor Pedro Nel Castellares Ruidiaz solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en
el proceso de revisión, el actor se encuentra inscrito en el RUPD desde el año
2002 y ha sido beneficiario de la prestación dineraria y de las ayudas de
alimentación y alojamiento desde el mes de diciembre del año 2008, hasta la
última entrega en noviembre de 2015. En este contexto, la UARIV indicó en su
informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, el señor Pedro Nel Castellares Ruidiaz ha sido
beneficiario del programa de ayudas humanitarias en su calidad de víctima del
desplazamiento forzado, incluso con anterioridad a la presentación de la acción
de amparo (en octubre de 2009). Esta situación, conduce a concluir que las
entidades vinculadas no han generado por acción u omisión una afectación iusfundamental,
al menos, como lo menciona el accionante, por la falta de entrega de ayudas
humanitarias en su condición de víctima de desplazamiento forzado, las cuales
se vienen otorgando previamente a su reclamación tutelar.
En este sentido, además de que, como lo indicó el juez de instancia, el
actor no demostró siquiera sumariamente que la entidad hubiera negado
prestaciones y con ello una afectación a sus derechos fundamentales, esta
Corporación pudo determinar, con el ejercicio probatorio practicado, que el
actor sí venía recibiendo los beneficios reclamados en sede de amparo.
Por lo anterior, la Corte no encuentra que en el presente asunto haya
habido una acción u omisión por parte de la UARIV que derivara en el
desconocimiento de los derechos fundamentales del accionante, por lo que
confirmará el fallo de instancia que negó el amparo, en atención a las razones
anteriormente expuestas.
11.31.
EXPEDIENTE T-2.522.549
La señora Dubis Marina Pertuz Retamozo solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. Sin embargo, como consta en las pruebas acopiadas por esta Corte en el
proceso de revisión, la actora se encuentra inscrita en el RUPD[297],
ha sido beneficiaria de la prestación dineraria desde el año 2009 hasta el
2015, así como de las ayudas de alimentación y alojamiento. En este contexto,
la UARIV indicó en su informe que el accionante no tiene carencias.
Como se observa, después de iniciado el trámite de amparo, la señora
Pertuz Retamozo ha sido beneficiaria del programa de ayudas humanitarias en su
calidad de víctima del desplazamiento forzado, lo cual coincide con su
pretensión tutelar, sin que a esta Corporación se haya allegado comunicación
alguna en el sentido de que la entidad demandada incumpliera con sus
obligaciones.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de instancia que negó el
amparo, y se procederá a declarar la carencia actual de objeto por la razón
expuesta en este fallo.
11.32.
EXPEDIENTE T-2.671.934
El señor Javier Enrique Silgado Martínez solicitó en sede de tutela la
entrega de ayudas humanitarias que, en su condición de víctima del
desplazamiento forzado, requería y no le habían sido entregadas por la entidad
accionada. El juez de tutela negó el amparo a partir de la contestación de
Acción Social que indicó que el señor Silgado Martínez no estaba incluido en el
RUPD.
En el presente asunto, esta Corporación pudo establecer a partir de la
información solicitada a la UARIV, que el actor sí está incluido en el RUPD,
sin embargo, también la misma entidad comunicó que no presenta trámite de ayuda
humanitaria, ni tampoco consta en el material probatorio que hubiera una
solicitud de trámite concreto que hubiera sido negado u omitido por la UARIV.
De manera que, no obstante que la controversia en sede de amparo se dio
en torno al mencionado registro, esta Corporación ha indicado previamente que,
si bien la condición de víctima no se adquiere con la inscripción en el RUPD, el
accionante no cumple con el requisito mínimo de haber elevado una solicitud e
iniciar el respectivo trámite ante la entidad responsable con el fin de
reclamar las ayudas a las que se refiere en su escrito de tutela, con lo cual
pretende que el juez de amparo defina de manera principal sobre las ayudas
humanitarias, sustituyendo, con ello, a las autoridades y los trámites que
fueron señalados en las consideraciones de esta providencia.
En tal sentido, como la acción de tutela no se dirige contra una acción
u omisión de alguna autoridad, en los términos del artículo 86 de la
Constitución, deriva en improcedente.
Por lo tanto, en la parte resolutiva de este fallo se pasará revocar la
decisión del juez de instancia y, en su lugar, declarar la improcedencia. Todo
ello,  sin perjuicio de que, en el caso que el demandante acuda en la condición
de víctima del conflicto armado ante las autoridades competentes para reclamar
las prestaciones a las que haya lugar, y considere que se desconocen sus
derechos fundamentales, pueda, luego, acudir ante el juez de tutela.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada.
Segundo.- En relación con el expediente T-2.497.519, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 13 de octubre de 2009 por el
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena, dentro
del trámite de la acción de tutela formulada por el señor Néstor Ángel Pérez Mulet
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Tercero.- En relación con el expediente
T-2.497.520, REVOCAR, en los términos de esta providencia, el fallo
de tutela emitido el 13 de octubre de
2009 por el Juzgado Octavo Laboral
del Circuito de Cartagena, dentro del trámite de la acción
de tutela formulada por el señor Agustín Jaime Sanjuan contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En
su lugar, DECLARAR la improcedencia.
Cuarto.- En relación con el expediente T-2.499.003,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 26 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora Ligia Esther Martínez
Portillo contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, actualmente, ejerciendo sus
funciones, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Quinto.- En relación con el expediente T-2.499.006, REVOCAR el fallo de tutela emitido el
27 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó,
Antioquia, dentro del trámite de la acción de tutela
formulada por la señora Elisabeth Toro Salgado contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Sexto.- En relación con el expediente T-2.499.007,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 27 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por el señor Juan Andrés Meza Rivas contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Séptimo.- En relación con el expediente T-2.499.008,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 27 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora Claudia Caraballo Fabra contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Octavo.- En relación con el expediente T-2.499.009,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 27 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora Marta Pertuz Berrio contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Noveno.- En relación con el expediente T-2.499.010,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 27 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por el señor Manuel Barrios Caraballo contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Décimo.- En relación con el expediente T-2.499.011,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 26 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora Magola Escobar Barrios contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Decimoprimero.- En relación con el expediente T-2.499.012,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 26 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora Ana Blasina Salgado Ruiz contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Decimosegundo.- En relación con el expediente T-2.499.016,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 29 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por el señor Urbaldo De Jesús Urrego contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Decimotercero.- En relación con el expediente T-2.499.327,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 19 de octubre de 2009, por el Juzgado Promiscuo de Familia de
Apartadó, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora Gladis Fabiola Flórez contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Decimocuarto.- En relación con el expediente T-2.503.449,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 19 de noviembre de 2009, por el Juzgado Único de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Mocoa, Putumayo, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por la señora Ligia
Marsela Rocero Cardona contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
–Acción Social–, actualmente,
ejerciendo sus funciones la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado.
Decimoquinto.- En relación con el expediente T-2.508.497,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 5 de noviembre de 2009, por el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Fusagasugá con sede en Soacha, dentro
del trámite de la acción de tutela formulada por la señora
Deyanid Lozano Mora contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, actualmente, ejerciendo sus
funciones la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Decimosexto.- En relación con el expediente T-2.508.787,
CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo
de tutela emitido el 27 de octubre de
2009, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por la señora Rosibel Esther García Cervantes contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–,
actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
Decimoséptimo.- En relación con el expediente T-2.513.103,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 30 de abril de 2009, por el Juzgado Penal del Circuito del
Santuario, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora María Esther Santamaría Soto contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Decimoctavo.- En relación con el expediente T-2.513.104,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 30 de abril de 2009, por el Juzgado Penal del Circuito del
Santuario, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por el señor Francisco Antonio Quiceno
Giraldo contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, actualmente, ejerciendo sus
funciones la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Decimonoveno.- En relación con el expediente T-2.513.106,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 30 de abril de 2009, por el Juzgado Penal del Circuito del
Santuario, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por la señora Gladys Eugenia Echeverri
González contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, actualmente, ejerciendo sus
funciones la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo.- En relación con el expediente T-2.513.108,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 30 de abril de 2009, por el Juzgado Penal del Circuito del
Santuario, Antioquia, dentro del trámite de la acción de
tutela formulada por el señor Héctor Alonso Ramírez
Giraldo contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, actualmente, ejerciendo sus
funciones la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo primero.- En relación con el
expediente T-2.521.955, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 4 de noviembre de 2009, por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por la señora Ana
Cecilia Padilla Tovar contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
–Acción Social–, actualmente,
ejerciendo sus funciones, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo segundo.- En relación con el
expediente T-2.521.957, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 11 de noviembre de 2009, por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del trámite
de la acción de tutela formulada por la señora María Luz
Luna Romero contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, actualmente, ejerciendo sus
funciones, la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo tercero.- En relación con el
expediente T-2.521.958, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 11 de noviembre de 2009, por el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por el señor
Eparquio Antonio González Altamar contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–,
actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo cuarto.- En relación con el
expediente T-2.522.531, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 28 de octubre de 2009, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por el señor
Alfredo Manuel Montenegro Pedroza contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–,
actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo quinto.- En relación con el
expediente T-2.522.533, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 28 de octubre de 2009, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por la señora
María Elena Salgado De Correa contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–,
actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo sexto.- En relación con el expediente
T-2.522.535, REVOCAR el fallo de tutela emitido
el 28 de octubre de 2009, por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Barranquilla, dentro del trámite de la acción
de tutela formulada por el señor Joaquín Guillermo Mercado
Medina contra la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las
Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por
hecho superado.
Vigésimo séptimo.- En relación con el
expediente T-2.522.536, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 3 de noviembre de 2009, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por el señor Iván
Arrigui Cuellar contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–, actualmente, ejerciendo sus
funciones, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Vigésimo octavo.- En relación con el
expediente T-2.522.538, REVOCAR, en los términos de esta
providencia, el fallo de tutela emitido el 28 de octubre de 2009 por el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla, dentro
del trámite de la acción de tutela formulada por la señora Zoraida Esther Álvarez González contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–,
actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la improcedencia.
Vigésimo noveno.- En relación con el
expediente T-2.522.540, CONFIRMAR  PARCIALMENTE y en lo que
respecta al derecho de petición, el fallo de tutela emitido el 21 de octubre de 2009, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por el señor José
Alcides Gamero Toledo contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
–Acción Social–, actualmente,
ejerciendo sus funciones, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
Adicionalmente, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado, en relación con las ayudas humanitarias
solicitadas.
Trigésimo.- En relación con el expediente T-2.522.547,
REVOCAR el fallo de tutela emitido el 27 de octubre de 2009, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Barranquilla, dentro del trámite de la acción de tutela
formulada por el señor Daniel Severiano Polo Olivares contra la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional –Acción Social–, actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Trigésimo primero.- En
relación con el expediente T-2.522.548, CONFIRMAR, por las
razones expuestas en esta providencia, el fallo de tutela emitido el 27 de octubre de 2009, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por el señor
Pedro Nel Castellares Ruidiaz contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–,
actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
Trigésimo segundo.- En relación con el
expediente T-2.522.549, REVOCAR el fallo de tutela emitido el 21 de octubre de 2009, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barranquilla, dentro del
trámite de la acción de tutela formulada por la señora
Dubis Marina Pertuz Retamozo contra la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
–Acción Social–, actualmente,
ejerciendo sus funciones, la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–. En su lugar, DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado.
Trigésimo tercero.- En relación con el
expediente T-2.671.934, REVOCAR, en los términos de esta
providencia, el fallo de tutela emitido el 5 de marzo de 2010 por el
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena con Funciones de Conocimiento, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por el señor Javier Enrique Silgado Martínez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional –Acción Social–,
actualmente, ejerciendo sus funciones, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas –UARIV–.
En su lugar, DECLARAR la improcedencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaría General (e)
[1] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Néstor Ángel Pérez
Mulet, en la cual se evidencia que nació el 12 de marzo de 1952 (folio 8).
[2] En el expediente se encontró copia de un certificado expedido por la
Personería Local de Kennedy el 3 de mayo de 2002, en el cual consta que el
señor Néstor Pérez Mulet “rindió declaración juramentada (…), y que se
encuentra en trámite la respectiva evaluación e inscripción en el Registro
Único Nacional de Personas Desplazadas por la Violencia de la Red de
Solidaridad Social” (hoy Acción Social). Asimismo, que su grupo familiar se
encuentra conformado por 8 personas; además de él, su esposa, cuatro hijos
cuyas edades para la fecha en que se realizó el documento eran 24, 22, 20 y 15
años, un nieto de 4 años y otro pariente de 38 años. Con el presente
certificado se pretendía que al actor y su familia se les prestara atención
médica de urgencias en los hospitales adscritos a la Red del Distrito (folio
6).
Por
otro lado, el accionante también allegó copia de una carta realizada por
la Red de Solidaridad Social de la Unidad Territorial de Bogotá el 27 de
diciembre de 2002, dirigida a las instituciones de salud, en la cual consta que
el señor Néstor Pérez Mulet y su familia se encuentra inscrita en el Sistema
Único de Registro de la Red de Solidaridad Social (hoy Acción
Social) y que requieren que se les brinde servicio médico integral. Del
mismo documento se desprende que el núcleo familiar del accionante se encuentra
compuesto siete personas además de éste; su esposa, cuatro hijos, un nieto y
otra pariente (folio 4).
[3] Como anexo de la tutela se encontró copia de la solicitud de
entrega de ayuda humanitaria que realizó el accionante ante Acción Social. En
la misma, el actor afirmó que dado no ha recibido solución a los requerimientos
verbales que en igual sentido había presentado ante la entidad, se vio en la
necesidad de enviar dicha petición escrita pues se encuentra en una precaria
situación (en particular indicó que no ha podido seguir trabajando en su labor
de comerciante desde el hecho del desplazamiento, de la cual dependía el
sostenimiento de su familia) y necesita que de manera urgente se le entreguen
las atenciones humanitarias. También adujo que tiene a su cargo cuatro hijos.
El presente documento se allegó como una copia, en el cual aparece tanto la
firma del accionante como la de recibido –con fecha del 25 de agosto de 2009–,
igualmente como parte de la fotocopia (folio 3).
[4] Folios 11 al 22.
[5] El análisis particular que realizó el juez respecto del caso
concreto se transcribe a continuación: “En el caso materia de discusión y
teniendo en cuenta las indicaciones de la jurisprudencia transcrita, es
evidente que para no violar el derecho a la igualdad, la accionada debe
respetar los turnos establecidos en un orden cronológico teniendo en cuenta el
momento en que sea incluida en el registro de la población desplazada. Pero
bien es cierto que, no es óbice para seguir violentando de esta manera el
derecho constitucional de recibir la ayuda humanitaria de emergencia, pero en
el caso del accionante la entidad accionada no dio contestación al traslado del
Juzgado, lo cual lo coloca en la situación prevista en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991 que trata sobre la presunción de veracidad. Razones
suficientes para denegar el amparo.” (Folio 21)
[6] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Agustín Jaime
Sanjuan, en la cual se establece que nació el 29 de abril de 1965 (folio 4).
[7] En el expediente se anexó copia de la solicitud de entrega de
la atención humanitaria presentada por el señor Agustín Jaime Sanjuan. En la
misma, el actor manifestó que dado no ha recibido solución a los requerimientos
verbales que en igual sentido había presentado ante la entidad, se vio en la
necesidad de enviar dicha petición escrita pues se encuentra en una precaria
situación (en particular precisó que no ha podido seguir trabajando en los
oficios varios que desempeñaba desde el hecho del desplazamiento, de lo que
dependía el sostenimiento de su familia) y necesita que de manera urgente se le
entreguen las atenciones humanitarias. Igualmente, el accionante adujo que es
una persona en condición de discapacidad, que no es padre cabeza de familia
pues también vive con su esposa y que tiene tres hijos menores de edad. El
presente documento es una copia de un formato de solicitud, el cual tiene tanto
la información diligenciada en los espacios en blanco, la firma del
peticionario y la de recibido –con fecha del 31 de agosto de 2009–, como parte
de la fotocopia (folio 3).
[8] Folios 12 al 20.
[9] El análisis particular que realizó el juez respecto del caso
concreto se transcribe a continuación: “En el caso materia de discusión y
teniendo en cuenta las indicaciones de la jurisprudencia transcrita, es
evidente que para no violar el derecho a la igualdad, la accionada debe
respetar los turnos establecidos en un orden cronológico teniendo en cuenta el
momento en que sea incluida en el registro de la población desplazada. Pero
bien es cierto que, no es óbice para seguir violentando de esta manera el
derecho constitucional de recibir la ayuda humanitaria de emergencia, pero en
el caso del accionante la entidad accionada no dio contestación al traslado del
Juzgado, lo cual lo coloca en la situación prevista en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991 que trata sobre la presunción de veracidad. Y los
accionantes no demostraron que se encuentren inscritos como tal. Razones
suficientes para denegar el amparo.” (Folio 19)
[10] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ligia Esther
Martínez Portillo, en la cual consta que nació el 14 de septiembre de 1956
(folio 5).
[11] Copia del certificado proferido por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó, en el que se verificó que la señora Ligia Esther Martínez
Portillo aparece inscrita en la base de datos del SIPOD. Del mismo no es
posible extraer la fecha desde que se encuentra inscrita en el Sistema de
Información, las características del núcleo familiar de la accionante, ni la
fecha en que se expidió dicho documento por parte del señor Gabriel José
Olivares Vélez en su calidad de Personero Municipal (folio 4).
[12] Folio 1.
[13] Folios 1 y 2.
[14] Folios 1 y 2.
[15] Folios 1 al 3.
[16] Folios 16 al 20.
[17] Folios 9 al 11.
[18] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Elisabeth Toro
Salgado, en la cual consta que nació el 2 de noviembre de 1974 (folio 5)
[19] Copia del certificado proferido por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó, del que se verificó que la señora Elisabeth Toro Salgado y su
grupo familiar se encuentran incluidos en la base de datos del SIPOD. Del mismo
no es posible extraer la fecha desde la cual se encuentra inscrita en el
Sistema de Información, las características del núcleo familiar de la
accionante, ni la fecha en que se expidió dicho documento por parte del señor
Gabriel José Olivares Vélez en su calidad de personero municipal (folio 4).
[20] Folio 1.
[21] Folios 1 y 2.
[22] Folios 1 y 2.
[23] Folios 1 al 3.
[24] Folios 9 al 14.
[25] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Juan Andrés Meza
Rivas (folio 4). En la misma no se encuentra fotocopia de las dos caras del
documento de identidad, por lo que no es posible determinar con certeza su
fecha de nacimiento. Sin perjuicio de lo anterior, en la acción de tutela
manifestó que, para el momento de la presentación de la misma, tenía 76 años
(folio 1).
[26] Copia del certificado proferido por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó, del cual se evidenció que el señor Juan Andrés Meza Rivas y su
grupo familiar se encuentran incluidos en la base de datos del SIPOD. Del mismo
no es posible extraer la fecha desde que se encuentran inscritos en el Sistema
de Información, las características del núcleo familiar del accionante, ni la
fecha en que se expidió dicho documento por parte del señor Gabriel José
Olivares Vélez en su calidad de Personero Municipal (folio 5)
[27] Folio 1.
[28] Folios 1 y 2.
[29] Folios 1 y 2.
[30] Folios 1 al 3.
[31] Folios 9 al 11.
[32] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Claudia Caraballo
Fabra, quien nació el 17 de agosto de 1981 (folio 5).
[33] Copia del certificado proferido el 16 de febrero de 2009 por el
Personero Municipal de Acandí, Chocó, del cual se verificó que la señora
Claudia Caraballo Fabra y su grupo familiar se encuentran incluidos en la base
de datos del SIPOD. Del mismo no fue posible extraer la fecha desde la que se
encuentra inscrita, ni las características del núcleo familiar de la accionante
(folio 4).
[34] Folio 1.
[35] Folios 1 y 2.
[36] Folios 1 y 2.
[37] Folios 1 al 3.
[38] Folios 9 al 14.
[39] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Marta Pertuz
Berrio, de la cual se tiene que nació el 29 de junio de 1959 (folio 5).
[40] Copia del certificado proferido por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó, del que se verificó que la señora Marta Pertuz Berrio y su grupo
familiar se encuentran incluidos en la base de datos del SIPOD. Del mismo no
fue posible extraer la fecha desde que se encuentra inscrita en el Sistema de
Información, las características del núcleo familiar de la accionante, ni la fecha
en que se expidió dicho documento por parte del señor Gabriel José Olivares
Vélez en su calidad de Personero Municipal (folio 4).
[41] Folio 1.
[42] Folios 1 y 2.
[43] Folios 1 y 2.
[44] Folios 1 al 3.
[45] Folios 9 al 14.
[46] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Manuel Barrios
Caraballo, en la cual consta que nació el 8 de agosto de 1950 (folio 5).
[47] Copia del certificado proferido por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó, a partir del cual fue posible abstraer que el señor Manuel
Barrios Caraballo y la señora Lina Flor De Hoyos Gómez se encuentran incluidos
en la base de datos del SIPOD. Sin embargo, no se pudo establecer la fecha
desde que se encuentra inscrito en dicho Sistema de Información, las
características de su núcleo familiar, ni la fecha en que se expidió este
documento por parte del señor Gabriel José Olivares Vélez en su calidad de
Personero Municipal (folio 4).
[48] Folio 1.
[49] Folios 1 y 2.
[50] Folios 1 y 2.
[51] Folios 1 al 3.
[52] Folios 9 al 14.
[53] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Magola Escobar
Barrios, en la cual consta que nació el 7 de junio de 1972 (folio 4).
[54] Copia del certificado proferido por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó, del que se verificó que la señora Magola Escobar Barrios aparece
incluida en el SIPOD. No obstante, que no fue posible extraer la fecha desde
que se encuentra inscrita en dicho Sistema de Información, las características
su núcleo familiar, ni la fecha en que se expidió este documento por parte del
señor Gabriel José Olivares Vélez en su calidad de Personero Municipal (folio 5).
[55] Folio 1.
[56] Folios 1 y 2.
[57] Folios 1 y 2.
[58] Folios 1 al 3.
[59] Folios 9 al 14.
[60] Copia de la primera cara de la cédula de ciudadanía de la señora
Ana Blasina Salgado Ruiz por lo que no fue posible verificar cuál es su fecha
de nacimiento (folio 5).
[61] Copia del certificado proferido por el Personero Municipal de
Acandí, Chocó, del cual se verificó que las personas Ana Blasina Salgado Ruiz,
Severiano Martínez, Eliz Ney Toro Salgado, Deimen Andrés Martínez Salgado y
Luvis Malena Toro Salgado, aparecen incluidas en el SIPOD. Sin embargo, del
mismo no fue posible extraer la fecha desde que se encuentran inscritas en
dicho Sistema de Información, las características del núcleo familiar de la
accionante, ni la fecha en que se expidió dicho documento por parte del señor
Gabriel José Olivares Vélez en su calidad de Personero Municipal (folio 4).
[62] Folio 1.
[63] Folios 1 y 2.
[64] Folios 1 y 2.
[65] Folios 1 al 3.
[66] Folios 9 al 14.
[67] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Urbaldo De Jesús
Urreglo, quien nació el 1 de febrero de 1964 (folio 9).
[68] En el expediente no existe información que permita determinar
cuáles son las características de los miembros del núcleo familiar del señor
Urbaldo De Jesús Urrego.
[69] Esta información fue extraída de una copia de la carta enviada
por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Municipio de Carepa al
señor Urbaldo De Jesús Urrego el 11 de junio de 2009, como respuesta a una
solicitud realizada por éste el 2 de agosto de 2008 directamente a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en la cual
se precisó que tanto la accionante como su grupo familiar, conformado por Ingry
Vanessa Urrego Marin, Elder Urrego Marín y Luisa Fernanda Urrego Marín,
aparecían incluidos en el RUPD desde el 18 de julio de 1999 (folio 8). No se
allegó copia de la solicitud, por lo que no se conoce el contenido de las
peticiones de la misma.
[70] En la acción de tutela el demandante afirmó: “[d]esde la
fecha de mi desplazamiento no he recibido ninguno de los componentes de la
ayuda humanitaria.” (Folios 1 a 6)
[71] Folios 1 al 6.
[72] Folios 12 al 17.
[73] Copia de la cédula de ciudadanía en la cual se pudo verificar
que la señora Gladis Fabiola Florez nació el 30 de mayo de 1973 (folio 7).
[74] En el expediente no existe información que permita determinar
cuáles son las características de los miembros del núcleo familiar de la señora
Gladis Fabiola Florez. De otro modo, en el escrito de solicitud de amparo la
accionante afirmó que es madre cabeza de familia, a cargo de sus hijos menores
de edad (para el momento de la interposición de la tutela señaló que tenían 6 y
13 años); sin embargo, en el expediente no existen pruebas para verificar la
anterior información.
[75] Esta información fue extraída de una copia de la carta enviada
por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Municipio de Carepa a la
señora Gladis Fabiola Florez el 11 de junio de 2009, como respuesta a una
solicitud realizada por ésta directamente a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional el 2 de agosto de 2008 (folio 6),
en la cual se precisa que la señora Natalia Marín Flórez García y el señor Abel
Antonio Florez conforman el grupo familiar de la accionante, el cual se
encuentra inscrito en el Registro Único de la Población Desplazada desde el 18
de julio de 1999 (folio 6). No se allegó copia de la
solicitud, por lo que no se conoce el contenido de las peticiones de la misma.
[76] Folios 1 a 5.
[77] Folios 1 al 5.
[78] Folios 10 al 15.
[79] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ligia Marsela
Rocero Cardona, de la cual se puede abstraer que nació el 10 de enero de 1981
(folio 5).
[80] Si bien de los documentos que la accionante adjuntó a la acción
de tutela no se encontró acreditada dicha situación, en la copia de la
contestación de la demanda realizada por la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional se afirmó que “verificado el Registro
Único de la Población Desplazada –RUPD–, se constata que la señora Ligia
Marsela Rocero Cardona, se encuentra INCLUIDA con su grupo familiar desde el
26/05/2006”. En este sentido, fue posible conocer que su núcleo familiar se
encuentra conformado por cuatro personas, incluida la accionante; quienes, para
el momento de la respuesta de Acción Social, los tres eran menores de edad
(folio 17).
[81] Copia de la contestación de la demanda realizada por la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. (Folios 18 a
20)
[82] Copia de la contestación de la demanda realizada por la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. (Folio 22)
[83] Folio 1.
[84] Folio 2.
[85] Específicamente, su grupo familiar se encuentra conformado,
además de la señora Rocero Cardona como jefe del núcleo familiar, por dos hijos
que, para el momento, tenían 5 y 0 años y otro pariente que tenía 10 años
(folio 17). En el expediente se encuentra copia de los registros de nacimiento
los cuales fueron allegados por la accionante al proceso; en los mismos se
acredita que sus dos hijos nacieron el 1 de marzo de 2004 y el 16 de febrero de
2009 (folios 7 y 8).
[86] Folios 22 y 23.
[87] Folios 19 y 20.
[88] Folios 19 y 20.
[89] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Deyanid Lozano
Mora de la cual se verificó que nació el 6 de marzo de 1984 (folio12).
[90] Para el momento de la interposición de la tutela, el núcleo
familiar de la accionante se encontraba conformado por tres hijos menores de
edad, de quienes se allegaron los respectivos documentos de
identificación; registros de nacimiento y tarjeta de identidad (folios 8 a 10).
Al respecto, cabe resaltar que, sus fechas de nacimiento son el 5 de mayo de
1999, el 9 de diciembre de 2002, y el 26 de enero de 2009; por lo que,
actualmente, sus hijos todavía son menores de edad.
[91] La citada carta se dirigió a la Empresa de Salud de Soacha y a la
Secretaría de Educación del mismo municipio, para informarles que, dada la
condición de desplazamiento en que se encontraban la señora Deyanid Lozano Mora
y su núcleo familiar, se les debía garantizar los derechos que en materia de
salud y educación adquirieron de conformidad con la Ley 387 de 1997, el Decreto
2562 de 2001, la Resolución 2448 de 2006 proferida por la Secretaría de
Educación de Soacha y el Acuerdo 244 del 31 de enero de 2003 emanado del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud –Ministerio de Protección Social
(folio 11).
[92] El 28 de octubre de 2009, la señora Deyanira Lozano Mora rindió
declaración juramentada ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Fusagasugá –juez de única instancia–, como consecuencia de un
auto proveído el 27 de los mismos mes y año por el citado juzgado, en el cual
se requiere a la accionante para que allegara las solicitudes de prórroga y
suministrara mayor información sobre el asunto (folio 16). En el documento se
relacionó la siguiente información: (i) que la primera de las cuatro
solicitudes verbales que la accionante adujo que realizó ante la UAO de Soacha
fue en junio de 2009 y que desde ese momento ha acudido en otras oportunidades,
sin que le den razón acerca de su situación particular, salvo la asignación de
nuevas citas para que se dirija a la entidad en otra fecha (señaló que la
última cita se la dieron para el 15 de octubre de 2009, pero que tampoco
solucionaron sus peticiones); (ii) que en todas esas oportunidades solicitó la
prórroga de las ayudas de arriendo y mercado, y la inclusión en el programa
Generación de Ingresos, pero que hasta ese momento no había recibido ninguna
respuesta por parte de la accionada; (iii) que la única vez en la que se le ha
otorgado una ayuda humanitaria por su condición de desplazada fue en el año
2005, la cual consistió en un bono de mercado por $100.000 pesos y uno por
concepto de arriendo equivalente a $300.000 pesos, (iv) que trabajaba como
empleada en la Miscelánea La Roca en el municipio de Soacha y que le pagaban
$11.000 pesos diarios, en la que cumplía un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
para poder dedicarse al cuidado de sus hijos en la tarde, (v) que el papá de la
niña menor vive en Soacha y le colabora económicamente con los costos de su
manutención, pero, que desde que fue desplazada en el 2005 no ha vuelto a saber
del padre de sus dos hijos mayores; y (vi) que se encuentra afiliada a CAPRECOM
en calidad de desplazada. (Folios 18 a 20).
[93] Folios 1 a 7.
[94] Folios 24 a 33.
[95] Copia de la cédula de ciudadanía la señora Rosibel Esther
García Cervantes, en la cual consta que nació el 7 de septiembre de 1972 (folio
9).
[96] Copia de un certificado expedido el 28 de febrero de 2000 por
el señor Rafael David Morrón Fandiño, en su calidad de Personero Municipal de
Remolino, Magdalena, en el que acreditó: “que de conformidad con una
declaración jurada rendida en el día de hoy ante esta Personería por ROSIBEL
ESTHER GARCÍA CERVANTES (…), reúne al igual que su compañero permanente
FEDERICO PERTUZ ARIZA y sus hijos, FEDERICO, DIEGO ARMANDO Y RONALDO DE JESÚS
PERTUZ GARCÍA de 10, 8 y 3 años de edad, respectivamente, las condiciones de
desplazado de Santa Rita, Remolino por los hechos violentos que se vienen
desarrollando en esa zona dentro del conflicto armado interno que vive el país
por razones ideológicas o políticas. En la actualidad se encuentra residenciado
en Remolino, Magdalena. Por lo anterior, estas personas requieren de la
colaboración de todas las autoridades.” (Folio 8)
[97] Folio 1.
[98] El documento en cuestión es una copia de un formato de
solicitud de ayuda humanitaria en el que se encuentra una firma de recibido por
parte de la UAO el 26 de junio de 2009 (como parte de la copia). No obstante lo
anterior, los datos de notificación se encuentran escritos en original y la petición
no tiene firma alguna de la presunta peticionaria. (Folios 6 y 7)
[99] Folios 1 al 5.
[100] Folio 25.
[101] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Esther
Santamaria Soto, en la cual se encontró que nació el 26 de mayo de 1948 (folio
5).
[102] En el expediente se allegó copia de la certificación expedida
el 28 de marzo de 2009 por el Personero Municipal de Granada, Antioquia, en el
que hace constar que la señora María Esther Santamaría Soto se encuentra en la
base de datos del RUPD desde el 17 de mayo de 2002, que fueron desplazados de
la zona rural del Municipio de Granada, Antioquia, y que “su grupo familiar
está compuesto por Luz Arelis y Zorangel Morales Santamaría en calidad de
hijas.” (Folio 4)
[103] Folios 1 al 3.
[104] Folios 8 a 12.
[105] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Francisco Antonio
Quiceno Giraldo, de la cual se tiene que nació el 15 de octubre de 1952 (folio
5).
[106] En el expediente se aparece copia de la certificación expedida
el 20 de marzo de 2009 por el Personero Municipal de Granada, Antioquia, de la
cual se verificó que el señor Francisco Antonio Quiceno Giraldo Giraldo se
encuentra en la base de datos del RUPD desde el 23 de junio de 2002, que fueron
desplazados de la zona rural del Municipio de Granada, Antioquia, y que “su
grupo familiar está compuesto por Margarita María Giraldo Salazar en calidad de
cóyuge, Ruby Yelsy, María Yurany y Yesenia Quiceno Giraldo, en calidad de
hijos.” (Folio 4)
[107] Folios 1 al 3.
[108] Folios 8 a 12.
[109] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Gladys Eugenia
Echeverri González, de la cual se puede extraer que la accionante nació el 30
de marzo de 1983 (folio 4).
[110] En el expediente aparece copia de la certificación expedida el
20 de marzo de 2009 por el Personero Municipal de Granada, Antioquia, en la
cual se verificó que la señora Gladys Eugenia Echeverri González se encuentra
en la base de datos del RUPD desde el 19 de diciembre de 2002, que fueron
desplazados de la zona rural del Municipio de Granada, Antioquia, y que “su
grupo familiar está compuesto por Vianor Herrera Giraldo en calidad de cónyuge,
Johana Alexis, Sandra Milena y Cheyli Viviana Herrera Echeverri, en calidad de
hijos.” (Folio 5)
[111] Folio 1.
[112] Folios 1 al 3.
[113] Folios 8 a 12.
[114] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Héctor Alonso Ramírez
Giraldo, en la cual se encuentra que el accionante nació el 17 de mayo de 1972
(folio 4).
[115] En el expediente aparece copia de la certificación expedida el
27 de marzo de 2009 por el Personero Municipal de Granada, Antioquia, del cual
se verificó que el señor Héctor Alonso Ramírez Giraldo se encuentra en la base
de datos del RUPD desde el 20 de mayo de 2001, que con su familia fueron
desplazados de la zona rural del Municipio de Granada, Antioquia, y que “su
grupo familiar está compuesto por María Jeus Ramírez Giraldo en calidad de hermana,
y María Mercedes Giraldo de Ramírez en calidad de madre.” (Folio 5)
[116] Folio 1.
[117] Folios 1 al 3.
[118] Folios 8 a 12.
[119] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana Cecilia
Padilla Tovar, en el cual consta que nació el 22 de noviembre de 1963.
[120]
Copia de una carta realizada el 4 de junio de 2009 por la Unidad de Atención y
Orientación a la Población Desplazada (UAO Soledad, Atlántico), dirigida a los
hospitales de la red adscrita, en la que solicita que a la señora Ana Cecilia
Padilla Tovar y a sus dos nietos (de 5 y 2 años para la fecha), como personas
desplazadas desde el 28 de enero de 2005, se les presten los servicios de salud
que requieran (folio 7). Igualmente, en el folio 8 obra copia de la declaración
jurada rendida por la tutelante para fines extralegales el 25 de junio de 2009
ante la Notaría Segunda de Soledad, en la cual dispone que es madre cabeza de
familia a cargo de dos menores de edad.
[121] Folio 1.
[122] Folio 6. Se encuentra una copia de un formato de una petición
con fecha del 17 de marzo de 2009 suscrito por la señora Ana Cecilia Padilla
Tovar y dirigido a los Coordinadores de la Unidad Territorial del Atlántico, en
el que solicitó que se le entreguen las ayudas de arrendamiento, las prórrogas
de los beneficios de alimentación y se le inscriba en los programas de vivienda
y fortalecimiento empresarial. El documento no tiene firma ni información de
notificación, y tampoco tiene el sello o firma de recibido por la entidad.
[123] Folios 1 al 5.
[124] Folios 28 a 37.
[125] Copia de la cédula de ciudadanía la señora María Luz Luna
Romero, en la cual consta que nació el 18 de enero de 1963 (folio 8).
[126] Folio 1.
[127] Copia de un formato de solicitud de ayuda humanitaria en el que
se encuentra una firma de recibido cuya fecha no se puede determinar dado que
está borrosa en el papel; sin embargo, los datos de notificación y la firma de
la accionante son en original. Es necesario destacar que el sello y firma que
se encuentran en este documento coinciden plenamente con la copia que se
presenta en el expediente T-2.522.538. (Folios 6 y 7)
[128] Folios 1 al 5.
[129] Folios 21 al 26.
[130] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Eparquio Antonio
González Altamar, en la cual consta que nació el 1 de marzo de 1975. (Folio 7)
[131] Folio 6. Copia de la Declaración de Desplazamiento Forzada
rendida por el señor Eparquio Antonio González Altamar ante la Personería
Distrital de Barranquilla en marzo de 2001. En la misma se expuso que el
accionante fue desplazado con su familia del municipio El Carmen, Bolivar, en
noviembre de 2000, con ocasión del conflicto armado, y que desde ese momento no
ha recibido ninguna ayuda por parte del Estado. Adicionalmente, afirmó que su
grupo familiar se encuentra compuesto por su esposa y un hijo.
[132] Folio 1.
[133] Folios 1 al 5.
[134] Folios 31 a 42.
[135] Folios 21 al 26.
[136] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Alfredo Manuel
Montenegro Pedroza, en la cual consta que nació el 21 de abril de 1968 (folio
9).
[137] Folio 1.
[138] El primero de los derechos de petición se encuentra en los folios
6 y 7, el cual es una copia de un formato de solicitud de ayuda humanitaria en
el que se encuentra una firma de recibido con fecha del 3 de agosto de 2009
(como parte de la fotocopia); sin embargo, los datos de notificación y la firma
del accionante son en original. Igualmente, en el folio 8 aparece la copia de
otro formato de una petición presentado por el mismo accionante en el que
solicitó a la Red de Solidaridad Social Nacional (Regional Atlántico) el
suministro de la ayuda humanitaria; éste tiene la firma del accionante como
parte de la fotocopia, sin embargo, la información de notificación es en
original y no tiene firma de recibido.
[139] Folios 1 al 5.
[140] Folio 15.
[141] Folio 18.
[142] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Elena
Salgado De Correa, en la cual consta que nació el 20 de enero de 1931 (folio
8).
[143] El referido certificado fue expedido el 22 de mayo de 2000 por
el señor Alfredo Enrique Palencia Molina, en su calidad de Defensor del Pueblo
en Pueblo Regional, Atlántico, y en el mismo se hace constar “que a la
señora MARIA ELENA SALGADO DE COREEA (…) se le recibió declaración juramentada
donde manifiesta su condición de desplazada, como consecuencia del conflicto
armado interno que se vive en el país. El cuadro familiar está compuesto por su
esposo FELIX ANTONIO CORREA, de 72 años de edad, sus hijos ALEXANDRA CORREA
SALGADO, de 18 años de edad, JHOANIS CORREA VELEÑO, de 14 años de edad,
RIGORBERTO CORREA SALGADO, de 26 años de edad, MARGOT CORREA SALGADO y su nuera
CARMEN GARAY, DARLINSON CORREA GARAY.” (Folio 7)
[144] Folio 1.
[145] Se encuentra una copia de un formato de una petición, con fecha
del 13 de abril de 2009, suscrito por la señora María Elena Salgado De Correa y
dirigido a los Coordinadores de la Unidad Territorial del Atlántico en el que
solicitó que se le entreguen las ayudas de arrendamiento, las prórrogas de los
beneficios de alimentación y se le inscriba en los programas de vivienda y
fortalecimiento empresarial. El documento no tiene firma ni información de
notificación, y tampoco tiene el sello o firma de recibido por la entidad.
(Folio 6)
[146] Folios 1 al 5.
[147] Folio 15.
[148] Folio 15.
[149] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Joaquín Guillermo
Mercado Medina, en la cual consta que nació el 24 de agosto de 1951 (folio 9).
[150] Copia de un certificado expedido el 9 de agosto de 2000 por la
señora Neila Baleta Mirza, en su calidad de Personera Delegada del Municipio de
Soledad, Atlántico, en el que hace constar que “el señor JOAQUÍN GUILLERMO
MERCADO MEDINA (…) rindió ampliación de su declaración jurada como presunto
desplazado en las oficinas de la Personería Municipal de Soledad, ante la
Personera Delegada en Derechos Humanos. En la misma se encuentra incluido su
núcleo familiar, conformado por su mujer e hijos.” (Folio 8)
[151] Folio 1.
[152] El documento en cuestión es una copia de un formato de
solicitud de ayuda humanitaria en el que se encuentra una firma de recibido por
parte de la UAO con fecha del 4 de julio de 2002 (como parte de la copia). No
obstante lo anterior, los datos de notificación y la firma del accionante son
en original. (Folios 6 y 7)
[153] Folios 1 al 5.
[154] Folio 18.
[155] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Iván Arragui
Cuellar, en la cual consta que nació el 26 de abril de 1967 (folio 8).
[156] El documento mencionado es una copia de una carta realizada el
27 de mayo de 2002 por la Red de Solidaridad Social del Atlántico, la cual se
encuentra dirigida a los hospitales de la red adscrita, de la cual se verificó
que el señor Iván Arrigui Cuellar y su núcleo familiar se encuentra en el
Sistema Nacional de Población Desplazada por la Violencia, y que, con
fundamento en dicha calidad, la atención que se les brinde en materia de salud
podría ser cargada a la cuenta ECAT del FOSYGA. No hay claridad acerca de la
fecha en la que ocurrió el presunto desplazamiento, ni desde el momento en que
el demandante se encuentra inscrito en el RUPD. (Folio 7)
[157] Folio 1.
[158] Se allega una copia de una petición en el que se solicitó la
entrega de ayudas humanitarias de emergencia, el cual, si bien tiene firma de
recibido del 20 de mayo de 2009 en fotocopia, tanto la información de
notificación como la firma del solicitante se encuentra en original. (Folio 6)
[159] Folios 1 al 5.
[160] Folio 14.
[161] Folio 14.
[162] Copia del documento de identidad (contraseña) de la señora
Zoraida Esther Álvarez González, en la cual se pudo verificar que nació el 16
de agosto de 1967 (folio 6).
[163] Folios 8 y 9. Copia de la Declaración Juramentada rendida el 10
de enero de 2001 por la señora Zoraida Esther Álvarez González ante la
Personería Municipal de Pueblo Viejo, Magdalena, en la cual se destacó: (i) que
la accionante está casada con el señor JOSÉ MARIN SAMPER; (ii) que tiene siete
hijos, quienes para el momento de la declaración tenían 11 años, 10 años, 9
años, 6 años, 3 años, 1 año y 4 meses; y, (iii) que el 22 de noviembre de 2000
algunos pueblos vecinos a donde vivía la accionante fueron invadidos por los
paramilitares, quienes masacraron a más de 30 personas, por lo que, en la
medida que con esas noticias se veía comprometida su seguridad, ella y su familia
se desplazaron a Pueblo Viejo.
[164] Folio 1.
[165] Folios 6 y 7. Copia de un formato de solicitud de ayuda
humanitaria en el que se encuentra una firma de recibido cuya fecha no se puede
determinar dado que se encuentra borrosa en el papel, en la cual los datos de
notificación y la firma de la accionante son en original. Es importante denotar
que del sello y firma de recibidos que se encuentran borrosos, se puede
concluir que este documento es exactamente igual al documento presentado en el
caso que se estudia en el expediente T-2.521.957.
[166] Folios 1 al 5.
[167] Folio 16.
[168] Folio 17.
[169] Copia de la cédula de ciudadanía del señor José Alcides Gamero
Toledo, en la cual consta que nació el 7 de noviembre de 1949 (folio 8).
[170] Folio 8. Copia de certificación expedida el 10 de mayo de 2001
por el señor Freddy Antonio Silva Fernández, en su calidad de Asesor de la
Procuraduría Regional del Atlántico, en el cual hizo constar “que el señor
JOSÉ ALCIDES GAMERO TOLEDO (…), compareció a las instalaciones de Pastoral
Social el día 10 de mayo de 2001 a denunciar su condición de desplazado, junto
con su esposa MAURA CASTILLO GUERRA y sus hijos CARMEN ALICIA, YILVER ALBERTO,
JOSÉ IGNACIO, YOLI LICETH Y PABLO ANDRÉS GAMERO CASTILLO, se le recibió la
respectiva declaración y actualmente se encuentra en estudio para expedirle o
no su aval de desplazada.” (Folio 7)
[171] Folio 1.
[172] El documento es una copia de un formato de petición de ayudas
humanitarias dirigido a Acción Social, en el cual se encuentra una firma y
sello de recibido con fecha del 26 de junio de 2009 (que hace parte de la
copia), pero la firma del remitente y la información de notificación se
encuentran escritas en original. (Folios 6 y 7)
[173] Folios 1 al 4.
[174].
Igualmente, en la parte resolutiva de la providencia el Juzgado dispuso
compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigara
respecto de la mora en la contestación de la petición (folio 15).
[175] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Daniel Severiano
Polo Olivares, en la cual consta que nació el 8 de noviembre de 1957 (folio 9).
[176] Copia de la Declaración de Desplazamiento Forzada rendida el 21
de marzo de 2000 por el señor Daniel Severiano Polo Olivares ante la Personería
Distrital de Barranquilla. En la misma se expuso que el accionante fue
desplazado con su familia del municipio Remolino el 13 de febrero de 2000,
Magdalena, con ocasión del conflicto armado, y que desde ese momento no ha
recibido ninguna ayuda por parte del Estado. Adicionalmente, afirmó que su
grupo familiar se encuentra compuesto por su esposa e hijos (quienes, para el
momento de la declaración, tenían 17, 15, 13, 11 y 9 años). (Folio 8)
[177] Folio 1.
[178] Folios 6 y 7. El documento es una copia de un formato de
petición de ayudas humanitarias dirigido a Acción Social, en el cual se
encuentra una firma y sello de recibido con fecha del 2 de junio de 2009 (que
hace parte de la copia), pero la firma del remitente y la información de
notificación se encuentran escritas en original.
[179] Folios 1 al 5.
[180] Folio 13.
[181] Folio 15.
[182] Copia de la cédula de ciudadanía del señor Pedro Nel
Castellares Ruidiaz, en la cual consta que nació el 14 de agosto de 1964 (folio
8).
[183] El documento mencionado es una copia de una carta realizada el
4 de septiembre de 2002 por la Red de Solidaridad Social del Atlántico,
dirigida a los hospitales de la red adscrita, en la que consta que el señor
Pedro Nel Castellares Ruidiaz y su núcleo familiar se encuentran incluidos en
el Sistema Nacional de Población Desplazada por la Violencia, con miras a que
se les presten los servicios de salud que correspondan. (Folio 7)
[184] Folio 1.
[185]
Se allega una copia de una petición en el que se solicitó la entrega de ayudas
humanitarias, el cual, si bien tiene firma de recibido del 26 de julio de 2009
como parte de la fotocopia, no se precisa quién es el remitente, esto es, no
está firmada, ni tiene información para las notificación. (Folios 6 y 7)
[186] Folios 1 al 5.
[187] Folio 17.
[188] Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Dubis Marina
Pertuz Retamozo, quien nació el 5 de marzo de 1963 (folio 10).
[189] Copia del certificado expedido el 11 de noviembre de 1999 por
el señor Rafael David Morron Frandiño, en su calidad de Personero Municipal de
Remolino, Magdalena, en el cual hizo constar “que de conformidad con una
declaración jurada rendida en el día de hoy ante esta Personería por la señora
DUBIS M. PERTUZ RETAMOZO, (…), reúne las condiciones de desplazada por la
violencia que aqueja al corregimiento de Santa Rita, Remolino, Magdalena, en el
marco del conflicto armado por razones ideológicas o políticas que vive el
país” (folio 9). Cabe resaltar que el documento en mención se encuentra
escrito a máquina y no tiene ningún tipo de sello o logotipo que respalden la
legitimidad del mismo. Tampoco existe claridad acerca de la fecha desde la cual
la accionante se encuentra desplazada.
[190] Folio 1.
[191]
Del citado documento no es posible abstraer cuál fue la fecha de la solicitud
en tanto que la copia allegada al expediente (i) no tiene fecha ni sello de
recibido por parte de Acción Social y (ii) los datos de la accionante se
encuentran llenados en lapicero. (Folios 7 y 8)
[192] Folios 1 al 6.
[193] Folio 17.
[194] No se allega copia de la cedula de ciudadanía.
[195] Esa afirmación se desprende de la copia de una carta realizada
el 18 de mayo de 2002 por el señor Alfredo Yepes de los Rios, en su calidad de
Coordinador de Acción Social en la Unidad Territorial de Bolívar, la cual se
encuentra dirigida al Hospital de San Pablo. En ella se certificó la condición
de desplazado del señor Javier Enrique Silgado Martínez, a efectos de que se le
prestaran los servicios de salud correspondientes (folio 7).
[196] Folio 1.
[197] Folios 1 y 2.
[198] Folios 11 al 14.
[199] Cuaderno principal del Expediente T-2.671.934, folio 24.
[200] En este punto es necesario aclarar que, para el momento en que se
envió el auto mencionado, aún no se había acumulado al proceso el expediente
T-2.671.934, por lo que la información solicitada comprende los datos relativos
al resto de expedientes de tutela acumulados en esta ocasión.
[201] Folios 19 y siguientes, Cuaderno principal.
[202] Folios 171 y siguientes, Cuaderno principal.
[203] Folio 20, Cuaderno principal (T-2.497.519).
[204] “Artículo 11. De la no inscripción. La entidad en la que se haya
delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien
solicita la condición de desplazado, en los siguientes casos: 1. Cuando la
declaración resulte contraria a la verdad. 2. Cuando existan razones
objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia
de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de
1997. 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción
en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas
en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. En tales eventos, se expedirá un acto
en el que se señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal
determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto
proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía
gubernativa.” (Se subraya fuera del original)
[205] Folio 30, Cuaderno principal (T-2.497.519). Copia de la respuesta a la petición presentado por el señor
Agustín Jaime Sanjuan, con radicado No. 20103462452791, realizada por Acción
Social el 17 de marzo de 2010.
[206] Folio 21, Cuaderno principal (T-2.497.519).
[207] En particular, la accionada advirtió que “[l]a caracterización
consiste en analizar los beneficios otorgados por las diferentes entidades que
integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
(SNAIPD), así como las necesidades del núcleo familiar, con el fin de
inscribirlos en los programas que le permitan alcanzar su autosostenimiento y
en especial que la población en condiciones de desplazamiento obtenga el goce
efectivo de los derechos constitucionales y legales.” Folio 21, Cuaderno
principal (T-2.497.519).
[208] Folios 97 a 100 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[209] Folio 30 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[210] Folios 121 a 125 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[211] Folios 70 a 75 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[212] Folio 165 a 169 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[213] Folios 101 a 105 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[214] Folios 126 a 129 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[215] Folios 35 a 38 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[216] Folios 149 a 152 del Cuaderno Principal (T-2.497.519).
[217] Folios 111 a 114 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[218] Folios 92 a 96 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[219] Folios 52 a 58 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[220] Folios 136 a 137 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[221] Folios 142 a 148 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[222] Folios 153 a 156 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[223] Folios 80 a 85 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[224] Folios 157 a 160 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[225] Folios 161 a 164 del Cuaderno Principal (T-2.497.519).
[226] Folios 106 a 110 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[227] Folios 130 a 133 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[228] Folios 31 a 34 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[229] Folios 76 a 79 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[230] Folios 39 a 45 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[231] Folios 134 a 135 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[232] Folios 138 a 141 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[233] Folios 66 a 69 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[234] Folio 115 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[235] Folios 46 a 51 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[236] Folios 86 a 91 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[237] Folios 116 a 120 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[238] Folios 31 y 32 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[239] Folio 183 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[240] Folio 201 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[241] En el documento se resalta que: “las cifras correspondientes a
desplazamientos masivos se tomará en cuenta únicamente al accionante, sin
determinar la conformación de su núcleo familiar ni el número de personas que
hacen parte del mismo.” Folio 202 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[242] Folios 205 y 206 del Cuaderno principal (T-2.497.519). En los
documentos que anexó Acción Social a su respuesta se encuentra copia del Formato
único de declaración realizado por el señor Agustín Jaime Sanjuan. Folios
242 a 244 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[243] Folio 206 del Cuaderno principal (T-2.497.519). De acuerdo con la
información brindada por Acción Social, se tiene que dicha Resolución fue
notificada el 7 de mayo de 2010 (Folio 241 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
Se encuentra una copia de la Resolución en el Folio 239 del Cuaderno principal
(T-2.497.519).
[244] Folio 183 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[245] Folio 207 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[246] Folio 208 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[247] Folio 208 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[248] Folio 209 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[249] Folio 209 del Cuaderno principal (T-2.497.519).En este punto se hizo
referencia a que la Atención Humanitaria de Emergencia debe prestarse para que
ante la pérdida de las estructuras sociales regulares las personas en situación
de desplazamiento gocen de una subsistencia mínima.
[250] Al respecto destacó que: “El Sistema de Protección Social (SPS) ha
sido uno de los desarrollos de política social colombiana en la historia
reciente. Creado por la Ley 789 de 2003 y definido como el conjunto de
políticas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida
de los colombianos, el SPS contempla únicamente al Sistema de Seguridad Social
Integral –Aseguramiento en salud, riesgos profesionales y protección al cesante
(pensiones, cesantías y apoyos de subsistencia). Con el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010: Estado comunitario: Desarrollo para todos, se profundiza
el alcance y enfoque del SPS. Primero, se define la integralidad de su oferta.
Segundo, partiendo del hecho que no toda la población está en capacidad de
acceder a los mecanismos propuestos por el SPS por sus propios medios, el
sistema se fundamenta en mecanismos de financiamiento subsidiados y
contributivos, lo que reconoce la coexistencia de componentes público-privados
en su financiamiento, así como de mecanismos de promoción e incentivos.
Tercero, en este último aspecto, dado el carácter multidimensional de la
pobreza y procurando superar el carácter únicamente asistencial, se plantea la
necesidad de contar con tratamientos integrales para la población con mayores
carencias.” (…) “En otras palabras, la promoción social constituye un
sistema integral de atención a los más pobres y vulnerables, incluyendo las
víctimas del desplazamiento forzado.” Folio 209 del Cuaderno principal
(T-2.497.519).
[251] “En ese orden de ideas, la Atención Humanitaria de Urgencia se
brindará desde la declaración hasta la decisión sobre la inclusión en el
Registro Único de Población Desplazada, momento en el cual inicia la fase de
Atención Humanitaria de Emergencia, la cual se brinda en la Etapa de
Emergencia: primera atención, dentro del primer año, de un primer
desplazamiento (y en un segundo o más, debidamente valorado y reconocido). //
La atención Humanitaria de Emergencia también se entrega cuando, a pesar de no
estar en las circunstancias descritas, el hogar cuenta con miembros de especial
protección constitucional que no se encuentran vinculados a los programas
sociales, por razones no imputables al hogar. En cualquier caso, el Gobierno
puede requerir un tiempo prudencial no superior a 35 días para ingresar al
hogar en los programas sociales existentes que contribuyan con su subsistencia
mínima. Si esto no se lograra en el tiempo estipulado, se procede a prorrogar
la entrega de la Atención Humanitaria.” Folio 210 del Cuaderno principal
(T-2.497.519).
[252] “La priorización de la atención a estos grupos tanto para la
entrega de atención humanitaria, como para la vinculación al sistema de
Protección Social tiene como punto de partida el cumplimiento de la presunción
constitucional de Atención Humanitaria contenido en los Autos emitidos por la
Corte Constitucional. En este sentido, los programas sociales que contribuyen
al goce del derecho a la subsistencia mínima deben priorizar la atención de
niños, niñas,adolecentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados. Cuando sea
necesario, dichos programas deberán tener enfoque diferencial para minorías
étnicas.” Folio 210 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[253] Folios 210 al 212 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[254] En cada uno de las providencias citadas, esta Corporación se
manifiesta acerca de la especial obligación de protección que tiene el Estado
respecto de ciertos grupos poblacionales cuya situación de vulnerabilidad se ha
visto acrecentada como consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento
forzado. Así las cosas, el Auto 251 de 2008 se refirió a la “[p]rotección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes desplazados por el conflicto armado”; el Auto 004 de 2009 a la
“[p]rotección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos
indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento
forzado”; el Auto 005 de 2009 a la “[p]rotección de los derechos fundamentales
de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado”; el Auto
006 de 2009 “[p]rotección de las personas desplazadas, con discapacidad”; y el
Auto 092 de 2009 a la “[p]rotección de los derechos fundamentales de las
mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado”.
[255] Folios 297 a 300 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[256] Folio 299 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[257] Folio 299 del Cuaderno principal (T-2.497.519).
[258] Auto del 12 de agosto de 2010. Folio 311, Cuaderno Principal.
[259] Folio 22 del Cuaderno Principal del Expediente T-2.671.934.
[260] Esta decisión tuvo lugar a través del Acto Administrativo No. 409702 expedido por Acción Social
el 14 de septiembre de 2005. Folio 20 del Cuaderno
Principal del Expediente T-2.671.934.
[261] Folio 20 del Cuaderno Principal del Expediente T-2.671.934.
[262] Folio 22 del Cuaderno Principal del Expediente T-2.671.934
[263] Folio 26 del Cuaderno Principal
[264] Folio 311, Cuaderno Principal del Expediente
T-2.671.934, y Folio 24 del Cuaderno Principal del
Expediente T-2.671.934.
[265] Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2010 y agosto de
2016, la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 profirió
214 Autos de los cuales, en relación con el asunto objeto de debate, se pueden
revisar los siguientes: Autos 383 y 384 de 2010, Autos 098, 099 y 119 de 2013,
Auto 173 de 2014, Auto 292 de 2015 y Auto 373 de 2016.
[266] En especial el Decreto 4155 de 2011 y el Decreto 4802 de 2011.
[267] Expedientes: T-2.499.003 y T-2.499.011,
[268] Expediente T-2.503.449, T-2.521.955 y T-2.521.958.
[269] Expediente T-2.671.934.
[270] Expediente T-2.522.540.
[271] Expedientes T-2.499.003, T-2.499.006, T-2.499.007, T-2.499.008,
T-2.499.009, T-2.499.010, T-2.499.011, T-2.499.012, T-2.499.016, T-2.499.327 y T-2.503.449,
[272]
Expedientes T-2.503.449, T-2.508.497, T-2.508.787, T-2.513.103, T-2.513.104,
T-2.513.106, T-2.513.108, T-2.521.955, T-2.521.957, T-2.521.958, T-2.522.531,
T-2.522.533, T-2.522.535, T-2.522.536, T-2.522.538, T-2.522.547, T-2.522.548 y T-2.522.549.
[273] Expedientes T-2.497.520, T-2.508.787, T-2.521.957, T-2.521.958
y T-2.671.934.
[274] Artículo 168 de la Ley 1448 de 2011.
[275] En especial el Decreto 4155 de 2011 y el Decreto 4802 de 2011.
[276] Sentencia T-1015 de 2006.
[277] T- 519 de 2001.
[278] Cfr. T-1005 de 2012.
[279] El fallo hizo la siguiente relación de providencias: “T-419 de 2003
(M.P Alfredo Beltrán Sierra), T-645 de 2003 (M.P Alfredo Beltrán Sierra), T-025
de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-770 de 2004 (M.P Jaime
Córdoba Triviño), T-136 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño) T-496 de 2007 (M.P
Jaime Córdoba Triviño), T-605 de 2008 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra), T-704
de 2008 (M.P  Manuel José Cepeda Espinosa), T- 817 del 2008 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández), T-868 de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil) T-042 de 2009
(M.P Jaime Córdoba Triviño), T-840 de 2009 (M.P María Victoria Calle Correa),
T-882 de 2009 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-044 de 2010 (M.P María
Victoria Calle Correa), T-419 de 2010 (M.P María Victoria Calle Correa), T-033
de 2012 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-182 de 2012 (M.P María Victoria
Calle Correa), T-561 de 2012 (M.P María Victoria Calle Correa), T-702 de 2012
(M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-162 de 2013 (M.P Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-192 de 2013 (M.P Mauricio González Cuervo), T-414 de 2013 (M.P
Nilson Pinilla Pinilla), T-590 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-831A
de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-950 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas
Silva), T-218 de 2014 (M.P María Victoria Calle Correa), T-520 de 2014 (M.P
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-689 de 2014 (M.P Martha Victoria Sáchica
Méndez), T-707 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-112 de 2015 (M.P
Jorge Iván Palacio Palacio), T-134 de 2015  (M.P Martha Victoria Sáchica
Méndez),  T-157 de 2015 (M.P Mauricio González Cuervo), T-511 de 2015 M.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-062 de 2016 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva)”.
Y de manera particular hace referencia a las reglas unificadas en la SU-1150 de
2000.
[280] “En la sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), la Corte sostuvo que según los Principios Rectores para los
Desplazamientos Internos, ´la población desplazada tiene derecho a la
subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital y
que a través de la provisión de la ayuda humanitaria el Estado satisface su
deber imprescindible en relación con la subsistencia mínima de esa población´. En
igual sentido pueden verse otras sentencias como la T-888 de 2013 (Luis Ernesto
Vargas Silva) En esta sentencia se ampararon los derechos de varios accionantes
cuyos expedientes se habían acumulado, en su calidad de población desplazada
por la violencia. Las acciones de tutela se habían entablado en contra de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –
Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –
DAPS-  y Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), con el fin de que se les protegieran sus
derechos fundamentales asociados a la ayuda humanitaria de emergencia como
parte de la atención integral a la población víctima de desplazamiento forzado”.
[281] “Ver sentencias T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-136 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño) y T-868 de 2008 (MP Rodrigo Escobar
Gil), entre otras”.
[282] “´La entrega dispersa de la ayuda humanitaria va de la mano, en
muchas ocasiones, con la entrega incompleta de los componentes que debe cubrir
dicha ayuda. Esta situación, ha reiterado la Corte Constitucional, no sólo
desnaturaliza el propósito que debe regir la entrega de la ayuda humanitaria
puesto que no llega efectivamente a entregarse durante la etapa de emergencia,
y su entrega parcial y tardía equivale a paliar esporádicamente necesidades
básicas insatisfechas sino que se perpetúa la situación de emergencia producto
del desplazamiento forzado al permanecer la población desplazada en condiciones
de vida violatorias de su derecho al mínimo vital, poniendo en riesgo y/o
vulnerando el derecho al mínimo vital de la población desplazada´ Corte
Constitucional. Auto 099 del 2013 (MP. Luis Ernesto Vargas). En la misma
dirección, ver sentencias T-451 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda) y T- 817 del
2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández)”.
[283] “T-856 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla). En esta decisión la
Corte determinó que en el actor y su grupo familiar concurrían tres componentes
de vulnerabilidad que demandaban su protección reforzada como eran: la avanzada
edad, la discapacidad y la presencia de un menor; por lo tanto, concluyó que no
se podía condicionar el reconocimiento de la ayuda humanitaria a la necesidad
de presentar una solicitud. ´Existen situaciones excepcionales de
vulnerabilidad en las que resulta desproporcionado exigir al peticionario que
realice una solicitud ante la autoridad competente y, así, debe operar la
presunción que genera la prórroga automática de la ayuda humanitaria de
emergencia, hasta que se compruebe su efectiva estabilidad socioeconómica´”.
[284] “´El Estado tiene la obligación constitucional y legal de reservar
el presupuesto necesario para proveer oportunamente la Ayuda Humanitaria de
Emergencia, de suerte que la ausencia de recursos no puede convertirse de
ninguna manera en una excusa para someter al conjunto de la población
desplazada a una espera desproporcionada de la asistencia´. Sentencia
T-690A de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva). En la misma dirección, ver
las sentencias T-868 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y T-496 de 2007 (MP.
Jaime Córdoba Triviño), esta última reiterada en los pronunciamientos
T-476 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), y T-586 de 2009 (MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[285] Al respecto, ver entre otras las sentencias: T-328 de 2007, T- 458 de 2008, T-579 de 2012,  C-715
de 2012, T-831A de 2013 y T-520 de 2014.
[286] Precisamente estos elementos de la definición fueron establecidos en
la Sentencia T-222 de 1997 y se ha venido sosteniendo por la jurisprudencia,
como en las sentencias T-092 de 2012, T-076 de 2013, T-517 de 2014 o T-196 de 2017, entre otras.
[287] M.P. José Antonio Cepeda Amarís. Y además ver, entre otras, las
sentencias: T-719 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva. Al
respecto se pueden consultar las sentencias T-227 de 1997 MP Alejandro
Martínez Caballero, T-056 de 2008 MP Jaime Córdoba Triviño, T-821 de 2007 MP E
Catalina Botero Marino, T-086 de 2006 MP Clara Inés Vargas Hernández, T-563 de
2005 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1094 de 2004 MP Manuel José Cepeda
Espinosa, T-813 de 2004 MP E Rodrigo Uprimny Yepes, T-1346 de 2001 MP Rodrigo
Escobar Gil, , T-328 de 2007 MP Jaime Córdoba Triviño, T-1144 de 2005 MP Álvaro
Tafur Galvis, T-882 de 2005 MP Álvaro Tafur Galvis, T-563 de 2005 MP Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-985 de 2003 MP Jaime Córdoba Triviño, T-327 de 2001 MP
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-098 de 2002 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, T-268
de 2003 MP Jaime Araujo Rentería, T-419 de 2003 MP Alfredo Beltrán Sierra,
T-740 de 2004 MP Jaime Córdoba Triviño, T-006 de 2009 MP Jaime Córdoba Triviño.
[288] Al respecto las sentencias T-1103 de 2001, T-147 de 2006, T-890
de 2011, entre otras.
[289] Sentencia T-047 de 2006. En el mismo sentido las sentencias T-096 de
2006 y T-3434 de 2016.
[290] Así lo indicó esta Corporación en la Sentencia
T200 de 2013, en los siguientes términos:
“Ahora bien, advierte la Sala
que es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la
presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto
y por lo tanto quede en el vacío. A manera de ejemplo, ello sucedería
en el caso en que, por una modificación en los hechos que originaron la acción
de tutela, el/la tutelante perdieran el interés en la satisfacción de la
pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”. (Resaltado
del texto original).
[291] Ibídem.
[292] Sentencia T-200 de 2013. En el mismo sentido las sentencias T-533 de
2009, T-170 de 2009, T-309 de 2006, T-308 de 2003 y T-972 de 2000, entre otras.
[293] Sobre el fenómeno del hecho superado ver, entre otras, las sentencias
T-308 de 2003, T-096 de 2006, T-045 de 2008, T-533 de 2009, T-358 de 2014,
T-047 de 2016 y T-059 de 2016.
[294] Sentencia T-045 de 2008.
[295] Sentencia T-045 de 2008.
[296] Folio 30, Cuaderno principal (T-2.497.519). Copia de la respuesta a la petición presentado por el señor
Agustín Jaime Sanjuan, con radicado No. 20103462452791, realizada por Acción
Social el 17 de marzo de 2010.
[297] En este caso las entidades no indican la fecha exacta de
inscripción pero sí dan cuenta de su estado “incluida”.