T-281-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-281/03
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA
EDAD-Suministro de
audífonos
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-674934
Acción de tutela instaurada por PEDRO NEL
ARIAS VILLEGAS contra el Instituto de Seguro Social.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil
tres (2003).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro
del proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cali en el trámite de la acción de tutela iniciada por Pedro Nel
Arias Villegas contra el Instituto de Seguro Social.
I.
ANTECEDENTES.
El
señor PEDRO NEL ARIAS VILLEGAS, interpuso acción de tutela contra el Instituto
de Seguro Social de Cali, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
a la salud y a la vida, en razón a que el Seguro Social se niega a
suministrarle unos audífonos que requiere para mejorar su calidad de vida.
Justifica
la demanda con los siguientes hechos:
El 29 de mayo de 2002, fue remitido al
Otorrinolaringólogo, para que le fuera practicada una evaluación audiológica y en
razón al resultado le fue diagnosticada una pérdida de audición del 90 % en
ambos oídos. En consecuencia, le fue ordenada la adaptación de audífonos, pero
el Seguro Social ha sido renuente al suministro de los mismos. Indica que no
cuenta con los recursos económicos para asumir el costo de las prótesis
auditivas por lo que solicita se ordene al Seguro la entrega de los audífonos
que requiere.
II.
INTERVENCIÓN
DEL SEGURO SOCIAL.
El
Gerente Seccional del Seguro Social en Cali, en oficio dirigido al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cali, solicitó negar la protección solicitada por
el señor PEDRO NEL ARIAS VILLEGAS tras considerar que esa entidad no se
encuentra en la obligación de suministrar los audífonos que solicita pues estos
se encuentran excluidos del P.O.S.
III.
DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cali en sentencia de octubre 1° de 2002, negó el
amparo solicitado por el demandante, tras considerar lo siguiente:
“…con base
en lo expuesto, esta claro que la reclamación se dirige no a obtener una
atención médica, quirúrgica o farmacéutica de urgencia, ni procedimiento
ordinario para salvar la vida del accionante, ni aquel se encuentre amenazado
por el hecho de no proporcionarse un equipo de audífonos que mejoren la
capacidad auditiva del peticionario, menos que sin ellos se deteriore
culpablemente la salud del accionante, pues insístase tales prótesis o aparatos
tecnológicos o electrónicos están excluidos del plan obligatorio de salud y por
tanto, no hay forma con base en la ley para exigir a la EPS que asuma dichos
costos.”
IV.
PRUEBAS RELEVANTES ALLEGADAS AL
EXPEDIENTE.
-
A folio 3, copia del
carné de afiliación a la E.P.S. del Seguro Social, en donde se constata que el
accionante es cotizante de esa entidad.
-
A folio 3 copia de la
cédula de ciudadanía del señor PEDRO NEL VILLEGAS.
-
A folio 4 evaluación
audiológica y orden para la adaptación de audífonos al demandante.
-
A folio 9, escrito de
Seguro Social en donde manifiesta que los audífonos no aparecen en el listado
del P.O.S.
V.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y por la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2.      Exclusión de tratamientos del Plan Obligatorio
de Salud y requisitos para que su suministro sea ordenado por vía de tutela, de
acuerdo a la normatividad existente y la jurisprudencia de esta Corporación.
Esta Corporación ha sostenido que la salud
puede ser considerada como un derecho fundamental por conexidad, cuando en
casos concretos, su amparo incide directamente en la protección de otros
derechos. Es por esto, que la Corte ha protegido el derecho a la salud en
conexidad con el derecho a una vida digna, ordenando la práctica o suministro
de tratamientos, medicamentos o elementos excluidos del P.O.S., en razón a que
prima la norma superior que protege el mencionado derecho fundamental.
Para que proceda dicha protección debe
tenerse en cuenta el cumplimiento de ciertos presupuestos, como son:
“Que la falta del medicamento o el
procedimiento excluido por la norma legal o reglamentaria amenace los derechos
fundamentales de la vida o la integridad personal del interesado.
“Que se trate de un medicamento o tratamiento que no pueda ser
sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que,
pudiendo sustituirse, no obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido
del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para
proteger el mínimo vital del paciente.
“Que el paciente realmente no pueda
sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda
acceder a él por ningún otro modo o sistema.
“Que el medicamento o tratamiento haya sido
prescrito por un médico adscrito a la E.P.S. a la cual se halle afiliado el
demandante.”[1]
- Así, esta Corporación aplicando el principio de
supremacía de la Constitución sobre las demás fuentes formales del derecho, ha
inaplicado las normas legales y reglamentarias que excluyen tratamientos o
medicamentos necesarios para proteger la salud y la vida de las personas[2].
La aplicación de tal doctrina al caso revisado se hará
así:
3. Caso concreto.
De
acuerdo a las pruebas recaudadas en el expediente, se puede concluir que en
efecto el señor PEDRO NEL ARIAS VILLEGAS padece, según se aprecia en el
dictamen de audiología allegado al expediente de “hipoacusia sensorial
moderada- severa bilateral”. Esta acreditada su edad de 75 años, y la
circunstancia de que si bien es cierto que la negativa de los audífonos no pone
en riesgo su vida, sí desmejora notablemente su calidad, como quiera que perder
la capacidad auditiva limita en gran medida el normal desenvolvimiento
personal.
En
este orden de ideas, es del caso reiterar la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en cuanto a la protección del derecho a la vida en condiciones
dignas y justas, en efecto esta Corporación señaló que:
“El
ser humano, necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y
desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomalías en la
salud, aún cuando no tenga el carácter de enfermedad, afectan esos niveles,
poniendo en peligro la dignidad personal, resulta válido pensar que el paciente
tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus
dolencias, a buscar, por los medios posibles, la posibilidad de una vida, que
no obstante las dolencias, pueda llevarse con dignidad.[3]” (T-1344 de 2001, M.P. Dr. Alvaro Tafur
Galvis).
Considerando que en el presente caso en efecto, se han
visto desmejoradas las condiciones de vida del demandante, como quiera que se
trata de una persona de 75 años de edad, cuyo oficio es la venta y corte de
vidrios, y cuya capacidad económico apenas alcanza para subsistir, considera la
Sala que es procedente la protección solicitada, pues se cumplen los requisitos
jurisprudenciales para la inaplicación de normas que excluyen tratamientos del
P.O.S.:
- Los audífonos garantizan el goce del sentido del oído,
el cual es necesario para el desarrollo social de las personas. Por
consiguiente, la ausencia de los mismos quebranta el derecho a la vida digna y
a la integridad personal del señor ARIAS VILLEGAS.[4]
- Los audífonos no pueden ser reemplazados por
medicamentos o tratamientos que sí figuren dentro del Plan Obligatorio de Salud
y que permitan lograr la misma efectividad que aquellos.
- El accionante indicó, sin que exista declaración que
la controvierta, que no cuenta con los recursos necesarios para costear el
valor de los audífonos.
- Los audífonos fueron ordenados por el médico
tratante adscrito a la E.P.S. del Seguro Social a la cual se encuentra afiliado
el peticionario, persona de la tercera edad, a quien se le debe además, por
mandato de la Carta, un trato preferencial por sus condiciones de debilidad
manifiesta.
Así pues, se reiterará la jurisprudencia de esta
Corporación que desde la sentencia T-839 de 2000, ha venido protegiendo
situaciones similares a la que es objeto de tutela en esta ocasión:
“... si bien la
colocación del audífono no reúne las características de una urgencia vital
para el demandante, sí resulta ser un aparato que  requiere de manera inmediata
a fin de lograr un adecuado desenvolvimiento personal, la integración social
que pretende la Carta, y el mecanismo necesario para realizar sus actividades
normales como ciudadano.”
En
el mismo sentido, en acciones de tutela resueltas recientemente T-488 de 2001
M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería, y T-1239 de 2001 M.P. Dr. Jaime Córdoba
Triviño, en donde igualmente se demandaba por el suministro de prótesis
auditivas (audífonos) las Salas Primera y Cuarta señalaron respectivamente:
“No puede la Sala pasar por alto la
situación de la actora y señalar que la falta de audífonos tan sólo disminuye
su nivel de vida al no permitirle tener una salud óptima, cuando se trata de
una persona que ha visto disminuida una de sus facultades sensoriales, que
carece de la función propia de uno de los órganos de los sentidos, necesario
para su integridad personal y física, que no poseyendo los recursos necesarios
para propiciarse el aditamento necesario para establecer o aumentar el nivel de
audición requiere la especial protección del Estado prevista en el art. 13 de la Carta
Magna.” (Sentencia T-488 de 2001).
Igualmente, la sentencia T-1239 de
2001, ordenó la protección respectiva señalando:
“Los audífonos son prioritarios para el
paciente pues cada día se aísla más de su ambiente por la hipoacusia
ocasionando depresión intensa y alteración psicológica”.
Y la sentencia T-329 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar
Gil, indicó:
“Las pruebas médicas que constan  en el
expediente y la remitida con ocasión de la información solicitada por el
Magistrado Ponente, revelan que el señor JOSÉ DUVAN VALENCIA padece de
hipoacusia neurosensorial bilateral, que le ha producido una desmejora en su
calidad de vida y su salud auditiva, la cual puede verse mejorada mediante el
uso de los audífonos recetados por un médico de la entidad a la cual se
encuentra afiliado. Así pues, es  la noción de  calidad de vida, y de vida
digna, lo que debe tenerse presente con miras a la revisión de esta
tutela.,...”.
Más recientemente la tutela T-03 de 2003 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, señaló:
“En el presente asunto, la falta de la
prótesis, aunque está excluida de la reglamentación legal, de todas maneras
amenaza los derechos fundamentales del actor a la salud, a la vida digna, a la
integridad física y a la seguridad social. En efecto, la audición es uno de los
cinco sentidos que posee el hombre, y su afectación o su pérdida, y su no
tratamiento, puede implicar un deterioro en la salud, y en la vida digna, y
también podría comprometer la vida de quien lo padece.  "La pérdida del
oído puede ser causada por infecciones, heridas en la cabeza, algunas
medicinas, tumores, otros problemas médicos y hasta la acumulación de cera en
los oídos. También puede resultar de los ruidos excesivos producidos por
herramientas eléctricas, música, o la estridencia de los motores de los
aviones. A veces, cambios de la manera en que los oídos trabajan a medida que
la persona envejece, pueden afectarlos seriamente. "
“Cuando se presenta la pérdida de
audición, existen muchas consecuencias sociales y psicológicas. Algunas
personas también experimentan consecuencias físicas como resultado de la
pérdida de audición. Las consecuencias sociales para  muchas personas que
sufren de pérdida de audición no tratada, pueden ser, en primer lugar,  que
les resulte muy difícil participar en actividades sociales, incluso dentro de
la misma familia. Algunos problemas sociales incluyen: aislamiento y
retraimiento; pérdida de atención; distracción y falta de  concentración;
problemas en el trabajo (puede que tengan que dejar el trabajo o jubilarse);
problemas al participar en la vida social y reducción de la actividad social;
problemas de comunicación con su esposo/a, amigos y parientes; problemas de
comunicación con los hijos y nietos.
“La pérdida de audición no tratada puede
tener como resultado efectos psicológicos negativos, tales como la vergüenza,
la culpabilidad e ira, la pena, la tristeza o depresión, la preocupación y
frustración, la ansiedad y desconfianza, la inseguridad, baja autoestima y
pérdida de confianza   en sí mismo. "La pérdida de audición no tratada
también puede hacer que la persona sea irritable y menos tolerante con los
demás. Algunas personas pueden incluso volverse paranoicas."
"La pérdida de audición no tratada
suele tener como resultado ciertos problemas físicos. En general, las
personas con deficiencias de audición que sufren pérdida de audición no
tratada expresan un bienestar físico inferior al de las personas con una
audición normal y aquellas personas con problemas de audición que utilizan
audífonos." Algunas de las consecuencias incluyen el cansancio, la
cefalea, el vértigo, el estrés,  problemas con los deportes, problemas de
alimentación y sueño.
“Para algunas personas que sufren de
problemas de audición, el suministro del audífono o de los audífonos
formulados por el médico pueden ser de gran utilidad para contrarrestar la
enfermedad. El audífono es un "instrumento diseñado para ayudar a
personas con deficiencias auditivas, consta normalmente de un micrófono, un
amplificador y un auricular, alimentado mediante una pila de bajo voltaje.
Los audífonos pueden colocarse detrás del oído, en el oído y a veces en
audífonos pueden colocarse detrás del oído, en el oído y a veces en pueden
mejorar dicha capacidad en las personas que los llevan." Los audífonos
generalmente son muy útiles, aunque no restablecen totalmente la capacidad
auditiva. Cuando una persona con deficiencia de audición adquiere un
audífono, por lo general su capacidad para oír mejora rápidamente”.
Así las cosas, reiterando lo señalado por esta Corte[5], la
colocación de audífonos no se considera una prestación de carácter vital pero
se trata de un instrumento ortopédico que permitirá al accionante el desarrollo
digno de sus condiciones de vida, y por ello se hace procedente, de acuerdo con
la jurisprudencia mencionada, el amparo tutelar.
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Cali. En consecuencia, conceder el amparo solicitado por el
señor PEDRO NEL ARIAS VILLEGAS.
Segundo. INAPLICAR de conformidad con el artículo 4 de la Constitución
Política y para este caso específico el parágrafo del artículo 12 de la
resolución 5261 de 1994, emitida por el Ministerio de Salud y el artículo 7 del
Acuerdo 008 de 1994, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Tercero. ORDENAR a la E.P.S. del INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL I.S.S.,
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta sentencia, proceda a ordenar el efectivo suministro e implantación de los
audífonos ordenados por el médico tratante del señor PEDRO NEL ARIAS VILLEGAS.
Cuarto. La E.P.S. del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. podrá repetir contra
el FOSYGA, por la suma de los dineros invertidos en el cumplimiento de la orden
emitida en este fallo.
Quinto. Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia T-300/01.
[2] Al
respecto, se puede ver la Sentencia T-329 de 2002. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[3]
Ver sentencia T-224 de 1997, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, reiterada en T-099 de 1999 y      T-722 de 2001.
[4] En
el mismo sentido la sentencia T-1239 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[5] Al
respecto, recientemente se han proferido las sentencias T-839 de 2000, T-488 y
T-1239  de 2001.