T-119-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-119/14
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Madre en representación de hijo inválido
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
de procedibilidad
PROTECCION CONSTITUCIONAL, INTERNACIONAL Y LEGAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Obligación de desarrollar acciones afirmativas a
su favor
La Corte Constitucional ha concluido
que las personas con discapacidad tienen derecho a que el Estado adopte medidas
positivas con el fin de lograr que su derecho a la igualdad sea efectivo, pues
ha reconocido que estas personas han sido históricamente discriminadas y han
tenido que enfrentar distintas barreras que les han impedido gozar y disfrutar
de sus derechos en las mismas condiciones que las demás personas. La protección
constitucional antes descrita está acorde con los instrumentos internacionales
que se han suscrito con el propósito de garantizar a las personas con
discapacidad el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
MECANISMOS DE
INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACIONES-Alcance normativo
DERECHO
A LA IGUALDAD-Justificación de
trato diferente/DERECHO A LA IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Justificación de trato diferente
La Corte ha
entendido que el trato diferenciado que reciben es constitucionalmente
admisible en la medida en que encuentra sustento en los valores y principios
constitucionales y por supuesto en el contenido del artículo 13 constitucional.
Por ende, “el trato favorable no constituye un
privilegio arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple
cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho
mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a
su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una
carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la
ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de
igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”.
DERECHO A LA
IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Situaciones
que constituyen actos discriminatorios
Una conducta puede entenderse como violatoria del
postulado constitucional a la igualdad de una persona en condición de
discapacidad, cuando quiera que vaya encaminada a coartar, restringir, excluir
o anular el ejercicio de sus derechos, libertades y oportunidades sin
justificación objetiva y razonable e incluso cuando se omite de manera
injustificada el trato especial al que tienen derecho, pues ello supone la
exclusión inmediata de un beneficio, ventaja u oportunidad.
DERECHO A LA
EDUCACION Y A LA IGUALDAD DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a ICETEX,
condonar deuda con ocasión de un crédito educativo para que joven cursará
estudios de música
DERECHO A LA
EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden
al ICFES en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, diseñar y
desarrollar medidas en torno al contenido del derecho a la educación desde su
perspectiva de accesibilidad
DERECHO A LA
EDUCACION INCLUSIVA DE PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden
al ICFES en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional implementar
las acciones que consideren necesarias para garantizar la inclusión en el
sistema educativo de las personas con discapacidad
Referencia: Expediente T-4085210
Acción de tutela
presentada por Gloria Lucero Herrera Contreras en representación de su hijo,
Jimmy Hernando León Herrera contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios en el exterior- ICETEX, el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación Superior- ICFES-, el Ministerio de Educación
Nacional y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, en calidad de entidades vinculadas de oficio.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil
catorce (2014).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido en primera instancia por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito
de Bogotá, el cinco (5) de junio de dos mil trece (2013) y en segunda instancia
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Séptima de
Decisión Civil, el dieciséis (16) de julio del mismo año, dentro de la acción
de tutela promovida por Gloria Lucero Herrera Contreras en representación de su
hijo, Jimmy Hernando León Herrera contra el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios en el exterior- ICETEX-, el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación Superior- ICFES, el Ministerio de Educación
Nacional y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, en calidad de entidades vinculadas de oficio.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de Auto del diecisiete (17) de octubre de
dos mil trece (2013), proferido por la Sala de Selección Número Diez.
I.  ANTECEDENTES
La señora Gloria Lucero Herrera Contreras
presentó acción de tutela en representación de su hijo Jimmy Hernando León
Herrera[1],
tras considerar que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en
el exterior- ICETEX- vulneró sus derechos fundamentales, al negarse a condonar
la deuda que actualmente presenta por razón de un crédito educativo, pues a
juicio de la entidad, para ello es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos,
dentro de los cuales está haber obtenido el mejor promedio en las pruebas de
Estado SABER-PRO.
Según la peticionaria, esta exigencia desconoce
que las personas que padecen autismo presentan una serie de complejidades en su
desarrollo y en su proceso de aprendizaje, por lo que no es posible que
compitan en igualdad de condiciones frente a los demás estudiantes.
1. Hechos
1.1. Manifiesta la accionante, que su hijo,
Jimmy Hernando León Herrera es un joven[2]
que padece de autismo y que actualmente presenta una pérdida de la capacidad
laboral del 66.1%.[3]
1.2. Actualmente, tiene una deuda que
supera los sesenta millones de pesos ($60.000.000) con el Icetex por concepto
de un préstamo que le fue concedido para cursar estudios de música en la
Universidad de los Andes a través del programa de crédito especial para
estudiantes con discapacidad[4],
pues inicialmente el crédito regular fue rechazado al no contar con un respaldo
económico suficiente que permitiera garantizar el pago total de la deuda.[5]
1.3. Expone, que el joven fue el mejor
bachiller de la institución educativa en la que cursó estudios escolares[6]
pero además de ello, fue el mejor egresado de la facultad de música en la
mencionada universidad con un promedio de 4.5. [7]
1.4. Sostiene, que el Presidente de la
República, informó a través de diversos medios de comunicación que a aquellos
estudiantes con mejores promedios universitarios, se les condonarían las deudas
existentes con el Icetex. Sin embargo, una vez presentada la solicitud, la
referida entidad, expuso que para ello era necesario el cumplimiento de ciertos
requisitos, dentro de los cuales se encontraba tener el mejor promedio en las
pruebas SABER-PRO.[8]
1.5. A juicio de la peticionaria, el
cumplimiento de este requisito es irrazonable y desproporcionado, en tanto no
es posible que su hijo compita en igualdad de condiciones con los demás
estudiantes del país en una prueba de esta naturaleza, sobretodo cuando sus
condiciones particulares le impiden el desarrollo de ciertas destrezas que la
prueba exige y que le son imposibles de realizar.[9] En efecto,
aquellas personas que presentan autismo, requieren de ajustes y tratamientos
especiales en los diferentes procesos y exámenes académicos, por lo que esta
circunstancia debió haber sido prevista por la entidad al momento de presentar
el joven la prueba.[10]
1.6. Ante la negativa de la demandada, la
tutelante ha solicitado de manera reiterada la concesión de la condonación, no
solo por la precaria situación económica del joven quien actualmente no cuenta
con un empleo sino precisamente porque en razón a su alto rendimiento, es un
derecho que le asiste. Incluso, son tan reconocidos sus méritos académicos, que
las entidades Fulbright y Colfuturo le concedieron una beca para realizar un
nivel elevado de ingles y de esta manera ser aspirante a la realización de un
postgrado. Sin embargo, y pese a lo anterior, el ICETEX se ha negado a ello.[11]
1.7. Con fundamento en lo anterior, la
peticionaria, en representación de su hijo, presentó acción de tutela,
invocando la protección de sus derechos fundamentales, concretamente el derecho
a la igualdad. En consecuencia, solicita como objeto material de protección:
(i) se conceda tanto a ella en su condición de codeudora como a su hijo, la
condonación total de la deuda que actualmente presentan con el Icetex, teniendo
en cuenta el excelente desempeño académico del joven en la universidad y en
otros aspectos académicos de su vida, (ii) se garantice de esta manera el goce
efectivo de su derecho al mínimo vital y por ende no se le exija el pago de una
deuda que no puede sufragar y (iii) que el Departamento Administrativo de la
Función Pública, establezca a nivel nacional, una página de inscripción para
personas con discapacidad que estén buscando empleo conforme sus habilidades.
2. Respuesta de las entidades demandadas
y vinculadas de oficio
Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito
de Bogotá mediante auto proferido el veinticuatro (24) de mayo de dos mil trece
(2013), el Despacho ordenó notificar a las entidades accionadas y vincular al
trámite de tutela, al Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación Superior- ICFES, al Ministerio de Educación
Nacional y al Departamento Administrativo de la
Función Pública.[12]
2.1. Respuesta del Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior- ICETEX
Durante el término de traslado de la acción
de tutela, el ICETEX dio contestación al requerimiento judicial, solicitando
como primera medida se negaran las pretensiones de la demanda, ante la ausencia
de una vulneración a los derechos fundamentales de Jimmy Hernando León Herrera.
Como sustento de su petición, sostuvo que (i) el joven no cumple con los supuestos
normativos previstos en la ley para la condonación de su crédito educativo.[13]
En este sentido, la entidad no puede extralimitarse en el ejercicio de sus
funciones, otorgando beneficios no contemplados a favor del tutelante, máxime
cuando en ningún momento se pactó la adjudicación de un crédito de carácter
condonable y (ii) el Reglamento de Crédito Educativo y sus disposiciones
complementarias contienen una normatividad homogénea, que se aplica para
evaluar en condiciones de igualdad todas las solicitudes de crédito que recibe
la institución.[14]
2.2. Respuesta del Instituto Colombiano
para la Evaluación de la
Educación- ICFES
El ICFES solicitó en el escrito de
contestación a la acción de tutela, su desvinculación del presente trámite, aduciendo
la falta de legitimación en la causa por pasiva. Para ello, sostuvo que (i) no
existe vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad ni se
prueba la existencia de un perjuicio irremediable, (ii) al joven Jimmy Hernando
León Herrera, se le publicaron los resultados obtenidos en el examen SABER-PRO,
presentado en el primer semestre del año 2011, en igualdad de condiciones que a
los demás examinados y (iii) la entidad realizó la publicación de resultados de
los mejores SABER-PRO en los mismos términos que se venían publicando, y en los
mismos no aparece el nombre del tutelante.[15]
2.3. Respuesta del Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Durante el término de traslado, el
Departamento Administrativo de la
Función Pública solicitó se declarará probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por cuanto (i) los fundamentos que sustentan la acción
de tutela escapan a la órbita de competencia atribuida a la entidad, quien no
se encarga de fijar políticas públicas en materia de educación o aprendizaje y
(ii) en el texto de la demanda de tutela promovida por la señora Gloria Lucero
Herrera en representación de su hijo, no aparecen hechos u omisiones que puedan
ser atribuibles o resulten predicables de la entidad.[16]
2.4. Respuesta del Ministerio de
Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional
solicitó su desvinculación del presente trámite en tanto, el caso planteado,
escapa a la esfera de sus funciones, por tratarse de requerimientos de
competencia exclusiva y propia del Icetex, razón por la cual no es viable
efectuar pronunciamiento alguno sobre el requerimiento judicial.[17]
3. Decisiones que se revisan
3.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Veinticuatro (24) Civil del
Circuito de Bogotá, mediante fallo del cinco (5) de junio de dos mil trece
(2013) resolvió negar por improcedente el amparo invocado. A juicio del Despacho,
no existió una vulneración a los derechos fundamentales del joven Jimmy
Hernando León Herrera, pues la decisión de negar la petición de condonación del
crédito educativo se fundamentó en las normas aplicables al caso.
Adicionalmente, de la actuación desplegada por la entidad accionada, no se
derivó un tratamiento discriminatorio, puesto que efectivamente se garantizó el
acceso y permanencia del joven a la educación superior, precisamente con el
otorgamiento del crédito educativo para cursar el programa de música en la
Universidad de Los Andes.
3.2. Impugnación
La señora Gloria Lucero Herrera Contreras
presentó escrito de impugnación solicitando se revocará el fallo recurrido y en
su lugar se concediera el amparo invocado. Como sustento de su petición, la
tutelante expuso que el juez de primera instancia, omitió realizar un análisis
detallado de las características, necesidades y dificultades de las personas
con autismo y la consecuente imposibilidad de desempeñarse en igualdad de
condiciones frente a quienes no padecen este trastorno. [18]
3.3. Decisión de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá- Sala Séptima de Decisión Civil, mediante fallo del
dieciséis (16) de julio de dos mil trece (2013), resolvió confirmar el fallo
recurrido. Para ello, consideró que en el presente asunto (i) no se acreditaba
el requisito de subsidiariedad  pues  tratándose de una controversia de índole
económico y contractual, el actor contaba con otros medios de defensa judicial,
(ii) no se cumplía con el requisito de inmediatez pues la tutela se había
interpuesto 11 meses después del presunto hecho generador de la vulneración, en
este caso la negativa a la petición de condonación de la obligación crediticia
y (iii) no era la acción de tutela el medio para inducir la adopción de
políticas públicas, ni para indagar sobre cuestiones de carácter general y
abstracto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es
competente para revisar el fallo de tutela de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema
jurídico
2.1. Teniendo en cuenta los antecedentes
previamente citados, le corresponde a la
Sala examinar el siguiente problema jurídico. ¿Cabe aplicar en igualdad de
condiciones a una persona autista (Jimmy Hernando León Herrera), un  régimen de
estímulo especial previsto para personas en condiciones de pobreza, que para la
condonación de un crédito educativo exige, entre otras, contar con las pruebas
SABER PRO con resultados ubicados en el decil superior del área en que se
desempeña quienes la presentan, pese a carecer la prueba de un componente
evaluativo en el área de desempeño del accionante?
Para dar solución al problema jurídico
planteado, la Sala (i) analizará la procedencia de la acción de tutela en el
caso concreto, (ii) la Protección
constitucional, internacional y legal de las personas con discapacidad y la consecuente obligación de desarrollar acciones
afirmativas a su favor (iii)  abordará la obligación del Estado
de brindar un tratamiento diferente a personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales,
fundado en criterios que atiendan sus necesidades y
posibilidades individuales para finalmente resolver el caso concreto.
3. Procedencia
de la acción de tutela en el caso concreto.
3.1. Legitimación en la causa por activa
de la señora Gloria Lucero Herrera Contreras
3.1.1. De
acuerdo con el artículo 86 de la
Carta Política, la acción de tutela se podrá promover en nombre propio o en
representación de otros, en los siguientes términos: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
El artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”, establece que “La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.”
Al respecto, la
Corte Constitucional ha advertido que para interponer la acción de tutela, es
viable su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de
edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas).
3.1.2. En desarrollo de lo anterior, la
Sala de Revisión encuentra que en el caso concreto, la señora Gloria Lucero
Herrera Contreras actúa en representación de su hijo Jimmy Hernando León
Herrera, quien es una persona que padece de autismo, presenta una pérdida de la
capacidad laboral del 66,1% y fue declarado interdicto judicial mediante fallo
proferido el nueve (9) de mayo de dos mil siete (2007) por el Juzgado Quinto de
Familia de Bogotá. En el mismo se  designó como guardador general a su
progenitora, la señora Gloria Lucero Herrera.[19]
De lo anterior, se concluye que la señora
Herrera Contreras está legitimada para actuar en representación de su hijo para
la protección de sus derechos, ya que se acreditó el cumplimiento de uno de los
supuestos exigidos por la jurisprudencia para el ejercicio de la representación
legal.
3.2. Examen de inmediatez
3.2.1. En los
argumentos esgrimidos por el juez de segunda instancia para negar la tutela, se
encuentra el atinente al requisito de la inmediatez. Para el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Séptima de
Decisión Civil, “Tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, ya que la
actora no obró con la prontitud necesaria, debido a que la negativa a la
petición de condonación de la obligación, que es lo que en últimas duele, data
de 12 de junio de 2012, en tanto que la acción de tutela la propuso en mayo de
2013, es decir 11 meses después.”[20]
Dentro de los requisitos de procedencia de
la acción de tutela derivado del artículo 86 de la
Constitución es su interposición en un lapso
razonable y proporcionado a partir del hecho que dio lugar a la vulneración
alegada. Al respecto ha dicho la Corte que con tal requisito se pretende evitar que la acción de tutela se emplee como una
“herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores,
o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.[21]
Varias son las
razones que podrían aducirse para justificar válidamente la inactividad del
accionante, según la jurisprudencia constitucional: (i) la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito; (ii) la
incapacidad del actor para ejercer oportunamente la defensa de sus derechos;
(iii) la existencia de una amenaza grave e inminente que resulte urgente
conjurar de manera inmediata mediante la acción interpuesta; (iv) la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas y que justifique la tardanza en el ejercicio de los
derechos; (v) la permanencia de la vulneración es permanente en el tiempo, es
decir, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual; y (vi) la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales (estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otras), convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez.[22]
3.2.2.          Contrario
a lo establecido por el juez de segunda instancia, la
Sala encuentra que la última respuesta emitida por parte del Icetex, en torno
a la negativa de acceder a la petición formulada por la accionante en la cual
invoca la condonación de una obligación crediticia, data del año 2013,
concretamente del 27 de marzo. En la misma, la entidad, expuso que: “De
acuerdo a lo anterior, le indicamos que no es viable proceder de manera
favorable en cuanto a la condonación de la obligación puesto que el
beneficiario no cumple con los requisitos indicados anteriormente.” [23]
Así las cosas,
entre el presunto hecho generador de la vulneración,
en este caso la negativa a la petición de condonación y la interposición de la
acción de tutela (22 de mayo de 2013)[24],
transcurrieron 2 meses, tiempo que se estima como prudente y razonable para
interponer la acción de tutela y por ende no se desconoce el cumplimiento del
requisito de inmediatez.
Adicionalmente,
no puede perderse de vista que esta Corporación ha
señalado que cuando se trata de acciones de tutela presentadas por sujetos de
especial protección constitucional, el análisis de procedencia por inmediatez
debe ser flexible.[25]
Se protege con esto que los obstáculos propios de su condición, se tomen en
cuenta como razones válidas para admitir demora en el acceso a la
administración de justicia.
En este orden de
ideas, el juez de tutela debe ser sensible a las
condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad
en las que muchas veces se encuentran las personas en
situación de discapacidad. En este caso, se trata de una persona en una
situación especial, quien además fue declarado interdicto mediante fallo
judicial.[26]
Por las razones expuestas, debe concluirse
que la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Lucero Herrera
Contreras en representación de su hijo Jimmy Hernando León Herrera cumple con
el requisito de inmediatez.
3.3. Principio de subsidiariedad
3.3.1. De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 13 y 86 de la
Constitución Política, toda persona que se sienta afectada en sus derechos
fundamentales puede invocar la protección del juez constitucional, con el
propósito de que cese la vulneración o amenaza a los mismos.
El presente caso, trata un asunto que trasciende a la
esfera de protección de los derechos fundamentales a la educación y a la
igualdad. Se trata de la adopción de acciones afirmativas a favor de personas
como el accionante, que deben presentar la prueba SABER PRO para aspirar al
estímulo especial de condonación de su crédito educativo, previsto para
personas en situación de pobreza.
Esta Corporación ha señalado que la omisión del deber
de trato especial puede ser controvertida por medio de la acción de tutela, sobretodo
cuando se trata de personas en condición de discapacidad, sometidas a una
constante marginación social, para quienes se busca la realización de sus
derechos fundamentales en igualdad de condiciones al resto de la sociedad.
[27]
3.3.2. En este caso el demandante sólo cuenta con el
amparo tutelar como mecanismo de protección, por cuanto aunque tiene a su
alcance la jurisdicción contencioso administrativo para controvertir el acto
que negó su solicitud de condonación de su crédito educativo, este no reviste
la idoneidad necesaria para garantizar sus derechos por las siguientes razones:
(i) se trata de un sujeto de especial protección constitucional (el tutelante tiene autismo y presenta una pérdida de
la capacidad laboral del 66.1%) a quien precisamente se le debe facilitar el
acceso a la protección de sus derechos constitucionales, removiendo
progresivamente los obstáculos que impidan la satisfacción de sus intereses. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del julio 4 de 2006,
expresó que: “toda persona que se encuentre en una situación de
vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes
especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer
las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. La
Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los
derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables
en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho,
ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se
encuentre, como la discapacidad”. (ii) Los mecanismos ordinarios de defensa
podrían tardar mucho tiempo en surtir efecto y es claro que en el presente
asunto es urgente la intervención del juez constitucional para desarrollar todo
tipo de medidas de igualdad promocional que hagan posible el ejercicio de los
derechos no solo del accionante sino de las demás personas que se encuentren en
su misma circunstancia y de esta manera evitar cualquier acto discriminatorio
en su contra. (iii) La jurisdicción contencioso administrativa puede ser idónea
y efectiva cuando lo que se pretenda sea cuestionar la legalidad de cierta
normatividad, sin embargo dada su naturaleza no es el mecanismo adecuado en lo
que corresponde a la protección de los derechos fundamentales. (iv) La decisión
de procedencia de una tutela en la cual se vean involucrados derechos
constitucionales de personas en condición de discapacidad, deberá siempre
consultar y valorar la necesidad de permitir su acceso a la administración de
justicia y su incorporación a la sociedad sin más barreras o exigencias
rigurosas de las que la sociedad regularmente les impone.
Bajo estas consideraciones y dada la relevancia
constitucional del caso, resulta procedente el estudio del mismo por medio de
la acción de tutela.
4. La
Protección
constitucional, internacional y legal de las personas con discapacidad y
la consecuente obligación de desarrollar acciones afirmativas a su favor
4.1. El artículo 13 de la
Constitución Política prohíbe cualquier
diferenciación injustificada, originada en razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, entre
otros criterios, pero además, establece la obligación a cargo del Estado de adelantar
acciones afirmativas a favor de aquellas personas que por su condición
económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta. Con ello se busca garantizar de manera real y material el ejercicio
de este derecho y la especial protección de que gozan
las personas en estas circunstancias. [28]
Por su parte, el artículo 47 Constitucional
manifiesta que es obligación del Estado adelantar una “política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”. [29] Esta norma consagra entonces un derecho a favor de las
personas en situación de discapacidad, el cual a su vez se convierte en una
obligación clara y expresa por parte del Estado, consistente en propender por
la inclusión social de este grupo de la población y garantizar la igualdad de
oportunidades y el trato más favorable.
Por último, el artículo 68 de la
Carta,  determina que son obligaciones especiales del Estado la
“erradicación del analfabetismo y la educación de personas con
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales”. [30]
De este mandato constitucional se deriva la obligación que tiene el Estado
de crear políticas públicas encaminadas a superar las barreras de acceso a la
educación de las personas con limitaciones o en situación de discapacidad.
De la interpretación de estas normas, la
Corte Constitucional ha concluido que las personas con discapacidad tienen
derecho a que el Estado adopte medidas positivas con el fin de lograr que su
derecho a la igualdad sea efectivo, pues ha reconocido que estas personas han
sido históricamente discriminadas y han tenido que enfrentar distintas barreras
que les han impedido gozar y disfrutar de sus derechos en las mismas
condiciones que las demás personas.
4.2. La protección constitucional antes
descrita está acorde con los instrumentos internacionales que se han suscrito
con el propósito de garantizar a las personas con discapacidad el goce pleno en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales. Al respecto, pueden destacarse, entre otros:
4.2.1. La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, propone “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Para alcanzar los fines propuestos y en
armonía con el marco de protección constitucional para este grupo poblacional, la
Convención estableció en cabeza del Estado unas obligaciones de acción y otras
de omisión respecto de los derechos de los que son titulares las personas con
discapacidad. Entre estas obligaciones, se encuentra la de “tomar todas las
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad”,[31] y la de
abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con la referida
Convención velando porque todas las autoridades e instituciones públicas actúen
de acuerdo a lo que en ella se dispone.
Igualmente, en el artículo 3 del
instrumento internacional, se consagraron unos principios generales, entre los
cuales cabe destacar el respeto por la dignidad, autonomía individual y la
independencia de las personas con discapacidad, la no discriminación, la
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, y la igualdad de
oportunidades.[32]
Entre estos principios, la Convención se ocupó de desarrollar el de no discriminación,
señalando que los Estados Partes, i) prohibirán toda discriminación por motivo
de discapacidad, ii) garantizarán protección legal a las personas con
discapacidad contra cualquier tipo de discriminación, y iii) realizarán ajustes
razonables para promover la igualdad de las personas con discapacidad y
eliminar la discriminación a la que este grupo de personas ha sido sometido.
Para una mejor comprensión de los
compromisos adquiridos por los Estados Parte, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad definió los
conceptos de “discriminación por motivos de discapacidad” y de
“ajustes razonables”. Respecto del primer concepto, se estableció que la
discriminación ocurre cuando se presentan actos de distinción, exclusión o
restricción, que tengan el propósito o el efecto de obstaculizar o impedir el
goce de los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Asimismo,
señaló que existe discriminación contra las personas con discapacidad cuando se
deniegan ajustes razonables,[33]
concepto que fue definido como las modificaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que se requieran en un caso particular, para garantizarle a las
personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una
carga desproporcionada o indebida.[34]
4.2.2. El Protocolo
de San Salvador, adicional a la
Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, preceptúa en
su artículo 13 literal e) que “se deberán establecer programas de enseñanza
diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial
instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias
mentales”, y en su artículo 18 señala que “toda persona afectada por una
disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una
atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su
personalidad”.
4.2.3. En el ámbito americano se encuentra la
Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad”, la cual tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las
expresiones de discriminación contra las personas con discapacidad, así como la
de propiciar su plena integración a la sociedad. En el artículo 1° de este
instrumento internacional se establece que: “el término ‘discapacidad’
significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por
el entorno económico y social”.
En esta Convención se consagra que
la discriminación contra las personas con limitaciones o con discapacidad
constituye toda “distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades
fundamentales”. Adicionalmente, ordena a los Estados a tomar medidas no
sólo para “eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad”
sino también para “propiciar su plena integración en la sociedad”.[35]
4.3. Por otro lado, en el ordenamiento jurídico
Colombiano, diferentes regulaciones han definido mecanismos de protección para
las personas en situación de discapacidad. Entre ellas se encuentran:
4.3.1. La Ley 115 de 1994, [36] “Por la cual se expide la
Ley General de la Educación”, determina que la educación para personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con
capacidades intelectuales excepcionales, “es parte integrante del servicio
público educativo” (art. 46), para lo cual la
Nación y las entidades territoriales “podrán contratar con entidades
privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos necesarios para la atención” de
las personas discapacitadas.
4.3.2. El Decreto 2082 de 1996,
“Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales”, establece que esta
población puede recibir atención específica y en determinados casos, individual
y calificada, dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la
limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad,
para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural
y social.
4.3.3.
En la
Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, se
dispuso en su artículo 12 lo siguiente: "el Gobierno Nacional deberá
establecer la metodología para el diseño y ejecución de programas educativos especiales
de carácter individual según el tipo de limitación, que garantice el ambiente
menos restrictivo para la formación integral de las personas con
limitaciones".
El artículo 14 establece que “El Ministerio de Educación Nacional y el
ICFES, establecerán los procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a
las personas con limitaciones físicas y sensoriales la presentación de exámenes
de estado y conjuntamente con el ICETEX, facilitará el acceso a créditos
educativos y becas a quienes llenen los requisitos previstos por el Estado para
tal efecto”.
4.3.4. Por su parte, el Decreto 366 de 2009, "Por medio del cual se
reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de
los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos
excepcionales, en el marco de la educación inclusiva", en su artículo
4 expresa que “Los establecimientos educativos que reporten matrícula de
estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con
autismo deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de
estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y
estrategias establecidas en las orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio
de Educación Nacional.”
4.3.5. Como
se puede observar, la política educativa se ha orientado al diseño de un
sistema que se compromete a la creación de un ambiente menos restrictivo y una
formación integral dentro del medio académico y social más apropiado para
quienes cuenten con limitaciones físicas o mentales, “sin perjuicio de que
aquéllos sean objeto de un tratamiento curricular singular dirigido a
desarrollar sus aptitudes y condiciones excepcionales.”[37]
4.4. Con fundamento en los preceptos constitucionales,
normas internacionales y disposiciones legales antes mencionadas, la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado un amplio espectro de protección
para quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por razón
de su limitación o discapacidad y ha establecido que son sujetos de especial
protección a quienes se les debe garantizar su derecho fundamental a la
igualdad, lo cual supone el ejercicio de un trato diferenciado y la obligación
de evitar cualquier acto discriminatorio en su contra.
En este sentido, el alto Tribunal Constitucional ha
reconocido la necesidad de adoptar medidas especiales a favor de este grupo de la
población que garanticen un trato prioritario fundado en el reconocimiento de
la igualdad dentro de la diferencia, es decir, las diferencias reales existentes entre personas que
padecen alguna discapacidad y las que no. Al respecto, la
Corte ha sostenido:
“La igualdad de oportunidades es un
objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás
derechos y la plena participación en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de
oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se
"equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para
garantizarles el pleno goce de sus derechos. Los derechos específicos para las
personas con discapacidad implican necesariamente, acciones afirmativas a favor
de éstas, de manera que “autorizan una "diferenciación positiva
justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable
para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de
debilidad manifiesta (CP art. 13)”.[38]
“La no aplicación
de la diferenciación positiva en el caso de las personas discapacitadas permite
que la condición natural de desigualdad y desprotección en que se encuentran se
perpetúe, situación que les impide, entonces, participar e integrarse en las
actividades sociales, para poder así ejercer sus derechos y responder por sus
obligaciones.  En suma, las personas discapacitadas
tienen derecho a que el Estado les procure un trato acorde a sus
circunstancias, siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de
sus derechos en condiciones de igualdad. La omisión de este deber, por parte
del Estado, puede convertirse en una lesión de los derechos fundamentales”.[39]
En este orden
de ideas, la Corte ha entendido que el trato diferenciado que reciben es
constitucionalmente admisible en la medida en que encuentra sustento en los
valores y principios constitucionales y por supuesto en el contenido del artículo
13 constitucional. Por ende, “el trato favorable no constituye un privilegio
arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario, simple
cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se ha hecho
mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que sumar a
su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven sometidos, una
carga adicional a la que deben soportar el resto de los habitantes de la
ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el postulado mínimo de
igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”.[40]
4.5. A partir
de lo anterior, esta Corporación ha establecido que una conducta puede
entenderse como violatoria del postulado constitucional a la igualdad de una
persona en condición de discapacidad, cuando quiera que vaya encaminada a
coartar, restringir, excluir o anular el ejercicio de sus derechos, libertades
y oportunidades sin justificación objetiva y razonable e incluso cuando se
omite de manera injustificada el trato especial al que tienen derecho, pues
ello supone la exclusión inmediata de un beneficio, ventaja u oportunidad.[41]
Respecto a la
violación del derecho a la igualdad por omisión en el cumplimiento del deber de
trato especial, la Corte ha precisado que dicha circunstancia supone que el
juez verifique la existencia de:
“(1) un acto -
jurídico o de hecho - de una autoridad pública o de un particular, en los casos
previstos en la ley; (2) la afectación de los derechos de personas con
limitaciones físicas o mentales; (3) la conexidad directa entre el acto,
positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los derechos, libertades
u oportunidades de los discapacitados”.[42]
Pero además de
ello, para que un trato diferente esté justificado esta Corporación ha
encontrado que deben observarse los siguientes parámetros: “primero, que los
hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos de manera
diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; y tercero, que
la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además
adecuada.”[43]
4.6. En
resumen, las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas y
a que se adopten medidas tendientes a lograr que su derecho a la igualdad sea
efectivo garantizándoles su participación e integración plenas en la sociedad.
Este derecho está consagrado en la
Constitución y en tratados internacionales, normas en las que se establecen
obligaciones en cabeza del Estado, entre las que se encuentran la de “tomar
todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad” ,[44]
y la de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con su
protección especial. Para cumplir estas obligaciones, existe un deber de
adoptar medidas como la implementación de “ajustes razonables”, el cual
toma nota de la dificultad de lograr un diseño que contemple todas las
variables que determinan las necesidades de la población con discapacidad y
prescribe, de esa forma, la obligación de adecuar el diseño frente a casos
concretos mediante cambios que no exijan cargas irrazonables y
desproporcionadas al Estado.
5. Se desconoce el derecho a la
igualdad de una persona cuando el Estado omite adoptar las medidas encaminadas
a garantizar un tratamiento diferente fundado en criterios que atiendan sus
necesidades y posibilidades individuales.
5.1.
Cabe resaltar, que esta Corporación ha estudiado casos de personas con
limitaciones o capacidades excepcionales, a quienes se les han vulnerado sus
derechos fundamentales frente a la omisión del Estado en adoptar las medidas
que garanticen un tratamiento constitucional diferente en relación con quienes
no poseen estas calidades. Lo anterior encuentra sustento precisamente en el
artículo 13 de la Constitución, que aún cuando reconoce a todas las personas de
modo general la igualdad ante la ley y la igualdad de trato por las autoridades
y de oportunidades, señala como deber del Estado proteger especialmente a
aquellas que por su condición económica, física y mental se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta.
Conforme lo
expresó la Corte en la sentencia T-902 de 1999[45]
“nuestra Constitución recoge en su art. 13 la idea superada de la igualdad
normativa extendida de modo general a todas las personas, en el sentido de
reconocer también la igualdad a partir del tratamiento diferenciado para
ciertos grupos o categorías sociales, discriminados o marginados o que por su
condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta, para asegurar que la igualdad sea real y efectiva”. El
mismo fundamento constitucional, es válido para sostener con fundamento en el
inciso final del artículo 68 Superior, que la observancia del principio de
igualdad, resulta compatible con el tratamiento diferenciado y especial en
materia de educación, que debe dar el Estado a las personas con limitaciones o
habilidades superiores.
5.2. En
sentencia SU-1149 de 2000,[46]
la Corte analizó la situación de un grupo de menores con talentos y
capacidades excepcionales, quienes exigían del Estado la adopción de las
medidas tendientes a garantizar la prestación del servicio público de educación
en condiciones que se ajustaran a sus necesidades individuales. Según se extrae
de los hechos de la tutela, las diferentes instituciones contra las cuales
habían dirigido sus demandas no les ofrecían las posibilidades para garantizar
su derecho fundamental bajo criterios que permitieran establecer currículos
adecuados a sus capacidades intelectuales, de manera que favorecieran su
desarrollo cognitivo, emocional, social y moral.
En esta
ocasión, la Corporación le ordenó al Gobierno Nacional, el diseño de políticas
estables tendientes a garantizar la organización de programas encaminados a
proporcionar educación especial a las personas con talentos y capacidades
excepcionales, así como al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
"Mariano Ospina Pérez" -ICETEX- la implementación de un sistema de
financiación de educación que garantizara la igualdad de oportunidades para el
acceso al crédito de los aspirantes con estas características.[47] Para
sustentar su decisión, el alto Tribunal sostuvo que:
“En razón de lo
anterior, a pesar de encontrarse que, en principio, el ofrecimiento y
suministro de educación especializada a las aludidas personas puede
configurarse como un trato diferenciado, éste surge del designio del propio
constituyente, que lo justifica en la necesidad de asegurar el principio de
igualdad dentro de la diferencia. Desde esta óptica, la labor del juez
constitucional para aplicar el test de igualdad queda simplificada, pues la
necesidad de crear un sistema de educación especial para un grupo específico de
la población emerge del propio texto constitucional.
La educación
especial constituye para la comunidad y el Estado un bien de mérito, en la
medida en que además de satisfacer las necesidades personales del educando,
coadyuva a promover y facilitar el desarrollo colectivo, pues los mayores
conocimientos y destrezas adquiridos por las personas que reciben dicha
educación las convierte, en general, en agentes impulsadores del desarrollo
cultural, científico y tecnológico que requiere y espera el país”.[48]
5.3. Así mismo,
en la sentencia T-1258 de 2008,[49]
esta Corporación resolvió una acción de tutela presentada contra la
Corte Constitucional por una persona de talla baja, porque consideraba que las
ventanillas de atención al público de esta entidad constituían una barrera que
le impedía acceder en forma adecuada a la información, situación que vulneraba
su derecho a la igualdad y a la dignidad humana. En concepto del actor, su
condición especial debía ser asimilada a una discapacidad, haciéndolo merecedor
de la protección especial que el ordenamiento le garantiza a estas personas. La
Sala Quinta de Revisión consideró que el Estado colombiano había fallado en
su deber de ofrecer un trato especial que les asegurara el disfrute de los
derechos constitucionales a ese grupo minoritario de personas, tradicionalmente
discriminado, que afrontaba barreras diarias para acceder a la prestación de
bienes y servicios. En consecuencia, ordenó a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura que elaborara una política sectorial de accesibilidad y de
adecuación de la estructura física de la
Rama Judicial que garantizara los derechos de las personas de talla baja y así
superar la deficiencia de trato especial que merecen. Concretamente, se dijo:
"El análisis
anterior permite concluir entonces, que se requiere un trato diferenciado para
las personas con enanismo, ya que estas personas se encuentran en una situación
distinta a la del resto de la población, que no afronta los obstáculos
descritos ni presenta esa condición, y que por lo mismo, afronta una situación
cierta de vulnerabilidad. Se trata entonces de un grupo minoritario,
tradicionalmente discriminado y que tiene necesidades específicas en cuanto al
acceso a bienes y servicios en razón de su talla pequeña, - en lo que respecta
a la altura de mostradores, timbres, pomos de puertas, etc., entre otras
limitaciones -, por lo que requiere un trato que facilite su igualdad real en
el goce y ejercicio de sus derechos. Esta población merece medidas de
protección especiales, que aseguren el disfrute real y efectivo de sus
atribuciones constitucionales.
[…]
De este modo, el
deber del Estado colombiano de adoptar medidas especiales en favor de los
grupos discriminados, se traduce en el caso de las personas de talla baja, en
la necesidad de otorgarles un trato desigual más favorable. Es el Estado en su
conjunto, el obligado entonces a diseñar políticas unificadas a nivel nacional,
para las personas con esta condición específica”.[50]
5.4. En
sentencia T-553 de 2011,[51]
la Corte analizó la situación de un ciudadano en condición de discapacidad que
invocaba la protección de su derecho fundamental a la igualdad, por considerar
que la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior de la
Judicatura, lo estaba vulnerando, debido a que no podía ejercer su profesión
de abogado litigante con plena autonomía porque el Complejo Judicial de
Paloquemao, sitio al que debía acudir con frecuencia, no contaba con
condiciones de accesibilidad para personas en estas condiciones. Según se
extrae de los hechos de la tutela, la falta de accesibilidad física le impedía
llegar puntualmente a las diligencias programadas, lo cual lo ponía en
desventaja frente a sus colegas que si podían desplazarse por todo el complejo.
Para la Corte, la entidad accionada había omitido el deber de trato
diferenciado, constitucionalmente admisible, comoquiera que:
“El actor es una
persona que: (i) tiene una discapacidad, (ii) en efecto, se le  margina y
excluye del acceso al ambiente físico en el Complejo Judicial de Paloquemao, (iii)
no tiene una forma alternativa para movilizarse y cumplir con las actividades
inherentes al ejercicio de su profesión, (iv) por tanto se encuentra en
desventaja frente a los demás abogados que sí pueden movilizarse por todo el
complejo, y (v) en consecuencia, el ejercicio pleno de su derecho a la igualdad
de oportunidades en el desempeño de su oficio y de otras garantías
constitucionales están siendo limitadas sin justificación alguna”.[52]
5.5.  Por su parte, en la sentencia T-427
de 2012[53]
se estudió el caso de una persona con discapacidad que desde el momento de su
nacimiento padeció una enfermedad que afectaba en más de un 50% su capacidad
laboral, pese a lo cual logró emplearse por cerca de 5 años como auxiliar de
bodega en una empresa que finalmente lo despidió tras entrar en liquidación.
Luego de tratar infructuosamente de buscar un nuevo trabajo por más de 10 años,
el accionante solicitó el reconocimiento de una pensión de invalidez, la cual le
fue negada por cuanto la fecha de estructuración de la misma coincidía con la
de su nacimiento, lo que le hacía imposible cumplir con el requisito de haber
efectuado cotizaciones previas.
En ese caso la
Corte ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez, sobre la base de que
existía una obligación del Estado colombiano respecto de las personas con
discapacidad de realizar ajustes razonables cuando se requiera en un
caso particular, para garantizarle a este grupo de personas en situación de
vulnerabilidad “el goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”, porque, de lo contrario,
se estaría discriminando a una persona con discapacidad por razón de su
condición especial. En consecuencia, a partir de un enfoque social de
discapacidad,[54] se consideró que la
fecha en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral debía ser el momento
en que el accionante realizó su último aporte al sistema de pensiones, porque
fue a partir de ese momento que su discapacidad interactuó con una barrera
social que le impidió seguir laborando. Específicamente, se dijo:
“95. Ahora bien,
integrando la interpretación de las normas reglamentarias que regulan la fecha
de estructuración del estado de invalidez de las personas (Decreto 917 de 1999)
con las normas constitucionales e internacionales que actualmente garantizan la
protección de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con las demás, la Sala de Revisión debe concluir que la fecha en
que el actor dejó de trabajar constituye el momento en que su discapacidad se
convirtió en invalidez, porque fue en ese momento en el que la barrera social
de la discriminación le impidió seguir trabajando, ya que no tuvo acceso a una
oportunidad laboral debido a su condición especial, constituyéndose en la causa
directa por la que no pudo seguir laborando y aportando al Sistema General de
Pensiones.
96. Esta decisión
constituye un “ajuste razonable” a la interpretación  de las normas sobre la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral para el caso
concreto del [actor], las cuales, como ya se mencionó, obedecen a una
concepción de la discapacidad desde un “enfoque médico”, y que de aplicarse en
estricto sentido al caso concreto, tendría un efecto discriminatorio que debe
ser corregido por el operador jurídico.
97. Este ajuste
razonable de la interpretación de las normas reglamentarias sobre la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral es necesario, porque, si no
se realiza, se le estaría negando a una persona con discapacidad su derecho a
la pensión de invalidez por razones derivadas de su diversidad funcional,
situación expresamente prohibida por la
Constitución y lo tratados internacionales que protegen los derechos de las
personas con discapacidad.”[55]
5.6.   En sentencia T-571 de 2013[56]
la Corte consideró que se vulneraba el derecho a la educación de un menor de
edad con capacidades excepcionales, al adjudicársele un cupo educativo en una
institución oficial común, que además era muy distante de su lugar de
residencia. Para resolver el problema jurídico, la
Sala Sexta precisó que la entidad accionada no había adoptado las acciones de
discriminación positivas en favor del estudiante, concretamente no había
procurado la realización de un diagnóstico
interdisciplinario como parte del proceso que podría determinar su excepcionalidad.
Al respecto, sostuvo que:
“el derecho
fundamental a la educación de niños y jóvenes con talentos excepcionales deriva
en un tratamiento diferenciado respecto de un grupo de personas que, por su
condición excepcional, necesita apoyos especializados, los cuales deben
suministrarse, precisamente, para posibilitar el principio de igualdad.” [57]
5.7. En esta
misma línea, en sentencia T-598 de 2013,[58]
la Corte analizó la situación de un joven con discapacidad visual, que
exigía la presentación del examen de estado “Saber 11”
bajo condiciones adecuadas que garantizaran su derecho a la igualdad frente a
los demás estudiantes, por lo que solicitó al ICFES el suministro de ciertas
ayudas técnicas requeridas para mejorar su condición al momento de presentar la
prueba. Según se extrae de los hechos de la tutela, aunque la
discapacidad  del menor no afectaba su capacidad cognitiva, pues incluso había
obtenido sobresalientes resultados académicos en el colegio, la condición
visual del joven, le impedían el desarrollo de algunas actividades, principalmente de motricidad fina, lectura de letras pequeñas y
colores. A pesar de lo anterior, las ayudas requeridas no fueron
suministradas por la entidad demandada, quien por el contrario
autorizó asistencias que no satisfacían las necesidades
del estudiante.
Para resolver
el problema jurídico, la Corte consideró que se habían vulnerado los derechos a
la igualdad, a la no discriminación y a la educación del joven tutelante, al permitírsele  la presentación del examen de Estado “Saber 11”
en condiciones que no se ajustaban a su circunstancia visual y al no haberse
adoptado los recursos pertinentes para procurarle el desarrollo de sus
potencialidades respecto a los demás estudiantes, quienes sí pudieron hacer uso
de todas sus capacidades para obtener un mejor resultado. En esta ocasión, la
Corte ordenó la adopción de unas medidas de discriminación afirmativas a su
favor, con el fin de que se le garantizara su integración social y el goce
efectivo de todos sus derechos. Para tal fin se dispuso que si a bien lo tenía
el estudiante, el ICFES debía hacerle una nueva prueba, autorizándole y
suministrándole las ayudas técnicas por él solicitadas en la presentación de la
acción de tutela.[59]
5.8. Como lo ejemplifican los casos citados, el reconocimiento
constitucional de un tratamiento diferenciado encuentra sustento en la misma
carta política y en la necesidad de garantizar el principio de igualdad
respecto de aquellas personas que se encuentran en condiciones de hecho
diferentes y que requieren de un apoyo especializado para el desarrollo
integral y pleno de sus capacidades y potencialidades.
6. Las entidades accionadas desconocieron el derecho fundamental a
la igualdad de Jimmy Hernando León Herrera
6.1. Las pretensiones formuladas se encaminan a que la obligación
pecuniaria adquirida con el ICETEX por la accionante y su hijo Jimmy Hernando
León Herrera, se condone teniendo en cuenta los postulados constitucionales y
legales que procuran por un trato diferente y prioritario para quienes padecen
algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la norma que regula el beneficio de la
condonación (Decreto 2636 de 2012[60]),
exige el cumplimiento de ciertos requisitos para acceder a dicha prerrogativa.
6.2. En este caso no se trata de que las
entidades accionadas, motu proprio, hayan hecho una exigencia que puede
resultar desproporcionada a la luz de las circunstancias del actor, sino que lo
que se cuestiona es si cabe aplicar, en igualdad de condiciones, a una persona con
discapacidad, un régimen de estímulo, que para la condonación de un crédito
educativo exige, entre otras condiciones acreditar la situación de debilidad
económica, y contar en las pruebas Saber Pro con resultados ubicados en el
decil superior del área en que se desempeña, pese a que la prueba carece de un
componente evaluativo en el área a la que la persona se dedica.
6.3. Además, es un hecho
ampliamente conocido que las personas autistas requieren de apoyos pedagógicos,
terapéuticos y tecnológicos, especiales y diferentes a los regulares para su
atención y desarrollo integral. Conforme, el concepto emitido por la Liga Colombiana de Autismo, durante el término
de traslado de la presente acción de tutela, los trastornos del Espectro del Autismo (TEA) son una serie de
alteraciones significativas en el desarrollo de las habilidades de interacción
social recíproca, de comunicación verbal y no verbal y un repertorio
restringido de comportamientos e intereses que influyen de manera importante en
el equilibrio familiar e inciden en el estado de salud biológico, emocional y
mental de quienes lo padecen.[61]
Según la Autism Society of America (ASA)[62] el autismo
es un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro e impacta
su desarrollo normal en áreas relacionadas con la interacción social y las
habilidades comunicativas y cognitivas. Los niños y los adultos con autismo
típicamente tienen deficiencias en la comunicación verbal y no verbal, en las
interacciones sociales y en las actividades de ocio y juego. Éste trastorno les
dificulta comunicarse con otros y convertirse en miembros independientes dentro
de una comunidad.[63]
Las personas que tiene autismo presentan inflexibilidad cognitiva,
caracterizada por la intolerancia a los cambios que pueden suceder durante la
resolución de problemas o la ejecución de una tarea, dificultad para cambiar de
estrategia si no es la adecuada, resistencia a las iniciativas, planteamiento
cognitivo vago; así mismo presentan dificultades para adaptarse a las
exigencias de las situaciones nuevas,  limitaciones para crear, divagar,
explorar, generar, imaginar, improvisar, inventar, metamorfosear, modificar,
relacionar, soñar y transformar.[64]
A partir de lo anterior, es
claro que las personas con discapacidad
por razón del autismo, requieren de apoyos especiales para desarrollar ciertas
actividades propicias de su educación, a fin de buscar, dentro de sus
restricciones, su readaptación funcional. Para ellas, es necesario recibir apoyos que comprendan
acciones afirmativas, como forma de garantizarles su derecho a la igualdad de
oportunidades.
Respecto del concepto de acciones afirmativas, en la sentencia C-765 de 2012[65],
en la que se estudió la constitucionalidad de un proyecto de ley estatutaria
por medio del cual se establecían disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, se señaló que las
acciones afirmativas hacen referencia “a todas aquellas medidas, políticas o
decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y
en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o
grupos humanos que tradicionalmente han sido marginados o discriminados, con el
único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado
social”.[66]
6.4. Ahora bien, para dar solución al problema
jurídico planteado, es importante referirnos al Decreto
2636 de 2012, "Por el cual se reglamenta el artículo 150 de la
Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2° de la
Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la permanencia y calidad de la
Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos
otorgados a través del ICETEX”.
De conformidad con la referida normatividad
, para incentivar la permanencia y calidad en la educación superior a través de
la condonación del crédito educativo a aquellos estudiantes beneficiarios del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior “ Mariano
Ospina Pérez” (ICETEX) es necesario que (i) los resultados de las pruebas SABER
PRO (anterior ECAES) estén ubicados en el decil superior en su respectiva área,
(ii) el interesado pertenezca al SISBEN 1, 2 y 3 o su equivalente, (iii) y haya
terminado su programa educativo en el periodo señalado.[67]
6.4.1. En relación con el primer requisito, según el cual el
estudiante interesado debe obtener en las pruebas SABER PRO, resultados
ubicados en el decil superior de su respectiva área, cabe anotar que la prueba
carece de un componente evaluativo en el área de música, lo que en el caso del
actor generó un déficit de protección, derivado de la circunstancia de que el
beneficio se ha previsto para quienes obtengan los promedios superiores en su
respectiva área, por lo tanto la remisión a los promedios generales resulta
excesiva en este caso.
Además, si bien es cierto que
el ICFES ha incluido dentro de su reglamentación, garantías
encaminadas a eliminar los obstáculos a los cuales habitualmente son expuestas
las personas en condición de discapacidad, como las establecidas en el artículo
5º de la Resolución 092 de 2008, “Por la cual se expide la reglamentación de
los procedimientos para registro, inscripción, citación y presentación de
exámenes ante el ICFES y se deroga la Resolución 256 de 2006”,[68]
ello no es suficiente para cubrir otro déficit de protección que se observa con
respecto al asunto.
Según se extrae del material
probatorio obrante en el expediente, que la entidad tenía pleno conocimiento de
la condición de persona con discapacidad de Jimmy Hernando León Herrera al
momento de presentar la prueba SABER PRO. Precisamente, el mismo Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, manifestó conocer la situación especial del
estudiante.[69]
6.4.2. En este
orden de ideas, la institución se encontraba en la obligación de facilitarle a
Jimmy Hernando no sólo las condiciones adecuadas de acceso al examen sino
también los servicios de apoyo concebidos en función de sus necesidades
individuales. En el caso concreto, era indispensable asignarle una persona con
experiencia en el manejo de este tipo de discapacidad, lo que no ocurrió, hecho que implicó que el joven compitiera en
condiciones de desigualdad frente a los demás estudiantes que presentaron la
prueba, tal como se expondrá a continuación:
6.4.3. Para la
Corte, resultaba pertinente y legítimo el derecho del joven de competir en
igualdad de condiciones frente a los demás estudiantes, lo cual suponía tener
en cuenta sus diferencias y excepcionalidades, de manera que la presentación
del examen no resultara excesivamente gravoso frente a su condición de persona
autista. Es decir, para desarrollar la prueba SABER PRO era necesario que el
ICFES le asegurará al accionante unas condiciones adecuadas para su realización.
Debe precisarse que tales condiciones no se refieren a la aplicación de un modelo
distinto de examen o un método de evaluación y calificación diferente a los
demás estudiantes de su misma área de estudios, sino del acceso al mismo examen
al que se sometieron los demás pero bajo el apoyo que requieren personas con la
discapacidad que aqueja a Jimmy Hernando León Herrera.
La Sala constató que Jimmy Hernando nunca ha requerido
de tratos evaluativos disímiles respecto de sus demás compañeros de estudio,
tanto así que con los mismos criterios de calificación logró ser el mejor
bachiller de su colegio; obtuvo el promedio más alto de su promoción en la
Universidad de los Andes, aparte de contar con habilidades nemotécnicas por
encima de lo normal. Sin embargo el accionante padece un trastorno neurológico,
que lo diferencia de otros estudiantes de educación superior y aunque en el
campo académico esa discapacidad no ha interferido para que en su carrera de
música fuera altamente destacado sin tener que acudir a patrones evaluativos
diferentes, esta circunstancia no se constituye en una justificación razonable para
omitir la aplicación de un trato diferenciado en un escenario en el cual debe garantizársele
de manera real y material el ejercicio de sus derechos.
Así las
cosas, aunque no se discute que la prueba SABER PRO sea un instrumento
estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación
superior, es reprochable exigir su presentación sin los elementos de apoyo y
soporte que una persona que padece autismo requiere para llevar a cabo la
prueba en un lugar diferente a su entorno habitual. Tal omisión, implicó que el
actor compitiera en desventaja frente a los demás estudiantes que la
presentaron. La entidad debió tener en cuenta que las personas con autismo, presentan
una serie de dificultades para adaptarse a entornos nuevos y relacionarse con
otras personas, por lo que no pueden ejecutar ciertas labores y tareas con la
normalidad y efectividad con la que una persona sin limitaciones lo hace y en
consecuencia debieron adoptar las medidas y ayudas especiales para ofrecerle un tratamiento que le garantizara el desarrollo de
sus habilidades en las mismas condiciones que los demás
y, si a ello se suma que la prueba no contiene un componente evaluativo en el
área de desempeño del accionante, es claro que se presentó en este caso un
déficit de protección, porque como ya se mencionó el beneficio está previsto
para quienes obtengan los promedios superiores en su respectiva área y la
prueba Saber Pro (antes ECAES), carecía de ese componente evaluativo en el área
de música.
6.4.4. En concordancia
con los argumentos expuestos, la Sala debe realizar las siguientes precisiones.
En las consideraciones del Decreto 2636 de 2012[70] se señala
que la condición de posibles beneficiarios de la condonación de las deudas se
debe definir a partir de sus resultados en el Examen de Estado de Calidad de la
Educación Superior, porque se considera que este constituye un criterio
objetivo de comparación entre los aspirantes al mencionado beneficio, teniendo
en cuenta el elevado número de programas universitarios que existen en el país.[71]
Este
criterio, en principio, debe considerarse como respetuoso del derecho a la
igualdad, porque somete a todos los aspirantes a las mismas reglas de
competencia y evaluación. En efecto, en la actualidad, en el Examen de Estado
de Calidad de la Educación Superior, los programas académicos de acuerdo con su
similitud se organizan por grupos de referencia, lo cual hace posible comparar
los resultados que obtengan los estudiantes al presentar la prueba.
Lo anterior
resulta plausible y aceptable en un primer acercamiento. Sin embargo, analizado
en detalle la estructura de la prueba SABER PRO, la
Sala encuentra que ésta carece de un componente evaluativo en el área de
desempeño del accionante, en este caso la música, y por ende la remisión a los
promedios generales para medir su desempeño y calidad académica puede resultar
excesiva. Difícilmente una persona incluso en condiciones normales puede
obtener resultados ubicados en el decil superior, si la prueba carece de un
componente evaluativo específico en el área en que se desempeña.
En particular,
la Sala considera que el estándar de calificación del ICFES en las pruebas
presentadas por personas que incursionan en el campo del actor, resulta
desproporcionado para asegurar el deber que se tiene de promover, fomentar y
asegurar el acceso al estímulo especial de condonación de créditos, para
personas en condiciones de pobreza.
El objetivo
del Gobierno Nacional con la implementación del Decreto Ley 2636 de 2012,[72]
fue favorecer a ciertos grupos vulnerables de la población, que hubiesen
contribuido con sus conocimientos, méritos y potencialidades al desarrollo de
una mejor sociedad. Es decir promover, incentivar y premiar a aquellos
estudiantes con desempeños sobresalientes y conocimientos en el ejercicio de
una determinada actividad o área del conocimiento a través de la condonación de
una obligación crediticia que eventualmente hubiesen adquirido con el Icetex.
Jimmy Hernando
León Herrera es una persona que a pesar de sus limitaciones ha obtenido méritos
suficientes y desempeños académicos óptimos durante toda su vida. En efecto,
recibió matrícula de honor en la institución educativa en la cual adelantó sus
estudios escolares y se desempeñó como el mejor del curso durante varios años.[73]
Adicionalmente, ocupó el primer puesto entre los egresados de la facultad de
música en la Universidad de Los Andes con un promedio de 4.5. [74]
Incluso, son tan reconocidos sus méritos académicos, que la
Universidad Javeriana, cuando el joven cursaba su bachillerato, le concedió
una beca para estudiar en el programa infantil y juvenil de música, en el que
se destacó como alumno de violín y de guitarra.[75] Igualmente,
entidades como Fulbright y Colfuturo, le concedieron al joven una beca para
estudiar inglés y de esta manera poder acceder con posterioridad a un
postgrado.[76]
6.4.5. Partiendo
de las consideraciones expuestas, la Corte reitera la necesidad de que el sistema
público educativo, facilite el acceso de las personas con capacidades diversas,
a las pruebas que se practican, porque lo que se pretende es lograr el máximo desarrollo e integración social de quienes
de alguna manera se encuentran en condiciones disimiles al resto de la
comunidad.
6.4.6. En el caso que es objeto de análisis, no se le dio
al actor el soporte necesario para presentar la prueba, ni en la misma se
evaluó el componente correspondiente a su área. Por lo tanto, difícilmente
hubiera alcanzado el decil superior exigido por la norma.
6.5. En
relación con el requisito que exige la pertenencia a los niveles I, II o III
del SISBEN o su equivalente, la
Sala advierte que el estar vinculado al SISBEN, no se constituye un elemento
de juicio único a través del cual pueda certificarse la difícil situación
económica de una persona.
6.5.1. Si bien el artículo 5 del Decreto 2636 de 2012[77],
hace referencia a la encuesta SISBEN o el instrumento equivalente, como
criterio para medir la condición socioeconómica de un ciudadano, la
Corte considera que el estándar base previsto en la disposición aludida
corresponde a un mecanismo uniforme y técnico de identificación de personas de menos recursos o pertenecientes a una población
vulnerable, pero no es un criterio único que restrinja y excluya otros
parámetros de medición de la capacidad adquisitiva, pues los fijados en la
norma mencionada no pueden tomarse como criterios excluyentes sino inclusivos.
6.5.2. Verificado el sistema del Departamento Nacional de
Planeación, pudo constatarse que el joven Jimmy Hernando León Herrera,[78]
no se encuentra registrado dentro de la base de datos certificada Nacional del
Sisben.[79]
Esta afirmación, fue confirmada por el Icetex, quien durante el término de
traslado de la acción de tutela, expuso que: “el beneficiario del crédito no
registra en la base de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) como
beneficiario de los niveles I, II o  III del Sisben.”[80]
A pesar de lo anterior, la Sala no puede pasar por alto otros
elementos de juicio obrantes dentro del expediente, a través de los cuales
pueden evidenciarse unas condiciones socioeconómicas difíciles en cabeza de
quien hoy acude al amparo.
En efecto, según se extrae del escrito de tutela, la señora Gloria
Lucero Herrera Contreras, es la persona encargada de velar por la manutención
de Jimmy Hernando León Herrera,  y actualmente labora como docente, percibiendo
una remuneración, que a su juicio es insuficiente para atender la totalidad de
gastos en su hogar, tales como vivienda, alimentación, servicios públicos y el
pago del crédito educativo.[81]
Advierte que es ella quien debe atender a su hijo, el cual demanda asistencia y
apoyo continúo y prolongado de especialistas en la materia, en la medida en que
el autismo genera una serie de gastos adicionales relacionados con su
tratamiento que escapan a la regularidad de los egresos en un hogar. Igualmente,
en atención a la profesión de Jimmy Hernando y la necesidad de seguir
desarrollando sus habilidades en el área de la música, los ingresos en el hogar
deben destinarse también al pago de los profesores de su hijo.
La Corte ha sostenido en
diferentes oportunidades [82]
que el criterio general para determinar el contenido material del derecho al
mínimo vital depende de una evaluación cualitativa de las necesidades
biológicas de cada persona y está ligado, de alguna manera, con los conceptos
de salario mínimo y congrua subsistencia, de modo que el mismo no se satisface
exclusivamente con la simple garantía de la existencia de la persona, sino que
exige una existencia digna de acuerdo con las condiciones particulares de cada
individuo.
En sentencia SU-995 de 1999,[83]
se analizó el contenido del derecho fundamental al mínimo vital a propósito del
caso de un grupo de profesores vinculados a la
Secretaría de Educación del Departamento de Magdalena a quienes se les había
dejado de pagar su salario por más de 6 meses y demás prestaciones sociales de
las que dependían para procurar su subsistencia y bienestar. La
Corte concedió el amparo tras considerar que no existía justificación
constitucional que avalara la conducta de la entidad accionada, pues se
desconocía flagrantemente el derecho a la mínima subsistencia de los
accionantes, quienes no contaban con ingresos distintos al salario para
sufragar sus necesidades básicas y las de su familia. Consideró que el Estado y la sociedad en su conjunto, de
conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad (CP.
art.1), debían contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para una
existencia digna, de ahí que la idea
de un mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido,
alimentación, educación, salud, recreación), no iba ligada sólo con una
valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para
subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las
circunstancias propias de cada individuo, del respeto por sus particulares
condiciones de vida, así como de sus necesidades básicas y el monto
mensual al que ellas ascienden. Así, se concluyó que el mínimo vital no se
restringía a un concepto cuantitativo sino cualitativo que debía ser objeto de
valoración en cada caso particular, de acuerdo con las condiciones específicas
de quien solicitaba el amparo.
La señora Herrera, agrega que dadas las condiciones de su hijo y la
falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad[84],
este no percibe ingreso alguno que pueda ayudar para su sustento propio,
dependiendo económicamente de ella. [85]
Según el
material probatorio aportado al proceso, [86]
la señora Gloria Lucero Herrera actualmente percibe una pensión equivalente a
dos millones docientos cincuenta y tres mil setenta pesos ($2.253.070). Realizada
la sumatoria de los gastos del hogar por concepto de servicios públicos,
vivienda, transporte, implementos de aseo, vestuario, alimentación, tratamiento
en salud que requiere el joven, clases de música entre otros, la
Sala encuentra que estos ascienden a dos millones ciento noventa y dos mil pesos
($2.192.000).[87]
Las anteriores circunstancias fácticas, permiten inferir que las condiciones económicas
en el hogar de Jimmy Hernando son restringidas y escasas. Incluso, prueba de la
incapacidad económica de la accionante y de su hijo, radica en el hecho de que
para lograr el ingreso y permanencia en la
Universidad, fue necesario acudir a un crédito educativo con el ICETEX, el
cual inicialmente fue negado bajo la modalidad regular, debido a la poca
capacidad de pago de la actora. Así lo expuso la accionante al afirmar que: “Este tipo de préstamo fue la única opción a
la que nos vimos abocados para que JIMMY pudiera estudiar, esto debido
principalmente a mis bajos ingresos económicos, como profesora, eran tan bajos
que el mismo ICETEX en principio nos negó el préstamo por este motivo y por eso
debimos recurrir a la línea de préstamo para discapacitados”.[88]
Las razones previamente anunciadas son
suficientes para determinar que la condición económica actual de Jimmy Hernando
y su madre, es bastante difícil porque los egresos de ese hogar no son
suntuarios y apenas si alcanzan para cubrir las necesidades propias de una vida
digna.
6.6. En relación con el último supuesto contemplado en la norma,
que exige la terminación del programa educativo para el
cual se otorgo el crédito, conforme obra en el expediente, Jimmy Hernando León
recibió el 20 de agosto del año 2011, el título de Músico con énfasis en
composición, según se extrae de la constancia aportada al proceso.[89]
Así, este requisito fue debidamente acreditado por el tutelante.
6.7. Teniendo en cuenta que en
el presente caso es evidente la omisión en cabeza del Estado en adoptar las
acciones de discriminación positiva en beneficio de la población con
discapacidad, esta Sala le ordenará al ICFES para que en
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, desarrolle medidas en
torno al contenido del derecho a la educación desde su perspectiva de accesibilidad,
e implemente las demás acciones que consideren necesarias para garantizar la
inclusión en el sistema educativo superior de las personas con discapacidad
dentro de un ambiente que garantice la tolerancia y el respeto por sus
necesidades individuales.
Atendiendo lo expuesto con anterioridad, Jimmy Hernando León Herrera
cumple con dos de las exigencias previstas en la normatividad para obtener el
beneficio de la condonación. En cuanto a la obtención en las pruebas Saber Pro,
de resultados ubicados en el decil superior en el área de desempeño del actor,
cabe anotar que por carecer esta de un componente evaluativo en el área de
música, difícilmente hubiera podido lograr el puntaje superior exigido, porque
en tales circuntancias la remisión a los promedios generales resulta excesiva.
Es evidente que en casos como el analizado por la Sala en esta
oportunidad, se presenta un déficit de protección que conduce a que el
requisito relativo a la obtención de resultados en el decil superior no pueda
exigirse, no solo porque no se tuvieron en cuenta las especiales condiciones de
Jimmy Hernando León Herrera, relativas a su dificultad para interactuar
socialmente y su carencia de habilidades comunicativas y cognitivas, para darle
un soporte adecuado con el fin de presentar las pruebas en condiciones de
igualdad, sino que además el área objeto de su desempeño no estaba incluida
dentro de los componentes evaluativos, y es a partir de esta constatación que
se concluye que, en este caso, el desempeño superior del estudiante debía, y
podía acreditarse por otras vías, en particular con la certificación de la
Universidad que acredita que ocupó el primer puesto en su clase. En este caso,
el requisito correspondiente debio haber sido sustituido por el rendimiento
academico del actor. Así las cosas, se le ordenará al Icetex, que dentro de los
diez (10) días siguientes a la notificación del
presente fallo, condone la deuda que Jimmy Hernando
León Herrera y la señora Gloria Lucero Herrera Contreras adquirieron con
ocasión del crédito educativo para cursar estudios de música en la
Universidad de Los Andes.
Para tal fin, se ordenará al ICETEX que elimine
los obstáculos que han impedido el goce y ejercicio de los derechos de personas
con discapacidad.
7. Conclusión
7.1. Una entidad pública encargada de evaluar, promover y fomentar la educación superior y la calidad
académica por medio de pruebas de estado, desconoce el derecho fundamental a la
igualdad de una persona en condiciones de discapacidad cuando omite asegurarle
las condiciones adecuadas para la realización de tal prueba, a través de los
elementos de apoyo y la ayuda especial que requiere mediante una valoración
previa de sus circunstancias fácticas.
7.2. El Estado debe ser especialmente sensible a las condiciones
de los grupos más vulnerables, lo cual supone interpretar las normas que
consagran y desarrollan sus garantías fundamentales en su beneficio. Deben
desarrollarse estrategias de inclusión de las personas con discapacidad, por
cuanto esta es una manera de pasar de la protección retórica al goce efectivo
de los derechos. La construcción de una sociedad democrática pasa por la
inclusión real de todas las personas.
7.3. Sin embargo, a partir de los elementos del caso, no resulta
procedente que la Corte emita una orden de modificar la estructura y los
contenidos de las pruebas Saber Pro. Es posible que en algunos asuntos, como en
este, esas pruebas no contengan todos los elementos evaluativos que sean
deseables, pero si bien ello conduce a que, en sede de tutela, se adopten los
correctivos para la cuestión analizada, no necesariamente ello se traduce en
una modificación de la prueba, la cual, por su carácter general, no siempre
podrá cubrir las situaciones que enfrenten todos y cada uno de los estudiantes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en  nombre del pueblo y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá- Sala Séptima de Decisión Civil, el
dieciséis (16) de julio de dos mil trece (2013), que confirmó la decisión
proferida por el Juzgado Veinticuatro (24) Civil del Circuito de Bogotá, el cinco
(5) de junio de dos mil trece (2013), que resolvió negar por improcedente el
amparo invocado. En consecuencia, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad y a la educación de Jimmy Hernando León Herrera.
Segundo.- ORDENAR al ICETEX, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente fallo, profiera
un acto administrativo en el cual se condone la deuda que Jimmy Hernando León
Herrera en calidad de beneficiario y la señora Gloria Lucero Herrera Contreras
como deudora solidaria adquirieron con ocasión de un crédito educativo para que
el joven cursara estudios de música.
Tercero.- ORDENAR al ICFES para que en coordinación con el Ministerio de Educación
Nacional, diseñe y desarrolle medidas en torno al contenido del derecho a la
educación desde su perspectiva de accesibilidad e implemente las demás acciones
que consideren necesarias para garantizar la inclusión en el sistema educativo
de las personas con discapacidad.
Cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con excusa
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Mediante providencia del nueve (9) de mayo
de dos mil siete (2007) proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá,
se decretó la interdicción judicial del joven Jimmy Hernando León Herrera y se
designó como guardador general a su progenitora, la señora Gloria Lucero
Herrera. (Folio 51).
[2] En el formulario de dictamen para calificación de invalidez de
Jimmy Hernando León Herrera se indica que para el 20 de diciembre del año 2011,
fecha del dictamen, el tutelante tenía 23 años de edad. (Folio 59). Actualmente
tiene 25 años de edad.
[3] Según el formulario de Dictamen para calificación de la invalidez
emitido por Médicos Asociados S.A., el joven Jimmy Hernando León Herrera,
presenta trastorno del comportamiento (Autismo) en un porcentaje equivalente al
40% siendo la calificación máxima posible el 50% y un porcentaje de pérdida de
la capacidad laboral del 66,1% con una fecha de estructuración de la invalidez
del 15 de enero de 2010. (Folios 59 al 61). Conforme el informe rendido por la
Doctora Ángela Lucia Sánchez, directora científica de la
Clínica Neurorehabilitar y especialista en evaluación y diagnóstico
neuropsicológico y en autismo y tgd y la neuropsicóloga Jenny León Artunduaga:
“El autismo es definido por la
Autism Society of America (ASA) como un “Trastorno neurológico que afecta el
funcionamiento del cerebro; el ASA  plantea que el autismo impacta el
desarrollo normal del cerebro en área relacionadas con la interacción social y
las habilidades comunicativas y cognitivas. Los niños y los adultos con autismo
típicamente tienen deficiencias en la comunicación verbal y no verbal, en las
interacciones sociales y en las actividades de ocio y juego. Éste trastorno le
dificulta comunicarse con otros y convertirse en miembros independientes dentro
de una comunidad; además pueden exhibir movimientos repetitivos del cuerpo
(agitar sus manos o balanceos), respuesta inusuales hacia las personas, o apego
a objetos y resistencia a cualquier cambio. En algunos casos, muestra conductos
auto y /o heteroagresivas.” Una de las características principales desde la
alteración cognitiva es el compromiso en la flexibilidad mental, donde la
flexibilidad indica capacidad de alternancia cognitiva, opuesta a la rigidez.
Por ende, en las personas que tiene autismo presenta inflexibilidad cognitiva,
caracterizada por la intolerancia a los cambios que pueden suceder durante la
resolución de problemas o la ejecución de una tarea, dificultad para cambiar de
estrategia si no es la adecuada, se resisten a las iniciativas, pobre
planteamiento cognitivo; así mismo presentan dificultada para adaptarse a las
exigencias de las situaciones nuevas. Limitaciones para crear, divagar,
explorar, generar, imaginar, improvisar, inventar, metamorfosear, modificar,
relacionar, soñar y transformar. No siendo éste impedimento para que una
persona con autismo sea profesional; ya que las habilidades mnemotécnicas están
intactas y en algunos casos como éste, está en mayor nivel de lo normal. Son
seres académicos y pueden presentar oído absoluto como también desarrollarse
como sujeto activo en la sociedad.”  (Folios 19 y 20). En adelante, cuando
se cite un folio, debe entenderse que hace parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente otra cosa.
[4] El ICETEX creó la línea de crédito especial para estudiantes con
discapacidad, la cual contempla como beneficio tasa de interés preferencial, la
cual actualmente equivale al 4.0% NAMV, es decir, el 0.33% NMV para estudios de
pregrado, dirigida a personas con discapacidades físicas, síquicas o
sensoriales, de carácter permanente, de acuerdo a lo establecido en la
Ley 361 de 1997. (Folio 28). Expone la accionante que:
“Este tipo de préstamo fue la única opción a la que nos vimos abocados para
que JIMMY pudiera estudiar, esto debido principalmente a mis bajos ingresos
económicos, como profesora, eran tan bajos que el mismo ICETEX en principio nos
negó el préstamo por este motivo y por eso debimos recurrir a la línea de
préstamo para discapacitados.” (Folio 68).
[5] Conforme se extrae del certificado expedido por la vicepresidencia
de crédito y cobranza del Instituto Colombiano de crédito educativo y estudios
técnicos en el exterior- ICETEX: “De conformidad con el Reglamento de
Crédito Educativo del ICETEX, la señora Gloria Lucero Herrera Contreras con
C.C. 35407030 registra como deudor solidario del crédito identificado con el
código No. 1701801956867-9 otorgado al beneficiario Jimmy Hernando León Herrera
con C.C. No. 1019009146 correspondiente a la línea CREDITO PAÍS PARA
ESTUDIANTES CON LIMITACIONES , para cursar el programa de MUSICA en la
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. (Folio 89 y Folios 91 al 93).
[6] Según constancia allegada al proceso por parte de la
Institución Educativa Distrital Cristóbal Colón, el joven Jimmy Hernando León
Herrera, recibió matricula de honor por su gran desempeño académico durante
varios periodos escolares (Folios 52, 54, 55, 56 y 57). De igual manera, según
constancia de la Rectora de la
Institución Educativa Distrital Cristóbal Colón, el alumno Jimmy Hernando
León Herrera con C.C. No. 1.019.009.146 de  Bogotá D.C. fue uno de los mejores
alumnos de los grados 7°, 8°, 9° y 10° , cursados entre los años 2000, 2001,
2002 y 2003. (Folio 53 y 58).
[7] Conforme se extrae de la constancia aportada por la
Universidad de Los Andes, el joven Jimmy Hernando León Herrera, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.019.009.146, recibió el título de MUSICO CON
ÉNFASIS EN COMPOSICIÓN el 20 de agosto de 2011, de acuerdo al acta 830 libro 13
folio 95 de la misma fecha y ocupó el primer (1er) puesto entre once (11)
estudiantes graduados de su promoción. (Folio 49 y Folios 53 parte revés  y 54
del cuaderno de la Corte Constitucional).
[8] Conforme la respuesta emitida por el ICETEX: “Nos permitimos
informar que el 17 de diciembre de 2012 el Ministerio de Educación Nacional-
MEN expidió el Decreto 2636 Por el cual se reglamenta el artículo 150 de la
Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2 de la
Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la permanencia y calidad de
la educación superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos
otorgados a través del ICETEX. Que los artículos 150 de la
Ley1450 de 2011 y 2° de la Ley 1547 de 2012, establecen como beneficio para
incentivar la permanencia y la calidad en la educación superior, la condonación
del crédito educativo a aquellos estudiantes beneficiarios del Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios técnicos en el exterior “ Mariano
Ospina Pérez” (ICETEX) que pertenezcan al SISBEN 1, 2 y 3 o su equivalencia,
que cuenten con resultados de las pruebas SABER PRO (anterior ECAES) ubicados
en el decil superior en su respectiva área y que hayan terminado su programa
educativo en el periodo señalado para el mismo. Una vez analizados los
requisitos exigidos para acceder al beneficio que establece el artículo 2 de l
Ley 1547 de julio de 2012, respecto del crédito del señor JIMMY HERNANDO LEÓN
HERRERA nos permitimos realizar las siguientes precisiones en cada uno;
Pertenecer al Sisbén 1, 2 y 3 o su equivalencia; Una vez verificados los
registros sistematizados no se evidencia registró de pertenecer al Sisbén, por
tanto no cumple con este requisito.  Que los resultados de las pruebas SABER
PRO (anterior ECAES) estén ubicadas en el decil superior en su respectiva área;
Al validar la información suministrada por el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación ICFES , se pudo establecer que el señor no se
encuentra registrado en la base de datos de Mejores Saber Pro, incumpliendo con
dicho requisito. Haber terminado su programa educativo en el periodo
señalado para el mismo.  Por lo expuesto, no es procedente el
reconocimiento del beneficio solicitado por la deudora solidaria. No obstante lo
anterior, si el beneficiario del crédito posee documentos que acrediten los
requisitos exigidos para la condonación establecida en el art. 2 de la ley 1547
de 2012, solicitamos allegarlos a la entidad a fin de proceder de conformidad
con la aplicación de la Ley.” (Folios 89 y 90).
[9] Según afirma la tutelante: “Pretender
como lo pretenden las normas demandadas, que las personas con autismo en
Colombia, realicen, comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento
cuantitativo, pensamiento crítico, entendimiento interpersonal y solución de
problemas, es un acto absoluto de discriminación, pues se exige a los autistas
algo que por el momento en Colombia y en general en la mayoría de países del
mundo por no decir en todos, ellos no pueden realizar.  Pedir por ejemplo
entendimiento interpersonal, solución de problemas, lectura crítica y
pensamiento crítico no solo es risible si no denota la total ignorancia a la
condición de los autistas Colombianos, las pocas personas con autismo que
llegan tan siquiera a hablar en Colombia son literales, no son metafóricos para
realizar críticas y solucionar problemas, y sus problemas de comunicación en
general son tan complicados que creo no equivocarme al afirmar que ningún
autista Colombiano podría tener o realizar entendimiento interpersonal, ni las
demás exigencias mencionadas. (Folio 67).  Esta afirmación fue confirmada
por el señor Juan Gabriel Osuna Barriga, profesor de planta del Departamento de
Música de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor particular de
composición del joven Jimmy Hernando León Herrera , quien expuso que: “ La
aplicación de pruebas estándar ( ECAES Y SABER PRO GENERICOS, CENTRADAS EN
COMUNICACIÓN ESCRITA, LECTURA CRÍTICA, RAZANAMIENTO CUANTITATIVO, PENSAMIENTO
CRÍTICO,, ENTENDIMIENTO INTERPERSONAL Y SOLUCION DE PROBLEMAS), resulta tan
inequitativo y discriminatorio como pedir a un ciego que analice gráficos, o a
un sordo que identifique piezas musicales desde la audición de los mismos.” (Folio
18).  Conforme el concepto emitido por la Liga Colombiana de Autismo (
la Liga Colombiana de Autismo
es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por mejorar la calidad de vida y
los derechos de las personas con trastorno del espectro autista “TEA” y sus
familias, actualmente es miembro de la
Organización Mundial de Autismo OMA y hace parte del Grupo de Enlace
Sectorial GES, del Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras
organizaciones y redes que trabajan por los derechos de las personas con
discapacidad), los trastornos del Espectro del
Autismo (TEA) son una serie de alteraciones significativas en el desarrollo de
las habilidades de interacción social recíproca, de comunicación verbal y no
verbal y un repertorio restringido de comportamientos e intereses que influyen
de manera importante en el equilibrio familiar e inciden en el estado de salud
biológico, emocional y mental de quienes lo padecen. Sobre la situación
concreta del joven tutelante, manifestó que “es necesario que a las personas
con autismo, se den los ajustes necesarios para el logro de su desarrollo
profesional, en el caso del Sr. Jimmy Hernando, la adaptación de las pruebas
académicas es fundamental para darle contuinidad a su carrera profesional en el
campo de la música, en el cual es excelente.” (Folios
1 al 4).
[10] Según oficio presentado por el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del ICFES: “En cuanto a la presentación de la
prueba por parte del joven Jimmy Hernando León Herrera, le informo que luego de
proceder con la verificación correspondiente en los archivos de Examen de
Estado, se encontró que al momento de realizar la inscripción vía Internet, el
usuario seleccionó la opción que le permite informar su condición de
discapacitado, concretamente su discapacidad motriz. En consecuencia se generó
una citación en la cual se establece como sitio de aplicación la
Universidad Autónoma, bloque 20, aula 104, en la ciudad de Bogotá.”]] “ Para
estos casos es conveniente señalar que el ICFES tiene previsto unos
procedimientos tendientes a facilitarles la presentación de las pruebas a
quienes presentan estas discapacidades. En el caso concreto de las
discapacidades motrices, se designa una persona a cada uno de los examinados
para brindar apoyo del material o lectura del mismo.”]] “ El ICFES como
instituto descentralizado y autónomo ha considerado como casos de discapacidad
los siguientes: sordo que requiere interprete, sordo que no quiere interprete,
invidente y motriz; en ningún caso contempla la discapacidad mental.” (Folios
63 y 64).
[11] Respuesta emitida por el ICETEX el 29/11/2011 en la cual indica que
“De conformidad con lo anterior, nos permitimos informarle que la
lamentablemente no es posible proceder de manera favorable con su petición de
condonar la deuda que presenta actualmente, toda vez que a la fecha por acto
administrativo no han sido modificadas las causales de condonación.” (Folios
22 al 25). Respuesta del 09/ 02/2012 en la cual el ICETEX expone lo siguiente:
“Es de aclarar que en el artículo 28 y 30 de la ley 1246 de 2009 que
menciona en su escrito no está contemplada la condonación o exoneración del
pago de las deudas adquiridas, razón por la cual no es posible atender
favorablemente su petición de la condonación del crédito. Por lo anterior, le
reiteramos que el ICETEX no está incumpliendo la ley.” (Folios 28 al 32).
Respuesta del  27/ 03/2013 en la cual se le informa a la accionante que: “De
acuerdo a lo anterior, le indicamos que no es viable proceder de manera
favorable en cuanto a la condonación de la obligación puesto que el
beneficiario no cumple con los requisitos indicados anteriormente.” (Folios
37 al 39). Respuesta No. 6010-488-2013 en la cual el ICETEX informa que: “En
el mes de mayo de 2012 el caso del beneficiario fue elevado ante el Comité de
Cartera a fin de solicitar la condonación por invalidez, para lo cual el 12 de
junio de 2012 bajo radicado de salida 2012056462 se emitió respuesta de fondo
al caso en mención informándole la negativa del mismo y las razones de la
misma.” (Folio 89).
[12] (Folio 83).
[13] Según la entidad: “Si bien el accionante terminó su programa
educativo, de conformidad con lo manifestado por la Vicepresidencia de Crédito y Cobranza del Icetex en certificación que se adjunta al presente
oficio, el beneficiario del crédito no registra en la base de datos del
Departamento Nacional de Planeación (DNP) como beneficiario de los niveles I,
II o  III del Sisben, ni se ha acreditado que el resultado de su prueba SABER
PRO esté ubicado en el decil superior de su respectiva área.” (Folio 104)
[14] (Folios 103 al 106).
[15] (Folios 174 al 181).
[16] (Folios 184 al 185).
[17] (Folio 186).
[18] (Folios 203 al 208).
[19] (Folio 51).
[20] (Folio 8 del cuaderno de segunda instancia).
[21] Sentencia T- 678
de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En esta ocasión, el peticionario presentó acción de
tutela contra la
Administración Postal Nacional, por considerar que esta le había vulnerado su
derecho fundamental de petición, al no obtener respuesta alguna frente a las
solicitudes presentadas. La Sala Novena de revisión, consideró que no se
encontraba justificado con fundamento en una razón o causa válida, la demora en
el ejercicio de la demanda de amparo constitucional presentada por el
peticionario, al no existir la menor noticia sobre la ocurrencia de un suceso
de fuerza mayor o caso fortuito o sobre la incapacidad del actor para ejercer
oportunamente la defensa de sus derechos. Por ende, no podía la
Corte adoptar una decisión distinta a la de declarar la improcedencia de las
tutelas por la inacción oportuna del actor, esto es, por el incumplimiento del
presupuesto de la inmediatez.
[22] Así fueron recogidos los parámetros
jurisprudenciales reseñados en la sentencia T-367 de 2010 (M.P María Victoria
Calle Correa) en la que se concedió el amparo de los derechos constitucionales
de un grupo de personas víctimas de la violencia y en situación de
desplazamiento, que invocaban la inscripción en el Sistema de Información para la
Población Desplazada, a efectos de obtener el reconocimiento y otorgamiento de
todos los beneficios legales a que tenían derecho. La
Corte, consideró que “pese
a que los hechos ocurrieron en los años 1996 y 1997, la vulneración de los
derechos de las personas en cuyo nombre se interpone la acción de tutela, han
permanecido en el tiempo, y en tanto no se haya resuelto, la condición
desfavorable de los accionantes es actual.”
[23] (Folios 37 al 39).
[24] (Folio 81).
[25] En la sentencia T-1028 de 2010 (M.P
Humberto Antonio Sierra Porto), en la cual se discutía la negativa del acceso a
la pensión de sobrevivientes de una mujer, la
Corte consideró que debía efectuarse un análisis flexible de la inmediatez, a
partir de (i) el carácter permanente y actual de la violación alegada; (ii) la
edad de la peticionaria; y (iii) su situación de vulnerabilidad económica. En
aquella oportunidad, el alto Tribunal Constitucional sostuvo que a pesar de
haberse presentado la tutela despues de 32 meses del hecho vulnerador: “La
finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate
de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad,
una protección inmediata, como se logra ver en el presente caso.”]] “Estima la
Sala que el término transcurrido no resulta demasiado prolongado de modo tal
que afecte los derechos de terceros, la seguridad jurídica o convierta la
tutela en un premio a la desidia de la peticionaria quien por varios años ha
luchado por obtener el reconocimiento de su pensión ante la justicia
ordinaria.” En este
mismo sentido, en sentencia T- 145 de 2013 (M.P María Victoria Calle Correa) la
Corte se pronunció sobre la situación de un ciudadano a quien se le negó la
acción de tutela presentada para obtener el reconocimiento de la pensión de
vejez, por haber dejado transcurrir 11 meses desde el momento del hecho
generador de la vulneración. La Corte concedió el amparo y para ello sostuvo
que el tiempo transcurrido para interponer la acción de tutela estaba
justificado en tanto (i) el presente asunto estaba relacionado con una presunta vulneración
permanente y actual del derecho fundamental a la seguridad social y (ii) el
actor había demostrado ser diligente en el agotamiento de los mecanismos
administrativos y judiciales para obtener su derecho.
[26] (Folio 51).
[27] Diferentes Salas de Revisión han reconocido la especial protección que
brinda la Constitución a las personas con discapacidad, en el acceso y goce de
sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad.  En materia laboral, la jurisprudencia ha
establecido que además del derecho a acceder en lo posible a un empleo acorde
con el tipo de limitación que la persona padezca, - visual, auditiva, etc.- las
personas con discapacidad son beneficiarias de una estabilidad laboral
reforzada, mientras no existan causales objetivas y razonadas para el despido y
no se haya obtenido la autorización laboral para su desvinculación. En otros
casos ligados con la libertad de locomoción, por ejemplo, se ha considerado que
la decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá de no otorgar un permiso de
circulación especial a una persona que sufría de una cuadraplejia espástica,
durante las horas de restricción vehicular “pico y placa”, configuraba una
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, a la autonomía y a la
libre circulación de estas personas, por omisión del deber de trato especial
del Estado (Sentencia T-823 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). A su vez,
la jurisprudencia de esta Corte ha estimado en lo concerniente al acceso al
espacio público, que el trato discriminatorio derivado del absoluto olvido de
las necesidades de personas con discapacidad en la circulación por dicho
espacio, - como ocurrió con la
Alcaldía Mayor de Bogotá en el caso de un ciudadano ciego que no podía
transitar por la acera, ante la excesiva cantidad de bolardos  alrededor
de su lugar de trabajo -, afectaba los derechos de esta población al imponer
una medida desproporcionada, para lograr el fin constitucional buscado de
evitar que se invadieran los andenes con vehículos, desconociendo otros
derechos ciudadanos (Sentencia T-1639 de 2000 MP Álvaro Tafur Galvis). En materia de accesibilidad a instalaciones y
edificios abiertos al público, la Corte ha brindado a las personas con
discapacidad, la protección especial que les reconoce la
Constitución y la ley, garantizándoles el acceso al espacio físico en
condiciones de igualdad, al remover obstáculos, cargas excesivas y barreras que
los marginaban. En la sentencia T-1258 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo)
esta Corporación resolvió una acción de tutela presentada contra la
Corte Constitucional por una persona de talla baja, porque consideraba que las
ventanillas de atención al público de esta entidad constituían una barrera que
le impedía acceder en forma adecuada a la información, situación que vulneraba
su derecho a la igualdad y a la dignidad humana. En concepto del actor, su
condición especial debía ser asimilada a una discapacidad, haciéndolo merecedor
de la protección especial que el ordenamiento le garantiza a estas personas. La
Sala Quinta de Revisión consideró que el Estado colombiano había fallado en
su deber de ofrecer un trato especial que les asegurara el disfrute de los
derechos constitucionales a ese grupo minoritario de personas, tradicionalmente
discriminado, que afrontaba barreras diarias para acceder a la prestación de
bienes y servicios. En consecuencia, ordenó a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura que elaborara una política sectorial de accesibilidad y de
adecuación de la estructura física de la
Rama Judicial que garantizara los derechos de las personas de talla baja y así
superar la deficiencia de trato especial que merecen. Concretamente, se dijo:
"El análisis anterior permite concluir entonces, que se requiere un trato
diferenciado para las personas con enanismo, ya que estas personas se
encuentran en una situación distinta a la del resto de la población, que no
afronta los obstáculos descritos ni presenta esa condición, y que por lo mismo,
afronta una situación cierta de vulnerabilidad. Se trata entonces de un grupo
minoritario, tradicionalmente discriminado y que tiene necesidades específicas
en cuanto al acceso a bienes y servicios en razón de su talla pequeña, - en lo
que respecta a la altura de mostradores, timbres, pomos de puertas, etc., entre
otras limitaciones -, por lo que requiere un trato que facilite su igualdad
real en el goce y ejercicio de sus derechos. Esta población merece medidas de
protección especiales, que aseguren el disfrute real y efectivo de sus
atribuciones constitucionales. De este modo, el deber del Estado colombiano de
adoptar medidas especiales en favor de los grupos discriminados, se traduce en
el caso de las personas de talla baja, en la necesidad de otorgarles un trato
desigual más favorable. Es el Estado en su conjunto, el obligado entonces a
diseñar políticas unificadas a nivel nacional, para las personas con esta
condición específica”.
[28] Constitución Política de Colombia, artículo 13. “Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[29] Constitución Política de Colombia, artículo 47. “El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran.”
[30] Constitución Política de Colombia, artículo 68. “[…] La
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.”
[31] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 4°, literal b.
[32] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 3°. “Principios generales // Los principios de la presente Convención
serán: // a) El respecto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad
entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.”
[33] Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, artículo 2, inciso 3. “Por discriminación por
motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye
todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables;”
[34] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 2, inciso 4. “Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.
[35] Entre los tratados internacionales que se
han ocupado del tema cabe mencionar, comenzando por los emanados de la
Organización de las Naciones Unidas, la
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971) y la
Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), y las Normas
Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(de carácter no vinculante, adoptadas en 1993). Dentro del ámbito continental
se destaca la
Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad de 1999, incorporada al derecho interno por Ley 762 de 2002. Además de los anteriores instrumentos,
específicamente dirigidos a la población discapacitada, la
Corte ha identificado otros tratados multilaterales que protegen también,
aunque de manera global y menos directa, los derechos de ese grupo especial de
personas. Entre estos, deben destacarse la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales suscritos ambos de 1966, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes de 1984, así como los instrumentos relativos a la eliminación de
distintas formas de discriminación.
[36] “Por la cual se expide la
Ley General de Educación”.
[37] Sentencia SU-1149 de 2009 (M.P Antonio
Barrera Carbonell). Ibídem.
[38] Sentencia C-824 de 2011 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva). En esta
ocasión, la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 1º de la
Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social
de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.” La
Corte resolvió: Declarar EXEQUIBLES las expresiones “severas y profundas”
contenidas en el artículo 1º de la Ley 361 de 1997.
[39] Sentencia C-559 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
En el presente asunto se analizó la constitucionalidad del artículo 30
(parcial) de la Ley 21 de 1982, “Por la cual se modifica el régimen del
Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones". En esta ocasión, la
Corte resolvió: Declarar EXEQUIBLE el segmento normativo demandado, salvo la
expresión "profesional especializada", que por las razones ya
expuestas se declara INEXEQUIBLE.
[40] T-553 de 2011 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Ibídem.
[41] Sobre las diferentes formas de
discriminación,  la Corte en sentencia T-117 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández) sostuvo lo siguiente: “Los actos violatorios de la igualdad
pueden originarse en el lenguaje de las normas o en las prácticas de las
instituciones o de la sociedad que de manera injustificada llegan a
constituirse en una forma de vida y son aceptados con naturalidad, lo cual
conlleva que las personas que sufren este tipo de exclusión tengan que soportar
cargas infundadas desde el punto de vista moral y/o jurídico.”
[42] Sentencia C-559 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería). Ibídem.
[43] Sentencia T-117 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). Ibídem.
[44] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 4°, literal b.
[45] (M.P. Antonio Barrera Carbonell). SV. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
En el presente asunto, la Corte precisó que la acción de tutela podía invocarse
como mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales a
la igualdad, mínimo vital y dignidad humana de una trabajadora que había sido
despedida en estado de embarazo, en la medida en que le correspondía a la
jurisdicción ordinaria definir si la peticionaria tenía o no derecho a recibir
una indemnización por el despido injusto que se había efectuado.
[46] MP. Antonio Barrera Carbonell.
[47] El sistema debía contener por lo menos los
siguientes elementos: i) recursos suficientes y apropiados para cubrir
adecuadamente la demanda de créditos requeridos para atender a la educación
especial de dichos menores; ii) diseño de mecanismos sencillos y ágiles para
que los peticionarios de los créditos puedan acceder fácilmente a éstos. Por lo
tanto, se excluirán aquellos requisitos extremos que en cuanto a solvencia de
los requerientes de créditos se exige ordinariamente por las entidades
financieras; iii) implementación de sistemas que garanticen la igualdad de
oportunidades y la publicidad para el acceso al crédito, según los méritos que
demuestren los aspirantes para recibir dicha educación especial.
[48] En este mismo sentido, en sentencia T- 443
de 2004 (M.P Clara Inés Vargas Hernández), la
Corte consideró que se vulneraba el derecho a la educación de un menor
autista, al impedirle acceder a una institución que le brindara una educación
especial atendiendo su particular condición. Para dar solución al problema
jurídico, la Sala Novena de Revisión consideró que: “(ii) Los menores discapacitados tienen derecho
preferencial a exigir el cumplimiento y la efectividad del derecho a la
educación pues “aparte del tratamiento de favor que debe dispensarse al niño,
en cualquier proceso social, en el presente la consideración de disminuido
psíquico del menor supone un trato todavía más especial”. iii) Una forma de
promover las condiciones para que sea efectivo el derecho a una igualdad de
oportunidades en el acceso al sistema educativo de los menores discapacitados,
es otorgarles un trato cualificado y privilegiado.” Por otra parte,
el Alto Tribunal en Sentencia T-051 de 2011(M.P Jorge Iván Palacio Palacio),
revisó un asunto en el que un municipio no destinó, conforme a lo establece la
Constitución y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, recursos
para proveer un profesor intérprete a un estudiante sordomudo que lo requería.
En este fallo, la Corte delimitó el concepto de educación inclusiva, por ser
considerado como  la mejor vía para garantizar, en condiciones de igualdad, el
derecho a la educación de las personas con discapacidad. La Corte
concedió el amparo del derecho a la educación del tutelante, tras advertir que de los informes requeridos en
sede de revisión se notó la puesta en peligro del derecho a la educación
inclusiva no solo del accionante sino también de 103 estudiantes con
discapacidad auditiva severa que requerían de la asistencia del profesional.
[49] MP. Mauricio González Cuervo.
[50] Sentencia T-1258 de 2008 (MP. Mauricio González Cuervo).
[51] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[52] En esta oportunidad, la
Corte ordenó entre otras cosas: SEGUNDO. INSTAR al Consejo Superior de la
Judicatura que, en el término de tres (3) meses contados a partir de la
notificación del presente fallo de tutela, adelante una campaña de
sensibilización dirigida a los servidores públicos y personal
administrativo que laboran en el Complejo Judicial de Paloquemao y que están
involucrados directamente con la negación de acceso que debe enfrentar
cotidianamente el accionante en razón a su discapacidad física, con el fin de
generar un mayor compromiso y comprensión de las circunstancias en las que
viven las personas con diferentes discapacidades. SEXTO. ORDENAR al
Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de un (1) mes contado a
partir de la notificación del presente fallo de tutela, implemente una base de
datos en el Centro de Servicios y Apoyo Judicial para que priorice la
asignación de las salas de audiencias ubicadas en el primer piso del Complejo
Judicial de Paloquemao a favor de las personas en situación de discapacidad,
mientras se garantiza a esta población su plena accesibilidad al edificio. La
base de datos deberá ser administrada por la oficina del Centro de Servicios y
Apoyo Judicial con el fin de que distribuya la correcta asignación de las salas
ante la solicitud de los despachos judiciales y de las personas en situación de
discapacidad. OCTAVO. ORDENAR al Consejo Superior de la
Judicatura que en el término de un (1) año contado a partir de la notificación
del presente fallo de tutela, diseñe un plan específico que garantice el
derecho fundamental del accionante y de la población en situación de
discapacidad a la accesibilidad y a la libertad de locomoción, teniendo en
cuenta como mínimo los parámetros expuestos en la consideración 4.2.1.4 de esta
providencia; y una vez realizado lo anterior; inicie inmediatamente la
ejecución de dicho plan, labor que deberá culminarse en un término no
superior a cinco (5) años. El plan deberá contemplar las obras necesarias a que
haya lugar no sólo en los pisos superiores de la edificación sino también en el
primer piso, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente en
términos de accesibilidad física para las personas en situación de
discapacidad.
[53] MP. María Victoria Calle Correa.
[54] Respecto del enfoque social de discapacidad, en la
sentenciaT-427 de 2012 se dijo: “en el modelo o enfoque “social”, la discapacidad está
determinada no por la condición médica de una persona, sino por las barreras
físicas y sociales que el entorno le impone por razón de su condición especial,
y que le impiden integrarse adecuadamente y ‘funcionar hábilmente en la
sociedad.’”
[55] Sentencia T-427 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa).
[56] MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[57] La Corporación
resolvió: “Segundo.- En tal virtud, ORDENAR a la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, SED, por conducto del respectivo Secretario o quien al efecto haga sus
veces, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de esta sentencia, haga inscribir al
niño Luis Hartmann Cardona como beneficiario de
los programas de subsidios o becas existentes del Icetex y lo incorpore
en el plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las
personas con capacidades o talentos excepcionales diseñado por esa misma
Secretaría, de tal manera, que se garantice efectivamente el derecho a la
educación especial, procediendo además de manera consecuente con las
dificultades económicas evidenciadas por la señora Claudia Cardona Londoño, progenitora y soporte del niño amparado,
por lo cual se les posibilitará también acceder a los
programas de ayudas educativas previstos para personas de escasos recursos
económicos.”
[58] MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[59]Se decidió en el fallo: “Tercero.- ORDENAR al
Ministerio de Educación Nacional y al ICFES, que desarrollen políticas públicas
encaminadas a permitir y suministrar a las personas que se encuentren en
situación de discapacidad, teniendo en cuenta su circunstancia específica, las
herramientas o apoyos que requieran para presentar en condiciones dignas y de
igualdad los exámenes de Estado. Cuarto.- SOLICITAR al
Ministerio de Educación Nacional, a las Secretarías de Educación
Departamentales y Municipales, y a la
Defensoría del Pueblo que, en el ámbito de sus respectivas funciones y campo
de acción, efectúen seguimiento permanente al proceso de presentación de
exámenes de Estado por parte de las personas en situación de discapacidad, para
coadyuvar a la materialización real de su desarrollo integral, como obligación
constitucional.”
[60]  "Por el
cual se reglamenta el artículo 150 de la Ley 1450 de junio de 2011 y el
artículo 2° de la Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la
permanencia y calidad de la
Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos
otorgados a través del ICETEX".
[61] (Folios 1 al 4).
[62] Sociedad Autista de América.
[63] (Folios 19 y 20).
[64] (Folios 19 y 20).
[65] MP. Nilson Pinilla Pinilla. AV. María Victoria Calle Correa.
[66] En el mismo sentido, se puede ver la sentencia C-371 de 2000 (MP.
Carlos Gaviria Díaz. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz. SPV. Álvaro Tafur Galvis,
Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz. AV. Vladimiro Naranjo
Mesa), en la que respecto del concepto de acciones afirmativas se señaló:
“[c]on esta expresión se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de
lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha
sido discriminado, tengan una mayor representación.”
[67] La Ley 1547 de 2012, “Por la cual se
otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a
partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 y se
dictan otras disposiciones”, dispone en su artículo 2, lo siguiente: “Así
mismo, para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una condonación
de la deuda de los créditos de educación superior de acuerdo a lo que
reglamente el Gobierno Nacional, otorgados a través del, ICETEX, a quienes
cumplan los siguientes requisitos básicos 1. Pertenecer al Sisbén 1, 2 y 3 o su
equivalencia. 2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO (anterior ECAES),
estén ubicadas en el decil superior en su respectiva área. 3. Haber terminado
su programa educativo en el periodo señalado para el mismo.” Por su parte, la
Ley 1450 de 2011, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, dispone en su artículo 150: Subsidios
educación superior. Para incentivar la permanencia y calidad, se concederá una
condonación de la deuda de los créditos de educación superior de acuerdo a lo
que reglamente el Gobierno Nacional, otorgados a través del ICETEX, a quienes
cumplan los siguientes requisitos básicos: 1. Pertenecer al Sisbén 1, 2 y 3 o
su equivalencia 2. Que los resultados de las pruebas SABER PRO (anterior
ECAES), estén ubicadas en el decil superior en su respectiva área.  La
Nación garantizará y destinará al ICETEX los recursos requeridos para
compensar los ingresos que deja de percibir por los conceptos anteriores.
[68] El artículo 5º de la Resolución Nº 092 de
2008, consagra: “El ICFES organizará y
brindará condiciones especiales el día de la aplicación, para la población
discapacitada, siempre y cuando se brinde por su parte la información requerida
para este fin, en la forma y términos señalados en este artículo.
Además de los elementos autorizados para el ingreso al
sitio de aplicación, el ICFES autorizará  para la población desplazada el
ingreso de los elementos de apoyo necesarios de acuerdo con la información
previamente suministrada por el usuario sobre su discapacidad.”
“Para los fines indicados en el
inciso anterior, es necesario que además de la información suministrada al
momento de efectuar la inscripción y registro, los rectores reporten por
escrito al ICFES los datos de los examinados registrados con discapacidades,
indicando nombre, apellido, documento de identidad, clase de discapacidad, así
como la especificación de los tipos de apoyo requeridos para el día de la
aplicación. Los usuarios que se registran individualmente, suministrarán la
información relativa a su discapacidad al efectuar el proceso de registro.”
[69] El funcionario manifestó: “En cuanto a la
presentación de la prueba por parte del joven Jimmy Hernando León Herrera, le
informo que luego de proceder con la verificación correspondiente en los
archivos de Examen de Estado, se encontró que al momento de realizar la
inscripción vía Internet, el usuario seleccionó la opción que le permite
informar su condición de discapacitado […]. En consecuencia se generó una
citación en la cual se establece como sitio de aplicación la
Universidad Autónoma, bloque 20, aula 104, en la ciudad de Bogotá.”
“Para estos casos es conveniente señalar que el ICFES
tiene previsto unos procedimientos tendientes a facilitarles la presentación de
las pruebas a quienes presentan estas discapacidades. En el caso concreto de
las discapacidades motrices, se designa una persona a cada uno de los
examinados para brindar apoyo del material o lectura del mismo.”  (Folios
63 y 64).
[70] Decreto 2636 de 2012, “por el cual se reglamenta el artículo 150
de la Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2° de la
Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la permanencia y calidad de la
Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos
otorgados a través del ICETEX”.
[71] Decreto 2636 de 2012, “por el cual se reglamenta el artículo 150
de la Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2° de la
Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la permanencia y calidad de la
Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos
otorgados a través del ICETEX”.  “El presidente de la
República de Colombia || en ejercicio de las facultades constitucionales,
legales y reglamentarias en particular la que le confiere el artículo 189
numeral 11  de la
Constitución Política, || Considerando || […] Que es de tener en cuenta que en
la actualidad, en el Examen de Estado de Calidad de la
Educación Superior los programas académicos de acuerdo con su similitud, se
organizan por grupos de referencia, lo cual hace posible comparar los
resultados que obtengan los estudiantes al presentar la referida prueba.”
[72] "Por el cual se reglamenta el
artículo 150 de la Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2° de la
Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la permanencia y calidad de la
Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos
otorgados a través del ICETEX”,
[73] (Folios 52 al 58).
[74] Conforme se extrae de la constancia aportada por la
Universidad de Los Andes, el joven Jimmy Hernando León Herrera, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.019.009.146, recibió el título de MUSICO CON
ÉNFASIS EN COMPOSICIÓN el 20 de agosto de 2011, de acuerdo al acta 830 libro 13
folio 95 de la misma fecha y ocupó el primer (1er) puesto entre once (11)
estudiantes graduados de su promoción. (Folio 49).
[75] (Folios 18 y 66).
[76] (Folio 65).
[77] "Por el cual se reglamenta el
artículo 150 de la Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2° de la
Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la permanencia y calidad de la
Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos
otorgados a través del ICETEX”,
[78] Identificado con la cédula de ciudadanía No. 1019009146. (Folio 65).
[79] La Sala consultó la
base de datos el día 10 de febrero del año 2014
a las tres (3) de la tarde y quince (15) minutos.
[80] (Folio 104)
[81] “ Yo como madre cabeza de familia y único sustento real de JIMMY
HERNANDO, en este momento fui pensionada por salud ya que el manejo de la vida
y situaciones que han ocurrido a lo largo de la vida de JIMMY han influido en
mi salud y como es de público conocimiento el salario de los maestros nuevos de
Colombia es muy bajo, nosotros no tenemos las prerrogativas de los maestros
antiguos, además como lo he informado continuo costeando su formación
profesional, ya que sus tiempos son diferentes y él requiere todavía de mucha
ayuda y apoyo, como lo necesitará toda su vida.” (Folio 68).
[82] Diferentes Salas de Revisión, han sostenido que el contenido del
derecho al mínimo vital, no se agota con la satisfacción de las necesidades
mínimas de la persona, o de su grupo familiar, que simplemente le procure la
mera subsistencia. Por el contrario, tiene un contenido mucho más amplio, en
cuanto comprende tanto lo correspondiente a la satisfacción de las necesidades
básicas de las personas para su subsistencia, como lo necesario para procurarle
una vida en condiciones dignas, lo cual implica  la satisfacción de necesidades
tales como alimentación,
vestuario, salud, educación, vivienda, recreación y medio ambiente, que
consideradas todas en su conjunto, constituyen los presupuestos para la
construcción de una calidad de vida aceptable para los seres humanos. Para dimensionar correctamente el citado derecho, se ha indicado que es
necesario tener en cuenta que él debe ser considerado frente a un caso en
concreto y no en abstracto, lo cual implica una valoración cualitativa, y no
cuantitativa de su contenido de acuerdo a las condiciones sociales, económicas
y personales de un individuo. Lo anterior significa, que el juez frente aun
caso concreto, en el que se solicita protección para el derecho fundamental al
mínimo vital, debe realizar una actividad valorativa de las especiales
circunstancias que rodean a la persona y a su entorno familiar, a sus
necesidades básicas, y a los recursos de los que requiere para satisfacerlas,
de tal forma que pueda determinar, si vista la situación, se esta en presencia
de una amenaza, o vulneración efectiva del derecho al mínimo vital, y por ello
se hace necesario que se otorgue la protección judicial solicitada. Al respecto
pueden consultarse, las sentencias T-827 de 2004 (MP(e) Rodrigo Uprymny Yepes),
T-664 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-512 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-184 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-205 de 2010 (MP Juan
Carlos Henao Pérez, SV MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-581A de 2011 (MP
Mauricio González Cuervo), T-431 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ACL
MP Luis Ernesto Vargas Silva y SV MP Humberto Antonio Sierra Porto), entre
otras.
[83] MP. Carlos Gaviria Díaz (ACL MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[84] “Lo cierto en este momento el joven
JIMMY no tiene ninguna vinculación laboral.” (Folio 68).
[85] (Folio 68).
[86] El despacho se comunicó telefónicamente
con la señora Gloria Lucero Herrera Contreras, accionante dentro del proceso de
la referencia, a quien se le solicitó indicará al Despacho el monto de sus
ingresos actuales. Es de recordar que la
Corte Constitucional en el ejercicio de su función de Revisión de fallos de
tutela ha considerado, en diversas oportunidades, que en ocasiones, para lograr
una protección efectiva de los derechos fundamentales resulta pertinente, e
incluso necesario, requerir información por vía telefónica sobre algunos
aspectos fácticos puntuales que requieran mayor claridad dentro del trámite de
la acción. Esta decisión encuentra pleno sustento en los principios de
celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que guían la actuación del juez
de tutela. Al respecto, se pueden revisar entre otras decisiones, las
sentencias T-603 de 2001 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-476 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-341 de 2003 (MP. Jaime Araújo Rentería), T-643
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-219 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño)
y T-726 de 2007 (MP. Catalina Botero Marino). Adicionalmente la señora Gloria
Lucero envió por correo electrónico el día 28 de febrero de 2014 los documentos
que sustentan lo solicitado mediante la comunicación telefónica.
[87] Los gastos se distribuyen mensualmente de la siguiente manera:
$100.000 de agua, $55.000 de luz, $26.000 de seguro del apartamento, $30.000 de
administración del edificio, $10.000 del gas, $800.000 de alimentación para dos
personas, $120.000 implementos de aseo, $280.000 transporte para asistir a las
citas, controles médicos y terapias que requiere Jimmy Hernando, $460.000 de
las clases de música, $321.000 impuesto predial (Folios 38 al 40, Folios 45 y
46 y Folio 52 del cuaderno de la
Corte Constitucional)
[88] Folio 68.
[89] (Folio 49).