T-785-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-785/13
ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional
cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, éste no resulta
idóneo para evitar un perjuicio irremediable
A juicio de esta Sala, los
medios ordinarios de defensa judicial no son eficaces para dirimir la
controversia que suscitó la instauración de las acciones de tutela de la
referencia, motivo por el cual el juez constitucional puede pronunciarse de
fondo sobre el asunto objeto de revisión, el cual se circunscribe a determinar,
si la exclusión de determinados aspirantes al encontrarlos “no aptos” por
presentar ciertas condiciones de salud ocupacional, trasgredió o no sus
derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos.
CONCURSO DE
MERITOS-Posibilidad de exigir requisitos de aptitud física dentro de los
concursos-cursos y de los límites constitucionales en el ejercicio de dicha
atribución
La Corte ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de la Administración de exigir
requerimientos físicos para acceder a cargos de carrera, al igual que sobre la
viabilidad de establecer dichos requerimientos en los cursos-concursos que se
desarrollen. Así, se ha señalado que, en principio, su exigencia no transgrede
el ordenamiento constitucional, siempre y cuando tengan una relación con la
función a desempeñar por la persona, en términos de razonabilidad y
proporcionalidad.
PROPORCIONALIDAD
Y RACIONALIDAD DE LOS REQUISITOS MEDICOS Y FISICOS EXIGIDOS PARA EL CARGO DE
DRAGONEANTE DEL INPEC-Jurisprudencia constitucional
Todo colombiano tiene derecho
–conforme con los postulados de la igualdad– a acceder a cargos públicos. Por
regla general, el acceso a los mismos está supeditado a un concurso, en el cual
es viable la exigencia de requisitos físicos. Sin embargo, tales
requerimientos, para no trasgredir el orden constitucional, deben guardar
relación con la labor a desempeñar, ser razonables y proporcionales, a más de
haber sido previamente publicitados. La razonabilidad implica la imposibilidad
de prescribir condiciones que resulten contrarias a la razón o a la naturaleza
humana, mientras que la proporcionalidad reclama que los requisitos que se
impongan guarden simetría con las funciones a desempeñar. Toda decisión de
exclusión debe estar justificada, para lo cual son válidos los fundamentos
científicos, entre otras, cuando obedezcan a estudios de salud ocupacional, en
los que se busca disminuir la probabilidad de que se presenten enfermedades o
de que se dificulte el cumplimiento de las labores propias del cargo.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN ACCESO A CARGOS PUBLICOS Y CONCURSO DE DRAGONEANTE DEL INPEC-No
vulneración al establecer como causales de exclusión del concurso-curso ser
calificado como “no apto” por cuanto cargo requiere altas exigencias físicas y
actividad se considera de alto riesgo
En cuanto a la relación que
existe entre el requerimiento de condiciones psicofísicas y las funciones del
empleo, no cabe duda de que la labor del dragoneante requiere de altas
exigencias físicas para poder cumplir las labores a su cargo, las cuales
demandan, entre otras, un rol permanente de supervisión correccional, dirigido
a imponer la garantía del orden, la seguridad, la disciplina y la vigilancia de
los internos, no sólo en centros de reclusión, sino también durante su traslado
por remisiones locales e intermunicipales, para lo cual se exige poder conducir
vehículos. La importancia de las condiciones físicas de quienes ingresan a
laborar en el INPEC, se reitera en el catálogo de las labores de los
dragoneantes, cuando se dispone que: “[Deberán] realizar ejercicios colectivos
que mejoren o mantengan su capacidad física”.  Si bien las condiciones físicas
idóneas, desde el punto de vista ocupacional, resaltan el papel correccional de
los dragoneantes del INPEC, no cabe duda de que también se convierten en un
medio de protección de las personas que desempeñarán dicho trabajo, en especial
cuando ha sido catalogado como una actividad de alto riesgo. Por esta razón, se
encuentra que existe una relación entre la exigencia de una determinada
capacidad física con las funciones del cargo, lo que desvirtúa –prima facie–
que puedan considerarse como incompatibles con el ordenamiento
constitucional
Referencia:
Expedientes T-3.892.249, T-3.920.919, T-3.918.415, T-3.904.227, T-3.901.720,
T-3.901.719 y T-3.899.486
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., noviembre (12) de dos
mil trece (2013)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos dictados por las autoridades judiciales mencionadas en el siguiente
cuadro:
Número del
expediente
Partes
Autoridad judicial
de primera instancia
Autoridad judicial
de segunda instancia
T-3.892.249
Michael Hernando Ponce Meneses contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la
Unión Temporal INPEC (conformada por la
Cooperativa Nacional de Anestesiólogos, Servimed Empresarial SAS y el
Laboratorio Clínico Martha Sussan y CIA LTDA)
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto
Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia
T-3.920.919
Jasson Steven Igua Santacruz contra la
CNSC, el INPEC, la Unión Temporal INPEC y la
Universidad de Pamplona
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
T-3.918.415
Leider Ardu Martínez Ramírez contra el INPEC, la
CNSC y la
Unión Temporal INPEC
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
T-3.904.227
Edgar Jair Cardozo Guerrero contra la
CNSC, el INPEC y la Unión Temporal INPEC
Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá
T-3.901.720
Jorge Iván Arteaga Melo contra la
CNSC, el INPEC y la Unión Temporal INPEC
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto
Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia
T-3.901.719
Luís Miguel Ortega Rodríguez contra la
CNSC y el INPEC
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto
Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia
T-3.899.486
Dennis Gerardo Mera Bucheli contra la
CNSC, la
Unión Temporal INPEC y el INPEC
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pasto
Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia
I. ANTECEDENTES
1.1. Aclaración metodológica
Teniendo en cuenta que la
Sala de Selección Número Siete, mediante Auto del 18 de julio de 2013, además
de seleccionar los expedientes de la referencia, decidió acumularlos para que
fueron fallados en una sola providencia, la presente decisión desarrollará los
hechos y argumentos formulados por las partes de manera conjunta. Igualmente
expondrá en un sólo acápite las razones expuestas por las autoridades
judiciales que conocieron de los procesos de la referencia y que, en su
mayoría, denegaron el amparo. Al final de esta sentencia, en el anexo, pueden
consultarse las particularidades de cada una de las causas, desarrolladas de
manera separada, aunque valga decir que en no pocos casos, los demandantes
utilizaron formatos para ejercer la acción de tutela, por lo que –salvo mínimos
elementos– se presentaron los hechos y los argumentos de la misma manera. Por
lo demás, al momento de resolver cada uno de los casos sometidos a revisión,
esta Corporación aplicará de manera puntual las consideraciones generales que
se exponen en la parte motiva de este fallo.
1.2. Hechos relevantes
(i) Mediante oficio No. 8877 de
2011, el INPEC solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC)
iniciar una convocatoria para proveer 718 vacantes en el empleo de dragoneante código
4114, grado 11. Para tal efecto, en la Resolución No. 0025 del 4 de enero de
2012, dispuso la suma de $ 1.497.035.321 pesos.
(ii) Con posterioridad, en Acuerdo
No. 168 del 21 de febrero de 2012, la CNSC convocó el proceso de selección para
proveer por concurso-curso abierto de méritos el empleo de dragoneante, código
4114, grado 11. Esta convocatoria se identificó como la
No. 132 de 2012, dejando su trámite a cargo de la referida entidad.
(iii) En el artículo 5 del citado
Acuerdo se determinó la siguiente estructura para el proceso de selección: 1.-
Convocatoria y divulgación; 2.- Inscripciones, 3.- Verificación de requisitos mínimos;
4.- Fase I. Concurso: 4.1. Pruebas (análisis de antecedentes,
prueba de aptitud y prueba de personalidad), 4.2. Examen médico, para
ingreso al curso; 5. Fase II. Curso (Formación para varones No. 128 y curso
de complementación para varones No. 016), 6.- Conformación de lista de
elegibles y 7.- Período de prueba.
(iv) Dentro de las normas dispuestas
para regir el concurso-curso, de acuerdo con lo previsto en el artículo
7º del aludido Acuerdo, se fijó la Resolución No. 00305 de 2012 del INPEC, que
adoptó el profesiograma, el perfil profesiográfico y las inhabilidades médicas
para el empleo de dragoneantes, del cuerpo de custodia y vigilancia de la citada
entidad. Según la mencionada Resolución, “(…) el profesiograma es el
documento técnico en donde se definen las tareas, responsabilidades,
particularidades físicas y ambientales requeridas para el desempeño de un
empleo y adicionalmente, establece los medios científicos necesarios para
investigar que el empleado pueda desempeñarse en el puesto de trabajo para el
cual es postulado”. A su vez, definió el perfil profesiográfico como “(…)
un documento en el que se indican las características, aptitudes y actitudes
que debe tener una persona para desempeñar un empleo”[1].
(v) Una de las causales de
exclusión de la convocatoria, reguladas en el artículo 10 del Acuerdo 168 de
2012, era ser calificado como “no apto” en la valoración médica
realizada. Este diagnóstico sería efectuado por la entidad contratada para
ello. Adicionalmente, según el artículo 36 del Acuerdo, se determinó que el
examen médico no sería una prueba dentro del proceso de selección, sino un
trámite previo para ingresar al curso. En el citado examen se
estudiarían las inhabilidades médicas reguladas en la
Resolución No. 00305 de 2012 del INPEC. En virtud del asunto sometido a
revisión, es preciso destacar que en la valoración médica se dispuso un examen
de la capacidad física, el cual fue comprendido como el estudio de la
compatibilidad adecuada para desempeñar el cargo conforme con el profesiograma.
Para tal efecto, se evaluarían tres instrumentos: (a) la historia clínica
ocupacional con énfasis en el sistema neurológico y osteo-muscular; (b) la
ficha de evaluación de la carga física y (c) la ficha de evaluación
osteo-muscular.
(vi) En el Acuerdo 168 también se
determinó que el único resultado médico que se aceptaría es aquél emitido por
la entidad especializada contratada previamente[2].
Si bien podría elevarse una reclamación ante ellos, después de hacerlo
adquiriría carácter definitivo[3].
De suerte que, tras el concurso y el examen de aptitud, seguía la etapa del
curso y de allí, con observancia del mérito alcanzado en este último, se
conformaría la lista de elegibles.
(vii) A partir de lo expuesto, en
la Resolución No. 3317 de 2012, se adjudicó a la
Unión Temporal INPEC el proceso de selección. Con fundamento en ello, esta
unión adquirió la obligación de realizar los exámenes médicos a los aspirantes
que superaran el concurso para proveer las vacantes correspondientes al empleo
de dragoneante[4],
siguiendo los parámetros del profesiograma mencionado.
(viii) Aunado a lo anterior, en
la pluricitada Resolución No. 305 de 2012, la cual fue elaborada tras un
trabajo realizado por el Grupo de Salud Ocupacional de la
Subdirección de Talento Humano y Positiva Compañía de Seguros/ARP, se
adoptaron como inhabilidades médicas dentro del profesiograma del INPEC, las condiciones
descritas en el anexo 5. Entre ellas figuran la obesidad, la proteinuria
positiva, la ametropía no corregida y el trastorno de conducta eléctrica
(bloqueos y hemibloqueos completos e incompletos).
(ix) Según señalan los
accionantes, la prestación de su servicio militar obligatorio fue en el INPEC,
realizando actividades similares a aquellas adelantadas por las personas que
desempeñan el cargo de dragoneante.
(x) Todos se inscribieron a la Convocatoria
No. 132 de 2012 superando la etapa del concurso. No obstante, al momento
de someterse al examen médico ante la
Unión Temporal INPEC fueron declarados “no aptos”,  por presentar
determinadas inhabilidades, en concreto, se señalan: la proteinuria positiva, la
ametropía no corregida, la obesidad y el trastorno de conducta eléctrica.
(xi) Los accionante formularon
las reclamaciones correspondientes, (a) en los casos en los que fueron
excluidos por la proteinuria positiva, allegaron parciales de orina particulares,
según los cuales el nivel de proteína en la micción era normal. En otros, (b) alegaron
inmediatamente que se habían efectuado correcciones a las patologías visuales
padecidas. Por su parte, (c) para el caso del trastorno eléctrico en el
corazón, mencionaron que habían acudido a cardiólogos que descartaron que
padecieran alguna enfermedad. Y, finalmente, (d) respecto del aspirante que fue
excluido por obesidad, cuestionó el criterio que lo apartó de la convocatoria, aduciendo
que el sobrepeso no era necesariamente un límite a sus capacidades para ejercer
el cargo.
(xii) Luego de agotar el trámite
de las reclamaciones formuladas, el dictamen fue confirmado por la
Unión Temporal INPEC en todos los casos, a través de respuestas similares
para cada accionante. Con este propósito se mencionó que los exámenes obedecían
a los criterios del profesiograma del INPEC y que no encontraba razones
suficientes para modificar su postura.
1.3. Argumentos de los
demandantes
Los accionantes consideraron que
su exclusión del concurso-curso transgrede sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y al trabajo, por las siguientes razones: En
primer lugar, se cuestionó que no se siguieron los protocolos definidos en el
profesiograma de manera técnica. Aunado al hecho de existieron confusiones en
algunos resultados, que sólo en ciertas ocasiones fueron solventadas.
En segundo lugar, se objetó que
se les hubiese dado respuestas genéricas a sus reclamaciones, las cuales
estiman que no satisfacen cada una de las circunstancias particulares. En este
sentido, se resaltó que: (i) en los casos en los que se detectó proteinuria positiva,
se enfatizó que ello no significaba necesariamente que la persona padeciera
alguna enfermedad renal; (ii) cuando se excluyó al aspirante por ametropía no
corregida, se alegó que se había sometido a una cirugía de corrección; (iii) en
el caso del retiro motivado por  evidenciarse trastorno de conducta eléctrica
(bloqueos y hemibloqueos completos e incompletos), se arguyó que otro
electrocardiograma controvertía tal resultado. Finalmente, (iv) respecto del
aspirante que fue excluido por obesidad, se indicó que tal condición podría
mejorar con el tiempo, gracias en parte al ejercicio físico que como
dragoneante se llevaría a cabo.
Por último, se resaltó que no se
cuestionaban las normas del concurso, sino la exigencia de requisitos que se
consideraban desproporcionados e irrazonables, sobre todo en la medida en que prestaron
su servicio militar en la institución, cumpliendo –en su opinión– labores
similares a aquellas adelantadas por los dragoneantes.
1.4. Solicitud de tutela
Todos los accionantes requirieron
a los jueces de tutela que, tras declarar la existencia de actos
discriminatorios que atentaban contra sus derechos fundamentales a la igualdad
y al acceso a cargos públicos[5],
ordenaran su reintegro al proceso de selección para el puesto de dragoneantes
del INPEC. Por lo demás, solicitaron que se decretara una nueva citación, pero
que obedeciera a los protocolos médicos correspondientes y que incluyera un
término oportuno de preparación. En su defecto, reclamaron que se tuvieran en
cuenta los exámenes particulares por ellos realizados.
1.5. Intervención de las
partes demandadas
1.5.1. Intervención de la
CNSC
La
CNSC intervino dentro de los procesos de la referencia para oponerse a las
pretensiones de los demandantes. En primer lugar, cuestionó la procedencia de
las acciones de tutela, ya que si lo que se pretendía era controvertir las
reglas del concurso-curso, existían los medios idóneos ante la
jurisdicción contenciosa administrativa. Adicionalmente, también era posible
cuestionar en cada caso particular la exclusión del proceso de selección, dada
la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que podía
acompañarse de la solicitud de suspensión provisional.
En segundo lugar, haciendo
referencia a las cuestiones de fondo, enfatizó que las acciones de tutela
impetradas buscaban atacar las reglas generales del concurso-curso, que
habían sido publicadas con antelación y aceptadas por cada uno de los
participantes. Por lo demás, señaló que los exámenes médicos no hacían parte
del concurso, sino que se constituían en un requisito previo del curso
que debían efectuar los participantes tras ser seleccionados.
En tercer lugar, expuso que las
inhabilidades médicas fijadas por el INPEC en la Resolución No. 00305 de 2012, habían
sido determinadas tras un estudio en el que participaron el Grupo de Salud
Ocupacional de la Subdirección de Talento Humano y Positiva Compañía de
Seguros/ARP. De suerte que los exámenes médicos efectuados por la
Unión Temporal INPEC, siguieron protocolos que obedecían al profesiograma
definido por la entidad, en el que se solicitó la participación de la
CNSC para proveer los 718 cargos de dragoneante.
En cuarto lugar, sostuvo que el
examen médico correspondía a un análisis de las aptitudes físicas y
psicológicas desde el punto de vista ocupacional de los puestos de trabajo a
proveer. De ahí que, si bien resultaba factible que una persona presentara
funcionalidades vitales normales y habituales, no necesariamente sería apto
dentro del proceso de selección, por las necesidades del cargo. Ello
justificaba que el único examen válido fuera aquel realizado por la empresa encargada
para adelantarlo, pues –reiteró– debía obedecer a determinados protocolos.
En quinto lugar, indicó que (i) la
“proteinuria positiva” se encontraba dentro de las inhabilidades por ser
un indicador precoz de posible enfermedad renal o sistémica, que podía generar –en
virtud de edemas– dificultades para utilizar el calzado reglamentario, conducir
a la necesidad de imponer una dieta específica o limitar la magnitud de la actividad
física. Igualmente, (ii) la ametropía es un defecto óptico cuya inhabilidad se
justifica debido a que tiene restricción para el manejo de herramientas,
equipos y conducción de vehículos. En cuanto (iii) a la obesidad, expuso que
puede generar enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, accidente
cerebrovascular, diabetes mellitas tipo 2, distintos tipos de cáncer, síndrome
de apnea obstructiva del sueño, cálculos billiares, daño al hígado y depresión,
al igual que otros trastornos psíquicos. Finalmente, (iv) en relación con los
bloqueos y hemibloqueos, apuntó que pueden tener varias causas, pero que se
trata de problemas en la conducción del impuso eléctrico en el corazón.
En sexto lugar, mencionó que,
tras una convocatoria, se había contratado a una entidad para efectuar los
exámenes médicos, pero que en ellos no se analizaba la posibilidad de
tratamientos terapéuticos para corregir las patologías halladas o las
inhabilidades encontradas. Simplemente se buscaba determinar el estado
físico-psíquico de los aspirantes dentro de unos parámetros ocupacionales. Por
lo mismo, si bien los accionantes formularon la reclamación correspondiente, no
brindaron los suficientes elementos para generar dudas razonables en torno al
primer dictamen de aptitud. De suerte que, si bien presentaron exámenes
privados, los mismos no fueron realizados conforme con los protocolos del
profesiograma definido por el INPEC. Aún así, el hecho de que el dictamen no
haya cambiado, no significó que no se hubiesen estudiado tales elementos
aportados dentro de las reclamaciones.
Por último, en séptimo lugar, indicó
que la prestación del servicio militar en el INPEC no conllevaba que se contara
con las aptitudes psicofísicas para desempeñar el cargo de dragoneante. Por
esta razón, a juicio de la entidad demandada, lo que se pretende con el amparo
propuesto, es modificar un dictamen técnico sin contar con fundamentos para
ello.
1.5.2. Intervención de la
Unión Temporal INPEC
La Unión Temporal INPEC se opuso
a las pretensiones de los demandantes, en primer lugar, invocando la existencia
de otros medios de defensa judicial, lo que tornaba improcedente a la acción de
tutela. En segundo lugar, refirió que se había celebrado un contrato con la
CNSC para realizar un examen médico a los aspirantes dentro de la convocatoria
No. 132 de 2012, que debía desarrollarse de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 00305 de 2012, que fijó el profesiograma del INPEC y, por lo
mismo, las inhabilidades para el cargo de Dragoneante.
Dicho examen sólo se efectuaba
para las personas que hubiesen superado el concurso y se realizó
conforme a los protocolos previstos para determinar las necesidades del cargo. En
consecuencia, en caso de prosperar las acciones propuestas, se estaría dando
una nueva oportunidad a ciertas personas, sin que exista razón para ello, en
contravía de los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la confianza
legítima de los demás participantes.
1.5.3. Intervención del INPEC
El INPEC solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, en especial por su falta de
legitimación por pasiva, ya que el concurso fue delimitado por la
CNSC. En su opinión, con su actuación no se incurrió en amenaza o violación
alguna de los derechos fundamentales de los accionantes.
II.  SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
2.1. Sentencias de primera
instancia
2.1.1. Salvo una autoridad
judicial, todas denegaron el amparo con similares argumentos. Tales razones pueden
ser agrupadas en dos conjuntos. El primero, relativo a la improcedencia de la
acción de tutela y, el segundo, concerniente a asuntos de fondo.
En cuanto a la inviabilidad procesal
de la citada acción, adujeron que para estos casos existen los medios
ordinarios de defensa judicial. De suerte que los demandantes pretenden,
realmente, controvertir los parámetros del concurso-curso que podrían
ser cuestionados, pero en otras instancias jurisdiccionales. En este sentido,
enfatizaron que no es procedente, a través del amparo constitucional, alterar
procedimientos y requisitos legalmente establecidos, que gozan de presunción de
veracidad.
Por lo demás, un concurso sólo
genera meras expectativas de ocupar un cargo público, razón por la cual no
puede presumirse –prima facie– la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, el cual, por lo demás, no se evidenció en ninguno de los casos
propuestos. Por esta razón, en lo que se respecta a las reglas de procedencia
de la acción, se consideró que existió un desconocimiento del principio de subsidiariedad
que rige al amparo constitucional.
En cuanto a los asuntos de fondo,
indicaron que conforme con la Constitución, el ingreso a los cargos públicos
debe estar sujeto al cumplimiento de requisitos y condiciones, uno de los
cuales –para los casos objeto de estudio– era el estado de salud ocupacional. A
continuación, mencionaron que el mérito es el parámetro que sirve de guía en
los concursos públicos. Para cumplirlo, las reglas a través de las cuales se
desarrolla han de estar claramente determinadas desde el comienzo. Tratándose
de la Convocatoria No. 132 de 2012, se exigía la presentación de un examen
médico en el que se determinaría el estado de salud desde la perspectiva
ocupacional. Así las cosas, todas las inhabilidades se encontraban previamente
definidas en la Resolución No. 00305 del año en cita.
Por último, enfatizaron que en
las reglas de la convocatoria se había fijado que el único examen médico sería
aquél realizado por la entidad contratada para llevarlo a cabo, que, para estos
asuntos, era la Unión Temporal INPEC. Por ello, los dictámenes o parciales de
orina realizados ante otras instituciones no le eran oponibles y carecían de
validez.
2.1.2. La única autoridad
judicial que concedió el amparo consideró que en este caso la acción de tutela
era procedente debido a que la convocatoria exigía un límite de edad para poder
presentarse. Por ello, el único mecanismo judicial idóneo que podía resolver de
manera oportuna la controversia era la acción constitucional.
Por lo demás, encontró que si
bien dentro de las convocatorias públicas resulta plausible la exigencia de
determinados requisitos y condiciones, ellos han de ser proporcionales y
razonables. En este orden de ideas, enfatizó que de tratarse de una exigencia
física, ha de presumirse la discriminación, motivo por el cual será la entidad
accionada la encargada de desvirtuarla. Como en este caso no se presentó
justificación que permitiera evidenciar la relación entre la obesidad y la
imposibilidad de ejercer el cargo de dragoneante, resultaba forzoso considerar
que se cometían actos discriminatorios.
2.2. Apelaciones
2.2.1. Los accionantes que vieron
insatisfechas sus pretensiones en primera instancia alegaron que la acción de
tutela sí resultaba procedente debido al acaecimiento de un perjuicio
irremediable. En este sentido, mencionaron que tal situación se configuraba
debido a que uno de los requisitos del concurso-curso dependía de la
edad de los aspirantes. Igualmente, apuntaron que dada la celeridad de los
procesos de selección, no tenían la posibilidad de acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa, pues, cuando se profiriese una decisión de fondo,
la convocatoria ya habría finiquitado.
Por lo demás, reiteraron que
estaban siendo discriminados, ya que las entidades demandadas utilizaron
formatos generales para resolver sus inquietudes, lo que condujo a que los
exámenes por ellos presentados fueran descartados de plano pese a estar revestidos
de carácter científico.
2.2.2. A su vez, en la causa que
fue fallada a favor de uno de los demandantes, la
CNSC apeló la decisión del a quo. Para ello, reiteró que las normas
previstas en la convocatoria fueron definidas con antelación y que los
aspirantes, voluntariamente, se sometieron a ellas. Además, enfatizó que se pretendía
cuestionar disposiciones generales a través de una acción improcedente para
ello. Por último, sostuvo que el único examen válido era aquél efectuado por la
Unión Temporal INPEC y que dentro de las inhabilidades del profesiograma se
encontraba la obesidad por los problemas de salud que genera.
2.3. Sentencias de segunda
instancia
2.3.1. Todas las autoridades
judiciales de segunda instancia consideraron que el amparo no debía ser
concedido en estos casos, por lo que confirmaron las decisiones de instancia.
Igualmente, en la causa en la cual las pretensiones del accionante fueron
favorecidas, la sentencia fue revocada y, en su lugar, la protección denegada.
2.3.2. Para adoptar tales
decisiones, en primer lugar, cuestionaron la procedencia de la acción de
tutela, debido a la existencia de la vía contencioso administrativa y de la
ausencia de un perjuicio irremediable. Incluso se resalta la posibilidad de solicitar
la suspensión provisional del acto administrativo que los excluyó del proceso
de selección. En segundo lugar, enfatizaron que no se trataba de requisitos
desproporcionados, ya que se ajustaban a razones objetivas que obedecían al
profesiograma elaborado técnicamente por el INPEC, con base en el trabajo
realizado mancomunadamente por el Grupo de Salud Ocupacional de Talento Humano
y la empresa Positiva Compañía de Seguros /ARP.
Finalmente, adujeron que los
demandantes pretendían desconocer e incumplir las reglas del concurso-curso,
a través de la acción de tutela. En caso de resultar ello posible, se atentaría
contra los derechos a la igualdad, al debido proceso y a la confianza legítima
de los demás aspirantes. Por lo demás, se resalta que, en el pasado ya habían
proferido decisiones en casos similares y que en todas ellas se había denegado
el amparo.
III. ELEMENTOS PROBATORIOS
RELEVANTES APORTADOS AL PROCESO E INSISTENCIAS
3.1. En cuanto a los elementos
probatorios aportados al proceso, los mismos se encuentran resumidos en el
anexo de la presente sentencia[6].
Por otra parte, es preciso señalar que frente a todas las causas objeto de
revisión se presentaron insistencias por parte de la
Defensoría del Pueblo y de la
Procuraduría General de la
Nación. Ambas entidades indicaron que las acciones de tutela resultaban
procesalmente viables, ya que no existía ningún medio de defensa más expedito que
el amparo constitucional.
3.2. En primer lugar, la
Defensoría del Pueblo señaló que la revisión de los casos resultaba interesante
ante la alegación de una posible discriminación emanada de los requisitos
exigidos para el concurso. Para ello, recordó que son las autoridades
públicas las que tienen la carga de demostrar su proporcionalidad y
razonabilidad.
Para la Defensoría, los defectos
visuales podían ser corregidos mediante el uso de anteojos, al tiempo que –en
su opinión– no existía una relación directa entre la proteína detectada en la
orina y las enfermedades renales. En lo que respecta a los trastornos de
conducta eléctrica (bloqueos y hemibloqueos completos e incompletos), alegó que
los accionantes también habían realizado exámenes particulares que restaban
credibilidad a los procedimientos y resultados obtenidos por la
Unión Temporal INPEC. Por último, en cuanto a la obesidad, indicó que podía
ser fruto de una discriminación contenida en el proceso de selección de la Convocatoria
No. 132 de 2012, ya que no está probado que tal condición impida prestar las
funciones como dragoneante, más aún cuando la masa corporal es de 31.1, lo que
si bien está en el rango de dicha enfermedad, está lejos de ser grave.
2.4.3 En segundo lugar, la
Procuraduría alegó que varios de los accionantes se sometieron a exámenes
médicos en centros privados, que no arrojaron los mismos resultados en torno a
su condición de salud. Enfatizó que los hallazgos de proteína en la orina no
son conclusivos de enfermedades renales, por lo que la exclusión de los accionantes
y su descalificación obedece a situaciones hipotéticas. Igualmente mencionó que
varios de los aspirantes fueron excluidos por obesidad, aspecto que denotaba la
relevancia en la selección de este asunto.
IV. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
4.1.
Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en las acciones de tutela de
la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 18
de julio de 2013 proferido por la Sala de Selección número Siete.
4.2. Problema jurídico y
esquema de resolución
4.2.1. A
partir de las circunstancias que rodearon el ejercicio de las acciones de
tutela y de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales,
esta Corporación debe determinar, en primer lugar, si el amparo
constitucional resulta procedente, en atención a que los demandados invocan la
existencia de otros medios de defensa judicial. En segundo lugar, en caso de
que sea viable el amparo constitucional, es preciso establecer, si al excluir a
los accionantes de una convocatoria pública efectuada para proveer el cargo de dragoneante,
por encontrarlos “no aptos” conforme a los resultados de los exámenes médicos
realizados por una firma contratada para ello, a partir de las condiciones previstas
en el proceso de selección, se les trasgredió o no sus derechos fundamentales a
la igualdad y al acceso a cargos públicos.
4.2.2. Con el
fin de resolver cada uno de los citados problemas jurídicos, la Sala (i)
reiterará las reglas que la jurisprudencia constitucional ha plasmado respecto
de la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir actos
administrativos proferidos en desarrollo de un concurso-curso. A
continuación, (ii) analizará si los expedientes sometidos a revisión cumplen
con dichas reglas. En caso afirmativo, la
Sala (iii) examinará la jurisprudencia de esta Corporación en cuanto a la
posibilidad de la Administración de exigir requisitos médicos dentro de los concursos-cursos,
así como los límites constitucionales que surgen del ejercicio de dicha
atribución. Finalmente, (iv) se hará un pronunciamiento
concreto sobre los casos sometidos a revisión.
4.2.3. En todo caso, es preciso
aclarar que la presente providencia se circunscribe a los parámetros fijados en
el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991[7],
conforme al cual aquellas decisiones que no revoquen o modifiquen los fallos
revisados podrán ser brevemente justificadas[8].
4.3. De la procedencia
excepcional de la acción de tutela para controvertir actos administrativos
proferidos en desarrollo de un concurso-curso. Reiteración de
jurisprudencia
4.3.1. Dos de las principales características
que identifican a la acción de tutela son la subsidiariedad y la residualidad. Por
esta razón, dentro de las causales de improcedencia, se encuentra la existencia
de otros  medios de defensa judicial, cuyo examen –conforme con lo previsto en
el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991– debe ser realizado a partir de las
circunstancias de cada caso en concreto[9].
Por su naturaleza residual y subsidiaria, esta acción sólo “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos
fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado
Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su
protección”[10]. Lo anterior, como lo ha señalado esta Corporación, obedece a la lógica
de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución Política
y la ley a las diferentes autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los
principios constitucionales de independencia y autonomía de la actividad
judicial.
No obstante,
aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la
jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está
llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo
suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo
suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Así lo sostuvo la Corte, en la
Sentencia SU-961 de 1999[11],
al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de determinar
si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien
la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las
acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio
integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el
acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a
través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las acciones comunes
no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia
en la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo
de protección definitiva de los derechos fundamentales[12].
En relación
con el primer supuesto, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando se presenta una
situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental susceptible de
concretarse y que pueda generar un daño irreversible[13]. Este amparo
es eminentemente temporal, como lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, en los siguientes términos: “En el caso del inciso anterior, el juez
señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por el afectado”.
Para determinar
la configuración de un perjuicio irremediable, en criterio de este Tribunal,
deben concurrir los siguientes elementos: (i) el
perjuicio ha de ser inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las
medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el
perjuicio debe ser grave, esto es, susceptible de generar un daño
transcendente en el haber jurídico de una persona; y finalmente, (iv) exige una
respuesta impostergable para asegurar la debida protección de los
derechos comprometidos[14].
En desarrollo de lo expuesto, en la Sentencia T-747 de 2008, se consideró que
cuando el accionante pretende la protección transitoria de sus derechos
fundamentales a través de la acción de tutela, tiene la carga de “presentar y
sustentar los factores a partir de los cuales se configura el perjuicio
irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es
insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela.”
En cuanto al
segundo evento, este Tribunal ha entendido que el
mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver un
asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite decidir
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral
frente al derecho comprometido. En este sentido, esta Corporación ha dicho que:
“el requisito de la idoneidad ha sido interpretado
por la Corte a la luz del principio según el cual el
juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las
consideraciones de índole formal[15].
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser
analizada en cada caso concreto, teniendo en cuenta, las características
procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho
fundamental involucrado”[16].
4.3.2. En la medida en que las actuaciones que se
cuestionan se plasman en actos administrativos tanto de carácter general como
de contenido particular, es preciso señalar que –en principio– no cabe la
acción de tutela para controvertirlos, ya que para tales efectos existes los
medios de control pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, como lo son la pretensión de simple nulidad o la pretensión de
nulidad y restablecimiento del derecho, que puede ser acompañada con la
solicitud de suspensión provisional. En efecto, la
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, contempla en el
artículo 138 que: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el
derecho (…). Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo (…)”. Adicional a lo
expuesto, el artículo 137 de la misma ley, establece que: “Toda persona
podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad
de los actos administrativos de carácter general (…)”. Finalmente, el
literal b), del numeral 4º, del artículo 231 del mismo Código, consagra la
procedencia de la suspensión provisional,  cuando “existan serios motivos
para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia
serían nugatorios”.
4.3.3. De esta manera, en el asunto sub-examine, ante
la existencia de tales mecanismos de defensa judicial, en principio, la acción
de tutela resultaría improcedente. Por una parte, porque a través de dichas
vías contenciosas se puede cuestionar el acto particular que declaró a los
accionantes como no aptos por la existencia de un dictamen médico regido por
criterios estrictamente ocupacionales; y por la otra, porque a través del
ejercicio de dichas acciones también se puede controvertir el acto genérico que
incluye los supuestos, requisitos y procedimientos para realizar el citado examen
a los aspirantes a ocupar el cargo de dragoneante. Incluso, en relación con
esta última hipótesis, cabe recordar que el numeral 5º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, establece la inviabilidad procesal de la acción de tutela,
“cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.
Sin embargo, en criterio de este Tribunal, el asunto ha de
ser analizado de otra manera, cuando el efecto concreto de dichas normas de
carácter general y, por ende, el acto particular en el cual ellas se
manifiestan, afecta la situación específica de determinadas personas,
concretamente en lo que respecta a la vigencia y protección de sus derechos
fundamentales. En este sentido, en la Sentencia T-1098 de 2004[17],
esta Corporación expuso que: “es claro que escapa de la competencia del juez de
tutela la pretensión que subyace en los argumentos expresados por el
accionante, de que actúe como juez abstracto del contenido de un acto
administrativo de tal naturaleza.  Ello, sin embargo, no impide al juez que
conoce del amparo entrar a determinar si tales contenidos pueden lesionar
derechos fundamentales en un evento particular, caso en el cual puede proceder
ordenando su inaplicación, que no equivale en modo alguno a un pronunciamiento
definitivo sobre la validez del acto”[18].
En todo caso, en hipótesis como la expuesta, la
procedencia de la acción de tutela requiere que se cumplan los requisitos que
permiten la viabilidad excepcional del amparo, ante la existencia de otros
medios de defensa judicial. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-1266 de 2008[19],
en la que se examinaron casos similares a los que se deciden en esta
oportunidad, la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación consideró que:
“Contra los actos administrativos tanto de carácter general y abstracto como de
índole particular, proceden las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho y de simple nulidad, mediante las cuales las accionantes pudieron
demandar e incluso solicitar la suspensión provisional tanto de la convocatoria
que exigía una determinada estatura para aspirar al cargo de dragoneante, como
del acto particular que las declaró no aptas por no alcanzar la estatura mínima
requerida. No obstante, en este caso no tendría eficacia para lograr la
protección de los derechos invocados, por cuanto existe una limitante
relacionada con la edad para el ingreso al Cuerpo de Custodia y Vigilancia
del INPEC”[20].
Dicha limitante tornaba ineficaz a los otros medios de defensa judicial, en
beneficio de la procedencia directa de la acción de tutela[21].
Como se observa de lo expuesto, en el caso de la
referencia, el examen realizado por esta Corporación se enfocó en la falta de
idoneidad del otro medio de defensa judicial para dar una respuesta integral al
derecho comprometido. En efecto, a pesar de reconocer la existencia de las
acciones contenciosas, se determinó que las mismas carecían de eficacia, por
cuanto para el momento del nombramiento en el cargo de dragoneante, los
aspirantes no podían tener más de veinticinco años[22]. De ahí que, en caso de
esperar a una definición de la controversia ante la justicia administrativa, el
límite de edad ya estaría superado por los accionantes, lo que conduciría a una
pérdida de oportunidad en el ingreso al Cuerpo de Custodia y
Vigilancia del INPEC.
4.3.4. En el asunto bajo examen, respecto de la
Convocatoria No. 132 de 2012, conforme aparece publicado en la página Web de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, quedó conformada y adoptada la lista de
elegibles incluso con anterioridad a la selección de los expedientes objeto de
revisión[23],
cuyo uso se agotó por parte del INPEC[24].
No obstante, con posterioridad, se han ido implementando nuevas listas de
elegibles derivadas de la misma convocatoria, en unas ocasiones en cumplimiento
de fallos judiciales y en otras como derivación de asuntos pendientes de
decisión en el trámite del proceso de selección, como ha ocurrido, por ejemplo,
en aquellos casos en que los aspirantes terminaron con posterioridad su curso
de formación[25]
o cuando incurrieron en faltas durante la etapa del curso, las cuales se
sometieron previamente al agotamiento de un proceso disciplinario[26].
El INPEC igualmente ha hecho uso de estas nuevas listas, las cuales tienen una
vigencia de un (1) año, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del
Acuerdo No. 168 de 2012[27].
En el caso concreto, esta Sala de Revisión encuentra que
la acción de amparo constitucional se convierte en el mecanismo idóneo de
defensa judicial para resolver la controversia sometida a revisión, por una
parte, porque al igual que en el precedente establecido en la Sentencia T-1266
de 2008, se consagra un  requisito de edad similar al señalado en el caso en
mención, pues conforme con el artículo 20 de la convocatoria[28],
se constituye en exigencia del proceso de selección: “tener más de dieciocho
años al momento de la inscripción y menos de veinticinco años de edad, al
momento de la firmeza de la lista de elegibles (…)”. En el presente caso,
la edad de los accionantes ronda el límite previamente dispuesto, por lo que de
someterlos al proceso contencioso para  definir la prosperidad de sus
pretensiones, impediría que, si es del caso, pudieran ser incluidos en una
nueva lista de elegibles, como hasta el momento ha ocurrido, con miras a ser
llamados a ocupar un cargo en el INPEC. Así, se observa que, al revisar los
expedientes que contienen las acciones de amparo, la edad de los accionantes
oscila entre los 22 y 23 años.
Por otra parte, es claro que la existencia de la suspensión
provisional del acto que ordena la exclusión de los accionantes no tiene el
efecto, como se desprende de su rigor normativo[29],
de que los demandantes pudiesen reingresar al proceso adelantado por la
CNSC, lo que los pondría en la imposibilidad de obtener un respuesta inmediata
frente a la resolución de su controversia, de acuerdo con las particulares
previamente expuestas.
4.3.5. Por las anteriores
razones, a juicio de esta Sala, los medios ordinarios de defensa judicial no
son eficaces para dirimir la controversia que suscitó la instauración de las acciones
de tutela de la referencia, motivo por el cual el juez constitucional puede
pronunciarse de fondo sobre el asunto objeto de revisión, el cual se circunscribe
a determinar, si la exclusión de determinados aspirantes al encontrarlos “no
aptos” por presentar ciertas condiciones de salud ocupacional, trasgredió o no
sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos.
4.4.  De la posibilidad de la
administración de exigir requisitos de aptitud física dentro de los concursos-cursos
y de los límites constitucionales en el ejercicio de dicha atribución.
Reiteración de jurisprudencia
4.4.1. El derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución de 1991, establece que “Todas
las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación (…)”. Como manifestación de este
derecho, y con miras a garantizar la participación en el ejercicio, la
conformación y el control al poder político, el numeral 7º del artículo del
Texto Superior, dispone que: “[Todo ciudadano tendrá derecho a] acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos (…)”.
Ahora bien, por regla general,
según el artículo 125 de la Carta, “los empleos de los órganos y entidades
del Estado son de carrera (…).  El ingreso (…) y el ascenso en los mismos, se
hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes (…)”, para lo cual se
consagra la vía del concurso público. En relación con esta disposición, en
el pasado, la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la
posibilidad de la Administración de exigir requerimientos físicos para
acceder a cargos de carrera, al igual que sobre la viabilidad de establecer
dichos requerimientos en los cursos-concursos que se desarrollen[30].
4.4.2. Así, se ha señalado que,
en principio, su exigencia no transgrede el ordenamiento constitucional,
siempre y cuando tengan una relación con la función a desempeñar por la
persona, en términos de razonabilidad y proporcionalidad.
Precisamente, en una de las primeras
sentencias sobre la materia, esta Corporación indicó que: “(…) la persona humana en su esencia es ofendida cuando, para el
desempeño de actividades respecto de las cuales es apta, se la excluye apelando
a un factor accidental que no incide en esa aptitud. // [Sin embargo, las]
entidades estatales y privadas, y por supuesto los cuerpos armados pueden
exigir requisitos para (…) desempeñar determinadas tareas”[31], siempre que –como ya se dijo– guarden relación con las labores del
cargo, conforme con las exigencias que se derivan de las cargas de
razonabilidad y proporcionalidad. En cuanto a la primera, se enfatizó que: “(…)
los requisitos que se fijen deben ser razonables, no pueden implicar
discriminaciones injustificadas entre las personas, y han de ser proporcionales
a los fines para los cuales se establecen. // La razonabilidad del requisito
implica que ninguna autoridad pública o privada puede demandar de quienes
aspiran a un cupo o puesto académico, o a un cargo, condiciones que resulten
contrarias a la razón o a la naturaleza humana”. Mientras que, en lo
relativo a la proporcionalidad, se señaló que: “Tampoco es aceptable el
señalamiento de requisitos que no guardan proporción con la clase de asunto
respecto del cual se convoca a los aspirantes. La naturaleza de cada actividad
suministra por sí misma las exigencias correspondientes”.
Por lo demás,
este Tribunal resaltó que la exigibilidad de cualquier requisito debe cumplir
con la carga de ser dado a conocer previamente a los aspirantes. Al respecto, en
la precitada sentencia, se expuso que si las entidades “rechazan a los
aspirantes que no cumplen cualquiera de los requisitos señalados, no violan los
derechos de aquéllos si deciden su no aceptación, siempre que los candidatos
hayan sido previa y debidamente advertidos acerca de lo que se les exigía, que
el proceso de selección se haya adelantado en igualdad de condiciones y que la
decisión correspondiente se haya tomado con base en la consideración objetiva
en torno al cumplimiento de las reglas aplicables” (subrayas del original).
4.4.3. En
adición a lo anterior, en la Sentencia T-045 de 2011[32], se dispuso
que a la entidad accionada le asiste el deber
de demostrar que la decisión de exclusión del aspirante está justificada en la
relación de necesidad que existe entre la aptitud física exigida y el
desarrollo de las funciones propias del cargo a proveer. Para tal efecto, en
términos de la Corte, se excluye la posibilidad de invocar razones hipotéticas,
cuyo soporte sean “hechos inciertos que pueden
presentarse o no, y que no fueron respaldados por la entidad mediante conceptos
médicos o científicos”.
4.4.4. De ahí
que, a contrario sensu, es viable exigir determinados requisitos,
incluso de naturaleza física, siempre que exista un fundamento científico o
médico que acredite dicha posibilidad, con miras –por ejemplo– a disminuir la
probabilidad de que se presenten enfermedades o de que se dificulte el
cumplimiento de las labores propias del cargo, siempre y cuando se acrediten
las demás exigencias previamente expuestas. Desde esta perspectiva, no cabe
duda de que a través del estudio de los distintos oficios y profesiones, es
posible determinar con criterio científico, las condiciones específicas que no
son compatibles con la labor que se prestará, entre otras, por la ocurrencia de
posibles enfermedades ocupacionales.
4.4.5. En suma, todo colombiano
tiene derecho –conforme con los postulados de la igualdad– a acceder a cargos
públicos. Por regla general, el acceso a los mismos está supeditado a un concurso,
en el cual es viable la exigencia de requisitos físicos. Sin embargo, tales
requerimientos, para no trasgredir el orden constitucional, deben guardar
relación con la labor a desempeñar, ser razonables y proporcionales, a más de
haber sido previamente publicitados. La razonabilidad implica la imposibilidad
de prescribir condiciones que resulten contrarias a la razón o a la naturaleza
humana, mientras que la proporciona-lidad reclama que los requisitos que se
impongan guarden simetría con las funciones a desempeñar. Toda decisión de
exclusión debe estar justificada, para lo cual son válidos los fundamentos científicos, entre otras, cuando obedezcan a estudios de
salud ocupacional, en los que se busca disminuir la probabilidad de que se
presenten enfermedades o de que se dificulte el cumplimiento de las labores
propias del cargo.
Lo anterior se
explica, por una parte, porque es legítimo que el Estado planifique y prevea
los riesgos a los que someterá a los futuros servidores públicos. Tanto es así
que incluso el legislador en la Ley 1562 de 2012[33], definió como
uno de los componentes de la salud ocupacional, “(…) la prevención de las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo (…)”[34];
y por la otra, porque el Estado destinará recursos y tiempo para
capacitar a las personas que ingresarán en la carrera administrativa a
desempeñar un cargo, frente a lo cual es válido reducir las hipótesis que, con
cierto grado de certeza, podrían conducir a que una persona no cumpla
finalmente con el trabajo para el cual fue vinculado.
4.5.
Casos objeto de revisión
4.5.1. El INPEC solicitó a la
CNSC iniciar una convocatoria pública para proveer 718 vacantes del empleo de dragoneante.
Dicha convocatoria que se regiría por un proceso de concurso-curso, se
identificó como la No. 132 de 2012.
Los parámetros y las reglas bajo
las cuales debía desarrollarse dicho proceso de selección fueron previstas en el
Acuerdo No. 168 de 2012, en el que, adicionalmente, se expusieron las funciones
del cargo a desempeñar. Para tal efecto, entre otras, se dispusieron las
siguientes actividades: la realización de tareas de seguridad, custodia y
vigilancia de internos en establecimientos de reclusión, en pabellones,
talleres, aulas y demás áreas comunes. También se incluyó la custodia y control
durante el traslado de internos en remisiones locales, intermunicipales,
diligencias judiciales, hospitales, centros de salud y cualquier otro lugar al
que deba ser remitida la persona privada de la libertad. Así como conducir los
vehículos al servicio del INPEC, que implique actividades de seguridad, custodia
y vigilancia[35].
Este marco funcional se enfatizó al describir el propósito del citado cargo, en
los siguientes términos: “mantener y garantizar el orden, la seguridad, la
disciplina y los programas de tratamiento integral, en los establecimientos de
reclusión, la custodia y vigilancia de los internos, la protección de sus
derechos fundamentales y en general, asegurar el normal desarrollo de las
actividades en los establecimientos de reclusión”[36].
4.5.2. Uno de los elementos claves
de la convocatoria fue la consagración de un profesiograma, en el cual
se establecieron las tareas, responsabilidades,  requerimientos físicos y particularidades
ambientales requeridas para el desempeño del cargo de dragoneante. Igualmente
se estableció un perfil profesiográfico, que se entiende como el documento
que indica las características, aptitudes y actitudes que debe tener una
persona para desempeñar la labor para la cual será contratada[37].
Estos documentos técnicos fueron elaborados por el Grupo de Salud Ocupacional
de la Subdirección de Talento Humano y por la
ARL Positiva Compañía de Seguros, y adoptados por el INPEC mediante la
Resolución No. 000305 de 2012.
La citada Resolución se
constituyó en la herramienta para examinar la aptitud de los aspirantes al
cargo ofertado, desde la perspectiva de la salud ocupacional, esto es, no sólo como
la vía para prevenir el origen de lesiones y enfermedades ocasionadas por las
labores y condiciones del trabajo, sino también como el instrumento para afianzar
el cabal cumplimiento de sus funciones, en aras de evitar
que se frustre la vocación de permanencia que tiene una persona cuando se
accede a un cargo de carrera administrativa, con perjuicio del tiempo y los
recursos invertidos por el Estado en términos de preparación y capacitación en
el empleo. Además, la importancia de cumplir con las citadas exigencias se
encuentra en el que el cargo ofertado es considerado como una actividad de alto
riesgo, lo que demanda una rigurosa capacidad psicofísica en los candidatos.
4.5.3. Una de las causales de
exclusión de la convocatoria establecida en el Acuerdo No. 168 de 2012 era “Ser
calificado no apto en la valoración médica”[38].
Este examen no se constituía como una prueba dentro del concurso, sino como un
requisito previo de ingreso al curso[39],
el cual se sometía a las inhabilidades médicas determinadas, como ya se dijo,
desde la perspectiva de la salud ocupacional, en la Resolución No. 00305 de
2012[40].
Así las cosas, como regla del concurso-curso, se fijó que el único
resultado aceptado sería aquél proferido por la entidad contratada para practicar
dichos exámenes, a partir de los protocolos dispuestos en la citada Resolución,
que, para este caso, fue la
Unión Temporal INPEC, tal y como lo acredita la
Resolución 3317 de 2012[41].
Sobre este punto, el artículo 38 del Acuerdo No. 168 de 2012 dispone que:
“Artículo
38. Importancia y efectos del resultado del examen médico. Con los exámenes
médicos practicados a cada aspirante que supere el concurso, se analiza la
aptitud médica y psicofísica, entendida esta última, como la capacidad mental y
física general que posee un ser humano para desempeñar una actividad y oficio.
La
capacidad física es la compatibilidad adecuada, evaluada por el médico
examinador, entre el profesiograma psicofísico para una función específica y el
conjunto de cualidades y condiciones físicas del aspirante a dicha función.
Esta capacidad en cada aspirante citado a practicarse exámenes médicos, se
evaluará por medio de los siguientes instrumentos presentes en el profesiograma
adoptado por el INPEC: a) la historia clínica ocupacional, con énfasis en el
sistema neurológico y osteo-muscular; b) la ficha de evaluación de la carga
física y; c) la ficha de evaluación osteo muscular. (…)
La
capacidad médica y psicofísica de los aspirantes a ingresar como alumno a la
Escuela Penitenciaria Nacional, se califica bajo los conceptos de APTO y NO
APTO.
El
aspirante que cumpla con todas las condiciones médicas, físicas, psicológicas y
demás que le permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad
correspondiente, según el profesiograma del empleo de dragoneante establecido
por el INPEC, será considerado APTO.
Será
calificado NO APTO el aspirante que presente alguna alteración médica, según el
profesiograma del empleo de dragoneante establecido por el INPEC, razón por la
cual será excluido del proceso de selección.
El único
resultado aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud médica y
psicofísica del aspirante, será el emitido por la entidad especializada
contratada previamente para tal fin por la CNSC, a través de un proceso de
selección de contratista de conformidad con el estatuto de contratación vigente
(…)”.
4.5.4. Antes de avanzar con el
examen del caso en concreto, es preciso aclarar que la
Corte no se referirá a la validez puntual de los exámenes médicos particulares
realizados a los aspirantes, ya que la controversia que se plantea en sede
constitucional se origina como consecuencia de la aplicación de una regla general
y abstracta del concurso-curso, que condujo a la exclusión de la
convocatoria de los accionantes (Acuerdo No. 168 de 2012, art. 38). Por otra
parte, respecto de esta última disposición, como se infiere del numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela no puede en abstracto
referirse a su legalidad, pertinencia o conveniencia. Por esta razón, esta Sala
no se pronunciará sobre la pretensión de los actores de que se ordene la
realización de otro examen, pues ello además de suponer una modificación a las reglas
de la convocatoria que fueron aplicadas indistintamente a todos los
participantes en términos de igualdad, supondría un examen sobre la aptitud y
pertinencia de la labor desarrollada por la Unión Temporal INPEC.
No obstante lo anterior, como previamente
fue señalado, el examen de la Corte se debe circunscribir a la determinación
acerca de si la aplicación de las reglas que condujeron a la exclusión de los
actores del concurso-curso, en la particularidad de los casos, produjo
una violación en sus derechos a la igualdad y al acceso a cargos públicos. Lo
anterior implica examinar si los requisitos físicos exigidos fueron debidamente
publicitados, si los mismos se relacionan con el cargo, y si responden a las
cargas de razonabilidad y proporcionalidad.
4.5.5. Como se observa de las
normas previamente transcritas, en el mismo acto de convocatoria, en el que se
establecieron las reglas del proceso de selección, se dispuso que una de las
causales de exclusión era ser calificado como NO APTO. Con tal propósito, se ordenó
la práctica de un examen de aptitud médica y psicofísica a cargo de una entidad
contratada para tal efecto, de acuerdo con un profesiograma y un perfil
profesiográfico, previamente definidos por autoridades con experticia en el
tema y adoptados por el INPEC mediante la Resolución No. 000305 de 2012. Desde
un comienzo se determinó y así se hizo a conocer que el único resultado
aceptado sería el emitido por la entidad especializada, pues el mismo evaluaba
la existencia de alteraciones médicas desde la perspectiva de la salud
ocupacional, teniendo como soporte: a) la historia clínica ocupacional, con
énfasis en el sistema neurológico y osteo-muscular, b) la ficha de evaluación
de la carga física y c) la ficha de evaluación osteo muscular. Por lo anterior,
la Sala encuentra que los accionantes siempre tuvieron conocimiento de su
obligación de someterse a un examen de aptitud psicofísica, como determinante
de la posibilidad de ingreso al curso de formación, sometido a unas reglas
particulares dirigidas a establecer la idoneidad de los aspirantes para el
desempeño del cargo y a precaver el origen de lesiones y enfermedades
ocasionadas por las labores y condiciones del trabajo, que frustraran el
propósito de la convocatoria a un cargo de carrera. No se trató de una
actuación sorpresiva de la Administración, sino de la exigibilidad de unas
reglas previamente conocidas, cuyo respeto se requirió en términos de igualdad
a todos los participantes.
4.5.6. En cuanto a la relación
que existe entre el requerimiento de condiciones psicofísicas y las funciones
del empleo, no cabe duda de que la labor del dragoneante requiere de altas
exigencias físicas para poder cumplir las labores a su cargo, las cuales
demandan, entre otras, un rol permanente de supervisión correccional,
dirigido a imponer la garantía del orden, la seguridad, la disciplina y la
vigilancia de los internos, no sólo en centros de reclusión, sino también
durante su traslado por remisiones locales e intermunicipales, para lo cual se exige
poder conducir vehículos. La importancia de las condiciones físicas de quienes
ingresan a laborar en el INPEC, se reitera en el catálogo de las labores de los
dragoneantes, cuando se dispone que: “[Deberán] realizar ejercicios
colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física”.
Si bien las condiciones físicas
idóneas, desde el punto de vista ocupacional, resaltan el papel correccional de
los dragoneantes del INPEC, no cabe duda de que también se convierten en un
medio de protección de las personas que desempeñarán dicho trabajo, en especial
cuando ha sido catalogado como una actividad de alto riesgo. Por esta razón, se
encuentra que existe una relación entre la exigencia de una determinada
capacidad física con las funciones del cargo, lo que desvirtúa –prima facie–
que puedan considerarse como incompatibles con el ordenamiento
constitucional.
4.5.7. Ahora bien, conforme con los
elementos probatorios obrantes en el expediente, el fundamento de las
inhabilidades físicas se halla en un estudio técnico efectuado por entidades
con experticia en salud ocupacional, por lo que, en estos casos, no aplica una
de las regla descritas por la jurisprudencia, conforme a la cual de no
encontrarse sustento científico o médico, surgiría una presunción de
discriminación que tendría que ser desvirtuada por la entidad accionada.
4.5.8. En este orden de ideas, le
compete a esta Corporación establecer la razonabilidad y proporcionalidad de
las exigencias físicas impuestas en la Resolución No. 000305 de 2012, en la que
se plasma el profesiograma y el perfil profesiográfico. Como ya
se dijo, en estos casos, la razonabilidad implica la imposibilidad de
prescribir condiciones que resulten contrarias a la razón o a la naturaleza
humana, mientras que la proporcionalidad reclama que los requisitos que se
impongan guarden proporción o simetría con las labores a desempeñar.
4.5.8.1. Así, en primer lugar,
respecto de los actores a quienes se les encontró “proteinuria positiva”, tanto
en los documentos que los excluyeron de la convocatoria como en la respuesta a
las reclamaciones presentadas, se les indicó que sirve como un indicador
de enfermedad renal o sistémica, por lo que se tiene –para los efectos del
proceso de selección– como una inhabilidad. En lo que atañe a la relación de la
citada enfermedad con el empleo ofertado, se manifestó que podría conllevar
dificultades con el uso del calzado señalado en el uniforme de dragoneante,
incidir en las capacidades físicas y, en muchos casos, imponer la necesidad de
acudir a una dieta específica.
Si bien la proteinuria no
necesariamente indica que una persona tenga una enfermedad renal o sistémica,
como indicador sirve para precaver el origen de las citadas enfermedades que afectan
el normal funcionamiento del servicio a cargo de los dragoneantes, con las
consecuencias que ello tendría en términos de continuidad y capacidad física,
en relación con una actividad de alto riesgo que se fundamenta en el rol
permanente de supervisión correccional. Se trata de una forma legítima
de precaver contingencias, a partir de un estudio técnico elaborado por
entidades con experiencia en riesgos laborales, las cuales pretenden reducir la
afectación del servicio y aminorar los costos que envuelve el proceso de
selección y capacitación de estos funcionarios.
De lo expuesto se observa que el
requerimiento físico descrito no es ajeno a la naturaleza humana, ni tampoco se
aparta de la lógica que justifica la exigencia de asegurar una debida capacidad
física en quien aspira a ocupar el cargo de dragoneante, como lo imponen las
cargas de razonabilidad y proporcionalidad. Aun cuando técnicamente pueda
discutirse que las personas no padecen todavía las enfermedades descritas, lo
cual los convertiría en sujetos aptos para desarrollar la labor de dragoneante,
es legítimo que el Estado busque precaver el riesgo derivado de indicadores que
permiten tener algún nivel de certeza sobre la posibilidad real de que una
persona padezca una enfermedad, a partir de las condiciones en las que se
prestará el trabajo y, por dicha vía, asegurar la idoneidad física de quienes
accederán al citado cargo.
Adicionalmente, no existe un sacrificio de los derechos constitucionales invocados en las
demandas. En efecto, en lo que respecta a la igualdad, porque todos los
aspirantes fueron informados a través de las reglas del concurso de la
aplicación de este tipo de indicadores, previstos para asegurar la aptitud
médica y la capacidad psicofísica de los candidatos. En este orden de ideas,
ningún de ellos acreditó la existencia de un tratamiento distinto
injustificado. Y, en cuanto al derecho de acceso a cargos públicos, porque no
se trató de una exigencia irracional, incoherente o desmedida, pues –como ya se
dijo– manifiesta una forma legítima de precaver la ocurrencia de enfermedades
que dificulten o incluso impidan el cabal cumplimiento de las labores propias
del cargo.
Finalmente, el hecho de que los
actores hayan realizado con posterioridad otros exámenes médicos no desvirtúa
los argumentos expuestos por la entidad demandada. De este modo, como se señaló
por la CNSC, el análisis realizado obedeció a unos protocolos acordados dentro
del contrato con la Unión Temporal INPEC que obedecían, precisamente, a los
documentos técnicos que le servían de soporte. Por ello, esta Sala encuentra razonable
que no se hayan descartado los resultados alcanzados según dichos protocolos, por
no generar dudas suficientes en torno a la aptitud física de los actores. En
este sentido, resulta oportuno mencionar que, si bien los accionantes, al
momento de acudir a las diferentes autoridades judiciales, apuntaron que no se
habían respetado tales protocolos, no brindaron elementos que sustentaran sus
afirmaciones, ni expusieron móviles que permitieran comprender o hallar defecto
alguno en los procedimientos seguidos por la entidad contratada.
4.5.8.2. Las mismas
consideraciones aplican para el caso del señor Martínez Ramírez, excluido de la
convocatoria por presentar, en el examen médico realizado por la
Unión Temporal INPEC, trastorno de la conducción eléctrica (bloqueos y hemibloqueos
completos e incompletos). En efecto, se trata de una patología que puede
alterar la dinámica cardiaca de un trabajador, cuyo riesgo en salud se ve
agravado como consecuencia de las labores propias del cargo de dragoneante. Así
las cosas, no es irrazonable ni desproporcionado que se exija la ausencia de deficiencias
que puedan comprometer no sólo la adecuada prestación del servicio, sino
incluso la integridad física misma del aspirante. Sin duda existe una relación lógica
entre la exclusión de los candidatos por esta causal y las funciones del cargo,
el cual demanda una alta exigencia física y mental.
Ahora bien, el actor allegó un
electrocardiograma según el cual presentaba ritmo sinusal. Sin embargo, no
existe evidencia de que tal examen haya seguido los protocolos que fueron
utilizados –para todos los participantes en la convocatoria– por parte de la
Unión Temporal INPEC y que, a decir de las entidades demandadas, partían de
un análisis de la historia ocupacional, con énfasis en el sistema
neurológico y osteo-muscular, de la ficha de evaluación de la carga física y de
la ficha de evaluación osteo muscular. De manera que, resulta razonable que
técnicamente no se haya acogido el citado examen para descartar la inhabilidad
del accionante, pues se reitera, los parámetros utilizados obedecieron a las
necesidades del servicio, conforme a lo técnica-mente establecido desde la
perspectiva de la salud ocupacional.
4.5.8.3. En cuanto al señor Edgar
Jair Cardozo Guerrero, declarado no apto por obesidad, sea lo primero indicar
que el fundamento por el cual acudió a la acción de tutela radicó en la
posibilidad de bajar de peso debido, precisamente, a las exigencias físicas del
cargo de dragoneante. Sin embargo, dentro de la convocatoria se analizó el
estado actual de salud de los participantes y no la eventualidad de que
pudieran superar o corregir tal condición. Además, dentro del profesiograma, se
mencionaron varios padecimientos que pueden derivar de la obesidad, como son la
enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, la diabetes mellitas
tipo 2, distintos tipos de cáncer, síndrome de apnea obstructiva del sueño,
cálculos billiares, daño al hígado y depresión, al igual que otros trastornos
psíquicos. De hecho, lo anterior es lo que sustenta la consideración de que tal
condición ha de ser tenida por una inhabilidad, asunto que, evidentemente, no
resulta irrazonable, ni desproporcionado, a partir de las exigencias físicas
que demanda un cargo considerado de alto riesgo y que requiere unas especiales
condiciones físicas. Es preciso destacar que siguiendo la literatura sobre la
materia tan sólo se considera obesidad cuando alguien tiene un índice de masa
corporal superior a 30, pues una medida inferior es categorizada como sobrepeso
(25 a 29.9), frente a la cual no existe el mismo nivel de riesgo señalado[42].
4.5.8.4. Finalmente, en el caso
del señor Jorge Iván Arteaga, que fue declarado no apto por presentar ametropía
no corregida, es claro, en primer lugar, la razonabilidad de esta medida se
halla en el hecho de que tal condición, entendida como un defecto óptico
producido por un error de refracción, puede generar restricciones para el
manejo de herramientas, equipos y conducción de vehículos del INPEC, la cual se
consagra como una de las principales funciones de los dragoneantes vinculada
con el traslado de internos.  Igualmente disminuye la capacidad para
desplazarse de manera eficaz en el entorno si no se cuenta con la corrección
visual adecuada. De esto se desprende que no se trata de una inhabilidad irrazonable
o desproporcionada.
Adicionalmente, en segundo lugar,
de los medios probatorios aportados al proceso por el mismo accionante, es innegable
que, al momento de presentarse la reclamación, si bien había sido operado por
dicha deficiencia física, según el concepto del médico cirujano especialista en
oftalmología, se encontraba en proceso de recuperación y, para ese instante, su
agudeza visual era: en el ojo derecho de 20/50, mientras que en el izquierdo de
20/30[43].
Es decir, para ese momento su salud no era óptima, conforme con las reglas de
la convocatoria, que determinan la aptitud según unas condiciones específicas, en
virtud de las exigencias físicas del cargo a ocupar. Cabe resaltar que la
CNSC indicó, expresamente, que dentro de la dinámica del concurso-curso no
se analizó si el estado de salud podía o no mejorar, sino si, para el momento
en el cual se realizaba el examen médico, se cumplía con lo establecido en los
documentos técnicos que definieron la habilidad de los aspirantes.
4.5.9. Comoquiera que en las
causas objeto de revisión se observa el cumplimiento de las reglas definidas
por la jurisprudencia, atinentes a la posibilidad de los entes administrativos de
fijar condiciones de aptitud física y de salud como requisitos dentro de las convocatorias
públicas, la Sala encuentra que la CNSC, al igual que las demás entidades
demandadas, no conculcaron los derechos fundamentales alegados por los accionantes,
esto es, los derechos a la igualdad y al acceso a cargos públicos, en la medida
en que las exigencias expuestas son compatibles con la finalidad de los cargos
ofertados y se ajustan a las cargas de razonabilidad y proporcionalidad.
Por esta razón, se confirmarán
todas las decisiones de segunda instancia que denegaron el amparo, de acuerdo
con las consideraciones expuestas en esta providencia, teniendo en cuenta que
en algunos de los casos objeto de revisión se declaró la improcedencia del
amparo constitucional, por la existencia de otros medios de defensa judicial.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 9 de abril
de 2013 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el fallo de primera
instancia dictado el 19 de febrero de 2013 por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que denegó el amparo
solicitado por el señor Michael Hernando Ponce Meneses contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la
Unión Temporal INPEC (conformada por la
Cooperativa Nacional de Anestesiólogos, Servimed Empresarial SAS y el
Laboratorio Clínico Martha Sussan y CIA LTDA). (Expediente T-3.892.249).
Segundo.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 20 de
marzo de 2013 por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el fallo de primera
instancia dictado el 30 de enero de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto, que denegó el amparo solicitado por el
señor Jasson Steven Igua Santacruz contra la
CNSC, el INPEC, la Unión Temporal INPEC y la
Universidad de Pamplona. (Expediente T-3.920.919).
Tercero.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 27 de
febrero de 2013 por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el fallo de primera
instancia dictado el  23 de enero de 2013 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que denegó el amparo
solicitado por el señor Leider Ardu Martínez Ramírez contra el INPEC, la
CNSC y la
Unión Temporal INPEC. (Expediente T-3.918.415).
Cuarto.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 20 de
marzo de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, que a su vez revocó el fallo de primera instancia dictado el 20
de diciembre de 2012 por el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito de
Bogotá y, en su lugar, denegó el amparo solicitado por el señor Edgar
Jair Cardozo Guerrero contra la CNSC, el INPEC y la
Unión Temporal INPEC. (Expediente T-3.904.227).
Quinto.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 16 de
abril de 2013 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el fallo de primera
instancia dictado el 26 de febrero de 2013 por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que denegó el amparo
solicitado por el señor Jorge Iván Arteaga Melo contra la
CNSC, el INPEC y la Unión Temporal INPEC. (Expediente T-3.901.720).
Sexto.- CONFIRMAR, por las
razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 18 de abril de
2013 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el fallo de primera
instancia dictado el 21 de febrero de 2013 por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que denegó el amparo
solicitado por el señor Luis Miguel Ortega Rodríguez contra la
CNSC y el INPEC. (Expediente T-3.901.719).
Séptimo.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 16 de
abril de 2013 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó el fallo de primera
instancia dictado el 20 de febrero de 2013 por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que denegó el amparo
solicitado por el señor Dennis Gerardo Mera Bucheli contra la
CNSC, la
Unión Temporal INPEC y el INPEC. (Expediente T-3.899.486).
Octavo.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ANEXO
A continuación se exponen con
mayor detalle los expedientes de la referencia, destacando las particularidades
de cada uno de los casos sometidos a revisión, sobre la base de que fueron
utilizados formatos para presentar las acciones de tutela. Los cuadros están
dispuestos de la siguiente manera. En primer lugar, se relatan los hechos
probados en cada uno de ellos. En segundo lugar, se resumen los argumentos expuestos
por los accionantes para sustentar la discriminación que alegan. En tercer
lugar, se exponen los argumentos de defensa planteados por las autoridades demandadas.
En cuarto lugar, se efectúa una síntesis de las sentencias objeto de revisión,
al igual que de las apelaciones presentadas. Por último, en quinto lugar, se
realiza una relación de los medios probatorios relevantes aportados a los
proceso.
1.1. Hechos
Número del
expediente
Hechos
T-3.892.249
El accionante prestó su servicio
militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC).
Se presentó a la Convocatoria No.
132 de 2012 destinada a proveer el cargo dragoneante en el INPEC.
Fue citado a la práctica de
exámenes médicos, según él, sin la debida antelación y omitiendo información
sobre los protocolos de preparación.
Tras el examen efectuado por la
Unión Temporal INPEC, fue calificado como “no apto” por “proteinuria
positiva”.
Elevó la reclamación
correspondiente, pero ratificaron su condición de “no apto”. Entre sus
alegatos, planteaba que no padecía patología renal alguna. Sin embargo, la
CNSC brindó, según el demandante, a través de la entidad delegada, una
respuesta general, de contenido idéntico, para todas las inquietudes
formuladas.
Acudió a un laboratorio
particular el 5 de diciembre de 2012, donde el resultado fue un nivel normal
de proteínas en la orina.
T-3.920.919
También se inscribió en la
Convocatoria No. 132 de 2012 para el mismo empleo de Dragoneante. Su
exclusión se produjo por presentar “proteinuria positiva”[44].
También acudió a un examen particular, que dio resultado negativo a lo
anterior.
T-3.918.415
El señor Leider Abdul Martínez
Ramírez –quien también prestó su servicio militar en el INPEC- se inscribió,
tras la Convocatoria 132 de 2012, en el concurso para proveer los cargos de dragoneante
del INPEC, código 4114, grado 11.
El proceso de selección terminó
de manera satisfactoria en los análisis de antecedentes y pruebas escritas de
aptitud y personalidad. Tras el mismo, fue sometido al examen médico
efectuado por la
Unión Temporal INPEC y le fue diagnosticado “trastorno de conducta
eléctrica (bloqueos y hemibloqueos completos e incompletos)”. Solicitó la
revisión de lo anterior, pero fue confirmado el dictamen. Con posterioridad,
al igual que en los demás casos, se realizó un examen particular con un
cardiólogo en el hospital de Engativá, cuya conclusión fue la presencia de
latidos normales de su corazón. En su criterio, esto controvierte los resultados
de la Unión Temporal.
T-3.904.227
El señor Edgar Jair Cardozo
Guerrero también se inscribió a la mencionada convocatoria y, tras las
pruebas médicas, fue declarado “no apto” por obesidad, al tenor del
anexo 5 del profesiograma establecido por el INPEC. Al respecto, dice que presentó
reclamación, pero no obtuvo respuesta.
T-3.901.720
El accionante, esto es, el
señor Jorge Iván Arteaga Melo también se presentó a la Convocatoria. No 132
de 2012, reglamentada por el Acuerdo 168 del mismo año, para optar a las
vacantes correspondientes a los cargos de dragoneantes. Fue citado el 7 de
noviembre para efectuarse los exámenes médicos y fue declarado no apto por
inhabilidad médica, ya que, tras las evaluaciones, se detectó “Ametropía
no corregida”, que corresponde a un defecto visual.
T-3.901.719
El actor se inscribió en la
convocatoria No. 132 de 2012. Se postuló para el curso de complementación
para quienes prestaron el servicio militar obligatorio como auxiliares en el
INPEC, pero no pasó los exámenes médicos por “proteinuria positiva”, los
cuales fueron practicados el 7 de noviembre de 2012. Pese a que elevó reclamación,
su exclusión fue confirmada por no ser apto.
T-3.899.486
El accionante fue declarado en
la pluricitada convocatoria no apto por “proteinuria positiva”. Ante
tal diagnóstico, se realizó un examen particular que no tuvo el mismo
resultado. Igualmente, presentó reclamación, pero fue desatendida y el
dictamen confirmado.
1.2. Argumentos de los
demandantes
Número del
expediente
Argumentos
T-3.892.249
El accionante consideró que se
vulneraron sus derechos a la igualdad, al trabajo y debido proceso, por
cuanto no se advirtió sobre los procedimientos y protocolos médicos de
preparación para los exámenes requeridos. Además, en su criterio, no se
aplicó el profesiograma de manera técnica, ya que no se tuvieron en cuenta
los conceptos técnicos referidos a la inhabilidad médica. De ahí que, en su
caso, el resultado de “proteinuria positiva” no significa
necesariamente que padeciera una enfermedad del sistema urinario o una
inhabilidad médica. Por lo demás, enfatizó que cumplió en el INPEC su
servicio militar, en las mismas condiciones y funciones de un dragoneante. Expuso
también que el tema de inhabilidades médicas ha sido abordado por la
Corte Constitucional, la cual ha establecido la necesidad de analizar su
proporcionalidad y razonabilidad.
Finalmente, en cuanto a la
procedencia de la acción, mencionó que no existen otros medios de defensa
judicial que permitan proteger los derechos invocados.
T-3.920.919
Al igual que en el caso
anterior, el accionante cuestionó que se realizaran los exámenes sin advertir
con una debida antelación la preparación previa requerida. Enfatizó, de
manera general, que hubo confusiones de resultados y que se presentaron
algunas inconsistencias. Igualmente, frente a las reclamaciones presentadas, se
señaló que la CNSC respondió de manera general, sin verificar ni atender cada
caso en concreto. Adujo que no se siguieron los parámetros fijados en el
Acuerdo No. 168 de 2012 y que, al haber prestado el servicio militar como
auxiliar en el INPEC, había demostrado su condición físico-médica. Por
último, señaló que la proteinuria positiva podía deberse a otros aspectos,
como la ingesta próxima de alimentos proteicos y la actividad física.
T-3.918.415
Comoquiera que el
electrocardiograma realizado en el Hospital de Engativá dio otro resultado,
relativo a que no hay ondas de lesión miocárdica, considera que su condición
es óptima y que se desvirtúa el resultado dado por la
Unión Temporal INPEC. De suerte que, su exclusión por razones equivocadas
de aptitud médica, conculca sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos. En su criterio, la
administración debió efectuar otro examen médico y no excluirlo
inmediatamente del curso para dragoneante.
Por lo demás, de acuerdo con el
anexo 5, enfatizó que las causas que generan el trastorno de la conducción
eléctrica  sólo son tratables con un marcapasos y son de tal gravedad que
serían evidentes. Asunto que dista de su actual estado de salud.
T-3.904.227
En su parecer, tras aprobar las
etapas del concurso, no resultaba legítimo que lo excluyeran por razones de
sobrepeso. Para tal efecto, afirma que dicha situación podía mejorarse con el
tiempo, debido a la magnitud de la actividad física que se adelanta en el
INPEC. Por ello, su exclusión se constituyó en una discriminación que atenta
contra su dignidad.
T-3.901.720
Enfatizó que no pretendía
controvertir la legalidad de las normas que regularon la convocatoria. A
continuación, al igual que en los casos anteriores, cuestionó el tiempo que
trascurrió entre la comunicación que informaba la realización de los exámenes
médicos y el momento en el cual se llevaron acabo. Adicionalmente, alegó que
no fue excluido por justificaciones técnicas y que no se atendieron los
protocolos médicos, razón por la cual hubo confusiones en los resultados del
diagnóstico. Por lo demás, alegó que su ametropía fue corregida, ya que se ha
practicado exámenes y correcciones quirúrgicas ambulatorias.
T-3.901.719
También adujo que no se
aplicaron los protocolos de manera adecuada, ni se informó con suficiente
antelación sobre la realización de los exámenes médicos. Indicó que el
resultado de “proteinuria positiva” puede ser transitorio y no
obedece, necesariamente, a una patología. Por lo tanto, excluirlo de la
convocatoria es discriminatorio, asunto que le niega el derecho de acceso a
un cargo público. Adicionalmente, se considera discriminado, ya que en el
proceso de selección le están imponiendo un trato diferente y desfavorable.
En efecto, la inhabilidad utilizada para su exclusión sólo se le aplica a él.
Ello en contra del documento técnico general que se refiere a las
inhabilidades médicas. Por último, sostiene que su inquietud no fue resuelta
de fondo, sino que se utilizó un formato para responder a todas las personas
que elevaron inconformidades.
T-3.899.486
Se realizó otro examen y en él
no aparece la supuesta inhabilidad. Por ello, se le lesionan sus derechos al
excluirlo de la posibilidad de ejercer un empleo público. También alegó que
no fue notificado con suficiente antelación para presentar los exámenes y que
se presentaron problemas que en algunos casos fueron solucionados. Igualmente,
refirió que prestó su servicio militar en el INPEC.
1.3. Intervención de las partes demandadas
Número del
expediente
Entidades que
intervienen
Argumentos de
las entidades
T-3.892.249
CNSC
Cuestionó la procedibilidad de
la acción de tutela ante la existencia de otros medios de defensa judicial.
En este sentido, enfatizó que el actor controvierte los parámetros de la
Convocatoria No. 132 de 2012, el cual constituye un acto administrativo de
carácter general, impersonal y abstracto, que no ha sido anulado por la
jurisdicción contencioso administrativa. Igualmente, en el caso particular,
el demandante puede acudir a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho
para resolver la inconformidad que le genera el examen médico realizado.
Adicionalmente, enfatizó que
las reglas del trámite de selección fueron publicadas con anticipación y que
fueron aceptadas por cada uno de los aspirantes. Igualmente, las normas de la
convocatoria fueron establecidas en concordancia con los preceptos contenidos
en el numeral 1º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Es decir, la
convocatoria es la norma que regula el concurso.
En este sentido, las reglas
fueron claras en determinar la calidad del examen oficial habilitante
(previsto en los artículos 36 y 38 del Acuerdo No. 168 de 2012), que no era
una prueba dentro del proceso, sino un trámite previo para ingresar al curso.
Las inhabilidades médicas
fueron reguladas en la Resolución 000305 de 2012 del INPEC y se expuso que no
sería apto quien presentara alguna alteración médica. En este sentido, tales
condiciones médicas se justificaron en el profesiograma de la entidad
mencionada, el cual obedece a las calidades que permiten el ingreso a los
empleos objeto de la convocatoria, y no a una decisión autónoma de la
CNSC. Entre ellas, por ejemplo, figuraba que la “proteinuria positiva”, ya
que se trata de un indicador precoz de enfermedad renal o sistémica, cuyo
origen deviene de la presencia de proteínas en la orina. Dependiendo del
grado de severidad de las afectaciones que causan la citada proteinuria
positiva, pueden generarse inhabilidades ocupacionales, como dificultar el
uso de calzado tipo bota o incidir en las capacidades de ejercicio físico que
se exige a un dragnoneante. Incluso, su tratamiento, puede requerir una dieta
específica.
Además, las valoraciones de las
entidades contratadas eran las únicas válidas dentro del procedimiento, ya
que, las otras, no reúnen las calidades y condiciones exigidas en el proceso,
básicamente porque no obedecen a unos protocolos predeterminados, que respondan
a la mentada Resolución y a sus anexos 4 y 5. Por lo demás, la
Unión Temporal INPEC surtió un proceso de selección que la determinó como
una entidad idónea para realizar los exámenes.
Con todo, según el artículo 41
del Acuerdo, era posible formular reclamaciones, etapa que ya agotó el
demandante. De ahí que, el hecho de que no se haya modificado el dictamen
tras el examen particular allegado, tan sólo significa que no tuvo el efecto
de invalidar, a través de una duda razonable, el examen médico oficial, ya
que no partió de protocolos diferenciables que evaluaran el estado de salud
del aspirante a la luz del referido profesiograma y sus anexos. Finalmente,
el hecho de que el actor haya prestado el servicio militar en el INPEC no lo
hace necesariamente apto, pues las funciones a desempeñar deben ajustarse a
los requisitos del cargo y del profesiograma.
T-3.920.919
CNSC, Unión
Temporal INPEC, e INPEC.
También se alegó la
improcedencia de la acción de tutela y se controvirtió la validez del examen
realizado de manera particular por el señor Igua Santacruz, ya que aquellos
efectuados por la Unión Temporal siguieron los protocolos médicos
establecidos en el profesiograma fijado por el INPEC. Por lo demás, se
refirió que las normas que regulan la convocatoria son actos administrativos
de carácter general que –actualmente– surten efectos. Una de dichas reglas
establece que el aspirante debe demostrar que no tiene ninguna afectación
médica, sicológica, física o mental. Así las cosas, los exámenes buscaban
determinar lo anterior, como una condición previa del ingreso al curso.
De modo que, la “proteinuria positiva” es una inhabilidad, razón por la cual
fue excluido.
Por su parte, la
Unión Temporal INPEC, informó que celebró un contrato con la
CNSC, cuyo objeto es la “Prestación de Servicios de Salud para la
práctica de exámenes médicos según Resolución 00305 de 2012 del INPEC, a los
aspirantes que superen el concurso dentro de la convocatoria pública No. 132-2012”
(Cuaderno 1, folio 73). Adujo que en el examen se observaron de manera
estricta las inhabilidades médicas reguladas en la
Resolución No. 000305 de 2012, proferida por el INPEC. Tras la reclamación
analizó los exámenes y concluyó que el actor tenía una escoliosis superior a
10. Al respecto, el anexo 5º de la Resolución mencionada contempla en sus páginas
61 y 62 que personas con escoliosis presentan restricciones para manipular
cargas, realizar marchas prolongadas y movimientos de la columna. También
mencionó que se le detectó “proteinuria positiva”.
Por su parte, el INPEC indicó
que mediante el concurso se buscaba proveer 718 vacantes del empleo de dragoneante,
código 4114, grado 11. Con todo, enfatizó que tal proceso le correspondió a la
CNSC, por que solicitó ser excluido de la causa al carecer de legitimación
por pasiva.
T-3.918.415
CNSC, INPEC y la
Unión Temporal INPEC.
La
CNSC alegó que la acción de tutela no resultaba procedente. Al respecto,
reiteró que el Acuerdo No. 168 de 2012 establecía las reglas del concurso y
que su artículo 15, literal “H”, consagraba que era deber demostrar que no se
tenía afectación médica alguna. Para la citada entidad, el demandante no
superó la valoración médica y al ser declarado “no apto”, fue excluido de la
convocatoria. Así, el examen médico no es una prueba dentro del proceso, sino
un requisito previo para ingresar al curso y, en las reglas de la
convocatoria, se había determinado que el único válido sería aquel emitido
por la entidad especializada contratada.
Por lo demás, enfatizó que las
calidades de los exámenes obedecían al profesiograma establecido por el
INPEC, qué determinó las calidades e inhabilidades que permitirían el ingreso
a los empleos ofrecidos. Entre ellas, figura el trastorno de la conducción
eléctrica.  Resulta relevante destacar que otra razón para no darle validez a
los exámenes particulares radica en que no obedecían a los lineamientos
particulares del aludido profesiograma, el cual exigía pruebas con fundamento
en documentos técnico-científicos fijados desde el inicio del proceso. Por
último, mencionó que, en otros casos, otras autoridades judiciales han
desestimado pretensiones similares a las elevadas por el accionante y que el
trastorno en la conducción del impuso eléctrico en la aurícula hasta el
ventrículo puede tener varias causas, entre ellas ciertos medicamentos
(digital, betabloqueadores, verapamilo y amiodarona).
Por su parte, la
Unión Temporal INPEC indicó que se ajustó a las normas de la convocatoria,
que fijaron sus competencias en torno a la realización de los exámenes
médicos conforme con las disposiciones pertinentes. Igualmente, señaló que
los términos en los cuales se presentó la reclamación fueron formulados
“dando fe”  de que nunca había presentado molestias, razón por la cual “(…)
procedió a verificar el resultado de los exámenes médicos que se le
practicaron, respecto de lo cual, se concluyó que no hay razón médica alguna
que permitiera variar la calificación publicada (…)” (cuaderno 1, folio
100).
Aunado a lo anterior, consideró
que aceptar la presentación de pruebas con posterioridad a la fecha en la
cual fueron practicados los exámenes a la totalidad de participantes,
trasgrediría la igualdad, la confianza legítima y el debido proceso. Incluso
señaló que en sede de revisión de los diagnósticos en ciertos casos se confirmó
o modificó la decisión inicial. Sin embargo, la patología que se detectó al
accionante constituye una alteración de la dinámica cardiaca que puede poner
en riesgo la salud del trabajador, asunto contemplado en el anexo 5º de la
Resolución No. 00305 de 2012 (páginas 207
a 212). Para concluir, ante la existencia de otros medios de defensa
judicial, expuso que la acción de tutela resultaba improcedente.
Por último, el INPEC también
alegó que carecía de legitimación en la causa por pasiva y que la tutela era
improcedente por la existencia de otros medios de defensa judicial.
T-3.904.227
INPEC y CNSC
La
CNSC, al igual que en los casos anteriores, señaló que la tutela era improcedente
por no cumplir con sus requisitos de procedencia.
También reiteró lo atinente a la
Convocatoria No. 132 de 2012 y las reglas fijadas para el concurso, entre
ellas, la validez del examen médico y la posibilidad de reclamar los
resultados. A continuación, enfatizó que la obesidad se encontraba
determinada como inhabilidad y que se presenta cuando hay un índice de masa
corporal superior a 30. Esta enfermedad puede generar problemas
cardiovasculares, cálculos billiares, síndrome de apnea obstructiva del
sueño, hipertensión arterial, diabetes mellitas tipo 2, accidentes
cerebrovasculares, distintos tipos de cáncer, daño al hígado y depresión, al
igual que otros trastornos psíquicos. Por ello se considera una inhabilidad.
De suerte que, lo que pretende el actor, es que se modifique la calificación
de “no apto” por motivos subjetivos, sin fundamento médico alguno.
Por su parte, el INPEC también
alegó falta de legitimación por pasiva.
T-3.901.720
CNSC e INPEC
La
CNSC, al igual que en los casos anteriores, cuestionó la procedencia de la
acción de tutela, ya que el accionante pretende controvertir actos
administrativos generales que regularon la convocatoria en comento. Además,
frente al caso particular, es posible instaurar la acción de nulidad y
restable-cimiento del derecho.
Por otra parte, conforme con
las reglas de la convocatoria, refirió que el único examen médico válido era
aquél realizado por la empresa contratada. Lo anterior, debido a que se
utilizaría el profesiograma contenido en la mencionada Resolución. En su
criterio, si bien resulta posible que en un dictamen general el aspirante
presente funcionalidades vitales normales y habituales, lo cierto es que
desde el punto de vista estrictamente ocupacional, podría padecer alguna
alteración o patología en su salud que fuera incompatible con las funciones del
cargo. Por esta razón, los exámenes particulares que fueron presentados por
los aspirantes no obedecían a protocolos iguales, y por ende, carecían de
aptitud para cuestionar los resultados. A pesar de lo anterior, se aclaró que
ello no significó que no se analizaran los exámenes nuevos presentados, mas
implicó que no necesariamente tuvieran la potencia de brindar razones
valederas para considerar que sí se cumplía con los requerimientos
ocupacionales.
Por lo demás, el examen médico
no tenía otro objetivo que el de evaluar el estado psicofísico de los
aspirantes, por lo que no correspondía analizar la procedencia del uso de
elementos terapéuticos que pudieran corregir los efectos generados por una patología.
Así las cosas, “(…) en ningún momento se estableció la posibilidad de
acceder al empleo mediante el uso [de] elementos que permitieran manejar o
mejorar la condición visual de los aspirantes” (Cuaderno 2, folio 22).
En cuanto a la ametropía, señaló
que es un defecto óptico producido por un error de refracción, que puede ser
corregido, en ocasiones, con el uso de lentes o cirugía. Se justifica la
inhabilidad debido a que tiene restricción para el manejo de herramientas,
equipos y conducción de vehículos. De igual manera, reduce la capacidad para
desplazarse de manera eficaz en el entorno, si no se cuenta con la corrección
visual adecuada. En el caso del accionante, se evidenció que su ametropía no
estaba corregida. De ahí que, existía una inhabilidad para trabajar y
pertenecer al cuerpo de custodia del INPEC.
En este caso, el INPEC también
argumentó que carece de legitimación por pasiva.
T-3.901.719
CNSC e INPEC
La
CNSC alegó la improcedencia de la acción de tutela, en virtud de la
existencia de otros medios de defensa judicial. Por lo demás, indicó que se
pretendía controvertir actos administrativos –Acuerdo 168- revestidos de la
presunción de legalidad.
Para el demandado, los exámenes
médicos fueron realizados para esclarecer que los aspirantes no se
encontraran inmersos en alguna inhabilidad, de acuerdo con lo previsto en el
profesiograma, el cual obedeció a lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 909 de 2004. Por otra parte, se enfatizó que a través del mismo se
buscaba determinar la aptitud ocupacional de los aspirantes, por lo que el
único examen válido era aquel realizado por la empresa idónea para ello. Por
este motivo, no cualquier examen podía servir para controvertir los resultados,
pues debían someterse a los protocolos específicos.
A continuación, reiteró que la
“proteinuria positiva” es una inhabilidad y que el único examen válido, en
razón a las necesidades técnicas, es aquél realizado por la entidad
contratada. De otra parte, el proceso contaba con una etapa de reclamaciones,
que el accionante agotó. Por lo demás, el hecho de que el demandante haya
prestado el servicio militar no es suficiente para considerar que cumple con
el perfil exigido.
El INPEC solicitó que fuera
excluido de la causa, ya que carece de legitimación por pasiva.
T-3.899.486
CNSC
La
CNSC señaló que obró conforme con los documentos que contienen el
profesiograma y el perfil profesiográfico para el cargo de dragoneante. Además,
consideró que lo que se pretende cuestionar son actos administrativos de
carácter general, lo cual resulta improcedente en materia de tutela. Reiteró
que el único examen válido era aquél efectuado por la entidad contratada, ya
que debían obedecer a ciertos protocolos y que los requisitos habilitantes se
habían definido con anterioridad
En este sentido, expuso que el
profesiograma es un documento técnico en donde se definen las tareas,
responsabilidades, particularidades físicas y ambientales requeridas para el
desempeño de un empleo y, adicionalmente, establece los medios científicos
necesarios para investigar que el empleado puede desempeñarse en el puesto de
trabajo para el cual es postulado. A su vez, el perfil profesiográfico es un
documento que indica las características, aptitudes y actitudes que debe
tener una persona para desempeñar un empleo, definiciones contenidas en la Resolución
No. 00305 de 2012. A continuación, refirió que la “proteinuria positiva”
sirve como un indicador precoz de enfermedad renal o sistémica, por lo que se
tiene –para los efectos de la convocatoria– como una inhabilidad. Por último,
mencionó que el actor agotó la reclamación y que en ella se confirmó el
dictamen.
2. Sentencias de tutela
2.1. Sentencias de primera instancia
Número del
expediente
Autoridad judicial
y fecha de la decisión
Decisión y
argumentos
T-3.892.049
Sentencia del 19 de febrero de
2013, proferida por la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto[45].
Denegó. Tras efectuar
consideraciones generales en torno al mérito en los concursos públicos,
expuso que el Acuerdo No, 168 de 2012 de la
CNSC establecía el examen médico (art. 36). Así mismo, definió que ello no
era una prueba dentro del examen de selección, sino un trámite previo para
entrar al curso. Por lo demás, las inhabilidades médicas se hallaban
establecidas en la Resolución No.  00305 de 2012 y, entre ellas, se encuentra
la “proteinuria positiva”. Además, con antelación, en el artículo 38 del
Acuerdo mencionado, se definió que el único resultado válido emitido era aquél
realizado por las entidades contratadas. Por lo anterior, no era viable que,
a través de la acción de tutela, se pasaran por alto los procedimientos y
requisitos legales para acceder a los cargos públicos.
Ahora bien, comoquiera que del
concurso sólo se deriva una mera expectativa, no es posible que se configure
un perjuicio irremediable. Por lo demás, este último en ningún momento se
acreditó, por lo que no es posible conceder el amparo.
T-3.920.919
Sentencia del 30 de enero de
2013, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto.
Denegó. En términos
generales, invocó la existencia de otros medios de defensa judicial a los que
podía acudir el señor Igua Santracruz. Igualmente, conforme con el artículo
125 de la Constitución, enfatizó que el ingreso a los cargos de carrera
requiere el cumplimiento previo de requisitos y condiciones.
Dichas condiciones fueron
fijadas en el Acuerdo No. 168 de 2012, el cual, en el artículo 15, determinó
que una exigencia previa era el estado óptimo de salud, conforme a un examen
médico que obedecería a lo regulado en la
Resolución No. 00305 de 2012. Por otra parte, el artículo 36 indicó que el
examen era un trámite previo al ingreso al curso y reiteró que las
inhabilidades eran aquellas reguladas en la mencionada Resolución.
Ahora bien, según el artículo
38 del citado Acuerdo, la aptitud de los examinados se evaluaba a partir de
la historia clínica ocupacional, la ficha de evaluación de la carga física y
la ficha de evaluación osteo muscular, siendo tales exámenes -llevados a cabo
por la entidad contratada- los únicos válidos aceptados en el proceso.
T-3.918.415
Sentencia del 23 de enero de
2013, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
Denegó. Para esta
autoridad judicial, existían otros medios de defensa judicial y no se
percataba la existencia de un perjuicio irremediable. Además, en su criterio,
se buscan cuestionar las reglas de la Convocatoria No. 132 de 2012, que gozan
de presunción de legalidad.
T-3.904.227
Sentencia del 20 de diciembre
de 2012, pronunciada por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá.
Concedió. Al respecto,
señaló que la acción era procedente, debido a los límites de edad que exigía
la convocatoria. A continuación, señaló que, si bien las autoridades pueden
imponer requisitos de ingreso a los procesos de selección, los mismos han de
ser razonables y proporcionales, según las finalidades que con ellos se
busca. Aunado a lo anterior, indicó que, cuando se exige un requisito de
aptitud física, existe una presunción de discriminación a favor del actor,
frente a la cual la entidad debe demostrar su justificación en relación con
las funciones propias del cargo a proveer.
Así las cosas, en el caso
concreto, pese a que la obesidad figuraba con anterioridad como causal de
exclusión, lo cierto es que no se demostró que fuera justificada al poder
generar problemas, complicaciones o inconvenientes con el desarrollo propio
de las funciones previstas para el cargo de dragoneante.
T-3.901.720
Sentencia del 26 de febrero de
2013, proferida por la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto[46].
Denegó. Esta autoridad
judicial encontró que se pretendía evitar el cumplimiento de los procedimientos
y requisitos previstos dentro de la convocatoria. De hecho, enfatizó que, en
su criterio, se cumplieron con todos los trámites preestablecidos, sin que
fuera posible evidenciar irregularidad alguna. Por lo demás, expuso que no se
cumplían con las reglas de procedencia en la presente causa, entre otras
razones, porque no se observaba el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
T-3.901.719
Sentencia del 21 de febrero de
2013, proferida por la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto[47].
Denegó. En términos
generales se expuso que no era posible pasar por alto, a través de la acción
de tutela, requisitos y procedimientos legalmente establecidos. Por lo mismo,
no era imputable a la entidad, que el accionante no cumpliera con las
exigencias médicas previstas para el perfil requerido. Así las cosas,
enfatizó que desde un principio, en las normas que regulaban la convocatoria,
se había fijado que el examen médico no hacia parte del proceso de selección,
sino de un trámite previo para ingresar al curso. En este último también se
había determinado, según la
Resolución No. 00305 de 2012, qué se consideraría como inhabilidad. Para el
efecto, entre ellas, aparece la “proteinuria positiva”.
Por otra parte, en dicha
convocatoria también se había determinado cuál sería el examen médico valido,
debido a los protocolos y presupuestos necesarios para la selección, por lo
que aquél efectuado por el accionante no resultaba oponible a las pesquisas
realizadas por la Unión Temporal INPEC.
De otra parte, el actor puede
demandar a través de otros medios de defensa judicial si considera vulnerados
sus derechos, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Finalmente, expuso que la participación en un concurso sólo genera una expectativa,
de allí que no pueda evidenciarse el acaecimiento de un perjuicio
irremediable.
T-3.899.486
Sentencia del 20 de febrero de
2013, proferida por la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior
de Pasto[48].
Denegó. Luego de
mencionar aspectos atinentes a la procedencia excepcional de la acción de
tutela, se consideró que la misma no estaba llamada a prosperar.
No obstante, también señaló
que, por regla general, el acceso a los cargos públicos es por concurso. Lo
anterior, respecto del caso concreto, se hizo efectivo a través de las diferentes
normas y actos expedidos por la CNSC. En dicho procedimiento, se fijó lo
relativo al examen médico y a las inhabilidades, entre ellas, figuraba la
“Proteinuria Positiva”. También se dijo que el único resultado válido era
aquél de la entidad contratada para efectuar los exámenes médicos, ya que
debía seguirse determinados protocolos.
Finalmente, adujo que no es
imputable a la entidad demandada el resultado de “no apto” obtenido por el accionante
y que, por ello, no es posible, a través de la acción de tutela, omitir el
cumplimiento de procedimientos fijados con antelación.
2.2. Impugnación
Número del
expediente
Argumentos de la
apelación
T-3.892.249
Reiteró que lo están
discriminando y que la acción de tutela es el mecanismo más eficaz para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual no especificó.
T-3.920.919
Apuntó que la acción de tutela
es el mecanismo más eficaz para resolver la problemática que lo aqueja, ya
que se halla ante un perjuicio irremediable, el cual no especificó.
T-3.918.415
Indicó que las entidades
demandadas han optado por utilizar formatos de contestación, ante la ingente
cantidad de acciones que se han elevado en su contra. En cuanto a la
procedencia de la acción, refirió que tendría que volverse a presentar para
un cargo similar y sería necesario demostrar aptitud, asunto que depende de
la edad del participante. Además, al momento de terminar el proceso ante la
jurisdicción contenciosa, ya no habría objeto sobre el cual decidir. Así
mismo, cuestionó que la misma entidad no efectuara un segundo examen tras las
reclamaciones y que fuera necesario a los participantes acudir a entidades
particulares para desvirtuar los exámenes.
Finalmente, enfatizó que los
certificados médicos por él aportados también tienen carácter científico y
que en otras causas de tutela, en los que se han amparado los derechos de los
demandantes, se han cumplido con las pretensiones por él elevadas.
T-3.904.227
La
CNSC impugnó la decisión. Enfatizó que las normas que regulaban los exámenes
médicos fueron previas a los mismos, eran claras y a ellas se sometieron los
participantes. Por ello, el demandante busca cuestionar las normas generales
que regularon el concurso. En este sentido, reiteró que el único examen
válido era aquél efectuado por la empresa contratada y que la obesidad puede
generar múltiples enfermedades.
T-3.901.720
Reiteró los mismos argumentos
que utilizó al momento de formular la acción constitucional. No obstante, enfatizó
que la tutela es el medio eficaz que puede solventar la situación que lo
aqueja.
T-3.901.719
Reiteró que no padece
enfermedad alguna. Alegó que la acción de tutela es el único mecanismo
judicial eficaz para dirimir el conflicto jurídico por él planteado, dado que
se encuentra ante un perjuicio irremediable. Cabe decir que no argumentó en
torno a qué configuraba tal situación apremiante.
T-3.899.486
Con similares argumentos, sobre
todo enfatizando que en otros casos la tutela sí fue concedida, el señor Mera
Bucheli elevó la impugnación. También señaló que es el único medio de defensa
judicial para precaver el acaecimiento de un perjuicio irremediable, el cual
no justificó.
2.3. Sentencias de segunda instancia
Número de
expediente
Autoridad judicial
y fecha de la decisión
Decisión y argumentos
T-3.892.249
Sentencia del 9 de abril de
2013, proferida por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
Confirmó. En primera
medida, se refirió a la procedencia de la acción de tutela. Para ello,
resaltó que el actor podía acudir a la vía contenciosa para dirimir la
cuestión planteada. Además, no observó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, máxime cuando es factible solicitar la suspensión provisional
del acto administrativo.
Por lo demás, dispuso que los
requisitos de aptitud física no resultan contrarios a la carga de
proporcionalidad, ya que la proteinuria es un indicador precoz de enfermedad
renal o sistemáticas como la hipertensión arterial o la diabetes mellitas.
Pero, por sobre todo, el INPEC acogió el anexo cinco –donde figuraba la
justificación de la inhabilidad médica para el cargo de dragoneante– porque
es posible la presencia de edemas en los miembros inferiores que, en casos
avanzados, dificultan el uso de calzado tipo bota exigido como parte del
uniforme, al igual que limita las exigencias físicas posibles. Finalmente,
expuso que no se vulnera el derecho a la igualdad del actor, dado que dicho Tribunal
no ha concedido el amparo en casos similares al suyo.
T-3.920.919
Sentencia del 20 de marzo de
2013, proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
Confirmó. Para el
efecto, argumentó que conforme con el artículo 41 del Acuerdo 168 de 2012, contra
las decisiones que resuelven los recursos respecto de los exámenes médicos no
procede ninguna otra actuación. Así las cosas, al estar agotada la vía
gubernativa, es viable acudir ante los jueces de lo contencioso
administrativo. Por último, se señaló que no se probó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
T-3.918.415
Sentencia del 27 de febrero de
2013, proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia,
Confirmó. Indicó que del
Acuerdo 168 se extrae que el concurso no culmina con la fase de selección,
sino que para optar por una vacante, se requiere completar            –entre
otros–los exámenes médicos. Así las cosas, comoquiera que la exclusión del
actor se materializó en un acto administrativo, bien puede acudir a la
jurisdicción contenciosa a dirimir este asunto.
T-3.904.227
Sentencia del 20 de marzo de
2013, proferida por la Sala Penal del Tribunal  Superior de Bogotá.
Revocó y, en su lugar, denegó
el amparo. En primer lugar, consideró que no se cumplían los presupuestos de
procedencia de la acción de tutela. A continuación, en segundo lugar, se refirió
a las normas de la convocatoria que hacían mención a los exámenes médicos y a
las causales para que una persona fuera tenida por “no apta”. En su criterio,
lo pretendido por el actor, era evitar el cumplimiento de las reglas del
concurso, lo que –realmente– atentaría contra la igualdad y el debido proceso
de los otros participantes. Además, los fines y medios empleados por la
entidad se ajustaban a razones objetivas.
T-3.901.720
Sentencia del 16 de abril de
2013, proferida por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
Confirmó. Encontró que
la exclusión del demandante se debió a una inhabilidad comprendida dentro del
profesiograma, según los lineamientos definidos en la Resolución No. 00305 de
2012. A continuación, mencionó que ya había decidido un caso similar, en el
que se cuestionó la procedencia de la acción de tutela, al igual que la
viabilidad de que el juez constitucional determine si el defecto visual que
aqueja al accionante lo incapacita para desempeñar el cargo al que aspira. También
insistió en que esta controversia se podía ventilar ante la jurisdicción
contencioso administrativa.
Por lo demás, expuso que los
requisitos de aptitud física no resultaban desproporcionados o absurdos, ya
que el INPEC contó con la asistencia del Grupo de Salud Ocupacional de
Talento Humano y la empresa Positiva Compañía de Seguros /ARP para elaborar
los profesiogramas dirigidos al cuerpo de custodia y vigilancia. En lo
referente a la ametropía, consideró que, de no corregirse, disminuye la
capacidad para desplazarse en una forma eficaz en su entorno y causa
restricciones para el manejo de herramientas, equipos,  conducción de
vehículos, entre otros.
T-3.901.719
Sentencia del 18 de abril de
2013, proferida por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
Confirmó. En términos
generales, se enfatizó en que el amparo no era procedente, ante la
posibilidad de acudir a la justicia administrativa, en donde es posible
solicitar la suspensión del acto que lo excluyó del proceso de selección.
Además de lo anterior, señaló que
los requisitos de aptitud física no resultan desproporcionados, ya que el
INPEC contó con la asistencia técnica para elaborarlos.
T-3.899.486
Sentencia del 17 de abril de
2013, proferida por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
Confirmó. Además de las
razones de improcedencia, hizo referencia al concurso de méritos como
mecanismo imparcial, objetivo y que mide la capacidad para seleccionar
aspirantes a diferentes cargos públicos. Estos concursos se rigen por reglas
predispuestas, que resultan obligatorias para todos los aspirantes.
En el caso objeto de estudio, esto
fue lo que acaeció, pues determinaron de forma previa ciertas inhabilidades
conforme a un profesiograma y a un perfil elaborado por el Grupo de Salud
Ocupacional de la Subdirección de Talento Humano y la empresa Positiva
Compañía de Seguros ARP, adoptado mediante la Resolución 0305 de febrero de
2012.
2.4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
Número del
expediente
Elementos
probatorios relevantes aportados
T-3.892.249
·
Respuesta a las reclamaciones formuladas por el accionante
contra los resultados de los exámenes médicos de la
Convocatoria No. 132 de 2012. Para el efecto, se cuestionó por el actor que los
exámenes se realizaran sin la debida anticipación y sin instruir a los
aspirantes sobre su preparación. También se debatió que la inhabilidad se
determinara por un examen de laboratorio positivo y no por una patología
renal. Sobe ello, el accionante expuso que el resultado podía devenir de una
dieta proteica o de la realización de actividades físicas. También refirió
que se efectuó otro examen –con las debidas preparaciones técnicas– y resultó
negativo. Frente a ello, la CNSC contestó que “(…) para la presentación de
los exámenes médicos se envió citación con la debida antelación y en la misma
se informó en qué condiciones debía ser prestado el mismo”. Por ello,
aceptar otro concepto diferente de aquél rendido por la
Unión Temporal INPEC desconocería la transparencia y la igualdad. Además,
tras revisar los exámenes por él aportados, no se encontraron razones
suficientes para variar la calificación (cuaderno 3, folio 40
a 43).
·
Certificado de la
Unión Temporal INPEC del 4 de diciembre de 2012, que califica como no apto
al accionante por “proteinuria positiva” (cuaderno 3, folio 44).
·
Resolución No. 3317 de 2012 que adjudicó el proceso de
selección abreviada de menor cuantía a la
Unión Temporal INPEC. Se indica que las vacantes a proveer son 718 correspondientes
al cargo de dragoneante, código 4114, grado 11.
·
Resolución NO. 000305 de 2012, “Por la cual se adopta el
profesiograma, perfil profesiográfico e inhabilidades médicas para el empleo
de Dragoneante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC”. En ella se
menciona que esta actividad de custodia es considerada de alto riesgo, por lo
que se hace necesario evaluar médicamente a las personas antes de su
contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que serán
expuestas. Igualmente, se indica que el profesiograma es un documento técnico
que define “las tareas, responsabilidades, las particularidades físicas y
ambientales requeridas para el desempeño de un empleo”. A su vez, el
perfil profesiográfico es un documento que “(…) indica las
características, aptitudes y actitudes que debe tener una persona para
desempeñar un empleo”. En este orden de ideas, ambos documentos fueron
elaborados por el Grupo de Salud Ocupacional de la
Subdirección de Talento Humano y Positiva Compañía de Seguros/ARP y
adoptados por el INPEC (cuaderno 3, folio 50
a 52).
·
Parcial de orina realizado por Michael Hernando Ponce el 5 de
diciembre de 2012 en un laboratorio clínico particular. Se indica en el que
la proteína en la orina es ocasional: 3.7 mg/dl cuaderno 1, folio 20).
·
Copia de libreta militar del actor (cuaderno 1, folio 21).
·
Definiciones médicas alegadas por la
CNSC, en la que se indica que la proteinuria no es una enfermedad, sino un
indicador precoz de enfermedad renal o sistémica. “Su valor normal es de
150 mg en 24 horas o de 0 a 8 mg/dl en una muestra aislada” (cuaderno 1,
folio 128 a 130).
T-3.920.919
·
Calificación dada al señor Igua Santacruz por la
CNSC como “no apto” por “proteinuria positiva” (Cuaderno 1, folio 13).
·
Respuesta dada al citado señor frente a su reclamación. Los
términos son, en esencia, iguales a aquellos reseñados en el expediente T-
3.892.249. Se destaca que se le informó que la proteinuria figuraba en la
página 259 del anexo 5 del profesiograma, como una inhabilidad médica para el
empleo (cuaderno 1, folio 14 a 18).
·
Examen particular realizado por el señor Jasson Stiven Igua
ante un laboratorio privado, donde se indica que en su parcial de orina la
presencia de proteínas es negativa (cuaderno 1, folio 21 y 22).
·
Examen realizado ante la
EPS EMSSANAR, con negativa en la presencia de proteína (cuaderno 1, folio
44).
·
Tarjeta de reservista del accionante (cuaderno 1, folio 24).
T-3.918.415
·
Respuesta a la reclamación formulada por el señor Martínez
Ramírez. En ella la
Unión Temporal INPEC reiteró que se ajustó a las reglas de la convocatoria
y que una causal de exclusión es ser calificado como “no apto”. Igualmente,
enfatizó que el único examen médico válido era aquél emitido por la entidad
contratada. Ahora bien, en la reclamación, el señor Martínez mencionó que su
salud era óptima y que nunca había sido tratado por anomalías cardiacas.
Frente a ello, la
Unión Temporal le manifestó que no era suficiente que “diera fe de su buen
estado de salud”, ya que el dictamen médico se había efectuado siguiendo
estricta observancia de las inhabilidades médicas reguladas en la
Resolución 00305 de 2012, que indica que el trastorno de la conducción
eléctrica ha de ser tenida como tal. Además, se menciona que, frente a la
petición de revalorar los exámenes médicos, se encontró que no existía motivo
para variar la calificación publicada (cuaderno 1, folio 11
a 14).
·
Copia de electrocardiograma realizado por el accionante, en
donde se indica que el resultado es normal para su edad (cuaderno 1, folio 15
a 16).
·
Copia de evaluación médica efectuada por el doctor Guillermo
Macías Baquero, en el que se interpreta un electrocardiograma y se concluye
“ritmo sinusal” (cuaderno 1, folio 17
a 18).
·
Copia de libreta militar de Leider Ardul Martínez Ramírez (cuaderno
1, folio 20).
·
Certificado expedido por la
Unión Temporal INPEC, en el que se indica que resultó no apto por presentar
trastorno de la conducción eléctrica (bloqueos y hemibloqueos completos e
incompletos) (cuaderno 1, folio 72).
·
Copia de la Convocatoria No. 132 de 2012. Se refiere que,
mediante oficio 8877 de 2011, se solicitó a la
CNSC iniciar el proceso de convocatoria para el empleo de dragoneante del
INPEC. En total, las 718 vacantes fueron distribuidas así: 218 para el curso
de formación de varones y las 500 restantes para el curso de complementación
de varones. En el artículo 5º se fijó la estructura del proceso que, tras la
inscripción y verificación de los requisitos, contempla la fase de concurso.
En ella existen las pruebas de análisis de antecedentes, de aptitud y de
personalidad y el examen médico para ingresar al curso. Después del curso,
que se diferencia en uno de formación y otro de complementación, quedará
conformada la lista de elegibles.
Por su
parte, el artículo 7º consagra las normas bajo las cuales se regirá el
concurso, que incluye la Resolución No. 00305 de 2012 del INPEC. En el
artículo 10 figura, como causal de exclusión de la convocatoria “Ser
calificado NO APTO en la valoración médica realizada”. A su vez, el artículo
13 establece como inhabilidades “(…) cualquier afectación física o mental
que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo (…)”.
A partir del artículo 36, se desarrolla el examen médico. Expresamente se
dice no constituye una prueba dentro del proceso de selección, sino un
trámite previo para ingresar al curso y que las inhabilidades médicas se
encuentran reguladas en la pluricitada resolución. También se indica que es
un examen médico diferente de aquél que realiza el INPEC una vez culmina el
proceso de selección. En el artículo 38, se indica cómo se evaluará la
capacidad física. Asunto que se hará con instrumentos incluidos en el
profesiograma. Entre ellos: “(…) la historia ocupacional, con énfasis en
el sistema neurológico y osteo-muscular, la ficha de evaluación de la carga
física y la ficha de evaluación osteo muscular”. También se enfatiza que “El
único resultado aceptado en el proceso de selección (…) será el emitido por
la entidad especializada contratada previamente para tal fin por la
CNSC (…)”. El artículo 41 reguló las reclamaciones por los resultados de
los exámenes médicos y se indicó que serían decididas y comunicadas sin que
ante tal resultado procediera recurso alguno. Lo anterior, se efectuó en los
siguientes términos: “Las reclamaciones de los aspirantes con concepto de
NO APTO, con ocasión de los resultados del examen médico, serán presentadas
ante la CNSC o ante la entidad delegada, dentro de los dos (2) días
siguientes a la publicación de los resultados.// La reclamación será decidida
y comunicada a través de la página web de la
CNSC. // Ante la decisión que resuelve la reclamación contra el resultado de
(sic) examen médico, no procede ningún recurso” (cuaderno 1, folio 78
a 90).
T-3.904.227
·
Respuesta a la reclamación del señor Edgar Jair Cardozo
Guerrero por el resultado médico que lo declaró “no apto”. En ella se
mencionan los términos en los cuales el actor elevó la reclamación fueron los
siguientes: “(…) considero que no es motivo suficiente rechazar a una
persona por cuestión de peso (…) No pienso que sea eliminatoria estar con
sobrepeso puesto que [si] ni me equivoco en la escuela del INPEC tendremos
mucho ejercicio al día (…)”. A continuación, se indica que el dictamen
médico de obesidad se efectuó conforme a los parámetros de la Resolución
00305 de 2012 y que en ella aparece tal condición como causal de exclusión.
Por lo mismo, se ratifica el dictamen (cuaderno 1, folio 121
a 124).
T-3.901.720
·
Certificado de calificación correspondiente al señor Jorge Iván
Arteaga Melo como “no apto” por “ametropía no corregida” (cuaderno 1, folio
13).
·
Respuesta a la reclamación expedida por la
Unión Temporal INPEC. En ella se indica que el accionante planteo su inconformidad
en los siguientes términos: “(…) [hay] un error en el resultado del examen
médico (…) ya que me practiqué una cirugía correctiva hace 4 meses, en la
clínica Unigarro, de la ciudad de Pasto (…)”. Sin embargo, la entidad se
ratifica en su concepto porque obedeció a los documentos técnicos que
definieron los parámetros a tener en cuenta (Cuaderno 1, folio 14
a 17).
·
Concepto de médico cirujano especialista en oftalmología,
firmada el 5 de diciembre de 2012, en donde se indica que tras la cirugía el
paciente se encuentra en proceso de recuperación y que su agudeza visual es,
en el ojo derecho, de 20/50, mientras que, en el izquierdo, de 20/30
(Cuaderno 1, folio 20).
·
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jorge Iván Arteaga
Melo.
T-3.901.719
·
Respuesta a la reclamación formulada por el accionante. En ella
se reiteran los argumentos expuestos por el accionante para sustentar su
inconformidad. Así se indica que cuestionó la anticipación de los exámenes
realizados, ya que no se efectuaron con la antelación previa requerida. Por
lo demás, indicó que sólo si la “proteinuria positiva” se relaciona con
alguna patología en el sistema urinario, tendría por qué se declarado “no
apto”, pero, en su caso, tal resultado es consecuencia de una indebida preparación.
Igualmente indicó que en un examen particular salió negativo. La
Unión Temporal le reitera que los exámenes médicos se hicieron observando
lo establecido en la Resolución No. 00305 de 2012, que estableció la
proteinuria como inhabilidad para el empleo de dragoneante. Aspecto este que
fue publicado con antelación en la convocatoria. (cuaderno 3, folio 41
a 45).
·
Certificado de la
Unión Temporal INPEC, donde califica como “no apto” al señor Luis Miguel
Ortega Rodríguez por “proteinuria positiva” (cuaderno 1, folio 46).
·
Parcial de orina de Luis Miguel Ortega, realizado ante la
Cruz Roja Colombiana, seccional Nariño, el 8 de febrero de 2013. En él
figura “proteínas: negativo” (cuaderno 3, folio 62).
·
Copia de libreta militar de Luis Miguel Ortega Rodríguez
(cuaderno 1, folio 25).
T-3.899.486
·
Certificado de “no apto” expedido por la
CNSC respecto del señor Dennis Gerardo Mera Bucheli debido a “proteinuria
positiva” (cuaderno 1, folio 12).
·
Respuesta a la reclamación formulada por el accionante, en
donde figuran los términos en los cuales el actor manifestó su inconformidad,
que parten de la base de haberse realizado un examen particular que arrojó
“negativo” como resultado. También mencionó que el citado resultado sólo
debía operar como inhabilidad sí existía una comprobada patología renal, ya
que podía aparecer por otra causa, como la actividad física inmediata o el consumo
próximo de alimentos proteicos. Frente a ello, se le contesta que en el
profesiograma figura la “proteinuria positiva” como inhabilidad (cuaderno 1,
folio 14 a 17).
·
Parcial de orina del señor Dennis Gerardo Mera Bucheli
realizado el 4 de diciembre de 2012, donde figura “Negativa” la presencia de
proteína (cuaderno 1, folio 20).
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA T-785/13
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN ACCESO A CARGOS PUBLICOS Y CONCURSO DE
DRAGONEANTE DEL INPEC-Se debió ordenar la práctica de un nuevo examen para
corroborar o corregir diagnóstico médico, ya que el examen inicialmente
practicado contenía un resultado distinto a los resultados de posteriores
exámenes (Salvamento de voto)
Referencia:
Expedientes T-3.892.249, T-3.920.919, T-3.918.415, T-3.904.227, T-3.901.720,
T-3.901.719 y T-3.899.486.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones que toma esta Corporación, me permito hacer explícitas las
consideraciones que me llevaron a salvar el voto en esta oportunidad.
La Sala de Revisión analizó las acciones
de tutela promovidas por 7 personas que aspiraban a ocupar una de las 718
vacantes en el empleo de dragoneante del INPEC, dentro de la convocatoria
adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El proceso de selección contó con la
siguiente estructura: (i). Convocatoria y divulgación; (ii) Inscripciones;
(iii) Verificación de requisitos mínimos; (iv) Fase I. Concurso: 1.
Pruebas (análisis de antecedentes, prueba de aptitud y prueba de personalidad)
y 2. Examen médico para ingreso al curso; (v) Fase II. Curso; (vi)
Conformación de lista de elegibles; y (vii) Período de prueba.
Una de las causales de exclusión de la
convocatoria, era ser calificado como "no apto " en la valoración
médica realizada por una entidad contratada para ello, siendo aceptado
exclusivamente el dictamen médico emitido por esa entidad[49]
Los accionantes superaron la etapa del concurso, pero al llevar a
cabo el examen médico fueron declarados "no aptos'', por presentar:
proteinuria positiva (4 aspirantes); ametropía no corregida (1 aspirante);
obesidad (1 aspirante); y trastorno de conducta eléctrica (1 aspirante).
Los accionantes presentaron las
reclamaciones respectivas, así: (i) proteinuria positiva, allegaron
parciales de orina particulares, en los que el nivel de proteína en la micción
era normal; (ii) ametropía, alegó que se habían efectuado
correcciones a las patologías visuales padecidas; (iii) trastorno de
conducta eléctrica, acudió a cardiólogos que descartaron que padeciera
alguna enfermedad; y (iv) obesidad, expuso que el
sobrepeso no era necesariamente un límite a sus capacidades para ejercer el
cargo. Estas reclamaciones no fueron aceptadas por la entidad accionada.
Los actores consideraron que su exclusión
del curso-concurso transgrede sus derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso y al trabajo, debido a que los requisitos
médicos son desproporcionados e irrazonables, toda vez que prestaron servicio
militar obligatorio en el INPEC, realizando actividades similares a aquellas
adelantadas por los dragoneantes.
La Sala Tercera de Revisión encontró que
el asunto resultaba procedente, toda vez que los medios de defensa judicial no eran
eficaces para dirimir la presente controversia. En cuanto al fondo del asunto,
negó el amparo al establecer que las exigencias físicas hechas a los aspirantes
resultaban razonables y proporcionadas, en la medida que el cargo de
dragoneante requiere de altas exigencias físicas para poder cumplir sus
labores, como lo es la supervisión correccional, la seguridad, la disciplina y
la vigilancia de los internos, en centros de reclusión y durante su traslado
por remisiones locales e intermunicipales.
Contrario a la decisión adoptada por la
mayoría de la Sala, estimo que en esta oportunidad se debió otorgar la
protección invocada por los accionantes, de acuerdo con los puntos que se
exponen a continuación.
1. La Corte Constitucional ha señalado
que no se vulneran los derechos fundamentales de los aspirantes cuando son
excluidos de un proceso de selección siempre que no cumplan con los requisitos
exigidos por la institución, cuando (i) los candidatos hayan sido previa y
debidamente advertidos acerca de lo que se les exigía, (ii) el proceso de
selección se haya adelantado en igualdad de condiciones; y (iii) la decisión
correspondiente se haya tomado con base en la consideración objetiva del
cumplimiento de las reglas aplicables[50].
Ahora bien, aunque se cumplan los
presupuestos mencionados, son censurables cuando no está probada su necesidad o
carece de importancia para el desempeño de las funciones del cargo. En este
sentido la jurisprudencia constitucional ha concluido que para que un criterio
de selección no resulte inconstitucional, debe reunir dos condiciones: (i) ser
razonable, es decir, no puede implicar discriminaciones injustificadas entre
las personas, y (ii) ser un criterio proporcional a los fines para los cuales
se establece, esto es, que tenga relación con las labores a desempeñar.
2.  Los cuatro aspirantes presentaron proteinura
positiva[51] y el que le
diagnosticaron trastorno de conducta eléctrica[52],
en
estos casos, los aspirantes
allegaron un contra examen en el que se descartaba algún tipo de afección a su
salud.
En este estado de cosas, la Sala de
Revisión debió ordenar a la entidad accionada la práctica de un nuevo examen
que permitiera corroborar o corregir el diagnóstico médico, ya que era
necesario establecer si el examen inicialmente practicado contenía un resultado
correcto teniendo en cuenta que los posteriores mostraban otra respuesta.
Lo anterior debido a que si sobre la
exigencia de un requisito recae una duda, el interesado y la entidad tienen el
derecho y el deber de buscar una opción alterna, para constatar si se trató de
un error y efectivamente hubo o no una irregularidad. En consecuencia, no era
viable restar valor al dictamen que arrojó un resultado contrario al inicialmente
establecido. La accionada debió atender adecuadamente la reclamación mediante
el procedimiento más viable y no basarse solo en el resultado inicial para
señalar como no aptos a los aspirantes, no obstante haberse advertido la
posible inexactitud de la prueba practicada.
3.   Un aspirante fue
descartado al presentar ametropía no corregida, la cual según la
Comisión Nacional del Servicio Civil, constituye un defecto óptico cuya
inhabilidad se justifica debido a que tiene restricción para el manejo de
herramientas, equipos y conducción de vehículos. No obstante, el actor alegó
que se habían efectuado correcciones a las patologías visuales padecidas, por
lo que no debió ser eliminado del proceso de selección, ello teniendo en cuenta
que no existía una proporcionalidad en la exigencia elevada, dado que ya había
corregido la afección, con lo cual no se estarían desconociendo los fines para
los cuales fue establecido este requisito.
4.   Por último, un
aspirante fue excluido por presentar obesidad, lo que según la
Comisión Nacional del Servicio Civil puede generar enfermedad cardiovascular,
hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, diabetes mellitas tipo 2,
distintos tipos de cáncer, síndrome de apnea obstructiva del sueño, cálculos
biliares, daño al hígado y depresión, al igual que otros trastornos psíquicos.
En este punto, la respuesta de la entidad
carece de certeza. Lo anterior, porque los argumentos esgrimidos se derivan de
situaciones hipotéticas que no constituyen un argumento constitucionalmente
admisible. No hay seguridad que en desarrollo de sus funciones el actor vaya a
padecer alguna de las afecciones de salud descritas. Se trata de hechos
inciertos que pueden presentarse o no y que no fueron respaldados por la
entidad mediante conceptos médicos o científicos, en los cuales se demostrara
que efectivamente la supuesta obesidad afectara su desempeño como dragoneante.
Por lo tanto, no resulta aceptable que la CNSC se sirviera de situaciones
hipotéticas para descalificar al actor del concurso.
Fecha nt supra,
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1]
Expediente T-3.892.249, cuaderno 3, folio 51.
[2]
Artículo 38.
[3]
Artículo 41.
[4]
Expediente T-3.892.249, cuaderno 3, folio 47
a 49.
[5]
En algunos casos, los actores indicaron que se conculcaba el derecho
fundamental al debido proceso administrativo. Sin embargo, a juicio de esta
Sala, tal cuestión se subsume en el acceso a cargos públicos que, para este
caso, ha de analizarse dentro de las dinámicas de un concurso-curso,
como aquél adelantado por la CNSC.
[6]
Para el efecto se resaltan de forma separada cada una de las
pruebas aportadas en los expedientes sometidos al proceso de revisión.
[7]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política”
[8] La norma en cita dispone que: “Artículo 35.-
Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que revoquen o
modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el
alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás
podrán ser brevemente justificadas.
La
revisión se concederá en el efecto devolutivo pero la
Corte podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 7º de este decreto”. En relación con el ejercicio de esta atribución,
entre otras, se pueden consultar las siguientes sentencias: T-549 de 1995,
T-396 de 1999, T-054 de 2002, T-392 de 2004, T-959 de 2004, T-658 de 2010,      T-559
de 2010, T-473 de 2010, T-571 de 2011, T-025 de 2013, T-668 de 2013, T-680 de
2013 y T-379 de 2014.
[9]
En efecto, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Por su
parte, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 contempla: “(…) La acción de
tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante (…)”.
[10]
Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[11]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[12]
Véanse, además, las Sentencias T-287 de 1995, T-384 de 1998, T-554 de 1998, SU-086
de 1999, T-716 de 1999, T-156 de 2000, T-418 de 2000, T-815 de 2000, SU-1052 de
2000, T-482 de 2001, T-1062 de 2001,           T-135 de 2002, T-500 de 2002 y T-179
de 2003.
[13]
Sentencia C-225 de 1993.
[14]
Ver, entre otras, las sentencias T-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[15]
Véase, entre otras, las Sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[16]
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[17]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[18]
En esta oportunidad, se revisó un caso en el cual el accionante, que había
prestado su servicio militar en el INPEC, se presentó a una convocatoria
realizada por dicha entidad para un curso de complementación para dragoneantes.
Sin embargo, se le negó el acceso por no tener la estatura mínima exigida.
Algunas razones brindadas por el INPEC para la necesidad de la medida suponían
el impacto sicológico que, en un medio de violencia, la estatura genera. La
Corte estudió la razonabilidad y proporcionalidad del citado requisito, pues –prima
facie– no puede considerarse que requerimientos antropométricos sean
inconstitucionales. Para ello, estableció que resultaba esencial tener en
cuenta la función que los aspirantes cumplirían y que, para este caso, era de
seguridad. A continuación consideró que el requisito se había hecho público con
antelación al ingreso de las personas a la convocatoria y que, de hecho, la
altura exigida estaba por debajo del promedio nacional, lo que no la hacía
irrazonable. De manera que, al no ser, en criterio de la
Sala, una medida en sí misma reprochable, ni de carácter caprichoso o de
incidencia específica en una franja poblacional tradicionalmente discriminada,
no era viable conceder el amparo.
[19]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[20]
Subrayado y sombrado por fuera del texto original.
[21]
En esta providencia, la Sala revisó varios casos en los cuales las accionantes
habían sido excluidas de un concurso adelantado por la
CNSC para proveer cargos en el INPEC. Para efectos de esta providencia,
resulta relevante destacar que en dos de los asuntos, las accionantes, habían
sido excluidas del proceso por tener una estatura menor a aquella exigida como
requisito. De hecho, contaban con una estatura que correspondía al promedio
nacional, pero que era inferior a aquella impuesta en las condiciones del curso-concurso.
Para resolver el caso concreto, la Sala analizó la relación existente entre los
requisitos exigidos y la función principal que estarían llamadas a desempeñar.
En este sentido, encontró que no existía fundamento para exigir que la estatura
fuera mayor que la del promedio nacional, máxime cuando   -en el caso de los
hombres- si bien existía este requisito, no se esperaba que los aspirantes
fueran más altos que el resto de los colombianos. Por esta razón, debido a que
había una clara discriminación entre hombres y mujeres, se concedió el amparo,
favoreciendo las pretensiones de las accionantes.
[22]
Al respecto, el numeral 2 del artículo 119 del Decreto Ley 407
de 1994, disponía que, para ser dragoneante, se requería: “Tener más de
dieciocho años y menos de veinticinco de edad, al momento de su
nombramiento” (Subrayas fuera del texto).
[23]
Resolución No. 1219 de 6 de junio de 2013.
[24]
http://www.cnsc.gov.co/index.php/132-listas-de-elegibles
[25]
Resolución No. 2277 del 22 de octubre de 2013. En relación con
esta hipótesis, el artículo 54 del Acuerdo No. 168 de 2012 establece que:
“Superados el concurso y el curso por parte del aspirante y efectuado el
estudio de seguridad con concepto de confiabilidad (art. 11 Decreto Ley 407 de
1994), la Comisión Nacional del Servicio Civil conformará una lista de elegibles
por cada curso, en estricto orden de mérito (…)”.
[26]
Resolución No. 2341 del 31 de octubre de 2013.
[27]
La norma en cita dispone que: “Las listas de elegibles
tendrán vigencia de un (1) año a partir de su firmeza”.
[28]
Acuerdo No. 168 de 2012.
[29]
CPACA, art. 231.
[30]
Véase, entre otras, las Sentencias T-463 de 1996, T-1098 de 2004, C-452 de
2005, T-1266 de 2008, C-403 de 2010, C-820 de 2010, T-045 de 2011 y T-257 de
2012.
[31]
Sentencia T-463 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esta
providencia, la Corte analizó un caso en el cual la accionante demandó al
Ejército Nacional por su exclusión de una convocatoria debido al incumplimiento
de un requisito de estatura. Al respecto, puso de presente que se había
presentado para ingresar a la institución como suboficial del cuerpo
administrativo en la especialidad de sistemas y que en todos los exámenes había
ocupado uno de los mejores puestos. Sin embargo y a pesar de haberle indicado
que su tamaño no era un problema, fue rechazada al medir 1.48
metros. Al analizar el caso en concreto, esta Corporación concluyó que no
existía relación entre tal requerimiento y la labor a desempeñar por la
demandante, por lo que concedió el amparo solicitado.
[32]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[33]
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
[34]
Ley 1562 de 2012, art. 1º.
[35]
Sobre este punto, el artículo 12 del Acuerdo No. 168 de 2012 señala que: “Artículo
12. Funciones del empleo: 1. Realizar tareas y actividades de seguridad,
custodia y vigilancia cumpliendo los servicios en garitas, pabellones, puestos
de acceso y control, áreas comunes, remisiones, patrullas, detención y prisión
domiciliaria, actividades de los grupos especiales del Instituto, conforme a
los reglamentos y procedimientos. // 2. Custodiar, identificar y controlar a
los internos en los establecimientos de reclusión, en pabellones, talleres,
aulas y demás áreas comunes, durante el traslado de internos en remisiones
locales, intermunicipales, en diligencias judiciales, hospitales, centros de
salud y demás lugares donde deba ser conducido previa orden de autoridad
competente, conservando en todo caso la vigilancia visual. // 3. Requisar
razonable y proporcionalmente a las personas (internos, funcionarios,
visitantes), vehículos (oficiales y particulares), paquetes, volumen de carga,
instalaciones, elementos que se encuentren dentro del espacio penitenciario
tendiente a lograr el decomiso de elementos y sustancias ilícitas, prohibidos o
restringidos a la comunidad carcelaria y penitenciaria, dando curso inmediato
de estos decomisos, a las autoridades administrativas y judiciales respectivas.
// 4. Utilizar y maniobrar razonable, adecuada y proporcionalmente los
elementos y bienes entregados en dotación, la estructura física de las
instalaciones, los vehículos, equipo electrónico de seguridad, elementos
coercitivos, de defensa y restrictivos, verificando su funcionamiento,
cantidad, calidad y estado. // 5. Guardar la confidencialidad de la información
a que tenga acceso por razones de su cargo, revelándolas solo por disposición
legal o reglamentaria, cuando el cumplimiento del deber o las necesidades de la
justicia se lo exijan. // 6. Proteger los derechos fundamentales de internos,
visitantes y empleados para garantizar la vida, integridad personal, honra,
bienes, creencias y libertades, dentro del marco de limitación legal que impone
a los reclusos su condición de sindicado o condenado para la preservación del
orden, la seguridad y la autoridad. // 7. Realizar ejercicios colectivos que
mejoren o mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que
se programen para la defensa, orden y seguridad de los establecimientos de
reclusión. // 8. Hacer parte de ceremonias internas o públicas para el realce
de la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su
preparación general o específica penitenciaria. // 9. Conducir los vehículos al
servicio del INPEC, que implique las actividades de seguridad, custodia y
vigilancia. // 10. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de
acuerdo con el área de desempeño del cargo”.
[36]
Acuerdo No. 168 de 2012, art. 11.
[37]
Expediente T-3.892.249, Cuaderno 3, folio 50
a 52.
[38]
Artículo 10.
[39]
Al respecto, se señala que: “Artículo 36. Examen médico y establecimiento
de inhabilidades médicas. La presentación del examen médico, no constituye
una prueba dentro del proceso de selección, sino un trámite previo para
ingresar al curso. (…)”. “Artículo 38. Importancia y efectos del resultado
del examen médico. (…) Los exámenes médicos practicados a cada aspirante no
son una prueba dentro de la convocatoria, sino que constituyen un requisito
para ingresar al curso de formación o complementación en la Escuela
Penitenciaria Nacional del INPEC (…)”.
[40]
“Artículo 36. Examen médico y establecimiento de inhabilidades médicas.
(…) Con ocasión del examen médico, las inhabilidades médicas se encuentran
reguladas en la Resolución No. 00305 del 6 de febrero de 2012 del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–; la mencionada Resolución describe
los exámenes médicos, que se aplicarán en el proceso de selección, como
requisito indispensable por cumplir el aspirante, antes de ingresar a curso a
la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 119, del Decreto 407 de 1994”.
[41]
Expediente T-3.892.249, cuaderno 3, folio 47
a 49.
[42]
Sobre el tema se puede consultar la siguiente página Web de la
Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
[43]
Expediente T-3.901.720, Cuaderno 1, folio 20.
[44]
Cabe indicar que en los exámenes presentados por la
Unión Temporal INPEC, obrantes a folios 88 y ss, sólo figura la proteinuria
positiva como causal de exclusión. Sin embargo, en su respuesta, la
CNSC también menciona que padece escoliosis.
[45]
En un principio, este asunto había sido repartido al Juzgado
Primero de Menores del Circuito de Pasto, pero el fallo de primera instancia
fue declarado nulo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
ciudad por falta de competencia.
[46]
Esta autoridad judicial conoció en primera instancia de la
causa tras un incidente que declaró la nulidad del proceso debido a la falta de
competencia del juez Primero de Menores del Circuito de Pasto, quién había
proferido sentencia.
[47]
Al  igual que en otros asuntos, en este caso se declaró la
nulidad del proceso a partir de la sentencia con fundamento en la carencia de
competencia del juzgado Primero de Menores del Circuito de Pasto.
[48]
Del mismo modo, en esta causa también se decretó la nulidad de
las actuaciones surtidas por el Juzgado Segundo de Menores, a quién se le había
repartido el asunto. Ello, debido a la falta de competencia en virtud de la
naturaleza jurídica de una de las entidades accionadas: la
Comisión Nacional del Servicio Civil, que corresponde al orden nacional.
[49]
Para el caso
la Unión Temporal INPEC.
[50] T-463 de 1996.
Posición reiterada en la sentencia T-041 de 2011.
[51] De acuerdo a lo
expuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil la "proteinuria
positiva" se encontraba dentro de las inhabilidades por ser un
indicador precoz de posible enfermedad renal o sistémica, que podía generar
dificultades para utilizar el calzado reglamentario, conducir a la necesidad de
imponer una dieta específica o limitar la magnitud de la actividad física.
[52] La Comisión
Nacional del Servicio Civil indicó que se trata de problemas en la conducción
del impuso eléctrico en el corazón.