T-718-17
Sentencia T-718/17
NULIDAD
POR INDEBIDA REPRESENTACION-Requisitos
NULIDAD
POR INDEBIDA REPRESENTACION-Solo
podrá ser alegada por quien se encuentra indebidamente representado
LEGITIMACION
POR ACTIVA DE VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO
VICTIMAS
DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial
protección constitucional
VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO-Constituye violencia de género/VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO-Desigualdad entre hombres y
mujeres
El contexto donde
se llevan a cabo los actos de violencia sexual es uno de discriminación y de
violencia estructural de género, donde la mujer se encuentra en una situación
de inferioridad y desvalor y en donde esta forma de violencia se normaliza y se
tolera socialmente. La violencia sexual, como una de las manifestaciones de la
discriminación social e histórica que han sufrido las mujeres, se estructura a
partir de un concepto equivocado de inferioridad biológica, percepción que
termina proyectándose en varios ámbitos intersubjetivos en la sociedad. Es en
este contexto de discriminación y violencia de género donde la violencia sexual
se convierte en la cúspide de la expresión discriminatoria contra la mujer. En
otras palabras, la violencia sexual es una forma de violencia de género, no
solo porque las mujeres resultan ser las más afectadas, sino también porque la
violencia sexual se inscribe en un contexto altamente discriminatorio contra ellas.
DESPLAZAMIENTO
FORZADO Y CONFLICTO ARMADO-Factores
contextuales que aumentan el riesgo de violencia sexual de mujeres, niñas,
adolescentes y adultas mayores
En el Auto 009 de 2015 se identificaron factores
adicionales que permiten entender las circunstancias en las que las mujeres
están sometidas a mayores riesgos de ser víctimas de violencia sexual en el
marco del conflicto armado. Estos factores denominados “contextuales” son: (i) la presencia o influencia de actores
armados en la vida social de las mujeres en una comunidad (presencia de grupos armados al
margen de la ley) y (ii) la
inexistencia o precariedad del Estado frente a la prevención de la violencia
sexual contra las mujeres (ausencia o presencia precaria del Estado).
DERECHO A
LA REPARACION INTEGRAL COLECTIVA-Fuentes
DERECHO A
LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO
ARMADO-Alcance
La reparación incluye una faceta colectiva
materializada en medidas orientadas a reparar ya no los daños individuales,
pues para ello existe la reparación individual, sino aquellos daños sufridos
por un sujeto colectivo. Por esa razón, las medidas que pretendan la reparación
de los sujetos colectivos deben proyectarse a la comunidad, tener un carácter
simbólico o consistir en medidas de satisfacción.
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE
LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO-A través de medidas de satisfacción, de carácter
simbólico, y medidas que se proyecten en la comunidad
La reparación
colectiva puede llevarse a cabo de tres maneras: a través
de medidas de satisfacción, medidas de carácter
simbólico y medidas que se proyecten en la
comunidad.
PROGRAMAS DE REPARACION COLECTIVA-Objetivo
El objetivo de los programas de reparación colectiva
no es otro que lograr que las víctimas sean reconocidas, dignificadas, sus
proyectos de vida colectivos reconstruidos y que se recupere la presencia del
Estado en las zonas afectadas para garantizar una convivencia pacífica y lograr
“que las víctimas se sientas reparadas”. Es importante precisar que en la
reparación colectiva la víctima no es la persona individualizada, sino la
colectividad y, en ese sentido, los individuos sufren un perjuicio en tanto son
miembros de ese sujeto colectivo.
REPARACION
COLECTIVA-Estado debe garantizar la
participación efectiva de las víctimas
PROCESO
DE REPARACION COLECTIVA-Fases
REPARACION
COLECTIVA-Debe estar orientada con
enfoque diferencial que excluya cualquier forma de discriminación
PRINCIPIO DE ENFOQUE DIFERENCIAL-Alcance
REPARACION
COLECTIVA-Criterios para adoptar un
enfoque diferencial y admitir la participación efectiva de las víctimas de
violencia sexual en el conflicto armado
REPARACION
COLECTIVA Y ENFOQUE DIFERENCIAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL
CONFLICTO ARMADO-Orden a la UARIV
garantizar la participación efectiva de las víctimas de la Masacre El Salado
Referencia:
Expediente T-6.118.808
Acción de
tutela interpuesta por Gloria, Amparo, Alejandra, Luisa y Lina[1] contra la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de
dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1. El expediente que se estudia a
continuación fue seleccionado mediante Auto del 30 de junio de 2017, proferido
por la Sala de Selección Número Seis de esta Corporación.
2. La acción de tutela se interpuso el 7
de diciembre de 2016, mediante apoderada judicial de las accionantes contra la
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (“UARIV”) por
considerar que ésta les ha vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad y
a la no discriminación, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la
reparación integral por desconocer una reparación colectiva para las víctimas
de la violencia sexual de la masacre de El Salado, al no tener en cuenta un
enfoque diferencial para ellas ni hacerlas partícipes en la elaboración del
Programa de Reparación Integral Colectivo que se adelantó con la comunidad.
3. La Sala resalta que los hechos
narrados a continuación fueron expuestos por las accionantes, a través de su
apoderada judicial, en la acción de tutela y en las denuncias presentadas ante
la Fiscalía. La resolución de este caso no tiene por objeto la determinación de
la responsabilidad penal de las violaciones sexuales alegadas, sino la
verificación de la amenaza o violación de los derechos fundamentales de las
accionantes por no haber podido participar en el programa de reparación
colectiva adelantado por la ´Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (“CNRR”
hoy UARIV) con la comunidad de El Salado. Por lo anterior, la Fiscalía y las
autoridades competentes deberán seguir con las investigaciones del caso en los
procesos penales correspondientes.
B.
HECHOS RELEVANTES
4. A continuación la Corte describirá la
situación fáctica de cada una de las accionantes para luego hacer referencia a
los hechos asociados con la formulación e implementación del plan de reparación
colectiva –corregimiento de El Salado[2]
(en adelante, el “Plan de Reparación Colectiva”).
1.     LA VIOLENCIA SEXUAL SUFRIDA POR LAS ACCIONANTES
Violencia sexual sufrida por la
accionante No. 1[3].
5. Informó la accionante que en la
mañana del 18 de febrero de 2000, ella y su familia fueron reunidas en la
cancha de microfútbol por los paramilitares, ubicándola junto a la puerta de la
iglesia donde observó la forma en la que fueron asesinados varios pobladores[4].
6. El paramilitar que portaba el equipo
de telecomunicaciones le ordenó que fuera a cocinarles, ante lo cual su madre
se negó a separarse de ella, por lo que la accionante fue forzada a caminar
hasta una casa diagonal a la iglesia donde se encontraban veinte hombres, pero
luego de un tiempo, quedaron solo cuatro de ellos[5].
7. Al conducirla a una de las
habitaciones de la casa, entró el hombre que portaba el equipo de
radiocomunicaciones, quien la accedió carnalmente, la golpeó reiteradamente y
luego se retiró de la habitación[6].
8. Después entraron los otros tres
hombres, quienes también la accedieron carnalmente y la sometieron a tratos
inhumanos y degradantes como cortarle su pelo, afirmando que así se castigaban
a las mujeres que hacían parte de la guerrilla[7].
9. El 25 de noviembre de 2011, la
accionante denunció los hechos de violencia sexual de los que fue víctima[8].
Violencia sexual sufrida por la
accionante No. 2.
10. La accionante relató que el 18 de
febrero de 2000, en su huida de los paramilitares y búsqueda de refugio, fue arrastrada
de la casa de un habitante de El Salado por una mujer alias “María”, quien le
apuntó con su arma y la llevó forzadamente al cerro “la loma de los Arias”[9].
11. En la loma, se encontraba un grupo
de aproximadamente diez paramilitares, quienes le preguntaron cuánto le pagaba
la guerrilla por colaborarles, a lo cual ella respondió que no sabía nada.
Alias “María” la acusó de ser guerrillera, la golpeó y la cacheteó[10].
12. Igualmente, Alias “María” incitó a
los hombres para que abusaran sexualmente de la accionante, quien fue violada, según
cuenta, primero, por ella y luego por tres paramilitares en presencia de otros
más. Uno de ellos, accedió a ella y la torturó cortando unos cactus y rasgándolos
por su espalda y cuerpo, obligándole luego a ella a pasarse los cactus por su
cuerpo[11].
13. Luego, amenazaron a la accionante
diciéndole que si decía algo la iban a llevar a la cancha para contarle a todas
las personas lo que le habían hecho y luego la matarían. Cuando los
paramilitares descansaban, comenta que huyó y se refugió en el campo hasta que
desocuparon el pueblo[12].
14. El 4 de marzo de 2000, la accionante
denunció los hechos de violencia sexual de los que fue víctima[13].
Violencia sexual sufrida por la
accionante No. 3.
15. Informó la accionante que, en
febrero del año 2000, tenía 11 años y vivía con sus padres en una finca a una
hora de El Salado, lugar al que llegaron camionetas con 30 hombres y empezaron
a entrar en las casas vecinas, razón por la que su madre le ordenó esconderse[14].
16. Al poco tiempo entraron dos hombres
cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos le ordenó a la accionante que se
quitara la ropa y al rehusarse, la golpeó y la accedió carnalmente en presencia
de sus hermanos[15].
17. El 16 de junio de 2016, la
accionante informó a la Fiscalía 30 Especializada de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario sobre los hechos de
violencia sexual de los que fue víctima[16].
18. El caso de la accionante se
encuentra reportado en el Anexo reservado del Auto 009 de 2015 de la Corte
Constitucional[17].
Violencia sexual sufrida por la
accionante No. 4.
19. La accionante informó que el 17 de febrero
de 2000 se encontraba sola alistando sus cosas para salir de El Salado,
mientras su pareja fue a averiguar información sobre los rumores de la
incursión paramilitar, cuando ingresaron a su habitación dos hombres
uniformados y armados portando un distintivo “AUC” en su brazo. Uno de ellos la
agredió, le gritó y la accedió carnalmente[18].
20. Apenas se fueron los hombres de su
habitación, la accionante salió corriendo al lugar donde estaban sus hijos. Al
llegar a la casa de la bisabuela de sus hijos, esta le preguntó qué le había
pasado y ella decidió callar por el temor que tenía[19].
21. El 19 de abril de 2016, la
accionante interpuso denuncia penal por los hechos relatados[20].
Violencia sexual sufrida por la
accionante No. 5.
22. Informó la accionante que el 18 de
febrero de 2000, luego de huir y de refugiarse en la casa de un vecino del
corregimiento, llegaron los paramilitares. Uno de ellos con pasamontañas, la
encontró escondida y le apuntó con un arma acusándola de ser guerrillera.
Luego, la manoseó y la accedió carnalmente en presencia de sus hijos[21].
23. El 22 de abril de 2014, la
accionante denunció los hechos de violencia sexual que sufrió.
Violencia sexual sufrida por la
accionante No. 6.
24. Relató la accionante que el 18 de
febrero de 2000, un grupo de personas con fusiles, uniformes y pasamontañas
entraron a su casa, ubicada en una vereda cerca de El Salado[22].
25. Comentó que su madre le pidió que se
escondiera, pero al ver que estaban tumbando las puertas, decidió salir para
ver qué ocurría. En ese momento, fue tomada por la fuerza a la parte de atrás
de la casa, donde le ordenaron que se quitara la ropa y ante su resistencia, le
golpearon la cabeza ocasionándole la pérdida de conocimiento[23].
26. Al recobrar el sentido, narra la
accionante que uno de los agresores la arrastraba. En ese momento se dio cuenta
que sus partes íntimas estaban maltratadas, ella estaba ensangrentada y tenía
mucho dolor en su cuerpo[24].
27. El caso de la accionante se
encuentra reportado en el Anexo reservado del Auto 009 de 2015 de la Corte
Constitucional[25].
2.
Hechos relacionados con el Programa
de Reparación Colectiva
28. En el año 2008, la comunidad de El
Salado inició con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (“CNRR”)
–hoy UARIV-, el programa piloto de reparación colectiva, que consistió en un
proceso participativo en el que la comunidad formuló las medidas de reparación
de daños[26].
29. Según informan las accionantes, el
proceso inició con la identificación de las necesidades consideradas más
urgentes para la comunidad, como la salud, la educación, la vivienda, la atención
psicosocial y la restitución de tierras y bienes, la alimentación para
poblaciones vulnerables, el acueducto y la seguridad[27].
30. En el año 2010, se inició la segunda
fase del plan piloto en el que se priorizó la formación de los pobladores de El
Salado en el entendimiento de las afectaciones a sus derechos[28].
31. En junio de 2011, se concluyó el
proceso con una propuesta comunitaria consagrada en el Plan de Reparación
Colectiva en el que se identificaron los siguientes daños: (i) pérdida de redes
productivas, comerciales y económicas; (ii) daño o pérdida de la
infraestructura de servicios públicos, (iii) daño a las redes de apoyo social,
a las organizaciones sociales, al buen nombre, la dignidad de las víctimas y a la
seguridad comunitaria; (iv) daño en los servicios e infraestructura educativa y
(v) daño en los servicios e infraestructura de salud[29].
32. Sin embargo, argumentan las
accionantes que, a pesar de que para la fecha de inicio del proceso de
reparación colectiva ya se tenía conocimiento de un caso de violencia sexual en
la masacre e incluso en el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional,
providencia en la que, además, se hizo referencia a que en esa masacre
ocurrieron actos de violencia sexual, ninguna mujer víctima de estos hechos fue
llamada a participar en la identificación del daño ocasionado y en la
definición de medidas para su reparación colectiva[30] y tampoco
existió un enfoque diferencial frente a las víctimas de violencia sexual[31].
33. Las accionantes informan que hasta
el 26 de octubre de 2016 tuvieron conocimiento que se estaba adelantando el
Plan de Reparación Integral en El Salado[32].
34. El 7 de diciembre de 2016, las
accionantes presentaron la acción de tutela contra la UARIV objeto de revisión,
por considerar que su no participación y la inexistencia de un enfoque
diferencial en el proceso de reparación colectiva vulnera derechos a la
igualdad y no discriminación, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación colectiva[33].
35. Por medio de esta acción de tutela
solicitaron que se ordenara a la UARIV suspender el proceso de implementación
de las medidas de reparación colectiva acordadas con la comunidad de El Salado;
que se ordenara a la UARIV realizar nuevamente el proceso de identificación de
daños colectivos y medidas de reparación colectiva concertadas con las mujeres
víctimas de violencia sexual. También pidieron que se ordenara a la UARIV que
en los otros procesos de reparación colectiva indague la posible ocurrencia de
violencia sexual para otorgar una participación cualificada a las víctimas de
esos actos; que se ordenara a la UARIV la identificación de todas las víctimas
de violencia sexual por los hechos ocurridos en la masacre de El Salado y las
inscriba en el Registro Único de Víctimas. Finalmente, pretenden que se ordene
a la UARIV tener en cuenta los patrones de victimización identificados en los
Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 y que en la identificación del daño colectivo
tome en cuenta las afectaciones a la salud física, psicológica, sexual o
reproductiva de las accionantes[34].
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
Unidad para la Atención y Reparación
Integral de Víctimas (UARIV)
36. La señora Gloria se encuentra inscrita
en el Registro Único de Víctimas y que la petición presentada en ejercicio del
derecho, fue contestado oportunamente y de fondo, conforme a la Ley 1755 de
2015[35].
37. Frente a los hechos de la acción de
tutela, considera que se trata de un hecho superado, ya que la accionante
obtuvo la respuesta administrativa, la cual fue clara, precisa y congruente con
lo solicitado, pues se le informó que “al analizar su caso particular se
encuentra que usted y los demás miembros de su hogar fueron sujetos del proceso
de identificación de carencias y la decisión adoptada fue debidamente motivada”[36].
38. Solicitó al juez de tutela negar las
peticiones de la accionante No. 1, dado que la UARIV ha
realizado todas las acciones en el marco de sus competencias para evitar que se
pongan en riesgo los derechos fundamentales de la accionante[37].
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: Sentencia proferida por Juzgado cuarenta
y uno Penal del Circuito con funciones de conocimiento,
el 13 de enero de 2017
39.  El juez de primera instancia resolvió
declarar improcedente la acción de tutela por considerar que no se cumplió con
el requisito de inmediatez en tanto que desde el año 2008 se había iniciado con
la CNRR el programa piloto de reparación colectiva y ocho años después
interponen la acción de tutela[38].
40. Aclaró que la falta del requisito de
inmediatez no implica que las accionantes no puedan tener su derecho al
reconocimiento como víctimas de los hechos ocurridos en El Salado, ya que “pueden
acudir ante la Unidad para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas, a
efectos de obtener el reconocimiento como víctimas de esos hechos, por la
violencia sexual de que fueron objeto, por miembros de las AUC, y es allí donde
deben exponer la situación que aquí están señalando, acreditando la misma con
elementos y pruebas pertinentes (…) que permitan establecer, con absoluta
claridad, que pueden ser consideradas dentro de ese grupo de víctimas, pues
contrario a ello, en este trámite de tutela, las accionantes no han probado
tener esa condición”[39].
41. Concluyó añadiendo que no le
corresponde al juez de tutela inmiscuirse en actuaciones administrativas cuando
éstas tienen su propio trámite[40].
Impugnación
42.  El 23 de enero de 2016, la apoderada
de las accionantes presentó la impugnación al fallo de primera instancia por
considerar que sí se cumplía el principio de inmediatez, toda vez que las
accionantes solo tuvieron conocimiento del plan de reparación colectiva en El
Salado hasta octubre de 2016[41].
43. Argumentó que la violencia sexual
suele estar invisibilizada lo que supone que se debieron redoblar los esfuerzos
de las autoridades para encontrar a las víctimas de los actos sexuales que se
pretendían reparar[42].
44. Mantuvo también que las víctimas de
desplazamiento forzado y violencia sexual en el marco del conflicto armado son
sujetos de especial protección constitucional, de modo que resulta excesivo
exigirles cargas de estar informadas y conocer el Plan de Reparación Colectiva
para que puedan participar en él[43].
45. Por último, sostuvo la apoderada
judicial de las accionantes que la UARIV no desvirtuó que las accionantes
conocían la existencia del Plan de Reparación Colectiva hasta el año de 2016, por
lo que deben tomarse por ciertas las afirmaciones de la acción de tutela
relativas al momento en el que las víctimas tuvieron conocimiento del Plan, en
virtud del principio de buena fe y la presunción de veracidad en el trámite de
la acción de tutela[44].
De lo contrario, se estaría solicitando la prueba de una negación indefinida,
lo que sería “jurídica y materialmente imposible para las víctimas”[45].
Segunda instancia: Sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal,
el 28 de febrero de 2017.
46.  El Tribunal confirmó la sentencia
proferida por el juez de primera instancia. Sin embargo, consideró que el a
quo al analizar el requisito de inmediatez debió haber tenido en cuenta que
si las accionantes afirman haber tenido conocimiento del Plan de Reparación
Colectiva hasta octubre de 2016, bajo el principio de la buena fe, debía
tenerse como cierta esa aseveración[46].
47. No obstante, el Tribunal consideró que
no era posible conceder el amparo de los derechos fundamentales, ya que aceptar
las pretensiones de las accionantes de suspender las medidas de reparación
implicaría un daño a la población de El Salado aún mayor por postergar
indefinidamente la implementación de los programas de reparación[47].
48. Adicionalmente señaló que “el presupuesto
fáctico aducido en la demanda, correspondiente a la no inclusión de las
agresiones de violencia sexual para la valoración del daño colectivo, sí fue
considerado dentro del Proceso de Reparación Colectiva”[48]. En este
sentido, indicó que en el plan de reparación se observa que en los daños a las
redes de apoyo social, se encuentra el de la dignidad de las víctimas, que
impide concluir “que dentro de la valoración del daño colectivo sufrido por
la comunidad de El Salado, no se hubiese incluido la violencia sexual, el cual
en consecuencia encuentra demostrado el Tribunal, sí fue valorado a la hora de
establecer las medidas de reparación colectiva”[49].
49. Sostuvo el Tribunal que la acción de
tutela no procedía al existir otros medios de defensa como los administrativos.
Por ejemplo, el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 prevé que las víctimas
presenten una declaración de ocurrencia de hechos victimizantes ante el
Ministerio Público-competencia de la UARIV-, para lo cual tiene un término de
sesenta (60) días para otorgar o denegar el registro. En caso de aprobarse, las
víctimas acceden a las medidas de asistencia y reparación, según las
características del hecho victimizante[50].
50. Al existir un trámite administrativo
expedito que no ha sido adelantado por las accionantes, negó el amparo resaltando
que el juez constitucional no puede sustituir las facultades de las autoridades
administrativas. En complementación con lo anterior, la providencia afirmó que no
se encuentra demostrada la transgresión de los derechos fundamentales por parte
de la UARIV[51].
E.
ACTUACIONES ADELANTADAS
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
51.
De conformidad con el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[52] (Reglamento Interno de
la Corte Constitucional), el Magistrado Sustanciador decretó las siguientes
pruebas:
PRIMERO. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (“UARIV”), para que dentro del término de
tres (3) días siguiente al recibo de la notificación de esta providencia,
responda de manera breve y precisa al siguiente cuestionario:
(i)        ¿En qué
etapa se encuentra el Plan de Reparación Integral de El Salado? ¿ya se
implementó completamente o se encuentra en fase de implementación?
(ii)       ¿Cómo se
surtió la fase de identificación del sujeto de reparación colectiva por la
masacre de El Salado?
(iii)      ¿Qué
elementos de un enfoque diferencial para víctimas de violencia sexual se tuvieron
en cuenta en la elaboración del Plan de Reparación Integral de El Salado?
(iv)      ¿Cómo
fueron convocadas las víctimas para la elaboración del Plan de Reparación
Integral de El Salado?
(v)       ¿Participaron
en la elaboración del Plan de Reparación Integral de El Salado víctimas por
violencia sexual?
(vi)      ¿Qué
elementos particulares o especiales en la identificación del daño o en la
formulación de las medidas de reparación integral por la masacre de El Salado,
tiene un enfoque diferencial para las víctimas de violencia sexual?
(vii)     ¿Es
posible ajustar el Plan de Reparación Integral de El Salado sin que ello
implique su suspensión, para incluir un enfoque diferencial para las víctimas
de violencia sexual o, en caso de que ya lo tuviera para modificarlo?
(viii)    ¿Es
posible identificar nuevos daños colectivos mientras se ejecuta el Plan de
Reparación Integral de El Salado?
(ix)      Previamente
a la formulación del Plan de Reparación Integral de El Salado, ¿tenía la UARIV
conocimiento de casos de víctimas de violencia sexual? En caso afirmativo, ¿qué
implicaciones tuvo ello en el Plan de Reparación Integral de El Salado?
(x)       ¿Se
encuentran las accionantes identificadas con las cédulas de ciudadanía número
(i) YYY, (ii) YYY, (iii) YYY ; (iv) YYY ; (v) YYY y (vi) YYY  en el Registro
Único de Víctimas?[53]
Se ordena a la UARIV
que en sus respuestas y durante el curso de la presente acción de tutela
mantengan bajo confidencialidad los nombres de las accionantes para garantizar
sus derechos fundamentales a la intimidad e integridad.
SEGUNDO. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE a la Fiscalía General de la
Nación  (Fiscalía Y[54]
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
humanitario para que dentro del término de tres (3) días siguiente al recibo de
la notificación de esta providencia, envíe a este despacho la siguiente
información:
(i)  Copia de las
denuncias por violencia sexual interpuestas por las accionantes identificadas
con la cédula número: (i) YYY , (ii) YYY , (iii) YYY ; (iv) YYY ; (v) YYY y
(vi) YYY .
(ii) Copia de los
folios 256 a 259 del cuaderno 42 del proceso bajo el radicado 721 adelantado
por la Fiscalía 30 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario por la masacre de El Salado.
TERCERO. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE a la apoderada judicial de las
accionantes  para que dentro del término de tres (3) días siguientes al recibo
de la notificación de esta providencia, envíe copia de las denuncias de cada
una de las accionantes a las que se hace referencia en los hechos. 3.7, 4.9. ,
5.5. , 6.6. y 7.3. .
3.1. Igualmente,
OFÍCIESE a la apoderada judicial de las accionantes para que, dentro del
término de tres (3) días siguientes al recibo de la notificación de esta
providencia, allegue (i) el poder específico de las accionantes para que las
represente dentro del proceso de la referencia o (ii) documentos que revelen de
manera inequívoca que las accionantes otorgaron su poder para asumir la representación
legal en este proceso de tutela y no otro. Lo anterior, teniendo en cuenta que
los poderes aportados son poderes generales sobre la representación legal “en
el proceso de tutela”, pero no expresan sobre qué proceso de tutela hacen
referencia.
3.2. Asimismo, para
que, en el mencionado término, responda las siguientes preguntas en su calidad
de apoderada judicial de las accionantes, previa consulte con ellas:
(i)  ¿En qué
consistirían concretamente las medidas de reparación colectiva que se indican
en la acción de tutela en la pretensión cuarta?
(ii) ¿En qué
consistiría exactamente lo denominado en la pretensión tercera como “la
participación cualificada” de las mujeres víctimas de violencia sexual?
(iii)  En el trámite
de la identificación del daño, ¿formule con precisión cuál sería el daño
colectivo que se pretende incorporar en el Plan de Reparación Integral, pero
que no se encuentra cobijado actualmente? (sic)
(iv)  ¿Qué
reparaciones colectivas concretas consideran las accionantes que deben implementarse
en su caso?
CUARTO. Por
Secretaría General de esta Corporación OFÍCIESE a María Emma Wills  para
invitarla a que dentro del término de tres (3) días siguiente al recibo de la
notificación de esta providencia, envié un concepto breve sobre los siguientes
puntos:
(i)  La violencia
sexual como instrumento de guerra en el conflicto armado colombiano.
(ii) La violencia
sexual en la masacre de El Salado.
(iii) El tipo de
medidas o planes de reparación colectiva que atendiendo el grupo de víctimas de
la referida masacre deberían ser adoptadas.
QUINTO. Por
Secretaría General de esta Corporación OFÍCIESE a la Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer  para que responda dentro del término de tres (3)
días siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, las
siguientes preguntas:
(i)  ¿Qué políticas,
directivas u orientaciones, dentro de los planes de reparación colectiva, se
han adelantado para atender a las víctimas de violencia sexual en el contexto
del conflicto armado en Colombia?
(ii) ¿Cómo ha
impulsado la incorporación de medidas de género en la formulación de planes de
reparación integral colectiva de las víctimas de violencia sexual?
(iii) ¿Ha apoyado a
víctimas de violencia sexual de la Masacre del Salado en su participación para
la identificación de las medidas de reparación integral colectiva? En caso
afirmativo, especifique en qué consistió el apoyo y cuál fue su resultado.
SEXTO.
ORDÉNESE a la Secretaría General de esta Corporación no revelar el nombre de
las accionantes y que advierta a las entidades o personas oficiadas o que
tengan acceso a los documentos de la acción de tutela de la referencia, que
guarden absoluta la confidencialidad y reserva del nombre de las accionantes
para proteger su derecho a la intimidad, a la integridad y a la protección de
sus datos personales.
SÉPTIMO.
PÓNGASE a disposición de las partes, las pruebas recibidas en concordancia con
lo previsto en el artículo 110 del Código General del Proceso.
52. En
respuesta del anterior auto de pruebas, se recibieron los siguientes
documentos:
a.     Documento
del 8 de septiembre de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, suscrito
por la Fiscal Especializada DECC.
b.     Documento
del 4 de septiembre de 2017 de Sisma Mujer, suscrito por la apoderada
judicial de las accionantes.
c.      Documento
del 5 de septiembre de 2017 de la Consejería Presidencial para la Equidad de
la Mujer (Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República), suscrito
por Claudia Isabel González Sánchez.
d.     Documento
del 3 de octubre de 2017 de la UARIV, suscrito por Vladimir Martin Ramos
(Jefe Oficina Asesora Jurídica) en el que solicitó la nulidad de lo actuado por
indebida representación de la apoderada judicial de las accionantes.
e.      Documento
del 2 de noviembre de 2017 de María Emma Wills Obregón[55] en respuesta del
cuestionario formulado por esta Corte, el cual se reseña en el Anexo 1.
53.
Adicionalmente, el 6 y 26 de septiembre de 2017 se recibieron dos
intervenciones en calidad de amicus curiae de la Corporación Humanas, de
la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y de la Red
Latinoamericana de Académicos/as del Derecho (Red ALAS)[56], los cuales se relacionan
en el Anexo 1.
Fiscalía
General de la Nación[57]
54.
La Fiscal 96 especializada de la dirección especializada contra la corrupción
remitió copia de los folios que contienen denuncias y/o declaraciones sobre las
circunstancias del investigado delito de violencia sexual del cual informaron
las accionantes que fueron víctimas[58].
Sisma Mujer[59]
55.
En el documento aportado respondieron al cuestionario formulado por esta Corte.
56.
En primer lugar, en relación con las copias de las denuncias o declaraciones
presentadas por las accionantes dentro del marco del proceso penal, aportaron
copia de las mismas[60].
57.
En segundo lugar, frente al cuestionamiento del poder inicialmente otorgado,
aportaron nuevamente el poder para el trámite de la acción de tutela[61]. También
precisaron en este punto que, frente a una de las accionantes, no fue posible
aportar nuevamente el poder, dado que se encontraba en una crisis emocional
profunda por falta de atención estatal especializada[62]. Por lo anterior,
solicitan a la Corte que considere el reconocimiento de su representación en
calidad de agentes oficiosas, en caso de que se determine que el poder
inicialmente otorgado no es suficiente para acreditar la representación de esa
accionante por no estar en condiciones físicas o mentales para promover su
propia defensa. También solicitaron a la Corte “que se extienda la orden de
confidencialidad de los datos, respecto de los lugares donde las mujeres
otorgaron este nuevo poder, con el propósito de garantizar condiciones de
protección adecuadas”[63].
58.
En tercer lugar, precisaron que en relación con las preguntas sobre la
reparación colectiva, ningún proceso de reparación de esa naturaleza ha logrado
finalizar hasta el momento. Así las cosas, la acción de tutela pretende que se
revise y se ajuste la metodología de la reparación colectiva en relación con la
violencia sexual.
59.
Insistieron en la necesidad de que se lleve a cabo nuevamente un proceso
participativo de identificación de daños, previo ajuste de la metodología y las
variables concretas a identificar a fin de que se incluyan aquellas derivadas
de la violencia sexual. Por ejemplo, la inscripción colectiva del conjunto de
víctimas en el registro de víctimas y la generación de una oferta institucional
que además de la atención individual garantice medidas de atención como las
psicosociales colectivas, programas de atención a la salud sexual y
reproductiva, los actos de reconocimiento público en que el Estado reconozca la
gravedad de los hechos, contribuciones para la transformación de patrones socio
culturales de discriminación y violencia, y el fortalecimiento de los líderes
que ejercen acciones a favor de las víctimas de violencia sexual[64].
60.
Igualmente, la apoderada judicial de las accionantes sostiene que el enfoque
diferencial exige que se identifiquen los obstáculos que evitaron la participación
de las víctimas en el proceso de reparación colectiva. Lo anterior puede
ocurrir consultando a las víctimas de violencia sexual cuál es la forma en la
que quieren participar. Por ejemplo, si de manera pública o no, conjuntamente o
por separado. También consideran que se debe actualizar a las víctimas de las
acciones adelantadas hasta el momento en el proceso de reparación colectiva y
ofrecer disculpas públicas por excluir la temática de violencia sexual[65]. En todo
caso, el término de la inclusión de las víctimas debe ser flexible.
61.
En relación con la identificación del daño que debe repararse colectivamente,
sostuvo la apoderada judicial que “la alteración del proyecto de vida, lo
cual no solo impacta su ámbito personal sino también a la comunidad. La otra
afectación ha sido la estigmatización del grupo de mujeres víctimas y con ello
la reproducción de patrones socio culturales de discriminación y violencias que
persisten en la vida de la comunidad”[66].
Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM)[67]
62.
Aclaró que la CPEM ha participado en las fases de concertación de las acciones
dentro de los planes de reparación formulados entre la UARIV y las comunidades,
pero no se han impartido lineamientos, políticas u orientaciones en tanto no participa
en la fase de formulación o caracterización del sujeto colectivo[68]. La CPEM no
forma parte del subcomité de reparación colectiva, pues los enfoques
diferenciales de mujer y género se han impartido desde el subcomité de enfoque
diferencial del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las
Víctimas[69].
Suspensión de
términos e insistencia de las pruebas
63.
De conformidad con el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[70] (Reglamento Interno de
la Corte Constitucional), la Sala de Revisión profirió el auto del 26 de
septiembre de 2017 en el que insistió a la UARIV que responda al cuestionario
formulado en el auto del 25 de agosto de 2017 y decretó la suspensión del
término del proceso de la referencia hasta el 20 de noviembre de 2017[71].
En respuesta al
auto del 26 de septiembre de 2017, la UARIV respondió al formulario elaborado por
esta Corte, por medio de un memorial recibido el 6 de octubre de 2017.
UARIV[72]
64.
El apoderado de la UARIV respondió que el Plan de Reparación Integral de El
Salado se encuentra en fase de implementación, ya que este fue aprobado el 22
de octubre de 2012 en el Comité Territorial de Justicia Transicional. El
programa consistió en que El Salado aceptó el ofrecimiento de la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) para convertirse en el piloto de
reparación colectiva. El trabajo consistió en que la comunidad relatara su
historia para entender qué había ocurrido y cuáles eran los daños sufridos.
Dentro de los daños se identificaron los siguientes: (i) pérdida de redes
productivas, comerciales y económicas; (ii) daño o pérdida de la
infraestructura de servicios públicos; (iii) daño a las redes de apoyo social,
a las organizaciones sociales, al buen nombre, a la dignidad de víctimas y a la
seguridad comunitaria; (iv) daño en los servicios de estructura educativos y
(v) daño en los servicios e infraestructura de la salud.
65.
A la pregunta acerca de qué elementos de un enfoque diferencial para víctimas
de violencia sexual se tuvieron en cuenta en la elaboración del plan de
reparación integral, la UARIV respondió que “la Ley entendió que la reparación
colectiva, debía dirigirse a poblaciones y comunidades en las que se produjeron
hechos de violencia sistemática, sin especificar si se trataba de violaciones
de derechos individuales o colectivos”. Específicamente, explicó el apoderado
que el programa fue elaborado en su momento por la CNRR y en su desarrollo se
tuvo presente la incorporación e implementación del programa de atención
psicosocial y salud integral a las víctimas de El Salado.
66.
Respecto de la manera como fueron convocadas las víctimas, la UARIV contestó
que fue por un ofrecimiento de la CNRR que fue aceptado por la comunidad de El
Salado. En la fase de acercamiento y diálogo, el proceso de interlocución se
caracterizó por adelantar unas visitas iniciales para luego formular una agenda
de trabajo. La intervención de la CNRR estuvo guiada por una participación
activa de la comunidad en el procedimiento y decisiones acerca del Plan de
Reparación Integral. Concretamente, se conformó un comité de impulso del que
hicieron parte, entre otros miembros, la Junta de Acción Comunal, Madres
Comunitarias y Mujeres Unidas.
67.
En relación con la inquietud formulada por este Tribunal, acerca de si participaron
en la elaboración del Plan de Reparación Integral de víctimas de violencia
sexual, la UARIV aclaró que toda la comunidad Saladera participó en el plan
piloto, “incluidas las de violencia sexual”.
68.
En cuanto a los aspectos especiales del daño que tienen un enfoque diferencial
a las víctimas de violencia sexual, se afirmó que se tuvo presente la
identificación y garantía en la recuperación de los servicios de salud y acceso
de la comunidad.
69.
Finalmente, en relación con la pregunta de este Tribunal de si se pueden
identificar nuevos daños colectivos mientras se ejecuta el Plan de Reparación
Integral, la UARIV contestó que sí se pueden hacer ajustes si “se evidencian
aspectos de enfoque diferencial relevantes para la reparación colectiva”,
dado que el programa de reparación colectiva está asociado con el principio de
acción sin daño. Además, insistió que la identificación del daño lo realizó la
CNRR de conformidad con el principio acción sin daño, pero sí es posible
que la comunidad pueda identificar nuevos daños colectivos, si así lo requiere
la comunidad.
70.
Las accionantes se encuentran registradas en el Registro Único de Víctimas
(RUV) pero por hechos victimizantes distintos.
F.
INSISTENCIA
71.
En virtud de lo dispuesto en el Art. 57 del Reglamento Interno de la Corte[73], se procede
a reseñar las insistencias presentadas en escritos separados, ambos con fecha
del 15 de junio de 2017, por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y por el
Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo[74].
Insistencia de
la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado
72.
La Magistrada Ortiz recibió el 5 de junio de 2017 un escrito por la apoderada
de las accionantes mediante el cual le solicitó que insistiera en la selección
del expediente T-6.118.808. Aclaró la Magistrada que al momento de evaluar la
solicitud, encontró que el tema es de evidente relevancia constitucional por
tratarse de la protección de víctimas de violencia sexual y de la omisión de
incluir un enfoque de género en la reparación colectiva de las víctimas[75].
73.
Argumentó que las razones de la insistencia consisten en que al hacer un
análisis de procedencia de la acción de tutela, se verifica que se acreditan
los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues las accionantes afirmaron
tener conocimiento del proceso de reparación hasta el 26 de octubre de 2016 y
la tutela fue presentada el 7 de diciembre de 2016[76].
74.
Además, consideró que esta Corporación podría estudiar si la formulación de una
solicitud a la UARIV para que sean incluidas en el programa es un mecanismo idóneo
o no, teniendo en cuenta que el programa ya se encuentra en ejecución y que lo
pretendido por las accionantes es la inclusión de un enfoque de género en el
programa de reparación[77].
75.
Estimó también que la Corte debe analizar si los jueces de instancia podían
advertir la vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes ante
la omisión de la demandada, pues, pese a que las pretensiones formuladas pueden
comportar que la reparación de otras víctimas se postergue, ello no puede
implicar la abstención de evaluar la amenaza a sus derechos fundamentales[78].
76.
Concluyó señalando que cuando el sistema penal o los mecanismos de protección a
las víctimas no tienen un enfoque de género, se impone una barrera para que las
mujeres accedan a los derechos a la verdad, justicia y reparación. Así las
cosas, por tratarse de un asunto novedoso, por la necesidad de pronunciarse
sobre el contenido y alcance de un derecho fundamental y por la necesidad de
materializar un enfoque diferencial, consideró que es pertinente la selección
del expediente para su eventual revisión[79].
Insistencia
del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo
77.
Resaltó que el Estado colombiano tiene responsabilidad en materia de
prevención, atención, protección, investigación, enjuiciamiento, sanción y
reparación de los actos de violencia sexual. En razón a ello, los Estados
incurren en responsabilidad internacional cuando, entre otras cosas, no se
repara de manera adecuada a las víctimas de estos delitos[80].
78.
Consideró que las accionantes tienen derecho a la reparación integral como
víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y al derecho internacional
humanitario, lo que, además, las hace sujetos de especial protección
constitucional[81].
79.
Concluyó que, en este caso, se configura el requisito de subsidiariedad, pues
las accionantes no cuentan con otros medios de defensa judicial que sean
idóneos y eficaces para la protección de sus derechos. La ruta de reparación
colectiva a cargo de la UARIV no contempla recursos ante la vía gubernativa por
la exclusión de integrantes del sujeto colectivo de reparación o por el posible
desconocimiento del enfoque diferencial y de género del plan de reparación[82].
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
80. Esta Corte es competente para conocer de
esta acción de tutela, según lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9
de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991,
así como en virtud del Auto del 30 de junio de 2017, proferido por la Sala de
Selección de Tutela Número Seis de esta Corte, que decidió someter a revisión
las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIÓN PREVIA – LA SOLICITUD DE NULIDAD PRESENTADA POR LA
UARIV
Solicitud de nulidad de la UARIV[83]
81. El apoderado judicial de la
accionada consideró que el poder otorgado por las accionantes no cumplía con
los requisitos establecidos en las sentencias T- 531 de 2002, T-658 de 2002,
T-975 de 2005, T-1025 de 2006, T-194 de 2012, entre otras, en las que se resalta
la importancia del principio de especificidad del poder y se
concluye que será improcedente una acción de tutela presentada por un tercero
que no cuente con un poder especial en el que se especifique los sujetos
procesales, las actuaciones cuestionadas dentro del amparo y la situación
fáctica que originó el proceso.
82. Reprochó el
actuar de esta Corporación al solicitarle a la apoderada de las accionantes que
allegara el poder especial o explicara si actuaba como agente oficioso, por lo
cual considero que “a pesar del auto que ordenó allegar nuevos poderes en
sede de revisión en los que se manifieste específicamente que fueron otorgados
para interponer acción de tutela contra la Unidad para las Víctimas por
presunta vulneración de derechos fundamentales, los mismos tampoco contarían
con la validez necesaria para constituir la representación judicial en favor de
las demandantes, pues (…) estas otorgaron poder a una persona jurídica
que no presta servicios jurídicos y, si se llegara a entenderse que sí lo hace, la abogada [de las
accionantes] no está inscrita en el certificado de existencia y representación
legal de la Corporación Sisma Mujer, por lo que no está facultada para actuar
en nombre de esta persona jurídica y mucho menos en representación de las
accionantes”[84].
83. Con base en
las anteriores razones, el apoderado judicial de la UARIV solicitó la nulidad
de lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela y,
subsidiariamente, la declaración de improcedencia de la acción por falta de
legitimación por activa.
84.
Como primera medida, es necesario precisar que la nulidad solicitada puede
resolverse en la sentencia si se invoca con anterioridad. Para ello, el Acuerdo
02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional) establece en el
artículo 106 lo siguiente:
“Artículo 106. Sobre
las nulidades. Una vez presentada oportunamente una solicitud de nulidad y
previa comunicación a los interesados, la misma deberá ser resuelta por la Sala
Plena de acuerdo con las siguientes reglas:
a. Si la nulidad
se invoca con anterioridad a la sentencia, la misma podrá ser decidida en dicha
providencia o en un auto separado. Si la nulidad se refiere a aspectos
meramente de trámite se resolverá en auto. En este último caso, la decisión se
adoptará en los quince días siguientes al envío de la solicitud al magistrado
ponente por la Secretaría General.
b. Si la nulidad se
invoca con respecto a la sentencia, la misma será decidida en auto separado, en
el término máximo de tres meses, contado desde el envío de la solicitud al
magistrado ponente por la Secretaría General. Sin perjuicio de lo anterior, el
proyecto se deberá registrar por lo menos quince días antes de su vencimiento”
(énfasis añadido).
85.
El artículo 4 del Decreto 306 de 1992 establece que “para la interpretación
de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el
Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de
Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto”.
Dentro de estos principios se encuentran, entre muchos otros, el de lealtad y
buena fe procesal, los cuales inciden en las causales de nulidad, según los
cuales no es admisible alegar una nulidad frente a la cual no se tiene interés
por no ser el representado indebidamente ni de alegarla luego de haber actuado
previamente en el proceso.
86.
En este sentido, el artículo 135 de la Ley 1564 de 2012 (“Código General del
Proceso”) establece los requisitos para alegar la nulidad que, por los principios
procesales antes mencionados, es compatible, al menos prima facie, con
las reglas que rigen el trámite de tutela:
“La parte que
alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la
causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer.
No podrá alegar la
nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla
como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de
ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.
La nulidad por
indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá
ser alegada por la persona afectada.
El juez rechazará de
plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las
determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como
excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien
carezca de legitimación” (énfasis añadido).
87.
De acuerdo con esta norma, dentro de los requisitos exigidos para alegar la
nulidad por indebida representación se establecen -como expresión del deber de
lealtad y de buena fe procesal- entre otros (i) que sea alegada dentro de la
primera actuación del proceso, pues si ha actuado en el mismo sin proponerla,
la habrá subsanado y (ii) que la persona que propone la nulidad sea la
afectada.
88. Si
bien el 3 de octubre del año en curso, el apoderado judicial de la UARIV
presentó solicitud de nulidad, lo cierto es que en el trámite de instancia, la
UARIV ya había actuado el 14 de diciembre de 2016 al contestar la acción de
tutela sin mencionar nada respecto de la indebida representación de las
accionantes.
89. En
todo caso, el apoderado de la UARIV no advirtió que la nulidad por indebida
representación solo puede ser alegada por la parte afectada, esto es, por quien
se encuentra indebidamente representado. Así lo ha comprendido también la Corte
Suprema de Justicia quien, en su lectura de esa causal de nulidad del Código de
Procedimiento Civil que tiene un tratamiento idéntico en el Código General del
Proceso, ha sostenido:
“(…) debe tenerse en
cuenta que la legitimación para alegar la "indebida representación"
como causal de nulidad, tan sólo puede predicarse del afectado con ella, en
razón de que éste se erige en el sujeto sobre el cual gravita la protección
dispensada por la ley, en orden a evitar un menoscabo a su derecho de defensa”[85].
Conforme a lo
expuesto, no es posible acceder a la solicitud de nulidad, en tanto que dicha
solicitud carece de legitimación, pues la UARIV no es la parte afectada por la
alegada indebida representación.
90.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala constata que en el proceso obra un nuevo
poder que cumple con el requisito de especificidad y que evidencia la ausencia
de una indebida representación de las accionantes.
91. Por
las razones expuestas, se rechazará la solicitud presentada, dado que además de
ser inoportuna, el solicitante carece de legitimación para alegarla.
C.
CUESTIONES PREVIAS
–PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Legitimación por activa
92. De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, toda persona
podrá, por sí mismo o a través de un tercero que actúe en su nombre, reclamar
ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.
93. La acción de tutela fue interpuesta
por las seis accionantes por intermedio de la apoderada de las accionantes[86],
quien anexó, como lo establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[87],
los poderes otorgados por las accionantes a la a la apoderada judicial
principal[88]
y las sustituciones de los poderes que ésta le confirió[89] a la apoderada
judicial que presentó la acción de tutela[90].
94.
En la Sentencia SU-377 de 2014, la Corte afirmó que, si bien un tercero puede
interponer la acción de tutela en nombre del accionante, bien sea como
representante del titular de los derechos, como agente oficioso, como Defensor del Pueblo o personero municipal[91], cuando lo haga en
calidad de representante del titular de los derechos, deberá ser el
representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, persona
en situación de discapacidad, interdicto o persona jurídica) o apoderado
judicial. En este último escenario, “la persona debe ser abogado titulado y
a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su defecto el poder
general respectivo”[92].
95. En varios pronunciamientos, la Corte
ha señalado que el poder que debe anexar el apoderado judicial en los procesos
de tutela es un acto jurídico-formal que se presume auténtico (art. 10 del
Decreto 2591 de 2010) y que debe ser especial, de modo que “aquel conferido
para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial”[93]
y el destinatario del acto debe ser un profesional del derecho debidamente
acreditado y habilitado para el ejercicio profesional[94].
96. En
línea con lo anterior, la sentencia T-1025 de 2006 resaltó la importancia del
requisito de especificidad del poder en los siguientes términos:
“Es entonces una
exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar
cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y
expresa: (i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del
apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar
la acción de tutela; (iii)el acto o documento causa del litigio y, (iv) el
derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar.  Los anteriores
elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso de
tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas
dentro del amparo” (énfasis añadido).
97.
Al revisar los poderes anexos, la Sala constató que el poder carece de la especificidad
mencionada, pues su objeto es general, tal como lo evidencia la expresión
–reiterada en todos los poderes otorgados por las accionantes-: “asuma mi
representación legal en el proceso de tutela”[95], y no especifica contra
quién se interpone la tutela, cuál es el derecho fundamental que se pretende
proteger o a qué proceso de tutela específicamente se hace referencia. También
se comprueba que la señora Cortés no estaba obrando como agente oficiosa, pues
en ese caso así lo debió haber manifestado.
98.
Así las cosas, los poderes otorgados por las accionantes son poderes generales
y no específicos, los cuales serán idóneos para acreditar la legitimación por
activa, como lo establece el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012[96], cuando se confiera por
escritura pública, cosa que tampoco ocurrió en este evento[97].
99.
Por lo anterior, a esta Sala no le quedó más alternativa que, en el auto de
pruebas, exigir el poder especial otorgado, que la apoderada judicial precisara
si se estaba actuando como agente oficioso de las accionantes o que se indicara
si existía alguna conducta inequívoca de las accionantes que permitiera
considerar que el proceso de tutela al que se refiere el poder general
otorgado, era precisamente el proceso actual. En todo caso, se reconoció que, al
ser las accionantes víctimas de violencia sexual y, en consecuencia, sujetos de
especial protección constitucional, la legitimación por activa podía, en
atención al contexto y en lo relativo a la acreditación del poder para actuar,
juzgar de manera flexible y  valorar las pruebas aportadas a fin de verificar
la legitimación por activa.
100.
En respuesta a lo anterior, la apoderada judicial principal de las accionantes
adjuntó los poderes especiales otorgados por aquellas en los cuales se
consigna que la representación legal se confiere dentro de la acción de tutela
contra la UARIV “por la vulneración de nuestros derechos a la igualdad, a la
dignidad humana, a la reparación integral y a una vida libre de violencias como
víctimas de violencia sexual, cometidos en el marco de la masacre de El Salado,
dentro del programa de reparación colectiva”[98]. Con esto, la Corte
encuentra saneada y acreditada la legitimación por activa de las cinco
accionantes que precisaron y otorgaron poder especial.
101.
Ya desde la sentencia T-025 de 2004, la Corte había insistido en que las
interpretaciones excesivamente formalistas en materia de procedencia cuando se
tratare de personas en un estado tal de vulnerabilidad, no se compadecen con el
carácter informal de la acción de tutela y con el principio de la prevalencia
del derecho sustancial frente a las formas que adquiere especial relevancia en
víctimas de violencia sexual de una masacre como la de El Salado.
102.
Frente a la accionante restante, la apoderada informó que se encontraba en una
crisis emocional, razón por la cual no pudo obtener el poder especial para
reemplazar el poder general. No obstante, en esta nueva oportunidad, informó
que actuaba como su agente oficioso por no encontrarse la accionante en
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa[99].
103.
En definitiva, la Sala encuentra que, dado que la accionante presentó un poder
general, se trata de un sujeto de especial protección constitucional por ser
víctima de violencia sexual, no se encuentra en condiciones para ejercer su
propia defensa debido a su estado de vulnerabilidad extrema y, teniendo en
cuenta que la señora Linda María Cabrera afirmó actuar como agente oficiosa
–dado que no podía actuar por su cuenta-, se acredita el requisito de la
legitimación por activa[100]
de la accionante que no presentó posteriormente el poder especial.
Legitimación por pasiva
104. De conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública
que por su acción u omisión vulnere o amenace los derechos fundamentales.
105. En este caso, la acción de tutela se
dirige contra la UARIV[101]
que, por tratarse de una entidad pública, cumple con el requisito de
legitimación en la causa por pasiva, en los términos del artículo 86 Superior y
de los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991[102]. Dicha
entidad es la encargada de adelantar la implementación del Plan de Reparación
Colectiva del Corregimiento de El Salado.
Inmediatez
106. La Corte Constitucional ha entendido que la inmediatez consiste en
que la acción de tutela sea promovida en un término razonable desde la
afectación o amenaza del derecho fundamental[103]. Es al juez a quien le corresponde evaluar, a la luz del caso
concreto, qué se entiende por un término razonable, siempre y cuando
tenga en cuenta los criterios fijados en la Sentencia SU-391 de 2016[104].
107. A la luz de las circunstancias del caso, la acción de tutela fue
interpuesta el 7 de diciembre de 2016. Por su parte, la vulneración
alegada a los derechos fundamentales de las accionantes, materializada en que
la ruta de la reparación colectiva de la masacre de El Salado desconoció el
enfoque diferencial de víctimas de violencia sexual, comenzó a configurarse
desde el año 2008 cuando se inició con la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (“CNRR”, hoy UARIV) un programa piloto de reparación colectiva
que concluyó en junio de 2011 con la propuesta comunitaria relativa al Plan de
Reparación Colectiva[105]. No obstante, como lo aclaran las accionantes en la acción de
tutela, tan solo hasta el 26 de octubre de 2016, tuvieron conocimiento
efectivo del proceso de reparación colectiva que se adelantó en la comunidad de
El Salado[106], es decir, aproximadamente dos meses antes de instaurar la
acción de tutela.
108. En este sentido, la Sala concurre con el juez de segunda instancia[107] en el sentido de que la accionada no desvirtuó la aseveración contenida
en la acción de tutela, según la cual solo conocieron del proceso de reparación
colectiva hasta el 26 de octubre de 2016, y por consiguiente dicha afirmación se
presume verdadera en los términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[108] (presunción de veracidad) y del artículo 83 de la
Constitución (buena fe). Así las cosas, se tiene por cumplido el
requisito de inmediatez, ya que menos de dos meses es un término razonable en
este caso.
Subsidiariedad
109. El artículo 86 de la Constitución
Política señala que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En
desarrollo de esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como
causal de improcedencia de la acción de tutela, la existencia de otros recursos
o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la
tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio irremediable.
110. La Sala precisa que las accionantes
víctimas del conflicto armado y, especialmente, víctimas de violencia sexual, son
sujetos de protección constitucional reforzada[109]. Esto se traduce
necesariamente en una flexibilización del análisis de subsidiariedad. Así lo
precisó la Sentencia T-364 de 2015 al afirmar que:
“(…)
cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales de víctimas del
conflicto armado, cuya situación de vulnerabilidad extrema y de debilidad
manifiesta, los hace acreedores de una protección constitucional reforzada, la
acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo y efectivo para solicitar la
inclusión en el Registro Único de Víctimas y los derechos que le asiste a
las víctimas, entre ellas el derecho a la reparación integral y al mínimo
vital, “pues los principios de inmediatez y subsidiariedad no les son oponibles
con el mismo rigor que para el resto de la población”[110] (énfasis
añadido).
111.
Adicionalmente, la pretensión de ordenar a la UARIV la
suspensión del proceso de implementación de las medidas de reparación colectiva
acordada con la comunidad de El Salado mientras se abre un nuevo proceso de
identificación daños y de medidas de reparación colectiva, no puede ser
discutida por otro medio de protección judicial, razón adicional para declarar
cumplido el requisito de subsidiariedad.
112.
Por lo anterior, y debido al cumplimiento de todos los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala concluye que el
amparo procede como mecanismo definitivo de protección del derecho
fundamental a la reparación integral[111].
D.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
113.
Acorde con los fundamentos
fácticos expuestos en la Sección I de esta providencia, le corresponde a
la Sala Tercera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulneró
la UARIV el derecho a la reparación integral de las accionantes, víctimas de
violencia sexual con ocasión a la masacre de El Salado, al diseñar e
implementar un programa de reparación colectiva sin contar con su participación
efectiva y sin incluir un enfoque diferencial en el programa de reparación?
114.  Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala se referirá brevemente (a) a la violencia sexual en
el conflicto armado colombiano. Luego, analizará el alcance (b) del derecho a
la reparación integral colectiva para las víctimas de violencia sexual y,
dentro de este, el derecho de participar efectivamente en la identificación de daños
y medidas de reparación. En tercer lugar, explicará (c) en qué consisten los
programas de reparación colectiva, para luego hacer algunas consideraciones (d)
sobre el enfoque diferencial de los programas de reparación colectiva. Y
finalmente, (e) se resolverá el caso concreto.
a. Breve panorama de
la violencia sexual en el conflicto armado colombiano
115. Teniendo en
cuenta lo ya señalado por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025
de 2004, particularmente en los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, considera
pertinente la Sala plantear un panorama breve y general sobre la violencia
sexual en el conflicto armado colombiano a fin de comprender el contexto desde
el cual provienen las peticiones concretas de las accionantes. Como lo dijo la
interviniente María Emma Wills de la Dirección General del Centro Nacional de
Memoria Histórica, “cuando se investiga sobre la violencia sexual es
necesario develar no sólo quienes fueron los directos responsables sino también
los entornos y las complicidades que hacen posible su ocurrencia”[112].
116. Por lo
anterior, la Sala elaborará un recuento sobre los patrones de violencia sexual
que se han identificado en la jurisprudencia constitucional con el propósito de
hacer unas breves reflexiones sobre su incidencia en los procesos de reparación
integral colectiva.
117. La aproximación
al fenómeno de violencia sexual está permeado por un desconocimiento de todas
sus manifestaciones y su impacto, debido a la invisibilidad estructural que
acarrea esta forma de violencia[113]. Sin embargo, debido al trabajo
de algunas entidades, organizaciones sociales y víctimas se ha logrado
visibilizar paulatinamente los episodios de violencia sexual en el marco del
conflicto armado, y así proteger a las víctimas, garantizar sus derechos y
evitar la repetición de dichas violaciones.
118. Para efectos
de contextualizar la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, se abordarán
los siguientes puntos de manera general: (i) el contexto de discriminación;
(ii) los actos que materializan la violencia sexual; (iii) los sujetos activos
que perpetúan dichos actos; (iv) los efectos anímicos y psicológicos que dejan
en las víctimas; (v) la tendencia a la repetición de los actos de violencia
sexual, (vi) los factores fácticos, contextuales y subjetivos que intensifican
el riesgo de la violencia sexual y (vii) los obstáculos para solicitar y
obtener su reparación.
119. El contexto
donde se llevan a cabo los actos de violencia sexual es uno de discriminación y
de violencia estructural de género, donde la mujer se encuentra en una
situación de inferioridad y desvalor y en donde esta forma de violencia se
normaliza y se tolera socialmente[114]. La violencia sexual, como una
de las manifestaciones de la discriminación social e histórica que han sufrido
las mujeres, se estructura a partir de un concepto equivocado de inferioridad
biológica, percepción que termina proyectándose en varios ámbitos
intersubjetivos en la sociedad[115]. Es en este contexto de
discriminación y violencia de género donde la violencia sexual se convierte en
la cúspide de la expresión discriminatoria contra la mujer[116].
En otras palabras, la violencia sexual es una forma de violencia de género, no
solo porque las mujeres resultan ser las más afectadas, sino también porque la
violencia sexual se inscribe en un contexto altamente discriminatorio contra ellas.
120. En ese
contexto del conflicto armado, la violencia sexual tiene una arista guerrerista,
pues se convirtió en un arma de guerra y el cuerpo de la mujer en un campo
de batalla. Se buscaba violentamente someter o dominar al contrincante y a la
comunidad, vulnerando el tejido social, castigando y generando terror en las
víctimas y, en particular, en las mujeres a través de infligirles tal violencia
que derrumbaba los bastiones y cimientos del entramado social. Por otro lado,
la violencia sexual en el contexto armado también tiene una arista oportunista,
según la cual la acción a veces no fue premeditada o no fue parte de la
consecución de objetivos militares, sino el resultado del momento violento, de
la oportunidad de abusar de las armas y de la falta de control de las
autoridades a fin de subyugar a las mujeres[117].
121. Desde una óptica
material, la violencia sexual como acto materializado ha tomado varias
formas que van desde el asesinato posterior de la víctima o la tortura física y
psicológica hasta la planificación reproductiva forzada, la esclavización, la explotación
sexual forzada, los embarazos forzosos, el desnudo forzado, las interrupciones
no voluntarias del embarazo y el contagio de enfermedades sexuales. Todas estas
expresiones materiales de la violencia sexual dejan graves secuelas y daños.
122. En cuanto a
los sujetos que perpetraron la violencia sexual en el marco del
conflicto armado colombiano, según el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional
y la revisión que de este efectuó el Centro Nacional de Memoria Histórica, se
identificó que, de los 142 casos registrados entre 1990 y 2010, 129 fueron
perpetrados por paramilitares (90.9%) y 13 por la guerrilla (9.l%)[118].
En cambio, de aquellos registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV)
equivalentes a 1754 casos, 748 reportan autoría en la siguiente forma: “370
fueron perpetrados por la guerrilla (49.5%); 344 por los grupos paramilitares
(46%), 8 por miembros de la Fuerza Pública (1.1%); 7 por más de un autor y 19
por otros”[119]. Esto significa que tanto
paramilitares, guerrilleros[120], militares y actores no armados
e, incluso como lo plantea el Auto 009 de 2015, agentes pos-desmovilización, estuvieron
implicados en actos de violencia sexual dentro del marco del conflicto armado
colombiano.
123. De cara a los efectos
psicológicos que se generan por la violencia sexual, es posible afirmar que
dichos actos configuran una verdadera experiencia traumática que distorsiona
los espacios vitales tanto individuales como colectivos, ocasionando que
aquello que era normal y significativo se convierta en un mundo desconocido
ausente de inteligibilidad. Esta experiencia traumática que repite inadvertidamente
el hecho violento bajo otro ropaje, puede evidenciarse, tal como quedó
registrado en el Informe General sobre el Conflicto Armado del Centro
Nacional de Memoria Histórica, en el siguiente testimonio:
“Las mujeres y las familias sobrevivientes de las
masacres de El Salado se sienten abrumadas por las experiencias de violencia
que han enfrentado y la acumulación de daños que ha instalado el terror en sus
vidas. Las imágenes de lo sucedido, los gritos y los padecimientos escuchados
quedan inscritos en su memoria y les atormentan en los sueños: “Desde que
mataron a mi hija, siempre me asalta la misma pesadilla, mire, siempre sueño
con lo mismo, es una cosa extraña y no sé cómo quitármela”.
Las experiencias traumáticas permanecen vívidas a
pesar del paso de los años, y las víctimas pueden revivir sus emociones de
pánico y desamparo ante cualquier imagen, olor o sonido que evoque las
situaciones experimentadas.
Algunas de las huellas e impactos psicológicos causados por la violencia son:
el encierro, el aislamiento, el silencio, las pesadillas recurrentes y
repetitivas, el desinterés por cosas que antes disfrutaban, la pérdida del
deseo sexual, la autoestima, la manifestación de enfermedades diversas, el
deterioro físico, sentimientos depresivos y la frecuente aparición involuntaria
e incontrolable de los recuerdos de lo vivido que invaden la memoria descritas
como imágenes y pensamientos intrusivos”[121] (énfasis añadido).
124. Según lo
anterior, la experiencia del trauma sufrida por las víctimas de violencia
sexual produce heridas que quedan abiertas y que, sin saberlo ni quererlo, la
víctima revive dejando una huella que le indique el hecho violento.
125. La violencia
sexual en el conflicto armado también tiene rasgos de habitualidad, sistematicidad,
invisibilidad y generalidad debido a las estrategias de guerra
utilizadas por los grupos al margen de la ley para castigar, obtener
información o sometimiento, o simplemente para causar terror a las víctimas y a
su comunidad. Estos actos de violencia sexual tienen una alta probabilidad de
ser repetidos y, con ello, de insertar a la víctima en repetidos ciclos de
revictimización[122].
126. En el Auto 092
de 2008 se identificaron nueve (9) patrones que explican la forma cómo
los crímenes de violencia sexual se llevaron a cabo. Ellos son los siguientes:
i.
La ejecución de actos
de violencia sexual como parte integrante de las operaciones violentas de mayor
envergadura.
ii.
Las acciones ejecutadas
individualmente por los miembros de todos los grupos armados con diversos
fines, tales como el amedrentamiento de la población, retaliaciones y
venganzas, estrategia de avance y control territorial, obtención de información
o de simple ferocidad.
iii.
La violencia sexual
contra mujeres señaladas de tener relaciones familiares o afectivas con un
miembro o colaborador de alguno de los actores legales e ilegales.
iv.
La comisión de diversos
crímenes de índole sexual en el marco del reclutamiento forzado de niñas y
mujeres.
v.
Las violaciones y
abusos sexuales por parte de los miembros de los grupos armados para obtener su
propio placer sexual, o contra las mujeres que se niegan a tener relaciones
sexuales o se niegan a ser explotadas.
vi.
Los actos de violencia
sexual, tortura, mutilaciones sexuales, desnudez pública o humillación sexual
de las mujeres civiles que quebrantan con su comportamiento público o privado
los códigos sociales de conducta impuestos de facto por los grupos
armados al margen de la Ley.
vii.
Actos de violencia
sexual contra mujeres que forman parte de las organizaciones sociales,
comunitarias o políticas o que se desempeñan como líderes o promotoras de
derechos humanos, o contra mujeres miembros de sus familias, en tanto forma de
retaliación, represión o silenciamiento de sus actividades por parte de los
actores armados.
viii.
Prostitución forzada y
esclavización sexual de mujeres civiles perpetradas por miembros de los grupos
armados al margen de la ley; y
ix.
La coacción a
trabajadoras sexuales de distintas partes del país para realizar actos sexuales
con miembros de grupos armados al margen de la ley[123].
127. De todos estos
factores se ha identificado que, en el caso de los paramilitares, como el que nos ocupa, las principales
motivaciones para perpetrar actos de violencia sexual fueron “(i) atacar a
las mujeres en condición de liderazgo en las comunidades, (ii) destruir el
circulo afectivo de los considerados como enemigos, (iii) castigar las
conductas que consideraban transgresoras de su orden, (iv) las prácticas
culturales naturalizadas y, (v) el interés de generar prácticas que
cohesionaran sus filas e identidades violentas”[124].
Estas motivaciones pueden vislumbrarse en los relatos de las víctimas de los
actos de violencia sexual, e incluso en lo relatado por los accionantes, en los
que la alusión a su pertenencia a la guerrilla o la suposición de que ayudaba o
tenía alguna relación con guerrilleros fueron, en muchos casos, el detonante de
las prácticas violentas a las que se vieron sometidas.
128. Por su parte,
en el Auto 009 de 2015 se identificaron otros factores adicionales a los
mencionados por el Auto 092 de 2008 que permiten entender las circunstancias en
las que las mujeres están sometidas a mayores riesgos de ser víctimas de
violencia sexual en el marco del conflicto armado. Estos factores denominados “contextuales”
son: (i) la presencia o influencia de actores armados en la vida social de las
mujeres en una comunidad (presencia de grupos armados al margen de la ley)
y (ii) la inexistencia o precariedad del Estado frente a la prevención de la
violencia sexual contra las mujeres (ausencia o presencia precaria del
Estado)[125].
129. El primer
factor contextual (presencia de grupos armados al margen de la ley) aumenta el
riesgo de que se materialice: (i) la comisión de crímenes sexuales contra
mujeres, especialmente contra niñas, adolescentes o minorías étnicas; (ii) la
vinculación de las mujeres de los territorios controlados para ser sometidas a
la explotación sexual forzada; (iii) la prostitución forzada, el embarazo no
deseado y la transmisión de enfermedades sexuales; y (iv) el sometimiento a la
determinación estereotipada de roles, vestimenta, compañía, circulación y el
desarrollo de la actividad sexual y afectiva[126].
130. En cuanto al
segundo factor contextual (ausencia o presencia precaria del Estado), se ha
identificado un vínculo entre el alejamiento de las autoridades públicas y la
propensión de que las mujeres en un territorio sean víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado. La pobreza y la debilidad de las
condiciones socioeconómicas de un territorio aumentan las posibilidades de la
violencia sexual, a través de técnicas que someten el cuerpo de las mujeres
como garantía por el no cumplimiento, por ejemplo, de obligaciones dinerarias
contraídas[127].
131. Asimismo, el
Auto 009 de 2015 retomó del Auto 092 de 2008 los factores subjetivos que
también aumentan el riesgo de la violencia sexual, particularmente cuando se
trata de (i) niños, niñas y adolescentes, (ii) mujeres que pertenecen a
comunidades indígenas, (iii) mujeres afro descendientes y (iv) mujeres, niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en situación de discapacidad[128].
132. Finalmente, de
cara a los obstáculos que se presentan para que las víctimas de violencia
sexual denuncien, sean atendidas y protegidas, es necesario precisar
que la jurisprudencia constitucional[129], a partir de informes de ONGs y
otros documentos aportados[130], ha identificado dos grandes
obstáculos: por un lado, la desconfianza de las mujeres en la capacidad del
Estado para atenderlas y protegerlas por miedo a ser nuevamente objeto de
violencia sexual y, por otro, la existencia de factores socio-culturales
relacionados con la vergüenza y el estigma social alrededor de la violencia
sexual.
133. Dentro del
primer grupo de obstáculos que se podrían denominar “obstáculos
institucionales” se encuentran: (a) el temor de las víctimas de ser objeto de
nuevos actos violentos, bien porque la información no se maneja
confidencialmente o bien porque pueden existir presiones por parte de los
victimarios en las autoridades; (b) el desconocimiento de sus derechos y de los
mecanismos existentes para declarar, interponer denuncias y recibir atención
por parte del Estado, lo cual se agrava por las cargas administrativas y
procesales que deben asumir las víctimas o por algunos tratos irrespetuosos de
funcionarios[131]; (c) la ausencia del Estado en
algunos territorios del país; (d) la presencia de los victimarios en las zonas
y (e) el no goce efectivos de los derechos sociales, económicos y sociales
sitúan a la víctima en una situación en la cual debe escoger si satisface sus
necesidades básicas o acude a las autoridades e inicia los trámites asumiendo el
costo para denunciar.
134. El segundo
grupo de obstáculos, susceptibles de ser denominados “obstáculos sociales” incluye
(a) la vergüenza de ser juzgada por terceros y aparecer frente a ellos como una
víctima de violencia sexual y (b) el estigma social que puede vulnerar la
percepción que tiene la víctima de sí y la forma como los otros la perciben.
135. Adicionalmente,
a los obstáculos antes señalados, el Auto 009 de 2015 hizo énfasis en que el
sub-registro de la violencia sexual en el conflicto armado colombiano, así como
problemas en la forma como se catalogan los actos de violencia sexual han
impedido, pese al esfuerzo tanto de las autoridades como de algunas
organizaciones sociales, a dimensionar la magnitud de este fenómeno. Es por
ello que la Sala de Seguimiento concluyó lo siguiente en relación con la
información que se tiene sobre la violencia sexual:
“En consecuencia, tras cinco años de haber sido
proferido el Auto 092 de 2008, la sociedad colombiana y las víctimas aún no
conocen con certeza: (i) el número total de las mujeres víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado por la
violencia, (ii) su perfil etáreo, (iii) su identidad étnica, (iv) su
procedencia geográfica, (v) la presencia de alguna condición de discapacidad en
ellas, (vi) su nivel socioeconómico, (viii) las afectaciones individuales,
familiares, colectivas y sociopolíticas de la violencia sexual, (ix) los
contextos socio-culturales de la agresión, (x) los eventos de revictimización,
(xi) las circunstancias de modo, tiempo y lugar reiteradas o regulares de los
ataques, entre otras variables de orden cualitativo.
Así como, tampoco conocen: (i) el número de agresores
que están siendo investigados, enjuiciados y sancionados, y (ii) el grupo
armado organizado al margen de la ley al cual pertenecían o pertenecen los
agresores, en caso de que estos sean un actor del conflicto armado (…)
La Sala observa que el Estado aún carece de datos
confiables sobre el impacto y la incidencia de la violencia sexual en el marco
del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado, que permitan el
diseño e implementación de políticas de prevención, atención y reparación
integral de este tipo de violencia”[132].
136. El Auto 092 de
2008 contribuyó un proceso gradual de visibilización de la violencia sexual
contra la mujer, y el Auto 009 de 2015 reiteró el compromiso de continuar ese camino.
La invisibilización se expresa, como lo anticipó el Auto 092 de 2008, en el
impacto diferencial que sobre las mujeres ha tenido el conflicto armado
colombiano y en la ausencia de información detallada que permita identificar y
clasificar los casos de violencia sexual con precisión. El mencionado auto
sintetizó la aproximación al fenómeno de la violencia sexual en los siguientes
términos:
“La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual,
extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado
colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte de
todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por
parte de agentes individuales de la Fuerza Pública”[133].
137. El anterior
contexto ilustra un cuadro general cuya pretensión no es otra que explicar las
múltiples variables que estructuran la violencia sexual en el contexto del
conflicto armado colombiano en el que fueron víctimas las accionantes. Su
significado jurídico debe comprenderse, entonces, a la luz del contexto arriba explicado,
pues la violencia sexual en estos ámbitos no puede reducirse a la expresión
individualizada de un acto material violento, sino al resultado de unas
estructuras de subyugación, invisibilización y dominación que han sedimentado
la violencia contra la mujer llevándola, en ocasiones a fronteras intolerables:
su objetivación sexual como arma de guerra o como mecanismo o instrumento
oportunista de placer.
b. El derecho a la
reparación integral colectiva
138. Para efectos
de determinar el contenido normativo del derecho a la reparación colectiva, es
necesario previamente identificar sus fundamentos constitucionales o fuentes a
fin de precisar su alcance. Es importante aclarar desde ya que las accionantes pretenden
reiniciar el proceso de reparación integral colectiva (no individual) con el
propósito de participar en la identificación de daños colectivos de la masacre
e implementación de las medidas de reparación colectiva. Esto significa que al
estar sus pretensiones dirigidas a obtener ese tipo de reparación, el análisis
se circunscribirá al derecho a la reparación colectiva y su procedimiento.
Fuentes del derecho a la reparación colectiva
139. El derecho a
la reparación integral se deriva del artículo 1 (dignidad y Estado Social de Derecho)[134],
del artículo 2 (protección de las personas, la efectividad de los derechos y el
aseguramiento del orden justo)[135], del artículo 13 (protección de
las personas se encuentren en debilidad manifiesta)[136],
del artículo 93 (tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad)[137],
del artículo 229 (acceso a la administración de justicia)[138]
y del artículo 230 (el principio general del derecho de daños, según el cual
quien comete un daño, debe indemnizarlo)[139] y de los numerales 6 y 7 del
artículo 250 (reparación integral y los mecanismos de justicia restaurativa)[140],
todos ellos de la Constitución Política.
140. Desde el
perspectiva del bloque de constitucionalidad en sentido estricto (artículo 93.1
de la Constitución Política[141]), el derecho a la reparación
integral, especialmente de las mujeres víctimas de violencia sexual, tiene su
fundamento, entre otros, en la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (“CEDAW”)[142],
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer[143] (“Convención de Belem do Pará”)[144],
el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos
1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (garantía de
la protección a los derechos vulnerados)[145]. Igualmente, el fundamento se
encuentra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (reparación a las
víctimas)[146], aclarando, como lo dijo esta
Corte en la Sentencia C-290 de 2012, que no todo el Estatuto es bloque de
constitucionalidad, pero sí aquellos artículos referidos a los derechos de las
víctimas, como el 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4[147]. Finalmente, el derecho también
puede ser interpretado a la luz del capítulo VII de la Resolución 60/147 de
Naciones Unidas (derecho a la reparación adecuada y efectiva de las violaciones
a normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario)[148],
conforme al artículo 93.2. de Superior.
141. Cabe precisar que
la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas estableció “Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
En sus artículos 3.d. y 10 consagró la obligación de los Estados de:
“d) Proporcionar a las víctimas recursos
eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante” (énfasis
añadido).
“10. Las víctimas deben ser tratadas con humanidad
y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las
medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe
velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las
víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención
especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos
destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo
trauma” (énfasis añadido).[149]
142. La Sala Plena
de esta Corte, en la Sentencia C-344 de 2017, decidió una acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 en la que el
demandante consideraba que la norma que limitaba los daños reparables a
aquellos materiales y morales vulneraba el derecho fundamental a la reparación
integral. Reiteró este Tribunal que el derecho de las víctimas a la reparación es
un derecho fundamental que se deriva, entre otros, de los artículos 1, 2, 29 y
numerales 6 y 7 del artículo 250 y del bloque de constitucionalidad, y concluyó
que el derecho a la reparación integral es un derecho complejo en tanto está
vinculado estrechamente con el derecho a la verdad y a la justicia y es “fundamental
al propender por la tutela de la dignidad humana”[150].
Alcance del
derecho a la reparación
143. El Estado
tiene la obligación de velar por la protección de las víctimas, en ejercicio de
los principios de acceso efectivo a la administración de justicia, dignidad
humana, efectividad de los derechos y la igualdad[151].
De conformidad con lo anterior, las víctimas tienen derecho (i) a conocer
la verdad de lo acontecido y esclarecer los delitos que han afectado de manera
sistemática y masiva a la población, (ii) a que se investigue y sancione
a los responsables de los delitos cometidos en su contra y (iii) a la reparación
integral.
144. La Sentencia
SU-254 de 2013 unificó lo anterior en los siguientes términos:
“En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de derechos de las víctimas, se debe concluir que la jurisprudencia de
esta Corporación, tanto en asuntos de constitucionalidad como de tutela, ha
reconocido y protegido de manera categórica, pacífica, reiterada, clara y
expresa, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la
reparación y no repetición, especialmente frente a graves violaciones de
derechos humanos, con particular énfasis, para el caso de las víctimas de
desplazamiento forzado. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que los derechos de las víctimas implican la exigencia de conocer la
verdad de lo ocurrido y a que se esclarezcan delitos que afectan de manera
masiva y sistemática los derechos humanos de la población, como el
desplazamiento forzado, el derecho a que se investigue y sancione a los
responsables de estos delitos, y el derecho a ser reparado de manera
integral. Estos derechos han sido reconocidos por la Corte como derechos
constitucionales de orden superior” (énfasis añadido)[152].
145. En relación
con la determinación del derecho a la reparación integral, la Corte ha indicado
que se trata de un deber del Estado y un correlativo derecho de aquellos que
han sufrido algún daño en su vida, integridad o patrimonio, que incida en su
proyecto de vida personal, familiar o laboral. El deber estatal se materializa
en diferentes conductas exigibles por el titular del derecho, por ejemplo: (i)
la obligación de esclarecer lo sucedido; (ii) la obligación de investigar,
procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos
humanos; (iii) la obligación de reparar a las víctimas, tanto judicial como
administrativamente y (iv) la obligación “de garantizar y facilitar el
acceso efectivo de las víctimas a estas diferentes vías”[153].
146. El alcance del
derecho a la reparación fue determinado por este Tribunal con los siguientes
estándares internacionales como parte del derecho a la reparación:
“(…) (vi) la reparación integral incluye además de la restitución y de
la compensación, una serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción
y garantías de no repetición. Así, el derecho a la reparación integral supone
el derecho a la restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de
los cuales ha sido despojada la víctima; la indemnización de los perjuicios; la
rehabilitación por el daño causado; medidas simbólicas destinadas a la
reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; así como medidas
de no repetición para garantizar que las organizaciones que perpetraron los
crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su
comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y
sistemáticas de derechos se repitan;
(vii) la reparación integral a las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos tiene tanto una dimensión individual como
colectiva;
(viii) en su dimensión individual la reparación incluye medidas tales
como la restitución, la indemnización y la readaptación o rehabilitación;
(ix) en su dimensión colectiva la reparación se
obtiene también a través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de
medidas que se proyecten a la comunidad;
(x) una medida importante de reparación integral es el reconocimiento
público del crimen cometido y el reproche de tal actuación. En efecto, como ya
lo ha reconocido la Corte, la víctima tiene derecho a que los actos criminales
sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche
público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus
derechos, es la actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o
justificar los crímenes cometidos;
(xi) el derecho a la reparación desborda el campo de la reparación
económica, e incluye además de las medidas ya mencionadas, el derecho a la
verdad y a que se haga justicia. En este sentido, el derecho a la reparación
incluye tanto medidas destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria
histórica, como medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y
sancione a los responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la
reparación como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una relación de
conexidad e interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia, de
manera que no es posible garantizar la reparación sin verdad y sin justicia;
(…) ” (énfasis añadido)[154].
147. De acuerdo con
lo expuesto, la reparación incluye una faceta colectiva materializada en
medidas orientadas a reparar ya no los daños individuales, pues para ello
existe la reparación individual, sino aquellos daños sufridos por un sujeto
colectivo. Por esa razón, las medidas que pretendan la reparación de los
sujetos colectivos deben proyectarse a la comunidad, tener un carácter
simbólico o consistir en medidas de satisfacción.
La reparación integral en su
dimensión colectiva
148. Al tratarse el
caso sub examine de una solicitud relativa a un proceso de reparación
colectiva en curso, resulta pertinente comprender el alcance tanto de las
reparaciones colectivas y si dentro del derecho a la reparación colectiva está
comprendido el derecho a garantizar el acceso y la participación de las
víctimas en las etapas de diseño y ejecución de las medidas que adopte el Estado.
149. Inicialmente
en la Ley 975 de 2005 se estableció que la reparación colectiva debe orientarse
a la reconstrucción psico-social de las poblaciones afectadas por la violencia,
para lo cual debía tenerse en cuenta y adoptar medidas adecuadas para proteger
la seguridad, el bienestar, la dignidad y la vida privada de las víctimas, en
especial si se trataba de actos de violencia sexual[155].
Posteriormente, la Ley 1488 de 2011 profundizó el desarrollo normativo de las
reparaciones colectivas y la forma como deben implementarse[156].
En todo caso, desde los inicios de los programas de reparación colectiva se
reconoció que dicha reparación exigía unas medidas especiales y diferenciadas
acorde con el tipo del delito para proteger la dignidad de las víctimas.
150. La reparación
colectiva puede llevarse a cabo de tres maneras: a través de medidas de
satisfacción, medidas de carácter simbólico y medidas que se
proyecten en la comunidad.
151. Las medidas
de satisfacción están orientadas a proporcionar bienestar y mitigar el
dolor de las víctimas, restableciendo su dignidad y la difusión de lo ocurrido.
Dentro de las medidas de satisfacción se comprenden, a título
enunciativo: (i) medidas para que no continúen las violaciones; (ii) la
verificación de los hechos en tanto ello no genere más daños o amenace su
seguridad o la de su familia y (iii) una disculpa pública que incluya el
reconocimiento y aceptación de responsabilidades, entre otras[157].
152. Por su parte,
las medidas de carácter simbólico, definidas en el artículo 8 de la Ley
795 de 2005, son aquellas realizadas “a favor de las víctimas o de la
comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública
de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las
víctimas”[158]. En esta misma línea, el artículo
141 de la Ley 1448 de 2011 define la reparación simbólica como “toda
prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que
tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de
los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas”.
153. Finalmente,
las medidas que se proyectan en la comunidad, más que un tipo específico
de medida, son aquellas que tienen un impacto o efecto en un sujeto colectivo (comunidad),
para que, a través de su reparación, se reestablezca su tejido social.
154. Dada la
estrechez e interdependencia que existe entre el derecho a la reparación y el
derecho a la verdad y a la justicia, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido
que la dimensión colectiva del derecho a la verdad “significa que la
sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la
posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública
de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con
una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre
graves violaciones de derechos humanos;”[159]. Lo anterior se justifica en la
medida en que el conocimiento de lo ocurrido constituye un medio de reparación
colectiva, cuando se trate de un relato colectivo que aclare lo sucedido
y le dé coherencia y unidad a aquello que se encuentra fragmentado en las
conciencias individuales de los miembros de la comunidad y expuesto a las inclemencias
del olvido. La verdad de la que aquí se trata no es la individual sino aquella
que por ser colectiva logra conformar un amplio relato sobre las violaciones a
los derechos humanos ocurridas en una comunidad con el anhelo de que el
recuerdo y la comprensión impida una repetición de los hechos victimizantes[160].
155. Dentro del
derecho a la reparación en su dimensión colectiva, el Estado debe garantizar
la participación efectiva de las víctimas, lo que se traduce en que ellas
intervengan en la identificación del daño y de las medidas de reparación
colectiva que se busquen implementar para su reparación. Así lo señaló la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de la Rochela
contra Colombia, donde afirmó:
“En casos de graves violaciones a los derechos
humanos, las obligaciones positivas inherentes al derecho a la verdad exigen la
adopción de los diseños institucionales que permitan que este derecho se
realice en la forma más idónea, participativa y completa posible y no enfrente
obstáculos legales o prácticos que lo hagan ilusorio” (énfasis añadido)[161].
Si bien lo anterior se refiere al derecho a la verdad,
no obstante dicho principio de realizar los derechos de las víctimas en la
forma más idónea, participativa y completa posible es un principio que también
orienta el derecho a la reparación y a la participación efectiva de las
víctimas en esos procesos. Incluso ello encuentra su sustento en el artículo 2
de la Constitución Política en tanto es la expresión del derecho a participar
en las decisiones que afectan a los ciudadanos.
156. En esta misma
línea, la Asamblea General de las Naciones Unidas en los ya citados Principios
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones[162] (los “Principios básicos
sobre el derecho de las víctimas”) estableció la obligación de respetar, asegurar
y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, lo que comprende, entre otros deberes:
“d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces,
incluso reparación, como se describe más adelante[163].
157. Igualmente, se
consagra en el capítulo VII de los mencionados principios, que las
víctimas tienen el derecho a disponer de recursos eficaces para acceder a la justicia,
a la reparación adecuada y para obtener información sobre las violaciones y
mecanismos de reparaciones[164].
158. La Sala
concluye que las víctimas, como parte de sus derechos a la verdad, justicia,
reparación y no repetición, tienen el derecho a obtener una reparación con
dimensión colectiva, conformada por medidas de satisfacción, de reparación
simbólica y de programas que se proyecten en la comunidad. En aras de lo
anterior, la víctima, a su vez, tendrá el derecho de participar activamente en
la identificación del daño colectivo y en las medidas de reparación colectiva
que se consideren pertinentes para lograr una efectiva reparación. Para el
efecto, el Estado deberá llevar a cabo las medidas conducentes para permitir la
participación efectiva de las víctimas en dichos procesos de reparación y, en
especial, de aquellas víctimas que por su situación de vulnerabilidad han sido
invisibilizadas o despojadas de los medios para acceder y participar a estos
programas. Especialmente, se deberá tener en cuenta lo señalado en el Capítulo
VI de los Principios básicos sobre el derecho de las víctimas, según el cual
las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto y han de adoptarse las
medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus familia en los procedimientos
administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación.
c. Programas de reparación colectiva
159. El artículo 8
de la Ley 975 de 2005 establece que la reparación colectiva debe “orientarse
a la reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia.
Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por
la ocurrencia de hechos de violencia sistemática”[165].
Por motivo de esa ley, el Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la
Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, tiene la obligación de
implementar un programa institucional de reparación colectiva para promover los
derechos de las personas afectadas por la violencia, así como también reconocer
y dignificar a las víctimas[166]. en los artículos 151[167]
y 152[168]
de la Ley 1448 de 2011, los cuales definen los eventos que se tendrán en cuenta
para la implementación del programa de reparación colectiva y para la
determinación de los sujetos de reparación colectiva.
160. Los eventos
que serán objeto de reparación colectiva son: (i) el daño ocasionado por la
violación de derechos colectivos; (ii) la violación grave y manifiesta de
derechos individuales de los miembros de los colectivos y (iii) el impacto
colectivo de la violación de derechos individuales. Todos ellos, no sobra
decir, tienen una connotación colectiva acentuada, pues, de lo contrario sería
una reparación individual.
161. En relación
con los sujetos, la Ley 1448 de 2011 señaló que solo podrán ser sujetos de
reparación colectiva (i) los grupos sociales y políticos, (ii) organizaciones
sociales y políticas, y (iii) las comunidades determinadas que, por la cultura,
la zona, el territorio o el propósito común, son consideradas sujetos
colectivos.
162. El artículo 1º
del Decreto 4802 de 2011 crea la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial que será la encargada,
entre otras funciones, de implementar los programa de reparación colectiva en
los términos del artículo 151 y 152 de la Ley 1448 de 2011[169].
163. El objetivo de
los programas de reparación colectiva no es otro que lograr que las víctimas
sean reconocidas, dignificadas, sus proyectos de vida colectivos reconstruidos
y que se recupere la presencia del Estado en las zonas afectadas para
garantizar una convivencia pacífica y lograr “que las víctimas se sientas
reparadas”[170]. Es importante precisar que en
la reparación colectiva la víctima no es la persona individualizada, sino la
colectividad y, en ese sentido, los individuos sufren un perjuicio en tanto son
miembros de ese sujeto colectivo.
164. El artículo
222 del Decreto 4800 de 2011 define el alcance de la reparación colectiva en
los siguientes términos:
“el conjunto de medidas a que tienen derecho los
sujetos colectivos que hayan sufrido alguno de los eventos definidos en el
artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, las cuales comprenderán medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición, en los componentes político, material y simbólico.
La reparación colectiva estará dirigida al
reconocimiento y dignificación de los sujetos de reparación colectiva, la
recuperación psicosocial, a la inclusión ciudadana como sujetos plenos de
derecho, a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción de
confianza de la sociedad en el Estado en las zonas y territorios afectados por
el conflicto armado, a la recuperación y/o fortalecimiento de la
institucionalidad del Estado Social de Derecho para la consecución de la
reconciliación nacional y la convivencia pacífica.
Parágrafo. La reparación colectiva tendrá un enfoque
transformador y diferencial en tanto propenda por eliminar los esquemas de
discriminación y marginación de los sujetos colectivos, que pudieron contribuir
a la ocurrencia de los hechos victimizantes…”[171].
165. De acuerdo con
la definición de reparación colectiva citada, junto con lo establecido en el
artículo 225 del Decreto 4800 de 2011, la reparación tiene como fines el
reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos, la reconstrucción del
proyecto de vida, la recuperación psicofísica de los grupos afectados, a la
inclusión ciudadana y a la reconstrucción del tejido social. En adición a estos
propósitos, la reparación colectiva debe estar orientada siempre con un
enfoque transformador y diferencial que excluya cualquier forma de
discriminación, como aquel que, por ejemplo, surge de la violencia sexual.
166. Resulta
importante, además, indicar que el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 consagra
la obligación de adoptar un enfoque diferencial en razón
de las características particulares de la población a ser reparada, por
ejemplo, por razones de género. De modo que en la ejecución y adopción de los
programas de reparación integral, y demás planes de asistencia y reparación, el
Gobierno debe adoptar criterios diferenciales que respondan a las
particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos
poblacionales. Lo anterior exige entonces que se adopten criterios
diferenciales cuando se trata de víctimas de violencia sexual que, por su
situación de vulnerabilidad, requieran de un enfoque y sensibilidad particular.
167. En esta misma
línea, el artículo 222 del Decreto 4800 de 2011 establece un mandato de que la
reparación colectiva ofrecerá especial atención a las necesidades especiales de
miembros del sujeto de reparación colectiva que, entre otras razones, por su
género así lo requieran a fin de garantizar su participación efectiva. Esto supone
que la normativa ya contempla un mandato para que los programas de reparación
colectiva tengan un enfoque diferencial a quienes por razones de su género,
como las víctimas de violencia sexual, sean discriminadas.
168. El proceso de
reparación colectiva tiene cinco fases: (i) fase de identificación del sujeto
de reparación colectiva; (ii) fase de alistamiento para iniciar la construcción
de los planes integrales de reparación colectiva; (iii) la fase de
identificación y diagnóstico de los daños colectivos y (iv) la fase de diseño y
formulación concertada del plan integral de reparación colectiva. En la primera
fase, se identifica al sujeto de reparación colectiva por oferta del Estado o
por solicitud de los sujetos de reparación colectiva[172].
En la segunda fase, se implementan mecanismos para garantizar la participación
de los sujetos de reparación colectiva y para identificar las necesidades y
expectativas de reparación. En esta fase se realizarán jornadas de divulgación,
sensibilización y diálogo con los actores interesados en el proceso de
reparación[173]. En la tercera etapa, se
convocan a los integrantes del sujeto de reparación colectiva para fijar la
metodología de identificación de daños y reparaciones[174].
En la última fase se diseñan y formulan las medidas de reparación colectiva,
las cuales deben contener como mínimo, entre otras cosas, un enfoque
diferencial, según el artículo 230 del Decreto 4800 de 2011[175].
169. Luego de estas
etapas se inicia la implementación del plan diseñado y formulado en los tiempos
convenidos. Igualmente, se evalúa y monitorea periódicamente el cumplimiento de
lo fijado.
D. Enfoque
diferencial
170. El artículo 13
de la Ley 1448 de 2011 consagra el principio de enfoque diferencial que debe
orientar la actuación de las autoridades en los procesos de reparación. De
acuerdo con esta norma, el enfoque diferencial consiste en reconocer “que
hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género,
orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen
en la presente ley, contarán con dicho enfoque”[176].
Este enfoque diferencial exige, por un lado, la adopción de medidas y criterios
diferenciales para responder a las particularidades y grados de vulneración de
cada uno de los grupos poblacionales arriba mencionados[177]
y, por otro, la adopción de medidas de atención, asistencia y reparación que
contribuyan a la superación y eliminación de los esquemas de discriminación que
pudieron ser causa de los hechos victimizantes[178].
171. El Auto 092 de
2008 de esta Corte señaló que “los compromisos internacionales del Estado
colombiano en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario, también obligan a las autoridades a adoptar
un enfoque de prevención del desplazamiento forzado que sea lo suficientemente
diferenciado como para incidir sobre las causas de fondo de este fenómeno y su impacto
desproporcionado sobre las mujeres”[179]. Y continuó aclarando que ello
implica “que las autoridades colombianas están en la obligación
constitucional e internacional, imperativa e inmediata, de identificar y
valorar los riesgos específicos a los que están expuestas las mujeres en el
marco del conflicto armado, por ser éstos causa directa del impacto
desproporcionado que tiene sobre ellas el desplazamiento, para así poder actuar
de la manera más enérgica posible para prevenirlos y proteger a sus víctimas”[180].
172. Antes de la
Ley 1448 de 2011, la Ley 1257 de 2008 cuyo objeto era garantizar a las mujeres
una vida libre de violencia, consagró en el numeral 8 de su artículo 6 el
principio de atención diferencial, como pauta hermenéutica y de aplicación de
los derechos contenidos en dicha norma, dentro de los cuales se encontraba el
derecho a la “verdad, la justicia, la reparación y garantías de no
repetición frente a los hechos constitutivos de violencia”[181].
173.  En ese mismo
sentido, el parágrafo 1 del artículo 230 del Decreto 4800 de 2011 señala que
deberá adoptarse un enfoque diferencial, como contenido mínimo de los planes de
reparación integral colectiva.
174. El documento del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3784 de 2013 sobre lineamientos
de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de
derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado definió en el punto
3.2.2. el enfoque de género como aquel que se orienta
“al análisis de las relaciones sociales que parte del
reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y que tiene por
objeto permitir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Desde esta
mirada se pretende desarrollar e impulsar acciones que propicien el ejercicio de
ciudadanía de las mujeres, que disminuyan las brechas de género y, en el
contexto del conflicto armado, la disminución del impacto diferencial y
desproporcionado de género. Así entonces, el enfoque de género implica: i) el
reconocimiento de las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en
particular consideración de lo masculino y sus significantes como superiores,
derivando en relaciones de poder injustas y desiguales; y ii) el abordaje de
las relaciones de género que se han constituido social e históricamente y
atraviesan todo el entramado social articulándose con otras relaciones
sociales, como las de etnia, edad, identidad sexual y condición social y
económica”[182].
175. En relación
con el enfoque diferencial, el mencionado Conpes definió el enfoque diferencial
como aquel dirigido
“al reconocimiento y garantía de derechos de poblaciones que tradicional
e históricamente han sido vulneradas, marginalizadas y discriminadas en respeto
de sus derechos individuales y colectivos (en el caso de comunidades étnicas)
tal como lo establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Con
base en lo anterior, este método de análisis toma en cuenta las diversidades e
inequidades existentes con el propósito de brindar una adecuada atención y
protección de los derechos de las poblaciones con características particulares,
en razón de su identidad étnica, su orientación sexual, su diversidad étnica y
cultural”[183].
176. Así las cosas,
el principio de enfoque diferencial exige que el Gobierno Nacional durante
la adopción y ejecución de planes de reparación tome en serio criterios
diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de
cada uno de estos grupos poblacionales. Esto exige que la reparación
colectiva se encamine a la transformación progresiva de las condiciones de
desigualdad que pudieron permitir y mantener la situación de vulnerabilidad y
los hechos victimizantes de violencia sexual. Para ello, se debe tener en
cuenta las solicitudes y la participación directa de las víctimas y de sus organizaciones
a fin de hacer parte del diseño de las medidas de reparación según sus
necesidades evitando su exclusión, estigmatización y discriminación.
177. El programa de
reparación colectiva al tener un enfoque diferencial y de género debe contar
con la participación de las mujeres y, en especial, de aquellas que fueron
víctimas sexuales. Por ello, el Conpes 3748 sostuvo en el punto 4.2.3.1.3 que
dichos enfoques permiten
“identificar de manera diferenciada las necesidades,
oportunidades, responsabilidades y roles de hombres y mujeres en determinados
contextos, así como determinar las brechas de género, las posibles acciones
para atenderlas y la necesidad e importancia de la participación de las mujeres
en los procesos de reparación colectiva”[184].
178. De acuerdo con
lo expuesto, dentro de las dificultades y obstáculos que deben ser superados en
los procesos de reparación colectiva se encuentran, entre otros, el
desconocimiento de las víctimas y de las organizaciones de mujeres de los
mecanismos para acceder a la reparación colectiva; la prevalencia de riesgos
contra la vida e integridad de las mujeres por la presencia de grupos armados
al margen de la ley en un territorio específico; la debilidad institucional
para atender las afectaciones físicas y psicológicas de las víctimas y la
persistente invisibilidad de las mujeres, niñas y adolescentes dentro del mismo
sujeto colectivo. Un enfoque diferencial y de género debe buscar la superación
de estas y otras dificultades que terminan produciendo la exclusión de las
víctimas de violencia sexual en los programas de reparación colectiva y manteniendo
su invisibilidad por su ausencia en la participación de estos programas.
179. El enfoque
diferencial y de género puede orientarse, dentro del amplio margen que tiene la
UARIV en conjunto con las víctimas, entre otras cosas, a lo siguiente: (i)
garantizar la participación de las mujeres víctimas y su empoderamiento en
dichos programas, según la forma a la que ellas consientan para evitar una
revictimización; (ii) otorgar las garantías necesarias para la participación de
las mujeres en los programas de reparación colectiva; y (iii) habilitar canales
de comunicación de los programas de reparación colectivas o formas
diferenciadas de participar en la identificación del daño y de las medidas de
reparación colectiva.
180. A título
ilustrativo, la Organización de las Naciones Unidas publicó la Nota
Orientativa del Secretario General (Reparaciones por la violencia sexual
relacionada con los conflictos) que también puede considerarse como pauta
orientadora para fijar los principios que podrían orientar una reparación con
enfoque diferencial para víctimas de violencia sexual. Para ello, se formularon
los siguientes principios[185]:
a.
Las reparaciones
judiciales o administrativas que se adelanten deben estar a disposición de las
víctimas de la violencia sexual. Esto implica que exista un diseño que elimine
cualquier obstáculo que se presente a las víctimas para acceder a las diversas
formas de reparación.
b.
Las reparaciones
individuales y colectivas deben complementarse. Este principio sugiere que la
reparación colectiva evite el estigma contra las víctimas de violencia sexual
permitiendo medidas colectivas sin exigir la individualización de las víctimas,
pero ello no sustituye la reparación individual de cada víctima. Deben
adelantarse consultas adecuadas con las víctimas para el diseño de las medidas
de reparación en lugares seguros. Además, los órganos administrativos
encargados de la reparación colectiva deben “adoptar medidas para entender
el contexto cultural y social de las víctimas de violencia sexual relacionada
con los conflictos, el daño sufrido y sus necesidades así como los obstáculos a
los que se podrían enfrentar una vez se otorguen dichas reparaciones”[186].
c.
Las reparaciones deben
hacer todo lo posible para ser transformadoras. Esto significa que las
reparaciones deben orientarse a contribuir al empoderamiento y la autonomía de
las víctimas de violencia sexual.
d.
Las reparaciones deben
respaldar la participación significativa de las víctimas y su consulta en el
diseño, implementación y evaluación de las reparaciones. Las reparaciones
deben, por tanto, contar con mecanismos que identifiquen los obstáculos que
tienen las víctimas de violencia sexual para ser reparadas y busque superarlos,
como por ejemplo, condiciones de seguridad, de confidencialidad y privacidad, y
otros miedos de la estigmatización o represalia. Adicionalmente, sostiene la
ONU, “las actividades de divulgación se deben llevar a cabo en el idioma de
las víctimas y por medios que, independientemente de si están o no
alfabetizadas, puedan comprender y con los que puedan relacionarse de una
manera apropiada culturalmente. Para complementar estos esfuerzos, es
importante identificar las redes y organizaciones existentes de ayuda a las
víctima”[187].
e.
Las reparaciones deben
contar con reglas de procedimiento adecuados para atender las víctimas de
violencia sexual.
181. Estos
criterios son directrices que pueden ser utilizadas por la UARIV en los casos
que los considere pertinente, pero que de ningún modo restringe otras formas de
materializar el enfoque diferencial de género en las reparaciones integrales
que adelante o llegue a adelantar.
182. Por lo
anterior, es preciso verificar el Plan de Reparación Colectiva existente con la
comunidad de El Salado a fin de identificar si (i) existe un enfoque
diferencial y (ii) si en él participaron o se hicieron parte víctimas de
violencia sexual con ocasión de la masacre.
E.
SOLUCIÓN DEL CASO
CONCRETO
183. Para la solución del caso, la Sala
analizará, en primer lugar, el plan de reparación colectiva integral de la
comunidad de El Salado actualmente vigente a fin de verificar si (i) cuenta con
un enfoque diferencial y (ii) si las víctimas de violencia sexual participaron
efectivamente en la identificación de los daños y medidas de reparación
colectivas. En segundo lugar, se precisarán algunos criterios o lineamientos
que deben ser tenidos en cuenta a efectos de ajustar, dentro de lo posible, el
actual programa de reparación integral colectiva que, en todo caso, debe ser
consultado con las víctimas.
(i) El
plan de reparación colectiva de El Salado
184. El documento Plan
de Reparación Colectiva, corregimiento de El Salado, municipio Carmen del
Bolívar, construido conjuntamente con la comunidad de El Salado, constituye
el resultado de tres años de discusiones que cristalizaron la hoja de ruta para
la implementación del plan de reparación en el corregimiento.
185. El sujeto de
reparación colectiva es el corregimiento de El Salado caracterizado por ser una
comunidad campesina cuya identidad y autoreconocimiento parte de ese hecho y de
que fue objeto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de
sus miembros que afectaron el proyecto de vida colectivo.
186. En el año 2008
la comunidad de El Salado acordó con la CNRR convertirse en uno de los
programas pilotos de reparación colectiva. Esto dio inicio a un proceso
participativo encaminado a “saber qué era lo que había ocurrido, cuáles eran
los daños que había sufrido por causa del accionar de los grupos armados
ilegales y formulará (sic) las medidas de reparación para esos daños”[188].
A raíz de esta primera fase, se identificaron como necesidades urgentes: la
salud, la educación, la vivienda, la atención a la población desplazada, la
atención psicosocial, la alimentación para poblaciones vulnerables, el
acueducto y la seguridad. Ello condujo, entre otras medidas, a la
reconstrucción del puesto de salud, al acompañamiento para la compra de tierras
y al desarrollo de proyectos productivos.
187. En agosto de
2010, se inició la segunda fase del piloto en la cual se formaron y discutieron
las medidas de reparación colectiva encaminadas a reparar los daños que sufrió
la colectividad, sin perjuicio de las reparaciones judiciales o administrativas
de carácter individual.
188. Dentro de los
daños identificados por los miembros del sujeto colectivo (la comunidad de El
Salado) se destaca, para efectos de la presente acción, “el daño a las redes
de apoyo social, a las organizaciones sociales, al buen nombre, la dignidad de
las víctimas y a la seguridad comunitaria”[189].
189. En relación
con las medidas de reparación integral formuladas en el Plan de Reparación
Colectiva es importante resaltar por su relevancia de cara a la reparación
integral de las víctimas de violencia sexual, las siguientes:
“Medida 2: Garantizar la recuperación y mejoramiento del acceso a los
servicios de salud integral de la comunidad urbana y rural del
corregimiento de El Salado, a través de la implementación del programa de atención
psicosocial y salud integral a víctimas de El Salado.
Medida 4: Apoyo y fortalecimiento para la recuperación de las organizaciones
del corregimiento (Junta del Acueducto, Asocampesinos por la Paz,
ASODESBOL, la Comunidad Educativa, Madres Comunitarias y Mujeres Unidas).
Medida 7: Programa de dignificación de las víctimas, verdad colectiva,
y memoria.
Medida 8: Garantías para ejercicio de los derechos de verdad, justicia y
garantías de no repetición”[190] (énfasis añadido).
190. En la
explicación del daño a las redes de apoyo social, a las organizaciones
sociales, al buen nombre, la dignidad de las víctimas, a la institucionalidad y
a la seguridad comunitaria se sostuvo que “la estigmatización de la
población como guerrillera o auxiliadora de la guerrilla la hizo blanco de
ataques, prácticas de control e intimidación, actos de tortura, tratos crueles,
actos de violencia sexual”[191] afectando, además, los
sentimientos de confianza y estima dentro de la comunidad hasta el punto de
considerar imposible convivir y retornar a la tranquilidad. Adicionalmente, se
enfatizó que las mujeres, adultos mayores, niños y niñas fueron los más
afectados desde el punto de vista psicosocial.
191. En esta misma
línea, el Plan de Reparación Integral aseveró que el terror en El Salado
tuvo una perspectiva de género, pues de las sesenta víctimas fatales, ocho de
ellas fueron mujeres y se reconoció que “los paramilitares empalaron,
insultaron e interrogaron a las mujeres sobre sus vínculos afectivos y logísticos
con la guerrilla”. Estos hechos –tal como se constata en la identificación
del daño a las redes de apoyo social y dignidad de las víctimas– produjeron repercusiones
cuyas manifestaciones se diferencian por factores como el género y la edad,
tales como el miedo a estar solo, llanto repentino y daños que requieren de
ayuda terapéutica, todo ello intensificando el aislamiento de la comunidad[192].
192. Las medidas de
reparación identificadas para reparar este daño son: (i) el reconocimiento
público de la condición de población civil de los habitantes de El Salado; (ii)
las acciones conducentes para identificar a los victimarios y para que éstos
pidan perdón, especialmente, “a las víctimas mujeres y a líderes sociales de
El Salado”[193], lo que deberá ser narrado y
difundido por los medios de comunicación del municipio; (iii) las acciones
conducentes para que los victimarios confiesen públicamente las razones y
motivos de su actuar y se rinda un informé público a las víctimas de El Salado;
(iv) el acompañamiento de la CNRR (hoy UARIV) para la reconstrucción de relatos
biográficos de las víctimas a fin de superar la estigmatización; (v) que se
difundan públicamente en las emisoras radiales las decisiones de los procesos
asociados la violación de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario de los saladeños; (vi) la presentación de informes periódicos de la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo; (vii) incluir en la cátedra de derechos humanos de los
colegios, contenidos de memoria histórica y que se tenga en sus estudios el
caso de El Salado para garantizar la memoria de lo ocurrido a las siguientes
generaciones y (viii) que se rinda un informe público sobre la situación de
personas detenidas arbitrariamente por el Estado colombiano[194].
193. En cuanto al daño
para el acceso a los servicios de salud se dijo que el centro de salud que
era multifuncional y éste fue destruido junto con la dotación que permitía la
prestación del servicio de salud a la comunidad.
194. Las medidas de
reparación colectiva identificadas en relación con la destrucción del puesto de
salud consisten, principalmente, en garantizar un programa de atención
psicosocial y de salud a las víctimas. Este programa debe adoptar en su diseño,
ejecución y sostenibilidad un enfoque diferencial teniendo en cuenta la edad y
género de la población destinataria del mismo. Asimismo, la atención de salud garantizará el
tratamiento de enfermedades que están relacionadas con la ocurrencia de los
hechos violentos, puesto que se hará conforme a protocolos que se elaborarán en
función del tipo de violencia.
195. De acuerdo con
lo anterior, aunque en el programa de reparación colectiva se identificaron
daños y medidas que responden, a grandes rasgos, a los hechos vulnerados de las
víctimas de la masacre, lo cierto es que dichas menciones generales no son
suficientes para verificar si existió o no un enfoque diferencial de reparación
con respecto de las víctimas de violencia sexual. En otras palabras, no es
suficiente incluir como daño la violencia sexual para acreditar que el programa
tuvo un enfoque diferencial.
196. Es importante
resaltar que ese enfoque no puede limitarse a una mención general en la
identificación del daño o de las medidas de reparación colectiva, sino que
incluye, además, la participación activa de las víctimas de violencia sexual,
la consideración de variables metodológicas en la identificación de daños y
medidas de reparación y las condiciones necesarias y seguras para que las
víctimas de violencia sexual puedan apoyar en el programa de reparación
colectiva.
197. Por otra
parte, la Sala observa que, según lo explicado por la UARIV[195],
no existe mayor detalle de la forma como fueron informadas las personas que
participaron en el programa de reparación colectiva de El Salado. Simplemente
se comprueba que la UARIV, de manera genérica, informó que “todas las
víctimas, incluidas las de violencia sexual participaron en este piloto”,
pero no se indica quiénes ni la forma en que participaron. Más aún, dentro de
las pruebas anexadas por la UARIV sobre las personas que participaron en las
reuniones realizadas dentro de las actividades desarrolladas en el marco del Plan
de Reparación Colectiva de la comunidad de El Salado, no se encuentra, como
suscribientes, ninguna de las accionantes, ni tampoco ningún rastro de que las
participantes hayan sido víctimas de violencia sexual.
198. Por lo
anterior, la Sala considera que el programa de reparación colectiva de El
Salado no contó con un enfoque diferencial y no tuvo en cuenta, como parte de
la identificación del daño colectivo, aquel daño sufrido por quienes fueron
víctimas de violencia sexual. No existe prueba alguna de que hayan existido (i)
medidas diferenciadas para garantizar la convocatoria y participación de la
víctimas de violencia sexual y, (ii) salvo una afirmación general de la UARIV
no sustentada con prueba documental, no existe suficiente evidencia de que
víctimas de violencia sexual, hicieron parte activa del programa de reparación
colectiva.
(ii) Criterios para adoptar un
enfoque diferencial y admitir la participación efectiva de las víctimas de
violencia sexual
199. Las accionantes que fueron víctimas de
violencia sexual en la masacre de El Salado solicitan que la UARIV realice
nuevamente el proceso de identificación de daños colectivos y medidas de
reparación colectivas, ya que se les vulneró su derecho a la reparación por no
haber sido informadas ni convocadas para participar activamente en la
formulación del Plan de Reparación Integral de la comunidad de El Salado
y porque el programa no tuvo un enfoque diferencial.
200. En la respuesta a las preguntas
formuladas por este Tribunal en el auto de pruebas, la UARIV contestó que el
proceso de reparación colectiva en El Salado ya se estaba terminando, pero que,
aun así, podía ajustarse el Plan de Reparación Colectiva “si se evidencian
aspectos de enfoque diferencial relevantes para la reparación colectiva”[196].
Igualmente, dijo la UARIV que “la comunidad, si así lo requiere, puede
manifestar e identificar nuevos daños colectivos con la especificad técnica con
la que cuenta actualmente la entidad conforme a la normatividad existente”[197].
201. De conformidad con estas respuestas, no
es necesario, como lo solicitan las accionantes, suspender el Plan de
Reparación Colectiva para identificar nuevos daños y medidas de reparación. La
participación efectiva de violencia sexual puede llevarse a cabo sin que deba
suspenderse el programa.
202. El derecho de reparación implica la
correlativa obligación del Estado “de garantizar y facilitar el acceso efectivo de las víctimas a estas
diferentes vías”[198] de reparación, lo que supone,
además, habilitar una participación efectiva de las víctimas en la
determinación de las medidas de reparación colectiva que se lleven a cabo.
Tratándose de víctimas de violencia sexual este acceso efectivo debe
implementarse de manera diferenciada asegurando que la forma de participación
sea acorde con la voluntad de las víctimas para evitar episodios de
estigmatización social y revictimización.
203. En consecuencia, como se sostuvo
anteriormente, la no participación de las víctimas de violencia sexual de la
masacre de El Salado para identificar los daños colectivos y las medidas de
reparación colectiva, denota una vulneración al derecho fundamental a la
reparación, por lo cual la Corte ordenará un remedio constitucional que permite
la participación efectiva de las víctimas y la implementación del enfoque
diferencial en la metodología de identificación de daños y medidas, sin que
ello afecte aquellos instrumentos de reparación que ya se encuentren
identificados e implementados.
204. Cabe resaltar que el derecho a la
reparación por delitos de violencia sexual dentro del conflicto armado no se
limita a restaurar la situación en la que se encontraba la víctima, sino en transformar
la situación preexistente para reaccionar ante aquellas circunstancias que
hicieron posible el hecho delictivo[199].
Ello no solo aplica a la reparación individual sino también a la colectiva. Por
tanto, el diseño de los programas de reparación colectiva no consiste en
regresar a la situación anterior a la violación de los derechos, sino que se
trata de transformar esa situación para modificar las condiciones que
habilitaron o posibilitaron la perpetración de la violencia contra la mujer. En
este sentido, la reparación colectiva debe identificar esas situaciones que
intensifican la violencia contra la mujer para implementar medidas que busquen
superar esas circunstancias.
205. El propósito de la reparación colectiva
consiste en el “reconocimiento
y dignificación de los sujetos de reparación colectiva, la recuperación
psicosocial, a la inclusión ciudadana como sujetos plenos de derecho, a la
reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción de confianza de la
sociedad en el Estado en las zonas y territorios afectados por el conflicto
armado, a la recuperación y/o fortalecimiento de la institucionalidad del
Estado Social de Derecho para la consecución de la reconciliación nacional y la
convivencia pacífica”[200]. Si
existieron eventos de violencia sexual dentro del marco de violaciones a un
sujeto colectivo, es imprescindible la participación efectiva de las víctimas
de la violencia sexual para identificar algunos daños y medidas de reparación
colectiva del tejido social que tienen un nexo indiscutible con la violencia
sexual.
206. Se ha reiterado que la reparación colectiva debe estar
orientada con un enfoque diferencial, lo que comporta una metodología especial
y diferenciada para la participación de las víctimas de violencia sexual, para
la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la identificación
de medidas de reparación colectiva. Esta metodología debe tener en cuenta
variables para prevenir la violencia sexual, capacitar a las personas
encargadas de los programas de reparación colectiva en el enfoque de género y
desarrollar herramientas técnicas con enfoque de género para orientar el
trabajo de las autoridades en materia de reparación.
207. Así las cosas, dentro de la nueva
identificación de daños y medidas de reparación colectiva que adelanten las
accionantes con la UARIV, el enfoque diferencial deberá guiar ese proceso, lo
que supone no solamente una sensibilización y capacitación de las personas que
hacen parte de los programas, sino de identificar aquellas condiciones de
discriminación estructural contra las mujeres que pudieron facilitar o causar
las condiciones para la violencia sexual a fin de buscar alternativas para
modificar dichas condiciones.
208. En esta misma
línea, la apoderada judicial de las accionantes y agente oficiosa de una de
ellas sostuvo que el enfoque diferencial podría sugerir ajustes en: (a) la
metodología y mecanismos para la garantizar la participación efectiva de las
víctimas de violencia sexual sin que ello termine en una revictimización; (b)
los daños colectivos identificados y (c) en las medidas de reparación
colectiva.
209. Frente a los mecanismos
de participación, la apoderada judicial sugirió precisar las razones
por las cuales las víctimas de violencia sexual de la comunidad no hicieron
parte de la discusión con el objeto de superar esos obstáculos a fin de
garantizar la participación efectiva de las víctimas de
violencia sexual. Por ejemplo, “actualizar a las mujeres víctimas en una
forma pedagógica y detallada de todas las acciones adelantadas hasta el momento
en el proceso de reparación colectiva”[201],
“ofrecer disculpas públicas por excluir no solo la temática de la violencia
sexual sino a sus víctimas”[202],
flexibilizar el mecanismo de participación, de tal forma que se indague la
forma como quieren participar y tener en cuenta, en la medida de lo posible, la
ubicación de las víctimas para garantizar su traslado a los lugares en los que
se avance el proceso de reparación colectiva.
210. En relación
con los daños colectivos identificados sugirió (i) ajustar la
metodología para identificar afectaciones por violencia sexual contra mujeres;
(ii) transformar los proyectos de vida de las accionantes, de forma que impacte
en la comunidad; (iii) la eliminación de los factores socio culturales
estructurales de discriminación y violencia contra la mujer que aún existen en
la comunidad y (iv) evitar cualquier identificación del daño que redunde o
asuma una visión discriminatoria, como realzar el daño colectivo por motivo de
la afectación a la “masculinidad”[203].
211. Por último, en
cuanto a las medidas de reparación colectivas sugeridas, se
incluyeron las siguiente: (i) realizar la inscripción colectiva de las víctimas
de violencia sexual de El Salado en el Registro Único de Víctimas (“RUV”); (ii)
llevar a cabo la atención psicosocial para el grupo de las víctimas de la
violencia sexual; (iii) elaborar programas de atención a la salud sexual y
reproductiva; (iv) implementar medidas para fomentar la generación ingreso de
las víctimas de violencia sexual, (iv) adelantar actos de reconocimiento
público en los cuales el Estado reconozca la gravedad de los hechos y contribuya
a la transformación de los patrones de discriminación y (v) fortalecer a aquellas
personas que ejercen acciones de liderazgo a favor de las víctimas de violencia
sexual[204].
212. Si bien estas sugerencias de la
apoderada judicial de las accionantes pueden resultar pertinentes, deben ser
las accionantes directamente quienes, en conjunto con la UARIV y demás
entidades públicas encargadas, identifiquen las medidas de reparación colectiva
que se incorporarán al existente programa de reparación integral colectivo.
Los mecanismos existentes para informar a
las víctimas de violencia sexual de los programas de reparación colectiva de la
comunidad de El Salado resultaron ser deficientes por cuanto ellas no fueron
informadas del inicio del proceso y solo hasta finales del año 2016 tuvieron
conocimiento del mismo.
En
relación con la participación efectiva de las víctimas de violencia
sexual resulta particularmente importante enfatizar que la no adopción de
medidas efectivas para su participación en la identificación de los daños y
medidas de reparación colectivas, denota una exclusión e impide que las
víctimas expresen sus necesidades reales para reconstruir los tejidos sociales
colectivos vulnerados. Asimismo, la falta de seguridad y de formas
diferenciadas de participación en la identificación de medidas de
reparación colectiva desincentiva a que las víctimas de violencia sexual hagan
parte y obtengan una reparación colectiva por los daños sufridos.
213. La reparación
colectiva con un enfoque diferencial, transformador y de género exige tener en
cuenta la voz de las mujeres, como las víctimas de violencia sexual en el
contexto armando, quienes tienen obstáculos para participar en los procesos de
reparación. La participación de las víctimas de violencia sexual no solo es
necesaria para llevar a cabo el proceso de reparación integral, sino que su no-participación
puede implicar una vulneración a sus derechos fundamentales a la reparación
colectiva y a la participación de su formulación, si: (i) no fueron informadas
oportuna y adecuadamente sin exponerlas a una revictimización; (ii) no se
crearon espacios seguros y confidenciales para que pudieran ejercer su
participación en condiciones de seguridad y de no revictimización; (iii) no se
reconoce que la violencia sexual es una violencia de género no solo por estar
dirigida principal o, incluso, exclusivamente a las mujeres, sino también
porque tiene lugar en contextos de acentuada discriminación contra la mujer y
(iv) las formas de participación no se flexibilizaron en función de las
víctimas de violencia sexual.
214. En la
identificación del daño, la participación de las víctimas de violencia sexual
es fundamental para comprender la magnitud de la ruptura del tejido social. Por
su parte, en la identificación de las medidas de reparación colectiva se
tendrán en cuenta las medidas de satisfacción, simbólicas y aquellas que tengan
un efecto en la comunidad de El Salado. Para ello, la UARIV podrá orientarse
por el artículo 22 de la Resolución 60/147 de la ONU en la que se incluye un
listado de medidas de satisfacción que permiten guiar a las autoridades sin
afectar ni reemplazar las medidas de reparación colectivas ya implementadas ni
los ajustes y otros criterios que la UARIV considere pertinentes para dicho fin.
215. Las medidas de
satisfacción establecidas en la Resolución 60/147 de la ONU que pueden guiar el
proceso de participación de las víctimas sin que se entiendan como
restricciones que impidan a la UARIV dirigir dicho proceso considerando otras
pautas que considere adecuadas en la adopción del enfoque diferencial:
“a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen
las violaciones;
b ) La verificación de los hechos y la revelación
pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque
más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus
familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la
víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las
identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas
asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos
según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de
su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que
restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las
personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento
de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o
administrativas a los responsables de las violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;”
h) La inclusión de una exposición precisa de las
violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material
didáctico a todos los niveles[205].
216. Lo anterior no
implica necesariamente que deba concederse todas las solicitudes de las
accionantes ni que deban adoptarse necesariamente las medidas arriba
mencionadas, pues hay pretensiones que implicarían un desconocimiento frontal
de los derechos de otras víctimas que llevan varios años participando en la
identificación de daños y medidas, como por ejemplo, la suspensión del programa
de reparación colectiva con las otras víctimas de la masacre de la comunidad de
El Salado. Tampoco significa per se que si una víctima o grupo de
víctimas no participaron en un programa de reparación colectiva, entonces deba
admitirse siempre su participación o reabrir la identificación de los daños y
medidas de reparación. Ello podría tener la consecuencia de impedir que los
programas de reparación colectiva lleguen a buen término y sean sostenibles
económicamente.
217. En este caso,
este Tribunal advirtió que procede un pronunciamiento de fondo para garantizar
los derechos de participación efectiva y de reparación colectiva de las
víctimas de violencia sexual, dado que (i) no participaron en la identificación
de daños y medidas de reparación colectiva, (ii) no existe prueba de que fueron
convocadas o informadas del proceso de reparación colectiva de manera
diferenciada teniendo en cuenta su situación particular, (iii) la UARIV admitió
que todavía es posible, según criterios técnicos, jurídicos y económicos, de
hacer ajustes al plan de reparación integral y porque, como lo expresó el Auto
009 de 2015, y (iv) aún hay deficiencias en la implementación de enfoques
diferenciados para garantizar los derechos de las víctimas de violencia sexual.
Lo anterior sin perjuicio de que los daños y medidas que se ajusten deben
orientarse a la reparación colectiva.
218. Por lo
anterior, la Corte ordenará que se diseñe un plan y un cronograma para la
instalación de un comité temporal entre las accionantes y/o sus representantes,
la UARIV y demás entidades que ésta última convoque a fin de garantizar (i) la
participación efectiva de las víctimas de violencia sexual en los programas de
reparación integral y (ii) una metodología diferencial fijada conjuntamente
para evaluar e identificar daños y medidas de reparación del sujeto colectivo:
la comunidad de El Salado que sean aceptados por la comunidad y puedan ser
ajustado en la fase de implementación.
219. Para efectos
de lo anterior, la UARIV deberá (i) establecer mecanismos de participación que
salvaguarden la confidencialidad, eviten la revictimización y posibiliten un
entorno de diálogo seguro para las accionantes y (ii) se actualice a las
accionantes y demás víctimas de la violencia sexual en El Salado sobre las
acciones adelantadas hasta ese momento en el marco de la implementación del
Plan de Reparación Colectiva de El Salado. Lo anterior no podrá ir en
detrimento de los daños y medidas ya identificadas e implementadas, sino, todo
lo contrario, servirá como una complementación del Plan de Reparación Colectiva
ya discutido.
220. En cualquier
caso, los daños y medidas que se identifiquen en este proceso de ajuste del Plan
de Reparación Colectiva, deberán orientarse, de conformidad con el enfoque
diferencial, a eliminar los esquemas de discriminación y marginación que
pudieron causar la violencia sexual en el marco de la masacre.
221. Insiste la
Sala que esto no significa que en todo proceso de reparación colectiva cuando
aparezcan víctimas que no participaron efectivamente, deba reabrirse el debate
sobre los daños y las medidas. Únicamente (i) si ello fue producto de ausencia o
deficiencia de un enfoque de género que impidiera desarrollar una estrategia de
comunicaciones orientada a garantizar la participación de los sujetos a la
reparación colectiva que por su situación tienen barreras y obstáculos
adicionales de acceso a estas medidas, como ocurre especialmente con las
víctimas de violencia sexual y (ii) si la reapertura de la identificación de
daños y medidas de reparación colectiva es viable fáctica y jurídicamente la
luz de las circunstancias particulares del Plan de Reparación Colectiva que
se esté adelantando.
222. Cabe precisar
que los anteriores lineamientos indican que no puede accederse a la petición de
repetir todo lo actuado para que se identifiquen nuevamente los daños
colectivos de las víctimas de violencia sexual. Como tampoco puede ordenarse a
la UARIV que identifique a otras víctimas de la violencia sexual y las inscriba
al Registro Único de Víctimas, pues en la UARIV no puede recaer la
responsabilidad de identificar víctimas que no han denunciado o alegado ante
las autoridades los actos de violencia sexual, ni mucho menos ordenarle a
inscribir a las víctimas que no han denunciado, pues su identificación haría
prácticamente imposible esta tarea.
223. La Sala
considera que ni la posición de que el programa de reparación colectiva con la
comunidad de El Salado se suspenda y repita es fáctica y constitucionalmente
viable como tampoco lo será la posición de que, teniendo en cuenta que la UARIV
admite algunos ajustes al Plan de Reparación Colectiva, las accionantes no
pueden ejercer su participación efectiva en la identificación de algunos daños
y medidas que aún no han sido contemplados en el programa.
224. Por ello, la
UARIV deberá diseñar, ajustar e implementar un plan y un cronograma para
instalar un escenario de participación con las accionantes y otras víctimas de
violencia sexual de la masacre de El Salado, para que ellas participen en la
identificación de daños y medidas de reparación colectiva que estén
directamente orientadas a reparar el tejido social de los saladeños y
transformar paulatinamente las condiciones estructurales de discriminación y
violencia a la mujer que facilitaron o causaron los hechos delictivos.
F.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
225. Le correspondió a este Corte resolver
la solicitud de seis víctimas de la violencia sexual de la masacre de El Salado
que solicitaban la suspensión del proceso de reparación colectiva que con la
comunidad se había adelantado desde el 2008. La razón de ello, era que las
accionantes no fueron informadas ni convocadas para participar activamente del
proceso de reparación colectiva de El Salado y porque el plan de reparación
integral colectivo no contaba con un enfoque diferencial y de género.
226. La Corte resolvió el siguiente problema
jurídico: ¿vulneró la UARIV el derecho a la reparación integral de las
accionantes, víctimas de violencia sexual con ocasión a la masacre de El
Salado, al diseñar e implementar un programa de reparación colectiva sin contar
con la participación de aquellas y sin incluir un enfoque diferencial relativo
a las víctimas de violencia sexual?
227. Para abordar el problema jurídico, la
Sala contextualizó los problemas de violencia sexual en el conflicto
colombiano, particularmente, (i) el contexto de discriminación en el que se
inscriben; (ii) los actos que materializan la violencia sexual; (iii) los
sujetos activos que perpetúan dichos actos; (iv) los efectos anímicos y
psicológicos que dejan en las víctimas; (v) la tendencia a la repetición de los
actos de violencia sexual, (vi) los factores fácticos, contextuales y
subjetivos que intensifican el riesgo de la violencia sexual y (vii) los
obstáculos para solicitar y obtener su reparación.
228. Luego, procedió a determinar las
posiciones iusfundamentales del derecho y, en consecuencia, los deberes estatales,
para lo cual se precisó que el derecho de reparación incluye, en cabeza de los
Estados: (i) la obligación de esclarecer lo sucedido; (ii) la obligación de
investigar y sancionar el delito sistemático y masivo contra la población
civil; (iii) la obligación de reparar a las víctimas tanto individual como
colectivamente y (iv) la obligación de garantizar y facilitar el acceso
efectivo de las víctimas a estas diferentes vías de reparación.
229. En desarrollo de lo anterior, la Sala
precisó que en el marco del derecho a la reparación en su dimensión colectiva,
el Estado debe garantizar la participación efectiva de las víctimas, lo que se
traduce en que ellas intervengan en la identificación del daño y de las medidas
de reparación colectiva que se busquen implementar.
230. Por su parte, el enfoque de género debe
permear los procesos de reparación colectiva para lo cual se debe propender a
(i) evitar la exclusión de las mujeres víctimas de los programas de reparación;
(ii) garantizar la participación de las mujeres víctimas y su empoderamiento en
dichos programas, según la forma a la que ellas consientan para evitar una
revictimización; (iii) fortalecer el liderazgo de las mujeres en los programas
de reparación; (iv) otorgar las garantías necesarias para la participación de
las mujeres en los programas de reparación colectiva; (v) fortalecer las redes
comunitarias y sociales de las víctimas de la violencia sexual, así como de las
organizaciones que las apoyan; (vi) impedir la deslegitimación de las mujeres
líderes y defensoras de los derechos de las víctimas de violencia sexual y
(vii) habilitar canales de comunicación de los programas de reparación
colectivas y formas diferenciadas de participar en la identificación del daño y
de las medidas de reparación colectiva.
231. En el Plan de Reparación Colectiva
existente con la comunidad de El Salado se verificó que las accionantes no
participaron en la identificación de daños y medidas de reparación colectiva y
no tuvo un enfoque de género que adoptara alguno o todos los criterios arriba
indicados, más allá de unas afirmaciones genéricas sobre la violencia sexual y
la dignificación de las víctimas.
232. A causa de lo anterior, la UARIV deberá
diseñar, ajustar e implementar una forma factible para que las víctimas
participen en la identificación de daños y medidas de reparación colectiva que
estén directamente orientadas a reparar el tejido social de los saladeños y
transformar paulatinamente las condiciones estructurales de discriminación y
violencia a la mujer que facilitaron o causaron los hechos delictivos.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- RECHAZAR la solicitud de declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto
admisorio proferido por el juez de primera instancia del proceso de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- REVOCAR
la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, proferida el 28
de febrero de 2017 en la que se confirmó la sentencia del Juzgado Cuarenta y
Uno Penal del Circuito con funciones de conocimiento del 13 de enero de 2017 en
las que se declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER el
amparo al derecho a la reparación colectiva de las accionantes.
En consecuencia, ORDENAR a la UARIV que,
dentro del siguiente mes a la notificación de esta sentencia, diseñe un plan y
un cronograma para convocar e instalar un Comité conformado por las accionantes
y las entidades cuya participación considere pertinente, a fin de garantizar la
participación efectiva de las accionantes en la identificación de daños y
medidas de reparación colectiva, protegiendo la confidencialidad y su seguridad
a fin de que las víctimas participen en un entorno seguro, confidencial y se
evite su revictimización. El cronograma establecido debe contemplar el inicio
del proceso de convocatoria e instalación del Comité dentro de los dos meses
siguientes a la notificación de esta sentencia.
Tercero.- ORDENAR
a la UARIV que verifique si las accionantes están inscritas o cumplen con los
requisitos para inscribirse en el Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho
victimizante de violencia sexual. En caso de cumplirlos, ORDENAR a la
UARIV registrar a las accionantes en el RUV. Esta orden deberá cumplirse dentro
de las siguientes cuarenta y ocho horas a partir de su notificación.
Cuarto.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo, hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes anteriores, para lo
cual la Secretaría General de la Corte Constitucional les remitirá copia de
esta providencia, para lo de su competencia.
Quinto.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través de los juzgados de instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (E)
Anexo 1
(Intervenciones
“amicus curiae”)
Corporación Humanas[206]
1. La intervención de Corporación Humanas
está orientada a respaldar la petición de amparo de las accionantes y solicitar
que se establezcan directrices sobre el acceso y participación de las mujeres
víctimas de violencia sexual en los programas de reparación colectiva adelantados
actualmente por la UARIV.
2. Como primera medida, la interviniente cuestionó
la decisión de los jueces de instancia por (i) partir de un análisis fáctico
equivocado y (ii) por sus yerros en cuanto a los fundamentos jurídicos.
Finalmente, presentó (iii) unas observaciones finales sobre el rol del juez de
tutela frente a la protección de los derechos.
3. En cuanto al primer asunto, considera que
el fundamento fáctico de la exclusión de las víctimas de violencia sexual se
concretó por la omisión de convocar y vincular debidamente a las mujeres que
sufrieron violencia sexual y la omisión de tener en cuenta la agresión
(violencia sexual) en la valoración del daño colectivo y en la identificación
de medidas que habrían de ponerse en marcha[207].
Principalmente, señaló que los jueces de instancia no examinaron el hecho de
que las víctimas de violencia sexual no fueron incluidas en la formulación del
Plan de Reparación Colectiva de El Salado. Las accionantes no deben probar que
ellas no fueron informadas y que no tuvieron conocimiento del Plan de
Reparación Colectiva, pues, según la interviniente, al tratarse de una negación
indefinida o, incluso, bajo la carga dinámica de la prueba, la UARIV tiene la
carga probatoria de demostrar lo contrario.
4. Frente al segundo punto, describió la
diferencia entre la reparación individual y colectiva a fin de refutar la tesis
de los jueces de instancia, según la cual las accionantes cuentan con otros
medios de protección y trámites destinados encaminados al amparo de los
derechos alegados[208].
La interviniente considera que “los falladores obviaron analizar el
trasfondo de la solicitud de amparo, asumiendo erróneamente que la reclamación
de las accionantes se circunscribe a su inclusión en el registro de víctimas y
el acceso a otras medidas de reparación individual”[209]. Sin
embargo, omiten que la Ley 1448 de 2011 no prevé ningún mecanismo para que las
personas que integran los sujetos de reparación colectiva soliciten su
inclusión y el derecho a participar en la identificación del daño y en las
medidas destinadas a repararlo.
5. El juez de tutela debe emprender las
medidas colectivas para evitar que en los procesos de reparación colectiva se
reproduzcan los tratos discriminatorios, las barreras invisibles y las
revictimizaciones que impidan a las víctimas de violencia sexual tener una
participación igualitaria en la formulación de las medidas de reparación[210].
6. Solicitó que la Corte precise los
estándares y lineamientos para garantizar la participación de las mujeres que
han sido víctimas de violencia sexual en los procesos de reparación colectiva.
Enfatizó igualmente que las reparaciones deben esforzarse por tener un efecto
transformador de las condiciones estructurales de una sociedad que sostiene
prácticas y creencias que soportan la comisión de actos de violencia sexual[211].
En consecuencia, propone una serie de medidas a fin de que la reparación
integral colectiva tenga un enfoque de género.
7. Resaltó que tanto los contenidos de la
reparación como el proceso mismo es relevante para que las víctimas de
violencia sexual participen en las diferentes etapas del proceso de manera
equitativa. Así, “sin vacilación la revisión de tutela deberá incluir las
órdenes necesarias para la protección de los derechos vulnerados en el caso
concreto y, más aún, emitir las advertencias a las instituciones compelidas
para que tales estándares sean satisfechos en los demás programas de reparación
colectiva”[212].
8. Por último, en relación con el último
punto, afirmó que el juez no evaluó cuál sería el daño concreto en caso de que
se suspendiera el plan, ni consideró órdenes alternativas que permitieran poner
fin a la exclusión advertida de las víctimas de violencia sexual[213].
Por lo cual se debe constatar si el Plan de Reparación Colectiva se encuentra
en una etapa de revisión y reajuste, caso en el cual la orden de suspensión del
plan sería pertinente. En todo caso, consideró que si se encuentra que la
medida solicitada genera mayores costos que los beneficios que reporta, puede
considerar medidas alternativas menos gravosas e igual de efectivas para que
cese la vulneración de los derechos fundamentales[214].
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”[215]
9. El interviniente sostuvo que en el
proceso de reparación colectiva que se adelantaba con la comunidad de El
Salado, pese a que se tenía conocimiento de los hechos de violencia sexual
contra las mujeres, ninguna de ellas fue llamada a participar en la
identificación del daño ocasionado[216].
10. Insistió en que “las medidas de
reparación individual y colectiva como mínimo no deben excluir la participación
ni discriminar en contra de las mujeres. Una de las condiciones de las
reparaciones es que en el proceso y el resultado no deben ser victimizantes,
generar nuevos daños o agudizar el trauma”[217]. Por ello,
deben evitarse aquellas medidas que terminen invisibilizando a las mujeres o
reproduciendo estereotipos en estos contextos.
11. Hicieron referencia a la guía que
preparó el Secretario General de las Naciones Unidas para garantizar que las
víctimas de violencia sexual en los conflictos armados accedan a las
reparaciones adecuadas. Particularmente, hizo mención de los principios 2, 3 y
8 en donde se expresa que la necesidad de que la reparación esté disponible a
las víctimas de violencia sexual, que exista una complementariedad entre la
reparación individual y colectiva y que las reparaciones sean transformadoras
en su diseño, implementación e impacto de las mismas[218].
12. Argumentaron que una de las medidas para
lograr que las reparaciones sean adecuadas, no es otra que la de garantizar una
participación efectiva de las mujeres en el proceso de toma de decisiones,
diseño e implementación de las medidas. Para ello, sustentar lo anterior con la
jurisprudencia de la CIDH en la que sostuvo: “en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, las obligaciones positivas inherentes al derecho a la
verdad exigen la adaptación de los diseños institucionales que permitan que
este derecho se realice en la forma más idónea, participativa y completa
posible y no enfrente obstáculos legales o prácticos que lo hagan ilusorio  (…)
En cuanto a la participación de las víctimas, se debe garantizar que, en todas
las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan formular sus
pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de
forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre
hechos, responsabilidades, penas y reparaciones”[219].
13. Indicaron que en la experiencia de
Indonesia y Timor del Este se resaltan las siguientes pautas para asegurar la
participación de las mujeres:
f.
Organizar espacios separados de consulta aparte
con las mujeres antes de las consultas con la comunidad en general.
g.
Organizar debates con diferentes sectores de la
comunidad y preparar a las organizaciones de mujeres para determinar cómo se
puede incorporar el enfoque de género en todas las etapas de la reparación
colectiva.
h.
Trabajar en paralelo la diseminación de la
información de las realidades de que vivían las mujeres antes, durante y
después de las violaciones a los derechos humanos sufridas[220].
Igualmente, se
hizo mención a la experiencia del caso de la antigua Yugoslavia, en el que la
Organización Internacional para las Migraciones destacó que las reparaciones de
la violencia sexual en conflictos armados deben incluir las vulnerabilidades
actuales de las víctimas de modo que se mejore su calidad de vida, así como
reconocer la verdad de lo sucedido en tiempos de guerra.
14. Concluyeron mencionando unos
lineamientos que deben tenerse en cuenta en los procesos de reparación
colectiva, entre otros: (i) que exista complementariedad entre las reparaciones
colectivas e individuales; (ii) que los procesos de reparación no estén
permeados por estereotipos discriminatorios o violentos; (iii) que se garantice
la participación de las víctimas en los procesos administrativos y judiciales en
los procesos de reparación; (iv) que las reparaciones de violencia sexual sean
transformadoras y que atiendan a la situación de vulnerabilidad de las
víctimas.
Red Latinoamericana de Académicos/as del Derecho (Red
ALAS)[221]
15. Las intervinientes dividieron su
presentación en cuatro partes. Primero, desarrollan los presupuestos históricos
y jurídicos del reconocimiento de que la violencia sexual en los conflictos
armados se enmarca en un proceso previo de discriminación y violencia de
género. Segundo, efectúan un análisis de los enfoques aplicables en materia de
reparación a las víctimas de violencia sexual. Y por último, identifican las
directrices sobre las medidas de reparación para las víctimas de violencia
sexual, con base en la jurisprudencia interamericana.
16. Frente al primer punto, enfatizaron que
la violencia sexual es una forma de violencia de género, no solo porque afecta
mayoritariamente o, incluso, exclusivamente a las mujeres, sino también porque
surge en un contexto de discriminación contra la mujer. Además, insistieron en
que la violencia sexual relacionada con los conflictos armados debe tener un
tratamiento especial, por cuanto dicha violencia es utilizada como un arma de
guerra que se ha convertido en una práctica extendida, sistemática e invisible
en el contexto del conflicto armado colombiano.
17. En relación con el segundo punto,
señalaron que el enfoque transformador, de género y participativo deben
orientar las reparaciones a las víctimas de violencia sexual. El enfoque
transformador consiste en superar las situaciones de exclusión y
marginalidad que posibilitaron la comisión de los actos de violencia sexual.
Por su parte, el enfoque de género se orienta a visibilizar la situación
diferenciada de las víctimas de violencia sexual para tener en cuenta sus
necesidades particulares. El enfoque participativo pretende otorgarle a
las víctimas un rol protagónico al momento de diseñar las medidas de reparación
a fin de que sus necesidades sean consideradas por las autoridades estatales.
18. En adición a explicar los enfoques antes
mencionados, las interviniente indicaron los obstáculos de las víctima de
violencia sexual para obtener la reparación, como por ejemplo, (i) el desgaste
emocional y físico producido por los hechos de violencia, (ii) el estigma que
sufren por la familia y las comunidades, junto con el temor de ser
revictimizadas por acudir a las instituciones del Estado y (iii) la
discriminación estructural que sufren las mujeres víctimas, quienes tienen
dificultades a la educación y al trabajo, entre otras. Por tanto, afirman que “cualquier
programa de reparaciones debe tomar estas consideraciones en cuentas y partir
de una mirada específica que priorice la situación particular de las mujeres
víctimas”[222].
19.  En lo relativo a las directrices sobre
las medidas de reparación para las víctimas de violencia sexual, sostuvieron
que deben considerarse, entre otras, (i) la paridad en la participación de hombres
y mujeres para el diseño de las reparaciones; (ii) el reconocimiento de la
continuidad de la discriminación y la violencia contra las mujeres a fin de
establecer medidas que faciliten la participación de mujeres víctimas de la
violencia sexual; (iii) la victimización múltiple que algunas víctimas de
violencia sexual sufrieron, lo cual exige una mayor atención y cuidado dirigido
a estas víctimas; (iv) el análisis diferenciado de las violaciones a los
derecho humanos, de suerte que se tenga en cuenta el impacto diferencial de una
misma violación en los mujeres y (v) el reconocimiento de lo que las
intervinientes denominan “tiempo propio de las víctimas”, lo que significa el
reconocimiento de los obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia sexual
para obtener reparación, por ejemplo, la demora en acudir a las autoridades
porque, en algunos casos, las víctimas no son conscientes de la agresión que
sufrieron.
María Emma Wills Obregón (Asesora del
Centro Nacional de Memoria Histórica)
20. En respuesta al cuestionario formulado
por el Magistrado Ponente, María Emma Wills presentó un documento en el que
hace unas consideraciones sobre la violencia sexual como instrumento de guerra,
explica las circunstancias de la violencia sexual ejercida durante la masacre
de El Salado y sugiere algunas medidas de reparación colectiva.
21. Precisó una delimitación conceptual que
es pertinente hacer entre la violencia basada en género (VBG) y la violencia
sexual (VS). La primera consiste en el uso de la violencia simbólica y física
para “mantener e imponer una jerarquía de poder y un orden moral deseado que
regula de manera estricta las relaciones y las conductas entre géneros”[223].
Por género, insiste la interviniente, debe entenderse una categoría que ayuda a
describir relaciones sociales a través de las cuales se genera una asimetría de
poder entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cada cultura asigna unos atributos
a los hombres y mujeres dicotómicos y dichos atributos suponen roles sociales
que cada uno debe desarrollar. Estas relaciones de género, además, se traslapan
con otras discriminaciones construidas alrededor de conceptos como raza,
religión y clase social, entre otras, donde se configuran relaciones de poder
interdependientes de estos criterios discriminatorios.
22. Si bien la violencia de género incluye
la violencia sexual, no se agota en ella. La violencia sexual son conductas
basadas en la violencia basada en el género que se materializa en “la
invasión del cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la
penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la
víctima o del autor con un órgano sexual”[224].
23. Respecto de la violencia sexual en
contextos de conflicto armado, señaló que las organizaciones armadas llevan a cabo
procesos miméticos en los que imitan la forma de estigmatizar de los otros
grupos a las mujeres líderes, a los combatientes y a las organizaciones
adversarias. Esto implica que la violencia en el conflicto armado se traduce en
un acto de poder, en “un mensaje manifiesto al grupo armado identificado como
enemigo y, por ello, su ejercicio es público”[225]. Los
contextos en los que se ejerce la violencia sexual son de tres clases: (i) los
contextos de disputa; (ii) los contextos de dominio y (iii) los contextos intrafilas
que se refieren a las órdenes que cada organización produce para regular la
vida cotidiana. En el primer contexto, la violencia sexual se ejerce
principalmente para derrotar y humillar al enemigo, y en ese sentido se concibe
el cuerpo de la mujer como el lugar donde se inscribe la ferocidad de lo que
cada bando es capaz de hacer en caso de encontrar actos de resistencia[226].
En contextos de dominio, según relata la interviniente, se representan los
actos de dominio al “apropiarse” de las mujeres, jóvenes y niñas del
lugar o castigar a quienes vulneraban los código en la vida cotidiana.
Finalmente, en contextos intrafilas, la violencia depende de la forma como se
integra a las mujeres, jóvenes y niñas a las filas, por ejemplo en el caso de
los paramilitares, informa la interviniente que “estas mujeres refieren cómo
el grupo asumía que los “servicios sexuales” eran parte de las obligaciones de
estas mujeres que entonces eran sometidas a esclavitud sexual”[227].
24. En relación con la violencia sexual en
la masacre del El Salado, informó que algunas jóvenes asesinadas eran acusadas
de tener relaciones sexuales con guerrilleros. Igualmente, resaltó que
simbólicamente la violencia sexual es concebida de tal forma que lo que los
paramilitares hacen al cuerpo femenino, se lo están haciendo al grupo
guerrillero[228].
25. Advierte que deben ser las mujeres y
jóvenes de la comunidad las que deben determinar cómo quieren ser reparadas. En
cualquier caso, las medidas de reparación deben estar enfocadas a evitar que
los hechos se repitan y ofrecer un lugar de dignidad a las mujeres, jóvenes y
niñas de la comunidad. En procesos de reparación colectiva deben adelantar
procesos educativos que expliquen por qué señalamientos y estigmatizaciones a
las mujeres son inaceptables. En palabras de la doctora Wills, es necesario que
“estos procesos de construcción de memoria histórica y reparación colectiva
impugnen esos murmullos y señalamientos, y permitan a las comunidades
reflexionar no solo sobre el pasado violento ejercido por actores armados, sino
también sobre las violencias, estereotipos y las estigmatizaciones que aún, en
el día a día, se ejercen contra las mujeres, las jóvenes y las niñas”[229].
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-718 DE 2017
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL
CONFLICTO ARMADO INTERNO-Enfoque
de género en los programas de reparación a víctimas (Aclaración de voto)
Un programa colectivo de reparaciones,
necesariamente debe tener un enfoque de género, lo cual supone, lógicamente, la
participación directa y efectiva de las mujeres, sin ningún obstáculo o traba
que haga nugatorio ese derecho.
Referencia:
Expediente T-6.118.808
Acción de
tutela presentada Gloria, Amparo, Alejandra, Luisa y Lina contra
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
Asunto: Enfoque
de género en programas de reparación a víctimas.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
1. Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me conducen a aclarar el voto en
la providencia T-718 de 2017, adoptada por la mayoría de la Sala Tercera
de Revisión de Tutelas, en sesión del 11 de diciembre de 2017.
2. En el año
2008, la comunidad de El Salado inició el programa piloto de reparación
colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (“CNRR”) –hoy
UARIV. Dicho programa consistió en un proceso participativo en el que la
comunidad formuló las medidas de reparación de daños. Según informaron las
accionantes, el proceso inició con la identificación de las necesidades
consideradas más urgentes para la comunidad, tales como salud, educación,
vivienda, atención psicosocial, restitución de tierras y bienes, alimentación
para poblaciones vulnerables, acueducto y seguridad. En el año 2010, se inició
la segunda fase del plan piloto que priorizó la formación de los pobladores de
El Salado.
En junio de
2011, concluyó el proceso con una propuesta comunitaria consagrada en el Plan
de Reparación Colectiva que identificó los siguientes daños: (i) pérdida de
redes productivas, comerciales y económicas; (ii) daño o pérdida de la
infraestructura de servicios públicos, (iii) daño a las redes de apoyo social,
a las organizaciones sociales, al buen nombre, la dignidad de las víctimas y a
la seguridad comunitaria; (iv) daño en los servicios e infraestructura
educativa y (v) daño en los servicios e infraestructura de salud.
Las
peticionarias indicaron que, a pesar de que para la fecha en la que inició el
proceso de reparación se tenía conocimiento de casos de violencia sexual en la
masacre de El Salado, ninguna mujer víctima de estos delitos participó en la
fase de identificación del daño ocasionado, ni en la definición de medidas para
su reparación colectiva y tampoco existió un enfoque diferencial frente a las
víctimas de violencia sexual, además, hasta el 26 de octubre de 2016 tuvieron
conocimiento del Plan de Reparación Integral en El Salado.
La providencia concedió el amparo al derecho
fundamental a la reparación colectiva de las accionantes, principalmente por las
siguientes razones: (i) las medidas adoptadas en el
plan de reparación de la masacre de El Salado no son suficientes para
determinar si existió o no un enfoque diferencial de reparación respecto de las
víctimas de violencia sexual; (ii) el enfoque de género debe incluir la
participación activa de las víctimas de actos de violencia sexual, la
consideración de variables metodológicas en la identificación de daños y
medidas de reparación, y las condiciones necesarias y seguras para que las
víctimas de violencia sexual puedan apoyar el programa de reparación colectiva;
(iii) no existe mayor detalle sobre la forma en la que se informó a las
personas de la implementación del programa de reparación colectiva, solo se
demostró de manera genérica que la UARIV indicó que “todas las víctimas,
incluidas las de violencia sexual participaron en este piloto”, pero no se
indicó quiénes lo hicieron ni de qué manera.
3. Estoy de acuerdo con la decisión de
conceder el amparo del derecho fundamental a la reparación colectiva de las
víctimas, ya que se demostró que el programa de
reparación colectiva de El Salado no contó con un enfoque diferencial y no tuvo
en cuenta, como parte de la identificación del daño colectivo, los perjuicios
sufridos por las víctimas de violencia sexual. Además, en el proceso no se
encontró prueba alguna de que las autoridades hayan adoptado medidas
diferenciadas para garantizar la convocatoria y participación de las víctimas
de violencia sexual, salvo una afirmación general de la UARIV no sustentada con
prueba documental. Sin embargo, no estoy de acuerdo con
la parte resaltada del siguiente párrafo contenido en el fallo objeto de
aclaración:
221. Insiste la Sala que esto no significa que
en todo proceso de reparación colectiva cuando aparezcan víctimas que no
participaron efectivamente, deba reabrirse el debate sobre los daños y las
medidas. Únicamente (i) si ello fue producto de ausencia o
deficiencia de un enfoque de género que impidiera desarrollar una estrategia de
comunicaciones orientada a garantizar la participación de los sujetos a la
reparación colectiva que por su situación tienen barreras y obstáculos
adicionales de acceso a estas medidas, como ocurre especialmente con las
víctimas de violencia sexual y (ii) si la reapertura de la identificación
de daños y medidas de reparación colectiva es viable fáctica y jurídicamente la
luz de las circunstancias particulares del Plan de Reparación Colectiva que se
esté adelantando. (Negrillas fuera del texto Original).
Considero que esta conclusión es contraria
a las consideraciones de la sentencia y generará confusiones, pues no establece
expresa y claramente la necesidad de reabrir procesos o etapas para la
determinación de daños en un programa de reparación colectiva en los casos en
los que éste no haya considerado un enfoque de género que asegurara la
participación de las víctimas. En este sentido, se debe recordar la necesidad
de incluir en la decisión estatal un enfoque diferencial en favor de las
mujeres víctimas de las violaciones de derechos humanos, lo cual implica que
las políticas públicas tengan en cuenta que el cuerpo de la mujer ha sido
objeto de distintos ultrajes, al ser visto como “territorio de guerra”, y de
esa manera las mujeres han sido víctimas del conflicto desde su propia
intimidad e integridad.
3.1. Sobre la importancia de promover la
claridad en estas materias, resultan ilustrativos diversos pronunciamientos de
la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004[230], que declaró
la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la
población desplazada. En efecto, cerca de 13 años de seguimiento han implicado
para esta Corte aproximarse a la realidad del conflicto armado colombiano y
concluir la absoluta necesidad de una protección específica para las mujeres en
cuanto a su participación efectiva en los procesos de reparación, como el que
ocupa a la Sala de Revisión en este caso.
El trabajo de esta Sala ha enfatizado en
las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y, entre otros temas, destaca la
problemática de la violencia sexual. Es indiscutible que el impacto
diferenciado del conflicto en las mujeres se agrava por el carácter persistente
de las deficiencias en la protección de sus derechos. Tal situación genera una obligación
particular para cualquier modelo de reparación consistente en que se reconozca
la especificidad de estos casos y se asegure la participación de las víctimas.
3.2. Esta Corporación profirió el Auto
218 de 2006[231],
en el que advirtió la necesidad de incorporar un enfoque diferencial específico
en la política pública, que reconozca que el desplazamiento forzado afecta de
forma acentuada, entre otros grupos, a las mujeres cabeza de familia.
Posteriormente, el Auto 092 de 2008[232] se
refirió a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres
desplazadas y a la prevención del impacto de género desproporcionado del
conflicto armado y del desplazamiento forzado. En esa providencia, la Corte
concluyó que existen claras consecuencias gravosas y focalizadas del conflicto
armado y del desplazamiento forzado en términos cuantitativos y cualitativos
sobre las mujeres colombianas, a partir de la identificación de diez (10)
riesgos de género[233] en
el ámbito de la prevención:
“(i) el
riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del
conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer
labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos
patriarcales, por parte de los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de
reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de
la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando
la mujer es cabeza de familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las
relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con
los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país
o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o
retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los
riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o
políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos
humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de
persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del
comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos
armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por
el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración
de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el
riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por
los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad,
especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de
la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas
y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero
o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento”.
También identificó dieciocho facetas de
género del desplazamiento forzado[234] que
impactan de manera diferencial, específica y aguda en la atención de las
mujeres desplazadas, estas se clasifican en dos categorías: “(1) patrones de
violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad
colombiana, preexistentes al desplazamiento pero que se ven potenciados y
degenerados por el mismo”; y “(2) problemas específicos de las mujeres
desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que
soportan, y que no afectan ni a las mujeres no desplazadas, ni a los hombres
desplazados”. El mismo auto muestra los casos en los que se presentan estos
patrones de violencia y los problemas específicos de las mujeres sobrevivientes
del conflicto.
3.3. En 2015 la
Sala Especial profirió el Auto 009 de 2015[235], mediante
el cual realizó el seguimiento a las órdenes segunda[236] y tercera[237]
del Auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de
violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y al diseño e
implementación del Programa de Prevención del Impacto de Género
Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos
Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y el Programa de
Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención
Integral a sus Víctimas. Dicha providencia se
pronunció, entre otros, sobre estos temas:
(i)
la persistencia de serias afectaciones sobre
los derechos fundamentales de las niñas, mujeres, adolescentes y adultas
mayores víctimas de los hechos de violencia perpetrados por los actores armados
en medio del conflicto armado[238];
(ii)
la identificación de nuevos riesgos de
violencia sexual contra las mujeres desplazadas[239];
(iii)
precisó el concepto de “debida diligencia”
que recae en el Estado colombiano en los temas de prevención, atención,
protección y los derechos a la verdad, la justicia, reparación y garantías de
no repetición para las víctimas de violencia sexual[240]; y
(iv)
analizó el plan del Gobierno para brindar
atención diferencial a las mujeres víctimas del conflicto y de violencia sexual
a través de los programas de Prevención del Impacto de Género
Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos
extraordinarios de Genero en el Marco del Conflicto Armado; y de Prevención
de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus
Víctimas[241].
A pesar del constante seguimiento y el logro de
algunos objetivos, los datos actuales no son alentadores. Es decir, se mantiene
la necesidad de insistir en este enfoque diferencial a fin de afrontar la
gravedad de los hechos, de allí la importancia de incluir el enfoque de
género en los programas de reparaciones, sin ninguna condición. En efecto,
la Defensoría del Pueblo[242],
al analizar la situación de riesgo que enfrentaban las mujeres víctimas de
desplazamiento forzado, especialmente en algunas zonas del país en el año 2015,
advirtió, entre otros:
(i)
la persistencia de violencias de género por la
labor de liderazgo que ejercen las mujeres en el departamento del Caquetá[243] y como
reclamantes de tierras en el departamento de Córdoba[244];
(ii)
los riesgos de desintegración de los grupos
familiares y redes de apoyo de las adultas mayores víctimas de desplazamiento
en la subregión de Montes de María en Bolívar y Sucre[245];
(iii)
la persistencia de riesgos acentuados por la
discriminación para mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento
forzado en Bogotá[246].
Ahora bien, las cifras sobre la violencia sexual en el marco del
desplazamiento forzado muestran un panorama preocupante para las mujeres[247]. Según el
Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria
Histórica, desde el año 1958 y con corte al veinte (20) de septiembre de 2017,
15.076 personas sufrieron delitos contra la libertad y la integridad sexual en
el marco del conflicto armado, de ellas, el 91,6% son mujeres[248].
El informe del Observatorio de Memoria y Conflicto además, asegura
que la violencia sexual ha sido ejercida de manera ininterrumpida con puntos de
mayor intensidad a lo largo del periodo, lo que muestra que, aunque se trata de
delitos que permanecen ampliamente subregistrados[249], responden a
los patrones fácticos identificados por esta Sala Especial[250] y a la forma
en que tales delitos fueron cometidos por todos los actores del conflicto
armado como una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible”[251].
Por lo tanto, un programa colectivo de reparaciones,
necesariamente debe tener un enfoque de género, lo cual supone, lógicamente, la
participación directa y efectiva de las mujeres, sin ningún obstáculo o traba
que haga nugatorio ese derecho.
4. Por otra parte, la sentencia en comento
fija como requisito el hecho de que la UARIV indique si es posible o no
realizar ajustes a los programas, lo que considero contrario al derecho a la
reparación de las víctimas que no pudieron participar en un plan específico de
reparación, y nuevamente se desconoce que, si un programa de reparación
colectiva no tiene un enfoque diferencial de género se materializa la violación
grave a los derechos fundamentales de las mujeres.
De esta
manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las
consideraciones expuestas en la sentencia T-718 de 2017.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Con el fin de garantizar el derecho a la intimidad de las
accionantes, se cambiarán sus nombres por unos ficticios o por números, de tal
forma que no puedan identificárseles en la versión publicada de esta
providencia. Lo anterior con fundamento en el numeral 1 del artículo 13 de la
Ley 1719 de 2014.
[2] Varios documentos se ocupan de analizar la Masacre de El Salado.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el documento del Centro Nacional
de Memoria Histórica La Masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra. 2009.
Ver: https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/informe_la_masacre_de_el_salado.pdf.
[3] Para efectos de proteger la intimidad de las accionantes, la Sala
hará referencia a los hechos sin asociarlos a una persona determinada o
determinable.
[4] Folio 8 del cuaderno primero.
[5] Folios 8 y 9 del cuaderno primero.
[6] Folio 9 del cuaderno primero.
[7] Folio 9 del cuaderno primero.
[8] Folio 9 del cuaderno primero.
[9] Folio 10 del cuaderno primero.
[10] Folio 10 del cuaderno primero.
[11] Folio 10 del cuaderno primero.
[12] Folio 11 del cuaderno primero.
[13] Folio 11 del cuaderno primero.
[14] Folio 11 del cuaderno primero.
[15] Folio 12 del cuaderno primero.
[16] Folio 12 del cuaderno primero.
[17] Folio 12 del cuaderno primero.
[18] Folio 13 del cuaderno primero.
[19] Folio 13 del cuaderno primero.
[20] Folio 13 del cuaderno primero.
[21] Folio 14 del cuaderno primero.
[22] Folio 14 del cuaderno primero.
[23] Folio 14 del cuaderno primero.
[24] Folio 14 del cuaderno primero.
[25] Folio 14 del cuaderno primero.
[26] Folio 15 del cuaderno primero.
[27] Folio 15 del cuaderno primero.
[28] Folio 15 del cuaderno primero.
[29] Folio 16 del cuaderno primero.
[30] Folio 16 del cuaderno primero.
[31] Folio 16 del cuaderno primero.
[32] Folio 41 del cuaderno primero.
[33] Folio 77 del cuaderno primero.
[34] Folio 46 y 47 del cuaderno primero.
[35] Folio 81 del cuaderno primero.
[36] Folio 82 del cuaderno primero.
[37] Folio 82 del cuaderno primero.
[38] Folio 99 del cuaderno primero.
[39] Folio 99 del cuaderno primero.
[40] Folio 100 del cuaderno primero.
[41] Folio 106 del cuaderno primero.
[42] Folio 107 del cuaderno primero.
[43] Folio 107 del cuaderno primero.
[44] Folio 107 del cuaderno primero.
[45] Folio 107 del cuaderno primero.
[46] Folio 30 del cuaderno segundo.
[47] Folio 25 del cuaderno segundo.
[48] Folio 25 del cuaderno segundo. Según los folios 65 y ss. Del
cuaderno primero, a juicio del ad quem, se incluían medidas para pedir
perdón públicamente por lo sucedido, especialmente a las víctimas mujeres y
líderes sociales de la comunidad.
[49] Folio 27 del cuaderno segundo.
[50] Folio 29 del cuaderno segundo.
[51] Folio 30 del cuaderno segundo.
[52] Artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015: “Con miras a la protección
inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al
proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado
sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas…”.
[53] No se incluyen los números de cédula para evitar la identificación
de las accionantes.
[54] No se incluye el número de la fiscalía para evitar la
identificación de las accionantes.
[55] Asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria
Histórica.
[56] Suscrito por Regina Tamés Noriega y Julissa Mantilla Falcón,
integrantes de la Red Latinoamericana de Académicos/as del Derecho.
[57] Documento suscrito por Fiscal Especializada DECC (no se menciona el
número de la Fiscal para proteger la identidad de las accionantes).
[58] Ver folios 60 a 156 del cuaderno tercero.
[59] Documento suscrito por la apoderada de las accionantes.
[60] Folios 157, 210, 251, 283 y 304 del cuaderno tercero.
[61] Folio 158 del cuaderno tercero.
[62] Folio 158 del cuaderno tercero.
[63] Ibíd.
[64] Folio 160 del cuaderno tercero.
[65] Folio 161 del cuaderno tercero.
[66] Folio 162 del cuaderno tercero.
[67] Documento suscrito por Claudia Isabel González (Secretaria
Jurídica).
[68] Folio 331 del cuaderno tercero.
[69] Folio 332 del cuaderno tercero.
[70] Artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015: “Con miras a la protección
inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al
proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado
sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas…”.
[71] La Secretaria General de la Corte Constitucional dio cumplimiento
al auto de suspensión e insistencia de pruebas, según la constancia secretarial
del 5 de octubre de 2017.
[72] Documento suscrito por Vladimir Martin Ramos (Representante
Judicial de la UARIV) recibido el 6 de octubre de 2017.
[73] Artículo 57 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte
Constitucional): “… [l]os textos de todas las insistencias serán publicados en
la página web de la Corte Constitucional, una vez recibidas por la Secretaría
General. En caso de que el expediente sea seleccionado, en la sentencia se hará
referencia al contenido de la insistencia”.
[74] Folios 3 a 9 del cuaderno tercero.
[75] Folio 3 del cuaderno tercero.
[76] Folio 4 del cuaderno tercero.
[77] Folio 4 del cuaderno tercero.
[78] Folio 4 del cuaderno tercero.
[79] Folio 5 del cuaderno tercero.
[80] Folio 8 del cuaderno tercero.
[81] Folio 9 del cuaderno tercero.
[82] Folio 9 del cuaderno tercero.
[83] Documento suscrito por Vladimir Martin Ramos (Jefe de Oficina
Asesora Jurídica). Folio 389 del cuaderno tercero.
[84] Folio 389 del cuaderno tercero. No se incluye el nombre de la
apoderada judicial de las accionantes para proteger la identificación de estas.
[85] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12
de septiembre de 2016. Radicado No. 11001-31-03-025-2011-00521-01. Ver también:
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20 de enero de
2017. Nº 76001-31-03-005-2005-00124-01.
[86] No se incluye el nombre de la apoderada judicial de las accionantes
para proteger la identidad de estas.
[87] Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991: “Legitimidad e interés. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos…”.
[88] Ver folios 50, 52, 54, 56, 58 y 60 del cuaderno primero.
[89] Ver folios 51, 53, 55, 57, 59 y 61 del cuaderno primero.
[90] No se incluye el nombre de la apoderada judicial de las accionantes
para proteger la identidad de estas.
[91] Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
[92] Corte Constitucional. Sentencia SU-377 de 2014.
[93] Corte Constitucional. Sentencia T-194 de 2012.
[94] Corte Constitucional. Sentencia T-194 de 2012. Ver también las
sentencias T-531 de 2002 y T-552 de 2006.
[95] Folios 50, 52, 54, 56, 58 y 60 del cuaderno primero.
[96] Artículo 74 de la Ley 1564 de 1564: “Los poderes generales para
toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder
especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En
los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente
identificados”.
[97] Folios 50, 52, 54, 56, 58 y 60 del cuaderno primero.
[98] Folios 168, 169, 171, 173, 175 y 177.
[99] Folios 158 y 159 del cuaderno tercero.
[100] Los requisitos de la agencia oficiosa en los procesos de tutela
son: “(i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando como tal; (ii)
del escrito de tutela se debe poder inferir que el titular del derecho está
imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancia
físicas o mentales; (iii) la informalidad de la agencia, pues esta no implica
que deba existir una relación formal entre el agente y los agenciados; (iv) la
ratificación de lo actuado dentro del proceso” (Corte Constitucional. Sentencia
T-004 de 2013).
[101] Esta entidad fue creada por el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011
en los siguientes términos: “Créase la Unidad de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica
y autonomía administrativa y patrimonial, adscrita al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República”.
[102] Artículo 5 del Decreto 2591 de 1991: “La acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado,
viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de
esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad
con lo establecido en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la
tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del
particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”. Artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991: “Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior”.
[103] Cf. Corte Constitucional. Sentencia SU-961 de 1999.
[104] Recientemente en la Sentencia SU-391 de 2016, la Corte
Constitucional fijó unos criterios que orientan al juez a evaluar si se ha
cumplido o no el criterio de inmediatez, estos son: “(i) La situación personal
del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues
en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la
acción de tutela en un término breve. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha
señalado que tal exigencia podría ser desproporcionada cuando el peticionario
se encuentre en “estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad
[o] incapacidad física.
(ii) El momento en el que se produce
la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de
tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o
amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar
en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó.
(iii) La naturaleza de la
vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los
interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora
en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración
de derechos fundamentales que alega el peticionario.
(iv) La actuación contra la que se dirige
la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha
señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de
tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el
requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela
contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su
cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la
firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente”.
(v) Los efectos de la tutela: la
Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la
demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los
efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente, pues tales terceros tienen una expectativa legítima a que se proteja
su seguridad jurídica”.
[105] Folio 65 y ss. del cuaderno primero.
[106] Cf. Folio 41 del cuaderno primero.
[107] Ver folio 19 del cuaderno segundo.
[108] Artículo 20 del Decreto 2591 de 1991: “Si el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y
se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa”.
[109] Cf. Auto 009 de 2015 de la Sala de Seguimiento de la T-025 de 2004.
[110] Corte Constitucional. Sentencia T-364 de 2015.
[111] En la sentencia C-344 de 2017 se reconoció el derecho a la
reparación como un derecho fundamental en lo siguientes términos: “La
jurisprudencia constitucional, de forma constante y uniforme, ha afirmado que
la reparación integral es de uno de los derechos fundamentales reconocidos a
las víctimas de una conducta punible”.
[112] Folios 471 y472 del cuaderno cuarto.
[113] De acuerdo con el Auto 092 de 2008, reiterado en el Auto 009
de 2015, la invisibilidad se explica, entre otras cosas por (i) la desconfianza
de las víctimas y sus familiares en el sistema de justicia, su inefectividad en
la investigación y el juzgamiento; (ii) el miedo justificado a las amenazas de
retaliaciones por parte de los actores armados contra quienes denuncien lo
ocurrido y junto a ello la falta de protección estatal a las víctimas y sus
familias; (iii) el sub-registro oficial de los casos generado por factores como
la vergüenza, el aislamiento y la estigmatización social sobre las mujeres
víctimas de violencia sexual, la ignorancia y la desinformación de las víctimas
sobre sus derechos y los procedimientos existentes para hacerlos efectivos, la sub-valoración
y distorsión de los crímenes perpetrados por parte de las autoridades
encargadas de su reporte e investigación, quienes, en ocasiones, los clasifican
como delitos “pasionales”; (iv) la inexistencia de sistemas oficiales de
atención a las víctimas sobrevivientes de la violencia sexual, y más aun de
sistemas de atención que sean conformes con los estándares internacionales
pertinentes; (v) la inexistencia de sistemas de formación para funcionarios
públicos para sensibilizarlos frente al problema de la violencia sexual y las
necesidades específicas de las víctimas de ello y, por último, (vi) la
generalizada impunidad de los perpetradores, particularmente si pertenecen a
grupos armados ilegales.
[114] Cf. Corte Constitucional. Anexo Complementario al Auto 009
de 2015.
[115] En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
“[l]a violencia sexual contra las mujeres en Mesoamérica no es un problema aislado:
es el resultado de una violencia estructural de género y de patrones
socioculturales que discriminan a las mujeres. La violencia estructural de
género responde a un sistema que justifica la dominación masculina sobre la
base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres, que tiene su origen
en la familia y se proyecta en todo el orden social, económico, cultural,
religioso y político” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica. 2011. http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/mesoamerica%202011%20esp%20final.pdf).
[116] Recientemente, en relación con esta intensificación de la
discriminación contra la mujer en el contexto armado la Relatora Especial sobre
la violencia contra la mujer manifestó en su Informe A/HRC/32/42 lo siguiente:
“Las situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto a menudo exacerban
las formas existentes de discriminación o generan nuevas formas de violencia
contra mujeres que ya se encuentran en una situación vulnerable, entre ellas la
violación a manos de agentes estatales o no estatales, la amputación, la
mutilación sexual, los secuestros, los matrimonios forzados con combatientes
armados (esclavitud), la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes” (Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre violencia
contra la mujer, sus causas y consecuencias. A/HRC/32/42).
[117] Cf. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo de Memoria
Histórica. Bogotá. 2013. Pág. 77-84.
[118] Cf. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo de Memoria
Histórica. Bogotá. 2013. Pág. 80.
[119] Ibíd. Pág. 80.
[120] De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, “a
diferencia de los paramilitares, la violencia sexual cometida por la guerrilla
no aparece como un mecanismo de violencia asociado centralmente a su estrategia
de control social y territorial”. Centro Nacional de Memoria Histórica.
¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo
de Memoria Histórica. Bogotá. 2013. Pág. 83.
[121] Cf. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo de Memoria
Histórica. Bogotá. 2013. Pág. 268.
[122] En un informe de Médicos sin Fronteras se afirmó lo siguiente: “De
los pacientes atendidos por MSF, un 7% dijo haber sufrido violencia sexual.
Durante 2012, MSF atendió a 280 sobrevivientes de este tipo de ataques: en el
96% de los casos se trataba de mujeres, predominando los casos de violación
(57%) y aquellos por agresión sexual (31%). Un dato significativo es que el 66%
de los sobrevivientes ya había pasado previamente por un incidente similar. En
el 68% de los casos el perpetrador había sido un familiar o la pareja,
evidenciando que muchas veces es el entorno más cercano el que resulta más
peligroso. En el 26% el agresor fue un miembro de la comunidad y en el 6%, las
fuerzas armadas. Sólo el 10% denunció el evento en las primeras 72 horas.
Organización Médicos sin Fronteras. Las heridas menos visibles: salud mental,
violencia y conflicto armado en el sur de Colombia. Junio 2013. Pág. 14.
[123] Cf. Auto 092 de 2008. Sección III.1.1.
[124] Auto 009 de 2015. Pág. 11.
[125] Cf. Auto 009 de 2015.
[126] Cf. Auto 009 de 2015.
[127] Ibíd.
[128] Cf. Auto 009 de 2015.
[129][129] Cf. Auto 009 de 2015.
[130] Cf. Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe General del Grupo de Memoria
Histórica. Bogotá. 2013. Organización Médicos sin Fronteras.
Las heridas menos visibles: salud mental, violencia y conflicto armado en el
sur de Colombia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la
Justicia para Víctimas de Violencia Sexual: la educación y la salud. OEA. Doc.
65. Diciembre 2011. Amnistía Internacional. Eso es lo Que Nosotras Exigimos:
Que se haga Justicia, Impunidad por Actos de Violencia Sexual cometidos contra
Mujeres en el Conflicto Armado en Colombia. Madrid. 2011.
[131] Cf. Auto 009 de 2015.
[132] Auto 009 de 2015.
[133] Auto 092 de 2008.
[134] Artículo 1 de la Constitución Política: “Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general”.
[135] Artículo 2 de la Constitución Política: “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
[136] Artículo 13 de la Constitución Política: “…El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
[137] Artículo 93 de la Constitución Política: “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”.
[138] Artículo 229 de la Constitución Política: “Se garantiza el derecho
de toda persona para acceder a la administración de justicia…”.
[139] Artículo 230 de la Constitución Política.
[140] Numerales 6 y 7 del artículo 250: “6. Solicitar ante el juez de
conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las
víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación
integral a los afectados con el delito. 7. Velar por la protección de las
víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal,
la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso
penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.
[141] Ver las sentencias C-617 de 2008, C-228 de 2009 y C-307 de 2009.
[142] Concretamente, el literal d del artículo 2 dice: “Los Estados
Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal
objeto, se comprometen a: d. Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de
discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación”. Ver también la
Recomendación General No. 30 del Comité de la Convención para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las mujeres CEDAW de las Naciones
Unidas.
[143] Ver arts. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem do Pará).
[144] De acuerdo con el Auto 009 de 2015, la Corte resaltó que la CEDAW y
la Convención de Belem do Pará hacen parte del bloque de constitucionalidad en
sentido estricto. En palabras, de este Tribunal: “Este marco jurídico será
delineado a la luz del deber de diligencia debida, consagrado en la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
–CEDAW y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres –Convención de Belem do Pará-. Primero, por
cuanto los citados instrumentos internacionales del Sistema Universal de los
Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos,
respectivamente, hacen parte del ordenamiento constitucional interno en virtud
del artículo 93 de la Carta Política y la figura del bloque de constitucionalidad
en sentido estricto” (Auto 009 de 2015).
[145] En la Sentencia SU-254 de 2013, la Corte sostuvo que “el
reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a la no repetición, se fundamenta en varios principios y preceptos
constitucionales: (i) en el mandato según el cual los derechos y deberes se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en que el Constituyente ha
otorgado rango  constitucional a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6
y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en
particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP);
(iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué
ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado
Social de Derecho que promueve la participación y fundamenta la intervención de
las víctimas tanto en los procesos judiciales como administrativos para obtener
su reparación; (vi) en el derecho de acceso a la administración de justicia,
del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y
efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la
resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el
pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio
y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias; (vi) en el
artículo 90 de la Constitución Nacional, que consagra una cláusula general de
responsabilidad del Estado; (vii) en el derecho de acceso a la administración
de justicia (art. 29 y 229 C.N.); (viii) en el derecho a no ser objeto de
tratos crueles inhumanos o degradantes (art. 12); (ix) así como en la
obligación estatal de respeto y garantía plena de los derechos, el debido
proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, consagrados en los
artículos 1, 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos[108], los cuales no pueden ser suspendidos en estados de excepción y,
en consecuencia, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto”.
[146] Ver los artículos 65.4, 68 y 75 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (A/CONF.183/9).
[147] Ver sentencia C-936 de 2010.
[148] Este documento se titula “Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” y fue
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de
2005. A pesar de que no hace parte del bloque, es relevante para determinar el
derecho a la reparación integral, pues como lo ha sostenido la Corte
Interamericana de Derechos Humanos “constituye una norma consuetudinaria que
es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes”
(Corte IDH. Caso Alobotoe y otros. Reparaciones. Serie C. No. 15. Sentencia del
10 de septiembre de 1993).
[149] Naciones Unidas. Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones. 16 de diciembre de 2005.
[150] Corte Constitucional. Sentencia C-344 de 2017.
[151] Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-083 de 2017.
[152] Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 2013.
[153] Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 2013.
[154] Corte Constitucional. Sentencia C-715 de 2012.
[155] Ver artículos 8 y 38 de la Ley 975 de 2005.
[156] Ver artículo 151 de la Ley 1448 de 2011.
[157] Cf. El punto 22 de la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005
de las Naciones Unidas. Ver también art. 139 de la Ley 1448 de 2011: “El
Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, deberá realizar las acciones tendientes a restablecer
la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a
los objetivos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones
que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. Las
medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo
cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras: a. Reconocimiento
público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la
comunidad y el ofensor; b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar
relacionadas con el literal anterior. c. Realización de actos conmemorativos;
d. Realización de reconocimientos públicos; e. Realización de homenajes
públicos; f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y
reconciliación; g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social
de las comunidades campesinas, especialmente de las mujeres. h. Difusión
pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó,
siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad;
i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la
identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones
familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin;
j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los
victimarios; k. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las
violaciones de derechos humanos. l. Reconocimiento público de la
responsabilidad de los autores de las violaciones de derechos humanos.
Parágrafo. Para la adopción de cualquiera de las medidas señaladas
anteriormente, así como aquellas que constituyen otras medidas de satisfacción
no contempladas en la presente ley, deberá contarse con la participación de las
víctimas de acuerdo a los mecanismos de participación previstos en la Constitución
y la ley, así como el principio de enfoque diferencial establecido en el
artículo 13.”
[158] Artículo 8 de la Ley 975 de 2005.
[159] Corte Constitucional. Sentencia C-715 de 2012.
[160] La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó lo siguiente al
respecto: “La Corte resalta que la satisfacción de la dimensión colectiva del
derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad
histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de
actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron
en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades”. (Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de La Rochela v.s.
Colombia. Sentencia del 11 de mayo de 2007).
[161] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de la
Rochela contra Colombia. Sentencia del 11 de mayo de 2007.
[162] Naciones Unidas. Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005.
[163] Numeral II, d de la Resolución 60/147.
[164] El numeral VII sobre derechos de las víctimas a disponer de
recursos consagra esta protección de la siguiente forma: “11. Entre los
recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario
figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el
derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b ) Reparación
adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Acceso a información
pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación”.
[165] Artículo 8 de la Ley 975 de 2005.
[166] Cf. Artículo 49 de la Ley 975 de 2005.
[167] Artículo 151 de la Ley 1448 de 2011. Reparación colectiva: “Dentro
de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, y a través del Plan Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, deberá implementar un Programa de
Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera de los siguientes eventos: a).
El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; b). La
violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de
los colectivos; c). El impacto colectivo de la violación de derechos
individuales”.
[168] Artículo 152 de la Ley 1448 de 2011. Sujetos de reparación
colectiva: “Para efectos de la presente ley, serán sujetos de la reparación
colectiva de que trata el artículo anterior: 1. Grupos y organizaciones
sociales y políticos; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento
jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la
cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común”.
[169] El numeral 14 del artículo 3
del Decreto 4802 de 2011 establece que “La Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, cumplirá las siguientes funciones: 14. Implementar el
Programa de Reparación Colectiva en los términos de los artículos 151 y 152 de
la Ley 1448 de 2011”.
[170] UARIV. Procedimiento de Reparación Colectiva. Agosto 8 de 2014.
[171] Artículo 222 del Decreto 4800 de 2011.
[172] Artículo 227 del Decreto 4800 de 2011.
[173] Artículo 228 del Decreto 4800 de 2011.
[174] Artículo 229 del Decreto 4800 de 2011.
[175] Artículo 230 del Decreto 4800 de 2011.
[176] Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011.
[177] Cf. Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011.
[178] Cf. Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011.
[179] Corte Constitucional. Auto 092 de 2008.
[180] Ibíd.
[181] Literal i del artículo 8 de la Ley 1257 de 2008.
[182] Conpes 3784 de 2013.
[183] Ibìd.
[184] Conpes 3784 de 2013..
[185] Organización de las Naciones Unidas. Nota Orientativa del
Secretario General. Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los
conflictos. Junio de 2014.
[186] Naciones Unidas. Nota Orientativa del Secretario General.
Reparaciones por la violencia sexual relacionada con los conflictos. Junio de
2014. Pág. 12.
[187] Ibíd. Pág. 18.
[188] Plan de Reparación Colectiva del corregimiento de El Salado,
municipio Carmen de Bolivar. Pág. 5. Disponible en: http://static.iris.net.co/fundacion/upload/documents/Documento_2965_20120808.pdf
(06.09.17).
[189] Ibíd. Pág. 9.
[190] Ibíd. Pág. 6.
[191] Plan de Reparación Colectiva del corregimiento de El Salado.
[192] Folio 144 del cuaderno primero.
[193] Plan de Reparación Colectiva del corregimiento de El Salado,
municipio Carmen de Bolívar. Pág. 15. Disponible en: http://static.iris.net.co/fundacion/upload/documents/Documento_2965_20120808.pdf
(06.09.17).
[194] Cf. Ibíd. Pág. 15.
[195] Folios 432 a 435 del cuaderno cuarto.
[196] Folio 434 del cuaderno tercero.
[197] Folio 434 del cuaderno tercero.
[198] Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 2013.
[199] En la jurisprudencia de la CIDH esto se reconoce en el Caso Campo
Algodonero contra México. Sentencia del 16 de noviembre
de 2009. También ver: Rubio-Marín y Sandoval, Clara: Engendering the
Reparations Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: The
Promise of the Cotton Field Judgement. Human Rights
Quarterly 33 (2011). Pág. 1062-1091. En el Caso Campo Algodonero contra México,
“La Corte recuerda que el concepto de “reparación integral” (restitutio in
integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la
eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización
como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la
situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos
ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado (supra párrs.
129 y 152), las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha
situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo
sino también correctivo” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Campo
Algodonero contra México. Sentencia del 16 de noviembre de 2009).
[200] Artículo 222 del Decreto 4800 de 2011.
[201] Folio 161 del cuaderno tercero.
[202] Folio 161 del cuaderno tercero.
[203] Folio 162 del cuaderno tercero.
[204] Folios 160 y 161 del cuaderno tercero.
[205] ONU. Resolución 60/147.
[206] Documento suscrito por Adriana Leaño Siado, en calidad de abogada
de la Corporación Humanas- Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de
Género.
[207] Folio 32 del cuaderno tercero.
[208] Folio 38 del cuaderno tercero.
[209] Folio 38 del cuaderno tercero.
[210] Folio 40 del cuaderno tercero.
[211] Folio 44 del cuaderno tercero.
[212] Folio 45 del cuaderno tercero.
[213] Folio 46 del cuaderno tercero.
[214] Folio 49 del cuaderno tercero.
[215] Documento suscrito por Jomary Ortegón Osorio (Presidente del
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) y Viviana Krsticevic (Directora
Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional).
[216] Folio 4 del cuaderno tercero.
[217] Folio 366 del cuaderno tercero.
[218] Folio 367 del cuaderno tercero.
[219] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de la
Rochela v.s. Colombia. Sentencia del 11 de mayo de 2007.
[220] Folio 370 del cuaderno tercero.
[221] Suscrito por Regina Tamés Noriega (coordinadora) y Julissa Mantilla
Falcón (investigadora) de la Red Latinoamericana de Académicos/as del Derecho.
Ver folios 410 a 424 del cuaderno tercero.
[222] Folio 417 del cuaderno tercero.
[223] Folio 473 del cuaderno tercero.
[224] Folio 476 del cuaderno tercero.
[225] Folio 478 del cuaderno tercero.
[226] Folio 480 del cuaderno tercero.
[227] Folio 485 del cuaderno tercero.
[228] Folio 487 del cuaderno tercero.
[229] Folio 489 del cuaderno tercero.
[230] MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[231] MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[232] MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[233] Corte Constitucional, Auto 092 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Fundamentos III.1.1. a III.1.10.
[234] Corte Constitucional, Auto 092 de
2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento II.2.
[235] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[236] Corte Constitucional. Auto 092 de
2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “Segundo.- En el ámbito de la
prevención del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las
mujeres, CONSTATAR que, entre los diversos riesgos de género en el marco del
conflicto armado colombiano identificados en la presente providencia como causa
de desplazamiento, el riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso
sexual en el marco del conflicto armado configura una situación fáctica
alarmante por ser abiertamente lesiva de los derechos humanos en su integridad
y de los postulados más básicos del Derecho Internacional Humanitario que
ampara a las mujeres como víctimas del conflicto […]. // En consecuencia, SE
CORRE TRASLADO de la presente providencia, así como del documento separado en
el que constan los relatos fácticos sobre episodios de violencia sexual, al
señor Fiscal General de la Nación, para que éste, en ejercicio autónomo e
independiente de sus competencias y sin perjuicio de las investigaciones que ya
se han iniciado, adopte a la mayor brevedad las medidas a las que haya lugar en
relación con los hechos allí descritos, con miras a asegurar que las
investigaciones que estén en curso avancen aceleradamente, y que se inicien los
procedimientos investigativos de imperativo desarrollo respecto de los hechos
que aún no han sido objeto de atención por la justicia penal ordinaria. […]”
[237] Corte Constitucional, Auto 092 de
2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. “Tercero.- Para prevenir el impacto
desproporcionado y diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres
colombianas, y proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las
mujeres víctimas del desplazamiento, se ORDENA al Director de Acción Social que
lleve a su debido término el diseño e implementación de los trece Programas
enunciados en la presente providencia para colmar los vacíos críticos en la
política pública de atención al desplazamiento forzado […]. Se ORDENA al
Director de Acción Social que garantice que cada uno de estos programas cumpla
en su diseño e implementación con las condiciones y los elementos mínimos de
racionalidad descritos en detalle en la sección V.B. de la presente
providencia. En particular, se ORDENA al Director de Acción Social que
garantice la participación activa y efectiva, en el diseño e implementación de
estos trece programas, de las organizaciones que velan por los derechos de las
mujeres desplazadas en el país […]”.
[238] Tales como la violencia sexual, la esclavitud sexual y la
prostitución forzada, tortura física y psicológica, actos de ferocidad y
barbarie sexual, abusos y acosos sexuales.
[239] Corte Constitucional. Auto 009 de
2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Fundamentos 2 y 3. La Sala Especial
identificó dos riesgos adicionales de violencia sexual contra las mujeres
desplazadas, a los advertidos en el año 2008, a saber: (i) violencia sexual
asociada a la explotación ilegal de recursos mineros; y (ii) violencia
sexual contra mujeres con orientación sexual diversa. Adicionalmente,
advirtió la existencia de dos factores que potencian los riesgos de la
violencia sexual contra las mujeres en contextos de conflicto armado y
desplazamiento forzado por la violencia, en virtud de su condición de género, a
saber: (i) factores contextuales que aumentan el riesgo de violencia
sexual contra las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores en el marco
del conflicto armado y el desplazamiento forzado por la violencia; y (ii) factores
subjetivos que potencian el riesgo de violencia sexual en contextos de
conflicto armado: Enfoques Sub-diferenciales Etáreo, Étnico y de Condición de
Discapacidad.
[240] Corte Constitucional. Auto 009 de
2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Fundamento IV. En particular la Sala
Especial precisó el alcance de: (i) la debida diligencia en la prevención de
actos de violencia sexual contra mujeres; (ii) la debida diligencia en
la atención y asistencia especializada a las mujeres, niñas, adolescentes y
adultas mayores sobrevivientes a la violencia sexual perpetrada por actores
armados; y (iii) los deberes mínimos de debida diligencia del Estado en
la investigación, juicio y sanción de actos de violencia sexual en contra de
mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores perpetradas por actores armados.
[241] Corte Constitucional, Auto 009 de
2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Fundamento VI.
[242] Defensoría del Pueblo. Informe de
Seguimiento a los Riesgos para las Mujeres en el marco de la Sentencia T-025 de
2004. 11 de marzo de 2016.
[243] Señala la Defensoría que en el año
2015 conoció de cinco (5) casos de amenazas contra lideresas y funcionarias
públicas en el departamento del Caquetá, con el agravante que, pese a haber
sido publicitado, el Decreto del Plan de Garantías para lideresas y Defensoras
de Derechos Humanos nunca fue expedido ni menos ha sido implementado.
[244] La Defensoría tuvo conocimiento de
nueve (9) mujeres líderes comunitarias que fueron víctimas de amenazas y/o
violencias de género a raíz de su participación en procesos de restitución de
tierras, incluso, dos (2) de ellas miembros de la Mesa Departamental para la participación
efectiva de víctimas.
[245] La Defensoría también manifestó que
se seguían presentando al menos dos de las formas victimización advertidas por
la Corte, esto es: (i) persiste la afectación psicológica de las mujeres
adultas; y (ii) la respuesta que da el Estado sigue siendo insuficiente.
[246] Manifestó la Defensoría que el
enfoque de género y étnico convirtió en un discurso que se encuentra en los
lineamientos orientadores de los procesos de cada entidad, pero los
funcionarios y funcionarias, más allá de usar un lenguaje políticamente
correcto sobre la igualdad, no lo aplican en su actuar.
[247] El Centro Nacional de Memoria Histórica entiende la
violencia sexual como “una modalidad de violencia de género, que se
constituye en un ejercicio de dominación y poder ejercido violenta y
arbitrariamente a través de la imposición de realizar o presenciar actos
sexuales en contra de la voluntad de una persona. No se considera propia de
instintos desenfrenados inherentes de la masculinidad, ni de una patología que obedece
a la conducta individual, sino a una forma de violencia de género utilizada por
los perpetradores para expresar control sobre un territorio-población y ‘sobre
el cuerpo del otro como anexo a ese territorio’ (Segato, 2013, página 20)”.
Centro Nacional de Memoria Histórica. La guerra inscrita en el cuerpo. Informe
nacional de violencia sexual en el conflicto armado, noviembre de 2017, p. 21.
[248] Centro Nacional de Memoria Histórica. La
guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el
conflicto armado, noviembre de 2017, p. 25
[249] Según el “Diagnóstico sobre factores de la violencia
estructural de género asociados a la violencia sexual”, “el subregistro de los
casos de violencia sexual asociados al conflicto armado, reiterado por las organizaciones
de mujeres consultadas, no solo ha impedido visibilizar la magnitud de su
ocurrencia sino también determinar su gravedad respecto de las afectaciones a
la población civil. Según las organizaciones no gubernamentales de mujeres y de
derechos humanos las poblaciones con mayor impacto en el conflicto armado en
Colombia han sido la campesina, indígena y afrodescendiente (Corporación Sisma
Mujer, 2007)” Diagnóstico sobre factores de la violencia estructural de género
asociados a la violencia sexual, Ministerio del Interior, Escuela de Estudios
de Género de la Universidad Nacional de Colombia, enero de 2016, p. 105.
[250] Los patrones fácticos que identificó el Auto 092 de
2008 son: (i) la ejecución de actos de violencia sexual como parte integrante
de las operaciones violentas de mayor envergadura; (ii) acciones ejecutadas
individualmente por los miembros de todos los grupos armados con diversos
fines, tales como: amedrentamiento de la población, retaliaciones y venganzas,
estrategia de avance y control territorial, obtención de información o de
simple ferocidad; (iii) violencia sexual contra mujeres señaladas de tener
relaciones familiares o afectivas con un miembro o colaborador de alguno de los
actores legales e ilegales; (iv) la comisión de diversos crímenes de índole
sexual en el marco del reclutamiento forzado de niñas y mujeres; (v)
violaciones y abusos sexuales por parte de los miembros de los grupos armados
para obtener su propio placer sexual, o contra las mujeres que se niegan a
tener relaciones sexuales o se niegan a su explotación; (vi) actos de violencia
sexual, tortura, mutilaciones sexuales, desnudez pública forzosa, o humillación
sexual de las mujeres civiles que quebrantan con su comportamiento público o
privado los códigos sociales de conducta impuestos de facto por los grupos
armados al margen de la Ley; (vii) actos de violencia sexual contra mujeres que
forman parte de las organizaciones sociales, comunitarias o políticas o que se
desempeñan como líderes o promotoras de derechos humanos, o contra mujeres
miembros de sus familias, en tanto forma de retaliación, represión o
silenciamiento de sus actividades por parte de los actores armados; (viii)
prostitución forzada y esclavización sexual de mujeres civiles perpetradas por
miembros de los grupos armados ilegales al margen de la Ley, principalmente los
paramilitares y las guerrillas; y (ix) la coacción de trabajadoras sexuales de
distintas partes del país para realizar actos sexuales con miembros de las
guerrillas o los grupos paramilitares. Auto 092 de 2008. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[251] Corte Constitucional. Auto 092 de 2008. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.