T-247-18
Sentencia T-247/18
ACCION DE TUTELA DE POBLACION EN
SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Mecanismo judicial idóneo para
amparar los derechos fundamentales
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance y
contenido
DESALOJO FORZOSO Y DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-No son medidas procedentes cuando se trata de población
vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o sujetos de especial protección
constitucional
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA DE
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Fundamental autónomo
SALA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sentencia
T-025 de 2004
DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA
EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Reiteración de jurisprudencia
DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA
EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Línea jurisprudencial
DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA
EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Subreglas respecto a población que
está ocupando de manera ilegal o irregular bienes de uso público, en un
asentamiento que genera riesgo para sus vidas e integridad personal
De manera
general, la Corte Constitucional ha venido considerado que cuando se está frente a
situaciones de desalojo de la población desplazada, generadas a raíz de la
ocupación irregular de bienes públicos o privados, los procedimientos administrativos
tendientes al desalojo de ocupaciones e invasiones de hecho se pueden suspender,
llevándose a cabo sólo cuando exista un plan de reubicación en el corto plazo y
se garantice acceso a una vivienda digna en el mediano y largo plazo, dándole
prelación y amparo a las familias desplazadas, que no hayan recibido medida
provisional urgente.
DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA
EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-Orden a la UARIV proveer atención humanitaria, particularmente
para suplir las carencias identificadas en alojamiento, sin perjuicio de que
también otorgue el componente de alimentación
Expediente T-6.327.369
Demandantes:
Nohora Guevara Barragán y otros
Demandados:
Alcaldía Municipal de Villavicencio y otros
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá DC, veintiséis (26) de junio de dos mil
dieciocho (2018)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo
Schlesinger y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de la decisión judicial proferida el 12 de
mayo de 2017 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, que
confirmó el fallo del Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Villavicencio, de 9 de marzo de 2017.
El presente expediente fue escogido para revisión por
la Sala de Selección Número Diez (10) de la Corte Constitucional, mediante auto
de 27 de octubre de 2017, comunicado el 7 de Noviembre del mismo año, y
repartido a la Sala Cuarta de Revisión, hoy Sala Quinta de Revisión.
I.  ANTECEDENTES
1. Reseña fáctica y pretensiones
La acción de tutela de la referencia fue presentada
por Nohora Guevara Barragán, Ángela Johana Betancur Chaverra, Marleny Beltrán
Rodríguez, Luz María Chaparro Pidiache, Diana Paola Cárdenas Romero, Gisela
Viviana López Benito, Franyer Alberto López Díaz, Cleopatra Galindo Garzón,
Mirledys Olea Guerrero, Natalia Lazo González, Claudia Patricia Hueso
Castañeda, Yadir Andrés Doza Castro, Ana Marina Leyton Vergara, María Helena
Martínez Morales, Alexander Marroquín Bonilla, Yolanda Bernal Rincón, Enelida
Bonilla, María Victoria Espinosa Zuluaga y Liliana Andrea Pérez González, junto
con sus respectivos grupos familiares, contra la Alcaldía Municipal de
Villavicencio, ante la decisión de desalojo en el proceso de restitución del
bien de uso público.
Relataron las personas aquí
accionantes en sus respectivas demandas de tutela[1]:
·
Que
atraviesan una situación económica crítica, con mínimos ingresos económicos y,
en la mayoría de los casos, es consecuencia del desarraigo del que fueron
víctimas con ocasión del conflicto armado, por lo que -desde el mes de junio de
2016- se vieron obligados a ocupar un predio contiguo a la ciudadela Betty
Camacho de Rangel, en el sector 13 de Mayo de la ciudad de Villavicencio,
lugar en el que elevaron una rústica construcción para albergar a cada uno de
sus grupos familiares.
·
Expusieron que comunicaron
por escrito, el 13 de julio de 2016, a la alcaldía de Villavicencio, quien
conoció a profundidad la situación por la que atravesaban sus familias, como
quiera que pusieron en conocimiento las razones que habían llevado a ocupar los
terrenos. La funcionaria Directora de Justicia recibió las quejas y peticiones
de toda la comunidad
·
El 27 de septiembre de
2016 radicaron ante el ente territorial accionado un escrito planteando
alternativas para su reubicación y con el propósito de desalojar el predio en
forma voluntaria y sin que fuera necesaria la intervención de la fuerza
pública. Solicitud que, afirman, reiteraron a través de peticiones presentadas
los días 7 y 11 de octubre de 2016, ratificándole que el desalojo los
condenaría a vivir en la calle. No obstante, la respuesta de la administración
fue negativa y mediante Resolución 1000-5611/151 del 13 de octubre de 2016
decretó el desalojo de 150 familias que ocupan el predio urbano.
·
Señalaron que contra el
citado acto administrativo incoaron los recursos de reposición y apelación. Siendo
resuelto el primero desfavorablemente, el 13 de diciembre de 2016, providencia
que, además, negó el recurso de alzada[2], lo que en su
sentir constituyó una grave afectación a sus derechos de defensa y debido proceso.
·
Informaron que el
procedimiento administrativo adelantado por el municipio no garantizó el
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales e incurrió en irregularidades
sustanciales que ameritan la anulación del mismo.
·
Adicionalmente,
compararon su situación con la de otras familias a las que se les garantizaron
sus derechos, sin encontrar oposición por parte de las autoridades ambientales
del municipio, pese a ubicarse en construcciones sobre las rondas de los caños
Buque y Gramalote, comunidades asentadas en el centro comercial la primavera y
la sede del bienestar universitario de la Universidad del Meta y de tratarse de
familias en situaciones idénticas a las suyas.
Por lo expuesto,  solicitaron la
protección de sus derechos a la vivienda digna y a la igualdad, resaltando que
son en su mayoría familias víctimas del desplazamiento forzado, en precarias
situaciones económicas, que carecen de recursos para sufragar un canon de
arrendamiento y menos para adquirir vivienda propia, por lo que solicitaron la
medida provisional de suspensión de la diligencia de desalojo.
2. Nulidad decretada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Villavicencio
Inicialmente, el proceso correspondió por
reparto al Juzgado Noveno Penal Municipal quien avocó conocimiento del mismo el
19 de diciembre de 2016 y vinculó al trámite constitucional a la Empresa
Industrial y Comercial del municipio de Villavicencio, en adelante
VILLAVIVIENDA; a las Secretarías de Gobierno, Control Físico, Planeación y Medio
Ambiente de Villavicencio; a la Dirección de Justicia de Villavicencio; a
CORMACARENA;  al IGAC; a la Personería Municipal; a la Procuraduría Ambiental
de Villavicencio; a la Defensoría del Pueblo - Regional Meta y a la Inspección
Cuarta de Policía; en consecuencia, corrió traslado a los demandados para que
ejercieran su derecho de defensa[3].
En el mismo proveído, decretó como medida
provisional: “suspender transitoriamente la orden de desalojo, emitida por
el alcalde de Villavicencio (…) mediante Resolución Nº 1000-56-11-151 de 2016
del 13 de octubre de 2016, la cual se materializaría por la Inspección de
Policía Número Cuatro, hasta tanto ese Estado Judicial profiera el respectivo
fallo de tutela que en derecho corresponda”[4].
Posteriormente, el 2 de enero de 2017[5],
resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por existir otros
medios de defensa, decisión que fue impugnada.
Al resolver el recurso de alzada, mediante
providencia del 16 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Villavicencio decretó la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio del
19 de diciembre de 2016 y ordenó vincular y correr traslado del trámite
constitucional a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
en adelante Unidad para las Víctimas; al Fondo Nacional de Vivienda, en
adelante, FONVIVIENDA, y la Caja de Compensación Familiar, en adelante COFREM[6].
3. Respuesta a la acción de tutela
El 24 de febrero de 2017[7],
el Juzgado Noveno Penal Municipal admitió nuevamente el trámite constitucional,
sin pronunciarse sobre la medida provisional de suspensión. Dieron respuesta
las siguientes entidades:
3.1. Inspectora 4ª de Policía de Villavicencio[8]
Solicitó la declaratoria de improcedencia del trámite
constitucional, alegando que el proceso adelantado por la Inspección de Policía
ha satisfecho los derechos de todos los ocupantes del predio de uso público,
quienes han estado informados del procedimiento y, por lo tanto, no se han
vulnerado sus derechos fundamentales.
Explicó que si bien existen derechos constitucionales
y el deber de proteger a las víctimas, no es menos cierto que los bienes de uso
público tienen protección legal y son para el uso y disfrute común.
Consecuentemente, expuso que las víctimas se deben postular a los programas de
vivienda adelantados en las entidades territoriales correspondientes (Unidad
para las Víctimas y Gobernación del Meta).
3.2. VILLAVIVIENDA[9]
La asesora jurídica de VILLAVIVIENDA solicitó ser
desvinculada y que se negara el amparo constitucional.
Informó que revisada la base de datos encontró que los
actores no se han postulado a las convocatorias de vivienda adelantadas por las
entidades territoriales, concluyendo que ello evidencia que no han seguido los
procedimientos legales para acceder a los beneficios reclamados.
3.3. IGAC[10]
El Director Territorial del Meta expuso que el IGAC no
ha vulnerado derechos fundamentales y no tiene incidencia directa frente a las
reclamaciones de los accionantes, en la medida en que no son responsables
frente a la efectiva concreción de las ayudas, subsidios y derechos otorgados a
la población desplazada.
3.4. CORMACARENA[11]
La Directora General de CORMACARENA argumentó la
configuración de la excepción de falta de legitimación de la causa por pasiva,
dado que las pretensiones de la presente acción de tutela no tienen relación
alguna con las funciones de la entidad y, por lo tanto, no están llamadas a
prosperar frente a aquella.
En escrito posterior, se opuso a la totalidad de las
pretensiones elevadas por los demandantes, argumentando que no fue esa entidad
la que adelantó los procesos de restitución de bien de uso público en el sector
del Trece de Mayo, por no ser de su competencia; por lo que no está
legitimada para impedir ni para impulsar el proceso policivo demandado.
3.5. Municipio de Villavicencio[12]
La Jefe de Oficina Asesora Jurídica del municipio de
Villavicencio y los secretarios de Despacho de Gobierno y Seguridad Municipal,
de Control Físico Municipal, de Planeación Municipal y de Medio Ambiente,
allegaron respuesta en conjunto, en el que solicitan negar el amparo
constitucional, afirmando que la Administración Municipal de Villavicencio:
·
Ha sido garante durante
todo el proceso, respetando los derechos fundamentales;
·
Ha resuelto todas las
peticiones y recursos presentados;
·
Frente al derecho a la
vivienda digna, el Despacho carece de competencia, por cuanto quien debe
resolver esa petición es el Gobierno Nacional.
3.6. Procurador Regional Meta[13]
El Procurador solicitó ser desvinculado, toda vez que
no se señala cual es la acción u omisión en que presuntamente incurrió la
entidad que haya vulnerado derechos fundamentales. Adicionalmente, informó que
revisadas las bases de datos no se encontró registrado el ingreso de solicitud o
queja alguna por parte de los accionantes que hagan referencia a los expuestos
en el escrito de tutela.
3.7. COFREM[14]
El asesor jurídico también solicitó desvincular a
COFREM, dado que esa entidad no es competente para determinar quiénes se
encuentran inscritos en el registro único de población desplazada, ni a brindar
ayudas humanitarias.
Tampoco le corresponde hacer la inclusión de los
postulantes en los programas de asignación de subsidios para vivienda, eso es
competencia del Ministerio de Vivienda, a través de FONVIVIENDA. Al respecto
aclaró que los accionantes  no se han postulado a programa alguno o bien, se
postularon pero no resultaron favorecidos en el sorteo respectivo[15].
3.8. Gobernación del Meta, a través del Fondo de
Vivienda de Interés Social del Meta - FOVIM[16]
El secretario de Vivienda Departamental y Gerente del
FOVIM, entidad pública adscrita a la Gobernación del Meta, señaló que revisado
el expediente no evidenció, en ninguno de los casos, la inminencia de un
perjuicio irremediable que avalara la procedencia de la acción constitucional.
Expuso que la pretensión de los accionantes -ocupantes
de un bien de uso público- puede satisfacerse a través de otros mecanismos de
defensa comprendidos dentro del proceso policivo, autoridad competente para
dilucidar la cuestión debatida.
3.9. Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas[17]
La directora de la Dirección de Gestión
Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas señaló quienes de los
accionantes ostentan la condición de víctima del conflicto armado, inscritos en
el Registro Único de Víctimas con ocasión al hecho del desplazamiento forzado[18].
También precisó que no corresponde a esa entidad la
asignación de la vivienda digna peticionada por la demandante, función que está
en cabeza del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y en el Fondo Nacional
de Vivienda FONVIVIENDA, conforme a lo señalado en la Ley 1532 de 2012.
3.10. Secretaria de Gobierno, Dirección de Justicia y
la Inspección de Policía Cuarta[19]
La Secretaria de Gobierno y Seguridad del Municipio de
Villavicencio, la directora de la Dirección de Justicia y la Inspectora de
Policía Cuarta allegaron en conjunto escrito en el que solicitan la
declaratoria de improcedencia del trámite constitucional.
Para el efecto argumentaron que pese a las condiciones
de vulnerabilidad y desplazamiento narradas por los actores, las mismas no
fueron demostradas, máxime cuando la totalidad de ellos residen en la ciudad de
Villavicencio desde hace más de cinco años y que existen entidades creadas con
el fin de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de quienes
ostentan la calidad de víctimas del conflicto armado.
En relación a la alegada afectación de derechos
fundamentales en el trámite del proceso policivo, expusieron que se cumplieron
a cabalidad las normas establecidas: realizando la diligencia de inspección
ocular al lugar de los hechos, oficiando a las diferentes secretarías
municipales y a CORMACARENA para lo de su competencia, realizando la
caracterización de los residentes del predio y verificando la satisfacción de
las exigencias normativas al urbanizador. Precisaron que desde el momento de la
diligencia de inspección ocular se les informó a los demandantes que el bien
inmueble ocupado era de uso público y que involucraba el área de cesión y la
ronda hídrica del Caño Rodas y Caño Maizaro.
Agregó que se ha garantizado el ejercicio del derecho
de contradicción y defensa de los accionantes, notificándoles el contenido de
la resolución que ordenó el desalojo, contra la cual interpusieron el recurso
de reposición, único que procedía en el caso concreto.
Por último, indicaron que, en aras de obtener la
asignación de una vivienda digna, es menester que los interesados se postulen a
las diferentes convocatorias impulsadas por la Unidad para las Víctimas y la Gobernación
del Meta, una vez cumplan los requisitos previstos para el efecto.
Para que obren como prueba documental[20],
allegaron lo siguiente en copias simples:
·
Escritura 0223 de 2015
donde se protocoliza la cesión obligatoria de zonas con destino a uso público.
·
Informe de la base de
datos VIVANTO en el que se refleja la información de las personas incluidas en
el censo del sector 13 de mayo y que se encuentran en condición de víctimas.
·
Certificados de
tradición y libertad de los predios en cuestión, sin anotaciones de propiedad
privada.
·
Informe Técnico emitido
por la Directora de CORMACARENA, en el que se determinó que el área objeto de
solicitud se encuentra localizada hacia el oriente del casco urbano del municipio
de Villavicencio y se pudo verificar en visita del 11 de julio de 2016 que “sobre
la Urbanización 13 de Mayo, sector, La Reliquia, se llevó en forma ilegal el
establecimiento de asentamientos humanos construidos en condiciones precarias,
junto al Caño Rodas y Caño Maizaro (…)”[21]; igualmente,
“se verificó que los polígonos donde se llevó a cabo la construcción de
asentamientos informales, intervienen parcialmente las fajas de protección
hídrica de las corrientes de aguas de origen natural que cursan sobre el sector
(…)”[22]. Por último, indicó que
algunos asentamientos están localizados en zona de “amenaza alta de
inundación”[23].
Adicionalmente, aportaron archivos digitales en medio
magnético que contienen las caracterizaciones de los habitantes y el cruce de información
con el Departamento de la Prosperidad[24].
4. Decisión judicial que se revisa
4.1. El
Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Villavicencio, mediante sentencia del 9 de marzo de 2017[25],
declaró la improcedencia de la acción de tutela invocada, tras considerar que
los accionantes contaban con un mecanismo de defensa alterno acudiendo a la
jurisdicción contenciosa administrativa, a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, para reclamar la protección de los
derechos que consideran vulnerados, circunstancia por la cual el juez de tutela
no estaba llamado intervenir en el asunto. Adicionalmente, consideró que no
existe una razón que amerite la intervención inmediata del juez constitucional.
4.2. Los
accionantes impugnaron el fallo[26], solicitando que se
revocara la decisión del a quo y que fuera aplicado el precedente
constitucional en cuanto a que (i) la población víctima del desplazamiento
forzado tiene garantías constitucionales reforzadas y (ii) debe protegerse el
derecho la vivienda digna de la comunidad desplazada adoptando medidas
transitorias de albergue temporal, de estabilización socioeconómica y ayuda
humanitaria, así como medidas definitivas que garanticen una solución de
vivienda a mediano y largo plazo en programas y proyectos de vivienda que se
adelanten por parte de las autoridades públicas competentes[27].
4.3. Mediante
providencia del 12 de mayo de 2017[28], el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Villavicencio, en cuanto a las condiciones de
vulnerabilidad de los accionantes, reconoció que: “(…) en su mayoría, los
ocupantes del predio en cuestión son personas de escasos recursos económicos,
algunos de ellos reconocidos en el RUV como víctimas del desplazamiento
forzado, con condiciones económicas y sociales precarias, razones por las
cuales cuentan con auxilios estatales para la subsistencia mínima; sin embargo,
ello no justifica la ocupación del espacio público a través de vías de hecho,
la cual no está legitimada por la Constitución” [29].
Por lo expuesto, confirmó el fallo de primera
instancia, considerando que se trata de una controversia que debe ser resuelta
por la jurisdicción contenciosa administrativa y, por lo tanto, la tutela de la
referencia no cumple el requisito de subsidiariedad previsto por la
Constitución y la ley.
II.  ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
1. Auto de 15 de diciembre de 2017
Mediante auto de 15 de diciembre de 2017, el
magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas[30], pidiendo
información relevante a algunas de las entidades accionadas y vinculadas.
Según informe del 14 de febrero de 2018 de la
Secretaría General de esta Corporación[31],
se recibieron las siguientes comunicaciones:
●
Oficio
1352-17.12-0099-2018 del 25 de enero de 2018, firmado por la Directora de
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación de Villavicencio[32],
mediante el cual allegó el concepto de uso del suelo del predio objeto del
proceso de Restitución de Bien de Uso Público, en el que señaló que “el
inmueble objeto de la solicitud colinda por el Norte con el Caño Rodas y Sur
con Caño Maizaro y sus usos son Franja de Protección Hídrica, Franja de Manejo
Ambiental y Bosque”.
●
Oficio 1551-17.12/056
del 2 de febrero de 2018, firmado por el Inspector Cuarto de Policía (e) de la
Secretaria de Gobierno y Pos Conflicto de Villavicencio[33], en el que
informó que, revisado el expediente 013/2016 de Restitución de Bien de Uso
Público, el 18 de abril de 2017 se inició la diligencia de materialización de
la orden de restitución del predio, en cumplimiento de la Resolución 151 de
2016, confirmada por el Alcalde de Villavicencio a través de la Resolución 270
de 2016.
Igualmente, manifestó que “el día antes mencionado,
no se presentó ningún disturbio o alteración de orden público, la diligencia
fue suspendida por directriz del Juzgado Octavo Penal Municipal con función de
Conocimiento de Villavicencio, según consta en el informe secretarial visto a
folio 2976 del expediente y aun no se ha fijado fecha para su continuación”.
Copia del citado informe obra en el expediente de
revisión de tutela, en el que la inspectora y su auxiliar administrativo dieron
constancia de:
“Que este despacho tenía programada diligencia de
desalojo para los días 18, 19, 20 y 21 de Abril del año en curso [2017],
de Restitución de Bien de Uso Público (ocupación especifica de la ronda hídrica
del caño rodas y el caño Maizaro y áreas de cesión obligatorias que hacen parte
de la urbanización 13 de mayo sector reliquia), Radicado No. 013/2016, siendo Querellante
de oficio, Querellado: personas indeterminadas; para el día de hoy diecinueve
(19) de abril de los corrientes, continuación y materialización de la
diligencia, iniciada el día dieciocho (18) de abril de 2017, la cual fue
suspendida en razón a llamada telefónica del Juzgado Octavo Penal Municipal con
función de Conocimiento, por cuanto los habitantes del sector interpusieron
sendas tutelas y ordena suspender la diligencia para los días programados por
el despacho para materializar el desalojo”[34].
●
Oficio 1300-01.02/1 del
12 de febrero de 2018, firmado por la Secretaria de Medio Ambiente Municipal de
Villavicencio[35],
en el que manifestó no ser la autoridad competente “para adelantar o
suspender cualquier tipo de acción administrativa, policiva o judicial que pretenda
lograr o detener un desalojo”.
●
Escrito enviado vía
correo electrónico por el Jefe de la Oficina Jurídica y Atención al Usuario de
la Personería Municipal de Villavicencio[36],
el 8 de febrero de 2018, en el que se pronuncia respecto de la acción de tutela
bajo estudio, en los siguientes términos:
o      Tuvo conocimiento de la problemática objeto
de esta acción, toda vez que, el 29 de junio de 2016, la Secretaría de Gobierno
solicitó el acompañamiento en defensa de derechos fundamentales y debido
proceso, en la realización del censo y caracterización de un asentamiento que
tenía invadido una cantidad indeterminada de personas, en unos bienes inmuebles
de uso público (zona de cesión y ronda de caño).
o      Anexa acta del procedimiento desarrollado
el 5 de junio de 2016 para la caracterización del asentamiento-invasión en los
límites de la Urbanización 13 de mayo.
o      El 7 de abril de 2017, asistió a la reunión
para la caracterización, censo y mesas de trabajo organizadas por la Secretaria
de Gobierno con participación de diferentes autoridades interinstitucionales.
o      Acompañó la diligencia de desalojo del 18
de abril de 2017, para garantizar la defensa de las víctimas que hacen parte de
la población que ocupa la ronda hídrica del Caño Rodas y Caño Maizaro y las áreas
de cesión de la Urbanización 13 de mayo, terrenos de propiedad de VILLAVIVIENDA.
o      En cumplimiento a otros fallos de tutela,
se ha acompañado a la Alcaldía de Villavicencio en la realización de nuevas
caracterizaciones a la población de ese sector, los días 26 y 27 de julio de
2017.
Vencido el término probatorio y de traslado a las
partes[37],
según informes del 15, 19 y 26 de febrero de 2018[38], la
Secretaría General de esta Corporación envió al Despacho las siguientes
comunicaciones:
·
Oficio 20181103362841
del 14 de febrero de 2018, firmado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de Unidad para las Víctimas[39],
mediante el cual remitió tres cuadros con la información requerida por esta
Corporación. Así mismo, allegó copia de los actos administrativos y su acta de
notificación en los casos donde se ha realizado el procedimiento de medición de
carencias.
·
Oficio 1030-17.12/372
del 16 de febrero de 2018, firmado por el Jefe de la Oficina Jurídica de la
Alcaldía de Villavicencio[40],
mediante el cual se informa que el requerimiento de esta Corporación fue
remitido a la inspección cuarta de policía, por ser de su competencia.
·
Oficio 6502018EE660-O1
del 23 de febrero de 2018, firmado por el Director del IGAC - Territorial Meta,
mediante el cual da respuesta a lo requerido en el ordinal quinto del auto del
15 de diciembre de 2017[41].
Informó que revisado cada uno de los accionantes no se
encuentran inscritos en la base de datos catastrales, “especialmente en los
terrenos ubicados en la ronda hídrica del caño Maizaro, ni en las áreas de
cesión de la urbanización 13 de mayo, sector continuo a la ciudadela Betty
Camacho de Rangel, de la ciudad de Villavicencio Meta”.
2. Auto de 2 de marzo de 2018
Mediante auto de 2 de marzo de 2018[42], de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015, la Sala
Quinta de Revisión ordenó la suspensión de los términos del presente asunto,
hasta que culminara la etapa probatoria y fuera debidamente valorado el acervo
probatorio allegado, por el término máximo consagrado en la misma normativa.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el
numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
2.1.
Los accionantes (19 familias) presentaron acción de tutela contra la Alcaldía
Municipal de Villavicencio ante la amenaza de desalojo de los asentamientos
establecidos por 150 familias entre las que se encuentran los accionantes,
integradas por población desplazada y en pobreza extrema, localizados en la
Urbanización 13 de Mayo, sector La Reliquia, de la ciudad de Villavicencio.
En estos lugares han edificado viviendas y resguardos
rudimentarios en los cuales viven en condiciones paupérrimas, con ellos invaden
el área de cesión y la ronda hídrica del Caño Rodas y Caño Maizaro y algunos
asentamientos están localizados en zona de “amenaza alta de inundación”.
La administración municipal de Villavicencio ante la
situación descrita inició un proceso de restitución de bien de uso público el cual
se encuentra suspendido por órdenes judiciales de tutela. A su vez, ha
entablado diálogo con la comunidad ubicada en estos asentamientos sin proponer
soluciones de fondo. Los representantes de la entidad territorial han reiterado
que no cuentan con un plan de reubicación, ni con los recursos o medios para
garantizar la vivienda a quienes hoy viven en refugios en las inmediaciones de
la Urbanización 13 de Mayo.
Las peticiones de la población ubicada en los
asentamientos establecidos en las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo,
sector La Reliquia, de la ciudad de Villavicencio, se han centrado en pedir la
suspensión de cualquier orden de desalojo hasta tanto no se les ofrezca un
lugar en el que puedan ser reubicados garantizando su derecho a una vivienda
digna.
La respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
ha consistido en: (i) manifestar su falta de legitimidad por pasiva, pues
consideran que no son competentes frente a las reclamaciones de los accionantes,
como población desplazada y (ii) centrar su defensa en argumentos jurídicos
relacionados con la improcedencia de la tutela. Particularmente, (iii) el
municipio de Villavicencio explicó que inició un proceso de restitución de bien
de uso público para recuperar el área invadida por los asentamientos; y (iv) las
entidades especializadas han insistido en que los accionantes no han acudido a
las entidades competentes ni han agotado los procedimientos que garantizan su
derecho a la vivienda digna.
2.2.
Con base en lo expuesto, corresponde a la Sala Quinta de Revisión ocuparse de
resolver el siguiente problema jurídico:
¿Las entidades accionadas y vinculadas vulneran el derecho a la
vivienda digna de personas de especial protección constitucional por desplazamiento
forzado, al iniciar un proceso de restitución de bien de uso público, ubicado
en un área de ronda hídrica con alto riesgo de inundación, sin previamente ofrecer
ninguna medida de protección?
Con el fin de resolver este interrogante, la Sala: (i)
reiterará las reglas jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción
de tutela para proteger la población en situación de desplazamiento y de
vulnerabilidad, en caso de desalojo; y abordará los siguientes ejes temáticos (ii)
el derecho a la vivienda digna en la Constitución Política de Colombia: (iii)
el derecho a la vivienda digna de las comunidades en situación de
desplazamiento; (iv) los derechos de la población desplazada en materia de
desalojo forzoso; y, a partir de lo expuesto, (v) se resolverá el
problema jurídico planteado.
3. Procedencia de la acción de tutela para proteger a la
población en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad, en caso de
desalojo
3.1. En
el caso sub examine, el análisis se circunscribirá a determinar si durante el
trámite del proceso de restitución de bien de uso público, se vulneró el
derecho a la vivienda digna de los peticionarios, en situación de
desplazamiento y de vulnerabilidad. En efecto, esta Sala evidencia que su
solicitud va encaminada a que antes de que la administración municipal ejecute
la orden de desalojo, se les garantice su reubicación.
Previo a definir para este caso la procedencia, es
importante destacar que las decisiones que se adoptan en un proceso policivo,
pese a ser proferidas por una autoridad administrativa, tienen el alcance de
actuación judicial y sobre dicha determinación no procede acción judicial
alguna ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de
lo considerado por el juez a quo. Por su parte, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la finalidad de que no exista medio de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contra las
decisiones de policía, es que las mismas tengan un efecto inmediato para evitar
la perturbación del orden público y mantener así el statu quo[43].
Y en este sentido, en diversos pronunciamientos ha establecido que las
decisiones adoptadas en un proceso de policía son de carácter jurisdiccional y
están sustraídas de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Ahora bien, en reiterada jurisprudencia,
esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela procede como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales de las personas que han sufrido
desplazamiento forzado[44].
Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que  “(…)
si bien en la solicitud de amparo frente a procesos policivos sigue las
subreglas de la tutela contra providencias judiciales[45], en
el caso especial de los desplazados, es viable el estudio de fondo sin el
análisis de los exigentes requisitos sentados por la Corte para evaluar
contravenciones a los derechos fundamentales originadas en decisiones de
carácter policivo”[46].
Lo anterior, debido a que se procura una protección
eficaz ante las circunstancias de urgencia y apremio que enfrenta esta
población y porque resultaría desproporcionado exigir a las personas
desplazadas el agotamiento previo de los recursos de reposición y apelación
contra la decisión administrativa, lo cual equivaldría a la imposición de
cargas adicionales a las que han tenido que soportar en su condición de
víctimas del conflicto armado.
Además, no es posible exigir el agotamiento previo de
los recursos ordinarios, pues tratándose de la población desplazada  prevalece
la necesidad de asegurar la realización efectiva de los derechos que se
encuentran comprometidos, como consecuencia de lo dispuesto en los principios
rectores del desplazamiento interno, los cuales constituyen una valiosa
herramienta para la interpretación y definición de las normas jurídicas que se
vinculan con las medidas de protección a favor de la población desplazada[47].
Dichos derechos han sido reconocidos también por la legislación nacional a
través de la Ley 387 de 1997, así como a través de la Ley 1448 de 2011.
Las personas que se encuentran en situación de
desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial que no puede
simplemente tener un “efecto retórico”[48].
Tienen derecho a un trato preferente y urgente por parte de las autoridades
públicas, dado que el desplazamiento forzado conlleva  múltiples violaciones a
los derechos fundamentales[49].
En igual sentido, la Corte ha señalado que la tutela es procedente en términos
formales para estudiar asuntos en los que la población desplazada se vea
abocada a desalojos en el curso de procesos policivos de restitución de bienes
ocupados irregularmente[50].
3.2. Por
otro lado, la Sala de Revisión considera, de acuerdo con las pruebas obrantes
en el expediente, y con las respuestas dadas por las entidades accionadas y
vinculadas, que existe una ocupación de bien de uso público y una afectación al
área de cesión y a la ronda hídrica del Caño Rodas y Caño Maizaro en el
municipio de Villavicencio, por parte de ciento cincuenta (150) familias entre
las que se encuentran personas víctimas de desplazamiento forzado y personas en
situación de pobreza extrema, que decidieron asentarse en este  lugar.
De esa población, son accionantes en la presente
acción tutelar, diecinueve (19) familias, compuestas[51]
así:
La respuesta de las autoridades gubernamentales a la
ocupación ha sido la apertura de un procedimiento administrativo de restitución
de bien de uso público, la caracterización de la población allí establecida y
la advertencia de que algunos asentamientos están localizados en zona de “amenaza
alta de inundación”.
3.3.
Conforme a lo expuesto, la Sala considera procedente la acción de tutela como
medio idóneo para proteger de forma urgente e inmediata los derechos
fundamentales de los accionantes, por lo siguiente:
(i)
Sobre la
alegación de afectación de un derecho fundamental. Los accionantes consideran que las entidades
demandadas y vinculadas les vulneraron su derecho fundamental a la  vivienda
digna.
(ii)
Sobre la
inmediatez. la Sala
observa que la acción de tutela fue interpuesta oportunamente[52],
ya que la presunta vulneración de los derechos de los actores continúa vigente,
en tanto que la diligencia de desalojo se encuentra suspendida[53]
y, además, aseguran no tener otro lugar a donde ir.
(iii)      Sobre la legitimación. Legitimación en la causa por activa. Las 19 acciones de tutela
fueron presentadas por ciudadanos y ciudadanas, actuando en nombre propio y de
su grupo familiar. Lo cual encuentra su fundamento constitucional en el
artículo 86 de la Carta, el cual establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales
han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de
tutela en nombre propio o a través de un representante que actué en su nombre.
Legitimación en la causa por pasiva.  Todas las entidades accionadas y vinculadas
son de naturaleza pública y, por tanto, demandables a través de acción de
tutela.
(iv)
Sobre la subsidiariedad. La acción de tutela
sólo procede “cuando el afectado no tenga otro medio de defensa judicial”
(art. 86 C.P.). Las personas accionantes no cuentan con otro medio de defensa
judicial para controvertir el inminente desalojo con el que seguramente
concluirá el proceso administrativo de restitución de bien de uso público. En
efecto, tal como se explicó previamente, por un lado, frente a las decisiones
adoptadas en un proceso policivo no procede acción judicial alguna y, por otro,
exigir a las personas desplazadas el agotamiento previo del recurso de
reposición contra esa decisión policiva resultaría desproporcionado.
No obstante, en esta oportunidad, se encuentra
acreditado en el expediente que los accionantes interpusieron oportunamente el
recurso de reposición (resuelto negativamente) y, en subsidio, el de apelación.
Sin embargo, este fue rechazado por improcedente[54]
por el alcalde municipal, en las Resoluciones 1000-56-11-151 del 13 de octubre
de 2016 y 1000-56-11-270 del 20 de noviembre de 2016[55].
La Sala advierte que la restitución de bienes de uso público en el ámbito
municipal es una competencia que el alcalde ejerce como jefe de la
administración local, y no como agente del gobernador y, consecuentemente, éste
es quien tiene la atribución administrativa de decidir cuáles son las medidas
que debe adoptar en caso de ocupación del espacio público municipal, como es el
mecanismo de acudir a la figura de la restitución, puesto que se trata de un
asunto en donde predominan los intereses locales.
(v)
Sobre el perjuicio irremediable. Sin
embargo, los recursos no son idóneos y efectivos para prevenir un desalojo
inminente para evitar la vulneración de derechos fundamentales. Así, a través
de la acción de tutela se deberá estudiar si, de producirse el desalojo se
vulneraría el goce efectivo del derecho a una vivienda digna de las personas
accionantes, sometiéndolas a la difícil labor de encontrar un nuevo espacio para
resguardarse.
(vi)
Sobre la
protección de derechos fundamentales de personas de especial protección
constitucional. Los
accionantes son personas desplazadas o en situación de pobreza y, por
consiguiente, son sujetos de especial protección constitucional, su amparo
materializa diferentes garantías constitucionales que tienen como fin la
protección de la persona y armonizar el deber que recae en todas las
autoridades del Estado de emprender acciones afirmativas a favor de la
población que se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta[56].
En el caso bajo estudio, ese deber de intervención de
las autoridades se hace urgente y necesario, pues se trata de familias
desplazadas integradas por menores de edad, personas de la tercera edad, en
situación de discapacidad, mujeres embarazadas, indígenas, afrocolombianos y
desmovilizados, que están viendo amenazados además otros derechos como el
derecho a la vida en condiciones de dignidad, el derecho a la paz, el derecho a
la unidad familiar, el derecho a escoger su lugar de domicilio, entre otros.
4. El derecho a la vivienda digna en la Constitución
Política de Colombia
4.1. De
acuerdo con el artículo 51 de la Carta Política, todas las personas tienen
derecho a vivienda digna, para lo cual el Estado fijará las condiciones
necesarias con el fin de hacerlo efectivo y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación de largo plazo y formas
asociativas de ejecución de programas en la materia. Igualmente, según dispone
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
adelante PIDESC, y otros instrumentos internacionales[57], toda
persona tiene derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia” (art. 11, núm. 1º)[58].
Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas, tener vivienda digna significa “disponer de
un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica
adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios
básicos, todo ello a un costo razonable” [59]. Se trata de
un derecho que debe ser reconocido progresivamente, tal como lo ha señalado el
Comité cuando afirma que “la plena efectividad de todos los derechos
económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve
período de tiempo”[60].
4.2. No
obstante este criterio de progresividad establecido, existen ciertas
obligaciones asociadas a derechos sociales, económicos y culturales que deben
cumplirse en períodos breves o de inmediato. Así lo ha señalado esta Corte al
indicar que el mandato de progresividad no debe ser entendido como una justificación
de la inactividad del Estado en relación con la protección de esos derechos,
pues este implica “que una vez alcanzado un determinado nivel de protección,
la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos
sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel
de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por
ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser
constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas
razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho
social prestacional”[61].
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales también ha abordado el asunto de la afectación del derecho a la
vivienda frente a la realización de desalojos forzados. En efecto, en su
observación general No. 7, el Comité entendió que constituye un desalojo
forzado “el hecho de
hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras
que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados
de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.  Sin
embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos
forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos”. De esta manera, señala el Comité, los desalojos
forzados por ejemplo, se presentan frecuentemente cuando hay un desplazamiento
forzado. En otros casos, son desarrollados por el Estado, algunas veces de
manera legal y sin arbitrariedad, y en otros casos, sin que existan causas
legales.
Cabe advertir
que la Observación del Comité enfatizó que se trata de desalojos de personas
que están ocupando su hogar o tierras, sin contemplar la situación de ocupantes
ilegales de predios públicos, a través del uso de acciones de hecho. El Comité
encontró que hay desalojos justificados y otros injustificados, pero que todos
ellos deben hacerse compatibles con el derecho a “que las personas afectadas
dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados”, “con estricto
cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de
derechos humanos y respetando los principios generales de la razón y la
proporcionalidad”. El Comité consideró que “entre las garantías
procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos
figuran: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b)
un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas
con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos
los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos
previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las
viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en
el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas; e)
identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no
efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las
personas afectadas den su consentimiento;  g) ofrecer recursos jurídicos; y  h)
ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que
necesiten pedir reparación a los tribunales”. Por último advirtió que “Los
desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda
o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.  Cuando los afectados por
el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las
medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se
proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según
proceda”[62].
4.3. En el mismo sentido, esta Corte ha
estudiado acciones de tutela sobre procedimientos de desalojo y al respecto ha
dicho que “El procedimiento de desalojo es una medida que
permite recuperar materialmente un bien que fue tomado de manera ilegítima, y
evita que aquellos que han procedido en contra de la ley obtengan un provecho
de su acción. Es decir, son acciones positivas tendientes a recuperar la
tenencia de un bien ocupado sin justo título. Así mismo, es un medio coercitivo
que reconoce el ordenamiento jurídico para evitar que por vías de hecho se
consoliden situaciones de derecho que perjudiquen los derechos legítimamente
adquiridos. En los casos en que  el bien afectado con la ocupación
ilegítima haga parte del espacio público, la protección resulta especialmente
relevante, en atención a que, como lo ha  reiterado la Corte
Constitucional en su jurisprudencia, el patrimonio de la colectividad alcanza
particular atención y protección en el ordenamiento jurídico”. Sin embargo, aun cuando el desalojo sea justificado “debe garantizar que las personas desalojadas no vean vulnerados
sus derechos fundamentales. En este sentido, si bien es cierto que el desalojo
debe garantizar el debido proceso como medida legítima de protección de la
propiedad y del espacio público, por su naturaleza, la administración debe ser
especialmente cuidadosa en que no se convierta en un procedimiento que atente
contra los derechos de las personas desalojadas”. En dicha
ocasión, la Corte ordenó la reubicación transitoria de los ocupantes que “constituyan población
vulnerable, se encuentren en estado de debilidad manifiesta, o sean sujetos de
especial protección constitucional”[63].
4.4. De conformidad con lo anterior se puede concluir que
(i) el derecho a la vivienda es un derecho constitucional que puede verse
afectado por la realización de desalojos, cuando estos son injustificados o
arbitrarios; (ii) los desalojos son una figura legal que puede ser usada por la
administración, entre otros, para recuperar materialmente un bien que fue tomado de
manera ilegal, evitando que un hecho ilegal consolide una situación jurídica;
(iii) aún en el caso de desalojos justificados, la autoridad administrativa
debe garantizar los derechos fundamentales, incluyendo un debido proceso para
las personas desalojadas, prestando especial atención en la garantía de los
derechos de sujetos de especial protección constitucional.
5. El derecho a la vivienda digna de las personas en
situación de desplazamiento. Reiteración jurisprudencial
5.1. El
Estado tiene una obligación reforzada de garantizar del derecho a la vivienda
digna de las personas que han sufrido desplazamiento forzado. En efecto, esta
Corporación ha precisado que, con relación al derecho a la vivienda de la
población desplazada existen obligaciones de cumplimiento inmediato como son
las siguientes: “(i) reubicar a las personas desplazadas que debido al desplazamiento
se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a
estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente,
facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En tal sentido, no basta
con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee
a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii)
proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que
deben seguir para acceder a los programas de vivienda; (iv) tomar en
consideración las especiales necesidades de la población desplazada y de los
subgrupos que existen al interior de ésta, como las personas de la tercera
edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc., y diseñar
los planes y programas de vivienda con enfoque diferencial y (v) eliminar las
barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas de
asistencia social del Estado, entre otras”[64].
A nivel legal, también se ha establecido una protección
del derecho a la vivienda para las personas que han sufrido desplazamiento
forzado. La normativa más relevante al respecto es la Ley 387 de 1997 “Por
la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”; la Ley
1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, la Ley 1537 de 2012 “Por la cual se dictan normas
tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda y se dictan otras disposiciones” y el Decreto Ley 890 de 2017 “Por
el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de
Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”.
Esta normativa, en consonancia con los instrumentos
internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ha
distinguido entre dos tipos de respuesta estatal frente a la obligación de
garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas que integran los
hogares que han sufrido desplazamiento forzado: (i) la obligación general del
Estado de proveer atención humanitaria en aras de garantizar los
derechos de subsistencia mínima de las personas desplazadas, entre
ellos, el derecho a un alojamiento en condiciones dignas; y  (ii) la obligación
de garantizar el derecho a la vivienda digna como un componente de estabilización
social y económica y, de acuerdo a la Ley 1448 de 2011, como un componente
de reparación, en su componente de restitución de vivienda.
En cuanto a la atención humanitaria, el
artículo 15 de la Ley 387 de 1997 estableció que el Gobierno se encuentra
obligado a garantizar la atención humanitaria de emergencia, cuya
finalidad es “socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y
atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica transporte
de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas”
(negrillas fuera de texto).
Por su parte, el artículo 60 de la Ley 1448 de 2011
establece que la atención a víctimas de desplazamiento forzado se rige por la
Ley 387 de 1997[65]. Adicionalmente, la Ley
1448 de 2011 regula en sus artículos 62 a 65 la atención humanitaria inmediata,
de emergencia y de transición, que se califica en virtud de la gravedad o
urgencia de las necesidades de subsistencia mínima.
El Decreto 1084 de 2011 Único Reglamentario del
Sector de la Inclusión Social define las responsabilidades institucionales
en materia de alojamiento en sus artículos 2.2.6.5.2.1. a 2.2.6.5.2.9:
·
La atención
humanitaria inmediata, es decir, aquella que se ofrece antes de la inclusión
de las personas en el Registro Único de Víctimas, está a cargo de la entidad
territorial receptora de las personas desplazadas.
·
La atención
humanitaria de emergencia, es decir, aquella que se brinda después de la
inclusión en el Registro Único de Víctimas de las personas desplazadas, está a
cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
·
La atención
humanitaria de transición, es decir, aquella que se brinda a personas “cuyo
desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir
de la declaración [para la inclusión en el Registro] y que, previo análisis de
vulnerabilidad, evidencie la persistencia de carencias en los componentes de
alimentación y alojamiento como consecuencia del desplazamiento forzado” y está
a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Como se ha dicho, las medidas de asistencia social y
humanitaria son jurídica y conceptualmente distintas a las medidas de
reparación. La atención humanitaria tiene como objetivo aliviar las
necesidades humanitarias asociadas con el mínimo vital, su titularidad está en
aquellas personas que sufren desplazamiento forzado u otros hechos en el marco
del conflicto armado, pero también las víctimas de desastres naturales. Por su
parte, las medidas de asistencia social son medidas dirigidas a
garantizar los derechos sociales constitucionales que como personas tienen las
víctimas del conflicto armado. La obligación del Estado de garantizarlos no se
deriva del hecho del conflicto armado. Sin embargo, esta obligación sí se
refuerza frente a estos ciudadanos que han visto perturbado el ejercicio de
estos derechos en razón del conflicto armado, por lo que surge  para el Estado una
obligación de priorizar a las víctimas en el acceso a la oferta social. Por
último, la reparación se distingue de las medidas humanitarias y
sociales, porque la obligación de garantizarla está en cabeza de quien cometió
el daño, y subsidiariamente del Estado. La reparación no tiene por
objeto esencial el alivio de la situación humanitaria, ni tampoco la garantía
de derechos constitucionales sociales, sino que está orientada a resarcir los daños
causados a las víctimas por un hecho contrario a la normatividad que protege
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario[66].
Así las cosas, la atención humanitaria no constituye
una respuesta idónea para restablecer el goce efectivo de los derechos de las
personas que han sufrido desplazamiento, ni la reparación del daño sufrido. Por
consiguiente, tanto la Ley 387 de 1997 como la Ley 1448 de 2011 previeron el
derecho de las personas desplazadas al retorno o la reubicación en
condiciones de dignidad, seguridad, voluntariedad y sostenibilidad; así como la
obligación del Estado de brindar condiciones para la estabilización social y
económica de estos hogares. Adicionalmente, la Ley 1448 de 2011, estableció
un programa de reparación integral por vía administrativa[67],
dirigido a atender el daño causado por el hecho del desplazamiento  forzado. En
este proceso de reparación una de las medidas contempladas es la medida de
restitución de vivienda.
El parágrafo del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011,
modificada por el artículo 122 de la Ley 1753 de 2015, estableció que en el
marco de procesos de retornos o reubicaciones “La Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) deberá
adelantar las acciones pertinentes ante las distintas entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para garantizar la
efectiva atención integral a la población retornada o reubicada, especialmente
en lo relacionado con los derechos mínimos de (…) vivienda digna a cargo
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuando se trate
de vivienda urbana, y a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
cuando se trate de vivienda rural (…)” (negrilla fuera de texto).
Adicionalmente, la misma Ley 1448 de 2011[68]
se refirió en su Capítulo IV sobre restitución de vivienda, a la
prioridad y acceso preferente a programas de subsidio de vivienda para las
víctimas que hayan perdido o visto afectadas sus viviendas. Los artículos
2.2.7.1.1. a 2.2.7.1.8. del Decreto 1084 de 2015, Único del Sector de la
Inclusión Social, regulan los alcances de esta medida de restitución, así como
sus responsables. Al respecto establece que “en aplicación de los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, las entidades territoriales
deberán contribuir a la ejecución de la política habitacional para las víctimas
en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, afectadas por despojo,
abandono, pérdida o menoscabo de la vivienda” y agrega que “será
responsabilidad de las entidades públicas del orden municipal, distrital y
departamental, generar alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de
proyecto de vivienda para población víctima, habilitar suelo para la
construcción de viviendas, ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda y
titulación de bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social en
atención a lo dispuesto por las Leyes 388 de 1997 y 1001 de 2005 y las demás
que regulen la materia”.
Como medida de reparación en el marco de un programa
de reparación masivo y por vía administrativa, que busca responder a un
universo de millones de víctimas, esta medida está definida legalmente como una
medida prioritaria de acceso a subsidios de vivienda para los hogares
desplazados que más lo requieran, dentro del marco del principio de gradualidad[69]
y sostenibilidad fiscal[70]. Adicionalmente, de conformidad
con el artículo 18 transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017,
en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, el Estado garantizará el derecho a la reparación “de manera
integral, adecuada, diferenciada y efectiva, priorizando la distribución de las
medidas de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el universo de
víctimas del conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad
en la distribución de los recursos disponibles, y dando preferencia en la
atención a los sujetos de especial protección constitucional”.
En concordancia con lo anterior, la Ley 1537 de
2012[71]
en su artículo 12 consagró el subsidio de vivienda en especie para la población
vulnerable, el cual está dirigido específicamente a personas que se encuentren
en alguna de las siguientes condiciones: que estén vinculadas a programas
sociales del Estado, que se hayan visto afectados por desastres naturales, que
se encuentren en zonas de alto riesgo mitigable o que se encuentren en
situación de desplazamiento, entre otras. Los artículos 3 y 4 de dicha Ley, por
su parte, señalan las responsabilidades que tienen las autoridades del ámbito
nacional y las entidades territoriales en la realización de dichos proyectos,
dentro de los principios constitucionales de coordinación, subsidiariedad y
concurrencia, establecidos en el artículo 288 de la Constitución.
De otra parte, en el marco de la expedición de instrumentos para facilitar y
asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final para la
terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera, el Gobierno Nacional emitió
el Decreto-Ley
890 de 2017 “Por
el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de
Construcción y Mejoramiento de vivienda social rural”[72] y su artículo
4º busca priorizar el otorgamiento de
subsidios familiares de vivienda a la población en pobreza extrema y a las
víctimas del desplazamiento forzado[73].
En efecto,
el referido artículo 4º (i) prevé la posibilidad de otorgar en especie
ese tipo de subsidios a los hogares que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, teniendo en cuenta el punto de corte que respecto del SISBEN
sea definido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; (ii) establece
una regla de preferencia en el otorgamiento de los subsidios respecto de
algunos grupos de hogares que allí se mencionan en función del desplazamiento,
de la pobreza extrema, del hecho de que sus predios hayan sido restituidos por
autoridades competentes, de la condición de beneficiarios de determinados
programas (formalización, titulación, y acceso a tierras rurales o del plan de
distribución de tierras), de la afectación por desastres naturales, calamidad
pública o emergencias o que, finalmente, pertenezcan a grupos étnicos y
culturales reconocidos, o a mujeres cabeza de familia o madres comunitarias del
campo; y (iii) establece la competencia del Gobierno Nacional para
reglamentar los diferentes aspectos del subsidio y su otorgamiento, para lo
cual deberá tener en cuenta no solo lo previsto en la primera parte de la
disposición respecto de los beneficiarios, sino también otros referentes
estadísticos así como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos[74].
5.2. El derecho a la vivienda de las personas que han sido
víctimas de desplazamiento forzado ha sido objeto de monitoreo por parte
de este Tribunal en el marco del seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, que
declaró un estado de cosas inconstitucional en la garantía de los derechos de
las personas desplazadas. En el Auto 373 de 2016, la Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 encontró que “no tiene conocimiento de estudios ni de mediciones
actualizadas que permitan desagregar la situación específica de la población
vulnerable nacional en materia de vivienda” y que continuaría el seguimiento del estado de cosas inconstitucional
en materia de vivienda de personas desplazadas hasta que el “porcentaje de
hogares desplazados que
accedieron a una vivienda digna” sea “igual
al de la población nacional que se
encuentra en condiciones socioeconómicas y situaciones de necesidad comparables. La comparación debe
ser, en principio, con el promedio regional. Si este es inferior al nacional
deberá adoptarse este último”. De acuerdo a lo
anterior, la atención prioritaria de los hogares desplazados en políticas de
acceso a vivienda sigue siendo una obligación constitucional.
Es de advertir que dicha obligación no es exclusiva de la
Nación, pues conforme a la normatividad citada, pero también conforme al
proceso de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, se trata de una de las
esferas de la política en las que procede la implementación del esquema de
corresponsabilidad[75].
5.3. Conforme
a la revisión constitucional y legal anterior, se puede concluir que: (i)
el derecho a la vivienda digna de la población desplazada es un derecho
constitucional; (ii) que la garantía del mismo como derecho
fundamental de protección inmediata impone al Estado la obligación de ofrecer
condiciones de alojamiento, como parte de la atención humanitaria; (iii)
que el Estado debe garantizarlo en el marco de procesos de retorno o
reubicación que propendan por la estabilización social y económica; (iv)
que también se garantiza como medida de reparación, particularmente de restitución
de vivienda a víctimas de despojo, abandono, pérdida o menoscabo, y que
se materializa en la priorización de los hogares desplazados en el acceso a distintas
modalidades de subsidio; (v) que dicha obligación de reparación
debe ser cumplida por el Estado de acuerdo a los principios de gradualidad
y sostenibilidad fiscal, “priorizando la distribución de las medidas
de reparación entre las víctimas teniendo en cuenta el universo de víctimas del
conflicto armado y buscando la igualdad en el acceso y la equidad en la
distribución de los recursos disponibles, y dando preferencia en la atención a
los sujetos de especial protección constitucional”[76];
y (vi) que dicha obligación está en cabeza de entidades
gubernamentales del orden nacional, así como entidades territoriales, dentro
del esquema de corresponsabilidad en la garantía de este derecho, bajo los
principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
6.
Derechos de la población desplazada en materia de desalojo forzoso.
Reiteración jurisprudencial
6.1. Como
se mencionó antes, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de
Naciones Unidas, en su Observación General Número 7, se ocupó del tema de los
desalojos forzosos y la incidencia que tienen sobre el derecho a una vivienda
digna, consagrado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC).
6.2. De
la misma forma, esta Corporación en extensa jurisprudencia se ha pronunciado
sobre las garantías que le asiste a la población desplazada para no ser
desalojados en procedimientos policivos, sin que previamente se adopten medidas
que eviten dejarlos expuestos a nuevas vulneraciones de sus derechos
fundamentales.
A continuación se hará un breve recuento de las más
recientes decisiones que han afianzado un sólido precedente para la protección
del derecho a la vivienda digna de la población desplazada[77].
·
En la Sentencia
T-946 de 2011, la Sala Primera de Revisión analizó el caso de ochocientas
(800) familias desplazadas por la violencia que se habían asentado en un predio
privado ubicado en el municipio de Valledupar, en el cual construyeron
improvisados refugios para suplir sus necesidades de vivienda. Ante la
situación, el propietario del predio inició un proceso policivo de lanzamiento
por ocupación de hecho y la Alcaldía de Valledupar admitió la querella policiva
instaurada, además decretó el lanzamiento por ocupación de hecho de quienes
invadían el terreno. A través de tutela, la población desplazada afectada con
el desalojo pidió que se amparara su derecho a la vivienda digna.  En su
decisión, la Sala de Revisión reprochó que luego de 3 años desde que se invadió
el inmueble las autoridades no hubiesen solucionado el problema de vivienda que
aquejaba a los accionantes, por lo cual advirtió que la diligencia de
lanzamiento sólo podía llevarse a cabo cuando se reubicara en un albergue
provisional a la población asentada en el predio en cuestión. Así mismo, ordenó
que en un término no mayor a seis (6) meses se inscribiera a los accionantes en
planes de vivienda de interés social.
·
En la Sentencia
T-454 de 2012, la Corte decidió una acción de tutela incoada por el Fondo
Ganadero del Meta contra la Alcaldía Municipal de Villavicencio y el Comando de
Policía del Meta, solicitando que se ejecutara de manera definitiva la orden de
desalojar a las personas que invadieron terrenos de su propiedad, los cuales
fueron ocupados mediante vías de hecho. La Corte confirmó la decisión de
instancia que negó la tutela por improcedente y declaró la carencia actual
de objeto por hecho superado, al comprobarse que la diligencia de lanzamiento
por ocupación de hecho se había cumplido a cabalidad.
Pese a lo anterior, la Sala resaltó que los sujetos
pasivos de las órdenes de lanzamiento era un grupo de 1317 familias, entre
ellas, 511 en condición de desplazamiento, y otras conformadas por indígenas y
por personas en situación de discapacidad física. Frente a este tema, recordó
la jurisprudencia constitucional en torno a la garantía de los derechos
fundamentales de la población desplazada en materia de desalojo forzoso y los
derechos de los ocupantes en un lanzamiento realizado por ocupación de hecho. Por
ello, al comprobar la situación de vulnerabilidad de las personas desalojadas, decidió
poner en conocimiento de varias autoridades el asunto, para que en el marco de
sus competencias legales adelantaran las acciones necesarias para frenar la
amenaza al derecho a la vivienda digna y garantizarles los demás derechos
fundamentales de que son titulares en virtud de sus particulares condiciones
socioeconómicas.
·
En la Sentencia
T-684 de 2013, la Corte analizó si, dentro del trámite de un proceso
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de predio urbano, se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna de los
accionantes, en virtud a su condición de víctimas del desplazamiento forzado. La
Sala se pronunció acerca de los siguientes temas: la procedencia de la acción
de tutela en el marco de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho; los
supuestos en los que la Corporación ha amparado el derecho al debido proceso en
el trámite de éstos procesos; y los eventos en que al interior de dicho
procedimiento se ha justificado la suspensión de la medida de lanzamiento.
Ante la ausencia de material probatorio respecto de la
alegada condición de víctimas del desplazamiento forzado por parte de los
demandantes y, además, el lote ocupado hace parte de una zona protegida por ser
reserva natural, la Sala confirmó las decisiones de instancia que negaron el
amparo solicitado y se exhortó a la Alcaldía de Villavicencio para que le
informara a los actores los programas sociales para acceder a vivienda y los
ofrecidos en general, para grupos en estado de vulnerabilidad, para que, en
caso de calificar alguno de ellos, iniciara su proceso de incorporación.
·
En la Sentencia T-907
de 2013 la Sala de Revisión estudió la situación de un grupo de personas en
condición de desplazamiento que se habían asentado en un predio privado ubicado
en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. El dueño del inmueble solicitó a la
administración municipal que ordenará cesar la perturbación en la tenencia de
su bien, por lo que las autoridades locales iniciaron un proceso de lanzamiento
en contra de los accionantes, realizando previamente esfuerzos para garantizar
transporte y albergues provisionales a las personas afectadas. No obstante,
representantes de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría solicitaron la
suspensión de la diligencia alegando que no se estaba garantizando el derecho a
la vivienda de los ocupantes.
En esa ocasión, se señaló que aunque se habían
realizado esfuerzos para mitigar el impacto del desalojo, los mismos nunca
habían tenido la virtualidad de transformarse en acciones concretas de protección
para sus bienes constitucionales. Con fundamento en lo expuesto, se ordenó a
las autoridades demandadas garantizar un albergue provisional a todas las
personas asentadas en el predio hasta tanto se les brindará una solución digna
y definitiva en materia de vivienda (efectos inter comunis).
·
En la Sentencia T-781
de 2014, la Corte Constitucional revisó diferentes expedientes acumulados
en los que se le atribuía a las entidades accionadas la vulneración del derecho
a la vivienda digna, al pretender materializar la diligencia de desalojo dentro
de un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, sin asegurar
previamente la protección de los derechos fundamentales de la comunidad
asentada en el predio ocupado, toda vez que se trataba de población en
situación de desplazamiento y de vulnerabilidad. Se examinaron los siguientes
temas: el derecho a la vivienda digna, en particular de quienes se encuentran
en situación de desplazamiento y de vulnerabilidad; las medidas de protección a
favor de las personas en situación de vulnerabilidad cuando existe una orden de
desalojo; y la función social de las empresas en el marco del artículo 333
Superior.
La Sala de Revisión concedió el  amparo y reiteró los
efectos inter comunis y las órdenes proferidas en  la Sentencia T-907 de 2013, frente a la población de desplazamiento
asentada en el predio Cuernavaca del municipio de Puerto Gaitán, Meta.
·
En la Sentencia
T-109 de 2015, la Corte amparó el derecho al debido proceso y a la vivienda
digna, en un caso originado en el año 2006 cuando el municipio de Floridablanca
(Santander) adquirió un predio en donde se comprometió a realizar un
macroproyecto de vivienda de interés social. Posteriormente, en septiembre de
2011 un grupo de aproximadamente 50 familias beneficiarias del mencionado
proyecto decidió ocupar una parte del lote para construir allí sus hogares, al
tiempo que las autoridades del ente territorial exigían el desalojo para poder
presentar el terreno a una nueva convocatoria nacional para vivienda. En el
curso del trámite policivo, los accionantes impetraron la tutela para suspender
el desalojo mientras se les garantizaba una alternativa real de reubicación.
·
En la Sentencia
T-578 de 2015, la Corte revisó dos acciones de tutela presentadas de manera
independiente, en las que los actores aducían que las entidades demandadas
habían vulnerado sus derechos fundamentales, al ejercer actos encaminados a
desalojarlos del lugar en el que viven, pero sin darles ninguna alternativa de
reubicación. Se abordó la temática relacionada con la naturaleza jurídica y
viabilidad constitucional de los desalojos forzados y reiteró su jurisprudencia
sobre el principio de confianza legítima. En un asunto se concedió el amparo
solicitado y, en el otro, se declaró improcedente por incumplimiento del
requisito de inmediatez.
·
En la Sentencia
T-188 de 2016 la Corte decidió una tutela presentada por el representante
legal de la Corporación Nuevo Amanecer Vida y Esperanza solicitando la
protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, en virtud de
la amenaza de desalojo de los asentamientos que son ocupados al margen del Rio
Guatiquía por 212 familias que han sufrido desplazamiento y se encuentran
en pobreza extrema.
La Corte reiteró las reglas jurisprudenciales
relativas a la procedencia de la acción de tutela para proteger la población
desplazada en caso de desalojo. Igualmente, analizó la jurisprudencia sobre el
derecho a la vivienda digna de las comunidades en situación de desplazamiento y
las garantías que tienen en caso de desalojo forzado y concluyó que la
población víctima de desplazamiento forzado que se encuentre asentada en
terrenos que constituyan zona de riesgo, como ocurre con los márgenes y cauces
activos de los ríos o estructuras de contención como son los diques, tienen
garantías constitucionales reforzadas, especialmente, cuando las autoridades
públicas inicien procedimientos administrativos de restitución de bienes de uso
público tendientes a desalojarlos.
Precisó que, en ese caso, debía protegerse el derecho
a la vivienda digna, adoptando medidas transitorias de albergue temporal, de
estabilización socioeconómica y ayuda humanitaria, así como medidas definitivas
que garanticen una solución de vivienda a mediano y largo plazo en programas y
proyectos de vivienda que se adelanten por parte de las autoridades públicas
competentes, por lo que concedió e impartió una serie de órdenes conducentes a
hacer efectivo el goce del derecho tutelado.
6.4. Subreglas en caso de población desplazada
ocupando de manera ilegal o irregular bienes de uso público, en un asentamiento
que genera riesgo para sus vidas e integridad personal
6.4.1.
De manera general, la Corte Constitucional ha venido considerado que cuando
se está frente a situaciones de desalojo de la población desplazada, generadas
a raíz de la ocupación irregular de bienes públicos o privados, los
procedimientos administrativos tendientes al desalojo de ocupaciones e
invasiones de hecho se pueden suspender, llevándose a cabo sólo cuando
exista un plan de reubicación en el corto plazo y se garantice acceso a una
vivienda digna en el mediano y largo plazo, dándole prelación y amparo a las
familias desplazadas, que no hayan recibido medida provisional urgente.
Del recuento jurisprudencial precedido, la Sala
destaca dos elementos principales, del conjunto de medidas de
amparo adoptadas en sede de revisión, a saber: (i) una medida
provisional y urgente de albergue que puede consistir, dependiendo
del caso, en un subsidio de arrendamiento o en la adecuación de un
inmueble como habitación transitoria; (ii) seguido de una solución
definitiva de vivienda, previa la realización de un censo integral
de los afectados, ya sea ordenando brindar una asesoría detallada y clara sobre
las políticas públicas disponibles, exigiendo incluir directamente a los
damnificados en alguno de los programas municipales vigentes previa
verificación de los requisitos exigidos y observando el debido proceso en la
asignación de los recursos disponibles, o disponiendo la articulación de
políticas públicas nuevas acordes con la necesidad y el grupo población
afectado, y con perspectiva étnica de ser necesario.
6.4.2.
Ahora bien, la Sala Quinta de Revisión precisa que cuando se esté frente a situaciones
de desalojo de la población desplazada, generadas a raíz de la ocupación
irregular de bienes públicos[78], se deben garantizar los
principios de igualdad y el derecho a una
vivienda digna cuando se trate de normalizar situaciones de hecho, sin que ello
implique el estímulo a la ocupación ilegal o irregular. En esos casos, la autoridad pública no tiene alternativa
diferente a la de cumplir con su deber de ejercer las acciones previstas en el
ordenamiento jurídico para obtener la restitución de los bienes de uso público
al Estado, incluido todo lo que accede a ellos.
En efecto, en el evento de presentarse una ocupación
irregular o ilegal en bienes de uso público por parte de particulares, esto es,
sin la debida autorización de la autoridad competente, el Estado cuenta con los
instrumentos necesarios para obtener la restitución de los mismos, a través del
poder de policía o de los demás mecanismos legales que consagra la ley. Así lo
expresó esta Corporación al analizar el deber de las autoridades para preservar
el uso público, manifestando lo siguiente: “El bien de uso público por la
finalidad a que está destinado, otorga al Estado la facultad de detentar el
derecho a la conservación de los mismos y por tanto la normatividad que los
regula ordena velar por el mantenimiento, construcción y protección de esos
bienes contra ataques de terceros”[79]. Lo cual, obviamente, se encamina a
proteger el patrimonio estatal, garantizar la función social de la propiedad de
los bienes fiscales, contribuir a la satisfacción del derecho constitucional a
la vivienda digna y a una mejor planificación del desarrollo urbano.
En
esta hipótesis, si el servidor público con competencia para el ejercicio de
tales acciones las omite o dilata de manera injustificada, será responsable
disciplinaria, penal y patrimonialmente conforme a la Constitución y a la ley[80]. De manera consecuente, el juez
constitucional deberá dejar en firme esas
decisiones, sin perder de vista la realización de un derecho constitucional de
grupos sociales que merecen especial protección estatal, como la población
desplazada según la regla general enunciada en el 6.4.1.
6.4.3.
Adicionalmente, la Sala señala que no es factible suspender un procedimiento
tendiente al desalojo de familias desplazadas cuando éstas se encuentran
asentadas en sitios que generen riesgo para su vida e integridad personal.
En tal caso, es imposible mantener un asentamiento en estas condiciones, siendo
forzoso ordenar a las autoridades estatales que provean atención urgente a la
población para suplir su necesidad de alojamiento, proporcionando para ello:
el subsidio para alojamiento incluido en las ayudas humanitarias de urgencia;
o albergues provisionales y asegurando su inclusión en programas sociales del
gobierno; medidas que deben acompañarse de soluciones definitivas de vivienda,
acorde a la caracterización y medición de carencias, previamente realizada.
Lo anterior toma
más fuerza, cuando la zona del asentamiento ha sido declarada como de riesgo, toda
vez que la suspensión de las órdenes de desalojo no protegerían a las personas
allí asentadas, sino que por el contrario, prolongarían el peligro al que se
ven expuestas, en la eventualidad de una inundación o un deslizamiento[81].
6.4.4. Sintetizando, procederá el amparo al
derecho a la vivienda digna de la población asentada en un bien objeto de
desalojo por restitución de bien de uso público, cuando los hogares cumplan las
siguientes condiciones, después de la respectiva caracterización y medición de
carencias:
·
Se encuentra acreditada
su condición de víctima de desplazamiento forzado.
·
La medición de carencias
en alojamiento reporta una escala “extrema”, “grave” o “leve”.
·
La persona no ha
recibido giros de ayuda humanitaria para cubrir el componente de alojamiento
temporal, o el giro se encuentre pendiente de colocar.
Una vez precisados estos aspectos, la Sala analizará
el caso concreto.
7. Caso concreto
7.1.
En el caso sub examine, la Sala advierte que se ven involucradas ciento cincuenta
(150) familias -algunas de ellas víctimas del conflicto armado-  ubicadas en
los asentamientos establecidos en las inmediaciones de la Urbanización 13 de
Mayo, sector La Reliquia, de la ciudad de Villavicencio, con afectación del
área de cesión y de la ronda hídrica del Caño Rodas y Caño Maizaro. Las
familias afectadas consideran que el municipio de Villavicencio, así como otras
entidades del orden regional y nacional, han vulnerado sus derechos
fundamentales a la vivienda digna y al derecho a la igualdad, al iniciar un
proceso de restitución de bien de uso público y amenazarlos con realizar el
desalojo del lugar en el que residen, sin previamente garantizar un albergue
temporal y soluciones de vivienda en las cuales puedan ser reubicados[82].
Ahora bien, los accionantes corresponden a diecinueve
(19) de las ciento cincuenta (150) familias integradas por niños, niñas y adolescentes;
mujeres embarazadas; adultos mayores; personas en condición de discapacidad;
indígenas y afro descendientes; mujeres y hombres cabeza de hogar, quienes llegaron
a la ciudad de Villavicencio provenientes de distintos lugares del territorio
nacional[83].
Dentro de este grupo de familias confluyen: (i) personas desplazadas, que según
los accionantes antes de ocurrir la situación de desplazamiento forzado tenían
fincas, casas, negocios en sus lugares de origen, de los cuales derivaban el
sustento suficiente para vivir dignamente; y (ii) personas en condición de
pobreza extrema[84].
7.2. Para la Sala resulta diáfano que las diecinueve (19) familias accionantes y las demás
familias asentadas son ocupantes ilegales de un bien de uso público, por tal
razón, y como se mencionó en el acápite 6.4.2. de esta providencia, dicho bien
es imprescriptible, inalienable e inembargable, dado que pertenece a la Nación,
destinado al uso común de todos los habitantes del territorio nacional y que
corresponde a una Franja de Protección Hídrica, Franja de
Manejo Ambiental y Bosque. Por ello, la ocupación de dichos bienes debe tener permiso de la
autoridad competente, ya sea en virtud de licencia o concesión, conforme a la
ley; en consecuencia, cuando la ocupación es ilegal, la administración deberá,
de conformidad con las normas legales, recuperar dicho título, a través de las
diferentes vías policivas y judiciales que se encuentren establecidas.
Por tal
razón, la Sala estima que el desalojo ordenado por las entidades demandadas
deviene constitucional y legalmente viable y factible, al actuar de manera ágil
y rápida para restituir dicho bien al Estado, por tratarse de un bien de uso
público, y más aún en consideración a que el asentamiento se encuentra en una zona
de alto riesgo de inundación, de conformidad a lo considerado en el acápite
6.4.3. de esta providencia.
Sin embargo,
la Sala debe tomar en consideración la presunción de especial vulnerabilidad de
la población desplazada, porque han sido desarraigados de manera violenta de su
lugar de residencia, lo cual los pone en un estado de necesidad que la Corte no
puede pasar por alto, por no contar con un alojamiento en condiciones de
dignidad. Por tal razón, la Corte debe examinar caso a caso, si las personas
desplazadas cuentan o no con una respuesta humanitaria que les permita
enfrentar sus carencias en alojamiento, de manera que no se presenta el estado
de necesidad mencionado, y se desvirtúa de esa manera la presunción de protección,
en este caso, frente al desalojo.
7.3.
Ahora bien, con el
propósito de dar solución al problema jurídico planteado, pasa la Sala a
determinar si -pese al actuar diligente de iniciar un proceso
administrativo de desalojo en orden a obtener la restitución de bien de uso
público, ubicado en un área de ronda hídrica con alto riesgo de inundación- las entidades
accionadas y vinculadas vulneraron el derecho a la vivienda digna de la
población de especial protección constitucional, ante la omisión de alguna medida de protección a la población víctima del desplazamiento
forzado.
Una vez valoradas por esta Sala las pruebas que obran
en el expediente, en relación con las personas desplazadas, se encuentra que la
mayoría de los hogares, 14 de ellos, cuentan con al menos varios miembros que están
incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) que lleva la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Otros hogares no están
registrados como desplazados, ya sea porque no han declarado, que es la
situación de 4 hogares  (estado de no registra); o porque declararon y no
fueron incluidos, que es la situación de 1 hogar (estado de no incluido).
De otra parte, la Unidad para las Víctimas presentó
una caracterización de las carencias en temas de alojamiento y alimentación de
cada uno de los hogares, que es la base de la evaluación para el pago de la atención
humanitaria. Las carencias están clasificadas en su nivel de gravedad, en
las siguientes escalas: (i) no carencia; (ii) carencia leve; (iii) carencia
grave; y, (iv) carencia extrema. Al respecto, según lo reportado por la
Entidad, se puede concluir que dentro de las personas desplazadas existen
diferentes niveles de vulnerabilidad en carencias en alojamiento y alimentación
que han llevado a la programación de pagos de atención humanitaria
de diferentes montos y frecuencias. De los 19 hogares accionantes del
expediente bajo estudio, la Unidad para las Víctimas reportó que:
#
NOMBRES
CARENCIA ALIMENTACION HOGAR
CARENCIA ALOJAMIENTO HOGAR
OBSERVACION de la DGSH[85]
1
Nohora Guevara Barragán
GRAVE
LEVE
Presenta turno vigente
pendiente por colocar
2
Ángela Johana Betancur Chaverra
NO CARENCIA
NO CARENCIA
Por fuentes de generación de ingresos
3
Marleny
Beltrán Rodríguez
EXTREMA
EXTREMA
Presenta turno vigente, 2 ya fueron pagados, queda 1
pendiente por colocar
4
Luz María
Chaparro Pidiaehe
EXTREMA
EXTREMA
Presenta turno vigente, 2 ya fueron pagados, queda 1
pendiente por colocar
5
Diana Paola Cárdenas Romero
NO CARENCIA
NO CARENCIA
Por fuentes de generación de ingresos
6
Gisela Viviana López Benito
N/A
N/A
No presenta medición, cuenta con pago por modelo
tradicional
7
Franyer Alberto López Díaz
N/A
N/A
No presenta medición, la AH colocada no fue cobrada
y se reintegró
8
Cleopatra
Galindo Garzon
N/A
N/A
No presenta medición, la AH colocada no fue cobrada
y se reintegró
9
Mirledys
Olea Guerrero
N/A
N/A
Documento no se encuentra en el registro
10
Natalia
Lazo González
NO CARENCIA
NO CARENCIA
No carencia
Se suspende AH por 10 años
11
Claudia Patricia Hueso Castañeda
N/A
N/A
Documento no se encuentra en el registro
12
Yadir Andrés
Doza Castro
N/A
N/A
Documento no se encuentra en el registro
13
Ana Marina   Leyton Vergara
GRAVE
NO CARENCIA
Presenta turno vigente,
1 giro pagado
14
María Helena Martínez Morales
EXTREMA
EXTREMA
Presenta turno vigente, 1 ya fue pagado, pendientes
2 giros por colocar
15
Alexander Marroquín Bonilla
N/A
N/A
No presenta trámite de AH
16
Yolanda
Bernal Rincón
N/A
N/A
Presenta estado de no incluido por desplazamiento
forzado, no accede a la AH
17
Enelida Bonilla
NO CARENCIA
NO CARENCIA
Por fuentes de generación de ingresos
18
María Victoria Espinosa Zuluaga
GRAVE
NO CARENCIA
Presenta turno vigente,
1 se encuentra disponible para cobro, pendientes 2
giros por colocar
19
Liliana Andrea Pérez Gonzalez
N/A
N/A
Documento no se encuentra en el registro
Del anterior informe de medición de carencias de las
diecinueve (19) familias accionantes, la Sala puede colegir que:
·
No tienen la calidad de
sujeto de especial protección constitucional por desplazamiento forzado, los
siguientes hogares:
·
Los siguientes hogares
son población desplazada, pero no presentan carencia de alojamiento:
·
Los siguientes hogares
son población desplazada y no presentan medición de carencias, pero cuentan con
un pago de ayuda humanitaria:
·
El siguiente hogar es población
desplazada, no presenta medición de carencias, ni trámite de ayuda humanitaria:
·
El siguiente hogar es
población desplazada, presenta una escala de carencia LEVE en alojamiento, pero
tiene un pago de ayuda humanitaria:
·
Los siguientes hogares
son población desplazada, presentan una escala de carencia EXTREMA en
alojamiento, pero tienen pagos de ayuda humanitaria:
En
consecuencia, conforme a lo explicado previamente y a lo considerado en el
acápite 6.4.4. de esta providencia, no procederá el amparo al derecho a la
vivienda digna de las familias accionantes, en su componente de medida provisional y urgente, con excepción del accionante Alexander
Marroquín Bonilla y su núcleo familiar, a quien se amparará.
Adicionalmente, se amparará el derecho a la vivienda digna de los siguientes hogares
accionantes, por encontrarse acreditada su condición de población desplazada, en
su componente de una solución definitiva de vivienda, entendida
como medida de reparación en el marco de un proceso de retorno o reubicación
conducente a su estabilización social y económica: Nohora Guevara Barragán, Ángela Johana Betancur Chaverra,
Marleny Beltrán Rodríguez, Luz María Chaparro Pidiache, Diana Paola Cárdenas
Romero, Gisela Viviana López Benito, Franyer Alberto López Díaz, Cleopatra
Galindo Garzón, Natalia Lazo González, Ana Marina Leyton Vergara, María Helena
Martínez Morales, Alexander Marroquín Bonilla, Enelida Bonilla y María Victoria
Espinosa Zuluaga. Esta medida de acceso a solución definitiva de
vivienda es una obligación de medio, regida por las normas de restitución de
vivienda de la Ley 1448 de 2011, en los términos expuestos en esta providencia.
7.4. La
Sala Quinta de Revisión validó la medición de carencias aportada por la Unidad
para las Víctimas con dos fundamentos. De una parte, la Sala de Seguimiento
Especial a la Sentencia T-025 de 2004 ha encontrado que la medición de
carencias de la población desplazada para efectos del pago de la atención
humanitaria “se puede traducir en una asignación más focalizada, racional y
equitativa de los recursos que componen la ayuda humanitaria”, al tiempo
que ha advertido dificultades en la implementación del modelo de medición[86].
Si bien la Corte no obtuvo información detallada sobre las bases técnicas y
fácticas a partir de los cuales la Unidad para las Víctimas evaluó las
necesidades en subsistencia mínima reportadas, las partes no objetaron los
resultados de la medición, es decir, no
plantearon controversia alguna sobre esta información. Tampoco el Ministerio
Público la objetó. Adicionalmente, los resultados de la medición presentan
diferencias que son sensibles a diferentes grados de carencia y, por
consiguiente, de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares.
De esta manera, en cuanto a la protección inmediata
del derecho a la vivienda a través de proveer condiciones de alojamiento
temporal mediante la atención humanitaria, la Corte encuentra que
los accionantes que pertenecen a hogares que cuentan con personas desplazadas están
recibiendo pago de atención humanitaria para cubrir las carencias en alojamiento
identificadas en la medición. Lo anterior con excepción del hogar de Alexander
Marroquín Bonilla, que no cuenta con medición, ni tampoco se reporta atención
en dinero ni en especie en atención humanitaria. Por tal razón la Corte
ordenará a la Unidad para las Víctimas caracterizar al señor Marroquín Bonilla
y, conforme a dicha caracterización, proveer la medida de atención
humanitaria que corresponda, de acuerdo a los artículos 60, 62 a 65 de la
Ley 1448 de 2011.
La Unidad para las Víctimas también reportó las
medidas de reparación a las que los hogares habían accedido, incluyendo la
medida de restitución de vivienda, a través de la priorización en programas de
“viviendas gratis”, según denominación de la Entidad; así como aquellas
personas que habían recibido algún acompañamiento en materia de retornos y
reubicaciones. Al respecto, según el reporte, aunque algunos hogares han
recibido otras medidas de reparación, ninguno ha recibido vivienda gratuita,
como focalización del subsidio de vivienda, ni tampoco acompañamiento en
procesos de retorno o reubicación.
Así las cosas, la Sala observa que los hogares han
recibido cierta respuesta en atención humanitaria, pero no se ha consolidado
una respuesta institucional conducente a la garantía integral y permanente de
su derecho a la vivienda. Como se dijo antes, el Estado no está en la
obligación de proveer un subsidio de vivienda gratuito a todos los hogares
desplazados, máxime si se tiene en cuenta la magnitud del desplazamiento
forzado en nuestro país. Como también se dijo, esta obligación es gradual y
progresiva, y debe priorizar a las personas de especial protección
constitucional, incluso dentro de la misma población desplazada.
Igualmente, esta obligación de priorización
constitucional de los desplazados no puede dejar completamente sin respuesta a
otras personas de especial protección constitucional, aunque no sean
desplazadas pues son titulares de los derechos constitucionales reconocidos en
la Carta Política, incluyendo el derecho a la vivienda.
7.5. Ahora
bien, estas familias comenzaron a asentarse en las inmediaciones de la Urbanización
13 de Mayo, sector La Reliquia, en el área de cesión y en la ronda
hídrica del Caño Rodas y Caño Maizaro, ubicado en la ciudad de Villavicencio, a
partir del mes de junio de 2016, montando improvisadas edificaciones y refugios
sin vigilancia ni control de la entidad territorial y, en tal sentido, ninguna
autoridad les hizo saber que en esta zona estaba prohibido el desarrollo de
construcciones. Sólo hasta los días 11, 12, 13, 14, 15, 27 de julio y 1º, 4 y 9
de agosto de 2016 se escuchó en descargos a los ocupantes, cuando la administración
municipal de Villavicencio hizo presencia en el área de los asentamientos a
través del Secretario de Gobierno y la fuerza pública. Desde este momento, les
han insistido que no es posible habitar el sitio y que si no lo desocupan
voluntariamente se verán abocados al desalojo.
El terreno que la comunidad desplazada escogió para
establecerse -según Informe Técnico de CORMACARENA- se encuentra localizado
hacia el oriente del casco urbano del municipio de Villavicencio y se pudo
verificar en visita del 11 de julio de 2016 que “sobre la Urbanización 13 de
Mayo, sector, La Reliquia, se llevó en forma ilegal el establecimiento de
asentamientos humanos construidos en condiciones precarias, junto al Caño Rodas
y Caño Maizaro (…)”[87]; igualmente, “se
verificó que los polígonos donde se llevó a cabo la construcción de
asentamientos informales, intervienen parcialmente las fajas de protección
hídrica de las corrientes de aguas de origen natural que cursan sobre el sector
(…)”[88]. Por último, se indicó
que algunos asentamientos están localizados en zona de “amenaza alta de
inundación”[89].
Con base en lo anterior, es factible inferir que sólo
circunstancias extremas de privación de un refugio pudieron llevar a que la
población desplazada adoptara una decisión que potencialmente amenaza su
integridad física, pues implica instalarse junto a un cuerpo hídrico que puede,
atendiendo las cambiantes condiciones climatológicas, desbordarse e inundar lo
que este a su alrededor causando todo tipo de estragos y daños.
7.6. La
respuesta de las entidades estatales frente a la crisis humanitaria generada por
el desplazamiento forzado y el posterior asentamiento de estas comunidades en
la zona de riesgo mencionada, ha sido en el caso las entidades nacionales y
regionales, invocar la improcedencia de la tutela e insistir en su falta de
legitimación y de competencia para atender las solicitudes de ayuda humanitaria
o de vivienda digna. El municipio de Villavicencio por su parte, al tiempo que
inició un procedimiento administrativo de restitución de bien de uso público,
ha entablado un diálogo formal con la población afectada, exhortándola a que
desalojen el lugar; sin embargo, este acercamiento con la comunidad no se ha
acompañado de compromisos tangibles del ente territorial que den salida al
conflicto que los expone a: (i) prescindir de un lugar en el cual puedan
resguardarse; o (ii) ser afectadas por un eventual desastre natural. Las
razones que esgrime la entidad territorial, se sintetizan en la falta de
recursos financieros y de medios para garantizar la reubicación y el acceso a
viviendas para la población desplazada.
Adicionalmente, según la caracterización entregada por
la Unidad para las Víctimas, algunos de los hogares tendrían garantía de
alojamiento por fuentes de generación de ingresos, por lo que la respuesta de
la entidad territorial, en coordinación con la Nación, debería tener en cuenta
la distinta situación en la que se encuentran los hogares, priorizando aquellos
que cuentan con sujetos de especial protección constitucional y aún tienen
carencias en este aspecto.
Estos argumentos que las entidades vinculadas exponen
no son de recibo para la Sala, pues como se ha expuesto en anteriores
oportunidades, el desplazamiento no puede ser tratado solo como un problema de
orden público, es ante todo un problema de humanidad que debe ser afrontado por
todas las personas y en especial por el Estado[90].
Considerar únicamente el proceso administrativo de restitución de bien de uso
público como la vía de solución a la dificultad que hoy padecen los desplazados
y las familias asentadas en las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo,
sector La Reliquia, en el área de cesión y en la ronda hídrica del Caño
Rodas y Caño Maizaro, ubicado en la ciudad de Villavicencio, sin
contemplar alternativas que garanticen albergues temporales y soluciones de
vivienda definitiva, es una medida que interfiere intensamente en el goce
efectivo de su derecho fundamental a la vivienda digna.
El problema del desplazamiento supone además, la
corresponsabilidad entre las autoridades nacionales y locales, dentro de los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad y dentro de los
esquemas de corresponsabilidad diseñados en la política pública de víctimas. No
es suficiente mostrarse dispuesto al dialogo, tal como lo hace la entidad
territorial, si como resultado del mismo no se comprometen esfuerzos materiales
que permitan solventar los conflictos que estas autoridades pretenden resolver.
De tiempo atrás, esta Corporación ha dicho que a las
autoridades no les está dado simplemente aducir déficit presupuestal para
abstenerse de proteger los derechos fundamentales de la población desplazada.
Además, si bien al juez constitucional no le corresponde analizar por vía de
tutela el presupuesto que manejan las entidades accionadas, sí está dentro de
sus atribuciones amparar los derechos fundamentales vulnerados por la omisión
de las autoridades encargadas de desarrollar políticas y programas de
prevención, atención y protección a personas desplazadas[91].
La Sala Quinta de Revisión estima que no es
constitucionalmente viable el enfrentar una crisis humanitaria como la que se
origina con el desplazamiento forzado, exclusivamente, desde el discurso y
trámite gubernamental, toda vez que constituye una elusión al deber estatal de
darle un trato preferente y urgente a quienes se encuentran en esta situación.
Lo anterior, pese a que la Corte ha hecho enormes esfuerzos por visibilizar la
masiva y reiterada violación de los derechos humanos de la población
desplazada, así como las fallas estructurales de las políticas públicas del
Estado Colombiano en esta materia, creando para ello un referente
jurisprudencial que ha avanzado significativamente en el reconocimiento de
derechos y exige de las autoridades públicas de todos los niveles del Estado
compromisos ineludibles.
7.7.
En cuanto a las decisiones judiciales de instancia, los jueces de tutela declararon
improcedente el mecanismo constitucional, aduciendo la existencia de un
mecanismo judicial para la defensa de los derechos fundamentales reclamados, al
cual, los actores tenían la posibilidad de acudir y en consideración a que la administración
municipal ejecutó todas las acciones pertinentes en desarrollo del proceso
administrativo con miras a obtener la restitución del bien de uso público. En
efecto, a través de las Resoluciones 1000-56-11/151 de 2016 y 1000-56-11-270 de
2016, el Alcalde de Villavicencio ordenó la restitución  de un bien de uso
público, determinación confirmada el 20 de noviembre de 2016. Decisiones
administrativas que originaron la presentación de esta acción constitucional.
7.7.1. Al
respecto, en primera medida, la Sala advierte que obra en el expediente una comunicación
de la Directora de Justicia de la Secretaria de Gobierno y Seguridad de la
Alcaldía de Villavicencio enviada al Jefe de la Oficina Jurídica y Atención al
Usuario de la Personería Municipal de Villavicencio[92] en el que se
informó que:
·
El 13 de junio de 2016
se llevó a cabo el Consejo de Seguridad Extraordinario, a fin de tratar el tema
de la ocupación de la ronda hídrica de Caño Rodas y Caño Maizaro, sector barrio
Trece de Mayo, por parte de aproximadamente 100 personas, “que dicha
ocupación lleva más de quince días”.
·
El 14 de junio de 2016,
el señor alcalde inició el proceso de restitución de bien de uso público
No.013/2016.
·
El 29 de junio de 2016
ordenó el censo y caracterización de los habitantes del sector[93].
·
El 8 de septiembre de
2016, habiendo realizado la caracterización respectiva, ordenó la diligencia de
inspección ocular[94].
·
Los días 11, 12, 13,
14, 15, 27 de julio y 1º, 4 y 9 de agosto de 2016 se escucha en descargos a los
149 ocupantes, allí indicaron que “llevan alrededor de tres meses ocupando
el predio, pues no cuentan con recursos suficientes para pagar un arriendo,
pero ninguno de ellos se opone o desvirtuó la calidad de bien de uso público”
del predio objeto de la diligencia.
·
El 13 de octubre de
2016, la Alcaldía de Villavicencio expidió resolución mediante la cual ordenó
restituir el bien de uso público, ubicado en la ronda de Caño Rodas y Caño
Maizaro, sector urbanización Trece de Mayo del municipio de Villavicencio.
Lo anterior permite colegir que la administración
municipal no ha vulnerado el derecho al debido proceso de la población
asentada, toda vez que:
·
Vinculó a todos los
presuntos afectados con esas decisiones administrativas, con un (1) mes de
antelación al inicio de la diligencia de inspección ocular.
·
Comunicó a todas las
autoridades que pudieran estar eventualmente involucradas en el procedimiento
policivo.
·
Decretó pruebas que
lograron demostrar que los asentamientos informales se habían instalado desde
el 4 de junio de 2016, sin respetar los límites establecidos con las áreas
inmediatas a los cauces de los ríos (caños).
·
Garantizó a los
ocupantes el ejercicio pleno de sus derechos y su participación en el proceso
policivo.
·
Resolvió de fondo las
inquietudes y los recursos interpuestos por estos.
Así mismo, tampoco ha desconocido el principio de
confianza legítima en el asunto bajo estudio. Por el contrario, la administración
municipal tuvo que tomar medidas legales a fin de resolver la ocupación ilegal
de un bien de uso público. Así reseñan su actuar los accionantes y demás
ocupantes en la petición presentada a la alcaldía, en la que indicaron que son “(…)
personas rechazadas por el proyecto de vivienda (por no tener el dinero exigido
para la entrega) y desempleados que hemos tomado la decisión de actuar por las
vías de hecho, en tal sentido nos vimos obligados a tomar cartas en el asunto
apostándole a la construcción de viviendas ‘tipo cambuches’ (…)”[95].
Al respecto, la Sala resalta que esta Corte ha precisado que “el principio de confianza legítima no sirve para legalizar
situaciones abiertamente ilegales o inconstitucionales, ni mucho menos para
desconocer la prevalencia del interés general; lo que se busca es proteger al
administrado de una decisión desproporcionada que pueda vulnerar sus derechos
fundamentales”[96].
7.7.2. No
obstante, las autoridades locales, regionales y nacionales no ofrecieron las adecuadas
medidas de protección, de manera previa a la orden de desalojo. Abordar una problemática
compleja de esa manera es apartarse de la comprensión del contexto que lleva a
estas personas por miedo, inseguridad, pobreza, despojo y desarraigo a
asentarse en cualquier lugar. Buscar refugio en las áreas de cesión y ronda
hídrica de unos caños, en medio de condiciones inhóspitas, sin contar con
servicios públicos ni mínimas circunstancias de salubridad e higiene que
permitan tener una subsistencia digna, es de por sí un suceso inhumano. Pero lo
es más, si este viene determinado por las condiciones de violencia que han
padecido como desplazados.
De la misma manera como no puede justificarse la
desatención frente a la población desplazada, tampoco se puede negar la
protección de sus derechos fundamentales, argumentando que tienen otros mecanismos
de defensa judicial y/o administrativa, cuando en virtud de la dinámica del
conflicto armado interno, terminan afrontando un estado de necesidad que los
lleva a buscar un espacio para resguardarse en lugares de alto riesgo. Cambiar
el lenguaje de discriminación y la displicencia con la que se valora el
proceder de las personas desplazadas por efecto de su penosa situación es un
presupuesto para hacer efectivo los deberes de solidaridad y de trato digno que
corresponden a todos los poderes públicos y a quienes residen en las grandes
urbes que generalmente son las receptoras de la población desplazada.
En cuanto a la manifestación de los operadores
judiciales y de las autoridades, de acuerdo con la cual la mínima obligación
que tienen los desplazados es participar de las convocatorias que las
autoridades estatales abren para asignar subsidios, se hace imperioso precisar
que en el trámite del amparo y de las pruebas obrantes en el expediente, no se
demostró que la entidad territorial ni las demás entidades vinculadas se
encontraran diseñando o ejecutando planes o programas para solucionar en forma
definitiva el problema de vivienda planteado en este trámite tutelar.
Tampoco se aportaron elementos que permitan inferir
que estas mismas autoridades han proveído a los accionantes información clara y
concreta sobre los trámites que deben surtir para postularse a la adjudicación
de subsidios de vivienda o alguna otra forma de apoyo estatal que les facilite
el acceso a una vivienda digna.
En tal sentido, para esta Corporación si bien la
comunidad desplazada debe presentarse a las convocatorias que las autoridades
ofrezcan, tal carga tiene que estar precedida de un acompañamiento y asesoría
en los procedimientos de asignación de subsidios o auxilios estatales, que les
permita superar los obstáculos que se presenten en el trámite de los mismos,
atendiendo a su grado de instrucción y a las condiciones especiales de cada una
de las personas que requieren el apoyo.
Así las cosas, en aplicación de los principios que rigen
las actuaciones administrativas (artículo 3º del CPACA) y, puntualmente, en
virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los
obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o
retardos y sanearán las irregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa, la Sala considera que el no haber dado una solución estructural
y definitiva al problema de vivienda de la población desplazada, después de dos
(2) años de haber ocurrido el asentamiento ilegal, configura una omisión del
deber estatal o al menos resulta en dilaciones de la respuesta estructural estatal,
a la espera de un pronunciamiento del juez constitucional.
Por ello, se prevendrá (i) a la Alcaldía
de Villavicencio y a la Inspección Cuarta de Policía de ese Municipio, que -a
futuro- se abstengan de realizar cualquier diligencia de desalojo o lanzamiento
hasta tanto no se les garantice un albergue provisional en condiciones dignas o
una medida de atención humanitaria y urgente a las personas de especial
protección constitucional, incluyendo a las víctimas de desplazamiento forzado;
(ii) a FONVIVIENDA (orden nacional), a la Gobernación del Meta
(orden departamental) y a VILLAVIVIENDA (orden municipal) que -en el futuro-
procuren una respuesta estructural al problema de vivienda digna de la
población desplazada, dentro de sus competencias, sin mayores dilaciones, que
implique el diseño o ejecución de planes o programas para solucionarlo en forma
definitiva, en el municipio de Villavicencio; y (iii) se
compulsarán copias de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación
para lo de su competencia.
7.8. Conforme
a lo expuesto, la Sala de Revisión no comparte que las autoridades judiciales
que conocieron y fallaron esta tutela hayan declarado la improcedencia de la
acción tutelar, absteniéndose de emitir pronunciamiento de fondo sobre la
vulneración al derecho a la vivienda digna de la población desplazada.
Del material probatorio y de lo expuesto en esta
sentencia, la Sala Quinta de Revisión colige que, en este caso, se configuran
circunstancias especiales que ameritan otorgar el amparo constitucional del
derecho fundamental a la vivienda digna, (i) en su componente de medida provisional y urgente,
únicamente, al accionante Alexander Marroquín Bonilla y su núcleo familiar, y (ii)
en su componente de
una solución definitiva de vivienda; tal y como en casos similares
lo ha hecho la Corte, a fin de evitar una mayor vulneración de los derechos
fundamentales de familias víctimas del desplazamiento forzado, toda vez que:
(i)
se trata de
asentamientos en zonas de alto riesgo de desastre natural, asentamientos conformados
por familias víctimas del desplazamiento forzado, en los que se incluyen otros
sujetos de especial protección constitucional como niños menores de edad,
mujeres embarazadas, adultos mayores, población en condición de discapacidad,
indígenas, afro descendientes, mujeres y hombres cabeza de hogar y
(ii)
han transcurrido 2
años desde que este asentamiento humano conformado por familias desplazadas y
personas en situación de pobreza extrema llegó a este sitio de Villavicencio y
a la fecha no se han adoptado ni anunciado decisiones estructurales, que pongan
fin a una problemática social que tiene a esta comunidad habitando en un lugar
que no es seguro ni adecuado para su supervivencia.
8. Órdenes a proferir
8.1. Cuando
no se trata de personas desplazadas por la violencia o los terrenos ocupados no
constituyan zona de riesgo, esta Corporación ha dejado en firme la medida de
lanzamiento por ocupación de hecho y a su vez ha exhortado a las autoridades
municipales para que les informen a las personas desalojadas los programas
sociales a los que pueden acceder, siempre respetando el debido proceso.
Así mismo, ha advertido que en la práctica de la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se debe respetar la dignidad
personal de los ocupantes, con especial esmero respecto de las personas mayores
y los niños que se encuentren en el inmueble y se debe proporcionar orientación
respecto de la(s) entidad(es) del Estado a la(s) que pueden acudir para acceder
a los subsidios de vivienda.
8.2. Sin embargo, pese a dejar en firme las decisiones de
desalojo que afectan a población desplazada o en condiciones de pobreza extrema
que se encuentre asentada en terrenos que constituyan zona de riesgo -como
ocurre con los márgenes y cauces activos de los ríos o estructuras de contención
como son los diques o las rondas hídricas- resulta necesario reiterar que
existe una protección constitucional reforzada, especialmente, cuando tiene que
ver con el deber de las autoridades públicas de garantizarla.
En consecuencia, previa la actualización de un censo
integral de los afectados, deberá protegerse el derecho a la vivienda digna de
la comunidad desplazada adoptando medidas transitorias (albergue
temporal o de ayuda humanitaria en el caso que corresponda y que no haya sido
proveída), así como medidas definitivas de retorno y reubicación que
garanticen una solución de vivienda a mediano y largo plazo en programas y
proyectos de vivienda que se adelanten por parte de las autoridades públicas
competentes.
8.3.
Bajo este contexto, la Sala Quinta de Revisión revocará el fallo de segunda
instancia del 12 de mayo de 2017 proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Villavicencio que, a su vez, confirmó el fallo del Juzgado Noveno Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Villavicencio de 9 de marzo
de 2017, que declaró la improcedencia de la acción de tutela iniciada contra la
Alcaldía Municipal de Villavicencio y las entidades vinculadas: VILLAVIVIENDA;
Secretarías de Gobierno, Control Físico, Planeación y Medio Ambiente de
Villavicencio; Dirección de Justicia de Villavicencio; CORMACARENA;  IGAC;
Personería Municipal; Procuraduría Ambiental de Villavicencio; Defensoría del
Pueblo - Regional Meta; Inspección Cuarta de Policía de Villavicencio; Unidad
para las Víctimas; FONVIVIENDA y COFREM.
En su lugar, negará el amparo del derecho fundamental
a la vivienda digna, en
su componente de medida provisional y urgente, de las familias
accionantes asentadas en el predio ubicado en las inmediaciones de la Urbanización
13 de Mayo, sector La Reliquia, de la ciudad de Villavicencio, con
excepción del accionante Alexander Marroquín Bonilla y su núcleo familiar, a
quien se amparará su derecho fundamental a la vivienda digna, en su componente de medida
provisional y urgente.
Adicionalmente, se amparará al derecho a la vivienda digna, en su componente de una solución
definitiva de vivienda, dentro de los criterios de priorización,
gradualidad y progresividad referidos en esta Sentencia, a los siguientes hogares
accionantes que acreditaron su condición de población desplazada: Nohora
Guevara Barragán, Ángela Johana Betancur Chaverra, Marleny Beltrán Rodríguez,
Luz María Chaparro Pidiache, Diana Paola Cárdenas Romero, Gisela Viviana López
Benito, Franyer Alberto López Díaz, Cleopatra Galindo Garzón, Natalia Lazo
González, Ana Marina Leyton Vergara, María Helena Martínez Morales, Alexander
Marroquín Bonilla, Enelida Bonilla y María Victoria Espinosa Zuluaga.
8.4. Para
materializar el amparo concedido, la Sala ordenará:
8.4.1. Se
ordenará a la Alcaldía de Villavicencio que, en un plazo de 48 horas contadas a
partir de la notificación de esta sentencia, actualice el censo para efectos de
identificar: (i) la situación de vulnerabilidad de cada hogar allí asentado;
(ii) si cuenta con personas de especial protección constitucional, y (iii) si
cuenta o no con condiciones de alojamiento digno. Al censo deberá concurrir la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que deberá
contribuir a la identificación de los hogares que cuentan con personas
desplazadas, reportar los resultados de caracterización de sus carencias en
materia de alojamiento.
La alcaldía municipal deberá monitorear la situación
de riesgo del predio para efectos de realizar acciones urgentes que sean
necesarias de identificar inminencia en una eventual inundación o riesgo de
desastre natural que pueda afectar a las personas ubicadas en el predio.
8.4.2.
Así mismo, se ordenará a la Unidad para las Víctimas que, en un plazo de 48
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, en el caso en que
no lo hubiere hecho, actualice la caracterización a todos los hogares ubicados
en el predio que cuenten con personas desplazadas y, conforme a los resultados
de dicha caracterización, siga proveyendo o provea la atención humanitaria
que corresponda, particularmente para suplir las carencias identificadas en
alojamiento, sin perjuicio de que también otorgue el componente de
alimentación.
Puntualmente, se ordenará caracterizar a Alexander
Marroquín Bonilla junto a su núcleo familiar y, conforme al resultado de dicha
caracterización, provea la medida de atención humanitaria que
corresponda, de acuerdo a los artículos 60, 62 a 65 de la Ley 1448 de 2011.
8.4.3.
Se advertirá a la Alcaldía de Villavicencio y a la Inspección Cuarta de Policía
de ese Municipio que -en el marco de sus competencias y habiendo agotado la
actualización del censo y de la caracterización ordenada en los numerales
tercero y cuarto de la parte resolutiva de esta providencia- deberá
materializar el desalojo con
plena garantía del derecho al debido proceso, evitando el uso de la fuerza, y
anunciando con debida antelación la fecha de la diligencia, propendiendo por
que los hogares a desalojar puedan salir voluntariamente del predio, antes de
la fecha asignada.
8.4.4. Se ordenará a la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, a la Alcaldía Municipal de Villavicencio, a
FONVIVIENDA y a VILLAVIVIENDA que, en un plazo de doce (12) meses, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, adelanten y concluyan las acciones
necesarias para que se les garantice a los hogares amparados de los
accionantes: Nohora
Guevara Barragán, Ángela Johana Betancur Chaverra, Marleny Beltrán Rodríguez,
Luz María Chaparro Pidiache, Diana Paola Cárdenas Romero, Gisela Viviana López
Benito, Franyer Alberto López Díaz, Cleopatra Galindo Garzón, Natalia Lazo
González, Ana Marina Leyton Vergara, María Helena Martínez Morales, Alexander
Marroquín Bonilla, Enelida Bonilla y María Victoria Espinosa Zuluaga, que
no cuenten con condiciones de alojamiento digno, el acceso efectivo a los
planes y programas de retorno y reubicación, así como de estabilización a los
que tiene derecho. Esto incluye el acceso prioritario a programas dirigidos a
la garantía de una vivienda digna, dentro de los criterios de priorización,
gradualidad y progresividad referidos en esta sentencia.
8.4.5. Se solicitará al ICBF que brinde el acompañamiento necesario, en las
actuaciones previas y durante la diligencia de desalojo, a fin de garantizar la
protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes,
pertenecientes a las familias asentadas en el predio ubicado en las
inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo, sector La Reliquia, de la
ciudad de Villavicencio. Para dar cumplimiento a lo anterior, se
ordenará a la Alcaldía de Villavicencio remitir copia íntegra del resultado del
censo ordenado.
8.4.6. Se
comunicará la presente decisión a la Defensoría del Pueblo Regional Meta, para
que realice el seguimiento al cumplimiento de las decisiones contenidas en el
presente fallo y, si lo considera pertinente, informe a las autoridades sobre
los avances y las dificultades que su ejecución conlleve.
8.4.7. Para
el seguimiento del cumplimiento de las órdenes, las autoridades involucradas,
deberán presentar un informe mensual, por doce (12) meses, al Juzgado Noveno
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Villavicencio y al
Defensor del Pueblo, Regional Meta.
8.5. Por último, la Sala reconoce que la tarea de asignar
recursos para la población desplazada depende de las partidas que las
diferentes instancias nacionales y locales le asignen a esa política pública
alrededor de este problema que atraviesa la población desplazada. Sin embargo,
teniendo en cuenta que en los asentamientos establecidos en las inmediaciones
de la Urbanización 13 de Mayo, sector La Reliquia, de la ciudad de
Villavicencio, cohabitan personas desplazadas y personas que sin tener
tal condición se encuentran en situación de pobreza extrema, no pueden dejarse
de proteger sus derechos fundamentales, sobre todo si se tiene en cuenta que no
han recibido ninguna orientación ni ayuda por parte de las autoridades
gubernamentales.
Del expediente se puede observar que las
diecinueve (19) familias accionantes no son las únicas familias integradas por
población vulnerable que se encuentra asentada en las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo,
sector La Reliquia, de la ciudad de Villavicencio. Existe un gran número de
personas (150 familias aproximadamente) que están en su misma situación, pero
no hacen parte de la presente acción de tutela. Por ello, es preciso ordenar
una medida de protección que se extienda a esas personas vulnerables para
salvaguardar efectivamente sus intereses constitucionales.
8.5.1. Pues
bien, en este caso, proteger exclusivamente el derecho a la vivienda digna de
las familias peticionarias amenaza el derecho a la igualdad de las otras
familias ocupantes del predio ubicado en las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo, sector La
Reliquia, de la ciudad de Villavicencio, que también están en situación de
desplazamiento.
La principal razón que toma la Corte para salvaguardar
los intereses de los accionantes es su condición de desplazados y víctimas del
conflicto armado, contra quienes se inició un proceso de desalojo por ocupación
de bien de uso público, (i) sin antes garantizar una medida de atención
urgente y humanitaria, teniendo carencia extrema, grave o leve en alojamiento y
(ii) a quienes habiéndosele otorgado la medida de urgencia, aun no se
les ha otorgado una solución
definitiva de vivienda.
Por tanto, dejar sin protección a otras personas cuyas garantías
constitucionales son reforzadas por ser víctimas del desplazamiento, no se
compadece con el principio de igualdad, que en su acepción formal dispone
tratar análogamente a quienes se encuentran en situaciones de hecho similares.
Las entidades demandadas afirmaron dentro del proceso
de tutela que en el predio ubicado en
las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo, sector La Reliquia, de
la ciudad de Villavicencio, hay un número plural de personas que hacen parte de
la población desplazada, y la Corte demostró que no había una política clara
que asegurara su reubicación en el corto y largo plazo. En consecuencia, hay
individuos que están exactamente en la misma situación de los accionantes, a
los cuales se les ha brindado el mismo tratamiento.
En este sentido, resulta imperioso que la protección
del derecho fundamental a la vivienda digna -contenida en el acápite 8.4.4.- se
extienda a aquellas personas o familias desplazadas, asentadas en el predio
ubicado en las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo, sector La
Reliquia, de la ciudad de Villavicencio, y que queden incluidas y
acreditadas como tal en el censo ordenado, (i) a quienes no se les haya garantizado
una medida de atención urgente y humanitaria, teniendo carencia extrema, grave
o leve en alojamiento y (ii) a quienes habiéndosele otorgado la medida
de urgencia, aun no se les ha otorgado una solución definitiva de
vivienda, sin que sea un obstáculo el hecho de que no hayan acudido como
accionantes en el presente proceso de tutela.
8.5.2. Ahora bien, el juez
constitucional no puede ser indiferente a la situación de pobreza y marginalidad
que afecta a las personas que ocupan el predio en cuestión y no tienen la
calidad de desplazados por la violencia.
Por este motivo, y
teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 51 de la Constitución
Política, que encarga al Estado fijar las condiciones necesarias para hacer
efectivo el derecho a la vivienda digna, y considerando la protección
constitucional reforzada que ampara a las personas con discapacidad, las madres
o padres cabeza de familia, los adultos mayores, los niños, los indígenas y los
afros, entre otros, se ordenará a
la Alcaldía Municipal de Villavicencio que realice el acompañamiento necesario
a todas las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad que
deseen postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio,
departamento y por el Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la
atención suficiente durante el diligenciamiento de los documentos para ser
beneficiarios y demás trámites pertinentes, incluido el asesoramiento para la
gestión de créditos complementarios de ser necesarios.  Además, la autoridad
municipal deberá valorar su inscripción en otros programas, dirigidos a
proteger y realizar los derechos fundamentales de la población en situación de
vulnerabilidad.
Dentro de este grupo de
personas pueden encontrarse sujetos de especial protección constitucional para
quienes se deben adoptar medidas
de diferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de especial
debilidad, vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato
preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.
8.5.3. Por ello, como
protección para las personas y sus familias que acrediten alguna situación de
vulnerabilidad y/o condición de sujeto de especial protección constitucional,
pero que no hacen parte de la población desplazada o son víctimas del conflicto
armado, que se encuentren asentadas en las inmediaciones de la Urbanización
13 de Mayo, sector La Reliquia, de la ciudad de Villavicencio, y que
queden incluidas en el censo ordenado, se ordenará, con efectos inter
comunis, sin que sea un obstáculo el hecho de que no hayan acudido como
accionantes en el presente proceso de tutela, a la Alcaldía Municipal de
Villavicencio que, en un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la notificación
de esta sentencia, realice el acompañamiento necesario a quienes deseen
postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio, departamento
y por el Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la atención suficiente
durante el diligenciamiento de los documentos para ser  beneficiarios y demás
trámites pertinentes, incluido el asesoramiento para la gestión de créditos
complementarios de ser necesarios. Además, la autoridad municipal deberá
valorar su inscripción en otros programas, dirigidos a proteger y realizar los
derechos fundamentales de la población en situación de vulnerabilidad.
8.5.4. Así mismo, se advertirá a los accionantes y a los demás miembros
de la comunidad objeto del desalojo, que deberán realizar diligentemente los trámites
necesarios de postulación para acceder a los subsidios de vivienda otorgados a
nivel nacional y a nivel municipal, lo cual se hará con el acompañamiento de la
Alcaldía Municipal de Villavicencio, conforme a la medida de protección
anterior.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente asunto, decretada
por la Sala Quinta de Revisión.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo de segunda instancia del 12 de mayo de 2017
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio que, a su
vez, confirmó el fallo del Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Villavicencio de 9 de marzo de 2017, que declaró la
improcedencia de la presente acción de tutela. En su lugar, NEGAR el
amparo del derecho fundamental a la vivienda digna, en su componente de medida provisional y urgente, a
las familias accionantes asentadas en el predio ubicado en las inmediaciones de
la Urbanización 13 de Mayo, sector La Reliquia, de la ciudad de
Villavicencio, con excepción del accionante Alexander Marroquín Bonilla y su
núcleo familiar, a quien se AMPARA su derecho fundamental a la vivienda
digna, en su componente
de medida provisional y urgente.
Adicionalmente, AMPARAR
al derecho a la vivienda
digna, en su componente de una solución definitiva de vivienda
dentro de los criterios de priorización, gradualidad y progresividad referidos
en esta Sentencia, de los siguientes hogares accionantes que acreditaron su condición de
población desplazada: Nohora Guevara Barragán, Ángela Johana Betancur Chaverra,
Marleny Beltrán Rodríguez, Luz María Chaparro Pidiache, Diana Paola Cárdenas
Romero, Gisela Viviana López Benito, Franyer Alberto López Díaz, Cleopatra
Galindo Garzón, Natalia Lazo González, Ana Marina Leyton Vergara, María Helena
Martínez Morales, Alexander Marroquín Bonilla, Enelida Bonilla y María Victoria
Espinosa Zuluaga, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía de Villavicencio que, en un plazo de 48
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, actualice el
censo para efectos de identificar: (i) la situación de vulnerabilidad de
cada hogar allí asentado; (ii) si cuenta con personas de especial
protección constitucional, y (iii) si cuenta o no con condiciones de
alojamiento digno. Al censo deberá concurrir la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, que deberá contribuir a la identificación de los
hogares que cuentan con personas desplazadas y reportar los resultados de
caracterización de sus carencias en materia de alojamiento.
Parágrafo.- La alcaldía municipal deberá monitorear la situación
de riesgo del predio para efectos de realizar acciones urgentes que sean
necesarias de identificar inminencia en una eventual inundación o riesgo de
desastre natural que pueda afectar a las personas ubicadas en el predio.
CUARTO.- ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, que, en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación
de esta sentencia, en el caso en que no lo hubiere hecho, actualice la
caracterización a todos los hogares ubicados en el predio que cuenten con
personas desplazadas y, conforme a los resultados de dicha caracterización,
siga proveyendo o provea la atención humanitaria que corresponda,
particularmente para suplir las carencias identificadas en alojamiento, sin
perjuicio de que también otorgue el componente de alimentación.
Así mismo, en
un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia,
deberá CARACTERIZAR a Alexander Marroquín Bonilla junto a su núcleo
familiar y, conforme al resultado de dicha caracterización, provea la medida de
atención humanitaria que corresponda, de acuerdo a los artículos 60, 62
a 65 de la Ley 1448 de 2011.
QUINTO.- ADVERTIR a la Alcaldía de Villavicencio y a la Inspección
Cuarta de Policía de ese Municipio que -en el marco de sus competencias y
habiendo agotado la actualización del censo y de la caracterización ordenada en
los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de esta providencia- deberá
materializar el desalojo con
plena garantía del derecho al debido proceso, evitando el uso de la fuerza, y
anunciando con debida antelación la fecha de la diligencia, propendiendo por
que los hogares a desalojar puedan salir voluntariamente del predio, antes de
la fecha asignada.
SEXTO.-
ORDENAR a la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Alcaldía Municipal de
Villavicencio, a FONVIVIENDA y a VILLAVIVIENDA que, en un plazo de doce (12)
meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, adelanten y
concluyan las acciones necesarias para que se les garantice a los hogares de
los accionantes amparados: Nohora Guevara Barragán, Ángela Johana Betancur Chaverra, Marleny
Beltrán Rodríguez, Luz María Chaparro Pidiache, Diana Paola Cárdenas Romero,
Gisela Viviana López Benito, Franyer Alberto López Díaz, Cleopatra Galindo
Garzón, Natalia Lazo González, Ana Marina Leyton Vergara, María Helena Martínez
Morales, Alexander Marroquín Bonilla, Enelida Bonilla y María Victoria Espinosa
Zuluaga, que no cuenten con condiciones de alojamiento digno, el acceso
efectivo a los planes y programas de retorno y reubicación, así como de estabilización
a los que tiene derecho. Esto incluye el acceso prioritario a programas
dirigidos a la garantía de una vivienda digna, dentro de los criterios de
priorización, gradualidad y progresividad referidos en esta sentencia.
Parágrafo.-
EXTENDER los efectos de
esta orden a todas aquellas personas y familias desplazadas, asentadas en las
inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo, sector La Reliquia,
de la ciudad de Villavicencio, y que queden incluidas y acreditadas como tal en
la actualización del censo y de la caracterización ordenados en los numerales tercero
y cuarto de la parte resolutiva de esta providencia, (i) a quienes no se les ha
garantizado una medida de atención urgente y humanitaria, teniendo carencia
extrema, grave o leve en alojamiento y (ii) a quienes habiéndosele
otorgado la medida de urgencia, aun no se les ha otorgado una solución
definitiva de vivienda, sin que sea un obstáculo el hecho de que no
hayan acudido como accionantes en el presente proceso de tutela.
SÉPTIMO.- ORDENAR, con efectos inter comunis, a la Alcaldía
Municipal de Villavicencio que, en un plazo de doce (12) meses, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, realice el acompañamiento
necesario a las personas y sus familias que acrediten alguna situación de vulnerabilidad
y/o condición de sujeto de especial protección constitucional, pero que no
hacen parte de la población desplazada o son víctimas del conflicto armado, que
se encuentren asentadas en las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo,
sector La Reliquia, de la ciudad de Villavicencio, y que queden
incluidas en el censo ordenado en el numeral tercero de la parte resolutiva de
esta providencia, y que deseen postularse a los subsidios de vivienda otorgados
por el municipio, departamento y por el Gobierno Nacional, de manera que se les
brinde la atención suficiente durante el diligenciamiento de los documentos
para ser  beneficiarios y demás trámites pertinentes, incluido el asesoramiento
para la gestión de créditos complementarios de ser necesarios, sin que sea un
obstáculo el hecho de que no hayan acudido como accionantes en el presente
proceso de tutela. Además, la autoridad municipal deberá valorar su inscripción
en otros programas, dirigidos a proteger y realizar los derechos fundamentales
de la población en situación de vulnerabilidad.
OCTAVO.- ADVERTIR a los accionantes y a los demás miembros de
la comunidad objeto del desalojo, que deberán realizar diligentemente los
trámites necesarios de postulación para acceder a los subsidios de vivienda
otorgados a nivel nacional y a nivel municipal, lo cual se hará con el
acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Villavicencio, conforme a la orden
anterior.
NOVENO.- SOLICITAR
al ICBF que brinde el
acompañamiento necesario, en las actuaciones previas y durante la diligencia de
desalojo, a fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de
los niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a las familias asentadas en el
predio ubicado en las inmediaciones de la Urbanización 13 de Mayo, sector La
Reliquia, de la ciudad de Villavicencio.
Para dar
cumplimiento a lo anterior, la Alcaldía de Villavicencio DEBERÁ REMITIR copia
íntegra del resultado del censo ordenado en el numeral tercero de la parte
resolutiva de esta providencia.
DÉCIMO.- COMUNICAR la presente decisión a la Defensoría del
Pueblo Regional del Meta, para que realice el seguimiento al cumplimiento de
las decisiones contenidas en el presente fallo, y si lo considera pertinente,
informe a las autoridades sobre los avances y las dificultades que su ejecución
conlleve.
DÉCIMO PRIMERO.-
ORDENAR a las
autoridades obligadas al cumplimiento de las órdenes de esta providencia
presentar un informe mensual para sus seguimiento, por un plazo de doce (12) meses,
al Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Villavicencio y al Defensor del Pueblo, Regional Meta.
DÉCIMO SEGUNDO.- PREVENIR a la Alcaldía de Villavicencio y a la Inspección Cuarta
de Policía de ese Municipio, que -a futuro- se abstengan de realizar cualquier
diligencia de desalojo o lanzamiento hasta tanto no se les garantice un albergue
provisional en condiciones dignas o una medida de atención humanitaria y
urgente, a las personas de especial protección constitucional, incluyendo a
las víctimas de desplazamiento forzado.
DÉCIMO TERCERO.- PREVENIR a FONVIVIENDA, a la Gobernación del Meta y
a VILLAVIVIENDA que -en el futuro- procuren una respuesta estructural al
problema de vivienda digna de la población desplazada, dentro de sus
competencias, sin mayores dilaciones, que implique el diseño o ejecución de
planes o programas para solucionarlo, en el municipio de Villavicencio.
DÉCIMO CUARTO.- COMPULSAR copias de esta providencia a la
Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
DÉCIMO QUINTO.- Por conducto de la Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO I. Estado en el
Registro Único de Víctimas de los accionantes y su grupo familiar
Nombre
CC
radicado
MARCO
ESTADO
GRUPO FAMILIAR
Nohora
Guevara Barragán
28787918
425195
LEY 387
INCLUIDO
Angie Nataly Ruiz Guevara
Fernando Antonio Alzate Guevara
Nohora  Guevara Barragan
Angela Johana Betancur Chaverra
52664861
81597
LEY 387
INCLUIDO
Tania Valentina Mejia Betancur
Angela Johana Betancur Chaverra
Brayan Santiago Mejia Betancur
Gabriela  Chaverra Lopez
Gloria Lucia Chaverra Lopez
Marleny
Beltrán Rodríguez
1120356205
427727
LEY 387
INCLUIDO
Brayan Mauricio Beltran Rodriguez
Yorleny  Beltran Beltran
Keiner Alexander Gutierrez Beltran
Dilan Andres Garcia Beltran
Marleny  Beltran Rodriguez
Kevin Alejandro Beltran Rodriguez
Valentina  Beltran Beltran
Gisella  Ramirez Beltran
Kelly Xiomara Garcia Beltran
NH000114720
LEY 1448
INCLUIDO
Brayan Mauricio Beltran Rodriguez
Yisella  Ramirez Beltran
Marleny  Beltran Rodriguez
Kevin Alejandro Beltran Rodriguez
Yarleny  Beltran Beltran
Valentina  Beltran Beltran
Luz María
Chaparro Pidiaehe
23840045
943188
LEY 387
NO INCLUIDO
Luz Maria Chaparro Pidiache
Miguel  Hernandez Chaparro
Walter Hernan Valenciano Paez
Jasbleidy  Hernandez Chaparro
ND000494362
LEY 1448
INCLUIDO
Luz Maria Chaparro Pidiache
Jasbleidy  Hernandez Chaparro
Miguel  Hernandez Chaparro
Diana Paola
Cárdenas Romero
1121850313
1219026
LEY 387
INCLUIDO
Evelyn Sofia Sanchez Cardenas
Vidal Andres Olaya Aguilar
Yorlady Yulieth Sanchez Cardenas
Diana Paola Cardenas Romero
Diego Alejandro Olaya Cardenas
960045
LEY 387
NO INCLUIDO
Vidal Andres Olaya Aguilar
Yorlady Yulieth Sanchez Cardenas
Diana Paola Cardenas Romero
Diego Alejandro Olaya Cardenas
Jasbleidy  Peña Cardenas
Yuleisy  Peña Cardenas
Gisela Viviana
López Benito
1121874961
548276
LEY 387
INCLUIDO
Heider Duvan Garcia Benito
Gineth Xiomara Ortiz Lopez
Jose Miguel Parrado Ladino
Gisel Ximena Luna Lopez
Wilmar Ferley Parrado Benito
Ana Sofia Luna Lopez
Gisela Viviana Lopez Benito
Bran Felipe Benito Novoa
Edison Humberto Garcia Benito
Maria Herminda Benito Novoa
Franyer Alberto
López Díaz
1121952318
733909
LEY 387
INCLUIDO
Carlos Nicolas Rojas Diaz
Franyer Alberto Lopez Diaz
Jairo Andres Lopez Diaz
Eudalia  Diaz Ariza
Sergio Alejandro Lopez Diaz
Cleopatra
Galindo Garzón
24586616
621375
LEY 387
INCLUIDO
Brayan Stiven Choque Galindo
Cleopatra  Galindo Garzon
Mirledys Olea Guerrero
1033786923
No Registra
Natalia
Lazo González
1193219780
420813
LEY 387
INCLUIDO
Jose Alberrto Lazo Totena
Natalia  Lazo Gonzalez
Mari Luz Gonzales
Nayiber  Lazo Gonzalez
Camila  Lazo Gonzalez
Jimena  Corredor Gonzalez
Juan Camilo Lazo Gonzales
Edwin Alejandro Becerra Lazo
Yiceth  Corredor Gonzalez
Sharon Nicol Sanchez Lazo
Claudia Patricia
Hueso Castañeda
1121887749
No Registra
Yadir Andrés
Doza Castro
1121922209
No Registra
Ana Marína
Leyton Vergara
28865261
831034
LEY 387
INCLUIDO
Edwin Esneider Quiroga Leyton
Willintong Fabian Losada Perdomo
Juan Miguel Leal Quiroga
Mayerly  Quiroga Leyton
Ana Marina Leyton Vergara
María Helena
Martínez Morales
30083262
295292
LEY 387
INCLUIDO
Abrahan  Lopez
Jennifer  Garcia Martinez
Juan Carlos Lopez Martinez
Maria Elena Martinez Morales
Jerfenson Andres Garcia Martinez
Alexander
Marroquín Bonilla
1121875345
695315
LEY 387
INCLUIDO
Melquisidec Marroquin Mahecha
Rocio  Castro Moreno
Maria Adelina Marroquin Triana
Alexander  Marroquin Bonilla
Jubenal  Marroquin Marroquin
722838
LEY 387
INCLUIDO
Monica Fernanda Rocha Bonilla
Fabio  Betancur Bonilla
Bertulfo  Marroquin Bonilla
Enelida  Bonilla
Alexander  Marroquin Bonilla
Jose Albeiro Marroquin Bonilla
Yolanda
Bernal Rincón
40270943
782968
LEY 387
NO INCLUIDO
Yolanda  Bernal Rincon
Michael Steven Ramirez Bernal
Luis Amador Ramirez Bernal
Diana Yaline Cardenas Bernal
926056
LEY 387
NO INCLUIDO
Yolanda  Bernal Rincon
Wilson  Briceño Bernal
Michael Steven Ramirez Bernal
Luis Amador Ramirez Bernal
Octavio  Briceño Bernal
Diana Yaline Cardenas Bernal
Enelida Bonilla
40285181
722838
LEY 387
INCLUIDO
Monica Fernanda Rocha Bonilla
Fabio  Betancur Bonilla
Bertulfo  Marroquin Bonilla
Enelida  Bonilla
Alexander  Marroquin Bonilla
Jose Albeiro Marroquin Bonilla
María Victoria Espinosa Zuluaga
1121932771
BE000307296
LEY 1448
INCLUIDO
Juliana Andrea Restrepo Tapasco
Maria Victoria Espinosa Zuluaga
Victor David Restrepo Vasco
Juan Felipe Restrepo Espinosa
ANEXO II. Medición de
carencias de los accionantes
NOMBRES
CC
OBSERVACION DGSH
FECHA DE ULTIMA
ACTIVACION
CARENCIA ALIMENTACION
HOGAR
CARENCIA ALOJAMIENTO
HOGAR
Nohora
Guevara Barragán
28787918
Presenta turno vigente en SM --
2017-d1lg-1581127--1 giro -- por valor de 240000 en Villavicencio
pendiente por colocar
08/08/2017
GRAVE
LEVE
Angela Johana Betancur Chaverra
52664861
No carencia por motivo de suspende
AH por fuentes de generación de ingresos--
30/01/2016
NO CARENCIA
NO CARENCIA
Marleny
Beltrán Rodriguez
1120356205
Presenta turno vigente en SM --
2017-d3emem-1496968--3 giros -- por valor de 1393000 cada uno en
Villavicencio, 2 ya fueron pagados el 30/08/2017 y 01/11/2017 vigente por 4
meses,
queda 1 pendiente por colocar
04/08/2017
EXTREMA
EXTREMA
Luz Maria Chaparro Pidiaehe
23840045
Presenta turno vigente en SM --
2017-d3eem-1429526--3 giros -- por valor de 793000 cada uno en Villavicencio,
2 ya fueron pagados el 11/07/2017 y 01/11/2017 vigente por 4 meses
queda 1 pendiente por colocar
03/05/2017
EXTREMA
EXTREMA
Diana Paola Cárdenas Romero
1121850313
No carencia por motivo de suspende
AH por fuentes de generación de ingresos
17/03/2017
NO CARENCIA
NO CARENCIA
Gisela Viviana López Benito
1121874961
No presenta medición por SM,
actualmente cuenta con pago por modelo tradicional el 27/11/2017 por valor de
990000
vigente por 4 meses
N/A
N/A
N/A
Franyer Alberto López Díaz
1121952318
No presenta medición por SM,
actualmente no presenta trámite por mt debido a que la AH colocada el
28/11/2017 en Villavicencio no fue cobrada y se reintegró el 12/01/2018 por
valor de 990000
N/A
N/A
N/A
Cleopatra Galindo Garzon
24586616
No presenta medición por sm,
actualmente no presenta trámite por mt debido a que la AH colocada el
14/11/2017 en Villavicencio no fue cobrada y se reintegró el 19/12/2017 por
valor de 410000
N/A
N/A
N/A
Mirledys Olea Guerrero
1033786923
Documento no se encuentra en el
registro
N/A
N/A
N/A
Natalia Lazo González
1193219780
No carencia por motivo de suspende
AH por 10 años--aa radicado 201730029246991
01/11/2017
NO CARENCIA
NO CARENCIA
Claudia Patricia Hueso Castañeda
1121887749
Documento no se encuentra en el
registro
N/A
N/A
N/A
Yadir Andrés Doza Castro
1121922209
Documento no se encuentra en el
registro
N/A
N/A
N/A
Ana Marina Leyton Vergara
28865261
Presenta turno vigente en SM --
2017-d1ng-1695147--1 giro -- por valor de 200000 en Villavicencio, pagado el
09/10/2017 vigente por 12 meses-- aa radicado 201730029179901
20/09/2017
GRAVE
NO CARENCIA
María Helena Martínez Morales
30083262
Presenta turno vigente en SM --
2017-d3emem-1585465--3 giros -- por valor de 826000 cada uno en
Villavicencio, 1 ya fue pagado el 21/12/2017 vigente por 4 meses, pendientes
2 giros por colocar -- aa radicado 201630035488881
08/08/2017
EXTREMA
EXTREMA
Alexander Marroquín Bonilla
1121875345
No presenta trámite de ah ni por SM
ni mt
N/A
N/A
N/A
Yolanda
Bernal Rincón
40270943
Presenta estado de no incluido por
desplazamiento forzado, no accede a la AH
N/A
N/A
N/A
Enelida Bonilla
40285181
No carencia por motivo de suspende
AH por fuentes de generación de ingresos--aa radicado 201630029586581
27/06/2016
NO CARENCIA
NO CARENCIA
María Victoria Espinosa Zuluaga
1121932771
Presenta turno vigente en SM
--
2017-d3ng-1908034--3 giros -- por valor de 300000 cada uno en Villavicencio,
1 se encuentra disponible para cobro desde el 31/01/2018 en operador banco
agrario: reval - c.c. villacentro local 41 -avda. 40 #16b-159, pendientes 2
giros por colocar -- aún no cuenta con aa
14/11/2017
GRAVE
NO CARENCIA
Liliana Andrea Pérez Gonzalez
53038936
Documento no se encuentra en el
registro
N/A
N/A
N/A
ANEXO III. Medidas de
atención y reparación integral
Nombre
ADR
EREG
EREI
ER
PAPSIVI
VIVIENDAS GRATIS
CDD
IARR
JMVVS
TEF
TLI
SENA
FE
FERIAS DE SERVI CIOS
Nohora
Guevara Barragán
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Angela Joliana Betancur Chaverra
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Marleny
Beltrán Rodriguez
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
Luz Maria Chaparro Pidiaehe
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Diana Paola
Cárdenas Romero
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Gisela Viviana Lopez Benito
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Franyer Alberto Lopez Diaz
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Cleopatra
Galindo Garzón
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Mirledys
Olea Guerrero
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Natalia
Lazo González
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Claudia Patricia Hueso Castañeda
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Yadir Andrés Doza Castro
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Ana Marina Leyton Vergara
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
Maria Helena Martínez Morales
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Alexander Marroquín Bonilla
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Yolanda
Bernal Rincón
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Enelida Bonilla
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
María Victoria Espinosa Zuluaga
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Liliana Andrea Pérez González
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
[1] Decreto 1835 de 2015. Las
demandas fueron presentadas de manera individual y admitidas en diferentes
despachos judiciales, los cuales en aplicación de las reglas de reparto para
los casos de las “tutelas masivas” remitieron los expedientes al Juzgado Noveno
Penal Municipal, por haber sido el primero que avocó conocimiento, el 19 de
diciembre de 2016.
[2] La administración
municipal negó el recurso, bajo el
argumento de no ser procedente, pues se trata de un proceso de única instancia.
[3] Folio 92 del cuaderno #1.
[4] Folio 93 del cuaderno #1.
[5] Folios 256 al 263 del
cuaderno #1.
[6] Folios 10 al 13 del
cuaderno #20.
[7] Folios 288 y 289  del
cuaderno #1.
[8] Folios 98 al 105 del
cuaderno #1.
[9] Folios 106 al 111 y 300 al
304 del cuaderno #1.
[10] Folios 112 al 117 del
cuaderno #1.
[11] Folios 118 al 126 y 310 al
318 del cuaderno #1.
[12] Folios 127 al 255 del
cuaderno #1.
[13] Folios 295 y 296 del
cuaderno #1.
[14] Folios 297 al 299 del
cuaderno #1.
[15] Según respuestas que obran en los
cuadernos #1 al #19.
[16] Folios 305 y 306 del
cuaderno #1.
[17] Folios 307 al 309 del
cuaderno #1, se refiere en forma exclusiva de la accionante Nohora Guevara
Barragán.
[18] Según respuestas que obran en los
cuadernos #1 al #19.
[19] Folios 319 al 323 y 426 al
430 del cuaderno #1.
[20] Folios 325 al 402 y 431 al
508 del cuaderno #1.
[21] Folio 390 (reverso) del
cuaderno #1.
[22] Folio 393 del cuaderno #1.
[23] Folio 395 del cuaderno #1.
[24] Un (1) CD a folio 324 del
del cuaderno #1.
[25] Folios 408 al 421 del
cuaderno #1.
[26] Folios 509 al 520 del
cuaderno #1.
[27] Sentencia T-188 de 2016.
[28] Folios 14 al 20 del
cuaderno #21.
[29] Folio 20 del cuaderno #21.
[30] Folios 42 al 44 del
cuaderno principal. En el auto de pruebas se ordenó lo siguiente:
●      A la Alcaldía Municipal de
Villavicencio, que informara:
1.
Relación
detallada de las actuaciones y estado actual del proceso policivo 013 de 2016.
Particularmente, deberá detallar el procedimiento efectuado en la diligencia de
desalojo (¿cuándo se realizó, si hubo disturbios de orden público?), medida
ordenada en las resoluciones 151 y 270 de 2016, proferidas por la Alcaldía
Municipal de Villavicencio.
2.
¿Si fue
realizado el censo de las familias que habitaban efectivamente en el predio
objeto de la medida de restitución?
3.
¿Si los
accionantes abajo relacionados o algún miembro de su núcleo familiar se
encuentra en proceso de asignación o le ha sido asignada vivienda de interés
prioritario, o subsidio de vivienda, o pertenecen a algún programa dirigido a
garantizar su derecho a la vivienda o en las convocatorias de Villavivienda?
●      A la Inspectora Cuarta de
Policía de Villavicencio, Meta, que informara el procedimiento efectuado en la
diligencia de desalojo (¿cuándo se realizó, si hubo disturbios de orden
público?), medida ordenada en las resoluciones 151 y 270 de 2016, proferidas
por la Alcaldía Municipal de Villavicencio, en la zona en discusión que
consiste en el predio localizado en la ronda hídrica del Caño Maizaro y áreas
de cesión de la Urbanización Trece de Mayo, sector contiguo a la Ciudadela
Betty Camacho de Rangel, en la ciudad de Villavicencio, Meta.
●      A la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV que informara si los
accionantes o algún miembro de su núcleo familiar:
1.     ¿Se encuentran incluido en
el Registro Único de Víctimas?
2.     ¿Qué medidas de asistencia
y reparación ha recibido por parte de las entidades del Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV?
3.     ¿Se ha realizado el proceso
de caracterización y medición de las necesidades del núcleo familiar, en
qué fecha fue realizada y cuáles son sus resultados?
●
A la
Oficina de Planeación municipal de la Alcaldía de Villavicencio, que expidiera
un concepto en el que se determine la naturaleza jurídica  y el uso del suelo
sobre los terrenos o inmuebles ubicados en la zona en discusión que consiste en
el predio localizado en la ronda hídrica del Caño Maizaro y áreas de cesión de
la Urbanización Trece de Mayo, sector contiguo a la Ciudadela Betty Camacho de
Rangel, en la ciudad de Villavicencio, Meta.
●    Al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi que conceptuara respecto de las matriculas inmobiliarias y
propietarios de los terrenos o inmuebles ubicados en la zona en discusión que
consiste en el predio localizado en la ronda hídrica del Caño Maizaro y áreas
de cesión de la Urbanización Trece de Mayo, sector contiguo a la Ciudadela
Betty Camacho de Rangel, en la ciudad de Villavicencio, Meta.
[31] Obra a folio 52 del
cuaderno principal.
[32] Obra a folios 53 al 57 del
cuaderno principal.  Igualmente, informó que el Barrio 13 de Mayo de la ciudad
de Villavicencio está ubicado en Área de Actividad Residencial Predominante y
su régimen de usos es: “Principal (PL): Vivienda; Complementario (CR):
Comercio Grupo 1, Equipamiento Categoría 1; Prohibidos (PH): Comercio Grupo II,
III, Actividades Especiales, Equipamientos Categoría 2 y 3 e Industria Tipo 1,
2 y 3.”
[33] Obra a folios 58 al 73 del
cuaderno principal.
[34] Obra a folio 67 del
cuaderno principal.
[35] Obra a folios 74 al 79 del
cuaderno principal.
[36] Obra a folios 80 al 95 del
cuaderno principal.
[37] Ordenado por el magistrado
sustanciador, mediante auto de 20 de febrero de 2018. Obra a folio 192 del
cuaderno principal.
[38] Obran a folios 127, 165 y
191 del cuaderno principal, respectivamente.
[39] Obra a folios 128 al 164
del cuaderno principal.
[40] Obra a folios 166 al 168
del cuaderno principal.
[41] Obra a folios 169 al 190
del cuaderno principal.
[42] Obra a folios 223 al 224
del cuaderno principal.
[43] Ver Sentencia C-241 de
2010.
[44] En tal sentido, pueden
consultarse las sentencias T-1635 de 2000, T-098 de 2002, T-038 de 2009, T-042
de 2009, T-234 de 2009, T-299 de 2009, Sentencia T-840 de 2009, T-106 de 2010,
T-946 de 2011, T-454 de 2012, T-684 de 2013, T-218 de 2014, T-781 de 2014,
T-832 de 2014, T-578 de 2015 y T-188 de 2016, así como la Sentencia T-025 de
2004 que declaró el estado de cosas inconstitucional en la atención a la
población desplazada y sus autos de seguimiento
[45] “Al respecto, ver, entre
otras, la sentencia T-1104 de 2008”.
[46] Cfr. Sentencia T-119 de
2012.
[47] Cfr. Sentencia T-598 de
2014.
[48] Cfr. Sentencia T-827 de
2007.
[49] Cfr. Sentencia T-098 de
2002.
[50] Ver sentencias T-946 de
2011, T-119 de 2012, T-655 de 2014, T-781 de 2014 y T-109 de 2015.
[51] Según lo relatado en los
correspondientes escritos de tutela.
[52] A través de las
Resoluciones 1000-56-11-151 del 13 de octubre de 2016 y 1000-56-11-270 del 20
de noviembre de 2016, el Alcalde de Villavicencio ordenó la restitución de un
bien inmueble de uso público y los ciudadanos presentaron acción de tutela en
el mes de diciembre de 2016.
[53] La Inspección Cuarta de
Policía inició la diligencia de desalojo el 18 de abril de 2017 y aún se
encuentra suspendida.
[54] Según el Código de Policía vigente al
momento de los hechos: Decreto Ley 1355 de 1970 - Por el cual se dictan normas
sobre policía: “ARTICULO 132. <Artículo derogado por el artículo 242 de la Ley 1801 de
2016. Rige a partir del 29 de enero de 2017> Cuando se trate de
restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o
zona para el caso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios
que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada,
procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá
cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede
recurso de reposición y también de apelación para ante el respectivo
Gobernador.” Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-643 de 1999.
[55] Ver folio 68 del cuaderno principal.
[56] T-239 de 2013 - En esta
sentencia se amparó el derecho a la vivienda digna de un grupo de familias, en
su mayoría desplazadas por la violencia, que ocuparon varios predios privados
en el Municipio de Cúcuta, en donde se asentaron y construyeron improvisados
refugios para suplir sus necesidades de vivienda. En consecuencia se ordenó a
la entidad territorial y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, realizar un censo de las familias afectadas, garantizar un albergue
provisional y hacer las gestiones pertinentes para incluir a los accionantes
dentro de los planes de vivienda municipales.
[57] De conformidad con lo
dicho por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su
Observación General No. 4, los siguientes son, entre otros, los instrumentos
internacionales que tratan el derecho a una vivienda adecuada: “el
párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
apartado iii) del párrafo e) del artículo 5 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el párrafo 2
del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, el párrafo 3 del artículo 27 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso
y el Desarrollo Social, el párrafo 8 de la sección III de la declaración de
Vancouver sobre los Asentamientos Humanos, 1976 […] el párrafo 1 del artículo 8
de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y la recomendación No. 115 de
la Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los
trabajadores, 1961”. Punto 3.
[58] El Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado por la Ley 74 de 1968.
[59] Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4.
[60] Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3.
[61] Ver Sentencia C-671 de
2002. En esta oportunidad la Corte examinaba la constitucionalidad de un
precepto que excluía a un grupo de beneficiarios de los servicios ofrecidos por
el sistema de salud de las fuerzas militares y de policía, aun cuando antes lo
incluía. La Corte consideró que ese retroceso, en la protección del derecho a
la seguridad social en salud del grupo excluido, resultaba injustificado. Para
decidir, tuvo en cuenta la distinción entre obligaciones de cumplimiento
inmediato, y obligaciones de cumplimiento progresivo. Dijo que el Estado había
incumplido la prohibición -la cual es de obligatorio cumplimiento en todo
tiempo- de no retroceder injustificadamente en el nivel de protección
alcanzado.
[62] Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 7.
[63] Cfr. Sentencia T-938A de
2014.
[64] Sentencia T-585 de 2006.
En esta decisión se amparó el derecho a la vivienda digna de un grupo de
accionantes, quienes eran personas desplazadas por la violencia, inscritas en
el registro único de población desplazada y residentes en zonas marginales de
Girón, Floridablanca y Bucaramanga. Habitaban en inquilinatos o viviendas
improvisadas, muchas de ellas en zonas de alto riesgo y sin acceso a servicios
públicos domiciliarios.
[65] La Corte Constitucional, en Sentencia C-
462 de 2013, declaró la inexequibilidad del texto subrayado del artículo 60 de
la Ley 1448 de 2011: “La atención a las víctimas del desplazamiento forzado,
se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la
política pública de prevención y estabilización socioeconómica de la población
desplazada establecida en la Ley 387 de 1997 y demás normas que lo
reglamenten. Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo
de los derechos de la población en situación de desplazamiento, que no contraríen la presente ley, continuarán vigentes”.
[66] Sentencia SU-254 de 2013 y
C- 462 de 2013.
[67] El Informe del Relator
Especial de Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de
No Repetición hace mención a la naturaleza y alcance de los programas
administrativos de reparación en los siguientes términos: “3. Este informe
se centra en los programas de reparación por vía administrativa en gran escala,
cuyo cometido es atender un número grande y diverso de casos, y no en el tipo
de reparaciones obtenidas por la vía judicial en casos individuales y aislados.
La concesión de reparaciones por vía judicial a víctimas de crímenes
internacionales es importante por muchas razones y en numerosas jurisdicciones
está estipulada como un derecho tanto en la legislación interna como en el
derecho internacional. Las causas judiciales pueden ofrecer a los gobiernos un
incentivo poderoso para establecer programas extrajudiciales masivos. Pero es
poco probable que los tribunales sean el principal medio de obtener reparación
cuando se trata de un universo de víctimas amplio y complejo. 4. Los programas
de reparación son, en el mejor de los casos, procesos administrativos que,
entre otras cosas, eluden algunas de las dificultades y los gastos asociados a
los litigios. Para los demandantes, los programas de reparación por vía
administrativa son comparativamente más favorables que los procesos judiciales
cuando se trata de violaciones masivas, pues ofrecen resultados con mayor
rapidez, entrañan menos gastos y tienen normas de prueba menos estrictas,
procedimientos no contenciosos y una mayor probabilidad de obtener algún tipo
de reparación. Aunque ello no sea motivo para impedir el acceso a los
tribunales con fines de obtener reparación, sí es una razón para crear
programas administrativos”. Naciones Unidas, Informe del Informe del
Relator Especial de Naciones Unidas sobre Verdad, Justicia, Reparación y
Garantías de No Repetición, Pablo De Greif, Doc. A/69/518, 14 de octubre de
2014.
[68] “Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Artículo  123. Medidas De Restitución En Materia De Vivienda. Las
víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o
menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de
vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y
adquisición de vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio
de que el victimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o
indemnización. Las víctimas podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de
conformidad con la normatividad vigente que regula la materia y a los
mecanismos especiales previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la
prorrogan, modifican o adicionan. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, o la entidad que haga sus veces, o el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad que haga sus veces, según
corresponda, ejercerá las funciones que le otorga la normatividad vigente que
regula la materia con relación al subsidio familiar de vivienda de que trata
este capítulo, teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las
personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, razón por la
cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan
sido víctimas en los términos de la presente ley. El Gobierno Nacional
realizará las gestiones necesarias para generar oferta de vivienda con el fin
de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente artículo, tengan
aplicación efectiva en soluciones habitacionales. Parágrafo 1°. La población
víctima del desplazamiento forzado, accederá a los programas y proyectos
diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población mujeres cabeza de
familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la población
discapacitada desplazada. Parágrafo 2º. Se priorizará el acceso a
programas de subsidio familiar de vivienda a aquellos hogares que decidan
retornar a los predios afectados, previa verificación de condiciones de
seguridad por parte de la autoridad competente”.
[69] El artículo 18 de la Ley 1448 de 2011
señala: “El principio de gradualidad implica la responsabilidad Estatal de
diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y
recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los
programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin
desconocer la obligación de implementarlos en todo el país en un lapso
determinado, respetando el principio constitucional de igualdad”.
[70] El artículo 9 de la Ley
1448 de 2011 señala que “En el marco de la justicia transicional las
autoridades judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus
actuaciones al objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz
duradera y estable. Para estos efectos se deberá tener en cuenta la
sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las violaciones de
que trata el artículo 3o de la presente Ley, y la
naturaleza de las mismas”. Esta disposición fue declarada exequible a través de la
Sentencia C-581 de 2013.
[71] “Por la cual se dictan
normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda y se dictan otras disposiciones.” Esta ley está reglamentada por
el Decreto No. 1921 de 2012.
[72] Mediante la Sentencia C-570 de 2017, la Corte Constitucional
efectuó el control automático del Decreto-Ley 890 de 2017, concluyendo su
exequibilidad.
[73] “Artículo 4°. Otorgamiento de subsidios familiares de
vivienda de interés social y prioritario rural. Los subsidios familiares de
vivienda de interés social y prioritario rural se podrán otorgar en especie a
los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad según el punto de
corte del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas
sociales, Sisbén definido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
y de forma preferente a los hogares que se encuentren en situación de
desplazamiento o pobreza extrema; que sus predios hayan sido restituidos por
autoridad competente; que sean beneficiarios de programas estratégicos,
programas de formalización, titulación y de acceso a tierras rurales o del plan
de distribución de tierras; que hayan sido afectados por desastres naturales,
calamidad pública o emergencias; o que pertenezcan a grupos étnicos y
culturales de la Nación, reconocidos por autoridad competente; mujeres cabeza
de familia y madres comunitarias que habiten el suelo rural.
El Gobierno nacional reglamentará los
requisitos y procedimientos de acceso, focalización y ejecución, así como el
monto diferencial del subsidio atendiendo los requerimientos y costos de
construcción de cada región, de acuerdo con lo establecido en el presente
artículo, y teniendo en cuenta el déficit de vivienda rural, el índice de
pobreza multidimensional, la cantidad de población rural, los resultados del
censo nacional agropecuario en materia de vivienda rural, las zonas con
programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y los demás
indicadores e instrumentos de focalización territorial que considere”.
[74] Al respecto, la Sentencia
C-570 de 2017, concluyó:
“Ninguno de estos contenidos se opone a la Constitución. Adoptar
reglas que definen los destinatarios del subsidio tiene sustento en el hecho de
que resulta indispensable, cuando se trata de ejecutar políticas que suponen la
destinación de recursos públicos, definir prioridades de inversión a efectos de
que tales recursos sean empleados de manera eficiente. Ciertamente, tales
reglas pueden suponer restricciones de acceso para determinados grupos. Sin
embargo, siempre y cuando la diferenciación encuentre apoyo en criterios que
puedan juzgarse racionales, no existirá un desconocimiento ni de los mandatos que
se adscriben a la cláusula de igualdad, ni de las normas constitucionales –que
como ocurre con los artículos 51 y 64- justifican este tipo de programas. Solo
en aquellos casos en los que pueda constatarse el establecimiento de
preferencias carentes de sustento, podría objetarse su validez constitucional.
Esta Corporación ha indicado que, al implementar la política social de
vivienda, el Estado debe “seguir parámetros de justicia distributiva,
pudiendo eventualmente priorizarse cuando se requiera con mayor
urgencia, por ser más evidente la desigualdad en la que se encuentran a causa
de sus circunstancias particulares, por ejemplo por razones de edad (niñez,
senectud), embarazo y discapacidad”.
En el caso de la disposición que se examina, el legislador extraordinario
tomó en consideración criterios fundados en la vulnerabilidad de determinados
grupos que se han enfrentado a circunstancias que les han impedido el goce
efectivo del derecho a la vivienda o que, según la Constitución o la ley pueden
ser destinatarios de tratos especiales para su protección (comunidades étnicas,
madres cabeza de familia o madres comunitarias). No obstante lo anterior, la
Corte llama la atención que al momento de adoptar la decisión relativa a los
destinatarios del subsidio, las autoridades tienen el deber de motivarlo
adecuadamente, de manera tal que para todas las personas sea posible
identificar y controlar las razones de la preferencia o priorización.
A su vez, la competencia de reglamentación que allí se establece,
así como la obligación del Gobierno de tomar en consideración los diferentes
referentes al momento de ejercerla, se encuentra comprendida por lo dispuesto
en el artículo 189.11 de la Constitución, en relación con la facultad del
Presidente para adoptar reglamentos que permitan la debida ejecución de la ley.
Igualmente, la remisión a otros instrumentos, así como a datos estadísticos no
plantea, en principio, problema constitucional alguno puesto que con ello se
asegura que todas las medidas que al respecto se adopten se ajusten a los
principios de eficiencia y eficacia, al tiempo que sean el resultado de la
acción coordinada y debidamente planeada de las autoridades
responsables.”
[75] “En consecuencia, esta Sala Especial va a mantener un
seguimiento estricto al proceso de implementación del esquema de
corresponsabilidad, enfocado en la satisfacción de las necesidades en materia
de prevención y protección, y de ayuda humanitaria, en aquellos municipios que
se enfrentan a crisis humanitarias recurrentes y que  no cuentan con la
capacidad para asumirlas, de una parte; y, de la otra, en aquellas entidades
territoriales en las que se concentran las demandas de estabilización
socioeconómica y que, no obstante, tienen capacidades institucionales
limitadas, tal como ocurre con el componente de retornos y reubicaciones, y con
la política de vivienda”. Auto 373 de
2016, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
[76] Artículo 18 Transitorio
del artículo 1º Acto Legislativo 01 de 2018.
[77] Otras decisiones que
pueden consultarse son las siguientes: SU-1150 de 2000, T-1346 de 2001, T-078
de 2004, T-770 de 2004, T-585 de 2006, T-967 de 2009, T-068 de 2010, T-119 de
2012, T-349 de 2012, T-454 de 2012, T-239 de 2013, T-655 de 2014.
[78] Corte Constitucional. En
la Sentencia C-183 de 2003, explicó lo siguiente sobre los bienes de dominio
público:
La Constitución Política y la ley, reconocen dos clases
de dominio sobre los bienes: el dominio privado y el dominio público. El
primero de ellos, esto es, el dominio privado puede ser: individual como lo
establece el artículo 58 superior, en el cual se garantiza la propiedad
privada, la cual concibe con una función social que implica obligaciones, “y
los demás derechos adquiridos” conforme a las leyes civiles, que no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores ; y, la colectiva, a la
que hacen referencia los artículos 329 y 55 transitorio de la Carta, con las
limitaciones que establecen los artículos citados en relación con su
posibilidad de enajenación. Así, el artículo 329 superior, dispone que “[l]os
resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”, y el artículo 55
transitorio ídem, se ocupa de los bienes baldíos de las zonas rurales ribereñas
de las Cuencas del Pacífico, y dispone que la propiedad reconocida sobre ellos
a las comunidades negras “sólo será enajenable en los términos que señale la
ley”. Este dominio privado, se encuentra regulado por el régimen jurídico
que rige las relaciones entre particulares.
El
dominio público, por el contrario, y sin entrar en las diferentes tesis que
origina la formulación de un criterio para determinar lo que es el dominio
público, asunto que ha sido esbozado en varias sentencias proferidas por esta
Corporación (T-508/92, T-566/92, T-292/93,  T-081/93, T-150/95, T-617/95, entre
otras), lo
constituye “el conjunto de bienes que la administración afecta al uso directo
de la comunidad o que lo utiliza para servir a la sociedad” (T-150/95 M.P. Alejandro
Martínez Caballero).
En esta categoría se encuentran los bienes fiscales, definidos en el artículo
674 del Código Civil como “[l]os bienes de la Unión cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión, o bienes fiscales”,
denominados también bienes patrimoniales del Estado o de las entidades
territoriales sobre los cuales se tiene una propiedad ordinaria sometida a las
normas generales del derecho común (Cfr. José J. Gómez- Bienes Primera Parte. Corte Suprema
de Justicia Sent. 26 de septiembre de 1940).
Los bienes fiscales o patrimoniales se encuentran destinados
a la prestación de servicios públicos que la administración utiliza de forma
inmediata, como por ejemplo los edificios en que funcionan las oficinas
públicas. Dentro de esta clase de bienes, también se encuentra lo que se
denomina bienes fiscales adjudicables, que son aquellos que la Nación puede
traspasar a los particulares que cumplan con las exigencias establecidas en la
ley, como es el caso de los bienes baldíos.
Ahora, los bienes de uso público propiamente dicho, que
pueden ser por naturaleza o por el destino jurídico (CSJ Sent. 26 de septiembre
de 1940), se caracterizan por pertenecer al Estado o a otros entes estatales,
estar destinados al uso común de todos los habitantes, y por encontrarse fuera
del comercio, ser imprescriptibles e inembargables. Están definidos en la ley
como aquellos que “su uso pertenece a todos los habitantes de un Territorio,
como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión o de
uso público o bienes públicos del Territorio” (art. 674 C.C.).
[79] Extracto de la Sentencia
T-150 de 1995, citada en la sentencia C-183 de 2003.
[80] Cfr. la sentencia C-183 de
2003.
[81] Así lo señaló también la
Corte en la sentencia SU-1150 de  2002: “La Defensora del Pueblo de
Antioquia, actora dentro del proceso, solicitó que se suspendiera la orden de
desalojo proferida contra las familias desplazadas por la violencia que
ocuparon el terreno de CORVIDE. Sin embargo distintas autoridades dan cuenta de
que el terreno en el cual se asentaron las familias había sido declarado como
de alto riesgo de deslizamiento. En estas circunstancias, admitir la
solicitud de la actora significaría que el Estado pusiera conscientemente en
riesgo la vida e integridad persona, un resultado que evidentemente choca
contra las obligaciones del Estado para con los asociados” (Subrayado
fuera de texto)
[82] Obra en el expediente a
folio 324 del cuaderno #1, un (1) CD que contiene las caracterizaciones de los
habitantes y el cruce de información con el Departamento de la Prosperidad,
realizado en junio y julio de 2016, individualiza a cada uno de los jefes de
hogar de 150 familias, con indicación precisa de: (i) nombres y apellidos; (ii)
número de la cedula de ciudadanía; (iii) su condición de desplazado, estado de
vulnerabilidad o condición de discapacidad; (iv) nivel académico; (v) estado
civil; (vi) número de hijos; (vii) edad; (viii) etnias; y (ix) otra información
de carácter reservada, en virtud de la seguridad e integridad de las familias
encuestadas.
[83] Ver en el ANEXO de
este proveído, el listado “I. Estado en el Registro Único de Víctimas de los
accionantes y su grupo familiar” en el que se indica los jefes de hogar
de cada una de las familias desplazadas.
[84] En el expediente obran
documentos que acreditan la no tenencia de bienes inmuebles y la condición de desplazado
o víctima del conflicto armado de buena parte de los jefes de hogar
de las familias accionantes en esta tutela. Estos documentos son: certificados
catastral nacional expedidos por el IGAC que acredita la no inscripción en la
base de datos catastral del IGAC, a folios 171 al 189 del cuaderno de revisión;
y (ii) certificación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
Víctimas de la Violencia, en la que consta quienes se encuentran “incluido” dentro
registro único de víctimas (RUV), a folio 346 al 375 del cuaderno #1.
Así
mismo, ver en el ANEXO de este proveído, los listados “II. Medición de
carencias de los accionantes” y “III Medidas de atención y reparación
integral”.
[85] Dirección de Gestión
Social y Humanitaria de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (artículo 18 del Decreto 4802 de 2011).
[86] La Corte mantuvo la
competencia sobre estas materias porque encontró prácticas inconstitucionales
en ambos casos. En relación con la ayuda humanitaria, esta Sala consideró que
si bien el Gobierno persigue fines constitucionales válidos, que es
determinante respaldar, con la promulgación del Decreto 2569 del 2014, al
buscar una asignación de recursos más equitativa entre las personas
desplazadas; su implementación fue insensible ante las personas que, en su
momento, fueron catalogadas en vulnerabilidades altas. Con ello, la Corte
respaldó la implementación del Decreto 2569 del 2014, pero ordenó que se
mantenga la entrega de los recursos a favor de estas personas vulnerables, sin
perjuicio de que, una vez realizada la evaluación de sus carencias, “se
determine que se han superado las condiciones de vulnerabilidad y se proceda a
suspender la entrega de la ayuda”. Auto 206 de 2017, reiterando lo evaluado
en el 376 de 2016.
[87] Folio 390 (reverso) del
cuaderno #1.
[88] Folio 393 del cuaderno #1.
[89] Folio 395 del cuaderno #1.
[90] Cfr. Sentencia T-227 de
1997.
[91] Cfr. Sentencia T-419 de
2003.
[92] Obra a folios 80 al 95 del
cuaderno principal.
[93] En concordancia, ver folio
401 del cuaderno #1.
[94] En concordancia, ver folio
402 del cuaderno #1.
[95] Ver folio 26 del cuaderno 1.
[96] Cfr. las Sentencias T-424 de 2017 y T-578 de 2015, entre otras.