T-696-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-696/13
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO-Alcance y
contenido
Entendido el derecho al debido proceso administrativo como la
garantía a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal
manera que la afectación o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte
del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus derechos fundamentales. De
este modo, ha indicado esta Corporación: si bien la preservación de los
intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la
actuación estatal son imperativo de todos los procedimientos que se surtan a
este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que
armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados. Ahora
bien, es importante resaltar que este derecho, también ha sido consagrado en
diversos instrumentos internacionales, lo que establece para el Estado
obligaciones de diferente índole.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Elementos mínimos
La jurisprudencia ha desarrollado una seria de
elementos específicos que constituyen el debido proceso administrativo, los
cuales se concretan en: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el
principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas;
(iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos
fundamentales de los asociados. De lo cual se puede desprender que la finalidad
del debido proceso en materia administrativa es, en general, servir de
contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolla frente a los
particulares.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Aplicación a todas las actuaciones que
desarrolla la administración pública en cumplimiento de sus funciones y
realización de sus objetivos y fines
La aplicación del debido proceso en materia
administrativa se extiende a todo tipo de actuaciones de la administración, no
solo las de tipo sancionador, sin importar la entidad u órgano que las ejecute.
Más aún, obliga a todos los servidores públicos en tanto ejerzan función
administrativa, pues como bien lo expresa la
Constitución Nacional en su artículo 123 “los servidores públicos están al
servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la constitución, la ley y el reglamento”. En esta medida, es claro
que el derecho al debido proceso en general, y en particular en materia
administrativa, adquiere un carácter instrumental en la medida que propende por
la protección y garantía de las finalidades y los derechos superiores del
Estado. Estas finalidades pueden analizarse desde un punto de vista general,
así como desde un punto de vista particular o especifico.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Finalidades generales y finalidades
particulares
Por una parte están las finalidades generales que
hacen referencia al cumplimiento de los fines propios de la función
administrativa como tal, y por otra las finalidades particulares que son
aquellos propósitos que se plantean en la ley, reglamento o acto administrativo
que dé origen a la actuación en ejercicio
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Distinción entre garantías previas y
garantías posteriores
La jurisprudencia ha
dispuesto que el debido proceso administrativo implica unas  garantías mínimas previas que se refiere a aquellas que deben
“cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento
administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la
justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los
plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre
otras. [Y de] otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa,
mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa
administrativa.”
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración cuando no se cumple con el
conjunto de elementos que lo conforman o porque el mismo no cumpla con las
finalidades que le son propias
SISTEMA NACIONAL PARA LA
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES-Objetivos
DEBERES SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA
SOCIEDAD FRENTE A LAS VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES-Reiteración de jurisprudencia
(i) Las personas damnificadas por un desastre natural
son sujetos de especial protección constitucional debido al estado de debilidad
manifiesta en que se encuentran como consecuencia de dicho acontecimiento, (ii)
el Estado tiene el deber de solidaridad y de protección con las personas
damnificadas como consecuencia de un desastre natural, lo anterior debido a la
posición de garante que tiene con todas las personas que habitan en el
territorio nacional, (iii) desconocer
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas víctimas de
un desastre natural generaría la vulneración de sus derechos fundamentales,
tales como la vida digna, la vivienda digna, la salud, entre otros y, (iv) en
lo concerniente al manejo
de emergencias, es imprescindible que las autoridades competentes evalúen el
riesgo en que se encuentra la población afectada, con la finalidad de tomar las
medidas necesarias para evitar que aumente situación de debilidad manifiesta en
la que se encuentran, sin excluir a ninguna de las víctimas del desastre.
DEBERES DEL ESTADO FRENTE A LAS VICTIMAS
DE CAMBIOS CLIMATICOS-Damnificados
por ola invernal
Es posible afirmar que, aun cuando en el escenario
internacional hay una serie de instrumentos relativos al tratamiento de los
desastres naturales y sus efectos, dichos instrumentos carecen de
vinculatoriedad en términos jurídicos. Sin embargo, implican cierto nivel de
compromiso en tanto se les reconoce la calidad de soft law o derecho blando, de
tal manera que el Estado no se puede desligar de esos compromisos asumidos ante
la comunidad internacional.
CAMBIOS CLIMATICOS-Mecanismos internacionales de protección
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES-Marco normativo internacional y nacional/ESTANDARES
INTERNACIONALES PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
PROTECCION DEL PATRIMONIO PUBLICO-Procesos judiciales como mecanismos para
su garantía
El patrimonio público se
encuentra en la Constitución mencionado como uno de los bienes sobre los cuales
el Ministerio Público debe intervenir en su defensa en los procesos y ante las
autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario (Artículo 277).
Así mismo, el artículo 334, al cual fue adicionado el principio de
sostenibilidad fiscal mediante el Acto Legislativo 3 de 2011, es también un
criterio de protección guía para las decisiones que involucran una intervención
al patrimonio público. No obstante, el artículo es claro al afirmar que bajo
ninguna circunstancia se puede invocar el principio de sostenibilidad fiscal
para menoscabar, restringir el alcance o negar la protección efectiva de los
derechos fundamentales.
PROTECCION DEL PATRIMONIO PUBLICO-Deber de todas las autoridades estatales,
judiciales y ciudadanos en general
Todas las autoridades estatales, e
incluso los ciudadanos, deben velar por la protección del patrimonio público ya
que resulta ser un bien colectivo que importa a todos. En desarrollo de este
deber, la Constitución y la Ley imponen a entidades específicas deberes de
vigilancia concretos frente al patrimonio público. Para nombrar algunos
ejemplos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es la entidad encargada
de coordinar, dirigir y regular la administración y recaudación de impuestos,
de darle seguimiento al Presupuesto General de la
Nación, de administrar el Tesoro Nacional, de efectuar el seguimiento de la
gestión financiera y a las inversiones de las entidades descentralizadas de
orden nacional, de asesorar y asistir a las entidades territoriales en materia
de administración Pública, especialmente en temas de eficiencia administrativa
y fiscal, entre otras funciones.
PROTECCION DEL PATRIMONIO PUBLICO-Obligaciones del juez de tutela
Tratándose de la protección del
patrimonio público, lo anterior no implica que no se pueda condenar al Estado
cuando se equivoca, sino que, de condenarse, debe agotarse un procedimiento
adecuado, y conforme a los requisitos que exige la ley, acompañado de una
adecuada valoración y sustento probatorio según el proceso ordinario que se
exige para este tipo de pretensiones. Y en este punto, es donde las actuaciones
de los jueces encuentran un valor trascendental en la garantía del bien
jurídico colectivo. Así los jueces, en cada uno de los procesos que se adelante
frente a ellos, deben ejercer un papel preponderante tratándose de pretensiones
que involucren al Tesoro Público.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO DE VICTIMAS
DE DESASTRES NATURALES-Vulneración
por autoridades locales y nacionales por cuanto no se previó que damnificados
de primera ola invernal de 2011 fuesen nuevamente afectados por segunda ola
invernal
Se le ha vulnerado a cada uno de los accionantes su
derecho fundamental al debido proceso administrativo, pues no se previó por
parte de las autoridades locales y nacionales encargadas para ello, que así
como la primera temporada de lluvias los había afectado, éstos podían ser
víctimas de la segunda temporada, por tanto se debió proceder a censar
primeramente aquellas personas que ya se habían visto afectados, lo anterior
para cerciorarse que no fueran de nuevo afectados por el episodio climático. Lo
anterior en razón a las obligaciones constitucionales que tiene el Estado de
conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población del país, teniendo en cuenta que el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres tiene por finalidad asegurar a la población
frente a los fenómenos naturales que le puedan causar daños, en coordinación
con las distintas entidades competentes, con el propósito de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y evitar pérdidas humanas
y materiales.
FALTA
DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abogado sin
poder para actuar
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES-Inaplicación
del requisito de inmediatez por cuanto no ha cesado el impacto generado por ola
invernal en las condiciones de vida de damnificados
ACCION DE TUTELA DE PERSONAS AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES-Procedencia
para proteger derechos fundamentales de damnificados de ola invernal
DERECHOS DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES-Damnificados
de ola invernal no pueden afectarse por negligencia de la administración
pública
Para esta Sala los tutelantes no tienen la obligación
de soportar los errores de las entidades encargadas de suministrar las ayudas
humanitarias, es decir, que si dichas entidades no realizaron debidamente los
censos, no es responsabilidad de los damnificados por la ola invernal y, no
tienen la obligación de soportar dicha carga.
EFECTOS INTER COMUNIS-Se adoptan para proteger derechos de todos
los afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de
igualdad
DERECHOS DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES-Orden
de cancelar ayuda humanitaria por ser damnificados de ola invernal con efectos
inter comunis
PROTECCION DEL PATRIMONIO PUBLICO-Vulneración del juez al otorgar ayuda
humanitaria a damnificados por ola invernal sin cumplir requisitos
Referencia: expedientes T- 3.927.901, T-3.928.040, T- 3.928.041, T- 3.928.042,
T-3.928.043, T-3.928.044, T- 3.928.045, T-3.928.046, T-3.931.360, T- 3.944.216 y 3.944.217.
Derechos Invocados: Igualdad, debido proceso, mínimo vital, derechos de los niños y
vida digna.
Acciones de Tutela instauradas por: Gloria Edith Arriola López y otros, en
contra de  la Alcaldía Municipal de Majagual (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Antonio José
Goez Morales y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Amarfiria Del
Carmen Pérez Acevedo y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre)
y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD);
Martina Raquel Rodríguez de Gazabón y otros, en contra del Municipio de San
Benito Abad (Sucre) y de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Jorge Eliécer Anaya Hernández en
contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); José Esteban
Paternina González y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre) y
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Edwin
Manuel Martínez Morelo y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre)
y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Lucelys
Baldovino Álvarez y otros, en contra del Municipio San Benito Abad (Sucre) y de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Ligia
Amparo Romero Castro y otros, en contra de la
Alcaldía Municipal de Montecristo (Bolívar) y de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres; Lelys Vergara Aldana
y otros, en contra de la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Hernando
Francisco Garavito Taborda y otros, en contra de la
Alcaldía Municipal de Majagual (Sucre) y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,  nueve (9) de octubre de  dos
mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos por: (i) Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre) en el trámite de la acción de tutela incoada por Gloria Edith Arriola López y otros, en
contra de  la Alcaldía Municipal de Majagual (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (ii) Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del
Circuito de  Sincé (Sucre) en
el trámite de la acción de tutela instaurada por Antonio José Goez Morales y otros, en contra del
Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (iii) Juzgado
Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre) en el trámite de la acción de tutela impetrada
por Amarfiria Del Carmen
Pérez Acevedo y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (iv)
Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre) en el
trámite de la acción de tutela presentada por Martina Raquel Rodríguez de
Gazabón y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (v) Juzgado
Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre, en el trámite de la
acción de tutela formulada por Jorge Eliécer Anaya Hernández en contra del
Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (vi) Juzgado
Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre) en el trámite de la
acción de tutela fundada José Esteban Paternina González y otros, en contra del
Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (vii)
Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre) en el
trámite de la acción de tutela iniciada por Edwin Manuel Martínez Morelo y
otros, en contra del Municipio de San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (viii)
Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre) en el
trámite de la acción de tutela instituida por Lucelys Baldovino Álvarez y
otros, en contra del municipio San Benito Abad (Sucre) y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (ix) Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Montecristo (Bolívar) en el trámite de la acción
de tutela incoada por Ligia Amparo Romero Castro y otros, en contra de la
Alcaldía Municipal de Montecristo (Bolívar) y de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres; (x) Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre) en el trámite de la acción de tutela
fundada por Lelys Vergara Aldana y otros, en contra de la
Alcaldía Municipal de Majagual (Sucre) y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); (xi)
Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre) en el trámite de la acción de
tutela instruida por Hernando Francisco Garavito Taborda y otros, en contra de la
Alcaldía Municipal de Majagual (Sucre) y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los expedientes T- 3.927.901, T-3.928.040, T- 3.928.041, T- 3.928.042,
T-3.928.043, T-3.928.044, T- 3.928.045, T-3.928.046 y T-3.931.360, fueron seleccionados y acumulados por
presentar unidad de materia relacionada con la obligación que tiene el Estado
de proteger a aquellas personas que son damnificados directos debido a los
eventos hidrometereológicos de la segunda temporada de lluvias, mediante auto
del día seis (06) de junio
de dos mil trece (2013), proferido por la
Sala de Selección Número Seis de la
Corte Constitucional, para
ser fallados en una sola sentencia. Posteriormente, los expedientes T- 3.944.216 y 3.944.217, fueron seleccionados y
acumulados por presentar unidad de materia, mediante auto del veintiocho (28)
de junio de dos mil trece (2013), proferido por la misma Sala.
Sin embargo, esta Sala de Revisión
mediante auto del tres (3) de septiembre de  de dos mil trece (2013), ordenó
acumular para ser fallados en
una sola sentencia, los expedientes T- 3.944.216 y
3.944.217 al expediente T-
3.927.901 y Acumulados, por presentar unidad de materia.
En consecuencia, la
Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales
adoptadas en cada uno de los expedientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE T-
3.927.901
1.1.1    Solicitud
Los señores Gloria Edith Arriola López, Oscar De Los
Santos Viloria Noya, Guillermina Teodora Rivera Areola, Ida María Ballesteros
Manjares, Alfredo Pérez Gale, Rosa Delia Madera Leguía, William Enrique Leguía
Madera, Narcisa Isabel Camargo Barrios Nuevo, Silvana María Navarro Camargo,
Dilia Luz Rodríguez Sierra, José Guillermo Arrieta Areola, Adalberto Manuel
Guzmán Espitia, Shirley Rodríguez Ruiz, José Inés Mejía Quevedo, Merly Isabel
Madera Leguía, Edwin José Guzmán Areola, Alina María Oviedo Bustos, Ángel
Miguel Areola Cañas, Jader Antonio Leguía Serrano, Carmen Alicia Mea Leguía,
Katerin Marimon Madera, Celia Isabel Guzmán Espitia, Abel Antonio Rada
Henríquez, Yuridis Paola Vallesteros Madera, Manuel Francisco Madera Arriola,
Neyla Estella Sampayo Guzmán, Yomir Antonio Sánchez Arriola, Lilibeth Arriola
Guzmán, Lilibet Del Carmen Madera Leguía, Néstor Raúl Guayacán, Sandra Milena
Alemán Caldera, Leydi Yohana Caña Muñoz, Manuel Eugenio Caña Mercado, Pablo
Antonio Cervera Areola, Luz Omaira Oquendo Gallego, Ana Felipa Areola Caña,
Emil Santiago Legui Navarro, Damaris María Marín Sierra, Alexander Mejías
Guzmán, Ledis Yaneth Bello Medrano, José Agustín Tovio Gutiérrez, Alberto
Antonio Barrios Mercado, José Miguel Guzmán Espitia, Sixto Antonio Navarro
Carpinero, Cilena Isabel Leguía Madera Areola, Rosalba Isabel Maderas Arrional,
Juana Victoria Reola Mercado, Lenit Arriola Caña, Vanesa Del Carmen Leguía
Navarro, Luis Manuel Navarro Sierra, Ildefonso José Álvarez Sampayo, Domingo Álvarez
Montalvo, Francisco de Las Mercedes Arreola Nájera, Benito De Jesús Navarro
Carpintero, Ruselk Manuel Rodríguez Leguía, Yolanda del Carmen Leguía Nájera,
Pablo Manuel Navarro Carpinero, Rafael Julio Leguía Arreola, Enalba Luz Meza Leguía,
Dailuvis Meza Leguía, Elmer Del Cristo Leguía Severiche, Nancira Isabel
Severiche Arriola, Felipe Aureliano Leguía Arreola, Robinson Manuel Olivares
Troya, Robinson Manuel Guzmán Carpinero, Calina Yaneth Leguía Severiche, Rubén Darío
Navarro Guzmán, Jorge Luis Navarro Guzmán, Yerina Yulieth Ballesteros Leguía,
Ana Minervas Leguía Nájera, Digna Luz Navarro Guzmán, Wilmer Rodríguez Leguía,
Remigio Galván Beltrán, Teresa De Jesús Velásquez Díaz, Ana Delia Vergara
Sánchez, Juan Carlos Velásquez Díaz, Gladis Margoth Velásquez Díaz, Guillermina
Teodora Rivera Arreola, Juan Adalberto Velásquez Lobo, Generis Del Carmen Pérez
Morales, Alicia Esther Arriola Nájera, Nidia Oneida Sánchez Arriola, Jorge
Manuel Navarro Madera, Domingo José Castro Arreola, Milena Del Carmen Rodelo
Colon, Manuel Esteban Castro Muñoz, Pablo Enrique Navarro Guzmán, Ena Luz
Sierra De Navarro, José María Navarro Sierra, Carmen Rosa Sánchez Meza, Sandra
Yulieth Sánchez Meza, Matilde Josefa Ariola Serrano,  Fredes Manuel Ariola Caña,
Ida Rosa Manjares Padilla, Cristina María Castro Arreola, Luis Carlos Polanco
Caña, Marlene Del Carmen Caña Ariola, Víctor Alfonso Polanco Caña, Luis Enrique
Leguía Arriola, Roberto Carlos Leguía Arriola, Sandra Carolina, Castro Arriola,
Eladio José Rodelo Guzmán, Silverio Manuel Navarro Guzmán, Inés María Cardero
Ramos, Ludis Estela Sampayo Guzmán, Roamna María Guzmán Espitia, Edelfa María
Vargas Quevedo, Elida Del Carmen Anaya Vargas,  Jorge Gabriel Tejeda Anaya,
Elsa Cecilia Márquez De Navarro, Víctor Tulio Sampayo Guzmán, Marina Isabel
Espitia Cuello, Yeinis Franco Yepes, Ubaldo Manuel Vargas Guzmán, Noraeidys
Manjares Vargas, Carmen Amalia Serrano Pineda, Teodolinda María Vargas de
Ascia, Julieta del Carmen Ricardo Aguas, Guillermina Isabel Pineda Payares,
Andrés  Miguel Méndez Madera, Adalberto Moreno Ospino, Alfredo Manuel  Madera
Correa, Elsy María Guzmán Vargas, Inés Raquel Martínez Acosta, María Yaneth
Navarro Suárez, Antonio David Castro Mejía, Gertrudis María Vargas Guzmán,
Bercel Ballestas Muñoz, Leandro Esteban Sampayo Mercado, Jorge Luis Meza Chávez,
Luis Miguel Navarro Madera, Idalis María Manjarrés Bolaño, Liberto Del Cristo Medina
Crespo, Celia Rosa Sánchez Carpintero, María De Los Santos Navarro Sierra, José
De La Cruz Meneses Guzmán,  Sandra Milena Severiche Vargas, Carlos Enrique Atencia
Vargas,  Yuranis Castro Gómez, José Dolores Pérez Arriola, Margarita Esther
Vargas Castelar, Sixta María Meza de Bolívar,  Erney Ávila Manjares, José  de
los Santos Navarro Barrios, Yanidis María Navarro Madera, José Gregorio Guzmán
vargas, Manuel Enrique Manjares Bolaño, Diana Luz Guzmán Baldovino, Juana Raquel
Serrano de Vargas, Yadira del Carmen Beltrán Caña, Jolly María, Choperena
Meneses, Rosalba Isabel Manjares Padilla, Lorena Bolaño Vargas, Francisco Martínez
Arrieta, Yuri Yuliet Choperena Meneses, Ana Gregoria Meneses Guzmán, Iván Darío
Navarro sierra, Rosiris Montero Bolaño, Manuel Enrique Manjares Padilla, María
Cristina Meza Troya, Viviana María Ariola Rodríguez, Yeni del Carmen Arrieta de
los Santos, Omar Enrique Meza Jiménez, María Francisca Jiménez del Carpio,
Carmen Rosa Aldane Madera, Jorge Daniel Guzmán García, Ramón Gustavo Medina
Vargas, Oscar Elías Macias Monterrosa, Adriana Gregoria Montero Bolaños, Mileidis
Patricia García Arrieta, David Bernardo García Bustamante,  Yadira Estella
Areola Vargas, Ingrios Luz Guzmán Vargas, Enith Johana Manjares Vargas,
Policarpa Raquel Amuren de Guzmán, Daniel Antonio Navarro Pérez, Yacouline María
Medina Vargas, Miriam Del Carmen Arrieta Jaraba, María Clarivel Bolaño
Manjares, Eny Liceth Suárez Sánchez, Yohana Castro del Toro, Carmen Alicia
Busto Cuello, Duban Enrique Manjares Ángel, Ellison José Pérez Manjares, Máximo
Gabriel Vargas Romero, Juan De Dios Andrade Sierra, Edgardo José Núñez Meneses,
Jairo Enrique Martínez Manjares, Graciela María Navarro De Castro, Enidis
Nadinis Pérez Vetra, Carmen Alicia Manjares Molina, Leudys Vargas Navarro,
Marco Tulio Navarro Meza, Carolina García Mercado, Yhajaira del Socorro Guzmán
Mauren, Nalfre José Barrios Nuevos Díaz, Ingrid Paola Barrios Nuevos Anaya, Ramón
Adolfo Vargas Villareal, Neruys Del Carmen Ávila Manjares, Luis Alberto
Manjares Bolaño, Gertrudis María Manjarres Padilla, Adit Rosa Vargas De Madera,
Elvis Enrique Severiche Vargas, Jorge Eliécer Manjares Navarro, Ana Emilia
Palomino Pozo, María Elvis Navarro Sierra, Norelis Vargas Sánchez, Daimer de Jesús
Díaz Guerra, Libardo José Morales Navarro, Helmer José Meza Díaz, Francisco
Esteban Meza Mejía, Wilberto Enrique Martínez Menco, Omar Enrique Sierra Vera,
Yair José Díaz Requena, Rosina Del Carmen Díaz Lara, Manuel Antonio Diaza
Costa, Juan Agustín Padilla Cervantes, Juan Bautista Castellar Padilla, Luis
Miguel Diaza Costa, Enilfa Rosa Díaz Anaya Yeimi Yonar Pinto Castelar, Mary Luz
Pacheco González, Luis Herrera Acosta, Nery del Carmen Márquez Vanegas, Liliana
Arrieta Baldovino, Yennis Paola Aguas Aguas, Ubaldo José Ballesteros Noya,
Mercedes Maricle Baldovino Meza, Olga Lucia Ortega Anaya, Pedro De Jesús
Baldovino Pérez, Yamile Del Socorro Vergara Theran, Francisco José García
Contreras, José María Villareal Correa, Raquelina Del Carmen Baldovino Galvis,
Katia Lucia Ruiz Madera, Luis Miguel Ortega Leguía, Emilie Albertina Gallon
Acevedo, María Isabel Rehenes Andrade, Nancy Isabel Macias Cerpa, Luz Ely
Vanegas Oviedo, Héctor Manuel Rodríguez Pérez, Felicia Isabel Cardivila
Vanegas, Marciana Correa Ospino, Edilberto Pérez Pérez, Fredy Manual Correa Fernández,
Jhon Jairo Narváez Suárez, José Luis Marsal Padilla, Luis Horacio Zambrano
Pinto, Iris María Arrieta Mercado, Juan Francisco Olaya Méndez, Adalberto De Jesús
Anya Palencia,  Yadira Del Carmen Mercado Acosta, Nasty Del Socorro Torres Gutiérrez,
William Alfredo Ricardo Vergara, José María Cassiani Díaz, Salomón Elías Díaz, Elías
Miguel Fuentes Rivera, Elvira Del Carmen Correa Riuvera, Virgelina De Jesús
Guevara Vargas, Cayetana Isabel Chávez Vega, Fabiola Arrieta Rodelo, María
Sther Bello Bolívar, Yinis Maira Optares Macias, Eliza Beatriz Turixo Martínez,
Gertrudis Isabel Mejía Villareal, Candida Rosa Rodelo Sierra, Casilda Patricia
Manotas Arrieta, Gledys Arroyo Medina, Yamila Andrade Mejía, Eder Antonio Martínez
Muñoz, José de Dios Villamizar Chávez, Alina Esther Agamez Bueno, Ángel Acevedo
Choperena, Dagoberto José Carbonel Quevedo, Zamir Antonio Serpa Tuiran, Álvaro
Manuel Aguas Castelar, Pascual Enrique Quevedo Carbonel, Víctor Manuel Arroyo
Cervantes, Daniel Arroyo Ramírez, Sonia Isabel Nieto Hernández, Alba Nidia
Guarin Durango, Alberto Manuel Berdugo Berdugo, Alicia Del Carmen Campo García,
Aliris Del Carmen Jaramillo Balmaceda, Alsirio Manuel Narváez Padilla, Ana
Beatriz Solórzano Serrano, Ana Gregoria Duran Chávez, Bertha María Cortes
Castillo, Blanca Flor Baldovino Monroy, Candelaria Del Carmen Acosta Vargas,
Candida Cuello Salazar, Carmen Helena Hernández Castro, Carmen Lucila Navarro
Yunquil, Carmen Mejis Barrios, Carmen Raquel Rodelo Yunquil, Carmen Rosa Aguas
Aguas, Cecilia Del Carmen Aguas Jiménez, Daismith del Carmen Martínez Gaspar,
Damaris Del Carmen García Urbina, Danit María Álvarez Correa, Delcy María Méndez
Acevedo, Dioselina Salas Viña, Donaldo Obdulio Miranda Rodelo, Dubys del Carmen
Barrios Gance, Duvis Del carmen Ospino Tovar, Eddie Del Cristo Molina Díaz,
Efraín Manuel Guzmán Vergara, Eleida Enith Díaz Baldovino, Elma Rosario Requeda
Caldera, Elsie Del Carmen Rodríguez Ávila, Elvia Rebeca González Suárez, Evis
Leonith García Campo, Felipe De Jesús Espitia Cerpa, Fidencio Fernando
Bohorquez Toro, Gabriel Antonio Villareal Navarro, German Arevalo Carmona,
Gladis Del Carmen Regino Barrios, Gloria Patricia García Gómez, Heber Martínez
Beltrán,  Hidailda Gaspar Gil, Ignacio Bolívar Cañavera, Inés María Cardenas Hernández,
Inmaculada Madera Guerra, Isabel Enidia Tirado Arrieta, Jaime Mendoza Vanegas,
John Jairo Bello Cuello, Jonathan Farrayans Baldovino, Jorge Luis Munive
Madera, José Ángel Várelas Manco, José de Jesús Acevedo Ordóñez, Juan David
Choperena Sánchez, Juan Francisco Pacheco González, Juan José Jiménez Rojas,
Juana Amalia Cortes Martínez, Juana Del Carmen Guevara Chávez, Lenis Diabeth
Chamorro Rodelo, Ligia Esther Gonzalez Molina, Liseth Andreina Morazamberano,
Loida Enith Mejía Castro, Lorenza Maria González Urbina,  Lucelly María Rojas Beltrán,
Lucila Isabel Domínguez Barragan, Luyis Alberto Leguota  Vergara, Luis Alfredo
Navarro Yunquil,  Luis Enrique Salazar Jiménez,  Luz Meri Cervantes Suárez,
Luz Mery Bolívar Domínguez, Luz Mery Gómez Requena, Luzmila del Carmen Meza
Leguía,  Maira Luz Leguía Cárdenas, Manuel Del Socorro Mejía Marin, Marcelino
Antonio Ramírez Vanegas, María De Las Mercedes Álvarez Ramírez, María del Socorro
Paternina Montalvo, María Gumersinda Yunquil Padilla, María Josefa Sánchez
Barrios, Maricelis Del Carmen Vanegas Pabuana, Mariela de Jesús Suárez Ordóñez,
Marlene Isabel Martínez Requema, Martha Estela Barrios Machacón, Matilde
Fidelia Cuello Álvarez, Narlys Del Carmen Villareal Canchilla,  Nelis Tafur
Vanegas, Nelly Del Carmen Mendoza Alain,  Neyra Luz Álvarez Vega, Nicomedes
Aguas García, Nivis Nay Aguas Aguas, Norely Ester Alain Vides, Olfa Raquel
Rodelo Yunquil, Olga Esther Ruz Flores, Omaira Rosa Medrano Salcedo, Orlaida
Isabel Espitia Cuello, Pascual Enrique Chienco Median, Pedro Francisco Vargas
Gamarra, Pedro Nel Rodelo Yunquil, Petrona del Carmen Acosta Arrieta,
Presentado Felipe Figueroa Medina, Rosa Ibel Arrieta Solar, Raso Isabel Arrieta
Solar, Rosa Isabel Arrieta Ulloa,  Rosa Marcelina Arrieta Sampayo, Sandra
Estela Baldovino Navarro, Shirley Bohórquez Paternina, Sisleidys Aminta Leguia
Mejia, Sol María Ospino Sierra, Tiburcia Del Rosario Manchego Salgado, Tulio
Enrique Urzola Quevedo, Tulio Humberto Meza Chávez, Ubadel Madrid Hernández,
Víctor Rafael Ramos Cárdenas,  Xiomara Del Carmen Baldovino Villamizar,  Yacela
Maria Ortegasnavarro,  Yadis María Sánchez Barrios, Yajaira Ester Olivares
Carrillo, Yajaira Isabel Narváez Rodelo, Yaneth Isabel Díaz Vega, Yarledis del
Carmen Várelas Molina, Yerlis María Navarro Rodelo, Yorlei Del Carmen Ortega
Álvarez, Yudis María Figueroa Medina, Yuli Yuleidi Madrid Navarro,  Yunis María
Rivera Salas, Yuranis Paola Cerpa Barrios, Zobeida Balmaceda Naranjo,  a través
de la Dra. María Teresa Cardoza Galván en calidad de apoderada judicial,
presentan acción de tutela para que se les protejan sus derechos a la igualdad,
debido proceso, mínimo vital, derechos de los niños y vida digna. En
consecuencia, solicitan que se ordene a la alcaldía municipal de Majagual,
Sucre, y a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que adelanten los tramites
administrativos necesarios para realizar el pago de la ayuda económica por
$1.500.000, a que tienen derecho por haber sido damnificados de segunda ola
invernal. Al proceso se le da tramite bajo radicado numero 2012-00167-00.
Por su parte, los señores Uriel Antonio Díaz Guerrero,
Dayana Blanquicet Vargas, Yamila del Carmen Serna Chaves, José De Jesús Serna
Menco, Robinson de Jesús Rodríguez Menco, Lenis Yaneth Vargas Gamarra, Bertha
Gamarra de Rossis, Policarpa Mercedes Sierra Meneses, Miguel Antonio Paternina
Ulloa, Walter Manuel Pinto Rangel, Denis del Rosario Álvarez Fernández, Enith
Marina Jiménez Vega, Nory María Galvis Chávez, Osvaldo Sampayo Choperena,
Marlis Patricia Sánchez Cumplido, Tomas Manuel Sánchez Cumplido, Pedro Nel
Sánchez Barrios, Carlos Andrés Maury Vega, Enevia Rosa Hernández Jaramillo,
Noreidis Fontalvo Alvarado, Hever González Álvarez, Luis Miguel Baldovino
Ávila, Gelen Del Carmen Zabaleta Muñoz, Licenia Del Carmen Castro Arcia,
Delmira Del Carmen Pinto Castro, Francisco Miguel Rodríguez Benavides, Carmen
Rosa Rodríguez Madera, Yudis Del Carmen Álvarez Pinto, Yolis Mercedes Acuña
Torres, Gilberto Manuel Pinto Castro, Luis Miguel Pinto Castro Y Francisco
Rafael Rodríguez Madera,  habitantes del corregimiento El Pando. Los señores
Arturo Manuel Vergara Gale, Mari Luz Medina Crespo, Ruth Esther Jaraba Yépez,
Leilis Milena Rojas Villamizar, Miguel Ángel Cervera Baranoa, Maregelis Del
Carmen Martínez Guzmán, Dainys María Rojas Villamizar, Juana Aurora Rojas Lima,
Edith del Carmen Cerpa Villamizar, Jaidis Mercedes Choperena Arroyo, Eniria
María Sánchez Meza, María Del Rosario Cervera Lozano, Duvis Arroyo Medina, José
Viloria, Roviro Antonio Villamizar Cáceres, Everlides Mario Lopez, Merly del
Carmen Bueno Galván, Domingo Manuel Mejía Villamizar, María Teresa Salcedo
Fierro, José Espíritu Arroyo Acevedo, Froylan Rafael Cardoza Roenes, Leodit
Isabel Arroyo Andrade, Erlinda María Serpa Zambrano, Magali Esther Correa
Sánchez, Jarol Andrés Sánchez Encizo, Margelis Pérez Villareal, Elsa Ligia
Sánchez Meza, Berta María Altahona Arriola, Norena Ordóñez Jiménez, Esmeralda
María Cáceres Zambrano, Aneider Antonio Rojas Villamizar, Cesar Carlos Cáceres
Zambrano, Blanca Rosa Zambrano Sehuanes, Evelis Milena Cáceres Zambrano,
Nalsury Yaneth Rojas Lima, Marbelis Isabel Castillo Betin, David Francisco
Ricardo Sánchez, Manuel Antonio Narváez Díaz, Ena Margot Cervera Martínez,
Deivi Miguel Torres Lima, Estela Irina Menco Sánchez, Rafael Enrique Taborda
Macias, Osiris Isabel Taborda Medina, Francisco Manuel Andrade Mejía, Santiago
Manuel Rojas Ruiz, María Concepción Lima Altahona, Rocío Amalfis Villamil
Lázaro, Kellys Yohana Contreras Leguía, Roberto Carlos Rodelo Ruz, Luz Marina
Sánchez Baldovino, Adalberto Fidel Vanegas Ortiz, Wadis Enrique Yepes Mejía,
Adolfo Luís Cuello Martínez, Nelson Nel Chávez Montesino, Visitación María
Mejía Aguas, Luz Mery Narváez Sierra, Marelvi Del Rosario Ortega Vergara, Juana
Isabel Castro Ospino, Pablo Enrique Escobar Aguado, Elis Zoraida Galván Zapata,
Luvis Dolores Medina Quevedo, Merle Esther Castellar Rivas, Juan Bautista
Morales Arrieta, Carlos Modesto Sampayo Chávez, Silvia Rosa Mejía Berrocal,
Noraides del Carmen Quevedo Villamizar, Carlos Andrés Sánchez Carpintero,
Yorledis Arroyo Mediana, Juana Esther Medina Quevedo, Norelis Agustina Chávez
García, Rosa Isabel Jorge Pérez, Nancy Del Carmen Maury Contreras, Esperanza
Judith Villarreal Vega, Gloria Del Carmen Arroyo de Blanquicet, Oderis José
Carbonel Madera, Maribel Aguas Atencia, Rafael Antonio Carbonel Quevedo, Yadira
María Aguas Arcia, Edgar Bello Gil, Cesar Caballero Galvis, Isabel María
Villamil Lázaro, Nefer Villamizar Guzmán, Robin José De Jesús Arguello, Delcy
Arroyo Medina, Tony Cayetano Vanegas Ortega, Quintina Isabel Taborda Zabaleta,
Daniel Segundo Villamizar Guzmán, Mariana De Jesús Nieto Aguas, Jairo Miguel
Galvis Rodelo, Gledys Yaneth Arroyo Medina, Cecilia Isabel Aguas Díaz, Juan
Carlos Mejía Pérez, Yolanda Isabel Palencia Martínez, Cesar Tiberio Caballero
Castro, Miguel Adolfo Vargas Guzmán, Dorie Elena Vergara López, Ana María
Guzmán Sánchez, José Rosario Vanegas Salcedo, Raúl Enrique Vanegas Castillo,
Álvaro Caballero Villarreal, Dalis Ester Madera Anaya, Martín Faradio Caballero
Castro, Mabel Del Socorro Martínez Jiménez, Bairo Duban Jiménez Yépez, a través
de la Dra. María Teresa Cardoza Galván en calidad de apoderada judicial,
presentaron acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, los derechos
de los niños y a la vida digna. En consecuencia, solicitan que se ordene a la
Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que adelanten
los tramites administrativos necesarios para realizar el pago de la ayuda
económica por $1.500.000, a que tienen derecho por haber sido damnificados de
segunda ola invernal. Al proceso se le da tramite bajo radicado numero
2012-00166-00.
Ambos procesos fueron acumulados en el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, al resolver la segunda instancia.
1.1.2    Hechos y argumentos del accionante
1.1.2.1. Aducen los accionantes que por pronunciamiento expreso
del Presidente de la Republica se le concedió a las familias afectadas por el
fenómeno hidrometereológico del segundo semestre 2011, un subsidio por valor de
$1.500.000. Beneficio económico del que fue favorecido el municipio de
Majagual, Sucre.
1.1.2.2. Agregan que mediante resolución 074 de 2011, se
estableció una primera etapa de planeación, de la cual se desprenden como
requisitos: “1. un destinatario: damnificado directo; 2. Un evento: en este
caso ocasionado por las lluvias- hidrometeorológico; 3. Un apoyo económico: por
la suma de $1.500.000; 4. Un periodo: comprendido entre el 1° de septiembre y el
10 de diciembre de 2011; 5. Unos responsables: en este caso el CLOPAD, cuyo
presidente es el alcalde, encargado de realizar el censo, llenando las
planillas de apoyo económico y emitirlas a la unidad nacional de la gestión del
riesgo.”
1.1.2.3. Manifiestan que reúnen todos estos requisitos. Sin
embargo, algunos fueron censados por el CLOPAD y otros no. Razón por la cual no
recibieron el apoyo económico en su momento por error en la información ya sea
por el nombre o numero de cedula, o porque simplemente fue agotado el subsidio
del Estado.
1.1.2.4.
Afirman que no recibieron el mencionado apoyo económico, pese a haber sido afectados
por la ola invernal y, otras familias de la cabecera municipal y de los
corregimientos a los cuales pertenecen, esto es, el Pozón, Pando,  San Roque
(expediente  2012-00166-01),
el Palmar, Palomar y Huira, así como los barrios San Vicente y la
Esmeralda (expediente 2012-00167-01), si la han recibido, lo que a juicio de
los tutelantes vulnera su derecho a la igualdad, razón por la cual no entienden
“¿bajo que criterio les pagan a unas y a otras no? Si todas estaban en
igualdad de condiciones”.
1.1.2.5. Finalmente, traen a colación jurisprudencia de esta Corporación
que ha entendido que la “discriminación, en su doble acepción de acto o
resultado, implica la violación del derecho a la igualdad. Su prohibición
constitucional va dirigida a impedir que se coarte, restrinja o excluya el
ejercicio de los derechos o libertades de una o varias personas, se les niegue
un beneficio o se les otorgue un privilegio solo a algunas, sin que para ello
exista justificación objetiva y razonable”. Agregan, además, que es procedente
la acción por no haber otro mecanismo expedito para proteger los derechos
invocados.
1.1.2.6. Con
base en lo anterior, solicitan la protección de sus derechos fundamentales y la
ayuda que requieren por ser damnificados de la ola invernal.
1.1.3    Traslado y contestación de la demanda
Recibida la acción de tutela de
radicado número 2012-00166-01, el Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual,
Sucre, mediante auto del dieciséis (16) de noviembre de  dos mil doce (2012),
resolvió admitir la acción y ordenó notificar a la
Alcaldía Municipal de Majagual para que informara si se le había asignado
algún apoyo económico a los accionantes, y si los mismos se encontraban
censados por el CLOPAD.
Igualmente ordenó notificar a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que informara si
los accionantes se encontraban  registrados en el CLOPAD y de ser así porque no
se había realizado la entrega del subsidio económico.
Finalmente, consideró innecesario realizar inspección
judicial, por ser un hecho notorio la inundación sufrida en el municipio de
Majagual, Sucre.
1.1.3.1. El Dr. segundo Eliécer arguello, en
calidad de jefe de la oficina Asesora Jurídica de la
Unidad Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (UNGRD), mediante
oficio 024232 del veintiséis (26) de noviembre de dos mil doce (2012), contestó
la acción de referencia oponiéndose a las pretensiones elevadas por el accionante.
Al respecto indicó:
1.1.3.1.1. Manifestó que el anuncio hecho por el Presidente de la
Republica concerniente a la ayuda económica solicitada, se concreto en la
Resolución 074 de 2011 modificada por la
Resolución 002 de 2012, las mismas establecieron que la mencionada ayuda sería
hasta de $1.500.000.
Agrega que dicha ayuda estaba dirigida a “cada
damnificado directo por los eventos hidrometeorológicos comprendidos entre el 1
de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 que aparecieran en el registro
emitido por los comités locales y regionales de prevención y atención de
emergencias”.
1.1.3.1.2. Manifiesta que eran los CLOPAD de cada municipio
afectado, los encargados de realizar la “planilla de apoyo económico” y posteriormente
reportarla a la Unidad para Atención de Riesgos de Desastres, máximo hasta el
día 30 de enero de 2012 (Resolución 02 de 29012). Sin embargo, los accionantes
aportan como prueba su tirilla de Reunidos, desconociendo que la
misma los certifica como damnificados de la primera ola invernal, mientras que
la ayuda económica se otorgaba a los damnificados de la segunda ola invernal,
lo cual se certifica con el registro en el CLOPAD. (Subrayado fuera del
texto)
1.1.3.1.3. Formula como excepciones: (i) la improcedencia de la
acción por versar sobre una pretensión de contenido económico, lo cual debe
presentarse a través de acción de reparación directa, de manera que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela; (ii) no
cumplirse el requisito de inmediatez de la acción por haber transcurrido mas de
11 meses desde la inundación hasta la interposición de la acción, lo que a su
juicio  no es un plazo razonable.
Finalmente, alega la nulidad del proceso por falta de competencia
del juez de conocimiento al ser la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres un ente de orden
nacional, por lo que, en virtud del decreto 1382 de 2000, la acción debió ser conocida
en primera instancia por un Juez del Circuito.
1.1.3.2. Mediante oficio del veintiocho (28) de noviembre de
dos mil doce (2012), la
secretaria del juzgado indica que la
Alcaldía de Majagual, Sucre, dejo vencer el termino de traslado y guardo
silencio.
1.1.3.3. Por su parte, la acción de radicado numero
2012-00167-01, fue admitida mediante auto del dieciséis (16) de noviembre de
dos mil doce (2012), en el que igualmente se ordenó notificar a la
Alcaldía Municipal de Majagual y a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para los mismos
efectos que en el anterior expediente de radicado número 2012-00166-00.
1.1.3.4. En este proceso sí se recibió, durante el término
concedido, la correspondiente  contestación de la
Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre. Entidad que mediante oficio del veintiocho
(28) de noviembre de dos mil doce (2012), se opone a las pretensiones de la
demanda. Al respecto manifiesta:
“la acción no es procedente porque no se
acredita vulneración a derecho fundamental alguno, y porque no cumple con el
requisito de subsidiaridad.
Procede a referir variada jurisprudencia
constitucional sobre el derecho a la igualdad, de lo cual se puede abstraer que
esta entidad considera que el mismo no se vulneró al no probarse que se haya
dado un trato desigual a iguales.
Respecto al derecho a la igualdad,
dignidad humana y derechos de los niños, los mismos no han sido vulnerados por la
administración, en últimas, porque fue la administración anterior la que se
encargó de realizar los censos del CLOPAD que se cuestionan mediante la acción
de tutela.
Por último, considera que la afectación
al mínimo vital no se encuentra demostrada”.
1.1.3.5. Mediante oficio adiado veintinueve (29) de noviembre
de  dos mil doce (2012), el Juzgado indica que la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  no allegó
contestación de la acción de radicado numero 2012-00167-00.
1.1.4. Decisiones judiciales.
1.1.4.1. Sentencia de primera instancia -
Juzgado Promiscuo Municipal de     Majagual, Sucre.
Mediante sentencia del veintiocho (28) de noviembre de
dos mil doce (2012), el Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre,  concedió
el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso de
los accionantes en el expediente de radicado número 2012-00166-00, lo anterior,
al considerar que los mencionados derechos, fueron vulnerados al no incluirlos
en el registro del CLOPAD municipal, siendo esta una actitud discriminatoria,
ya que se trató con diferenciaciones a personas que se encontraban en igualdad
de condiciones.
Por ello ordenó al Municipio de Majagual que en el
término del cinco (5) días realizara la inclusión en el censo de los
accionantes y enviara el listado a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que esta en el
mismo término realizara el giro de la ayuda humanitaria a los accionantes.
Finalmente, advirtió que dicha decisión era de
cumplimiento inmediato.
Por su parte,  en lo concerniente al expediente de
radicado 2012-00167-00, mediante sentencia del treinta (30) de noviembre de dos
mil doce (2012), concedió el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad
y el debido proceso de los accionantes, bajo las mismas consideraciones y en
idéntica forma.
1.1.4.2. Impugnación.
Inconforme con la decisión de instancia, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante oficio del cuatro
(4) de diciembre de dos mil doce (2012), impugnó la providencia de primera
instancia con radicado 2012-00166-00. Lo anterior, bajo el argumento de que la
acción de tutela no cumplía con el requisito de inmediatez por “haber
transcurrido mas de un año desde la ocurrencia de los hechos que dieron origen a la ayuda reclamada”. Igualmente consideró que no se cumplió con el requisito
de subsidiariedad por tratarse de una pretensión de carácter puramente
económica.
Agregó que los accionantes indujeron en
error al despacho, al presentar como prueba la tirilla de damnificados, pues
dicha tirilla de REUNIDOS, solo acredita la condición de damnificados de la
primera ola invernal.
Por otra parte, consideró que el juez
incurrió en vía de hecho al tener por probado el cumplimiento de los requisitos
de las resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012, sin tener ninguna prueba que así
lo demostrara, desconociendo con ello, el principio de necesidad de la prueba.
Más aun, por desconocer la presunción de veracidad que cobija a las actuaciones
administrativas, en este caso, del CLOPAD.
Adicional a esto, consideró que no es
acorde a derecho la presunta vulneración del derecho a la igualdad pues para
ello debió haberse acreditado que los accionantes cumplían con todos los
requisitos para ser incluidos en el registro del CLOPAD y pese a ello no fueron
incluidos en el mismo. Además de esto, el registro debía ser enviado a más
tardar el 30 de enero de 2012, pues los registros extemporáneos no podían
tenerlos en cuenta. Aun así, manifiesta que estas irregularidades no le son
atribuibles a dicha entidad, pues las mismas eran competencia del CLOPAD
municipal.
Finalmente, alega excepción de
inconstitucionalidad del efecto en el que se concede la impugnación, pues de
concederse en efecto devolutivo tendría que proceder a realizar los pagos
ordenados, por lo cual “el debido proceso y la doble instancia se
convertirían en convidados de piedra puesto que de nada serviría que el ad-quem
revoque el fallo, si lo estima pertinente, si el dinero pagado no va a volver a
las arcas publicas”.
En definitiva, solicita que se revoque el
fallo impugnado y en su lugar se dicte sentencia sustitutiva negando el amparo
impetrado.
Por su parte, mediante oficio 024596 del seis
(6) de diciembre de dos mil doce (2012), el señor Segundo Eliécer Arguello, en
calidad de jefe de la oficina asesora jurídica de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, presenta apelación a
la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) con
argumentación idéntica a la impetrada en el anterior proceso (radicado
2012-00166-00).
Solo agrega solicitud de nulidad de todo
lo actuado por violación del debido proceso al darse una indebida notificación,
pues aduce que la notificación de la acción se dio después de la notificación
de la sentencia que puso fin al proceso, ya que la primera se recibió el 6 de
diciembre de 2012 mientras que la segunda se recibió un día antes, es decir, el
5 de diciembre del mismo año.
Por ultimo, agregó que la
UNGRD recibió denuncia de un habitante del municipio de Zambrano, en la cual
informa que “abogados y personas inescrupulosas vienen realizando tramites para
el cobro del subsidio, cobrando un 37% de asesoría profesional a cada persona y
otros están cobrando la colilla del formulario a mitad de precio del subsidio”, por lo cual solicita que se
verifiquen estos hechos y de ser necesario se compulsen copias a las
autoridades competentes por el delito de fraude a subvenciones.
1.1.4.3. Segunda Instancia. Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre.
En sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil
trece (2013), previa acumulación de los procesos de radicado numero
2012-00166-01 y 2012-00167-01, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre,
Sucre, confirmó los fallos respectivos, tutelando así mismo, los
derechos a la igualdad y debido proceso, sin embargo, adicionó la protección del
derecho a la vivienda digna.
Consideró que las entidades accionadas vulneraron el
derecho al debido proceso de los accionantes por no haberlos censado como
damnificados pese a que “su condición calamitosa permaneció durante todo el
año 2011, sin que las autoridades responsables del manejo de las emergencias se
hayan acercado a verificar si dicha situación persistía, lo cual es una señal
de desidia e inoperancia”, que atribuye tanto al municipio de Majagual como
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por no haber
verificado la información enviada por aquel, mas aun cuando las normas que
regulaban la situación no dispusieron  ninguna obligación directa por parte del
damnificado para promover su inclusión dentro de los respectivos censos.
Es decir, a juicio del juzgador la situación de
calamidad en que se vieron los actores constituyó un hecho de tracto sucesivo,
situación que obligaba a las accionadas a verificar si los damnificados en la
primera ola invernal lo seguían siendo al momento de otorgarse el subsidio que
ahora solicitan.
Sobre el derecho a la igualdad confirma las
consideraciones del a-quo, que se concretan en que el CLOPAD creó “desigualdad
donde no hay lugar a diferencias”, al aplicar un criterio diferente a los
accionantes y no incluirlos dentro del censo de damnificados, sin haber razón
para ello.
A lo anterior, suma la vulneración del derecho a la
vivienda digna, que en virtud de los hechos hidrometeorológicos acaecidos, a su
juicio, obligan al Estado a “proveer de unos recursos que ayuden a tener una
vivienda digna, y con mínimas condiciones de habitabilidad”.
Finalmente, revoca el amparo respecto del señor Emil
Santiago Leguía Arreola identificado con CC 92.126.520 pues el mismo no esta
legitimado, ya que su firma no aparece en el poder otorgado a la apoderada que
adelantó la acción de la referencia. Igualmente, excluye al señor Juan Carlos
Mejía Pérez, CC 92.130.220, pues el mismo se encuentra dentro de la acción de
radicado 2012-00142-01 concedida en primera instancia el 13 de noviembre de
2012 y confirmada por ese Tribunal en sentencia del 6 de marzo de 2013.
1.1.5.  Pruebas documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.1.5.1. Poderes otorgados a la
Dra. María Teresa Cardoza Galván, CC. 64.695.689 de Sincelejo, Tarjeta
Profesional 156.849, para obrar en nombre y representación de los accionantes
(Folios 10-14; 47-54; 117-126; cuaderno 3) (Folios 6-25; 220-235; 414-416;
435-445; 502-518; cuaderno 5)
1.1.5.2. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante y
demás personas en cuyo favor se interpone la acción (Folios 16, 17,18, 19,
20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 80,
82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,113, 115, 116, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 136,
138, 140, 142, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 164,
166, 168, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, cuaderno No. 3; Folios 27,
29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 101,
103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 129,
131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,
162, 164, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 180,181, 182, 183, 185,
187, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 203, 205, 206, 208, 210, 212,
213, 215, 217, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 255, 257, 259,
261, 263, 265, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290,
292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 307, 308, 310, 312, 314, 315, 317, 319, 321,
323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353,
355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 372, 373, 375, 378, 379, 381, 383, 385,
387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 412b, 412d, 418,
419, 421, 423, 425, 427, 429, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 446, 447, 449,
451, 453, 454, 456, 458, 459, 461, 462, 464, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479,
480, 482, 484, 485, 487, 488, 489, 491, 493, 495, 496, 498, 499, 519, 521, 523,
525, 527, 529, 531, 532, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553,
555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 568, 569, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582,
585, 586, 588, 589, 591, 593, 595, 596, 597, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 607,
609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 626, 628, 629, 631, 633, 635, 637, 639,
642, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 656, 658, 660, 662, 665, 666, 668,
cuaderno No. 5)
1.1.5.3. Copia de la tirilla de registro único de damnificados
por la emergencia invernal- REUNIDOS- del accionante y demás personas en
cuyo favor se interpone la acción (Folios 16, 17,18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 114, 115, 116, 128, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 146, 148,
150, 151, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 168, 170, 172, 174, 176,
178, 180, 182, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 219, cuaderno 3; Folios 28, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,
89, 91, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119,
121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 143, 145, 147, 149,
151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 178,
179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 202,
204, 205, 207, 209, 211, 212, 214, 216, 218, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249,
251, 253, 256, 258, 260, 262, 264, 265-a, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279,
281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 306, 309, 311,
313, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344,
350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 371, 374, 376, 377, 380,
382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412,
412a, 412c, 412e, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 431, 433, 435, 437, 439,
441, 443, 446, 448, 450, 452, 453, 455, 457, 459, 458, 460, 461, 463, 466, 468,
470, 472, 474, 476, 477, 478, 481, 483, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 495, 497,
500, 520, 522, 524, 526, 528, 530,531, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546,
548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 567, 568, 569, 571, 573, 575,
577, 579, 581, 583, 584, 587, 588, 590, 592, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 601,
604, 605, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 625, 628, 630, 632,
634, 636, 638, 640, 641, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 655, 657, 659, 661, 663,
664, 665, 668, 669, cuaderno No. 5)
·
Los siguientes
accionantes manifiestan no saber firmar: (i) Delmira del Carmen Pinto Castro,
(ii) Licenia del Carmen Castro Arcia, (iii) Andrés Enrique Taborda Macias, (iv)
David Francisco Ricardo Sánchez, (v) Elsa Ligia Sánchez Mesa, (vi) Mary Luz
Medina Crespo, (vii) Ana María Guzmán Sánchez, (viii) Carlos Andrés Sánchez
Carpintero, (ix) Isabel María villamizal Lázaro, (x) Mariana de Jesús Nieto
Aguas.
·
Los siguientes
accionantes no aportan su tirilla de REUNIDOS: (i) Jarol Andrés Sánchez
Encizo, (ii) Ana María Guzmán Sánchez y, (iii) Nelson Nel Chávez Montesino.
·
La tirilla de los
siguientes accionantes aparece firmada por otra persona: (i) José de Jesús
Serna Menco y,  (ii) Tomas Manuel Sánchez cumplido.
1.1.5.4. Copia de la
Resolución 074 de 2011 “Por la cual se destinan recursos para atender a las
familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias en el
periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011”
emitida por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (Folio 6-9, cuaderno 3).
1.1.5.5. Copia del oficio 024232 del 26 de noviembre de 2012,
por el cual la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres contesta la acción de radicado 2012-00166-00 (Folio
238-244, cuaderno 3).
1.1.5.6. Copia del oficio de fecha 29 de noviembre de 2012,
por la cual la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, contesta la acción de
radicado 2012-00166-00 (Folio 258-272, cuaderno 3).
1.1.5.7. Copia de oficio 999 del 4 de diciembre de 2012, por
la cual la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta
Impugnación a la acción de radicado 2012-00166-00 (Folio 275-296, cuaderno 3).
1.1.5.8. Copia de oficio de fecha 28 de noviembre de 2012, por
la cual la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, contesta la acción de
radicado 2012-00167-00. (Folio 705-719, cuaderno 5).
1.1.5.9. Copia de oficio 024596 del 06 de diciembre de 2012,
por la cual la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres presenta impugnación a la acción de radicado
2012-00167-00 (Folio 737-746, cuaderno 5).
1.2.
EXPEDIENTE T-3.928.040
1.2.1.  Solicitud
Los señores Antonio José Goez Morales, Jaime Ortega
Lora, Juan De Dios Romero Guillin, Manuel Pérez Meza, Edinson Salcedo Osorio,
Manuel Acosta Mejía, Oliver Acosta Baldovino, Regina Narváez de Montes,
Anastacia Guevara, Flor Díaz Zambrano, Ángel Gil García, Rafael Gómez Suárez,
Betty Sierra Contreras, Isabel Mejía Oviedo, Concepción Montes Narváez,
Adarledys Benítez Muñoz y Valdiris Zúñiga Caldera, por medio de apoderado,
solicitan al juez de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso. En consecuencia, piden que se ordene a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRED) y al Municipio
de San Benito Abad, Sucre, que dentro de las 24 horas siguientes a la
notificación de la presente acción de tutela, realice la inscripción de los
accionantes en el censo de damnificados y proceda con los trámites necesarios
para realizar el pago de la ayuda humanitaria a que tienen derecho por su
condición de damnificados de la segunda ola invernal. Lo anterior, conforme a las  normas de ley y al
reglamento técnico, según los hechos que a continuación son resumidos:
1.2.2.  Hechos y argumentos de derecho
1.2.2.1.  Manifiestan los accionantes que el
municipio de San Benito Abad, Sucre, por su ubicación geográfica resultó ser
uno de los más afectados por la temporada de lluvias que azotó al país en el
año 2011. Razón por la cual resultó ser uno de los favorecidos dentro del plan
de ayudas humanitarias por un valor de $1.500.000 por familia.
1.2.2.2.  Refieren que por pronunciamiento del
Presidente de la Republica que se otorgó un subsidio económico a “cada una
de las familias colombianas ubicadas en las zonas más afectadas por el fenómeno
de las inundaciones”.
1.2.2.3.  Alegan que en dicho municipio se
configuró un “carrusel de inscripciones”, pues el censo fue adelantado
por funcionarios de la Alcaldía Municipal, quienes a su juicio, “hicieron
negocio con dichas inscripciones ya que a todos los miembros de su familia los
inscribieron y a personas de afuera cobrándoles un porcentaje de dinero”.
1.2.2.4.  Afirman que las entidades accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la  igualdad, puesto que
incluyeron dentro del censo, a personas que no sufrieron con la ola invernal,
excluyendo a quienes fueron verdaderamente afectados, como ellos que “son
personas conocidas, nacidas, criadas y residentes en éste municipio”, según
se prueba con la ficha Sisben de todos ellos.
1.2.2.5.  Con base en lo anterior, solicitan la protección de
sus derechos fundamentales y la ayuda que requieren por ser damnificados de la
ola invernal.
1.2.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre, mediante auto del día
dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), resolvió admitir la acción
de tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y al Alcalde Municipal
de San Benito Abad, Dr. Pedro Tomás Martelo Imbeth, la admisión de la acción de
tutela.
Igualmente ordenó que dichos entes
rindieran un informe claro, completo y detallado sobre los hechos y
circunstancias que motivaron la acción, indicando específicamente el estado de
la situación concreta de los accionantes, en el término perentorio de 2 días.
1.2.3.1. El Dr. Segundo Eliécer Arguello Angulo, en calidad
de delegado del Director General de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, mediante oficio del
veinticuatro (24) de diciembre de dos mil doce (2012), contestó la acción de
referencia y se opuso a las pretensiones elevadas por la accionante. Al
respecto manifestó:
“…la
sola circunstancia de que una persona o familia fuera censada por la ola invernal
no la hacía, sin más, acreedora de la ayuda humanitaria, sino que además debía
cumplir con los requisitos de la Resolución 074 de 2011, que en su artículo 1°
establecía:
1. Un destinatario/beneficiario: el damnificado
directo.
2. Un evento: en este caso ocasionado por las lluvias-
hidrometeorológico.
3. Un apoyo económico: por la suma de $1.500.000.
4. Un periodo: comprendido entre el 1° de septiembre y
el 10 de diciembre de 2011.
5. Unos responsables: comités locales y regionales
encargados de realizar los censos de damnificados y llenar las planillas de
apoyo económico y remitirlas a la unidad nacional para la gestión del riesgo.
Los accionantes no cumplen los anteriores
requisitos, pues los certificados que allegan al proceso corresponden al
sistema de información para el registro único de damnificados (REUNIDOS),
vigentes hasta el 30 de junio de 2011, pero no aparecen dentro de la base de
datos de damnificados de la segunda temporada invernal de 2011, por lo cual no
son acreedores de la ayuda pretendida. (Negrilla y subrayado fuera del texto)
Aunado a lo anterior, no cumple con el requisito de
inmediatez, pues transcurrió más de un año desde los hechos hasta la
interposición de la acción. La que se hace improcedente por tratarse de una
pretensión puramente dineraria y por no demostrarse un daño irreparable, grave
e inminente, que además se desvirtúa por la demora en la interposición de la
acción.
Finalmente, invoca como excepción la falta de
legitimación en causa por pasiva, pues los hechos alegados no tienen origen en
acciones propias de la entidad, sino de la entidad territorial encargada en el
caso de adelantar el censo de damnificados”.
1.2.3.2. Por su parte, el Dr. Pedro Tomás Martelo Imbeth, en
calidad de Alcalde del Municipio de San Benito Abad, se opuso a las
pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:
(i)
Las ayudas fueron
manejadas por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, por lo tanto no hay responsabilidad por parte
del municipio.
(ii)
Manifiesta que en el
municipio resultaron afectadas cinco mil cuatrocientas sesenta y seis familias
(5.466) y tan solo se asignaron dos mil cuarenta y seis (2.046) subsidios, por
lo que se entiende que no recibieron ayuda más de la mitad de las personas
afectadas y censadas, según la base que maneja la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a través de la
Red Unidos, sin embargo, la pretendida ayuda estaba dirigida a  los afectados
según el censo reportado por el CLOPAD
(iii)
Finalmente, considera
que la presunta violación al debido proceso debe ser probada, más aún porque en
el caso se alega actos de corrupción por parte de los funcionarios de la
alcaldía, y “de no hacerlo se debe investigar por injuria y calumnia”.
1.2.4.  Decisiones Judiciales
1.2.4.1.
Sentencia de
primera instancia - Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre.
En sentencia del veintidós (22) de enero de dos mil
trece (2013), el Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre, declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que los accionantes
no cumplían con los requisitos de la resolución 074 de 2011, pues aportaron
como prueba el Registro Único de Población de Damnificados por la
Emergencia Invernal (REUNIDOS), con lo cual se entiende que son damnificados
de la primera ola invernal y no de la segunda, que es por la cual se dio la
ayuda económica de $1.500.000.
Adicional a ello, consideró que no se demostró la
afectación sufrida por los accionantes en la segunda ola invernal.
1.2.4.2.
Impugnación.
Inconforme con la decisión de instancia, mediante
escrito con radicado número 2012-00321-00, el Doctor Rober Mier Martínez,
apoderado judicial de los tutelantes, impugnó de decisión del a-quo, omitiendo
argumentación.
1.2.4.3.
Sentencia de
segunda instancia- Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito
de  Sincé (Sucre).
En sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil trece
(2013), el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de  Sincé
(Sucre) revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, conceder
la acción de tutela y ordenar la inscripción de los accionantes en el
CLOPAD y realizar las gestiones necesarias para lograr entrega de los recursos
pretendidos.
Lo anterior, bajo el argumento que el fenómeno de
lluvias ocurrido entre el 1° de septiembre y el 10 de diciembre de 2011
constituye un hecho notorio, razón por la cual, se debe presumir la condición
de vulnerabilidad de los accionantes. Además argumenta que la omisión en la
inscripción y la no entrega de la ayuda humanitaria, constituye una negación
indefinida que no requería prueba.
1.2.5.  Pruebas documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.2.5.1. Poder otorgado al Dr. Rober del Cristo Mier
Martínez, CC. 18.857.352 de San Benito Abad Sucre, tarjeta profesional 189.408,
para obrar en nombre y representación de los accionantes (Folios 7-8, cuaderno
No. 2).
1.2.5.2. Copia de la sentencia de 16 de noviembre de 2012 del
Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre: “Juan Carlos Feria Cabrera y
otros contra la Unidad Nacional para la
Atención y Prevención del Riesgo de Desastres” (Folios 9- 16, Cuaderno No. 2).
1.2.5.3. Copia de la sentencia de 12 de julio de 2012 del
Juzgado Promiscuo de Familia de Sucre, Sucre: “José de Jesús Rodelo Pérez y otros
contra Colombia humanitaria” (Folios17- 25, Cuaderno No. 2).
1.2.5.4. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante y demás
personas en cuyo favor se interpone la acción (Folios 26, 29, 32, 35, 38, 41,
44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74,  Cuaderno No. 2)
1.2.5.5. Copia de la tirilla de registro único de damnificados
por la emergencia invernal- REUNIDOS- del accionante y demás personas en cuyo
favor se interpone la acción (Folios 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54,
58, 63, 67, 69, 73, 75, Cuaderno 2)
·
La tirilla del señor
Antonio José Goez aparece firmada por Cristina Hernández.
·
La tirilla de la
señora Adarledys del Carmen Benítez no aparece firmada por ella.
1.2.5.6. Copia de la imagen electrónica del certificado del
SISBEN de los señores: (i) Antonio José Goez; (ii) Jaime Rafael Ortega; Juan de
Dios Romero; (iii) Manuel Antonio Pérez; (iv) Edinson Manuel Salcedo; (v)
Manuel Acosta Mejía; (vi) Oliver Manuel Acosta; (vii) Flor Díaz Zambrano;
(viii)  Ángel Gil García; Rafal Gómez Suárez; (ix) Betty Sierra; (x) Isabel
Mejía; (xi) Concepción Montes; (xii) Adarledys Benítez; Valdiris Zúñiga (Folios
28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 57, 61, 64, 66, 70, 72, 76, Cuaderno
No. 2)
Copia del carnet Sisben de: Regina Narváez de montes;
anastasia Guevara.
1.2.5.7. Copia del oficio 3353 de fecha 24 de diciembre de
2012, por el cual el Director Nacional de la
Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres contesta la presente acción
(Folio 83-106, cuaderno 2).
1.2.5.8. Copia del escrito de contestación radicado número
2012-00321-00, por medio del cual el señor Pedro Tomás Martelo Imbeth, en su
calidad de alcalde del municipio San Benito Abad, Sucre, contesta la acción.
(Folio 107-110, cuaderno 2).
1.2.5.9. Acta de audiencia, interrogatorios de la acción de
tutela, radicado número 2013-00019-01 declaración del señor Antonio José Goez
Morales (Folio 6-7, cuaderno No. 3).
1.2.5.10. Escrito con radicado número 2013-0000019-01, por medio
del cual el Dr. Julio Naizzir Ortega, en calidad de Coordinador del Comité
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, informa que por dificultades
económicas y logísticas el censo inicial enviado al Comité Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres no incluyó a todas las personas que resultaron
damnificadas. Adjunta “listado censo de familias afectadas por la ola invernal
San Benito Abad”. (Folio 8-21, cuaderno 3).
1.2.5.11. Carta de 13 de marzo de 2013, por medio de la cual
el señor José Nicolás Vega Lastre, en calidad de coordinador del Comité
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), delega al Dr. José
Nicolás Vega y la Dra. Yohana Payares Viñas en atención a la solicitud de
personal idóneo “para determinar los hechos referentes a la acción de tutela”,
hecha mediante oficio numero 096 radicación 2013-000008-01 del juzgado laboral
adjunto del circuito de Sincé (folio 22, cuaderno 3).
1.2.5.12. CD “Inundación San Benito”.
1.3.
EXPEDIENTES
T- 3.928.041 y T-3.928.042
1.3.1.  Solicitudes
1.3.1.1.  Expediente 3.928.041
Amarfiria del Carmen Pérez Acevedo, Rosa
Lía Anaya Vergara, Dominga Josefa Videz Cárdenas, Rafael Enrique Cárdenas
Tarra, Eder Manuel Benítez Pardo, Alfonso Carmelo Montes Acevedo, Gabriel
Segundo Pérez Acevedo, Farides Del Carmen Ramos Rodríguez, Ana Emilia Misal
Acevedo, Erlinda del Carmen Cárdenas Hernández, Ovasir De Jesús Cárdenas
Montes, Candelaria Sofía Cárdenas Ortega, Adolfo Manuel Gómez Canchila, Luz
Marina Cárdenas Cárdenas, Hernán Manuel Acevedo Cárdenas, Etilvia Rosa
Domínguez de Lambraño, Estefany Isabel Montes Montes, Ismael Enrique Olivera
Valeta, Jacquelin del Carmen Olivera Almanza, Yesica Palmina Olivera Almanza,
Verena Del Carmen Montes Gómez, Esther Inés Rodríguez Morales, Hernán Manuel
Acevedo Arcia, Josefa Del Carmen De Hoyos Morales, Atilano Manuel Rodríguez
Montes, José Domingo Cárdenas Hernández, Francisco Manuel Gómez Rodríguez,
Lubis Del Socorro Montes Montes, Liliana Isabel Montes Gaibao, Argelia Del
Carmen Cárdenas Hernández, Manuel Dagoberto Sandoval Silva, Lilibeth Tovar
Hoyos, José Manuel Cárdenas Cárdenas, Alfonso Carmelo Montes Martínez, José
Rafael Olivera Almanza, Anadys Del Carmen Cárdenas Montes, José Rafael Montes
Cárdenas, Leovigildo Manuel Cárdenas Viloria, Luz Daneris Meza Márquez, Ober
Manuel Cárdenas Cárdenas, Manuel Antonio Gómez Orozco,  Mary Isabel Acevedo
Cárdenas, Auri Ester Díaz De La Rosa, Liliana Isabel Oviedo Cárdenas, Hernando
Manuel Lambraño Cárdenas, Darío Rafael Cárdenas Hernández, Blanca Flor Montes
Acevedo, Sandy Vanesa Montes Montes, Atilano Manuel Rodríguez López, Alcides
Manuel Montes Guevara, Adonay De Jesús Acevedo Cárdenas, Elys María Lambraño
Hernández, Argelia María Jiménez Sierra, Néstor Rafael Jarava Álvarez, Jorge
Luis García Jiménez, María Benita Jiménez López, William José Alquerque Jiménez,
Virginia Matea Jiménez López, Nacira Luz Morelo Díaz, Luis Francisco Jiménez
Arrieta, Julio Antonio Jiménez González, Antonio José Morelo Jiménez, Rosmeri
Del Carmen Alquerque Jiménez, Martiris Isabel Jiménez Valerio, Nellys María
Jiménez Valerio, José Briceño Moreno Vergara, Yadith Del Carmen Morelo Sierra,
María Dominga Sierra Vergara, Estith Emiro Hoyos Zúñiga, Ubaldo Enrique Jiménez
Sierra, Rafael José Jiménez Jiménez, Lian Ibeth Jiménez López, Denilda Valerio
Martínez, Neido José Morelo Díaz, Luis Francisco Sierra Morelo, Carmen Julia
Jiménez Valerio, Edelaida Del Carmen Alquerque Jiménez, Julio Enrique Jiménez
Sierra, Julio José Álvarez Sierra, Omar De Jesús Morelo Barrios, María Del
Carmen Padilla Quintero, Luz Marina Morelo Sierra, Ana Isabel Jiménez Sierra,
María de la Encarnación Sierra Cardoso, Yadira Del Carmen Suárez Martínez,
Marcelina Isabel Jiménez Arrieta, Francisco José Jiménez Sierra, Carmen Julia
Jiménez Martínez, Javier de Jesús Gómez Cárdenas, Yanett Isabel Ortega Vergara,
Luz Mary Benítez Vergara, Hortencia Mercedes Baldovino Benítez, Carmen María
Oviedo Hoyos, Juan De La Cruz Oviedo Hoyos, Tomas Enrique Lara Campo, Richar
Yeison Hoyos Serrano, Elvira Rosa Hoyos Rodríguez, Anatividad Gómez De Hoyos,
Eudosio Manuel Gómez Jaraba, Maritza Esther Moreno De Garavito, Maciel Isabel
Cárdenas Moreno, Samuel Del Cristo Olivero Gómez, Ángel Miguel Gómez Cháves,
Ady Del Socorro Meléndez Cárdenas, Ana Isabel Cárdenas Rodríguez, Ena Isabel
Meléndez Cárdenas, Santos Orlando Hoyos Chávez, Eucaris María Rodríguez Hoyos,
Roberto Manuel Gómez Pardo, Ana Milena Luna Cárdenas y Juan Gregorio Correa
Correa,  a través del Dr. Rober del Cristo Mier Martínez, quien obra en nombre
propio y en representación de aquellos, solicitan que se tutelen sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso. En consecuencia, se ordene a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Fondo
Nacional de Calamidades, al Comité de Colombia Humanitaria y al Municipio de
San Benito Abad, Sucre, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de la presente acción de tutela, se ordene la inscripción de los accionantes en
el censo de damnificados y se proceda con los trámites necesarios para realizar
el pago de la ayuda humanitaria en aras de garantizar su derecho a la igualdad.
1.3.1.2.
Expediente
T.3.928.042
Los accionantes, Martina Raquel Rodríguez de Gazabón,
Concepción María Montes Narváez, Betty del Carmen Sierra Contreras, Luz Elena
Padilla Salcedo, Ana Rita Cadrazco Pérez, Martha Isabel Castro Guerra, Ramón
Jiménez Herazo, Juan Daniel León Mier, Ileana Isabel Salcedo Sarmiento,
Mardionis Macareno Meza, Margarita Isabel Contreras Benavides, Eva Enith
Estrada Mercado, Yarlenis Yaneth Correa Martínez, Yaneth del Cristo Ortega
Bernal, Luz Elena Acosta García, Abrahán Daniel Bello Martínez, Elis Mercedes
Rivera Rodríguez, Herminia Rosa Osorio Noriega, Teotista del Carmen Canabal
Díaz, Luis Antonio Pacheco Benítez, Pamela Marcela Ozuna Amaya, Niny Johana
Goez Salcedo, Candelaria Del Socorro Medina Gutiérrez, Nando José Oviedo Misal,
María Catalina Vergara Ortega, José Luciano Méndez Morales, Berselia Isabel
Amaya Yépez, Francisco De Asís Benítez Álvarez, Dilia Toro Hernández, Alejandro
Antonio Baldovino Aguas, Candelaria Suárez Narváez, Alicia Isabel León
Rodríguez, María De Las Mercedes Aguas Rodríguez, Silvia Eugenia Mario Puentes,
Nelson Del Cristo Videz Rivera, Carmen Eneida Goez Acevedo, Maris Del Carmen
Pardo Fuentes, Carmen María Méndez Tamara, Martha María Salcedo Acevedo, María
Dallis Acevedo Meneses, María Bernarda León Sierra, Wilinton Antonio Baranoa
Romero, Ana Cenaida Sierra De León, María Magdalena Bohórquez Rivera, Luis
Esteban Pérez Garavito, María Auxiliadora Genes Simanca, Licet De Las Mercedes
Mercado Suárez, Mary Luz Navarro Castillo, María Isabel Pérez Acevedo, Irma
Regina Acevedo Ortega, Blanca Isabel Ortiz Álvarez, Orlinda del Carmen Acevedo
Pérez, Rosa Isabel Palencia Martínez, José Rafael Blanquiceth Álvarez, Marledis
Del Cristo Cárdenas, Eloy Manuel Bustamante Ospino Ledis María Pérez Acevedo,
María Del Carmen Acevedo Casilla, Dimas Manuel Álvarez Viloria, Ramón Alberto
Urueta Jiménez, Fernando De Jesús Romero Sánchez, José Isabel Cárdenas Guevara,
Mayibe Del Cristo Palacios Pérez, Lenis Del Carmen Hernández Ramos, Carmen
Julia Martínez Rivera, Juan Francisco Guevara Álvarez, Elisenia Del Carmen
Baldovino Hernández, Norma Del Cristo Lozano De Mario, Yaneth Patricia Mendoza
Núñez, Obeida María Tovar Álvarez, Gertrudis Del Carmen Rivera Martínez,
Margarita Isabel Bello Gutiérrez, Margelio Rafael Benava Álvarez (No Aparecen
Pruebas), Marcelino Rafael Benavides Acosta, Francisco Guillermo Guevara
Álvarez, Delia Isabel Guarin Guerra, Efraín Reyes Villalba Merlano, Heriberta
Marceliana Pérez Quiroz, Magalis Del Carmen Benítez León, Sixta Tulia León De
Benítez, Diana María Muslaco Pérez, Bertha Cecilia Álvarez Atencia, Fátima
María Cárdenas Lambraño, Amparo De Jesús Zambrano Mejía, Sabas Miguel Muslaco
Floréz, Elvia Rosa Baldovino Hernández, Viluz Del Carmen Salgado Bustamante,
Marína Isabel Mercado Baldovino, Amada Enriqueta Baldovino Cárdenas, Roseil Del
Cristo González Acevedo, Candelaria Del Carmen Castro Contreras, Marlene Del
Carmen Benítez León, Yerson Andrés Rodríguez Pérez, Blanca Ibeth Atencia
Solano, Griselda Isabel Aguas Pérez, Luisa Margarita Martínez Ortega, Delcy
María Videz Lambraño, Luz María Hernández Pérez, Consuelo Raquel Villareal
Ortega, Martha Isabel Martines Cardrazco, Ana Cecilia Osorio Acevedo, Ana
Jerónima León Mier, José Manuel Guillin Correa, Grey Isabel Díaz Sierra, María
Estebana Meneses Cárdenas, Gustavo Roger Mercado Calles, Ruth Mary Gamarra
Buelvas, Martiniano Medina Gutiérrez, Anadith Anaya Orosco, María Villareal
Garavito, Ingrid del Carmen Atencia Atencia, Norela Méndez Barrios, Yesenia del
Carmen González Aguas, Leonor Baldovino Vergara,  Aydee Blanco Pérez, Maynolis
Mildred Mier Benites, Ana Estrada Mercado, María Victoria Atencia Amaya, Rosa
Isela Meza Salcedo, Agustín Romero Castro, Luz María Jiménez Anaya, Nohelia
Caldera Garavito, Yamidis Tereza Caldera Gutiérrez, Kenin Rosa Gil Tarras,
Víctor Cadrazco Rodríguez, Bety Hernández Hernández, Irene Acevedo Castillo,
Flor María Hernández Chávez, Ramón Baldovino Vergara, Dimas Álvarez Contreras,
Ana Delia Blanquiceth Rodríguez, Sindy Sotelo Martínez, Leidis Márquez
Cárdenas, Juan Díaz Corpas, Esther Pereira Vitola, Ana Milena Palencia Ortega,
Dioselina Arrieta Barrios, Kirina de la
Ossa Arrieta, Mariela Arrieta Rodríguez, Damaris Del Carmen Guerra Pérez,
Anatarrifa Luna, Anan Karina Arrieta Palencia, Alberto Antonio Baldovino Aguas,
Pablo Rivera Barreto, Candida Rodríguez Álvarez, Candelaria Quintero Atencia,
Elmer Luis Tovar Hoyos, Adalberto Castro Atencia, Luis Ruiz Maure, Angélica
María Tovar Baldovino, Cecilia Veilla Núñez, Gladys María Vergara Correa,
Eloina Mercado De Vergara, Carmen Palacio Martínez, Marlenyz Contreras Contreras,
Emilce Canaval Díaz, Etilma Isabel Vergara Mendoza, Naudith Navarro Acevedo,
Ana Edith Castro Martínez, Francisco Pérez Román, Isabel María Mejía Oviedo, José
Jaraba Blanco, Mara Farrayans Ortega, Sofía Martínez Cochero, María Cochero
Arrieta, Delis María Ortega Lora, Diana Esther Alda Pérez, Viviana Velilla Núñez,
Bernardo Benítez Bracamontes, Elena Tarrifa Martínez, Mariela Feria Pérez,
Eulogia Estrada Mercado, Ana Margarita Rodríguez Bracamontes, Elvira Vergara
Balmaceda, Pedro Mercado Borja, Marciano Borja De Mercado, Edgar Rodríguez Méndez,
Eidis Paola López Arrieta, Luis Miguel Pineda Madera, Francisco Díaz Zabaleta,
Lina Tovar Zabaleta, Luz Tovar Zabaleta, Ever Arrieta Zabaleta, Ana Luz Galván
Romero, Marbe Luz Aguas Portala, Manuel Prasca Meléndez, Janeth Garrido
Carcamo, Sindy Pineda Prasca, Amado Salcedo Domínguez, Víctor José Aguas
Lozano, Destalona Chiquillo Álvarez, Ludis Victoria Aguas Pórtala, Rosa María
Esquivel Atencia, Margarita Galván Romero, Luis Herrera Pineda, Clareth Aguas
Portala, Servio Lastre Garrido, Eduar José Meléndez Monroy, Luis Enrique Pineda
Olivero, Nuvia Pinedo Olivero, Delsi Gamarra Díaz, Carmela Iglesias Arnache,
Juan Alberto Herrera Medina, Sindy Paola Ramírez Atencia, José Rafael Padilla
Mercado, José Gabriel Padilla Herrera, Alba Padilla Mercado, Oswaldo Contreras
Gamarra, Miguel Morales Díaz, Felipe Rodríguez Severiche, Marcial Galván
Romero, Adela Blanquiceth Rangel, María Isabel Mejía Ortega, Yamil Rafael
Atencia, Elina Sala Jaraba, Tobías Rafael Romero Suárez, Manuel Noriega Romero,
Yolanda Aguas Pinzón, Gabriel Marchena Zabaleta, María Elena Hernández Cardozo,
Bolívar José Romero Ramírez, Jorge Luis Díaz Garrido, Carmen Arrieta Guarin,
Edgar Maestre Alvis, Ana Prasca De Zabaleta, Yennis Zabaleta Prasca, Idailda
Contreras Benítez, Luz Enith Campo Gamarra, Luz Elena Gamarra Díaz , Eligia
Galván Arrieta, Inés María Prasca Meléndez, Luz Elena Gamarra Díaz, Juan Carlos
Acosta Robles, Luis Arturo Rodríguez Acosta, Wilson Manuel Benavides Acosta, Iván
de Jesús Ortega Moron, José Luis Medina Gutiérrez, Arnedo Ramírez Caldera, Luis
Vargas Acevedo, Luz Mary Rivera Martínez, Ana Cecilia Hernández Guevara, Ana
Elvira Guevara Álvarez, Gustavo Díaz Simancas, Margarita Imbeth Sierra, José
Miguel Ortega Román, Pedro Antonio Vergara Ortega, Juan Hernández García, Diana
Gazabon Agamez, José Gil Ramírez Caldera, Miller Medina Villareal, |Porfiria
Elena Villamizar Garay, Julieth Turizo Vides, Luseny Rodríguez Rivera, Mónica
Ortega Barreto, Lupercio Rafael Acosta Mier, Luis del Cristo Cárdenas Chávez,
Candida Rosa Barreto Pérez, Esteban Vergara Pérez, Juan Daniel León Rodríguez,
Ana Patricia Anaya Bello, María Del Socorro Álvarez Ortega, Adolfo Del Cristo Díaz
León, Erotida Cadasco Arroyo, Pablo Acevedo Díaz, Reinalda Arrieta Atencia,
Francisco Contreras Narváez, Yohelis Florez Machaco, Simon Olmos Goez, María Concepción
Tovio Salgado, Andrés Villalba Merlano, Felipe De La
Ossa Pupo, Marcial Antonio Pérez Rivera, Pedro Nel Canaval Barreto, Benito
Segundo Mier Rivera, Alcira Del Carmen Díaz Arroyo, Mercedes Hernández Castro,
Luz Mary Villalba Merlano, Manuel Antonio Caldera Domínguez, Beatriz Antonia
Benítez Galván, Adelina Adelaida Pérez Álvarez, José Francisco Garavito
Puentes, Berta Mercado Ortega, Elia Villalba De Guevara, Elina Castro Ramos,
Julio Rodríguez De La Ossa, Rosalva Martínez Rivera, Rafael Benítez Atencia,
Alejandro Garavito Rodríguez, Zaida Luz Villareal Garavito, Julio Cesar Díaz
Madrid, Alberto Quintero Contreras, Arnolfa Acevedo De Gómez, Alfonsina Acevedo
Díaz, Inés María Cardozo Cardozo, Alexis Rafael Hernández Aldana, Oswaldo Anaya
Estrada, Tercero Angulo Pérez, Evaristo Aguas Guzmán, Malfi Villadiego Barreto,
María Rivera Álvarez, Luis Alejandro Ortega Suárez, Fanny Hoyos Zambrano,
Alberto Rodríguez Acosta, Virginia Guerrero Pérez, Yasiris Hernández Gil,
Pastora Tarrifa Mercado, Luzmila Solórzano Urino, Julio Alfredo Hernández Gómez,
José Rafael Tarrifa Martínez,  Germania Atencia Solano, Orlydis Díaz Pérez,
Eudelis Cruz Sfeir, Margelis Jiménez Muñoz, Narcisa Puentes Mario, María
Teodora Canchila De Hoyos, Isabel Cristina Salcedo Sarmiento, Candelaria del carmen
Castillo Mercado, Calixto Manuel Bohórquez Vergara, Dorys Ospino Álvarez, Mary
Mercedes Merlano Martelo, Jorge Rivera Meneses, Aseneth Tovar Hernández,
Octaviano Torres Villareal, Heraldos Narváez Rodríguez, Andrea Guerra
Benavides, Miguel Darío Díaz Álvarez, María Del Socorro Mercado Salcedo, Julia
Marleny Mier Mercado, Jesús Del Cristo Mier Rivera, Arelys del Rocío Rodríguez
de La Ossa, Tarcicio David Vergara Contreras, Marcial García Pineda, Ana Elena
Cárdenas Rodríguez, Lucelis Martínez Blanquicet, Hugo Alfredo Mier Rivera,
Pedro Rivera Ortega, José Benito Mier Ortega, María Isela Díaz Flores, Bertilda
Rodríguez López, Ideth Pérez Lambraño, Yenys del Carmen Pérez Vides, Katiris
Beth Barreto Bohórquez, Elizabeth Rodríguez de La
Ossa, Candelaria Videz Galván, Audila Del Cristo Videz Galván, Julio Cesar
Montes Olivero, Ana Mercedes Jarava Gaibao, Antonio Carlos Mier Barreto, José
David Rodríguez Castillo, Norma María de la
Ossa de Rodríguez, Bleidys Mier Caldera, Ana Yansi Mier Caldera, Diana María
Cruz Cadrazco, Olfa Monste Villadiego, Elena Mercado Salcedo, Cristo Mercado
Salcedo, Lenis María Díaz León, Jessica Buelvas Díaz, Fernando Rodríguez Álvarez,
Elkin David Goez Chávez, María De Los Santos Ortega Torres, Aída Raquel Fuentes
Pérez, Leyda Hernández Ortega, Everlides León Aguilar, Ana Manuela Mercado
Benavides, Ángela María Contreras De Sierra, Luciris Mediana Tarrifa, Marnolia Benítez
Caldera, Hernando Martínez Montes de Occa, Domingo Pérez Payares, Dorys Acevedo
Ortega, Nidian Arrieta Pacheco, Consuelo Del Cristo Orozco Canchila, Candelaria
García Caldera, Mabis Pardo Fuentes, Orman Villegas Suárez, Elsy Vides De Núñez,
Sandra Milena Ortega Mosquera, María Barrios García, Miriam Pérez Payares,
Berena Patricia Sotelo Solórzano, Carmen Angulo Benavides, Rafael Enrique Núñez
Pérez y Margarita del Carmen Pineda de Mercado (no aportan ninguna prueba), a
través del Doctor Rober del Cristo Mier Martínez, quien obra en nombre propio y
en representación de aquellos, solicitan que se tutelen sus derechos
fundamentales a la igualdad, mínimo vital, vida digna y debido proceso. En
consecuencia, se ordene a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Fondo Nacional de Calamidades, al
Comité de Colombia Humanitaria y al municipio de San Benito Abad, Sucre, que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente acción de
tutela, se ordene la inscripción de los accionantes en el censo de damnificados
y se proceda con los trámites necesarios para realizar el pago de la ayuda
humanitaria en aras a garantizar su derecho a la igualdad y al debido proceso.
Fundamentan su pretensión en los siguientes hechos:
1.3.2.  Hechos y argumentos de derecho de los
Expedientes T-3.928.041 y T-3.928.042
1.3.2.1. Manifiestan los accionantes que por
pronunciamiento del Presidente de la
Republica se otorgó un subsidio económico a “cada una de las familias
colombianas ubicadas en las zonas más afectadas por el fenómeno de las
inundaciones”.
1.3.2.2. Agregan que la referida manifestación
presidencial se concretó en la circular de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fechada el 15
de diciembre de 2011, según la cual tendrían acceso a la ayuda humanitaria “la
familia residente en la unidad de vivienda afectada al interior de la misma al
momento del evento, que ha sufrido daño directo en el inmueble o muebles del
mismo ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada
de lluvias, en el periodo comprendido entre el  1 de septiembre y el 10 de
diciembre del 2011”. Saliendo favorecido con dicho subsidio el
municipio de San Benito Abad, Sucre, ya que por su ubicación geográfica resultó
ser uno de los más afectados por el fenómeno hidrometereológico del año 2011.
1.3.2.3. Aducen que en el municipio en mención se
configuró un “carrusel de inscripciones”, pues el censo fue adelantado
por funcionarios de la Alcaldía Municipal, quienes a su juicio “hicieron
negocio con dichas inscripciones ya que a todos los miembros de su familia los
inscribieron y a personas de afuera cobrándoles un porcentaje de dinero”.
1.3.2.4. Por lo anterior, consideran que han
sido vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
ya que se incluyó dentro del censo que permitía acceder a la ayuda humanitaria
a personas que no sufrieron con la ola invernal, excluyendo a quienes fueron
verdaderamente afectados, como ellos, que “son personas conocidas, nacidas,
criadas y residentes en éste municipio”, según se prueba con la ficha SISBEN de
todos ellos.
1.3.3.  Traslado y contestación de la demanda.
Similitud en ambos expedientes T-3.928.041 y T-3.928.042
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre, mediante auto del día
dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), resolvió admitir la acción
de tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y al alcalde municipal
de San Benito Abad, Dr. Pedro Tomás Martelo Imbeth, la admisión de la acción de
tutela. Igualmente ordenó que dichos entes rindieran un informe claro, completo
y detallado sobre los hechos y circunstancias que motivaron la acción,
indicando específicamente el estado de la situación concreta de los
accionantes, en el término perentorio de 2 días.
1.3.3.1.
El Dr. Segundo
Eliécer Arguello Angulo, en calidad de delegado del director general de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, mediante oficio 3350 de 24 de
diciembre de 2012, contestó la acción de referencia y se opuso a las
pretensiones elevadas por la accionante. Al respecto indicó:
“…el anuncio hecho por el presidente
de la republica concerniente a la ayuda económica solicitada se concretó en la
resolución 074 de 2011 modificada por la resolución 002 de 2012, las mismas que
establecieron que la mencionada ayuda sería hasta de $1.500.000. Agrega que
dicha ayuda estaba dirigida a “cada damnificado directo por los eventos
hidrometeorológicos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2011 que aparecieran en el registro emitido por los comités locales y
regionales de prevención y atención de emergencias”.
Eran los CLOPAD de cada municipio
afectado quienes se encargaban de realizar la “planilla de apoyo económico” y
posteriormente reportarla a la Unidad para Atención de Riesgos de Desastre, máximo
hasta el 30 de enero de 2012 (resolución 02 de 29012). Sin embargo, los
accionantes aportan como prueba su tirilla de REUNIDOS, desconociendo que la
misma los certifica como damnificados de la primera ola invernal, mientras que
la ayuda económica se otorgaba a los damnificados de la segunda ola invernal,
lo cual se certifica con el registro en el CLOPAD.
Existe confusión en los argumentos de la
parte actora pues la ayuda humanitaria que solicita fue prevista para “el
periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, no
como se pretende ver, pues el fenómeno de la niña se presentó en otro periodo
(primera ola invernal, año 2010 primer semestre de 2011). De manera que al no
cumplirse con los requisitos de la resolución 074 de 2011, se torna
improcedente el amparo solicitado.
Formula como excepciones: 1.improcedencia
de la acción por versar sobre una pretensión de contenido económico, lo cual
debe presentarse a través de acción de reparación directa, de manera que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela; 2. falta de
legitimación en causa por pasiva, pues no hay un nexo causal entre los hechos
alegados por el accionante y las competencias de la entidad que representa; 3.
No cumplirse el requisito de inmediatez de la acción por haber transcurrido mas
de 11 meses desde el plazo limite para enviar la información por parte del
consejo municipal de gestión del riesgo hasta la interposición de la acción, lo
que a su juicio  no es un plazo razonable. 4. ausencia de un daño irreparable,
grave e inminente, que considera desvirtuado por la demora para interponer la
acción, lo que además considera constituye un hecho superado.
Solicita la nulidad del proceso por falta
de competencia del juez de conocimiento al ser la unidad nacional para la
gestión del riesgo de desastres un ente de orden nacional, por lo que, en
virtud del decreto 1382 de 2000, la acción debió ser de conocimiento de un juez
de circuito en primera instancia”.
1.3.3.2. Por su parte, el Doctor Pedro Tomás Martelo Imbeth, en
calidad de Alcalde del Municipio de San Benito Abad, se opuso a las
pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:
1.3.3.2.1.
Las ayudas fueron
manejadas por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, por lo tanto no hay responsabilidad de parte
del municipio.
1.3.3.2.2.
Manifiesta que en
el municipio resultaron afectadas cinco mil cuatrocientas sesenta y cinco
familias (5.465) y tan solo se asignaron dos mil cuarenta y seis (2.046)
subsidios, por lo que se entiende que no recibieron ayuda más de la mitad de
las personas afectados y censadas, según la base que maneja la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a través de la
Red Unidos, sin embargo, la pretendida ayuda estaba dirigida a  los afectados
según el censo reportado por el CLOPAD.
1.3.3.2.3.
Finalmente,
considera que para alegar la vulneración del derecho a la igualdad es necesario
demostrar que los accionantes se encontraban en igual situación a aquellas
personas a las cuales se les reconoció la ayuda humanitaria.
1.3.3.3. Por su parte, en lo concerniente a los hechos del
expediente 3.928.042 el Dr. Pedro Tomás Martelo Imbeth, en calidad de alcalde
del municipio de San Benito Abad, no se pronuncio durante el término de
traslado de la acción.
1.3.4.   Decisiones judiciales- Similitud en
ambos expedientes
T-3.928.041 y T-3.928.042
1.3.4.1.  Sentencia de primera instancia- Juzgado
Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre.
En sentencia del 22 de enero de 2013, el
juez de instancia declaró la improcedencia de la acción de tutela al
considerar que no se demostró la vulneración del derecho a la igualdad, “toda
vez que en el plenario no han sido arrimados los elementos probatorios
necesarios que permitan evaluar las circunstancias de hecho y de derecho del
actor respecto de otras personas, que estando en idénticas circunstancias a las
de él, la administración les haya dado un trato diferente”. Aunado a ello
consideró que las pruebas allegadas no demuestran la condición de damnificados
de la segunda ola invernal y menos aun los perjuicios sufridos.
1.3.4.2. Impugnación.
Mediante escrito con radicado número 2012-00320 y
2012-00319-00 respectivamente, el Doctor Rober Mier Martínez, como apoderado
judicial de los tutelantes, impugnó de decisión de primera instancia, omitiendo
argumentación.
1.3.4.3. Segunda Instancia. Juzgado
Laboral Adjunto al Promiscuo del   Circuito de Sincé, Sucre
Mediante sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil
trece (2013), el Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre revocó el fallo del a-quo y en su lugar concedió el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso de quienes no han sido
inscritos en el censo del CLOPAD, y el derecho a la vivienda digna de quienes
fueron inscritos pero no han recibido la ayuda humanitaria. En consecuencia,
ordenó a la Alcaldía del Municipio de San Benito Abad que procediera hacer la
inscripción en el censo respectivo de los accionantes con vocación para recibir
la ayuda según la resolución 074 de 2011, y coordinara con la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el pago de la
respectiva ayuda, teniendo en cuenta el régimen excepcional de prorroga para el
caso.
Argumentó que el fenómeno de lluvias ocurrido entre el
1° de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 constituyó un hecho notorio,
razón por la cual  consideró que se debía presumir la condición de
vulnerabilidad de los accionantes. Además, el plazo para la recepción de
información de que disponían los CLOPAD no se ajustó a lo dispuesto por la
jurisprudencia en cuanto a la entrega de ayudas humanitarias de emergencia, por
lo cual es necesario ordenar la prorroga con el fin de proteger los derechos de
los accionantes.
Por ultimo, a su juicio los registros del SISBEN
sirven de apoyo para deducir el lugar de habitación de los accionantes, sin
desconocer la posibilidad de verificarlo por otros medios de prueba.
1.3.5.  Pruebas documentales Expediente T-3.928.041
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.3.5.1.
Poder otorgado al Doctor
Rober del Cristo Mier Martínez, CC. 18.857.352 de San Benito Abad Sucre,
tarjeta profesional 189.408, para obrar en nombre y representación de los
accionantes (Folios 10-20, Cuaderno No.3)
1.3.5.2. Copia de la sentencia de 16 de noviembre de 2012 del
Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre: “Juan Carlos Feria Cabrera y
otros contra la Unidad Nacional para la
Atención y Prevención del Riesgo de Desastres” (Folios 21-28, Cuaderno No.3)
1.3.5.3. Copia de la sentencia de 12 de julio de 2012 del
Juzgado Promiscuo de Familia de Sucre, Sucre: “José de Jesús Rodelo Pérez y otros
contra Colombia humanitaria” (Folios 29-37, Cuaderno No. 3)
1.3.5.4. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante y
demás personas en cuyo favor se interpone la acción (Folios 38, 41, 44, 47, 50,
53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 104, 107, 110,
113, 116, 119, 122, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161,
164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 206, 209,
212, 215, 218, 220, 222, 225, cuaderno 3; Folios 228, 231, 233, 236, 239, 242,
244, 247, 250, 253, 256, 259, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288,
291,294, 297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 327, 330, 333, 336,
339, 342, 345, 348, 351, 354, 357, 360, 363, 366, 369, 372, Cuaderno No. 4)
1.3.5.5. Copia de la tirilla de registro único de damnificados
por la emergencia invernal- REUNIDOS- del accionante y demás personas en cuyo
favor se interpone la acción (Folios 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72,
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123,
126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 157, 159, 162, 165, 168, 171,
174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219,
223, 226, Cuaderno 3; Folios 230, 234, 237, 240, 243, 245, 248, 251, 254, 257,
260, 262, 265, 268, 271, 274, 277, 280, 283, 286, 289, 292, 295, 298, 301, 304,
307, 310, 313, 316, 319, 322, 325, 328, 331, 334, 337, 340, 343, 347, 349, 352,
355, 358, 361, 365, 367, 370, 373, cuaderno No.4)
·
El Sr. Rafael Enrique
Cárdenas Tarra manifiesta no firmar.
·
El Sr. Alfonso
Carmelo Montes Acevedo manifiesta no firmar.
·
La Sra. Luz Marina Cárdenas Cárdenas manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Etilvia Rosa Domínguez de Lambraño manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Esther Inés Rodríguez Morales manifiesta no
firmar.
·
La Sra. María Benita Jiménez López manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Blanca Flor Montes Acevedo manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Virginia Matea Jiménez López manifiesta no
firmar.
·
El Sr. Hernán Manuel
Acevedo Arcia manifiesta no firmar.
·
El Sr. Manuel
Dagoberto Sandoval Silva manifiesta no firmar.
·
El Sr. José Manuel
Cárdenas Cárdenas manifiesta no firmar.
·
El Sr. Alfonso
Carmelo Montes Martínez manifiesta no firmar.
·
El Sr. Hernando
Manuel Lambraño Cárdenas manifiesta no firmar.
·
El Sr. Atilano Manuel
Rodríguez López manifiesta no firmar.
·
El Sr. Luis Francisco
Jiménez Arrieta manifiesta no firmar.
·
El Sr. Luis Francisco
Sierra Morelo manifiesta no firmar.
·
El Sr. Julio Enrique
Jiménez Sierra manifiesta no firmar.
·
El Sr. Eudosio Manuel
Gómez Jaraba manifiesta no firmar.
·
El Sr. Ángel Miguel
Gómez Cháves manifiesta no firmar.
·
La Sra. Elys María Lambraño Hernández manifiesta no
firmar.
·
La Sra. María Dominga Sierra Vergara manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Denilda Valerio Martínez manifiesta no firmar.
·
La Sra. Edelaida del Carmen Alquerque Jiménez manifiesta
no firmar.
·
La Sra. Ana Isabel Jiménez Sierra manifiesta no
firmar.
·
La Sra. María de la
Encarnación Sierra Cardoso manifiesta no firmar.
·
La Sra. Yadira del Carmen Suárez Martínez manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Marcelina Isabel Jiménez Arrieta manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Elvira Rosa Hoyos Rodríguez manifiesta no
firmar.
·
La Sra. Ana Isabel Cárdenas Rodríguez manifiesta no
firmar.
·
La tirilla del Sr.
Hernán Manuel Acevedo Cárdenas aparece firmada por Diana Acevedo.
·
La tirilla de la
Sra. Estefany Isabel Montes Montes aparece firmada por Lubis del Socorro
Montes.
·
La tirilla del Sr.
Alcides Manuel Montes Guevara aparece firmada por Alubis Montes.
·
La tirilla de la
Sra. Luz Mary Benítez Mendoza no parece firmada por ella.
·
La tirilla del Sr.
Richar Yeison Hoyos Serrano no parece firmada por el.
·
La tirilla del Sr.
Roberto Manuel Gómez Pardo aparece firmada por Lorena Gómez Hoyos.
·
La tirilla del Sr.
Juan Gregorio Correa Correa aparece firmada por Lesni Martínez Baleta.
·
El Sr. Julio Antonio
Jiménez González no aporta tirilla de REUNIDOS.
1.3.5.6. Copia de la imagen electrónica del certificado del
SISBEN (Folios 40, 42, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85,
88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133,
136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 156, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181,
184, 187, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 221, 224, 227
cuaderno 3; Folios 230, 323, 235, 238, 241, 246, 249, 252, 255, 258, 263, 266,
269, 272, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 299, 302, 305, 308, 311, 314,
317, 320, 323, 326, 329, 332, 335, 338, 341, 344, 346, 350, 353, 356, 359, 362,
364, 368, 371, 374, cuaderno No. 4)
·
El Sr. Luis Francisco
Jiménez Arrieta no aporta certificado de SISBEN.
·
El Sr. Estith Emiro
Hoyos Zúñiga no aporta certificado de SISBEN.
·
El Sr. Neido José
Morelo Díaz no aporta certificado de SISBEN.
·
La Sra. Lilibeth Tovar Hoyos adjunta un certificado a
nombre del Sr. Eder Enrique Alemán Cárdenas.
·
La Sra. Auri Ester Díaz de la
Rosa adjunta un certificado a nombre del Sr. Jaider Manuel Alemán Cárdenas.
·
El Sr. Julio José
Álvarez Sierra
1.3.5.7. Copia del oficio 3350 de fecha 24 de
diciembre de 2012, por el cual el Dr. Segundo Eliécer Arguello Angulo en
calidad de delegado del director general de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contesta la presente
acción. (Folio 384-406, cuaderno No. 4).
1.3.5.8. Copia del escrito de contestación radicado número
2012-00320-00, por medio del cual el señor Pedro Tomás Martelo Imbeth, en su
calidad de alcalde del municipio San Benito Abad, Sucre, contesta la acción.
(Folio 407-410, cuaderno 4).
1.3.5.9. Acta de audiencia, interrogatorios de la
acción de tutela, radicado número 2013-00018-01 declaración del señor Adoney de
Jesús Acevedo Cárdenas. (Folio 6-7, cuaderno 2).
1.3.5.10. Escrito con radicado número
2013-0000018-01, por medio del cual el Doctor Julio Naizzir Ortega, en calidad
de coordinador del comité municipal para la gestión del riesgo de desastres,
informa que por dificultades económicas y logísticas el censo inicial enviado
al Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres no incluyó a todas
las personas que resultaron damnificadas. Adjunta “listado censo de familias
afectadas por la ola invernal San Benito Abad”. (Folio 8-11, cuaderno 2).
1.3.5.11. Carta de 13 de marzo de 2013, por medio de la cual el
señor José Nicolás Vega Lastre, en calidad de coordinador del Comité
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), delega al Dr. José
Nicolás Vega y la Dra. Yohana Payares Viñas en atención a la solicitud de
personal idóneo “para determinar los hechos referentes a la acción de tutela”,
hecha mediante oficio número 096 radicación 2013-000008-01 del juzgado laboral
adjunto del circuito de Sincé (folio 12, cuaderno 3).
1.3.5.12. CD “Inundación San Benito”.
1.3.6. Pruebas documentales Expediente T-3.928.042
1.3.6.1. Poder otorgado al Doctor Rober del Cristo Mier Martínez,
CC. 18.857.352 de San Benito Abad Sucre, tarjeta profesional 189.408, para
obrar en nombre y representación de los accionantes. (Folio 13-31, cuaderno No.2).
1.3.6.2. Copia de la sentencia de 16 de noviembre de 2012 del
Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre: “Juan Carlos Feria Cabrera y
otros contra la Unidad Nacional para la
Atención y Prevención del Riesgo de Desastres”. (Folio 32-39, cuaderno No.2).
1.3.6.3. Copia de la sentencia de 12 de julio de 2012 del
Juzgado Promiscuo de Familia de Sucre, Sucre: “José de Jesús Rodelo Pérez y
otros contra Colombia humanitaria” (Folio 40-48, cuaderno No.2).
1.3.6.4. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante y
demás personas en cuyo favor se interpone la acción  (Folios 49, 52, 55, 58,
61, 64, 67, 70, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 96, 97, 100, 102, 105, 108, 111, 114,
117, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143,146, 149, 152, 155, 158, 161,
164, 167, 170, 173, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 197, 200, 203, 206, 209,
212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 239, 342, 345, 248, 351, 254, 257,
260, 263, 266, 269, 272, 276, 278, 280, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303,
305, Cuaderno No. 2)
1.3.6.5. Copia de la tirilla de registro único de damnificados
por la emergencia invernal- REUNIDOS- del accionante y demás personas en cuyo
favor se interpone la acción (Folios 50, 53, 56, 60, 62, 65, 68, 72, 74, 77,
80, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 104, 107, 109, 112, 115, 120, 123, 126, 129, 132,
135, 138, 141, 144, 148, 151, 154, 156, 159, 163, 165, 168, 171, 178, 181, 184,
188, 190, 193, 198, 201, 204, 207, 211, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234,
237, 241, 243, 246, 249, 252, 256, 259, 261, 264, 267, 270, 2073, 277, 278,
280, 283, 287, 289, 293, 295, 298, 302, 304, 306, Cuaderno No. 2)
·   La tirilla de la
Sra. Martha Isabel Castro Guerra aparece firmada por Alfonso León.
·   La tirilla de la
Sra. Margarita Isabel Contreras Benavides aparece firmada por Sindy Jaraba.
·   La tirilla de la
Sra. Yarlenis Yaneth Correa Martínez aparece firmada por Gustavo Díaz Simanca.
·   La tirilla de la
Sra. Berselia Isabel Amaya Yépez aparece firmada por: Pedro M. La tirilla de la
Sra. María Dallis Acevedo Meneses aparece firmada por: Delmer Canabal.
·   La tirilla del Sr. Francisco de Asís
Benítez Álvarez aparece firmada por: Claudia Hernández.
·   La tirilla del Sr. Wilinton Antonio
Baranoa Romero aparece firmada por: Vilma Almanza Cadrazco
·   La tirilla del Sr. Dimas Manuel Álvarez
Viloria aparece firmada por: Diana Acevedo.
·    La Sra. Silvia Eugenia Mario Puentes manifiesta no firmar.
·    La Sra. Carmen Eneida Goez Acevedo manifiesta no firmar.
·    La Sra. Martha María Salcedo Acevedo manifiesta no firmar.
·    La Sra. Marledis del Cristo Cárdenas manifiesta no firmar.
·    La Sra. María del Carmen
Acevedo Casilla manifiesta no firmar.
·    La Sra. Heriberta
Marceliana Pérez Quiroz manifiesta no firmar.
·    La Sra. Bertha Cecilia
Álvarez Atencia manifiesta no firmar.
·    La Sra. Amparo de Jesús
Zambrano Mejia manifiesta no firmar.
·    La Sra. Gertrudis del
Carmen Rivera Martínez manifiesta no firmar.
·    La Sra. Amada Enriqueta
Baldovino Cárdenas manifiesta no firmar.
·    El Sr. Abrahán Daniel Bello Martínez
manifiesta no firmar.
·    El Sr. Fernando de Jesús Romero Sánchez
manifiesta no firmar.
·    El Sr. José Isabel Cárdenas Guevara
manifiesta no firmar.
·    El Sr. Juan Francisco Guevara Álvarez
manifiesta no firmar.
·    El Sr. Sabas Miguel Muslaco Floréz
manifiesta no firmar.
·    La Sra. Herminia Rosa Osorio Noriega no aporta tirilla.
·   La Sra. Ana Cenaida Sierra de León no aporta tirilla.
·   La Sra. Irma Regina Acevedo Ortega no aporta tirilla.
1.3.6.6. Copia de la imagen electrónica del certificado del
SISBEN del accionante y demás personas en cuyo favor se interpone la acción.
(Folios 51, 54, 57, 59, 63, 66, 69, 71, 75, 78, 81, 83, 87, 90, 93, 95, 99,
101, 103, 106, 110, 113, 116, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145,
147, 150, 153, 157, 160, 162, 166, 169, 172, 174, 179, 182, 185, 187, 191, 194,
196, 199, 202, 205, 208, 210, 214, 217, 220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 240,
244, 247, 250, 253, 255, 258, 262, 265, 268, 271, 274, 275, 279, 281, 284, 286,
290, 292, 296, 299, 301, 304, 307, Cuaderno 2)
a.    Nardo José Oviedo Misal no aporta
certificado.
b.    Heriberta Marceliana Pérez Quiroz no
aporta certificado.
c.     El certificado que aporta la
Sra. Blanca Isabel Ortiz Álvarez aparece a nombre de: José Rafael Pérez.
1.4    EXPEDIENTE T- 3.928.043
1.4.1. Solicitud
El señor Jorge Eliécer Anaya Hernández, a través de
apoderado judicial, solicita la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la dignidad humana y al debido proceso, los cuales considera
vulnerados por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y la
Alcaldía Municipal de San Benito Abad, Sucre, por no reconocerle y cancelarle
la ayuda humanitaria a la cual, según su juicio, tiene derecho por ser
damnificado directo de los fenómenos hidrometereológico del año 2011.
Fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:
1.4.2.  Hechos y argumentos de la acción
1.4.2.1. Manifiesta el accionante que la “Región de la
Mojana”, conformada, entre otros, por los municipios de San Benito Abad,
Sucre, Majagual, Guaranda, San Marcos, San Jacinto del Cauca, en el
departamento de Sucre; Nechi, en el departamento de Antioquia; Achi,
Montecristo y otros del departamento de Bolívar, resultaron afectados por la
segunda temporada de lluvias del año 2011, la cual ocasionó perdidas materiales
a los habitantes de la región.
1.4.2.2. Agrega que debido a estas afectaciones, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres “asignó
voluntariamente para cada núcleo familiar de los municipios de Sucre, Majagual,
Guaranda y Nechi, un auxilio económico de $1.500.000”. Mientras que “en
forma dolosa e injustificada” excluyeron a los municipios de San Benito
Abad, San Marcos, San Jacinto del Cauca, Achi, Montecristo “y demás municipios
del sur de Bolívar”.
1.4.2.3. Añade que las Alcaldías de los Municipios de Sucre,
Majagual, Guaranda y Nechi, nombraron a bachilleres y funcionarios de la
Alcaldía para realizar el censo de afectados, procedimiento en el cual “de
forma injustificada y dolosa censaron a unos y excluyeron a otros”. Debido
a esto, los afectados interpusieron acciones de tutela alegando la vulneración
de sus derechos a la igualdad, al debido proceso y  a la dignidad humana,
acciones que resultaron concedidas y por las cuales se obligó a la
UNGRD  a “cancelar el valor de dichas ayudas”.
1.4.2.4. Sostiene que no se explica porque no fue censado para
poder tener derecho a la ayuda económica pese a haber sido afectado por la ola
invernal del año 2011, “además de aparecer en el Registro Único de
Damnificados por la Emergencia Invernal 2011, y en el sisben municipal”,
por lo cual considera vulnerados los derechos aducidos.
1.4.2.5. Finalmente, considera que de no acogerse su
pretensión, se causaría un perjuicio irremediable, que puede desencadenar una
serie de desconfianza y resentimiento hacia las instituciones administrativas y
de control del Estado, al ver que el Estado colombiano, a algunos ciudadanos
les brindó la respectiva ayuda económica y a otros no.
1.4.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre, mediante auto del día
treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), resolvió admitir la acción de
tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y al alcalde municipal
de San Benito Abad, Dr. Pedro Tomás Martelo Imbeth, la admisión de la acción de
tutela.
Igualmente ordenó que dichos entes
rindieran un informe claro, completo y detallado sobre los hechos y
circunstancias que motivaron la acción, indicando específicamente el estado de
la situación concreta de los accionantes, en el término perentorio de 2 días.
1.4.3.1. El Doctor Segundo Eliécer Arguello Angulo, en calidad
de delegado del Director General de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, mediante del seis (06) de
diciembre de  dos mil doce (2012), contestó la acción de referencia y se opuso a
las pretensiones elevadas por la accionante. Al respecto indicó:
“…el anuncio hecho por el presidente
de la republica concerniente a la ayuda económica solicitada se concretó en la
resolución 074 de 2011 modificada por la resolución 002 de 2012, las mismas que
establecieron que la mencionada ayuda sería hasta de $1.500.000. Agrega que
dicha ayuda estaba dirigida a “cada damnificado directo por los eventos
hidrometeorológicos comprendidos entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2011 que aparecieran en el registro emitido por los comités locales y
regionales de prevención y atención de emergencias”.
Eran los CLOPAD de cada municipio
afectado quienes se encargaban de realizar la “planilla de apoyo económico” y
posteriormente reportarla a la Unidad para Atención de Riesgos de Desastre,
máximo hasta el 30 de enero de 2012 (resolución 02 de 29012). Sin embargo, los
accionantes aportan como prueba su tirilla de REUNIDOS, desconociendo que la
misma los certifica como damnificados de la primera ola invernal, mientras que
la ayuda económica se otorgaba a los damnificados de la segunda ola invernal,
lo cual se certifica con el registro en el CLOPAD.
Existe confusión en los argumentos de la
parte actora pues la ayuda humanitaria que solicita fue prevista para “el
periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, no
como se pretende ver, pues el fenómeno de la niña se presentó en otro periodo
(primera ola invernal, año 2010 primer semestre de 2011). De manera que al no
cumplirse con los requisitos de la resolución 074 de 2011, se torna
improcedente el amparo solicitado.
Formula como excepciones: 1.improcedencia
de la acción por versar sobre una pretensión de contenido económico, lo cual
debe presentarse a través de acción de reparación directa, de manera que no se
cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela; 2. falta de
legitimación en causa por pasiva, pues no hay un nexo causal entre los hechos
alegados por el accionante y las competencias de la entidad que representa; 3.
No cumplirse el requisito de inmediatez de la acción por haber transcurrido mas
de 11 meses desde el plazo limite para enviar la información por parte del
consejo municipal de gestión del riesgo hasta la interposición de la acción, lo
que a su juicio  no es un plazo razonable. 4. ausencia de un daño irreparable,
grave e inminente, que considera desvirtuado por la demora para interponer la
acción, lo que además considera constituye un hecho superado.
Solicita la nulidad del proceso por falta
de competencia del juez de conocimiento al ser la unidad nacional para la
gestión del riesgo de desastres un ente de orden nacional, por lo que, en
virtud del decreto 1382 de 2000, la acción debió ser de conocimiento de un juez
de circuito en primera instancia”.
1.4.3.2. Por su parte, el Doctor Pedro Tomás Martelo Imbeth, en
calidad de alcalde del municipio de San Benito Abad, se opuso a las
pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:
“Las ayudas fueron manejadas por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por lo tanto no hay
responsabilidad de parte del municipio.
En el municipio resultaron afectadas cinco
mil cuatrocientas sesenta y cinco familias (5.465) y tan solo se asignaron dos
mil cuarenta y seis (2.046) subsidios, por lo que se entiende que no recibieron
ayuda más de la mitad de las personas afectados y censadas, según la base que
maneja la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a través de la
Red Unidos, sin embargo, la pretendida ayuda estaba dirigida a  los afectados
según el censo reportado por el CLOPAD.
Para alegar la vulneración del derecho a
la igualdad es necesario demostrar que los accionantes se encontraban en igual
situación a aquellas personas a las cuales se les reconoció la ayuda humanitaria”.
1.4.4.  Decisiones judiciales
1.4.4.1. Sentencia de
primera instancia - Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre.
En sentencia del trece (13) de diciembre
de dos mil doce (2012), el juez de instancia declaró la improcedencia de la
acción de tutela al considerar que con las pruebas allegadas no se puede
establecer si en realidad se dio un trato diferencial al accionante, así como
tampoco se acreditó el cumplimiento de los requisitos de la resolución 074 de
2012 para la procedencia de la ayuda humanitaria.
Finalmente, aclaró que en procesos
anteriores sobre el mismo objeto, el despacho procedió a tutelar el derecho
fundamental al debido proceso, respecto de las personas que encontrándose
incluidas en el censo de damnificados no recibieron la ayuda económica acá
pretendida, sin embargo no se ordenó realizar pago alguno.
1.4.4.2. Impugnación.
Mediante escrito del veinte (20) de febrero de dos mil
trece (2013), la parte actora, procedió a impugnar la providencia, omitiendo
argumentación.
1.4.4.3. Sentencia de segunda instancia -
Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre.
En sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil trece
(2013), el Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre revocó
el fallo del a-quo y en su lugar concedió el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso de quienes no han sido inscritos en el censo
del CLOPAD, y el derecho a la vivienda digna de quienes fueron inscritos pero
no han recibido la ayuda humanitaria.
En consecuencia, le ordenó a la
Alcaldía del Municipio de San Benito Abad que procediera a realizar la
inscripción en el censo respectivo de los accionantes con vocación para recibir
la ayuda según la resolución 074 de 2011 y así mismo, coordinara con la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el pago de la
respectiva ayuda, teniendo en cuenta el régimen excepcional de prorroga para el
caso. Las consideraciones del despacho coinciden con las presentadas en el
expediente T- 3.928.041 y T-3.928.042, resuelto también el veinte (20) de marzo
del presente año, por ese mismo despacho.
1.4.5.  Pruebas Documentales
En el trámite de la acción de tutela, se
aportaron como pruebas las siguientes:
1.4.5.1. Poder otorgado al Doctor. Manuel Salvador Munive
Acuña, cc 9.194.381 de Sucre, Sucre, Tarjeta profesional No. 119.996 del H.
Consejo Superior de la Judicatura, para obrar en nombre y representación del accionante.
(Folio 6, cuaderno No. 3).
1.4.5.2. Copia de la tirilla de registro único de damnificados
por la emergencia invernal- REUNIDOS- del accionante. (Folio 8, cuaderno No.
3).
1.4.5.3. Copia de la imagen electrónica del certificado del
SISBEN. (Folio 9, cuaderno No. 3).
1.4.5.4. Copia del oficio 3290 del 06 de Diciembre de 2012,
por el cual la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres contesta la acción de tutela (Folio 21-43,
cuaderno No.3).
1.4.5.5. Copia de oficio de fecha 07 de noviembre de 2012, por
medio del cual la Alcaldía Municipal de San Benito Abad,  Sucre, contesta la
acción de tutela. (Folio 16-17, cuaderno No. 3).
1.4.5.6. Actas de audiencia, interrogatorios de la
acción de tutela, radicado número 2013-00007-01 declaración del Sr. Pedro
Claver Rivera Ortega; radicado número 2013-00008-01 declaración del Sr. José
Esteban Paternina; radicado numero 2013-00010-01 declaración del Sr. Daniel
Segundo Mier Barreto; y otros.  (Folio 57-78, cuaderno No. 2).
1.4.5.7. Escrito con radicado número 2013-0000019-01, por medio
del cual el Doctor Julio Naizzir Ortega, en calidad de coordinador del comité
municipal para la gestión del riesgo de desastres, informa que por dificultades
económicas y logísticas el censo inicial enviado al Comité Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres no incluyó a todas las personas que resultaron
damnificadas. Adjunta “listado censo de familias afectadas por la ola invernal
San Benito Abad”. (Folio 8-21, cuaderno No.3).
1.4.5.8. Carta de 13 de marzo de 2013, por medio de la cual
el señor José Nicolás Vega Lastre, en calidad de coordinador del Comité
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), delega al Dr. José
Nicolás Vega y la Dra. Yohana Payares Viñas en atención a la solicitud de
personal idóneo “para determinar los hechos referentes a la acción de tutela”,
hecha mediante oficio numero 096 radicación 2013-000008-01 del juzgado laboral
adjunto del circuito de Sincé (folio 22, cuaderno No.3).
1.5. EXPEDIENTE T-
3.928.044
1.5.1.  Solicitud.
Los señores José Esteban Paternina González, Maldiris
Del Carmen Méndez Silva, Ana Rosa González Aguas, Aníbal Manuel Sandoval,
Anastacio Del Cristo Méndez Navarro, Virgilio Pérez Arias, Juan Bautista Márquez
Núñez, Gleny Luz Ortega Cárdenas, Denys Del Carmen Pérez Suárez, Ángel Miguel Méndez
Márquez, Argelina Del Carmen Márquez Martínez, Omar del Cristo Pérez Mendoza,
Juan Bautista Paternina Rivera, Manuel del Cristo Mendoza Madarriaga, Jader
Luis Pérez Tirado, Luby Antonio Bustamante Domínguez, Ana Raquel Sandoval
Silva, Hermogenes Sandoval Silva,  Perfecto Manuel Mendis Navarro, Nicanor de Jesús
Mendoza Rivera, Osvaldo de Jesús Rivera Ávila, Castulo Miguel Ordóñez Romero,
Ever Del Cristo Pérez González, Damaris Luz Mendoza Rivera, José Nicanor
Mendoza De Hoyos, Teofilo Manuel Lara Viloria, Alberto Luis Silva Álvarez,
Orlando Manuel Pinto Márquez, Juan Bautista Pérez Sandoval, Edinson Manuel Méndez
Álvarez, Arcadio Manuel Paternina Pérez, Elida Rosa Quintero Vergara, José
Manuel Lambraño Alemán, Emiliano Antonio Falon Acevedo, Nelcy de Jesús Acevedo
Ramos, José Sabino Ramos Mercado, Guillermo Manuel Domínguez Tovar, Beatriz
Elena Núñez Meza, Ludys Del Socorro Estrada Pérez, Yenis Patricia Tovar
Estrada, Anuar de Jesús Guillin de Hoyos, Manuel Salvador Guillin Ospino, Fabián
Andrés Salgado Madera, Emiliano Antonio Falon Molina, Maury Antonio Tovar
Acosta, Madis Esther Rivera Rivera, Emilso José Lara Castro, Janer Luis Silva Méndez,
Alcibiades de Jesús Silva Sandoval, Carmen Alicia Méndez Silva, Luis Manuel Méndez
Márquez, Flor Gaibao Serpa, Facundo Manuel Sandoval Madera, Silvestre Manuel
Sandoval Madera, Santander Francisco Méndez Méndez, Miladys de Jesús Márquez
Meza, Freider José Sandoval Mórelo, Edwin Manuel Méndez Sandoval, Ferneli Del
Cristo Sandoval Contreras, Heriberto Manuel Ospino Agudelo, Julián Amado Méndez
Sandoval, Luis Manuel Tovar Márquez, Rosalía Isabel Meza Pérez, Luis Ramón
Acevedo Vanegas, Liliana Sofía Méndez Álvarez, Donaldo Antonio Sandoval Luna,
Pablo Enrique Palacio Sandoval, Mabel Isabel Meza Pérez, Daniel Enrique Tovar Martínez,
Julia María Sandoval De Hoyos, Robinson Enrique Méndez Sandoval, Julio Enrique Álvarez
Vergara, Marta Isabel Márquez Silva, Edilsa Rosa Cárdenas Guillin, Robinson de Jesús
Guillin Ospino, Icles Miguel Acevedo Martínez, Osvaldo Manuel Acevedo Ramos,
Jorge Luis Medrano Pinto, Daniel Francisco Fuentes Acosta, Adalberto Antonio
Castro Vergara, Juan Francisco Márquez Meza, Yaiseth Del Carmen Quintero Martínez,
Nicolás Quintero Hernández, Elice Marina Arenilla Salgado, Deibis del Cristo López
Romero, Adaut Cárdenas Rivera, Félix Enrique Romero Quintero, Nancy María
Romero Cárdenas, Netis del Carmen Salcedo Márquez, Emiliano Enrique Rivera Mendoza,
Zunilda María Romero Cárdenas, Nidys Patricia Rivera Salcedo, Waldimiro Rivera
Salcedo, Segundo Rafael Márquez Ávila, Nalfiry Del Carmen Rivera Salcedo, Inés María
Ávila Rivera, Rosalina Cáliz Márquez, Ana Francisca Rivera Quintero, Sandra
Patricia Márquez Méndez, Rafael Enrique Domínguez Lara, Iris Marcela Barreto
Sandoval, Jaime Luis Barreto Sandoval, María Irene Peñates Márquez, Rafael
Enrique Cárdenas Arrieta, Israel Gabriel Arroyo Simanca, Eliberth Jaraba
Montes, Viviana Isabel Madariaga Rivera, Julia Isabel Montes Ortega, Aníbal de Jesús
Márquez Quintero, Edwin de Jesús Misal Márquez, Eloisa María Márquez Oviedo,
Juan Bautista Rivera Martínez, Roberto Carlos Jaraba Montes, Pablo José Peñates
Márquez, Edgar Antonio Vergara Benítez, Ingris Mary Vergara Quintero, Enilsa
Rosa Márquez Quintero, Cesar Emiro Sierra Vergara, María Raquel Cali Márquez,
Yennis Isabel Madariaga Rivera, Humberto Enrique Márquez Quintero, Danilo
Enrique Márquez Rivera, Jorge Luis Rivera Ávila, José Bernardo Rivera Silva,
Francisco Javier Rivera Ortega, Demecio Leandro Rivera Mendoza, Narcizo Manuel
Quintero Martínez, Ayda Rosa Rivera Ávila, Yolima Isabel Misal Márquez,
Feliciano Rufino Rivera Rivera, Yesenis María Gil Márquez, Daniela Isabel
Sandoval Cárdenas, Rafael Antonio Rivera Quintero, Eufemia Isabel Rivera
Mendoza, Bárbara Isabel Cárdenas Arrieta, Doris Isabel Rivera Ávila, Fredis del
Cristo Rivera Ávila, Migue Ángel Salcedo Romero, Cesar Tulio Sierra Hernández,
Delmis Rafael Rivera Montes, Aideth María Rivera Ortega, Escilda Elena Rivera
Ortega, Juana Francisca Rivera Márquez, Anastacio Gabriel Rivera Márquez,
Francia Elena Ortega Vergara, María Elena Rivera Mendoza, Yolima Isabel Rivera López,
Santa Julia Rivera Caly, Omar de Jesús Quintero Martínez, Liliana Isabel
Vergara Quintero, Bernardo Esteban Rivera Mendoza, Sunilda Rosa Quintero
Moreno, Narciso Quintero Hernández, Melanio José Márquez Núñez, Yubis Elena Cárdenas
Montes, Sandra Milena Rivera Ortega, Nery Luz Martínez Romero, Julio Cesar
Sandoval Cárdenas, Marcelino Antonio Rivera Silva, Nalfi Del Carmen Rivera
Quintero, Jader Manuel Mercado López, Flor María Ortega Cárdenas, Mariela
Isabel Romero Cárdenas, Candida Rosa Lara, Nely del Carmen Cárdenas Rivera,
Marcos Aquiles Rivera Quintero, Blanca Luz Madarriaga Torres, Cesar Tulio
Sandoval Ávila, José Apolinar Madarriaga Rivera, Wadith José Rivera Rivera,
Felipa Santiaga Rivera Rivera, Emeterio José Rivera Rivera, Pablo José Rivera
Salcedo, Zoraida Patricia Montes Cárdenas, Samuel Sotero Rivera, Otoniel José
Duran Rivera, José Manuel Torres Quintero, Adriana Marcela Márquez Sandoval,
Rosa Del Carmen Rivera Silva, Amada María Rivera Silva, José Jacob Rivera
Mendoza, Elis María Jaraba Montes, José de Jesús Márquez Rivera, Héctor Antonio
Rivera López, Rogelio Antonio Meza Vides, Santos Manuel Rivera Silva, Daimeer de
Jesús Rivera Lambraño, Marcos Iván Suárez Mendoza, Santa Isabel Rivera Silva,
Mariela Rosa Rivera Ávila, Katerine Martínez Romero, Evelio Manuel Márquez
Taboada, L1bia Esther Madariaga Rivera, Omaida Isabel Quintero Ávila, Minerva
Rosa Vergara Quintero, Elena Patricia Márquez González, Luceny Angélica Duran
Rivera, Nelcy Del Carmen Jaraba Cerpa, Rosiris Isabel Tovar Estrada, Leiver
Manuel Mendiz Guevara, Nilson De Jesús Rivera Mieles, Orlenci Flor Sierra
Vergara, Maximiliano Baleta Moreno, Geniberto Cárdenas Rivera, Lilia Rosa Márquez
Quintero, Ezequiel Antonio Tovar Rivera, Delimiro José Rivera Ávila, Yair
Rafael Márquez Quintero, Santiago Manuel Quintero Quintero, Ingrid Del Rosario
Montiel Macea, Carmen Julia Rivera Mieles, Mario Enrique Romero Cárdenas, Luz
Stela Méndez Sandoval, por medio de apoderado judicial, solicitan que se
tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo
vital, a la vida digna, los derechos de la tercera edad, los derechos de los
niños y los derechos de la mujer cabeza de hogar, los cuales consideran vulnerados
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la
Alcaldía Municipal de San Benito Abad, Sucre. En consecuencia, se ordene a
tales entidades que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
presente acción de tutela, adelanten los trámites administrativos
correspondientes para el pago de la ayuda humanitaria de $1.500.000 otorgada a
los damnificados por la ola invernal del año 2011. Fundamentan su pretensión en
los siguientes hechos:
1.5.2.
Hechos y
argumentos de la acción.
1.5.2.1.
Manifiestan los
accionantes que el Municipio de San Benito Abad, Sucre, sufrió afectaciones
como resultado de la segunda ola invernal del año 2011.
1.5.2.2.
Añaden que como
consecuencia de ello el Estado, a través de la
Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, asignó una ayuda económica por
un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) para cada núcleo familiar.
1.5.2.3.
Agregan que dicha
ayuda fue entregada a los habitantes de los Municipios de San Marco, Majagual,
y Sucre en el Departamento de Sucre, así como a los habitantes del Municipio
del Banco en el Departamento de Magdalena. Sin embargo, no ha sido así para los
acá accionantes por lo cual consideran que se esta dando un trato discriminatorio
injustificado.
1.5.2.4.
Finalmente,
manifiestan que a los habitantes de los Municipios de Majagual y Sucre en el
Departamento de Sucre, y la Gloria en el Departamento de Cesar, a los que no se
les reconoció la ayuda referida, se les otorgó a través de acción de tutela.
1.5.2.5.
Con base en lo
anterior, solicitan se ordene a las entidades accionadas, reconocer y pagar el
subsidio pecuniario al que tienen derecho, por ser damnificados directos de la
temporada de lluvias del año 2011.
1.5.3.
Traslado y
contestación de la demanda.
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre, mediante auto del día
diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013), resolvió admitir la acción de
tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y al Alcalde Municipal
de San Benito Abad, Doctor Pedro Tomás Martelo Imbeth, la admisión de la acción
de tutela.
Así mismo, ordenó que dichos entes
rindieran un informe claro, completo y detallado sobre los hechos y
circunstancias que motivaron la acción, indicando específicamente el estado de
la situación concreta de los accionantes, lo anterior, en el término perentorio
de 2 días.
Igualmente solicitó a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que certificara los
giros realizados a las familias residentes en los Municipios de San Benito
Abad, San Marcos, Sucre, Majagual y Gamarra. Mientras que a los directores de
los Bancos Agrarios de San Benito Abad, San Marcos, Sucre y Majagual les
solicitó el listado de las familias a las cuales les habían cancelado el auxilio.
1.5.3.1.
El Doctor Segundo
Eliécer Arguello Angulo, en calidad de Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, mediante oficio 2012-0001, adiado
el veinticuatro (24) de enero dos mil trece (2013), contestó la acción de
referencia y se opuso a las pretensiones elevadas por la accionante. Bajo
argumentos idénticos a los antes expuestos en el expediente T-3.928.041.
1.5.3.2. Por su parte, el Dr. Pedro Tomás Martelo Imbeth, en
calidad de Alcalde del Municipio de San Benito Abad, guardó silencio durante el
término de contestación de la acción.
1.5.4. Decisiones
judiciales.
1.5.4.1.  Sentencia de
primera instancia - Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre.
Mediante sentencia del treinta (30) de
enero de dos mil trece (2013), el Juez Promiscuo Municipal de San Benito Abad,
Sucre, declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que
con las pruebas allegadas no se podía establecer si en realidad se dio un trato
diferencial a los accionantes, así como tampoco se acreditó el cumplimiento de
los requisitos de la Resolución 074 de 2011 para la procedencia de la ayuda
humanitaria.
Finalmente, aclaró que en procesos
anteriores sobre el mismo objeto, el despacho procedió a tutelar el derecho
fundamental al debido proceso, respecto de las personas que encontrándose
incluidas en el censo de damnificados no recibieron la ayuda económica acá
pretendida, sin embargo no se ordenó realizar pago alguno. (Argumentos
idénticos a los expuestos en Expediente T- 3.928.043).
1.5.4.2. Impugnación.
Inconforme con la decisión de instancia,
mediante escrito del seis (06) de febrero de dos mil trece (2013), el Doctor
Aldrin Martín Núñez Ordóñez, en calidad de apoderado judicial de los
accionantes, impugnó la acción de referencia bajo los siguientes argumentos.
En primer lugar, insiste en la vulneración
del derecho a la igualdad, manifestando que “es extraño que algunas familias
del municipio de San Benito les cancelaran este auxilio y a la comunidad de San
Matías, Guayabal, El Guamo, San Juan no, cuando esta comunidad […] fue inundada
por la segunda ola invernal”, situación que considera se presentó porque la
ayuda “la manejaron en forma clandestina el alcalde de turno con sus lideres
políticos”.
Agrega que en las consideraciones de
instancia se desconoció la necesaria aplicación que se debía dar al principio
de veracidad, pues considera que no es una carga atribuible a los accionantes
el hecho de demostrar su condición de damnificados por la ola invernal, sino
que por el contrario esto obedece a una obligación de las entidades accionadas,
quienes actuaron de forma omisiva al adelantar el censo de damnificados,
vulnerando el debido proceso de los accionantes al no incluirlos en dicho
censo. Hecho que motiva la presente acción.
Finalmente, aduce que era un deber del
juez de conocimiento realizar el estudio del caso partiendo de una especial
consideración del principio constitucional de solidaridad, teniendo en cuenta
las especiales condiciones de vulnerabilidad de los accionantes. Razón
adicional para considerar inadecuada la carga probatoria que el despacho pone
en cabeza de estos.
Por lo anterior, procede a solicitar que
se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a las
pretensiones de tutela.
1.5.4.3. Segunda Instancia. Juzgado
Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre.
En sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil trece
(2013), el Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre,  revocó
el fallo del a-quo y en su lugar concedió el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso de quienes no han sido inscritos en el censo
del CLOPAD, y el derecho a la vivienda digna de quienes fueron inscritos pero
no han recibido la ayuda humanitaria. En consecuencia, ordenó a la
Alcaldía del Municipio de San Benito Abad que procediera a realizar la
inscripción en el censo respectivo de los accionantes con vocación para recibir
la ayuda, conforme a lo estipulado en la
Resolución 074 de 2011 y coordinara con la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el pago de la
respectiva ayuda, teniendo en cuenta el régimen excepcional de prorroga para el
caso. En este acápite, las consideraciones del despacho coinciden con las
presentadas en el expediente T-3.928.041, resuelto también el 20 de marzo de
2013 por ese mismo despacho.
1.5.5. Pruebas.
1.5.5.1. Poderes otorgados al Dr. Aldrin Martín Núñez Ordóñez,
CC. 12.597.270 del  Plato, Magdalena, Tarjeta Profesional 185.627, para obrar
en nombre y representación de los accionantes (Folios 14- 42, cuaderno No. 3)
1.5.5.2. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante y
demás personas en cuyo favor se interpone la acción (Folios 70, 73, 76, 79, 82,
85, 88, 91,94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 126, 128, 130,
133, 136, 138, 140, 142, 145, 148, 151, 1853, 155, 158, 161, 164, 167, 170,
173, 176, 179, 182, 185, 188, 191, 193,196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217,
220, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 241, 244, 247, 250, 253, 255, 258, 261, 263,
266, 269, 271, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 290, 293, 296, 299, 301, 304,
Cuaderno 3; Folios 307, 310, 313, 316, 319, 322, 325, 328, 331, 334, 337, 340,
343, 346, 349, 352, 355, 358, 361, 364, 367, 370, 373, 375, 378, 381, 384, 387,
390, 393, 396, 398, 401, 4047, 407, 410, 413, 416, 419, 422, 425, 428, 431,
434, 437, 440, 443, 446, 449, 452, 455, 458, 460, 463, 466, 469, 472, 475, 478,
481, 484, 487, 490, 496, 499, 502, 505, 508, 511, 514, 517, 520, 523, 526, 529,
532, 535, 538, 541, 544, 547, 550, 553, 556, 559, 562, 565, 568, 571, 574, 577,
580, 583, 586, 589, 591, 594, 597, 600, 603, Cuaderno 4; Folios 606, 609, 611,
614, 617, 619, 622, 625, 628, 631, 634, 637, 640, 643, 646, 649, 652, 654, 656,
657, 662, 665, 668, 671, 674, 677, 680, 683, 686, 688, 691, cuaderno No. 5)
1.5.5.3. Copia de la tirilla de registro único de damnificados
por la emergencia invernal- REUNIDOS- del accionante y demás personas en
cuyo favor se interpone la acción (Folios 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92,95,
97, 101, 104, 107, 109, 113, 116, 119, 122, 126, 127, 129, 131 134 137 139 141
143 146 149 152 154, 156, 161, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 189,
192, 194, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236,
239, 242, 245, 248, 251, 254, 256, 259, 262, 264, 267, 270, 272, 274, 277, 280,
283, 286, 289, 291, 294, 297, 300, 302, 305, Cuaderno 3; Folios 308, 311, 314,
317, 320, 323, 326, 329, 332, 335, 338, 341, 344, 347, 350, 353, 356, 359, 362,
365, 368, 371, 374, 376, 379, 382, 385, 388, 391, 394, 397, 399, 402, 405, 408,
411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456,
459, 461, 464, 467, 470, 473, 476, 479, 482, 485, 488, 491, 497, 500, 503, 506,
509, 512, 515, 518, 521, 524, 527, 530, 532, 536, 539, 542, 545, 548, 551, 554,
557, 560, 564, 567, 570, 573, 576, 580, 582, 585, 588, 591, 593, 596, 599, 602,
605, Cuaderno 4; Folios 608, 611, 613, 616 619 621, 624, 627, 629, 633, 637, 639,
642, 645, 648, 651, 654, 656, 658, 663, 666, 669, 672, 673, 678, 681, 684, 687,
689, 692, Cuaderno No.5).
·
La tirilla de la
Sra. ANA ROSA GONZALEZ AGUAS aparece firmada por: José Esteban Paternina.
·
La tirilla de la
Sra. GLENY LUZ ORTEGA CARDENAS aparece firmada por: Leopoldo Sandoval.
·
La tirilla de la
Sra. MARTA ISABEL MARQUEZ SILVA no aparece firmada por ella, (firma ilegible)
·
La tirilla de la
Sra. ADRIANA MARCELA MARQUEZ SANDOVAL aparece firmada por: Meiber Gaiva.
·
La tirilla de la
Sra. AMADA MARIA RIVERA SILVA aparece firmada por: Yaneris Rivera.
·
La tirilla del Sr.
ICLES MIGUEL ACEVEDO MARTINEZ aparece firmada por: Oswaldo Acevedo.
·
La tirilla del Sr.
ADAUT CARDENAS RIVERA aparece firmada por: Angie Cárdenas.
·
La tirilla del Sr.
GENIBERTO CARDENAS RIVERA aparece firmada por: Daniris Cardenas.
·
La tirilla del Sr.
YAIR RAFAEL MARQUEZ QUINTERO aparece firmada por: Johana Pardo.
·
Los siguientes
accionantes manifiestan no firmar:
- Virgilio Pérez Arias
- Juan Bautista Márquez Núñez
- Hermogenes Sandoval Silva
- Perfecto Manuel Mendis Navarro
- Castulo Miguel Ordóñez Romero
- Orlando Manuel Pinto Márquez
- Arcadio Manuel Paternina Pérez
- José Manuel Lambraño Alemán
- Nelcy de Jesús Acevedo Ramos
- Manuel Salvador Guillin Ospino
- Facundo Manuel Sandoval Madera
- Santander Francisco Méndez Méndez
- Heriberto Manuel Ospino Agudelo
- Pablo Enrique Palacio Sandoval
- Daniel Enrique Tovar Martínez
- Robinson de Jesús Guillin Ospino
- Juan Francisco Márquez Meza.
- Nicolás Quintero Hernández.
- Félix Enrique Romero Quintero.
- Segundo Rafael Márquez Ávila.
- Edgar Antonio Vergara Benítez.
- Humberto Enrique Márquez Quintero.
- José Bernardo Rivera Silva.
- Narcizo Manuel Quintero Martínez.
- Feliciano Rufino Rivera Rivera.
- Rafael Antonio Rivera Quintero.
- Fredis Del Cristo Rivera Ávila.
- Cesar Tulio Sierra Hernández.
- Omar de Jesús Quintero Martínez.
- Bernardo Esteban Rivera Mendoza.
- Narciso Quintero Hernández.
- Melanio José Márquez Núñez.
- Julio Cesar Sandoval Cárdenas.
- Marcelino Antonio Rivera Silva.
- Cesar Tulio Sandoval Ávila.
- José Apolinar Madarriaga Rivera.
- Emeterio José Rivera Rivera.
- Samuel Sotero Rivera.
- José Manuel Torres Quintero.
- José Jacob Rivera Mendoza.
- José de Jesús Márquez Rivera.
- Rogelio Antonio Meza Vides.
- Santos Manuel Rivera Silva.
- Leiver Manuel Mendiz Guevara.
- Ezequiel Antonio Tovar Rivera.
- Delimiro José Rivera Ávila.
- Mario Enrique Romero Cárdenas.
- Francia Elena Ortega Vergara.
- Ludys Del Socorro Estrada Pérez
- Carmen Alicia Méndez Silva
- Flor Gaibao Serpa
- Rosalía Isabel Meza Pérez
- Julia María Sandoval De Hoyos
- Edilsa Rosa Cárdenas Guillén.
- Rosalina Cáliz Márquez.
- Ana Francisca Rivera Quintero.
- Julia Isabel Montes Ortega.
- Eloisa María Márquez Oviedo.
- Enilsa Rosa Márquez Quintero.
- María Raquel Cali Márquez.
- Yennis Isabel Madariaga Rivera.
- Bárbara Isabel Cárdenas Arrieta.
- María Elena Rivera Mendoza.
- Sunilda Rosa Quintero Moreno.
- Candida Rosa Lara.
- Felipa Santiaga Rivera Rivera.
- Santa Isabel Rivera Silva.
- Minerva Rosa Vergara Quintero.
- Luceny Angélica Duran Rivera.
- Orlenci Flor Sierra Vergara.
- Lilia Rosa Márquez Quintero.
-La Sra. Yaiseth del Carmen Quintero Martínez aporta
una declaración ante la inspección central de policía del Departamento de
Sucre, en la que manifestó haber extraviado el registro único de damnificados
–REUNIDOS.
1.5.5.4. Copia de la imagen electrónica del certificado del
SISBEN (Folios, 75, 78, 84, 87, 90, 93, 95, 98, 102, 105, 108, 110, 114, 117,
120, 123, 127, 128, 130, 132, 135, 138, 140, 142, 144, 147, 150, 153, 155, 157,
162, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 194, 198, 201, 204, 207,
213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 257,
260, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 278, 281, 284, 287, 290, 292, 295, 298, 301,
303, 306, Cuaderno 3; Folios  312, 315, 318, 321, 324, 327, 330, 333, 336, 339,
343, 346, 349, 352, 354, 356, 359, 362, 365, 368, 371, 374, 376, 379, 382, 385,
388, 391, 394, 397, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432,
435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 461, 464, 467, 470, 473, 476, 479,
482, 485, 488, 491, 497, 500, 503, 506, 509, 512, 515, 518, 521, 524, 527, 530,
532, 536, 539, 542, 545, 548, 551, 554, 557, 560, 564, 567, 570, 573, 576, 580,
582, 585, 588, 591, 593, 596, 599, 602, 605, Cuaderno 4; Folios 608, 611, 613,
616 619 621, 624, 627, 629, 633, 637, 639, 642, 645, 648, 651, 654, 656, 658,
663, 666, 669, 672, 673, 678, 681, 684, 687, 689, 692, cuaderno No. 5)
Los siguientes accionantes no aportan certificado:
- Perfecto Manuel Mendis Navarro
- Nicanor de Jesús Mendoza Rivera.
- Osvaldo de Jesús Rivera Ávila.
- José Nicanor Mendoza De Hoyos.
- Teofilo Manuel Lara Viloria.
- Edinson Manuel Méndez Álvarez.
- Arcadio Manuel Paternina Pérez.
- Emiliano Antonio Falon Molina.
- Robinson Enrique Méndez Sandoval.
- Jorge Luis Medrano Pinto.
- Edgar Antonio Vergara Benítez.
- José Manuel Torres Quintero.
- Héctor Antonio Rivera López.
- Daimeer de Jesús Rivera Lambraño.
- Leiver Manuel Mendiz Guevara.
- Damaris Luz Mendoza Rivera
- Mabel Isabel Meza Pérez
- Sofía Méndez Álvarez
- Yaiseth Del Carmen Quintero Martínez.
- Viviana Isabel Madariaga Rivera.
- Doris Isabel Rivera Ávila.
- Rosiris Isabel Tovar Estrada.
- Carmen Julia Rivera Mieles.
1.5.5.5. Copia de la
Resolución 074 de 2011 “Por la cual se destinan recursos para atender a las
familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias en el
periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011”
emitida por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres. (Folio 43-48, cuaderno 3).
1.5.5.6. Copia de la sentencia de 10 de diciembre de 2012, “Eduardo
Romero Reyes y otros contra la alcaldía municipal de La
Gloria, Cesar”, del Juzgado Promiscuo Municipal de La
Gloria, Cesar. (Folio 49-69).
1.5.5.7. Oficio numero 0039 del Banco Agrario de
Colombia por medio del cual se presenta la relación de pagos ordenado por el
Fondo Nacional de Calamidades. (Folio 711-716, cuaderno 5).
1.5.5.8. Copia de la sentencia de 12 de febrero
de 2013, “Madeleine de los Ríos Herrera y otros contra la
Presidencia de la Republica”, del Tribunal Administrativo del Magdalena.
(Folio 12-18, cuaderno 2)
1.5.5.8. Actas de audiencia, interrogatorio de la acción de
tutela, radicado número 2013-00008-01 declaración del Señor José Esteban
Paternina. (Folio 23-24, cuaderno 2).
1.6.
EXPEDIENTE
T-3.928.045
1.6.1.  Solicitud.
Los señores Edwin Manuel Martínez Morelo,
Fidias José Monterrosa Salas, Ilse Esther Mercado De Morris, Carmen Elda
Mendoza Peralta, Alba Raquel Mendoza Blanquicett, Victoria Cecilia Madera Mendoza,
Kellys Patricia Mendoza Suárez, Adaluz Morelo Valerio, Daider Manuel Jaraba
Palencia, Astrid Antonia Delgado Hoyos, Sulebi Del Carmen Jiménez Solórzano,
Albeiro José Jaraba Palencia, Matibel Del Carmen Rivera Acevedo, José Luís
Medina Fuerte, Gílma Isabel Peralta Álvarez, Zenaida María Miranda Vanegas,
Etilsio Manuel Mendoza Peralta, Delcy Del Socorro Madera Arenilla, Carmen
Alicia Avilés De Sarmiento, Darinel José Zabaleta Vanegas, Astrid María Ruéndes
Pérez, Ludis del Carmen Olea Hernández, Celmira Isabel Mendoza Peralta, Andrés
Antonio Mendoza Peralta, Carlos Miguel Hoyos Rivera, Marlene del Carmen Suárez
Arrieta, Jairo Alberto Jaraba Navarro, Jorge Luis Chadid García, Edilma Del
Socorro Agudelo Posada, Leidis Patricia Palencia Rojas, Rocelis Del Carmen
García Baldovino, Eliécer José Oviedo Pardo, Mirledis Yohana Brand Suárez Ana
Matilde Ruéndes Pérez, Carmelo Julio Doria Olea, Sofía Del Rosario Jaraba
Martínez, Luís Arturo Flórez Arenilla, Tercero José Lobos Corpos, María
Agudelia Mendoza Medina, Jhon Jander Medina Fuerte, María Dalina Morelo
Jiménez, Francisco Antonio Álvarez Sierra, Juan José Valerio Jiménez, Astrid
Teresa Benítez Villegas, José David Beltrán Beltrán, Carlos Mario Payares
Montes, Luís Gabriel Arrieta Payares, Ingrid Patricia Farrayans López, Darly
Edith Jiménez Imbett, Sandra Isabel Álvarez Sierra, Jeisson Leder Fadúl Román,
Idis María Morelo Vanegas, Juan Segundo Vargas Anaya, Marly De Jesús Jiménez
Flórez, Antonio De Jesús Balmaceda García, Ezequiel José Torres Delgado,
Francisco Manuel Cárdenas De Hoyos, Carmen Elena Rodríguez de Beltrán, Magalis
De Jesús Jaraba Martínez, Aracelis del Carmen Morelo Vergara, Amanda Francisca
Quintero Ortíz, Teresa de Jesús Hoyos de Torres, Tulia Raquel Villegas Ruendes,
Liliana Esther Solórzano Alpín, Marco Tulio Rivera Mesa, Lucenis Castillo
Payares, Tulio Manuel Torres Jarava, Rosa Isabel López Suárez, José Domingo
Valerio Morelo, Jackelin Isabel Fernández Valerio, Julia María Torres Morelo,
Carlos Alberto Morelo Valerio, Berta Tulia Cárdenas Ricardo, Israel Antonio
Ávila Chávez, José De La Concepción Morelo Vergara, Yadira Isabel Delgado
Baldovino, Julio Manuel Arrieta Rodríguez, Ada Luz Pérez Martínez, Eduardo
Enrique Álvarez Delgado, José Miguel Torres Jaraba, Joaquín Daniel Lobo Pérez,
María Petrona Solórzano De Torres, Edita Del Carmen Torres Solórzano, Mario
Alberto Jaraba Torres, Narciso Miguel Jaraba Torres, Julia Milena Jaraba Pérez,
Manuela De Jesús Solórzano Padilla, Eduardo José Morelo Valerio, Josefina
Esther Álvarez Carrascal, Francisco José Álvarez Carrascal, Tatiana Luz Vanegas
González, Andis José Arcia Caldera, Yuli Arrieta Arrieta, Juana de Dios Mendoza
Sánchez, Rosa Aura Pérez Romero, Antonio José Pérez Medina, Francisco Manuel
Luna Solórzano, Audith Caly Anaya, Gladis Yaneth Palencia Meza, Rafael Daniel
Moris Peralta, Rubys Estela Villamil Rivera, Esilda María Cuadrado Mendoza,
Luís Rafael Arrieta Vergara, Berenice Cuadrado Mendoza, Samuel Enrique Cochero
De Hoyos, Blanca Lourdes Romero Acosta, Carmen Edith Monterrosa Monterrosa,
Fernán David Beltrán Cali, José Alejandro Viloria Suarez, Everlides De Jesús
Caldera García, Huber Darío Doria Olea, Ledys Del Carmen Jiménez Guevara,
Astrid Arrieta Arrieta, Luz Esthela Vides Román, Libia María Torres Jarava,
Nancy Esther Rojas Palencia, Damarys Isabel Arrieta Rodríguez, Deimer Manuel
Guevara Álvarez, Manuel Esteban Beltrán Cárdenas, Ingris Patricia Álvarez
Aguas, Eustorgio Manuel García Aguas, María Filomena Cáliz Caly, Tenílda Del Socorro
Sierra Ramos, Katerine del Carmen Montes Meneses, Denis de Jesús Arrieta
Beltrán, Juan Carlos Chávez Arcia, Keyla Patricia Álvarez Beltrán, Jerlen Jaime
Arango Jarava, Pedro Ángel Chávez Arcia, Nancy del Carmen Cárdenas Arrieta,
Humberto Manuel Arrieta Pulido, Eva Tulia Jaraba Peralta, Jader Manuel Arrieta
Pérez, Ledys María Álvarez Atencia, Yeraldinn Sampayo Quiceno, José Miguel
Arrieta Arrieta, Julio César Payares Montes, Wilmar José Peralta Requena, Dardo
Manuel Álvarez Guzmán, Nelvis Del Socorro Álvarez Atencia, Francisco Antonio
Álvarez Requena, Yair Parra Guzmán, Miriam Del Carmen Requena Mejía, Mirley Del
Carmen Requena Álvarez, Ederleys Patricia Montes Corpos, Yaniris Meneses
Madariaga, Adela Rosa Chávez Arcia, Edinson Guevara Garavito, Isaura Esther
Vides Román, Katy Mary Cárdenas Arcia, Daniel Enrique Vides Puerta, Juan José
Pérez Cortés, Gleicy María Morys Pérez, María Del Carmen Arrieta De Madariaga,
Amado José Madariaga Arrieta, Eder Manuel Morys Peralta, Alba Luz Pérez
Mercado, Camilo Manuel Pérez Madariaga, Carmen Zoraida Cali Peralta, Framuris
José Rivera Vídez, Adriana Del Carmen Sánchez Álvarez, Yerlis Del Carmen Alemán
Álvarez, Orfelina Del Carmen Mercado Guzmán, Dunis Marina Coronado Jerónimo,
Uber Luís Cárdenas Arcia, Eliecer Jaraba Villegas, Uberney Pacheco Alquerque,
Lenis María Navarro García, Samír Del Cristo Martínez Vanegas, Nelvis Esther
Garavito Caly, Osnaider Manuel Morys Pérez, Yaneth Del Carmen Calys Arrieta,
José Manuel Aguas Peralta, Yair José Álvarez Hernández, José Manuel Madariaga
Arrieta, Yaniris Isabel Álvarez Beltrán, Ludys Esther Requena Álvarez, Deivis
José Álvarez Beltrán, Jackelin Patricia Chávez Mora, Maricela Peralta Requena,
Carlos Alfredo Cárdenas Álvarez, Marly Del Carmen Mora Ramos, Fanis Del Socorro
Beltrán Cotera, David Andrés Mieles Peralta, José Alfredo Martínez Vanegas,
Oswaldo Antonio Delgado Chávez, Rafael Antonio Arroyo Gómez, Manuel Del Cristo
Benítez Villegas, Yiceth Paola Villadiego Escalante, Porfiria Del Socorro
Martínez Mendoza, Leider Luis Villadiego Morelo, Yolima Esther Bernal Gavide,
Julio Rafael Hernández Pérez, Jaime José Trespalacios Agámez, Midel Manuel
Benítez Villegas, Guillermo Segundo Garavito Suárez, Teresa De Jesús Mercado
Pérez, Genys del Carmen Castro Mendoza, Gladys Isabel Benítez Villegas, Luis Enrique
Martínez Jiménez, Juan Carlos Barrios Suárez, Josefa María Castillo Mercado,
Yosmy Miguel Guillin Suárez, José Manuel Silva Vergara, Sixto De Jesús Caldera
Álvarez, Ignacio José Badel Mendoza, José Alfredo García Beltrán, Nicolás
Antonio Díaz Berrocal, Martha Inés Monterroza Monterroza, Karina Marcela
Beltrán Beltrán, Enith María Benítez Castillo, Leopoldo Silva Rivera, Pedro
Elías Chávez Medina, Libardo Miguel Pérez Villegas, Libardo Manuel Pérez
Castillo, Mariana Rosa Suárez Escobar, Fernán Manuel Benítez Rivera, Carlos
Mario Beltrán Lázaro, Jorge Luís Arrieta Pulido, Ricardo Polo Silva Madera,
Luís Alfonso Martínez Díaz, Dinaida Beltrán Jaraba, Silfredo Enrique Severiche
Arias, William Miguel Caldera Castillo, Rafael Antonio Morelo Beltrán, Edgar Mario
Guillín Suárez, Juan Carlos Sánchez Fuentes, Isabelia Del Carmen Pulido
Escalante, Jorge Enrique Martínez Castillo, Ena María Arrieta Pulido, Andrés
Guillermo Rivera Vergara, César Augusto Rodríguez Díaz, Nafer José Ojeda
Herrera, Jacinto Manuel Bertel Balmaceda, Víctor Segundo Imbett Álvarez, María
Teresa Castillo López, Lineder José Silva Beltrán, Edinson David Bertel Ochoa,
Fabián Andrés Silva Beltrán, Luís Eduardo Bertel Ochoa, Aideth María Mayoriano
Delgado, Santa Isabel Castillo Benítez, Diomedes De Jesús Benítez Jaraba,
Ismael De Jesús Solórzano Padilla, Griselida Rosa Ochoa Zambrano, Blanca
Verónica Villadiego Escalante, Fredys José Díaz Delgado, Eduardo Manuel Álvarez
Zambrano, Carmen Edith Valerio Mendoza, Jorge Luís Ojeda Herrera, Claudia Patricia
Pérez Arcia, María De La Cruz Padilla Vanegas, Ivi Patricia Arrieta Corpas,
Ludys Rosa Villegas Benítez, Carlos Mario Ruíz Arroyo, Gleidys Patricia Gómez
Corpas, Marulay Marial Lázaro Chávez, Neudith del Carmen Beltrán Lázaro, y José
María Osorio Castro, a través del Dr. Juan del Cristo Morales Aguas, quién
actúa en calidad de apoderado, solicitan que se declare la responsabilidad de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) y la
Alcaldía Municipal de San Benito Abad, Sucre, en la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana y al debido proceso al no
suministrarles la ayuda económica por  haber sido afectados por la segunda ola
invernal. En consecuencia, se ordene a estas entidades adelantar los trámites
administrativos necesarios para el reconocimiento y pago de la mencionada
ayuda. Fundamentan sus pretensiones en los siguientes hechos:
1.6.2.  Hechos y argumentos de la acción
1.6.2.1.  Manifiestan los accionantes que los
municipios de San Benito Abad, Sucre, San Marcos, Sucre, San Jacinto del Cauca,
Achi, Bolívar, Montecristo, Bolívar, y otros del sur de Bolívar, se vieron
afectados por la segunda ola invernal. Sin embargo, “fueron privados de
forma dolosa e injustificada del auxilio otorgado por el Gobierno a los
damnificados de la segunda ola invernal”.
1.6.2.2.  Agregan que las Alcaldías de los
Municipios de Sucre, Sucre, Majagual, Sucre, Guaranda, Sucre, y Nechí,
Antioquia, designaron a bachilleres y funcionarios de la administración
municipal para realizar el censo de damnificados. Sin embargo, de forma “dolosa
e injustificada censaron a unos y excluyeron a otros, de dicho listado, sin
importarles que éstas siempre han vivido en estos municipios, lugar donde
tienen registrados sus domicilios y residencias y de haber sufrido la
inclemencia de la segunda ola invernal”.
1.6.2.3.
Finalmente,
afirman que de no concederse el amparo se les produciría un perjuicio
irremediable, “lo cual puede desencadenar una serie de desconfianza y
resentimiento hacia las instituciones”
1.6.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito Abad, Sucre, mediante auto del día
doce (12) de Diciembre de dos mil trece (2013), resolvió admitir la acción de
tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, y al alcalde
municipal de San Benito Abad, Sucre, la admisión de la acción de tutela.
Igualmente ordenó que dentro del término perentorio de 2 días rindan un informe
claro y completo sobre los hechos y circunstancias que motivan la acción.
1.6.3.1.
Mediante oficio
3329 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), el Doctor Segundo
Eliécer Arguello Angulo, Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, contestó la acción de
la referencia y se opuso a las pretensiones elevadas por la accionante. Bajo
argumentos idénticos a los antes expuestos en el expediente T- 3.928.041.
1.6.3.2.
El Doctor Pedro
Tomas Martelo Imbett, Alcalde del Municipio de San Benito Abad, Sucre, no se
pronunció durante el término de traslado de la presente acción.
1.6.4.  Decisiones judiciales.
1.6.4.1.  Primera instancia - Juzgado Promiscuo
Municipal de San Benito Abad, Sucre
Mediante sentencia del diecisiete (17) de
enero de dos mil trece (2013), el Juzgado Promiscuo Municipal de San
Benito Abad, Sucre, declaró la improcedencia de la acción de tutela al
considerar que con las pruebas allegadas no se puede establecer si en realidad
se dio un trato diferencial a los accionantes, así como tampoco se acreditó el
cumplimiento de los requisitos de la resolución 074 de 2012 para la procedencia
de la ayuda humanitaria.
Finalmente, aclaró que en procesos
anteriores sobre el mismo objeto, el despacho procedió a tutelar el derecho
fundamental al debido proceso, respecto de las personas que encontrándose
incluidas en el censo de damnificados no recibieron la ayuda económica acá
pretendida, sin embargo no se ordenó realizar pago alguno. (Argumentos
idénticos a los expuestos en Expediente T- 3.928.043).
1.6.4.2.  Impugnación
En escrito adiado siete (7) de febrero de dos mil
trece (2013), mediante el cual se notificó a la parte actora de la decisión de
instancia, esta procedió a impugnar la providencia, omitiendo argumentación.
1.6.4.3.  Segunda Instancia. - Juzgado Laboral
Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre.
En sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil trece
(2013), el Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre,
revocó el fallo del a-quo y en su lugar concedió el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso de quienes no fueron inscritos
en el censo del CLOPAD, y el derecho a la vivienda digna de quienes fueron
inscritos pero no han recibido la ayuda humanitaria. En consecuencia, ordenó a la
Alcaldía del Municipio de San Benito Abad Sucre, que procediera a realizar  la
inscripción en el censo respectivo de los accionantes con vocación para recibir
la ayuda según la Resolución 074 de 2011, y coordinara con la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el pago de la
respectiva ayuda, teniendo en cuenta el régimen excepcional de prórroga para el
caso.
En este caso, las consideraciones del despacho
coinciden con las presentadas en los expedientes T- 3.928.041 y T- 3.928.043,
resuelto también el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) por ese mismo
despacho.
1.6.5.  Pruebas
1.6.5.1.
Poderes otorgados
al Dr. Juan del Cristo Morales Aguas, CC. 92.095.683 de Galeras, Sucre, tarjeta
profesional 111282, para obrar en nombre y representación de los accionantes
(Folio 58-75, cuaderno No. 2).
1.6.5.2.
Copia de la
cédula de ciudadanía del accionante y demás personas en cuyo favor se interpone
la acción (Folios 76-654, cuaderno No. 2).
·   La Sra. Adriana Del Carmen Sánchez Álvarez aporta tarjeta de
identidad. (Folio 652, cuaderno 2).
1.6.5.3.  Copia de la tirilla de registro único de
damnificados por la emergencia invernal- REUNIDOS- de los siguientes
accionantes:
Francisco Manuel Cárdenas De Hoyos; Tulia
Raquel Villegas Ruendes; Manuela de Jesús Solórzano Padilla; Samuel Enrique
Cochero de Hoyos; Katherine del Carmen Montes Meneses; Ezequiel José Torres
Delgado; Tatiana Luz Vanegas González; Mariana Rosa Suárez Escobar; Daniel
Enrique Vides Puerta; Isaura Esther Vides Román; Yulieth Paola Velásquez
Rosario; Adriana del Carmen Sánchez Álvarez.
1.6.5.4.  Copia de la imagen electrónica del
certificado del SISBEN (Folios 76-654, cuaderno No. 2).
No aportan certificado:
- Francisco Manuel Cárdenas De Hoyos.
- Tulia Raquel Villegas Ruendes.
- Ezequiel José Torres Delgado.
- Manuela De Jesús Solórzano Padilla.
- Rubys Estela Villamil Rivera.
- Mariana Rosa Suárez Escobar.
- Daniel Enrique Vides Puerta.
- Katerine Del Carmen Montes Meneses.
1.6.5.5.  Copia fallo del Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, radicado 47001-23-31-000-2012-00212-01, del
13 de septiembre de 2012 (Folio 10-26, cuaderno No. 2).
1.6.5.6.
Copia fallo del
Juzgado Promiscuo de Familia de Sucre, Sucre, radicado No. 2012-00045-00,
octubre 23 de 2012 (Folio 27-40, cuaderno No. 2).
1.6.5.7.
Copia fallo del
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal De Sucre, Sucre, radicado No. 2012-00080,
agosto 3 de 2012 (Folio 41-49, cuaderno No. 2).
1.6.5.8.  Copia fallo del Juzgado Promiscuo
Municipal De Majagual, Sucre, radicado No. 2012-00168-00, diciembre 3 de 2012
(Folio 50-57, cuaderno No. 2).
1.6.5.9.  El apoderado de los accionantes aporta CD
con fotografías de las zonas afectadas (Folios 6-7, cuaderno No. 3).
1.7.
EXPEDIENTE
T-3.928.046
1.7.1.  Solicitud.
Los Señores Lucelys Baldovino Álvarez,
Domingo Rafael Truco Tovar, Diana Isabel Mejía Padilla, Rafael del Cristo
Madrid Rodríguez, César Augusto González Aguas, Madelyn del Socorro Cadrazco
Quiroz, Sandra Luz Aguas Guzmán, Sirle Del Rosario Rodríguez Salcedo, Miladys
Del Carmen Narváez Navarro, Rafel del Cristo Madrid Caldera, Melisa Marcela
Baldovino González, Tulia Rosa Mayoriano Lozano, Eliecer Manuel Álvarez Aguas,
Carmen María Baldovino González, Diana Sofía Flórez Goez, Sixta Tulia Payares
Bohórquez, Rodrigo Rafael Salcedo Acevedo,  Emílse del Carmen Gil Bernal,
Sobeida Rosa Bernal Rivera, Esther María Ortega Rodríguez, Meledys Del Carmen
Truco Hernández, Pedro Antonio Goez Cuadrado, Diana Goez Sierra, Esther Isabel
Díaz Cárdenas, Luz Narly Arrieta Benavides, Yaneris Del Carmen Márquez Trucco,
Rosa Isabel Salcedo Ortega, Humberto Manuel Goez Trucco, Kety Luz Ortega
Guarín, Ruby del Carmen Navarro Viloria, Telmo Demetrio Acosta Cuadrado, Esther
del Socorro Rodríguez Salcedo, Sunilda María Benavidez Hernández, Edgar del
Cristo Gazabón Rodríguez, Domingo Julio Lozano Carcamo, Marco Antonio Benavides
Lozano, Marlis Sandiego Viloria Tovar, Miryam Adela Baldovino Álvarez, Pascuala
De Los Reyes Baldovino, Claudia María Correa Mayoriano, José Eustácio Goez
Sierra, Aida Luz Atencia Benítez, Angel Miguel Cárdenas Rodríguez, Bertha
Victoria Sincelejo Tovio, Diotis María Videz Mayoriano, Marlys Cecilia Álvarez Mercado,
Sixto Emiro Caldera Pérez, María Modesta Rivera Martínez, Ledys Luz Trucco
Tovar, Nelba Cecilia Navarro Sierra, Angela Inocencia Tovar Aldana, Ana de las
Mercedes Mendoza Mendoza, Miguel Ventura Ortega Acosta, Maribel del Carmen
Vides Pérez, Nely Manuel Ortega Acosta, Carmen Alicia Sierr De Navarro, Otoniel
Segundo Viloria Rivera, Oscar Antonio Gazabón Navarro, María Isabel Benavidez
Cotera, Ángel de Dios Gutiérrez Payares, Lisenia Del Carmen Rivera Cochero,
Alcides Antonio Agámez Acosta, Yarlenis María Alian Jiménez, Maricela del
Carmen Bohórquez Rivera, Gloria Luz Truco De Ortega, Luz Neyz Viloria Truco,
Wilson de Jesús Goez Jiménez, Daniel Ezequiel Ortega Ortega, José Justino
Mayoriano Pérez, Robinson José Mayoriano Cárdenas, Perseveranda María Ortega
Ruz, Santiaga Del Cristo Suárez Caldera, Josefa María Díaz Villalba, Arley Del
Carmen Goez Márquez, Elvira del Cristo Ortega Benavides, Elvis Sandiego Rivera
Castillo, Julio César Gil Baldovino, Ana Sofía Rico Sierra, Mónica Lucia
Mayoriano Martínez, Yeimi Luz Martínez Benavides, Carmen Adela Álvarez Goez,
María Nicolasa Cotera Méndez, Maricela Del Carmen Benavides Hernández, Omaira
María Ortega Ruz, Katia Luz Acosta Mayoriano, Cándida María Mayoriano Martínez,
Yeni Del Cristo Benavides Méndez, Gladys Esther Bernal Viloria, Obdúlia Rosa
Gazabón Rodríguez, Anis de Jesús Cárdenas Ortega, María Luz Ortega Trucco,;
Sandra Patricia Castro Rojas, Magális del Cristo Trucco de Goez, Luz Estela
Benavidez Cotera, Alicia del Carmen Rodríguez Salcedo, Farides Isabel Cárdenas
Ortega, Floridalba del Cristo Salcedo Ramos, Carmen Alicia Rivera Rodríguez,
Enith del Carmen Ortega Truco, Nilxon del Cristo Gazabón Rodríguez, Yuleis
Paola Goez Truco, Emilio de Jesús Sierra Arrieta, Domingo Julio Cuadrado
Correa, Marítza Julia Álvarez Ortega, Osiris del Carmen Ruíz Navarro, Jesús
María Márquez Muñoz, Ángela Bernarda Navarro Viloria, Deivi Luz Baldovino
Benavidez, Robert Mayoriano Martínez, Gader del Cristo Gazabón Bernal, Luz
Marina Mayoriano Rodríguez, Yonis Antonio Goez Jiménez, Ramiro Manuel Romero
Garay, María Iluminada Benavides Cotera, Pascual De Jesús Rivera Viloria, Naty
Luz Ortega Salcedo, Rodrigo Manuel Ortega Ruz, Arnulfo de Jesús Gazabón
Rodríguez, Clara Elena Acosta Benítez, Kelys del Socorro Narváez Farrayans, María
Leonor Farrayans Rodríguez, Luís Alberto Martínez Benavides, Nevis del Cristo
Goez Cuadrado, Yina Paola Galvis Navarro, Lina Marcela Ortega Rodríguez, Álvaro
Alfonso Salcedo Ortega, Luís Miguel Tovar Álvarez, Yulith Esther Benítez
Paternina, Gladys Esther Benítez Paternina, Óscar Antonio Hernández Guevara,
Emiro Rafael Guevara Castillo, Leidys Luz Goez Truco, Regina Isabel Benavides
Hernández, Ramiro Luís Palacio Rivera, habitantes de los corregimientos Jegua y
la Ceiba. Rafael José Hernández Chávez, Federico Bautista Suárez Cobo, Cástulo
Modesto Hernández, Gladis del Carmen Garavito Rivera, Lorenis María Villadiego
Hoyos, Viviana Patricia Hernández Barbosa, Pedro Antonio Garavito Arrieta,
Richard Chávez Ortega, Yaimis del Carmen Núñez Baldovino, José Lucio Cadrazco
Torres, Minervina Luz Cadrazco Bustamante, Carmen Ramona Ortega Viloria, Fredis
de Jesús Goez Ortega, Luz Viviana Acosta Tuirán, Ismael Antonio Garavito Arcia,
Fredys David Acosta Tuiran, Arianeth Chaves Ortega, Indúlfo Antonio Julio Ruíz,
Celso Segundo Cuadrado Hernández, Carmen Cecilia Hernández Chávez, Marcos Tulio
Garavito Arcia, Claudia Ester Baldovino Abdala, Rosa María Sierra Chima,
Alberto Rafael Rivera Rodríguez, Arelys del Carmen Díaz Ruz, José Rafael Campo
Garavito, Diana Chávez Chávez, Iris Margoth Gómez de Hernández, Saray Isabel
Hernández Gómez, Álvaro José Arrieta Díaz, Emerita Del Carmen Chávez Hernández,
José Eliécer Arroyo Pérez, Ubaldo Enrique Cárdenas Cardozo, Ana Eugenia
Hernández Baldovino, Ada Ester Gaibao Rivera, Ubadel Del Cristo Ruz Rodríguez,
Digna Enith Ruz Rodríguez, Geneyda María Hoyos Rodríguez, Andrea Estefanía
Videz Genes, Ingris Yohanis Gómez Núñez, Nivis Luz Bolaños Moreno, Adalberto
Enrique Álvarez Ortega, Mónica del Rosario Gómez Díaz, Ramón del Cristo Chávez
Guillin, Any del Carmen Chávez Gómez, Flor María Rivera Cárdenas, Lersy del
Carmen Navarro Chávez, Luz Irina Pérez Gómez, Yasiris del Rosario Arrieta Ruz,
Eduardo Manuel Alemán Pardo, Eladio de Jesús Contreras Baleta, Juan Hernández
Baldovino, Nelson Marcial Chávez Hernández, Bleidis Arrieta Ruz, Danubis
Patricia Chávez Hoyos, Samary del Carmen Hoyos Hernández, Noenis del Carmen
Villadiego Hoyos, Enalida del Socorro Gómez Rodríguez, Ludy del Carmen Serpa
Argumedo, Franklin Manuel Gómez Villadiego, Francisco De Jesús Núñez Ortega,
Fanny Lucía Arrieta Ruz, Yimy Alberto Hernández Chávez, Argemiro De Jesús
Cadrasco Hernández, Yoandri Lucía Aguas Suárez, Francisco Manuel Núñez Cardozo,
Pedro Elías Requena Vergara, María Catalina Rivera Cárdenas, Daladier Segundo
Antonio Julio Garavito, Matilde del Carmen Ruz Rodríguez, Genobia Eugenia
Chávez Hernández, Sirlany Patricia González Vergara, Manuel Dolores Pardo,
Nerli Del Socorro Pardo Pardo, Augusto Rafael Martínez Benavides, Edilberto
Cadrasco Gaivao, Dionisia Isabel Sandoval Cardozo, Diomedes Manuel Pardo
Gaibao, Tarcila de Jesús Chaves Salcedo, habitantes del corregimiento
Cispataca. Pedro Claver Rivera Estrada, José Ildefonso Padilla Rivera, Fermín
Manuel Ortega Pastrana, Ariel de Jesús Cárdenas Cárdenas, José Rafael Canchila
Ortega, Never de Jesús Cárdenas Cárdenas, Pedro José Rivera Martínez, Lesbia
Susana Tovar Puentes,  Ana Erelys Cardenas Montes, Rodrigo Manuel Ortega
Cardenas, Eliseo Tomas Mercado Padilla, Nayibe Del Carmen Cardenas Cárdenas,
Jorge Iván Jarava Acosta, Tullo Manuel Mercado Padilla, Sonia Del Carmen Gullin
Pérez, Bernardo Antonio Padilla Rivera, Ideth Patricia Gil Rivera, Gloria Del
Carmen Ortega Cardenas, Ángel Antonio Gil Rivera, María Catalina Padilla Hernández,
Denis del Carmen Padilla Dorado, Sila Luz Padilla Hernández, Carmen Eugenia Gil
Rivera, Víctor Manuel Padilla Dorado, Yadira del Carmen Guevara, Pedro Manuel
Cardenas Pérez, Francisco de Paula Cardenas Guevara, Lina Isabel Rivera
Cardenas, María Preciosa Palencia Rojas, Teny Isabel Sierra Palencia, Carmen
Rosa Contreras Acosta, Gloria María Salcedo Díaz, Martha Isabel Requena Martínez,
Nevin de Jesús Estrada Romero, Erasmo Manuel Ortega Cardenas, Segundo Suárez
Montes, habitantes del corregimiento de Cienaga Nueva. Diana Cecilia Pardo
Meza, Istra del Transito Gaibao Pérez, Fidel Antonio Pardo Cuello, Jader
Antonio Pardo Contreras, Lucelys Acosta Pardo, Margarita Del Carmen Herrera Martínez,
Manuel Antonio Gamarra Cerpa, Nayibe Del Rosario Fuentes Pardo, Leoberto José
Fuente Valerio, Fredis Manuel Pardo Meza, Fernán Del Cristo Meza Gamarra, Juan
Bautista Rivera Rivera, Lacides Manuel Meza Gamarra, Wilmer Rafael Pardo Meza,
Alexander Fuentes Fuentes, Rosiris del Carmen Pardo Pardo, Evarista Del Carmen
Acosta Valerio, Luis Alfredo Pardo Fuentes, Viviana María Olivera Pardo, Mirla
Elena Pardo Fuentes, Never Enrique Pardo Pardo, Irlena Patricia Fuentes
Olivera, Paola Karina Fuentes Olivera, Deidys Katherine Márquez Pardo, Cenia
Milena Márquez Pardo, Bernidis Del Rosario Navarro Fuentes, Yorlidis Janet
Pardo Meza, Robinson Manuel Navarro Fuentes, Elder Manuel Pardo Cardenas,
Yoberto José Pardo Contreras, Jaider Antonio Fuentes Fuentes, Santa Enelci
Contreras Salcedo, Yuliana Rosa Pardo Contreras, Kelis Yojana Pardo Fuentes,
Loidys Patricia Pardo Meza, Arnovis Manuel Pardo Gaibao, Carlos Andrés Fuentes
Fuentes, Yeimer Antonio Fuentes Olivera, Oswaldo Manuel Fuentes Fuentes,
Yofadis María Novoa Castro, Jamert de Jesús Pardo Pardo, María Feliciana
Fuentes Pérez y Emilse Dolores Fuentes Pardo, habitantes del la
Vereda Villa Nueva. Por intermedio del Dr. Remberto Rafael Herrera Barreto, en
calidad de apoderado judicial, solicitan que se tutelen sus derechos a la
igualdad, a la vida digna, al debido proceso y los derechos de los niños y
ancianos, los cuales consideran que han sido vulnerados por la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) y la
Alcaldía Municipal de San Benito Abad, Sucre,  al no  haberles otorgado la
ayuda económica a que tienen derecho por haber resultado afectados por la
segunda ola invernal. En consecuencia, se ordene a estas entidades que en un
término de 48 adelanten los trámites administrativos necesarios para el
reconocimiento y pago de la mencionada ayuda. Fundamentan sus pretensiones en
los siguientes hechos:
1.7.2.  Hechos y argumentos de la acción
1.7.2.1.  Expresan los accionantes que los
corregimientos de JEGUA, LA CEIBA, CISPATACA y CIENAGA NUEVA, en el Municipio
de San Benito Abad, Sucre, resultaron afectados durante las temporadas
invernales de 2010 y 2011. Sin embargo a ellos no se les ha entregado la ayuda
económica establecida en la resolución 074 de 2012, como ya se hizo con los
habitantes de otras poblaciones y departamentos como Sucre, Córdoba,
Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, entre otros.
1.7.2.2.  En consecuencia, consideran los
accionantes que se les dio un trato discriminatorio sin que existiera una
justificación razonable para ello, toda vez que ellos reunían todos los
requisitos exigidos por el Gobierno Nacional para acceder a la referida ayuda.
1.7.2.3.  Afirman los accionantes que se ha dado un
manejo indebido al programa, ya que la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres otorgó un término
extremadamente corto a los Departamentos y Municipios para llevar a cabo el
censo de damnificados por la segunda ola invernal.
1.7.2.4.
Finalmente,
hacen referencia a otros procesos de tutela en los que se amparan los derechos
a la igualdad y vida digna de los habitantes de Sucre, Sucre, y Majagual,
Sucre, y se ordena el pago del auxilio económico. Expediente
47001-23-31-000-2012-00212(AC) del Consejo de Estado, Consejero Ponente Alfonso
Vargas Rincón.
1.7.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montecristo, Bolívar, mediante auto del
día diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012), resolvió admitir la
acción de tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, y al Alcalde Municipal
de San Benito Abad, Sucre, Dr. Pedro Tomas Martelo Imbett, la admisión de la
acción de tutela.
Igualmente ordenó que dentro del término
perentorio de dos (2) días rindieran un informe claro y completo sobre los hechos
y circunstancias que motivaron la acción.
Así mismo, Solicitó: (i) al coordinador
de la UNGRD y a los Alcaldes de San Benito Abad, San Marcos y Majagual, Sucre,
toda la información pertinente sobre el número de damnificados, el censo
realizado y el número de familias que han recibido el auxilio; (ii) a los
directores de los Bancos Agrarios de los municipios de San Marcos, Majagual y
Sucre, Sucre, certificación sobre quiénes han recibido el pago del auxilio.
1.7.3.1.
Mediante oficio
del veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013), el Doctor Segundo Eliécer
Arguello Angulo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, contestó la acción de la referencia
y se opuso a las pretensiones elevadas por la accionante. Lo anterior, bajo
argumentos idénticos a los antes expuestos en el expediente T-3.928.041, salvo
en lo que se refiere a la solicitud de nulidad por falta de competencia del
juez de conocimiento, argumento que no esgrime en el presente caso.
1.7.3.2.  El Dr. Pedro Tomas Martelo Imbett, en su
calidad de alcalde del municipio de San Benito Abad, Sucre, no se pronunció
durante el término de traslado de la presente acción.
1.7.3.3.
El día veintidós
(22) de enero de dos mil trece (2013), el Doctor Miguel Martínez Pérez, Alcalde
del Municipio de Sucre, Sucre, presenta escrito al despacho, mediante el cual
informa desconocer el número exacto de personas damnificadas que recibieron el
beneficio económico.
1.7.3.4.  El veinticinco (25) de enero de dos mil
trece (2013), la Doctora Nurdin Ruth Reyes Carbal, Representante de la
Oficina Jurídica de la Alcaldía de San Marcos, Sucre, presentó al despacho el
informe, mediante el cual manifiesta que en dicho municipio se registraron 341
familias damnificadas de las cuales 287 recibieron la ayuda económica.
1.7.3.5.
El Doctor José
Nicolás Vega Lastre, Coordinador del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo
de Desastres, mediante escrito del veinticuatro (24) de enero de dos mil trece
(2013), certificó que los accionantes no se encuentran registrados en la
base de datos del Municipio de San Benito Abad, Sucre, en el período
comprendido entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, igualmente
deja constancia que ninguno de ellos ha recibido el beneficio económico.
(Negrilla y subrayado fuera del texto)
1.7.3.6.  El Señor Neudith Berdugo Mejía, Director
del Banco Agrario, sede San Marcos, Sucre, el veintiocho (28) de enero de dos
mil trece (2013) allegó al despacho informe en el cual dejó constancia del giro
a 145 beneficiarios, de los cuales 35 quedaron sin cancelar y fueron
reintegrados automáticamente.
1.7.4.  Decisiones judiciales.
1.7.4.1.  Primera instancia - Juzgado Promiscuo
Municipal de San Benito Abad, Sucre
1.7.4.2.  En sentencia del veintitrés (23) de enero
de dos mil trece (2013), el Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito
Abad, Sucre, declaró la improcedencia de la acción de tutela al
considerar que con las pruebas allegadas no se puede establecer si en realidad
se dio un trato diferencial a los accionantes, así como tampoco se acreditó el
cumplimiento de los requisitos de la
Resolución 074 de 2012 para la procedencia de la ayuda humanitaria.
Finalmente, aclaró que en procesos
anteriores sobre el mismo objeto, el despacho procedió a tutelar el derecho
fundamental al debido proceso, respecto de las personas que encontrándose
incluidas en el censo de damnificados no recibieron la ayuda económica acá
pretendida, sin embargo no se ordenó realizar pago alguno. (Argumentos
idénticos a los expuestos en los expedientes T-3.928.043 y T-3.928.045).
1.7.4.3.  Impugnación
Mediante escrito con radicado número
2012-00322, el Doctor Remberto Rafael Herrera Barreto, apoderado judicial de
los tutelantes, impugnó de decisión de primera instancia, omitiendo
argumentación
1.7.4.4.  Segunda Instancia. - Juzgado Laboral
Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre.
Mediante fallo del veinte (20) de marzo de dos mil
trece (2013), el Juzgado Laboral Adjunto al Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, revocó el fallo del a-quo y en su lugar concedió el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso de quienes no han sido
inscritos en el censo del CLOPAD, y el derecho a la vivienda digna de quienes
fueron inscritos pero no han recibido la ayuda humanitaria.
En consecuencia, ordenó a la
Alcaldía del Municipio de San Benito Abad, sucre, que procediera a realizar la
inscripción en el censo de los accionantes con vocación para recibir la ayuda
conforme a lo estipulado en la Resolución 074 de 2011 y, coordinara con la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la
respectiva ayuda, teniendo en cuenta el régimen excepcional de prorroga para el
caso.
En este caso, las consideraciones del despacho
coinciden con las presentadas en los expedientes T-3.928.041, T-3.928.042, T- 3.928.043
resueltos también el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) por ese mismo
despacho.
1.7.5.  Pruebas obrantes dentro del expediente
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.7.5.1.
Poder otorgado al
Doctor Remberto Rafael Herrera Barreto, CC. 9.119.926. de Sucre,  Sucre,
tarjeta profesional 47.410, para obrar en nombre y representación de los
accionantes. (Folios 13-53, cuaderno No. 3).
1.7.5.2.
Copia de la
cédula de ciudadanía del accionante y demás personas en cuyo favor se interpone
la acción.  (Folios 54, 56, 60,62, 64, 66, 68, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,
90, 92, 94, 96, 99, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 121, 123, 125, 128, 131,
134, 137, 140, 143, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178,
181, 184, 187, 190, 192, 195, 198, 201, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224,
226, 228, 229, 232, 235 237, 239, 242 244, 247, 249, 251, 254, 256, 259, 261,
264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, cuaderno 3; 279, 282, 285, 288, 291, 294,
297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 326, 328. 331, 333, 335, 338,
340, 342, 345, 348, 351, 354, 357, 360, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 381, 384,
387, 390, 392, 394, 397, 400, 402, 405, 408, 410, 413, 416, 420, 423, 425, 427,
429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 450, 452, 454, 456, 458, 460,
463, 465, 467, 469, 472, 474, 476, 479, 482, 485, 487, 490, 492, 495, 498, 500,
502, 504, 507, 509, 512, 514, 516, 519, 521, 524, 526, 529, 531, 534, 537, 539,
541, 543, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 559, 562, 564, 567, cuaderno 4;  570,
572, 575, 578, 581, 583, 585, 589, 592, 594, 596, 598, 601, 603, 605, 608, 670,
673, 675, 678, 681, 683, 685, 684, 686, 689, 691, 693, 696, 698, 700, 702, 705,
708, 711, 714, 716m, 719, 722, 725, 728, 730, 733, 735, 737, 740, 743, 746,
749, 752, 754, 756, 759, 762, 765, cuaderno No. 5)
1.7.5.3.
Copia de la
tirilla de registro único de damnificados por la emergencia invernal- REUNIDOS-
del accionante y demás personas en cuyo favor se interpone la acción.
No aportan tirilla: Lucelys Baldovino
Álvarez, Diana Isabel Mejía Padilla, Rafael Del Cristo Madrid Rodríguez, César
Augusto González Aguas, Madelyn del Socorro Cadrazco Quiroz, Sandra Luz Aguas
Guzmán, Miladys del Carmen Narváez Navarro, Rafel Del Cristo Madrid Caldera,
Melisa Marcela Baldovino González, Tulia Rosa Mayoriano Lozano, Eliecer Manuel
Álvarez Aguas, Carmen María Baldovino González, Diana Sofía Flórez Goez, Sixta
Tulia Payares Bohórquez, Emílse Del Carmen Gil Bernal, Sobeida Rosa Bernal
Rivera, Esther María Ortega Rodríguez, Pedro Antonio Goez Cuadrado, Kety Luz
Ortega Guarín, Ruby del Carmen Navarro Viloria, Telmo Demetrio Acosta Cuadrado,
Miryam Adela Baldovino Álvarez, Maribel Del Carmen Vides Pérez, Oscar Antonio
Gazabón Navarro, Luís Alberto Martínez Benavides, Nevis Del Cristo Goez
Cuadrado, Álvaro Alfonso Salcedo Ortega, Gladys Esther Benítez Paternina,
Leidys Luz Goez Truco, Regina Isabel Benavides Hernández, Rafael José Hernández
Chávez, Federico Bautista Suárez Cobo, Cástulo Modesto Hernández, Gladis Del
Carmen Garavito Rivera, Lorenis María Villadiego Hoyos, Viviana Patricia
Hernández Barbosa, Pedro Antonio Garavito Arrieta, Richard Chávez Ortega,
Yaimis del Carmen Núñez Baldovino, José Lucio Cadrazco Torres, Minervina Luz
Cadrazco Bustamante, Carmen Ramona Ortega Viloria, Luz Viviana Acosta Tuirán,
Ismael Antonio Garavito Arcia, Fredys David Acosta Tuirán, Arianeth Chaves
Ortega, Indúlfo Antonio Julio Ruiz, Celso Segundo Cuadrado Hernández, Carmen
Cecilia Hernández Chávez, Marcos Tulio Garavito Arcia, Claudia Ester Baldovino
Abdala, Rosa María Sierra Chima, Alberto Rafael Rivera Rodríguez, Arelys Del
Carmen Díaz Ruz, José Rafael Campo Garavito, Diana Chávez Chávez, Iris Margoth
Gómez De Hernández, Saray Isabel Hernández Gómez, Álvaro José Arrieta Díaz,
Emerita Del Carmen Chávez Hernández, José Eliécer Arroyo Pérez, Ubaldo Enrique
Cárdenas Cardozo, Ana Eulogia Hernández Baldovino, Ada Ester Gaibao Rivera,
Ubadel del Cristo Ruz Rodríguez, Digna Enith Ruz Rodríguez, Geneyda María Hoyos
Rodríguez, Andrea Estefanía Videz Genes, Ingris Yohanis Gómez Núñez, Nivis Luz
Bolaños Moreno, Adalberto Enrique Álvarez Ortega, Mónica del Rosario Gómez
Díaz, Ramón del Cristo Chávez Guillin, Any del Carmen Chávez Gómez, Flor María
Rivera Cárdenas, Lersy del Carmen Navarro Chávez, Luz Irina Pérez Gómez,
Yasiris del Rosario Arrieta Ruz, Eduardo Manuel Alemán Pardo, Eladio de Jesús
Contreras Baleta, Nelson Marcial Chávez Hernández, Bleidis Arrieta Ruz, Danubis
Patricia Chávez Hoyos, Samary Del Carmen Hoyos Hernández, Noenis del Carmen
Villadiego Hoyos, Enalida Del Socorro Gómez Rodríguez, Ludy del Carmen Serpa
Argumedo, Franklin Manuel Gómez Villadiego, Francisco De Jesús Núñez Ortega,
Fanny Lucía Arrieta Ruz, Yimy Alberto Hernández Chávez, Argemiro de Jesús
Cadrasco Hernández, Yoandri Lucía Aguas Suárez, Pedro Elías Requena Vergara,
María Catalina Rivera Cárdenas, Daladier Segundo Antonio Julio Garavito,
Matilde del Carmen Ruz Rodríguez, Genobia Eugenia Chávez Hernández, Sirlany
Patricia González Vergara, Augusto Rafael Martínez Benavides, Edilberto
Cadrasco Gaivao, Dionisia Isabel Sandoval Cardozo, Ariel de Jesús Cardenas Cárdenas,
José Rafael Canchila Ortega, Never de Jesús Cardenas Cárdenas, Pedro José
Rivera Martínez, Lesbia Susana Tovar Puentes, Ana Erelys Cardenas Montes,
Rodrigo Manuel Ortega Cardenas, Eliseo Tomas Mercado Padilla, Nayibe del Carmen
Cárdenas Cárdenas, Tullo Manuel Mercado Padilla, Bernardo Antonio Padilla
Rivera, Ideth Patricia Gil Rivera, Gloria del Carmen Ortega Cardenas, Ángel
Antonio Gil Rivera, Denis del Carmen Padilla Dorado, Martha Isabel Requena Martínez,
Erasmo Manuel Ortega Cardenas, Leoberto José Fuente Valerio, Diana Cecilia
Pardo Meza, Istra del Transito Gaibao Pérez, Fidel Antonio Pardo Cuello, Jader
Antonio Pardo Contreras, Lucelys Acosta Pardo, Margarita del Carmen Herrera Martínez,
Manuel Antonio Gamarra Cerpa, Nayibe del Rosario Fuentes Pardo, Fredis Manuel
Pardo Meza, Fernán del Cristo Meza Gamarra, Juan Bautista Rivera Rivera,
Lacides Manuel Meza Gamarra, Wilmer Rafael Pardo Meza, Alexander Fuentes
Fuentes, Rosiris del Carmen Pardo Pardo, Evarista del Carmen Acosta Valerio,
Luis Alfredo Pardo Fuentes, Viviana María Olivera Pardo, Mirla Elena Pardo
Fuentes, Never Enrique Pardo Pardo, Irlena Patricia Fuentes Olivera, Paola
Karina Fuentes Olivera, Deidys Katherine Márquez Pardo, Cenia Milena Márquez
Pardo, Bernidis Del Rosario Navarro Fuentes, Yorlidis Janet Pardo Meza,
Robinson Manuel Navarro Fuentes, Elder Manuel Pardo Cardenas, Yoberto José
Pardo Contreras, Jaider Antonio Fuentes Fuentes, Santa Enelci Contreras
Salcedo, Yuliana Rosa Pardo Contreras, Kelis Yojana Pardo Fuentes, Loidys
Patricia Pardo Meza, Arnovis Manuel Pardo Gaibao, Carlos Andrés Fuentes
Fuentes, Yeimer Antonio Fuentes Olivera, Oswaldo Manuel Fuentes Fuentes,
Yofadis María Novoa Castro, Jamert de Jesús Pardo Pardo, María Feliciana Fuentes
Pérez , Emilse Dolores Fuentes Pardo.
Los siguientes accionantes manifiestan no firmar: Rosa
Isabel Salcedo Ortega, Pascuala De Los Reyes Baldovino, José Eustácio Goez
Sierra, Ángel Miguel Cárdenas Rodríguez, Sixto Emiro Caldera Pérez, María
Modesta Rivera Martínez, Ángela Inocencia Tovar Aldana, Nely Manuel Ortega
Acosta, Perseveranda María Ortega Ruz, María Nicolasa Cotera Méndez, Cándida
María Mayoriano Martínez, Farides Isabel Cárdenas Ortega, Carmen Alicia Rivera
Rodríguez, Domingo Julio Cuadrado Correa, Robert Mayoriano Martínez, Rodrigo
Manuel Ortega Ruz, Luís Miguel Tovar Álvarez, Juan Hernández Baldovino,
Francisco Manuel Núñez Cardozo, Manuel Dolores Pardo, Fermín Manuel Ortega
Pastrana, Jorge Iván Jarava Acosta, Sonia Del Carmen Gullin Pérez, Pedro Manuel
Cardenas Pérez, Francisco de Paula Cardenas Guevara, Lina Isabel Rivera
Cardenas, María Preciosa Palencia Rojas, Gloria María Salcedo Díaz, Nevin de Jesús
Estrada Romero,
·
La tirilla del Señor
Marco Antonio Benavides Lozano no aparece firmada.
·
La tirilla de la
Señora Gloria Luz Truco de Ortega no aparece firmada por ella.
·
La tirilla de la
Señora Mónica Lucia Mayoriano aparece firmada por: María Ortega Mayoriano.
·    La tirilla del Sr. Emilio De Jesús Sierra
Arrieta aparece firmada por: María Arrieta.
·    La señora Anís de Jesús Cárdenas Ortega,
aporta copia de denuncia por pérdida de tirilla REUNIDOS.
·    La señora Naty Luz Ortega Salcedo no
aporta tirilla de REUNIDOS, sino una certificación expedida por el Coordinador
de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Valencia, Córdoba,
(UMATA).
1.7.5.4.  Copia de la imagen electrónica del
certificado del SISBEN.
No aportan certificado: Domingo Rafael
Truco Tovar.
·    El certificado que aporta la
Sra. Elvis Sandiego Rivera Castillo esta a nombre de Marcial Gazabón.
1.7.5.5.  CD con fotografías de zonas afectadas (Folio
13, cuaderno No. 2).
1.7.5.6.  Copia acta de audiencia de interrogatorio
al señor Libardo Francisco Narváez Mayoriano (Folios 6 y 7, cuaderno No. 2).
1.8.
EXPEDIENTE
T- 3.931.360
1.8.1.  Solicitud.
Los señores Ligia Amparo Romero Castro,
Javier de Jesús Avilés Camaño, Diómedes de Jesús Meneses Durán, Nancy Del
Carmen Osorio Narváez, Manuel Salvador Castro Chacón, Wilberto Aguas Arrieta,
Armando Zabaleta Acosta, Nefer Palencia Castro, Luis Rafael Rodríguez Ordóñez,
Pedro Enrique Genes Pérez, Sindi Tatiana Hernández Viloria, Manuel Del Cristo
Vides Arias, María Elena Jiménez Palencia, Emiro Manuel Bueno Castro, Olinta
María Pérez Navarro, Ever Said De Espriella Miranda, Luis Antonio Macias Jorge,
Marledis Cortez Saavedra, José Antonio Reza Saravia, Denis Esther Jerez Romero,
Alfredo Díaz Miranda, Ángel Antonio Sampayo Ordóñez, Jimes Alberto Polanco
Arrieta, Jaison Emilio Fuerte Arcia, Ederfilia Fuerte Arcia, Yuris Muñoz Anaya,
Diana Milena Sarmiento Pérez, Beider De Jesús Cárdenas Baldovino, Lidimo José
Palencia Dávila, Ana Edith Tovar Baldovino, Jaider Luis Tovar Baldovino, Jorge
Wadit Camaño Betin, Elibardo Quirós Isau, Shirlys Paola Petro Indaburo,
Anastacia Marcela Cárcamo Viloria, Henrry Alberto Agamez Correa, Donny Enrique
Tovar Baldovino, Willintong Manuel Fuerte Arcia, Ángela Baldovino Rivas, Luis
Alfonso Meneses Duran, Ángel Rafael Márquez Estrada, Félix Manuel Padilla
Aguas, Judith Puerta Ortega, María Eugenia González Navarro, Edilberto Manuel
Aguas Guzmán, Saudith Abel Baldovino Hernández, Damaris Pérez Lozano, Neyi Rosa
Medina Sánchez, Candelario Carrera Medina, Berselio Miguel Berrio Blanco,
Adolfa Navarro Quintana, Pablo Manuel Baldovino Solórzano, Henry Antonio
Lambraño Moreno, Edinson Manuel Meza Ospino, Piedad De Las Mercedes Castro
Ortega, Tatiana Pacheco Campuzano, Luz Zorayda Londoño Guzmán, Arjadis Nicolaza
Torres Oviedo, José María Ortiz, Ramiro Lozano Dávila, Simón Manuel Acuña
Torres, Emil Beleño Machado, Gerbacio Álvarez Carrascal, Jairo Alberto López
Pérez, Yorledis Rodríguez Rojas, Nilson Salgado Macias, Neris Manuel Ordóñez
Buelvas, Yolis Milet Dias Miranda, Jainer Díaz Arcia, Gustavo Crespo Pérez,
Derly Andrea Bernal Rodas, Cesar Manuel Amaris Gutiérrez, Marleny del Carmen
Cerpa López, Miguel Antonio Ruadas Contreras, Dayudit Cabreras Barrios, Nerilsa
Benavides García, Rafael Antonio Duarte Rodríguez, Fatininsa Esther Padilla
Vergara y Nohemy Lozano González, a
través de la Doctora Giovanna del Carmen Bertel Saballett en calidad de
apoderada judicial, presentan acción de tutela con el propósito de lograr el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y al
debido proceso. En consecuencia, solicitan que se ordene a la
Alcaldía Municipal de Montecristo, Bolívar, y a la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, adelantar los
trámites administrativos correspondientes para la inclusión en el listado de
damnificados y el consecuente pago de la ayuda humanitaria otorgada a los
damnificados de la segunda ola invernal. Basan su solicitud en los siguientes
hechos:
1.8.2.  Hechos y argumentos de la acción
1.8.2.1. Manifiestan los accionantes que es
procedente la presente acción de tutela toda vez que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, mas aun por que existe la imperiosa
necesidad de “atender con urgencia y efectividad las necesidades primarias
de las personas que carecen de recursos con grave compromiso para ellas y sus
familias, desplaza a los otros mecanismos judiciales”.
1.8.2.2. Agregan que el Estado Colombiano, a
través de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, “asignó
para cada núcleo familiar del Municipio de MONTECRISTO, BOLIVAR afectado por la
segunda ola invernal del año 2011, un auxilio económico de UN MILLON QUINIENTOS
MIL PESOS ($1.500.000)”
1.8.2.3. Aducen que la
Alcaldía del Municipio de Montecristo, Bolívar, designó a funcionarios de la
misma alcaldía y a bachilleres para adelantar el censo de damnificados, quienes
en forma “dolosa e injustificada” excluyeron a personas que habían
sufrido como consecuencias de la ola invernal del año 2011.
1.8.2.4. Finalmente, consideran que no hay
razones para dicha exclusión toda vez que aparecen “registrados en el
registro único de damnificados por la emergencia invernal 2011, y en el Sisben
municipal”.
1.8.2.5. Con base en lo anterior, solicitan la
protección de sus derechos fundamentales y que se les reconozca y pague la
ayuda humanitaria a la que tienen derecho por ser damnificados de la segunda temporada
de lluvias del año 2011.
1.8.3.   Traslado y contestación de la demanda.
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montecristo, Bolívar, mediante auto del
día veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013), resolvió admitir la
acción de tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, y al Alcalde
Municipal de Montecristo, Bolívar, Dr. Richard Ríos Amaris, la admisión de la
acción de tutela.
Igualmente, ordenó entregar a estas
entidades copia del escrito de tutela para que, en las 48 horas siguientes a la
notificación, procedieran a presentar la contestación respectiva, así como las
pruebas que consideraran  necesarias.
1.8.3.1.  El director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres no se pronunció
durante el término de traslado de la presente acción.
1.8.3.2. El Dr. Richard Ríos Amaris, en su
calidad de Alcalde del Municipio de Montecristo, Bolívar, no se pronunció
durante el término de traslado de la presente acción.
1.8.4. Decisiones
judiciales
1.8.4.1. Sentencia única
de instancia - Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montecristo, Bolívar
Mediante sentencia del veinte (20) de
febrero de dos mil trece (2013), el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Montecristo, Bolívar, negó el amparo solicitado, porque consideró que
los accionantes no cumplían con los requisitos de la resolución 074 de 2011, y
por el contrario “pretenden hacer valer como prueba un documento totalmente
diferente al exigido […], por lo que no le asiste razón a los accionantes para
reclamar esta ayuda humanitaria por no demostrar que son damnificados directos
de los fenómenos hidrometeorológicos ocasionados dentro del periodo del 1 de
septiembre al 10 de diciembre de 2011”.
Adicional a esto,  reiteró que la tutela
no es el medio idóneo para el reconocimiento de sumas dinerarias, salvo como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, hecho que no
aparece acreditado en este caso.
Finalmente, a juicio del juzgador la
acción no cumple con el principio de inmediatez toda vez que han transcurrido
más de 10 meses  desde la ocurrencia de los hechos.
1.8.5.
Pruebas.
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.8.5.1. Poderes otorgados a la
Dra. Giovanna Bertel Saballett, CC. 32.767.196 de Barranquilla, tarjeta
profesional 106.581, para obrar en nombre y representación de los accionantes.
El Sr. Manuel Del Cristo Vides Arias no firma el poder (Folios. 7, 11, 14, 17,
21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 60, 64, 68, 71, 74, 78, 82,
cuaderno No. 2. Folios. 1, 5, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 29, 32, 36, 39, 43, 46,
50, 53, 56, 59, 63, 67, 70, 74, 77, 81, 85, 88, 92, 95, 99, 102, 105, 108, 112,
116, 119, 122, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 151, 155, 159, 163, 166, 169,
172, 176, 180, 184, 188, 190, 194, 198, cuaderno No.3).
1.8.5.2. Copia de la cédula de ciudadanía del
accionante y demás personas en cuyo favor se interpone la acción (Folios 12,
15, 18, 22, 25, 29, 32, 35, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 61, 65, 69, 72, 75, 78, 83,
cuaderno 2; Folios 2, 6, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 30, 33, 37, 40, 44, 47, 51,
54, 57, 60, 64, 68, 71, 75, 78, 82, 86, 89, 93, 96, 100, 103, 106, 109, 113,
117, 120, 123, 126, 130, 1347, 138, 142, 146, 150, 152, 156, 160, 164, 167,
170, 173, 177, 181, 185, 189, 191, 195, 199, cuaderno No.3)
1.8.5.3. Copias de imagen electrónica del
certificado del SISBEN de los accionantes (Folios 10, 20, 27, 37, 44, 48, 52,
56, 63, 67, 77, 81, 85, cuaderno 2; Folios 4, 8, 15, 28, 35,42, 49, 62, 66, 73,
80, 84, 91, 98,  111, 115, 128, 136, 140, 144, 148, 154, 158, 162, 175, 179,
183, 187, 189, 193, 197, cuaderno No. 3)
No aportan certificado:
- Javier de Jesús Avilés Camaño.
- Diómedes de Jesús Meneses Durán.
- Manuel Salvador Castro Chacón.
- Armando Zabaleta Acosta.
- Nefer Palencia Castro.
- Pedro Enrique Genes Pérez.
- Olinta María Pérez Navarro.
- Marledis Cortez Saavedra.
- José Antonio Reza Saravia.
- Jaison Emilio Fuerte Arcia.
- Diana Milena Sarmiento Pérez.
- Beider De Jesús Cárdenas Baldovino.
- Lidimo José Palencia Dávila.
- Jaider Luis Tovar Baldovino.
- Elibardo Quirós Isau.
- Anastacia Marcela Cárcamo Viloria.
- Donny Enrique Tovar Baldovino.
- Willintong Manuel Fuerte Arcia.
- Ángela Baldovino Rivas.
- Félix Manuel Padilla Aguas.
- María Eugenia González Navarro.
- Damaris Pérez Lozano.
- Candelario Carrera Medina.
- Adolfa Navarro Quintana.
- Pablo Manuel Baldovino Solórzano.
- Henry Antonio Lambraño Moreno.
- Tatiana Pacheco Campuzano.
- Luz Zorayda Londoño Guzmán.
- Arjadis Nicolaza Torres Oviedo.
- Yorledis Rodríguez Rojas.
- Jainer Díaz Arcia.
- Gustavo Crespo Pérez.
- Derly Andrea Bernal Rodas.
- Nohemy Lozano González.
- El certificado que aporta la
Sra. Denis Esther Jerez Romero está a nombre de María Cristina Romero Vanegas.
- El certificado que aporta el Sr. Jairo
Alberto López Pérez está a nombre de: Yojana Zabaleta
Ortiz.
1.8.5.4. Copia de la tirilla de Registro Único de
Damnificados por la Emergencia Invernal- REUNIDOS (Folios 9, 13, 16, 19, 28,
26, 30, 36, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 66, 70, 73, 76, 79, 85, cuaderno 2;
Folios 3, 7, 11, 14, 18,  21, 24, 27, 31, 34, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 58, 62,
65, 69, 72, 76, 79, 83, 87, 90, 94, 97, 101, 104, 107, 110, 114, 118, 121, 124,
127, 131, 135, 139, 143, 147, 150, 153, 157, 191, 165, 168, 171, 174, 178, 181,
186, 192, 195, 200, cuaderno No.3)
Manifiestan no saber firmar:
- Diómedes de Jesús Meneses Durán
- Manuel Salvador Castro Chacón.
- Luis Alfonso Meneses Durán.
- La tirilla del Sr. Manuel Del Cristo
Vides Arias aparece firmada por: Francisca Isabel.
- La tirilla de la
Sra. Ever Said De Espriella Miranda no aparece firmada por ella.
No aparece firmada:
- Elibardo Quirós Isau
- Candelario Carrera Medina
1.9.
EXPEDIENTE
T-3.944.216
1.9.1.  Solicitud.
Los señores Lelys Vergara Aldana, Hilda
Rodelo Mondaza, Emileth Palomino Aguas, Rosa Bello Anaya, Edilberto Pérez
Bello, Lusberto José Miranda Muñoz, Héctor Narváez Bello, Cayetano Manuel Maury
Osorio, Estafany Ruiz Soto, Dafny Ruiz Soto, Ludys Enith Florez Requena, Rubis
Isabel Leguía Arrieta, Alfredo Fernando Castillo Leguia, Nells Del Carmen
Castillo Leguia, Carmen Leguía Sehuanes, Wilson José Muñoz Manjarrez, Argel
Bello Leguía, L1bardo Manuel Carcamo Guerra, Denis Mercedes Peña Osorio,
Leonardo Jose Buelvas Buelvas, Sindy Paola Rivera Ordóñez, Eneida Perez Salas,
Orfellna Maury Serrano, Janner Rafael Chávez Montesino, Noris Isabel Martinez
Rodelo, Ana María Machacon Aguas, Diofarides Chávez Taborda, Simona María
Barriosnuevo, José Eduardo Fajar Do Atencio, Isabel María Osorio De Gómez, Luz
Marina Jorge Pérez, Edinson Antonio Vargas Enciso, Elda Teresa Amariz Méndez,
Merlyn Meza Florez, Dilla Esther Gutiérrez De León, José L1bardo Gómez Medina,
Luis Eduardo Mollna Aguas, Rosalba Marina Romero Peñarredonda José L1bardo
Gómez Villegas, Francisco Ubadel Naranjo Mejía, Mellza María Roenes Palencia,
Marcos Antonio Morales Borre Miriam Del Carmen Padilla Medina, Luis Enrique
Morales Borre, Karen Alejandra Gil Lozano, Carlos Enrique Jorge Solorzano,
Manuel Jullan Díaz Arce, Carmen Rosa Troya Nieto, Yaneth Astrid Sierra Rojas,
Lais Sixta Sarmiento Troya, Lenis María Vergara Viloria, Susanbell Villarreal
Sarmiento, Miladis Troya Baldovino, Tomas Alfonso Crespo Menco, Magali Esther
Correa Sánchez, Ladis Irene Fierro Arroyo, Crispin Ernesto Cervera Baranoa,
Zaira Patricia Yanes Martínez, Kellys Yohana Navarro Suárez, Luis José Yanes
Bracamonte, Tempora María Torreglosa Peñate, Onella Del Socorro Vanegas Oviedo,
Emidia Rosa Suárez Florez, Naudith Yaneth Blanquiceth Medina, Delfina Pérez
Baldovino, Ana Felicia Rodríguez Benitez, Jorge Alberto Petro Meza, Anibal
Julio Rodelo Castillo, Tulio Daniel Barrios Anaya, Mirley Maria Ramos Villamil,
Marelvi Del Rosario Ortega Vergara, y Yadira del Carmen Díaz García, a través
de la Dra. Mónica María Álvarez Munive, quien actúa en nombre propio y en
representación de aquellos, solicitan que se tutelen sus derechos fundamentales
a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital y móvil
y los derechos de los niños, los cuales consideran vulnerados por la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y la
Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, por no haberles entregado la ayuda
económica a que tenían derecho por se víctimas de la segunda ola invernal. En
consecuencia, se ordene a las entidades demandadas, que en un término de 48
horas adelanten los trámites administrativos correspondientes para el
reconocimiento y pago de la referida ayuda. Fundamentan sus pretensiones en los
siguientes hechos:
1.9.2.  Hechos y Argumentos de la
Acción
1.9.2.1.  Manifiestan los accionantes que el
Municipio de Majagual, Sucre, resultó afectado por la segunda ola invernal del
año 2011. como resultado de esto el Estado asignó “para cada núcleo familiar
del municipio de Majagual una ayuda o auxilio económico de un millón quinientos
mil pesos ($1.500.000)”.
1.9.2.2.  Agregan que en dicho municipio, fueron
censadas y le otorgaron la mencionada ayuda a 423 familias en los
corregimientos y veredas del Totumal, Corredor, Corneliano, Palmario, Santa
Elena y Playón, lo anterior, sin tener en cuenta que “otras zonas del
Municipio habían sido afectadas por este desastroso fenómeno”.
1.9.2.3.  Finalmente, afirman que no entienden cual
es el criterio para que a unas personas les hayan cancelado y a otras no la
referida ayuda, estando todas en iguales condiciones. Hecho que en el pasado ha
motivado otras acciones de tutela que fueron falladas favorablemente por el
juzgado promiscuo municipal de Majagual, Sucre.
1.9.3.  Traslado y contestación de la demanda.
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre, mediante auto del día
veintiséis (26) de noviembre  de dos mil doce (2012), resolvió admitir la
acción de tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y al alcalde municipal
de Majagual, Sucre, la admisión de la acción de tutela. Igualmente ordenó a la
alcaldía de Majagual que informe si la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres asignó a los
accionantes un auxilio económico, si los actores se encuentran registrados o
censados por el municipio a través del CLOPAD, y porque no se han girado los
auxilios ordenados en la resolución 074 de 2011. Igualmente, solicita que la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres indique si los
accionantes se encuentran en su base de datos de damnificados CLOPAD, y porque
no se han girado las ayudas económicas.
1.9.3.1.  El Doctor Joan Marlon Contreras, Asesor
Jurídico de la Alcaldía de Majagual, sucre, mediante oficio fechado el día
cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012), contestó la acción de referencia
y se opuso a las pretensiones elevadas por la accionante por las siguientes
razones:
En primer lugar, consideró que la acción
de tutela no era procedente por cuanto a misma “esta encaminada a la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando
estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier
autoridad pública, o de un particular en los eventos contemplados en la ley”,
circunstancia que a su juicio no se presenta en el presente caso. (No argumenta
esa afirmación).
Adicionalmente refiere extractos
jurisprudenciales de los cuales se desprende: 1. que la acción de tutela
protege derechos económicos, sociales y culturales pero solo de manera
excepcional cuando está en conexidad con pretensiones amparables a través de tutela.
2. Que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de
defensa, o teniéndolo resulte ineficaz, o como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Además, 3. Que el derecho a la igualdad es un
límite a la actuación de los poderes públicos, pero no implica una igualdad
mecánica o matemática, sino en un trato igual según las condiciones
particulares del sujeto.
Continúa enunciando los derechos al
debido proceso, derechos de los niños, dignidad humana y mínimo vital, de
manera muy concisa y poco argumentada, para terminar concluyendo que no se
cometió ninguna vulneración. Adicionalmente, es enfático al afirmar que de
haberse dado algún tipo de omisión, la misma no la cometió la actual
administración.
Finalmente, afirmó que no es de su
conocimiento el porcentaje de auxilios económicos entregados por la
UNGRD puesto que este tipo de información sólo lo maneja esa entidad. Pero que
en todo caso no es cierta la afirmación de los accionantes en el sentido de que
cada núcleo familiar del Municipio de Majagual debía recibir el auxilio.
1.9.3.2.  El director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres no se pronunció
durante el término de traslado de la presente acción.
1.9.4.     Decisiones judiciales
1.9.4.1.  Primera instancia - Juzgado Promiscuo
Municipal de Majagual, Sucre.
En sentencia proferida el diez (10) de
diciembre de dos mil doce (2012), el Juez  Promiscuo Municipal de
Majagual, Sucre, amparó los derechos fundamentales a la igualdad y
debido proceso de los accionantes. En consecuencia, ordenó al municipio de
Majagual, Sucre, que en un término perentorio de cinco (5) días realizara la
inclusión en el censo y enviara el listado a Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgos de Desastres para que “se hagan acreedores al pago del
subsidio o ayuda humanitaria”.
Por otro lado, ordenó al Fondo Nacional
de Calamidades, Subcuenta Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgos de Desastres, que una vez recibido el anterior listado
dentro de un término de cinco (5) días girara a cada uno de los accionantes el
valor correspondiente al subsidio, “en aras de garantizar su derecho a la
igualdad".
Lo anterior, por cuanto el municipio de la
Mojana sufrió como consecuencia de la segunda ola invernal ya que al mismo “lo
bordea un caño, llamado caño Mojana, el cual se desbordó en la pasada ola
invernal”, lo que según el juez de instancia es argumento suficiente para
considerar que los accionantes reunían los requisitos exigidos por la
Resolución 074 de 2011. De manera que la
Alcaldía Municipal, como máximo órgano encargado de adelantar el censo de
damnificados, rompió el equilibrio entre los damnificados del municipio al
aplicar un criterio diferente sin razones que lo justificaran. Además,
consideró que para superar la inactividad de la
Alcaldía Municipal, el esfuerzo es mínimo pues “bastará superar lo
establecido como fecha límite para el reporte de la información”.
1.9.4.2.      Impugnación
Mediante escrito del diecinueve (19) de
diciembre de dos mil doce (2012), el Doctor Segundo Eliecer Arguello Angulo, Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, impugnó de decisión
de primera instancia al considerar que la acción de tutela no cumplía con el
requisito de inmediatez por haber transcurrido más de 10 meses desde la
ocurrencia de los hechos que dieron origen a la ayuda reclamada.
Igualmente consideró que no se cumplió
con el requisito de subsidiariedad por tratarse de una pretensión de carácter puramente
económica. Además adujó que no se acreditó un daño irreparable, grave e
inminente, el cual considera desvirtuado por la tardanza en la interposición de
la acción.
Agregó que los accionantes indujeron en error
al despacho con la tirilla de damnificados que adjuntaron, pues la tirilla de
REUNIDOS, vigente hasta el 30 de junio de 2012, solo acreditaba la condición de
damnificados de la primera ola invernal.
Por otra parte consideró que el juez
incurrió en vía de hecho al tener por probado el cumplimiento de los requisitos
de las Resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012, sin tener ninguna prueba que así
lo demostrara, desconociendo el principio de necesidad de la prueba. Más aun,
por desconocer la presunción de veracidad que cobija a las actuaciones
administrativas, en este caso, del CLOPAD.
Adicional a esto, solicitó que se
declarara la nulidad del proceso desde el auto admisorio por falta de
competencia del juez de instancia por el factor funcional, ya que la entidad
impugnante es del orden nacional, por lo cual, según el inciso 1 del numeral 1
del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, la competencia corresponde en primera
instancia a los jueces del circuito.
En conclusión de esta profusa
argumentación, solicitó que se revocara el fallo impugnado y en su lugar, se
dictara sentencia sustitutiva negando el amparo impetrado.
1.9.4.3.  Segunda Instancia - Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sucre, Sucre.
Mediante fallo del primero (1) de abril
de dos mil trece (2013), el juzgado de segunda instancia resolvió tutelar
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y adicionalmente
el derecho a la vivienda digna.
Empezó el ad-quem haciendo una breve
exposición sobre las implicaciones de ser el Estado colombiano un Estado Social
de Derecho, en cuanto a la relevancia de los postulados de dignidad humana,
solidaridad y prevalencia del interés general.
En particular sobre el principio de
solidaridad, resaltó que se constituye en un principio rector del Estado
colombiano que implica obligaciones a todos los nacionales, pero en particular
a los funcionarios públicos en cuanto a sus acciones y omisiones frente a la
situación de las víctimas de desastres naturales.
Adicionalmente, llamó la atención sobre
la responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Majagual y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, frente a la
vulneración de los derechos de los accionantes, por el mal manejo que se dio en
la elaboración del censo de damnificados y la verificación de la información
recaudada.
Además de esto, consideró que en el
presente caso procede, además, la protección del derecho a la vivienda digna “cuando
la persona atraviesa especiales situaciones de  disminución por razones de
salud, contingencias familiares o sociales, surgidas por calamidades naturales,
precariedad económica o de índole similar, que llegan a restringir grave y
permanentemente el goce efectivo de ese derecho fundamental”.
Finalmente, revocó el amparo
respecto de los siguientes  accionantes: Naudith Yaneth Blanquiceth Castillo y
Aníbal Julio Rodelo Castillo por no corresponder la ficha del Sisben al Municipio
de Majagual; Meliza María Rehenes Palencia por falta de legitimidad por activa.
1.9.5.     Pruebas
1.9.5.1.  Poderes otorgados a la
Doctora Mónica María Álvarez Munive, CC. 32.767.196 de Barranquilla, tarjeta
profesional 106.581, para obrar en nombre y representación de los accionantes.
(Folios 16, 25 cuaderno 2).
-La
Sra. Meliza María Rehenes Palencia no firma el poder.
1.9.5.2.  Copia de la cédula de ciudadanía del
accionante y demás personas en cuyo favor se interpone la acción. (Folios 27,
30, 33, 36, 38,  40, 42, 44, 46, 49, 52, 55, 58, 62, 64, 67, 69, 72, 75, 78,
84, 86, 89, 92, 95, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 111, 114, 116, 118, 120, 123,
125, 128, 131, 133, 135, 136, 138, 140, 142, 145, 147, 149, 151, 153, 156, 159,
161, 163, 166, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 184, 187, 189, 190, 193, 196,
198, 201, cuaderno No. 2)
1.9.5.3.      Copias de imagen electrónica del
certificado del SISBEN de los accionantes (Folios 28, 32, 34, 37, 47, 50, 53,
56, 65, 71, 73, 76, 79, 87, 90, 93, 103, 105, 113, 115, 121, 130, 143, 154, 157,
164, 167, 183, 185, 191, 194 y 199, cuaderno No. 2)
No aportan certificado: Rosa Bello Anaya,
Edilberto Pérez Bello, Lusberto José Miranda Muñoz, Héctor Narváez Bello,
Cayetano Manuel Maury Osorio, Alfredo Fernando Castillo Leguia, Nelis Del
Carmen Castillo Leguia, Carmen Leguia Sehuanes, Argel Bello Leguia, Orfelina
Maury Serrano, (pruebas, no sentencia.) Diofarides Chávez Taborda, Simiona
Barriosnuevo Mercado, José Eduardo Fajardo Aténcio, Edinson Antonio Vargas
Enciso, Elda Teresa Amariz Méndez, José Libardo Gómez Medina, Luís Eduardo
Molina Aguas, José Libardo Gómez Villegas, Marcos Antonio Morales, Miriam Del
Carmen Padilla, Luís Enrique Morales Sorre, Karen Alejandra Gil Lozano, Carlos
Enrique Jorge Solórzano, Carmen Rosa Troya Nieto, Yaneth Astrid Sierra Rojas,
Lais Sixta Sarmiento Troya, Lenis María Vergara Vitoria, Tomás Alfonso Crespo
Menco, Magali Esther Correa Sánchez, Zaira Patricia Yanes Martínez, Kellys
Yohana Navarro Suárez, Luís José Yanes Bracamonte, Tempora María Torreglosa
Peñate, Onelia Del Socorro Vanegas Oviedo, Emigdia Rosa Suárez Flórez,, Ana
Felicia Rodríguez Benítez, Jorge Alberto Petro Meza, Mirley María Ramos
Villamil, Yadira del Carmen Díaz García.
- Los certificados de Naudith Yaneth
Blanquiceth Medina y Aníbal Julio Rodelo Castillo no corresponden  al Municipio
de Majagual.
1.9.5.4.  Copia de la tirilla de Registro Único de
Damnificados por la Emergencia Invernal- REUNIDOS. (Folios 29, 31, 35, 39, 41,
43, 45, 48, 51, 54, 57, 61, 63, 66, 68, 70, 74, 77, 80, 85, 88, 91, 94, 96, 98,
100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 119, 122, 124, 127, 129, 132, 134, 137,
139, 141, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 154, 158, 160, 162, 165, 168, 170, 172,
174, 176, 178, 180, 182, 186, 188, 192, 195, 197, 200 y 202, cuaderno No. 2)
-No aportan tirilla: Alfredo Fernando
Castillo Leguía, Jorge Alberto Petro Meza,
- Las siguientes personas manifiestan no
firmar: Enelda Pérez Salas, Orfelina Mauri Serrano, Dilia Esther Gutiérrez de
León, Francisco Ubadel Naranjo Mejía,
- El Sr. Francisco Ubadel Naranjo Mejía
presenta un comprobante de la
Registraduría Nacional en el cual consta el trámite de su documento de
identificación.
1.9.5.5.  El señor Joan Marlon Becerra, en calidad
de Asesor Jurídico del Municipio de Majagual, Sucre, aporta los siguientes
documentos:
Copia certificado E-27 emitido por la
Registraduría Nacional Del Estado Civil, del señor ALVARO MANUEL VANEGAS
CARDOZA (Folios. 214, cuaderno2); copia acta de posesión 001 de 2008 (Folios
215, cuaderno 2); copia declaración de la
Registraduría Nacional Del Estado Civil (Folio 216, cuaderno 2);  copia acta
de posesión 001 del 1° de enero de 2012 del señor ALVARO VANEGAS CARDOZA (Folio
217, cuaderno 2); Decreto 152 de septiembre 20 de 2012 (Folio 219, cuaderno 2);
acta de posesión de septiembre 20 de 2012 (Folio 221, cuaderno 2; resolución
344 del 16 de noviembre de 2012 (Folio 222, cuaderno 2).
1.9.5.6.  Copia de oficio de fecha 5 de diciembre
de 2012, por el cual la alcaldía municipal de Majagual, Sucre, contesta la
acción de radicado 2012-00199-00. (Folio 207-223, cuaderno 2).
1.9.5.7.  Copia del oficio 024617 del 7 de
diciembre de 2012, por el cual la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contesta la acción
(extemporáneo). (Folios 237- 243, cuaderno 2).
1.9.5.8.  Copia de oficio 025352 del 19 de
diciembre de 2012, por la cual la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta impugnación a
la acción. (Folios 244-249, cuaderno 2)
1.10.
EXPEDIENTE
T-3.944.217
Los señores Hernando Francisco Garavito
Taborda, Jaime Darinel Leguía García, Cipriano Rodelo Urbina, José Manuel
Rodríguez Benítez, Nilson José Rodelo Leguía, Miguel Enrique Castro Castillo,
Candido Manjarres Anaya, Odimar Antonio Galvis Correa,  José Ángel Ortega
Mercado, Alexy Sanchez Ruiz, Laureano Miguel Gómez Santis, Misael Castillo
Adilla, Jhon Edison Bueno Ospino, Heriberto José Bueno Ospino, Milena Patricia
García Meza, Carmelo Gabriel Bohorquez Medina, Marcos Antonio Serrano Arce,
Juan Carlos Medina Crespo, Alirio Manuel Madera Anaya, Magal Y Wilches Batista,
Hector Julio Salas Sánchez, Miguel José Rodríguez Ballesteros, Manuel Salvador
Morales Bueno, Carlos Daniel Pelaes Romero, Jorge Ellas Salcedo Garcla, Ronny
Nicolás Rodelo Torres, Jorge Zabaleta Balmaceda, Santiago Enrique Bueno
Padilla, Linny Geneith Meza Flores, Julio Enrique Bueno Bueno, Silvia Eugenia
Herazo Pestana Julio Enrique Mercado Villa, Kelly Yaneth Vargas Tamara, Luis
Alfredo Hernández Arias, Ángel de Jesús Ortiz Vanegas, Ella María Vanegas
Chávez, Robinson Antonio Atencio Palacio, Sulay del Carmen Montalvo Manjarrez,
Diana Luz Guzmán Baldovino Adulfo Antonio Correa Rivera, José de los Santos
Alfaro Mendoza, a través de la
Doctora Mónica María Alvarez Munive, en calidad de apoderada judicial,
solicitan que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna,
debido proceso, mínimo vital y móvil y derechos de los niños, los cuales
consideran vulnerados por la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgos de Desastres y la
Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, por no haberles entregado la ayuda
económica a que tenían derecho como víctimas de la segunda ola invernal. En
consecuencia, se ordene a las entidades demandadas, que en un término de 48
horas adelanten los trámites administrativos correspondientes para el
reconocimiento y pago de la referida ayuda. Fundamentan sus pretensiones en los
siguientes hechos:
1.10.2.   Hechos y argumentos de la demanda.
1.10.2.1. Los hechos y argumentos de la demanda son idénticos a
los presentados en el expediente T-3944216.
1.10.3.
Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el
Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre, mediante auto del día
diecinueve (19) de octubre  de dos mil doce (2012), resolvió admitir la acción
de tutela y ordenó notificar al director de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y al alcalde municipal
de Majagual, Sucre, la admisión de la acción de tutela. Igualmente ordenó a la
alcaldía de Majagual que informe si la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres asignó a los
accionantes un auxilio económico, si los actores se encuentran registrados o
censados por el municipio a través del CLOPAD, y porque no se han girado los
auxilios ordenados en la resolución 074 de 2011. Igualmente, solicita que la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres indique si los
accionantes se encuentran en su base de datos de damnificados CLOPAD, y porque
no se han girado las ayudas económicas.
1.10.3.1 La
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, no contestó la presente acción
dentro del término de traslado.
1.10.3.2. El Doctor Joan Marlon Contreras
Contreras, Asesor Jurídico de la Alcaldía de Majagual, Sucre, mediante oficio
fechado el día veintiocho (28) de Noviembre de dos mil doce (2012), contestó la
acción de referencia y se opuso a las pretensiones elevadas por la accionante.
Bajo argumentos idénticos a los antes expuestos en el expediente T-3.944.216.
1.10.4.  Decisiones
judiciales.
1.10.4.1. Primera
instancia - Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual, Sucre.
En sentencia del cinco (5) de diciembre
de dos mil doce (2012), el juez de instancia decidió amparar los
derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de los accionantes. En
consecuencia, ordenó al municipio de Majagual, Sucre, que en un término
perentorio de  cinco (5) días realizara la inclusión en el censo y enviara el
listado a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres para que “se
hagan acreedores al pago del subsidio o ayuda humanitaria”.
Mientras que al Fondo Nacional de
Calamidades, Subcuenta Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgos de Desastres, le ordenó que una vez recibido el anterior
listado dentro de un término de cinco (5) días girara a cada uno de los
accionantes el valor correspondiente al subsidio, “en aras de garantizar su
derecho a la igualdad".
Lo anterior bajo argumentos idénticos a
los expuestos en el expediente T-3.944.216.
1.10.4.2. Impugnación
Mediante escrito del día diecisiete (17)
de diciembre de dos mil doce (2012), el Doctor Segundo Eliecer Arguello Angulo,
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, impugnó de decisión
de primera instancia y solicitó que se revocara el fallo impugnado y en su
lugar, se dictara sentencia sustitutiva negando el amparo impetrado. Lo
anterior bajo argumentos idénticos a los expuestos en el expediente T- 3.944.216.
1.10.4.3. Segunda
Instancia - Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre
En sentencia del primero (1) de abril de dos
mil trece (2013), el juzgado de segunda instancia resolvió confirmar la
providencia de primera instancia y en consecuencia tutelar los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y adicionalmente el derecho a
la vivienda digna. Lo anterior bajo argumentos idénticos a los expuestos en el
expediente T-3.944.216, resuelto también el día primero (1) de abril de dos mil
trece (2013) por este mismo juzgado.
Finalmente, revoca el amparo respecto del
Señor Adulfo Antonio Correa Rivera por no corresponder la ficha del Sisben al
municipio de Majagual.
1.10.5. Pruebas
1.10.5.1. Poderes otorgados a la
Doctora Mónica María Álvarez Munive, CC. 23.182.807 de Sincelejo, Sucre,
tarjeta profesional 188.904, para obrar en nombre y representación de los
accionantes. (Folios 1-19, cuaderno No. 3).
1.10.5.2. Copia de la cédula de ciudadanía del
accionante y demás personas en cuyo favor se interpone la acción. (Folios 21,
24, 26, 29, 32, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 52, 55, 57, 59, 62, 65, 67, 70, 73,
76, 78, 80, 83, 86, 89, 92, 94, 96, 99, 102, 105, 107, 110, 113, 116, 118, 121,
124, 126, cuaderno No. 3)
1.10.5.3. Copias de imagen electrónica del
certificado del SISBEN de los accionantes ( Folios 22, 27, 30, 33, 41, 48, 51,
54, 60, 63, 69, 71, 74, 81, 84, 87, 91, 97, 100, 103, 108, 111, 115, 119, 122,
cuaderno No. 3)
-No aportan certificado: Jaime Darinel
Lengua García, Miguel Enrique Castro Castillo, Cándido Manjarrés Anaya, José
Ángel Ortega Mercado, Alexy Sánchez Ruíz, Heriberto José Bueno Ospino, Milena
Patricia García Meza, Juan Carlos Medina Crespo, Miguel José Rodríguez
Ballesteros, Manuel Salvador Morales Bueno, Santiago Enrique Bueno Padilla,
Linny Geneith Meza Flórez, Kelly Janeth Vargas Támara, Robinson Antonio Atencio
Palacio, Adulfo Antonio Correa, José de los Santos Alfaro Mendoza.
1.10.5.4. Copia de la tirilla de Registro Único de
Damnificados por la Emergencia Invernal- REUNIDOS ( Folios 23, 25, 28, 31, 34,
36, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 53,56, 58, 61, 64, 66, 68, 72, 75, 77, 79, 82, 85,
88, 90, 93, 95, 98, 101, 104, 106, 109, 112, 114, 117, 120, 123, 125, 127,
cuaderno No. 3).
- Las siguientes personas manifiestan no
firmar: Marcos Antonio Serrano Arce.
1.10.5.5. Copia de oficio de fecha 28 de noviembre
de 2012, por el cual la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, contesta la
acción (Folios 134-148, cuaderno No. 3).
1.10.5.6. Copia del oficio 906 del 13 de diciembre
de 2012, por el cual la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres contesta la acción (extemporáneo) (Folios
162-185, cuaderno No. 3).
1.10.5.7. Copia de oficio 024845 del 17 de
diciembre de 2012, por la cual la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres presenta impugnación a
la acción. (Folios 186-205, cuaderno 3)
2.       CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA
La Corte es competente para revisar los presentes
fallos de tutela, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, y con el Decreto 2591 de 1991.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
Conforme a lo reseñado respecto de las
situaciones fácticas planteadas y de las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia en el trámite de las solicitudes de amparo objeto de revisión,
corresponde a la Sala Séptima de Revisión establecer si en los
casos expuestos procede la acción de tutela para proteger los derechos
fundamentales a la vivienda digna, a la igualdad, a la dignidad y al debido
proceso de las accionantes, los cuales a juicio de estos, han sido vulnerados
por las diferentes entidades accionadas, puesto que no les han reconocido las
ayudas que brindó el gobierno a los damnificados de la segunda ola invernal
2011.
2.3.
Para solucionar el
problema jurídico planteado, esta Sala examinará: primero, el alcance y contenido general del derecho
al debido proceso administrativo contemplado en el artículo 29 de la
Constitución; segundo, el deber social tanto del Estado como de la sociedad frente a
las víctimas de desastres naturales y cambios climáticos; tercero, el papel del juez de tutela frente a la
protección del patrimonio público y; por último, se resolverán los casos
concretos.
2.4.
EL DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.
La Constitución Política de 1991 en su artículo 29 establece que el debido
proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas, constituyéndose como garantía en las actuaciones surtidas
contra los particulares. De manera que, tal y como lo ha reiterado la
jurisprudencia de esta Corporación, hoy en día esta garantía constitucional
abarca no solo a las actuaciones judiciales sino que también se extiende a las
actuaciones administrativas, “con lo cual se produce una innovación que
eleva a la categoría de Derecho Fundamental, un derecho de los asociados que,
tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacía parte del concepto original
propio del derecho al debido proceso”[1].
Entendido el derecho al debido proceso administrativo como la
garantía a todas las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal
manera que la afectación o la privación de ciertos bienes jurídicos por parte
del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus derechos fundamentales. De
este modo, ha indicado esta Corporación: si bien la preservación de los
intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la
actuación estatal son imperativo de todos los procedimientos que se surtan a
este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que
armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados.[2]
Ahora bien, es importante resaltar que
este derecho, también ha sido consagrado en diversos instrumentos
internacionales, lo que establece para el Estado obligaciones de diferente
índole. Sobre el particular es conveniente traer a colación lo dicho por esta
Corte en la Sentencia  C-607 de 2012[3],
que en esencia condensa la posición pacífica de la jurisprudencia al respecto,
según la cual:
“La jurisprudencia internacional,
específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estudiado la
cuestión de si las garantías judiciales mínimas consagradas en la
Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8), sólo son aplicables a los
procesos penales, o si por el contrario, algunas de ellas pueden extenderse a
los procedimientos administrativos.
En relación con los procesos
administrativos, dijo el Tribunal Internacional en el Caso Ivcher Bronstein
contra Perú:
Si bien el artículo 8 de la
Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se
limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que
las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del
Estado que pueda afectar sus derechos.
La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo
no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación
de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo
precepto se aplican también a esas órdenes y, por ende, en éstos el individuo
tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia
penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo.
En suma, la
Constitución y la jurisprudencia nacional e internacional han reconocido en
forma unánime la vigencia plena del debido proceso en los trámites
administrativos”.
De manera que la actual concepción
constitucional es precisamente resultado de la incorporación de estos
planteamientos internacionales en el ordenamiento jurídico interno de la
Nación. Pues como bien lo reseña la
Sentencia T-552 de 1992[4],
en principio la garantía del debido proceso buscaba “ asegurar la libertad
física, y, sólo gradualmente se extendió a procesos de naturaleza no criminal,
a las demás formas propias de cada juicio, según el texto constitucional
anterior; ahora, sigue aumentando su espectro este derecho, que comprende como
el que más la necesidad de consultar el principio de legalidad en las
actuaciones públicas judiciales y en adelante las administrativas, ampliando su
ámbito garantizador.”
Entonces, es claro desde el propio texto
constitucional y la jurisprudencia desarrollada a partir de aquel, que el
debido proceso es una exigencia tanto para la actuación judicial como
administrativa.
Como consecuencia de esa incorporación al
procedimiento administrativo, la jurisprudencia ha desarrollado una seria de
elementos específicos que constituyen el debido proceso administrativo, los
cuales se concretan en: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii)
el principio de legalidad y las formas administrativas previamente
establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad;
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. De lo cual se
puede desprender que la finalidad del debido proceso en materia administrativa
es, en general, servir de contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que
desarrolla frente a los particulares.
Aun cuando de lo anterior se desprende,
no resta explicitar que la aplicación del debido proceso en materia
administrativa se extiende a todo tipo de actuaciones de la administración, no
solo las de tipo sancionador, sin importar la entidad u órgano que las ejecute.
Más aún, obliga a todos los servidores públicos en tanto ejerzan función
administrativa, pues como bien lo expresa la
Constitución Nacional en su artículo 123 “los servidores públicos están al
servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la constitución, la ley y el reglamento”.
En esta medida, es claro que el derecho
al debido proceso en general, y en particular en materia administrativa,
adquiere un carácter instrumental en la medida que propende por la protección y
garantía de las finalidades y los derechos superiores del Estado.[5]
Estas finalidades pueden analizarse desde un punto de vista general, así como
desde un punto de vista particular o especifico. En lo concerniente al sentido
general, cuando se refiere a las finalidades propias de la actuación
administrativa condensadas en el Art 209 de la
Constitución, según el cual “la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.
Desde un punto de vista particular, según
la actuación especifica que se esté ejecutando, para lo cual será menester
analizar la ley, reglamento o acto administrativo en el cual se origine dicha
actuación. Sin olvidar que en todo caso deben corresponder con los fines del
Estado propuestos en el Artículo 2 de nuestra Constitución[6], en armonía con
el Artículo 1, el preámbulo y con el texto constitucional en general.
Lo anterior en virtud de los alcances que
la jurisprudencia le ha otorgado a este concepto jurídico, el cual “resalta
el carácter secuencial y reglado de la actuación de los poderes públicos para
la consecución de los fines legales y constitucionalmente establecidos”[7].
Razón por la cual, toda actuación administrativa debe ajustarse al principio de
legalidad, la buena fe, y la confianza legítima de los administrados, teniendo
siempre como punto de referencia el cumplimiento de los fines generales y
particulares de la actuación.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de
manera reiterada y pacífica, como bien se expone en la sentencia T-600 de 2007[8],
según la cual “en los procedimientos
administrativos, el respeto al debido proceso se traduce en “[el]
cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa,
relacionados entre sí de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin,
todo de acuerdo con la disposición que de ellos realice la ley.”
Desde otro punto de vista, la jurisprudencia ha dispuesto que el
debido proceso administrativo implica unas  garantías mínimas previas que se refiere
a aquellas que deben “cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o
procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de
igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la
razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de
los jueces, entre otras. [Y de] otro lado, las garantías mínimas posteriores
se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión
administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción
contenciosa administrativa.”[9]
Sin embargo, es preciso distinguir que si
bien los procesos administrativos no tienen la misma complejidad formal de los
procesos judiciales, ello no implica una ausencia total de aquellos, sino una
mera flexibilización en razón de la naturaleza del ejecutor pues “mientras
el juez, está investido de cierta dignidad de tercero, en el caso de la
administración, esta es al mismo tiempo juez y parte; y sus actuaciones están
sometidas de ordinario al control jurisdiccional, toda vez que se trata
fundamentalmente del desarrollo de una gestión más que del dictum del derecho” [10].
En
conclusión, es posible afirmar que el debido proceso administrativo puede ser
objeto de vulneración ya sea porque no se cumpla con el conjunto de elementos
que lo conforman, o por que el mismo no cumpla con las finalidades que
le son propias.
Con
base en lo anterior y bajo estos presupuestos es necesario analizar, en el caso
concreto, si la actuación de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como de las
respectivas Alcaldías  Municipales accionadas, se ajustó a las exigencias del
debido proceso administrativo en cuanto a sus elementos y finalidades.
En
cuanto a los elementos que informan el debido proceso
administrativo resulta relevante, para el caso bajo estudio, hacer referencia
en concreto a dos de ellos: en primer lugar, (i) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; y en segundo
lugar, (ii) los derechos fundamentales de los asociados. Por ser éstos
los que, haciendo abstracción de los alegatos formulados en los diferentes
procesos, a juicio de los accionantes parecen haber sido vulnerados por las
entidades accionadas durante los tramites propios del proceso de atención a los
damnificados por la segunda ola invernal.
En
lo que se refiere al (i) Principio de legalidad y las formas
administrativas previamente establecidas, es necesario revisar cuál era el
procedimiento señalado en la Resolución 074 de 2012 para la referida atención,
y posteriormente analizar si se dio cumplimiento o no, en cada uno de los casos
concretos.
Estableció la resolución que en los municipios afectados según
previo reporte del CLOPAD a la UNGR, dicho comité, en cabeza del respectivo
Alcalde Municipal, se encargaba de diligenciar la planilla de apoyo económico
de los damnificados directos, información que a su vez debía ser remitida a la
UNGR dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre al 10 de diciembre de
2011. El acta respectiva debía estar firmada por el Alcalde Municipal, el
director del CLOPAD y avalada por el coordinador del CREPAD, quien a su vez
tenía la responsabilidad de verificar que los municipios afectados dentro de su
departamento entregaran la información en debida forma, así como de hacer
seguimiento a la entrega y aplicación de los recursos.
Por otro lado, los CLOPAD eran la única
instancia responsable del diligenciamiento de las planillas, de la veracidad de
la información allí depositada y del seguimiento y acompañamiento de la entrega
del apoyo económico. Así mismo, para la elaboración inmediata de un plan de
contingencia y para el pago de los apoyos económicos, se encargaría de
constituir un comité operativo extraordinario, que debía realizar un análisis
de los riesgos que se pudieran presentar en el proceso de pago.
El pago de los recursos lo haría el Fondo
Nacional de Calamidades a través del Banco Agrario, solo a aquellos
beneficiarios registrados como damnificados directos, los cuales, en virtud de
la resolución son “la familia residente en la unidad de vivienda afectada al
momento del evento, que ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles
al interior del mismo, ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de la
segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional”.
Finalmente, establece la resolución que la
UNGR no tenia potestad para incluir y/o excluir ningún tipo de registro.
Adicionalmente, en virtud de la resolución 002 de 2012 se extendió el plazo
para la entrega de la información a la UNGR del 30 de diciembre de 2011 al 30
de enero de 2012.
Por
otra parte, en cuanto a (ii) los derechos fundamentales de los
asociados, procede primordialmente el análisis frente a los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda digna.
Ahora
bien, resta analizar el cumplimiento de las finalidades del
debido proceso administrativo que, como ya se ha anotado, se divide en dos
niveles. Por una parte están las finalidades generales que hacen
referencia al cumplimiento de los fines propios de la función administrativa
como tal, y por otra las finalidades particulares que son aquellos
propósitos que se plantean en la ley, reglamento o acto administrativo que dé
origen a la actuación en ejercicio, lo cual en el presente caso implica revisar
lo establecido en la Resolución 074 de 2011, que se
propuso restablecer las condiciones de bienestar de las familias damnificadas
directas y/o de habitabilidad de la vivienda y de algunos bienes perdidos o
averiados como consecuencia de los efectos causados por la segunda temporada de
lluvias, comprendida entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
Lo anterior en razón a las obligaciones constitucionales del
Estado en conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población del país, teniendo en cuenta que el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres tiene por finalidad asegurar a la población
frente a los fenómenos naturales que le puedan causar daños, en coordinación
con las distintas entidades competentes, con el propósito de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y evitar pérdidas humanas
y materiales.
2.5.
DEBER SOCIAL
DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD FRENTE A LAS VÍCTIMAS DE DESASTRES NATURALES Y
CAMBIOS CLIMÁTICOS.  REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
Teniendo en cuenta que Colombia es un
Estado Social de Derecho y, éste aunado a la estructura básica del ordenamiento
constitucional colombiano, le otorgan al Estado el deber de proporcionarle
bienestar a todos los habitantes de la
Nación, lo que se fundamenta y desarrolla en los principios de dignidad
humana, trabajo, solidaridad y prevalencia del interés general sobre el
particular.
Lo anterior, tiene su fundamento en el
Preámbulo y en el artículo 1° de la Constitución[11], con el
establecimiento de parámetros fundamentales para nuestra sociedad, que se
desenvuelven como pauta de protección, en especial a favor de las personas que
se encuentren en estado de debilidad manifiesta.
Por otro lado, dentro de los fines
esenciales del Estado se encuentran entre otros el de “garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución Política” (Art. 2° inciso 1º), de manera que así es
reconocido y protegido el derecho a la vida, en el máximo nivel y, para el caso
objeto de estudio, el derecho a la vivienda digna, frente al cual el Art. 51 de
nuestra Carta señala “ que el Estado fijará las condiciones necesarias para
hacerlo efectivo…”.
En consecuencia, esta Corte, con respecto
al derecho a la vivienda digna de aquellas personas consideradas como
damnificadas, en sentencias como la T-  1125 de 2003[12] ha
manifestado:
“La situación de desamparo a que se ven abocados los
damnificados ante la ocurrencia de un desastre, manifestada en un primer
momento en la urgencia por hallar un lugar donde refugiarse ante la
emergencia, es una cuestión de humanidad que debe ser afrontada solidariamente
por todas las personas, comenzando desde luego por el Estado. (Negrilla fuera del texto)…
[…]
En materia de atención y prevención de
desastres, la especial atención constitucional se brinda para la protección de
la población afectada que ostenta una calidad de vulnerabilidad y debilidad
evidente, y en esta medida para el aseguramiento de sus derechos fundamentales
a la vida, a la subsistencia, a la dignidad, y a la salud, entre otros. Además, el principio general de solidaridad
impide que la sociedad sea indiferente al sufrimiento evidente de las personas
o insensible ante la situación de desamparo o de extrema necesidad en que éstas
se encuentren.
En esta medida, todos los agentes sociales deben asumir
responsablemente el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de
forma que se haga posible la cooperación social. Ello implica que en
cumplimiento de los deberes sociales de apoyo, atención, protección y promoción
de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, se llegue en muchas
ocasiones a que la sociedad deba soportar ciertas cargas públicas.”(Negrilla y Subrayado
fuera del texto)
Siguiendo con el mismo lineamiento, esta Corporación
en la Sentencia T- 1075 de 2007[13],
indica que desconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran
las personas victimas de un desastre natural generaría la vulneración de sus
derechos fundamentales. Al respecto señaló:
“El diferente impacto que los fenómenos naturales
puede tener sobre las personas, justifica el tratamiento diferenciado de las
medidas a adoptar en estos casos, pues el desconocimiento de las situaciones de
vulnerabilidad, ignorando tanto el evento del desastre como sus consecuencias
en el entorno social, económico, ambiental y familiar, implica una vulneración
contra derechos fundamentales de los damnificados, por lo cual se hace
exigible la cesación de las causas contrarias a la especial protección debida a
la población vulnerable, o las acciones tendientes a la efectividad de la
misma.”(Negrilla y Subrayado fuera del texto).
Ahora bien, esta Corte también se ha
manifestado acerca de la importancia del deber de solidaridad y de protección
que tiene el Estado con las personas damnificadas como consecuencia de un
desastre natural, lo anterior debido a la posición de garante que tiene el
Estado con todas las personas que habitan en el territorio nacional. Al
respecto en Sentencia T- 530 de 2011[14]
indicó:
[…] una vez ocurrido un derrumbe,
deslizamiento o desastre natural similar, se activa el deber de solidaridad del
Estado y la sociedad frente a las personas damnificadas.
Al respecto, esta Corte ha señalado que
“el preámbulo y el artículo 95 de la
Constitución Política establecen como uno de los parámetros fundamentales de
nuestra sociedad la solidaridad, el cual se desenvuelve como pauta de
protección de las personas que se encuentren en estado de debilidad. En esta
medida, en el caso de personas que se encuentran en situaciones de debilidad
manifiesta, debido a su estado de vulnerabilidad a causa del acaecimiento de un
desastre, el principio de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que
el derecho a una vida digna se relacione directamente con la salud, con la
seguridad alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros
de la intemperie entre otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la
sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico”[15].
Este deber de solidaridad se fundamenta,
además, en que “Colombia es un Estado Social de Derecho y como República se
funda en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y en la prevalencia del
interés general sobre el particular (artículo 1° de la
Constitución). Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades,
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares (artículo 2° inciso 2º de la
Constitución). Dentro de los fines esenciales del Estado está garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución Política (artículo 2° inciso 1º). También reconoce y garantiza
los derechos a la vida (artículo 11), y a la vivienda digna (artículo 51).
Frente a personas que por su condición económica se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta tiene, además, el deber de protegerlas especialmente
(artículo 13 inciso 3°)”[16].
En este orden de ideas, “se trata de un
deber del Estado de rango constitucional, no meramente moral, que a su vez
involucra los deberes sociales de los particulares (artículo 95 numeral 9°), si
se tiene en cuenta que será con las contribuciones de éstos destinadas a cubrir
los gastos e inversiones del Estado” [17].
Una de las manifestaciones de este deber
de solidaridad es el relativo a la reubicación de las personas que, en virtud
del desastre natural, han quedado sin vivienda.
Es por ello que, en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica declarada en todo el país mediante el decreto
4580 de 2010 a causa del denominado “Fenómeno de la
Niña”, se expidió el decreto legislativo 4821 de 2010 con el objetivo de
facilitar los proyectos de construcción de vivienda y la reubicación de
asentamientos humanos afectados por esta ola invernal[18].
…el decreto 4821 de 2010 crea y regula
detalladamente los proyectos integrales de desarrollo urbano (PIDU), los cuales
permitirán llevar a cabo los proyectos de reubicación y reasentamiento
garantizando (i) su localización en zonas seguras que no presenten riesgos para
las personas, (ii) el cumplimiento de estándares de calidad ambiental y
urbanística con las infraestructuras viales y de servicios públicos y (iii) la
localización de equipamiento principalmente de educación y salud. Esto mediante
un trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional y los municipios y/o
distritos. [...]”
De igual forma, en relación con los
deberes que se encuentran en cabeza de las autoridades municipales en lo
concerniente a la prevención de desastres, haciendo énfasis en el papel que
estas entidades tienen como células funcionales del ordenamiento
territorial.  Esta Corte en Sentencia T-199 de 2010, haciendo énfasis en el
artículo 76 de la Ley 715 de 2011 manifestó:
“(…) el artículo 76 de la
Ley 715 de 2001 señala la obligación de los municipios de promover, financiar
o cofinanciar proyectos de interés municipal, bien sea mediante esfuerzo propio
o a través del dinero percibido del Sistema General de Participaciones, entre
otros, en materia de prevención y atención de desastres: “[Artículo 76.9] Los
municipios con la cofinanciación de la
Nación y los departamentos podrán: (76.9.1.) Prevenir y atender los desastres
en su jurisdicción. (76.9.2.) Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de
alto riesgo y reubicación de asentamientos”.
Por último, se hace necesario aclarar que
las normas que declaran y regulan la
existencia de una situación de desastre, se encuentran establecidas en la
Constitución Política y en otras disposiciones como la
Ley 46 de 1988[19],
el Decreto 919 de 1989[20],
la Ley 99 de 1993[21],
la Ley 715 de 2001[22],
el Decreto 93 de 1998[23][24]  y la Ley 715 de 2001[25], entre otras normas.
El artículo 2 de la
Ley 46 de 1988 define como desastre: “el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida
en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por
efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera
por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras
Entidades de carácter humanitario o de servicio social.
De igual manera, el
artículo 18 del Decreto 919 de 1989 lo define como:
"el daño
grave o la alteración grave de las condiciones normales de
vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción
del hombre en forma accidental, que
requiere por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter
humanitario o de servicio social".
Dentro de dicho marco normativo, dada la
relevancia del tema y con el propósito de enfrentar y manejar todo lo relativo
a desastres, “se estableció el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres el cual está constituido por el conjunto de
entidades públicas y privadas que realizan acciones específicas, para definir
las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas,
privadas y comunitarias en las fases de prevención, atención, rehabilitación y
reconstrucción en situaciones de desastre. Su función es integrar los esfuerzos
públicos y privados para la adecuada prevención y atención de desastre, así
como garantizar un manejo oportuno y eficiente de los recursos humanos,
administrativos, técnicos y económicos necesarios”[26].
Por su parte, el Decreto 93 de 1998 establece los lineamientos
esenciales de la forma en que el Estado colombiano ha asumido el manejo de los
desastres y los programas de prevención del riesgo, de los cuales es necesario destacar:
“(i) la previsión de un
sistema articulado en los distintos niveles territoriales y con participación
multisectorial[27];
(ii) la conjugación del enfoque
de atención de desastre con el de prevención del riesgo[28] como
orientaciones esenciales para el manejo del riesgo, y la articulación de ‘(l)as
fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en
relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas’[29];
(iii) la asignación de competencias entre los
distintos niveles, enfocando en el nivel central las medidas de planeación y en
los niveles territoriales (particularmente el municipio) las de ejecución de
las medidas y elaboración de planes concretos de acción frente a desastres;
(iv) la obligación de los niveles regional y nacional de
concurrir a la atención de situaciones que desborden la capacidad de los entes
municipales;
(v) los principios de descentralización, ámbito de
competencias, coordinación y participación[30];
(vi) el presupuesto de la intervención necesaria y
obligatoria de todas las autoridades para la prevención y atención de
desastres, entre otras notas centrales que serán tenidas en cuenta para el
estudio del caso concreto[31];
(vii) la previsión de diseño de programas de conocimiento,
monitoreo, alerta temprana, difusión de la información[32]”[33]
.
En resumen, (i) las personas
damnificadas por un desastre natural son sujetos de especial protección
constitucional debido al estado de debilidad manifiesta en que se encuentran
como consecuencia de dicho acontecimiento, (ii) el Estado tiene el deber
de solidaridad y de protección con las personas damnificadas como consecuencia
de un desastre natural, lo anterior debido a la posición de garante que tiene
con todas las personas que habitan en el territorio nacional, (iii) desconocer la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas víctimas de un desastre natural generaría la
vulneración de sus derechos fundamentales, tales como la vida digna, la
vivienda digna, la salud, entre otros y, (iv) en lo concerniente al manejo de emergencias, es imprescindible
que las autoridades competentes evalúen el riesgo en que se encuentra la
población afectada, con la finalidad de tomar las medidas necesarias para
evitar que aumente situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran,
sin excluir a ninguna de las víctimas del desastre.
2.5.1.  Deber social del Estado frente a las
victimas de cambios climáticos.
El proceso de cambio climático es hoy en
día una preocupación no solo de índole científica sino también por las
consecuencias humanitarias que de él se derivan. En ese sentido ha recibido la
atención de la comunidad internacional, de manera especial del Alto Comisionado
De Las Naciones Unidas Para Los Refugiados (ACNUR), en lo que respecta a las
movilizaciones humanas generadas como consecuencia de los distintos fenómenos
climatológicos que se vienen dando cada vez con mayor frecuencia.
Es así como, actualmente, se considera
que existen al menos cinco escenarios de movilización derivados del cambio
climático:[34]
·
Desastres hidrometeorológicos
(inundaciones,       huracanes/tifones/ciclones, deslizamientos de tierra,
etc.);
·
Zonas designadas por
los gobiernos como de alto riesgo y peligrosas para habitarlas;
·
Degradación del medio
ambiente y una lenta aparición de desastres (por ejemplo, reducción de la
disponibilidad de agua, desertificación, inundaciones recurrentes, salinización
de zonas costeras, etc.);
·
El caso del
hundimiento de los pequeños estados insulares; y
·
Conflictos armados
provocados por la disminución de los recursos naturales (por ejemplo, agua,
alimentos) debido al cambio climático.
En virtud de esta amplia gama de
potenciales orígenes de problemáticas humanitarias derivadas de fenómenos
climáticos, se imponen cada vez mayores exigencias a la actuación de la
comunidad internacional y los Estados con el fin de atender a quienes resulten
afectados por dichos sucesos y de procurar la preservación del ambiente o,
cuando menos, disminuir la afectación a la cual se ha visto sometido por la
acción humana.
De manera que, actualmente es claro que
el Estado tiene una serie de obligaciones frente a la prevención y atención de
desastres naturales y frente a la atención de la población afectada,
obligaciones que vienen siendo objeto de un progresivo desarrollo doctrinal y
convencional y que por lo tanto exigen cierto tipo de actuaciones estatales. En
este sentido, la Convención Marco De Las Naciones Unidas Para El Cambio
Climático se propone “la estabilización de las concentraciones de gases afecto
invernadero en la atmosfera a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático [...]”. por su parte, “la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO- [35]
ha fijado entre otros los siguientes objetivos: (i) la creación  de
sistemas de alerta temprana, (ii) preparación de planes previsores de
ocupación de suelos, (iii) adoptar planes de construcción adecuados, (iv)
salvaguardar los edificios escolares y los monumentos culturales, (v)
promover el trabajo de investigación después de los desastres naturales y
adoptar medidas de rehabilitación”. Mientras que la declaración de Hyogo “recomienda fomentar “una cultura de prevención de
desastres [...] a todos los niveles” y señala los vínculos entre la
reducción de los desastres, el desarrollo sostenible y la mitigación de la
pobreza”[36]. Adicionalmente, la
Declaración del Milenio del 8 de septiembre de 2000 en su numeral 4 postula la
“Protección de Nuestro Entorno Común”, dentro de cuyos propósitos se
encuentra: “Intensificar la cooperación con miras a reducir el número
y los efectos de los desastres naturales y de los desastres provocados por el
hombre.” Y ya concretado en los denominados “Objetivos Del Milenio”,
el objetivo número 7 se dirige a Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente, a través de la incorporación de los “principios del
desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente”.
Por otra parte, la “Estrategia de
Yokohama para un Mundo más Seguro y su Plan de Acción”, aprobada en la primera
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres de 1994, planteó
diez principios que se enfocan en la prevención de desastres. Dentro de los
cuales se postula que “las medidas y acciones tendientes a la prevención y
preparación para eventos de desastres deben ser elementos integrales de la
política en los niveles nacional, regional e internacional, y reconoce que
sobre cada Estado recae la responsabilidad de proteger a su población,
infraestructura y bienes de los efectos de los desastres naturales”[37].
Ahora, si bien los textos resultantes de
la conferencia mundial sobre la reducción de los desastres[38], celebrada en
Japón del 18 al 22 de enero de 2005, “no eran vinculantes jurídicamente, […] si
representaban un firme compromiso de los Estados y organizaciones”, adoptado
con el fin de lograr “la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por
los desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, económicos y
ambientales de las comunidades y los países”. Objetivo que a su vez se
desagregó en los siguientes objetivos estratégicos:
a)     La integración más efectiva de la
consideración de los riesgos de desastres en las políticas, los planes y los
programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con acento especial en la
prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de desastre
y la reducción de la vulnerabilidad.
b)    La creación y el fortalecimiento de
instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, en particular a nivel de la
comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la
resiliencia ante las amenazas.
c)     En la fase de reconstrucción de las
comunidades damnificadas, la incorporación sistemática de criterios de
reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de los programas de
preparación para las situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.
En consecuencia se asumen como
prioridades de acción específicas “1.velar por que la reducción de los riesgos
de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base
institucional de aplicación. 2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de
desastre y potenciar la alerta temprana. 3. Utilizar los conocimientos, las
innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de
resiliencia a todo nivel. 4. Reducir los factores de riesgo subyacentes. 5. Fortalecer
la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a
todo nivel.”
Valga agregar que la consecución de dicho
objetivo implica la necesaria participación de múltiples agentes, ya sean
gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, sociedad civil, sector
privado y comunidad científica. Sin embargo, es apenas lógico que el mayor
nivel de responsabilidad recaiga en los Estados, lo que no obsta para que se
apoyen en un entorno internacional propicio para alcanzar ese nivel de
compromiso en la atención y manejo de los desastres naturales y sus
consecuencias. Bajo este entorno la conferencia propone el desarrollo de cinco
prioridades de acción.
En primer lugar, velar por que la reducción de los
riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una
sólida base institucional de aplicación. Lo que implica el desarrollo de marcos
institucionales y legales nacionales, dentro de los cuales es primordial la
creación de “mecanismos integrados para la reducción de los riesgos de
desastre […] estableciendo responsabilidades concretas a todo nivel, desde el
local hasta el nacional”. Igualmente la incorporación en las políticas y
planes de desarrollo de estrategias de reducción de riesgo, así como la
adopción de legislación pertinente para favorecer la reducción de los riesgos
de desastre. Por otra parte, implica el manejo de los recursos humanos y
presupuestarios necesarios para afrontar los eventos de desastres. En el manejo
especifico de recursos presupuestarios plantea “consignar recursos para la
elaboración y aplicación de políticas y programas de gestión de los riesgos de
desastre y de leyes y reglamentos sobre reducción de los riesgos de desastre en
todos los sectores y organismos pertinentes y en todos los niveles
administrativos y presupuestarios a partir de un orden de prioridades de acción
claramente establecido.” Por último, postula la necesaria participación de la
comunidad para alcanzar la reducción de los riesgos de desastre.
En segundo lugar, identificar, evaluar y vigilar los
riesgos de desastres y potenciar la alerta temprana. Planteamiento que
comprende la elaboración y difusión de mapas de riesgo y en general sistemas de
indicadores de riesgo que permitan analizar y elaborar estadísticas del impacto
de los desastres. Esto apoyándose en sistemas de alerta temprana, que permitan
tomar “medidas coordinadas en caso de alerta/emergencia”, todo lo cual, en
definitiva, se orienta a estructurar una capacidad institucional de atención y
prevención de desastres.
En tercer lugar, utilizar los conocimientos, las
innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de
resiliencia a todo nivel, bajo el entendido de que “los desastres pueden
reducirse considerablemente si la población está bien informada y motivada para
asumir una cultura de prevención y de resiliencia ante los desastres”, a partir
de estrategias de investigación, enseñanza y formación y concientización pública.
En cuanto lugar, reducir los factores de riesgo
subyacentes, apoyándose, entre otros, en la gestión del medio ambiente y la
planificación del uso de la tierra.
Por último, fortalecer la preparación para casos de desastre a
fin de lograr una respuesta eficaz. De tal manera que ante la ocurrencia de un
desastre sea posible reducir su impacto por la preparación de las personas,
autoridades y comunidades afectadas.
De tal suerte que, desde el escenario
internacional es posible predicar la actual preocupación por los efectos de los
desastres naturales sobre los bienes y personas, lo que a su vez ha concitado
el planteamiento de políticas tendientes a aminorar dichos efectos y, dentro de
lo posible, prevenir su ocurrencia.
Más aun, esta preocupación en el caso
Colombiano no se queda en la mera esfera internacional, sino que ha tenido
también incidencia en el planteamiento de políticas internas. Tanto así que el
mismo Marco de Acción de Hyogo que se ha venido relatando ha sido objeto de
aplicación, por lo cual se generó el “Informe Nacional del Progreso en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo (2009-2011)”, que hace una presentación de la
aplicación del Marco estructurada a partir de los cinco pilares antes
expuestos.
En lo que al asunto del presente caso
resulta relevante, se plantea “implementar un programa de asistencia técnica
para la gestión del riesgo, dirigido al fortalecimiento institucional del orden
nacional, departamental (comité regional para la prevención y atención de
desastres-CREPAD) y municipal (comité local para la prevención y atención de
desastres- CLOPAD), que promueve la estructuración y ejecución de estrategias e
instrumentos de prevención, mitigación/reducción de riesgos y preparación y
atención de desastres, en los procesos de planeación y desarrollo regional,
departamental y municipal, acorde con las directrices del Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres- PNPAD (Decreto 93/98) y el Plan Nacional
de Desarrollo.)”
Por otra parte, es importante resaltar que
el complejo de obligaciones del Estado en la materia no es un asunto meramente
sugerente, pues como ya lo ha planteado la jurisprudencia de esta corporación,
si bien estos instrumentos “hacen parte del denominado soft law o derecho
blando, constituyen parámetros que permiten comprender de manera integral y
armónica el alcance de las obligaciones de los Estados en torno a la prevención
y atención de desastres.”[39]
Pues descendiendo al análisis dentro del
ordenamiento jurídico interno, bien asegura la
Sentencia C-156/11[40],
al analizar la constitucionalidad del Decreto
4580 de 7 de diciembre de 2010, “Por el cual se declara el estado de
emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”,
que “También radica en
cabeza del Estado la obligación de prevenir los desastres naturales. En efecto,
aunque el ser humano en algunas ocasiones no pueda luchar contra el
desencadenamiento de un desastre natural, lo cierto es que si puede crear
instrumentos de prevención”[41].
Para el caso resulta de vital importancia
advertir que si bien los hechos se dieron en el transcurso de la segunda ola
invernal, cuyo decreto de declaración de “Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública” fue declarado
inexequible por esta Corte en Sentencia C-216 de 2011[42], bajo el
entendido de que “si
bien formalmente en los considerandos del Decreto 020 de 2011 se enumeran una
serie de hechos vinculados a la ola invernal, no puede hablarse ciertamente de
hechos novedosos, impensables e inusitados que ameritaran acudir a una nueva
declaratoria de emergencia o que no pudieran ser conjurados con los múltiples
instrumentos ya creados en desarrollo del Decreto 4580 de 2010, que previó una
amplia gama de mecanismos orgánicos, presupuestales y administrativos para
enfrentar la crisis provocada por la grave calamidad pública”, la
declaratoria de inexequibilidad de dicho decreto no dejó al Estado sin
herramientas para conjurar los efectos de tal desastre natural. Más aun, en el
extracto citado con claridad se expresa que bajo el decreto 4580 de 2010 se
contaba con instrumentos para conjurar “la crisis provocada por la grave
calamidad pública”.
Adicionalmente, no es de desconocer que
el Estado colombiano está comprometido con la protección del ambiente por
expresa disposición de la carta política en sus artículos 79[43] y 80[44],
que constituyen el fundamento de la denominada constitución ecológica, y por la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)[45],
cuyo propósito “es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera, en un nivel que no ponga en riesgo el
equilibrio vital del planeta, en un término razonable  que permita al
ecosistema global recuperarse y adaptarse al cambio climático. De esta forma,
se pueden garantizar la producción de alimentos y la supervivencia de la especie”[46].
Aunque no podemos desconocer que esta convención tampoco establece obligaciones
precisas, sino que se “limitó” a un compromiso político orientado a fomentar
una conciencia pública al respecto.
En conclusión de lo expuesto es posible
afirmar que, aun cuando en el escenario internacional hay una serie de
instrumentos relativos al tratamiento de los desastres naturales y sus efectos,
dichos instrumentos carecen de vinculatoriedad en términos jurídicos. Sin
embargo, implican cierto nivel de compromiso en tanto se les reconoce la
calidad de soft law o derecho blando, de tal manera que el Estado no se
puede desligar de esos compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
Más aun, como se expuso anteriormente el Estado reconoce su compromiso en
virtud de tales instrumentos, por lo menos al dar aplicación al Marco de Acción
de Hyogo según el antes referido “Informe Nacional del Progreso en la Implementación del Marco de Acción de Hyogo (2009-2011)”. A partir de lo aquí expuesto surge
la inquietud en cuanto al nivel de cumplimiento que el Estado colombiano tuvo
al afrontar la emergencia invernal, en relación con los compromisos asumidos en
virtud de los instrumentos internacionales aquí presentados.
2.6.
EL PAPEL DEL
JUEZ DE TUTELA FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Debido a las circunstancias
que dieron origen a los amparos revisados en la presente providencia, la
Sala considera importante traer a colación el precedente aplicado por este
Despacho en la Sentencia T-399 de 2013, donde se estudió el caso de 120
docentes a los cuales se les otorgaron prestaciones sociales ya prescritas, sin
que éstos agotaran previamente las vías ordinarias que tenían a su disposición.
En esta ocasión, se
desarrollo el deber que tienen los jueces constitucionales de proteger el
patrimonio, independientemente de su papel y la debida diligencia que éstos
deben tener frente a la protección de los derechos fundamentales que se alegan
en cada caso.
En el caso que hoy nos ocupa,
los accionantes alegan ser víctimas de la segunda ola invernal del año 2011,
sin embargo, al revisar las pruebas obrantes dentro del expediente, se puede
corroborar que pertenecen a la primera ola invernal, por tanto no cumplen con
los requisitos para recibir la ayuda humanitaria prometida por el Gobierno
Nacional para las víctimas de la segunda temporada de lluvias del año 2011.
Razón por la cual, para la Sala resulta inapropiado que el Juez de instancia
otorgara la ayuda a personas que no cumplían con los requisitos contemplados en
la Resolución 074 de 2011 para acceder a ella, por tanto es pertinente hacer
alusión en este capítulo al deber que tiene el Juez Constitucional de proteger
el patrimonio público.
2.6.1.  Procesos judiciales como mecanismos que
garantizan la protección del patrimonio público
2.6.1.1.      El patrimonio público se encuentra en la
Constitución mencionado como uno de los bienes sobre los cuales el Ministerio
Público debe intervenir en su defensa en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas, cuando sea necesario (Artículo 277). Así mismo,
el artículo 334, al cual fue adicionado el principio de sostenibilidad fiscal
mediante el Acto Legislativo 3 de 2011[47],
es también un criterio de protección guía para las decisiones que involucran
una intervención al patrimonio público. No obstante, el artículo es claro al
afirmar que bajo ninguna circunstancia se puede invocar el principio de
sostenibilidad fiscal para menoscabar, restringir el alcance o negar la
protección efectiva de los derechos fundamentales.
2.6.1.2.      Por su parte, el Consejo de Estado ha
señalado que el concepto de patrimonio público “cobija la totalidad de
bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean
para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento
normativo”[48].
En el mismo sentido ha afirmado que el derecho y deber de defender el
patrimonio público es de carácter colectivo:
“(…) el derecho colectivo a la defensa
del patrimonio público implica que los recursos públicos sean administrados de
manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas
presupuestales, con lo cual se evita el detrimento patrimonial. A su vez, el
Consejo de Estado ha concluido en múltiples ocasiones "que la
afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho
colectivo de la moralidad administrativa" por cuanto generalmente supone
"la falta de honestidad y pulcritud en las actuaciones administrativas en
el manejo de recursos públicos" Por último, es preciso resaltar que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el derecho a la defensa
del patrimonio público ostenta doble finalidad: "la primera, el
mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y combatir su
detrimento; y la segunda, que sus elementos sean eficiente y responsablemente
administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la normatividad
respectiva"[49]. (Énfasis de la
Sala).
Adicionalmente ha señalado
que implica, por ser un derecho colectivo[50],
no sólo el buen manejo de los recursos públicos por parte de las autoridades
estatales, sino también alude a la utilización de los mismos de acuerdo con su
objetivo. En palabras del Tribunal Contencioso:
“El derecho colectivo al patrimonio
público alude no solo a "la eficiencia y transparencia en el manejo y
administración de los recursos públicos sino también a la utilización de los
mismos de acuerdo con su objeto y, en especial, con la finalidad social del
Estado". En tal virtud, si el funcionario público o el particular
administraron indebidamente recursos públicos, bien "porque lo hizo en
forma negligente o ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a los
expresamente señalados en las normas, afectaron el patrimonio público"[51].
(Énfasis de la
Sala)
2.6.1.3.      De igual forma, todas las autoridades estatales, e
incluso los ciudadanos, deben velar por la protección del patrimonio público ya
que resulta ser un bien colectivo que importa a todos. En desarrollo de este
deber, la Constitución y la Ley imponen a entidades específicas deberes de
vigilancia concretos frente al patrimonio público. Para nombrar algunos
ejemplos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público[52], es la entidad encargada
de coordinar, dirigir y regular la administración y recaudación de impuestos,
de darle seguimiento al Presupuesto General de la
Nación, de administrar el Tesoro Nacional, de efectuar el seguimiento de la
gestión financiera y a las inversiones de las entidades descentralizadas de
orden nacional, de asesorar y asistir a las entidades territoriales en materia
de administración Pública, especialmente en temas de eficiencia administrativa
y fiscal, entre otras funciones.
También, se pueden nombrar los organismos
de control, como la Contraloría General de la
República y el Ministerio Público. La primera, por mandato constitucional
(artículos 267 y 268), ejerce el control fiscal, vigila la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de
la Nación, en casos que señale la ley, podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial, revisa y fenece las cuentas que deben
llevar los responsables del erario y determina el grado de eficiencia, eficacia
y economía con que hayan obrado, conceptúa sobre la calidad y eficiencia del
control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, adelanta
procesos de responsabilidad fiscal y promueva ante las autoridades competentes
aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales y disciplinarias
contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del
Estado, entre otras funciones.
Por su parte, la
Procuraduría General de la Nación (artículos 277 y 278
C.P), debe velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones
administrativas, adelantar procesos disciplinarios contra quienes desempeñen
funciones públicas, intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales y administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales,
desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al
funcionario público que incurra en un evidente e indebido provecho patrimonial
en el ejercicio de su cargo de sus funciones, entre otras.
2.6.1.4.       Pues bien, el ordenamiento jurídico impone a unas
entidades concretas deberes de inspección y vigilancia sobre el erario público,
sin embargo, se hace necesario resaltar que el derecho a defender y proteger el
patrimonio público, implica un deber de todas las autoridades estatales, y no
sólo de las entidades nombradas. De esa forma, incluso los jueces, quienes
deben emitir sus providencias dentro del marco legal y conforme a lo que ha
resultado suficientemente probado en los procesos que involucran la
responsabilidad patrimonial de entidades públicas, como las entidades
territoriales, deben velar por la protección y la buena destinación de los
dineros que corresponden a la Nación.
No se quiere con lo
anterior desconocer lo que se incluyó con el Acto Legislativo 3 de 2011, en el
cual se dispuso que “Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna
circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o
judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos
fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva”, sino
por el contrario, resaltar que para cada pretensión existe en el ordenamiento
jurídico un proceso judicial dispuesto, con los objetivos, herramientas y
materiales procesales acordes con lo que se discute y  se exige. Por eso la
existencia de procesos contencioso administrativos, laborales, comerciales,
civiles, penales, en los que se discuten pretensiones de cada temática y su
estructura procesal se presta para garantizar el acceso a la administración de
justicia  y el debido proceso de cada una de las partes.
De manera que, tratándose
de la protección del patrimonio público, lo anterior no implica que no se pueda
condenar al Estado cuando se equivoca, sino que, de condenarse, debe agotarse
un procedimiento adecuado, y conforme a los requisitos que exige la ley,
acompañado de una adecuada valoración y sustento probatorio según el proceso
ordinario que se exige para este tipo de pretensiones. Y en este punto, es
donde las actuaciones de los jueces encuentran un valor trascendental en la
garantía del bien jurídico colectivo. Así los jueces, en cada uno de los
procesos que se adelante frente a ellos, deben ejercer un papel preponderante
tratándose de pretensiones que involucren al Tesoro Público.
3.       LOS CASOS CONCRETOS
De acuerdo con las consideraciones
expuestas, la Sala reitera el deber que tiene el Estado de proporcionarles
bienestar a todos los habitantes de la
Nación, lo que se fundamenta tal y como se expuso en la parte considerativa de
esta providencia en los principios de dignidad humana, trabajo, solidaridad y
prevalencia del interés general sobre el particular.
Lo anterior, teniendo en cuenta que
Colombia es un Estado Social de Derecho y, éste aunado a la estructura básica
del ordenamiento constitucional colombiano, le otorgan al Estado el deber proteger
a los habitantes de la Nación.
En la presente providencia, esta Sala de
Revisión procederá a establecer si la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las
diferentes Alcaldías accionadas vulneraron los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la igualdad, al debido proceso y a la vida digna de los accionantes, al
no otorgarles el apoyo económico previsto en la
Resolución No. 074 de 2011, a pesar de que afirman ser damnificados directos
de la segunda temporada de lluvias 2011.
Para resolver el caso concreto, la
Sala considera pertinente analizar el presente asunto teniendo en cuenta el
lugar geográfico donde acontecieron los supuestos hechos vulneradores de los
derechos alegados por los accionantes. Razón por la cual estudiará en conjunto
los expedientes T- 3.927.901, T-3.944.216 y T-3.944.271, hechos ocurridos en el
Municipio de Majagual, Sucre; expedientes T-3.928.040, T- 3.928.041,
T-3.928.042, T-3.928.043, T-3.928.044, T- 3.928.045, T-3.928.046,
pertenecientes al municipio de San Benito de Abad, Sucre y, el expediente T-
3.931.360, hechos acontecidos en el municipio de Montecristo, Bolívar.
3.1.
SUBREGLAS
APLICABLES A LOS CASOS EN ESTUDIO
Según afirman los accionantes la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las
diferentes Alcaldías accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, al no
otorgarles la ayuda humanitaria a la que tenían derecho por ser damnificados
directos de la temporada de lluvias durante el periodo comprendido entre el 1
de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
Sin embargo, está probado en el
expediente que los accionantes no se encuentran dentro del grupo de
damnificados directos de la segunda temporada de lluvias, pues hacen parte de
la primera, como puede probarse con la tirilla de registro único de
damnificados por la emergencia invernal- REUNIDOS- anexada por los accionantes.
(Cuaderno Probatorio).
Por otro lado, tal y como se mencionó en
la parte considerativa de esta sentencia, nos encontramos frente a un
desconocimiento por parte del juez de instancia de: (i) los
requisitos contemplados en la Resolución 074 de 2011[53],
pues se le otorgó la ayuda humanitaria a personas que no acreditaban los
requisitos para acceder a ella, contribuyendo con esto, a la causación de (ii)
un detrimento del patrimonio público, pues se aprobó a favor de quienes no
cumplían con las prerrogativas, una suma considerable de dinero, pudiéndose
dejar por fuera de dicho beneficio a personas que si habían sido censadas y
satisfacían las exigencias  requeridas por el CLOPAD para su legal acceso.
Aunado a lo anterior, se podría afirmar que
se le ha vulnerado a cada uno de los accionantes su derecho fundamental al
debido proceso administrativo, pues no se previó por parte de las autoridades
locales y nacionales encargadas para ello, que así como la primera temporada de
lluvias los había afectado, éstos podían ser victimas de la segunda temporada,
por tanto se debió proceder a censar primeramente aquellas personas que ya se
habían visto afectados, lo anterior para cerciorarse que no fueran de nuevo
afectados por el episodio climático.
Lo anterior en razón a las obligaciones constitucionales que tiene
el Estado de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población del país, teniendo en cuenta que el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres tiene por finalidad asegurar a la población
frente a los fenómenos naturales que le puedan causar daños, en coordinación
con las distintas entidades competentes, con el propósito de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y evitar pérdidas humanas
y materiales.
Así mismo, existen mecanismos
internacionales que protegen a la población frente al fenómeno de cambios
climáticos, los cuales han venido estudiándose con el transcurrir de los años.
De este modo, tal y como se dejó plasmado en la parte considerativa de esta
providencia, desde el ámbito internacional es posible desplegar la actual preocupación por los
efectos que están produciendo los desastres naturales sobre los bienes y
personas que habitan el planeta tierra, lo que a su vez ha concitado el
planteamiento de políticas tendientes a aminorar dichos efectos y, dentro de lo
posible, a prevenir su ocurrencia. Esta preocupación en el caso colombiano no
se queda en la mera esfera internacional, sino que ha tenido también incidencia
en el planteamiento de políticas internas. Tanto así que el mismo Marco de
Acción de Hyogo ha sido objeto de aplicación.
En lo concerniente al caso objeto de
estudio, considera la Sala pertinente, “implementar un programa de
asistencia técnica para la gestión del riesgo, dirigido al fortalecimiento
institucional del orden nacional, departamental (comité regional para la
prevención y atención de desastres-CREPAD) y municipal (comité local para la
prevención y atención de desastres- CLOPAD), que promueva la estructuración y
ejecución de estrategias e instrumentos de prevención, mitigación/reducción de
riesgos y preparación y atención de desastres, en los procesos de planeación y
desarrollo regional, departamental y municipal, acorde con las directrices del
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres- PNPAD (Decreto 93/98)
y el Plan Nacional de Desarrollo.)”
Por último, es importante resaltar que el
complejo de obligaciones del Estado en la materia no es un asunto meramente
sugerente, pues como ya lo ha planteado la jurisprudencia de esta Corte, si
bien estos instrumentos “hacen parte del denominado soft law o derecho
blando, constituyen parámetros que permiten comprender de manera integral y
armónica el alcance de las obligaciones de los Estados en torno a la prevención
y atención de desastres.”[54]
Con base en lo anterior, esta Corporación
Revocará los fallos proferidos en instancia tendientes a otorgarles
beneficios dinerarios a personas que no acreditaban requisitos para ello. Sin
embargo, se concederá la protección del derecho fundamental al debido
proceso de los accionantes y se ordenará a la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y de la Defensoría del Pueblo, estudie de manera coordinada, la situación específica de cada
tutelante,  para que conforme a las normas que reglamentaron
las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las
mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que
proceda a cancelar el beneficio en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
Hecha esta aclaración, pasa la
Sala a resolver los casos concretos:
3.2.
RESUMEN DE LOS
HECHOS
3.2.1.  Expedientes T- 3.927.901, T-3.944.216 y T-3.944.217
3.2.1.1.  Manifiestan las accionantes que durante el segundo semestre de 2011, debido a la
ola invernal, el Municipio
de Majagual, Sucre, resultó afectado. Como resultado de esto el Estado asignó
“para cada núcleo familiar de dicho municipio una ayuda o auxilio económico de
un millón quinientos mil pesos ($1.500.000).
3.2.1.2.
Añaden que en el Municipio de Majagual, Sucre, fueron
censadas y le otorgaron la mencionada ayuda a 423 familias en los corregimientos
y veredas Totumal, Corredor, Corneliano, Palmario, Santa Elena y Playón, “a
pesar que otras zonas del Municipio habían sido afectadas por este desastroso
fenómeno”.
3.2.1.3.  Finalmente, afirman no comprender el
criterio aplicado para la entrega del respectivo beneficio económico, toda vez
que le fueron canceladas a unas personas y a otras no la referida ayuda,
estando todas en iguales condiciones. Hecho que en el pasado ha motivado otras
acciones de tutela que fueron falladas favorablemente por el juzgado promiscuo
municipal de Majagual, Sucre.
3.2.2.  Expedientes T-3.928.040, T- 3.928.041, T-3.928.042,
T-3.928.043, T-3.928.044, T- 3.928.045, T-3.928.046
3.2.2.1.  En todos los expedientes afirman los
tutelantes que por pronunciamiento del Presidente de la
Republica se otorgó un subsidio económico a “cada una de las familias
colombianas ubicadas en las zonas más afectadas por el fenómeno de las
inundaciones”.
3.2.2.2.  Agregan que la referida manifestación
presidencial, se concretó en la circular proferida por la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el quince (15)
de diciembre de 2011, en la cual se indicó que tendrían acceso a la ayuda
humanitaria “la familia residente en la unidad de vivienda afectada al
interior de la misma al momento del evento, que ha sufrido daño directo en el
inmueble o muebles del mismo ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de
la segunda temporada de lluvias, en el periodo comprendido entre el  1 de
septiembre y el 10 de diciembre del 2011”.
Saliendo favorecido con dicho subsidio el municipio de San Benito Abad,
Sucre, ya que por su ubicación geográfica resultó ser uno de los más
afectados por la ola invernal.
3.2.2.3.  Afirman que en su municipio se configuró
un “carrusel de inscripciones”, pues el censo fue adelantado por
funcionarios de la alcaldía municipal, quienes “hicieron negocio con dichas
inscripciones ya que a todos los miembros de su familia los inscribieron y a
personas de afuera cobrándoles un porcentaje de dinero”.
3.2.2.4.  Con base en lo anterior, sostienen que se
configuró una violación a sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad,  puesto que se incluyeron dentro del censo que permitía acceder a la
ayuda humanitaria a personas que no sufrieron con la temporada de lluvias de
2011 en dicho municipio, excluyendo de esta forma a quienes fueron
verdaderamente afectados, como ellos que “son personas conocidas, nacidas,
criadas y residentes en éste municipio”.
3.2.3.  Expediente T-3.931.360
3.2.3.1.  Afirman los accionantes que el Estado
Colombiano, a través de la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgos de Desastres, “asignó para cada núcleo familiar del
Municipio de MONTECRISTO, BOLIVAR afectado por la segunda ola invernal del año
2011, un auxilio económico de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000)”
3.2.3.2.  Aducen que la
Alcaldía del Municipio de Montecristo, Bolívar, designó a funcionarios de la
misma alcaldía y a bachilleres para adelantar el censo de damnificados, quienes
en forma “dolosa e injustificada” excluyeron a personas que habían
sufrido nconsecuencias de la ola invernal del año 2011.
3.2.3.3.  Finalmente, consideran que no hay razones
para dicha exclusión toda vez que aparecen “registrados en el registro único
de damnificados por la emergencia invernal 2011, y en el Sisben municipal”.
3.2.3.4.  Con base en lo anterior, solicitan la
protección de sus derechos fundamentales y que se les reconozca y pague la
ayuda humanitaria a la que tienen derecho por ser damnificados de la segunda
temporada de lluvias del año 2011.
3.3.
PROCEDENCIA DE
LAS ACCIONES DE TUTELA
3.3.1.
Legitimación
en la causa por activa
Los artículos 86 constitucional y 10° del
Decreto 2591 de 1991 indican que es titular de la acción de tutela cualquier
persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o
amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el amparo constitucional
o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus apoderados, representantes o
agentes oficiosos, para el caso de las personas que no se encuentran en
condiciones de interponer la acción por sí mismas.
En virtud de lo establecido
precedentemente, encuentra la Sala que los apoderados se encuentran legitimados
para representar los intereses de sus poderdantes, toda vez que obra poder
autenticado dentro del expediente, por tanto, el caso objeto de estudio sí
cumple con esta exigencia. Sin embargo, algunas personas no acreditan este
requisito, toda vez que no firmaron el poder otorgado a su apoderado.
En este sentido, se puede concluir que en lo
concerniente al señor Emil Santiago Leguía Arreola y la señora Meliza María
Rehenes Palencia después de verificar el material probatorio y lo expuesto por
el Juez de instancia no es dable realizar un análisis de su caso en concreto,  pues
no existe poder firmado que legitime al apoderado a representar sus intereses.
3.3.2.
Legitimación
en la causa por pasiva
Con respecto a quién va dirigida la
acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 expresa que: “se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.
Por su parte, la
Corte Constitucional en la Sentencia T- 416 de 1997[55] explicó en qué
consiste la legitimación por pasiva así:
“La legitimación pasiva se consagra
como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material”
En efecto, en los casos estudiados se
demandó a la
Dirección Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, a las Alcaldías
Municipales de Majagual, Sucre, San Benito de Abad, Sucre y Montecristo
Bolívar, lo cual es a todas
luces acertado, pues son dichas entidades las presuntas vulneradoras de los
derechos fundamentales invocados, al dejar de cancelar las ayudas humanitarias
que dicen tener derecho las accionantes, por ser según afirman, damnificados
directos de la segunda temporada de lluvias 2011.
3.3.3.  Examen de inmediatez
La inmediatez es una condición de
procedencia de la acción de tutela, creada por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, como herramienta para cumplir con el propósito de la
Carta Política de hacer de la acción de tutela un medio de amparo de derechos
fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.
Por ello, es indispensable estudiar cada
caso en concreto, toda vez que es necesario que la acción sea promovida dentro
de un término razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de los hechos que
se consideran vulneratorios de derechos fundamentales, con el fin de evitar que
el transcurso del tiempo desvirtúe la transgresión o amenaza de los derechos.
En consecuencia, ante la injustificada demora en la interposición de la acción,
se vuelve improcedente el mecanismo extraordinario, por ende, se debe acudir a
los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
A propósito de este requisito de
procedibilidad de la acción de tutela, la
Corte Constitucional en la Sentencia T- 792 de 2009[56] estableció
que:
“la jurisprudencia constitucional ha
enfatizado en el hecho de que el mismo exige que la acción sea promovida de
manera oportuna, esto es, dentro de un término razonable luego de la ocurrencia
de los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos. Esa relación
de inmediatez entre la solicitud de amparo y el supuesto vulnerador de los
derechos fundamentales, debe evaluarse, según ha dicho la
Corte, en cada caso concreto, con plena observancia de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad”.
En cuanto al requisito de
inmediatez, encontramos que se encuentra acreditado, toda vez que el perjuicio
es actual e inminente y; los tutelantes aún se encuentran a la espera de una
solución a su problemática por parte de las entidades accionadas, puesto que no
ha sido probado que se les haya cancelado la ayuda humanitaria a la que tienen
derecho por ser  según ellos, damnificados directos de la segunda temporada de
lluvias 2011.
3.3.4.  Principio de subsidiariedad
Esta Corporación ha reconocido que en ciertas ocasiones,
aunque existen mecanismos judiciales diferentes a la acción de tutela que
serían procedentes para solucionar la controversia planteada, estos no son
eficientes ante una situación de riesgo o peligro inminente, en la que el
derecho fundamental amenazado podría  resultar afectado de manera grave y
definitiva. En estos casos, la acción de tutela se convierte en el mecanismo
idóneo y eficaz para amparar el derecho amenazado en el menor tiempo posible.[57]
La Sala estima que para el caso
objeto de estudio, la acción de tutela es el mecanismo apropiado para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable[58] y proteger los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad y al debido proceso de
los accionantes, ya que se trata de personas que se
encuentran en un estado de debilidad manifiesta, y el diferente impacto que los fenómenos naturales puede
tener sobre las personas, justifica el tratamiento diferenciado de las medidas
a adoptar en estos casos, pues
el desconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad, ignorando tanto el
evento del desastre como sus consecuencias en el entorno social, económico,
ambiental y familiar, implica una vulneración contra los derechos fundamentales
de los damnificados.
3.4.
ANÁLISIS DE LA
PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ACCIONANTES
3.4.1.
En los casos objeto de estudio, los
accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a
la dignidad y al debido proceso, toda vez que las entidades accionadas no les
han adjudicado las ayudas humanitarias a las afirman tener derecho, por ser según
ellos, damnificados directos de la segunda temporada de lluvias del año 2011.
En efecto, en el caso de los expedientes T- 3.927.901, T-3.944.216 y
T-3.944.217, los tutelantes afirman ser beneficiarios de la ayuda prometida por
el Gobierno Nacional, por cuanto son residentes del municipio de Majagual,
Sucre, el cual fue afectado terriblemente por el fenómeno hidrometereológico
del año 2011. Además, indican que en dicho municipio fueron censadas y se les
otorgó el mencionado beneficio a unas familias y a otras no, razón por la cual
no comprenden el criterio aplicado para hacer efectiva la entrega de la
respectiva ayuda, ya que todos habían sido afectados por este desastroso
fenómeno.
Lo mismo, sucede con los expedientes T-3.928.040, T- 3.928.041, T-3.928.042,
T-3.928.043, T-3.928.044, T- 3.928.045, T-3.928.046, puesto que del material
probatorio se evidencia que los
tutelantes afirman ser damnificados directos de la segunda temporada de lluvias
2011 que azotó al municipio de San Benito de Abad, Sucre, y no fueron
beneficiarios del beneficio económico. Aunado a lo anterior, sostienen que en
dicha entidad territorial se realizó un  “carrusel de inscripciones”, lo que configuró una vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad,  toda vez que  incluyeron
dentro del censo que permitía acceder a la ayuda humanitaria a personas que no
sufrieron con la temporada de lluvias de 2011 en dicho municipio, excluyendo de
esta forma a quienes fueron verdaderamente afectados.
Siguiendo con el mismo lineamiento, en el
caso del expediente T-3.931.360 los accionantes afirman que la
Alcaldía del Municipio de Montecristo, Bolívar, y la
Unidad Nacional para la Protección de Riesgos y Desastres vulneraron sus
derechos fundamentales, al no otorgarles la ayuda humanitaria a la que tenían a
su juicio derecho, por ser damnificados de la segunda temporada de lluvias que
azotó al municipio en el ultimo periodo de 2011. Así mismo, afirman que la
alcaldía designó a funcionarios de la misma entidad y a bachilleres para
adelantar el censo de los damnificados, quienes en forma “dolosa e
injustificada” excluyeron a personas que habían sufrido daños como
consecuencias de la ola invernal.
De lo mencionado con anterioridad, se podría afirmar que a pesar de
que en todos los casos los peticionarios aseguran ser damnificados directos de
los eventos hidrometereológicos del segundo semestre del año 2011, de las
pruebas obrantes dentro del expediente se puede evidenciar que lo aportado por
ellos es la copia de la tirilla
de Registro Único de Damnificados por la
Emergencia Invernal- REUNIDOS- documento que
los acredita como damnificados de la primera temporada de lluvias, no de la
segunda, razón por la cual no podrían acceder a la ayuda prometida por el
Gobierno Nacional, ya que no cumplen con los requisitos contemplados en la
Resolución 074 de 2011.
Con base en lo mencionado con anterioridad, para esta Sala resulta
inapropiado que los jueces de instancia hayan dispuesto dineros del erario
público para cancelar las ayudas prometidas a los accionantes, sin antes
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la resolución
mencionada, toda vez que las alcaldías de los municipios de Majagual, Sucre,
San Benito de Abad, Sucre y Montecristo, Bolívar, no habían incluido
previamente dentro del censo a los hoy tutelantes.
3.4.2.
Como se manifestó en la parte motiva de esta
sentencia, pese al contenido principalmente económico
que tienen las solicitudes de los accionantes, éste podía excepcionalmente ser
protegido a través de la acción de tutela, puesto que se trata de personas
constitucionalmente protegidas, debido a la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentran por ser damnificadas por la ola invernal que azotó al
país en el año 2011.
De igual manera, esta Corporación ha desarrollado un criterio más por
el cual la protección de los derechos económicos, sociales y culturales resulta
exigible a través de la acción de tutela. Se trata de la concepción de
los derechos sociales como derechos fundamentales en forma autónoma. En
este orden de ideas, la Corte ha afirmado que el carácter principalmente
programático de dichos derechos y su dependencia en muchos casos de una
erogación presupuestaria, no es suficiente para sustraerles  su carácter
fundamental
3.4.3.  Así mismo,  el Estado tiene un deber de solidaridad y de protección con
las personas damnificadas como consecuencia de un desastre natural debido a la
posición de garante que tiene con todas las personas que habitan en el
territorio. De lo que se puede sustraer que cuando se trata de personas en  situaciones
de debilidad manifiesta, debido a su estado de vulnerabilidad a causa del
acaecimiento de un desastre, como el caso que nos ocupa, el principio de
solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a una vida
digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y
con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie, entre
otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia
deben concurrir a la protección de este bien jurídico”[59].
3.4.4.  En los casos objeto de estudio, no se
puede desconocer que la situación de las lluvias en el año 2011, causó un
perjuicio a los accionantes y, las autoridades locales tenían el deber de velar
por el debido proceso administrativo de cada uno de los habitantes de su
territorio, pues después de ser afectados por la primera temporada de lluvias
se podía prever que durante la segunda temporada, también podrían verse
afligidos, sin embargo no fueron censados y no existe prueba de dicha
afectación.  Razón por la cual, no es dable que no existiendo prueba de
haber sido censados en el momento del evento hidrometereológico por las
entidades municipales encomendadas para ello y por ende ser damnificados
directos, se les haya otorgado el subsidio que ofreció el Gobierno Nacional, a
través de la Resolución No. 074 de 2011,
a las personas que resultaron afectadas por la temporada de lluvias que se
presentó entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
3.4.5.
Con base en lo
anterior, se hace necesario aclarar que aunque los accionantes se encuentran en
situación de debilidad manifiesta debido a su calidad de damnificados, no es
dable que los jueces de instancia ordenaran el pago de la ayuda humanitaria,
sin antes verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en la
Resolución 074, puesto que con su actuar se ocasiona un detrimento al
patrimonio público, ya que dichas ayudas están solo contempladas para aquellas
personas que cumplen con los requisitos exigidos en ella. Razón por la cual, es
necesario Revocar y dejar sin efectos las sentencias proferidas por los jueces
de instancia, que ordenaron el pago de la ayuda humanitaria sin tener en cuenta
que no cumplían con los requisitos para acceder a ello.
Aunado a lo anterior, para esta Sala los
tutelantes no tienen la obligación de soportar los errores de las entidades encargadas
de suministrar las ayudas humanitarias, es decir, que si dichas entidades no realizaron
debidamente los censos, no es responsabilidad de los damnificados por la ola
invernal y, no tienen la obligación de soportar dicha carga. Razón por la cual,
es preciso amparar el derecho fundamental al debido proceso administrativo de
los accionantes y ordenar a las entidades autorizadas para ello, que de manera
coordinada estudien la situación específica de cada accionante,  para que conforme a las normas que reglamentaron las
ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las
mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar el
beneficio en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
Por otro lado, al observar la
Sala que dichas irregularidades con el censo son generalizadas en los municipios
de Majagual, Sucre, San Benito Abad Sucre y Montecristo, Bolívar, resulta
procedente proteger el derecho fundamental al debido proceso no solo frente a
los accionantes, sino también frente aquellas personas que se encuentran en la
misma situación, lo que incluye además por ejemplo aquellas personas frente a
las cuales se han advertido problemas de legitimación por activa en la
interposición de la presente acción de tutela.
Es así
como, pese a que por regla general los fallos de la
Corte Constitucional en sede de tutela producen efectos inter partes,
esta Corporación con el fin de garantizar la integridad y supremacía de la
Constitución y particularmente para proteger el derecho a la igualdad, ha
admitido extender los efectos de sus decisiones en sede de tutela, otorgándole
efectos inter comunis, cuando sea estrictamente necesario evitar la
repetición de violaciones de los derechos tutelados.
Al respecto en la
Sentencia SU-1023 de 2001, esta Corporación  desarrolló las razones que
justifican la extensión de los efectos a los fallos de tutela. En dicha
oportunidad indicó:
“Existen circunstancias especialísimas en las
cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario
para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los
accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos
fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los
no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser
y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone
también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente
fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial,
siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de
quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el
juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de
derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.
En otras palabras, hay eventos excepcionales
en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración
tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de
quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad
de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice
paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular accionado.”
Siguiendo con el mismo lineamiento, en
Sentencia T- 1258 de 2008, esta Corporación, reconoció el efecto inter
comunis de la sentencia manifestando
que, “(…) el presente proveído, no quiere ser un nuevo factor de
diferenciación injustificada entre las personas de talla baja al interior de la
Corte Constitucional, por lo que se le debe dar a las personas de talla
pequeña el tratamiento especial antes descrito, para asegurar su igualdad
efectiva.
Por ende, para el universo de personas que
se encuentran en igualdad de condiciones que el tutelante, - esto es, personas
con enanismo que acceden a la
Corte Constitucional solicitando información en las dependencias de atención
al público-, los efectos de esta sentencia no cobijarán solamente al
demandante, sino que también beneficiarán a quienes ostenten la misma condición
de ciudadanos de talla baja, siguiendo las reglas de atención a las personas
con discapacidad, y las directrices de seguridad y atención, previamente
expuestas (…)”
Igualmente, en la sentencia T 843 de 2009,
la Corte Constitucional reiteró que “(…) los
efectos de la decisión del juez de tutela nunca son erga omnes; en todos
los casos, aun en aquellos en que la decisión de tutela rebasa los efectos
estrictamente inter partes del proceso, éste se traba entre una
persona o personas que denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales,
y otra u otras a quien o a quienes se imputa dicha violación. Por ello el
examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo sobre si la
acción o la omisión de la persona o personas concretamente demandadas conduce a
la violación de derechos fundamentales del o de los demandantes. Es decir, los
efectos de la decisión primeramente se producen siempre entre las partes del
proceso, sin perjuicio de que, en eventos especialísimos, como los que se
acaban de comentar, puedan extenderse a terceras personas en virtud de las
figuras de efectos “inter pares” o “inter comunes.
En otras palabras, hay eventos
excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en
consideración, tanto del derecho fundamental del tutelante, como del derecho
fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice, paradójicamente, en detrimento de derechos
igualmente fundamentales de terceros que se encuentran frente a la autoridad,
en condiciones comunes a las del particular accionado (…)”. (subrayado fuera del texto)
Teniendo en cuenta lo mencionado con
anterioridad, para esta Sala resulta importante, en aras de proteger los
derechos fundamentales de los accionantes y de aquellas personas que no
interpusieron acción de tutela, OTORGAR
EFECTOS INTER COMUNIS a la
presente decisión, para aquellos casos similares o análogos de
solicitudes de ayuda humanitaria que se hayan producido en los municipios de
Majagual-Sucre, San Benito de Abad -Sucre y Montecristo - Bolívar.
Sin perjuicio de lo anterior, con el objeto
de supervisar el acatamiento de cada uno de los puntos dispuestos en este
fallo, se enviará copia de ello a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo, al Personero Municipal de Majagual, Sucre, San
Benito de Abad, Sucre y Montecristo, Bolívar, con el objeto de  solicitarles que
realicen el debido seguimiento y realicen las acciones que estimen conducentes
para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.      DECISIONES QUE ADOPTARÁ LA
SALA EN LOS ASUNTOS ESTUDIADOS
3.5.1.   Expediente T- 3.927.901
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.927.901 la sentencia proferida el veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que concedió el amparo
de los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda
humanitaria contemplada en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la
acción de tutela incoada por Gloria Edith Arriola López y otros, en contra de la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia. En cuanto al amparo respecto del señor Emil Santiago Leguía Arreola
identificado con CC 92.126.520 se CONFIRMARÁ la decisión proferida el
veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre,
Sucre, que negó el amparo, por
falta de legitimación por activa, ya que su firma no aparece en el poder
otorgado a la apoderada que adelantó la acción de la referencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por
los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD,
que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha realizado, de manera
coordinada estudien la situación específica de los tutelantes Gloria Edith Arriola López y Otros,  para que conforme a las normas que
reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de Majagual, Sucre,
solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones que
estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.2.  Expediente T- 3.928.040
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.928.040 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes
y ordenó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda humanitaria contemplada
en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela incoada por Antonio José Goez Morales y otros, en
contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por
los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que
con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha realizado, de manera
coordinada estudien la situación específica de los tutelantes Antonio José Goez Morales y otros,  para que conforme a las normas que
reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de San Benito Abad, Sucre,
solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones que
estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.3.   Expediente T- 3.928.041
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.928.041 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes
y ordenó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda humanitaria contemplada
en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela incoada por
Amarfiria del Carmen Pérez Acevedo y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su
lugar se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de
los tutelantes Amarfiria
del Carmen Pérez Acevedo y otros,  para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de San Benito de Abad,
Sucre, solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones
que estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.4.   Expediente T-3.928.042
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.928.042 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes
y ordenó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda humanitaria contemplada
en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela incoada por Martina
Raquel Rodríguez de Gazabón y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de
los tutelantes Martina
Raquel Rodríguez de Gazabón y otros,  para que conforme a las normas
que reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar
directamente a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de San Benito Abad,
Sucre, solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones
que estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.5.  Expediente T- 3.928.043
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.928.043 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales del accionante y
ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de
la ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela invocada  por Jorge Eliécer Anaya Hernández en contra
del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica del
tutelante Jorge Eliécer Anaya Hernández,  para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si es o no beneficiario de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
al el tutelante, el beneficio en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de San Benito Abad,
Sucre, solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones
que estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.6.  Expediente T- 3.928.044
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.928.044 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los tutelantes y
ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de
la ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela instaurada por José Esteban Paternina González y otros,
en contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar se TUTELARÁ solo el derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes, por la razones expuestas en
la parte considerativa de esta sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de
los accionantes José Esteban Paternina González y
otros,  para que conforme a las normas que
reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de San Benito Abad,
Sucre, solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones
que estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.7.  Expediente T- 3.928.045
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.928.045 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los tutelantes y
ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de
la ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela iniciada por  Edwin Manuel Martínez Morelo y otros, en
contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión  del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que en el término de quince (15)
días contados a partir de la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
accionantes Edwin Manuel Martínez Morelo y otros,  para que conforme a las normas
que reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar
directamente a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de San Benito Abad,
Sucre, solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones
que estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.8.  Expediente T-3.928.046
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.928.046 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los tutelantes y
ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de
la ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela instaurada por Lucelys Baldovino Álvarez y otros, en
contra del Municipio San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de
los accionantes Lucelys Baldovino Álvarez y otros, para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar
directamente a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de San Benito Abad,
Sucre, solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones
que estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.9.  Expediente T-3.931.360
La Sala CONFIRMARÁ, en el expediente T- 3.931.360 la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil trece
(2013), por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montecristo, Bolívar, que
Negó el amparo de los derechos fundamentales de los tutelantes y el pago de la
ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela adelantada por Ligia Amparo Romero Castro y otros, en
contra de la Alcaldía Municipal de Montecristo, Bolívar, y de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de
los accionantes Ligia Amparo Romero Castro y otros, para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar
directamente a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de Montecristo, Bolívar,
solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones que estimen
conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.10. Expediente T-3.944.216
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.944.216 la sentencia proferida el primero (01) de abril de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que concedió el amparo
de los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda
humanitaria contemplada en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la
acción de tutela instaurada por Lelys Vergara Aldana y otros, en contra de la
Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes,
por la razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. En cuanto
al amparo respecto de la señora Meliza María Rehenes Palencia se CONFIRMARÁ
la decisión proferida el primero (1) de abril de dos mil trece (2013), por Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre,
Sucre, que negó el amparo, por
falta de legitimación por activa, ya que su firma no aparece en el poder
otorgado a la apoderada que adelantó la acción de la referencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes conductos,
a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de
los tutelantes Lelys Vergara Aldana y otros,  para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de Majagual, Sucre,
solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones que
estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
3.5.11. Expediente T-3.944.217
La Sala REVOCARÁ, en el expediente T- 3.944.217 la sentencia proferida el primero (01) de abril de dos mil trece
(2013), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que concedió el
amparo de los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda
humanitaria contemplada en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la
acción de tutela iniciada por Hernando
Francisco Garavito Taborda y otros, en contra de la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar
se TUTELARÁ solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
En consecuencia, se ORDENARÁ, por los correspondientes
conductos, a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados
a partir de la notificación del presente fallo, si aún
no lo ha realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de
los tutelantes Hernando Francisco Garavito Taborda
y otros,  para que conforme a las normas que
reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
En aras de obtener el efectivo cumplimiento
de esta providencia, por
conducto de la Secretaría General de esta Corporación, se COMPULSARÁN copias
de la presente sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo y al Personero Municipal de Majagual, Sucre,
solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer de las acciones que
estimen conducentes para lograr el acatamiento de la presente sentencia.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR, en el expediente T- 3.927.901 la sentencia proferida el veintidós (22) de marzo de dos mil trece
(2013), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que concedió el
amparo de los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda
humanitaria contemplada en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la
acción de tutela incoada por Gloria Edith Arriola López y otros, en contra de la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR
solo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por la
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. En cuanto al
amparo respecto del señor Emil Santiago Leguía Arreola identificado con CC
92.126.520 se CONFIRMA la decisión proferida el  veintidós (22) de marzo de dos mil trece
(2013), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que negó el
amparo solicitado, por falta
de legitimación por activa, ya que la firma del actor no se encuentra dentro del
poder otorgado a la apoderada que adelantó la acción de la referencia.
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR, por
los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
tutelantes Gloria Edith Arriola López y Otros,  para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas económicas
y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En caso
afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a
cancelar directamente a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el
plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
TERCERO. REVOCAR, en el expediente T- 3.928.040 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes
y ordenó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda humanitaria contemplada
en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela incoada por Antonio José Goez Morales y otros, en
contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR
solo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por la
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
CUARTO. En consecuencia, ORDENAR, por
los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
tutelantes Antonio José Goez Morales y otros, para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
QUINTO. REVOCAR, en el expediente T- 3.928.041 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes
y ordenó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda humanitaria contemplada
en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela incoada por
Amarfiria del Carmen Pérez Acevedo y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su
lugar, TUTELAR solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia
SEXTO. En consecuencia, ORDENAR, por
los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
tutelantes Amarfiria
del Carmen Pérez Acevedo y otros,  para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
SÉPTIMO. REVOCAR, en el expediente T- 3.928.042 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los accionantes
y ordenó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda humanitaria contemplada
en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela incoada por
Martina Raquel Rodríguez de Gazabón y otros, en contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su
lugar, TUTELAR solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
OCTAVO: En consecuencia, ORDENAR, por
los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
tutelantes Martina Raquel Rodríguez de Gazabón y otros,  para
que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas económicas y lo censado,
determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se
Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
NOVENO: REVOCAR, en el expediente T- 3.928.043 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales del accionante y
ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de
la ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela invocada  por Jorge Eliécer Anaya Hernández en contra
del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR
solo el derecho fundamental al debido proceso del actor, por la razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
DECIMO. En consecuencia, ORDENAR, por
los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica del tutelante Jorge
Eliécer Anaya Hernández, para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si es o no beneficiario de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
al tutelante, el beneficio en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
DECIMO PRIMERO. REVOCAR, en el expediente T- 3.928.044 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los tutelantes y
ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de
la ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela instaurada por José Esteban Paternina González y otros,
en contra del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR solo el derecho
fundamental al debido proceso de los accionantes, por la razones expuestas en
la parte considerativa de esta sentencia.
DECIMO SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR,
por los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
accionantes José Esteban Paternina González y
otros,  para que conforme a las normas que
reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se
Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
DECIMO TERCERO. REVOCAR, en el expediente T- 3.928.045 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece
(2013), por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de
Sincé, Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los
tutelantes y ordenó a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda humanitaria contemplada
en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela iniciada
por  Edwin Manuel Martínez Morelo y otros, en contra
del Municipio de San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión  del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar,
TUTELAR solo el derecho fundamental al debido proceso de los
accionantes, por la razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
DECIMO CUARTO. En consecuencia, ORDENAR,
por los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
accionantes Edwin Manuel Martínez Morelo y otros,  para que conforme a las normas
que reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
DECIMO QUINTO. REVOCAR, en el expediente T- 3.928.046 la sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé,
Sucre, que concedió el amparo de los derechos fundamentales de los tutelantes y
ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de
la ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela instaurada por Lucelys Baldovino Álvarez y otros, en
contra del Municipio San Benito Abad, Sucre, y de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR
solo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por la
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
DECIMO SEXTO. En consecuencia, ORDENAR,
por los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
accionantes Lucelys Baldovino Álvarez y otros, para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
DECIMO SÉPTIMO. CONFIRMAR, en el expediente T- 3.931.360 la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil trece
(2013), por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montecristo, Bolívar, que
Negó el amparo de los derechos fundamentales de los tutelantes y el pago de la
ayuda humanitaria contemplada en la
Resolución 074 de 2011. En el trámite de la acción de tutela adelantada por Ligia Amparo Romero Castro y otros, en
contra de la Alcaldía Municipal de Montecristo, Bolívar, y de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR
solo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por la
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
DECIMO OCTAVO. En consecuencia, ORDENAR,
por los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
accionantes Ligia Amparo Romero Castro y otros,
para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas económicas y lo
censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En caso
afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a
cancelar directamente a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el
plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
DECIMO NOVENO. REVOCAR, en el expediente T- 3.944.216 la sentencia proferida el primero (01) de abril de dos mil trece (2013),
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que concedió el amparo
de los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda
humanitaria contemplada en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la
acción de tutela instaurada por Lelys Vergara Aldana
y otros, en contra de la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR
solo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por la
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. En cuanto al
amparo respecto de la señora Meliza María Rehenes Palencia se CONFIRMA
la decisión proferida el primero (1) de abril de dos mil trece (2013), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que negó el amparo
solicitado, por falta de legitimación por activa, ya
que la firma de la tutelante no se encontraba en el poder otorgado a la
apoderada que adelantó la acción de la referencia.
VIGÉSIMO. En consecuencia, ORDENAR,
por los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
tutelantes Lelys Vergara Aldana y otros,  para que conforme a las normas que reglamentaron las ayudas
económicas y lo censado, determinen si son o no beneficiarios de las mismas. En
caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar directamente
a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas.
VIGÉSIMO PRIMERO.  REVOCAR, en el expediente T- 3.944.217 la sentencia proferida el primero (01) de abril de dos mil trece
(2013), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre, Sucre, que concedió el
amparo de los derechos fundamentales de los accionantes y ordenó a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el pago de la ayuda
humanitaria contemplada en la Resolución 074 de 2011. En el trámite de la
acción de tutela iniciada por Hernando
Francisco Garavito Taborda y otros, en contra de la Alcaldía Municipal de Majagual, Sucre, y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En su lugar, TUTELAR
solo el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por la
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
VIGÉSIMO SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR,
por los correspondientes conductos, a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que con el acompañamiento de la
Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo, en el término de quince (15) días contados a partir de
la notificación del presente fallo, si aún no lo ha
realizado, de manera coordinada estudien la situación específica de los
tutelantes Hernando Francisco Garavito Taborda y
otros,  para que conforme a las normas que
reglamentaron las ayudas económicas y lo censado, determinen si son o no
beneficiarios de las mismas. En caso afirmativo, se Ordenará a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD que proceda a cancelar
directamente a cada persona, no a sus apoderados, el beneficio en el plazo de
cuarenta y ocho (48) horas.
VIGÉSIMO TERCERO. OTORGAR EFECTOS INTER
COMUNIS a la presente decisión,
para aquellos casos similares o análogos de solicitudes de ayuda humanitaria
que se hayan producido en los municipios de Majagual, Sucre, San Benito de
Abad, Sucre y Montecristo, Bolívar.
VIGÉSIMO CUARTO. Por conducto de la
Secretaría General de esta Corporación, COMPULSAR copias de la presente
sentencia a los señores Procurador General de la
Nación, Defensor del Pueblo, al Personero Municipal de Majagual, Sucre, al
Personero Municipal de San Benito Abad, Sucre y al Personero Municipal de
Montecristo, Bolívar, solicitándoles realizar el debido seguimiento y disponer
de las acciones que estimen conducentes para lograr el acatamiento de la
presente sentencia.
VIGÉSIMO QUINTO. Para los efectos del artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y
tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
VIGÉSIMO SEXTO. El desacato a lo aquí dispuesto se sancionará en la
forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Sentencia T-600 de 2007. M.P Jaime Córdoba Triviño. Ver también las sentencias
SU 250 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-506 de 2002 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-746 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).T-214
de 2004(M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1263 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[2] Sentencia T-359 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Renteria.
[3] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[4] M.P. Fabio
Morón Díaz.
[5] SU-339 De 2011.
M.P. Humberto Antonio Sierra  Porto.
[6] Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacifica  y la vigencia de un orden justo.
[7] Su-339 De 2011.
M.P. Humberto Antonio Sierra  Porto.
[8] MP, DR. Jaime Córdoba Triviño
[9]Ver Sentencia C-1189 de 2005,
M.P. Humberto Sierra Porto.
[10] Sentencia T-552 de 1992.
M.P. Fabio Morón Díaz.
[11] Cfr. también, por ejemplo, arts. 16 y 95
Const.
[12] MP, Dr.  Marco Gerardo Monroy Cabra
[13] MP, Dr. Nilson Pinilla Pinilla.
[14] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
[15] Sentencia T-743 de 2006. En el mismo sentido la sentencia T-1125
de 2003.
[16] Ibídem.
[17] Ibídem.
[18] El control de constitucionalidad de este decreto legislativo se
efectuó mediante la sentencia C-299 de 2011 cuya en cuya parte resolutiva se
resolvió lo siguiente: “Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto Legislativo
4821 de 2010, en el entendido que sólo podrán adoptarse Proyectos Integrales de
Desarrollo Urbano PIDU hasta el año 2014.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13 y 14 del Decreto Legislativo 4821 de 2010.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º del
Decreto Legislativo 4821 de 2010, en el entendido que lo allí establecido sólo
se mantendrá hasta el año 2014.
[19] Diario Oficial N° 38.559, de noviembre 2 de 1988. “Por la cual se
crea y organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres, se otorga facultades extraordinarias al
Presidente de la República, y se dictan otras disposiciones.”
[20] Diario Oficial N° 38.799, de mayo 1° de 1989. “Por el cual se
organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.”
[21] Diario Oficial N° 41.146, de diciembre 22 de 1993. “Por la cual
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan
otras disposiciones.”
[22] Diario Oficial N° 44.654, de diciembre 21 de 2001. “Por la cual
se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356
y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”
[23] Diario Oficial N° 43.217, de enero 19 de 1998. “Por el cual se
adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.”
[24] Por el cual se adopta el Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres.
[25] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356
y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-1125 de 2003.
[27] Decreto 93 de 1998. Por el cual se adopta el Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres. [Considerando 3º] “Que el
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe incluir y
determinar todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter
sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieren, entre
otros, a los siguientes aspectos (…)”.
[28] DC 93 de 1998, Artículo 1.  “El Plan Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, que se expide por medio del
presente decreto, tiene como objeto orientar las acciones del Estado y de la
sociedad civil par la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos para
la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo a reducir  el
riesgo y al desarrollo sostenible de las comunidades vulnerables ante los
eventos naturales y antrópicos”; artículo 3º, Ibid. [objetivos]: “(…) La
reducción de riesgos y prevención de desastres.  Para mejorar la acción del
Estado y la sociedad con fines de reducción de riesgos y prevención de
desastres, se debe profundizar en el conocimiento de las amenazas naturales y
causadas por el hombre accidentalmente, analizar el grado de vulnerabilidad de
los asentamientos humanos y determinar las zonas de riesgo, con el fin de
identificar los escenarios potenciales de desastre y formular las medidas para
prevenir o mitigar sus efectos mediante el fortalecimiento institucional y a
través de las acciones de mediano y corto plazo que se deben establecer en los
procesos de planificación del desarrollo a nivel sectorial, territorial y de
ordenamiento a nivel municipal”.
[29] Cfr. DC 93 de 1983, considerando 3º.
[30] Ibídem. “Articulo 5.  Los principios generales que
orientan la acción de las entidades nacionales y territoriales en relación con
la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres son: || DESCENTRALIZACIÓN: La
Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente y autónomamente sus
funciones en materia de prevención y atención de desastres, con estricta
sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se le haya específicamente
asignado en la Constitución y la Ley, así como en las disposiciones contenidas
en el Decreto – Ley 919 de 1989”.
La aplicación
del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe contribuir al
fortalecimiento del proceso de descentralización a través del cual los
municipios y regiones puedan asumir autónomamente sus responsabilidades,
reservando al nivel nacional las labores de definición de marcos de política y
coordinación de acciones. || EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS: En las actividades para
la prevención y atención de desastres tendrán en cuenta, para efectos del
ejercicio de las respectivas  competencias, la observancia de los criterios de
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. || LA
COORDINACIÓN: Las entidades del orden nacional, regional y local deberán
garantizar que exista la debida armonía, consistencia, coherencia y continuidad
en las actividades a su interior en relación con las demás instancias
sectoriales y territoriales, para efectos de la prevención y atención de
desastres. || LA PARTICIPACIÓN: Durante las actividades para la prevención y
atención de desastres, las entidades competentes velarán porque se hagan
efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos por la ley.
(Mayúsculas del decreto).
[31] Decreto 93 de 1998, Considerando 4º. “Que todas las entidades
y organismos Públicos, Privados y Organismos no Gubernamentales a los cuales la
Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, hoy Dirección
Nacional, solicite colaboración a fin de ejecutar el Plan, estarán obligados a
presentarla dentro del ámbito de su competencia.”
[32] Decreto 93 de 1998, Artículo 7.  La descripción de los
principales programas que el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres debe ejecutar  es la siguiente: “PROGRAMAS
PARA EL CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO || 1.1
Instalación y consolidación de redes, procedimientos y sistemas de detección y
alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la población.  || 1.2  Evaluación
de riesgos.  || PROGRAMA PARA LA
INCORPORACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN. || Incorporación de criterios preventivos y de seguridad en los planes de
desarrollo. || Manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de
infraestructura localizados en zonas de riesgo || Articulación de la política
ambiental y de prevención de desastres.  || PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO INSTITUCIONAL || Fortalecimiento de las entidades nacionales del
sistema. || Fortalecimiento de las entidades operativas. || Medidas de
protección y contingencia en obras de infraestructura. || Desarrollo y
actualización de planes de emergencia y contingencia. || Diseño de mecanismos
eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de reconstrucción. ||
Sistema integrado de información”. (Mayúsculas del decreto).
[33] Corte Constitucional, ver Sentencias T-235 de 2011, T- 467 de
2011 y T-743 de 2006.
[34] Postulados por el Representante Especial del Secretario General en los Derechos Humanos de los
Desplazados Internos, Walter Kälin,
[35] http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi06_prevention_es.pdf
[37] Sentencia T-295/13. M.P. María Victoria Calle Correa.
[38] 1. Declaración de Hyogo. 2. Marco De Acción De Hyogo Para
2005-2015: Aumento De La Resiliencia De Las Naciones Y Las Comunidades Ante Los
Desastres. 3. Informe De La Comisión De Verificación De Los Poderes.
[39] Sentencia T-295/13. M.P. María Victoria Calle Correa.
[40] M.P. Mauricio González Cuervo.
[41] Al respecto hace referencia a los instrumentos de la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (Hyogo, Japón, enero
de 2005),
[42] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[43] “ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.”
[44] “ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así
mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.”
[45]Entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Aprobado mediante ley 164
de 1994.
[46] Sentencia C-156/11. M.P. Mauricio González Cuervo.
[47] Declarado exequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-332 de 2012
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[48] Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reconocido que el
concepto de patrimonio público también se integra por "bienes que no son
susceptibles de apreciación pecuniaria y que, adicionalmente, no involucran la
relación de dominio que se extrae del derecho de propiedad, sino que implica
una relación especial que se ve más clara en su interconexión con la comunidad
en general que con el Estado como ente administrativo, legislador o judicial,
como por ejemplo, cuando se trata del mar territorial, del espacio aéreo, del
espectro electromagnético etc., en donde el papel del Estado es de regulador,
controlador y proteccionista, pero que indudablemente está en cabeza de toda la
población". Fallo 1330 de 2011 Consejo de
Estado.
[49] Fallo 1330 de 2011 Consejo de Estado. Sobre el derecho al patrimonio público, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 13 de febrero de 2006.
Rad. AP-15P94, 6 de septiembre de 2001, Rad. 163,
M.P. Jesús María Carrillo, 31 de mayo de 2002, Rad. 13601, MP. Ligia López
Díaz, 21 de febrero de 2007, Rad. 2004-0413,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez, 21 de mayo de 2008, Rad. 01423,
M.P. Ramiro Saavedra Becerra y 12 de octubre de 2006, Rad, 857, MP, Ruth
Stella Correa Palacio.
[50] El artículo 4° de la ley 472 de 1998,
dice que son derechos e intereses colectivos entre otros: “ e) la defensa
del patrimonio público….Igualmente son derechos e intereses colectivos
los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias…..”.
[51] Ibidem.
[52] Ver el Decreto 4712 del 15 de diciembre de 2008.
[53] La Resolución
No. 074 del 15 de diciembre
de 2011 proferida por el Director General de la
Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, “Por la cual se destinan
recursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda
temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el
10 de diciembre de 2011”, establece el pago de hasta un millón quinientos
mil pesos ($1.500.000) como apoyo económico para cada damnificado directo por
los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias comprendida
en el referido periodo. Así mismo, para el pago de dicho auxilio económico se
establece un procedimiento que puede sintetizarse así:
(i)
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- fija los
criterios que deben tener en cuenta los Comités Locales para la
Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD’s - para la elaboración del censo
de las personas damnificadas por la segunda temporada de lluvias que tuvo lugar
entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
(ii) El
CLOPAD, en cabeza del respectivo Alcalde Municipal, diligencia las Planillas de
Entrega del Apoyo Económico de acuerdo a los criterios fijados por la
UNGRD, por lo que es su deber verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la mencionada Resolución para ser beneficiario del apoyo
económico, así como incluir a todos los beneficiarios del mismo en la
mencionada Planilla y realizar un acompañamiento en la entrega del apoyo
económico al correspondiente beneficiario.
(iii) Las
Planillas de Apoyo Económico se firman y refrendan por acta del respectivo
CLOPAD y se procede a su remisión a la UNGRD a más tardar hasta el 30 de enero
de 2012.[53]
(iv)
Finalmente, los recursos aprobados deben ser entregados por el Fondo Nacional
de Calamidades mediante el Banco Agrario de Colombia a las personas
damnificadas que hayan sido reportadas por el CLOPAD.
De lo anterior
es claro entonces que quien tiene la facultad de incluir o excluir a una
persona como damnificado directo de la segunda ola invernal es el respectivo
CLOPAD en cabeza del Alcalde Municipal, por lo que la
UNGRD no puede determinar qué persona cumple con los requisitos establecidos
en la Resolución 074 de 2011 para ser beneficiario del apoyo económico previsto
en tal norma, pues su función se limita a ordenar el pago de dicho apoyo
basándose únicamente en los registros enviados por los CLOPAD´s.
[54] Sentencia T-295/13. M.P. María Victoria Calle Correa.
[55]M.P. Antonio Barrera Carbonell
[56]M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[57] Sentencia T- 865 de 2011, MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[58] En la Sentencia T-577 A de 2011, MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo esta Corte reiteró los presupuestos para que se pueda configurar un
perjuicio irremediable, al respecto señaló: “La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el perjuicio irremediable
consiste en un riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental, que de ocurrir, no otorga forma alguna de reparar
el daño. La Corte ha establecido una serie de criterios conforme a los cuales
debe evaluarse sí, efectivamente, en un caso concreto, se está ante la
presencia u ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga viable la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección. Tales
presupuestos aluden a que el perjuicio es aquel (i) que se produce de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que
resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición
de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.”
[59] Sentencia T-743 de 2006. En el mismo sentido la sentencia T-1125
de 2003.