T-136-20
Sentencia T-136/20
Referencia: Expediente T-7.615.415
Acción de tutela interpuesta por Sergio
Iván Amaya Murillo, personero municipal de Simacota (Santander), en calidad de
agente oficioso de Miguel Triana Olarte, en contra de Coosalud EPS, la
Secretaría de Salud Departamental de Santander y la Gobernación de Santander.
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinte
(2020).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de
tutela del 1 de agosto de 2019, proferido en segunda instancia por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Socorro, Santander, que confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota,
Santander, en el marco de la acción de amparo promovida por Sergio Iván Amaya
Murillo, personero municipal de Simacota, en calidad de agente
oficioso de Miguel Triana Olarte, en contra de Coosalud EPS, la Secretaría de
Salud Departamental de Santander y la Gobernación de Santander, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, a la salud, a la seguridad social y a la protección del adulto mayor[1].
I.
ANTECEDENTES
Hechos probados
1.
Miguel Triana Olarte, de 63 años, está afiliado a Coosalud EPS en
calidad de beneficiario del régimen subsidiado de salud[2].
2.
El 3 de julio de 2019, Miguel Triana Olarte fue remitido a la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona
Franca S.A.S de Bucaramanga desde el Hospital Manuela Beltrán del Socorro, por presentar
“accidente cerebro vascular hemorrágico”[3],
caracterizado por la pérdida de fuerza de hemicuerpo izquierdo, desorientación,
disartria y afasia con desviación de comisura labial[4].
3.
El médico tratante lo diagnosticó con “hemorragia talámica derecha
que drena el ventrículo sin hidrocefalia”[5],
y ordenó su hospitalización para seguimiento clínico. El 11 de julio de 2019, medicina
interna lo dio de alta[6].
4.
El área de neurología prescribió en la orden de egreso “salida en
ambulancia” por tratarse de un “paciente con limitación funcional
marcada, barthel 5 puntos [y con] pobre red de apo<yo social”[7]
y consultas de seguimiento con diferentes especialidades[8].
5.
El accionante manifestó que el agenciado no cuenta con los recursos
económicos para “cubrir los gastos de transporte y demás que le genera el
desplazamiento al municipio en donde son autorizados los servicios médicos”[9]
y “requiere de un acompañante para poder movilizarse, pues debe trasladarse
en silla de ruedas por su estado de salud”[10].
Como pruebas de lo anterior anexó el registro del Sisbén[11]
y afirmó que no tiene hijos ni esposa y sólo tiene una hermana que vive en el
municipio La Mesa de los Santos[12].
Pretensiones y fundamentos de la
acción
6.
El 19 de julio de 2019, el agente oficioso de Miguel Triana
Olarte formuló acción de tutela en contra de Coosalud EPS, de la Gobernación de
Santander y de la Secretaría Departamental de Salud de Santander[13],
al considerar que los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a
la salud, a la seguridad social y a la protección del adulto mayor estaban
siendo vulnerados por “el proceder omisivo” de las entidades accionadas[14].
En consecuencia, solicitó que las accionadas le garanticen al agenciado: (i)
el servicio de cuidador las 24 horas del día, (ii) servicio de
transporte cuando la EPS autorice los servicios médicos fuera de Simacota y (iii)
valoración por medicina interna para que se ordene el suministro de
pañales, silla de ruedas, crema anti escaras, entre otros[15].
Respuesta de las entidades
accionadas
7.
Secretaría Departamental de Salud de Santander. El 22 de
julio de 2019, el coordinador del Grupo de Contratación y Apoyo Jurídico de esta
entidad solicitó que fuera “excluida de cualquier tipo de responsabilidad”[16],
porque Coosalud EPS es la obligada a “eliminar todos los obstáculos que
impiden a los afiliados acceder oportuna [y] eficazmente a los servicios
que requieran”[17].
8.
Coosalud EPS. El 23 de julio de 2019, la gerente de la
sucursal Santander de esta EPS solicitó declarar improcedente la acción de
tutela debido a que en el expediente no existía orden médica que acreditara la
pertinencia del servicio de cuidador y de los insumos solicitados[18].
Decisiones objeto de revisión
9.
Sentencia de primera instancia. Mediante sentencia del 1
de agosto de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota tuteló los
derechos fundamentales alegados en la presente tutela[19].
El a quo indicó que con base en un análisis de las condiciones físicas y
económicas del agenciado era posible advertir la necesidad de otorgar el
servicio de cuidador y, en consecuencia, ordenó a Coosalud asignarle un
cuidador personal las 24 horas del día[20].
En relación con la solicitud de insumos[21]
y del servicio de transporte en ambulancia, concluyó que, al no existir
prescripción médica, era necesario que el paciente fuera valorado por medicina
interna para que un médico de su red determinara la pertinencia para su caso y,
en caso afirmativo, procediera a suministrarlos[22].
10.
Impugnación. El 12 de agosto de 2019, la gerente de la sucursal
Santander de Coosalud EPS solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia al considerar que su representada no vulneró ningún derecho
fundamental[23].
11.
El 14 de agosto de 2019, el personero municipal de Simacota, radicó en
el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota un memorial[24]
en el que solicitó que obrara dentro del trámite de impugnación un documento
que le remitió Fredy Alexander Quintero Cala, administrador del Centro de
Bienestar Hogar del Anciano de Simacota, el 12 de agosto de 2019[25].
En dicho documento, el administrador del hogar informó que Miguel Triana Olarte
ingresó al lugar en una “situación bastante grave de salud” y señaló que
se trata de una persona “dependiente para efectos de desplazamiento, ingesta
de comida y aseo personal”[26].
Además, indicó que el Centro de Bienestar accedió al ingreso de Miguel Triana
porque “se encontraba en un completo abandono en un área rural y viviendo
solo con su hermano, otro adulto mayor con una condición física bastante
regular”[27].
12.
Sentencia de segunda instancia. Mediante fallo del
30 de agosto de 2019, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Socorro
Santander revocó el numeral tercero de la sentencia del 1 de agosto de 2019[28]
y confirmó en lo demás la decisión de instancia[29].
El ad quem concluyó que no hay prueba en el expediente que acredite que
la EPS y las entidades accionadas “hubieran recibido solicitud alguna relacionada
con la prestación del servicio de cuidador”[30].
Actuaciones en sede de revisión: interacción
significativa
13.
En el expediente no había información suficiente a partir de la cual se
pudiera determinar: (i) si las accionadas estaban vulnerando los
derechos fundamentales del agenciado, (ii) su situación de salud y la
pertinencia de los servicios de cuidador y transporte, (iii) si Coosalud
EPS ha garantizado de forma oportuna y efectiva el derecho al diagnóstico, de
acuerdo con los fallos de instancia y (iv) las condiciones para su
permanencia en el Centro de Bienestar Hogar del Anciano de Simacota[31].
Por lo cual, con el fin de contar con mayores elementos de juicio al momento de
ordenar la práctica de pruebas, el despacho del magistrado sustanciador se
comunicó con Sergio Iván Amaya Murillo, personero municipal de Simacota[32]
y con Fredy Alexander Quintero Cala, administrador del Centro de Bienestar
Hogar del Anciano de Simacota[33],
quienes de acuerdo con la información que obraba en el expediente, podrían
tener información relevante sobre el caso concreto.
14.
De forma posterior al recaudo de información preliminar, el despacho ordenó
la práctica de varias pruebas, decretó una medida provisional[34]
y, además, durante el proceso de revisión generó una interacción significativa
entre las partes y autoridades con competencias en el proceso de tutela. De
dicho proceso se resaltan las siguientes etapas.
A. Recaudo de información
preliminar
15.
En esta primera etapa las partes comunicaron lo siguiente: (i) el
personero municipal de Simacota, Santander[35],
manifestó que, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, había
logrado el ingreso de su agenciado al Centro de Bienestar Hogar del Anciano y
que este no había podido asistir a las citas de control debido
a que había sido remitido a Bucaramanga, lugar al que no puede transportarse
por la distancia, sus limitaciones físicas y económicas y porque la EPS exige que
vaya acompañado[36];
(ii) el administrador del Centro  de Bienestar Hogar del Anciano[37]
señaló que la Junta Directiva del hogar había recibido a Miguel Triana Olarte
debido a su delicada condición de salud y a sus circunstancias particulares de
vulnerabilidad pero que en la actualidad el Hogar tiene bajo su cuidado a
cuarenta adultos mayores y que los recursos con los que cuenta no son
suficientes para brindarle al agenciado la atención especializada que necesita;
(iii) la asesora jurídica de la sucursal Santander de Coosalud EPS
afirmó que la IPS Vida Ser había prestado al paciente diferentes servicios
médicos en el marco de su tratamiento de rehabilitación. Agregó que, aunque la
EPS tiene vigente un contrato con el Hospital Manuela Beltrán, remite a
Bucaramanga a los usuarios que necesitan servicios de alta complejidad. Manifestó
que no podía garantizar el cuidador debido a que es un servicio que está
excluido del Plan de Beneficios en Salud.
B. Pruebas decretadas en sede de
revisión
16.
Mediante auto del 20 de noviembre de 2019, la Sala Primera de Revisión: (i)
vinculó a varias entidades[38],
(ii) solicitó información sobre el caso concreto[39],
(iii) decretó una medida cautelar[40],
y (iv) ordenó que, una vez
recolectadas las pruebas solicitadas en dicho auto, la
Secretaría General dispusiera su traslado, así como el de los documentos de que
da cuenta la sección “Recaudo de información preliminar”[41]. Esto, con el propósito de garantizar los derechos de
defensa y contradicción de las partes.
C. Respuestas allegadas por las
distintas entidades
17.
Personería Municipal de Simacota[42].
Informó a la Sala que Miguel Triana Olarte fue valorado por la IPS Vida Ser y
que el médico tratante le ordenó, entre otras cosas, “el servicio de
cuidador capacitado por 12 horas diurnas”[43].
Afirmó que, hasta el momento, Coosalud EPS no ha autorizado dicho servicio[44].
18.
IPS Vida Ser EU[45].
Aclaró que: (i) los profesionales de la salud vinculados a Vida Ser EU
hacen parte de la red de servicios de Coosalud EPS, (ii) que el 13 de
agosto de 2019, Coosalud EPS le solicitó “prestación de servicios de
cuidador y valoración” para determinar la pertinencia de insumos y
transporte para el accionante[46],
(iii) que el 29 de agosto de 2019, la Dra. Mileiny Rivera Serrano, médica
general adscrita a la red de servicios de Coosalud EPS valoró al agenciado y concluyó
que se trata de una persona “con dependencia total según escala de Barthel”,
razón por la cual determinó “la pertinencia del servicio de cuidador 12
horas diarias para realizar funciones específicas”[47].
En consecuencia, (iv) dictaminó valoración domiciliaria trimestral por
medicina general y atención domiciliaria por fisioterapia y, además, ordenó servicio
de cuidador capacitado 12 horas diurnas de lunes a sábado durante 90 días[48],
consulta especializada por neurología y crema anti escaras, pañales desechables
y diferentes medicamentos[49].
19.
Secretaría de Desarrollo Social de Simacota[50].
Indicó que llevó a cabo una reunión con todas las partes en la que se abordó la
situación particular de Miguel Triana Olarte y se plantearon algunas
alternativas preliminares para garantizar su bienestar[51].
20.
ESE Hospital Regional Manuela Beltrán[52].
El gerente afirmó que tiene un contrato de prestación de servicios de salud con
Coosalud EPS, en la modalidad de pago por evento[53].
Adjuntó certificación de los servicios que le ha prestado a Miguel Triana
Olarte e indicó que “no existen otras solicitudes para la asignación de
citas especializadas u otros servicios médicos ambulatorios”[54].
21.
Centro de Bienestar Hogar del Anciano de Simacota, Santander[55].
Aclaró que este Hogar del Anciano es una entidad privada sin ánimo de
lucro, por lo que “hay periodos contables con saldo en rojo donde los gastos
superan los ingresos” y que, por tanto, “solo dispone de un auxiliar de
enfermería por cada turno de ocho horas” para atender “a 40 adultos
mayores” [56].
Afirmó que el agenciado ingresó al hogar el 9 de agosto de 2019 “por
una cuestión de suma necesidad y urgencia, teniendo en cuenta su delicado
estado de salud y discapacidad, sumado a que se encontraba en un completo
abandono en un área rural y viviendo solo con su hermano, que es otro adulto
mayor con una condición física bastante regular”[57].
Agregó que el auxiliar de turno no cuenta con el tiempo suficiente para
brindarle la atención que necesita, lo cual pone en riesgo su salud y la de los
demás adultos mayores que residen en el hogar. Asimismo, afirmó que la “decisión
de ingreso (…) [y permanencia] de Miguel Triana Olarte, estuvo ligada a
que se dé un fallo de tutela favorable” en relación con el servicio de
cuidador[58].
22.
Secretaría Departamental de Salud de Santander[59].
Hizo referencia a los distintos programas de asistencia, protección y
atención en el municipio de Simacota.
23.
Alcaldía Municipal de Simacota[60].
El alcalde afirmó que en la actualidad tiene vigentes los convenios 143 y 152,
suscritos con el Centro de Bienestar Hogar del Anciano, para la financiación de
los programas Centro Vida y Centro de Bienestar del Anciano, respectivamente[61].
Señaló que los recursos que se han destinado para tal propósito corresponden al
recaudo municipal y departamental de la estampilla pro-anciano, de acuerdo con
lo dispuesto en Ley 1276 de 2009[62].
24.
Coosalud EPS[63].
Señaló que las órdenes médicas están siendo cumplidas por parte de la EPS[64]
y que la médica tratante determinó que “el usuario requiere trasladarse de
manera intermunicipal en ambulancia básica, servicio que una vez sea requerido
por el usuario, Coosalud EPS garantizará”[65].
Además, indicó que las consultas médicas con diferentes especialidades
fueron programadas para el 5 de diciembre y el 17 de diciembre de 2019, en la
ESE Hospital Manuela Beltrán, en el municipio de Socorro, Santander[66].
Agregó que tras las valoraciones del 18 de agosto y del 22 de noviembre de
2019, la Dra. Mileiny Rivera Serrano suscribió las historias clínicas
respectivas y generó las órdenes médicas para pañales desechables, suplemento
nutricional y crema anti escaras. Afirmó que dichos insumos están siendo suministrados
por parte de la EPS de acuerdo con lo ordenado por el médico tratante[67].
25.
Asimismo, afirmó que el 25 de noviembre de 2019 programó a Miguel Triana
Olarte: (i) consulta con psiquiatría el 4 de diciembre de 2019 en la IPS
Instituto del Sistema Nervioso del Oriente S.A., en la ciudad de Bucaramanga y (ii)
consulta con neurología el 11 de diciembre de 2019 en la IPS Hospital
Internacional de Colombia, Km 7 vía Piedecuesta. En los documentos de
notificación de las citas, la EPS especifica que “el paciente debe estar 30
minutos antes de la hora indicada y debe [ir] acompañado”[68].
Por último, indicó que no le corresponde garantizar el servicio de cuidador
porque está excluido del PBS y porque no es un servicio de salud[69].
D. Diálogo para la formulación de
alternativas de solución
26.
El secretario de Desarrollo Social convocó a las partes a una reunión
para determinar las responsabilidades de cada uno y las obligaciones que cada
entidad podría asumir para garantizar la protección del adulto mayor[70].
Como resultado de lo anterior, los asistentes firmaron un acuerdo de
compromisos en el que identificaron los problemas fácticos relevantes del caso
y propusieron algunas alternativas reales y concretas para su solución.
27.
Por tal motivo, en caso de acreditar la vulneración del derecho
fundamental a la salud de Miguel Triana Olarte, en sus componentes de
accesibilidad e integralidad, la Sala valorará la razonabilidad de dichas
alternativas; en particular, determinará si las propuestas de solución
tendientes a garantizar el bienestar del agenciado son adecuadas, suficientes y
eficaces para proteger sus derechos de acuerdo con los criterios definidos por
la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Si las alternativas de garantía se
ajustan a dicho estándar, lo procedente será ordenar su ejecución. De lo
contrario, la Sala deberá ordenar aquellas medidas que sean adecuadas y
efectivas, de acuerdo con la normativa vigente, para superar la situación de
vulneración del derecho en el caso concreto.
II. CONSIDERACIONES
28.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo previsto por los artículos 86
y 241.9 de la Constitución Política, por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991 y en virtud del auto del 18 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Diez
de esta Corte, que decidió seleccionar el presente asunto para su revisión.
29.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Según
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, son
requisitos para la procedencia o estudio de fondo de una acción de tutela: (i)
la legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) un
ejercicio oportuno (inmediatez) y (iii) un ejercicio subsidiario. En
consecuencia, le corresponde a la Sala valorar la acreditación de estos requisitos
y, en caso de que se superen, definir y resolver los problemas jurídicos
sustanciales que deriven del caso.
30.
Legitimación en la causa. En el presente caso se satisface
este requisito por activa. El personero municipal de Simacota,
Santander, interpuso la acción de tutela como agente oficioso de Miguel Triana
Olarte, quien de forma posterior ratificó los hechos y pretensiones en ella
contenidos[71].
De igual modo, la Sala encuentra satisfecho este requisito por pasiva.
La acción de tutela se dirigió en contra de Coosalud EPS, entidad a la que se
encuentra afiliado Miguel Triana Olarte y que está autorizada para prestar el
servicio público de salud, y de la Secretaría Departamental de Salud de
Santander y la Gobernación de Santander, que son las autoridades encargadas de
administrar el servicio de salud en ese departamento[72].
31.
Inmediatez. Esta Sala considera que la
acción de tutela cumple con esta exigencia. La historia clínica de Miguel
Triana Olarte registra como fecha de egreso de la Fundación Cardiovascular de
Colombia Zona Franca S.A.S el 11 de julio de 2019 y la demanda de tutela fue
interpuesta el 19 de julio de 2019.
32.
Subsidiariedad.
En el caso sub judice se encuentra
acreditado este requisito. El mecanismo jurisdiccional ante la Superintendencia
Nacional de Salud[73] no es idóneo ni
eficaz para resolver la negativa de Coosalud EPS de suministrarle a Miguel
Triana Olarte el servicio de cuidador ordenado por la médica tratante[74].
Ello se sustenta en: (i) las dificultades operativas que
enfrenta la entidad para el ejercicio de sus competencias[75];
(ii) este caso no versa sobre uno de los conflictos asignados a su
competencia en virtud de la Ley 1122 de 2007, modificada por las leyes 1438 de
2011 y 1949 de 2019[76]
y (iii) por las circunstancias particulares del caso concreto[77],
esto es, el agenciado es un sujeto de especial protección constitucional debido a
su edad, diagnóstico médico y condiciones de debilidad manifiesta en razón de su
situación socioeconómica[78] y falta de apoyo
familiar[79].
33.
Carencia actual de objeto por hecho superado. En este
punto, la Sala de Revisión debe determinar si, en el proceso de la referencia,
se presenta el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado
(problema jurídico de procedibilidad) respecto de la pretensión del accionante
relacionada con el suministro de pañales desechables, pañitos húmedos, silla de
ruedas y cremas anti escaras para Miguel Triana Olarte.
34.
Este fenómeno se configura cuando desaparece la afectación al derecho
fundamental alegado y se satisfacen las pretensiones del accionante. Al
respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “esta
circunstancia puede ser consecuencia de la observancia de las pretensiones del
accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor, lo
cual puede acaecer entre la presentación de la tutela y la sentencia del
juez constitucional”[80]. Cuando
se acredite esta circunstancia, el juez de tutela no tiene el deber de proferir
un pronunciamiento de fondo.
35.
Respuesta al problema jurídico. En el caso sub judice, se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado por las siguientes
razones: (i) al momento en el que el accionante interpuso la tutela no
existía orden médica que prescribiera los insumos solicitados[81],
(ii) en cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela de primera
instancia, Coosalud EPS realizó el diagnóstico correspondiente para determinar
la pertinencia de los insumos. La médica tratante consideró que el paciente
necesitaba pañales desechables, suplemento vitamínico y crema anti escaras, mas
no pañitos húmedos y silla de ruedas, (iii) Coosalud EPS empezó a
suministrar los insumos solicitados antes de que el juez de segunda instancia
profiriera el fallo correspondiente y lo notificara a las partes[82]
y (iv) para la fecha en la que el presente expediente fue seleccionado
para revisión por parte de la Corte Constitucional[83],
la entidad promotora de salud ya estaba garantizando de forma oportuna el
suministro de los insumos, de acuerdo con las órdenes generadas por la médica tratante[84].
36.
En conclusión, esta Sala declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto a la pretensión relacionada con el suministro de
pañales desechables, suplemento vitamínico y crema anti escaras. Esto, en la
medida en que quedó demostrado en el expediente que cesó la afectación alegada
en cuanto a dicha pretensión debido a que la EPS ha actuado de forma diligente con
la entrega de los insumos, de acuerdo con el dictamen y las órdenes médicas.
37.
En relación con las pretensiones sobre el suministro del servicio de
transporte y el servicio de cuidador, la Sala encuentra que no se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, razón por la cual
procederá al análisis de fondo.
38.
Análisis de fondo. Superada la procedencia de la
presente tutela, la Sala seguirá la siguiente metodología para el estudio de
los problemas jurídicos sustanciales del caso sub examine: A. Se referirá
a la justificación del proceso de interacción significativa que se promovió en
sede de revisión. B. Formulará y resolverá los problemas jurídicos del presente
asunto a partir de las circunstancias fácticas y de los insumos obtenidos
durante la etapa de interacción significativa. En particular, determinará si
existe una vulneración al derecho fundamental a la salud del agenciado, en sus
componentes de accesibilidad e integralidad. C. De constatar la
vulneración de los derechos fundamentales antes señalados, definirá los
remedios del caso. D. Y, por último, determinará las órdenes concretas.
A. Justificación del proceso de
interacción significativa en sede de revisión
39.
A partir de la información obtenida durante el desarrollo de las
diferentes etapas de la metodología, fue posible determinar que existían circunstancias
que podrían comprometer la supervivencia del agenciado, tales como el riesgo de
que quedara en situación de indigencia por no tener un lugar de residencia
estable ni una red de apoyo familiar[85],
o la falta de acceso oportuno a los servicios de salud prescritos por su médico
tratante, los cuales son necesarios para que el paciente pueda sobrellevar su
enfermedad y logre superar las circunstancias que afectan su estado de salud.
40.
Por tal razón, con el propósito de (i) contar con mayores y
mejores elementos de juicio para plantear y resolver los problemas jurídicos
del caso, (ii) maximizar la satisfacción del principio de eficacia real
y concreta de los derechos fundamentales y (iii) procurar una protección
oportuna de los derechos fundamentales del agenciado, la Sala promovió una
interacción significativa entre las autoridades e instituciones con
competencias en la garantía de los derechos del agenciado.
41.
Este proceso se fundamenta en las siguientes premisas[86]:
(i) El análisis de la faceta prestacional de los derechos fundamentales.
Satisfacer los derechos fundamentales no es una tarea exclusiva del juez
constitucional. Los titulares del derecho y los presuntos destinatarios u
obligados de los deberes correlativos están en mejor posición epistémica para
determinar el grado de cumplimiento y cuál debe ser el nivel y el modo de
satisfacción apropiado para garantizarlo[87];
(ii) la participación real de los destinatarios en el proceso de diálogo
refuerza su compromiso en relación con la protección y garantía de los derechos
fundamentales. Esto les permite constatar la existencia de una problemática
de relevancia constitucional, delimitarla, evaluar sus propias posiciones al
respecto y plantear alternativas de solución razonables[88]
y, (iii) la interacción significativa como base argumentativa para la toma
de decisiones judiciales y para el diseño y ejecución de las medidas necesarias
para su cumplimiento. El rol del juez constitucional en casos como el
presente no consiste solo en imponer una orden a los encargados de garantizar un
derecho, sino en controlar, de acuerdo con la normativa vigente, la
plausibilidad y razonabilidad de las premisas, argumentos y soluciones que
estos proponen para protegerlo[89].
42.
Asimismo, esta metodología propicia un conocimiento más completo del
caso con el propósito de resolver de forma oportuna y efectiva la situación de
vulneración de los derechos fundamentales a partir de la participación de los
diferentes actores relevantes durante el trámite de revisión. Ello no implica (i)
que la intervención del juez constitucional en ejercicio de sus competencias y
las decisiones que adopte en el caso sub judice queden supeditadas a los
acuerdos y alternativas de solución planteadas por las partes como resultado de
la interacción significativa y (ii) que la normativa que regula la
materia correspondiente pierda poder coactivo.
B. Planteamiento y solución de los problemas jurídicos
del caso
43.
Para la Sala, en el asunto sub judice se deben resolver los
siguientes problemas jurídicos: (i) ¿Coosalud EPS vulneró el derecho fundamental a la salud de Miguel
Triana Olarte, en relación con el principio de integralidad, al negarle el
servicio de cuidador domiciliario 12 horas diarias pese a ser ordenado por el
médico tratante?, y (ii) ¿Coosalud E.P.S vulneró el derecho fundamental a la salud de Miguel
Triana Olarte, en su componente de accesibilidad, al ordenar las citas médicas
fuera del lugar de residencia del paciente y no suministrarle el servicio de
transporte, a pesar de que se trata de un adulto mayor con imposibilidad de
moverse de forma autónoma y que no cuenta con una red de apoyo familiar y
económica?
44.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará: (i)
En relación con el primer problema jurídico: el principio de
integralidad en el servicio público de salud y las reglas sobre el servicio de
cuidador domiciliario. Y, (ii) En relación con el segundo problema
jurídico: la accesibilidad como componente del derecho fundamental a la
salud y las reglas sobre el servicio de transporte intermunicipal para acceder
a tratamientos médicos.
Marco del primer problema
jurídico
45.
El principio de integralidad en el servicio público de salud.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este principio
irradia al sistema de salud y determina la forma en la que éste funciona[90].
Ello impone a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en
Salud el deber de adoptar todas las medidas necesarias para
brindarle a las personas un tratamiento que mejore de forma efectiva sus
condiciones de salud y su calidad de vida[91].
46.
Asimismo, la Corte ha señalado que, en circunstancias excepcionales,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, “se debe
brindar atención integral en salud, con independencia de que el conjunto de
prestaciones requeridas esté excluido de los planes obligatorios”[92].
En tal sentido, el principio de integralidad supone que el servicio
suministrado al paciente contenga todos los componentes que el médico tratante
determine que son necesarios para el restablecimiento de su salud o “para la
mitigación de las dolencias que le impiden mejorar sus condiciones de vida”[93].
47.
Exclusión del servicio de cuidador domiciliario en el Plan de
Beneficios en Salud. La Resolución 1885 de 2018[94]
excluye este servicio de la financiación dispuesta en el PBS. No obstante, la
Corte ha ordenado en casos excepcionales[95]
el reconocimiento de este servicio complementario a favor de pacientes que
acrediten su pertinencia debido a sus particulares condiciones médicas, su
imposibilidad socioeconómica y la falta total de una red de apoyo.
48.
La obligación de cuidado corresponde a los familiares del paciente[96].
No obstante, existen casos excepcionales en los que, de un lado, la persona
necesita atención especializada y, de otro, la familia no cuenta con los
recursos económicos suficientes para asumir los costos del servicio o está en
imposibilidad material para brindarle de forma adecuada y técnica a su pariente
el cuidado necesario. En tales situaciones, la carga de la prestación, “de la cual pende la satisfacción de los derechos fundamentales
del sujeto necesitado” [97], se traslada a la sociedad y al
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución[98].
49.
En virtud del principio de solidaridad, el servicio de cuidador está
orientado a garantizar que un familiar, una persona cercana o un cuidador no
profesional de la salud[99],
le brinde a un individuo que padece una enfermedad grave –sea
congénita, accidental o derivada de su avanzada edad[100]–, el apoyo físico necesario para que éste pueda realizar sus
actividades básicas cotidianas, así como aquellas que le
permitan desenvolverse de forma adecuada en escenarios en los que su condición
médica le genere dependencia total[101].
50.
Dicho servicio se diferencia del servicio de atención
domiciliaria en la medida en la que esta última
está definida como una “modalidad de prestación de servicios de salud
extrahospitalaria que busca brindar una solución a los problemas de salud en el
domicilio o residencia y que cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos o
auxiliares del área de la salud y la participación de
la familia”[102].
Este servicio, como el de atención paliativa, está a cargo de las EPS porque
está incluido en el PBS, financiado con recursos de la UPC[103].
51.
La Corte Constitucional ha señalado que para que el Estado y la sociedad
asuman la obligación de cuidado descrita, en cada caso concreto se debe
acreditar con suficiencia que la familia del paciente “(i) no
cuenta con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, ya sea
por (a) falta de aptitud como producto de la edad o de una
enfermedad, o (b) debe suplir otras obligaciones básicas para consigo
mismo, como proveer los recursos económicos básicos de
subsistencia; (ii) resulta imposible brindar el entrenamiento o
capacitación adecuado a los parientes encargados del paciente; y (iii)
carece de los recursos económicos necesarios para asumir el costo de contratar
la prestación de ese servicio”[104].
52.
En
conclusión, el servicio de cuidador debe ser garantizado por el núcleo familiar
del paciente. Sin embargo, en los casos en que no exista familia o esta se
encuentre ante una ostensible imposibilidad material para brindar el apoyo
permanente y necesario a su familiar, el Estado y la sociedad podrían suplir
dicha deficiencia de forma excepcional para garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales del afiliado. En tales casos, el juez constitucional
tiene la posibilidad de ordenarle a las EPS que suministren el servicio de
cuidador para apoyar a las familias frente a las excepcionalísimas
circunstancias de sus parientes.
53.
Respuesta afirmativa al primer problema jurídico.
Coosalud EPS vulneró el derecho fundamental a la salud de Miguel Triana Olarte
en relación con el principio de integralidad al negar el servicio de cuidador
domiciliario por doce horas diurnas prescrito por la médica tratante.
54.
En el presente caso, la Sala considera que se acreditan los
requisitos jurisprudenciales para el reconocimiento excepcional del
servicio de cuidador para Miguel Triana Olarte. Esto, porque su familia se
encuentra en la actualidad en imposibilidad material para asumir tal obligación
debido a que (i) el personero municipal de Simacota afirmó en la acción
de tutela que su agenciado no tiene esposa ni hijos[105], (ii) Rodrigo
Triana Olarte no tiene la capacidad física ni económica de atender a su hermano
debido a sus circunstancias actuales, certificadas por la Comisaría de Familia
del municipio[106],
(iii) la hermana de Miguel Triana Olarte, Luz Herminda Galvis Triana,
vive en el municipio La Mesa de los Santos[107],
ubicado aproximadamente a tres horas de Simacota. Además, está afiliada al
SGSSS como beneficiaria y está clasificada en el nivel 1 del Sisbén con un
puntaje de 16.77, razón por la cual se encuentra en imposibilidad física y
económica para atender las necesidades de su hermano[108].
55.
Por otro lado, a pesar de que la
médica tratante señaló que el paciente cuenta con una red de apoyo
institucional en el Centro de Bienestar Hogar del Anciano de Simacota, no
descartó la pertinencia del servicio de cuidador doce horas diurnas. De haber
considerado que la atención que recibe Miguel Triana Olarte en el hogar es
adecuada y suficiente, habría concluido que dicho servicio no es necesario. No
obstante, en las dos visitas médicas domiciliarias que hasta la fecha ha
realizado, la Dra. Mileiny Rivera Serrano ha reiterado tal necesidad y, en
consecuencia, ha generado las órdenes médicas respectivas[109].
56.
En su pronunciamiento sobre las pruebas
allegadas al trámite de revisión, Coosalud EPS adujo que el Centro de Bienestar
A es quien debe asumir la obligación de suministrar el servicio de cuidador a
Miguel Triana Olarte por tratarse de una institución estatal que debe cumplir
con su objeto social “dentro del marco legal de sus funciones”[110]. No obstante, es
pertinente aclarar que el CBA de Simacota es una entidad sin ánimo de lucro que
desarrolla su objeto social de forma altruista, en gran parte, gracias a los
convenios interadministrativos que suscribe periódicamente con la Alcaldía
Municipal de Simacota[111].
En tal sentido, es claro que la disposición contenida en el artículo 1 de la
Ley 687 de 2001, modificado por el artículo 217 de la Ley 1955 de 2019, hace
referencia a los Centros de Bienestar y Centros Vida de carácter distrital y
municipal[112].
57.
En consecuencia, debido a que durante el proceso de interacción
significativa la EPS y las instituciones vinculadas no propusieron ninguna
solución respecto de la garantía del servicio de cuidador, que fue ordenado por
la médica tratante, la Sala adoptará las medidas necesarias para cesar la
vulneración. Por tanto, Coosalud EPS deberá
garantizarle a Miguel Triana Olarte el servicio de cuidador domiciliario de
acuerdo con lo prescrito por la médica tratante. No obstante, debido a las
circunstancias particulares de salud del usuario y a que es probable que la
médica tratante genere la prescripción correspondiente de forma trimestral,
Coosalud EPS podrá determinar por medio de un nuevo diagnóstico si, como
alternativa, un auxiliar en medicina puede brindarle a Miguel Triana Olarte la
atención integral que necesita.
Marco del segundo problema jurídico
58.
La accesibilidad como componente del derecho a la salud.
La Ley 1751 de 2015 dispone que “los servicios y tecnologías de salud deben ser
accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las
especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo
cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad
física, la asequibilidad económica y el acceso a la información”[113]
(subrayado propio).
59.
La Corte Constitucional ha señalado que
la imposición de barreras o limitaciones desproporcionadas que restrinjan el
acceso efectivo a los servicios de salud que necesita un usuario “implica la
afectación de su derecho a la salud y un obstáculo injustificado al pleno goce
de este, especialmente si ese usuario es una persona en condición de
vulnerabilidad, en cuyo caso debe ser objeto de una protección especial
constitucional”[114].
En el mismo sentido, está Corte ha indicado que este componente se
refiere “al acceso sin discriminación por ningún
motivo y la facilidad para obtener materialmente la prestación o suministro
de los servicios de salud, lo que a su vez implica que los bienes y servicios
estén al alcance geográfico de toda la población, en especial de grupos
vulnerables. De igual manera, se plantea la necesidad de garantizar a los
usuarios el ingreso al sistema de salud con barreras económicas mínimas y el
acceso a la información (subrayado propio)[115].
60.
El servicio de transporte como
medio de acceso al servicio de salud. El paciente o su núcleo
familiar deben asumir el costo del transporte para acceder a los servicios de
salud que están por fuera de los supuestos de hecho contenidos en la Resolución
5857 de 2018. No obstante, la
Corte Constitucional ha señalado que las EPS deben brindar el servicio cuando
el tratamiento o procedimiento “sea autorizado directamente
por la EPS, remitiendo a un prestador de un municipio distinto de la residencia
del paciente, (ii) que ni el paciente ni sus familiares cuenten con los
recursos económicos para pagar el valor del traslado, y (iii) de no efectuarse
la remisión, se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de
salud del usuario”[116].
La Resolución 5857 de 2018 señala que existen
algunas circunstancias específicas en las que el servicio de transporte está
financiado con cargo a la UPC. El artículo 121 dispone que cuando una persona deba acceder a un servicio incluido en el PBS y este no pueda
ser prestado en el lugar de residencia del afiliado, el traslado del paciente
será financiado por el PBS con cargo
a la UPC[117].
61.
Respuesta afirmativa al segundo problema jurídico. Coosalud
EPS vulneró el derecho fundamental a la salud de Miguel Triana Olarte en su
componente de accesibilidad. La vulneración se fundamenta en que Coosalud EPS
programó las citas médicas descritas en el fundamento jurídico No. 25 en la
ciudad de Bucaramanga, que está ubicada aproximadamente a cuatro horas del
municipio de Simacota, y, además, exigió al paciente asistir a las consultas
con un acompañante (i) sin haber autorizado el servicio de transporte
para su traslado intermunicipal, (ii) sin tener en cuenta que no tiene
una red de apoyo social y (iii) sin considerar sus circunstancias
particulares de discapacidad y vulnerabilidad socioeconómica.
62.
Miguel Triana Olarte es un adulto mayor que reside en el Centro de Bienestar
Hogar del Anciano ubicado en el municipio de Simacota, Santander y que, de
acuerdo con el diagnóstico del área de neurología y de la médica tratante, es
un paciente con dependencia total que necesita apoyo para sus actividades
diarias, entre ellas, trasladarse en ambulancia básica[118].
63.
La EPS accionada omitió adelantar las acciones pertinentes, de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 5857 de 2018, encaminadas a
garantizar que Miguel Triana Olarte pudiera acceder de forma efectiva a las
citas médicas prescritas por su médica tratante, pese a tener conocimiento de
su imposibilidad de traslado por cuenta propia o con acompañamiento de un
familiar hasta la ciudad de Bucaramanga. En
consecuencia, la Sala concederá el amparo del derecho a la salud en su
componente de accesibilidad y ordenará que la EPS suministre el servicio de
transporte para el agenciado, en los términos de la parte resolutiva de esta
sentencia y de los compromisos que se describen a continuación.
C. Remedios para garantizar los derechos fundamentales de Miguel Triana
Olarte a la protección del adulto mayor y a la salud, en sus componentes de
accesibilidad e integralidad: razonabilidad de las propuestas planteadas por las
partes
64.
La Sala encontró acreditado (i) que Coosalud EPS vulneró el
derecho fundamental a la salud de Miguel Triana Olarte, en sus componentes de
accesibilidad e integralidad y (ii) que se trata de un sujeto de
especial protección constitucional debido a sus circunstancias de discapacidad
y vulnerabilidad socioeconómica. Por tanto, con base en los elementos obtenidos
en la interacción significativa que se promovió en sede de revisión, la Sala deberá
definir los remedios del caso a partir de la normativa aplicable al caso y de un
estudio de razonabilidad de las alternativas que propusieron la Secretaría de
Desarrollo Social, el Centro de Bienestar Hogar del Anciano de Simacota y
Coosalud EPS para la protección de los derechos del agenciado.
65.
Propuestas orientadas a garantizar el componente de accesibilidad
del derecho a la salud de Miguel Triana Olarte. Coosalud EPS
pudo determinar que el caso de Miguel Triana Olarte necesitaba una solución que
garantizara el acceso real y oportuno del paciente a los servicios médicos
prescritos por su médico tratante. Por tal razón, ante la solicitud del
secretario de Desarrollo Social, la EPS se comprometió a (i) reprogramar
en el Hospital Regional Manuela Beltrán en el municipio de Socorro las citas
con las especialidades ordenadas por el médico tratante y (ii) asumir el
pago de viáticos de transporte, alojamiento y alimentación del agenciado y de
su acompañante, las veces que requiera salir de Simacota, siempre que el médico
tratante lo ordene[119].
66.
La Sala considera que las alternativas de solución ofrecidas por
Coosalud EPS son adecuadas y efectivas para garantizar la accesibilidad física del
paciente a los servicios de salud prescritos por el profesional de la salud durante
el tratamiento médico que está recibiendo. Esto, habida cuenta de que (i)
Coosalud EPS tiene vigente un contrato de prestación de servicios de salud con
el Hospital Manuela Beltrán del Socorro, que incluye dentro del portafolio de
servicios un gran número de especialidades, incluidas las que le han sido
ordenadas al paciente[120];
por tal razón, para el paciente resulta menos gravoso en términos de
accesibilidad física y económica acudir a dicha institución porque es más
cercana a su lugar de residencia actual[121]
y (ii) las alternativas propuestas se adecúan a las disposiciones
legales[122],
reglamentarias[123]
y jurisprudenciales en materia de viáticos y de servicio de transporte
intermunicipal cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su
residencia para recibir los servicios mencionados[124],
según se explicó en el fundamento jurídico 60.
67.
En esa medida, la Sala ordenará que Coosalud EPS dé cumplimiento
oportuno a los compromisos señalados en el fundamento jurídico 65, en el
sentido de que deberá asumir el pago de viáticos de transporte, alojamiento y
alimentación de Miguel Triana Olarte y de su acompañante, siempre que el médico tratante lo ordene, cuando deba salir del municipio de su residencia para que
pueda acceder de forma efectiva y oportuna a las consultas con especialistas,
terapias, citas médicas o procedimientos prescritos en el marco del tratamiento
que está recibiendo.
68.
Es importante resaltar que la disposición de Coosalud EPS para encontrar
una solución a la problemática identificada contribuyó, en el caso sub
examine, a la realización del principio de eficacia real y concreta de los
derechos fundamentales a la salud y a la protección del adulto mayor debido a
que, en cumplimiento de lo acordado[125],
la entidad ya garantizó que el paciente pudiera acceder a la primera consulta
con la especialidad de neurología que le había ordenado la médica tratante. Además,
en lo sucesivo, en los precisos términos de las órdenes médicas que suscriba el
médico tratante el paciente podrá acudir a las citas médicas y demás
procedimientos prescritos en atención al compromiso asumido por la EPS, y a las
órdenes que se adoptarán en la parte resolutiva de la presente sentencia al
respecto.
69.
Propuestas orientadas a garantizar la protección del adulto mayor
y la integralidad del derecho a la salud de Miguel Triana Olarte. Las entidades vinculadas asumieron los siguientes
compromisos: (i) La Secretaría de Desarrollo Social de
Simacota, Santander “a) gestionar[á] recursos que deberán quedar en
la nueva vigencia con el fin de cubrir la atención que en un momento dado no
deba ser prestada por la EPS Coosalud de acuerdo [con] sus obligaciones [legales],
para garantizar la atención al señor Miguel Triana” y “dispon[drá]
de un rubro de su presupuesto para apoyar (…) a las instituciones que cuidan de
esa población [la tercera edad en abandono], como es el caso de Miguel
Triana”[126];
y b) adelantará el trámite para el ingreso de Miguel Triana Olarte como
beneficiario del programa Colombia Mayor[127].
Y, (ii) El CBA garantizará “continuar
prestando el albergue y la asistencia al señor Miguel Triana Olarte”[128].
70.
La Sala encuentra que las anteriores propuestas, prima facie, son
razonables para garantizar de forma integral los derechos de Miguel Triana
Olarte de conformidad con los criterios constitucionales[129]
y jurisprudenciales[130]
relativos a la protección del adulto mayor y su atención en salud. No obstante, precisará el alcance de dichos
compromisos, en los siguientes términos:
71.
(i) En relación con el primer compromiso asumido por la Alcaldía
Municipal de Simacota. Según los artículos 48 de la Ley 270 de 1996[131] y 36 del Decreto 2591 de 1991[132], por regla general, los efectos de las decisiones que
profiere la Corte Constitucional en su labor de revisión de las sentencias de
tutela son inter-partes, es decir, solo afectan a los extremos
procesales involucrados en la causa[133].
Por tanto, el primero de los compromisos que asumió la Alcaldía Municipal de
Simacota deberá entenderse en el sentido de que los recursos económicos que
deberá gestionar la administración, en cumplimiento de lo acordado, deben presupuestarse
únicamente para que la institución que le esté brindando albergue y asistencia a
Miguel Triana Olarte, continúe haciéndolo mientras persistan las
circunstancias que dieron origen a la presente acción de tutela.
72.
En consecuencia, la Sala ordenará a la Alcaldía Municipal de Simacota
que, en desarrollo de sus competencias constitucionales y legales, y de acuerdo
con sus posibilidades presupuestales y administrativas, materialice, en los
anteriores términos, las soluciones que propuso en el proceso de interacción
significativa promovido en sede de revisión.
73.
(ii) En relación con el compromiso
asumido por el Centro de Bienestar Hogar del Anciano. La Sala concluye que
se trata de una propuesta razonable y efectiva para la protección de los
derechos fundamentales de Miguel Triana Olarte, porque le ofrece una solución
plausible de vivienda, alimentación, compañía y atención básica en salud para
la enfermedad que padece, ante el riesgo de no contar con un lugar de
residencia. No obstante, debe precisar que la institución deberá
continuar brindándole los servicios mencionados, siempre que la Alcaldía le
asigne los recursos económicos para tal fin, y deberá destinar dichos recursos
exclusivamente para la atención del accionante.
74.
En este punto es necesario señalar que no es posible
atribuir la vulneración de los derechos fundamentales del accionante a la
Gobernación de Santander, a la Secretaría de Salud de Santander, a la ESE
Hospital Regional Manuela Beltrán y a la IPS Vida Ser EU. Esto es así, porque
en el expediente quedó probado (i) que la Gobernación ha cumplido de
forma oportuna con su obligación de girarle a la Alcaldía Municipal de Simacota
los recursos recaudados por concepto de la Estampilla para el Bienestar del
Adulto Mayor para los fines pertinentes[134]
y (ii) que el Hospital Manuela Beltrán y la IPS Vida Ser EU le han
prestado de forma oportuna a Miguel Triana Olarte todos los servicios que
Coosalud EPS les ha solicitado[135].
D. Órdenes concretas
75.
En relación con la pretensión relativa al suministro
de pañales, suplemento vitamínico y demás insumos solicitados, la Sala
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado porque Coosalud EPS
ha suministrado de forma oportuna los insumos que necesita el paciente según
las órdenes médicas.
76.
En relación con el primer problema jurídico,
relativo a la vulneración del derecho fundamental a la salud de Miguel Triana
Olarte en su componente de integralidad, la Sala concederá el
amparo. En consecuencia, ordenará en la parte resolutiva que Coosalud EPS
suministre el servicio de cuidador de acuerdo con las especificaciones del
médico tratante y que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
artículo 39 de la Resolución 1885 de 2018, proceda a solicitar el recobro
correspondiente. Esto, debido a que durante el proceso de interacción
significativa la EPS y las instituciones vinculadas no propusieron ninguna
solución respecto de la garantía de dicho servicio, que fue ordenado por la
médica tratante. No obstante, la Sala advierte a Coosalud EPS que, teniendo en
cuenta la patología del paciente podrá determinar por medio de diagnóstico
médico si, como alternativa al cuidador, un auxiliar en medicina puede
brindarle al agenciado la atención integral que necesita.
En
relación con el segundo problema jurídico, relativo a la vulneración del
derecho fundamental a la salud de Miguel Triana Olarte en su componente de
accesibilidad, la Sala ordenará a Coosalud EPS que, siempre que el médico tratante lo ordene, asuma el pago de viáticos de
transporte, alojamiento y alimentación de Miguel Triana Olarte y de su
acompañante las veces que deba salir del municipio de su residencia para que
pueda acceder de forma efectiva y oportuna a las consultas con especialistas,
terapias, citas médicas o procedimientos prescritos en el marco del tratamiento
que está recibiendo. Esto, en el marco de los compromisos que asumió durante el proceso de interacción
significativa descritos en el fundamento jurídico 65 de la presente sentencia, y de acuerdo con los
fundamentos jurídicos 66 a 68 ibídem.
77.
En relación con la protección del adulto mayor, dada la razonabilidad de las propuestas orientadas a garantizar de forma integral
los derechos de Miguel Triana Olarte, la Sala le ordenará a la Alcaldía
Municipal de Simacota, Santander y al Centro de Bienestar Hogar del Anciano de
Simacota que den cumplimiento oportuno a los compromisos adquiridos, de acuerdo
con los precisos términos de la parte motiva de la presenten sentencia, en
particular, de los fundamentos jurídicos a 73[136].
Síntesis de la decisión
78.
El personero municipal de Simacota, Santander, interpuso
acción de tutela en contra de Coosalud EPS, la Gobernación de Santander y la
Secretaría Departamental de Salud de Santander, en calidad de agente oficioso
de Miguel Triana Olarte, por considerar que dichas entidades vulneraron los
derechos fundamentales de su agenciado, por no garantizarle el servicio
de cuidador y el acceso efectivo a las citas médicas con los especialistas, de
acuerdo con la historia clínica y las órdenes médicas generadas por su médico
tratante.
79.
La Sala promovió un proceso de interacción significativa entre las
partes y autoridades con competencia e interés en el trámite de tutela. Dicho
proceso supuso tres etapas a saber: (i) el recaudo de información
preliminar, que tuvo como fin  sensibilizar a las partes y a las autoridades
competentes acerca de la existencia de un problema de relevancia
constitucional, derivado de la selección de un caso para revisión por parte de
la Corte Constitucional y obtener datos relevantes para la práctica de pruebas;
(ii) el decreto de pruebas y la posibilidad de su contradicción, con el
fin de que, a partir de la interacción de los distintos actores del proceso, se
lograra identificar y delimitar la problemática fáctica relevante del caso; y, (iii)
en la etapa de traslado de las pruebas, se promovió un espacio de diálogo
para que los accionados, los interesados y las autoridades competentes
formularan alternativas concretas para la solución del caso.
80.
Como consecuencia del proceso de interacción significativa promovido por
la Sala, las entidades accionadas y vinculadas al trámite pudieron determinar
que existían asuntos de relevancia constitucional que recaían dentro de la
órbita de sus competencias en relación con las circunstancias particulares de
vulnerabilidad de Miguel Triana Olarte. Por tal razón, plantearon soluciones
específicas frente al caso y asumieron compromisos concretos para la solución
de la problemática planteada en la acción de tutela. En particular, se
comprometieron a garantizar (i) su acceso efectivo a los tratamientos
médicos prescritos por su médico tratante, (ii) su continuidad en el
programa de asistencia social ofrecido por el Centro de Bienestar Hogar del
Anciano de Simacota y (iii) su vinculación al programa Colombia Mayor de
la Alcaldía Municipal de Simacota.
81.
A partir de las pruebas recaudadas, la Sala concluyó que Coosalud EPS vulneró
los componentes de accesibilidad e integralidad del derecho a la salud de
Miguel Triana Olarte al (i) autorizar y programar las citas con las
especialidades de neurología y psiquiatría en la ciudad de Bucaramanga, sin suministrar
el servicio de transporte requerido por el paciente, a pesar de que la médica
tratante determinó su pertinencia y que el Hospital Regional Manuela Beltrán
está más cerca a su lugar residencia actual y (ii) al negarse a
autorizar y suministrar el servicio de cuidador a pesar de que la médica
tratante determinó su pertinencia en la historia clínica y generó las órdenes
médicas respectivas.
82.
Por tal razón, la Sala consideró que en el caso sub examine se
acreditaron los requisitos jurisprudenciales para el reconocimiento excepcional
de los servicios de cuidador y de transporte y le ordenó a Coosalud EPS
suministrarlos de forma oportuna, de acuerdo con lo ordenado por la médica
tratante.
83.
En desarrollo del proceso de interacción significativa, Coosalud EPS, la
Alcaldía Municipal de Simacota y el Centro de Bienestar Hogar del Anciano
plantearon una serie de propuestas de solución tendientes a garantizar la
protección del adulto mayor y sus derechos fundamentales. Por tanto, la Sala
determinó que eran razonables y adoptó dichas soluciones en las órdenes que se
profirieron.
84.
La Sala reconoce la disposición constante de las partes para entablar el
diálogo significativo promovido en sede de revisión. Asimismo, resalta su
compromiso durante todo el proceso de interacción porque ello permitió unir
esfuerzos para encontrar alternativas de solución que garantizaran la
satisfacción oportuna, real y efectiva de los derechos fundamentales de un
sujeto de especial protección constitucional en situación de vulnerabilidad.
Suspensión de
términos adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura y levantamiento de
términos en el presente asunto
85.
Mediante
los Acuerdos de 15, 16, 19 y 22 de marzo de 2020[137], así como de
11 de abril de 2020[138],
el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo
el país a partir del 16 de marzo y hasta el 10 de mayo de 2020. Por
medio del Auto 121 de 16 de abril de 2020, la Sala Plena de la Corte
Constitucional autorizó a las Salas de Revisión para “levantar la suspensión
de términos judiciales en asuntos concretos sometidos a su consideración”,
siempre que se configure alguno de los siguientes criterios: “(i) la
urgencia en adoptar una decisión de fondo o una medida provisional dirigida a
la protección de los derechos fundamentales; (ii) la importancia nacional que
revista el caso; y (iii) la posibilidad material de que el asunto pueda ser
tramitado y decidido de forma compatible con las condiciones actuales de
aislamiento preventivo obligatorio, sin que ello implique la imposición de
cargas desproporcionadas a las partes o a las autoridades concernidas”[139]. La
Sala constata el primero de tales criterios en el caso sub examine.
Esto, en atención a las condiciones de vulnerabilidad del accionante y la
urgencia en adoptar la decisión de fondo para garantizar la protección de sus
derechos fundamentales, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia. Por tanto, la Sala levantará la suspensión de términos en el
asunto sub judice.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada
en el presente asunto, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- REVOCAR
la sentencia del 30 de agosto de 2019, proferida
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Socorro, Santander. En su lugar, CONCEDER, en los precisos términos de esta
sentencia, el amparo del derecho fundamental a la salud de Miguel Triana
Olarte, en sus componentes de accesibilidad e integralidad.
TERCERO.- DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en relación
con el suministro de los insumos solicitados en la acción de tutela, debido a
que Coosalud EPS ha garantizado su entrega oportuna. A pesar de la carencia
actual de objeto, y con el propósito de proteger el componente de integralidad
del derecho a la salud del accionante, PREVENIR a Coosalud EPS para que continúe suministrando a Miguel Triana Olarte,
de forma oportuna y en los precisos términos de las órdenes médicas suscritas
por el médico tratante, los pañales desechables, crema anti escaras y
suplementos vitamínicos necesarios para garantizar la integralidad de su
tratamiento.
CUARTO.- ORDENAR a Coosalud EPS que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del presente fallo, autorice y suministre en
favor de Miguel Triana Olarte el servicio de cuidador a domicilio por 12 horas
diarias, de acuerdo con las especificaciones de la médica tratante. Coosalud
EPS podrá determinar por medio de diagnóstico del médico tratante si, como
alternativa al cuidador, un auxiliar en medicina puede brindarle al paciente la
atención integral que necesita.
QUINTO.- ORDENAR a Coosalud EPS que, siempre que el médico tratante lo ordene, asuma el pago de viáticos de
transporte y alojamiento de Miguel Triana Olarte y de su acompañante las veces
que deba salir del municipio de su residencia para que pueda acceder de forma
efectiva y oportuna a las consultas con especialistas, terapias, citas médicas
o procedimientos prescritos en el marco del tratamiento que está recibiendo.
Lo anterior, en el marco de los compromisos que asumió durante el proceso de interacción
significativa descritos en el fundamento jurídico 65 de la presente sentencia, y de acuerdo con los
fundamentos jurídicos 66 a 68 ibídem.
SEXTO.-
ORDENAR a la Alcaldía de Simacota,
Santander, que en el término de los (30) días siguientes a la notificación del
presente fallo dé cumplimiento a los compromisos que asumió durante el proceso
de interacción significativa, en los precisos términos de la parte motiva de la
presenten sentencia, que delimitó su alcance. Es decir, deberá (i) adelantar
los trámites correspondientes para la inscripción de Miguel Triana Olarte como
beneficiario del programa Colombia Mayor y (ii) gestionar los recursos
económicos necesarios para su atención en la institución que le esté brindando
asistencia mientras persistan las circunstancias que dieron origen a la
presente acción de tutela, de acuerdo con los fundamentos jurídicos 70 a 73 de esta
providencia. Esto, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, y de acuerdo con sus condiciones
presupuestales y administrativas.
SÉPTIMO.- ORDENAR al
Centro de Bienestar Hogar del Anciano que continúe brindando a Miguel Triana
Olarte el albergue y la asistencia necesaria, siempre que la Alcaldía le asigne
los recursos económicos para tal fin, y deberá destinar dichos recursos exclusivamente
para la atención del accionante.
Lo
anterior, en los precisos términos de la parte motiva de la presente sentencia,
en particular, los fundamentos jurídicos 70 a 73, en los que se delimitó
el alcance de los compromisos
que tanto la Alcaldía Municipal de Simacota como el Centro de Bienestar Hogar
del Anciano de Simacota asumieron durante el proceso de interacción
significativa.
OCTAVO.- Por
Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
Salvamento
parcial de voto
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-136//20[140]
1.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Primera de Revisión
de la Corte, me permito exponer las razones por las cuales salvo parcialmente
el voto dentro de la Sentencia T-136 de 2020.
1.1.
Comparto la generalidad de las consideraciones y determinaciones adoptadas en
el fallo. Sin embargo, me aparto de la decisión de declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado, respecto de la necesidad evidente del demandante,
de suministro de pañales
desechables, suplemento vitamínico y crema anti escaras. La sentencia
fundamenta su decisión en que al momento de la interposición de la acción de
tutela no existía orden médica que prescribiera los insumos solicitados. Así
mismo, en que, en cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela de
primera instancia, Coosalud EPS realizó el diagnóstico correspondiente para
determinar la pertinencia de aquellos y empezó a suministrarlos antes de que el
juez de segunda instancia decidiera la impugnación. Adicionalmente, afirma que
en la fecha en la cual el expediente fue seleccionado para revisión, la
accionada ya estaba garantizando de forma oportuna el suministro de los
insumos.
1.2. Ninguna de las anteriores razones
muestran que se configuró un hecho superado. Esta figura se caracteriza porque desaparece el supuesto fáctico
esencial en el que se soporta el amparo objeto de pronunciamiento, siendo
ciertamente superflua cualquier determinación acerca del fondo del asunto.[141] La carencia de objeto por esta causa
puede presentarse antes, durante o después de la presentación de la acción de
la tutela. No obstante, su acaecimiento debe ser en todo caso anterior a la
decisión judicial correspondiente (de instancia o de revisión).[142] En consecuencia, la superación del
objeto presupone la satisfacción espontánea de los derechos
alegados en el escrito de tutela, a partir de una decisión voluntaria y
jurídicamente consciente del demandado.[143]
De
esta forma, el hecho superado no se estructura en aquellos eventos en los
cuales dicha satisfacción haya sido producto del cumplimiento de la orden
emitida en una instancia judicial. En este supuesto de lo que se trata no es de
la superación de las circunstancias vulneradoras, sino de su salvaguarda
dispuesta por el operador judicial. Este, en sustancia, actuó en ejercicio de
la jurisdicción para resolver el conflicto constitucional planteado en la
petición de tutela, susceptible de valoración integral por parte la instancia
posterior o en sede de revisión, según corresponda.[144]
1.3. En el presente asunto, al momento de
la demanda de amparo no existía orden médica que prescribiera los insumos solicitados.
Sin embargo, esto no significa que el accionante no tuviera derecho a ellos y
que la EPS accionada no se encontrara en la obligación correlativa de
suministrárselos. En primer lugar, como se precisó en la Sentencia T-552 de
2017[145],
las EPS deben actuar diligentemente y emitir un diagnóstico que sea pertinente
y adecuado a las necesidades del paciente, independientemente de que el
tratamiento o servicio se encuentre incluido dentro del Plan de Beneficios de
Salud. De conformidad con este diagnóstico, deben prescribir el procedimiento,
medicamento o implemento pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones
biológicas o médicas del paciente.
En segundo lugar, la jurisprudencia
constitucional ha determinado que en ciertos supuestos, algunos insumos y
elementos, que de una u otra manera son utilizados en el tratamiento de
padecimientos o que contribuyen a hacerlos más llevaderos o a proporcionar
condiciones para que puedan resistirse dignamente, pueden ser ordenados a la
E.P.S., aún sin la respectiva orden médica.[146] Se trata de situaciones en las que la
necesidad del producto y su relación con la enfermedad no dependen
necesariamente de un análisis técnico, sino que, podría decirse, han de ser
determinadas con arreglo a las situaciones concretas, el sentido común y la
experiencia. De esta forma, se ha señalado que las consecuencias perjudiciales
que para la persona se seguirían de la negación del insumo solicitado, en
atención a las circunstancias fácticas en que se encuentra, resultan un hecho
evidente.[147]
1.4. En el presente asunto, al momento de
la interposición de la acción de tutela, la EPS había omitido diagnosticar,
prescribir y suministrar los insumos que el peticionario requería conforme a
sus condiciones de salud, pese a encontrarse en la obligación constitucional de
hacerlo. Así mismo, de acuerdo con la sentencia, el accionante debe permanecer
y movilizarse en silla de ruedas debido al accidente cerebro vascular
hemorrágico que sufrió y a la limitación funcional que lo anterior le ocasionó.
En condiciones como estas, la jurisprudencia constitucional ha señalado que
resulta evidente la necesidad del paciente, de insumos básicos como los pañales
desechables y la crema anti escaras.[148]
En consecuencia, al negarse a proveerle estos elementos con la excusa de que el
peticionario no contaba con la correspondiente orden médica, la EPS demandada
ya había desconocido los derechos fundamentales del accionante.
1.5. Según la sentencia, la entidad
demandada comenzó a proporcionar al afectado los insumos requeridos para
sobrellevar con dignidad sus condiciones de salud, una vez el juez de tutela de
primera instancia ordenó realizar el respectivo diagnóstico. En este sentido,
conforme a lo precisado en fundamentos anteriores, se trató del cumplimiento de
una orden judicial, no de una actuación espontánea de la demandada, destinada a
garantizar los derechos del peticionario. Por estas razones, discrepo de la
conclusión de que existía un hecho superado en relación con las referidas
prestaciones.
Consecuencialmente, en lugar de declararse la carencia actual de objeto,
considero que debió concederse el amparo solicitado.
En
los anteriores términos, dejo señaladas las razones por las cuales me aparto
parcialmente de la sentencia T-136 de 2020.
Fecha
ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Mediante auto del 18 de octubre de 2019, la Sala de Selección
Número Diez, integrada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio
José Lizarazo Ocampo, seleccionó este caso con fundamento en el criterio
objetivo de “posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte
Constitucional” y el criterio subjetivo de “urgencia de proteger un derecho
fundamental”. Cuaderno de revisión, folio 14.
[2] Cuaderno uno, folio 2.
[3] Cuaderno uno, folio 25
[4] Ibídem.
[5] Cuaderno uno, folio 26
[6] Ibídem.
[7] Ibídem
[8] Cuaderno uno, folios 18 a 23. Consulta de control por
medicina interna, consulta de control por psiquiatría (en una semana), terapia
ocupacional integral y terapia respiratoria integral (tres veces por semana),
terapia fonoaudiológica integral y terapia física integral (tres veces por
semana), consulta de control por neurología clínica (en un mes) y consulta de
control por psiquiatría.
[9] Cuaderno uno, folio 3.
[10] Ibídem.
[11] Cuaderno uno, folio 17. Miguel Triana Olarte está
clasificado en el nivel 1, con un puntaje de 31.38.
[12] Cuaderno uno, folio 3.
[13] Cuaderno uno, folios 2 a 11.
[14] Cuaderno uno, folio 3.
[15] Cuaderno uno, folio 4.
[16] Cuaderno uno, folio 37.
[17] Cuaderno uno, folio 36.
[18] Cuaderno uno, folios 30 – 31.
[19] Cuaderno uno, folios 56 – 57.
[20] Cuaderno uno, folios 56 – 57.
[21] Silla de ruedas, pañales desechables, cama hospitalaria,
colchoneta y crema anti escaras.
[22] Ibídem. En relación con el suministro de insumos, la orden del juez
de primera instancia fue la siguiente: “SEGUNDO. ORDENAR a Coosalud
que, en el término de 48 horas contados a partir de la notificación de esta
providencia, si aún no lo ha realizado, se le asigne un médico adscrito a la
red de servicios de la EPS accionada, con el fin de valorar el estado del
paciente y dictaminar si requiere el suministro de los siguientes insumos:
silla de ruedas, pañales desechables, cama hospitalaria, colchoneta, cremas
anti escaras. Si el médico tratante considera necesario estos insumos, se
deberán entregar a la agenciada [sic] de manera expedita con el fin de
brindarle un tratamiento integral en aras de que se le garantice las medidas
necesarias que en razón a su edad requiere para sobrellevar las patologías que
padece: HIPERTENSIÓN ESPECIAL (PRIMARIA) Y HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO
SUBCORTICAL”. En relación con el servicio de transporte, la orden del juez
de primera instancia fue la siguiente: “CUARTO. ORDENAR a COOSALUD
EPS que, por intermedio de un médico adscrito a su red de servicios, realice
una valoración al agenciado para determinar si este requiere ser movilizado en
transporte especial las veces que deba salir del municipio de su residencia,
con el objetivo de atender citas médicas, tratamientos, procedimientos médicos
y de ser así, le sea autorizado. Del mismo modo, se ordena a la EPS accionada
que cubra los viáticos de transporte, alojamiento y alimentación, del agenciado
y de su acompañante, las veces que requiera salir del municipio donde reside,
en razón a citas médicas ordenadas por su médico tratante, con motivo de sus
patologías (…)”.
[23] Cuaderno uno, folio 65.
[24] Cuaderno uno, folio 67.
[25] Cuaderno uno, folio 68.
[26] Ibídem.
[27] Ibídem.
[28] “TERCERO. ORDENAR a COOSALUD EPS que, se realicen las gestiones
tendientes a la asignación de un cuidador personal las 24 horas del día, siendo
necesario que el Estado asuma las cargas necesarias para brindarle una atención
y cuidado oportuno al agenciado”.
[29] Cuaderno dos, folio 20.
[30] Cuaderno dos, folio 17.
[31] El 14 de agosto de 2019, el personero municipal de Simacota,
radicó en el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota un memorial en el que
solicitó que obrara dentro del trámite de impugnación un documento que le
remitió Fredy Alexander Quintero Cala, administrador del Centro de Bienestar
Hogar del Anciano de Simacota, el 12 de agosto de 2019 (Cfr. Fls. 67 y
68). En dicho documento, el administrador del hogar informó que Miguel Triana
Olarte ingresó al lugar en una “situación bastante grave de salud” y
señaló que se trata de una persona “dependiente para efectos de
desplazamiento, ingesta de comida y aseo personal”. Además, indicó que el
Centro de Bienestar accedió al ingreso de Miguel Triana porque “se
encontraba en un completo abandono en un área rural y viviendo solo con su
hermano, otro adulto mayor con una condición física bastante regular”.
[32] Tal como consta a folio 24 del cuaderno de revisión, el despacho se
comunicó con el personero municipal de Simacota, Sergio Iván Amaya Murillo, el
13 de noviembre de 2019.
[33] Tal como consta a folio 25 del cuaderno de revisión, el despacho se
comunicó con el administrador del Centro de Bienestar Hogar del Anciano, Fredy
Alexander Quintero Cala, el 13 de noviembre de 2019
[34] DÉCIMO PRIMERO. DECRETAR como medida provisional, que el
Centro de Bienestar Hogar del Anciano de Simacota, Santander, garantice la
permanencia de Miguel Triana Olarte en sus instalaciones, hasta tanto la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional profiera la sentencia respectiva
en el trámite de revisión del expediente T-7.615.415.
[35] Constancia de comunicación del 13 de noviembre de 2018 a folio 24
del cuaderno de revisión.
[36] Ibídem.
[37] Constancia de comunicación del 13 de noviembre de 2018 a folio 25
del cuaderno de revisión.
[38] Vinculó a la Gobernación y a la Secretaría Departamental de Salud
de Santander, a la Alcaldía Municipal de Simacota, Santander, a la Secretaría
de Desarrollo Social de Simacota, Santander, a la ESE Hospital Regional Manuela
Beltrán del Socorro, a la IPS Vida Ser EU y al CBA de Simacota, a quienes
solicitó información sobre el caso. Tal como consta a folio 233 del cuaderno de
revisión, el despacho del magistrado sustanciador se comunicó con Adriana María
Ríos el 26 de noviembre de 2019.
[39] Requirió: 1) al personero municipal de Simacota para que
aportara: (i) ratificación del agenciado, (ii) copia de su historia clínica más
reciente, (iii) informe sobre las condiciones de salud y circunstancias
socioeconómicas de sus hermanos, (iv) informe sobre las gestiones que Coosalud
EPS adelantó para diagnosticarlo y brindarle la atención médica requerida, de
acuerdo con lo prescrito por la médica tratante y (v) reporte sobre las
peticiones que presentó a Coosalud EPS y ante las dependencias de la Alcaldía
Municipal de Simacota. Y, 2) a Coosalud EPS para que informara sobre:
(i) los servicios y procedimientos que le prestó a Miguel Triana Olarte, (ii)
las solicitudes que el personero municipal de Simacota radicó ante sus
oficinas, con sus respectivas respuestas y (iii) si la Dra. Mileiny Rivera
Serrano, médica general de la IPS Vida Ser EU, hace parte de su red de
servicios. 3) A la Gobernación de Santander, 4) a la Secretaría
Departamental de Salud de Santander, 5) a la Alcaldía de Santander y
6) a la Secretaría de Desarrollo Social de Santander se les solicitó
información sobre (i) programas de asistencia, protección y atención en salud a
adultos mayores en situación de vulnerabilidad o discapacidad, en el municipio
de Simacota y (ii) la eventual pertenencia de Miguel Triana Olarte a alguno de
esos programas. 7) A la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán se le
solicitó información sobre los procedimientos, tratamientos y servicios que le
ha prestado al actor, sobre las órdenes médicas vigentes y sobre el estado
actual de sus relaciones contractuales con Coosalud EPS. 8) A la IPS Vida
Ser EU se le pidió información sobre las razones por las cuales el paciente
fue remitido a dicha institución para ser atendido. Por último, 9) al Centro
de Bienestar Hogar del Anciano de Simacota se le solicitó información sobre
la fecha y circunstancias de ingreso de Miguel Triana Olarte, sobre su
situación actual de salud, sobre el estado de los convenios
interadministrativos con la Alcaldía Municipal de Simacota y sobre las
condiciones presupuestales y administrativas del hogar.
[40] Decretó como medida provisional, que “el Centro de Bienestar Hogar
del Anciano de Simacota, Santander, garantice la permanencia de Miguel Triana
Olarte en sus instalaciones, hasta tanto la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional profiera la sentencia respectiva en el trámite de revisión
del expediente T-7.615.415”. Cuaderno de revisión, folios 44 – 48.
[41] Es decir, se corrió traslado de las constancias de
comunicación del 13 de noviembre (Cfr. Fls. 24 y 25, cuaderno de
revisión) y de los documentos que el personero municipal de Simacota remitió
por medio de la Secretaría General (Cfr. Fls. 27 a 43). Durante el
término del traslado, Coosalud EPS ejerció su derecho de contradicción en
relación con algunas afirmaciones del accionante contenidas en las constancias
de comunicación en cita y los documentos que allegó al expediente (Cfr.
Fls. 241 y 242, cuaderno de revisión).
[42] Cuaderno de revisión, folios 77 – 100 y 231. El 22 de
noviembre de 2019, la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió el
oficio correspondiente.
[43] Cuaderno de revisión, folio 77. La orden médica prescribe el
servicio “de lunes a sábado durante 90 días (septiembre 25 días, octubre 27
días, noviembre 26 días)”.
[44] Adicionalmente el oficio incluyó (i) la ratificación del agenciado
respecto de la acción de tutela , (ii) la historia clínica más reciente, (iii)
informe de la Comisaría de Familia de Simacota sobre las condiciones físicas y
económicas del hermano de Miguel Triana Olarte, (iv) derecho de petición
dirigido a Coosalud EPS el 19 de septiembre de 2019, (v) historia clínica y
órdenes médicas suscritas por Vida Ser EU, (vi) respuesta de Coosalud EPS al
derecho de petición del 19 de septiembre y (vii) actas de reunión con el Secretario
de Desarrollo Social y el administrador del Centro de Bienestar Hogar del
Anciano de Simacota. Cuaderno de revisión, folios 89 – 100.
[45] Cuaderno de revisión, folios 154 – 184.  El 22 de noviembre
de 2019, la Secretaría General de la Corte Constitucional recibió respuesta de
César Nicolás Reyes Serrano, representante de la IPS Vida Ser EU.
[46] Cuaderno de revisión, folio 155 y 168.
[47] Cuaderno de revisión, folio 92.
[48] La médica tratante ordenó el servicio de cuidador para los meses de
octubre de 2019 a enero de 2020.
[49] Cuaderno de revisión, folios 95 y 178, 95 y 179, 96 y 179, 180 y
181, respectivamente.
[50] Cuaderno de revisión, folio 231.
[51] Cuaderno de revisión, folio 129. El personero señaló que Coosalud
EPS remite a los adultos mayores a la ciudad de Bucaramanga a pesar de que el
Hospital Manuela Beltrán está a 20 minutos de Simacota y “cuenta con todas las
especialidades en medicina”. Ello implica imponer “cargas preocupantes a los
adultos mayores debido a que deben suplir el gasto de un acompañante y otros
gastos que se presentan”. El administrador del CBH se refirió a la
necesidad de contar con un cuidador para el paciente debido a que el Centro no
cuenta con el personal suficiente para garantizar su bienestar”.
[52] Cuaderno de revisión, folios 131 – 152.
[53] Cuaderno de revisión, folios 131 – 132.
[54] Cuaderno de revisión, folio 132.
[55] Cuaderno de revisión, folios 186 – 196.
[56] Cuaderno de revisión, folio 187.
[57] Cuaderno de revisión, folio 186.
[58] Ibídem.
[59] Cuaderno de revisión, folios 102 a 109 y
231.
[60] Cuaderno de revisión, folios 111 – 127.
[61] Cuaderno de revisión, folio 111.
[62] Informan que durante el 2019 el municipio le ha girado $272.301.952
de pesos al CBH de Simacota.
[63] Cuaderno de revisión, folios 231 y 243 a 304.
[64] Cuaderno de revisión, folios 264 – 266.
[65] Cuaderno de revisión, folio 243.
[66] Cuaderno de revisión, folio 244.
[67] Actas de entrega. Cuaderno de revisión, folios 264 – 266.
[68] Cuaderno de revisión, folios 260 y 267.
[69] A su juicio, “por tratarse de un adulto mayor que se
encuentra en una institución estatal, no es la EPS quien tiene la obligación de
asumir la carga de la prestación del servicio de cuidador (…) pues es una carga
soportable y enmarcada dentro de las obligaciones que el CBH debe cumplir”[69].
No obstante, manifestó su disposición para reunirse con las autoridades
involucradas en el caso para facilitar el acceso de Miguel Triana a los
servicios y tratamientos a los que no hubiera tenido acceso hasta el momento.
[70] Ver folio 233 del cuaderno de revisión.
[71] Cuaderno de revisión, folios 79 – 81.
[72] Es necesario aclarar que, mediante auto del 20 de noviembre de
2019, la Sala vinculó nuevamente a la Secretaría Departamental de Salud de
Santander y a la Gobernación de Santander. Entidades que habían sido desvinculadas
de la acción de tutela en el fallo de primera instancia. Asimismo, vinculó a la
Alcaldía Municipal de Simacota, Santander, a la Secretaría de Desarrollo Social
de Simacota, Santander, a la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, a la IPS
Vida Ser EU y al Centro de Bienestar Hogar del Anciano de Simacota, Santander.
[73] El artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por los artículos
126 y 127 de la Ley 1438 de 2011 y por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019,
reguló las competencias jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de
Salud y definió un mecanismo judicial de carácter preferente y sumario, con el
propósito de garantizar de forma efectiva la protección de los derechos de los
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[74] Cfr. Cuaderno de revisión, folios 89 – 90.
[75] Cfr. Auto 668 de 2018. “La Corte Constitucional citó a Audiencia
Pública a diferentes entidades y personas responsables del sistema de salud y a
expertos en la materia. En dicha diligencia el Superintendente de Salud señaló,
entre otras cosas, que: (i) para la entidad, en general, es imposible proferir
decisiones jurisdiccionales en los 10 días que les otorga como término la ley;
(ii) hay un retraso de entre dos y tres años para solucionar de fondo las controversias
conocidas por la entidad en todas sus sedes; (iii) en las oficinas regionales
la problemática es aún mayor, pues la Superintendencia no cuenta con la
capacidad logística y organizativa para dar solución a los problemas
jurisdiccionales que se le presentan fuera de Bogotá, ya que carece de personal
especializado suficiente en las regionales y posee una fuerte dependencia de la
capital”.
[76] Artículo 41, Ley 1122 de 2007.
[77] La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que el juez
constitucional debe verificar (i) la calidad de sujetos de especial protección
de quienes solicitan el amparo; (ii) la gravedad del riesgo para la salud o la
vida digna de los afectados; y (iii) las condiciones de debilidad manifiesta de
los solicitantes.
[78] Cfr. Cuaderno uno, folio 17.
[79] Cfr. Cuaderno uno, folio 26.
[80] Sentencia T-684 de 2017.
[81] El personero municipal de Simacota, Santander, interpuso la
acción de tutela el 19 de julio de 2019. Para entonces, el médico tratante no
había determinado la pertinencia de los insumos solicitados en la demanda.
[82] La primera entrega de los pañales desechables fue el 30 de
agosto de 2019. Para ese momento, a Coosalud EPS no se le había notificado la
sentencia de segunda instancia. Cfr. Cuaderno de revisión, folios 264 –
266.
[83] Cuaderno de revisión, folios 5 – 21.
[84] Cuaderno de revisión, folios 264 – 266.
[85] De acuerdo con la respuesta del Centro de Bienestar Hogar
del Anciano de Simacota al Auto del 20 de noviembre de 2019, la decisión de
ingreso de Miguel Triana Olarte estuvo ligada a un fallo de tutela favorable en
relación con la disponibilidad de recursos para garantizar su atención.
[86] Sentencia T-209 de 2019.
[87] Esto, por medio de premisas empíricas y normativas que consideren
las condiciones del caso concreto y las posibilidades fácticas y normativas de
cada una.
[88] Ibídem.
[89] Ibídem.
[90] Sentencia C-313 de 2014.
[91] Ibídem.
[92] Sentencias T-365 de 2009, T-091 de 2011 y T-196 de 2018.
[93] Sentencias T-406 de 2015 y T-196 de 2018.
[94] Cfr. Sentencia T-423 de 2019.
[95] Sentencias T-208 de 2017, T-065 de 2018, T-423 de 2019.
[96] Sentencia T-096 de 2016.
[97] Ibídem.
[98] Sentencia T-065 de 2018.
[99] Sentencia T-226 de 2015.
[100] Resolución 1885 de 2018, artículo 3.
[101] Ibídem.
[102] Resolución 5269 de 2017, artículo 8, numeral 6º.
[103] Resolución 1885 de 2018, artículo 3º, numeral 3º.
[104] Sentencias T-782 de 2013, T-154 y T-568 de 2014, T-096 y T-414 de 2016 y T-208 de 2017.
[105] Cuaderno uno, folio 3.
[106] Cuaderno de revisión, folios 96 – 98.  En respuesta al
requerimiento realizado en el auto del 20 de noviembre de 2019, el personero
municipal adjuntó un oficio suscrito por la comisaria de familia de Simacota en
el que se evalúan las condiciones físicas y socioeconómicas de Rodrigo Triana
Olarte.
[107] Cuaderno uno, folio 3.
[108] Es necesario aclarar que, en el numeral primero del auto del
20 de noviembre de 2019, la Sala solicitó información acerca de las condiciones
socioeconómicas de Luz Herminda Galvis Triana. En su respuesta, el personero
municipal señaló que la señora Galvis Triana no vive en Simacota y que se
desconoce su lugar de domicilio. No obstante, en consulta realizada en las
bases de datos de Adres y Sisbén, se pudo constar la información señalada.
[109] Cuaderno de revisión, folios 172 y 179.
[110] Cuaderno de revisión, folio 237 – 238.
[111] Cuaderno de revisión, folios 188 – 191.
[112] “Autorízase a las asambleas departamentales y a los concejos
distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará
Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo
para concurrir con las entidades territoriales en la construcción, instalación,
mantenimiento, adecuación, dotación y funcionamiento de Centros de Bienestar,
Centros de Protección Social, Centros Vida y otras modalidades de atención y
desarrollo de programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas
mayores, en sus respectivas jurisdicciones. El producto de dichos recursos se
destinará en un 70% para la financiación de los Centros Vida y el 30% restante,
al financiamiento de los Centros de Bienestar o Centros de Protección Social
del adulto mayor, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan
gestionarse a través de otras fuentes como el Sistema General de Regalías, el
Sistema General de Participaciones, el sector privado y la cooperación
internacional, principalmente”.
[113] Ley 1751 de 2015, artículo 6, sección c).
[114] Sentencias T-050 de 2019 y T-706 de 2017.
[115] Sentencias T-423 de 2019, T-455 de 2015, T-076 de 2015 y T-447 de
2014.
[116] Sentencias T-l61 de 2013, T-154 de 2014, T-706 de 2017,
T-032 de 2018, T-259 de 2019, T-081 de 2019.
[117] Ibídem.
[118] Cuaderno de revisión, folio 243 y 252.
[119] En particular, la EPS asumió el compromiso de reprogramar la
cita con la especialidad de neurología para el 17 de diciembre de 2019 a las
3:20 p.m. en el Hospital Regional Manuela Beltrán. Cfr. Cuaderno
de revisión, folio 305 (acta de reunión del 29 de noviembre de 2019).
[120] Cuaderno de revisión, folios 149 y 294.
[121] Está ubicado aproximadamente a treinta minutos de Simacota.
[122] Ley 1751 de 2015, artículo 6, literal c).
[123] Resolución 5857 de 2018, artículos 120 y 121.
[124] Sentencia T-329 de 2018.
[125] El 13 de enero de 2020, el despacho del magistrado sustanciador se
comunicó telefónicamente con Fredy Alexander Quintero Cala, administrador del
CBA, para verificar si Miguel Triana Olarte asistió a la cita médica con
neurología. El administrador afirmó que el paciente asistió a la consulta con
neurología en la hora y fecha señaladas, y que Coosalud EPS suministró el
servicio de transporte en ambulancia, según lo acordado.
[126] Cuaderno de revisión, folios 305 – 306.
[127] Cuaderno de revisión, folio 112.
[128] Cuaderno de revisión, folio 306.
[129] Constitución Política, artículo 46. El Estado, la sociedad y la
familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la
tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El
Estado les garantizará los servicios de seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia.
[130] Sentencia C-503 de 2014. El Estado debe propender por el cuidado de
la vejez como parte del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Ello
por cuanto a pesar de existir un especial deber de solidaridad en cabeza de la
familia, el artículo 46 habla de una responsabilidad concurrente, y por tanto,
el Estado no sólo puede sino que debe contar con una política pública de
cuidado, protección e integración del adulto mayor, y adoptar las respectivas
medidas para implementarlas.
[131] “Artículo 48. Alcance de las sentencias en el ejercicio del
control constitucional. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control
constitucional tienen el siguiente efecto: (…) 2. Las decisiones judiciales
adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar
para la actividad de los jueces”.
[132] Artículo 36. Efectos de la revisión. Las sentencias en que se
revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y
deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera
instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará
las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta”.
[133] Sentencias SU-011 de 2018 y SU-037 de 2019.
[134] Cuaderno de revisión, folios 108 – 109.
[135] La IPS ha garantizado de forma oportuna los servicios de
fisioterapia y valoración por medicina general, que fueron incluidos en el
Programa de Atención Domiciliaria Vida Ser EU.
[136] Cuaderno de revisión, folio 305.
[137]
Acuerdo PCSJA2011517 de
15 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA20-11518 de 16 de marzo de 2020, Acuerdo
PCSJA20-11519 de 16 de
marzo de 2020, Acuerdo PCSJA2011521 de 19 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA2011526 de 22 de marzo de
2020.
[138]
Acuerdo PCSJA20-11532
del 11 de abril de 2020.
[139] Auto 121 de 2020.
[140] M.P. Carlos Bernal Pulido.
[141] Desde sus inicios, la Corte Constitucional
desarrolló de manera suficiente este criterio, el cual ha sido pacíficamente
reiterado. En ese sentido, resultan relevantes las sentencias T-519 de 1992. Ms.Ps.
José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón
Díaz; T-535 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-338 de 1993.
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-564 de 1993. M.P. Antonio Barrera
Carbonell; T-081 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-100 de 1995. M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-101 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-239 de
1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-350 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz;
T-419 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-467 de 1996. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-505 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía; T-519 de 1996. M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-567 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-592
de 1996. M.P. Antonio Barrera CarbonellT-677 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; T-026 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-824 de 1999. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-831 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz; entre otras.
[142] Sentencias T-045 de 2008. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra y T-085 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre
otras.
[143] Ver salvamento de voto, manifestado por la suscrita, a la Sentencia
T-230 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[144] En ese sentido ver, entre otras, la Sentencia T-715 de 2017 (M.P.
Carlos Bernal Pulido), en la que se descarta la configuración de la carencia de
objeto por hecho superado ante el acatamiento, por la parte demandada, de la
orden proferida por el a-quo.
[145] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[146] Sentencia T-790 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada.
[147] “Los efectos nocivos podrían ser fácilmente previstos y
entenderse como de segura ocurrencia, por lo cual el juez constitucional debe
conjurar el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales y ordenar la
prestación en cuestión”. Sentencia T-096 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva. Ver, así mismo, la Sentencia T- 210 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[148] Sentencia T-096 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.