C-950-01
Sentencia C-954/01
Sentencia C-950/01
REGIMEN ESPECIAL DE BOGOTA-Modificaciones por
legislación ordinaria
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Unidad de materia en ley de
organización territorial
LEY DE ORGANIZACION TERRITORIAL-Vigencia y derogatorias
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DEBATE PARLAMENTARIO-Intensidad sobre
vicios de trámite
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DEBATE PARLAMENTARIO-Agotamiento del
trámite legislativo en relación con la unidad temática
PROYECTO DE LEY-Falta de absoluta identidad entre el inicial y el
aprobado por dinámica del trámite legislativo
PROCESO LEGISLATIVO-Agotamiento en relación con las unidades
temáticas/PROYECTO DE LEY-No absoluta identidad entre sentido de la
propuesta y texto definitivo/DEBATE PARLAMENTARIO-Modificaciones
sustanciales de proyecto inicial/PROYECTO DE LEY-Modificaciones
sustanciales del inicial
El seguimiento del proceso legislativo
dispuesto por el constituyente implica que él se agote en relación con las
unidades temáticas a las que se contrae el despliegue de la función legislativa
pero en manera alguna involucra la exigencia de una absoluta identidad entre el
sentido de las propuestas contenidas en los proyectos presentados y los textos
definitivos aprobados.  Una tal exigencia sería contraria a la naturaleza de la
función parlamentaria pues las cámaras legislativas, partiendo de los proyectos
formulados, canalizan el aporte pluralista de los congresistas en cada una de
las materias sometidas a consideración y recogen el aporte de una opinión
pública conciente de su capacidad, en un entorno democrático, de incidir en la
configuración del derecho.  Por ello, el ejercicio de la función legislativa
coloca ante la posibilidad de que los proyectos inicialmente presentados sufran
sustanciales modificaciones como consecuencia del debate que pretende
desarrollar los distintos matices de las materias objeto de regulación.
DEBATE
PARLAMENTARIO-Derogatorias que constituyen
desarrollo de las unidades temáticas
DEBATE
PARLAMENTARIO EN LEY DE ORGANIZACION TERRITORIAL-Organismos
de control y régimen especial del distrito capital
PROCESO
LEGISLATIVO-Presencia de unidades temáticas desde
presentación de proyecto hasta conciliación
PRINCIPIO
DE IDENTIDAD EN PROCESO LEGISLATIVO-Regulaciones
concernientes a materias de la ley/PRINCIPIO DE IDENTIDAD EN PROCESO
LEGISLATIVO-Regulaciones puntuales con ámbitos no previstos en proyectos
iniciales
En el ámbito del proceso legislativo y
en punto al principio de identidad, lo que la Carta exige es que las Cámaras
debatan y aprueben regulaciones concernientes a las materias de que trata la
ley, esto es, que exista identidad en el contenido material de las
disposiciones y no que se atengan al contenido de los proyectos y que se
abstengan de considerar los distintos desarrollos de que tal contenido es
susceptible. De ser así, ligando los temas de las leyes a ese nivel de especificidad,
resultaría imposible introducir regulaciones puntuales relacionadas con ámbitos
no previstos en los proyectos iniciales.
PRINCIPIO DE IDENTIDAD EN LEY DE ORGANIZACION TERRITORIAL-Reelección de
personeros y contralores
PROCESO LEGISLATIVO-Agotamiento de etapas en relación con la
materia y no con cada uno de los puntos
Lo que exige la Carta es que las
distintas etapas del proceso legislativo por ella consagrado se agoten en
relación con la materia sometida a regulación pero no que se agoten en relación
con cada uno de los puntos susceptibles de abordar en esa materia.  Imponiendo
tal exigencia se distorsionaría el control constitucional y se limitaría de
manera infundada la función legislativa.
PROCESO LEGISLATIVO-Acreditación de temática no considerada en
debates/PROCESO LEGISLATIVO-Debates exigidos y acreditación de temática
no considerada/FUNCION LEGISLATIVA-Dinámica
Para la prosperidad de un cargo de
inexequibilidad contra una norma por haberse promulgado con violación del
proceso legislativo no es suficiente con afirmar que ella no fue sometida a los
cuatro debates constitucionalmente exigidos pues debe acreditarse que ella gira
en torno a un tema que no fue considerado en ninguno de los debates.  Ello es
así por cuanto en sede de control constitucional no puede desconocerse la
dinámica que caracteriza la función legislativa y que permite desarrollar
múltiples matices a partir de las propuestas inicialmente formuladas,
mantenerlas o incluso desvirtuarlas.
PROCESO LEGISLATIVO EN LEY DE ORGANIZACION TERRITORIAL-Voluntad de
modificación de régimen del distrito capital
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia
sobre aspectos de conveniencia
PRINCIPIO DE
IDENTIDAD EN PROYECTO DE LEY-Coincidencia
material y no textual
Referencia: expediente D-3357
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 96 (parcial) de la Ley 617 de 2000.
Actores:
Mario Fernando Parra Guzmán y Luis Eduardo Ochoa Bohórquez
Magistrado
Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., cinco  (5)  de septiembre
de dos mil uno  ( 2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el  Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, los ciudadanos Mario Fernando Parra Guzmán y Luis Eduardo
Ochoa Bohórquez demandaron el artículo 96 (parcial) de la Ley 617 de 2000, “por
la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de
1993, se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II.   NORMA DEMANDADA
A continuación
se transcribe el artículo 96 demandado de la Ley 617 de 2000, subrayando el
aparte cuestionado por los actores en el presente proceso de
inconstitucionalidad:
Ley 617 de 2000
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan normas tendientes a fortalecer
la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.
(...)
“Artículo
96. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga los artículos 17 de la Ley 3 de 1991; parágrafo 3º del
artículo 11 de la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo
97 de la Ley 99 de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto
1421 de 1993; la Ley 166 de 1994; artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 8º y 11 de
la Ley 177 de 1994; el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de
1995; los artículos 7º, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de
1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias. Se deroga lo establecido
en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la expresión “quienes
dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido
empleados públicos o trabajadores oficiales, ni” del numeral 5º del artículo 44
de la Ley 200 de 1995”.[1]
III.  LA DEMANDA
Según los demandantes, el aparte
subrayado de la Ley 617 de 2000 viola los artículos 157, numeral 2, 158 y 322
de la Constitución Política, por las siguientes razones:
En primer lugar, afirman los demandantes
que el aparte demandado fue objeto de debate sólo en la Plenaria del Senado y
no fue discutido ni en las Comisiones Primera del Senado y de la Cámara ni en
la Plenaria de esta última, razón por la cual viola el artículo 157, numeral 2
que ordena que para que un proyecto sea ley, deberá “haber sido aprobado en
primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara”. De
esta forma, afirman “se introdujo subrepticiamente a última hora y en el último
debate en el Senado, la derogatoria de los artículos citados presentándose
vicios en su trámite, lo que debió fue regresar a estas células de Cámara y
Senado para que se hubieran dado los debates correspondientes como exige la
norma constitucional citada”.
En segundo lugar, al considerar que la
Ley 617 de 2000 incluyó modificaciones al régimen especial para Bogotá y ser
ésta una ley que trata varias materias, violó el principio de unidad de materia
consagrado en el artículo 158 de la Carta y la exigencia constitucional del
artículo 322 que demanda que el régimen de Bogotá se haga a través de una “ley
especial”.
IV .  INTERVENCIONES
A.  Intervención del Ministerio del
Interior
Mediante escrito radicado el 16 de marzo
de 2001, intervino Nancy L. González Camacho en representación del Ministerio
del Interior, según poder conferido por el Secretario General del Ministerio,
para solicitar que la norma demandada sea declarada exequible por las
siguientes razones:
En cuanto al carácter de las leyes que
regulan el régimen especial para Bogotá, la representante del Ministerio afirma
que “el Decreto 1421 de 1993 no tiene la categoría de decreto ley ni se trata
de una ley especial de jerarquía superior a la Ley 617 de 2000, por lo cual
ésta podía modificar sus disposiciones”. Afirma la interviniente que
precisamente atendiendo el carácter especial del Distrito Capital, la Ley 617
de 2000 estableció un capítulo separado que incluye aspectos tales como los
límites porcentuales a los gastos de funcionamiento y los límites de las
transferencias al Concejo Distrital, entre otros.
En cuanto a la inclusión de la expresión
“96 y 106 del Decreto 1421 de 1993” en el texto del artículo demandado, señala
que como es bien sabido que una ley puede derogar normas o disposiciones que le
sean contrarias, normalmente en el último artículo, el señalamiento expreso de
las normas derogadas sólo puede hacerse en la codificación final del texto
aprobado en los cuatro debates, porque sólo en ese momento se sabe cuáles
fueron las disposiciones aprobadas y cuáles entran en contradicción con las
aprobadas en el proyecto de ley, por lo cual su inclusión no constituye un
vicio de trámite que viole el artículo 157 de la Carta.
En cuanto a los cargos de violación del
principio de unidad de materia, afirma la representante del Ministerio del
Interior que ésta no se produce, toda vez que el artículo 96 demandado “no
tiene contenido temático que deba tener relación con el resto del articulado,
sólo se limita a determinar que el artículo 96 y 106 del Estatuto Orgánico de
Bogotá quedan derogados”.
B.  Intervención del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
Mediante oficio radicado el 16 de marzo
de 2001, María Magdalena Botia de Botia presenta defensa de la norma demandada
a nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el
poder otorgado por la Asesora de la Dirección Superior del Ministerio,
debidamente facultada para ello mediante Resolución 2992 de diciembre 29 de
2000. En dicho escrito, la representante del Ministerio solicita que la norma
demandada sea declarada exequible por las siguientes razones:
La expresión cuestionada fue introducida
desde la ponencia para primer debate del Senado, Gacetas No. 532 del viernes 10
de diciembre de 1999 y 553 del miércoles 15 de diciembre de 1999 y en el Pliego
de Modificaciones al Proyecto de Ley número 199 Senado, 046 Cámara, “por medio
del cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de
1993, se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. Afirma
también que la disposición cuestionada fue objeto de análisis por las
Comisiones Accidentales de Senado y Cámara establecidas para el efecto, tal
como consta en el Acta de Conciliación  (Proyectos de Ley 046/99 de la Cámara;
199/99 del Senado, Art.82  -Gaceta 479 del 29 de noviembre de 1999, página 12).
Por lo anterior, concluye, el aparte demandado cumplió con los trámites
constitucionales previstos en los artículos 157 y 161 de la Carta y por lo
mismo debe declararse su exequibilidad.
C.  Intervención ciudadana
Mediante escrito radicado el 20 de marzo
de 2001, la ciudadana Andrea Carolina Ruiz Rodríguez solicita que se declare la
constitucionalidad del texto demandado por las siguientes razones:
Asegura la interviniente que la expresión
demandada cumplió con los trámites constitucionales para su aprobación según
consta en las Gacetas del Congreso No.394 de octubre 27 de 1999, 452 de 19 de
noviembre de 1999, 553 del 15 de diciembre de 1999 y 211 de 14 de junio de
2000. Para la interviniente “a medida que fueron transcurriendo los debates en
Cámara de Representantes, los artículos de las derogatorias fueron cambiando de
acuerdo con el criterio del legislador; ya que en primer debate en el Senado
los artículos no se volvieron a modificar. De otra forma, sería imposible que
los H. Congresistas cumplieran eficientemente con su sagrada función de expedir
leyes, si durante los debates en que participan no pueden enmendar las posibles
deficiencias de los proyectos de ley que ante ellos se presentan”.
En relación con la violación al principio
de unidad de materia, afirma la interviniente que tal principio no es absoluto
sino que debe cumplir su finalidad y por lo tanto el término materia debe ser
entendido de una manera tal que se examine si el contenido de una ley va
encaminado a una misma finalidad y “aunque al ser considerado separadamente pueda
parecer distinto, en un análisis más profundo se entiende que está ordenado en
una misma dirección”. Así que, afirma, los temas tratados por la Ley 617 de
2000 versan sobre un mismo tema, la organización política y fiscal de las
entidades territoriales, y existe entre tal asunto y el aparte demandado una
relación de causalidad que respeta el principio de unidad de materia.
D. Intervención de la Personería de Bogotá
Mediante oficio PDJA –115, radicado el 23
de marzo de 2001, Luis Alejandro Vega Vega presentó en representación de la
Personería de Bogotá, escrito en el que solicita se declare la exequibilidad de
la norma demandada.
Para el representante de la Personería, la
Ley 617 de 2000 cumplió los trámites constitucionales exigidos, pues “estimar
contrario a derecho la inclusión de algunas normas en el artículo que ordena la
derogatoria de los preceptos que resultan contrarios al espíritu de la ley que
se expide, sería tanto como pretender que cuando se utiliza la expresión ‘se
derogan todas las normas que le sean contrarias’ se debiera incluir todas y
cada una de las preceptivas que quedan comprendidas por este mandato literal”.
Exigir esto, según el interviniente, haría interminable el estudio de todas las
leyes y, por ello, la falta de enunciación expresa de las normas derogadas no
vicia de inconstitucionalidad una ley expedida por el Congreso.
En cuanto a la falta de unidad de materia
alegada por los actores, afirma el representante de la Personería que “tener un
régimen especial no significa lo mismo que tener un régimen expedido mediante
una ley especial. Bogotá, en efecto, por mandato constitucional, tiene un
régimen especial. Pero eso no significa que cada vez que se haya de modificar
un aspecto relacionado con el manejo político administrativo de la capital de
la república, deba expedirse una ley exclusivamente referida a ese fin”. Por
estas razones, concluye el interviniente, no se viola la Constitución.
V.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante oficio del 24 de abril de 2001,
el Procurador General de la Nación remite a esta Corporación el concepto de
rigor de conformidad con lo dispuesto por los artículos 242, numeral 2 y 278,
numeral 5 de la Constitución Política y solicita que la norma cuestionada sea
declarada inexequible por las siguientes razones.
En primer lugar, en relación con vicios
en el trámite de la Ley 617 de 2000 señala el Procurador que aun cuando el
texto demandado no fue debatido ni aprobado por la Comisión Primera
Constitucional ni por la Plenaria de la Cámara de Representantes, dicha
falencia fue subsanada con la suscripción del acta de conciliación, cuyo texto
aparece publicado en las páginas 9 a 13 de la Gaceta del Congreso No. 395 de
1999 y mediante la cual se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 160 de
la Carta.
En segundo lugar, afirma la Vista Fiscal,
según el título de la Ley 617 de 2000 era dable que el legislador se
pronunciara sobre el ordenamiento territorial, las competencias de los
municipios en aspectos referidos a la racionalización del gasto, el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores, alcaldes, diputados y
concejales, el régimen salarial de los servidores públicos, la función veedora
de los personeros en relación con el gasto, la supresión de las contralorías en
algunas entidades territoriales y sobre aspectos relativos a las normas del
Estatuto Orgánico del Distrito Capital. La inclusión de varias materias bajo
una misma ley no constituye por sí solo un atentado al principio de unidad de
materia pues “solamente aquellos segmentos, apartes o proposiciones respecto de
las cuales no sea posible establecer relación causal, teleológica o sistemática
con la materia dominante en la ley, deben ser desestimados”.
En relación con el principio de
especialidad de la ley, el representante del Ministerio Público afirma que “del
contenido del artículo 322 de la Carta Política, no se deduce que el
tratamiento jurídico del Distrito Capital esté sujeto a reserva en el entendido
que todo asunto relativo a esta entidad territorial sea dispuesto mediante una
ley especial”. El tratamiento especial que prevé la Carta para esta entidad
territorial se deriva, según el agente del Ministerio Público, de su condición
de Capital de la República de Colombia, del Departamento de Cundinamarca y sede
del Gobierno Central, lo cual “no lo excluye como destinatario de las normas
tendientes a fortalecer la descentralización y de aquellas que apuntan al
saneamiento fiscal de los entes territoriales”.
Afirma, así mismo, que “la Constitución no
exige que la regulación de los asuntos referidos al distrito, deba estar contenida
en una ley de carácter especial. Por tanto, ésta puede estar contenida en una
ley ordinaria”, pues resultaría carente de objeto práctico que el Congreso “se
ocupe en una ley de carácter especial de regular los aspectos en los cuales
existe unidad teleológica y sistemática para referirse a ellos, de manera
exclusiva, en tratándose del Distrito Capital”. Por consiguiente, se ajusta al
contenido del artículo 322 de la Carta.
No obstante lo anterior, encuentra el
Procurador que existen aspectos que no guardan relación con la materia que es
objeto de regulación en la Ley 617, como es el establecimiento de las calidades
y el procedimiento para la elección de los personeros y contralores, tratado en
los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 derogados, con lo cual se
genera un vacío que deviene en inconstitucionalidad, “por cuanto tal
disposición resulta extraña a la norma y genera un vacío jurídico de orden
procedimental”.
Para el agente del Ministerio Público
“la derogatoria que se declara, deja sin contenido normativo un aspecto de
vital importancia dentro del Estatuto de Bogotá y, en últimas del régimen de
control para el Distrito Capital, cual es el de la fijación de los requisitos
para desempeñar los cargos de personero y contralor distritales, pues no existe
ninguna disposición en esta ley o en otra que permita afirmar que tales
requisitos se pueden encontrar en otra normatividad. En este orden, considera
este Despacho que la referencia que hace el artículo 96 a la derogación de los
artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 debe ser declarada contraria a la
Constitución por generar un vacío legislativo que dentro del contexto mismo de
la Ley 617 no tenía ninguna justificación, pues si era la voluntad del
legislador modificar los requisitos para acceder a los mencionados cargos,
expresamente ha debido regular esa materia, pero no derogar las normas
correspondientes creando un vacío normativo que vulnera el ejercicio de la
función pública en sí misma considerada, como es el ejercicio de las funciones
de control, pues estos cargos deben ser desempeñados por personas que cumplan
algunos requisitos, los cuales, posiblemente por un error del legislador fueron
eliminados”.
Para la Vista Fiscal, las únicas alusiones
a los cargos de personero y contralor distrital contenidas en la Ley 617 de
2000 se encuentran en los artículos 57 y 60 que se refieren exclusivamente al
monto salarial y al régimen de inhabilidades y prohibiciones aplicables a estos
dos servidores, por lo que no solucionan el vacío creado con la derogatoria
ordenada en el artículo 96. Agrega el Ministerio Público que “toda norma
jurídica debe tener un efecto útil”, característica que no está presente en el
aparte cuestionado por el actor en este proceso, razón por la cual solicita que
se declare inexequible la expresión “96 y 106 del Decreto 1421 de 1993”
contenida en el artículo 96 de la Ley 617 de 2000.
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
A.  Problemas Jurídicos Planteados
Tres son los cuestionamientos planteados
por los actores:
1.  La aprobación de
modificaciones al régimen de Bogotá mediante ley ordinaria, lo cual sólo podía
hacerse mediante una ley especial.
2.  La falta de unidad de materia entre el aparte
demandado y la Ley 617 de 2000.
3.  La violación del trámite
legislativo en la aprobación del aparte demandado, pues, según los demandantes,
tal texto fue introducido en la Plenaria del Senado durante el último debate
del proyecto que se convirtió en la Ley 617 de 2000.
B.  Respuesta a los Problemas
Jurídicos Planteados
La Corte analizará enseguida cada uno de
los cargos formulados.
1.  El régimen especial de Bogotá
Para los
demandantes, la modificación del régimen especial de Bogotá previsto en el
artículo 322, sólo podía hacerse mediante una ley especial, por lo que las
modificaciones introducidas por la Ley 617 de 1993 violan, a su juicio, la
Carta.
Esta Corporación
ya analizó el tema en un fallo reciente, pero respecto de los artículos 52 a 60
de la Ley 617 de 2000, que fueron cuestionados por violar el trámite especial
que supuestamente exige la Constitución para modificar el Decreto 1421 de 1993.
Este mismo cargo lo sustenta el actor en el proceso de la referencia contra el
artículo 96 de la Ley 617 de 2000. En la sentencia C-837 de 2001[2] esta Corporación
resolvió que era posible introducir modificaciones al régimen especial de
Bogotá mediante una ley ordinaria y declaró la constitucionalidad de los
artículos demandados.
Dijo en esa ocasión la Corte,
“...el hecho de
que el artículo 322 Superior circunscriba el régimen político, fiscal y
administrativo del Distrito Capital al imperio de una ley especial, no
significa, ni mucho menos, que se haya creado una categoría de ley a la manera
de las orgánicas o estatutarias. Por el contrario, lejos de cualquier
ritualidad especial o diferente a la de las leyes ordinarias, lo que la ley
contentiva del régimen del Distrito Capital implica es el reconocimiento de un
criterio territorial en particular y de unos perfiles institucionales y
funcionales que con exclusividad identifican y diferencian a dicho distrito
respecto de todos los demás. Sin perjuicio de que ante la ausencia de regla
especial le sean aplicables las disposiciones vigentes para los municipios,
poniéndose de relieve tanto los rasgos comunes de este Distrito para con los
municipios y demás distritos, como la no exigencia de una tal especial
ritualidad. A decir verdad, desde el punto de vista del procedimiento legislativo
el régimen del Distrito Capital se condensa en una ley de corte ordinario. Por
la misma vía, en lo concerniente a la especialidad y pertinencia de sus
materias la ley reguladora de dicho régimen no pasa de ser una especie dentro
de las varias leyes que puede hacer el Congreso  a la luz de la cláusula
general de competencia.”[3]
Por lo tanto, la Ley 617 de 2000 podía
introducir modificaciones al régimen especial del Distrito Capital, y por ello,
ese cargo de inconstitucionalidad contra el aparte del artículo 96 cuestionado,
no está llamado a prosperar.
2.   Principio de
unidad de materia y cosa juzgada constitucional
En relación con el
cargo sobre violación del principio de unidad de materia por falta de conexidad
entre la frase “96 y 106 del Decreto 1421 de 1993” contenida en el artículo 96
y la Ley 617 de 2001, la Corte se pronunció recientemente en la sentencia C-778
de 2001. En esa oportunidad, la Corte decidió
Cuarto: Declarar
EXEQUIBLE el artículo 96 de la ley 617 de 2000, pero únicamente en el aparte
que deroga los artículos 96 y 106 del decreto 1421 de 1993, por no violar el
principio de unidad de materia.[4]
Por lo cual respecto de este cargo ha
operado la cosa juzgada constitucional relativa.
3.  El trámite de
la Ley 617 de 2000
El tercer cargo,
relativo al trámite del artículo 96 de la Ley 617 de 2000, es radicalmente
diferente a los dos anteriores.
Según el demandante, el aparte demandado fue introducido durante el
último debate del proyecto de ley en la Plenaria del Senado, violándose de esta
forma lo previsto en el artículo 157 de la Carta.
Para estudiar este cargo, la Corte primero observará el proceso de
formación del artículo 96 demandado. Y, posteriormente, analizará el contenido
de los artículos citados como derogados por la norma demandada para determinar
la identidad entre la voluntad del legislador expresada a lo largo del proceso
de formación de la Ley 617 de 2000 y el texto finalmente aprobado.
a.  Descripción del trámite del
artículo 96 demandado
De conformidad con los documentos que obran en el expediente, el
proyecto de ley que se convirtió en la Ley 617 de 2000 siguió el siguiente trámite
en el Congreso:
El proyecto de Ley
No. 046 de 1999 de la Cámara,
por
medio del cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, el Decreto 1421 de 1993, se dictan normas
tendientes a fortalecer la descentralización mediante el saneamiento fiscal de
las entidades territoriales y se adoptan otras disposiciones”, y su respectiva
exposición de motivos fueron presentados ante la Secretaría General de la
Cámara de Representantes por los Ministros del Interior y de Hacienda y Crédito
Público, el día 11 de agosto de 1999, según consta en la Gaceta del Congreso,
Año VIII, No. 257, 17 de agosto de 1999. En cuanto al artículo sobre vigencia y
derogatorias el proyecto original preveía lo siguiente:
Artículo 57. Vigencia y derogatorias.
La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga los artículos: 17 de
la Ley 3 de 1991; 11 de la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del
artículo 97 de la Ley 99 de 1993; 57 de la Ley 101 de 199; 28, 29, 30, 34,
37, 66, 68 y 72 del Decreto 1421 de 1993; 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de
la Ley 190 de 1995; 11 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de 1997; 6 de
la  Ley 177 de 1994,  que adiciona el numeral 12 del artículo 165 de la Ley 136
de 1994, el artículo 8 de la  Ley 177 de 1994, que modifica el artículo 168 de
la Ley 136 de 1994 y las demás disposiciones que le sean contrarias.(subrayado
fuera de texto)
Las disposiciones
cuya derogatoria expresa se proponía establecían las inhabilidades e
incompatibilidades de los concejales, del alcalde y de los ediles, así como sus
honorarios y seguros,[5]
lo cual guardaba armonía con el objetivo del proyecto de establecer “reglas para la transparencia
de la gestión departamental y municipal, a través del fortalecimiento del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores, alcaldes,
diputados y concejales, la extensión en el tiempo de las incompatibilidades, la
ampliación de las causales de pérdida de investidura para concejales y
diputados.”[6]
La ponencia para
primer debate en la Comisión Primera de la Cámara del Proyecto de Ley No. 046
de 1999 de la Cámara, “por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994,
el Decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de
presupuesto, se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización
mediante el saneamiento fiscal de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones”, acumulado a los Proyectos C-030, C-043, C-051, C-061, C-114 de
1999, fue publicada en la Gaceta del Congreso, Año VIII, No. 394, el  27 de
octubre de 1999.[7]
El texto
de la norma sobre vigencia y derogatorias de la ponencia para primer debate en
la Comisión Primera de la Cámara, aun cuando estableció algunas modificaciones,
mantuvo las derogatorias propuestas para el Decreto 1421 de 1993:
Artículo 76.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; Parágrafo 3 del artículo 11 de la
Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99 de
1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 28, 29, 30, 34, 37, 66, 68 y 72 del Decreto
1421 de 1993; 68 de la Ley 181 de 1995; la Ley 166 de 1994; artículos 1, 2,
3, 5, 6, 8 y 11 de la  Ley 177 de 1994, el artículo 68 de la Ley 181 de 1995;
53 de la Ley 190 de 1995; los artículos 7, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996;
23 de la Ley 397 de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
(subrayado fuera de texto)
Durante el debate
ante la Comisión Primera de la Cámara se propusieron varias modificaciones al
proyecto original, la mayoría de las cuales fueron dejadas como constancias
destinadas a ilustrar la elaboración de la ponencia para segundo debate ante la
Cámara de Representantes.[8]
Tales proposiciones se referían principalmente a la modificación de las reglas
sobre financiación de los gastos de funcionamiento de las entidades
territoriales, incluido el Distrito Capital de Bogotá; el establecimiento de
valores máximos a los gastos de los concejos y contralorías distritales y
municipales; y la consagración de inhabilidades e incompatibilidades para
gobernadores, diputados, concejales y alcaldes. En cuanto al artículo sobre
vigencia y derogatorias se eliminó la referencia a los artículos 34 y 72 del
Decreto 1421 de 1993.[9]
El texto aprobado en la Comisión los días 9, 10 y 11 de noviembre de 1999, en
lo pertinente decía:
Artículo 76.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; Parágrafo 3 del artículo 11 de la
Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99 de
1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 28, 29, 30, 37, 66 y 68 del Decreto 1421 de
1993; 68 de la Ley 181 de 1995; la Ley 166 de 1994; artículos 1, 2, 3, 5,
6, 8 y 11 de la  Ley 177 de 1994, el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de
la Ley 190 de 1995; los artículos 7, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de
la Ley 397 de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias. (subrayado fuera de texto)
En la ponencia
para segundo debate al Proyecto de Ley 046 de la Cámara se propusieron
modificaciones relacionadas con la categorización presupuestal de los
departamentos, la exclusión de los rendimientos financieros que las entidades
territoriales obtuvieran de las inversiones de ingresos de destinación forzosa,
la flexibilización de los límites de gastos de las entidades territoriales.
También se eliminan algunas causales de inhabilidad y se aclaran algunas
incompatibilidades y se extiende su duración.[10]
En cuanto al artículo sobre vigencia y derogatorias la ponencia no propuso
ninguna modificación a lo aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes. Decía así:
Artículo 79. Vigencia y
derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga los
artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; Parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley 87 de
1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99 de 1993; 57
de la Ley 101 de 1993; 28, 29, 30, 37, 66 y 68 del Decreto 1421 de 1993;
68 de la Ley 181 de 1995; la Ley 166 de 1994; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 11
de la  Ley 177 de 1994, el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190
de 1995; los artículos 7, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397
de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias. (subrayado fuera de
texto)
El texto
definitivo aprobado en la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta
del Congreso, Año VIII, Número 479, del 29 de noviembre de 1999.[11] El texto del
artículo de vigencia y derogatorias mantuvo lo aprobado en la Comisión Primera
de la Cámara. Decía así:
Artículo 82. Vigencia y
derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga los
artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; Parágrafo 3º del artículo 11 de la Ley 87 de
1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99 de 1993; 57
de la Ley 101 de 1993; 28, 29, 30, 37, 66 y 68 del Decreto 1421 de 1993;
68 de la Ley 181 de 1995; la Ley 166 de 1994; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 11
de la  Ley 177 de 1994, el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190
de 1995; los artículos 7, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397
de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias.(subrayado fuera de
texto)
En la ponencia para primer debate en la
Comisión Primera del Senado de la República, entre otras modificaciones se
propusieron límites más exigentes para los gastos de funcionamiento tanto de
departamentos como de municipios y distritos; algunas precisiones al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores y diputados para
ajustarlas a lo previsto en la Constitución; la eliminación del artículo que
prohibía la reelección de contralores y personeros; la extensión de los límites
de gastos de las entidades territoriales a todos los gastos y no sólo a los de
funcionamiento y el establecimiento de controles adicionales que impidieran a
las entidades territoriales obtener créditos para financiar gastos de inversión
cuando afrontaran dificultades para cumplir con sus obligaciones de
funcionamiento.
En cuanto al
artículo sobre vigencia y derogatorias, según se dice en la ponencia, se
incluyó la referencia a los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993,[12] con el fin de
permitir la reelección de los personeros y contralores del Distrito Capital,
tal como se había autorizado para los personeros y contralores  en las demás
entidades territoriales. El texto pertinente, fue aprobado el 30 de mayo de
2000, según consta en el Acta No. 36, en la Comisión Primera del Senado de la
República y decía:
Artículo 89.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; Parágrafo 3º del artículo 11 de
la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99
de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 28, 29, 30, 37, 66, 68, 96 y 106 del Decreto
1421 de 1993; la Ley 166 de 1994; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 11 de la
Ley 177 de 1994, el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de
1995; los artículos 7, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de
1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias.  (subrayado fuera de texto)
En la ponencia
para segundo debate en el Senado de la República, publicada en la Gaceta del
Congreso, Año IX, Número 211, del 14 de junio de 2000, en relación con el artículo
sobre vigencia y derogatorias, los ponentes propusieron eliminar las
referencias a los artículos 28, 29, 30, 37, 66 y 68 del Decreto 1421 de 1993,
por considerar que “el carácter especial de Santafé de Bogotá amerita mantener
las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Decreto 1421.”[13]
Artículo 96.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; Parágrafo 3º del artículo 11 de
la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99
de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993; la
Ley 166 de 1994; artículos 1, 3, 5, 6, 8 y 11 de la  Ley 177 de 1994, el
artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de 1995; los artículos 7,
11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de 1997 y las demás
disposiciones que le sean contrarias. (subrayado fuera de texto)
El proyecto de ley
199 de 1999, Senado, 046, Cámara, “por la cual se reforma parcialmente la Ley
136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la
racionalización del Gasto Público Nacional”, fue debatido y aprobado en la
Plenaria del Senado el día 20 de junio de 2000, según consta en las Gacetas del
Congreso, Año IX, Números 256 y 259. En cuanto al artículo sobre vigencia y
derogatorias, el texto aprobado en la Plenaria del Senado decía:
Artículo 96.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; Parágrafo 3º del artículo 11 de
la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99
de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993; la
Ley 166 de 1994; artículos 1, 3, 5, 6, 8 y 11 de la  Ley 177 de 1994, el
artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de 1995; los artículos 7,
11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de 1997 y las demás
disposiciones que le sean contrarias. Se deroga lo establecido en el numeral 4
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 5 del artículo 44 de la Ley
200 de 1995.
Parágrafo. La
derogatoria de los artículos  96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 a que hace
referencia el presente artículo empezará a regir a partir del año 2003.[14] (subrayado fuera de texto)
Durante el debate
del proyecto en la Plenaria del Senado, los Senadores Alfonso Angarita
Baracaldo y Alfonso Lizarazo Sánchez presentaron objeciones sobre la
derogatoria expresa de los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993. Para
los Senadores, la derogatoria expresa de esos artículos permitiría la
reelección del personero y del contralor de Bogotá, con lo cual, a su juicio,
se promovería la corrupción y por ello presentaron una proposición sustitutiva
para eliminar esas referencias.[15]
Ante esta
objeción, el Senador Germán Vargas Lleras aclaró el origen y justificación de
esa expresión. Según el Senador Vargas Lleras, el tema de la reelección de los
personeros municipales había sido debatido durante el tránsito del proyecto
ante la Cámara, por lo cual la referencia a los artículos 96 y 106 del Decreto
1421 no constituía una adición extraordinaria a la cual pudiera aplicársele el
calificativo de “mico”. Según el Senador, el tema de la reelección del
personero y del contralor había sido discutido con profundidad tanto en la
Comisión Primera como en la Plenaria de la Cámara de Representantes y al no
existir una prohibición constitucional para su reelección se estableció esa
posibilidad para las distintas entidades territoriales y por ello se eliminó
del proyecto el artículo 50 que mantenía esa prohibición.[16] No obstante, como
tal artículo se refería a los contralores y personeros municipales, distritales
y departamentales, sin hacer referencia expresa a los correspondientes
funcionarios del Distrito Capital de Bogotá, se propuso derogar las normas del
Decreto 1421 de 1993 que establecían tal prohibición. Por estas razones, en la
ponencia presentada a la Plenaria se intentó “unificar el régimen en la
elección de funcionarios de control y vigilancia de la ciudad de Bogotá, con
los funcionarios del resto del país” y por ello se propuso la derogatoria
expresa de los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993.[17]
Ante las
diferencias existentes entre los textos aprobados en las Plenarias de la Cámara
de Representantes y del Senado, se establecieron Comisiones Accidentales de
Senado y Cámara cuyos resultados fueron consignados en el Acta de Conciliación
del 22 de agosto de 2000[18],
que en lo pertinente para el presente proceso ante la Corte dice:
Acta de
Conciliación
Proyecto de Ley 046/99 (C); 199/99 (S)
“Los Honorables Senadores
y Representantes designados para adelantar la conciliación del articulado del
proyecto de ley 046/99 (C); 199/99 (S), en relación con los artículos objeto de
la misma hemos convenido acoger los siguientes textos: (...)
“Artículo 95 (S),
82 (C)
“Dada la inclusión
antes referida, este pasa a ser el artículo 96.
“La Comisión acoge
el texto del Senado con excepción del parágrafo que establecía que la
derogatoria de los artículos 96 y 106 del decreto 1421 empezará a regir a
partir del año 2003, por cuanto se considera conveniente unificar el régimen de
los personeros de todo el país. Igualmente se precisa la expresión que se
deroga de la Ley 200 de 1995”.
El texto definitivo, aprobado por las
Plenarias de las Cámaras el 6 de octubre de 2000, y publicado en el Diario
Oficial el 9 de octubre de 2000, en lo pertinente dice:
“Artículo 96.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga los artículos 17 de la Ley 3 de 1991; parágrafo 3º del artículo 11 de la
Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99 de
1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993; la
Ley 166 de 1994; artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 8º y 11 de la Ley 177 de 1994; el
artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de 1995; los artículos 7º,
11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de 1997 y las demás
disposiciones que le sean contrarias. Se deroga lo establecido en el numeral 4º
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la expresión “quienes dentro de los
seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido empleados públicos o
trabajadores oficiales, ni” del numeral 5º del artículo 44 de la Ley 200 de
1995”. (subrayado fuera
de texto)
b.  Análisis del proceso legislativo seguido por la norma demandada
Sobre el proceso
seguido por el artículo 96 y en particular por el aparte al que se extiende la
demanda, la Corte advierte lo siguiente:
1.  Cuando se cuestiona la
constitucionalidad de una norma por vicios de trámite y se trata de determinar
si tal disposición fue o no sometida a los debates constitucionalmente exigidos
teniendo en cuenta las unidades temáticas que fueron sometidas a debate, surge
una tensión entre la cláusula general de competencia del Congreso y el
procedimiento fijado por la Carta para que un proyecto se convierta en ley.  Y
para resolver esa tensión debe determinarse primero la intensidad del control
constitucional pues entre mayor sea la intensidad del control menor será el
espacio de maniobrabilidad del parlamento en la configuración del derecho
positivo y, por el contrario, mientras menor sea la intensidad del control
constitucional, mayor será el espacio de maniobrabilidad del legislador.
En ese sentido, es evidente que un control
rígido en extremo limitaría excesivamente la potestad configuradora del
Congreso en materia legislativa pues desconocería el hecho de que aún en el
constitucionalismo esa es la sede por excelencia idónea para la producción
dinámica y permanente del derecho positivo.   Es más, un control en extremo
riguroso socavaría los fundamentos democráticos de la instancia parlamentaria.
Por el contrario, un control flexible en extremo permitiría que subsistan en el
ordenamiento jurídico disposiciones sustraídas a los debates parlamentarios y ajenas
a la dinámica deliberativa que subyace al derecho legislado.  De ese modo, un
control sin rigor alguno conduciría al legislador a ejercer su función sin
atenerse a los límites que le ha impuesto el constituyente.
Entonces, se trata
de una tensión que debe resolverse ponderando la naturaleza de la función
legislativa y el principio democrático que la alienta con la necesidad de que
esa función se ejerza respetando los parámetros constitucionales referidos al
proceso legislativo.  Tal ponderación se acompasa bien con la vocación
democrática del parlamento y con el imperativo de derivar la legitimidad de los
tribunales constitucionales también del ejercicio estricto de sus competencias[19].
Por todo ello, para determinar si a una
norma se le dieron o no los debates parlamentarios dispuestos por la Carta,
esta Corporación debe advertir si la unidad temática a que ella se contrae ha
sido debatida en las Comisiones y en las Plenarias de Cámara y Senado pues el
agotamiento del proceso legislativo en relación con ella conlleva la
consecuente satisfacción de esas exigencias constitucionales respecto de las
disposiciones que la desarrollen.  Con ese proceder ni se imponen restricciones
indebidas a la instancia legislativa, ni se permite que ella ejerza su función
desconociendo el procedimiento diseñado por el constituyente.
2.  Del proyecto de Ley No.046 de 1999 de
la Cámara, que fue presentado ante la Secretaría General de la Cámara de
Representantes por los Ministros del Interior y de Hacienda y Crédito Público,
hacía parte un artículo sobre vigencia y derogatorias y entre éstas se incluían
algunas normas del Decreto 1421 de 1993.  Ese artículo era el 57 y él sufrió
varias modificaciones a lo largo de los debates cumplidos en las Comisiones
Primeras y en las Plenarias de Cámara y Senado.  Ello explica que la
derogatoria de los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 no apareciera en
el proyecto original; que ella haya sido introducida en el debate surtido en la
Comisión Primera del Senado y considerada luego en la Plenaria y que haya sido
sometida al estudio de unas Comisiones Accidentales para conciliar las
diferencias surgidas entre Cámara y Senado.  Luego, es claro que del texto
definitivo del artículo 96 de la Ley 617 de 2000 hacen parte los artículos 96 y
106 del Decreto 1421 de 1993 que no aparecían en el proyecto que fuera
considerado en la Comisión Primera y en la Plenaria de la Cámara.
De ese modo, lo
que importa precisar es si el hecho de no haber sido sometidos esos artículos a
tales debates constituye una vulneración del artículo 157 de la Carta o si la
inclusión de esas normas constituye desarrollo de un tema si debatido en esas
oportunidades y, por lo mismo, acorde con ese artículo de la Carta[20].
3.  Desde la presentación del proyecto de
Ley en la Secretaría General de la Cámara de Representantes quedó claro que uno
de los motivos en razón de los cuales se desplegó el proceso legislativo fue el
de modificar el régimen especial del Distrito Capital de Bogotá.  Y ese proceso
legislativo se cumplió en relación con esa temática pues así se lo advierte
tanto en las ponencias presentadas en cada uno de los debates como en el giro
que esos debates tomaron.
En efecto.  El proyecto originalmente
presentado preveía la derogatoria de los artículos 28, 29, 30, 34, 37, 66, 68 y
72 del Decreto 1421 de 1993; normas que establecían las inhabilidades e
incompatibilidades de los concejales, del alcalde y de los ediles del distrito
capital y sus honorarios y seguros.  Esta previsión se mantuvo en la ponencia
para primer debate en la Comisión Primera de la Cámara pero en el debate se
eliminó la referencia a los artículos 34 y 72 y por eso el texto aprobado
contemplaba la derogatoria de los artículos 28, 29, 30, 37, 66 y 68 del
mencionado Decreto.  Este texto se mantuvo en la ponencia y en el texto
aprobado por la Plenaria de la Cámara.
En la ponencia para primer debate en la
Comisión Primera del Senado, entre las normas a derogar se incluyeron los
artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 con el propósito de permitir la
reelección de personeros y contralores del distrito capital, armonizando esa
situación con la de los demás personeros y contralores, texto que fue aprobado
por la Comisión.  En la ponencia para segundo debate se suprimió la derogatoria
de los artículos 28, 29, 30, 37, 66 y 68 del citado Decreto dado el carácter
especial de Bogotá y la necesidad de mantener las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en ese régimen.  De esa manera, en el texto
aprobado sólo se incluyeron los artículos 96 y 106 entre las normas derogadas.
Finalmente, ante las objeciones formuladas
por dos senadores a la derogatoria de esas disposiciones y dadas las
diferencias existentes entre los textos aprobados en las Plenarias de Cámara y
Senado, se establecieron las Comisiones Accidentales que suscribieron el acta
de conciliación en la que se acordó el texto definitivo del artículo 96 de la
Ley 617 de 2000.
4.  Entonces, como puede advertirse, las
modificaciones introducidas al régimen especial del distrito capital, mediante
la derogatoria de algunas de sus disposiciones, surtieron los cuatro debates
exigidos por la Carta para que un proyecto se convierta en ley. Es cierto, no
se discute que se presentaron evidentes variaciones entre el contenido del
proyecto original y el sentido en el cual el Congreso terminó ejerciendo su
función legislativa.  Pero esa falta de absoluta identidad entre las normas
cuya derogatoria inicialmente se pretendía y aquellas que fueron efectivamente
derogadas se explica como una consecuencia de la dinámica que caracteriza al
proceso legislativo y no en virtud de una referencia incluida a última hora con
el propósito de lograr la aprobación de una derogatoria normativa no
considerada en el curso de los debates.
En este punto debe
resaltarse que el seguimiento del proceso legislativo dispuesto por el
constituyente implica que él se agote en relación con las unidades temáticas a
las que se contrae el despliegue de la función legislativa pero en manera
alguna involucra la exigencia de una absoluta identidad entre el sentido de las
propuestas contenidas en los proyectos presentados y los textos definitivos
aprobados.  Una tal exigencia sería contraria a la naturaleza de la función
parlamentaria pues las cámaras legislativas, partiendo de los proyectos
formulados, canalizan el aporte pluralista de los congresistas en cada una de
las materias sometidas a consideración y recogen el aporte de una opinión
pública conciente de su capacidad, en un entorno democrático, de incidir en la
configuración del derecho.  Por ello, el ejercicio de la función legislativa
coloca ante la posibilidad de que los proyectos inicialmente presentados sufran
sustanciales modificaciones como consecuencia del debate que pretende
desarrollar los distintos matices de las materias objeto de regulación[21].
De este modo, si
el proyecto de la Ley 617 se ocupó en todos los debates de la organización
política y fiscal de las entidades territoriales, incluyendo el régimen
especial contemplado para el distrito capital por el Decreto 1421 de 1993; si
en todos los debates se sometió a consideración el punto atinente a la
derogatoria de algunos artículos de ese decreto y si en razón de ello en el
texto definitivo de la ley se dispuso la derogatoria de dos artículos de ese
decreto, es claro que como los debates giraron en torno a ese tema y la
relación de las normas derogadas fue fruto de ese debate, no hay fundamento
para cuestionar la constitucionalidad de la norma demandada.
5.  Por otra parte, la Corte encuentra que
en el contexto de la Ley 617 se hicieron múltiples regulaciones concernientes a
la reforma parcial de la Ley 136 de 1994 y del Decreto Extraordinario 1222 de
1986, a la adición de la Ley Orgánica del Presupuesto, a la reforma del Decreto
1421 de 1993, al fortalecimiento de la descentralización y a la racionalización
del gasto público nacional.  En ese contexto se hicieron múltiples regulaciones
concernientes a los organismos de control y, de ese modo, las referencias que
se hacen a organismos de esa naturaleza en el ámbito del régimen especial del distrito
capital se armonizan con esas regulaciones.  Luego, el examen del cargo
formulado no se circunscribe a la mecánica verificación de si los artículos
derogados estaban o no incluidos en el proyecto inicialmente presentado o si
precisamente esos artículos fueron sometidos a los debates en las Comisiones y
en las Plenarias de las Cámaras, pues es preciso establecer si esas
derogatorias constituyen desarrollo de las unidades temáticas sobre las que
versaron los debates.
Procediendo de esta manera, la Corte
advierte que el tema concerniente a los organismos de control y el tema
relativo al régimen especial del distrito capital, aunque con distintos
matices, estuvieron presentes en todos los debates.  Luego, no puede afirmarse
que el ejercicio de la función legislativa en una situación tan puntual como la
derogatoria de normas relativas a los organismos de control como la personería
o la contraloría del distrito capital devenga inconstitucional por no haber
sido previstas desde el inicio del trámite legislativo pues lo cierto es que
las unidades temáticas a que se contraen esas disposiciones estuvieron
presentes a lo largo de todo ese proceso, desde la presentación del proyecto
hasta la suscripción del acta de conciliación por parte de las comisiones designadas
para el efecto por Cámara y Senado y su posterior aprobación.
6. Ahora, en el ámbito del proceso
legislativo y en punto al principio de identidad, lo que la Carta exige es que
las Cámaras debatan y aprueben regulaciones concernientes a las materias de que
trata la ley, esto es, que exista identidad en el contenido material de las
disposiciones y no que se atengan al contenido de los proyectos y que se
abstengan de considerar los distintos desarrollos de que tal contenido es
susceptible. De ser así, ligando los temas de las leyes a ese nivel de
especificidad, resultaría imposible introducir regulaciones puntuales
relacionadas con ámbitos no previstos en los proyectos iniciales.
En ese entendido, la Corte advierte que el
punto atinente a la reelección de personeros y contralores estuvo presente
desde la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes y por ello
se consagró la prohibición de tal reelección.  Luego, en la ponencia para
primer debate en la Comisión Primera del Senado se suprimió tal prohibición y
también la del personero y el contralor del distrito capital.  Pero ese punto
era sólo uno de los contenidos de la materia concerniente a las modificaciones
introducidas al régimen especial del distrito capital.  Y es claro que esta materia
no se agotaba únicamente en la reconsideración de la prohibición de reelegir al
personero y al contralor sino que comprende todos los puntos contenidos en los
artículos 96 y 106 ya reseñados y en los artículos que habiendo sido sometidos
a debate no fueron finalmente derogados.
7.  Debe tenerse
en cuenta que cada una de las particularidades desarrolladas en una disposición
y en relación con un mismo tema no constituye una materia diferente para
efectos de determinar el cumplimiento o incumplimiento del proceso
legislativo.  Por ello debe distinguirse entre la materia regulada por la ley y
los distintos desarrollos de que ella es susceptible.  Así, la definición de
quién es el personero distrital, el establecimiento de reglas sobre la elección
del personero y del contralor distritales, el señalamiento de los requisitos
que debe cumplir quien vaya a ser elegido personero o contralor, la prohibición
de su reelección para el período inmediatamente siguiente, el período del
personero y del contralor distritales, las prohibiciones al contralor y la
determinación de quién llena sus faltas temporales no constituyen siete
materias diferentes sino distintos desarrollos de una misma materia[22].
De asumirse que
por cada prescripción legislativa existe una distinta materia de regulación se
distorsionarían principios como el de unidad de materia y su sana teleología
encaminada a dotar de una mínima racionalidad al proceso de formulación de la
ley.  Es más, hasta la titulación de las leyes sería imposible si se asume que
debe existir correspondencia entre su título y su contenido, esto es, entre su
título y las materias por ella reguladas, según lo ordena el artículo 168 del
Texto Fundamental.
En ese contexto,
lo que exige la Carta es que las distintas etapas del proceso legislativo por
ella consagrado se agoten en relación con la materia sometida a regulación pero
no que se agoten en relación con cada uno de los puntos susceptibles de abordar
en esa materia.  Imponiendo tal exigencia se distorsionaría el control
constitucional y se limitaría de manera infundada la función legislativa.
Entonces, como
cada una de las distintas prescripciones contenidas en los artículos 96 y 106
del Decreto 1421 de 1993 no constituye una materia diferente sino desarrollos
de una misma materia, no era necesario que ellas fueran expresamente tratadas
en cada uno de los debates reglamentarios.
8.  Ahora, es
cierto que sólo unos de los contenidos particulares de los artículos 96 y 106
fueron expresamente referidos, como son la prohibición de la reelección del
personero y del contralor del distrito capital, y que los restantes contenidos
no fueron expresamente considerados. Pero para la prosperidad de un cargo de
inexequibilidad contra una norma por haberse promulgado con violación del
proceso legislativo no es suficiente con afirmar que ella no fue sometida a los
cuatro debates constitucionalmente exigidos pues debe acreditarse que ella gira
en torno a un tema que no fue considerado en ninguno de los debates.  Ello es
así por cuanto en sede de control constitucional no puede desconocerse la
dinámica que caracteriza la función legislativa y que permite desarrollar
múltiples matices a partir de las propuestas inicialmente formuladas,
mantenerlas o incluso desvirtuarlas.
Así, en el caso
presente, no puede desconocerse que la función legislativa se ejerció derogando
todo el contenido de los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 y que sólo
se hizo expresa referencia a la prohibición de la reelección de dos
funcionarios.  Pero tampoco puede desconocerse que la amplitud de esa
derogatoria es compatible con la finalidad de modificar el régimen especial del
distrito capital.  Por ello, el hecho de que la norma demandada extienda la
cobertura de las derogatorias dispuestas a ámbitos que no fueron expresamente
aludidos pero que involucran aspectos que desarrollan una de las finalidades de
la ley de que hace parte no tiene por qué tornarla inconstitucional.
Por lo demás, para
efectos de derogar la prohibición de reelección del personero y del contralor
del distrito capital no había necesidad de incluir entre las normas derogadas
los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993, pues si tal hubiese sido el
propósito del legislador bastaba con la cláusula general que derogaba las
disposiciones contrarias a la Ley 617 y esa prohibición resultaba contraria a
la voluntad de suprimirla que se expresó durante el proceso legislativo.  Por
el contrario, el hecho de que, a pesar de esa derogatoria implícita en la
cláusula general, el legislador haya dispuesto la derogatoria de todo el
contenido de los artículos 96 y 106 es una muestra de que la voluntad
legislativa era esa y no otra.
9.  De otra parte, teniendo en cuenta que el señor Procurador
General de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma
damandada argumentando que ella resulta inconveniente por el vacío legislativo
que se genera por el equívoco en que incurrió el legislador al no disponer una
nueva regulación relacionada con la elección, período y calidades del personero
y del contralor del distrito capital, esta Corporación debe advertir que el
aparente vacío legislativo sobreviniente a la derogatoria de las normas que
regulan esos aspectos, no es argumento para afirmar la inexequibilidad de esa
disposición.  Y se dice que el vacío es aparente por cuanto es la misma Carta
la que en su artículo 322 ha dispuesto que del régimen político, fiscal y
administrativo del Distrito Capital de Bogotá hacen parte también  “las
disposiciones vigentes para los municipios”.
Como fuere, lo
cierto es que, en el caso presente, lo relevante es que a todo lo largo del
proceso legislativo fue clara la voluntad encaminada a modificar el régimen
especial del distrito capital y a derogar varias de las disposiciones
especiales que integran ese régimen y que las derogatorias finalmente
dispuestas son consecuencia del agotamiento de ese proceso y manifestación
clara de esa voluntad.  Y como en este evento el juicio de constitucionalidad
debe circunscribirse a la verificación de esos supuestos, la Corte no puede
extenderse en consideraciones relacionadas con la falta de técnica legislativa
que pueda advertirse en las derogatorias dispuestas ni en sus implicaciones.
Desde luego,
quizá se estime inconveniente que el legislador derogue disposiciones
especiales tan importantes como las referidas a la elección, calidades, período
y prohibiciones del personero y del contralor del distrito capital.  No
obstante, el juicio de constitucionalidad no conlleva un juicio de conveniencia
sobre la legislación pues en ese ámbito la tarea de la Corte se circunscribe a
la exclusión del ordenamiento jurídico de aquellas disposiciones que vulneran
los preceptos del Texto Fundamental y en manera alguna a corregir los aparentes
equívocos en que haya incurrido el legislador al derogar unas normas sin prever
expresamente un nuevo régimen especial para la materia que era objeto de regulación[23].
Por lo demás, adviértase que de optar
por una declaratoria de inexequibilidad en razón del aparente vacío legislativo
advertido por el Procurador General de la Nación, la Corte estaría desbordando
su papel pues se estaría desligando del control constitucional y se estaría
extendiendo a juicios de conveniencia que escapan a su ámbito funcional.  Ello
es así en cuanto, si bien es claro que el control constitucional tiene la
virtualidad de asegurar la necesaria armonía entre la función legislativa y la
Carta Política y, por ese camino, la de dotar a esa función de la racionalidad
que impone la dinámica del Estado social de derecho, también lo es que el
aseguramiento de esa armonía debe hacerse a partir de una confrontación
normativa entre el Texto Fundamental y la ley y no a partir de otro tipo de
consideraciones que, por fundadas que puedan advertirse, escapan a la estricta
naturaleza de ese control.
Como puede advertirse, entonces, la Corte,
ateniéndose a un control constitucional caracterizado por una intensidad
consecuente con el respeto del principio democrático pero al mismo tiempo con
el respeto del procedimiento implementado por el constituyente para la
formulación de la ley; a la dinámica de los debates de que fueron objeto las
materias reguladas por la Ley 617 de 2000 y entre ellas la modificación del
régimen especial del Distrito Capital de Bogotá y del régimen de los organismos
de control de las entidades territoriales; a la doctrina constitucional que
asume el principio de identidad como coincidencia material y no como
coincidencia textual; a la necesaria distinción que debe hacerse entre la
materia regulada por la ley y los distintos desarrollos que de ella se hacen y
a la inviabilidad de las razones de conveniencia como argumentos para afirmar
la inexequibilidad de una disposición; ateniéndose a todos esos fundamentos, la
Corte no encuentra que, en relación con las expresiones demandadas, el
legislador haya incurrido en vicios en la formación del artículo 96 de la Ley
617 de 2000 y por ello declarará su exequibilidad.
VI.  DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar EXEQUIBLE
la expresión  “96 y 106 del Decreto 1421 de 1993”  contenida en el artículo 96
de la Ley 617 de 2000, “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994,
el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan normas tendientes a fortalecer
la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA V. SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia C-950/01
Como quiera que en relación con las
Sentencias C-540 y 579 del presente año en las cuales se declaró la
exequibilidad de la Ley 617 de 2000 y de algunas de sus disposiciones por los
cargos formulados por los actores en las demandas respectivas el suscrito
magistrado salvó su voto, en esta ocasión, en relación con la Sentencia C-950
de 5 de septiembre de 2001, en razón del obligatorio acatamiento a la cosa
juzgada sobre el particular, me veo precisado a aclararlo por cuanto continúo
considerando que dicha ley ha debido declararse inconstitucional, en su
totalidad pero no puedo desconocer que ya existe sentencia anterior sobre el
asunto.
Es claro que el legislador tiene
potestad no sólo para “hacer las leyes”, sino, también, para derogarlas
conforme a lo preceptuado por el artículo 150 de la Constitución y, vigente
como se encuentra la Ley 617 de 2001 declarada exequible, el artículo 96 en el
que se derogan algunas disposiciones, entre otros los artículos 96 y 106 del
Decreto 1421 de 1993, que tiene rango legal, se ajusta a la Constitución.
Fecha ut supra.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Salvamento de voto a la Sentencia C-950/01
PRINCIPIO DE
IDENTIDAD EN PROYECTO DE LEY-Tesis
extremadamente laxa (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE
IDENTIDAD EN PROYECTO DE LEY-Mínimo
de racionalidad legislativa/PRINCIPIO DE IDENTIDAD EN
PROYECTO DE LEY-Reelección
no corresponde a materias como incompatibilidades, faltas temporales o
calidades (Salvamento de voto)
PROCESO
LEGISLATIVO-Evolución de
proyecto y voluntad del Congreso (Salvamento de voto)
PROCESO LEGISLATIVO-Materias de artículos no discutidos en
trámite (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE
IDENTIDAD-Alcance
(Salvamento de voto)
La Corte ha sostenido que el principio
de identidad exige que a lo largo del trámite legislativo ambas cámaras hayan
abordado la materia objeto de la norma demandada, pero no requiere que el texto
aprobado en ambas cámaras sea idéntico. Lo que  la Constitución hace imperioso
es que ambas cámaras hayan debatido y, para este caso, regulado una misma
materia. No importa que una lo haya hecho en un sentido y la otra en uno
diferente o inclusive contrario.
PRINCIPIO
DE IDENTIDAD-No impide evolución de texto de la
norma/PRINCIPIO DE IDENTIDAD-Consideración de materia por Cámaras y
solución de discrepancias (Salvamento de voto)
El principio
de identidad no impide que el texto de una norma evolucione a medida que el
Congreso delibera acerca de su contenido a todo lo largo del proceso de
formación de la ley y permite que lo aprobado por una y otra Cámara sea
diferente e, inclusive, opuesto. Pero, sí exige que ambas cámaras hayan
considerado la materia y que solucionen sus discrepancias de tal manera que el
texto finalmente aprobado por cada Cámara después de la etapa de conciliación
sea idéntico. Dicho texto puede ser alguno de los dos originalmente adoptados
por las Cámaras o uno, tercero, distinto a éstos que conduzca a conciliar las
discrepancias y que verse sobre la misma materia.
LEY-Racionalidad legislativa mínima en
derogación (Salvamento de voto)
LEY-Derogación exige racionalidad mínima del
legislador/NORMA DEROGADA-Racionalidad mínima del legislador/NORMA DEROGADA-Expedición
o no de nueva regulación (Salvamento de voto)
Cuando la
derogación es consecuencia de una nueva regulación, esa racionalidad mínima del
legislador exige que lo derogado haya sido tratado en la nueva ley, salvo que
se deduzca del debate que la voluntad del legislador era derogar unas normas
sin expedir una nueva regulación.
NORMA
DEROGATORIA-Inconstitucionalidad
por extensión a materias no debatidas en Cámaras/PROCESO
LEGISLATIVO-Extensión de
efectos de derogatoria a materias no debatidas (Salvamento de voto)
PROCESO
LEGISLATIVO-Divergencia
absoluta entre lo debatido, querido y finalmente enunciado (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-3357
Demanda de
inconstitucionalidad contra
el artículo 96
(parcial) de la Ley 617 de 2000
Actor:
Mario Fernando Parra Guzmán y Luis Eduardo Ochoa Bohórquez
Magistrado
ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Con el debido
respeto, salvamos nuestro voto porque consideramos que la Corte adoptó una
tesis extremadamente laxa en relación con el principio de identidad en la
tramitación de los proyectos de ley.
1. La Corte tuvo
que escoger entre diferentes criterios para determinar si se cumple o no el
principio de identidad en la formación de las leyes. El criterio más amplio
concebible es que el Congreso puede modificar caprichosamente un proyecto de
ley, agregando y suprimiendo temas nuevos en cualquier etapa del proceso
legislativo, siempre y cuando la materia de las normas nuevas guarde relación
con la temática global del proyecto. En este caso la temática global era el
ordenamiento territorial y por lo tanto, se podría decir que cualquier adición
relativa a la reelección de los personeros y contralores del  distrito capital
no violaría el principio de identidad. Obviamente, la Corte no acogió este
criterio que rompería absolutamente no sólo el principio de identidad sino el
de consecutividad, ambos desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
Sin embargo, la
Corte adoptó un criterio distinto al anterior, que, también estimamos muy laxo.
Si bien no analiza el respeto al principio de identidad con referencia a la
temática global de un proyecto, sí lo hace con base en la materia general
dentro de la cual se inscribe la modificación introducida, v.g.r. la materia
del régimen de los personeros y los contralores. Por eso, se dice que hay que
distinguir “entre la materia regulada por la ley y los distintos desarrollos de
que ella es susceptible”. La Corte llega a esta conclusión porque
“De asumirse que por cada prescripción legislativa
existe una distinta materia de regulación se distorsionarían principios como el
de unidad de materia y su sana teleología encaminada a dotar de una mínima
racionalidad al proceso de formulación de la ley. Es más, hasta la titulación
de las leyes sería imposible si se asume que debe existir correspondencia entre
su título y su contenido, esto es, entre su título y las materias por ella
reguladas, según lo ordena el artículo 168 del Texto Fundamental.
En ese contexto, lo que exige la Carta es que las
distintas etapas del proceso legislativo por ella consagrado se agoten en
relación con la materia sometida a regulación pero no se agoten en relación con
cada uno de los puntos susceptibles de abordar en esa materia. Imponiendo tal
exigencia se distorsionaría el control constitucional y se limitaría de manera
infundada la función legislativa.”
En otros apartes
de la sentencia la materia general que sirve de base para evaluar si se ha
respetado el principio de identidad es aún más amplia puesto que se dice que
“lo relevante es que a todo lo largo del proceso legislativo fue clara la
voluntad encaminada a modificar el régimen especial del distrito capital y a
derogar varias de las disposiciones especiales que integran ese régimen y que
las derogatorias finalmente dispuestas son consecuencia del agotamiento de ese
proceso y manifestación clara de esa voluntad”. Así, la materia general de referencia
en esta segunda cita ya no es el régimen de los personeros y contralores sino
el régimen especial del distrito capital, que es aún más amplio puesto que la
regulación del personero y del contralor distritales es tan sólo un aspecto del
régimen especial de Bogotá.
Aunque
compartimos el espíritu de la sentencia de dejar un amplio margen al Congreso
para introducir modificaciones a los proyectos, estimamos que hay un mínimo de
racionalidad legislativa que en todo caso debe ser respetado. No se puede considerar
que el tema de la reelección de los personeros y contralores pertenece a la
misma materia que el de su régimen de incompatibilidades, o el de sus faltas
temporales ni, mucho menos, el de las calidades para ser elegido.
Consideramos que
la Corte se ha debido aproximar al tema analizando cuál es la relación que
existe entre el asunto regulado por una disposición de un proyecto de ley que
evoluciona y la voluntad manifestada expresamente por el Congreso a lo largo de
dicha evolución. Del análisis de la relación entre asunto regulado y voluntad
democráticamente expresada a lo largo del trámite se deduce una conclusión
diferente a la acogida por la Corte. Pensamos que dicha conclusión no introduce
una rigidez en la formación de las leyes diferente a la mínima compatible con
los cánones constitucionales.
A continuación recogemos las principales
características del enfoque que hubiera podido seguir la Corte y señalamos cuál
es su resultado.
Revisados los antecedentes del trámite de la expresión cuestionada
por el actor, resultaba claro que la expresión demandada fue introducida en la
Comisión Primera del Senado y fue adoptada luego por la Plenaria del Senado de
la República. Su contenido fue discutido durante los debates al proyecto ante
las Comisiones Primera de la Cámara y del Senado y en la Plenaria de la Cámara
de Representantes, pero sólo en cuanto a la posibilidad de reelección de los
personeros y contralores. Como surgieron discrepancias entre los textos
aprobados por una y otra Cámara se hizo necesaria la conciliación de las
diferencias a través de comisiones accidentales, tal como lo establece el
artículo 161 de la Carta.
No obstante, si bien es cierto que la posibilidad de prohibir la
reelección de los personeros y de los contralores fue objeto de debate en ambas
cámaras, y por ello, en principio se justificó la derogatoria expresa de los
artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993, no todas las materias contenidas
en esos artículos fueron discutidas durante el trámite del proyecto que luego
se convertiría en la Ley 617 de 2000.
En efecto, los artículos 96 y 106 de Decreto 1421 de 1993 regulan,
sin entrar en detalles, siete temas en relación con el personero y el contralor[24] distrital; a
saber: i) la definición de quién es el personero distrital; ii) el
establecimiento de algunas reglas sobre la elección del personero y del
contralor distritales; iii) el señalamiento de los requisitos que debe cumplir
quien vaya a ser elegido personero o contralor; iv) la prohibición de su
reelección para el período inmediatamente siguiente; v) el período del
personero y del contralor distritales; vi) algunas prohibiciones al contralor
distrital; y vii) la determinación de quién llena las faltas temporales del
contralor distrital. No obstante, durante el trámite de la Ley 617 de 2000, de
estos temas, el Congreso sólo estudió el cuarto.
Era necesario entonces distinguir entre dos derogatorias: 1) la que
se refiere expresamente a la prohibición de reelección inmediata de personeros
y contralores distritales; y 2) la que se refiere a los demás temas contenidos
en los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993.
En cuanto al primer tema, de los antecedentes que obran en el
expediente, resultaba claro que el tema de la reelección de los personeros y
contralores se incluyó en la Ponencia para Primer Debate en la Cámara de
Representantes, mediante la prohibición de reelección de estos funcionarios[25]. Posteriormente,
en la Cámara, tal prohibición se mantuvo para todos los personeros y contralores.[26] Luego, en el
Senado de la República, en la ponencia para Primer Debate ante la Comisión
Primera del Senado, se propuso suprimir la prohibición de reelección de los
personeros y contralores,[27]
y en consonancia con ello, la derogatoria de los artículos 96 y 106 del Decreto
1421 de 1993.[28]
Esta propuesta fue finalmente acogida por las comisiones de conciliación y por
las Plenarias de ambas Cámaras. Con lo cual, quedaba clara la voluntad expresa
del legislador de extender la posibilidad de reelección del personero y del
contralor a las autoridades respectivas del Distrito Capital.
Por ello, la derogatoria de los apartes normativos que se refieren a
la reelección del personero y del contralor del Distrito Capital era claramente
constitucional, como quiera que respecto de esta materia se cumplieron los
requisitos constitucionales previstos en los artículos 157, 160 y 161 de la
Carta. En especial, se respetó el principio de identidad tantas veces defendido
por esta Corporación[29],
como un principio de coincidencia material no como una regla de univocidad
regulativa.[30]
En efecto, la Corte ha sostenido que el principio de identidad exige
que a lo largo del trámite legislativo ambas cámaras hayan abordado la materia
objeto de la norma demandada, pero no requiere que el texto aprobado en ambas
cámaras sea idéntico. Lo que  la Constitución hace imperioso es que ambas
cámaras hayan debatido y, para este caso, regulado una misma materia. No
importa que una lo haya hecho en un sentido - prohibir la reelección inmediata,
la Cámara - y la otra en uno diferente o inclusive contrario –permitir la
reelección inmediata, el Senado.[31]
Sin embargo, cuando la diferencia no es insignificante sino
sustancial[32],
la discrepancia entre lo aprobado por una y otra Cámara debe ser objeto de
conciliación, según lo dispuesto en el artículo 161 de la Constitución y en el
artículo 186 del Reglamento del Congreso. Luego de conciliadas las
discrepancias, ambas cámaras deben aprobar el mismo texto, es decir, un texto
idéntico.
El principio de identidad no impide que el texto de una norma
evolucione a medida que el Congreso delibera acerca de su contenido a todo lo
largo del proceso de formación de la ley y permite que lo aprobado por una y
otra Cámara sea diferente e, inclusive, opuesto. Pero, sí exige que ambas
cámaras hayan considerado la materia y que solucionen sus discrepancias de tal
manera que el texto finalmente aprobado por cada Cámara después de la etapa de
conciliación sea idéntico. Dicho texto puede ser alguno de los dos
originalmente adoptados por las Cámaras o uno, tercero, distinto a éstos que
conduzca a conciliar las discrepancias y que verse sobre la misma materia.[33]
Esto fue lo que ocurrió en cuanto al punto de la reelección del
personero y del contralor del Distrito Capital. La Cámara la prohibió, el
Senado la permitió, la Comisión de Conciliación propuso superar la discrepancia
sin proponer un tercer texto, sino aceptando el texto aprobado por el Senado y,
finalmente, ambas cámaras aprobaron un texto idéntico. La inclusión de los
artículos 96 y 106 dentro de la norma sobre derogatorias demandada obedeció a
la decisión del Congreso de reflejar esa realidad y hacer explícita esa
voluntad democráticamente conformada. No obstante, al incluir de manera general
la referencia a los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 en la cláusula
derogatoria, también fueron excluidas del ordenamiento disposiciones respecto
de las que el legislador no tuvo esa intención.
Como consta en los documentos que obran en el expediente, en ninguno
de los debates ante las Comisiones Primeras ni ante las Plenarias de Cámara y
Senado hubo discusión de las reglas para la elección de personeros y
contralores municipales, ni para el caso de los municipios en general, ni para
el Distrito Capital en particular. Tampoco se debatieron los otros temas por
ellos regulados, como las calidades que éstos deberían tener, ni mucho menos
el procedimiento bajo el cual se realizaría su elección. Por esta razón, y de
conformidad con el principio de identidad, sólo frente a la frase contenida en
los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993  que se refiere a la
prohibición de reelección del personero distrital y del contralor distrital,
existía la relación de coincidencia entre la materia propuesta y debatida y la
finalmente adoptada en el Congreso, que exige la Carta[34].
En efecto, la Ley 617 de 2000 no contiene disposiciones que
establezcan nuevas reglas sobre la elección del personero o del contralor del
Distrito Capital, ni establece requisitos para su elección. No existe, dentro
de sus disposiciones, modificación alguna de los otros temas tratados en los
artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993, para que se pudiera entender que
la derogatoria cobijaba la integridad de tales normas y no sólo las frases
relativas a la prohibición de la reelección.
Si bien es cierto que el legislador puede derogar apartes normativos
que no fueron expresamente regulados en la nueva ley, o incluso, mediante una
ley de artículo único derogar una ley anterior sin dictar nuevas normas para
llenar el “vacío” creado, tal posibilidad, no obstante, debe ejercerse dentro
de unos parámetros constitucionales mínimos.
La Constitución exige una racionalidad legislativa mínima para que
sea posible determinar que realmente se conformó la voluntad democrática de
crear, modificar o derogar una norma. Ello es garantía de que no se cometerán
errores, dada la complejidad del ordenamiento jurídico. Así como la simple
referencia a una ley derogada no la revive, la mera enunciación del número de
un artículo en una lista de disposiciones derogadas, no excluye todas las
normas que éste contiene del ordenamiento jurídico sino tan sólo aquellas respecto
de las cuales se haya conformado la voluntad legislativa de derogarlas. De lo
contrario, con una frase podrían derogarse por error normas que el propio
legislador no deseaba derogar y respecto de las cuales jamás se conformó la
voluntad democrática de derogarlas.
Cuando la derogación es consecuencia de una nueva regulación, esa
racionalidad mínima del legislador exige que lo derogado haya sido tratado en
la nueva ley, salvo que se deduzca del debate que la voluntad del legislador
era derogar unas normas sin expedir una nueva regulación. Ninguna de estas dos
hipótesis ocurrió en este caso. Como se observa en los debates del proyecto de
ley que se convirtió en la Ley 617 de 2000, la voluntad del legislador era
derogar sólo la frase sobre reelección contenida en los dos artículos
enunciados. Realmente, en ninguna de las Cámaras se conformó la voluntad de
suprimir los requisitos para ser personero o contralor distrital, ni de acabar
el procedimiento para su elección, ni de modificar las calidades requeridas para
ser elegido personero o contralor. Respecto de esas materias, no existió en
realidad ningún debate ni trámite en el Congreso y, por lo tanto, nunca se
conformó la voluntad legislativa de derogar las normas correspondientes.
Por ello, la expresión demandada al extender los efectos de la
derogatoria expresa a materias que no habían sido debatidas en ninguna de las
dos Cámaras, constituye una derogatoria inconstitucional. En su adopción se
desconoció el trámite que exige la Constitución para que se conforme la
voluntad democrática plasmada en una ley de la República. Por la misma razón,
tampoco podían ser objeto de conciliación, porque como lo ha dicho
reiteradamente esta Corporación, las comisiones accidentales
"(...) no pueden llenar con su actuación el
vacío producido por la falta de aprobación previa de la materia durante el
primer debate en la Comisión Constitucional Permanente, y durante el segundo
debate que se cumple en la Plenaria de cada Cámara"[35].(subrayado fuera de texto)
En este caso,
existe más que una discrepancia entre textos aprobados por una y otra cámara,
pues lo que presenta es una divergencia absoluta entre lo debatido en el
Congreso, lo querido por el legislador y lo finalmente enunciado en la
disposición demandada. Tal discrepancia no es subsanable por el procedimiento
previsto en el artículo 161 de la Carta. Por lo cual, la Corte habría tenido
que declarar la inconstitucionalidad del aparte demandado por vicios de
procedimiento en su formación.
No obstante lo
anterior, como quiera que el artículo 96 de la Ley 617 de 2000 también contiene
una cláusula general de derogatoria, las expresiones “No podrá ser reelegido para el período siguiente”, contenida en el
artículo 96 del Decreto 1421 de 1993 y la frase “El contralor no podrá ser
reelegido para el período inmediatamente siguiente”, contenida en el artículo
106 del Decreto 1421 de 1993, podrían haberse entendido derogadas dentro
de tal cláusula general por resultar contrarias a lo establecido en la Ley 617
de 2000, y de esta manera se habría
preservado la voluntad expresa del legislador conformada según el trámite
previsto en la Constitución.
Fecha
ut supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1]
DIARIO OFICIAL, Año CXXXVI No. 44188, del 9 de octubre de 2000, páginas11 a 20.
[2]
Corte Constitucional, Sentencia C-837/01, MP: Jaime Araujo Rentería.
[3]
En este mismo sentido, ver la sentencia C-198/98, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz,
fallo en el cual la Corte señaló “La
característica de esta ley no está relacionada con aspectos de orden formal o
con el método que ha de seguirse para su aprobación. (...) La especialidad es
un atributo que responde a las exigencias que se derivan de la anotada
singularidad del Distrito Capital(...). El ámbito de la especialidad, por
consiguiente, se debe acotar con un sentido funcional, vale decir, su medida la
ofrece la necesidad de conciliar su condición genérica de entidad fundamental
de la división político administrativa del Estado, con su condición única de
Distrito Capital - sede de los órganos superiores del Estado - y capital del
Departamento de Cundinamarca.(...)”
[4]
Corte Constitucional, Sentencia C-778/01, MP: Jaime Araújo Rentería.
[5]
Los artículos del Decreto 1421 de 1993 a los que hacía referencia el artículo
57 del proyecto original se referían a las siguientes materias: Artículo 28. Inhabilidades de los concejales,
Artículo 29. Incompatibilidades de los concejales, Artículo 30. Excepciones ,
Artículo 34. Honorarios y seguros de los concejales , Artículo 37.
Inhabilidades e incompatibilidades del alcalde mayor , Artículo 66.
Inhabilidades de los ediles , Artículo 68. Incompatibilidades  de los ediles ,
Artículo 72. Honorarios y seguros de los ediles.
[6]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 257, del 17 de agosto de 1999, página 15.
[7] Sobre la acumulación del proyecto 046 con los
proyectos C-030, C-043, C-051, C-061, C-114 de 1999 la ponencia señaló lo
siguiente: C-030 de 1999, el cual proponía que para la categorización de
municipios se computen todos los ingresos del municipio incluidas las
transferencias de la Nación. Según el ponente como quiera que los objetivos del
proyecto 046 y el C-030 no coincidían, no incluyó las propuestas de este
proyecto en el texto que se presentó ante la Comisión Primera de la Cámara.
C-043 de 1999, que proponía reglamentar la elección del personero municipal y
asignarle funciones de veedor del tesoro en aquellos municipios en donde no
hubiera contraloría. Para el ponente, esta propuesta tenía la eventualidad de
generar un mayor gasto público y por ello no fue incluida en el proyecto de
articulado presentado ante la Comisión Primera de la Cámara. C-051 de 1999, que
incluía la categorización de los departamentos, límites a los gastos de las
asambleas, incompatibilidades para los diputados y modificación de la
remuneración de los diputados. Las propuestas de este proyecto fueron
fusionadas con las del proyecto 046. C-061 de 1999, que precisaba el alcance de
las inhabilidades de los gobernadores para postularse a otros cargos de
elección popular, sentido que fue recogido en la propuesta que se puso a
consideración de la Comisión Primera de la Cámara. C-114 de 1999, que propuso
establecer la moción de censura en el nivel municipal, pero este tema no fue
incluido por los ponentes por considerar que distorsionaba la administración
municipal.
[8]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 452, del 19 de noviembre de 1999, página
2
[9]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 452, del 19 de noviembre de 1999, página
28
[10]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 452, del 19 de noviembre de 1999, páginas
5 y 6
[11]
Gaceta del Congreso Año VIII, Número 479, del 29 de noviembre de 1999
[12]
Gaceta del Congreso Año VIII, Número 532, del 10 de diciembre de 1999, página
24; y Gaceta del Congreso Año VIII, Número 553, del 15 de diciembre de 1999,
página 24.
[13]
Gaceta del Congreso, Año IX, Número 211, del 14 de junio de 2000, página 7
[14]
Gacetas del Congreso, Año IX, Número 256, del 13 de julio de 2000, página 16
[15]
Gaceta del Congreso, Año IX, Número 259, del 14 de julio de 2000, páginas 60 a
62.
[16]
En efecto, el artículo 50 del proyecto de Ley 046 de 1999, en el texto
definitivo adoptado por la Cámara de Representantes decía: “Articulo 47.
Extensión de las incompatibilidades de los contralores y personeros. Las
incompatibilidades de los contralores departamentales, distritales y
municipales y de los personeros distritales y municipales tendrán
vigencia durante el período para el cual fueron elegidos y hasta doce (12)
meses posteriores al vencimiento del período respectivo o la aceptación de la
renuncia.
Parágrafo.
Los funcionarios de que trata el presente artículo  no podrán ser reelegidos
para el período inmediatamente siguiente. (subrayado fuera de
texto). Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 479, página 10. En la ponencia
para Primer debate en el Senado de la República, (Gaceta del Congreso, Año
VIII, Número 553, página 11) los ponentes propusieron en el Pliego de
Modificaciones lo siguiente:  “Artículo 50. “Se elimina el parágrafo del
artículo 50, que establecía la imposibilidad de reelección de estos
funcionarios. No existe una razón jurídica ni política suficientemente sustentada
para prohibir la reelección de estos funcionarios”.
[17]
En el mismo pliego de modificaciones presentado a la Comisión Primera del
Senado, simultáneamente con la supresión del parágrafo del en el artículo 50,
en el artículo 89 del proyecto, sobre vigencia y derogatorias, se agregó
expresamente la mención de los artículos 96 y 106 a la lista de disposiciones
del Decreto 1421 de 1993, cuya derogatoria expresa se proponía. Ver Gaceta del
Congreso, Año VIII, Número 553, página 24.
[18]
Cfr. Folios 443 a 458
[19]
El rigor del control constitucional es influenciado no sólo por el proceso
legislativo sino también por varios principios constitucionales como el de
unidad de materia.  Así, en un reciente pronunciamiento, la Corte analizó las
implicaciones que el principio de unidad de materia tenía en el ámbito del
control constitucional y descartó la viabilidad de un rigor extremo por su
contrariedad con el principio democrático.  Corte Constitucional.  Sentencia
C-501 de 2001.  Magistrado Ponente, Dr. Jaime Córdoba Triviño.
[20]
Esta Corporación en reiterados fallos ha desarrollado una doctrina según la
cual los vicios en la formación de la ley no remiten a un análisis de la regla
de derecho contenida en la disposición acusada sino a la verificación de las
etapas del proceso legislativo.  En ese sentido, entre otras, las Sentencias
C-183 de 1997, C-702 de 1999, C-433 y C-557 de 2000 y C-501 de 2001.
[21]
El principio de identidad que rige en el proceso de formulación de la ley ha
sido ampliamente desarrollado por esta Corporación.  De acuerdo con esa
doctrina, ese principio no remite a la permanencia del sentido de una
regulación sino a la necesidad de que entre las distintas regulaciones que
lleguen a concebirse exista una coincidencia material.  Entre otros pueden
consultarse los siguientes pronunciamientos:  C-167 de 1993, C-424 de 1994,
C-282 de 1997, C-1404 de 2000 y C-198 de 2001.
[22]
Para mayor claridad es preciso recordar el texto de los artículos 96 y 106 del
Decreto 1421 de 1993:
Artículo
96. Elección y calidades. El personero distrital es agente del ministerio
público, veedor ciudadano y defensor de los derechos humanos. Será elegido por
el Concejo durante el primer mes de sesiones ordinarias, para un período de
tres (3) años que se iniciará el primero (1) de marzo y concluirá el último día
de febrero. No podrá ser reelegido para el período siguiente.
Para
ser elegido personero se requiere tener más de treinta (30) años, ser abogado
titulado y haber ejercido la profesión con buen crédito durante cinco (5) años
o el profesorado en derecho por igual tiempo. El personero se posesionará ante
el alcalde mayor.
En
ningún caso podrán intervenir en su postulación o elección quienes se hallen
dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil
respecto de los candidatos.
La
elección de personero se hará entre los candidatos postulados en sesión
anterior a la de la elección. Ente la postulación y la elección debe mediar un
término no menor de tres(3) días.
Artículo
106. Elección de contralor. El contralor será elegido por el Concejo
Distrital para período igual al del alcalde mayor, de terna integrada con dos
candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Fe de Bogotá y uno por el Tribunal Administrativo con jurisdicción en la
ciudad. El Contralor no podrá ser reelegido para el período inmediatamente
siguiente. Sus faltas temporales serán llenadas por el contralor auxiliar.
El
contralor acreditará el cumplimiento de las calidades exigidas en la ley y
tomará posesión de su cargo ante el alcalde mayor.
Quien
haya ejercido en propiedad el cargo de contralor no podrá desempeñar empleo
oficial alguno en el Distrito, ni aspirar a cargos de elección popular, sino un
año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
[23]
Son abundantes los pronunciamientos en los que la Corte ha excluido de los
juicios de constitucionalidad las valoraciones de conveniencia de las normas
legales.  Entre otros, Sentencias C-358 y C-407 de 1997 y C-364, C-645 y C-1504
de 2000.
[24]
Los artículos 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993 establecen lo siguiente
(subrayado fuera de texto):
Artículo 96. Elección y
calidades. El Personero Distrital es agente del ministerio público,
veedor ciudadano y defensor de los derechos humanos. Será elegido por el
Concejo durante el primer mes de sesiones ordinarias, para un período de tres
(3) años que se iniciará el primero (1) de marzo y concluirá el último día de
febrero. No podrá ser reelegido para el período siguiente.
Para ser elegido personero se requiere tener más de
treinta años ser abogado titulado y haber ejercido la profesión con buen
crédito durante cinco (5) años o el profesorado en derecho por igual tiempo. El
personero se posesionará ante el alcalde mayor.
En ningún caso
podrán intervenir en su postulación o elección quienes se hallen dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil respecto de
los candidatos.
La elección de
personero se hará entre los candidatos postulados en sesión anterior a la de la
elección. Entre la postulación y la elección debe mediar un término no menor de
tres (3) días.
Artículo 106. Elección de
contralor. El contralor será elegido por el Concejo   Distrital para
periodo igual al del alcalde mayor, de terna integrada con dos candidatos
presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
y uno por el Tribunal Administrativo con jurisdicción en la ciudad.
El contralor
no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. Sus faltas
temporales serán llenadas por el contralor auxiliar.
El contralor acreditará el cumplimiento de las
calidades exigidas en la ley y tomará posesión de su cargo ante el alcalde
mayor.
Quien haya ejercido en propiedad el cargo de
contralor no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el Distrito, ni aspirar
a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en el
ejercicio de sus funciones.
[25]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 394, página 22. El parágrafo del artículo
48 del proyecto de ley presentado por el ponente decía expresamente “Artículo
48. Extensión de las incompatibilidades de los contadores y personeros. (...) “Los
funcionarios de que trata el presente artículo no podrán ser reelegidos para el
período inmediatamente siguiente”.
[26]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 452, página 25. En el texto aprobado por
la Cámara, el artículo 47 regulaba la extensión de las incompatibilidades de
los contadores y personeros y establecía la prohibición de su reelección.
[27]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 532, página 12. El ponente propone la
eliminación del parágrafo del artículo 50 (renumerado) del proyecto que
regulaba la prohibición de reelección de los contadores y personeros.
[28]
Gaceta del Congreso, Año VIII, Número 532, página 24.
[29]
Ver entre otras: Corte Constitucional, Sentencias C-167/93, M.P. Carlos Gaviria
Díaz; C-333/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-424/94, M.P. C-055/95, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; C-282/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[30]
Ver por ejemplo la sentencia C-1488/00, M.P.(E): Martha Victoria Sáchica
Méndez, en la que la Corte analiza los límites para la introducción de
modificaciones por una de las cámaras respecto del texto aprobado por la otra. Dijo
en esa ocasión: “es claro que si las modificaciones que va a introducir la
plenaria de una de las cámaras hace referencia a la materia que se viene
discutiendo en el proyecto de ley, no existe razón alguna para que se entienda
que el proyecto correspondiente debe ser devuelto a la Cámara que no conoció de
éstas, pues existiendo unidad en la materia debatida en una y otra Cámara, será
competencia de la comisión accidental solventar las discrepancias surgidas
entre los texto aprobados en una y otra plenaria (artículo 178 de la Ley 5ª de
1992), siempre y cuando, se repite, los textos discordantes guarden
identidad en la materia debatida, lo que no ha de confundirse con la identidad
en el tratamiento que se le de al asunto correspondiente” (subrayado
fuera de texto)
[31]
Corte Constitucional, Sentencia C-543/98, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En este
fallo, al examinar las diferencias existentes entre los textos aprobados en los
distintos períodos legislativos y las modificaciones introducidas en el segundo
período, la Corte reiteró que las modificaciones de redacción, introducidas
durante el segundo período legislativo que no alteraran el sentido de lo
aprobado en el primer período legislativo, eran constitucionales. Como
consecuencia de ello, salvo la expresión “La ley reglamentará la materia”,
contenida en el inciso segundo del artículo 35 de la Constitución, las demás
modificaciones fueron declaradas exequibles.
[32] Corte Constitucional, Sentencia C-167/93, M.P.
Carlos Gaviria Díaz. En este fallo la Corte señaló cuándo se justificaba la
integración de comisiones accidentales. En esa ocasión dijo: “debe aclararse
que la Comisión accidental que se integre para efectos de dar aplicación al
artículo 161 de la Carta, única y exclusivamente puede ocuparse del estudio y
análisis de las disposiciones del proyecto de Ley que hubieren sido objeto de
“discrepancias”, o lo que es lo mismo, de aquellas normas cuyo texto hubiere
sido aprobado en la plenaria de una Cámara en forma diferente al de la otra. De
manera que la Comisión citada no puede entrar a modificar preceptos del
proyecto de Ley sobre los cuales no hubiera existido “discrepancia”.
(subrayado fuera de texto. En este mismo sentido ver la sentencia C-282/95,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[33] Ver entre otras la sentencia C-003/96, M.P.
Hernando Herrera Vergara. En este fallo la Corte analizó si las Comisiones de
Accidentales encargadas de conciliar el texto aprobado por las Cámaras durante
el trámite de la Ley 100 de 1993 podían modificar, e incluso sustituir
completamente los textos aprobados en las Cámaras y declaró la
constitucionalidad de la norma aprobada de esta forma. En ese fallo sostuvo la
Corte “La función de la Comisión Accidental a que alude el artículo 161
constitucional, es la de preparar el texto que habrá de reemplazar a aquél
sobre el cual surgieron discrepancias en las plenarias de las Cámaras, siempre
y cuando éste corresponda al deseo mayoritario de las mismas”.
[34]
Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencia C-922/00, M.P. Antonio Barrera
Carbonell. En este fallo la Corte analizó si las
modificaciones introducidas (beneficio tributario creado en la Cámara a
favor de un hospital específico, fue ampliado por el Senado a todos los
hospitales universitarios departamentales del país) al
proyecto de ley durante su debate en la plenaria del Senado (4 debate)
respetaban lo previsto en los artículos 157 y 161 de la Carta. Las
modificaciones fueron declaradas exequibles.
[35]
Corte Constitucional, Sentencia C-702/99, M.P. Fabio Morón Díaz. En esta
sentencia, la Corte declaró la inconstitucionalidad de facultades
extraordinarias incluidas irregularmente en un proyecto de ley, al no haber
cumplido ni el primer ni el segundo debate en la Cámara de Representantes y con
lo tal omisión, afirmó la Corte, “se desconocieron evidentemente también los
requisitos constitucionales previstos en los numerales 2º. y 3º. del artículo
157 de la Carta para que un proyecto se convierta en Ley de la República,
relativos a los principios de identidad relativa y consecutividad”.