T-529-16
Sentencia
T-529/16
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS-Procedencia
excepcional/DERECHO A
LA RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS-Procedimiento contenido en la ley 1448/11
Esta Corporación ha reconocido la idoneidad y eficacia del mecanismo
instaurado por la Ley 1448 de 2011, constituyéndose este en el dispositivo que
por regla general es el principal para reclamar o ventilar asuntos relacionados
con esa materia y solo de manera excepcional, frente a situaciones específicas
resultaría procedente la acción de tutela.
DERECHO A LA RESTITUCION DE
TIERRAS-Alcance
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Jurisprudencia
constitucional sobre fundamentos del Derecho Internacional de Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario
LEY 1448 DE 2011-Jurisprudencia
constitucional
SEGUNDOS OCUPANTES-Medidas de
atención a favor
JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Deberá utilizar criterios y herramientas del orden
interno e internacional para establecer el respectivo estándar probatorio de
buena fe o buena fe exenta de culpa exigible a los segundos ocupantes al
momento de considerar su petición
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS-Improcedencia
por cuanto los demandantes han sido vinculados al trámite de restitución de
tierras, le corresponde al juez especializado en restitución de tierras dirimir
el asunto
El
escenario idóneo de debate es ante la justicia especializada en restitución de
tierras, porque será en dicho proceso donde producto de la actividad probatoria
se demuestre que los demandantes son segundos ocupantes de buena fe exenta de
culpa, correspondiéndole al juez natural determinar con base en las pruebas
recaudadas al interior de ese trámite, el cumplimiento de los presupuestos
desarrollados por la jurisprudencia constitucional
Referencia: Expediente T-5.306.045
Acción
de tutela instaurada por el Personero Municipal de San Pedro de Urabá
(Antioquia) en representación de la población desplazada de la vereda
Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate de esa municipalidad, contra la
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veintisiete
(27) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos, Aquiles Ignacio Arrieta Gómez y Jorge Iván
Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 33 y concordantes del Decreto
Estatutario 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por
el
Juzgado Laboral del Circuito de Turbo, en el proceso de tutela de la
referencia.
I.
Antecedentes
Gonzalo Gabriel
Garcés Llanos en calidad de Personero Municipal de San Pedro de Urabá
(Antioquia) y actuando en representación de Wilson Manuel
Hernández Cuadrado y otros, promovió acción de tutela contra la
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia, al
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida
digna, a la integridad personal, de petición, al trabajo, a la salud, a la
seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial de
la tercera edad y las mujeres cabeza de familia. Para sustentar
su solicitud de amparo relata los siguientes:
1.  Hechos.
1.1.
Refiere
que entre 1992 y 2004 las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, luego
autodefensas unidas de Colombia -AUC-, hicieron presencia en la vereda Caimán
San Pablo del corregimiento El Tomate del municipio de San Pedro de Urabá
(Antioquia), donde consolidaron lo que denominaron la ““base militar””[1]
“la 35” “Ecca o Acuarela” y atendiendo la disputa territorial con las
guerrillas del EPL y las FARC desplazaron a la población para luego comprar los
predios abandonados.
1.2.
Manifiesta
que las familias desplazadas intentaron reubicarse en municipios de los
departamentos de Córdoba y Antioquia, sin embargo, la falta de recursos los
llevó a regresar a la vereda Caimán San Pablo “donde las Autodefensas
decidían después de una entrevista si podían habitar en el territorio, si no
tenían donde vivir, mediante una especie de reforma agraria les entregaban
(adjudicaban) una parcela en los predios que habían comprado las autodefensas
(entre otras, finca la navidad), para que cultivaran, les ayudaban a construir
una vivienda campesina, les entregaban semillas para que cultivaran, otras
familias llegaban desplazadas de otros lugares y las Autodefensas las incluían
en esta modalidad de distribución de la tierra”.
1.3.
Advierte
que los desplazados que hoy habitan la finca “La navidad” nunca hicieron
parte del conflicto armado, “entraron de manera quieta, tranquila y pacífica
a los predios que habían comprado las Autodefensas y que les entregaron en una
especie de reforma agraria”.
1.4.
Señala
que en marzo de 2015 la Unidad de Restitución de Tierras inició el proceso de
restitución en el corregimiento El Tomate y las veredas que lo componen, entre
ellas, Caimán San Pablo donde está ubicada la finca “La navidad”, cuyos
poseedores o tenedores son campesinos que derivan el sustento propio y de sus
familias -entre las que hay madres cabeza de hogar y menores de edad- de las 4
o 5 hectáreas de tierra que poseen.
1.5.
Relata
que la Defensoría del Pueblo ha dispuesto Defensores Públicos para las víctimas
“que según el señor Oberto Galindo, habitante de la vereda San Pablo su
defensor le manifestó “aquí no hay nada que hacer, es una pelea de tigre con
burro amarrado” lo que significa en nuestro dialecto chilapo-costeño que los
poseedores de los predios hoy en día (víctimas de desplazamiento forzado
incluido en el RUPD hoy RUV), no tienen ni la mínima posibilidad de ganar el
proceso jurídico de restitución”.
1.6.
Menciona
que la población víctima del desplazamiento forzado de la vereda Caimán San
Pablo se encuentra en estado de vulnerabilidad extrema debido a “la falta de
aplicación oportuna y efectiva por parte de las autoridades estatales que
pretende aplicar la Política Pública de Restitución de Tierras sobre predios
que habitan los desplazados, sin que se le reconozcan derechos y sean reparados”.
1.7.
En
orden a lo expuesto, solicita que se ordene a la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras suspender todos los procesos
de restitución de tierras que se adelanten en el predio “La navidad”; y
a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la
Violencia presentar un plan de acción con proyectos, cronograma, responsables y
disponibilidad presupuestal que permita la reparación integral de las víctimas
del desplazamiento forzado que habitan “La navidad”.
2. Pruebas aportadas con la demanda.
2.1 Documentales
2.1.1. Copia de las cédulas de ciudadanía
de los demandantes junto con las consultas en las bases de datos del SISBEN y
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
donde consta que se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas
-RIV-. (fls. 7 a 80 cdno ppal).
3.       Actuaciones de instancia.
3.1.
Admisión de la tutela
Mediante
auto del 19 de agosto de 2015, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de
Urabá, atendiendo a la naturaleza de las entidades demandadas, remitió las
diligencias a los Juzgados Civiles de Circuito para que tramitaran la acción de
tutela instaurada.
El
Juzgado Laboral del Circuito de Turbo por auto de 25 de agosto de 2015 avocó
conocimiento y corrió traslado a la Unidad Administrativa Especial de Restitución
de Tierras y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
de la Violencia.
3.2.
Respuesta de las entidades demandadas.
Mediante oficios de 25 de agosto de
2015, el Juzgado
notificó
la admisión de la tutela a la Unidad Administrativa Especial de Restitución de
Tierras y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de
la Violencia. Sin embargo, las entidades guardaron silencio.
3.3. Única instancia.
El Juzgado Laboral del Circuito de Turbo en
sentencia de 4 de septiembre de 2015, declaró improcedente la solicitud de
amparo, ya que la vulneración alegada por los demandantes no encuentra soporte
en derechos reales emanados del predio tales como el de dominio, uso,
usufructo, habitación, herencia, prenda o hipoteca, ni por la afectación del
modo de la ocupación, para lo cual existen otros medios de defensa
administrativos (acción policiva) y judiciales (civil o contencioso
administrativa).
Señaló que no se allegó prueba que demuestre
el inicio de alguna actuación por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Restitución de Tierras en el sentido de calificar el predio como objeto de
restitución, ni existe ningún acto administrativo que autorice la solicitud de
restitución, como tampoco hay constancia de que se hubieren iniciado acciones
judiciales en tal sentido.
Expuso que si bien la acción de tutela
es informal, no implica que se releve de la carga probatoria a las partes,
correspondiéndole al demandante acreditar la ocurrencia de vulneración cuya
protección reclama, lo cual no sucedió en el asunto sub examine.
II. ACTUACIONES EN SEDE DE
REVISIÓN.
1. Actuaciones surtidas por la Sala de Revisión
1.1.
Mediante auto de 8
de abril de 2016 la Sala Dual aceptó el impedimento manifestado por el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, al encontrarse configurada
la causal prevista en el numeral 1º del artículo 57 de la ley 906 de 2004[2]
y, en consecuencia, fue separado del conocimiento del presente proceso.
1.2.
De otra parte y teniendo en cuenta que los
demandantes, a través de la Personería Municipal de San Pedro de Urabá,
manifestaron que las autodefensas unidas de Colombia
-AUC- hicieron presencia en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El
Tomate de ese municipio, donde consolidaron la “base militar” conocida como “finca
la 35” y, según su dicho, fueron desplazados de ese lugar a
consecuencia de la disputa territorial entre grupos al margen de la ley y
despojados de sus tierras, la Sala Sexta de Revisión
encontró necesario precisar el alcance de la pretensión de amparo y la
fundamentación probatoria de la misma, para lo cual decretó las siguientes
pruebas[3]:
1.2.1.
A la Personería
Municipal de San Pedro de Urabá (i) ampliar la
información suministrada en orden a precisar el alcance de la pretensión de
amparo y la fundamentación probatoria de la misma; (ii) precisar si los
demandantes son los propietarios originarios del predio “La navidad” o
de alguno que se encuentre dentro del área de la “finca la 35”, si
fueron despojados de ese inmueble o de algún otro y, si en la actualidad
habitan en ese lugar o están asentados en otro sitio; e (iii) indicar si fueron
vinculados al proceso de restitución de tierras que según sus afirmaciones se
inició en marzo de 2015 por la Unidad de Restitución de Tierras y allegar la
documentación.
1.2.2.
A la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la
Violencia informar si los demandantes se encuentran inscritos en el Registro
Único de Víctimas -RUV- y las ayudas que han recibido hasta la fecha. En caso
de que la respuesta fuese afirmativa debía remitir la documentación
correspondiente.
1.2.3.
A la Unidad de
Restitución de Tierras informar si adelanta algún proceso de restitución de tierras en el lugar
que se conoció como “finca la 35” o “Ecca o
Acuarela” en el corregimiento El Tomate del municipio de San Pedro de Urabá
(Antioquia) y, puntualmente sobre el predio “La navidad” de la vereda
Caimán San Pablo, señalando si está inscrito en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente y si se encuentra micro y
macrofocalizado. En caso de respuesta afirmativa debía informar si los demandantes
de la presente acción de tutela fueron vinculados al mismo, para lo cual la
entidad remitiría la documentación base y copia del expediente del proceso de
restitución de tierras.
1.2.4.
A la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Antioquia informar sobre
los procesos de restitución de tierras que adelanta en el lugar que se conoció
como “finca la 35” o “Ecca o Acuarela” en el corregimiento
El Tomate del municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia) y, especialmente,
sobre el predio “La navidad” de la vereda Caimán San Pablo. En caso de
respuesta afirmativa informar si los demandantes fueron vinculados al trámite
procesal y, con el fin de sustentar las anteriores respuestas debía remitir la
documentación soporte y copia del expediente del proceso de restitución de
tierras.
1.2.5.
Al Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder en Liquidación-, Subgerencia de Tierras
Rurales, informar si la entidad ha realizado alguna labor de acompañamiento a
las familias que habitan en el lugar que se conoció como “finca la 35” o
“Ecca o Acuarela” y,
particularmente, en el predio “La navidad”, en trámites de titulación de tierras y/o procesos de restitución
de tierras. En caso de respuesta afirmativa debía remitir la documentación
correspondiente.
1.3.
De acuerdo con el informe de 6 de mayo de 2016
de la Secretaría General de esta Corporación, tanto la parte actora como las
entidades allegaron la correspondiente respuesta a la solicitud junto con la
documentación soporte.
1.4.
A fin de obtener mayor
claridad acerca de las afirmaciones realizadas por la Personería Municipal de
San Pedro de Urabá, mediante Auto de 10 de mayo de 2016,
la Sala dispuso lo siguiente:
1.4.1.
Requerir al Personero Municipal de San Pedro de
Urabá, a fin de que (i) ampliara la información
suministrada y precise fundamentación probatoria de la misma; (ii) el lugar del
que fueron desplazados los demandantes y si fueron despojados de sus tierras,
así como el origen de su asentamiento en el predio “La navidad” de la “finca
la 35”, es decir, expliquen si pagaron algún precio por la parcela que en
su momento les fue asignada por los paramilitares o a que título fueron
entregadas y allegue la documentación.
1.4.2.
Vincular a la señora Ayda
Mercado Mesa de Murillo, para que ejerciera el derecho
de contradicción y rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
1.4.3.
A la Unidad de Restitución de Tierras que informara: (i) si los actores se encuentran vinculados a algún
otro proceso de restitución de tierras de los que se adelantan en la región y
si tiene conocimiento de que sean propietarios o poseedores en otro sitio; y
(ii) si la señora Ayda
Mercado Mesa de Murillo es poseedora de algún otro predio y si es propietaria
de otro inmueble contra el cual se adelante proceso de restitución.
1.4.4.
Librar despacho
comisorio al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro
de Urabá para que en colaboración con la Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá, la Unidad
Administrativa de Reparación Integral a las Víctimas,
la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de San Pedro de Urabá, realizara una
inspección judicial en el predio denominado “La navidad” de la “finca
la 35” ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate
del municipio de San Pedro de Urabá, a fin de: (i) verificar qué personas de
las que figuran como demandantes en la presente tutela permanecen en el predio,
identificando cada núcleo familiar junto con sus miembros, señalando si hay
menores de edad, madres/padres cabeza de hogar o adultos mayores; y (ii)
determinar si a la fecha de la diligencia se ha incrementado el número de
ocupantes y, en caso afirmativo, los identifique.
1.4.5.
Decretar la suspensión
de términos en el expediente de la referencia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.
1.5 Por auto de 16 de agosto de 2016, esta Corporación vinculó al
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Restitución de
Tierras de Apartadó, para que ejerciera el derecho de
contradicción y rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
2.
Contestación a las solicitudes y
requerimientos.
2.1.
La Unidad Administrativa de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas a través del Director Jurídico de la
Institución informó que el sector denominado como “La 35” del municipio de San
Pedro de Urabá fue intervenido por la entidad a través de la macro[4]
y micro focalización[5],
destacando que dicho sector geográficamente corresponde al corregimiento de “El
Tomate”, integrado por las veredas Caimán San Pablo, entre otras.
Además, señaló que existen 121 solicitudes de inscripción en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de las cuales 18
están incluidas en el Registro de Tierras y 1 no incluida, 17 en estudio de
inscripción, 4 desistidas, 42 en etapa probatoria, 2 en estudio formal, 4 en
estudio previo y 33 en demanda.
En relación con el predio denominado “La navidad” explicó que
sobre ese inmueble se agotó el trámite de inscripción en el Registro de Tierras
el 8 de octubre de 2015, para lo cual se surtió la comunicación fijada en el
predio el 27 de abril de 2016, se caracterizó a la población del lugar con el
fin de dar aplicación al Acuerdo No. 21 de 2015 que dispone medidas de atención
para los segundos ocupantes objeto de la intervención y finalmente, se radicó
la acción judicial que actualmente cursa en los Juzgados Especializados de la
localidad.
Por último, advirtió que actualmente se surte un trámite judicial de
restitución de tierras sobre los inmuebles “La corona” y “Alto Bonito” de la
vereda “Puya Arriba” del municipio de Turbo, donde figura como titular de los
derechos de propiedad el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
2.2.
El Personero Municipal de San Pedro de Urabá
contestó la solicitud reiterando las afirmaciones consignadas en el escrito de
tutela y adicionalmente informó que los actores fueron vinculados al proceso de
restitución de tierras.
2.3.
La Directora de Registro y Control de la
Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
informó sobre la condición de víctimas de los demandantes, para lo cual allegó
el historial de entrega individual de ayudas humanitarias.
2.4.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
INCODER contestó la tutela solicitando desvincular a la entidad por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no está dentro de sus funciones
y competencias la de restituir tierras, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 3759 de 2009. Adicionalmente, señaló que el instituto fue suprimido y
liquidado mediante el Decreto 2363 de 2015 y, en su lugar, fue creada la
Agencia Nacional de Tierras a través del Decreto 2364 del mismo año.
2.5.
La Secretaria de la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras informó que revisados los índices radicadores de la
Secretaría y de cada uno de los despachos, no se encontró proceso alguno
relacionado con los predios o accionantes mencionados en el auto proferido por
la Corte Constitucional.
2.6.
En cumplimiento de lo dispuesto en el auto de 10
de mayo de 2016, proferido por esta Corporación, el Director Jurídico de la
Unidad de Restitución de Tierras informó que del grupo de demandantes los
siguientes no están vinculados a ningún procedimiento de restitución en la
zona: Mirley Patricia Hernández Pitalua, Naudith del Carmen Velásquez Ricardo,
Jadi Jadith Triana Morales, Enaldo Alfonso Hernández Morales, Rafael Segundo
Morales Páez, María Angélica Pérez Galeano, Yerlis Yaneth Argumedo Hernández,
Sandra Marcela Argúmedo Hernández, Liliana Rosa Hernández Lozano, Remberto
Antonio Lozano Suárez, Yulieth Cecilia Padilla Molina, Leanis Padilla Molina,
Ivan Darío Hoyos, Serpa, Luís Ángel Hoyos Bacilio, Emilio Enrique Páez, Luz
Marina Contreras Martinez, Paula Andrea Contreras Martinez y Oneida Lozano
García. En cuanto a los demás actores, informó que figuran como poseedores y
fueron caracterizados como segundos ocupantes.
Finalmente, informó que la señora Ayda Mercado Mesa de Murillo ha
elevado tres solicitudes de restitución de inscripción correspondientes al
predio “La navidad”, “Finca Providencia” y “Providencia No. 2”. El trámite
judicial del primero de estos se surte ante el Juzgado Segundo Especializado en
Restitución de Tierras.
3.
Pruebas aportadas en sede de revisión.
3.1.
La Unidad de Restitución de Tierras allegó un Cd
con los siguientes archivos:
3.1.1.
Mediante Resolución No. 0571 de 18 de marzo de
2015 la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas - Dirección Territorial Antioquia-, microfocalizó el área geográfica
comprendida dentro del corregimiento El Tomate, ubicado en el municipio de San
Pedro de Urabá, con el fin de implementar la inclusión de predios en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
3.1.2.
Mediante la Resolución No. 2528 de 8 de octubre
de 2015, la Dirección Territorial de Antioquia de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas incluyó en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente el predio denominado finca “La
navidad”, cuya área es de 94 hectáreas y es solicitada por la señora Ayda
Mercado Mesa Murillo.
En cuanto a las circunstancias en que ocurrió el despojo, en las
declaraciones surtidas por la reclamante ante distintos organismos del Estado
como la Unidad de Víctimas y la Fiscalía General de la Nación, afirmó que
fueron despojados por las AUC, en los siguientes términos: “En 1989 comenzó
la guerrilla a extorsionar al papá, le quitaban las vacas, pero como ese ganado
era a partir utilidad no lo podía entregar, un día le enviaron una carta
poniéndole una citación pero el señor le dio miedo ir y por eso salió del
predio para Montería, en el predio quedó un hijo del señor, el hijo del señor
duró en el predio 4 años hasta 1992 que llegaron a la zona los paramilitares
los cuales empezaron a llegar a catalina, el hijo del señor que se encontraba
en el predio la guerrilla lo obligó a vaquear un ganado y los paramilitares se
dieron cuenta que él colaboró, no tuvieron en cuenta que la guerrilla lo había
obligado, ya estando en Montería en 1993 Héctor Giraldo un señor político de la
zona fue a buscarlo a la casa de los declarantes y lo contactaron les dijeron
que tenían que vender hicieron ir a la y el esposo a las oficinas de Funpazcor,
hablaron con Sor Teresa Gómez y ella les pagaron 180.000 pesos hectárea. Con el
tiempo supieron que un señor Choroto, parece ser que este señor parceló a una
gente la zona”.
3.1.3.
Informe de Caracterización de Terceros de la
Unidad de Restitución de Tierras realizado dentro de la etapa administrativa, con
310 folios que contienen el formato de caracterización diligenciado junto con
la consulta con el número de cédula en las bases de datos del Registro de
Víctimas, de titulares del derecho de propiedad en la Superintendencia de
Notariado y Registro, de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación, de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la
República, de inscritos y calificados en el SISBEN, de afiliación al sistema de
seguridad social en salud del FOSYGA, de antecedentes penales de la Policía
Nacional.
De dichos formatos se destaca que los demandantes se encuentran en
situación de vulnerabilidad, en su mayoría afirman ser desplazados por la
guerrilla de las FARC-EP y/o las AUC, han recibido ayudas humanitarias por
parte del Estado, ninguno de los jefes de hogar encuestados reporta
antecedentes penales, fiscales o disciplinarios, se encuentran afiliados al
régimen subsidiado y, de acuerdo con la declaración juramentada, en los años
noventa cada grupo familiar recibió “regaladas” entre 2,5 y 5 hectáreas
de tierra por parte de “líderes comunitarios” como Miguel Ángel Álvarez
-alias “choroto”-, quien administraba el terreno de la finca “La 35” o por
la familia Castaño Gil que era la propietaria, para ser en algunos casos
habitada y cultivada, o simplemente cultivada con siembras de yuca, plátano, cacao,
coco, arroz, maíz, piña, mango, pasto y criar animales como gallinas, pollos, pavos,
patos, cerdos, vacas, terneras, mulas y burros.
Los demandantes afirman desconocer la vinculación de “choroto”
o la familia Castaño Gil con grupos al margen de la ley aunque tienen
conocimiento de que los antiguos propietarios están reclamando los predios
porque la Unidad de Restitución de Tierras ha realizado reuniones con los
habitantes del lugar para informarles lo que está ocurriendo en relación con
las peticiones de restitución que recaen sobre la finca “La navidad”.
3.2.
La Personería Municipal de San Pedro de Urabá en
cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de 10 de mayo de 2016, tomó la
declaración juramentada de los 23 grupos familiares que conforman los
demandantes de la presente acción de tutela en la diligencia llevada a cabo el
21 de junio de 2016, de la cual se destaca lo siguiente:
3.2.1.
Grupo Familiar No. 1. integrado por Jaime
Enrique Álvarez Gómez, Yenis Yamiles Castaño García -jefe de hogar-, Over Luís
Pinto Castaño, Luz Nadelys Pinto Castaño, Samir Andrés y Mario Armando Perez
Castaño.
La jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Tiodocto de donde fueron desplazados hasta llegar a
trabajar a la finca “la 35” y fue allí donde le hicieron entrega de la parcela,
sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada”. Asimismo, afirmó
que todos residen en la misma casa de habitación construida en un lote de
terreno de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión
conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a
la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El
Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.2.
Grupo Familiar No. 2. integrado por Ludis María Contreras
Sánchez -jefe de hogar-, Yarnubis María Galindo Contreras y Dayana Vanesa
Conteras Sánchez.
La jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Florida de donde fueron desplazados en 1993 hasta
llegar a trabajar a la finca “la 35” y fue allí donde le hicieron entrega de la
parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los
paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de
habitación construida en un lote de terreno de aproximadamente 2 hectáreas
dentro de un lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace
parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda
Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de
Urabá.
3.2.3.
Grupo Familiar No. 3. integrado por Rosiris del
Carmen Avilez Cabarca -jefe de hogar-, Darío e Iván Darío Hoyos Serra.
La jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios del corregimiento El Tomate de donde fueron desplazados hasta
llegar a Chigorodó en 1993, pero en el 2010 regresó a vivir a su lugar de
origen y en el 2012 “un señor decidió dejar sus tierras y me las dio a mi”,
sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada”. Asimismo, afirmó
que todos residen en la misma casa de habitación construida en un lote de
terreno de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión
conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a
la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El
Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.4.
Grupo Familiar No. 4. integrado por Braulio José
Lagares Galindo -jefe de hogar-, Baicela del Carmen Bacilio Márquez, Jesús
David, Luís Enrique y Ronaldo José Lagares Bacilio.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda El Tomate de donde fueron desplazados en 1993 hacia la
vereda La Ceiba, pero regresó a su lugar de origen porque escuchó que estaban
repartiendo tierras y fue allí donde le hicieron entrega de la parcela, sin
pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los paramilitares.
Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de habitación construida en
un lote de terreno de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor
extensión conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos
pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del
corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.5.
Grupo Familiar No. 5. integrado por Elkin
Enrique Martínez Madera -jefe de hogar-, Dalis Cecilia Hernández Cuadrado,
Sandra Marcela Argumedo Hernández, Leida Patricia, Keila Andrea y Luís Daniel
Martínez Hernández.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios del corregimiento de Guasimal -Córdoba- de donde fueron desplazados
en 1995 hasta llegar a El Tomate donde le hicieron entrega de la parcela, sin
pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los paramilitares.
Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de habitación construida en
un lote de terreno de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor
extensión conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos
pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del
corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.6.
Grupo Familiar No. 6. integrado por Luís Carlos Durango
Pérez -jefe de hogar-y Adelfina Martínez Guerra.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Florida de donde fueron desplazados en 1993 al
municipio Turbo; luego estuvo en el Chocó y en 1995 volvieron a San Pedro de
Urabá. En el 2003 le hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio ningún
valor porque fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó que
todos residen en la misma casa de habitación construida en un lote de terreno
de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión conocido
como “La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a la finca
“La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del
Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.7.
Grupo Familiar No. 7. integrado por Beatriz del
Carmen Cabarca Muñoz.
La jefe del hogar manifestó que es trabajadora del campo, originaria
de la finca El Bosque de Chigorodó de donde fue desplazada en 1996 hasta llegar
a donde un hijo en El Tomate y fue allí donde le hicieron entrega de la
parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los
paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de
habitación construida en un lote de terreno de aproximadamente 5 hectáreas
dentro de un lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace
parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda
Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de
Urabá.
3.2.8.
Grupo Familiar No. 8. integrado por Arnulfo Lozano
Suárez -jefe de hogar-, Elonia del Carmen Torres Suárez Yulisa, Omeida y Mady,
Lozano Suárez.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Florida de donde fueron desplazados en 1993 al
municipio de Juan José Córdoba y en 1997 llegó a la vereda Caimán San Pablo
donde comenzó a trabajar y fue allí donde le hicieron entrega de la parcela,
sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los
paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de
habitación construida en un lote de terreno de aproximadamente 5 hectáreas
dentro de un lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace
parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda
Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de
Urabá.
3.2.9.
Grupo Familiar No. 9. integrado por Galindo
Villadiego Oberto Enrique -jefe de hogar-, Martínez Contreras Bárbara María,
Galindo Martínez Álvaro Javier, Elver David, Jorge Iván y Oscar Luís.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Florida de donde fueron desplazados en 1993 hacia
Apartadó y regresaron en 1995. A mediados de 1998 les hicieron entrega de la
parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los
paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de
habitación construida en un lote de terreno de aproximadamente 4 hectáreas
dentro de un lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace
parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda
Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de
Urabá.
3.2.10.
Grupo Familiar No. 10. integrado por Ricardo
Manuel - Lozano Suárez jefe de hogar-, Luz Dary Montalvo Cleto, Karen Carolina,
Katy Carolina y Carlos Mario Lozano Montalvo.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Puyita de donde fueron desplazados en 1994 hacia el
Municipio de San Pedro de Urabá y en 1997 llegaron a la vereda Caimán San Pablo
donde le hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque
fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen
en la misma casa de habitación construida en un lote de terreno de
aproximadamente 3 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión conocido como
“La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La
35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del
Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.11.
Grupo Familiar No. 11. integrado por Jhon Jairo Gómez
Cuadrado -jefe de hogar-, Ángela María Argumedo Blanco, Jhon Jader, Dayana
Gabriela, Samuel y Natalia Andrea Gómez Argumedo.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Caimán San Pablo de donde fueron desplazados en 1993
hacia el corregimiento Arenas Monas. Después de 1996 regresaron donde le
hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada”
por los paramilitares. Afirmó que todos residen en la misma casa de habitación
construida en un lote de terreno de aproximadamente 6 hectáreas dentro de un
lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace parte de los
terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San
Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.12.
Grupo Familiar No. 12. integrado por Wilson
Manuel Hernández Cuadrado -jefe de hogar-, Amada Julia Pitalua Zuritas, Wilmar
de Jesús, Mirley Patricia, Elian David y Breinner Stick Hernández Pitalua.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios del corregimiento de Guadal del municipio de Arboletes de donde
fueron desplazados en 1994 hasta llegar a trabajar a San Pedro de Urabá y fue
allí donde le hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio ningún valor
porque fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó que todos
residen en la misma casa de habitación construida en un lote de terreno de
aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión conocido como
“La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La
35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del
Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.13.
Grupo Familiar No. 13. integrado por Betilda
Rosa Molina Benitez -jefe de hogar-, Yuliet Cecilia, Libardo Antonio y Leanis
Padilla Molina.
La jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda La Seca del municipio de Turbo de donde fueron
desplazados en 1996 hacia Montería. En 1997 llegaron a la vereda Caimán San
Pablo y fue allí donde le hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio
ningún valor porque fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó
que todos residen en la misma casa de habitación construida en un lote de
terreno de aproximadamente 6 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión
conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a
la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El
Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.14.
Grupo Familiar No. 14. integrado por Efraín Gómez
Díaz -jefe de hogar-, Francisca del Carmen Cuadrado Medrano, Manuel Esteban,
Marlon Yesid e Higinio Alejandro Gómez Cuadrado.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Caimán San Pablo de donde fueron desplazados hacia San
Pedro de Urabá. En 1997 volvieron y allí donde les hicieron entrega de la
parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los paramilitares.
Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de habitación construida en
un lote de terreno de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor
extensión conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos
pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del
corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.15.
Grupo Familiar No. 15. integrado por Pedro
Manuel Velásquez Pastrana -jefe de hogar-, Yamile María Ricardo Cuadrado,
Andrés Fernando, Naudith del Carmen, Dianis Mercedes, María Osisirs y Luisa
Fernanda Velásquez Ricardo.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Alto de San Juan de donde fueron desplazados en 1993 hacía
San Pedro de Urabá y en 1994 fueron a la vereda Caimán San Pablo donde le
hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada”
por los paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de
habitación construida en un lote de terreno de aproximadamente 6 hectáreas
dentro de un lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace
parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda
Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de
Urabá.
3.2.16.
Grupo Familiar No. 16. integrado por Alfredo
Manuel Gómez Cuadrado -jefe de hogar-, Jaidis Iris Espitia Correa, Paula
Andrea, Kale, Juan David y Eva Luna Gómez Espitia.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo, originarios
de la vereda San Pablo Caimán de donde fueron desplazados en 1995 hacia
Montería, pero regresaron a los 2 meses porque estaban entregando parcelas y
fue allí donde recibieron la de ellos, sin pagar a cambio ningún valor porque
fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen
en la misma casa de habitación construida en un lote de terreno de
aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión conocido como
“La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La
35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del
Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.17.
Grupo Familiar No. 17. integrado por Manuel
Esteban Ramos Urango -jefe de hogar-, Ana Delfa Gómez González, Hernán Darío y
Carlos Andrés Ramos Ruíz, Graciela del Carmen, Neider Manuel y Yonier Fidel
Ramos Gómez, Estiven Andrés y Nataly Ramos Sevilla.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Naranjitas del municipio de Arboletes de donde fueron
desplazados  en 1993 hacia el municipio de Turbo. En 1995 fueron hacía la
vereda Caimán San Pablo a trabajar y fue allí donde le hicieron entrega de la
parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los
paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de
habitación construida en un lote de terreno de aproximadamente 5 hectáreas
dentro de un lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace
parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda
Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de
Urabá.
3.2.18.
Grupo Familiar No. 18. integrado por Pedro
Manuel Molina Fabra -jefe de hogar-, Iván Darío y Juan Felipe Molina Benítez.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Caimán San Pablo de donde fueron desplazados en 1993 hacia
Montería, pero en 1997 regresó y le fue entregada la parcela, sin pagar a
cambio ningún valor porque fue “donada” por los paramilitares. Asimismo,
afirmó que todos residen en la misma casa de habitación construida en un lote
de terreno de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión
conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a
la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El
Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.19.
Grupo Familiar No. 19. integrado por Porfirio
Antonio Hoyos Parra -jefe de hogar-, Sixta Julia Arrieta Pérez y Luís ángel
Hoyos Bacilia.
La jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Puyita de donde fueron desplazados en 1994 hacia
Canalete -Córdoba. En 1998 se fueron hasta llegar a trabajar a la vereda Caimán
San Pablo donde le hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio ningún
valor porque fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó que
todos residen en la misma casa de habitación construida en un lote de terreno
de aproximadamente 3 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión conocido
como “La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a la finca
“La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del
Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.20.
Grupo Familiar No. 20. integrado por Duste
Jaquer Arroyo Ramos -jefe de hogar-, Nidia Esther Castillo Vertel, Dusti Manuel
y Taliana Arroyo Castillo, y Ostin Josué Arroyo Arroyo.
El jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo,
originarios de la vereda Naranjitas del municipio de Arboletes de donde fueron
desplazados en 1993 hacia Montería. En 1996 fueron a la vereda Caimán San Pablo
donde le hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio ningún valor porque
fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen
en la misma casa de habitación construida en un lote de terreno de
aproximadamente 2 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión conocido como
“La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La
35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del
Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.21.
Grupo Familiar No. 21. integrado por José
Antonio Cabarca Muñoz -jefe de hogar-, Nur María Avilett López y Daniel de
Jesús Pérez Cabarca.
El
jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo, originarios de la Chigorodó
de donde fueron desplazados en 1995 hacia la vereda Caimán San Pablo donde le
hicieron entrega de la parcela en 1996, sin pagar a cambio ningún valor porque
fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen
en la misma casa de habitación construida en un lote de terreno de
aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión conocido como
“La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a la finca “La
35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El Tomate del
Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.22.
Grupo Familiar No. 22. integrado por Yudis María
-jefe de hogar-, Jhon Fredis, Páez Emilio Enrique, Moncada Contreras Elida Rosa
y Yanuarias Contreras Arcia.
La
jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo, originarios del
corregimiento El Tomate de donde fueron desplazados en 1993 hacia Montería.
Pero en 1995 fueron a la vereda Caimán San Pablo porque estaban entregando
parcelas, sin pagar a cambio ningún valor porque fue “donada” por los
paramilitares. Asimismo, afirmó que todos residen en la misma casa de
habitación construida en un lote de terreno de aproximadamente 10 hectáreas dentro
de un lote de mayor extensión conocido como “La navidad” y hace parte de
los terrenos pertenecientes a la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San
Pablo del corregimiento El Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.2.23.
Grupo Familiar No. 23. integrado por Antonio Borjas
Rodolfo –jefe de hogar-, Naciris Elena, Carmen Alicia, Alex Antonio, Jan Carlos
y Adriana Lucía Marquez Pelayo.
La
jefe del hogar manifestó que son trabajadores del campo, originarios de la
vereda Los Indios del municipio de Turbo de donde fueron desplazados en 1996
hacia San Pedro de Urabá. En 1998 se fueron a la vereda Caimán San pablo a
trabajar y fue allí donde le hicieron entrega de la parcela, sin pagar a cambio
ningún valor porque fue “donada” por los paramilitares. Asimismo, afirmó
que todos residen en la misma casa de habitación construida en un lote de
terreno de aproximadamente 5 hectáreas dentro de un lote de mayor extensión
conocido como “La navidad” y hace parte de los terrenos pertenecientes a
la finca “La 35”, ubicada en la vereda Caimán San Pablo del corregimiento El
Tomate del Municipio de San Pedro de Urabá.
3.3.    La Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas informó el estado de valoración de los demandantes quienes se encuentran
incluidos en el Registro Único de Víctimas y han recibido dinero en efectivo
por concepto de Ayuda Humanitaria así como subsidios por parte del ICBF y para
vivienda a través de los jefes de hogar, excepto Remberto Antonio Lozano Suárez
quien no se encuentra incluido.
3.4.     El Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de Urabá el 5 de julio
de 2016 en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas,
la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Municipal y la Personería de San Pedro de
Urabá, llevó a cabo la inspección judicial dispuesta por esta Corporación
mediante auto de 10 de mayo de 2016, en cuyo censo se conformó la lista que
incluye a las personas que actualmente habitan en la finca “La navidad”
(ver anexo No. 1).
3.5.    El Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Restitución de Tierras de Apartadó informó que mediante auto de 10 de diciembre
de 2015 se admitió la solicitud de restitución del predio “La navidad”,
elevada por la señora Ayda Mercado Mesa Murillo, cuyo trámite se encuentra en
curso. De acuerdo con la documentación allegada, las demás actuaciones
desplegadas están encaminadas a obtener información sobre la disponibilidad de
Defensores del Pueblo en la zona, así como de las condiciones de seguridad en
el municipio de San Pedro de Urabá y las vías de acceso a la vereda Caimán San
Pablo del corregimiento El Tomate.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, y 31 a 36
del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Planteamientos de la acción y problema jurídico.
La acción de tutela fue interpuesta por el Personero del
municipio de San Pedro de Urabá en representación de un grupo de 117 personas que
fueron reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado[6], originarios de veredas y municipios
aledaños, situación por la cual han recibido las ayudas que brinda el Estado
para atender a esta población.
Los actores habitan desde los años 90 en el predio conocido
como finca “La navidad” ubicado en la vereda Caimán San Pablo del
corregimiento El Tomate del municipio de San Pedro de Urabá. Dicho territorio
hizo parte del área donde los paramilitares ejercieron influencia e incluso
llegaron a asentar ilegalmente un centro de adiestramiento paramilitar
denominado finca “La 35”.
Las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, particularmente la
familia Castaño Gil, utilizó distintas prácticas de despojo de tierras a propietarios
de predios en el Urabá -identificada por los demandantes como una “reforma
agraria”-, para posteriormente entregarlas a testaferros o simplemente
administradores encargados de explotarlas con el compromiso de mantener el
dominio paramilitar en la región.[7] Así fue como a través del
paramilitar alias “choroto” -a quien los accionantes identifican como
líder comunitario- los actores recibieron parcelas en “La
navidad” -entre 2 y 5 hectáreas- sin pagar a cambio contraprestación
económica alguna, con el fin de que fueran habitadas y cultivadas,
Los demandantes aducen que no tienen título de propiedad alguno
porque recibieron la parcela a título de “donación” -práctica
paramilitar para fortalecer el control territorial a través del despojo de
tierras y posterior utilización de testaferros[8]-. Además, firman
que no tienen ningún otro lugar a donde ir y que desconocen la vinculación de
“choroto” o los hermanos Castaño Gil con grupos al margen de la ley o
con actuaciones relacionadas con el despojo de tierras. Sin embargo, tienen
conocimiento de que los antiguos propietarios -los anteriores a la familia
Castaño Gil-, están reclamando los predios a través de un proceso de
restitución de tierras, trámite al cual fueron vinculados por parte de la
Unidad de Restitución de Tierras.
Sobre
la base de lo expuesto, la parte actora solicita el amparo de los
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, a la integridad
personal, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la
educación, al mínimo vital y a la protección especial de la tercera edad y a las
mujeres cabeza de familia.
Como consecuencia, que
se ordene a la
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras suspender todos los
procesos de restitución de tierras que se adelanten en el predio “La navidad”;
y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la
Violencia presentar un plan de acción con proyectos, cronograma, responsables y
disponibilidad presupuestal que permita la reparación integral de las víctimas
del desplazamiento forzado que habitan en ese lugar.
En instancia, el Juzgado Laboral del
Circuito de Turbo declaró improcedente la solicitud de amparo, ya que la
vulneración alegada por los demandantes no encuentra soporte en derechos reales
emanados del predio tales como el de dominio, uso, usufructo, habitación,
herencia, prenda o hipoteca, ni por la afectación del modo de la ocupación,
para lo cual existen otros medios de defensa administrativos (acción policiva)
y judiciales (civil o contencioso administrativa). Además, no se demostró el
inicio de alguna actuación por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras.
En sede de revisión, la Corte decretó una serie de pruebas con el fin
de obtener información acerca de la situación de vulnerabilidad de los
demandantes -quienes adujeron ser desplazados- y la situación actual del predio
“La navidad” en el marco de los procesos de restitución de tierras que
se adelantan, para lo cual la Unidad Administrativa Especial de
Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas de la Violencia, la Personería Municipal de San Pedro de Urabá rindieron
informes y allegaron los elementos probatorios solicitados. Asimismo se libró
despacho comisorio al Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de Urabá para que
efectuara una inspección judicial en el predio habitado por los actores y
determinara su situación actual.
Las pruebas allegadas al expediente
informan que el sector denominado como “La 35” del municipio de San Pedro de
Urabá fue macro y micro focalizado por parte de la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras, destacando que sobre el predio
denominado “La navidad” se agotó el trámite de inscripción en el
Registro de Tierras y actualmente cursa el proceso judicial de restitución de
tierras, al que fueron vinculados los demandantes, en calidad de segundos
ocupantes -de acuerdo con el informe rendido por la misma entidad por medio del
cual se adelantó la caracterización-.
La Unidad de Restitución de Tierras
adelantó la fijación de la comunicación de apertura del proceso de restitución
de predio en “La navidad”, asimismo realizó reuniones con los miembros de la
comunidad a fin de enterarlos y explicarles acerca del trámite administrativo y
judicial que se surte con el acompañamiento de la entidad, y se efectuó la caracterización
de la población con el fin de aplicar las medidas de protección diseñadas para
los segundos ocupantes.
Por su parte, la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas informó que los actores se encuentran
censados como desplazados en el Registro único de Víctimas -RUV- y han sido
beneficiarios de los distintos componentes de las ayudas humanitarias. En igual
sentido, en la ampliación de la información suministrada por la Personería
Municipal de San Pedro de Urabá se puso de presente que los demandantes son
víctimas del conflicto armado interno, fueron desplazados de sus lugares de
origen y llegaron en los años 90 al predio “La navidad” para vivir y
trabajar en las parcelas entregadas por miembros de las AUC -como se dijo en
líneas anteriores, producto del dominio territorial de los paramilitares se
practicaron despojos y se utilizó a la comunidad como testaferros-, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos por ese grupo al margen de la ley.
Vistos los antecedentes expuestos, le
corresponde a la Sala Sexta de Revisión determinar si la acción de tutela procede
de manera excepcional  en materia de restitución de tierras cuando las personas
caracterizadas como segundos ocupantes, que en su mayoría tienen la calidad de
desplazados y reciben ayuda del Estado, se oponen al proceso de restitución de
predios despojados y pretenden que se suspenda. En el evento
de que sea procedente el amparo, la Corte deberá establecer si con el proceso
de restitución de tierras que se adelanta en el predio “La navidad” se
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, la vida digna, la
integridad personal, de petición, al trabajo, la salud, la seguridad social, la
educación, al mínimo vital y la protección especial de la tercera edad y las
madres cabeza de hogar de los demandantes.
Para efectos de
resolver los anteriores planteamientos esta Corporación abordará: (i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela en materia de restitución de tierras; (ii)
el proceso de restitución de tierras; (iii) las medidas de atención para los
segundos ocupantes del predio objeto de la restitución; y (iv) el caso
concreto.
4.
Análisis de la Sala.
4.1.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela en materia de restitución de tierras.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que a través de
la acción de tutela toda persona puede reclamar ante los jueces “en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, o de los particulares
en los casos previstos en la ley y en la Constitución. Sin embargo, el amparo
solamente procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, o la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
La acción de tutela en principio es una herramienta judicial de
naturaleza subsidiaria. No obstante, aun existiendo otro mecanismo de defensa
dentro del ordenamiento jurídico esta Corporación ha
admitido que la acción de tutela proceda[9]
cuando se acredita que el medio ordinario no es lo suficientemente idóneo y
eficaz para otorgar un amparo real e integral, o no es expedito para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable[10].
Lo anterior significa que debe analizarse en cada caso la eficacia
real de los recursos con que cuenta el demandante respecto a la protección que
eventualmente pudiese otorgar el juez constitucional y con base en ello
determinar la procedencia del amparo[11],
para lo cual se debe establecer:“(i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial
existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través
de la acción de tutela[12];
(ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el
interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[13];
(iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración[14]”.
Acerca de la
procedencia de la acción de tutela en materia de procesos de restitución de
tierras, esta Corporación en la sentencia T-415 de 2013 afirmó que dicho
trámite es idóneo para ventilar ese tipo de controversias, debido a que los
términos diseñados por el legislador son prudentes y razonables. Al respecto, sostuvo
lo siguiente:
“Teniendo
en cuenta de un lado, el concepto jurídico de la Unidad de Restitución de
Tierras, y del otro, el estudio técnico aportado por la Unidad de Desarrollo y
Análisis Estadístico de la Sala Administrativa del CSJ, esta Sala considera que
la protección de los derechos invocados por los accionantes, eventualmente
conculcados por las presuntas irregularidades que se cometieron en el trámite
de la adjudicación del predio, pueden plantearse y solucionarse de manera
eficaz a través del proceso de restitución previsto en la Ley 1448 de 2011,
pues como quedó demostrado, los términos previstos para este proceso en la ley
son cortos y por regla general, salvo imprevistos, finalizan dentro del
término. Así, el mecanismo judicial para la restitución de tierras es idóneo
para conceder la pretensión que el actor plantea en sede de tutela, debido a su
especificidad y a que a pesar de las complejidades que implica la restitución,
queda demostrado que los jueces dan trámite al proceso, dentro del término
prudente y razonable, que establece la ley”(Se resalta).
Luego, en la
sentencia T-798 de 2014 la Corte abordó el análisis del principio de subsidiariedad
que caracteriza la acción de tutela en el contexto de la Ley de víctimas,
advirtiendo:
“No puede
desconocerse la necesidad de observar y dar aplicación a las reglas previstas
en las normas vigentes, en este caso en la Ley de Víctimas y sus decretos
reglamentarios, siempre que no hayan sido suspendidas o declaradas contrarias a
la Constitución. Sin embargo, no menos relevantes son las razones de especialidad
normativa, por cuanto, como se explicó, existe actualmente un completo e
importante desarrollo legislativo específicamente diseñado para ofrecer
soluciones al problema del despojo de tierras como consecuencia del conflicto
armado, cuya particular configuración, según se observa, tiene en cuenta las
necesidades de los reclamantes, pero también las capacidades de los actores
oficiales y los otros factores y circunstancias de los que depende el éxito y
efectividad de este trascendental empeño del Estado y la sociedad colombiana.
Por lo anterior,
resalta la Sala, frente a las solicitudes de restitución de tierras, debe,
en principio, preferirse la aplicación de esta normatividad especial.
Con todo, si
bien se ha considerado que el trámite previsto en la Ley de Víctimas sería,
para el caso, un medio de defensa judicial adecuado e idóneo para hacer
efectivo este derecho, esta regla puede admitir excepciones frente a
situaciones específicas, en las que aquél se revela insuficiente. Uno de
esos escenarios puede ser, los casos en que la aplicación de esa normatividad
genere o permita bloqueos en el trámite de restitución, que el solicitante no
tenga la posibilidad de superar mediante un mecanismo efectivo de impulso
procesal.
En este sentido,
es necesario recordar que ese trámite comprende dos etapas sucesivas, razón por
la cual, no es posible acceder a la segunda, la de carácter judicial, si no se
agota previamente la primera, la de naturaleza administrativa. Así, dado que es
en sede judicial donde finalmente podrá protegerse el derecho de las víctimas,
adoptando decisiones vinculantes sobre la restitución de las tierras
reclamadas, si existe alguna circunstancia que indebidamente obstaculice,
impida o retarde el acceso a esa instancia, es posible que los trámites
previstos en la referida Ley de Víctimas hayan de ser considerados
insuficientes, a los efectos de decidir sobre la procedencia de la acción de
tutela”. (Se resalta).
En igual
sentido, este Tribunal se pronunció en la sentencia T-679 de 2015 al decidir
una tutela instaurada contra la Unidad de Restitución de Tierras que se negó a
microfocalizar un predio. En esa oportunidad sostuvo:
“En
consonancia con lo anterior, la promulgación de la Ley 1448 de 2011 fue un
factor determinante para el análisis de procedibilidad de la acción de tutela
en materia de tierras, pues la Corte reconoció que el Legislador y el Gobierno
realizaron un esfuerzo importante en la creación e implementación de un proceso
judicial adecuado para ventilar esta clase de controversias. Antes de la
expedición de dicha Ley, la posición de la Corte era clara en el sentido de que
el amparo constitucional era el mecanismo adecuado para solicitar la
restitución de tierras, ya que los demás trámites previstos para ello no eran
idóneos y/o eficaces[15].
Con la nueva Ley el panorama cambió”.
Incluso en
control abstracto la Corte en la sentencia C-330 de 2016 reivindicó la
idoneidad del proceso de restitución de tierras, para lo cual estableció una
serie de reglas que deben ser aplicadas por el juez especializado al momento de
resolver el caso, en aquellos eventos en los que los segundos ocupantes deben
demostrar la buena fe exenta de culpa.[16]
De acuerdo con la
jurisprudencia en cita, ante la entrada en vigencia de la nueva legislación
sobre restitución de tierras despojadas y los procedimientos especiales ahí
consagrados, esta Corporación ha reconocido la idoneidad y eficacia del
mecanismo instaurado por la Ley 1448 de 2011, constituyéndose este en el
dispositivo que por regla general es el principal para reclamar o ventilar
asuntos relacionados con esa materia y solo de manera excepcional, frente a
situaciones específicas resultaría procedente la acción de tutela.[17]
4.2.
La restitución de tierras.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que el fundamento
constitucional del derecho a la restitución no solo se encuentra en el preámbulo[18]
y en los artículos 2[19],
29[20]
y 229[21]
de la Constitución Política, sino en instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos -artículos 1, 2, 8 y 10-, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[22] -artículos 1, 8, 25 y 63-, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[23] -artículos 2, 9,
10, 14 y 15- y el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra[24]
-artículo 17-, entre otros.[25] Así como en los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos -Principios Deng-; y en los
Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados
y las Personas Desplazadas -Principios Pinheiro-.[26]
En
la sentencia C-330 de 2016 la Corte explicó en qué consiste el proceso de
restitución de tierras, su alcance y finalidad, así:
“En términos
generales, la restitución de tierras supone la implementación y la articulación
de un conjunto de medidas administrativas y judiciales encaminadas al
restablecimiento de la situación anterior a las violaciones sufridas como
consecuencia del conflicto armado interno. Además, tomando en cuenta que esa
posibilidad (el regreso en el tiempo) no es materialmente posible, el
Legislador definió dentro del proceso una serie de acciones subsidiarias, a
modo de compensación.
44.
La acción de restitución es parte de un conjunto de medidas adoptadas en un
escenario de justicia transicional, en el que los derechos de las víctimas a la
verdad, justicia, reparación y no repetición constituyen el eje fundamental
sobre el que se edifican las normas y políticas públicas. Como se expuso, la
lucha por el control de la tierra ha sido causa de violaciones particularmente
intensas de sus derechos humanos y, en consecuencia, el proceso de restitución
responde al imperativo jurídico y ético de propender por su dignificación”.
La Corte en la
sentencia C-035 de 2016 afirmó que el derecho a la restitución tiene como
fundamento “el deber de garantía de los derechos de los ciudadanos por parte
del Estado, consagrado en el artículo 2º de la Constitución; el principio de
dignidad humana reconocido en el artículo 1º de la Carta Política, los derechos
de acceso a la administración de justicia (artículo 229), debido proceso
(artículo 29) y la cláusula general de responsabilidad del Estado (artículo
90)” y puntualizó que el ordenamiento colombiano reconoce la restitución como
un componente fundamental de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación integral de las víctimas, especialmente, de aquéllas “despojadas de
sus predios”[27].
Esta
Corporación, en la sentencia C-330 de 2016 reiteró lo expuesto en la C-715 de
2012 y C-795 de 2014, en el sentido de establecer los parámetros bajo los
cuales se enmarca el derecho restitución como componente preferencial y
esencial del derecho a la reparación integral, así:
“De los estándares internacionales, la Constitución
Política y la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la restitución
de las víctimas como componente preferencial y esencial del derecho a la
reparación integral se pueden concluir las siguientes reglas:
(i)      La restitución debe entenderse como el medio preferente y
principal para la reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la
justicia restitutiva.
(ii)   La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que
se las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus
territorios retornen o no de manera efectiva.
(iii)
El Estado debe garantizar el acceso a
una compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la
restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera
consciente y voluntaria optare por ello.
(iv)
Las medidas de restitución deben
respetar los derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser
necesario, podrán acceder a medidas compensatorias.
(v)
La restitución debe propender por el
restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a la situación anterior a
la violación en términos de garantía de derechos; pero también por la garantía
de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron
origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes.
(vi)
En caso de no ser posible la
restitución plena, se deben adoptar medidas compensatorias, que tengan en
cuenta no solo los bienes muebles que no se pudieron restituir, sino también
todos los demás bienes para efectos de indemnización como compensación por los
daños ocasionados.
(vii) El derecho a la restitución de los bienes
demanda del Estado un manejo integral en el marco del respecto y garantía de
los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia
retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un derecho en sí
mismo, autónomo e independiente.”
La Ley 1448 de 2011 establece un procedimiento especial que prevé la
posibilidad de que todos aquellos bienes despojados por causa del conflicto
armado sean restituidos material y jurídicamente a sus legítimos poseedores,
dueños y ocupantes de buena fe exenta de culpa[28],
para lo cual el legislador diseñó un procedimiento especial para ventilar este
tipo de controversias, a través de un trámite mixto que combina una etapa administrativa
y otra judicial:
1.
La etapa administrativa[29] se
surte ante la Unidad de Restitución de Tierras, entidad encargada de dirigir la
política gubernamental de restitución de tierras -artículos 103 a 105 de la Ley
1148 de 2011-. Esta fase inicia con la inscripción en el registro de tierras
despojadas y abandonadas forzosamente donde se inscriben también las personas
que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación
jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo y el
período durante el cual se ejerció influencia armada en el área del predio.
La inscripción de un predio en el registro procede por solicitud de
la parte interesada o de oficio por parte de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad que comunicará de
dicho trámite al propietario y al poseedor u ocupante que se
encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que puedan aportar las
pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de
buena fe, conforme a la ley.
Conforme a la normativa los titulares
del derecho a la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o
abandonadas forzosamente son las propietarias o poseedoras de predios y las
explotadoras de baldíos que pretendan adquirir la propiedad por adjudicación, siempre
que hayan sido despojadas de las tierras u obligadas a abandonarlas como
consecuencia de los hechos que configuren las violaciones definidas en el
artículo 3º de la ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de
ésta.[30]
Para decidir sobre el registro, la Unidad de Restitución de Tierras cuenta
con 60 días, contados a partir del momento en que se avoca el estudio de la solicitud,
dicho lapso es prorrogable hasta por 30 días más cuando existan o sobrevengan
circunstancias que lo justifiquen. Finalmente, la inscripción de un predio
en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar
la acción de restitución.
2.
Judicial: Se
surte ante los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
Sala Civil, especializados en restitución de tierras, y los jueces civiles del circuito
especializados en restitución de tierras, que deciden en única instancia sobre
dichos procesos. No obstante, en los procesos en que se reconozca personería a
opositores, los jueces tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo
remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Las sentencias proferidas por los jueces civiles del circuito
especializados en restitución de tierras que no decreten la restitución a favor
del despojado serán objeto de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito
Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jurídico y la defensa de los
derechos y garantías de los despojados.
En cuanto al trámite judicial de restitución de tierras, previo el cumplimiento
del requisito de procedibilidad -esto es, haber agotado la solicitud en sede
administrativa-, pudiendo ser presentada por los legitimados para instaurarla
de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1448 de 2011 ante cualquier juez
civil municipal, del circuito o promiscuo, quien dentro de los dos (2) días
siguientes deberá remitirla al funcionario competente. Una vez admitida el juez
dará traslado de la solicitud de restitución a quienes figuren como titulares
inscritos de derechos en el certificado de libertad y tradición con el fin de
que presenten las oposiciones, en los términos de los artículos 87 y 88. A
continuación, sigue el periodo probatorio donde el juez podrá decretar pruebas
de oficio que se practicarán en un término de 20 días (artículos 89 y 90).
El proceso judicial culmina con la sentencia que definirá sobre
la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la
demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar a favor de los
opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso.[31] El cumplimiento del fallo será
inmediato y en todo caso, el juez mantendrá la competencia para garantizar el
goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso.
Contra la sentencia procede el recurso de revisión ante la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los términos de los
artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (artículo 92) -hoy
Código General del Proceso-.
4.3.
Medidas de atención para los segundos
ocupantes objeto de la intervención.
4.3.1. Los segundos ocupantes en la jurisprudencia constitucional
Esta
Corporación en la sentencia C-795 de 2014 estudió la constitucionalidad de la
expresión “dentro de los tres días siguientes al pago de las compensaciones
ordenadas por el Juez o Magistrado, cuando hubiere lugar a ello, o”,
contenida en el inciso primero del artículo 100 de la Ley 1448 de 2011. No
obstante, abordó el estudio del proceso de restitución de tierras y los
segundos ocupantes, destacando que “la problemática
del despojo envuelve la participación no solo de la víctima que persigue la
restitución de sus bienes, sino también la de terceros de buena fe, que han
celebrado negocios jurídicos sobre los predios a restituir y, además, del
Estado que en algunos casos pudo haber intervenido en la titulación de predios
baldíos[32].
En esa medida, existen unos eventuales opositores a los que también debemos
salvaguardarle sus derechos. Desde esta perspectiva, para proceder a la
compensación debe tratarse de un tercero que haya conseguido probar la buena fe
exenta de culpa,  la cual “se acredita demostrando no solo la conciencia de
haber actuado correctamente, sino también  la presencia de un comportamiento
encaminada a verificar la regularidad de la situación.”[33]
De
acuerdo con la sentencia C-330 de 2016, los segundos ocupantes son quienes
“por distintos motivos, ejercen su derecho a la vivienda en los predios que
fueron abandonados o despojados en el marco del conflicto armado interno”.
Sin embargo, según explica el fallo en cita no son una población homogénea sino
que la ocupación tiene diversas fuentes al estar conformada por colonizadores
en espera de una futura adjudicación, personas que celebraron negocios
jurídicos con las víctimas, población vulnerable que busca un hogar, víctimas
de la violencia, de la pobreza o de los desastres naturales, familiares o
amigos de despojadores, testaferros o ‘prestafirmas’ de oficio, u
oportunistas que tomaron provecho del conflicto para ‘correr sus cercas’ o para
‘comprar barato’.[34]
Acerca
de la ocupación secundaria la sentencia C-330 de 2016 afirma lo siguiente:
“Desde un punto
de vista más amplio, la ocupación secundaria puede ser resultado de estrategias
de control territorial de los grupos inmersos en el conflicto, o surgir como
consecuencia de problemas históricos de equidad en el reparto de la tierra[35];
sin embargo, con independencia de esa heterogeneidad constituyen una población
relevante en procesos de justicia transicional, y especialmente en el marco de
la restitución de tierras, como lo confirma el Manual de aplicación de los
Principios Pinheiro, previamente citado.
La Corte
Constitucional ha señalado en un amplio número de decisiones que los Principios
Pinheiro[36]
hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido lato[37]
y son indispensables para la comprensión del derecho a la restitución de
tierras. Más allá de su calificación normativa, estos principios poseen
innegable autoridad epistemológica para la solución de casos concretos de manera
compatible con las obligaciones estatales en lo que tiene que ver con la
restitución de tierras de víctimas de la violencia[38].
El
Principio 17 de este Documento tiene una característica muy particular, en
tanto no se refiere directamente a las víctimas de desplazamiento (ni a
desplazados ni a refugiados), sino a las personas que denomina segundos
ocupantes. Pero ello no resulta casual, pues concebir la restitución de tierras
sin pensar en los segundos ocupantes es un riesgo para todo proceso y política
pública de restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente, en un
escenario de transición. Las políticas públicas, normas y medidas que adopte el
Estado en torno a esa población tienen un enorme significado para las víctimas,
pues inciden en la estabilidad del proceso, en la seguridad jurídica de la
restitución y en la eficacia material de sus derechos.
En ese orden de
ideas, los conceptos “opositor” y “segundo ocupante” no son sinónimos, ni es
conveniente asimilarlos al momento de interpretar y aplicar la ley de víctimas
y restitución de tierras. En muchos casos los opositores son segundos
ocupantes, pero es posible que haya ocupantes que no tengan interés en
presentarse al proceso, así como opositores que acuden al trámite sin ser
ocupantes del predio”.
No
obstante, la Ley de víctimas y restitución de tierras les exige a todos los
opositores demostrar la buena fe exenta de culpa para acceder a una compensación
cuando resulten vencidos dentro del proceso de restitución de tierras.
La
sentencia C-330 de 2016 al decidir la constitucionalidad de la expresión ‘exenta
de culpa’ contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la ley 1448 de
2011, advirtió que la exigencia de acreditar la buena fe exenta de culpa es un
elemento relevante del diseño institucional del proceso, obedece a fines
legítimos e imperiosos encaminados a proteger los derechos fundamentales de las
víctimas en materia de restitución de tierras, revertir el despojo y
desenmascarar las estrategias legales e ilegales que se articularon en el
contexto del conflicto armado interno para producirlo[39]. Sin
embargo, concluyó:
“Esa medida
general puede traducirse en una carga desproporcionada o inequitativa para una
población específica, protegida por el derecho internacional de los derechos
humanos, y acerca de la cual el Legislador guardó silencio. Esa población está
constituida por los segundos ocupantes (personas que habitan en los predios
objetos de restitución o derivan de ellos su mínimo vital), que se encuentran
en condición de vulnerabilidad y que no tuvieron ninguna relación (ni directa,
ni indirecta) con el despojo o el abandono forzado del predio.
Dada la
complejidad de los casos de restitución de tierras, en fácticos y normativos,
la Sala considera que corresponde a los jueces de tierras estudiar estas
situaciones de manera diferencial, tomando en consideración el conjunto de
principios constitucionales que pueden hallarse en tensión, entre los que se
cuentan los derechos de las víctimas y la obligación de revelar las distintas
estrategias del despojo, en el marco del derecho civil y agrario; el principio
de igualdad material; la equidad en la distribución, acceso y uso de la tierra;
el derecho a la vivienda digna, el debido proceso, el trabajo y el mínimo vital
de quienes concurren al trámite.
En ese orden de
ideas, la Sala concluyó que existe un problema de discriminación indirecta que
afecta exclusivamente a los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad y
que no tuvieron relación (ni directa, ni indirecta) con el despojo o el
abandono forzado del predio objeto de restitución; consideró, además, que
este problema debe ser tomado en cuenta por los jueces de tierras en el marco
de sus competencias; e incorporó un conjunto de criterios para la aplicación
conforme de la ley de tierras a la Carta Política, tomando en consideración
que, en virtud de la complejidad de las tensiones constitucionales que se dan
en estos trámites y debido a la ausencia de un órgano de cierre en la justicia
de tierras, los funcionarios judiciales requieren un conjunto de criterios
orientadores para llevar solucionar la situación constitucionalmente
problemática a la que se hizo referencia en esta providencia.”.[40](Se
resalta).
En consecuencia, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión
“exenta de culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y
105 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que es un estándar que debe ser
interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos
ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido
relación directa o indirecta con el despojo; y exhortó al Congreso de la
República y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e
implementar una política pública comprensiva de la situación de los segundos
ocupantes en el marco de la justicia transicional.
En
ese sentido, el mencionado fallo definió los parámetros para esa aplicación
diferencial:
1.
La aplicación del estándar diferencial debe ser
aplicada de tal forma que “(i) no favorezcan ni legitimen el despojo (armado
o pretendidamente legal) de la vivienda, las tierras y el patrimonio de las
víctimas; (ii) no debe favorecer a personas que no enfrentan condiciones de
vulnerabilidad en el acceso a la tierra y (iii) no puede darse para quienes
tuvieron una relación directa o indirecta con el despojo”. En ese orden, le
corresponde a los jueces de restitución de tierras evaluar en cada caso y
conforme a la situación personal si debe exigírsele la buena fe simple al
aceptar “la existencia de condiciones similares al
estado de necesidad, que justifiquen su conducta”.
2.
La aplicación flexible del requisito de la
buena fe exenta de culpa debe basarse también en los derechos de los segundos
ocupantes, derivados de los principios Pinheiro y, principalmente, del
principio 17, en el principio de igualdad material, en los derechos
fundamentales a la vivienda digna y el mínimo vital, y en los artículos que
promueven el acceso a la tierra y el fomento del agro (artículos 64 y 64 CP).
3.
Los jueces de tierras como directores del
proceso deben asumir la vulnerabilidad procesal, decretar de oficio las pruebas
que sean necesarias y dar prevalencia al derecho sustancial para asegurar el
acceso de los opositores a la administración de justicia.
4.
En aplicación del principio de inmediación de
la prueba, los jueces de tierras tendrán que determinar en cada caso los hechos
materiales que rodearon el despojo porque “Existe, para algunos
intervinientes, la percepción de que los contextos de violencia eliminan
cualquier posibilidad de desvirtuar la ausencia de relación con el despojo,
debido a que si la violencia, el despojo y el abandono eran hechos notorios en
algunas regiones, nadie puede alegar que no conocía el origen espurio de su
derecho, o que actuó siquiera de buena fe simpe. Los contextos descritos hacen
parte de los medios de construcción de la premisa fáctica, es decir, de los
elementos a partir de los cuales los jueces establecen los hechos materiales de
cada caso, y deberán ser valorados en conjunto con los demás elementos
probatorios.” Ya que “Para ciertas personas vulnerables, en términos de
conocimientos de derecho y economía, puede resultar adecuada una carga diferencial,
que podría ser la buena fe simple, la aceptación de un estado de necesidad, o
incluso una concepción amplia (transicional) de la buena fe calificada”.
5.
El juez de restitución de tierras también
deberá tener en cuenta como criterios relevantes para determinar el estándar
razonable en cada caso los contextos, los precios irrisorios, la violación de
normas de acumulación de tierras, o la propia extensión de los predios.
6.
La aplicación diferencial del requisito, en los
términos del artículo 4º de la Constitución, exige una motivación adecuada,
transparente y suficiente por parte de los jueces de tierras. Aunque “en
general, la validez y legitimidad de las sentencias yace en su motivación, en
este escenario ese deber cobra mayor trascendencia, dada la permanente tensión
de principios constitucionales que deben resolverse, y en virtud a las
finalidades constitucionales que persigue la buena fe exenta de culpa”.
7.
Los jueces deben establecer “si proceden
medidas de atención distintas a la compensación de la ley de víctimas y
restitución de tierras para los opositores o no. Los acuerdos de la Unidad de
Tierras y la caracterización que esta efectúe acerca de los opositores
constituyen un parámetro relevante para esta evaluación. Sin embargo,
corresponde al juez establecer el alcance de esa medida, de manera motivada. De
igual manera, los jueces deben analizar la procedencia  de la remisión de los
opositores a otros programas de atención a población vulnerable por razones
económicas, desplazamiento forzado, edad, o cualquier otra, debe ser evaluada
por los jueces de tierras”.
Entonces, el fallo en mención reconoció
que la exigencia de acreditar la buena fe “exenta de culpa” presentaba un
problema de igualdad, puntualmente porque generaba una discriminación
indirecta dado el impacto negativo que en la práctica podía tener sobre ciertos
grupos poblacionales que se encontraran en situación de vulnerabilidad.
Por
tal razón, la Corte integró a los artículos demandados los mandatos constitucionales
de igualdad material, protección de grupos vulnerables, acceso a la vivienda y
a la tierra para los trabajadores rurales; y a partir de ello, los jueces de
tierras tendrán que aplicar el requisito de forma amplia en aquellos eventos en
que el opositor demuestre que: (i) es un segundo ocupante, (ii) se encuentra en
situación de vulnerabilidad, y (iii) su ocupación en el predio objeto de
reclamación no guarda relación directa o indirecta con el despojo.
4.3.2. Los segundos ocupantes marco reglamentario
De otra parte, desde
el punto de vista normativo, la protección a los segundos ocupantes está
reglamentada en el Decreto 440 de 2016 que
modificó el Decreto 1071 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado
con la Parte 15, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas”. En el artículo 4 adicionó el Título 1, Capítulo
1, de la Parte 15 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, así: “Medidas atención a los segundos
ocupantes. Si existieren providencias ejecutoriadas medidas y de atención a segundos
ocupantes en la acción de restitución la Unidad Administrativa Especial de Restitución
de emprenderá las acciones correspondientes a dar cumplimiento efectivo a dichos fallos”.
Asimismo, el
Acuerdo 29 de 15 de abril de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras adoptó el reglamento para
el cumplimiento de las providencias judiciales ejecutoriadas que ordenan en
general la atención a segundos ocupantes en la acción de restitución de
tierras, dispuesto en el artículo 4
del Decreto 440 de 2016.
El reglamento define como segundos
ocupantes en la acción de restitución a “aquellas personas naturales
reconocidas como tal mediante providencia judicial ejecutoriada”
y atendiendo a los principios de sostenibilidad, efectividad y carácter
transformador de la restitución de tierras, la atención a los segundos
ocupantes está conformada por un conjunto de medidas y recursos consistentes en
el acceso a tierras y/o proyectos productivos, la priorización para el ingreso
a los programas de vivienda y remisión para la formalización de la propiedad,
siempre y cuando la posesión y ocupación con el predio objeto de restitución,
la cual deberá ser anterior a la macrofocalización de la zona intervenida. Además,
dispone que “En el caso que el segundo ocupante sea víctima del conflicto
armado, las medidas descritas en el presente Acuerdo, se entenderá, que hacen
parte del Plan de Atención y Reparación Integral a que tienen derecho, según lo
señalado en la Ley 1448 de 2011.
Dicho reglamento fija los criterios que
se deben seguir para atender a los segundos ocupantes, clasificados
así: (i) ocupantes secundarios sin tierra que habitan o derivan del predio
restituido sus medios de subsistencia[41];
(ii) ocupantes secundarios poseedores u ocupantes de tierras distintas al
predio restituido, que habitan o derivan del predio restituido sus medios de
subsistencia[42];
(iii) ocupantes secundarios propietarios de tierras distintas al predio
restituido, que habitan o derivan del predio restituido sus medios de
subsistencia[43];
y (iv) ocupantes secundarios que no habitan ni derivan del predio restituido
sus medios de susbsistencia.[44]
Particularmente, en relación con los segundos
ocupantes incluidos en el registro único de víctimas, el reglamento dispone que
la Unidad de Restitución de
Tierras remitirá a la Unidad para l Atención y Reparación Integral a las Víctimas
serán priorizados, con el fin de lograr su atención y reparación integral de
manera preferente.
El Acuerdo 29 de 2016 prevé que una vez emitida la providencia mediante la
cual se reconoce al segundo ocupante, la Subdirección General de la Unidad
procederá a expedir un acto administrativo de inicio del procedimiento en el
cual se ordenará la caracterización respectiva, la determinación de la medida y
fijará el trámite para su cumplimiento correspondiente para cada
caso. Una vez culminado este trámite se dará cumplimiento a la medida de
atención correspondiente a cada beneficiario a través de la entrega de predios,
proyectos productivos, subsidio de vivienda o asignación de dinero.[45]
4.4 Caso concreto.
4.4.1. Recapitulación
del caso bajo estudio
La acción
de tutela fue interpuesta por el Personero Municipal de San Pedro de Urabá,
actuando en representación de Wilson Manuel Hernández Cuadrado y
otros, quienes en su mayoría[46],
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
los ha reconocido como víctimas
del desplazamiento forzado y originarios de distintos lugares del Urabá.[47]
Desde los
años 90 han vivido en las parcelas que se encuentran dentro del predio de mayor
extensión conocido como finca “La navidad”, ubicado en la vereda Caimán
San Pablo del corregimiento El Tomate del municipio de San Pedro de Urabá, que les fue entregada por el paramilitar conocido
como alias “Choroto” -identificado por los demandantes como líder
comunitario-, señalado como administrador de la finca “La 35”, propiedad de la
familia Castaño Gil y lugar donde operaba ilegalmente el centro de
adiestramiento paramilitar.
Las AUC
ejercían el dominio en la zona a través de las armas, despojaban a propietarios
de tierras de la región para luego ser entregadas a testaferros encargados de
administrarlas, con el fin de asegurar el control territorial y, según el
relato de los demandantes: “decidían después de una entrevista si
podían habitar en el territorio, si no tenían donde vivir, mediante una especie
de reforma agraria les entregaban (adjudicaban) una parcela en los predios que
habían comprado las autodefensas (entre otras, finca la navidad), para que
cultivaran, les ayudaban a construir una vivienda campesina, les entregaban
semillas para que cultivaran, otras familias llegaban desplazadas de otros
lugares y las Autodefensas las incluían en esta modalidad de distribución de la
tierra”.[48]
Enterados
del proceso de restitución de tierras que actualmente se adelanta sobre el
predio conocido como “La navidad” por parte de los propietarios que fueron
desplazadas y despojados de sus tierras en los años 90, los actores acudieron
al recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a
la igualdad, a la vida digna, a la integridad personal, de petición, al
trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a
la protección especial de la tercera edad y las mujeres cabeza de familia.
En
consecuencia, pretenden que
se ordene a la
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras suspender todos los
procesos de restitución de tierras que se adelanten en el predio “La navidad”;
y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la
Violencia presentar un plan de acción con proyectos, cronograma, responsables y
disponibilidad presupuestal que permita la reparación integral de las víctimas
del desplazamiento forzado que habitan “la navidad”.
En
instancia, el Juzgado Laboral del Circuito de Turbo declaró improcedente la
solicitud de amparo, ya que la vulneración alegada por los demandantes no
encuentra soporte en derechos reales emanados del predio tales como el de
dominio, uso, usufructo, habitación, herencia, prenda o hipoteca, ni por la
afectación del modo de la ocupación, para lo cual existen otros medios de
defensa administrativos (acción policiva) y judiciales (civil o contencioso
administrativa). Además, no se demostró el inicio de alguna actuación por parte
de la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras.
4.4.2. Contexto histórico de violencia
de la zona de San Pedro de Urabá
Durante
el siglo XIX el Urabá fue una región de colonización con poca densidad
demográfica por parte de grupos indígenas Emberá y con una fuerte migración de
poblaciones afrodescendientes y de campesinos. Durante el siglo XX la carretera
al mar permitió la introducción de la industria ganadera y maderera, así como
la llegada de nuevos obreros urbanos y campesinos provenientes de Antioquia y
Córdoba. Con la nueva población del territorio se amplió la frontera agrícola,
llamando la atención sus tierras cultivables para frutas, cacao, palma, entre
otros.[49]
En
la década de los 70 en el Urabá se asentaron multinacionales como United
Brands -Chiquita Brands- o Standart Fruits que producían
banano u otras dedicadas a la ganadería, industria maderera, minería y
agroindustria. Dicha explotación económica generó una importante riqueza y al
mismo tiempo, surgieron agremiaciones de trabajadores que buscaban mejorar sus
condiciones laborales[50],
dando lugar a conflictos con la industria bananera, que fue reprimida por el
Estado con la militarización de las fincas en las que se desarrollaban huelgas
o protestas. En ese escenario de protestas de origen laboral, se hicieron
espacio a través del trabajo político y de ideología las guerrillas de las Farc
y el EPL.[51]
El municipio de San Pedro de Urabá
fue fundado a mediados de los años 50 y declarado municipio
en 1978. Está localizado en la región de Urabá al noroccidente del departamento
de Antioquia,
con una extensión de 476 km², está dividido en 5 corregimientos -Santa Catalina,
Zapindonga, Arenas Monas, El tomate y Alto San Juan- y 65 veredas, con una
población de 29.784 habitantes.[52]
Desde
su nacimiento el poblado ha estado en medio de la violencia, inicialmente por
la denominada época de la violencia bipartidista a mediados del siglo XX[53] y
posteriormente con el surgimiento de las guerrillas, inicialmente defensoras
del territorio, pero que posteriormente se convirtieron en guerrillas móviles
que se replegaron a distintas partes del país, entre ellos el Urabá, donde las
recién conformadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC[54]
crearon el frente V y donde el EPL ejerció influencia a través de las bases
sindicales de los trabajadores de las multinacionales bananeras. Paralelo y
posterior al surgimiento y auge de los grupos guerrilleros surgen “autodefensas”
que derivarían en grupos de delincuencia organizada, conocidos como “paramilitares”.[55]
En
la década de los setenta surgen los grupos de autodefensa en el Magdalena Medio
y Córdoba, que posteriormente se conocería como el fenómeno paramilitar que
se expandió y consolidó a finales del siglo XX e inicios del XXI. Nacieron con
un carácter militar basado en un discurso antisubversivo y de defensa legítima[56],
pero poco a poco fueron desarrollando alianzas económicas con grandes empresas
a fin de alcanzar la pacificación de relaciones laborales, agrarias, o
políticas en regiones fuertemente ideologizadas. La expansión de la frontera
agrícola a territorios rurales que antes de la llegada de los paramilitares no
participaban de las lógicas de la economía de mercado y que con la expulsión o
desplazamiento empieza a hacerlo; el desarrollo de una alianza con sectores
económicos legales e ilegales -narcotraficantes, contrabandistas, traficantes
de armas- con el fin de garantizar la normalidad y la seguridad en el proceso
de extracción de riqueza, hasta administrar la seguridad de regiones enteras,
en las que las acciones antisubversivas fueron relegadas a planos secundarios.
[57]
En
el año 1979 el secuestro y posterior homicidio de Jesús Antonio Castaño
González -padre de los hermanos Castaño Gil-  a manos de las Farc, sirvió de
antecedente para que en 1985 Fidel Castaño Gil -hacendado y ganadero del
municipio de Valencia, Córdoba- liderara la conformación de una asociación de
autodefensa con el fin de enfrentar las amenazas y agresiones de la guerrilla.
Como centro de reunión y adiestramiento con militares y mercenarios extranjeros
fue utilizada la finca de su propiedad llamada “Las Tangas” y siguiendo
los modelos de autodefensas creados en el Magdalena Medio fundó el grupo “Los
Tangueros” o los “Mochacabezas”, conformado por hombres llegados de
Amalfi, Segovia, Yolombó, Remedios así como por vecinos de los hermanos Castaño
Gil.[58]
De
acuerdo con la Corte Interamericana de Justicia y las sentencias proferidas en
el marco de la ley de justicia y paz de los Tribunales Superiores, “Los
Tangueros” se encargaron de imponer el terror a través de agresiones a la
población civil desarmada, bajo el señalamiento de ser colaboradores del bando
opuesto. Asimismo, se encargaron de efectuar desde las propiedades de Castaño
Gil innumerables homicidios en persona protegida, así como masacres conocidas
como la de Segovia, Pueblo Bello, “la Negra”, el “Tomate”, “Honduras”, “la
Saiza” “Granada”, “Currulao, “La Rochela”, “19 comerciantes”, entre otras. Y
paralelamente, las Farc también efectuaba ataques a personas acusadas de ser
informantes del Ejército, dando como resultado, graves violaciones a los
derechos humanos contra la población civil, tales como la masacre de la
“Chinita”, los “Kunas” y del “Oso”.[59]
En
la década de los 80, durante la expansión y fortalecimiento de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, cobra importancia la región del Urabá,
dada su ubicación geográfica, la concentración de inversión extranjera, el
conjunto de movimientos sociales politizados y la presencia de grupos como las
FARC y el EPL.[60]
Así las autodefensas utilizaron el Urabá como zona piloto del modelo
paramilitar de los hermanos Castaño quienes también fundaron un grupo
paramilitar conocido como “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”, el
cual tuvo influencia en la zona de Urabá donde se utilizaron las armas como un
mecanismo para enfrentar manifestaciones de conflicto social, político y
agrario, y así lograr la pacificación de movilizaciones sociales.[61]
En
1991 se desmovilizan “Los Tangueros” de Fidel Castaño y, luego, también lo hizo
el EPL, dando lugar a la conformación del partido político “Esperanza Paz y
Libertad” y de otra parte, los paramilitares y las Farc recibieron a otros
remanentes no desmovilizados, desatando una persecución contra los militantes del
recién creado partido político, quienes crearon grupos de autodefensa
denominados “Los Comandos Populares”, cuyo objeto era protegerse de las
agresiones de las FARC. Luego, estos comandos, fueron cooptados con la
incursión de los grupos paramilitares en la región.[62]
En
el marco de los acuerdos de paz de las guerrillas de la región y la
desmovilización de “Los Tangueros”, se crea la Fundación por la Paz y el
Desarrollo de Córdoba -Funpazcor- , dirigida por la cuñada de los hermanos Castaño
Gil, Sor Teresa Gómez o ‘Teresita Gómez’, que entregó la finca Las Tangas,
Santa Paula, Cedro Cocido, Santa Mónica, Pasto Revuelto y Jaragua para que
fuesen parceladas y otorgados títulos de propiedad a campesinos pobres y a
víctimas del conflicto armado.[63]
Dicha
organización también repartió tierras en Amalfi, San Carlos, Segovia y el Urabá
con el “objetivo” de lograr “una reforma agraria” en el norte del
país, a fin de evidenciar la eficiencia del proyecto paramilitar y lograr la
simpatía de la fuerza social. Sin embargo, la entrega de los predios contenía:
“dos restricciones de gran importancia que escondían “un despojo que pasó
por simulación de reforma agraria”49. La primera cláusula tenía que ver con que
estaba “prohibido realizar cualquier transacción comercial [de las tierras] sin
permiso de Funpazcor”. La segunda restricción giraba en torno al uso de las
tierras donadas; a cada familia se le elaboró una escritura de adjudicación con
las condiciones de entrega, donde se impedía “la enajenación y/o
establecimiento de habitación, así como el cercamiento de los terrenos”. Las
donaciones se legalizaron en la notaría 12 de Montería, mientras que algunas de
las escrituras de adjudicación de los predios donados se realizaron en
la notaría 10 de la ciudad de Medellín. Como lo ha mencionado el Grupo de
Memoria Histórica (MH), “en estas condiciones, era altamente probable que la
escritura hubiera permitido la materialización del testaferrato”[64]
En
1994 es asesinado Fidel Antonio Castaño, por lo que Carlos y Vicente, los
hermanos que le sobreviven, recogen el proyecto paramilitar expandiendo sus
estructuras hacia el Urabá[65],
principalmente en el eje bananero, para lo cual se concentraron en la finca “La
35” donde asentaron la escuela ilegal de entrenamiento militar, reconociendo la
importancia estratégica, geográfica y económica de la región, por lo que
reclutan y cooptan grupos de seguridad privada y delincuencia común ya
existentes y los articulan a una estructura centralizada y con proyecciones más
regionales. Así es como la mitad de los 90 está marcada por una nueva era que
implicó la unión de todas las estructuras paramilitares del país, dando lugar a
la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-.[66]
Desde
la incursión de las autodefensas en el Urabá hubo un fortalecimiento de dichos
grupos gracias a las alianzas hechas con empresarios de la región, ganaderos y
hacendados[67],
quienes al igual que las empresas bananeras, los financiaban para la obtención
de terrenos que posteriormente, serían utilizados para el cultivo, dando lugar
al despojo de tierras y el desplazamiento forzado.[68]
Sin
embargo, estos no fueron los únicos métodos de adquisición de la tierra por
parte de los paramilitares, quienes una vez asentados y ejerciendo el control
territorial, acudían a distintas figuras legales e ilegales para hacerse a la
titularidad de los predios a través de lo que ellos llamaban una “reforma
agraria”, para lo cual utilizaban testaferros y entregaban la
administración de esas tierras a aquellos que se comprometieran a mantener el statu
quo.[69]
Sin embargo, no sobra advertir que el recrudecimiento del conflicto entre 1995
y 1998 que derivó en el retiro de los bloques guerrilleros en la zona norte y
al dominio de los grupos paramilitares[70] en lo que se conoció
como la retoma del Urabá, que también se debió a las operaciones conjuntas
realizadas con el Ejército Nacional, generando aún más desplazamiento forzado
de la población civil.[71]
Encontrándose la región del Urabá bajo
el dominio paramilitar, fue fundada una de las escuelas de formación para
combatientes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá[72],
conocida como “La 35” ubicada entre los corregimientos El Tomate y San
Pablo del municipio de San Pedro de Urabá, de propiedad de los hermanos Fidel, Carlos
y Vicente Castaño que funcionó entre 1994 y 2003.[73] Según
las declaraciones de exparamilitares postulados a Justicia y Paz, para el año
1997 se entrenaron aproximadamente 2000 hombres, principalmente del Bloque
Norte y de Chocó.[74]
En 1998 en la carretera entre El Tomate
y San Pablo existió otro campo de entrenamiento paramilitar conocido como
“Acuarela” que significaba Adiestramiento de Cuadros y Reentrenamiento de las
Autodefensas. En ella se entrenaban los paramilitares que tenían rangos de
mando, los cuales eran denominados como cuadros, en dicho lugar se entrenaron a
alias “Cuchillo”, “Careloco” y “Choroto”[75], este último
posteriormente se convirtió en el administrador de la finca “La 35” y según el
relato de los demandantes, fue quien les donó las parcelas pertenecientes a “La
navidad”.
En
2004 muere Carlos Castaño y su hermano, Vicente Castaño junto con Sor Teresa
Gómez, participan en la “recuperación” de la tierra que los Castaño habían
donado a través de Funpazcor a los desplazados y reinsertados del EPL entre
1990 y 1991. Funpazcor y las tierras ‘recuperadas’ servirían como fachada para
“la adquisición ilegal de tierras, tráfico de armas y lavado de activos
provenientes de actividades ligadas al narcotráfico”[76]
Posterior
a la desmovilización de las AUC con la ley de justicia y paz, se crearon grupos
neoparamilitares y grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, la
extorsión, secuestro, desplazamiento forzado, despojo de tierras, entre otros,
como “Los urabeños”, “Los rastrojos”, “Las águilas negras”, “El clan úsuga”,
“La oficina de envigado”, “El clan del golfo”, entre otros, que aún ejercen
control territorial en la zona del Urabá.[77]
Lo
anterior evidencia que la región donde está ubicado el municipio de San Pedro
de Urabá ha estado marcada por el conflicto armado interno y, como
consecuencia, la población ha sido víctima del desplazamiento forzado y del
despojo de tierras, lo cual en algún modo coincide con las afirmaciones hechas
por los demandantes en el escrito y demás declaraciones allegadas al proceso de
tutela.
4.4.3.
Factores a tener en cuenta por el juez especializado en restitución de
tierras e improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto
De acuerdo con los expuesto en el título
denominado “procedencia excepcional de la acción de tutela en procesos de
restitución de tierras”, esta Corporación ha reconocido que la Ley de
víctimas y restitución de tierras creó un procedimiento especial diseñado con
el fin de atender precisamente a personas en condiciones de vulnerabilidad por
ser víctimas del conflicto interno, por lo que resulta improcedente por regla
general controvertir o ventilar tales situaciones a través de la acción de
tutela.
Lo anterior tiene asidero en la
naturaleza misma de la acción de amparo y en la finalidad de la Ley 1448 de
2011, que desarrolló un esquema de atención, protección y reparación para las
víctimas de la violencia. Es por ello que, en principio, el juez constitucional
debe dar prelación al trámite especializado en restitución de tierras y no
activar el dispositivo de la acción de tutela cuyo carácter residual, informal
y expedito no permite, en principio, adoptar una medida de reparación que
cumpla con los postulados, propósitos y objetivos para los cuales fue diseñada
la preceptiva en mención.
Ello no quiere decir que en situaciones
excepcionales el juez de tutela deba intervenir en los procesos de restitución
de tierras cuando se encuentren amenazadas garantías fundamentales que lleven a
perpetuar situaciones de despojo y hechos revictimizantes.
En el asunto sub-examine los
demandantes acudieron a la acción de tutela cuando se enteraron de la
existencia de una reclamación sobre el predio “La navidad” y a pesar de que
afirman haber sido vinculados al proceso de restitución de tierras en calidad
de segundos ocupantes, pretenden que (i) a través de este mecanismo se suspenda
el proceso, aduciendo hallarse en situación de vulnerabilidad; y (ii) se le
ordene a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas presentar
un plan de acción con proyectos, cronograma, responsables y disponibilidad
presupuestal que permita la reparación integral de las víctimas del desplazamiento
forzado que habitan “La navidad”.
De acuerdo con los informes rendidos y
las pruebas allegadas por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, la mayoría de los actores se encuentran inscritos en el Registro
Único de Víctimas como desplazados y, por ello, han venido recibiendo ayudas
humanitarias por parte del Estado. En igual sentido está el informe de
caracterización realizado por la Unidad de Restitución de Tierras que da cuenta
del origen de los demandantes y las circunstancias en que accedieron a sus
parcelas en “La navidad”.
La Sala no pasa
por alto que la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas informó el estado de valoración de los demandantes quienes han
recibido dinero en efectivo por concepto de Ayuda Humanitaria, así como
subsidios por parte del ICBF y para vivienda a través de los jefes de hogar,
excepto Remberto Antonio Lozano Suárez, que no se encuentra incluido.
Con base en lo expuesto, la Sala
reconoce la situación de vulnerabilidad de los actores, quienes han sido
reconocidos como víctimas de la violencia y que por tal motivo tuvieron que
desplazarse de su lugar inicial de habitación, razón por la cual el Estado les
ha brindado la atención y las ayudas humanitarias previstas para esa población.[78]
No obstante, la discusión planteada con
la acción de tutela si bien guarda alguna relación con dicho fenómeno, lo
cierto es que está encaminada a suspender la actuación adelantada por la Unidad
de Restitución de Tierras Despojadas sobre el predio “La navidad”, a
pesar de haber sido vinculados al proceso como segundos ocupantes.[79]
En
ese orden, le corresponde a la Corte determinar la procedencia de la acción de
tutela partiendo de su condición de víctimas[80] que reciben
ayudas del Estado para lograr la estabilización socioeconómica y centrado en la
calidad de segundos ocupantes que solicitan la suspensión del proceso de
restitución de tierras que cursa en el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Restitución de Tierras de Apartadó.
Esto
quiere decir que basándose en el precedente jurisprudencial expuesto en esta
providencia, debe establecerse si en el asunto sub- examine el mecanismo
principal -la jurisdicción civil especializada de tierras- resulta idónea y
eficaz para garantizarles la protección de los derechos invocados por los
actores.
Esta Corporación
estima que dadas las particularidades del caso planteado y partiendo del hecho
de que los demandantes han sido vinculados al trámite de restitución de
tierras, le corresponde al juez especializado en restitución de tierras dirimir
este asunto en orden al material probatorio recaudado atendiendo a los
parámetros establecidos en la sentencia C-330 de 2016, donde partiendo de la
regla general de la buena fe exenta de culpa, debe estudiarse cada situación de
manera diferencial, tomando en consideración los principios de inmediación e
inversión de la carga de la prueba. Así a partir de la decisión de la Corte, el
proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria deberá regirse bajo las
siguientes reglas:
“(a)
Basta con la acreditación de prueba sumaria de la propiedad, posesión u
ocupación y el reconocimiento como desplazado o la prueba sumaria del despojo
para que se traslade la carga de la prueba a quienes pretendan oponerse a la
pretensión de la víctima en el proceso de restitución;
(b)
Además de las víctimas, las autoridades concernidas en el proceso de
restitución también deben asumir un rol activo y comprometido, encaminado a
determinar la ocurrencia del daño sufrido. Esto supone que los funcionarios y
las funcionarias deben obrar al mismo tiempo con celeridad y flexibilidad
razonable frente al recaudo, la aceptación y valoración de las pruebas a favor
de la víctima.
(c)
Quienes administran justicia en los procesos de restitución deben contribuir a
evitar la duplicidad en la práctica de pruebas y las dilaciones innecesarias en
el proceso, ocasionada en la práctica de pruebas impertinentes e inconducentes
(artículo 89)”.[81]
Más
adelante, la sentencia en cita sostuvo:
“Para hallar una
decisión adecuada, la Sala explicará la naturaleza de las experiencias que, de
acuerdo con las intervenciones y el análisis desarrollado hasta el momento,
pueden presentarse en el trámite de restitución de tierras, distinguiendo
además entre las que tienen que ver con la posibilidad de asumir la carga de la
prueba y aquellas que se relacionan con la exigibilidad del requisito
sustantivo de buena fe exenta de culpa. De una parte, se discute la posibilidad
de que una persona que actúa como opositor en el trámite de restitución de
tierras pueda hallarse en una situación de debilidad similar a la de la
víctima. Por otra, se han descrito distintas hipótesis en las que podría
considerarse problemático exigir la demostración de la buena fe exenta de
culpa. El siguiente cuadro ilustra algunas de esas dificultades:
Cuadro 4. Posibles dificultades
Ámbito de la regulación
Experiencias que generan los casos difíciles
Carga de la prueba
Debilidad procesal (ausencia de asesoría legal,
dificultades para acudir al proceso, ausencia de medios económicos o técnicos
para obtener las pruebas requeridas)
Hecho a probar: actuación de buena fe exenta de
culpa al momento de ocupar el predio
La aplicación del estándar general a
personas que carecen de vivienda, son vulnerables para económicamente, se
encuentran situación de desplazamiento, no tuvieron relación con el despojo,
llegaron al lugar en virtud de la necesidad de satisfacer un derecho
fundamental (estado de necesidad), o por coacción, entre otras posibles.
Pues bien, para
enfrentar las dificultades descritas, lo primero que debe decirse es que la
‘vulnerabilidad’ o las condiciones personales de debilidad relevantes deben
analizarse en torno al escenario normativo en donde se solicita un trato
diferencial favorable. Así, en lo que tiene que ver con la carga de la prueba,
la vulnerabilidad tendría que ver con la debilidad procesal o la presencia de
circunstancias que hacen surgir en el juez la obligación de alivianar las
cargas procesales, mientras que la característica  en lo que concierne al hecho
a probar, se refiere a las condiciones personales del interesado al momento de
llegar al predio y con la pregunta acerca de cuál es el nivel de diligencia con
el que debió actuar.
El sentido de la
decisión debe tomar en consideración, entonces, dos aspectos distintos: la
vulnerabilidad en el marco del proceso (debilidad procesal), la vulnerabilidad
en lo que tiene que ver con la aplicación de la buena fe exenta de culpa.
En lo que tiene
que ver con la carga de la prueba para personas vulnerables en términos
procesales, la Sala estima que esta debe ser asumida directamente por los
jueces, en virtud de los principios de igualdad (compensación de cargas),
prevalencia del derecho sustancial (eliminación de obstáculos para llegar a una
decisión justa) y dirección judicial del proceso.
Esto significa
que la forma de proteger a las personas vulnerables que actúan como opositores
dentro del proceso judicial de restitución de tierras, sin imponer nuevas
cargas a las víctimas, consiste en procurarle asistencia de la Defensoría
Pública cuando lo requiera y decretar las pruebas de oficio que considere
necesarias, siempre que cuente con elementos de juicio para considerar que el
ejercicio de esta facultad es necesario para acercar la verdad real a la verdad
procesal.
En lo que tiene
que ver con el hecho calificado, o la buena fe exenta de culpa al momento de
ocupar el predio, lo primero que debe resaltarse es que esta constituye la
regla general, que debe  observarse en la gran mayoría de los casos, pues es la
decisión adoptada por el Legislador en defensa de las víctimas, y en
consideración a la magnitud del despojo, la usurpación y el abandono forzado de
los predios, derivados del conflicto armado interno”.
Ahora bien, como se ha expuesto dicho
fallo identificó a los segundos
ocupantes como aquellos que “por distintos motivos, ejercen su derecho a la
vivienda en los predios que fueron abandonados o despojados en el marco del
conflicto armado interno” y los diferenció entre (i) colonizadores en
espera de una futura adjudicación, (ii) personas que celebraron negocios
jurídicos con las víctimas, (iii) población vulnerable que busca un hogar,
(iii) víctimas de la violencia, de la pobreza o de los desastres naturales,
(iv) familiares o amigos de despojadores, testaferros o ‘prestafirmas’
de oficio, u (v) oportunistas que tomaron provecho del conflicto para ‘correr
sus cercas’ o para ‘comprar barato’.[82]
Las
anteriores distinciones se hicieron con el fin de otorgar un trato equitativo a
los segundos ocupantes que en determinadas circunstancias no se hallarían en
capacidad de demostrar que accedieron a los predios objeto de la restitución
con buena fe exenta de culpa. Por ello se fijó la regla de que los jueces de
tierras deben aplicar el requisito de forma amplia en aquellos eventos en que
el opositor demuestre que: (i) es un segundo ocupante, (ii) se encuentra en
situación de vulnerabilidad, y (iii) su ocupación en el predio objeto de
reclamación no guarda relación directa o indirecta con el despojo.
Cumplidos
los anteriores supuestos, la Corte anota que la exigencia de la buena fe exenta
de culpa debe morigerarse y atemperarse con la realidad social, a fin de
proteger de manera real y efectiva tanto a los reclamantes de tierras como a
los opositores vulnerables que llegaron y ocuparon un predio sin tener relación
alguna con el despojo, ya que ambos son víctimas.
Aplicando
las anteriores reglas, sin lugar a dudas la Sala concluye que el escenario
idóneo de debate es ante la justicia especializada en restitución de tierras,
porque será en dicho proceso donde producto de la actividad probatoria se
demuestre que los demandantes son segundos ocupantes de buena fe exenta de
culpa, correspondiéndole al juez natural determinar con base en las pruebas
recaudadas al interior de ese trámite, el cumplimiento de los presupuestos
desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
Si
bien es cierto que los demandantes han sido reconocidos como víctimas del
desplazamiento forzado, también lo es que en la actualidad habitan en las
parcelas que conforman la finca “La navidad”, a la cual llegaron al
escuchar que las AUC -como ya lo ha aclarado la Sala, en ejercicio del dominio
paramilitar a través del terror y las armas, despojaban tierras y las
entregaban a testaferros o administradores con el fin de que fuesen explotadas
y así mantener el control territorial- estaban entregando tierras y accedieron a
dichos predios en virtud de lo que los actores identifican como una “reforma
agraria” adelantada por los paramilitares -como se vio el líneas anteriores,
se trató de un actuar ilegal al que a través de las armas sometieron a
propietarios originales de predios en la región del Urabá y otros-.
Ante
la reciente reclamación presentada por la señora Ayda Mercado Mesa Murillo, propietaria
originaria del predio “La navidad” despojado por las AUC, cuya solicitud
de inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente
fue aceptada y el trámite de restitución está cursando con la intervención de
los demandantes, es que estos últimos acuden al amparo. Sin embargo, la Corte
considera que esta controversia debe ser dirimida en la justicia especializada
de tierras, cuyas reglas procedimentales sobre el recaudo probatorio, la
inversión de la carga de la prueba, las facultades oficiosas del juez como
director del proceso y la aplicación del principio de la inmediación, aseguran
la efectiva garantía de los derechos fundamentales e intereses de las partes.
En
ese orden, es en el proceso de restitución de tierras donde los accionantes deben
controvertir la restitución del predio que habitan, debiendo acreditar su
condición de segundos ocupantes de buena fe exenta de culpa, en el entendido de
que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma
diferencial, ante condiciones de vulnerabilidad y relación directa o indirecta
con el despojo, conforme a los lineamientos de la sentencia C-330 de 2016.[83]
Admitir
la procedencia de la pretensión de los demandantes en sede de tutela no solo
desconocería los fines constitucionales que persigue la ley de víctimas y de
restitución de tierras en el marco de una justicia transicional, sino que
además supondría la convalidación de una situación que pese a la actividad
probatoria desplegada por esta Corte no fue demostrada, correspondiéndole
entonces al juez especializado en restitución de tierras dirimir la presente
controversia determinando con precisión las circunstancias reales que rodean
los hechos que motivaron la presentación de la acción de tutela en el contexto
de violencia y despojo de la región, de cara a la reclamación que adelanta la
señora Ayda Mercado Mesa Murillo y demás elementos de prueba que obren en ese
proceso.
Adicionalmente,
es preciso anotar que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, al juez
de tutela le está vedado intervenir en un proceso judicial que aún se encuentra
abierto y con etapas por agotar. En tal sentido, la sentencia SU-659 de 2015,
afirmó lo siguiente:
“Cuando
corresponde definir la intervención del juez constitucional; este  debe tener
presente dos posibles hipótesis; i) que el proceso ordinario se encuentre
finalizado; ó ii) que el mismo se encuentre en trámite. Frente a la segunda, la
intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe
la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la
vulneración de derechos fundamentales[84].
Si el proceso judicial ya ha concluido, corresponde precaver que no se busque
revivir oportunidades procesales vencidas y que no se emplea la acción de
amparo como una instancia adicional[85].”
Conforme
a lo anterior, la presente tutela es improcedente en la medida que aún está
cursando el proceso de restitución de tierras ante la jurisdicción ordinaria,
por lo que se reitera que será en ese proceso donde los actores hagan valer su
defensa y las pruebas que consideren pertinentes.
De otra parte, en relación con la
pretensión de que se ordene a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas presentar
un plan de acción con proyectos, cronograma, responsables y disponibilidad
presupuestal que permita la reparación integral de las víctimas del
desplazamiento forzado que habitan “La navidad”, la Sala precisa que
conforme a los informes y pruebas aportados por la entidad mencionada, los
demandantes han sido atendidos y vienen recibiendo las ayudas que ofrece el
Estado a la población desplazada hasta tanto alcancen la estabilización
socioeconómica. En igual sentido, la Unidad de Restitución de Tierras
Despojadas informó que adelantó el proceso de caracterización encaminado a
otorgarles medidas de salvaguarda a los segundos ocupantes. Es decir que en
este caso, las citadas instituciones han protegido a los actores y han puesto
en marcha mecanismos de protección diseñados por la ley, sin que se vislumbre
la vulneración de los derechos fundamentales, razón por la cual dicha solicitud
será negada.
En
esas condiciones, la solicitud de tutela propuesta por los actores es
improcedente por lo que se confirmará la decisión de instancia proferida por el Juzgado Laboral
del Circuito de Turbo el 4 de septiembre de 2015, que decidió la solicitud de
amparo formulada por Gonzalo Gabriel Garcés Llanos en calidad
de Personero Municipal de San Pedro de Urabá (Antioquia) y actuando en
representación de Wilson Manuel Hernández Cuadrado y otros, contra la
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas y la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia, por las
razones expuestas en este proveído.
Finalmente, la Sala no pasa por alto que
si bien los demandantes afirmaron haber sido vinculados al proceso de
restitución de tierras, lo cierto es que existe la posibilidad de que no se
hayan hecho parte, haciendo necesario proteger el acceso a la administración de
justicia y, en consecuencia, se ordenará al Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Restitución de Tierras de Apartadó que vincule al
trámite judicial a los demandantes, en calidad de segundos ocupantes, en caso
de que no se hubiesen hecho parte. Para el efecto, la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas y la Defensoría
del Pueblo tendrá que brindar el respectivo acompañamiento.
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO:
LEVANTAR la
suspensión de términos decretada mediante providencia de 10 de mayo de 2016.
SEGUNDO:
CONFIRMAR
la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Turbo el 4 de
septiembre de 2015, que declaró improcedente la solicitud de amparo formulada
por Gonzalo
Gabriel Garcés Llanos en calidad de Personero Municipal de San Pedro de Urabá
(Antioquia) y actuando en representación de Wilson Manuel
Hernández Cuadrado, Elian David Hernández Pitalua, Amada Julia Pitalua Zurita,
Mirley Patricia Hernández Pitalua, Wilmar de Jesús Hernández Pitalua, Pedro
Manuel Velásquez Pastrana, Yamile María Ricardo Cuadrado, Luisa Velásquez
Ricardo, Naudith del Carmen Velásquez Ricardo,  Andrés Fernando Velásquez
Ricardo, María Osirios Velásquez Ricardo, Manuel Esteban Ramos Ricardo, Neider
Manuel Ramos Gómez, Ana Delfa Gómez González, Graciela del Cármen Ramos Gómez,
Yonier Fidel Ramos Gómez, Pedro Manuel Molina Fabra, Juan Felipe Molina
Benitez, Eder Manuel Hernández Banquet, Lina María Morales Páez, Dair Antonio
Hernández Morales, Miryam Morales Páez, Jadi Jadith Triana Morales, Eder
Segundo Hernández Morales, Enaldo Alfonso Hernández Morales, Rafael Segundo
Morales Páez, Yenis Yamile Castaño García, Karen Nayidi Páez Castaño, Jamir
Páez Castaño, Mario Armando Páez Castaño, Luz Danelly Pinto Castaño, Luís
Carlos Durango Pérez, Adolfina Martínez Guerra, María Angélica Pérez Galeano,
Elkin Enrique Martínez Madera, Dalis Cecilia Hernández Cuadrado, Luís Daniel
Martínez Hernández, Keila Andrea Martínez Hernández, Yerlis Yaneth Argumedo
Hernández, Sandra Marcela Argumedo Hernández, Leyda Patricia Argumedo
Hernández, Remberto Donato Lozano Guerra, Ana Rosa Suárez Barba, Daniela Urbiña
Lozano, Liliana Rosa Hernández lozano, Remberto Antonio Lozano Suárez, Efraín
Gregorio Gómez Díaz, Marlon Yesid Gómez Cuadrado, Manuel Esteban Gómez
Cuadrado, Francisca del Carmen Cuadrado Medrano, Betilda Rosa Molina Benítez, Yulieth
Cecilia Padilla Molina, Libardo Antonio Padilla Molina, Leanis Padilla Molina,
Oberto Galindo Villadiego,  Bárbara María Martinez Contreras, Álvaro Javier
Galindo Martínez, Jorge Iván Galindo Martínez, Elver David Galindo Martínez,
Rosiris del Carmen Avilez Cabarca, Iván Darío Hoyos Serpa, Darío Hoyos Serpa,
Beatriz del Carmen Cabarca Muñoz, Bricela del Carmen Bacilio Márquez, Ronaldo
José Lagares Bacilio, Braulio José Lagares Galindo, Luís Enrique Lagares
Bacilio, José Antonio Cabarca Muñoz, Nur María Avilett López, Daniel de Jesús
Pérez Cabarca, Ruth Marina Quiñonez Cabarca, José Antonio Cabarca Muñoz,
Porfirio Antonio Hoyos Parra, Sixta Julia Arrieta Pérez, Luís ángel Hoyos
Bacilio, Yudis María Contreras Arcia, Emilio Enrique Páez, Jhon Fredy Contreras
Arcia, Elida Rosa Moncada Contreras, Yanuary Moncada Contreras, Julio Cesar
Contreras Galindo, Luz Marina Contreras Martínez, José Luís Cevilla Contreras,
Enaudis Contreras Martñinez, Rosiris del Carmen Martínez, Paula Andrea
Contreras Martínez, Liny del Carmen Contreras Martínez, Alfredo Manuel Gómez
Cuadrado, Jaidys Iris Espitia Correa, Iván David Gómez Espitia, Kale Gómez
Espitia, Paula Andrea Gómez Espitia, Arnulfo Lozano Suárez, Eloina del Carmen
Suárez Torres, Yulisa Lozano Suárez, Oneida Lozano García, Mady Lozano García,
Rodolfo Antonio Borja, Naciris Elena Márquez Pereira, Carmen Alicia Márquez
Pelayo, Alex Antonio Márquez Pelayo, Jan Carlos Márquez Pelayo, Adriana Lucía
Márquez Pelayo, Duste Jaquer Arroyo Ramos, Dusti Manuel Arroyo Castillo, Ludis
María Contreras Sánchez, Yarnubis María Galindo Contreras, Dayanna Vanessa
Contreras Sánchez, Jhon Jairo Gómez Cuadrado, Dayanna Gabriela Gómez Argumedo,
Samuel Gómez Argumedo, Ángela María Argumedo Blanco, Jhon Jader Gómez Argumedo,
Ricardo Manuel Lozano Suárez, Karen Carolina Lozano Montalvo, Katty Carolina
Lozano Montalvo, Luz Dary Montalvo Cleto y Carlos Mario Lozano Montalvo, contra la
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia, por las razones
expuestas en este proveído. Se adiciona lo siguiente:
TERCERO:
ORDENAR al Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Restitución de Tierras de Apartadó, que en el
término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, vincule a los demandantes al trámite judicial de restitución de
tierras Exp. No. 05045 31 21 002 2015 002112-00, en calidad de segundos
ocupantes, en caso de que no se hubiesen hecho parte. Para el efecto, la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas y la Defensoría
del Pueblo tendrán que brindar el respectivo acompañamiento.
CUARTO: LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el Artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
QUINTO: Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Anexo No. 1.
El Juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro de Urabá el 5 de julio
de 2016 en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas,
la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Municipal y la Personería de San Pedro de
Urabá, llevó a cabo la inspección judicial dispuesta por esta Corporación
mediante auto de 10 de mayo de 2016, en cuyo censo se conformó la siguiente
lista que incluye a las personas que actualmente habitan en la finca “La navidad”.
La lista se encuentra organizada alfabéticamente y clasificada en
tres grupos: 1) Persona que figura como demandante y estuvo presente en la
diligencia judicial; 2) Persona que no es demandante pero estuvo en la
inspección judicial; y 3) Persona que a pesar de ser demandante no estuvo en la
diligencia llevada a cabo el 5 de julio de 2016.
Grupo
Primer Apellido
Segundo Apellido
Primer Nombre
Segundo Nombre
3
Acosta
Santo
Domingo
3
Acosta
Marquez
Luis
Eduardo
3
Acosta
Marquez
Miguel
Angel
3
Acosta
Marquez
Leidy
Del Socorro
3
Acosta
Marquez
Yeison
Jose
3
Alvarez
Gomez
Jaime
Enrique
1
Argumedo
Blanco
Angela
Maria
2
Argumedo
Hernandez
Leida
Patricia
2
Argumedo
Hernandez
Yerlis
Yaneth
2
Argumedo
Hernandez
Sandra
Marcela
3
Argumedo
Hernández
Yerlis
Yaneth
3
Argumedo
Hernández
Sandra
Marcela
3
Argumedo
Hernández
Leida
Patricia
1
Arrieta
Perez
Sixta
Julia
1
Arroyo
Ramos
Duste
Jaquer
1
Arroyo
Castillo
Dusti
Manuel
3
Arroyo
Castillo
Taliana
3
Arroyo
Castillo
Ostin
Josue
2
Aviles
Cabarca
Rosiris
Del Carmen
3
Aviles
Cabarca
Samuel
Estiben
3
Aviles
Cabarca
Rosiris
Del Carmen
1
Avilett
Lopez
Nur
María
3
Baldovino
Perez
Jose
Antonio
3
Baldovino
Perez
Lahura
Milena
1
Basilio
Marquez
Bricela
Del Carmen
1
Borja
Rodolfo
Antonio
3
Borja
Estrada
Julio
Garibaldis
3
Borja
Peinado
Sharith
1
Cabarca
Muñoz
Beatriz
Del Carmen
3
Cabarca
Muñoz
Adrian
3
Cabarca
Muñoz
Jose
Antonio
1
Castaño
Garcia
Yenis
Yamiles
3
Castaño
Garcia
Lazaro
Maria
3
Castillo
Verter
Nidia
Esther
3
Cleto
Cordero
Wilson
Manuel
3
Cleto
Villadiego
Jani
Julieth
3
Cleto
Villadiego
Isac
Dario
3
Cleto
Villadiego
Luz
Haidee
3
Cleto
Villadiego
Jaider
3
Cleto
Villadiego
Jhonattan
3
Cleto
Villadiego
Emanuel
1
Contreras
Sanchez
Ludis
Maria
1
Contreras
Arcia
Yudis
María
1
Contreras
Arcia
Jhon
Fredy
3
Contreras
Sanchez
Onisa
Del Carmen
1
Contreras
Sanchez
Dayana
Vanesa
1
Contreras
Galindo
Julio
Cesar
1
Contreras
Martinez
Lenis
Del Carmen
1
Contreras
Martinez
Enaudith
2
Contreras
Martinez
Luz
Marina
2
Contreras
Martinez
Paula
Andrea
3
Contreras
Rios
Lacides
Alcibiades
3
Cortecero
Morales
Daniela
1
Cuadrado
Medrano
Francisca
Del Carmen
1
Durango
Perez
Luis
Carlos
3
Durango
Perez
Anodilso
Antonio
3
Durango
Montero
Maria
Alejandra
3
Durango
Montero
Mary
Luna
1
Espitia
Correa
Jaidys
Iris
1
Galindo
Contreras
Yarnubis
Maria
1
Galindo
Villadiego
Oberto
2
Galindo
Martinez
Elver
David
2
Galindo
Martinez
Jorge
Ivan
2
Galindo
Martinez
Alvaro
Javier
3
Galindo
Martinez
Oscar
Luis
3
Galvan
Velasquez
Jaime
De Jesus
3
Galvan
Contreras
Jamer
Antonio
3
Galvan
Contreras
Diego
Antonio
1
Gomez
Cuadrado
Jhon
Jairo
1
Gomez
Argumedo
Jhon
Jader
1
Gomez
Argumedo
Dayana
Gabriela
1
Gomez
Argumedo
Samuel
1
Gomez
Diaz
Efrain
Gregorio
1
Gomez
Espitia
Paula
Andrea
1
Gomez
Espitia
Kaleth
1
Gomez
Gonzalez
Ana
Delfa
2
Gomez
Cuadrado
Alfredo
Manuel
2
Gomez
Espitia
Ivan
David
3
Gomez
Argumedo
Natalia
Andrea
3
Gomez
Cuadrado
Manuel
Esteban
3
Gomez
Cuadrado
Marlon
Yesid
3
Gomez
Cuadrado
Higinio
Alejandro
3
Gomez
Cuadrado
Eiver
Alexander
3
Gomez
Cuadrado
Alfredo
Manuel
3
Gomez
Espitia
Juan
David
3
Gomez
Espitia
Eva
Luna
3
Gomez
Cuadrado
Elicenia
Maria
3
Gomez
Cuadrado
Eiver
Alexander
2
Hernández
Lozano
Liliana
Rosa
3
Hernandez
Pelayo
Carmen
Cecilia
3
Hernandez
Pelayo
Carmen
Cecilia
1
Hernandez
Cuadrado
Wilson
Manuel
1
Hernandez
Pitalua
Wilmar
De Jesus
1
Hernandez
Pitalua
Mirley
Patricia
1
Hernandez
Pitalua
Elian
David
1
Hernandez
Banquet
Eder
Manuel
1
Hernandez
Morales
Eder
Segundo
1
Hernandez
Morales
Enaldo
Alfonso
2
Hernandez
Cuadrado
Dalis
Cecilia
3
Hernandez
Morales
Dair
Antonio
3
Hernández
Cuadrado
Dalis
Cecilia
1
Hoyos
Parra
Porfirio
Antonio
1
Hoyos
Bacilio
Luis
Angel
1
Hoyos
Serpa
Ivan
Dario
3
Hoyos
Arrieta
Marcia
Ventura
3
Hoyos
Arrieta
Yuliana
3
Hoyos
Serna
Dario
3
Hoyos
Serna
Ivan
Dario
1
Lagares
Galindo
Braulio
Jose
1
Lagares
Basilio
Luis
Enrrique
1
Lagares
Basilio
Ronaldo
Jose
3
Lagares
Basilio
Jesus
David
3
Lopez
Cardona
Ferney
3
Lopez
Moncada
Sebastian
1
Lozano
Suarez
Ricardo
Manuel
1
Lozano
Montalvo
Karen
Carolina
1
Lozano
Montalvo
Katy
Carolina
1
Lozano
Montalvo
Carlos
Mario
1
Lozano
Guerra
Remberto
Donato
1
Lozano
Suarez
Arnulfo
1
Lozano
Garcia
Oneida
1
Lozano
Garcia
Mady
1
Lozano
Suarez
Yulisa
2
Lozano
Suarez
Remberto
Antonio
1
Marquez
Pelayo
Naciris
Elena
1
Marquez
Pelayo
Jan
Carlos
1
Marquez
Pelayo
Alex
Antonio
2
Marquez
Pelayo
Adriana
Lucia
2
Marquez
Pelayo
Carmen
Alicia
3
Marquez
Camargo
Luz
Mery
3
Marquez
Castro
Elizabeth
1
Martinez
Guerra
Adelfina
1
Martinez
Contreras
Barbara
Maria
1
Martinez
Rosiris
Del Carmen
2
Martinez
Hernandez
Keyla
Andrea
2
Martinez
Hernandez
Luis
Daniel
2
Martinez
Madera
Elkin
Enrique
3
Martinez
Padilla
Kiara
3
Martinez
Madera
Elkin
Enrique
3
Martinez
Hernández
Keila
Andrea
3
Martinez
Hernández
Luis
Daniel
3
Méndez
Romero
Remberto
Manuel
3
Méndez
Cordoba
Leonardo
David
1
Molina
Fabra
Pedro
Manuel
1
Molina
Benitez
Juan
Felipe
3
Molina
Benitez
Ivan
Dario
1
Molina
Benitez
Betilda
Rosa
1
Moncada
Contreras
Yanaury
1
Moncada
Contreras
Elida
Rosa
1
Montalvo
Cleto
Luz
Dary
3
Montero
Mendoza
Yadith
Del Carmen
3
Montes
Méndez
Miriam
Mercedes
1
Morales
Paez
Miryam
2
Morales
Paez
Rafael
Segundo
3
Morales
Paez
Lina
Maria
3
Negrete
Contreras
Jhan
Carlos
3
Negrete
Contreras
Jhonatan
Andres
1
Padilla
Molina
Yulieth
Cecilia
1
Padilla
Molina
Libardo
Antonio
1
Padilla
Molina
Leanis
1
Paez
Emilio
Enrique
1
Paez
Castaño
Mario
Armando
1
Paez
Castaño
Karen
Nayibi
2
Paez
Castaño
Jamir
3
Paez
Castaño
Samir
Andres
3
Peinado
Cleto
Elvira
De Jesus
1
Perez
Galeno
Maria
Angelica
1
Perez
Cabarca
Daniel
De Jesus
3
Perez
Camargo
Enur
Marlene
2
Pinto
Castaño
Luz
Danellly
3
Pinto
Castaño
Over
Luis
1
Pitalua
Zurita
Amada
Julia
2
Quiñones
Cabarca
Ruth
Marina
1
Ramos
Urango
Manuel
Esteban
1
Ramos
Gomez
Graciela
Del Carmen
1
Ramos
Gomez
Neider
Manuel
1
Ramos
Gomez
Yonier
Fidel
3
Ramos
Ruiz
Hernan
Dario
3
Ramos
Ruiz
Carlos
Andres
3
Ramos
Sevilla
Estiben
Andres
3
Ramos
Sevilla
Nataly
3
Ramos
Urango
Manuel
Esteban
3
Ramos
Gomez
Neider
Manuel
1
Ricardo
Cuadrado
Yamile
Maria
3
Sanchez
Medrano
Felipe
Santiago
3
Sanchez
Gomez
Maria
Jose
3
Sanchez
Gomez
Andres
Felipe
1
Sevilla
Contreras
Jose
Luis
1
Suarez
Barba
Ana
Rosa
1
Suarez
Torres
Eloina
Del Carmen
2
Triana
Morales
Jadi
Jadith
1
Urbiña
Lozano
Daniela
1
Velasquez
Pastrana
Pedro
Manuel
1
Velasquez
Ricardo
Luisa
Fernanda
1
Velasquez
Ricardo
Maria
Osirios
2
Velasquez
Ricardo
Andres
Fernando
2
Velasquez
Ricardo
Naudit
Del Carmen
3
Velasquez
Ricardo
Dianis
Mercedes
3
Villadiego
Suarez
Ana
Isabel
[1] Escuelas de formación paramilitar
creadas al margen de la ley.
[2] Artículo 56 de la Ley 906 de
2004: “Causales de impedimento. Son causales de impedimento: 1. Que el
funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o algún pariente suyo
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga
interés en la actuación procesal”.
[3] Auto de 8 de marzo de 2016.
[4]“Macro focalización: La noción de
macrofocalización hace referencia a las áreas geográficas de mayor extensión
dentro del territorio nacional (por ejemplo ciertos departamentos), en las que
el Consejo de Seguridad Nacional aprueba que inicialmente se puede desarrollar
una aproximación en la atención a los casos de despojo y/o abandono forzoso
existentes en dicha área general, a partir de la información suministrada por
la instancia de coordinación destinada por el Ministerio de Defensa Nacional
para el efecto, y de que trata el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto 1071 de 2015
(compilatorio del artículo 6 del Decreto 4829 de 2011).”
[5]“Micro focalización:
se entiende como la definición de áreas geográficas de una extensión menor
(municipios, corregimientos, veredas o predios), que se encuentran dentro de
las macro-zonas, y en las que la Unidad de Restitución puede determinar que
coexistenten las tres (3) condiciones adecuadas para adelantar las actuaciones
de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras que
tienden a la inscripción en el Registro”.
[6] Con excepción del señor Remberto
Antonio Lozano Suárez, quien según el informe de la Unidad Administrativa para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no se encuentra incluido
dentro del Registro Único de Víctimas, lo que significa que no ha sido
reconocido como desplazado por el Estado.
[7]http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2010/tierra_conflicto/la_tierra_en_%20disputa.pdf
[8]http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/libro_biografias_genero.pdf
[9] Sentencias SU-377 de 2014, T-458
de 2014, T-398 de 2014, T-884 de 2013, T-024 de 2013, T-916 de 2012, T-136 de
2010, T-130 de 2010, T-211 de 2009, T-336 de 2009, T-436 de 2009, T-785 de 2009
y T-799 de 2009, entre muchas otras.
[10] Sentencia SU-961 de 1999.
[11] Sentencia T-1316 de 2001.
[12] Sentencias T-068/06,
T-822/02, T-384/98, y T-414/92.
[13] Ibídem.
[14] Sentencias T-656 de
2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
[15] Sentencias T-025 de 2005, T-175
de 2004, T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T-882 de
2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de 2006.
[16] La sentencia
C-330 de 2016 declaró exequible la expresión “exenta de culpa”
contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011, en el
entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de
forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones
de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el
despojo.
[17] Sentencia T-679 de 2015.
[18] “EL
PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano,
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un
marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente”.
[19]“Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.  Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares”.
[20] “El debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
[21] “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación
de abogado”.
[22] Aprobado mediante Ley 16 de 1972.
[23] Aprobado mediante Ley 74 de
1968.
[24] Aprobado mediante Ley 171 de
1994.
[25] Sentencias C-330 de 2016 y C-715
de 2012.
[26] De acuerdo con la sentencia
C-715 de 2012 dichos principios hacen parte del bloque de constitucionalidad en
sentido lato.
[27] Sentencia C-035 de 2016.
[28] Sentencia C-330 de 2016.
[29] Artículo 76.
[30] Es
de resaltar que en la sentencia C-715 de 2012 la Corte decidió la demanda que
cuestionaba que la ley no considera como titulares de la acción a los tenedores
de tierra, ni a los ocupantes de baldíos. Frente a los primeros esta
Corporación indicó que “a juicio de la Sala, si bien a los tenedores
víctimas del conflicto, no se les puede aplicar en estricto sentido jurídico el
derecho a la restitución de una propiedad o de una posesión, restitución que
procede respecto de los propietarios, los poseedores u ocupantes, estas
víctimas que ostentaban el derecho de tenencia no quedan desprotegidas frente a
su legítimo derecho de reparación integral, el cual no solo incluye la
restitución de bienes inmuebles, sino también medidas de indemnización y otros
componentes reparatorios, sin perjuicio de que puedan acudir a la vía judicial
ordinaria para la reivindicación de sus derechos (…).” De manera que
concluyó que el Legislador no incurrió en una omisión legislativa relativa al
no incluir como titular del derecho a la restitución al tenedor del bien.
[31] La sentencia C-330 de 2016 declaró exequible la expresión
“exenta de culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de
2011, en el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los
jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren
condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta
con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta
providencia.
[32] Sentencia T-415 de 2013.
[33] Sentencia C-820 de 2012.
[34] Sentencia C-330 de 2016.
[35] “En muchos casos, las fuerzas
que causaron inicialmente el desplazamiento imponen, alientan o facilitan la
ocupación secundaria, y los propios ocupantes secundarios tal vez tengan
escasas o nulas posibilidades de decisión acerca de su realojamiento en una
determinada vivienda. En otras circunstancias, puede que las viviendas
desocupadas hayan sido utilizadas para propósitos humanitarios legítimos, por
ejemplo, para alojar a otras personas desplazadas. De este modo, son a menudo
personas inocentes y de buena fe las que ocupan viviendas que pertenecen a
refugiados o desplazados”. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, La
devolución de bienes de los refugiados o de las personas desplazadas, documento
de trabajo presentado por el Sr. Paulo Sergio Pinheiro. E/CN/ Sub 2/17.
En similar sentido, Consejo de Derechos Humanos de
20 de diciembre de 2010. Asamblea General de Naciones Unidas; A/HRC/16/42
Informe de la Relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no
discriminación a este respecto. Sra. Raquel Rolnik, relevante en la medida en
que señala las consecuencias de la ocupación secundaria para el derecho a la
vivienda: “En el caso de los conflictos [armados], el desplazamiento y el
despojamiento de grupos específicos son con frecuencia estrategias deliberadas
de un grupo o bando del conflicto contra el otro. Ello puede acarrear la
completa destrucción u ocupación secundaria de sus tierras y hogares, y la
obstaculización de sus  intentos de regresar y reclamar lo que es suyo”. El
párrafo 20, a su turno, indica: “Tanto en las situaciones posteriores a
desastres como en las situaciones que siguen a conflictos hay una tensión inevitable
entre la necesidad acuciante de actuar con rapidez y decisión para facilitar el
regreso de los desplazados a sus tierras y hogares, y la necesidad de tratar de
manera exhaustiva y minuciosa lo que en realidad son cuestiones muy complejas.
En las situaciones posteriores a los conflictos ello puede llegar a ser
especialmente complicado, con una tensión entre las demandas y compromisos de
la paz a corto plazo, y las necesidades a largo plazo de una reconciliación
duradera y el proceso de reconstrucción. Resulta muy importante encontrar
formas prácticas y localmente apropiadas de resolver el dilema. Dado el
contenido expansivo del derecho a una vivienda adecuada, la protección y el
ejercicio de ese derecho nunca constituyen un proceso nítido y lineal en el que
pueda establecerse fácilmente una relación causal evidente entre las medidas
adoptadas sobre el terreno y las repercusiones en última instancia. Los
desplazamientos masivos, la destrucción frecuente de los registros relacionados
con la tierra y la propiedad, la también frecuencia ausencia de documentación
que demuestre el historial de ocupación previa de los usuario y ocupantes no
reconocidos de tierras a largo plazo, el surgimiento de un ‘conflicto de
derechos’ (Como la ocupación frente a la restitución), la insuficiencia de los
marcos jurídicos que rigen la gestión de la tierra, la acción de los grupos de
interés poderosos que buscan aprovechar la oportunidad para hacer inversiones
rentables, son todos factores que en principio exigirían cautela y un cuidado
análisis de las opciones estratégicas. En situaciones de crisis, cuando los
objetivos iniciales y preeminentes del gobierno y de los agentes externos
activos sobre el terreno consistirían en primer lugar y ante todo en
proporcionar cobijo de emergencia y apoyo básico a los medios de subsistencia,
puede parecer imposible ocuparse de los derechos de vivienda y los retos en
materia de tenencia de tierras”.
[36] Ver, principalmente, T-821 de
2007, C-715 de 2012, C-280 de 2013, C-795 de 2014, T-679 de 2015, C-035 de
2016.
[37] Es también
relevante la precisión efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-035 de 2016): “Ahora bien, podría ponerse en tela de
juicio la incorporación de los Principios Pinheiro y Deng al bloque de
constitucionalidad, en la medida en que estos dos instrumentos no constituyen
tratados internacionales ratificados por Colombia. En efecto, el artículo 93 de
la Constitución Política sostiene que los instrumentos de derechos humanos que
prevalecen en el orden interno son los tratados y convenios internacionales
ratificados por Colombia. Según esta interpretación, los mencionados principios
sólo constituyen recomendaciones sin ningún carácter vinculante. Sin embargo, esta
interpretación no resulta aceptable para la Corte. No sólo simplifica
indebidamente la jurisprudencia de esta Corporación en materia de incorporación
de instrumentos internacionales al bloque de constitucionalidad, sino que
desconoce la dinámica propia de la política internacional. En particular, una
interpretación semejante haría caso omiso al hecho de que los tratados de
derechos humanos son el resultado de negociaciones complejas entre Estados con
diferentes concepciones respecto de la naturaleza, objeto y alcance de estos
derechos. En esa medida, los tratados sobre derechos humanos suelen tener un
lenguaje bastante general, disposiciones ambiguas y conceptos indeterminados,
lo cual obedece a la lógica necesidad de articular diferentes visiones y
culturas a los tratados sobre derechos humanos. Esto es lo que se ha llamado la
textura abierta de los tratados sobre derechos humanos. Por tal motivo, para
darle un efecto útil a las disposiciones del bloque de constitucionalidad
incorporadas vía artículo 93 de la Constitución Política resulta indispensable
contar con instrumentos que le permitan a esta Corporación precisar el
contenido y alcance de las disposiciones sobre derechos humanos contenidas en
estos tratados internacionales. Aquí es donde resulta pertinente reiterar que la jurisprudencia de
la Corte ha establecido una importante distinción entre el bloque de constitucionalidad
en sentido estricto, al cual pertenecen los tratados internacionales
ratificados por Colombia, y el bloque en sentido lato, compuesto por un
conjunto más heterogéneo de normas y criterios auxiliares de interpretación,
que sirven a esta Corporación para interpretar la naturaleza, el contenido, y
el alcance de las normas contenidas en los tratados sobre derechos humanos
ratificadas por Colombia. En esa medida, el bloque de constitucionalidad en
sentido lato constituye un complemento que permite que el bloque en sentido
estricto tenga un efecto útil dentro de nuestro ordenamiento constitucional.
Sin duda, los Principios Deng y
Pinheiro constituyen la concreción autorizada de diversos tratados
internacionales de derechos humanos. Esta misma posición ha sido adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal y como consta en el Preámbulo
de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos
y obtener reparaciones”, aprobados el 16 de marzo de 2005. En efecto, en el
referido instrumento internacional, la Asamblea reconoció que la importancia de
determinar los principios para efectuar la reparación a las víctimas de graves
violaciones del Derecho Internacional Humanitario devenía directamente del
Estatuto de Roma, y que por lo tanto, no constituía una nueva fuente de
obligaciones internacionales”. C-035 de 2016. (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[38] Ver, supra, Fundamentos
normativos, capítulo 5, parte a.
[39] Sentencia C-330 de 2016.
[40] Sentencia C-330 de 2016.
[41] ARTÍCULO 9o.
OCUPANTES SECUNDARIOS SIN TIERRA QUE HABITAN O DERIVAN DEL PREDIO RESTITUIDO
SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. A los
segundos ocupantes que no tuviesen la calidad de propietarios o poseedores de
tierras diferentes al predio restituido y que habiten y/o deriven sus medios de
subsistencia del predio restituido, se les otorgará preferentemente una medida
de atención correspondiente a la entrega de un predio equivalente al
restituido, pero en ningún caso con una extensión superior a una Unidad
Agrícola Familiar (UAF) calculada a nivel predial, conforme al artículo 27 de
la Resolución 041 de 1996, expedida por la Junta Directiva del Incora,
acompañado de la implementación de un proyecto productivo. Además, si el
segundo ocupante habita de forma permanente en el predio objeto de restitución,
la Unidad de Restitución, realizará las gestiones para su priorización al
programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR). En todo caso será el Banco
Agrario de Colombia quien determinará la viabilidad de otorgar el referido
subsidio según lo establecido en la normatividad del programa de Vivienda de
Interés Social Rural (VISR). El valor será el vigente del Subsidio Familiar
(VISR) en la modalidad de construcción de vivienda nueva. El valor del proyecto
productivo que le será otorgado al segundo ocupante, será el señalado en la
respectiva Guía Operativa establecida al interior de la Unidad o quien haga sus
veces y, en todo caso, será hasta de cuarenta salarios mínimos mensuales
legales vigentes (40 smmlv) y el valor de la asistencia técnica será hasta de
quince salarios mínimos mensuales legales vigentes (15 smlmv).
[42] ARTÍCULO 10. OCUPANTES SECUNDARIOS
POSEEDORES U OCUPANTES DE TIERRAS DISTINTAS AL PREDIO RESTITUIDO, QUE HABITAN O
DERIVAN DEL PREDIO RESTITUIDO SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. Para los segundos ocupantes que fueren
poseedores u ocupantes de otro predio distinto al solicitado en restitución en
el territorio nacional, que habiten o deriven del predio restituido sus medios
de subsistencia, y que hecha una revisión preliminar de los casos cumplan los
requisitos establecidos para optar por la formalización de la propiedad con
relación del predio distinto al restituido, se les otorgará una medida de
atención consistente en la implementación de un proyecto productivo a cargo de
la Unidad o quien haga sus veces y se procederá a dar traslado del caso al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras o a
quien haga sus veces.Si se constata que no procede efectuar la formalización
del predio en favor del poseedor u ocupante, este será considerado como un
ocupante secundario sin tierra, es decir, será sujeto de las medidas de
atención dispuestas en el artículo 9o del presente acuerdo. Sin embargo, para
ser beneficiario de las medidas, este deberá comprometerse a hacer entrega
formal y material del predio que posee u ocupa a la entidad competente de su
administración que determine el Juez o Magistrado.
[43] ARTÍCULO 11. OCUPANTES SECUNDARIOS
PROPIETARIOS DE TIERRAS DISTINTAS AL PREDIO RESTITUIDO, QUE HABITAN O DERIVAN
DEL PREDIO RESTITUIDO SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. A los segundos ocupantes que sean
propietarios de un predio rural en el territorio nacional y que habiten o
deriven del predio restituido sus medios de subsistencia, se les otorgará una
medida de atención consistente en la implementación de un proyecto productivo a
cargo de la Unidad o quien haga sus veces. El valor del proyecto productivo
será el señalado en el artículo 9o del presente acuerdo.
[44] ARTÍCULO 12. OCUPANTES SECUNDARIOS QUE
NO HABITAN NI DERIVAN DEL PREDIO RESTITUIDO SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. A los segundos ocupantes que no
habiten ni deriven del predio restituido sus medios de subsistencia y que
mediante providencia judicial se ordene su atención, se les otorgará una medida
correspondiente a la entrega de un valor en dinero equivalente al cincuenta por
ciento del avalúo comercial del bien restituido que, en todo caso, no podrá
superar el valor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) calculada a nivel
predial, conforme al artículo 27 de la Resolución 041 de 1995 <sic, es
1996>, expedida por la Junta Directiva del Incora cuando así lo disponga la
orden judicial.
[45] ARTÍCULO 18. ACTO ADMINISTRATIVO DE
ASIGNACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN. Una
vez culminado el procedimiento aplicable al cumplimiento de las providencias y
de las medidas ordenadas, el Fondo de conformidad al procedimiento establecido
para el efecto, proferirá un acto administrativo a través del cual se dé
cumplimiento a la medida de atención correspondiente a cada beneficiario.
ARTÍCULO 19. PREDIOS PARA LA ASIGNACIÓN A
SEGUNDOS OCUPANTES. Para la asignación de predios equivalentes,
la Unidad dispondrá de predios que adquiera a través de compra según el
procedimiento aprobado por el Consejo Directivo y, en todo caso, de todos
aquellos que pudieran tener esta destinación y que hayan ingresado a su patrimonio.
[46] Con excepción del señor Remberto
Antonio Lozano Suárez, quien según el informe de la Unidad Administrativa para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no se encuentra incluido
dentro del Registro Único de Víctimas, lo que significa que no ha sido
reconocido como desplazado por el Estado.
[47] Conforme a los informes y pruebas
rendidos por la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas.
[48] Ver hechos de la demanda, folio
2.
[49] Ver sentencia de 16 de diciembre
de 2011 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz,
mediante la cual fue condenado el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el
alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
[50] Steiner, C. (2000) Imaginación y
Poder, el encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900-1960. Medellín:
Universidad de Antioquia, p. 52
[51] Romero, M.
(2005) Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Bogotá, Planeta Colombia. Pág.
191. 28 Ortiz, C. M., C. (2007) Urabá: pulsiones de vida desafíos de muerte,
Medellín, La Carreta. Pág. 15- 16.
[52] http://www.guiaturisticadeantioquia.com/municipios/sanpedrodeuraba.html
[53] Halperin Donghi, Tulio, Historia
Contemporánea de América Latina, Editorial Alianza, 1983, pág. 419
[54] La guerrilla adopta su nombre
actual en 1966 tras la Segunda Conferencia Guerrillera, según Pizarro Leongomez
(1991) en “las farc (1949-1966) de la autodefensa a la combinación de todas las
formas de lucha”.
[55] Ver sentencia de 16 de diciembre
de 2011 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz,
mediante la cual fue condenado el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el
alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
[56] Las
autodefensas surgieron inicialmente bajo protección legal con la declaratoria
del Estado de Sitio No. 3398 de 24 de diciembre de 1965, adoptado como
legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968, por el cual se crea y
organiza el Ministerio de Defensa Nacional y la Defensa nacional Civil, cuyos
artículos 24 y 25 disponían que los colombianos no llamados al servicio militar
obligatorio, podían ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos
con los cuales contribuyeran al restablecimiento de la normalidad. Y además,
preceptuaba que el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos
autorizados, podría amparar, cuando lo estimara conveniente, como de propiedad
particular, armas consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Dicha normativa estuvo vigente hasta el 25 de mayo de 1989, cuando fue declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
[57] Ver sentencia de 16 de diciembre
de 2011 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz,
mediante la cual fue condenado el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el
alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
Al
respecto el Tribunal de Justcia y Paz identificó tres características de la
violencia: i) algunos miembros de la Fuerza Pública apoyaron el surgimiento de
estos grupos no como grupos de autodefensa, sino como grupos ofensivos anti
subversivos, como grupos “paramilitares”; ii) se aplicaron tácticas
antisubversivas en las que no se respetaron principios del Derecho
Internacional Humanitario, como el principio de distinción y neutralidad de
personas no combatientes y; iii) fue una violencia que se ensaño especialmente
contra la población desarmada y ajena a las hostilidades militares; es decir en
contra de la sociedad civil.
[58] Ver sentencia de 16 de diciembre
de 2011 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz,
mediante la cual fue condenado el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el
alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
[59] Ibídem.
[60] Además, según
Carlos Castaño, dicha zona era importante porque era “equidistante, un eje
en donde nuestras autodefensas pudieran expandirse, aspirábamos a tener salida
al mar y frontera con los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. Recuerdo
que sacamos un mapa de alto relieve y definimos una zona donde nace el alto
Sinú.” Ver sentencia de 16 de diciembre de 2011 proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, mediante la cual fue condenado el
paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
[61] Ver sentencia de 16 de diciembre
de 2011 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz,
mediante la cual fue condenado el paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el
alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
[62] Ibídem.
[63]http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/libro_biografias_genero.pdf
[64]http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/libro_biografias_genero.pdf
[65]
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/libro_biografias_genero.pdf
[66] Ibídem.
[67] Comisión
Colombiana de Juristas. (2011) Despojo de tierras campesinas y vulneración de
los territorios ancestrales. Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas. P. 99
[68] Romero, M. (2003) Paramilitares
y Autodefensas 1982-2003, Bogotá: IEPRI.p. 124.
[69]
Ver sentencia de 16 de
diciembre de 2011 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia
y Paz, mediante la cual fue condenado el paramilitar Fredy Rendón Herrera,
alias “el alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
[70]
Romero, Mauricio. (2003)
Paramilitares y Autodefensas 1982-2003, Bogotá: IEPRI, p. 151.
[71] De la Torre, C y Aramburo, C
(2011) Geografías de la guerra, el poder y la resistencia Oriente y Urabá
antioqueños 1990 – 2008, Bogotá, ODECOFI P.
[72] DUNCAN, Gustavo. 2015. Los
señores de la guerra. Bogotá D.C. Debate.
[73] http://www.acnur.org/fileadmin/news_imported_files/COI_1577.pdf?view=1
https://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/1996/colombia2.html
[74]http://www.acnur.org/fileadmin/news_imported_files/COI_1577.pdf?view=1
[75]Ibídem.
[76]
Ibídem.
[77]
Ver sentencia de 16 de
diciembre de 2011 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia
y Paz, mediante la cual fue condenado el paramilitar Fredy Rendón Herrera,
alias “el alemán”. Disponible en:  http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2012/10/Sentencia-Fredy-Rendon-Herrera-2011.pdf
[78] Con excepción del señor Remberto
Antonio Lozano Suárez, quien según el informe de la Unidad Administrativa para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no se encuentra incluido
dentro del Registro Único de Víctimas, lo que significa que no ha sido
reconocido como desplazado por el Estado.
[79] Ver hechos de la demanda de
tutela, folio 2.
[80] Excepto el señor Lozano Suárez.
[81] Sentencia C-330 de 2016.
[82] Sentencia C-330 de 2016.
[83] Ibídem.
[84]
T-113 de 2013.
[85]
SU-424 de 2012.