T-148-19
Sentencia T-148/19
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Caso en que el accionante prestó
sus servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Alcance y contenido
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Excepciones
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Alcance y contenido
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Carácter fundamental definido como
derecho irrenunciable y servicio público obligatorio
DERECHO
A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Se deben tener
en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
ley 100 de 1993
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA Y DEVOLUCION DE SALDOS EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO
A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Reglas
jurisprudenciales para su reconocimiento
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Responsables del
reconocimiento/INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Redención
de bonos pensionales
(i)
Las administradoras de pensiones a las cuales se encuentra afiliado el
solicitante de la indemnización sustitutiva deben reconocer dicha prestación
con base en los tiempos laborados o cotizados al sistema de
pensiones, independientemente de si los mismos ocurrieron con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio de que éstas puedan
repetir contra los antiguos empleadores para los cuales trabajó el
peticionario. A su vez, (ii) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1314
de 1994, hay lugar a la redención del bono pensional en los casos en los
que se reconozca la indemnización sustitutiva, cuando la persona prestó
servicios al Estado o a una de sus entidades descentralizadas y luego se trasladó
al ISS
DERECHO
A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Orden a entidad
accionada de reconocer y
pagar indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
Referencia: expediente
T-7.057.930
Acción de tutela presentada por Pedro Claver Vallejo Villadiego,
en nombre de Hermides Antonio Barón Hernández, contra la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES
Procedencia: Sala Segunda Mixta de
Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Córdoba
Asunto: Liquidación de indemnización sustitutiva – Semanas
laboradas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando
Reyes Cuartas, y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, adoptado por la Sala Segunda Mixta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, el 6 de septiembre de 2018,
y de la decisión adoptada, en primera instancia, por el Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Montería, mediante
sentencia del 17 de julio de 2018, en el proceso de tutela
promovido por Pedro Claver Vallejo Villadiego, en calidad de agente oficioso de
Hermides Antonio Barón Hernández, contra la Administradora Colombiana
de Pensiones – COLPENSIONES.
De
conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y
33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección de Tutelas Número
Once[1]
de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el
asunto de la referencia.
De
acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
I.
ANTECEDENTES
El 20 de junio de 2018, el señor Pedro
Claver Vallejo Villadiego, quien actúa en calidad de agente oficioso de
Hermides Antonio Barón Hernández, interpuso acción de tutela en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, “COLPENSIONES”), por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de su
agenciado a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y al debido
proceso. Ello debido a la
negativa de la entidad accionada a reliquidar la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez que le fue otorgada al actor, para que el cálculo
incluyera el tiempo laborado para la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero En Liquidación (en adelante, la “Caja Agraria”) y la Electrificadora de
Córdoba S.A. E.S.P. En Liquidación (en adelante, “ELECTROCÓRDOBA”).
El
ciudadano solicitó que se ordene a COLPENSIONES que realice nuevamente el
cálculo y reconozca la indemnización sustitutiva, con fundamento en los
periodos en los que el accionante laboró para la Caja Agraria y ELECTROCÓRDOBA.
A.
Hechos y pretensiones
1.
El
señor Hermides Antonio Barón Hernández nació el 8 de noviembre de 1947[2]
y tiene 71 años de edad. Adicionalmente, sufre de la enfermedad de Parkinson[3],
circunstancia que le impide actuar en defensa de sus propios intereses en este
proceso[4].
Asegura que no tiene recursos ni ingresos que le permitan sostenerse a sí mismo
y a su esposa, por lo que debe recurrir a la ayuda de su familia para obtener su
sustento[5].
2.
Como
fundamento del recurso de amparo, sostiene el accionante que trabajó para la Caja
Agraria durante el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 1971 y el 1º
de mayo de 1974, con un salario base de $1.476[6].
Posteriormente, laboró en ELECTROCÓRDOBA, en el cargo de Jefe de Agencia Grado
10, en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1974 al 23 de agosto de
1984, con un salario base de $39.733,37[7].
Adicionalmente, entre el 21 de febrero de 1994 y el 31 de julio de 1994, el
accionante cotizó como independiente al Instituto de Seguro Social – ISS, hoy
COLPENSIONES, un total de 23 semanas[8].
3.
El
24 de enero de 2018[9],
tras haber realizado dos solicitudes previas ante COLPENSIONES para el
reconocimiento de la pensión de vejez, las cuales fueron denegadas por parte de
la entidad[10],
el accionante solicitó la indemnización sustitutiva, al declarar su imposibilidad
de seguir cotizando al sistema de pensiones.
4.
En
respuesta a la petición, la entidad accionada emitió la Resolución SUB46834 del
24 de febrero de 2018[11],
en la que concede la solicitud de indemnización sustitutiva y ordena el pago de
la misma por un valor de $286.139. En la liquidación, la entidad calculó
la indemnización con base en las 23 semanas que cotizó el accionante al ISS, y
dejó por fuera los periodos laborados en la Caja Agraria y ELECTROCÓRDOBA.
A su vez, la accionada indicó que, de acuerdo
con el artículo 2º del Decreto 1730 de 2001, le corresponde a las otras cajas
en las que el accionante realizó las cotizaciones, reconocer la indemnización
sustitutiva. En este sentido, le informó que debería acudir ante (i) la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante, la “UGPP”), que se hizo cargo del pasivo
pensional de la Caja Agraria, y (ii) la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
(en adelante, “ELECTRICARIBE”), que asumió la responsabilidad sobre el pasivo
pensional de ELECTROCÓRDOBA, con el propósito de gestionar la indemnización
sustitutiva por los periodos trabajados ante dichas entidades.
5.
El
5 de marzo de 2018, el accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación[12]
en contra de la resolución del 24 de febrero de 2018, al considerar que la
liquidación de la indemnización sustitutiva que le reconoció COLPENSIONES debía
tener en cuenta los tiempos trabajados por él en la Caja Agraria y ELECTROCÓRDOBA.
Específicamente, señaló que “una vez ustedes hagan efectivos los BONOS
PENSIONALES que dichas entidades deben retribuirle, para que me indemnicen con
lo justo de acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993, (sic) Ustedes me
han liquidado una indemnización tomando como referencia los tiempos cotizados
como independiente, lo cual para eso se expidieron los Bonos Pensionales que
ustedes deben reclamar a las entidades involucradas”[13].
6.       El
12 de marzo de 2018[14],
COLPENSIONES resolvió el recurso de reposición, y confirmó la resolución
del 24 de febrero de 2018. Aclaró que, en el cálculo de la indemnización, el
ingreso base de liquidación corresponde al promedio de lo cotizado por el
tiempo en que el asegurado efectuó cotizaciones al Seguro Social. Así,
estableció que no había lugar a modificar el cálculo inicial, ateniéndose al
valor liquidado en la resolución impugnada.
A su vez, indicó que de acuerdo con el
artículo 2º del Decreto 1730 de 2001, cada administradora del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida reconoce y paga la indemnización sustitutiva por
las cotizaciones realizadas a éstas. Por ello, afirma que a COLPENSIONES “no
le corresponde adelantar el trámite de expedición del bono pensional, menos aún
adelantar el cobro de cuota pensional, por cuanto no está legitimada para
entregar dineros que no fueron otorgados para su administración”[15].
Posteriormente, la decisión fue confirmada en el trámite del recurso de
apelación, a través de la Resolución DIR6095 del 26 de marzo de
2018[16], por
las mismas razones que sustentaron la solución al recurso de reposición.
7.
Por
cuenta de lo anterior, el accionante presentó acción de tutela, mediante agente
oficioso, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad
social, a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso. Solicitó que se reliquidara
la indemnización sustitutiva, y que se incluyan los tiempos que trabajó en la
Caja Agraria y en ELECTROCÓRDOBA, cuyos periodos laborados quedaron demostrados
a través de los formatos CLEBP[17]
que entregó a COLPENSIONES. Así, consideró que la entidad accionada es la que tiene
la carga de hacer efectivos los bonos pensionales que debían emitir las
entidades para las cuales trabajó durante esos periodos y que, a su vez, estos
debían ser tenidos en cuenta en la cuantía de su indemnización sustitutiva.
B.
Actuación procesal en primera instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería, admitió la acción de
tutela mediante Auto del 29 de junio de 2018[18],
por lo que notificó y corrió traslado a COLPENSIONES para que se pronunciara
sobre el recurso de amparo interpuesto en su contra.
Respuesta de
COLPENSIONES
COLPENSIONES
respondió a la acción de tutela por medio de escrito del 6 de julio de 2018[19].
En dicha contestación, la entidad accionada solicitó al juez de tutela que declarase
la improcedencia del recurso de amparo, en la medida en la que desconocía
el carácter subsidiario de esta acción. Adicionalmente, argumentó que la Corte
Constitucional ha sido reiterativa en establecer que la misma no procede para
obtener el reconocimiento de prestaciones económicas.
Finalmente, señaló que, en este caso, se
estaba ante una carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto COLPENSIONES
respetó los derechos fundamentales del accionante en su actuación
administrativa, al darle una respuesta de fondo a sus solicitudes y al
reconocerle la indemnización sustitutiva, de acuerdo con las semanas
efectivamente cotizadas ante esa entidad.
C.
Decisiones objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería, mediante Sentencia
del 17 de julio de 2018[20],
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad. Consideró que por tratarse de una controversia que recae
sobre derechos de carácter prestacional, el accionante debía acudir a la
jurisdicción ordinaria para que se resuelva su situación. A su vez, manifestó
que no se acreditaba la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
actora, toda vez que COLPENSIONES dio respuesta a todas las solicitudes
presentadas por el accionante en el marco del trámite administrativo para el
reconocimiento pensional.
Impugnación
Mediante correo electrónico
enviado a la Secretaría del Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería el 2 de agosto de 2018[21],
el agente oficioso del accionante presentó la impugnación ante el fallo de
tutela de primera instancia, dentro del término previsto para ello[22].
En dicho escrito, manifestó lo siguiente:
“(…)
solicito al señor Juez Superior ordenar a los señores COLPENSIONES se le
informe al señor HERMIDES ANTONIO BARÓN HERNÁNDEZ, cuáles son las opciones que
la Ley le concede para poder adquirir el derecho al retiro pese a la negación
de la pensión de vejez y, especialmente, que se le informe al accionante de
manera precisa y completa sobre los trámites que debe adelantar en caso de que
desee el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, de acuerdo con el total de semanas laboradas, cotizadas y no
cotizadas, que se encuentren debidamente acreditadas, así mismo indicar que
(sic) entidad debe conocer y llevar a cabo el pago de la indemnización para que
los documentos que ha aportado el cotizante sean remitidos directamente por
Colpensiones a la entidad que tiene la competencia de pagar dicha
indemnización.”(Resaltado fuera del texto)
Sentencia de
segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, Sala Segunda Mixta de Decisión, mediante providencia del 6
de septiembre de 2018[23],
confirmó la sentencia de tutela de primera instancia, al encontrar que
el recurso de amparo no era el mecanismo idóneo para lograr las pretensiones
del actor. Fundamentó su decisión en el hecho de que, en realidad, lo que busca
el actor es controvertir la resolución en la que se accedió a la indemnización
sustitutiva, sobre la cual discute que debía calcularse con fundamento en el
valor de los bonos pensionales correspondientes al periodo trabajado por él en
la Caja Agraria y en ELECTROCÓRDOBA. Así, el Tribunal encontró que el actor no
alegó la existencia de un perjuicio irremediable y que no presentó las razones
por las cuales el medio de defensa ordinario no resultaba idóneo o eficaz y, en
esa medida, no resultaba justificado el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
D.   Actuaciones
en sede de revisión
Dentro del
trámite de revisión de la acción de tutela, la Magistrada Sustanciadora, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
señaladas por el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y los artículos 57 y 58
del Reglamento Interno de la Corte Constitucional -Acuerdo 02 del 2015-, ofició
mediante
el Auto del 23 de enero de 2019, al (i)
accionante, así como vinculó y ofició (ii) a la UGPP, (iii) a ELECTRICARIBE[24] y
(iv) al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Todo lo anterior, con el
propósito de que dieran respuesta a las preguntas planteadas por la Corte y
remitiesen la información solicitada en ese proveído.
Posteriormente,
por medio de oficio del 31 de enero de 2019, la Secretaría General de
esta Corporación informó al Despacho de la Magistrada Sustanciadora, que se dio
cumplimiento al Auto del 23 de enero de 2019, mediante notificación por estado
No. 030 del 25 de enero de 2019 y comunicación a través de oficios emitidos por
dicha Secretaría. Ésta última informó que, durante el término antes mencionado, no
se recibió respuesta alguna a los Oficios OPT-A-107 y OPT-A-108 de 2019,
que correspondían a las comunicaciones enviadas a la UGPP y a ELECTRICARIBE,
respectivamente.
En vista de que
no se obtuvo respuesta por parte de la UGPP y ELECTRICARIBE, la Magistrada
sustanciadora profirió el Auto del 5 de febrero de 2019, mediante el
cual requirió a dichas entidades, con el fin de que allegaran la información
que solicitó esta Corporación en el Auto del 23 de enero de 2019 y sobre la
cual no se habían pronunciado.
Finalmente, a
partir de la información aportada por ELECTRICARIBE[25], la Corte
tuvo conocimiento de la existencia de un contrato de fiducia mercantil
celebrado entre la Fiduciaria La Previsora S.A. (en adelante, “FIDUPREVISORA”)
y ELECTROCÓRDOBA, con el objeto de atender las obligaciones que no se
hubieren hecho exigibles una vez terminada la liquidación de dicha empresa
electrificadora. En esa medida, por medio de Auto del 13 de febrero de 2019,
la Sala ofició a esta entidad fiduciaria para que (i) informase respecto de la
existencia del mencionado contrato y (ii) en caso afirmativo, remitiese una
copia del mismo. En esa misma providencia, se suspendieron los términos del
proceso por diez (10) días hábiles, con el propósito de oficiar a la
entidad antes indicada, valorar las pruebas recibidas, y correr traslado de las
mismas a las partes.
Respuesta del
accionante
El 30 de
enero de 2019[26],
la Secretaría General de esta Corporación recibió el memorial de respuesta
presentada por el agente oficioso del accionante.
Específicamente, se requirió al accionante
para que informase al Despacho lo siguiente: (i) cuál es su estado de salud
actual; (ii) con quién vive; (iii) cómo está compuesto su grupo familiar; (iv)
cuáles son sus ingresos y gastos, y los de su grupo familiar; (v) si trabaja
actualmente; (vi) si ha iniciado demanda ordinaria laboral con el objeto de
obtener su pretensión de reliquidación de la indemnización sustitutiva de vejez;
y (vii) si
ha iniciado algún trámite ante la UGPP o ELECTRICARIBE para conseguir el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva por los tiempos laborados en la
Caja Agraria y en ELECTROCÓRDOBA, respectivamente.
Con respecto a lo anterior, el
accionante informó que actualmente vive con su esposa y que su grupo familiar
está compuesto por ella y sus tres hijos.
En relación con las fuentes de ingresos
y los gastos mensuales, el accionante aclaró que, dado que no percibe fuente de
ingreso alguna, se ve en la obligación de pedir ayuda económica a la única de
sus hijos que es asalariada, y a su hermana. También indicó que sus gastos
ascienden aproximadamente a $1.800.000 mensuales.
De hecho, informó que tuvo que vender la
tienda que manejaba con su esposa    -y que constituía su única fuente de
ingresos- por cuenta de las bajas ventas, las deudas contraídas y su estado de salud,
que le impedían atender el negocio de manera apropiada. Además, manifiesta que
no posee bienes o inmuebles a su nombre.
Además, el accionante indicó que no ha
presentado demanda para obtener la pretensión pensional de reliquidación de la
indemnización sustitutiva, como tampoco ha iniciado trámites para el
reconocimiento de dicha prestación por el tiempo en que estuvo vinculado
laboralmente a la Caja Agraria.
Finalmente, en lo que respecta a su estado
de salud actual, el accionante presentó su historia clínica, en la que se evidencia
el diagnóstico de la enfermedad de Párkinson que le aqueja.[27]
Respuesta del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Por medio del oficio
del 30 de enero de 2019[28],
la representante judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
respondió a la Corte así:
En primer lugar, el Ministerio
señaló que a partir de la información que reposa en el sistema y que, a su vez,
es reportada por COLPENSIONES a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio,
se tiene que se reconoció al accionante una indemnización sustitutiva el 24 de
febrero de 2018. Por otra parte, añadió que el actor aparece incluido en el
cálculo actuarial que fue elaborado por la Caja Agraria y entregado al
Ministerio, por lo que los tiempos laborados por aquel al servicio de la
mencionada entidad, en principio, serían asumidos por la Nación, cuando éstos
debieren ser reconocidos a través de bono pensional.
Así las cosas, el Ministerio afirmó que el
bono pensional solo le es exigible en el caso en el que la entidad que resulte
ser responsable de reconocer una eventual pensión de vejez, solicite el
reconocimiento, ya sea de un bono pensional ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, o de una cuota parte pensional ante la UGPP, como
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria.
Con respecto a lo anterior, la entidad
fue enfática en argumentar que, de conformidad con el Decreto 1739 de 2001, compilado
en el Decreto 1833 de 2016, la indemnización sustitutiva no se financia con
bono pensional. De hecho, argumentó que tanto el reconocimiento de un bono
pensional o una cuota parte pensional por los tiempos laborados por el accionante
al servicio de la Caja Agraria, solo sería procedente en el evento en el que la
entidad deba efectuar el estudio de la solicitud de pensión y que establezca
que hay lugar a su reconocimiento.
En segundo lugar, el Ministerio presentó
la normatividad sobre la emisión de bonos pensionales y sobre la indemnización
sustitutiva, ante lo cual concluyó que esta última se reconoce por las
administradoras de pensiones del régimen de prima media por los tiempos
cotizados en el sistema, no por los periodos laborados sin cotización. En
ese sentido, determinó que, a partir de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto
1730 de 2001, en la medida en la que cada administradora devuelve las
cotizaciones recibidas, no existe bono pensional para la indemnización
sustitutiva, dado que la misma no se financia con dicho beneficio.
En conclusión,
esta entidad gubernamental manifestó que si bien el accionante pretende el
reconocimiento de unos bonos pensionales por los tiempos laborados al servicio
de la Caja Agraria y de ELECTROCÓRDOBA, lo cierto es que estos empleadores no
realizaron cotizaciones al sistema. En este orden de ideas, manifestó que le
corresponde al Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria,
administrada por la UGPP, y a ELECTROCÓRDOBA, establecer si el accionante tiene
derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva por los tiempos laborados
sin cotización al servicio de los referidos empleadores.
Intervención de
COLPENSIONES
COLPENSIONES
allegó escrito de intervención, radicado ante la Secretaría General de esta
Corporación el 6 de febrero de 2019[29].
La entidad accionada argumentó que la
acción de tutela es de carácter residual, subsidiario y cautelar, y que no
puede sustituir los procedimientos judiciales ordinarios establecidos por el Legislador,
más aun tratándose de derechos de contenido económico. En este sentido, indicó
que en el caso bajo estudio no se acredita la falta de idoneidad del medio
ordinario o contencioso administrativo, ni los factores que demostrasen la
existencia de un perjuicio irremediable, razón por la cual la tutela fue declarada
improcedente por los jueces de instancia.
Posteriormente, analizó lo dispuesto en
el artículo 2º del Decreto 1739 de 2001, e indicó que la norma establece que
cada administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida deberá
efectuar el reconocimiento de la prestación por el tiempo efectivamente
cotizado. Por esta razón, consideró que COLPENSIONES no está facultada para
reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de vejez relacionada con el
tiempo que el accionante laboró para entidades del sector público sin
realizar cotizaciones al sistema. Por lo tanto, en cuanto a los periodos
cuyo reconocimiento es pretendido por el actor y que no fueron cotizados a la
accionada, la solicitud pensional deberá ser estudiada y decidida por la UGPP, en el
cumplimiento de las obligaciones de carácter pensional de la Caja Agraria.
En
ese mismo sentido señaló que ELECTRICARIBE sustituyó a ELECTROCÓRDOBA en las
obligaciones frente a los aportes que se realizaron a dicha caja, de tal suerte
que las pretensiones del actor no pueden ser respondidas por la aquí accionada.
Por
lo tanto, argumentó que en el caso objeto de examen, no se integró de manera
correcta el contradictorio, lo cual conlleva la nulidad de lo actuado. En
virtud de lo anterior, solicitó, como petición principal, que se confirme
la improcedencia del recurso de amparo, según lo dictado por los jueces
de tutela de instancia. Como petición subsidiaria, pretendió que se declare la
nulidad procesal de lo actuado, en la medida en la que no se requirió a la
UGPP como sujeto faltante del contradictorio, aun cuando, en su criterio, es la
entidad llamada a responder por las pretensiones del actor.
Respuesta de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
A través de
escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 7 de
febrero de 2019[30],
el apoderado judicial de la UGPP presentó su respuesta a las cuestiones
planteadas por la Corte.
La entidad informó que, a la fecha, no tiene
conocimiento de alguna solicitud de prestación pensional de parte del accionante.
Añadió que únicamente recibió una petición en la que éste le solicitaba
información respecto a su historia laboral respecto a los tiempos trabajados en
la Caja Agraria, para lo cual lo remitió al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
De otra parte, indicó que, dado que el
actor pretende el pago de la indemnización sustitutiva, es necesario referirse
a las normas que regulan esta prestación, que corresponden al artículo 37 de la
Ley 100 de 1993 y al Decreto 1730 de 2001, compilado por el Decreto 1833 de
2016. De acuerdo con estas normas, la UGPP señaló que para acceder a la
prestación en comento, el solicitante debía (i) haber llegado a la edad de
pensión establecida en la ley, (ii) haber cotizado al sistema general de
pensiones y (iii) manifestar su imposibilidad de seguir realizando aportes
al sistema.
En virtud de lo anterior, la UGPP indicó
que el competente para reconocer la indemnización sustitutiva de vejez debería
ser cada empleador, en este caso (i) la Caja Agraria, en cabeza del Ministerio
de Agricultura, y (ii) ELECTROCÓRDOBA. Asimismo, informó que la Unidad no es la
entidad encargada de emitir bonos pensionales, por lo que no podría ser la
vulneradora de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Finalmente, añade que la acción de
tutela no es el mecanismo adecuado para reclamar prestaciones económicas, por
lo que el recurso de amparo no resultaría procedente.
Con todo, la UGPP solicitó a la Corte
Constitucional que se decrete la desvinculación de la UGPP, por cuanto
no está legitimada por pasiva para atender la petición pensional discutida.
Posteriormente, mediante oficio allegado
el 8 de febrero de 2019[31],
el apoderado judicial de la UGPP solicitó la nulidad del Auto del 5 de
febrero de 2019 proferido por esta Corporación, por cuanto aduce que se
vulneró el término que se le otorgó para pronunciarse respecto de la
providencia del 23 de enero de 2019, en la medida en que ésta solo le fue
notificada el 4 de febrero de esta anualidad, y el posterior auto de
requerimiento proferido por la Magistrada sustanciadora tiene fecha del 5 de
febrero de 2019. Por lo anterior, el término de tres días hábiles que le otorgó
la Corte Constitucional para pronunciarse vencía el 7 de febrero de 2019, por
lo que el oficio que presentó la UGPP ese mismo día fue radicado dentro del término
reconocido para ello, y no era dable que esta Corporación le requiriera posteriormente
por ausencia de respuesta.
Por lo anterior, solicitó que se declarara
la nulidad del auto del 5 de febrero de 2019 y, en consecuencia, retrotraer el
proceso a las actuaciones realizadas con anterioridad a dicha providencia, de
tal manera que se tenga como contestado el auto del 23 de enero de 2019 por
parte de la UGPP. Al final, en el escrito de la solicitud de nulidad, la
entidad reiteró los argumentos que presentó en su oficio anterior, respecto de
las razones por las cuales se debía decretar la desvinculación de dicha entidad
del proceso de tutela de la referencia.
Por último, la entidad radicó una
solicitud de nulidad adicional[32],
en la que indicó que la UGPP dio respuesta tanto al auto del 23 de enero de
2019, como al del 5 de febrero de este año, por lo que considera que la Corte,
al no tener en cuenta estos escritos en el auto de pruebas del 13 de febrero de
2019, vulneró su derecho al debido proceso.
La Corte responderá a estas solicitudes
de nulidad en esta providencia, como cuestión previa al caso concreto.
Respuesta de la Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P.
Por medio de
escrito allegado a esta Corporación el 12 de febrero de 2019[33],
ELECTRICARIBE dio respuesta a la Corte en los siguientes términos:
Como parte del
contrato de transferencia de activos celebrado entre Electrocosta S.A. E.S.P.
(ahora ELECTRICARIBE) y las antiguas electrificadoras de la Costa Atlántica, se
incluyó un convenio de sustitución Patronal que, para el caso que ocupa a la
Sala, fue celebrado entre ELECTROCOSTA y ELECTROCÓROBA el 4 agosto de 1998. En
virtud de dicho convenio, se determinó que la primera respondería únicamente
por las hojas de vida de los trabajadores y pensionados que recibía por parte
de la segunda al momento del perfeccionamiento del negocio jurídico, los cuales
fueron identificados en el Anexos 2, 4 y 10 de dicho convenio.
En esa medida, dado
que el accionante no estaba vinculado laboralmente a ELECTRICARIBE, ni se le reconoció
prestación pensional alguna en el momento de celebración del convenio de
sustitución patronal, dicha entidad argumentó que no está llamada a responder
por las obligaciones pensionales que se derivaran de la relación laboral que
existió entre el accionante y ELECTROCÓRDOBA. En esa medida, indicó que
quedaron a cargo de ésta última todas aquellas obligaciones de carácter laboral
que se hubieran generado o causado hasta un día antes de la fecha efectiva de
la sustitución.
En lo que
respecta al caso del señor Hermides Antonio Barón, manifestó que no es posible
hacer el reconocimiento de la prestación, pues no hizo parte de los
trabajadores y/o de los pensionados que fueron transferidos de ELECTROCÓRDOBA a
ELECTRICARIBE, en virtud del Convenio de Sustitución Patronal.
Respuesta
FIDUPREVISORA
A través de
escrito radicado el 21 de febrero de 2019[34]
en esta Corporación, el Gerente de Liquidaciones y Remanentes de FIDUPREVISORA
dio respuesta a la Sala de Revisión en los siguientes términos:
En primer lugar, indicó que la
Superintendencia de Servicios Públicos (en adelante, “Superservicios”) ordenó
la liquidación de ELECTROCÓRDOBA mediante Resolución No. 000924 del 27 de enero
de 1999, razón por la cual la extinta electrificadora suscribió un contrato de
fiducia con FIDUPREVISORA en abril de 2005, con el propósito de constituir un
patrimonio autónomo que administrara los remanentes de la entidad liquidada.
Respecto al objeto del contrato de
fiducia, la fiduciaria informó que el mismo consiste en “la administración
por parte [FIDUPREVISORA] del patrimonio autónomo a integrarse con los activos
monetarios, no monetarios y contingentes, destinados como fuente de pago de los
(i) créditos contingentes correspondientes a procesos judiciales, (ii) gastos
por honorarios profesionales de los abogados externos y gastos judiciales,
(iii) gastos de custodia, administración, conservación y los demás relacionados
con el archivo de la Electrificadora y (iv) la entrega de los remanentes,
siempre y cuando subsistan a los accionistas de LA ELECTRIFICADORA de acuerdo a
la participación de cada uno de ellos dentro de la sociedad en liquidación”[35].
En ese sentido, afirmó que las
obligaciones de esta fiduciaria, como vocera y administradora del patrimonio
autónomo de remanentes (“PAR”) de ELECTROCÓRDOBA, se limitaban a lo dispuesto
en dicho artículo, y que el PAR no asumió el pasivo laboral ni obligaciones de
tipo pensional de la antigua electrificadora.
En segundo lugar, FIDUPREVISORA
dispuso que las obligaciones laborales quedaron a cargo de ELECTRICARIBE, en
virtud el convenio de sustitución patronal que ésta suscribió con
ELECTROCÓRDOBA, sobre el cual tuvo conocimiento la fiduciaria a través de la
Resolución No. 000924 de 1999 de la Superservicios, en la que se decretó la
liquidación de aquella electrificadora.
En tercer lugar, manifestó que en
el eventual caso de reconocimiento a favor de terceros en virtud de sentencias
ejecutoriadas en contra de ELECTROCÓRDOBA, este debe sujetarse a lo dispuesto
en el contrato de fiducia mercantil, en el que se estableció que el PAR
reconocería el pago en caso de las sentencias ejecutoriadas dentro del marco de
los procesos judiciales que se encontraban activos y relacionados en el
mencionado contrato. Por lo tanto, concluye que FIDUPREVISORA, como vocera del
PAR de ELECTROCÓRDOBA, no está llamada a responder por las pretensiones
solicitadas en la acción de tutela objeto de estudio por esta Sala.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1.  Con
fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°-
de la Constitución y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Sexta
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar
los fallos de tutela proferidos en el proceso de la referencia.
Cuestión previa a la formulación del problema jurídico
2.  Antes
de la formulación del problema jurídico relacionado con la presunta vulneración
de los derechos fundamentales del accionante, la Sala debe ocuparse del estudio
de los requisitos generales de procedibilidad y su demostración en la solicitud
de amparo de la referencia, como cuestión previa. A tal efecto, analizará en
conjunto si en el presente asunto se demuestran los presupuestos necesarios de
procedencia para solicitar la reliquidación de una prestación pensional, como
son: i) legitimación por activa; ii) legitimación por pasiva; iii) inmediatez;
y, iv) subsidiariedad, para que, una vez se verifique su acreditación, si es
del caso, formule el respectivo problema jurídico de fondo que permita realizar
el examen de las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocadas
en el escrito de tutela.
Examen de
procedencia de la acción de tutela
Legitimación en
la causa por activa - La agencia oficiosa en la acción de tutela.
1.  El artículo 86
de la Constitución establece que toda persona tendrá derecho a interponer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre y cuando éstos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas.
A su vez, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 establece que el recurso de amparo podrá ser ejercido por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien podrá actuar (i) a nombre propio; (ii) a través de un representante
legal; (iii) por medio de apoderado judicial, o (iv) mediante un agente
oficioso. Con respecto a este último, la citada norma dispone que “se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.” (Resaltado fuera del texto original)
En
este sentido, en virtud de la figura de la agencia oficiosa, es posible que un
tercero represente al titular de un derecho, en razón de la imposibilidad de
éste para llevar a cabo su propia defensa. Esto significa que, en principio, el
agente oficioso carece “de un interés propio en la acción que interpone,
toda vez que la vulneración de derechos que se somete al conocimiento del juez
sólo está relacionada con intereses individuales del titular de los mencionados
derechos.”[36]
De
acuerdo con lo anterior, la agencia oficiosa es una figura de carácter
excepcional, pues requiere que se presente una circunstancia de indefensión
o impedimento del afectado que le imposibilite recurrir a los mecanismos
existentes para buscar por sí mismo la protección de sus derechos.[37]
De
otra parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que son
elementos necesarios para que opere la figura de la agencia oficiosa en el ejercicio
de la acción de tutela, los siguientes: “(i) que el agente manifieste expresamente
que actúa en nombre de otro; (ii) que se indique en el escrito de tutela o que
se pueda inferir de él que el titular de los derechos fundamentales no está en
condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa (sin que esto
implique una relación formal entre el agente y el titular); (iii) que el sujeto
o los sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados y, (iv) que
haya una ratificación oportuna mediante actos positivos e inequívocos del
agenciado en relación con los hechos y las pretensiones consignados en la
tutela.”[38]
Con respecto a
los dos primeros elementos, consistentes en la manifestación del agente
oficioso de actuar como tal, y la imposibilidad del interesado para actuar en
su propio nombre, son constitutivos de la agencia oficiosa, en tanto que
el tercero y el cuarto son elementos accesorios[39]. Entonces,
sobre los dos primeros se puede decir que, individualmente considerados, son
condiciones necesarias que necesitan confluir para la configuración de la
agencia oficiosa, por lo que su conjunción legitima la actuación del agente. De
otra parte, el tercer elemento es de carácter interpretativo, y el cuarto,
relacionado con la ratificación, se refiere a la posibilidad excepcional de
suplir el primero, si se presentan ciertos actos positivos e inequívocos del
interesado durante el trámite de la acción.[40]
Frente
al primer requisito, la Corte sostiene que, dado el carácter informal de la
acción de tutela, su verificación no puede estar supeditada a la existencia de
frases sacramentales o declaraciones expresas, ya que basta con que se infiera
del contenido de la tutela que se obra en calidad de agente para que se
entienda surtido dicho requisito.[41]
En
lo que atañe al segundo elemento, la jurisprudencia constitucional establece que
las circunstancias que imposibilitan que una persona actúe a nombre propio se
deberán concluir de la narración hecha por el actor, cuya veracidad y alcance corresponderán
al juez valorar. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la incapacidad a
la que se hace referencia cuando se habla de agencia oficiosa, no se limita a
la concepción tradicional de la misma, referida a la minoría de edad o a alguna
condición de la salud mental, sino que se extiende a la incapacidad física o
volitiva del legítimo titular del derecho para iniciar por sí mismo la demanda,
u otras circunstancias especiales de carácter socioeconómico o de especial
marginación o indefensión en el que se encuentra el afectado para asumir la
defensa de sus derechos. Por ello, la Sala reitera el deber del juez de tutela
efectuar la evaluación de la imposibilidad a partir de los antecedentes del
caso concreto.[42]
Desde
esta perspectiva, la valoración del escrito contentivo de la acción de tutela
debe ser material, con el propósito de definir las circunstancias y las razones
por las que el titular de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados no
acude directamente a la jurisdicción constitucional para reclamar su amparo.
2.
En
el caso particular que ocupa a la Sala, se observa que el accionante no es
el titular de los derechos fundamentales invocados, ni actúa como apoderado
judicial del señor Hermides Barón. A primera vista, en el expediente no hay
prueba de que el señor Pedro Claver Vallejo Villadiego cuente con tarjeta
profesional de abogado para poder actuar en calidad de apoderado judicial, y tampoco
aparece inscrito en la Unidad Registro Nacional de Abogados – URNA.
No
obstante lo anterior, cabe señalar que en el texto de la acción de tutela, se
puede observar que el señor Pedro Claver Vallejo Villadiego indicó que actúa en
“representación del señor HERMIDES ANTONIO BARON HERNANDEZ (mi cuñado),
Adjunto poder (…) [con] el objeto de que se le protejan sus derechos
constitucionales fundamentales vulnerados (…)”[43].
Con lo anterior, se cumple el primer requisito enunciado anteriormente, pues
a partir del material probatorio, la Sala puede inferir de manera razonable que
el agente oficioso está obrando en esa calidad en el caso concreto. A su vez,
se identifica plenamente al sujeto agenciado.
Igualmente,
a partir de los documentos aportados en el expediente de tutela original[44], así como
las manifestaciones y pruebas aportadas por el actor en el trámite de revisión[45], encuentra
la Sala que el actor no pudo actuar personalmente en defensa de sus
intereses, por cuenta de que padece de la enfermedad del Párkinson. En esa
medida, se prueba el segundo requisito para la configuración de la agencia
oficiosa, pues se evidencia que el accionante no está en condiciones físicas de
promover su propia defensa. Por demás, el titular de los derechos agenciados en
el recurso de amparo otorgó un poder especial a su cuñado, con el propósito de
que éste interpusiera la acción de tutela en su nombre, lo cual evidencia una
ratificación de las actuaciones del agente oficioso en el trámite del proceso
de tutela.
Por
todo lo anterior, la Sala reconoce que el señor Pedro Claver Vallejo Villadiego
está legitimado por activa para representar los intereses del titular de los
derechos fundamentales invocados, en el marco del trámite del
recurso de amparo y de su actual revisión por esta Corporación.
Legitimación por pasiva
3.  La legitimación
pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se
dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada. Según los artículos 86
de la Constitución Política y 5° y 42 del Decreto 2591 de 1991, el recurso de
amparo procede cuando quiera que los derechos fundamentales del ciudadano resultan
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
En el presente
asunto, la acción de tutela se dirige contra COLPENSIONES, la cual, según el
artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, modificado por el artículo 1º del Decreto 4121
de 2011, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, organizada como
entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, cuyo objeto consiste en la administración estatal del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de las prestaciones especiales
que las normas legales le asignen, y de la administración del Sistema de Ahorro
de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de
2005.
Por
lo anterior, la entidad accionada se encuentra legitimada por pasiva en
la presente acción de tutela, dado que es la entidad encargada del
reconocimiento de las prestaciones pensionales que se pretenden a través de
este recurso de amparo.
Por
su parte, en lo que respecta a las entidades vinculadas, tanto la UGPP como el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público son entidades públicas que, en este
caso particular, podrían estar llamadas a responder por la prestación pensional
pretendida por el accionante. De otra parte, ELECTRICARIBE es una sociedad anónima
con participación mayoritariamente privada que está encargada de la prestación del
servicio público domiciliario de energía eléctrica[46].
Adicionalmente, para el caso particular del accionante, se tiene que éste se
encuentra en una situación de indefensión frente a la empresa electrificadora[47],
en la medida en la que ésta podría ser responsable del reconocimiento pensional
pretendido por el actor en la acción de tutela.
De
acuerdo con lo anterior, se tiene que las entidades vinculadas están
legitimadas por pasiva en el caso concreto.
Inmediatez
4.  En virtud del
artículo 86 de la Constitución Política, esta Corporación ha sostenido en
reiterada jurisprudencia que la acción de tutela se puede interponer “en
todo momento y lugar” y, por ende, no tiene término de caducidad[48].
No obstante lo anterior, si bien no existe un término de caducidad, de su
naturaleza como mecanismo para la “protección inmediata”[49]
de los derechos fundamentales, se puede establecer que su finalidad es la de
dar una solución de carácter urgente a las situaciones que tengan la
potencialidad de generar una vulneración o amenaza a derechos fundamentales.
Así, esta Corporación establece que,
para que se entienda que se cumplió con el requisito de inmediatez en la
interposición de una acción de tutela, el juez constitucional deberá entrar a
analizar las circunstancias del caso para establecer si existe un plazo
razonable entre el momento en el que se interpuso el recurso y el momento en el
que se generó el hecho u omisión que vulnera los derechos fundamentales del
accionante[50].
5.  En el caso que
atañe a la Sala, se observa que la resolución emitida por COLPENSIONES, cuyos
efectos fueron calificados por el accionante como vulneradores de sus derechos
fundamentales, fue emitida el 26 de marzo de 2018. Ante esta situación,
el actor interpuso el recurso de amparo el 20 de junio de 2018, un poco
menos de tres meses después de emitido el acto administrativo que dejó en firme
la liquidación de la indemnización sustitutiva reconocida por la entidad
accionada al actor. A partir de lo anterior, para la Corte resulta razonable el
tiempo transcurrido entre el hecho presuntamente vulnerador de los derechos
fundamentales invocados y la presentación de la acción de tutela, por lo que
concluye que ésta cumple con el requisito de inmediatez.
Subsidiariedad
6.  A partir del
artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela fue consagrada como un
mecanismo judicial subsidiario y residual[51],
que procederá “cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”.
El carácter subsidiario hace parte de la
naturaleza de la tutela, pues la misma “procede de manera excepcional para
el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del
supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales
ordinarios para asegurar su protección.”[52]
Lo anterior encuentra sentido en el hecho que este mecanismo constitucional
no fue diseñado para suplir los procesos ordinarios[53]
a los cuales deben acudir los ciudadanos para dar solución a sus controversias.
A partir de lo anterior, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 establece de manera clara que una de las causales de
improcedencia de la acción de tutela ocurre “[cuando] existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante.” (Resaltado fuera
del texto original)
En este sentido, el juez constitucional
deberá analizar las circunstancias específicas del caso objeto de análisis para
determinar si los medios o recursos de defensa judicial existentes son idóneos
para solucionar la situación del accionante.
7.  No obstante lo anterior, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 6 ibídem, en los casos
en que aun así existan medios principales de defensa judicial, la
jurisprudencia de esta Corporación reconoce dos excepciones a la improcedencia
del recurso de amparo por subsidiariedad. Estas salvedades tienen sus
respectivas implicaciones sobre la manera en la que se concede el amparo
constitucional, en caso de encontrarlo viable:
“i) Si bien, en abstracto, existe otro medio de defensa judicial y
el accionante cuenta con él para la defensa de sus derechos, desde la
perspectiva de la relación entre el mecanismo y el fin constitucional
perseguido por el actor, aquel no tiene la virtualidad de conjurar un perjuicio
irremediable. De tal forma, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio,
mientras el interesado acude a la vía ordinaria para discernir el caso o esta
resuelve definitivamente el asunto y, momentáneamente resguarda sus intereses.
ii) Si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es
eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la
tutela procede de manera definitiva. El análisis sobre la eficacia del
medio ordinario se encuentra determinada por el contraste entre éste y las
condiciones particulares del accionante.”[54] (Resaltado fuera del texto original)
8.  A partir de lo anterior, la Corte sostiene que la acción de tutela
procederá, así existan medios ordinarios de defensa judicial que se encuentren
disponibles, cuando (i) los mecanismos ordinarios no tienen la virtualidad de
conjurar el perjuicio irremediable en el caso del accionante, para lo cual el
amparo procederá de manera transitoria y (ii) los medios de defensa judicial
que existen son ineficaces, es decir, que no tienen la capacidad de proteger de
forma efectiva e integral los derechos de la persona[55], para lo cual procederá el amparo de
manera definitiva[56].
9.
Es por ser un mecanismo judicial
residual y subsidiario que el recurso de amparo no procede para reclamar
derechos prestacionales o económicos. En ese sentido, en principio, la acción
de tutela no es el mecanismo apropiado para reclamar la reliquidación de la indemnización
sustitutiva de vejez, pues correspondería a la justicia ordinaria laboral conocer
este tipo de controversias, por cuanto recae sobre prestaciones económicas que,
prima facie, no corresponden al juez constitucional.
10.  Sin embargo, la Corte considera que
la acción de tutela sí procede para reconocer derechos de carácter prestacional
de la seguridad social si se presentan circunstancias especiales que permitan
establecer la necesidad de intervención por parte del juez de tutela. En este
sentido, esta Corporación estableció reglas jurisprudenciales para estudiar
este tipo de pretensiones por vía del amparo, que sintetizó de la siguiente
manera: “a. Que se trate de sujetos de especial protección constitucional.
b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado
de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al
mínimo vital. c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad
administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la
prestación reclamada. d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por
las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.”[57] (Negrillas fuera del texto
original)
11.  De igual forma, en materia de actos
administrativos de contenido particular y concreto, la jurisprudencia de esta
Corporación establece que, por regla general, la acción de tutela no es
procedente para controvertirlos, por cuanto las discusiones que surjan de disconformidades
respecto a la aplicación o la interpretación de los mismos, se deben dirimir,
en principio, ante la jurisdicción contenciosa administrativa.[58] Ahora bien, en el caso particular de las
controversias respecto a actos administrativos que decidan sobre derechos
pensionales, dicho debate se debe adelantar ante la justicia ordinaria laboral.[59]
12.  Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoce la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos[60], cuando se evidencie que
“(i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos fundamentales,
en especial los postulados que integran el derecho al debido proceso; y (ii)los
mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales yerros, no resultan
idóneos en el caso concreto o se está ante la estructuración de la inminencia
de un perjuicio irremediable; la acción de tutela es procedente de manera
definitiva en el primer caso, o como mecanismo transitorio en el segundo, en
aras de contrarrestar los efectos inconstitucionales del acto administrativo.”[61]
13.  Ahora bien,
respecto al caso que ocupa a la Sala, a partir de las pruebas aportadas en el
proceso, se evidenciaron unas circunstancias particulares cuya valoración es
necesaria a efectos de verificar el cumplimiento del principio de
subsidiariedad:
i)    En primer
lugar, cabe destacar que, en el caso objeto de revisión, se pretende la
protección de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional. En efecto, se tiene que el accionante es un adulto mayor que padece de Párkinson[62]. Este es un trastorno del sistema nervioso
central de naturaleza degenerativa, que también tiene implicaciones en
materia cognitiva, como bien lo atestiguó el accionante al afirmar que por su
estado de salud se “confundía al momento de sacar las cuentas y al entregar
los vueltos después de que [le] pagaban”[63], por lo que tuvo que vender el
negocio con el que obtenía su sustento económico. Por demás, la Sala evidenció
que se encuentra en una situación económica precaria, circunstancia que,
aunado a todo lo anterior, lo ubica en una situación de vulnerabilidad que debe
ser reconocida por el juez constitucional.
ii)  En segundo
lugar, debe advertirse que, prima facie, se puede evidenciar una
posible afectación al mínimo vital del accionante, que se presenta por cuenta
de la liquidación realizada por COLPENSIONES de la indemnización sustitutiva.
Así, la Sala pudo observar, a partir de las pruebas obrantes en el expediente,
que el accionante no tiene una fuente de ingreso estable y que, en este
entendido, una indemnización sustitutiva por un valor de $286.139 no resultaría
suficiente para cubrir sus necesidades en esta etapa de la vida en la que afirma
que no tiene capacidad para laborar ni puede seguir cotizando al sistema
pensiones, además de tener que solventar los gastos para tratar su enfermedad.
iii)     En
tercer lugar, encuentra la Sala que el accionante, a través de su cuñado,
llevó a cabo todas las actividades ante la administradora de pensiones a la que
se encuentra afiliado, con el propósito de ver reconocido a su favor la indemnización
sustitutiva por los periodos en los que laboró para las diferentes entidades y
empresas estatales. De hecho, la Sala encuentra que, desde el año 2016, el
actor presentó diferentes y sucesivas solicitudes a COLPENSIONES con el fin de
lograr el reconocimiento de su prestación pensional.
iv)     Finalmente,
dadas las circunstancias económicas y de salud en las que se encuentra el
actor, la Sala encuentra que, si bien existe un mecanismo judicial ordinario
para controvertir la liquidación de la indemnización sustitutiva frente a la
jurisdicción laboral, lo cierto es que no resulta lo suficientemente idóneo y
expedito para dar una solución que garantice la protección de los derechos al
mínimo vital y la seguridad social del accionante, habida cuenta de la
situación financiera y de salud tan apremiante en la que se encuentra.
14.
En
conclusión, el demandante acreditó el cumplimiento de los presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela para el reconocimiento de su pretensión
pensional y para, en principio, poder entrar a controvertir la posible
vulneración de los derechos fundamentales del actor a partir del acto
administrativo. En efecto, la Sala logró establecer que el accionante se
encuentra en un nivel de vulnerabilidad crítico debido a su condición
etaria, médica y socioeconómica, que justifica la inmediata intervención
del juez constitucional. De esta manera, en el presente caso procede
formalmente la solicitud de amparo como un mecanismo definitivo, pues se
acreditó que los medios ordinarios ante la jurisdicción laboral no resultan
idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales invocados
por el actor.
Asunto
bajo revisión y formulación del problema jurídico de fondo
15.  El ciudadano formuló acción de tutela en contra de COLPENSIONES, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y al debido
proceso, que se generó por la negativa de la
entidad demandada de realizar nuevamente el cálculo de la indemnización
sustitutiva de la pensión, con base en las semanas que laboró para la Caja
Agraria y ELECTROCÓRDOBA.
Por lo anterior, solicitó que se ordene a COLPENSIONES iniciar el trámite
para la emisión de los bonos pensionales por parte de las entidades a las que
estuvo vinculado laboralmente, con el propósito de que se rehiciera el cálculo
de la indemnización sustitutiva, y que se reconociera el tiempo efectivamente
laborado por él al servicio de la Caja Agraria y ELECTROCÓRDOBA.
Por su parte, COLPENSIONES manifestó que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante, pues reconoció la indemnización sustitutiva con
base en las 23 semanas que cotizó al ISS, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, compilado por el Decreto 1833 de 2016.
Adicionalmente, expresó que la obligación de reconocer y pagar la indemnización
sustitutiva por los periodos en los que el actor trabajó para la Caja Agraria y
ELECTROCÓRDOBA, corresponde a la UGPP o a las cajas de previsión social en las
que hubiere realizado las cotizaciones a seguridad social.
De igual manera, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público rindió informe a la Corte Constitucional, en el que expresa
que las pretensiones del accionante deben ser desestimadas. Lo anterior, con
fundamento en que (i) la indemnización sustitutiva no se financia a través de
bonos pensionales, pues este beneficio solo corresponde cuando se va a
reconocer la pensión de vejez y no su prestación sustituta y que (ii) la
entidad que podría estar llamada a responder por los tiempos en los que el
actor laboró al servicio de la Caja Agraria, es la UGPP.
16.  De conformidad
con lo anterior, y de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, la
Sala considera que el problema jurídico que debe resolver se circunscribe a
establecer si ¿la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al mínimo
vital y al debido proceso del actor,
particularmente porque se limitó a reconocer la indemnización sustitutiva con
base en las semanas cotizadas a dicha entidad, con exclusión de los tiempos laborados
por el accionante al servicio de la Caja Agraria y de ELECTROCÓRDOBA, empresas
que no han reconocido bono pensional en favor del actor?
Para dar respuesta al problema jurídico
planteado, la Sala de Revisión abordará previamente el estudio de los
siguientes asuntos: (i) el derecho a la seguridad social en materia pensional; (ii)
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y finalmente,
(iii) se analizará el caso concreto, previa una consideración respecto a las
solicitudes de nulidad presentadas en el trámite de revisión por parte de la
UGPP y por COLPENSIONES.
El derecho a la
seguridad social en materia pensional. Reiteración de jurisprudencia
17.
El artículo 48 de la Constitución consagra
el derecho a la seguridad social en una doble dimensión. Por un lado, se trata
de un servicio público que se presta bajo la dirección, la
coordinación y el control del Estado. Por otro lado, es una garantía de
carácter irrenunciable e imprescriptible en cabeza de los ciudadanos[64].
Así, en su primera acepción, el
servicio público de la seguridad social debe regirse por los principios de eficiencia,
solidaridad, integralidad y universalidad y es una manifestación inherente
a las finalidades sociales del Estado, consagradas en el artículo 2º de la
Constitución, “en cuanto apunta a la garantía efectiva de los principios,
derechos y deberes consagrados en el ordenamiento superior, dentro de un marco
normativo fundado en el respeto de la dignidad humana”.[65]
En
cuanto a su segunda acepción, la seguridad social, como derecho, se encuentra vinculada
con la garantía de protección frente a determinadas contingencias que pueden
afectar la vida de las personas. Es por ello que su realización se enfoca en la
satisfacción de derechos fundamentales como el mínimo vital, lo que le otorga
el carácter de derecho irrenunciable.[66]
En
este orden de ideas, y a partir de los principios consagrados en la Carta
Política, el Legislador profirió la Ley 100 de 1993, a través de la cual reguló
las contingencias
aseguradas, las instituciones que integran el sistema y los requisitos
establecidos para acceder a los derechos prestacionales. Precisamente, el
preámbulo de la ley indica que el sistema de seguridad social fue instituido para garantizar la “cobertura
integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la
capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin
de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”[67]. (Resaltado fuera
del texto original)
De hecho, una de las contingencias
aseguradas por el Sistema General de Seguridad Social es la vejez, cuya
prestación principal consiste en la pensión y, de manera supletoria, en la
indemnización sustitutiva, las cuales, en cualquier caso, responden a dicha
contingencia.
18.  Ahora bien, con
respecto al carácter fundamental del derecho a la seguridad social, esta
Corporación ha establecido lo siguiente:
“(…) una vez ha
sido provista la estructura básica sobre la cual ha de descansar el sistema de
seguridad social, lo cual, además de los elementos ya anotados –prestaciones y
autoridades responsables-; a su vez supone el establecimiento de una ecuación
constante de asignación de recursos en la cual están llamados a participar los
beneficiarios del sistema y el Estado como último responsable de su efectiva
prestación; la seguridad social adquiere el carácter de derecho
fundamental, lo cual hace procedente su exigibilidad por vía de tutela (…)”[68] (Resaltado
fuera del texto original)
19.  Por lo tanto, el derecho a seguridad social tiene un carácter
fundamental relacionado con el derecho al mínimo vital, más aún, cuando se
trata de personas que se encuentran en estado de indefensión, y que son
destinatarias de una especial protección constitucional.
La indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez
20.
El Sistema General de Pensiones está
conformado por dos regímenes solidarios, que son excluyentes entre sí pero que coexisten:
el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad[69]. A su vez, estos dos regímenes
presentan características comunes consagradas en el artículo 13 de la Ley 100
de 1993.
Particularmente, y en lo que atañe al
objeto de estudio por parte de la Sala, dicha norma dispone que “los
afiliados que al cumplir la edad de pensión no reúnan los demás requisitos
para tal efecto, tendrán derecho a una devolución de saldos o
indemnización sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual estén
afiliados”.[70] A
su vez, el literal (f) del artículo 13 ibídem establece que “para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de [la ley 100 de 1993], al Instituto de Seguros
Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el
tiempo de servicio como servidor público”. (Resaltado fuera del texto
original)
Sobre este punto, la Corte
Constitucional ha señalado que el Legislador reconoció de manera expresa que los
periodos laborados como servidor público o las cotizaciones efectuadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, serían tenidas en
cuenta para reconocer las prestaciones pensionales contempladas en ella, lo
cual es un indicador de que éstas funcionan “bajo la lógica de un sistema
programático, en el que tiene especial preponderancia los principios de
integralidad y universalidad”[71]. De lo
contrario, si no se hubiese previsto un mecanismo para cubrir aquellos tiempos trabajados
que ocurrieron con anterioridad a la vigencia de aquella norma, ya sea con o
sin cotización, se habría obstaculizado el acceso de la mayor parte de los
trabajadores a su derecho pensional, pues el cambio normativo habría implicado
necesariamente la pérdida del tiempo efectivamente trabajado[72].
21.
Ahora bien, es importante señalar que
el sistema de pensiones fue diseñado de tal manera que la contingencia de vejez
pudiese ser enfrentada desde diferentes supuestos. En un primer supuesto, si la
persona cumple con los requisitos señalados por la ley, podrá acceder a la
pensión de vejez. Sin embargo, la norma también previó aquel supuesto en el que
la persona que cumplió con la edad para obtener la pensión, pero que no
acredita el cumplimiento de las demás exigencias para reconocer dicha
prestación, tiene derecho a acceder a una indemnización sustitutiva, en
caso de que esté afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, o
a la devolución de saldos, si se encuentra en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad.
Es evidente que esta solución
supletoria a la pensión de jubilación que consagra la ley, busca proteger el
derecho al mínimo vital de los afiliados que, por cualquier circunstancia, no realizaron
los aportes suficientes y que dependen económicamente de aquellas sumas que
ahorraron a lo largo de su vida laboral, pues por su edad, ya no están
condiciones de continuar trabajando para obtener un sustento económico. En ese
sentido, y en desarrollo del principio de integralidad, el sistema no
deja sin amparo de vejez a las personas que no pueden acceder a la pensión, y
les reconoce una indemnización de manera sustituta.
22.  En línea con lo anterior, el artículo
37 de la Ley 100 de 1993 establece que la indemnización sustitutiva se le
reconoce a aquellas personas que hacen parte del Régimen Solidario de Prima
Media con Prestación definida, que “(…) habiendo cumplido la edad para
obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren
su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base
de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.” (Resaltado fuera
del texto original)
En cuanto a la causación del derecho a la indemnización
sustitutiva, el artículo 2.2.4.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de
2016, que compiló el artículo 1º del Decreto 1730 de 2001, estableció que habrá
lugar a su reconocimiento por parte de las administradoras del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, entre otros supuestos, cuando la persona se
retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de
semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y se
declare en imposibilidad de seguir cotizando. Por su parte, en lo que respecta
al reconocimiento de la prestación en comento, el Decreto 1833 ibídem
dispuso:
“Cada administradora del régimen
de prima media con prestación definida a la que haya cotizado el trabajador,
deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al
tiempo cotizado.
(…)
Para determinar el monto de la
indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas
cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.”[73] (Resaltado
fuera del texto original)
23.  A partir de lo expuesto, esta
Corporación estableció una interpretación pacífica a través de la
jurisprudencia[74], en lo
que respecta al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, al determinar las
siguientes reglas:
(i) En primer lugar, a partir del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la Corte advierte que para otorgar las
prestaciones que se contemplan en el sistema general de seguridad social, “se
tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier
caja, fondo o entidad del sector público o privado, cualquiera que sea el
número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio.” Asimismo, en lo que
respecta específicamente a la indemnización sustitutiva, el artículo 2º del
Decreto 1730 de 2001, compilado en el Decreto 1833 de 2016, estableció que el
monto de la indemnización sustitutiva tendrá en cuenta la totalidad de las
semanas cotizadas, inclusive las anteriores a la Ley 100 de 1993.
De hecho, la jurisprudencia constitucional no solo reconoce la posibilidad
del otorgamiento de la prestación a aquellas personas que realizaron
cotizaciones antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
sino también a quienes cotizaron únicamente antes de haberse expedido dicha
norma. Así, esta Corporación resolvió este segundo supuesto en el mismo
sentido, “a partir del efecto general e inmediato de las normas que regulan
el derecho a la seguridad social, que, como se sabe, ha sido reconocido con una
vocación general y universal, lo que supone que las prestaciones que se
reconocen a su cargo, tan sólo se causan en el momento en que se tornan
efectivas la contingencias objeto de amparo y al tenor del régimen normativo en
ese momento vigente, sin importar si las mismas estaban o no previstas
cuando la persona ingresó al sistema”[75].
(Resaltado fuera del texto original)
(ii)   En segundo lugar, la Corte determinó
que el derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva es
imprescriptible y que no se consagró ningún límite temporal a su aplicación.
En este sentido, puede ser
solicitada en cualquier tiempo por aquellas personas que cumplieron la edad
para pensionarse pero que no acreditaron cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones por un tiempo igual o superior al mínimo requerido para la
obtención de la pensión de vejez. Por lo anterior, no es viable que los fondos
administradores de pensiones supediten su otorgamiento a que se efectuaran
cotizaciones con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
(iii) Finalmente, la Corte entiende que en los casos en los que se pretende el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva se debe dar eficacia a la prohibición del
enriquecimiento sin causa. Lo anterior por cuanto si una entidad que recibió
las cotizaciones pensionales de un afiliado, no le reconoce la prestación
solicitada [en este caso la indemnización sustitutiva] y, además, retiene los
aportes que realizó durante su vida laboral, la administradora o caja tiene a
su favor un activo líquido sin causa que lo justifique. En esa medida, si un
usuario no cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez y
manifiesta que no tiene recursos para continuar cotizando al sistema, es
necesario devolverle las cotizaciones efectuadas mediante la figura de la
indemnización sustitutiva.
24.  Aunado a lo anterior, existe una
normatividad que cobija específicamente los requisitos para la emisión y redención de los bonos
pensionales que se deban expedir por traslado de los servidores públicos al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, que se encuentra consagrada en
el Decreto 1314 de 1994. Esta norma, en su artículo 2º, dispone que “[habrá]
lugar al bono pensional de que trata
[el Decreto 1314] cuando el traslado que lo origina corresponda a quienes estén
prestando servicios o hubieren prestado servicios al Estado o a alguna de sus
entidades descentralizadas como servidores públicos de cualquier orden, con
vinculación contractual o legal y reglamentaria”. Adicionalmente, prescribe que los bonos pensionales deberán ser
emitidos dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de traslado del
afiliado al régimen de prima media.
El artículo 4º del decreto en cita, consagra que estos bonos pensionales
deben ser emitidos por la última entidad pagadora a la cual haya pertenecido el
afiliado o por la Nación o la entidad territorial. A su vez, el artículo 7º
regula lo relacionado con su redención, cuando el usuario
se pensione en el Instituto de Seguros Sociales por vejez, invalidez o cuando
se cause la pensión de supervivencia y cuando haya lugar a la indemnización
sustitutiva.
De acuerdo con esta norma, es evidente que el bono pensional se puede
redimir en los casos en los que hay lugar al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva, cuando la persona prestó servicios al Estado o a una de sus
entidades descentralizadas y que se trasladó al ISS.
25.  Ahora bien, no obstante existe
claridad respecto de las reglas que aplican al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, lo cierto es que se presenta discusión alrededor de
los casos en los que el accionante (i) trabajó en una entidad pública sin
realizar cotizaciones al sistema y (ii) posteriormente realizó aportes al ISS.
Frente a lo anterior, la controversia que ha abordado la Corte Constitucional
en Sala de Revisión, gira entorno a cuál es la entidad que está llamada a hacer
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva por los tiempos cotizados y aquellos
trabajados sin cotización al sistema, ya sea la administradora a la que se
encuentra afiliado el actor o cada caja o entidad en la que realizó las
cotizaciones.
26.  Al respecto, en Sentencia T-596 de 2013[76],
esta Corporación revisó, entre otros casos acumulados, la tutela instaurada por
una ciudadana[77]
contra el ISS y la Gobernación de Antioquia, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad personal, a la
seguridad social, al mínimo vital y a los derechos inherentes a las personas de
la tercera edad, al no tener en cuenta para la liquidación de la
indemnización sustitutiva pensional el tiempo laborado en la Gobernación de
Antioquia, el cual no fue cotizado al ISS. Por lo tanto, solicitó que se
hiciera el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, y se tuvieran en
cuenta los siete años laborados para la Gobernación de Antioquia. El problema
jurídico giraba en torno a si la entidad accionada había vulnerado los derechos
fundamentales de la actora al negar la reliquidación de la prestación, por no poderse
computar el tiempo de servicios cotizados al Instituto del Seguro Social con
aquel laborado pero no cotizado con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Sobre este punto, tras reiterar las
reglas jurisprudenciales aplicables al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva, la Sala concluyó que “podrán solicitar la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez aquellas personas que, independientemente
de haber estado o no afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el
momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, cumplan en cualquier
tiempo con la edad exigida, pero no las semanas mínimas de cotización al
sistema para adquirir la pensión de vejez. Así, es posible que en un solo
pago les sea devuelto el ahorro que efectuaron en el transcurso de su vida
laboral, para que con él atiendan sus necesidades básicas en procura de una
subsistencia digna”.[78]
(Resaltado fuera del texto original)
Particularmente, y en atención al
problema jurídico, en dicha sentencia se determinó que “[si] bien el ISS
ha sostenido que los interesados en el reconocimiento de la pensión de vejez
deben haber cotizado todo el tiempo de servicios requerido, solamente a ese
instituto, en las sentencias T-090 y T-389 de 2009, y T-583 de 2010, la Corte
Constitucional manifestó que en aplicación del principio de favorabilidad ya
aludido, ‘es posible la acumulación de tiempos no cotizados al ISS’ para
contabilizar las semanas requeridas a fin de obtener el reconocimiento de la
pensión de vejez”.[79] (Resaltado
fuera del texto original)
Con todo, la Corte trasladó dicha
conclusión al caso de la señora Luzmila Isaza Gómez, por lo que amparó los
derechos fundamentales de la accionante, y ordenó al ISS que expidiera un nuevo
acto en el que reconociera y pagara la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, de acuerdo con las semanas que se encontraban debidamente
acreditadas, lo cual, en este caso particular, incluía los tiempos que la
actora laboró sin cotización para la Gobernación de Antioquia.
27.  Posteriormente,
en Sentencia T-681 de 2013[80],
esta Corporación analizó varios casos en los que diferentes ciudadanos solicitaban
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva que les fue negada por parte
de las entidades accionadas, en cuanto culminaron su relación laboral antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, se diferenciaban en
torno a los escenarios mencionados, es decir, si la indemnización sustitutiva
fue negada únicamente porque la vinculación laboral terminó antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993, o lo fue alegando que le correspondía el
reconocimiento exclusivamente a entidades de la seguridad social, o porque –al
trabajar para una empresa privada– no se contaba con la obligación de efectuar
cotizaciones o reservas pensionales, ni de transferir el riesgo al sistema de
seguridad social.
En particular, la providencia en mención realizó un amplio análisis en
relación con los responsables del cubrimiento de la prestación. Específicamente,
aclaró que son diferentes los entes obligados a reconocer la indemnización
sustitutiva, a partir de factores como “(i) la condición del empleador, (ii)
la naturaleza jurídica de las entidades que asumieron los riesgos que surgen
como consecuencia de la vejez y (iii) el momento en que cesó la relación
laboral”[81].
Así, precisó que, por regla general, el reconocimiento de la prestación le
corresponde a la administradora del régimen de prima media a la que se
encuentra vinculado el trabajador, incluso frente al tiempo laborado o cotizado
con anterioridad a la Ley 100 de 1993. No obstante, la Sala consideró
que en tratándose de servidores públicos que laboraron antes de la entrada en
vigencia de la aludida ley, cuyo riesgo no haya sido trasladado a una
entidad de previsión social, su otorgamiento le corresponde a la última
entidad o empresa pública que haya fungido como empleadora.
Por demás, dicha providencia concluyó que “(…) independientemente de si la persona se encontraba o no afiliada al
sistema de seguridad social después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, es claro que las semanas cotizadas o laboradas con anterioridad
a dicha fecha, han de tenerse en cuenta para el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva. Máxime cuando el citado derecho prestacional tan
sólo se consolida en cabeza de una persona, al momento en que se torna efectiva
la contingencia objeto de amparo.”[82] (Resaltado fuera del texto original)
De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que, de acuerdo con esta
postura, los trabajadores que se trasladaron a las administradoras de pensiones
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, dado que trasladaron el
riesgo de vejez a dicha entidad, tendrán derecho a que aquella les reconozca la
indemnización sustitutiva tanto por los tiempos laborados como por los
cotizados con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
28.  Además, en Sentencia
T-122 de 2016[83],
la Sala Cuarta de Revisión estudió el caso de un ciudadano que interpuso
acción de tutela en contra del Departamento de Antioquia, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, mínimo vital y dignidad
humana, por causa de la negativa de dicha entidad a reconocer el pago de la
indemnización sustitutiva por el tiempo en que éste laboró a su servicio en el
periodo comprendido entre 1986 y 1997.
Al respecto, manifestó el accionante que
el fondo de Pensiones de Antioquia emitió un bono pensional, según el cual
COLPENSIONES asumió la carga prestacional de los derechos pensionales que le
asistían, por lo que solicitó ante aquella administradora de pensiones el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. La prestación le fue
negada en su momento, por cuanto no acreditaba semanas de cotización al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones y, por ende, se determinó que la
indemnización correspondiente debía asumirla la caja pensional a la que el
trabajador efectuó los aportes. A su vez, Pensiones de Antioquia le reconoció
la prestación económica, pero únicamente por el periodo comprendido entre el 1º
de junio de 1996 y el 1 de enero de 1997, en tanto que fue el tiempo que cotizó
para dicha entidad.
En esta providencia, la Sala recalcó
varias reglas respecto al otorgamiento de la indemnización sustitutiva. Para el
caso objeto de estudio, se destacan las siguientes: “(…) son beneficiarias
las personas que cotizaron o prestaron sus servicios con anterioridad [a
la Ley 100 de 1993], máxime si se tiene en cuenta que se trata de una norma de
orden público que implica que es de inmediato y obligatorio cumplimiento y, por
tanto, afectan situaciones no consolidadas que se encuentran en curso (…)”
y “[el] Sistema General de Seguridad Social en Pensiones reconoce, en el
literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que se puede tener en cuenta los
tiempos de servicio o semanas cotizadas con anterioridad a su creación y
bajo disposiciones precedentes con independencia de si fueron cotizados al
Instituto de Seguro Social, caja, fondo o entidad del sector público o
privado.” (Resaltado fuera del texto original)
Al final, consideró que la
interpretación de la entidad demandada contrariaba los principios de
favorabilidad e integralidad pensional, y que la falta de reconocimiento de la
indemnización sustitutiva por el tiempo efectivamente laborado por el
accionante, constituía una clara vulneración a sus derechos fundamentales. En
virtud de lo anterior, la Corte ordenó al Departamento de Antioquia constituir
la reserva actuarial correspondiente, y que se tuviera en cuenta todo el tiempo
de servicio que prestó el actor ante dicha entidad y, una vez realizada la
reserva, dispuso que la misma fuera trasladada a COLPENSIONES para que hiciera la
liquidación y el pago de la indemnización debida al accionante a partir de las
sumas giradas por la entidad departamental.
29.  Finalmente, en
la Sentencia T-471 de 2017[84],
la Corte Constitucional conoció de la acción de tutela promovida por un
ciudadano en contra de las Empresas Públicas de Armenia (en adelante, las
“EPA”) y COLPENSIONES. Como fundamento de la acción, afirmó que trabajó para
las EPA entre 1954 y 1970. Entre 1954 y 1966, su empleadora se encargaba
directamente de recaudar su pensión. Posteriormente, indicó que cotizó al ISS
en el periodo comprendido entre 1967 y 1976, mientras estuvo vinculado
laboralmente a las EPA y posteriormente con otras empresas.
Inicialmente, el ISS le reconoció la
indemnización sustitutiva con base en las 194 semanas que cotizó al sistema de
pensiones. Tras un proceso ordinario laboral en el que el accionante pretendía
la reliquidación de ese monto, la entidad le manifestó que el pago de la
indemnización requerida le correspondía a las EPA por el tiempo que laboró para
esa entidad, de conformidad con el artículo 2° del Decreto 1730 de 2001. Por su
lado, las EPA negaron la pretensión al considerar que se encontraba prescrita y
que no les correspondía el pago de la misma.
Por lo tanto, el actor pretendió, a
través del recurso de amparo, que la Corte le ordenase a las EPA la expedición
del correspondiente bono pensional con base en el tiempo laborado para esa empresa
y que el mismo fuese remitido a la administradora de pensiones para que
reliquidara la indemnización sustitutiva, con fundamento en la totalidad de
los periodos trabajados para la entidad pública.
Al final, esta Corporación
consideró que la indemnización sustitutiva sí se podía financiar a través
del bono pensional, por lo que concedió las pretensiones del accionante y
ordenó (i) a las EPA emitir el bono pensional por el tiempo laborado por el
actor ante esa entidad y (ii) a COLPENSIONES que, una vez hubiese recibido el
bono pensional por parte de las EPA, resolviese nuevamente la situación
pensional del actor, considerando toda su historia laboral, las semanas
cotizadas al sistema general de pensiones, el tiempo efectivamente trabajado
en las EPA y los factores salariales para determinar si le asistía el derecho
a la pensión de vejez o si era beneficiario de la indemnización sustitutiva
de esa prestación.
30.  En consecuencia,
de acuerdo con las normas y la jurisprudencia reseñadas anteriormente, la Sala
de Revisión concluye que (i) las administradoras de pensiones a las cuales se
encuentra afiliado el solicitante de la indemnización sustitutiva deben
reconocer dicha prestación con base en los tiempos laborados o cotizados
al sistema de pensiones, independientemente de si los mismos ocurrieron con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio de
que éstas puedan repetir contra los antiguos empleadores para los cuales
trabajó el peticionario. A su vez, (ii) de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1314 de 1994, hay lugar a la redención del bono pensional en los
casos en los que  se reconozca la indemnización sustitutiva, cuando la persona
prestó servicios al Estado o a una de sus entidades descentralizadas y luego se
trasladó al ISS.
Verificado el precedente en comento e
identificadas las reglas jurisprudenciales correspondientes, procede la Sala a
dar respuesta al problema jurídico planteado anteriormente, según la
metodología trazada en el Fundamento Jurídico 16  de esta sentencia.
Cuestión previa a
resolver el caso concreto
Solicitud de
nulidad por parte de la UGPP
31.  A través de Auto
del 23 de enero de 2019[85],
esta Corporación vinculó al trámite de revisión de tutela de la referencia a la
UGPP, con el propósito de que tuviese la oportunidad de participar en el
proceso y pronunciarse respecto de las pretensiones solicitadas por el
accionante frente a la indemnización sustitutiva. Asimismo, en aquella
providencia, la Corte le informó a esta entidad que, de conformidad con el artículo
133 del C.G.P., ésta tenía la posibilidad de solicitar la nulidad de lo actuado,
dado que no se le vinculó al proceso de tutela en sede de instancia.
El auto en cuestión fue
notificado por medio del oficio OPT-A-107 del 25 de enero de 2019[86],
que fue enviado al correo electrónico de notificación judicial que constaba en
la página de internet oficial de la entidad a la fecha en que se profirió el
auto del 23 de enero de 2019[87],
así como a la dirección de correspondencia indicada en esa misma página[88].
Transcurrido el término otorgado
por la Corte para dar respuesta al auto del 23 de enero de 2019, la Secretaría
General emitió un oficio el 31 de enero de 2019, mediante el cual informó al
despacho de la Magistrada sustanciadora que “de los oficios OPT-A-107/2019,
108 y 110, no se recibió respuesta alguna”. (Resaltado fuera del
texto original)
Posteriormente, a través del oficio
OPT-A-177 del 1º de febrero de 2019[89],
la Secretaría General de la Corte Constitucional corrió traslado de las pruebas
allegadas en respuesta al auto del 23 de enero de 2019, que fueron puestas a
disposición de las partes para su consulta durante dos días en la Secretaría de
esta Corporación. En respuesta al oficio OPT-A-177, la UGPP envió un escrito
recibido por la Secretaría General el 7 de febrero de 2019[90]
y enviado al despacho de la Magistrada sustanciadora el 8 de febrero del mismo
año[91],
mediante el cual el apoderado judicial de la entidad dio respuesta a las
cuestiones planteadas por la Corte en el auto del 23 de enero de 2019 y
solicitó, como única pretensión, que se le desvinculara del trámite de revisión
de tutela por cuanto no estaba legitimado por pasiva en dicha cuestión.
No obstante, previo a recibir el
escrito de la UGPP antes reseñado y, con base en el oficio de la Secretaría
General de la Corte Constitucional del 31 de enero de 2019, la Magistrada
sustanciadora profirió Auto del 5 de febrero de 2019, mediante el cual
se requería a la UGPP dar respuesta a las cuestiones planteadas en el auto del
23 de enero de 2019, dado que no se recibió comunicación alguna hasta ese
momento. Adicionalmente, se indicó que la nulidad se encontraba saneada, ya que
las entidades que se vincularon no se pronunciaron sobre la posible nulidad. Aquella
providencia de requerimiento fue notificada por medio del oficio OPT-A-248
del 7 de febrero de 2019[92].
En respuesta al auto del 5 de
febrero de 2019, la UGPP envió un escrito[93]
por correo electrónico de fecha 11 de febrero de 2019 a las direcciones de la
Secretaría General y del despacho de la Magistrada Sustanciadora[94].
La entidad solicitaba la nulidad del auto del 5 de febrero de 2019, por cuanto
aseguraba que la Corte desconoció el término de tres días hábiles que se le otorgó
para dar respuesta al auto del 23 de enero de 2019. Específicamente, la UGPP
indicó que aquella providencia se le notificó mediante el oficio OPT-A-177 de
2019 el 4 de febrero de 2019, por lo cual tenía hasta el 7 de febrero para dar
respuesta a las cuestiones que se le plantearon en dicho auto.
Así las cosas, añadió que al
momento de proferir el auto del 5 de febrero de 2019, en el cual la Corte
Constitucional requirió a la entidad para que diera respuesta a lo solicitado
en el 23 de enero de 2019, esta Corporación vulneró su derecho al debido
proceso, en la medida en que desconoció el término que se le había otorgado
inicialmente, al proferir un auto de requerimiento sin que hubiera transcurrido
el término otorgado que, en su criterio, vencía el 7 de febrero de 2019. Por lo
anterior, solicitó la nulidad de la providencia del 5 de febrero de esta
anualidad, para que se tuviera por contestado el auto del 23 de enero de 2019. En
ese mismo escrito, la UGPP desarrolló argumentos idénticos a los esbozados
en su escrito original del 7 de febrero de 2019, con base en los cuales solicitó
la desvinculación de la entidad del trámite de revisión de la tutela.
Ahora bien, en el marco de este proceso
la Sala Sexta de Revisión profirió el Auto del 13 de febrero de 2019[95],
mediante el cual ofició a la FIDUPREVISORA para que remitiese unas pruebas a
esta Corporación y suspendió los términos del trámite de revisión por 10 días
hábiles. De dicha providencia se corrió traslado a las partes, incluida a la
UGPP, a quien se le notificó por medio de oficio OPT-A-417 del 22 de febrero de
2019[96],
que aquellas pruebas se encontraban disponibles en la Secretaría General de la
Corte para consulta de las partes.
Frente a lo anterior, la UGPP remitió un
nuevo escrito de solicitud de nulidad, enviado por correo electrónico a las
direcciones de la Secretaría General y del despacho de la Magistrada Sustanciadora
el día 26 de febrero de 2019. En esta oportunidad, la entidad se refirió al
contenido del auto del 13 de febrero de 2019, indicando que en el mismo se
informa que “solo ELECTRICARIBE dio respuesta al oficio OPT-A-178 de 2019,
dejando por fuera y sin valor las respuestas dadas por esta Unidad y allegadas
en término, donde da contestación a los requerimientos y en donde se solicita
la nulidad del auto del 05 de febrero de 2019”. En este sentido, indicó que
la UGPP dio respuesta tanto al auto del 23 de enero de 2019, como al del 5 de
febrero, pero que la Corte no tuvo en cuenta estos escritos en la providencia
del 13 de febrero de 2019, vulnerando así su derecho al debido proceso.
Por lo tanto, solicitó la nulidad de los
autos del 5 de febrero de 2019 y del 13 de febrero de 2019, con el propósito de
que se realizase la “adecuada integración de los oficios de respuestas
emitidas por parte de esta Unidad, para que se rehaga el trámite observando el
debido proceso”.
32.  En relación con
lo expuesto anteriormente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de las
solicitudes de nulidad presentadas por la UGPP en los siguientes términos:
(i)      En primer
lugar, la UGPP alega que la Corte Constitucional vulneró su derecho al
debido proceso, en la medida en la que presuntamente desconoció el término
otorgado en el Auto del 23 de enero de 2019 para pronunciarse respecto a
lo dispuesto en dicha providencia. Así, afirma que conoció de dicho auto por
medio de oficio OPT-A-177 del 1º de febrero de 2019, que le fue notificado el 4
de febrero de 2019 por correo certificado de 4/72.
No obstante, dicha interpretación
es equivocada, en la medida en la que el oficio que notificaba a la UGPP del Auto
del 23 de enero de 2019 es el oficio OPT-A-107 del 25 de enero de 2019[97],
el cual informaba a la entidad respecto de su vinculación al proceso de
revisión. Respecto a este punto, esta Sala reconoce que hubo una particularidad
en el proceso de notificación del oficio OPT-A-107 antes aludido, en la medida
en la que fue enviado al correo electrónico que aparecía en la página de
internet oficial de la entidad como correo de notificación judicial, el cual al
parecer no estaba habilitado en ese momento y sin que la Corte tuviese
conocimiento alguno de la desactualización de los sistemas de información al
público ofrecidos por la UGPP[98].
Asimismo, el oficio también fue remitido por correo certificado de 4/72 por
parte de la Secretaría General de esta Corporación, sin embargo la empresa
postal lo entregó hasta el 11 de febrero de 2019.[99]
Con base en lo anterior, es
importante tener en cuenta que la causal de nulidad por indebida notificación
de una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento
de pago, se puede corregir practicando la notificación omitida o entender
saneada si se configuran los supuestos que se consagraron para tal efecto, de
acuerdo con lo dispuesto en el inciso del artículo 133 del C.G.P.
En esa medida, la Sala se permite
aclarar que la UGPP sí tuvo conocimiento oportuno de la acción de tutela y
de su vinculación al trámite de revisión de la misma, pues la entidad
indica que tuvo conocimiento de esto mediante el oficio OPT-A-177 del 1º de
febrero de 2019. En efecto, el hecho de que la entidad haya dado respuesta a las
cuestiones planteadas en el Auto del 23 de enero de 2019 por medio del escrito
que presentó ante esta Corporación el 7 de febrero de este año, indica
claramente que la UGPP se notificó por conducta concluyente de dicha
providencia y de su vinculación al trámite de revisión, tanto así que tuvo la
oportunidad de dar respuesta a las preguntas de la Corte y de solicitar la
desvinculación de la entidad del proceso, por lo que pudo ejercer sus derechos
de defensa y de contradicción. Asimismo, es importante tener en cuenta que esta
Corte reconoce la validez de la notificación por conducta concluyente[100],
en la medida en que garantiza el derecho de defensa de las partes.
(ii)    En
segundo lugar, frente al reparo referente a que la Corte omitió
pronunciarse sobre las nulidades que la UGPP presentó en el trámite de
revisión, es menester recordar que el artículo 106 del Reglamento Interno de la
Corte Constitucional, emitido mediante Acuerdo 02 de 2015, dispone que en los
casos en los que la nulidad “se invoca con anterioridad a la sentencia, la
misma podrá ser decidida en dicha providencia o en un auto separado”. (Resaltado
fuera del texto original)
En este sentido, la Sala no vulneró
los derechos fundamentales de contradicción y de defensa en cabeza de la UGPP
por no haberse pronunciado con anterioridad frente a las mencionadas
solicitudes de nulidad, por cuanto la Corte tiene la facultad de dar respuesta
a las mismas en la sentencia, siempre y cuando éstas sean formuladas previo a
la fecha en que se profiera la providencia.
Con todo, la Sala niega las
solicitudes de nulidad presentadas por la UGPP, a partir de lo expuesto
anteriormente, con base en lo cual se concluye que esta Corporación no vulneró
los derechos de defensa y de contradicción de dicha entidad.
Solicitud de nulidad por parte de
COLPENSIONES
33.  Por su parte,
COLPENSIONES solicitó la nulidad de lo actuado en sede de revisión, al
considerar que no se integró de manera correcta el contradictorio. Lo anterior
por cuanto, en su criterio, la entidad que está llamada a responder por las
pretensiones planteadas en la acción de tutela es la UGPP, como sustituta de
las obligaciones en materia pensional de la extinta Caja Agraria. Así, indicó
que, en la medida en la que no se vinculó a la UGPP, como responsable del
reconocimiento de la prestación pretendida por el actor, se debería decretar la
nulidad de lo actuado hasta el momento.
Frente a la anterior solicitud, la Sala
considera importante reiterar que, en este caso, COLPENSIONES no está
legitimado para alegar una nulidad que afectaría eventualmente el derecho de
defensa de la UGPP, pues esto le correspondería a la parte afectada por la
falta de vinculación.
Asimismo, la Corte Constitucional implementó
dos técnicas para subsanar la nulidad por indebida conformación del
contradictorio, que consisten en que “(i) se declara la nulidad de todo lo
actuado, se devuelve el proceso a la primera instancia para que subsane el
error procesal, y por ende, se reinicie la actuación judicial o; (ii) la misma
Corte integra el contradictorio en sede de revisión, saneándose la nulidad en
caso de que la persona natural o jurídica vinculada, actúe sin proponer la
aludida nulidad”[101].
34. En este caso, la Sala de Revisión,
mediante Auto del 23 de enero de 2019, vinculó a la UGPP al trámite de
revisión de la acción de tutela, cuya respuesta fue recibida por la Secretaría
General de esta Corporación el 7 de febrero de 2019, escrito en el que se dio
respuesta a las cuestiones planteadas por la Corte y en el que la entidad tuvo
la oportunidad para pronunciarse sobre las pretensiones del accionante, sin que
hiciese solicitud alguna sobre la nulidad de lo actuado hasta ese momento en el
expediente de la referencia. Por lo tanto, la Corte niega la solicitud de
nulidad planteada de manera subsidiaria por COLPENSIONES en su escrito de
intervención presentado en el trámite de la referencia.
Solucionados estos asuntos previos, pasa
la Corte a resolver la problemática que da lugar a la presente sentencia.
Análisis del caso concreto
34.  El señor
Hermides Antonio Barón Hernández, por intermedio de un agente oficioso,
interpuso acción de tutela, con el propósito de que COLPENSIONES realice la
reliquidación y el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
calculado con base en el periodo en el que trabajó para la Caja Agraria entre
el 1º de febrero de 1971 y el 1º de mayo de 1974; y para ELECTROCÓRDOBA, entre
el 16 de agosto de 1974 al 23 de agosto de 1984, adicional a las 23 semanas que
cotizó como independiente al ISS.
En efecto, el actor señaló que, dado que
cumplió la edad exigida para acceder a la pensión de vejez, pero no cuenta con
las semanas requeridas y declaró su imposibilidad para continuar cotizando al
sistema, solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez. No obstante, la misma le fue reconocida
únicamente con base en las 23 semanas que cotizó el accionante como
independiente ante dicha administradora, indicando que los periodos trabajados
en la Caja Agraria y en ELECTROCÓRDOBA debían ser asumidos por la caja o
administradora a la que efectuó los aportes. Inconforme con tal determinación,
el actor impugnó la decisión de COLPENSIONES, aunque la administradora se
mantuvo en su posición inicial.
35.  Ante esta
situación, y en vista de que el accionante afronta serias dificultades
económicas y una precaria situación de salud que no le permite esperar el
resultado de un proceso ordinario laboral, el demandante promovió el recurso de
amparo en tanto considera que tiene derecho al reconocimiento por parte de
COLPENSIONES de la reliquidación de la indemnización sustitutiva, calculada
con base en los periodos en los que él laboró al servicio de las entidades
públicas antes reseñadas, las cuales, a su vez, estaban en la obligación de
realizar el reconocimiento del bono pensional o la transferencia del cálculo
actuarial a COLPENSIONES por los tiempos en los que el actor efectivamente
trabajó para ellos.
No obstante, en sede de tutela, los
jueces no reconocieron lo pretendido en el recurso de amparo, como quiera que,
en primera instancia, el juez declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, al margen de las
circunstancias especiales en las que se encuentra el actor y que fueron
demostradas en el proceso.
36.  Por su parte, en
segunda instancia, tras reiterar la posición sobre el incumplimiento del
presupuesto de subsidiariedad, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería se limitó a estudiar el caso del accionante desde la perspectiva del
derecho fundamental de petición, y dejó a un lado las consideraciones respecto
de la posible vulneración del derecho al mínimo vital, a la vida en condiciones
dignas y a la seguridad social, por la actuación desplegada por COLPENSIONES.
37.  Ahora bien, la
Sala de Revisión no comparte los argumentos de los jueces de instancia para
determinar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, como quiera
que, analizado el material probatorio, se tiene que el demandante se encuentra
en una condición de salud precaria causada por la enfermedad de Párkinson y no
tiene salario o renta alguna que le suministre los recursos necesarios para
afrontar los gastos que implica sobrellevar dicha enfermedad. Así, lo cierto es
que las ayudas que recibe de parte de sus familiares no le permiten suplir
todas sus necesidades básicas y las de su esposa.
38.  Esta situación
permite a la Sala determinar que el accionante es sujeto de especial protección
constitucional y, por ende, es acreedor de un amparo reforzado en sede de
tutela, toda vez que afronta circunstancias de salud y socioeconómicas
complejas, que lo ponen en mayor riesgo de padecer un perjuicio irremediable
frente a sus derechos fundamentales si no obtiene la reliquidación pretendida.
Es claro que los anteriores argumentos
permiten a la Sala justificar un estudio de fondo del contenido de la tutela,
por lo que se descarta la declaratoria de improcedencia establecida por los
jueces de instancia, dado que resultaría desproporcionado frente a los
derechos del accionante tener que acudir ante todas las entidades para las
cuales trabajó con el propósito de reconocer la prestación solicitada, y
presentar una acción por la vía ordinaria también le resultaría altamente
gravoso.
39.  Por lo tanto,
esta Sala encuentra justificada su intervención en sede de tutela y, al
analizar el caso con base en las consideraciones aludidas en la parte motiva,
encuentra que el actor tiene derecho al reconocimiento de su pretensión de
reliquidación de la indemnización sustitutiva. Lo anterior a la luz de la
jurisprudencia constitucional reseñada en esta providencia, en virtud de la
cual es la administradora de pensiones quien se encuentra en la obligación de
reconocer la indemnización sustitutiva, bien sea con base en los tiempos laborados
ante una entidad pública, y/o bien con aquellos cotizados ante el ISS, sin
perjuicio de si estos periodos ocurrieron con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Lo anterior no obsta para que COLPENSIONES pueda repetir contra los antiguos
empleadores del accionante para obtener el valor de la porción de la
indemnización que le correspondía a cada uno.
De hecho, si se acogiese la interpretación
planteada por COLPENSIONES frente al artículo 2º del Decreto 1730 de 2001, se
desconocerían los principios superiores de integralidad y de favorabilidad que
guían el derecho a la seguridad social en pensiones, según los cuales las
prestaciones consagradas en la Ley 100 de 1993 se deben reconocer sin perjuicio
de que los periodos trabajados ocurriesen con anterioridad a su entrada en
vigencia.
A su vez, aplicar la
interpretación de la accionada implicaría una total desprotección de los
derechos fundamentales del accionante, en tanto que ninguna de las entidades
vinculadas estaría llamada a responder por el tiempo en el que éste trabajó
para la Caja Agraria y la Electrificadora del Caribe, en la medida en la que la
prestación de dicho servicio siempre fue sin aportes al sistema de
pensiones, puesto que para ese momento el ISS no tenía cobertura en
la región en la que el actor desempeñaba sus funciones. De cualquier manera, tanto
la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han reconocido que los
empleadores, ya sean del sector público o privado, no pueden desconocer los
tiempos en los que un trabajador laboró sin que se realizaran las cotizaciones
respectivas por la falta de cobertura del ISS. Lo anterior, por cuanto dicha
carga no puede ser trasladada al empleado frente a su reconocimiento pensional.
En esta línea, la sentencia SU-769 de 2014[102],
esta Corporación dispuso lo siguiente:
“De lo anterior se deriva que al
asumir la carga pensional era la entidad pública la obligada a responder por
los aportes para pensiones, y en caso de no hacerlo debe entonces asumir el
pago de los mismos a través del correspondiente bono pensional. El hecho de
no haberse realizado las cotizaciones no puede convertirse en una circunstancia
imputable al empleado, ni se trata de una carga que este deba soportar, mucho
menos para efectos del reconocimiento de un derecho pensional.” (Resaltado
fuera del texto original)
Asimismo, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de agosto de 2018, dispuso
que “el
tiempo de servicios no cotizados por falta de cobertura del ISS, no puede ser
desconocido, al punto que el empleador conserva una responsabilidad
financiera respecto del trabajador, que se traduce en el pago de un título
pensional.”[103] (Resaltado
fuera del texto original)
De esa manera, el accionante
tiene el derecho de recibir la retribución por los periodos en los que laboró
para las entidades públicas, el cual debe ser tenido en cuenta en la cuantía de
la indemnización sustitutiva reconocida por COLPENSIONES, que podrá repetir
contra las entidades públicas para las cuales trabajó el accionante respecto de
los tiempos que se encuentran debidamente acreditados.
40.  Así las cosas, a
partir del acervo probatorio recaudado por el Despacho de la Magistrada
sustanciadora, adicional al aportado por la parte actora y los intervinientes
en el expediente original de la acción de tutela, la Sala de Revisión pudo
evidenciar lo siguiente:
(i)
Con
base en los formatos CLEBP aportados por el accionante en el expediente original
de tutela, se tiene que trabajó para la Caja Agraria durante el periodo
comprendido entre el 1º de febrero de 1971 y el 1º de mayo de 1974, con un
salario base de $1.476[104].
(ii)
Posteriormente,
laboró en ELECTROCÓRDOBA, en el cargo de Jefe de Agencia Grado 10, en el
periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1974 al 23 de agosto de 1984, con
un salario base de $39.733,37[105].
(iii)
Durante
el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 1994 y el 31 de julio de 1994,
cotizó como independiente al ISS, hoy COLPENSIONES, un total de 23 semanas.[106]
(iv)
A
través del convenio de sustitución patronal celebrado entre ELECTROCÓRDOBA y
ELECTRICARIBE en 1998, esta última asumió la responsabilidad sobre las
prestaciones de los trabajadores y pensionados al momento de la celebración de
dicho acuerdo.
No obstante lo anterior, no es de
recibo para la Sala la interpretación según la cual ELECTRICARIBE está obligada
únicamente respecto de los pensionados cuyos derechos prestacionales estuvieran
causados en el momento del perfeccionamiento de la sustitución patronal, pues
esto dejaría en total desprotección a aquellas personas cuyas prestaciones
pensionales debían ser asumidas por ELECTROCÓRDOBA y no se causaron para ese
momento. Frente a lo anterior, es importante tener en cuenta que el numeral 2
del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que “[el] nuevo
empleador responde de las obligaciones que surjan con posterioridad a la
sustitución.” En este caso, la prestación pensional solicitada por el
accionante se causó con posterioridad al perfeccionamiento de la sustitución,
razón por la cual ELECTRICARIBE está llamada a realizar su reconocimiento.
41.  Así, la Sala
evidencia que COLPENSIONES vulneró los derechos fundamentales del accionante,
al desconocer las normas y jurisprudencia constitucional que le obligan a
reconocer la indemnización sustitutiva con base en las semanas en las que el
afiliado haya trabajado o cotizado al sistema de pensiones, aun cuando dichos
periodos ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, en la que se consagró dicha prestación
supletoria.
a esa prestación.
Adicionalmente, y en consideración a las
especiales condiciones médicas y socioeconómicas en las que se encuentra el
actor, la Corte considera desproporcionado someterlo a la espera del resultado
de un proceso ordinario laboral para obtener la prestación de reliquidación de
la indemnización sustitutiva que le fue reconocida por COLPENSIONES, y tampoco
encuentra razonable que se le obligue a acudir a cada una de sus antiguas
empleadoras para obtener el pago de la indemnización correspondiente, más aún si
se tiene que ninguna de las entidades vinculadas reconoció que es la
responsable de dicha prestación.
En esa medida, encuentra esta Sala que
el accionante tiene derecho a que COLPENSIONES realice nuevamente el cálculo de
su indemnización sustitutiva y pague el valor correspondiente, incluyendo los
periodos en los que efectivamente laboró para la Caja Agraria y ELECTROCÓRDOBA,
que quedaron acreditados en el trámite de revisión. Esto, por supuesto, sin
perjuicio del derecho que asiste a la administradora de pensiones de repetir
contra los antiguos empleadores respecto de los periodos no cotizados y durante
los cuales el actor laboró para las entidades mencionadas.
Conclusiones y
decisión a adoptar
En conclusión,
la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo, por cuanto las
vías ordinarias de defensa judicial no son idóneas ni eficaces, conforme a las
especiales circunstancias que quedaron demostradas en el trámite de revisión
del recurso de amparo interpuesto por el accionante. Así, exigirle al actor que
inicie un proceso ante la jurisdicción ordinaria para resolver su situación respecto
a la reliquidación de la indemnización sustitutiva u obligarle a que persiga su
reconocimiento ante cada entidad a la que le prestó sus servicios, sería
desproporcionadamente gravoso frente a la urgencia protección de los derechos
fundamentales invocados.
Ahora bien, después de analizar las
normas que regulan la indemnización sustitutiva, así como la jurisprudencia
constitucional pertinente, la Sala de Revisión encuentra que (i) las
administradoras de pensiones a las cuales se encuentra afiliado el solicitante
de la indemnización sustitutiva deben reconocer dicha prestación teniendo en
cuenta los tiempos laborados o cotizados al sistema de pensiones,
independientemente de si los mismos ocurrieron con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio de que éstas puedan repetir
contra los antiguos empleadores para los cuales trabajó el accionante y que
estuvieren en la obligación de reconocer la prestación por los tiempos
trabajados sin cotización al ISS. A su vez, (ii) se estableció que de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1314 de 1994, hay lugar a la
redención del bono pensional en los casos en los que se reconozca la
indemnización sustitutiva, cuando la persona prestó servicios al Estado o a una
de sus entidades descentralizadas y que se trasladó al ISS.
Por lo tanto, la Sala concederá el
amparo a los derechos fundamentales del señor Hermides Antonio Barón Hernández,
lo cual implica la obligación en cabeza de COLPENSIONES de realizar el cálculo
de la indemnización sustitutiva, incluyéndose los periodos en los que el
accionante laboró para la Caja Agraria y ELECTROCÓRDOBA.
Finalmente, la Corte negó las
solicitudes de nulidad presentadas por (i) la UGPP y por (ii) COLPENSIONES, por
cuanto no se acreditó vulneración alguna al derecho al debido proceso de las
partes. Particularmente, con respecto a la UGPP, se concluyó que dicha entidad
fue vinculada de manera correcta, tanto así que tuvo la oportunidad de
pronunciarse sobre las pretensiones de la acción de tutela y poner en
conocimiento de esta Corporación su pretensión de ser desvinculada del proceso
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
En consecuencia, se revocará
la sentencia proferida por
la Sala Segunda Mixta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, del 6 de septiembre de 2018, que confirmó la decisión adoptada
en sentencia del 17 de julio de 2018 por el Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería,
Córdoba,
mediante la cual se declaró improcedente el amparo constitucional. En su lugar,
se concederá el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida digna del accionante. Por lo tanto, se dejarán
sin efectos las resoluciones emitidas por COLPENSIONES en el proceso de
reconocimiento de la indemnización sustitutiva y se le ordenará a COLPENSIONES
que expida un nuevo acto administrativo en el que reconozca y pague la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho el señor
Hermides Antonio Barón Hernández, de acuerdo con los periodos trabajados por él
sin cotización al ISS ante las entidades públicas mencionadas, los cuales se
encuentran debidamente acreditados, adicional a los tiempos que cotizó como
independiente al ISS.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por
la Sala Segunda Mixta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, Córdoba, el 6 de septiembre de 2018, así como la decisión adoptada en
sentencia del 17 de julio de 2018 por el Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de la misma
ciudad. En su lugar CONCEDER el amparo
de los derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida digna del señor Hermides Antonio Barón
Hernández.
SEGUNDO.- DEJAR sin efectos la Resolución No. SUB46834 del 24 de febrero de
2018 emitida por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, así como las Resoluciones
No. SUB67128 del 12 de marzo de 2018 y No. DIR6095 del 26 de marzo de
2018 de la misma entidad, que la confirman.
TERCERO.- ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de
este fallo, expida un nuevo acto administrativo en el que reconozca y pague la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho el señor
Hermides Antonio Barón Hernández, incluyéndose para el cálculo de dicha
indemnización los periodos en que trabajó al servicio de la Caja
de Crédito Agrario Industrial y Minero En Liquidación y la Electrificadora de
Córdoba S.A. E.S.P. En Liquidación, prestación que se deberá liquidar de acuerdo con las reglas establecidas
en esta providencia. Lo anterior sin perjuicio de que COLPENSIONES pueda
repetir contra las entidades responsables por los tiempos en los que el
accionante trabajó al servicio de las mencionadas entidades y
respecto de las cotizaciones dejadas de realizar por las mismas.
CUARTO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a
que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento parcial de
voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA T-148/19
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Se debió ordenar a las entidades
encargadas del pasivo pensional de la Caja Agraria que emitieran una
liquidación provisional del bono pensional del accionante (Salvamento parcial
de voto)
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento
salvamento parcial de voto a la sentencia proferida en el asunto de la
referencia.
1.
En
esta ocasión, se resolvió la acción de tutela presentada por el señor Hermides
Antonio Barón Hernández, actuando a través de agente oficioso, quien consideró
que la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones)
vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al
mínimo vital y al debido proceso. En tal sentido, el actor destacó que, aunque
laboró en la Caja Agraria desde 1971 hasta 1974 y en Electrocórdoba desde 1974
hasta 1984, la entidad accionada le reconoció una indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez únicamente con base en los aportes realizados en el
Instituto de Seguro Social en 1994.
Por
su parte, Colpensiones alegó que solamente le corresponde asumir el pago de esa
prestación económica por las cotizaciones realizadas en el régimen de prima
media.
2.
La
Sala Sexta de Revisión, a través de la sentencia T-148 de 2019, revocó la
providencia constitucional de instancia y, en su lugar, concedió el amparo
solicitado. Como resultado, le ordenó a Colpensiones reconocer y pagar la
indemnización sustitutiva con base en los periodos laborados por el actor en la
Caja Agraria y en Electrocórdoba.
Luego
de encontrar superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela,
la Sala estableció que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales
del señor Barón Hernández, dado que desconoció las normas y la jurisprudencia
constitucional que ordena que el reconocimiento de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez se debe hacer con base en todas las semanas cotizadas
por el trabajador, aún si estas son anteriores a la vigencia de la Ley 100 de
1993.
Adicionalmente,
precisó que la responsabilidad de Colpensiones se origina sin perjuicio del
derecho que posee esa entidad para repetir contra las instituciones en las que
laboró el actor y que no realizaron las respectivas cotizaciones.
3.
Si
bien estoy de acuerdo con que en este caso se amparen los derechos
fundamentales del señor Hermides Antonio Barón Hernández, no
comparto la orden proferida contra Colpensiones. Particularmente, disiento de
la fórmula acogida por la Sala para concretar el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva, pues con ella se le imputó materialmente a la
administradora pública de pensiones la responsabilidad derivada de la
negligencia de la Caja Agraria y de Electrocórdoba.
En
efecto, esas dos entidades estaban obligadas a emitir un bono pensional, dado
que ese es “(…) un documento de contenido crediticio que representa en
dinero el tiempo de afiliación o de servicios de una persona”[107]
y, en esa medida, constituye un elemento esencial que contribuye en “(…)
la conformación del capital necesario para el
financiamiento de las pensiones de los usuarios del sistema[108]”[109].
4.
De
tal forma, el Decreto 1314 de 1994, que establece las normas para la emisión y
redención de los bonos pensionales de los servidores públicos que se cambien al
régimen de prima media, dispone que “[l]os bonos pensionales deberán ser
emitidos dentro de los tres años siguientes a la fecha de traslado del afiliado
al Régimen de Prima Media”[110],
es decir, desde hace más de 20 años las dos entidades mencionadas, y/o quienes asumieron su pasivo pensional, han
omitido la expedición del respectivo bono pensional a favor del actor.
5.
Al
respecto, esta Corporación en la sentencia T-471 de 2017 estudió el caso en el
que a un ciudadano se le negó el pago de una indemnización sustitutiva con base
en la totalidad de los aportes realizados en su vida laboral. Este Tribunal
expresó que el bono pensional sí puede financiar el reconocimiento de esa
prestación. Aunado a ello, precisó que el acceso a ese beneficio se soporta en
la responsabilidad mancomunada entre quien fungió como empleador y la
administradora de pensiones.
En
esa oportunidad, la Corte amparó los derechos fundamentales del accionante y le
ordenó a la accionada que emitiera una liquidación provisional del bono
pensional del actor. Asimismo, dispuso que Colpensiones le comunicara al
interesado sobre la documentación remitida para que este la objetara o la
aceptara. Finalmente, determinó que, una vez en firme ese cálculo, Colpensiones
debía resolver la situación pensional del peticionario con base en toda su
historia laboral, para“(…) determinar si le asiste el derecho a la pensión
de vejez o si es beneficiario de la indemnización sustitutiva de esa
prestación”.
6.
En
esa medida, considero que la Sala le imputó a Colpensiones una carga que, en
principio, no estaba obligada a soportar exclusivamente. De ese modo, aunque
esa entidad es la encargada de resolver la petición sobre el reconocimiento de
la indemnización sustitutiva[111]
y también fue negligente al no cumplir las obligaciones a su cargo en el
proceso de expedición del bono pensional[112], considero
inadecuado que se haya prescindido de ordenarle directamente a quienes fueron
empleadores del accionante, y/o quienes hubieren asumido su pasivo pensional,
que ejecuten las obligaciones que tienen a su cargo en relación con la
expedición del bono pensional.
7.     Así
las cosas, en esta ocasión era necesario
desglosar las obligaciones que, concretamente, desconoció el organismo
accionado y a partir de ahí adoptar una decisión acorde con esas
circunstancias. Por ello, se le debió haber ordenado a las entidades que actualmente
están encargadas del pasivo pensional de la Caja Agraria y de Electrocórdoba
que emitieran una liquidación provisional del bono pensional del actor y,
posteriormente, remitir ese cálculo al interesado para que presentara sus
objeciones o diera su visto bueno. Consecuentemente, era preciso disponer que,
una vez contara con esa liquidación en firme, Colpensiones debía reconocer y
pagar la indemnización sustitutiva a la que hubiere lugar.
Por las razones expuestas,
presento salvamento parcial de voto a la decisión tomada en la sentencia T-148
de 2019.
Fecha
ut supra,
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] En Audiencia Pública del trece (13) de noviembre de 2018.
[2] Copia de la
Cédula de Ciudadanía del señor Hermides Antonio Barón Hernández. Cuaderno 1,
Folio 9.
[3] Ver: Copia
del recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el señor
Pedro Claver Vallejo Villadiego en nombre del accionante, frente a la
Resolución GNR 335767 del 11 de noviembre de 2016 emitida por COLPENSIONES.
Cuaderno 1, Folio 30.
[4] Ver: Copia
del Poder otorgado por el señor Hermides Barón Hernández a Pedro Claver Vallejo
Villadiego para interponer en su nombre y representación la acción de tutela de
la referencia. Cuaderno 1, Folio 8.
[5] Respuesta
del señor Hermides Antonio Barón Hernández al Oficio OPT-111/2019 radicado ante
la Secretaría de esta Corporación el 30 de enero de 2019, Cuaderno de Revisión,
Folio 57.
[6]
Certificación de Historia Laboral expedida por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en relación con el señor Hermides Antonio Barón Hernández.
Cuaderno 1, Folios 58 a 61.
[7] Certificado
de Información Laboral emitido por el Ministerio de Minas y Energía. Cuaderno
1, Folios 15 a 17.
[8] Resumen de
semanas cotizadas por empleador expedido por COLPENSIONES, actualizado al 12 de
marzo de 2015. Cuaderno 1, Folio 64.
[9] Copia de la
solicitud de indemnización sustitutiva presentada ante COLPENSIONES por parte
del señor Hermides Antonio Barón Hernández. Cuaderno 1, Folio 72.
[10] COLPENSIONES negó la solicitud de pensión, por encontrar que el
señor Hermides Antonio Barón Hernández no cumplía con el requisito de semanas
cotizadas al sistema de pensiones. Ver: Resoluciones APGNR1049 del 5 de
diciembre de 2016, GNR35711 del 30 de enero de 2017 y DIR823 del 9 de marzo de
2017 emitidas por COLPENSIONES. Cuaderno 1, Folios 32 a 46. También ver:
Resolución SUB275778 del 29 de noviembre de 2017 emitida por COLPENSIONES en
respuesta a la solicitud presentada por el accionante. Cuaderno 1, Folios 67 a 70.
[11] Copia
Resolución SUB46834 del 24 de febrero de 2018 emitida por COLPENSIONES.
Cuaderno 1, Folios 74 a 78.
[12] Copia
radicado de recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el
señor Hermides Antonio Barón Hernández contra la Resolución del 24 de febrero
de 2018. Cuaderno 1, Folio 79.
[13]
Ibídem.
[14] Copia de
la Resolución SUB67128 del 12 de marzo de 2018 emitida por COLPENSIONES.
Cuaderno de Revisión, Folios 142 a 148.
[15]
Copia de la Resolución SUB67128 del 12 de marzo de 2018 emitida por
COLPENSIONES. Cuaderno de Revisión, Folios 143 (reverso) y 144.
[16] Copia de la Resolución DIR6095 del 26 de marzo de 2018 emitida por
COLPENSIONES. Cuaderno 1, Folios 84 a 87.
[17] Se trata
de los formatos certificación de información laboral y de salarios, adoptados
de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo,
en cumplimiento del artículo 3º del Decreto 13 del 9 de enero de 2001.
[18]Auto admisorio de la acción de tutela interpuesta por el señor Hermides
Antonio Barón Hernández en contra de COLPENSIONES. Cuaderno 1,
Folio 90.
[19] Escrito de
contestación presentado por COLPENSIONES frente a la acción de tutela
interpuesta por el señor Hermides Antonio Barón Hernández, de fecha 6 de julio
de 2018. Cuaderno 1, Folio 97.
[20] Sentencia
del 17 de julio de 2018 proferida por el Juzgado Primero Penal
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería,
dentro del proceso de tutela de la referencia. Cuaderno 1, Folios 181 a 186.
[21] Escrito de
impugnación de fecha 18 de mayo de 2018 presentado por la apoderada del
accionante en contra de la sentencia del 11 de mayo de 2018 proferida por el
Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías. Cuaderno
1, Folios 114 a 119.
[22] De acuerdo
con el certificado de la empresa postal 472, la sentencia de primera instancia
fue notificada al agente oficioso del accionante el 30 de julio de 2018.
Cuaderno 1, Folio 189.
[23] Sentencia
del 6 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Segunda Mixta de
Decisión dentro del proceso de tutela de la referencia, Cuaderno 2,
Folios 4 a 13.
[24] En razón
del convenio de sustitución patronal celebrado entre ELECTROCÓRDOBA y
ELECTROCOSTA (hoy, ELECTRICARIBE) el 4 agosto de 1998, la entidad se hizo
responsable de los trabajadores y de los pensionados de la extinta
electrificadora y por eso se vinculó a ELECTRICARIBE al proceso.
[25] Ver:
Escrito de respuesta al Oficio OPT-A-178 de 2019 suscrito por la Apoderada
General para Asuntos Judiciales y Administrativos de ELECTRICARIBE de fecha 11
de febrero de 2019, allegado a la Secretaría General de esta Corporación el 12
de febrero de 2019. Cuaderno de Revisión, Folios 266 a 308.
[26] Escrito de
respuesta al Oficio OPT-111 de 2019 suscrito por el agente oficioso del
accionante, Pedro Claver Vallejo Villadiego, de fecha 29 de enero de 2019,
Cuaderno de Revisión, Folios 56 a 72.
[27] Cuaderno
de Revisión, Folio 62.
[28] Oficio del 30 de enero de 2019, suscrito por la
representante judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Sandra
Milena Castellanos González, en respuesta al Oficio OPT-109/2019 emitido por
esta Corporación. Cuaderno de Revisión, Folios 38 a 55.
[29] Escrito de
intervención suscrito por el Director de Acciones Constitucionales Asignado con
funciones de Jefe de Oficina Asesora de Asuntos Legales de COLPENSIONES,
allegado el 6 de febrero de 2019. Cuaderno de Revisión, Folios 115 a 148.
[30] Escrito de
respuesta al Oficio No. OPT-A-177/2019 dentro del trámite de revisión de la
acción de tutela de la referencia, suscrito por el apoderado judicial de la
UGPP, señor Carlos Eduardo Umaña Lizarazu, de fecha 8 de febrero de 2019.
Cuaderno de Revisión, Folios 150 a 168.
[31] Solicitud
de nulidad presentada por la UGPP dentro del trámite de revisión de la acción
de tutela de la referencia, suscrito por el apoderado judicial de dicha
entidad, señor Carlos Eduardo Umaña Lizarazo, de fecha 11 de febrero de 2019.
Cuaderno de Revisión, Folios 197 a 207.
[32] Ver:
Escrito enviado por correo electrónico a las direcciones de
la Secretaría General y del Despacho de la Magistrada sustanciadora el día 26
de febrero de 2019, Cuaderno de Revisión, Folios 419 a 442.
[33] Ver:
Escrito de respuesta al Oficio OPT-A-178 de 2019 suscrito por la Apoderada
General para Asuntos Judiciales y Administrativos de ELECTRICARIBE de fecha 11
de febrero de 2019, allegado a la Secretaría General de esta Corporación el 12
de febrero de 2019. Cuaderno de Revisión, Folios 266 a 308.
[34] Escrito presentado por FIDUPREVISORA en el marco del trámite de revisión
de la acción de tutela de la referencia, radicado el 21 de febrero de 2019.
Cuaderno de Revisión, Folios 440 a 468.
[35]
Escrito presentado por FIDUPREVISORA en el marco del trámite
de revisión de la acción de tutela de la referencia, radicado el 21 de febrero
de 2019. Cuaderno de Revisión, Folios 440 (reverso).
[36] Sentencia T-452 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; reiterado en Sentencia T-736 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[37] Sentencia
T-736 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[38] Ver
sentencias: T-214 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-173 de 2015,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-184 de 2017, M.P. María Victoria Calle
Correa; T-419 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera, y T-032 de 2018, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[39]
Sentencia SU-13 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[40] Sentencia
SU-173 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[41] Ver sentencias: Sentencia T-452 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-1135 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-301 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y Sentencia T-736
de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[42] Sentencia
SU-173 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[43]
Cuaderno 1, Folio 1.
[44] Ver: Poder
Especial otorgado por el accionante al señor Pedro Claver Vallejo Villadiego,
para que actúe en su nombre en el trámite de tutela (Cuaderno 1, Folio 8). Adicionalmente, en el expediente también se destaca el poder
otorgado por el actor a su cuñado Pedro Claver Vallejo Villadiego para el
trámite de obtención de la pensión de vejez ante COLPENSIONES, en el que el
primero señaló que no actuaba directamente en dicho procedimiento, manifestando
tener “problemas de salud que me impiden personalmente gestionar dichas
diligencias”. (Cuaderno 1, Folio 14)
[45] Historia
Clínica de Hermides Antonio Barón emitida por Nueva EPS, Cuaderno de Revisión,
Folios 58 a 62.
[46]
Numeral 3 del Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[47]
Numeral 9 del Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[48] Sentencia
SU 961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[49] Artículo
86 de la Constitución Política de Colombia.
[50] Ibídem.
[51] Ver entre
otras, las Sentencias T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-063 de
2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-230 de 2013, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez y T-087 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52] Ver Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Reiterada en Sentencia T-063 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[53] QUINCHE
RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho Procesal Constitucional Colombiano. Acciones
y procesos. Bogotá: 2015. P. 212.
[54] Sentencia
T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[55] Sentencia
T-087 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[56] Sentencia
T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[57] Ver Sentencias:
T-1069 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-315 de 2017, M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo, y T-320 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[58] Ver: Sentencias: T-128 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-935 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-161 de 2017, M.P. (e)
José Antonio Cepeda Amarís.
[59] El Decreto-Ley 2158 de 1948 dispone: “ARTÍCULO 2º. COMPETENCIA
GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de
seguridad social conoce de: // (…) 4. Las
controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad
social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los
empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de
responsabilidad médica y los relacionados con contratos.” (Subrayas fuera del texto original)
[60] Sentencias
T-128 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y T-161 de 2017, M.P. (e) José
Antonio Cepeda Amarís.
[61] Sentencia T-161 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
[62] Historia
Clínica de Hermides Antonio Barón emitida por Nueva EPS, Cuaderno de Revisión,
Folios 58 a 62.
[63] Cuaderno
de Revisión, Folio 57.
[64] Sentencia
T-222 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[65] Sentencia
T-681 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[66] Ibídem.
[67]
Preámbulo de la Ley 100 de 1993.
[68] Sentencia
T–1318 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterado en sentencia
T–468 de 2007, con ponencia del mismo Magistrado. Ver también: Sentencias T–760
de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-250 de 2015, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[69] Artículo
12 de la Ley 100 de 1993.
[70] Literal
(p) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
[71] Sentencia
T-681 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[72] Ibídem.
[73] Artículo
2.2.4.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, compilatorio del
artículo 2º del Decreto 1730 de 2001.
[74] Ver Sentencias: T-1088 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-850 de
2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-849A de 2009
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-750 de 2012, M.P. María Victoria Calle
Correa; T-681 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, y T-471 de 2017, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[75] Sentencia T-681 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[76] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[77] Ver lo
referente al Expediente T- 3.812.583.
[78] Sentencia
T-596 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[79] Ibídem.
[80] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[81] Sentencia
T-681 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[82] Ibídem.
[83] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[84] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[85] Cuaderno
de Revisión, Folios 20 a 27.
[86] Cuaderno
de Revisión, Folio 29.
[87] El correo
de notificación judicial que constaba en la página web oficial de la entidad a
la fecha del auto del 23 de enero de 2019 era notificacionesjudiciales@ugpp.gov.co,
como consta en la captura de pantalla a Folio 561, Cuaderno de Revisión.
[88] Según la
guía No. RA068333443CO de la empresa 4/72, el oficio OPT-A-107 del 25 de enero
de 2019 fue notificado a la UGPP el 11 de febrero de 2019, Cuaderno de
Revisión, Folio 562.
[89] Cuaderno
de Revisión, Folio 88.
[90] Ver:
Correo electrónico dirigido a la Secretaría General de la Corte Constitucional,
de fecha 7 de febrero de 2019, mediante el cual se envió el escrito de
respuesta de la UGPP respecto al auto del 23 de enero de 2019. Cuaderno de
Revisión, Folio 150.
[91] Ver:
Oficio del 8 de febrero de 2019 emitido por la Secretaría General de la Corte
Constitucional. Cuaderno de Revisión, Folio 149.
[92] Cuaderno de
Revisión, Folio 193.
[93] Ver:
Escrito de solicitud de nulidad por parte de la UGPP, allegado por correo
electrónico el 11 de febrero de 2019. Cuaderno de Revisión, 197 a 207.
[94] Cuaderno
de Revisión, Folio 196.
[95] Cuaderno
de Revisión, Folios 400 a 402.
[96] Cuaderno
de Revisión, Folio 468.
[97] Cuaderno
de Revisión, Folio 29.
[98] Ver:
Captura de pantalla en la que se observa que el correo de notificación judicial
que constaba en la página web oficial de la entidad a la fecha del auto del 23
de enero de 2019 era notificacionesjudiciales@ugpp.gov.co.
Cuaderno de Revisión, Folio 561.
[99] Ver:
Certificado de 4/72 respecto del oficio OPT-A-107 de 2019. Cuaderno de
Revisión, Folio 562.
[100] Ver:
Sentencias T-463 de 1994, M.P. José Gregorio
Hernández Triviño y T-459 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, así como el auto
A-154 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[101] Posición sostenida en los autos A-099 y
234 de 2006, A-115A de 2008, A-123 de 2009, A-182 de 2009,
A-288 de 2009, A-281A de 2010, A-168 de 2015, A-536 de 2015, A-088 de 2016 y
A-036 de 2017.
[102] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[103] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL-35242018 (77339)
del 9 de agosto de 2018, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
[104]
Certificación de Historia Laboral expedida por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural en relación con el señor Hermides Antonio Barón Hernández.
Cuaderno 1, Folios 58 a 61.
[105]
Certificado de Información Laboral emitido por el Ministerio de Minas y
Energía. Cuaderno 1, Folios 15 a 17.
[106] Resumen
de semanas cotizadas por empleador expedido por COLPENSIONES, actualizado al 12
de marzo de 2015. Cuaderno 1, Folio 64.
[107]
Cfr. Sentencia T-921 de 2011.
[108]
Sentencia T-056 de 2017 y T-445A de 2015.
[109]
Cfr. Sentencia T-471 de 2017.
[110]
Decreto 1314 de 1994, artículo 2.
[111] El artículo 2 del Decreto 1730 de 2001 estableció: “Reconocimiento
de la indemnización sustitutiva. Cada administradora del régimen de prima
media con prestación definida a la que haya cotizado el trabajador, deberá
efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo
cotizado. || En caso de que la administradora a la que se hubieren
efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la
indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el
cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales. ||
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de
pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional,
Fopep, será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento
continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones. || Para
determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la
totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.”
[112] El artículo 48 del Decreto 1748 de 1995 señaló: “Corresponde
a las entidades administradoras adelantar, por cuenta del afiliado pero sin
ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos
pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos
establecidos para su redención. Los afiliados deberán suministrar a las
administradoras la información que sea necesaria y que se encuentre a su
alcance para tramitar las solicitudes. || En todo caso, las administradoras
están facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias,
las cuales son de obligatoria expedición por parte de los destinatarios de
estas solicitudes”.