C-185-11
Sentencia C-185/11
Sentencia C-185/11
EXIGENCIA DE PAGO DE MULTA PARA CUMPLIR PENA PRIVATIVA
MEDIANTE EL SISTEMA SUSTITUTIVO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA-Resulta discriminatoria respecto de los condenados que
no cuentan con recursos económicos
Resulta discriminatorio, luego
contrario al principio constitucional de igualdad (art. 13 C.N) que un condenado que cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos para acceder al
mecanismo de la vigilancia electrónica, no pueda salir del establecimiento
carcelario por no contar con los recursos económicos para ello. Las razones que
sustentan esta conclusión son las siguientes: (i) la pena privativa de la
libertad en una cárcel es el castigo más gravoso en materia penal, por lo cual
las alternativas de su cumplimiento fuera del establecimiento carcelario cobran
gran importancia en el contexto de la garantía de una gran variedad de derechos
que se restringen por el hecho de estar en una cárcel. (ii) Por lo anterior la
consagración legal de la posibilidad de salir de la cárcel y cumplir la pena
privativa de libertad fuera de ella, debe brindarse en igualdad de condiciones,
y no puede depender de exigencias ajenas a las que interesan de manera especial
a la legislación penal. (iii) Por ello, cuando el acceso a la mencionada
posibilidad depende de los medios económicos del condenado, las desigualdades
de hecho se convierten en desigualdades jurídicas, y sin justificación
constitucional alguna sólo quienes tienen recursos económicos ostentan
realmente la alternativa. (iv) Las mencionadas desigualdades, no resultan
matizadas en el caso concreto por los criterios desarrollados por la Corte en
los casos de la exigencia de la multa para acceder a la libertad condicional y
a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. (v) Además de que la
exigencia de la multa en el caso de la vigilancia electrónica no encuentra
sustento alguno en la consecución de un fin constitucionalmente relevante, como
para afirmar que su exigencia busca garantizar un valor constitucional superior
al contenido en el principio de igualdad.
EXIGENCIA DE PAGO DE MULTA PARA CUMPLIR PENA PRIVATIVA
MEDIANTE EL SISTEMA SUSTITUTIVO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA-Exequibilidad condicionada
La
formula de reparación de la discriminación hallada no es la declaratoria de
inexequibilidad del contenido normativo acusado, sino la exclusión de la
hipótesis concreta descrita. Para lo cual resulta adecuado declarar la exequibilidad
condicionada a la ocurrencia de aquello en lo que se configura la desigualdad;
es decir, el evento en que un recluso logra demostrar al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad su
insolvencia económica, junto con el cumplimiento de los demás requisitos.
SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA-Alcance/SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA-Autoridades
competentes para su adopción y condiciones para su implementación
JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Facultad de ordenar la utilización de sistema de
vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustituto de la
prisión
ANTINOMIA JURIDICA-Definición/LEX POSTERIOR-Definición/FENOMENO DE LA DEROGACION
DE LAS NORMAS-Definición
SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA-Modalidades
El legislador se encargó de regular la forma en que
debía funcionar la vigilancia electrónica, para lo cual desarrolló tres
modalidades de vigilancia electrónica, las cuales deben ser asignadas por la
autoridad judicial competente de acuerdo con la disponibilidad de las mismas y
las fases previstas para ser implementadas. i. El seguimiento pasivo RF. Es el
sistema de vigilancia electrónica a través del cual se instala un dispositivo
consistente en un brazalete o una tobillera en el cuerpo del condenado,
sindicado, imputado o acusado, el cual trasmite a una unidad receptora, la que
a su vez se encuentra conectada a una línea telefónica convencional. ii. El
seguimiento activo – GPS. Es el sistema de vigilancia electrónica a través del
cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el
cuerpo del sindicado, imputado o acusado, el cual llevará incorporada una
unidad GPS (Sistema de posicionamiento global), la cual transmitirá la
ubicación del beneficiario, indicando si ha llegado a zonas de exclusión. La
norma establece que cuando el beneficiario del dispositivo llegue al lugar
establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la información
que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo vía telefónica o
móvil, sin que durante el transcurso del día se haya perdido la transmisión
inherente al sistema de vigilancia electrónica. iii. El reconocimiento de voz. Es el sistema
de vigilancia electrónica a través del cual se lleva a cabo una llamada al
lugar de residencia del condenado o sindicado, y autentica su identidad
comparando su voz contra una impresión de voz previa tomada durante el proceso
de registro.
SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRONICA-Financiación
SUBROGADOS DE LA VIGILANCIA
ELECTRONICA Y LA PRISION DOMICILIARIA-Comparación
PRISION DOMICILIARIA Y VIGILANCIA
ELECTRONICA-Exigencia de pago de la
multa
La hipótesis que interesa  a la
Corte, es aquella en que un condenado pretende acceder al mecanismo de
vigilancia electrónica como subrogado independiente, y no cumple con los
requisitos de la prisión domiciliaria (art. 38 C. Penal), por lo cual se le exige el pago de la multa. Es en este caso en que la exigencia de la
multa en cuestión resulta relacionada de manera directa con la posibilidad de
acceso a la posibilidad de cumplimiento de la pena de prisión fuera del
establecimiento carcelario.  Ahora bien, la hipótesis en que el condenado
cumple con los requisitos para beneficiarse del subrogado de la prisión
domiciliaria, y se le pretenda monitorear con los mecanismos de vigilancia
electrónica, no resulta constitucionalmente relevante para el estudio del cargo
de inconstitucionalidad, por cuanto como se vio en este caso no se exige el
pago de la multa, y porque ello supone que el condenado ya goza del beneficio
de la prisión domiciliaria, es decir se encuentra purgando la pena de prisión
fuera de la cárcel. En este orden, respecto de quienes pretenden acceder a la
vigilancia electrónica como subrogado independiente, porque no cumplen con los
requisitos de la prisión domiciliaria, sigue siendo relevante el planteamiento
del cargo, porque es frente a ellos que se puede afirmar que la imposibilidad
de purgar la pena de prisión fuera de la cárcel, puede depender en últimas de
su condición económica. A partir de esta aclaración se desarrollarán las
siguientes líneas jurisprudenciales.
MULTA COMO SANCION PENAL Y COMO
REQUISITO PARA LOS SUBROGADOS DE LA PENA DE PRISION-Sentido y alcance
MULTA COMO SANCION PENAL-Sentido y alcance/MULTA-Clases
EXIGENCIA DE MULTA PARA ACCEDER A
SUBROGADOS PENALES-Alcance de la
jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Dimensiones
La Corte ha determinado que la
protección jurídica de los intereses de las personas atiende a dos criterios
principales. Uno de ellos es el principio general de igualdad de la
Constitución Política (art. 13), según el cual en nuestro ordenamiento imperan,
para su plena satisfacción, tres obligaciones claras: la primera, de trato
igual frente a la ley, que para el caso concreto es el deber de aplicar por
igual la protección general que brinda la ley (obligación para la autoridad que
aplica la ley). La segunda, consistente en la igualdad de trato o igualdad en
la ley, que para el caso, es que la ley debe procurar una protección
igualitaria (obligación para el legislador) y toda diferenciación que se haga
en ella debe atender a fines razonables y constitucionales. Y la tercera es la
prohibición constitucional de discriminación cuando el criterio diferenciador
para adjudicar la protección sea sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica (C.P., art. 13).
IGUALDAD DE TRATO O IGUALDAD EN LA
LEY-Fundamento
Su fundamento se da en razón a la
interpretación que esta Corporación ha dado a los incisos segundo y tercero del
artículo 13 constitucional, en el sentido de determinar que en ellos se
establece, en primer lugar un deber especial del Estado de otorgar un trato
preferente a grupos discriminados o marginados y en segundo lugar un deber de
protección especial a grupos determinados, en atención a específicos mandatos
constitucionales que en conjunción con el mencionado artículo 13, así lo
determinan. En lo que se refiere al presente análisis, habría que tener en
cuenta que dentro de los mencionados grupos se ha incluido a las personas con
condiciones económicas precarias, por lo que existe entonces frente a ellas el
deber de trato preferente, en ciertas circunstancias, como expresión del
principio de solidaridad.
PRISION DOMICILIARIA Y VIGILANCIA
ELECTRONICA-Identificación de dos
grupos de condenados
La Corte identificó dos grupos de
condenados: (i) aquellos que cumplen con los requisitos para acceder a la
prisión domiciliaria, y a quienes eventualmente, por decisión del INPEC, se les
puede someter a vigilancia electrónica como forma de control de cumplimiento de
la pena en la modalidad de casa por cárcel. Y (ii) aquellos que no cumplen con
los requisitos para la prisión domiciliaria pero sí con los exigidos para la
vigilancia electrónica.
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Afectación y restricción de derechos constitucionales
del interno
Entre los derechos afectados por el
régimen jurídico de ejecución de la pena de prisión cabe destacar: a) la
libertad de locomoción (art. 24 CP), que se ve imposibilitada durante el tiempo
de permanencia en la cárcel; b) el libre desarrollo de la personalidad (art. 16
CP), en su manifestación como facultad para disponer del propio tiempo durante
la estancia en prisión, es sustraída al interno, quien está obligado a cumplir
con los horarios y la distribución del tiempo programados en cada
establecimiento; c) la intimidad personal y familiar (art. 15 CP),
sustancialmente limitada por la autorización para la práctica rutinaria de
cacheos a los internos, incluido el desnudo integral, así como de registros a
sus pertenencias, por la obligación de compartir celda con otros reclusos
cuando sea necesario, al igual que por las limitaciones impuestas a la
comunicación con sus familiares y allegados en cuanto a la frecuencia, duración
y circunstancias en que se lleva a cabo, y la autorización para su eventual
suspensión e intervención; d) la inviolabilidad de la correspondencia privada
(art. 15 CP), cuyo envío y recepción se somete a especiales condiciones,
autorizándose su intervención sin previa orden judicial por parte de las
autoridades penitenciarias;  e) el derecho a la información (art. 20 CP),
debido a la posibilidad de restringir la circulación y disposición de libros,
revistas, periódicos y aparatos de radio y televisión; f) el derecho de
propiedad (art. 58 CP), que comprende el derecho a usar las propias
pertinencias, cuya limitación se autoriza cuando se trata de dinero, alhajas y
otros objetos de valor no autorizados, o que se consideren peligrosos o de
ilícita procedencia; g) los derechos de reunión y asociación (art. 38 CP), así
como la libertad de expresión (art. 20 CP), son sometidos a duras restricciones
como consecuencia del régimen disciplinario de la prisión.
POSIBILIDAD LEGAL DE SALIR DE LA CARCEL
Y CUMPLIR LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD FUERA DE ELLA-Debe brindarse en igualdad de condiciones
POSIBILIDAD LEGAL DE SALIR DE LA CARCEL
Y CUMPLIR LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD FUERA DE ELLA-Cuando depende de los medios económicos del condenado,
las desigualdades de hecho se convierten en desigualdades jurídicas
Referencia: expediente D- 8198
Demanda de inconstitucionalidad contra
el numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1142 de 2007.
Demandante: Julián Arturo Polo Echeverry.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de
dos mil once (2011).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Julián
Arturo Polo Echeverry, interpuso acción pública de inconstitucionalidad en
contra del numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1142 de 2007.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de
la disposición acusada y se subrayan los apartes
demandados.
LEY 1142 DE 2007
(junio 28)
Diario Oficial No. 46.673
de 28 de julio de 2007
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se
reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y600 de 2000 y se
adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de
especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.
ARTÍCULO 50. El Código Penal tendrá un artículo nuevo del
siguiente tenor:
Artículo.- Sistemas de vigilancia
electrónica como sustitutivos de la prisión. El Juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia
electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión,
siempre que concurran los siguientes presupuestos:
1. Que la pena impuesta en la
sentencia no supere los ocho (8) años de prisión, excepto si se trata de
delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición
forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de
migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de
activos, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas y delitos relacionados con el tráfico
de estupefacientes.
2. Que la persona no haya sido
condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años
anteriores.
3. Que el desempeño personal,
laboral, familiar o social del condenado permita al Juez deducir seria, fundada
y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el
cumplimiento de la pena.
4. Que se realice el pago total
de la multa.
5. Que sean reparados los daños
ocasionados con el delito dentro del término que fije el Juez.
6. Que se garantice mediante caución
el cumplimiento de las siguientes obligaciones, las cuales deberán constar en
un acta de compromiso:
a) Observar buena conducta;
b) No incurrir en delito o
contravención mientras dure la ejecución de la pena;
c) Cumplir con las restricciones a la
libertad de locomoción que implique la medida;
d) Comparecer ante quien vigile el
cumplimiento de la ejecución de la pena cuando fuere requerido para ello.
El incumplimiento de las obligaciones
impuestas en el acta de compromiso dará lugar a la revocatoria de la medida
sustitutiva por parte del Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
PARÁGRAFO. Los sistemas de vigilancia electrónica como
sustitutivos de la prisión se implementarán gradualmente, dentro de los límites
de la respectiva apropiación presupuestal. La gradualidad en la implementación
de los sistemas de vigilancia electrónica será establecida por el Ministerio
del Interior y de Justicia.
III. LA DEMANDA
El demandante considera que la exigencia
legal contenida en el artículo 38 de Código Penal, consistente en exigir el
pago total de la multa como requisito para acceder a la utilización de sistemas
de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena como sustitutivos de
la prisión, vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la
Constitución, por lo cual debe ser declarado inexequible. El fundamento general
de la acusación radica en que resultan injustificadamente perjudicados aquellos
internos que cumpliendo con los demás requisitos para esta modalidad
alternativa de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, no cuentan con
recursos económicos suficientes para realizar el pago en mención.
Agrega que la incidencia de lo anterior
en el derecho a la igualdad real de algunos ciudadanos, viene dada porque
existe de hecho una desigualdad en las condiciones económicas de quienes son
condenados a pena privativa de libertad, lo cual necesariamente implica que
aquellos condenados con solvencia económica tendrán preferencia para acceder al
beneficio, por el sólo hecho de contar con recursos para ello. Y, teniendo en
cuenta que se trata del acceso a alternativas de cumplimiento de penas, la
consecuencia discriminatoria es de gran relevancia. Aduce que la evolución de
la teoría de los derechos en materia del principio de igualdad, ha desarrollado
razones jurídicas suficientes para concluir que las desigualdades de hecho
pueden “legítimamente traducirse en desigualdades en el tratamiento
jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia”.
El acceso al beneficio en mención tiene
también consecuencias de marcada importancia -continua-, como son el despliegue
efectivo de la vida familiar y la posibilidad de alcanzar fuentes de trabajo,
entre otras, con la respectiva incidencia de ello en la oportunidad de
reincorporarse “a la vida en sociedad”. Esto cobra más importancia aún,
pues “no puede desconocerse que la posición económica de quienes se
encuentran pagando una condena; esto es, recluidos esperando la concesión de un
beneficio como el creado por la ley demandada, se encuentra en una posición de
inferioridad económica.”
Afirma que la imposibilidad de pagar las
multas genera hacinamiento en las cárceles, y que en casos como el de la
libertad condicional, se ha venido utilizando la figura del amparo de pobreza,
para que los reclusos puedan acceder a ello, pese a su precaria situación
económica.
De otro lado, explica que la
jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado sobre un tema parecido pero no
igual, cual es el de la exigencia del pago de la multa para acceder al
beneficio de libertad condicional (C-194 de 2005), que encontró ajustada al
principio de igualdad constitucional, porque la misma legislación penal
establecía facilidades de pago la amortización a plazos y la
amortización mediante trabajo (art.39 Código Penal). Pero, añade, las
facilidades en mención solo son aplicables a la clase de multa denominada “unidad
de multa”, y no al caso en el que la multa aparece como acompañante de la
pena de prisión. Por lo que concluye que el precedente jurisprudencial referido
no resulta aplicable al presente caso.
También aduce, que si se considera el
beneficio de la Prisión Domiciliaria, se encuentra que para éste no se exige
pago alguno de multa, y respecto de la reparación de los daños ocasionados a la
víctima, la norma lo establece como obligación, salvo que se demuestre que el
condenado está en incapacidad material de sufragarlo. De ahí, que la norma
demandada en efecto, haya pasado por alto salvedades como la descrita que el
legislador penal ha establecido con el claro fin de lograr igualdad material en
el acceso a las alternativas al cumplimiento de penas privativas de libertad,
fuera de las cárceles.
Por lo expuesto, solicita a la Corte que
declare la inconstitucionalidad de numeral 4 del artículo 38 A del Código
Penal.
IV. INTERVENCIONES
Intervención de la Defensoría del
Pueblo
Mediante escrito allegado a esta
Corporación, el Defensor de Pueblo solicita la declaratoria de inexequibilidad
de la norma demandada, numeral 4 del artículo 38A del Código Penal. Explica en
primer término que la jurisprudencia se ha pronunciado en varias oportunidades
sobre la constitucionalidad de la exigencia del requisito del pago de la multa
para acceder a subrogados penales, y ha concluido en cada caso (C-194/05,
C-239/05, C-665/05, C-783/05 y C-823/05) que resulta conforme al orden
constitucional, principalmente porque (i) la finalidad de la multa es castigar
al infractor de la ley penal, por lo cual no puede valorarse en principio desde
el punto de vista del poder adquisitivo del multado, y por ello la libertad
personal puede depender del cumplimiento de dicho castigo. Y (ii) pese a lo
anterior es razón suficiente, el mismo artículo que regula las multas en
materia penal (art 39 del Código Penal) dispone que la determinación de su
monto se hará bajo la consideración de la situación económica del condenado. En
conclusión, la exigencia de su pago para ser beneficiario de subrogados penales
no resulta inequitativo ni contrario al principio de igualdad.
La Defensoría afirma que a pesar de los
pronunciamientos anteriores en el mismo sentido, la jurisprudencia no ha
abordado el análisis en los términos propuestos por el actual demandante, lo
cual pondría en duda la aplicación al presente caso de los criterios esbozados
en los precedentes. El punto de partida es que se debe tener en cuenta
–continúa- la existencia de dos clases de multa: la que se decreta como
acompañante de una pena de prisión (es decir como pena accesoria), y la que se
dispone como pena principal.
A partir de lo anterior surgen tres
reparos a las razones esgrimidas por la jurisprudencia que permiten llegar a
una conclusión distinta a la presentada. En primer lugar, la posibilidad de
tasar el monto de la multa de acuerdo a la situación económica del condenado,
sólo es posible para el caso de la multa como pena principal. Esto porque el
numeral segundo del artículo 39 del Código Penal establece fórmulas para ello
sólo en ese caso, que atienden al promedio de ingresos del condenado; pero, en
el caso de la multa como pena accesoria las mismas normas que consagran la pena
de prisión y la multa establecen el promedio según la falta y no según la
capacidad económica del penado. Esto hace imposible que el juez atienda la
situación adquisitiva del condenado para efectos de tasar el monto de la multa.
En segundo lugar, otras prerrogativas
que procuran dar cuenta de la situación particular del ciudadano a la hora de
imponerle una multa con base en la comisión de un delito, contenidas en el
mismo artículo 39 del Código Penal, sólo son aplicables según el texto
normativo en mención, a la multa como pena principal. Estas prerrogativas son
la “amortización a plazos” y la “amortización mediante trabajo”.
Sobre la primera posibilidad (amortización a plazos) indica la
Defensoría que a partir de una interpretación sistemática del artículo 39 en
mención, junto con el artículo 41 del mismo Código Penal, se puede concluir la
posibilidad de que el condenado pague a plazos la multa como pena accesoria.
Esto porque el artículo 41 referido establece que cuando la multa concurra con
una de privativa de la libertad y el penado se sustrajere a su cancelación integral
o a plazos, se dará traslado a los jueces de ejecuciones fiscales. Para
el interviniente la alusión que se hace en este artículo a la posibilidad del
pago a plazos permite derivar el alcance de dicha prorrogativa, también al pago
de la multa como pena accesoria.
Sobre la prerrogativa consistente en
amortizar el pago de la multa como pena accesoria mediante trabajo, se afirma
en esta intervención que resulta aplicable únicamente al evento en que la multa
obra como pena principal. Por lo cual habría un tratamiento legal desigual e
injustificado pues los condenados a multa como pena accesoria no pueden hacer
uso de dicha alternativa.
En tercer lugar, explica la Defensoría
que en el caso del subrogado penal de Prisión Domiciliaria, regulado en el
artículo 38 del Código Penal, no se exige el pago de la multa como requisito
para su otorgamiento. Además de que para el acceso a la mencionada Prisión
Domiciliaria se exige la reparación de los daños derivados de la comisión del delito,
salvo que se demuestre la imposibilidad material del condenado para hacerlo.
Intervención de la Fiscalía General
de la Nación
La Fiscalía General envió con destino
del expediente respectivo y por intermedio de la Secretaría General, escrito de
intervención en el que solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible
la disposición demandada.
Para la Fiscalía la demanda carece de
argumentos que sustenten el presunto problema de igualdad propuesto. Explica
que la afirmación del actor en el sentido de que al existir condenados con baja
capacidad adquisitiva y al exigir el subrogado de la vigilancia electrónica el
pago de la multa como requisito, se debe concluir entonces que se vulnera el
principio de igualdad, resulta ser una conclusión que necesita exceder la descripción
de una situación desigual. Asevera textualmente “en la demanda deben
exponerse los argumentos que expliquen por qué el tratamiento desigual resulta
constitucionalmente injustificado, desproporcionado o irrazonable.”
Con base en lo explicado, la distinción
encontrada por el actor, entre condenados que cuentan con los medios económicos
para cumplir con el requisito exigido para acceder al subrogado de la
vigilancia electrónica y aquellos que no, en sí misma no configura una
inconstitucionalidad. “El grado de protección que requieren grupos de
personas comparables ha sido confiada al legislador democráticamente elegido.
Por eso al analizar si un grupo está menos protegido que otro, no le
corresponde al juez constitucional sustituir la apreciación del legislador ni
imponer niveles de protección máximos o ideales.”
A partir de estas reflexiones sobre el
alcance del principio de igualdad y el amplio margen de discreción del
legislador para establecer distinciones, encuentra el interviniente respecto del
caso concreto, que “las exigencias pecuniarias requeridas para acceder al
mecanismo del brazalete electrónico, resultan proporcionadas
constitucionalmente, dado que el juez de conocimiento goza de un margen
estricto de discrecionalidad para imponer según sea el caso, y atendiendo la
entidad del delito, las multas que considere convenientes. En tanto que, no a
todas las personas condenadas por determinados delitos, es posible imponerles
multas por cuanto su capacidad de pago es restringida.”
Agrega por último que la ley ha previsto
que el monto de la multa debe estar acorde con la capacidad de pago del
individuo, tal como también lo ha hecho notar la jurisprudencia constitucional,
lo cual impide afirmar que el Código Penal ha dispuesto un tratamiento igualitario
para situaciones de hecho distintas, derivadas de la situación económica de
cada condenado. Por lo que solicita la declaratoria de exequibilidad de la
norma demandada.
Ministerio del Interior y de Justicia
A través de la Secretaría General de la
Corte Constitucional, el Ministerio del Interior y de Justicia, allega al
presente proceso escrito en el que solicita que declare exequible la norma
acusada.
Para concluir lo anterior presenta dos
razones principales. La primera consiste en que en sentencia C-194 de 2005, la
Corte estudió un problema constitucional similar, alrededor de la exigencia del
pago de la multa para acceder a los subrogados penales de la ejecución
condicional de la pena y de la prisión domiciliaria. Explica el Ministerio que en
la mencionada sentencia se sostuvo que tal exigencia no vulneraba el principio
de igualdad, en tanto todos los condenados podían acceder a los subrogados,
mediante el cumplimiento del pago de la multa porque las normas al respecto
regulaban formas de cancelarla tales como los pagos a plazos y la amortización
mediante trabajo.
Considera el interviniente que la
anterior argumentación resulta aplicable al caso objeto de análisis, por cuanto
el cargo esgrimido por el actor, consiste en que la exigencia del pago de la
multa discrimina a los condenados de bajos recursos económicos, luego les
impide el acceso al subrogado de la vigilancia electrónica. Esto, porque la
regulación sobre la imposición de la multa y sus modalidades de pago es la
misma.
En segundo lugar, el Ministerio
encuentra que el paralelo entre los subrogados de la prisión domiciliaria y la
vigilancia electrónica, resulta impertinente, en tanto “la prisión
domiciliaria no es comparable con la posibilidad de libre circulación que se
obtiene con el beneficio de la manilla electrónica, por lo cual no cabe en este
caso un juicio de igualdad porque no se trata de situaciones iguales o
similares.”
Intervenciones ciudadanas
El ciudadano Jefferson David Montoya
García, en representación de la Sociedad Montoya y García Grupo Empresarial
S.A.S allegó al despacho escrito de intervención en el que solicitó a esta
Corte que declare la ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto “el cargo
formulado por el accionante no ostenta relevancia constitucional; más bien
constituye una inconformidad del actor ante la fijación que puede realizar el
operador judicial sobre el monto de una multa para conceder un subrogado penal
como es la vigilancia electrónica en un caso concreto.”
Además, con base en lo anterior trae a
colación la sentencia C-854 de 2009, en la que la Corte se declaró inhibida
para decidir sobre la constitucionalidad de la norma demandada en el presente
caso, por ineptitud sustantiva de la demanda, y como en el caso actual la
demanda tampoco contiene la carga argumentativa suficiente ni pertinente,
entonces solicita que esta Corporación declare la configuración de Cosa Juzgada
Constitucional.
De otro lado, explica que los argumentos
sobre los que el demandante pretende sustentar un cargo de igualdad, son
apreciaciones personales que no pueden ser tomadas como razones de
inexequibilidad. Y por demás, dichas apreciaciones no controvierten lo
sostenido por la Corte en sentencia C-194 de 2005, en la cual se explicó que la
exigencia de la multa para el acceso al subrogado penal de la libertad
condicional, encontraba razones constitucionales suficientes para estar vigente
en Colombia, máxime cuando a su aplicación (la exigencia de la multa) debe
mediar, según la regulación vigente, la consideración de la situación
particular del condenado antes de fijar el monto o su forma de pago. En virtud
de ello, el ciudadano Montoya García solita que se declare la exequibilidad de
la disposición acusada, en caso de que la Sala Plena no considere viables la
inhibición o la cosa juzgada como desenlace de la presente demanda.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
De conformidad con los artículos 242-2 y
278-5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación rinde concepto de
constitucionalidad número 5030, en el cual solicita a la Corte Constitucional
que declare exequible la norma acusada.
El Procurador explica que en el proceso
que culminó con la sentencia C-194 de 2005, rindió concepto y solicitó la
exequibilidad de la norma que se estudiaba en aquel entonces, que exigía el
pago de la multa para beneficiarse de los subrogados de la ejecución
condicional de la pena y la libertad condicional; por lo cual en el presente
caso reiterará dichos argumentos.
Para la Vista Fiscal resultó claro en
aquél estudio de constitucionalidad que la exigencia del pago de la multa como
requisito para acceder a subrogados penales, no vulnera el principio de
igualdad, ni genera discriminación respecto de los condenados con escasas
posibilidades económicas, en tanto la regulación de la multa y su cancelación
en el Código Penal (Artículo 39) indica que su imposición se hará bajo la
consideración de la situación económica particular del condenado, justamente
con el fin de que aquellos con menos posibilidades económicas accedan en
igualdad de condiciones a los distintos subrogados.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es
competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241
numeral 4 de la Carta.
Problema jurídico
2.- El actor demanda el numeral 4 del
artículo 38A del Código Penal, que fue adicionado por el artículo 50 de la Ley
1127 de 2007, el cual dispone que para acceder al sistema de vigilancia
electrónica como sustituto de prisión se requerirá además de otros requisitos,
el pago total de la multa. Para el demandante el anterior contenido normativo
vulnera el principio constitucional de igualdad, luego el artículo 13 de la
Constitución, en dos sentidos: (i) discrimina injustificadamente a aquellos
condenados que no cuentan con recursos económicos para cumplir con el requisito
del pago de la multa, impidiéndoles acceder al sistema de vigilancia
electrónica como sustitutivo de prisión. Y (ii) discrimina injustificadamente a
quienes no cumplen con los requisitos para el subrogado de la prisión domiciliaria,
que en esencia es lo mismo que el subrogado de la vigilancia electrónica, pues
para acceder a la prisión domiciliaria no se exige el pago de la multa.
Algunos intervinientes, así como el
Ministerio Público, consideran que la norma debe ser declarada exequible,
porque el asunto relativo a si la exigencia del pago de la multa para acceder a
subrogados penales resulta discriminatoria, ya ha sido estudiado por la Corte
en sentencias C-194 de 2005, C-665 de 2005, C-783 de 2005 y C-823 de 2005. Y,
ha sostenido la jurisprudencia constitucional al respecto, que el mencionado
requisito no vulnera el principio de igualdad, pues a la imposición y pago de
la multa debe mediar el análisis por parte de juez de la situación económica
particular de quien la solicita, así como la posibilidad de amortizar su pago a
plazos o mediante trabajo, según la regulación vigente. Por ello, se ha
concluido que todos los reclusos, incluidos aquellos con menos posibilidades económicas,
tienen opción real de acceder a los subrogados penales que exigen el pago de
multa, siempre que cumplan con los demás requisitos.
De otro lado, agregan que en materia
penal la multa debe ser entendida como una sanción dispuesta por el legislador dentro
de su amplio margen de configuración regulativo referente a las sanciones
penales. Esto es, que el sentido de la imposición de una multa sustentada en
una condena penal se refiere a la adjudicación de un castigo por lo cual su
exigencia no puede entenderse como injusta o inequitativa, pues ella responde a
la declaración de responsabilidad penal y no a la valoración del poder
adquisitivo del condenado.
Así, proponen aplicar al presente caso
estos criterios jurisprudenciales varias veces reiterados, pues se trata del
mismo asunto de debate, sólo que a propósito de un subrogado diferente, el de
la vigilancia electrónica.
Por su lado el Defensor del Pueblo,
considera que la norma demandada es inconstitucional, por cuanto hace depender
el acceso a un subrogado de la pena de prisión de un criterio meramente
económico, frente al cual se ven discriminados los reclusos que no tienen
recursos económicos. Sostiene que el demandante tiene razón cuando afirma que
la jurisprudencia constitucional sobre los efectos discriminatorios de la
exigencia del pago de la multa, no ha considerado que la sanción de multa
frente a la cual proceden todas las alternativas de análisis de la situación
particular del condenado antes de su imposición, se refiere al caso de la multa
como pena principal y no como pena acompañante de la de prisión. Y, justamente,
la multa como requisito para acceder a los subrogados penales de prisión,
implica que ésta se ha impuesto como pena acompañante a la de privación de la
libertad.
En este orden, la jurisprudencia
constitucional no ha hecho un estudio de fondo sobre las implicaciones en el
principio constitucional de igualdad de la exigencia del pago de la multa según
la perspectiva anterior, por cual los referidos criterios constitucionales, no
son en estricto sentido aplicables al presente caso.
3.- Así pues, corresponde a la Sala
Plena determinar en general si la exigencia del pago de la multa para acceder
al mecanismo sustitutivo de prisión de vigilancia electrónica, vulnera el
principio constitucional de igualdad (art. 13 CN). Para resolver este
interrogante, el asunto constitucionalmente relevante se concentra en las dos
hipótesis puntuales presentadas por el demandante, las cuales son: (i) presunta
discriminación injustificada de los condenados que no cuentan con recursos para
cancelar la multa, pero cumplen con los demás requisitos exigidos en el
artículo 38A del Código Penal; y (ii) presunta discriminación injustificada
respecto de quienes cumplen con los requisitos para acceder a la prisión
domiciliaria, porque a ellos no se les exige pago de multa, cuando en esencia
tanto la prisión domiciliaria como la vigilancia electrónica implican el
cumplimiento de la pena de privación de la libertad, por fuera del
establecimiento carcelario.
Ahora bien, de acuerdo a los términos en
que el demandante y los intervinientes han abordado la discusión constitucional
objeto de la presente sentencia, antes de resolver los planteamientos de la
acusación, la Corte hará: A) la descripción del funcionamiento de los
sistemas de vigilancia electrónica; B) la comparación entre los
subrogados de la vigilancia electrónica y la prisión domiciliaria; C) la
reconstrucción de las líneas jurisprudenciales sobre el sentido y alcance de la
multa como sanción penal y como requisito para los subrogados de la pena de
prisión; D) la reconstrucción de las líneas jurisprudenciales sobre el
principio constitucional de igualdad y E) análisis del cargo de
inconstitucionalidad.
A.- Sistemas de vigilancia electrónica.
Alcance, autoridades competentes, requisitos, modalidades y financiación.
Alcance
4.- Los sistemas de vigilancia
electrónica han sido definidos por la Ley 1142 de 2007 con dos alcances: como
mecanismo de control del cumplimiento de la pena sustitutiva consistente en
prisión domiciliaria, y como sustituto de la pena de prisión. Esto es, como
herramienta que ayuda al INPEC a verificar el cumplimiento de otro subrogado
(prisión domiciliaria) y como subrogado independiente cuyo otorgamiento corresponde
a los jueces.
El primero, regulado en el artículo 31
de la ley 1142 de 2007 en mención, y que como se dijo corresponde a la
consagración de los sistemas de vigilancia electrónica como mecanismos que
sirven para verificar y vigilar el cumplimiento de la pena de quienes se
encuentran bajo la medida sustitutiva de prisión domiciliaria.
ARTÍCULO 31. El inciso 2o del artículo 38
de la Ley 599 de 2000 quedará así:
“El control sobre esta medida sustitutiva será
ejercido por el juez o tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de
la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
organismo que adoptará mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas
periódicas a la residencia del penado, entre otros, para verificar el
cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo”.
El segundo, regulado en el artículo 50
de la misma ley, indica que los sistemas de vigilancia electrónica son medidas
independientes sustitutivas de la prisión que podrán ser ordenadas por el Juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad en los eventos en que se
verifiquen los requisitos previstos en la ley en cuestión (art. 38A C.Penal).
Autoridades
competentes
5.- Como puede verse, la Ley 1142 de
2007 dispuso un doble alcance a los sistemas de vigilancia electrónica, lo cual
resulta determinante a la hora de definir cuál es la autoridad encargada de
adoptar u otorgar el sistema de vigilancia electrónica, y cuáles las
condiciones para su implementación. En un caso, cuando la vigilancia
electrónica pretende ayudar a la verificación del cumplimiento de la pena de
prisión domiciliaria, la autoridad competente para adoptarlo es el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), según el artículo 31 de la Ley
1142 transcrito más arriba, en el aparte en que se afirma: “organismo {el
INPEC} que adoptará mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas
periódicas a la residencia del penado, entre otros, para verificar el
cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo.”
Y según el artículo 1º de la Resolución 02642 del 26 de marzo de 2009[1],
que establece en cabeza del INPEC la posibilidad de “Adoptar, según el caso,
como medida adicional de control a la prisión domiciliaria, las modalidades de
vigilancia electrónica normadas”.
En el segundo caso, cuando los sistemas de vigilancia
electrónica pretenden otorgarse como medidas independientes sustitutivas de la
prisión el artículo 50 de la Ley 1142 de 2007 estableció que es el Juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad quien tiene la facultad de ordenar la
utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la
pena, como sustitutivos de la prisión.
Así mismo lo han establecido los Decretos 177 de 2008
y 1316 de 2009 que reglamentaron el artículo 50 referido, además de disponer
también que será el mismo juez quien determine la necesidad de someter a los
sistemas de vigilancia electrónica a la población condenada que se encuentre en
modalidad distinta a la reclusión en centro penitenciario.[2]
De igual manera el artículo 2º del Decreto 177 de
2008, consagró la posibilidad de que el Juez de Control de Garantías dispusiera
la utilización de los sistemas de vigilancia electrónica respecto de quienes
encontrándose en detención preventiva en establecimiento carcelario, le haya
sido sustituida ésta por la del lugar de residencia, previo cumplimiento de los
presupuestos señalados en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004.[3]
6.- En este orden, se debe también señalar que cuando
la vigilancia electrónica se adopta por parte del INPEC como una medida de
control y verificación del cumplimiento del de la prisión domiciliaria[4],
entonces no parece razonable que el Instituto Nacional Penitenciario exija los
requisitos contenidos en el artículo 38A del Código Penal. Esto es, aquellos
requisitos (incluido el pago de la multa) que se exigen para el caso en que se
analiza el otorgamiento de la vigilancia electrónica como subrogado
independiente por parte del Juez.
Se debe entender pues que en el primer caso se trata
de una medida administrativa adoptada por el INPEC, amparada en las normas
vigentes (inc. segundo num. 5 art. 38 C. Penal, y art. 1º Res 02642 del 26 de
marzo de 2009), y que como se ha explicado consiste en monitorear mediante los
sistemas de vigilancia electrónica a quienes ya gozan de subrogados penales que
implican cumplir la pena de prisión fuera de la cárcel.
Esto significa que cuando el INPEC decide adoptar
dicho mecanismo de verificación y control, previamente el Juez ha analizado el
cumplimiento de los requisitos para otorgar el otro subrogado, distinto al de
la vigilancia electrónica, por lo cual no resulta razonable – además de que no
es de su competencia - que el INPEC exija los requisitos del artículo 38A referido,
como si fuera a otorgar el subrogado de la vigilancia electrónica, cuando en
realidad lo que sucede es que adopta una medida administrativa de
control.
Requisitos (Derogatoria tácita del artículo 29B de la
Ley 65 de 1993 - Código Nacional Penitenciario y Carcelario).
7.- De otro lado, la utilización de los sistemas de
vigilancia electrónica se encuentra supeditada a que concurran ciertos
presupuestos, especificados en los artículos 50 de la Ley 1142 de 2007 y 1º del
Decreto 177 de 2009. Sobre esto es preciso advertir que antes de la expedición
de la Ley 1142 de 2007, el sistema de seguridad electrónica como pena
sustitutiva de prisión se encontraba regulada por el artículo 29B de la Ley 65
de 1993 (Código Nacional Penitenciario y Carcelario) el cual establecía requisitos
distintos a los contemplados actualmente. Para ilustrar la distinción aludida
la Sala presenta el siguiente cuadro:
ARTÍCULO 29-B. LEY 65 DE
1993
ARTÍCULO 50. LEY 1142 DE
2007
SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMO PENA
SUSTITUTIVA DE PRISIÓN. <Artículo adicionado por el artículo 9
del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> En los delitos
cuya pena impuesta no supere los cuatro años de prisión, respecto de los que
no proceda la prisión domiciliaria; el juez de ejecución de penas, podrá
sustituir la pena de prisión por la de vigilancia a través de mecanismos de
seguridad electrónica, previa solicitud del condenado, si se cumplen
adicionalmente los siguientes requisitos:
1. Que el condenado no tenga
otros antecedentes penales, salvo que se trate de delitos culposos o con pena
no privativa de la libertad.
2. Que el condenado suscriba un
acta de compromiso, prestando una caución que garantice el cumplimiento de
las restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida.
3. Que el condenado repare los
perjuicios ocasionados a la víctima de la conducta punible, cuando estos
hayan sido tasados en la respectiva sentencia condenatoria, salvo que se
demuestre la incapacidad material de hacerlo.
4. El incumplimiento de las
obligaciones impuestas en el acta de compromiso dará lugar a la revocatoria
de la medida por parte del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
PARÁGRAFO 1o. Cuando se trate
de una conducta punible que admita la extinción de la acción penal por
indemnización integral, conciliación o desistimiento y se repare
integralmente el daño con posterioridad a la condena, no procederá el
mecanismo de seguridad electrónica sino la libertad inmediata.
PARÁGRAFO 2o. La duración de la
medida no podrá superar el término de la pena privativa de la libertad
impuesto en la sentencia, o el que falte para su cumplimiento.
Cuando el condenado no pueda
sufragar el costo del mecanismo de seguridad electrónica que le sustituirá la
pena privativa de la libertad, el Estado dentro de sus límites presupuestales
lo hará.
El mecanismo de seguridad
electrónica se aplicará de manera gradual en los Distritos Judiciales
conforme a lo dispuesto en el artículo 530 del Código de Procedimiento Penal
dentro de los límites de las respectivas apropiaciones presupuestales.
PARÁGRAFO 3o. El mecanismo de
seguridad electrónica previsto en este artículo no se aplicará respecto de
las conductas punibles que atenten contra la libertad, integridad y formación
sexuales, eficaz y recta impartición de justicia y libertad individual.
El Código Penal tendrá un
artículo nuevo del siguiente tenor:
Artículo 38A.
Sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión. El
Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar la
utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la
pena, como sustitutivos de la prisión, siempre que concurran los siguientes
presupuestos:
1. Que la pena impuesta en la
sentencia no supere los ocho (8) años de prisión, excepto si se trata de
delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario,
desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado,
tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir
agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delitos
relacionados con el tráfico de estupefacientes.
2. Que la persona no haya sido
condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años
anteriores.
3. Que el desempeño personal,
laboral, familiar o social del condenado permita al Juez deducir seria,
fundada y motivadamente que no colocará en peligro a la comunidad y que no
evadirá el cumplimiento de la pena.
4. Que se realice el pago total
de la multa.
5. Que sean reparados los daños
ocasionados con el delito dentro del término que fije el Juez.
6. Que se garantice mediante
caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones, las cuales deberán
constar en un acta de compromiso:
a) Observar buena conducta;
b) No incurrir en delito o
contravención mientras dure la ejecución de la pena;
c) Cumplir con las
restricciones a la libertad de locomoción que implique la medida;
d) Comparecer ante quien vigile
el cumplimiento de la ejecución de la pena cuando fuere requerido para ello.
El incumplimiento de las
obligaciones impuestas en el acta de compromiso dará lugar a la revocatoria
de la medida sustitutiva por parte del Juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad.
PARÁGRAFO. Los sistemas de
vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión se implementarán
gradualmente, dentro de los límites de la respectiva apropiación
presupuestal. La gradualidad en la implementación de los sistemas de
vigilancia electrónica será establecida por el Ministerio del Interior y de
Justicia.
Este artículo será reglamentado
por el Gobierno Nacional para garantizar las apropiaciones del gasto que se
requieran para la implementación del citado sistema de vigilancia electrónica
dentro de los 60 días siguientes a su sanción.
De lo anterior se deriva que estas normas
regulan la misma situación de manera distinta, por lo que se presenta una
antinomia jurídica, cuya definición en el ámbito de la teoría jurídica puede
describirse como aquella situación en la que en un sistema jurídico dos normas
establecen consecuencias jurídicas distintas para el mismo supuesto de hecho.
8.- Entre los criterios que el derecho
brinda para solucionar antinomias[5], se cuestiona en primera
instancia la vigencia temporal de las normas, estableciéndose que frente a una
antinomia jurídica el operador del derecho debe aplicar el criterio denominado lex
posterior, según el cual, la norma posterior en el tiempo tiene como efecto
jurídico, que la norma anterior que regulaba el mismo supuesto pierde vigencia.
Quiere decir que se presenta el fenómeno de la derogación o derogatoria.[6]
El fenómeno de la derogación de las
normas lo ha definido la doctrina como la “acción o efecto de la cesación de
la vigencia de una norma por la aprobación y entrada en vigor de una norma
posterior que elimina, en todo o en parte, su contenido, o lo modifica
sustituyéndolo por otro adverso”[7]. Dicho fenómeno
está contemplado en nuestro ordenamiento, en el artículo 1° de la Constitución,
cuyo contenido normativo destaca el principio democrático como elemento
predominante del Estado colombiano. En ausencia de un principio constitucional
cuyo sentido fuera la primacía de las decisiones de la mayoría (principio
democrático), no se entendería que una ley nueva tuviera la fuerza jurídica
de cesar la vigencia de la ley antigua. Justamente, la idea según la cual
la voluntad que prevalece es la de la mayoría que ha sido producto del proceso
de renovación constante de la democracia, es la que permite la modificación de
los resultados de una mayoría que ya no funge como tal. Lo anterior es
garantizado por el principio democrático, que a su vez sustenta la institución
de la derogación de las leyes.
Al tenor de lo anterior, el artículo
71 del Código Civil colombiano contempla la mencionada institución, cuando
establece que una ley nueva puede estipular la derogatoria de una antigua y que
la imposibilidad de conciliar el contenido de una ley antigua con el de una ley
nueva, implica que la primera pierde vigencia, esto es, es reemplazada por
la segunda[8].
Así pues la derogación puede operar de
diversos modos, de manera expresa (cuando la nueva ley dice expresamente que
deroga la antigua. Art 71 C.C) o tácita (cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Art 71
C.C).
Con base en las razones anteriormente expuestas, debe
concluirse que el artículo 29B del Código Nacional Penitenciario y Carcelario
(Ley 65 de 1993) fue derogado tácitamente por el artículo 38A del Código Penal
(Articulo 50 de la Ley 1142 de 2007) en aplicación del criterio denominado lex
posterior y en razón a que es inconcebible pensar que ambas normas pueden
estar vigentes en un mismo momento, dado que exigen requisitos distintos para
acceder al sistema de vigilancia electrónica. De ahí que la Corte encuentre que
los requisitos vigentes a este respecto son los del artículo 38A del Código
Penal.
Modalidades y funcionamiento
9.- El legislador también se encargó de regular la
forma en que debía funcionar la vigilancia electrónica, para lo cual desarrolló
tres modalidades de vigilancia electrónica, las cuales deben ser asignadas por
la autoridad judicial competente de acuerdo con la disponibilidad de las mismas
y las fases previstas para ser implementadas.[9]
i.
El seguimiento pasivo RF.
Es el sistema de vigilancia electrónica a través del
cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o una tobillera en
el cuerpo del condenado, sindicado, imputado o acusado, el cual trasmite
a una unidad receptora, la que a su vez se encuentra conectada a una línea
telefónica convencional.[10]
ii.
El seguimiento activo – GPS.
Es el sistema de vigilancia electrónica a través del
cual se instala un dispositivo consistente en un brazalete o tobillera en el
cuerpo del sindicado, imputado o acusado, el cual llevará incorporada
una unidad GPS (Sistema de posicionamiento global), la cual transmitirá la
ubicación del beneficiario, indicando si ha llegado a zonas de exclusión. La
norma establece que cuando el beneficiario del dispositivo llegue al lugar
establecido para el cumplimiento de la medida de aseguramiento, la información
que así lo indique será transmitida al centro de monitoreo vía telefónica o
móvil, sin que durante el transcurso del día se haya perdido la transmisión
inherente al sistema de vigilancia electrónica. [11]
iii.
El reconocimiento de voz.
Es el sistema de vigilancia electrónica a través del
cual se lleva a cabo una llamada al lugar de residencia del condenado o
sindicado, y autentica su identidad comparando su voz contra una impresión
de voz previa tomada durante el proceso de registro. [12]
10.- Luego de verificarse los presupuestos exigidos
por la normatividad, se deberá asignar – por la autoridad judicial competente –
el sistema de vigilancia electrónica de acuerdo con la disponibilidad de los
mismos y las fases previstas para su implementación.[13]
Posteriormente, una vez se apruebe por parte del Juez
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la viabilidad jurídica del
Sistema de Vigilancia Electrónica como sustitutivo de la pena de prisión o de
la detención preventiva, el condenado o sindicado firmará un acta de
compromiso donde constarán todas las obligaciones que debe cumplir en el
término de la pena impuesta mediante sentencia judicial o de la providencia que
impuso la detención preventiva, y aquellos compromisos inherentes a la
modalidad del mecanismo de vigilancia electrónica que se le vaya a aplicar,
dentro de los cuales se consignarán deberes de adecuada utilización y custodia
del mecanismo de seguridad electrónica, advirtiéndose que la destrucción por
cualquier medio del mecanismo de seguridad, además de las sanciones penales a
que haya lugar, constituye un incumplimiento de los deberes del condenado o
sindicado y será causal de revocatoria del beneficio otorgado.
Igualmente se previó, que se revocara la medida
sustitutiva por parte del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad si
ocurriera un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en el
acta de compromiso.
Financiación
11.- De otra parte, en con relación la financiación de
los sistemas de vigilancia electrónica, el legislador previó que el
destinatario de los dispositivos podría asumir voluntariamente el costo de los
mecanismos que le hayan sido otorgados y autorizados por la autoridad judicial
competente.[14]
Sin embargo, en norma posterior,[15]
estableció que el dinero que ahorrara el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), por concepto de la atención integral y tratamiento
penitenciario de los reclusos, tales como la alimentación, los servicios de
salud y los desplazamientos – toda vez que desde el momento de la salida de la
persona del establecimiento de reclusión, el INPEC no asume dichos costos –
debería servir para coadyuvar la financiación de los sistemas de vigilancia
electrónica.
La Ley 1142 de 2007 estableció que estos sistemas de
vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión se implementarán
gradualmente, dentro de los límites de la respectiva apropiación presupuestal y
que la gradualidad en su implementación deberá ser establecida por el
Ministerio del Interior y de Justicia.[16] De igual forma, los
Decretos reglamentarios han determinado que su implementación deberá hacerse en
cuatro fases y con base en un plan piloto que se extendió hasta el 31 de
diciembre de 2010.[17]
B.- Comparación entre los subrogados
de la vigilancia electrónica y la prisión domiciliaria.
12.- Para la Sala la relación entre los
subrogados de la vigilancia electrónica y la prisión domiciliaria es evidente,
además de relevante para el análisis del cargo de inconstitucionalidad objeto
de la presente sentencia. Por un lado como se señaló más atrás, los sistemas de
vigilancia electrónica funcionan en nuestro ordenamiento jurídico no sólo como
subrogado de la pena de prisión, sino también como modo de verificación del
cumplimiento del subrogado de prisión domiciliaria. Sin embargo tienen
requisitos distintos, veamos:
ARTICULO 38. Código
Penal
ARTÍCULO 38A. Código
Penal
LA PRISION DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA
PRISION.
La
ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de
residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez
determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo
familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
1.
Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en
la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.
2.
Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita
al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a
la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.
3.
Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
1)
Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización para
cambiar de residencia.
2)
Observar buena conducta.
3)
Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que
está en incapacidad material de hacerlo.
4)
Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.
5)
Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de
realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás
condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario
judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentación del INPEC.
<Inciso
modificado por el artículo 31 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El
control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal
que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará
mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la residencia
del penado, entre otros, para verificar el cumplimiento de la pena, de lo
cual informará al despacho judicial respectivo.
Cuando
se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o incumpla la reclusión, o
fundadamente aparezca que continúa desarrollando actividades delictivas, se
hará efectiva la pena de prisión.
Transcurrido
el término privativo de la libertad contemplado en la sentencia, se declarará
extinguida la sanción.
SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA COMO SUSTITUTIVOS
DE LA PRISIÓN.
<Artículo
adicionado por el artículo 50 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El Juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar la utilización de
sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como
sustitutivos de la prisión, siempre que concurran los siguientes
presupuestos:
1.
Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de prisión,
excepto si se trata de delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional
Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura,
desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto
para delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
2.
Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o preterintencional
dentro de los cinco (5) años anteriores.
3.
Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado permita
al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en peligro a
la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.
4.
Que se realice el pago total de la multa.
5.
Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del término que
fije el Juez.
6.
Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso:
a)
Observar buena conducta;
b)
No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de la pena;
c)
Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que implique la
medida;
d)
Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena
cuando fuere requerido para ello.
El
incumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta de compromiso dará
lugar a la revocatoria de la medida sustitutiva por parte del Juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad.
PARÁGRAFO.
Los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la prisión se
implementarán gradualmente, dentro de los límites de la respectiva
apropiación presupuestal. La gradualidad en la implementación de los sistemas
de vigilancia electrónica será establecida por el Ministerio del Interior y
de Justicia.
Este artículo será
reglamentado por el Gobierno Nacional para garantizar las apropiaciones del
gasto que se requieran para la implementación del citado sistema de
vigilancia electrónica dentro de los 60 días siguientes a su sanción.
De la lectura comparada de
las normas, puede concluirse lo siguiente:
PRISIÓN DOMICILIARIA
VIGILANCIA ELECTRÓNICA
En
cuanto a la pena: Que la pena mínima
de la conducta punible del caso sea de 5 años.
En
cuanto a la caución: Deberá prestar
caución que respalde el cumplimiento de sus obligaciones (informar cambio de
residencia, buena conducta y reparar los daños, comparecer ante la autoridad
que lo vigila, permitir la entrada a su residencia de quienes vigilan, )
En
cuanto a la conducta: Observar buen
desempeño laboral, personal, familiar.
En
cuanto al incumplimiento de las obligaciones: De haber incumplimiento se hará efectiva la pena
de prisión.
En
cuanto al pago de la multa: No
exige el pago de la multa para acceder al mecanismo.
En
cuanto a quien adopta el mecanismo:
El Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
En
cuando a la pena:  Que la pena
impuesta en la sentencia no supere los ocho 8 años de prisión, excepto si se
trata de delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario,
desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado,
tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir
agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delitos
relacionados con el tráfico de estupefacientes.
En
cuanto a la caución: Deberá prestar
caución que respalde el cumplimiento de sus obligaciones que constarán en
acta de compromiso (buena conducta, no incurrir en delito o contravención,
respetar restricciones de locomoción, comparecer ante la autoridad que lo
vigila).
En
cuanto a la conducta: Observar buen
desempeño laboral, personal y familiar y no haber sido condenado(a) dentro de
los 5 años anteriores.
En
cuanto al incumplimiento de las obligaciones: De haber incumplimiento se revocará la medida
sustitutiva.
En cuanto al pago de la
multa: Exige que se realice el pago
total de la multa.
En
cuanto a quien adopta el mecanismo:
El Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
13.- A partir de lo anterior se puede
afirmar entonces que son subrogados diferentes en la medida en que para uno y
otro la ley estableció requisitos distintos. Si bien algunos requisitos son
similares, no lo son en cuanto al tipo de delito, años de condena y pago de la
multa. Para el objeto de debate de la presente sentencia interesa determinar
las consecuencias de dichas diferencias en relación, justamente, con la
exigencia del pago de la multa. Éstas son:
·       Existe un grupo de condenados[18]
a quienes se les ha otorgado prisión domiciliaria, pueden cumplir la pena de
prisión fuera del establecimiento penitenciario y no necesariamente están
sometidos a la vigilancia electrónica. La adopción de dicho modo de monitoreo o
vigilancia de la ejecución de la prisión domiciliaria dependerá del INPEC. Por
supuesto este grupo debe cumplir con los requisitos del artículo 38 del Código
Penal, es decir aquellos requisitos para acceder a la prisión domiciliaria, por
lo cual no deben pagar multa pues la ley no lo exige. Cuando el INPEC decide
controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria mediante monitoreo
electrónico no exige los requisitos del artículo 38A del Código Penal, es decir
aquellos requisitos para acceder al sistema de vigilancia electrónica, incluido
el pago de la multa. Esto en razón a que un juez previamente ha analizado el cumplimiento
de los requisitos para el otorgamiento de la presión domiciliaria, y el sistema
de vigilancia electrónica funge como una medida administrativa para verificar
el cumplimiento del subrogado de la casa por cárcel (prisión domiciliaria).
·       Existe un grupo de condenados a quienes se les otorga
el subrogado de la vigilancia electrónica, pueden cumplir la pena de prisión
fuera del establecimiento penitenciario y están monitoreados por alguno de los
sistemas de vigilancia. El otorgamiento de este subrogado depende del Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Por supuesto este grupo debe cumplir
con los requisitos del artículo 38A del Código Penal, es decir aquellos
requisitos para acceder al sistema de vigilancia electrónica, incluida la multa.
Conclusiones preliminares sobre la
prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica, en cuanto a la exigencia del
pago de la multa.
14.- Para el caso objeto de análisis, de
todo lo expuesto hasta ahora se debe concluir que la hipótesis que interesa a la
Corte, es aquella en que un condenado pretende acceder al mecanismo de
vigilancia electrónica como subrogado independiente, y no cumple con los
requisitos de la prisión domiciliaria (art. 38 C. Penal), por lo cual se le
exige el pago de la multa. Es en este caso en que la exigencia de la multa en
cuestión resulta relacionada de manera directa con la posibilidad de acceso a
la posibilidad de cumplimiento de la pena de prisión fuera del establecimiento
carcelario.
Ahora bien, la hipótesis en que el
condenado cumple con los requisitos para beneficiarse del subrogado de la
prisión domiciliaria, y se le pretenda monitorear con los mecanismos de
vigilancia electrónica, no resulta constitucionalmente relevante para el
estudio del cargo de inconstitucionalidad, por cuanto como se vio en este caso
no se exige el pago de la multa, y porque ello supone que el condenado ya goza
del beneficio de la prisión domiciliaria, es decir se encuentra purgando la
pena de prisión fuera de la cárcel.
En este orden, respecto de quienes
pretenden acceder a la vigilancia electrónica como subrogado independiente,
porque no cumplen con los requisitos de la prisión domiciliaria, sigue siendo
relevante el planteamiento del cargo, porque es frente a ellos que se puede
afirmar que la imposibilidad de purgar la pena de prisión fuera de la cárcel,
puede depender en últimas de su condición económica. A partir de esta
aclaración se desarrollarán las siguientes líneas jurisprudenciales.
C.- Líneas jurisprudenciales sobre el
sentido y alcance de la multa como sanción penal y como requisito para los
subrogados de la pena de prisión
15.- De la conclusión preliminar que se
acaba de consignar, surge la necesidad de distinguir la función y alcance de la
multa como sanción penal en sus distintas modalidades y ámbitos. En primer
lugar, la naturaleza de la multa en materia penal se refiere a una sanción cuya
materialización es en dinero, y cuya estructuración es que el Estado impone su
pago al ciudadano cuando éste ha sido declarado penalmente responsable; por
ello en principio esta sanción no atiende a la capacidad económica del
condenado y tampoco puede ser interpretada como una deuda en términos de las
obligaciones civiles en donde subyace la voluntad de las partes y la celebración
de un negocio jurídico. En segundo lugar, del texto del artículo 39 del Código
Penal se desprenden dos tipos de multa con alcances diferentes: la multa como
acompañante de la pena de prisión y la multa como pena principal, descrita por
la norma referida como aquella a la que hace mención el respectivo tipo penal y
denominada como modalidad progresiva de unidad de multa. En tercer lugar, en
cuanto al respeto del principio de igualdad constitucional (art. 13 C-N) cuando
la multa obra como requisito para acceder a subrogados, la jurisprudencia
constitucional sólo se ha pronunciado sobre algunos de los posibles alcances
según las distintas modalidades de multa existentes.
A continuación se desarrollarán los tres
puntos anteriores.
Sentido y alcance
de la multa como sanción penal
16.- Sobre el primer aspecto, se ha sostenido que “la
multa es una manifestación de la potestad punitiva del Estado que refleja el
monopolio del poder coercitivo y el reproche social de la conducta de quien
quebranta el orden público.”[19] La Corte ha dicho que la
multa “constituye, por regla general, una sanción pecuniaria impuesta al
particular como consecuencia de una conducta punible o por el incumplimiento de
un deber y, como toda sanción, sus elementos esenciales deben estar
determinados en una ley previa a la comisión del hecho de que se trate,
incluyendo la cuantía y el respectivo reajuste”[20],
por lo cual la competencia para definir sus elementos estructurales, las
condiciones para su imposición y la cuantía es del Estado.
El sentido de su aplicación se da con el fin de “forzar,
ante la intimidación de su aplicación, al infractor a fin de que no vuelva a
desobedecer las determinaciones legales”[21]. Y, como su
carácter es pecuniario, se convierte en un verdadero crédito a favor del
Estado. Sin embargo, la jurisprudencia ha aclarado insistentemente que “el
origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su
capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario,
sino la represión de la conducta socialmente reprochable.”[22]
Tampoco tiene el alcance de una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que
persiga reparar el daño provocado por el delito.
Tan particular es la consagración de la multa como
sanción penal que “no es apta de modificarse o extinguirse por muchas de las
formas en que lo hacen los créditos civiles, {luego} no es susceptible
de conciliación, no puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse
mediante el fenómeno de la confusión, {tampoco} está en poder del sujeto
pasivo la transacción del monto de la misma o la posibilidad de negociar su
imposición, así como no podría éste -pese a una eventual aquiescencia del
Estado- ceder su crédito a un particular distinto, pues la finalidad de la
multa es la de castigar al infractor de la ley.”[23]
En conclusión, las multas en materia penal, tienen el
único fin de constituirse como sanciones, y se originan en la configuración de
una conducta penal; no responden a criterios transaccionales, ni
obligacionales, ni contractuales, por lo cual su exigencia se despliega en el
ámbito del cumplimiento de una pena. Incluso, en tan diferente la obligación
consistente en pagar una multa como sanción penal de las obligaciones
contractuales civiles y comerciales, que nuestra legislación permite en algunos
casos convertir las multas penales en arresto, en casos de incumplimiento en su
pago, sin que ello signifique la transgresión del principio constitucional que
prohíbe arresto por deudas[24].
Clases de multa
17.- Sobre el segundo aspecto, se debe comenzar por
afirmar que según el artículo 35 del Código Penal[25],
la multa es una sanción de categoría principal que consiste en la imposición de
una carga pecuniaria al responsable del delito. En otros términos, es la
imposición de una erogación dineraria al responsable del delito, a favor del
tesoro público. De otro lado, según el numeral 1º del artículo 39 del mismo
Código Penal, la multa no sólo puede aparecer como única pena principal, sino
como pena acompañante de la pena de prisión[26].
Esto quiere decir que existen dos clases de multas:
aquella que se impone como acompañante a la pena de prisión, y aquella que se
impone como única sanción principal al declararse la responsabilidad penal, y
que el artículo 39 del Código Penal denomina modalidad progresiva de unidad de
multa. Cuando la multa aparece como pena acompañante de la prisión, cada tipo
penal consagrará su monto que no podrá ser superior a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes[27].
Ahora bien, cuando la multa aparece como única pena
principal, el artículo 39 referido en su numeral segundo establece que la
unidad de multa puede ser de primero a tercer grado, y se calcula –por salarios
mínimos- según el promedio de ingresos percibidos en el último año por el
condenado. De este modo, la unidad de multa de primer grado equivale a un
salario mínimo legal mensual, va hasta los diez salarios mínimos legales
mensuales y se impone a personas con ingreso promedio percibido en el último
año inferior a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. De allí en
adelante, las unidades de multa son mayores y se imponen –como es obvio- a
individuos con ingresos superiores.
A su turno, el numeral 3º del mismo artículo 39 indica
igualmente, sin hacer referencia a cuál de las dos clases de multa por lo cual
habría de entenderse que se refiere a ambas, que la graduación de la multa se
hará de manera motivada teniendo en cuenta “el daño causado con la
infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o
el beneficio reportado por el mismo, la situación económica del condenado
deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y las
demás circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar”.
En el numeral 5º (art. 39 Código Penal) se dispone que
la multa, solo referida a la unidad de multa es decir cuando ésta es la única
pena principal, debe pagarse de manera íntegra e inmediata. Pero, las
circunstancias personales del condenado pueden hacer que la Administración de
Justicia permita la amortización del pago mediante los plazos señalados en el
numeral 6º del artículo o mediante trabajo de “inequívoca naturaleza e
interés estatal o social”.
18.- De conformidad con lo anterior podría concluirse
preliminarmente que las dos clases de multa reguladas en nuestra legislación
penal (multa como pena acompañante de la prisión y multa como única pena
principal) son diferentes y tienen por ello alcances distintos. Veamos. La
prerrogativa genérica del numeral 3º del artículo 39 del Código Penal según la
cual la graduación de la multa se hará de manera motivada atendiendo la
relación entre el daño causado y la infracción, la intensidad de la
culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado por el
mismo, la situación económica del condenado deducida de su patrimonio,
ingresos, obligaciones y cargas familiares, y las demás circunstancias que
indiquen su posibilidad de pagar, se aplica tanto a la fijación de la multa
como pena acompañante de la prisión y cuando ésta obra como única pena
principal.
Sin embargo, en el caso de las prerrogativas
consistentes en utilizar la tabla del numeral 2º (art. 39 C. Penal) para
calcular su monto de acuerdo a los ingresos del condenado, así como las
posibilidades de amortizar su cancelación mediante pagos a plazos o mediante
trabajo, la norma se refiere únicamente al caso de la multa como única pena principal,
es decir a las unidades de multa, y no a la misma como pena acompañante de la
de prisión.
Con todo, tal como lo hace notar el Defensor del
Pueblo, a partir de una interpretación sistemática del artículo 39 citado (C.
Penal) y el artículo 41 del mismo Código, se concluye que la amortización por
pagos a plazos resulta aplicable también a la modalidad de multa como pena
acompañante de la de prisión. Esto, en tanto dicho artículo 41 al disponer el
traslado a los jueces de ejecuciones fiscales para efectos de desplegar el
procedimiento de ejecución coactiva de la multa, utiliza la siguiente
expresión: “cuando la pena de multa concurra con una privativa de la
libertad y el penado se sustrajere a su cancelación integral o a plazos”.
Como quiera que el legislador sólo pudo incluir la frase transcrita si creyera
viable que en la modalidad de multa como pena acompañante de la de prisión
también es posible la amortización a plazos para su cancelación, entonces para
la Corte no puede ser otra su interpretación. Mucho más, bajo la consideración
del principio pro homine, que en el presente caso no es más que la
aplicación de una facilidad de pago, cuyo sentido es atender situaciones
especiales en las que los condenados carezcan de recursos económicos; tal como
lo hace ver – se insiste- el Defensor del Pueblo.
19.- De otro lado, se debe concluir también que la
prerrogativa genérica de graduar el monto de la multa en atención a la
situación particular económica del condenado (num. 2º art 39 C. Penal), si bien
se debe entender aplicable a los dos tipos de multa (como pena acompañante de
la de prisión y como única pena principal) en tanto la norma no hace distinción
alguna, no es menos cierto que según se aplique a uno u otro tipo su alcance es
distinto.
En efecto, cuando se trata de unidades de multa, es
decir cuando la multa aparece como única pena principal, la consideración de la
situación económica particular del condenado (num. 3º art 39 C. Penal) para
graduar su monto de acuerdo a la tabla de equivalencias de las unidades de
multa (num. 2º art 39 C. Penal) permite atender de mejor manera la condición
individual del condenado. Esto en tanto el juez efectivamente tiene la
competencia de imponer, como límite mínimo, una unidad de multa que equivale a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente. El cual a su vez, no sólo puede
pagarse a plazos sino que además puede amortizarse mediante trabajo, en
consideración a que el numeral 6º del artículo 39 del Código Penal dispone que “una
unidad de multa equivale a quince (15) días de trabajo”.
Mientras que en el caso de la multa como pena
acompañante de la pena de prisión, el mínimo límite de la multa lo establece el
respectivo tipo penal; además de que dichos mínimos oscilan mayormente entre 5
y 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes[28].
Ello quiere decir que en estos casos el juez no tiene la misma posibilidad de
atender realmente la situación particular del condenado pues la norma le impone
un mínimo que debe respetar. Si un tipo penal establece que la multa
acompañante de la pena privativa de la libertad se establece entre 15 y 100
salarios mínimos, el Juez se verá siempre compelido a imponer una multa
equivalente a 15 o más salarios mínimos, así el análisis de la situación
económica del condenado arroje como resultado que éste sólo podría pagar un (1)
salario de multa.
Además, en principio, esta clase de multa no es
amortizable mediante trabajo en todos los casos de manera razonable. Esto,
según el texto mismo del artículo 39 del C. Penal, y según el diseño mismo de
la multa cuando se cuenta en salarios mínimos (como pena acompañante de la de
prisión); pues la legislación carece de las equivalencias respectivas.
Contrario sensu, en el caso de la multa como unidades progresivas de multa
(multa como única pena principal), la norma (num. 6º art. 39 del Código Penal)
establece, como se dijo, que una unidad de multa equivale según el grado a un
número determinado de salarios mínimos y así, cada unidad de multa equivale a
quince (15) días de trabajo[29].
Conclusiones preliminares sobre las
clases de multa y su alcance.
20.- De lo expuesto en este acápite se pueden extraer
las siguientes premisas:
·       Existen dos clases de multas que funcionan de manera
distinta en los momentos de su graduación y de las prerrogativas para su
cancelación:
o   Si la multa aparece como única pena principal su
graduación se hace de acuerdo a la tabla de unidades de multa que permite al
juez que la impone, condenar al pago de mínimo un (1) salario mínimo es decir
una unidad de multa, que además de poder pagarse a plazos puede amortizarse
mediante trabajo, y una unidad de multa (que según el grado puede equivaler a
varios salarios mínimos) equivale a quince (15) días de trabajo.
o   Si la multa aparece como acompañante de la pena de
prisión su graduación sólo permite al juez condenar al pago de un mínimo de
salarios contemplado en la misma norma que describe el delito. Y estos mínimos
oscilan entre 5 y 20 S.M.L.M.V los más bajos, luego el Juez no puede atender
realmente la situación económica del condenado; y pese a que puede pagarse a
plazos, la ley no regula la amortización por trabajo y no existen equivalencias
determinadas por el legislador para convertir los salarios mínimos en días de
trabajo.
·       El tipo de multa que interesa en el presente caso es
aquella que aparece como acompañante de la pena de prisión, pues el análisis se
centra en la incidencia de su exigencia en el principio de igualdad (art 13
C.N), cuando obra como requisito para el acceso a subrogados del cumplimiento
de la pena de prisión. Entonces las limitaciones tanto a la graduación del
monto como a la aplicación de las prerrogativas para su pago son relevantes para
el estudio de la acusación de discriminación planteada en el cargo de
inconstitucionalidad.
Alcance de la jurisprudencia constitucional sobre la
exigencia de la multa para acceder a subrogados penales.
21.- A partir de lo aclarado anteriormente, la Sala
encuentra que la jurisprudencia de la Corte a este respecto, se ha referido de
manera general a la regulación de la multa en materia penal, sin analizar la
distinción que se acaba de presentar entre multa como pena acompañante de la
pena de prisión y multa como única pena principal. Distinción que, como se
demostró, sugiere alcances diferentes según se trate de una u otra clase de
multa.
22.- En este orden, cuando la Corte Constitucional
asumió el estudio de constitucionalidad del artículo 64 del Código Penal (en
sentencia C-194 de 2005), en el aparte en que la disposición exige el pago de
la multa como requisito para que un condenado acceda a la libertad condicional,
utilizó dos argumentos principales para declarar su exequibilidad: (i) el carácter
de multa es sancionatorio y se origina en la configuración de una conducta
penal, luego no responde a criterios transaccionales, obligacionales, ni
contractuales, por lo cual su exigencia debe entenderse en el ámbito del
cumplimiento de una pena, y no con la vocación de discriminar a personas de
bajos recursos económicos. Y (ii) la regulación legal de la multa en materia
penal brinda alternativas para el cumplimiento de su pago, que pretenden
atender la realidad social y económica de quienes se encuentran condenados
penalmente, con lo cual no se encuentran discriminados los condenados de bajos
recursos económicos. Sostuvo in extenso la Corte en la C-194 de 2005, lo
siguiente:
“De la descripción de las normas
citadas (arts. 39 y 40 C.P) es posible concluir, en primer lugar, que el Estado
ha dispuesto mecanismos adecuados y pertinentes para calcular el monto de la
multa de conformidad con la condición económica y personal del condenado. En
segundo término, la Corte concluye que cuando la capacidad económica del
condenado es mínima o inexistente, el sistema jurídico ofrece una alternativa
económica, consistente en la posibilidad de prorrogar el pago mientras el
obligado encuentra los medios para cancelarla, y una alternativa no económica,
que consiste en la posibilidad de conmutar la obligación de dar por una
obligación de hacer, consistente en el desarrollo de actividades de naturaleza
e interés sociales.
Lo anterior implica que la capacidad o
incapacidad de pago del individuo no es irrelevante –por el contrario, es
indispensable- para determinar el monto de la multa, así como su forma de pago
e, incluso, la posibilidad de amortizarla mediante trabajo o, en casos
extremos, de convertirla en arresto de fin de semana. Lo anterior también
significa que el procedimiento de tasación de la multa no es irreflexivo, sino
que, por el contrario, requiere de una justificación suficiente que explique
las razones por las cuales, teniendo en cuenta las condiciones del procesado,
se impone una suma determinada de dinero y no otra.
Es más, como garantía de los derechos
del condenado y respeto por el principio de seguridad jurídica, el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad no puede modificar la modalidad del
pago de la multa ni tasar en suma distinta el monto que haya definido el juez
de conocimiento. Ello permite asegurar que, incluso en la etapa siguiente al
cumplimiento de la condena, el sancionado tiene la seguridad de que sólo está
obligado a cumplir, en las condiciones en que se lo establece la sentencia
condenatoria, la multa que le ha impuesto el juez de conocimiento.
De lo anterior, la Corte no encuentra
que el establecimiento de un monto mínimo de la multa, señalado en un salario
mínimo legal mensual vigente, sea discriminatorio, es decir, afecte el
principio de igualdad del artículo 13 constitucional, de la misma forma que el
monto mínimo de la caución prendaria lo hacía, según el artículo 369 de la ley
600 de 2000, y de acuerdo con la declaratoria de inexequibilidad de la Corte,
adoptada mediante Sentencia C-316 de 2002.
En efecto, en la Sentencia C-316/02,
la Corte Constitucional declaró inexequible el monto mínimo de la caución
prendaria por considerar que el mismo desconocía la realidad socioeconómica del
país, pues una amplia franja de la población colombiana carecía de recursos
para sufragar un monto inferior a un salario mínimo legal mensual como
requisito para suscribir la caución. En aquella ocasión, la Corte declaró
inexequible la norma porque el sistema jurídico no ofrecía una alternativa no
económica frente a la imposibilidad de pagar el monto mínimo de la caución
prendaria.
<La pregunta obvia que sigue a esta
reflexión es, entonces, ¿por qué si se consulta la capacidad económica de
quienes pueden pagar desde uno a mil salarios mínimos legales mensuales, no se
hace lo propio con quienes sólo pueden sufragar una cantidad menor? La forma en
que ha sido planteado este interrogante deja al descubierto la desigualdad que
subyace a la norma. A través suyo se llega a la paradoja de que para los más
necesitados no se aplica el principio de la proporcionalidad y de que por esa
vía, además, se desconoce también su derecho a la libertad personal, pues, como
quedó establecido en la primera parte de la providencia, la ausencia de una
alternativa no económica, como en el régimen anterior lo era la caución
juratoria, hace imposible conservar en condiciones de igualdad los derechos
procesales de los menos favorecidos.> (Sentencia C-316 de 2002 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra)
No obstante, en el caso de la multa
-que ahora estudia la Corte- el sistema jurídico sí ofrece alternativas no
económicas para quienes no tienen la posibilidad de pagar el monto mínimo de la
sanción, razón por la cual la Corte estima que las expresiones que condicionan
la concesión de los subrogados penales al pago total de la multa no desconocen
esa realidad económica social con fundamento en la cual se declaró inexequible
el monto mínimo de la caución prendaria.
Así las cosas, acudiendo a las
conclusiones previas, esta Sala responde los dos primeros cargos de la demanda.
El demandante dice que se vulnera el principio constitucional de igualdad
porque para conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución
de la pena, el legislador exige al condenado el pago total de la multa.
Igualmente, dice que se desconoce dicho principio cuando se exige el pago total
de la multa al condenado que solicita el reconocimiento de la libertad
condicional.
La razón de ser de su oposición
reside, no propiamente en que se exija el pago de la multa para acceder a
dichos beneficios, sino que quienes no tienen capacidad económica para pagarla
se encuentran en condiciones de inequidad frente a quienes sí pueden hacerlo y,
por tanto, pueden disfrutar de los mencionados subrogados penales.
No obstante, el planteamiento del
argumento del demandante demuestra a las claras que el actor desconoce el
contenido de la normatividad que regula el método de imposición de la multa y
los mecanismos dispuestos para facilitar el pago. En efecto, las previsiones
citadas del Código Penal demuestran que la imposición de la multa, el monto de
la misma y las alternativas ofrecidas al condenado para el pago hacen parte de
un esquema de sanción proporcional que consulta la realidad fáctica del
individuo e incluye, como factor determinante, su capacidad económica.
Por lo anterior, no resulta válido el
argumento que presupone que quienes están en condiciones de solicitar el
reconocimiento de un subrogado penal se encuentran en las mismas condiciones
ante la imposición del pago de la multa, pues la ley ha previsto que el monto
de la misma debe estar acorde con la capacidad de pago del individuo, lo cual
descarta que exista un tratamiento igualitario para situaciones fácticas
disímiles. Así entonces, el cargo por violación del artículo 13 constitucional,
que el demandante formuló en contra del artículo 4º de la Ley 890 de 2004 y de
la expresión “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la
multa” del artículo 5º de la misma ley, carece por completo de fundamento, pues
la Ley sí dispensa un trato diferenciado para situaciones que realmente lo
merecen, por lo que la norma no encarna discriminación alguna.”
23.- Como se advirtió, los criterios
jurisprudenciales anteriores no consideraron las limitaciones que tiene la
graduación del monto de la multa y la aplicación de las prerrogativas para su
pago, en el caso de la multa como pena acompañante de la privación de la
libertad, pues no consideran los distintos alcances que estos aspectos
presentan en este tipo de multa. Como quiera que en el análisis de la exigencia
del pago de la multa como requisito para sustitutos de la pena de privación de
la libertad, la clase de multa que aparece es justamente la que obra como
acompañante de la pena de prisión, entonces lo desarrollado por la
jurisprudencia en este aspecto resulta insuficiente y no es en estricto sentido
aplicable al presente caso.
Con todo, podría afirmarse que el
criterio (i) de la jurisprudencia constitucional a este respecto, aquel que
considera que el carácter sancionatorio de la multa soporta su imposición en la
configuración de responsabilidad penal, luego no atiende en principio a
criterios de capacidad económica del condenado, sí puede aplicarse al presente
caso pues se basa en la comprensión de la naturaleza de la multa y no en la
distinción entre clases de multa.
Lo anterior, a juicio de esta Sala, no
es acertado al menos por tres razones: a) no es cierto que de la
naturaleza sancionatoria de la multa, se deriva la obligación de hacer
abstracción de la consideración de la situación económica particular del
condenado en el evento de la exigencia de su cobro; pues la misma regulación
legal de la multa en materia penal ha dispuesto que la graduación de su monto
debe hacerse previo análisis de la condición subjetiva del condenado, en cuanto
a su capacidad económica. b) El análisis se concentra en la exigencia
del pago de la multa como requisito para acceder a un mecanismo sustituto de la
prisión, y no en justificar la exención de su pago o la inconstitucionalidad de
su imposición. Por supuesto el carácter de la multa en materia penal es
sancionatorio y se representa en una obligación dineraria que no tiene nada ver
con la forma en que los ciudadanos se obligan mediante la celebración de
negocios jurídicos; y esto implica un entendimiento particular de su origen
como obligación pecuniaria, en el sentido en el que no puede simplemente
tacharse al juez penal que la imponga como un funcionario injusto o
inequitativo. Pero, esto no se relaciona con el hecho de cuestionar su
exigencia para acceder a un mecanismo sustituto de la pena privativa de la
libertad; pues dicho cuestionamiento no implica encontrar razones para que no
se impongan multas y mucho menos para que se dejen de cancelar, sino sólo para
determinar la constitucionalidad de su exigencia para acceder a beneficios. c)
La premisa que alude a la naturaleza de la multa como sanción penal, fue
desarrollada por la jurisprudencia constitucional, en aras de demostrar
principalmente que la multa no puede ser considerada una deuda, para poder
concluir que si un condenado permanece privado de la libertad porque no la
cancela, entonces ello no significa que se vulnera el principio constitucional
de prohibición de imponer penas de cárcel por deudas (art. 28 C.N).
Se ratifica así la conclusión consignada
anteriormente por la Sala, en el sentido que la jurisprudencia a este respecto
desarrollada por esta Corte no resulta en estricto sentido aplicable al
presente debate, en tanto resulta insuficiente de conformidad con los elementos
que sobre el tema de la multa en materia penal se han encontrado, y no fueron
considerados en los precedentes.
24.- Ahora bien, el criterio
jurisprudencial que se acaba de someter a escrutinio fue reiterado por la Corte
en varias oportunidades. Mediante sentencia C-665 de 2005, se analizó bajo el
mismo cargo (entre otros) de configurar una exigencia discriminatoria para los
condenados penalmente de bajos recursos económicos, el requisito de pagar la
multa para acceder a la libertad condicional y a la suspensión condicional de
la ejecución de la pena, dispuestos en los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de
2004. Se aseveró en la sentencia C-665 de 2005:
“3.1.
Es preciso señalar que esta Corporación se pronunció recientemente sobre unas
disposiciones contenidas en el Código Penal que tienen el mismo contenido que
el de las expresiones actualmente objeto de estudio. En efecto, en la sentencia
C-194 de 2005 la Corte declaró la exequibilidad de las frases “Su concesión
estará supeditada al pago total de la multa” y “En todo caso su concesión
estará supeditada al pago total de la multa” contenidas en los artículos 4º y
5º de la Ley 890 de 2004. Dichas normas establecen que la concesión de los
subrogados penales de suspensión condicional de ejecución de la pena y de
libertad condicional está supeditada al pago de la multa.
Las normas ahora demandadas, aunque incluidas en un
cuerpo normativo diferente, el Código de Procedimiento Penal, y con una
redacción distinta, son expresión del mismo contenido normativo. En efecto,
mientras que en la sentencia C-194 de 2005 se demandaron las frases que
supeditaban la concesión de los subrogados penales contenidas en la Ley 890 de
2004 que adicionó y modificó el Código Penal, en el presente proceso se
demandaron unas expresiones similares pero contenidas en el Código de
Procedimiento Penal. Confrontados los textos que han sido sometidos en el
pasado al control constitucional y los que lo son ahora en la demanda de la
referencia, la Sala Plena encuentra que regulan la misma situación
jurídico-procesal, pues hacen referencia a la exigencia de pagar la pena
accesoria de multa impuesta por el juez penal por la comisión de un delito como
condición necesaria para el otorgamiento de los subrogados penales de libertad
condicional y suspensión condicional de la ejecución de la pena.
(…)
Destaca la Corte que el análisis sobre la
constitucionalidad de los artículos 4º  y  5º  de la Ley 890 de 2004 anteriormente
señalados se realizó bajo el marco del nuevo sistema penal acusatorio
introducido en la Carta Política por el Acto Legislativo 03 de 2002, y que el
examen de constitucionalidad que ahora debe hacer la Corte en relación con los
artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 se desenvuelve en el mismo contexto
constitucional, sin que, desde ese punto de vista, exista circunstancia alguna
que dé lugar a una aproximación diferente a la expresada por la Corte en la
Sentencia C-194 de 2005, razón por la cual se reiterará la posición jurídica
allí contenida.”
25.- También en sentencia C-823 de 2005
la Corte abordó, aunque desde una perspectiva distinta, el asunto relativo a la
exigencia del pago de la multa para acceder a la libertad condicional como a la
suspensión condicional de la ejecución de
la pena, establecida tanto en Código Penal como en el nuevo Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
Allí se afirmó:
“Para los demandantes el Legislador
incurre en una omisión legislativa por cuanto en las disposiciones  acusadas no
se establecen “las excepciones en que el incumplimiento del pago de la multa
puede estar justificada, como son la absoluta insolvencia económica del
condenado, la fuerza mayor o el caso fortuito”. Hacen énfasis en que frente al
pago de la multa las expresiones acusadas  no establecen “ninguna causa que
justifique el incumplimiento, imponiéndose una responsabilidad objetiva y
además exigiéndole al condenado el cumplimiento de obligaciones frente a las
cuales puede encontrarse absolutamente imposibilitado…”.
(…)
En el presente caso frente a las expresiones acusadas
por el cargo de omisión legislativa  analizadas en este acápite de la sentencia[30],
la Corte constata que  si bien procede efectuar el análisis del cargo planteado
contra ellas por cuanto lo que se predicaría de  las mismas  es la  eventual
configuración de una omisión relativa -en tanto lo que se reprocha  al
Legislador es  “no haberse incluido un ingrediente o condición”  en las normas
acusadas al regular el tema de la multa  como condición para la concesión de
los subrogados penales de libertad condicional y ejecución condicional de la
pena, -a saber,  la hipótesis en la cual resulte imposible al condenado el pago
de la multa aludida  dada   la absoluta insolvencia económica del mismo o el
acaecimiento de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que le impidan
efectuar el pago-, que de acuerdo con la interpretación que hacen los demandantes
de la Constitución, resulta esencial para armonizar sus textos con los mandatos
de la Carta-, es claro que el cargo planteado en este sentido no está llamado a
prosperar pues como pasa a explicarse  ningún deber  expresamente señalado por
el Constituyente  fue desconocido por el Legislador en el presente caso, ni
puede hablarse  de que con la actuación del Legislador  se genere un
tratamiento discriminatorio que vulnere el principio de igualdad como
claramente  se desprende de las sentencias C-194 y C-665  de 2005.”
26.- Tanto la sentencia C-665 de 2005
como la C-823 de 2005 reiteran los criterios jurisprudenciales presentados en
la sentencia C-194 de 2005, en ausencia de valoración crítica alguna, por lo
cual para esta Sala adolecen de las mismas deficiencias encontradas en el
abordaje del debate desarrollado en la referida C-194 de 2005. Se insiste pues
en que la línea jurisprudencial adelantada por la Corte Constitucional sobre
los eventuales problemas en el respeto del principio constitucional de igualdad
(art. 13 C.N), de la regulación que exige el pago de la multa como condición
para acceder a sustitutos de la pena de prisión, es insuficiente para enfrentar
la discusión constitucional en el presente caso, que además es distinto pues la
vigilancia electrónica como subrogado implica la posibilidad de purgar la pena
de prisión fuera del establecimiento penitenciario, mientras que la libertad
condicional significa otorgar libertad, y la suspensión condicional significa
suspender la ejecución de la pena. Ello indica que los criterios desarrollados
por la jurisprudencia constitucional no necesariamente resultan aplicables a
una modalidad de subrogado que no implica ni otorgar libertad ni suspender la
ejecución de la pena.
D.- Líneas jurisprudenciales sobre el
principio constitucional de igualdad. Igualdad formal e igualdad material. Reiteración de Jurisprudencia
27.- La Corte ha determinado que la
protección jurídica de los intereses de las personas atiende a dos criterios
principales. Uno de ellos es el principio general de igualdad de la
Constitución Política (art. 13), según el cual en nuestro ordenamiento imperan,
para su plena satisfacción, tres obligaciones claras[31]:
la primera, de trato igual frente a la ley[32],
que para el caso concreto es el deber de aplicar por igual la protección
general que brinda la ley (obligación para la autoridad que aplica la ley). La
segunda, consistente en la igualdad de trato[33]
o igualdad en la ley[34], que para el
caso, es que la ley debe procurar una protección igualitaria (obligación para
el legislador) y toda diferenciación que se haga en ella debe atender a fines
razonables y constitucionales. Y la tercera es la prohibición constitucional de
discriminación cuando el criterio diferenciador para adjudicar la protección
sea sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica (C.P., art. 13).
28.- Con todo, el segundo criterio
consiste en proteger en mayor medida los intereses de ciertas personas. Su
fundamento se da en razón a la interpretación que esta Corporación ha dado a
los incisos segundo y tercero del artículo 13 constitucional[35],
en el sentido de determinar que en ellos se establece, en primer lugar un deber
especial del Estado de otorgar un trato preferente[36]
a grupos discriminados o marginados[37] y en segundo lugar un
deber de protección especial a grupos determinados, en atención a específicos
mandatos constitucionales que en conjunción con el mencionado artículo 13, así
lo determinan. En lo que se refiere al presente análisis, habría que tener en
cuenta que dentro de los mencionados grupos se ha incluido a las personas con
condiciones económicas precarias, por lo que existe entonces frente a ellas el
deber de trato preferente, en ciertas circunstancias, como expresión del
principio de solidaridad.
Antes de abordar el estudio puntual del
cargo de inconstitucionalidad, por razones de claridad en la exposición la Sala
hará un recuento sintético de los criterios y conclusiones presentadas hasta el
momento, con el fin de determinar claramente el contexto normativo,
jurisprudencial y fáctico en el que procede el análisis del cargo en mención.
Recuento (Resumen)
29.- Según se ha expuesto hasta el
momento, acceder al mecanismo sustituto de la pena de prisión consistente en la
vigilancia electrónica, implica en esencia una modalidad de cumplimiento de la
pena privativa de la libertad por fuera del establecimiento carcelario, tal
como lo implica también la prisión domiciliaria. Se explicó por ello en su
momento la relevancia de comparar estos dos sustitutos de la pena prisión y se
llegó a la conclusión de que pese a ser distintos en la medida en que para
beneficiarse de uno u otro la ley exige diferentes requisitos, resulta
importante para efectos del presente análisis entender que como prerrogativas
para los condenados en ciertas situaciones particulares, ofrecen lo mismo, esto
es, la posibilidad de cumplir la pena fuera de la cárcel.
Esto fue corroborado por la Sala a
partir del análisis de la regulación de la vigilancia electrónica, cuyo alcance
es doble según nuestra legislación penal. Por un lado funge como sustituto
independiente y por otro como mecanismo de control del cumplimiento del
sustituto de prisión domiciliaria.
Así mismo se detectó que las similitudes
y diferencias entre la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica,
arrojan conclusiones importantes en relación con el cargo de
inconstitucionalidad objeto del presente análisis. Así pues la Corte identificó
dos grupos de condenados: (i) aquellos que cumplen con los requisitos para
acceder a la prisión domiciliaria, y a quienes eventualmente, por decisión del
INPEC, se les puede someter a vigilancia electrónica como forma de control de
cumplimiento de la pena en la modalidad de casa por cárcel. Y (ii) aquellos que
no cumplen con los requisitos para la prisión domiciliaria pero sí con los
exigidos para la vigilancia electrónica.
A su vez, la identificación del grupo
(ii), en cuanto a la exigencia del requisito de la multa para acceder a la
vigilancia electrónica, significa que el alcance del cargo de
inconstitucionalidad se configura bajo consideraciones precisas. En efecto, se
plantea como presuntamente discriminatoria la situación en que un condenado que
cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos del mecanismo de la vigilancia
electrónica, se vea imposibilitado a acceder a ella porque su situación
económica no le permite cumplir con el pago de multa. Con la consideración
adicional de que como no cumple con los requisitos para la prisión
domiciliaria, no podrá entonces acceder a la posibilidad de salir del
establecimiento penitenciario, que es en últimas lo valioso que ofrece este
mecanismo sustituto de la prisión. Situación que no se valora de la misma
manera en el caso de quienes gozando de la prisión domiciliaria, se les imponga
vigilancia electrónica para verificar el cumplimiento del sustituto de la casa
por cárcel. En esta última hipótesis no se le exige al condenado el pago de la
multa porque se trata de una medida administrativa y previamente se ha valorado
por parte del juez el cumplimiento de los requisitos para el subrogado de la
prisión domiciliaria, además de que el condenado ya está fuera de la cárcel.
30.- De este modo el cargo quedó
reconstruido en los siguientes términos: la presunta existencia de una
situación discriminatoria cuando un condenado está recluido en un centro
penitenciario y cumple con los requisitos para acceder al subrogado de la
vigilancia electrónica, pero carece de recursos para pagar la multa, por lo
cual sólo aquellos reclusos que tienen capacidad económica podrían acceder al
mencionado subrogado.
En este punto, es importante aclarar que
la comparación realizada por la corte entre los subrogados de la prisión
domiciliaria y de la vigilancia electrónica, resultó necesaria para concentrar
la acusación en la hipótesis de la imposición de la mencionada vigilancia a
quienes no gozaban de prisión domiciliaria. Sin embargo el cargo de igualdad se
configura, como se acaba de afirmar, a partir de la consideración de los
condenados recluidos que cumplen los requisitos para la vigilancia electrónica
y carecen de recursos económicos, respecto de los condenados recluidos que
cumplen los requisitos para la vigilancia electrónica que cuentan con recursos
económicos.
En este contexto, la Corte estableció
luego la insuficiencia de los criterios jurisprudenciales desarrollados en los
precedentes que han abordado la discusión, sobre si la exigencia de la multa
para el otorgamiento de la libertad condicional y la suspensión condicional de
la ejecución de la pena, resulta o no discriminatoria respecto de los
condenados que no cuentan con recursos económicos para ello. Así pues, se
explicó en detalle que las sentencias C-194, C-665 y C-823 de 2005, al abordar
el análisis relativo a lo anterior, afirmaron que no existía vulneración del
principio constitucional de igualdad porque el carácter sancionatorio de la
multa impedía entender la obligación de su pago en términos de inequidad
respecto de la capacidad económica de los condenados, y porque pese a esto la
misma regulación penal establecía facilidades tales como el deber del juez de
considerar la situación económica particular del condenado para tasar su monto
y la amortización del pago a plazos o mediante trabajo.
A lo anterior se opusieron, por parte de
esta Sala, en el acápite pertinente de esta sentencia, los siguientes
argumentos: el carácter sancionatorio de la multa permite concluir que ésta no
es una deuda, que como obligación dineraria se origina en la configuración de
responsabilidad penal y en dicho sentido es un castigo cuyo cumplimiento tiene
que darse, tal como el cumplimiento de cualquier condena penal. Pero, ello no
tiene nada que ver con el hecho de que su exigencia también se haga para
acceder a subrogados penales, pues no se trata de justificar ni la improcedencia de las multas ni exenciones para
su pago, sino de determinar la constitucionalidad de su exigencia para acceder
a beneficios.
Y de otro lado, las facilidades que
dispone la legislación penal para su cancelación, son aplicables en toda su extensión
y posibilidades a la multa que aparece como única pena principal, y no a la
multa como pena acompañante de la prisión, que es la pertinente en la hipótesis
del cargo. En efecto cuando la multa es una pena acompañante de la prisión, el
mismo tipo penal consagra el mínimo de su monto por lo cual el juez penal no
podría en estricto sentido atender la situación subjetiva del condenado, pues
no puede condenar al pago de una multa inferior al mínimo establecido. Además,
sobre esta clase de multa la legislación penal no ha regulado las equivalencias
respectivas para amortizar su pago mediante trabajo.
31.- El estudio realizado en esta
oportunidad por la Corte, concluyó que las deficiencias en el análisis del
alcance de la multa en esta materia realizado en los precedentes citados, se
debió a que los argumentos enderezados por el juez constitucional en aquellas
ocasiones tenían por fin principal, no tanto demostrar la inexistencia de
discriminación alguna, sino sobre todo demostrar que la multa como pena no
podía ser considerada como una deuda, luego su exigencia como condición para
salir de un centro penitenciario (sustentado en la libertad condicional o la
suspensión condicional de la ejecución de la pena) no podía considerarse
vulneratoria de la prohibición constitucional de arresto por deudas. Y de otro
lado, la imprecisión de los precedentes aludidos en el argumento de las
facilidades de pago y la consideración de la situación subjetiva del condenado
para tasar su monto, no tuvo en cuenta las dos clases de multa existentes (como
pena acompañante de la de prisión y como única pena principal) ni que dicha
distinción sugería alcances jurídicos disímiles.
Con base en lo expuesto hasta este
momento la Corte analizará el cargo de inconstitucionalidad objeto de estudio.
E.- Análisis del cargo de inconstitucionalidad.
32.- De conformidad con todo lo
explicado el punto de debate se ha concentrado en el asunto de si resulta
contraria al principio constitucional de igualdad (art 13 C.N) la situación en
la que un condenado que cumple con los requisitos para acceder a la vigilancia
electrónica, se le exija además de los requerimientos objetivos y subjetivos
del artículo 38A del Código Penal (los del acceso a la vigilancia electrónica)
el pago de la multa. La respuesta de la Corte es afirmativa, pues resulta
discriminatorio, luego contrario al principio constitucional de igualdad (art.
13 C.N) que un condenado que cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos
para acceder al mecanismo de la vigilancia electrónica, no pueda salir del
establecimiento carcelario por no contar con los recursos económicos para ello.
Las razones que sustentan esta
conclusión son las siguientes: (i) la pena privativa de la libertad en
una cárcel es el castigo más gravoso en materia penal, por lo cual las
alternativas de su cumplimiento fuera del establecimiento carcelario cobran
gran importancia en el contexto de la garantía de una gran variedad de derechos
que se restringen por el hecho de estar en una cárcel. (ii) Por lo
anterior la consagración legal de la posibilidad de salir de la cárcel y
cumplir la pena privativa de libertad fuera de ella, debe brindarse en igualdad
de condiciones, y no puede depender de exigencias ajenas a las que interesan de
manera especial a la legislación penal. (iii) Por ello, cuando el acceso
a la mencionada posibilidad depende de los medios económicos del condenado, las
desigualdades de hecho se convierten en desigualdades jurídicas, y sin
justificación constitucional alguna sólo quienes tienen recursos económicos
ostentan realmente la alternativa. (iv) Las mencionadas desigualdades,
no resultan matizadas en el caso concreto por los criterios desarrollados por
la Corte en los casos de la exigencia de la multa para acceder a la libertad
condicional y a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. (v) Además
de que la exigencia de la multa en el caso de la vigilancia electrónica no
encuentra sustento alguno en la consecución de un fin constitucionalmente
relevante, como para afirmar que su exigencia busca garantizar un valor
constitucional superior al contenido en el principio de igualdad. A
continuación se desarrollarán los puntos descritos.
(i) La pena privativa de la libertad
en cárceles como castigo penal extremo
33.- La pena de prisión
configura la sanción más significativa en los países que no contemplan en su
legislación la pena de muerte. Esta consiste en “la restricción al mínimo de
la libertad ambulatoria del penado, mediante su internamiento en un centro
penitenciario, donde está sometido al régimen penitenciario (…)”[38]
En razón de lo anterior, la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha
señalado que la creación de tipos penales es una competencia exclusiva del
legislador (reserva de ley en sentido material) y que es obligatorio
respetar el principio de tipicidad: “nullum crimen, nulla poena, sine lege
previa, scripta et certa”. De manera que el legislador está obligado no
sólo a fijar los tipos penales, sino que éstos tienen que respetar el principio
de irretroactividad de las leyes penales y definir la conducta punible de
manera clara, precisa e inequívoca; justamente porque la mayoría de ellos dispone
como consecuencia jurídica la pena privativa de la libertad.
34.- También se ha afirmado
que purgar una pena privativa de la libertad en una cárcel excede el mero hecho
del encierro. La dogmática penal moderna ha reconocido  “que la cárcel ha
sido siempre, en oposición a su modelo teórico y normativo, mucho más que la
<privación de un tiempo abstracto de libertad>. Inevitablemente ha
conservado muchos elementos de la aflicción física, que se manifiestan en las
formas de vida y de tratamiento, y que difieren de las antiguas penas
corporales solo porque no están concentradas en el tiempo, sino que se dilatan
a lo largo de la duración e la pena. Además, a la aflicción corporal la pena
carcelaria añade la aflicción psicológica: la soledad el aislamiento, la
sujeción disciplinaria, la perdida de sociabilidad y de afectividad y por
consiguiente, de identidad, además de la aflicción específica que va unida a la
pretensión reeducativa y en general a cualquier tratamiento dirigido a plegar y
a transformar a la persona del preso.”[39]
De ahí que deba reconocerse también la afectación,
restricción, e incluso en algunos casos la eliminación colateral de derechos
constitucionales por el hecho de estar recluido en una institución
penitenciaria. Entre los derechos
afectados por el régimen jurídico de ejecución de la pena de prisión cabe
destacar: a) la libertad de locomoción (art. 24 CP), que se ve
imposibilitada durante el tiempo de permanencia en la cárcel; b) el libre
desarrollo de la personalidad (art. 16 CP), en su manifestación como
facultad para disponer del propio tiempo durante la estancia en prisión, es
sustraída al interno, quien está obligado a cumplir con los horarios y la
distribución del tiempo programados en cada establecimiento; c) la intimidad
personal y familiar (art. 15 CP), sustancialmente limitada por la
autorización para la práctica rutinaria de cacheos a los internos, incluido el
desnudo integral, así como de registros a sus pertenencias, por la obligación
de compartir celda con otros reclusos cuando sea necesario, al igual que por
las limitaciones impuestas a la comunicación con sus familiares y allegados en
cuanto a la frecuencia, duración y circunstancias en que se lleva a cabo, y la
autorización para su eventual suspensión e intervención; d) la
inviolabilidad de la correspondencia privada (art. 15 CP), cuyo envío y
recepción se somete a especiales condiciones, autorizándose su intervención sin
previa orden judicial por parte de las autoridades penitenciarias;  e) el derecho
a la información (art. 20 CP), debido a la posibilidad de restringir la
circulación y disposición de libros, revistas, periódicos y aparatos de radio y
televisión; f) el derecho de propiedad (art. 58 CP), que comprende el
derecho a usar las propias pertenencias, cuya limitación se autoriza cuando se
trata de dinero, alhajas y otros objetos de valor no autorizados, o que se
consideren peligrosos o de ilícita procedencia; g) los derechos de reunión y
asociación (art. 38 CP), así como la libertad de expresión (art. 20
CP), son sometidos a duras restricciones como consecuencia del régimen
disciplinario de la prisión.[40]
(ii) La posibilidad legal de salir de
la cárcel y cumplir la pena privativa de libertad fuera de ella debe brindarse
en igualdad de condiciones.
35.-  A su turno, las implicaciones
negativas en una cantidad importante de derechos de quien purga una pena en un
establecimiento carcelario, si bien no resultan argumento suficiente para
eliminar completamente y de inmediato la pena de prisión en los sistemas
penales contemporáneos, sí sugiere varias consideraciones constitucionalmente
relevantes. Dentro de ellas está justamente la garantía de que las alternativas
ofrecidas por el legislador a la estadía en la cárcel de quienes deben cumplir
una condena de privación de la libertad, se regulen en atención a la cláusula
constitucional de igualdad. De manera que todos los condenados tengan la
potencialidad de acceder a la alternativa de cumplir con la pena privativa de
libertad fuera de la prisión en los términos de la política criminal adoptada
por el respectivo sistema penal. Es decir, si objetivamente así lo permite el
tipo de delito, el número de años a que corresponde la condena, la reparación
que exija el tipo penal, la consideración de antecedentes o reincidencia, el
cumplimiento de una parte de la condena, y cualquier otro elemento propio de la
implementación de la política criminal. Y si subjetivamente así se dispone,
porque para dicha política es importante respecto de la condición personal del
condenado, el comportamiento, el compromiso de no reincidencia, la situación
familiar, las actividades re-socializadoras y demás aspectos relativos a la
valoración de la persona del recluso.
Para la determinación de estos criterios
objetivos y subjetivos concurren comúnmente otros también de índole político o
de política criminal, como son por ejemplo la decisión de reprimir fuertemente
alguna conducta delictiva, por lo cual el legislador excluye dicho delito de la
alternativa de que las condenas privativas de libertad amparadas en él, puedan
cumplirse fuera de los establecimientos penitenciarios. De igual manera se
pueden esgrimir razones para regular dichas alternativas, referidas a disminuir
la población carcelaria o a otorgar opciones laborales extramuros a reclusos,
entre otros.
36.- Como se ve, el sustento de estas
regulaciones en el escenario político es bastante amplio, y el legislador, tal
como todas las autoridades sobre las que  recae el diseño de una política
criminal y penitenciaria, cuentan con un alto grado de libertad para tomar
medidas a este respecto y brindar alternativas al cumplimiento de penas
privativas de la libertad, bajo las condiciones que sean coherentes con dicha
política. También, de lo anterior se desprende que los criterios que dan lugar
a la adopción de estas medidas son típicos de política criminal y
penitenciaria, por lo cual no sería aceptable que la posibilidad de salir de la
cárcel para cumplir la pena privativa fuera de ella, dependiera no del
comportamiento y compromiso del recluso, y del tipo de condena que purga, por
ejemplo, sino de su raza, su religión, o como es el caso que nos ocupa de su
condición económica.
Este tipo de criterios no encuentran una
relación directa con la implementación de una política criminal y
penitenciaria, y ni siquiera con la evaluación de aspectos subjetivos de la
persona del recluso. Por ello para la Corte Constitucional es claro que las
exigencias objetivas y subjetivas para acceder a los mecanismos sustitutos de
prisión, son necesarios y suficientes para que en igualdad de condiciones y de
acuerdo al sentido de la política criminal y penitenciaria correspondiente,
todos los reclusos tengan potencialmente la posibilidad de acceder al
alternativas para lograr purgar una pena privativa de la libertad fuera del
establecimiento carcelario. Frente al cumplimiento de unos y otros
requerimientos, resulta discriminatorio hacer depender el otorgamiento de la
prerrogativa de un requisito que implica necesariamente una condición personal
económica, derivada de factores que están por fuera del dominio del condenado.
Pues, no depende del recluso carecer de recursos para sufragar una multa, y en
últimas, está muy por fuera de su alcance modificar su posición social mientras
está recluido.
(iii) Cuando la posibilidad de purgar
la pena privativa de la libertad fuera de la cárcel depende de los medios
económicos del condenado, las desigualdades de hecho se convierten en
desigualdades jurídicas.
37.- En este orden de ideas, si un condenado
satisface los requerimientos objetivos y subjetivos de la política criminal y
penitenciaria, pero su condición económica le impide acceder a una
prerrogativa, que implica ser beneficiario de una condición sumamente valiosa
como ciudadano titular de derechos fundamentales, como lo es estar fuera del
establecimiento penitenciario cumpliendo la pena de prisión; significa que la
legislación penal ha desviado su atención del sentido de la mencionada política
criminal y penitenciaria, para concentrarse en derivar consecuencias negativas
o positivas para el recluso originadas en sus posibilidades económicas.
Lo que conlleva a juicio de esta Sala,
un efecto perverso consistente en que no sólo hace falta llenar los
requerimientos objetivos y subjetivos que exige la prerrogativa, los cuales –se
insiste- responden al proceso racional de las autoridades que diseñan la
política criminal y carcelaria, sino que además hace falta ostentar cierta
solvencia o posición económica. Luego, sólo quienes ostenten dicha posición
tendrán la opción real de acceder a la prerrogativa en mención.
Para la Corte no existen razones
constitucionales que justifiquen que ello pueda ser así. Nuestra cláusula
constitucional de igualdad lleva a la conclusión contraria, pues las personas
con menos opciones económicas, no deben ver restringidas sus posibilidades por
dicha razón. Aún menos en casos como el del otorgamiento de una prorrogativa
penal en materia de libertad personal, a la cual concurren otro tipo de
requisitos, inspirados en la lógica propia de los sistemas penales.
iv) La discriminación encontrada no
resulta justificada ni matizada por los precedentes de la Corte[41]
38.- Tal como se ha explicado en varias
oportunidades a lo largo de la presente sentencia, los precedentes en materia
de control de constitucionalidad en los que esta Corte se ocupó de la
determinación de si exigir el pago de la multa como condición para acceder a la
libertad condicional y a la suspensión condicional de la ejecución de la pena
era o no discriminatorio, no resultan en estricto sentido aplicables al
presente caso.
Al respecto se reitera pues, que en las
sentencias C-194, C-665 y C-823 de 2005, se concluyó que no existía vulneración
del principio constitucional de igualdad porque el carácter sancionatorio de la
multa impedía entender la obligación de su pago en términos de inequidad
respecto de la capacidad económica de los condenados, y porque pese a esto la
misma regulación penal establecía facilidades tales como el deber del juez de
considerar la situación económica particular del condenado para tasar su monto
y la amortización del pago a plazos o mediante trabajo.
Sobre estos criterios insiste la Sala
que el carácter sancionatorio de la multa permite concluir que ésta no es una
deuda, que como obligación dineraria se origina en la configuración de
responsabilidad penal y en dicho sentido es un castigo cuyo cumplimiento tiene
que darse, tal como el cumplimiento de cualquier condena penal. Pero, ello no
tiene nada que ver con el hecho de que su exigencia también se haga para
acceder a subrogados penales, pues no se trata de justificar ni la improcedencia de las multas ni exenciones para
su pago, sino de determinar la constitucionalidad de su exigencia para acceder
a beneficios. Y sobre las facilidades que dispone la legislación penal para su
cancelación, se recuerda que son aplicables en toda su extensión y posibilidades
a la multa que aparece como única pena principal, y no a la multa como pena
acompañante de la de prisión, que es la pertinente en el presente estudio.
Precisamente, cuando la multa es una pena acompañante, el mismo tipo penal
consagra el mínimo de su monto por lo cual el juez penal no podría en estricto
sentido atender la situación subjetiva del condenado, pues no puede condenar al
pago de una multa inferior al mínimo establecido. Además de que respecto de
esta clase de multa la legislación penal no ha regulado las equivalencias
respectivas para amortizar su pago mediante trabajo.
39.- Adicionalmente, sobre la
alternativa del pago a plazos habría que agregar que nada permite pensar que un
condenado que carezca de recursos para pagar el monto integral de la multa, sí
los tenga para pagar la misma en cuotas. Por el contrario, el hecho mismo de la
reclusión hace pensar que la verdadera alternativa no es diferir el pago en
cuotas, sino que el recluso acceda a alguna posibilidad laboral. Lo cual a su
vez parece ser en extremo complicado en el entretanto de su condición de
interno.
Tampoco puede pensarse que como la multa
es un castigo penal, la condición económica del condenado es irrelevante para
exigirle su cancelación. Esto es tan cierto, que la misma legislación penal
contempla mecanismos para que la fijación del monto considere la mencionada
situación particular. Sin embargo, esto es importante para la exigencia del
cumplimiento del pago en general, pero no lo es necesariamente para exigir
también su pago en casos de acceso a mecanismos sustitutos de la prisión. Son
dos situaciones distintas. Una cosa es encontrar razonable y coherente con el
sentido de la penas en materia penal, que la multa se deba pagar, tal como
resulta ineludible cumplir con cualquier pena impuesta por el juez penal. Y
otra cosa es que no sea igualmente razonable y coherente hacer dicha exigencia
cuando se trata de acceder a una prerrogativa que implica la salida del centro
penitenciario, para cumplir la privación de libertad en condiciones
alternativas a la cárcel. Tan distintas son las dos hipótesis que en el caso de
la prisión domiciliaria, la legislación no establece, ni permite concluir, que
cuando ésta se otorga el condenado ya no debe pagar la multa impuesta como
parte de su pena, si es que la tiene. Por el contrario, se entiende que la debe
pagar.
40.- Así, aquello en lo que radica la
discriminación, es en el hecho de que pese a las facilidades que ofrece la
legislación penal en este tema, ante el cumplimiento de los requisitos objetivos
y subjetivos del mecanismo sustituto, el otorgamiento del sustituto de la
vigilancia electrónica sigue dependiendo de la condición económica del
condenado. Y, como se dijo más arriba, ni siquiera la obligación de que el juez
penal valore la condición económica del recluso matiza la discriminación
hallada, pues la multa como pena accesoria ya viene fijada en su mínimo por la
norma que describe el tipo penal.
Para mayor ilustración, se reproducirá in
extenso la nota al pie número 28 de esta sentencia. La Corte encontró al
revisar el Libro II del Código Penal Colombiano, que pocos tipos penales
contemplan una pena de multa como pena acompañante de la de prisión en un monto
inferior a los cinco (5) S.M.L.M.V.; estos son: maltrato mediante
restricción a la libertad física (art.230), malversación y dilapidación
de bienes de familiares (art. 236), falsedad marcaria (art. 285), falsa
denuncia (art.435), falsa denuncia contra persona determinada (art.
436) y falsa autoacusación (art. 437).
Otros tipos penales contemplan como pena
accesoria una multa de cinco (5) salarios S.M.L.M.V. como mínimo, estos son: incapacidad
para trabajar o enfermedad  derivada de lesiones personales (art. 112),  perturbación
de la posesión sobre inmueble  (art. 264) y daño en bien ajeno
(art.265). A su vez, se observa que el tipo de estafa (art. 246)
establece multa de hasta diez (10) S.M.L.M.V.
De un monto de diez (10) S.M.M.L.V. como
mínimo, se encuentran los tipos de alteración, desfiguración y suplantación
de marcas de ganado (art.243), deformidad derivada de lesiones
personales (art.113) y perturbación funcional derivada de lesiones
personales (art. 114).
Con multas de veinte (20) o más
SM.L.M.V., se hallan los tipos de deformidad derivada de las lesiones
personales en presencia de algunos agravantes (art.113), perturbación
funcional derivada de las lesiones personales en presencia de
algunos agravantes (art. 114), la perturbación psíquica (art. 115), inasistencia
alimentaria contra menor (art. 233) y el homicidio culposo (art.109), entre
otros.
Como se puede concluir, muy pocos
delitos contemplan multas como pena accesoria en un monto inferior a diez (10)
salarios SMLMV. De hecho sólo diez de las conductas típicas consagradas en
nuestra legislación penal consagran como mínimo un monto inferior a diez (10)
salarios SMLMV, sin consideración de los agravantes que en la mayoría de los
casos aumentan el mínimo al que debe ceñirse el juez.
(v) La exigencia de la multa en el
caso de la vigilancia electrónica no encuentra sustento alguno en la
consecución de un fin constitucionalmente relevante.
41.- Como se señaló en un aparte
anterior, la configuración de los requisitos para otorgar alternativas a la
pena privativa en las cárceles, e incluso la consagración misma de estas
alternativas responde a criterios de política criminal y penitenciaria, propios
de la lógica del diseño de un sistema penal. A partir de esto se concluyó
también más arriba que los criterios objetivos y subjetivos de este tipo de
normas penales (las que regulan mecanismos sustitutos de prisión) son
suficientes y necesarios para responder de manera directa al sentido de la
política en mención. En este orden, la exigencia del pago de la multa como
condición para ello traslada el interés del derecho penal en aquellos fines
constitucionales que pretende conseguir con este tipo de prerrogativas. Pues,
la exigencia del pago de la multa en aras de otorgar el beneficio, supone que
es la capacidad económica del condenado la que determina en últimas el logro de
la opción.
Esto sin duda se desvía de la
consecución de valor constitucional alguno; entre otras cosas porque no se
trata del cuestionamiento de la imposición de la pena de multa, que puede en
efecto perseguir el logro de los fines tradicionalmente perseguidos por los
castigos penales en general, sino porque se refiere a la restricción de una
prerrogativa por el sólo hecho de las posibilidades económicas de los
ciudadanos.
Tampoco, como se vio en el acápite pertinente, la
exigencia del pago de la multa está relacionada con aspectos relativos a la
sostenibilidad financiera del sistema de monitoreo que lo soporta. El legislador previó que el destinatario de los
dispositivos podría asumir voluntariamente el costo de los mecanismos.[42]
Y de otro lado se estableció que el dinero que ahorrara el INPEC por concepto
de la atención integral y tratamiento penitenciario de los reclusos en
establecimientos carcelarios, ayudaría a la financiación de los sistemas de
vigilancia electrónica[43]. Y por último la Ley
1142 de 2007 estableció que estos sistemas de vigilancia electrónica como
sustitutivos de la prisión se implementarán gradualmente, dentro de los límites
de la respectiva apropiación presupuestal.
De igual manera conviene agregar que
tampoco resulta de recibo el argumento según el cual la exigencia de la multa
en este caso puede pretender legítimamente el cumplimiento efectivo de su pago;
pues para ello existe una jurisdicción coactiva conformada por jueces de
ejecuciones fiscales, regulada en el artículo 41 del Código Penal[44].
Si no fuera así significaría que el otorgamiento de beneficios que redundan en
la garantía adecuada de derechos fundamentales, pueden ser negados en aras de
conseguir el cumplimiento de una pena de carácter pecuniario, cuando existen
otros mecanismos, más efectivos incluso, como la referida jurisdicción
coactiva. Por lo cual la exigencia de su pago con dicho fin no resultaría
necesaria, pues lo buscado con ella se consigue de manera efectiva y sin el
sacrificio de derecho constitucional alguno, mediante la posibilidad de cobro
coactivo.
De lo que se concluye que la multa en
estos casos no tiene la vocación de sostener o ayudar a sostener el
funcionamiento del sistema, ni tampoco resulta necesario como mecanismo de
cobro. Está claro entonces que el sacrificio del derecho de igualdad de los
reclusos que no cuentan con recursos económicos, no tiene contrapeso alguno en
el logro de otro principio constitucionalmente relevante.
42.- En conclusión, resulta contrario a
la Constitución la situación de un condenado que cumple con los requisitos
objetivos y subjetivos exigidos para acceder a la vigilancia electrónica, y se
le niega el otorgamiento del subrogado en cuestión porque no cuenta con los
recursos económicos para pagar la multa; y por ello será declarado de esa
manera en la parte resolutiva de la presente sentencia.
Fórmula de reparación para la
discriminación hallada por la Corte.
43.- Tal como se ha explicado hasta el
momento, la discriminación explicada se refiere a la hipótesis concreta en que
un recluso cumple con los requisitos objetivos y subjetivos del artículo 38A
del Código Penal, pero carece de recursos para pagar la multa, por lo cual no
puede acceder al subrogado de la vigilancia electrónica, luego no logra purgar
la pena de prisión fuera del establecimiento carcelario por dicha razón. Esto,
con la consideración adicional de que no cumple con los requisitos para acceder
a la figura de prisión domiciliaria (art 38 C. Penal), por medio de la cual
podría también ser objeto del monitoreo electrónico como medida administrativa.
Así, la Sala explicó que dadas las condiciones precisas descritas se
configuraría una situación en la que aquello valioso que ofrece el subrogado de
la vigilancia electrónica sería accesible únicamente para aquellos reclusos que
cuenten con recursos económicos para pago la multa, por lo cual los demás condenados
no contarían con la posibilidad real para ello.
Ahora bien, la conclusión lógica
derivada de lo anterior es que inconstitucionalidad a este respecto se
circunscribe a la circunstancia específica en la que el condenado no cuente con
los recursos económicos para cancelar la multa como pena acompañante y por ello
se le niegue la concesión del subrogado en mención.
44.- En este orden, a juicio de esta
Sala la formula de reparación de la discriminación hallada no es la
declaratoria de inexequibilidad del contenido normativo acusado, sino la
exclusión de la hipótesis concreta descrita. Para lo cual resulta adecuado
declarar la exequibilidad condicionada a la ocurrencia de aquello en lo que se
configura la desigualdad; es decir, el evento en que un recluso logra demostrar
al Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad su insolvencia económica[45], junto con el
cumplimiento de los demás requisitos.
45.- De este modo, la Corte
Constitucional adopta una media de control de constitucionalidad coherente con
el estudio llevado a cabo en el presente caso y declara exequible la norma
demandada, salvo en la hipótesis referida; esto bajo la consideración explicada
más arriba, según la cual la exigencia del pago de la multa en general,
producto de una condena de un juez penal, puede obedecer legítimamente a la
búsqueda de los fines que constitucionalmente persiguen las penas en materia
penal. Tarea para la cual, como se explicó también anteriormente, el legislador
y las autoridades que comúnmente concurren al diseño de la política criminal y
penitenciaria, cuentan con amplio margen de configuración regulativa. Más aún,
en un contexto evolutivo de los sistemas penales modernos, en el que se realza
el carácter de los castigos penales pecuniarios, como reemplazo sucesivo de
aquellos castigos que afectan de manera directa la integridad de la persona. Y
en este sentido la multa como castigo penal cobra significación real y no
simbólica.
Esto ratifica la posición
jurisprudencial tantas veces reiterada por esta Corporación, en el sentido que
el legislador cuenta con un amplio margen de configuración legislativa en
materia penal, cuyo límite se establece en la incidencia negativa de la
regulación en cuestión, en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo
cual, el objeto de control de constitucionalidad en estos casos debe
concentrarse en la evaluación de dicha incidencia.
46.- Por último conviene recordar brevemente
tres puntos, para aclarar el alcance de la presente sentencia. En primer lugar,
el hecho de que la Corte haya encontrado inconstitucional la exigencia de la
multa para acceder a la vigilancia electrónica cuando el recluso no está
gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, no tiene nada que ver con el
hecho de que la multa se deba pagar por parte del condenado. De hecho, es una
obligación pagarla, pues la inconstitucionalidad fue circunscrita al evento de
su exigencia como condición para el mecanismo sustituto en cuestión.
En segundo lugar, la presente sentencia
no sugiere necesariamente un cambio de jurisprudencia, pues la exigencia de la
multa para acceder a la libertad condicional y a la ejecución condicional de la
pena, se refiere a casos distintos. La libertad condicional, es justamente eso,
otorgar la libertad (art. 64 C. Penal); y la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, es también eso precisamente, la suspensión de la pena
(art. 63 C. Penal). Mientras que la vigilancia electrónica es el cumplimiento
de la pena privativa de libertad fuera de la cárcel pero con monitoreo
electrónico del INPEC. Siendo sustitutos distintos, los criterios para evaluar
su conformidad constitucional, aunque podrían ser los mismos teniendo en cuanta
que las razones presentadas en el caso presente podrían ser aplicables al
análisis de la exigencia del pago de la multa para acceder a otros subrogados,
no necesariamente deben serlo, pues si el juez de control de constitucionalidad
logra establecer una diferencia razonable, tal como se demostró, la perspectiva
de análisis no tiene por qué coincidir en el estudio de constitucionalidad de
todos los subrogados.
Y en tercer lugar, la presente sentencia
tampoco implica nada en relación con el valor jurisprudencial de lo decido en
sentencias C-194, C-665 y C-823 de 2005, en el sentido que la presente
providencia no altera, por supuesto, la configuración de la Cosa Juzgada
derivada de lo decidido en ellas, pues siendo
sustitutos distintos regulados en normas distintas y estudiados en su
constitucionalidad en momentos distintos, los aspectos constitucionales
desprendidos de su alcance a este respecto son distintos.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE el
numeral 4 del artículo 50 de la Ley
1142 de 2007 (que adiciona el artículo 38A del Código Penal), en el
entendido que en caso de demostrarse ante el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad la insolvencia actual del condenado, el no pago previo de
la multa no impedirá la concesión del subrogado de vigilancia electrónica.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Presidente
Ausente en comisión
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-185/11
Referencia:
expediente D-8198
Demanda de
inconstitucionalidad contra el numeral 4° del artículo 50 de la Ley 1142 de
2007, ‘por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004,
599 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad
delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana’.
Demandante:
Julián Arturo Polo
Echeverry
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Comparto
la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la
sentencia C-185 de 2011,[46] en la cual se resolvió, declarar exequible la norma legal según la
cual uno de los ‘presupuestos’ para que el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad pueda ordenar la utilización de sistema de vigilancia
electrónica es ‘que se realice el pago total de la multa.’ (numeral 4°,
artículo 50, Ley 1142 de 2007), “[…] en el entendido que en caso de
demostrarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la
insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la multa no impedirá la
concesión del subrogado de vigilancia electrónica.” Sin embargo, considero
necesario hacer algunas aclaraciones con relación a las consideraciones que
justifican que acompañe la decisión de la Sala Plena.
1.
Importancia de referentes constitucionales anteriores.
Es
cierto, como señala la sentencia en el apartado 23 de las consideraciones, que
la jurisprudencia sobre la constitucionalidad de condicionar al pago de una
multa para la obtención de beneficios de libertad a una persona privada de ésta
“[…] no resulta en estricto sentido aplicable al presente debate, en tanto
resulta insuficiente de conformidad con los elementos que sobre el tema de la
multa en materia penal se han encontrado, y no fueron considerados en los
precedentes”.
En
otras palabras, existen asuntos y parámetros sobre el problema jurídico tratado
que ciertamente no fueron considerados previamente por la jurisprudencia
constitucional. Sin embargo, ello no quiere decir que dichas decisiones previas
no tengan fuerza vinculante en el presente caso. Quiere decir que tal fuerza
tiene límites claros, a propósito de asuntos y variables en que la hipótesis
fáctica analizada por la Corte Constitucional en aquellas ocasiones (un
parámetro normativo con implicaciones distintas), sea diferente a la analizada
en el presente proceso.
2.
La variedad de funciones de las multas penales.
La
sentencia concluye en el apartado 16 de las consideraciones que “[…] las
multas en materia penal, tienen el único fin de constituirse como sanciones, y
se originan en la configuración de una conducta penal […]”. Tal afirmación
se hace para señalar que tales multas no responden a criterios “transaccionales”,
“obligacionales”, ni “contractuales”, sino a los de una ‘pena’.
La
afirmación la comparto, en el contexto del análisis del caso sometido a estudio
por la demanda de la referencia. Pero es preciso aclarar que la acepción no
permite concluir que las multas en materia penal tengan el único fin de
constituirse como sanciones a personas que han infringido una determinada regla
que da lugar a un castigo.
Es
claro que las multas de carácter penal no tienen un único fin bajo el orden
constitucional vigente. No sólo buscan sancionar a las personas, también, por
ejemplo, tienen funciones disuasivas. Pretenden evitar que las personas cometan
una determinada falta, o disuadirlas de actuar de determinada manera. En este
caso las multas no funcionan como castigos que se están aplicando, si no como
formas de prevenir a las personas de incurrir en una acción específica. Otra de
las funciones que cumple una multa penal es la de hacer justicia, entendida
como una medida que si bien no es resarcitoria o compensatoria para las
víctimas, cuando las hay, sí es equitativa. Finalmente, por mencionar tan sólo
otro ejemplo, las multas penales pueden tener también una función restaurativa,
para con las víctimas y para la sociedad en general.
En
resumen, la afirmación citada de la sentencia ha de entenderse en contexto del
análisis efectuado por la Corporación, pero no como un desconocimiento de la
complejidad y la variedad de fines que tienen una multa penal en un estado
social y democrático de derecho.
3.
No existe en las personas privadas de la libertad un derecho, per se,
a que se concedan penas alternativas a la privación de la libertad.
En
la sentencia se afirma que “[…] la pena privativa de la libertad en una
cárcel es el castigo más gravoso en materia penal, por lo cual las alternativas
de su cumplimiento fuera del establecimiento carcelario cobran gran importancia
en el contexto de la garantía de una variedad de derechos que se restringen por
el hecho de esta en una cárcel. […].”(apartados 35 y 36 de las
consideraciones), (apartados 32, 33 y 34 de las consideraciones).
Es
cierto que en términos constitucionales, una pena privativa de la libertad es
una de las sanciones más gravosas que existe en un estado social de derecho.
Pero esto no impla per se, un deber imperioso por parte del Estado a
buscar medias alternativas a la cárcel en el caso de una persona que ha sido
condenado a una pena privativa de la libertad. Los beneficios de libertad
tienen un sentido dentro del proceso de resocialización. No se adjudican en
abstracto, sino de acuerdo a las consideraciones concretas y específicas en cada
uno de los casos.
4.
El derecho a que se resuelvan los beneficios de libertad, libres de todo
tipo de discriminación.
En
la sentencia se afirma que “[…] la posibilidad legal de salir de la cárcel y
cumplir la pena privativa de libertad fuera de ella debe brindarse en igualdad
de condiciones.” (apartados 32, 35 y 36 de las consideraciones).
Por
supuesto, es posible que una persona controvierta la decisión de negarle un
beneficio de libertad a partir de la comparación de su caso con otros parecidos
o similares, pero debido a la importancia de la particularidad y especificidad
del caso concreto de que se trata y a cómo vaya realmente su proceso de
resocialización, la comparación entre casos a partir del principio de igualdad
es limitada. Es decir, sin duda alguna, existen casos en los cuales dos
decisiones judiciales de concesión de beneficios de libertad sean, en concreto
comparables y permitan concluir que se dio un trato violatorio del principio de
igualdad. Pero en la medida que tales decisiones dependen de forma principal en
las características propias y particulares de cada persona, es claro que estos
asuntos tienen que ser hipótesis fácticas muy similares no sólo respecto al
tipo de delito cometido y a la forma en concreta en que se llevó a cabo, sino
también a los antecedentes penales de la persona y su particular desarrollo en
el proceso de resocialización.
El
principal ámbito de protección que surge del principio de igualdad en materia
de solicitud de beneficios de libertad, por tanto, es que tales decisiones se
adopten libres de todo tipo de discriminación. En tal medida, si bien no se
puede exigir tratar a todas las personas privadas de la libertad de la misma
manera, si existe la obligación de no tomar la decisión sobre el beneficio de
libertad únicamente, o prioritariamente, con base en el hecho de que quien lo
solicita ostenta determinada característica.
5.
No es razonable constitucionalmente negar un beneficio de libertad a una
persona privada de la libertad, únicamente por no tener recursos para pagar la
multa accesoria que haya sido impuesta.
5.1.
La sentencia sostiene que la norma acusada viola el principio de igualdad con
base en los siguientes argumentos:
“En este orden de ideas, si un
condenado satisface los requerimientos objetivos y subjetivos de la política
criminal y penitenciaria, pero su condición económica le impide acceder a una
prerrogativa, que implica ser beneficiario de una condición sumamente valiosa
como ciudadano titular de derechos fundamentales, como lo es estar fuera del
establecimiento penitenciario cumpliendo la pena de prisión; significa que la
legislación penal ha desviado su atención del sentido de la mencionada política
criminal y penitenciaria, para concentrarse en derivar consecuencias negativas
o positivas para el recluso originadas en sus posibilidades económicas.
Lo que conlleva a juicio de esta
Sala, un efecto perverso consistente en que no sólo hace falta llenar los
requerimientos objetivos y subjetivos que exige la prerrogativa, los cuales –se
insiste– responden al proceso racional de las autoridades que diseñan la
política criminal y carcelaria, sino que además hace falta ostentar cierta
solvencia o posición económica. Luego, sólo quienes ostenten dicha posición
tendrán la opción real de acceder a la prerrogativa en mención.
Para la Corte no existen razones
constitucionales que justifiquen que ello pueda ser así. Nuestra cláusula
constitucional de igualdad lleva a la conclusión contraria, pues las personas
con menos opciones económicas, no deben ver restringidas sus posibilidades por
dicha razón. Aún menos en casos como el del otorgamiento de una prerrogativa
penal en materia de libertad personal, a la cual concurren otro tipo de
requisitos, inspirados en la lógica propia de los sistemas penales.”
5.2.
En primer lugar, me aparto de la afirmación relativa a que “[…] un condenado
satisface los requerimientos objetivos y subjetivos de la política criminal y
penitenciaria, pero su condición económica le impide acceder a una
prerrogativa, […]  como lo es estar fuera del establecimiento
penitenciario cumpliendo la pena de prisión […]”.  Uno de los
requerimientos de la política criminal y penitenciaria es, precisamente, que la
multa haya sido pagada. De tal manera que no es posible satisfacer todos los
requerimientos objetivos y subjetivos si uno de los mismos no ha sido cumplido.
5.3.
El problema jurídico planteado por la acción pública, por tanto, lo entiendo
así: ¿viola el legislador el principio de igualdad, al establecer que una
persona condenada no puede tener un beneficio de libertad por el sólo hecho de
no haber cumplido con el requerimiento de haber pagado la multa que le hubiese
sido impuesta, incluso si ello es así por su precaria situación económica?
5.4.
Para la sentencia C-185 de 2011 existe una discriminación, la cual radica en el
hecho de que “[…] pese a las facilidades que ofrece la legislación penal en
este tema, ante el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos del
mecanismo sustituto [distintos al pago de la multa], el otorgamiento del
sustituto de la vigilancia electrónica sigue dependiendo de la condición
económica del condenado.” No comparto tal afirmación.
El
simple hecho de que un beneficio de libertad se conceda teniendo en cuenta
dentro de sus requisitos el haber pagado una multa no implica, de por sí, que
se incurre en un trato discriminatorio, como la propia sentencia lo sugiere, es
en algunas condiciones que tal medida resulta irrazonable. El problema de que
en forma abstracta y general se señale el pago de la multa impuesta como pena
accesoria a la privación de la libertad, como un prerrequisito para acceder a
un beneficio, no significa que tal medida siempre sea irrazonable a la luz de
la Constitución Política. El problema que tiene dicha medida es que se aplica en
todos los casos, incluso en aquellos en los cuales la persona no ha podido
pagar porque no tiene los recursos para hacerlo y carece también de medios para
adquirirlos. Es decir, el problema no es que “el otorgamiento del sustituto
de la vigilancia electrónica [dependa] de la condición económica del
condenado”, la discriminación es que ello sea así, incluso cuando la
persona se merece la medida, en virtud del criterio y decisión del juez, pero
no ha podido cancelar la multa en razón a su precaria situación económica.
5.5.
Para la sentencia la medida no encuentra sustento en un fin constitucionalmente
relevante. Debido a que se consideró que el pago de la multa no es uno de los
requisitos propios de la política criminal y penitenciaria, para acceder a un
beneficio de libertad, se plantea como un acto jurídico accesorio, innecesario
para la determinación de la conveniencia de la libertad, la cual, se considera
depende únicamente de los requisitos.
Dice
la sentencia al respecto que “[…] la
exigencia del pago de la multa en aras de otorgar el beneficio, supone que es
la capacidad económica del condenado la que determina en últimas el logro de la
opción […]”. Tampoco comparto esta
afirmación por dos razones. El beneficio de libertad no depende exclusivamente
de un aspecto y que éste sea la capacidad de pago que tiene la persona. El
beneficio de libertad no depende exclusivamente del pago de la multa por parte
de la persona privada de la libertad. Si en un caso concreto la situación
depende únicamente del pago de una multa, no es porque ello sea lo único que se
tiene en cuenta, es porque tal aspecto es el último de todos los considerados,
que han de tenerse en cuenta.
No
es cierto que la norma “[…] se refiere a la restricción de una prerrogativa
por el sólo hecho de las posibilidades económicas de los ciudadanos.”  El
hecho que tiene en cuenta no es la condición económica de la persona, sino la
realización o no de un acto jurídico concreto, a saber: el pago de una multa.
Indudablemente, la condición económica de una persona puede estar emparentada
con el pago de la multa, cuando no puede efectuar éste por ser aquélla muy
precaria, pero son cosas distintas. Una persona con una difícil situación
económica, por ejemplo, puede recibir ayuda de un familiar o amigo que la pague
por él, mientras que puede haber alguien que se niegue a realizar dicho pago,
por las razones que sean, así cuente con los recursos. Así, la prerrogativa de
libertad de la que habla la sentencia no se restringe por un solo aspecto, sino
que entre los que se tienen en cuenta se encuentra el pago o no de la multa de
la cual se trate.
5.6.
¿Por qué razones, entonces, acompaño entonces la decisión de que la norma en
cuestión establece un trato discriminatorio? A continuación, expongo el análisis
de constitucionalidad que me lleva a apoyar la parte resolutiva de la sentencia
C-185 de 2011.
5.6.1.
El problema jurídico antes mencionado, debe ser reformulado en términos de un
problema de igualdad, esto es, en términos de identificar un trato distinto o
igual que se considera que no es razonable, porque se estima que el mismo debe
ser igual o distinto, respectivamente.
En
el presente caso, el accionante cuestiona que la ley dé el mismo trato a todas
las personas, sin tener en cuenta condiciones relevantes para el efecto.
Concretamente, considera que no es constitucionalmente admisible que se dé el
mismo trato a las personas privadas de la libertad, con relación a la exigencia
de pagar la multa que se le haya impuesto como requisito previo a que se
otorgue un beneficio de libertad, como lo es el sistema de vigilancia
electrónica a distancia.
5.6.2.
Así, es preciso identificar  (i) cuál es el grupo de personas que estaría
siendo afectado por la norma,  (ii) el aspecto respecto del cual se les afecta,
y  (iii) el criterio con base en el cual se justifica el tratamiento que hace
la ley de dicho grupo.
El
problema cuestiona el trato igual que la ley da [no conceder un beneficio de
libertad a una persona condenada] a dos grupos de personas [las personas
condenadas con capacidad económica para pagar la multa impuesta, y aquellas sin
tal capacidad], con base en un criterio que se considera irrazonable [haber
pagado o no la multa impuesta como pena accesoria].
En
otras palabras. La acción de constitucionalidad de la referencia no cuestiona
la razonabilidad de exigir el pago de la multa como requisito para la concesión
del beneficio de libertad en cuestión. La acción debate que el legislador
considere razonable esa consecuencia jurídica incluso cuando las personas
carecen de los recursos suficientes para hacer dicho pago.
5.6.3.
La medida debe ser sometida a un juicio de constitucionalidad intermedio, por
cuanto existen razones para hacer un escrutinio estricto, pero a la vez existen
razones para hacer un escrutinio deferente con las competencias propias del
Legislador.
Como
dice la sentencia C-185 de 2011, privar a una persona de su libertad es una de
las medidas más gravosas e impactantes en un estado social de derecho. Si bien
la Constitución justifica la privación de la libertad a personas que hayan
cometido delitos, no por ello deja de reconocer la gravedad que implican tales
medidas. Precisamente, tal reconocimiento se evidencia en los múltiples
controles a que se someten las restricciones y limitaciones a la libertad. El
impacto que tiene la norma legal sobre la libertad de las personas demanda por
tanto, un control estricto por parte del juez constitucional.
Pero
a la vez, la norma en cuestión tiene que ver no con la limitación de la libertad
de una persona que se ha de presumir inocente, sino la limitación de la
libertad de una persona que fue condenada dentro de un proceso judicial. En tal
medida, es claro que la Constitución Política reconoce un amplio margen de
configuración al Legislador para la definición de las reglas propias de la
política criminal y carcelaria.
5.6.4.
La finalidad del requisito del pago previo de la multa es variado. Entre estos
fines están, por ejemplo, servir de medio para lograr el efectivo cumplimiento
de la pena impuesta, así como ser un referente y una muestra del avance del
proceso de resocialización de la persona condenada.
No
obstante, en el presente caso, como se dijo, no se estudia la
constitucionalidad de limitar el beneficio de libertad al pago de la multa. El
asunto supone estudiar la constitucionalidad de que dicha restricción se
imponga a todas las personas que han dejado de pagar la multa, sin distinguir
entre aquellas que podían hacerlo de aquellas que no podían hacerlo.  Por
tanto, es la finalidad de éste trato igual, que el accionante solicita que sea
diferente, la que ha de ser analizada.
Aunque
las intervenciones no establecen de forma precisa la finalidad buscada por el
legislador al imponer un trato igual a todas las personas condenadas, con
relación al pago de la multa como prerrequisito para acceder al beneficio de
libertad en cuestión, puede establecerse el siguiente: la disposición busca que
todas las personas accedan a los beneficios de libertad cumpliendo las mismas
cargas. Es decir, el propósito de la norma es asegurar la igualdad de cargas
para las personas en materia penal, impidiendo que se den tratos benéficos o
preferentes a algunas personas.
Entendida
la finalidad en tales términos, es claro que se trata de un fin no sólo
importante sino también imperioso.  Buscar que las personas que cometen graves
faltas en la sociedad, se sometan a las mismas cargas para acceder a beneficios
parciales de libertad es un cometido que el propio principio de igualdad
demanda de la ley penal.  Más que un fin que pueda ser buscado, es un fin que
debe ser buscado por el legislador.
5.6.5.
El medio utilizado en el presente caso para establecer el mismo trato a las
personas privadas de la libertad, sin importar su situación económica, consiste
en fijar un requisito general para acceder a un beneficio de libertad en
materia penal.
Como
se dijo, a cuáles beneficios de libertad puede acceder una persona privada de
la libertad y bajo qué condiciones, son aspectos de política criminal y
penitenciaria que, constitucionalmente, corresponde definir al poder
legislativo, dentro de un proceso democrático que asegura también la
participación del poder ejecutivo, el poder judicial y la población en general.
Se trata pues de un trato similar que impone el Legislador a los grupos de
personas previamente identificados, en ejercicio de la facultad de regular la
política criminal y carcelaria.
5.6.6.
¿Ahora bien, el medio elegido, que como se dijo no está prohibido, es
efectivamente conducente para alcanzar la finalidad propuesta? La respuesta es
negativa. De hecho, el medio elegido ni siquiera es adecuado para el fin
propuesto.
En
efecto, si el propósito que el legislador buscó fue imponer a todas las
personas las mismas cargas, o por lo menos proporcionales, cuando han sido
condenadas a penas privativas de la libertad y aspiran a un beneficio, este
resultado no se alcanza con la norma general de pago previo de la multa. Por el
contrario, el dar el mismo trato a quienes tienen recursos y a quienes no los
tienen, al momento de exigir el pago de una multa para acceder un beneficio,
lejos de poner las mismas cargas a las personas, puede imponer cargas
diferentes.  En efecto, mientras que el pago de la multa para algunas personas
no representa un obstáculo insalvable para acceder al beneficio, para otras
representa casi una prohibición absoluta.
Es
cierto que las multas son proporcionales a la falta y a la condición de la persona,
lo cual podría hacer pensar que la exigencia del pago de la multa no es igual
en todos los casos, sino que es proporcional al caso de cada quien. Sin
embargo, como bien lo muestra la sentencia C-185 de 2011 en sus
consideraciones, el monto mínimo en muchos de los casos, puede implicar que las
personas que se encuentren en una situación de precariedad económica no puedan
acceder a multas que sean realmente proporcionales a su situación económica.
5.6.7.
En su intervención, el Gobierno alega que existen mecanismos que permiten a la
personas conseguir los recursos durante su estancia en la cárcel para poder
pagar la multa, incluso si al ingresar al penal, carecía de la capacidad de
hacerlo.
Es
probable que ello sea cierto en ocasiones. Puede darse el caso de una persona
que, careciendo de recursos al ingresar a una cárcel, haya podido acceder a un
trabajo que le hubiese dado recursos suficientes para poder pagar la multa.
Pero tal situación no ocurre siempre. Puede pasar que la persona tenga una afección
de salud y no pueda trabajar o  que lo pueda hacer pero la remuneración sea muy
baja. Incluso que siendo mejor, no alcance a un monto tal que permita cancelar
la multa impuesta. En tales casos, a pesar de las alternativas existentes, la
realidad al final del día sería la misma:  que la persona privada de la
libertad no tiene la capacidad económica para pagar la multa.
Es
cierto que el hecho de que una persona no haya podido pagar una multa de una
vez, no implica que sí pueda hacerlo por cuotas, en diferentes plazos.[47] Pero también es cierto que no se puede concluir lo
contrario. No es cierto que la posibilidad de pagar a plazos no se convierta en
una alternativa real y justa para acceder a la libertad en muchos casos
concretos y que, en efecto, el juez encargado de decidir el beneficio de
libertad considere precisamente la manera como la persona ha empleado las
opciones de cancelar la multa.
Deberá
ser el juez encargado, en cada caso concreto, quien decida y valore que tan
real es la alternativa de pago para la persona privada de la libertad, y quién
ha de ponderar cómo ha sido empleada tal alternativa, en caso de serlo, por
parte de quien aspira al beneficio de libertad.
5.6.8.
En otras palabras, no es razonable que la legislación haga depender un
beneficio de libertad, entre otros requisitos, del pago de una multa impuesta
como pena accesoria, sin importar el hecho de que la persona carezca de
recursos para realizar dicho pago y de oportunidades reales y efectivas para
obtenerlos. No puede el legislador imponer una misma regla a todas las
personas, como una forma de lograr dar un trato igual a todos, cuando la regla
impuesta representa una carga relativa para algunas personas, en tanto implica una
carga insuperable para otras. En tal caso el trato igual a las personas logra
exactamente la finalidad contraria que se propuso el legislador; a saber:
discriminar a quienes carecen de recursos para pagar la multa respecto de
quienes sí cuentan con tales recursos.
5.8.
Por tanto, acompaño la conclusión a la cual llega la sentencia C-185 de 2011,
pero aclaro mi voto conforme a los argumentos expuestos.
Fecha
ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA C-185/11
Referencia: expediente D-8198
Demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral
4 del artículo 50 de la Ley 1142 de 2007, “Por medio de la cual se reforma parcialmente
las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y600 de 2000 y se adoptan medidas para la
prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la
convivencia y seguridad ciudadana.”
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, en esta oportunidad me
permito aclarar mi voto por las razones que a continuación se exponen:
El
demandante presentó cargos de inconstitucionalidad contra la norma de la
referencia que regula los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos
de la prisión. El aparte acusado es el siguiente: “que se realice el pago total
de la multa”, habida consideración de que la norma acusada vulnera el principio
de igualdad ya que resultan injustificadamente perjudicados aquellos internos
que durante la ejecución de la pena, para acceder a los mecanismos
sustitutivos de la prisión, no cuentan con recursos económicos suficientes para
realizar el pago de la multa.
La
ponencia considera la posibilidad de purgar la pena privativa de la libertad
fuera de la cárcel, lo que depende de los medios económicos del condenado, por
lo tanto, se genera una desigualdad jurídica, que en el caso de la norma
acusada, ni resulta justificada ni encuentra sustento alguno en un fin
constitucionalmente relevante. La exigencia del pago de la multa como condición
para otorgar el beneficio, lleva a la conclusión que es la capacidad económica
del condenado lo que determina, en últimas, el logro de la opción, lo cual,
resulta inconstitucional y contrario al principio de igualdad.
La
sentencia declaró exequible el numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1142
de 2007 (que adiciona el artículo 38A del Código Penal), en el entendido que en
caso de demostrarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
la insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la multa no impedirá
la concesión del subrogado de vigilancia electrónica. Sin embargo, aclaró que
el hecho de no exigir el pago total de la multa para que el recluso acceda a la
vigilancia electrónica, cuando no está gozando del beneficio de la prisión
domiciliaria, no significa que este no tenga la obligación de pagarla.
Por
lo anterior, la aclaración de voto va dirigida a que se tenga en cuenta que la
multa no puede mirarse desde el punto de vista de la capacidad económica del
condenado, por cuanto a la luz del código penal la multa es una pena -principal
o accesoria-, cuyo único fin es constituirse en la sanción al comportamiento
antijurídico, por ello, debe ser analizada en el sentido de que representa el
daño causado por el autor del delito al bien jurídico protegido por el Estado.
Adicionalmente,
en la ponencia nada se dijo acerca de los mecanismos que debe tener en cuenta
el juez, para aducir y valorar la carencia de recursos del condenado, pues, no
toda manifestación de insolvencia de este basta para que sea considerado
carente de recursos, por ello, la demostración debe estar sustentada en
evidencias claras, inequívocas e incontrovertibles para que pueda acceder al
beneficio de la vigilancia electrónica cuando el recluso no goza del beneficio
de la prisión domiciliaria.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] Expedida por la Dirección del INPEC.
[2]
Artículo 1 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el Parágrafo del
artículo 1 del Decreto 177 de 2008)
[3]
El artículo 2 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el Par. del
artículo 2 del Decreto 177 de 2008) estableció que también podrán ser
destinatarios de los sistemas de vigilancia electrónica quienes se encuentren
en detención preventiva bajo la Ley 600 de 2000, previo cumplimiento de los
supuestos establecidos en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
[4]
La Corte no hace referencia a la posibilidad de utilizar el mecanismo de la
vigilancia electrónica en el caso de la detención preventiva, hipótesis en la
cual también está regulado según se ha visto, debido a que en estos casos no
hay condena, luego los requisitos -incluida la multa- del artículo 38A del C.
Penal, de manera clara no resultan exigibles.
[5]
Sentencia C-318 de 2007. “Dentro de los criterios para
solucionar antinomias, los principios generales del derecho han establecido los
análisis de: lex posterior, lex superior, lex especial, favorabilidad
(principalmente en materia penal, laboral y en normas de orden público como las
de familia, entre otras), aplicación de principios generales, entre otros.”
[6] Sentencia C-318 de 2007.
[7]
SANTAMARÍA PASTOR  Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho
Administrativo I. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.. Madrid 1991.
Pág 415.
[8] CÓDIGO CIVIL. Articulo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la
antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden
conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.
[9] Artículo 7 del Decreto 177 de 2008.
[10] Artículo 3 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el
artículo 4 del Decreto 177 de 2008).
[11] Artículo 4 del Decreto 1316 de 2009 (Por el cual se modificó el
artículo 5 del Decreto 177 de 2008)
[12] Artículo 6 del Decreto 177 de 2008.
[13] Artículo 7 del Decreto 177 de 2008.
[14] Artículo 11 del Decreto 177 de 2008.
[15] Artículo 1 del Decreto 3336 de 2008.
[16] Parágrafo, Articulo 50 de la Ley 1142 de
2007.
[17] Artículo 9 del Decreto 177 de 2008
“Implementación. Los sistemas de vigilancia
electrónica se implementarán gradualmente, de conformidad con las siguientes
fases:
1. Primera Fase. Distritos Judiciales de Armenia,
Bogotá, Manizales y Pereira. Iniciará su implementación a más tardar el día
primero (1°) de julio de 2008.
2. Segunda Fase. Distritos Judiciales de Bucaramanga,
Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Tunja. Iniciará su
implementación a más tardar el día primero (1°) de julio de 2009.
3. Tercera Fase. Distritos Judiciales de Antioquia,
Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.
Iniciará su implementación a más tardar el día primero (1°) de julio de
2010.
4. Cuarta Fase. Distritos Judiciales de Barranquilla,
Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo
y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar los
sistemas de vigilancia electrónica a más tardar el día treinta y uno (31) de
diciembre de 2010.”
Artículo 9 del Decreto 3336 de 2008 “Implementación. Los sistemas de
vigilancia electrónica se implementarán en el Distrito Judicial de Bogotá,
iniciando con un plan piloto que se desarrollará entre el 1° de diciembre de
2008 y el 31 de diciembre de 2010.
El Ministerio del Interior y de Justicia evaluará los
resultados del plan piloto y definirá la continuidad del sistema en los demás
Distritos Judiciales, previa viabilidad técnica y presupuestal del Gobierno
Nacional".
Artículo 6 del Decreto 1316 de 2009. (Por el cual se modificó el
artículo 9 del Decreto 3336 de 2008) el cual quedará así: “Artículo 9
Implementación. Los sistemas de vigilancia electrónica se implementarán
iniciando con un plan piloto que se desarrollará hasta el 31 de diciembre de
2010 en los Distritos Judiciales de Antioquia, Armenia, Bogotá, Buga, Cali,
Cundinamarca, Manizales, Medellín, Pereira, Santa Rosa de Viterbo y Tunja.”
Artículo 1 del Decreto 4940 de 2009. “A partir de la vigencia del
presente decreto, los sistemas de vigilancia electrónica se implementarán en
todos los Distritos Judiciales del país, dentro de los límites de la respectiva
apropiación presupuestal.”
[18] En estas conclusiones la Corte considera que
no debe incluir al grupo de sindicados a quienes se les da la posibilidad de
estar por fuera del establecimiento penitenciario pese a ser sujetos de la
medida de detención preventiva, quienes - según se vio- también pueden ser
monitoreados mediante mecanismos de vigilancia electrónica. Y no se incluyen
–se insiste- porque la Sala pretende concentrar estas conclusiones en los
aspectos relativos a la exigencia de la multa, por lo que es claro que no
existe condena de multa en los casos de los sindicados con medida de detención
preventiva a quienes se les pretende monitorear mediante la vigilancia
electrónica, pues el proceso está en curso.
[19] C-194 de 2005
[20] C-390 de 2002
[21] {Cita de la sentencia C-194 de 2005} Bandeira de Mello,
Oswaldo A. Principios Gerais de Directo Administrativo, Vol II, Río 1974, P.
502
[22] C-194 de 2005
[23] Ibídem.
[24] Al respecto la sentencia C-194 de 2005: “Así lo reconoció, por ejemplo, en la
Sentencia C-628 de 1996, cuando declaró exequible el artículo 49 del Código
Penal de 1980 –Decreto Ley 100 de 1980- que consagraba la conversión de la
multa en arresto cuando el condenado se hubiere abstenido de pagarla. Tal como
se desprende de la cita que a continuación se transcribe, a juicio de la Corte,
el no pago de la multa no constituye incumplimiento de una obligación
contractual -o, se agregaría, de una obligación civil extracontractual-, por lo
que dicha circunstancia no se considera cobijada por la prohibición del
artículo 28 superior:
<Al respecto es preciso advertir que
cuando la Constitución prohíbe en el artículo 28 la detención, prisión o
arresto por deudas, se refiere concreta y particularmente a aquellas originadas
en relaciones de origen civil, sin que en estas medien situaciones o hechos
punibles. En el caso del precepto acusado, se reitera, la multa se impone -y se
convierte en arresto- no por el incumplimiento de obligaciones contractuales
que es lo que prohíbe la norma superior, sino en razón del resarcimiento por la
lesión que se haya inferido al orden social al no cumplirse con la pena
principal impuesta -la multa-.
Así mismo, el artículo 35 de la ley 599 de
2000 consagra la multa como pena principal, lo cual según ya se ha explicado a
lo largo de estas consideraciones no contraría la Constitución, pues se
encuentra dentro de la autonomía del legislador decidir la clase de sanción a
imponer y el monto de la misma, salvo obviamente, que se trate de penas
prohibidas por la Constitución. Adicionalmente, debe agregar la Corte que la
sustitución de penas privativas de la libertad por multas, en lugar de
infringir el ordenamiento supremo se adecua a él, pues es ésta una forma de
garantizar caros principios constitucionales como el de la libertad e inmunidad
personales (artículo 28 C.N.), así como de los derechos consagrados en el
artículo 29 superior. (Sentencia C-628 de 1996 M.P. Hernando Herrera
Vergara)>
Previamente, al revisar la exequibilidad
del artículo 68 del Decreto 2737 de 1989, que consagraba la conversión de la
multa en arresto en caso de incumplimiento de obligaciones paterno filiales, la
Corte había sentado su posición al respecto y había dicho que la finalidad de
dicha conversión era garantizar la efectiva imposición de la sanción por la conducta
punible, conducta que podría quedar impune si el Estado no pudiera hacer
efectivo el castigo contenido en la multa. Dijo a este respecto la Corte:
<27. La Constitución prohíbe el arresto
por deudas (CP art. 28). La sanción pecuniaria que se convierte en arresto no
tiene el carácter de deuda. La fuente de la sanción pecuniaria, convertible en
arresto, se vincula al poder punitivo y correctivo del Estado, que persigue no
el enriquecimiento del erario sino el control y regulación de las conductas de
acuerdo con ciertos valores y la preservación de intereses superiores que se
consideran merecedores de tutela. La naturaleza de la sanción pecuniaria, de
otra parte, es puramente represiva y, precisamente, esa finalidad es la que
asume el arresto cuando se muestra incapaz de servir ese cometido.
28. Si la pena pecuniaria no se cancela y la misma no se
muta en arresto, puede perder eficacia disuasiva la sanción. El juicio de
reprochabilidad de una específica conducta, corre el riesgo de tornarse en
pauta no obligatoria de conducta si a la conducta desviada y a la elusión de su
respectiva sanción no sigue consecuencia adversa alguna. No merece glosa
constitucional que el legislador busque asegurar, mediante el arresto
sustitutivo, la efectividad de su propio mandato sancionatorio> (negrillas y
subrayas fuera de texto). (Sentencia C-041 de 1994, MP. Dr. Eduardo Cifuentes
Muñoz)”
[25] CÓDIGO PENAL. Artículo 35. PENAS PRINCIPALES. Son penas principales la privativa de la
libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros
derechos que como tal se consagren en la parte especial.
[26] CÓDIGO PENAL. Artículo
39. LA MULTA. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas.
1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena
de prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará su monto, que nunca será
superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa, caso en
el cual el respectivo tipo penal sólo hará mención a ella.
[27] CODIGO PENAL: ARTICULO 39. LA MULTA. La pena
de multa se sujetará a las siguientes reglas.
1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la
pena de prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará su monto, que nunca
será superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad multa,
caso en el cual el respectivo tipo penal sólo hará mención a ella.
2. Unidad multa. La unidad multa será de:
1) Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1) salario mínimo
legal mensual. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades multa.
En el primer grado estarán ubicados quienes hayan percibido
ingresos promedio, en el último año, hasta diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
2) Segundo grado. Una unidad multa equivale a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades
multa.
En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido
ingresos promedio, en el último año, superiores a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y hasta cincuenta (50).
3) Tercer grado. Una unidad multa equivale a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades
multa.
En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido
ingresos promedio, en el último año, superiores a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
3. Determinación. La cuantía de la multa será fijada en forma
motivada por el Juez teniendo en cuenta el daño causado con la infracción, la
intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio
reportado por el mismo, la situación económica del condenado deducida de su
patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, y las demás
circunstancias que indiquen su posibilidad de pagar.
4. Acumulación. En caso de concurso de conductas punibles o
acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las
infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo fijado en
este Artículo para cada clase de multa.
5. Pago. La unidad multa deberá pagarse de manera íntegra e
inmediata una vez que la respectiva sentencia haya quedado en firme, a menos
que se acuda a alguno de los mecanismos sustitutivos que a continuación se
contemplan.
6. Amortización a plazos. Al imponer la multa, o posteriormente,
podrá el Juez, previa demostración por parte del penado de su incapacidad
material para sufragar la pena en un único e inmediato acto, señalar plazos
para el pago, o autorizarlo por cuotas dentro de un término no superior a dos
(2) años. La multa podrá fraccionarse en cuotas cuyo número no podrá exceder de
veinticuatro (24), con períodos de pago no inferiores a un mes.
7. Amortización mediante trabajo. Acreditada la imposibilidad de
pago podrá también el Juez autorizar, previa conformidad del penado, la
amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no remunerados en
asunto de inequívoca naturaleza e interés estatal o social.
Una unidad multa equivale a quince (15) días de trabajo.
Los trabajos le obligan a prestar su contribución no remunerada en
determinadas actividades de utilidad pública o social.
Estos trabajos no podrán imponerse sin el consentimiento del
penado y su ejecución se ceñirá a las siguientes condiciones:
1) Su duración diaria no podrá exceder de ocho (8) horas.
2) Se preservará en su ejecución la dignidad del penado.
3) Se podrán prestar a la Administración, a entidades públicas, o
asociaciones de interés social. Para facilitar su prestación la Administración
podrá establecer convenios con entidades que desarrollen objetivos de claro
interés social o comunitario. Se preferirá el trabajo a realizar en
establecimientos penitenciarios.
4) Su ejecución se desarrollará bajo el control del juez o
tribunal sentenciador, o del juez de ejecución de penas en su caso, despachos
que para el efecto podrán requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la
administración o a la entidad o asociación en que se presten los servicios.
5) Gozará de la protección dispensada a los sentenciados por la
legislación penitenciaria en materia de seguridad social.
6) Su prestación no se podrá supeditar al logro de intereses
económicos.
Las disposiciones de la Ley Penitenciaria se aplicarán
supletoriamente en lo no previsto en este Código.
En los eventos donde se admita la amortización de la multa por los
sistemas de plazos o trabajo, el condenado suscribirá acta de compromiso donde
se detallen las condiciones impuestas por el Juez.
[28] Para mayor ilustración, la Corte encontró al revisar el Libro II
del Código Penal Colombiano, que pocos tipos penales contemplan una pena de
multa como pena acompañante de la de prisión en un monto inferior a los cinco
(5) S.M.L.M.V.; estos son: maltrato mediante restricción a la libertad
física (art.230), malversación y dilapidación de bienes de familiares (art.
236), falsedad marcaria (art. 285), falsa denuncia (art.435), falsa
denuncia contra persona determinada (art. 436) y falsa autoacusación
(art. 437). Otros tipos penales contemplan como pena accesoria una multa de
cinco (5) salarios S.M.L.M.V. como mínimo, estos son: incapacidad  para
trabajar o enfermedad  derivada de lesiones personales (art. 112),  perturbación
de la posesión sobre inmueble  (art. 264) y daño en bien ajeno
(art.265). A su vez, se observa que el tipo de estafa (art.246)
establece multa de hasta diez (10) S.M.L.M.V. De un monto de diez (10) S.M.M.L.V.
como mínimo, se encuentran los tipos de alteración, desfiguración y
suplantación de marcas de ganado (art.243), deformidad derivada de
lesiones personales (art.113) y perturbación funcional derivada de
lesiones personales (art. 114). Con multas de veinte (20) o más SM.L.M.V., se
hallan los tipos de deformidad derivada de las lesiones personales en
presencia de algunos agravantes  (art.113),  perturbación funcional  derivada
de las lesiones personales en presencia de algunos agravantes (art.
114), la perturbación psíquica (art. 115), inasistencia alimentaria
contra menor (art. 233) y homicidio culposo (art.109), entre otros.
[29] CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 39 (…)
2. Unidad multa. La unidad multa será de:
1) Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1) salario mínimo
legal mensual. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades multa.
En el primer grado estarán ubicados quienes hayan percibido
ingresos promedio, en el último año, hasta diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
2) Segundo grado. Una unidad multa equivale a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades
multa.
En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido
ingresos promedio, en el último año, superiores a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y hasta cincuenta (50).
3) Tercer grado. Una unidad multa equivale a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades
multa.
En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido
ingresos promedio, en el último año, superiores a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
[30] {Cita del aparte transcrito} A saber,  las expresiones “su
concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas artículo 63
del Código Penal tal como quedó modificado por  el 4º de la Ley 890 de 2004;  “En
todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa” contenidas
en el artículo 64 del Código Penal  tal como quedó modificado por el artículo
5º de la Ley 890 de 2004; “si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago
es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional” contenidas
en el segundo inciso del artículo 471 de la Ley 906 de 2004; y  “Si se ha
impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para
poder otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de
ley” contenidas en el  segundo inciso del artículo 474 de la Ley 906 de 2004.
[31] En varios pronunciamientos esta Corporación ha resaltado que el
principio de igualdad  se estructura en tres dimensiones. Siguiendo lo
establecido en la C-673 de 2001, en la C-507 de 2004 se dijo: “[s]e
trata pues de tres dimensiones diferentes del principio de igualdad. La primera
de ellas es la igualdad ante la ley, en virtud la cual la ley debe ser aplicada
de la misma forma a todas las personas. Este derecho se desconoce cuando una
ley se aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al
resto de ellas. Esta dimensión del principio de igualdad garantiza que la ley
se aplique por igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas las
personas. Para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato.
(...) Ahora bien, ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato garantizan
que ésta proteja por igual a todas las personas. Una ley, que no imponga
diferen­cias en el trato y se aplique por igual a todos, puede sin embargo
proteger de forma diferente a las personas. (...) No basta con saber si el
derecho se aplicó de forma diferente en dos casos en los que se ha debido
aplicar igual o si el derecho en sí mismo establece diferencias no razonables,
se requiere determinar si la protección brindada por las leyes es igual para
quienes necesitan la misma protección.
[32] Constitución Nacional, “artículo
13: “Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley…”
[33] Ibíd. “Todas
las personas (…), recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de las mismos derechos y oportunidades…”. En la sentencia C-673 de
2001 esta Sala presentó la obligación de la igualdad de trato como en el
derecho comparado se ha desarrollado. En algunos casos se ha establecido como “el
principio de igualdad de trato”. En dicha sentencia se recordó que: “[e]n
efecto, en los Estados Unidos desde el año 1920 se menciona explícitamente el
test leve aplicable al examen de una medida legislativa para determinar si
vulnera el principio de igualdad de trato. (…) La Corte [Europea de
Derechos Humanos] adoptó esta metodología por considerar que debía seguir
los principios que pueden ser extraídos de la práctica jurídica de un amplio
número de estados democráticos según la cual el principio de igualdad de
trato es violado si la distinción carece de una justificación objetiva y
razonable…” (énfasis fuera de texto). De esta evolución de la obligación de
trato igual, como principio de igualdad de trato contenido en el
principio general de igualdad, ha hecho parte también esta Corte. Entre otras,
en la citada C-504 de 2004: “[en] la segunda dimensión, la igualdad
de trato (...) se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar
no regule de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas
igual, o lo contrario, que regule de forma igual la situación de perso­nas que
deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las
diferencias de trato que establece no son razonables”.
[34] Parte de la doctrina ha definido la
obligación de igualdad de trato contenida en el principio general de igualdad
como uno de los subprincipios de éste. Lo ha denominado principio de
igualdad en la ley en contraposición con el tradicional principio de
igualdad ante la ley. Pues la consideración doctrinaria general es que al
segundo (igualdad ante la ley) vino el primero (igualdad en la ley) en la
evolución del Estado Social de Derecho. “Con la crisis del Estado Liberal de
Derecho se produce una ruptura de la identificación entre igualdad y ley, y se
va a ampliar el juicio de igualdad de la aplicación a la misma creación de la
norma, esto es, a la razonabilidad de su contenido”. (Rey Martínez
Fernando. El Derecho Fundamental a no ser discriminado por razón de sexo.
Ed. McGraw-Hill. Madrid. 1995. Pág 44).
[35] Artículo 13.- (...) El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas a favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentre en circunstancias de
debilidad manifiesta (...). (Énfasis fuera de
texto)
[36] Rey Martínez Fernando. Op. Cit. Pág. 64.
[37] La Corte ha hecho manifiesta esta interpretación en numerosos
pronunciamientos. Por ejemplo la Sala ha establecido la necesidad de variar el
grado de intensidad del test de igualdad dependiendo de si la desigualdad
objeto de estudio de constitucionalidad se refiere a estos grupos discriminados
o marginados. Así, en sentencias como la C- 180 de 2005 que sigue lo estipulado
en la C-091 de 2003, se dijo: “[c]uando se
trata de medidas de promoción de los desfavorecidos la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que se deben aplicar escrutinios intermedios de
constitucionalidad. Se reconoce en consecuencia un margen relativamente
amplio de configuración por parte del legislador para implementar los
mecanismos que hagan efectiva la igualdad material en favor de los grupos
marginados”. (Énfasis fuera de texto). En otra
ocasión, en la C-426 de 1997, la Corte estableció que en la asignación de
bienes escasos en la sociedad colombiana a los ciudadanos, existía no sólo la
permisión sino también el deber de las autoridades de privilegiar a los menos
favorecidos, y ello se presentó como un criterio objetivo: “[p]or eso se ha
considerado que la exigencia que se deriva del principio de igualdad para estos
estados de cosas se restringe a que todas las personas interesadas tengan
iguales posibilidades de acceder al proceso de selección de los beneficiarios y
puedan tener la certeza de que la distribución de los bienes se hará acatando
los procedimientos establecidos. Estos criterios de
distribución no pueden ser generales, aplicables a todos los casos, sino que
han de ser determinados de acuerdo con las características propias de los
bienes o medios por repartir y de las necesidades o aspiraciones que éstos
satisfacen.”
[38] Lopera Mesa Gloria Patricia. “Principio de
Proporcionalidad y la Ley Penal”. Ed Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid 2006. Pág. 300, 301
[39] Ferrajoli Luigi. “Derecho y Razón”. Ed.
Trotta. Madrid 1995. Pág. 412
[40] Esta idea de análisis está contenida en:
Lopera Mesa Gloria Patricia. “Principio de Proporcionalidad… Ob. Cit Pág. 303
[41] C-194, C-665 y C-823 de 2005
[42] Artículo 11 del Decreto 177 de 2008.
[43] Artículo 1 del Decreto 3336 de 2008.
[44] Código Penal: “ARTICULO
41. EJECUCION COACTIVA. Cuando la pena de multa concurra con una privativa de
la libertad y el penado se sustrajere a su cancelación integral o a plazos, se
dará traslado del asunto a los Jueces de Ejecuciones Fiscales para efectos de
que desarrollen el procedimiento de ejecución coactiva de la multa. Igual
procedimiento se seguirá cuando en una misma sentencia se impongan las
diferentes modalidades de multa.”
[45] Esta fórmula fue utilizada por la Corte en
un análisis semejante, en sentencia C-823 de 2005, en cuyo numeral Octavo de la parte resolutiva se declaró EXEQUIBLE
la expresión “y de la reparación a la víctima” contenidas en el
primer  inciso del artículo 64 del Código Penal, en el entendido  que en
caso de demostrarse  ante el juez de ejecución de penas  -previa posibilidad de
contradicción por  la víctima y el   Ministerio Público- la insolvencia actual
del condenado, el no pago previo  de la reparación a la víctima no impedirá la
concesión  excepcional del subrogado de libertad condicional.
[46] Corte Constitucional, sentencia C-185 de 2011 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto; AV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[47] Al respecto dice la sentencia: “[…] sobre
la alternativa del pago a plazos habría que agregar que nada permite pensar que
un condenado que carezca de recursos para pagar el monto integral de la multa,
sí los tenga para pagar la misma en cuotas. Por el contrario, el hecho mismo de
la reclusión hace pensar que la verdadera alternativa no es diferir el pago en
cuotas, sino que el recluso acceda a alguna posibilidad laboral. Lo cual a su
vez parece ser en extremo complicado en el entretanto de su condición de
interno.” Corte Constitucional, sentencia C-185 de 2011.