SU686-15
Sentencia
SU686/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia
constitucional del requisito general de subsidiariedad para su procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA DECISION DE NO SELECCION
DE ACCION POPULAR O DE GRUPO-Procedencia/ACCION DE TUTELA CONTRA
DECISION QUE RESUELVA LA REVISION DE ACCION POPULAR O DE GRUPO-Procedencia
REVISION EVENTUAL DE ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO POR EL CONSEJO
DE ESTADO-Idoneidad y eficacia
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Criterios para
determinar su configuración
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que accionante ve vulnerados sus derechos al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto prueba fue
indebidamente aportada como prueba anticipada, carecía de rigor científico
mínimo y no pudo ser controvertida dentro de una acción de grupo
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial y no
probar perjuicio irremediable
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden a Consejo de Estado continuar con mecanismo de revisión
de sentencia referente a acción de grupo
Referencia: Expediente T-2972159
Asunto: Acción de tutela
interpuesta por la Empresa de Energía del Pacífico E.S.P. S.A. -EPSA- contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Buenaventura
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D.C., cinco
(5) de
noviembre de dos mil quince (2015).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria
Calle Correa, quien la preside, Myriam Ávila Roldán, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis
Ernesto Vargas Silva, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
trámite de la revisión de los fallos de tutela dictados por las Secciones
Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, que resolvieron en primera y segunda
instancia, respectivamente, la acción de tutela promovida por la
Empresa de Energía del Pacífico -EPSA-.
I.
ANTECEDENTES
A. Hechos que
motivaron la acción de tutela
La
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (en lo sucesivo “EPSA S.A. E.S.P.”),
presentó acción de tutela[1]
en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buenaventura, al considerar que sus derechos
fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia fueron vulnerados por dichos
despachos,
debido a que la prueba con base en la cual se adoptó una decisión de fondo no
sólo fue indebidamente aportada como prueba anticipada, sino que carecía del
rigor científico mínimo y no pudo ser controvertida. La parte demandante
sustentó su solicitud de amparo con base en los siguientes hechos:
1.
La
Central  Hidroeléctrica del Río Anchicayá fue construida entre 1950 y 1955
por la sociedad de capital estatal “Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá
Ltda.”. Esta sociedad modificó con el tiempo su razón social por la de
CHIDRAL S.A. E.S.P. y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (en
adelante “CVC”), se convirtió en accionista de la misma. Con posterioridad,
a partir de la expedición del Decreto Ley 1275 de 1994, por el cual se
reorganizó la CVC, se creó EPSA S.A. E.S.P. y, se ordenó a la CVC transferir la
totalidad del componente eléctrico a EPSA S.A. E.S.P., con todos sus
activos y pasivos, entre ellos las acciones que poseía dicha Corporación en CHIDRAL
S.A. E.S.P., la cual fue absorbida más adelante por EPSA S.A. E.S.P.[2]
2.
Entre el
24 de julio y el 26 de agosto de 2001, se realizaron trabajos de mantenimiento
en la presa de la central hidroeléctrica del bajo Anchicayá para asegurar el
correcto funcionamiento de la planta y la generación de energía destinada al servicio
público de  toda la región. Al iniciar las labores de mantenimiento, el
nivel del embalse descendió, lo que ocasionó la salida de considerables
volúmenes de agua y sedimentos que, a juicio de los demandantes en la acción de
grupo, terminaron afectando a los habitantes de las comunidades aledañas al Río
Anchicayá.[3]
3.
El
23 de mayo de 2002, el señor Germán Ospina, actuando como apoderado judicial de
los habitantes de la ribera del Río Anchicayá, solicitó la práctica de pruebas
anticipadas para que fuera incorporadas con posterioridad en una acción popular.[4]
Dicha solicitud le correspondió tramitarla al Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Buenaventura. En particular, el señor Ospina pidió lo
siguiente:
“Solicito
dictámenes pericial (sic) a unas entidades públicas cuyo objeto está referido
al presente tema y de las cuales solicito los correspondientes dictámenes. Las
entidades son:
Al
Gobernador del Valle del Cauca para que designe el funcionario o funcionarios
de la Secretaría de Agricultura y Pesca encargados de realizar, dictamen
pericial que permita establecer un diagnostico (sic) del estado general de los
cultivos de la zona luego del desastre.
(…)
Si
el Juez lo considera conveniente le solicito respetuosamente se sirva solicitar
al Alcalde de Buenaventura que designe funcionario o funcionarios de la
secretaría de Desarrollo Económico y rural y las demás secretarias (sic)
correspondientes para que realicen, en apoyo a los funcionarios de las
secretarias (sic) departamentales el dictamen solicitado en el punto anterior.
(…)
ICA,
para que realice un dictamen pericial, que incluya un estudio de suelos, con el
fin de determinar, el impacto inmediato y el impacto futuro ocasionado a los
cultivos de la zona, y determinar mediante estudios de laboratorio que permitan
establecer que (sic) sustancias nocivas contiene el lodo arrojado, como grasas,
aceites, ácido sulfhídrico etc, la forma como estas afectan los cultivos en su
normal desarrollo estableciendo cuanto tiempo tardaran (sic) los cultivos en
reponerse desde el 23 de julio de 2001.
(…)
El
INCORA, para que rinda dictamen pericial en el cual establezca la localización
del Consejo Mayor Comunitario incluidas todas sus veredas, el Consejo
Comunitario Brazito-Amazonas, Taparal-Humane y los (sic) demás personas que han
aportado títulos individuales, aportando la correcta ubicación de los terrenos,
su correspondiente titulación sea colectiva o individual que permita determinar
a quién pertenecen los terrenos afectados, con las descripciones topográficas adecuadas
para tal efecto.
(…)
Instituto
de Investigaciones Biológicas “Alexander von Humboldt”, para que mediante
dictamen pericial informe lo referente al inventario científico de la
Biodiversidad de la cuenca del río Anchicayá-municipio de Buenaventura, así
como la normatividad internacional que protege esta zona y los demás factores
de su competencia que contribuyan a valorar los perjuicios individuales de cada
habitante de la zona incluido lucro cesante, daño emergente y perjuicios
morales y los derechos ambientales colectivos vulnerados, con ocasión de la
catástrofe del río Anchicayá.
(…)
IDEAM,
a fin de que mediante dictamen pericial informe sobre Hidrología (sic), suelos,
recursos biofísicos y demás competencias  establecidas en los artículos 17 y
siguientes de la Ley 99 de 1993, que permitan efectuar el seguimiento de los
recursos biofísicos de la cuenca del río Anchicayá, en los referente a
contaminación y degradación con el fin de contribuir a cuantificar los
perjuicios individuales de cada habitante de la zona incluido lucro cesante,
daño emergente y perjuicios morales y los derechos ambientales colectivos
vulnerados relacionados con el medio ambiente, a la luz de la ley 472/98.
Instituto
de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”. Para que rinda
dictamen sobre el biopacífico colombiano pero solamente determinado en la zona
del desastre, es decir un dictamen que contribuya a valorar los perjuicios
materiales individuales sufridos por cada habitante de la zona afectada (…)
Rector
de la Universidad del Valle para que aporte los informes por ellos realizados
por esta institución (sic) a las aguas del Río Anchicayá antes y después del
desastre.
Ministerio
de Ambiente para que rinda un dictamen en el cual se valore el perjuicio
ocasionado por la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes
de la ribera del Río Anchicayá (…)
INPA,
para que el director designe funcionario (os) que mediante dictamen pericial
determine cuantas personas tienen licencia para pesca en el río Anchicayá,
capacidad de pesca de estas personas, valor comercial del producto (…)
Solicito
igualmente se oficie a los organismos de control a nivel nacional ya que cursa
una investigación a nivel del ministerio de ambiente, a fin de informarlos de
esta solicitud para que procedan según su competencia, bien sea coadyuvando la
presente acción o aportando elementos por ellos recaudados que contribuyan a
valorar los perjuicios sufridos.”
4.
En
ejercicio de la acción de grupo instaurada el 1º de  octubre de 2002, se
demandó a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. –en adelante EPSA-, a
la CVC y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el
fin de obtener el pago de perjuicios derivados de la descarga de sedimentos por
parte de EPSA al Río Anchicayá[5].
Por reparto le correspondió al Despacho de la Magistrada Luz Elena Sierra
Valencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
5.
Con
posterioridad a la presentación de la acción de grupo en el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca pero antes de su admisión, mediante Auto
Interlocutorio No. 529 del 12 de julio de 2002, para dar trámite a la solicitud
de práctica de pruebas anticipadas elevada por el apoderado de la comunidad, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura ordenó librar oficios al
Gobernador del Valle del Cauca, al Alcalde de Buenaventura, al ICA, al INCORA, al
Instituto de Investigaciones Biológicas “Alexander von Humboldt”, al IDEAM, al Instituto
de Investigaciones Ambientales del Pacífico “John Von Neumann”, a la
Universidad del Valle, al Ministerio de Ambiente, al INPA, a la Defensoría del
Pueblo, a la Contraloría General
de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para impulsar la
solicitud de prueba anticipada presentada por el apoderado judicial de los
habitantes de la ribera del Río Anchicayá.
6.
Mediante
Auto del 19 de noviembre de 2002, el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca admitió la acción de grupo presentada por el
apoderado judicial de los habitantes de la ribera del Río Anchicayá.[6]
7.
El
3 de abril de 2003, mediante oficio dirigido al Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Buenaventura, suscrito por el señor Manuel Antonio Soto, la
Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca aportó
un documento denominado “Dictamen pericial sobre el estado de los cultivos
establecidos en la parte baja del Río Anchicayá, consejos comunitarios de
Taparal, Humane, Calle Larga y Bracitos-Amazonas, municipio de Buenaventura”.
En dicho documento se plasmaron los resultados de una serie de visitas realizadas
por funcionarios de dicha Secretaría el 6 y 7 de marzo de 2003 a las
localidades de Taparal, Humane, Calle Larga y Bracitos-Amazonas, con el fin de
determinar los perjuicios causados a los agricultores de la zona como
consecuencia de los sedimentos provenientes de la presa de la central
hidroeléctrica del bajo Anchicayá.[7]
8.
Por
medio de memorial radicado el 23 de abril de 2003 en el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Buenaventura, EPSA, actuando mediante apoderado judicial, manifestó
su inconformidad con el escrito radicado por la Secretaría de Agricultura y
Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, en cuanto a la naturaleza de la
prueba y contenido de la misma, en los siguientes términos:
“…manifiesto
que esta pieza procesal anticipada no constituye ningún dictamen pericial al
tenor de los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues
se trata aquí simplemente de un informe general, subjetivo y sin sustento
científico ni técnico alguno elaborado por un ingeniero agrónomo con cargo de
Profesional Universitario de la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del
Cauca, y que dicho informe no reúne los requisitos que exige la ley procesal
para que tenga la naturaleza jurídica de Dictamen Pericial. Por esta razón me
abstengo de entrar a la contradicción de este informe según lo previsto en el
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil para los dictámenes periciales.
En
cuanto al contenido de dicho informe, el documento comienza por anunciar, como
se dijo en el punto anterior, que se “realizó un recorrido por el río haciendo
observaciones generales de los cultivos ubicados en las riveras del Anchicayá”
y entra a hacer una descripción genérica de algunas especies agrícolas tras una
supuesta visita a “localidades y fincas al azar”, descripción que menciona el
estado visual de las plantas y concluye sin sustento científico ni técnico
alguno respecto de la reducción del porcentaje de producción de tales especies.
(…)
Por
lo tanto, las informaciones consignadas en el referido documento tienen un
carácter de meras apreciaciones subjetivas y no cuentan con ningún valor
probatorio en el proceso de Acción de Grupo que se adelanta en el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca instaurado por el apoderado
Germán M. Ospina en contra de EPSA E.S.P., por lo cual también me abstengo de
formular cualquier comentario al respecto”[8]
9.
A
través del Auto No. 1001 de noviembre 28 de 2003, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Buenaventura decidió dar por terminado el trámite de las pruebas
anticipadas solicitadas por el apoderado judicial de los habitantes de la
ribera del Río Anchicayá. El Juzgado adujo que no era procedente continuar con
el trámite de dichas pruebas debido a que en forma paralela cursaba una acción
de grupo en donde se pretendía hacer valer dichas pruebas.[9]
10.
En
memorial radicado el 3 de diciembre de 2003, el apoderado judicial de los
habitantes de la ribera del Río Anchicayá, interpuso recurso de reposición y en
subsidio el de apelación contra el Auto No. 1001 de noviembre 28 de 2003. El
motivo de su inconformidad fue que las pruebas que se estaban tramitando como
anticipadas no iban a ser utilizadas en el proceso de la acción de grupo, sino
en una acción popular que aún no se había presentado.[10]
11.
Mediante
Auto No. 10 del 15 de enero de 2004, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Buenaventura decidió revocar el punto primero del Auto No. 1001 de noviembre 28
de 2001, por el cual se decidió dar por terminado el trámite de las pruebas
anticipadas, en atención a que las mismas no iban a ser utilizadas en el
trámite de la acción de grupo, sino en una acción popular.[11]
12.
El
24 de agosto de 2004, la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación
del Valle del Cauca aportó un informe complementario a aquel que fue radicado
el 3 de abril de 2003 que contiene los resultados de las encuestas realizadas
predio por predio en la zona afectada, así como de las distintas reuniones
sostenidas con cada una de las comunidades de la ribera del Río Anchicayá.[12]
13.
En
escrito de fecha 16 de septiembre de 2004, el apoderado judicial de EPSA
manifestó su inconformidad con el informe complementario presentado por la
Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca el 24
agosto de 2004. Afirma el apoderado de EPSA que este informe no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 233 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, toda vez que (i) no fue practicado en asocio de peritos legalmente
nombrados y debidamente posesionados; (ii) su práctica debió realizarse con
citación judicial a la parte demandada; (iii) No hay precisión alguna respecto
de las fechas en que se hayan efectuado las encuestas, ni de los nombres de los
encuestadores, ni de los formatos de encuesta, nombres, identificaciones, y
firmas de pescadores y agricultores, ni de los cálculos globales de la
disminución sufrida por los agricultores en sus cosechas y de los pescadores en
sus volúmenes de pesca, ni de prueba concreta que sirviera para calcular el
monto de la indemnización para antes y después de julio de 2001.[13]
14.
Mediante
Auto Interlocutorio del 29 de octubre de 2004 proferido por el Tribunal
Superior del Valle del Cauca, se negó la solicitud de parte demandante,
consistente en oficiar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
para que enviara con destino al proceso de la acción de grupo No. 2002-4584,
las pruebas anticipadas que éste había practicado, toda vez que fueron
solicitadas con posterioridad a la celebración de la audiencia de conciliación
prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior,
el Tribunal consideró que las pruebas habían sido solicitadas de forma
extemporánea.
15.
El
17 de noviembre de 2004, la parte actora interpuso recurso de apelación contra
la mencionada providencia, aduciendo que las pruebas solicitadas con
posterioridad a la celebración de la audiencia de conciliación prevista en el
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil no pueden ser consideradas como
solicitudes extemporáneas, en atención a que dicha norma sí es aplicable al
trámite de la acción de grupo por la remisión expresa que hace el artículo 5 de
la Ley 472 de 1998, la cual prevé una oportunidad para modificar o adicionar la
solicitud inicial de pruebas.
16.
La
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Auto del 9 de junio de 2005, confirmó
parcialmente la decisión de Tribunal del Valle de Cauca, y ordenó la práctica de
las siguientes pruebas:
“(…)
TERCERO.- MODIFICASE el numeral 2 de la providencia del 29 de octubre de 2004,
el cual quedará así:
1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 243 del C.P.C. aplicable al caso
concreto en virtud de la remisión efectuada por el artículo 68 de la Ley 472 de
1998, OFICIESE a la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca y a
la UMATA de Buenaventura para que establezcan el perjuicio agrícola y pesquero
sufrido por cada uno de los habitantes de la región, como consecuencia de los
vertimientos de sedimentos efectuados por EPSA  en el Río Anchicayá en julio de
2001.
Con
el objeto de rendir el informe solicitado, el Secretario de Agricultura y Pesca
del Valle del Cauca y el Director de la UMATA de Buenaventura deberán designar
un funcionario especializado en el objeto del mismo.
La
Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca y la UMATA de
Buenaventura cuentan con un término de diez días para rendir el informe
solicitado.
2.
De conformidad con lo previsto en el artículo 243 del C.P.C. aplicable al caso concreto
en virtud de la remisión efectuada por el artículo 68 de la Ley 472 de 1998,
OFICIESE al ICA,  Regional Valle del Cauca para que realice un estudio de
suelos, que permita establecer el impacto inmediato y futuro, ocasionado en el
Río Anchicayá por los vertimientos de sedimentos efectuados por EPSA en julio
de 2001.
Con
el objeto de rendir el informe solicitado, el Director del ICA,  Regional Valle
del Cauca la UMATA de Buenaventura deberá designar un funcionario especializado
en el objeto del mismo.
El
ICA cuenta con un término de diez días para rendir el informe solicitado.
3.
OFICIESE al INCORA para que certifique el estado actual de proceso de
titulación en el Danubio y Bellavista y para que aporte copia del censo
poblacional efectuado en esos corregimientos.
4.
OFICIESE al INCORA para que remita los estudios que realizó para sustentar la
adjudicación de terrenos baldíos a los Consejos Comunitarios de la rivera del
Río Anchicayá, específicamente en lo que tiene que ver con sus condiciones de vida
y su dependencia del río.
CUARTO.-
De conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia,
CONFIRMASE en lo demás el numeral 2 del auto del 29 de octubre de 2004.
QUINTO.-
MOFICASE (sic) el numeral 8 del auto del 29 de octubre de 2004, en el cual se
negó el decreto de la prueba pericial solicitada a folio 233 de la demanda, el
cual quedará así:
1.
DECRETASE un dictamen pericial para establecer los perjuicios morales y
materiales sufridos por los demandantes como consecuencia de los vertimientos
de sedimentos efectuados por EPSA en el Río Anchicayá en julio de 2001. El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca deberá designar de la lista de
auxiliares de justicia un perito para que rinda el peritazgo, dentro del
término que para el efecto le fije esa Corporación Judicial.
2.
CONFIRMASE en lo demás el numeral 8 del auto del 29 de octubre de 2004.
SEXTO.-
De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia,
MODIFICASE el numeral 9 de la providencia del 29 de octubre de 2004, en el cual
se negó el decreto de la inspección judicial solicitada a folio 501 del
cuaderno principal, el cual quedará así:
1.
OFICIESE a la Universidad del Valle para que allegue al expediente copia
autentica de todos los informes y conceptos técnicos que rindió con ocasión del
vertimiento de sedimentos efectuado por EPSA en julio de 2001.
2.
OFICIESE a la Universidad Nacional, Sede Palmira, para que allegue al
expediente copia autentica de todos los informes y conceptos técnicos que
rindió con ocasión del vertimiento de sedimentos efectuado por EPSA en julio de
2001.
3.
OFICIESE a la C.V.C. para que allegue al expediente copia autentica de todos
los informes y conceptos técnicos que rindió con ocasión del vertimiento de
sedimentos efectuado por EPSA en julio de 2001.
4.
OFICIESE a la Empresa de Energía del Pacífico, para que allegue al expediente
copia autentica de todos los documentos relacionados con el vertimiento de
sedimentos al Río Anchicayá, incluyendo la concesión de aguas, el Plan de
Manejo Ambiental y los permisos pertinentes.”
17.
En
cumplimiento de la orden impartida por el Consejo de Estado, el Juzgado 1º
Administrativo del Circuito de Buenaventura, mediante Auto del 22 de octubre de
2007 designó como perito a la señora Rita Isabel Góngora Rosero, quien se apoyó
en el señor Vinicio Góngora Fuenmayor, administrador ambiental, para la
preparación del dictamen.
El
dictamen pericial fue entregado el 29 de julio de 2008 y luego ampliado
mediante escrito del 4 de septiembre de ese mismo año. Como resultado del
dictamen preparado, se estableció que los perjuicios materiales identificados
por la perito ascendieron la suma de ciento ochenta mil millones ochocientos
ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y nueve mil cinco pesos
($180,884,149,005), desagregados de la siguiente manera:
COMPONENTE
VALOR TOTAL
Lucro cesante productos agrícolas
13,457,139,093
Daño emergente productos agrícolas
20,464,034,000
Disminución en especies dulceacuícolas
25,399,739,293
Disminución en especies marinas
120,907,687,164
Disminución en macroinvertebrados
655,549,455
Valor total de los daños
180,884,149,005
Fuente: Dictamen pericial rendido por Rita Isabel
Góngora Rosero y Vinicio Góngora Fuenmayor.[14]
18.
A
pesar de que el Consejo de Estado confirmó la decisión por medio de la cual se
negó la solicitud elevada por la parte demandante de oficiar al Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Buenaventura para que enviara con destino al proceso de
la acción de grupo No. 2002-4584, las pruebas anticipadas que éste había
practicado, por medio de Oficio No. 979 del 25 de octubre de 2007, el Juzgado
1º Administrativo del Circuito de Buenaventura[15], ofició al Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Buenaventura para que remitiera dichas pruebas
con el fin de que fueran incluidas en el expediente, toda vez que estas
servirían como base probatoria para dicho proceso, en atención a que se trataba
de informes periciales y conceptos técnicos proferidos por entidades oficiales
que permitirían valorar los perjuicios económicos y morales sufridos por los
accionantes.[16]
Dichas pruebas fueron remitidas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Buenaventura el 21 de noviembre de 2007.[17]
19.
El
28 de enero de 2008, se celebró una audiencia ante el Juzgado 17 Administrativo
del Circuito de Cali solicitada por EPSA, con el fin de tomar la declaración
del Ingeniero Manuel Antonio Soto sobre el contenido del dictamen practicado
para determinar los perjuicios causados a los agricultores de la zona baja del
río Anchicayá.
20.
Por
medio de memorial del 22 de septiembre de 2008, EPSA objetó por error grave tanto
el nombramiento de la perito, como el dictamen en su contenido. La parte pasiva
fundamentó su reparo en la falta de experticia requerida de la perito designada,
al tenor de lo establecido en el artículo 237, numerales 2 y 6 del Código de
Procedimiento Civil. Lo anterior por cuanto en el dictamen presentado se afirmó
que era muy difícil comprobar los perjuicios causados hace 7 años y por ende,
dichos perjuicios fueron valorados a partir de los estudios e informes
preparados por el Ingeniero Manuel Antonio Soto, en la cuenca baja; los que
fueron propuestos individualmente los demandantes, en la cuenca media y, los
que se obtuvieron como resultado de los testimonios obtenidos durante las 3 visitas
realizadas al río, en la cuenca alta. Por los motivos antes señalados, EPSA
consideró que se desplazaron las funciones propias de la perito a los
interesados en el proceso.
Así
mismo, EPSA sostiene que el método empleado para realizar el dictamen no es
claro, ni tampoco es preciso, y por ello no es un medio probatorio que permita
al juez, tomar una decisión en la que los perjuicios se ajusten al daño
ocurrido y a las condiciones socio económicas reales de las comunidades que
habitan en el río Anchicayá.[18]
21.
Con
posterioridad, en los alegatos de conclusión presentados por EPSA el 18 de
febrero de 2009, se solicitó que se declarara la nulidad de los dictámenes
periciales preparados por el Ingeniero Manuel Antonio Soto, aportados al
proceso como pruebas anticipadas. La parte demandada sustentó su solicitud en
los siguientes argumentos: (i) El trámite de la prueba anticipada fue conducido
por un juez civil, mientras que la acción de grupo se tramitó íntegramente en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cual es motivo de nulidad,
en virtud de lo establecido en el numeral 1º del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil[19];
(ii) La prueba anticipada fue llevada al proceso de la acción de grupo
contraviniendo lo ordenado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Buenaventura mediante Auto del 15 de enero de 2004 que dispuso que la prueba
sólo sería utilizada en una acción popular, conforme lo manifestado por el
apoderada de la parte demandada en memorial radicado el 3 de diciembre de 2001.
22.
Mediante
sentencia del 20 de mayo de 2009, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Buenaventura accedió parcialmente a las pretensiones de la acción
de grupo, y dispuso lo siguiente:
“QUINTO:
Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Empresa de Energía
del Pacífico S.A. E.S.P, por los perjuicios  ocasionados al grupo
accionante, generados por el vertimiento de sedimentos en la cuenca del río
Anchicayá, durante los días comprendidos entre el 23 de julio y 24 de agosto de
2001, en una proporción  del 80% de las indemnizaciones.
SEXTO:
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca  C.V.C. debe
responder con la indemnización de perjuicios ocasionados a los afectados en
proporción de un 20% sobre  el valor total de las indemnizaciones.
SÉPTIMO:
Condenar a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C a pagar en la proporción
señalada, por concepto de perjuicios materiales a favor de los accionantes, una
indemnización  colectiva que asciende a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO
PESOS ($169.054.678.044) PESOS M/CTE…
OCTAVO:
El representante legal principal de la Empresa de Energía  del Pacífico
S.A. E.S.P presentará públicamente excusas a la comunidad afectada, por los
hechos acaecidos entre el 23 de julio y el 24 de agosto de 2001 en el Río
Anchicayá, relacionados con el vertimiento de sedimentos en la cuenca del
citado río.
DÉCIMO:
Negar las demás pretensiones de la demanda.”
23.
Al
pronunciarse sobre la objeción por error grave del dictamen pericial preparado por
Rita Isabel Góngora Rosero en la sentencia de primera instancia, el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura sostuvo lo
siguiente:
“(…)
se encuentra que la objeción (por error grave) formulada no muestra existencia
del mismo en el dictamen rendido por los peritos, por cuanto la materia sobre
la cual este versó corresponde al objeto del proceso, no es cierto que el
dictamen verse sobre  la apreciación individual de los afectados, sino que fue
el producto de un recorrido sobre el terreno y con análisis y comparación de lo
obtenido por la comunidad a nivel agrícola como pisícola (sic), con
anterioridad a los hechos y con posterioridad a los mismos, por lo que sus
conceptos y conclusiones no son falsos ni erróneos, por el contrario se
encuentran soportados en pruebas obrantes en el expedientes practicadas por
diferentes entidades, de los testimonios rendidos por funcionarios de la misma
entidad accionada e incluso información aportada por la misma empresa y la
aclaración y adición del dictamen, por lo que este cumple con los requisitos
establecidos 237 del Código de Procedimiento Civil. Situación diferente es que
la objetante no comparta las conclusiones a las que se llega en dicho dictamen,
al parecer por encontrarlas desfavorables a su causa, lo que claramente impide
encontrar fundada dicha objeción.”[20]
24.
En
relación con la solicitud de nulidad procesal de la prueba anticipada
practicada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, el Juzgado
tampoco consideró que fuera procedente. Lo anterior por cuanto la solicitud de
la prueba anticipada fue presentada el 26 de junio de 2002, mientras que la
acción de grupo se instauró el 1º de octubre de 2002. En adición a lo anterior,
el Tribunal también sostuvo que si bien se solicitó la prueba anticipada para
hacerla valer en el trámite de una acción popular, ello no es motivo para
declarar su nulidad, toda vez que las acciones populares y las de grupo se
encuentran reguladas por un mismo cuerpo normativo, estos es, la Ley 472 de
1998.
25.
En
segunda instancia, mediante providencia del 7 de septiembre de 2009, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó parcialmente el fallo de
primera instancia y modificó el numeral séptimo de la sentencia de 20 de mayo
de 2009, así:
“SEPTIMO.-CONDENAR
a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca C.V.C., a pagar en la proporción  señalada, por
concepto de perjuicios materiales a favor de las personas que integran el grupo
afectado, una indemnización colectiva que asciende a la suma de  CIENTO SESENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($166.945.944.823) suma que se pagará en
la forma y términos señalados en la parte motiva de esta providencia.
El
monto de la indemnización colectiva será entregado al Fondo para la Defensa de
los derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia. Será administrado por el Defensor del
Pueblo, quien también estará a cargo de pagar las indemnizaciones individuales
de los grupos presentes  y ausentes del proceso. ‘Todas las solicitudes
presentadas  oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante
acto administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización,
previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar
que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena.”
26.
El
Tribunal consideró que la prueba anticipada allegada al proceso en primera
instancia fue aportada de manera ilegal, ya que se solicitó aun cuando el
Consejo de Estado había confirmado la decisión mediante la cual se había negado
el decreto de dicha prueba, así:
“Es
de anotar que si bien la prueba se allegó al expediente, esto fue por error del
Secretario del Juzgado Administrativo del Circuito de Buenaventura, quien
actuando contra de la decisión tomada tanto por el Tribunal como por el H.
Consejo de Estado de negar el decreto de la prueba anticipada, libró el oficio
No. 0979 del 25 de octubre de 2007 solicitando la misma.
Se
observa entonces que la prueba anticipada no puede ser tenida en cuenta como
fundamento del fallo ya que fue aportada ilegalmente al proceso, pues la misma
no fue decretada y de conformidad con el artículo 174 del C.P.C. “Toda decisión
judicial debe fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso.” En el presente caso la prueba no fue allegada al proceso de manera
regular, pues faltó uno de los pasos para que la misma se pudiera tener en
cuenta, como lo es su decreto.”[21]
No
obstante lo anterior, aun cuando el Tribunal consideró que la prueba anticipada
fue aportada de forma irregular al proceso, ese Despacho sostuvo que no procede
el argumento planteado por la parte demandada, según el cual el dictamen
pericial preparado por Rita Isabel Góngora Rosero, se realizó con fundamento en
una prueba ilegalmente aportada al proceso. Lo anterior por cuanto el Consejo
de Estado, mediante Auto del 9 de junio de 2005, decretó dichas pruebas y
solicitó a la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del
Cauca y a la UMATA de Buenaventura remitir los documentos relacionados con los
perjuicios agrícolas y pesqueros sufridos por los habitantes de la región, para
que fueran tenidos en cuenta dentro del proceso como informes técnicos o
científicos, de conformidad con lo previsto por el artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil[22].
27.   Respecto de la
tasación de los perjuicios, el juez de segunda instancia realizó un análisis
que arrojó como resultado la disminución del monto de los perjuicios, y por
ende la modificación del fallo de primera instancia como se señaló con
anterioridad en la transcripción de la parte resolutiva de la sentencia del 7 de septiembre
de 2009. Los principales argumentos para disminuir el monto de los perjuicios
fueron los siguientes:
En cuanto al daño causado a las especies
dulceacuícolas, el Tribunal consideró que el juez de primera instancia incurrió
en un error aritmético, toda vez que la valoración de estos daños, de
conformidad con el dictamen pericial preparado por Rita Isabel
Góngora Rosero y Vinicio Góngora Fuenmayor, no era de $25,399,739,293
sino de $11,390,780,004.
En relación con la indemnización por
daño en el recurso agrícola, el juez de segunda sostuvo que, en la
determinación del monto total de la indemnización colectiva, se incluyeron
comunidades conformadas por miembros cuyos perjuicios no fueron
individualizados ni cuantificados en el dictamen. Por lo anterior, al excluir
los valores de los miembros cuyos perjuicios no fueron individualizados ni
cuantificados, el Tribunal consideró que el monto total de la indemnización
colectiva no era de $180,884,149,005 sino de $166,945,944,823.
28.   La parte
demandada en la acción de grupo, presentó una solicitud de nulidad del fallo de
segunda instancia por: (i) no haber corrido traslado para alegar; (ii) no
haberse resuelto ni tramitado la solicitud de nulidad presentada por pruebas
ilegalmente allegadas al proceso en primera instancia; (iii) no haber corrido
traslado de las pruebas practicadas en segunda instancia y, (iv) ordenar el
pago de una indemnización ya pagada, solicitudes que fueron negadas y en
las que no se concedió el recurso de apelación.
29.   Por medio de
auto interlocutorio No. 400, proferido el 6 de noviembre de 2009, el Tribunal
Contencioso del Valle del Cauca resolvió negar la solicitud de nulidad
presentada por la parte demandada, por los siguientes motivos:
El artículo 67 de la Ley 472 de 1998 no
contempla la posibilidad de correr traslado para presentar alegatos de
conclusión en segunda instancia;
La solicitud de nulidad presentada por
pruebas ilegalmente allegadas al proceso en primera instancia sí fue resuelta
por el juez de primera instancia por lo que no se puede alegar que no hubo
ningún pronunciamiento al respecto;
El artículo 67 de la Ley 472 de 1998 no
contempla la posibilidad de correr traslado de pruebas decretadas en segunda
instancia y, en adición, a las partes nunca les fue negada la posibilidad de
conocer de dichas pruebas, pues el expediente siempre estuvo a su disposición;
El argumento según el cual se ordenó el
pago de una indemnización ya pagada es una inconformidad relacionada con el
fondo de la decisión, motivo por el cual la solicitud de nulidad por esta causa
no está llamada a prosperar, toda vez que las nulidades buscan sanear errores
en el procedimiento y no se puede pretender que a través de ella se resuelvan
materias que corresponden al fondo del asunto.
30.
El
2 de febrero de 2010, el apoderado especial de EPSA elevó una solicitud de
revisión del fallo impartido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
ante el Consejo de Estado. Dicha solicitud fue admitida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y, por Auto del 28 de mayo de 2012, se decidió
seleccionar para revisión el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca del 7 de septiembre de 2009, dentro del proceso de acción de
grupo.
B. Fundamentos de
la solicitud de tutela
Como se
indicó al principio de esta providencia, EPSA solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por los jueces de instancia debido a que la
prueba con base en la cual se adoptó una decisión de fondo no sólo fue
indebidamente aportada como prueba anticipada, sino que carecía del rigor
científico mínimo y no pudo ser controvertida. Su solicitud se fundamenta en los
siguientes argumentos:
En el
trámite de la acción de grupo la tasación de los perjuicios materiales se
determinó a través de un dictamen pericial que se basó en una prueba que fue
aportada al proceso contraviniendo las normas procesales que regulan el trámite
de las pruebas anticipadas y su posterior incorporación al proceso en el que se
pretenden hacer valer. Lo anterior encuentra sustento en las siguientes
razones:
1.
A
juicio de la empresa accionante, existe una vía de hecho en materia probatoria,
toda vez que la acción de grupo fue radicada el 1º de octubre de 2002 y, pese a
ello, el demandante en sede de acción de grupo solicitó el decreto del informe
presentado por la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, del 3 de abril de
2003, y ampliado mediante un informe complementario radicado el 24 de
agosto de 2004, que había sido aportado al Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Buenaventura, en el marco del trámite de pruebas anticipadas iniciado por el
apoderado de la parte demandante.
Según la
empresa accionada, el requisito sine qua non para que una prueba pueda ser
considerada como anticipada es que ella se produzca con anterioridad al inicio
del proceso judicial en el que se pretenda hacer valer, y no de forma paralela
al trámite de éste y en procesos separados. En el caso bajo análisis, fue ésta
la razón por la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
decidió dar por terminado el trámite de esa prueba mediante auto del 28 de
noviembre de 2003. Sin embargo, el demandante solicitó que se continuara con el
recaudo de dicha prueba, bajo el argumento que la misma no iba a ser
aportada al proceso de la acción de grupo que se estaba tramitando, sino al
trámite de una acción popular que aún no se había instaurado. Por lo anterior,
el trámite de la prueba anticipada continuó con la salvedad hecha por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura de que ella sólo
podría usarse en futuros procesos.
2.
A
juicio del actor, en las sentencias de primera y segunda instancia se
desconoció el inciso 3º del artículo 183 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable por remisión expresa de la Ley 472 de 1998, que establece que las
pruebas anticipadas que se pretendan hacer valer en un proceso deben ser
aportadas con la demanda o con la contestación de la demanda y su admisión debe
ser valorada por el juez cuando decida sobre las pruebas que las partes
soliciten en el proceso. Según la parte demandada, aun cuando el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca indicó que el dictamen rendido
por la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca de 1 de abril de
2003 y 24 de agosto de 2004 no podía ser tenido en cuenta como prueba
anticipada, este Despacho sí lo tuvo en cuenta para decidir sobre la acción de
grupo, lo cual es una actuación contraria al artículo 174 del Código de
Procedimiento Civil.
3.
En
relación con la prueba pericial ordenada por el Consejo de Estado, estima el
actor que ésta no fue idónea, toda vez que los informes que sirvieron de base
para el cálculo de los perjuicios carecen de sustento técnico o científico, ya
que fueron el producto de apreciaciones subjetivas derivadas de una visita
realizada por el Ingeniero Agrónomo de la Secretaría de Agricultura y Pesca de
la Gobernación del Valle, durante dos días a fincas escogidas al azar por éste.
En ese orden de ideas, con dicho informe no se allegaron estudios hidráulicos,
biológicos, de comportamiento del río, de los sedimentos, conceptos de
profesionales médicos o estudios químicos del suelo, entre otros. El resultado
de la valoración del daño surgió de observaciones generales de este funcionario
y de su experiencia, así como de encuestas realizadas a los beneficiarios de la
acción de grupo, lo cual, a criterio de la empresa demandada, constituye un
defecto fáctico.
4.
Adicionalmente,
estima la parte actora en la acción de tutela que se estudia que el defecto
fáctico también se ve reflejado en el hecho de que la perito contadora no
efectuó de manera directa la valoración de los perjuicios  materiales,
sino que, como ella misma lo afirma, estableció como perjuicios aquellos
propuestos individualmente por los demandados a partir de la prueba
indebidamente recaudada.
5.
A
criterio de la empresa accionante, tanto el daño como la estimación de los
perjuicios no se probaron empleando medios adecuados, toda vez que los jueces
de primera y segunda instancia omitieron su deber de analizar integralmente la
prueba y aplicar las reglas de la sana crítica, en tanto que desconocieron los
siguientes medios de prueba:
·
El
Acta levantada por la Fiscalía 37 de Buenaventura los días 12 y 13 de febrero
de 2003 -antes de las visitas del ingeniero agrónomo Manuel Soto-
realizada a propósito del proceso penal iniciado contra el personal de
EPSA, en la cual se da cuenta de que el nivel de las aguas no alcanzó más de
tres metros y no se apreciaron cambios en el ecosistema del lugar;
·
La
declaración realizada por el Director de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca C.V.C. , según la cual no se puede afirmar que el proceso
de sedimentación se deba únicamente a la descarga del embalse, como tampoco
existe línea de base para realizar una comparación que permita establecer los
daños causados por las descargas;
·
La
declaración de Helbert Reyes Lozano del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, quien afirmó que se trató de una afectación temporal
del cauce del río con la probabilidad de recuperación a mediano y largo plazo.
Así mismo, según los informes de dicho funcionario, el Río Anchicayá logró
recuperarse en el término de un año.
Por lo
anterior, EPSA considera que no es posible establecer perjuicios por los cuales
fue condenada, ya que se pretermitieron elementos necesarios para determinar
los perjuicios materiales aludidos.
6.
La
parte actora también estimó que su derecho al debido proceso fue vulnerado por
la omisión en que incurrió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
consistente en no dar traslado para alegar en el trámite de la apelación de la
sentencia de primera instancia, toda vez que esa Corporación consideró que
podía abstenerse de correr traslado para alegar. A juicio del accionante, en la
medida en que la Ley 472 de 1998 remite al Código de Procedimiento Civil en lo
no regulado por aquella, se debe entender que el derecho a la defensa no se
agota únicamente con la presentación del recurso de apelación, sino que el
mismo se extiende hasta la presentación de los alegatos, actuación que se
pretermitió en instancia de apelación y que vulneró el derecho de defensa de la
empresa accionante.
7.
En
adición a lo anterior, la parte actora añadió que se vulneró el derecho al
debido proceso porque hubo un trato desigual en el trámite de las solicitudes
de nulidad y por la omisión del Tribunal en el deber de decidir. Así, los jueces
de instancia decidieron ignorar las solicitudes de nulidad interpuestas para
decidir en la sentencia o simplemente se abstuvieron de adoptar una decisión.
Por una
parte, el accionante hace referencia a la solicitud de nulidad presentada el 18 de febrero
de 2009, en la que pretendió que se declarara la nulidad de los dictámenes
periciales preparados por el Ingeniero Manuel Antonio Soto, toda vez que estos
fueron incorporados al proceso de manera irregular como pruebas anticipadas.
Por otra
parte, la parte demandada en la acción de grupo trajo a colación la solicitud
de nulidad del fallo de segunda instancia presentada por: (i) no haber corrido
traslado para alegar; (ii) no haberse resuelto ni tramitado la solicitud de
nulidad presentada por pruebas ilegalmente allegadas al proceso; (iii) no haber
corrido traslado de las pruebas practicadas en segunda instancia y, (iv)
ordenar el pago de una indemnización ya pagada, solicitudes que fueron
negadas y en las que no se concedió el recurso de apelación.
En ambas
ocasiones, las
solicitudes fueron resueltas desfavorablemente para EPSA, tanto en la sentencia
de primera instancia como en el auto interlocutorio No. 400, proferido
el 6 de noviembre de 2009, el Tribunal Contencioso del Valle del Cauca.
8.
Para
terminar, la empresa accionante indica que en este caso se vulneró el derecho
al debido proceso porque el Tribunal ignoró la existencia de un pago realizado
por la misma causa, toda vez que la comunidad acudió a un trámite
administrativo de reparación ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Decisión de primera instancia
Mediante
providencia del 20 de mayo de 2010, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
resolvió rechazar por improcedente la acción de amparo. De conformidad con lo
expuesto por el juez de primera instancia, (i) aún no había sido resuelta la
petición de revisión eventual que el Ministerio Público había formulado al
Consejo de Estado y, (ii) no se encontró probado que existiera un perjuicio
irremediable que justificara su procedencia excepcional de la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
Decisión de segunda instancia
La
Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de diciembre de 2010,
confirmó en segunda instancia el fallo proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado. El Ad quem sostuvo que la acción de tutela no es
procedente para cuestionar decisiones judiciales, máxime cuando en el caso
objeto de estudio, EPSA contó con todas las oportunidades procesales para
cuestionar el mencionado informe aportado al proceso.
C. Trámite ante la
Corte Constitucional
1.
A
través de Auto del 25 de febrero de 2011, la Sala de Selección número 2 de la
Corte Constitucional seleccionó para revisión las sentencias de tutela
proferidas por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, por medio
de las cuales se negó el amparo solicitado por la empresa accionante.
2.
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, por medio de Auto del 29 de
junio de 2011, resolvió ordenar la suspensión de términos del trámite de
revisión y practicar las siguientes pruebas: (i)  Solicitar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buenaventura  y al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, la remisión del expediente
correspondiente a la acción de grupo número 76-001-23-31-000-2002-04584-01;
(ii) Solicitar a la Sección Tercera del Consejo de Estado una certificación en
la cual se estableciera si la acción de grupo fue objeto de selección para
revisión, y en tal caso cuál era el estado actual de dicho trámite. Igualmente,
se ordenó  vincular  a través de un medio escrito de comunicación de
amplia difusión en el Departamento del Valle a todos los grupos y personas
interesadas en la presente tutela, a fin de garantizar su derecho de defensa.
3.
Mediante
oficio No. 6378 del 12 de julio de 2011, el Secretario General del Consejo de
Estado informó que la solicitud de revisión eventual de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aún no había sido resuelta por
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
4.
Por
medio de la Sentencia T-274 de 2012, la Sala Tercera de Revisión decidió
conceder el amparo solicitado por la empresa accionante. En dicha ocasión, la Corte
Constitucional fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:
El problema jurídico planteado por la
Corte giró en torno a determinar si se estructuraba un defecto fáctico en el
trámite del proceso de acción de grupo, de modo tal que vulnerara los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Empresa de
Energía del Pacífico S.A. E.S.P., por las actuaciones desplegadas por el
Juzgado  Administrativo
del Circuito de Buenaventura y por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca, “…al permitir que como fundamento esencial del dictamen
pericial por el cual se estableció el monto del daño objeto de la acción de
grupo, se incorporara un informe técnico practicado a título de prueba
anticipada en otra instancia judicial simultánea a la acción de grupo, el cual
a juicio del actor además de que fue indebidamente incorporada al proceso,
carecía de fundamento objetivo de valoración.”[23]
Para resolver el problema jurídico antes
planteado, la Corte abordó los siguientes temas:
“(i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración. (ii) Verificación de los requisitos genéricos de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto, en punto a verificar si estos
presupuestos aplican al caso, especialmente el requisito de subsidiaridad (sic)
al tratarse de una acción de grupo que se encuentra pendiente de selección para
revisión ante el Consejo de Estado. (iii) Se revisará en términos generales en
qué consiste el defecto fáctico. Reiteración. (iv) Se establecerá cuál es el
alcance de la prueba anticipada, cómo y en qué oportunidad se ejerce el derecho
de contradicción y cuál es el procedimiento para incorporar dicha prueba al
proceso de destino. (v) De igual forma se analizará el alcance y
características del dictamen pericial y de los informes técnicos. (vi)
Finalmente se resolverá el caso concreto”.[24]
En primer lugar, la Corte reiteró la
jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Así, la Sentencia T-274 de 2012 hace un recuento de la evolución
jurisprudencial sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales. Para tal efecto, se reiteró lo dispuesto en la Sentencia C-543 de
1992 y su desarrollo en otros fallos como el T-079 de 1993 y T-158 de
1993, así como la posterior denominación de las vías de hechos señaladas
en la Sentencia T-231 de 1994. En adición a lo anterior, la sentencia incluye
un recuento del conjunto de sentencias que han reiterado y precisado las reglas
de procedencia de la acción de tutela contra sentencias, tales como las
Sentencias T-462 de 2003, T-949 de 2003 y finalmente la C-590 de 2005 que
definió las reglas sobre procedencia. Dentro de dicha reglas se distinguen unos
requisitos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y
otros de carácter específico, que tocan la procedencia misma del amparo.
Al referirse al caso concreto se
afirmó que, no obstante el carácter subsidiario de la acción de tutela, en el
presente asunto la acción es procedente, ya que cumple con los criterios
desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia.
En este sentido, la Corte sostuvo lo siguiente en relación con el cumplimiento
de los requisitos
de procedibilidad en este caso:
“ (…) (i) no
ataca un fallo de tutela; (ii) se han identificado de manera concreta los
hechos que a juicio del actor quebrantan sus derechos, esto es, la
incorporación  indebida de una prueba al proceso de acción de grupo a
partir de la cual se estableció el monto de los perjuicios, así como la falta
de idoneidad de la prueba pericial ordenada para este fin, aspectos que
considera defectos fácticos que habilitan la acción de tutela; (iii) se cumple
con la invocación del derecho fundamental violado, que en este caso se concreta
en el debido proceso y en el acceso a la Administración de Justicia, asunto que
tiene la relevancia constitucional requerida para que resulte procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales; iv) se cumple con el requisito
de inmediatez en consideración a que la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, que es objeto de la presente acción de
tutela, se profirió 7 de septiembre de 2009 y la acción fue interpuesta el 8 de
febrero de 2010, esto es, dentro del término razonable estimado por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia para su procedencia, de manera que la
tensión que existe entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales
mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la
seguridad jurídica sea resuelto dentro de un plazo proporcionado”.[25]
Respecto del requisito de
subsidiariedad, la Corte sostuvo que si bien existe la posibilidad de revisión
del fallo de acción de grupo ante el Consejo de Estado, la demora en su
materialización lo convierte en un mecanismo no idóneo para la protección de los
derechos fundamentales del accionante, habida cuenta que transcurrieron más de
2 años para que el Consejo de Estado definiera si seleccionaba para revisión la
mencionada acción de grupo. Asimismo sostuvo que, de conformidad con el
condicionamiento introducido mediante el numeral décimo segundo de la Sentencia
C-713 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) a la constitucionalidad del
inciso primero y al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009,
el recurso de revisión no desplaza a la acción de tutela porque, según dicha
providencia, “aun en el evento en el cual esté pendiente la posible revisión
por parte del Consejo de Estado de una acción popular o de grupo, tal situación
no excluye la procedencia de la acción de tutela”[26].
Una vez agotado el análisis de
procedibilidad de la acción de tutela, la Corte procedió a revisar los
elementos que configuran el defecto fáctico. Para tal efecto, reiteró la
jurisprudencia de la Corte[27]
sobre este asunto y sostuvo que la labor del juez de tutela al analizar dicho
defecto se restringe a verificar si el funcionario judicial, en su actividad
probatoria, incurrió en errores de magnitud tal que derivan en una decisión
judicial arbitraria e irrazonable. Es decir, que sin la existencia de dicho
error, la sentencia se hubiera adoptado en un sentido distinto. Así mismo,
sostuvo que este defecto se puede presentar de dos maneras, a saber: (i) de
forma negativa, cuando
el juez se niega a decretar una prueba o se abstiene de valorar las pruebas
allegadas al expediente de modo arbitrario, irrazonable y caprichoso y, (ii) de
forma positiva, cuando el juez aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar por cuanto fueron recaudadas de manera indebida o porque no tiene la vocación
de servir de prueba.
En relación con la prueba anticipada,
esta Corporación afirmó que dicho medio probatorio constituye una excepción al
principio de inmediación, según el cual el
juez
de conocimiento es quien debe ordenar y practicar las pruebas requeridas dentro
del proceso. En esa medida, el fundamento para que dicha prueba fuera
contemplada por el Legislador como un medio probatorio válido, radica en el
hecho de que ésta “se practica con anterioridad al proceso en el cual se
pretende hacer valer, con el propósito de conservarla o asegurarla en punto a
evitar que pierda toda eficacia probatoria”[28].
Ahora bien, en cuanto a su incorporación al proceso en que se pretende hacer
valer, la prueba anticipada debe ser: “1. Sometida al principio de
contradicción y 2. Regular y legalmente incorporada al proceso en el cual
se pretende hacer valer, conforme con las reglas previstas en la ley para el
efecto”[29].
Respecto de la naturaleza de los
informes técnicos previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento
Civil, la Sala de Revisión sostuvo que dicha norma faculta a los jueces para
solicitar de oficio o a petición de parte, informes técnicos o científicos
sobre hechos de interés para el proceso, a entidades y dependencias oficiales
que dispongan del personal especializado. La Sala los definió como “conceptos
técnicos, científicos o artísticos que han sido elaborados por fuera del
proceso y por encargo de una de las partes que ha escogido al profesional que
emite su opinión”, y que “deben ser motivados y puestos a consideración
de las partes por el término de tres (3) días para su complementación o
aclaración, o sea que no es posible objetarlos por error grave”[30].
En suma, respecto del análisis de la
normas que regulan la prueba anticipada, la Corte concluyó que la ley es clara
en “i. Definir
qué es una prueba anticipada y cuál es su finalidad, de forma que no será
prueba anticipada la que se practica de forma simultánea al proceso en el cual
se pretende hacer valer.  ii. Establecer el momento procesal en
el cual debe ser incorporada la prueba anticipada al proceso donde se pretenda
hacer valer, de manera que la prueba incorporada por fuera de dichos términos
se tendrá por prueba indebidamente recaudada. iii. Asegurar el
derecho de contradicción al dictamen pericial con el fin de otorgarle el
carácter de plena prueba, al punto que si este derecho no se garantiza, la
misma sólo tendrá el carácter de prueba sumaria y no de plena prueba. Por ello,
la omisión del juez de los asuntos previstos en los numerales i y ii ó el
otorgar el carácter de plena prueba a  aquella que no fue controvertida
constituye un defecto fáctico que puede ser corregido por vía de tutela cuando
los mismos hubiesen sido determinantes en la sentencia”[31].
Al analizar el caso concreto, la Corte
resaltó que para la estimación del daño o perjuicio en el trámite de la acción
de grupo, se
tuvo en cuenta el informe realizado por el funcionario de la Secretaría de
Agricultura y Pesca a título de prueba anticipada, el cual fue realizado con
posterioridad al inicio el proceso judicial de acción de grupo.
Por lo anterior, la Corte estimó que los
jueces de primera y segunda instancia incurrieron en defecto fáctico al haberle
otorgado valor probatorio a un informe que fue incorporado de forma irregular
al proceso y que sirvió como fundamento para la tasación y determinación del
daño y el monto de los perjuicios. Al respecto sostuvo lo siguiente:
“46.1
Queda claro que la prueba anticipada practicada por el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Buenaventura a título de prueba anticipada corresponde  al
informe rendido por la Secretaria de Agricultura y Pesca de la Gobernación del
Valle del Cauca.
Es
decir, el informe con que contaba la Secretaria de Agricultura y Pesca de la
Gobernación del Valle sobre los perjuicios causados con ocasión de las
maniobras de mantenimiento de la represa del Río Anchicayá, no era un informe
aislado adelantado por la Secretaría dentro del giro de su gestión sino
claramente el producto de la orden impartida a la Gobernación por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Buenaventura dentro del trámite de práctica
de  “prueba anticipada”, razón por la cual, no puede escindirse el informe
de su origen –la orden del juzgado- so pretexto de incorporarlo como una prueba
autónoma dentro del proceso a título de informe técnico”.
46.2
Ahora bien, esta prueba en realidad nunca reunió los requisitos propios del
dictamen pericial y tampoco los de plena prueba en razón a que:
-
No se produjo auto destinado a designar peritos, fijar fecha y hora de posesión
de los mismos, tomar  juramento de no encontrarse impedido, fijar el
término para rendir el dictamen.
-
No hubo lugar a la contradicción del dictamen en la medida que este no se
practicó con citación de las partes y aunque la empresa demandada presentó sus
objeciones ante esa instancia una vez rendido el informe, éstas no fueron
definidas por el juez que practicó la prueba anticipada, como tampoco
posteriormente por el juez de la acción de grupo, trámite en el cual se
pretendió hacer valer dicho informe. Ello por cuanto si bien el Tribunal se
pronunció sobre el error grave alegado por la Empresa de Energía, este error se
predicó de la prueba pericial ordenada dentro del proceso de
acción de grupo y practicado por Rita Isabel Góngora Rosero, pero no respecto
del informe efectuado por la Secretaria de Agricultura y Pesca por orden del
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, aspecto que por virtud
del artículo 237 del C de P. C., impedía su eficacia probatoria.
-
El informe practicado por el ingeniero agrónomo parte de la información de
pérdidas aportada exclusivamente por los demandantes en calidad de afectados, a
las cuales éste aplicó unas tablas de precios de los productos que aquellos
declararon perdidos por virtud de las descargas, con lo cual se violó el
principio según el cual el contenido de esta prueba no puede corresponder a la
voluntad de una de las partes (artículo 236, numeral 2º del C.P.C). No se
encuentra prueba aportada por los afectados de los daños alegados, pues es
claro que estos están en el deber de demostrar el perjuicio colectivo causado,
de forma que el único medio de prueba en tal sentido que obra en el expediente
es la estimación realizada a partir de sus declaraciones.
-
El informe carece de motivación detallada, clara y suficiente. No viene
acompañado de las supuestas encuestas realizadas, de pruebas técnicas que
permitan establecer el estado de los suelos y las aguas antes y después de la
ocurrencia de los vertimientos de la represa del Río Anchicayá, no demuestra
con información estadística las producciones agrícolas de las zonas en los
diferentes años, es decir, no cuenta con una base sólida de carácter técnico o
científico que le otorgue el carácter de peritaje. Por lo cual puede decirse
que el estudio realizado por la mencionada Secretaría, corresponde más a un
informe técnico que proviene de la apreciación empírica del ingeniero agrónomo
que de una metodología seria aplicada al caso concreto.
46.3
Se rompió el principio de inmediación en materia procesal previsto en el
artículo 181 del Código de procedimiento Civil en cuanto a la ordenación,
práctica y recaudo de la prueba. Resulta evidente que la denominada “prueba
anticipada” ordenada por el Juzgado Tercero Civil de Buenaventura se practicó
de manera simultánea al trámite de la acción de grupo instaurada por el Consejo
Mayor Comunitario del Río Anchicayá y otros, aspecto que de entrada
desnaturalizó la necesidad de la prueba en cuanto a su función de conservación
de los hechos. Así, el juez de la acción de grupo tenía tanto la facultad como
el deber de desplegar todo su poder oficioso en el proceso a su cargo para
establecer aspectos medulares propios de la acción de grupo como la ocurrencia
del daño, el nexo causal entre éste y los daños causados, la magnitud del daño,
así como el monto de los perjuicios”.[32]
En relación con la falta de idoneidad del informe de
la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, en la sentencia se
afirmó lo siguiente: “(…) si en gracia de discusión y aras de la verdad
material se aceptara la indebida incorporación de esta prueba como informe
técnico, en el proceso de acción de grupo, es necesario evidenciar que al no
haberse controvertido tal informe, este (sic) apenas tendría
el valor de una prueba indiciaria cuyo contenido y alcance resultaría por sí
sólo insuficiente para servir de base a la perito contadora para determinar los
efectivos perjuicios causados a los afectados, así como para calcular el lucro
cesante y el daño emergente por concepto de afectación pesquera y agrícola,
como ella misma lo señala en su informe pericial (Ver  numeral 45. 17 de
esta providencia). Si a ello se agrega, que se trata de un informe que se basa
en información suministrada por las víctimas, su contenido se torna precario
para determinar los perjuicios y se convierte en un fundamento que carece de la
idoneidad necesaria para convertirse en pieza central del dictamen practicado
dentro de la acción de grupo, dada la omisión en la aplicación de una
metodología técnica y científica comprobable para establecer la magnitud del
daño y la cuantía de los perjuicios.”[33]
Así mismo, la Corte reconoció que
sin la prueba objeto de controversia, el fallo carecería de motivación alguna.
Por lo anterior, la Sala consideró necesario que se realizara una
nueva práctica de pruebas, sea por dictamen pericial o cualquier otro medio, en
los que se debería tener en cuenta los siguientes asuntos: “(i)
aplicar un método técnico y científico riguroso que permita establecer los
verdaderos daños causados y su monto, (ii) realizarse preferiblemente por una
institución universitaria que cuente con información histórica o documental,
laboratorios, soporte  logístico y profesionales idóneos; (iii) y con
citación de las partes, de forma que el Tribunal proceda a la apreciación de la
prueba en los términos establecidos en el artículo 79 de la Ley 472 de 1998”[34].
Si bien la Sala reconoció la complejidad práctica para la ejecución de dicha
prueba, sobre todo debido al paso del tiempo, lo cierto es que en un proceso de
esta naturaleza “las pruebas a practicarse deberán demostrar los daños
causados y el término durante el cual permaneció produciéndose el daño (…)”[35].
Con fundamento en las consideraciones antes señaladas,
la Sala Tercera de Revisión resolvió, en la Sentencia T-274 de 2012, lo
siguiente:
“(…)
SEGUNDO.- REVOCAR la
sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta  de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado  de 9 de diciembre
de 2010 y, en su lugar, CONCEDER la tutela solicitada por la Empresa
de Energía E.S.P. –EPSA-, por encontrar vulnerados sus derechos a la defensa,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
TERCERO.- En
consecuencia, REVOCAR en su integridad la providencia de 07 de
septiembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con
ocasión de la acción de grupo No. 2002-04564-01, instaurada por el Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra del Río Anchicayá y otros.
CUARTO.-
DEJAR SIN EFECTO la prueba pericial ordenada mediante
Auto de 22 de octubre de 2007 por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Buenaventura, practicada por la contadora RITA ISABEL GONGORA
ROSERO.
QUINTO.-
DEJAR SIN EFECTO y valor probatorio alguno los informes
rendidos por la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle
del Cauca, ordenados como prueba anticipada por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Buenaventura.
SEXTO.-
ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
disponga, dentro del término perentorio de QUINCE (15) días hábiles
contados a partir de la recepción del expediente que reposa en el Consejo de
Estado, la práctica de las pruebas que estime necesarias a cargo de una entidad
de reconocida trayectoria técnica y científica, con el fin de que se demuestre
el daño ponderado ocasionado al grupo demandante por las actividades de
mantenimiento en la represa de la Central Hidroeléctrica del bajo Anchicayá,
entre el 24 de julio y el 26 de agosto de 2001, tiempo que servirá como límite
para dicha estimación, así como el monto de los perjuicios ocasionados. La
práctica de tales pruebas debe realizarse con citación e intervención de las
partes interesadas de manera que se garantice el derecho de defensa y
contradicción.
(…)”.
D. Solicitud y decreto de nulidad de
la sentencia T-274 de 2012 presentada por el apoderado del consejo Comunitario
Mayor de la Comunidad Negra del río Anchicayá
Mediante escrito del 27 de septiembre de 2012, el
ciudadano Germán M. Ospina Muñoz, actuando en calidad de apoderado del Consejo
Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, solicitó la nulidad de la
Sentencia T-274 de 2012, proferida por la Sala Tercera de Revisión de esta
Corporación el 11 de abril del mismo año. Su solicitud se basó en que la
Sentencia T-274 de 2012 (i) desconoció la jurisprudencia constitucional y (ii)
en que hubo una arbitraria omisión en el análisis de asuntos de relevancia
constitucional que tienen efectos trascendentales para el sentido de la
decisión.[36]
Por Auto A-132
del 16 de abril de 2015, la Corte Constitucional resolvió la solicitud de nulidad
presentada por el apoderado del Consejo Mayor de la Comunidad Negra
del Río Anchicayá. Para
resolver dicha solicitud, la Sala Plena se pronunció sobre los siguientes
asuntos: (i) los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad del incidente de nulidad; (ii) la
naturaleza y condiciones de los precedentes judiciales y la construcción de la
jurisprudencia en vigor; (iii) las consecuencias de la desviación del precedente de la Sala Plena
y de la jurisprudencia en vigor de las sentencias de tutela, (iv) la jurisprudencia en materia
de la subsidiariedad de la acción de tutela.
Respecto
del cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad del incidente de nulidad en el caso concreto, la Corte sostuvo
que estos se encuentran acreditados por los siguientes motivos:
1.
La solicitud de nulidad fue
presentada dentro del término de los 3 días siguientes a la notificación del
fallo, el cual vencía el 28 de septiembre de 2012, por lo quedó satisfecho el
requisito de oportunidad.
2.
En relación con la legitimación por
activa, dicho requisito también se encuentra acreditado, toda vez que el
incidente de nulidad fue promovido por el apoderado judicial del Consejo Mayor
de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, entidad afectada directamente con el
fallo de tutela.
3.
Respecto del el requisito de argumentación,
la Sala consideró satisfecho dicho requerimiento por cuanto el incidentante
cumplió con brindar una argumentación sobre las razones por las cuales
considera que la Sentencia T-274 de 2012 incurre en dos causales de nulidad, a
saber, el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional y la arbitraria
omisión en el análisis de asuntos de relevancia constitucional que tienen
efectos trascendentales para el sentido de la decisión.
En
relación con la verificación de los requisitos sustanciales, la Corte estimó
que la Sentencia T-274 de 2012 desconoció la jurisprudencia sobre los
requisitos de procedencia de la acción de tutela por cuanto contrarió el
principio de subsidiariedad. Para arribar a esta conclusión la Sala estableció
como argumentos, los siguientes:
Primero se pronunció sobre la
naturaleza y condiciones de los precedentes judiciales y la construcción de la
jurisprudencia en vigor, indicando que “(…) el respeto por el precedente
judicial proviene de la obligación que tienen los jueces de dar el mismo trato
a quienes se encuentren en situaciones jurídicamente iguales, y en la confianza
en la administración de justicia como garantía de las libertades básicas de las
personas.”
A continuación expuso las reglas
vigentes sobre la obligación de respetar el precedente, y en qué circunstancias
es admisible apartarse del mismo. Para esto, se hizo una exposición sobre el
significado del precedente, y en particular cuáles son las reglas para
determinar cuándo se está ante a un precedente obligatorio. Así mismo, la Corte
procede a reiterar las reglas establecidas por la Corte mediante Auto A-053 de
2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), según las cuales la declaratoria de nulidad de
una sentencia por desconocimiento del precedente, procede cuando (i) la sentencia
objeto de nulidad acoja en forma expresa una interpretación normativa contraria
a una línea jurisprudencial y que esta no haya sido modificada por la Sala
Plena; (ii) Que exista identidad fáctica entre unas decisiones y otras y, (iii)
Que la aplicación de la sentencia atacada en el ordenamiento jurídico conlleve
a una resolución diferente a la que se venía adoptando.
Para
terminar este primer aparte relacionado con el desconocimiento del precedente,
la Corte concluye que existe la posibilidad de que los jueces se aparten del
precedente, pero para ello se deben seguir ciertas reglas dirigidas a la
protección de la igualdad, las libertades básicas y la confianza legítima en la
administración de justicia.
Para
resolver el interrogante planteado acerca de la determinación de la existencia
de un precedente de la Sala Plena o jurisprudencia en vigor de las Salas de
Revisión, aplicables en el presente caso, la Sala realizó un análisis de la
línea jurisprudencial en materia de subsidiariedad de la acción de tutela con
el fin de establecer si estos fueron desconocidos en la Sentencia T-274 de
2012.
Debido a
que en el caso concreto se ha presentado una controversia en cuanto a la tutela
como mecanismo subsidiario frente a la revisión eventual ante el Consejo de
Estado, el análisis realizado por la Corte giró en torno a dicho mecanismo de
defensa judicial. Al respecto, se reiteró lo dispuesto por la Sentencia
T-649 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), según la cual la
revisión de sentencias en las distintas jurisdicciones es un medio de defensa
judicial idóneo, en tanto que éste mecanismo permita la protección efectiva de
los derechos fundamentales. Por lo anterior, el juez de tutela debe  determinar
la idoneidad de este mecanismo en cada caso concreto, al verificar (i) los
derechos fundamentales presuntamente afectados y (ii) las causales de revisión
de la sentencia, con el fin de determinar la procedencia del recurso.
En el
caso concreto, la Sala consideró que en el análisis de subsidiariedad realizado
en la Sentencia T-274 de 2012, “(…) la Corte no entró a explicar por qué la
demora de dos años en seleccionar un asunto que ya se había escogido para
efectos de unificar jurisprudencia, implica que el recurso de revisión no sea
idóneo en el presente caso. En particular, no identifica qué aspectos de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
quedarían desprotegidos con la demora”, lo cual lleva a concluir que en
dicha providencia, esta Corporación “(…) no determinó de qué manera la
demora de dos años por parte del Consejo de Estado para seleccionar el proceso
de la acción de grupo, que ya había sido finalmente escogido, en el presente
caso impactaría el debido proceso y el derecho de acceso a la administración de
justicia, que fueron los derechos invocados por la empresa demandante. En esa
medida, la Sentencia T-274 de 2012 contradice la jurisprudencia sobre la
subsidiariedad de la acción de tutela, y en particular, la regla
jurisprudencial según la cual la idoneidad del medio de defensa judicial
principal debe analizarse en el caso concreto.”
En
adición a lo anterior, la Sala Plena consideró que la nulidad de la Sentencia
T-274 de 2012 no sólo era procedente por desconocimiento del precedente en
materia de subsidiariedad, sino también resultaba violatoria del derecho
fundamental al debido proceso. Lo anterior por cuanto se dejaron sin efecto, de
una parte, la prueba pericial ordenada mediante Auto de octubre 22 de 2007 por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, y practicada
por la contadora Rita Isabel Góngora Rosero y, de otra, los informes rendidos
por la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca.
De igual manera, se resolvió ordenar una nueva práctica de pruebas once años
después de ocurridos los hechos. Dicha circunstancia afectó la posibilidad real
que tiene la comunidad negra del Río Anchicayá para que se valoren los
perjuicios personales y ciertos, sufridos por ellos como consecuencia de los
vertimientos llevados a cabo por la Empresa de Energía del Pacífico EPSA y por
la Corporación del Valle del Cauca. Al respecto, en dicho Auto la Sala Plena sostuvo:
“La facultad de presentar pruebas es una garantía básica del
derecho al debido proceso consagrada explícitamente en el artículo 29 de la
Constitución Política. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicha garantía
está supeditado a la posibilidad fáctica de practicar las pruebas necesarias
para corroborar fácticamente un determinado argumento. Por esa razón, la
posibilidad real de practicar pruebas para acreditar un daño y estimar el monto
de la indemnización correspondiente se va deteriorando con el tiempo. El
deterioro de las pruebas con el tiempo es especialmente patente en casos de
daño ambiental como éste. Por un lado, porque el impacto recae sobre elementos
de la naturaleza que gradualmente se transforman o recomponen por sí mismos.
Por el otro, porque  tratándose de un impacto sobre los medios de subsistencia
de una comunidad, es de esperarse que la comunidad por sí misma se vea en la
necesidad de restablecer las cosas a su estado anterior para poder acceder a
los medios de subsistencia lo antes posible. De tal manera, tratándose de daños
ambientales,  el paso del tiempo hace especialmente difícil tanto demostrar los
daños ocasionados como cuantificarlos económicamente.”
“Al dejar sin efecto la prueba pericial ordenada mediante Auto de
octubre 22 de 2007 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Buenaventura, y practicada por la contadora Rita Isabel Góngora Rosero, la
Sentencia afectó la posibilidad real que tiene la comunidad negra del Río
Anchicayá para que se valoren los perjuicios personales y ciertos, sufridos por
ellos como consecuencia de los vertimientos llevados a cabo por la Empresa de
Energía del Pacífico EPSA y por la Corporación del Valle del Cauca. Más aun, al
dejar sin efecto ni valor probatorio alguno los informes rendidos por la
Secretaría de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca, y
ordenar una nueva práctica de pruebas once años después de ocurridos los hechos,
la Sentencia afectó la posibilidad real que tienen dichas comunidades para
demostrar el daño mismo que habían sufrido.”
“Con todo, podría decirse que la Sentencia censurada no afecta el
derecho al debido proceso de las comunidades negras del Río Anchicayá, puesto
que ordena la práctica de las pruebas en relación con el daño y su valoración
pecuniaria, y que adicionalmente establece unos estándares mínimos que deben
cumplir las pruebas que se practiquen. Con ello lo que la Sala buscaba era
garantizar el derecho al debido proceso de las partes en el proceso mejorando
la calidad de las pruebas que operan en el proceso, es decir, acercándolas a
los hechos. En últimas, el objetivo de la Sala era garantizar que la valoración
de los daños corresponda en la mayor medida posible a la realidad. Sin embargo,
dejar sin efecto las pruebas que operan en el proceso y ordenar que se
practiquen nuevamente once años después en nada contribuye a este objetivo y
por lo tanto mal puede considerarse una solución adecuada. Ordenar la práctica
de pruebas de un daño ambiental once años después de ocurridos los hechos
desmejora significativamente las posibilidades reales de acceder a la verdad, y
el ordenar que las efectúe una entidad con “reconocida trayectoria científica” no
cambia el hecho de que las pruebas se han deteriorado o han desaparecido por el
paso del tiempo. Por otra parte, tal decisión resulta desproporcionada ya que
desmejora la posibilidad real que tiene la parte demandante de probar los
hechos que alega, que en este caso son tanto el daño sufrido como su valoración
económica.”
Con fundamento en las anteriores
consideraciones, mediante Auto A-132 del 16 de abril de 2015, la Sala Plena de
la Corte Constitucional decidió lo siguiente:
“PRIMERO.- DECLARAR
LA NULIDAD de la Sentencia T-274 de 2012, solicitada por el Consejo
Comunitario Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá.
“SEGUNDO.- Por
Secretaría General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente
al despacho de la Magistrada sustanciadora del presente asunto para que
proyecte la nueva sentencia, que deberá ser adoptada por la Sala Plena de la
Corte Constitucional.”
El 30 de abril de 2015, la apoderada de EPSA radicó en esta
Corporación un memorial con el que se allegaron una serie de informes técnicos
con el fin de ser tenidos en cuenta en el nuevo fallo que resuelva la acción de
tutela interpuesta por dicha empresa. De manera somera, dichos informes
contienen información sobre los siguientes temas: (i) los efectos de los
sedimentos del embalse Río Anchicayá; (ii) estudios de calidad del agua en el
Río Anchicayá; (iii) estimación de evacuación, transporte y dinámica de
sedimentos y calidad del agua y sus afectaciones en Río Anchicayá; (iv) modelos
matemáticos de transporte y dinámica de sedimentos y calidad del agua del
embalse Bajo Anchicayá y del Río Anchicayá; (v) modelación del evento de
apertura de compuertas en el embalse en el periodo julio – agosto de 2001; (vi)
cuantificación del valor económico del supuesto daño ambiental por vertimientos
de lodos en la Central Hidroeléctrica Anchicayá.
Así mismo, la apoderada de la empresa accionante solicitó que en
la providencia de reemplazo se respetaran algunos acuerdos conciliatorios celebrados
entre EPSA y algunas comunidades con anterioridad a la declaratoria de nulidad
de la sentencia T-274 de 2012. Para sustentar su solicitud, se aportaron copias
de dichos acuerdos, así como de la correspondiente aprobación por parte de la
Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Adicionalmente, el demandante sostuvo que el 13 de marzo de 2015,
se consignó a órdenes del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos de la Defensoría del Pueblo, las sumas que se comprometió a pagar en
dichos acuerdos. Cuando se estaban adelantando los trámites para que dicha
entidad procediera a realizar los pagos respectivos a los beneficiarios, se
tuvo conocimiento del comunicado de prensa No. 14 de 16 de abril de 2015 de la Corte
Constitucional, por medio del cual se conoció la decisión de esta Corporación
de declarar la nulidad de la sentencia T-274 de 2012. Por esta razón, la
Defensoría decidió suspender dichos trámites, hasta que se conozca la nueva
decisión de la Corte Constitucional.
E. Terminación
del trámite del mecanismo eventual de Revisión ante el Consejo de Estado.
Estando
en curso el trámite del incidente de nulidad, la Dra. Martha Clemencia Cediel
de Peña, actuando como apoderada especial de EPSA, radicó un memorial con el
que se allegó la providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 24 de octubre de 2012, mediante la cual se decidió terminar el
trámite de revisión de la acción de grupo, al considerar que “(…) no hay
lugar a continuar con el trámite de revisión, ya que ante la mencionada
decisión de la Corte Constitucional (la sentencia T-274 de 2012), por
sustracción de materia se hace imposible revisar un fallo jurídicamente
inexistente, situación que impone dar por terminado el trámite y ordenar el
archivo de la presente actuación.”[37]
-Paréntesis fuera del texto original de la providencia-
F. Solicitud de nulidad de la
sentencia T-274 de 2012 presentada por la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca –CVC-
Mediante escrito
radicado en esta Corporación el 22 de mayo del presente año, la CVC solicitó
declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de la referencia
desde el auto admisorio de la acción de tutela en primera instancia, proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, hasta la Sentencia T-274 de 2012.
A criterio de incidentante, aun cuando la acción de grupo se dirigió
exclusivamente contra EPSA, y la CVC nunca fue vinculada al proceso de la
acción de grupo, los jueces en primera y segunda instancia condenaron a dicha
entidad al pago de un porcentaje de la indemnización de perjuicios en favor de
los demandantes. Adicionalmente, el solicitante aduce que la CVC tampoco fue
vinculada al proceso de la acción de tutela, aun cuando los efectos de dicha
decisión afectan de manera directa sus intereses. Por lo anterior, alega que se
le vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa.
Por medio de
Auto número 347 del 19 de agosto de 2015, la Sala Plena de
la Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad por considerar que era
improcedente. La Sala Plena sostuvo que hay pruebas fehacientes de que al
solicitante le fue comunicado el proceso en instancia de revisión mediante su
publicación en el diario El País el 11 de julio de 2011. Así mismo, existen
pruebas que permiten establecer que la Sentencia T-274 también le fue
notificada personalmente, conforme consta en el Oficio No. STA-882/2012,
expedido el dieciocho de septiembre de 2012, por la Secretaría General de esta
Corporación. En adición a lo anterior, en vista que la Sentencia T-274 fue
anulada mediante Auto A-132 de 2015, se considera que dicha solicitud no es
procedente.
II.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
La
Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias
proferidas en el proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Por disposición del Auto A-132 del 16 de
abril de 2015 proferido por esta Corporación se
dispuso que el
proceso de la referencia lo conocería la Sala Plena de la
Corte Constitucional.
Asunto bajo revisión y problema jurídico
2.
Como
se mencionó en los antecedentes de esta providencia, la empresa accionante
interpuso una acción de tutela dirigida contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Buenaventura, al considerar que sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia fueron vulnerados por dichos
despachos. Lo anterior se debe a que la parte accionante estimó que la prueba con
base en la cual se adoptó una decisión de fondo en el trámite de una acción de
grupo no sólo fue indebidamente aportada como prueba anticipada, sino que
carecía del rigor científico mínimo y no pudo ser controvertida.
3.
La Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de mayo de 2010, decidió rechazar
por improcedente el recurso de amparo al considerar que (i) aún no había sido
resuelta la petición de revisión eventual que el Ministerio Público había
formulado al Consejo de Estado y, (ii) no se encontró que existiera un
perjuicio irremediable que justificara su procedencia como mecanismo
transitorio.
4.
Por medio de sentencia
del 9 de diciembre de 2010, la Sección Quinta del Consejo de Estado, confirmó
el fallo de primera instancia. El juez de segunda instancia consideró que la
acción de tutela no resulta procedente para cuestionar decisiones judiciales,
máxime cuando en el caso objeto de estudio EPSA contó con todas las
oportunidades procesales para cuestionar el mencionado informe aportado al
proceso.
5.
De
acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala Plena responder
los siguientes problemas jurídicos:
¿Procede la acción de tutela para controvertir una decisión judicial por
medio de la cual se decidió una acción de grupo, cuyo trámite de revisión
eventual ante el Consejo de Estado no se ha resuelto?
¿Se configura un defecto fáctico capaz de vulnerar los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, cuando una decisión
judicial se adopta con fundamento en un informe técnico, que fue decretado  a
título de prueba anticipada y posteriormente decretado como informe técnico
dentro del proceso de una acción de grupo, y que no fue controvertido en su
contenido por la contraparte en la respectiva instancia judicial?
6.
Para resolver estos
interrogantes, la Sala se pronunciará sobre los siguientes temas: (i) los
requisitos generales y las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales en el caso concreto; (ii) los presuntos efectos
de la decisión a adoptar; (iii) la improcedencia de un pronunciamiento de fondo
con respecto a los presuntos defectos fácticos alegados.
La
tutela contra providencias judiciales
7.
En
la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte cambió
de jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias, dejó de utilizar los conceptos de vía de hecho judicial, y de
aludir a cuatro tipos de defectos que la originarían, y se refirió a unos
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, y a unas causales específicas con fundamento en las
cuales el juez de tutela puede dejar sin efecto las providencias de otros
jueces, tal y como pasa a verse:
Requisitos
generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
8.
La
Sentencia C-590 de 2005 sostuvo que para que sea procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales deben concurrir una serie de requisitos
generales y presentarse al menos una de las causales específicas de procedencia.
La Corte identificó los siguientes requisitos generales de procedencia para que
sea procedente una acción de tutela contra providencias judiciales:
“24.
Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. …
b.
Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. …
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez …
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.  …
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. …
f.
Que no se trate de sentencias de tutela. …”
9.
Por
otro lado, retomando parcialmente la tipología de defectos utilizada hasta ese
entonces en la jurisprudencia sobre vías de hecho judiciales, la Corte
identificó una serie de causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Las enumeró y caracterizó en los
siguientes términos:
“25.
Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una
acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente,
al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales  o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente ...
i.
Violación directa de la Constitución.”
10.
En
consecuencia, para que proceda la acción de tutela contra una providencia
judicial, el juez de tutela debe confirmar, además del cumplimiento de todos
los requisitos generales, que se haya configurado al menos una de las anteriores
causales o requisitos específicos de procedencia. De lo contrario, la tutela
deberá ser considerada improcedente.
Una vez establecidos cuáles son los
requisitos generales y las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales de conformidad con la jurisprudencia de
esta Corporación, pasa la Corte a determinar si en el caso concreto se
configuran todas las causales generales, y al menos una de las causales
específicas. De lo contrario, la tutela deberá ser denegada por improcedente.
Configuración
de los requisitos generales y específicos en el caso concreto
11.
En
el presente caso la acción de tutela se interpone por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, acaecida dentro de un proceso de una acción de grupo. Por lo
demás, la presunta afectación del derecho al debido proceso está relacionada
con dos garantías establecidas explícitamente en el artículo 29 de la
Constitución, que son la de controvertir pruebas y la garantía de que las
mismas se obtengan sin violar el debido proceso. Al tratarse de la posible
afectación de dos derechos constitucionales fundamentales, la presente acción
resulta relevante desde el punto de vista constitucional.
12.
Por
otra parte, la acción de amparo objeto de estudio está dirigida en contra de
las decisiones de instancia dentro de una acción de grupo, no en contra de una
sentencia de tutela. Por lo cual, también desde este punto de vista cumple con
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
13.       Así
mismo, la tutela fue interpuesta el 8 de febrero de 2010, apenas cinco meses
después de la sentencia de segunda instancia de la acción de grupo, que fue
proferida el 7 de septiembre de 2009. Es decir, fue interpuesta dentro de un
término razonable, por lo cual es necesario concluir que cumple el requisito de
inmediatez, y en esa medida, cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela.
14.       Adicionalmente,
la parte demandante identificó de manera precisa los hechos y circunstancias que
en su parecer produjeron la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Por lo tanto, la presente acción también
cumple con el requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
15.       En
suma, entonces, la empresa demandante cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en tanto el
problema tiene relevancia constitucional, no se dirige contra una sentencia de
tutela, cumple con el principio de inmediatez, e identifica los hechos
generadores de la vulneración y los derechos vulnerados.
Resta saber si la empresa demandante
agotó los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, o si existen
medios de defensa judicial que no hayan sido agotados. De no haber sido
agotados, la Corte debe evaluar si el medio de defensa judicial es idóneo y
eficaz para proteger los derechos del demandante. De existir un medio de
defensa judicial idóneo y eficaz, la Corte debe declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela.
Con todo, puede ocurrir que exista un
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para proteger los derechos del
demandante, pero que proceda la tutela como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. Por lo tanto, es necesario que la Corte establezca también
si en el presente caso los
derechos fundamentales del demandante son susceptibles de sufrir un perjuicio
irremediable que amerite conceder la tutela como mecanismo transitorio.
16.    El inciso tercero del artículo 86
de la Carta Política dispone que la tutela “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
Así mismo lo dispone el numeral primero del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, agregando que la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial que pretende
desplazar a la tutela debe apreciarse en concreto en cada caso. Para ello, la
jurisprudencia ha establecido que es fundamental que el juez de tutela haga un
análisis del objeto del mecanismo judicial, con el propósito de determinar si
el juez de la causa puede proteger de manera eficaz e integral los derechos
fundamentales invocados por el demandante de tutela. Si ello es así, la tutela
resultará improcedente. Sin embargo, si a través del mecanismo que se presenta
como principal no se pueden proteger los derechos fundamentales de manera
integral, o si se pueden proteger integralmente, pero no de manera eficaz, la
tutela es procedente como mecanismo definitivo.
17.    Por otra parte, la tutela es
procedente como mecanismo transitorio a pesar de que el mecanismo principal sea
idóneo y eficaz, cuando los derechos fundamentales del demandante estén en
riesgo inminente de sufrir un perjuicio irremediable. En esta hipótesis, la
tutela resulta procedente para proveer una protección transitoria, mientras el
juez competente adopta una decisión definitiva en el mecanismo judicial
principal. Sin embargo, la tutela sólo procede como mecanismo transitorio
cuando hay un riesgo inminente de que los derechos fundamentales del demandante
sufran un perjuicio irremediable antes de que el juez adopte una decisión
definitiva en el mecanismo principal.
18.    Estas reglas generales en torno a
la procedencia de la acción de tutela deben seguirse con especial rigor en los
casos en que la tutela se dirija en contra de una providencia judicial. No sólo
porque está de por medio un principio de carácter orgánico como la autonomía
judicial, sino porque los procedimientos judiciales son el contexto natural
para la realización de los derechos fundamentales de las personas, en especial
si se trata de los derechos de acceso a la administración de justicia y del
debido proceso. El juez de tutela no puede desconocer que los principios de
legalidad y del juez natural componen una parte fundamental del contenido que
se protege mediante los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
El derecho al debido proceso se realiza
de manera primordial a través de las disposiciones legales que regulan el
respectivo procedimiento, las disposiciones de carácter sustantivo que son
aplicables para adoptar decisiones de fondo en el mismo, y las que definen la
competencia de los jueces para adoptarlas. Carecería de sentido una protección
de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
que en aras de proteger directamente las normas constitucionales, prescinda de
la regulación legal que le da el contenido básico a tales derechos dentro del
respectivo proceso. Por tal motivo, el juez de tutela debe ser especialmente
riguroso al aplicar el principio de subsidiariedad para determinar la
procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales. De lo
contrario se corre el riesgo de desarraigar el contexto natural en el que
cobran pleno sentido la protección de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
19.    En el presente caso, la empresa
demandante cuenta con el mecanismo de revisión ante el Consejo de Estado, el
cual, en principio, constituye una expectativa porque su revisión es
discrecional y una vez decidida su selección se convierte en un instrumento
real e idóneo para la defensa de los derechos involucrados. Así lo reconoció
esta Corporación en el Auto 132 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado) mediante el cual se declaró la nulidad de la Sentencia T-274 de
2012 (M.P. Juan Carlos Henao) que había considerado que el mecanismo de
revisión no era idóneo. Después de hacer un recuento del desarrollo legislativo
del mecanismo y de la acción de revisión en diversas áreas del derecho, y de analizar
lo que ha dicho la Corte en distintas oportunidades sobre la idoneidad de la
revisión en distintas esferas, el auto en mención sostuvo que “el mecanismo
de revisión de las acciones de grupo y de las acciones populares, establecido
en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 estaría, al menos formalmente,
incluido dentro de la hipótesis fáctica de improcedencia de la acción de tutela
contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
20.    Con todo, la Corte resalta que
los demandantes cuentan con el mecanismo de manera formal, puesto que, como lo
anotó la Sentencia T-274 de 2012, la Sentencia C-713 de 2008 condicionó
la exequibilidad del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 a que se entendiera que
“en ningún caso” la revisión impide que proceda la acción de tutela. Sin
embargo, el Auto 132 de 2015 aclaró que este condicionamiento deja intacta la
regla de procedencia subsidiaria de la acción de tutela. En primer lugar porque
se trata de una regla constitucional que no es susceptible de modificarse a
través de una ley estatutaria como la Ley 1285 de 2009, y tampoco mediante un
condicionamiento a la exequibilidad de dicha ley. En segunda medida, porque la
misma Sentencia C-713 de 2008 estableció que la acción de tutela es procedente
contra la sentencia objeto de revisión, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en la jurisprudencia constitucional. Al respecto dispuso:
“[…]
10.- Finalmente, en cuanto al inciso primero del artículo 11 del proyecto, la
Corte debe condicionar la exequibilidad de la norma, en el entendido de que en
ningún caso se impide interponer la acción de tutela contra la sentencia objeto
de revisión, la decisión de no selección o la decisión que resuelva
definitivamente la revisión, cuando de manera excepcional se configuren los
requisitos exigidos por la jurisprudencia para tal fin.” (subrayado
dentro del texto original citado en la Sentencia T-274 de 2012)
21.    Por lo tanto, al no haber sido
alterada la regla de subsidiariedad en relación con la procedencia de la acción
de tutela frente al mecanismo de revisión de las acciones de grupo, resta saber
si éste es idóneo y eficaz en el caso concreto. Para ello es importante
establecer cuál es el objetivo del mecanismo de revisión de las acciones de
grupo, si su procedencia está sujeta a condiciones, términos o requisitos, si
los mismos se cumplen el presente caso, y sí a través de dicho mecanismo pueden
satisfacerse las pretensiones de los demandantes.
22.    Conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 1285 de 2008, la selección de las sentencias y demás
providencias que decidan la finalización o archivo de un proceso de acción de
grupo para su revisión es discrecional, y no está sujeta a requisitos o
condiciones especiales. Por otra parte, el objetivo del mecanismo de revisión
fue definido de manera genérica por el Legislador estatutario como el de “unificar
la jurisprudencia”. Al respecto, la norma  mencionada, que adiciona un
artículo 36A a la Ley 270 de 1996, dispone:
“Artículo
11. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que
formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:
‘Artículo
36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y
de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio
Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que
correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su
eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la
finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales
Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.”
(resaltado fuera de texto original)
23.    De tal modo, por un lado el
Consejo de Estado puede seleccionar la sentencia del Tribunal Contencioso en el
presente caso sin que para ello sean exigibles requisitos particulares. Por el
otro, tiene plena competencia para analizar todo lo atinente a las pruebas
aportadas al proceso de la acción de grupo y a los argumentos que no pudieron
esgrimir los demandantes en los alegatos de conclusión en la segunda instancia.
Por lo tanto, en el presente caso resulta perfectamente viable satisfacer las
pretensiones de la empresa demandante a través del mecanismo de revisión de la
sentencia de la acción de grupo. Más aún, el caso ya fue seleccionado para su
revisión por dicha entidad, mediante Auto del 28 de mayo
de 2012.
Por lo tanto, la revisión resulta ser un mecanismo judicial idóneo para
proteger los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia que reclama la empresa demandante.
24.    Ahora bien, faltaría establecer
si la protección de los derechos fundamentales otorgada mediante el mecanismo
de revisión resulta eficaz en el caso concreto. La Sentencia T-274 de 2012
sostuvo que el mecanismo de revisión no era eficaz por cuanto el Consejo de
Estado se había demorado dos años en tomar una decisión con respecto a la
selección. Sin embargo, en dicha oportunidad la Sala de revisión no analizó por
qué esta demora hacía ineficaz la protección de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados. La Sala Plena considera importante hacer un
pronunciamiento al respecto.
25.    Sin duda, la demora en resolver
lo atinente a la selección puede, bajo determinadas circunstancias, constituir
en sí misma una afectación de los derechos de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso. Sin embargo, en la presente acción de tutela el
demandante no solicitó la protección de su garantía a recibir pronta justicia.
La empresa solicitó la protección de las garantías de legalidad y de
contradicción de las pruebas aportadas al proceso. Tanto la legalidad de las
pruebas como las oportunidades para su contradicción pueden ser garantizadas
dentro de la revisión de la sentencia a cargo del Consejo de Estado, y el solo
paso del tiempo no siempre incide sobre la efectividad de dichas garantías. Por
ejemplo, el paso del tiempo no tiene incidencia sobre la decisión del juez
acerca de si una determinada prueba fue debidamente aportada al proceso.
Tampoco tiene incidencia en relación con la decisión acerca de si la prueba es
pertinente. En esa medida, la demora de dos años en resolver la selección de
una tutela para revisión no hace que sea menos eficaz la protección que provee
el juez natural en el presente caso.
26.    Podría alegarse que la afectación
del debido proceso está íntimamente relacionada con la obligación que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le impuso a la empresa demandante
de pagar una indemnización a las comunidades negras del Río Anchicayá. Por lo
tanto, la demora en decidir incide sobre el monto de los intereses que le
corresponde pagar a la empresa. Más aun, podría alegarse que la demora podría
incidir gravemente sobre el patrimonio de la empresa en la medida en que ésta
pague la indemnización y posteriormente el Consejo de Estado decida que no hay
lugar a una indemnización, o que ésta debe ser inferior a las sumas ya pagadas.
La empresa podría verse en dificultades para recuperar tales sumas.
Sin embargo, aun cuando la posibilidad
de afectación del patrimonio de la empresa es real, por sí misma no incide
sobre ninguno de los derechos fundamentales que nuestra Constitución Política
les reconoce a las personas jurídicas. Por otra parte, la posibilidad de que la
demora en la revisión afecte patrimonialmente a la empresa no es de recibo en
el presente caso, pues el pago de la indemnización reconocida por la sentencia
del Tribunal no es actualmente exigible. Por lo tanto, la Corte concluye que el
mecanismo de revisión es eficaz para proteger los derechos fundamentales de la
empresa demandante.
27.    En la medida en que el mecanismo
de revisión es idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la empresa en el
presente caso, la Corte concluye que la acción de tutela es improcedente como
mecanismo definitivo. Le corresponde entonces establecer si resulta procedente
como mecanismo transitorio para efectos de prevenir un perjuicio irremediable.
28.    Como se mencionó anteriormente,
la tutela es procedente como mecanismo transitorio a pesar de que exista un
mecanismo judicial de protección, idóneo y eficaz, cuando los derechos
fundamentales del demandante estén frente a un riesgo de sufrir un perjuicio
irremediable. Para ello es necesario acreditar que se trata de un perjuicio de
un perjuicio inminente, cierto, grave, evidente irreparable y urgente. Así lo
ha sostenido la Corte en su jurisprudencia. Al respecto, la Sentencia T-922
de 2002 (Rodrigo Escobar Gil), reiterando los requisitos establecidos en
una sentencia anterior, afirmó:
“Para
establecer la irremediabilidad del perjuicio, se requiere que concurran los
siguientes elementos estructurales, a saber: ‘la inminencia, que exige medidas
inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese
perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de
los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la
situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio
y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos
fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.  Con respecto al
término 'amenaza' es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad
de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de
manera injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de
suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material
o moral....’ (Sentencia T- 225/93.M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).”
Así mismo, en la Sentencia esta
Corporación en Sentencia T-1225 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda),
sostuvo:
“Adicionalmente,
en caso de que el medio judicial sí fuere eficaz e idóneo, el juez de tutela ha
de estudiar si procede la acción de tutela como mecanismo transitorio, lo cual
a su vez exige la presencia de un perjuicio irremediable. Éste se caracteriza
por ser un daño inminente, cierto, evidente, de tal naturaleza “que de ocurrir
no existiría forma de reparar el daño”, y de tal magnitud que hiciere
impostergable la tutela.”
De conformidad con el criterio
establecido por esta Corporación desde las Sentencias T-225 de 1993
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), y C-531 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-922 de 2002, y T-1225 de 2003, para que el juez conceda la tutela como
mecanismo transitorio, es necesario que en el expediente existan pruebas que
acrediten el demandante se encuentra en riesgo de sufrir un perjuicio. Más aun,
debe estar probado que el perjuicio es actual e inminente, es decir, que su
ocurrencia sea altamente probable.[38]
Esto significa que en el expediente deben existir pruebas que demuestren dicha
probabilidad.
29.    En el presente caso, la empresa
demandante no solicitó la protección transitoria de sus derechos fundamentales,
sino que interpuso la acción como mecanismo definitivo. En esa medida, no
aportó pruebas que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
jurisprudencia para poder otorgar la protección por vía de tutela en tales
casos. Por otra parte, la Corte no observa que existan pruebas dentro del
expediente que acrediten que en el presente caso se cumplen los elementos
exigidos por la jurisprudencia constitucional para conceder de oficio la
protección transitoria de tales derechos. Al respecto, es importante reiterar
que la jurisprudencia de la Corte ha exigido que los demandantes acrediten la
existencia de un perjuicio irremediable para poder conceder la acción de tutela
como mecanismo transitorio. Al respecto, ha dicho esta Corporación:
“Sea lo
primero señalar, que esta Corporación ha aceptado la posibilidad de dar
trámite a una petición de tutela como mecanismo transitorio, siempre que,
por una parte, se acredite que es inminente un perjuicio irremediable para
el derecho fundamental; y, por otra, que existe otro mecanismo de defensa
judicial al que puede acudirse para decidir, con carácter definitivo, la
controversia planteada en sede de tutela.” (resaltado fuera de texto
original) Sentencia T-136 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
En esa medida, ante la ausencia de
pruebas no es posible concluir que los derechos fundamentales del demandante están
frente a un riesgo inminente de sufrir un perjuicio irremediable. Por lo tanto,
ante la inexistencia de un riesgo inminente de que se cause un perjuicio
irremediable para los derechos fundamentales de la empresa demandante, tampoco
resulta procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
De lo anterior es necesario concluir que
la acción de tutela no resulta procedente en el presente caso ni como mecanismo
definitivo, ni como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Por lo tanto, conforme a lo anterior, la Corte Constitucional
denegará la acción de tutela interpuesta por EPSA E.S.P.
Efectos de la decisión
30.    Como se relató en los
antecedentes de la presente sentencia, la apoderada de la empresa demandante
solicitó a esta Corporación que declare que la nulidad de la Sentencia T-274 de
2012 fue ex – nunc, y no ex – tunc, puesto que la empresa ha
efectuado conciliaciones con algunos de los consejos comunitarios menores del
Río Anchicayá con posterioridad a dicha sentencia. Sin embargo, aparte de
salvaguardar estas conciliaciones, la apoderada no ofreció un fundamento
jurídico por el cual la Corte deba declarar hoy que la declaratoria de nulidad
de la Sentencia debe apartarse del principio general según el cual la
declaración de nulidad retrotrae las cosas al estado anterior a que se dictara
la providencia, o el acto jurídico que fue anulado.
En ausencia de un principio de razón
suficiente que justifique por qué la Corte debe ahora apartarse del principio
general según el cual la declaración de nulidad debe producir efectos ex –
tunc, no puede esta Corporación alterar los efectos ex – nunc que en
principio tiene toda declaratoria de nulidad de los actos jurídicos.
31.    Por el contrario, la Corte observa
que el presente caso había sido seleccionado por la Sección Tercera del Consejo
de Estado para que se surtiera la revisión de la sentencia de segunda instancia
en la acción de grupo. Sin embargo, el expediente respectivo fue archivado por
el Consejo de Estado como consecuencia, precisamente, de que la Sala de
Revisión profirió la sentencia T-274 de 2012, y de que dicha sentencia anuló la
Sentencia de segunda instancia de la acción de grupo. Así mismo, la Corte no
puede desconocer que uno de los fundamentos principales de la anulación de
dicha sentencia fue la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia
de otro medio de defensa judicial. En esa medida, la declaratoria de efectos ex
– tunc del Auto le permite a la Corte retrotraer los efectos de su decisión
para garantizar que el demandante tenga la oportunidad de que la sentencia de
segunda instancia pueda ser objeto de revisión por parte del Consejo de Estado.
En virtud de todo lo anterior, la
Corte denegará la acción de tutela interpuesta por la Empresa de Energía del
Pacífico, EPSA E.S.P., en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura.
Sin embargo, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Sentencia
T-274 de 2012, le ordenará al Consejo de Estado anular el Auto del 24 de
octubre de 2012 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
el cual archivó el expediente en la revisión de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y en consecuencia continuar con el
mecanismo de revisión en el presente caso.
III. DECISIÓN
Con base en las consideraciones
expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR
la suspensión de términos decretada en este proceso.
SEGUNDO.- CONFIRMAR
la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2010, por la Sección Quinta  de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que a su vez
confirmó la del 20 de mayo de 2010, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado;
que había denegado la acción de tutela interpuesta por la Empresa de Energía
del Pacífico, EPSA E.S.P., en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Buenaventura.
TERCERO.- ORDENAR
a la Sección Tercera del Consejo de Estado anular el Auto del 24 de octubre de
2012, proferido por dicha sección mediante el cual archivó el expediente de la
acción de grupo 2002-04564-01, en la revisión de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, continuar con el proceso
en el presente caso.
CUARTO.- ORDENAR
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la devolución del expediente de
la acción de grupo 2002-04564-01 a la Sección Tercera del Consejo de Estado,
para efectos de darle cumplimiento a la orden contenida en la presente
providencia, dentro de los precisos términos establecidos en la Ley 472 de 1998.
Notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
Con aclaración de
voto
MYRIAM
ÁVILA ROLDÁN
Magistrada
(E)
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con aclaración de
voto
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente con permiso
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
con excusa
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA SU686/15
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se debió ordenar reabrir mecanismo
eventual de revisión que debe surtir el Consejo de Estado (Aclaración de voto)
Comparto plenamente la decisión adoptada en la
sentencia SU-686 de 2015, en el sentido de declarar la improcedencia de la
acción de tutela presentada en 2010 por la empresa EPSA ESP contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Buenaventura, por un supuesto error en la valoración de
las pruebas, dentro de la acción de grupo que favoreció al Consejo Comunitario
Mayor de la Comunidad Negra del Rio Anchicayá, reconociendo su derecho al pago
de los perjuicios generados por la realización de obras técnicas en la presa
hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, que ocasionaron un descenso en el nivel del
embalsa y la consecuente salida de considerables volúmenes de agua y sedimentos
que afectaron la vida de la población aledaña a la presa hidroeléctrica. Sin
embargo, no comparto la decisión de ordenar que se reabra el mecanismo eventual
de revisión que debe surtir el Consejo de Estado.
Referencia: Expediente T-2972159
Asunto: Acción de tutela
interpuesta por la Empresa de Energía del Pacífico E.S.P. S.A. -EPSA- contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Buenaventura
Magistrada
Ponente:
Gloria Stella Ortiz Delgado
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la
Corte Constitucional,  aclaro mi voto a la sentencia SU-686 de 2015, por las
razones que a continuación expongo:
1. Comparto plenamente la decisión adoptada en la
sentencia SU-686 de 2015, en el sentido de declarar la improcedencia de la
acción de tutela presentada en 2010 por la empresa EPSA ESP contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Buenaventura, por un supuesto error en la valoración de
las pruebas, dentro de la acción de grupo que favoreció al Consejo Comunitario
Mayor de la Comunidad Negra del Rio Anchicayá, reconociendo su derecho al pago
de los perjuicios generados por la realización de obras técnicas en la presa
hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, que ocasionaron un descenso en el nivel del
embalsa y la consecuente salida de considerables volúmenes de agua y sedimentos
que afectaron la vida de la población aledaña a la presa hidroeléctrica. Sin
embargo, no comparto la decisión de ordenar que se reabra el mecanismo eventual
de revisión que debe surtir el Consejo de Estado.
2. Para comenzar, es necesario recordar que en este extenso proceso, la
Corte Constitucional decidió inicialmente conceder protección al derecho
fundamental al debido proceso de la Empresa EPSA ESP por un supuesto yerro de
naturaleza probatoria (T-274 de 2012) en la sentencia de segunda instancia de
la acción de grupo a la que se ha hecho referencia.
Esta decisión, sin embargo, fue anulada mediante auto A-132 del 16 de abril de 2015, en el cual se
explicó que, como el mecanismo de eventual revisión se encontraba en trámite,
la tutela no cumplía el principio de subsidiariedad. En la misma dirección, en
el auto citado este Tribunal reconoció que incurrió en un error al considerar
que EPSA ESP podría enfrentar un perjuicio irremediable, por el solo hecho de
haber sido condenada al pago de una suma de dinero en la acción de grupo.
3. En ese contexto, La anulación de la sentencia T-274 de 2012 se basó
en que las consideraciones vertidas en esa providencia acerca de la procedencia
de la tutela resultaban incompatibles con el principio de subsidiariedad y con
el concepto de perjuicio irremediable. Por lo tanto, la única decisión que
podía la Corte adoptar en la sentencia SU-686 de 2015 (de reemplazo a la
providencia anulada) era declarar la improcedencia de la tutela, como en efecto
lo hizo la Sala Plena.
4. Pero, después de corregir las fallas de la sentencia T-274 de 2012,
en las dos últimas consideraciones de la sentencia SU-686 de 2015 la
Corporación decide que debe dejar sin efectos la decisión de archivo del
trámite de eventual revisión ante el Consejo de Estado, para que la acción
continúe en ese procedimiento.
5. Mientras que la ratio decidendi y las órdenes principales de la
sentencia  SU-686 de 2015 se dirigen a la protección de la autonomía e
independencia del juez natural, mediante la aplicación estricta del principio
de subsidiariedad, como debe ser en un acápite accesorio se afecta directamente
su ámbito funcional, ordenando el desarchivo de un procedimiento que ya culminó
por las vías procedimentales previstas por la ley para el efecto.
6. Podría pensarse que la Sala pretende, por esa vía, asegurar los
derechos de la comunidad negra del Río Anchicayá, previendo que un órgano de
cierre valide el análisis probatorio efectuado en la acción de grupo mencionada
al comienzo de esta aclaración.
Ese propósito, empero, no puede lograrse por esa vía, pues la parte
interesada en que se revise la decisión ejecutoriada de la acción de grupo no
es la comunidad afrodescendiente del Río Anchicayá, sino la empresa EPSA ESP,
responsable de la lesión a los intereses iusfundamentales de la
primera.  Por esa misma razón, tampoco resultaba acertada la opción discutida
en la Sala Plena, en el sentido de que la Corte Constitucional, desplazando al
juez natural, dictara una sentencia en la que se establezca una posición
definitiva acerca de la valoración de las pruebas realizada por un Tribunal
administrativo en el ámbito de su competencia.
En otros términos, la mejor manera de defender los intereses especialmente
protegidos por la Constitución era (i) declarar la improcedencia de la acción
por el no agotamiento de recursos, (ii) defender la autonomía e independencia
del juez natural, y (iii) preservar la cosa juzgada de una decisión
administrativa favorable a la Comunidad Negra del Río Anchicayá. Y, para lograr
todos esos fines de relevancia constitucional bastaba con declarar la
improcedencia del amparo.
Fecha ut supra,
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA SU686/15
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No debió haberse declarado improcedente
el amparo (Salvamento parcial de
voto)
Si bien
considero que en el presente asunto no se evidencia la existencia de alguna
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
ya que en ninguna de las dos sentencias que condenaron a la empresa EPSA E.S.P.
a indemnizar a los miembros de la Comunidad Negra del Bajo Río Anchicayá se
presentó una actuación arbitraria, caprichosa y manifiestamente contraria a
derecho, creo que no debió haberse declarado
improcedente el amparo, es decir, este Tribunal debió abordar el fondo del asunto planteado y limitarse a
confirmar las referidas providencias, y no como lo consideró la postura
mayoritaria, remitir de nuevo el expediente al Consejo de Estado para que en un
procedimiento cuya duración promedio oscila entre los 3 y 7 años se defina la
situación jurídica de la comunidad demandante.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se debió ordenar reabrir proceso que
fue archivado por el Consejo de Estado en su etapa de revisión (Salvamento parcial de
voto)
Considero
que la Corte no debió ordenar reabrir un proceso que  fue archivado por el
Consejo de Estado en su etapa de revisión, ya que no existe facultad
constitucional o legal que permita al máximo órgano de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo revivir un procedimiento que hace más de tres años
culminó.
REVISION EVENTUAL DE
ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO POR EL CONSEJO DE ESTADO-Pérdida de
idoneidad como medio de defensa (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Con orden de desarchivar proceso de
revisión y remitir de nuevo al Consejo de Estado, se somete a población
afectada a un nuevo aplazamiento en la ejecución del fallo que los favoreció y
a una indefensión que se prolonga en el tiempo (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-La Corte debió asumir directamente
revisión de fallo de Tribunal, para así decidir sin más demoras sobre la
protección de los derechos de comunidad afectada (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
expediente T-2.972.159
Acción de tutela
interpuesta por la Empresa de Energía del Pacífico E.S.P. S.A. -EPSA- contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Buenaventura
Magistrada
Ponente: Gloria
Stella Ortiz Delgado
Con
el debido respeto por las decisiones de esta corporación presento salvamento de
voto al fallo adoptado dentro de la sentencia SU-686 de 2015, expedida por la Sala Plena de la Corte
Constitucional.
Las razones que
sustentan el desacuerdo, se exponen a continuación:
Si bien considero que en el presente asunto no se
evidencia la existencia de alguna causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, ya que en ninguna de las dos sentencias
que condenaron a la empresa EPSA E.S.P. a indemnizar a los miembros de la
Comunidad Negra del Bajo Río Anchicayá se presentó una actuación arbitraria,
caprichosa y manifiestamente contraria a derecho, creo que no debió haberse declarado improcedente el amparo, es
decir, este Tribunal debió abordar el fondo del asunto planteado y
limitarse a confirmar las referidas providencias, y no como lo consideró la
postura mayoritaria, remitir de nuevo el expediente al Consejo de Estado para
que en un procedimiento cuya duración promedio oscila entre los 3 y 7 años se
defina la situación jurídica de la comunidad demandante.
Así las cosas, considero que la Corte no debió
ordenar reabrir un proceso que  fue archivado por el Consejo de Estado en su
etapa de revisión, ya que no existe facultad constitucional o legal que permita
al máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo revivir un
procedimiento que hace más de tres años culminó[39].
2. Respecto a la acción de grupo
presentada por los miembros de la Comunidad Negra del Bajo Río Anchicayá, creo que al haberse archivado el
proceso de eventual revisión dicho mecanismo perdió su idoneidad como medio de
defensa judicial. La Sala Plena ha
debido decidir directamente, como lo ha hecho en todos los casos en los cuales
no existía decisión de fondo en el recurso extraordinario, decidir directamente
sobre la constitucionalidad de las decisiones que condenaron a la
empresa EPSA E.S.P. a indemnizar los daños y perjuicios causados.
3. Pienso que con la orden de desarchivar el proceso
de revisión y remitirla de nuevo al Consejo de Estado, se somete a la población
afectada a un nuevo aplazamiento en la ejecución del fallo que los favoreció y
a una indefinición que se prolongará en el tiempo, desconociendo así el derecho
a acceder a la administración de justicia sin dilaciones injustificadas. Esta
decisión  es especialmente desafortunada si se tiene en cuenta que (i)
las comunidades llevan esperando la protección de sus derechos por casi dos
décadas, razón por la cual la decisión ha debido tomarse directamente por la
Corte Constitucional y (ii) está de por medio el derecho a la
indemnización de sujetos de especial protección constitucional, como lo son las
comunidades afro.
En lo que respecta a la primera de las dimensiones
(la espera por casi dos décadas), vale la pena resaltar que tal y como lo ha
manifestado esta Corporación, el derecho a una recta
y pronta administración de justicia, sin dilaciones injustificadas, forma parte
del derecho fundamental al debido proceso al “dejar de ser un simple
designio institucional para convertirse en el contenido de un derecho público
subjetivo de carácter prestacional ejercitable frente al estado, en los
supuestos de funcionamiento anormal de la jurisdicción”[40].
En igual medida el artículo 228 de la Carta
Política define la administración de justicia como una función pública, e
impone a todas las autoridades judiciales la responsabilidad de “hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en
materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta
y cumplida administración a todos los asociados”[41].
Sobre la segunda dimensión (derecho a la reparación)
vale la pena destacar que esta Corporación en el auto 005 de 2009 afirmó que: “el avance de megaproyectos y la adopción de legislación
que afecta los derechos territoriales y ambientales de las comunidades
afrocolombianas, están generando las condiciones para que éstas sean
desposeídas de su patrimonio territorial y de su habitat ambiental y por lo
tanto, para que la brecha de las desigualdades se mantenga, cualifique y
profundice”. Así las cosas, la
indemnización reconocida en el marco de la acción de grupo presentada por la
Comunidad Negra del Bajo Río Anchicayá puede ser considerada como una medida
que permite superar la pobreza estructural en la cual han vivido estas
comunidades históricamente, sin embargo la decisión adoptada en la sentencia SU-686 de 2015
pone en suspenso la materialización de estas garantías.
En conclusión, considero que la Corte ha debido
asumir directamente la revisión del fallo del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, para así decidir sin más demoras sobre la protección de los derechos
de Comunidad Negra del Bajo Río Anchicayá afectada por los trabajos de mantenimiento
de la represa de la central hidroeléctrica.
Fecha
ut supra,
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA SU686/15
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL CURSO DE UNA ACCION
DE GRUPO-Se debió estudiar la subsidiariedad de
la acción teniendo en cuenta que el mecanismo de revisión ante el Consejo de
Estado había sido archivado (Salvamento parcial de voto)
Con el debido respeto por las decisiones
de la Sala Plena, procedo a plantear las razones que me impiden acompañar, en
su integridad, la decisión adoptada en la Sentencia SU-686 de 2015. Mi disenso
tiene que ver, en concreto, con que se hayan confirmado las decisiones de
instancia que declararon improcedente la tutela formulada por la EPS A.
En mi criterio, lo decidido al respecto
contradice la regla jurisprudencial que exige que el cumplimiento del requisito
de subsidiariedad de las tutelas que se formulan contra una providencia
judicial se evalúe a la luz de las particularidades del caso concreto, es
decir, valorando si el accionante cuenta, en realidad, con un medio judicial
alternativo idóneo y efectivo para el restablecimiento de los derechos
fundamentales que presuntamente le fueron vulnerados.
En lugar de realizar ese ejercicio, la
Sentencia SU-686 de 2015 descartó la procedibilidad formal de la solicitud de
amparo con argumentos que, como lo explicaré más adelante, no reflejan las
circunstancias reales y actuales del caso objeto de estudio. Como, además,
ordenó desarchivar el proceso de revisión de los fallos de acción de grupo
retrasando, de nuevo, el pago de la indemnización que las comunidades negras de
Anchicayá han esperado durante más de diez años, me separo parcialmente de la
decisión de la Sala Plena. Paso, entonces, a explicar los motivos de mi
desacuerdo.
1.   Quisiera comenzar
recordando que la Sentencia SU-686 de 2015 estudió la tutela que formuló la
Empresa de Energía del Pacífico -EPSA- contra las sentencias de acción de grupo
que la declararon administrativa y patrimonialmente responsable de los
perjuicios sufridos los habitantes de la ribera del río Anchicayá a raíz del
vertimiento de sedimentos en la cuenca del río, entre julio y agosto de 2001, y
la condenaron a pagar una indemnización colectiva de 166 mil millones de pesos,
por concepto de perjuicios materiales.
2.   La compañía
planteó que las sentencias cuestionadas, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buenaventura y el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, se apoyaron en una prueba que no fue debidamente aportada, que
no pudo ser controvertida y que, de todas maneras, carecía de rigor técnico y
científico. Como, en su concepto, esas circunstancias configuraron un defecto
fáctico, pidió amparar su debido proceso.
3.   La tutela fue
declarada improcedente en el trámite de instancia. La Sección Cuarta del
Consejo de Estado consideró que no cumplía el requisito de subsidiariedad,
porque la Sección Tercera de esa corporación podría revisar, eventualmente, las
sentencias de acción de grupo. La Sección Quinta, a su turno, sostuvo que la
controversia formulada por la EPSA debió plantearse en el trámite del proceso.
4.     La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional[42] revocó ambas
decisiones mediante Sentencia T-274 de 2012. En su criterio, el hecho de que
hubieran transcurrido dos años sin que se decidiera sobre la selección para
revisión de los fallos de acción de grupo descartaba que ese mecanismo fuera
idóneo y efectivo para la defensa de los derechos fundamentales eventualmente
vulnerados a la EPSA. Luego, al examinar el fondo del asunto, resolvió que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca había incurrido en un defecto
fáctico al tasar la magnitud del daño y el monto de los perjuicios reclamados
por las comunidades negras de Anchicayá[43]. Por eso, amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la compañía accionante y revocó, en su integridad, la sentencia de
acción de grupo de segunda instancia.
5.     El apoderado del
Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá solicitó declarar nula la
Sentencia T-274 de 2012, en tanto desconoció la jurisprudencia constitucional y
dejó de analizar asuntos de relevancia constitucional con efectos
trascendentales para el sentido del fallo. La Sala Plena le dio la razón al
recurrente, tras comprobar que la sentencia no explicó las razones que, en
concreto, descartaban que el trámite de la acción de revisión ante el Consejo de
Estado fuera idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales de la
EPSA.[44]
. Para la Sala Plena, la ausencia de una justificación al respecto contradijo
la jurisprudencia "sobre la subsidiariedad de la acción de tutela,
y en particular, la regla jurisprudencial según la cual la idoneidad del medio
de defensa judicial principal debe analizarse en el caso concreto"[45].  Por eso, declaró
nulo el fallo de revisión, a través del Auto 132 de 2015.
6.     En mi concepto,
la Sentencia SU-686 de 2015 incurrió en el mismo error que motivó la nulidad de
la Sentencia T-274 de 2012. Ambas providencias examinaron la subsidiariedad de
la tutela formulada por la EPSA al margen de la situación que, en realidad,
determinaba la idoneidad y eficacia del mecanismo alternativo de defensa.[46]
La decisión de la que ahora me aparto, en efecto, concluyó que el mecanismo de
revisión ante el Consejo de Estado era la vía idónea y eficaz para proteger los
derechos fundamentales de la empresa demandante, pese a que el referido trámite
había sido archivado por el Consejo de Estado tres años antes. Dado que, en ese
contexto, el escenario alternativo de defensa con que contaba la EPSA para
proteger sus derechos fundamentales había desaparecido, la Sala Plena debió
estudiar el asunto de fondo y definir, de una vez por todas, una controversia
que se ha diferido durante más de diez años, en perjuicio de las comunidades
negras afectadas por los residuos que la compañía vertió en el río Anchicayá al
realizar labores de mantenimiento de la represa.
7.    La fórmula de
decisión que, en contraste, adoptó la Sentencia SU-686 de 2105, contradice la
rigurosidad a la que esta corporación ha sometido el análisis de las tutelas
que cuestionan providencias judiciales y supone un desbordamiento de sus
competencias en esa materia. Al ordenarle al Consejo de Estado anular una
providencia -el auto de archivo del proceso de revisión-que ni siquiera fue
cuestionada en este trámite, la Corte excedió las restricciones a las que se
somete la posibilidad de escrutinio del juez constitucional en esos casos, en
contravía de su propia jurisprudencia.
8.    Los problemas que
esta decisión comporta de cara a la garantía de los principios de juez natural
y autonomía judicial son apenas comparables con el grave retroceso que la misma
implica en el marco de la jurisprudencia que, de manera uniforme, les ha
prodigado a las comunidades negras un trato acorde con su status de sujetos de
especial protección constitucional.
9.
En esta ocasión, la Corte hizo un análisis
contraevidente de la procedibilidad formal de la acción de tutela y dictó una
orden que se inmiscuye, arbitrariamente, en las competencias del máximo
tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo resuelto al respecto
no tiene efecto distinto que el de diferir, injustificadamente el derecho de
las comunidades negras de Anchicayá a lograr la ejecución material de una
decisión judicial que, en mi concepto, no incurrió en el defecto fáctico que se
le atribuye.
10.   La sentencia de
la que me aparto fue, en fin, indiferente al impacto que implica volver a
aplazar el cumplimiento de los fallos de acción de grupo para unas comunidades
cuyo territorio, medios de subsistencia y formas de vida se vieron
comprometidos por cuenta de la descarga de sedimentos en el río. Por esas
razones, salvo mi voto en los términos expuestos.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Escrito de tutela
radicado en el Consejo de Estado el 8 de febrero de 2010 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, folios 3-47)
[2] Ibíd. Folio 3.
[3] Ibíd. Folio 4.
[4] Solicitud de pruebas anticipadas
presentada por el apoderado judicial de los habitantes de la ribera del Río
Anchicayá (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I de la acción de tutela, Folio 20)
[5] Escrito de tutela
radicado en el Consejo de Estado el 8 de febrero de 2010 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, folio
4)
[6] Auto del 19 de noviembre
de 2002, proferido por la Magistrada Luz Elena Sierra Valencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I de la acción de tutela, Folio
208)
[7] Dictamen pericial sobre el estado
de los cultivos establecidos en la parte baja del Río Anchicayá, consejos
comunitarios de Taparal, Humane, Calle Larga y Bracitos-Amazonas, municipio de
Buenaventura (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I de la acción de tutela, Folio
215)
[8] Memorial radicado el 23 de abril
de 2003 en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura por Gerardo
Andrés Figueroa Martínez, apoderado de EPSA en la diligencia de prueba
anticipada (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I, Folio 220)
[9] Auto No. 1001 de noviembre 28 de
2001 proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura (Expediente T-2972159, Cuaderno
de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I, Folio 254)
[10] Recurso de reposición y en
subsidio el de apelación contra el Auto No. 1001 de noviembre 28 de 2001 (Expediente T-2972159, Cuaderno
de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I)
[11] Auto de enero 15 de 2004
proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura (Expediente T-2972159, Cuaderno
de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I, Folios 255-256)
[12] Informe complementario de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la
Gobernación del Valle del Cauca (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I, Folios 260-396)
[13] Escrito de fecha 16 de
septiembre de 2004 radicado por el apoderado judicial de EPSA en el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Buenaventura (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I, Folios 398-400)
[14] Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 2 anexo al Cuaderno I, Folio 166.
[15] Cabe resaltar que como
consecuencia de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos,
desde el 26 de abril de 2006, el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de
Buenaventura avocó conocimiento de la primera instancia de la acción de grupo,
que culminó con la sentencia del 20 de mayo de 2009, sobre la  cual se hará
referencia más adelante.
[16] Oficio No. 979 proferido por el
Tribunal Superior del Valle del Cauca (Expediente T-2972159, Cuaderno de pruebas
No. 1 anexo al Cuaderno I, Folio 402)
[17] Oficio No. 1096 proferido por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura (Expediente T-2972159, Cuaderno
de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I, Folio 403)
[18] Memorial radicado por EPSA el 19 de
septiembre de 2008, por el cual se objetó por error grave el dictamen pericial
entregado el 29 de julio de 2008 (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 2 anexo al Cuaderno I, Folios 214-226)
[19] “ARTÍCULO 140.
Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
(…)
1. Cuando corresponde a distinta
jurisdicción.”
[20] Fallo de primera
instancia de la acción de grupo No. 2002-4584-01 (Expediente
T-2972159,
Cuaderno de pruebas No. 1 anexo al Cuaderno I, Folio 131)
[21] (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 95)
[22] Fallo de segunda
instancia de la acción de grupo No. 2002-4584-01 (Expediente T-2972159,
Cuaderno I, Folio 116)
[23] Fundamento 40 de las
Consideraciones y fundamentos de la Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 327)
[24] Ibíd.
[25] Fundamento 11 de las
consideraciones y fundamentos de Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 329)
[26] Fundamento 12 de las
consideraciones y fundamentos de Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 329)
[27] En esta ocasión la Corte
reiteró lo dicho en las sentencias T-288 de 2011, T-239 de 1996, T-538 de 1994,
SU-159 de 2001, SU-132 de 2002 y T-814 de 1999.
[28] Fundamento 25 de las Consideraciones y fundamentos de la
Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 332)
[29] Fundamento 35 de las Consideraciones y fundamentos de la
Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 335)
[30] Fundamento 40 de las Consideraciones y fundamentos de la
Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 336)
[31] Fundamento 40 de las Consideraciones y fundamentos de la
Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 336)
[32] Fundamentos 46.1, 46.2 y 46.3 de las Consideraciones y
fundamentos de la Sentencia T-274 de 2012 (Expediente
T-2972159,
Cuaderno Corte Constitucional, Folio 344).
[33] Fundamento 46.7 de las Consideraciones y fundamentos de la
Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 345).
[34] Fundamento 47 de las Consideraciones y fundamentos de la
Sentencia T-274 de 2012 (Expediente T-2972159, Cuaderno
Corte Constitucional, Folio 345).
[35] Ibíd.
[36] Solicitud de nulidad de
la de
la Sentencia T-274 de 2012 presentada por el apoderado del Consejo Mayor de la Comunidad
Negra del Río Anchicayá (Expediente T-2972159, Cuaderno
del Incidente de Nulidad de la Sentencia T-274 de 2012, Folios 1-38)
[37] Auto del 24 de octubre
de 2012 proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado (Expediente T-2972159, Cuaderno
del Incidente de Nulidad de la Sentencia T-274 de 2012, Folios 158-159)
[38] En este sentido, ver
también las Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-081 de
2013 (María Victoria Calle Correa).
[39] Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, fecha 24 de octubre
de 2012.
[40] Sentencia
C-390 de 2014.
[41] Sentencia
T-283 de 2013.
[42] Integrada por los magistrados Juan Carlos
Henao, Luis Guillermo Guerrero y Jorge Iván Palacio.
[43] Según la Sentencia T-274 de 2012, la configuración
del defecto fáctico tuvo que ver con que el tribunal Administrativo del Valle
vulneró el debido proceso de la EPSA, porque el informe cuestionado i) se incorporó al
expediente como prueba anticipada, pese a que se realizó de forma simultánea al
trámite de la acción de grupo; ii) se valoró como dictamen pericial, aunque
los peritos no se designaron en el curso del proceso ni se practicó el dictamen
con citación de las partes para que plantearan su objeciones al respecto y iii) porque se le otorgó
pleno valor probatorio como informe técnico en cabeza de una entidad oficial,
sin considerar que se apoyaba exclusivamente en las declaraciones rendidas por
los demandantes en calidad de afectados.
1 De hecho, la Sala
cuestionó que la tutela se hubiera declarado improcedente sobre el supuesto de
la tardanza en la selección, pese a que, explícitamente, reconoció que las
sentencias de acción de grupo habían sido seleccionadas para revisión por el
Consejo de Estado mediante providencia del 28 de marzo de 2012. 1
Auto 132 de 2015, fundamento jurídico 49.
[44] La Sentencia T-247 de 2012, en efecto,
declaró procedente la tutela que formuló la compañía accionante porque habían
transcurrido dos años sin que se resolviera sobre la selección para revisión de
los fallos de acción de grupo. Esto, pese a que, para ese momento, el caso ya
había sido seleccionado por la Sección Tercera del Consejo de Estado. La
Sentencia SU-686 de 2015, en cambio, resolvió que el mecanismo de revisión era improcedente,
aun cuando era claro que el mismo había sido archivado tres años antes, a raíz
de la decisión adoptada por la Sentencia T-274 de 2012.
[45] Auto 132 de 2015, fundamento jurídico 49.
[46] La Sentencia T-247 de 2012, en efecto,
declaró procedente la tutela que formuló la compañía accionante porque habían
transcurrido dos años sin que se resolviera sobre la selección para revisión de
los fallos de acción de grupo. Esto, pese a que, para ese momento, el caso ya
había sido seleccionado por la Sección Tercera del Consejo de Estado. La
Sentencia SU-686 de 2015, en cambio, resolvió que el mecanismo de revisión era
improcedente, aun cuando era claro que el mismo había sido archivado tres años
antes, a raíz de la decisión adoptada por la Sentencia T-274 de 2012.