T-287-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-287/11
ACCION DE TUTELA CONTRA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO COMO PARTICULAR-Procedencia
excepcional
La
Corte ha reiterado que la procedencia de la acción de tutela frente a
particulares está condicionada a que se demuestre la existencia de una relación
de subordinación o indefensión entre el accionante y el accionado, entre otros
eventos.
SUBORDINACION E INDEFENSION-Distinciones
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la
subordinación como una relación de dependencia desde una perspectiva jurídica,
mientras que la indefensión se presenta cuando existe un desequilibrio de poderes
entre las partes desde el punto de vista material. Si bien en ambas situaciones
se presentan posiciones desiguales jerárquicamente, la primera se origina en un
evento jurídico, mientras que la segunda tiene lugar como consecuencia de uno
de carácter fáctico.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza jurídica, definición y características
La Ley 79 de 1988 establece en su artículo
70, que las cooperativas de trabajo asociado serán aquellas que vinculen el
trabajo de sus asociados a la producción de bienes, la ejecución de obras o la
prestación de servicios. Estas cooperativas se caracterizan, entre otras cosas,
por su asociación libre y voluntaria, la no existencia de ánimo de lucro, su
desarrollo conforme al principio de igualdad de los asociados, el basarse en el
trabajo de los mismos, la solidaridad en las compensaciones o retribuciones, el
desarrollo de actividades económico sociales, la presencia de una organización
democrática y la existencia de autonomía empresarial. La naturaleza de estas
asociaciones concede a sus miembros la facultad de expedir y aprobar reglas
relacionadas con la administración y el manejo de las mismas; también con
respecto al reparto de excedentes y con relación a aspectos relativos al
trabajo, las compensaciones y demás estipulaciones creadas para alcanzar los
objetivos específicos de cada asociación, que  más allá de cuáles sean, deben
propugnar por el trabajo conjunto que permita la obtención de los ingresos
necesarios para que los asociados y sus familias puedan llevar una vida digna. La
Corte también ha señalado que cuando en el convenio cooperativo y en su
ejecución prevalezcan condiciones de carácter laboral por sobre las de índole
cooperativa, se configurará un contrato de trabajo y las relaciones jurídicas
entre las partes no se regirán por las normas de la legislación cooperativa
sino por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, de conformidad
con el principio constitucional consagrado en el artículo 53 Superior, de
primacía de la realidad sobre las formalidades
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE
FORMALIDADES EN RELACIONES LABORALES Y CONTRATO REALIDAD EN EL MARCO DE LAS
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
La jurisprudencia de esta Corporación siempre ha
estado encaminada a defender la amparabilidad del trabajo como derecho
fundamental, más allá de las formas contractuales como éste se manifieste. De manera consecuente, la Corte ha sostenido que basta con
la prestación efectiva de trabajo para que surjan derechos a favor del
trabajador y que siempre que se realice una actividad en condiciones de
subordinación habrá lugar a una relación de carácter laboral. De esa
manera, el principio de primacía de la realidad sobre las formas implica la
garantía de los derechos de los trabajadores más allá de las condiciones que
formalmente se hayan pactado. En ese sentido, puede hablarse de la existencia
de una relación jerárquica de trabajo cuando la realidad del contexto demuestre
que “una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada
subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica”; de ese modo
nacen derechos y obligaciones entre las partes, que se ubican en el ámbito de
la regulación laboral ordinaria. La noción del ‘contrato realidad’ se basa en
una apreciación contextualizada del concepto de trabajo y no en una valoración
inmaterial del mismo.
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Vinculación no excluye el surgimiento de una relación
laboral, cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa sino
para un tercero respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios
La vinculación a una cooperativa no excluye
necesariamente el surgimiento de una relación laboral, ya que en casos como los
citados, donde los empleados o empleadas estaban asociados a una cooperativa
que disponía la prestación de sus servicios en otra empresa, de la cual reciben
instrucciones y frente a la cual cumplen horarios, es predicable la existencia
de un vínculo de subordinación que da lugar a la aplicación de la legislación
laboral, ya que la relación del cooperado permite evidenciar la existencia de
un contrato realidad, cuando se reúnen los elementos esenciales del contrato de
trabajo.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
TRABAJADORES DISCAPACITADOS O EN CONDICIONES DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Protección constitucional especial
El artículo 13 Superior consagra el derecho a la igualdad y
establece el compromiso del Estado en cuanto a la protección especial que debe
dársele a las personas que “por su condición económica, física o mental, se
encuentren en condiciones de debilidad manifiesta”. Del mismo modo, el artículo
47 Superior se refiere a las medidas que deben adoptarse para contrarrestar la
situación de debilidad manifiesta de algunas personas y al deber del Estado de
adelantar políticas dirigidas a la prevención, rehabilitación e integración
social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. De esta manera
emerge como forma de protección especial el reconocimiento del derecho a la
estabilidad laboral reforzada de quienes se hallan en estado de debilidad
manifiesta. Dicha protección encuentra su fundamento en la garantía del derecho
a la igualdad de quienes dada su condición especial se encuentran expuestos a
factores de discriminación, posibilitando de ese modo su inclusión en la vida
social. Ahora bien, en el evento de presentarse situaciones de discriminación,
se hace necesario el empleo de mecanismos jurídicos prevalentes para
contrarrestarlas. El derecho a la estabilidad laboral reforzada se predica de
ciertos sujetos en atención a su condición especial, verbi gratia las personas
en situación de discapacidad y las mujeres en periodo de gestación y lactancia;
sin embargo, el marco de aplicación del mismo es extensivo a aquellas personas
que ven afectada su salud en desarrollo de sus actividades laborales.
facultad del
empleador de terminar el contrato laboral DE un trabajador con una incapacidad
superior a 180 dIAS-Límites
Puede sostenerse que: primero, al interpretar los artículos 7 y 16 del Decreto 2351
de 1965, debe entenderse que aunque el período de incapacidad del trabajador se
extienda por más de 180 días continuos, al empleador le corresponde reintegrar
al trabajador en el cargo que ocupaba una vez se recupere, o reubicarlo en caso
de que continúe incapacitado parcialmente; segundo, la Ley 776 de 2002, precisa
dicha protección con respecto a los trabajadores con incapacidad permanente
parcial ocasionada por accidente de trabajo o enfermedad profesional; y tercero,
la desvinculación de un trabajador con incapacidad permanente parcial sólo procede si se cuenta con
autorización del Ministerio de la Protección Social, en los términos del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones” y de la Sentencia C-531 de 2000 que declaró la
exequibilidad del mismo.
SUSTITUCION DEL EMPLEADOR-Definición
El artículo 67 del Código
Sustantivo del Trabajo define la figura de la sustitución de empleador como
“todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista
la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones
esenciales en el giro de sus actividades o negocios”. En efecto, cuando se
constata: primero, un cambio de empleador y segundo, la continuidad de la
empresa, se debe amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva
de los contratos laborales, claro está, mientras no haya causa jurídica que
fundamente su despido. En la Sentencia T-768 de 2005, la Corte precisó que en los eventos en los que el reintegro laboral se
pretende en una nueva empresa, con respecto a la cual se sostiene que sustituyó
al antiguo empleador, es necesario verificar la ocurrencia del fenómeno de la
sustitución patronal. En principio, corresponde a la jurisdicción laboral, de
acuerdo a las particularidades fácticas de cada asunto, determinar si se ha
presentado la sustitución de empleador y, en consecuencia, disponer en relación
con el reintegro solicitado. Sin embargo, cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional como las mujeres en estado de gestación y lactancia, las
personas con discapacidad o que han sufrido afecciones en su salud en el
desarrollo de sus actividades laborales, en atención a la situación de
debilidad manifiesta en que estos se encuentran y con el propósito de brindar
una garantía efectiva de la protección a los derechos vulnerados, puede
efectuarse la verificación de la configuración de la sustitución del empleador
en sede de tutela, ya que en estos casos el procedimiento ordinario no resulta
ser el más idóneo.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y MINIMO VITAL-Orden a
Hospital de reintegrar a la accionante y responder solidariamente junto a
Cooperativa de Trabajo Asociado
Referencia.
Expediente T-2.726.909.
Acción de Tutela instaurada por Lilia Maritza Pradilla
contra la Cooperativa de Trabajo Asociado San José de Cúcuta.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C., catorce (14) de abril  de dos mil once (2011).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
-quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Siete de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión,
la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
El 9 de noviembre de 2009, Lilia Maritza Pradilla,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Cooperativa de
Trabajo Asociado San José de Cúcuta (COOPSANJOSE), por considerar que su
actuación vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad
laboral reforzada, a la igualdad y a la seguridad social.
Por lo anterior solicitó que se ordene a la demandada que
la reubique y le cancele las compensaciones y prestaciones sociales causadas y
no pagadas desde el mes de febrero de 2009 y hasta la fecha, considerando que
COOPSANJOSE no le ha comunicado la terminación de su contrato de trabajo.
Fundamentó su petición en los siguientes:
1.2.
HECHOS
1.2.1. Lilia Maritza Pradilla ingresó como trabajadora
asociada de la cooperativa COOPSANJOSE, a prestar servicios en la E.S.E CAA
Atalaya, a partir del 01 de noviembre de 2005, en el cargo de auxiliar de
oficina, desempeñando labores de oficina y secretaria (cd.1, fl.1).
1.2.2. Afirma que desde el 30 de octubre de 2007, fue incapacitada
ya que presentó “síndrome del túnel carpiano derecho severo y epoconditis lateral
derecha” y que acumuló  un total de 365 días de incapacidad (cd.1, fl.1 y
2).
1.2.3. El 05 de junio de 2008, el diagnóstico fue confirmado por
el Dr. Luis Ramón Sandoval -médico adscrito la I.P.S. Caprecom-, quien le
recomendó que solicitara reubicación en un área de trabajo en la que no
realizara labores repetitivas con las manos (cd.1, fl.1 y 2).
1.2.4. El 13 de junio de 2008, falleció Ángel Botello Gómez,
esposo de la accionante, quien se había hecho cargo de los gastos del hogar y
la educación de sus hijos (cd.1, fl.11).
1.2.5. La A.R.P. Positiva calificó la enfermedad de la
accionante y dictaminó una pérdida de origen  profesional del 10,45%; sin
embargo, la actora apeló dicha calificación por lo que fue remitida a la Junta
Regional de Calificación de Norte de Santander (cd.1, fl.6).
1.2.6. El 12 de febrero de 2009, la Junta Regional de
Calificación de Norte de Santander le diagnosticó una perdida de capacidad
laboral del 22,26% (cd.1, fl.3 y 4). La estructuración de la calificación data
del 11 de diciembre de 2008 (cd.1, fl.4).
1.2.7. El 21 de febrero de 2009, la Nueva E.P.S., I.P.S. UMOI
emitió oficio mediante el cual le informó a COOPSANJOSE que desde el 12 de
febrero de 2009 se le diagnosticó a Lilia Maritza Pradilla una pérdida del
22.26% de su capacidad laboral, para que así, habiendo terminado el proceso por
medicina laboral, se procediera a su reubicación (cd.1, fl.8).
1.2.8. La accionante afirma que desde el mes de febrero de
2009 no ha recibido compensación alguna de parte de la cooperativa.
1.2.9. El 25 de junio de 2009, la Junta Nacional de
Calificación confirmó el diagnóstico de la Junta Regional y señaló que se trata
de una enfermedad de origen profesional (cd.1, fl.5-7). La estructuración de la
calificación data del 11 de diciembre de 2008 (cd.1, fl.5).
1.2.10. El
26 de junio de 2009, como respuesta a una petición que la accionante adelantó, COOPSANJOSE
manifestó haber conocido el comunicado de la Nueva E.P.S.; sin embargo, expresó
que dada la finalización del contrato que vinculaba a la cooperativa con Caprecom,
en ese entonces administrador de la clínica, no había lugar a llevar a cabo la
reubicación; además, sostuvo que no se generaron incapacidades en los meses de
marzo, abril y mayo de 2009 y que la accionante tiene derecho a que se liquiden
y paguen los aportes sociales previa solicitud por escrito (cd.1, fl.9 y 10).
1.2.11. El
23 de septiembre de 2009, dado que COOPSANJOSE no había tomado decisión alguna,
la accionante decidió acudir al Ministerio de La Protección Social en donde se
citó 3 veces a la gerente de la cooperativa, quien nunca se presentó y sólo
envió oficios en los que solicitó el aplazamiento de las diligencias (cd.1,
fl.14-19).
1.3.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Mediante Auto
proferido el diez (10) de noviembre de 2009, el Juzgado Primero Civil Municipal
de Cúcuta admitió la demanda interpuesta y dio traslado a la entidad demandada
para que  ejerciera sus derechos de defensa y contradicción.
1.3.1.  Cooperativa de Trabajo
Asociado San José de Cúcuta (COOPSANJOSE)
Liliana Elena
Rodríguez Peláez, en su calidad de representante legal de COOPSANJOSE, manifestó
lo siguiente:
1.3.1.1.
Señaló que COOPSANJOSE es una organización sin ánimo de lucro, perteneciente al
sector solidario de la economía, que asocia personas naturales que simultáneamente
son gestoras y contribuyen económicamente a la cooperativa, y quienes además
son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de sus
actividades profesionales, por ello, los asociados están regidos por los
Estatutos y Regimenes de Trabajo Asociado y de Compensaciones, y en esa medida,
el vínculo no se somete a la legislación laboral, sino a las leyes cooperativas
que regulan la materia (cd.1, fl.174).
1.3.1.2.
Precisó que Caprecom terminó unilateralmente el contrato con COOPSANJOSE para
la prestación de los servicios de salud en la Unidad Hospitalaria Clínica
Cúcuta, por lo que todos y cada uno de sus trabajadores, a partir del 26 de
febrero de 2009, quedaron sin ocupación laboral (cd.1, fl.175). Los detalles de
está decisión los resumió de la siguiente forma:
1.3.1.2.1.
Relató que la escisión del I.S.S. -mediante Decreto 1750 de 2003- dio lugar a
la creación de la E.S.E. Francisco de Paula Santander en las instalaciones del I.S.S.
que en Norte de Santander se denominaban Clínica Cúcuta, y que en virtud del
decreto mencionado pasaron a denominarse Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta (cd.1,
fl.174).
1.3.1.2.2.
Narró que la administración directa de la Unidad Hospitalaria Clínica
Cúcuta por parte de la E.S.E. Francisco de Paula Santander se dio por terminada
en virtud del Decreto 810 de 2008, mediante el cual se suprimió dicha entidad y
se ordenó su liquidación. Así, se delegó en Caprecom la administración de la
citada clínica, que durante ese periodo se denominó I.P.S. Caprecom Clínica
Cúcuta (cd.1, fl.175).
1.3.1.2.3.
Relata que el 26 de febrero de 2009 se efectuó la entrega real y efectiva de
las instalaciones de la clínica a sus nuevos dueños, la Universidad de Pamplona
en asocio con la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, quienes
designaron en lugar de Caprecom a un nuevo operador, la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz (cd.1, fl.175).
1.3.1.2.4.
En vista de lo anterior, Caprecom terminó unilateralmente su vínculo con
COOPSANJOSE, y por ende, todos y cada uno de los trabajadores de la cooperativa
quedaron sin ocupación laboral. En consecuencia, en COOPSANJOSE se recibieron
solicitudes de devolución de aportes de muchos de los trabajadores asociados,
quienes actualmente se encuentran laborando por cuenta de la cooperativa
COBADESA (cd.1, fl.175).
1.3.1.2.5.
La accionante, Lilia Maritza Pradilla, no fue vinculada a dicha cooperativa, ya
que al momento de la entrega material y efectiva de las instalaciones al nuevo
operador, se encontraba incapacitada (cd.1, fl.175).
1.4.
PRUEBAS
A continuación se relacionan las pruebas documentales
que reposan en el expediente:
1.4.1. Copia de la cédula de ciudadanía de Lilia Maritza
Pradilla (cd.1, fl.12).
1.4.2. Copia del certificado laboral expedido por COOPSANJOSE
el día 22 de abril de 2008 (cd.1, fl.13).
1.4.3. Copia de la valoración y dictamen de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, del 12 de febrero de 2009
(cd.1, fl.3 y 5).
1.4.4. Copia de la valoración y dictamen de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez, del 25 de junio de 2009 (cd.1, fl.5-7).
1.4.5. Copia del oficio dirigido a COOPSANJOSE por parte de la
NUEVA E.P.S., el 21 de febrero de 2009 (cd.1, fl.8).
1.4.6. Copia del acta de defunción de Ángel Botello Gómez del
16 de junio se 2008 (cd.1, fl.11).
1.4.7. Copia de la respuesta que el 26 de junio de 2009,
COOPSANJOSE dio al derecho de petición presentado por Lilia Maritza Pradilla (cd.1,
fl.176).
1.4.8. Copias de las citaciones de diligencia administrativa
laboral enviadas por el Ministerio de la Protección Social a COOPSANJOSÉ, los
días 28 de agosto de 2009, 23 de septiembre de 2009, y 26 de octubre de 2009 (cd.1,
fl.14-19).
1.5.    ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1.5.1. Mediante
Auto del catorce (14) de octubre de 2010, dadas las pretensiones de la
accionante y considerando que la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz y la
cooperativa COBADESA podrían resultar afectados con las decisiones que se tomen
en esta sede, se puso en conocimiento de dichas entidades la tutela interpuesta
y los fallos de instancia, para que en un término prudencial manifestaran lo
que consideraran pertinente.
1.5.2. En
este mismo Auto se solicitó a Positiva Compañía de Seguros A.R.P., que
informara si efectuó el pago de las incapacidades a Lilia Maritza Pradilla.
1.5.3. También
se requirió al  Ministerio de la Protección Social que informara cuál fue su
respuesta frente a la solicitud realizada por la cooperativa COOPSANJOSE, el 6
de abril de 2009 y con número de radicación 1038, mediante la cual se pretendía
que se autorizara la desvinculación de Lilia Maritza Pradilla y otras
trabajadoras asociadas.
1.5.4. Se
solicitó a Lilia Maritza Pradilla que allegara una relación de los ingresos y
gastos de su núcleo familiar y copia de las incapacidades que le otorgaron con
posterioridad al 5 de junio de 2008.
1.5.5.
Se instó a la cooperativa
COOPSANJOSE para que allegara una descripción de la labor que desempeñaba Lilia
Maritza Pradilla  y una lista de los trabajadores que fueron desvinculados de
la cooperativa como consecuencia de la terminación unilateral del contrato por
parte de Caprecom.
1.5.6.
Por último, se solicitó a la
cooperativa COBADESA que allegara una lista de los trabajadores que se han
vinculado a la cooperativa y que actualmente prestan sus servicios en la E.S.E.
Hospital Universitario Erasmo Meoz.
1.6.
PRUEBAS ALLEGADAS EN SEDE
DE REVISIÓN
1.6.1. La E.S.E
Hospital Universitario Erasmo Meoz, a través de su gerente Ivan Dario
Zabaleta Hernández, allegó oficio en el que, entre otras cosas, manifestó (cd.3,
fl.73):
“Me opongo a todos y cada uno de los hechos y
pretensiones de la acción tutelar, toda vez que la accionante, señora Lilia
Maritza Pradilla, una vez revisados los archivos de la sección de Talento
Humano se pudo constatar que no tiene ni ha tenido vínculo laboral o contractual
con esta entidad, así mismo me permito informarle que la institución no ha
suscrito contrato civil alguno con la accionada Cooperativa de Trabajo Asociado
San José de Cúcuta COOPSANJOSE.”
1.6.2. Positiva Compañía de Seguros A.R.P. sostuvo que pagó a la cooperativa COOPSANJOSE la suma
de $1’732.308 correspondiente al resultado de la liquidación de los periodos de
incapacidad temporal otorgados a la trabajadora Lilia Maritza Pradilla y que
fueron solicitados el 09 de julio de 2009 (cd.3, fl.25). Se le pagaron un total
de 90 días de incapacidad (cd.3, fl.27).
1.6.3. El Ministerio
de la Protección Social manifestó con respecto a la solicitud de la
cooperativa COOPSANJOSE (cd.3, fl.30 y 31):
“(…) las diferencias que surjan entre las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado y sus asociados en virtud de actos
cooperativos de trabajo, se someterán en primer lugar a los procedimientos de
arreglo de conflictos por vía de conciliación estipulados en los estatutos.
Agotada esta instancia si fuera posible se someterán al procedimiento arbitral
de que trata el Código de Procedimiento Civil, o a la jurisdicción laboral
ordinaria.
Por último, si bien es cierto que estas normas rigen para los contratos
de trabajo que los terminan sin justa causa por razón de su limitación, las
cooperativas de trabajo asociado no se rigen por la legislación laboral, sino
están reguladas por la legislación cooperativa, los estatutos, el acuerdo
cooperativo y el régimen de trabajo asociado y de compensaciones. Finalmente
devuelvo a usted dicha petición por no ser esta materia de nuestra competencia.” (Negrita fuera de texto).
1.6.4. La
accionante, Lilia Maritza Pradilla, allegó oficio en el que se muestra
un resumen de las incapacidades posteriores a junio de 2008 (cd.3, fl.55).
Allegó también informe de los gastos de su núcleo familiar desde junio de 2008
hasta la fecha, certificado por Lorena Rojas Ortega, contadora pública con
tarjeta profesional (cd.3, fl.67).
1.6.5.
La accionada, COOPSANJOSE,
mediante su representante legal Liliana Elena Rodríguez Peláez, allegó oficio
en el que sostuvo (cd.3, fl.82 y 83):
“1. A la ex trabajadora asociada LILIA MARITZA PRADILLA NO SE
LE PUEDEN CERTIFICAR actividades, procesos y procedimientos realizados, por
cuanto la misma venía incapacitada desde el 08 de noviembre de 2007, esto es,
que por su estado de salud se encontraba vinculada a la cooperativa PERO NO
CONTABA CON UN PUESTO DE TRABAJO.
2.   NUESTROS TRABAJADORES ASOCIADOS NUNCA FUERON DESVINCULADOS
DE COOPSANJOSE COMO CONSECUENCIA DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR
PARTE DE CAPRECOM, en papel se les informó que a partir del 26 de febrero de
2009 no contaban con puesto de trabajo en la cooperativa, pero en REALIDAD
NUNCA CESARON EN SUS ACTIVIDADES, PORQUE CONTINUARON PRESTANDO LOS SERVICIOS
mediante VINCULACIÓN CON LA COOPERATIVA COBADESA y/o PROGRESAMOS  y las demás
que fueron señaladas por el operador de turno E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ.
3.   Aun más precisamente porque tenían un puesto de
trabajo con COBADESA y/o PROGRESAMOS fue que todos los trabajadores asociados
solicitaron la DEVOLUCIÓN DE SUS APORTES SOCIALES, lo que por contera implicaba
su desvinculación de COOPSANJOSÉ y casi la LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, lo cual
evitamos programando por meses la DEVOLUCIÓN DE LOS APORTES SOCIALES, para
continuar subsistiendo con la expectativa de participar en nuevas
contrataciones, para estudiar la VIABILIDAD de ADQUIRIR NUEVOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.”
1.6.6. La
cooperativa COOBADESA, a través de su gerente, William Gómez, allegó oficio
en el que manifestó que revisados los archivos, Lilia Maritza Pradilla no es,
ni ha sido asociada de la cooperativa, ni ha tenido vínculo alguno con la
misma.
2.
DECISIONES JUDICIALES
2.1.  FALLO DE ÚNICA INSTANCIA: JUZGADO PRIMERO CIVIL  MUNICIPAL
DE CÚCUTA
El Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, mediante
Sentencia del veinticuatro  (24) de noviembre  de 2009, declaró improcedente la
acción de tutela bajo la consideración de que la accionante no se encuentra en
estado de subordinación e indefensión frente a COOPSANJOSE.
Lo anterior teniendo en cuenta la situación de
igualdad de los asociados en organizaciones como las cooperativas de trabajo
asociado, y en vista de que no está demostrada la existencia de una relación
jurídico-laboral entre los sujetos en controversia, de manera que la
subsidiariedad de la acción de tutela impide al juez constitucional sustituir
la jurisdicción ordinaria laboral, que cuenta con la competencia para declarar
la existencia del contrato realidad y, en consecuencia, condenar a COOPSANJOSE
a la reubicación y pago de las retribuciones legales a que tiene derecho la
asociada conforme a las normas del Código Sustantivo del Trabajo.
Afirmó además que no hay prueba alguna de la
existencia de un perjuicio grave e inminente que pueda generar consecuencias
irremediables a la accionante, y que ésta cuenta con la vía ordinaria laboral
para obtener el pago de los derechos laborales que pretende alcanzar a través
de esta tutela. Siguiendo lo anterior, aseguró que tampoco se encuentra la
accionante en estado de indefensión,  ya que como se ha dicho, cuenta con medios
de defensa judicial para la protección de sus derechos.
La accionante impugnó la decisión y manifestó que si
bien es cierto que la demanda se dirige contra una cooperativa de trabajo
asociado y que en principio debería conocer la jurisdicción ordinaria, se le
está vulnerando un derecho fundamental como lo es el derecho al mínimo vital lo
que hace procedente la acción de tutela. Además, insistió en que si bien en la
decisión de primera instancia no se consideró probada la existencia de un
perjuicio grave e inminente que pueda generar consecuencias irremediables, los
hechos de tener familia que depende económicamente de ella, dada la muerte de
su esposo, y de no contar con las compensaciones que se le adeudan, configuran
una situación de perjuicio grave.
Antes de resolver la impugnación, el Juzgado Séptimo
Civil del Circuito de Cúcuta declaró la nulidad de la sentencia del
veinticuatro (24) de noviembre de 2009, debido a la no vinculación de Positiva
Compañía de Seguros A.R.P., para la integración del contradictorio por pasiva. De
manera que se ordenó al Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta vincular
dentro de la acción de tutela como entidad demandada a Positiva Compañía de
Seguros A.R.P., y devolver toda la actuación a la juez del conocimiento, para
que retomara la actuación anulada.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, en
sentencia de nueve (09) de febrero de 2010, pronunció un nuevo fallo de
naturaleza similar al que había emitido anteriormente, ya que aunque se
procedió a vincular a Positiva Compañía de Seguros A.R.P., no se obtuvo
respuesta alguna. Por ello, además de ratificar la decisión inicial -declarar
improcedente la acción de tutela-, previno a Positiva Compañía de Seguros
A.R.P., para que en el caso de no estar cancelando las prestaciones
-asistenciales y económicas- debidas a la accionante, Lilia Maritza Pradilla,
procediera de manera inmediata a su estricto cumplimiento.
3.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
3.1
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución,
es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta
referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por
la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
3.2
PROBLEMA JURÍDICO
El presente caso gira en torno a establecer si la actuación
de la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE, vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la
igualdad y a la seguridad social de la accionante Lilia Maritza Pradilla, y en
consecuencia, si resulta o no procedente su reintegro y reubicación.
Para resolver el problema planteado, la Corte
efectuará el estudio de los siguientes puntos: primero, como asunto
preeliminar, la procedencia excepcional de la tutela contra particulares;
segundo, la naturaleza jurídica de las cooperativas de trabajo asociado; tercero,
el principio de primacía de la realidad sobre las formas en la relación laboral
y el contrato realidad; cuarto, el derecho a la estabilidad laboral de
las personas en situación de debilidad manifiesta; quinto, la facultad del empleador de terminar el contrato laboral a
un trabajador con una incapacidad superior a 180 días; y sexto, la figura de la sustitución del
empleador. Una vez finalizado el estudio de estos temas, se analizará el caso
concreto.
3.3.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra particulares, especialmente contra
las cooperativas de trabajo asociado
El Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política” señala en su artículo 1° que toda persona cuenta con la
acción de tutela para reclamar ante un juez la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten conculcados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o por  particulares
en los casos señalados en la misma reglamentación.
El artículo 42 del aludido decreto consagra las
circunstancias en las que el recurso de amparo es procedente frente a
particulares. Señala el numeral 4 de dicho artículo:
“4.
Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra
quien la controla efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación
que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de
subordinación o indefensión con tal organización.” (Negrita fuera de
texto).
En atención a lo anterior, la Corte ha reiterado que la
procedencia de la acción de tutela frente a particulares está condicionada a
que se demuestre la existencia de una relación de subordinación o indefensión
entre el accionante y el accionado, entre otros eventos. Al respecto manifestó en
la Sentencia T-1042 de 2001 lo siguiente:
“El criterio por excelencia que ha primado en la doctrina y la
jurisprudencia constitucionales para admitir el examen constitucional de
actuaciones particulares respecto de su respeto a los derechos fundamentales es
la existencia de una clara relación asimétrica de poder entre los particulares,
que de entrada descarta, limita o elimina la autonomía de la persona y
justifica una intervención estatal para evitar el envilecimiento, la instrumentalización
absoluta o la degradación del ser humano. Es así como en relaciones
contractuales, comerciales o de ejercicio pleno de la autonomía individual la
Corte ha sostenido que, en principio, no es pertinente otorgar la protección
constitucional de los derechos fundamentales. En
cambio, tratándose de relaciones particulares donde se presentan relaciones de
subordinación o de indefensión - como es el caso en materia laboral[1], pensional[2], médica[3],
de ejercicio de poder informático[4], de
copropiedad[5],
de asociación gremial deportiva[6] o de transporte[7] o religiosa[8], de
violencia familiar[9] o supremacía social[10] -, la jurisprudencia constitucional,
siguiendo los parámetros que la propia Constitución establece, ha intervenido
para dejar a salvo la efectividad de los derechos fundamentales en dichas
situaciones.” [11]
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la
subordinación como una relación de dependencia desde una perspectiva jurídica,
mientras que la indefensión se presenta cuando existe un desequilibrio de
poderes entre las partes desde el punto de vista material. Si bien en ambas
situaciones se presentan posiciones desiguales jerárquicamente, la primera se
origina en un evento jurídico, mientras que la segunda tiene lugar como consecuencia
de uno de carácter fáctico[12].
Ahora bien, tratándose de cooperativas de
trabajo asociado, las relaciones que tienen lugar al interior de las mismas, en
principio, no encuadran en el marco de las relaciones de trabajo subordinado,
en el entendido de que los mismos miembros son los dueños de la cooperativa y,
en esa medida, no existe la dualidad entre empleado y empleador.
Sin embargo, la jurisprudencia relativa
a las relaciones entre las cooperativas de trabajo asociado y sus cooperantes,
ha permitido evidenciar que en este marco pueden presentarse distintos tipos de
vínculo, lo que lleva a que el juez deba valorar en concreto los hechos en
derredor de los cuales gira cada caso, para así determinar con certeza la
naturaleza de la relación, pues en muchos casos se ha encontrado que
efectivamente se configura una relación de trabajo dependiente entre el
asociado y la cooperativa a la que pertenece.
3.4.  Cooperativas
de trabajo asociado. Naturaleza   jurídica
3.4.1.
La Ley 79 de 1988
establece en su artículo 70, que las cooperativas de trabajo asociado serán
aquellas que vinculen el trabajo de sus asociados a la producción de bienes, la
ejecución de obras o la prestación de servicios. Estas cooperativas se
caracterizan, entre otras cosas, por su asociación libre y voluntaria, la no existencia
de ánimo de lucro, su desarrollo conforme al principio de igualdad de los
asociados, el basarse en el trabajo de los mismos, la solidaridad en las compensaciones
o retribuciones, el desarrollo de actividades económico sociales, la presencia
de una organización democrática y la existencia de autonomía empresarial[13].
3.4.2. La naturaleza de estas asociaciones
concede a sus miembros la facultad de expedir y aprobar reglas relacionadas con
la administración y el manejo de las mismas; también con respecto al reparto de
excedentes y con relación a aspectos relativos al trabajo, las compensaciones y
demás estipulaciones creadas para alcanzar los objetivos específicos de cada
asociación, que  más allá de cuáles sean, deben propugnar por el trabajo
conjunto que permita la obtención de los ingresos necesarios para que los
asociados y sus familias puedan llevar una vida digna[14].
3.4.3. Como lo evidencian las anteriores
consideraciones, las cooperativas de trabajo asociado se muestran como una
manifestación directa del Estado Social de Derecho, ya que resaltan los
principios que guían a éste, y en esa medida, no es coincidencia que en varios
artículos de la Carta se promocionen los elementos que más se destacan en esta
forma asociativa[15].
3.4.4. Las cooperativas de trabajo asociado
también han sido objeto de estudio de esta corporación y con respecto a ellas
se ha señalado que las relaciones que se desarrollan en su interior no ingresan
en la órbita de las relaciones de trabajo subordinado, en el entendido de que
sus miembros son dueños de la misma y por ende no se presenta la dualidad entre
empleado y empleador; por ello, en principio, no se aplican las normas del
derecho del trabajo. Verbi gratia en la Sentencia C-211 de 2000,
con ocasión del estudio de constitucionalidad de los artículos 59, 135 y
154 de la Ley 79 de 1988 y los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 454 de
1998, esta Corporación señaló:
“Las cooperativas de trabajo asociado
se diferencian de las demás, en que los asociados son
simultáneamente los dueños de la entidad y los trabajadores de la misma,
es decir, que existe identidad entre asociado y trabajador. Siendo
así, no es posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores por
la otra, como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. Esta la
razón para que a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les
apliquen las normas del Código Sustantivo del Trabajo, estatuto que regula
solamente el trabajo dependiente, esto es, el que se presta bajo la continuada
dependencia o subordinación de un empleador y por el cual el trabajador recibe
una retribución que se denomina salario. En las cooperativas de trabajo
asociado no existe ninguna relación entre capital-empleador y trabajador
asalariado pues el capital de éstas está formado principalmente por el trabajo
de sus socios, además de que el trabajador es el mismo asociado y dueño.
Así las cosas no es posible derivar de allí la existencia de un empleador y un
trabajador para efectos de su asimilación con los trabajadores dependientes”[16].
(Negrita fuera de texto).
No obstante, en la misma sentencia, la
Corte precisó que si bien las cooperativas se rigen por los acuerdos suscritos
por sus miembros y por fuera del ámbito de la jurisdicción laboral, no se
pueden tornar en herramientas de vulneración de los derechos fundamentales de
sus integrantes.
“La
facultad que tienen los asociados de tales organizaciones para autorregularse
no significa que el legislador no pueda reglamentar algunos asuntos relacionados
con ellas; lo que ocurre es que no puede injerir en su ámbito estrictamente
interno, pues ello depende de la libre y autónoma decisión de los miembros que
las conforman. Pero
tal libertad de regulación no es absoluta pues dichos estatutos o reglamentos,
como es apenas obvio, no pueden limitar o desconocer los derechos de las
personas en general y de los trabajadores en forma especial, como tampoco
contrariar los principios y valores constitucionales, ya que en caso de
infracción tanto la cooperativa como sus miembros deberán responder ante las
autoridades correspondientes, tal como lo ordena el artículo 6 del estatuto
superior. En
consecuencia, como algunas de esas regulaciones podrían infringir la
Constitución y las leyes, corresponderá a las autoridades competentes analizar
en cada caso particular y concreto si éstas se ajustan a sus preceptos y, en
especial, si respetan o no los derechos fundamentales del trabajador”[17]. (Negrita fuera de texto).
De manera que en virtud del artículo 6
Superior, las cooperativas de trabajo asociado serán responsables ante las
autoridades en el evento en que desconozcan derechos fundamentales, ya que
estarían infringiendo la Constitución y las leyes.
3.4.5. La Corte también ha señalado que cuando
en el convenio cooperativo y en su ejecución prevalezcan condiciones de
carácter laboral por sobre las de índole cooperativa, se configurará un
contrato de trabajo y las relaciones jurídicas entre las partes no se regirán
por las normas de la legislación cooperativa sino por las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo, de conformidad con el principio constitucional
consagrado en el artículo 53 Superior, de primacía de la realidad sobre las
formalidades, como a continuación se estudiará[18].
3.5.
El
principio de primacía de la realidad sobre las formas en la relación laboral y
el contrato realidad en el marco de laS cooperativas de trabajo asociado
3.5.1. La jurisprudencia de esta Corporación siempre ha
estado encaminada a defender la amparabilidad del trabajo como derecho
fundamental, más allá de las formas contractuales como éste se manifieste[19]. En ese
sentido expresa en la Sentencia T-475 de 1992:
“No sólo la actividad laboral subordinada está
protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y
libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está comprendido
en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al
trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el
reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado ‘en
todas sus modalidades’ (CP art.
25)” [20].
De manera consecuente, la Corte ha
sostenido que basta con la prestación efectiva de trabajo para que surjan
derechos a favor del trabajador y que siempre que se realice una actividad en
condiciones de subordinación habrá lugar a una relación de carácter laboral. La
Sentencia C-555 de 1994 señala al respecto:
“La entrega libre de energía física
o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación,
independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter
de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del
trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la
materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para
derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para
asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales
e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses
vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando
quiera que se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar
en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan
querido dar al contrato” [21]. (Negrita fuera de texto).
La Sentencia C-1110 de 2001 reitera y amplía lo
que en la citada sentencia de 1994 se dijo, ya que sostiene que:
“La relación de trabajo dependiente nace
primordialmente de la realidad de los hechos sociales, por cuanto cada vez
que una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada
subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica, surge a la vida
del derecho una relación jurídica de trabajo dependiente, originando
obligaciones y derechos para las partes contratantes que fundamentalmente se
orientan a garantizar y proteger a la persona del trabajador.”[22] (Negrita
fuera de texto).
3.5.2. De esa manera, el principio de primacía de la
realidad sobre las formas implica la garantía de los derechos de los
trabajadores más allá de las condiciones que formalmente se hayan pactado. En
ese sentido, puede hablarse de la existencia de una relación jerárquica de
trabajo cuando la realidad del contexto demuestre que “una persona natural
aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o
dependencia a otra persona natural o jurídica”[23]; de ese modo nacen derechos
y obligaciones entre las partes, que se ubican en el ámbito de la regulación
laboral ordinaria[24].
3.5.3. La noción del ‘contrato realidad’ se basa en una
apreciación contextualizada del concepto de trabajo y no en una valoración inmaterial
del mismo. Aplicando tal apreciación a las cooperativas de trabajo asociado,
pueden presentarse situaciones en las que surge una relación vertical con respecto
a los cooperados, como las que refiere esta Corporación en la Sentencia T-
445 de 2006:
“En relación con los elementos que pueden conducir
a que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal,
ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de la dos
partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado de
subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i) el
hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene
derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones
indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el
poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo
con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte
del asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual se
va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará;
entre otros (...)”[25]
En la misma sentencia, es clara la Corte
al referirse a las situaciones en que a las cooperativas de trabajo asociado
les es aplicable la legislación laboral. La primera de ellas tiene lugar
cuando las cooperativas  contratan trabajadores ocasionales o permanentes,
y la segunda se presenta cuando el cooperado no presta su aporte de trabajo de
forma directa a la cooperativa, “sino para un tercero, respecto del
cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por
mandato de la cooperativa”[26].
3.5.4. Posteriormente, en la Sentencia C-614
de 2009, con ocasión del estudio de constitucionalidad del artículo 2° del Decreto-Ley 2400 de 1968, tal y como fue
modificado por el artículo 1° del Decreto-Ley 3074 del mismo año, esta
Corporación rechazó la intermediación laboral a través de la utilización
de las cooperativas de trabajo asociado, en los
siguientes términos:
“De hecho, esta
Corporación reitera de manera enfática la inconstitucionalidad de todos
los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de
que utilizan formas asociativas legalmente válidas, tienen como finalidad
última modificar la naturaleza de la relación contractual y falsear la
verdadera relación de trabajo. Por ejemplo, en muchas ocasiones, las
cooperativas de trabajo asociadas, que fueron creadas por la Ley 79 de 1988,
modificadas por la Ley 1233 de 2008 y reglamentadas por el Decreto 3553 de
2008, para facilitar el desarrollo asociativo y el cooperativismo, se han
utilizado como instrumentos para desconocer la realidad del vínculo laboral, a
pesar de que expresamente el artículo 7º de la Ley 1233 de 2008, prohíbe su
intermediación laboral.
Así, la eficacia normativa de la
Constitución que protege de manera especial la relación laboral y la aplicación
del principio de primacía de la realidad sobre la forma, impone a los
particulares y a todas las autoridades públicas, de una parte, el deber de
acatar las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos
estatales de prestación de servicios (norma acusada) y las cooperativas
y precooperativas de trabajo asociado sean utilizadas como formas de
intermediación laboral (artículo 7º de la Ley 1233 de 2008) y, de otra, la
responsabilidad social de evitar la burla de la relación laboral.
Así las cosas, en el análisis probatorio
del caso concreto, deberá tenerse en cuenta factores como: i) la
voluntariedad con la que las partes acuden a la forma contractual escogida.
Dicho en otros términos, por ejemplo, si un asociado debe afiliarse a una
cooperativa para obtener un contrato de trabajo, es claro que dicha decisión no
es libre y, por ese hecho, ese acto constituye una desviación de la forma
asociativa legal y constitucionalmente autorizada. ii) la finalidad con la
que se acude a la forma contractual, pues si se celebran contratos de
prestación de servicios para desempeñar funciones permanentes de la entidad, o
si se acuerda la prestación de servicios personales subordinados a cambio de
una remuneración económica con una cooperativa de trabajo, de tal forma que
puedan retirarse trabajadores de sus nóminas, o recortarse plantas de personal,
o se celebran contratos con empresas de servicios temporales para el desempeño
de funciones propias del giro ordinario de los negocios empresariales, es
evidente que se ha utilizado una forma contractual legal para desnaturalizar la
relación laboral. iii) la prestación directa del servicio y el ánimo
con el que el beneficiario del trabajo lo recibe. En efecto, quien
contrata un servicio personal de trabajo debe ser plenamente consciente de la
naturaleza del vínculo acordado, pues si celebra un contrato de prestación de
servicios profesionales no puede exigir subordinación del trabajador, o si
celebra un contrato de prestación de servicios con una cooperativa de trabajo
no puede ser ajeno a la relación laboral que se genera entre el trabajador y la
cooperativa.”[27] (Negrita fuera de texto).
En consecuencia puede sostenerse que la vinculación a
una cooperativa de trabajo asociado no excluye per se el surgimiento de
una relación laboral[28]
y, en gran medida, es por ello que dentro de las prohibiciones que se han
establecido para estas cooperativas, se señala la de “actuar como
empresas de intermediación laboral para impedir que se use la forma asociativa
de la cooperativa de trabajo asociado para evadir las cargas prestacionales
propias de un contrato de trabajo”[29].
Por tanto, en el caso en que se encuentre probada la intermediación laboral, se
genera una responsabilidad solidaria en cabeza tanto de la cooperativa como del
tercero beneficiado con los servicios del trabajador asociado[30].
3.5.5.  En atención a estás consideraciones, en
diversos fallos se ha dado aplicación al principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, y se ha establecido que aún cuando los demandantes se
encuentren vinculados a una cooperativa de trabajo asociado y presten sus
servicios para otras entidades, si se presentan las características de un
contrato de trabajo, existe una relación laboral y no una relación cooperativa.
La Corte Constitucional ha protegido
especialmente dos grupos de trabajadores cuyos derechos fundamentales han
resultados conculcados por cooperativas de trabajo asociado dada la existencia
de una relación laboral: las mujeres en periodo de gestación o lactancia y las
personas con discapacidad. A continuación se exponen algunos casos:
3.5.5.1. En la Sentencia T-286 de 2003, la
Corte amparó los derechos fundamentales de una mujer embarazada que laboraba en
el Banco Citibank, mediante intermediación de la Cooperativa de Trabajadores de
Colombia, Coodesco, y cuyo contrato fue terminado unilateralmente bajo el
argumento de que no había cumplido con las metas del mes. La Corte ordenó el
reintegro y el pago de los salarios y prestaciones sociales causados y no
pagados desde el momento en que fue desvinculada hasta su reintegro, teniendo
en cuenta la existencia de una relación laboral atendiendo al principio de
primacía de la realidad sobre las formas; al respecto señaló esta Corporación:
“(…) si bien la actora es asociada de
una cooperativa de trabajo asociado, Coodesco, también lo es el hecho de que
Coodesco la envió a prestar sus servicios personales en las dependencias del
Citibank, lugar donde cumplía un horario y recibía una remuneración por parte
de Coodesco. Es decir, en el caso planteado, tuvo lugar una prestación personal
del servicio en cabeza de la actora, una subordinación jurídica de la misma
frente a Coodesco y una remuneración a cargo de ésta por los servicios
personales prestados por la demandante. En otras palabras, se configuró el
contrato de trabajo en consonancia con la prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal (art. 53 C.P).”
[31]
En la Sentencia T-531 de 2007, la
Corte protegió los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social de
una mujer en estado de gravidez que se encontraba vinculada a la cooperativa de
trabajo asociado Maxco y asignada a la empresa Colombina S.A., quien fue
despedida en razón de su embarazo. La Corte ordenó el reintegro de la
accionante por considerar que:
“(…) la vinculación a una Cooperativa no excluyen (sic) el
surgimiento de una relación laboral, es
decir, cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino
para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la
relación con el tercero surge por mandato de la Cooperativa.
Esta última afirmación se sustenta en el
principio de la supremacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones
laborales (art.53 C.P.) que
permite establecer a partir de la existencia de los elementos de la relación
laboral, la existencia del contrato de trabajo.
(…)
De las
pruebas allegadas al proceso se deriva entonces que entre la accionante y la
Cooperativa de Trabajo Asociado existía una relación laboral, en cuanto la
accionante prestaba un servicio personal bajo la dependencia de Colombina S.A.
devengando un salario mínimo”[32] (Negrita del
texto).
Posteriormente, en la Sentencia
T-305 de 2009, esta Corporación concedió el recurso de amparo a una mujer
vinculada a la cooperativa de trabajo asociado UNISALUD, que se desempeñaba
laboralmente  como “agente
comunitaria” en la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
y cuyo contrato no fue renovado en razón de su estado de embarazo. La Corte
señaló en esa ocasión:
“(…) si bien la Sala no
desconoce la naturaleza, objeto y fines de las cooperativas de trabajo
asociado, la ponderación integral de la información que obra en el expediente
permite concluir que entre la peticionaria y la cooperativa accionada existía
una relación laboral, la cual de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte,
pueden darse al interior de una Cooperativa de Trabajo Asociado y se rige por
la legislación laboral vigente. Tal circunstancia se configura cuando el
cooperado no trabaja directamente para la cooperativa accionada sino para un
tercero, no obstante que la relación con este último surge por mandato de
aquella.
Por lo
expuesto, se estima que en el convenio obrante en el expediente deben
prevalecen (sic) las disposiciones de carácter laboral, bajo las cuales laboró
la accionante, sobre aquellas de índole de cooperado. Por ello, de conformidad
con el principio constitucional previsto en el artículo 53 de la C.P., según el
cual prima la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales, la Sala concluye que en el caso en estudio se
configura una relación laboral dependiente y por consiguiente regida por un
contrato de trabajo, luego, las relaciones jurídicas entre la actora y la
cooperativa accionada no se rigen por las normas de la legislación cooperativa
sino por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.”[33]
3.5.5.2. En el mismo sentido
han sido los fallos de la Corte cuando se ha protegido a personas con
enfermedades que restringen su desempeño laboral. Por ejemplo, en la Sentencia
T-962 de 2008, esta Corporación concedió la acción de tutela a una asociada
a la cooperativa de trabajo asociado ‘Ayudamos Colombia’, que se desempeñaba
como teleoperadora de un call center de la empresa ‘Atento Colombia’ y que
debido a que padecía infecciones
urinarias que luego se agravaron como consecuencia de que en su trabajo
debía permanecer la mayor parte del tiempo sentada, fue reubicada temporalmente
para posteriormente ser despedida. La procedencia del recurso de amparo se
fundamentó en que:
“(…) el análisis de los hechos que fundamentan la acción
permiten concluir que entre la accionante y las cooperativas accionadas existía
una relación de subordinación, y que aquella se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta que hace procedente la acción de tutela interpuesta”[34].
Posteriormente, en la Sentencia T-449
de 2010, se protegieron los derechos fundamentales de un asociado a la
cooperativa COOPOUTSOURCING CTA, que
padeció múltiples accidentes durante su relación de trabajo asociado y por ello
había estado incapacitado y que se desempeñaba
laboralmente en la empresa Minas La Vega Ltda.,
entidad de la que fue desvinculado con base en el argumento de presentar una
baja productividad.  La Corte ordenó el reintegro del accionante y el
pago de los salarios y prestaciones sociales adeudadas hasta la fecha del
reintegro, ya que en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
las formas, existía una relación laboral y no una relación cooperativa:
“Así pues, efectivamente existió entre
el actor y la cooperativa demandada una relación vertical que conlleva a descartar
la existencia de un vínculo cooperativo de trabajo y por ende, a recurrir a las
normas laborales aplicables al trabajo dependiente para el caso concreto.
En esa medida, es posible aplicar al caso concreto la protección de que trata la
Ley 361 de 1997, prevista para las relaciones regidas por un contrato de
trabajo o vínculo laboral dependiente. En efecto, el artículo 26 de la
antedicha ley prohíbe la terminación del contrato de trabajo de una persona en
razón de su limitación, garantía que de plano no es predicable de una relación
originada en un acuerdo asociativo de trabajo que hace de las partes
trabajadores y empleadores al tiempo.”[35]
De igual forma, en la Sentencia T-467
de 2010, esta Corporación amparó los derechos fundamentales de un asociado
a la Cooperativa de Trabajadores de Colombia, Coodesco, quien laboraba para la
empresa Alimentos Cárnicos S.A., y que debido a un accidente fue incapacitado y
luego despedido con el argumento de baja producción. La decisión de la Corte
siguió la línea de los fallos anteriormente señalados y se reiteró la
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, así:
“(…) a
pesar de tener acuerdo cooperativo con ‘Coodesco’, fue enviado por esta a
prestar sus servicios personales en la empresa Alimentos Cárnicos S.A., lugar
donde cumplía instrucciones y metas de ventas, y en contraprestación recibía a
cargo de ‘Coodesco’ una remuneración. Puede inferirse que al existir una
prestación personal del servicio por parte del señor (…), una subordinación
jurídica de éste frente a ‘Coodesco’ y una remuneración por los servicios
prestados, se configura un contrato laboral con todas las implicaciones
constitucionales y legales en atención al principio de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal.”[36]
De lo anterior se observa que la
vinculación a una cooperativa no excluye necesariamente el surgimiento de una
relación laboral, ya que en casos como los citados, donde los empleados o
empleadas estaban asociados a una cooperativa que disponía la prestación de sus
servicios en otra empresa, de la cual reciben instrucciones y frente a la cual
cumplen horarios[37],
es predicable la existencia de un vínculo de subordinación que da lugar a la
aplicación de la legislación laboral, ya que la relación del cooperado permite
evidenciar la existencia de un contrato realidad, cuando se reúnen los
elementos esenciales del contrato de trabajo[38].
3.6.
Estabilidad
laboral reforzada de las personas en estado de debilidad manifiesta
3.6.1. El artículo 13 Superior consagra el
derecho a la igualdad y establece el compromiso del Estado en cuanto a la
protección especial que debe dársele a las personas que “por su condición
económica, física o mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta”.
Del mismo modo, el artículo 47 Superior se refiere a las medidas que deben
adoptarse para contrarrestar la situación de debilidad manifiesta de algunas
personas y al deber del Estado de adelantar políticas dirigidas a la prevención,
rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
De esta manera emerge como forma de
protección especial el reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral
reforzada de quienes se hallan en estado de debilidad manifiesta. Dicha
protección encuentra su fundamento en la garantía del derecho a la igualdad de
quienes dada su condición especial se encuentran expuestos a factores de
discriminación, posibilitando de ese modo su inclusión en la vida social. Ahora
bien, en el evento de presentarse situaciones de discriminación, se hace
necesario el empleo de mecanismos jurídicos prevalentes para contrarrestarlas.
3.6.2. El derecho a la estabilidad laboral
reforzada se predica de ciertos sujetos en atención a su condición especial, verbi
gratia las personas en situación de discapacidad y las mujeres en periodo
de gestación y lactancia; sin embargo, el marco de aplicación del mismo es
extensivo a aquellas personas que ven afectada su salud en desarrollo de sus
actividades laborales. Al respecto manifestó esta Corporación en la Sentencia
T-198 de 2006:
“Se observa que la normatividad vigente
contenida en el derecho interno e internacional sobre la materia propugna una
real protección de las personas con limitaciones para que éstas permanezcan en
su empleo y prosperen gracias a un compromiso real y colectivo de ofrecerles la
adecuada reintegración social. Sin embargo, cabría preguntarse qué sujetos
deben estar protegidos por estas disposiciones. En este sentido, algunos
podrían considerar que la estabilidad laboral reforzada sólo se aplica a
aquellos que sufren algún grado de invalidez, tal y como lo sostuvo el
accionado; sin embargo, resulta necesario definir con claridad quiénes están
por éstas amparados, toda vez que la normatividad internacional y la
jurisprudencia constitucional propugnan por un concepto de discapacidad más
amplio. La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral
reforzada establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de
salud en el desarrollo de sus funciones. En efecto, en virtud de la
aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el
despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la
cual procede la tutela como mecanismo de protección. Para justificar tal
actuación no cabe invocar argumentos legales que soporten la desvinculación
como la posibilidad legal de despido sin justa causa. Nace el deber del
empleador de reubicar a los trabajadores que, durante el transcurso del
contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física.”[39]
(Negritas fuera del texto).
Así, la garantía de protección no se
restringe a quienes cuenten con una calificación porcentual de pérdida de
capacidad laboral, sino que bastará con que esté demostrado que su situación
del salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño en condiciones
normales de sus labores, sin que sea necesaria la existencia de una
calificación previa que acredite su condición de discapacidad[40].
De esa manera, no podrá despedirse en las mismas
condiciones a un trabajador saludable, y a un trabajador que no presente un
buen estado de salud, ya que se vulneraría el principio de igualdad real
consagrado a nivel constitucional en el artículo 13, en el entendido de que estos
trabajadores están revestidos de estabilidad reforzada. En este sentido ha
manifestado esta Corporación en Sentencia T-002 de 2006 lo siguiente:
“(…) se discrimina a un trabajador cuando el
despido estuvo motivado en su estado de salud siempre que este no resulte
claramente incompatible con las funciones que puedan serle asignadas por el
empleador. En efecto, como lo ha reconocido la Corte terminar unilateralmente
la relación laboral en razón a una limitación física del trabajador, constituye
una discriminación, puesto que: ‘a las personas en estado de debilidad física
manifiesta no se les puede tratar de igual manera que aquellas sanas’ [41].
Por ello para que se produzca el despido legítimo de
un trabajador que padece afecciones en su salud, teniendo en cuenta que se
trata de un sujeto de especial protección, es preciso que se solicite
autorización al Ministerio de la Protección Social.
3.6.3. Finalmente, es conveniente hacer
referencia al alcance del derecho a la protección laboral reforzada. Este implica
no sólo el derecho a no ser despedido sin previa autorización, sino también a que,
en el evento en que el despido se presente, ser reintegrado y reubicado; la
Corte ha sostenido que estos derechos pueden ser protegidos mediante acción de
tutela[42].
Con relación a ello, las Sentencias T-661 de 2006 y T-392 de 2008 señalan
respectivamente:
“Establecido entonces i) que
en “ningún caso” la limitación de una persona puede servir de obstáculo
para la permanencia en el empleo o para que el limitado físico, sensorial o
psíquico acceda a una ocupación, acorde con su situación; ii) que en el proceso
de reubicación del trabajador se deberán respetar sus garantías constitucionales
y iii) que los discapacitados tienen derecho a contar con un ‘recurso sencillo
y efectivo para obtener de los jueces o tribunales, dentro de plazos
razonables, el restablecimiento de sus derechos humanos y libertades
fundamentales’, está claro que la acción de tutela procede para resolver
sobre el reintegro al trabajo de un trabajador discapacitado, despedido sin
haberle permitido confrontar la decisión y sin autorización del Ministerio de la
Protección Social (…)”[43]
“(…) Puede entonces observarse que cuando
un trabajador sufre una disminución en su estado de salud, el empleador está en
la obligación de proceder a su reubicación. Pero por otro lado, cuando ha
decidido desvincularlo, debe cumplir con el procedimiento establecido en la Ley
361 de 1997 y en consecuencia, debe mediar autorización de la oficina de
Trabajo. De lo contrario, se presume que su despido fue hecho a causa y con
ocasión de su enfermedad.”[44]
3.6.4. En conclusión, puede sostenerse que: primero,
el derecho a la
estabilidad laboral reforzada es predicable de ciertos sujetos considerando su
especial condición, como lo son las personas en situación de discapacidad, las
mujeres en periodo de gestación y lactancia, e incluso, aquellas personas que
ven afectada su salud en desarrollo de sus actividades laborales; segundo,
no puede despedirse en iguales
condiciones a trabajadores saludables y a aquellos no lo son, ya que se
atentaría contra el principio de igualdad real que consagra a el artículo 13
Superior, pues estos trabajadores están revestidos de estabilidad laboral
reforzada; tercero, considerando que son sujetos de especial protección
constitucional, para que se produzca un despido legítimo de trabajadores con
afecciones en su salud, debe solicitarse autorización al Ministerio de la
Protección Social; y cuarto, el derecho a no
ser despedido sin previa autorización implica, en el evento de serlo, el
derecho a ser reintegrado y reubicado, derechos que pueden ser protegidos mediante
acción de tutela.
3.7.
LÍMITES DE La facultad del empleador de terminar el contrato laboral
DE un trabajador con una incapacidad superior a 180 días
3.7.1. El Código Sustantivo del Trabajo
establece en su artículo 62, modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de
1965, las causales de terminación unilateral con justa causa del contrato de trabajo
por parte del empleador, entre las cuales se encuentra la siguiente:
“Artículo 62. Terminación del contrato por justa
causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de
trabajo:
a). Por parte del empleador:
(…) 15. La enfermedad contagiosa o crónica del
trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra
enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya
sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa
no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador
de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la
enfermedad.” (Negritas fuera del
texto original).
El artículo dispone entonces que
si ha transcurrido un período de incapacidad del trabajador de 180 días
continuos, debido a enfermedad y sin que haya posibilidades de recuperación, se
configura una justa causa para que el empleador termine unilateralmente el
contrato de trabajo.
3.7.2. Por su parte, el artículo 16 del Decreto
2351 de 1965 establece la obligación del empleador de reinstalar en el empleo
al trabajador una vez finalizada su incapacidad e indica que la persistencia de
una incapacidad parcial no debe ser un obstáculo para el reintegro. La norma
referida señala:
“Artículo 16. Reinstalación
en el empleo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los patronos
están obligados:
a) A reinstalar a los
trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de
trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la
reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede
continuar desempeñando el trabajo:
b) A proporcionar a los
trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus
aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean
necesarios.
2. El incumplimiento de
estas disposiciones se considerará como un despido injustificado.” (Negritas fuera de texto).
Con fundamento en
estas dos disposiciones, en la Sentencia C-079 de 1996, la Corte declaró exequible el
literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y explicó que la
norma no contraría el ordenamiento superior siempre y cuando se entienda que “al
terminar el período de incapacidad temporal dentro del término de los 180
días de que trata la norma materia de revisión, el empleador está en la
obligación de reinstalar al trabajador en el cargo que desempeñaba si recupera
su capacidad de trabajo, de manera que la existencia de una incapacidad parcial
no constituye obstáculo para la reinstalación mencionada, si los dictámenes
médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo.
De la misma manera, corresponde al empleador proporcionar al trabajador
incapacitado parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes”[45]
(Negritas fuera del texto).
3.7.3. En materia específicamente de
incapacidades generadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo,
la Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales” y que cobija a “todo afiliado al Sistema
General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del
Decreto-Ley 1295 de 1994, sufra un
accidente de trabajo o una enfermedad profesional (…)”, precisa en su artículo 8 que los
trabajadores que sufren accidentes de trabajo[46]
o enfermedades profesionales[47]
y que han sido incapacitados de manera permanente parcial[48], deben ser reubicados en el
cargo que desempeñaban o se les debe proporcionar un trabajo compatible con sus
capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuarse los movimientos de
personal que sean necesarios.
3.7.4. Las anteriores disposiciones no son
claras sobre si es posible la desvinculación de un trabajador que permanece
incapacitado por más de 180 días. Una primera lectura de ellas pareciera
indicar que la reincorporación del trabajador es una obligación del empleador
solamente cuando la incapacidad termina antes del periodo de 180 días, o cuando
aunque persiste después de ese lapso, la incapacidad es parcial y no impide al
trabajador seguir realizando sus labores u otras similares. Sin embargo, como se
indicó en la Sentencia T-118 de 2010, una interpretación armónica de la
normativa citada permite concluir que la obligación de reincorporación persiste
después del periodo de 180 días: primero, si el trabajador depende del
empleo para subsistir, y segundo, si el despido conduciría a la
exclusión del trabajador del Sistema de Salud cuando aún no ha reestablecido su
salud y por ello necesita los servicios del Sistema para preservarla. Cuando
estas situaciones se presentan, la Corte ha entendido que, incluso después de transcurridos
180 días de incapacidad, el empleador debe reincorporar al trabajador al empleo
anterior o reubicarlo en uno que se ajuste a su nueva condición física[49].
En esta providencia la Corte afirmó:
“(…) el sólo cumplimiento del período
de 180 días continuos de incapacidad, no implica la terminación unilateral de
contrato por justa causa por parte del empleador, es decir, tal facultad no
tiene un carácter absoluto y no puede ejercerse de forma irrazonable o
indiscriminada, en la medida en que a éste le corresponde reincorporar a los
trabajadores que han recuperado su salud, o reubicar a aquellos que presentan
incapacidades parciales, conforme con lo que médicamente se haya dictaminado”[50].
3.7.5.
En relación
específicamente con incapacidades originadas en enfermedades profesionales o
accidentes de trabajo, la Corte con mayor razón ha aplicado la regla sentada en
la decisión antes citada. Por ejemplo, en la Sentencia T-853 de 2006, la
Corte se pronunció con respecto a la acción de tutela interpuesta por un
trabajador que en desarrollo de sus actividades laborales sufrió un accidente
que le ocasionó “Trauma Severo en Mano Derecha con Amputación Parcial del
Tercer Dedo, Fractura del Segundo Dedo, Lesión de Tendones del 2 y 5 Dedo,
Trauma de Tejidos Blandos Tardío”, por lo que fue incapacitado ininterrumpidamente
por 250 días y calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
con una pérdida de capacidad laboral del 38.60%, y quien había sido despedido
con supuesto fundamento en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
Esta Corporación amparó los derechos conculcados y ordenó el reintegro o
reubicación del accionante, por considerar lo siguiente:
“En ese
orden de ideas, es
claro para la Sala que en el caso del accidente de trabajo del tutelante se
configura una incapacidad permanente parcial, en los términos del artículo 5°
de la Ley 776 de 2002, la cual por demás fue determinada por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez con un porcentaje del 38.60 %, declaración que en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Ibídem ‘se hará en función a la incapacidad
que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus
actuales fuerzas, capacidad y formación profesional, una remuneración
equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la
enfermedad.’
De otra parte, cabe reiterar como quedó
establecido en los apartes precedentes de esta providencia, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 8° de la citada ley, existe una obligación a cargo
del empleador consistente en situar al trabajador que ha sufrido una
incapacidad permanente parcial una vez haya finalizado el período de la misma,
en el cargo que desempeñaba anteriormente o por lo menos reubicarlo en otra
plaza compatible con sus capacidades y aptitudes, autorizándolo incluso para
ello, a realizar los movimientos de personal que sean necesarios.
En ese sentido, advierte la Sala que en el
caso sub-exámine no obstante, existir las garantías
legales antes referidas, éstas fueron desconocidas por parte de la empresa
empleadora(…), quien en lugar de efectuar el respectivo reintegro o la
reubicación del señor (…) a su lugar de trabajo, consideró que las
incapacidades concedidas al trabajador por más de ciento ochenta (180) días,
constituían una justa causa para dar por terminada la relación laboral en los
términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; sin tener en cuenta
que i)las mismas se dieron como
consecuencia del accidente de trabajo ocurrido con ocasión de la prestación
personal del servicio a favor de dicha empresa, ii) que
el trabajador a la fecha en que ocurrió el siniestro formalmente no se
encontraba afiliado a una entidad Administradora de Riesgos profesionales, y iii) desconociendo
que existe una obligación legal de solicitar a la ‘oficina de trabajo’ el respectivo permiso con el fin de
desvincular a un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo, y que como
consecuencia de ello ha perdido un porcentaje de su capacidad laboral, puesto
que se trata de sujetos de especial protección constitucional y respecto de los
cuales se predica una estabilidad
laboral reforzada.”[51]
(Negritas fuera del texto).
Posteriormente,
en la Sentencia T-062 de 2007, la Corte amparó los derechos a la vida, a
la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la
igualdad, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada de un
trabajador que había sido despedido por encontrarse incapacitado por más de 180
días, debido a un accidente de trabajo que le representó una disminución del
10.65% de su capacidad laboral. En esa oportunidad se ordenó el reintegro del
trabajador, ya que en los eventos en donde la disminución de la capacidad
laboral es inferior al 50%, el empleador no puede hacer uso de la cláusula
contenida en el numeral 15° del
literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Señaló esta
Corporación en esa ocasión:
“(…) la
incapacidad permanente parcial es una merma definitiva de la capacidad de
trabajo que oscila entre el 5% y el 49%. Al tenor del artículo 7° de la Ley
776 de 2002, el trabajador que sufra una incapacidad permanente parcial tiene
derecho a recibir una indemnización a cargo de la Entidad administradora de
riesgos profesionales que varía entre 2 y 24 salarios base de liquidación. Esta
indemnización ha sido establecida con el objetivo de resarcir la mengua de la
capacidad laboral sufrida por el trabajador, teniendo presente que éste
conserva intacta al menos la mitad de su fuerza de trabajo por lo que, en
principio, cuenta con las aptitudes requeridas para reincorporarse al mercado
laboral. Ahora bien, en aras de asegurar la inclusión laboral del trabajador
que padece tal incapacidad y, particularmente, con la intención de alcanzar el
objetivo idéntico que inspira la obligación de reubicación en el caso de la
incapacidad temporal, el trabajador que presente una incapacidad permanente
parcial, tiene derecho a ser ubicado en el cargo que desempeñaba y en caso de
no ser posible debido a la limitación física, el empleador deberá
proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, en cuyo
caso deberá realizar los movimientos de personal que sean requeridos.”[52]
Luego, en la Sentencia T-852 de 2008,
esta Corporación protegió los derechos  de un trabajador que padecía “Hidrocele grado II, Varicocele izquierdo grado II,
esperma tócele izquierdo” y quien fue incapacitado laboralmente por
un período superior a 180 días. Después de culminado el periodo de 180 días, la
empresa para la que trabajaba decidió despedirlo, sustentando dicha actuación
en el numeral 15° del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del
Trabajo. Si bien en dicho caso la Corte señaló que el accionante no padecía una
enfermedad profesional, precisó en la parte motiva lo siguiente:
“Para el caso de los empleados que han sufrido un
accidente de trabajo y que como consecuencia de ello han tenido una incapacidad
de 180 días o más, es necesario determinar en qué grado se produjo con el fin
de determinar cuál será la medida que deba adoptar el empleador, tal y como se
indicará:
1.
Si se trata
de  una incapacidad que comprometa un porcentaje superior al 50% de su
capacidad laboral, corresponderá a la Administradora de Riesgos Profesionales
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, que reconozca y pague la
pensión de invalidez conforme a las normas que para el efecto se han proferido.
En este evento, el empleador puede dar por terminada la relación laboral de
conformidad con el numeral 15,
literal A), del artículo 63 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.
En los
casos en los que se encuentre comprometida la capacidad laboral del empleado en
un porcentaje inferior al 50%, como consecuencia del accidente de trabajo y que
se haya producido una incapacidad permanente parcial, el empleador debe
proceder a la reincorporación del empleado (artículo 8 de la Ley 776 de 2002,
en concordancia con la Ley 100). En este caso, el empleado podrá reclamar
además, y por una única vez, la indemnización compensatoria de la disminución
de su capacidad laboral ante el sistema de riesgos profesionales.
3.     En los casos en los que no se
encuentre comprometida la capacidad laboral del empleado, al momento de su
recuperación, el empleador debe reincorporar al empleado en el cago que venía
desempeñando (artículo 4 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con la Ley
100).”[53] (Negrita
fuera del texto original).
Finalmente, en la Sentencia C-1141 de 2008,
con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
artículo 7 de la Ley 776 de 2002, la Corte señaló:
“Las
garantías a los trabajadores incapacitados permanentes parciales, no son
únicamente las contenidas en los artículos 7° y 8° de la Ley 776 de 2002. Como
se ha dicho, el citado artículo 8° dispone que los empleadores están obligados
a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o
a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo
cual deberán incluso efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.
Ahora bien, frente a ello y ante la renuencia o imposibilidad de reubicación,
sólo procedería el despido con autorización del Inspector de Trabajo, en los
términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de la sentencia C-531 de 2000,
que declaró exequible la posibilidad del mencionado despido bajo la condición
de que Inspector de Trabajo certifique que éste fue por justa causa.”[54]
3.7.6. En conclusión, puede sostenerse que: primero,
al interpretar los artículos 7 y
16 del Decreto 2351 de 1965, debe entenderse que aunque el período de
incapacidad del trabajador se extienda por más de 180 días continuos, al
empleador le corresponde reintegrar al trabajador en el cargo que ocupaba una
vez se recupere, o reubicarlo en caso de que continúe incapacitado
parcialmente; segundo, la Ley 776 de 2002, precisa dicha protección con
respecto a los trabajadores con incapacidad permanente parcial ocasionada por
accidente de trabajo o enfermedad profesional; y tercero, la
desvinculación de un trabajador con incapacidad permanente parcial sólo procede si se cuenta con
autorización del Ministerio de la Protección Social, en los términos del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997[55] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social
de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” y de la Sentencia C-531 de 2000 que declaró la
exequibilidad del mismo.
3.8.
LA FIGURA DE LA SUSTITUCIÓN
DEL EMPLEADOR
El artículo 67 del Código Sustantivo del
Trabajo define la figura de la sustitución de empleador como “todo cambio de un patrono por
otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del
establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el
giro de sus actividades o negocios”.
3.8.1. En efecto, cuando se constata: primero,
un cambio de empleador y segundo,  la continuidad de la empresa, se debe
amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva de los contratos
laborales, claro está, mientras no haya causa jurídica que fundamente su
despido[56].
Al respecto, esta Corporación, sostuvo en la Sentencia T-395 de 2001:
“En la legislación colombiana, se
estableció la sustitución patronal desde 1935 (artículo 27 del decreto 652 de
tal año), reglamentario de la ley 10 de 1934, que dijo: ‘Para los efectos de la
ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya
conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u
ocupaciones  con las variaciones naturales del progreso, ensanche o
disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño’.
Posteriormente,  el inciso 3° del artículo 8° de la ley 6ª de 1945
estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue  los contratos de
trabajo. Esta ley fue desarrollada por el decreto 2127 de 1945 que en su
artículo 53 definió la sustitución de patronos como ‘toda mutación  del
dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por
muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por
transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración
delegada o por otras causas análogas’. Posteriormente se expidió la ley 64
de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67
indicó que ‘Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono
por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad  del establecimiento,
es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o
negocios’, y es perentoria la determinación del artículo 68: ‘La sola
sustitución  de patronos no extingue, suspende, ni modifica los contratos
de trabajo existentes’.
El profesor Guillermo González Charry al
comentar este artículo dice que ‘El artículo 68 establece, siguiendo este
criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica
los contratos de trabajo existentes;  es decir, que  lo que se ha
querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los
trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles  que puedan
ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los
trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas’ (Derecho del Trabajo, p. 231).”[57] (Negritas fuera de texto).
3.8.2. Además de lo anterior, está Corporación
ha señalado que los procesos de sustitución del empleador de entidades, bien
sean públicas o privadas, se deben adelantar sobre la base prevalente del
respeto de la dignidad de los trabajadores, de su estabilidad y a sus derechos
irrenunciables. Tal fue la posición que se sostuvo en la Sentencia T-321 de
1999:
“En la revisión de los casos sub lite, la Corte Constitucional
partirá de criterios reiterados en su jurisprudencia, relativos a la
intangibilidad de los derechos fundamentales de los trabajadores y del
postulado constitucional que exige condiciones dignas y justas en toda relación
laboral, los cuales deben permanecer incólumes en el curso de cualquier proceso
de privatización, reorganización, reestructuración, transformación y cambio de
estatutos en entidades públicas, y
en la sustitución patronal que se produzca en toda clase de establecimientos,
públicos o privados, y por supuesto
en los de las empresas de servicios públicos.”[58] (Negritas fuera del original).
3.8.3. Lo anterior guarda relación con los artículos 53 Superior
que consagra los derechos inalienables e indisponibles de los trabajadores
frente a cualquier empleador, y el 25 Superior que establece la protección
especial que debe brindar el Estado a las distintas modalidades laborales, lo
que impide que, con la excusa del cambio de propietarios de las empresas, tales
derechos sean disminuidos, afectados o desconocidos[59].
3.8.4. En la Sentencia T-768 de 2005, la Corte precisó que
en los eventos en los que el reintegro laboral se
pretende en una nueva empresa, con respecto a la cual se sostiene que sustituyó
al antiguo empleador, es necesario verificar la ocurrencia del fenómeno de la
sustitución patronal. En principio, corresponde a la jurisdicción laboral, de
acuerdo a las particularidades fácticas de cada asunto, determinar si se ha
presentado la sustitución de empleador y, en consecuencia, disponer en relación
con el reintegro solicitado[60].
Sin embargo, cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional como las mujeres en estado de gestación y
lactancia, las personas con discapacidad o que han sufrido afecciones en su
salud en el desarrollo de sus actividades laborales, en atención a la situación
de debilidad manifiesta en que estos se encuentran y con el propósito de
brindar una garantía efectiva de la protección a los derechos vulnerados, puede
efectuarse la verificación de la configuración de la sustitución del empleador
en sede de tutela, ya que en estos casos el procedimiento ordinario no resulta
ser el más idóneo.
3.9.
CASO CONCRETO
Corresponde a esta Sala determinar si en el presente
asunto procede la acción de tutela instaurada por Lilia Maritza Pradilla,
mediante la cual pretende que sean amparados sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y a la
seguridad social y, en consecuencia, se ordene su reubicación por parte de la Cooperativa
de Trabajo Asociado San José de Cúcuta (COOPSANJOSE), la cual sostiene que dada
la finalización del contrato que vinculaba a la cooperativa con Caprecom, en
ese entonces administrador de la clínica donde la tutelante prestaba sus
servicios, no hay lugar a que se lleve a cabo (cd.1, fl.9 y 10).
3.9.1. En este caso se presentan
todos los elementos de una relación laboral. Procedencia de la acción de tutela
3.9.1.1. Como se indicó en apartes previos, con
fundamento en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la Corte ha precisado
que la procedencia de la acción de tutela frente a particulares está
condicionada a que se demuestre la existencia de una relación de subordinación
o indefensión entre el accionante y el accionado, entre otros eventos.
3.9.1.2. En el presente caso, la
Corte observa que entre la demandante y la I.P.S. Caprecom, gracias a la
intermediación de COOPSANJOSÉ, existe una relación de trabajo que hace
procedente la acción de tutela bajo la causal de subordinación.
En efecto, la accionante celebró un acuerdo
cooperativo con COOPSANJOSE, en virtud del cual prestaba sus servicios
personales, primero, para la E.S.E. Francisco de Paula Santander que fue
liquidada y, posteriormente, para la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, entidad
que administraba la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta, en la que desarrollaba
funciones de auxiliar de oficina (cd.1, fl.1). No obstante la existencia de un
vínculo cooperativo, para la Sala puede afirmarse que Lilia Maritza Pradilla
tenía una relación laboral con la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta gracias a la
intermediación de COOPSANJOSE, por las siguientes razones:
En primer lugar, en su trabajo para la I.P.S. Caprecom
Clínica Cúcuta, la tutelante cumplía instrucciones impartidas por la propia
I.P.S.
En segundo lugar, por el tipo de funciones que
desarrollaba -funciones de oficina y secretaria (cd.1, fl.1)- puede deducirse
que cumplía un horario.
Por último, aunque la remuneración le era pagada por
la cooperativa, la accionante prestaba servicios personales a la I.P.S., quien
pagaba por los servicios prestados a la cooperativa.
De lo anterior puede inferirse que, de conformidad con
el principio de primacía de la realidad sobre las formas, existía una auténtica
relación de trabajo con cada una de sus implicaciones constitucionales y
legales, entre al demandante y la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, auspiciada
por la cooperativa accionada. Ciertamente, en este caso: primero, existía
una prestación personal del servicio por parte de Lilia Maritza Pradilla;
segundo, una subordinación a la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta; y tercero, una
remuneración por los servicios prestados aunque fuera pagada por la
cooperativa.
3.9.1.3. Por lo anterior, la Sala considera que tanto la
cooperativa de trabajo asociado como la entidad para la cual la demandante
prestaba sus servicios infringieron la prohibición legal establecida en el
artículo 17 del Decreto 4588 de 2006 y los lineamientos establecidos por esta
Corporación, es decir, la prohibición de simular una relación laboral.
3.9.1.4. En resumen, la Sala concluye que la tutela en el
presente caso es procedente por existir una relación de subordinación frente a
los particulares demandados.
3.9.2. Pese a que la incapacidad de
la actora se prolongó por más de 180 días, la cooperativa y la I.P.S. accionadas
debieron reubicar a la tutelante una vez su médico tratante consideró que podía
reincorporarse a la actividad laboral
Siguiendo la línea jurisprudencial reseñada en apartes
previos y teniendo en cuenta que en realidad existía una relación laboral entre
la tutelante y la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, esta última y su
intermediaria COOPSANJOSE debían haber reubicado a Lilia Maritza Pradilla en un
cargo que se adecuara a su nueva situación física, una vez terminaron las
incapacidades dictaminadas por su médico tratante, aunque éstas se hubieran
extendido por un periodo mayor a 180 días. En efecto, en el presente caso la
Sala observa que se presentan las condiciones fijadas por la jurisprudencia
para que proceda el reintegro de la accionante.
3.9.2.1. En primer lugar, aunque el período de incapacidad de
un trabajador se extienda por más de 180 días, el empleador tiene la obligación
de reintegrarlo una vez se haya recuperado, o la de reubicarlo, en el evento en
que continúe incapacitado parcialmente. En el presente caso, la accionante
debía ser reubicada, pues no obstante haber estado incapacitada por 365 días
(cd.1, fl.20 / cd.3, fl.55), le fue diagnosticada una incapacidad parcial
permanente como consecuencia de una enfermedad profesional -síndrome del túnel
carpiano bilateral de predominio derecho- (cd.1, fl.5 y 6) y teniendo en cuenta
ese hecho no podía ser desvinculada de su cargo.
3.9.2.2. En segundo lugar, en tratándose de trabajadores que
presentan una incapacidad permanente parcial, solo podrán ser
desvinculados por parte del empleador, si cuenta con autorización del Ministerio de la Protección
Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997[61] y de la Sentencia C-531 de
2000 que declaró la exequibilidad del mismo. De manera que, en el asunto sub
examine, no era válido el despido de la accionante, pues como se verá más
adelante, no se obtuvo autorización por parte del Ministerio de la Protección
Social ni del juez laboral.
3.9.3. En el presente caso se
vulneraron los derechos fundamentales de la actora y por ello es procedente ordenar
el reintegro mediante fallo de tutela
Como se explicó en acápites anteriores, la
jurisprudencia constitucional concibe como regla general la improcedencia de la
acción de tutela como mecanismo principal para solucionar controversias de
índole laboral, relacionadas con la estabilidad laboral reforzada. Empero,
también ha manifestado que cuando se está frente a sujetos que dada su
condición especial se hallan en estado de debilidad manifiesta, la posición
constitucional cambia. Eso ocurre en el caso de personas con discapacidad o que
presentan afecciones en su salud que restringen su capacidad laboral.
Sin embargo, para que se pueda conceder el amparo en
estos casos y ordenar mediante fallo de tutela el reintegro se precisa la
configuración de tres aspectos:
“(i) que el peticionario pueda considerarse una
persona discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) que el
empleador tenga conocimiento de tal situación; y, (iii) que el despido se lleve
a cabo sin permiso del Ministerio de la Protección Social.”[62]
Estos elementos están presentes en este caso, como a continuación se
demuestra:
3.9.3.1.
Lilia Maritza Pradilla fue incapacitada a partir del 30 de octubre de 2007, ya
que presentó “síndrome del túnel carpiano derecho severo y epoconditis
lateral derecha” (cd.1, fl.1 y 2). El 05 de junio de 2008, el diagnostico
fue confirmado por el Dr. Luis Ramón Sandoval -médico adscrito la I.P.S.
Caprecom-, quien le recomendó que solicitara reubicación en un área de trabajo
en la que no realizara labores repetitivas con las manos (cd.1, fl.1 y 2). Teniendo
en cuenta las pruebas aportadas, queda claro que la accionante ha visto
disminuida su capacidad laboral dada la afección física que padece.
La debilidad manifiesta de la accionante también se deriva del hecho de
que el 13 de junio de 2008, falleció su esposo, Ángel Botello Gómez, quien
hasta ese entonces había asumido los gastos por concepto de vivienda y
educación de sus hijos, por lo que actualmente su situación económica es
critica, ya que no cuenta con los recursos económicos para mantener a su
familia (cd.1, fl.11). En esa medida puede sostenerse que se encuentra en una
situación de vulnerabilidad y, por ende, en estado de debilidad manifiesta.
3.9.3.2. Con
respecto al conocimiento del empleador sobre el estado de salud de la
accionante, es claro que COOPSANJOSE y la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta
estaban informados sobre su incapacidad y pérdida de capacidad laboral (cd.3,
fl.82 y 83), ya que una vez efectuado el diagnostico definitivo por parte de la
Junta Regional de Calificación de Norte de Santander (cd.1, fl.3 y 4), la Nueva
E.P.S., I.P.S. UMOI emitió un oficio mediante el cual informó que desde el 12
de febrero de 2009, se le diagnosticó a Lilia Maritza Pradilla una pérdida del
22.26% de su capacidad laboral, para que así, habiendo terminado el proceso por
medicina laboral, se procediera a su reubicación (cd.1, fl.8). Pese a lo
anterior, COOPSANJOSE y la I.P.S. no acataron la recomendación de reubicarla,
sosteniendo al respecto que no contaban con un cargo que pudieran asignarle.
3.9.3.3. En
relación con el tercer requisito, esta Corporación
reiteradamente ha señalado que cuando se trata de la desvinculación de mujeres en estado de gravidez, trabajadores aforados y
personas con discapacidad, “es requisito sine qua non para terminar la
relación laboral, que previamente la autoridad administrativa o un juez de la
república, autorice previamente tal determinación. En caso de que se omita este
presupuesto, y por tratarse de sujetos de especial protección constitucional la Corte considera procedente su solicitud de
reintegro en sede de tutela.”[63]
En el presente caso, COOPSANJOSE solicitó
autorización al Ministerio de la Protección Social para desvincular a Lilia
Maritza Pradilla (cd.1, fl.39-41); sin embargo, dicha autorización nunca se
otorgó porque el Ministerio se declaró incompetente (cd.3, fl.30-32). Ahora
bien, pese a lo anterior, la desvinculación no debió producirse, ya que ante la
omisión del Ministerio, la cooperativa y la I.P.S. debieron haber acudido al
Juez Laboral, según al jurisprudencia constitucional.
De cualquier manera, es reprochable la actuación omisiva
del Ministerio de la Protección Social, pues como autoridad en materia laboral,
debió analizar a profundidad el vínculo existente y determinar si efectivamente
se trataba de una relación cooperativa o de naturaleza laboral.
3.9.4. COOPSANJOSE y la I.P.S. Caprecom
deben responder solidariamente por el reintegro y los demás pagos a los que
tiene derecho la accionante.
La cooperativa como intermediaria y la I.P.S. como
empleadora son responsables solidariamente del reintegro y las indemnizaciones
y otros pagos a los que haya lugar.
En consecuencia, la conducta desplegada por la
accionada vulnera los derechos fundamentales al trabajo digno y la seguridad
social, ya que con la misma pretendían distorsionar una relación laboral
existente y así evadir las obligaciones y responsabilidades propias de la
legislación laboral, sin tener en cuenta el estado de debilidad manifiesta de
la accionante por efecto de su pérdida de capacidad laboral, y la consecuente
estabilidad laboral reforzada que de la misma se deriva. De modo que al haber
una empresa de intermediación laboral, aunque no tenga un contrato directo de
trabajo con Lilia Maritza Pradilla, la cooperativa es responsable
solidariamente[64]
junto a la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta por las obligaciones que se derivan
de la desvinculación de la actora[65].
3.9.5. Configuración de
una sustitución de empleador. La
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz es responsable del reintegro en el
presente caso
En el caso sub examine, teniendo en
cuenta: primero, la existencia de una relación laboral que vinculaba a
la accionante con la I.P.S. Caprecom
Clínica Cúcuta en virtud de la aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas, y segundo, que el nuevo administrador de la
Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta es la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo
Meoz; puede sostenerse que se presentó una sustitución de empleador, pues la
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz reemplazó a la I.P.S. Caprecom
Clínica Cúcuta como nuevo administrador de la Unidad Hospitalaria Clínica
Cúcuta.
En efecto, en el presente caso se reúnen
los requisitos de sustitución de empleador, teniendo en cuenta que: primero,
aunque en principio quien ostentaba la posición de empleador era la I.P.S. Caprecom Clínica Cúcuta, una vez dada la
adquisición de la Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta por parte de su nuevos
propietarios, es decir, la Universidad de Pamplona en asocio con la Gobernación
del Departamento de Norte de Santander, la administración de la misma fue asignada
a la  E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz; segundo, la
finalidad del empleador ‘sustituyente’ es la misma que la del empleador
sustituido, es decir, la administración y prestación de servicios en las
instalaciones de la  Unidad Hospitalaria Clínica Cúcuta; y tercero, no
se aseguró la continuidad de la trabajadora, ya que está fue desvinculada
sin contar con autorización del Ministerio de la Protección Social o de un Juez
Laboral, pese a que ha presentado pérdida de capacidad laboral y que dada su
situación es una persona en estado de debilidad manifiesta.
Por las anteriores razones, estima la
Sala que se configuró la figura de la sustitución de empleador. En
consecuencia, considerando que la sustitución no extingue, suspende o modifica
las relaciones laborales existentes, la E.S.E.
Hospital Universitario Erasmo Meoz deberá responder solidariamente junto a
COOPSANJOSE por la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
3.9.6. Necesidad de compulsar copias
Dado que es clara la existencia de un contrato
realidad,  la responsabilidad solidaria  de COOPSANJOSE y la E.S.E.
Hospital Universitario Erasmo Meoz, frente a las consecuencias que se derivan
de la relación laboral que existe, que además  las cooperativas de trabajo
asociadas están sometidas a la supervisión y vigilancia de la Superintendencia
Solidaria y que COOPSANJOSE llevó a cabo una actividad de intermediación
laboral, que es a su vez, causal de disolución y liquidación, la Sala considera
pertinente compulsar copias ante esta Superintendencia para que se adelanten
las investigaciones debidas.
3.9.7. La
decisión y las órdenes
En conclusión, la sala considera que el fallo emitido
por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cúcuta, en Sentencia de nueve (09) de
febrero de 2010, debe ser revocado y en su lugar debe concederse la protección
a los derechos fundamentales de la accionante. En consecuencia, se ordenará a la
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reintegre a Lilia
Maritza Pradilla a un cargo que no genere riesgo para su salud, atendiendo a su
diagnóstico, y responda de manera solidaria junto a COOPSANJOSE por el pago de
todos los salarios, compensaciones y prestaciones sociales causadas y no
pagadas, desde el momento del despido hasta el reintegro efectivo de Lilia
Maritza Pradilla. También se compulsarán copias a la Superintendencia de
Economía Solidaria y al Ministerio de la Protección Social para que, de acuerdo
con sus competencias, inicien una investigación contra la cooperativa de
trabajo asociado COOPSANJOSE con el  objetivo de
determinar  si ésta ha infringido las normas que regulan la organización y
funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, en particular, las
disposiciones relativas a la prohibición para actuar como intermediario
o empresa de servicios temporales.
4. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE:
PRIMERO: LEVANTAR la
suspensión de términos decretada por la Sala en Auto del 27 de octubre  de
2010.
SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Cúcuta, el nueve (09) de febrero de 2010. En su lugar,  CONCEDER, por las razones y en los términos
de esta sentencia, el amparo a los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social de Lilia Maritza
Pradilla, vulnerados por la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE y la E.S.E.
Hospital Universitario Erasmo Meoz, de manera solidaria.
TERCERO: ORDENAR a la E.S.E.
Hospital Universitario Erasmo Meoz a través de su representante legal o quien haga sus veces,
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta sentencia reintegre a Lilia Maritza Pradilla, a un cargo que no constituya
un riesgo para su salud atendiendo a su diagnóstico.
CUARTO:
ORDENAR a la cooperativa de trabajo asociado COOPSANJOSE y a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, que de
manera solidaria, efectúen el pago de todos los salarios y prestaciones
sociales y compensaciones dejadas de percibir, así como los aportes a la
seguridad social correspondientes a salud y pensión de la accionante.
QUINTO:
Mediante Secretaría General, COMPULSAR copias a la Superintendencia de
Economía Solidaria y al Ministerio de la Protección Social para que, de acuerdo
con sus competencias, inicien una investigación contra la cooperativa de
trabajo asociado COOPSANJOSE con el  objetivo de
determinar  si ésta ha infringido las normas que regulan la organización y
funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, en particular, las
disposiciones relativas a la prohibición para actuar como intermediario
o empresa de servicios temporales.
SEXTO: Líbrense por la
Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA T-287 de 2011
SUSTITUCION PATRONAL-Competencia de la jurisdicción laboral  (Salvamento
parcial de voto)
La
declaratoria de existencia de sustitución patronal es propia de un proceso
ordinario laboral, por lo que al emitir el juez de tutela ordenes con carácter
definitivo sobre la base de la existencia de tal figura, desborda sus
competencias, pues para ello nuestra legislación ha prescrito un trámite y unas
etapas que no deben ser desconocidas en el fallo de tutela, máxime si se tiene
en cuenta que es el mismo juez constitucional quien declaró la existencia del
contrato laboral que se sustituye.
Referencia: expedientes T-2.726.909
Acción de tutela instaurada por Lilia Maritza Pradilla
contra Cooperativa de Trabajo Asociado San José.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con
el respeto acostumbrado, haré una exposición de los motivos que justifican la
suscripción de un salvamento parcial de voto respecto de la sentencia de la
referencia.
i.       Contenido
de la sentencia
Mediante
el fallo en cuestión se abordó el estudio del caso de la señora Lilia Maritza
Pradilla, quien consideraba vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo
vital, estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y a la seguridad social.
La
accionante se encontraba prestando sus servicios, como trabajadora asociada de la
Cooperativa de Trabajo Asociado San José, en la ESE Atalaya, la cual se
encontraba administrada por Caprecom.
A
partir del 30 de octubre de 2007 la señora Pradilla fue incapacitada por
presentar síndrome del Tunal carpiano y epicondilitis. La accionante acumuló
más de 365 días de incapacidad.
En
febrero de 2009, la actora dejó de recibir compensación alguna, a pesar de
tener una pérdida de capacidad laboral  del 22.26%.
Durante
el período en el cual la accionante se encontraba incapacitada, la unidad hospitalaria
en que prestaba sus servicios cambió de dueño y, la Cooperativa San José, a la
cual se encontraba vinculada, de dejó de suministrar personal. La unidad
hospitalaria pasó a ser propiedad de la Universidad de Pamplona y la
Gobernación de Santander y su operación quedó a cargo de la ESE Erasmo Meoz.
En
la acción de tutela de la referencia, la actora solicitó su reubicación y la
cancelación de las compensaciones y prestaciones causadas y no pagadas desde
febrero de 2009. Lo anterior, por cuanto Coopsanjosé no le comunicó la
terminación de su contrato.
En
la sentencia el problema jurídico giró entorno a establecer si la Cooperativa
de Trabajo asociado  CoopSanjosé, vulneró los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la igualdad y a la seguridad
social de la accionante, y en consecuencia si resultaba o no procedente su
reintegro y reubicación. Para resolver el problema jurídico se abordaron los
siguientes tópicos: (i) procedencia de la acción de tutela contra particulares,
(ii) naturaleza jurídica de las Cooperativas de Trabajo Asociado, (iii) el
principio de primacía de la realidad sobre las formas en la relación laboral y
el contrato laboral, (iv) el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las
personas en estado de debilidad manifiesta, (v) la facultad del empleador de
terminar el contrato laboral a un trabajador con incapacidad superior a 180
días y (vi) la figura de la sustitución del empleador.
Finalmente,
se tutelaron los derechos de la actora y en consecuencia, se ordenó a la ESE
Erasmo Meoz reintegrar a la accionante a un cargo que no constituya riesgo para
la salud. Así mismo, se ordenó a la Cooperativa de Trabajo Asociado  San José y
a la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz que, de manera solidaria, efectúen
el pago de los salarios, prestaciones sociales y compensaciones dejadas de
percibir, así como los aportes a las seguridad social y pensión. Por último, se
compulsaron copias a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio
de la Protección Social para que investiguen a la Cooperativa de Trabajo Asociado
CoopSanjosé.
ii.      Motivos
del Salvamento de Voto.
No
comparto la decisión final a la cual llegó la Sala Séptima de Revisión en la
sentencia T-287 de 2011, mediante la cual se tutelaron de manera definitiva los
derechos de la accionante, por las siguientes razones:
La
declaratoria de existencia de sustitución patronal es propia de un proceso
ordinario laboral, por lo que al emitir el juez de tutela ordenes con carácter
definitivo sobre la base de la existencia de tal figura, desborda sus
competencias, pues para ello nuestra legislación ha prescrito un trámite y unas
etapas que no deben ser desconocidas en el fallo de tutela, máxime si se tiene
en cuenta que es el mismo juez constitucional quien declaró la existencia del
contrato laboral que se sustituye.
Adicional
a lo anterior, en casos como el que se estudia, la jurisprudencia ha señalado
que se deben configurar tres aspectos, dentro de las cuales el referente a que
el despido se haya llevado a cabo sin permiso del Ministerio de la Protección
Social. En el caso particular, la entidad demandada solicitó tal autorización
al Ministerio referido, el cual manifestó no ser competente para emitir tal
autorización. La anterior situación, considero, también debió ser evaluada por
el juez laboral, al momento de declararse la existencia del contrato laboral y
la sustitución del empleador.
Así
dejo expresados los argumentos que me llevan a Salvar el voto en esta
oportunidad.
Fecha
ut supra,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]
“Ver Sentencias: T-335 del 31 de julio de 1995. MP. Vladimiro Naranjo Mesa,
T-172 del 04 de abril de 1997. MP. Vladimiro Naranjo Mesa., T-202 del 18 de
abril de 1997. MP. Fabio Morón Díaz, T-584 del 19 de octubre de 1998. MP.
Hernando Herrera Vergara, T-639 del 31 de agosto de 1999. MP. Vladimiro Naranjo
Mesa, T-203 del 28 de febrero de 2000. MP. Fabio Morón Díaz.”
[2]
“Ver Sentencias: T-339 del 17 de julio de 1997. MP. Alejandro Martínez
Caballero, T-650 del 10 de noviembre de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell,  y
T-833 del 25 de octubre de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz.”
[3]
“Ver Sentencias: T-697 del 06 de diciembre de 1996. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz
y T-433 del 20 de agosto de  1998. MP. Alfredo Beltrán Sierra.”
[4]
“Ver Sentencias: T-1682 del 07 de diciembre de 2000. MP. Álvaro Tafur Galvis y
SU-1721 del 12 de diciembre de 2000. MP. Álvaro Tafur Galvis.”
[5]
“Ver Sentencias: T-630 del 28 de noviembre de 1997. MP. Alejandro Martínez
Caballero, T-308 del 23 de junio de 1998. MP. Fabio Morón Díaz y T-418 del 09
de junio de 1999. MP. Fabio Morón Díaz.”
[6]
“Sentencia T-796 del 14 de octubre de 1999. MP. José Gregorio Hernández
Galindo.”
[7]
“Sentencia T-640 del 31 de agosto de 1999. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.”
[8]
“Sentencia T-474 del 25 de septiembre de 1996. MP. Fabio Morón Díaz.”
[9]
“Ver Sentencias: T-557 del 29 de noviembre de 1995. MP. Hernando Herrera
Vergara y T-420 del 09 de septiembre de 1996. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.”
[10]
“Sentencia T-263 del 28 de mayo de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[11]
Cfr. Sentencia T-1042 del 28 de septiembre de 2001. MP. Manuel  José Cepeda
Espinosa.
[12] Ver Sentencias: T-290
del 28 de julio de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo y  T-449 del 15 de
Junio de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[13] Sentencia T-513 del 18
de junio de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[14] Sentencia T-417 del 16
de junio de 2010. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[15] Así, entre otros, el
artículo 1 establece que "Colombia es un Estado Social de Derecho, (...)
fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general";
el artículo 38 garantiza "el derecho de libre asociación para el
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad";
el artículo 57 permite al legislador "establecer los estímulos y los
medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas";
el artículo 58 establece en su inciso 3 que "(…) El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad"; el
artículo 103 establece que al Estado le corresponde contribuir a "(…) la
organización, promoción y capacitación de las asociaciones (…) comunitarias (…)";
el artículo 189, numeral 24, consagra la inspección, vigilancia y control en
cabeza del Presidente de la República "sobre las entidades cooperativas";
el artículo 333 determina que al Estado le corresponde fortalecer "(…) las
organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial".
[16] Idem.
[17] Cfr. Sentencia C-211 del
01 de marzo de 2000. MP. Carlos Gaviria Díaz.
[18] Sentencia T-900 del 16
de septiembre de 2004. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[19]
Sentencia T-449 del 15 de junio de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[20]
Cfr. Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[21] Sentencia C-555 del 06
de diciembre de 1994. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] Cfr. Sentencia C-1110
del 24 de octubre de 2001. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[23] Ibídem. Cfr. Sentencia
C-1110 del 24 de octubre de 2001. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[24] Ibídem. Sentencia T-449
del 15 de junio de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[25]
Cfr. Sentencia T-445 del 02 de junio de 2006. MP. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[26] Ver Sentencias: T-1177 del 04
de diciembre de 2003. MP. Jaime Araujo Rentería, T-550 del 31 de mayo de 2004.
MP. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-003 del 14 de enero de 2010. MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; entre otras.
[27] Sentencia C-614 del 02
de Septiembre de 2009. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] Ibídem.
Sentencia T-513 del 18 de junio de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[29] Ley 1233 de 2008. Artículo 7. Las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados
para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como
trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa
o indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en
la selección del trabajador asociado.
[30] Ibídem.
Sentencia T-513 del 18 de junio de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[31] Sentencia T-286 del 03
de abril de 2003. MP. Jaime Araujo Rentería.
[32]
Cfr. Sentencia T-531 del 12 de julio de 2007. MP. Álvaro Tafur
Galvis.
[33]
Cfr. Sentencia T-305 del 28 de abril de 2009. MP. Mauricio González Cuervo.
[34]
Cfr. Sentencia T-968 del 07 de octubre de 2008. MP. Jaime Araújo Rentería.
[35] Cfr. Ibídem. Sentencia
T-449 del 15 de junio de 2010. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[36] Cfr. Sentencia T-467 del
16 de junio de 2010. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[37] Sentencia T-445 del 02 de
junio de 2006. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[38] Sentencia
T-1119 del 11 de noviembre de 2008. MP. Nilson Pinilla Pinilla.
[39]
“Cfr. Ibídem. Sentencia T-198 del 16 de marzo de 2006. MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra.”
[40]
Sentencia T-1040 del 27 de septiembre de 2001. MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[41]
Cfr. Sentencia T-002 del 18 de Enero de 2006. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[42]
Sentencia T-519 del 26 de junio de 2003. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43]
Cfr. Sentencia T-661 del 10 de agosto de 2006. MP. Álvaro
Tafur Galvis.
[44]
Cfr. Sentencia T-392 del 24 de abril de 2008. MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[45] Cfr. Sentencia C-079 del 29 de
febrero de 1996. MP. Hernando Herrera Vergara.
[46] Decreto 1295 de 1994. Artículo 9°. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que sobrevenga en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la
muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una
labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se
produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el
empleador.
[47] Decreto 1295 de 1994.
Artículo 11. Enfermedad
Profesional. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico
permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la
clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional
por el Gobierno Nacional.
[48] Ley 776 de 2002. Artículo 5°. Incapacidad
permanente parcial. Se considera como incapacitado permanente parcial, al
afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o
superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de
su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.
La incapacidad permanente parcial se
presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como
consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre
una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades
para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso
anterior. (Negrita fuera del texto).
Artículo 6. Declaración de la incapacidad permanente
parcial. La
declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente
parcial serán determinados por una comisión médica interdisciplinaria, según la
reglamentación que para estos efectos expida el Gobierno Nacional.
La declaración de incapacidad permanente parcial se
hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por
medio de un trabajo, con sus actuales fuerzas, capacidad y formación
profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes
del accidente o de la enfermedad.
[49] Sentencia T-118 del 16 de febrero de 2010.
MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta sentencia la Corte revisó el caso de un trabajador que sufrió un accidente de tránsito que le produjo “fractura
de platillos tibiales izquierdos” y “artrofibrosis de rodilla izquierda”,
y quien presentó acción de tutela para que fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social,
al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada de las personas con
limitaciones, los cuales consideraba vulnerados por su empleador en tanto dio
por terminado su contrato de trabajo luego de un período de más de 180 días de
incapacidades médicas. La Corte concedió la tutela y ordenó al empleador
reubicar al trabajador.
[50]
Cfr. Sentencia T-118 del 16 de febrero de 2010. MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[51]
Cfr. Sentencia T-853 del 17 de octubre de 2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
[52]
Cfr. Sentencia T-062 del 01 de febrero de 2007. MP. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[53]
Cfr. Sentencia T-852 del 28 de agosto de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54]
Cfr. Sentencia C-1141 del 19 de noviembre de 2008. MP. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[55] Ley 361 de
1997. Artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la Oficina de Trabajo.
[56] Sentencia
T-768 del 25 de julio de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
[57]
Cfr. Sentencia T-395 del 17 de abril  de 2001. MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[58]
Cfr. Sentencia T-321 del 10 de mayo de 1999. MP. José Gregorio
Hernández Galindo.
[59] Constitución Política.
Artículo 53: “(…) la ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores”.
[60]
Sentencia T-768 del 25 de julio de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
[61] Ley 361 de
1997. Artículo 26. En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la Oficina de Trabajo.
[62]
Cfr. Sentencia T-554 del 29 de octubre de 2008. MP. Nilson
Pinilla Pinilla.
[63]
Cfr. Sentencia T-819 del 21 de agosto de 2008. MP. Clara Inés
Vargas Hernández.
[64] Decreto
4588 de 2006. Artículo 17: Prohibición para actuar como intermediario o
empresa de servicios temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni
disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a
usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión
con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o
tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes. Cuando
se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus
directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones
económicas que se causea favor del trabajador asociado.
[65]
Sentencia T-471 del 15 de mayo de 2008. MP. Jaime Córdoba
Triviño.