T-710-10
Sentencia T-710/10
Sentencia T-710/10
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Caso en que ISS niega mesada pensional
indicando que cónyuge fallecido no presenta afiliación ni pagos a
administradora de riesgos profesionales
DERECHO DE PETICION-Vulneración por cuanto ARP de ISS
infringió el principio de veracidad de la información al suministrar datos
ambiguos y erróneos respecto a la afiliación de cónyuge fallecido
DERECHO DE PETICION-Orden a entidad demanda iniciar diligencia
de verificación de datos relativos a afiliación del cónyuge fallecido para
reconocer pensión de sobrevivientes
Referencia: expediente T-2.715.041.
Acción de tutela  presentada por la señora
Ena Leonor Quintana Gutiérrez contra Positiva Compañía de Seguros S.A.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil diez (2010).
La Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido dentro
del asunto de la referencia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes
de Barranquilla que conoció en segunda instancia la decisión adoptada por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Adolescentes de la misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
La señora Ena Leonor Quintana Gutiérrez, interpuso
acción de tutela contra Positiva Compañía de Seguros S.A., solicitando el
amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, por los
hechos que a continuación son resumidos.
1. Hechos.
Indica la accionante, que su esposo el
señor Oel Blanco Parejo murió en hechos violentos ejerciendo sus funciones
laborales como personero municipal de El Paso (Cesar), el día 11 de noviembre
del 2003.
Expone que al momento de su fallecimiento,
se encontraba afiliado a la ARP del Seguro Social, La Previsora Vida S.A., hoy
Positiva Compañía de Seguros S.A.
Aduce que el día 6 de enero del 2009, la ARP
La Previsora Vida S.A. hoy Positiva Compañía de Seguros S.A., recibe de parte
de la Personería Municipal de El Paso, Cesar, los documentos relacionados con
la muerte del señor Oel Blanco Parejo
Explica que el día 6 de marzo de 2009 presentó
derecho de petición ante la ARP Positiva Compañía de Seguros S.A., solicitando
información sobre el trámite del proceso radicado en dicha entidad para acceder
a la pensión de sobrevivientes en representación de sus menores hijos.
Señala que hasta el mes de septiembre de 2009,
la entidad accionada le responde que no tiene cobertura puesto  que a la fecha
de ocurrido el accidente su esposo no se encontraba afiliado ni habían pagos a
la administradora de riesgos profesionales.
Indica la accionante que es falso todo lo
que dice la entidad accionada, porque existe certificación del Seguro Social en
donde aparece la afiliación y el estado activo que ostentaba su esposo al
momento de su muerte.
Afirma que existe certificación por parte
del ISS de la afiliación en estado activo del señor Oel Blanco Parejo. Asimismo,
existe constancia de la expedición del formulario único de reporte de
accidentes de trabajo (FURAT), documento que se emite únicamente a las personas
que se encuentran afiliadas al momento de la ocurrencia de la contingencia
laboral.
Señala igualmente, que es muy evidente la “violación
y atropello” que comete la entidad accionada, pues si no hubiera existido
afiliación, “no hubiesen desplegado un funcionario adscrito a POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, señor Marcos Varela al Municipio de El Paso, para hacer
las investigaciones de rigor.”
La accionante interpone la acción de tutela
el 18 de febrero de 2010, tras considerar que se le han vulnerado sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a gozar de una vida digna, considerando además
que  tiene la condición de desplazada según constancia  anexa al expediente[1].
La pretensión de la actora va encaminada a
ordenar “...incluir nuevamente al sistema a su afiliado señor Oel Blanco
Parejo (q.e.p.d.)” (folio 4), y “... se emita una resolución
reconociéndome una pensión de sobrevivientes”.
2- Pruebas
allegadas al expediente
Son relevantes las
siguientes pruebas que se observan en el expediente:
a. Documento que envía la Personería del
Municipio del Paso, de fecha diciembre 12 de 2008, a la ARP la Previsora Vida S.A.
informándole sobre la muerte violenta de que fue víctima el señor Oel Blanco
Parejo.
b. Petición que elevó la demandante a Positiva
Seguros S.A. de fecha marzo 8 de 2009.
c. Copia del informe de accidente de
trabajo.
d. Copia de la respuesta de Positiva
Compañía de Seguros S.A.
e. Copia de la certificación que expide el
seguro social en donde consta la real fecha de afiliación del señor Oel Blanco
Parejo.
f. Fotocopia del certificado del Furat.
g. Copia de los registros civiles de los
hijos de la accionante.
h. Copia del registro civil del matrimonio.
3. Intervención
de la entidad accionada
Dentro del término legal
la entidad accionada, a través de su Gerente de Indemnizaciones, Luisa Marina
Uribe, descorre el traslado de la acción de tutela de la referencia,
manifestando que en respuesta al derecho de petición presentado por la
accionante le comunicó a la accionante que el señor Oel Blanco Parejo no tiene
cobertura en esa entidad, ya que el mismo no presenta afiliación ni pagos a la
administradora de riesgos profesionales.
Con relación a lo anterior,  indicó que  tanto la afiliación a la entidad
administradora como el pago de las cotizaciones por parte del empleador, son
requisitos indispensables para tener derecho a las prestaciones en el caso de
accidente o enfermedad del trabajador, tal como lo establece el Decreto 1295 de
1994 en su artículo 4, literal d.
Concluye manifestando que la señora Ena Leonor Quintana Gutiérrez, no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes debido a que al
momento de la ocurrencia de los hechos, el señor Oel Blanco Parejo no presentaba
afiliación ni pagos a la entidad administradora, por lo que el siniestro no
tiene cobertura por parte de la misma.
4. Ausencia de
respuesta de la entidad vinculada
El juez de primera
instancia consideró
necesario vincular en calidad de tercero al Instituto de Seguro Social,
teniendo en cuenta que podía asistirle interés en el presente trámite; sin
embargo, a la fecha de la decisión de primera instancia no se allegó  al
expediente la respuesta requerida.
5. Sentencia de primera instancia
La sentencia de primera instancia dictada por el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Adolescentes, con Funciones de Control de
Garantías de Barranquilla, niega la acción impetrada luego de sostener que en
ella se plantea un conflicto de carácter legal, “en el que se deberá
dilucidar primeramente sobre la afiliación o no del señor OEL BLANCO PAREJO a
la administradora de riesgos profesionales, y de lo cual se desprenderá el
derecho o no a la pensión de sobrevivientes de la accionante, cuestión que no
está llamada a ventilarse en este estrado judicial, ya que no es el Juez
Constitucional el encargado de solucionar el problema planteado por la
accionante y que compete a la jurisdicción ordinaria laboral. En consecuencia,
el accionante deberá acudir a los mecanismos ordinarios para hacer las
reclamaciones correspondientes, de conformidad con las reglas y procedimientos
previstos en la Ley 142 de 1994” (sic).
Agrega que “al no haberse demostrado la vulneración de los derechos fundamentales
de la  accionante, ni haberse utilizado la presente acción como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ni se deduce el mismo de las
pruebas que reposan en el expediente, ya que la accionante se limita a realizar
afirmaciones sobre su vulneración a su derecho fundamental a la vida diga,
mínimo vital, a su condición de mujer cabeza de hogar, a su condición de
desplazada, etc., pero no cumple con su deber legal de probar mínimamente su
vulneración a un derecho de carácter fundamental, sino que por el contrario
trasluce es una discusión de orden legal, que escapa al examen en esta sede de
tutela, por tanto, resulta improcedente la acción de tutela aquí analizada, por
lo que la misma se ha de resolver desfavorablemente”.
6. La impugnación
Inconforme con la decisión
de primera instancia, la accionante impugnó el fallo de tutela en los
siguientes términos:
“En el fallo impugnado, se observa que la
juzgadora, se limitó a recalcar que los derechos alegados por la suscrita como
vulnerados no poseen la categoría de derechos fundamentales, concluyendo que se
trataba de un conflicto legal, pero omitió exponer de manera razonada y
justificada, las premisas fácticas que edifican esa conclusión, así como las
que le sirven de soporte para aseverar que no se ha dado vulneración de los
derechos fundamentales(...)” “El Juez, al adoptar una decisión final, tiene el
deber de enriquecerla con normas individuales y generales. En la parte
considerativa, le es obligatorio exponer las razones que justifican su
decisión, en este caso omitió analizar y valorar las pruebas que aporté y que
demuestran fehacientemente que mis menores hijos dependen económica y
socialmente de forma permanente de la suscrita”.
(...)
“La juez sólo ilustra sobre la naturaleza de los derechos fundamentales
invocados como vulnerados y la normatividad sustantiva laboral, que regula la
pensión de sobreviviente, pero, esa era sólo una petición subsidiaria … lo que
se pide es que la accionada ARP POSITIVA resuelva la condición de afiliado de
mi finado cónyuge OEL BLANCO PAREJO, por contarse con certificaciones expedidas
por el Seguro Social, por medio de la extinta ARP PROTECCIÓN LABORAL, en que se
demuestra la calidad de cotizante en riesgos desde el 5 de noviembre de 2003 y
en estado activo.”
7. Sentencia de segunda instancia
La sentencia de segunda instancia, proferida por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Adolescentes de Barranquilla, confirma la
decisión del a quo,  pero en la ratio de la sentencia se lee lo
siguiente:
“es claro que sí se demostró que se está frente a una
de las circunstancias excepcionales que permiten emitir una decisión que
desencadene transitoriamente en la orden de reconocer una pensión, pues podría
estar en juego el mínimo vital de los sobrevivientes, entre los cuales están
dos hijos menores que acreditaron tal condición a folios 14 y 15 con los
registros civiles de nacimiento, por lo que entonces, se está frente a menores
que gozan de una especial protección del Estado.
No obstante la posible satisfacción de la pretensión tendiente al
reconocimiento de una pensión no encuentra sustento en las pruebas recopiladas,
pues no se aportan elementos tales como el número de semanas cotizadas o
aquellos que sirvan para la determinación de la calidad que ostentaba el
difunto, y así señalar al posible responsable que deba asumir el pago de la
hipotética pensión. Entonces ante la carencia de todo lo anterior se denegara
la tutela por no encontrar probado lo concerniente a dicho reconocimiento. No
siendo óbice para aconsejarle que inicie la respectiva acción ante la
jurisdicción ordinaria y acuda ante los organismos (Procuraduría General de la
Nación) que hacen presencia cuando existen riesgos en personas de interés
superior, dado que se está ante menores y que se trate de una familia
desplazada por la violencia”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala es competente para decidir el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9°,
de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
2.  Prolegómeno
al problema jurídico
Previo
a efectuar una revisión de fondo de  las sentencias de instancia, la Sala
considera necesario realizar una adecuada interpretación de las pretensiones de
la demanda de tutela, toda vez que (i) la correcta identificación de las
mismas delimitan el marco fáctico y normativo que ha de gobernar el
planteamiento y la posterior resolución del problema jurídico de la sentencia
de revisión y; (ii) los jueces de instancia, pese a vincular al trámite
de tutela a ISS no hicieron pronunciamiento alguno sobre el alcance de la
presunción de veracidad de los hechos cuando las entidades vinculadas al
trámite de la tutela no responden el requerimiento del juez de instancia y (iii)
la accionante no formuló, explícitamente,  su pretensión en la tutela.
En
varias decisiones esta Corporación ha indicado que el juez de tutela está
revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para
brindar una adecuada protección a los derechos constitucionales presuntamente
conculcados. Para tal efecto, el juez de tutela está obligado a, entre otras
cosas, (i) interpretar adecuadamente la solicitud de tutela, analizando
íntegramente la problemática planteada; (ii) identificar cuáles son los
hechos generadores de la afectación y sus posibles responsables; (iii)
integrar debidamente el contradictorio, vinculando al trámite a aquellas
entidades que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental
y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, y, finalmente; (iv)
proteger, conforme a los hechos probados en el proceso, todos aquellos derechos
vulnerados o amenazados, incluso si el accionante no los invocó.
La presente tutela está generada en la respuesta
negativa que la entidad accionada le da a la accionante, indicándole que su
esposo fallecido no se encontraba afiliado, ni reportaba pago alguno a la
administradora de riesgos profesionales, razón por la cual se le niega el
derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes; señala vehementemente la
accionante, que existe para la época, certificación por parte del ISS de la
afiliación en estado activo del señor Oel Blanco Parejo así como que la entidad
accionada tramitó el formato de accidente de trabajo FURAT, que solo se expide
si la persona se encuentra  afiliada. Por tal motivo, solicita que la entidad
demandada (i) resuelva la condición de afiliado de su esposo, y (ii) a partir
de ello, considere la solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente
por riesgo profesional.  El ISS, entidad también  vinculada a la tutela por el
posible efecto del fallo,  no remitió informe ni respuesta al juez de
instancia.
Desde esta óptica, se analizará si Positiva
Compañía de Seguros S.A., está vulnerando los derechos al mínimo vital, a la
seguridad social y a la vida en condiciones dignas de la accionante y sus
hijos, (i) al ignorar el material probatorio aportado por la accionante en el
caso de la muerte de su esposo donde revela su afiliación desde el 5 de
noviembre de 2003 y (ii) al restringirle por esa vía, la posibilidad de acceder
a la pensión de sobreviviente a  la que presuntamente tiene derecho.
Así, a partir de los supuestos fácticos expuestos,
corresponde a la Sala determinar frente al caso concreto (i)  cómo debe
el juez  resolver una acción de amparo en la que hay serios indicios de que el
accionante tiene la razón a pesar de que las entidades niegan el derecho y (ii)
si deben los usuarios del sistema  de seguridad social padecer las negligencias
en las bases de datos que afectan su afiliación y por ende sus derechos de
acceso a las prestaciones sociales.
3. Caso concreto
La  Sala  analiza el caso
concreto, indicando de entrada, que la acción de tutela está llamada a
prosperar, pues es claro que la negligencia y el desorden en el Instituto de
Seguros Sociales, concretamente en su ARP, comprometieron seriamente los  derechos
fundamentales de la peticionaria, persona que demostró a lo largo del proceso
su condición de desplazada por la violencia[2] y sus precarias circunstancias de vida.
Las razones que conducen a
la prosperidad de la acción impetrada son las siguientes:
1. Existe un deber de las entidades que integran el
Sistema de Seguridad Social, de suministrar  debidamente la información  sobre
sus afiliados, pues  las  inconsistencias en la administración de las bases de
datos de los afiliados a las ARP vulneran sus derechos fundamentales. Razón por la que, en aras de la justicia
que es esencia misma del Estado Social de Derecho y finalidad propia de los
fallos de los jueces que de él hacen parte, el juez constitucional en este
caso, debió otorgar protección a quien, dadas sus condiciones de inferioridad,
está viéndose afectada en sus derechos fundamentales por  la contradicción de
la información de la entidad comprometida.
2. Aparece probado en el expediente (i) que el señor Oel
Blanco Parejo estaba afiliado a la extinta ARP del Seguro Social,
(La Previsora Vida S.A) en  calidad de cotizante en riesgos desde el 5
de noviembre de 2003 y en estado activo; (ii) existe constancia de ello en
las pruebas analizadas, no se advierte una contradicción de la misma ni una
explicación de haberse modificado tal situación, luego es preciso darle crédito
a lo que anota la accionante, porque  (i) no hay prueba en contrario y (ii) y
se presume su buena fe. El artículo 83 de la Constitucional preceptúa que  las
actuaciones de los particulares deben regirse y ceñirse  a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en cada una de sus actuaciones. La constitucionalización
de este precepto  sirve a los ciudadanos como una defensa frente al abuso del
derecho, al tiempo que los ampara en la presunción. En este caso: (i) no hay
prueba que desvirtúe el dicho de la accionante y (ii)  por el contrario  los
documentos allegados como prueba  en el expediente  militan a favor de su
situación;  luego,  es preciso presumir que actuó de buena fe en la solicitud
de sus pretensiones.
3. Ante la
evidencia del material probatorio y la aseveración que hace la entidad
accionada negando la existencia de la afiliación, procedía en este caso, como
ya se enunció,  que los jueces de tutela dieran aplicación al principio de
interpretación pro hómine,  en virtud del cual se impone aquella
interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus
derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el
respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y
promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a
nivel constitucional. Este principio se deriva de los artículos 1º y 2º
Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por la dignidad humana
como fundamento del Estado Social de Derecho, y como fin esencial del Estado la
garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,
así como la finalidad de las autoridades de la República en la protección de
todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
4. No entiende la Corte, cómo la entidad accionada se
mantiene en la negativa de la afiliación del esposo de la accionante, si existe
una prueba contraria que no ha sido desvirtuada con otro documento dentro del
expediente; no se advierte ninguna otra constancia que acredite  afiliación a otra
entidad  y nadie justifica dentro de las resultas del caso, por qué coexiste
ese registro de la afiliación vigente a la época en que sucedieron los hechos y
otro en el que no hay afiliación. Es obvio que la duda debe favorecer a la
accionante, mientras se estudia en debida forma el origen de tal
inconsistencia. Debe en consecuencia esta Sala reiterar, que los afiliados no
pueden sufrir las consecuencias de la ineficiencia o de la falta de
coordinación de las ARP, pues ello puede aparejar, como en este caso, la
afectación del derecho a la seguridad social  y otros derechos de rango
constitucional como el interés superior del menor, y la vida en condiciones
dignas.
5. La Sala advierte igualmente una violación del
derecho de petición, en la arista de la veracidad que hace parte del
núcleo esencial de ese derecho. Al tenor de la jurisprudencia, dar una
respuesta de fondo a una petición propuesta por un particular que solicita una
prestación social, impone a la administración el deber de adelantar un proceso
analítico y detallado que integre en una respuesta un proceso de verificación
de hechos.  De esta manera, la respuesta que profirió la entidad accionada, por
demás por fuera de los términos de ley reglados para ello, incumple tal
postulado, pues condena a la peticionaria a una situación de incertidumbre y
confusión al advertir, que una es la información que ella acredita con pruebas
documentadas y otra, la que le proporciona la entidad que la  priva del
disfrute de su posible pensión  ante  la inconsistencia de la ARP[3].
6. Ahora bien, las inconsistencias en las
bases de datos del ISS ha sido preocupación de la jurisprudencia de esta
Corporación que ya se ha ocupado del tema en diversas oportunidades, haciendo
énfasis en que se trata de  una situación particularmente reiterativa en esa
entidad. En efecto, en la sentencia T-969 de 2004, la Corte consideró que:
“A la luz de este caso, una vez más pone de
presente la Corte que el desorden administrativo en la base de datos y de
información del I.S.S., no puede ser padecido por los beneficiarios del
Sistema, quienes no deben asumir con su vida y su salud la imprevisión y la
desinformación en la prestación del servicio, pues ello insoslayablemente
repercute en los derechos fundamentales de los usuarios del Sistema.”
De la misma manera, en la sentencia T-828
de 2004, en un caso en el que el I.S.S. afirmaba que una persona no se
encontraba afiliada a esa entidad, la Corte hizo el siguiente análisis acerca
del habeas data respecto a las bases de datos de las entidades del Sistema
General de Seguridad Social.
“La jurisprudencia constitucional ha
denominado derecho al habeas data la garantía consagrada en el artículo 15 de
la Constitución, según el cual, se reconoce a todas las personas el derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellas se hayan
recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En
el caso concreto del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los
afiliados a este sistema tienen el derecho a (i) identificar qué entidades del
Sistema contienen datos de los que es titular el afiliado y quiénes administran
tal información, (ii) exigir que la información consignada se ajuste a su
realidad actual, es decir, que incorpore los hechos nuevos que modifiquen los
datos incluidos en las bases de datos sobre afiliación y la información que se
encuentra en las historias clínicas y (iii) exigir que la información
consignada que no sea cierta, sea modificada o excluida, según el caso[4].
Así mismo, la Corte Constitucional ha resaltado lo
siguiente:
“Es innegable que, junto con las centrales
de información financiera, las bases de datos relacionadas con el sistema
general de seguridad social tienen un alto impacto en el conglomerado, por lo
que se constituyen en escenarios donde la protección del derecho al hábeas data
cobra un mayor significado. Para el caso concreto del sistema de salud, tanto
en el régimen contributivo como en el subsidiado, de la calidad de la
información contenida en las bases depende que los servicios a favor de los
cotizantes y beneficiarios sean suministrados de forma oportuna y adecuada.  Son
comunes los casos en que, por inconsistencias sobre datos tales como fechas de
afiliación, novedades de retiro de empleados, pago de cotizaciones, etc., se
priva a los usuarios de la debida atención en salud o del suministro de otras
prestaciones relacionadas con la seguridad social, como las pensiones, lo que, por
lo general, involucra la amenaza de derechos fundamentales”.
(...)
“Este deber
constitucional exige, además, que las entidades del sistema incluyan de forma
inmediata la información que sobre las novedades del cotizante envíe el
respectivo empleador, teniendo en cuenta que la mora en el registro de nuevos
reportes es contraria a los principios de veracidad, integridad y, en especial,
de incorporación del dato personal. Cuando de la inclusión de datos se derivan
situaciones ventajosas para el titular, como es la posibilidad de obtener el
pago de prestaciones económicas o el suministro de los servicios médicos
asistenciales derivados de la afiliación al sistema de seguridad social, la
mora en el registro de la información actual sobre el cotizante constituye una
forma de negación injustificada de la incorporación del dato que reporta el
beneficio, fundada en la propia negligencia de la entidad correspondiente,
comportamiento que vulnera el derecho en comento”[5]. (negrillas fuera del texto).
7. Tal doctrina aplicada al presente caso,
arroja el análisis que ya se ha anunciado: la ARP del  Seguro Social, infringe
el principio de veracidad de la información, el cual debe obedecer a
situaciones reales y verdaderas  y le comunica a la peticionaria una
información ambigua, posiblemente errónea que  termina afectando
el disfrute de su derecho a la pensión de sobreviviente. De otra parte  y en
relación con el principio de caducidad, sobra decir, que  la información
inconsistente o que no corresponde a la realidad tenía que haber sido retirada
en la oportunidad necesaria para no generar la negación del pedimento de la
accionante. Es reprochable entonces, que ni la entidad accionada ni  los jueces
constitucionales de instancia adelantaran un esfuerzo por contrastar las
pruebas de la  accionante frente a la información incluida en la base de datos
de la entidad accionada.
8. Para continuar con razones que acentúan la
concesión de esta tutela a favor de la peticionaria, se advierte que las
sentencias de instancia, erraron en la aplicación del artículo 20 del Decreto-ley 2591 de 1991 en
relación  con  la presunción de veracidad de los hechos cuando las autoridades
vinculadas a la tutela se abstienen de rendir el informe que les pide el juez
de instancia. El ISS fue vinculado a la presente tutela por la afectación
posible del fallo a proferir, pero no  rindió  el correspondiente informe ni
respondió al juez dentro del término para ello. Ante tal circunstancia, el juez
de primera instancia, “aplica” formalmente la presunción del artículo
20, dando por ciertos los hechos de la tutela, pero apartándose del material
probatorio que operaba a favor de su amparo. Es claro, que  a la luz de esta
normativa,  no puede el juez de tutela precipitarse a fallar dando por verdadero
todo lo que afirman los accionantes; sin embargo,  en este caso particular, es
incoherente dar por ciertos los hechos de la demanda y al mismo tiempo ignorar
los elementos de juicio fácticos que se aportaban al expediente y conducían a
la veracidad de lo expuesto por la accionante,  o por lo menos  a una  duda a
ella  favorable.
9. Finalmente, aparece probada la condición
de persona desplazada de la peticionaria[6],
lo que exigía tener en cuenta que, según lo ha entendido la
jurisprudencia vigente, “las personas desplazadas por la violencia se
encuentran en estado de debilidad,  y ello  los hace merecedores de un
tratamiento especial por parte del Estado.”[7] Por tal razón, era menester, atender las
circunstancias de la peticionaria de manera cuidadosa, por (i) su condición de
madre cabeza de familia y (ii) por ser una persona víctima del desplazamiento
forzado.
Ante las razones expuestas, se revocarán
las decisiones de instancia, para conceder la tutela de los derechos invocados
y ordenarle a la entidad accionada, que en el término de cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie las diligencias para
verificar los datos existentes relativos a la afiliación del señor  Oel Blanco Parejo,  muerto en hechos
violentos ejerciendo sus funciones laborales como Personero Municipal de El
Paso (Cesar), el día 11 de noviembre del 2003. Verificados los presupuestos
para acceder a la pensión, la ARP deberá iniciarse inmediatamente los trámites
para su reconocimiento.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.-  REVOCAR la sentencia proferida  el 21 de mayo de 2010 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para
adolescentes con función de Conocimiento de Barranquilla, y en su lugar , CONCEDER
el amparo de los derechos invocados en esta tutela.
SEGUNDO: ORDENAR  a la empresa   POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A que en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a
la notificación de esta sentencia, inicie las diligencias para verificar los
datos existentes relativos a la afiliación del señor  Oel Blanco Parejo, quien
murió en hechos violentos ejerciendo sus funciones laborales como Personero Municipal
de El Paso (Cesar), el día 11 de noviembre del 2003. Verificados los
presupuestos para acceder a la pensión, la ARP deberá iniciarse inmediatamente
los trámites para su reconocimiento.
TERCERO: LÍBRENSE  las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado Ponente
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folio 57
del expediente.
[2] Folio 57 del expediente.
[3] Sobre el particular se puede consultar la
sentencia T-1752 de 2000.
[4]
Sobre el derecho al hábeas data respecto a la actualización contenida en las
bases de datos de las entidades del sistema general de seguridad social ver en
particular la sentencia T-486 de 2003.
[5]
Ibídem.
[6] Folio 57
del expediente.
[7] Auto 092
de 2008.