C-094-20
Sentencia
C-094/20
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional
Conforme
a lo dispuesto por la Corte en las sentencias C-1052 de 2001 y C-856 de 2005,
los siguientes son los mínimos argumentativos que comprenden el “concepto de la
violación”: claridad, cuando existe un hilo conductor de la argumentación que
permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las
cuales se soporta; certeza, cuando la demanda recae sobre una proposición
jurídica real y existente y no en una que el actor deduce de manera subjetiva,
valga decir, cuando existe una verdadera confrontación entre la norma legal y
la norma constitucional; especificidad, cuando se define o se muestra cómo la
norma demandada vulnera la Carta Política; pertinencia, cuando se emplean
argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no estirpe legal,
doctrinal o de mera conveniencia; y suficiencia, cuando la demanda tiene
alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda
mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada.
INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Falta de certeza y pertinencia en razones de
inconstitucionalidad
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumple con los requisitos de aptitud
sustantiva
INTEGRACION DE LA UNIDAD NORMATIVA-Eventos en que procede
INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Configuración
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Contenido
El derecho a la
intimidad se encuentra reconocido en el artículo 15 de la Constitución,
conforme al cual, en lo pertinente: (i) todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos
y hacerlos respetar; (ii) la correspondencia y demás formas de comunicación
privada son inviolables y sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante
orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley; y
(iii) para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección,
vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros
de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD-Dimensiones
DERECHO A LA INTIMIDAD-Características generales
PRIVACIDAD-Concepto/DERECHO A LA INTIMIDAD-Grados en que se
clasifica
ESPACIO PRIVADO-Definición
ESPACIO PUBLICO-Concepto/ESPACIOS
SEMIPUBLICOS Y SEMIPRIVADOS-Características
DERECHO A LA INTIMIDAD-Protección según el espacio y el contexto
EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD-Concepto
La Corte ha señalado que la expectativa de privacidad es un
criterio relevante para establecer si determinadas expresiones o
manifestaciones de la vida de las personas pueden entenderse comprendidas por
el ámbito de protección del derecho a la intimidad o si, por el contrario,
pueden ser conocidas o interferidas por otros. Tal categoría impone definir,
atendiendo diferentes factores contextuales, si (i) quien alega la violación
puede considerar válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la
interferencia de otros; y (ii) si es o no posible concluir que dicha valoración
es oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o divulgarla.
CAMARAS DE VIGILANCIA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA INTIMIDAD-Limitaciones
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y
FAMILIAR-Jurisprudencia constitucional
DERECHO AL HABEAS DATA-Concepto
DERECHO AL HABEAS DATA-Alcance
HABEAS DATA-Función primordial/CLASES DE
INFORMACION-Pública, semiprivada, privada y reservada
HABEAS DATA-Respeto
de la libertad y demás garantías constitucionales/HABEAS DATA-Finalidad
VIDA PRIVADA-Alcance
ESPACIO SEMIPUBLICO-Características
DERECHO A LA INTIMIDAD-Limitaciones deben respetar principios de razonabilidad y
proporcionalidad
DERECHO A LA INTIMIDAD-Protege espacios privados, adicionales al domicilio del
individuo, en los que éste desarrolla actividades que solo le conciernen a sus
intereses
(…) de conformidad con lo señalado por esta Corte, existe una
exigencia mínima de respeto al derecho a la intimidad (art. 15 de la
Constitución), que se predica en todos los ámbitos y en todos los espacios. La
jurisprudencia constitucional ha indicado, de una parte, que la protección del
derecho a la intimidad se extiende más allá del domicilio y, de otra, que
existen espacios públicos, semipúblicos, semiprivados y privados que
condicionan el nivel de protección del derecho a la intimidad, pero no lo
excluyen en tanto los individuos conservan una expectativa razonable de
privacidad.
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Niveles de intensidad
VIDEO VIGILANCIA-Definición
La “video vigilancia” es un término amplio que se refiere, en
términos generales, a la observación remota de ambientes y actividades.
CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION-Concepto
Los CCTV son un tipo de video vigilancia que se definen como
un conjunto de componentes directamente entrelazados, compuesto de una o varias
cámaras de vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, los
cuales reproducen imágenes capturadas que crean un circuito de imágenes. Estas
imágenes pueden ser almacenadas en medios analógicos o digitales. Se les
denomina circuito cerrado porque a diferencia de la televisión tradicional,
estos solo permiten un acceso limitado y restringido del contenido de las
imágenes a algunos usuarios. En el caso de los CCTV utilizados para vigilancia
pública masiva, es usual que el control y monitoreo del contenido de las
imágenes e información captada esté a cargo de una autoridad pública.
PRINCIPIO DE
ARMONIZACION CONCRETA-Aplicación
DERECHO DE HABEAS DATA EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES-Requisito de consentimiento libre, previo, expreso e
informado del titular del dato/DERECHO DE HABEAS DATA EN TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES-Casos de excepción a la autorización o consentimiento
previo para el uso del dato no vulneran la constitución
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Requisitos
DERECHO AL HABEAS DATA EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES-Deberes y responsabilidades de los responsables y encargados
del tratamiento
DERECHO AL HABEAS
DATA EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES-Principios y
garantías constitucionales
Referencia:
Expediente: D-11902
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 32, 95 (parcial), 139 (parcial),
146 (parcial) y 237 (parcial) de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide
el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
Actores:
Cesar Rodríguez Garavito, Vivian Newman Pont, Mauricio Albarracín Caballero,
Maryluz Barragán González y María Paula Ángel Arango.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de 2020
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067
de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
Los
ciudadanos Cesar
Rodríguez Garavito, Vivian Newman Pont, Mauricio Albarracín Caballero, Maryluz
Barragán González y María Paula Ángel Arango, presentaron demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 32, 95 (parcial), 139 (parcial), 146
(parcial) y 237 (parcial) de la Ley 1801 de 2016.
A.
NORMAS
DEMANDADAS Y CONTENIDO DE LA DEMANDA
2.
A efectos de recapitular la demanda, se
formulará una síntesis de los 6 cargos dirigidos en contra de las disposiciones
acusadas.
Cargo
No. 1 en contra del artículo 32 del
Código de Policía por la violación del artículo 15 de la Constitución, el
artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 17 de
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
3.
El artículo 32, acusado en su integridad,
establece lo siguiente:
“Artículo
32. Definición de privacidad. Para efectos de
este Código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de ellas a
satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le
sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se
encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o
utilizados para fines sociales, comerciales e industriales.
2. Los sitios públicos o abiertos al
público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para:
almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados
en el lugar, así como también las áreas dispuestas para el manejo de los
equipos musicales o Disc jockey, y estacionamientos a servicio del público.”
4.
Los demandantes afirman que la disposición
demandada es contraria a la Constitución por las siguientes razones. La
disposición demandada supone que el ejercicio del derecho a la intimidad
depende de la existencia de un espacio físico exclusivo y por ello de
naturaleza privada. Tal y como se desprende de la jurisprudencia
constitucional, “el derecho a la intimidad acompaña al titular
independientemente del espacio físico en el que se encuentre, y por ende puede
ejercerse en medio de espacios que no sean estrictamente privados”[1].
5.
A partir de dicha definición, la disposición
cuestionada excluye de la protección del derecho a la intimidad espacios
físicos en los cuales dicha garantía puede ser muy relevante. Tal regulación
plantea cuestiones muy complejas relativas, por ejemplo, a la protección del
uso del teléfono celular en espacios públicos. En este caso, se trata de
elementos que guardan información privada pero que circulan en el espacio
público.
6.
La disposición cuestionada confunde el ámbito de
protección del derecho a la intimidad con la inviolabilidad del domicilio y,
por esa vía, termina restringiendo la garantía del derecho a la intimidad en
los espacios mencionados en el artículo cuestionado. Advierte entonces la
acusación “que la desafortunada disposición
incluida en el primer inciso del artículo 32 sub examine ha llevado a que en la
práctica se termine reduciendo en forma inconstitucional el ámbito de aplicación
del derecho a la intimidad, circunscribiéndolo equivocadamente a los ámbitos
físicos privados de las personas”[2].
Cargo
No. 2 en contra del numeral 8º del
artículo 95 del Código de Policía por la violación de los artículos 15, 16, 20,
37 y 38 de la Constitución, los artículos 11, 13, 15 y 16 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y 17, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
7.
El artículo 95.8 acusado establece lo siguiente:
“Artículo
95. Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes
relacionados con equipos terminales móviles. Los siguientes
comportamientos afectan la seguridad de las personas y sus bienes, y por lo
tanto no deben realizarse:
8. No solicitar o no realizar el
registro individual de equipo terminal móvil con su número de IMEI al momento
de ser importado al país.”
8.
Los demandantes señalan que la norma demandada
es contraria a la Constitución por las siguientes razones. Dicha norma impone la obligación de registrar individualmente los equipos
móviles y su número IMEI del terminal móvil, lo que implica no solo la violación
del derecho a la intimidad, sino también la infracción de los derechos que
amparan el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, el
derecho a la reunión y manifestación pública y el derecho a la libre
asociación.
9.
El IMEI es el Identificador Internacional
del Equipo Móvil correspondiente a un número de 15 dígitos que se encuentra
asociado, según las reglas vigentes, al número de identificación así como al
nombre, apellido, dirección y teléfono de contacto. La base de datos positiva
que se conforma a partir de esa información permite hacer seguimiento a equipos
hurtados o reportados como extraviados por parte de algunas autoridades
administrativas. Ello hace posible adelantar una vigilancia masiva de los
usuarios sin contar con autorización judicial para el efecto. La medida
examinada debe ser sometida a un juicio de proporcionalidad estricto, dado que
ella supone la afectación del goce del derecho a la intimidad. La obligación
examinada persigue una finalidad constitucional imperiosa si se tiene en cuenta
que permite enfrentar el hurto de celulares y, en esa medida, reducir los
riesgos de pérdida de la vida.
10.
La efectiva conducencia, así como la necesidad
de la medida es incierta dado que desde la implementación del registro “no
se ha podido identificar una clara correlación entre el registro individual y
la disminución del número de dispositivos hurtados”[3].
De hecho, no han sido implementados los indicadores a efectos de establecer tal
relación. En adición a ello, es posible encontrar medios alternativos menos
lesivos del derecho a la intimidad debido a que la existencia y consulta de la
denominada base de datos negativa sería suficiente para la identificación y
bloqueo de los equipos hurtados. Igualmente, podría considerarse la base de
datos positiva sin la inclusión de los datos personales.
11.
El beneficio obtenido por esta medida no
consigue justificar la restricción intensa que se produce no solo respecto del
derecho de la intimidad, sino también de las otras libertades personales cuyo
ejercicio resulta, por ello, inhibido. En esa dirección, se afirma, “la mera
posibilidad de ser sujetos de rastreo puede inhibir actitudes y comportamientos
propios de la personalidad que hacen incluso parte de su plan de vida”[4].
Cargo No.
3 en contra del artículo 139 del
Código de Policía por la violación de los artículos 15, 16, 20, 37 y 38 de la
Constitución, los artículos 11, 13, 15 y 16 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y 17, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos
12.
El artículo 139 acusado parcialmente según se
subraya, establece lo siguiente:
“Artículo
139. Definición del espacio público. Es el conjunto
de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas
protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos
y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o
afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los
límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio
nacional.
Constituyen espacio público: el
subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la
circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o
pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y
aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los
cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o
redes de conducción de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los
elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones; las
obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos,
recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la preservación
y conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de
bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos,
legalmente protegidos; la zona de seguridad y protección de la vía férrea; las
estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y
debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y conveniente y que
constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
Parágrafo
1°. Para efectos de
este Código se entiende por bienes fiscales, además de los enunciados por el
artículo 674 del Código Civil, los de propiedad de entidades de derecho
público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven
como medios necesarios para la prestación de las funciones y los servicios
públicos, tales como los edificios, granjas experimentales, lotes de terreno
destinados a obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación de
servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación económica.
Parágrafo
2°. Para efectos de
este Código se entiende por bienes de uso público los que permanentemente están
al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por
ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren.” (subrayado
fuera del texto original).
13.
Los demandantes afirman que la disposición
demandada es contraria a la Constitución por las siguientes razones. El
reconocimiento de que el espectro electromagnético es un espacio público
constituye una violación a la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones,
así como una amenaza al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
expresión y al derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica.
14.
El espectro electromagnético constituye, al
margen de su definición, un medio de conducción de las telecomunicaciones. La
interpretación conjunta del artículo 32 demandado con el reconocimiento del
espectro electromagnético como un espacio público implica que “las
comunicaciones que por el transitan quedan desprotegidas del derecho a la
intimidad de sus titulares, y por consiguiente, de la garantía de
inviolabilidad de las comunicaciones”[5].
15.
Considerando que es posible que las autoridades
adelanten actividades de monitoreo del espectro electromagnético, tal y como se
encuentra previsto por ejemplo en la Ley 1621 de 2013, el derecho a la
intimidad pierde su condición de límite en tanto se trata de un espacio
público. No puede establecerse una relación de equivalencia entre la condición
de bien de uso público y su consideración como espacio público. Señala la
demanda que “con la reducción de la protección
constitucional que existe sobre las comunicaciones privadas no sólo se vulnera
abiertamente la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, sino
también el derecho a la libertad de expresión y las demás libertades personales
(derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la reunión y
manifestación pública y pacífica y derecho a la libertad de asociación), las
cuales se ven amenazadas cuando se pierde la garantía de confidencialidad.” En efecto “al desproteger las “zonas” que permiten a las
personas pensar, comunicarse, manifestarse y relacionarse con libertad, se
genera un efecto inhibitorio, que lleva a las personas a actuar y comunicarse
de una forma diferente, lo que puede repercutir incluso en la selección de su
plan de vida”.
Cargo
No. 4 en contra del parágrafo 2º del
artículo 146 del Código de Policía por la violación de los artículos 15, 16, 20
y 38 de la Constitución, de los artículos 11, 13 y 16 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y de los artículos 17, 19 y 22 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
16.
El parágrafo 2º del artículo 146 acusado, según
se subraya, establece:
“Artículo
146. Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte
motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros. Los
siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de
transporte público colectivo e individual de pasajeros y por lo tanto no deben
efectuarse:
(…)
Parágrafo
2º. En el marco de la regulación del servicio público de
transporte masivo, las empresas públicas, privadas o mixtas que presten el
servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán implementar cámaras
de vigilancia dentro de los vehículos destinados a la prestación del servicio,
so pena de incurrir en Multa General Tipo 4 e inmovilización del vehículo.
Esta
medida solo será exigible a los vehículos destinados a la prestación del
servicio que entren en circulación a partir de la expedición de la presente
ley.”
17.
Los demandantes señalan que la disposición
demandada es contraria a la Constitución por las siguientes razones. Establecer
la obligación de instalar cámaras de vigilancia en los vehículos de servicio
público desconoce el derecho a la intimidad, el libre desarrollo de la
personalidad, la libertad de expresión y el derecho a la libre asociación.
18.
Los vehículos que se emplean para prestar el
servicio público de transporte masivo pueden considerarse espacios
semipúblicos. En el caso de los espacios semipúblicos, si bien un mayor número
de restricciones a la intimidad son tolerables en atención a razones de
seguridad, ello no puede implicar el desconocimiento de dicha garantía. A
efectos de determinar la validez constitucional de esta medida, es necesario
someterla a un juicio estricto de proporcionalidad. Así, es clara la finalidad
constitucional imperiosa en tanto “apunta a prevenir, detectar y facilitar
la investigación de delitos como el hurto”[6]
y, por ello, se orienta “a garantizar la seguridad y convivencia de los
pasajeros”[7].
No obstante lo anterior, los estudios respecto de la conducencia de esta alternativa
para alcanzar los propósitos identificados no son contundentes. Igualmente
pueden identificarse otras opciones que resultan efectivas y no causan una
lesión tan intensa a los derechos comprometidos, tal y como ocurre, por
ejemplo, con un mayor número de agentes uniformados así como la instalación de
botones de emergencia.
19.
La restricción del derecho a la intimidad es muy
intensa dado que es aplicable a un espacio en el que las personas pasan gran
parte de su día y, adicionalmente, supone una actividad de vigilancia masiva,
sin que pueda identificarse el uso posterior de los datos que sean objeto de
recolección. Asimismo, es importante destacar que tales datos serán finalmente
tratados por la empresa de transporte público.
20.
La restricción a la intimidad estudiada “tiene también repercusiones sobre las libertades personales de los
pasajeros, como lo son sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a
la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Al respecto, es preciso
recordar que “la presencia de una vigilancia no deseada disuade de realizar todo
aquello que el individuo quisiera hacer fuera del alcance de la percepción
ajena y por consiguiente recorta la autonomía en la determinación de su obrar” (…)”[8].
Conforme a ello, “la presencia de cámaras de vigilancia en los vehículos de
servicio público puede inhibir los comportamientos normales de la persona,
quien puede ser inducida a modificar conductas por completo legítimas, de las
que sin embargo, no quiere dejar registro. Incluso, le puede impedir, de forma
arbitraria, escoger libremente pequeñas acciones y comportamientos que sin
embargo dan sentido a su existencia”[9].
Cargo No.
5 en contra del primer inciso del
artículo 237 del Código de Policía por la violación del artículo 15 de la
Constitución, del artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos y
del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
21.
El
primer inciso del artículo 237 acusado establece lo siguiente:
“Artículo
237. Integración de sistemas de vigilancia. La
información, imágenes, y datos de cualquier índole captados y/o almacenados por
los sistemas de video o los medios tecnológicos que estén ubicados en el
espacio público, o en lugares abiertos al público, serán considerados como
públicos y de libre acceso, salvo que se trate de información amparada por
reserva legal.
Los
sistemas de video y medios tecnológicos, o los que hagan sus veces, de
propiedad privada o pública, a excepción de los destinados para la Defensa y
Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio público, áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público, se enlazará de manera permanente o temporal a la red que para tal
efecto disponga la Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para
tal efecto expida el Gobierno nacional.
Parágrafo. En tratándose de
sistemas instalados en áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo
privados trasciendan a lo público, se requerirá para el enlace a que hace
referencia el presente artículo, la autorización previa por parte de quien
tenga la legitimidad para otorgarla.”
22.
Los demandantes argumentan que la disposición
demandada es contraria a la Constitución por las siguientes razones. El
aparte normativo acusado desconoce el derecho al habeas data al
establecer el libre acceso a información, imágenes, y datos de cualquier índole
captados y/o almacenados por los sistemas de video o los medios tecnológicos
que estén ubicados en el espacio público, o en lugares abiertos al público. No
resultaba necesario que el legislador cambiara la naturaleza de la información
o datos así recopilados, ya que existía un medio alternativo menos restrictivo
previsto en el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, al disponer
que en ejercicio de sus funciones las entidades administrativas podrán requerir
tal información sin que se requiera la autorización del titular de los datos.
23.
La disposición acusada tiene el efecto de atribuir poder
informático a todos los ciudadanos. El uso inadecuado de dicho poder genera
riesgos para los titulares de datos que hacen posible no solo el
“perfilamiento” (profiling), sino también el seguimiento así como la
discriminación. Esta disposición termina además desconociendo el principio de
libertad aplicable en materia de habeas data que consiste en que el
tratamiento de datos personales requiere del consentimiento previo, expreso e
informado de su titular. Así pues “al cambiar la
naturaleza de los datos personales captados y/o almacenados por los sistemas de
video o los medios tecnológicos que estén ubicados en el espacio público, o en
lugares abiertos al público, el inciso bajo examen deja a sus titulares en un
evidente estado de desprotección”[10].
Cargo No.
6 en contra del segundo inciso del
artículo 237 del Código de Policía por la violación de los artículos 15, 16,
20, 37 y 38 de la Constitución, de los artículos 11, 13, 15 y 16 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y de los artículos 17, 19, 21 y 22 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
24.
El
segundo inciso del artículo 237 acusado establece lo siguiente:
“Artículo
237. Integración de sistemas de vigilancia. La
información, imágenes, y datos de cualquier índole captados y/o almacenados por
los sistemas de video o los medios tecnológicos que estén ubicados en el
espacio público, o en lugares abiertos al público, serán considerados como
públicos y de libre acceso, salvo que se trate de información amparada por
reserva legal.
Los
sistemas de video y medios tecnológicos, o los que hagan sus veces, de propiedad
privada o pública, a excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad
Nacional, que se encuentren instalados en espacio público, áreas comunes,
lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, se
enlazará de manera permanente o temporal a la red que para tal efecto disponga
la Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto
expida el Gobierno nacional.
Parágrafo. En tratándose de
sistemas instalados en áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo
privados trasciendan a lo público, se requerirá para el enlace a que hace
referencia el presente artículo, la autorización previa por parte de quien
tenga la legitimidad para otorgarla.”
25.
Los demandantes argumentan que la disposición demandada
es contraria a la Constitución por las siguientes razones. Por una parte,
permite enlazar los sistemas de video y medios
tecnológicos públicos y privados. Considerando que las cámaras de televisión de
circuito cerrado son en sí mismas constitucionalmente problemáticas, el enlace
permitido en la norma acusada comporta la infracción del derecho a la
intimidad, del libre desarrollo de la personalidad, de la libertad de
expresión, del derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica y el de
la libre asociación. El análisis de la disposición permite identificar que la
regla que allí se prevé puede comprender espacios semiprivados y semipúblicos.
Si bien el grado de protección de la intimidad es diferente en el caso de tales
espacios, la constitucionalidad de intervenciones en ellos depende de la
superación de un juicio estricto de proporcionalidad.
26.
La medida persigue en efecto una finalidad
constitucional imperiosa, dado que permite “aumentar la cobertura de la red
de vigilancia”[11]
y se orienta entonces “a garantizar bienes jurídicos de especial importancia
para la vida en sociedad”[12].
No obstante que la medida puede resultar muy útil a efectos de identificar la
comisión de delitos y proceder a la judicialización que corresponda “los
estudios no son contundentes en mostrar la efectividad de los CCTV para
disminuir el delito”[13].
Esta conclusión puede además encontrar apoyo en algunas de las consideraciones
contenidas en la sentencia T-407 de 2012.
27.
Adicionalmente, no es posible concluir que la
medida sea necesaria. En efecto, podría autorizarse a la policía para que
requiera esta información cuando se trate de la comisión de un delito sin
autorizar, sin embargo, el acceso indiscriminado y masivo a toda la
información. La medida también es desproporcionada en sentido estricto ya que
(i) se trata de una medida que encuadra en el concepto de vigilancia masiva;
(ii) no tiene límites claros en tanto comprende los diferentes sistemas de
video y medios tecnológicos, incluyendo no solo los que se encuentran fijos
sino también aquellos que están en movimiento; (iii) tiene como efecto inhibir
el ejercicio de otras libertades haciendo que las personas se vean obligadas a
modificar determinados comportamientos importantes en el desarrollo de su plan
de vida; y (iv) las cámaras comprenden muy diferentes aspectos de la vida sin
que las personas, en ocasiones, puedan saberlo.
28.
En síntesis “si bien la seguridad y
convivencia son un objetivo legítimo, el enlace de las cámaras de propiedad
privada y pública a la red de la Policía constituye un mecanismo de vigilancia
masiva que tiene una injerencia sistemática y desproporcionada en el derecho a
la intimidad de un número potencialmente ilimitado de personas que según el artículo
29 de la Constitución Política, se presumen inocentes”[14].
Ello tiene como efecto, adicionalmente, la violación de otras muy importantes
libertades personales.
B.
RESUMEN
DE INTERVENCIONES
29.
Durante
el trámite del presente asunto se recibieron dieciocho (18) intervenciones, de
las cuales diez (10) provenían de entidades públicas, cuatro (4) de entidades académicas
y cuatro (4) correspondían a intervenciones ciudadanas y organizaciones
gremiales. El siguiente cuadro sintetiza los intervinientes junto con sus
respectivas solicitudes generales:
Interviniente
Solicitud
Ministerio
de Justicia y del Derecho
Declarar
la inhibición, o en su defecto exequibilidad: Arts. 32, 95(8), 139 y
146.
Ministerio
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Declarar
la inhibición respecto de los cargos contra los arts. 32, 95.8, 139 y 237. Exequibilidad:
Art. 146.
Secretaria
Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Declarar
la inhibición respecto de todas las disposiciones acusadas.
Defensoría
del Pueblo
Exequibilidad:
Arts. 95, 139, 146 y 237.2. Inexequibilidad: Arts. 32 y 237.1.
Ministerio
de Defensa Nacional
Declarar
la inhibición respecto del cargo contra el art. 95.8 Exequibilidad: Arts. 32,
139, 146 y 237.
Superintendencia
de Industria y Comercio
Inexequibilidad:
Arts. 146 y 237
Policía
Nacional
Declarar
la inhibición respecto del cargo contra el art. 95.8 Exequibilidad: Arts. 32,
139, 146 y 237
Alcaldía
de Tunja
Exequibilidad:
Arts. 95 y 139. Inexequibilidad: Arts. 32, 146 y 237
Alcaldía
de Bucaramanga
No
formula solicitud, aunque advierte las dudas existentes sobre la
exequibilidad de las disposiciones demandas.
Alcaldía
de Medellín
Exequibilidad
de todas las disposiciones demandadas
Academia
Colombiana de Jurisprudencia
Exequibilidad
de todas las disposiciones demandadas
Universidad
Libre de Colombia
Inexequible:
Arts. 32 y 139 inciso 2.
Universidad
del Rosario
Exequibilidad:
Arts. 95.8, 146 y 237. Inexequibilidad: Arts. 32 y 139.
Universidad
de Caldas
Declarar
la inhibición respecto del cargo contra el art. 95.8 Inexequibilidad: Arts.
32, 146 y 237.
Fundación
Karisma
Inexequibilidad:
Arts. 95.8, 146 y 237
Fundación
para la Libertad de Prensa (en adelante “FLIP”)
Inexequibilidad
de todas las disposiciones demandadas
Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia (en adelante “ANDI”)
Declarar
la inhibición respecto de los cargos contra los arts. 32, 95.8, 139 y 146. Exequibilidad:
Art. 237
Privacy
International
No
formula solicitud alguna, aunque advierte la potencial incompatibilidad de
las disposiciones demandas con los principios de derechos humanos
internacionalmente reconocidos.
30.
Los
fundamentos de las solicitudes respecto de cada una de las disposiciones
acusadas, se expondrán en el análisis realizado por la Corte sobre cada uno de
los cargos.
C.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
31.
El
Procurador General de la Nación solicitó a la Corte declarar la exequibilidad
del artículo 32, del numeral 8 del artículo 95, del artículo 146 (parcial) y
del inciso 2 del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016. Asimismo, solicitó la
declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión “espectro
electromagnético” en el sentido de que las comunicaciones que se transmitan en
tal espacio, no pierden su carácter de inviolables. Por último, solicita la
inexequiblidad del inciso 1 del artículo 237. Se incluirá el detalle y
argumentos que soportan la solicitud, en cada uno de los acápites en los que se
desarrollan  y analizan los cargos.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
32.
De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
lo demandado se inserta en una ley de la República.
B.
CUESTIÓN
PREVIA - REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN PÚBLICA DE
INCONSTITUCIONALIDAD E INEPTITUD SUSTANTIVA DE CARGOS CONCRETOS
Aptitud
de la demanda – Reiteración de jurisprudencia
33.
El Decreto 2067 de
1991, en su artículo 2°, establece los elementos que debe contener la demanda
en los procesos de control abstracto de constitucionalidad. En particular, la
norma precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito,
en duplicado, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las
normas cuya inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su
contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) señalar las
normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) presentar las
razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la demanda se
basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe
señalar el trámite fijado en la Constitución para expedirlo así como la forma
en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente
para conocer de la demanda.
34.
Este tribunal ha
reiterado que el tercero de los requisitos se conoce como “concepto de la
violación”[15].
Este requiere del demandante una carga material y no meramente formal, que no
se satisface con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino
que exige unos mínimos argumentativos de tal suerte que dichas razones o
motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o globales, al punto de impedir
que surja una verdadera controversia constitucional[16].
35.
Conforme a lo
dispuesto por la Corte en las sentencias C-1052 de 2001 y C-856 de 2005, los
siguientes son los mínimos argumentativos que comprenden el “concepto de la
violación”: claridad, cuando existe un hilo conductor de la
argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las
justificaciones en las cuales se soporta; certeza, cuando la demanda
recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que el actor
deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una verdadera
confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; especificidad,
cuando se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta
Política; pertinencia, cuando se emplean argumentos de naturaleza
estrictamente constitucional y no estirpe legal, doctrinal o de mera
conveniencia; y suficiencia, cuando la demanda tiene alcance persuasivo,
esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la
exequibilidad de la norma demandada.
36.
Teniendo
en cuenta lo anterior, como cuestión previa, a continuación se procederá a
estudiar el cumplimiento de estos requisitos frente a los cargos impetrados
contra (i) el numeral 8, artículo 95 de la Ley 1801 de 2016; y (ii) la
expresión “el espectro electromagnético” contenida en el artículo 139
del Código Nacional de Policía. De entrada, se observa que los cargos
planteados contra estas disposiciones no cumplen con los requisitos
desarrollados por la jurisprudencia constitucional, por lo que la Corte se
inhibirá de adoptar una decisión de fondo, por las razones que se verán a
continuación.
Ineptitud
sustantiva del Cargo No. 2 contra el numeral 8º del artículo 95 de la Ley 1801
de 2016
37.
El
numeral 8º del artículo 95 de la Ley 1801 de 2016 establece como comportamiento
que afecta la seguridad de las personas y sus bienes, y que por lo tanto no
debe realizarse, el no solicitar o no realizar el registro individual de equipo
de terminal móvil con su número de IMEI al momento de ser importado al país. De
manera general, los demandantes consideran que la obligación de llevar a cabo
el registro individual del terminal móvil implica no solo la violación del
derecho a la intimidad, sino también la infracción de los derechos que amparan
el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, el derecho a
la reunión y manifestación pública así como el derecho a la libre asociación.
Advierten que el IMEI corresponde a un número asociado, según las reglas
vigentes, al número de identificación así como al nombre, apellido, dirección y
teléfono de contacto, información que se conoce como “metadatos”. Así, señalan
que la base de datos positiva que se conforma a partir de esa información
permite hacer seguimiento a equipos hurtados o reportados como extraviados por
parte de algunas autoridades administrativas, lo cual además hace posible
adelantar actividades de vigilancia masiva de los usuarios sin contar con
autorización judicial para el efecto.
38.
Como
fue mencionado anteriormente, el requisito de certeza, según lo desarrollado
por la jurisprudencia constitucional, exige no solo que exista un texto
normativo acusado sino, al mismo tiempo, que el contenido normativo que se
cuestiona, se adscriba efectivamente a dicho texto. En ese sentido, no cumplen
esta condición las impugnaciones que se dirigen a cuestionar normas que no
pertenecen al ordenamiento jurídico o que no se desprenden de la disposición
acusada.
39.
En
este caso, es posible que: (i) el aparte normativo demandado califica
como contrario a la seguridad ciudadana no realizar el registro individual
de equipo terminal móvil con su número de IMEI al momento de ser importado al
país; (ii) en esa disposición no se establecen los contenidos normativos que
los demandantes le adscriben y, en particular, de ella no se desprende la
asociación del IMEI al número de identificación de la persona así como al
nombre, apellido, dirección o teléfono de contacto; y (iii) el enunciado
acusado tampoco prevé el régimen jurídico aplicable a la administración del
registro conformado por los números IMEI, por lo cual, no recae sobre el
contenido, sino sobre la interpretación subjetiva de los demandantes. En vista
de lo anterior, se considera que no se cumple con el requisito de certeza
exigido por la jurisprudencia constitucional.
40.
Sumado
a esto, la ausencia de certeza acá evidenciada se sigue, además, de la línea
argumentativa de la demanda, al referir -a efectos de precisar el alcance y
contenido del registro del número IMEI- al Decreto 1630 de 2011 y la Resolución
3128 de 2011 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Lo anterior
implicaría que la pretensión de inexequibilidad de los demandantes podría
quedar sin apoyo si las normas reglamentarias que regulan el registro del IMEI
–en particular lo relativo a la base de datos positiva- tienen o no un sentido
diferente al señalado por los demandantes.
41.
La
acusación, en suma, se dirige en contra de un contenido que no se desprende del
numeral 8º del artículo 95 de la ley 1801 de 2016 y, por lo tanto, la Corte se
inhibirá de adoptar una decisión de fondo respecto de este cargo.
Ineptitud
sustantiva del Cargo No. 3 contra el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016
42.
El
artículo 139 de la Ley 1801 de 2016 califica el espacio público como el conjunto
de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas
protegidas o de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos
y naturales de los inmuebles privados, destinados, por su naturaleza, usos o
afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los
límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio
nacional. Asimismo, determina que constituye espacio público, entre otros, el
espacio electromagnético.
43.
De
manera general, los demandantes consideran que esta disposición es contraria a
la Constitución debido a que: (i) la categorización del espectro
electromagnético como espacio público constituye una violación de la garantía
de inviolabilidad de las comunicaciones; (ii) esta vulneración se hace más
evidente teniendo en cuenta que el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013 habilita
a las autoridades de inteligencia y contrainteligencia para realizar
actividades de monitoreo del espectro electromagnético sin orden judicial previa;
y (iii) la categorización del espectro electromagnético como espacio público y
bien de uso público es incompatible con la definición jurisprudencial sobre el
mismo asunto.
44.
A
juicio de este tribunal, el reproche de constitucionalidad formulado contra el
artículo 139 de la Ley 1801 de 2016 carece del requisito de certeza, pues recae
sobre un contenido normativo que no se adscribe al texto acusado, sino que, por
el contrario, es el resultado de una interpretación subjetiva de los
demandantes. En efecto, la acusación parte por considerar que la categorización
del espectro electromagnético como espacio público constituye una vulneración
de la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones, teniendo en cuenta que,
según la misma Ley 1801 de 2016, el derecho a la intimidad se encuentra
desprotegido en los espacios catalogados como públicos.
45.
Esta
consideración no tiene en cuenta que la jurisprudencia de esta Corte ha sido
enfática en señalar que la clasificación de un espacio como “público” no
equivale a una sustracción del mismo del ámbito de protección del derecho a la
intimidad, pues el espacio como tal no determina por sí solo el contenido y
alcance de este derecho. En esa medida, los demandantes construyen este
argumento a partir de su propia visión de lo que consideran dispone el mismo
Código de Policía, sin basarse para ello en un estudio normativo o
jurisprudencial que soporte esta idea.
46.
Por
otra parte, se observa que la acusación planteada no tiene en cuenta el
conjunto de normas que rigen las actividades de inteligencia y
contrainteligencia en el espectro electromagnético, como es el caso de la Ley
1621 de 2013 que fija unas reglas específicas para el monitoreo del espectro
electromagnético e interceptaciones de comunicaciones privadas (artículo 17),
así como unos requisitos para la autorización de la realización de
interceptaciones (artículos 15 y 16). Esto, en consecuencia, conlleva a que se
construya un argumento subjetivo que no se adscribe al texto de la norma leída
en conjunto con las demás normas dispuestas por el ordenamiento jurídico,
incumpliendo así el requisito de certeza exigido por la jurisprudencia
constitucional.
47.
Por
último, es dado concluir que la acusación dirigida contra la indebida categorización
del espectro electromagnético como espacio público, adolece de pertinencia,
pues el razonamiento, en realidad, no plantea un problema de relevancia
constitucional. Esto, por cuanto se limita a debatir el hecho de que el
legislador haya optado por clasificar el espectro electromagnético como espacio
público en lugar de como un bien de uso público, sin determinar las razones por
las que esto contraría los postulados de la Constitución o vulnera de manera desproporcionada
y sin justificación razonable algún derecho fundamental.
48.
Por
las anteriores razones, la Corte se inhibirá de adoptar una decisión de fondo
respecto del cargo elevado en contra del artículo 139 de la Ley 1801 de 2016.
Aptitud sustancial del Cargo No. 1
contra el artículo 32 de la Ley 1801 de 2016
49.
El
artículo 32 de la Ley 1801 de 2016 señala que, para efectos del Código de
Policía, se entiende por privacidad de las personas el derecho que éstas tienen
a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le
sea exclusivo. Asimismo, destaca que no se consideran lugares privados (i) los
bienes muebles o inmuebles que se encuentran en el espacio público, en lugar
abierto al público o utilizados para fines comerciales e industriales; y (ii)
los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, mostradores
áreas dispuestas para almacenamiento, preparación, fabricación de bienes
comercializados o utilizados en su lugar, así como las áreas dispuestas para el
manejo de los equipos musicales y estacionamientos a servicio público.
50.
De
manera general, los demandantes consideran que la disposición demandada es
contraria a la Constitución Política, pues vulnera el derecho a la intimidad
porque: (i) supone que el objeto de protección del derecho a la intimidad es un
espacio físico y no un “espacio personal ontológico”; (ii) sugiere que en los
lugares que no son privados, no se ejerce el derecho a la intimidad, lo cual
reduce el ámbito de protección de dicho derecho; y (iii) confunde el ámbito de
protección del derecho a la intimidad con la inviolabilidad del domicilio.
51.
La
Corte considera que este cargo cumple con los requisitos de aptitud que han
sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional. En efecto, se observa
que el cargo: (i) es claro, pues se presentan argumentos determinados
que permiten comprender en qué sentido, según los accionantes, la norma atacada
comporta una vulneración al derecho a la intimidad, restringiendo la protección
de este derecho a un espacio físico; (ii) es cierto, pues está dirigido
contra un enunciado determinado del Código de Policía, del cual es posible
inferir el sentido que le adscriben los accionantes; (iii) cumple con el
requisito de especificidad, en la media en que los accionantes logran
exhibir cómo la interpretación particular de la norma demandada podría conllevar
a la vulneración del derecho a la intimidad; (iv) es pertinente, dado
que plantea una contradicción entre una disposición legal y un derecho de rango
constitucional como lo es el derecho fundamental a la intimidad; y (v) cumple
con la carga de suficiencia, en la medida en que se presentan las
razones por las que el texto acusado restringe, de manera indebida, el ámbito
de protección del derecho a la intimidad. Por lo cual, la Corte procederá a
pronunciarse de fondo sobre el Cargo No. 1.
Aptitud del Cargo No. 4 contra el
parágrafo 2º del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016
52.
El
parágrafo 2º del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016 establece el deber, en
cabeza de las empresas públicas, privadas o mixtas de servicio público de
transporte masivo de pasajeros, de implementar cámaras de vigilancia dentro de
los vehículos destinados a la prestación del servicio. La contravención de este
deber, según la norma, conlleva a la imposición de Multa General Tipo 4 e
inmovilización del vehículo.
53.
De
manera general, los demandantes consideran que el parágrafo demandado es
contrario a la Constitución dado que: (i) los vehículos que se emplean para
prestar el servicio público de transporte masivo son espacios semi-públicos en
los que los individuos tienen una expectativa razonable de intimidad y,
por lo tanto, la instalación de cámaras de video constituye una restricción del
derecho a la intimidad muy intensa; y (ii) la validez constitucional de la
medida debe ser sometida a un juicio estricto de proporcionalidad y su
aplicación permite concluir que la medida no es adecuada ni necesaria. La
restricción al derecho a la intimidad, según los actores, es muy intensa, pues
se aplica a un espacio en el que las personas pasan gran parte de su día y,
adicionalmente, supone una actividad de vigilancia masiva, sin que pueda
identificarse el uso posterior de los datos recolectados. Asimismo, señalan que
esta medida puede llevar a inhibir los comportamientos normales de las
personas.
54.
En
este caso la Corte observa que el cargo: (i) es específico, pues los
accionantes exponen, de manera concreta, cómo el enunciado normativo infringe
el derecho a la intimidad; (ii) es pertinente, en la medida en que se
plantea un juicio de contradicción entre la norma contenida en el Código de
Policía y el derecho a la intimidad; (iii) cumple con el requisito de certeza,
por cuanto recae sobre el contenido normativo que podría desprenderse
razonablemente del parágrafo 2° del artículo 146 del Código de Policía; (iv)
cumple con el requisito de claridad, en la medida en que los argumentos
presentados por los accionantes permiten concluir, de manera lógica, en qué
sentido la instalación de cámaras constituye una restricción al derecho a la
intimidad; y (v) cumple con la carga de suficiencia, pues se proporcionan
las razones básicas por las que, según los actores, el deber de instalación de
las cámaras contraría el derecho fundamental a la intimidad. Por consiguiente,
la Sala Plena se pronunciará sobre la potencial vulneración del derecho a la
intimidad y al habeas data, derivada del aparte normativo demandado.
Aptitud del Cargo No. 5 contra el primer
inciso del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016
55.
El
primer inciso del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016 señala que la
información, imágenes y datos captados y/o almacenados por sistemas de video o
cualquier medio tecnológico que esté ubicado en el espacio público o en lugares
abiertos al público, serán considerados como públicos y de libre acceso, salvo
que se trate de información amparada por reserva legal.
56.
De
manera general, los demandantes consideran que esta disposición es contraria a
la Constitución pues desconoce el derecho al habeas data al establecer
el libre acceso a información, imágenes y datos de cualquier índole captados
y/o almacenados. Señalan que no resultaba necesario que el legislador cambiara
la naturaleza de la información o datos así recopilados, ya que existía un
medio alternativo menos restrictivo previsto en el numeral 1° del artículo 10
de la Ley 1581 de 2012, al disponer que, en ejercicio de sus funciones, las
entidades administrativas podrán requerir tal información sin que se requiera
la autorización del titular de los datos. La disposición acusada, según los
demandantes, tiene el efecto de atribuir poder informático a todos los ciudadanos,
lo cual implica un riesgo que hace posible el profiling y el
seguimiento.
57.
Sobre
el particular, es posible concluir que el cargo elevado contra este inciso
primero cumple con los requisitos de aptitud sustantiva desarrollados por la
jurisprudencia constitucional. Al respecto, se observa que el cargo: (i)
resulta pertinente, por cuanto el razonamiento dirigido a evidenciar una
posible vulneración al derecho al habeas data reviste una relevancia
constitucional; (ii) es específico, teniendo en cuenta que los
accionantes, de manera puntual, señalan que con la norma se establece el libre
acceso a la información, atribuyéndole poder informático a todos los
ciudadanos; (iii) es cierto, pues se dirige a cuestionar la
constitucionalidad del enunciado normativo, sin tratarse de una construcción
subjetiva por parte de los actores; (iv) cumple con la carga de claridad,
debido a que se presentan argumentos comprensibles que permiten entender por
qué el contenido del primer inciso del artículo 237 del Código de Policía
aparentemente vulnera el derecho al habeas data; y (v) cumple con el
requisito de suficiencia, pues se proporcionan las razones por las que
la norma aparentemente vulnera el contenido de la Constitución. Por lo cual, se
pronunciará de fondo la Sala Plena sobre la constitucionalidad de la medida,
frente al derecho al habeas data.
Aptitud
sustantiva del Cargo No. 6 contra el inciso 2º del artículo 237 de la Ley 1801
de 2016
58.
El
inciso 2° del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016 establece que los sistemas de
video y medios tecnológicos, o los que hagan sus veces, de propiedad privada o
pública, a excepción de los destinados para la Defensa y Seguridad Nacional,
que se encuentren instalados en espacio público, áreas comunes, lugares
abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, se enlazará
de manera permanente o temporal a la red que para tal efecto disponga la
Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida
el Gobierno nacional.
59.
De
manera general, los demandantes consideran que esta disposición es contraria a
la Constitución pues la regla que allí se prevé puede comprender espacios
semiprivados y semipúblicos. Señalan que si bien el grado de protección de la
intimidad es diferente en el caso de tales espacios, la constitucionalidad de
intervenciones en ellos depende la superación de un juicio estricto de
proporcionalidad y, al realizarlo, la medida no resulta adecuada ni necesaria.
Asimismo, señalan que si bien la seguridad y convivencia son un objetivo
legítimo, el enlace de las cámaras de propiedad privada y pública a la red de
la Policía Nacional constituye un mecanismo de vigilancia masiva que tiene una
injerencia sistemática y desproporcionada en el derecho a la intimidad de un
número potencialmente ilimitado de personas que, según el artículo 29 de la
Constitución Política, se presumen inocentes.
60.
En
este caso, la Corte observa que el cargo: (i) es específico, pues los accionantes
exponen, de manera concreta, cómo el enunciado normativo infringe el derecho a
la intimidad; (ii) es pertinente, en la medida en que se plantea un
juicio de contradicción entre la norma contenida en el Código de Policía y el
derecho a la intimidad; (iii) cumple con el requisito de certeza, por
cuanto recae sobre el contenido normativo que podría desprenderse
razonablemente del inciso 2° del artículo 237 del Código de Policía; (iv)
cumple con el requisito de claridad, en la medida en que los argumentos
presentados por los accionantes permiten concluir, de manera lógica, en qué
sentido el enlace con la red de la Policía Nacional de los sistemas de video y
medios tecnológicos de propiedad públicas o privada, a excepción de los
destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados
en espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados
trasciendan a lo público, afecta el derecho a la intimidad; y (v) cumple con la
carga de suficiencia, pues se proporcionan las razones básicas por las
que, según los actores, el mencionado enlace con la red de la Policía Nacional
pone en riesgo el derecho a la intimidad. Por consiguiente, la Sala Plena se
pronunciará sobre la potencial vulneración del derecho a la intimidad y al habeas
data, derivada del aparte normativo demandado.
Integración normativa del artículo 237 de la Ley 1806 de 2016
61.
El inciso 3° del artículo 6° del
Decreto 2067 de 1991 establece que la Corte se pronunciará de fondo sobre las
normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio,
conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales. La jurisprudencia constitucional[17] ha señalado que la integración
de la unidad normativa sólo es procedente en los siguientes eventos:
“(i) Cuando un ciudadano demanda una
disposición que no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que
para entenderla y aplicarla es imprescindible integrar su contenido normativo
con el de otro precepto que no fue acusado. Esta causal busca delimitar la
materia objeto de juzgamiento, en aras de que este Tribunal pueda adoptar una
decisión de mérito que respete la integridad del sistema.
(ii) En aquellos casos en los que la norma cuestionada está reproducida en
otras disposiciones del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis
pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo y es una medida
para lograr la coherencia del sistema jurídico.
(iii) Cuando el precepto demandado se encuentra intrínsecamente relacionado con
otra norma que, a primera vista, presenta serias dudas sobre su
constitucionalidad. Para que proceda la integración normativa en esta última
hipótesis es preciso que concurran dos circunstancias: (a) que la disposición
demandada tenga estrecha relación con los preceptos que no fueron cuestionados
y que conformarían la unidad normativa; y (b) que las normas no acusadas parezcan
inconstitucionales”[18].
En el presente caso, los accionantes demandaron los incisos
primero y segundo del artículo 237 del Código de Policía. Sin perjuicio de
esto, encuentra la Corte que los incisos se encuentran intrínsecamente
relacionados con el parágrafo del mismo artículo, el cual establece que “Parágrafo. En
tratándose de sistemas instalados en áreas comunes, lugares abiertos al público
o que siendo privados trasciendan a lo público, se requerirá para el enlace a
que hace referencia el presente artículo, la autorización previa por parte de
quien tenga la legitimidad para otorgarla”. Lo anterior, por cuanto este parágrafo establece la necesidad de
autorización previa para el enlace con la red de la Policía Nacional a la que
hace referencia el inciso 2 demandado del artículo 237 del Código de Policía. En
esa media, en conjunto conforman una unidad normativa por cuanto se refiere a:
(i) los sistemas instalados en áreas comunes, lugares abiertos al público o que
siendo privados trasciendan a lo público, de los que habla el inciso 1°
demandado; y (ii) determina la obligación de autorización previa para el
enlace, del cual trata el inciso 2° demandado. En esa medida, toda vez que las
disposiciones demandadas del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016 tienen una
estrecha relación con los preceptos del parágrafo del mismo artículo,
conformando así una unidad normativa, esta Corte considera necesario integrar
la totalidad del artículo 237 del Código de Policía, con el fin de poder
realizar de manera adecuada el control constitucional de esta norma.
C.
PLANTEAMIENTO
DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
62.
A
partir de lo expuesto en la sección B anterior, la Corte determinó la aptitud
de los Cargos No. 1 y 4. Asimismo, tras determinar la aptitud de los Cargos No.
5 y 6, optó por hacer uso de la integración normativa respecto de la totalidad
del 237 del Código de Policía. De esta forma, le corresponde a este tribunal
resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i)
¿Desconoce el derecho a la intimidad (artículo
15 superior) la definición de privacidad contenida en el artículo 32 de la Ley
1801 de 2016 al establecer (i) que la privacidad es el derecho de las personas
a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que les
sea exclusivo y por ello calificado privado y, al mismo tiempo prescribir (ii)
que no son lugares privados (a) los bienes muebles o inmuebles que se
encuentran en espacios públicos, en un lugar privado abierto al público o que se
destinan a fines sociales, comerciales e industriales, (b) las áreas de sitios
públicos o abiertos al público destinadas a la preparación o fabricación de
bienes comercializados al público o para el manejo de equipos musicales y (c)
los estacionamientos al servicio del público?
(ii)
¿Vulnera el derecho a la intimidad y al habeas data (artículo 15 superior), la obligación de instalar cámaras de vigilancia en vehículos de
transporte público, prevista en el parágrafo 2º del artículo 146 de la Ley 1801
de 2016, debido a que con ello se permite captar las acciones ejecutadas por
los ciudadanos que constituyen datos personales sin prever reglas específicas
relacionadas con su administración posterior?
(iii)    ¿Vulnera
el derecho al habeas data (artículo 15 superior) el artículo 237 de la Ley 1801
de 2016, al prescribir que (i) la información, imágenes, y datos de cualquier
índole captados y/o almacenados por los sistemas de video o los medios
tecnológicos que estén ubicados en el espacio público -o en lugares abiertos al
público- serán considerados como públicos y de libre acceso a menos que se
trate de información amparada por reserva legal; y (ii) los sistemas de video y medios tecnológicos, o los que hagan sus
veces, de propiedad privada o pública, a excepción de los destinados para la
Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio público,
áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a
lo público, se enlazarán de manera permanente o temporal a la red que para tal
efecto disponga la Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para
tal efecto expida el Gobierno nacional (a pesar de la autorización previa
prevista en el parágrafo del mencionado artículo)?
63.
Con
el propósito de resolver los problemas jurídicos referidos, la Corte adoptará
la siguiente metodología. En primer lugar, se analizará el alcance y contenido
del derecho a la intimidad (Sección D). Determinado esto, se pasará a estudiar,
de manera general, el derecho al habeas data, de conformidad con su desarrollo
legal y jurisprudencial (Sección E). Con base en esto, se procederán a analizar
los problemas jurídicos planteados, a efectos de establecer la validez de las
disposiciones acusadas (Sección F). Para esto, se considerará de manera
individual cada uno de los cargos, sintetizando la posición de los
intervinientes frente al mismo. Finalmente, presentará la síntesis de la
decisión (Sección G).
D.
DERECHO
A LA INTIMIDAD
64.
El derecho a la intimidad se encuentra
reconocido en el artículo 15 de la Constitución, conforme al cual, en lo
pertinente: (i) todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar;
(ii) la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables
y sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los
casos y con las formalidades que establezca la ley; y (iii) para efectos
tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley[19].
65.
La Corte Constitucional ha definido el derecho a
la intimidad como aquel derecho que “garantiza en los asociados, el poder
contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la
interferencia arbitraria de las demás personas”[20].
Igualmente, ha señalado que la intimidad comprende “el
espacio exclusivo de cada uno, (…) aquella órbita reservada para cada
persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad
del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la
sociabilidad natural del ser humano”[21].
Adicionalmente, ha destacado que el derecho a la intimidad tiene dos
dimensiones: (i) la negativa, como secreto de la vida privada; y (ii) la
positiva, como libertad. En su dimensión negativa, prohíbe cualquier
injerencia arbitraria[22]
en la vida privada e impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos
privados[23].
En su dimensión positiva, protege el derecho de toda persona a tomar las
decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada[24].
66.
A la norma que reconoce el derecho a la
intimidad se adscriben diferentes posiciones y relaciones. En la sentencia
C-602 de 2016 la Corte sostuvo, primero, que confiere a su titular la
facultad (permisión) de oponerse -cuando no existe justificación suficiente- (i)
a la intromisión en la órbita que se ha reservado para sí o su familia; (ii) a
la divulgación de los hechos privados; o (iii) a las restricciones a su
libertad de tomar las decisiones acerca de asuntos que solo le conciernen a la
persona. Señaló, en segundo lugar, que el referido derecho le impone a las
autoridades y particulares el deber de abstenerse (prohibición) de ejecutar
actos que impliquen: (iv) la intromisión injustificada en dicha órbita;
(v) la divulgación de los hechos privados; o (vi) la restricción injustificada
de la libertad de elegir en asuntos que solo le conciernen a la persona o a su
familia. Finalmente, advirtió este tribunal, impone a las autoridades el deber:
(vii) de adoptar las medidas normativas, judiciales y administrativas a efectos
de asegurar el respeto de las diferentes dimensiones del derecho[25].De
esta forma, el ámbito de protección del derecho a la intimidad se delimita en
función de su objeto de protección. De acuerdo con la Corte Constitucional,
dicho objeto de protección es la vida privada de los individuos[26].
Por ello, la definición de la vida privada y, en particular, “la definición de
aquello que es público o privado se encuentra en la base de la discusión acerca
del alcance del derecho a la intimidad”[27].
67.
La Corte se ha referido a la vida privada en
términos amplios como un “espacio”, “ámbito”, “esfera” u “órbita” de los
individuos. Este “espacio”, corresponde a un “espacio personal ontológico”[28]
o a un “espacio de personalidad de los sujetos”[29]
que comprende, entre otros, espacios físicos, psicológicos y relacionales de
los individuos. Igualmente, ha señalado que el derecho a la intimidad se
manifiesta con diferentes grados de potencia según los comportamientos se
relacionen con dimensiones personales, familiares y sociales[30]-
teniendo en cuenta que en cada una de ellas es diferente el nivel en que el
individuo cede parte de su interioridad hacia el conocimiento público[31].
Adicionalmente, esta Corte ha precisado que el derecho a la intimidad no resguarda
únicamente un espacio físico[32].
Sin perjuicio de esto, ha reconocido que el espacio físico en el que tienen
lugar las actuaciones de las personas incide en el mayor o menor grado de
resistencia del derecho a la intimidad respecto de las restricciones. Al
respecto, la Corte ha planteado una categorización que clasifica los espacios
en: privados, semiprivados, semipúblicos y públicos.
68.
De manera particular, se ha considerado que el
espacio privado es el lugar en el que las personas desarrollan su personalidad
y ejercen su intimidad de manera libre en un ámbito inalienable, inviolable y
reservado[33].
En este sentido, si bien el espacio privado se asocia con el concepto de
domicilio, según la Corte, va más allá de la idea prevista en el Código Civil,
abarcando “además de los lugares de habitación, trabajo, estudio, todos
aquellos espacios o recintos aislados en los que la persona normal y
legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada, separada de los
terceros y sin su presencia”[34].
69.
El espacio público, por su parte, ha sido
considerado como el “lugar de uso común en el que los ciudadanos ejercen
numerosos derechos y libertades”[35].
Según la Corte “este tipo de espacios se caracterizan por ser lugares de
socialización, interacción, intercambio, integración y de encuentro para los
ciudadanos (…)”[36].
Los otros dos tipos de espacios, que han sido denominados por la jurisprudencia
como espacios intermedios, “tienen características tanto privadas como
públicas”. En esta medida, se ha determinado que los semiprivados son “espacios
cerrados en los que un conjunto de personas comparte una actividad y en los que
el acceso al público es restringido”[37].
No son espacios privados “porque las acciones de cada uno de los individuos en
una oficina, o en un establecimiento educativo, tiene repercusiones sociales:
no se trata del individuo en su propio ámbito de acción, sino del individuo en
una comunidad”[38].
Los espacios semipúblicos, por su parte, han sido considerados como “lugares de
acceso relativamente abierto en los que diferentes personas se encuentran en
determinado momento para realizar cierta actividad puntual dentro de un espacio
compartido”[39].
70.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha
considerado que, si bien el grado de realización del derecho a la intimidad puede
variar en función del espacio físico en el que se encuentre el individuo, ello
no significa, en todo caso, que el derecho a la intimidad tenga relevancia
únicamente en espacios privados. Por el contrario, como lo ha señalado esta
Corte, incluso en lugares públicos, semipúblicos y semiprivados hay una “esfera
de protección que se mantiene vigente”[40]. Ello es
así, en la medida que, la vida privada es un “espacio
personal y ontológico”[41]
y no un espacio físico.
71.
La Corte ha señalado que la expectativa de privacidad
es un criterio relevante para establecer si determinadas expresiones o
manifestaciones de la vida de las personas pueden entenderse comprendidas por
el ámbito de protección del derecho a la intimidad o si, por el contrario,
pueden ser conocidas o interferidas por otros. Tal categoría impone definir,
atendiendo diferentes factores contextuales, si (i) quien alega la violación
puede considerar válidamente que su actividad se encuentra resguardada de la
interferencia de otros; y (ii) si es o no posible concluir que dicha valoración
es oponible a los terceros que pretenden acceder a la información o divulgarla.
La restricción del derecho a la intimidad como resultado de la instalación de
cámaras de vigilancia es, en términos generales, leve en tanto la expectativa
de privacidad se reduce si se compara, por ejemplo, con los espacios
semiprivados o privados; y correlativamente, debe existir una mayor tolerancia
al control y vigilancia.
72.
Por otra parte, esta Corte ha sido clara en
considerar que, a pesar de la amplitud del ámbito de
protección del derecho a la intimidad, éste no es un derecho absoluto[42].
El derecho a la intimidad puede ser objeto de limitaciones cuando entra en
conflicto con derechos de terceros o con intereses constitucionales relevantes[43]
y, en consecuencia, es posible que, bajo ciertas condiciones, las autoridades
públicas o los terceros puedan conocer asuntos que, en principio, se encuentran
amparados por el derecho, es decir que, hacen parte de la vida privada de los
individuos[44].
De manera más precisa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la
intimidad puede ser objeto de limitaciones o interferencias como resultado de
la interrelación de otros intereses constitucionalmente relevantes. De esta
forma, “las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual que la de
cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, en el contexto de un sistema democrático”[45].
Cámaras de vigilancia y
restricciones del derecho a la intimidad en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional
73.
Esta
Corporación ha analizado la posibilidad de instalar cámaras de video en lugares
de trabajo, establecimientos comerciales y centros educativos y su posible
injerencia con el derecho a la intimidad y otros derechos. A continuación, se
presenta un breve recuento de las principales decisiones de la Corte en esta
materia. Como se verá a continuación, las decisiones de la
Corte Constitucional que se han ocupado de analizar la constitucionalidad de
restricciones del derecho a la intimidad derivadas de la instalación de cámaras
de vigilancia, no han establecido una metodología única para juzgar dicha
medida. En algunos casos la Corte ha juzgado la medida empleando para el efecto
un juicio de proporcionalidad al paso que, en otros eventos, ha considerado la
incidencia de las diferentes variables a fin de identificar si la medida
cuestionada armoniza adecuadamente los propósitos perseguidos por la
instalación y el derecho a la intimidad.
La sentencia T-768 de 2008 y las cámaras
de vigilancia en el lugar de trabajo[46]
74.
Este
tribunal indicó que, para analizar si la instalación de cámaras de vigilancia
en lugares de trabajo vulneraba el derecho a la intimidad, debía valorarse: (i)
el objeto social que desarrolla la empresa, pues es lógico que las medidas se
refuercen en bancos o establecimientos públicos; (ii) el lugar en el que la
medida es implementada, pues es razonable que recaiga en lugares donde se
desarrolle la actividad laboral que, por ejemplo, se encuentren abiertos al
público, pero no lo sería en baños o vestuarios; (iii) la finalidad de la
medida, la cual debe guardar una relación directa con la seguridad necesaria de
las instalaciones de trabajo o el control del cumplimiento de los deberes y
funciones de los trabajadores; (iv) la existencia o no de otras medidas menos
invasivas para lograr los propósitos perseguidos; (v) la importancia de reducir
los perjuicios derivados de la medida; (vi) el conocimiento de la instalación
de la cámara, pues solo de manera excepcional pueden legitimarse medidas
subrepticias; y (vii) la prohibición de que la medida someta a la persona a
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
75.
Concluyó
que la instalación de cámaras no había vulnerado los derechos del accionante,
dado que perseguía una finalidad legítima. En efecto, era razonable y permitía
proteger los intereses institucionales de sus clientes, así como establecer un
control sobre el desempeño laboral de sus empleados. Igualmente, destacó que la
existencia de las cámaras y del circuito cerrado de televisión era de pleno conocimiento
de cada uno de los empleados y, a pesar de que se había instalado una cámara
por fuera del sistema de monitoreo y que no era conocida por el actor, esta se
había instalado después de que el trabajador había intentado obstruir el
registro de otras cámaras.
Sentencia T-407 de 2012 y las cámaras de
vigilancia en escuelas públicas[47]
76.
Señaló
este tribunal que era necesario ponderar los derechos a la intimidad y libre
desarrollo de la personalidad de los estudiantes con la finalidad que se
perseguía con la instalación de las cámaras de vigilancia, a saber, la
necesidad de prevenir y mitigar conductas que al interior de los colegios
afectan la seguridad e integridad de los estudiantes. A dichos efectos, aplicó
un juicio de proporcionalidad de intensidad estricta, señalando que la medida
podía afectar a menores y, además, estaban en juego el libre desarrollo de la
personalidad, la intimidad y otros intereses de relevancia constitucional.
77.
La
Corte afirmó que la instalación de sistemas de video vigilancia en
instituciones educativas perseguía una finalidad constitucional, la cual era
procurar la seguridad de los estudiantes y la institución educativa.
Igualmente, sostuvo que era idónea, pues a través de las cámaras es posible
disuadir a los estudiantes de cometer infracciones contra la ley y el
reglamento, y se permite identificar a quienes lo desconozcan. Concluyó, sin
embargo, que no era estrictamente necesaria, pues existían otros mecanismos
-contratación de celadores e implementación de programas educativos- que
resultaban menos lesivas. Destacó, además, que la medida afectaba
desproporcionadamente los derechos de los estudiantes, constituía una auténtica
“panoptización” y, por esa vía, inhibía expresiones y manifestaciones propias
de entornos escolares.
Sentencias T-487 de 2017[48]
y T-114 de 2018[49].
Cámaras de vigilancia y establecimientos de comercio
78.
La
Corte amparó el derecho de petición del accionante,
considerando que la sociedad demandada (i) no cumplió con la obligación de
suministrar la información o la documentación solicitada; y (ii) por esa vía
vulneró el derecho de acceso a la justicia del accionante, en la medida en que,
la solicitud de entrega del documento tenía la finalidad exclusiva de ser aportada
a un proceso penal. No obstante lo anterior, no ordenó la entrega de la
información al accionante y, en su lugar, dispuso remitirla a la autoridad
judicial indicando “que la entrega del material fílmico a los particulares,
podría comprometer los derechos a la imagen y la intimidad de terceras
personas, cuyas figuras, aspecto o apariencia, hayan quedado registradas
durante el lapso en el que se realizaron las filmaciones que el peticionario
reclama, tratamiento, cuidado, custodia y protección que debe quedar en manos
de una autoridad pública (en este caso, del Fiscal del caso), y no de los
particulares”.
79.
En
la sentencia T-114 de 2018, este tribunal indicó que, a
fin de determinar la naturaleza de la información captada por los circuitos
cerrados de televisión, resultaba importante tener en cuenta el lugar de
instalación de las cámaras de vigilancia, esto es, si están en (i) lugares
privados, por ejemplo, en una residencia; (ii) establecimientos privados
abiertos al público; o (iii) establecimientos y/o instituciones públicas. En
este caso, según
la tipología de información construida por la jurisprudencia constitucional,
los registros audiovisuales contenidos en las cámaras de seguridad del establecimiento
“Termales San Vicente” constituían información privada, en tanto que versaban
sobre información personal de niños, niñas y adolescentes en vestido de baño
que solo puede ser obtenida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento
de sus funciones. Concluyó que no existía vulneración alguna al derecho
invocado por el accionante, pues la información solicitada no era de carácter
público, sino privado y ella solo podía ser obtenida a través de orden
judicial.
E.
EL
DERECHO AL HABEAS DATA
80.
El artículo 15 de la
Constitución de 1991 establece el “(…) derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas”. Además, señala
que “[e]n la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución”. Estos preceptos, leídos en conjunto con la primera parte
del mismo artículo 15[50], el artículo 16
(derecho al libre desarrollo de la personalidad) y el artículo 20 (derecho a la
información activo y pasivo y el derecho a la rectificación), han dado lugar al
reconocimiento jurisprudencial de un derecho fundamental autónomo catalogado
como derecho al habeas data[51].
81.
El derecho al habeas
data ha sido definido por esta Corte como aquel que “otorga
la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de
esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización
y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de
divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los
principios que regulan el proceso de administración de datos personales”[52]. El habeas data comprende la autodeterminación informática y tiene “la función primordial de equilibrar
el poder entre el sujeto concernido por el dato y aquel que tiene la capacidad
de recolectarlo, almacenarlo, usarlo y transmitirlo.”[53].
82.
El
objeto de protección del habeas data es el dato personal. El literal c) del artículo 3º
de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 define el dato personal, indicando que se
trata de cualquier información vinculada o que pueda
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Con
el propósito de delimitar el alcance de las garantías del derecho fundamental
al habeas data, se han clasificado los datos personales o la
información, en cuatro categorías: privada, reservada, semiprivada y pública[54].
83.
Para garantizar de manera adecuada la
protección del derecho al habeas data, la administración
de los datos personales está sometida a un grupo de principios que se encuentran consagrados en el artículo 4 de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, entre los que se destacan los principios de
libertad[55]
y finalidad[56].
Sobre el principio de libertad, la Corte ha considerado que:
“(…) para el
principio de libertad, el consentimiento es el punto de identidad y relevancia
que determinará la vulneración o no del derecho fundamental al habeas data
(…) en materia
de autorización, el consentimiento otorgado al encargado del tratamiento o
responsable del tratamiento debe ser previo, expreso e informado (…)”[57].
84.
Por
su parte, tratándose del principio de finalidad, la Corte ha destacado que éste
busca que “el acopio, procesamiento y divulgación de datos personales
[obedezcan] a una finalidad constitucionalmente legítima definida de manera
clara y previa”[58].
85.
Los
principios de finalidad y libertad, fundamentales en el régimen de protección
de datos, suelen encontrarse en tensión, especialmente cuando se está frente a
protecciones del interés general. En esta medida, si bien resulta claro “la
obtención y divulgación de datos personales sin la previa autorización del
titular o en ausencia de un claro y preciso mandato legal, se consideran
ilícitas”[59],
la jurisprudencia constitucional ha admitido que la rigidez del principio de
necesidad antes descrito pueda ceder ante la necesidad de cumplir con un fin
constitucional superior. Así,
por ejemplo, en la sentencia C-692 de 2003, al analizar la constitucionalidad
de una norma que obligaba a registrar ante las alcaldías la posesión de perros
de razas potencialmente peligrosas, la Corte, tras considerar que esto
constituía información semiprivada, concluyó que “(…) el legislador está
autorizado para obligar al particular a ceder dicha información en beneficio de
la seguridad pública, sin que por ese hecho se deduzca una intromisión
ilegítima en su círculo íntimo. (…) El sacrificio del derecho a la intimidad se
ve justificado, en este caso, por la necesidad de satisfacer un interés de
orden superior”. En consecuencia, resulta claro que, bajo ciertas
circunstancias particulares, la dureza del principio de libertad que debe
orientar el tratamiento de datos personales se flexibiliza al armonizarse con
el principio de finalidad, siempre y cuando la circulación del dato esté
estrictamente dirigida y restringida al cumplimiento del fin constitucional
superior, con arreglo al principio de necesidad[60].
F.
EXAMEN
DE CONSTITUCIONALIDAD
86.
En esta
sección, la Corte se ocupará de analizar cada uno de los cargos planteados en
la demanda, respecto de los cuales se consideró su aptitud. Para el efecto,
frente a cada cargo: (i) se precisará el alcance de la impugnación; (ii) se
sintetizará la posición del Ministerio Público; (iii) se resumirán las
diferentes intervenciones; y (iv) se indicará el problema jurídico y se
procederá a su resolución.
Cargo No.
1 -La Sala Plena declarará la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 1801
de 2016.
(i)
Alcance del cargo
87.
La
disposición acusada es la siguiente:
“Artículo
32. Definición de privacidad. Para efectos de
este Código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de ellas a
satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le
sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado.
No se consideran lugares privados:
1. Bienes muebles o inmuebles que se
encuentran en el espacio público, en lugar privado abierto al público o
utilizados para fines sociales, comerciales e industriales.
2. Los sitios públicos o abiertos al
público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para:
almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados
en el lugar, así como también las áreas dispuestas para el manejo de los
equipos musicales o Disc jockey, y estacionamientos a servicio del público”.
88.
De
manera general, los demandantes consideran que la disposición demandada es
contraria a la Constitución Política, pues vulnera el derecho a la intimidad
porque: (i) supone que el objeto de protección del derecho a la intimidad es un
espacio físico y no un “espacio personal ontológico”; (ii) sugiere que en los
lugares que no son privados, no se ejerce el derecho a la intimidad, lo cual
reduce el ámbito de protección de dicho derecho; y (iii) confunde el ámbito de
protección del derecho a la intimidad con la inviolabilidad del domicilio.
(ii)
Concepto de la Procuraduría General de la Nación
89.
El
Ministerio Público solicitó que se declare la exequibilidad del artículo. Lo
anterior, debido a que la norma no regula el núcleo esencial de
la intimidad, sino únicamente define la privacidad para efectos del Código de
Policía. Además, advirtió que cualquier divulgación de la información debe
entenderse protegida por el derecho a la intimidad.
(iii)
Intervenciones
90.
De
los trece (13) intervinientes que trataron este artículo, cinco (5) solicitaron
la declaratoria de exequibilidad; seis (6) pidieron declarar su inexequibilidad
y uno (1) solicitó a la Corte declararse inhibida para estudiar el cargo.
91.
El
Ministerio de Justicia y del Derecho[61]
solicitó declarar la exequibilidad de este artículo. Señaló que la definición
de privacidad establecida en este artículo no disminuye ni restringe de manera
irracional o desproporcionada el ámbito de protección de la intimidad.
Consideró que la privacidad es un derecho basado en las garantías de no
intervención arbitraria o injustificada del Estado u otros individuos en las
esferas familiar y personal, así como en la facultad de prohibir la publicación
o divulgación sin autorización de estos asuntos.
92.
El
Ministerio de Defensa también solicitó la declaratoria de exequibilidad de este
artículo. Resaltó que la definición de privacidad no es
contraria a la Constitución, en la medida en que las normas del ordenamiento
jurídico deben apreciarse no a partir de una lectura exegética, sino desde un
punto de vista sistemático que incluya las reglas jurisprudenciales en materia
de intimidad, así como los principios y derechos fundamentales establecidos en
la Constitución[62].
En este mismo sentido se pronunció la Policía Nacional, advirtiendo que este
artículo define la privacidad en materia de convivencia y puntualizando en qué
sitios no se cubre la expectativa de privacidad, conservando la salvaguarda del
marco constitucional según el cual a variados espacios, existen distintos
grados de protección a la intimidad.
93.
Asimismo,
la Alcaldía de Medellín y la Academia Colombiana de Jurisprudencia se
pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la disposición. Según la
Alcaldía de Medellín, la seguridad debe ser entendida como un valor
constitucional que comporta un derecho fundamental y colectivo, de manera que
las afectaciones a la intimidad deben analizarse como una colisión de
principios entre intimidad y seguridad. La Academia Colombiana de
Jurisprudencia, por su parte, afirmó que este artículo no se opone a la
Constitución si se considera que la disposición toma en consideración que los
comportamientos de los ciudadanos pueden ser objeto de limitación. En esa
dirección, sostuvo que “la norma señala sitios que podrían ser privados pero
que por razón de su uso, de su destino, de la relación con la comunidad deben
ser considerados públicos”. Además, la intimidad no permite afectar los
derechos o intereses de los demás, de manera que algunos comportamientos no
pueden desplegarse en determinados lugares.
94.
Por
el contrario, la Defensoría del Pueblo indicó que este artículo desconoce el
derecho a la intimidad. En primer lugar, consideró que prevé una definición de
la privacidad ambigua e indeterminada dado que utiliza las expresiones
“actividades” y “necesidades”, que no permiten identificar parámetros objetivos
para delimitar su contenido y alcance. Dado que el Libro II del Código de
Policía prevé los comportamientos que resultan contrarios a la convivencia, no
parece existir una necesidad de establecer una definición de privacidad que, en
este caso, es confusa. En segundo lugar, destacó que la disposición cuestionada
solo prevé los lugares que no se encuentran comprendidos por la idea de
privacidad. La forma en que se establecen esas definiciones implica que “el
ejercicio de la privacidad queda reducido a los ámbitos privados, los cuales, a
pesar de no quedar delimitados, se entienden por oposición a aquellos lugares”
que se encuentran en lugares públicos, abiertos al público o utilizados para
fines sociales, comerciales o industriales. Conforme a lo expuesto, concluyó
que la norma limita la protección del derecho a la intimidad, puesto que
condiciona el ejercicio del mismo a espacios privados a pesar de que la
jurisprudencia ha reconocido que tal garantía puede extenderse también a
espacios semiprivados o semipúblicos.
95.
La
Alcaldía de Tunja advirtió que este artículo contraría las
disposiciones constitucionales puesto que, circunscribir la privacidad
únicamente a un entorno físico privado, conllevaría a obligar a las personas a
no participar en la sociedad. Asimismo, la Universidad Libre, la Universidad
del Rosario y la Universidad de Caldas solicitaron declarar la
inconstitucionalidad de este artículo. La Universidad Libre afirmó que esta
norma sugiere que la intimidad es una cuestión de espacio, mientras que la
jurisprudencia la ha reconocido como una cuestión de relación. La Universidad
del Rosario argumentó que el legislador limita la intimidad al definir el
derecho a la privacidad, implicando que este derecho no trascienda más allá de
los lugares exclusivamente privados, pese a que se trata de un derecho que debe
ser protegido también en los espacios públicos[63].
Además, advirtió que el legislador no puede limitar el ejercicio o la pérdida
del derecho a la intimidad a simples espacios, pues la modificación del ámbito
de la intimidad se debe hacer vía ley estatutaria y no mediante ley ordinaria
como se pretende en este caso. La Universidad de Caldas, por su parte, observó
que si bien la definición de privacidad está fundada en una finalidad legítima
como lo es la consecución de la convivencia ciudadana, el medio empleado (la
definición) atenta contra el derecho a la intimidad y, además, es
desproporcionada en sentido estricto[64].
Esto, a su vez, deriva en que el ámbito de aplicación de la intimidad se vea
limitado únicamente a ámbitos físicos privados, razón por la cual debe
declararse su inexequibilidad[65].
96.
La
FLIP consideró que la definición incluida en esta disposición implica que nada
de aquello que ocurre en espacios públicos o abiertos al público queda
comprendido por la privacidad, lo que implica desconocer “que incluso en
estos espacios los ciudadanos tienen una expectativa legítima de intimidad”.
En esa medida, “conversaciones personales o entrevistas a fuentes que
ocurran en medio de un restaurante o, incluso, en medio de una plaza pública,
no pierden la protección que la intimidad les otorga”. Por ello, también
solicitó que esta disposición fuera declarada inexequible.
97.
Finalmente,
el MinTIC solicitó a la Corte declararse inhibida para conocer del cargo, al
advertir que este carece de certeza dado que la disposición demandada no se
ocupa de regular el derecho a la intimidad a pesar de que dicha norma establece
reglas relativas a la privacidad, concepto que “hasta el momento no existe
en nuestro ordenamiento”. Así, destacó que, a pesar de que la
jurisprudencia constitucional en algunos pronunciamientos trata los conceptos
de intimidad y privacidad como equivalentes, en otros ha establecido que la
privacidad es “un concepto con entidad propia y asociado a ámbitos
espaciales privados”. Para ilustrarlo, señaló que en la sentencia T-407 de
2012 se “asocia la privacidad a espacios privados, tales como el domicilio y
aquellos espacios o recintos aislados en los que la persona normal y
legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada”. En esa
dirección, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha asociado
la privacidad (…) con ámbitos espaciales en los cuales las personas
están exentas e inmunes de invasiones abusivas por parte de terceros y de
autoridades públicas tales como el domicilio”. De la consideración anterior
concluyó que la acusación se fundamenta en la equivalencia entre intimidad y
privacidad, que no encuentra apoyo en la disposición demandada.
98.
Los
principales argumentos de los intervinientes se resumen a continuación:
Argumentos principales frente al
cargo contra el artículo 32 de la Ley 1801 de 2016
Exequibilidad
1.
La
definición de privacidad no disminuye ni restringe de manera irracional o
desproporcionada el ámbito de protección de la intimidad.
2.
La
definición de privacidad conserva la salvaguarda del marco constitucional
según el cual a variados espacios, existen distintos grados de protección a
la intimidad.
Inexequibilidad
1.
La
definición de la privacidad es ambigua e indeterminada dado que utiliza las
expresiones “actividades” y “necesidades”, que no permiten identificar
parámetros objetivos para delimitar su contenido y alcance.
2.
La
definición de privacidad limita la intimidad, implicando que este derecho no
trascienda más allá de los lugares exclusivamente privados, pese a que se
trata de un derecho que debe ser protegido también en los espacios públicos.
3.
No
se puede limitar el ejercicio o la pérdida del derecho a la intimidad a
simples espacios, pues la modificación del ámbito de la intimidad se debe
hacer vía ley estatutaria y no mediante ley ordinaria.
4.
La
definición de privacidad atenta contra el derecho a la intimidad y, además,
es desproporcionada en sentido estricto.
Inhibición
El cargo formulado carece de certeza,
dado que a disposición demandada no se ocupa de regular el derecho a la
intimidad, a pesar de que dicha norma establece reglas relativas a la
privacidad.
(iv)
Consideraciones de la Corte
99.
La
Corte considera que, a diferencia de lo afirmado por los demandantes, la
definición de privacidad contenida en el artículo 32 del Código de Policía no
limita el ámbito de protección del derecho a la intimidad a un espacio físico.
El artículo 32 del Código de Policía define la privacidad como el derecho de
los individuos “a
satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito
que le sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado” (Subrayado fuera
de texto).
100.
La
privacidad se define como una permisión de satisfacer las propias necesidades y
desarrollar las actividades en un “ámbito”, vocablo que de acuerdo con
la RAE se identifica con un “espacio ideal configurado” o “segmento
sintáctico”[66],
no como un lugar o espacio físico. Ello supone que no puede afirmarse que
este vocablo implique que la privacidad, en los términos en que allí es
definida, tenga lugar o pueda ejercerse, exclusivamente, en un lugar físico.
101.
Igualmente,
la Corte destaca que la definición de privacidad contenida en el artículo 32
coincide con la definición que la jurisprudencia constitucional ha realizado
del ámbito de protección -vida privada- del derecho a la intimidad. Como se
expuso anteriormente (ver supra, sección II.D),
esta Corporación ha definido la vida privada como un “ámbito” que se encuentra
protegido frente a interferencias externas, es decir, que es exclusivo del
individuo. En
la sentencia SU-046 de 1995, la Corte precisó que la protección del derecho a
la intimidad recae en el “ámbito personalísimo de cada individuo o
familia, es decir, a aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones
que normalmente están sustraídas a la injerencia o al conocimiento de extraños”[67] (subrayado
fuera de texto). Incluso, este tribunal ha definido la privacidad en
términos materialmente idénticos a los utilizados en la disposición demandada.
En efecto, en las sentencias T-784 de 2004 y C-602 de 2016, sostuvo que “[e]l
concepto de ‘privacidad’ o ‘de lo privado’, corresponde a los asuntos que en
principio tocan exclusivamente con los intereses propios y específicos de la
persona humana, sin que afecten o se refieran a los demás miembros de la
colectividad”.
102.
De
lo expuesto se desprende que la comprensión de la jurisprudencia constitucional
sobre el ámbito de protección del derecho a la intimidad se encuentra
reproducida en la primera parte del artículo 32 del Código de Policía, al
señalar que la privacidad opera en un “ámbito” es decir, en un “espacio
personal ontológico” o “espacio de personalidad” y que este es
exclusivo. En consecuencia, se concluye a partir de una interpretación literal
del primer inciso de la disposición demandada que la definición de privacidad
no reduce el ámbito de protección del derecho a la intimidad a un espacio
físico.
103.
Con
independencia de la constitucionalidad de la definición de privacidad contenida
en el primer inciso, la Corte debe preguntarse si su lectura conjunta con los
numerales 1° y 2° conduce a concluir que el derecho a la intimidad únicamente
se ejerce y por tanto solo es protegido en lugares privados. Los demandantes
señalan que, aun cuando el primer inciso del artículo 32 define la privacidad
como un “ámbito” y, por tanto, en principio, no restringe su ejercicio a un
determinado lugar físico, la enumeración de los lugares que “no
se consideran privados” en el segundo y tercer incisos, sugiere que en
ellos no se ejerce privacidad. Como resultado de lo anterior, el artículo 32 habría
prescrito que la intimidad tiene relevancia, únicamente, en espacios privados,
lo cual reduciría de forma desproporcionada su ámbito de protección.
104.
En
relación con lo anterior, para la Corte, en primer lugar, como ha quedado
señalado, no existe en el artículo ninguna regla expresa que indique que el
derecho a la privacidad sólo se ejerce en los lugares privados. Por el
contrario, la definición de privacidad contenida en el primer inciso del artículo
32 es una definición amplia que guarda correspondencia con la del derecho a la
intimidad fijada por este tribunal.
105.
En
segundo lugar, como lo señalan los demandantes, la enumeración en los numerales
1° y 2° de los lugares que “no se consideran privados” únicamente “sugiere” una
interpretación que limitaría la privacidad a los lugares que se consideren
privados. Por el contrario, una interpretación sistemática de la disposición
indica que el primer inciso reconoce un amplio ámbito de protección del derecho
a la intimidad, seguido por la mención de algunos lugares que no son
considerados privados, lo que no implica que en ellos el derecho a la intimidad
no se ejerza o no deba protegerse. Lo que ocurre es que allí, como ha quedado
explicado en esta sentencia, las restricciones pueden ser mayores.
106.
En
tercer lugar, la Corte considera que la enumeración de los lugares que no se
consideran privados en los numerales 1° y 2° del artículo 32 tiene
significativa utilidad aun si se acepta que su efecto no consiste en restringir
el ejercicio del derecho a la intimidad. En efecto, el Código de Policía
utiliza la clasificación de los espacios (espacio público, lugares abiertos al
público, lugares privados etc.) a lo largo de todo el articulado. De esta
forma, dichos numerales servirían de parámetro para determinar cuáles espacios
caen dentro de esas categorías y, en particular, qué espacios no son
considerados privados para efectos de la aplicación del Código. De esta forma,
no es posible afirmar que la finalidad de los referidos numerales consista en
restringir el ámbito de protección del derecho a la intimidad.
107.
Las
consideraciones precedentes conllevan a concluir que, de conformidad
con lo señalado por esta Corte, existe una exigencia mínima de respeto
al derecho a la intimidad (art. 15 de la Constitución), que se predica en todos
los ámbitos y en todos los espacios[68]. La
jurisprudencia constitucional ha indicado, de una parte, que la
protección del derecho a la intimidad se extiende más allá del domicilio y, de
otra, que
existen espacios públicos, semipúblicos, semiprivados y privados que
condicionan el nivel de protección del derecho a la intimidad, pero
no lo excluyen en tanto los individuos conservan una expectativa razonable de
privacidad.
108.      En
vista de esto, dado que el ejercicio de la privacidad y el derecho a la
intimidad no se sujeta únicamente a los lugares privados, la Sala considera que
la disposición demandada es exequible, recordando que existe una exigencia
mínima de respeto al derecho a la intimidad que se predica en todos los ámbitos
y en todos los espacios (públicos, semipúblicos semiprivados y privados).
Cargo No. 4 -La Sala Plena procederá a
declarar la constitucionalidad del inciso primero, parágrafo segundo del
artículo 146 de la Ley 1801 de 2016, al evidenciar que no existe vulneración
alguna al derecho a la intimidad y al derecho al habeas data
(i)
Alcance
del cargo
109.
El
artículo 146 del Código de Policía establece que:
“Artículo
146. Comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte
motorizados o servicio público de transporte masivo de pasajeros. Los
siguientes comportamientos son contrarios a la convivencia en los sistemas de
transporte público colectivo e individual de pasajeros y por lo tanto no deben
efectuarse:
(…)
Parágrafo
2°. En
el marco de la regulación del servicio público de transporte masivo, las
empresas públicas, privadas o mixtas que presten el servicio público de
transporte masivo de pasajeros deberán implementar cámaras de vigilancia dentro
de los vehículos destinados a la prestación del servicio, so pena de incurrir
en Multa General Tipo 4 e inmovilización del vehículo.
Esta
medida solo será exigible a los vehículos destinados a la prestación del
servicio que entren en circulación a partir de la expedición de la presente
ley.” Subrayado
por fuera del texto original).
110.
De
manera general, los demandantes consideran que el parágrafo demandado es
contrario a la Constitución pues: (i) los vehículos que se emplean para prestar
el servicio público de transporte masivo son espacios semi-públicos en los que
los individuos tienen una expectativa razonable de intimidad y, por lo
tanto, la instalación de cámaras de video constituye una restricción del
derecho a la intimidad muy intensa; y (ii) la validez constitucional de la
medida debe ser sometida a un juicio estricto de proporcionalidad y su
aplicación permite concluir que la medida no es adecuada ni necesaria. La
restricción al derecho a la intimidad, según los actores, es muy intensa dado
que es aplicable a un espacio en el que las personas pasan gran parte de su día
y, adicionalmente, supone una actividad de vigilancia masiva, sin que pueda
identificarse el uso posterior de los datos recolectados. Asimismo, señalan que
esta medida puede llevar a inhibir los comportamientos normales de las
personas.
(ii)
Concepto de la Procuraduría General de la Nación
111.      Para
el Procurador, el cargo presentado contra esta disposición plantea el siguiente
problema jurídico: ¿la obligatoriedad de instalar cámaras de vigilancia en los
sistemas masivos de transporte resulta en una injerencia innecesaria a la
intimidad? En este sentido, señaló que la disposición demandada es exequible en
tanto que “los sistemas masivos de transporte carecen de una expectativa
especial de intimidad, las acciones policiales de control y la vigilancia no
requieren superar un estándar específico de necesidad y proporcionalidad, sino
que es suficiente que resulte legítimo”[69].
(iii)
Intervenciones
112.      Trece
(13) intervinientes se pronunciaron sobre esta disposición. Seis (6)
solicitaron se declare su constitucionalidad; uno (1) solicitó que se declare
su exequibilidad condicionada; cinco (5) solicitaron que se declare su
inexequibilidad; y por último, uno (1) pidió a la Corte declararse inhibida
respecto de este cargo.
113.      El
Ministerio de Justicia y del Derecho indicó que el hecho de que en la norma
demandada se prevea la instalación de cámaras en los vehículos de servicio
público de transporte, no constituye una injerencia innecesaria y
desproporcionada, sobre todo si se tiene en cuenta que en Colombia existen
alrededor de 25 millones de teléfonos móviles con la capacidad de capturar fotografías
y video, lo que permite concluir que en el transporte público, junto con otros
espacios, se permite alguna limitación al derecho a la intimidad en aras de
proteger la seguridad de las personas[70].
114.      El
MinTIC consideró que el cargo formulado en contra de la regla establecida en
este artículo no puede prosperar. A efectos de llegar a tal conclusión, señaló
que debe considerarse que la obligación de instalación de cámaras de vigilancia
solo se encuentra prevista para el caso de transporte masivo. Considerando las
condiciones que rigen la prestación de tal servicio, según lo que se encuentra
previsto en la Ley 179 de 2002, puede considerarse que “los vehículos
destinados a este sistema se acercan mucho más a un espacio público como la
calle, que a un espacio privado como el domicilio”. Tomando en cuenta tal
consideración, los derechos de las personas a la identidad y a la propia imagen
pueden ser objeto de una mayor limitación bajo la condición de que ella resulte
proporcional.
115.      Sumado
a esto, añadió que el análisis de la medida cuestionada permite concluir que
ella superara un examen de esa naturaleza. Lo anterior teniendo en cuenta que,
en primer lugar, no solo persigue un propósito constitucionalmente legítimo
relativo a la seguridad de los usuarios del respectivo sistema de transporte,
sino que también es idónea y adecuada en tanto cumple una función disuasoria y
puede contribuir a la investigación y sanción de las faltas penales o policivas
que allí se cometan. En segundo lugar, la medida es necesaria al considerar que
las propuestas por los demandantes –botones de emergencia o agentes de
vigilancia- “son medidas complementarias pero que no tienen el mismo grado
de efectividad que las cámaras de vigilancia”. En este examen la Corte no
puede reemplazar las valoraciones de necesidad efectuadas por el legislador y,
lo que le corresponde es “determinar si hay otra medida igualmente efectiva
que permita satisfacer la seguridad de los usuarios del sistema y lesione en
menor medida su derecho a la intimidad”. Finalmente, la regla protege en un
alto grado la seguridad ciudadana, al paso que impone una restricción menor del
derecho a la intimidad –al tratarse de vehículos que parecen corresponder a un
espacio más público- lo que además habilita una intervención más fuerte de las
autoridades de policía. En ese sentido, “no se trata de un espacio en el
cual haya una expectativa legítima de ejercicio amplio del derecho a la
intimidad” y, en otra dirección, “se trata de un espacio sujeto a
numerosas limitaciones y restricciones de comportamiento, precisamente para
garantizar los fines de convivencia ciudadana”.
116.      La
Defensoría del Pueblo se pronunció en igual sentido, considerando que la
posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en los vehículos destinados a la prestación
del servicio público de transporte no desconoce la Constitución. Destacó que la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la existencia de cámaras de
vigilancia contribuye a prevenir el delito y, en su caso, a identificar a los
delincuentes. Señaló que pueden plantearse algunos problemas respecto del “tratamiento
que se haga de las imágenes que serán captadas y almacenadas por estas cámaras,
teniendo en cuenta que dichas imágenes pueden llegar a considerarse datos
personales y potencialmente datos sensibles en el marco de la Ley 1581 de 2012”.
Sin perjuicio de esto, señaló que “será en el marco de la respectiva
regulación del servicio público de transporte donde deberá especificarse la
forma en la que se llevará a cabo el tratamiento de esos datos de manera que el
mismo no implique una afectación del derecho a la intimidad de las personas”.
Así las cosas, solicitó que la norma sea declarada exequible.
117.      El
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional argumentaron que estas normas se
orientan por la comprensión de que la actividad de policía busca la
preservación y el establecimiento del orden público[71].
Indicaron que la instalación de sistemas de video vigilancia en el transporte
público no significa que sea el dueño del vehículo quien almacene los datos,
pues al tratarse de un servicio público, así sea prestado por particulares, le
compete al Estado su control permanente. Lo anterior, refutaría los argumentos
de los demandantes en relación con los responsables del tratamiento de los
datos obtenidos a través de estos sistemas de vigilancia[72].
En consecuencia, solicitaron la constitucionalidad de este artículo.
118.      La
Academia Colombiana de Jurisprudencia sostuvo que el parágrafo segundo del
artículo 146 no se opone a la Constitución. Lo anterior, puesto que es
incorrecto el argumento conforme al cual en lugar de cámaras en los medios de
transporte público masivo pueden acudirse a los agentes encubiertos. En efecto
“[l]as cámaras hacen el mismo papel que los ojos de los agentes encubiertos
y si estos son considerados legales por los demandantes, no hay razón para
alegar que los ojos de la cámara son ilegales”. En esa medida, consideró
que las cámaras no se encuentran encubiertas y pueden ser útiles para prevenir
la comisión de delitos.
119.      La
Universidad de Caldas sostuvo que la instalación de sistemas de video
vigilancia en transporte público terrestre como los taxis es abiertamente
desproporcionada. El servicio de taxis está ligado a una expectativa de mayor
grado de privacidad que en otros vehículos del transporte público. En cambio,
en el sistema masivo de transporte público es necesario considerar que las
personas que acceden a él asumen que serán observadas y rodeadas de personas,
de forma que, con o sin la existencia de cámaras de vigilancia, las personas se
disuadirán de realizar todo aquello que quisieran hacer si no fueran observadas
por terceros[73].
Con base en estos argumentos, sugieren declarar la exequibilidad condicionada
del parágrafo del artículo 146, para que en los servicios de taxis sea excluido
el mandato de implementar sistemas de video vigilancia[74].
120.      Por
el contrario, la SIC solicitó declarar la inconstitucionalidad de esta
disposición. Esto con fundamento en los mismos argumentos presentados para
solicitar la inexequibilidad del artículo 237.
121.      La
Alcaldía de Tunja consideró que el aparte demandado debe declararse
inexequible. Si bien la medida tiene un fin legítimo como lo es garantizar la
seguridad de las personas y los bienes, la medida no resulta proporcional por
la injerencia que tiene en la realización de las actividades de los individuos
y en su intimidad. Así las cosas, señaló que incluso, frente a la instalación
de cámaras en las instituciones educativas, la Corte ya había considerado que
ese “no es el único mecanismo efectivo para mantener la disciplina y evitar
la violencia entre los alumnos o los daños al establecimiento (…) su presencia
implica una medida desproporcionada”[75]. En
consecuencia, concluyó que las cámaras de vigilancia no solo vulneran el
derecho a la intimidad, sino que inhiben comportamientos de las personas
afectando, con ello, su libre desarrollo de la personalidad[76].
122.      La
Universidad del Rosario solicitó a la Corte declarar inexequible la norma en
cuestión[77].
Lo anterior, tras considerar que esta norma vulnera el derecho a la intimidad,
dado que las cámaras no solo graban actuaciones delictivas sino todas las
actividades que realizan las personas[78].
En este sentido, consideró que al hacer uso del servicio público de transporte
masivo los ciudadanos estarían otorgando un consentimiento tácito respecto del
tratamiento de su información. Por ello, destacó que debe precisarse que los
datos recolectados se someterán a la Ley 1581 de 2012 para así fijar el tiempo
de conservación de la información, las obligaciones del tratamiento y las
personas entre las cuales puede circular.
123.      La
Fundación Karisma y la FLIP solicitaron a la Corte declarar la inexequibilidad
de la norma demandada. Según la primera, la proliferación de las cámaras tiene
un efecto intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión
de las personas. La segunda, por su parte, aclaró que esta norma “vulnera el
derecho fundamental a la intimidad y, en consecuencia, la libertad de expresión
y el libre desarrollo de la personalidad”.
124.      Por
último, la ANDI solicitó a la Corte declararse inhibida respecto de los cargos
presentados contra este artículo. Sostuvo que el planteamiento de la demanda en
relación con la instalación de cámaras afirma que la medida no es adecuada a
partir de consideraciones muy generales. En adición a ello, resaltó la
existencia de una contradicción dado que, por un lado, los demandantes
sostienen “que las cámaras de vigilancia son inadecuadas para prevenir
actuaciones delictivas” y, al mismo tiempo, indican que tales cámaras “conceden
la capacidad de inhibir comportamientos legítimos”. En una dirección
diferente, un argumento coherente conduciría a señalar “que si las cámaras
de vigilancia no pueden lo más, esto es, prevenir conductas ilegales, tampoco
pueden lo menos, esto es, inhibir comportamientos legítimos”.
125.      Los
principales argumentos de los intervinientes se resumen a continuación:
Argumentos
principales frente al cargo contra el inciso primero, parágrafo 2° del
artículo 146 de la Ley 1801 de 2016
Exequibilidad
1.
Los
sistemas masivos de transporte carecen de una expectativa especial de
intimidad, por lo que las acciones policiales de control y la vigilancia no
requieren superar un estándar específico de necesidad y proporcionalidad,
sino que es suficiente que resulte legítimo.
2.
Los
sistemas masivos de transporte público son lugares más públicos, lo que
permite intervenciones más fuertes de las autoridades de policía.
3.
La
implementación de cámaras de vigilancia dentro de los vehículos de transporte
público masivo supera un examen proporcionalidad. La medida persigue un
propósito constitucionalmente legítimo relativo a la seguridad de los
usuarios; es idónea y adecuada en tanto cumple una función disuasoria y puede
contribuir a la investigación y sanción de las faltas penales o policivas que
allí se cometan; y es necesaria al considerar que otras medidas propuestas no
tienen el mismo grado de efectividad.
Exequibilidad Condicionada
Es
necesario un condicionamiento del parágrafo 2 de este artículo con el fin de
que los servicios de taxis sean excluidos del mandato de implementar sistemas
de video. Lo anterior, pues el servicio de taxis está ligado a una
expectativa de mayor grado de privacidad que en otros vehículos del
transporte público.
Inexequibilidad
1.
Si
bien la medida tiene un fin legítimo como garantizar la seguridad de las
personas y los bienes, la medida no resulta proporcional. Las cámaras de
vigilancia vulneran el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad.
2.
Los
ciudadanos, al hacer uso de los sistemas masivos de transporte público,
estarían otorgando un consentimiento tácito respecto del tratamiento de su
información. Ello significa que debe precisarse que los datos recolectados se
someterán a la Ley 1581 de 2012.
Declaración de inhibición
Existe
una contradicción en la demanda dado que se sostiene por un lado, “que las
cámaras de vigilancia son inadecuadas para prevenir actuaciones delictivas”
y al mismo tiempo, indican que tales cámaras “conceden la capacidad de
inhibir comportamientos legítimos”.
(iv)
Consideraciones de la Corte
126.      Esta
Corte ha indicado que la instalación de cámaras de vigilancia en lugares
semiprivados y semipúblicos no resulta, en principio, inconstitucional. Por el
contrario, resulta constitucional siempre y cuando su instalación atienda los
principios de finalidad, necesidad y proporcionalidad. De manera general, los
vehículos de transporte público masivo pueden catalogarse como espacios
semipúblicos, pues se trata de lugares de acceso relativamente abierto en los
que diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar
cierta actividad puntual dentro de un espacio compartido[79].
Según la jurisprudencia de esta Corte, “los espacios semipúblicos, cuentan
con menores limitaciones a las libertades individuales, pero, por lo mismo, hay
mayor tolerancia al control y vigilancia sobre las conductas de las personas
con el fin de evitar y prevenir situaciones de riesgo ya que las repercusiones
sociales son mayores”[80].
En esencia, se trata de lugares en los que la expectativa de privacidad se
reduce, dado que las personas no pueden considerar válidamente que su
actividad se encuentre resguardada absolutamente de la interferencia de otros.
127.      De la
categorización de estos vehículos como espacios semipúblicos se desprende que:
(i) la restricción del derecho a la intimidad como resultado de la instalación
de cámaras de vigilancia es, en principio, leve, en tanto la expectativa de
privacidad se reduce si se compara, por ejemplo, con los espacios semiprivados
o privados; y (ii) correlativamente, debe existir una mayor tolerancia al
control y vigilancia en estos espacios. El reconocer que el derecho a la
intimidad no es absoluto y admite limitaciones no exime al juez constitucional
de garantizarlo y, por lo tanto, de evaluar la razonabilidad de las
restricciones que se pretendan imponer. En esa medida, teniendo en cuenta que
en el presente caso se evidencia una restricción (así sea leve) al derecho a la
intimidad, la Corte considera necesario recurrir a la realización de un test de
proporcionalidad, para determinar la constitucionalidad de la norma en
cuestión, toda vez que se encuentran en tensión el derecho a la intimidad, por
una parte, y la garantía del interés general y el mantenimiento del orden
público, por la otra.
128.      La
jurisprudencia de esta Corte ha establecido que, en función de su intensidad,
el juicio de proporcionalidad puede ser débil, intermedio o estricto. Sobre
este aspecto, en la sentencia C-115 de 2017 este tribunal caracterizó cada uno
de estos juicios de la siguiente manera:
“39. El juicio
de proporcionalidad de intensidad estricta exige verificar,
previamente, (i) persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, urgente
o inaplazable. Una vez ello se establece, debe determinarse si tal medio
resulta (ii) efectivamente conducente, (iii) necesario y (iv) proporcionado en
sentido estricto. Se trata de una revisión rigurosa de la justificación de la
medida juzgada y se aplica, entre otros casos, en aquellos en los que la medida
supone el empleo de categorías sospechosas, afecta a grupos especialmente
protegidos, o impacta el goce de un derecho constitucional fundamental.
40. El juicio
de proporcionalidad de intensidad intermedia exige establecer, en un
primer momento, si la medida (i) se orienta a conseguir un propósito
constitucionalmente importante. Una vez ello se comprueba, debe establecerse si
resulta (ii) efectivamente conducente para alcanzar dicho propósito. El examen
intermedio ha sido aplicado por la Corte en aquellos casos en los que la medida
acusada se apoya en el uso de categorías semisospechosas, afecta el goce de un
derecho constitucional no fundamental o constituye un mecanismo de
discriminación inversa.
41. El juicio
de proporcionalidad de intensidad débil impone determinar,
inicialmente, si la medida (i) persigue una finalidad constitucional legítima o
no prohibida por la Constitución. En caso de ser ello así, se requiere además
establecer si (ii) el medio puede considerarse, al menos prima facie, como
idóneo para alcanzar la finalidad identificada. La Corte ha considerado
pertinente aplicar este juicio cuando se juzgan, entre otras, medidas adoptadas
en desarrollo de competencias constitucionales específicas o de naturaleza
tributaria o económica”.
129.      En el
presente caso, teniendo en cuenta que en el marco de la norma demandada: (i)
nos encontramos en el escenario de los espacios semipúblicos en los que el
derecho a la intimidad admite mayores restricciones y excepciones que, por
ejemplo, en los espacios semiprivados o privados; (ii) la norma analizada no
recurre a criterios sospechosos de discriminación, sino a razones objetivas
derivadas de la necesidad de garantizar el interés general y proteger el orden
público; y (iii) la disposición atacada no afecta de manera particular a un
grupo especialmente protegido o a personas en situación de debilidad
manifiesta; la Corte considera necesario adelantar un juico de razonabilidad
intermedia, aclarando, de manera preliminar, que no se está ante una medida
constitucionalmente prohibida[81].
130.      El
parágrafo 2º del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016 establece el deber de
implementar cámaras de vigilancia dentro de los vehículos destinados a la
prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros, so pena de
incurrir en multa e inmovilización del vehículo. En esta medida, se observa que
tiene una finalidad constitucionalmente legítima, consistente en garantizar la
seguridad de las personas y los bienes, buscando evitar la comisión de crímenes
en estos espacios[82].
De manera más precisa, la medida acá estudiada se encuentra orientada a
conseguir un propósito constitucionalmente importante como lo es la prevalencia
del interés general (artículo 1 de la Constitución) y la garantía del orden
público (artículo 2 de la Constitución).
131.      En
adición a esto, la medida analizada resulta conducente para alcanzar dicho
propósito, pues es evidente que tienen un efecto disuasorio frente a las
actividades delictivas, contribuyendo a la investigación y sanción de las
faltas penales o policivas que se llegasen a cometer. Sobre este punto, la
Corte ha sido enfática en señalar la instalación de cámaras “reduce la
posibilidad de cometer delitos, por cuanto, al estar el espacio respectivo bajo
vigilancia, resulta más complejo la perpetración de una conducta punible”[83].
132.
La
instalación de cámaras de video vigilancia en espacios públicos que se integran
a circuitos cerrados de televisión (“CCTV”) controlados y monitoreados
por autoridades públicas constituye una herramienta para la prevención y
persecución del delito. Actualmente existen cámaras de video vigilancia y CCTV
instalados en las principales ciudades del mundo[84]. En
Colombia, estos sistemas han venido siendo instalados en varias ciudades del
país[85].
Estos sistemas de vigilancia pueden ser masivos o selectivos. Los sistemas de vigilancia
masiva son aquellos que involucran la vigilancia indiscriminada y monitoreo
constante de grupos significativos de personas[86].
La vigilancia selectiva por su parte es aquella que es dirigida a un
grupo determinado de personas[87].
133.
La
“video vigilancia” es un término amplio que se refiere, en términos generales,
a la observación remota de ambientes y actividades[88]. Los
CCTV son un tipo de video vigilancia que se definen como un conjunto de
componentes directamente entrelazados, compuesto de una o varias cámaras de
vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, los cuales
reproducen imágenes capturadas que crean un circuito de imágenes. Estas
imágenes pueden ser almacenadas en medios analógicos o digitales[89]. Se
les denomina circuito cerrado porque a diferencia de la televisión tradicional,
estos solo permiten un acceso limitado y restringido del contenido de las
imágenes a algunos usuarios. En el caso de los CCTV utilizados para vigilancia pública
masiva, es usual que el control y monitoreo del contenido de las imágenes e
información captada esté a cargo de una autoridad pública.
134.      En
vista de lo anterior, para la Corte resulta claro que lo dispuesto por el
parágrafo 2º del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016 resulta ajustado a la Constitución,
por cuanto contiene una restricción razonable y proporcional al derecho a la
intimidad. Asimismo, la Corte observa que la medida contenida en el aparte
demandado tiene un impacto meramente incidental en otros derechos como el libre
desarrollo de la personalidad, el cual resulta razonable frente a la finalidad
legítima de preservar la prevalencia del interés general y garantizar el orden
público. Sin perjuicio de esto, la Sala considera necesario recalcar que el
régimen de habeas data contenido en la Ley 1581 de 2012 resulta
plenamente aplicable a la recolección, uso y tratamiento de los datos captados
a través de las cámaras instaladas en estos vehículos. Lo anterior, teniendo en
cuenta que este régimen aplica a: (i) “cualquier información vinculada o que
pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”
(artículo 1 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012); y (ii) todas las personas,
compañías u organizaciones que recolectan datos personales, ya sea en calidad
de Responsables[90]
o Encargados del Tratamiento[91]
de datos personales (artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012). En
consecuencia, es evidente que, en todo momento, deberá respetarse lo
establecido por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en especial en lo referente a
los principios consagrados en su artículo 4º.
135.      Con
base en las anteriores consideraciones, la Corte declarará la
exequibilidad simple del inciso primero del parágrafo 2º del artículo 146 de la
Ley 1801 de 2016.
Cargos No.
5 y 6 e integración normativa -La Sala Plena declarará la exequibilidad
condicionada del artículo 237 del Código de Policía por la violación del derecho
al habeas data (artículo 15 de la Constitución)
(i)
Alcance
del cargo
136.
De
conformidad con lo ya mencionado en esta sentencia, la Sala
consideró necesario realizar una integración normativo respecto de todo el
contenido del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016. En esa medida, la Corte
analizará la constitucionalidad de todo el contenido normativo de este artículo,
el cual es el siguiente:
“Artículo
237. Integración de sistemas de vigilancia. La
información, imágenes, y datos de cualquier índole captados y/o almacenados por
los sistemas de video o los medios tecnológicos que estén ubicados en el
espacio público, o en lugares abiertos al público, serán considerados como
públicos y de libre acceso, salvo que se trate de información amparada por
reserva legal.
Los
sistemas de video y medios tecnológicos, o los que hagan sus veces, de
propiedad privada o pública, a excepción de los destinados para la Defensa y
Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio público, áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público, se enlazará de manera permanente o temporal a la red que para tal
efecto disponga la Policía Nacional, de acuerdo con la reglamentación que para
tal efecto expida el Gobierno nacional.
Parágrafo. En tratándose de
sistemas instalados en áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo
privados trasciendan a lo público, se requerirá para el enlace a que hace
referencia el presente artículo, la autorización previa por parte de quien
tenga la legitimidad para otorgarla” (subrayado por fuera del texto
original).
137.
De
manera general, los demandantes consideran que esta disposición es contraria a
la Constitución pues desconoce el derecho al habeas data al establecer
el libre acceso a información, imágenes y datos de cualquier índole captados
y/o almacenados. Señalan que no resultaba necesario que el legislador cambiara
la naturaleza de la información o datos así recopilados, ya que existía un
medio alternativo menos restrictivo previsto en el numeral 1° del artículo 10
de la Ley 1581 de 2012, al disponer que, en ejercicio de sus funciones, las
entidades administrativas podrán requerir tal información sin que se requiera
la autorización del titular de los datos. La disposición acusada, según los
demandantes, tiene el efecto de atribuir poder informático a todos los ciudadanos,
lo cual implica un riesgo que hace posible el profiling y el
seguimiento. Asimismo, frente a este artículo, los demandantes consideran que
esta
disposición es contraria a la Constitución pues, si bien la seguridad y
convivencia son un objetivo legítimo, el enlace de las cámaras de propiedad
privada y pública a la red de la Policía Nacional constituye un mecanismo de
vigilancia masiva que tiene una injerencia sistemática y desproporcionada en el
derecho a la intimidad, pudiendo incluso comprender espacios semiprivados y
semipúblicos.
(ii)
Concepto de la Procuraduría General de la Nación
138.      El
Procurador formuló el siguiente problema jurídico: ¿desconoce el habeas data
la determinación legal de tratar como pública la información captada por los
sistemas instalados en el espacio público o lugares abiertos al público? Frente
al anterior interrogante, señaló que la publicación, sin autorización, de datos
sensibles y otros datos personales se encuentra prohibida por la Ley 1581 de
2012, así como su conversión en datos de naturaleza pública de libre acceso.
Por esta razón, solicitó declarar la inconstitucionalidad del inciso primero
del artículo 237 del Código de Policía. Frente al segundo inciso, no encuentra
el Ministerio Público reproche de constitucionalidad, por cuanto (i) la
interconexión materializa el deber de vigilancia estatal en aquellos espacios,
que por tener alguna connotación pública, poseen una expectativa de menor
intimidad; (ii) no es aplicable un juicio de estricta necesidad; (iii) no tiene
por objeto regular las investigaciones penales, por lo que se encuentra sujeto
a obligaciones especiales en esta materia.
(iii)
Intervenciones
139.      Ocho
intervinientes se pronunciaron sobre esta disposición. Cuatro solicitaron que
se declare su exequibilidad; dos solicitaron que se declare su inexequibilidad;
uno advirtió una posible incompatibilidad de la norma con los principios de
derechos humanos reconocidos internacionalmente, y uno le solicitó a la Corte
declararse inhibida respecto de este cargo.
140.      El
Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó declarar exequible esta
disposición, afirmando que el derecho al habeas data no se ve amenazado
por el hecho de que se consideren públicos y, en consecuencia, de libre acceso,
los datos captados en el espacio público o en lugares abiertos al público. Tampoco
amenaza a la intimidad el hecho de que se permita el enlace entre los sistemas
de video entre la Policía Nacional y las áreas comunes, lugares abiertos al
público o privados que trasciendan al ámbito público. Lo anterior pues, en
ambos casos, si se captan datos que correspondan a la categoría de datos
personales, ellos deben protegerse en los términos de la Ley 1581 de 2012[92].
141.      La
Academia Colombiana de Jurisprudencia afirmó que esta disposición no vulnera la
Constitución. Para fundamentar lo anterior, observó que si bien la disposición
establece que las imágenes son públicas y de libre acceso, lo que podría
implicar una violación de la Constitución, la disposición también prevé que
ello ocurre salvo que exista reserva legal. En esa medida, señaló que “[l]o
que corresponde es reglamentar la norma para impedir que esa publicidad pueda
violar el derecho a la intimidad”. A la misma
conclusión debe arribarse respecto del inciso segundo de esa disposición dado
que la utilidad de las cámaras “será mayor si son fácilmente inspeccionadas
en el evento de una posible o real perturbación de la convivencia pacífica”.
En este caso el Gobierno deberá expedir la reglamentación a efectos de dejar a
salvo el derecho a la intimidad, de manera que el examen de las cámaras se
realice únicamente “cuando las circunstancias lo obliguen para prevenir la
perturbación o para suspender la perturbación o para castigar a quienes han
actuado ilegalmente”. Afirmar, como lo hacen los demandantes, que la
policía podría solicitar las grabaciones de los sistemas de video, desconoce
que tales sistemas se emplean de manera principal para la prevención de los
delitos y contravenciones.
142.      En
igual sentido, la ANDI consideró que este contenido normativo es compatible con
la Constitución, si se tiene en cuenta que la Corte ha señalado que el derecho
a la intimidad en espacios públicos se protege de manera diferenciada y puede
ser, en consecuencia, más limitado. Lo anterior, en su concepto, se explica
porque las actuaciones de las personas en esos espacios pueden ir más allá de
la “esfera exclusiva o íntima de las personas”. En adición a ello,
aclaró que el artículo fija una salvedad relativa a la información pública
reservada que, interpretándola conjuntamente con la Ley 1712 de 2014, hace
posible concluir que se extiende a la información pública clasificada,
protegiéndose, en consecuencia, los datos privados y semiprivados.
La
Defensoría del Pueblo afirmó que esta norma es incompatible con la
Constitución. Según la entidad, es cierto, como lo afirman los demandantes, que
“los datos e imágenes de cualquier índole captados y/o almacenados por los
sistemas de video o los medios tecnológicos no pueden considerarse como datos
públicos y de libre acceso”, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional –al establecer los diferentes tipos de datos- y la Ley 1581 de
2012 -al establecer los principios que rigen la administración de datos
personales-. Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que “no pueden
considerarse de manera indiscriminada como datos públicos y mucho menos como de
libre acceso, pues esto supone vulnerar las garantías propias del derecho al
habeas data de los titulares de los datos, el cual se encuentra íntimamente
relacionado con el derecho a la intimidad”. En atención a tal
circunstancia, solicitó a la Corte declarar inexequible la expresión “serán
considerados como públicos y de libre acceso”. La regla que
prevé el artículo 237.2 respecto del enlace de los sistemas de video
intermedios con los sistemas de la Policía Nacional no resulta contraria a la
Constitución. Dado que tal vinculo se debe producir de acuerdo con lo que
establezca el reglamento que adopte el Gobierno Nacional, será allí “donde
se definirán los aspectos relacionados con el tratamiento de la información y
de los datos captados y/o almacenados, así como los sujetos responsables de su
uso y control”. La inexistencia de criterios para el tratamiento y manejo
de la información deberán ser regulados por el Gobierno Nacional.
143.
144.      La
Universidad de Caldas solicitó que el inciso primero del artículo 237 sea
declarado inexequible. Aclaró que esta norma sostiene la transformación de la
naturaleza de los datos personales captados por los sistemas de video
vigilancia a datos públicos y de libre acceso, sin mayor justificación,
afectando con ello el derecho a la intimidad y al habeas data[93]. Asimismo,
debe declararse la inexequibilidad del inciso segundo del artículo 237, por
violación al derecho a la intimidad por tratarse de una medida innecesaria y
desproporcionada, pues se trata de una vigilancia constante e indiscriminada a
las actividades que realizan en la cotidianidad las personas. En adición a
ello, el efecto de la norma es causar la inhibición en las libertades
personales y en el ejercicio del derecho de asociación y de reunión de quienes
están siendo observados. Esta medida viola la Ley Estatutaria de Protección de
Datos por permitir el acceso a información personal sin estar autorizados para
ello ni encontrarse en curso de una investigación judicial[94]. Por
su parte, la Universidad del Rosario solicitó declarar la exequibilidad del
inciso 1° del artículo 237, por cuanto, se establece una clara prescripción de
autorización legal previa.
145.      La
Fundación Karisma consideró que esta norma supone la recolección de datos que
permiten reconstruir el perfil de una persona (perfilamiento o profiling),
afectando la dignidad en la medida en que el procesamiento de la información
tiene como finalidad la predicción de aspectos de la personalidad asociados con
la salud, la situación económica, el desempeño laboral, los intereses
personales y los movimientos, entre otros. Señaló que el perfilamiento, si se
usa arbitrariamente, se convierte en una herramienta para la discriminación, la
incriminación criminal, la intimidación y la intromisión en la vida privada[95].
Agregó que las cámaras de video vigilancia, si son de alta precisión, pueden
contribuir al perfilamiento, en la medida en que pueden recolectar datos
biométricos y otra información personal. Sumado a esto, destacó que la
proliferación de las cámaras tiene un efecto intimidante e inhibidor para el
ejercicio de la libertad de expresión de las personas. Por lo tanto, solicitó
declarar esta norma inconstitucional. En el mismo sentido, la FLIP reconoce que
la disposición demandada vulnera el derecho fundamental a la intimidad, y en
consecuencia, a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad.
146.      Privacy
International estudió el contenido normativo de esta norma y advirtió una
potencial incompatibilidad de la norma con los principios de derechos humanos
internacionalmente reconocidos, especialmente, cuando la policía recauda datos
personales o realiza vigilancia en lugares públicos[96].
147.      Finalmente,
el MinTIC solicitó a la Corte declararse inhibida para conocer de los cargos
presentados contra esta norma. Fundamentó su solicitud en que la acusación
propuesta no cumple las condiciones de pertinencia, especificidad y
suficiencia. En su concepto, el punto de partida del cargo parece consistir en
que el artículo demandado cambió la naturaleza de los datos captados o
almacenados en sistemas de video o medios de vigilancia ubicados en espacios
públicos, por cuanto la regulación habría previsto que se trata de datos públicos,
a pesar de que ellos deberían ser considerados privados o semiprivados. Tal
consideración, según este Ministerio, no es explicada de manera adecuada en la
demanda.
148.      En
adición a ello, aclaró que, con apoyo en la sentencia C-881 de 2014, debe
considerarse que los datos captados en el espacio público no tienen el mismo
grado de protección de aquellos que son captados en espacios privados, de
manera que el legislador se encuentra habilitado para definir que se trata de
datos de naturaleza pública.
149.      Las
intervenciones pueden resumirse en los siguientes términos:
Argumentos principales frente al
cargo contra el artículo 237 de la Ley 1801 de 2016
Exequibilidad
La
disposición fija la salvedad relativa a los escenarios en los que exista
reserva legal. Por lo tanto, “[l]o que corresponde es reglamentar la norma
para impedir que esa publicidad pueda violar el derecho a la intimidad”.
Inexequibilidad
1.
La
conversión de datos sensibles y otros datos personales en datos de naturaleza
pública de libre acceso se encuentra prohibida por la Ley 1581 de 2012.
2.
La expresión “serán considerados como públicos
y de libre acceso” debe ser declarada inexequible, pues resulta inconstitucional
considerar los datos de manera indiscriminada como datos públicos y de libre
acceso. Esto resulta en una afectación al derecho al habeas y al
derecho a la intimidad.
Inhibición
La
acusación propuesta no cumple las condiciones de pertinencia, especificidad y
suficiencia. La consideración de que el inciso primero cambió la naturaleza
de los datos captados o almacenados en sistemas de video o medios de
vigilancia ubicados en espacios públicos, no es explicada en la demanda.
(iv)       Consideraciones
de la Corte
150.      El artículo 237
de la Ley 1801 de 2016 establece que la información captada
y/o almacenada por los medios tecnológicos que estén ubicados en el espacio
público o en lugares abiertos al público serán considerados como públicos y de
libre acceso, salvo que se trate de información amparada por reserva legal. Por
otra parte, señala que los sistemas de video y medios tecnológicos, o los que
hagan sus veces, de propiedad privada o pública, a excepción de los destinados
para la Defensa y Seguridad Nacional, que se encuentren instalados en espacio
público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados
trasciendan a lo público, se enlazarán de manera permanente o temporal a la red
que para tal efecto disponga la Policía Nacional, de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Asimismo,
frente a este enlace, determina que, tratándose de sistemas instalados en áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público, se requerirá la autorización previa por parte de quien tenga la
legitimidad para otorgarla.
151.      En primer lugar,
la Corte encuentra que, atribuir la condición de pública a la información,
datos o imágenes captados por cámaras instaladas en espacios públicos, supone
una generalización de los datos o imágenes –la de público, sin considerar el
contenido que se obtiene. En otras palabras, si bien podría considerarse que,
como regla general, los datos captados en espacios públicos o semipúblicos son,
en esencia, públicos, existe la posibilidad de que la información allí captada
pueda ser semiprivada, privada o reservada, por lo que permitir su libre acceso
podría contravenir los postulados de la Constitución y la Ley 1581 de 2012. En
esa media, si bien la calificación de la información captada en los espacios
públicos y semipúblicos como pública podría sugerir la necesidad de declarar la
inconstitucionalidad del artículo, la Corte considera que, teniendo en cuenta
que: (i) la autorización de captación y almacenamiento de aquello que ocurre en
espacios públicos o semipúblicos resulta conducente para contribuir con la
finalidad de darle prevalencia del interés general y la garantía del orden
público permitiendo enfrentar e investigar la comisión de crímenes y las
alteraciones de la convivencia[97]; (ii)
en los espacios públicos y semipúblicos a los que se refiere la norma se
permiten mayores interferencias frente a los derechos; y (iii) en estos
espacios la expectativa de privacidad se reduce; se debe optar en este caso por
dar aplicación al principio de armonización concreta, con el propósito
de guardar la integridad de la Constitución y, al mismo tiempo, reconocer las
competencias del legislador a efectos de regular una materia especialmente
compleja.
152.      Por otra parte,
respecto del enlace de los sistemas de video y medios tecnológicos con la red
que para tal efecto disponga la Policía Nacional, la Corte es consciente que la
medida podría generar afectaciones al derecho a la intimidad, especialmente
cuando los sistemas enlazados se encuentren instalados en áreas comunes,
lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. En
esa medida, podría igualmente considerarse que esta disposición es
inconstitucional, por cuanto tiene una injerencia sistemática en el derecho a
la intimidad de un número ilimitado de personas. Sin perjuicio de esto,
teniendo en cuenta que: (i) el enlace con la red de la Policía Nacional persigue
la finalidad de garantizar la seguridad, dándole prevalencia al interés general
y garantizando el orden público; y (ii) cuando se trate de áreas comunes,
lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, en
donde existe una mayor expectativa de privacidad, la misma norma establece que
se requerirá la autorización previa por parte de quien tenga autorización para
otorgarla; se debe
optar igualmente aplicar el principio de armonización concreta.
153.      En esta
dirección, la Sala Plena considera que resulta posible
materializar tal armonización cuando se interpreta la norma impugnada
conjuntamente con el régimen constitucional y legal de protección de datos
personales contenido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la Ley Estatutaria
1266 de 2008, así como con las reglas fijadas por la jurisprudencia en relación
con los diferentes tipos de información. Como fue analizado en la sección E de
esta sentencia, la información, que es tratada como dato personal[98], puede ser
catalogada como pública, semiprivada, privada y reservada (sensible)[99]. Su
tratamiento debe sujetarse a los contenidos del derecho al habeas data
y, en particular, a los principios señalados en el artículo 4º de la Ley Estatutaria
1581 de 2012, entre los que se destacan el principio de libertad[100] y
finalidad[101].
154.      Si bien el
principio de libertad se predica del tratamiento de todos los datos personales
(incluidos los públicos), este resulta particularmente relevante en aquellos
ámbitos en donde para su tratamiento es indispensable contar con el
consentimiento de su titular. En ese sentido, mientras el artículo 9º de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 señala que, salvo las excepciones previstas en la ley,
el tratamiento de datos requiere “la autorización previa e informada del
titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto
de consulta posterior”, el artículo 10° de la misma norma establece cinco
(5) casos en los que la autorización del titular no es necesaria[102]. En consecuencia,
resulta claro que, salvo que medie mandato legal o judicial que releve de la
necesidad de obtener el consentimiento por parte de su titular, la autorización
para que los datos personales sean susceptibles de tratamiento debe ser previa,
expresa y suficiente.
155.      En relación con
lo anterior, vale la pena destacar que, según la Superintendencia de Industria
y Comercio[103],
el consentimiento se puede manifestar por escrito, de forma oral o mediante
conductas inequívocas[104]. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las señales o avisos
informando a los titulares de los datos personales sobre la grabación deben ser
visibles, legibles y no eximen del cumplimiento de las demás obligaciones
contempladas en el Régimen General de Protección de Datos Perosnales para los
Responsables y Encargados. Igualmente, estos avisos deberán cumplir, como
mínimo, con el contenido de un aviso de privacidad, esto es: (i) incluir
información sobre quién es el responsable del tratamiento y sus datos de
contacto; (ii) indicar el tratamiento que se dará a los datos y la finalidad
del mismo; (iii) incluir los derechos de los titulares; y (iv) indicar dónde
está publicada la Política de Tratamiento de la Información. Sin perjuicio de
esto, como fue mencionado en esta decisión, la jurisprudencia ha admitido que,
en ciertos casos, la rigidez del principio de libertad pueda ceder ante la
necesidad de cumplir con un fin constitucional superior, flexibilizándolo para
armonizarse con el principio de finalidad y siempre con arreglo al principio de
necesidad. Así, por ejemplo, ocurre en el caso de los sistemas de video y
medios tecnológicos destinados para la Defensa y Seguridad Nacional, en los que
no serán necesarias las exigencias anteriormente mencionadas.
156.       Por otra parte, toda
vez que según lo dispuesto por el literal c) del artículo 3º de la Ley 1581 de
2012, las imágenes, sonidos o conversaciones que son captados por cámaras de
vigilancia o sistemas tecnológicos son, en general, datos personales, su
tratamiento debe sujetarse a los contenidos del derecho al habeas data.
En esa medida,
los responsables y encargados del tratamiento de datos deben: (i) implementar
sistemas de video vigilancia sólo cuando sea necesario para el cumplimiento de
la finalidad propuesta, respetando los derechos fundamentales; (ii) limitar la
recolección de imágenes a la estrictamente necesaria para cumplir el fin
específico previamente concebido; (iii) informar a los titulares acerca de la
recolección y demás formas de tratamiento de las imágenes, así como la
finalidad del mismo; (iv) conservar las imágenes sólo por el tiempo
estrictamente necesario para cumplir con la finalidad del sistema de
videovigilancia; (v) inscribir la base de datos que almacena las imágenes en el
Registro Nacional de Bases de Datos; (vi) suscribir cláusulas de
confidencialidad con el personal que accederá a los sistemas de video vigilancia;
(vii) solicitar y conservar prueba de la autorización de los titulares para el
tratamiento de sus datos perosnales; y (viii) no instalar sistemas de video
vigilancia en lugares donde la recolección de imágenes y, en general, el
tratamiento de estos, pueda afectar la imagen o la vida privada e íntima de las
personas.
157.      En
vista de todo lo anterior, la Corte considera necesario condicionar el contenido
del artículo 237 de la Ley Estatutaria 1801 de 2016. En este sentido, debido a
que existe un fin legítimo asociado con el objeto de la norma, consistente en proteger
el interés general y garantizar el orden público, no se puede proscribir la
misma, en la medida que su finalidad está asociada a la prevención del crimen y
la promoción de la seguridad jurídica. Lo anterior, admite que si bien podría
afectarse eventualmente el comportamiento de las personas y su expectativa de
privacidad en los sitios señalados por la norma demandada, no se puede
desconocer el beneficio en materia de seguridad, interés general y protección
del orden público. Por esta razón, la Corte aclara que la captación y/o
almacenamiento de información, datos o imágenes a los que se refiere la norma
acusada deberá ceñirse en todo momento a los principios establecidos en la Ley
1581 de 2012, en especial, la determinación del tiempo de conservación de la
información, las obligaciones de tratamiento de la misma, y las personas entre
las cuales se puede circular. Asimismo, en el marco de la respectiva
regulación, se deberán especificar las formas y los términos en los que se
llevará a cabo el tratamiento de la información, para que no afecte el derecho
al habeas data. De este modo, su uso debe seguir una serie de principios
y garantías adscritas al derecho al habeas data reconocido en el
artículo 15 de la Carta Política. Estos principios, y declarados ajustados a
los mandatos constitucionales en la sentencia C-1011 de 2008[105], son
los siguiente:
(i)
Principio
de legalidad: El tratamiento de datos es una actividad reglada
que debe sujetarse a lo establecido en las disposiciones legales aplicables y
en las demás disposiciones que la desarrollen.
(ii)
Principio
de finalidad y utilidad: De la relevancia en el día a día de su
aplicación de fijar límites al tipo de información que pueda ser captada[106],
esto es debe obedecer a un fin constitucionalmente legítimo. En consecuencia,
se considerará que la expresión “libre acceso” conlleva a que la información
pública podrá ser conocida por autoridades públicas en los casos en los que tal
información sea útil para la realización de los propósitos identificados.
(iii)
Principio
de libertad: Las actividades de registro y
divulgación de los datos personales sólo pueden ejercerse con el consentimiento
libre y previo del titular de esa información.
(iv)
Principio
de transparencia: El tratamiento debe garantizarse el
derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado
del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca
de la existencia de datos que le conciernan.
(v)
Principio
de acceso y circulación restringida: Se debe
prohibir la divulgación indiscriminada de datos personales. Las actividades de
recolección, procesamiento y divulgación de información personal deben estar
sometidas a los límites específicos determinados por el objeto de la base de
datos, y sujetarse a principios de confidencialidad, inviolabilidad y reserva.
(vi)
Principio
de necesidad: La necesidad de limitar, con fundamento en los
principios de finalidad, necesidad y circulación restringida, los objetivos que
pueden perseguir tales actividades y los sujetos entre los que pueden circular.
De esta forma, la base de datos debe identificar de forma clara, expresa y
suficiente el propósito de la recolección y tratamiento de datos, por cuanto,
la información personal concernida debe ser aquella estrictamente necesaria
para el cumplimiento de los fines de la base de datos.
(vii)
Principio
de seguridad y confidencialidad: La información sujeta a
tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a
que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas,
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los
registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento. Todas las personas que intervengan en el tratamiento
de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a
garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su
relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda
al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los
términos de la misma.
(viii)
Principio
de caducidad: Se debe prohibir la conservación indefinida de
datos personales, después de que hayan desaparecido las causas que justificaron
su acopio y administración.
Por consiguiente, las imágenes, sonidos
o conversaciones de las personas que son captados por cámaras de vigilancia u
otros sistemas tecnológicos son, en general, datos personales cuyo tratamiento
debe sujetarse a los contenidos del derecho al habeas data. De esta
forma, en términos generales, los responsables del tratamiento de los datos
deben obligarse a respetar el carácter lícito y leal de la recopilación y el
tratamiento automatizado de los datos personales, las finalidades legítimas de
la grabación y del registro, la limitación de la conservación de estas imágenes
a un plazo estrictamente necesario, el carácter adecuado y no excesivo del
sistema respecto a los objetivos que se persiguen, así como la pertinencia de
los datos y la obligación de actualizarlos. De esta misma forma, deben
propender por proscribir el tratamiento de datos personales, y garantizar,
asimismo, el derecho que tienen las personas a conocer la información sobre
ellas almacenada y de exigir, en su caso, las rectificaciones que sean
precisas.
158.      Por
lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 237 de la Ley
1801 de 2016, por el cargo analizado, en el entendido de que el manejo y
tratamiento de información, datos e imágenes captados y/o almacenados a través
de sistemas de video o medios tecnológicos que estén ubicados o instalados en
el espacio público, en lugares abiertos al público, en zonas comunes o en
lugares privados abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público, deberán observar los principios de legalidad, finalidad, libertad,
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad y
caducidad, en
los términos del numeral 157 de esta providencia.
Resalta la Corte que los jueces y tribunales ordinarios tienen un importante
papel porque son los encargados de efectuar, si se produce algún conflicto, un
juicio de ponderación en cada caso concreto, valorando si deben prevalecer los
derechos de los afectados o el derecho del titular del local o espacio de
acceso público a instalar estos instrumentos audiovisuales. En dicho juicio se
toman diversos criterios en consideración, como son, por ejemplo, la
temporalidad o el carácter permanente de la observación, si las cámaras son
fijas o móviles, la calidad de resolución de las imágenes captadas por ellas,
la zona concreta de ubicación de las mismas, los espacios prohibidos a la
videovigilancia, etc.
G.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
159.      Le correspondió a la Corte estudiar la demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 32, 95 (parcial), 139 (parcial), 146
(parcial) y 237 (parcial) de la Ley 1801 de 2016. Tras analizar la
aptitud sustantiva de la demanda, la Corte resolvió inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de los cargos elevados
contra (i) el numeral 8º del artículo 95 de la Ley 1801 de 2016; y (ii) el
artículo 139 de la Ley 1801 de 2016, por no evidenciar cumplidos los requisitos
señalados en la jurisprudencia constitucional.
160.      En relación con el artículo 32 del Código de Policía, señaló
la Corte que no se vulnera la Constitución. Lo anterior, por cuanto, de una
lectura del primer inciso del artículo 32 en conjunto con los numerales 1° y 2°
que establecen los lugares que no se consideran privados, se debe concluir que
según la jurisprudencia de la Corte el derecho a la intimidad protege un “espacio
personal ontológico” o un “espacio del libre desarrollo de la
personalidad” y por tanto existe una exigencia mínima de respeto al derecho
a la intimidad que se predica en todos los ámbitos y en todos los espacios
(públicos, semipúblicos, semiprivados y privados).
161.      En
cuanto al inciso primero del parágrafo segundo del artículo 146 del Código de
Policía, la Corte concluyó que la disposición demandada no
vulnera la Constitución. Lo anterior, por cuanto si bien la instalación de
cámaras de vigilancia en vehículos de transporte público masivo genera una
restricción leve al derecho a la intimidad, ésta se encuentra justificada por
la finalidad legítima que persigue (prevalencia del interés general y garantía
del orden público), cumpliendo con los requisitos de razonabilidad y
proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. En todo caso,
recordó que la captación y almacenamiento de la información, imágenes y datos a
través de las cámaras de vigilancia instaladas en los vehículos destinados a la
prestación del servicio público de transporte masivo, deberá sujetarse a
lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia de protección de
datos personales.
162.      En relación con el artículo 237 del Código de Policía, a
efectos de ejercer debidamente el control de constitucionalidad y dar una
solución integral a los problemas planteados por los demandantes, la Corte
consideró necesario hacer uso de la integración normativa, de modo que los
incisos demandados fueran estudiados en conjunto con lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 237 del Código de Policía. Sobre el particular, la Corte
encontró que la naturaleza de la información captada por las
cámaras no depende del lugar en que estas son instaladas. Por lo tanto, la
disposición demandada, al referirse al manejo y
tratamiento de información, datos e imágenes captados y/o almacenados a través
de sistemas de video o medios tecnológicos que estén ubicados o instalados en
el espacio público, en lugares abiertos al público, en zonas comunes o en
lugares privados abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público, resulta problemática. Lo anterior, en
la medida que, la Constitución prohíbe, en general, la existencia de sistemas
de vigilancia que tengan por objeto o como efecto anular el derecho a la
intimidad, desconocer el derecho al habeas data o impedir el ejercicio
de las libertades constitucionalmente protegidas.
163.      En
consecuencia, indicó que, con el propósito de guardar la integridad de la
Constitución y, al mismo tiempo, reconocer las competencias del legislador se
debía realizar una armonización concreta de lo previsto en
el artículo 237 del Código de Policía. Dicha armonización supuso interpretar la
norma impugnada conjuntamente con el régimen constitucional y legal de
protección de datos personales, así como con las reglas fijadas por la
jurisprudencia constitucional en relación con los diferentes tipos de
información. Al interpretar las tensiones que se presentan entre los diferentes
derechos y la finalidad legítima que persigue la norma demandada, a saber,
prevalencia del interés general y garantía del orden público, concluyó la Corte que el manejo y tratamiento de información,
datos e imágenes captados y/o almacenados a través de sistemas de video o
medios tecnológicos que estén ubicados o instalados en el espacio público, en
lugares abiertos al público, en zonas comunes o en lugares privados abiertos al
público o que siendo privados trasciendan a lo público, deberá observar los
principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y
circulación restringida, seguridad y confidencialidad y caducidad. Por lo que
la Sala Plena declaró la exequibilidad condicionada en este sentido.
III.
DECISIÓN
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos en el expediente de la referencia,
decretada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 305 del 21 de
junio 2017.
SEGUNDO.-
INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo,
por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto de los cargos formulados contra
(i) el numeral 8º del artículo 95 de la Ley 1801 de 2016; y (ii) el artículo
139 de la Ley 1801 de 2016.
TERCERO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 32 de la Ley 1801 de
2016, por el cargo analizado.
CUARTO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso primero, del parágrafo
segundo del artículo 146 de la Ley 1801 de 2016, por los cargos analizados.
QUINTO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo
237 de la Ley 1801 de 2016, por el cargo analizado, en el entendido de que el
manejo y tratamiento de información, datos e imágenes captados y/o almacenados
a través de sistemas de video o medios tecnológicos que estén ubicados o
instalados en el espacio público, en lugares abiertos al público, en zonas
comunes o en lugares privados abiertos al público o que siendo privados
trasciendan a lo público, deberá observar los principios de legalidad,
finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad
y confidencialidad y caducidad, en los términos del numeral 157 de esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Presidente
Con salvamento parcial de voto
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
Con impedimento aceptado
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-094/20
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Clasificación de la
información/CLASIFICACION DE LA INFORMACION-Finalidad (aclaración de voto)
DERECHO A LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA-Relación (aclaración de voto)
DERECHO A LA INTIMIDAD-Concepto
y desarrollo jurisprudencial (aclaración de voto)
DERECHO AL HABEAS
DATA-Contenidos mínimos (aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-11902.
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 32, 95 (parcial), 139
(parcial), 146 (parcial) y 237 (parcial) de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual
se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación, presento las razones que me llevaron a aclarar el voto en
la Sentencia C-094 de 2020, adoptada por la Sala Plena de esta
Corporación, en sesión del 3 de marzo de este mismo año.
1. El
objeto de la aclaración está relacionado con el enfoque del análisis que
adelantó la mayoría de la Sala en relación con la clasificación de la
información captada por sistemas de video y vigilancia como pública y de libre
acceso, y el enlace de dichos sistemas a la red dispuesta por la Policía
Nacional. En concreto, estas disposiciones se examinaron de manera integrada
con respecto a los derechos al habeas data e intimidad con énfasis en el
primero. Sin embargo, a mi juicio, resultaba necesario un análisis diferenciado
frente a cada uno de estos derechos en atención a la relevancia de los
problemas constitucionales que suscitaban las medidas, el carácter autónomo de
los derechos y la necesidad de una mayor claridad en la decisión.
2. En
la sentencia en mención, la Sala Plena estudió 5 cargos de inconstitucionalidad
formulados en contra de diferentes normas del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Los cargos quinto y sexto[107],
se dirigieron en contra del artículo 237 ibídem, el cual: (i) clasifica
la información captada por los sistemas de video o los medios tecnológicos que
estén ubicados en el espacio público, o en lugares abiertos al público, como
pública y de libre acceso, salvo que se trate de información amparada por reserva
legal; (ii) dispone el enlace de los sistemas de video y vigilancia que se encuentren instalados en espacio público, áreas
comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo
público a la red dispuesta por la Policía Nacional; y (iii) precisa que si dichos sistemas están en áreas comunes,
lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público, el
enlace requerirá la autorización previa por parte de quien tenga la legitimidad
para otorgarla. Los demandantes adujeron que estas disposiciones violan
los derechos al habeas data y a la intimidad porque establecen, sin distinción sobre la naturaleza de la
información, el libre acceso a los datos captados por los sistemas de video y
vigilancia; le atribuyen poder informático a todos los ciudadanos, lo cual
conlleva el riesgo de perfilamiento y
seguimiento; y el enlace de las cámaras a la red de la Policía Nacional
constituye un mecanismo de vigilancia masiva que tiene una injerencia
sistemática y desproporcionada en el derecho a la intimidad.
En el
análisis de los cargos descritos, la Sala consideró que la clasificación de la
información cómo pública y de libre acceso desconoce que a través de los
mecanismos de vigilancia puede captarse información de otra naturaleza como
privada y semi privada, y por ende se podría violar la Constitución y la Ley
1581 de 2012. No obstante, advirtió que esta medida busca proteger el interés
general y la garantía del orden público, y que en los espacios públicos y
semipúblicos se permiten mayores restricciones en los derechos y la expectativa
de privacidad se reduce. En consecuencia, estableció la necesidad de aplicar el
principio de armonización concreta para que la medida se ajuste a la Carta[108].
Igualmente,
advirtió que el enlace de sistemas de video y medios tecnológicos con la red
dispuesta por la Policía Nacional, especialmente cuando se encuentren
instalados en áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados
trasciendan a lo público podría afectar el derecho a la intimidad. Sin embargo,
comprobó que este enlace pretende garantizar la seguridad y el orden público; y
que en los lugares en los que existe una mayor expectativa de privacidad la
norma exige la autorización para el enlace. Por lo tanto, también optó por la
aplicación del principio de armonización concreta.
La
Sala adujo que en la medida en que las disposiciones bajo examen comportan un
beneficio en materia de seguridad, privilegian el interés general y son útiles
para la protección del orden público no pueden ser proscritas. Sin embargo,
aclaró que la información recolectada por estos sistemas corresponde a datos
personales y, por ende, en su tratamiento debe respetarse el contenido del
derecho al habeas
data
y
los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, hizo
referencia a la necesidad de consentimiento, el cual puede otorgarse mediante
conductas inequívocas como las que se pueden derivar de señales o avisos
visibles y legibles que informen a los titulares de los datos personales sobre
la grabación[109].
Igualmente,
indicó que el manejo de los datos personales captados por los sistemas de video
y vigilancia genera
los siguientes deberes para los responsables y encargados: (i) implementar
sistemas de video vigilancia sólo cuando sea necesario para el cumplimiento de
la finalidad propuesta; (ii) limitar la recolección de imágenes a la
estrictamente necesaria para cumplir el fin específico previamente concebido;
(iii) informar a los titulares acerca de la recolección, tratamiento y finalidad
de la información; (iv) conservar las imágenes sólo por el tiempo estrictamente
necesario para cumplir con la finalidad del sistema de vigilancia; (v)
inscribir la base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos; (vi)
suscribir cláusulas de confidencialidad con el personal que accederá a los
sistemas; (vii) solicitar y conservar prueba de la autorización de los
titulares para el tratamiento de sus datos personales; y (viii) no instalar
sistemas de video vigilancia en lugares donde la recolección de imágenes y su
tratamiento pueda afectar la imagen o la vida privada e íntima de las personas[110].
Con
base en las consideraciones descritas, el numeral 5º de la sentencia condicionó
el artículo 237 en el sentido de que el manejo y el
tratamiento de información captada a través de los sistemas de video deberá
observar los principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia,
acceso, circulación restringida, seguridad, confidencialidad y caducidad.
3. Tal y como lo anuncié de forma preliminar disiento del
enfoque del examen adelantado por la mayoría de la Sala sobre los cargos
formulados en contra del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016. La síntesis de la
decisión, descrita previamente, demuestra que el estudio de las censuras se
hizo de forma  integrada con respecto a los derechos al habeas
data
y a la intimidad, y el condicionamiento de la
norma se fundó en los principios de tratamiento de información en bases de
datos. Esta metodología, a mi juicio, no permite establecer con claridad la
respuesta frente a cada uno de los problemas constitucionales y torna confusos
los razonamientos. Por esta razón, considero que el asunto exigía un análisis
específico en el que la Corte efectuara, de un lado, una ponderación más
profunda de las medidas de cara a la intimidad y, de otro, el examen sobre el
manejo de la captación y recolección de los datos bajo la perspectiva del habeas
data.
En concreto, la metodología que a mi juicio debió seguir la
Corte consistía en adelantar, de forma diferenciada, los siguientes pasos en
relación con la clasificación de la información recaudada en el
espacio público, o en lugares abiertos al público
como pública y de libre acceso: (i)
el examen de la clasificación de la información desde la perspectiva de la
intimidad acudiendo a los criterios fijados por la jurisprudencia
constitucional; (ii) a partir de este análisis concluir de forma expresa, como
se anunció tímidamente en la parte motiva, que no toda la información puede ser
considerada como pública y de libre acceso, ya que puede tratarse de
información privada, semiprivada, semipública y pública, de acuerdo con su
relación con la esfera más íntima  de los individuos, y así: (iii) acudir al
principio de armonización concreta a partir de los criterios que se derivan del
derecho a la intimidad. Luego, fijada esta conclusión sobre la naturaleza de la
información evaluar el manejo de los datos recaudados desde una perspectiva de habeas
data y reiterar la necesidad de que se
respeten las garantías constitucionales asociadas al manejo de información en
bases de datos, tal y como se incluyó en la parte resolutiva.
Ahora bien, con respecto al enlace de las cámaras de
seguridad a la red dispuesta por la Policía Nacional se presenta el mismo
problema metodológico anunciado, la Sala adelantó un examen conjunto de los
problemas sobre (i) la afectación a la intimidad que puede implicar el enlace
de sistemas de seguridad en espacios semiprivados o privados que trasciendan a
lo público y (ii) el manejo de la información recaudada a través de los medios
de vigilancia ubicados en esos espacios. Como se advierte se trata de asuntos
distintos y la forma en la que la Sala adelantó el examen llevó a que la
sentencia no brindara una respuesta precisa a cada problema constitucional y
que las medidas de armonización quedaran únicamente anunciadas en la parte
motiva.
En particular, en lo que respecta al enlace de los sistemas
de video y seguridad considero que la metodología que debió adoptar la Sala
consistía en: (i) examinar la medida desde una perspectiva de intimidad,
en concreto, a través de la evaluación de la expectativa de privacidad en
escenarios como áreas comunes o lugares privados que trasciendan a lo público;
(ii) a partir de la expectativa de privacidad y la finalidad de las normas
concluir, como en efecto lo hizo, que el enlace si bien genera una afectación a
la intimidad esta resulta válida constitucionalmente siempre que se adopten
medidas de armonización; (iii) determinadas las condiciones de
constitucionalidad del enlace en este caso se presentaba el problema adicional
de la clasificación de la información recaudada en espacios semiprivados o
privados que trasciendan a lo público, pues el Legislador no la clasificó como
lo hizo con el espacio público. En este punto, debían reiterarse los criterios
generales sobre la naturaleza de la información desde la perspectiva de la
intimidad y con estos criterios fijar las medidas de armonización incluyendo
las señaladas en el fundamento jurídico 156 de la sentencia. Finalmente,
determinada la constitucionalidad del enlace y precisada la naturaleza de la
información recaudada adelantar el examen con respecto al habeas
data
y, en particular, insistir en la necesidad de
que el manejo de los datos se efectúe de acuerdo con los principios derivados
de ese derecho.
4.- Aunque no es imperativo un examen particular frente a
cada una de las disposiciones superiores referidas en los cargos de
inconstitucionalidad considero que, en este caso, sí resultaba necesario un
análisis independiente como el propuesto por tres razones. La primera, por la
magnitud de la discusión constitucional planteada, tanto la clasificación de la
información como pública y de libre acceso como el suministro de información
permanente y vigilancia constante de las autoridades de policía en espacios que
tienen un mayor ligamen a los ámbitos familiares y a la intimidad de los
individuos que el espacio público, suscitan importantes problemas
constitucionales. La segunda, por la autonomía de los derechos a la intimidad y
al habeas
data. La tercera, por pedagogía constitucional, ya que se trata
de  medidas con impacto considerable en la vida cotidiana de gran parte de la
sociedad, razón por la que resultaba necesaria una respuesta más clara con
respecto a la ponderación de la afectación del derecho a la intimidad. En ese
mismo sentido, una distinción de los exámenes le permitía a la ciudadanía y a
los responsables del manejo de la información conocer con mayor precisión en
qué consistieron las medidas de armonización que adoptó la Corte.
5.- En primer lugar, es necesario precisar que los cargos
formulados por los demandantes en contra de las disposiciones previstas en el
artículo 237 del Código Nacional de Policía hacen referencia tanto al derecho a
la intimidad como al habeas data,
y por la relación de estos derechos, la cual abordaré más adelante, no
constituye per se un error de técnica constitucional o un problema
competencial el examen de la violación de forma conjunta. Con todo, considero
que en este caso el alcance de las medidas hacía deseable un análisis
diferenciado.
De un lado, la norma autoriza el enlace permanente de cámaras
de seguridad en lugares como áreas comunes y espacios privados que trasciendan
a lo público a la red de la Policía Nacional. Esta medida tiene un impacto
significativo en la vida y cotidianidad de las personas, particularmente en
escenarios en los que existe una mayor expectativa de privacidad. En
consecuencia, a mi juicio, resultaba necesario un estudio más profundo y
particular sobre la afectación al derecho a la intimidad.
Igualmente, el impacto descrito se refuerza por las
finalidades de las normas de policía, ya que estas disposiciones establecen
medidas dirigidas a regular de manera concreta la interacción de la vida en
comunidad. En ese sentido, la Corte ha reconocido que la Ley 1801 de 2016 fija
reglas para la convivencia y, de esta forma, busca contribuir a la pacificación
de la vida en sociedad. En consecuencia, se trata de un código que está: “centrado
en los elementos que permiten construir unas condiciones usuales y cotidianas
de convivencia en las comunidades. Está pensado en las personas en general,
interesadas en construir un orden social pacífico y no sólo en los infractores
y agresores de los demás.”[111]
De
otro lado, establecer el carácter público y de libre acceso de la información
recaudada en el espacio público tiene un impacto significativo en la conducta y
en la cotidianidad de todas las personas en estos escenarios. Por esta razón,
resultaba deseable un examen no sólo con respecto al manejo de esa información
sino también, de manera diferenciada, un análisis particular y concreto a
partir de los criterios del derecho a la intimidad, la relación de la
información con la esfera más íntima de las personas y las mayores
posibilidades de restricción según el espacio en el que se genera la conducta
del individuo.
En
síntesis, el objeto de las normas previstas en el Código Nacional de Policía y
Convivencia, y su impacto en la vida y en la cotidianidad de todas las personas
constituyen la primera razón por la que, a mi juicio, en este caso resultaba
preciso un examen en los términos descritos en el fundamento 3 de esta
aclaración.
6.- En segundo lugar, considero que el carácter autónomo de
los derechos a la intimidad y al habeas data justificaba un análisis independiente. Para demostrar este
punto haré una referencia general sobre el alcance de los derechos en mención y
reiteraré las razones por las que la jurisprudencia constitucional ha
establecido la necesidad de considerarlos de manera autónoma.
El artículo 15 de la Carta Política reconoce (i) el derecho a
la intimidad personal y familiar, (ii) el derecho al buen nombre, y (iii)  el
derecho de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la
información que se haya recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos
de entidades públicas y privadas. En consecuencia, desde la misma previsión
constitucional se admite una relación entre los derechos en mención, pero su
carácter autónomo. Igualmente, la jurisprudencia de esta Corporación si bien ha
hecho énfasis en la relación intimidad- habeas data también ha explicado
su alcance y la necesidad de reconocer su autonomía.
7.-
Con respecto al derecho a la intimidad la jurisprudencia constitucional
ha señalado que: “permite y garantiza en los asociados, el poder contar con
una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia
arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial
del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada
esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más
limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico”[112]
En
concordancia con esa definición, el derecho a la intimidad comporta la facultad
de exigirle a los demás el respeto pleno por un ámbito exclusivo que incumbe
solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus
propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está
dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones[113].  Asimismo, comprende la protección frente a la divulgación
no autorizada de los asuntos que conciernen al  ámbito de privacidad, una
prerrogativa de defensa con respecto a las intervenciones ilegitimas y la
consecuente posibilidad de tomar decisiones libres en esa esfera íntima.
En ese sentido, con el objeto de
graduar los niveles de protección del derecho a la  intimidad la Corte ha
diferenciado tres ámbitos de protección, cada uno con un nivel de escrutinio
más fuerte que el otro. El primero, se encuentra la esfera más íntima, que corresponde a
los pensamientos o sentimientos más personales que un individuo sólo ha
expresado a través de medios muy confidenciales, ámbito en el que la garantía
de la intimidad es casi absoluta, de suerte que sólo situaciones o intereses
excepcionalmente importantes justifican una intromisión. El segundo,
corresponde a la esfera privada en sentido amplio, que corresponde a la vida en
ámbitos usualmente considerados reservados, como el domicilio o el ambiente
familiar de las personas, en donde también hay una intensa protección
constitucional, pero hay mayores posibilidades de injerencia ajena legítima. El
tercero, se encuentra la esfera social, que corresponde a las relaciones más
públicas como las del trabajo, en las que la protección constitucional a la
intimidad es menor, pero no desaparece, pues de esta mayor exposición a los
demás no se infiere una anulación del derecho a la intimidad[114].
En consecuencia, el derecho a la
intimidad genera una protección determinada por la relación del asunto con la
esfera más personal del individuo y, por ende, aunque se establezcan criterios
generales y medidas sobre cierto tipo de información el  ámbito de protección
no puede ser completamente determinado a priori a partir de una
clasificación objetiva según el escenario en el que se presente la actividad
del sujeto. En efecto, a pesar de la existencia de reglas que sean la
manifestación de la protección de la intimidad en ciertos ámbitos como, por
ejemplo, las normas relacionadas con la relación médico-paciente, lo cierto es
que la violación de la intimidad exige en la mayoría de los casos un examen de
la situación concreta para determinar la relación de la información con el
ámbito exclusivo del individuo y, en consecuencia, la legitimidad de la
incidencia.
8.-
Ahora bien, con respecto al derecho al habeas data es necesario
destacar que su reconocimiento y protección
surgieron ligados al respeto a la intimidad. La jurisprudencia constitucional
ha explicado que se desarrolló, a partir de la consagración del derecho de la
intimidad en los instrumentos internacionales, como una prerrogativa
independiente frente al poder creciente de los sistemas de recaudo y manejo
masivo de información en bases de datos, escenarios que exigían medidas de
protección especificas concordantes con la dignidad humana en el mundo de la
tecnología[115].
El
derecho al habeas data se definió en la Sentencia T- 729 de 2002[116] como la facultad que tiene el titular de datos
personales de exigir a las administradoras de bases de datos el acceso, la
inclusión, la exclusión, la corrección, la adición, la actualización, la
certificación de la información y la posibilidad de limitar su divulgación,
publicación o cesión. Adicionalmente, la
Corte estableció que el ámbito de aplicación de este derecho corresponde al
entorno en el cual se desarrollan los procesos de administración de bases de
datos personales[117] y exhortó al Legislador para
su reglamentación integral en atención al creciente poder informático.
En atención a la necesidad de una regulación con las
características descritas se expidió la Ley 1581 de 2012 que
corresponde a una ley estatutaria que estableció los principios a
los que está sujeto cualquier tipo de tratamiento de datos en Colombia. La Sentencia
C-748 de 2011 examinó la constitucionalidad del proyecto de ley en mención
y además de reiterar el carácter autónomo del derecho al habeas
data
se
establecieron los siguientes contenidos mínimos:
“(i)
el
derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas está
recogida en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos
donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a incluir nuevos datos
con el fin de que se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a
actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas
bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de
datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad;
(v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está
haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las
excepciones previstas en la normativa.”
En
consecuencia, como se advierte de lo dicho en precedencia, la regulación
integral en la Ley 1581 de 2012 y los contenidos mínimos fijados en la
jurisprudencia constitucional muestra que se trata de un derecho que está
relacionado con un ámbito material específico, esto es, el de la recolección,
manejo y administración de información en bases de datos y, por ende, comporta
una serie de prerrogativas dirigidas a que en ese contexto el manejo de la
información sea respetuoso de la dignidad humana.
9.-
En atención a las distinciones descritas, desde la Sentencia T-729 de 2002 esta
Corporación ha señalado que no sólo es deseable sino que es necesario
diferenciar los derechos a la intimidad y al habeas data, ya que esta
distinción: (i) permite exigir y obtener la protección constitucional de cada
derecho de forma directa e independiente; (ii) considera el contexto material
de aplicación de cada derecho; y (iii) responde a las distinciones de los
regímenes jurídicos aplicables[118].
A partir de los elementos expuestos resulta claro que los
derechos al habeas data y a la intimidad tienen ámbitos de protección
diferentes. El primero, se refiere a la protección del manejo de la información
personal en bases de datos, mientras que el segundo involucra la facultad que
tienen todos los asociados de exigir a los demás el respeto de un ámbito de
privacidad exclusivo. Aunque en el contexto material del primero también se
pueden presentar afectaciones de la intimidad esta circunstancia no equipara
los derechos. Por lo tanto, los contornos de cada uno de ellos constituyen un
criterio relevante que no fue considerado en el examen conjunto que adelantó la
Sala[119].
10.- En concordancia con las distinciones descritas la
respuesta constitucional a los problemas que planteaba la norma acusada a
partir de un condicionamiento fundado, principalmente, en el derecho al habeas
data resulta insuficiente. Lo anterior, porque la Ley 1581 de
2012 hace referencia a la naturaleza de la información recaudada a partir de
una categoría general de datos personales, que define en su artículo 3º,
como la información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables; y mediante una categoría especifica de datos
sensibles “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso
indebido puede generar su discriminación”. En consecuencia, la
determinación de la medida de armonización a partir únicamente de  los
principios del manejo de bases de datos deja por fuera un elemento medular que
corresponde a la clasificación de la información desde la perspectiva de la
intimidad.
En ese sentido, hay que destacar que la medida de
armonización en el condicionamiento está relacionada con el tratamiento de la
información bajo los principios de habeas data, razón por la que no quedó claro cómo se superó el problema
sobre la clasificación de la información a partir del criterio de intimidad. En
este punto, considero que si bien en las consideraciones generales la sentencia
reconoció la clasificación de la información desde la perspectiva de la
intimidad desarrollada por la jurisprudencia constitucional no la aplicó de
forma clara en la medida de armonización, ya que sólo hizo referencia a los
principios de manejo de datos.
En consecuencia, un análisis diferenciado como el que
describí permitía hacer una construcción argumentativa más comprensible para
concluir la constitucionalidad de la norma siempre que la determinación de la
naturaleza de la información atienda al criterio de intimidad. Luego,
determinada la naturaleza de la información, era necesario supeditar el manejo
de los datos a los principios previstos en el numeral 5º de la parte
resolutiva.
11.- Finalmente,  considero que a partir de los elementos
previamente expuestos en este caso se reforzaba la necesidad de un examen
independiente en aras de lograr un mayor efecto pedagógico.
Tal y como lo expliqué las disposiciones examinadas tienen
efectos importantes en la vida cotidiana de las personas así como la
virtualidad de interferir en espacios comúnmente alejados de la mirada estatal.
Por lo tanto, una distinción en las consideraciones sobre la intimidad y el habeas
data le permitía a la ciudadanía y a los responsables del manejo
de la información conocer con más precisión las razones por las que la Corte
consideró que se trataba de medidas que se ajustaban a la Constitución.
Igualmente, la mayor claridad extrañada resultaba necesaria
para la determinación de las medidas de armonización adoptadas, pues el
condicionamiento del artículo 237 se sujetó exclusivamente a los principios de
tratamiento de datos para el manejo de la información recaudada desde una
perspectiva del derecho al habeas data,
pero no incluyó los elementos relacionados con el derecho a la intimidad a
pesar de que se refirieron en las consideraciones generales.
De suerte que en la adopción de los remedios constitucionales
dirigidos a lograr una armonía entre las disposiciones examinadas y la Carta se
consideró, principalmente, el derecho al habeas data, que solamente dio cuenta y permitió enfrentar una arista de
los problemas constitucionales derivados de  la norma acusada.
12.-  En síntesis, a
partir de los elementos expuestos considero que en este caso resultaba deseable
un examen particular frente a cada uno de los problemas constitucionales
derivados del artículo 237 de la Ley 1801 de 2016 bajo los contornos propios de
cada uno de los derechos involucrados.
De
esta manera, expongo las razones que me conducen a aclarar el voto respecto de
la Sentencia
C-094 de 2020, adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Fecha
ut supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folio 18.
[2] Folio 19.
[3] Folio 21.
[4] Folio 22.
[5] Folio 24.
[6] Folio 28.
[7] Folio 28.
[8] Folio 29.
[9] Folio 29.
[10] Folio 31.
[11] Folio 33.
[12] Folio 33.
[13] Folio 33.
[14] Folio 35.
[15] Corte Constitucional,
sentencias C-206 de 2016 y C-207 de 2016, entre otras.
[16] Al respecto, en la
sentencia C-372 de 2011, la Corte manifestó: “(…) con base en la
jurisprudencia constitucional se ha considerado que “la apreciación del
cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio
pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento
vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la
Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación
tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda
habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda
y fallando de fondo”.
[17] Corte
Constitucional, sentencias C-539 de 1999. Reiterada en las sentencias C-043 de
2003 y C-603
de 2016.
[18] Corte Constitucional,
sentencia C-306 de 2019.
[19] La Corte ha señalado
que otras disposiciones de la Carta amparan la intimidad en ámbitos
específicos. En ese sentido ha indicado que “(…) el artículo 18
prescribe que nadie estará obligado a revelar sus convicciones, el artículo 33
reconoce el derecho a no autoincriminarse y a no declarar en contra de sus
parientes, el artículo 42 prevé que la intimidad de la familia es inviolable y
el artículo 74 dispone que el secreto profesional es también inviolable”
así como “el artículo 250 de la Carta, al regular la competencia de la
Fiscalía para llevar a cabo registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones prevé, en plena concordancia con el tercer
inciso del artículo 15, el control judicial posterior a efectos de determinar
la validez de las actuaciones”. Corte Constitucional, sentencia C-602 de
2016 y C-165 de 2019.
[20] Corte Constitucional, sentencia
T-517 de 1998.
[21] Corte Constitucional, sentencia T-696 de
1996.
[22] Corte Constitucional, sentencia
C-602 de 2016.
[23] Corte Constitucional, sentencia C-489 de
1995.
[24] Ibid.
[25] Corte Constitucional, sentencia T-574 de
2017.
[26] Corte Constitucional, sentencia T-517 de 1998; Ver también: Cepeda Espinosa, Manuel José, Privacy,
en: Rosenfeld, Michael (Ed),
Oxford Handbook of Comparative Constitutional law, Oxford, 2015.
[27] Corte Constitucional,
sentencia T-574 de 2017.
[28] Corte Constitucional,
sentencias C-640 de 2010, T-407 de 2012 y T-517 de 1998.
[29] Sentencia C-881 de
2014.
[30] Corte Constitucional,
sentencia T-787 de 2004.
[31] Ibid.
[32] Corte Constitucional,
sentencia C-141 de
1994.
[33] Corte Constitucional,
sentencia T-574 de 2017.
[34] Corte Constitucional,
sentencia C-041 de 1994.
[35] Corte Constitucional,
sentencia T-407 de
2012.
[36] Ibid.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Corte Constitucional,
sentencia T-787 de 2004, reiterada en la sentencia T-634 de 2013.
[41] Corte Constitucional,
sentencias C-640 de 2010, T-407 de 2012 y T-517 de 1998.
[42] Corte Constitucional,
sentencia T-453 de 2005.
[43] Corte Constitucional, sentencia
C-594 de 2014.
[44] Corte Constitucional,
sentencia T-634 de 2013.
[45] Corte Constitucional,
sentencia C-881 de 2014.
[46] En la sentencia T-768
de 2008, la Corte resolvió la solicitud de amparo presentada por un trabajador
que alegaba que la instalación de una cámara de vigilancia en la institución
financiera a la que se encontraba vinculado vulneraba su derecho a la
intimidad.
[47] En la sentencia T-407
de 2012 la Corte entró a definir si la instalación de cámaras de seguridad en
las aulas de clase de una escuela pública, para garantizar la seguridad de los
estudiantes, desconocía los derechos de los participantes en el proceso
pedagógico.
[48] En la sentencia T-487
de 2017, la Corte resolvió una acción de tutela presentada por una persona que
alegaba la violación del derecho de petición debido a que la sociedad RIO CASINO se negaba a
entregarle copia
magnética, de los videos tomados por las cámaras del establecimiento comercial
y que contenían imágenes del espacio público, a efectos de aportarlas en un
proceso penal en el que era necesario determinar las circunstancias en que
habría ocurrido un accidente a la salida del parqueadero del establecimiento de
comercio.
[49] En la sentencia T-114
de 2018, la Corte estudio una solicitud de amparo presentada en contra de la
sociedad Ecotermales San Vicente S.A., alegando que esta última había vulnerado
el derecho de acceso a la información al negarse a entregarle copia de los
videos captados por las cámaras de seguridad del establecimiento de comercio “Termales
San Vicente”. Los videos eran requeridos para determinar las circunstancias de
un accidente sufrido por su padre al interior de dicho establecimiento.
[50] En un primer momento,
la Corte, a pesar de reconocer el habeas data como un “derecho autónomo”,
lo trató como una garantía, considerándolo como un instrumento para la
protección de otros derechos como la intimidad, la honra y el buen nombre
(Corte Constitucional, sentencia T-094 de 1995, T-097 de 1995 y T-119 de 1995,
entre otras). Sin embargo, más adelante, la Corte pasaría a indicar que el habeas
data es “un derecho fundamental autónomo que tiene la función primordial
de equilibrar el poder entre el sujeto concernido por el dato y aquél que tiene
la capacidad de recolectarlo, almacenarlo, usarlo y transmitirlo” (Corte
Constitucional, sentencia T-307 de 1999).
[51] Corte Constitucional,
sentencia C-748 de 2011.
[52] Corte Constitucional,
sentencia C-1011 de 2008.
[53] Corte Constitucional,
sentencia T-307 de 1999.
[54] “32.2.    La información
privada es aquella que por versar sobre información personal y por
encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden
de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los
libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas y
la información extraída a partir de la inspección del domicilio.
32.3.    La información
reservada versa sobre información personal y guarda estrecha relación
con los derechos fundamentales del titular a la dignidad, a la intimidad y a la
libertad, motivo por el cual se encuentra reservada a su órbita exclusiva
y “(…) no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial
en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información
genética, y los llamados "datos sensibles"  o relacionados con
la ideología, la inclinación sexual, los hábitos  de la persona, etc.
32.4.    La información
pública es aquella que, según los mandatos de la ley o de la
Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar
si se trata de información general, privada o personal. Se trata por ejemplo de
los documentos públicos, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas,
los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la
familia. Este tipo de información se puede solicitar por cualquier persona de
manera directa y no existe el deber de satisfacer algún requisito para
obtenerla.
32.5.    La
información semiprivada. Esta Corporación se ha
pronunciado sobre los datos que pueden constituir información semiprivada. En
efecto, desde la sentencia T-729 de 2002 reiterada por
la sentencia C-337 de 2007, la Corte señaló que ésta se
refiere “a los datos que versan sobre información personal o impersonal que no
está comprendida en la regla general anterior, porque para su acceso y
conocimiento presenta un grado mínimo de limitación, de tal forma que sólo
puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa o judicial
en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la
administración de datos personales” (negrilla fuera del texto original)”. Corte Constitucional, sentencia
T-238 de 2018.
[55] Ley 1581 de 2012. ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. “En el desarrollo, interpretación
y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera armónica e integral,
los siguientes principios: c) Principio de libertad: El
Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e
informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o
divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial
que releve el consentimiento”.
[56] Ley 1581 de 2012. ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. “En el desarrollo,
interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de manera
armónica e integral, los siguientes principios: b) Principio de
finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de
acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”.
[57] Corte Constitucional,
sentencia T-058 de 2013. En el mismo sentido, expone la sentencia C-748 de
2011.
[58] Corte Constitucional,
sentencia T-207A de 2018.
[59] Corte Constitucional,
sentencia C-640 de 2010 y T-050 de 2016, entre otras.
[60] De conformidad con lo
establecido en la sentencia T-058 de 2014 “(…) el principio de necesidad,
establece que los datos personales registrados deben ser los estrictamente
necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de
datos. En ese sentido, se encuentra prohibido el registro y divulgación de
datos que no guarden estrecha relación con el objetivo de la base de datos a la
que pertenecen o pretenden hacerlo”.
[61] Suscribe el documento
Diana Alexandra Remolina Botia, Directora Técnica del Ministerio de Justicia.
[62] Folio 219.
[63] Folio 205.
[64] Folio 337.
[65] Folio 338.
[66] https://dle.rae.es/?id=2HuDEKd.
[67] Corte Constitucional,
sentencia SU-046 de 1995.
[68] Corte Constitucional,
sentencia T-407 de
2012.
[69] Folio 378.
[70] Folio 233.
[71] Folio 223.
[72] Folio 274.
[73] Folio 344.
[74] Folio 345.
[75] Folio 297.
[76] Folio 298.
[77] Folio 212.
[78] Folio 212.
[79] Corte Constitucional,
sentencia T-407 de 2012.
[80] Ibid.
[81] Esto, siguiendo otro
de los requisitos planteados en la sentencia C-115 de 2017, según la cual “el juicio de proporcionalidad, en
todos estos casos, se encuentra precedido de un examen que tiene por propósito
definir si la medida cuyo juzgamiento se pretende está directamente proscrita
por la Carta. Así por ejemplo, no resulta permitido acudir a medidas como la
tortura y las penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 12), la prisión
perpetua o el destierro (art. 34) o la expropiación sin indemnización (arts. 58
y 59)”.
[82] Como puede verse en
la Gaceta No. 304 del 15 de mayo de 2015, pág. 2 del Congreso de la República,
“El enfoque situacional está encaminado a ejercer control sobre aquellos
lugares donde se ejerce más la delincuencia y todas aquellas zonas
indispensables para la libre circulación de los ciudadanos, para ello se busca
el uso de tecnología y personal. Lo que se espera es evitar particularmente
la comisión del delito de hurto” (resaltado fuera del texto original).
[83] Corte Constitucional,
sentencia T-407 de 2012 y T-114 de 2018.
[84] Corte Constitucional,
sentencia T-114 de
2018; ver también: Tellez Valdez,
Julio, La Regulación Jurídica de la videovigilancia bajo una perspectiva de
derecho comparado, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015.
[85] Ver intervenciones de las
Alcaldías de Bogotá y Medellín.
[86]
Clarke,
Roger, Data retention as mass surveillance: the need for an evaluative
framework, International Data Privacy Law, Volume 5, Issue 2, 1 May 2015,
Pages 121–132, https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/10.1093/idpl/ipu036
[87]Comisión Europea para la
Democracia a través del Derecho (2015). Actualización del Informe de 2007
sobre la supervisión democrática de los servicios de seguridad y del Informe
sobre la supervisión democrática de las agencias de inteligencia. 102 Sesión Plenaria.
[88]Senior, Andrew, An
Introduction to automatic Video surveillance, en: Senior, Andrew (Ed), Protecting Privacy in video
surveillance, Springer, London, 2009, pág. 1.
[89] Corte Constitucional,
sentencia T-114 de
2018.
[90] Ley 1581 de 2012 art.
3(e): “Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública
o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de
datos y/o el Tratamiento de los datos”.
[91] Ley 1581 de 2012 art.
3 (d): “Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública
o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de
datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento”. Sobre el
particular, ver sentencia C-1011 de 2008 y C-748 de 2011.
[92] Folio 233
[93] Folio 346.
[94] Folio 349.
[95] Folio 184.
[96] Ibíd.
[97] En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que las cámaras de vigilancia contribuyen
realmente a la prevención y persecución del delito, al indicar, en la sentencia
T-407 de 2012, que “las
cámaras de seguridad, reducen la posibilidad de cometer delitos porque al estar
el espacio bajo vigilancia, se hace más difícil cometer un delito en la
impunidad”.
Asimismo, en la sentencia T-114 de 2018, la misma Corte señaló que “las
cámaras de seguridad, reducen la posibilidad de cometer delitos porque al estar
el espacio bajo vigilancia, se hace más difícil cometer un delito en la
impunidad”.
[98] Ley 1581 de 2012.
Artículo 3. c) Dato Personal: “Cualquier información vinculada o que
pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”.
[99] De conformidad con lo
establecido en el artículo 5, de la Ley 1581 de 2012, “(…) se entiende por
datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso
indebido puede generar su discriminación (…)”. Asimismo, debe tenerse en
cuenta que, según lo señalado por el artículo 6 de la misma Ley, por regla
general se prohíbe el tratamiento de datos sensibles.
[100] Ley 1581 de 2012.
Artículo 4. Principios para el Tratamiento de datos personales. “En el
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de
manera armónica e integral, los siguientes principios: c) Principio de
libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento,
previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser
obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal
o judicial que releve el consentimiento”.
[101] Ley 1581 de 2012.
Artículo 4. Principios para el Tratamiento de datos personales. “En el
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de
manera armónica e integral, los siguientes principios: b) Principio de
finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo
con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular”.
[102] Ley 1581 de 2012. Artículo 10. Casos en
que no es necesaria la autorización. La autorización del Titular
no será necesaria cuando se trate de: a) Información requerida por una entidad
pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden
judicial; b) Datos de naturaleza pública; c) Casos de urgencia médica o
sanitaria; d) Tratamiento de información autorizado por la ley para fines
históricos, estadísticos o científicos; e) Datos relacionados con el Registro
Civil de las Personas. Quien acceda a los datos personales sin que medie
autorización previa deberá en todo caso cumplir con las disposiciones
contenidas en la presente ley.
[103] Superintendencia de
Industria y Comercio. Guía sobre Protección de Datos Personales en Sistemas
de Videovigilancia. 2016.
[104] Decreto Único 1074 de
2015, artículo 2.2.2.25.2.5.
[105] Corte Constitucional,
sentencia C-1011 de 2008, la cual realizó la revisión de constitucionalidad del
Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (Acum. 05/06
Senado) “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y
se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales,
en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente
de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
[106] Ley 1581 de 2012.
Artículo 4. Principios para el Tratamiento de datos personales. “En el
desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se aplicarán, de
manera armónica e integral, los siguientes principios: f) Principio de
acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los
límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las
disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el
Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por
las personas previstas en la presente ley; Los datos personales, salvo la
información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de
divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable
para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros
autorizados conforme a la presente ley”.
[107] Estos cargos se estudiaron de forma integrada por la Sala Plena ya
que la demanda planteó cargo independiente. El cargo quinto se formuló contra
la clasificación de la información recaudada por los sistemas de video como
pública y de libre acceso. El cargo sexto, cuestionó la integración de los
sistemas de video y medios tecnológicos ubicados en espacios semiprivados y
semipúblicos a la red de la Policía Nacional.
[108] La aplicación del
principio de armonización concreta que refiere la sentencia se define como una
interpretación de las normas examinadas con  el régimen constitucional, las
medidas legales de protección de datos personales contenidas en la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y las reglas fijadas
por la jurisprudencia en relación con los diferentes tipos de información.
[109]Igualmente, la sentencia establece que
estos avisos deberán cumplir, como mínimo, con el contenido de un aviso de
privacidad, esto es: (i) incluir información sobre quién es el responsable del
tratamiento y sus datos de contacto; (ii) indicar el tratamiento que se dará a
los datos y la finalidad del mismo; (iii) incluir los derechos de los
titulares; y (iv) indicar dónde está publicada la Política de Tratamiento de la
Información.
[110] Fundamento jurídico 156 de la Sentencia C-094 de 2020.
[111] Sentencia
C-253 de 2019
M.P. Diana Fajardo Rivera.
[112] Definición prevista en la sentencia T-517 de 1998 y reiterada en
las sentencias C-602 de2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo,
[113] Ver sentencia T-628 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
[114] Ver sentencia T-628 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
[115] Por ejemplo, la
Sentencia C-748 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub describió el
recorrido histórico y precisó que este reconocimiento como derecho
independiente surgió inicialmente en el sistema europeo en atención a la
necesidad de una garantía particular frente a los desafíos de la sociedad de la
información[115]. En efecto
[116] M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[117] En concreto, la
sentencia indicó que el contexto material del derecho al habeas data está
integrado por “el objeto o la actividad de las entidades administradoras de
bases de datos, las regulaciones internas, los mecanismos técnicos para la
recopilación, procesamiento, almacenamiento, seguridad y divulgación de los
datos personales y la reglamentación sobre usuarios de los servicios de las
administradoras de las bases de datos”
[118] Por
ejemplo en la Sentencia C- 748 de 2011 la Corte precisó que la Ley Estatutaria
1581 de 2012 en la regulación integral del derecho al habeas data involucró
asuntos relacionados con el buen nombre y la intimidad, pero esta circunstancia
no significa que se trate de una regulación omicomprensiva con respecto a estos
derechos, ya que a pesar de su relación con el habeas data se trata de derechos
autónomos e independientes.
[119] Las diferencias entre los derechos se desarrollaron en los
capítulos generales sobre el derecho al habeas data e intimidad, pero en su
aplicación en el caso concreto se desconocieron esas particularidades.