C-690-11
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-690/11
Referencia.: expediente
D-8393
Demanda
de inconstitucionalidad contra el parágrafo transitorio del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010.
Actor: Nixón Torres Cárcamo y otros.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá  D.C., veintiuno
(21) de septiembre  de dos mil once  (2011)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, Juan
Carlos Henao Pérez -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla, María Victoria
Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo, Jorge
Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra
Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en
los siguientes,
1.     ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Nixon
Torres Cárcamo y Taufit Ramos Utria demandaron parcialmente el artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010 “por la cual se expide la Ley de Formalización y
Generación de Empleo”.
Mediante
auto del once (11) de febrero de dos mil once (2011), el Despacho del
Magistrado Sustanciador Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, inadmitió la demanda
por cuanto los cargos expuestos en ella no fueron suficientes para proponer una
verdadera confrontación entre la norma acusada y la disposición constitucional
supuestamente vulnerada, requisito exigido por el artículo 2° del Decreto 2067
de 1991 para las demandas de constitucionalidad.
En
atención a lo anterior, los demandantes la corrigieron y  mediante auto del
dieciocho (18) de marzo del dos mil once (2011) procedió a su admisión.
2.
LA DEMANDA.
2.1.
NORMA DEMANDADA.
A
continuación se transcribe el texto de la disposición de la cual hace parte el
parágrafo acusado:
“LEY 1429 DE 2010
(diciembre 29)
Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010
Por la cual se expide la Ley de Formalización y
Generación de Empleo
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
ARTÍCULO 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.
El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para
el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar
vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan
intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte
los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las
normas laborales vigentes.
Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables
previstos en el artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y
Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por
la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados
por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código
Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio de la Protección Social a través de las
Direcciones Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas
privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de
disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en
falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que
contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral
para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta
grave.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Esta disposición entrará en
vigencia a partir del primero (1o) de julio de 2013.”
2.2.
LA DEMANDA.
Los
demandantes solicitan  la declaración  de inconstitucionalidad del parágrafo
transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por considerarlo violatorio
de los artículos 1°, 2°, 25, 29, 53, 123 y 125 de la Constitución.
Inicialmente,
señalan la pertinencia del debate constitucional sobre si, por un periodo  se
puede inaplicar la prohibición de continuar contratando trabajadores tanto en
el sector público como privado a través de las cooperativas o precooperativas
de trabajo asociado o cualquier otra modalidad que implique el desconocimientos
de los derechos y garantías laborales mínimas.
Exponen
que el tiempo previsto en el parágrafo demandado para que la ley entre en
vigencia, permite que se sigan desconociendo los derechos de los trabajadores,
especialmente, a través de las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado.
Al
respecto, explican que las personas vinculadas a través de las cooperativas o
precooperativas de trabajo asociado pierden la condición de trabajadores, pues
al prestar sus servicios por medio de estas entidades del sector solidario,
adquieren la condición de socios o trabajadores asociativos,  reconociéndoseles
los derechos consagrados en los estatutos de dichas entidades, como socios o
afiliados pero no como trabajadores, en detrimentos de los derechos mínimos que
para estos consagra el ordenamiento constitucional y legal.
Consideran
que la norma atacada fomenta que en las entidades públicas y en las empresas
del sector privado se prefiera esta clase de contratación y no la que obliga el
Código Sustantivo de Trabajo, pues  desaparecen las formas legales de
vinculación laboral y por  un período de transición se admiten formas  de
contratación atípica.
Concluyen
que la disposición demandada no sólo menoscaba los derechos de los
trabajadores, a quienes no se les reconocen las prestaciones legales,  sino que
además se vulneran  los principios que rigen  la función pública, así como la
forma de acceder a ella, artículos 123 y 125 de la Carta Política, motivo por
el cual no debe aplicarse el parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley
1429 de 2010.
3.
INTERVENCIONES.
3.1.
Asociación Nacional de Trabajadores
y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios
Complementarios de Colombia – ANTHOC-.
La
ciudadana Nelcy Gómez Oliveros, presidente de la mencionada Asociación,
interviene para coadyuvar las pretensiones de la demanda.
Indica
que la norma acusada desprotege el trabajo como derecho fundamental, en la
medida que propicia la implementación de formas de contratación que ocultan las
relaciones laborales, en desmedro de los derechos de los trabajadores, como
ocurre con los empleados del sector de la salud.
Refiere
que en los hospitales del departamento del Tolima se presentan grandes plantas
de personal bajo esta la modalidad de las cooperativas de trabajo asociado,  en
donde la estabilidad laboral y el pago de las prestaciones sociales están
ausentes.
3.2.
CIUDADANO JORGE ARMANDO
RAMOS JIMÉNEZ.
Este
interviniente solicita se declare la inexequibilidad del parágrafo demandado,
pues considera que es un claro desacato a lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-614 de 2009, en la que claramente se
estableció la prohibición en el sector público de la intermediación laboral,
por desconocer los derechos de los trabajadores.
Señala
como afortunado y acertado el hecho que el Legislativo y el Gobierno Nacional
introdujeran en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 el tema de la cooperativización
de la vida laboral en el sector privado, puesto que la Corte Constitucional
sólo se refirió a la tercerización laboral en el sector público y no
privado, en donde, sin lugar a dudas se presenta dicho fenómeno con frecuencia,
cita el caso  de los corteros de caña, de los trabajadores bancarios del sector
privado y el de las universidades privadas.
3.3.
INTERVENCIÓN DE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP-.
El ciudadano Carlos Acero Sánchez, en calidad de
Director Ejecutivo y Representante legal de la Asociación Colombiana de
Cooperativas – ASCOOP -, solicita la declaración de exequibilidad del parágrafo
acusado con los siguientes argumentos:
Antes de analizar el precepto acusado, hace referencia
a lo que la doctrina y la jurisprudencia ha entendido como trabajo asociado
cooperativo, explicando la naturaleza, clases, características y el marco normativo.
Resalta que en los últimos diez años se desató en el
país el auge de las cooperativas de trabajo asociado cuya constitución y
funcionamiento se aparta, en muchos casos, de los valores, principios y
características ideológicas y legales que las identifica, lo que ha ocasionado
un indebido aprovechamiento de la modalidad del trabajo asociado cooperativo en
detrimento del  buen nombre de las cooperativas.
En relación con la norma demandada, señala que se
aplica a “las Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan
intermediación laboral que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes” (subrayado
propio), por tanto, el plazo que se otorga  en el parágrafo acusado
aplica para las cooperativas que no atienden la  naturaleza e ideología de las
cooperativas y desarrollan su objeto social utilizando, en la práctica, el
mecanismo de intermediación laboral. Así, advierte que las mal denominadas
Cooperativas de Trabajo Asociado que hacen intermediación laboral, no son
jurídica ni doctrinariamente avaladas por cuanto esa actividad está prohibida
para todas las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Manifiesta que con el plazo otorgado en el parágrafo
transitorio demandado, se pretende garantizar un período prudencial para
permitir a las cooperativas de trabajo asociado con contratos vigentes con
entidades públicas o privadas su desarrollo normal y liquidación, para no
afectar a ninguna de las partes de la relación.
Por tanto, la eliminación de manera inmediata del
parágrafo, como lo solicitan los demandantes, desconocería el impacto que ello
traería a los trabajadores asociados y a las entidades para las que prestan sus
servicios.
3.4.  LA COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, LA ESCUELA
NACIONAL SINDICAL Y LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES.
Los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo, Fátima Esparza
Calderón, Lina Paola Malagón y Jonathan Riveros Tarazona, Director e
integrantes respectivamente de la Comisión Colombiana de Juristas; Luciano
Sanín Vásquez, Director de la Escuela Nacional Sindical; y Tarsicio Mora Godoy,
Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, intervienen conjuntamente
para solicitar la exequibilidad  del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en el
entendido en que la prohibición que contiene el  precepto cobije tanto a los
trabajadores que realicen actividades “misionales” como “permanentes”. Las
razones para esta solicitud son las siguientes:
Preliminarmente, afirman que el artículo acusado se
limita a reconocer una realidad social evidente, según la cual, la asociación a
las cooperativas de trabajo ha sido utilizada para encubrir verdaderas
relaciones laborales con el fin de  no garantizar los derechos que surgen de
ésta y que regula el Código Sustantivo Laboral. La  norma acusada es
constitucional, no obstante ello, hallan razón en cuanto al primer cargo
formulado por los demandantes en el sentido de que existe una vulneración a los
derechos constitucionales de los trabajadores  al permitir que sólo quienes
realicen actividades misionales permanentes estén protegidos por la prohibición
de ser contratados por las cooperativas de trabajo asociado, siendo que la
interpretación constitucional adecuada debería amparar igualmente a quienes
realizan labores permanentes en la empresa o entidad, pese a no ser misionales.
En ese orden de ideas,  afirman que el problema que se
evidencia en la norma acusada es que el ámbito de protección que se plantea
para los trabajadores es restringido, en el sentido en que las actividades
deben ser “misionales permanentes” para enmarcarse dentro de la prohibición de
ser contratados por cooperativas de trabajo asociado. Por tanto, consideran que
la Corte debe pronunciarse en el sentido según el cual  la prohibición opera
para las contrataciones realizadas para actividades “misionales o permanentes”,
de esta manera se agrega un contenido que hace constitucional la disposición.
Solicitan una sentencia aditiva para que la norma
acusada sea interpretada de manera constitucional, y para ello, consideran, que
con base en el principio de igualdad, tanto quienes prestan servicios
misionales, como quienes prestan servicios de carácter permanente, presentan
las condiciones referidas por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
con respecto a los elementos esenciales del contrato de trabajo. Que haya
trabajadores que realicen trabajos misionales no implica que no tengan
elementos de subordinación, remuneración o labor personal, y por tanto, uno
como otro trabajador, deben estar amparados por la prohibición de ser
contratados por medio de las cooperativas de trabajo asociado, salvaguardando
sus derechos laborales y el derecho a la igualdad.
Afirman que el fundamento de la modulación radica en
que la declaratoria de inexequibilidad de todo el artículo resultaría en una
situación más gravosa y desfavorable para los trabajadores asociados, quedando
sujetos a la regulación previa sobre las cooperativas de trabajo asociado, que
no contempla las garantías que ofrece el artículo 63 demandado y el Código
Sustantivo del Trabajo y, por otra parte, se caería en el desconocimiento del
avance normativo y jurisprudencial que se ha establecido específicamente en la
protección de los trabajadores en los ámbitos de relaciones encubiertas.
Con base en las consideraciones expuestas, la Comisión
Colombiana de Juristas, la Escuela Nacional Sindical y la Central Unitaria de
Trabajadores, solicitan que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 se declare
exequible bajo el entendido que la prohibición contenida en la norma acusada,
cobije las actividades “misionales o permanentes”, razón por la cual se
le sugiere a la Corte Constitucional proferir una sentencia aditiva, proveyendo
la omisión inconstitucional en que incurrió el legislador, en una disposición
conforme a los principios de la Carta.
3.5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
El ciudadano Camilo Escobar Plata, obrando en nombre y
representación del Departamento Administrativo de la Función Pública, solicita
se desestimen los cargos presentados contra el artículo 63 (parcial) de la Ley
1429 de 2010 por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. En relación con
el parágrafo  solicita declarar la inexequibilidad. Fundamenta su solicitud en
las siguientes consideraciones:
Indica que la demanda está fundamentada en una
interpretación errónea de la norma, puesto que los demandantes entienden que su
objeto es el de prohibir a las entidades públicas y privadas la contratación de
sus actividades permanentes o misionales con las cooperativas y precooperativas
de trabajo asociado, cuando en realidad el fin de la disposición es el de
prohibir esta modalidad de contratación cuando las cooperativas hagan intermediación
laboral o las utilicen como una modalidad de vinculación que afecte derechos y
garantías constitucionales en cabeza del empleador.
Señala que la jurisprudencia nacional ha señalado que
la figura de las cooperativas de trabajo asociado ha sido utilizada de manera
abusiva por parte de entidades públicas y privadas para encubrir relaciones y
eludir obligaciones frente a los trabajadores, razón por la que se ha afirmado
que esta modalidad de vinculación afecta derechos constitucionales. Para el efecto,
se cita  la sentencia C-182 de 2010, en la que la Corte reconoció que en
realidad las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son utilizadas
como intermediarios que logran encubrir relaciones laborales que deben regirse
por el Código Sustantivo del Trabajo.
Por tanto, el fin de la norma acusada está conforme
con el ordenamiento jurídico para proteger las garantías y derechos
constitucionales al trabajo y a la igualdad, que no es otro que evitar que las
entidades públicas y privadas utilicen la contratación de cooperativas de
trabajo asociado para ocultar verdaderas relaciones laborales, lo cual sucede
cuando se utilizan estas formas asociativas para hacer intermediación laboral.
Razón por la cual la disposición acusada prevé la imposición de sanciones para
las entidades contratantes que desconozcan las restricciones en ella
consagradas y para los servidores públicos que permitan la contratación de
asociados a cooperativas de forma irregular, lo que la hace aún más eficaz.
En lo relativo a la transitoriedad establecida en el
parágrafo del artículo 63, aduce que resulta “materialmente inaplicable”,
en cuanto a que ya existen dentro del ordenamiento jurídico disposiciones
legales y pronunciamientos jurisprudenciales que prohíben a las entidades
públicas y privadas celebrar contratos con cooperativas de trabajo asociado
cuando actúen como empresas de intermediación laboral o sean utilizadas como
mecanismos para evadir responsabilidades que garantizan derechos
constitucionales.
En mérito de lo expuesto, se solicita a la Corte
Constitucional desestimar los cargos de inconstitucionalidad presentados contra
el artículo 63 (parcial) de la Ley 1429 de 2010 por carecer de fundamentos
fácticos y jurídicos, y en su lugar, declarar la inexequibilidad del parágrafo
del mismo precepto.
3.6.
INTERVENCIÓN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.
Rosalba Pardo Pardo, actuando en calidad de apoderada judicial de la Superintendencia de
la Economía Solidaria, intervino a fin de exponer las razones que justifican la
constitucionalidad de la norma acusada.
Para la Superintendencia de la Economía Solidaria es
importante señalar que la norma acusada prescribe de forma puntual que el
personal que requiera toda institución o empresa pública o privada para desarrollar
actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas
de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra
modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Dicha disposición
está hoy consagrada como prohibición en los artículos 17 y 18 del Decreto 4588
de 2006.
Expone que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010
recoge las disposiciones del Decreto 4588 de 2006, para que las entidades
públicas y privadas no contraten con cooperativas de trabajo asociado que hagan
intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte
los derechos constitucionales y legales.
Lo anterior, por cuanto la finalidad de estas
organizaciones solidarias, según las voces del artículo 5 del Decreto 4588 de
2006 y el artículo 12 de la Ley 1233 de 2008, es el de generar y mantener
trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno, de ahí que en sus estatutos deberán precisar
la actividad económica que desarrollarán encaminada al cumplimiento de su
naturaleza en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que
determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la materia.
Se señala que las cooperativas de trabajo asociado no
pueden adelantar labores de intermediación laboral ni de suministro de
personal, pues estas organizaciones solidarias no están facultadas para desarrollar
estas actividades, de tal suerte que de llegar a serlo se hacen merecedores de
las sanciones establecidas en el precepto acusado por violación a la ley.
Por lo expuesto,  se solicita declarar exequible la
norma demandada, como quiera que su finalidad es reiterar las prohibiciones
establecidas en legislación anterior.
3.7.
INTERVENCIÓN DE LA UNIÓN
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE COLOMBIA.
Percy Oyola Paloma, en calidad de Presidente y Representante legal de la Unión Nacional
de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia
“UTRADEC–C.G.T., solicita se declare la inconstitucionalidad del parágrafo
transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010.
Manifiesta que el legislador no puede, mediante el
parágrafo acusado,  permitir  la  contratación de las actividades misionales
permanentes de las entidades públicas como privadas por parte de las
Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral,
porque se estaría desprotegiendo el derecho al trabajo como derecho
fundamental, el cual goza de la especial protección del Estado en todas sus
modalidades.
Si se permite la implementación de modalidades o
mecanismos legales de vinculación al trabajo que permitan el desconocimiento de
derechos consagrados en la Constitución y en las normas laborales, se desconocerían
los fines esenciales del Estado que instan a proteger los derechos laborales e
implementar los mecanismos para su garantía y protección.
Estima vulnerados los artículos 123 y 125 de la
Constitución Política por lo dispuesto en el parágrafo de la norma acusada,
pues la regla y principio fundamental que rige en la administración pública en
Colombia, es el ingreso a la carrera administrativa por la vía del mérito y la
calidad, los cuales resultan desconocidos con la transitoriedad de la
inaplicación de la prohibición de contratar el personal que requieran las
empresas o instituciones del sector público o privado a través de las precooperativas
o cooperativas de trabajo asociado.
3.8.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
Myriam Herlinda Roncancio Téllez, actuando en nombre y
representación del Ministerio de la Protección Social, intervino para solicitar
la  exequibilidad el parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de
2010.
En relación con los argumentos de los demandantes
según el cual del 30 de diciembre del 2010 hasta el 1° de julio de 2013, se
permite la contratación y suministro de personal a través de las cooperativas
y/o precooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral,
señala que es un racionamiento equivocado, toda vez que los artículos 10 del
Decreto 4369 de 2006, 17 del Decreto 4588 de 2006 y 7 de Ley 1233 de 2008,
establecen la prohibición de actuar como intermediarios o ejercer actividades
propias de las empresas de servicios temporales, así como las sanciones no sólo
para estas entidades, sino para el usuario o tercero contratante que incurra en
las conductas determinadas como prohibiciones.
De la lectura de las normas citadas, son
varias las disposiciones de orden legal y reglamentario que prohíben a las
cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado actuar como empresas de
intermediación laboral, con lo cual pierden sustento  las argumentaciones de
los demandantes, pues no es cierto que en el  periodo comprendido entre el 30
de diciembre de 2010 y el 1° de julio de 2013, se permita la contratación de
personal a través de estas entidades del sector solidario.
3.9.    UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA.
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Colombia, con el apoyo y asesoría de los profesores Reinaldo Valderrama y Jorge
Salcedo, así como del Grupo de Derecho Constitucional del Consultorio Jurídico,
solicita declarar la constitucional condicionada del parágrafo demandado.
Se considera que el legislador es competente para
señalar la vigencia de las leyes.  En ese sentido, se indica que lo que se  buscó
con el plazo establecido en el parágrafo demandado, no es otorgar un permiso
para continuar con la práctica de intermediación laboral sino para que desde el
momento de la promulgación de la ley hasta el 1° de junio de 2013, las
cooperativas liquiden sus actividades empresariales. Lo anterior, con el fin de
no generar traumatismos perjudiciales para los empleadores y trabajadores
comprometidos en este tipo de contratación y, de esta manera velar por la
protección de sus derechos.
3.10. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.
El Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio
Mayor Nuestra Señora del Rosario, Alejandro Venegas Franco, solicita a la Corte
declarar exequible la norma demandada.
De forma sucinta, expone que la Corte ya ha tenido la
oportunidad de ocuparse del tema de las cooperativas de trabajo asociado y
sostiene que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 al restringir el ámbito de
aplicación de esta figura a actividades no misionales permanentes, es una
decisión legítima del legislador.
Finalmente, afirma que existe carencia de objeto, toda
vez que en el Congreso se está tramitando el Proyecto de Ley 179 de 2011 CÁMARA
y 218 de 2011 SENADO, en el que “Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014”,  en el que el artículo 218 expresamente deroga el
parágrafo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
4.
CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, solicitó  a  la Corte declarar la exequible del parágrafo
transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
Inicialmente, el Ministerio Público advierte que la
simple existencia de las cooperativas de trabajo asociado no es en sí misma
contraria a la Constitución, tal como lo ha advertido la jurisprudencia
constitucional, en la que se ha señalado que éstas son una manifestación
directa del Estado Social y Democrático de Derecho, en la medida en que
desarrollan los principios de solidaridad y asociación.
Reconoce que, en efecto, algunas cooperativas de
trabajo asociado se han empleado de manera abusiva atentando contra los
derechos de los trabajadores asociados, sin que ello signifique que la figura
de las cooperativas de trabajo asociado, tal como se encuentran señaladas en la
ley, sean contrarias a la Constitución. Por tanto, lo que debe censurarse es el
uso inadecuado de esta figura.
Sostiene que en ejercicio del principio de la libertad
de configuración legislativa, corresponde a éste decidir a partir de qué
momento entra en vigencia una determinada norma demandada.
Considera que el hecho de haber otorgado un período de
transición y con posterioridad eliminarlo intempestivamente, afecta el
principio de confianza legítima y colateralmente, vulneraría los derechos de
los trabajadores de dichas cooperativas.
Procede luego a indicar, en relación con la referencia
que en la demanda se realiza sobre el acceso a la función pública y a la
carrera administrativa, que sobre estas materias existen claros referentes
constitucionales y legales que rigen el proceso de selección de los servidores
sobre la base del mérito, sin que sea relevante los mecanismos de vinculación
laboral propios de las cooperativas de trabajo asociado.
Explica que si una entidad pública omite los procesos
de selección que exigen  la Constitución y la ley, se presentaría un claro
incumplimiento de sus deberes funcionales y su conducta debe ser investigada
por los órganos competentes, sin que influya el hecho que el artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010 entre en vigencia de manera inmediata o conforme lo previsto
en el parágrafo demandado.
5.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
5.1.
COMPETENCIA.
La Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución Política, por estar dirigida contra una norma contenida en una
ley.
5.2.
PROBLEMA JURÍDICO.
5.2.1. La
demanda que presentaron los ciudadanos Nixon Torres Cárcamo y Taufit Ramos
Utria contra el parágrafo del artículo 63 de la Ley 1469 de 2010, que establece
el término en el cual entrará a regir lo dispuesto en dicha norma, señala que
dicho parágrafo es contrario a la Constitución y la jurisprudencia de esta
Corporación, en relación con las garantías laborales mínimas y la tercerización
de las relaciones laborales,  en la medida en que pospone en el tiempo: i)
la prohibición de contratar con cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado que hagan intermediación laboral y ii) la posibilidad de imponer
las sanciones que se allí se fijan por infringir esa prohibición. Para los
demandantes no existe ninguna razón para que el legislador pospusiera por dos
años la vigencia de una normativa que contiene una garantía expresa para los
trabajadores.
5.2.2.La Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores
Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de
Colombia– ANTHOC, el Departamento de la Función Pública, la Unión de
Trabajadores de Servidores Públicos y el ciudadano Jorge Armando Ramos Jiménez,
en sus intervenciones, solicitaron la declaración de inexequibilidad del
parágrafo por considerarlo contrario a los derechos y garantías mínimas de los
trabajadores en la medida en que pospone en el tiempo la protección que deben
recibir quienes son contratados bajo ciertas modalidades de trabajo, pese a
existir un verdadero vínculo laboral desprovisto de todas las prerrogativas y
beneficios propios de éste.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Cooperativas
y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, consideran que la norma de
la cual hace parte el parágrafo, lo único que hace es reiterar la prohibición
de contratar funciones misionales permanentes con las cooperativas de trabajo
asociado que hacen intermediación, pues de hecho ninguna cooperativa de trabajo
asociado puede hacer ésta. En cuanto al parágrafo señala que es exequible, en
la medida en que él señala un término prudencial para que las mencionadas
cooperativas den por terminados los contratos que tengan, igualmente, para que
las entidades públicas y privadas adopten las medidas necesarias para asegurar
el cumplimiento de las funciones contratadas bajo esta modalidad.
La  Comisión
Colombiana de Juristas, la Escuela Nacional Sindical y la Central Unitaria de
Trabajadores, en escrito conjunto, consideran que el artículo 63 se ajusta a la
Constitución, por cuanto su finalidad no es otra que granizar los derechos y
garantías laborales al prohibir la contratación de trabajadores mediante la
modalidad las cooperativas asociadas de trabajo que han venido haciendo
intermediación laboral. No obstante, consideran que corresponde a la Corte
hacer una sentencia aditiva para que se entienda que la prohibición de
contratar bajo esta modalidad no solo incluye las funciones misionales
permanentes sino aquellas que sin ser misionales, son permanentes en una
entidad, hecho que obliga a contrataciones con todas las garantías laborales.
Nada se dice en relación con el parágrafo acusado.
La Superintendencia de Economía Solidaria considera
que el artículo 63 no desconoce  la Constitución por cuanto lo único que hace
es reiterar prohibiciones existentes en el ordenamiento jurídico.
La Universidad del Rosario llama la atención sobre la
posible derogatoria del parágrafo acusado por una disposición de la Ley del
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, que al momento de la intervención estaba
en curso en el Congreso de la República.
Finalmente, el Ministerio Público, manifestó que la
norma en su contexto es exequible por cuanto reitera prohibiciones que el
legislador señaló con anterioridad. Igualmente considera que el plazo que se
otorga en el parágrafo acusado  busca que la confianza legítima no resulte
lesionada, al terminar intempestivamente unos contratos que están en curso.
5.2.3. La
demanda y las intervenciones antes reseñadas, obligan a la Corte Constitucional
a determinar: i) el alcance del parágrafo acusado, hecho que hace
necesario precisar el alcance del precepto del cual hace parte, porque sólo el
correcto  entendimiento de éste, permitirá fijar el sentido del texto que se
demanda, ii) una vez determinado el alcance de dicho precepto, le
corresponde a la Sala establecer si, tal como lo afirman los demandantes y
parte de los intervinientes, el parágrafo acusado resulta contrario a los
derechos y garantías mínimas de los trabajadores en los términos de los
artículos 25 y 53 de la Constitución Política, así como de la jurisprudencia
constitucional que ha determinado que prima el vínculo laboral frente a formas
que buscan esconder, encubrir u ocultar las relaciones laborales en detrimento
de los derechos y garantías mínimas laborales, al permitir que por el término
estipulado en el aparte acusado, las precooperativas y cooperativas de trabajo
asociado que hagan intermediación laboral sigan funcionando sin ninguna clase
de sanción.
5.2.4. Sin
embargo, antes de absolver los planteamientos esbozados,  es necesario analizar
si, como lo señala la intervención de la Universidad del Rosario, el parágrafo
acusado fue derogado, evento en el cual la Sala debe analizar los efectos de esa
derogación, para determinar si procede o no un pronunciamiento de fondo sobre
la disposición acusada.
En consecuencia, procede la Corte a analizar este
aspecto.
5.3.
LA DEROGACIÓN Y EL CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD[1]
La
jurisprudencia constante y pacífica de esta Corporación ha señalado que el
control de constitucionalidad no procede frente a normas derogadas o que han
dejado de producir efectos.
En
términos generales se ha reconocido que la derogación es la revocación total o
parcial de un precepto por disposición del legislador quien, en ejercicio de su
libertad de configuración normativa, decide expresamente sustituir una
disposición por otra o dejarla sin efectos, lo que se conoce como derogación
expresa, o, regular un determinado hecho o fenómeno en forma diversa a como
se venía tratando en normas anteriores, sin señalar expresamente qué
disposiciones quedan sin efectos, lo que implica que aquellas se tornan
incompatibles con la nueva regulación. A esta clase de derogación se conoce
como tácita.  Estas dos clases de derogación se encuentran reglamentadas
en los artículos 71y 72 del Código Civil, así:
“Artículo 71. La derogación
de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que
deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones
que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial”.
“Artículo 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes
anteriores aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con
las disposiciones de la nueva ley”[2].
Existe una tercera clase de derogación que es la
orgánica, que implica que una ley nueva regule de forma integral una
materia, tal como lo contempla el artículo 3 de la Ley 57 de 1887.
5.3.1. La derogación expresa no implica ninguna
actividad para el intérprete, pues le basta acudir a la norma de vigencia para
determinar los preceptos que quedan sin efecto por disposición del legislador.
La derogación tácita, por su parte, exige un ejercicio de interpretación
y comparación para determinar el vigor de uno o varios artículos[3].
La derogación orgánica puede tener características de
la derogación expresa y de la tácita, en el sentido en que el legislador puede
expresamente señalar que una regulación queda sin efectos o que le corresponda
al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva
normativa.
En palabras de esta Corporación “la derogación
es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma
posterior, por cuanto la derogación no se
basa en un cuestionamiento de la validez de la norma -como sucede cuando ésta
es anulada o declarada inexequible por los jueces- sino en criterios de
oportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en
especial, en relación con las leyes, por el Congreso”[4]. En otros términos, la derogación es expresión
plena del principio democrático.
5.3.2. Teniendo en cuenta el
fallo trascrito, es evidente que el primer paso que le compete agotar a la
Corte Constitucional antes de adelantar el juicio de constitucionalidad, es
analizar la vigencia del precepto que se solicita expulsar del ordenamiento por
su incompatibilidad con la Carta Política, porque si no está vigente o no está
produciendo efectos jurídicos, el control de constitucionalidad perdería su
razón de ser.
Sobre el particular se ha dicho:
“la acción pública de inconstitucionalidad exige de
esta Corporación un juicio de validez y un análisis constitucional. No ha sido
concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los
efectos derogatorios de las normas jurídicas. Cuando la Corte ha  entrado
a definir si la norma demandada está vigente, lo ha hecho para determinar la
materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se
vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control”[5].
En ese sentido, es claro que normas que ya no están en
el ordenamiento jurídico por decisión expresa o tácita del legislador ordinario
o extraordinario no pueden ser objeto del control de constitucionalidad, por
cuanto su exclusión del mundo jurídico ya se produjo y, como tal, carece de
fundamento contrastar la disposición con la Constitución, toda vez que la
supremacía e integridad de la normativa superior no está en juego. Por tanto,
no se puede confundir el control de constitucionalidad con el análisis sobre la
vigencia de una determinada norma, estudio éste que debe ser previo a aquel,
toda vez que carece de lógica que la Corte Constitucional expulse del
ordenamiento jurídico una disposición que por la voluntad política del
legislador ya no hace parte de él. Esta Corporación sobre este punto  ha
manifestado que:
"la derogatoria es un fenómeno de teoría
legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia
político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica
que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro
del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación”[6]
5.3.3. La regla anterior tiene una excepción que la
jurisprudencia constitucional se ha encargado de elaborar, al admitir que el
análisis sobre la vigencia de una disposición  no debe estudiar simplemente si
ella ha sido derogada, también debe indagar si, pese a su exclusión del
ordenamiento, la misma sigue proyectando sus efectos, evento en
el cual, pese a que el precepto ya no haga parte del ordenamiento jurídico, la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus funciones de salvaguarda,
integridad y supremacía de la Constitución, le compete realizar el análisis
correspondiente, para determinar su compatibilidad con los preceptos superiores
y en caso de encontrarla incompatible con el ordenamiento constitucional,
impedir que sus efectos se sigan irradiando. Ha dicho esta Corporación:
“Ciertamente, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que la
sustitución o derogatoria de una norma no es por sí misma motivo o causa para
el rechazo de la demanda o para que la Corte profiera un fallo inhibitorio; lo
anterior por cuanto la norma puede encontrarse produciendo efectos jurídicos, o
llegar a producirlos en el futuro, por lo cual puede ser necesario un
pronunciamiento de mérito. Así pues, si la Corte ha considerado que mantiene
competencia para conocer y decidir demandas de inconstitucionalidad dirigidas
en contra de disposiciones que han perdido vigencia mas no eficacia, es decir
que siguen produciendo efectos jurídicos a pesar de haber sido derogadas o
sustituidas” [7]
Lo expuesto hasta aquí, impone a la Corte
Constitucional, en relación con el parágrafo transitorio del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010  analizar su vigencia y proyección de efectos.
5.4. ALCANCE
DE LA NORMA ACUSADA Y DEL TEXTO DEL CUAL HACE PARTE.
El artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 “Por
medio de la cual se busca la formalización y generación de empleo”, fue
incluido en el segundo debate que surtió el proyecto de iniciativa del Gobierno
Nacional. Con su inclusión, el legislador se proponía, entre otros, poner fin a
un debate sobre el papel de las cooperativas de trabajo asociado en general, pero
especial frente aquellas que estaban haciendo intermediación laboral, modalidad
expresamente prohibida en la Ley 1233 de 2008, artículo 7.  Se tenía la idea,
entonces, de buscar una fórmula que eliminara del ordenamiento jurídico las
cooperativas de trabajo asociado, reguladas inicialmente en el artículo 70 de
la Ley 79 de 1988, figura utilizada por algunas cooperativas para hacer
intermediación laboral, pese a desvirtuar su naturaleza.
Sobre el particular se lee
en la Gaceta 78 del 10 de Marzo de 2011 “El otro tema es el relativo a las
cooperativas de trabajo asociado. Creo que muchos colombianos nos sentimos muy
contentos de saber que definitivamente el Gobierno del Presidente Santos,
quería acabar con la intermediación laboral de las cooperativas de trabajo
asociado y con toda otra forma de intermediación laboral, falsos contactos de
prestación de servicios, falsas órdenes de prestación de servicios y que íbamos
a avanzar hacia la formalización, hacia acabar esas nóminas paralelas que tanto
le están haciendo daño a la dignidad de los trabajadores. Me he sentido
frustrado, que ahora ese tema no aparezca.”[8]
En referencia a este asunto, en otro aparte de la misma
Gaceta se evidencia la idea de prohibir de una vez por todas las cooperativas de
trabajo asociado, como los inconvenientes que esa decisión podía generar “… cuando
hablábamos con el Viceministro el tema de las cooperativas de trabajo asociado,
le parecía muy prudente al Gobierno Nacional en cabeza inclusive del
Vicepresidente Angelino Garzón, la eliminación de las cooperativas de
trabajo asociado, pero entendamos que bajo de esa figura …hay casi dos
millones de Colombianos que podrían quedar en el aire al desmontarse manera
directa las cooperativas de trabajo asociado. Nosotros hemos presentado una
redacción que protege de manera directa ese trabajo y garantiza la
formalización de esa forma de explotación o de tercerización laboral que se
está dando a través de las cooperativas de trabajo asociado, y me refiero a
trabajadores del sector salud, me refiero a trabajadores del sector azucarero,
me refiero a trabajadores casi que dos millones que están en el mundo de la
indigencia y la exclusión”[9].
(negrillas fuera de texto)
Por tanto, el ponente del proyecto Senador
Camilo Sánchez, presentó la propuesta de unos senadores encabezados por el
Senador Manuel Enríquez Rosero, que trajeron a la discusión un artículo
nuevo. El mencionado ponente señaló: “En el tema de las cooperativas lo que se va a impedir es
la  intermediación … y por eso para que quede claridad absoluta el señor
Secretario va a leer el artículo que es muy claro, muy conciso ya lo han visto
las diferentes Bancadas, por favor señor Secretario leer el artículo pertinente
de las cooperativas”. El texto leído era igual
al que hoy se identifica como artículo 63 de la Ley 1439 de 2010.
En relación con el texto
propuesto se presentaron diversas reacciones. Para un grupo de senadores, esa
redacción no finalizaba con el problema de la intermediación laboral de las
cooperativas de trabajo asociado y, por tanto se requería de otra. Para otro
grupo, la norma acababa con el cooperativismo en Colombia.
De las distintas
intervenciones que se presentaron, así como de la literalidad de la norma
acusada y el sentido de la misma, la Sala encuentra que el artículo 63 del que
hace parte el parágrafo acusado, se refiere a los siguientes aspectos:
El primer inciso establece la prohibición para entidades
públicas y privadas de contratar mediante cooperativas de trabajo asociado o
cualquier otro modalidad de vinculación que afecte los derechos
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales,
a quienes deben desarrollar las actividades misionales permanentes de la
respectiva entidad.
En este inciso lo que el
legislador hizo no fue otra cosa que llevar a prohibición legal lo que la
jurisprudencia de las Altas Cortes ha venido reiterando en relación con la
primacía del contrato realidad, al señalar que ni los entes públicos ni las
personas privadas pueden encubrir las relaciones laborales caracterizadas por la
subordinación, a través de distintas modalidades de contratación o de
figuras como las  cooperativas de trabajo asociado.
El segundo inciso se refiere expresamente a las precooperativas
y cooperativas de trabajo asociado para señalar que éstas deben respetar las
garantías mínimas para el trabajador, tal como lo establecen los artículos 25 y
53 de la Constitución, teniendo en cuenta que estos preceptos se refieren a la
protección de los trabajadores, independiente de la modalidad de contratación. Sobre
la interpretación de parte de este inciso se puede consultar la sentencia C-645
de 2011[10].
El tercer inciso introduce por primera vez sanciones
claras y contundentes para los funcionarios públicos y los particulares que
bajo distintas modalidades de contratación tiendan a encubrir verdaderas
relaciones laborales. Para el efecto, dispone: i) que el Ministerio de
Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, impondrá multas de
hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales a las entidades públicas o
privadas que inobserven las disposiciones de los dos incisos anteriores; ii)
en relación con las precooperativas y las cooperativas de trabajo asociado, su
disolución y liquidación y iii) se eleva a falta grave para el servidor
público el hecho de contratar con cooperativas de trabajo que hagan
intermediación laboral. Esta falta tiene como sustento, el hecho de que desde
el año 2008, en la Ley 1233, artículo 7º  el legislador expresamente había
señalado que esta clase de cooperativas tenían prohibido hacer intermediación
laboral.
Finalmente, el parágrafo
transitorio y objeto de acusación, establece que la disposición antes descrita entraría a regir a
partir del primero (1o) de julio de 2013.
Este parágrafo generó un sin
número de interpretaciones, pues para algunos, en él se consagraba: i)
la posibilidad de que aquellas  cooperativas de trabajo asociado que por su
naturaleza no pueden hacer intermediación laboral, siguieran haciéndola por el
término señalado en el parágrafo. Interpretación que se entendía contraria a
los derechos y garantías mínimas de los trabajadores que estaban prestando su
servicio en entidades privadas y públicas, en actividades propias de la función
misional o giro ordinario de los negocios del establecimiento privado; ii)
la concesión de un término específico para que todos los contratos o vínculos
laborales cubiertos bajo las modalidades prohibidas por la norma, fueran
regularizados o finalizados según el caso y iii) un período de
transición para la imposición de las sanciones en él señaladas.
5.5. LA DEROGACIÓN DEL PARÁGRAFO
TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY 1429 DE 2010.
Esta multiplicidad de
interpretaciones, que de hecho se evidencian en las intervenciones que se
dieron en el proceso de la referencia, hizo que algunos congresistas con el
aval del Gobierno Nacional propusieran su derogación en las discusiones que se
dieron a propósito del Plan Nacional de Desarrollo[11].
En ese orden, revisado el
texto de la Ley 1450 del
16 de junio de 2011, Ley del
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, en
su artículo 276 sobre vigencias y derogatorias,
se lee en el inciso segundo que el parágrafo acusado se deroga
expresamente. Veamos:
“Inciso segundo: Deroga en especial
el artículo 9o del Decreto 1300 del 29 de julio de 1932; los artículos 3o y 4o
del Decreto 627 de 1974; 19 de la Ley 55 de 1985; 9o de la Ley 25 de 1990;
elimínase la periodicidad de dos (2) años prevista en el artículo 2o de la Ley
1ª de 1991 para la presentación y aprobación de los Planes de Expansión
Portuaria y en el artículo 15  de la Ley 105 de 1993 para la presentación y
aprobación de los Planes de Expansión Vial, 21 de la Ley 160 de 1994; el inciso
segundo del artículo 151 de la Ley 223 de 1995; el numeral 5 del artículo 2  de
la Ley 549 de 1999; los artículos 2, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley 590 de 2000;
10, 11 y el parágrafo del artículo 12  de la Ley 681 de 2001; parágrafo 3o del
artículo 19 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 5o de la Ley 1383
de 2010; parágrafo 2o del artículo o de la Ley 872 de 2003; 26, inciso 2o del
artículo 28 de la Ley 1150 de 2007; …; artículo 69  de la Ley 1341 de 2009
exceptuando su inciso segundo; parágrafo 2o del artículo 12 y el artículo 3 de
la Ley 1382 de 2010 y el parágrafo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010”
(negrilla y subraya fuera de texto).
En consecuencia, más allá de las razones
del Gobierno y del legislador para su derogación, es claro que al momento de la
toma de esta decisión, el texto demandado no hace parte del ordenamiento
jurídico y, en consecuencia, no tiene sentido emitir un pronunciamiento sobre
su contenido.
Una  vez el parágrafo acusado fue derogado,
16 de junio de 2011, seis meses después de radicada la demanda, dejó de
producir efectos, razón por la cual ha de entenderse que las prohibiciones,
previsiones y sanciones contempladas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010
están vigentes. Así mismo, por razón de su contenido, no se puede afirmar que
pueda estar proyectado efectos, pues él se limitaba a postergar la vigencia de
un determinado contenido normativo.
Finalmente, en relación con la solicitud
de sentencia aditiva que hizo la Comisión
Colombiana de Juristas, la Escuela Nacional Sindical y la Central Unitaria de
Trabajadores, basta señalar que la Sala no puede pronunciarse sobre ella, por
cuanto el cargo de la demanda no estaba dirigido contra la totalidad del
artículo 63 sino contra su parágrafo transitorio, así,  mal haría este Tribunal
pronunciándose sobre un aspecto que no fue objeto de controversia.
6. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento
de fondo respecto de la demanda de la referencia, dirigida contra el parágrafo
transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por cuanto dicho parágrafo
fue  expresamente derogado por la Ley 1450 de 2011 y no está produciendo efecto
alguno que justifique un pronunciamiento de esta Corporación.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con excusa
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Este capitulo hace parte de la sentencia C-775 de 2010. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljud.
[2].
La Corte Constitucional, en sentencia C-159 de 24 de febrero de 2004. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra, declaró la exequibilidad de estos dos artículos.
[3].
Consejo de Estado. Sentencia No.1675 del 31 de agosto de 2005. C.P. Gustavo
Aponte Santos.
[4].
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-154 de 24 de febrero de 2004. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[5]
Corte Constitucional. Sentencia C-823 de 4 de octubre 2006. M.P. Jaime Córdoba
Triviño. Igualmente, se pueden consultar las sentencias C-898 de agosto 22 de 2001,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y  C- 992 de octubre 12 de  2004, M.P,
Humberto Sierra Porto.
[6].
Corte Constitucional. Sentencia C-145 de marzo 23 de 1994. MP Alejandro
Martínez Caballero.
[7]
Corte Constitucional. Sentencia C-1067 de octubre 29 de 2008. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra. En el mismo sentido se pueden consultar, ente otras, las
siguientes sentencias  C-397 de septiembre 7 de 1995,M.P. José Gregorio
Hernández Galindo;  C-1144 de agosto 30 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-801
de agosto 20 de 2008. M.P. Manual José Cepeda; C-309 del 29 de abril de 2009,
M.P. Jorge Iván Palacio;  C-714 de octubre 7 de  2009, M.P. María Victoria
Calle.
[8]
Intervención del senador Luis Carlos Avellaneda
[9]
Intervención del senador Alexánder López
Maya
[10]
M.P. Gabriel Mendoza Martelo, del 31 de agosto de 2011.
[11] En el
proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentando por el Gobierno Nacional no
aparecía esta derogatoria, según se puede leer en el artículo 170, sobre vigencias
y derogatorias que aparece publicado en la Gaceta del Congreso 14 de 2011. Su
inclusión se hizo en el primer debate que tuvo el proyecto en las comisiones
tercera y cuarta del senado, en donde expresamente se hace alusión a la
necesidad de derogar este parágrafo. La Gaceta del Congreso 85 de 2011, en las
modificaciones al artículo 170 del proyecto presentado por el Gobierno, da
cuenta de esta inclusión.