C-411-15
Sentencia
C-411/15
REVOCATORIA DE DETENCION Y PRISION
DOMICILIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS-Decisión motivada del juez competente/OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR LA PERSONA
SUJETA A DETENCION DOMICILIARIA-Transgresión de dichas obligaciones lleva consigo la detención y puesta
a disposición del juez competente
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Control de la medida por agentes del Inpec
o la Policía Nacional y deber de poner a persona capturada a disposición del
juez competente
DETENCION-Presupuestos fácticos/DETENCION Y PENA DE PRISION
DOMICILIARIA-Obligaciones
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Sujetos destinatarios de la norma/DETENCION
O PRISION DOMICILIARIA-Titularidad
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Contenido normativo/DETENCION O PRISION
DOMICILIARIA-Facultad de autoridades administrativas de ejecutar una
decisión judicial
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA EN EL
PROCESO PENAL-Solo puede
imponerlas un juez
CODIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Se inserta reforma que regula la ejecución
de las medidas y penas debidamente impuestas
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Alcance de la medida
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Sustracción de las condiciones de reclusión
o confinamiento/DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Incumplimiento de
obligaciones impuestas en virtud de la medida de aseguramiento o pena
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Inaplicación de la revocatoria cuando la
persona se encuentre en condiciones de confinamiento/DETENCION DOMICILIARIA-Control
del cumplimiento en el lugar de residencia estará a cargo del Inpec
PRISION Y DETENCION DOMICILIARIA-Obligaciones cuya inobservancia da lugar a
ejecutar la detención preventiva o de reducción a pena de prisión domiciliaria
PRISION DOMICILIARIA-Obligaciones que acarrea como pena
sustitutiva de la de prisión
DETENCION DOMICILIARIA-Obligaciones
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Disposición legal exige actualidad en la
violación a las obligaciones/DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Relación
de inmediatez entre la captura y los hechos que la provocan
PRIVACION DE LA LIBERTAD-Norma respeta la reserva judicial en tanto
presupone una decisión tomada por juez competente que impone medidas de detención
o condenas de prisión
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Facultad que se les concede a las
autoridades administrativas
La Corte advierte que la facultad que se les concede a
las autoridades administrativas allí especificadas consiste en capturar a quien
se encuentra sometido, por decisión judicial, a detención o prisión
domiciliarias y sin embargo (i) está en situación de libertad, de hecho o en
virtud de un permiso debidamente extendido; (ii) incurre en una violación de
las obligaciones propias de esa forma de detención o prisión; y (iii) esa
violación es actual. Algo claro en esta regulación es entonces que la captura
se encuentra precedida de una providencia expedida por juez competente, en la
cual se decreta la respectiva pena o medida de reclusión domiciliaria. Ahora
bien, la decisión judicial no solo es anterior, en términos temporales, a la
aprehensión material del individuo sino que además es según la norma el
fundamento mismo de la captura, pues lo que se persigue es la ejecución
efectiva de la medida de detención o pena de prisión domiciliarias, por la vía
de evitar que la persona sujeta a estas instituciones se sustraiga de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que le fueron impuestas en un proceso
penal, con todas las garantías, por un juez competente.
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Facultad de capturar/PRISION
DOMICILIARIA-Captura en virtud de orden judicial que consiste en la
ejecución de la medida de aseguramiento o de la pena
La facultad de capturar que contempla la norma
cuestionada presupone que quien está sujeto a un régimen de detención o prisión
domiciliarias se encuentra en una situación de libertad. Esta última, según lo
indicado, puede de hecho ser producto de una sustracción ilegítima de las
condiciones de reclusión que se le impusieron a la persona, dentro del marco
legal, en la providencia que decretó la medida o la pena. En ese caso, dado que
la persona no cuenta con permisos para sustraerse de las circunstancias de confinamiento
que le definió específicamente un juez, no cuenta tampoco con expectativas
legítimas de protección hacia su libertad personal, pues por virtud de una
decisión judicial ha sido privado de ella. En consecuencia, si esa persona se
encuentra en una situación de libertad de hecho, a pesar del régimen de
privación que se le impuso y de la ausencia de autorizaciones para salir de sus
restricciones, su captura se produce precisamente en virtud de una orden
judicial pues consiste en sentido estricto en la ejecución de la medida de
aseguramiento o de la pena de prisión domiciliaria. En esos casos, más allá de
si cabe aplicar la facultad de captura en flagrancia expresamente contemplada
en la Constitución (CP art 32), por la posible incursión en delitos de fuga de
presos (C Penal art 448) o fraude a resolución judicial (ídem art 454), quien
se evade de su confinamiento puede ser capturado por los servidores
administrativos que precisa la norma para ejecutar la medida o pena que se le
impuso, y por ende no se viola la reserva judicial en la materia (CP art 28).
LIBERTAD PERSONAL-Situación originada en permiso debidamente
extendido por la autoridad competente
Es también posible que la situación de libertad se
origine en un permiso debidamente extendido por la autoridad competente. Así,
una persona sometida a detención o prisión domiciliarias podría obtener una
autorización para atender controles médicos, el advenimiento del parto en el
caso de las mujeres gestantes, o cuando se trata de mujeres cabeza de familia
en las condiciones que contempla el numeral 5 del artículo 314 del Código de
Procedimiento Penal. Igualmente, es factible que a la persona se la autorice
concretamente a cambiar de residencia, como se infiere de los artículos 38B del
Código Penal y 314 del Código de Procedimiento Penal, o que se dé algún otro
evento de permiso que suponga una situación transitoria de libertad personal.
En esas hipótesis se podría, según la norma, practicar la captura allí
referida. No obstante, es preciso hacer una distinción fundamental en función
de cuál es la autoridad que concede el permiso (si es el juez o el INPEC), y
cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho de la captura que se efectúa,
pues no son supuestos iguales desde el punto de vista de la Constitución (CP
art 28).
LIBERTAD TRANSITORIA-Situación originada en un permiso del juez
La libertad transitoria se origina en un permiso del
juez, la resolución judicial correspondiente puede fijar los límites y
condiciones en que la situación puede disfrutarse. El desacato objetivo de esos
limitantes, por parte de quien está llamado a beneficiarse del sustituto,
activa naturalmente una condición resolutoria del permiso, en virtud de la cual
se abre entonces la posibilidad de hacer efectiva, mediante captura del
funcionario respectivo del INPEC o de la Policía Nacional, la decisión judicial
que impuso la detención o prisión domiciliarias. En cambio, si los actos del
detenido o condenado se enmarcan dentro de los límites y condiciones de
disfrute del permiso judicial, solo el juez puede revocar esa situación, salvo
flagrancia o alguna otra situación constitucionalmente equivalente, y no cabe
alegar –para desconocer ese status por vía administrativa- el incumplimiento de
otras obligaciones previamente pactadas o impuestas, pues esto constituiría una
forma de eludir el mandato judicial y transitorio de libertad personal.
DETENCION O PRISION DOMICILIARIA-Situación de libertad originada en un
permiso concedido por autoridad administrativa
Un examen independiente requiere la pregunta por la
constitucionalidad de la norma acusada, en aquellos casos en que la situación
de libertad se origina en un permiso concedido por la autoridad administrativa
–INPEC-, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley (C Penitenciario
arts. 147 y ss.). En esos casos, para empezar, si el juez considera
razonablemente que existe alguna causa para revocar el permiso, puede hacerlo
con sujeción a la ley, lo cual está dentro del marco constitucional (CP art
28). Asimismo, la propia Ley 65 de 1993 contempla la posibilidad de que, ante
el incumplimiento de las condiciones específicas que se le hayan impuesto al
beneficiario, se revoque el permiso por quien lo otorgó (C Penitenciario art
150). Por tanto, es posible que la misma autoridad administrativa que la
concedió, resuelva la autorización ante el desacato objetivo de lo contenido en
ella. Más allá de lo cual, si fuera de esas condiciones se observa el
incumplimiento de otras obligaciones debidamente impuestas en providencia
judicial, y derivadas del régimen de detención o prisión domiciliarias, forma
parte de la potestad que les reconoce la norma acusada a los funcionarios
pertinentes del INPEC y de la Policía Nacional, ejecutar efectivamente la
medida de aseguramiento y la pena de reclusión domiciliarias, si las
condiciones para concederlas se están trasgrediendo. En tal caso, el fundamento
sería entonces también una decisión judicial, y por ende no habría vulneración
de la reserva judicial (CP art 28).
EJECUCION DE MEDIDAS Y PENAS PRIVATIVAS DE
LA LIBERTAD-Facultad de
capturar asignada al Inpec y a la Policía Nacional
La ley puede en consecuencia asignarle al INPEC, y a
la Policía Nacional en cuanto resulte compatible con sus funciones
constitucionales, la atribución de efectuar actos, incluso coactivos como la
captura, que contribuyan a la ejecución de las medidas y penas privativas de la
libertad debidamente decretadas por juez competente, en cuanto esto no suponga
alterar o modificar definitivamente las condiciones de la detención o de la
pena. En ese margen se ubica la disposición cuestionada, toda vez que les
adjudica a los funcionarios del INPEC o de la Policía Nacional, encargados de
controlar y vigilar las detenciones y prisiones domiciliarias, la función de
ejecutar las resoluciones judiciales que hayan impuesto la medida de
aseguramiento o la pena privativa de la libertad, por la vía de una captura
transitoria que se fundamenta en decisión judicial, y que no altera
definitivamente las condiciones de la medida o la pena.
RESERVA JUDICIAL EN MATERIA DE DETENCION Y PRISION DOMICILIARIA-Sustento en el principio de separación de
funciones
No puede perderse de vista que la reserva judicial en
esta materia tiene un sustento en el principio de separación de funciones (CP
art 113). En efecto, la Constitución establece en primer término que el
legislador es quien debe definir previamente en abstracto los motivos y el
procedimiento indicado para privar a una persona de su libertad (CP arts. 28,
29 y 150 nums 1 y 2). En segundo lugar, consagra una reserva judicial, como
regla general, para juzgar cuándo se dan las hipótesis que ha previsto la ley a
fin de llevar a cabo la medida de privación de la liberta que allí se consagra
(CP arts. 28, 29, 32 y 250). Finalmente, instaura una rama ejecutiva, cuyo Jefe
y Suprema Autoridad Administrativa es el Presidente de la República, de la cual
forman parte la Policía Nacional (CP arts. 188 num 3, 216 y 218) y el INPEC (C
Penitenciario art 15), entre cuyos deberes se encuentran los de obedecer las
leyes y velar por su estricto cumplimiento y, específicamente, de acuerdo con
la ley, ejecutar las penas y medidas impuestas debidamente por autoridad
judicial competente. Esto permite advertir que la facultad prevista en la norma
acusada no viola tampoco el fundamento de la reserva judicial, pues la
separación de funciones queda intacta, en la medida en que al funcionario
pertinente del INPEC y de la Policía Nacional no se les da otra atribución que
la de ejecutar las decisiones judiciales que inicialmente imponen la detención
o pena de prisión domiciliarias.
CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DETENCION Y PRISION DOMICILIARIA-Criterios para ejercer el acto coactivo de
captura contemplado en la norma
REVOCATORIA DE DETENCION Y PRISION
DOMICILIARIA-Presupone una
providencia en la cual un juez competente ha impuesto la medida/REVOCATORIA
DE DETENCION Y PRISION DOMICILIARIA-Aplicación
Cuando la disposición demandada se interpreta, a la
luz de su texto, del contexto normativo en el cual se inserta, del marco
procesal y penitenciario en el cual está llamada a aplicarse, se observa de
conformidad con la Constitución que presupone precisamente una providencia en
la cual un juez competente ha impuesto una medida de detención o una pena de
prisión domiciliarias, y se aplica (i) respecto de quien está en situación de
libertad, de hecho o en virtud de un permiso debidamente extendido; (ii)
incurre en una violación de las obligaciones propias y exclusivas de esa forma
de detención o prisión; y (iii) esa violación es actual. Debido a que es
entonces necesario que exista una resolución judicial que haya impuesto la
medida o pena privativa de la libertad, y a que es una respuesta administrativa
orientada a ejecutar esa decisión tomada por juez competente, en los casos
precisos en que se incumplan las obligaciones contenidas en la providencia, la
Corte considera que no se viola la reserva judicial en la materia (CP arts. 28,
32 y 250) y por lo mismo declarará exequible el artículo 31 (parcial) de la Ley
1709 de 2014.
Referencia: Expediente D-10497
Actor: Laureano Antonio
Benavidez Lugo
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 31 (parcial) de la Ley 1709 de 2014 ‘Por medio de la cual se reforman algunos artículos de
la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan
otras disposiciones’.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., primero
(1º) de julio de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES[1]
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la
Constitución, el ciudadano Laureano Antonio Benavides
Lugo demandó el artículo 31 (parcial) de la Ley 1709 de 2014. Mediante
auto del 21 de noviembre de 2014 se admitió la demanda, y en virtud de los
artículos 242 de la Constitución, y 7, 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991, se
ordenó comunicar la iniciación del proceso a los Ministerios de Justicia y del
Derecho, y de Defensa, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de
la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), a la Policía Nacional, al Congreso de la República, a las Facultades
de Derecho y Jurisprudencia de las Universidades de los Andes, Javeriana,
Militar Nueva Granada, Católica, del Rosario, Sergio Arboleda, Libre, Sabana,
Externado, Nacional, de Antioquia, Bolivariana, del Sinú, del Norte de
Barranquilla; al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, a los Colegios de Jueces Fiscales de Antioquia,
Atlántico, Boyacá, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cesar, Cundinamarca, Huila,
Magdalena, Nariño, Quindío, San Gil y Tolima. Asimismo, se dispuso correr
traslado del proceso al Procurador General de la Nación, y fijar en lista la
norma acusada para efectos de la intervención ciudadana, conforme al inciso 2º
del artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales,
propios de los procesos de constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte
Constitucional procede a decidir la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
Se trascriben a continuación la norma indicada de la
Ley conforme a su
publicación en el Diario
Oficial No. 49.039 de 20 de
enero de 2014, en negrilla lo cuestionado por el
demandante de forma específica:
“LEY 1709 DE 2014
(enero 20)
Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se reforman algunos artículos de
la Ley 65 de
1993, de la Ley 599 de
2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
[…]
Artículo  31. Adiciónase un artículo a
la Ley 65 de 1993 el cual quedará así:
Artículo 29F. Revocatoria de la detención y prisión
domiciliaria. El incumplimiento de las
obligaciones impuestas dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada
del juez competente.
El funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el funcionario de la
Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, detendrá
inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la pondrá en
el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez que profirió la
respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.
La revocatoria de la medida se dispondrá con
independencia de la correspondiente investigación por el delito de fuga de
presos, si fuere procedente.
Parágrafo. El
Inpec podrá celebrar convenios con la Policía Nacional para el seguimiento del
cumplimiento de la prisión domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente
para garantizar el desarrollo de la misma. La participación de la Policía
Nacional dependerá de la capacidad operativa y logística de las unidades que
presten el apoyo al Inpec”.
III. LA DEMANDA
4. El ciudadano Laureano Antonio Benavides
Lugo señala que el inciso tercero del artículo 31 de la Ley 1709 de 2014 es
inconstitucional, pues vulnera el Preámbulo y los artículos 28, 32 y 250 de la
Carta Política,  9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por los siguientes motivos:
El
demandante manifiesta que la norma demandada vulnera el principio de reserva
judicial de la captura contemplado en el artículo 28 de la Constitución, en
virtud del cual solamente los jueces o funcionarios judiciales pueden tomar
decisiones atinentes a la restricción de la libertad personal, pues permite que
sean agentes del INPEC o de la Policía Nacional quienes realicen la aprehensión
del sujeto sin previa orden judicial y sin que se encuentre en una situación de
flagrancia.
Aduce
que las únicas dos (2) excepciones reconocidas en la Constitución a la captura
con orden judicial son la captura en flagrancia y la captura excepcional que
realiza la Fiscalía, las cuales tampoco se presentan en este caso:
Manifiesta
que no se puede sostener que la captura se haya presentado en una situación de
flagrancia, por cuanto no se deriva de la comisión de un delito, sino del
incumplimiento de obligaciones señaladas en la ley, por lo cual en ese evento
se debería aplicar un procedimiento en el que se respete el debido proceso y se
permita ejercer el derecho a la defensa y posteriormente se pueda proceder a la
aprehensión de la persona.
Agrega
al respecto que en la norma se estableció un procedimiento similar al de la
flagrancia, contemplado en el artículo 32 de la Constitución Política, pues se debe
entregar a la persona en las 36 horas siguientes a la captura. Sin embargo, en
este caso no hay flagrancia porque la razón de la captura no es la comisión de
un delito sino el incumplimiento de unas obligaciones.
Expresa
que no se presenta la captura excepcional contemplada en el artículo 250 de la
Carta Política, pues en este caso la privación de la libertad no la realiza la
Fiscalía, sino un gendarme como es el INPEC o la policía.  Agrega que incluso
el artículo 250 de la Constitución le exige a la Fiscalía el cumplimiento de una
carga mucho más exigente para privar de la libertad a una persona, pues debe
hacerse por escrito y cuando no esté disponible un juez que pueda ordenarla.
Expone
que con esta situación también se vulnera el numeral 2º del artículo 7º de la
Convención Americana de Derechos Humanos, en la medida que éste indica que
ninguna persona perteneciente a los Estados parte podrá ser privada de su
libertad sino conforme a la Constitución, la cual solo autoriza la captura por
una persona que no sea una autoridad judicial en los casos de flagrancia, evento
que no se configura en este caso.
Afirma que la norma faculta a los miembros de la Policía
Nacional y del INPEC para que en ejercicio de sus labores de vigilancia frente
a la prisión o a la detención domiciliaria, puedan detener a quienes
probablemente estén vulnerando sus obligaciones, lo cual constituye una
facultad discrecional que pone en peligro el derecho a la libertad y desconoce
lo señalado en el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en
virtud del cual: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”
Agrega
que las obligaciones que debe cumplir la persona que se encuentre bajo
detención o prisión domiciliaria se encuentran contempladas en el artículo 38B
del Código Penal y que las establecidas en los literales b) y c) tienen una
reserva judicial absoluta, pues no pueden ser determinadas por el gendarme que
vigile la pena (el INPEC o la Policía) sino por el juez, pues están
relacionadas con el pago de la indemnización y con la comparecencia de la
persona ante la autoridad judicial:
“a) No cambiar de residencia sin
autorización, previa del funcionario judicial;
b) Que dentro del término que fije el juez
sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización
debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo
con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;
c) Comparecer personalmente ante la
autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido
para ello;
d) Permitir la entrada a la residencia de
los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento
de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le
hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del
Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que
impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”[2].
Concluye
que la detención de una persona a la cual se le aplique un beneficio tan
importante como la detención o la prisión domiciliaria no puede ser sometida al
mero arbitrio de un funcionario administrativo, por lo cual para respetar el
derecho a la libertad el INPEC o la Policía solamente deberían informar al juez
para que luego de aplicado un debido proceso y respetar el derecho a la defensa
sea éste quien decida si la persona puede ser recluida en un establecimiento
penitenciario.
IV. INTERVENCIONES
Concepto de la Universidad Sergio Arboleda
Dos profesores de la Universidad Sergio
Arboleda,[3]
solicitan que se declare inexequible el texto demandado, por las razones que se
exponen a continuación:
Señalan que el precepto demandado pugna
con el artículo 28 de la Constitución Política, el cual contiene los principios
de libertad y de reserva judicial. Afirma al respecto que el constituyente
confió a los jueces la tarea de juzgar la aplicación de cualquier medida que
limite el ejercicio de la libertad, consagrando únicamente dos excepciones: los
casos de flagrancia y la facultad excepcional otorgada a la Fiscalía General de
la Nación para llevar a cabo capturas sin orden judicial. De las cuales ninguna
se predica del funcionario del INPEC o de la Policía.
Exponen que la Corte Constitucional ha
sido reiterativa en diversas providencias en limitar al máximo las medidas
restrictivas de la libertad, llegando incluso a decretar la
inconstitucionalidad de normas que autorizaban a distintas autoridades
administrativas la privación de la libertad.
Aducen que sin el establecimiento de un
procedimiento claro o indicación alguna sobre cuándo se entienden incumplidas
las obligaciones impuestas, se abren las puertas a la libre interpretación, y
con ello a la arbitrariedad a la hora de adoptar las consiguientes medidas, de
donde se deriva una contradicción entre la norma atacada y el texto del
artículo 28 de la Constitución.
Exponen que los jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la
obligación de ejercer, ex oficio, un “control de convencionalidad”
entre las  normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el
cual no solo debe ser tenido en cuenta este instrumento, sino también la
interpretación que del mismo ha realizado la Corte Interamericana, que ha
señalado que cualquier medida privativa de la libertad personal debe respetar
los siguientes requisitos para que no sea arbitraria: (i) su finalidad
debe ser compatible con la Convención; (ii) debe ser idónea para cumplir
con el fin perseguido; (iii) debe ser necesaria, en el sentido que sea absolutamente
indispensable para conseguir el fin deseado y no debe existir una medida menos
gravosa respecto al derecho intervenido, pues toda limitación a la libertad debe
ser excepcional y; (iv) debe ser estrictamente proporcional, porque el
resultado no puede ser desmedido.
Afirman que la norma desconoce los
requisitos de necesidad y proporcionalidad por los siguientes motivos: (i)
la medida no se entiende necesaria frente al fin perseguido, pues existen otras
posibilidades menos restrictivas de la libertad que pueden resultar menos
gravosas y (ii) la medida es desproporcionada, pues el sacrificio de
libertad al que se somete al detenido resulta desmedido en relación con el
beneficio obtenido que es la consecución del debido cumplimiento de la pena.
Teniendo como fundamento los argumentos
plasmados previamente solicitan que se declare inexequible el texto de la
disposición impugnada, ya que la detención sin orden judicial, realizada por
fuera de las situaciones cobijadas por los artículos 32 y 250 en el numeral 1°
de la Constitución Política, acarrea la vulneración del artículo 28 superior.
De igual manera, la norma impugnada violenta directamente el artículo 9 numeral
3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7
numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Concepto del Ministerio de Defensa
Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional solicita
declarar exequible el texto demandado por las razones que se exponen a
continuación:
Establece que el artículo impugnado, no
prevé que a la persona detenida se le deba conducir a sitio de reclusión
alguno, lo que según la entidad, permite inferir que deberá ser reconducida al lugar
en el cual estaba obligada a permanecer y dentro de las 36 horas siguientes,
deberá ponerse a disposición del juez que profirió la respectiva medida para
que tome la decisión correspondiente, como sería, por ejemplo, su detención
intramural.
También, señala que debe distinguirse
entre el instituto de la flagrancia y la detención establecida en el artículo
31 de la Ley 1709 de 2014; pues para el Ministerio, esta disposición no prevé
la aprehensión como consecuencia de la posible ocurrencia de un hecho punible,
evento en el cual las consecuencias jurídicas son del todo diferentes y operan
sin perjuicio de que se encuentren en ejecución medidas sustitutivas de la
detención preventiva o de la pena de prisión.
A su vez, argumenta que la norma acusada
tiene aplicación en una especial situación jurídica, relacionada con decisiones
judiciales previas que implican la privación de la libertad. Se trata de
personas condenadas a pena de prisión o sindicadas  respecto de las que ha sido
decretada la medida de aseguramiento de detención preventiva, y que han
accedido a la ejecución de las mismas en su lugar de domicilio. Por lo
anterior, concluye que la detención establecida en la norma demandada, no
corresponde a una nueva decisión de privación de la libertad, sino a una medida
de control relacionada con la ejecución del sustituto de prisión.
Finalmente, establece que la norma acusada
hace parte de la potestad de configuración legislativa que se encuentra en
cabeza del legislador en materia penal, que le permite a partir de criterios de
razonabilidad y proporcionalidad establecer medidas de esta clase.
Concepto de la Secretaría General de la
Policía Nacional
La Policía Nacional solicita declarar exequible
el texto demandado por las razones que se exponen a continuación:
Argumenta, que el actor pretende asemejar
la captura consagrada en la norma acusada con la flagrancia, lo cual no es
posible, pues ésta última difiere en su finalidad. Lo anterior, en vista de que
la flagrancia se presenta únicamente cuando se está incurriendo en una conducta
punible; diferente de la figura consagrada en el texto demandado que opera ante
la presunta ocurrencia del delito de fuga de presos. En consecuencia, sostiene
que se debe tener claridad que lo impuesto por el legislador, no aplica al
común de las personas, sino a aquellas que sometidas bajo el control del
Estado, deben cumplir ciertos compromisos y reglas que les permiten gozar de
medios alternos para cumplir la pena o la medida de aseguramiento que les fue
impuesta.
Sostiene que se deben tener en cuenta las
relaciones especiales de sujeción, entre el sindicado o condenado y el
funcionario que lo mantiene bajo control, en vista de que quien es objeto de la
medida, se somete a unos controles y adquiere unos compromisos con el Estado,
en aras de efectuar una plena resocialización y cumplimiento de la pena o
medida.
Asegura que debido a la relación que surge
entre el sujeto a quien se le ha impuesto pena privativa de la libertad y el
Estado, este último debe garantizar los derechos fundamentales de los presos
pero así mismo debe proteger a la comunidad. Lo anterior se logra por medio de
la adopción de diferentes medidas sobre el sujeto condenado mientras permanezca
privado de la libertad.
Concepto del Colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia
El Colegio de Jueces y Fiscales de
Antioquia solicita que se declare  inexequible la norma demandada, con base en los
siguientes argumentos:
La disposición reinstaura una especie de captura
administrativa que faculta a autoridades penitenciarias y de policía para
que motu proprio dispongan la inmediata detención de personas, con la
sola deducción de que están violando las obligaciones en virtud de las cuales
se condicionó el disfrute del sustituto penal de la prisión domiciliaria. Por
lo anterior, considera que se constituye un exceso, que limita el debido proceso
y el derecho de defensa, pues tales autoridades puedan arrogarse la facultad de
discernir y hacer valoraciones respecto de una situación que corresponde
valorar en cada caso al Juez.
Considera que el hecho que tales
autoridades se adjudiquen la facultad de discernir y hacer valoraciones
respecto de una situación que corresponde valorar al juez, constituye un exceso
que vulnera los derechos al debido proceso y a la defensa.
La norma cuestionada otorga funciones muy
amplias a los funcionarios de policía y del INPEC pues concede la facultad de
deducir si el condenado está violando alguna de las obligaciones que le han
sido impuestas.
Con base en lo anterior, solicita que se
declare inexequible la norma demandada y sugiere a esta Corporación que se
incorpore al texto que el incumplimiento de las obligaciones impuestas dará
lugar a la revocatoria mediante decisión motivada por el juez competente,
previo informe del funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario o del funcionario de Policía Nacional que tenga a cargo la función
de vigilancia al destinatario de la medida.
Concepto de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana
Un profesor de la Universidad de la Sabana,[4] solicita
declarar inexequible el texto demandado con base en los siguientes fundamentos:
Sostiene que la Constitución Política en
su artículo 28 consagra el principio de la reserva judicial, conforme al
cual solamente los jueces o funcionarios provistos de autoridad jurisdiccional
están facultados para adoptar decisiones que impliquen restricción de la
libertad personal. A su vez, recalca que el principio mencionado prevé una
importante excepción, tal es el caso de la flagrancia, la cual sólo opera ante
el delincuente.
En virtud de lo anterior, expresa que la
norma legal acusada equipara la violación de obligaciones impuestas al imputado
a un tipo penal y pretende darle el mismo tratamiento, de donde deduce su
inconstitucionalidad, pues según la entidad, el artículo 32 de la Carta
política es de interpretación restringida por tratarse de una excepción a la
garantía fundamental de la libertad personal.
Con base en lo anterior, concluye que la
disposición prevé la intervención del juez, no para decidir sobre la libertad del
capturado sino para resolver lo atinente a la revocación del beneficio. Por lo
tanto, resulta inconstitucional que la detención efectuada por el
incumplimiento de una obligación por parte del condenado, sea puramente
administrativa ya que se realiza sin orden judicial previa.
Concepto de la Universidad Militar Nueva
Granada
El Decano de la Universidad Militar Nueva
Granada,[5]
solicita declarar exequible el texto demandado de manera condicionada, bajo el
entendido de que “la detención por el incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la medida, ya sean de detención domiciliaria o de prisión
domiciliaria, debe tener como fuente la decisión de una autoridad judicial
competente, que debe tomarla con base en la información reportada por los
funcionarios que controlan o que apoyan el control de las medidas mencionadas”.
Lo anterior, por los siguientes motivos:
Señala que si bien la norma demandada es
deficiente en su formulación, no viola el principio de reserva judicial en
materia de restricción de la libertad personal, en tanto se trata de
incumplimiento de obligaciones impuestas y no de infracciones que por sí mismas
constituyen una conducta punible. No obstante, establece que la norma acusada
confunde los roles de las autoridades que participan en la prisión
domiciliaria, al no plantear una ajustada distinción entre quienes controlan la
medida y quienes apoyan ese control.
Por lo anterior, precisa que de una
interpretación sistemática de la legislación, se deduce que es el juez de
ejecución de penas, quien mantiene el control sobre la medida, mientras que los
funcionarios del INPEC y de la Policía Nacional son actores que brindan apoyo a
la autoridad judicial para que desarrolle el control respectivo. Así, concluye
que antes de que proceda la detención, el juez debe ser informado de la
situación para que con base en ello decida y ordene la restricción de la
libertad.
Afirma que se debe tener en cuenta para
realizar el análisis de exequibilidad de la norma que la autoridad competente
para asignar la medida de control es el Juez de Ejecución de Penas, mientras
que los funcionarios del INPEC y de la Policía Nacional son actores que sólo brindan
apoyo a la autoridad judicial para realizar el control respectivo. En este
sentido el artículo 29F de la Ley 65 de 1993, confunde los roles de las
autoridades que participan, ya que no realiza una adecuada distinción entre
quienes controlan la medida y quienes apoyan el control de la misma.
Concepto del Ministerio de Justicia
El Viceministro de Política Criminal y
Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho,[6] en cumplimiento
de lo dispuesto en el Decreto 2046 del 19 de septiembre de 2013, expone las
razones por las cuales este Ministerio solicita a la Honorable Corte
Constitucional declarar la exequibilidad de la norma acusada en el proceso de
la referencia, así:
Señala que el artículo 7º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos le otorgó unos derechos especiales al sujeto
accionado dentro del proceso penal, al igual que el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se define que la
persona debe ser detenida como consecuencia de una infracción penal, no puede
ser detenido arbitrariamente, y que debe ser llevada ante el juez competente
inmediatamente. Adicionalmente se introdujo una garantía, pues prevé que en
caso de afectarse la libertad, ésta deber ser decretada por la autoridad
judicial, mientras que dichos instrumentos internacionales solo hacen alusión a
la legalización de arresto o de la captura, es decir que la autoridad judicial
tiene una participación posterior.
Manifiesta que la Carta Política contempla
en sus artículos 32 y 250 excepciones a la existencia de una orden judicial
previa. Además, en la jurisprudencia de la Corte, mediante Sentencia C-024 de
1994, se dictó fallo acerca de la detención administrativa y la posibilidad de
retener a una persona treinta y seis (36) horas, por tratarse de una detención preventiva.
Se suma la Sentencia C-720 del 11 de septiembre de 2007 en la cual se trata el
tema de la retención transitoria.
Por otro lado, en cuanto a los fundamentos
de la prisión y de la detención preventiva domiciliaria expone cómo la persona
debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 1709 de 2014, pues ésta
tiene ciertas obligaciones que debe cumplir y, si incumple las restricciones
contempladas en el estatuto podrá ser privada de la libertad, pues está desconociendo
lo ordenado mediante providencia judicial además de incurrir en el delito de
fuga de presos.
Concluye que el Estado tiene una finalidad
constitucionalmente legítima de perseguir el delito y asegurar la convivencia
pacífica. Por lo tanto, la medida resulta adecuada y proporcionada teniendo en
cuenta que lo que se busca es asegurar a los individuos la vida, la integridad física,
los bienes y la convivencia pacífica.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación le
solicita a la Corte Constitucional que declare exequible la norma demandada bajo
el entendido que la facultad que está contenida en ésta no puede ser ejercida
en relación con el artículo 23.4.d) de la Ley 1709 de 2014 y que la persona
detenida debe ser llevada ante autoridad judicial competente de manera
inmediata sin exceder de treinta y seis (36) horas:
Afirma que las obligaciones que una
persona en detención o prisión domiciliaria debe cumplir están contenidas en el
numeral 4 del artículo 23 de la Ley 1709 de 2014. Así cuando un funcionario del
INPEC o de la Policía Nacional advierta que la persona incumple alguna de las
cuatro causales allí contempladas podrá detenerla.
Encuentra que dentro de la acusación, el
supuesto regulado por la disposición sub examine no corresponde al artículo 32
constitucional relativo a la captura en flagrancia, pues está incurriendo en un
incumplimiento de sus obligaciones. Adiciona que la Ley no faculta a cualquier
persona a capturar, como si ocurre en la flagrancia. Además no todo agente del
INPEC o la Policía Nacional puede realizar la detención.
Manifiesta que la reserva judicial es una
de las garantías previstas en la Constitución Política para asegurar la
efectiva protección de la libertad personal. En el artículo 28 de la Carta se prevén
garantías frente a la libertad personal, de tal forma que su privación solo
procede cuando existe: (i) un motivo previamente definido en la Ley, (ii)
un mandamiento escrito de autoridad judicial y (iii) el respeto de la
plenitud de las formas de cada juicio, garantizado los principios de legalidad
y reserva judicial.
Sin embargo, asegura, lo anterior no
quiere decir que los funcionarios de la rama ejecutiva no puedan intervenir en
las restricciones de la libertad, puesto que la Constitución indica que las
restricciones que realizan dichos funcionarios no están sujetas a su mera discreción,
sino que exigen la intervención de otras ramas del poder público, pues es el
legislador quien señala cuándo se priva a alguien de la libertad y le otorga al
juez la competencia para emitir la orden escrita que permita realizar dicha
acción de captura.
Afirma que para que el agente del INPEC o
la Policía Nacional pueda detener al sujeto que está incumpliendo sus
obligaciones, no es necesaria una orden judicial, pues basta con la facultad
que dio el legislador a dicho funcionario. No obstante lo anterior, los casos
deben ser proporcionales y excepcionales para que proceda sin ninguna arbitrariedad.
En estos eventos se debe asegurar que la detención se haga con el pleno respeto
de las garantías constitucionales y del debido proceso.
Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta
que las causales contempladas en el artículo 23 literales b) y c) de la Ley
1709 de 2014, corresponden únicamente a autoridades judiciales y, por tanto, el
legislador no puede otorgar la facultad a agentes del INPEC y la Policía
Nacional sin que exista un control previo. En este sentido, la Procuraduría
estima que está parcialmente de acuerdo con el ciudadano, ya que si se sigue
una interpretación conjunta de los numerales b) y c) del artículo 23 de la Ley
en mención, se encuentra que efectivamente dichas autoridades administrativas
no están en capacidad de determinar si la persona está o no incumpliendo sus obligaciones:
En relación con el literal b) señala que sólo
el juez tiene la información necesaria y suficiente para determinar si la
persona incumplió o no con la obligación de reparar los daños ocasionados por
el delito y si lo encuentra responsable puede emitir orden al INPEC o a la
Policía Nacional para que procedan a detenerlo. Por tanto, estas autoridades no
pueden arrestar bajo el pretexto del incumplimiento de la obligación de reparar
los daños causados.
Frente al literal c), la Procuraduría
entiende que existen dos supuestos: (i) que el beneficiario de la medida
haya sido requerido para presentarse personalmente ante la autoridad judicial
que vigila el cumplimiento de la pena y (ii) que la persona no haya
acudido a este requerimiento. Así las cosas, para que un agente pueda detener
por esta causa, debe tener la información de que el juez solicitó la
comparecencia del beneficiario y que se dio un incumplimiento.
Por otro lado, respecto del tiempo en el
que el INPEC o la Policía Nacional deben acudir ante el juez competente cuando
capturan a un sujeto que incumplió las obligaciones derivadas de la prisión
domiciliaria, se tiene que debe realizarse en el menor plazo posible. Lo
anterior, con base en la necesidad de la existencia de un control judicial
posterior de la detención para garantizar los derechos a la libertad personal y
el debido proceso.
Recuerda que la Corte ha destacado unos
componentes inquebrantables respecto de la supervisión judicial, en primer
lugar, se refiere a la imparcialidad y a la competencia del órgano comprometido
con la persecución penal, función que se encuentra en cabeza del Juez de
Control de Garantías; en segundo lugar se hace alusión a la existencia de un
límite temporal.
Aduce que con el fin de asegurar las
garantías constitucionales de la persona que es detenida en ejercicio de la
norma demandada, debe entenderse que el término de 36 horas, previsto legal y
constitucionalmente, no está limitado para  que, quien realice la detención
lleve al detenido ante la autoridad judicial competente, sino que además se
debe entender que se tiene que materializar este requerimiento en el menor
tiempo posible. Existe la necesidad de un control respecto de si se mantiene la
medida de detención o la prisión domiciliaria, pero por otro lado es
obligatorio que exista un control judicial frente a la detención efectuada por
los funcionarios del INPEC o la Policía Nacional; no obstante la norma no prevé
este último control ni un término para el mismo.[7]
V. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente para
pronunciarse sobre la constitucionalidad del inciso demandado, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2. La norma acusada dice que, cuando una persona esté sometida a
detención o prisión domiciliaria, los funcionarios del INPEC encargados del
control de la medida, y los de la Policía Nacional en ejercicio de sus
funciones de vigilancia, tendrán la facultad de detenerla si “está violando sus
obligaciones”, pero en tal caso deberán ponerla “en el término de treinta y
seis horas (36) a disposición del juez que profirió la respectiva medida para
que tome la decisión correspondiente”. El demandante considera que esta
disposición les confiere a autoridades administrativas la facultad de privar a
las personas de su libertad sin orden judicial y, en esa medida, que viola la
reserva jurisdiccional sobre la materia, prevista en los artículos 28, 32 y 250
de la Carta. En sus intervenciones, las Facultades de Derecho de las
Universidades Sergio Arboleda y de la Sabana, y el Colegio de Jueces y Fiscales
de Antioquia, coinciden con el actor en sostener que la norma es
inconstitucional por ese motivo, y agregan argumentos relativos a su presunta
falta de proporcionalidad e irrazonabilidad.
3. Otra posición tienen los Ministerios de Defensa Nacional y de
Justicia y del Derecho, y la Secretaría General de la Policía Nacional, pues en
sus intervenciones exponen que el precepto cuestionado presupone circunstancias
de sustracción a la detención o prisión domiciliaria, el incumplimiento de
obligaciones de la reclusión y decisión judicial que impone la medida privativa
de la libertad. Por tanto, en su concepto no habría vulneración de la reserva
judicial cuando se detiene a quien, estando sujeto a ese régimen, incumple sus
obligaciones.  Finalmente, es de observarse que la Universidad Militar Nueva
Granada y el Ministerio Público consideran que la norma es exequible, pero con
condicionamientos diversos. La Universidad Militar dice que debe supeditarse su
exequibilidad a que las obligaciones cuyo incumplimiento origine la detención
hayan estado previstas en decisión judicial. El Procurador General de la Nación
sostiene por su parte que la disposición se ajusta a la Carta, bajo el
entendido que la facultad de detención solo puede ejercerse ante el
incumplimiento de algunas obligaciones, pero no de todas; ante la inobservancia
de las obligaciones previstas en los literales a y d del artículo 38B del Código
Penal, pero no por el desacato de las establecidas en los literales b y c ídem.
4. Por lo anterior, la Corte debe resolver el siguiente problema
jurídico: ¿Viola el legislador la reserva judicial general en materia de
privación de la libertad (CP arts. 28, 32 y 250), al atribuirles a ciertas
autoridades administrativas [INPEC y Policía Nacional] la facultad de detener
inmediatamente a las personas sometidas a detención o prisión domiciliarias,
cuando incumplan obligaciones previstas para la ejecución de la respectiva
medida? Para resolver esta cuestión es necesario primero definir el contexto, y
a partir de allí precisar el contenido, de la disposición acusada. Luego se
decidirá de fondo el problema.
Contenido de la norma demandada. Los presupuestos fácticos analíticamente
necesarios de la detención. Obligaciones en el marco de la detención y la pena
de prisión domiciliarias
5. Con el fin de asegurar la mayor claridad posible, la Corte se
referirá separadamente a los siguientes elementos de la norma demandada: (a)
los sujetos destinatarios, que serían los funcionarios a cargo de ejecutar la
función allí prevista; (b) su contenido normativo, lo cual equivale a exponer
lo que la disposición ordena, permite o prohíbe; y (c) sus condiciones de
aplicación, es decir lo que se requiere para que la facultad allí prevista sea
ejercida.
a. Sujetos
destinatarios de la norma
6. La disposición cuestionada se refiere a
una facultad administrativa que puede recaer sobre las personas sujetas
detención o prisión domiciliarias. Los titulares de la potestad que allí
concede el legislador son, de un lado, el “funcionario del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida” o el
“funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de las funciones de
vigilancia”. Como se ve, el precepto no le atribuye indiscriminada esa función a cualquier funcionario del INPEC o de la
Policía Nacional, sino puntualmente a los que tengan a su cargo el control y la
vigilancia concreta de una medida individual de detención o de pena de prisión
domiciliarias. En este contexto conviene destacar que, en tratándose de la
detención domiciliaria, el control le corresponde al INPEC (CPP art 314). En
cambio, en cuanto se refiere a las penas de prisión domiciliarias, el control
es ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) presta a este respecto
una función de “apoyo” (C Penal art 38C). Asimismo, con el fin de contar con
medios adicionales de control, el Código Penal dice que el INPEC “suministrará
la información de las personas cobijadas con esta medida a la Policía Nacional,
mediante el sistema de información que se acuerde entre estas entidades” (ídem).
Igualmente, en orden a definir cuáles servidores de la Policía están facultados
en virtud de esta disposición, debe tenerse en cuenta el parágrafo del artículo
29F, reformado:
“El
Inpec podrá celebrar convenios con la Policía Nacional para el seguimiento del
cumplimiento de la prisión domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente
para garantizar el desarrollo de la misma. La participación de la Policía
Nacional dependerá de la capacidad operativa y logística de las unidades que
presten apoyo al INPEC”.
b. Contenido normativo
7. El texto de la norma acusada se refiere exclusivamente a una
facultad, en cabeza de las autoridades administrativas antes indicadas, de
ejecutar una decisión judicial en virtud de la cual se impone una medida de
aseguramiento consistente en detención domiciliaria, o una pena de prisión
domiciliaria. El contexto del artículo al cual pertenece el inciso cuestionado
aclara además que no es una autorización para que los funcionarios referidos
revoquen, ni mucho menos concedan, los beneficios domiciliarios a los que se
alude. En efecto, el inciso inicial del artículo 29F de la Ley 65 de 1993, de
acuerdo con esta reforma, dice que la decisión de revocatoria debe tomarla el
“juez competente”, y no hay nada en la literalidad de ese precepto, ni en el
marco legal de orden penal, procesal o penitenciario, que conduzca a sostener
que los funcionarios del INPEC o de la Policía Nacional cuenten con esa
atribución. La potestad que les confiere la disposición censurada hace
referencia exclusivamente a una facultad de captura, con fines de ejecución de
una medida tomada por juez competente, y para efectos de conducir a la persona
aprehendida ante el juez que la tomó.
8. De acuerdo con el marco legal colombiano, en el actual proceso
penal las medidas de detención y prisión domiciliaras solo puede imponerlas un
juez. Los artículos 306 y 308 del Código de Procedimiento Penal dicen que las
solicitudes de imposición de medidas de aseguramiento, incluidas por supuesto
las que implican privación de la libertad, se interponen ante un juez y es este
quien las decreta. El Código Penal prevé el derecho a no ser juzgado penalmente
sino por juez competente (art 6), dice que el juez tiene competencia para
definir las circunstancias de la prisión domiciliaria (art 38) y le atribuye al
juez la potestad para determinar si procede la reclusión domiciliaria por
enfermedad muy grave (art 68). El Código de Procedimiento Penal prevé una
reserva judicial para la privación de la libertad (art 2), le asigna a la
jurisdicción penal ordinaria la función de juzgar los delitos e imponer las
penas previstas en la ley (arts. 29, 31 y ss.), y establece parámetros
destinados al juez para definir el contenido de la sentencia condenatoria (arts.
446 y ss.). Todas estas normas indican entonces que en el orden legal la
detención y la prisión domiciliarias son impuestas por un juez.
9. La norma acusada no modifica este régimen, pues no se refiere a
quién puede imponer medidas de detención domiciliaria o penas de prisión
domiciliarias, sino que les reconoce a ciertos funcionarios del INPEC y de la
Policía Nacional la competencia para capturar o aprehender materialmente a
quien esté sujeto, en virtud de decisión judicial, a una detención o
pena de prisión domiciliaria. Ciertamente, la disposición cuestionada dice que
el funcionario del INPEC encargado del control de la medida o el de la Policía
Nacional en ejercicio de sus funciones de vigilancia “detendrá” inmediatamente
a la persona que esté violando sus obligaciones. No obstante, la expresión “detendrá”
no se refiere a una nueva competencia, en cabeza de autoridades
administrativas, para imponer medidas de aseguramiento o penas privativas de la
libertad, sino como un sinónimo perfectamente comprensible de las ordenes de
‘capturar’, ‘aprehender’ o ‘retener’. Si bien técnicamente es posible
introducir distinciones entre estos vocablos, lo cierto es que por el contexto
en el cual se introduce la reforma, y por el contenido de la misma, la
conclusión debe ser que el legislador buscó con ella darles a las autoridades
administrativas mencionadas un poder de captura, y no uno de decretar medidas
de aseguramiento o de imponer penas.
10. En efecto, obsérvese que la reforma no se introduce a los
Códigos Penal o de Procedimiento Penal, que son los llamados a definir las
penas y medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y las autoridades y
procedimientos para imponerlas. La reforma se inserta en el Código
Penitenciario y Carcelario, que regula lo atinente a la ejecución de las
medidas y penas debidamente impuestas. Esto ya ofrece un indicio poderoso de
que no se reforman, con el precepto cuestionado, las atribuciones judiciales de
imposición de medidas de aseguramiento y penas privativas de la libertad, sino
su régimen de ejecución. Además de eso, en su contenido, el precepto censurado
obliga a los servidores administrativos que ejerzan esta competencia a poner a
la persona capturada a disposición del “juez que profirió la respectiva
medida”, lo cual supone que están ejecutando y no tomando una decisión,
y que esta tiene carácter judicial. Una interpretación conforme a la Carta
refuerza esta conclusión.
11. La Constitución no reconoce, ni admite que el legislador le
asigne, a un funcionario distinto al juez competente la potestad de imponer
medidas de aseguramiento privativas de la libertad o penas de prisión
domiciliarias, las cuales son entonces objeto de una estricta y categórica
reserva judicial. Esto se infiere a partir de distintos compromisos constitucionales.
La Carta dice que nadie puede ser “reducido a prisión o […] detenido, sino en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente” (CP art 28).
Igualmente, establece que “[n]adie podrá ser juzgado sino […] ante juez o
tribunal competente”, que toda persona se presume inocente mientras no se la
haya declarado “judicialmente” culpable, y que se tiene el derecho fundamental
a impugnar la “sentencia” condenatoria (CP art 29). Ciertamente, la
Constitución admite capturar a la persona sorprendida en flagrancia (CP art
32). Asimismo, la Ley puede facultar a la Fiscalía General de la Nación “para
realizar excepcionalmente capturas” (CP art 250-1), entendidas como aprehensiones
materiales de individuos. Pero es distinto a imponer medidas de aseguramiento o
penas privativas de la libertad. En el proceso penal, la Fiscalía es competente
para “[s]olicitar” al juez de control de garantías la imposición de medidas de
aseguramiento, privativas de la libertad, pero no para decretarlas (ídem). Por
tanto, la Corte considera que la norma acusada les confiere a las autoridades
administrativas allí referidas la función de ejecutar medidas de
privación de la libertad previamente decretadas por juez competente, las
cuales pueden consistir en detención o pena de prisión domiciliarias.
c. Condiciones de aplicación
12. Ahora bien, de acuerdo con el texto de la disposición legal
cuestionada, la ejecución de esas medidas judiciales presupone a su vez la
concurrencia de tres clases de condiciones: (i) por una parte, como se mostrará
a continuación, es necesario que la persona sobre la cual ha de recaer la
captura se encuentre, a pesar del régimen al cual está sujeta, sustraída de las
condiciones de reclusión o confinamiento; (ii) por otra parte, es preciso en
ese contexto que se constate el incumplimiento de las obligaciones que se le
imponen a la persona en virtud de la medida de aseguramiento o pena de prisión
domiciliaria; (iii) y finalmente que esa violación de las obligaciones sea
actual.
(i) En primer término, la disposición dice que el funcionario del
INPEC encargado del control de la medida, o el de la Policía Nacional,
“detendrá” a la persona que está violando sus obligaciones. Si bien la
disposición no dice explícitamente en qué situación de libertad debe
encontrarse la persona, el hecho de que la Ley hubiese empleado la expresión
“detendrá” presupone analíticamente que debe encontrarse de hecho o en virtud
de permiso debidamente otorgado en condiciones de libertad; es decir,
sustraída del confinamiento asociado a la detención o prisión domiciliarias. En
efecto, la teoría analítica de las normas ha mostrado que las condiciones de
aplicación de un precepto pueden estar explícitamente expuestas en su
formulación textual, o inferirse analíticamente de su contenido.[8] Del mismo modo, para que haya una
detención, entendida en este contexto como sinónimo de captura o aprehensión
material, es necesario analíticamente que la persona se encuentre sustraída, de
hecho o con autorización, de las condiciones de confinamiento propias de la
detención.
En este punto conviene entonces señalar que una situación de
libertad efectiva, en el caso de las personas sometidas a detención o prisión
domiciliaria, no necesariamente implica un intento de fuga o un fraude a la
resolución judicial, pues en ocasiones la ley prevé la posibilidad de conceder
permisos, por ejemplo, a quienes están sometidos a un régimen de detención
domiciliaria. Así, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal prevé que,
en ciertos casos, estos detenidos pueden gozar de permisos transitorios y temporales
de libertad, con el fin de asistir a controles médicos de rigor, para atender
el parto o para trabajar en la hipótesis de las personas cabeza de familia,
madres de hijo menor o que sufriere de incapacidad permanente, “siempre y
cuando haya estado bajo su cuidado” (C Penal art 314 num 5).[9] En ese sentido, cuando la norma
censurada dice que el funcionario administrativo competente “detendrá” a
la persona que esté violando sus obligaciones, si bien presupone que esta debe
encontrarse efectivamente de condiciones de libertad personal, puede aplicarse
no solo ante la sustracción de hecho de las circunstancias de reclusión o
confinamiento, sino también en la hipótesis, insuficiente si no se reúnen las
restantes condiciones necesarias para que se active la facultad que confiere la
disposición acusada, de un permiso institucional debidamente extendido para
atender ciertas obligaciones personales en condiciones de libertad relativa.
En sentido contrario, mientras la persona sujeta a detención o
prisión domiciliaria se encuentre en condiciones de confinamiento, recluida en
consecuencia dentro del domicilio y en las circunstancias definidas por la
providencia que impuso la medida o la pena, la norma cuestionada no estaría
llamada a aplicarse, toda vez que no están dadas las condiciones para una
detención, en tanto esta ya se está surtiendo efectivamente. En tal contexto,
la constatación de un incumplimiento de otras obligaciones, que no sean las de
permanecer en el sitio de reclusión y confinamiento, tendría que ser objeto de
medidas como la consagrada en el último inciso del artículo 314 del Código de
Procedimiento Penal, el cual dice, a propósito de la detención domiciliaria,
que “[e]l control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia
estará a cargo del INPEC, el cual realizará un control periódico sobre el
cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus
resultados para que si advierten violaciones a las condiciones impuestas por el
Juez se puedan adoptar las correspondientes acciones” (énfasis añadido).
(ii) En segundo lugar, esta vez sí de forma explícita, la
disposición prevé que la captura o detención por parte de los servidores
administrativos allí enunciados se supedita a que “la persona esté violando sus
obligaciones”. En este proceso se ha discutido cuáles son las obligaciones cuyo
incumplimiento activa el ejercicio de esa detención. No obstante, y sin que
esto se diga expresamente en el texto de la norma, tanto el demandante como los
intervinientes y el Ministerio Público coinciden en que las obligaciones de las
que habla la ley son las vinculadas de forma estricta al régimen de detención y
prisión domiciliarias. La Corte Constitucional coincide con estas opiniones y
estima que la Ley no se refiere, global y comprensivamente, a la totalidad de
obligaciones jurídicas que contrae una persona, sino específica, exclusiva y puntualmente
a las que contrae ese individuo, precisamente por su condición procesal o
penal, en tanto se encuentra sujeto a una detención o prisión domiciliaria. Ahora
bien, más allá de este acuerdo, en este proceso ha habido una discrepancia en
torno a cuáles son, en términos precisos, las obligaciones cuya inobservancia
da lugar al ejercicio de este poder administrativo de ejecución de las
decisiones de detención preventiva o de reducción a pena de prisión
domiciliaria.[10]
La Corte procede entonces a señalar cuáles son las obligaciones de estos
regímenes:
- La prisión domiciliaria, como
pena sustitutiva de la de prisión, acarrea para quien la obtenga una serie de
obligaciones. De acuerdo con el artículo 38B numeral 4 del Código Penal, entre
las condiciones para conceder la prisión domiciliaria se encuentra la de
extender una “caución” que garantice el cumplimiento de un grupo de
obligaciones. Las obligaciones referidas son: a) “[n]o cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario
judicial”; b)  reparar “dentro del término que fije el juez” los daños
ocasionados con el delito, y asegurar el pago de la indemnización “mediante
garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que
demuestre insolvencia”; c) comparecer personalmente ante la autoridad judicial
que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; y d)
permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de
realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, la ley prevé
que el condenado deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido
impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del INPEC para la
prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.
- En el caso de la detención domiciliaria, el artículo 314
del Código de Procedimiento señala que quien se beneficie de esta sustitución
debe suscribir un acta, en la cual se compromete a “permanecer en el lugar o
lugares indicados” por el juez; a “no cambiar de residencia sin previa autorización”;
a “concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido”; y de forma adicional
puede contraer también la obligación de “someterse a los mecanismos de control
y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo
disponga el juez” (CPP art 314 penúltimo inciso). El parágrafo único del
artículo 38 del Código Penal dice asimismo que “[l]a detención
preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en
los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se
aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la
prisión”.
(iii) Por último, la disposición legal exige actualidad en
la violación a las obligaciones de la detención o prisión domiciliaria, en
tanto dice que la facultad cuestionada se puede ejercer para detener
“inmediatamente” a la persona que “está violando sus obligaciones”, lo cual
indica que esta competencia no puede ejercerse con el fin de responder a hechos
o situaciones pasadas, sino que debe haber una relación de inmediatez entre la
captura y los hechos que la provocan.
12. Con fundamento en lo anterior, la Corte procede a decidir el
cargo.
La norma demandada respeta la reserva judicial en materia de
privación de la libertad, en tanto presupone una decisión tomada por juez
competente que impone medidas de detención o condenas de prisión
13. Una vez precisado el sentido de la disposición acusada, la
Corte advierte que la facultad que se les concede a las autoridades
administrativas allí especificadas consiste en capturar a quien se encuentra
sometido, por decisión judicial, a detención o prisión domiciliarias y sin
embargo (i) está en situación de libertad, de hecho o en virtud de un permiso
debidamente extendido; (ii) incurre en una violación de las obligaciones
propias de esa forma de detención o prisión; y (iii) esa violación es actual.
Algo claro en esta regulación es entonces que la captura se encuentra precedida
de una providencia expedida por juez competente, en la cual se decreta la
respectiva pena o medida de reclusión domiciliaria. Ahora bien, la decisión
judicial no solo es anterior, en términos temporales, a la aprehensión material
del individuo sino que además es según la norma el fundamento mismo de la
captura, pues lo que se persigue es la ejecución efectiva de la medida
de detención o pena de prisión domiciliarias, por la vía de evitar que la
persona sujeta a estas instituciones se sustraiga de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que le fueron impuestas en un proceso penal, con todas las
garantías, por un juez competente.
14. Ahora bien, a lo anterior cabe agregar algunas
consideraciones. En efecto, como antes se señaló, la facultad de capturar que
contempla la norma cuestionada presupone que quien está sujeto a un régimen de
detención o prisión domiciliarias se encuentra en una situación de libertad.
Esta última, según lo indicado, puede de hecho ser producto de una
sustracción ilegítima de las condiciones de reclusión que se le impusieron a la
persona, dentro del marco legal, en la providencia que decretó la medida o la
pena. En ese caso, dado que la persona no cuenta con permisos para sustraerse
de las circunstancias de confinamiento que le definió específicamente un juez,
no cuenta tampoco con expectativas legítimas de protección hacia su libertad
personal, pues por virtud de una decisión judicial ha sido privado de ella. En
consecuencia, si esa persona se encuentra en una situación de libertad de hecho,
a pesar del régimen de privación que se le impuso y de la ausencia de autorizaciones
para salir de sus restricciones, su captura se produce precisamente en
virtud de una orden judicial pues consiste en sentido estricto en la ejecución
de la medida de aseguramiento o de la pena de prisión domiciliaria. En esos
casos, más allá de si cabe aplicar la facultad de captura en flagrancia
expresamente contemplada en la Constitución (CP art 32), por la posible
incursión en delitos de fuga de presos (C Penal art 448) o fraude a resolución
judicial (ídem art 454), quien se evade de su confinamiento puede ser capturado
por los servidores administrativos que precisa la norma para ejecutar la medida
o pena que se le impuso, y por ende no se viola la reserva judicial en la
materia (CP art 28).
15. Desde luego, es también posible que la situación de libertad
se origine en un permiso debidamente extendido por la autoridad competente.
Así, una persona sometida a detención o prisión domiciliarias podría obtener
una autorización para atender controles médicos, el advenimiento del parto en
el caso de las mujeres gestantes, o cuando se trata de mujeres cabeza de
familia en las condiciones que contempla el numeral 5 del artículo 314 del
Código de Procedimiento Penal.[11]
Igualmente, es factible que a la persona se la autorice concretamente a cambiar
de residencia, como se infiere de los artículos 38B del Código Penal y 314 del
Código de Procedimiento Penal, o que se dé algún otro evento de permiso que
suponga una situación transitoria de libertad personal.[12] En esas hipótesis se podría, según
la norma, practicar la captura allí referida. No obstante, es preciso hacer una
distinción fundamental en función de cuál es la autoridad que concede el
permiso (si es el juez o el INPEC), y cuáles son los fundamentos de hecho y de
derecho de la captura que se efectúa, pues no son supuestos iguales desde el
punto de vista de la Constitución (CP art 28).
16. En efecto, cuando la libertad transitoria se origina en un
permiso del juez, la resolución judicial correspondiente puede fijar los
límites y condiciones en que la situación puede disfrutarse. El desacato
objetivo de esos limitantes, por parte de quien está llamado a beneficiarse del
sustituto, activa naturalmente una condición resolutoria del permiso, en virtud
de la cual se abre entonces la posibilidad de hacer efectiva, mediante captura
del funcionario respectivo del INPEC o de la Policía Nacional, la decisión
judicial que impuso la detención o prisión domiciliarias. En cambio, si los actos del
detenido o condenado se enmarcan dentro de los límites y condiciones de
disfrute del permiso judicial, solo el juez puede revocar esa situación, salvo
flagrancia o alguna otra situación constitucionalmente equivalente, y no cabe
alegar –para desconocer ese status por vía administrativa- el incumplimiento de
otras obligaciones previamente pactadas o impuestas, pues esto constituiría una
forma de eludir el mandato judicial y transitorio de libertad personal. En este
sentido, en la sentencia T-972 de 2005, la Corte señaló que la autoridad
administrativa de orden penitenciario había violado el derecho a la libertad
personal de un individuo a quien se le concedió permiso judicial de libertad
transitoria, por cuanto le había negado el disfrute efectivo de esa situación bajo
el pretexto de que el interno incumplía otras condiciones paralelas. Dijo la
Corte que la administración no podía, por causas alternativas, neutralizar la
efectividad del permiso judicial pues
“[… d]e lo contrario se abriría la
posibilidad de que autoridades administrativas modificaran decisiones
judiciales concretas en materia de libertad, con la consiguiente ruptura del
principio de separación de funciones entre los diversos órganos del poder”.[13]
18. Un examen independiente requiere la pregunta por la constitucionalidad
de la norma acusada, en aquellos casos en que la situación de libertad se
origina en un permiso concedido por la autoridad administrativa –INPEC-, en
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley (C Penitenciario arts. 147
y ss.). En esos casos, para empezar, si el juez considera razonablemente que
existe alguna causa para revocar el permiso, puede hacerlo con sujeción a la
ley, lo cual está dentro del marco constitucional (CP art 28). Asimismo, la
propia Ley 65 de 1993 contempla la posibilidad de que, ante el incumplimiento
de las condiciones específicas que se le hayan impuesto al beneficiario, se
revoque el permiso por quien lo otorgó (C Penitenciario art 150). Por tanto, es
posible que la misma autoridad administrativa que la concedió, resuelva la
autorización ante el desacato objetivo de lo contenido en ella. Más allá de lo
cual, si fuera de esas condiciones se observa el incumplimiento de otras
obligaciones debidamente impuestas en providencia judicial, y derivadas del
régimen de detención o prisión domiciliarias, forma parte de la potestad que
les reconoce la norma acusada a los funcionarios pertinentes del INPEC y de la
Policía Nacional, ejecutar efectivamente la medida de aseguramiento y la pena
de reclusión domiciliarias, si las condiciones para concederlas se están
trasgrediendo. En tal caso, el fundamento sería entonces también una decisión
judicial, y por ende no habría vulneración de la reserva judicial (CP art 28).
19. Debe anotarse, a este respecto, que la Constitución ciertamente
prohíja una reserva judicial incluso para las modificaciones definitivas de la
libertad, de quienes previamente han sido privados de ella en virtud de
mandamiento escrito de juez competente.  Así, en los eventos en los cuales se
pretenden introducir cambios definitivos en las condiciones de ejecución
de la pena y de la medida de aseguramiento, debe mediar resolución judicial que
así lo establezca o autorice. En la sentencia C-312 de 2002, al examinar una
norma que les atribuía precisamente a los jueces de ejecución de penas esa
facultad, esta Corporación declaró impróspero un cargo según el cual la
disposición sería contraria la separación de funciones en tanto admitiría una
injerencia indebida de la rama judicial en asuntos exclusivos de la
administración penitenciaria. La Corte sostuvo entonces que, por el contrario, el
precepto controlado se ajustaba a la Constitución, en tanto sujetaba las modificaciones
definitivas a las condiciones de ejecución de la pena a reserva judicial. Pero
aclaró que la Carta no impide que la administración penitenciaria tenga a su
cargo otros aspectos no definitivos de “la ejecución de las penas y de las
medidas de seguridad”:
“En términos generales, la
determinación de las condiciones de ejecución de una pena corresponden a los
jueces, en tanto que en ellas se resuelven de manera definitiva situaciones de
carácter particular y concreto en las que se afectan derechos
fundamentales. En esa medida, si bien las autoridades penitenciarias
están encargadas de la administración de algunos aspectos relacionados con la
ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, esta función
administrativa no puede tener el alcance de decidir de manera definitiva sobre
la libertad de las personas. En efecto, el artículo 28 constitucional
dispone que nadie puede ser reducido a prisión sino en virtud de mandamiento
escrito de una autoridad judicial, mediante las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley”[14]
(énfasis añadido).
20. La ley puede en consecuencia asignarle al INPEC, y a la
Policía Nacional en cuanto resulte compatible con sus funciones
constitucionales, la atribución de efectuar actos, incluso coactivos como la
captura, que contribuyan a la ejecución de las medidas y penas privativas de la
libertad debidamente decretadas por juez competente, en cuanto esto no suponga
alterar o modificar definitivamente las condiciones de la detención o de la
pena. En ese margen se ubica la disposición cuestionada, toda vez que les
adjudica a los funcionarios del INPEC o de la Policía Nacional, encargados de
controlar y vigilar las detenciones y prisiones domiciliarias, la función de ejecutar
las resoluciones judiciales que hayan impuesto la medida de aseguramiento o la
pena privativa de la libertad, por la vía de una captura transitoria que se
fundamenta en decisión judicial, y que no altera definitivamente las
condiciones de la medida o la pena.
21. Cuando la Constitución prevé entonces que toda persona es
libre (CP art 28), y dice que nadie puede ser reducido a prisión ni detenido
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, en
sentido estricto exige que la aprehensión material, y las medidas subsiguientes
de privación de la libertad, se fundamenten efectiva y objetivamente en una
decisión judicial especificable, motivada, ajustada a la Constitución y la ley.
En los casos en que ya hay una resolución judicial que impone una medida de
aseguramiento o una pena de prisión domiciliaria, la garantía constitucional
invocada en el cargo no puede interpretarse del mismo modo pues el estatus
procesal y penitenciario de la persona sobre quien recae la decisión está
enmarcado en un régimen de privación de la libertad decretado por un juez. En
ese marco, como acaba de verse, el principio de reserva judicial ciertamente es
pertinente, pero tiene implicaciones normativas distintas, pues supone que no
pueden cambiarse definitivamente las condiciones de ejecución de la pena o
medida sino por orden de juez, o que si el juez concede el permiso de libertad
este debe por principio ser acatado por las autoridades penitenciarias y no es
posible que estas modifiquen
decisiones judiciales concretas en materia de libertad. Pero no impide que las autoridades
administrativas ejecuten efectivamente las providencias que impusieron la
detención o pena de prisión domiciliaria.
22. No puede perderse de vista que la reserva judicial en esta
materia tiene un sustento en el principio de separación de funciones (CP art
113). En efecto, la Constitución establece en primer término que el legislador
es quien debe definir previamente en abstracto los motivos y el procedimiento
indicado para privar a una persona de su libertad (CP arts. 28, 29 y 150 nums 1
y 2). En segundo lugar, consagra una reserva judicial, como regla general, para
juzgar cuándo se dan las hipótesis que ha previsto la ley a fin de llevar a
cabo la medida de privación de la liberta que allí se consagra (CP arts. 28,
29, 32 y 250). Finalmente, instaura una rama ejecutiva, cuyo Jefe y Suprema
Autoridad Administrativa es el Presidente de la República, de la cual forman
parte la Policía Nacional (CP arts. 188 num 3, 216 y 218) y el INPEC (C Penitenciario
art 15), entre cuyos deberes se encuentran los de obedecer las leyes y velar
por su estricto cumplimiento y, específicamente, de acuerdo con la ley,
ejecutar las penas y medidas impuestas debidamente por autoridad judicial
competente.[15]
Esto permite advertir que la facultad prevista en la norma acusada no viola
tampoco el fundamento de la reserva judicial, pues la separación de funciones
queda intacta, en la medida en que al funcionario pertinente del INPEC y de la
Policía Nacional no se les da otra atribución que la de ejecutar las decisiones
judiciales que inicialmente imponen la detención o pena de prisión
domiciliarias.
23. El acto coactivo de captura que contempla la disposición
acusada, en la medida en que supone un ejercicio de poder público, debe no
obstante ejercerse dentro del marco que imponen la Constitución y la ley, y de
modo razonable. Desde el punto de vista del control abstracto de
constitucionalidad, la norma  bajo examen debe interpretarse de conformidad con
la Carta, lo cual implica que la atribución allí consignada debe ejercer de
acuerdo los siguientes criterios:
23.1. Primero, esta norma faculta a las autoridades
administrativas allí indicadas para practicar la captura de una persona, solo
si el acto de aprehensión material está precedido y además fundado
objetivamente en la providencia judicial que impuso la detención o prisión domiciliaria.
Como ocurre en el derecho comparado, esto implica que la providencia no solo
debe ser un antecedente cronológico sino que además debe ser el fundamento
objetivo y verificable de la captura.[16]
Esta exigencia la estatuye directamente la Constitución cuando dice que nadie
puede ser reducido a prisión o detenido “sino en virtud”, es decir con
fundamento en, decisión escrita de autoridad judicial competente (CP art 28).
Por consiguiente, el servidor administrativo que practique esta detención debe
ofrecer información suficientemente objetiva sobre los hechos, con el fin de
permitirle al juez, ante quien es conducida la persona, definir el fundamento
de la captura es la decisión judicial de detención o prisión domiciliaria.
23.2. Segundo, y precisamente por lo anterior, esta potestad de
captura solo se puede invocar ante el incumplimiento de obligaciones clara y
previamente establecidas en la resolución judicial que impuso la medida de
aseguramiento o la pena privativa de la libertad, o en la que concedió el
permiso según el caso. En consecuencia, más allá de la facultad constitucional
de capturar a las personas sorprendidas en flagrante delito, las autoridades
administrativas precisadas en la norma no tienen, con fundamento en la
previsión examinada, poder para practicar la aprehensión material de una
persona sujeta a detención o prisión domiciliaria que, gozando de permiso, obre
dentro de las obligaciones y condiciones concretas que se le impusieron en la
respectiva decisión judicial.
23.3. Tercero, en cualquier caso, si el juez concede un permiso
concreto de libertad no puede la autoridad penitenciaria referida, ni tampoco
la Policía Nacional, revocar, ignorar o neutralizar esa autorización sobre la
base de que se han incumplido otras obligaciones de una resolución judicial
anterior, dictada a propósito de la misma causa, ni mucho menos desconocer el
imperio de esa resolución judicial invocando el incumplimiento de otras
obligaciones de carácter general, no consignadas en providencia alguna.
23.4. Cuarto, cuando quiera que se produzca una detención en
virtud de lo dispuesto por la norma examinada, las autoridades responsables
deben poner a la persona en el término de las treinta y seis (36) horas
siguientes a disposición del juez que dictó la medida. Empero, en “todo tiempo,
por sí o por interpuesta persona”, al individuo sobre quien recae la detención
se le deberá garantizar el derecho improrrogable a interponer habeas corpus,
cuando crea estar ilegalmente privado de su libertad (CP art 30). Igualmente,
conforme lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la persona detenida deberá ser “informada, en el momento de su
detención, de las razones de la misma” (PIDCP art 9-2), y a ser tratada durante
la detención en condiciones que se ajusten a su dignidad humana (ídem art 10).
23.5. Quinto, en todos los casos en que se practique una detención
en ejercicio de esta facultad, debe estar claro que es relevante cuál
funcionario del INPEC o de la Policía Nacional estaba a cargo del control o
vigilancia de la medida, pues esta norma solo faculta a al “funcionario del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) encargado del control de
la medida” o al “funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus
funciones de vigilancia”, aspecto este último que depende, como dice el
parágrafo del artículo 31 de la Ley 1709 de 2014, de los convenios específicos
que se celebren con esta institución para efectos del cumplimiento de la
prisión domiciliaria. Por tanto, esta no es una atribución para que cualquier
miembro del INPEC o de la Policía Nacional adelante capturas, sino que deben
ser funcionarios debida y previamente identificados, individualizables y que
tengan a su cargo el control y la vigilancia de la detención o prisión
domiciliarias. Esta, que es una previsión legal, adquiere rango constitucional
en cuanto el artículo 28 Superior dice que nadie puede ser sometido a prisión o
detención sino “con las formalidad legales”.
23.6. Sexto, cuando quiera que el incumplimiento de las
obligaciones referidas en la respectiva resolución judicial se constate
mientras la persona se encuentre estrictamente sujeta a las circunstancias de
la reclusión, dado que no es fácticamente posible practicar la detención, lo
correspondiente es informar al juez que impartió la medida o que se encuentra a
cargo de la ejecución de la pena, sobre la situación con el fin de que la
autoridad judicial competente defina motivadamente si procede la revocatoria
del beneficio (C Penitenciario art 29F).
24. En conclusión, cuando la disposición demandada se interpreta,
según lo anterior, a la luz de su texto, del contexto normativo en el cual se
inserta, del marco procesal y penitenciario en el cual está llamada a
aplicarse, se observa de conformidad con la Constitución que presupone
precisamente una providencia en la cual un juez competente ha impuesto una
medida de detención o una pena de prisión domiciliarias, y se aplica (i)
respecto de quien está en situación de libertad, de hecho o en virtud de un
permiso debidamente extendido; (ii) incurre en una violación de las
obligaciones propias y exclusivas de esa forma de detención o prisión; y (iii)
esa violación es actual. Debido a que es entonces necesario que exista una
resolución judicial que haya impuesto la medida o pena privativa de la libertad,
y a que es una respuesta administrativa orientada a ejecutar esa decisión
tomada por juez competente, en los casos precisos en que se incumplan las
obligaciones contenidas en la providencia, la Corte considera que no se viola
la reserva judicial en la materia (CP arts. 28, 32 y 250) y por lo mismo
declarará exequible el artículo 31 (parcial) de la Ley 1709 de 2014.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el inciso tercero
del artículo 31 de la Ley 1709 de 2014.
Comuníquese, notifíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Presidenta (E)
MYRIAM AVILA ROLDAN
Magistrada (E)
Con salvamento
de voto
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Ausente con
excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento
de voto
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
Con salvamento
de voto
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS
RÍOS
A LA SENTENCIA C - 411 DE 2015
EJECUCION
DE MEDIDAS Y PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Facultad de
aprehensión asignada al Inpec y a la Policía desconoce de manera ostensible la
reserva judicial (Salvamento de voto)
LIBERTAD PERSONAL-Competencias y presupuestos en un Estado
Social y Democrático de Derecho para restringirla (Salvamento de voto)
CAPTURA EN FLAGRANCIA Y CAPTURA POR
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Unicas excepciones a la reserva judicial de la libertad (Salvamento de
voto)
DERECHO PENAL MODERNO-Conjunto de garantías mínimas que pretenden
tutelar la sociedad frente al delito y proteger al acusado de la venganza
privada y abusos del poder punitivo del Estado (Salvamento de voto)
REVOCATORIA DE DETENCION Y PRISION
DOMICILIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS-Inconstitucionalidad por cuanto norma
admite posibilidad interpretativa para que persona privada de libertad, en
detención o prisión domiciliaria sea capturada sin orden judicial por
funcionarios del Inpec o Policía Nacional (Salvamento de voto)
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Condiciones en que puede limitarse el
derecho (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE RESERVA JUDICIAL PARA
PRIVACION DE LA LIBERTAD-Doctrina
constitucional debe ser rigurosamente resguardada (Salvamento de voto)
DETENCION PREVENTIVA ORDENADA POR
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Precedente
de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)/PROHIBICION DE ORDENAR
DETENCIONES SIN ORDEN JUDICIAL POR PARTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Precedente
de la Corte Constitucional (Salvamento de voto)
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Inconstitucionalidad de normas que
asignaban a las autoridades administrativas la facultad de ordenar privación de
la libertad aún en modalidad de arresto de conformidad con la reserva judicial
(Salvamento de voto)
RESTRICCION DE LA LIBERTAD-Límites (Salvamento de voto)
REVOCATORIA DE DETENCION Y PRISION
DOMICILIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS-Vulneración en la medida que faculta a
funcionarios de Policía e Inpec para detener sin orden judicial previa durante
ejecución de la pena (Salvamento de voto)
Referencia: Sentencia C-411 de 2015 (Expediente No.
D-10497)
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 31 (parcial) de la Ley 1709 de 2014 “Por
medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley
599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
“ARTICULO 28. (…) Nadie puede ser… detenido, sino en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley.
(…)
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni
arresto por deudas (…)”. Constitución Política de Colombia.
Disiento de la decisión
mayoritaria que declaró exequible, el inciso tercero del artículo 31 de la Ley
1709 de 2014, por cuanto la disposición acusada, que autoriza a funcionarios
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a miembros de la
Policía Nacional para aprehender una persona que supuestamente se encuentre
violando sus obligaciones en prisión o detención domiciliaria, desconoce de
manera ostensible la reserva judicial, prevista en el artículo 28 de la
Constitución Política.
Para demostrar las razones
de este voto disidente se abordarán a continuación, los siguientes temas: (i)
competencias y presupuestos en un Estado Social y Democrático de Derecho para
restringir la libertad personal; (ii) inconstitucionalidad del inciso 3º
del artículo 31 de la Ley 1709 de 2014; y, finalmente se expondrán (iii)
los precedentes de la Corte Constitucional, en relación con la prohibición
de ordenar detenciones sin orden judicial por parte de autoridades
administrativas.
1.
Competencias y
presupuestos para restringir el derecho a la libertad personal en un Estado
Social y Democrático de Derecho
De acuerdo con el
ordenamiento jurídico colombiano, corresponde a los Jueces de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad[17] la verificación de las
condiciones en que se debe cumplir la pena, la activación de los controles que
impongan los correctivos desatendidos en la detención y, si es del caso, la
revocatoria de la libertad condicional. En consecuencia, la facultad otorgada
en la disposición demandada para que autoridades administrativas y de policía
realicen detenciones sin ‘mandamiento escrito de autoridad judicial
competente’, suscita serias dudas sobre constitucionalidad, en tanto invade las
funciones y competencias de dicho Juez, e instaura una amplia discrecionalidad
para restringir la libertad personal[18].
Principios axiológicos de
la Constitución y garantías democráticas definitorios del Estado Liberal[19]
me impiden compartir la posición mayoritaria, por cuanto avala una nueva clase
de detención, sin orden judicial, que se encuentra por fuera de la captura en
flagrancia (artículo 32 C.P.) y la realizada por la Fiscalía General de la
Nación (artículo 250, numeral 1º C.P.), consagradas en la Carta Política como únicas
excepciones a la reserva judicial de la libertad.
Durante siglos, el poder
punitivo fue el principal instrumento para el predominio autoritario y el
castigo de quienes no compartían las ideas de los gobernantes[20].
El aparato de la justicia era utilizado por la voluntad del monarca para
sancionar cualquier clase de desobediencia[21] y los jueces eran simplemente
súbditos de los tiranos[22].
Surgieron voces que buscaban
acallar los excesos del Antiguo Régimen y controlar el abuso de los poderosos,
mediante el establecimiento de la separación de poderes y unas garantías
mínimas que limitaran la privación de la libertad de las personas[23],
cuyos principales pilares se encuentran a lo largo de toda la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano: (i) la exigencia de lesividad
de los delitos[24]; (ii) el principio de
legalidad[25]; (iii) la necesidad de la
pena;[26]
y, (iv) la presunción de inocencia[27], los cuales aún se mantienen
incólumes como garantías constitucionales del debido proceso, irrenunciables en
cualquier Estado Democrático de Derecho. Con fundamento en estos principios, se
redactaron numerosos Códigos Penales y de Procedimiento Penal en Europa y
Latinoamérica que lograron establecer reglas claras para impedir la
arbitrariedad y los abusos en el poder punitivo.
El derecho penal moderno no
surgió entonces como una máquina de castigo, sino como un conjunto de garantías
mínimas que no solamente pretenden tutelar a la sociedad frente al delito, sino
proteger al acusado de la venganza privada y de los abusos del poder punitivo
del Estado dentro de las cuales se destacan[28]: (i) la exigencia de la
existencia de un delito para la aplicación de una pena (nulla poena sine
crimine); (ii) el principio de legalidad (nullum crimen sine lege);
(iii) el principio de necesidad (nulla lex poenalis sine necessitate);
(iv) el principio de lesividad (nulla necessitas sine iniuria); (v)
el Derecho Penal de acto (nulla iniuria sine actione); (vi) el
principio de culpabilidad (nulla actio sine culpa); (vii) el
principio de jurisdiccionalidad (nulla culpa sine iudicio); (viii)
el principio acusatorio (nullum iudicium sine accusatione); (ix)
el debido proceso probatorio (nulla accusatio sine probatione); y, (x)
el derecho a la defensa (nulla probatio sine defensione)[29].
2.
Inconstitucionalidad
del inciso 3º del artículo 31 de la Ley 1709 de 2014
El ciudadano Laureano
Antonio Benavides Lugo, interpuso acción pública de inconstitucionalidad al
señalar que el inciso tercero del artículo 31 de la Ley 1709 de 2014 es
inconstitucional, pues vulnera el preámbulo y los artículos 28, 32 y 250 de la
Carta Política, 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y 7.2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
La norma acusada señala lo
siguiente (se subraya el aparte demandado):
“ARTÍCULO 31. Adiciónase un artículo a la Ley 65 de
1993 el cual quedará así:
Artículo 29F. Revocatoria de la
detención y prisión domiciliaria. El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará
lugar a la revocatoria mediante decisión motivada del juez competente.
El funcionario del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el
funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia,
detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la
pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez que
profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.
La revocatoria de la medida se dispondrá
con independencia de la correspondiente investigación por el delito de fuga de
presos, si fuere procedente.
PARÁGRAFO. El Inpec podrá celebrar convenios con
la Policía Nacional para el seguimiento del cumplimiento de la prisión
domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar el desarrollo
de la misma. La participación de la Policía Nacional dependerá de la capacidad
operativa y logística de las unidades que presten el apoyo al Inpec”.
En este caso, se entiende
que el contenido normativo demandado, al no distinguir la situación en la que
se encuentra la persona privada de la libertad, debe incluir todos los
supuestos de hecho, esto es, su ámbito de aplicación cobija tanto a quienes
efectivamente están detenidos e incumplen sus obligaciones, como aquellos que
desacatan la medida de restricción de la libertad ordenada previamente por el
Juez o, eventualmente, los permisos transitorios de libertad concedidos.
Literalmente, la norma
demandada admite la posibilidad interpretativa para que una persona privada de
la libertad, en detención o prisión domiciliaria, pueda ser capturada sin orden
judicial, por parte de funcionarios del INPEC o de la Policía Nacional, si
incumple sus obligaciones[30]. Lo anterior es abiertamente
inconstitucional por cuanto: i) no constituye ninguna de las excepciones
a la regla general de reserva judicial de la privación de la libertad; ii)
aplica ante el incumplimiento de ciertas obligaciones durante la detención o
prisión domiciliaria, que no necesariamente constituyen delito, las cuales, iii)
deben ser verificadas por el Juez que vigila la legalidad de la ejecución de la
sentencia y no por las autoridades penitenciarias o de policía, quienes no
pueden tener el alcance de definir de manera definitiva sobre la libertad de
los ciudadanos[31].
De acuerdo con el artículo
28 Superior, toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino con el cumplimiento de una serie de requisitos, a saber: (i)
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente (reserva
judicial), (ii) con las formalidades legales (debido proceso); (iii)
por motivo previamente definido en la ley (reserva legal); (iv) la
persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste
adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley; y (v)
en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y
medidas de seguridad imprescriptibles[32].
En mi criterio, la
doctrina constitucional del principio de reserva judicial para la privación de
la libertad debe ser rigurosamente resguardada[33]. En ese sentido, debe
comprender la aplicación de dicho postulado en dos momentos, que son: uno
general y previo a la imposición de la sanción penal, y otro posterior o
extendido, que tiene lugar en la fase de ejecución de la pena[34].
Este último significa que las personas privadas de la libertad en prisión o
detención domiciliaria son sujetos de la garantía de reserva judicial y del
principio de legalidad, frente a todas las imputaciones nuevas que se hagan,
claro está, diferentes a la que generó la primera restricción inicial de sus
derechos[35].
No encuentro entonces
justificable que la Corte preserve la norma en el ordenamiento jurídico con
base en seis (6) condicionamientos implícitos[36]y una interpretación
contradictoria, que elude el supuesto de hecho; principalmente, en el evento en
que durante la detención la persona privada de la libertad incumpla sus
obligaciones.
Esta posición omite tres
circunstancias: i) que el incumplimiento de las obligaciones puede
acontecer en el lugar de detención y no necesariamente surge en una situación
de libertad; ii) el hecho de que quien decida evadir la orden judicial
estando privado de la libertad incurre en el delito de fuga de presos,
establecido en el artículo 448 del Código Penal. En consecuencia, podría ser
capturado en flagrancia por funcionarios del INPEC o la Policía, e incluso, por
cualquier particular; y iii) que las personas recluidas en su domicilio
tienen un ámbito más amplio de libertad, el cual protege su derecho fundamental
a la unidad familiar.
Adicionalmente, al
analizar los fines de la norma acusada, se observa que dicha facultad de
autorizar detenciones sin orden judicial, por parte de miembros del INPEC o de
la Policía Nacional, cuando el detenido incumpla sus obligaciones, no resultan
adecuados ni proporcionales a los hechos que le sirven de causa, toda vez que
estos empleados no están investidos de función jurisdiccional, en tal virtud,
no pueden verificar con autoridad el cumplimiento de todas las obligaciones
impuestas. Por ejemplo, ¿cómo una autoridad de policía y/o administrativa puede
determinar autónomamente si el detenido compareció personalmente ante la
autoridad judicial que vigila el cumplimiento de la pena o, peor aún, si reparó
los daños ocasionados con el delito?[37]
3.
Precedentes de la
Corte Constitucional en relación con la detención preventiva ordenada por
autoridades administrativas.
Siguiendo los precedentes de esta Corporación, esta
decisión constituye un retroceso en la jurisprudencia constitucional sobre
reserva judicial. Valga anotar que la figura de la detención administrativa
preventiva, vigente hasta el año 1995, admitía que excepcionalmente autoridades
de policía realizaran capturas. En una primera etapa jurisprudencial, la Corte
admitió la constitucionalidad de las normas, “hasta el momento en que se
dictara la ley que le asignara a las autoridades judiciales el conocimiento de
las conductas sancionadas con arresto”[38].
Los precedentes constitucionales, con excepción al
período en el que rigió el artículo 28 transitorio de la Constitución, han sido
constantes en declarar la inconstitucionalidad de las normas que asignan a las
autoridades administrativas la facultad de ordenar sanciones de arresto. Como
puede corroborarse en las sentencias de constitucionalidad que a continuación se relacionan, la
Corte ha declarado inconstitucionales preceptos que autorizaban a las
autoridades administrativas a imponer penas de arresto, en los siguientes
términos:
En la Sentencia C-295
de 1996[39],
la Corte examinó la constitucionalidad del Decreto 717 de 1996, cuyo artículo
8º les confería a los Gobernadores la facultad de sancionar las infracciones
con multas convertibles en penas de arresto. La Corte declaró la
inconstitucionalidad de la facultad del Gobernador de imponer sanciones de
arresto. Al respecto, expresó que la excepción temporal contemplada en el
artículo 28 transitorio constitucional solamente era aplicable a los
inspectores de policía.
Mediante Sentencia
C-364 de 1996[40]
se advirtió que con la Ley 228 de 1995 había cesado el régimen de transición
contemplado en el artículo 28 transitorio de la Constitución, que permitía que
las autoridades de policía pudieran continuar conociendo sobre los hechos
punibles que eran sancionados con medidas de arresto. Por lo anterior, a partir
de esa providencia, se declaró la inconstitucionalidad de normas que
autorizaban la imposición de la pena de arresto o la privación de la libertad
por parte de autoridades administrativas, por ser violatorias de la reserva
judicial en materia de libertad contenida en el artículo 28 de la Constitución[41].
Así, en la Sentencia
C-199 de 1998[42]
se declaró la inexequibilidad del primer inciso del artículo 207 del Código
Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970), en el cual se autorizaba a los
comandantes de estación y de subestación de policía a retener en el comando al
que irrespetare, amenazare o provocara a los agentes de policía en el
desarrollo de sus funciones.
En la Sentencia C-189 de 1999[43] se declaró
la inexequibilidad de sendas expresiones contenidas en el numeral 9º del
artículo 158 y en el artículo 182 del Decreto 1809 de 1990, “por el cual se
introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (Decreto 1344 del
4 de agosto de 1970).” La primera expresión autorizaba a las autoridades de
policía para ordenar el arresto de las personas que condujeran un vehículo en
estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas, y la segunda
incluía el arresto dentro de las sanciones imponibles por incurrir en faltas
contra las disposiciones del Código[44].
Mediante Sentencia
C-530 de 2003[45]
se declaró la inconstitucionalidad de una expresión del artículo 133 del Código
Nacional de Tránsito y Transporte (la Ley 769 de 2002), la cual establecía la
imposición de pena de arresto a los peatones y ciclistas que, luego de haber
sido amonestados por incumplir las normas de tránsito, hubieran omitido asistir
al curso formativo correspondiente en materia de tránsito.[46]
La Corte declaró en la Sentencia C-237 de 2005[47], la inconstitucionalidad de un aparte del
artículo 69 del Código Nacional de Policía que determinaba funciones policiales
para recapturar personas por incumplir con su deber de presentarse ante el jefe
de policía luego de que, capturadas inicialmente en flagrancia, habían sido
dejadas en libertad con el compromiso de comparecer dentro de las 48 horas
siguientes ante el mencionado jefe de policía.[48]
En la Sentencia C-850
de 2005[49]
la Corte declaró la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 70 del
Código Nacional de Policía, el cual establecía que cuando el contraventor fuera
capturado en flagrancia y llevado inmediatamente ante el jefe de policía, los
testigos debían ser trasladados junto con el contraventor y, en el caso de que
no quisieran hacerlo libremente, podían ser obligados por la fuerza.[50]
La Corte consideró que el traslado forzado del testigo vulneraba su libertad
personal y que la única forma de obligarlo a asistir era a través de una orden
judicial[51].
Dos años después, la
Corte[52] conoció sobre una demanda presentada contra
distintas normas del Código Nacional de Policía, dos de las cuales ya habían
sido examinadas en la Sentencia C-024 de 1994. En esa providencia, la
Corporación declaró la constitucionalidad condicionada de apartes de los
artículos 56 y 62 del Código, que autorizaban la privación de la libertad con
base en una orden de autoridad administrativa. En aquella ocasión, el Tribunal
Constitucional concluyó que, en atención de la vigencia del artículo 28
transitorio de la Constitución, esas normas eran constitucionales de manera
temporal, hasta que se expidiera la ley que le atribuyera a las autoridades
judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionados con pena de
arresto[53].
Mediante Sentencia
C-720 de 2007[54]
se declaró tanto la inconstitucionalidad del encabezado del artículo 207 del
Código Nacional de Policía como la del artículo 192 del mismo, que establecía:
“[l]a retención transitoria consiste en mantener al infractor en una
estación o subestación de policía hasta por 24 horas”.
Finalmente, en la
Sentencia C-928 de 2009[55], la Corte declaró la
inconstitucionalidad de la expresión “Si el desacato persiste en grado
extremo, cometiéndose reiteradamente la falta, las sanciones antes enumeradas
pueden convertirse en arresto”, incluida en el numeral 6° del artículo 7º
de la Ley 1259 de 2008[56],
“por medio de la cual se instaura en
el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores
de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras
disposiciones”.
Se puede observar que,
inequívocamente, en todos estos años, con excepción del período en el que rigió
el artículo 28 transitorio de la Constitución, este Tribunal Constitucional ha
sido consistente en declarar la inconstitucionalidad de las normas que asignaban
a las autoridades administrativas la facultad de ordenar la privación de la
libertad, aún en la modalidad de arresto. Ciertamente, en todas las sentencias
reseñadas, la Corte ha concluido que las normas son inconstitucionales,[57] de conformidad con la reserva judicial
contenida en el artículo 28 de la Constitución Política.
4.
Síntesis del salvamento
de voto
A partir del consenso logrado en las sociedades
modernas constituidas como Estados Sociales y Democráticos de Derecho, se han
impuesto límites a la restricción de la libertad y al eventual autoritarismo
del Estado. En tal virtud, surgió la separación de poderes y la necesidad de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente para privar de la libertad
a los ciudadanos, salvo en dos casos excepcionales: (i) captura en flagrancia
(art. 32 C.P.); y, (ii) la que realiza la Fiscalía General de la Nación (art.
250 C.P.)
La Corte Constitucional declaró exequible el inciso
tercero del artículo 31 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido que la persona
detenida se encuentra en “situación de libertad”, de hecho o en virtud de
permiso debidamente extendido. Para la Corte, no se desconoce la reserva judicial
ya que es necesario que exista una resolución judicial que haya impuesto la
prisión o detención domiciliaria. Además, las funciones atribuidas son una
respuesta administrativa orientada a ejecutar la decisión tomada por el juez
competente.
Esa norma ha debido expulsarse del ordenamiento
jurídico, entendiendo que su ámbito de aplicación comprende a la persona
privada de la libertad que, estando efectivamente en prisión o detención
domiciliaria, viola las obligaciones establecidas en el artículo 38 del Código
Penal. En este caso, el aparte acusado vulnera lo establecido en el artículo 28
de la Constitución Política, en la medida que faculta a funcionarios de la
Policía y el INPEC para detener, sin orden judicial previa, a un sujeto que
viole sus obligaciones durante la ejecución de la pena.
Considero que esta facultad tiene reserva judicial y
se presta para arbitrariedades, en tanto dichos funcionarios administrativos y
de policía, pueden interpretar el cumplimiento de las obligaciones en la ejecución
de la pena con insoslayable carga de subjetividad y privar discrecionalmente de
la libertad a las personas que hayan sido sometidas a la relativa “libertad”
que implica la detención domiciliaria.
Adicionalmente, la norma demandada no autoriza exclusivamente
la detención administrativa para quien se “encuentre en libertad” de hecho o en
virtud de un permiso judicial, toda vez que para estos supuestos aplica la
captura en flagrancia -configurada en el delito de fuga de presos, establecido
en el artículo 448 del Código Penal-. En ese sentido, la interpretación de la
Corte desestimó que aunque la persona incumpla sus obligaciones en la fase de
ejecución de la pena, no puede ser capturada sin una nueva orden judicial, en
virtud del artículo 28 constitucional.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
FRENTE A LA
SENTENCIA C-411/15
CON PONENCIA DE LA MAGISTRAD MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA, EN LA QUE SE DECLARA EXEQUIBLEEL INCISO TERCERO DEL
ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1709 DE 2014.
Referencia:
Expediente
D-10497
Problema jurídico
planteado en la sentencia: ¿Viola el legislador la reserva judicial
general en materia de privación de la libertad (CP arts. 28, 32 y 250), al
atribuirles a ciertas autoridades administrativas [INPEC y Policía Nacional] la
facultad de detener inmediatamente a las personas sometidas a detención o
prisión domiciliarias, cuando incumplan obligaciones previstas para la
ejecución de la respectiva medida?
Motivo del
Salvamento: Se debió haber declarado la exequibilidad condicionada
de la norma en el sentido que solamente podrá detenerse a la persona si como
consecuencia de la violación de las obligaciones se presenta una situación de
flagrancia, pues en los demás casos desconoce el principio de reserva judicial
de la privación de la libertad.
Salvo el voto en la Sentencia C-411
de 2015, pues la decisión adoptada por la Sala Plena de la
Corte Constitucional, pues se debió haber* declarado la exequibilidad
condicionada de la norma demandada para evitar que desconociera el principio de
reserva judicial de la privación de la libertad contemplada en el artículo 28
de la Constitución Política:
1.   ANTECEDENTES
DE LA SENTENCIA C-411 DE 2015
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el señor Laureano Antonio Benavides Lugo demandó el
artículo 31 (parcial) de la Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se reforman
algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la ley 599 de 2000, de la Ley 55 de
1985 y se dictan otras disposiciones. La norma acusada dispone que, cuando una
persona esté sometida a detención o prisión domiciliaria, los funcionarios del
INPEC encargados del control de la medida, y los de la Policía Nacional en
ejercicio de sus funciones de vigilancia, tendrán la facultad de detenerla si "está
violando sus obligaciones ", pero en tal caso
deberán ponerla "en el término de treinta y seis horas (36) a
disposición del juez que profirió la respectiva medida para que tome la
decisión correspondiente ".
La Sala Plena decidió declarar la norma
exequible al considerar que cuando la disposición demandada se interpreta a la
luz de su texto, del contexto normativo en el cual se inserta, del marco
procesal y penitenciario en el cual está llamada a aplicarse, se observa de
conformidad con la Constitución que presupone "una
providencia en la cual un juez competente ha impuesto una medida de detención o
una pena de prisión domiciliarias, y se aplica (i) respecto de quien está en
situación de libertad, de hecho o en virtud de un permiso debidamente
extendido; (ii) incurre en una violación de las obligaciones propias y exclusivas
de esa forma de detención o prisión; y (iii) esa violación es actual"[58].
2.    FUNDAMENTO
DEL SALVAMENTO
La decisión adoptada desconoce de manera
clara la reserva judicial de toda privación de la libertad, consagrada en el
artículo 28 de la Constitución:
En virtud del principio de reserva
judicial contemplado en el artículo 28 de la Constitución, la privación de la
libertad solamente podrá ser ordenada por un juez, salvo en caso de flagrancia
o en el evento de captura excepcional de la Fiscalía General de la Nación
contemplado en el artículo 250 de la Carta Política.
Este principio también es aplicable
durante la ejecución de la pena y de la medida de aseguramiento, pues las
medidas que afecten la privación de la libertad deben ser decididas por una
autoridad judicial[59].
De lo contrario, las autoridades administrativas tendrían la potestad de
modificar las decisiones judiciales concretas y ello comprometería el principio
de separación de funciones entre los diversos órganos del poder público[60].
En este sentido, son los jueces y no la
administración penitenciaria ni la policía quienes deben conceder o revocar una
detención domiciliaria[61],
lo cual ha sido reconocido por la legislación penal y procesal penal en
Colombia: (i)el artículo 38 de la Ley 599 de 2000
señala que es el juez quien deberá decidir sobre la concesión de una prisión
domiciliaria, (ii)el artículo 314 de la Ley 906 de 2004
establece que el juez deberá decidir sobre la concesión de la prisión
domiciliaria como sustitutiva de la prisión[62] y (iii) la norma demandada
asigna al juez competente la función de revocar la detención y la prisión
domiciliaria[63].
Incluso el control de la detención y de
la prisión domiciliaria están directamente en cabeza del juez, frente a lo cual
el INPEC ejerce solamente una función de apoyo, más no de dirección: el
artículo 38 de la Ley 599 de 2000 establece que "el control
sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal que conozca
del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario[64], mientras que el
artículo 38 c)de la misma ley coloca el control de la prisión domiciliaria en
cabeza del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad[65].
La norma demandada permite que un
funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) o de la
Policía Nacional capture a la persona que esté en prisión o detención
domiciliaria cuando haya violado sus obligaciones:
"El incumplimiento de las
obligaciones impuestas dará lugar a la revocatoria mediante decisión motivada
del juez competente. El funcionario del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el
funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de
vigilancia, detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus
obligaciones y la pondrá en el término de treinta y seis horas (36)
a disposición del juez que profirió la respectiva medida para que tome la
decisión correspondiente" (subrayado fuera de texto).
Esta nueva modalidad de detención
realizada por el INPEC o por la Policía Nacional, no se realiza con orden
judicial previa ni constituye directamente ninguna de las dos (2) excepciones a
la reserva judicial de la privación de la libertad:
|
(i) No se aplica
siempre en casos de flagrancia, pues el incumplimiento de
las obligaciones impuestas en el marco de la ejecución de una prisión o
detención domiciliaria no constituye necesariamente un delito. En este
sentido, el literal b) del artículo 38 del Código Penal señala las
obligaciones que pueden ser impuestas a una persona en detención o
prisión domiciliaria, dentro de las cuales ninguna de ellas constituye per
se una conducta punible:
"a) No
cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;
b)     Que dentro del
término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El
pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real,
bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;
c)      Comparecer
personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena
cuando fuere requerido para ello;
d)     Permitir la
entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la
vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las
condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas
en los reglamentos del INPEC para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y
las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad"[66].
Si bien en algunos casos el
incumplimiento de estas obligaciones podría implicar la comisión de un delito,
como cuando la persona huye y con ello incurre en una fuga de presos, existen
muchos eventos en los cuales el desconocimiento de una obligación no constituye
per
se un delito, como cuando no se observa buena conducta, no se reparan los
daños, no se comparece ante la autoridad judicial o no se cumple con
condiciones específicas de seguridad determinadas por el INPEC.
(ii)     No constituye un
caso de captura excepcional contemplado en el artículo 250 de la Constitución,
pues no es realizada por la Fiscalía General de la Nación.
De esta manera, como la detención
contemplada en el inciso 3o artículo 31 de la Ley 1709 de 2014 no es
realizada por la Fiscalía, sino por funcionarios del INPEC o de la Policía
Nacional, solamente sería constitucional en aquellos eventos en los cuales el
incumplimiento de las obligaciones de la persona que se encuentra en prisión o
detención domiciliaria constituya una situación de flagrancia, es decir, en
aquellos casos en los que la persona que se encuentre en detención o prisión
preventiva sea sorprendida cometiendo un delito o instantes después de haberlo
ejecutado.
Adicionalmente, la detención y la prisión
domiciliaria no son beneficios otorgados discrecionalmente por el Estado, sino
que constituyen un derecho de la persona exigible ante el juez competente
cuando se cumplen todos los requisitos señalados en la Ley por los siguientes
motivos: (i) en virtud del principio de legalidad
solamente se puede aplicar la pena contemplada en la ley, lo cual no solo se
extiende a su duración, sino también a su forma de ejecución[67], (ii) en un Estado
Social la resocialización es un derecho, pues la pena no tiene una finalidad
retributiva sino preventiva, lo cual se ve mermado si a la persona no se le da
la oportunidad de cumplir la pena en su domicilio junto con sus seres queridos
para facilitar su reintegración a la sociedad cuando la propia ley lo permite[68].
En consecuencia, el principio de reserva
judicial resulta esencial en la determinación y la revocatoria de la detención
y la prisión domiciliarias para garantizar los derechos de las personas
privadas de la libertad, por lo cual es inconstitucional que sin una orden
judicial previa una autoridad administrativa como el INPEC o la Policía Nacional
puedan detener a una persona que esté cumpliendo una prisión o detención
preventiva en un caso distinto a la flagrancia.
En virtud de lo anterior, considero que
debió declararse la exequibilidad condicionada del inciso 3o del
artículo 31 de la Ley 1709 de 2014 en el sentido que solamente podrá detenerse
a la persona si como consecuencia de la violación de las obligaciones se
presenta una situación de flagrancia. Así mismo, en los demás casos el
funcionario del INPEC o de la policía judicial deberá informar inmediatamente
al juez que profirió la respectiva medida para que sea éste el que verifique si
se revoca la detención o la prisión domiciliaria respetando el debido proceso y
el derecho a la defensa.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] Con
cambios de forma, la parte de la sentencia que llega hasta las consideraciones
de la Corte, es tomada de la ponencia inicialmente presentada por el Magistrado
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ante la Sala Plena.
[2] Art.
38 B del Código Penal.
[3] Profesores Fernando
Velásquez Velásquez y Juan Sebastián Calderón Bareño.
[4] El profesor Luis Gonzalo
Velásquez Posada.
[5] El doctor Javier Fernando
Fonseca Alvarado.
[6] El doctor Miguel Samper
Strauss.
[7] Con
cambios menores, hasta este punto llega la ponencia inicial presentada por el
Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, cuyo contenido no fue apoyado por la
mayoría de la Sala Plena.
[8] Así, por ejemplo, la orden
“¡Cierra la puerta!” no dice cuáles son sus condiciones de aplicación, pero por
su contenido es razonable inferir que está llamada aplicarse cuando haya una
puerta y esté abierta. Wright,
Georg Henrik. Norma y acción. Una investigación lógica. Madrid.
Tecnos. 1979, p. 91. Dice, a propósito de una distinción que introduce entre
tipos puros de normas: “Si una norma es categórica, su condición de aplicación
viene dada por su contenido. Conociendo su contenido sabemos cuál es su
condición de aplicación. Por esta razón, no es necesaria la mención de la
condición para formular la norma. Así, por ejemplo, se sobrentiende, en una
orden de cerrar una ventana, que se aplica a una situación en que la ventana
está abierta”. En el mismo sentido, y en referencia a la obra de von Wright,
ver Nino, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. 10ª
edición. Barcelona. Ariel. 2001, p. 76.
[9] En un sentido similar, el artículo
38D del Código Penal se refiere a la Ejecución de la medida de prisión
domiciliaria: “La ejecución de esta medida sustitutiva de la pena privativa
de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado,
excepto en los casos en que este pertenezca al grupo familiar de la víctima. El
juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria
se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica. El juez podrá
autorizar al condenado a trabajar y estudiar fuera de su lugar de residencia o
morada, pero en este caso se controlará el cumplimiento de la medida mediante
un mecanismo de vigilancia electrónica” (énfasis añadido).
[10] Se ha debatido en especial, a causa de la acción ciudadana, si la
captura por parte de los funcionarios indicados en la norma bajo examen puede
producirse en situaciones en las cuales la persona condenada a prisión
domiciliaria, además de encontrarse en libertad, incumple una obligación como
la que contempla el artículo 38B, numeral 4, literal b), conforme a la cual el
condenado debe, dentro “del término que fije el juez” reparar los
daños ocasionados con el delito; o si cabe ejecutarla cuando se deja de
observar la obligación estatuida en el artículo 38B, numeral 4, literal c), en virtud de la cual el
condenado debe “[c]omparecer personalmente ante la autoridad
judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello”. Así, por ejemplo, pueden verse la acción pública,
el Concepto Fiscal y la intervención de la Universidad Sergio Arboleda.
[11] El
artículo 314, numeral 5, del Código de Procedimiento Penal dice: “[l]a detención preventiva en establecimiento carcelario
podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos:
[…] 5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor
o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su
cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo
beneficio. || La detención en el lugar de residencia comporta los permisos
necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para
trabajar en la hipótesis del numeral 5”.
[12] Así, por ejemplo, el artículo 147 del
Código Penitenciario y Carcelario ha llegado a prever la posibilidad de
extender permisos de 72 horas, bajo ciertas condiciones: “La Dirección del
Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad
que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del
establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes
requisitos: 1. Estar en la fase de mediana seguridad. 2. Haber descontado una
tercera parte de la pena impuesta. 3. No tener requerimientos de ninguna
autoridad judicial. 4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el
desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria. [5.
Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de
condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados]
6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena
conducta, certificada por el Consejo de Disciplina”. Sobre la vigencia de la
hipótesis consagrada en el numeral 5, entre corchetes, véase la sentencia C-387
de 2015, en la cual la Corte se abstuvo de emitir un fallo de fondo.
Quien observare mala conducta durante uno de esos
permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se
hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si
reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le
cancelarán definitivamente los permisos de este género.”
[13] Sentencia
T-972 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[14] Sentencia
C-312 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil. Unánime).
[15] El
artículo 15 del Código Penitenciario y Carcelario dice: “El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está
integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho
con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa;
por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela
Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades
públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema. El sistema se
regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas
que lo adicionen y complementen”.
[16] Así,
puede observarse lo que ocurre por ejemplo en la jurisprudencia de la Corte
Europea de Derechos Humanos. Al respecto, Macovei, Monica. Handbook N° 5:
The right to liberty and security of the person. A guide to the implementation
of Article 5 of the European Convention on Human Rights, Germany,
Directorate General of Human Rights, Council of Europe, 2004.
[17]
Ver artículo 38 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 de
2004.
[18]
Corte Constitucional. Sentencia C-318 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero. “…Esta diferenciación entre lo
discrecional y lo arbitrario tiene claro fundamento constitucional en Colombia,
pues la Carta admite la discrecionalidad administrativa pero excluye la
arbitrariedad en el ejercicio de la función pública. Así la potestad
discrecional es una herramienta jurídica necesaria e indispensable, en ciertos
casos, para una buena administración pública, pues se le brinda al gestor
público la posibilidad de decidir, bajo un buen juicio, sin la camisa de fuerza
de una reglamentación detallada que no corresponda a la situación que se quiera
superar o enfrentar. En cambio, la arbitrariedad está excluida del ordenamiento
jurídico colombiano”.
[19]
La Corte Constitucional ha interpretado las normas de
conformidad con una filosofía libertaria y democrática. En la Sentencia C-879
de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto se indicó lo siguiente: “la libertad
se configura como un contenido axiológico rector del sistema normativo y de
la actuación de los servidores públicos, del cual, en todo caso, también se
desprenden consecuencias normativas en la interpretación y aplicación, no solo
del texto constitucional, sino del conjunto de preceptos que conforman el
ordenamiento jurídico colombiano, que deben ser leídos siempre en clave
libertaria” –negrilla fuera de texto-.
[20] ZAFFARONI, Eugenio Raul: La cuestión criminal, Buenos
Aires, Planeta, 2012, 29 y ss.
[21] FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI
Editores, Argentina, 2003, 198.
[22] FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI
Editores, Argentina, 2003, 227: “Toda esta "arbitrariedad" que, en el
antiguo régimen penal, permitía a los jueces modular la pena y a los príncipes
ponerle fin eventualmente, toda esta arbitrariedad que los códigos modernos le
han retirado al poder judicial, la vemos reconstituirse, progresivamente, del
lado del poder que administra y controla el castigo”.
[23] BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas,
Alianza, Madrid, 1998, FEUERBACH, Paula Johann Anselm: Tratado de Derecho penal
vigente en Alemania, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, Howard, John: El estado de
las prisiones en Inglaterra y Gales, Fondo de Cultura Económica, México, 2003,
entre otros.
[24] Artículo 5 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La ley sólo puede prohibir las acciones que son
perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser
impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena”.
[25] Artículo 7 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y
mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de
acuerdo con las formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite,
ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y
todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer
inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia.
[26] Artículo 8 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La ley no debe
imponer otras penas que aquéllas que son estricta y evidentemente necesarias; y
nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad
a la ofensa y legalmente aplicada”.
[27] Artículo 9 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Todo hombre es
considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su
arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar
su persona ha de ser severamente reprimido por la ley”.
[28] FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta, Madrid,
2004, 340.
[29] FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta, Madrid,
2004, 93.
[30]
Artículo 38 del Código Penal (modificado por
el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014):
“…3. Que se garantice
mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
1) Cuando sea del caso,
solicitar al funcionario judicial autorización para cambiar de residencia.
2) Observar buena
conducta.
3) Reparar los daños
ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que está en incapacidad
material de hacerlo.
4) Comparecer
personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena
cuando fuere requerido para ello.
5) Permitir la entrada a
la residencia a los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia
del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad
impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia
de la pena y la reglamentación del INPEC…”
[31]
Sentencias de la Corte Constitucional C- 312 de 2002; M.P.
Rodrigo Escobar Gil y T-972 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[32]
Sentencias de la Corte Constitucional C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; C-730 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1001 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-479 de 2007,
M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-163 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[33]
Ver Sentencia C-516 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[34]
Corte Constitucional. Sentencia T-972 de 2005 (unánime) M.P. Jaime Córdoba
Triviño. “Ha destacado la Corte el valor constitucional que entraña la
necesidad de preservar tanto el principio de legalidad como el de reserva
judicial de la libertad en la fase de ejecución de la pena, lo
cual implica que cualquier medida administrativa que afecte el tiempo
de privación efectiva de la libertad de un condenado, o las condiciones en las
cuales se cumple la condena, debe ser sometida a aprobación de la autoridad
judicial encargada de ejecutar la pena. De lo contrario, se abriría la
posibilidad de que autoridades administrativas modificaran decisiones
judiciales concretas en materia de libertad, con la consiguiente ruptura
del principio de separación de funciones entre los diversos órganos del poder
público”. (subrayado fuera de texto).
[35]
Mediante Auto 241 de 2015, la Sala Plena de la Corte
Constitucional dispuso un cambio de jurisprudencia para admitir la posibilidad
de que las personas privadas de la libertad interpongan como ciudadanos
acciones de constitucionalidad como una manifestación del derecho de acceso a
la administración de justicia.
[36]
Ver condicionamiento sexto en el numeral 23.6 de la
Sentencia.
[37]
El artículo 28 constitucional prohíbe la detención por deudas:
“…En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por
deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.
[38] Sentencia de la Corte Constitucional C-928 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[39] M.P. Hernando
Herrera Vergara.
[40] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[41] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[42] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[43] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[44] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[45] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[46] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[47] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[48] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[49] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[50] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[51] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[52] Sentencia C-176 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[53] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54] M.P. Catalina Botero Marino.
[55] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[56] Sentencia de la Corte Constitucional C-928 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[57] Sentencia de la Corte Constitucional C-928 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[58] Sentencia C 411
de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[59] El artículo 77
del Código Penitenciario establece: "Articulo 70. Libertad La libertad
del interno solo procede por orden de autoridad judicial competente."
[60]Sentencia de la
Corte Constitucional C-312 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[61]Sentencia de la
Corte Constitucional T-693 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[62]
Artículo 314 de la ley
906 de 2004
[63] Artículo 31
.Adiciónase un artículo a la Ley 65 de 1993 el cual quedará así:
Artículo 29F. Revocatoria de la detención
y prisión domiciliaria. El incumplimiento de las obligaciones impuestas dará
lugar a la revocatoria mediante decisión motivada del juez competente.
El funcionario del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) encargado del control de la medida o el
funcionario de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de vigilancia,
detendrá inmediatamente a la persona que está violando sus obligaciones y la
pondrá en el término de treinta y seis horas (36) a disposición del juez que
profirió la respectiva medida para que tome la decisión correspondiente.
La revocatoria de la medida se dispondrá
con independencia de la correspondiente investigación por el delito de fuga de
presos, si fuere procedente.
Parágrafo. El Inpec podrá celebrar
convenios con la Policía Nacional para el seguimiento del cumplimiento de la
prisión domiciliaria cuando la guardia no sea suficiente para garantizar el
desarrollo de la misma. La participación de la Policía Nacional dependerá de la
capacidad operativa y logística de las unidades que presten el apoyo al
Inpec".
[63]Art. 38 C de la
Ley 599 de 2000: "Control de la medida de prisión domiciliaria. El control
sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec).
[64] Artículo 38 de la Ley 599 de 20:  “El control sobre
esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal que conozca del
asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará mecanismos de vigilancia
electrónica o de visitas periódicas del penado, entre otros, para verificar el
cumplimiento de la pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo.
[65]Art. 38 C de la
Ley 599 de 2000: "Control de la medida de prisión domiciliaria. El control
sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec).
[66]Art. 38 B del
Código Penal.
[67]
ROXIN, Calus:  Derecho penal. Parte General. Civitas, Madrid,
1997, pág. 99.
[68]
Sentencia de la Corte Constitucional C-806 de 2002, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.