T-573-15
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Sentencia T-573/15
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Procedibilidad
Atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad en las que se
encuentran inmersas las personas víctimas de desplazamiento forzado, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que la
acción de tutela constituye el mecanismo judicial idóneo para la protección de
los derechos fundamentales de este sector poblacional
DESPLAZAMIENTO
FORZADO-Estado de cosas inconstitucional declarado en
sentencia T-025/04
DESPLAZADOS POR
LA VIOLENCIA-Sujetos de especial protección constitucional
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Importancia
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Inscripción en el Registro Unico de Víctimas como
derecho fundamental de la población desplazada al reconocimiento de su especial
condición
REGISTRO UNICO DE
POBLACION DESPLAZADA-Modificación del registro o la inscripción de uno nuevo
POSIBILIDAD DE SEPARAR NUCLEO FAMILIAR DE PERSONAS VICTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Desarrollo jurisprudencial
SEPARACION DE NUCLEO FAMILIAR DE
PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Procedibilidad
Existiendo varios eventos que motivan a las personas víctimas
de desplazamiento forzado a solicitar la separación del núcleo familiar, ésta
resulta procedente únicamente en aquellos casos en los que la petición se funda
en el hecho de (i) querer unirse a un grupo familiar respecto del cual existió
división por causa misma del desplazamiento, o (ii) haber formado un núcleo
diferente al originario, siempre que el nuevo esté
conformado por hijos menores de edad y madre o padre cabeza de familia, pero
separado(a) de su esposo(a) o compañero(a) permanente; caso en el cual
la carga de identificar la composición y caracterización familiar corresponde a
la UARIV, siendo necesario entonces que dicha entidad asuma el estudio
respectivo, buscando siempre garantizar el ejercicio pleno de los derechos de
las víctimas de desplazamiento forzado, como lo es el de acceder oportunamente
a la ayuda humanitaria.
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Posibilidad de separar o dividir núcleo familiar
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Orden a la UARIV reconocer e inscribir en el RUV la separación
del núcleo familiar de accionante
Referencia:
Expedientes T-4937195 y T-4957935 (acumulados).
Expediente
T-4937195: Acción de tutela promovida por Rosario Meneses Mera, contra la
Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Expediente
T-4957935: Acción de tutela promovida por Rosana Barbosa Méndez, contra la
Dirección Territorial del Huila de la Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil
quince (2015).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
Magistrada María Victoria Calle Correa, y los Magistrados Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los siguientes fallos de única
instancia: (i) dentro del expediente T-4937195, la sentencia
dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el diez
(10) de abril de dos mil quince (2015); y (ii) dentro del expediente T-4957935,
la proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Neiva – Huila, el tres (3) de
marzo de dos mil quince (2015).
Los expedientes de la referencia fueron seleccionados para su
revisión por la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional, mediante
auto del once (11) de junio de dos mil quince (2015), en virtud del cual,
además, se decidió su acumulación procesal.
I.
ANTECEDENTES
Los accionantes
de los expedientes de la referencia, actuando en nombre propio, presentaron
acción de tutela contra la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), en defensa de sus derechos fundamentales a la vida digna,
debido proceso, intimidad y de petición,  argumentando que éstos le fueron
vulnerados al negársele su solicitud de escisión del núcleo familiar, pues el
hecho de haberse registrado como jefe de hogar a una persona que no pertenece a
su grupo familiar les ha impedido obtener la ayuda humanitaria de que son
titulares, por ser víctimas de desplazamiento forzado.
Con el fin de
exponer los antecedentes de forma precisa, a continuación la Sala procederá a
narrar los hechos en los que se sustentaron las acciones de tutela incoadas, y
las decisiones de instancia objeto de revisión:
1.
Expedientes objeto de estudio
1.1. Expediente
T-4937195: Acción de tutela promovida por Rosario Meneses Mera, contra la UARIV
1.1.1  Hechos
Rosario Meneses
Mera es una persona víctima de desplazamiento forzado, quien señala que al
momento de realizarse su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), fue
inscrita dentro del núcleo familiar de su padre, pese a que éste último compone
un grupo independiente, al punto de no existir ninguna relación de convivencia
entre ellos.
Afirma que
actualmente ostenta la calidad de madre cabeza de familia, componiendo su
núcleo familiar con sus hijos menores de edad, sin poder tener acceso a la
ayuda humanitaria que recibe su padre, en calidad de jefe de hogar inscrito.
Pese a lo
anterior, señala que al dirigirse ante la UARIV para solicitar la división del
grupo filial originario y consecuente inscripción de su verdadero núcleo
familiar en el RUV, la misma negó su requerimiento usando diversas respuestas,
pues, en una primera oportunidad, verbalmente se le indicó a la accionante que
“era necesaria la intervención del ICBF, Juzgados de Familia o comisaría”; y en
un segundo momento, en respuesta  a una petición elevada el veintiséis (26) de
febrero de dos mil quince (2015), la accionada nuevamente negó la solicitud por
no haberse dado un abandono de los hijos menores de edad, por parte del padre
inscrito como jefe de hogar.
Con base en lo
anterior, presenta acción de tutela contra la Dirección Central de la UARIV,
solicitando se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, el de petición, a la igualdad y a la protección especial de los
menores de edad, y como consecuencia de ello se ordene la división del núcleo
familiar y se realice la inscripción actualizada del nuevo grupo constituido.
1.1.2. Respuesta de la entidad accionada
Pese a que el
juez que conoció en única instancia de este asunto realizó el respectivo
traslado a la entidad accionada, buscando se pronunciara sobre la acción de
tutela impetrada y/o allegara las pruebas que considerara pertinentes, la misma
guardó silencio.
1.1.3. Decisión del juez de tutela en única instancia
El Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del diez (10) de abril de dos mil
quince (2015), decidió tutelar el derecho fundamental de petición a la señora Rosario Meneses Mera, y como consecuencia de ello ordenó a la UARIV
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, diera respuesta a la
comunicación remitida por la accionante.
1.1.4. Pruebas obrantes al momento de proferirse el fallo de única
instancia
Al momento de
fallar, el juez que conoció de la única instancia contaba con las siguientes
pruebas: (i) copia del derecho de petición elevado por la señora Rosario
Meneses Mera el dos (2) de febrero de dos mil quince (2015) ante la UARIV;[1]
y (ii) copia de la cédula de ciudadanía de la señora Rosario Meneses Mera.[2]
1.2. Expediente
T-4957935: Acción de tutela promovida por Rosana Barbosa Méndez, contra la UARIV-Dirección
Territorial del Huila
1.2.1. Hechos
Rosana Barbosa
Méndez es una persona de cincuenta y cuatro (54) años de edad, quien afirma ser
víctima de desplazamiento forzado, junto con su núcleo familiar, y estima ser
beneficiaria tanto de la Ley 397 de 1997 “como de los Decretos
Reglamentarios consagrados en el Auto 092  de 2008 de la Corte Constitucional”.[3]
Señala que ante
la UARIV su madre está inscrita como jefe de hogar, por lo que hoy es
reconocida como la única persona legitimada para reclamar la ayuda humanitaria
que le ha sido otorgada. Lo anterior, pese a que desde hace más de doce (12)
años la accionante no convive con su madre, pues esta última decidió
autónomamente configurar un núcleo familiar, nuevo e independiente.
Dada tal
situación, la accionante elevó solicitud de división del núcleo familiar ante
la UARIV, la cual fue resuelta de forma negativa por la Dirección de Registro y
Gestión de Información de la misma entidad, bajo el argumento según el cual “de
conformidad con el parágrafo del Artículo 119 del Decreto 4800 de 2011, el
trámite de División de Grupo Familiar se realiza únicamente con el fin de
proteger los derechos de los menores que son abandonados por el padre o madre
que ostentaba la calidad de jefe de hogar o de los hogares que son víctimas de
violencia intrafamiliar, En (sic) ese orden de ideas, analizando el caso
concreto vemos que no se enmarca dentro de los parámetros aquí descritos para
proceder a efectuar la división del núcleo familiar”.
Por lo anterior,
en ejercicio de la acción de tutela objeto de estudio, solicita se ordene a la
entidad accionada realizar la división del núcleo familiar inscrito en el
Registro Único de Víctimas (RUV), inscribiendo a su madre como jefe de un hogar
independiente.
1.2.2.
Respuesta de la entidad accionada
El presente caso
fue conocido en única instancia por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Neiva, el cual, mediante oficio
secretarial del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), corrió
traslado del expediente a la entidad accionada con el fin de hacer allegar la
respectiva contestación; sin embargo, la misma guardó silencio.
1.2.3.
Decisión del juez de tutela en única instancia
El tres (3) de
marzo de dos mil quince (2015), el Juzgado Segundo Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Neiva se abstuvo de tutelar los
derechos fundamentales invocados, por considerar que la separación del grupo
familiar se torna improcedente en el caso concreto, pues desde su perspectiva el
logro de tal pretensión exige que la accionante allegue a la UARIV un concepto sobre
la conformación de su núcleo familiar, emitido ya sea por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por un Juzgado de Familia o por
cualquier Comisaría de Familia.
1.2.4.
Pruebas obrantes al momento de proferirse el fallo de única instancia
Al momento de
fallar, el juez que conoció de la única instancia contaba con las siguientes
pruebas: (i) copia de la cédula de ciudadanía de la señora Flor Lucía Méndez,
madre de la accionante;[4]
(ii) copia de la cédula de ciudadanía de la actora;[5] (iii) copia del
Registro Civil de nacimiento del menor Juan Carlos Barragán Barbosa, hijo de la
peticionaria;[6]
y (iv) copia de la respuesta dada por la Directora de Registro y Gestión de la
Información de la UARIV, el trece (13) de enero de dos mil quince (2015), al
derecho de petición elevado por la accionante.[7]
2.
Actuaciones adelantadas y documentos allegados en sede de revisión
2.1. Mediante
auto del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), el Despacho
Sustanciador decretó pruebas dentro de los dos expedientes analizados,
resolviendo:
Primero.- Por Secretaría General de
la Corte Constitucional, OFICIAR a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
Oficina de Bogotá D.C., para que en el término de
dos (2) días contados a partir de la comunicación del presente auto, se sirva:
a)
Informar de forma precisa a este Despacho (i)
si la señora ROSARIO MENESES MERA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 40777587, actualmente se encuentra inscrita como víctima de
desplazamiento; en caso afirmativo, (ii) ¿desde qué fecha se realizó el
registro?; (iii) ¿cómo se encuentra conformado el núcleo familiar inscrito?; y
(iv) ¿quién figura como jefe de hogar?
b)
Remitir a este Despacho un informe detallado
sobre el cumplimiento del fallo proferido en única instancia por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Bogotá, el diez (10)
de abril de dos mil quince (2015), adjuntando copia de la
respuesta dada al derecho de petición aludido en la parte resolutiva de dicha
providencia.
Segundo.-
Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR
a la señora ROSARIO MENESES MERA, para que en el término de
dos (2) días contados a partir de la comunicación del presente auto, se sirva
informar:
a)
¿Desde qué fecha se registró como víctima de desplazamiento forzado ante
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas?
b)
¿Ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
cómo se encuentra compuesto su núcleo familiar y quién registra como jefe de
hogar?
c)
¿Quiénes componen su núcleo familiar, y por qué actualmente no está
compuesto en la forma como se inscribió en Unidad Para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas al momento de realizar la declaración de Registro?
d)
¿En la actualidad quién recibe directamente de la Unidad de Víctimas la
ayuda humanitaria que le ha sido reconocida a su núcleo familiar?
Solicitar a
la peticionaria que allegue los documentos que acrediten la información y,
especialmente, los registros civiles de nacimiento respectivos.
Tercero.-
Por Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR
a la señora ROSANA BARBOSA MÉNDEZ, para que en el término de dos (2)
días contados a partir de la comunicación del presente auto, se sirva:
a)
Allegar a este Despacho copia de la comunicación
remitida por parte de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, en la que se autoriza la separación del núcleo familiar, y a la
que se hizo alusión en la llamada telefónica referida el numeral tercero de la
parte considerativa del presente auto.
b)
Informar a este Despacho: (i) ¿Quiénes componen su núcleo familiar?
Favor allegar los documentos que acrediten tal información (por ejemplo, los
registros civiles de nacimiento respectivos), y (ii) ¿actualmente quién recibe
directamente de la Unidad de Víctimas la ayuda humanitaria que les ha sido
reconocida, como víctimas de desplazamiento forzado?
Cuarto.-
Por Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR
a la Dirección Territorial del Huila de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas,  para que en el
término de dos (2) días contados a partir de la comunicación del presente auto:
a)
Informe a este Despacho (i) si la señora ROSANA
BARBOSA MÉNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 53094672, actualmente
se encuentra inscrita como víctima de desplazamiento; en caso afirmativo, (ii)
¿desde qué fecha se realizó el registro?; (iii) ¿cómo se encuentra conformado
el núcleo familiar inscrito?; y (iv) ¿quién figura como jefe de hogar?
b)
Remita a este Despacho un informe detallado
sobre el trámite que se le ha dado a la solicitud de separación del núcleo
familiar elevada por la señora ROSANA BARBOSA MÉNDEZ.
2.2. En
cumplimiento de dicho requerimiento, el 28 de julio de 2015 la señora Rosario
Meneses Mera allegó un escrito en el que informa que integra un núcleo familiar
independiente junto con sus tres hijos Wilfran David Mera Meneses,[8] Emelyn Saray
Mera Meneses[9]
y Jhan Alexander Meneses Mera;[10]
de quienes anexó los registros civiles de nacimiento respectivos.
2.3. El
treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015), vencido el término del
requerimiento realizado, la Secretaría General de la Corte Constitucional
comunicó al Despacho sustanciador que los destinatarios del Auto referido en el
acápite anterior no allegaron ninguna comunicación a través de la cual dieran
cumplimiento al mismo, excepto la radicada por la señora Rosario Meneses Mera.
2.4. Mediante
auto del cuatro (4) de agosto de dos mil quince (2015), el Despacho
sustanciador resolvió reiterar las órdenes impartidas a la señora Rosana
Barbosa Méndez; Dirección Territorial del Huila y Dirección Central de la
UARIV.[11]
2.5. El once
(11) de agosto de dos mil quince (2015), la Directora de Registro y Gestión de
Información de la UARIV dio respuesta a los requerimientos realizados en sede
de revisión,[12]
señalando que:
(a)
Frente al expediente T-4937195, mediante Resolución No. 2015-167276 del 27 de julio de 2015 se
decidió incluir a la ciudadana Rosario Meneses Mera y a su núcleo familiar como
víctimas de desplazamiento forzado, estando conformado este último por la
accionante (como jefe de hogar), y sus dos hijos menores de edad (Wilfran Mera
Meneses y Emelyn Saray Mera Meneses).
(b)
En relación con el expediente T-4957935, la señora Rosana Barbosa Méndez se encuentra incluida en el RUV,
desde el tres (3) de agosto de dos mil tres (2003), como víctima de
desplazamiento forzado, estando registrada dentro del núcleo familiar del cual
su madre figura como jefe de hogar. Adicionalmente, señaló que la solicitud de
escisión familiar solicitada fue respondida de forma negativa, a través de
escrito del trece (13) de enero de dos mil quince (2015).
Como anexos a
la comunicación recibida por esta Corporación, la entidad allegó: (i) copia de
la Resolución 0677 del 14 de octubre de 2014, mediante la cual se realiza el
nombramiento de la funcionaria que interviene a nombre de la UARIV;[13]
(ii) copia de la Resolución No. 2015-167276 del 27 de julio de 2015, “por la
cual se decide sobre la inscripción en el Registro único de Víctimas”;[14]
(iii) copia de la respuesta dada al derecho de petición elevado por la señora
Rosario Meneses Mera, fechada el once (11) de junio de dos mil quince (2015);[15]
y (iv) copia de la respuesta dada a la solicitud de la señora Rosana Barbosa Méndez,
fechada el trece (13) de enero de dos mil quince (2015).[16]
2.6. El
catorce (14) de agosto de dos mil quince (2015), en cumplimiento de las órdenes
impartidas por el Despacho sustanciador, la señora Rosana Barbosa Méndez allegó
un escrito mediante el cual informó que la separación familiar aún no había
sido registrada por la UARIV, y expuso que materialmente su núcleo está
compuesto por ella y su hijo menor de edad, Juan Carlos Barragán Barbosa. Para
soportar dicha información, la accionante anexó: (i) copia de su cédula de
ciudadanía, (ii) copia del Registro Civil de nacimiento del menor, y (iii)
copia de la tarjeta de identidad del mismo.[17]
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro
de los trámites de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso
3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.[18]
2. Presentación de los casos y
planteamiento del problema jurídico
Las señoras Rosario Meneses Mera
(T-4937195) y Rosana Barbosa Méndez (T-4957935) interpusieron acción de tutela
contra la Dirección Regional del Huila de la UARIV y la Dirección Central de la
misma institución, respectivamente, exponiendo que las mismas vulneraron sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la especial protección
de los menores de edad y a elevar peticiones respetuosas, por habérseles negado
la solicitud de división del núcleo familiar, aun cuando en el RUV aparece
registrada como jefe de hogar una persona que no pertenece a su grupo familiar.
Con base en lo expuesto,
corresponde a la Sala Primera (1ª) de Revisión ocuparse de resolver el siguiente
problema jurídico: ¿La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas vulnera los derechos fundamentales a la vida digna, petición, debido
proceso y reunificación familiar de una persona que además de haber sido
víctima de desplazamiento forzado, integra un núcleo familiar con sus dos hijos
menores de edad, dentro del que ostenta la calidad de madre cabeza de hogar
(como lo son las señoras Rosario Meneses Mera y Rosana Barbosa Méndez), al
negarle la separación del grupo familiar originario, bajo el argumento de no
cumplirse con lo establecido en el parágrafo del artículo 119 del Decreto 4800
de 2011?[19]
Con el fin de resolver el
interrogante formulado, se acudirá a la siguiente metodología: primero, la Sala
desarrollará un recuento jurisprudencial sobre la procedencia de la acción de
tutela en casos de víctimas de desplazamiento forzado; segundo, se hará una
breve referencia a la relevancia que reviste la inscripción en el Registro
Único de Víctimas (RUV); tercero, se estudiarán los parámetros que la
jurisprudencia constitucional ha definido para la procedencia de la división
del núcleo familiar de las personas en condición de desplazamiento forzado; y,
finalmente, se abordará el análisis concreto de los casos objeto de revisión.
3. Procedencia de la acción de
tutela para la protección de los derechos fundamentales de las personas
víctimas de desplazamiento forzado. Reiteración jurisprudencial
3.1. Atendiendo a las condiciones
de vulnerabilidad en las que se encuentran inmersas las personas víctimas de
desplazamiento forzado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
clara en establecer que la acción de tutela constituye el mecanismo judicial
idóneo para la protección de los derechos fundamentales de este sector
poblacional, como se explica a continuación:[20]
3.2. Esta Corporación ha dejado claro
en su jurisprudencia que la victimización de los ciudadanos sometidos al
desalojo forzoso se estructura a partir de una violación masiva de sus derechos
fundamentales, lo cual no sólo se materializa en el momento concreto del
desarraigo, sino que se extiende en el tiempo por las consecuencias que
necesariamente se derivan de este hecho, como lo son la superación de diversos obstáculos “para lograr acceder a los
servicios estatales y asegurar su participación en la sociedad desde una
posición marginal”.[21]
3.3. En ese sentido, la
intensidad y gravedad con que el fenómeno del desplazamiento forzado afecta el
ejercicio pleno y efectivo de los derechos fundamentales ha dado lugar a que se
establezca la incompatibilidad de tal circunstancia con el régimen
constitucional colombiano, siendo la sentencia T-025 de 2004[22] un pronunciamiento
estructural en tal material, en el que la Sala Tercera de Revisión resolvió
declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del
desplazamiento forzado en Colombia.
3.4. En dicha providencia, con
base en la jurisprudencia constitucional existente[23] y en los instrumentos
internacionales de protección de los Derechos Humanos, se estudió el alcance de
la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas víctimas de este delito,
determinándose una serie de derechos fundamentales que se ven comprometidos con
su perpetración, a saber: (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii)
los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados
y las personas de tercera edad, y de otros grupos especialmente protegidos;
(iii) el derecho a escoger su lugar de domicilio; (iv) los derechos al libre
desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (v)
el derecho a la reunificación familiar; (vi) a la integridad personal; (vii) a
la seguridad personal; (viii) la libertad de circulación por el territorio
nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; (ix) el
derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio; (x) a un mínimo
vital; (xi) a la educación, en particular el de los menores de edad; (xii) a
una vivienda digna; (xiii) el derecho a la paz; (xiv) a la personalidad
jurídica; (xv) a la igualdad; entre otros.
3.5. Bajo estas circunstancias, dada
la inexistencia en el ordenamiento jurídico colombiano de un medio judicial expedito
para la garantía de los derechos fundamentales de que son titulares las
personas víctimas de desplazamiento forzado,  jurisprudencialmente se ha admitido
que la acción de tutela constituye el mecanismo adecuado para la protección de
estos ciudadanos, pues, en efecto, se trata de sujetos que gozan de un estatus
constitucional de especial protección; por lo que  resultaría desproporcionado
imponerles la carga de agotar los recursos ordinarios para garantizar la
procedencia del mecanismo constitucional,[24]
pues de no ser así se estaría yendo en contravía del reconocimiento de la
marginalidad que se hace extensiva en el tiempo, como ya se explicó; siendo
ello configurativo de un inadmisible proceso revictimizante.
3.6. Como consecuencia de lo anterior, la Sala de Revisión
encuentra que las solicitudes de amparo estudiadas dentro de esta sentencia son
procedentes, dada la situación de extrema vulnerabilidad de las accionantes,
quienes en su calidad de víctimas de desplazamiento forzado demandan una
protección especial, la cual exige el uso de la tutela como un mecanismo idóneo
y eficaz para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
4. Importancia del Registro Único de Víctimas (RUV) para la
población víctima de desplazamiento forzado. Reiteración jurisprudencial
4.1. Si bien es cierto esta Corporación ha establecido que, con el
fin de poder acceder a los beneficios que ofrece el Estado, las personas víctimas
de desplazamiento forzado son titulares del derecho fundamental a que se les
reconozca su condición; también lo es que la protección especial de este grupo
poblacional no depende de tal reconocimiento, pues la materialización de las
circunstancias victimizantes responde a un evento fáctico concreto y no a un
proceso legal o reglamentario.[25]
4.2. Por lo anterior, se ha dicho que el RUV,[26]
constitutivo del procedimiento interno para reconocer la situación de víctima, adquiere
importancia en la medida que representa un instrumento para la identificación
poblacional, actualización de datos e implementación de políticas que propendan
por la superación de la situación particular por la que atraviesan las víctimas
de desplazamiento forzado,[27] lo cual permite a estos sujetos y a su
núcleo familiar el acceso a beneficios esenciales como la ayuda humanitaria; de
ahí que las distintas Salas de Revisión de este Tribunal hayan venido
coincidiendo en señalar que la inscripción en el mencionado registro se torna en
un derecho de carácter fundamental.[28]
4.3. Ahora bien, dicho registro, como es apenas entendible, no
constituye un elemento inmodificable desde el momento mismo en que se realiza
declaración libre y voluntaria de la víctima ante el Ministerio Público, y posteriormente
trasladada a la UARIV (entidad encargada de la administración y operación del
RUV) para su consecuente inscripción,[29] sino que incluso éste puede ser objeto
de actualización por incorrecciones o transformaciones que por el paso del
tiempo se presenten en la información suministrada inicialmente.
4.4. Respecto de la mencionada modificación, puntualmente sobre la
actualización de la composición familiar inscrita al momento del registro, la
jurisprudencia de este Tribunal se ha encargado de establecer los parámetros
para su procedencia, siendo necesario entonces abordar enseguida el desarrollo
de los mismos.
5. Desarrollo jurisprudencial frente a la posibilidad de separar o
escindir el núcleo familiar de las personas víctimas de desplazamiento forzado
5.1. A través de la ya referida sentencia T-025 de 2004, la
Sala Tercera de Revisión abordó, entre otros asuntos, el caso de un grupo de
ciudadanos que solicitaron una ayuda humanitaria recibida por el núcleo
familiar al que pertenecían en el momento de la inscripción como víctimas de
desplazamiento, quienes con posterioridad se separaron del grupo originario.
5.2. Al respecto, teniendo en cuenta que la ayuda humanitaria es
entregada a la persona o núcleo familiar registrado, la Sala identificó tres causas
que regularmente motivan la solicitud de separación del grupo filial inscrito,
así:  (i)
quienes desean separarse del núcleo familiar con el fin de aumentar las
posibilidades de ayuda; (ii) quienes por las condiciones mismas del
desplazamiento interno son separados de su núcleo familiar, se reencuentran
posteriormente con él y desean unirse para solicitar las ayudas previstas para
la población desplazada; y (iii) quienes han formado un nuevo núcleo familiar
al constituirse como pareja estable con hijos o como madre cabeza de familia,
pero separada de su esposo o compañero permanente. Respecto de estos eventos,
se establecieron las siguientes reglas jurisprudenciales:
“En el
primer evento,
dada la complejidad administrativa que implicaría permitir el cambio de
inscripción por la mera voluntad del desplazado o el riesgo de que ello sea
solicitado estratégicamente con el fin de aumentar la ayuda recibida, resulta
razonable que no sea posible obtener un nuevo registro, máxime si se tiene en
cuenta que en todo caso, las ayudas se canalizarán a través del núcleo familiar
con el cual fueron registrados. En el segundo evento, especialmente
cuando se trata de menores de edad y de ancianos que se reencuentran con su
familia, las autoridades deben tomar medidas para garantizar que éstas personas
puedan reunirse con sus allegados y, cuando sea necesario, modificar la
información del registro para garantizar que estos núcleos familiares reciban
la ayuda adecuada y proporcionalmente mayor que se le brinda a la población
desplazada. La especial protección constitucional de los derechos de los
niños, de las mujeres cabeza de familia, o de personas de la tercera edad, así
como de la familia y su manifestación a través del derecho de la población
desplazada a la reunificación familiar, de conformidad con el Principio Rector
16, justifican esta autorización especial. Estas mismas razones
justifican que se permita, como lo prevé el tercer evento, la
modificación del registro para que mujeres cabeza de familia o parejas nuevas
con hijos puedan constituir núcleos familiares de desplazados con registro
autónomo y diferente al originario, y de esta manera, obtener la ayuda que
les permita existir independientemente como familias.” (Negrilla y subraya
fuera del texto).
5.3. Estos
criterios han sido reiterados de manera permanente por las distintas Salas de
Revisión de la Corte Constitucional,[30] tal como
ocurrió en la sentencia T-099 de 2010,[31] en la que
se estudió una tutela promovida por una víctima de desplazamiento forzado,
madre cabeza de familia, a quien la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional se negaba a entregarle la ayuda humanitaria a
que tenía derecho, por considerar que (i) el jefe de hogar inscrito y
legitimado para reclamarla era su compañero permanente, con quien no conformaba
un núcleo familiar, y (ii) para lograr la separación del grupo originario era
necesario allegar una certificación expedida por el ICBF o una Comisaría de
Familia.
5.4. En
esa oportunidad, la Sala Tercera de Revisión recordó que era desproporcionado
imponer formalidades o tarifas legales para demostrar la calidad de jefe de
hogar a una víctima de la violencia, siendo apenas “necesario que los peticionarios que deseen separarse del núcleo familiar prueben,
al menos sumariamente, que efectivamente ya no hacen parte del grupo familiar
con el que fueron inscritos”.[32]
5.5. En ese sentido, esta
subregla probatoria fue adicionada a las establecidas en la sentencia T-025 de
2004, siendo constitutiva de una exigencia necesaria para determinar la
procedencia de la separación de núcleo familiar. Así lo señaló la Sala Sexta de
Revisión en sentencia T-783 de 2011,[33]
en donde al sintetizar los criterios jurisprudenciales necesarios para dar
lugar a una escisión familiar ante el RUV, se dijo que “[c]uando exista división del núcleo familiar, se
deberá verificar y caracterizar dicha división y comprobar el verdadero estado
en que se encuentran, para que si es del caso, se realice la respectiva
segmentación y se otorgue el  Registro Único de Población Desplazada al
nuevo grupo familia o integrante”.[34]
5.6. Más adelante, la Sala Segunda de Revisión, a
través de la sentencia T-451 de 2014,[35]
estudió tres casos en los que las accionantes se encontraban en situación de
desplazamiento forzado y solicitaban a la UARIV la separación del grupo
familiar originario. Dentro de los asuntos analizados, se observó que una de
las peticionarias manifestaba que al momento de su inclusión en el RUV fue
registrada a su madre como jefe de hogar, pero dado que con posterioridad
conformó un núcleo familiar independiente –integrado por la accionante en
calidad de madre cabeza de familia y sus dos hijos menores de edad–, a través
de la acción de tutela estudiada solicitó su separación del grupo originario.
5.7. Respecto al particular, se determinó
que al componerse el nuevo núcleo familiar por una madre cabeza de hogar y dos
menores de edad, la imposición de trámites innecesarios y la falta de realización del estudio de vulnerabilidad del
grupo familiar significaba una actitud vulneradora de los derechos por parte de
la entidad accionada, por lo que se decidió amparar los derechos fundamentales
de la peticionaria. Sin embargo, a pesar de la ausencia de certeza absoluta de
los supuestos fácticos que dieron lugar a ejercer las acciones estudiadas, la
Sala de Revisión concluyó que debía concederse el amparo de los derechos
fundamentales invocados, “atendiendo a los principios de favorabilidad,
buena fe y a la protección especial que le asiste a la accionante quien funge
como madre cabeza de familia de dos niños menores de edad, se protegerán los
derechos de la actora, ordenando la realización del estudio [a la UARIV]”.[36]
5.8. Posteriormente, en sentencia T-598 de 2014,[37]
la Sala Tercera de Revisión analizó un caso en el que una persona víctima de
desplazamiento solicitaba a la UARIV la inscripción en el RUV como jefe de un
núcleo familiar distinto al registrado inicialmente, pues para el momento de la
interposición de la acción de tutela ya se había separado del mismo y
conformado un nuevo grupo familiar integrado por la accionante, en su calidad
de madre cabeza de familia, y sus dos hijos.
5.9. En ese momento, se dijo que cuando la solicitud de separación de
núcleo familiar se fundamenta en la conformación de un nuevo grupo filial, compuesto
por una madre cabeza de hogar e hijos menores de edad, “la UARIV asume la
obligación de tramitar la solicitud de división (…), con la carga de
identificar el entorno de la familia y caracterizar el estado en el que se
encuentra. Para tal diligencia, la citada Unidad podrá solicitar el apoyo
correspondiente de las autoridades competentes en asuntos de familia, para que,
en virtud de su conocimiento especializado en dicha área, informen sobre las
circunstancias que rodean a las personas que pretenden constituirse como un
nuevo núcleo familiar y, por dicha vía, obtener un registro autónomo e
independiente del originario. || Precisamente, en atención a la situación de
gravedad extrema y urgencia en la que se encuentra la población desplazada, no
es posible imponerle cargas adicionales, como sería forzarlos a acudir
previamente a otras autoridades públicas, con el fin de obtener la satisfacción
de sus derechos”.[38]
5.10. Lo anterior, en sustento de lo señalado en el inciso segundo
del parágrafo contenido en el artículo 119 del precitado Decreto 4800 de 2011,
según el cual “[l]a Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas podrá
solicitar al Defensor de Familia o al Comisario de Familia correspondiente, la
información que le permita realizar la entrega separada de la citada ayuda
humanitaria.”
5.11. De conformidad con lo expuesto, debe concluirse
que existiendo varios eventos que motivan a las personas víctimas de
desplazamiento forzado a solicitar la separación del núcleo familiar, ésta
resulta procedente únicamente en aquellos casos en los que la petición se funda
en el hecho de (i) querer unirse a un grupo familiar respecto del cual existió
división por causa misma del desplazamiento, o (ii) haber formado un núcleo
diferente al originario, siempre que el nuevo esté conformado por hijos menores de edad y madre o
padre cabeza de familia, pero separado(a) de su esposo(a) o compañero(a)
permanente; caso en el cual la carga de identificar la composición y
caracterización familiar corresponde a la UARIV, siendo necesario entonces que
dicha entidad asuma el estudio respectivo, buscando siempre garantizar el
ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, como
lo es el de acceder oportunamente a la ayuda humanitaria.
6. Expediente T-4937195: la UARIV tiene la
obligación de inscribir el núcleo familiar autónomo e independiente compuesto
por la señora Rosario Meneses Mera y sus tres hijos
6.1. La ciudadana Rosario Meneses Mera interpuso acción
de tutela contra la UARIV, pretendiendo la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, petición, igualdad y especial protección a los
menores de edad; los cuales estima vulnerados por parte de la entidad accionada
al negarse a inscribir la separación de su núcleo familiar, bajo los argumentos
según los cuales (i) es necesaria la acreditación de la recomposición filial a
través del ICBF, de un Juzgado de Familia o de una Comisaría; y (ii) el caso
particular no se trata de aquellos en los que el padre jefe de hogar abandona a
sus hijos menores de edad.
6.2. Los presupuestos fácticos en los que se fundamenta
la solicitud de separación de núcleo familiar corresponden básicamente a que al
momento de formalizarse inscripción de la accionante en el RUV, como víctima de
desplazamiento forzado, la persona encargada de realizar la declaración de los
hechos violentos fue su padre, quien además fue registrado como jefe de su
núcleo familiar, pese a que la peticionaria compone, junto con sus tres hijos,
un grupo familiar independiente. Esta situación, afirma la demandante, le ha
impedido tener acceso directo a la ayuda humanitaria de la que estima ser
titular.
6.3. En relación con lo antes señalado, resulta
necesario considerar que en respuesta escrita al requerimiento realizado por la
Magistrada sustanciadora del presente asunto,[39]
la UARIV manifestó,[40]
en primer lugar, que mediante Resolución No. 2015-167276 del 27 de julio de
2015 fue incluida la señora Rosario Meneses Mera y su núcleo familiar en el
RUV, quedando conformado su hogar así:
NOMBRES
DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
RELACIÓN
FECHA DE VALORACIÓN
ROSARIO MENESES MERA
40777587
Cédula de ciudadanía
Jefe(a) de hogar
27/07/2015
WILFRAN DAVID MERA MENESES
1004153475
Tarjeta de identidad
Hijo (a) / Hijastro (a)
27/07/2015
EMELYN SARAY MERA MENESES
1080264797
Registro Civil
Hijo (a) / Hijastro (a)
27/07/2015
6.4. Sin embargo, la Sala advierte que luego de
analizar la Resolución No. 2015-167276 del 27 de junio de 2015, se observa que en
la misma se resuelve, entre otros, “RECONOCER a la señora ROSARIO MENESES
MERA identificada con cédula de ciudadanía No. 40777587 junto a su grupo
familiar el hecho victimizante DESPLAZAMIENTO FORZADO en el Registro único de
Víctimas (RUV) por las razones señaladas en la parte motiva (…)”;[41]
y allí se aclara que los hechos en los que se funda dicho reconocimiento
corresponden al desalojo violento ocurrido en contra de la accionante el
diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), lo cual representa un
evento totalmente diferente al estudiado en esta oportunidad, siendo esto
evidente con el simple hecho de observar que la acción de tutela fue impetrada
desde el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). De esta
forma, ante la inexistencia de una prueba directa que dé cuenta del agotamiento
del objeto de la tutela (el reconocimiento de la escisión familiar), es claro
que resulta imposible referirse al sub examine como un hecho
superado.
6.5. En segundo lugar, a través de la comunicación
allegada, la UARIV informó que, dando cumplimiento al fallo proferido en única
instancia dentro de la acción bajo estudio, el 11 de junio de 2015 respondió la
petición  elevada por la demandante rechazando la escisión familiar
solicitada,  pues desde su perspectiva era necesario acreditar que existió
abandono del padre jefe de hogar sobre los hijos menores de edad, y aportar una
certificación expedida por una Comisaría o Defensoría de Familia. Por lo
anterior, añadió que (i) el núcleo del cual es jefe de hogar el padre de la
accionante fue  registrado con el número FUD CH000039327; (ii) que en el
mismo se incluyeron a los dos hijos menores de edad de la señora Rosario Meneses
Mera (Wilfran David Mera Meneses y Emelyn Saray Mera Meneses); y (iii) se
excluyó al hijo mayor de edad (Jhan Alexander Meneses Mera) porque era
necesario que éste agotara el proceso de registro de forma independiente.[42]
6.6. Al respecto, debe indicarse que, tal como se señaló en el acápite considerativo No. 5 del
presente fallo, con el fin de garantizar el acceso a la ayuda humanitaria que
permita la existencia autónoma de los núcleos familiares conformados con
posterioridad al hecho victimizante, la jurisprudencia de este Tribunal ha
admitido la procedencia de la separación del grupo originario cuando se ha
conformado uno nuevo, siempre que la solicitante en condición de desplazamiento
forzado se haya
constituido (i) como pareja estable con hijos, o (ii) como madre cabeza de
familia.
6.7.
Lo anterior, obedeciendo no sólo a la concurrencia de, por lo menos, tres
condiciones que hacen de los solicitantes sujetos de especial protección
constitucional, a saber: víctimas de desplazamiento, madres cabeza de hogar, y
menores de edad; sino también en guarda concreta de derechos fundamentales como
el de la vida digna y el de la reunificación familiar de que son titulares las
personas en situación de desarraigo forzoso, tal como lo ha establecido este
Tribunal.[43]
6.8.
Desde esa perspectiva, considerando que la señora Rosario Meneses Mera es
víctima de desplazamiento forzado e integra, junto con sus tres hijos –de los
cuales dos son menores de edad y otro tiene 18 años–,[44]
un núcleo del que es cabeza de hogar, resulta necesario determinar que,
contrario a lo señalado por la UARIV en la respuesta dada a la petición elevada
por la accionante, el caso concreto se enmarca dentro de uno de los eventos
establecidos por la jurisprudencia constitucional como procedentes para
autorizar la inscripción de un nuevo grupo familiar, el cual materialmente se
ha separado del inscrito en el RUV.
6.9.
Ahora bien, sobre la exigencia probatoria impuesta a la accionante por parte de
la demandada, relativa a la necesidad de acreditar la recomposición familiar a
través de la intervención de una Comisaría o Defensoría de Familia, dejando de
valorar elementos probatorios como los registros civiles de nacimiento y una
declaración juramentada ante notaria (que afirma la accionante haber allegado
junto con su petición y sobre la cual la demandada nunca se refirió), esta Sala
debe insistir (ver párrafos considerativos 5.3 a 5.10) en la imposibilidad
constitucional  de hacer soportar a las víctimas de desplazamiento forzado la
superación de innecesarias formalidades o tarifas legales.
6.10.
Por lo expuesto, es claro entonces que la UARIV, al esgrimir las dos razones por
las que negó a la accionante la separación del núcleo familiar, desconoció las
reglas desarrolladas en la jurisprudencia constitucional frente a (i) aquellos
eventos en los que este tipo de requerimientos son elevados por parte de una
víctima de desplazamiento forzado que se ha constituido como madre cabeza de
hogar a cargo de hijos menores de edad, y (ii) la proscripción de cualquier
ritualidad probatoria que resulte superflua para acreditar una situación
perfectamente demostrable a través de otros medios disponibles. De ahí que sea
menester, entonces, a continuación entrar a analizar si en el sub examine
existen elementos que permitan establecer con certeza la forma como se
encuentra integrado el núcleo que pretende ser escindido.
6.11.
En el escrito de tutela, la demandante expone que actualmente no hace parte del
grupo familiar registrado en la UARIV, por lo cual, al haberse inscrito a su
padre como jefe del mismo, se le ha imposibilitado acceder a los beneficios que
ofrece el Estado a aquellas personas que, como ella, se encuentran en condición
de desplazamiento forzado. Adicionalmente, en cumplimiento del Auto proferido
el quince (15) de julio de dos mil quince (2015), por parte del Despacho
sustanciador en sede de revisión, la señora Meneses Mera informó que integra su
núcleo filial con tres hijos –de los cuales dos son menores de edad–, dentro
del que ostenta la calidad de madre cabeza de hogar, y adjunta copia de los
registros civiles de nacimiento respectivos.[45]
6.12.
En este punto resulta necesario referirse a la determinación de la UARIV de no
incluir a Jhan Alexander Meneses Mera dentro del núcleo
familiar de la accionante, por el hecho de haber cumplido 18 años, exigiéndole agotar el trámite
completo de registro. Al respecto, la Sala aclara que tal imposición es
inadmisible, ya que en
nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna disposición que obligue a las
personas en condición de desplazamiento forzado a reiterar la declaración de
los hechos y reiniciar el registro, cuando cumplan la mayoría de edad. Y ello
es así, porque de lo contrario sería validar una actitud revictimizante por
parte de la administración, máxime si se tiene en cuenta que en el caso
particular la señora Rosario Meneses Mera ha insistido en que fue víctima de
desarraigo forzoso junto con su grupo familiar, al cual está vinculado su hijo
Jhan Alexander.
6.13.
Así las cosas, dando aplicación a la presunción de buena fe[46]
y el principio pro homine de los Derechos Humanos,[47]
en el presente caso se tiene que, con base en lo señalado por la accionante y
los registros civiles de nacimiento allegados a esta Corporación, está
plenamente acreditado que la señora Rosario Meneses Mera, en calidad de madre
cabeza de hogar, junto sus hijos Wilfran David
Mera Meneses, Emelyn Saray Mera Meneses y Jhan Alexander Meneses Mera, compone un núcleo familiar que se encuentra escindido del inscrito bajo
el número FUD CH000039327 en el RUV, por lo que no es posible continuar con un
registro que a todas luces es incorrecto y que ha venido impidiendo el acceso a
la ayuda humanitaria de que son titulares las personas que hacen parte del
grupo autónomo de la demandante.
6.14. Con fundamento en este desarrollo, para la
colegiatura es claro que cuando la accionada negó la separación del núcleo
familiar –en desconocimiento absoluto de las reglas jurisprudenciales ya
expuestas y que dan lugar a acceder a este tipo de peticiones–, desatendió
mandatos constitucionales como la protección especial de que son sujetos las
personas en condición de desplazamiento forzado y las madres cabeza de hogar,
así como el interés superior de los menores; con lo cual se vulneraron los
derechos fundamentales de la accionante y sus hijos, pues el comportamiento de
dicha entidad ha significado una talanquera injustificable para acceder a los
beneficios humanitarios de que son titulares por su situación victimizante,
trasgrediendo derechos concretos como lo son el de la vida digna y la
reunificación familiar.
6.15. Finalmente, resulta importante referirse al fallo
de única instancia proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Bogotá D.C., el diez (10) de abril de dos mil quince (2015),
como quiera que en el mismo se decidió amparar exclusivamente el derecho
fundamental de petición, al concluir que la entidad demandada no contestó la
solicitud elevada por la accionante. Al respecto, esta Sala observa que dicha
postura es constitucionalmente inviable, debido a que, en primer lugar, la
autoridad judicial dejó de estudiar la integralidad de derechos fundamentales y
mandatos constitucionales que, como se señaló en los párrafos precedentes, se
han visto quebrantados con el accionar de la entidad demandada; y en segundo
lugar, porque no es correcta la conclusión a la que llegó el juez de única
instancia, según la cual la UARIV “no dio respuesta al requerimiento”,
pues no sólo la peticionaria afirmó que la institución sí contestó la solicitud
radicada, pero negando el objeto de la misma, sino que así lo soportó la
demandada en su comunicación allegada a esta Corte, sin que ello signifique una
vulneración del derecho fundamental a elevar peticiones respetuosas.
6.16. No obstante, si bien es cierto no existió
una transgresión del derecho fundamental de petición, la entidad con su
respuesta sí vulneró el debido proceso administrativo,[48] porque (i) incumplió
los criterios consolidados por este Tribunal que dan lugar a acceder a la
solicitud de la señora Meneses Mera, y (ii) sin ninguna justificación impuso a
la accionante la carga de acreditar la recomposición familiar a través de la
intervención del ICBF, un juzgado de familia o una comisaría, con lo cual
desatendió la inversión probatoria desarrollada por la Corte frente a la
escisión de núcleos familiares (ver párrafos considerativos 5.8 a 5.10), en
interpretación de lo dispuesto por el ya citado inciso segundo del parágrafo
contenido en el artículo 119 del Decreto 4800 de 2011.
7. Expediente T-4957935: la UARIV tiene la
obligación de inscribir el núcleo familiar autónomo e independiente compuesto
por la señora Rosana Barbosa Méndez y su hijo
7.1. La señora Rosana Barbosa
Méndez presentó acción de tutela contra la Dirección Territorial del Huila de
la UARIV, en la que solicita el amparo de sus derechos fundamentales a  la vida
digna, debido proceso, a la reunificación familiar y a la protección especial
de los menores de edad, argumentando que estos le fueron vulnerados por la
negativa de la entidad accionada frente a la separación del núcleo familiar
requerida, la cual a su vez sustentó su posición bajo la premisa de no
cumplirse con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 119 del Decreto 4800 de
2011.
7.2. Dicha solicitud de
separación familiar estuvo basada en el hecho de haberse registrado a la madre
de la accionante como jefe de su hogar, pese a que no conviven desde “hace
aproximadamente (12) años”. Por ello, manifiesta la necesidad de que el
Estado reconozca la división del grupo familiar originario “para poder
recibir los beneficios que me otorga la Ley, por ser víctima del
desplazamiento” y por ser “madre cabeza de hogar con menores a cargo”.
[49]
7.3. Adicionalmente, en
respuesta del requerimiento realizado por el Despacho sustanciador, la
accionante aclaró que su núcleo familiar lo compone junto con su hijo menor de
edad, [50]
Juan Carlos Barragán Barbosa, adjuntando el Registro Civil de nacimiento que da
cuenta de tal información.[51] Por su parte, la UARIV señaló
que, efectivamente, mediante escrito del 13 de enero de 2015 se negó la
división familiar solicitada, por no tratarse de un evento en el que hubo
abandono del padre jefe de hogar sobre hijos menores de edad.[52]
7.4. De esta forma, en
subsunción de las reglas jurisprudenciales desarrolladas en materia de escisión
del núcleo familiar ante el RUV, se debe establecer que el presente asunto, al
tratarse la accionante de una víctima de desplazamiento forzado y madre soltera
de menores de edad, se encuentra inmerso dentro de los eventos determinados por este
Tribunal como procedentes para autorizar el registro de un nuevo grupo
familiar.
7.5.
Asimismo, como se señaló con anterioridad, si bien es cierto inicialmente la
jurisprudencia de este Corporación desarrolló la necesidad de verificar y
caracterizar la recomposición familiar en asuntos como los estudiados, también
lo es que con posterioridad se señaló que dicha carga recaer sobre la entidad
encargada de administrar el respectivo registro –es decir, la UARIV–, para lo cual debe
desplegar la ayuda de cualquier autoridad pública que permita realizar una
identificación efectiva del núcleo familiar respectivo (parágrafo del artículo
119 del Decreto 4800 de 2011). Esto, no sólo en virtud de la situación de extrema
vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de desplazamiento forzado,
sino de la presunción de buena fe que debe guiar la revisión de este tipo de
casos.
7.6.
En ese sentido, sobre el asunto concreto debe
dejarse claro que cuando la entidad demandada se negó a analizar la composición
del nuevo núcleo familiar, integrado por la peticionaria y sus hijos menores de
edad, les impidió de plano acceder a una ayuda humanitaria efectiva, con lo
cual no sólo desconoció la especial protección constitucional de que son
titulares las víctimas de desplazamiento forzado y las madres cabezas de
familia, sino también el principio del interés superior de los menores de edad,
vulnerando derechos fundamentales concretos como lo son el de la vida digna y
el de la reunificación familiar.
7.7.
Adicionalmente, en relación con el derecho
fundamental de petición invocado por la tutelante, se observa que la solicitud
elevada fue respondida negativamente, pero de forma oportuna y de fondo, por lo
cual no hay lugar a declarar que existió una violación del mismo. No obstante,
debe dejarse claro que la accionada con su postura vulneró  el derecho al
debido proceso administrativo, pues, como se ha insistido en esta providencia,
dentro de sus obligaciones omitidas se encuentra la de haber realizado la
verificación y caracterización  del grupo familiar objeto de recomposición.
7.8. Como consecuencia de lo anterior, teniendo
en cuenta que en este caso existen supuestos de hecho que dan lugar a autorizar
la escisión del núcleo familiar, es menester colegir que resulta imperiosa la
protección de los derechos fundamentales que han sido vulnerados a la
demandante y su hijo, en su calidad de sujetos de especial protección
constitucional.
7.9. Así las cosas, (i) al haber incumplido la UARIV con la carga
de evaluar la recomposición familiar; (ii) en aplicación directa del principio
constitucional de buena fe y pro persona respecto de lo manifestado por la
accionante, soportado con los registros civiles allegados; y (iii) considerando
que la UARIV en su intervención nunca desvirtuó los hechos expuestos en el
libelo de la demanda; se tiene que existe un núcleo familiar autónomo,
compuesto por la señora Rosana Barbosa Méndez y su menor hijo Juan Carlos
Barragán Barbosa, el cual es necesario separar del inscrito inicialmente en el
RUV, en el que registra la señora Flor Lucía Méndez (madre de la accionante) como
jefe de hogar.
8. Conclusiones
8.1. Por lo expuesto en esta providencia, la Sala Primera de
Revisión debe concluir que siempre que una madre soltera cabeza de familia y
víctima de desplazamiento forzado conforme un núcleo familiar con sus hijos
menores de edad, diferente al que se encontraba vinculada al momento de
realizarse su inclusión en el RUV, y por ende solicite a la UARIV el
reconocimiento de un grupo familiar independiente al originario, tal petición
se torna procedente, siendo deber de la mencionada institución realizar las
labores de verificación y caracterización del grupo familiar recompuesto, atendiendo
siempre a los principios de buena fe y especial protección constitucional de la
peticionaria, en razón a su condición victimizante, a la calidad de madre jefe
de hogar y al interés superior de los menores que integran el correspondiente
núcleo.
8.2. En ese sentido, habiéndose establecido que en los casos
concretos las Direcciones locales de la UARIV, aunque no vulneraron el derecho
de petición, al negarse a tramitar la solicitud de separación del núcleo
familiar solicitado sí desconocieron los principios de especial protección
constitucional de que son sujetos la población desplazada, las madres cabeza de
familia y los menores de edad, habiendo vulnerado, como consecuencia de ello,
los derechos a la dignidad humana, reunificación familiar y debido proceso
administrativo.
8.3. De conformidad con lo mencionado, esta Sala adoptará las
siguientes medidas frente a cada caso concreto:
8.3.1. Respecto del expediente T-4937195, se revocará el fallo
proferido en única instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Bogotá D.C., el diez (10) de abril de dos mil quince (2015), y en su lugar se
tutelarán los derechos a dignidad humana, reunificación familiar y debido
proceso administrativo de la señora Rosario Meneses Mera.
Como medidas para hacer efectiva la anterior decisión, se ordenará
a la Dirección Territorial Central de la Unidad Para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de este fallo, reconozca e inscriba la separación
del núcleo familiar compuesto por la señora Rosario Meneses Mera y sus tres hijos.
Luego de haberse dado cumplimiento a dicha orden, la misma entidad
deberá proceder a entregar de forma inmediata las ayudas y beneficios a que
tienen derecho los integrantes del nuevo núcleo familiar constituido.
8.3.2. En relación con el expediente T-4957935, se decidirá
revocar el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Neiva, el tres (3)
de marzo de dos mil quince (2015), y en su lugar se concederá el amparo de los derechos
fundamentales a dignidad humana, reunificación familiar y debido proceso
administrativo de la señora Rosana Barbosa Méndez.
Como consecuencia de la mencionada decisión, se ordenará a la
Dirección Territorial del Huila de la Unidad Para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de este fallo, reconozca e inscriba la separación
del núcleo familiar compuesto por la señora Rosario Meneses Mera y su hijo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero.- En
relación con el expediente T-4937195, REVOCAR el
fallo de única instancia proferido por Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Bogotá D.C., el diez (10) de abril de dos mil quince (2015), y en su
lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a dignidad humana,
reunificación familiar y debido proceso administrativo de la señora Rosario
Meneses Mera.
Segundo.- Como
consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dirección Territorial Central de
la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que,
dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
este fallo, reconozca e inscriba en el RUV la separación del núcleo familiar compuesto por la
señora Rosario Meneses Mera y sus tres hijos Wilfran David Mera Meneses,
Emelyn Saray Mera Meneses y Jhan Alexander Meneses Mera.
Tercero.-
ORDENAR a la Dirección Territorial Central de la Unidad
Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, luego de dar
cumplimiento a la orden contenida en el numeral anterior, proceda a entregar
de forma inmediata las ayudas y beneficios a que tienen derecho los integrantes
del nuevo núcleo familiar constituido, en calidad de víctimas de desplazamiento
forzado.
Cuarto.-
ORDENAR a la Dirección Territorial Central de la Unidad
Para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas que, una vez se venzan los términos para
cumplir lo ordenado en los dos anteriores numerales, remita un informe a esta
Sala de Revisión sobre el acatamiento del presenta fallo, adjuntando los
soportes documentales a que haya lugar.
Quinto.- En relación con el expediente T-4957935, REVOCAR el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Neiva, el
tres (3) de marzo de dos mil quince (2015), y
en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a dignidad humana,
reunificación familiar y debido proceso administrativo de la señora Rosana
Barbosa Méndez.
Sexto.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dirección Territorial del
Huila de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
que, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación
de este fallo, reconozca e inscriba en el RUV la separación del núcleo familiar
compuesto por la señora Rosana
Barbosa Méndez y su hijo Juan Carlos Barragán Barbosa.
Séptimo.- ORDENAR a la
Dirección Territorial del
Huila de la Unidad Para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas
que, luego de dar cumplimiento a la orden contenida en el numeral anterior, proceda a entregar
de forma inmediata las ayudas y beneficios a que tienen derecho los integrantes
del nuevo núcleo familiar constituido, en calidad de víctimas de desplazamiento
forzado.
Octavo.- ORDENAR a
la Dirección Territorial
del Huila de la Unidad Para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
que, una vez se venzan los términos para cumplir lo ordenado en los dos numerales
anteriores, remita un informe a esta Sala de Revisión sobre el acatamiento del
presente fallo, adjuntando los soportes documentales a que haya lugar.
Noveno.- LÍBRESE por
la Secretaría General de esta Corporación la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio
5 del cuaderno principal (de ahora en
adelante, siempre que se haga alusión a un folio del expediente, se entenderá
que hace parte del cuaderno principal, salvo que se diga otra cosa).
[2] Folio
6.
[3] Folio
4.
[4] Folio
7.
[5] Folio
8.
[6] Folio
9.
[7] Folio
10.
[8] De
conformidad con el registro civil de nacimiento allegado, Wilfran David Mera Meneses nació el 22 de marzo de 2000
(folio 23 del cuaderno de revisión).
[9] Nacida
el 19 de octubre de 2013 (folio 21 del
cuaderno de revisión).
[10] Nacido
el 18 de noviembre de 1996 (folio 22 del cuaderno de revisión).
[11] Folios
31 y 32 del cuaderno de revisión.
[12] Folios
39 a 50 del cuaderno de revisión.
[13] Folio
43 del cuaderno de revisión.
[14] Folios
44 a 47 del cuaderno de revisión.
[15] Folios
48 y 49 del cuaderno de revisión.
[16] Folio
50 del cuaderno de revisión.
[17] Folios
33 a 38 del cuaderno de revisión.
[18] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[19] El parágrafo del artículo 119 del Decreto 4800 de 2011
establece: “En aquellos grupos familiares
cuya división obedezca al abandono por parte del jefe del hogar y se requiere
la protección de los niños, niñas y adolescentes o es producto de violencia
intrafamiliar, dichos hogares recibirán de manera separada la ayuda humanitaria
correspondiente, de manera proporcional según la conformación del grupo
familiar.”
[20] La
procedencia de la acción de tutela promovida por las personas víctimas de
desplazamiento forzado se encuentra reiteradamente estudiada en, entre otras,
las sentencias SU-1150 de
2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-813 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes;  T-136 de 2007 y T-787 de
2008, Jaime Córdoba Triviño; T-869 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo;
T-215 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-085 de 2010, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[21] Sentencia
T-282 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. S.V. Mauricio González Cuervo
[22] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[23] Como
por ejemplo las sentencias T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y la ya citada SU-1150 de 2000.
[24] En
aplicación de este criterio jurisprudencial, pueden consultarse, entre otras,
las sentencias  T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-821 de
2007, M.P. Catalina Botero Marino; T-218 de 2014, M.P. María Victoria Calle
Correa. Al respecto, en sentencia T-192 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, la Sala Quinta de Revisión sintetizó la imposibilidad de aplicar las
reglas ordinarias de procedencia de la acción de tutela para los casos de
población en situación de desplazamiento, así: “(i) Aunque existen otros medios de defensa judicial
ante la jurisdicción ordinaria que garantizan la protección de los derechos de
este grupo de personas, éstos no son idóneos ni eficaces debido a la situación
de gravedad extrema y urgencia en la que se encuentran. || (ii) No es viable
exigir el previo agotamiento de los recursos ordinarios como requisito de
procedibilidad de la acción, pues, debido a la necesidad de un  amparo
inmediato, no es posible imponer cargas adicionales a la población desplazada.
|| (iii) Por ser sujetos de especial protección, dada la condición particular
de desamparo, vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran, requieren de una defensa
constitucional, por lo que el juez de tutela debe evaluar con particular
atención las circunstancias de debilidad manifiesta”.
[25] En este tema resulta especialmente pertinente la
sentencia T-787 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[26] El
Registro Único de Víctimas está previsto en el capítulo II del Título V de la
Ley 1448 de 2011 (“Por la cual se dictan medida de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”). A su vez, el artículo 3 del mismo cuerpo normativo
se refiere a la condición de víctima, señalando: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales
de Derechos Humanos, ocurridas
con ocasión del conflicto armado interno. ||
También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas
del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo
grado de consanguinidad ascendente. || De la misma forma, se consideran
víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización. || La
condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice,
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. || Parágrafo 1°. Cuando los miembros
de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su
reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de
acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán
derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en
la presente ley. || Parágrafo 2°. Los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o
adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen
de la ley siendo menores de edad. || Para los efectos de la presente ley, el o
la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como
víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del
presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los
miembros de dichos grupos. || Parágrafo 3°. Para los efectos de la
definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como
víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de
actos de delincuencia común. || Parágrafo 4º. Las personas que
hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen
derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las
garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del
conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. || Parágrafo
5º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en
ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter
político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan
ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley,
en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de
manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3º) común a los
Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que
le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las
Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en
absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.”
[27] El
Decreto 4800 de 2011(“Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones”) se refiere a la naturaleza del RUV como un
instrumento técnico, y concretamente en su artículo 16 se establece: “El Registro Único
de Víctimas es una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de
registro de las víctimas. || La condición de víctima es una
situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de
la inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad
de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta
técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen
materializar los derechos constitucionales de las víctimas. || El Registro
Único de Víctimas incluirá a las víctimas individuales a las que se refiere el
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo destinado para los
sujetos de reparación colectiva en los términos de los artículos 151 y 152 de
la misma ley”.
[28] Al respecto, en sentencia T-327 de 2001, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, aun cuando en ese momento no existía estrictamente el
conocido RUV, se dijo que “el no otorgamiento por las autoridades del
correspondiente certificado de desplazado a quien tiene derecho a él, es una
violación a derechos fundamentales”. De igual forma, el criterio expuesto
se reiteró constantemente por la jurisprudencia proferida con posterioridad a
la sentencia T-025 de 2004, pudiéndose observar, entre otras, las providencias
T-328 de 2007, T-787 de 2008, T-042 de 2009, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Y
especialmente en la sentencia T-821 de 2007 precitada, en estudio de una
solicitud de inscripción de una persona que afirmaba ser víctima de
desplazamiento forzado, se señaló: “ante la concurrencia de los hechos
mencionados, la persona tiene derecho fundamental a ser reconocida como persona
en situación de desplazamiento y a los derechos que de tal reconocimiento se
derivan”.
[29] El artículo 155de la Ley 1448 dispone: “ Las víctimas deberán presentar una declaración ante
el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con
anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la
vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el
Gobierno Nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas,
el cual será de uso obligatorio por las entidades que conforman el Ministerio
Público.|| En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima
presentar la solicitud de registro en el término establecido en este artículo,
se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias
que motivaron tal impedimento, para lo cual deberá informar de ello al
Ministerio Público quien remitirá tal información a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.|| La valoración
que realice el funcionario encargado de realizar el proceso de valoración debe
respetar los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza
legítima y prevalencia del derecho sustancial.|| Parágrafo.- Las personas que se encuentren
actualmente registradas como víctimas, luego de un proceso de valoración, no
tendrán que presentar una declaración adicional por los mismos hechos
victimizantes. Para efectos de determinar si la persona ya se encuentra
registrada, se tendrán en cuenta las bases de datos existentes al momento de la
expedición de la presente Ley. || En los eventos en que la persona refiera
hechos victimizantes adicionales a los contenidos en las bases de datos
existentes, deberá presentar la declaración a la que se refiere el presente
artículo”.
[30] Además
de las sentencias que se citan en este acápite considerativo, dicha reiteración
puede observarse también en la sentencia T-692 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[31] M.P.
Juan Carlos Henao Pérez
[32] Sentencia
T-099 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[33] MP.
Nilson Pinilla Pinilla
[34] En la sentencia T-462 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, se reiteraron dichos criterios jurisprudenciales, y en virtud de ellos
se ordenó a Acción Social la separación del núcleo familiar dentro del cual se
encontraba inscrito el accionante, con el fin de garantizar la entrega de la
ayuda humanitaria al grupo conformado por éste y sus hijos menores de edad.
[35] MP.
Mauricio González Cuervo.
[36] Este
mismo criterio fue aplicado para ordenar a la UARIV un estudio de recomposición
familiar dentro del caso analizado dentro de la sentencia T-495 de 2014, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[37] MP.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[38] Tal posición fue estrictamente reiterada en la
reciente sentencia T-374 de 2015, M.P. Lui Guillermo Guerrero Pérez.
[39] Autos
del quince (15) de julio de dos mil quince (2015) (folios 11-12 del cuaderno de
revisión); y del cuatro (4) de agosto del mismo año (folios 31-32 del cuaderno
de revisión).
[40] Folios
39 a 50 del cuaderno de revisión.
[41] Folios
44 a 47 del cuaderno de revisión.
[42] Folios
48 y 49 del cuaderno de revisión.
[43] El derecho a la reunificación familiar ha sido reconocido a nivel
interno por la jurisprudencia de esta Corporación, con base en los lineamientos
internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos de las
víctimas del desalojo violento, como lo son los Principios Rectores del
Desplazamiento Forzado Interno, compilados en el seno de la Comisión de
Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, cuyo
principio número 17 consagra: “1. Todo ser humano tiene derecho a que
se respete su vida familiar. || 2. Para dar efecto a este derecho, se respetará
la voluntad de los miembros de familias de desplazados internos que deseen
estar juntos. || 3. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas
con la mayor rapidez posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para
acelerar la reunificación de esas familias, particularmente en los casos de
familias con niños. Las autoridades responsables facilitarán las
investigaciones realizadas por los miembros de las familias y estimularán y
cooperarán con los trabajos de las organizaciones humanitarias que se ocupan de
la reunificación de las familias. || 4. Los miembros de familias internamente
desplazadas cuya libertad personal haya sido limitada por la reclusión o el
confinamiento en campamentos tendrán derecho a estar juntos”. Ahora bien,
debe tenerse en cuenta que respecto de este instrumento internacional, la Corte
Constitucional ha admitido que el mismo constituye uno de los documentos que
reviste mayor importancia para establecer el alcance de las obligaciones
internacionales del Estado colombiano en la materia (ver anexo 3 de la
sentencia T-025 de 2004).
[44] De
conformidad con la información suministrada por la señora Rosario Meneses Mera,
mediante comunicación del 28 de julio de 2015, ella integra su núcleo familiar
junto con sus hijos Wilfran David Mera Meneses, Emelyn Saray Mera Meneses y
Jhan Alexander Meneses Mera, quienes nacieron, respectivamente, el 22 de marzo
de 2000, el 19 de octubre de 2013 y el 18 de noviembre de 1996.
[45] Folios
20 – 24 del cuaderno de revisión.
[46] El principio de buena fe se encuentra consagrado en el
artículo 83 de la Constitución Política, disponiendo: “Las actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas”. Adicionalmente, en tratándose de víctimas del
conflicto colombiano, el artículo 5º de la Ley 1448 establece que “[e]l
Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La
víctima podrá acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente
aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el
daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a
relevarla de la carga de la prueba || En los procesos en los que resuelvan
medidas de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas
de prueba que faciliten a las víctimas la demostración del daño sufrido y
aplicarán siempre el principio de buena fe a favor de estas”.
[47] El principio pro homine o pro
persona de los Derechos Humanos redunda en dar cabida a la
interpretación de las disposiciones normativas más favorable para el efectivo
goce y ejercicio de los derechos fundamentales. Al respecto, el artículo 29 de
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que “[n]inguna disposición de la presente Convención puede ser
interpretada en el sentido de: || a) permitir a alguno de los Estados Partes,
grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en
ella; || b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
|| c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano
o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
|| d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la
misma naturaleza”. Este principio ha sido adoptado directamente por
esta Corte como un criterio hermenéutico de los mandatos constitucionales.
(ver, por ejemplo, sentencias C-408 de 1996 y C-251 de 1997, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
Clara Inés Vargas Hernández, S.V. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[48] Respecto de la violación de este derecho, en sentencia
C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Sala Plena de la Corte
Constitucional recordó que “el
debido proceso administrativo se entiende vulnerado, cuando las autoridades
públicas no siguen los actos y procedimientos establecidos en la ley y los
reglamentos, y, por esa vía, desconocen las garantías reconocidas a los
administrados”.
[49] Folio
4.
[50] Folios
33-38 del cuaderno de revisión.
[51] Este
documento da cuenta de que el menor nació el 18 de abril de 2007. (Folio 34).
[52] Folio
50 del cuaderno de revisión.