SU108-20
Sentencia
SU108/20
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA PARA R
ECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Procedencia excepcional a favor de sujetos
de especial protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad
manifiesta
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES Y A
LA SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza
jurídica y finalidad
La sustitución pensional es una prestación económica
del Sistema de Seguridad Social en Pensiones que adquiere naturaleza
fundamental “si de su reconocimiento depende que se materialicen las garantías
de los beneficiarios que se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta”. Esta constituye una garantía a favor de la familia del pensionado
por jubilación, vejez o invalidez, que se orienta por tres principios: (i)
estabilidad económica y social para los allegados del causante; (ii)
reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus beneficiarios y (iii)
prevalencia del criterio material para analizar el requisito de convivencia.
SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Requisitos
que deben cumplir el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite
PENSION DE SOBREVIVIENTES Y REQUISITO DE
CONVIVENCIA-Reconocimiento
al cónyuge supérstite aunque no haya habitado bajo el mismo techo del causante
siempre que exista causa justificada para la separación aparente de cuerpos
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA EL
CONYUGE SUPERSTITE SEPARADO DE HECHO QUE CONSERVE VIGENTE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
defecto sustantivo, por inaplicación del artículo 47 original de la Ley 100 de
1993, en reconocimiento de sustitución pensional
La norma aplicable al caso concreto es el artículo 47
original de la Ley 100 de 1993. Según la jurisprudencia pacífica y reiterada de
la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, la norma aplicable a
las solicitudes de sustitución pensional es la vigente al momento de
fallecimiento del causante. Por consiguiente, cuando estas se presenten con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, deberán ser
analizadas según lo dispuesto por el artículo 47 de esta ley. Esta “reguló de
manera integral lo relativo al sistema general de pensiones”, así que solo
puede ser exceptuada en los casos expresamente señalados en su artículo 279.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-La no convivencia al momento del
fallecimiento del causante, cuando ésta obedece a justa causa de separación, no
debe ser tenida en cuenta para negar el reconocimiento
No era razonable negar el derecho a la sustitución
pensional a la accionante, máxime cuando la cohabitación entre el causante y
esta se interrumpió por una justa causa y, a pesar de ello, estos preservaron
el sentido de corresponsabilidad en relación con el hogar conformado y la
comunidad de vida que tuvieron.
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Cónyuge y compañera permanente en
proporción al tiempo de convivencia
SUSTITUCION PENSIONAL PARA CONYUGE
SUPERSTITE Y COMPAÑERA PERMANENTE-Reconocimiento proporcional a la convivencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL
POR VIOLACION DEL DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Requisitos
Cuando se alega la presunta vulneración por falta de
defensa técnica, “no es suficiente demostrar que existieron fallas en la
defensa del procesado para que proceda el amparo constitucional”, sino que se
debe acreditar que: “(i) la falla no haya estado amparada por una estrategia de
defensa, (ii) que sea determinante del sentido de la decisión judicial, (iii)
que no sea imputable a quien afronta las consecuencias negativas de la decisión
y (iv) que sea evidente la vulneración de los derechos fundamentales”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
defecto procedimental absoluto, por falta de defensa técnica en reconocimiento
de sustitución pensional
La accionante confirió poder a su abogada
exclusivamente para contestar la demanda ordinaria laboral y, por consiguiente,
tras dicha actuación procesal no contó con la debida representación judicial.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Orden a Colpensiones restablecer pago de
mesada pensional hasta tanto jurisdicción ordinaria resuelva de fondo
Referencia:
Expedientes T-7.599.111 y T-7.607.991 (acumulados)
Acciones
de tutela presentadas por (i) María Emma Cardona en contra de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4
(T-7.599.111), y (ii) María Analfi Santa en contra del Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Laboral, y otros (T-7.607.991)
Magistrado
ponente:
CARLOS BERNAL
PULIDO
Bogotá D. C.,
once (11) de marzo de dos mil veinte (2020)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, en particular las previstas por los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
1.
Síntesis. María Emma Cardona (T.7.599.111) y María
Analfi Santa (T-7.607.991) interpusieron acción de tutela en contra de las
providencias judiciales que, dentro de los respectivos procesos ordinarios
laborales, les negaron la sustitución pensional en calidad de cónyuges supérstites.
Las accionantes señalan que las autoridades judiciales demandadas desconocieron
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, al debido
proceso, entre otros, por cuanto no dieron por probada su convivencia con los
causantes, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.
I.
ANTECEDENTES
Expediente T-7.599.111
2.
Hechos relacionados
con la cónyuge del causante. María
Emma Cardona tiene 89 años[1] de
edad y padece distintas patologías, tales como fibrosis pulmonar por
tabaquismo, EPOC, hipertensión pulmonar leve e hipotiroidismo[2].
Contrajo matrimonio católico[3]
con Luis Gonzalo Jaramillo el 15 de octubre de 1952. Tal vínculo
se mantuvo vigente hasta el 30 de abril de 1995, fecha en la cual el señor
Jaramillo falleció[4]. Durante
su matrimonio, María Emma Cardona y Luis Gonzalo Jaramillo tuvieron seis (6) hijos,
quienes actualmente son mayores de edad[5].
3.
Hechos relacionados
con la compañera permanente del causante. Sol Amparo Rivera tiene 73 años[6]
y afirma haber convivido con Luis Gonzalo Jaramillo durante 14 años[7].
Indica que le prestó apoyo y ayuda permanente y que lo acompañó “hasta el
momento de su muerte”[8].
4.
Causación de la
pensión de jubilación. El
2 de octubre de 1973, el Municipio de Medellín le reconoció a Luis Gonzalo
Jaramillo la pensión vitalicia de jubilación por haber cumplido los requisitos
de edad y tiempo dispuestos en las leyes 6 de 1945 y 4 de 1966[9].
El 23 de octubre de 1987, el causante manifestó, mediante escrito dirigido al
Municipio de Medellín, que, en caso de fallecer, su pensión debería ser
distribuida entre María Emma Cardona y sus hijos, y Sol Amparo Rivera. También
dispuso que a los primeros les debía corresponder el sesenta por ciento (60%)
de la mesada pensional y a la segunda, el cuarenta por ciento (40%)[10].
5.
Solicitud y
reconocimiento de la sustitución pensional a María Emma Cardona. El 15 de mayo de 1995[11],
tras el fallecimiento de Luis Gonzalo Jaramillo, María Emma Cardona solicitó la
sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite del causante[12].
En el marco de dicho trámite se publicaron dos avisos[13],
con el fin de informar acerca del proceso a las personas que pudieran tener
igual o mejor derecho frente a la prestación solicitada. La cónyuge del
causante fue la única que concurrió como posible beneficiaria de la prestación
económica[14]. El
25 de agosto de 1995, el Departamento de Personal del Municipio de Medellín
profirió la Resolución 1940 de 1995[15],
por medio de la cual sustituyó a favor de María Emma Cardona el 100% de la
pensión de jubilación. La entidad concluyó que a esta le asistía el derecho
solicitado, por cuanto satisfizo los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1973
y el Decreto 690 de 1974, esto es: (i) convivió con el causante hasta su
fallecimiento, (ii) no contrajo nuevas nupcias ni hizo vida marital con
otra persona, (iii) no había hijos menores, ni mayores estudiantes o con
discapacidad, que pudieran ser beneficiarios de la pensión, y (iv) el
causante “no dejó hijos extramatrimoniales”.
6.
Solicitud y negativa
de reconocimiento de la sustitución pensional a Sol Amparo Rivera. El 31 de marzo de 2011, Sol Amparo Rivera solicitó
ante el Municipio de Medellín la sustitución pensional de Luis Gonzalo
Jaramillo, “en el porcentaje que corresponde por ley, por haber sido la
compañera permanente del pensionado”[16].
Indicó que tenía derecho a esa prestación, puesto que (i) convivió con
el causante por el término de 14 años, (ii) cumplía lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, esto es,
haber convivido con el causante hasta su muerte, y (iii) le correspondía
el 40% de la pensión, según lo manifestado por el señor Jaramillo antes de
fallecer (párr. 4). Además, explicó que María Emma Cardona se había
comprometido, por medio de un documento privado suscrito el 15 de mayo de 1995[17],
a “pasarle el cincuenta por ciento (50%) [de la pensión]”[18]
de Luis Gonzalo Jaramillo. El 6 de julio de 2011, el Municipio de
Medellín negó la solicitud, dado que (i) la solicitante no compareció al
trámite pensional adelantado en 1995, para manifestar su interés en el
reconocimiento de la sustitución pensional, y (ii) esta entidad no
reconoce los “acuerdos privados como el [aportado] y mediante el cual
cedió su presunto derecho a sustituir”[19]
la pensión.
7.
Demanda ordinaria
laboral. El 16 de
septiembre de 2011, Sol Amparo Rivera interpuso demanda ordinaria laboral en
contra del Municipio de Medellín, para que le fuera sustituida la pensión del
señor Luis Gonzalo Jaramillo en calidad de compañera permanente[20].
El 3 de octubre de 2011, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín
inadmitió[21]
la demanda, por considerar que esta también debía estar dirigida en contra de
María Emma Cardona. El 11 de octubre de 2011[22],
la demanda fue subsanada por la demandante. Esta, además de
insistir en los argumentos presentados en la solicitud de sustitución pensional
(párr. 6), indicó que: (i) a comienzos de 2011, María Emma
Cardona empezó a consignarle únicamente “la mitad de lo convenido”[23]
en el acuerdo privado, lo que afectó su mínimo vital, pues “siempre ha
derivado su sustento”[24]
de lo consignado por esta; (ii) el documento privado suscrito por María
Emma Cardona, mediante el cual se comprometió a consignarle parte de la
pensión, da cuenta de su convivencia con el causante y (iii) el documento
por medio del cual Luis Gonzalo Jaramillo dispuso la distribución de su pensión
“es un reconocimiento de que, para esa fecha (…) eran compañeros
permanentes”[25].
8.
Contestación de la
demanda. El Municipio de
Medellín y María Emma Cardona se opusieron a las pretensiones de la demanda. De
un lado, el Municipio adujo que: (i) la demandante no compareció dentro
del proceso administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional; (ii)
la manifestación de voluntad del causante no bastaba “para otorgar la
pensión de sobrevivientes”, porque se debían “cumplir los requisitos
legalmente exigidos y en su debida oportunidad”; (iii) el acuerdo
privado suscrito por la solicitante y María Emma Cardona fue utilizado “para
cometer presunto fraude procesal, cuyo resultado fue (…) el otorgamiento
de pensión de sobrevivientes (…) induciendo a error a la administración
municipal”, y (iv) el asunto debía ser resuelto por el juez
ordinario, dado que “cuando se presente disputa entre personas que
demuestren ser beneficiarias de una prestación social (…) las partes
deberán acudir ante la jurisdicción ordinaria”, según lo disponen el
Decreto 758 de 1990 y el artículo 13 de la Ley 797 de 2003[26].
De otro lado, María Emma Cardona negó que la señora Sol Amparo Rivera fuese
compañera permanente del causante y cuestionó la validez del documento por
medio del cual se comprometió a entregarle un porcentaje mensual de la
sustitución pensional. Adujo haber sido “compelida a firmar[lo] por
el señor Bernardo Jaramillo Laverde (QUEPD), quien lo redactó y sin explicación
alguna sobre los orígenes del mismo hizo que lo firmara a pocos días de la
muerte de su esposo”[27].
9.
Sentencia de primera
instancia del proceso ordinario laboral. El 16 de noviembre de 2012, el Juzgado Noveno Laboral
de Descongestión del Circuito de Medellín[28]
profirió sentencia por medio de la cual (i)
reconoció el 100% del derecho pensional a Sol Amparo Rivera, en calidad de
compañera permanente del Luis Gonzalo Jaramillo, (ii)
ordenó la suspensión del pago de la sustitución pensional a favor de María Emma
Cardona y (iii) condenó al Municipio de Medellín a “pagar y reconocer las mesadas ordinarias y
especiales adeudadas entre el 31 de marzo de 2011 y el 16 de noviembre de 2012”[29]
a favor de Sol Amparo Rivera, así como la indexación de las sumas
reconocidas. El juzgado fundamentó su decisión en las siguientes razones: (i)
las normas aplicables eran la Ley 71 de 1988 (art. 3) y el Decreto 1160 de 1989
(arts. 5, 6 y 7), dado que el causante era empleado público y las mismas
estaban vigentes para el momento de su fallecimiento; (ii) la cónyuge supérstite
es “quien tiene derecho a la sustitución pensional y (…) solo a falta
de esta tendrá derecho la compañera permanente del causante”[30],
y (iii) la cónyuge “pierde su derecho por la falta de convivencia
con el causante, al momento de la muerte de éste, a menos que llegare a probar
su situación de imposibilidad de hacer vida en común”.
10.
Con base en las pruebas
recaudadas, el a quo concluyó que: (i)
a pesar de que el vínculo conyugal entre Luis Gonzalo Jaramillo y María Emma
Cardona nunca fue disuelto, el causante “salió de su hogar por petición realizada por la
esposa Emma Cardona y algunos de sus hijos, debido a su consumo de alcohol”[31];
(ii) el causante convivió con la señora Sol Amparo Rivera “por un
espacio aproximado de 10 a 14 años hasta el momento de su fallecimiento”;
(iii) correspondía a María Emma Cardona “probar que si no hacía vida en
común con el causante era por causas atribuibles a él, situación que no fue
acreditada en el proceso (…) por el contrario, de la prueba recaudada se
desprende que fue (…) [esta] quien echó a su esposo (…)
por los problemas que este tenía con el alcohol”[32],
y (iv) las pruebas documentales allegadas, consistentes en consignaciones
a favor de Sol Amparo Rivera, constituían un indicio del derecho que le asistía
a la demandante, porque “difícilmente alguien accede a entregar la
mitad de su pensión a otra persona por simple gratitud”[33].
11.
Apelación. La decisión fue apelada por Sol Amparo
Rivera, por el Municipio de Medellín y por María Emma Cardona. Primero, Sol
Amparo Rivera solicitó que le fueran reconocidas y pagadas las mesadas desde el
31 de marzo de 2008, que no desde el 31 de marzo de 2011[34].
Segundo, el Municipio de Medellín solicitó la revocatoria de la condena en
costas y la indexación[35].
Tercero, María Emma Cardona[36] solicitó
que: (i) se revisaran las “graves
inconsistencias en las declaraciones dadas por los testigos de la señora Sol
Amparo Rivera”, (ii) el caso fuera analizado de conformidad con
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, (iii) se considerara que “en ningún momento se configuró culpa de la
viuda, pues fueron muchos los años y padecimientos soportados por la señora
Emma Cardona a causa de la adicción de su esposo”[37],
y (iv) se reconociera la inactividad de Sol Amparo Rivera durante el
trámite administrativo de reconocimiento pensional.
12.
Sentencia de segunda
instancia del proceso ordinario laboral. El 30 de mayo de 2014, la Sala Sexta de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia de primera
instancia. El juez de segunda instancia rechazó las solicitudes de Sol Amparo
Rivera y del Municipio de Medellín, por considerar que la prescripción de las
mesadas pensionales, liquidación y condena en costas se habían ajustado a las
normas vigentes. En relación con lo manifestado por María Emma Cardona, señaló
que: (i) el juez de primera instancia concluyó
acertadamente que “fue la señora María Emma quien le pidió
[al causante] que dejara el hogar”; (ii) el caso no podía ser
analizado según la Ley 797 de 2003, dado que “se debe tener en
cuenta la fecha de la muerte del afiliado o del pensionado, a fin de determinar
la norma aplicable”[38],
porque “los conflictos jurídicos deben ser dirimidos a la luz de la
normatividad (sic) existente a la ocurrencia de los hechos”[39],
y (iii) el derecho a la pensión no prescribe; en consecuencia,
“no puede imponérsele un
término perentorio a la demandante para que se presente a reclamar la pensión
de sobrevivientes, so pena de perder el derecho”[40].
13.
Recurso
extraordinario de casación. El
9 de junio de 2014, María Emma Cardona interpuso recurso de casación en contra
del fallo proferido por la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín[41]. Al respecto, formuló dos cargos de casación, a saber: (i)
violación por vía directa por interpretación errónea de la ley sustancial y (ii)
violación por vía indirecta por “falta de apreciación de unas pruebas
y la equivocada apreciación de otras”.
13.1.
Primer cargo de casación:
violación por vía directa por interpretación errónea de la ley sustancial. María
Emma Cardona indicó que el
Tribunal Superior de Medellín interpretó equivocadamente las normas aplicables,
dado que el ad quem: (i) en virtud de los principios de “la
situación más beneficiosa y el principio de progresividad”[42],
debió aplicar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, entre otras normas[43],
y (ii) desconoció el concepto de culpa del Código Civil[44],
puesto que María Emma Cardona no hizo vida en común con el causante “por
culpa de él” y su “vicio al alcohol”.
13.2.
Segundo cargo de casación:
violación por vía indirecta por “la falta de apreciación de unas pruebas y la
equivocada apreciación de otras”. Cuestionó que el Tribunal Superior de Medellín no diera por probadas
las siguientes situaciones: (i) María Emma Cardona, como cónyuge, “tenía el derecho a [sustituir]
la pensión”; (ii) Luis Gonzalo Jaramillo “asintió
retirarse de la residencia en donde vivía con su esposa María Emma Cardona (…)
debido a su descontrolado consumo de alcohol y las condiciones personales
lamentables”; (iii) Luis Gonzalo Jaramillo, tras retirarse de
su residencia, vivió “en piezas alquiladas o de familia, entre ellas la
residencia de la señora Sol Amparo Rivera”; (iv) la señora Sol
Amparo Rivera “es persona de estado civil casada y no separada legalmente, y
por ello no podía legalmente ser compañera permanente de Luis Gonzalo Jaramillo”;
(v) el causante “nunca dejó de sostener económicamente a su cónyuge
María Emma Cardona”, y (vi) María Emma Cardona y sus hijos “atendieron
y pagaron el cuidado de [su] enfermedad y organizaron y cubrieron los
gastos del entierro”[45].
14.
Réplica presentada
por Sol Amparo Rivera. El
10 de junio de 2015, Sol Amparo Rivera se opuso a las pretensiones de la
demanda de casación, y solicitó que no se casara la sentencia. Manifestó que “la
sustentación no es más que un recuento de lo ya discutido dentro del proceso y
una serie de opiniones personales sobre lo que se debió tener en cuenta”.
Por lo tanto, concluyó que era la titular del derecho pensional, en calidad
de compañera permanente, por cuanto demostró “una convivencia estable y
permanente”[46]
con el causante.
15.
Sentencia de casación.
El 19 de marzo de 2019, la
Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia[47]
(en adelante, Sala de Descongestión No. 4) resolvió no casar la decisión del
Tribunal Superior de Medellín y desestimar los cargos presentados por la
recurrente. En consecuencia, a la accionante le fue suspendido el derecho
pensional que le había sido reconocido por medio de la Resolución No. 1940 de
1995[48]. La
Sala de Descongestión No. 4 concluyó que “los errores jurídicos y fácticos
planteados en la demanda de casación no tienen sustento en el expediente, ni en
la norma aplicable al caso, lo que lleva a que la presunción de legalidad de la
decisión atacada siga vigente”[49].
En particular, la Sala de Descongestión No. 4 desestimó los cargos de
casación por las siguientes razones:
15.1.    Primer cargo de casación: violación por vía
directa por interpretación errónea de la ley sustancial. La Sala de Descongestión No. 4 concluyó
que: (i) la norma aplicable para definir el derecho pensional era la
vigente al momento de fallecimiento del causante, esto es, el artículo 47 original
de la Ley 100 de 1993; (ii) el caso no podía ser resuelto con fundamento
en la Ley 797 de 2003, dado que esta “entró en vigencia tiempo después de
que naciera el derecho pretendido”[50],
y (iii) el requisito sine qua non para reconocer la pensión
es “la prueba de la convivencia real”, porque no basta con
“demostrar el vínculo contractual”. En la sentencia no hizo mención alguna
a la presunta culpa del causante alegada por la recurrente (párr. 13.1)
15.2.    Segundo cargo de casación: violación por
vía indirecta por “la falta de apreciación de unas pruebas y la equivocada
apreciación de otras”. De
un lado, se refirió a los hechos probados en casación. Al respecto, la Sala de
Descongestión No. 4 concluyó que: (i) María Emma Cardona y Luis Gonzalo
Jaramillo estaban casados al momento del fallecimiento de este, pero (ii)
no se probó su “convivencia real”. De otro lado, se refirió a las
pruebas que presuntamente no fueron valoradas por el ad quem. Al
respecto, concluyó que: (i) los testimonios y el interrogatorio de parte
rendido por Sol Amparo Rivera “son medios de prueba no hábiles en casación
laboral”, según el artículo 7 de la Ley 16 de 1969[51],
por lo que estos no pueden ser valorados en casación, y (ii) las pruebas
documentales referidas al pago de los gastos funerarios del causante “no
pueden considerarse prueba hábil, pues emanan de terceras personas”.
16.
Acción de tutela. El 4 de julio de 2019, María Emma Cardona
interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida por la Sala de
Descongestión No. 4, que resolvió no casar la providencia por medio de la cual le
fue revocado el reconocimiento y pago de la sustitución pensional. Solicitó que
se ampararan sus derechos fundamentales “al acceso a la justicia, al mínimo
vital en pensiones, a la salud y a la vida digna”. Por lo anterior, pidió
que se revocaran las siguientes providencias judiciales: (i) la
sentencia de casación, proferida el 19 de marzo de 2019 por la Sala de
Descongestión No. 4; (ii) la sentencia de segunda instancia del proceso
ordinario laboral, proferida el 30 de mayo de 2014 por la Sala Sexta de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, y (iii) la
sentencia de primera instancia del proceso ordinario laboral, proferida el 16
de noviembre de 2012 por el Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del
Circuito de Medellín. En adición, solicitó que se reanudara el pago de su
mesada pensional y se condenara al Municipio de Medellín a reconocerle “las
mesadas pensionales y los demás beneficios dejados de pagar”. En la
solicitud de tutela se advierte que la accionante cuestionó la sentencia de
casación con fundamento en la presunta configuración de los siguientes
defectos:
(i)
Defecto
sustantivo. La accionante
indicó que la decisión sub examine aplicó indebidamente el artículo 47
original de la Ley 100 de 1993. En su opinión, esta disposición
prevé que la sustitución pensional exige probar la convivencia por el término
de dos años continuos con anterioridad a la muerte del causante, “salvo que
haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido”. Asimismo,
agregó que las sentencias de primera y segunda instancia también habían
incurrido en un defecto sustantivo, puesto que hubo una “errónea e indebida
aplicación (…) de los preceptos”, por cuanto la controversia fue
resuelta con base en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989.
(ii)
Defecto fáctico.
La accionante presentó
tres argumentos en relación con este defecto. Primero, adujo que la Sala de
Descongestión No. 4 no se pronunció “sobre el hecho de que [la señora
María Emma Cardona y su esposo] causante de la sustitución pensional,
tuvieron 6 hijos [y que] tal circunstancia reemplaza la prueba de la
convivencia durante los dos últimos años anteriores a la muerte del causante
(C-389 de 1996)”[52].
Segundo, mencionó que la Sala no valoró “la convivencia que tuvo [María
Emma Cardona] con su esposo causante de la sustitución pensional [ni]
las razones de salud que imposibilitaron su cohabitación (adicción al alcohol
del cónyuge) hasta el día de su muerte”[53].
Por último, señaló que hubo una “absoluta falta de apreciación”[54]
de “la comunicación dirigida por el señor Luis Gonzalo Jaramillo al
Municipio de Medellín, en la cual solicita (…), para efectos de la
sustitución de su pensión, disponer la distribución de esta”. Al
respectó, agregó que “el documento tiene el valor probatorio que le
confiere el parágrafo del artículo 1ª de la Ley 44 de 1980, el cual no fue
considerado”.
(iii)
Desconocimiento
del precedente. Señaló que
la Corte Constitucional ha protegido el trato igualitario entre cónyuge y
compañera permanente para el reconocimiento de la sustitución pensional. Al
respecto, referenció algunos apartes de las sentencias T-197 de 2010, T-324 de
2014, T-245 de 2017 y T-076 de 2018, según las cuales la convivencia no se
interrumpe, aunque los cónyuges “no hayan vivido bajo el mismo techo”[55],
cuando se pruebe “una causa justificada”[56].
(iv)
Defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto en relación con la prueba de
convivencia. Indicó que la
Corte Suprema de Justicia concluyó que la norma aplicable es “el artículo 47
original de la Ley 100 de 1993, para concluir que no existe prueba de la
convivencia, a pesar de expresar, a renglón seguido, que ello no es asunto de
la acción extraordinaria”[57].
Así, la accionante señaló que la providencia “evidencia una dicotomía sobre
la decisión que adelantó la Corte”, porque esta “se
sustrae por considerar que no es objeto de la acción extraordinaria” y,
“no obstante, no se abstiene de proferir un juicio de valor sobre el
cumplimiento del requisito”[58].
17.
Admisión de la
tutela y vinculaciones al proceso. El 8 de julio de 2019, la Sala de Decisión de Tutelas
No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (en adelante,
la Sala de Casación Penal) admitió la acción de tutela[59].
Además, ordenó vincular a la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín, al Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del Circuito
de Medellín y a “las partes y demás sujetos intervinientes dentro del
proceso ordinario laboral”[60]. Sin
embargo, el Municipio de Medellín fue el único que contestó la solicitud de
tutela. Solicitó negar las pretensiones de la demanda, por considerar que a la
accionante “no le vulneraron (…) sus derechos fundamentales” y,
por el contrario, “estuvo rodeada de todas las garantías procesales y
constitucionales que la acción incoada exigía”[61].
18.
Sentencia de tutela de
única instancia. El 6 de
agosto de 2019, la Sala de Casación Penal concedió el amparo de los derechos al
debido proceso, mínimo vital, seguridad social y vida digna de María Emma
Cardona. Consideró que la providencia atacada había incurrido “en un defecto
sustantivo en su providencia, por violación directa de la Constitución, concretamente
por desconocer el principio de favorabilidad”[62].
En consecuencia, (i) dejó sin efectos la sentencia proferida por la Sala
de Descongestión No. 4 y (ii) ordenó a la autoridad judicial demandada
proferir “una nueva providencia, considerando aplicar
retrospectivamente el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, así como los
desarrollos jurisprudenciales de la misma Sala”. La Sala de Casación Penal
señaló que, en el caso sub examine, se debía aplicar directamente la
Constitución, habida cuenta del “vacío normativo que existe en el artículo
47 –original– de la Ley 100 de 1993”, en relación con la posibilidad de
otorgar la sustitución pensional de forma compartida y en proporción al tiempo
convivido. Así, concluyó que “en el evento de estudiarse la situación de
María Emma Cardona bajo los presupuestos establecidos en el precepto 13 de la
Ley 797 de 2003 y los posteriores desarrollos jurisprudenciales de la Sala de
Casación Laboral sobre esa normativa, potencialmente arrojaría la declaración
del derecho a la sustitución pensional compartida con la compañera permanente (…),
en proporción al tiempo de convivencia de cada una”[63].
Esta decisión no fue impugnada por las partes del proceso.
19.
Cumplimiento de la
orden judicial. El 3 de
septiembre de 2019, en cumplimiento de la orden proferida por la Sala de
Casación Penal, la Sala de Descongestión No. 4 profirió sentencia de casación
de reemplazo[64]. Por
medio de esta, nuevamente resolvió no casar la decisión proferida por el
Tribunal Superior de Medellín. En la sentencia de reemplazo, reprodujo íntegramente
lo expuesto en su sentencia inicial, esto es, que (i) la norma aplicable
al caso es el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 y (ii) no obra
prueba “de la convivencia real”[65]
entre la accionante y el causante. Además, se refirió al fundamento de la
sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal. Al respecto,
consideró que el juez de tutela: (i) expuso de forma errónea los “conceptos
de la aplicación de la ley en el tiempo, así como la definición del principio
de favorabilidad”, dado que este aplica “a normas vigentes al momento de
la ocurrencia de los hechos, que en el caso de la pensión de sobrevivientes es
la fecha del fallecimiento del causante”; (ii) se equivocó al señalar
que el caso debía ser analizado de conformidad con la Ley 797 de 2003, porque
ello “sería soslayar la norma vigente al momento del fallecimiento del
causante, para darle paso a un precepto que no gobernaba su situación” y
(iii) desconoció lo dispuesto por el artículo 16 del Código Sustantivo del
Trabajo[66] y
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[67]
y de la Corte Constitucional[68]
en relación con los principios de irretroactividad y retrospectividad de las
normas laborales.
Expediente T-7.607.991
20.
Hechos referidos a
la cónyuge del causante. María
Analfi Santa nació el 8 de junio de 1957 y tiene 62 años de edad. El 18 de mayo
de 1974[69], contrajo
matrimonio católico con el señor Jose Roger Agudelo, con quien convivió hasta
el 21 de noviembre de 2013, fecha en la que este falleció[70].
Durante la vigencia del vínculo matrimonial, María Analfi Santa tuvo dos hijos[71]
con Jose Roger Agudelo.
21.
Hechos referidos a
la compañera permanente del causante. María Patricia Martínez nació el 21 de diciembre de
1964[72] y
tiene 56 años de edad. Manifiesta que convivió de forma “continua e
ininterrumpida” con Jose Roger Agudelo, “desde el mes de noviembre de
1994”, hasta el 21 de noviembre del año 2013, fecha en la cual este
falleció[73].
Durante su unión, María Patricia Martínez y Jose Roger Agudelo tuvieron dos
hijos.
22.
Causación de la
pensión de vejez. El 1 de
enero de 2009, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS, hoy
Colpensiones) declaró a Jose Roger Agudelo una pérdida de capacidad laboral del
73.9%, quien cotizaba a pensión en el régimen de prima media. El 2 de
septiembre de 2010, el ISS le reconoció al señor Agudelo la pensión de
invalidez por riesgo común[74]. El
27 de mayo de 2013, por medio de la Resolución GNR 111436, Colpensiones
resolvió “convertir en pensión vitalicia de vejez la pensión de invalidez de
origen común”, por considerar que este reunía “los requisitos exigidos
en el inciso final del artículo 10 del Decreto 758 de 1990”[75].
23.
Solicitud de
sustitución pensional. El
29 de abril de 2014, las señoras María Analfi Santa, “como cónyuge”, y María
Patricia Martínez, “como compañera”, solicitaron ante
Colpensiones la distribución de la pensión de vejez del señor Jose Roger
Agudelo “en partes iguales, es decir, el 50% para cada una”[76].
Con posterioridad, las solicitantes iniciaron trámites individuales de
reconocimiento de la sustitución pensional ante Colpensiones, así: (i) el
8 de mayo de 2014, María Patricia Martínez solicitó la sustitución pensional en
calidad de compañera permanente, y (ii) el 23 de mayo de 2014, María
Analfi Santa la solicitó en calidad de cónyuge del causante[77].
24.
Respuesta de
Colpensiones a las solicitudes pensionales. En virtud de lo anterior, Colpensiones profirió la
Resolución GNR 305305 del 2 de septiembre de 2014, por medio de la cual negó el
reconocimiento pensional a María Analfi Santa y a María Patricia Martínez. Concluyó
que, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la
Ley 797 de 2003, “la convivencia y/o el vínculo conyugal constituyen
requisitos necesarios para establecer si una persona puede acceder a la pensión
de sobrevivientes en calidad de cónyuge o compañera permanente, como resultado
del fallecimiento de un pensionado”[78].
Entonces, por considerar que existía “una disputa o controversia de la
prestación solicitada por la compañera permanente y la cónyuge, sin que se
pueda establecer la fecha de convivencia exacta y/o quién tendría el derecho
unívoco a acceder a la misma o en qué porcentajes”, negó lo solicitado “hasta
tanto la justicia ordinaria defina quién y/o en qué porcentajes tienen derecho
a su reconocimiento”[79].
25.
Recursos presentados
en contra de la Resolución GNR 305305. El 14 de octubre de 2014, María Analfi Santa
interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de
la Resolución GNR 305305[80].
Alegó que (i) era la esposa del causante, y que la sociedad conyugal
nunca fue disuelta, (ii) procreó dos hijos con el pensionado, (iii)
acreditaba los requisitos de la Ley 797 de 2003, por haber convivido con el señor
Agudelo “hasta su muerte” y “no menos de cinco años con anterioridad
a su muerte”, y (iv) adelantó “las diligencias del funeral”[81]
de Jose Roger Agudelo. Además, indicó que María Patricia Martínez “no
convivió los últimos cinco años al lado de [su] marido”.
26.
Respuesta de
Colpensiones a los recursos presentados por María Analfi Santa. El 16 de abril de 2015, mediante la
Resolución GNR 109578, Colpensiones confirmó la decisión cuestionada y concedió
el recurso de apelación[82].
El 3 de septiembre de 2015, mediante la Resolución VPB 59894, Colpensiones
resolvió el recurso de apelación, revocó la Resolución GNR 305305 y ordenó el
pago de la pensión de sobrevivientes a María Analfi Santa y a María Patricia
Martínez, en los porcentajes de 67.52% y 23.48%, respectivamente. La entidad
señaló que, según los documentos obrantes en el expediente, “la unión
conyugal se mantenía vigente entre el señor Agudelo Quintero José Roger y la
señora Santa de Agudelo María Analfi (cónyuge), es decir que nunca se liquidó
la sociedad conyugal. Motivo por el cual la prestación se deberá reconocer
proporcional al tiempo convivido[83]
entre la cónyuge y la compañera permanente y no como lo manifiestan que sea un
50% y 50% cada una”[84].
27.
Demanda ordinaria
laboral. El 15 de octubre
de 2014, antes de que Colpensiones resolviera los recursos presentados en
contra de la Resolución GNR 305305, María Patricia Martínez interpuso demanda
ordinaria laboral en contra de Colpensiones y de María Analfi Santa “como litisconsorte necesaria”[85].
Solicitó que se ordenara a la entidad demandada a reconocer y pagar “la
pensión de sobrevivientes a que tiene derecho, a partir del 22 de noviembre del
año 2013” y “los intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la
Ley 100 de 1993”. Para fundamentar su solicitud, señaló que (i)
convivió con el causante “en unión marital de hecho desde el mes de
noviembre de 1994, hasta el día del fallecimiento”, (ii) procreó dos
hijos con el causante y (iii) era beneficiaria en salud del causante[86].
Por todo lo anterior, alegó que, de conformidad con lo señalado en el artículo
13 de la Ley 797 de 2003 y la Ley 1204 de 2008 sobre controversias en casos de
sustitución pensional, ella debía ser la beneficiaria, puesto que convivía con
el causante “al momento de su fallecimiento” y dicha convivencia fue “superior
a 5 años anteriores al deceso”[87].
28.
Contestación de la
demanda. El 6 de abril de
2015, María Analfi Santa contestó la demanda ordinaria por medio de su
apoderada judicial[88]. Señaló
que se oponía a todas las pretensiones de la demanda. Solicitó que le
reconociera el derecho pensional a partir del 22 de noviembre de 2013, así como
los intereses moratorios, dado que cumplía con los requisitos exigidos por la
Ley 797 de 2003. El 21 de julio de 2015, el Juez Treinta y Dos Laboral del
Circuito de Bogotá inadmitió la contestación de la demanda de María Analfi
Santa, por cuanto esta no relacionó en la sección de pruebas documentales “la
totalidad de los documentos aportados”[89],
para lo cual le concedió cinco (5) días hábiles para corregir, “so pena de
no tener en cuenta dichas pruebas”[90].
María Analfi Santa no subsanó los errores identificados por el juez en el auto
de inadmisión de la contestación a la demanda[91],
y tampoco intervino en las demás etapas procesales, como se muestra a
continuación:
Actuación
Fecha
Asistencia
Audiencia
de conciliación, primera de trámite
(Art.
77 Código de Procedimiento Laboral)
28/07/2016
No
asistió[92]
Despacho
comisorio decretado por el juez
28/07/2016
No
lo tramitó[93]
Audiencia
del artículo 77 del Código
08/11/2016
No
asistió[94]
Pruebas,
alegatos de conclusión y fallo
23/01/2017
No
asistió[95]
29.
Sentencia de primera
instancia del proceso ordinario laboral. El 23 de enero de 2017, el Juzgado Treinta y Dos
Laboral del Circuito de Oralidad de Bogotá condenó a Colpensiones a “reconocer y pagar la pensión de
sobreviviente (…) a la
señora María Patricia y a la señora Martínez y María Analfi Santa (…) en
una proporción de 50% para cada una”[96].
Colpensiones también fue condenada a “reconocer y pagar a la
demandante María Patricia Martínez la diferencia entre la pensión de
sobreviviente que se ha venido pagando (…) y el reconocimiento que se ha
ordenado en esta providencia”. Frente a esta decisión, Colpensiones
ejerció el recurso de apelación.
30.
Sentencia de segunda
instancia del proceso ordinario laboral. El 19 de septiembre de 2018, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá resolvió “revocar parcialmente” la decisión de primera instancia y
“declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación frente a la
señora María Analfi Santa de Agudelo”. Por lo tanto, ordenó a Colpensiones “reconocer
y pagar la sustitución pensional a la demandante María Patricia Martínez Murcia
en cuantía del 100% de la pensión”[97].
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá consideró que (i) no
se encontraba probada la familiaridad, apoyo y socorro mutuo entre el causante
y María Analfi Santa, dado que hubo una separación de hecho entre estos, y (ii)
la actitud procesal de María Analfi Santa era reprochable, de conformidad con
el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral[98],
habida cuenta de que esta no compareció al proceso ni tramitó el despacho
comisorio decretado por el juez. El término para interponer el recurso de casación
en contra de la sentencia venció en silencio.
31.
Cumplimiento de la
orden judicial. Colpensiones
profirió la Resolución SUB 36144 del 12 de febrero de 2019[99],
por medio de la cual resolvió: (i) reconocer la pensión de
sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de Jose Roger Agudelo, a la
señora María Patricia Martínez, en “calidad de compañera permanente”, y “en
un porcentaje del 100%”; y (ii) retirar de la nómina de pensionados
a María Analfi Santa e iniciar los trámites “para recuperar los
valores girados”. El 4 de junio de 2019, Colpensiones profirió la
Resolución SUB 140535, por medio de la cual ordenó a María Analfi Santa “el
reintegro de los valores pagados por mayor valor de sustitución pensional, que
corresponden a la mesada de 1 de diciembre de 2013 a 28 de febrero de 2019, por
la suma de $30.890.180 (sic) (treinta millones ochocientos noventa mil
ciento ochenta y tres pesos)” [100]
a favor de Colpensiones.
32.
Acción de tutela. El 21 de junio de 2019, María Analfi Santa
interpuso acción de tutela en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito
de Oralidad de Bogotá, Colpensiones y María Patricia Martínez. Alegó que los
accionados desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, la vida,
el mínimo vital, el acceso a la administración de justicia, la seguridad social
y el principio de confianza legítima. Por consiguiente, solicitó (i) la
revocatoria de las decisiones del proceso ordinario, (ii) la nulidad de
todo lo actuado[101],
y, en consecuencia, (iii) el reconocimiento de la sustitución pensional
y (iv) la reanudación del pago de la pensión de sobrevivientes[102].
La accionante fundamentó su solicitud de tutela en dos consideraciones: la
primera, referida a “la ausencia de defensa técnica”, dado que esta
afectó su derecho fundamental “al mínimo vital (…) toda vez
que perdió el derecho a la pensión que le había sido reconocida desde 2013”,
y la segunda, a la falta de valoración de las pruebas disponibles por parte
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[103].
En particular, expuso que los sujetos accionados vulneraron sus derechos
fundamentales, por las siguientes razones:
32.1.
Falta de defensa
técnica. La accionante
adujo que su abogada abandonó “completamente el proceso, quedándo[s]e
sin la asistencia técnica a la que t[iene] derecho para defender
[sus] derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital”[104].
Por lo anterior, consideró que, aunque fue notificada de la iniciación del
proceso ordinario laboral en su contra, tras contestar la demanda, no
volvió a recibir “comunicación ni de Colpensiones, ni del juzgado, ni de [su]
abogada, relacionada con la continuación del proceso o la Resolución de
Colpensiones”. Así, manifestó que, después de haber disfrutado de la
pensión en un porcentaje del 67.52% por casi cuatro años, en el mes de marzo de
2019 se enteró de que “mediante la Resolución SUB 36144 de febrero 12 de
2019 y por orden judicial, le habían dado el 100% de la pensión”[105]
a la compañera permanente del pensionado. En tales términos, concluyó que
no contó con una debida defensa técnica, dado que la apoderada “cumplió un
papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia
procesal o jurídica”.
32.2.
Falta de valoración de
las pruebas. Según la
accionante, el juez de segunda instancia no tuvo en cuenta las siguientes
pruebas: (i) el acta de matrimonio, en la cual consta que nunca se
divorció del causante; (ii) las declaraciones extra juicio que dan
cuenta de su convivencia con el causante “desde [el] matrimonio hasta
el día de su muerte”; (iii) los hijos que procreó con el pensionado
y (iv) los documentos que acreditan que ella asumió “los
gastos del sepelio” junto a sus hijos[106].
También indicó que Colpensiones ya le había reconocido el derecho pensional con
base en tales pruebas, por lo que lo decidido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá era “gravoso y nugatorio de [sus] derechos
fundamentales”.
33.
Admisión de la
tutela y contestación de la demanda. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia admitió la acción de tutela el 26 de junio de 2019[107]
y ordenó notificar a las partes y vinculados[108].
Al respecto, solo se pronunciaron el Ministerio de Hacienda[109],
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)[110],
el Ministerio del Trabajo[111]
y Colpensiones[112].
34.
Sentencia de primera
instancia. El 10 de julio
de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el
amparo solicitado[113].
Señaló que “quien acude al trámite constitucional tiene que demostrar
diligencia en el beneficio de sus propios derechos, pues si no ha hecho uso de
las herramientas procesales que la ley prevé (…) pierde la oportunidad
de acudir al juez constitucional”[114].
En consecuencia, concluyó que la accionante (i) pudo haber acudido
al recurso extraordinario de casación, “toda vez que la cuantía del
litigio supera los 120 salarios mínimos”; (ii) no acreditó “la
existencia de un perjuicio irremediable, que permita la intromisión del juez
constitucional en asuntos propios de la esfera de la jurisdicción ordinaria”[115],
y (iii) escogió a la abogada de confianza que ejercería su
representación, por lo que la tutela no es el instrumento jurídico “para
subsanar deficiencias que, por la incuria de la parte accionante o la de su
apoderado, dieron lugar a las consecuencias adversas”[116].
35.
Impugnación. La accionante señaló que “durante todo
el proceso no tuvo asistencia técnica” y que la configuración de un
perjuicio irremediable era inminente. Sobre lo primero, expuso que su falta de
defensa técnica “fue determinante en la decisión judicial”[117],
dado que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá descartó “las
pruebas allegadas al proceso con la contestación de la demanda” y le
dio valor probatorio de forma exclusiva a “lo expuesto por la parte
demandante”[118].
Sobre lo segundo, señaló que (i) “dependía económicamente de [su]
esposo”, (ii) no tenía una “fuente de empleo, ni ningún medio
de sobrevivencia (sic)” distinto a su pensión y (iii) no
puede conseguir trabajo, en consideración a su “edad y nivel educativo
(segundo de primaria)”[119].
36.
Sentencia de segunda
instancia. El 20 de agosto
de 2019, la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia. Señaló
que María Analfi Santa “no puede pretender por esta vía excepcional purgar
su incuria bajo el supuesto de no haber sido llamada por la judicatura para
defender sus intereses en el proceso ordinario”, máxime cuando “reconoció
que en el año 2015 el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá le notificó la
existencia del litigio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes”[120].
Por consiguiente, “era su obligación indagar los resultados del proceso
para controvertirlo oportunamente”. En adición, advirtió que “los
razonamientos planteados en la decisión de segunda instancia cuestionada (…)
se encuentran fundamentados en las disposiciones legales y jurisprudenciales
sobre la materia”[121],
por lo que no se advertía el supuesto desconocimiento del derecho al debido
proceso de la accionante.
II.
ACTUACIONES EN
SEDE DE REVISIÓN
37.
El 18 de octubre de
2019, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez seleccionó los expedientes
T-7.599.111 y T-7.607.991 para revisión y dispuso su acumulación, para que
fueran fallados en una sola sentencia. El 20 noviembre de 2019, la Sala Plena
de la Corte Constitucional avocó el conocimiento de este asunto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015.
38.
Asimismo, el 20 de
noviembre de 2019, el magistrado ponente profirió auto[122]
por medio del cual decretó las pruebas necesarias para proferir una decisión de
fondo. En cumplimiento de dicho auto, se recibieron las siguientes pruebas[123]:
(i) los expedientes de los procesos laborales ordinarios sub examine,
(ii) copia de los expedientes pensionales de los causantes de las
prestaciones económicas que se debaten y (iii) los informes rendidos por
la señora María Analfi Santa y Gloria Amparo Márquez. Asimismo, se recibieron
varios escritos presentados por la UGPP[124]
y Colpensiones[125].
III.
CONSIDERACIONES
1.     Objeto de la decisión, problemas jurídicos y
metodología
39.
Objeto de la
decisión. Las acciones
de tutela interpuestas por María Emma Cardona (T-7.599.111) y María Analfi
Santa (T-7.607.991) versan sobre la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, entre otros, en virtud
de las actuaciones judiciales surtidas al interior de los procesos ordinarios
laborales que resolvieron sobre su derecho a la sustitución pensional como
cónyuges supérstites. No obstante, a pesar de dicha similitud, los casos sub
examine tienen diferencias fácticas y jurídicas significativas. De un lado,
María Emma Cardona señaló que la sentencia proferida por la Sala de
Descongestión No. 4 incurrió en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y procedimental por exceso de ritual manifiesto,
habida cuenta de que se aplicó de forma indebida el artículo 47 original de la
Ley 100 de 1993 a su caso concreto, lo que derivó en que la providencia
judicial incurriera en otras presuntas irregularidades. De otro lado, María
Analfi Santa señaló que no estuvo debidamente representada dentro del proceso
ordinario laboral adelantado en su contra, por lo que se habría configurado el
defecto procedimental absoluto por falta de defensa técnica en las sentencias
proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Oralidad de Bogotá.
40.
Problemas jurídicos. De conformidad con lo expuesto, corresponde
a la Sala Plena de la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas
jurídicos:
(i)
¿Las acciones de
tutela sub examine cumplen con los requisitos de procedibilidad de
tutela en contra de providencias judiciales?
(ii)      ¿Las sentencias proferidas por las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en alguno de los defectos
específicos alegados?
41.
Metodología de la
decisión. En virtud de lo
anterior, la Sala Plena de la Corte (i) verificará si las acciones de
tutela sub examine satisfacen los requisitos generales de procedencia de
tutela en contra de providencias judiciales y, de ser procedente, (ii)
analizará de forma individual cada caso, para concluir si se configuraron
los presuntos defectos específicos alegados por las accionantes.
2.     Análisis de procedibilidad de las acciones
de tutela en contra de providencias judiciales
42.
La jurisprudencia
constitucional ha reconocido que la procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es de carácter excepcional. Esto, “con el
fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que
caracteriza al mecanismo”[126].
En este sentido, “la acción de tutela contra
providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’, lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia (…) más aún cuando las partes cuentan con los
recursos judiciales tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir
las decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta
Política”[127].
43.
Por lo tanto, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que es necesario que se acrediten
todos los requisitos generales de procedencia[128],
a saber: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia
constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los
derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el
requisito de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) que se
cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en
un término razonable y proporcionado a partir del presunto hecho que originó la
vulneración de los derechos fundamentales; (iv) que se trate de una
irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia que se
impugna; (v) que el actor identifique de manera razonable los hechos
que generaron la vulneración y los derechos presuntamente afectados, y (vi)
que no se trate de sentencias de tutela. En caso de que no se acredite
el cumplimiento de alguno de estos requisitos, la solicitud de tutela deberá
declararse improcedente. Por el contrario, una vez se acredite el cumplimiento
de dichos requisitos generales, se deberá analizar si se configura al menos uno
de los defectos específicos definidos por la jurisprudencia constitucional[129].
44.
A continuación, la Sala
Plena analizará si las demandas interpuestas por María Emma Cardona
(T-7.599.111) y María Analfi Santa (T-7.607.991) cumplen con los requisitos generales
exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales.
2.1.    Expediente T-7.599.111. La acción de tutela
cumple con los requisitos de acción de tutela en contra de providencia judicial
45.
En el presente caso
se satisface el requisito de legitimación en la causa. La Sala encuentra acreditados los
requisitos de legitimación por activa y por pasiva. Por un lado, está probada
la legitimación por activa de la accionante. En efecto, esta (i) es la
titular de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido
proceso, los cuales fueron presuntamente vulnerados por las autoridades
judiciales en el marco del proceso laboral en el cual le fue revocado el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional en calidad de cónyuge
supérstite, y (ii) promovió la acción de tutela por medio de apoderada
judicial, a la cual le fue conferido poder en debida forma[130].
Por otro lado, está probada la legitimación por pasiva de las autoridades
judiciales accionadas y los vinculados al presente trámite. Respecto de los
primeros, por cuanto son las autoridades que profirieron las providencias
judiciales cuestionadas por la accionante. Respecto de los segundos, porque Sol
Amparo Rivera[131]
–actual beneficiaria de la sustitución pensional– y el Municipio de
Medellín[132] ­–entidad
pagadora de la prestación económica– tienen un interés directo en el
resultado del proceso, en tanto podrían resultar afectados por la decisión del
juez constitucional.
46.
En el presente caso
se satisfacen los requisitos generales de procedencia de tutela en contra de
providencias judiciales.  Primero,
el asunto sub examine
tiene relevancia constitucional. Esto, por cuanto el caso versa sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante al debido
proceso (art. 29 de la CP), a la seguridad social (art. 48 de la CP) y a la
protección de la familia (art. 42 de la CP), por las decisiones judiciales que
le negaron el reconocimiento de la sustitución pensional. Al respecto, la Corte
Constitucional ha señalado que la sustitución pensional constituye una garantía
de los derechos a la seguridad social y a la familia, puesto que “tiene
como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias
del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su
fallecimiento en el desamparo o la desprotección”[133].
En tales términos, no se trata de una cuestión solo económica ni de “mera
legalidad”[134],
sino de naturaleza constitucional.
47.
Segundo, en el asunto
que se estudia se acredita el requisito de subsidiariedad. La Sala Plena
advierte que la accionante agotó los recursos ordinarios y extraordinarios en
el proceso ordinario laboral. Tercero, la solicitud de tutela fue presentada de
manera inmediata. Esta fue interpuesta en un término razonable y
proporcional, habida cuenta de que transcurrieron tres (3) meses entre la
notificación de la decisión de casación y la interposición de la acción de
tutela. Cuarto, la irregularidad alegada tiene un efecto decisivo en la
providencia cuestionada. Para la accionante, la Sala de Descongestión No. 4
debió, entre otros, aplicar el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 y, en
consecuencia, estudiar las excepciones legales y jurisprudenciales al requisito
de haber “convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con
anterioridad a su muerte”. Así, de acreditarse la alegada irregularidad
esta tendría el efecto de invalidar la decisión judicial cuestionada. Quinto,
la accionante identifica de manera razonable los hechos que dieron lugar
a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Finalmente, no se
trata de una acción de tutela en contra de tutela.
2.2.    Expediente T-7.607.991. La acción de tutela
cumple con los requisitos de acción de tutela en contra de providencia judicial
48.
En el presente caso
se satisface el requisito de legitimación en la causa. La Sala encuentra acreditados los
requisitos de legitimación por activa y por pasiva. Por un lado, está probada
la legitimación por activa de la accionante. En efecto, la señora María Analfi
Santa es la titular de los derechos fundamentales a la seguridad social y al
debido proceso, que fueron presuntamente vulnerados por los sujetos accionados.
Por otro lado, está probada la legitimación por pasiva de las autoridades
judiciales accionadas, de Colpensiones y de la señora María Patricia Martínez,
por las siguientes razones. Primero, porque las autoridades accionadas fueron
quienes profirieron las decisiones judiciales cuestionadas, que revocaron el
reconocimiento de la sustitución pensional de la accionante. Segundo, puesto
que, en cumplimiento de dichas decisiones judiciales y como entidad pagadora de
la prestación económica, Colpensiones es la entidad que retiró de nómina de
pensionados a la accionante. Tercero, dado que María Patricia Martínez –actual
beneficiaria de la sustitución pensional– tiene un interés directo en el
resultado del proceso, por lo que podría resultar afectada por la decisión del
juez constitucional. Por el contrario, no se acredita la legitimación por
pasiva respecto de los otros vinculados al proceso (párr. 33). El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo, la UGPP y
la Agencia de Defensa Jurídica del Estado no han desplegado acción u omisión
alguna que pudiese derivar en la vulneración de los derechos fundamentales
alegados. Estas entidades no tienen competencia alguna en el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional que se discute.
49.
En el presente caso
se satisfacen los requisitos generales de procedencia de tutela en contra de
providencias judiciales. Primero,
el asunto sub examine tiene relevancia constitucional, dado que no solo
versa sobre la presunta vulneración de los derechos señalados en el párr.
46, sino que también se refiere al derecho a la defensa técnica, como componente
del debido proceso (art. 29 de la CP). Estos asuntos tienen una evidente
relevancia constitucional, en tanto no suponen una discusión de tipo legal o
económica, sino una valoración de tipo constitucional respecto de la garantía
que tienen los ciudadanos, en este caso María Analfi Santa, de ser asistidos en
los procesos judiciales, así como de presentar y controvertir oportunamente las
pruebas al interior de estos.
50.
Segundo, en el asunto
que se estudia se acredita el requisito de subsidiariedad, por tres
razones. Primero, la accionante se encuentra en especiales condiciones de
vulnerabilidad, consistentes en su baja escolaridad y carencia de otros medios
de subsistencia. Al respecto, la accionante reiteró durante el proceso de
tutela que no tiene “con que sobrevivir y atender las necesidades básicas de
alimento, techo, vestido, salud”[135],
dado que “siempre [dependió] de su difunto esposo, no [tiene] otro
medio de subsistencia” y que, por su “nivel educativo (segundo de
primaria)” no ha podido emplearse. Segundo, a la accionante no le era
exigible conocer cuáles eran las actuaciones judiciales que se debían adelantar
en el proceso, o ejercer actuación alguna a nombre propio en el proceso
ordinario laboral. La Sala considera que, en atención a las condiciones de
María Analfi Santa, las exigencias dirigidas a que esta verificara el estado
del proceso, o adelantara alguna actuación, serían desproporcionadas, habida
cuenta de que, aun cuando la accionante supiera de la existencia del proceso[136],
esta no cuenta con la formación académica o profesional para ejercer su propia
defensa. Finalmente, la inactividad procesal de la accionante –y la no
interposición de los medios judiciales de defensa– guarda relación con la
ausencia de defensa técnica alegada. En estos términos, esta cuestión corresponde
al problema jurídico sustancial a resolver. Por lo tanto, la Sala Plena
concluye que el asunto deberá ser resuelto de fondo[137],
de conformidad con las pruebas disponibles en el expediente.
51.
Tercero, la solicitud
de tutela cumple con el requisito de inmediatez. La acción fue
interpuesta en un término oportuno y razonable, habida cuenta de que entre su
presentación (21 de junio de 2019) y la fecha en la que la accionante tuvo
conocimiento de lo resuelto en el proceso ordinario laboral (3 de abril de
2019) transcurrieron 2 meses y medio. En efecto, la accionante señaló que, por
la indebida defensa técnica, “desconocía” que “el proceso de la
demanda había continuado”[138],
dado que la pensión ya le había sido reconocida por parte de Colpensiones en un
porcentaje de 67.52%. Así, indicó que fue el 3 de abril de 2019, cuando
Colpensiones le notificó la Resolución SUB 36144 del 12 de febrero de 2019, que
se enteró de que el proceso ordinario laboral había continuado y que “le
habían dado el 100% de la pensión”[139]
a María Patricia Martínez. Cuarto, la irregularidad alegada tiene un efecto
decisivo en la providencia cuestionada, dado que, si la Sala Plena llegase
a acreditar que María Analfi Santa no tuvo la debida defensa técnica durante el
proceso ordinario laboral, dicha irregularidad tendría la entidad de invalidar
las decisiones judiciales atacadas. Quinto, la accionante también identificó
de manera razonable los hechos que originaron la interposición de la acción
de tutela y, finalmente, no se trata de una acción de tutela en contra de
tutela.
52.
Dado que las acciones
de tutela sub examine satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad de tutela en contra de providencias judiciales, a continuación
la Sala Plena verificará si, en cada caso concreto, se configuró el presunto
defecto específico alegado por las accionantes.
3.     Expediente T-7.599.111. Caso concreto
53.
Objeto de la
decisión. María Emma
Cardona alegó que, mediante la sentencia de casación proferida por la Sala de
Descongestión No 4, dicha autoridad judicial incurrió en los siguientes
presuntos defectos: (i) sustantivo, por la errónea aplicación del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al caso concreto, (ii) fáctico, por no
haber valorado algunas de las pruebas que daban cuenta de las condiciones que
rodearon la convivencia de la accionante y el cónyuge, así como la voluntad del
causante de sustituir la pensión tanto a la cónyuge como a la compañera, (iii)
desconocimiento del precedente, porque no consideró la jurisprudencia
constitucional sobre “causa justificada” para la interrupción de la
convivencia, y (iv) procedimental por exceso de ritual manifiesto, por
considerar que la providencia es contradictoria. Ahora bien, los defectos
alegados por María Emma Cardona tienen una relación directa e inescindible con
el presunto defecto sustantivo, por la aplicación indebida del artículo 47
original de la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, la Sala Plena (i)
estudiará el contenido de dicha norma en relación con los requisitos para el
reconocimiento de la sustitución pensional al cónyuge o compañero permanente
supérstite (sección 3.1), y (ii) analizará si en la sentencia proferida
por la Sala de Descongestión No. 4 se configuró el defecto sustantivo alegado
por la accionante (sección 3.2).
3.1.
Requisitos para
acceder a la sustitución pensional según el artículo 47 original de la Ley 100
de 1993
54.
La sustitución
pensional es una prestación económica del Sistema de Seguridad Social en Pensiones
que adquiere naturaleza fundamental “si de su reconocimiento depende que se
materialicen las garantías de los beneficiarios que se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta”[140].
Esta constituye una garantía a favor de la familia del pensionado por
jubilación, vejez o invalidez, que se orienta por tres principios[141]:
(i) estabilidad económica y social para los allegados del causante; (ii)
reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus beneficiarios y (iii)
prevalencia del criterio material para analizar el requisito de convivencia. El
primero significa que dicha prestación económica “responde a la necesidad de
mantener para su beneficiario al menos el mismo grado de seguridad social y
económica con que contaba en vida del pensionado fallecido”[142].
El segundo “busca impedir que, sobrevenida la muerte de uno de los
miembros de la pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las
cargas materiales y espirituales”[143].
El tercero implica que la convivencia efectiva al momento de la muerte es el “elemento
central para determinar quién es el beneficiario de la sustitución pensional”[144].
55.
En desarrollo de lo
anterior, para el régimen general en pensiones, la sección a) del artículo 47 original
de la Ley 100 de 1993, prescribía que:
ARTÍCULO  47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos
desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener derecho a
una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con
el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte,
salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido (aparte
tachado declarado inexequible[145]).
56.
Esta norma previó dos
requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional al cónyuge o al
compañero permanente supérstite. Estos son: (i) haber hecho vida
marital con el causante hasta su muerte y (ii) haber convivido con
el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad al
fallecimiento, salvo que hubieran procreado hijos. El contenido de estos
requisitos ha sido precisado por la jurisprudencia constitucional y ordinaria
laboral, en los siguientes términos:
(i)
Primer
requisito: haber hecho vida marital con el causante hasta su muerte. La vida marital consiste en la prueba de
la convivencia efectiva, real y material entre el causante y el cónyuge o
compañero. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, según lo dispuesto
por el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, “el factor determinante
para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos
de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente
es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la
pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes”[146].
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación de Laboral de
la Corte Suprema de Justicia ha precisado que: (i) no existe una
preferencia prima facie[147]
“de la cónyuge supérstite sobre la compañera permanente, por el solo
hecho de mantener el vínculo matrimonial vigente”[148],
sino que debe acreditarse la “convivencia efectiva, real y material entre la
pareja, y no tanto la naturaleza jurídica del vínculo que se tenga”, y (ii)
la convivencia excede la “concepción meramente formal relativa a la
cohabitación en el mismo techo”[149]
y se predica de “quienes además, han mantenido vivo y actuante su
vínculo mediante el auxilio mutuo (…) entendido como acompañamiento
espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface
cuando se comparten los recursos que se tienen, (…) aún en la separación
cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de
medios, ora por oportunidades laborales”[150].
(ii)
Segundo
requisito: haber convivido de forma continua con el causante por un término no
menor a dos (2) años previos al fallecimiento, salvo que hubieran procreado
hijos. Este requisito
prevé dos elementos: la prueba de la cohabitación entre el causante y el
cónyuge o el compañero permanente, y su excepción por la procreación de hijos
en común. La Corte Constitucional ha señalado que este requisito pretende evitar
“convivencias de última hora para acceder a la sustitución pensional de
quien está a punto de fallecer”[151].
Asimismo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
señalado que dicha exigencia obedece a que “la ley no solamente exige que el
grupo familiar exista al momento de la muerte, sino que éste haya tenido alguna
permanencia o estabilidad en el periodo último de la vida del pensionado
fallecido”[152].
57.
En todo caso, la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han reconocido que estos
requisitos pueden ser exceptuados por la configuración de justa causa. Por una parte, la Corte Constitucional ha
señalado que la interrupción de la convivencia –vida marital o cohabitación–
de los cónyuges o compañeros no implica, necesariamente, la pérdida del derecho.
Así, desde la Sentencia T-787 de 2002, esta Corte ha reconocido que se debe
considerar, según las pruebas disponibles y los argumentos esgrimidos durante
el proceso, si la “interrupción de la convivencia o la no vida en común del
causante y su cónyuge” podría estar justificada, por ejemplo, por motivos
de salud. Además, si bien el caso resuelto en la Sentencia T-787 de 2002
refería a una prestación causada en vigencia del artículo 47 original de la Ley
100 de 1993, dicho razonamiento ha sido reiterado por otras providencias[153]
que resolvieron sobre el efecto de la interrupción de la convivencia, pero en
vigencia del artículo 47 modificado por la Ley 797 de 2003. Así, bajo ambos
regímenes normativos se ha entendido que la falta de convivencia entre el
causante y el cónyuge o compañero puede llegar a estar justificada y que, por
lo tanto, es “necesario hacer una evaluación de las circunstancias concretas
en cada caso”[154].
58.
Por otra parte, la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los
requisitos de vida marital y cohabitación deben ser evaluados “en cada caso, y dependiendo de las
circunstancias fácticas que se prueben”[155],
dado que serán estas a las que “tendrá que acudirse, para determinarse
si la separación material era o no justificada y si, a pesar de ello, el
vínculo entre la pareja se mantuvo”[156].
Por consiguiente, “la
situación de que los esposos o compañeros no puedan estar permanentemente
juntos bajo el mismo techo, por circunstancias especiales como podrían ser
motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor, etc., no conlleva a (sic) que desaparezca la comunidad de
vida o la vocación de convivencia de la pareja”[157]. Esta comprensión del requisito de convivencia de la
jurisprudencia laboral surgió bajo la vigencia del artículo 47 original de la
Ley 100 de 1993[158]
y ha sido reiterada y desarrollada aún en casos resueltos tras la modificación incorporada
por la Ley 797 de 2003[159].
Incluso, en jurisprudencia
reciente, y en atención al mandato del artículo 53 de la Constitución, la Corte
Suprema de Justicia ha llegado a advertir que, “en contextos en los que el
presunto beneficiario ha sido sometido a maltrato físico o psicológico”[160],
no es posible negar la convivencia “por la pura y simple separación de
cuerpos de los cónyuges”. Así, la Sala de Casación Laboral ha
explicado que “en escenarios de este tipo no se puede culpar al consorte
víctima de renunciar a la cohabitación y castigarlo con la pérdida del derecho
a la pensión de sobrevivientes”, máxime cuando “la separación es un
ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la
vida y a la integridad personal”.
59.
En virtud de lo
anterior, el contenido normativo del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993
se concreta en los siguientes términos:
Requisitos para el reconocimiento de la
sustitución pensional a favor del cónyuge o compañero permanente
Artículo 47 original de la Ley 100 de
1993
Primer requisito: haber hecho vida marital con el
causante hasta su muerte.
La vida marital consiste en la prueba de la
convivencia efectiva, real y material entre el causante y el cónyuge o
compañero permanente supérstite. No consiste en la simple prueba del vínculo
legal.
Segundo requisito: haber convivido de forma continua
con el causante por un término no menor a dos (2) años previos al
fallecimiento, salvo que hubieran procreado hijos.
La cohabitación debe ser continua y por el
término mínimo de 2 años, salvo que se hayan procreado hijos en común.
Excepción
jurisprudencial por la configuración de justa causa:
La interrupción de la convivencia –vida marital o
cohabitación– de los cónyuges o compañeros no implica, necesariamente, la
pérdida del derecho. El juez debe evaluar las circunstancias de cada caso, a
fin de acreditar la configuración de justa causa.
3.2.
La sentencia
proferida por la Sala de Descongestión No. 4 incurrió en defecto sustantivo
60.
En el caso sub
examine, la Sala Plena encuentra acreditada la configuración del defecto
sustantivo. Si bien el caso fue decidido con fundamento en la norma que le era
aplicable, esto es, el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993, la Sala de Descongestión
No. 4, al aplicar dicha disposición al caso concreto, desconoció su contenido
normativo definido por la jurisprudencia constitucional y ordinaria laboral.
61.
La norma aplicable
al caso concreto es el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993. Según la jurisprudencia pacífica y
reiterada de la Corte Constitucional[161]
y de la Corte Suprema de Justicia[162],
la norma aplicable a las solicitudes de sustitución pensional es la vigente al
momento de fallecimiento del causante. Por consiguiente, cuando estas se
presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, deberán
ser analizadas según lo dispuesto por el artículo 47 de esta ley. Esta “reguló
de manera integral lo relativo al sistema general de pensiones”[163],
así que solo puede ser exceptuada en los casos expresamente señalados[164]
en su artículo 279[165].
De conformidad con lo expuesto, en el presente caso se observa que (i) el
causante falleció el 30 de abril de 1995, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y (ii) la prestación
económica no corresponde a un régimen exceptuado por el artículo 279 de la Ley
100 de 1993. Por lo tanto, la norma aplicable al caso sub examine es la
sección a) del artículo 47 original de la Ley 100 de 1993.
62.
La Sala de
Descongestión No. 4 incurrió en defecto sustantivo, por cuanto, al aplicar el
artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 al caso concreto, desconoció su
contenido normativo definido por la jurisprudencia constitucional y ordinaria
laboral. En virtud de los
principios de independencia y autonomía judicial[166],
el ejercicio interpretativo de los jueces no es absoluto, sino que debe tener
en cuenta los “lineamientos constitucionales[,] legales” y
jurisprudenciales[167]
que definen el alcance de la disposición en cada caso concreto. Por lo tanto,
el defecto sustantivo se configura cuando el juez lleva a cabo una “interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto, [que] no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable”[168],
y que resulta “manifiestamente errada”[169],
“arbitraria y caprichosa”[170].
Esto excluye la posibilidad de cuestionar las providencias judiciales en razón
de una mera diferencia interpretativa sobre la aplicación de la norma.
63.
En el asunto sub
examine, la Sala de Descongestión No. 4 no analizó la posible configuración
de justa causa, que excusara la falta de convivencia –vida marital o
cohabitación– entre María Emma Cardona y el causante. Por el contrario, la autoridad judicial verificó el
requisito de convivencia, sin analizar que, en virtud de la jurisprudencia de
esta Corte y de la Sala de Casación Laboral, la interrupción de la convivencia
de los cónyuges o compañeros no implica, necesariamente, la pérdida del
derecho. El estudio de esta excepción jurisprudencial al requisito de
convivencia le era manifiestamente exigible, por dos razones. Primero, esta
excepción ha sido definida por la Sala de Casación Laboral, cuya jurisprudencia
es vinculante para todas las salas de descongestión creadas por la Ley 1781 de
2016.
64.
Segundo, la posible configuración de justa causa fue
alegada expresamente por la accionante durante las instancias del proceso
ordinario laboral. La Sala Plena advierte que la señora María Emma Cardona
fundamentó el recurso de apelación y la demanda de casación, entre otras, en la
posible configuración de una justa causa. De un lado, mediante el recurso de
apelación, adujo que “en ningún momento se configuró culpa de la viuda, pues
fueron muchos los años y padecimientos soportados por [ella] a causa de
la adicción de su esposo”. Asimismo, en la demanda de casación afirmó que
no hizo vida en común con el causante “por culpa de él”, por su “vicio
al alcohol”, “su comportamiento (…) de padre negligente e
irresponsable”, y que, en todo caso, el causante “nunca dejó de sostener[la]
económicamente”. De esta manera, la Sala de Descongestión No. 4 debió estudiar
las circunstancias del caso, a fin de evaluar si se acreditaba la configuración
de la justa causa alegada por la accionante. Sin embargo, no consideró esta
excepción, así como tampoco formuló argumento alguno que justificara no
estudiarla en el caso concreto.
65.
En el caso sub
examine la interrupción de la cohabitación entre el causante y María Emma
Cardona atendió a una justa causa. De conformidad con las pruebas disponibles en el expediente, la Sala
advierte que (i) la pareja dejó de vivir bajo el mismo techo entre los
años 1980 y 1983[171],
por lo que convivieron juntos, aproximadamente, por treinta años; (ii)
la convivencia se interrumpió por las dificultades derivadas del consumo
habitual de alcohol por parte del causante[172]
–justa causa–; (iii) la decisión de que el causante saliera del
hogar fue de común acuerdo y atendió al bienestar de todos los miembros de la
familia, en particular los hijos menores de edad de la pareja[173];
(iv) el causante, tras su salida, sustentó económicamente a sus hijos y a
María Emma Cardona, a pesar de no compartir su lugar de residencia con esta[174].
Con base en estos hechos, la Sala concluye que, dadas las condiciones del caso
concreto, no era razonable negar el derecho a la sustitución pensional a la
accionante, máxime cuando la cohabitación entre el causante y esta se
interrumpió por una justa causa y, a pesar de ello, estos preservaron el
sentido de corresponsabilidad en relación con el hogar conformado y la
comunidad de vida que tuvieron. Es evidente para la Sala que el causante, a
pesar del distanciamiento físico, (i) atendió a las necesidades de sus
hijos menores y de su cónyuge, quien siempre dependió económicamente de este[175];
(ii) regresó al hogar en repetidas ocasiones[176],
a pesar de que, por su consumo habitual de alcohol, finalmente trasladó su
domicilio de forma definitiva; (iii) conservó siempre el interés de apoyar
solidariamente a María Emma Cardona y al núcleo familiar que conformó con ella.
Sobre esto último, se observa que, en 1987, esto es, aun después de haberse
separado físicamente de María Emma Cardona, el causante manifestó al Municipio
de Medellín su intención de que la pensión fuera distribuida entre esta y sus
hijos, y Sol Amparo Rivera, como se explicó en el párr. 4. En consecuencia,
a diferencia de lo considerado por la Sala de Descongestión No. 4, María Emma
Cardona es titular del derecho a la sustitución pensional sub examine,
habida cuenta de (i) las condiciones particulares que justificaban la no
cohabitación de la pareja al momento del fallecimiento del causante y (ii) el
probado interés del causante de amparar económicamente a su núcleo familiar,
pese al distanciamiento físico de la pareja.
66.
La prestación
económica debe ser distribuida entre la cónyuge y la compañera permanente, de
forma proporcional al tiempo convivido, en atención a los principios
constitucionales de solidaridad, igualdad y equidad. A pesar de que a María Emma Cardona le
asiste el derecho a la sustitución pensional, por las razones ya expuestas, la
Sala también advierte que en el expediente obra prueba de que el causante convivió
durante sus últimos años de vida con Sol Amparo Rivera, quien fue su compañera
permanente desde 1983[177],
aproximadamente, y hasta su muerte[178].
En adición, no puede ignorar la Sala que Luis Gonzalo Jaramillo manifestó
explícita e inequívocamente que, tras su fallecimiento, la pensión debía ser
distribuida entre Sol Amparo Rivera y María Emma Cardona[179].
Si bien dicho documento no constituye plena prueba sobre la convivencia del
causante con las partes del proceso sub examine, lo cierto es que sí es
un indicio serio frente a la existencia de dos posibles beneficiarias de la
sustitución pensional.
67.
Ahora bien, la
prestación objeto de controversia fue causada en vigencia del artículo 47
original de la Ley 100 de 1993, la cual, a diferencia de la Ley 797 de 2003[180],
no incluía una cláusula de distribución proporcional en casos de convivencia
sucesiva o simultánea entre cónyuge y compañera permanente, por lo que, de
conformidad con la disposición vigente al momento del fallecimiento del
causante, la sustitución pensional debería ser otorgada a María Emma Cardona o
a Sol Amparo Rivera.
68.
No obstante, la Sala
considera que dicha restricción legal se encuentra sujeta a principios
constitucionales superiores de imperativo cumplimiento, tales como “el de
solidaridad, que irradia el derecho a la seguridad social acorde con el inciso
primero del artículo 48; el de protección integral de la familia, contenido en
el artículo 42, y el de proscripción de los tratos irrazonables, derivado del
artículo 13 Superior”[181].
Así, se tiene que (i) tanto María Emma Cardona como Sol Amparo Rivera
Hincapié acreditaron haber convivido con el causante en períodos de tiempo
distintos, por aproximadamente 30 y 12 años, respectivamente, y haber dependido
económicamente de este hasta su fallecimiento; (ii) María Emma Cardona,
quien actualmente tiene 88 años de edad, no cohabitó con Luis Gonzalo Jaramillo
“hasta su muerte”, situación que se encontraba justificada por
las condiciones particulares del causante (ver párr. 65), (iii) Sol
Amparo Rivera cohabitó con el causante hasta su muerte y le acompañó durante su
enfermedad, y (iv) el causante solicitó al Municipio de Medellín que,
tras su fallecimiento, la pensión fuera distribuida entre María Emma Cardona e
hijos y Sol Amparo Rivera.
69.
En virtud de lo
anterior, la Sala concluye que “no se encuentran razones de orden
constitucional [para privilegiar] a un tipo de núcleo familiar sobre el
otro”[182]
y que, de otorgar la prestación exclusivamente a la cónyuge o a la
compañera, se desconocería que la “sustitución pensional tiene como
finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del
producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento
en el desamparo o la desprotección”[183].
Por consiguiente, con el fin de garantizar los principios constitucionales
expuestos, la prestación deberá ser distribuida de forma proporcional al tiempo
convivido con el causante entre las señoras María Emma Cardona y Sol Amparo
Rivera, de conformidad con las pruebas disponibles.
70.
De conformidad con lo
expuesto, se concluye que (i) la Sala de Descongestión No. 4 vulneró el
derecho al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de María
Emma Cardona, y (ii) la sustitución pensional debe ser distribuida entre
María Emma Cardona y Sol Amparo Rivera, en proporción al tiempo convivido con
el causante. En atención a los antecedentes, y a las consideraciones expuestas,
la Sala Plena confirmará parcialmente la decisión proferida por la Sala de Casación Penal el 6 de agosto de
2019. Ahora bien, habida cuenta de que, en cumplimiento de la orden proferida
por la Sala de Casación Penal, la Sala de Descongestión No. 4. profirió
sentencia de reemplazo el 3 de septiembre de 2019, la cual reprodujo
íntegramente la providencia judicial demandada, y en aras de garantizar la
eficacia del amparo y de la intervención del juez constitucional[184],
la Sala Plena (i) dejará sin efectos la sentencia de reemplazo proferida
el 3 de septiembre de 2019 por la Sala de Descongestión No. 4 y (ii)
ordenará al Municipio de Medellín que profiera acto administrativo mediante el
cual reconozca la sustitución pensional a María Emma Cardona y a Sol Amparo
Rivera, en proporción al tiempo convivido con el causante.
71.
Órdenes a impartir
en el proceso T-7.599.111.
La Sala Plena de la Corte Constitucional: (i) confirmará parcialmente,
por las razones aquí expuestas, la sentencia proferida el 6 de agosto de 2019
por la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia; (ii) dejará sin efectos la sentencia
proferida el 3 de septiembre de 2019 por la Sala de Descongestión No. 4 de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, puesto que en esta se
configuró un defecto sustantivo consistente en la aplicación manifiestamente
errada de la sección a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que consistió en
la omisión arbitraria del análisis de la posible configuración de justa causa, y
(iii) ordenará al Municipio de Medellín que, en el término de
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente
fallo, profiera acto administrativo mediante el cual reconozca la sustitución
pensional a María Emma Cardona y Sol Amparo Rivera, en proporción al tiempo
convivido con el causante.
4.     Expediente T-7.607.991. Caso concreto
72.
Objeto de la
decisión. María Analfi
Santa adujo que las decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta y Dos Laboral del
Circuito de Oralidad de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral iniciado
en su contra por María Patricia Martínez, desconocieron que esta no contó con
la debida representación judicial a lo largo de dicho trámite judicial. Además,
indicó que, en su concepto, la decisión de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá “no tuvo en cuenta las pruebas
obrantes en el proceso”. Al respecto, se advierte que las irregularidades
señaladas por la accionante refieren a la posible configuración del defecto
procedimental absoluto por falta de defensa técnica. En consecuencia, la Sala
Plena (i) expondrá el desarrollo jurisprudencial del defecto
procedimental absoluto por falta de defensa técnica (sección 4.1), y (ii)
analizará si las providencias acusadas incurrieron en el defecto procedimental
absoluto por falta de defensa técnica alegado por la accionante (sección 4.2).
4.1.
El defecto
procedimental absoluto por falta de defensa técnica
73.
Según la jurisprudencia
constitucional, el defecto procedimental se configura “cuando el funcionario
judicial encargado de adoptar la decisión no actúa ciñéndose a los postulados
procesales aplicables al caso y por el contrario desconoce de manera evidente
los supuestos legales, lo cual finalmente deriva en una decisión manifiestamente
arbitraria que de paso vulnera derechos fundamentales”[185].
De un lado, existe un “defecto procedimental absoluto” cuando
la vulneración proviene del desconocimiento de “los derechos fundamentales
al debido proceso, al derecho de defensa y de contradicción, y por
desconocimiento del principio de legalidad”[186]
(art. 29 de la CP). De otro lado, existe un defecto procedimental por “exceso
ritual manifiesto”, cuando se vulnera “en esencia al acceso a la administración
de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal”[187]
(Art. 228 de la CP).
74.
La defensa técnica es “el
derecho de la persona a escoger su propio defensor y, de no ser ello posible, a
ser representado por uno de oficio designado por el Estado, quien a su vez debe
contar con un nivel básico de formación jurídica”[188].
Bajo este supuesto, la falta de defensa técnica es una manifestación del “defecto
procedimental absoluto”, en tanto “se pretermiten eventos o
etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías
que se le reconocen a los sujetos procesales”[189].
No obstante, cuando se alega la presunta vulneración por falta de defensa
técnica, “no es suficiente demostrar que existieron fallas en la defensa del
procesado para que proceda el amparo constitucional”[190],
sino que se debe acreditar que: “(i) la falla no haya estado amparada por
una estrategia de defensa, (ii) que sea determinante del sentido de la decisión
judicial, (iii) que no sea imputable a quien afronta las consecuencias
negativas de la decisión y (iv) que sea evidente la vulneración de los derechos
fundamentales”[191].
75.
El primer requisito
supone que “las fallas de la defensa no pueden estar referidas a
aspectos que se encuentren por dentro de la estrategia del abogado para
proteger los intereses de su apoderado”, dado que “el defensor
cuenta con un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio de su cargo”[192].
El segundo implica que “si las deficiencias en la defensa del implicado
no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o no
aparejan una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no
podría proceder la acción de tutela contra la respectiva decisión judicial”[193].
El tercero prescribe que “la falta de defensa técnica no se hubiese dado por
causa de la negligencia, incuria o abandono total del proceso por parte de
quien la alega, en la medida en que ello deslegitima el interés en la
protección”[194].
El último requisito significa que “la ausencia de defensa técnica debe
haber tenido repercusiones respecto de otros derechos fundamentales de la
persona y debe evaluarse dentro del contexto general del derecho al debido
proceso”[195].
76.
De conformidad con lo
expuesto, la Sala procederá a verificar si las providencias proferidas dentro
del proceso ordinario laboral iniciado por María Patricia Martínez en contra de
María Analfi Santa incurrieron en “defecto procedimental absoluto” por
la falta de defensa técnica de esta última.
4.2.
Se configuró el
defecto procedimental absoluto por la falta de defensa técnica de María Analfi
Santa
77.
Síntesis de las
actuaciones procesales. De
conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tiene que: (i) el
24 de marzo de 2015, María Analfi Santa fue notificada personalmente del auto
admisorio de la demanda ordinaria laboral interpuesta en su contra[196].
Por ello, esta contactó a la abogada “a quien había contratado para que [le]
tramitara la solicitud de pensión” y le confirió “poder especial,
amplio y suficiente”, para que en su “nombre y
representación [contestara] demanda ordinaria laboral interpuesta por la
señora María Patricia Martínez Murcia”[197];
(ii) el 6 de abril de 2015, la apoderada de María Analfi Santa contestó la
demanda ordinaria laboral; (iii) el 21 de julio de 2015, el Juez Treinta
y Dos Laboral del Circuito de Bogotá le reconoció personería para actuar a la
apoderada de María Analfi Santa, de conformidad con el poder allegado por esta
al expediente laboral; además, mediante dicha providencia, inadmitió la
contestación de la demanda, por cuanto la apoderada no relacionó “dentro del
acápite de pruebas documentales la totalidad de documentos aportados”; (iv)
el 10 de noviembre de 2015, el Juez Treinta y Dos Laboral del Circuito de
Bogotá dio por contestada la demanda por parte de María Analfi Santa. No
obstante, advirtió que no tendría “en cuenta las pruebas documentales (…)
como quiera que la demandada en su contestación no relacionó la totalidad de
los mismos, como así se le ordenó en auto anterior”. Tras esta providencia,
la autoridad judicial adelantó las actuaciones restantes al interior del
proceso ordinario laboral, de conformidad con lo expuesto en el párr. 29.
Además, dado que Colpensiones apeló la decisión, se surtió la segunda
instancia, según lo presentado en el párr. 30.
78.
María Analfi Santa
confirió poder a su abogada exclusivamente para contestar la demanda ordinaria
laboral y, por consiguiente, tras dicha actuación procesal no contó con la
debida representación judicial. La Sala observa que el Juez Treinta y Dos Laboral del Circuito de
Bogotá adelantó las actuaciones del proceso ordinario, sin advertir que, tras
la contestación de la demanda, la accionante no contó con un apoderado judicial
que ejerciera su defensa técnica. Con dicha omisión, la autoridad judicial
desconoció “los postulados procesales aplicables al caso”, dado
que, (i) de conformidad con el artículo 33 del Código Procesal del
Trabajo y la Seguridad Social[198],
en el proceso ordinario laboral es necesario actuar por medio de abogado, salvo
en los procesos de única instancia y en las audiencias de conciliación, y (ii)
debió requerir a la accionante para que nombrara un nuevo apoderado, o
asignarle un defensor público, en aras de garantizar su derecho al debido
proceso. En relación con lo primero, se observa que, salvo en la audiencia de
conciliación, el Juez Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá actuó al
margen de los principios que rigen la representación judicial al interior del
proceso ordinario laboral, por cuanto agotó la totalidad de las actuaciones
judiciales, a pesar de que la accionante no podía actuar a nombre propio, por
lo que necesariamente debía ser representada por un apoderado judicial. En
relación con lo segundo, el Juez Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá debió
requerir a la accionante para que nombrara un nuevo apoderado o, incluso, nombrar
a un defensor público, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 24 de 1992[199].
Así, la Sala advierte que la indebida representación judicial de María Analfi
Santa constituyó un “defecto procedimental absoluto” que vulneró su
derecho al debido proceso en los términos de la jurisprudencia constitucional.
Esto, por cuanto la indebida defensa técnica: (i) no estuvo amparada en
una estrategia de defensa judicial, (ii) fue determinante en las decisiones
judiciales cuestionadas, (iii) no le es imputable a la accionante y (iv)
afectó de forma evidente los derechos fundamentales de la accionante.
79.
Primero, la falta de
defensa técnica de María Analfi Santa no se encuentra amparada por una
estrategia de defensa judicial. La Sala considera que la ausencia total de representación judicial de
María Analfi Santa tras la contestación de la demanda no constituye, de forma
alguna, una estrategia de defensa por parte de la abogada. Por el contrario, la
falta absoluta de representación judicial es una clara violación de su derecho
al debido proceso, la cual no se encuentra comprendida bajo el margen de
discrecionalidad con el que contaba la apoderada para ejercer la defensa de
María Analfi Santa. Si bien no es posible concluir con certeza cuál fue la
razón por la cual la accionante y su apoderada acordaron que el poder fuese
conferido en términos tan restrictivos, esto es, para “contestar” la demanda
ordinaria laboral, lo cierto es que esa fue la única actuación que se adelantó
en el proceso en defensa de los intereses de María Analfi Santa. Es más, la
apoderada judicial ni siquiera corrigió la demanda, pese a que el Juez Treinta
y Dos Laboral del Circuito de Bogotá advirtió cuáles serían las consecuencias jurídicas
derivadas de la no subsanación. Por todo lo anterior, se concluye que la falta
de representación judicial de la accionante en las actuaciones posteriores a la
contestación de la demanda no estuvo enmarcada en alguna estrategia que pudiera
favorecer sus intereses en el proceso.
80.
Segundo, la ausencia
defensa técnica de María Analfi Santa fue determinante para el sentido de las decisiones
judiciales. La Sala
advierte que, como consta en las sentencias de primera[200]
y segunda instancia[201]
del proceso ordinario laboral, la falta de representación de María Analfi
Santa tras la contestación de la demanda tuvo efectos definitivos en las
decisiones adoptadas por los jueces. En primera instancia, el juez ordenó la
distribución de la prestación entre María Analfi Santa y María Patricia
Martínez en un porcentaje de 50% para cada una. No obstante, al dictar
sentencia, el juez señaló que (i) no tuvo en cuenta las declaraciones
extra proceso aportadas por María Analfi Santa, por cuanto estas no fueron
debidamente ratificadas en el curso del trámite, de conformidad con el artículo
222 del Código General del Proceso; (ii) la accionante no compareció a
las diligencias del proceso, a pesar de haber sido notificada personalmente de
su existencia, y (iii) la convivencia de María Analfi Santa con el
causante estaría probada sólo por el término de 20 años, de conformidad con las
pruebas allegadas al proceso por la demandante. En segunda instancia, el juez
ordenó que la pensión fuera entregada en un porcentaje del 100% a María
Patricia Martínez, por considerar que no se encontraba probada “la
familiaridad, apoyo y socorro mutuo” entre María Analfi Santa y el
causante. Además, este reprochó que María Analfi Santa no hubiera comparecido
al proceso y que hubiera “hecho caso omiso al despacho comisorio”, de
conformidad con la facultad que le otorga el artículo 61 del Código Procesal
del Trabajo[202].
En consecuencia, es evidente que la inactividad de la accionante tuvo efectos
definitivos en el resultado del proceso, no solo por la valoración que los
jueces hicieron de su conducta procesal, sino también por la imposibilidad de
aportar pruebas que respaldaran su eventual derecho a la sustitución pensional,
así como de controvertir las pruebas aportadas por María Patricia Martínez.
81.
Tercero, la ausencia
de defensa técnica no le es imputable a María Analfi Santa. En el caso sub examine no le es
imputable a la accionante su falta de representación judicial, por cuanto no le
era exigible a esta adelantar gestión alguna a nombre propio, o advertir el alcance
restringido que tenía el poder para actuar que otorgó a su apoderada. Esto, en consideración
a sus condiciones socioeconómicas, su bajo nivel educativo y su desconocimiento
sobre las particularidades procesales del trámite judicial. Por el contrario,
se advierte que, en atención a su contexto y sus condiciones de vulnerabilidad,
esta se comportó de forma diligente en el marco del proceso, dado que: (i)
se desplazó a la ciudad de Bogotá para notificarse personalmente de la demanda
en cuanto tuvo conocimiento de la iniciación del trámite, a pesar de que esta
reside en la ciudad de Manizales, y (ii) confirió poder para contestar
la demanda ordinaria laboral.  Respecto de este último punto, la
accionante señaló que había contratado “con la abogada todo el proceso de
solicitud y consecución de [la] pensión y unos honorarios del 35% del
valor del retroactivo”[203]
y que esta debió informarle que “tenía la opción de solicitar un abogado
de oficio”[204],
dado que “no se iba a hacer cargo del proceso”. En consecuencia,
es claro que la accionante no tenía el conocimiento técnico para identificar
que su representación dentro del proceso estaba limitada a una actuación
puntual, o para vigilar directamente el desarrollo del trámite, máxime cuando
esta, de forma diligente, había encargado la representación de sus intereses a
quien, para ese momento, era su apoderada de confianza.
82.
Cuarto, la ausencia
de defensa técnica de María Analfi Santa afectó de forma evidente sus derechos
fundamentales. La
accionante indicó que “casi cuatro años después de estar recibiendo
la pensión”[205]
fue notificada por Colpensiones sobre la revocatoria total de la pensión,
en atención a la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá. Como se observa, la falta de defensa técnica no solo vulneró su
derecho al debido proceso y a aportar y controvertir pruebas, sino que afectó de
forma contundente su mínimo vital y su derecho a la seguridad social, por
cuanto esta dependía completamente de la pensión que le había sido reconocida
previamente.
83.
En conclusión, el Juez
Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá desconoció “los postulados
procesales aplicables al caso”, por cuanto adelantó el trámite
laboral ordinario de primera instancia, a pesar de que María Analfi Santa no
contaba con la debida representación judicial y, con ello, vulneró su derecho
fundamental al debido proceso. Además, dicha omisión por parte de la autoridad
judicial configuró un “defecto procedimental absoluto” por
ausencia de defensa técnica, dado que (i) no se encontraba amparada por
una estrategia de defensa judicial; (ii) no le era imputable a María Analfi
Santa, (iii) fue determinante para el sentido de las decisiones
judiciales y (iv) afectó de forma evidente los derechos fundamentales de
la accionante. Por ello, la Sala Plena dejará sin efectos todas las
actuaciones surtidas tras la contestación de la demanda en el proceso ordinario
laboral, con el fin de que el Juez Treinta y Dos Laboral las adelante
nuevamente. Además, aunque la accionante también dirigió su ataque en contra de
lo resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, se advierte que, dado que el
efecto decisivo de la irregularidad se concretó desde la contestación de la
demanda, momento en el cual esta se quedó sin representación judicial, resulta
irrelevante analizar las actuaciones surtidas por el juez de segunda instancia,
las cuales, en todo caso, deberán adelantarse nuevamente de ser procedente.
84.
La Sala Plena también
observa que, dadas las condiciones de vulnerabilidad de la accionante, y en
atención a que durante el proceso mediante el cual se le revocó su derecho
pensional se desconoció su derecho al debido proceso, es necesario dejar sin
efectos la Resolución SUB 36144 del 12 de febrero de 2019, proferida por
Colpensiones. Esto, por cuanto mediante dicho acto administrativo se dio
cumplimiento a la orden proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, la cual ordenó que se otorgara el 100% de la pensión a María Patricia
Martínez. Así, mientras se surten nuevamente las actuaciones del proceso
ordinario laboral, Colpensiones deberá restablecer el pago de la mesada
pensional a María Analfi Santa y a María Patricia Martínez, en los términos
dispuestos por la Resolución SUB 59894 del 3 de septiembre de 2015, hasta tanto
la Jurisdicción Ordinaria Laboral resuelva el conflicto entre las solicitantes
de la prestación social.
85.
Órdenes a impartir
en el proceso T-7.607.911.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional (i)
revocará la sentencia proferida el 20 de agosto de 2019 por la Sala de
Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó la decisión de 10 de julio de 2019 proferida la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negaron el amparo de los
derechos de María Analfi Santa. En su lugar, la Sala Plena amparará el
derecho al debido proceso de la accionante, por cuanto se configuró un “defecto
procedimental absoluto” en el trámite del procedimiento ordinario laboral; (ii)
dejará sin efectos todas las actuaciones surtidas tras la contestación de
la demanda en el proceso ordinario laboral identificado con el número
11001-3105-032-2014-0073400, con el fin de que el Juez Treinta y Dos Laboral
del Circuito de Bogotá adelante nuevamente dichas actuaciones, en aras de
garantizar el debido proceso de María Analfi Santa; y (iii) dejará sin
efectos la Resolución SUB 36144 del 12 de febrero de 2019, proferida por
Colpensiones y le ordenará a dicha entidad que restablezca el pago de la
mesada pensional a María Analfi Santa y a María Patricia Martínez, en los
términos dispuestos por la Resolución SUB 59894 del 3 de septiembre de 2015,
hasta tanto la Jurisdicción Ordinaria Laboral resuelva el conflicto entre las
solicitantes de la prestación social.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada por medio del auto
del 20 de noviembre de 2019.
Segundo.-CONFIRMAR PARCIALMENTE, por las razones expuestas, la sentencia
proferida el 6 de agosto de 2019 por la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que amparó los derechos
al debido proceso, seguridad social y mínimo vital de María Emma Cardona
(expediente T-7.599.111).
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 3 de septiembre
de 2019 por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas en esta providencia
(expediente T-7.599.111).
Cuarto.- ORDENAR al Municipio de Medellín que, en el término de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo,
profiera acto administrativo mediante el cual reconozca la sustitución
pensional a María Emma Cardona y Sol Amparo Rivera, en proporción al tiempo
convivido con el causante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia  (expediente T-7.599.111).
Quinto.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2019 por la
Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó la decisión de 10 de julio de 2019 proferida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negaron el
amparo de los derechos de María Analfi Santa. En su lugar, AMPARAR el
derecho al debido proceso de la accionante, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia (expediente T-7.607.991).
Sexto.- DEJAR SIN EFECTOS todas las actuaciones surtidas tras la contestación
de la demanda en el proceso ordinario laboral identificado con el número
11001-3105-032-2014-0073400, con el fin de que el Juez Treinta y Dos Laboral
del Circuito de Bogotá adelante nuevamente dichas actuaciones, en aras de
garantizar el debido proceso de María Analfi Santa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia (expediente T-7.607.991).
Séptimo.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución SUB 36144 del 12 de febrero
de 2019, proferida por Colpensiones. En consecuencia, ORDENAR a
Colpensiones que restablezca el pago de la mesada pensional a María Analfi
Santa y a María Patricia Martínez, en los términos dispuestos por la Resolución
SUB 59894 del 3 de septiembre de 2015, hasta tanto la Jurisdicción Ordinaria
Laboral resuelva el conflicto entre las solicitantes de la prestación social
(expediente T-7.607.991).
Octavo.- Por medio de la Secretaría General, DEVOLVER los expedientes
identificados con los números 05001-31-05-006-2011-01423-00 (CUI) y
11001-3105-032-2014-00734 a sus juzgados de origen, los cuales fueron allegados
en calidad de préstamo.
Noveno.- LIBRAR por Secretaría General la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión,
fl. 92.
[2] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela,
fl. 58.
[3] Expediente T-7.599.111, Cno. de
revisión, fl. 91.
[4] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión,
fls 99 y 107.
[5] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fls. 25 a 38.
[6] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 11.
[7] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 2.
[8] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 5.
[9] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión,
fls. 119 a 124.
[10] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
62.
[11] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 45.
[12] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
46
[13] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fls. 95 y 97; Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 73.
[14] Expediente T-7.599.111, Cno. de
revisión, fl. 103.
[15] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 46.
[16] Expediente T-7.599.111, Cno. de
revisión, fl. 105.
[17] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 17.
[18] Expediente T-7.599.111, Cno. de
revisión, fl. 106.
[19] Expediente T-7.599.111, Cno.
de revisión, fl. 103.
[20] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 3
[21] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 18.
[22] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fls. 21 a 29.
[23] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 22.
[24] Expediente T-7.599.111, Cno del proceso
ordinario laboral, fl. 22.
[25] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 27.
[26] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 69.
[27] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 85.
[28] De conformidad con el artículo 1 del
Acuerdo PSAA11-8985 del 15 de diciembre de 2011, el proceso fue remitido a “la
oficina judicial de Medellín para que sea repartido a uno de los juzgados de
descongestión”. Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 89.
[29] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 226.
[30] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 220.
[31] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 223.
[32] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 224.
[33] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 224.
[34] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fls. 228 a 233.
[35] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fls. 233 a 235.
[36] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fls. 237 a 298.
[37] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 244.
[38] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 320.
[39] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 320.
[40] Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 321.
[41] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 326.
[42] Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso
extraordinario de casación, fl.11.
[43] Señaló que el Tribunal Superior de Medellín debió considerar las
siguientes disposiciones: Ley 71 de 1988 (art. 3); Ley 12 de 1975 (art.1 y 2);
Ley 797 de 2003 (art.13); Ley 44 de 1980 (arts. 1 y 2); Decreto 1160 de 1989
(arts. 5, 6 y 7); Ley 153 de 1887 (art. 5); Ley 57 de 1887 (art. 5); Decreto
1045 de 1978 (art. 54); Ley 4 de 1976 (art. 8); Ley 113 de 1985 (arts. 1 y 2).
[44] Señaló que el Tribunal Superior de
Medellín debió considerar las siguientes disposiciones: Código Civil (arts. 63,
1502, 1820, ordinales 2º, 3º); Código de Procedimiento Civil (arts. 3, 174,
175, 177, 178, 180, 217, 218, 305 y 306); Código de Procedimiento Laboral
(arts. 50, 51, 54, 60, 61 y 145); Constitución Política (arts. 13, 29, 43, 48,
53 y 58).
[45] Expediente T-7.599.111, Cno. del
recurso extraordinario de casación, fl. 18.
[46] Expediente T-7.599.111, Cno. del
recurso extraordinario de casación, fl. 39.
[47] El proceso fue repartido a la Sala 4ª
de Descongestión Laboral, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1781 del 20 de
mayo de 2016 y el Acuerdo PCSJA17-10647 de 2017. Expediente T-7.599.111, Cno. recurso extraordinario de casación, fl. 71.
[48] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
60.
[49] Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso
extraordinario de casación, fls. 81 a 82.
[50] Expediente T-7.599.111, Cno. del recurso
extraordinario de casación, fl. 78.
[51] Ley 16 de 1969, artículo 7: “El
error de hecho será motivo de la casación laboral solamente cuando provenga de
falta de apreciación o apreciación errónea de un documento autentico, de una
confesión judicial o de una inspección ocular; pero es necesario que se le
alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en tal
error y siempre que éste aparezca de manifiesto en los autos”.
[52] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 18.
[53] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 17.
[54] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
18.
[55] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 15.
[56] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
17.
[57] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
14.
[58] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 13.
[59] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 126.
[60] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela,
fls. 128 a 139.
[61] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 142.
[62] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 171.
[63] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
167.
[64] Expediente T-7.599.111, Cno.
de revisión, fls. 6 a 30.
[65] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión,
fl. 23.
[66] Código Sustantivo del Trabajo,
artículo 16: “Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen
efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de
trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas
empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan
situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores”.
[67] Ver las siguientes sentencias de la
Corte Suprema de Justicia: SL8430-2014, SL3155-2019, SL7039-2017, SL1622-2019.
[68] Sentencia T-110 de 2011.
[69] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 36.
[70] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl.35.
[71] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fls. 37 y 38.
[72] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 11.
[73] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 4.
[74] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 40.
[75] Expediente T-7.599.111, Cno. de
revisión, fl. 139.
[76] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión,
fl. 380.
[77] Expediente T-7.599.111, Cno. de
revisión, fl. 139.
[78] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 15.
[79] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 16.
[80] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 47.
[81] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 47.
[82] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 174.
[83] En relación con la proporción de tiempo convivido con el causante,
concluyó que la señora María Analfi Santa vivió con el causante “del 18 de
mayo de 1974 al 20 de noviembre de 2013”, mientras que la señora María
Patricia Martínez “convivió (…) del 20 de noviembre de 1994 al 20 de
noviembre de 2013”. Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 83.
[84] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fls. 83 a 84.
[85] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 3.
[86] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 12.
[87] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 5.
[88] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 28.
[89] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 66.
[90] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 66.
[91] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 67.
[92] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 70.
[93] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fls. 71 y 77.
[94] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 79.
[95] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fls. 87 a 90.
[96] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 90.
[97] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 99.
[98] Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 61: “El
Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que
informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes
del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.
[99] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1, fl. 179.
[100] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 117.
[101] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1, fl. 4.
[102] Esta pretensión fue incorporada por
la accionante en un memorial de “adición de pretensiones”, el cual fue
presentado el 11 de julio de 2019. Expediente T-7.607.991, Cno. de
tutela 2, fl. 107.
[103] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1, fl. 4.
[104] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1,
fl. 3.
[105] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1,
fl. 2.
[106] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1, fl. 3.
[107] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 2.
[108] La Sala de Casación Laboral ordenó vincular a las siguientes
personas y entidades: Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá; magistrado Luis Alfredo Barón Corredor; Luis Miguel Rodríguez
Garzón, gerente de defensa Judicial de Colpensiones; Malky Katrina Ferro Ahcar,
directora de acciones constitucionales Colpensiones; Juan Miguel Villa,
presidente de Colpensiones; Clara Name Bayona, jefe de la oficina jurídica de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Camilo Gómez Alzate,
director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Gloria
Inés Cortes, directora general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales; Salvador Ramírez, Subdirector Jurídico
de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales;
Carlos Eduardo Umaña Lizarazo, director jurídico de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión y Contribuciones Parafiscales; Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; María Patricia Martínez. Expediente
T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fls. 2 a 36.
[109] El Ministerio de Hacienda solicitó su
desvinculación, por falta de legitimación por pasiva Expediente
T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 41.
[110] La UGPP solicitó su desvinculación del proceso. Al respecto, señaló
que ni José Roger Agudelo ni María Analfi Santa tenían expediente pensional en
esa entidad. Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 55.
[111] El Ministerio del Trabajo solicitó que la acción se declarara
improcedente, por cuanto dicha entidad “no ha vulnerado ni puesto en peligro
derecho fundamental alguno”. Expediente T-7.607.991, Cno. de
tutela 2, fl. 86.
[112] Colpensiones solicitó que se negara el amparo, dado que este “no
es el mecanismo adecuado para conseguir la satisfacción del derecho reclamado
por el actor, teniendo en cuenta que no puede constituirse en una tercera
instancia para analizar el litigio objeto de debate”. Expediente
T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 111.
[113] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 124.
[114] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 127.
[115] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 128.
[116] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 128.
[117] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 153.
[118] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 152.
[119] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 153.
[120] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 3, fl. 8.
[121] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 3, fl. 9.
[122] Pruebas decretadas: Expediente
T-7.599.111: (i) al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín
le solicitó enviar en calidad de préstamo el expediente del proceso ordinario
iniciado por Sol Amparo Rivera en contra de María Emma Cardona y (ii) a
la Alcaldía Municipal de Medellín le solicitó enviar copia física o digital del
expediente pensional del señor Luis Gonzalo Jaramillo. Expediente
T-7.607.991: (i) al Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá le
solicitó enviar en calidad de préstamo el expediente del proceso ordinario
laboral iniciado por María Patricia Martínez en contra de Colpensiones; (ii)
a Colpensiones le solicitó enviar copia física o digital del expediente
pensional del señor Jose Roger Agudelo y (iii) a las señoras María
Analfi Santa y Gloria Amparo Márquez les solicitó enviar un informe, por medio
del cual indicaran cuáles fueron sus actuaciones en el marco del proceso
ordinario laboral iniciado por María Patricia Martínez.
[123] En sede de revisión se recibieron las
siguientes pruebas: Expediente T-7.599.111. (i) el expediente del
proceso ordinario iniciado por Sol Amparo Rivera en contra de María Emma
Cardona, remitido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín y (ii)
copia física y digital del expediente pensional del señor Luis Gonzalo
Jaramillo, remitida por la Alcaldía Municipal de Medellín (Cno. de revisión,
fls. 83 a 134). Expediente T-7.607.991: (i) el expediente del
proceso ordinario laboral iniciado por María Patricia Martínez en contra de Colpensiones,
remitido por el Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá en calidad
de préstamo; (ii) copia física y digital del expediente pensional del
señor Jose Roger Agudelo (Cno. de revisión, fls. 134 a 139); (iii) informes
rendidos por la señora María Analfi Santa (Cno. de revisión, fls. 140 a 220;
fls. 303 a 307; fls. 372 a 380), y (iv) informe rendido por la señora
Gloria Amparo Márquez (Cno. de revisión, fls. 326 a 330).
[124]  Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fls. 176 a 280 y fls. 382 a 387.
[125] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fls.
416 a 423.
[126] Sentencia T-244 de 2016.
[127] Sentencia T-133 de 2015.
[128] Cfr.
Sentencia C-590 de 2005.
[129] Sentencia C-590 de 2005.
[130] Expediente T-7.599.111, Cno. de
tutela, fl. 21.
[131] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela, fl.
132 y 136.
[132] Expediente T-7.599.111, Cno. de tutela,
fls. 133 a 139.
[133] Sentencia T-190 de 1993.
[134] Sentencia T-555 de 2019.
[135] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 2, fl. 153.
[136] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 23.
[137] Sentencia T-385 de 2018.
[138] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1, fl. 3.
[139] Expediente T-7.607.991, Cno. de tutela 1, fl. 2.
[140] Sentencia T-245 de 2017.
[141] Sentencia C-1035 de 2008.
[142] Sentencia C-002 de 1999.
[143] Sentencia C-1035 de 2008.
[144] Sentencia C-1035 de 2008.
[145] El aparte tachado fue declarado
inexequible mediante la Sentencia C-1176 de 2001, dado que la “restricción
demasiado amplia que figura en la norma acusada quebranta en estos términos el
principio de igualdad, contenido en el artículo 13 de la Carta Política, porque
establece un tratamiento diferenciado, a todas luces injusto, frente a quienes
inician vida marital con el causante con anterioridad a que éste adquiera el
derecho a la pensión. El tratamiento discriminatorio viene impuesto, entonces,
por una coincidencia de fechas que no atiende a la verdadera intención de las
partes cuando deciden iniciar una vida común, lo cual va en detrimento obvio de
la protección prevalente que el Estado debe a la familia como institución
básica de la sociedad (art. 5º C.P.)”.
[146] Sentencia C-389 de 1996.
[147] La Corte Suprema de Justicia también ha sostenido que “la
cónyuge sí tiene un derecho preferencial a recibir la pensión de
sobrevivientes, en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su
redacción original, pero cuando demuestra la convivencia por el término legal y
se enfrenta a hipótesis de convivencia simultánea con una compañera permanente
hasta el momento de la muerte” Ver CSJ SL11921-2014, CSJ SL13235-2014, CSJ
SL13273-2016, CSJ SL13450-2016 y CSJ SL14078-2016.
[148] Corte Suprema de Justicia,
SL1102-2018, radicación No. 54971, 12 de abril de 2018.
[149] Corte Suprema de Justicia,
SL6519-2017 del 10 de mayo de 2017.
[150] Corte Suprema de Justicia, SL1102-2018, radicación No. 54971, 12 de
abril de 2018.
[151] Sentencia C-389 de 1996.
[152] Corte Suprema de Justicia, SL15654-2014, radicación No. 47586, 12
de noviembre de 2014.
[153] Ver las sentencias T-197 de 2010 y
T-324 de 2014.
[154] Sentencia T-245 de 2017.
[155] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
radicación no. 24235, 25 de octubre de 2005.
[156] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
radicación no. 24235, 25 de octubre de 2005.
[157] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
radicación no. 30141, 10 de mayo de 2007.
[158] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
radicación no. 34466, 15 de octubre de 2008.
[159] Por ejemplo, mediante la sentencia SL
1399-2018, que resolvió un caso según la Ley 797 de 2003, la Sala de Casación
Laboral retomó la jurisprudencia desarrollada en vigencia del artículo 47
original de la Ley 100 de 1993 y señaló que “pueden existir eventos en los
que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de
circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual
no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la
pareja si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo,
solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y
distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción
meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio”.
[160] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
SL 2010-2019, radicación no. 45045.
[161] Sentencia SU 337 de 2017.
[162] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, radicación No. 28393, 28 de noviembre de 2006.
[163] Sentencia C-397 de 2007.
[164] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10 de octubre de
1996, expediente 11223, 10 de octubre de 2006. Expediente 893/99.
[165] Ley 100 de 1993, artículo 279: “El Sistema Integral de
Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el
Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la
vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las
Corporaciones Públicas”.
[166] Sentencias T-066 de 2009 y T-066 de 2019.
[167] Sentencia SU 453 de 2019.
[168] Sentencia T-367 de 2018.
[169] Sentencia SU 453 de 2019.
[170] Sentencia SU 050 de 2017.
[171] Este hecho lo respaldan las
siguientes declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento durante la
primera instancia del procedimiento ordinario laboral: (i) Miguel Ángel
Laverde, familiar del causante, manifestó que “siempre vi la
convivencia de pareja durante todo el tiempo que frecuenté dicha familia (…)
hasta mediados de los años 80, después supe que por sus problemas de alcohol
Luis Gonzalo con frecuencia abandonaba su casa, se iba a vivir a una pieza de
alquiler, luego regresaba a su casa y así se mantuvo hasta el momento de su
muerte” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 133); (ii) Ana Cristina
Jaramillo, hija del causante y de la accionante, señaló que estos vivieron
“como esposos, desde que se casaron en el año 1952 y hasta aproximadamente
1983” (Expediente T-7.599.111,
Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 154); (iii) Juan Gonzalo Jaramillo, hijo del causante y de la
accionante, señaló que estos “convivieron bajo el mismo techo desde
el 52 y de manera continua hasta el 83 u 84, cuando por acuerdo con él, se fue
a vivir a otra parte” (Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 163).
[172] Este hecho lo respaldan las
siguientes declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento durante la
primera instancia del procedimiento ordinario laboral: (i) Miguel Ángel
Laverde, familiar del causante, señaló que “el señor Luis Gonzalo
tenía problemas de convivencia familiar por su condición de alcohólico” y
que el “estatus socioeconómico [de Luis Gonzalo Jaramillo] se degradó
al máximo por su condición de alcohólico” (Expediente T-7.599.111,
Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 134 y 135); (ii)
María Libia Jaramillo, hermana del causante, expuso que “el
matrimonio duró muchos años, hasta que mi hermano decidió tomar mucho, entonces
Emma decidió que tenía que salir de la casa, por la dificultad para Emma
bregarlo en el estado de embriaguez que se encontraba” y que “mientras
tuvieron sus hijos él permaneció en el hogar y el problema de convivencia se
deterioró por el estado de alcohol de mi hermano” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 149 y 152); (iii) Ana Cristina Jaramillo, hija del
causante y de la accionante, señaló que la separación se “debió a los
problemas de alcoholismo de mi papá, debido a que mi mamá Emma pasaba mucho
tiempo sola y la llamaban para que fuera a recoger a mi papá en un alto estado
de embriaguez a la tienda donde él bebía y para Emma mi mamá era muy difícil ir
a recoger a una persona como Luis Gonzalo ebrio, luego llegaba a la casa de mal
carácter y esta situación que era casi a diario tenía muy preocupados a mis
hermanos y a mí, ya que mi mamá Emma no podía estar recogiendo a Luis Gonzalo,
adicionalmente porque cada quincena que le pagaba el municipio,  mi papá bebió
con mayor razón y le robaban siempre el dinero, en la ida o regreso a la casa”
(Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 158); (iv) Juan Gonzalo Jaramillo, hijo del causante y
de la accionante, señaló que “mi papa tuvo problemas de alcoholismo
desde que yo tengo uso de razón, problema que se le agudizó una vez se jubiló
puesto que como ya tenía el día libre entonces empezaba a tomar aguardiente ya
no desde las 6 de la tarde que salía del trabajo sino desde medio día. Esta
situación se fue agudizando y por eso en dos ocasiones fue recluido en una
clínica para tratamiento de desintoxicación, sin embargo, desafortunadamente
los resultados no fueron favorables por el contrario una vez salía de
tratamiento incluso sin terminarlo, volvía a beber en grandes cantidades”
(Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 166); (v) María Emma Cardona señaló en el
interrogatorio de parte que “como él tomaba mucho yo le dije que no
volviera, como él tomaba mucho ya uno con los muchachos era muy horrible” y
que “él era muy vicioso, era alcohólico. Yo le dije que ya no podíamos vivir
juntos, que ya no aguantaba el vicio de él” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 176).
[173] Este hecho lo respaldan las
siguientes declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento durante la
primera instancia del procedimiento ordinario laboral: (i) Ana Cristina
Jaramillo, hija del causante y de la accionante, señaló que “esa
situación [el alcoholismo] llevó a que le dijéramos a mi papá Luis que
era mejor que él buscara donde vivir, por él. Él se fue, regresó, iba a
quedarse unos días donde su mamá Ester. Mis tías le consiguieron una
habitación, luego volvió a la casa, volvía donde mi abuela, volvía a la casa y
se repetía la situación y ya cuando se fue a vivir a Machado en la casa de la
señora Amparo, esa fue la razón principal” (Expediente T-7.599.111,
Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 158); (ii)
Juan Gonzalo Jaramillo, hijo del causante y de la accionante, señaló que: (a)
“le solicitamos que era mejor que buscara un sitio donde viviera
para evitar las dificultades que se presentaba[n] con él con sus estados
de embriaguez, le solicitamos que era mejor que buscara un sitio donde viviera
para evitar las dificultades que se le presentaban a mi mama Emma y el mal
ejemplo que era para los dos hijos menores. Solicitud que el atendió inicialmente
de manera parcial y al cabo de algunos años de manera definitiva, pero
manteniendo la relación con los hijos”; (b) María Emma Cardona convivió con el causante hasta que “por
acuerdo con el, el se fue a vivir a otra parte”; (c) María
Emma Cardona “estuvo de acuerdo, porque a ella era a la que le tocaba
atender los problemas que se presentaban con él cuando llegaba embriagado dado
que los hijos mayores estábamos estudiando hasta las horas de la noche.
Dificultades como que le pedían que fuera a recogerlo a una tienda cerca de la
casa porque por su estado de embriaguez no podía caminar”; y (d) que el alcoholismo del causante “fue lo que
finalmente condujo a solicitarle donde vivir para solicitar (sic) los
inconvenientes que estaba generando en el hogar, pues ya se tornaba agresivo y
todo lo que conllevaba atender a una persona con los problemas de alcoholismo”
(Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 163 y 166).
[174] Este hecho lo respaldan las
siguientes declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento durante la
primera instancia del procedimiento ordinario laboral: (i) María Libia
Jaramillo, hermana del causante, señaló que este “iba con frecuencia
porque la relación no fue como del todo (sic), él iba de vez en cuando
no se si en calidad de esposo o de visita”, pero “no volvió a
vivir con doña Emma” (Expediente T-7.599.111, Cno.
del proceso ordinario laboral, fl. 149); (ii)
Juan Gonzalo Jaramillo, hijo del causante y de la accionante, señaló que esta
nunca interpuso demanda de alimentos, dado que “Luis Gonzalo siguió
atendiendo sus compromisos con el hogar y básicamente con los menores” y “mantuvo
su apoyo económico a la casa y los hijos que trabajábamos aportábamos algo para
el mantenimiento”; también expuso en relación con la accionante que “para
mi es claro que ella se sintió durante todo el tiempo hasta la muerte de mi papá
como su esposa, igual a como lo sentimos y creemos todos los hijos a pesar de
que no viviera bajo el mismo techo, el hecho de que una persona esté por fuera
de su hogar un tiempo no quiere decir que deje de ser miembro de esa familia”
(Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 168) (ii) Ana Cristina Jaramillo, hija del
causante y de la accionante, señaló que esta nunca interpuso demanda de
alimentos, dado que “él siempre llevaba el dinero a la casa para la
manutención de mis hermanos que eran menores” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 156). (iii) María Emma Cardona
señaló en el interrogatorio de parte que no convivía con el causante al momento
de su muerte, pero que este le “mandaba la plata con uno de los hijos”
con lo que cubría los gastos de la “casa que era la alimentación de
los hijos míos y la mía y los servicios” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 177).
[175] Este hecho lo respaldan las
siguientes declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento durante la
primera instancia del procedimiento ordinario laboral: (i) María Libia
Jaramillo, hermana del causante, señaló que “Emma sólo trabajó cuando estaba
soltera, después de casada no supe que haya trabajado” (Expediente
T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 151); (ii) Ana Cristina Jaramillo, hija del causante y
de la accionante, señaló que esta última no tenía trabajo al momento de la
muerte del causante y que “es y fue ama de casa” (Expediente
T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 156); (iii) Juan Gonzalo Jaramillo, hijo del causante y
de la accionante, señaló que esta no tenía trabajo al momento de la muerte del
causante, quien “fue ama de casa durante todo el matrimonio” y
que, actualmente, esta “subsiste de la pensión de jubilación de [Luis
Gonzalo Jaramillo], la parte con la que ella queda, que es un 50% de la
pensión que le paga el Municipio de Medellín” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 165 y 166).
[176] Este hecho lo respaldan las
siguientes declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento durante la
primera instancia del procedimiento ordinario laboral: (i) Ana Cristina
Jaramillo, hija del causante y de la accionante, señaló que “él se fue de la
casa y regresó en dos o tres oportunidades y por su problema de alcoholismo era
muy difícil la convivencia de mi mamá con él” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 151); (ii) Juan Gonzalo Jaramillo, hijo del causante y
de la accionante, señaló que Luis Gonzalo Jaramillo “buscó vivir en algunas
casas de familia donde le arrendaban una habitación, seguramente no se amañaba
y trataba de regresar a la casa por algún espacio de tiempo” (Expediente
T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 164); (iii) Sol Amparo Rivera señaló en el
interrogatorio de parte que Luis Gonzalo Jaramillo “luchó mucho por
volver a la casa y no se dieron las cosas porque doña Emma ya no lo aceptaba”
(Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 178).
[177] Este hecho lo respaldan las siguientes declaraciones rendidas bajo
la gravedad de juramento durante la primera instancia del procedimiento
ordinario laboral: (i) Sori Zapata Guzmán, amiga de Sol Amparo Rivera y
de su hija, señaló que “yo siempre los conocí como pareja como
cónyuges, ellos no eran casados, vivían en unión libre, lo conocí más o menos
del 83 u 85 y hasta que falleció vivió con Amparo, que fue en el 95” (Expediente
T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 136); (ii) María Adelina Arango, vecina de Sol Amparo
Rivera, expuso que el causante y Sol Amparo Rivera vivieron “en
calidad de pareja, 14 años, fue hasta que él falleció”. (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 147); (iii) Beatriz Cecilia de los Dolores, vecina de
Sol Amparo Rivera, señaló que “lo que yo conozco es que del 89 a 95
que el murió, ese fue el tiempo que yo sé que convivieron juntos, porque fue el
tiempo que los conocí, cuando yo los conocí ellos ya vivían juntos” y
“no se llegaron a separar”. (Expediente T-7.599.111,
Cno. del proceso ordinario laboral, fl. 153); (iv)
Sol Amparo Rivera señaló en el interrogatorio de parte que vivió con el
causante “14 años hasta que se murió, yo lo conocí en el 81 y él se
murió en el 95”. (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fl. 177).
[178] Este hecho lo respaldan las
siguientes declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento durante la
primera instancia del procedimiento ordinario laboral: (i) Sori Zapata
Guzmán, amiga de Sol Amparo Rivera y de su hija, señaló que, al momento de la
muerte del causante, este “vivía con Amparo y Astrid, lo sé porque yo
vivo cerca de la casa de ellos y hemos sido amigos toda la vida, de hecho
cuando el estuvo en el Hospital, como yo no pude ir a visitarlo, yo llamaba a
Amparo y Astrid para preguntarle cómo había amanecido” y que “ellos
nunca se separaron, lo sé porque yo iba todos los días a la casa y en el tiempo
que ellos me dieron posada, amparo y Gonzalo tenían su habitación y Astrid
tenía la de ella” (Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fls. 137); (ii) María
Adelina Arango, vecina de Sol Amparo Rivera, señaló que esta cuidó al
causante durante su enfermedad y que le constaba porque “la llamaba a ella
todas las noches a preguntarle cómo seguía Don Gonzalo”; también
señaló que Sol Amparo Rivera “cuando vivía con Gonzalo ya no volvió a
trabajar, porque Gonzalo veía por ella” (Expediente T-7.599.111,
Cno. del proceso ordinario laboral, fls. 148 y 149);
(iv) Adriana María Yepes, vecina de Sol Amparo Rivera, indicó: “yo a
ellos los conocí cuando eran novios y luego ellos se organizaron” y dicha
relación duró “hasta que Don Gonzalo murió”; también afirmó que Sol
Amparo Rivera “dependía de [Luis Gonzalo Jaramillo], de la pensión
que él recibía” y que esta dejó de trabajar como ascensorista “porque
se organizó con Gonzalo y él se la llevo a vivir en familia ellos 3, Gonzalo,
Astrid y Amparo” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso
ordinario laboral, fls. 160 y 162); (v) Sol Amparo Rivera señaló en el
interrogatorio de parte que, tras iniciar su convivencia con Luis Gonzalo
Jaramillo, dejó de trabajar dado que “el no quiso que siguiera
trabajando” (Expediente T-7.599.111, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 178).
[179] Expediente T-7.599.111, Cno. del
proceso ordinario laboral, fl. 16.
[180] Ley 797 de 2003, artículo 13: “Beneficiarios
de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:  a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; b) En forma
temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el
literal a). // Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo,
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido. // En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
[181] Sentencia SU 337 de 2017.
[182] Sentencia SU 337 de 2017.
[183] Sentencia T-190 de 1993.
[184] Sentencias T-202 de 2018 y SU 184 de
2019.
[185] Sentencia T-309 de 2013.
[186] Sentencia SU 573 de 2017.
[187] Sentencia SU 573 de 2017.
[188] Sentencia T-561 de 2014.
[189] Sentencia SU 159 de 2002.
[190] Sentencia T-450 de 2011.
[191] Sentencia T-561 de 2014.
[192] Sentencia T-561 de 2014.
[193] Sentencia T-561 de 2014.
[194] Sentencia T-309 de 2013.
[195] Sentencia T-561 de 2014.
[196] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 21.
[197] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario laboral,
fl. 28.
[198] Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, artículo 33: “Para litigar en causa propia o ajena se
requerirá ser abogado inscrito, salvo las excepciones de que trata la ley 69 de
1945. Las partes podrán actuar por sí mismas, sin intervención de abogados,
en procesos de única instancia y en las audiencias de conciliación”.
[199] Ley 24 de 1992, artículo 21: “La Defensoría Pública se prestará
en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en
imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus
derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin
de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de
cualquier autoridad pública.// En materia penal el servicio de Defensoría
Pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del
Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del
Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la
investigación previa. Igualmente se podrá proveer en materia laboral, civil y
contencioso-administrativa, siempre que se cumplan las condiciones establecidas
en el inciso 1º de este artículo. // En los asuntos laborales y contencioso
administrativos los Defensores Públicos tendrán la calidad de representantes
judiciales o apoderados y para ello requerirán otorgamiento de poder por parte
del interesado”.
[200] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 90.
[201] Expediente T-7.607.991, Cno. del proceso ordinario
laboral, fl. 99.
[202] Código Procesal del Trabajo, artículo 61: “Libre formación del
convencimiento. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo
tanto formara libremente su convencimiento, inspirándose en los principios
científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las
circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las
partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad
sustancian actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. En todo
caso, en la parte motiva de la sentencia el Juez indicara los hechos y
circunstancias que causaron su convencimiento”.
[203] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 372.
[204] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl. 372.
[205] Expediente T-7.599.111, Cno. de revisión, fl.
141.