T-408-15
Sentencia T-408/15
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia excepcional cuando prestan un servicio público o
actividad de interés público
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Criterios de
valoración por parte del juez para determinar la protección constitucional a
sujetos de especial protección constitucional/ACCION DE TUTELA Y REQUISITO
DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección
constitucional
PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE
VIH/SIDA-Reiteración de jurisprudencia
LIBERTAD CONTRACTUAL-Límites
constitucionales en el ejercicio de actividades que involucren un interés
público/ENTIDAD ASEGURADORA-Límites a libertad contractual
LIBERTAD CONTRACTUAL EN MATERIA DE SEGUROS-Límites
PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL EN EL SISTEMA JURIDICO COLOMBIANO
La pérdida de
capacidad laboral por un estado de invalidez además de excluir del mercado
laboral al trabajador, aun cuando se tenga derecho a una pensión o
indemnización, tal condición implica la disminución significativa de los
ingresos con los cuales la persona procura de ordinario satisfacer sus
necesidades personales y familiares. Además del deterioro físico, síquico o
sensorial que sufre el empleado por razón de su invalidez, hay una afectación
al mínimo vital porque sus ingresos se ven disminuidos, generando un estado de
debilidad respecto del cual debe operar el principio de solidaridad exigible al
Estado, la familia y la sociedad. En relación con las enfermedades
degenerativas, crónicas o congénitas, donde la estructuración de la pérdida de
capacidad laboral se establece con fecha anterior a la del dictamen, esta
Corporación ha determinado que “ese dictamen vulnera el derecho a la seguridad
social y al mínimo vital de los afiliados al Sistema”. El dictamen de pérdida
de capacidad laboral determina la condición de una persona y se establece por
medio de una calificación que realizan las entidades autorizadas por la ley
–artículo 41 de la Ley 100 de 1993-, indicándose el porcentaje de afectación
producida por la enfermedad, en términos de deficiencia, discapacidad, y
minusvalía , de modo que se le asigna un valor a cada uno de estos conceptos,
lo cual determina un porcentaje global de pérdida de la capacidad laboral, el
origen de esta situación y la fecha en la que se estructuró la invalidez.
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA
O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez
desde el momento de la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
ACCION DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para el pago de póliza cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional y los medios ordinarios no son idóneos
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora y al Fondo Nacional del Ahorro, pague la póliza de
seguro que respalda crédito hipotecario del accionante, quien es portador de
VIH/SIDA
Referencia: expediente T-4.855.804
Acción de tutela instaurada por AA contra el Fondo Nacional del
Ahorro y AXA COLPATRIA Seguros S.A.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos
86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 33 y concordantes del
Decreto Estatutario 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el
emitido por el Juzgado 9º Civil del Circuito de la misma ciudad, en el proceso
de tutela de la referencia.
I. Antecedentes
La señora AA
promovió acción de tutela contra el Fondo Nacional del Ahorro y AXA COLPATRIA
Seguros S.A., al considerar vulnerados los derechos fundamentales al mínimo
vital, a la igualdad, a la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de
la personalidad. Para sustentar su solicitud de amparo la demandante relata los
siguientes:
1.
Hechos.
1.1
Manifiesta que desde el año 2000 fue
diagnosticada con VIH asintomático[1]
y tiene una hija menor de edad, quien se encuentra bajo su custodia.
1.2
Refiere que mediante escritura pública No. 1868
de 10 de abril de 2010, otorgada en la Notaría 24 del Círculo de Bogotá,
constituyó una hipoteca abierta indeterminada a favor del Fondo Nacional del
Ahorro por valor de $38.100.000, sobre el apartamento No. 504, interior 9,
Rincón de la Candelaria La Nueva, ubicado en la Transversal 70C No. 68-33 Sur en
Bogotá D.C.
1.3
Indica que el 3 de febrero de 2011 el Seguro
Social, a través de la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado – Comisión
Médico Laboral, la calificó con un porcentaje de pérdida de su capacidad
laboral del 72.75%, estructurada desde el 26 de mayo de 2002.
1.4
Afirma que el 8 de octubre de 2014 le solicitó
al Fondo Nacional del Ahorro hacer efectivo el seguro contratado con AXA
COLPATRIA Seguros S.A.[2],
para cubrir el riesgo de imposibilidad de pago del crédito por la invalidez en
que se encuentra debido a la enfermedad grave que padece.
1.5
Mediante Oficio de 27 de octubre de 2014, el
Fondo Nacional del Ahorro informó a la demandante que no es posible atender lo
solicitado porque la pérdida de capacidad laboral es anterior a la fecha del
desembolso del crédito. De lo anterior el Fondo corrió traslado a AXA COLPATRIA
Seguros S.A., quien también emitió respuesta negativa en los mismos términos.
1.6
Afirma la demandante que al momento en que
solicitó el crédito y se hizo efectivo el desembolso, no estaba en la
obligación de informarle al Fondo Nacional del Ahorro su condición de salud, ya
que para entonces era portadora de VIH asintomático, es decir, no tenía SIDA.
1.7
En orden a lo expuesto, solicita el amparo de
sus derechos fundamentales ordenando a los representantes legales del Fondo
Nacional del Ahorro y AXA COLPATRIA Seguros S.A. condonar las obligaciones
contraídas y hacer efectiva la póliza de seguro que respalda el crédito
hipotecario No. 52.132.067-02.
2. Respuesta
de las entidades demandadas.
2.1
AXA COLPATRIA Seguros S.A. informó que objeta el
reclamo de afectación de la póliza de seguro, porque la calificación y
estructuración de la incapacidad son posteriores a la vigencia de la póliza.
Anota que expidió la póliza de Grupo Deudor No. 729000 a favor del Fondo
Nacional del Ahorro, para la vigencia comprendida entre el 1º de abril y el 1º
de mayo de 2002, “cuya cobertura se extiende a amparar el cumplimiento del
pago del importe exacto de las cuotas adeudadas por el asegurado al tomador de
la póliza dentro de las vigencias correspondientes.”
Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la solicitud de
amparo, porque la demandante cuenta con otro medio de defensa judicial para
controvertir el contrato de seguro y no puede utilizarse la acción de tutela
como herramienta para infringir la normativa prevista en el Código de Comercio (artículos
1045 y 1077).
2.2
El Fondo Nacional del Ahorro informó que es el
tomador del seguro, precisando que a quien corresponde el pago es a la aseguradora,
por virtud de la Póliza de Vida Grupo Deudores, en la que se estableció “(…)
Principio y fin de la cobertura: La cobertura del seguro inicia desde
la fecha del desembolso del crédito aprobado por el Fondo Nacional del
Ahorro y está vigente hasta la cancelación del crédito”. (Subrayas y
negrillas del texto).
Explicó que AXA COLPATRIA Seguros S.A. negó la afectación de la
póliza aduciendo que el riesgo acaeció antes del desembolso del crédito y según
las cláusulas y condiciones adicionales obligatorias de la póliza, según las
cuales “(…) La cobertura del Seguro Inicia para todos los afiliados de
Crédito Hipotecario a partir del momento en que el afiliado firma la escritura
pública que contiene el contrato de compraventa mutuo e hipoteca constituida a
favor del FONDO NACIONAL DEL AHORRO.”, razón por la cual no puede
accederse a la pretensión de la actora y finalmente, solicitó negar el amparo
invocado, por cuanto la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
(Negrillas y mayúsculas del texto).
3.
Pruebas aportadas con la demanda.
3.1
Documentales
3.1
Copia de la cedula de ciudadanía de la actora,
quien nació el 11 de diciembre de 1973, es decir que tiene 41 años (cuaderno
original, folio 13).
3.2
Copia del registro civil de nacimiento de la
hija de la demandante, quien nació el 19 de diciembre de 2008 y actualmente
tiene 6 años (cuaderno original, folio 12).
3.3
Formulario de dictamen para la calificación de
la pérdida de capacidad laboral y determinación de invalidez, de fecha 3 de
febrero de 2011, mediante el cual se le asignó a la actora una pérdida de la
capacidad laboral del 72.75%, estructurada el 26 de mayo de 2002, por
enfermedad común, clasificación: infectología VIH/SIDA B3.
Según el
dictamen se trata de “(…) ANTECEDENTE DE VIH SIDA DE 10 AÑOS DE EVOLUCIÓN,
CON SECUELAS NEUROLÓGICAS, PROCESO DEMENCIAL DE TRES AÑOS DE EVOLUCIÓN (…) CUADRO
GENERALIZADO DE DETERIORO COGNITIVO, SÍNDROME DEPRESIVO ASOCIADO” (cuaderno
original, folio 11).
3.4
Copia de la solicitud de afectación de la
póliza de seguro de vida elevada por la demandante ante el Fondo Nacional del
Ahorro - FNA- el 8 de octubre de 2014 (cuaderno original, folios 2 y 3).
3.5
Copia del Oficio No. 2014-4603-514479-2 de 27
de noviembre de 2014, mediante el cual el Jefe de División Administrativa del
Fondo Nacional del Ahorro - FNA- contestó la solicitud de la demandante en
forma negativa (cuaderno original, folio 4).
3.6
Copia del escrito de la demandante, radicado el
28 de noviembre de 2014 y dirigido al Jefe de División Administrativa del Fondo
Nacional del Ahorro - FNA-, por medio del cual reiteró la solicitud de hacer
efectivo el seguro de vida y condonar la obligación hipotecaria (cuaderno
original, folios 5 a 8).
3.7
Copia del Oficio No. GNI-12076-Obj de 5 de
enero de 2015, por el cual el Representante Legal de AXA COLPATRIA Seguros S.A.
le informa al Jefe de División Administrativa del Fondo Nacional del Ahorro -
FNA-, la objeción a la solicitud de pago del seguro de vida por incapacidad
total y permanente de la demandante (cuaderno original, folio 10).
3.8
Copia del Oficio No. 201523020013881 de 9 de
enero de 2015, mediante el cual la Coordinadora del Grupo Seguros del Fondo
Nacional del Ahorro - FNA- pone en conocimiento de la actora que AXA COLPATRIA
Seguros S.A., en el Oficio No. GNI-12076-Obj de 5 de enero de 2015, objetó la
reclamación del seguro de vida (cuaderno original, folio 9).
4
Decisiones judiciales objeto de revisión.
4.1
Primera instancia.
El Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 5 de febrero de 2015, negó[3]
la acción de tutela aduciendo que la discusión es patrimonial y la actora
pretende sustituir los mecanismos ordinarios sin que se acredite un perjuicio
irremediable.
4.2 Impugnación.
La demandante
reiteró los fundamentos expuestos en la acción de tutela y argumentó que al ser
portadora de VIH es sujeto de especial protección constitucional, por lo que
dadas sus condiciones particulares no encuentra justo someterse a un proceso
judicial ante la jurisdicción ordinaria, máxime cuando la gravedad de su
patología no da espera a que se surta el trámite ante el Juez Civil, de ahí que
acuda al recurso de amparo.
4.3 Segunda
Instancia.
La Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia de 25 de febrero de 2015,
confirmó[4]
la decisión de primera instancia con el argumento de que la demandante no
demostró encontrarse en una situación económica especial que le impida suplir
los gastos básicos, ni que su condición de salud le impida laborar.
5
Pruebas decretadas en sede de revisión.
Con base en el
artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992, que faculta a esta Corporación para
decretar pruebas en sede de revisión, con miras a la protección inmediata y
efectiva del derecho fundamental vulnerado y para que dentro del proceso de
tutela reposaran los elementos de juicio suficientes para adoptar la decisión a
que hubiere lugar, la Sala profirió el auto de 27 de mayo de 2015, mediante el
cual solicitó rendir informes a la demandante, a la Administradora Colombiana
de Pensiones – COLPENSIONES, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, al
Fondo Nacional del Ahorro – FNA y a AXA COLPATRIA Seguros S.A. Igualmente, se
ofició a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para
que rindiera un concepto médico científico.
5.1
La señora AA rindió el informe solicitado por la
Sala, en los siguientes términos:
“A través de Acción de Tutela, el Juzgado 22 Civil del Circuito,
Despacho que en fallo del 25 de mayo de 2012, mediante Sentencia 2012-244, me
otorgó el derecho al mínimo vital ordenando al extinto Seguro Social el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, dinero que me sirve para
pagar las cuotas del apartamento mes a mes al Fondo Nacional del Ahorro, que en
la actualidad es la suma de Cuatrocientos noventa mil pesos ($480.000) (sic).
El padre de mi menor hija y excompañero sentimental (…), asume los
gastos de la pensión del colegio de la niña únicamente. Los demás gastos como
alimentación, pago de servicios, transportes, vestuario, calzado y otros gastos
de urgente necesidad míos y de mi pequeña hija, me los ayudan a subvencionar
mis familiares. Mi padre, un hombre de la tercera edad, que también disfruta de
una pensión de vejez del salario mínimo, igual hacen mis hermanas, personas
que, devengan el salario mínimo pero tratan de que tanto la suscrita como mi
hija no pasemos tantas necesidades, de la misma manera los padrinos de mi
pequeña hija. Igual sucede con algunos amigos que, conocedores de mi situación
en algunas ocasiones me colaboran con ayudas a veces en dinero y otras en
especie, como mercado y elementos de aseo tanto personal como del apartamento.
No tengo ninguna relación laboral vigente, a pesar de que golpeado
muchas puertas en búsqueda de mejorar la calidad de vida tanto de mi hija como
la mía, no ha sido posible emplearme en forma digna y decente, ya que cuando
comunico que cuento con una pensión por el valor del mínimo vital soy rechazada
y en varias ocasiones discriminada por la condición misma de salud (VIH
Positivo); lo más triste y preocupante Señor Magistrado es que mi estado de
salud ha venido decayendo, (sic).
Pues cuento con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del
72.75% con fecha de estructuración del 26 de mayo de 2002, por la Junta Laboral
Calificadora del Seguro Social. Agregándole a esta situación que Colpensiones
se ha negado sistemáticamente a liquidar y pagar el retroactivo correspondiente
al que tengo derecho.
Incurable, es progresiva y degenerativa (sic). Y quien vive con este
diagnóstico, siempre se encuentra en inminente riesgo de contraer alguna de las
patologías de carácter oportunista que fácilmente puede ser mortal.
Todo lo anteriormente informado es perfectamente probable, por eso y
con base en las sentencias emanadas de la Honorable Corte Constitucional en las
que se nos concede a las personas que vivimos con VIH o Sida, una protección
especial constitucional especial, es que me he atrevido a solicitar del Estado
la protección necesaria que me garantice no solo calidad de vida sino cantidad
teniendo en cuenta que mi presencia es indispensable en el desarrollo vital de
mi hija.
Igualmente, el hecho de haber contratado con el Fondo Nacional del
Ahorro una póliza de seguro de vida que ampararía mi obligación en caso de
muerte o de grave invalidez (como en mi caso) que me impidiera seguir
laborando, ese seguro me garantizaba no perder mi vivienda. Así que no logro
entender la negativa de la Estatal del Ahorro en aplicar los beneficios
pactados a través de seguro de vida contratado.
Finalmente, estoy a su disposición, para lo que el Despacho estime
conveniente, al igual que a someterme a pruebas médicas y científicas que tenga
a bien ordenar. Quiero destacar que mi menor hija (…), no se encuentra
infectada por el virus.”
Adicionalmente,
la demandante allegó copia de la Resolución No. 29290 de 4 de septiembre de
2012 por medio de la cual la Gerencia de la Seccional Cundinamarca del Seguro
Social, en cumplimiento de una orden de tutela emitida por el Juzgado Veintidós
del Circuito de Bogotá[5],
concedió a favor de la demandante una pensión de invalidez de origen no
profesional a partir del 25 de mayo de 2012 en cuantía de $588.700 y un
retroactivo de $2.360.140[6],
en forma transitoria, mientras se discute de fondo en la jurisdicción laboral
ese derecho pensional, dado que al momento de la invalidez la actora no estaba
cotizando al sistema y en el año inmediatamente anterior no había cotizado el
mínimo veintiséis (26) semanas exigidas por la ley.
Según la
Resolución en mención, el monto de la pensión se basó en las 210 semanas
cotizadas, con un IBL de $561.302, a la cual se le aplicó una base de reemplazo
del 54%.
5.2
La Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, contestó el requerimiento de la
Corte Constitucional a través del Subdirector Jurídico Pensional, quien informó
que revisadas las bases de datos no se encontró que la señora AA tenga algún
tipo de prestación económica reconocida por parte de la entidad o de alguna de
las instituciones liquidadas de las cuales asumió competencia.
5.3
El Fondo Nacional del Ahorro atendió el anterior
requerimiento y a través del Jefe de División de Cartera certificó que el
estado de cuenta de la demandante reporta que es beneficiaria del crédito
hipotecario No. 5213206702, por valor de $38.100.000.oo y con corte a 5 de
junio de 2015, registra el siguiente valor mensual a pagar, discriminado así:
·
Valor por concepto de cuota: $ 461.521.66
·
Valor por concepto de prima de seguro:
$19.688.51
·
Saldo vencido: $18.185.22
·
Valor total de la deuda: $32.473.277.94
5.4 La
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, AXA COLPATRIA Seguros
S.A. y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia no
contestaron la solicitud de pruebas.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Planteamientos de la acción y problema
jurídico.
La acción de tutela fue
interpuesta por la señora AA, quien tiene 41 años, padece VIH/SIDA y se
encuentra en una situación de invalidez por pérdida de la capacidad laboral
equivalente al 72.75%. Está desempleada y no tiene solvencia económica. Además,
tiene a cargo a su hija de 6 años de edad y es deudora de una obligación
hipotecaria que adquirió con el Fondo Nacional del Ahorro, cuyas cuotas
mensuales no puede pagar, por lo que solicitó hacer efectivo el seguro de vida,
otorgado por AXA COLPATRIA Seguros S.A., que está diseñado para amparar riesgos
como la invalidez, el cual ha sido negado en razón a que el siniestro es
anterior a la fecha de cobertura de la póliza.
Corresponde a esta Sala de
Revisión determinar si ante la existencia de una enfermedad grave, progresiva y
catastrófica (VIH/SIDA) que impide el desempeño laboral y pone en riesgo el
acceso a la vivienda en condiciones dignas, la igualdad y el mínimo vital de un
núcleo familiar, puede negarse la efectividad de la póliza de seguro de vida
que ampara la invalidez del acreedor de un crédito de vivienda, argumentando
que el siniestro es anterior al riesgo.
Para dar
respuesta a lo anterior, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la acción de tutela contra
particulares que ejercen actividades bancarias y aseguradora; (ii) la procedencia
excepcional del amparo en el caso de portadores de VIH/SIDA; (iii) la pérdida
de la capacidad laboral en el sistema jurídico
colombiano; (iv) el contrato de seguro y los límites a la libertad contractual;
(v) el derecho a la vivienda digna; y (vi) precedente
sobre la procedencia excepcional de la tutela en la actividad aseguradora; y
(vii) el análisis del caso concreto.
3. La acción de tutela.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que a través de
la acción de tutela, toda persona puede reclamar ante los jueces “en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, o de
los particulares en los casos previstos en la ley y en la Constitución. Sin
embargo, el amparo solamente procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, o la utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
3.1 La acción de tutela dirigida contra particulares que ejercen
actividades bancarias y aseguradoras.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 Superior y
42 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, la acción de
tutela puede dirigirse contra particulares cuando presten servicios públicos,
atenten gravemente contra el interés colectivo o respecto de los cuales exista
un estado de indefensión o subordinación[7].
Con base en lo
anterior, a través de la jurisprudencia se ha determinado la viabilidad del
amparo contra particulares que ejercen actividades bancarias y aseguradoras[8],
en el entendido de que prestan un servicio público y sus usuarios se encuentran
en estado de indefensión[9].
Sobre el
particular, la Corte en sentencia T-738 de 2011, admitió la procedencia
excepcional de la acción de tutela tratándose de controversias surgidas a
propósito de los contratos de seguro, al resolver el caso de un particular
contra una aseguradora que se negó a hacer efectivo un
“Seguro de Vida Grupo Deudores”, argumentando que el solicitante no acreditó la
incapacidad del 50%. En esa oportunidad dijo que: “las
razones para hacer procedente la acción de tutela contra estas entidades ha
tenido en cuenta, en general, que las actividades financieras –dentro de las
que se encuentran la bancaria y aseguradora-, en tanto relacionadas con el
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público, es una
manifestación de servicio público o que al menos involucra una actividad de
interés público[10]- de acuerdo con el artículo 355 Constitucional-”[11].
En ese orden,
las actividades bancaria y aseguradora son esencialmente de interés público y por
tanto, suponen un mayor grado de control y vigilancia, en tanto que sus
gestiones implican un voto de confianza por parte de los ciudadanos, quienes
confían en que “cuando depositan su dinero en el banco, este será devuelto
cuando así lo requieran. En el mismo sentido cuando una persona contrata una
póliza de seguro, confía en que con el pago de la prima mensual la aseguradora
asuma su responsabilidad cuando ocurra el siniestro. Por ello, las razones por
las cuales las entidades aseguradoras deciden no pagar las pólizas de seguro,
deben contar con suficiente fundamento jurídico especialmente en aquellos
eventos en que el pago de la póliza incida en el ejercicio y goce de los
derechos fundamentales”[12].
Teniendo en
consideración que la actividad financiera y aseguradora constituye la
prestación de un servicio público a los ciudadanos, quienes se encuentran en
una situación de indefensión[13]
dada la posición dominante que ejercen las entidades del sector[14], esta
Corporación[15]
ha sostenido que es procedente la acción de tutela como medio de control
judicial tratándose de controversias surgidas a partir de una relación
asimétrica como la que existe entre estos, ya que es posible que estas empresas
con sus acciones u omisiones puedan vulnerar o amenazar los derechos
fundamentales de las personas[16].
3.2 La subsidiariedad de la acción de tutela
La acción de tutela es una herramienta judicial de naturaleza subsidiaria,
no obstante, aun existiendo otro mecanismo de defensa dentro del ordenamiento
jurídico esta Corporación ha admitido que la acción de
tutela procede[17], cuando
se acredita que el medio ordinario no es lo suficientemente idóneo para otorgar
un amparo integral, o no es expedito para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable[18].
Lo anterior significa que debe analizarse en cada caso la eficacia
real de los recursos con que cuenta el demandante, para lo cual se deben
valorar los efectos de su utilización en el sub-examine respecto a la protección
que eventualmente pudiese otorgar el juez constitucional y con base en ello
determinar la procedencia del amparo[19].
Esta Corporación en sentencia T-211 de 2009, reiterada en la
T-398 de 2014, concluyó que a efecto de realizar el juicio de subsidiariedad, el
juez de tutela debe establecer:“(i) si la
utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud
ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela[20];
(ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el
interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[21];
(iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración[22]”.
4. La
procedencia excepcional del amparo en el caso de portadores de VIH/SIDA.
La condición de sujeto de especial protección constitucional
encuentra su fundamento en los principios que inspiran el Estado Social de
Derecho establecidos en el Ordenamiento Superior y, obedece al deber que le
asiste a la sociedad y al Estado de lograr la igualdad material[23] de aquellas
personas que por razón de su condición física o sicológica, requieran de
acciones positivas para lograrla. En ese orden, la jurisprudencia
constitucional ha ubicado en tal categoría a los adultos mayores, los niños,
los adolescentes, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres
cabeza de familia, los presos, los desplazados por la violencia y las personas que
se encuentran en extrema pobreza, entre otros.
La Corte[24]
ha sido consistente en afirmar que las personas que padecen el virus de
inmunodeficiencia humana, VIH, o el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida SIDA son sujetos de especial protección constitucional al
tratarse de una enfermedad grave, ruinosa y catastrófica[25] que genera el
deterioro progresivo del estado de salud de quien lo padece, lo cual exige del
Estado y de la sociedad un trato igualitario, solidario y digno ante las
circunstancias de debilidad en que se encuentran quienes afrontan esa
situación.
El VIH[26]
es un virus[27]
que afecta el sistema inmunitario[28],
que es el encargado de proteger el organismo de
agentes extraños y nocivos[29]. Dentro del cuadro clínico se
considera que una persona es seropositiva cuando está infectada por el VIH[30],
que puede tratarse con medicamentos para que el virus no se multiplique tan
rápido y por tanto, no destruya las defensas del cuerpo -el sistema
inmunitario-, lo cual permite que los portadores mejoren la calidad de vida y
prolonguen su existencia. Sin embargo, hasta el momento no existe una cura para
la infección por el VIH ni para el SIDA[31].
Así las
cosas, la enfermedad por VIH sin tratamiento progresa
lentamente, desde el diagnóstico sin síntomas hasta el SIDA que es el
estadio más avanzado de esta infección[32]. Por regla general este proceso tarda aproximadamente
diez años, pero puede variar dependiendo de cada persona.[33]
El SIDA lo
desarrollan personas infectadas con VIH que no reciben tratamientos[34],
pero excepcionalmente existen personas seropositivo que desarrollan el SIDA muy
lentamente o que nunca lo padecen y a este grupo de personas se los denomina
portadores sin progresión de la enfermedad[35].
Lo anterior permite concluir que el VIH, mientras permanece
asintomático hasta derivar en SIDA, es un virus grave, mortal e irreversible. Si
bien es cierto que existen medicamentos que mejoran la calidad de vida de quien
lo porta, también lo es que el daño que produce al sistema inmunitario aún no
tiene cura.
Así las cosas, la condición de sujeto de especial protección
constitucional de las personas portadoras de VIH/SIDA[36] debe ser valorada por el juez de tutela al momento de verificar la
subsidiariedad como requisito de procedencia del recurso de amparo, porque dada
la situación de debilidad en que se encuentran resultaría desproporcionado
exigirle al demandante acudir al medio de defensa judicial de carácter
ordinario[37].
En este sentido,
la Corte en sentencia T-589 de 2011, sostuvo que: “(…) el operador judicial
debe examinar la situación fáctica que define el asunto sometido a su
conocimiento, y las particularidades de quien reclama el amparo constitucional,
pues, si se trata de sujetos de especial protección constitucional (personas de
la tercera edad o en condición de discapacidad, etc.) o de personas que se
encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de
procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente”.
Así mismo, este
Tribunal en sentencia T-398 de 2014 estableció una subregla de procedencia del
amparo cuando quien lo reclama se encuentra en una situación especial, en el
entendido de que: “los medios de defensa con los que cuentan los sujetos de
especial protección constitucional se presumen inidóneos. Sin embargo, en cada
caso, la condición de vulnerabilidad (persona de la tercera edad, niño o niña,
persona en situación de discapacidad, etc.), debe ser analizada por el juez de
tal forma que lo lleve a considerar que efectivamente, por sus características,
en esa circunstancia en particular, se encuentra en imposibilidad de ejercer el
medio de defensa en igualdad de condiciones”.
5.
El contrato de seguro y los límites a la
libertad contractual.
De acuerdo con
el artículo 1036 del Código de Comercio, el contrato de seguro es" un
contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”,
en el que concurren dos partes, el asegurador - quien asume el riesgo a
cambio de una contraprestación - y el tomador del seguro - quien le
traslada el riesgo al asegurador en caso de que ocurra el siniestro.
Se caracteriza
porque es (i) Consensual: por
cuanto se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, la
anuencia del asegurador y el tomador del seguro; (ii) Bilateral: las
obligaciones en contrato de seguro son para ambas partes, tanto para el
asegurador de responder por la suma asegurada cuando ocurra el siniestro, y
para el tomador de pagar la prima; (iii) Oneroso: porque para asegurar el
riesgo es necesario que el tomador pague la prima que
cubre el siniestro en caso de que llegue a ocurrir; (iv) Aleatorio: ya que no puede determinarse si el riesgo va a
acaecer y cuando; (v) De ejecución sucesiva: porque sus prestaciones son
continuadas; (vi) Nominado: al estar regulado de los artículos 1036 a 1162 del
Código de Comercio; (vii) Intuitu personae: en la medida que se realiza en consideración a la persona, según la
condición del asegurado y la calidad de las cosas aseguradas y (viii) De adhesión: en tanto que las cláusulas
del contrato no son discutidas por las partes, sino que el tomador se somete a
las condiciones del asegurador.
Por vía jurisprudencial[38] se ha afirmado que este es un contrato
especial de buena fe, en el que las partes se sujetan
al contrato con lealtad y honestidad. En este sentido, en sentencia T-086 de
2012, la Corte sostuvo que: “ambas partes en las afirmaciones relacionadas
con el riesgo y las condiciones del contrato se sujetan a cierta lealtad y
honestidad desde su celebración hasta la ejecución del mismo. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1058 del C.Co., el tomador o asegurado debe
declarar con sinceridad los hechos y circunstancias que determinan el estado
del riesgo, puesto que ello constituye la base de la contratación. En caso de
presentarse reticencias e inexactitudes en la declaración que conocidas por el
asegurador lo hubieran retraído de contratar, se produce la nulidad relativa
del seguro. El asegurador también debe cumplir con el principio de buena fe
evitando cláusulas que sean lesivas al asegurado, cumpliendo con la prestación
asegurada a la ocurrencia del siniestro y comprometiéndose a declarar la
inexactitud al momento en que la conozca y no esperar a la ocurrencia del
siniestro para alegarla como una excepción al pago de la indemnización.”
En conclusión,
el principio de la buena fe que ampara el contrato de seguro obliga a las
partes a comportarse con honestidad y lealtad desde la celebración hasta que
termine la vigencia del mismo, porque de ello depende la eficacia y
cumplimiento de las cláusulas en el previstas.
Por lo anterior, la Corte ha establecido que si bien es cierto sobre
el tomador del seguro recae el deber de informar acerca de las circunstancias
reales que determinan la situación de riesgo, también lo es que le corresponde
a las aseguradoras dejar constancia de las preexistencias o de la exclusión de
alguna cobertura al inicio del contrato, para evitar en un futuro ambigüedades
en el texto del contrato cuyas cláusulas que ellas mismas han elaborado, es
más, se determinó que si no hubo una exclusión y no hay prueba de que se haya
practicado un examen de ingreso “la carga de las preexistencias está en
cabeza de la entidad aseguradora o de medicina prepagada y no del asegurado,
constituyéndose en un imperativo jurídico que consten en el contrato”.
[39]
Las reglas del contrato de seguro, en todo caso
deben ser aplicadas a la luz de los postulados superiores, bajo el entendido de
que Colombia es un Estado Social de Derecho regido por los principios de
respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés
general[40],
donde el ejercicio de la libertad
económica y la iniciativa privada debe desarrollarse dentro de los límites del
bien común[41], y el desarrollo de la actividad
aseguradora se considera de interés público[42], lo cual significa que la libertad de
su ejercicio está determinada y puede restringirse “cuando están de por medio valores y principios constitucionales, así
como la protección de derechos fundamentales, o consideraciones de interés
general”[43].
Sobre lo anterior, este Tribunal en sentencia T-490 de 2009, sostuvo
lo siguiente:
“Es evidente que la propia Constitución prevé que la ley señale un
régimen que sea compatible con la autonomía de la voluntad privada y el interés
público proclamado, régimen que no puede anular la iniciativa de las entidades
encargadas de tales actividades y naturalmente en contrapartida ha de
reconocerse a éstas una discrecionalidad en el recto sentido de la expresión,
es decir, sin que los actos de tales entidades puedan responder a la simple
arbitrariedad.
Para la Sala resulta claro que la jurisprudencia constitucional
permite establecer límites a la libertad de contratación en materias declaradas
constitucionalmente como de interés público y por tanto, no es aceptable, a la
luz de los derechos fundamentales de mínimo vital y vida en condiciones dignas,
que la negativa al reconocimiento y pago de una prestación derivada de un
riesgo asegurado por incapacidad total permanente, se fundamente exclusivamente
en la libertad de contratar y en una interpretación netamente legal del
clausulado contractual. Nótese que la libertad contractual si bien permite a la
persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser arbitraria,
pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la
Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad
social y la prevalencia del interés general.”
En conclusión,
de acuerdo con la Constitución la actividad aseguradora se desarrolla con
libertad pero no es absoluta, porque encuentra su límite en el interés público,
la efectividad de los derechos fundamentales y demás principios y valores
superiores[44].
4.
La pérdida de la capacidad
laboral en el sistema jurídico colombiano.
El artículo 48
de la Constitución establece la seguridad social como un servicio público de
carácter obligatorio y un derecho fundamental irrenunciable, el cual debe
prestarse en los términos que establezca la ley.
La Ley 100 de
1993, estableció el sistema general de seguridad social y consagró los mecanismos
para suplir varias contingencias como la vejez, la muerte del afiliado y las
enfermedades laborales y de origen común. Dentro del régimen de prima media con
prestación definida los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de
vejez, invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización[45].
En cuanto a la
contingencia relacionada con las patologías que se puedan presentar, el sistema
de seguridad social prevé la pérdida de capacidad laboral otorgando la
posibilidad al empleado, previo dictamen por parte de la Junta de Calificación
de Invalidez, de obtener prestaciones económicas ante la imposibilidad de
continuar trabajando por razón de su disminución física, síquica o sensorial.
Ahora bien, para
efectos de acceder a la pensión de invalidez por enfermedad común[46],
la Ley 100 de 1993 en el artículo 38 establece que: “se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
Para lo anterior, es necesario
determinar la pérdida de la capacidad laboral y el estado de invalidez a través
de criterios técnicos de evaluación establecidos en el Manual Único de
Calificación de Invalidez[47], actuación que se
surte a través de la Junta Regional de Calificación de Invalidez[48] que conoce del dictamen en
primera instancia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que es la
segunda instancia de las controversias suscitadas a partir de la calificación
del riesgo de la invalidez[49].
Para acceder a dicha
prestación, los afiliados declarados inválidos deben encontrarse cotizando al
régimen y haber cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse la
invalidez, o habiendo dejado de efectuar aportes al sistema, se hayan cotizado
por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produce el estado de invalidez[50]. No obstante, el afiliado que al
momento de adquirir el estado de invalidez no reúna los requisitos para acceder
a la pensión tiene derecho a recibir en sustitución una indemnización
equivalente a la que le hubiese correspondido en el caso de la indemnización
sustitutiva de vejez[51].
En cuanto al monto mensual de
la pensión de invalidez, el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, preceptúa que se
tiene en cuenta el ingreso base de liquidación, las semanas de cotización y el
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral[52].
En todo caso, el estado de invalidez y la
pensión que de ello se deriva pueden revisarse por solicitud (i) de la entidad
de seguridad social o previsión según sea el caso, cada 3 años, con el fin de
ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la
liquidación de la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la
extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar; y (ii)
del pensionado en cualquier tiempo y a su costa[53].
Atendiendo a la normativa mencionada, la
Sala concluye que la pérdida de capacidad laboral por un estado de invalidez además
de excluir del mercado laboral al trabajador, aun cuando se tenga derecho a una
pensión o indemnización, tal condición implica la disminución significativa de
los ingresos con los cuales la persona procura de ordinario satisfacer sus
necesidades personales y familiares.
Además del deterioro físico, síquico o
sensorial que sufre el empleado por razón de su invalidez, hay una afectación
al mínimo vital porque sus ingresos se ven disminuidos, generando un estado de
debilidad respecto del cual debe operar el principio de solidaridad exigible al
Estado, la familia y la sociedad.
En relación con las enfermedades
degenerativas, crónicas o congénitas, donde la estructuración de la pérdida de
capacidad laboral se establece con fecha anterior a la del dictamen, esta
Corporación ha determinado que “ese dictamen
vulnera el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de los afiliados al
Sistema”.[54]
El dictamen de pérdida de capacidad laboral determina la condición
de una persona y se establece por medio de una calificación que realizan las
entidades autorizadas por la ley –artículo 41 de la Ley 100 de 1993-,
indicándose el porcentaje de afectación producida por la enfermedad, en
términos de deficiencia, discapacidad, y minusvalía[55], de modo que
se le asigna un valor a cada uno de estos conceptos, lo cual determina un
porcentaje global de pérdida de la capacidad laboral, el origen de esta
situación y la fecha en la que se estructuró la invalidez.[56]
Según el artículo 3° del Decreto 917 de 1999, la fecha de
estructuración de la invalidez o declaratoria de la pérdida de capacidad
laboral es aquella “en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación.”
La Corte ha manifestado en el caso de las enfermedades
progresivas, la fecha de estructuración de la invalidez debe ser revisada con
detenimiento, para que la contabilización de las semanas de cotización
necesarias para acceder al derecho pensional, correspondan a la realidad y se
evite caer en el formalismo que frustre el derecho a la pensión.
En sentencia T-699A de 2007, este
Tribunal estudió la solicitud de amparo formulada por una persona enferma de
SIDA, a quien se le había negado el reconocimiento del derecho a la pensión de
invalidez porque no había aportado 50 semanas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
La Corte amparó los derechos del
demandante porque si bien es cierto que el dictamen fue proferido en una fecha
posterior a la fecha de estructuración del estado de invalidez, también lo es
que durante ese periodo aportó al sistema las semanas suficientes para que se
le reconociera la pensión que reclamaba. Puntualmente sostuvo:
“En
consecuencia, se presenta una dificultad en la contabilización de las semanas
de cotización necesarias para acceder a la pensión, toda vez que, si bien la
ley señala que tal requisito debe verificarse a la fecha de estructuración, en
atención a las condiciones especiales de esta enfermedad, puede ocurrir que, no
obstante que haya algunas manifestaciones clínicas, el portador esté en la
capacidad de continuar trabajando, y de hecho siga realizando los aportes al
sistema por un largo periodo, y, solo tiempo después, ante el progreso de la
enfermedad y la gravedad del estado de salud, se vea en la necesidad de
solicitar la pensión de invalidez, por lo que al someterse a la calificación de
la junta se certifica el estado de invalidez y se fija una fecha de
estructuración hacia atrás. Así las cosas, no resulta consecuente que el
sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad a la
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión.
En este contexto, debe tenerse en cuenta que,
dado que la pensión de invalidez tiene la finalidad de sustituir los
emolumentos dejados de percibir, el solicitante solo tendría interés y
necesidad en reclamarla cuando sus condiciones de salud le impidan continuar
laborando y por tanto percibiendo ingresos. Así, cabría cuestionarse si es
procedente que la respectiva A.F.P. desconozca las cotizaciones realizadas
desde la fecha de estructuración hasta el momento de la calificación, cuando
efectivamente se pudo establecer el estado de invalidez.
Es de anotar que la anterior dificultad se
refiere a aquellos casos en que enfermedades de tipo degenerativo determinan
que el afectado continúa cotizando después de una fecha de estructuración que
se fija posteriormente en la calificación de la pérdida de las capacidades
laborales, mas no cuando a una persona ya se le hubiere practicado la
calificación en la que constase el estado de invalidez y pretendiera que se
tuviesen en cuenta las cotizaciones que, eventualmente, pudiese haber hecho
después de la certificación de la invalidez.”
De acuerdo con lo anterior, puede ocurrir que por razón de la
enfermedad que dio lugar a la invalidez por pérdida de la capacidad laboral la
fecha de estructuración sea fijada en una época anterior a la del dictamen,
esto es que la persona haya conservado sus capacidades funcionales y continuado
cotizando al sistema de seguridad social con posterioridad a la fecha de
estructuración.
La Corte en sentencia
T-710 de 2009, estudió el caso de una persona con
VIH/SIDA, con pérdida de capacidad laboral del 65.75% y fecha de estructuración
de la invalidez del 23 de junio de 2002,
a quien le fue negada la pensión de invalidez con el argumento de que no
reunía las semanas de cotización requeridas a la fecha de estructuración de su
invalidez.
En esa oportunidad, se consideró que a pesar
de la enfermedad, el demandante pudo seguir cotizando al Sistema de Seguridad
Social hasta completar las semanas mínimas de cotización requeridas, exigidas
por la Ley 860 de 2003 y en consecuencia, ordenó el reconocimiento de la
pensión teniendo en cuenta todas las semanas cotizadas por el accionante, hasta
el momento en que hizo su solicitud pensional,
advirtiendo que:
“(…) a pesar del carácter progresivo y
degenerativo de la enfermedad que padece el señor (…), se advierte que éste
pudo conservar sus capacidades funcionales y continuó trabajando y aportando al
sistema de seguridad social por dos años y cuatro meses después de la fecha
señalada como de estructuración de la invalidez, bajo la vigencia de la Ley 860
de 2003. Lo anterior demuestra que a pesar de las manifestaciones clínicas del
actor, éste se mantuvo activo laboralmente, cotizando a la seguridad social y
solo ante el progreso de la enfermedad, se vio en la necesidad de solicitar la
pensión de invalidez y de someterse a la calificación de su pérdida de
capacidad laboral. Y fue en este momento, 11 de octubre de 2006, cuando el
fondo de pensiones fija una fecha de estructuración anterior, de la que desprende
el no reconocimiento de pensión de invalidez solicitada.”
Posteriormente, en relación con el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral y la fecha de estructuración, esta Corporación en sentencia
T-761 de 2011[57],
dijo:
“[E]xisten casos en los que la fecha en que se pierde la aptitud
para trabajar, es diferente a la fecha en que comenzó la enfermedad u ocurrió
el accidente que causó ésta mengua. Lo anterior se presenta, generalmente,
cuando se padecen enfermedades crónicas, que al ser
estos padecimientos de larga duración, su fin o
curación no puede preverse claramente,
degenerativas o congénitas por manifestarse éstas desde
el nacimiento, en donde la pérdida de capacidad
laboral es paulatina.
Frente a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que los
órganos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral, es decir las
Juntas de Calificación de Invalidez, establecen como fecha de estructuración de
la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la
que se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la
enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de
capacidad laboral permanente y
definitiva[58] superior
al 50[59]
%, tal y como establece el Manual Único para la calificación de la invalidez –
Decreto 917 de 1999-[60].
Esta situación genera una vulneración al derecho a la seguridad
social de las personas que se encuentran en situación de invalidez y han
solicitado su pensión para conjurar este riesgo, por cuanto, en primer lugar,
desconoce que, en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas,
la pérdida de capacidad laboral es gradual y por tanto la persona que sufre de
alguno de este tipo de padecimientos puede continuar desarrollando sus
actividades; en segundo lugar, no se tiene en cuenta las cotizaciones
realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez para
el reconocimiento de esta prestación, lo cual puede generar un enriquecimiento sin
justa causa por parte del fondo de pensiones al “benefici[arse] de los
aportes hechos con posterioridad a la estructuración para, luego, no tener en
cuenta este periodo al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión.”[61] y
finalmente contraría el artículo 3 del Decreto 917 de 1999.
En este orden de ideas, cuando una entidad estudia la solicitud de
reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que padece una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de
estructuración de la invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma
definitiva y permanente su capacidad laboral igual
o superior al 50%. y a partir de ésta verificar si la
persona que ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos
establecidos por la normatividad aplicable para el caso concreto.” (Negrillas
del texto original).
Luego, en sentencia T-147 de 2012, se reiteró lo anterior, así:
“En resumen (i) la
fecha de estructuración de la invalidez no debe ser el momento en que se
manifieste por primera vez la enfermedad, puesto que esto constituye una
vulneración al derecho fundamental a la seguridad social del tutelante, (ii) se
debe tener en cuenta que en el caso de las enfermedades degenerativas, la
persona puede seguir laborando hasta que su estado de salud se lo permita,
(iii) el momento en que se estructura la invalidez debe ser la fecha de en que
se genere en el individuo una pérdida en su capacidad laboral mayor al 50% en
forma permanente y definitiva y (iv) las entidades encargadas de otorgar la
prestación económica deben tener en cuenta los aportes realizados con
posterioridad a la fecha de estructuración so pena de incurrir en
enriquecimiento sin justa causa.”
En ese contexto, para efectos de determinar el estado de invalidez
de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita,
cuando se establezca la fecha de estructuración de la invalidez debe tenerse en
cuenta el momento en que el afiliado perdió su capacidad laboral en forma
permanente y definitiva[62].
En el mismo sentido, la Corte en sentencia T-998 de 2012, sostuvo
que: “en aquellos casos en los que se deba establecer la fecha de
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de una persona que sufra
una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le impida ejercer
actividades laborales remuneradas durante ciertos períodos de tiempo, la
entidad encargada de realizar el dictamen de pérdida de capacidad laboral
deberá tener en cuenta que la fecha de estructuración corresponde a aquella en
que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales, en tal grado,
que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva.”
En sentencia
T-1042 de 2012, en relación con la pensión de invalidez por pérdida de la
capacidad laboral de una persona que padece VIH, esta Corte sostuvo lo
siguiente:
“(…) Sea lo primero recordar que la acción de tutela ha
sido reconocida como un mecanismo procedente frente a situaciones de invalidez
como la que ahora se analiza, específicamente en cuanto se padezca una
enfermedad de muy severa afectación, que haya reducido la capacidad laboral en
más de 50%.
Es incontrovertible que el accionante ha sufrido una
pérdida de la capacidad laboral del 62,35 %, que tiene su origen en una
enfermedad común (VIH y SIDA) y que la fecha de estructuración de la invalidez
es agosto 12 de 2003, tal como él mismo lo afirma y el ISS no niega.
Solicitada la pensión de invalidez en abril 13 de 2011,
el ISS resolvió la petición mediante resolución 116933 de noviembre 9 de 2011
negando el reconocimiento de la prestación, “con fundamento en que solo
acreditaba un total de 856 semanas en toda mi vida laboral, de las cuales cero
(0) fueron cotizadas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración de la invalidez”, según se lee en la demanda. (f. 1 ib.)
Revisada la historia laboral del accionante, que obra a
folio 15 del cuaderno inicial, se evidencia que a 1° de abril de 1994 contaba
con más de 500 semanas de cotización, requiriéndose 300 en cualquier tiempo
para acceder a la pensión de vejez en el régimen anterior[63] a la Ley 100
de 1993.
Es así que encuentra esta Sala que la negativa del ISS a
reconocer la pensión de invalidez solicitada, vulnera derechos del accionante,
pues desconoció el principio de condición más beneficiosa, aplicado el cual
hubiese llegado a una decisión distinta, reconociéndole la prestación
solicitada.”
En ese orden se
concluye que no necesariamente la fecha de estructuración de la invalidez es la
fecha de pérdida de la capacidad laboral que determina el dictamen, ya que la
primera puede ser anterior a la segunda porque tratándose de enfermedades
degenerativas, crónicas o congénitas como el VIH/SIDA, debe valorarse el
momento en el cual la persona ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales
hasta el punto que le impidan desarrollar una actividad productiva.
5.
El derecho a la vivienda digna.
El derecho a la
vivienda está instituido en el artículo 51 de la Carta Política, según el cual
“Todos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de
estos programas de vivienda”.
Sin embargo, el
derecho a la vivienda digna no solo está plasmado en el artículo 51 de la
Constitución Política sino también en instrumentos de carácter internacional[64],
v. gr. la Declaración Universal de Derechos Humanos, numeral 1°
del artículo 25[65];
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, artículo 11[66];
Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 34; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
26[67];
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 27[68]; y el Convenio 169 de 1989 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, artículos 14[69],
16[70]
y 17[71],
entre otros.
Para esta
Corporación, pese a que la vivienda digna está ubicada dentro del conjunto de
derechos económicos, sociales y culturales[72]
y no esté expresamente señalada como fundamental, dicha categoría debe ser
reconocida por su inminencia con el ser humano,
particularmente en su dignidad.[73]
Sobre el particular, vale traer a colación lo dicho por este Tribunal en sentencia
T-908 de 2012:
“En este punto, reitérese que la vivienda digna es elemento
trascendental para la efectividad de la dignidad humana, entendida como “el
derecho de las personas a realizar sus capacidades y a llevar una existencia
con sentido, en un ambiente libre de miedo frente a la carencia de lo
materialmente necesario e indispensable para subsistir…”[74].
En efecto, contar con un lugar digno de habitación permite a los
seres humanos experimentar una existencia más agradable, con menos riesgos de peligros
callejeros y de humillaciones, protegidos de la intemperie y teniendo la
posibilidad de descansar en condiciones materiales adecuadas. Adicionalmente,
fomenta el desarrollo de la persona humana, en cuanto le permite estrechar
lazos familiares y sociales, que le posibiliten su desenvolvimiento social,
otorgándoles un espacio propicio para su intimidad y añadiendo a su identidad
el lugar donde se habita, como elemento de apacibilidad.
En este orden de ideas, el artículo 51 de la Carta y las bases
expuestas ponen en cabeza de todos el derecho a la vivienda digna como
fundamental, ratificando así el carácter universal de tal reconocimiento y su
inescindible relación con la dignidad como elemento connatural a los seres
humanos, pudiendo también predicar de él su carácter inalienable.
Así mismo, se dispuso en cabeza de las autoridades del Estado, sin
distinción, el deber de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo
este derecho, disponiendo tres campos de regulación mínima, en lo concerniente
a planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de programas de vivienda.
Pese a la dificultad que puede representar la redacción del artículo
51 para fijar a partir de allí todos los elementos que componen el ejercicio
del derecho a la vivienda digna, la Corte considera que el contenido mínimo de
tal derecho fundamental debe comprender la posibilidad real de gozar de un
espacio material, en el que la persona y su familia puedan habitar, de manera
tal que le sea posible llevar a cabo su proyecto de vida en condiciones que
permitan su desarrollo como individuo digno, integrado a la sociedad.”
En suma, el derecho a la vivienda digna es de rango fundamental por
la íntima relación que guarda con la dignidad humana, al estar ligado a la aspiración del ser humano a lograr la estabilidad propia y de su familia al obtener un lugar donde poder construir una
vida, y en esa medida, su núcleo
esencial comprende la posibilidad material de gozar
de un espacio habitable.
Sin embargo, no significa que al catalogarse como fundamental el derecho a la
vivienda digna este pierda su contenido prestacional[75], cuya implementación está asociada a un
criterio de progresividad, en virtud del cual, al Estado le corresponde implementar, promover políticas y planes que posibiliten su acceso.[76]
Para esos efectos, el Gobierno Nacional ha diseñado
diferentes políticas para facilitar, entre otras
cosas, la adquisición de vivienda a través de créditos hipotecarios con entidades del Estado.
Un ejemplo de esto es el Fondo Nacional del Ahorro - FNA-, creado a través del Decreto Extraordinario No. 3118 de 1968 y transformado con la Ley 432 de 1998 en
una empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden
nacional, que tiene por objeto administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución
del problema de vivienda de los afiliados, con el fin de mejorar su calidad de
vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social[77].
Según el artículo 41 del Decreto
Reglamentario 1453 de 1998[78], el FNA tiene
autorizadas operaciones de crédito para vivienda a sus afiliados, el cual debe
ser garantizado con hipoteca de primer grado y pignoración de futuras
cesantías.
Lo anterior implica que el trabajador
ahorra durante su vida laboral para tener derecho a la adjudicación de un
crédito y así tener una vivienda digna.
Para efectos de respaldar el crédito el
obligado debe hipotecar el inmueble a favor del FNA y para las distintas
contingencias que pueden ocurrirle al deudor del crédito que le impidan
definitivamente honrar su obligación monetaria, el Fondo celebra contratos de
seguro con empresas aseguradoras, que otorgan “pólizas grupo deudores”, específicamente
para amparar contingencias como la muerte, incapacidad o enfermedad grave del obligado,
a través de un amparo básico que cubre a los
asegurados.
En ese orden, la
Aseguradora se obliga a pagar, el valor no redimido del crédito ante la
ocurrencia de cualquiera de los siniestros amparados que hayan ocurrido durante
la vigencia de la póliza, con sujeción a los términos, condiciones generales y
particulares en ella contenidas.
6.
Precedente
sobre la procedencia de la acción de tutela en la actividad aseguradora.
Este Tribunal en
relación con la actividad aseguradora y la protección efectiva de los derechos
constitucionales frente a ésta, ha manifestado lo siguiente:
En la sentencia T-1091
de 2005 decidió un conflicto surgido a partir de un contrato de seguro de
vida que respaldaba una obligación hipotecaria, el asegurado sufrió una
enfermedad grave que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 50.93%,
solicitó hacer efectiva la póliza pero la entidad aseguradora se negó aduciendo
mora en el pago de la prima. En esa oportunidad se hizo referencia a la
posición dominante de las entidades aseguradoras y la inminencia del perjuicio
irremediable[79].
En sentencia T-152 de 2006, decidió el caso de un señor que
adquirió una póliza de seguro familiar, un año después el médico tratante le ordenó
practicarse una cirugía de varicocele izquierdo, pero fue negada por la
aseguradora aduciendo que el tomador de la póliza actuó mala fe en la
declaración de su estado de salud al momento de la suscripción del contrato,
debido a que no registró el padecimiento de dicha enfermedad.
Al resolver el asunto se determinó que el demandante se encontraba
en estado de indefensión para oponerse a la actitud de la entidad y se
estableció que las aseguradoras deben dejar constancia
de las preexistencias o de la exclusión de alguna cobertura al inicio del
contrato, para evitar en un futuro ambigüedades en el texto que ellas mismas
han elaborado; y se determinó que la carga de las preexistencia recae en cabeza
de aseguradora.
En sentencia T-832
de 2010, se resolvió el caso de una señora de 54 años de edad, quien era
madre cabeza de familia y había adquirido un crédito hipotecario que amparó con
un contrato de seguro de vida grupo de deudores suscrito con una aseguradora.
Posteriormente, fue dictaminada con una pérdida de la capacidad laboral del
77.5 % y no pudo seguir trabajando, por lo que solicitó hacer efectiva la
póliza, pero fue negada al considerar que el siniestro había ocurrido antes de
tomar el seguro de vida grupo de deudores.
Se estableció
que si bien se trataba de una controversia contractual, esta podía llegar a
lesionar los derechos fundamentales, por lo que admitir la posición de la
entidad aseguradora acentuaba la condición de discapacidad de la actora,
aumentando el riesgo de lesionar su mínimo vital, vivienda y vida digna[80].
En sentencia T-1018
de 2010, se decidió una controversia surgida a propósito de la negativa de
una aseguradora de hacer efectiva una póliza y a pesar de que se declaró la
carencia actual de objeto, la Corte reiteró la subregla de los anteriores
fallos, en el sentido de que a pesar de encontrarse frente a un asunto en el
marco de una relación contractual, al tratarse de una persona en condición de
invalidez, el resultado de esa controversia podía afectar los derechos
fundamentales del asegurado.
En sentencia T-738
de 2011, este Tribunal reiteró el precedente previamente expuesto, al
decidir el caso de un miembro del Ejército Nacional que resultó herido en
combate y, como consecuencia se le dictaminó una invalidez del 75.08%.
Posteriormente adquirió un crédito de libre consumo con una entidad bancaria,
para lo cual suscribió una póliza de seguro de vida grupo de deudores el cual
operaría por muerte o invalidez del asegurado.
Tiempo después, el actor solicitó a
la aseguradora hacer efectiva la póliza porque había acaecido el siniestro de
invalidez, sin embargo, la aseguradora se negó argumentando que para la fecha
que había tomado el seguro, ya existía la invalidez (preexistencia).
La Corte concluyó
que la aseguradora vulneró los derechos de una persona en estado de invalidez al
negar el pago de la póliza argumentando la preexistencia del hecho asegurado.
Se estableció que el hecho de tratarse de una persona discapacitada con más del
50%, eleva el riesgo de afectar su mínimo vital y se manifestó que en algunos
casos la negativa de las aseguradoras puede ser injustificada o negligente, por
lo que les corresponde ofrecer una respuesta con razones suficientes para negar
el pago de la póliza.
En sentencia T-751
de 2012, se decidieron dos asuntos acumulados en los que las
compañías aseguradoras se negaron a hacer efectivas las pólizas que amparaban
un crédito aduciendo que se había presentado reticencia por parte de los
asegurados, al haber afirmado que su estado de salud era normal cuando en
realidad padecían diabetes mellitus. Este Tribunal Constitucional
resaltó que al tratarse de una relación contractual basada en la buena fe, los
reclamantes no pueden ocultar la información que conocen, no obstante, dicho
conocimiento tiene que ser real y estar probado[81].
En sentencia T-136
de 2013 se decidió el caso en el cual la aseguradora niega el pago de una
póliza del seguro de vida grupo de deudores por incapacidad, argumentando que
la fecha de estructuración de la incapacidad se dio después de la edad máxima
de permanencia permitida en el contrato de seguro de 70 años. En esa
oportunidad se dijo que la aseguradora había actuado con negligencia y su
negativa se basó en razones que no demostró, ya que no aportó prueba de que
efectivamente en el contrato estuviera estipulado que la fecha límite de
ingreso fueran 69 años.
En sentencia T-662
de 2013, la Corte estudió un caso en que la
demandante era una persona de la tercera edad con una discapacidad del 80.93%,
quien no tiene medios económicos para subsistir, no puede trabajar y estaba a
punto de perder su casa, a quien la compañía asegurador le negó la solicitud de
cubrir su deuda al haber operado el fenómeno de la prescripción que trata el
artículo 1081 del Código de Comercio.
Para decidir el
caso, la Corte reiteró la jurisprudencia en el sentido de que por regla
general, la acción de tutela no procede para discutir asuntos contractuales,
sin embargo, en algunos eventos con características particulares, esas
controversias adquieren relevancia constitucional que justifica la intervención
del juez de tutela. En tal sentido señaló lo siguiente:
“En primer lugar (i) la Corte ha entendido que existe mayor
probabilidad de vulnerar los derechos fundamentales cuando el interés del
accionante no sea exclusivamente patrimonial. Para este Tribunal, las razones
que tuvo el tutelante para adquirir el crédito, tienen profunda importancia.
Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, se presume que el interés
que se persigue es el de obtener una vivienda que en muchos casos no solo
beneficia al actor sino también a su núcleo familiar. Con los créditos de
consumo, el análisis de la Corte fue mucho más riguroso. Si el accionante al no
poder trabajar tomó ese crédito para su subsistencia, se presume que su interés
no era simplemente patrimonial. Esta Sala considera que no es lo mismo tomar un
crédito de consumo para utilizarlo en bienes de menor trascendencia, que
adquirirlo para mantener a una familia.
En segundo lugar (ii), si la persona que solicita el amparo se
encuentra en condición de discapacidad superior al 50%, este Tribunal ha
considerado que existe un mayor riesgo de vulnerar sus derechos fundamentales.
Un análisis riguroso de las sentencias, evidencia que ser sujeto de especial
protección constitucional es una condición muy importante para que el juez de
tutela tome la decisión. Sin embargo, la Corte ha aclarado que no siempre es
suficiente para intervenir en esta clase de relaciones contractuales. Las
Sentencias analizadas muestran casos en los que personas en condición de
invalidez han perdido en alto porcentaje las posibilidades de obtener recursos
económicos para pagar las cuotas de sus créditos, precisamente, porque no
pueden trabajar. En algunos casos la Corte ha constatado que a pesar de la
imposibilidad para trabajar, la persona cuenta con otros ingresos que le
permiten cumplir su obligación crediticia sin atentar contra su mínimo vital.
De allí el siguiente criterio.
En tercer lugar (iii), que carezca de los recursos económicos
suficientes para sufragar sus gastos. En los casos en que la Corte negó el
amparo, las personas que solicitaron la tutela contaban con los recursos que
les permitía continuar con el pago del crédito y de la prima del seguro. En
esas sentencias, la Corte entendió que no se afectaban sus derechos pues
evidentemente, al no estar en riesgo su derecho al mínimo vital, podían acudir
a vías ordinarias para debatir el pago de la indemnización. Incluso, muchos de
ellos, como consecuencia de su invalidez, recibieron pensiones que les permitía
sufragar sus gastos.
Finalmente (iv), el juez debe verificar otros aspectos como las
obligaciones familiares, o del grupo familiar del afectado, o la presencia de
circunstancias adicionales de vulnerabilidad en el peticionario. Solo las
circunstancias del caso concreto determinarán los aspectos relevantes a ser
tenidos en cuenta por el juez, siempre con el propósito de evaluar si las
cargas procesales son o no excesivas para el peticionario.”
En sentencia T-398
de 2014, decidió el caso de una persona de 52 años de edad, que es madre
cabeza de hogar y padece de una invalidez diagnosticada con el 73.63%,
propensa a sufrir diversas afecciones a nivel cerebrovascular y no labora dado
su alto grado de invalidez. La demandante tenía un crédito
hipotecario y solicitó hacer efectiva la póliza, pero la aseguradora se negó
aduciendo una preexistencia, ya que no informó que padecía hipertensión,
incurriendo en reticencia.
Este Tribunal
concedió el amparo invocado, concluyendo lo siguiente:
“Además, el hecho de que el crédito adquirido con el Banco BBVA sea
hipotecario, aumenta las posibilidades de ver afectado su derecho al mínimo
vital, vivienda y vida digna. Si bien es cierto que con otro tipo de créditos
igual existe el riesgo de perder la vivienda y como tal afectarse el mínimo
vital[82],
no es menos cierto que las garantías reales (especialmente la hipoteca que
garantiza derechos reales sobre inmuebles), tienen la virtualidad de dejar en
una situación penosa al dueño de la vivienda que, como en este caso, es una
persona en situación de invalidez y sin condiciones económicas para pagar las
cuotas del crédito bancario.
De acuerdo con lo anterior, estas circunstancias llevan a concluir a
esta Sala que su condición de sujeto de especial protección constitucional al
padecer de una invalidez diagnosticada con el 73.63%, aunado a ello
hacerla acudir al proceso ordinario es obligarla a asumir
cargas desproporcionadas que si bien son soportables para el común de la
sociedad, para ella no lo son. Asistir a los estrados judiciales lleva consigo
una serie de trámites (demanda, notificaciones, diligencias judiciales,
práctica de pruebas, etc.) que la accionante no está en capacidad de cumplir en
condiciones de igualdad. El solo hecho de tener que movilizarse ya es una
situación tortuosa para ella y sus familiares.
De acuerdo con todo lo anterior, en el caso concreto, el mecanismo
es idóneo pero no es eficaz para la señora Olivera Martínez en virtud de sus
condiciones. En consecuencia, esta Sala encuentra que la acción de tutela sí es
el mecanismo adecuado para proteger los derechos de la tutelante, al
encontrarse en un estado de vulnerabilidad latente por padecer una discapacidad
del 73.63% y aun así responder por su núcleo familiar.
Nuevamente, estas características son las que impiden que pueda acudir a las
vías regulares en igualdad de condiciones. Por ello, si bien el proceso
ordinario, por regla general, es el conducto idóneo y eficaz, para este caso no
lo es. En mérito de lo expuesto, esta Sala avocará conocimiento y decidirá el
asunto de fondo al encontrar procedente el presente amparo constitucional.”
7.
Caso concreto.
La misión de
guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución otorgada por el
constituyente a esta Corporación, opera también para el control de
constitucionalidad concreto que ejerce en sede de revisión de tutela[83]
a fin de garantizar la eficacia material que debe tener el recurso de amparo y
a su vez, evidenciar la hermenéutica acorde a la Carta Política de los temas
planteados en el caso concreto, determinando las pautas a seguir para las demás
autoridades administrativas y los jueces.
En ese orden, ante
la solicitud de amparo constitucional le corresponde al juez de tutela: (i)
encontrar a través de los hechos narrados en la acción de tutela, los informes
rendidos por las autoridades demandadas y las pruebas que obran en el
expediente, la verdadera cuestión material debatida y determinar si esta tiene
naturaleza constitucional ius fundamental -por ejemplo el derecho a
la vivienda digna- y si se trata de sujetos con protección constitucional
especial -por ejemplo personas con enfermedades graves y catastróficas y
menores de edad-; (ii) establecer la normativa inferior que rige dicha
cuestión; y (iii) encontrar con base en el ordenamiento superior el bloque de
herramientas constitucionales[84]
que permitan dar sentido y contenido al ordenamiento inferior para solucionar el
asunto puesto a consideración[85].
De este modo, debe
la Sala señalar que la solución al problema jurídico pasa por lograr una
interpretación conforme a la Carta Política (a) de los hechos que ilustran la
presente acción, y (b) de las normas legales que rigen el asunto con los principios
y valores superiores en el marco de la misión de la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución.
(i.a) Ateniendo a las pruebas que obran en el expediente y al desarrollo
de los temas expuestos en acápites anteriores para la solución del problema
jurídico, se tiene que la demandante en el año 2000 fue diagnosticada con VIH[86],
el 26 de mayo de 2002 adquirió el síndrome de inmunodeficiencia adquirida[87],
SIDA y, el 8 de junio de 2010 obtuvo un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro
-FNA- para la compra de una vivienda amparada por una póliza de seguro que
cubre la enfermedad grave o invalidez[88].
El 3 de febrero
de 2011 el Instituto de los Seguros Sociales declaró la pérdida de la capacidad
laboral de la actora en un porcentaje equivalente al 72.75%, debido al progreso
de su enfermedad diagnosticada en el año 2002, y pese a ello ésta continuó
pagando las cuotas de su crédito con el Fondo Nacional del Ahorro hasta que se
vio en la imposibilidad económica de seguir asumiendo esa carga, y acudió ante
la entidad a hacer efectiva la mencionada póliza, con resultados negativos que
dieron lugar a la presentación de esta acción de tutela.
La Sala debe
contextualizar la situación de hecho objeto de análisis, dado que los jueces de
tutela de instancia consideraron que la discusión planteada por la demandante
es patrimonial y de naturaleza comercial, al asumir que lo que ella pretende es
simplemente y en abstracto la aplicación de una póliza de seguro que ampara un
crédito.
Esta Corporación
no comparte la apreciación de los juzgadores de instancia porque si bien es
cierto la afectación de la póliza de seguro que respalda el crédito que
adquirió la demandante hace parte de la discusión jurídica, también lo es que tal
premisa no es autónoma, sino que deriva y tiene su génesis en una discusión que
involucra un aspecto material ius fundamental, esto es, el derecho al
acceso a una vivienda digna que se ve en riesgo ante el acaecimiento de la invalidez
por pérdida de capacidad laboral por el padecimiento de una enfermedad catastrófica
-SIDA-, que en su evolución ha afectado considerablemente su vida en
condiciones de dignidad y de su núcleo familiar integrado por una menor de
edad.
Es esta
situación la que genera en la demandante la disminución de sus ingresos, ya que
tras la pérdida de capacidad laboral le fue reconocida el 25 de mayo de 2012 y
solo de manera transitoria una pensión de invalidez correspondiente al salario
mínimo, y de la calidad de sus condiciones de existencia, al punto que le
impiden seguir honrando su obligación crediticia cuya cuota mensual es de $
481.000, de la cual solo una parte es imputada a capital y el monto restante
debe cubrir el valor del seguro –cuya exigencia reclama y que le fue negado-
y el valor de los intereses[89],
siendo ese el contexto que la obliga a solicitar el cumplimiento de la póliza
de seguro antes mencionada, sobre la cual los juzgadores de instancia solo prestaron
su atención aislada y desprevenida.
Las anteriores situaciones
ponen en riesgo no sólo el esfuerzo económico de la demandante reflejado en las
cuotas que cumplidamente ya pagó de su crédito, sino también la vivienda
adquirida que soporta el gravamen hipotecario impuesto por el fondo acreedor,
puesto que ante la imposibilidad del pago de la totalidad de la deuda el Fondo
Nacional del Ahorro debe ejecutar esa garantía a través de los procedimientos
judiciales que el ordenamiento jurídico le otorga.
(ii.b) Atendiendo lo anterior, la cuestión material no radica en una simple
discusión monetaria crediticia y comercial, sino en un asunto de vital
importancia como es la materialización del derecho fundamental de acceso a una
vivienda digna de un núcleo familiar integrado por una persona con una
condición de salud grave y catastrófica, por demás con una invalidez por
pérdida de la capacidad laboral y de su hija menor de edad, a través de
mecanismos de créditos y de seguro otorgados por el ordenamiento jurídico.
De los hechos
decantados por la Sala y el entendimiento científico del VIH y el SIDA, no es
cierto como pretenden hacerlo ver las entidades, que la demandante no tenía
derecho al amparo señalado en la póliza de seguro del crédito de vivienda otorgado
por el FNA, porque a la fecha del desembolso del mismo (el 6 de junio de 2010)
fuera portadora del VIH (2000) y diagnosticada con SIDA (el 26 de mayo de 2002).
Si bien el
dictamen de la pérdida de capacidad laboral de 3 de febrero de 2011[90]
señala que la demandante adquirió el síndrome en el año 2002, también indicó
que dicha enfermedad al año 2011 “lleva 10 años de evolución con secuelas
neurológicas, proceso de demencia de tres años de evolución” y “un
cuadro generalizado de deterioro cognitivo, síndrome depresivo asociado”,
aspectos estos que vistos desde la doctrina médica previamente referenciada en
esta providencia permiten establecer claramente que se trata de una enfermedad
grave y progresiva cuyo diagnóstico inicial en una fecha determinada no implica
inmediata o automáticamente el deterioro de las capacidades laborales de la
persona o el empleado, sino que de acuerdo a las circunstancias particulares
del paciente, su evolución y deterioro psíquico y físico puede demorar incluso
varios años.
En ese orden,
interpretación de los hechos que surgen en el presente caso, atendiendo al
dictamen médico de invalidez por pérdida de la capacidad laboral de la
demandante y a la doctrina médica sobre el asunto, es que la referida invalidez
cuyos factores de determinación son: i) la deficiencia, ii) la discapacidad y
iii) la minusvalía[91]
-requisito sobre el cual por demás se estructura la exigibilidad de la
póliza de seguro de crédito de vivienda-, fue determinada el 3 de febrero
de 2011 por razón de:
a) El factor
deficiencia, en razón del síndrome de inmunodeficiencia adquirida –SIDA-,
diagnosticado a la actora el 26 de mayo de 2002, el cual, de acuerdo con los
artículos 7 y 8 del Decreto 917 de 1999 otorga hasta un puntaje de 50 puntos en
la sumatoria de la calificación de la pérdida de capacidad laboral; y,
b) Los factores
de discapacidad y minusvalía, que en total ascendieron a 22,75 puntos, los
cuales corresponden a la evolución de aspectos que con el paso del tiempo se
deterioraron y afectaron de forma fulminante su estado de salud, tales como
como b.1) la conducta; b.2) la comunicación; b.3) el cuidado de la persona;
b.4) la locomoción; b.5) la disposición del cuerpo; b.6) la destreza; b.6) la
situación; b.7) la orientación; b.8) la independencia física; b.9) el
desplazamiento, b.10) la integración social, b.11) la autosuficiencia económica
y b.12) aspectos relacionados con la edad.
Debe destacar la
Sala que de acuerdo con el referido dictamen, las normas que rigen la
determinación de la invalidez, la pérdida de la capacidad laboral y la doctrina
médica, el diagnóstico de SIDA de la demandante en mayo 26 de 2002, estructuró
el inicio de sus padecimientos y el comienzo de la configuración de la pérdida
capacidad laboral, pero los padecimientos neurológicos y cognitivos que
determinaron la configuración grave y catastrófica de su estado salud y, en
consecuencia, a la invalidez por la pérdida de la capacidad laboral en un
72,75%, (2011), -elemento fundamental para la exigencia de la póliza de
seguro que ampara el crédito de vivienda-, se desarrollaron tiempo después
del diagnóstico del SIDA (2002) e incluso evolucionaron luego del otorgamiento
del crédito (2010), por lo que en estrictos términos y en simple lógica no
puede considerarse que en el presente caso el siniestro que ampara la póliza ocurrió
con anterioridad a la misma ni al otorgamiento del crédito.
Una
interpretación contraria a lo previamente señalado, como la realizada por las
entidades demandadas, implicaría que una persona por el solo hecho de ser
diagnosticada con el virus VIH o que, de acuerdo con la literatura médica haya
evolucionado en SIDA no tendría derecho a sostener una relación laboral y a
derivar mediante un trabajo remunerado los medios económicos para solventar
dignamente sus condiciones de existencia[92],
lo cual no solo contradeciría el principio de la dignidad humana sino la
abundante jurisprudencia de la Corte que no sólo ha defendido el derecho al
trabajo de estas personas, sino aún más, su derecho a la estabilidad laboral
reforzada[93].
Es así como una
interpretación de los hechos y de las normas que rigen el caso como la expuesta
por las demandadas incluso podría llevar al absurdo de sostener que por esa
misma situación de salud no se tendría derecho a procurar una vivienda digna
mediante los mecanismos de crédito otorgados por entidades estatales como lo es
el Fondo Nacional del Ahorro ni al amparo del mismo mediante una póliza de
seguro que cubran la invalidez derivada de una enfermedad grave y catastrófica que
ha llevado en su evolución al deterioro de la salud física y mental de la
persona, lo cual no solo sería discriminatorio sino también violatorio de la
dignidad humana.
De acuerdo con
el precedente expuesto en la parte dogmática - en el capítulo denominado
la pérdida de la capacidad laboral en el sistema jurídico colombiano-, particularmente
en las sentencias T-661 de 2011 y T-998 de 2012, para efectos de determinar el
estado de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita -como el VIH/SIDA que padece la actora- cuando
la fecha de estructuración de la invalidez es anterior a la del dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, debe analizarse en que época el afiliado
perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva, es decir, el
momento a partir del cual no puede desarrollar una actividad económica que le
permita subsistir, lo cual en el sub-lite ocurrió cuando se le reconoció a la
actora la pensión de invalidez, el 25 de mayo de 2012.
En ese orden, la
anterior sub-regla de interpretación sobre la pérdida de la capacidad laboral y
la fecha de estructuración de la invalidez en relación con la disminución real
de las capacidades de la persona hasta el punto de impedirle realizar
actividades productivas, debe ser valorada solo para efectos de la actividad
aseguradora.
En consecuencia,
mal podría tomarse como el momento de la invalidez la fecha de estructuración
que determinó el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, porque en el caso
particular, debido a la enfermedad degenerativa, grave e incurable que padece
la actora, esto sucedió tiempo después. De este modo, no hay razón para que AXA
COLPATRIA Seguros S.A. objete la afectación de la póliza de seguro de vida
aduciendo que el siniestro es anterior al riesgo que ampara.
(iii) En ese orden, entiende la Sala que la normativa y jurisprudencia
referida en acápites previos, la cual regula (1) la determinación de la
invalidez por pérdida de capacidad laboral, (2) el derecho a la vivienda en
condiciones dignas, (3) los mecanismos crediticios estatales y de aseguramiento
otorgados a los ciudadanos para la materialización de su derecho a la vivienda
digna, así como (4) las disposiciones de protección para las personas que se
encuentran en estado de debilidad por su condición de salud y composición de su
núcleo familiar,  debe ser interpretadas a la luz del siguiente bloque de
herramientas constitucionales compuesto por los siguientes principios y valores
de la Constitución Política.
Así, tanto el
preámbulo[94]
de la Constitución Política como los artículos 1[95], 2[96],
5[97],
11[98];
13[99];
15[100];
y 51 y 64[101],
constituyen las herramientas interpretativas superiores para la solución del
presente caso que la administración -Fondo Nacional del Ahorro-, los
particulares -AXA COLPATRIA Seguros S.A.- y los Jueces de la República -jueces
de instancia- no pueden desconocer, las cuales se traducen para el presente
caso en que: la formula filosófica jurídica de Estado social y de derecho
adoptada por el constituyente exige que las garantías, principios y derechos de
las personas que los integran no son simples afirmaciones retóricas sino que
por el contrario deben materializarse de forma real y efectiva.
Así derechos
como el acceso a una vivienda digna y la igualdad real mediante la promoción de
condiciones de igualdad y de protección especial a quienes están en condiciones
de debilidad, deben ser vistos también en el caso concreto bajo los principios
de solidaridad y de primacía de los derechos inalienables de la persona.
En ese orden,
ante situaciones de hecho como las que en este evento conoce la Sala en las
cuales: (i) por una parte obra una interpretación fáctica de la estructuración
de la incapacidad e invalidez como anterior a la fecha del desembolso del
crédito y una interpretación jurídica de las normas aplicables según la cual no
es exigible la póliza que ampara el crédito de vivienda y, (ii) por otra, una
interpretación que permite la efectividad de los derechos y principios
constitucionales de acuerdo con la cual en enfermedades degenerativas, graves y
catastróficas como el SIDA hay que distinguir la época de su diagnóstico de la
época en que su desarrollo y evolución implican un deterioro significativo para
la persona y una verdadera estructuración de la invalidez, debe escogerse esta
última en la medida en que resulta coherente no sólo con la realidad científica
sino con las normas constitucionales.
Adicionalmente,
atendiendo a lo señalado en capítulo del contrato de seguro y especialmente lo
señalado en la sentencia T-152 de 2006, dada su naturaleza adhesiva, quien presenta
las condiciones del mismo es la aseguradora y en esa medida es a quien le
corresponde asumir la carga de los defectos, omisiones o imprecisiones en los
cuales haya incurrido en el clausulado del referido negocio jurídico, en la
medida en que el tomador de la póliza se adhiere inexorablemente a los términos
y condiciones allí establecidas, por lo que mal podrían trasladársele estas
irregularidades. Máxime si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo señalado
por la jurisprudencia, la interpretación de los contratos de naturaleza
adhesiva, debe favorecer a la parte más débil, es decir, al tomador.
En ese orden,
dado que en el contrato de seguro de vida grupo deudores objeto de análisis en
el sub examine, en el cual AXA COLPATRIA Seguros S.A. y el Fondo Nacional del
Ahorro obraron como determinantes de las condiciones del mismo y la actora - parte
adherente al contrato-, no se hizo referencia a obligación alguna relacionada
con la imposibilidad de tomar el contrato ante el diagnóstico de VIH – virus
asintomático diferente al desarrollo de la enfermedad SIDA- tal imprecisión
no puede ser asumida por quien no puso las condiciones sino que simplemente se
adhirió a ellas, y bajo esa lógica la parte dominante de la relación
contractual no puede aducir su propia negligencia para sustentar la no
afectación de la póliza.
Lo anterior guarda consonancia con la jurisprudencia analizada en
capítulos anteriores – sentencias T-398 de 2014, T-738 de 2011, T-1018 de
2010, T-832 de 2010, T-490 de 2009 y T-152 de 2006-, según la cual, este
Tribunal ha establecido que las aseguradoras tienen la carga de dejar
constancia de las preexistencias o de la exclusión de alguna cobertura al
inicio del contrato, sin embargo, como en el sub-lite, AXA COLPATRIA Seguros
S.A. no demostró que se le hubiese practicado un examen de ingreso a la
demandante o que se hubiese dejado constancia de ello, mal podría imponérsele a
la actora esa carga y mucho menos aducir esa causal como razón de la negativa
de afectación de la póliza.
En consecuencia, si la controversia se planteara desde el punto de
vista de que la aseguradora AXA COLPATRIA Seguros S.A. objeta la afectación de
la póliza porque existió reticencia por parte de la demandante, en aplicación
de las reglas jurisprudenciales aplicables al caso, prevalecería la vigencia de
los derechos fundamentales de la demandante, quien se encuentra en una
situación insostenible por razones de tipo económico y de salud.
Así las cosas
atendiendo a lo previamente expuesto y reiterando el precedente de esta Corporación,
concluye la Sala que le asiste la razón a la demandante en cuanto a que el
Fondo Nacional del Ahorro – FNA- y AXA COLPATRIA Seguros S.A. vulneraron su
derecho de acceso a la vivienda en condiciones dignas y de igualdad frente a su
condición de debilidad manifiesta por su estado de salud, al negarle la
exigibilidad de la póliza de seguro pactada por las partes y consagrada en el
ordenamiento jurídico que ampara su crédito de vivienda otorgado por el Fondo
Nacional del Ahorro frente a su condición de invalidez por pérdida de la
capacidad laboral debido la enfermedad grave que padece, según el dictamen de
11 de febrero de 2011.
En consecuencia,
la Sala de Revisión revocará las decisiones de tutela de instancia que
declararon improcedente el amparo a fin de proteger los mencionados derechos
fundamentales de la señora AA, y ordenará a las entidades que en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, den inicio a los trámites administrativos respectivos para
que se aplique en favor de la demandante la póliza de seguro que ampara el
crédito hipotecario No. 52.132.067-02 y en todo caso, en el término de un (1)
mes contado desde la notificación de esta sentencia, debe quedar extinguido el
mencionado crédito y levantado el gravamen hipotecario que por tal concepto recae
sobre el bien inmueble.
Para efectos de
verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por este Tribunal se
solicitará el acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo.
III.    DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 25
de febrero de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que
confirmó el dictado el 5 de febrero del mismo año por el Juzgado 9º Civil de
Circuito de la misma ciudad, que negó la solicitud de amparo invocada. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales de la señora AA de acceso a la vivienda
digna e igualdad, por las razones
expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Fondo Nacional del Ahorro
y AXA COLPATRIA Seguros S.A., por intermedio de sus representantes legales o
quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, den inicio a los trámites administrativos respectivos para que se
aplique en favor de la demandante la póliza de seguro que ampara el crédito hipotecario
No. 52.132.067-02, a fin de que quede extinguido totalmente el mismo, y en todo
caso, en el término de un (1) mes contado desde la notificación de esta
sentencia, debe quedar extinguido el mencionado crédito y levantado el gravamen
hipotecario que por tal concepto recae sobre el bien inmueble.
TERCERO. SOLICITAR el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a la señora AA,
durante los trámites que adelanten el Fondo Nacional del Ahorro y AXA COLPATRIA
Seguros S.A. a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia.
CUARTO. LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] De acuerdo con los hechos expuestos
de la tutela, para esa época la demandante estaba infectada con el virus pero
aún no desarrollaba los síntomas del síndrome de inmunodeficiencia humana,
SIDA. Ver folios 14 a 19 del cuaderno original.
[2] De conformidad con la contestación
por parte del Jefe de División Administrativa del Fondo Nacional del Ahorro, el
seguro de vida otorgado a la demandante se denomina “Póliza de Vida Grupo
Deudores”, cuyo objeto es amparar a los afiliados beneficiarios de crédito
contra cualquier riesgo de muerte por cualquier causa e invalidez total y permanente,
y como cobertura adicional enfermedades graves. Ver folio 4.
[3] Si bien es cierto que el Juzgado
9° Civil del Circuito de Bogotá negó la solicitud de tutela, también lo es que materialmente
declaró improcedente la solicitud de amparo, argumentando que no procede la
acción y no se acreditó un perjuicio irremediable.
[4] En igual sentido, la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del A quo con argumentos
encaminados a demostrar la improcedencia de la solicitud de amparo, porque
existen otros medios de defensa judiciales y no se acreditó un perjuicio
irremediable.
[5] Juzgado Veintidós del Circuito de
Bogotá, sentencia de 25 de mayo de 2012.
[6] En el parágrafo del acto
administrativo mediante el cual el Seguro Social le reconoció la pensión de
invalidez a la demandante, la pensión reconocida junto con el retroactivo sería
ingresada en la nómina de octubre y pagada en noviembre de 2012.
[7] Sentencia T-328A de 2012.
[8] Sentencia T-640 de 2010, reiterada
en sentencia T-398 de 2014.
[9] Sentencia T-007 de 2015.
[10] Es importante señalar que en
algunas oportunidades la jurisprudencia constitucional ha planteado una especie
de asimilación entre la noción de servicio público y la de interés público. Así
por ejemplo, en la sentencia T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo
siguiente: “Concretamente, cuando el reclamo constitucional tiene que ver
con la vulneración de los derechos al buen nombre y al hábeas data por parte de
una entidad bancaria, derivado del reporte efectuado a las centrales de riesgo
a partir de una obligación que la actora afirma inexistente, la acción de
tutela se torna procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal
es el de captar recursos económicos del público para administrarlos,
intervenirlos y obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido
considerada por la Corte Constitucional como servicio público (…). Lo anterior
lo reglamenta el artículo 335 Superior cuando señala que las actividades
financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos que se captan del conglomerado en
general, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización
del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del
gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
[11] Reiterada en sentencia T-007 de 2015,
cuando la Corte resolvió el caso en una persona
que suscribió un contrato de “Seguro de Vida del Grupo Educadores de Colombia”,
fue dictaminada con una pérdida de capacidad laboral del 95.45%, por padecer de
laringofaringitis crónica, quiste en la laringe y disfonía, sin embargo la
aseguradora se negó a hacer efectiva la póliza aduciendo que la incapacidad era
parcial. En esa oportunidad esta Corporación protegió los derechos
fundamentales y ordenó pagarle el seguro de vida a la peticionaria, aduciendo
que dentro del proceso quedó plenamente demostrada la situación de invalidez
superior al 50%.
[12] Sentencia T-007 de 2015.
[13] En la sentencia T-751 de 2012,
sobre el estado de indefensión, la Corte sostuvo lo siguiente: “El estado de
indefensión acaece o se manifiesta cuando la persona ofendida por la acción u
omisión del particular, sea éste persona jurídica o su representante, se
encuentra inerme o desamparada, es decir, sin medios físicos o jurídicos de
defensa, o con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la
agresión o la amenaza de vulneración, a su derecho fundamental”. Así, la
indefensión "no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden
jurídico o social determinado, sino en situaciones de naturaleza fáctica en
cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta
como la posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de los
mismos.”
[14] En sentencia T-277 de 1999, la
Corte agrupó algunos criterios sobre situaciones de indefensión así: “3.4.
El estado de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de
tutela, debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias
propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia
única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha
reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la
falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o
físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los
ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales,
sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción
-sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la
imposibilidad del particular de satisfacer una necesidad básica o vital, por la
forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias
T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre
otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual,
que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de
derechos fundamentales de una de las partes v.gr. la relación entre padres e
hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. - sentencias
174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de
medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su
utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro.
v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su
acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995- la
utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para
efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.
[15] En sentencia T-661 de 2001, esta
Corporación resolvió la demanda de tutela promovida por un particular contra
una entidad bancaria, de la cual era deudor y había solicitado información
acerca del estado del crédito de vivienda que tenía, pero el Banco se negaba a
entregarle la información completa y satisfactoria. En esa oportunidad la Corte
manifestó que es un deber de los Jueces dentro del estado Social de Derecho proteger los derechos y garantías de las personas en
situación de desequilibrio frente a un poder preeminente como el que tienen las
entidades financieras, y en consecuencia, concedió el amparo del derecho de
petición.
[16] En sentencia T-136 de 2013 se dijo
que “cliente o usuario del sistema financiero se encuentra, por regla
general, en una posición de indefensión ante las entidades del sector”. Ahora
bien, esta posición “no se predica en abstracto, sino que es una situación
relacional intersubjetiva, en la que el demandante no tiene posibilidades ni de
hecho ni de derecho para defenderse efectivamente de una agresión injusta”.
[17] Sentencias T-211 de 2009, T-336 de
2009, T-436 de 2009, T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-123 de 2010, T-130 de
2010, T-136 de 2010, T-916 de 2012, T-024 de 2013, T-884 de 2013, T-066 de
2014, T-398 de 2014, T-458 de 2014, SU-377 de 2014.
[18] En la sentencia SU-961 de 1999, se
dijo que en todo caso “(…) el juez está en la obligación de determinar si
las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la
interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las
acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio
integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el
acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a
través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes
no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral”.
[19] En la Sentencia T-1316 de 2001,
este Tribunal decidió el caso de unos pensionados de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá que reclamaban el reajuste de su mesada y acudieron a
la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo resolvía la demanda ordinaria interpuesta. Sin
embargo, en aquella oportunidad se negó la solicitud de amparo porque se
encontró que el mecanismo ordinario no resultaba “excesivamente gravoso en el
caso específico” y por lo tanto no se estaba frente a un perjuicio
irremediable.
[20] Sentencias T-068/06,
T-822/02, T-384/98, y T-414/92.
[21] Ibídem.
[22] Sentencias T-656 de 2006,
T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
[23] Artículo 13 “El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.”
[24] Recientemente, la sentencia T-330
de 2014.
[25] Resolución No. 5521 de 2013, “Por
la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de
Salud (POS).”
[26] http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/
[27] http://www.cruzroja.es/vih/
[28] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hivaids.html
[29] http://www.infosida.es/que-es-el-vih
[30] http://www.infosida.es/que-es-el-vih#
[31] Publicado en la Revista de la
American Medical Association, disponible en file:///C:/Users/Invitado/Downloads/jpg120019_ES-US.pdf
http://www.msal.gov.ar/sida/index.php/informacion-general/vih-sida-its-y-hepatitis-virales/vih-sida
[32] http://www.msal.gov.ar/sida/index.php/informacion-general/vih-sida-its-y-hepatitis-virales/vih-sida
[33] http://www.sfaf.org/en-espanol/informaciondelvih/?referrer=https://www.google.com.co/
[34] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000594.htm
[35] http://www.gtt-vih.org/
[36] Sentencias T-1316 de 2001 y T-330 de 2014.
[37] La sentencia T-398 de 2014, trajo
a colación la sentencia T-662 de 2013 y dijo que “No puede olvidarse que las reglas
que para la sociedad son razonables, para sujetos de especial protección “pueden tener
repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial
positivo”, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos
fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de
los niños, la recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una
particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos
(C.P. artículo 44). De igual forma, la protección a la maternidad en sus
primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento
preferencial en favor de la mujer (C.P. artículo 43)”.
[38] Sentencias T-086 de 2012, T-196 de
2007, T-152 de 2006 y T-171 de 2003.
[39] Esta Corporación de manera reiterada ha
acogido esta postura desde la sentencia T-152 de 2006, cuando se resolvió el
caso de una persona que adquirió una póliza de seguro familiar, pero un año
después el asegurado requería que le practicaran una cirugía de varicocele
izquierdo y la entidad se negó a cubrirla, argumentando que el tomador del
seguro actuó de mala fe en la declaración de su estado de salud al momento de
la suscripción del contrato, debido a que no registró el padecimiento de dicha
enfermedad. En esa oportunidad se determinó que el demandante se encontraba en
un estado de indefensión y no contaba con los recursos efectivos para oponerse
de manera eficaz a la actitud de la aseguradora. Por lo anterior, se
protegieron los derechos fundamentales del demandante.
La anterior tesis fue reiterada en
sentencia T-832 de 2010, al decidir el caso de una señora a la que le fue
negada la afectación de una póliza porque la enfermedad que padecía era
anterior a la vigencia del contrato de seguro, no obstante lo anterior, la
Corte encontró que la aseguradora no demostró haber practicado o exigido un
examen médico para verificar su condición de salud, por lo que no puede alegar
que el riesgo era anterior a la póliza. En consecuencia, se concedió el amparo
de los derechos fundamentales de la actora.
[40] Carta Política, artículo 1.
“Colombia
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.”
[41] Carta Política, artículo 333.
“ARTICULO  333. La
actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites
del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni
requisitos, sin autorización de la ley.”
[42] Carta Política, artículo 335.
“ARTICULO  335. Las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley,
la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y
promoverá la democratización del crédito”.
[43] Sentencia T-832 de 2010, reiterado
en la T-398 de 2014.
[44] T-342 de 2013
[45] Ley 100 de 1993, artículo 31. “El régimen de prima media con prestación definida es aquél
mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de
vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente título.
Serán aplicables a este régimen
las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a
cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y
excepciones contenidas en esta ley.”
[46] Esta Corporación en la sentencia
T-662 de 2011, abordó el análisis de la invalidez y la evolución normativa de
la pensión de invalidez de origen común.
[47] Ley 100 de 1993, artículo 41,
modificado por el artículo 52 de la ley 962 de 2005. “Calificación
del estado de invalidez. El estado de invalidez será determinado de
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el
manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno
Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para
calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por
pérdida de la capacidad laboral.”
[48] Ley 100 de 1993, artículo 42,
modificado por el artículo 16 de la Ley 1562 de 2012. “Juntas regionales de
calificación de invalidez.  En las capitales de departamento y en aquellas ciudades en
las cuales el volumen de afiliados así lo requiera, se conformará una comisión
interdisciplinaria que calificará en primera instancia la invalidez y determinará su
origen.
(…)”.
[49] Ley 100 de 1993, artículo 43,
modificado por el artículo 19 de la Ley 1562 de 2012. “Junta
nacional de calificación de invalidez.  Créase la junta
nacional para la calificación de los riesgos de invalidez con sede en la
capital de la República, integrada por un número impar de miembros designados
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Esta junta, que será
interdisciplinaria, tiene a su cargo la resolución de las controversias que en
segunda instancia sean sometidas para su decisión por las juntas regionales o
seccionales respectivas.
(…)”.
[50] Artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
modificado por los artículos 11 de la Ley 797 de 2003 y 1° de la Ley 860 de
2003. “Requisitos
para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de
invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior
sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
a)  Que el
afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y
b)   Que
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo
menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que
se produzca el estado de invalidez.
PARAGRAFO.-Para efectos
del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en
cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.”
Esta Corte en sentencia
T-662 de 2011, sobre el particular concluyó: “De este modo, para acceder a la
pensión en comento, es necesario acreditar a través de una entidad autorizada
por la ley una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%. Adicionalmente,
se debe cumplir con un número mínimo de semanas cotizadas, requisito que varía
según la normatividad aplicable al caso.”
[51] Ley 100 de 1993, artículo 45,
reglamentado por el Decreto 1730 de 2001:“Indemnización sustitutiva de la pensión de
invalidez. El afiliado que al
momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la
pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir, en sustitución, una
indemnización equivalente a la que le hubiere correspondido en el caso de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de
la presente ley.”
[52] Ley 100 de 1993, artículo 40, reglamentado
por el Decreto 832 de 1996:“Monto de la pensión de invalidez El monto mensual de la pensión de invalidez será
equivalente a:
a)  El 45% del
ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta
(50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al
66%, y
b)  El 54% del
ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50)
semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a
las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en
su capacidad laboral es igual o superior al 66%.
La pensión por invalidez
no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso la pensión
de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.
La pensión de invalidez
se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma
retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.”
[53] Ley 100 de 1993, artículo 44,
modificado por el Decreto 1889 de 1994. “Revisión de las
pensiones de invalidez. El estado de invalidez podrá revisarse:
a)  Por
solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada
tres (3) años, con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el
dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión que disfruta su
beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a
ello hubiere lugar.
Este nuevo dictamen se
sujeta a las reglas de los artículos anteriores.
El pensionado tendrá un
plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de dicha solicitud, para
someterse a la respectiva revisión del estado de invalidez. Salvo casos de
fuerza mayor, si el pensionado no se presenta o impide dicha revisión dentro de
dicho plazo, se suspenderá el pago de la pensión. Transcurridos doce (12) meses
contados desde la misma fecha sin que el pensionado se presente o permita el
examen, la respectiva pensión prescribirá.
Para readquirir el
derecho en forma posterior, el afiliado que alegue permanecer inválido deberá
someterse a un nuevo dictamen. Los gastos de este nuevo dictamen serán pagados
por el afiliado, y
b)  Por
solicitud del pensionado en cualquier tiempo y a su costa”.
[54] Sentencia T-998 de 2012.
[55] Decreto 917 de 1999, artículo 7. “CRITERIOS PARA LA CALIFICACION INTEGRAL DE INVALIDEZ. Para efecto de la calificación integral de la invalidez se
tendrán en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del
ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el
accidente o la edad, y definidos de la siguiente manera:
a) DEFICIENCIA: Se entiende por
deficiencia, toda pérdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes,
entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o
pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo
humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa
la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja
perturbaciones a nivel del órgano.
b) DISCAPACIDAD: Se entiende
por Discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser
humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o
insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o
rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o
irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la
deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona.
c) MINUSVALÍA: Se entiende por
Minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para
el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo,
factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia
entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que
pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por
cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales
y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas
y alteran su entorno”.
[56]   Artículo 31 del Decreto 2463 de
2001, “por el cual se reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de la Juntas de Calificación de Invalidez.”
[57] Reiterada en sentencia T-998 de
2012, T-420 de 2011 y T-432 de 2011.
[58] Artículo 2 del Decreto 917 de 1999 “Para efecto de la
aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptanse las siguientes
definiciones:
a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona
que por cualquier causa, de cualquier origen, no provocada intencionalmente,
hubiese perdido el 50% o más  de su capacidad laboral.
b) Incapacidad permanente parcial: Se considera con
incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier causa, de
cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 5% e inferior al 50%.
c) Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad
laboral del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o
potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse
en un trabajo habitual.
d) Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual
aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su capacidad
laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una
remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema
Integral de Seguridad Social”.
[59] Artículo 3 del Decreto 917 de 1999:“la fecha en que se genera en el
individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva.
Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia
clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona
reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las
prestaciones derivadas de la invalidez”.
[60] Corte Constitucional, Sentencia
T163 de 2011.
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-699A de 2007.
[62] En sentencia T-561 de 2010, la
Corte resolvió el caso de una persona que sufría una enfermedad mental de larga
evolución, donde la fecha de estructuración de la invalidez era anterior a la
del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, y en ese caso se determinó que
son “(…) las normas y
las situaciones fácticas de ese momento las que en efecto han de ser tenidas en
cuenta para una adecuada valoración y calificación de su invalidez y del
efectivo cumplimiento o no de la condición de persona inválida.”
[63] Acuerdo ISS 049 de 1990, aprobado mediante
Decreto 758 de 1990, en cuyo artículo 6° se lee (el resaltado no está en el
texto original): “Artículo 6. Requisitos de la Pensión de Invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez
de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente
total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de
los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez.”
[64] Artículo 93 de la Constitución
Política.
[65] “1.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad.”
[66] “1. Los Estados Partes en el
presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho
reconocido a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento.”
Incorporado mediante Ley 74 de 1968
[67] “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias,
tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente
económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformados por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
Incorporado mediante Ley
16 de 1972.
[68] “1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras
personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones
de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de
acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por
el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la
nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán
todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia
por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad
financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad
financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el
niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales
o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera
otros arreglos apropiados.”
Incorporado mediante Ley 12 de
1991.
[69] “Deberán reconocerse a los pueblos
interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán
tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva
de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados.”
[70] “1. A reserva de lo dispuesto en los
párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser
trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando
excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y
con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento,
el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de
procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la
posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea
posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y
reubicación.
4. Cuando el retorno no
sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán
recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una
indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización
con las garantías apropiadas.
5. Deberá indemnizarse
plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño
que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.”
[71] “1. Deberán respetarse las modalidades de
transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos
interesados establecidas por dichos pueblos.
2. Deberá consultarse a
los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus
tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de
su comunidad.
3. Deberá impedirse que
personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos
pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para
arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a
ellos.”
Incorporado mediante Ley 21
de 1991.
[72] Sentencias T-958 de 2001, T-791 de
2004 y T-585 de 2008.
[73] La Corte en sentencia T-908 de
2012, sostuvo que: “En
este entendido, los enunciados que históricamente se han efectuado de los
derechos como civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y otros, no
deben entenderse como una negación de su carácter fundamental, sino que será su
inherencia o conexión íntima con la persona humana, como ser digno, la que
determine tal carácter, circunstancia que podrá ser identificada por los
partícipes del escenario social y que, en todo caso, debe atender el juez, como
autoridad encargada de resolver los conflictos jurídicos a partir de la
observación de la realidad y de la interpretación y aplicación del derecho.”
[74] Sentencia C-793 de 2009.
[75] El inciso 2° del
artículo 334 de la Carta Política dispone que “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar de manera progresiva, que todas las
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al
conjunto de los bienes y servicios básicos”.
[76] Constitución Política, artículos
51 y 64.
[77] Ley 432 de 1998, artículo 2°. “Objeto. El Fondo Nacional
de Ahorro administrará de manera eficiente las cesantías y contribuirá a la
solución del problema de vivienda y de educación de los afiliados, con el fin
de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización
social.
Parágrafo.- La asignación de los
créditos que otorga el Fondo Nacional de Ahorro se hará atendiendo los
siguientes criterios:
a.
Distribución
regional de los recursos de acuerdo con el número de afiliados por
departamento;
b.
Composición
salarial de los afiliados;
c.
Sistema
de asignación del crédito por puntaje.”
[78] “Operaciones autorizadas. El Fondo
Nacional de Ahorro podrá otorgar crédito para educación y vivienda a sus
afiliados. El crédito de vivienda deberá ser garantizado con hipoteca en primer
grado y pignoración de futuras cesantías”.
[79] En concreto se dijo: “Para la Sala,
este comportamiento de las accionadas como entidades pertenecientes al sistema
financiero (…), evidencia una vez más la utilización de la posición dominante,
tanto en el contrato de mutuo como en el de seguros cuando, amparadas en la
aparente legalidad de la literalidad de las cláusulas de los documentos con que
se instrumentaron los contratos de crédito hipotecario y el de seguros
respectivamente, actuando en sus condiciones de acreedora sin satisfacción de
su crédito por parte de la ejecutante y de no obligada al pago de indemnización
por terminación del amparo vida ante la no cancelación de las primas, por parte
de la aseguradora, se propicia la terminación formal de la vía ejecutiva, en la
que como se dijo, ya no era factible debatir las controversias que podían
llevar a que la obligada al pago de la deuda fuera la aseguradora, lo que
obviamente liberaba a la accionante de esa carga. Es para la Sala entonces, un
comportamiento con el que sin permitir que fuera la justicia la que decidiera el
asunto, se causó a la accionante el riesgo inminente de perder su vivienda, que
como se ha considerado en esta providencia, para ella hace parte de su mínimo
vital”.
[80] En concreto se sostuvo: “Por las anteriores consideraciones, la Sala de Revisión
estima que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para resolver la
controversia aquí debatida, toda vez que la objeción realizada por la compañía
aseguradora, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y a la vida
digna de la peticionaria, puesto que, por su discapacidad la no cancelación del
saldo insoluto de la obligación que adquirió en el Banco Agrario de Colombia,
acentuaría la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra la
señora (…) y su familia.”
[81] Sobre el particular se estableció: “En
los casos objeto de estudio, no observa la Sala que se presente la misma
ambigüedad, debido a que dentro de las condiciones particulares de cada una de
las solicitudes de aseguramiento, los peticionarios declararon expresamente no
tener las enfermedades que posteriormente generaron la objeción de las
aseguradoras accionadas (cáncer de tiroides, en un caso; y diabetes, en el
otro). No sería razonable por parte del juez constitucional defender, en una
relación contractual signada por una especial consideración a la buena fe, que
los usuarios tienen el derecho a ocultar información que conocen, especialmente
cuando lo que está de por medio es el cubrimiento de un crédito de consumo
ordinario.
En adición a lo expuesto, la Sala estima que, ante la
duda sobre el conocimiento de una preexistencia por parte de la peticionaria al
momento de declarar, debe adoptarse la posibilidad hermenéutica de la situación
fáctica que le conceda un mayor rango de eficacia a sus derechos (principio pro
hómine), especialmente si se toma en cuenta que el crédito que respalda la
póliza de seguros en cuestión es de carácter hipotecario y que actualmente no
cuenta con posibilidad de acceder a puestos de trabajo, en virtud de su
discapacidad. En consecuencia, la Sala concluye que no se demostró que la
peticionaria hubiera mentido y, por lo tanto, incurrido en reticencia al
momento de suscribir la póliza de seguros. En consecuencia, la objeción de la
aseguradora accionada a la reclamación carece de sustento.”
[82] Principio General del Derecho
según el cual el patrimonio del deudor es prenda general de los acreedores.
[83] Carta Política, aartículo 241. “A la
Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal
fin, cumplirá las siguientes funciones:
9. Revisar,
en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la
acción de tutela de los derechos constitucionales. (…).”
[84] Que comprende: a) el articulado
expreso de la Constitución Política; b) las normas de rango constitucional de
conformidad con el bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución
Política), y c) las decisiones judiciales de la Corte Constitucional.
[85] Esto en la medida en que, en el
ordenamiento jurídico colombiano quien en primer lugar está llamado a analizar
con técnica y absoluta seriedad la solicitud de amparo es el juez
constitucional de instancia, ya que ante él opera la inmediatez física y
temporal del caso puesto a su consideración, y su análisis errado o
descontextualizado implica pérdida de tiempo en asuntos que pueden resultar de
suma importancia e incluso vitales para el usurario de la administración de
justicia. En ese orden la Corte Constitucional, en cumplimiento del artículo
241-9 de la Constitución Política, está en la obligación de emitir reglas
homogéneas de ineludible acatamiento que permitan a los jueces constitucionales
de instancia ejercer su labor de protectores de derechos fundamentales de
primera línea de una manera eficiente para el usuario de la administración de
justicia.
[86] De acuerdo con los hechos narrados
por la demandante en el escrito de tutela.
[87] Según el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral.
[88] De acuerdo con lo manifestado por
el Fondo Nacional del Ahorro en la contestación de la demanda de tutela, en la póliza Vida Grupo Deudores,
en la que se estableció “(…) Principio y fin de la cobertura: La
cobertura del seguro inicia desde la fecha del desembolso del crédito
aprobado por el Fondo Nacional del Ahorro y está vigente hasta la cancelación
del crédito”. (Subrayas y negrillas del texto).
[89] De acuerdo con el reporte entregado
por el Fondo Nacional del Ahorro que obra en el expediente, la última cuota
pagada por la demandante fue de $ 450.000, de los cuales se imputaron a capital
$ 115.368,07; a intereses $ 328.070,33 y a la prima mensual que paga por
concepto de seguro $5.194,14.
[90] Folio 11 del expediente.
[91] Decreto 917 de 1999, artículo 7.
[92] Carta Política, preámbulo y
artículos 1° y 25.
“Preámbulo. En
ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y
promulga la siguiente (…)
ARTICULO   1. Colombia
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
ARTICULO   25. El
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas.”
[93] Sentencias T- 986 de 2012, T-025
de 2011, T-490 de 2010, T-703 de 2009, T-295 de 2008, T-238 de 2008, T-992 de
2007 y T-519 de 2003.
[94] El cual consagra como principios
la justicia y la igualdad.
[95] El cual consagra la cláusula del
Estado Social de Derecho, y como principios el respeto a la dignidad humana y
la solidaridad.
[96] El cual consagra como fin esencial
del Estado garantizar la efectividad de los derechos y principios de las
personas.
[97] El cual consagra el derecho a la
no discriminación y el principio de la primacía de los derechos inalienables de
las personas.
[98] El cual consagra el derecho a la
vida en condiciones dignas.
[99] El cual consagra el derecho a la
igualdad material y el deber del Estado de promover condiciones de igualdad y
protección especial a las personas con debilidad física y mental.
[100] El cual consagra el derecho a la
intimidad personal.
[101] Los cuales consagran el derecho a
la vivienda en condiciones dignas.