T-841-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-841/14
LEGITIMACION POR ACTIVA DEL SINDICATO-Presentación
de tutela
Las organizaciones sindicales están legitimadas para
presentar una acción de tutela en dos ocasiones: (i) cuando ejercen la defensa
de sus propios derechos fundamentales, o (ii) cuando buscan la protección de
los derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados. En el primer
caso, las organizaciones actúan directamente para salvaguardar sus propios
derechos fundamentales como personas jurídicas individualmente consideradas. En
el segundo, las organizaciones sindicales actúan como representantes de los
trabajadores a ellos asociados.
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Legitimación del Sindicato para interponer acción de tutela a
favor de sus afiliados
ACCION DE TUTELA PARA
RECLAMAR ACREENCIAS LABORALES-Procedencia
excepcional
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Improcedencia por cuanto no se
cumplieron los requisitos especiales de procedibilidad para el cobro de
acreencias laborales de miembros de sindicato
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE ACREENCIAS LABORALES-Improcedencia
general para solicitar prestaciones laborales de contenido económico diferentes
al salario y por no existir perjuicio irremediable
Referencia: expediente
T-3910851
Acción de tutela
instaurada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos
Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAMSDES), en contra
del municipio de Sabanalarga, Atlántico, representado por el Alcalde Roberto
Carlos León Peña, o quien haga sus veces.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., once (11) de noviembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María
Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo al
cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera (1ª) instancia, por
el Juzgado Tercero (3º) Promiscuo Municipal de Sabanalarga, Atlántico, el trece
(13) de diciembre de dos mil doce (2012), y en segunda (2ª) instancia, por el
Juzgado Tercero (3º) Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, Atlántico, el veinte
(20) de marzo de dos mil trece (2013) en el proceso de tutela iniciado por el
Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e
Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAMSDES) en contra del municipio
de Sabanalarga, representado por el Alcalde Roberto Carlos León Peña, o quien
haga sus veces.
El
proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la
Sala de Selección de Tutelas Número Cinco (5) de la
Corte Constitucional, mediante Auto proferido el veintiocho (28) de mayo de dos
mil trece (2013).
I.
DEMANDA Y SOLICITUD
El seis
(6) de septiembre de dos mil doce (2012), los integrantes de SINTRAMSDES[1] interpusieron
acción de tutela contra el municipio de Sabanalarga, Atlántico, por considerar
que la liquidada Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Sabanalarga E.S.P. E.I.C.E. violó sus derechos fundamentales al trabajo y
al mínimo vital por no haberles pagado las acreencias laborales causadas entre
el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) y la fecha de la tutela. Según los
accionantes, estas violaciones fueron producto de (i) la invalidez del proceso
de liquidación de la mencionada compañía como resultado del incumplimiento de
tres (3) fallos de tutela que ordenaron su prórroga y corrección, y (ii) la
sobrevivencia de las relaciones laborales de los accionantes por su indebida
terminación[2].
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitaron el pago de los salarios, las
prestaciones sociales, las cuotas sindicales y los demás pasivos laborales
causados en el dos mil diez (2010), dos mil once (2011) y dos mil doce (2012).
1.
El
apoderado judicial de los accionantes fundó su solicitud de tutela en los
siguientes hechos:
1.1.
En el presente caso, treinta y ocho (38) trabajadores sindicalizados le exigen
a una empresa municipal liquidada reconocer la vigencia actual de sus
relaciones laborales a pesar de que esta cesó actividades de manera definitiva
el once (11) de mayo de dos mil dos (2002). Arguyendo que no fueron formalmente
despedidos y que la empresa sigue existiendo, pues su proceso de liquidación
debe ser invalidado por las fallas que en él se cometieron, los trabajadores
solicitaron el pago de las acreencias laborales causadas hasta la fecha desde
el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010), momento en que inició el proceso
de liquidación de la mencionada compañía.
1.2.
Señalan que trabajaron para la empresa municipal desde mediados de los
años noventa[3],
que fueron desalojados de esta el once (11) de mayo de dos mil dos (2002)
cuando cesó actividades de manera definitiva[4]
y que la entidad territorial no profirió los actos administrativos necesarios
para terminar las relaciones laborales. Razones por las cuales, la Alcaldía y
el Alcalde fueron posteriormente objeto de sanciones fiscales y disciplinarias[5].
1.3.
Narran que después del cese de actividades, la
Alcaldía y el Consejo Municipal intentaron liquidar la empresa en diversas
ocasiones[6].
Sin embargo, como resultado de errores en la redacción e interpretación de los
instrumentos normativos que se profirieron para tal efecto, así como por la
inactividad del propio Despacho del Alcalde, el proceso de liquidación sólo
pudo iniciar hasta el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010)[7].
1.4.
Indican que durante los ocho (8) años que trascurrieron entre el cese de
actividades y el inicio del proceso de liquidación, no hubo claridad sobre la
existencia jurídica de la compañía, así como tampoco sobre la sobreviviencia de
las relaciones laborales de los treinta y ocho (38) accionantes. Debido a esto,
la Alcaldía fue objeto de varias órdenes judiciales. Unas abogaron por
garantizar la asignación presupuestal requerida para pagar las acreencias
causadas después del dos mil dos (2002)[8].
Otras, ordenaron su pago inmediato a trabajadores específicos[9].
1.5.
Exponen que el doce (12) de mayo de dos mil once (2011), la
Organización Jurídica y Empresarial José David Morales Villa E.U., en su
calidad de ente liquidador[10],
declaró terminada la existencia legal de la empresa[11]. Así mismo, que determinó,
calificó y graduó las reclamaciones presentadas, ordenando el pago de setecientos
tres millones setenta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($703.075.689)
a veintisiete (27) de los treinta y ocho (38) peticionarios en los montos
descritos a continuación, como resultado de los procesos ordinarios que se
adelantaban para ese entonces:
ACCIONANTE
MONTO
1
Javier Acuña
$18.932.626
2
Libardo Ballestas
$23.578.148
3
Regulo Carrillo
$17.280.221
4
Omar Cepeda
$0
5
Edilberto Estrada
$0
6
Enrique Tesillo
$0
7
Juan Carlos Estrada
$35.727.784
8
Jairo Hernández
$19.396.336
9
Gabriel Hurtado
$35.045.232
10
Felix Manotas
$0
11
Andrés Mercado
$28.182.353
12
Marcelino Olivares
$13.159.763
13
Andrés Ordóñez
$30.033.297
14
Ever Peña
$41.264.435
15
Pablo Peña
$13.949.247
16
Carmelo Polo
$32.709.109
17
Wilfrido Polo
$0
18
Rodrigo Reyes
$4.193.338
19
Dagoberto Rivera
$22.361.080
20
Norberto Roa
$28.488.580
21
Jorge Sabalza
$32.971.871
22
César Sarmiento
$0
23
Sixto Silvera
$36.067.510
24
Germán Vásquez
$20.470.789
25
Emel Vizcaíno
$0
26
Roque Charris
$39.829.288
27
Margarita Álvarez
$0
28
Abel Barraza
$0
29
Fredy Sarmiento
$14.414.797
30
César de los Reyes
$0
31
Ascanio Ahumada
$37.499.981
32
Benjamín Bilbao
$12.433.618
33
José Quintero
$0
34
Ángel Jiménez
$36.011.932
35
Elías Gutiérrez
$6.096.522
36
Adolfo Borrero
$34.921.867
37
Alfredo Escorcia
$33.062.822
38
Freddy Primo Herrera
$34.993.143
TOTAL
$703.075.689
1.6.
Sin embargo, señalan que ellos, en calidad de trabajadores, solicitaron la
invalidez del proceso de liquidación mediante varias acciones de tutela por no
haberse levantado un inventario de pasivos laborales. A su juicio, esto le
permitió a la empresa desconocer varias de sus obligaciones. Los jueces
correspondientes determinaron que la omisión de dicho procedimiento constituía
una violación al debido proceso. Por consiguiente, concedieron el amparo
solicitado y ordenaron (i) la realización del inventario; (ii) la prórroga del
proceso de liquidación, y (iii) la terminación formal de los contratos de
trabajo cuando este último proceso culminara[12].
En cuanto al pago de las acreencias laborales, establecieron que la pretensión
excedía su competencia y que su estudio requería del inventario descrito.
1.7.
Plantearon que la Alcaldía incumplió las órdenes descritas cuando alegó que le
era imposible alterar un procedimiento que había concluido. Como consecuencia,
(i) presentaron un incidente de desacato en contra del Alcalde[13]; (ii) el juez de tutela
envió copia del expediente a la
Procuraduría General de la Nación solicitando su cumplimiento y la imposición
de las sanciones correspondientes[14];
(iii) la Procuraduría Provincial de Barranquilla abrió investigación
disciplinaria contra el primer mandatario[15],
y (iv) la Contraloría Departamental del Atlántico determinó que hubo un
detrimento patrimonial de ciento sesenta y nueve millones quinientos noventa y
seis mil pesos ($169.596.000) como consecuencia de la indebida celebración del
contrato del ente liquidador y su ejecución[16].
2.
Respuesta
de la entidad accionada
El
Alcalde manifestó que (i) la acción había sido interpuesta doce (12) años
después de la ocurrencia de los hechos y, por lo tanto, era improcedente por falta
de inmediatez; (ii) el gobierno local ha realizado varios pagos en relación con
las acreencias causadas en cumplimiento de órdenes judiciales, a saber, novecientos
noventa y cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y
cinco pesos ($994.463.235) durante el dos mil doce (2012) y ciento cuarenta y
cuatro millones de pesos ($144.000.000) con corte al treinta y uno (31) de
marzo de dos mil trece (2013)[17];
(iii) la empresa fue liquidada debidamente el doce (12) de
mayo de dos mil once (2011), y (iv) si era cierto que sobrevivían las
relaciones laborales, las acreencias respectivas habían prescrito[18].
3.
Decisión
del juez de tutela en primera instancia
El trece
(13) de diciembre de dos mil doce (2012), el Juzgado Tercero (3º) Promiscuo
Municipal de Sabanalarga negó el amparo solicitado por el incumplimiento del
principio de inmediatez. A su juicio, los accionantes solicitaron el pago de
las acreencias laborales causadas sin justificar por qué permanecieron en
inactividad por casi doce (12) años. Situación que, a su juicio,
desnaturalizaba y contrariaba el propósito de la acción de tutela.
4.
Impugnación
En
el escrito de impugnación los tutelantes aclararon que su pretensión se
limitaba al cobro de las acreencias causadas desde el nueve (9) de junio de dos
mil diez (2010), mas no desde el año dos mil dos (2002). Así mismo,
manifestaron que la existencia de las relaciones laborales estaba
suficientemente probada ante la ausencia de un acto administrativo que les
diera por terminadas, pues, de acuerdo con los fallos de tutela del veinte (20)
de junio, veintiocho (28) de junio y trece (13) de mayo de dos mil once (2011)
seguían existiendo. Finalmente, arguyeron que el juez de primera (1ª) instancia
estaba desconociendo la solución que la Corte Constitucional le dio a un caso
análogo en la Sentencia T-327 de 2006[19].
5.
Decisión del juez de tutela en segunda instancia
El
veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013), el Juzgado Tercero (3º) Promiscuo
del Circuito de Sabanalarga, Atlántico, revocó la sentencia de primera (1ª) instancia,
concediendo el amparo solicitado por considerar que (i) el proceso de
liquidación no concluyó pues nunca se subsanaron las irregularidades en él cometidas;
(ii) las relaciones laborales seguían existiendo pues no fueron debidamente
terminadas en el dos mil dos (2002), y (iii) el impago de las acreencias
laborales causadas desde el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010) hasta la
fecha generó una afectación al mínimo vital de los accionantes en la medida en
que “el sólo hecho de dejar de pagarle los salarios a los trabajadores
produce la afectación de su mínimo vital, ya que se entiende que es el único
sustento que poseen, y tal presunción no ha sido desvirtuada por la parte
accionada”. Como consecuencia de lo anterior, le ordenó a la
Alcaldía a realizar el pago de los pasivos laborales respectivos. En cuanto al
presunto desacato, manifestó su preocupación y recordó que el Procurador
General de la Nación es el encargado de imponer las sanciones disciplinarias
correspondientes.
6.
Pruebas
aportadas por las partes y evaluadas por el juez de tutela
Al
momento de fallar, los jueces de instancia contaban con las siguientes pruebas:
1.
Copia del certificado
de afiliación a SINTRAEMSDES[20].
2. Copia
del certificado de vigencia de la junta directiva de SINTRAEMSDES[21].
3. Copia
de
constancias de ingreso, comprobantes de pago de vacaciones, actas de posesia de los casos e indefinido y0. la, varios de lossolicitud
de inspeccia consecuente sobrevivencia de dicha entidad hasta la fechón
y contratos laborales a término definido e indefinido de todos los accionantes[22]. 4. Acta de la
inspección judicial realizada en las instalaciones de la
Secretaría de Hacienda municipal de Sabanalarga[23]. 5. Convención Colectiva
de Trabajo suscrita entre la Empresa municipal y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Obras Sanitarias y
Saneamiento Básico (SINTRACUEMPONAL), seccional Sabanalarga, el veintisiete (27)
de diciembre del año dos mil (2000)[24].
6. Copia del Acuerdo Municipal No. 010 del año dos mil uno (2001)[25]. 7. Copia
del contrato 001 del año dos mil dos (2002) suscrito entre la compañía privada
Aguas y Servicios de Sabanalarga (AYSSA) y el municipio de Sabanalarga[26]. 8. Copia
de la
Sentencia T-327
de 2006[27].
9.
Copia del fallo de primera (1ª) instancia proferido por la
Procuraduría Provincial de Barranquilla el veintitrés
(23) de octubre de dos mil ocho (2008) en el marco de un proceso disciplinario
adelantado contra el Alcalde de Sabanalarga[28]. 10.
Copia de la Sentencia de primera (1ª) instancia proferida por el Juzgado Segundo
(2º) Promiscuo Municipal de Sabanalarga el cinco (5) de mayo de dos mil nueve (2009),
en el proceso de tutela iniciado por un grupo de trabajadores de la empresa
pública contra la entidad territorial[29]. 11.
Copia del proyecto de Acuerdo Municipal que presentó el Alcalde local al
Consejo Municipal el diez (10) de noviembre de dos mil nueve (2009)[30].
12. Copia
del Decreto Municipal 38 del diez (10) de junio de dos mil diez (2010), por
medio del cual se “suprime la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Sabanalarga, E.SP. E.IC.E. Nit.: 800.184.772-9 del orden municipal, se ordena
su liquidación y se dictan otras disposiciones”[31]. 13. Copia de la
Resolución No. 001 del dieciséis (16)
de noviembre de dos mil diez (2010), por medio de la cual “se determina,
califica y se gradúan las reclamaciones presentadas oportunamente contra la
masa de la liquidación de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
SABANALARGA E.S.P. E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN”[32]. 14. Copia del
informe de advertencia presentado por la
Defensoría del Pueblo al Alcalde de Sabanalarga el treinta y uno (31) de enero
de dos mil once (2011) sobre el proceso de liquidación de la empresa municipal[33].
15. Copia del acta de cierre de liquidación y disposición de bienes, derechos y
obligaciones de la empresa municipal[34].
16.
Copia de las Sentencias proferidas en segunda (2ª) instancia por el Juzgado
Tercero (3º) Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, Atlántico, el trece (13) de
mayo, el veinte (20) de junio y el veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011),
en los procesos de tutela iniciados por varios de los accionantes del proceso
objeto de revisión contra la entidad territorial[35]. 17. Copia de las Sentencias
del trece (13) de abril de dos mil doce (2012) y del veintidós (22) de mayo del
mismo año proferidas por el Juzgado Primero (1º) Promiscuo Municipal de
Sabanalarga en relación con el incidente de desacato promovido contra el
Alcalde local y otros[36].
18. Copia del Auto proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Sabanalarga, Atlántico, el veintidós (22) de agosto de dos mil doce (2012)
mediante el cual ordenó poner en conocimiento del Procurador General de la
República la conducta omisiva del mandatario local[37]. 19. Copia del informe
que presentó la
Contraloría Departamental del Atlántico el cinco (5) de octubre de dos mil
doce (2012) sobre la situación fiscal del municipio de Sabanalarga[38]. 20. Copia de
un comunicado emitido por la
Procuraduría Provincial de Barranquilla el doce (12) de octubre de dos mil
doce (2012) en donde le informa a SINTRAEMSDES que, de acuerdo con su solicitud,
dicha institución requirió al Alcalde Municipal de Sabanalarga para que cumpliera
los fallos de tutela ya referenciados[39].
21. Certificado emitido por el Secretario de Hacienda del Municipio de
Sabanalarga el dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013)[40].
7.
Trámite de Revisión ante la
Corte Constitucional
7.1.
El Alcalde solicitó la revisión del fallo de segunda (2ª) instancia
argumentando que (i) se realizaron pagos a los ex trabajadores
por mil ciento treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil
doscientos treinta y cinco pesos ($1.138.463.235) con corte al dieciséis (16)
de abril del mismo año[41];
(ii) nunca existió sustitución patronal entre la empresa municipal y la empresa
privada que asumió la prestación del servicio, razón por la cual, las
relaciones laborales culminaron cuando la primera cesó actividades, y (iii) no
existe prueba de la afectación al mínimo vital.
7.2.
Mediante Auto del once (11) de septiembre de dos mil trece (2013), la
Corte (i) vinculó al proceso a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
de Barranquilla S.A. E.S.P. (quien está encargada de la prestación actual del
servicio) para que remitiera información relacionada con la prestación del
servicio público y las relaciones laborales de los accionantes[42]; (ii) ordenó poner el
caso en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
para que se pronunciara sobre las prestaciones y el problema jurídico, y (iii)
le solicitó a la Alcaldía Municipal aportar copia de los instrumentos
normativos referenciados en el proceso, los documentos proferidos en el proceso
de liquidación e información sobre las relaciones laborales[43].
7.3.
En respuesta a este auto, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P. manifestó estar exenta de toda responsabilidad pues
nunca tuvo un vínculo u obligación directa o indirecta por solidaridad o
sustitución patronal con los accionantes o la empresa municipal[44]. La Superintendencia de Servicios Públicos, por su parte, explicó que no tiene competencia sobre
liquidaciones voluntarias, sino únicamente sobre las forzosas que ella ordena[45]. Finalmente,
la Alcaldía Municipal aportó los documentos requeridos[46] y expuso el flujo de
cuentas del acuerdo de reestructuración de pasivos que suscribió recientemente
el municipio con el ánimo de evidenciar su difícil situación económica[47].
8.
Intervenciones
El
Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó la revocatoria del fallo de
segunda (2ª) instancia al considerar que las órdenes allí impartidas ponen en
riesgo la ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos y la
sostenibilidad fiscal del municipio[48].
A su juicio, los accionantes no están legitimados para reclamar el pago de las
acreencias laborales correspondientes a dos mil diez (2010), dos mil once (2011)
y dos mil doce (2012) pues, habiendo terminado las relaciones laborales en el dos
mil dos (2002) con ocasión de la clausura definitiva de la empresa, no hubo
prestación personal del servicio ni subordinación en dichos periodos.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
2.1.
Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991[49].
2.2.
Planteamiento del caso y problema jurídico
2.2.1.
Los miembros del sindicato SINTRAMSDES interpusieron acción de tutela contra el
municipio de Sabanalarga por considerar que la liquidada Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo E.S.P. E.I.C.E. violó sus derechos
fundamentales al trabajo y al mínimo vital al no reconocerles las acreencias
laborales causadas hasta la fecha desde el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010).
Los actores manifestaron que las violaciones fueron producto de (i) la
invalidez del proceso de liquidación empresarial como resultado del desacato de
tres (3) fallos de tutela que ordenaron su prórroga y corrección, y (ii) la
sobrevivencia de las relaciones laborales por la indebida terminación de sus
contratos. Solicitaron el pago de los salarios, las prestaciones sociales, las
cuotas sindicales y los demás pasivos laborales causados en el dos mil diez (2010),
dos mil once (2011) y dos mil doce (2012).
2.2.2.
De acuerdo con lo anterior, a la Sala de Revisión le corresponde abordar el
siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la Alcaldía de Sabanalarga los derechos
fundamentales de los trabajadores de la empresa municipal de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo E.S.P. E.I.C.E. cuando no reconoció el pago de sus salarios y
prestaciones sociales argumentando que dicha empresa cesó actividades de manera
definitiva hace más de una década y los accionantes no realizaron ninguna
actividad laboral durante el periodo que pretenden cobrar?
2.2.3.
Sin embargo, dado que los peticionarios no cumplieron con el principio de
subsidiariedad, con el principio de inmediatez y con todos los
requisitos especiales de procedibilidad para el cobro de acreencias laborales, la
Sala declarará
la improcedencia de la acción y se abstendrá de resolver el problema jurídico anotado.
2.2.3.
En aras de fundamentar esta decisión, sintetizará su jurisprudencia sobre (i)
la legitimación en la causa por activa de las organizaciones sindicales, y (ii)
la procedencia excepcional de la acción de tutela para el cobro de acreencias
laborales.
3.
Legitimación en la causa por activa de las organizaciones sindicales.  Reiteración
de jurisprudencia
3.1.
Según el artículo ochenta y seis (86) superior[50]
y la jurisprudencia de esta Corporación[51],
las organizaciones sindicales están legitimadas para presentar una acción de
tutela en dos ocasiones: (i) cuando ejercen la defensa de sus propios derechos
fundamentales, o (ii) cuando buscan la protección de los derechos fundamentales
de los trabajadores sindicalizados. En el primer caso, las organizaciones
actúan directamente para salvaguardar sus propios derechos fundamentales como
personas jurídicas individualmente consideradas. En el segundo, las
organizaciones sindicales actúan como representantes de los trabajadores a
ellos asociados. En relación con este último escenario, la
Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones señalando, en síntesis, lo
siguiente:
“Si
a todos los sindicalizados o a un número significativo de ellos les están
siendo vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, nada se opone a que
el Sindicato, en cuanto persona jurídica surgida justamente para fortalecerlos
frente al patrono, tome a cargo la representación de los afectados, ante
comportamientos de aquél que sean contrarios al ordenamiento jurídico o
violatorios de sus derechos fundamentales, con el objeto de solicitar a los
jueces que impartan las órdenes conducentes al inmediato amparo constitucional”
[…] No en vano el artículo 86 de la
Carta Política estatuye que la acción de tutela puede intentarla toda persona
por sí misma o por quien actúe a su nombre, en búsqueda de protección inmediata
y preferente para sus derechos fundamentales violados o amenazados”[52].
3.2.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que SINTRAMSDES se
encuentra legitimado para actuar en representación de los treinta y ocho (38)
trabajadores mencionados, por tratarse de una presunta violación a sus derechos
fundamentales individuales como resultado de una situación laboral que les es
común a todos.
4.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el cobro de acreencias
laborales. Reiteración de jurisprudencia
4.1. La acción de tutela es procedente si se emplea (i)
como mecanismo principal cuando el actor no dispone de otro medio judicial de
defensa; (ii) cuando se interpone como mecanismo subsidiario ante la existencia
de otros medios que resultan inidóneos o ineficaces, o (iii) como mecanismo
subsidiario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En el
primer y segundo caso, la protección constitucional tiene un carácter
definitivo, en el tercero, uno transitorio. En ésta última situación, el
accionante adquiere la obligación de acudir posteriormente a las instancias
ordinarias para que allí se desarrolle el debate jurídico de fondo sobre los
hechos planteados en su demanda[53].
4.2.
En concordancia con lo anterior, la procedibilidad de la acción de tutela está
sujeta al cumplimiento de unos requisitos generales (principalmente, el de subsidiariedad
y el de inmediatez) y de unos requisitos específicos cuando a través suyo se
pretende el cobro de acreencias laborales. En relación con el principio de
subsidiariedad, la acción de tutela es, por regla general, improcedente para cobrar
acreencias como estas toda vez que la jurisdicción ordinaria, en su
especialidad laboral, y la jurisdicción contencioso administrativa cuentan con
unos mecanismos de defensa especialmente diseñados para tal efecto según la
naturaleza del empleador y el vínculo laboral del trabajador[54]. No obstante, su
interposición es excepcionalmente aceptada cuando, a la luz del caso concreto, los medios
ordinarios de defensa resultan inidóneos y/o ineficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[55].
4.3. La
evaluación de la idoneidad y la eficacia de los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, así como el análisis de si existe un perjuicio irremediable,
ayuda a preservar la naturaleza de la acción de tutela porque (i) permite
evitar el desplazamiento innecesario de los mecanismos ordinarios de defensa,
dado que éstos son los espacios naturales para invocar la protección de la
mayoría de los derechos fundamentales[56],
y (ii) garantiza que opere cuando, a la luz de un caso concreto, se requiere
suplir las deficiencias que presenta el orden jurídico para la protección
efectiva de tales derechos[57].
4.4. La
determinación de la eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios, por su
parte, no debe obedecer a un análisis abstracto y general[58]. Es
competencia del juez constitucional determinar la funcionalidad de tales
mecanismos a la luz del caso concreto y de la situación del accionante para
determinar si ellos, realmente, permiten asegurar la protección
efectiva del derecho cuyo amparo se pretende[59]. Es
decir, si dichos medios de defensa ofrecen la misma protección que el juez
constitucional podría otorgar a través del mecanismo excepcional de la tutela
y si su puesta en ejecución no generaría una lesión mayor de los
derechos del afectado[60].
4.5. El
perjuicio irremediable, por su parte, es un daño a un bien que se deteriora
irreversiblemente hasta el punto en que ya no puede ser recuperado en su
integridad[61].
En este sentido, dado que no todo daño es irreparable[62], debe (i)
ser inminente; (ii) ser grave; (iii) requerir de medidas urgentes para su
supresión, y (iv) demandar la acción de tutela como una medida impostergable[63].
4.6. Idealmente,
el actor debe indicarle al juez constitucional los hechos que sustentan sus
pretensiones, pues la informalidad de la acción de tutela no lo exonera de
probar la vulneración que alega, aunque sea de manera sumaria[64]. Sin
embargo, con fundamento en la jurisprudencia constitucional[65], las
ritualidades procesales deben ser aplicadas con menor rigor cuando se
decide una acción de tutela e interpretadas teniendo en cuenta la
situación de debilidad en que se encuentre el accionante para acceder a la
evidencia o prueba. Esto, a su vez, reafirma la obligación del juez de cumplir
con la actividad oficiosa y esclarecer los hechos componentes de la acción[66].
4.7. Así mismo,
el juez de tutela debe ser más flexible en el análisis de la subsidiariedad
cuando el actor es un sujeto de especial protección constitucional, o cuando se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta[67]. En
desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, le debe ofrecer un
tratamiento diferencial positivo y analizar todos los requisitos de procedencia
de la acción de tutela desde una óptica menos estricta, pues el actor no puede
soportar las cargas y los tiempos procesales de los medios ordinarios de
defensa judicial de la misma manera que el resto de la sociedad[68]. No
obstante, no todos los daños se traducen en un perjuicio irremediable cuando
quien los alega es un sujeto de especial protección o una persona en
circunstancias de debilidad manifiesta[69].
4.8. El
principio de inmediatez, por su parte, exige que la acción de tutela sea
interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales. Como requisito de procedibilidad, la
inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho
constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento” y el deber de
respetar la configuración de la acción como un medio de
protección “inmediata” de derechos fundamentales[70]. Es decir,
que pese a no contar con un término de prescripción por mandato expreso del
artículo 86 superior, debe existir necesariamente una correspondencia entre la
célere naturaleza de la tutela y su interposición justa y oportuna.
4.9. Para
verificar el cumplimiento de este principio, el juez debe constatar si el
tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza y la interposición de
la tutela es razonable. De no serlo, debe analizar si existe una razón válida
que justifique la inactividad del accionante al ser inconstitucional pretender
darle un término de caducidad a la acción, o rechazarla únicamente con
fundamento en el paso del tiempo[71].
De tal modo que, si bien el término para interponer la acción de tutela no
puede establecerse de antemano, el juez está en la obligación de verificar
cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en
un factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros, o
que desnaturalice la acción. A este respecto, la Corte Constitucional ha puesto
de presente la existencia de dos (2) factores excepcionales que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la vulneración del derecho
y la fecha de interposición de la acción. Estos son (i) que se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo en el entendido de que si bien el hecho
que la originó es muy antiguo, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto a sus derechos continúa y es actual; y (ii) que la especial situación
del actor convierta en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
ejercer los medios ordinarios de defensa judicial[72].
4.10. Ahora bien, en relación con los requisitos específicos de
procedibilidad que le son exigibles a las acciones de tutela a través de las
cuales se solicita el pago de acreencias laborales por una presunta afectación
al mínimo vital, la Corte ha fijado un conjunto de “hipótesis
fácticas mínimas” que deben cumplirse para que el juez constitucional
reconozca la vulneración a este derecho como consecuencia del no pago oportuno
de los salarios devengados por el trabajador. Estos
son:
“1) Que exista un incumplimiento en el pago del
salario al trabajador que por su parte ha cumplido con sus obligaciones
laborales;
2)
Que dicho incumplimiento comprometa el mínimo vital de la persona. Esto se
presume cuando a) el incumplimiento es prolongado o indefinido. La no
satisfacción de este requisito lleva a que no se pueda presumir la afectación
del mínimo vital, la cual deberá ser probada plenamente por el demandante para
que proceda la acción de tutela, o b) el incumplimiento es superior a dos meses,
salvo que la persona reciba como contraprestación a su trabajo un salario
mínimo.
3)
La presunción de afectación del mínimo vital debe ser desvirtuada por el
demandado o por el juez, mientras que al demandante le basta alegar y probar
siquiera sumariamente que el incumplimiento salarial lo coloca en situación
crítica, dada la carencia de otros ingresos o recursos diferentes al salario
que le permitan asegurar su subsistencia.
4)
Argumentos económicos, presupuestales o financieros no son razones que justifiquen
el incumplimiento en el pago de los salarios adeudados al trabajador. Lo
anterior no obsta para que dichos factores sean tenidos en cuenta al momento de
impartir la orden por parte del juez de tutela tendiente a que se consigan los
recursos necesarios para hacer efectivo el pago”[73].
4.11. Respecto a la presunción de la que hablan los numerales
dos (2) y tres (3) antes descritos, la Corte ha aclarado que “le
corresponde al juez individualizar la situación planteada por las partes para
determinar si no obstante la presunción a favor de quien alega ver afectado su
mínimo vital éste puede aportar la prueba, la cual no es absoluta, si la contraparte
puede aportar prueba alguna que desvirtúe dicha presunción, o si a través de
otros medios procesales se puede llegar a demostrarla o desvirtuarla” (negrillas
fuera del texto). De esta manera, a pesar de que el impago del salario sea
superior a dos meses y a pesar de que, por esta razón, se deba presumir la
afectación al mínimo vital, el juez de tutela puede desvirtuar dicha afectación
con base en otros elementos de juicio, así la parte demandada no haya aportado
pruebas suficientes para refutarla.
4.12. En relación con el cuarto (4º) y último requisito, esta
Corporación ha sostenido que, incluso si la parte deudora es una empresa
estatal, el juez debe obviar los
argumentos de índole económica, presupuestal o financiera
orientados a justificar el impago[74]. Sin embargo, a la
hora de proferir una orden, debe considerar la situación económica de la
accionada para imponerle plazos razonables que le permitan conseguir los fondos y
realizar los desembolsos requeridos[75].
En este sentido, el hecho de que la parte accionada
se encuentre inmersa en un proceso de liquidación, no la libera de cumplir con
sus responsabilidades laborales, así como tampoco le permite poner en riesgo
los derechos fundamentales de sus trabajadores[76].
No en vano, las
acreencias laborales constituyen gastos de administración y tienen,
consecuentemente, prevalencia en su pago[77].
Por esta razón, siempre y cuando se
acredite un perjuicio irremediable, el accionante puede interponer una tutela para reclamar el
pago de salarios vencidos a pesar de que existan escenarios legales y
concursales diseñados especialmente para tal efecto[78].
5. Caso concreto
5.1. En el caso concreto, la
Sala observa que, de acuerdo con las pretensiones específicas de los
accionantes, (i) no se probó la condición de sujeto de especial protección
constitucional; (ii) no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable;
(iii) no se cumplió con el principio de subsidiariedad porque existen otros
medios de defensa eficaces e idóneos para ventilar el problema en cuestión; (iv)
no se cumplió con el principio de inmediatez porque el tiempo transcurrido entre
la presunta vulneración del derecho y la interposición de la acción de tutela
es irrazonable y no está justificado (tres años), y (v) no se satisfizo un requisito
especial para el cobro de acreencias laborales por vía de tutela, a saber, el cumplimiento
de las obligaciones laborales por parte de los trabajadores[79]. Esta situación, como se
explicará a continuación, hace improcedente la acción objeto de revisión como
mecanismo subsidiario o transitorio para el amparo de los derechos alegados pues
implica un desplazamiento innecesario de los mecanismos ordinarios de defensa en
cuanto no es clara la extraordinaria urgencia de la protección que se solicita,
la existencia de un derecho a percibir un salario y el derecho a reclamarlo por
vía de tutela.
5.2. Los accionantes manifestaron ser madres
cabeza de familia sin alternativa económica, personas con limitaciones físicas,
mentales, visuales y auditivas, y personas que cumplían con la totalidad de los
requisitos para pensionarse durante los tres (3) años siguientes a la fecha en
la que la empresa municipal cesó actividades. Sin embargo, no acreditaron tales
condiciones ni especificaron quiénes las ostentaban. Dado que la
informalidad de la acción de tutela no exonera a la parte actora de probar los
hechos en los que basa sus pretensiones, el juez constitucional no puede dar
por ciertas sus afirmaciones cuando no cuenta con los elementos de juicio
suficientes para tal efecto. En razón de lo anterior, debe analizar sus
reclamos desde una óptica igual de rigurosa a la que aplicaría a cualquier
ciudadano.
5.3. Así, por ejemplo, ha actuado esta
Corporación en casos anteriores cuando le ha exigido y le ha negado tal
reconocimiento a los accionantes que no logran cumplir con una carga mínima en
materia probatoria teniendo en cuenta las características de cada categoría de
sujeto de especial protección[80].
En el caso de las madres cabeza de familia, por ejemplo, la
Corte ha señalado que los tutelantes deben cumplir con los siguientes cinco requisitos
para beneficiarse de un trato más flexible en sede de tutela:
“(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar;
(ii) que esa responsabilidad sea de
carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar
por parte de la pareja, sino que
aquélla se sustraiga del
cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad
que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial,
síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria
de la madre para sostener el hogar”[81].
5.4. Ahora bien, en relación con la
afectación al mínimo vital y la consecuente configuración de un perjuicio
irremediable, los tutelantes reclaman el pago correspondiente a tres (3) años
de salario, pero no trabajaron en dicho periodo pues la empresa había cesado
actividades siete (7) años atrás cuando dejó de prestar el servicio público que
estaba a su cargo. A pesar de que han transcurrido casi trece (13) años desde
que fueron desalojados del lugar donde laboraban, alegan que la satisfacción de
sus necesidades básicas sigue dependiendo de ese ingreso. Al hacerlo, no
explican cómo han logrado sobrevivir durante un periodo de tiempo tan extenso, no
ponen de presente las necesidades concretas que se encuentran insatisfechas, ni
afirman estar en una situación de pobreza.
5.5. En el mismo sentido, no es claro por
qué los accionantes reiteran la existencia de dicha afectación a pesar de que
en los años inmediatamente anteriores la entidad territorial les canceló cuantiosas
sumas. Según los documentos aportados por la parte accionada, como resultado
del proceso de liquidación se ordenó pagar setecientos tres millones setenta y
cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos ($703.075.689) a veintisiete (27)
de los treinta y ocho (38) accionantes[82].
Así mismo, con corte al treinta y uno (31) de marzo de dos mil trece (2013), se
realizaron desembolsos por un total de mil ciento treinta y ocho millones
cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos ($1.138.463.235)[83]. Cifra que,
ante la falta de una prueba en contrario, resulta razonable para garantizar la
vida digna de las personas que fueron objeto de esos pagos.
5.6. Así mismo, la Sala constata que los
actores interpusieron la tutela objeto de revisión tres (3) años después de que
se empezaron a causar las supuestas acreencias laborales. Conforme lo ha señalado esta Corporación en
abundante y reiterada jurisprudencia, la posibilidad de que por vía de la
acción de tutela se ordene el pago de salarios atrasados, está condicionado a
que la solicitud de protección constitucional se formule en un término
razonable al momento en que tuvo lugar la presunta afectación del derecho al
mínimo vital. La
tardía interposición de dicha acción desvirtúa, entonces, la posible ocurrencia
de un perjuicio irremediable puesto que, el haber esperado tanto tiempo para
recurrir a este mecanismo extraordinario de manera injustificada, es un indicio
de que los actores no se encontraban en una situación económica tan difícil que
ameritara la intervención del juez constitucional desplazando los medios
ordinarios de defensa judicial.
5.7. En casos similares, como aquel del
que se ocupó la Corte en la Sentencia T-505 de 2004[84] cuando conoció de una
tutela interpuesta por trabajadores, exempleados y contratistas del municipio
de San Jacinto, Bolívar que reclamaban el pago de varios meses de salario, esta
Corporación determinó que, en relación con aquellos que habían trabajado para la
entidad territorial y que solicitaban la cancelación de los mismos luego de
cuatro (4) años, le era imposible al juez de tutela asegurar que existía una
afectación al mínimo vital. Esto en cuanto el “[h]aber esperado más de uno y medio año para
recurrir a este mecanismo extraordinario, descarta que se encuentren en una
situación de emergencia económica que amerite la intervención del juez de
amparo. De hecho, al margen de que los actores no acreditaron ni siquiera
sumariamente la afectación de su mínimo vital, durante todo ese tiempo habrían
podido obtener la protección de sus derechos por la vía ordinaria”.
5.8. Ahora bien, en relación con el
cumplimiento de las “hipótesis fácticas mínimas” para el reconocimiento
de una eventual vulneración al derecho al mínimo vital con ocasión del impago
de salarios y la procedencia de la acción de tutela a través de la cual se
pretende el cobro de estos últimos, los accionantes no lograron acreditar el primer
requisito específico, a saber, el cumplimiento de sus obligaciones laborales como
trabajadores[85].
Según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato laboral es
aquel por medio del cual “una persona natural se
obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica,
bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante
remuneración” (negrilla fuera del texto). El pago del
salario es una contraprestación a la que está obligado el empleador como
respuesta a la ejecución personal de un servicio realizado por el trabajador
bajo su subordinación. No en vano, el artículo 23 del mismo
instrumento señala que para que exista o se presuma un contrato de trabajo se
requiere de la concurrencia de tres (3) elementos esenciales: actividad
personal, subordinación y salario. De conformidad con esta norma, la
Corte Constitucional ha aclarado que dicha presunción puede ser desvirtuada si
se prueba que el servicio no fue prestado con el ánimo de ser remunerado o
desarrollado en cumplimiento de alguna obligación que impusiera subordinación o
dependencia[86].
La sanción que esta regla impone (desvirtuar la presunción) resulta igualmente
aplicable en los casos donde no hay una prestación personal del servicio pues el
ordenamiento jurídico no puede cuestionar la existencia de un contrato laboral
cuando hace falta uno de sus elementos esenciales, y no actuar del mismo modo cuando
falta otro dado que todos son igual de importantes y necesarios.
5.9. Según lo ha
señalado esta Corporación, el reconocimiento del salario se da a
partir del esfuerzo mental o físico que ha realizado el trabajador puesto que
el motivo o causa que originalmente lo llevó a trabajar fue el pago de lo
estipulado con el empleador[87].
En esta medida, si bien el salario es un importante medio de subsistencia para
el trabajador y su familia, es consecuencia de un servicio realizado en
beneficio de los fines que persigue el empleador[88].
5.10. Como
consecuencia de lo anterior, cuando el trabajador deja de ejecutar las labores que
le han encomendado, no puede hablarse, en estricto sentido, de la plena sobrevivencia
de su relación laboral y, mucho menos, del derecho a presumir su existencia y percibir
un salario. Esto, evidentemente, ocurre sin perjuicio de los derechos que tenga
la persona a recibir una indemnización si fue despedida de manera injusta o al
pago de mesadas vencidas y efectivamente trabajadas.
5.11. Ahora
bien, ¿qué ocurre con aquellos trabajadores que, por razones ajenas a su
voluntad, no pudieron continuar trabajando y cumplir, así, con sus obligaciones
laborales? Más específicamente, ¿qué sucede cuando la interrupción de las
actividades le es atribuible al empleador, como sucedió cuando la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sabanalarga cesó operaciones el
once (11) de mayo de dos mil dos (2002)? Según el artículo 61 del Código
Sustantivo del Trabajo, existen, como mínimo, dos (2) situaciones en las que se
presume terminada una relación laboral cuando el trabajador se ve
imposibilitado a realizar sus funciones por una causa atribuible al empleador:
(i) cuando la empresa es liquidada o clausurada de manera definitiva, y (ii) cuando
el empleador cesa actividades por más de ciento veinte (120) días. En ambos
escenarios se procura evitar la sobrevivencia de las relaciones laborales y el
consecuente cobro de las acreencias respectivas que se causen con posterioridad
puesto que el empleador ha entrado en una irreversible inactividad. Razón por la
cual, se da por terminado todo contrato de trabajo de manera automática. La
segunda de estas situaciones parece haberse presentado en este caso: el cese
definitivo de actividades superior a ciento veinte (120) días.
5.12. Para
cuando la empresa cesó actividades el once (11) de mayo de dos mil dos (2002) y
para cuando
se inició su proceso de liquidación el nueve (9) de junio de dos mil diez
(2010), los
trabajadores contaban con las acciones ordinarias para reclamar ante el juez
natural lo que consideraban actuaciones contrarias a la ley, pero no lo
hicieron, y trece (13) y tres (3) años después, respectivamente, acuden a la
tutela, que no es la vía para reclamar las acreencias laborales a las que creen
tener derecho.
Tratándose
entonces de una acción improcedente, la Sala de Revisión
revocará el fallo proferido en segunda (2ª) instancia por el Juzgado Tercero (3º) Promiscuo
del Circuito de Sabanalarga, Atlántico, el veinte (20) de marzo de dos mil
trece (2013) y mediante el cual se revocó el fallo de primera
(1ª) instancia proferido por el Juzgado Tercero (3º) Promiscuo Municipal
de Sabanalarga el trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012) que había
negado la acción por improcedente. En su lugar, confirmará dicha providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar
la suspensión de términos.
Segundo.- REVOCAR
el
fallo proferido en segunda
(2ª) instancia por el Juzgado Tercero (3º) Promiscuo del Circuito de
Sabanalarga, Atlántico, el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013), mediante
el cual se revocó el fallo de primera (1ª) instancia proferido por el Juzgado Tercero
(3º) Promiscuo Municipal de Sabanalarga el trece (13) de diciembre de dos mil
doce (2012), el cual había negado el amparo por improcedente. En su lugar, CONFIRMAR
en todas sus partes dicha sentencia por las razones expuestas en esta
providencia.
Tercero.-
LÍBRESE por Secretaría la comunicación que trata el artículo treinta y seis (36)
del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANDRES
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
[1]
Según el
certificado de afiliación expedido el cuatro (4) de septiembre de dos mil doce
(2012) por el Secretario de SINTRAEMSDES, el señor Régulo Carrillo Patiño, así
como el certificado de vigencia de la junta directiva del mencionado sindicato,
el cual fue expedido el tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012) por el
Inspector de Trabajo de Sabanalarga, el señor Marcial Berdugo Herrera, SINTRAMSDES está
integrado por: Javier Acuña, Libardo Ballestas, Régulo Carrillo, Omar Cepeda,
Edilberto Estrada, Enrique Tesillo, Juan Carlos Estrada, Jairo Hernández,
Gabriel Hurtado, Felix Manotas, Andrés Mercado, Marcelino Olivares, Andrés
Ordóñez, Ever Peña, Pablo Peña, Carmelo Polo, Wilfrido Polo, Rodrigo Reyes, Dagoberto
Rivera, Norberto Roa, Jorge Sabalsa, César Sarmiento, Sixto Silvera, Germán
Vásquez, Emel Vizcaíno, Roque Charris, Margarita Álvarez, Abel Barraza, Fredy
Sarmiento, César de los Reyes, Ascanio Ahumada, Benjamín Bilbao, José Quintero,
Ángel Jiménez, Elías Gutiérrez, Adolfo Borrero, Alfredo Escorcia y Freddy Primo
Herrera. Para los efectos de esta Sentencia, estas personas se entienden como
los accionantes. Ver folios 12 al 14 del primer cuaderno (de ahora en
adelante, cuando se hable de un folio se entenderá que se hace alusión al
primer cuaderno, salvo que expresamente se diga otra cosa).
[2] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[3]
Las relaciones laborales de todos los accionantes fueron acreditadas mediante
copia de sus constancias de ingreso, comprobantes del pago de sus vacaciones,
comprobantes del pago de la nómina, copia de sus actas de posesia de los casos e indefinido y0. la, varios de lossolicitud
de inspeccia consecuente sobrevivencia de dicha entidad hasta la fechón
y copia de sus contratos laborales a término definido o indefinido, así como
por la inspección judicial practicada el diecisiete (17) de septiembre de dos
mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Sabanalarga en
las instalaciones de la Alcaldía (ver folios 158
al 228 y 254 al 284).
[4] Por medio del
Acuerdo No. 010 de 2001, el Consejo Municipal decidió liquidar la empresa e
implementar un nuevo esquema de acueducto y alcantarillado a cargo del sector
privado. Consecuentemente, mediante el artículo sexto (6º) de dicho Acuerdo, el
municipio decidió asumir, con cargo a su presupuesto, la totalidad de los
pasivos laborales de la empresa hasta la entrada en acción del nuevo operador.
Posteriormente, el municipio suscribió el contrato 001 de 2002 con la compañía
privada Aguas y Servicios de Sabanalarga (AYSSA) para la prestación del
mencionado servicio. Esta entró en operación el once (11) de mayo de dos mil
dos (2002), fecha en la cual los accionantes fueron desalojados de manera
definitiva de su lugar de trabajo (ver folios 240
al 242 del primer cuaderno y los folios 56 al 81 del
segundo, respectivamente).
[5] El treinta (30)
de agosto de dos mil cuatro (2004), el Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo) profirió la Resolución 006 con
el fin de sancionar a la
Alcaldía Municipal por el impago de los salarios y los aportes a la seguridad
social después del cese de actividades. Por haber incurrido en dicha omisión,
la entidad territorial fue multada con cuatro millones seiscientos quince mil
pesos ($4.615.000). Así lo señaló la Contraloría
Departamental
del Atlántico mediante un informe presentado el cinco (5) de octubre de dos mil
doce (2012) donde hizo un recuento detallado de las multas de las que fue
objeto el gobierno local a raíz de los problemas laborales mencionados (ver
folios 248 a 253). Por otra parte, el veintitrés (23) de octubre de dos mil
ocho (2008), la
Procuraduría Provincial de Barranquilla sancionó disciplinariamente al Alcalde
por la desvinculación forzosa de los trabajadores y le impuso una multa de once
millones trescientos treinta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos
($11.331.894) (ver folios 123 al 144 del segundo cuaderno).
[6] El Decreto
Municipal 0043 de dos mil dos (2002) y los Acuerdos Municipales 019 de dos mil
cuatro (2004) y 011 de dos mil cinco (2005), facultaron al Alcalde para
liquidar la empresa. No obstante, se requirió del Acuerdo 023 del siete (7) de
diciembre de dos mil nueve (2009) y del Decreto 038 del diez (10) de junio de
dos mil diez (2010), para cumplir con este propósito pues, según la propia
Alcaldía, los anteriores instrumentos contenían errores en su redacción que
dificultaban su aplicación (ver folios 31
a 34).
[7] En respuesta a la Sentencia
del cinco (5) de mayo de dos mil nueve (2009) que profirió el Juzgado Segundo
(2º) Promiscuo Municipal de Sabanalarga, y por petición del propio Alcalde, el
Consejo Municipal expidió el Acuerdo 023 el siete (7) de diciembre de dos mil
nueve (2009)
(ver folios 15 al 29 y 31 al 34, respectivamente). Allí le otorgó facultades
especiales al primer mandatario para extinguir y liquidar la empresa municipal;
decisión que se tomó posteriormente mediante el Decreto 038 del diez (10) de
junio de dos mil diez (2010). En este último se señaló que (i) el proceso de
liquidación debía concluir durante los nueve (9) meses siguientes a su entrada
en vigencia (artículo primero, inciso segundo); (ii) el ente liquidador debía
elaborar un programa de supresión de cargos y empleos determinando el personal
que acompañaría el proceso de liquidación pues, de lo contrario, todos los
puestos y cargos serían suprimidos con el vencimiento del término del proceso
de liquidación (artículo quince inciso primero y segundo); (iii) que, no
obstante lo anterior, los trabajadores de especial protección constitucional no
serían removidos hasta tanto no culminara el proceso de liquidación (artículo
quince, parágrafo primero); (iv) que los trabajadores que cumplieran con los
requisitos legales para pensionarse, gozarían de la misma protección laboral descrita
anteriormente hasta lograr el reconocimiento efectivo de su pensión, o hasta
que culminara el proceso de liquidación (artículo
diecinueve);
(v) el ente liquidador debía iniciar el trámite para el levantamiento del fuero
sindical de los trabajadores que fueran a ser desvinculados (artículo
dieciséis),
y (vi) que, en concordancia con la legislación vigente (artículo dieciocho del
Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por el artículo noveno (9º) de la
Ley 1105 de 2006), el liquidador debía elaborar un inventario de pasivos
de la entidad donde se incluyeran las obligaciones laborales señalando el
nombre de los trabajadores y el monto debido a cada uno (artículo
veinte) (negrillas fuera del texto) (ver los folios 36 al 58).
[8] El cinco (5) de
mayo de dos mil nueve (2009), el Juzgado Segundo (2º) Promiscuo Municipal de
Sabanalarga conoció una acción de tutela instaurada por un grupo de
trabajadores que alegaron no haber recibido el pago de acreencias laborales, ni
haber sido debidamente liquidados en el dos mil dos (2002). La
Alcaldía argumentó que los trabajadores pretendían el pago de un periodo que
no laboraron. Adicionalmente, sostuvo que, si bien se había
comprometido a responder por los pasivos laborales de la empresa municipal,
esta obligación era exigible únicamente en relación con las prestaciones
causadas antes de la entrada en vigencia del nuevo prestador del servicio
público, toda vez que después de esa fecha, la relación laboral se entendía
terminada. No
obstante, el Juzgado le ordenó a la
Alcaldía elaborar, presentar y ejecutar proyectos de acuerdo tendientes a
incluir o adicionar el presupuesto municipal con el ánimo de pagar los
salarios, las prestaciones sociales y los demás pasivos solicitados (ver
folios 15 a 29).
[9] Mediante la
Sentencia T-327 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), la
Corte Constitucional resolvió una tutela instaurada por uno de los
trabajadores de la empresa municipal, quien argüía una presunta vulneración a
su derecho fundamental al trabajo con ocasión del impago de su salario y las
prestaciones sociales correspondientes a nueve (9) meses de trabajo en el dos
mil cinco (2005). La Corte concedió el amparo solicitado y ordenó el pago de
las acreencias laborales sin entrar a considerar si el trabajador había
prestado efectivamente sus servicios durante el tiempo referido.
[10] La Organización Jurídica y Empresarial José David
Morales Villa E.U, fue designada como el ente liquidador mediante el Decreto
Municipal 0055 del dos mil diez (2010).
[11] La
copia del acta de cierre de liquidación y disposición de bienes de la empresa
municipal que se celebró el doce (12) de mayo de dos mil once (2011) se
encuentra en el folios 237 al 239.
[12] El veinte (20)
de junio de dos mil once (2011), el Juzgado Tercero (3º) Promiscuo del Circuito
de Sabanalarga, Atlántico, conoció en segunda (2ª) instancia una acción de
tutela interpuesta por veintisiete (27) trabajadores de la empresa municipal,
dentro de los cuales se encuentran varios de los aquí accionantes. La tutela
fue interpuesta por una presunta vulneración al debido proceso con ocasión de
(i) la desvinculación forzada e irregular de los trabajadores el once (11) de
mayo de dos mil dos (2002); (ii) la consecuente sobrevivencia de las relaciones
laborales hasta la fecha; (iii) la no realización del inventario de pasivos
laborales en el proceso de liquidación, y (iv) como resultado de esto último,
la ineficacia del proceso mismo. La
Alcaldía, por su parte, manifestó que todos los
contratos habían terminado en el dos mil dos (2002) cuando la cesación de
actividades implicó su suspensión por más de ciento veinte (120) días (literal
f. del artículo sesenta y uno del Código Sustantivo del Trabajo). Sin embargo, el Juzgado
concedió el amparo solicitado porque el ente liquidador no levantó el
inventario de pasivos al que estaba obligado según el artículo dieciocho (18)
del Decreto-ley 254 del año dos mil (2000) y el artículo veinte (20) del
Decreto municipal 038 de dos mil diez (2010). En este sentido, señaló que las
relaciones laborales seguían vigentes, ordenó la realización del inventario de
pasivos, prorrogó el proceso de liquidación por seis (6) meses adicionales y
ordenó dar por terminados los contratos de trabajo una vez culminara la
liquidación. En cuanto al pago de las acreencias laborales, el Juzgado señaló
que esto excedía la competencia del Juez de tutela y que sólo podía ser
efectuado una vez se practicara el inventario de pasivos (ver folios
59 al 81). Esta
Sentencia cursó tránsito a cosa juzgada por ser excluida del proceso de
revisión ante la Corte Constitucional (ver el respectivo
oficio del doce de octubre de dos mil once en el folio 84). Por otra parte,
al conocer de dos (2) tutelas adicionales que fueron interpuestas arguyendo los
mismos hechos, vulneraciones y pretensiones, el Juzgado de referencia se
pronunció en sede de segunda (2ª) instancia el veintiocho (28) de junio de dos
mil once (2011) y el trece (13) de mayo, respectivamente. En ambas ocasiones,
tuteló los derechos al debido proceso por las razones expuestas en el fallo del
veinte (20) de junio de dos mil once (2011) (ver folios 85
al 107 y 111 al 133, respectivamente). Así mismo, estas Sentencias fueron
excluidas del proceso de revisión por parte de la
Corte Constitucional e hicieron tránsito a cosa juzgada (ver
folios 110 al 136, respectivamente).
[13] Al
conocer de dos (2) incidentes de desacato en contra del Alcalde por el presunto
incumplimiento de los fallos del trece (13) de mayo y el veinte (20) de junio
de dos mil once (2011), el Juzgado Primero (1º) Promiscuo Municipal de
Sabanalarga se abstuvo de sancionar al mandatario. Mediante providencia del
trece (13) de abril de dos mil doce (2012) y veintidós (22) de mayo del mismo
año, consideró que si bien existía un claro incumplimiento de las órdenes proferidas
(prorrogar el proceso de liquidación, levantar el inventario de pasivos
laborales y dar por terminadas los contratos de trabajo), este hecho no se
traducía en la responsabilidad subjetiva de los funcionarios locales en cuanto
el cumplimiento de dichas órdenes resultó imposible (ver folios 26 al 40 y 41 al
55 del segundo cuaderno, respectivamente).
[14] El veintidós
(22) de agosto de dos mil doce (2012), el Juzgado Primero (1º) Promiscuo
Municipal de Sabanalarga remitió copia del expediente a la
Procuraduría General de la Nación para facilitar el cumplimiento del mismo e
imponer las sanciones respectivas (ver folios 247 al
253).
[15] La Procuraduría
Provincial
de Barranquilla, mediante providencia del cinco (5) de julio de dos mil trece
(2013), decidió abrir investigación disciplinaria contra los señores Carlos
Roca Roa, José David Morales Villa, Hugo Silvera y Roberto León Peña (actual
Alcalde de Sabanalarga) por no haber dado cumplimiento a la Sentencia de tutela
del veinte (20) de marzo de dos mil once (2011) (ver folios 231 al 245 del
tercer cuaderno).
[16] El
cinco (5) de octubre de dos mil doce (2012), la
Contraloría Departamental del Atlántico presentó informe sobre la situación
laboral de los trabajadores de la empresa municipal. Allí determinó que
hubo (i)
una indebida celebración contractual relacionada con el ente liquidador pues
este fue seleccionado sin las formalidades respectivas, sin la autorización del
Consejo Municipal y a partir de unas normas que posteriormente quedaron sin
efecto; (ii) un incumplimiento contractual de la anterior prestación de
servicios producto de la omisión de muchas actividades, entre las cuales se
encuentra el levantamiento del inventario de pasivos laborales, y (iii) como
consecuencia de lo anterior, un detrimento patrimonial de ciento sesenta y
nueve millones quinientos noventa y seis mil pesos ($169.596.000) (ver folios
248 al 253).
[17]
Ver folio
18 del segundo cuaderno.
[18] Mediante escrito
del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), el Alcalde ejerció su
derecho de defensa y presentó contestación a la tutela objeto de revisión (ver folios
234 al 236).
[19] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[20] Ver
folios 12 al 14.
[21] Ver
folios 12 al 14.
[22]
Ver folios 158
al 228.
[23] Esta
diligencia se realizó con el propósito de (i) determinar la fecha de inicio de
actividades de cada trabajador; (ii) esclarecer si los contratos laborales
fueron terminados, y (iii) definir cuál era el salario percibido por cada uno
de ellos en el año dos mil (2000) con el ánimo de calcular el respectivo
aumento para el año dos mil diez (2010), dos mil once (2011) y dos mil doce
(2012). En esta diligencia se pudo comprobar que existió una relación laboral
entre la empresa municipal y todos los trabajadores y se obtuvo copia de los
pagos de nómina correspondientes a los meses de abril, mayo, octubre y
noviembre de dos mil uno (2001), enero, febrero y marzo de dos mil dos (2002) y
enero, febrero, marzo, abril y junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
En relación con el segundo punto (terminación de los contrato de trabajo), el
gobierno local se comprometió a hacer las respectivas averiguaciones y a enviar
al Juzgado los documentos respectivos. Ver folios 255 al 284.
[24] En la cláusula
quince (15) de dicha Convención, se dispuso que los salarios de los
trabajadores deberían aumentar en un diecisiete punto cinco por ciento (17.5%)
en el dos mil uno (2001) y en el dos mil dos (2002). Por otro lado, en la
cláusula treinta y dos (32) se estableció que dicha Convención tendrá una
vigencia de dos (2) años contados a partir del primero (1º) de enero de dos mil
uno (2001) y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dos (2002).Ver
folios138
a 147.
[25] Por
medio del cual se otorgan facultades al señor alcalde del municipio de
Sabanalarga, para la reorganización y reestructuración de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, para entregar la operación y
administración integral de dichos servicios, comprometer vigencias futuras y
pignorar rentas y celebrar contratos, realizar traslados presupuestales con el
objeto de realizar las inversiones necesarias para la operación de los sistemas
de acueducto y alcantarillado. En el artículo sexto (6º) de dicho Acuerdo, se
señaló que “para efectos de la implantación del nuevo esquema de prestación de
servicios de acueducto y alcantarillado, el municipio asumirá y pagará con
cargo a su presupuesto, la totalidad de los pasivos laborales, pensionales,
contractuales y todas las demás deudas contraídas con ocasión de dicha
prestación, hasta la fecha de inicio de las actividades del contrato de operación
y administración integral”. Ver folios 240 al 242 del primer
cuaderno y 14 al 16 del segundo.
[26]
Ver folios
56 al 81 del segundo cuaderno.
[27]
M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[28] Mediante esta
providencia, el ente de control sancionó disciplinariamente al Alcalde con una
multa de once millones trescientos treinta y un mil ochocientos noventa y
cuatro pesos ($11.331.894). Ver folios 123 al 144 del segundo
cuaderno.
[29] En
dicha providencia, el
Juzgado concedió el amparo solicitado y le ordenó al Alcalde Municipal a que: “Elabore,
presente y ejecute proyectos de acuerdo tendientes a incluir o adicionar el
presupuesto Municipal de la actual vigencia fiscal con el rubro destinado al
pago de salarios, prestaciones y pasivos de la
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SABANALARGA, en cumplimiento de
los Acuerdos Municipales 010 de 28 de mayo de 2001 y 016 de diciembre 10 de
2007, y de la Resolución No. 922 de 29 de julio de 2008 proferida por el
Ministerio de la Protección Social – Coordinador de Grupo Prevención,
Inspección, Vigilancia y Control, para garantizar los derechos laborales,
prestaciones y de cuotas sindicales, de los trabajadores que agrupa el
SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚIBLICOS AUTÓNOMOS E
INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS Y TERRITORIALES DE COLOMBIA SINTRAEMSDES –
SECCIONAL SABANALARGA […]”. Ver folios 15 al 29.
[30] En
la exposición de motivos de dicho acto, el gobierno local señaló que en años
anteriores se había expedido el Decreto Municipal 43 de 2002, el Acuerdo
Municipal 19 de 2004 y el Acuerdo 11 de 2005, todos dirigidos a permitirle al
Alcalde liquidar la empresa mencionada. Sin embargo, este objetivo nunca se
logró. Adicionalmente, indicó que la Administración
Municipal había sido sancionada por la
Procuraduría Provincial de Barranquilla y la
Dirección Territorial de Trabajo del Atlántico por no haber dado por
terminados los contratos de trabajo. A este respecto, señaló que: “La
problemática de esta empresa todavía persiste, convirtiéndose ello en motivo de
gran preocupación para la
Administración Municipal, toda vez que estamos en presencia de una de las
circunstancias por las cuales el Municipio ha sido vencido en procesos
ejecutivos y mediante acciones de tutelas que le han representado a la entidad
territorial significativas erogaciones que no ha de pararse sino con decisiones
de fondo que se esperan hallar con fundamento en las facultades que estamos
solicitando”. Ver folios 30 al 35.
[31] En este Decreto
se señaló que (i) el proceso de liquidación debía concluir durante los nueve
(9) meses siguientes a su entrada en vigencia (artículo primero, inciso
segundo); (ii) el ente liquidador debía elaborar un programa de supresión de
cargos y empleos determinando el personal que acompañaría el proceso de
liquidación pues, de lo contrario, todos los puestos y cargos serían suprimidos
con el vencimiento del término del proceso de liquidación (artículo quince,
inciso primero y segundo); (iii) que, no obstante lo anterior, los trabajadores
de especial protección constitucional no serían removidos hasta tanto no
culminara el proceso de liquidación (artículo quince, parágrafo primero); (iv)
que los trabajadores que cumplieran con los requisitos legales para
pensionarse, gozarían de la misma protección laboral descrita anteriormente
hasta lograr el reconocimiento efectivo de su pensión, o hasta que culminara el
proceso de liquidación (artículo diecinueve); (v) el ente
liquidador debía iniciar el trámite para el levantamiento del fuero sindical de
los trabajadores que fueran a ser desvinculados (artículo
dieciséis),
y (vi) que, en concordancia con la legislación vigente (artículo dieciocho del
Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por el artículo noveno de la
Ley 1105 de 2006), el liquidador debía elaborar un inventario de pasivos de la
entidad donde se incluyeran las obligaciones laborales señalando el nombre de
los trabajadores y el monto debido a cada uno (artículo
veinte). Ver folios
36 al 58.
[32] En
dicha Resolución se reconocieron acreencias laborales a los señores Javier Acuña,
Libardo Ballestas, Régulo Carrillo, Juan Carlos Estrada, Jairo Hernández,
Gabriel Hurtado, Andrés Mercado, Marcelino Olivares, Andrés Ordóñez, Ever Peña,
Pablo Peña, Carmelo Polo, Rodrigo Reyes, Dagoberto Rivera, Norberto Roa, Jorge
Sabalsa, Sixto Silvera, Germán Vásquez, Roque Charris, Fredy Sarmiento, Ascanio
Ahumada, Benjamín Bilbao, Ángel Jiménez, Elías Gutiérrez, Adolfo Borrero,
Alfredo Escorcia y Freddy Primo Herrera, por un total
de setecientos tres millones setenta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve
pesos ($703.075.689).
Ver
folios
82 al 116 del segundo cuaderno.
[33] Allí
se le sugirió al gobierno local revisar las actuaciones adelantas con el ánimo
de evitar una afectación a los derechos fundamentales de los treinta y ocho
(38) trabajadores que, hasta esa fecha, permanecían en un limbo jurídico pues
no habían sido formalmente despedidos y el proceso de liquidación de la empresa
no se había llevado a cabo correctamente. Ver folios
257 al 261.
[34]
Ver folios
237 al 239.
[35] Las
mencionadas acciones de tutela fueron interpuestas como resultado
de una presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso de
los trabajadores con ocasión de (i) su desvinculación forzada e irregular el
once (11) de mayo de dos mil dos (2002); (ii) la consecuente sobrevivencia de
sus relaciones laborales hasta la fecha; (iii) la no realización del inventario
de pasivos laborales en el proceso de liquidación, y (iv) como resultado de
esto último, la ineficacia del proceso mismo. En los tres (3) casos, el Juzgado
concedió el amparo solicitado por  considerar que el ente liquidador no levantó
el inventario de pasivos al que estaba obligado según el artículo dieciocho
(18) del Decreto-ley 254 de 2000 y el artículo veinte (20) del Decreto
municipal 038 de 2010. En este sentido, en el fallo del veinte (20) de junio de
dos mil once (2011) se dispuso: “Ordenar a la organización Jurídica y
Empresarial José David Morales Villa E.U., representada legalmente por José
David Morales Villa, liquidador de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sabanalarga ESP EICE en
liquidación, que dentro del término concedido por el señor Alcalde de
Sabanalarga, y con vista en el inventario que le debe presentar este
funcionario, proceda a realizar inventario físico, jurídico y contable
detallado de los activos, pasivos y demás, que incluya los pasivos laborales
con indicación del nombre de los trabajadores y el monto debido a cada uno, de
acuerdo a la reglamentación aplicables. || Ordenar al señor Alcalde Municipal
de Sabanalarga, proceda a prorrogar el plazo a la
Organización Jurídica y Empresarial José David Morales Villa E.U.,
representada legalmente por José David Morales Villa, liquidador de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sabanalarga ESP EICE en
liquidación, para la realización del inventario. || Ordenar al señor Alcalde
Municipal de Sabanalarga, se sirva, en el término de quince (15) días,
presentar a la
Organización Jurídica y Empresarial José David Morales Villa E.U.,
representada legalmente por José David Morales Villa, liquidador de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sabanalarga ESP EICE en
liquidación, inventario de dicha empresa en liquidación que contenga
información necesaria, entre otras, para elaborar el pasivo laboral de dicha
empresa. || Ordenar al señor Alcalde Municipal de Sabanalarga proceda a
prorrogar, mediante acto administrativo debidamente motivado, el plazo para
concluir el proceso de liquidación de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sabanalarga ESP EICE en liquidación.
|| Ordenar a la
Organización Jurídica y Empresarial José David Morales Villa E.U.,
representada legalmente por José David Morales Villa, liquidador de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sabanalarga ESP EICE en
liquidación, UNA VEZ PRORROGADO POR EL SEÑOR Alcalde Municipal de Sabanalarga,
para concluir el proceso de liquidación, proceda a dar por terminados los
contratos de trabajo de los trabajadores de la empresa en liquidación y a la
modificación de la Resolución 001 de 16 de noviembre de 2010 por la cual se
determina, califica y gradúan los créditos, recogiendo el pasivo laboral que
resulte de la confección del inventario aquí ordenado”. Ver
folios
59 al 136.
[36] En
dichas providencias, el
juez se abstuvo de sancionar al primer mandatario puesto que, a pesar de que consideró
que existía un claro incumplimiento de las órdenes proferidas (prorrogar el
proceso de liquidación, levantar el inventario de pasivos laborales y dar por
terminadas los contratos de trabajo), este hecho no se traducía en la
responsabilidad subjetiva de los funcionarios respectivos en cuanto el
cumplimiento de dichas órdenes resultó imposible. Ver folios
26 al 40 y 41 al 55 del segundo cuaderno, respectivamente.
[37]
Ver folios
247 a 253.
[38] Este
informe fue realizado después de haber recibido una denuncia
ciudadana relacionada con los problemas laborales padecidos por los
trabajadores de la empresa municipal. Según el documento, el treinta (30)
de agosto de dos mil cuatro (2004) el Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo) profirió la resolución 006
sancionando a la Alcaldía Municipal por el impago de los salarios y los aportes
a la seguridad social con ocasión de su cese de actividades, imponiéndole una
multa de cuatro millones seiscientos quince mil pesos ($4.615.000). Ver
folios 248 al 253.
[39]
Ver folio
254.
[40] Según este
certificado, la entidad territorial (i) se encuentra en Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos en el marco de la
Ley 550 de 1999 y en virtud de la
Resolución No. 1520 expedida en el dos mil diez (2010) por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y (ii) ha realizado pagos a ex trabajadores de la
empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por un monto total de novecientos
noventa y cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y
cinco pesos ($994.463.235) durante la vigencia dos mil doce (2012) y ciento
cuarenta y cuatro millones de pesos ($144.000.000) con corte al treinta y uno
(31) de marzo de dos mil trece (2013). Ver folio
18 del segundo cuaderno.
[41]
Para estos efectos, se aportó copia del certificado que expidió el señor Dairo
Barraza de los Reyes, Secretario de Hacienda, el día dieciséis (16) de abril de
dos mil trece (2013), según el cual el Gobierno Local había hecho pagos a ex
trabajadores de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo por un monto
total de novecientos noventa y cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil
doscientos treinta y cinco pesos ($994.463.235) durante la vigencia dos mil
doce (2012) y ciento cuarenta y cuatro millones de pesos ($144.000.000) con
corte al treinta y uno (31) de marzo de dos mil trece (2013)
(ver folio 18 del segundo cuaderno).
[42]
Específicamente, la Corte le ordenó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P.: aportar (i) copia de los actos administrativos
mediante los cuales asumió la prestación de dichos servicios en cuanto, al
entender de la Corporación, esta absorbió a Aguas y Servicios de Sabanalarga
(AYSSA); (ii) copia de los estatutos de la entidad encargada de la prestación
de los servicios públicos en Sabanalarga; (iii) copia del acta de liquidación
de la empresa municipal; (iv) copia de la planta de personal de esta última
especificando la naturaleza de los cargos; (v) copia de la terminación de los
contratos de trabajo de dichos trabajadores; (vi) copia de las constancias
laborales de pago de salarios, aportes a seguridad social, prestaciones
sociales y demás acreencias laborales de los mismos, y (vii) copia de la planta
de personal de la empresa privada que actualmente presta el servicio público,
así como naturaleza de dichos cargos.
[43]
Específicamente, la Corte le solicitó a la
Alcaldía de Sabanalarga aportar (i) los Acuerdos del Consejo Municipal
que ordenaron la liquidación de la empresa y que facultaron al Alcalde para
iniciar su liquidación; (ii) el acta final de liquidación; (iii) la planta de
personal antes de la liquidación y la naturaleza de los cargos; (iv) la
terminación de los contratos de trabajo; (v) las constancias laborales de pago
de salarios, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales y demás
acreencias laborales, y (vi) la planta de personal y la naturaleza de los
cargos de la empresa privada que actualmente presta el servicio.
[44] La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P manifestó haber absorbido a la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Atlántico; quien, por su
parte, recibió cesión del contrato 001 de 2002 celebrado entre el municipio y
Aguas y Servicios de Sabanalarga (AYSSA) el veinticuatro (24) de junio de dos
mil cuatro (2004). No obstante, argumentó estar exenta de toda responsabilidad
pues nunca tuvo un vínculo u obligación directa o indirecta por solidaridad o
sustitución patronal con los accionantes o la empresa municipal. Debido a esto,
allegó a la Corte certificado de existencia y representación, estatutos y copia
del referido acuerdo de cesión. No aportó los demás documentos solicitados
arguyendo que, por las razones expuestas, nunca tuvo acceso a ellos por no
estar relacionados con su objeto social (ver folios 29 al 91
del tercer cuaderno).
[45] A
pesar de no tener competencia sobre el presente proceso, la Superintendencia consideró
que no era posible pregonar una violación al retén social porque los
trabajadores no acreditaron suficientemente tal condición. Así mismo, señaló
que la tutela es improcedente por (i) no haber prueba de una afectación al
mínimo vital; (ii) haber un indicio de su no afectación a raíz de la
sobrevivencia de los trabajadores por más de doce (12) años después del cese
definitivo de actividades, y (iii) no existir un perjuicio irremediable.
Adicionalmente, con el ánimo de ampliar su concepto, la Superintendencia solicitó informe al ente liquidador. Este manifestó, dentro de un recuento
detallado sobre el proceso de liquidación, no haber encontrado nóminas,
presupuesto, certificados de disponibilidad presupuestal, pago de impuestos o
cualquier otro acto que demostrara que la empresa desarrolló su objeto social
después de su cese de actividades en el 2002 (ver folio 92 al
98 y 103 al 114  del tercer cuaderno, respectivamente).
[46] La
Alcaldía Municipal aportó (i) copia de los Acuerdos 010 de 2001 y
023 de 2009, del Decreto 0043 de 2002 y de la
Resolución 001 de 2010 (ver folios 173 al 208 del tercer cuaderno); (ii) el
acta de cierra y el informe final de la liquidación donde se constata un valor
total de acreencias de mil quinientos cinco millones setecientos veintiún mil
quinientos sesenta pesos ($1.505.721.560) para todos los trabajadores
(incluyendo personas adicionales a los treinta y ocho accionantes) (ver folios
119 a 133 y 209 a 223 del tercer cuaderno, respectivamente); (iii) nómina
del mes de abril de dos mil dos (2002) (ver folios 145
al 150 del tercer cuaderno); y (iv) certificado de pago de las acreencias
reclamadas y reconocidas por el ente liquidador mediante encargos fiduciarios a
nombre de los apoderados respectivos (ver folios 151
al 172 del tercer cuaderno).
[47] Ver
el folio 224 del tercer cuaderno.
[48] La
intervención fue presentada el dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece
(2013) (ver folios 16 al 18 del tercer cuaderno).
[49] Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
[50]
Sin hacer distinción entre una persona jurídica o natural, el inciso primero
(1º) del artículo ochenta y seis (86) de la
Constitución de mil novecientos noventa y uno (1991) establece lo siguiente:
“toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Así mismo,
el artículo primero (1º) del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta el ejercicio
de la acción de tutela, establece que: “toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares […]”.
Por último, el artículo décimo (10º) del mencionado Decreto establece que “la
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante”.
[51] Ver
Sentencias T-701 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-261 de 2012
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-340 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto).
[52] Ver
sentencia T-882 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[53]
Ver sentencia
T-417 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[54]
Ver sentencias T-063 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T- 001 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T- 087 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-437 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-366 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), T- 308 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra), T–335 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-484 de 2008 (M.P. Jaime
Araujo Rentería) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[55]
Ver sentencias T-225 de 1993 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), SU-544 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett),
T-983 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny
Yepes) y T-761 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[56]
Ver Sentencias T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-225 de 2012 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[57]
Ver Sentencias T-262 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y T-229 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[58]
Ver Sentencia T-303 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[59] Cuando se afirma que el juez de tutela debe tener en cuenta
la situación especial del actor, se quiere decir que este debe prestar atención
a su edad, a su estado de salud o al de su familia, a sus condiciones
económicas y a la posibilidad de que para el momento del fallo
definitivo por la vía ordinaria o contenciosa, la decisión del juez ordinario o
contencioso sea inoportuna o inocua. A este respecto, ver Sentencias T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
T-228 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-338 de 1998 (M.P. Fabio
Morón Díaz), SU-086 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-875 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-999 de 2001(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-179 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-267 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
SU-484 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-167 de 2011 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez), T-225 de 2012 (M.P.
Humberto Sierra Porto) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[60] Ver
las consideraciones en materia de subsidiariedad hechas en la Sentencia T-384
de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), que fueron posteriormente reiteradas en
la
T-1316 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[61]
Ver Sentencias T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-789 de 2003 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-206
de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[62]
Ver Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[63] Por inminencia se ha entendido algo
que amenaza o que está por suceder prontamente.  Un daño cierto y
predecible cuya ocurrencia se pronostica objetivamente en el corto plazo a
partir de la evidencia fáctica y que justifica la toma de medidas prudentes y
oportunas para evitar su realización. No se trata, por el contrario, de
una simple expectativa o hipótesis. La urgencia, por su parte, se predica de
las medidas precisas que se requieren para evitar la pronta consumación del
perjuicio irremediable y la consecuente vulneración del derecho. Por esta
razón, la inminencia está directamente ligada a la urgencia. La primera hace
relación a la prontitud del evento y la segunda alude a la respuesta célere y
concreta que se requiere.  La gravedad se refiere al nivel de intensidad
del daño. Esto es, a la importancia del bien jurídico tutelado y al nivel de afectación
del mismo. Esta exigencia busca garantizar que la amenaza o violación sea
motivo de una actuación extraordinariamente oportuna y diligente. Por
último, la impostergabilidad de la acción de tutela ha sido definida como la
consecuencia de la urgencia y la gravedad, bajo el entendido de que un amparo
tardío a los derechos fundamentales resulta ineficaz e inoportuno. Sobre la
diferencia entre los componentes del perjuicio irremediable, pueden verse las Sentencias
T- 225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-789
de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-761 de 2010 (M.P. María
Victoria Calle Correa), T-424 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-206 de
2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[64]
Ver Sentencias T-761 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-424 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-225 de 2012
(M.P. Humberto Sierra Porto).
[65] Ver
Sentencias T-600
de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-054 de 2014 (M.P. Alberto Rojas
Ríos; S.V. Luis Ernesto Vargas Silva).
[66] Este
Tribunal ha decantado una serie de reglas en materia probatoria que el juez de
tutela debe aplicar para salvaguardar a todas las personas respecto de
cualquier acción u omisión que vulnere o ponga en peligro sus derechos
fundamentales. Entre estas se destacan las siguientes: (i) la carga probatoria
en el trámite de la acción de tutela es más exigente para los demandados que
para los accionantes, en virtud de la naturaleza especial de esta. Este
principio alivia la carga de los accionantes, quienes usualmente son personas
que carecen de los medios para probar todos y cada uno de los hechos por ellos
relatados; (ii) la función del juez constitucional es privilegiar la protección
de los derechos fundamentales que se enuncian como vulnerados. So pretexto de
no cumplir con requisitos procesales, no puede olvidar el espíritu garantista
que ilumina la acción de tutela; (iii) en el trámite de la acción de tutela, se
aplica el principio de la carga dinámica de la prueba según el cual –
corresponde probar un hecho determinado a quien se encuentre en mejores
condiciones para hacerlo – , y (iv) cuando el juez de instancia solicita a los
demandados rendir el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de ese mismo decreto, si este
no es rendido dentro del plazo correspondiente se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa. A este respecto, ver las Sentencias T-
596 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-590 de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; S.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-638
de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; S.V. Mauricio González Cuervo) y T-174
de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[67]
Ver Sentencias T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004
(M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-1088 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-953 de 2008
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1042 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva), T-225 de 2012 (M.P.
Humberto Sierra Porto), T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)
y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[68]
Ver Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de 2003 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1088 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-953 de
2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez),
T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-202
de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio).
[69]
Ver Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-529 de 2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[70]
Ver, entre otras, la Sentencia T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo)
donde la Corte hizo una exposición detallada del principio de inmediatez al
estudiar una acción de tutela mediante la cual se solicitó una sustitución
pensional después de que había transcurrido más de un (1) año entre la
expedición de la Resolución que negó el acceso a la pensión y la interposición
de la acción.
[71] A
este respecto, véase la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández)
en la que se declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991, los cuales regulaban la caducidad de la tutela cuando era
interpuesta contra providencias judiciales. Así mismo, véase la Sentencia T-288
de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) donde se pusieron de presente los
deberes del juez de tutela en relación con el principio de inmediatez a la luz
de unas presuntas vías de hecho en las que supuestamente habían incurrido dos
(2) autoridades judiciales en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario.
[72]
Ver Sentencias T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de
2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T- 429 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-998 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), SU-158 de
2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo). Allí la Sala Plena y las diferentes Salas de Revisión han hecho
alusión a estas situaciones excepcionales al abordar la procedibilidad de
acciones de tutela mediante las cuales se pretendía obtener acceso a una
defensa técnica, a un recalculo del monto base de la pensión, a la
indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión
de sobreviviente y a la pensión de invalidez, respectivamente.
[73] Ver
sentencia T-148 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), reiterada en las
sentencias T-809 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-010 de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-208 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-424
de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-649 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[74]
Ver sentencias T-661
de 1997 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz), T-241 de 2000 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo) y T-649 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[75]
Ver sentencias T-661
de 1997 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz), T-241 de 2000 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo) y T-327 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[76] En la Sentencia T-552 de 2009
(M.P. Mauricio González Cuervo),
se estableció que “[l]a carencia de recursos
presupuestales, las dificultades financieras, la insolvencia económica del
empleador o cualquier otra razón no justifica el no pago de salarios. Inclusive
esta Corporación ha afirmado que tampoco el empleador se releva de esa responsabilidad
cuando se encuentra en algún trámite concursal, concordato o acuerdo de
recuperación de negocios o en concurso liquidatorio”. Años
atrás, en la Sentencia T-652 de 2002 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), la
Corte afirmó lo siguiente: “Así pues, si bien
el objeto social de la empresa se ve limitado o restringido en el sentido de
que ésta debe efectuar únicamente los actos necesarios tendentes a su
liquidación definitiva, lo anterior no es óbice para incumplir la obligación de
pagar las acreencias laborales a sus empleados, cuando a éstos se les vulnera
el mínimo vital por dicha causa”. En
el mismo sentido, véanse las Sentencias T-167 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-652 de 2002 (M.P.
Jaime Araujo Rentería), T-575 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-627 de
2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-327 de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto) y T-649
de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[77] En
la Sentencia
T-575 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) se
señaló que “[e]s suficientemente sabido que en el proceso de liquidación
forzosa administrativa el bien jurídico más importante a proteger es el de la
igualdad de los acreedores (Sentencia C-403 de 2001), lo que se conoce como
el principio par conditio creditorum (igualdad entre los
acreedores en los procesos liquidatorios). Las consecuencias que este objetivo
trae consigo se traducen en que los activos de la empresa en liquidación se
convierten en prenda común de todos los acreedores, y que ante la insuficiencia
de activos, los derechos de los acreedores se satisfacen a prorrata, es decir,
a través de la llamada “comunidad de pérdidas”. Estos parámetros operan como
regla general para todos los acreedores, excepto, cuando se está ante créditos
derivados de acreencias laborales, dado que en estos casos, dicha clase de
acreencias goza […] de la prelación o privilegio reconocido por la ley […]”. A
este respecto, véase también la Sentencia T-948
de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[78] La Sentencia T-948 de 2005 (M.P. Jaime Araujo
Rentería) señaló que “[c]uando la entidad
demandada se encuentre en alguna de las modalidades del trámite concursal, bien
sea concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor; o,
concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del
deudor; o, sometida a proceso de reestructuración de la
Ley 550 de 1999, la acción de tutela es procedente siempre que se trate de
obtener el pago de acreencias laborales y exista vínculo entre el
incumplimiento de tales obligaciones y la afectación del mínimo vital”.
[79] Ver Sentencia
T-148 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), reiterada en la
T-809 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en la
T-010 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en la
T-208 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), en la
T-424 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y en la
T-649 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[80]
Ver, por ejemplo, la Sentencia T-231 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
A.V. Jaime Araujo Rentería) donde la Corte negó la condición de sujetos de
especial protección constitucional a un hombre y a una mujer que se declaraban
como padre y madre de familia con el ánimo de obtener una estabilidad laboral
reforzada, por encontrar que en ambos casos sus cónyuges vivían con ellos y les
ayudaban con los gastos del hogar. En este mismo sentido, puede verse también la
Sentencia T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos), en donde la Corte consideró
que, en uno de los dos casos que estudiaba, la accionante no cumplía con los
requisitos para ser considerada una madre cabeza de familia y acceder a una
estabilidad laboral reforzada toda vez que no había demostrado que era la única
responsable del sostenimiento económico de sus hijos. Por otro lado, puede
leerse la Sentencia T-090 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) donde el derecho
a la estabilidad laboral reforzada que le reclamaba la parte actora por
considerar que esta no había acreditado ante la empresa respectiva su condición
de discapacidad. En esta medida, la Corporación señaló que “no puede pasar desapercibido para el juez
constitucional que es a la trabajadora a quien le correspondía la carga de
solicitar los exámenes necesarios para que, al momento de la desvinculación,
fuera considerada su eventual discapacidad. Si la interesada no adelantó
ninguno de tales trámites, ni aportó razón suficiente para justificar tal omisión,
ni adjuntó la prueba que permitiera pensar que al momento de la desvinculación
se encontraba efectivamente en alguna de las hipótesis de especial protección
para las personas con discapacidad, no puede el juez constitucional, más de 12
meses después de la desvinculación, suplir tal deficiencia probatoria”.
[81] Ver Sentencia
SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), reiterada en la
T-1063 de 2012 (M.P. Alexei Julio Estrada, A.V. Luis Ernesto Vargas Silva).
[82] Ver
copia del acta de cierre de liquidación y disposición de bienes de la empresa
municipal que se celebró el doce (12) de mayo de dos mil once (2011) (folios 237
a 239).
[83] Ver copia
del certificado que expidió el señor Dairo Barraza de los Reyes, Secretario de
Hacienda, el día dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013), según el cual
el Gobierno Local había hecho pagos a ex trabajadores de la empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo por un monto total de novecientos noventa y
cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos treinta y cinco
pesos ($994.463.235) durante la vigencia dos mil doce (2012) y ciento cuarenta
y cuatro millones de pesos ($144.000.000) con corte al treinta y uno (31) de
marzo de dos mil trece (2013)  (ver folio 18 del segundo cuaderno).
[84] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[85] Ver
sentencia T-148 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), reiterada en las
sentencias T-809 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-010 de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-208 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-424
de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y T-649 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo).
[86] Ver
sentencia C-1110 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[87] Ver
sentencia T-063 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[88] Ver
sentencia T-063 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), reiterada en la
T-166 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).