SU274-19
Sentencia T-506/12
Sentencia SU274/19
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Estado de indefensión frente a medios de
comunicación y periodistas
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES-Solicitud de rectificación previa como requisito
específico de procedibilidad
DERECHO A
LA LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y OPINION-Protección constitucional
DERECHO A
LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias
DERECHO A
LA LIBERTAD DE EXPRESION-Faceta individual, colectiva y democrática
LIBERTAD DE
EXPRESION-Tipos de discurso protegidos
DERECHO A
LA INFORMACION-Personajes públicos
DERECHO A
LA INFORMACION-Contenido
LIBERTAD DE
EXPRESION-Límites
TEST
TRIPARTITO-Contenido
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Núcleo esencial
DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO-Reiteración de jurisprudencia
DEBER DE
RESERVA DE LA INFORMACION-Debe estar plasmado en la Ley o en la
Constitución
DEBER DE
RESERVA DE LA INFORMACION-Información judicial reservada en materia penal
DERECHO A
LA LIBERTAD DE EXPRESION-Criterios orientadores de los límites que tiene la
divulgación de la información judicial
LIMITES A
LA LIBERTAD DE INFORMACION-Reglas jurisprudenciales para restringir la
libertad de los medios de comunicación de opinar sobre procesos judiciales
La restricción estaría
permitida cuando: i) exista un riesgo de afectación del derecho a un juicio
imparcial o a la presunción de inocencia, que no pueda justificarse en la
importancia de divulgar información relativa al proceso; ii) ese riesgo deberá
ser grave, cierto y actual; y iii) en la valoración del riesgo deberán ser
tenidas en cuenta las diferentes variables que rodean el caso considerando las
mayores o menores probabilidades de afectación
INFORMACION
DE CARACTER RESERVADO-Consecuencias penales y disciplinarias ante la
filtración de proyectos de sentencia
RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION-Reiteración de jurisprudencia y
doctrina
JUICIOS
PARALELOS-Figura que se presenta entre los procesos judiciales y los medios
de comunicación/JUICIOS PARALELOS-Definición/JUICIOS PARALELOS-Desarrollo
doctrinal
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Configuración
Referencia: Expediente T-6.937.981
Acción de tutela instaurada por Luis Alfredo Ramos Botero contra el
periodista Ignacio Gómez Gómez y el noticiero Noticias
Uno.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C.,
diecinueve (19) de junio de dos mil diecinueve (2019)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela emitidos,
en primera instancia, por el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, y
en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Medellín, en el proceso promovido por Luis Alfredo
Ramos Botero contra el periodista Ignacio Gómez Gómez y
el noticiero Noticias Uno.
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1.  Luis Alfredo Ramos Botero interpuso
acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la honra y al buen nombre.
2.  Señaló que, en la emisión
del 20 de enero de 2018, Noticias Uno publicó información referente a un
proceso que cursa en su contra en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, en la que se afirmó que la sentencia “iba a ser condenatoria y
que ya estaba proyectándose”[1].
Indicó que ese mismo día el periodista Ignacio Gómez Gómez hizo pública la
referida noticia en su cuenta de la red social Twitter.
3.  Sostuvo que presentó una
solicitud de rectificación ante el medio de comunicación, sin obtener una
respuesta satisfactoria[2].
4.  Mencionó que el 24 de enero
de 2018, la Corte Suprema de Justicia desmintió la información de Noticias Uno
a través de la cuenta de Twitter de esa Corporación, en los siguientes
términos: “Sala Penal de la @cortesupremaJ aclaró que no existe proyecto de
sentencia en proceso contra excongresista Luis Alfredo Ramos Botero. El
expediente está en análisis previo del magistrado ponente. Corte desconoce
fuente de información periodística contraria”[3].
5.  Adujo que el 25 de enero de
2018, el periodista Ignacio Gómez comentó la publicación de la Corte Suprema de
Justicia con una serie de comentarios que él considera “insultos”, de
los cuales destacó los siguientes[4]:
“Nacho Gómez
vía Twitter – 25 de enero de 2018 12:04 pm
Sala plena
de @cortesupremaJ aclaró que no existe proyecto de sentencia en proceso en
contra excongresista Luis Alfredo Ramos Botero.
-en
respuesta a @DanielSanin, @AlfredoRamosM y 8 más-
Se da cuenta
que el que especula es usted, se equivoca señor. No me endilgue a mí las
conductas que son naturales para usted.
-en
respuesta a @AlfredoRamosM, @CarlosJMontesM  y 8 más-
No hago
mandados, señor. Con todo respeto no he publicado ninguna #fakenews. La
ponencia y con la evaluación del expediente de LA Ramos está lista en la Corte,
el sentido es condenatorio. No voy a rectificar una información cierta.
-en
respuesta a @AlfredoRamosM, @CarlosJMontesM  y 8 más-
La
@cortesupremaJ miente para seguir ayudándole a Luis Alfredo Ramos.
-en
respuesta a @AlfredoRamosM, @CarlosJMontesM  y 8 más-
No hay
#fakenews en nuestro tratamiento del caso Ramos. Es la narración de sus
actividades políticas con paramilitares de Urabá contadas por sus
protagonistas, paramilitares en Justicia y Paz. No hay ningún reclamo de
ustedes por ninguna inexactitud de nuestra reportería.
-en
respuesta a @NestorMoralesC, @CarlosJMontesM  y 7 más-
Es decir aún
después que se conociera su relación con el cartel de la toga hay gente
haciéndole favores en la…
-en
respuesta a @NestorMoralesC, @CarlosJMontesM  y 7 más-
Nada. Vea
pues. Otra vez la @cortesupremaJ metiéndose en las fuentes de los periodistas.
El hecho de que no sepa como obtenemos la información no nos desmiente.
Intenciones no transparentes de la secretaría de la Corte @NoticiasUno se
ratifica.
-en
respuesta a @DELAESPRIELLAE-
La estética
es lo suyo. Su ropa y sus gorras no perturban a la opinión. Cuando hablo de
usted y su clientela, es porque hay un interés público y por ello el tema con
usted no es de su ‘estética’, es de ética, se parecen, pero no son la misma
palabra.
-en
respuesta a @NestorMoralesC, @CarlosJMontesM  y 7 más-
Es decir,
que aun así después de que se conociera su relación con el cartel de la toga,
hay gente haciéndole favores en la @cortesupremaJ a Luis Alfredo Ramos.
-en
respuesta a @CarlosJMontesM, @NoticiasUno  y 2 más-
Pero
@NoticiasUno insiste que un #fakenews no es nuestra sino de la @cortesupremaJ.
-en
respuesta a @DanielSanin, @AlfredoRamosM y 8 más-
No señor, la
información publicada es cierta independientemente de la fuente. Es un hecho la
ponencia existe en el sentido que la publicó @NoticiasUno.
-en
respuesta a @DanielSanin, @AlfredoRamosM y 8 más-
Lo que deja
en evidencia es la @cortesupremaJ aun después de lo que se ha conocido, sigue
teniendo tal diligencia con los abogados de Luis Alberto Ramos, que miente en
su beneficio”.
6.  Manifestó el accionante que
el 26 de enero de 2018, la Corte Suprema de Justicia emitió el Oficio n.° 2595,
en el que informó que no había ninguna decisión sobre su proceso y mucho menos
un proyecto de sentencia.
7.  Por otro lado, comentó que
sin ningún documento oficial que lo sustentara estaba siendo acusado de tener
acuerdos con esa Corporación para ser absuelto y de ser culpable de conductas
por las que se encontraba procesado.
8.  Expuso que el periodista
Ignacio Gómez “es una figura pública y todo aquello que escriba es visto por
miles de personas, lo cual agrava mi dignidad humana, en tanto recibo maltrato
verbal no solo de él, sino de la opinión pública que parte de la objetividad de
dichas afirmaciones”[5].
Además, puso de presente que el derecho a la libertad de expresión de los
medios de comunicación tiene límites, pues la información publicada por estos “debe
ser veraz e imparcial y respetuosa de los derechos de terceros particularmente
al buen nombre, la honra y la intimidad”[6].
9.  Por último, refirió que
Noticias Uno no hizo ningún esfuerzo para constatar su situación procesal, por
lo que a su juicio no se cumple con el principio de veracidad.
10.  Con fundamento en lo
anterior, solicitó[7]:
i) respecto del periodista Ignacio Gómez Gómez, declarar que “ha
faltado a la verdad mediante declaraciones subjetivas que no responden a la
realidad”, en consecuencia, ordenarle que pida disculpas públicas y
manifieste “que sus declaraciones no son de acuerdo a la realidad”;
ii) en cuanto a Noticias Uno, ordenar que mediante un espacio igual de
extenso al emitido en su contra “se retracte de las afirmaciones y pidan
disculpas públicas”, se reconozca que las afirmaciones fueron “ocasionadas
por razones subjetivas y no objetivas” y retire la noticia de la página
web, así como de su canal en YouTube.
Trámite procesal
11.  En Auto del 17 de mayo de 2018[8], el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín
admitió la acción de tutela y dispuso notificar a Noticias Uno y al periodista
Ignacio Gómez para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
Contestación de la parte accionada
12.  Mediante documento del 21 de mayo de 2018,
Ignacio Gómez Gómez, actuando en nombre propio y en su calidad de subdirector
de Noticias Uno, dio respuesta a la acción de tutela instaurada por Luis
Alfredo Ramos Botero. Para el efecto, dividió el escrito en dos partes: una
referente al medio de comunicación y otra concerniente a él como periodista.
13.  En primer lugar, señaló que la noticia sobre el
proyecto de sentencia fue dada “informándoles objetiva y abiertamente a los
televidentes que se trataba, justamente, de un proyecto (y no de una decisión)
que debería ser estudiado más adelante por el pleno de la Sala Penal”[9].
14.  Calificó de falsa la afirmación del accionante
según la cual presentó una solicitud de rectificación ante el medio de
comunicación, sin obtener una respuesta satisfactoria. Al respecto, mencionó que el 10 de febrero de 2018, Noticias Uno
respondió dicha petición, rectificando la parte de la información que resultó
inexacta, en los siguientes términos: “en la noticia emitida se describió,
con relación a Ramos el proyecto político con inclinación paramilitar Urabá
Grande, Unida y en Paz, como si estuviera entre las evidencias a estudio del
despacho en este proceso cuando claramente no lo está. Por tanto, esta parte de
la historia se rectifica”[10].
Aclaró que el resto de la información
fue ratificada al contar con “los soportes documentales y testimoniales
extractados de documentos judiciales de plena validez”, y además, por tener
“certeza del conocimiento y absoluta veracidad de nuestras fuentes”[11]. Sobre
el particular resaltó que si bien no lo manifestaron públicamente por respeto a
la Corte Suprema de Justicia, siempre fue claro para Noticias Uno que la verdad
de la información se conocería, como en efecto sucedió tres meses después, esto
es, el 19 de abril de 2018, “cuando dimos el avance informativo por tener
físicamente en nuestras manos el texto de la ponencia, y cuando ampliamos la
misma noticia, el 22 de abril siguiente, [al revelar] detalles del escrito del
magistrado ponente”[12].
15.  Mencionó que según la Corte Constitucional la
sociedad tiene derecho a conocer los hechos que le incumben como comunidad, en
particular “cuando se trata de personajes con responsabilidades públicas y
de gran poder político como el aquí accionante, por los privilegios de que
gozan y porque son un referente para los demás ciudadanos”[13].
16.  De otra parte, explicó que como subdirector de
Noticias Uno no actúa solo sino que es parte de un equipo profesional con
estructuras jerárquicas, por lo que una decisión editorial de publicación se
toma de manera colectiva.
Luego de ello, cuestionó que el
accionante entregara como prueba los mensajes de la red social Twitter “omitiendo
los que generaron su reacción defensiva, en lugar de ofensiva como pretende
hacerlo creer”[14].
En este punto, puso de presente que cerró el acceso a 65 cuentas de las cuales
provenían ofensas personales e institucionales.
Acto seguido, resaltó que lo publicado
por el medio de comunicación resultó ser cierto y exacto, pues “la ponencia
de condena contra el accionante, publicada en abril, tenía las mismas líneas de
interpretación, los mismos testimonios, la misma evaluación de las pruebas y
las mismas circunstancias que el noticiero narró en enero”[15].
Aclaró que el documento fue revelado públicamente en abril no solo por Noticias
Uno sino por varios medios de comunicación. Con fundamento en lo anterior,
solicitó se rechazaran las pretensiones del actor.
Sentencias objeto
de revisión
Primera
instancia
17.  Mediante sentencia del 28 de
mayo de 2018, el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín concedió el
amparo.
18.  En primer lugar, sostuvo que
no se acreditaba la vulneración del derecho a la intimidad, por cuanto Luis
Alfredo Ramos es una figura pública y “le asiste a los medios de
comunicación un interés en dar a conocer aspectos de su vida íntima en lo que
tenga relación con la investidura que ostentara”[16]. Posteriormente, se refirió a los
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, para lo cual consideró
pertinente hacer una distinción entre las situaciones del noticiero y del
periodista.
Con relación
a los mensajes publicados por Ignacio Gómez Gómez en su cuenta personal de la
red social Twitter, señaló que tales manifestaciones solo comportan opiniones
que hacen parte de su libertad de expresión, y en consecuencia, con ellas no se
vulnera el buen nombre ni la honra del actor.
En lo
atinente a la noticia publicada por el medio de comunicación, consideró
censurable la inexactitud de la información “pues se trata de datos mutables
que deben ser actualizados permanentemente y que podrían generar una
tergiversación de las elucubraciones que del caso se puedan generar y que den a
la postre con su final decisión”[17].
Consideró que
la advertencia sobre la existencia de un proyecto de sentencia condenatoria no
se enmarca dentro del principio de publicidad al que se refieren los artículos
18[18], 149[19] y
152[20] de
la Ley 906 de 2004, dado que “al momento de permitir que otras personas se
inmiscuyan en el debate público del juicio oral por vía de la libertad de
expresión se puede llegar a afectar la imparcialidad en la decisión”[21]. Bajo ese entendido estimó que, si
bien Noticias Uno ha advertido que se trata de un proyecto de sentencia, el
hecho de que se hable de una posible condena y de la pena a imponer, supone un
trato para el acusado como culpable, lo cual se encuentra prohibido de
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución.
A juicio del
fallador “no es que Noticias Uno no pudiera revelar las pruebas que obran
dentro del proceso penal si se considera que estos contenidos tienen relevancia
pública al hacer parte del ámbito público del proceso una vez que las
pruebas son practicadas en juicio o dentro de la audiencia de juzgamiento, es
el hecho de revelar una información inexacta de lo que puede ser la ponencia
para la sentencia definitiva, pues esto hace parte de un ámbito reservado de la
administración de justicia”[22].
19.  Con sustento en ello, el
juzgado i) concedió el amparo de los derechos fundamentales al buen
nombre, a la honra, al debido proceso y la presunción de inocencia de Luis
Alfredo Ramos Botero; ii) ordenó a la Directora de Noticias Uno
rectificar la información acerca de “la inviolabilidad de la presunción de
inocencia del accionante, la ilicitud de la revelación de los proyectos de
ponencia de la administración de justicia y el sentido en como estos
primigeniamente puedan estar dirigidos”[23],
así como retirar la noticia del portal de internet y/o canal de YouTube; y iii)
negó el amparo instaurado contra el periodista Ignacio Gómez Gómez por los
mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter.
Solicitud
de aclaración de la sentencia
20.  Mediante escrito del 5 de
junio de 2018, la Directora de Noticias Uno Cecilia Orozco Tascón solicitó la
aclaración del fallo al no saber cómo cumplir la orden de rectificación[24].
21.  Esta solicitud fue resuelta
a través de Auto del 12 de junio de 2018, en el cual el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín
con Funciones de Conocimiento aclaró que el noticiero debía esclarecer que “dar
cuenta de un proyecto de sentencia de carácter condenatorio i) vulnera la
presunción de inocencia, en el sentido de que se le da un tratamiento de
culpable a quien no ha sido vencido aún en el juicio; ii) es ilegal, porque
afecta la reserva de los proyectos de ponencia de la administración de justicia
y, es inconveniente, dado el sentido en que pueden estar dirigidos”[25].
Además, reiteró que toda nota emitida al respecto debía ser retirada del portal
en el que se encontrara como páginas web o canales de YouTube.
Impugnación
22.  El 6 de junio de 2018, la
Directora de Noticias Uno impugnó la decisión de primera instancia[26].
23.  Señaló que esa decisión se
sustenta en la sentencia T-277 de 2015, que a su juicio no constituye un
precedente aplicable al caso en estudio dado que los supuestos fácticos son
diferentes, por las siguientes razones: i) en esa providencia el
problema radicaba en la no actualización de la información publicada en el
diario El Tiempo sobre una actuación penal, mientras que en esta oportunidad el
debate se centra en la noticia sobre un proyecto de sentencia condenatoria; ii)
si bien esa sentencia aborda la tensión entre el derecho a la libertad de
expresión e información, y los derechos a la honra y al buen nombre, derivada
de la publicación de información relativa a proceso penales, lo hace respecto
de un caso en que la accionante no es un personaje público; y iii) en esa
sentencia la Corte determinó el incumplimiento del deber de publicar
información veraz por cuanto el accionado no la había actualizado, siendo que
en este caso Noticias Uno sí actualizó la información al dar a conocer en la
emisión del 10 de febrero de 2018 la comunicación emitida por la Corte Suprema
de Justicia vía Twitter en el sentido de negar la existencia de un proyecto de
sentencia en el proceso penal seguido contra el actor.
24.  Por otro lado, destacó que
la decisión de primera instancia no satisfizo el estándar de prueba tripartita
de restricciones a la libertad de expresión establecido por la jurisprudencia
de la CIDH y de la Corte Constitucional. Al respecto, adujo que no cumple “la
exigente carga argumentativa que impone dicho test, el cual demanda: i) que la
limitación se encuentre contemplada en la ley; ii) que la misma pretenda
garantizar unos determinados objetivos considerados admisibles; y iii) que
aquella sea necesaria para lograr dicho fin”.
Sobre el
primer requisito, adujo que el a quo no invocó el fundamento legal para
declarar ilícita la difusión de información relativa a la existencia de
proyectos de ponencia y el sentido en que estos puedan estar dirigidos. Según
expuso, el juez de primera instancia se limitó a mencionar la presunción de
inocencia la cual “no justifica la vulneración a la libertad de prensa y la
censura impuesta a Noticias Uno”, en tanto ese medio de comunicación en
ningún momento afirmó que Luis Alfredo Ramos fuera culpable. En cuanto al
segundo requisito, mencionó que la sentencia de primera instancia invocó, como
restricción a la libertad informativa, la garantía de los derechos al buen
nombre, a la honra y la dignidad humana del actor. Y respecto del tercero,
expuso que la medida no resultaba necesaria para proteger tales garantías, dado
que ello se lograba con la actualización y rectificación de la información que
Noticias Uno efectuó en la emisión del 10 de febrero de 2018.
Manifestó que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que en el examen de
proporcionalidad se debe considerar que las expresiones concernientes a asuntos
de interés público gozan de una mayor protección[27].
25.  De otra parte, hizo mención
al “principio de la real malicia” que exige demostrar “que quien se
expresó lo hizo con la plena intención de causar daño y conocimiento de que se
estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la
verdad de los hechos”.
Indicó que lo
divulgado por Noticias Uno no aparejaba información falsa y no buscaba causar
daño al señor Luis Alfredo Ramos ni vulnerar sus derechos fundamentales.
Refirió que la noticia “partió de la misma Corporación y, en todo caso, no
existió ilicitud alguna, porque el dato que se publicó no se obtuvo por ningún
medio que pueda calificarse como tal”. Además, destacó que “si bien
existen normas que establecen que los funcionarios judiciales tienen un deber
de confidencialidad sobre los proyectos de decisión, estas normas no pueden
utilizarse como fundamento legal para prohibir a los medios de comunicación dar
a conocer información que obtengan sobre procesos penales que involucren a
personajes con notoriedad pública o servidores públicos”.
26.  Finalmente, puso de presente
que la presunta vulneración de los derechos del accionante se origina en una
filtración de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo
que esa Corporación debió ser vinculada al proceso.
Segunda
instancia
27.  En sentencia del 13 de julio
de 2018, la Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín i) declaró la carencia actual de objeto en cuanto
al deber de retirar la noticia de la página del medio de comunicación accionado
y de su canal de YouTube y ii) en lo demás, confirmó la sentencia de
primera instancia[28].
28.  Mencionó que el principio de
presunción de inocencia implica, de un lado, que no es posible afirmar que
alguien es responsable de la comisión de un delito mientras no exista una
decisión judicial ejecutoriada que así lo declare, y de otro, que no puede
publicarse que existe una ponencia o un proyecto de sentencia condenatoria
cuando este no ha sido radicado y puesto a consideración de los miembros del
organismo judicial colegiado, así se haya redactado un borrador o un
anteproyecto.
Con
sustento en ello, aclaró que en el fallo de primera instancia sí se invocó el
fundamento legal para declarar la vulneración de los derechos fundamentales por
la difusión de información relativa a la existencia de una ponencia que aún no
había sido radicada; luego, también hubo sustento para la restricción de la
libertad informativa, en tanto se estaba afectando el buen nombre y la honra de
una persona que sin haber sido vencida en juicio estaba siendo presentada ante
la opinión pública en “precondición de ser sentenciado”. Al respecto, comentó
que el legislador quiso proteger la presunción de inocencia con lo dispuesto en
el inciso 4° del artículo 149 de la Ley 906 de 2004, en virtud del cual: “No
se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como
culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar
declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la
imposición de las sanciones que correspondan”, norma en la que se basó el a
quo.
El
Tribunal aclaró que si bien ese artículo corresponde al procedimiento de
tendencia acusatoria que no rige en la causa que la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el accionante, es aplicable
porque, al igual que el artículo 7° de la Ley 600 de 2000[29], dimana del artículo 29 de la
Constitución y debe ser concordado con la Ley 1712 de 2014[30] cuyo artículo 6 define los conceptos
de información pública, pública clasificada y pública reservada[31]. Con base en ello, determinó que las
ponencias de los cuerpos colegiados o de un juez individual tienen reserva, es
decir, pueden considerarse como información pública clasificada o información
pública reservada y de ahí que sea posible negar el acceso a ella.
Consideró
que “los medios tienen derecho a divulgar la información relativa a los
procesos penales, indicando en qué estado se encuentra su trámite, pero existe
reserva en cuanto a si se ha proyectado condenar o absolver a una persona”[32]. Además, a juicio del Tribunal, un
proyecto de fallo debe ser debatido entre los integrantes del cuerpo judicial
colegiado y en las deliberaciones de rigor se puede cambiar el sentido de la
decisión propuesta o alguno de sus apartes, motivo por el cual presentar
información como la que emitió Noticias Uno va en contravía del derecho a la
presunción de inocencia.
29.  De
otra parte, el ad quem encontró acreditado que Noticias Uno cumplió lo
ordenado en la sentencia de primera instancia a través de la publicación
realizada el 30 de junio de 2018, mediante la cual rectificó la información en los
términos dispuestos por el juzgado. De igual forma, al verificar el canal de
YouTube de ese medio de comunicación constató que no se encontró la publicación
correspondiente al 20 de enero de 2018.
30.  Por
último, no halló razones para anular total o parcialmente la actuación por no
haberse vinculado a la Corte Suprema de Justicia “máxime cuando en la
correspondiente solicitud no se argumenta sobre la trascendencia que dicha
omisión ha podido tener, y porque no se avizora cómo los efectos de la decisión
que aquí se tome se puedan extender a dicha Corporación”.
Pruebas que obran en el
expediente
31.  Las pruebas que obran en el
expediente son las que a continuación se relacionan:
(i) Captura de pantalla de las
publicaciones realizadas por el periodista Ignacio Gómez Gómez en su cuenta de
la red social Twitter[33] allegadas
por el accionante.
(ii) Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Luis Alfredo Ramos Botero[34].
(iii) Copia del Oficio n.° 2595
del 26 de enero de 2018 emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia[35].
(iv) Copia de los apartes del
proyecto de sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el
marco del proceso penal adelantado en contra de Luis Alfredo Ramos Botero[36].
(v) Captura de pantalla de las
publicaciones realizadas por el periodista Ignacio Gómez Gómez en su cuenta de
la red social Twitter, anexadas por el accionado[37].
(vi) Cuatro Cds con a) la
noticia publicada el 20 de enero de 2018, b) la rectificación realizada
el 10 de febrero de 2018 en respuesta a la solicitud de Luis Alfredo Ramos, c)
la nota “90 segundos-CM&. Luis Alfredo Ramos acusa conocimiento de la
ponencia”, d) el avance de Noticias Uno del 19 de abril de 2018 y e)
la nota sobre la ponencia en el caso de Luis Alfredo Ramos[38], cada uno con su respectiva
transcripción[39].
(vii) Un Cd con la publicación
del 30 de junio de 2018, mediante la cual se dio cumplimiento al fallo de
primera instancia[40].
Trámite en sede de revisión
(i) Auto del 18 de octubre de
2018[41]
32.  Mediante providencia del 18
de octubre de 2018, el magistrado sustanciador dispuso vincular a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se pronunciara sobre los hechos concernientes a la filtración del proyecto de
sentencia en el marco del proceso penal que cursaba en esa Corporación contra
Luis Alfredo Ramos Botero, particularmente, i)
certificara cuál era el despacho que tenía a cargo el proceso penal en contra
de Luis Alfredo Ramos Botero a que hacía referencia la nota emitida el 20 de
enero de 2018 por Noticias Uno; ii) informara en qué estado estaba ese
proceso a la fecha de las publicaciones de las noticias del 20 de enero y del
19 de abril de 2018, y cuál era el estado actual del trámite; y iii)
indicara qué actuaciones había desplegado luego de tener conocimiento sobre la
filtración del proyecto de sentencia en el marco de ese proceso judicial.
El despacho
destacó que el argumento principal de los jueces de instancia para acceder a la
protección invocada fue la vulneración de la presunción de inocencia del
accionante y la ilicitud de la revelación de los proyectos de sentencia, esta
última, información que hace parte del ámbito reservado de la administración de
justicia. Bajo ese entendido, consideró que al ser este aspecto uno de los
principales reproches de los jueces que conocieron el asunto en instancias, era
necesario vincular a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
33.  En ese
mismo proveído, el despacho vinculó a las redes
sociales Twitter y YouTube para que se pronunciaran sobre la acción de tutela
de la referencia, pues, aunque la acción de tutela se
dirigió contra un medio de comunicación y un particular, el despacho consideró
que los hechos que fundamentan la solicitud de amparo podrían involucrar
también a dichas redes sociales, por cuanto fueron los canales a través de los
cuales se hicieron las publicaciones objeto de reproche.
34.   Por último,
ordenó al señor Luis Alfredo Ramos Botero que remitiera la copia de la
solicitud de rectificación.
Respuestas de las partes
vinculadas
Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia
35.  La Secretaría General de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que a través del
Oficio n.° 28588 del 19 de julio de 2018, se remitió el expediente 35691[42] a la Sala Especial de Juzgamiento de
Primera Instancia “en razón a la pérdida de competencia decretada en auto
emitido el 19 de julio de la presente anualidad [2018] y del acto
administrativo PCS5A.-18-11037 del 5 de julio anterior”[43].
36.  De otra parte, indicó que,
para el 20 de enero de 2018, el referido proceso estaba a cargo del despacho
del magistrado Eyder Patiño Cabrera “en estudio del voluminoso expediente,
por lo que no se había registrado proyecto de fallo. El registro de este último
se realizó el 19 de abril ulterior”[44].
37.  Finalmente, señaló que la
solicitud de información del señor Ramos Botero referente a la presunta
filtración de la sentencia fue respondida el 26 de enero de 2018, documento en
el que se expresó la postura de la Sala Penal de esa Corporación y que obra en el
expediente de tutela.
Google Colombia Ltda.
38.  De manera preliminar,
explicó que existe una sociedad jurídica extranjera denominada Google LLC,
domiciliada en California, Estados Unidos, que es la única titular y operadora
de herramientas como YouTube. Indicó que Google Colombia es una persona
jurídica constituida en Colombia, independiente y autónoma respecto de Google
LLC, y que su objeto social es exclusivamente “la venta, distribución,
comercialización y desarrollo, en forma directa o indirecta, de productos y
servicios de hardware y software, productos y servicios relacionados a internet
y publicidad en internet o por cualquier otro medio”[45].
39.  Señaló que no le constan
ninguno de los hechos narrados por el accionante y que el amparo constitucional
es improcedente ante la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
Google Colombia no es una sucursal, controlada u oficina de representación, por
lo cual no es responsable del control, acceso o información que pueda
relacionarse con los servicios y/o productos comercializados de manera
exclusiva por Google LLC.
Google LLC.
40.  El apoderado general de
Google LLC solicitó la desvinculación del proceso de tutela por cuanto esa
empresa no es responsable por la información ni los contenidos creados y compartidos
por los usuarios en YouTube, pues “solo actúa como procesador de la
herramienta y como tal, impone políticas a los usuarios, mas no maneja, controla,
ni produce los contenidos”[46].
41.  De otra parte, explicó que
para la identificación del contenido, Google LLC necesita los URLs (Uniform
Resource Locator, secuencia de caracteres que se usa para nombrar y localizar
contenido en Internet), “por cuanto los contenidos pueden diferenciarse los
unos de los otros por un cúmulo de factores, que de no identificar de manera
correcta (…) podría causar un perjuicio sobre derechos de terceros (como es la
libertad de expresión) en vista a acciones que se tomen sin contar con la información
puntual y suficiente”[47].
Por esa razón, mencionó que desindexar contenidos que no están debidamente
identificados, materializa el riesgo de eliminar contenido legítimamente
dispuesto para conocimiento público sin contar con un pronunciamiento previo de
las autoridades judiciales facultadas para ese fin.
42.  Acto seguido, refirió que
cualquier reclamo por publicaciones en www.youtube.com debe dirigirse a su
autor/responsable y seguir el procedimiento establecido por Google LLC a través
de la “reclamación de difamación”. Explicó que en tanto la difamación
varía de acuerdo con la ley local, se requiere una orden judicial en la cual el
juez competente defina que el contenido del video objeto de reclamo es
difamatorio para que la empresa proceda a bloquear el acceso al video de la
plataforma YouTube.
43.  Por último, señaló que no sabía
si el actor le había solicitado directamente al creador del video bajar el
contenido, ni de las acciones legales, diferentes a la tutela, que hubiera
iniciado en su contra para definir la conducta como ilegal a través del
correspondiente proceso judicial.
Luis Alfredo Ramos Botero
44.  El accionante allegó la
copia de la solicitud de rectificación de la noticia emitida el 20 de enero de
2018 por Noticias Uno, de conformidad con lo solicitado por esta Corporación[48].
Traslado de las pruebas
recaudadas en sede de revisión
45.  En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte, modificado
por el Acuerdo 01 de 2015, la Secretaría General de esta Corporación puso las
pruebas recaudadas en sede de revisión a disposición de las partes y de los
terceros con interés legítimo, por el término de tres días hábiles, para que
emitieran un pronunciamiento en caso de estimarlo necesario y de esa forma
garantizar el derecho de contradicción en materia probatoria.
Noticias Uno
46.  La directora del noticiero
accionado manifestó que la decisión adoptada en segunda instancia según la cual
debía “(rectificar) acerca de la inviolabilidad de la presunción de
inocencia del accionante, la ilicitud de la revelación de los proyectos de
ponencia de la administración de justicia y el sentido en que estos
primigeniamente puedan estar dirigidos”, vulnera el precedente establecido
en la sentencia C-038 de 1996, donde la Corte declaró inexequible el parágrafo
2 del artículo 33 de la Ley 190 de 1995, que prohibía la difusión de
información sometida a reserva[49].
47.  Así mismo, citó la sentencia
T-1307 de 2005, caso en que un ciudadano que estaba siendo investigado por la
Procuraduría General de la Nación planteó, entre otros asuntos, que se violó su
derecho al buen nombre debido a que el proceso disciplinario que cursaba en su
contra se filtró a la prensa antes de que se hubiese notificado de la
providencia que daba apertura a dicho proceso.
Según transcribió, la Corte en
esa oportunidad señaló que: “como quiera que la información divulgada en
los medios de prensa corresponde a la realidad, no hay lugar a rectificación
alguna, ni hay manera de retrotraer las cosas al estado anterior, razón por
la cual no hay orden de protección que pudiese proferir el juez de tutela (…)
[En cuanto a], la indagación sobre si se violó la reserva del proceso
disciplinario o sobre si hubo una indebida filtración de información antes que
la decisión de abrir la investigación hubiese sido notificada al investigado, es
asunto que excede el ámbito de la acción de tutela y que, si es del caso, debe
abordarse en las instancias disciplinarias competentes (para los funcionarios
públicos)”[50].
(Resaltado por la interviniente).
A
su juicio, esas decisiones consolidan el precedente jurisprudencial sobre la
distinción entre la obligación de los funcionarios judiciales de mantener la
reserva judicial y la prohibición a los medios de comunicación de divulgar
información reservada pero de innegable relevancia pública, lo que equivaldría
a una forma de censura constitucionalmente inadmisible. Al respecto, mencionó
que ello “contradice los precedentes citados y le impuso a este medio de
comunicación -y por extensión, a toda la prensa- el silencio sobre un caso de
connotaciones públicas nacionales, y el deber de reserva que corresponde solo a
los funcionarios judiciales, además de violar los derechos de la sociedad a
estar informada sobre temas de su absoluto interés y el de ejercer control
ciudadano sobre las personas que la representan en cargos de elección popular o
en puestos de manejo del Estado”.
48.  Finalmente, en cuanto a la
publicación del proyecto de ponencia en el proceso de Luis Alfredo Ramos
Botero, destacó lo siguiente:
i)    La información
emitida el 20 de enero de 2018, además de que fue confirmada en su veracidad
por el texto final de la ponencia que también se dio a conocer con documento
completo a la opinión pública el 22 de abril siguiente, provino de una fuente
con acceso directo a la misma, por lo cual nunca se tuvo duda de la exactitud
de los datos entregados.
ii)  La solicitud de
rectificación del accionante fue respondida pronta y respetuosamente, y fue
atendida en una publicación del 10 de febrero de 2018 aceptando el error en un
párrafo de la información que, en todo caso, no afectaba la esencia de la
noticia.
iii)    El mensaje
virtual de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, publicado
como respuesta a una petición del accionante “no puede ser interpretado como
un desmentido a Noticias Uno”, pues cuando esa Corporación dice que “el
expediente está en análisis previo del magistrado ponente” es posible
deducir “no que definitivamente NO existiera un documento en que se
proyectaba una condena sino que no lo conocía por no haber sido repartido”[51]; esto significa que para la
Sala no existía proyecto de ponencia, lo que no excluye el hecho de que
Noticias Uno hubiera conocido el texto en que se analizaba el caso Ramos
Botero, aunque esa sección no lo conociera.
iv)     La
veracidad de la información se ratificó tres meses después cuando se conoció la
ponencia completa del caso, primero, en otro medio de comunicación (Caracol
Radio) y poco después en Noticas Uno, esta sí repartida por el magistrado
ponente al plenario la Sala Penal. Para el efecto, la directora del noticiero
allegó la copia de un documento con las características de una ponencia[52].
(ii) Auto del 21
de noviembre de 2018[53]
49.  Mediante
Auto del 21 de noviembre de 2018, la Sala Plena de esta Corporación avocó el
conocimiento del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del
Reglamento Interno de la Corporación.
(iii) Auto 048 del 6 de
febrero de 2019[54]
50.  A través de proveído
calendado el 6 de febrero de 2019, la Sala Plena de la Corte solicitó a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de
Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Externado de Colombia,
a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la Facultad de
Comunicación y Lenguaje de la Pontifica Universidad Javeriana, a la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Sabana y al Doctor Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, que emitieran su opinión
o concepto sobre la problemática jurídica que compromete el presente asunto.
Respuestas
de los intervinientes
Universidad Externado de
Colombia
51.  En escrito allegado el 26 de
febrero de 2019, el docente Juan Carlos Upegui Mejía de la Universidad
Externado de Colombia afirmó que hace parte del contenido protegido por la
libertad de expresión que un periodista publique información relacionada con el
cumplimiento de las funciones de una autoridad judicial, en un caso donde se
investiga la posible responsabilidad penal de un personaje público, a pesar de
que dicha información esté sometida a reserva[55].
Lo anterior, fue sustentado con cuatro argumentos.
52.  El objeto del discurso es
de interés público[56].
Explicó que la libertad de expresión en su faceta de derecho a la información
sobre asuntos de interés público, permite activar el control social sobre la
forma en que las autoridades judiciales aplican la ley y cumplen sus deberes
constitucionales y legales.
Para ello, citó la sentencia
C-038 de 1996 oportunidad en que la Corte determinó que la norma que establecía
la reserva sobre los expedientes en que consten investigaciones disciplinarias
y fiscales “hasta que se produzca el fallo”[57],
era desproporcionada porque “el legislador llevó
hasta su máximo los principios ‘de eficiencia y respeto a la presunción de
inocencia’ restándole ‘toda virtualidad y eficacia al principio de publicidad y
al derecho fundamental que éste nutre: el control del poder público por parte
de las personas y ciudadanos’, ante lo cual ‘el balance de costos y beneficios,
es demasiado oneroso para el interés general y para los mencionados derechos’”.
Según el docente, mutatis mutandis para el caso de la referencia, el
ejercicio de la libertad de expresión del medio de comunicación y de su
periodista, tiene la importante función de actualizar la faceta de acceso a la
información como control del poder en un asunto de interés público, así sea solo
por el hecho de revelar la forma como actúa el más alto tribunal de justicia
del país.
53.  El discurso versa sobre
un personaje público[58].
Mencionó que la Corte ha empleado tres criterios para determinar el carácter de
un personaje público: i) la decisión de la persona de ingresar a la
esfera pública; ii) el hecho de gozar de cierta notoriedad pública; y iii)
el hecho de ostentar poder público[59].
Luego señaló que catalogar a alguien como “personaje público” es relevante en
términos constitucionales “porque en su caso el estándar de protección de
sus derechos a la honra y al buen nombre es menor. O en otros términos, los
ejercicios de libertad de expresión de terceros que lo afecten gozan de mayor
protección”.
Por otro lado, indicó que la
relevancia de la figura de los personajes públicos para el régimen de la
libertad de expresión ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a partir de la llamada “teoría dual”, esto
es, “de la existencia de un ‘umbral’ diferente de protección de los derechos
al honor y a la reputación dependiendo de si se trata de personas públicas o
personas privadas, cuando estos derechos entren en tensión con la libertad de
expresión de terceros”[60].
Adujo que Luis Alfredo Ramos Botero
es un personaje público dada su destacada trayectoria política -Gobernador de
Antioquia, Senador de la República y precandidato presidencial-. En su sentir, “fue
su decisión en varios momentos de su vida exponer su persona al escrutinio del
público, y ostentó los privilegios y las responsabilidades de los encargos
públicos recibidos. Por ende, la información relacionada con las vicisitudes
del proceso penal al que estaba sometido tenía la connotación de ser
información de interés público, y de ser un discurso especialmente protegido
por la libertad de expresión”.
54.  La reserva, si existiere,
no es vinculante para el medio[61].
A juicio del interviniente, los jueces de instancia desconocen que la reserva
de los documentos públicos (en sentido lato, incluidos documentos
preparatorios, borradores, memos, documentos de discusión, etc.) no es
vinculante para los medios de comunicación, ni para los periodistas, regla que fue
reconocida por la Corte desde la sentencia T-066 de 1998[62].
Destacó que lo anterior también
fue reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011
cuando sostuvo que “las autoridades públicas y funcionarios tienen la
responsabilidad exclusiva de proteger la confidencialidad de la información
secreta legítimamente bajo su control. Otros individuos, incluidos los
periodistas y representantes de la sociedad civil, no deberán estar nunca
sujetos a sanciones por la mera publicación o ulterior divulgación de esta
información, independientemente de si ha sido filtrada o no, a no ser que
cometan fraude u otro delito para obtener la información”[63].
Así mismo, puso de presente que en
el parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 la reserva
de los documentos de organismos de inteligencia y contrainteligencia no vincula
a periodistas ni medios de comunicación cuando ejerzan la función periodística
de control de poder público, lo cual fue ratificado por la Corte en la
sentencia C-540 de 2012 al adelantar el control de constitucionalidad de esa
disposición[64].
Por lo anterior, sostuvo que el argumento de los jueces de instancia de
soportar la primacía del derecho al buen nombre y a la presunción de inocencia
del actor, no respeta los precedentes de la Corte Constitucional, ni el
estándar interamericano en materia de libertad de expresión.
55.  La información no faltaba
a la verdad[65].
Manifestó que los periodistas no tienen por qué saber la diferencia entre un
borrador, un proyecto de sentencia, y un proyecto de sentencia formalmente
radicado en la secretaría para su reparto o repartido de forma directa por el
despacho sustanciador a los demás miembros de la Corporación; tampoco deben ser
“expertos en derecho, ni en la minucia de los procedimientos judiciales
[pues] no es una exigencia de su profesión, ni debería ser una exigencia de los
jueces de tutela que controlan sus discursos”. Bajo ese entendido, expuso
que llevar al extremo la exigencia de exactitud y de veracidad de la
información al punto de indicar que se trata de un proyecto de sentencia no
radicado formalmente “es una forma de atenazar la libertad de expresión, por
la vía de someter el discurso a los tecnicismos jurídicos”. Enfatizó que en
este caso se trataba de un proyecto de fallo en el sentido amplio de la expresión.
Pontificia
Universidad Javeriana
56.  El Departamento de
Comunicación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad
Javeriana presentó su concepto sobre el asunto, en escrito radicado el 27 de
febrero de 2019.
Señaló que: i) la noticia no
vulnera los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra y al buen
nombre del accionante, por tratarse de una figura pública y porque sus
actividades son de interés general; ii) un medio o un periodista no
pueden rectificar una información que es materialmente cierta; iii) las
decisiones de instancia afectan la libertad de información y de expresión, porque
declaran como ilícita la publicación de información sobre los proyectos de ponencia,
haciendo extensiva a los medios la confidencialidad que atañe a los funcionarios
judiciales; y iv) el actor contaba con otros medios de defensa a través
de las vías civil y penal[66].
57.  Indicó que el objeto de la
información no era afirmar la responsabilidad penal del accionante, sino
mencionar en modo condicional la existencia de un documento en elaboración de
una ponencia que tenía sentido condenatorio, es decir, que no era definitivo. Aclaró
que en la producción noticiosa no solo se trabaja en relación con hechos
consumados, sino también con noticias en desarrollo que permiten hacer
seguimiento informativo sobre temas de interés público, lo cual permite hablar
del estado del proceso judicial en un momento determinado. Además, adujo que la
noticia se basó en una filtración, fenómeno validado cuando su obtención no va
en desmedro de otros derechos o principios. En ese sentido, el medio o el
periodista no cometen ningún ilícito en la emisión o publicación de un
documento filtrado si no han violado la ley para obtenerlo[67].
58.  En cuanto a las
publicaciones del periodista Ignacio Gómez en la red social Twitter afirmó que
las mismas estaban circunscritas a la órbita de la opinión personal, amparada
por el derecho a la libertad de expresión. Mencionó que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos “en 2004, destacó que una de las posibilidades de la
libertad de expresión es la posibilidad de crítica, a la que no puede oponerse
la persecución, ni aun cuando aquella sea ácida o pueda llegar a molestar, máxime
cuando se trate de quienes están sometidos al escrutinio público”[68], postura que fue acogida en la
sentencia C-650 de 2003.
59.  De otra parte, indicó que desde
el punto de vista de la ética periodística, “el secreto profesional impone
obligaciones correlativas como contrastar la información que se difunde, como
explicar el contexto en el que se da la noticia, (…) incluso rectificar el caso
solicitado, o publicitar los reparos de quienes se consideran afectados con
ello sin poner aditivos”[69].
Así
mismo, hizo referencia a lo señalado por la Red de Ética de la Fundación de
Nuevo Periodismo Iberoamericano que sintetizó lo dicho por los códigos del
mundo sobre el particular, así: i) Código de Australia, el periodista
debe respetar todas las confidencias recibidas en el ejercicio de la profesión;
ii) Código de Birmania, el secreto profesional debe ser observado en
todas las materias reveladas confidencialmente; iii) Código de Corea del
Sur, si el periodista asegura que una conversación no será publicada, deberá
cumplir su promesa; y iv) Código de Francia, se impone el respeto a los
compromisos contraídos, incluso corriendo el riesgo de sanciones penales. Aclaró
que, en todo caso, ese deber es relativo según otros códigos, por ejemplo: i)
Federación Internacional de Editores de Periódicos, el interés público
prevalece; ii) Código de Canadá, se acepta que pueda quebrantar esta
regla del secreto profesional, en beneficio de la sociedad[70].
60.  Finalmente, puso de presente
decisiones, consideraciones y referentes que pueden ayudar a dilucidar algunos
de los aspectos de la controversia: i) sentencia C-038 de 1996 que
declara inexequible la prohibición de difundir información reservada; ii)
sentencia T-066 de 1998 que ratifica la prevalencia del derecho a la
información frente a otros derechos fundamentales; iii) sentencia T-1307
de 2005, según la cual si una información corresponde a la realidad no hay
lugar a rectificación; iv) sentencia T-564 de 2017 que establece el
derecho fundamental a la reserva de la fuente; v) sentencia STL-2673 del
27 de febrero de 2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia que ratifica
la utilidad y la legitimidad de la reserva de la fuente; y vi) artículo
13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos[71].
Universidad de La Sabana
61.  En escrito remitido el 1° de
marzo de 2019, el Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La
Sabana manifestó que no tiene la posibilidad de emitir un concepto jurídico,
toda vez que ese tema sobrepasa su esfera de competencia[72].
Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
62.  El 19 de marzo de 2019, el
Embajador Álvaro Sandoval Bernal, Director de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió a
esta Corporación el concepto del Doctor Edison Lanza, Relator Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[73].
63.  En primer lugar, el Relator
indicó que la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener
libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los
distintos niveles de gobierno. Afirmó que tanto la libertad de expresión como
el derecho de acceso a la información “deben estar sometidos a un sistema
limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados
preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las
personas”[74].
Particularmente, las restricciones al derecho de acceso a la información o a la
divulgación de información de interés público, “deberán aplicarse únicamente
cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y
cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha
información”[75].
64.  Sin embargo, aclaró que el
derecho de buscar, recibir e impartir información no es absoluto, en tanto “el
derecho a la reputación o el honor, así como el principio de inocencia durante
el trámite de las investigaciones penales, constituyen intereses legítimos,
también protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Es por
ello, que las leyes de procedimiento penal establecen la reserva de la
información, limitada a determinadas etapas del proceso y, en general, la
obligación de mantener esa reserva impuesta a los funcionarios a cargo de
investigar o de impartir justicia en los casos a su consideración”[76].
El Relator hizo referencia al
caso López Lone y otros vs. Honduras, sobre al marco de libertad de
expresión y reserva de los operadores de justicia, oportunidad en que la Corte
IDH señaló que “[l]a libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés
público, es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita
el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los
mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en
definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios”[77].
Indicó que en esa decisión
también se admitió la posibilidad de que los jueces y tribunales estén
sometidos a determinadas restricciones en sus derechos a la libertad de
expresión, derechos políticos y otros, para garantizar la independencia, su
imparcialidad y los derechos de los justiciables, restricciones que deben estar
fijadas por ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad”[78].
Es por lo anterior que, a juicio
de la Relatoría Especial, en los casos relativos a la reserva de la información
en determinadas etapas del proceso penal, “es responsabilidad exclusiva de
las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la
información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras
personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o
miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información
reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a
sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido
fraude u otro delito para obtenerla”[79].
65.  De otra parte, expuso que a
efectos de resguardar el principio de inocencia de las personas públicas que
están sometidas a investigación o proceso, los mecanismos periodísticos de autorregulación
han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo
abordar y comunicar temas complejos y sensibles.
Sobre el particular, destacó lo
siguiente: “[l]a responsabilidad periodística es especialmente necesaria
cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar
valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la
seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar
la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos
códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y
para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas
prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada
sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado
a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos”[80].
66.  Finalmente, sostuvo que en los
casos en que una persona resulte presuntamente afectada por publicaciones
realizadas por la prensa, derivadas de información de procesos penales, se debe
acudir a las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión para
reparar dicho perjuicio, a saber: i) el derecho de rectificación o respuesta
consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana; y ii) si ello
no basta, a los mecanismos de responsabilidad civil que cumplan con las
condiciones estrictas derivadas del artículo 13.2 de la Convención Americana[81].
Traslado de los conceptos recaudados
en sede de revisión
67.  En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte, modificado
por el Acuerdo 01 de 2015, la Secretaría General de esta Corporación puso los
conceptos recaudados en sede de revisión a disposición de las partes y de los
terceros con interés legítimo, por el término de tres días hábiles, para que
emitieran un pronunciamiento en caso de estimarlo necesario.
Fundación para la Libertad
de Prensa -FLIP-
68.  Pedro Vaca Villarreal,
Director de la Fundación para la Libertad de Prensa, y Juan Pablo Parra
Escobar, asesor legal de esa organización, presentaron su concepto en escrito
radicado el 1° de marzo de 2019. Indicaron que no le asiste razón al juez de
segunda instancia “pues no aplicó correctamente el test tripartito para
limitar el derecho a la libertad de expresión. Además, contrario a lo que se
expone en la sentencia no existe prohibición legal alguna para los periodistas
sobre publicar el contenido de un proyecto de sentencia”[82]. Lo anterior, fue sustentado con tres
argumentos.
69.  La obligación de reserva
no recae sobre los medios de comunicación[83].
Mencionaron que en la sentencia C-038 de 1996, la Corte aclaró que la reserva de
la información no aplica respecto de los medios de comunicación, ya que la
prohibición de divulgación sería una forma clara e inequívoca de censura[84]. Por esa razón, consideraron que “si
el Estado tiene una necesidad de controlar la difusión de información
reservada, debe tomar medidas de control al interior de sus instituciones, sin
estar legitimado para instituir una veda sobre el debate público”[85].
70.  Las medidas impuestas en
primera y segunda instancia no cumplen con los parámetros internacionales para
limitar la libertad de expresión[86].
Expusieron que la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos han establecido que las restricciones a la libertad de expresión deben
superar un test tripartito, consistente en que: i) la limitación debe
estar expresa, taxativa y previamente consagrada en una ley; ii) debe
perseguir una finalidad legítimamente reconocida por el derecho internacional;
y iii) las medidas que limiten la libertad de expresión deben ser
necesarias y proporcionadas.
Sobre el primer requisito,
señalaron que la obligación de consagrar de forma precisa las causales legales
para limitar la libertad de expresión busca evitar que quede al arbitrio de los
poderes públicos la interpretación de dichas limitaciones. Bajo ese entendido,
refirieron que no existe una prohibición para la prensa de
publicar el contenido de un proyecto de sentencia, por lo que el Tribunal
accionado se equivocó al acudir al artículo 149 de la Ley 906 de 2004 pues i)
no corresponde al procedimiento penal aplicable en el caso en cuestión, ii)
obliga únicamente a las partes del juicio penal y al juez, y iii) hace
referencia a la obligación de los jueces de abstenerse de dar declaraciones a
los medios, mas no a la imposibilidad de estos de publicar la información que
han obtenido durante la reportería.
En cuanto al segundo requisito,
aclararon que Noticias Uno no vulneró el derecho a la presunción de inocencia
del accionante, pues en la publicación del 20 de enero de 2018 nunca se afirmó
que hubiera sido declarado culpable; por el contrario, se dejó en claro que se
trataba de un proyecto y no de una sentencia, y “usaron un tiempo verbal
condicional para señalar que dicha ponencia no era definitiva y que faltaba su aprobación
por la Sala Plena”.
Respecto del tercer requisito
adujeron que según lo manifestó la Corte en la sentencia T-1083 de 2002, solo son admisibles las medidas indispensables, útiles, razonables, oportunas y orientadas a
satisfacer el interés público. Así mismo, citaron la sentencia C-417 de
2009 en que esta Corporación señaló que la libertad de prensa no debe ser “limitada
más de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio y
alcance del derecho a la libertad de expresión” y se refirieron al caso Caso Palamara Iribame Vs. Chile en el
que Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que: “Las causales de
responsabilidad ulterior (…) no deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance
pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de
censura previa”.
71.  Obligar a un medio de
comunicación a rectificar información cierta es obligarlo a hacer lo imposible[87]. Sostuvieron que en el caso bajo
estudio se cumplió a cabalidad el requisito de veracidad, pues como lo manifestaron
Cecilia Orozco Tascón e Ignacio Gómez, “el origen de la información fue una
‘alta fuente’ en la propia Corte Suprema de Justicia, cuya identidad se
encuentra protegida por la reserva de la fuente”. Afirmaron que “la especial diligencia de Noticias Uno queda demostrada no solo por
el cuidado con el
que trataron la información, sino por su intento de contrastar al remitirse al magistrado ponente del caso, Eyder Patiño,
quien se negó a hablar con la prensa, como quedó registrado en la nota del 20 de enero”.
72.  Por último, manifestaron que
si bien la Corte Suprema aseguró que no existía un proyecto de sentencia y que
el caso seguía bajo estudio del magistrado ponente, ello no permitía “descartar
que existía una ponencia finalizada en el despacho del magistrado ponente, la
cual  sería presentada a la Sala en las próximas semanas y que ésta era
condenatoria (tal como sucedió)”.
Magistrado Eyder Patiño
Cabrera
73.  En escrito radicado el 7 de
marzo de 2019, el Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia indicó que se atenía a la respuesta allegada el 24 de octubre de
2018[88].
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1.  La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar
las sentencias proferidas en el proceso de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 61 del Acuerdo 02 de
2015 (Reglamento Interno de esta Corporación) y en cumplimiento del auto proferido
por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve de esta Corporación del 17
septiembre de 2018.
Delimitación
del asunto y planteamiento del problema jurídico
2.  De acuerdo con la situación fáctica planteada, esta Corporación
encuentra que el asunto de la referencia abarca dos situaciones diferentes. De
una parte, el accionante cuestiona i) la información difundida en
la emisión de Noticias Uno del 20 de enero de 2018, y de otra, ii)
se queja de los trinos que el periodista Ignacio Gómez Gómez realizó en su
cuenta de Twitter relacionados con la referida noticia.
3.  Con
base en ello, corresponde a la Sala Plena determinar, en primer lugar, si
la acción de tutela instaurada por Luis Alfredo Ramos Botero contra un
periodista y un medio de comunicación es un mecanismo judicial pertinente para
establecer la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados. De
encontrar acreditada la procedencia del amparo,  resolverá los siguientes
problemas jurídicos: i) ¿un medio de comunicación vulnera los derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso de una persona, al
divulgar un documento que contiene un proyecto de sentencia condenatoria
referente a un proceso penal que cursa en su contra?; y ii) ¿un
periodista vulnera los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al
debido proceso, por replicar una noticia sobre un proyecto de sentencia
condenatoria y por realizar afirmaciones en la red social Twitter relacionadas con
esa información?
4.  Para resolver los problemas jurídicos planteados la Corte se
pronunciará sobre los siguientes aspectos: i) procedencia
de la acción de tutela contra periodistas y medios de comunicación; ii)
alcance del derecho a la libertad de expresión - discursos
especialmente protegidos y límites en el ejercicio de ese derecho fundamental; iii)
alcance de los derechos a la honra y al buen nombre; iv) el
derecho al debido proceso - presunción de inocencia y derecho a un juez
imparcial; v) el deber de reserva de la
información judicial en materia penal; vi) criterios orientadores
para establecer si la divulgación de información judicial sometida a reserva constituye
un límite al ejercicio de la libertad de expresión; vii) consecuencias penales y disciplinarias ante la filtración de
proyectos de sentencia en el ordenamiento jurídico colombiano; viii)
responsabilidad social y autorregulación de los medios de
comunicación; ix) procesos judiciales y medios de
comunicación - juicios paralelos; y x) el fenómeno de la
carencia actual de objeto por daño consumado. Con sustento en lo anterior, xi)
resolverá el caso concreto.
Procedencia de la acción de
tutela contra periodistas y medios de comunicación. Reiteración de
jurisprudencia
5.  El artículo 86 de la
Constitución Política establece que toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar la protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública; así mismo, señala que la ley determinará los casos en que este
mecanismo procede contra particulares.
El artículo 42 del Decreto 2591
de 1991, dispone que la solicitud de amparo procede contra particulares cuando
se solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas (núm.7) y
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión (núm.9)[89].
Medios de
comunicación e indefensión
6.  Esta Corporación ha señalado
que “en las relaciones sociales, determinados individuos u organizaciones
públicas o privadas ostentan posiciones de supremacía o predominio, desde las
cuales agencian fines colectivos y ejercen controles recíprocos, con
posibilidad de afectación de los derechos ajenos en grados que están escapan (sic)
al alcance del ciudadano común”[90].
Este tipo de poder implica una desigualdad, y en tal sentido, “la doctrina
ha considerado que los medios de comunicación masiva son un poder[91],
que aunque sustraído del concepto tradicional del Poder Público, entra en el
juego de los equilibrios, pesos y contrapesos de una sociedad”[92]. Al respecto, se ha dicho:
“El Tribunal
Constitucional Español calificó la actividad de los medios como ‘función
constitucional’, por formar parte del sistema de pesos y contrapesos que
configura una democracia y por ser un instrumento para prevenir la
arbitrariedad de los gobernantes[93]. También la doctrina concibe a los medios
de comunicación como actores esenciales de la vida democrática, por lo que
entre sus objetivos debe estar el ‘brindar información sobre los aconteceres
que tienen un significado de trascendencia por lo que toca a la formación del
destino de un país y su sociedad, así como ser contrapeso, escudriñador y
expositor de los excesos de poder’[94]. De otra parte, la Corte
Constitucional ha manifestado que ‘los medios constituyen verdaderas
estructuras de poder cuyo creciente influjo en los más variados ámbitos de
la vida social los sustrae de la simple calificación de ‘particulares’, por
oposición al concepto de ‘autoridades públicas’, para ubicarlos, dentro de un
contexto realista, como organizaciones privadas cuya misma actividad las dota
de gran fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones afectan a la
comunidad entera y, en caso de lesionar los derechos fundamentales de los
asociados, lo hacen con un incontrastable efecto multiplicador’[95] (…).
Ambos enfoques confirman la condición estructural aludida de los medios masivos
de comunicación”[96].
(Resaltado fuera del texto original).
Bajo ese entendido, el estado de
indefensión se puede presentar en la relación que existe entre un medio de
comunicación y la persona involucrada en la noticia que este divulga, “en
razón a que la actividad informativa que desempeñan este tipo de
organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje a
diversos sectores de la sociedad, también tiene el poder de impacto social,
comoquiera que puede influir o generar determinada opinión en el conglomerado”[97].
Esto se ha acentuado en el último tiempo, pues, ya se han superado las épocas
en que eran los medios escritos y las emisiones radio difundidas, las que
multiplicaban la información. Hoy la posibilidad de expandir esa misma
información, al tiempo, por los canales tradicionales de otrora y por la web
han logrado que una emisión pueda conocerse en todo el planeta, en fracciones
de minuto.
La aludida situación de
indefensión no requiere ser probada, precisamente, por el poder de divulgación
que ostentan los medios de comunicación[98]. Sobre el particular,
esta Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:
“No parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se
encuentra la persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente
recordar que ellos -analizada la situación desde el punto de vista de su
potencialidad-, aparte de la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en
el ámbito nacional, ya en el local, tienen el formidable poder del impacto
noticioso; cuentan con la capacidad de la presentación unilateral de cualquier
acontecimiento; gozan de la ventaja que representa la posibilidad de repetición
y ampliación de las informaciones sin límite alguno; manejan potentes
instrumentos que pueden orientar y condicionar las reacciones psicológicas del
público, resaltar u opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún
en el momento de cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a
ello, disponen del excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar
la rectificación y contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las ‘notas
de la Redacción’ en el caso de la prensa escrita, ya por conducto de los
comentarios o glosas del periodista en los medios audiovisuales, sin ocasión de
nueva intervención por parte del ofendido.
Este conjunto de elementos confiere a los medios incalculables
posibilidades de apabullar al individuo, dejándolo inerme frente a los ataques
de que pueda ser objeto”[99].
(Resaltado fuera del texto original).
Estas
afirmaciones de la Corte, que ya cobran años, han terminado consolidándose. Y
ello por cuanto no puede eludirse el que los medios de comunicación son en
multitud de ocasiones, propiedad de emporios económicos y a pesar de la
existencia de estrictos códigos de autorregulación ética, nada garantiza que
puedan llegar a solaparse los intereses que les son comunes. En efecto “[l]os
medios de comunicación suelen en su gran mayoría pertenecer a grandes empresas,
con frecuencias entre las más grandes del mercado. Su posición centra en la
sociedad los convierte en fuentes de influencia y poder social, económico y
político, sujetos a grandes tensiones e intereses”[100].
Entonces, la actuación de los
medios de comunicación es pública y unilateral, en tanto “la restricción del
carácter potencialmente masivo de los mismos sería su negación; y la imposición
de la aquiescencia previa del sujeto de información, como condición para la
publicación de una noticia, entrañaría censura y vulneración del derecho
constitucional de informar y ser informado”[101]. Esas dos características son las
que justifican la situación de desventaja del individuo frente a ellos[102], razón por la cual la acción de
tutela se convierte en el mecanismo para garantizar los derechos que se
consideren afectados con ocasión de las actuaciones de los medios de
comunicación.
7.  Lo mismo sucede cuando la
acción de tutela es instaurada en contra de un periodista, pues se configura
una relación de indefensión.
Al respecto, la Corte ha
sostenido, con base en los artículos 86 de la Constitución y 42 del Decreto
2591 de 1991, que “la acción de tutela procede contra particulares en alguna
de las siguientes circunstancias: (i) cuando el particular presta un servicio
público; (ii) cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el
interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión frente al particular”[103]. (Resaltado fuera del texto
original).
Este último supuesto implica que “debido
a las circunstancias fácticas concurrentes, una persona se encuentra impotente
o sometida en relación con otra y, por tanto, se halla en la imposibilidad de
defender sus derechos”[104]. Esta Corporación ha definido el
estado de indefensión en los siguientes términos:
“De esta
manera, el estado de indefensión se manifiesta cuando la persona afectada en
sus derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos o
jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho
fundamental, razón por la cual se encuentra inerme o desamparada.[105] En
cada caso concreto, el juez de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias
con el fin de determinar si se está frente a una situación de indefensión, para
establecer si procede la acción de tutela contra particulares[106]”[107].
Particularmente, la Corte ha
reconocido que una expresión de indefensión es la inferioridad generada por la “divulgación
de información u otras expresiones comunicativas, por medios que producen un
amplio impacto social y que trasciende del entorno privado en el que se desenvuelven los involucrados, como los son los medios
de comunicación y las redes sociales”[108].
Por esa razón, es deber del juez
constitucional identificar el estado de indefensión con
respecto al accionado aun cuando este último sea un particular[109]; en otras palabras, “será
siempre el juez de tutela quien deberá determinar, a la luz de los hechos de
cada caso concreto, si el accionante se encuentra respecto del particular
accionado en un estado de subordinación o en una situación de indefensión, y
esto precisamente con el fin de definir la viabilidad procesal del amparo
solicitado”[110].
La solicitud de rectificación
como requisito de procedibilidad
8.  Ahora bien, como se expuso
previamente, el numeral 7° del artículo 42 del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones
de particulares, entre otros eventos, cuando se solicite la rectificación de
informaciones inexactas o erróneas, caso en el cual se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma. Esta posibilidad tiene fundamento en el artículo 20 de la
Carta, en virtud del cual se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad.
La rectificación ha sido definida como la
garantía de que la información trasgresora sea corregida o aclarada[111]. Esta
Corporación ha señalado que el carácter excepcional del mencionado artículo 42
hace que su interpretación deba ser estricta de manera que “si lo que busca
el peticionario es que un medio de comunicación rectifique información inexacta
o errónea suministrada al público, está obligado a solicitarla previamente al
medio y únicamente en el evento de no ser publicada por éste en condiciones de
equidad (artículo 20 de la Carta), podrá acudirse al juez en demanda de tutela”[112]. La Corte señaló las características de
este derecho[113]:
“(i) [C]onstituye un mecanismo
menos intimidatorio que la sanción penal y más cercano en el tiempo a la
concreción del daño; (ii) garantiza la protección de los derechos a la honra y
al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad
de expresión y de información; (iii) no presupone para su ejercicio que se
declare, previamente, la existencia de responsabilidad civil o penal del
comunicador o que se establezca la intención de dañar o la negligencia al momento
de trasmitir la información no veraz o parcial; (iv) basta con que la persona
afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha
sido objeto de tergiversación; o carece de fundamento, para que exista el deber
correlativo de rectificarla; (v) ofrece una reparación distinta a la que se
deriva a partir de la declaratoria de responsabilidad civil o penal, pues una
rectificación oportuna ‘impide que los efectos difamatorios se prolonguen en el
tiempo como acontecimientos reales’; (vi) no persigue imponer una sanción o
definir una indemnización en cabeza del agresor por cuanto su objetivo consiste
en restablecer el buen nombre y la reputación de quien ha sido afectado con el
mensaje emitido al ofrecer –con igual despliegue e importancia que el mensaje
que produjo la lesión– un espacio destinado a facilitar que el público conozca
la realidad de los hechos que fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o
carente de imparcialidad. (…); (vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación
patrimonial –penal y moral–, mediante el uso de otros medios de defensa
previstos en el ordenamiento jurídico”.
Bajo ese entendido, la solicitud
de rectificación de la información falsa o inexacta se constituye en un requisito
de procedibilidad de la acción de tutela contra medios de comunicación. Esta
Corporación ha explicado que la existencia del referido requisito parte de la
presunción de la buena fe del emisor del mensaje, ya que “se presume que los
hechos que sustentan sus opiniones o informaciones son verificables y
razonablemente contrastados”[114] y
“pretende dar al emisor de la información la oportunidad de contrastar y
verificar por sí mismo si las aseveraciones de quien solicita la rectificación
son ciertas o, por el contrario, si se mantiene en el contenido de la
información por él difundida”[115].
La Corte también ha reconocido
que la rectificación, exigible tradicionalmente a los medios de comunicación
convencionales, es extensible a otros canales de divulgación de información, al
señalar que “la presentación de esta solicitud da lugar a que el periodista o
el medio de comunicación – u otra persona que informe, debido a la
amplitud tecnológica que hoy se presenta con recursos como el Internet -,
tiene el deber de responder si se mantiene o rectifica en sus aseveraciones”[116].
9.  En conclusión, la acción de
tutela está constituida como un mecanismo de protección inmediata de los
derechos fundamentales cuando resulten transgredidos por la conducta de
particulares, en los casos en que se solicite la rectificación de informaciones
inexactas o erróneas, y respecto de quienes el solicitante se halle en estado
de subordinación o indefensión. La protección constitucional de las personas
frente a los medios de comunicación se encuadra en estos eventos, dado el poder
que ostentan frente a la manera y perspectiva de informar los hechos, la
interiorización del mensaje por los receptores y el alcance que aquel puede
abarcar.
Pese a lo anterior, la
intervención del juez constitucional no es directa, pues el artículo 42,
numeral 7, del Decreto 2591 de 1992, le exige a quien se considera infamado,
solicitar ante el medio de comunicación, de forma previa a la interposición del
mecanismo de amparo, la rectificación de la información; luego, cuando tal
pedimento resulta infructuoso, se activa la competencia del operador judicial
en sede de tutela.
Alcance
del derecho fundamental a la libertad de expresión. Reiteración de
jurisprudencia
10.
El derecho a la libertad de expresión ha tenido
un amplio desarrollo por la jurisprudencia de esta Corporación, razón por la
cual, en esta oportunidad, es necesario reiterar los pronunciamientos sobre el
alcance de este derecho fundamental. Para el efecto, es preciso, en primer
lugar, recordar las principales características de esta garantía y sus
diferentes manifestaciones; acto seguido, y por ser relevante dado el asunto
objeto de revisión, la Sala se pronunciará sobre los discursos especialmente
protegidos, en particular, en aquellos eventos en que la información difundida
es de interés público o se refiere a funcionarios o autoridades públicas;
finalmente, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre los límites del derecho a
la libertad de expresión y la aplicación del estándar de test tripartito.
Principales
características del derecho a la libertad de expresión y sus diferentes
manifestaciones
11.
El derecho a la libertad de expresión está
consagrado en diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado
colombiano[117]. Así, el artículo 19
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone que “[t]odo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
De igual forma, el artículo 19.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos señala: “[n]adie podrá ser molestado a causa de
sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección. 3. El ejercicio del derecho (…) entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley”.
En los mismos términos el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos refiere: “[t]oda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio
del derecho (…) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley”.
12.
La Constitución Política de 1991 acogió estos
parámetros internacionales y en el artículo 20 estableció la garantía de toda
persona a “la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación”. Sobre la naturaleza de este derecho fundamental,
la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:
“La
libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento
constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el
desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art. 16) y en
el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además,
porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una
verdadera democracia participativa (CP arts 1º, 3º y 40). Por ello, en
numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia
de esta libertad[118],
que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o
libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de
buscar, recibir y difundir  informaciones de toda índole, o derecho y libertad
de informar y ser informado”[119]. (Resaltado fuera del texto original).
Así mismo, ha sostenido que la libertad de
expresión “se considera digna de ser protegida no sólo por su valor
intrínseco, sino debido a que constituye un medio para el logro de otras finalidades
valiosas”, por ejemplo, i) la libre circulación de ideas y opiniones
“favorece la búsqueda del conocimiento y es condición de existencia de una
sociedad pluralista”; ii) la libre expresión de pensamientos,
opiniones y puntos de vista “permite el desarrollo de la autonomía
individual, al hacer posible que todas las personas puedan tener voz y
someterse, ante todo, a su propio criterio al momento de decidir aquello que
comunican a otros”[120].
En todo caso, para la Corte es claro que el principal argumento para
justificar la especial protección del derecho a la libertad de expresión es “el
estrecho vínculo entre libertad de expresión y democracia”[121].
Al respecto, en la sentencia C-650 de 2003 se indicaron
las funciones que desempeña la libertad de expresión en una sociedad
democrática: i) permite buscar la verdad y desarrollar el
conocimiento; ii) hace posible el principio de autogobierno; iii)
promueve la autonomía personal; iv) previene abusos de poder y v) constituye
una “válvula de escape” que promueve la confrontación pacífica de las
decisiones estatales o sociales que no se compartan, lo que favorece la
resolución racional y pacífica de los conflictos, como resultado del debate
público y no de la confrontación violenta[122].
13.
De otra parte la jurisprudencia constitucional ha establecido que
la libertad de expresión es un derecho fundamental de doble
vía porque involucra tanto al emisor como al receptor de actos comunicativos,
agrupa un conjunto de garantías y libertades diferenciables en su contenido y
alcance, tales como la libertad de expresar pensamientos y opiniones, la
libertad de informar y recibir información veraz e imparcial, la libertad de
fundar medios masivos de comunicación y el derecho de rectificación[123]. Bajo
ese entendido, al desarrollar esta garantía, la Corte
ha adoptado una doble dimensión:
“Sobre esa base, la Corte ha explicado que la libertad de
expresión en sentido genérico consiste en el ‘el derecho general a
comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, e [incluye] no solo la
libertad de expresión en sentido estricto, sino también las libertades de
opinión, información y prensa [previstas en el artículo 20 de la Constitución]’[124]. Entre tanto, la libertad de
expresión en sentido estricto se define como ‘el derecho de las personas a
expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones e
ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se
expresa’[125]. Conlleva el derecho de su titular a no ser molestado por expresar
su pensamiento, opiniones (sic)[126] o ideas y
cuenta, además, con una dimensión individual y una colectiva”[127].
Entonces, puede
decirse que la libertad de expresión constituye una “categoría genérica que
agrupa un haz de derechos y libertades diversos”[128], entre los cuales se
destacan: i) la libertad de opinión o también llamada libertad de
expresión en sentido estricto, que comprende la libertad para expresar y
difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación de fronteras
y por cualquier medio de expresión; y ii) la libertad de información que
protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información veraz e
imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole[129]. Si bien ambas pueden ser
ejercidas a través de cualquier medio de expresión, la Corte ha aclarado que
cuando se manifiestan a través de los medios de comunicación se incorporan al
contenido de la libertad de prensa, que incluye, además, el derecho a
fundar y mantener en funcionamiento tales medios[130].
Bajo esa línea
argumentativa, esta Corporación ha identificado las diferencias entre las
libertades de opinión y de información, señalando que mientras la libertad
de opinión busca proteger aquellas formas de comunicación en las que
predomina la expresión de la subjetividad del emisor, es decir, de sus
valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre determinados hechos,
situaciones o personas, la libertad de información garantiza las formas
de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de
lo acontecido[131].
Es por ello que, en este último caso, “se exige que la información
transmitida sea veraz e imparcial, esto es, que las versiones sobre los hechos
o acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas
perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
contemplado”[132].
Lo anterior se
justifica, además, en que la libertad de expresión debe ser observada desde dos
puntos de vista: uno individual y un colectivo. El primero, “hace referencia
al sujeto que se expresa, entendiendo que, además de contar con la garantía de
poder manifestarse sin interferencias injustificadas, este derecho también
implica la garantía de poder hacerlo a través de cualquier medio que se
considere apropiado para difundir los pensamientos y lograr su recepción por el
mayor número de destinatarios posibles, siendo libres de escoger el tono y la
manera de expresarse”, mientras que el segundo “se va a referir a los
derechos de quienes reciben el mensaje que se divulga”[133].
La Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se pronunció sobre este último punto y explicó que según la
jurisprudencia interamericana “la libertad de expresión tiene
una dimensión individual, consistente en el derecho de cada persona a expresar
los propios pensamientos, ideas e informaciones; y una dimensión colectiva o
social, consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier
información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar
bien informada[134].
La doctrina y jurisprudencia del sistema ha señalado que ambas dimensiones son
interdependientes e igualmente importantes, por lo cual no se puede menoscabar
una de ellas invocando como justificación la preservación de la otra”[135].
14.  A partir de lo anterior, se advierte la importancia del derecho a la
libertad de expresión, circunstancia que concuerda con su consagración en el texto
constitucional y en los diferentes instrumentos internacionales de derechos
humanos. Recuérdese las diferentes facetas que engloba esta garantía: i)
individual; ii) colectiva; y iii) democrática. La primera, en
cuanto posibilidad para la persona de difundir su pensamiento sin
intervenciones arbitrarias, lo cual tiene un efecto directo en su capacidad de
autodeterminación; la segunda, entendida como el acceso de la sociedad a
noticias o datos relacionados con temas en los que puede tener interés, desde un
ámbito de veracidad e imparcialidad; tercero, se habla de un contexto
democrático, en cuanto cultivo de un escenario propicio para la dialéctica y
prevención y respuesta a eventuales abusos de poder.
Es necesario
tener en cuenta que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se
pueden presentar situaciones que ameritan, en algunos casos, garantizar de
manera especial el discurso que se pretende difundir, dando prevalencia a ese
derecho constitucional; mientras que en otros, será pertinente limitarlo, para
lo cual han sido establecidos ciertos parámetros. A continuación, la Sala
abordará dicha problemática.
Discursos
especialmente protegidos en el ejercicio de la libertad de expresión -información
de interés público y notas sobre funcionarios o autoridades políticas-.
Reiteración de jurisprudencia
15.  Esta Corporación ha reconocido que si bien todo ejercicio
comunicativo, cualquiera sea su contenido, valor y forma de expresión, está prima
facie amparado por la libertad de expresión, ciertos discursos son
merecedores de especial protección constitucional, debido a su importancia para
promover la participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos
públicos[136].
Desde sus
primeros pronunciamientos, la Corte ha sostenido que “si el desempeño del
poder, en los distintos ámbitos del Estado fuera clandestino y secreto, no
sería posible que el ciudadano pudiera ‘participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político’ (C.P. art. 40). La publicidad de las
funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento
adecuado de la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus instituciones
mutan de naturaleza y dejan de existir como tales”[137]. Al respecto, ha manifestado
lo siguiente:
“[D]e la libre circulación de ideas e informaciones depende
no sólo el ejercicio pleno de la libertad de cada uno -que puede darse
únicamente si las personas tienen suficiente información sobre las distintas
opciones de vida que existen-, sino el destino colectivo de la sociedad. Sólo
es posible la verdadera autodeterminación democrática si existe un debate
abierto, plural, desinhibido y vigoroso sobre cada uno de los asuntos de
relevancia pública o colectiva. La protección reforzada de la libertad de
expresión entonces se debe justamente a que es condición de posibilidad tanto
de la libertad individual como del funcionamiento del sistema democrático”[138].
16.  En términos generales, esta Corporación ha referido que “la
publicación de informaciones e ideas referentes a cuestiones que tienen
relevancia pública es una de las funciones asignadas a los medios de
comunicación, y la sociedad tiene a su vez el derecho a recibirlas”[139]; sin embargo, ha aclarado que
el principio de relevancia pública se refiere a “la necesidad de
una información que se desenvuelva en el marco del interés general del asunto a
tratar. En este sentido, dos aspectos cobran vigencia: la calidad de la persona
y el contenido de la información”[140].
Sobre la calidad
de la persona -personajes públicos- ha explicado que “quienes por razón
de sus cargos, actividades y de su desempeño en la sociedad se convierten en
centros de atención con notoriedad pública, inevitablemente tienen la
obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o
revelaciones adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido
la mirada a su conducta ética y moral. (…) Sin embargo, esta
relevancia prima facie no puede versar sobre cualquier tipo de
información relacionada con la persona pública porque el riesgo de afectar la
intimidad, el honor o cualquier otro derecho quedaría siempre latente”[141].
También ha
destacado que en asuntos de relevancia pública donde esté involucrado un
servidor público, el derecho a la libertad de expresión e información “adquiere
una mayor amplitud y resistencia” y explicó que “cuando una persona ha
decidido voluntariamente convertirse en un personaje público o cuando tiene el
poder de administrar de alguna manera el poder del Estado, tiene el deber de
soportar mayores críticas y cuestionamientos que una persona del común que no
ostenta poder público alguno y que no ha decidido someterse al escrutinio
público”[142]. En relación con este punto, ha reiterado que “los
personajes públicos voluntariamente se someten al escrutinio de su vida pública
y de aquellos aspectos de su fuero privado sobre los cuales le asiste a la
ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por referirse: i) a las
funciones que esa persona ejecuta; ii) al incumplimiento de un deber legal como
ciudadano; iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la
confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo
público; iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus
funciones[143]”[144]; además, ha mencionado que ante el
interés que representa la información sobre los personajes de la vida pública,
como ocurre con políticos y líderes sociales, “los medios de comunicación
representan un canal importante de unión de estos con la comunidad, por lo que
la garantía de libertad de expresión y opinión adquiere especial
preponderancia”[145].
En cuanto al contenido
de la información esta Corte considera que “resulta imperativo,
además, que el contenido de una información obedezca a un verdadero y legítimo
interés general de conformidad con la trascendencia  y el impacto social.
Así, la libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los
hechos surge la necesidad de conocimiento público y se despierta el interés
general, mas no una simple curiosidad generalizada sin importar ahora la
calidad del sujeto como personaje público o privado”[146]. Sobre el particular, se ha
pronunciado en los siguientes términos:
“Si bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera sea su contenido,
valor y forma de expresión, está prima facie amparado por la libertad de
expresión, se ha reconocido que ciertos discursos son merecedores de especial
protección constitucional, debido a su importancia para promover la
participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos públicos. Así,
los discursos políticos, que comprenden no sólo aquellos de contenido electoral
sino toda expresión relacionada con el gobierno de la polis y, en particular,
las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos, son objeto de
especial consideración y cualquier intento de restricción es vista con
sospecha, debido a que: (i) a través de ellos no sólo se manifiesta el
estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión, sino que se realizan
todas las demás finalidades por las cuáles se confiere a ésta una posición
preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen
ser los más amenazados, incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto
quienes detentan mayor poder social, político o económico pueden llegar a ser afectados
por tales formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su
poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores.[147]
El carácter de derecho de ‘doble vía’ que se predica de la libertad
de expresión cobra todo su sentido en presencia de este tipo de discursos, pues
en tales casos la libertad de expresión no sólo ampara el derecho de quienes
transmiten información y opiniones críticas sobre los gobernantes y
funcionarios públicos, sino también, y muy especialmente, el derecho de todos
los ciudadanos a tener acceso a estos discursos”[148].
Al
respecto, también ha indicado que “[e]n principio todo tipo de discursos o
expresiones están protegidas por la libertad de expresión con independencia de
su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que
cuenten. No obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una protección
más reforzada que otros, como lo son el discurso político, el debate sobre
asuntos de interés público y la opinión sobre funcionarios y personajes
públicos. Los discursos políticos o sobre temas de interés público hacen
referencia no sólo a aquellos de contenido electoral sino a todas las
expresiones relevantes para el desarrollo de la opinión pública sobre los
asuntos que contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas
hacia el Estado y los funcionarios públicos”[149].
17.  En
todo caso, la Corte ha aclarado que si bien la especial
importancia y potencial riesgo de amenaza que recae sobre los discursos que
tienen por objeto la crítica de los funcionarios públicos, ha llevado a
considerar que, en principio, cualquier intento de restricción, previa o
posterior, de estas modalidades de expresión constituye censura, ello no
implica que la libertad de expresión esté desprovista de limitaciones en ese
campo, sino que “se traduce en la reducción del margen del que disponen las
autoridades para establecer límites a este tipo de discursos y en la imposición
de cargas argumentativas y probatorias reforzadas para efectos de justificar
eventuales restricciones”[150].
A pesar del
riesgo que asumen los personajes públicos a ser afectados por críticas u
opiniones adversas, la relevancia del contenido que se divulga por la labor, el
cargo o las actividades que desempeñan “prima facie no puede versar sobre
cualquier tipo de información relacionada con la persona pública porque el
riesgo de afectar la intimidad, el honor o cualquier otro derecho quedaría
siempre latente”[151].
18.  Ahora bien, en el ámbito internacional, la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
indicó que si bien todas las formas de expresión están, en principio,
protegidas por la libertad consagrada en el artículo 13 de la Convención
Americana, existen ciertos tipos de discurso que reciben una protección
especial, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o
para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia, a saber:
i) el discurso político y sobre asuntos de interés público; ii)
el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre
candidatos a ocupar cargos públicos; y iii) el discurso que configura un
elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa[152].
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, resolvió el caso Kimel vs. Argentina en sentencia del 2
de mayo de 2008[153].
En esa decisión, la Corte IDH reiteró que respecto al derecho a la honra, las
expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un
cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el
desempeño de sus labores “gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie
el debate democrático[154].
La Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos
están más expuestos al escrutinio y la crítica del público[155]. Este diferente umbral de
protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio
más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para
insertarse en la esfera del debate público[156].
Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de
las actividades que realiza[157](…).
El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia
de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios
sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y
apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control
democrático[158]”[159].
Asimismo, la CIDH ha señalado que
la libertad de expresión cumple una triple función[160],
a saber: a) como derecho individual que refleja la virtud
humana de pensar el mundo desde una perspectiva propia y comunicarse entre sí;
b) como medio para la deliberación abierta y desinhibida sobre asuntos de
interés público; c) como instrumento esencial en la garantía de otros derechos
humanos, incluyendo la participación política, la libertad religiosa, la
educación, la cultura, la igualdad, entre otros[161].
19.  Lo anterior, también ha sido
reconocido en el derecho comparado, como sucedió en el caso New York Times
vs. Sullivan (1964) decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, relacionado
con un aviso de prensa en el que el Comité para la Defensa de Martin Luther
King denunciaba supuestas arbitrariedades realizadas por la policía del estado
de Alabama.
El Comisionado de Alabama,
M.L.Sullivan consideró que esas denuncias se referían a su gestión, por lo que
alegó que esa publicación era falsa y difamatoria. La Corte señaló que el
análisis de la situación propuesta debía partir del principio de que en una
democracia “la discusión sobre los asuntos públicos debía ser desinhibida, sin
trabas, vigorosa y abierta, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y a
veces desagradablemente agudos contra el gobierno y los funcionarios públicos”[162].
Luego, estableció la llamada teoría de la “actual malice”, que se
expresa sobre la base de una profunda protección a la libertad de expresión y
de opinión ante manifestaciones inexactas o difamatorias, “a menos que se
compruebe que ellas fueron hechas con real malicia, es decir, con
conocimiento de que ésta era falsa o con temeraria despreocupación, acerca de
su verdad o falsedad”[163].
La Corte Suprema de Justicia de
la Nación Argentina, en el caso “Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La
Nación y otros”[164],
se pronunció sobre la doctrina de la real malicia en las informaciones
referidas a funcionarios públicos[165].
Esa Corporación  consideró que “el principio de real malicia -a diferencia
del test de veracidad- no opera en función de la verdad o falsedad objetiva de
las expresiones, pues entra en acción cuando ya está aceptado que se trata de manifestaciones
cuya verdad no ha podido ser acreditada, son erróneas o incluso falsas; y lo
que es materia de discusión y prueba para la aplicación de la real malicia es
el conocimiento que el periodista o medio periodístico tuvo (o debió tener) de
esa falsedad o posible falsedad”[166].
Entonces, explicó que para juzgar
las difamaciones ocasionadas mediante puras opiniones se aplica el estándar de
la real malicia, “pues una conclusión diversa debe ser prevenida recordando
que en el marco del debate público sobre temas de interés general, y en
especial sobre el gobierno, toda expresión que admita ser clasificada como una
opinión, por sí sola, no da lugar a responsabilidad civil o penal a favor de
las personas que ocupan cargos en el Estado, no dañándose la reputación de
éstas mediante opiniones o evaluaciones, sino exclusivamente a través de la
difusión maliciosa de información falsa”[167].
Al respecto, indicó que “no puede haber responsabilidad alguna por la
crítica o la disidencia, aun cuando sean expresadas ardorosamente, ya que toda
sociedad plural y diversa necesita del debate democrático, que se nutre de las
opiniones teniendo como meta la paz social”[168].
20.  Finalmente,
la doctrina sobre este punto ha manifestado que “el honor de las personas se
transforma -cuando aquellas ocupan posiciones de relevancia pública- en un
límite externo de la libertad de información más débil que cuando se enfrenta a
informaciones relativas a personas privadas. De un lado, la incorporación a la
arena pública es un acto, por lo común voluntario, en el que debe ir implícita
la aceptación, en un sistema democrático de someterse a un escrutinio más
directo y estrecho de los medios de comunicación; por otra parte, el derecho de
información se refuerza en estos casos con otros valores constitucionales, como
la democracia y el pluralismo, capaces todos juntos de situarse en una posición
preferente respecto del derecho al honor que, cuando lo esgrime un hombre
público, por fuerza tiene que debilitarse frente a los intereses superiores a
los que sirve la información”[169].
21.  En
definitiva, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y los aspectos
que le son inherentes, en ciertas situaciones puede dar lugar a tensiones con
otras prerrogativas ius fundamentales, por ejemplo, el buen nombre, la
honra o la privacidad, circunstancias en las cuales, prima facie, no
puede pregonarse una prevalencia de un derecho sobre otro, pues en cada caso
deberá la autoridad competente analizar los diferentes factores que median en
la discusión. Al respecto, piénsese en los fines perseguidos y en la esencia
misma de la reserva que se imprime a ciertas actuaciones judiciales que escapan
al dominio colectivo. Por otro lado, se encuentran los llamados “discursos
especialmente protegidos” en los cuales la privacidad y otros derechos de
personalidades públicas deben ceder a costa del interés que la comunidad pueda
tener legítimamente sobre algunas de sus actuaciones.
Límites
del derecho a la libertad de expresión -estándar de test tripartito-.
Reiteración de jurisprudencia
22.  Es cierto que la libertad de expresión, en cualquiera de sus
acepciones, es ampliamente protegida; sin embargo, ello no significa que esta
garantía fundamental esté totalmente desprovista de limitaciones. Esta Corporación
ha señalado que la identificación de la doble dimensión del derecho a la
libertad de expresión es importante porque ha permitido sostener que los
principios de veracidad e integridad como límites a las libertades de
comunicación, no tienen siempre el mismo alcance, pues particularmente, la
libertad de expresión en sentido estricto goza de una gran amplitud en sus
garantías y por ende sus límites son mucho más reducidos[170].
Al respecto, ha
señalado que “en la medida que ningún derecho es absoluto, de manera
general, es posible afirmar que la libertad de información encuentra sus
límites en la veracidad e imparcialidad de los hechos o sucesos que se den a
conocer. Por su parte, de la libertad de expresión se exige que diferencie
hechos de opiniones, y en la medida en que incluya supuestos fácticos
equivocados o falsos, puede ser sometida a rectificación. También se encuentran
prohibidas las apologías al racismo, al odio, a la guerra, y la pornografía
infantil. Con todo, ambas libertades deben ejercerse responsablemente, pues no
pueden irrespetar los derechos de los demás”[171].
En otras
palabras, “los principios de veracidad e integridad como
límites al ejercicio de las libertades de comunicación -expresión e
información-, no tienen el mismo alcance, toda vez que los límites a la
libertad de expresión son más reducidos que los de la libertad de información,
en atención a la mayor amplitud inherente a la exposición de opiniones o
comentarios personales sobre hechos reales o imaginarios”[172].
23.  La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos indicó que al interpretar el artículo
13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia
interamericana ha desarrollado un test tripartito para controlar la
legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión.
Así, para que una limitación al
derecho a la libertad de expresión sea admisible, debe: i) haber sido
definida en forma previa, precisa y clara por una ley en sentido formal y
material; ii) estar orientada a lograr un objetivo imperioso autorizado
por la Convención Americana; y iii) ser necesaria en una sociedad
democrática para el logro de los fines imperiosos, estrictamente proporcionada
a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que
pretende lograr[173].
24.  Esta
Corporación ha adoptado el test tripartito previamente señalado. Por ejemplo,
en la sentencia T-277 de 2015 lo utilizó para resolver un asunto donde
la accionante fue señalada de estar vinculada a una investigación penal sin que
se indicara en la nota periodística que había sido “exonerada por
prescripción de la acción penal”.
Frente al primer paso referente a
la limitación del derecho a la libertad de expresión, la Corte adujo que la
figura de la rectificación, si bien no constituye una restricción en estricto
sentido, era admisible al estar consagrada en el artículo 20 de la Carta
Política y en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Respecto al segundo punto, indicó que la limitación al derecho a la libertad de
expresión del diario accionado buscaba garantizar los derechos fundamentales a
la honra, buen nombre y dignidad de la accionante, por lo cual debía
considerarse una finalidad admisible o legítima.
En cuanto al tercer y último
elemento del test -necesidad de la medida adoptada para garantizar el fin
pretendido-, analizó tres posibles alternativas: i) ordenar la
rectificación; ii) ordenar al gestor de búsqueda desindexar el artículo
informativo reprochado de tal manera que al indagar sobre la accionante el
mismo no fuera arrojado en la búsqueda; y iii) ordenar al accionado la
implementación de herramientas tecnológicas que impidieran que por medio de
buscadores de internet pudiera accederse a la respectiva noticia, además de
actualizar la forma como concluyó la investigación penal. Esta última opción
fue la escogida por la Corte por ser la que “mejor permite equilibrar los
principios constitucionales en tensión”.
25.  Lo mismo sucedió en la sentencia
T-243 de 2018 cuando aplicó el test para resolver la acción de tutela
instaurada por una ciudadana que fue acusada por su exempleadora a través de la
red social Facebook de haberle hurtado una blusa.
En cuanto a la consagración
legal de la limitación, hizo mención a la prohibición establecida en el
artículo 59, numeral 8 del Código Sustantivo del Trabajo, dirigida a las
empresas, y también asimilable a empleadores particulares, consistente en
realizar y divulgar “listas negras” que contengan información sobre sus
empleados “que resulte desproporcionada y afecte su vida laboral en el
futuro”. Así las cosas, la Corte expresó que la publicación que la
accionada realizó en Facebook tuvo el mismo efecto reprochado por las llamadas
listas negras o negativas.
Sobre el segundo elemento del
test -los objetivos constitucionalmente admisibles de la limitación-,
señaló que la proscripción de las listas negras persigue la salvaguarda de los
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, y dadas las particularidades
del caso objeto de revisión, también debía tenerse en cuenta la presunción de
inocencia al tratarse de señalamientos propios del ámbito del derecho penal.
Por último, en relación con la necesidad
de la medida para garantizar el fin, la Corporación indicó que el juez
constitucional, con el propósito de proteger los derechos fundamentales, puede
optar por el retiro de la publicación o la rectificación de la información
emitida. Sobre esto último, la providencia señaló que “son suficientes para
lograr la salvaguarda de los derechos de la actora, al mismo tiempo que
respetan los estándares de protección de la libertad de expresión (…)”. Sin
embargo, en tanto la accionada había retirado la publicación y habían
transcurrido más de 10 meses desde su emisión, la Corte condicionó la
rectificación siempre y cuando la accionante consintiera en ello.
26.  Así,
al analizar las controversias en cuestión, lo evidente es la necesidad de
efectuar rigurosas ponderaciones frente a los derechos en tensión, con lo cual
se controvierte el valor absoluto que alguno de ellos quisiera reclamar. La
necesidad de establecer reglas de precedencia, bien indica el peso relativo de
ellos y la necesidad de contextualizar las situaciones para, en lo posible,
lograr la máxima realización de cada una de las prerrogativas en disputa. Lo
anterior, se compadece con el citado test tripartito diseñado por el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, en aras de proteger la materialización del
derecho a la libertad de expresión y consentir su limitación en circunstancias
legítimas y solo en la medida de lo necesario.
Los derechos a la honra y al
buen nombre. Reiteración de jurisprudencia
27.  El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques”.
En igual sentido, el
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica”, dispone que “1. Toda persona tiene derecho al respeto
de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación (…)” (Resaltado fuera de texto).
Por su parte, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17 señala: “1.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y
reputación (…)”.
28.  A la
par de los instrumentos internacionales señalados, el artículo 2º de la Carta
Política establece como un deber del Estado la garantía de protección de todos
los residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades; asimismo, el artículo 21 consagra la honra como un
derecho fundamental, el cual es inviolable, según lo indicado en el artículo 42
Superior[174].
29.  La
jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido a la honra como la
estimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad, en razón de su dignidad humana. En palabras de
esta Corporación: “[e]s por consiguiente, un
derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el
valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”[175].
Dado su alcance,
este derecho resulta vulnerado tanto por la difusión de  información errónea
como por la emisión de opiniones tendenciosas que producen daño moral tangible
a su titular[176]. Sin embargo, la
Corte ha sostenido que “no todo concepto o
expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como
imputación deshonrosa”, puesto que las afirmaciones que se expresen deben
tener la virtualidad de “generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y
su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda
causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una
polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella,
sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del
derecho”[177].
Bien es cierto que la dimensión del
amor propio puede justificar el acudimiento a acciones penales, disciplinarias
e incluso civiles, porque evidentemente quien se siente agredido posee la
garantía de accionar y en esa medida las autoridades deben prestar atención a
sus quejas, imprimiéndoles el trámite de rigor. Pero la dimensión del daño real
o potencial depende de un cúmulo de valoraciones ex post que realiza
quien tiene la misión de evaluar en un contexto general, la situación concreta
de los contendientes. Es claro que quien se siente lesionado en su integridad
moral ante opiniones o informaciones ajenas, tiene todo el derecho de acudir
ante las autoridades respectivas, para que se le restañe en algún modo la
dignidad afectada e,  incluso,  para que se le repare económicamente si fuere
el caso.
30.  De
otra parte, el artículo 15 de la Carta Política garantiza el
derecho al buen nombre en los siguientes términos: “Todas las personas
tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y
el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (…)”.
Esta garantía ha sido entendida como
“la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se
configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de
expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”[178]. En ese sentido, constituye “uno
de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser
reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”[179].
La Corte ha sostenido que “se atenta contra este derecho, cuando sin
justificación ni causa  cierta y real, es decir, sin fundamento, se
propagan  entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a
través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas
que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta
del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula
la opinión general  para desdibujar su imagen”[180].
Entonces, aunque el derecho a la honra guarda
una relación de interdependencia material con el derecho al buen nombre, se diferencian en que, mientras el primero responde
a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad
y comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo se refiere a
la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la
conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad[181].
En palabras de esta Corporación: “tratándose
de la honra, la relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en
que involucra tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como
la valoración de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad
personal y familiar). El buen nombre, por su parte, también tiene una cercana
relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la
reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente
la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo”[182].
31.  En definitiva, los
derechos a la honra y el buen nombre ostentan tanto en instrumentos
internacionales como en el ordenamiento constitucional interno, un
reconocimiento expreso. El primero, que busca garantizar la
adecuada consideración o valoración de una persona frente a los demás miembros
de la sociedad, ante la difusión de  información errónea o la emisión de
opiniones tendenciosas que producen daño moral tangible a su titular. El
segundo, dirigido a proteger la reputación o el concepto que de un sujeto
tienen las demás personas, ante expresiones ofensivas e injuriosas, o la
propagación de informaciones falsas o erróneas que distorsionen dicho concepto
El derecho fundamental al
debido proceso. Reiteración de jurisprudencia
32.  El artículo 29 de la
Constitución Política establece que el debido proceso “se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Esa disposición
refiere, además, que “[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. (…) Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (…)”.
33.  El alcance de este derecho
fundamental ha sido fijado por la jurisprudencia de esta Corporación, que lo ha
definido como “el conjunto de garantías previstas en
el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante
su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia”[183].
La efectividad de este derecho “implica para quien asume la dirección del
procedimiento la obligación de observar, en todos sus actos, la plenitud
de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. Esto,
con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran incursos en una
relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la
creación, modificación o extinción de un derecho o una obligación o a la
imposición de una sanción”[184].
De igual forma, la Corte ha
identificado las garantías que hacen parte del debido proceso, sintetizándolas
así[185]:
(i) El derecho a
la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario
acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y
al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) El derecho
al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal
para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo
establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho
a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen
parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la
defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;
(iv) El derecho
a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige
que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables;
(v) El derecho a
la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos
a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) El derecho
a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o
influencias ilícitas.
34.  Puntualmente, en cuanto al
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de atributos que forman
parte del debido proceso y los ha definido de la siguiente manera: “[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusión a
que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a
presiones (…) a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o
consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama
judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades
judiciales de sus competencias constitucionales y legales”, mientras que la
imparcialidad “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante
la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos
frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole
moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son
presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de
definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino
también de responsabilidad judicial”[186].
La
jurisprudencia constitucional ha reconocido dos dimensiones de la noción de
imparcialidad: i) subjetiva, es decir, “la probidad del juez, de manera que éste no se incline intencionadamente
para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de
los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se
encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto”; y ii) objetiva, “esto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, ‘de
modo que se ofrezcan las garantías suficientes, desde un punto de vista
funcional y orgánico, para excluir cualquier duda razonable al respecto’”[187].
Es por lo
anterior que a juicio de esta Corporación, “dentro del propósito fundamental
de la función judicial de impartir justicia a través de diversos medios, ‘la
administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos
que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los
jueces’[188]”[189]; además, estos principios
se traducen un derecho subjetivo de los ciudadanos “pues una de las esferas
esenciales del debido proceso es la posibilidad del ciudadano de acudir
ante un funcionario imparcial para resolver sus controversias. (artículo 29 de
la Constitución Política, en concordancia con diversas disposiciones contenidas
en instrumentos de derechos humanos, tales como los artículos 14.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos)”[190].
35.  La doctrina sobre la materia
ha explicado que el concepto de independencia implica que “cada
juez, individual y personalmente, con prescindencia absoluta de la opinión de
los demás, tiene garantizada, y debe así practicarla, la atribución soberana
para resolver cada caso concreto con total autonomía de criterio”[191].
De lo anterior se desprende que
el juez: i) es soberano para resolver los asuntos bajo su conocimiento,
es decir, “con absoluta sujeción a la Constitución y a las leyes que en su
consecuencia se dicten, con objetividad, honestidad y racionalidad”[192]; y ii) tiene el “deber-atribución
de mantenerse ajeno e inmune a cualquier influencia o factor de presión
extrapoder, esto es, los que provienen del periodismo o la prensa, de los
partidos políticos, del amiguismo, de las coyunturas sociales, de los reclamos
populares y de cualquier particular”[193].
En cuanto al concepto de la imparcialidad,
ha sostenido que “es el modo de posicionarse frente al conflicto objeto del
proceso y a la pretensión de las partes, de manera que sea equidistante de las
mismas y distante del conflicto, a fin de poder analizar y concluir con
prudente objetividad cuál es la más ecuánime y justa manera de dictar la
sentencia. Juez es sinónimo de imparcialidad, es la esencia misma inherente a
la justicia”[194].
36.  Ahora bien, otra de las
garantías que hacen parte del debido proceso es el derecho a la presunción de
inocencia. Uno de los supuestos generales contenido en el artículo 29 de la
Constitución es que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable”. A su vez, el artículo 248 de la Carta refiere
que “[ú]nicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma
definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en
todos los órdenes legales”,  lo cual constituye una expresión del
principio de presunción de inocencia, “comoquiera que resultaría contrario a
este postulado utilizar, con efectos adversos, la condición de imputado,
procesado, o decisiones provisionales sobre la responsabilidad, en ámbitos
ajenos al proceso mismo en que se surten”[195].
Esta Corporación ha reconocido de
manera expresa el carácter fundamental del derecho a la presunción de inocencia[196] y lo ha definido en los siguientes
términos: “cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo
del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de
un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se
le haya demostrado su culpabilidad. Así pues, la presunción de inocencia, se
constituye en regla básica sobre la carga de la prueba”[197]. De igual forma, ha mencionado que “es
una garantía del debido proceso, de la que es titular toda persona sometida a
procedimiento sancionatorio, y que su vigencia y protección abarca la totalidad
de la actuación procesal, hasta la firmeza del fallo condenatorio o la
ejecutoria del mismo”[198].
Bajo ese entendido, la
jurisprudencia constitucional ha identificado tres elementos centrales del
derecho a la presunción de inocencia: i) se trata de un derecho
fundamental, ii) es una garantía cuyo alcance se extiende hasta el
perfeccionamiento de la ejecutoria de la sentencia que declara la
responsabilidad, y iii) es una garantía que debe ser aplicada tanto de
las sanciones penales, como de las administrativas[199].
Así mismo, ha sostenido que está constituido por al menos por tres garantías
básicas[200]:
(i) Nadie puede considerarse
responsable penalmente -o culpable en los términos del artículo 29 de la
Constitución[201]-
a menos que se haya demostrado la acusación en un proceso en el cual se
respeten sus garantías. Esto significa que “solo se puede imponer una
sanción a la persona al término de un proceso rodeado de las plenas garantías
contempladas en la Constitución y en la Ley en el que se haya demostrado su
responsabilidad”[202].
Así, la presunción de inocencia es uno de los principales modos de defensa de
la libertad de los ciudadanos en tanto impide que estos sean sancionados de
manera arbitraria y busca protegerlos de los abusos del ejercicio del poder
punitivo del Estado[203].
(ii) La carga de la prueba acerca
de la responsabilidad recae sobre el titular de la acusación. La actividad
probatoria que despliegue el organismo investigador debe encaminarse a desvirtuar
la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que
respete los parámetros constitucionales y las exigencias legales para su
producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la
experiencia y la sana crítica. No le incumbe al acusado desplegar ninguna
actividad a fin de demostrar su inocencia porque eso sería exigirle la demostración
de un hecho negativo; entonces, es el ente acusador el que debe demostrar la responsabilidad
penal[204].
(iii) El trato a las personas bajo
investigación por un delito debe ser acorde con este principio, es decir,
mientras no se desvirtúe la presunción de inocencia a través de las
formalidades propias de cada juicio, se habrá de entender que el sujeto que se
encuentra sometido a juzgamiento no cometió el hecho ilícito que se le imputa[205].
37.  La Corte Constitucional se
ha pronunciado sobre el derecho a la presunción de inocencia cuando la
vulneración que se alega surge por la publicación en un medio de comunicación.
Al respecto, ha sostenido que “[l]a  presunción de inocencia es un
derecho fundamental consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 y en el
artículo 248 de la Constitución Nacional. En consecuencia, toda
información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar
formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de
seguridad sobre la culpabilidad”[206].
Así mismo, ha reconocido que “tratándose
de la información de medios de comunicación que se refiere a hechos delictivos
por parte de ciudadanos mencionados en ella, los medios masivos de comunicación
tienen derecho de denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares
de los que tengan conocimiento en virtud de su función, por lo que no están
obligados a esperar a que se produzca un fallo para informar de la ocurrencia
de un hecho delictivo. Sin embargo, deben ser diligentes y cuidadosos en la
divulgación de la información que incrimine, pues no pueden inducir al receptor
a un error o confusión sobre situaciones que aún no han sido corroboradas
integralmente por las autoridades competentes”[207].
En igual sentido, esta
Corporación ha sostenido que “la libertad de expresión en cualquiera de sus
manifestaciones encuentra entonces un límite claro cuando se trata de las
afirmaciones referidas a la comisión de conductas delictivas, pues el requisito
de veracidad que ampara el derecho fundamental al buen nombre y a la honra está
condicionado por la garantía iusfundamental de la presunción de
inocencia, garantía que exige que una afirmación de ese tipo en todo caso se
sustente en una sentencia en firme o que al menos se refiera a un procedimiento
en curso”[208].
En similares términos, destacó que, aunque las exigencias de veracidad e
imparcialidad son aplicables, principalmente al ejercicio de la libertad de
información, “tratándose de la protección de los derechos a la honra y el
buen nombre de las personas, cualquier acusación de carácter delictivo que se
haga debe respetar el principio de veracidad, y en consecuencia, estar
respaldada por una condena judicial en firme, pues de lo contrario se vulnera
el derecho a la presunción de inocencia”[209].
En la misma línea, la doctrina
sobre la materia ha sostenido que los medios de comunicación “tienen el
deber de saber que una persona detenida, a raíz de una investigación policial,
no es, por eso, culpable del delito investigado. Mientras que el juez
competente no pronuncie la condena y pase ésta en autoridad de cosa juzgada,
debe, por tanto, investigar y ser prudente al transmitir la información de la
detención de quien, a la postre, puede resultar inocente (…)”[210].
38.  En definitiva, el derecho al
debido proceso es ese conjunto de garantías que brindan protección al ciudadano
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que sus derechos sean
respetados, esto, a través del acceso a la administración de justicia y al
derecho a un juez natural, a la defensa, a la independencia y la imparcialidad
del juez, y a la presunción de inocencia, entre otras garantías. La
imparcialidad del juez comprende no solo la probidad de este, de manera que no
se incline intencionalmente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos
procesales, sino además, no tener contacto anterior con el asunto que decide. La
presunción de inocencia se garantiza a toda persona sometida a un proceso,
desde el inicio hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al mismo, e impone
una obligación en cabeza de las autoridades y de la sociedad en general de no
hacer prejuzgamientos ni emitir juicios de culpabilidad de forma previa a la
ejecutoria del pronunciamiento judicial que así lo declare.
El deber de reserva de la información
judicial en materia penal
39.
Respecto de los asuntos
judiciales, particularmente en materia penal, esta Corporación ha sostenido que “no obstante siendo la
investigación abierta para los sujetos procesales y el juicio público, es
posible que se establezcan actuaciones reservadas, como lo consagran los
artículos 321, 331 y 342, [Ley 600 de 2000] los cuales también encuentran
fundamento constitucional en el artículo 228 de la Constitución, que permite a
la administración de justicia mantener bajo reserva determinadas actuaciones
judiciales que se surten dentro del proceso penal”[211]. Así mismo, ha señalado que “es deber esencial de los
funcionarios judiciales garantizar igualmente los demás derechos de rango
superior o legal, en particular los constitucionales fundamentales, que de una
forma u otra deban ser protegidos a lo largo del proceso, (…) por ejemplo, el
juez debe abstenerse de divulgar la información reservada contenida en un
expediente, o de opinar públicamente acerca de ella”[212].
La Corte también ha manifestado que la reserva de la información debe
estar plasmada en la ley o en la propia Constitución[213]
y, por tratarse de la restricción a un derecho fundamental, la autoridad
pública solo tendrá la posibilidad de negar el acceso a los documentos o
diligencias cuando quiera que justifique la reserva de la información a partir
de la Constitución o la ley[214].
Bajo ese entendido, existen ciertas actuaciones, documentos y diligencias que no pueden ser objeto de
conocimiento del público -por lo menos de manera temporal dada la concomitancia
de la actuación con la decisión de fondo a adoptar-, por cuanto el libre uso de
su contenido podría atentar contra el interés general o el ejercicio de otros
derechos fundamentales de los asociados[215]; pero además
podría generar una grave afectación del derecho al debido proceso de quien es
sometido al ejercicio del ius puniendi, especialmente en su faceta de
imparcialidad y autonomía judicial.
Sobre este particular se ha indicado que, no obstante
la garantía de la publicidad, existe el secreto sumarial de ciertas actuaciones
judiciales, particularmente, en los procesos penales. Este deber se reserva en
cabeza de quienes integran el poder judicial “se justifica por la necesidad
de preservar la imparcialidad y la limpieza del proceso, que se verían
seriamente comprometidas si los jueces difundieran informaciones reservadas”[216].
40.
En el ordenamiento
jurídico colombiano, puntualmente en materia penal y disciplinaria, se
encuentran numerosas manifestaciones sobre la reserva de ciertas etapas
procesales.
Por ejemplo, la Ley 600 de 2000 estableció en
el artículo 142, que son deberes de los
servidores judiciales, entre otros, guardar reserva sobre las
decisiones que deban dictar dentro de los procesos; en el artículo 143, que se considerarán como faltas de los servidores
públicos a los deberes impuestos en ese Código, entre otras, violar la reserva de la investigación; o en el artículo 236,
que durante el juzgamiento no habrá reserva y las pruebas podrán
ser de público conocimiento, mientras que en la instrucción la prueba será
conocida únicamente por los sujetos procesales.
Luego,
en la Ley 906 de 2004, el legislador estipuló en el artículo 18 que la
actuación procesal será pública y tendrán acceso a ella, además de los
intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general, salvo los
casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos
pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás
intervinientes, se afecte la seguridad nacional, se exponga a un daño
psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derecho
del acusado a un juicio justo, o se comprometa seriamente el éxito de la
investigación; y en el artículo 149 indicó, entre otras cosas, que no se podrá
en ningún caso presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable y
tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre
el caso a los medios de comunicación so pena de la imposición de las sanciones
que corresponda.
De
otra parte, el artículo 95 de la Ley 734 de 2002, establece que en el procedimiento ordinario las
actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego
de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de
los derechos de los sujetos procesales; y en el procedimiento especial ante el
Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta
la decisión de citar a audiencia.
Como puede observarse, la reserva de las actuaciones
judiciales en estas materias se predica de las etapas tempranas del proceso de
forma mayormente rigurosa, por lo que, a medida que avanza el trámite procesal,
la reserva se diluye, hasta la etapa de juzgamiento, así por ejemplo en el
procedimiento de la Ley 600 de 2000, las etapas preliminares a la calificación
del mérito del sumario se entienden reservadas -art. 330 y 393[217]- y solo hasta la etapa de juzgamiento
-art. 400- se entiende que las actuaciones se realizan a “vista pública” -art.
403[218]- A diferencia de este
procedimiento, el contenido en la Ley 906 de 2004, por tratarse de un sistema
con tendencia acusatoria, que orienta su ejercicio en el principio procesal de
publicidad, de manera más temprana permite que las actuaciones sean conocidas
públicamente, esto es desde la audiencia de legalización de captura o
formulación de imputación, no obstante otorga al director del proceso la
posibilidad de limitar dicha publicidad según los parámetros contenidos en el
artículo 18 de esa misma normativa -en concordancia con los artículos 150 a
152.
Ambos procedimientos en la etapa de juzgamiento son
completamente públicos, pero al dar por clausurada la etapa del juicio -art.
410 de la Ley 600 de 2000 y art. 445 Ley 906 de 2004- el proceso queda a
despacho correspondiéndole al juez emitir la decisión de fondo en un término de
15 días -si se trata de Ley 906 de 2004 deberá anunciar el sentido del fallo al
término de la audiencia de juicio oral-.
41.
Aunque el momento en
que el proceso se encuentra a despacho para emitir la decisión de fondo no está
expresamente sujeto a reserva, a juicio de esta Corporación, la filtración de
la información en esa etapa procesal puede incidir más fácilmente en la opinión
de alguno de los magistrados -cuando se trata de un cuerpo colegiado-,
condicionando su deliberación, interfiriendo indebidamente en el interés de una
serena administración de justicia y, en consecuencia, deslegitimando la
decisión definitiva. Lo anterior, podría generar una afectación en las
garantías de quien es sometido al proceso penal, no solo porque la comunidad
tendría conocimiento de la decisión que probablemente cerraría el proceso, sino
además, ante el riesgo de afectación de la imparcialidad el juez que conoce el
asunto.
De la tesitura del proceso penal se advierte evidente,
como se mencionó, que de cara al contenido particular que implica construir el
fallo, esta debe ser una etapa que debe estar rodeada de garantías que aseguren
la imparcialidad de la justicia y los derechos de las partes e intervinientes. De
ahí la necesidad de establecer unos criterios orientadores para establecer si la divulgación de
información judicial sometida a reserva constituye un límite al ejercicio de la libertad de
expresión, ante el riesgo que dicha publicación podría implicar para el goce
efectivo de otros derechos fundamentales como el debido proceso, aspecto que
será abordado en el siguiente acápite.
Criterios orientadores para establecer si la divulgación de
información judicial sometida a reserva constituye un límite para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
42.  El asunto referente a los derechos que se
pueden ver afectados con ocasión de la publicación de información sobre
procesos judiciales que se encuentran en curso, ha sido ampliamente debatido no
solo en instancias judiciales sino en la doctrina sobre la materia.
Al respecto, se ha sostenido que “los
derechos que reciben atención de la prensa confrontan los derechos al debido
proceso, a un juicio justo, a la intimidad, al honor, con la libertad de
prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión (…). Los medios
juegan un papel importante en la lucha contra los abusos, la corrupción y para
garantizar la eficacia del derecho. Sin embargo es evidente que en ocasiones
las informaciones de prensa pueden impedir que en la práctica sea posible un
juicio justo”[219].
43.  El modelo jurídico estadounidense se ha
inclinado por asegurar la vigencia del derecho a la libertad de expresión en el
marco de los procesos judiciales, razón por la cual ha propendido por la
supresión de las restricciones a la prensa para informar acerca de los trámites
jurisdiccionales. Sin embargo, ese sistema jurídico también se fundamenta en el
deber de los jueces de garantizar al acusado un juicio por un jurado imparcial;
por lo tanto, los límites al uso de la información estarían justificados ante
la afectación de los derechos del sindicado a un juicio limpio -fair trial-.
El concepto del fair trial tiene fundamento en
el principio del “due process of law –DPL-”, esto es, “aquel proceso
que es debido -entendido como derecho subjetivo- cuando los poderes de la
administración se movilizan con el objetivo de privar a un individuo de su
vida, libertad o propiedad”[220]. El DPL incluye dos
tipos de garantías[221]: i) Due
process procesal, esto es, que ningún órgano jurisdiccional puede privar de
la vida, libertad o propiedad a ningún sujeto de derecho, excepto a través de
procesos ajustados a la Constitución Estadounidense, por lo tanto, una persona
no podrá ser expropiada sin ser notificada de ello y oídas sus alegaciones, ni
puede ser privado nadie de su libertad sin un juicio limpio; y ii) Due
process sustantivo, es decir, que la administración no puede limitar o
privar arbitrariamente a los individuos de ciertos derechos fundamentales, sin
un motivo que lo justifique.
Bajo ese entendido, la doctrina ha considerado que la
finalidad del DPL procesal constituye la garantía de un juicio limpio para las
partes “en cualquier proceso y en especial para las partes en un proceso
penal, ya que la función jurisdiccional aplicada de acuerdo a sus
características minimiza el riesgo de resoluciones injustas”[222].
El fair trial, por lo tanto, se constituye de numerosos elementos
irrenunciables, entre otros, el derecho a un proceso rápido, público, y con un
jurado imparcial; en otras palabras, “no es un concepto simple, sino una
combinación de elementos que aseguran una determinada forma de proceso en torno
a los valores de equidad, imparcialidad, independencia, igualdad, publicidad,
racionalidad, certeza y universalidad”[223].
Ahora bien, la Constitución estadounidense garantiza,
de una parte, el derecho a contar con un jurado limpio e imparcial, y de otra,
la libertad de prensa, razón por la cual para asegurar el cumplimiento de ambos
derechos “deberá encontrarse un punto de equilibrio entre ellos, ya que la
publicidad, entendida de forma absoluta, puede provocar graves distorsiones en
el proceso, comprometiendo la limpieza del mismo”[224].
En consecuencia, es necesario tener en cuenta que “la publicidad del proceso
a través de la libertad de prensa, no es un derecho absoluto sino que deberá
ceder ante un interés superior, un proceso limpio, contribuyendo en ocasiones
la denegación de publicidad, a lograr el mencionado interés”[225].
En el asunto Nebraska Press Assn v. Stuart[226]
la Suprema Corte de Estados Unidos emitió una orden mediante la cual
estableció ciertas limitaciones a las publicaciones que los medios de
comunicación hicieran sobre el caso, con el fin de garantizar al acusado un
juicio justo. En la decisión, la Corte recordó que “una prensa responsable es
esencial para garantizar una efectiva administración de justicia, permitiendo
la supervisión y crítica por parte del público”[227];
por lo tanto, un juez puede “válidamente concluir que la publicidad en
ciertos casos puede ser perjudicial y afectar el derecho a un juicio justo”[228].
Uno de los mecanismos utilizados por las Cortes
estadounidenses para garantizar el derecho a un juicio justo es el denominado “gag
orders” u órdenes a las partes para mantener la reserva necesaria del
proceso. En el mencionado caso Nebraska Press Assn v. Stuart, la Suprema
Corte de Estados Unidos señaló que la exequibilidad los “gag orders” estaba
dada por la superación del siguiente test: que “la gravedad del ‘mal’,
descontando su improbabilidad, justifique la invasión de la libre expresión que
es necesaria en el caso para eludir el peligro”[229].
Este test se concreta cuando se acreditan ante el juez los siguientes
parámetros: “la naturaleza y extensión de la publicidad anterior al juicio;
si otras medidas pueden o no mitigar los efectos de la información; y cuán
efectivamente una orden restrictiva previene el peligro temido, siendo también
importantes los términos precisos de la orden”
[230].
Esta figura del derecho estadounidense
permite inferir que las garantías inherentes al debido proceso incorporan el
derecho del procesado a que no existan injerencias externas que afecten el
juicio, lo cual puede ocurrir cuando con ocasión de la divulgación de
información judicial reservada se puede permear la imparcialidad del juez. Lo
anterior, no dista de los principios generales del derecho que rigen el sistema
judicial colombiano aun cuando se trate de modelos jurídicos diferentes; de ahí
que para esta Corporación sea de especial relevancia acoger la labor
interpretativa bajo la figura previamente referida, para construir los criterios orientadores que permitan establecer si la
divulgación de información judicial sometida a reserva podría constituir un
límite para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
44.  Ha indicado la Corte, refiriéndose a la
libertad de información que “encuentra límite en el deber ineludible de
suministrar a sus receptores información veraz y objetiva, lo que exige, entre
otras cosas, y así usualmente lo consignan en los códigos deontológicos que
esos colectivos se imponen, fundamentar y contrastar la información antes de
entregarla al público, no confundir la información con la opinión, rectificar,
si es del caso, informaciones falsas o imprecisas, valerse de métodos dignos
para obtener información, no aceptar gratificaciones de terceros, ni utilizar
en beneficio propio informaciones; sólo así contribuirán al fortalecimiento de
la democracia y por ende a la realización del paradigma propio del Estado
social de derecho”[231].
Estas consideraciones implican que la
libertad de información y la actividad periodística, a pesar de su importante y
explícito reconocimiento en los artículos 20 y 73 de la Constitución, puede
encontrase sometida a límites en virtud del principio de armonización concreta.
Uno de tales límites puede encontrar fundamento en las reglas asociadas al
debido proceso en aquellos casos en los cuales las garantías centrales que se
adscriben a dicho derecho pueden ser afectadas por la divulgación de
información vinculada con un trámite judicial. En particular, cuando la
divulgación puede afectar la imparcialidad judicial o la presunción de
inocencia.
La relevancia de la imparcialidad judicial y la
presunción de inocencia como límites a la libertad de expresión se desprende no
solo de la importancia que tienen tales garantías en la regulación de los
derechos al debido proceso, buen nombre y honra en el ordenamiento nacional e
internacional, sino también del reconocimiento que de ello se ha hecho en el
ámbito del derecho internacional. Por ejemplo, en declaración conjunta del año
2002 suscrita por  Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y
Expresión, el Representante de la OSCE sobre la Libertad de Prensa y el Relator
Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión se señala lo siguiente “No se
pueden justificar las restricciones a la información sobre procesos legales en
curso, a menos que exista un riesgo sustancial de grave perjuicio para la
imparcialidad de tales procesos y que la amenaza al derecho a un juicio
imparcial o a la presunción de inocencia supere el perjuicio para la
libertad de expresión” (Subrayado fuera del texto original).
45.  El punto de partida debe consistir en el
mayor respeto posible de la libertad de información y la publicidad (máxima
divulgación) y, en esa medida, en la prohibición prima facie de
cualquier restricción, a menos que quien la exija presente poderosas razones
constitucionales para ello. En todo caso, es importante aclarar que esta regla
no se aplica a la libertad que tienen los medios de comunicación de opinar
públicamente sobre los procesos judiciales. A juicio de la Sala Plena de esta
Corporación, tal restricción será posible cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
(i) Exista un riesgo de afectación del derecho a un
juicio imparcial o a la presunción de inocencia, que no pueda justificarse en
la importancia de divulgar información relativa al proceso. La actividad
judicial, ha dicho la Corte, “no sólo reclama un juez conocedor de la
problemática sobre la cual debe emitir sus fallos, de juicio sereno, recto en
todo sentido, con un acendrado criterio de lo justo, sino también de un juez
objetiva e institucionalmente libre”[232].
A su vez, la presunción de inocencia implica que “nadie puede ser considerado
culpable hasta que haya sido demostrada su responsabilidad en un proceso
respetuoso de las garantías constitucionales”[233].
(ii) Teniendo en cuenta la prevalencia prima facie de
la libertad de expresión el riesgo de afectación deberá ser grave, actual y
cierto[234];
en consecuencia, no se justificará una restricción a la libertad de información
cuando el riesgo sea leve, remoto o especulativo. El riesgo será: a) grave,
cuando incide directamente en el proceso de formación de la decisión por parte
del juez, afectando su capacidad para analizar con autonomía los hechos del
caso y la relevancia de las normas aplicables; b) actual, cuando la
divulgación de la información es contemporánea o próxima a la adopción de una decisión
fundamental del proceso; y c) cierto, cuando es probable que por la
forma en que se concretaría, podría tener una incidencia directa en el sentido
final del proceso.
(iii) En la valoración del riesgo de afectación
de la imparcialidad de la justicia o la presunción de inocencia así como del
peso relativo de la libertad de información, las variables que deben tomarse en
cuenta son de muy diferente naturaleza. Pueden ser relevantes, por ejemplo, a)
el detalle y profundidad de la reserva legal establecida; b) la naturaleza de
la etapa procesal; c) la materia específica del proceso y en esa medida el tipo
de reacciones que cabe esperar de la opinión pública antes de que se tome una
decisión; d) la clase de derechos constitucionales que pueden ser restringidos
con la decisión judicial; e) la clase de sujetos procesales; y f) la existencia
de reglas institucionales para garantizar la autonomía.
(iv) No es posible establecer reglas definitivas ni
absolutas. Sin embargo, podrían formularse las siguientes pautas:
(a)
Existirán mayores
posibilidades de afectación a la imparcialidad del juicio con la
divulgación de una información judicial sometida a reserva y, en consecuencia,
se incrementarán las posibilidades de restringir la libertad de información,
cuando concurran las siguientes circunstancias:
-  La información judicial corresponda a un
proceso de naturaleza penal que puede concluir con la imposición de penas
privativas de la libertad.
-  La ley ha establecido una restricción
absoluta frente al conocimiento de la información por parte de terceros y,
dicha restricción, tiene como propósito directo asegurar la imparcialidad del
juez en la toma de decisión o la presunción de inocencia.
-  La materia o impacto del proceso ha
implicado su permanente, intenso y crítico seguimiento por parte de los medios
de comunicación, de manera que el aplazamiento del suministro de información
hasta tanto se tome la respectiva decisión judicial no impacta
significativamente el derecho de las personas a ser informadas;
(b)
Existirán menores
posibilidades de afectación a la imparcialidad del juicio con la
divulgación de una información judicial sometida a reserva y, en consecuencia,
se encontrará prohibida cualquier restricción de la libertad de información
cuando concurren las siguientes circunstancias:
-
La información judicial
corresponde a un proceso que versa exclusivamente sobre una controversia de
contenido patrimonial.
-
La ley ha establecido
una restricción relativa frente al conocimiento de la información por parte de
terceros y, dicha restricción, no tiene como finalidad exclusiva asegurar la
imparcialidad del juez o la presunción de inocencia sino proteger otros intereses
del proceso.
-
El proceso, si bien pudo haber sido objeto de
seguimiento por parte de los medios de comunicación, no ha sido objeto de un escrutinio
mediático especialmente intenso.
(v) La restricción, según la configuración
procesal en cada caso, podrá consistir en la imposición de medidas inhibitorias
o de responsabilidades ulteriores. En todo caso, salvo disposición legislativa
en contrario, el desconocimiento de los límites de la libertad de información,
solo podría implicar responsabilidades ulteriores.
(vi) La petición de imposición de una restricción
-medidas inhibitorias o responsabilidad ulterior- (a) deberá ser alegada por
quien tenga un interés directo en ello y (b) bajo la condición de demostrar no
solo el riesgo de afectación en los términos indicados, sino también la
efectiva conducencia para salvaguardar la imparcialidad y la presunción de
inocencia, así como la inexistencia de medidas alternativas menos
restrictivas.
(vii) El juez del proceso deberá
adoptar las medidas requeridas cuando la divulgación de la información haya
desbordado los límites establecidos en este documento.
46.  En definitiva, la libertad
de información y la labor periodística pueden, eventualmente, encontrar límites
en las reglas asociadas al debido proceso cuando este puede verse afectado por
la divulgación de información relacionada un con trámite judicial, concretamente,
si con ella se puede afectar la imparcialidad del juez o la presunción de
inocencia. Se debe partir del mayor respeto posible del derecho a la libertad
de información y de la prohibición prima facie de cualquier restricción, salvo
que sea constitucionalmente imperioso. Así, la restricción estaría permitida
cuando: i) exista un riesgo de afectación del derecho a un juicio imparcial o a
la presunción de inocencia, que no pueda justificarse en la importancia de
divulgar información relativa al proceso; ii) ese riesgo deberá ser grave,
cierto y actual; y iii) en la valoración del riesgo deberán ser tenidas en
cuenta las diferentes variables que rodean el caso considerando las mayores o
menores probabilidades de afectación.
Consecuencias penales y disciplinarias
ante la filtración de proyectos de sentencia en el ordenamiento jurídico
colombiano
47.  La divulgación de
información de carácter reservado, particularmente de proyectos de sentencia
por el asunto que nos compete, acarrea diferentes consecuencias jurídicas
-disciplinarias y penales- de acuerdo a lo consagrado en el ordenamiento
jurídico interno. A continuación, la Sala hará referencia a cada una de ellas.
48.  El
artículo 9° de la Ley 270 de 1996[235],
establece como uno de los principios rectores de la administración de justicia
el “respeto de los derechos”, definido por el legislador como el deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la
salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso. El
artículo 153 de ese compendio normativo consagra como deberes de los
funcionarios y empleados, entre otros, guardar la reserva que
requieran los asuntos relacionados con su trabajo, aun después de haber cesado
en el ejercicio del cargo y sin perjuicio de la obligación de denunciar
cualquier hecho delictuoso (núm. 6). A su vez, el artículo 154 de esa
ley contiene aquellas conductas que les están prohibidas a los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, entre ellas, proporcionar
noticias o informes, e intervenir en debates de cualquier naturaleza sobre
asuntos de la administración de justicia que lleguen a su conocimiento con
ocasión del servicio (núm. 4).
49.  Así mismo, resulta pertinente hacer referencia a la Ley 1712 de
2014[236] cuyo
objeto es regular el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la
publicidad de información (art. 1°).
El literal d)
del artículo 6° de esa ley define la información pública reservada como aquella
que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es
exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo
cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 19 de
esa ley. El artículo 19 establece que la información exceptuada por daño a los
intereses públicos es “aquella información pública reservada, cuyo acceso
podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las
siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviere expresamente
prohibido por una norma legal o constitucional”, entre ellos, el debido
proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales (literal e) y la
administración efectiva de la justicia (literal f).
50.  De otra parte, la Ley 1952 de 2019[237] establece en su artículo 38
que son deberes de todo servidor público, entre otros,
custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo,
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o
evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos (núm.
6). Así mismo, en el artículo 39 refiere que a todo servidor público le está
prohibido, entre otras conductas, i) incumplir los
deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales,
los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los
contratos de trabajo (núm. 1); y ii) dar lugar al acceso o exhibir
expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas (núm. 18).
El artículo 46
de ese código clasifica las faltas disciplinarias en gravísimas, graves y
leves; y el artículo 47 define los criterios para determinar la gravedad o la
levedad de la falta disciplinaria[238].
Más adelante, ese compendio regula las faltas gravísimas, dentro de las cuales
se encuentran aquellas relacionadas con el servicio o la función pública,
puntualmente, violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones
sometidas a la misma restricción (numeral 1°, artículo 55); y aquellas faltas
que coinciden con descripciones típicas de la ley penal, esto es, cuando la
conducta no pueda adecuarse a ninguna de las faltas gravísimas, lo será “realizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito
sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo, o abusando de él” (artículo 65).
De conformidad
con el artículo 67, constituye falta disciplinaria grave o leve, el
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de
las funciones, o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté
prevista como falta gravísima.
51.  Finalmente, la Ley 599 de 2000[239] establece como uno de los
delitos contra la administración pública, la divulgación y empleo de documentos
reservados, que en el artículo 194 es definido como “el que en provecho
propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un
documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la
conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”.
De igual forma, el
artículo 418 del Código Penal consagra el delito de revelación de secreto, el
cual es definido en los siguientes términos: “El servidor
público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en
secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si
de la conducta resultare perjuicio, la pena será de dieciséis (16) a cincuenta
y cuatro (54) meses de prisión, multa de veinte (20) a noventa (90) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”.
Así mismo, el
artículo 419 regula el delito de utilización de asunto sometido a secreto o
reserva definido como “El servidor público que utilice en
provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato
llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en
secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público,
siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor”;
y el artículo 420 establece el delito de utilización indebida de información
oficial privilegiada: “El servidor público que como
empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de
cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya
conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de
conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero,
sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o
cargo público”.
Ahora bien,
podría igualmente presentarse el caso en el que un particular ofrezca a un
servidor público algún tipo de remuneración para ejecutar un acto contrario a
sus deberes oficiales, con lo cual se activarían otros tipos penales además de
los descritos anteriormente. Piénsese en el periodista que ofreciera dinero o
dádiva a un servidor público, para que le revelase información sometida a
reserva, con lo cual obtendría un gran éxito informativo, en fin,  una gran primicia
para sus espectadores. Es indudable que ambos estarían en la dinámica del
llamado “concurso de personas en el delito”.
52.  Ahora bien, para el caso que nos ocupa, es preciso determinar si la
prohibición para los servidores y funcionarios de divulgar esa clase de
información, según se expuso, se puede hacer extensiva a los periodistas y
medios de comunicación.
En la sentencia T-066 de 1998
esta Corporación conoció la acción de tutela instaurada por una persona que
ostentaba el cargo de alcalde municipal contra un medio de comunicación que
publicó un artículo denominado “Los alcaldes de la guerrilla”, en donde
se afirmó que por un documento brindado por el Ejército se conocieron los
vínculos de 138 alcaldes del país con la guerrilla, dentro de los cuales se
encontraba el accionante. En primera instancia se negó el amparo invocado por
cuanto la información había sido rectificada por el medio accionado, decisión
que no fue impugnada.
En aquella oportunidad la Corte
revocó el fallo de instancia y concedió el amparo invocado al encontrar que el
medio de comunicación desconoció los principios de veracidad e imparcialidad al
publicar el artículo sobre los alcaldes, porque no buscó establecer la
veracidad de los datos contenidos en el documento de inteligencia, en aras de
presentar un informe completo e imparcial sobre el tema.
En cuanto a la obligación de
reserva de la información reiteró lo señalado en la
sentencia C-038 de 1996 donde se afirmó que “la publicidad de las funciones
públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado
de la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus instituciones mutan de
naturaleza y dejan de existir como tales” y aceptó la consagración de
excepciones a la regla de la publicidad, al expresar que “la publicidad
como principio constitucional que informa el ejercicio del poder público se
respeta cuando se logra mantener como regla general y siempre que la excepción,
contenida en la ley, sea razonable y ajustada a un fin constitucionalmente
admisible”.
Entonces, en
esa decisión de tutela se estableció que el documento que sirvió de base para
la elaboración del artículo Los alcaldes de la guerrilla tenía el
carácter de informe reservado, razón por la cual le estaba impedido al Ejército
hacer entrega a los medios de comunicación de esos datos, lo que habría de
tener consecuencias de orden disciplinario y penal para los funcionarios
responsables.
Constatado lo
anterior, la Corte se preguntó si ¿obliga la reserva de la información también
a los medios de comunicación? Para dar respuesta, nuevamente reiteró la
sentencia C-038 de 1996 donde se indicó que la obligación de la reserva “cobija
a los funcionarios y demás personas que están sujetos a la misma”. Con
sustento en ello, la Sala de Revisión que conoció el asunto concluyó que, en
principio, el mandato de reserva no vincula a los periodistas ni a los medios
de comunicación y sostuvo que esto se explica “por el papel de la prensa
dentro del sistema democrático. Como se ha expresado, a los medios de comunicación
les corresponde cumplir con una función de control del poder público. Esta
tarea no podría desarrollarse a cabalidad si los medios se conformaran con las
informaciones que les fueran suministradas. Precisamente, la labor de control
que desempeñan los medios exige que no se satisfagan con los comunicados
oficiales y los datos entregados por las partes interesadas, sino que indaguen
siempre más allá en busca de la verdad”.
53.  Un pronunciamiento similar se consignó en la sentencia T-634 de
2001 en la revisión de una acción de tutela instaurada por un
contraalmirante de la Armada contra un medio de comunicación que publicó un
artículo donde era señalado de tener vínculos con un narcotraficante, esto, con
base en información reservada. Aunque el juez de primera instancia concedió el
amparo, en segunda instancia se revocó porque la noticia coincidía con la
información documental aportada por el medio de comunicación.
La Corte
confirmó la decisión del ad quem por los mismos motivos y destacó que “con
relación a los informes de inteligencia que tienen carácter reservado y
confidencial, su divulgación genera responsabilidades penales y disciplinarias
solo para el funcionario que la suministra a los medios, dado que su destino
son servir de pieza procesal dentro de las investigaciones a que den lugar,
pero, la reserva no vincula a  los medios, quienes son responsables solo
por la revelación de su fuente”.
54.  Algo similar ocurrió en la sentencia T-1307 de 2005, cuando
la Corte estudio una acción de tutela interpuesta ante la divulgación
detallada, por parte de diferentes medios de comunicación nacional y regional,
sobre la apertura de una investigación disciplinaria
contra varios directores de Corporaciones Autónomas Regionales, entre ellos, el
accionante. Esta información se dio a conocer antes
de la notificación de la resolución de apertura de
investigación disciplinaria. El juzgado de primera instancia negó el amparo;
sin embargo, esa decisión fue revocada en segunda instancia, que concedió el
amparo del derecho al debido proceso ante la indebida notificación de la
referida actuación y negó la protección de los derechos a la honra y al buen
nombre. En sede de revisión, la Corte confirmó la decisión adoptada por el juez
de primer grado.
Para resolver el
asunto, esta Corporación se preguntó si era procedente el amparo “frente a
la divulgación indebida de información, en la medida en que, generalmente,
tales hipótesis plantean la existencia de un daño consumado frente al cual el
amparo tutelar carece de sentido”. Consideró que como la información
divulgada en los medios correspondía a la realidad, no había lugar a
rectificación alguna, ni a retrotraer las cosas al estado anterior, y que “la
indagación sobre si se violó la reserva del proceso disciplinario o sobre si
hubo una indebida filtración de información antes que la decisión de abrir la
investigación hubiese sido notificada al investigado es asunto que excede el
ámbito de la acción de tutela y que, si es del caso, debe abordarse en las
instancias disciplinarias competentes”.
55.  Otra decisión relevante sobre el particular es la contenida en la sentencia
C-540 de 2012 cuando la Corte realizó el control de constitucionalidad del
proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley Estatutaria 1621 de
2013[240].
En esa
ocasión, indicó que en una sociedad democrática es indispensable que las
autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual
establece la presunción de que toda información es accesible y sujeta a un
sistema restringido de excepciones. Mencionó que las limitaciones al acceso a
la información deben estar fijadas en una ley de forma clara y
precisa como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder
público, y solo son válidas si persiguen la protección de derechos
fundamentales o bienes constitucionales valiosos como la seguridad y
defensa Nacional, que deben estar en armonía con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, además de que pueden ser objeto de examen por
los jueces. Finalmente, reiteró que de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, en términos generales:
“[L]a reserva o secreto de un documento público: i)
opera sobre el contenido mas no sobre su existencia; ii) es temporal, estando
el plazo sujeto a límites de razonabilidad y proporcionalidad; iii) cubre a
los servidores públicos, no comprendiendo a los periodistas y, en principio, no
autoriza al Estado para impedir la publicación de la información por la prensa;
iv) aplica a las peticiones ciudadanas; v) es admitida en el caso de las
informaciones sobre defensa y seguridad nacionales, siempre que se ajuste
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; vi) conlleva el deber de motivar la decisión que ha de reunir los
requisitos constitucionales y legales, en particular indicar la norma en la
cual se funda la reserva. Por esta vía el asunto puede ser sometido a controles
disciplinarios, administrativos e incluso judiciales; y vii) opera sobre la
información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales,
pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se
inserta”. (Resaltado fuera del texto original).
56.
Ahora bien, con ocasión de la divulgación de
comunicaciones diplomáticas por parte de Wikileaks y la circulación de esa
información en los medios de comunicación, la Relatoría Especial de las
Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron una declaración
conjunta en diciembre de 2010[241].
En primer
lugar, señalaron que el acceso a la información en poder de autoridades
públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de
excepciones, que tiene una importancia particular para la consolidación, el
funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, pues sin su
garantía “sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición
de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política”.
Bajo ese
entendido, indicaron que es responsabilidad exclusiva de las autoridades
públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información
legítimamente reservada que se encuentre bajo su control, mientras que “las
otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o
miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información
reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a
sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido
fraude u otro delito para obtenerla”. En su parecer, “la injerencia
ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de
cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de
comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su
contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley”.
De otra parte,
afirmaron que los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido
significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y
comunicar temas complejos y sensibles. Al respecto, indicaron que “[l]a
responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta
información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes
jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las
personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad
de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también
resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos
medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para
asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa,
presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a
bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos
humanos”.
57.  En consecuencia, el ordenamiento jurídico consagra diferentes
deberes a los funcionarios públicos cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones
de índole disciplinaria o penal, con el propósito de fomentar una recta
administración de justicia y el respeto a los derechos fundamentales de quienes
intervienen el proceso. Por otro lado, debe reiterarse que la obligación de
reserva o secreto que cubre a ciertos documentos o información oficial “cobija
a los funcionarios u demás personas que están sujetos a la misma” mandato
que no se extiende a los medios periodísticos, sin perjuicio que deban actuar
de forma diligente a la hora de verificar la veracidad e imparcialidad de
aquello que presentan al conglomerado social.
Responsabilidad
social de los medios de comunicación. Reiteración de jurisprudencia
58.
El artículo 20 de la Constitución consagra, entre otras
garantías, la de fundar medios masivos de comunicación, los
cuales son libres y tienen responsabilidad social.
59.
Esta Corporación ha puesto de presente que, con la
aparición de los medios de comunicación, la internet y sus redes sociales, los
periódicos digitales, las revistas virtuales, entre otros, surgió para la
libertad de expresión una nueva dimensión. Lo anterior significa que la
responsabilidad de los medios se ha incrementado en forma exponencial, pues
aquella que se reclamaba durante los siglos XIX y XX no es la misma que se les
exige en la actualidad por cuanto “en las sociedades contemporáneas una
información sesgada, parcializada o carente de veracidad proveniente de medios
masivos, puede generar conflictos sociales, económicos, militares o políticos
inconmensurables [situaciones que] sólo pueden ser evitadas o al menos
mitigadas en sus efectos a partir de la autorregulación de los medios y del
sometimiento de éstos a reglas jurídicas democráticamente elaboradas”[242].
Precisamente,
por el poder social que detentan debido a su influencia en las actitudes y
conductas de la comunidad, “la difusión masiva de
informaciones puede llevar aparejados riesgos implícitos importantes que pueden
significar a su vez, la tensión con otros derechos fundamentales protegidos[243], que el
constitucionalismo moderno exige armonizar”[244].
Por ese motivo, la jurisprudencia constitucional ha sido pacífica al señalar
que la libertad de información tiene como límite,
entre otros, la responsabilidad social de los medios de comunicación de
conformidad con lo señalado en el referido artículo 20, de manera que su actuar
se ajuste a los principios de veracidad e imparcialidad, y que la información
por ellos publicada no atente contra los derechos humanos, el orden público y
el interés general. Al respecto, ha sostenido:
“De ahí que
el artículo 20 constitucional consagre el principio de la responsabilidad
social de los medios de comunicación, de manera que el periodista no es
ajeno a las responsabilidades de orden civil y penal a que está sujeto y se le
pueden exigir cuando incurra en afirmaciones inexactas, calumniosas o
injuriosas. Por consiguiente, los medios de comunicación gozan de libertad y
autonomía para expresar y comunicar en forma veraz e imparcial la información,
pero deben hacerlo de manera responsable, de forma que no vulneren o amenacen
los derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del Estado social
de derecho. Dicha responsabilidad consiste en asumir el compromiso social de
divulgar las informaciones para el bien de la colectividad, de manera que no se
atente contra los derechos de los asociados, el orden público y el interés
general.
Según la
jurisprudencia vigente de esta Corporación, la responsabilidad de los medios
surge desde el momento mismo en que se inicia el proceso de obtención, preparación,
producción y emisión de la información, durante el cual los principios de la
imparcialidad y la veracidad deben prevalecer, en orden a garantizar los
derechos fundamentales de las personas, sin que por ello se desconozca el
derecho de aquellos a informar libremente, pero siempre dentro de los límites
del bien común, del orden justo y del respeto a la dignidad y a los demás
derechos de las personas[245]”[246].
(Resaltado fuera del texto original).
Entonces, el derecho a la
información debe ser respetado y garantizado por el Estado, siempre y cuando no
afecte valores sustanciales, como los derechos al buen nombre, a la honra o a
la intimidad[247]. Sobre este punto la Corte ha
sostenido que a los medios “se impone fundamentar y contrastar la
información antes de entregarla al público; no confundir la información con la
opinión; rectificar, si es del caso, informaciones falsas o imprecisas; valerse
de métodos dignos para obtener información; no aceptar gratificaciones de
terceros, ni utilizar en beneficio propio informaciones; sólo así contribuirán
al fortalecimiento de la democracia y por ende, a la realización del paradigma
propio del Estado social de derecho”[248].
De igual modo, ha manifestado:
“Pero, a objeto de hacer completo el derecho del conglomerado a la
comunicación, es necesario reconocer en él, como elemento insustituible que
contribuye inclusive a preservarlo, el de la responsabilidad social que el
inciso 2º del artículo 20 de la Constitución colombiana señala en cabeza de los
medios masivos, los cuales, no por el hecho de hallarse rodeados de las
garantías que para el desarrollo de su papel ha consagrado el Constituyente,
pueden erigirse en entes omnímodos, del todo sustraídos al ordenamiento
positivo y a la deducción de consecuencias jurídicas por los perjuicios que
puedan ocasionar a la sociedad, al orden público o a las personas individual o
colectivamente consideradas, por causa o con ocasión de sus actividades.
(…) Un informe periodístico difundido irresponsablemente, o manipulado con
torcidos fines; falso en cuanto a los hechos que lo configuran; calumnioso o
difamatorio, o erróneo en la presentación de situaciones y circunstancias;
inexacto en el análisis de conceptos especializados, o perniciosamente
orientado a beneficios políticos o a ambiciones puramente personales, resulta
mucho más dañino cuanta mayor es la cobertura (nivel de circulación o
audiencia) del medio que lo difunde, pero en todo caso, con independencia de
ese factor, constituye en sí mismo abuso de la libertad, lesión muy grave a la
dignidad de la persona humana y ofensa mayúscula a la profesión del periodismo,
sin contar con los perjuicios, a veces irreparables que causa, los cuales no
pueden pasar desapercibidos desde el punto de vista de sus consecuencias
jurídicas”[249].
60.
La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe
sobre la “Ética en los medios de comunicación” de 2004, puso de presente
que “[m]uchos Estados y miembros de la sociedad en la región
han expresado preocupación ante la posibilidad de que los medios de
comunicación no siempre actúen responsablemente y en la búsqueda y difusión de
información, afecten los derechos de terceros”[250]. Para abordar esta problemática, la
Relatoría Especial explicó: “[no es] que los
medios de comunicación operen completamente al margen de la regulación legal,
sino simplemente que la ley referente a ellos debe limitarse tan sólo a
proteger y salvaguardar otros derechos básicos que pueden estar en peligro o
hayan sido dañados por un uso indebido de la libertad de expresión, quedando su
evaluación únicamente en manos de jueces y tribunales”[251].
Bajo
ese entendido, destacó que “un debate sobre la ‘ética’ o ‘responsabilidad’
carece de sentido a menos que exista una amplia libertad de expresión[252]. ‘Para tener la opción de actuar
en forma ética’, una persona debe ‘estar en libertad de decidir entre
diferentes alternativas de acción’[253]”[254]. Así mismo, la Relatoría mencionó
que los periodistas y los medios de comunicación conocen “la necesidad de
mantener su credibilidad con el público para perdurar y frecuentemente adoptan
distintos tipos de medidas para promover un comportamiento más ético (…).
Cuanto más educados lleguen a ser esos profesionales y mejor conozca el público
el papel esencial que cumplen los medios de comunicación en la sociedad, tanto
más probable será que esas medidas se apliquen”[255].
Entonces,
si bien existen medidas gubernamentales como límite al ejercicio de los medios
de comunicación, la Relatoría Especial indicó que, al margen de las mismas, es
posible acudir a otras medidas, que si bien tienen carácter voluntario, buscan
lograr que aquellos sean más responsables ante el público y hacia quienes son
objeto de información en las noticias[256],
a saber: i) códigos de ética, que establecen normas de conducta
profesional en relación con la recopilación o comunicación de noticias; ii)
capacitación, los estudios universitarios de periodismo son cada vez más
frecuentes y un creciente número de departamentos universitarios de periodismo
exigen por lo menos un curso sobre ética; iii) consejos de prensa, como
asociaciones formadas por miembros de los medios de comunicación y el público,
que conocen quejas de los ciudadanos en un procedimiento similar al judicial,
pero que carecen de facultades de aplicación coercitiva de sus decisiones; iv)
crítica de los medios de comunicación, esto es, los medios, las organizaciones
que los agrupan, y el público, utilizan diversos mecanismos para evaluar el
desempeño dichos medios, esperando que con ello mejore su futuro desempeño[257].
61.
La doctrina también contiene importantes
consideraciones sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación.
Como primera aproximación, se ha señalado que “la visión moderna pone la
libertad [de prensa] al servicio de valores ético-sociales, en función de los
cuales su reconocimiento tiene sentido. Se garantiza la libertad, pero, en su
ejercicio, la prensa asume una responsabilidad con la sociedad que le exige la
preservación de ciertos valores”[258].
Así mismo, ha reconocido la existencia del uso abusivo de la
libertad de información, indicando que ocurre cuando, en el ejercicio de ese
derecho, se exceden los fines por los cuales ha sido reconocido. En otras
palabras, el abuso “no se predica de la veracidad o falsedad de la noticia o
información, sino de haber traspasado el límite externo de la libertad
atendiendo a los fines que, en una sociedad democrática, han conducido a
reconocerla y garantizarla”[259].
Esto sucede, por ejemplo, cuando se invade el ámbito de intimidad de las
personas o ante la obtención de información por medios ilícitos.
Sobre este último evento la doctrina citó un caso hipotético,
calificado por ella misma como paradigmático, pero que puede generar un debate
constitucional de gran relevancia, a saber: “un juez, luego de estudiar la
causa que tiene para resolver, proyecta su sentencia, condenando o absolviendo.
Como suele ocurrir, frente a causas complejas, el juez de nuestro ejemplo
decide meditar todavía unos días más (…) y guarda su proyecto de sentencia en
un cajón de su escritorio, bajo llave. Sucede, sin embargo, que un empleado
infiel de su juzgado, incentivado por el cohecho de un medio inescrupuloso,
violenta el cajón donde el juez guarda su proyecto de sentencia, obtiene una
copia de ella, y la entrega al medio, que la difunde inmediatamente”[260]. Aquí estamos ante la
difusión de información verdadera, es decir, el proyecto de sentencia es real;
sin embargo, es un ejemplo que “nos persuade de que existen, dentro o fuera
de los poderes del Estado, situaciones no susceptibles de ser difundidas de no
mediar maniobras ilícitas para captarlas”[261].
Un ejemplo como este no es del todo descabellado; por el contrario,
es necesario reconocer que se trata de una realidad, por lo menos en la
sociedad colombiana. Como se verá más adelante, si bien los periodistas y
medios de comunicación actúan bajo el amparo del derecho a la libertad de
información, la indebida interferencia en asuntos reservados, aunque con
evidente relevancia pública, puede afectar la adecuada deliberación y posterior
decisión de una corporación, y de paso los derechos de terceras personas
involucradas en el caso concreto, con lo cual la ausencia de toda valoración de
impacto, trascendencia, valuación del riesgo de daño, entre otros, por parte de
quien informa no es apenas el signo de que no existen restricciones ético
sociales a la hora de difundir información.
62.
Esa problemática hace imperativo un
pronunciamiento sobre la autorregulación de los periodistas y medios de
comunicación, pues de ella, así como de otras medidas, ciertamente depende que
no se presenten casos de indebida interferencia en asuntos reservados y sus
consecuentes efectos nocivos. Poco se ha dicho sobre este particular, pues la
protección del derecho a la libertad de prensa ha conllevado a que las
limitaciones a su ejercicio sean realmente excepcionales.
Como se expuso, esta Corporación ha puesto de presente que la
responsabilidad de los medios se ha incrementado en forma exponencial, por
cuanto la publicación de información sesgada, parcializada o falsa, puede
generar toda clase de conflictos, que solo pueden evitarse o mitigarse a partir
de la autorregulación de los medios[262].
Sin embargo, este concepto no ha sido desarrollado a profundidad por la
jurisprudencia constitucional, a pesar de ser clave en la resolución de los
conflictos como el que ahora se estudia.
Algunos doctrinantes han sostenido que por la influencia y posición
que tienen los medios de comunicación en la sociedad, así como por los riesgos
derivados de una práctica inadecuada de la profesión “resulta crucial que
[su actuación] se ajuste a unos criterios éticos fundamentales: los de la ética
comunicativa”[263],
que tiene como objeto “establecer las pautas de una actuación correcta de los
medios y de quienes los hacen”[264].
Una de las funciones de los medios de comunicación es respetar y
promover el bien general, lo cual significa que deben propender por “evitar
la producción de daños y la violación de derechos o bienes fundamentales de las
personas y la sociedad”[265];
esto se garantiza “a través del respeto de las leyes y los derechos de las
personas, así como a través de la precaución y el cuidado de su labor”[266] y por lo tanto, afianza la
premisa según la cual “debido a su gran proyección e influencia social
tienen un especial deber de responsabilidad y cuidado en este aspecto de su
labor”[267].
A partir de lo anterior, se ha indicado que “aun siendo
incuestionable y crucial la salvaguardia y regulación jurídica de ciertos
aspectos de la comunicación, en el ámbito de la comunicación social la
regulación jurídica debe tender en principio a ser mínima [en tanto] podría
colisionar con la libertad y el margen de acción [inherentes a las libertades
de expresión y opinión]”[268].
Por lo tanto, se ha puesto de presente que “el carácter crucial de las
funciones que cumplen los medios unido a las limitaciones del derecho para
regular su actuación hacen que la ética comunicativa adquiera una relevancia
sin parangón en otros ámbitos”[269],
estableciendo con ello una fórmula normativa propia de la comunicación social,
a saber: “el mínimo del derecho unido al máximo de la ética de la
comunicación”[270].
Ha sostenido la doctrina que el profesional de la comunicación no
debe limitarse a sus habilidades y conocimientos técnicos, sino que “ha de
contar con criterios éticos y una conciencia moral pronta a hacerlos valer”[271], aplicando principios,
normas y deberes éticos dependiendo de cada caso, o en otras palabras “requiere
no solo conocer las normas sino también evaluar cuidadosamente las
circunstancias específicas de cada caso: valor informativo, hechos relevantes,
características de los implicados o los afectados, consecuencias previsibles,
etc.”[272].
Al respecto, se dijo lo siguiente:
“Conviene recalcar aquí un aspecto propio de la comunicación: la
enorme variabilidad de las circunstancias de cada caso, que hacen que estos
sean prácticamente únicos, lo que dificulta la aplicación de protocolos o
modelos pautados de acción o de juicio, a diferencia de otras éticas
profesionales en las que es más factible, cada fotografía, cada titular, cada
suceso, cada noticia es única y plantea sus propios retos morales, que el
profesional debe apreciar y saber valorar. (…)
No cabe entender la información y la comunicación social sin ética.
Frente a la cultura del todo vale, los profesionales y los medios deben
respetar los valores y normas éticos derivados de la función social que
cumplen, los métodos correctos que pueden emplear y la responsabilidad sobre
las consecuencias de su actividad”[273].
De ahí la importancia de la autorregulación o autocontrol de los
periodistas y medios de comunicación, entendido como “aquella decisión
personal y libre del informador que basándose en su conciencia e inspirándose
en los principios deontológicos de la información, plasmados o no en un texto,
le obliga a actuar éticamente y le permite llevar a cabo su actividad
informativa, estando sujeto a las decisiones éticas que su comportamiento
merezcan a las instituciones de índole deontológico, existentes en el ámbito de
su profesión”[274].
Ahora bien, lo anterior no debe confundirse con algún tipo de
censura, pues la autorregulación es una decisión interna del informador; nadie
externo a este se la puede imponer pues es fruto de su libre decisión; es una
salvaguardia para el recto uso de la información; y se mueve en el ámbito de la
responsabilidad ética; mientras que la censura solo se concibe en un régimen de
falta de libertad[275].
63.
Así pues, la protección constitucional de la
libertad de prensa no es indiferente a los excesos que su ejercicio pueda
acarrear, de ahí que el constituyente de 1991 haya expresado que los medios de
comunicación “tienen responsabilidad social”, la cual se traduce en que,
pese a la libertad y autonomía con la que cuentan para expresar información, no
pueden sin embargo pretender estar sustraídos al control necesario dimanante
del pleno del ordenamiento jurídico, y por ello son predicables
responsabilidades  penales y civiles, tal como se pregonan de cualquier ciudadano
que interactúa en una comunidad organizada. La Corte acentúa el gran papel que en
la democracia tienen las libertades de opinión, expresión y de prensa, pero
también asienta la gran misión que tiene la judicatura como baluarte para el
desarrollo y funcionamiento de un sistema democrático uno de cuyos papeles
misionales es velar por el respeto a ultranza de los derechos de todos los
ciudadanos y habitantes del territorio.
Procesos judiciales y medios
de comunicación -juicios paralelos-
64.  La intervención de los
medios de comunicación en los procesos judiciales, particularmente en los juicios
penales, es un asunto que involucra la garantía del derecho a la libertad de
expresión y de información, y a su vez, las implicaciones que el ejercicio de
estas prerrogativas fundamentales tiene sobre otros derechos como la presunción
de inocencia de aquellos que están siendo investigados en esa clase de
procesos.
Se ha sostenido que “cuando el
poder judicial está investigando un hecho delictivo el que los medios de
comunicación proporcionen información sobre el mismo es algo correcto y
necesario en una sociedad democrática”[276];
sin embargo, una cosa es brindar información y muy  otra, realizar juicios
sobre ella. La doctrina ha precisado que “cuando los juicios de valor son
vertidos con carácter previo al juicio nos encontramos con un juicio previo y
cuando se producen al tiempo que se está celebrando el juicio estamos ante el
juicio paralelo (…) [ambos] pueden afectar a la imparcialidad del tribunal y
esto a su vez se refleja sobre el derecho del acusado a la presunción de
inocencia y en general al derecho a un juicio justo”[277].
En todo caso, el debate no se circunscribe
únicamente a esa premisa, porque de igual manera, deben ser protegidos los
derechos a la libertad de expresión y de información[278]. Al respecto, se ha señalado lo
siguiente:
“El derecho
constitucional a la libertad de información puede generar excesos que influyan
negativamente en un proceso penal en marcha. Un juicio paralelo es aquel
conjunto de informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre un
asunto a tratar por el órgano judicial, generándose una valoración social del
comportamiento de personas implicadas. Nos encontramos ante un efecto perverso
resultante de combinar el saludable funcionamiento del Estado de Derecho, la
publicidad judicial y la libertad de información. Este fenómeno carece por el
momento de cualquier regulación legal debido a la especial dificultad que
implicaría su tratamiento”[279].
La doctrina referente a los
juicios paralelos tiene como punto de partida el reconocimiento de la
importancia de la publicidad de la actividad judicial. En efecto, se ha
considerado que “la reivindicación de la publicidad como forma de control
externo e interno de la actividad judicial constituye una de las contribuciones
más meritorias del pensamiento ilustrado del siglo XVIII”[280]. Dicho también de la siguiente
manera: “la publicidad del proceso judicial constituye toda una
conquista del pensamiento liberal respecto del anterior sistema inquisitivo,
concibiéndose como una exigencia jurídico - formal del proceso a modo de
garantía de control sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia”[281].
Aunque es cierto que los sujetos
activos de dicho control son los ciudadanos, también lo es que aquel no puede
efectuarse sin la intervención de los medios de comunicación o, en otras
palabras, “de ahí la necesidad de una intervención inmediadora de los medios
de comunicación quienes son, en puridad, los que se encargan de vincular al
poder judicial con el medio social. Es la prensa, la radio y la televisión los
que se han atribuido la función de informar al público acerca de la justicia”[282]. Bien se ha sostenido que “un
instrumento fundamental de formación de la opinión pública son los medios de
comunicación, de modo que la opinión que la sociedad tenga de la justicia y de
los sucesos a examinar por esta, va a estar condicionada, en parte, por la
información por ellos transmitida”[283].
65.  Sin desconocer entonces la
importancia de la influencia de los medios de comunicación a efectos del
control ciudadano en la actividad judicial, la doctrina también ha puesto de
presente la problemática que ello podría generar ante el uso desmedido de esa
facultad comunicativa. Al respecto, han sido identificados dos instrumentos
utilizados para convertir la información en una intervención mediática. El
primero, “la desmedida e incontrolada inmersión en los hechos justiciables
que integran el proceso en marcha, construyendo verdaderas acusaciones,
interviniendo directamente sobre las fuentes de prueba sin ningún control, sin
atender a las condiciones de utilizabilidad probatoria, incluso revelando
fuentes ilícitas o prohibidas y proponiendo verdaderos veredictos de condena”[284]. El segundo, “la traslación a la
sociedad, durante el propio desarrollo del proceso judicial, de espacios o
zonas de duda sobre la imparcialidad del Tribunal o de alguno de sus miembros”[285].
Se ha sostenido que “respecto
al secreto sumarial resulta evidente que es desde las propias instancias
judiciales de donde parten las ‘filtraciones’ (…) La violación del secreto del
sumario no es tanto un problema de excesos de la libertad de expresión como de
falta de responsabilidad de los jueces y fiscales que incumplen el deber del
secreto y también de los organismos judiciales que no reprimen este delito”
De ahí surge el concepto del
juicio paralelo. En efecto, se ha considerado que la función del principio de
publicidad en la formación de una opinión pública “puede ser objeto de
determinadas situaciones viciadas o anómalas, aunque muy complicadas de
eliminar. La más significativa y, a la vez, peligrosa es el llamado ‘juicio
paralelo’”[286],
definido como “aquel conjunto de informaciones y noticias, acompañadas
de juicios de valor más o menos explícitos, difundidas durante un determinado
periodo de tiempo en los medios de comunicación sobre un caso, y con
independencia de la fase procesal en la que se encuentre”[287], cuya característica
principal es “que se realiza una valoración social de las acciones sometidas
a la investigación judicial, lo que podría influir en la voluntad y opinión de
los jueces y, especialmente, de los jurados”[288]. En otros términos, se ha indicado
que
“[U]na
determinada opinión presentada por la prensa, reiterada e insistida, puede
implicar no sólo una presión en un sentido concreto, sino que, además, puede
dar lugar a los llamados ‘juicios paralelos’, (…) estos (…) producen muy
diversos efectos: dan lugar en el seno de la sociedad a una controversia sobre
la cuestión objeto del juicio, forzando a la presentación prematura de
argumentos e incluso de documentos, testigos, etc., y estableciéndose en dicha
polémica, en términos de culpabilidad e inocencia, responsabilidades al margen
del proceso judicial”[289].
El juicio paralelo por motivos
políticos, sociales o económicos podría ir mucho más allá, pues en ciertos
casos “aunque no influya sobre la decisión de los jueces, sí proyecta un
mensaje sobre la sociedad”[290],
llegando incluso a perjudicar “la credibilidad de la justicia si el fallo de
los jueces no coincide con el fallo que el juicio paralelo defiende, ampara y
protege”[291].
Lo anterior, genera un alto riesgo de afectación a ciertas garantías fundamentales,
particularmente, el derecho a la presunción de inocencia. En este punto, se ha
considerado que “la previa representación del inculpado como autor del
delito imputado desencadena inevitables prejuicios de valoración que pueden
resultar determinantes para el proceso de toma de decisión”[292].
Y ello no porque haya mala fe del
comunicador –de hecho, se dice, normalmente los periodistas actúan con buena
fe, aunque su desconocimiento de la materia les lleva a equivocarse[293]-- sino porque la forma de asumir el
problema judicial, se enfrenta con diferentes posturas epistémicas.  Por ello
siempre es urgente la creación de canales de comunicación entre el poder
judicial y los medios de comunicación, a fin de garantizar una mejor calidad de
la información que al final se emite.
66.  Empero, no puede endilgarse
el total de la responsabilidad a los medios de comunicación por la existencia
de un juicio paralelo. La doctrina también ha puesto en evidencia que algunos
jueces no son ajenos a esta problemática e incluso contribuyen a generarla.
Sobre el particular, se ha mencionado que “no solo los medios de
comunicación están obligados a contenerse. Hay excesos mediáticos que se
fomentan por negligencia o por voluntarismo desde un sistema judicial que, por
otra parte, tiene que adaptarse a la nueva sociedad de la comunicación. Se
pueden pedir límites a la libertad de expresión, pero también hay que exigir
responsabilidades a jueces y fiscales”[294].
Así, se reconoce que, aunque el
concepto de juicio paralelo pareciera en principio comprometer únicamente a los
medios de comunicación, “no puede desconocerse, para ser justo, que la
sociedad misma, algunos jueces, y también algunos profesionales del Derecho,
coadyuvan a ese nefasto proceder”[295].
La experiencia ha mostrado que la opinión pública de la mano de los medios de
comunicación, casi siempre da veredictos contrarios a los que al final expide
el juez, quedando la justicia expuesta en su idoneidad y corrección[296].
67.  Ahora bien, se ha dicho que
el principio de publicidad de las actuaciones judiciales no puede ser
considerado como de carácter general o absoluto; debe ser entendido “como
norma rectora y fundamental, si bien no como exigencia de carácter
absoluto puesto que es posible el establecimiento de excepciones [las cuales]
vienen dadas en aras a la salvaguardia, primordialmente, de la tutela judicial
efectiva de nuestro aparato judicial, posiblemente vulnerada mediante el
suministro a la opinión pública de determinada información que pudiera dañar
los derechos de cualquiera de las partes o poner en peligro la buena marcha del
proceso judicial abierto”[297].
De ello surge un principio
básico: “un ejercicio desmedido de la intervención mediática en la actuación
jurisdiccional que ponga en grave peligro los derechos fundamentales de las
partes, y particularmente del inculpado, a un proceso justo, puede ser sometido
a restricciones como una necesidad de ordenación racional en una sociedad
democrática de los respectivos espacios de eficacia garantizada a cada uno de los
derechos”[298].
En ese punto es preciso señalar
que, en efecto, los medios de comunicación inciden, o pueden hacerlo, sobre la
imparcialidad del juez; entonces, “[a] primera vista, la solución
sería la prohibición a los medios de información de tratar temas sometidos a
investigación judicial, pero, que (sic) duda cabe que tal vía no es aceptable
dentro de los parámetros de un Estado social y democrático de derecho, guiado,
lógicamente, por el valor superior de la libertad”[299]. Se trata de una problemática cuya
solución resulta realmente compleja y así lo ha identificado la doctrina sobre
la materia:
“Por una
parte, es preciso reconocer el derecho de toda persona a expresarse libremente,
por lo que ha permitírsele hablar, mostrar su opinión, debatir, contradecir, en
relación con cualquier tema, incluso aquellos que están sometidos a
investigación judicial. Además, por otra parte, todos los ciudadanos de un
Estado de derecho han de tener (…) el derecho a recibir una información
completa y veraz.
Ahora bien,
no debe pensarse que no es posible la coexistencia de todos estos derechos,
pues, si bien es importante el derecho a la libertad de expresión en su (sic)
dos facetas -activa y pasiva- no debe minimizarse la trascendencia del derecho
a un juicio justo por un Tribunal imparcial, derecho que no solo importa al
individuo en concreto sino que irradia sus derechos sobre toda la colectividad,
dado que esta espera que sus ciudadanos sean juzgados imparcialmente.
Nos
encontramos por consiguiente ante una encrucijada de derechos que es preciso
resolver. Así pues, la libertad de expresión o la de recibir información no
solo pueden ser limitadas por consideraciones individuales (intimidad, etc.),
sino también en virtud de estimaciones generales (la correcta Administración de
Justicia), sin perjuicio, de que éstas, a su vez, tengan una proyección de
carácter individual”[300].
No toda información sobre materia
sometida a decisión judicial puede afectar la imparcialidad del juez, pero el
problema que se presenta “es el de concretar cuáles son los criterios que
proporcionarán las reglas para distinguir entre aquellos supuestos en los que
resulta admisible restringir la publicidad, limitando por tanto el derecho a la
información; aquellos otros en los que puede impedirse absolutamente a los
medios de comunicación que proporcionen información; y, por último, aquellos en
los que sin impedir la información, deban adoptarse medidas que preserven la
imparcialidad del juzgador”[301].
Entonces, ¿cuáles serían esos límites y cómo influyen en el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión y de información? A juicio de la Sala, la
respuesta a este interrogante dependerá de las circunstancias propias de cada
caso y de los derechos involucrados que necesariamente deberán ser sometidos a
un ejercicio de ponderación.
68.  De hecho, esta Corporación
ya había llamado la atención sobre esta problemática en la sentencia T-1225 de
2003, cuando estudió la acción de tutela instaurada por dos ciudadanos contra
un medio de comunicación y un periodista. Los accionantes afirmaron que fueron
capturados de manera ilegal, y dirigidos a una estación de policía donde
llegaron varios periodistas con el objeto de filmarlos y
fotografiarlos, lo que finalmente se evitó gracias a la intervención de su
abogado. Indicaron que posteriormente, en un artículo se afirmó que habían sido capturados “con la mano en la masa”, a pesar de
que ellos no fueron capturados en flagrancia y solo fueron víctimas de una
retención ilegal. Los jueces que conocieron el asunto negaron la protección
invocada.
La Corte
confirmó estas decisiones al considerar que no se vulneran los derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra o al debido proceso cuando un medio de
comunicación usa equivocadamente un lenguaje técnico o use un lenguaje
coloquial como “ser cogido con la mano en la masa” al informar, con
apoyo en evidencias suministradas por autoridades públicas, sobre hechos
delictivos en cuya investigación se involucra a personas identificadas con
nombre y apellido, siempre y cuando dicho uso del lenguaje no implique la
atribución de responsabilidad de las personas sobre quienes se informa ni una
acusación formulada por el propio medio cuando la justicia continúa
investigando lo sucedido. Sin embargo, en esa oportunidad la Corte resaltó:
“Reconocido el enorme poder social que ejercen los medios masivos
de comunicación, así como los potenciales efectos devastadores que sobre una
persona puede tener la publicación de una información que la implique sin
fundamento en la comisión de hechos delictivos, la jurisprudencia nacional[302] y
comparada[303] ha
fijado límites al ejercicio de la libertad de prensa en aras de
compatibilizarlo con la garantía del debido proceso y el derecho de defensa,
específicamente el derecho fundamental a un juicio imparcial y justo. Lo
anterior porque la publicación de determinada información en determinado
momento puede generar una opinión pública favorable o adversa a las personas
investigadas o juzgadas con ocasión de una infracción de la ley. La transmisión
de información o el enjuiciamiento de los involucrados por parte de los medios
de comunicación puede generar presiones indebidas sobre los jueces o jurados
encargados de decidir sobre la ocurrencia y la responsabilidad de hechos
contrarios al orden legal.
En particular, los medios de comunicación pueden tener sobre los
jurados (…) una enorme influencia mediante lo que se informa, la manera como se
divulga la información o las opiniones que se expresan sobre los hechos o las
personas investigados. La presión de la opinión pública tiene la potencialidad
de incidir sobre la evaluación de la situación
afectando el juicio de los jurados o jueces, de
forma que no sea posible garantizar un juicio público imparcial y justo, lo
cual cobra especial importancia en materia penal”. (Resaltado fuera del texto original).
En esa decisión, la Corte también
hizo referencia al derecho comparado respecto de las presiones ejercidas por
los medios masivos de comunicación sobre los jurados de conciencia, en los
siguientes términos:
“[L]a Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha revocado varias sentencias
condenatorias basadas en decisiones de jurados influenciados por la ‘publicidad
prejudicial’. En este contexto los jueces han ponderado entre el interés del
Estado de garantizar una administración de justicia justa y eficiente con los
derechos al debido proceso y al derecho de defensa, en particular el derecho a
un proceso justo e imparcial. En ciertos casos la ponderación de tales factores
ha llevado incluso a la revocatoria posterior de una decisión judicial. Así, en
el caso Irvin vs. Dowd (1961) los periódicos en una pequeña población
‘bombardearon’ la comunidad con detalles acerca de una confesión de un
defendido lo cual implicó que más del 60% de los jurados potenciales
concluyeran que ya sabían que aquel era culpable. La Corte Suprema revocó el
fallo condenatorio puesto que la presión de los medios había impedido
garantizar un juicio imparcial al condenado. En el mismo sentido se pronunció
dicho alto tribunal en los fallos Rideau vs. Lousiana (1963), en el cual el
vicio se generó cuando una estación de televisión emitió la confesión que un
prisionero hiciere al jefe de policía local, o en el caso Sheppard vs. Maxwell
(1966), donde la publicidad durante el juicio que se adelantara por la muerte
de Sam Sheppard y la exposición del jurado a dicha publicidad masiva y
perjudicial fue de tal magnitud que la Corte consideró que había motivos
suficientes para anular la decisión judicial. Los anteriores ejemplos se
refieren a decisiones adoptadas por jurados de conciencia cuando éstos
resuelven sobre la responsabilidad penal del acusado. Cuando son los jueces los
encargados de dicha función, éstos adoptan su decisión basados exclusivamente
en los criterios establecidos en la ley en ejercicio de su independencia”.
69.  En suma, constituyen dos
situaciones diferentes el hecho de brindar información sobre un juzgamiento que
reviste interés en la sociedad (situación fáctica de lo sucedido,
identificación de las partes, estado del proceso, etc.) y, por otro lado,
escudarse en la libertad de expresión para realizar juicios valorativos sobre
la actuación procesal -juicio paralelo-, lo cual puede influir en la
resolución del proceso y en la imparcialidad de los jueces. Esto último,
reviste gran trascendencia, dado que puede afectar intereses de valía en el
ordenamiento superior, como el debido proceso, el derecho a recibir un juicio
justo y la presunción de inocencia, sin contar la tensión que pueda presentarse
ante una eventual limitación del principio de publicidad. Sin embargo, tal
conflicto no es insuperable, pues será la autoridad judicial la encargada de
analizar las variables que puedan presentarse en cada caso y efectuar una
ponderación en los derechos o principios que puedan verse encontrados.
Aunque la figura de los juicios
paralelos es propia del sistema anglosajón, puede eventualmente presentarse en
el caso colombiano y tener ciertas incidencias en la imparcialidad
de los jueces y en las garantías de las partes. Lo anterior es relevante
porque, al tratarse de un cuerpo colegiado como sucede en el caso de una Alta
Corporación como lo es la Corte Suprema de Justicia, la filtración de dicha
información puede incidir más fácilmente en la opinión de alguno de los
magistrados, condicionando su deliberación, interfiriendo indebidamente en el
interés de una serena administración de justicia y, en consecuencia,
deslegitimando la decisión definitiva.
El fenómeno de la carencia
actual de objeto por daño consumado. Reiteración de jurisprudencia
70.  Esta
Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete autorizado de la
Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia[304] que la acción de tutela fue concebida
como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que
son objeto de una amenaza o afectación actual, es decir, “el elemento teleológico de la acción de tutela se concreta en
garantizar la protección de los derechos fundamentales”[305].
Por lo tanto, se
ha sostenido que, “ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales
objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así
como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección
judicial”[306] pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar
las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría
el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción[307]. En otras palabras, la materia del amparo constitucional, “se
extingue en el momento en el cual la vulneración o amenaza cesa porque ha
tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción
del derecho o la inocuidad de las pretensiones”[308].
Bajo ese
entendido, la doctrina constitucional ha desarrollado
el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo
de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el
juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los
intereses jurídicos cuya garantía le ha sido encomendada. Sobre el particular,
se tiene que “éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes
figuras: (i) hecho superado, (ii) daño consumado o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una situación sobreviniente”[309].
El hecho
superado, se encuentra regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991,
comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone
la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de
la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales
del actor, esto es, “tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o
abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii)
resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para
lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha
dejado de desconocer”[310].
La segunda de
las figuras referenciadas consiste en que, “a partir de la vulneración que
venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación
que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el
peligro, no es factible que el juez de tutela dé, en principio, una orden al
respecto”[311].
Finalmente, la
jurisprudencia constitucional ha empezado a diferenciar una tercera modalidad
de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por
carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que “como producto
del acaecimiento de una situación sobreviniente que no tiene origen en el obrar
de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz
de dicha situación, perdió interés en el resultado de la Litis”[312].
71.  Particularmente, sobre el
daño consumado, esta Corporación ha precisado que se configura cuando “a pesar de que cesó la causa que generó la afectación a los derechos
fundamentales, ésta ha producido o ‘consumado’[313] un
perjuicio”[314]. En consecuencia, la tutela pierde su
función principal, pues cualquier decisión que adopte el juez no podrá
restablecer el goce de los derechos fundamentales. Al respecto, se destaca lo
siguiente:
“Ahora bien, la carencia de objeto
por daño consumado supone que no se reparó la vulneración del derecho, sino por
el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se
buscaba evitar con la orden del juez de tutela. En estos casos resulta
perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como en sede de Revisión,
se pronuncie sobre la vulneración de los derechos invocados en la demanda, y
sobre el alcance de los mismos. Igualmente, debe informar al demandante o a los
familiares de éste, sobre las acciones jurídicas de toda índole, a las que
puede acudir para la reparación del daño, así como disponer la orden
consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades que considere
obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u omisión
causó el mencionado daño.
En algunos casos, en los que se ha configurado carencia de objeto
por daño consumado, la Corte Constitucional ha dispuesto la imposición de
sanciones a los demandados cuya conducta culminó con la vulneración de los
derechos fundamentales, de la cual a su vez se derivó el daño (…)”[315].
Lo anterior
significa que el juez constitucional “no puede amparar una violación
a los derechos fundamentales como resultado de la consumación del daño, pues
ello implicaría avalar situaciones inconstitucionales para las personas, en la
medida que los mandatos superiores quedarían simplemente en el papel”[316]. Por el contrario, el juez de tutela
tiene la obligación  de evitar que estas situaciones se produzcan en el futuro,
para lo cual le han sido entregadas una serie de facultades que se basan en la
justicia material y en la promoción de los derechos humanos.
De conformidad con
lo expuesto, la Corte ha extraído algunas reglas jurisprudenciales, que
asignan la función al juez constitucional de aplicarlas en sus providencias
cuando se configura la carencia de objeto por daño consumado[317]:
i) decidir de fondo en la parte resolutiva de la sentencia sobre la
configuración del daño consumado lo que supone un análisis y determinación
sobre la ocurrencia o no de una vulneración de derechos fundamentales[318];
ii) realizar una advertencia “a la autoridad pública [o particular]
para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
dieron mérito para conceder la tutela (…)” de acuerdo con el artículo 24
del Decreto 2591 de 1991[319]; iii) si lo considera necesario
dependiendo del caso concreto, ordenar compulsar copias del expediente de
tutela a las autoridades correspondientes con el fin de que investiguen y
sancionen la conducta que produjo el daño[320]; iv) informar
al demandante y/o a sus familiares de las acciones jurídicas existentes en el
ordenamiento jurídico que pueden utilizar para obtener la reparación del daño[321].
72.  Con todo, ante la alteración
o desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales, la solicitud de amparo pierde sustento y razón de ser
como instrumento de protección judicial. La carencia actual de objeto se puede
presentar, entre otros eventos, ante la existencia de un daño consumado, es
decir, que la falta de garantía del derecho se ocasiona el daño que se
pretendía evitar con la orden del juez de tutela. Sin embargo, ello no es óbice
para que el juez constitucional se pronuncie sobre la vulneración de los
derechos y el alcance de los mismos, y emita las órdenes o sanciones
correspondientes; es decir, aunque no sea posible amparar la protección
invocada, el juez debe propender por evitar que estas situaciones se presenten
nuevamente.
Caso concreto
Breve presentación del asunto
73.  Luis Alfredo Ramos Botero señaló
que en la emisión del 20 de enero de 2018, Noticias Uno publicó información
referente a un proceso que cursa en su contra en la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en la que se afirmó que la sentencia “iba a ser
condenatoria y que ya estaba proyectándose”. Indicó que ese mismo día el
periodista Ignacio Gómez Gómez hizo pública la referida noticia en su cuenta de
Twitter. Sostuvo que presentó una solicitud de rectificación ante el medio de
comunicación, sin obtener una respuesta satisfactoria.
Mencionó que
el 24 de enero de 2018, la Corte Suprema de Justicia desmintió la información
de Noticias Uno a través de la cuenta de Twitter de esa Corporación, en los
siguientes términos: “Sala Penal de la @cortesupremaJ aclaró que no existe
proyecto de sentencia en proceso contra excongresista Luis Alfredo Ramos
Botero. El expediente está en análisis previo del magistrado ponente. Corte
desconoce fuente de información periodística contraria” y que el 26 de
enero de 2018, emitió el Oficio n.° 2595, en el que informó que no había
ninguna decisión sobre su proceso y mucho menos un proyecto de sentencia.
Con
fundamento en lo anterior, solicitó: i) respecto del periodista Ignacio
Gómez Gómez, declarar que “ha faltado a la verdad mediante declaraciones
subjetivas que no responden a la realidad”, en consecuencia, ordenarle que
públicamente pida disculpas y manifieste “que sus declaraciones no
son de acuerdo a la realidad”; ii) en cuanto a Noticias Uno, ordenar
que mediante un espacio igual de extenso al emitido en su contra “se
retracte de las afirmaciones y pidan disculpas públicas”, se reconozca que
las afirmaciones fueron “ocasionadas por razones subjetivas y no objetivas”
y retire la noticia de la página web, así como de su canal en YouTube.
74.
La parte accionada contestó la acción de tutela señalando que la noticia sobre el proyecto de
sentencia fue dada “informándoles objetiva y abiertamente a los televidentes
que se trataba, justamente, de un proyecto (y no de una decisión) que debería
ser estudiado más adelante por el pleno de la Sala Penal”. Mencionó que el 10 de febrero de 2018,
rectificó la información que resultó inexacta. Resaltó que lo publicado por el
medio de comunicación resultó ser cierto y exacto, pues “la ponencia de
condena contra el accionante, publicada en abril, tenía las mismas líneas de
interpretación, los mismos testimonios, la misma evaluación de las pruebas y
las mismas circunstancias que el noticiero narró en enero”.
75.
El Juzgado Séptimo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín concedió el
amparo. Señaló que “al momento de permitir que otras personas se inmiscuyan
en el debate público del juicio oral por vía de la libertad de expresión se
puede llegar a afectar la imparcialidad en la decisión”. Estimó que si bien
Noticias Uno advirtió que se trata de un proyecto de sentencia, el hecho de que
se hable de una posible condena y de la pena a imponer, supone un trato para el
acusado como culpable, lo cual se encuentra prohibido de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de la CP.
Con sustento
en ello, el juzgado i) concedió el amparo de los derechos fundamentales
al buen nombre, a la honra, al debido proceso y la presunción de inocencia de
Luis Alfredo Ramos Botero; ii) ordenó a la Directora de Noticias Uno
rectificar la información acerca de “la inviolabilidad de la presunción de
inocencia del accionante, la ilicitud de la revelación de los proyectos de
ponencia de la administración de justicia y el sentido en cómo estos
primigeniamente puedan estar dirigidos”, así como retirar la noticia del
portal de internet y/o canal de YouTube; y iii) negó el amparo
instaurado contra el periodista Ignacio Gómez Gómez por los mensajes publicados
en su cuenta personal de Twitter.
76.
La Sala de Decisión
Constitucional del Tribunal Superior de Medellín i) declaró la carencia
actual de objeto en cuanto al deber de retirar la noticia de la página del
medio de comunicación y de su canal de YouTube y ii) en lo demás,
confirmó la sentencia de primera instancia.
Mencionó que
del principio de presunción de inocencia se desprende que, de un lado, no es
posible decir que alguien es responsable de la comisión de un delito mientras
no exista una decisión judicial ejecutoriada que así lo declare, y de otro, no
puede publicarse que existe una ponencia o un proyecto de sentencia
condenatoria cuando este no ha sido radicado y puesto a consideración de los
miembros del organismo judicial colegiado, así se haya redactado un borrador o
un anteproyecto. Además, a juicio del Tribunal, un proyecto de fallo debe ser
debatido entre los integrantes del cuerpo judicial colegiado y en las
deliberaciones de rigor se puede cambiar el sentido de la decisión propuesta o
alguno de sus apartes.
Cuestión previa
77.  En el escrito
allegado a esta Corporación el 29 de octubre de 2018, la sociedad Google LLC
manifestó que existieron inconsistencias de forma dentro del oficio que ordenó
la vinculación de esa empresa y los canales de notificación, por cuanto en el
numeral 2 del Auto del 18 de octubre de 2018, la Corte ordenó vincular a “las
redes sociales Twitter y Facebbok” y en el pie de página número 50,
correspondiente a la dirección de notificación de Facebook, la Corte señaló “Google
Inc. En calidad de empresa matriz de YouTube tiene su sede principal en
Amphiteatre Pkwy 1600, Mountain Veiw, California, Estados Unidos (…) para tal
fin se podrá hacer remisión de la notificación a través de su filial en
Colombia (…)”[322].
Según informó Google LLC., esa empresa no tiene ninguna relación con la red
social Facebook, sino con la plataforma YouTube; además, cuenta con sus propios
canales de notificación. Por lo anterior, solicitó corregir los vicios de forma
en torno a su vinculación.
78.  Esta Corporación ha señalado
que el derecho de defensa y contradicción se predica de toda
clase de procesos judiciales y administrativos, y su goce efectivo depende de
la debida integración del contradictorio que, específicamente en el trámite de
la acción de tutela, asegura que la autoridad
judicial despliegue toda su atención para
determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales que aduce el
accionante y adopte su decisión convocando a todas las personas que activa o
pasivamente se encuentren comprometidas en la parte fáctica de una tutela[323].
Es por lo
anterior, que la falta de notificación de las
providencias proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con
interés legítimo, lo mismo que su falta de vinculación al proceso, generan una
irregularidad que vulnera el derecho al debido proceso[324].
79.  Encuentra la Corte que, en
efecto, existió un error de digitación en el Auto del 18 de octubre de 2018,
pues en una parte se refirió a la red social Facebook, cuando lo que
correspondía era YouTube; sin embargo, un error de este tipo no genera una
irregularidad procesal de tal magnitud que logre generar una afectación del
derecho al debido proceso, particularmente, del derecho de defensa y
contradicción, pues en todo el proveído se hizo referencia a esta última
plataforma como una parte que posiblemente tendría algún tipo de injerencia en
este asunto.
Ahora bien, es cierto que esta
Corporación decidió remitir las correspondientes notificaciones a través de
Google Colombia Ltda., como si esta fuera una filial en Colombia de Google LLC.
Lo anterior, se hizo con la finalidad de garantizar que esta última tuviera
pleno conocimiento de la actuación que se surtía en sede de revisión.
No obstante, una vez cada entidad
dio respuesta al requerimiento de la Corte, se aclaró que se trata de dos
personas jurídicas independientes con objetos sociales distintos. Como se
indica, dicha aclaración tuvo lugar después de haber sido emitido el auto
correspondiente y, en todo caso, no afectó la notificación de Google LLC, pues
finalmente esta empresa tuvo conocimiento de las actuaciones que lleva a cabo
esta Corporación y se pronunció sobre el fondo del asunto dentro del término
correspondiente[325].
80.  Por lo expuesto, la Sala
Plena considera que no es pertinente acceder a la solicitud de Google LLC en el
sentido de “corregir los vicios de forma en torno a
su vinculación”, pues según se expuso, se trató,
por un lado, de un error de digitación que no afectó el sentido del auto de
vinculación y, por el otro, el canal de notificación dispuesto en ese proveído
no afectó el conocimiento de Google LLC sobre el asunto. En consecuencia, así
será declarado en la parte resolutiva de la presente sentencia.
Análisis de procedencia de la acción
de tutela
81.  En primer lugar, la Sala analizará el
cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela en el
asunto de la referencia. Para ello, de forma concreta se establecerá si se
cumplen las siguientes exigencias: i) legitimación por activa y pasiva; ii)
inmediatez; y iii) subsidiariedad.
(i) Legitimación por activa y por pasiva
82.  De conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá interponer la acción de
tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. La legitimidad para acudir a este
mecanismo está prevista en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en virtud
del cual puede ser instaurada i) directamente por el afectado; ii)
a través de su representante legal; iii) por medio de apoderado
judicial; o iv) por medio de un agente oficioso.
En el presente asunto, la Sala encuentra
acreditada la legitimación en la causa por activa, por cuanto Luis Alfredo
Ramos Botero interpuso la acción de tutela en nombre propio con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la presunción
de inocencia.
83.
En cuanto a la
legitimación por pasiva, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión: i) de las
autoridades públicas; y ii) de los particulares, que se encuentren en
los supuestos establecidos por la misma norma.
El artículo 42 del decreto referido, dispone que la
solicitud de amparo procede contra particulares cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas (núm.7) y respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión
(núm.9)[326].
Como se expuso en acápites anteriores, esta
Corporación ha señalado que el estado de indefensión se puede presentar en la
relación que existe entre el medio de comunicación y la persona involucrada en
la noticia que este divulga, “en razón a que la actividad informativa que
desempeñan este tipo de organizaciones, además de tener un gran alcance, en
tanto llevan su mensaje a diversos sectores de la sociedad, también tiene el
poder de impacto social, comoquiera que puede influir o generar determinada
opinión en el conglomerado”[327].
Esa situación de indefensión no requiere ser probada, precisamente, por el
poder de divulgación que ostentan los medios de comunicación[328].
Pues bien, como se expuso en la delimitación
del presente asunto, la Corte encuentra que el mismo abarca dos situaciones
diferentes: de una parte, el accionante cuestiona la información difundida en
la emisión de Noticias Uno del 20 de enero de 2018, y de otra, se queja de los
trinos que el periodista Ignacio Gómez Gómez[329]
realizó en su cuenta de Twitter relacionados con la referida noticia, es decir,
la acción de tutela fue presentada contra un medio de comunicación y contra un
periodista.
A juicio de esta
Corporación, se acredita el requisito de legitimación por pasiva respecto de
las dos partes demandadas ante la situación de indefensión en la que se encuentra el accionante respecto
de cada una de ellas.
Noticias Uno es un medio de comunicación con
un amplio alcance a nivel nacional, por lo que sus emisiones tienen un alto
poder de difusión e impacto social. Ello, aunado al hecho de que el actor no
tiene ningún tipo de control sobre la información que decida publicar ese
medio, son circunstancias que justifican la referida situación de indefensión.
El periodista Ignacio Gómez tiene más de
81.000 seguidores en la red social Twitter, por lo que sus publicaciones tienen
un potencial alto de difusión y pueden ser vistas por una gran cantidad de
personas; además, al igual que con el medio de comunicación, los trinos que el
periodista decida publicar en su cuenta personal de dicha red social hacen
parte de su decisión autónoma en la que no puede incidir el accionante; de ahí
el estado de indefensión con respecto a este particular.
(ii) Inmediatez
84.  El artículo 86 de la Constitución Política
consagra que cualquier persona podrá interponer acción de tutela “en todo
momento” al considerar vulnerados sus derechos fundamentales, expresión que
es reiterada en el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, pese a la
informalidad que caracteriza a este mecanismo, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que su interposición debe hacerse dentro de un plazo
oportuno y justo[330],
contado a partir del momento en que ocurre la situación transgresora o que
amenaza los derechos fundamentales.
En este asunto, la
emisión del noticiero accionado es del 20 de enero de 2018 y la rectificación
parcial de la información con ocasión de la solicitud que presentó Luis Alfredo
Ramos ante Noticias Uno, data del 10 de febrero de 2018. La acción de tutela
fue presentada el 16 de mayo de 2018, esto es, aproximadamente tres meses
después de la última actuación, término que la Sala Plena considera razonable.
(iv) Subsidiariedad
85.   El requisito de subsidiariedad demanda que
la persona, antes de acudir al mecanismo de tutela, haya ejercido las
herramientas e instrumentos establecidos en el ordenamiento jurídico para la
protección de sus derechos. El numeral 7° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra acciones
u omisiones de particulares, entre otros eventos, cuando se solicite la
rectificación de informaciones inexactas o erróneas, caso en el cual se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
86.  La protección invocada frente a la
publicación de Noticias Uno en la emisión del 20 de enero de 2018 cumple con el
requisito de subsidiariedad, en tanto el actor solicitó la rectificación de la
información según obra en el expediente[331], la cual fue contestada
por la parte accionada en la emisión del 10 de febrero de 2018[332].
Análisis sobre la presunta
vulneración de los derechos a la honra, al buen nombre y al debido proceso
87.  Superado el cumplimiento de
los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sala Plena debe
resolver los problemas jurídicos planteados, para lo cual dividirá su análisis
en dos secciones: una referente a las emisiones de Noticias Uno y otra a las
afirmaciones del periodista Ignacio Gómez en su cuenta personal de la red
social Twitter.
Sobre las emisiones de
Noticias Uno
88.  Dentro de las pruebas que
obran en el expediente se encuentran cuatro CD con las diferentes emisiones
presentadas por Noticias Uno -cada uno con su correspondiente transcripción-[333] sobre el proyecto de sentencia condenatoria
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso
adelantado contra Luis Alfredo Ramos Botero. Así mismo, Noticias Uno allegó dos
documentos: i) un resumen ejecutivo del proyecto de sentencia
condenatoria que consta de dos páginas; y ii) la copia de un documento
con las características de una ponencia que consta de 187 páginas.
89.  De manera preliminar, la
Sala hará una transcripción de las diferentes emisiones de Noticias Uno.
Posteriormente, analizará el lenguaje utilizado en ellas con el fin de
verificar si existió una vulneración del derecho a la presunción de inocencia
como lo afirma el accionante.
Así mismo, comparará dichas
emisiones con la información contenida en los documentos que fueron allegados
por ese medio de comunicación (copia de un documento con las características de
una ponencia y de su resumen ejecutivo), de manera que le permita a esta
Corporación identificar la veracidad e imparcialidad de la información
divulgada y con ello, determinar si existió una vulneración de los derechos a
la honra y al buen nombre del actor.
90.  Emisión del 20 de enero de
2018[334]:
“Noticias
Uno tuvo acceso hace pocas horas a un documento que contiene información
política judicial de la más alta relevancia por la repercusión que tendrá en la
actual campaña electoral. Buenas noches Guillermo Gómez de qué se trata.
Mabel buenas
noches, me encuentro al frente del Palacio de Justicia donde se analiza la
investigación penal contra el ex dirigente del partido conservador y de Alas
Equipo Colombia, Luis Alfredo Ramos. Aunque la investigación contra Ramos
inició hace más de 6 años solo hasta ahora se conoce un proyecto que
resuelve su situación condenándolo.
El
exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos sería condenado a
91 meses de prisión según una ponencia que está lista para que los 9
magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la estudien.
El documento en el que se narra un suceso comprobado que vincula al
exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos con el proyecto político Urabá
Grande Unidad y en Paz de reconocida inclinación paramilitar es una de las
pruebas que tiene en cuenta el ponente de la decisión, Magistrado Eyder Patiño
quien no quiso hablar con Noticias Uno sobre el tema.
La
ponencia también analiza la reunión de varios políticos
influyentes en Bello Antioquia, con el bloque metro de las Autodefensas en que
estuvo Ramos, aunque este insistió en que solo se habló allí del proceso de
desmovilización paramilitar que estaba en curso. El proyecto de condena
de Ramos está listo desde mediados de diciembre, pero es
probable que la Sala Penal intente volver a prolongar su decisión argumentando
que está en curso la firma presidencial de la norma en que se crea la segunda
instancia para los aforados.
[Magistrado Francisco
Acuña, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia]: ‘La posición es que aún
conservamos la competencia para continuar con estos procesos de única
instancia’.
Se sabe que
la mayoría de los miembros de la sala prefieren no tomar decisiones polémicas
por sus repercusiones políticas y judiciales como esta del exgobernador.
Al salir
recientemente de la cárcel Luis Alfredo Ramos anunció su intención de
participar en la contienda por la presidencia de la República, por el uribismo
en vista de su amistad con el senador Álvaro Uribe y también por el partido
conservador al que ha pertenecido. De ser aprobada la ponencia que
condena a Ramos a 7 años y 5 meses habría que descontar 3 años y 3 meses
que el exgobernador de Antioquia estuvo en la cárcel”.
91.  Emisión del 10 de febrero de
2018 – rectificación[335]:
“Presentadora:
El político conservador Luis Alfredo Ramos envió a Noticias Uno una petición
de rectificación de la noticia que publicamos el pasado 20 de enero sobre
un proyecto de ponencia en el que se propondría su condena por el delito de
concierto para delinquir agravado que habría cometido por el apoyo que le
habría dado un grupo paramilitar en 2005.
Periodista:
Ramos soportó su petición de rectificación a este Noticiero con base en un
trino de la Corte Suprema de Justicia cuya Sala Penal lo investiga desde el año
2012 por su presunto apoyo político a grupos paramilitares. [Lee]: ‘@Cortesuprema
aclaro que no existe proyecto de sentencia en proceso contra excongresista Luis
Alfredo Ramos Botero. El expediente está en análisis previo del magistrado
ponente. Corte desconoce fuente de información periodística contraria’.
Noticias Uno
informó el 20 de enero pasado que con base en una alta fuente judicial, cuya
identidad no revelará, que en el despacho en que está el proceso Ramos existe
o existía un proyecto de ponencia en que se proponía o propone la
condena el exgobernador de Antioquia.
En su
mensaje virtual la Corte Suprema aclaró que no hay proyecto de sentencia, el
cual Noticias Uno nunca mencionó en su información por cuanto se refirió, como
consta en su publicación, a proyecto, ponencia y proyecto de condena.
En cambio,
en la noticia emitida se describió, con relación a Ramos, el proyecto
político de inclinación paramilitar Urabá Grande Unida y en Paz como si
estuviera dentro de las evidencias a estudio al despacho en este proceso cuando
claramente no lo está, por lo tanto esta parte de la historia se rectifica.
No
obstante, un segundo hecho narrado en la información sí hace parte en el acervo
analizado en el despacho del ponente y se refiere al eje de la investigación
que se adelanta contra el político antioqueño, la reunión en Bello
Antioquia en casa del condenado Albeiro Quintero propietario de la empresa
Bellanita. [Lee]: Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Baéz’, Rodrigo
Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ y Pablo Hernán Sierra García, alias
‘Alberto Guerrero’, lo mismo que Hugo Albeiro Quintero Restrepo, quienes desde
su particular óptica refieren haber concurrido a la finca del último ubicada en
proximidades del municipio de Bello, Antioquia a una reunión en la que
estuvieron presentes los miembros del congreso de la República Oscar Suárez
Mira, Oscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y el aquí procesado, Luis Alfredo
Ramos.
Estos hechos
coinciden en tiempo, modo y lugar con las acusaciones contra el fallecido ex
congresista de Antioquia Oscar Alberto Arboleda Palacio, cuyo escrito de
acusación también hace parte de nuestros soportes. [Lee]: según Iván Roberto
Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Baéz’, Vicente Castaño lo llamó y le dijo: ‘Tengo
unos amigos en el Congreso y concretamente hay una persona allá que estaría
dispuesta a ayudarnos, que estaría dispuesta a orientarnos, que estaría
dispuesta a colaborarnos, que es el doctor Luis Alfredo Ramos”.
Un tercer
documento en nuestro poder, da cuenta de que el anfitrión de esa reunión de
2005 fue Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘el Patrón de Bello’ señalado testaferro
de Vicente Castaño. [Lee]: ‘hoy se sabe, por ejemplo, que José Vicente Castaño
Gil, quien por su cercanía o afinidad con los doctores Luis Alfredo Ramos
Botero y Oscar de Jesús Suarez Mira, organizó ese evento’.
Con respeto
por el mensaje informal de la Corte Suprema según el cual no existe proyecto de
sentencia ni condenatoria ni absolutoria de Luis Alfredo Ramos, nos acogemos a
ella y esperaremos que el análisis previo del magistrado ponente sea discutido
en Sala Penal para informar sobre el resultado del mismo.
En cuanto a
la afirmación de Ramos en el sentido de que se le está afectando su buen
nombre, no es posible creerlo en vista de que precisamente su nombre ha estado
envuelto hace más de 5 años en el proceso de la referencia”.
º
92.  Avance del 19 de abril de
2018[336]:
“[Último
minuto] Como lo dijo Noticias Uno hace 3 meses hoy se ha entregado a los
despachos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta ponencia
del magistrado Eyder Patiño en la que se condena a 108 meses de prisión al ex
gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, es decir, 9 años de prisión.
El
magistrado ordena en la ponencia capturar a Luis Alfredo Ramos para que
pague la condena de la que ya ha pagado 3 años, tendría que estar 6 años más,
en la cárcel según lo indica en la ponencia. Esta ponencia tiene también a
su vez un salvamento de voto del magistrado Eyder Patiño por unas discusiones
que ha tenido con sus demás colegas de Sala respecto a quién debe a condenar al
ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y actual jefe de debate de la
campaña de Iván Duque. Otra noticia que acaba de ocurrir en estos momentos en
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hace referencia también a otra
ponencia y es la que tiene que ver con el ex congresista Martín Emilio Morales
Diz, quien es condenado en esa ponencia a 38 años de prisión”.
93.  Emisión del 19 de abril de
2018 – intervención de Luis Alfredo Ramos[337]:
“Ante la
información aparecida sobre la radicación de la ponencia en mi proceso, la cual
tiene reserva legal, manifiesto a la opinión pública lo siguiente: i) soy
inocente; ii) la Procuraduría General de la Nación solicitó mi absolución desde
marzo de 2017, por no existir prueba alguna en mi contra; iii) existe un
condenado y dos imputados por falso testimonio en mi contra; iv) espero que la
justicia actúe en derecho después de 39 meses que fui privado de mi libertad.
Agradezco a todos los colombianos la solidaridad que he recibido durante todos
estos años de mi proceso”.
94.  Emisión del 22 de abril de
2018 – ampliación del avance del 19 de abril[338]:
“Presentadora:
Noticias Uno conoció la ponencia ante la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia en la que se evalúa la investigación contra
Luis Alfredo Ramos, la sentencia propuesta resultó más grave que
en la ponencia que este noticiero anunció hace meses, pues pide para él una
pena de nueve años y una nueva investigación en su contra esta vez por falso
testimonio.
Periodista: nueve
años de prisión del magistrado de la Corte Suprema Eyder Patiño contra el
exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, es contundente en cuanto a
que el político uribista es responsable de apoyar intereses paramilitares.
[Lee]: ‘La forma soterrada en que se hicieron las alianzas con los miembros de
la organización armada, en lugar de su rechazo y denuncia desde el foro público
que tenía a su disposición (Luis Alfredo Ramos), son razones suficientes para
atribuirle la acción como voluntaria e intencional, en cuanto que la conocía y
se determinó a ejecutarla’.
La
ponencia de condena a Ramos que será discutida en Sala Penal a partir de esta
semana, también dice que el ex candidato presidencial actuó con pleno
conocimiento de que se estaba aliando con grupos ilegales armados.
[Lee]: ‘El doctor Luis Alfredo Ramos también colaboró con unas motos para esas
bandas de Bello y con unos revólveres amparados con unos permisos, el de
Bellanita, más que todo’.
No solo
hay una, sino varias declaraciones de ex paramilitares que se desmovilizaron en
el proceso de justicia y paz contra el ex senador Luis Alfredo Ramos,
por ejemplo, está el testimonio de alias ‘Macaco’ del cual curiosamente la
ponencia informa que fue engavetado durante más de un año. [Lee]: ‘Alias
‘Macaco’ sostuvo sobre el aquí juzgado: todos los representantes de Antioquia
tanto para la alcaldía como para la gobernación buscaron apoyo en las
autodefensas. Está Ramos Alfredo. Ramos, a él se ayudó para la gobernación, a
Ramos se apoyó por el lado de Segovia, mucho’. También hace parte del
expediente Ramos la declaración del recientemente asesinado por sicarios el
testigo Carlos Enrique Areiza, quien relató entre otros hechos que él mismo
había grabado una reunión entre el ex jefe paramilitar Vicente Castaño y Ramos.
La información se filtró en ese momento, año 2006, al parecer desde la propia
Fiscalía General entonces dirigida por Mario Iguarán, por lo que la entrega del
material se habría frustrado.
Pero la
principal actuación de Ramos que le costaría condena de nueve años, una
multimillonaria multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos en
momentos en que él es uno de los directivos de la campaña que lidera las
encuestas presidenciales, fue su asistencia a una reunión en la finca de
Hugo Albeiro Quintero, principal testaferro de Vicente Castaño, según lo
dijo Ernesto Báez, con esa reunión organizada por el líder paramilitar Vicente
Castaño, los ilegales armados pretendían que el Congreso impulsara la
declaración como delincuentes políticos en lugar de delincuentes comunes. [Lee]:
‘Que Vicente Castaño ideara la cita de Báez con quien consideraba su amigo
(Ramos), para que le colaborara con sus gestiones en el Congreso con el
propósito de que la ley se expidiera de conformidad con sus intereses’.
Báez también
relató en la misma declaración el mensaje que le mandó su jefe Vicente Castaño
a Luis Alfredo Ramos. [Lee]: ‘Vicente me dijo, salúdeme de manera muy especial
al doctor Alfredo Ramos, dígale que confío en que él y sus amigos nos den la
mano en esto’. De ser aprobada esta ponencia Ramos no solo
tendría que volver a la cárcel sino también afrontar una nueva investigación
por falso testimonio, porque según el análisis de las pruebas el mintió sobre
los hechos y sobre el testigo asesinado la semana pasada Carlos Areiza”.
95.  Revisadas las emisiones
previamente transcritas y al contrastarlas con las demás pruebas que obran en
el expediente, la Corte encuentra lo siguiente.
96.  Como se manifestó en
acápites anteriores, el derecho a la honra, entendido como la estimación
o deferencia con que cada persona ha de ser tenida en cuenta por los demás
miembros de la colectividad, se vulnera cuando, tanto por información errónea
como por opiniones tendenciosas, se produce un daño moral tangible. Por su
parte, el derecho al buen nombre comprendido como la reputación o el
concepto que de una persona tienen los demás, se infringe cuando sin
justificación se propagan informaciones falsas o erróneas que distorsionan ese
concepto afectando su prestigio. Así mismo, se señaló que el ejercicio adecuado
de la libertad de información implica que la noticia difundida sea contrastada
con fuentes y fundamentada en hechos reales, pues de lo contrario, se atentaría
contra los derechos a la honra y al buen nombre. Visto esto, la Sala encuentra
que Noticias Uno no vulneró los derechos a la honra y al buen nombre, por las
razones que se pasan a exponer:
(i)      Durante
el desarrollo de la nota periodística del 20 de enero de 2018, Noticias Uno
siempre se refirió a la existencia de un proyecto o ponencia, y utilizó
expresiones condicionales que indicaban la posibilidad de una condena. En
ningún momento el medio de comunicación habló de una sentencia en firme, y
tampoco se refirió al accionante como una persona responsable de haber cometido
determinado delito. En efecto, como se resaltó en el texto citado, el noticiero
acude a expresiones como: “se conoce un proyecto que resuelve su situación
condenándolo (…)”; “sería condenado (…) según una ponencia que está
lista para que los 9 magistrados (…) la estudien”; “La ponencia también analiza
(…)”; “El proyecto de condena de Ramos está listo desde (…)”; “De ser aprobada
la ponencia que condena (…)”, etc.
Lo mismo sucede con la nota del
10 de febrero de 2018, cuando el medio de comunicación rectificó parte de la
noticia y utilizó términos como: “Noticias Uno informó (…) que existe o
existía un proyecto de ponencia en que se proponía o propone la condena (…)”; con
el avance del 19 de abril de 2018 al indicar que “se ha entregado (…) esta
ponencia”: y con la ampliación de dicho avance, al utilizar expresiones
como “la sentencia propuesta (…)”; “La ponencia de condena a Ramos que será
discutida en Sala Penal (…)”; “la ponencia informa que (…)”; o “De ser
aprobada esta ponencia (…)”.
(ii)    De la lectura de cada
una de las notas periodísticas mencionadas no se desprende siquiera una
afirmación por parte del medio sobre la responsabilidad penal del señor Luis
Alfredo Ramos Botero, es decir, queda claro que está siendo investigado, que
existe un proyecto de sentencia con un sentido condenatorio y que esa postura
de la Corte Suprema de Justicia se debió a ciertos medios probatorios a los
cuales hace referencia esa ponencia.
Ahora bien, aunque es cierto que
Noticias Uno utilizó un lenguaje condicional, la Sala estima pertinente señalar
que en la difusión de información sobre asuntos judiciales, los medios de
comunicación deberían -sin que ello implique una descripción técnica detallada-
precisar la etapa en la que se encuentra el proceso respecto del cual están
informando de manera que los destinatarios de la información puedan comprender
los efectos que se asocian a la misma.
Un público conocedor de la
materia comprende fácilmente este tipo de información y puede deducir la etapa
en la que se encuentra el proceso, e incluso, saber que una persona no ha sido
condenada sin que sea explícitamente señalado por el medio; pero para aquellos
ciudadanos que no tienen conocimiento sobre el particular, es dable incurrir en
un error al momento de identificar el estado del trámite o sus efectos, lo que
podría repercutir en los derechos de terceras personas respecto de las cuales
se está informando (como se verá más adelante, esto se puede traducir en la
vulneración del derecho al debido proceso ante la afectación de la presunción
de inocencia y la imparcialidad del juez que conoce el asunto).
(iii) En la emisión del 20 de
enero de 2018, Noticias Uno indicó que, según el proyecto de sentencia, el
accionante “sería condenado a 91 meses de prisión”, documento en el que
se “analiza la reunión de varios políticos influyentes en Bello Antioquia,
con el bloque metro de las Autodefensas en que estuvo Ramos, aunque este
insistió en que solo se habló allí del proceso de desmovilización paramilitar
que estaba en curso”.
Luego, el 10 de enero de 2018
refirió que parte del acervo probatorio analizado por el despacho del
magistrado ponente era una reunión que se había llevado a cabo en Bello,
Antioquia en la casa de Albeiro Quintero, lo cual habría sido confirmado por “Iván
Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Baéz’, Rodrigo Pérez Alzate, alias
‘Julián Bolívar’ y Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’”. Además,
manifestó que según otro documento, el anfitrión de esa reunión de 2005 fue
Albeiro Quintero, señalado testaferro de Vicente Castaño, y que estos hechos
coincidían con el escrito de acusación contra el ex congresista Oscar Alberto
Arboleda Palacio, documento que también hacía parte de los soportes del medio
de comunicación, a saber: “según Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto
Baéz’, Vicente Castaño lo llamó y le dijo: ‘Tengo unos amigos en el Congreso y
concretamente hay una persona allá que estaría dispuesta a ayudarnos, que
estaría dispuesta a orientarnos, que estaría dispuesta a colaborarnos, que es
el doctor Luis Alfredo Ramos”.
Este último aparte citado se
encuentra en el punto 6.4.5 de la página 76 del documento con las
características de una ponencia, donde, en efecto, se hace referencia a dicho
escrito de acusación en esos mismos términos[339].
Además, esa información coincide con el resumen ejecutivo del proyecto de
sentencia aportado por el noticiero accionado, del cual se lee lo siguiente:
“PROBLEMA
JURÍDICO Y RATIO DECIDENDI ¿Se demostró, más allá de toda duda razonable, que
el ex senador LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO hizo alianzas con miembros de las
autodefensas a través de las cuales resultaran estas promovidas, conforme a las
pruebas legalmente allegadas a la actuación?
Si. Las
pruebas testimoniales, documentales e indiciarias incorporadas al plenario
demuestran, sin duda alguna, la responsabilidad del acusado en la comisión del
delito, según la evaluación en sana critica que revela la realidad de una
reunión a la que admite haber asistido el acusado, celebrada en abril o mayo de
2005 en una finca de Bello, propiedad de Hugo Albeiro Quintero -condenado por
conformar grupos armados ilegales con Vicente Castaño- con los jefes
paramilitares Iván Roberto Duque -quien fue directamente comisionado para ello
por Vicente Castaño, anunciándole la presencia de sus ‘amigos’, como así
denominó al acusado y a Oscar Suárez Mira -ya condenado-, Pablo Hernán Sierra y
Rodrigo Pérez Alzate, y en la cual pactaron apoyos para que se gestionara
el proyecto de ley de justicia y paz que tramitaba el Congreso, en virtud del
proceso de negociación que adelantaba el Gobierno nacional con las
autodefensas,- consagrando los beneficios que la organización postulaba, en
especial, que se les diera el tratamiento de delincuentes políticos a sus
miembros (…)”[340].
(Resaltado fuera del texto original).
Como se observa, la noticia
plasmó de manera exacta una parte de la sentencia y consignó, en esencia, lo
señalado en el resumen citado, pues se refirió a la presunta responsabilidad
del señor Ramos Botero, entre otras cosas, debido a la asistencia a la reunión
en una finca ubicada en Bello con otras personas que habían sido vinculadas con
grupos paramilitares.
(iv) Más adelante, en el avance
del 19 de abril de 2018, adujo que en la ponencia se condenaba al actor “a
108 meses de prisión al ex gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, es
decir, 9 años de prisión”, se ordena “capturar a Luis Alfredo Ramos para
que pague la condena de la que ya ha pagado 3 años”.
Al revisar el documento con las
características de una ponencia allegado por Noticias Uno, es posible verificar
que la parte resolutiva consigna exactamente esa información: “Primero:
CONDENAR a LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO, de condiciones civiles y personales
referidas en esta determinación, a ciento ocho (108) meses de prisión (…)
Cuarto: ORDENAR la captura del condenado LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO para que
cumpla la pena impuesta descontando de la misma el tiempo que el sentenciado ha
permanecido privado de su libertad (…)”[341].
(v) Tres días después, el 22 de
abril de 2018, amplió esa información señalando que la sentencia propuesta “resultó
más grave que en la ponencia que este noticiero anunció hace meses” y leyó
el siguiente aparte “La forma soterrada en que se hicieron las alianzas con
los miembros de la organización armada, en lugar de su rechazo y denuncia desde
el foro público que tenía a su disposición son razones suficientes para
atribuirle la acción como voluntaria e intencional, en cuanto que la conocía y
se determinó a ejecutarla”. Esta cita corresponde al punto 6.4.120 de la
página 175 del documento con las características de una ponencia[342].
Luego, la noticia anotó que la
ponencia también dice que el ex candidato presidencial actuó con pleno
conocimiento de que se estaba aliando con grupos ilegales armados y leyó “El
doctor Luis Alfredo Ramos también colaboró con unas motos para esas bandas de
Bello y con unos revólveres amparados con unos permisos, el de Bellanita, más
que todo”. Esta afirmación se encuentra en la transcripción de un
testimonio contenido en el punto 6.4.66 de la página 137 del proyecto de
sentencia[343].
Posteriormente, afirmó que no
solo había una, sino varias declaraciones de ex paramilitares que se
desmovilizaron en el proceso de justicia y paz, contra el ex senador Luis
Alfredo Ramos, y citó como ejemplo, aquella rendida por alias ‘Macaco’ y leyó: “Alias
‘Macaco’ sostuvo sobre el aquí juzgado: todos los representantes de Antioquia
tanto para la alcaldía como para la gobernación buscaron apoyo en las autodefensas.
Está Ramos Alfredo Ramos, a él se ayudó para la gobernación, a Ramos se apoyó
por el lado de Segovia, mucho’”. Este aparte se toma del punto 6.4.115 de
la página 173 del documento con las características de un proyecto de sentencia[344].
Así mismo, comentó que hacía
parte del expediente la declaración del testigo Carlos Enrique Areiza, quien
relató que él mismo había grabado una reunión entre el ex jefe paramilitar
Vicente Castaño y Ramos. La información se filtró en ese momento, año 2006, al
parecer desde la propia Fiscalía General entonces dirigida por Mario Iguarán,
por lo que la entrega del material se habría frustrado.
Acto seguido, Noticias Uno adujo
que la principal actuación del accionante que daría lugar a la condena, fue su
asistencia a una reunión en la finca de Hugo Albeiro Quintero, según lo dijo
alias Ernesto Báez: “Que Vicente Castaño ideara la cita de Báez con quien
consideraba su amigo (Ramos), para que le colaborara con sus gestiones en el
Congreso con el propósito de que la ley se expidiera de conformidad con sus
intereses. (…) Vicente me dijo, salúdeme de manera muy especial al doctor
Alfredo Ramos, dígale que confío en que él y sus amigos nos den la mano en
esto”. Esta última afirmación se encuentra en el punto 6.4.5 en las páginas
77 y 78[345] y
se repite parcialmente en el punto 6.4.82 de la página 155 del documento con
las características de una ponencia[346].
(vi) Como se evidencia de lo
previamente expuesto, cada uno de los apartes mencionados en la noticia
coinciden con el contenido del proyecto de sentencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. El sentido de esta información concuerda,
a su vez, con la nota periodística del 20 de enero de 2018, pues todas las
pruebas analizadas corresponden, como lo dijo el medio de comunicación, a una
reunión donde asistieron varios políticos, hecho que fue analizado en conjunto
con los testimonios de varios paramilitares, según también lo informó Noticias
Uno.
La publicación del contenido en
los términos en que fue publicada la emisión por Noticias Uno, no puede ser
considerada como violatoria de los derechos al buen nombre y a la honra del
señor Luis Alfredo Ramos Botero. Se reitera que esa información siempre fue
planteada bajo el supuesto de estar contenida en un proyecto de sentencia que
pasaría a estudio de la Sala Penal. Lo que hizo ese medio de comunicación fue
destacar ciertos puntos de un extenso proyecto de decisión, los cuales
corresponden con el sentido del análisis efectuado por el magistrado ponente.
El único aparte que merecería
reparo por parte de esta Corporación es el siguiente: “[e]l documento en el
que se narra un suceso comprobado que vincula al exgobernador de Antioquia Luis
Alfredo Ramos con el proyecto político Urabá Grande Unidad y en Paz de
reconocida inclinación paramilitar es una de las pruebas que tiene en cuenta el
ponente de la decisión, Magistrado Eyder Patiño quien no quiso hablar con
Noticias Uno sobre el tema”, por cuanto con esta afirmación, Noticias Uno
sostiene de manera puntual que existe un hecho comprobado de vínculos del
accionante con un grupo paramilitar. Sin embargo, precisamente este punto fue
rectificado por el medio de comunicación en la emisión del 10 de febrero de
2018, pues no existía soporte probatorio que así lo evidenciara.
(vii) El Juzgado Séptimo Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, consideró censurable la
inexactitud de la información “pues se trata de datos mutables que deben
ser actualizados permanentemente y que podrían generar una tergiversación
de las elucubraciones que del caso se puedan generar y que den a la postre con
su final decisión”[347].
Según el fallador “no es que Noticias Uno no pudiera revelar las pruebas que
obran dentro del proceso penal si se considera que estos contenidos tienen
relevancia pública al hacer parte del ámbito público del proceso una vez
que las pruebas son practicadas en juicio o dentro de la audiencia de
juzgamiento, es el hecho de revelar una información inexacta de lo
que puede ser la ponencia para la sentencia definitiva, pues esto
hace parte de un ámbito reservado de la administración de justicia”[348]. (Resaltado fuera del texto
original).
Al respecto, es preciso señalar
que la mutabilidad de la información contenida en el proyecto de sentencia no
significa que aquella sea inexacta, es decir, una cosa es que se trate de una
ponencia, esto es, que no se trata de la decisión definitiva, y otra que los
datos que la conforman sean mostrados a la sociedad de forma inexacta o ajena a
la realidad. Una apreciación como la que hace el juzgado de primera instancia
sería correcta si los datos contenidos en el documento hubieran sido
tergiversados o no correspondieran con el texto de la ponencia. Por el
contrario, la información plasmada en la nota periodística es fiel -al pie de
la letra- a algunos de los apartes del documento con las características de un
proyecto de sentencia, al parecer, elaborado por el magistrado sustanciador.
(viii) Ahora bien, el 24 de enero
de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aclaró, a
través de su cuenta oficial de la red social Twitter lo siguiente: “no
existe proyecto de sentencia en el proceso contra excongresista Luis Alfredo
Ramos. El expediente está en análisis previo del magistrado ponente. Corte
desconoce fuente de información periodística”[349]. Luego, mediante Oficio 2595 del 26
de enero de 2018, la Sala Penal de esa Corporación le informó al accionante que
“el despacho se ocupa del estudio del voluminoso expediente para emitir el
fallo que legalmente corresponda, por lo que no se ha registrado proyecto
alguno al respecto desconociéndose el origen de la mencionada noticia”[350].
A juicio de esta Corporación, que
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia afirme que no existe
un proyecto de sentencia o que no se ha registrado ponencia alguna, no
desvirtúa la existencia y la veracidad de la información publicada por Noticias
Uno. La información divulgada en la primera edición -20 de enero de 2018- y complementada
posteriormente en otra noticia -22 de abril de 2018- hace parte de un documento
de 187 páginas que se anexa al expediente de tutela, cuya lectura permite corroborar
que los datos suministrados por el medio de comunicación accionado corresponden
al análisis realizado en un proyecto de sentencia. Debe aclararse que en la
dinámica del trabajo colegiado es perfectamente posible la existencia de un
proyecto de fallo como el obrante en esta actuación pero que aún no se haya
registrado en la secretaria de la Sala, con los fines propios de ser entregados
a los demás magistrados.
97.  Lo expuesto hasta aquí
corresponde a un análisis concreto y estricto sobre la veracidad y la imparcialidad
de la información publicada por Noticias Uno, es decir, el contraste de la
información divulgada con los documentos que sirvieron como soporte para ello. Ahora
le corresponde a la Sala estudiar si con ella se vulneró el derecho fundamental
al debido proceso de Luis Alfredo Ramos Botero.
98.   De conformidad con lo
señalado en la parte dogmática de esta providencia, el derecho al debido
proceso es ese conjunto de garantías que brindan protección al ciudadano
incurso en una actuación judicial o administrativa, para que sus derechos sean
respetados, esto, a través del acceso a la administración de justicia y al
derecho a un juez natural, a la defensa, a la independencia y la imparcialidad
del juez, y a la presunción de inocencia, entre otras prerrogativas.
Dentro de las garantías que
conforman este derecho fundamental se encuentran la imparcialidad del juez
que comprende no solo la probidad de este, de manera que no se incline
intencionalmente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos
procesales, sino además, no tener contacto anterior con el asunto que decide; y
la presunción de inocencia que se garantiza a toda persona sometida a un
proceso, desde el inicio hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al
mismo, e impone una obligación en cabeza de las autoridades y de la sociedad en
general de no hacer prejuzgamientos ni emitir juicios de culpabilidad de forma
previa a la ejecutoria del pronunciamiento judicial que así lo declare.
Para garantizar la imparcialidad
del juez y la presunción de inocencia de la persona incursa en
el proceso, es necesario en algunos casos mantener la reserva de ciertas
actuaciones y que los funcionarios judiciales se abstengan de divulgar
información reservada; de no ser así, se podría atentar contra el ejercicio de
los derechos fundamentales de las partes. Este deber de reserva se justifica en
la necesidad de resguardar la imparcialidad y la limpieza del proceso, de
manera que no se condicione la deliberación de los jueces, deslegitimando con
ello la decisión definitiva. En otras palabras, un juicio limpio, esto es, con
el pleno ejercicio de todas las garantías que conforman el debido proceso,
implica que en determinados casos sea necesario limitar la publicidad de ciertas
etapas procesales, en particular, cuando se puede ver afectada la imparcialidad
y la presunción de inocencia.
Como se advirtió, se debe partir
del mayor respeto posible del derecho a la libertad de información y de la
prohibición prima facie de cualquier restricción, salvo que sea
constitucionalmente imperioso. Así, la restricción estaría permitida cuando: i)
exista un riesgo de afectación del derecho a un juicio imparcial o a la
presunción de inocencia, que no pueda justificarse en la importancia de
divulgar información relativa al proceso; ii) ese riesgo deberá ser
grave, cierto y actual; y iii) en la valoración del riesgo deberán ser
tenidas en cuenta las diferentes variables que rodean el caso considerando las
mayores o menores probabilidades de afectación.
99.  En esta oportunidad, encuentra la Sala que la filtración de
una ponencia por parte -muy probablemente- de servidores públicos responsables
de la tramitación del proceso penal, afectó el derecho de Luis Alfredo Ramos
Botero a un juicio limpio y con todas las garantías. Lo anterior, con
fundamento en el siguiente análisis:
(i) Existe un riesgo de afectación del
derecho a un juicio imparcial y a la presunción de inocencia, que no puede
justificarse en la importancia de divulgar información relativa al proceso. Para la sala, desborda los límites de la libertad de
información, la divulgación de un proyecto de sentencia -indicando que ha sido
sometida preliminarmente a consideración de los jueces de un tribunal colegiado
quienes la han acogido-, en la medida que facilitó la exposición mediática y el
debate en un entorno distinto del foro judicial, de un asunto sometido a
reserva y cuya develación constituye conducta penal y disciplinaria.
(ii) En este caso, el riesgo de afectación es grave,
actual y cierto. Recuérdese que el riesgo de afectación es grave,
cuando incide directamente en el proceso de formación de la decisión por parte
del juez, afectando su capacidad para analizar con autonomía los hechos del
caso y la relevancia de las normas aplicables; actual, cuando la
divulgación de la información es contemporánea o próxima a la adopción de una decisión
fundamental del proceso; y cierto, cuando es probable que por la forma
en que se concretaría, podría tener una incidencia directa en el sentido final
del proceso.
En esta ocasión, al concretarse la divulgación del proyecto
de sentencia, el mismo naturalmente es objeto de adulación y repudio por parte
de autoridades y ciudadanos, situación que tiene la capacidad de afectar
significativamente el proceso final de decisión de los jueces incidiendo, de
una u otra forma, en su sentido. Se trata, entonces, de un riesgo a la
imparcialidad y a la expectativa del sindicado de ser presumido inocente hasta
el momento en que la sentencia sea pronunciada.
Bajo
ese entendido, la revelación de la información afectó el debido proceso, pues
considerada la naturaleza del trámite (penal), la naturaleza del documento
revelado (proyecto de decisión, esto es, no definitivo) y el estado del proceso
en proximidad inmediata de sentencia, se produjo una afectación grave, actual y
cierta del debido proceso, en su especie de la presunción de inocencia, con un
muy probable impacto en la imparcialidad y en la independencia del tribunal
colegiado que finalmente debería proferir una sentencia de absolución o
condena.
Además, el riesgo se evidencia, entre otras razones,
al identificar: i) las consecuencias negativas sobre la libertad de la
persona juzgada, teniendo en cuenta la posible imposición de una pena privativa
de la libertad de larga duración; y ii) la existencia de normas legales
y reglamentarias que confían el proceso de deliberación y decisión a los jueces
competentes, excluyendo la intervención de terceros. En adición a ello y
teniendo en cuenta que las pruebas practicadas fueron conocidas y criticadas
ampliamente por los medios de comunicación antes de la toma de decisión, iii)
la libertad de informar el sentido del proyecto de providencia tiene una
importancia relativamente menor.
(iii) La Sala no desconoce que la persona respecto de la cual se emitió la nota periodística era una
autoridad política -Congresista de la República- es decir, ostentaba un cargo
de elección popular, motivo por el cual las actividades por él realizadas son
de interés general. Tampoco olvida que de conformidad con  los estándares
internacionales acogidos además por la jurisprudencia constitucional, en una
sociedad democrática los funcionarios públicos están  expuestos al escrutinio y
a la crítica de la sociedad, pues cuando una persona decide voluntariamente
convertirse en un personaje público, como sucede con un Congresista, tiene el
deber de soportar mayores críticas a su quehacer diario, por razón de la
trascendencia social de su oficio.
Sin embargo,
ello no significa desde ningún punto de vista que los servidores públicos
carezcan de derechos fundamentales ni que estén impedidos para reclamar la
protección de los mismos. En el momento en que la información fue publicada por
Noticias Uno el asunto se encontraba en estudio, según lo informó la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en respuesta al Auto del 18 de
octubre de 2018[351],
lo cual permite que terceros -como los accionados- puedan efectuar sus
propias valoraciones probatorias.
En el caso sub examine se
muestra al señor Luis Alfredo Ramos Botero como parte de un entramado
paramilitar, con base en una valoración de la prueba distinta a la del juez,
que debe ser contextual y completa, y conforme a las reglas de la sana crítica.
En efecto, del contenido de las notas periodísticas reseñadas (supra. 90 a 94),
se destacan los siguientes apartes que dan cuenta de lo anterior:
-
“(…) La ponencia también analiza la reunión de varios políticos
influyentes en Bello Antioquia, con el bloque metro de las Autodefensas en que
estuvo Ramos, aunque este insistió en que solo se habló allí del proceso de
desmovilización paramilitar que estaba en curso (…)”.
-
“(…) No obstante, un segundo hecho narrado en la información sí hace
parte en el acervo analizado en el despacho del ponente y se refiere al eje de
la investigación que se adelanta contra el político antioqueño, la reunión en
Bello Antioquia en casa del condenado Albeiro Quintero propietario de la
empresa Bellanita. [Lee]: Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Baéz’,
Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ y Pablo Hernán Sierra García,
alias ‘Alberto Guerrero’, lo mismo que Hugo Albeiro Quintero Restrepo, quienes
desde su particular óptica refieren haber concurrido a la finca del último
ubicada en proximidades del municipio de Bello, Antioquia a una reunión en la
que estuvieron presentes los miembros del congreso de la República Oscar Suárez
Mira, Oscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y el aquí procesado, Luis Alfredo
Ramos.
-
“Estos hechos coinciden en tiempo, modo y lugar con las acusaciones
contra el fallecido ex congresista de Antioquia Oscar Alberto Arboleda Palacio,
cuyo escrito de acusación también hace parte de nuestros soportes. [Lee]: según
Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Baéz’, Vicente Castaño lo llamó y le
dijo: ‘Tengo unos amigos en el Congreso y concretamente hay una persona allá
que estaría dispuesta a ayudarnos, que estaría dispuesta a orientarnos, que
estaría dispuesta a colaborarnos, que es el doctor Luis Alfredo Ramos’ (…)”.
-
“Un tercer documento en nuestro poder, da cuenta de que el anfitrión
de esa reunión de 2005 fue Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘el Patrón de
Bello’ señalado testaferro de Vicente Castaño. [Lee]: ‘hoy se sabe, por
ejemplo, que José Vicente Castaño Gil, quien por su cercanía o afinidad con los
doctores Luis Alfredo Ramos Botero y Oscar de Jesús Suarez Mira, organizó ese
evento’”.
-
“(…) Periodista: nueve años de prisión del magistrado de la Corte
Suprema Eyder Patiño contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos,
es contundente en cuanto a que el político uribista es responsable de apoyar
intereses paramilitares. [Lee]: ‘La forma soterrada en que se hicieron las
alianzas con los miembros de la organización armada, en lugar de su rechazo y
denuncia desde el foro público que tenía a su disposición (Luis Alfredo Ramos),
son razones suficientes para atribuirle la acción como voluntaria e intencional,
en cuanto que la conocía y se determinó a ejecutarla’.
-
“La ponencia de condena a Ramos que será discutida en Sala Penal a
partir de esta semana, también dice que el ex candidato presidencial actuó con
pleno conocimiento de que se estaba aliando con grupos ilegales armados. [Lee]:
‘El doctor Luis Alfredo Ramos también colaboró con unas motos para esas bandas
de Bello y con unos revólveres amparados con unos permisos, el de Bellanita,
más que todo’”.
-
“No solo hay una, sino varias declaraciones de ex paramilitares que
se desmovilizaron en el proceso de justicia y paz contra el ex senador Luis
Alfredo Ramos, por ejemplo, está el testimonio de alias ‘Macaco’ del cual
curiosamente la ponencia informa que fue engavetado durante más de un año.
[Lee]: ‘Alias ‘Macaco’ sostuvo sobre el aquí juzgado: todos los representantes
de Antioquia tanto para la alcaldía como para la gobernación buscaron apoyo en
las autodefensas. Está Ramos Alfredo. Ramos, a él se ayudó para la gobernación,
a Ramos se apoyó por el lado de Segovia, mucho’. También hace parte del
expediente Ramos la declaración del recientemente asesinado por sicarios el
testigo Carlos Enrique Areiza, quien relató entre otros hechos que él mismo
había grabado una reunión entre el ex jefe paramilitar Vicente Castaño y Ramos.
La información se filtró en ese momento, año 2006, al parecer desde la propia
Fiscalía General entonces dirigida por Mario Iguarán, por lo que la entrega del
material se habría frustrado.
-
“Pero la principal actuación de Ramos que le costaría condena de
nueve años, una multimillonaria multa e inhabilidad para ejercer cargos
públicos en momentos en que él es uno de los directivos de la campaña que
lidera las encuestas presidenciales, fue su asistencia a una reunión en la
finca de Hugo Albeiro Quintero, principal testaferro de Vicente Castaño (…)”.
-
Báez también relató en la misma declaración el mensaje que le mandó
su jefe Vicente Castaño a Luis Alfredo Ramos. [Lee]: ‘Vicente me dijo, salúdeme
de manera muy especial al doctor Alfredo Ramos, dígale que confío en que él y
sus amigos nos den la mano en esto’ (…)”.
Tales valoraciones de terceros,
propiciadas por la filtración, pueden generar una afectación del proceso de
decisión del juez, de su imparcialidad e independencia y de la presunción de
inocencia del procesado. Además, se trata apenas de la cita de extractos de un
proyecto de sentencia, totalmente ajena a la valoración contextual y completa
que debe ser realizada por el juez a cargo del asunto.
(iv) De conformidad con el
estándar fijado por la jurisprudencia interamericana y acogido por la Corte
Constitucional -estándar de test tripartito-, para controlar la legitimidad de
la restricción a la libertad de expresión es necesario acreditar que la
correspondiente limitación i) está definida en forma previa, precisa y
clara por una ley en sentido formal y material; ii) está orientada a
lograr un objetivo imperioso autorizado por la Convención Americana; y iii)
es necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos,
estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el
objetivo imperioso que pretende lograr.
El ordenamiento jurídico
colombiano contempla varias disposiciones que buscan evitar la divulgación de
información de carácter reservado, particularmente, de aquella referente a los
asuntos a cargo de las autoridades judiciales y administrativas, con el fin de
garantizar la correcta administración de justicia; de hecho, la violación de la
reserva trae consecuencias disciplinarias y penales, según se expuso en
acápites precedentes.
Sin embargo,
esta limitación no comprende -en principio-- a los periodistas ni a los medios
de comunicación, por lo que no podría ser entendida exactamente como una
restricción para el ejercicio de la libertad de información, sino como una
prohibición en cabeza de los funcionarios públicos que tienen a su cargo el
conocimiento y la custodia de dichos asuntos. En otras palabras, las sanciones
por la divulgación de información sujeta a reserva, conciernen únicamente a los
servidores públicos que la revelaron, por lo que no pueden recaer sobre los
medios de comunicación, salvo que estos hubieran cometido fraude o un delito
para obtenerla.
Bajo ese entendido, es preciso
señalar que en el asunto objeto de estudio no se acredita el primer requisito
para determinar la legitimidad de una restricción impuesta a la libertad de
expresión, referente a estar definida en forma previa, precisa y clara por una
ley. A juicio de esta Corporación, Noticias Uno no tenía en este caso la
obligación legal de mantener bajo reserva el proyecto de sentencia que le fue
suministrado, pues tal deber recae sobre los funcionarios que tenían a su cargo
la custodia del expediente del proceso penal. Es necesario recordar el
contenido de los arts. 18, 149 y 152 y ss. supra trascritos que regulan
el principio de publicidad del proceso penal en nuestro país. En consecuencia,
el análisis de los restantes parámetros se torna innecesaria.
Esto significa que Noticias Uno
actuó de manera conforme a lo que la Corte ha sostenido sobre las consecuencias
penales y disciplinarias ante la filtración de proyectos de sentencia en el
ordenamiento jurídico colombiano, esto es, que la prohibición para los
servidores y funcionarios de divulgar esa clase de información no se puede
hacer extensiva a los periodistas y medios de comunicación; en otras palabras,
en principio, el noticiero accionado se acogió a los criterios imperantes en la
jurisprudencia constitucional.
(v) Ahora, es importante señalar
que la Corte relieva que los trabajos de particulares externos al foro penal
hacen parte del libre ejercicio del periodismo y de la opinión, pero lo que no
es admisible, desde ningún punto de vista, es la revelación de documentos
reservados, por parte de sus garantes. Así mismo, defiende a ultranza -como
hasta hoy lo ha hecho- la libertad de información, pero insiste en que los
documentos reservados deben así mantenerse dada la prohibición de su
divulgación, considerando como se expuso previamente la naturaleza del trámite
(penal), la naturaleza del documento revelado (proyecto de decisión, esto es,
no definitivo) y el estado del proceso en proximidad inmediata de sentencia.
No obstante, para la Corte es
claro que la libertad de información no es absoluta y muestra de ello es que el
artículo 20 de la Constitución enfatiza en la responsabilidad social de quienes
informan. Tal responsabilidad, cuando se trata de la administración de
justicia, implica deberes de colaboración con el buen funcionamiento de la
misma -artículo 95, núm. 7º de la Constitución-.
Esto implica que el legislador
puede imponer limitaciones, como además lo autoriza el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP, en virtud del cual, al
entrañar el ejercicio de la libertad de expresión deberes y responsabilidades
especiales, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán i)
estar establecidas en forma previa, precisa y clara en la ley; ii) estar
orientadas a lograr un objetivo imperioso; y iii) ser necesarias para el
logro de los fines, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida, e
idónea para lograr el objetivo imperioso.
En consecuencia, de acuerdo con
el artículo 20 de la Carta, los periodistas deben cumplir con la
responsabilidad en el ejercicio de las libertades de expresión e información,
incluso en cuanto a la divulgación de información reservada. El Legislador
tiene competencia para regular esta responsabilidad, siempre dentro del marco
de los derechos fundamentales y demás principios de la Constitución.
(vi) Para esta Corporación es
preciso destacar el profundo respeto que merecen las libertades de expresión y
de información, al igual que la labor desempeñada por los medios de
comunicación; sin embargo, así como estas garantías constitucionales son un
pilar en una sociedad democrática, también lo son la correcta administración de
justicia y la independencia judicial.
Si bien Noticias Uno tenía la
posibilidad de publicar la información que estaba en su poder, y aun cuando
siempre fue claro en afirmar que se trató de un proyecto de sentencia, también
tenía conocimiento de la clase de información que estaba divulgando, es decir,
sabía que se trataba de documentación suministrada a un medio de comunicación
en claro incumplimiento de un deber legal, pero además de ello, cometiéndose un
delito, pues, como ya se dijo párrafos atrás, quien teniendo el deber legal de
mantener el proyecto de sentencia que obra en esta actuación, bajo estrictas
condiciones de reserva, lo divulga, no comete apenas una falta disciplinaria sino
que incurre en conducta sancionada con pena.
Así las cosas, si bien es cierto
que la responsabilidad penal y disciplinaria, recae sobre el garante de la
reserva, no es menos cierto que el instructor de esas actuaciones podrá indagar
sobre todas las circunstancias que rodearon el evento, para esclarecer si el
medio de información incurrió en conductas delictivas para obtener la
información, caso en el cual podría ser tenido incluso como un interviniente en
un delito propio. Obviamente todo ello debe ser objeto del estricto respeto del
debido proceso penal.
En tal sentido, es claro que “no
todo vale” en la búsqueda de las noticias,  y por ello es oportuno recordar
los riesgos que puede conllevar la actuación de los medios de comunicación en
asuntos que, si bien son de interés general merecen por esa misma razón un
tratamiento cuidadoso, dedicado, prudente y sobre todo animado también en los
altos intereses de la justicia, pues, es evidente el riesgo que para la
independencia judicial comporta la filtración sin tamices y ponderaciones, de
cualquiera información.
Por ello los medios de
información deben actuar con unos altos niveles de seriedad y responsabilidad
en el hallazgo, tratamiento, manejo y difusión de la información judicial,
sopesando con rigor los pros y los contras de la entrega al público de la misma
de cara al impacto que un tratamiento inoportuno, irresponsable, incompleto o
sesgado, puede causar en la construcción de la “decisión justa” y, por contera,
en los derechos fundamentales de quienes se someten a la administración de justicia.
En efecto, dentro de la
deontología del periodista[352] son
norte de su actuación el evitar la producción de daños y la violación de
derechos o bienes fundamentales de las personas y la sociedad, ejerciendo su
oficio con precaución y cuidado, evitando contenidos perjudiciales que puedan
resultar vejatorios o favorecedores de la violencia, el odio o la
discriminación. Por eso del profesional de la información es esperable un
despliegue de su actuar con apego a los valores de la profesionalidad, la
honestidad, la independencia, la verdad, la proporcionalidad, el respeto de las
personas, actuando siempre con responsabilidad social y ante todo guiando su
actuación con la necesaria conciencia moral para esclarecer, al final, la
corrección de acto. Ello le permitirá en cada caso determinar el valor
informativo, los hechos relevantes, las características de los implicados o
afectados, y las consecuencias previsibles del despliegue informativo[353]. En fin, lo que cumple decir es que
la auténtica garantía de la libertad de información, está dada por el respeto
de los más altos criterios de autocontrol individual[354] que al final generan una genuina
sociedad bien y libremente informada.
100.  En definitiva, las
anteriores consideraciones permiten concluir que se vulneró el derecho fundamental
al debido proceso. Sin embargo, esta Corporación no emitirá ninguna orden de
protección por presentarse el fenómeno procesal de la carencia actual de objeto
por daño consumado.
Recuérdese que ante la alteración
o desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales, la solicitud de amparo pierde sustento y razón de ser
como instrumento de protección judicial.
La carencia actual de objeto se
puede presentar, entre otros eventos, ante la existencia de un daño consumado,
es decir, que por la falta de garantía del derecho se ocasiona el daño que se
pretendía evitar con la orden del juez de tutela. Pero ello no es óbice para
que el juez constitucional se pronuncie sobre la vulneración de los derechos y
el alcance de los mismos, y emita las órdenes o sanciones correspondientes; es
decir, aunque no sea posible amparar la protección invocada, el juez debe
propender por evitar que estas situaciones se presenten nuevamente.
En esta oportunidad, no es posible
deshacer los efectos producidos por la filtración del documento sometido a
reserva. Sin embargo, esta providencia constituye por sí misma una forma de
reparación; para la Sala Plena, no darle siquiera el efecto reparador a la
sentencia, abriría la posibilidad de re victimización al señor Luis Alfredo
Ramos Botero y a la vez esta decisión ni siquiera tendría un efecto simbólico
frente a quien fue vulnerado en sus derechos.
En todo caso, teniendo en cuenta
que se filtró a los medios de comunicación un proyecto de sentencia de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, documento que en efecto fue
anexado al expediente de tutela, la Corte Constitucional compulsará copias de
este hecho a la Procuraduría General de la Nación y  a la Fiscalía General de
la Nación, para que estas entidades, en el ejercicio de las funciones que les
fueron atribuidas, investiguen las actuaciones que dieron lugar a la filtración
de un proyecto de sentencia del despacho del magistrado Eyder Patiño Cabrera aquí
evidenciada.
Sobre los trinos del
periodista Ignacio Gómez Gómez
101.      Según
expuso el accionante en la acción de tutela, el 25 de enero de 2018 el
periodista Ignacio Gómez comentó la publicación de la Corte Suprema de Justicia
con una serie de insultos, por lo que destacó algunos de los trinos que a su
juicio atentaban contra sus derechos a la honra, al buen nombre y a la
presunción de inocencia[355]:
“Nacho Gómez
vía Twitter – 25 de enero de 2018 12:04 pm
Sala plena
de @cortesupremaJ aclaró que no existe proyecto de sentencia en proceso en
contra excongresista Luis Alfredo Ramos Botero.
-en
respuesta a @DanielSanin, @AlfredoRamosM y 8 más-
Se da cuenta
que el que especula es usted, se equivoca señor. No me endilgue a mí las
conductas que son naturales para usted.
-en
respuesta a @AlfredoRamosM, @CarlosJMontesM  y 8 más-
No hago
mandados, señor. Con todo respeto no he publicado ninguna #fakenews. La
ponencia y con la evaluación del expediente de LA Ramos está lista en la Corte,
el sentido es condenatorio. No voy a rectificar una información cierta.
-en
respuesta a @AlfredoRamosM, @CarlosJMontesM  y 8 más-
La
@cortesupremaJ miente para seguir ayudándole a Luis Alfredo Ramos.
-en
respuesta a @AlfredoRamosM, @CarlosJMontesM  y 8 más-
No hay
#fakenews en nuestro tratamiento del caso Ramos. Es la narración de sus
actividades políticas con paramilitares de Urabá contadas por sus
protagonistas, paramilitares en Justicia y Paz. No hay ningún reclamo de
ustedes por ninguna inexactitud de nuestra reportería.
-en
respuesta a @NestorMoralesC, @CarlosJMontesM  y 7 más-
Es decir aún
después que se conociera su relación con el cartel de la toga hay gente
haciéndole favores en la…
-en
respuesta a @NestorMoralesC, @CarlosJMontesM  y 7 más-
Nada. Vea
pues. Otra vez la @cortesupremaJ metiéndose en las fuentes de los periodistas.
El hecho de que no sepa como obtenemos la información no nos desmiente.
Intenciones no transparentes de la secretaría de la Corte @NoticiasUno se
ratifica.
-en respuesta
a @DELAESPRIELLAE-
La estética
es lo suyo. Su ropa y sus gorras no perturban a la opinión. Cuando hablo de
usted y su clientela, es porque hay un interés público y por ello el tema con
usted no es de su ‘estética’, es de ética, se parecen, pero no son la misma
palabra.
-en
respuesta a @NestorMoralesC, @CarlosJMontesM  y 7 más-
Es decir,
que aun así después de que se conociera su relación con el cartel de la toga,
hay gente haciéndole favores en la @cortesupremaJ a Luis Alfredo Ramos.
-en
respuesta a @CarlosJMontesM, @NoticiasUno  y 2 más-
Pero
@NoticiasUno insiste que un #fakenews no es nuestra sino de la @cortesupremaJ.
-en
respuesta a @DanielSanin, @AlfredoRamosM y 8 más-
No señor, la
información publicada es cierta independientemente de la fuente. Es un hecho la
ponencia existe en el sentido que la publicó @NoticiasUno.
-en
respuesta a @DanielSanin, @AlfredoRamosM y 8 más-
Lo que deja
en evidencia es la @cortesupremaJ aun después de lo que se ha conocido, sigue
teniendo tal diligencia con los abogados de Luis Alberto Ramos, que miente en
su beneficio”.
102.  En primer lugar es necesario recordar que la libertad de opinión,
también conocida como libertad de expresión en sentido estricto, comprende la
libertad para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin
limitación de fronteras y por cualquier medio.
En esta
predomina la expresión de la subjetividad del emisor del mensaje, esto es, su
valoración y apreciación personal sobre determinados hechos, situaciones o
personas. Por su parte, la libertad de información garantiza las formas
de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de
lo acontecido, razón por la cual se exige que la información transmitida sea
veraz e imparcial, es decir, que sea verificable. Esta Corporación también
ha sostenido que para solucionar la tensión entre la libertad de expresión y
los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, es preciso acudir a
ciertos parámetros constitucionales que permiten establecer el grado de
protección de cada una de tales garantías[356]:
(i) Quién comunica: al respecto,
la Corte ha indicado que “debe tenerse en cuenta quién es la persona que
emite la opinión y si esta es la autora del mensaje que se comunica. Deben
valorarse sus cualidades y el rol que ejerce en la sociedad. En concreto, debe
apreciarse, entre otras situaciones, si quien se expresa es un particular, un
funcionario público, una persona jurídica, un periodista, o pertenece a un
grupo históricamente discriminado, marginado o que se encuentra en una especial
situación de vulnerabilidad”[357].
Cuando el emisor de la publicación es un periodista, esta Corporación ha
señalado que el juez debe diferenciar si lo que expresa es una opinión o una
información, pues de esto depende que en el análisis del caso se tengan en
cuenta las exigencias de veracidad e imparcialidad, si se trata de una
información y no de una opinión[358].
(ii) De qué o de quién se
comunica: “el juez debe interpretar y valorar no
solo el contenido del mensaje para determinar si la opinión que se emite
respeta los límites constitucionales del derecho a la libertad de expresión,
sino también la forma en que se obtuvo la información que se publica”. De igual forma, debe analizar si las
opiniones que se profieren en uso de la libertad de expresión “resultan
irrazonablemente desproporcionadas, tienen una intención dañina o se
evidencia una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o
inexactos, pues en estas situaciones pueden vulnerarse los derechos al buen
nombre, a la honra o a la intimidad”. Así mismo, es necesario que “el juez identifique
si se trata de un discurso especialmente protegido” [359].
(iii) A quién se comunica: esto es, el receptor del mensaje,
para lo cual debe tenerse en cuenta tanto sus cualidades y características como
su cantidad o número de receptores a los que llega el mensaje o tiene la
potencialidad de alcanzar.
(iv) Cómo se comunica: se
protegen todas las formas de expresión, como el lenguaje oral o escrito, el
lenguaje de signos o símbolos, expresiones no verbales como imágenes u objetos
artísticos o cualquier conducta con contenido o implicaciones expresivas. Al
respecto, se ha sostenido que debe evaluarse en cada caso el grado de comunicabilidad del
mensaje, esto es, “la capacidad que tiene el mensaje para comunicar de
manera sencilla y ágil lo que se desea expresar. Por tanto, es necesario
considerar si el mensaje está consignado en un lenguaje convencional, oral o
escrito, y por tanto fácilmente comunicable a cualquier receptor, o si por el
contrario se emplea un lenguaje no convencional, como signos o conductas con
contenido expresivo o implicaciones expresivas, que no tienen la virtualidad de
comunicar de manera sencilla el mensaje a todo tipo de público”[360].
(v) Por qué medio se comunica:
las opiniones pueden expresarse a través de libros, periódicos, revistas,
videos, audios, películas, obras de teatro, pinturas, fotografías, programas de
televisión, emisiones radiales, páginas de internet, redes sociales, cartas,
manifestaciones públicas, el uso de prendas con mensajes expresivos, entre
muchos otros. No obstante, cada medio o foro en particular plantea sus propias
especificidades y complejidades constitucionalmente relevantes, que repercuten
en el alcance de la libertad de expresión en cada caso. Por ejemplo, “un
mensaje difundido a través de las redes sociales como Facebook sólo puede ser
visto, en principio, por los contactos que la persona tenga en su cuenta, sin
embargo, dado que existe la posibilidad de que este pueda ser compartido por
todos sus contactos en sus respectivas cuentas, su posibilidad de propagación
es vasta, por lo que el mensaje tiene la potencialidad de llegar a una
audiencia amplísima e indeterminada durante un término indefinido”[361].
103.  En esta oportunidad, quien
comunica los mensajes que se cuestionan es un periodista, razón por la cual es
necesario identificar si sus trinos son opiniones o informaciones.
Al revisar cada
uno de los trinos cuestionados por el accionante se observa que algunos de
ellos corresponden a una serie de opiniones, que si bien pueden tornarse
molestas, no son de tal entidad que permitan concluir que con ellas se afectan
los derechos a la honra y el buen nombre del accionante. Por ejemplo,
expresiones como “Se da cuenta que el que especula es usted, se equivoca
señor. No me endilgue a mí las conductas que son naturales para usted” o “Nada.
Vea pues. Otra vez la @cortesupremaJ metiéndose en las fuentes de los
periodistas. El hecho de que no sepa como obtenemos la información no nos
desmiente. Intenciones no transparentes de la secretaría de la Corte
@NoticiasUno se ratifica”, solo evidencian el punto de vista subjetivo del
periodista, sin que por ello pueda ser calificada como una opinión tendenciosa
que produzca un daño moral intangible que atente contra los referidos derechos
fundamentales.
Otros trinos permiten identificar
la manifestación de las opiniones del señor  Ignacio Gómez, esta vez,
replicando la información divulgada por Noticias Uno, cuando señaló, por
ejemplo: “Sala plena de @cortesupremaJ aclaró que no existe proyecto de
sentencia en proceso en contra excongresista Luis Alfredo Ramos Botero”, “No
hago mandados, señor. Con todo respeto no he publicado ninguna #fakenews. La
ponencia y con la evaluación del expediente de LA Ramos está lista en la Corte,
el sentido es condenatorio. No voy a rectificar una información cierta”, o
“No hay #fakenews en nuestro tratamiento del caso Ramos. Es la narración de sus
actividades políticas con paramilitares de Urabá contadas por sus
protagonistas, paramilitares en Justicia y Paz. No hay ningún reclamo de
ustedes por ninguna inexactitud de nuestra reportería”. Lo anterior
corresponde a lo sucedido respecto del medio de comunicación, es decir, a la
publicación de un proyecto de sentencia en sentido condenatorio y con la
aclaración que sobre el particular realizó la Corte Suprema de Justicia.
Incluso, algunos de los trinos ni
siquiera están dirigidos al señor Luis Alfredo Ramos, como por ejemplo, en el
que señala “La estética es lo suyo. Su ropa y sus gorras no perturban a la
opinión. Cuando hablo de usted y su clientela, es porque hay un interés público
y por ello el tema con usted no es de su ‘estética’, es de ética, se parecen,
pero no son la misma palabra”, publicado en respuesta a un mensaje de
alguien identificado en Twiter como Abelardo de la Espriella.
Ahora, el periodista Ignacio Gómez tiene
más de 81.000 seguidores en la red social Twitter, por lo que sus publicaciones
tienen un potencial alto de difusión y pueden ser vistas por una gran cantidad
de personas. En consecuencia, el
impacto que tienen las expresiones u opiniones emitidas por el periodista
accionado sobre los derechos del señor Luis Alfredo Ramos, es elevado, en razón
de la gran cantidad de destinatarios a los que pudo llegar el mensaje.
Sin embargo, las opiniones expresadas por el periodista
Ignacio Gómez se encuentran dentro de los límites del derecho a la libertad en
sentido estricto, pues aunque pueden ser fuertes o molestas, no son
desproporcionadas y no se basan en hechos incompletos o inexactos. En efecto,
las publicaciones surgen de la información veraz publicada por Noticias Uno.
Además, es necesario tener en cuenta que se trata de un
discurso especialmente protegido, pues hace referencia un proceso penal
adelantado contra un ex funcionario público por conductas que, al parecer, cometió
en el ejercicio de un cargo para el cual fue elegido popularmente. Esta clase
de discursos tienen una mayor protección en el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, pues se reitera, en una sociedad democrática, los
funcionarios públicos han de soportar un escrutinio mayor de su actuación.
Finalmente, según se transcribió previamente, los trinos
fueron emitidos con base en un lenguaje que comunica de manera sencilla, de tal
manera que permite identificar que se trata, en unos casos, de opiniones del
periodista, y en otros, de opiniones basadas en información veraz publicada
previamente por un medio de comunicación.
104.  De conformidad con lo
expuesto, la Corte Constitucional revocará parcialmente la
sentencia de segunda instancia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, en tanto i) declaró la carencia actual de
objeto respecto del deber de retirar la noticia de la página de Noticias Uno y
de su canal de YouTube y ii) confirmó la sentencia de primera instancia emitida el 28 de mayo de 2018 por el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín en el asunto de la
referencia, que concedió la protección invocada. En
su lugar, negará por las razones anotadas en esta decisión, el amparo de
los derechos a la honra y al buen nombre del señor Luis Alfredo Ramos Botero,
respecto de los accionados noticiero Noticias Uno y el periodista Ignacio Gómez
Gómez.
De otra parte,
declarará que existió una vulneración del derecho fundamental al debido
proceso del señor Luis Alfredo Ramos Botero, materializada en la filtración del
borrador de ponencia del caso No. 35691, seguido en la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia en contra del aquí actor, hecho cometido por
personas en averiguación. Sin embargo, no emitirá órdenes de protección por
presentarse el fenómeno procesal de la carencia actual de objeto por daño
consumado, aunque sí declarará que esta sentencia constituye por sí misma una
forma de reparación.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de segunda
instancia adoptada el 13 de julio de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, en tanto i) declaró la carencia actual de
objeto respecto del deber de retirar la noticia de la página de Noticias Uno y
de su canal de YouTube y ii) confirmó la sentencia de primera instancia emitida el 28 de mayo de 2018 por el Juzgado Séptimo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín en el asunto de la
referencia, que concedió la protección invocada. En
su lugar, NEGAR por las razones anotadas en esta decisión, el
amparo de los derechos a la honra y al buen nombre del señor Luis Alfredo Ramos
Botero, respecto de los accionados noticiero Noticias Uno y el periodista
Ignacio Gómez Gómez.
Segundo. DECLARAR
que existió vulneración del derecho fundamental al debido proceso del señor
Luis Alfredo Ramos Botero, materializada en la filtración del borrador de
ponencia del caso No. 35691, seguido en la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en contra del aquí actor, hecho cometido por personas en
averiguación. Sin embargo, no se expedirán órdenes de protección por
presentarse el fenómeno procesal de la carencia actual de objeto por daño
consumado. La Corte Constitucional declara que esta sentencia constituye por sí
misma una forma de reparación.
Tercero.
COMPULSAR COPIAS de la presente actuación a
la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para
que, en el ejercicio de su funciones, lleven a cabo las actuaciones a que haya
lugar ante la filtración del proyecto de sentencia del despacho del magistrado sustanciador
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso No. 35691
seguido al señor Luis Alfredo Ramos Botero.
Cuarto. NO ACCEDER a la solicitud de Google LLC en el
sentido de “corregir los vicios de forma en torno a
su vinculación”, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta sentencia.
Quinto. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, líbrense las
comunicaciones correspondientes
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Ausente en comisión
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Ausente en comisión
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA SU.274/19
PRINCIPIO
DE IMPARCIALIDAD-Elemento esencial del debido proceso y la
recta administración de justicia (Aclaración de voto)
DEBER
DE RESERVA DE LA INFORMACION-Funcionarios judiciales deben velar
por evitar que existan filtraciones que afecten la imparcialidad del proceso,
así como de otros derechos fundamentales involucrados (Aclaración de voto)
DEBER DE RESERVA DE LA INFORMACION-Medios
de comunicación no son los responsables de guardar la reserva de un proceso
judicial, pero deben respetarla (Aclaración de voto)
El deber de
respeto implica que no pueden, por ejemplo, propiciarlas, en especial, por
razones de escándalo y audiencia, más que de control político. Cuando un periodista
o un medio de comunicación conoce una información reservada que se ha filtrado,
tiene el deber jurídico, ético y profesional de decidir si en interés del
público la existencia de esa información debe darse a conocer y, en caso tal,
si la totalidad o sólo una parte debería ser expuesta, o si, por el contrario,
es prioritaria la defensa de la reserva de la información y mantenerla de esa
manera
M.P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Filtraciones condenables, publicaciones protegidas
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de esta Corte, me permito aclarar el voto respecto de la
Sentencia SU-274 de 2019. La providencia resolvió el caso planteado por el
señor Luis Alfredo Ramos Botero contra Noticias Uno y el periodista Ignacio Gómez
Gómez. La Sala encontró que los accionados no vulneraron los derechos a la
honra y al buen nombre del señor Ramos Botero, porque durante el desarrollo de
la nota periodística que consideraba lesiva de sus derechos, Noticias Uno
siempre usó lenguaje condicional y nunca afirmó que existiera una condena o que
el actor fuera responsable de haber cometido delitos. Sin embargo, señaló que
la filtración del proyecto de sentencia afectó el derecho al debido proceso del
señor Ramos Botero en tanto con ello se podría ver comprometida la
imparcialidad e independencia del juez de la causa. A continuación, explicaré
las razones por las que aclaro el voto las cuales están relacionadas con (i) la
declaración de la vulneración del derecho al debido proceso, y (ii) el llamado
que, en la parte motiva de la decisión, se efectúa al Congreso de la República
para regular restricciones al derecho a la libertad de información en los casos
de filtraciones de información judicial penal reservada.
1. Acompañé la decisión de declarar
vulnerado el derecho al debido proceso del accionante, en la medida en que la
filtración de información reservada pone en grave riesgo la legitimidad de la
función jurisdiccional, en concreto de las decisiones proferidas por los
jueces, y, por lo tanto, la independencia e imparcialidad judicial. Ambos son
valores constitucionales que deben ser objeto de protección, principalmente,
por las mismas autoridades de la Rama Judicial. En numerosas ocasiones, esta
Corte ha sostenido que el principio de imparcialidad tiene una doble
connotación: es orientador de la función administrativa y es una garantía del
debido proceso, que debe ser respetada en todas las actuaciones judiciales y
administrativas. Como parte fundamental del derecho al debido proceso, el principio
de imparcialidad significa que el funcionario judicial debe decidir “con
fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico,
sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.”[362] Dar
a conocer un proyecto de decisión, antes de que se surta el debate que debe
anteceder a la toma de esta, puede afectar la objetividad del juez (o las
dinámicas del tribunal colegiado) y, con ello, la confianza que ha sido
depositada en la Rama Judicial. Además, cuando se trata de personajes públicos
y políticos, como ocurre en el presente caso, pueden afectarse ilegítimamente
las dinámicas políticas o electorales. Por ello, los funcionarios judiciales
deben velar por evitar que existan filtraciones que afecten la imparcialidad
del proceso, así como de otros derechos fundamentales involucrados. Este deber
de guardar la reserva de un proceso judicial es especialmente importante en el
caso de procesos penales, en los que está en juego el derecho a la libertad de
una persona.
2. De otra parte, considero que
no corresponde al Juez constitucional invitar o sugerir al Congreso de la
República que tome medidas restrictivas a propósito de la libertad de prensa.
En un Estado Social de Derecho los medios de comunicación tienen una altísima
responsabilidad al decidir qué filtraciones publican, como contrapartida del
alto grado de libertad del cual gozan. Es el autocontrol y la promoción del
debate libre y plural de todos los medios de comunicación lo que garantiza
acceder a la mejor información en una sociedad abierta y democrática, no la
censura y los controles previos impuestos desde el Estado mediante la Ley. La
Constitución expresamente advierte que los medios de comunicación “son
libres y tienen responsabilidad”; establece categóricamente que “no
habrá censura”, por ello, lo que procede, cuando corresponde, es el “derecho
a la rectificación. (Art. 20, CP). Tal como se
mostró en la parte motiva de la Sentencia respecto de la cual expreso este voto
particular, existe un consenso entre los distintos tribunales constitucionales
y de derechos humanos (nacionales y de los sistemas de protección
internacional) en el sentido de que la libertad de expresión es esencial para
la construcción de una sociedad democrática[363],
al punto que algunos órganos la califican como la piedra angular de este
sistema político[364].
Esto se explica por su potencial para formar ciudadanos críticos participativos;
su importancia para la  conformación, gestión y control del poder político; y
el aporte que hace para el fomento de valores como la pluralidad, la diversidad
y la tolerancia, todos ellos necesarios para el debate público. De ahí que se
trate de un principio especialmente protegido. En suma, la Constitución de 1991
establece que Colombia es una República multicultural y pluriétnica, organizada
como democracia participativa y, por lo tanto,  es claro que la libertad de
expresión en general, y la libertad de presan en particular, son parte de esta
piedra angular en la que se sostiene el orden constitucional vigente.
3. Conviene recordar que la
libertad de expresión cuenta con, al menos, cuatro presunciones a su favor,
según lo ha dispuesto la reiterada jurisprudencia de esta Corte. Así, con el
propósito de salvaguardar al máximo la eficacia de la
libertad de expresión, la jurisprudencia ha señalado que (i) en principio,
toda expresión está cubierta por el artículo 20 superior; (ii)  en los casos en
que existe una tensión entre la libertad de expresión y otros derechos, ésta tiene
una prevalencia prima facie en los ejercicios de ponderación que
adelantan los jueces y el Legislador al adoptar decisiones; (iii) las
limitaciones a la libertad de expresión se presumen inconstitucionales y, por
lo tanto, las medidas legislativas, judiciales, policivas, militares o de
cualquier otra índole que impongan una limitación están sujetas a un control
estricto de proporcionalidad; y (iv) “la censura previa está prohibida, de
tal forma que cualquier regulación estatal o decisión de un funcionario del Estado
que constituya censura implica, ipso jure, una violación del derecho a la
libertad de expresión”[365]. En este orden de ideas, cualquier
autoridad que pretenda instaurar una medida restrictiva o restricción directa a
esta libertad debe identificar con precisión la finalidad perseguida por la
limitación; señalar de manera expresa en la motivación del acto jurídico
correspondiente, las razones que demuestren,
de manera fehaciente, que se han derrotado las presunciones recién mencionadas;
probar la existencia de elementos fácticos, científicos, técnicos sobre los que
se basa la decisión de adoptar una medida restrictiva sobre el derecho citado[366]; y jamás podrá ser
instaurada una censura previa.
4.
Para terminar, considero importante aclarar que los medios de comunicación no
son los responsables de guardar la reserva de un proceso judicial, pero deben
respetarla. No son funcionarios judiciales, ni es su responsabilidad evitar que
se den filtraciones, sin embargo, el deber de respeto implica que no pueden,
por ejemplo, propiciarlas, en especial, por razones de escándalo y audiencia,
más que de control político. Cuando un periodista o un medio de comunicación
conoce una información reservada que se ha filtrado, tiene el deber jurídico,
ético y profesional de decidir si en interés del público la existencia de esa
información debe darse a conocer y, en caso tal, si la totalidad o sólo una
parte debería ser expuesta, o si, por el contrario, es prioritaria la defensa
de la reserva de la información y mantenerla de esa manera. En una sociedad
democrática, abierta y respetuosa de las libertades, este tipo de decisiones se
toman autónomamente, con la debida responsabilidad. Dichos deberes se traducen,
entre otros, en que los periodistas guarden una mayor fidelidad a la verdad que
a la fuente de la filtración. ¿Por qué la fuente filtró cierta información?,
¿qué propósito tiene? El medio de comunicación, en pro de la verdad, debe ser
crítico de la información filtrada, pero también de los canales por los cuales
llegó o las razones y propósitos por los que se filtró. Sería inadmisible, por
ejemplo, que una persona o un medio de comunicación decidan no informar datos
periodísticamente relevantes con relación a cómo y por qué se filtró una
información, con el propósito de no afectar los intereses de la fuente y
garantizar que siga siendo proveedora de futuras ‘chivas’. El manejo que se
haga de la información filtrada a los medios de comunicación debe estar
gobernado por el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a su autonomía y
a la garantía de una sociedad abierta, libre y democrática.
En
estos términos dejo plasmadas las razones por las que aclaro mi voto en esta
oportunidad.
Fecha
ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Cuaderno de instancias, folio 1.
[2] El accionante no
allegó la copia de la petición; tampoco indicó la fecha en que presentó la
solicitud de rectificación ni precisó el contenido de la respuesta del medio de
comunicación.
[3] Cuaderno de instancias, folio 2.
[4] Cuaderno de instancias, folios 2 a 4.
[5] Cuaderno de instancias, folio 9.
[6] Cuaderno de instancias, folio 11.
[7] Cuaderno de instancias, folios 12 y 13.
[8] Cuaderno de instancias, folio 27
[9] Cuaderno de instancias, folio 48.
[10] Ibídem.
[11] Ibídem.
[12] Cuaderno de instancias, folio 51.
[13] Cuaderno de instancias, folio 52.
[14] Cuaderno de instancias, folio 53.
[15] Ibídem.
[16] Cuaderno de instancias, folio 90, vto.
[17] Cuaderno de instancias, folio 91.
[18] Artículo 18. Publicidad. “La
actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los
intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan
los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los
procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y
demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño
psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho
del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la
investigación”.
[19] Artículo 149. Principio de
publicidad. “Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de
juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin
decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad al máximo, no
podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público,
la víctima y su representación legal. El juez podrá limitar la publicidad de
todos los procedimientos o parte de ellos, previa audiencia privada con los
intervinientes, de conformidad con los artículos siguientes y sin limitar el
principio de contradicción. Estas medidas deberán sujetarse al principio de
necesidad y si desaparecieren las causas que dieron origen a esa restricción,
el juez la levantará de oficio o a petición de parte. No se podrá, en ningún
caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Tampoco se
podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a
los medios de comunicación so pena de la imposición de las sanciones que
corresponda”.
[20] Artículo 152. Restricciones a la
publicidad por motivos de interés de la justicia. “Cuando los intereses de
la justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en
especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante
auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre
lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o
de la prensa”.
[21] Cuaderno de instancias, folio 91, vto.
[22] Cuaderno de instancias, folio 92, vto.
[23] Cuaderno de instancias, folio 94.
[24] Cuaderno de instancias, folios 99 y 100.
[25] Cuaderno de instancias, folios 129 y 130.
[26] Cuaderno de instancias, folios 118 a 128.
[27] Sobre el particular citó las
siguientes sentencias: Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004.
Serie C No. 107. Párr. 128; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. Párr.
86; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111. Párr. 103.
[28] Cuaderno de instancias, folios 144 a 152.
[29] Artículo 7. Presunción de inocencia. “Toda
persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca
una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las
actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado.
Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la
calidad de antecedentes penales y contravencionales”.
[30] “Por medio de la cual se crea la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras disposiciones”.
[31] “(…) b) Información pública. Es
toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle
en su calidad de tal; c) Información pública clasificada. Es aquella
información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad
de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una
persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado,
siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los
derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de esta ley; d)
Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a
la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad
de los requisitos consagrados en el artículo 19 de esta ley”.
[32] Con fundamento en las sentencias T-277 de 2015 y T-487 de 2017.
[33] Cuaderno de
instancias, folios 15 a 23.
[34] Cuaderno de
instancias, folio 24.
[35] Cuaderno de
instancias, folio 25.
[36] Cuaderno de
instancias, folios 66 a 80.
[37] Cuaderno de
instancias, folios 82 a 86.
[38] Cuaderno de
instancias. Sin folio.
[39] Cuaderno de instancias, folios 139 a 142.
[40] Cuaderno de instancias, folio 138.
[41] Cuaderno 1 de la Corte, folios 15 a 22.
[42] Correspondiente al proceso penal que cursa en contra de Luis Alfredo
Ramos Botero.
[43] Cuaderno 1 de la Corte, folio 28.
[44] Cuaderno 1 de la Corte, folio 29.
[45] Cuaderno 1 de la Corte, folio 33.
[46] Cuaderno 1 de la Corte. Folio 117.
[47] Cuaderno 1 de la Corte. Folio 119.
[48] Cuaderno 2 de la Corte. Folios 257 a 259.
[49] Cuaderno 2 de la Corte. Folio 353 a 355.
[50] Cuaderno 2 de la Corte. Folio 356.
[51] Cuaderno 2 de la Corte, folio 357.
[52] Cuaderno 2 de la Corte, folio 360 a 456.
[53] Cuaderno
3 de la Corte, folios 470 y 471.
[54] Cuaderno
3 de la Corte, folios 473 a 482.
[55] Cuaderno
3 de la Corte, folio 484.
[56] Cuaderno
3 de la Corte, folios 484 vuelto y 485.
[57] Artículo 33 de la
Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa en Colombia”.
[58] Cuaderno
3 de la Corte, folios 485 vuelto y 486.
[59] Sobre el particular, hizo referencia
a las sentencias T-298 de 2009, T-731 de 2015, T-546 de 2016, T-454 de 2018.
[60] Se refirió a dos asuntos específicos:
i) caso Herrera Ulloa, donde la Corte IDH afirmó que “el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en
la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las
actividades o actuaciones de una persona determinada (Corte IDH, caso
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas) 2 de julio de 2004, Serie c 107. (Consideró que la pena impuesta a un
periodista por haber replicado información sobre la posible corrupción de un
diplomático costarricense publicada en la prensa extranjera, era violatoria de
la libertad de expresión) párr. 129)” y ii) caso Ricardo Canese, donde incluyó como destinatarios
de ese “umbral diferente de protección” a políticos, funcionarios públicos,
personas que ejercen funciones de naturaleza pública y a personas que influyen
en cuestiones de interés público (Corte IDH, Caso Ricardo
Canese Vs. Paraguay (Fondo, Reparaciones y Costas) 31 de agosto de 2004, Serie
c 111 (Consideró que la condena judicial proferida contra quien fuera candidato
a la presidencia del Paraguay con ocasión de unas declaraciones, en plena
campaña electoral, sobre la posible relación de su competidor con actos de
corrupción relacionados con una hidroeléctrica, eran violatorios de la libertad
de expresión) párr. 103).
[61] Cuaderno
3 de la Corte, folios 487 y 488.
[62] El interviniente citó el siguiente
aparte de la sentencia: “en el caso de que un medio tenga acceso a un
documento secreto, está obligado a mantenerlo en reserva o puede divulgarlo? Al
respecto, cabe confirmar lo señalado en la sentencia C-038 de 1996, acerca de
que la obligación de la reserva ‘cobija a los funcionarios y demás personas que
están sujetos a la misma.’ Es decir que, en principio, el mandato de reserva no
vincula a los periodistas ni a los medios de comunicación”.
[63] Capítulo II, Evaluación sobre el
estado de la libertad de expresión en el hemisferio, párr. 125. Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Volumen II, 0EA/Ser.L/V/II
Doc 69, 30 de diciembre de 2011.
[64] El interviniente
citó el siguiente aparte de la sentencia: “en términos generales la
reserva o secreto de un documento público: i) opera sobre el contenido mas no
sobre su existencia; ii) es temporal, estando el plazo sujeto a límites de
razonabilidad y proporcionalidad; iii) cubre a los servidores públicos, no
comprendiendo a los periodistas y, en principio, no autoriza al Estado para
impedir la publicación de la información por la prensa”.
[65] Cuaderno
3 de la Corte, folio 488.
[66] Cuaderno
3 de la Corte, folio 495.
[67] Cuaderno
3 de la Corte, folio 496.
[68] Cuaderno
3 de la Corte, folio 497.
[69] Cuaderno
3 de la Corte, folio 499.
[70] Cuaderno
3 de la Corte, folio 500.
[71] Cuaderno
3 de la Corte, folio 498.
[72] Cuaderno
3 de la Corte, folio 504.
[73] Cuaderno
3 de la Corte, folios 545 y 546.
[74] Cuaderno
3 de la Corte, folio 547 vuelto.
[75] Ibídem.
[76] Ibídem.
[77] Ibídem.
[78] Cuaderno
3 de la Corte, folio 548.
[79] Cuaderno 3 de la Corte, folio 548. Sobre este punto, el Relator sugirió ver la Declaración conjunta
sobre Wikileaks del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección
y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Relatora
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=889&11D=2.
[80] Cuaderno
3 de la Corte, folio 548 vuelto.
[81] Cuaderno 3 de la Corte, folio 548
vuelto. Al respecto, el Relator sugirió ver el Marco
Jurídico Interamericano, párr. 79.
[82] Cuaderno
3 de la Corte, folio 520.
[83] Cuaderno
3 de la Corte, folios 520 y 521.
[84] Indicaron que esa postura ha sido
reiterada de manera uniforme en las sentencias T-066 de 1998, T-634 de 2001,
T-1307 de 2005, T-708 de 2008 y C-540 de 2012
[85] Cuaderno
3 de la Corte, folio 521.
[86] Cuaderno
3 de la Corte, folios 521 vuelto a 523.
[87] Cuaderno
3 de la Corte, folios 523 vuelto y 524.
[88] Cuaderno
3 de la Corte, folios 525 y 526.
[89] Sentencia
T-200 de 2018.
[90] Sentencia
T-219 de 2009.
[91] Entre
las muchas definiciones de poder está la de José Carpizo “El poder es una
relación en la cual una persona, un grupo, una fuerza, una institución o una
norma condiciona el comportamiento de otra u otras, con independencia de su
voluntad y su resistencia”, en: “Los medios de comunicación masiva y el Estado
de derecho, la democracia, la política y la ética” México, Boletín Mexicano de
Derecho Comparado. N° 96 septiembre diciembre de 1999. www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/96/art/art2.pdf.
[92] Sentencia
T-219 de 2009.
[93] STC 176/1995.
[94] Stein
Velasco José Luis F. “Democracia y medios de comunicación” México, Universidad
Nacional Autónoma de México, instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005.
[95] Sentencia
No. T-611/92 (…).
[96] Sentencia
T-219 de 2009.
[97] Ibídem.
[98] Ibídem.
[99] Sentencia T-611 de 1992. Reiterada en la sentencia T-043 de 2011.
[100] Hugo Aznar. “La responsabilidad ética en el campo de la información”. En Derecho
de la información. El ejercicio del derecho de la información y su
jurisprudencia. Ignacio Bell Mallén et alt. CEPC, Madrid, 2015, p. 489.
[101] Sentencia T-219 de 2009.
[102] Ibídem.
[103] Sentencia T-117 de 2018. En esa decisión se reiteraron las
sentencias T-1085 de 2004, T-1149 de 2004, T-1196 de 2004, T-735 de
2010, T-012 de 2012, T-634 de 2013, T-050 de 2016 y T-145 de 2016.
[104] Sentencia T-117 de 2018. Cfr. Sentencia T-015 de 2015.
[105] Corte
Constitucional, Sentencia T-798 de 2007 y T-552 de 2008.
[106] Ver,
por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias T-288 de 1995,  T- 277 de 1999 y
T-714 de 2010.
[107] Sentencia T-117 de 2018.
[108] Sentencia T-117 de 2018. Cfr. Sentencias T-921 de 2002, T-787
de 2004 y T-634 de 2013.
[109] Sentencia T-117 de 2018.
[110] Sentencia T-145 de 2016.
[111] Sentencia
T-312 de 2015.
[112] Sentencia
T-512 de 1992.
[113] Sentencia T-022 de 2017, siguiendo las principales
características resumidas en sentencia T-260 de
2010.
[114] Sentencia T-117 de 2018.
[115] Sentencia T-263 de 2010. Reiterada en la Sentencia T-117 de 2018
[116] Ibídem.
[117] En
virtud de lo dispuesto en el artículos 93 de la Carta Política.
[118] Ver
en especial, y entre muchas otras, las sentencias T-609 de 1992, T-066 de 1998
y C-087 de 1998.
[119] Sentencia
C-010 de 2000.
[120] Sentencia T-904 de 2013.
[121] Ibídem.
[122] En similar sentido,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó: “Sin una efectiva
libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se
desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los
mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y,
en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas
autoritarios se arraiguen en la sociedad”. Caso Herrera Ulloa v.
Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004.
[123] Sentencia
T-244 de 2018.
[124] Sentencia T-277 de 2015.
[125] Sentencia C-442 de 2011.
[126] En
la cita original se incluye la “informaciones”.
[127] Sentencia
T-022 de 2017. Cfr. Sentencia T-244 de 2018.
[128] Sentencia
T-904 de 2013.
[129] Ibídem.
[130] Ibídem.
[131] Ibídem.
[132] Ibídem.
[133] Ibídem.
[134] Corte IDH. Caso Kimel Vs.
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C
No. 177. Párr. 53; Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151.
Párr. 75; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1º de febrero de 2006. Serie C No. 141. Párr. 163; CIDH.
Alegatos ante la Corte Interamericana en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
Transcritos en: Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
Párr. 101.1 a); Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 2 de julio de 2004,
Serie C No. 107. Párr. 108; Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. Párr.
146; Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C No. 111. Párr. 77; Corte IDH. Caso
“La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costos. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. Párr.
64; Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13
de noviembre de 1985. Serie A No. 5. Párr. 30; CIDH. Informe Anual 1994.
Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88.
doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995. Disponible para consulta en:
http://cidh.oas.org/annualrep/94span/cap.V.htm; CIDH. Informe No. 130/99. Caso
No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza. México. 19 de noviembre de 1999. Párr. 51;
CIDH. Informe No. 11/96, Caso No. 11.230. Francisco Martorell. Chile. 3 de mayo
de 1996. Párr. 53.
[135] Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe sobre “Jurisprudencia Nacional en
Materia de Libertad de Expresión”, 2016.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/basicos/JURISPRUDENCIA_ESP.pdf.
[136] Sentencia T-904 de 2013.
[137] Sentencia C-038 de 1996. En esa oportunidad, la Corte estudió la demanda de
inconstitucionalidad presentada, entre otras disposiciones, contra el artículo
33 de la Ley 190 de 1995, “Por la cual se dictan normas tendientes
a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar la corrupción administrativa en Colombia”, en virtud del cual dentro de los procesos disciplinarios y de
responsabilidad fiscal, todas las actuaciones, salvo los fallos, quedan sujetas
a reserva. A juicio de los demandantes, “los datos y hechos cuyo
conocimiento ciudadano reviste interés general no pueden ampararse en la
reserva y, por esta vía, quedar sustraídos del libre escrutinio público”.
// Al resolver el asunto, la Corte expuso que, por ejemplo, en materia penal
“la imposición de una publicidad total - desde las averiguaciones previas -,
podría malograr la capacidad de indagación del Estado y menoscabaría la
presunción de inocencia de las personas. De la misma manera, la postergación de
la publicidad a un momento que coincida con la expedición de la sentencia, le
imprimiría a la justicia el estigma propio de una acción secreta, y la
sustraería por entero del control ciudadano”. Al aplicar lo señalado
respecto de los procesos penales, a aquellos disciplinaros y fiscales, se
encontraba que la medida contenida en la norma, la cual buscaba garantizar la
eficacia e imparcialidad en las investigaciones, era desproporcionada, pues
limitaba el derecho a ejercer el control político. Señaló que si bien era
comprensible que las investigaciones preliminares estuvieran sujetas a reserva,
resultaba excesivo extenderlo hasta el momento del fallo “desde el punto de
vista del necesario y legítimo derecho ciudadano al control del ejercicio del
poder público”. Por lo tanto, el legislador “al llevar más allá de su
máximo contenido los principios de eficiencia y respeto a la presunción de
inocencia, le restó toda virtualidad y eficacia al principio de publicidad y al
derecho fundamental que éste nutre: el control del poder público por parte de
las personas y ciudadanos”.
[138] Sentencia T-298 de 2009. En este caso, la Corte revisó una acción de
tutela interpuesta por un ciudadano -persona pública- contra un medio de
comunicación que, al emitir una noticia, lo vinculó con hechos de corrupción en
un hospital basándose en una carta presuntamente elaborada por funcionarios de
la institución. Los jueces de instancia negaron la protección del derecho al
buen nombre, decisión que fue confirmada en sede de revisión. Este Tribunal
encontró, entre otros aspectos, que la publicación era suficientemente clara al afirmar que quien hacía
las imputaciones no era el medio de comunicación, ni uno de sus periodistas,
editores, columnistas o investigadores, sino los trabajadores del Hospital
investigado; y las frases se formularon en términos dubitativos, con
expresiones como “al parecer (….)”, por lo que no había nada en la
publicación que indujera en error a los lectores.
[139] Sentencia SU-1723 de 2000. En esa ocasión,
conoció la acción de tutela instaurada por un reconocido cantante que estaba
siendo investigado penalmente. Según indicó, un medio de comunicación expuso
aspectos íntimos de su vida privada, de su comportamiento sexual y de su salud,
sin contar con su autorización. Los jueces de instancia negaron el amparo
invocado, decisiones que fueron confirmadas en sede de revisión. Al analizar el
caso concreto, la Corte sostuvo que el accionante era una persona que por razón de su actividad como
compositor musical y cantante, se había convertido en una figura públicamente
reconocida que debía “asumir las consecuencias de ello, una de las cuales
consiste en la relativización de su vida privada” y manifestó que por
encontrarse vinculado a una investigación penal, la sociedad contaba con un
interés legítimo para conocer la información.
[140] Ibídem.
[141] Ibídem.
[142] Sentencia T-298 de 2009. Esta postura fue
reiterada en la sentencia sentencia
T-731 de 2015 en la
que esta Corporación estudió la acción de tutela instaurada por los hermanos
Galán Pachón por una nota de prensa que los calificó como beneficiarios o responsables del “éxito
contractual” de la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, a
pesar de no tener ninguna participación o injerencia en ella, directa o
indirecta. En primera
instancia el juzgado concedió el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la dignidad humana, y
a la intimidad personal y familiar; sin embargo, esta decisión fue revocada en
segunda instancia, que negó la protección invocada. // La Corte confirmó la decisión de segunda
instancia, pues encontró que el
contenido de opinión de la nota difundida “no afectaba los derechos de los
accionantes y se presentaba como un ejercicio razonable y adecuado de la libertad
de expresión stricto sensu por cuanto (i) se basó en unos hechos
verificados de manera diligente y presentados de manera imparcial, y (ii) la
opinión del periodista es fácilmente diferenciable de la información contenida
en la nota”. Al respecto, señaló que “las opiniones expresadas en la nota de prensa
atañen a los accionantes en tanto personajes públicos, especialmente relevantes
en el contexto político. Esta perspectiva implica que la información y la
opinión sobre ellos y sus actuaciones son relevantes desde el punto de vista de
la sociedad en general, que está interesada en conocer y escuchar opiniones
sobre personajes ubicados en el centro de atención de la comunidad. La
importancia de la opinión acerca de estos personajes es especialmente valorada
desde el escenario constitucional, pues los derechos a la información y a la
libertad de expresión cobran especial relevancia para la formación de una
opinión pública informada y en capacidad de discernir libremente sobre los
asuntos de su interés”.
[143] Sentencia T-256 de 2013.
[144] Sentencia T-454 de 2018. En esa ocasión,
esta Corporación revisó una tutela interpuesta por un líder social y político
contra un particular por la publicación que este realizó desde su perfil de
Facebook de una nota periodística titulada “Huérfano de moral”, acompañada de
una fotografía del accionante. Si bien la Corte confirmó la decisión que
declaró la improcedencia del amparo, expuso importantes consideraciones sobre
el asunto.
[145] Ibídem.
[146] Sentencia
SU-1723 de 2000. Esta postura fue reiterada en la sentencia T-546 de 2016,
oportunidad en que la Corte estudió la acción de tutela instaurada contra una
editorial, por la publicación del libro “La comunidad del anillo”, cuya
carátula contiene la imagen del actor, la cual fue usada sin su consentimiento.
// Esta Corporación negó el amparo invocado porque la imagen utilizada no necesitaba el
consentimiento o autorización de uso por parte del actor, en razón a que estaba
disponible en la web y reflejaba el ejercicio de la función
pública que desempeñaba, es decir, tenía como escenario la esfera pública del
demandante sin que pudiera catalogarse como una imagen incriminatoria o como
una intromisión en el escenario privado e íntimo del actor. Se pronunció sobre los discursos
especialmente protegidos, dentro de los cuales se encuentran los discursos
políticos y de interés público, y reiteró que comprende tanto los de contenido electoral como toda expresión
relacionada con el gobierno y, con mayor razón, las críticas hacia
el Estado y los funcionarios públicos.
[147] En la ya citada sentencia C-391 de 2007 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil), la Corte efectuó una detallada
presentación de las razones y de los antecedentes que, en el derecho local y
comparado, justifican la especial protección constitucional de los discursos
políticos y, en particular, de los que tienen por objeto la crítica de los
poderes y funcionarios públicos. En la sentencia T-218 de 2009 (MP. Mauricio
González Cuervo) se sintetizan algunos leading cases en la jurisprudencia
comparada.
[148] Sentencia T-904 de 2013. La Corte estudió la acción de tutela instaurada
por una ciudadana que se desempeñaba como Contralora General de la República,
contra un medio de comunicación que divulgó
un video en el que se registraba la imagen de sus hijos menores mientras
jugaban fútbol en la vivienda, así como la imagen de uno de los escoltas y las
placas del vehículo en el que se movilizaba, esto, con ocasión de una querella
por el ruido que se producía en el hogar de la accionante. Esta Corporación
concedió la protección del derecho a la intimidad de los menores, pero no
accedió a las pretensiones relacionadas con la información de la querella.
[149] Sentencia T-155 de 2019. Este Tribunal
revisó la acción de tutela instaurada por un ciudadano -servidor público y
subgerente de un hospital- por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, debido a una
publicación en la red social Facebook donde se indicaba que él pertenecía a un
cartel de la corrupción. // La Corte resolvió negar el amparo invocado, al
considerar que “no se violan los derechos fundamentales al buen nombre, a la
honra o a la intimidad de un servidor público cuando una persona, en ejercicio
de su libertad de expresión y de su derecho a ejercer control al poder
político, lo cuestiona y relaciona con la comisión de actuaciones contrarias a
la ley, si sus afirmaciones representan una opinión (que expresa, por ejemplo,
una manifestación de protesta, indignación o inconformidad con determinada
situación de interés público) y no una supuesta información (una acusación
concreta sobre una persona determinada)”.
[150] Ibídem.
[151] Sentencia
SU-1723 de 2000.
[152] Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Informe sobre “Jurisprudencia
Nacional en Materia de Libertad de Expresión”, 2016.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/basicos/JURISPRUDENCIA_ESP.pdf.
[153] El asunto surgió con ocasión de un libro
publicado por un periodista, escritor e investigador histórico, en el que
expuso el resultado de una investigación sobre el asesinato de cinco
religiosos. En ese libro, criticó la actuación de las autoridades encargadas de
la investigación de los homicidios, entre ellas un juez. Este último, promovió
una querella criminal en contra del periodista por el delito de calumnia,
proceso que culminó con la condena del señor Kimel a un año de prisión y una
multa. Consideración n.° 2.
[154] Cfr.
Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 128, y Caso Ricardo Canese, supra nota
44, párr. 98.
[155] Cfr.
Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 129, y Caso Ricardo Canese, supra nota
44, párr. 103.
[156] Cfr.
Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 129, y Caso Ricardo Canese, supra nota
44, párr. 103.
[157] Cfr.
Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 129, y Caso Ricardo Canese, supra nota
44, párr. 103.
[158] Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra
nota 12, párr. 155; Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 127; Caso Palamara
Iribarne, supra nota 12, párr. 83, y Caso Claude Reyes y otros, supra nota 44,
párr. 87.
[159] Consideraciones n.° 86 y 87.
[160] CIDH.
Estándares para una internet libre, abierta e incluyente
[161] CIDH. Informe Anual 2008. Informe de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco Jurídico
Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II.134 Doc.
5 rev. 1. 25 de febrero de 2009. Párrs. 224-226.
[162] Caso citado por Eduardo A. Bertoni. El
Derecho a la Libertad de Pensamiento y expresión en el Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos, en: Claudia Martín, Diego Rodríguez
Pinzón y José A. Guevara, compiladores, en: Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, Washington Collage of Law, American University, 2004. Cfr.
Sentencia T-219 de 2009.
[163] Resumen tomado de la sentencia T-219
de 2009. Ahora, a manera de referente, también es preciso hacer referencia a la
sentencia del 21 de abril de 2014, donde la Corte Suprema de Justicia de Panamá
reafirmó la constitucionalidad del artículo 196 del Código Penal, mediante la
cual se despenalizó parcialmente los delitos contra el honor en aquellos casos
en que los supuestos ofendidos sean altos funcionarios públicos, funcionarios
de elección popular o gobernadores. Esa Corporación indicó que “los
funcionarios públicos se encuentran sometidos a un mayor nivel de escrutinio,
‘lo que es fundamental en una sociedad democrática’ (…) ‘la persona al asumir
un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo
cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus
actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y
por ello debe mostrarse más tolerante’”. Tomado del informe
sobre “Jurisprudencia Nacional en
Materia de Libertad de Expresión”, 2016. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/basicos/JURISPRUDENCIA_ESP.pdf
[164] 24
de junio de 2008 Fallos: 331:1530.
[165] Consistió en una demanda interpuesta por algunos
integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación contra un
periódico y un periodista, con el objeto de que se los condenara a resarcir los
daños causados por unas publicaciones en las que se cuestionaba su desempeño
profesional. Los actores consideraron que se habían afectado sus derechos a la
intimidad y al honor, que las publicaciones habían sido inexactas y formaban
parte de una campaña persecutoria y difamatoria contra ellos y, en lugar de
informar, habían tomado una abierta posición sobre el tema, con la intención de
despertar en el público sospechas sobre su actuación profesional. Corte Suprema
de Justicia de la Nación Argentina. Fallos relevantes.  https://sj.csjn.gov.ar/sj/suplementos.do?method=ver&data=relevantes2003_2016. Página 79.
[166] https://sj.csjn.gov.ar/sj/suplementos.do?method=ver&data=relevantes2003_2016. Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina. Fallos relevantes. Página 79.
[167] Ibídem.
[168] https://sj.csjn.gov.ar/sj/suplementos.do?method=ver&data=relevantes2003_2016.
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Fallos relevantes. Página 80.
[169] Muñoz, Machado,
Libertad de prensa y procesos por difamación, p. 154. Citado en ZANNONI, Eduardo A. y BÍSCARO, Beatriz R.
Responsabilidad de los medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo
de Pala. Buenos Aires. 1993. Pág. 74.
[170] Sentencia T-243 de 2018.
[171] Ibídem.
[172] Sentencia
T-110 de 2015.
[173] Informe sobre “Jurisprudencia Nacional en
Materia de Libertad de Expresión”, 2016. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/basicos/JURISPRUDENCIA_ESP.pdf
[174] Artículo  42. La familia es el
núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. || El Estado y la
sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la
dignidad y la intimidad de la familia son inviolables (…).
[175] Sentencia T-411 de 1995.
[176] Sentencia
T-022 de 2017.
[177] Sentencia
T-714 de 2010, siguiendo la providencia C-392 de 2002.
[178] Sentencia C-489 de 2002. Cfr.
Sentencia T-022 de 2017.
[179] Sentencia T-977 de 1999. Cfr.
Sentencia T-022 de 2017.
[180] Sentencia T-471 de 1994.
[181] Sentencia C-452 de 2016. Cfr.
Sentencia T-022 de 2017.
[182] Sentencia
T-050 de 2016.
[183] Sentencia
C-341 de 2014.
[184] Sentencia
C-163 de 2019.
[185] Ver, entre otras, las sentencias C-980 de 2010, C-341 de 2014 y C-163 de
2019.
[186] Sentencia C-365 de 2000. Reiterada
en la sentencia C-496 de 2016.
[187] Sentencia
C-496 de 2016.
[188] Sentencia C-037 de 1996.
[189] Sentencia C-496 de 2016.
[190] Sentencia T-176 de 2008. Reiterada en la sentencia
C-496 de 2016.
[191] Jauchen,
Eduardo, M. Derechos del imputado. “Principios, derechos y garantías
constitucionales”. Editorial Rubinzal – Culzoni. Buenos Aires, Argentina.
2005. Pág. 207.
[192] Ibídem.
[193] Jauchen,
Eduardo, M. Derechos del imputado. “Principios, derechos y garantías
constitucionales”. Editorial Rubinzal – Culzoni. Buenos Aires, Argentina.
2005. Pág. 208.
[194] Jauchen,
Eduardo, M. Derechos del imputado. “Principios, derechos y garantías
constitucionales”. Editorial Rubinzal – Culzoni. Buenos Aires, Argentina.
2005. Pág. 210.
[195] Sentencia C-121 de 2012.
[196] Ver, entre otras,
las sentencias C-774 de 2001, C-416 de 2002, C-205 de 2003, C-003 de 2017,
C-176 de 2017 y C-342 de 2017.
[197] Sentencia C-205 de 2003.
[198] Sentencia C-342 de 2017.
[199] Ibídem.
[200] Sentencia C-121 de
2012. Para definir estos tres componentes del derecho a la presunción de
inocencia, la Corte se basó en la doctrina internacional: O`Donnell,
Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Colombia, 2007,
Pág. 397.
[201] Recuérdese que el artículo 29 de la
Constitución establece: “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se
la haya declarado judicialmente culpable (…)”.
[202] Sentencia C-003 de 2017.
[203] Ibídem.
[204] Ibídem.
[205] Sentencia C-121 de 2012. Reiterada en la sentencia C-003 de 2017.
[206] Sentencia T-525 de 1992.
[207] Sentencia T-040 de 2013.
[208] Sentencia
T-145 de 2016.
[209] Sentencia
T-243 de 2018.
[210] ZANNONI, Eduardo A. y BÍSCARO, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 168.
[211] Sentencia
C-150 de 1993.
[212] Sentencia
C-037 de 1996.
[213] Sentencia
T-705 de 2007
[214] Sentencia
T-920 de 2008
[215] Sentencia
T-920 de 2008. Cfr. Sentencias T-1099 de 2004 y T-881 de 2004.
[216] LÓPEZ ORTEGA, J.J.: Información y
Justicia. La dimensión constitucional del principio de publicidad judicial y
sus limitaciones. Justicia y medios de comunicación. Cuadernos de Derecho
Judicial. XVI (2006), p. 105. Citado en Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 19: “Derecho a la información e información de
tribunales. Los secretos judiciales”. Manuel Sánchez de Diego Fernández de
la Riva. Madrid, 2015. Pág. 468.
[217] ARTICULO 330.
RESERVA DE LA INSTRUCCION. Durante la instrucción, ningún funcionario puede
expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que las solicite autoridad
competente para investigar y conocer de procesos judiciales, administrativos o
disciplinarios, o para dar trámite al recurso de queja. Quienes intervienen en
el proceso tienen derecho a que se les expida copia de la actuación, para su
uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos. El hecho de ser sujeto procesal
impone la obligación de guardar la reserva sumarial, sin necesidad de
diligencia especial. La reserva de la instrucción no impedirá a los
funcionarios competentes proporcionar a los medios de comunicación información
sobre la existencia de un proceso penal, el delito por el cual se investiga a
las personas legalmente vinculadas al proceso, la entidad a la cual pertenecen
las personas, si fuere el caso, y su nombre, siempre y cuando se haya dictado
medida de aseguramiento. // ARTICULO 393. CIERRE DE LA
INVESTIGACION.  Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para
calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de
sustanciación que se notificará personalmente, la cual sólo admite el recurso
de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el
expediente pase al despacho para su calificación. Ejecutoriada la providencia
de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a los
sujetos procesales, para presentar las solicitudes que consideren necesarias en
relación con las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido
el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles.
[218] ARTICULO 403.
CELEBRACION DE LA AUDIENCIA. Llegado el día y la hora para la vista
pública, el juez interrogará personalmente al sindicado acerca de los hechos y
sobre todo aquello que conduzca a revelar su personalidad. De igual manera se
podrá escuchar a los funcionarios de policía judicial que intervinieron en la
investigación y esclarecimiento de los hechos. Los sujetos procesales podrán
interrogar al sindicado, e inmediatamente se procederá a la práctica de las
pruebas, de lo cual se dejará constancia en acta, pudiendo utilizarse los
medios mecánicos autorizados en este código.
[219] CUERVO, Luis Enrique. “La
administración de justicia, los medios de comunicación, la libertad de prensa y
la búsqueda de la verdad”. Presunción de inocencia y juicios paralelos en
derecho comparado, III Sesión del Observatorio de la presunción de inocencia y
juicios paralelos. Ana María Ovejero Puente (editora). Editorial Tirant lo
Blanch, Instituto de Derecho Público Comparado, Instituto de Derecho
Parlamentario, Universidad Carlos III, Universidad Complutense. Valencia,
España. 2017. Pág. 123.
[220] Esparza Leibar, Iñaki. El principio
del proceso debido. José María Bosch Editor, S.A. Barcelona. 1995. Pág. 73.
[221] Esparza Leibar, Iñaki. El principio
del proceso debido. José María Bosch Editor, S.A. Barcelona. 1995. Pág. 74 y
75.
[222] Esparza Leibar, Iñaki. El principio
del proceso debido. José María Bosch Editor, S.A. Barcelona. 1995. Pág. 75
[223] Esparza Leibar, Iñaki. El principio
del proceso debido. José María Bosch Editor, S.A. Barcelona. 1995. Pág. 76 y
77.
[224] Esparza Leibar, Iñaki. El principio
del proceso debido. José María Bosch Editor, S.A. Barcelona. 1995. Pág. 111
[225] Ibídem.
[226] La Suprema Corte de Estados Unidos
conoció los hechos ocurridos en octubre de 1975, cuando seis miembros de una
familia de un pequeño pueblo de Nebraska fueron asesinados en su domicilio.
Este caso atrajo la atención de los medios locales y nacionales, razón por la
cual el Fiscal pidió al juez municipal una orden restrictiva contra la prensa.
El juez decidió no cerrar al público y a la prensa la audiencia preliminar,
pero emitió una orden restrictiva, prohibiendo la revelación de cualquier
testimonio o prueba que se ventilara en la audiencia preliminar. A su vez, el
juez federal también emitió sus propias órdenes de restricción. Cfr. Toller,
Fernando M. Libertad de prensa y tutela judicial efectiva. Estudio de la
prevención judicial de daños derivados de informaciones. Editorial La Ley.
1999. Pág. 338 y 339.
[227] CUERVO, Luis Enrique. “La
administración de justicia, los medios de comunicación, la libertad de prensa y
la búsqueda de la verdad”. Presunción de inocencia y juicios paralelos en
derecho comparado, III Sesión del Observatorio de la presunción de inocencia y
juicios paralelos. Ana María Ovejero Puente (editora). Editorial Tirant lo
Blanch, Instituto de Derecho Público Comparado, Instituto de Derecho
Parlamentario, Universidad Carlos III, Universidad Complutense. Valencia,
España. 2017. Pág. 131.
[228] Ibídem.
[229] Toller, Fernando M. Libertad de
prensa y tutela judicial efectiva. Estudio de la prevención judicial de daños
derivados de informaciones. Editorial La Ley. 1999. Pág. 341. El autor aclara
que este test es tomado del caso United States v. Dennis y que, según
algunos doctrinantes, es una versión difusa del clear and present danger
test aplicado en el caso Bridges v. California, en virtud del cual “el
daño sustantivo debe ser extremadamente serio y el grado de inminencia
extremadamente alto antes de penalizar una expresión” (pág. 337).
[230] Ibídem.
[231] Sentencia
C-350 de 1997.
[232] C-141
de 1995
[233] C-342
de 2017.
[234] Criterios cercanos o equivalentes a
los establecidos pueden encontrarse en el derecho comparado. Así por ejemplo Nebraska Press Association v. Stuart decidido por la Corte Suprema de Justicia. Igualmente
puede encontrarse un examen de proporcionalidad en algunas decisiones de la
Corte Europea de Derechos Humanos por ejemplo en el caso The Sunday Times c. el Reino Unido.
[235] Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
[236] “Por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
[237] “Por
medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley
734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el
derecho disciplinario”. Es de aclarar que esta
ley rige a partir del 1° de julio de 2021.
[238] “(…) 1. La
naturaleza esencial del servicio. 2. El grado de perturbación del servicio. 3.
La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva
institución. 4. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. 5.
Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán
teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de
aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se
derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la
comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la
cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de
difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas. 6. Los motivos
determinantes del comportamiento. 7. Cuando la falta se realice con la
intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos”.
[239] Código Penal Colombiano.
[240] “Por medio de la cual se expiden
normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan
a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión
constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.
[241] Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=889&11D=2.
[242] Sentencia
C-592 de 2012.
[243] Cfr. Sentencia T-391 de 2007 (…).
[244] Sentencia
T-219 de 2009.
[245] T-1000 del 3
de agosto de 2000, T- 249 de 2004, entre otras.
[246] Sentencia
T-439 de 2009.
[247] Sentencia
C-488 de 1993.
[248] Sentencia
C-350 de 1997.
[249] Sentencia
T-512 de 1992.
[250] Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe sobre la “Ética en los medios de comunicación”, 2004.
Introducción.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Etica/ETICA%20EN%20LOS%20MEDIOS%20DE%20DIFUSION.pdf
[251] Ibídem.
[252] A.
David Gordon y otros, Controversies in Media Ethics ("Controversias en
Etica Periodística"), Longman Publishers, EE.UU., 1996, pág. 6 (comentario
de John C. Merrill).
[253] Ibídem.
[254] Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe sobre la “Ética en los medios de comunicación”, 2004.
Introducción.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Etica/ETICA%20EN%20LOS%20MEDIOS%20DE%20DIFUSION.pdf
[255] Ibídem.
[256] Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe sobre la “Ética en los medios de comunicación”, 2004. Mecanismos tendientes a promover un comportamiento ético
de los medios de comunicación sin participación pública.
Numeral 19.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Etica/ETICA%20EN%20LOS%20MEDIOS%20DE%20DIFUSION.pdf
[257] Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Informe sobre la “Ética en los medios de comunicación”, 2004. Mecanismos tendientes a promover un comportamiento ético
de los medios de comunicación sin participación pública.
Numerales 20 a 26.
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Etica/ETICA%20EN%20LOS%20MEDIOS%20DE%20DIFUSION.pdf
[258] ZANNONI, Eduardo A. y BÍSCARO, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 59.
[259] ZANNONI, Eduardo A. y BÍSCARO, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 89.
[260] ZANNONI, Eduardo A. y BÍSCARO, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 99.
[261] ZANNONI, Eduardo A. y BÍSCARO, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 100.
[262] Sentencia C-592 de 2012.
[263] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 20: “La responsabilidad ética en el campo de la
información”. Hugo Aznar – Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015.
Pág. 490.
[264] Ibídem.
[265] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 20: “La responsabilidad ética en el campo de la
información”. Hugo Aznar – Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015.
Pág. 494.
[266] Ibídem.
[267] Ibídem.
[268] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 20: “La responsabilidad ética en el campo de la
información”. Hugo Aznar – Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015.
Pág. 500 y 501.
[269] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 20: “La responsabilidad ética en el campo de la
información”. Hugo Aznar – Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015.
Pág. 502.
[270] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 20: “La responsabilidad ética en el campo de la
información”. Hugo Aznar – Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015.
Pág. 503.
[271] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 20: “La responsabilidad ética en el campo de la
información”. Hugo Aznar – Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015.
Pág. 505.
[272] Ibídem.
[273] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Capítulo 20: “La responsabilidad ética en el campo de la información”.
Hugo Aznar – Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 505 y 507.
[274] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 21: “El autocontrol individual y corporativo de
la actividad informativa”. José Ignacio Bel Mallén – Universidad
Complutense. Madrid, 2015. Pág. 514.
[275] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y
Alfonso, Loreto. Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la
información y su jurisprudencia. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales. Capítulo 21: “El autocontrol individual y corporativo de
la actividad informativa”. José Ignacio Bel Mallén – Universidad
Complutense. Madrid, 2015. Pág. 520.
[276] LÓPEZ BARJA DE
QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Capítulo IX: Los procesos
judiciales y los medios de comunicación. Editorial Thomson Aranzadi. 2005.
Página 273.
[277] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal.
Capítulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicación. Editorial
Thomson Aranzadi. 2005. Páginas 273 y 274.
[278] Ibídem.
[279] Montalvo Abiol, Juan Carlos. Los
juicios paralelos en el proceso penal: ¿anomalía democrática o mal necesario?
Universitas Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 16, julio 2012, ISSN
1698-7950. Pág. 105.
[280] Junoy, Joan Picó (director).
Problemas actuales de la justicia penal. Capítulo: La justicia penal y los
medios de comunicación: los juicios paralelos. Javier Hernández García. JOSÉ
MARÍA BOSCH EDITOR. Barcelona, España. 2001. Pág. 72.
[281] Montalvo Abiol, Juan Carlos. Los
juicios paralelos en el proceso penal: ¿anomalía democrática o mal necesario?
Universitas Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 16, julio 2012, ISSN
1698-7950. Pág. 105.
[282] Junoy, Joan Picó (director).
Problemas actuales de la justicia penal. Capítulo: La justicia penal y los
medios de comunicación: los juicios paralelos. Javier Hernández García. JOSÉ
MARÍA BOSCH EDITOR. Barcelona, España. 2001. Pág. 73.
[283] De Vega Ruiz, José
Augusto. Libertad de expresión, información veraz, juicios paralelos y medios
de comunicación. EDITORIAL UNIVERSITAS S.A. 1998. Pág. 69.
[284] Junoy, Joan Picó (director Problemas
actuales de la justicia penal. Capítulo: La justicia penal y los medios de
comunicación: los juicios paralelos. Javier Hernández García. JOSÉ MARÍA BOSCH
EDITOR. Barcelona, España. 2001. Pág. 74
[285] Ibídem.
[286] Montalvo Abiol, Juan Carlos. Los
juicios paralelos en el proceso penal: ¿anomalía democrática o mal necesario?
Universitas Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 16, julio 2012, ISSN
1698-7950. Pág. 111.
[287] Ibídem.
[288] Ibídem.
[289] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal.
Capítulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicación. Editorial
Thomson Aranzadi. 2005. Páginas 278.
[290] De Vega Ruiz, José
Augusto. Libertad de expresión, información veraz, juicios paralelos y medios
de comunicación. EDITORIAL UNIVERSITAS S.A. 1998. Pág. 61.
[291] Ibídem.
[292] Junoy, Joan Picó (director).
Problemas actuales de la justicia penal. Capítulo: La justicia penal y los
medios de comunicación: los juicios paralelos. Javier Hernández García. JOSÉ
MARÍA BOSCH EDITOR. Barcelona, España. 2001. Pág. 76.
[293] De esa opinión, M.
Sánchez de Diego. “Derecho a la información e información de tribunales”, en  Derecho
de la Información. El ejercicio del derecho a la información y su
jurisprudencia. Ignacio Bell el alt., CEPC, Madrid, 2015, p. 468
[294] De Vega Ruiz, José
Augusto. Libertad de expresión, información veraz, juicios paralelos y medios
de comunicación. EDITORIAL UNIVERSITAS S.A. 1998. Pág. 68 y 69.
[295] De Vega Ruiz, José Augusto. Libertad de expresión, información
veraz, juicios paralelos y medios de comunicación. EDITORIAL UNIVERSITAS S.A.
1998. Pág. 69.
[296] Sobre ello, Serrano Maíllo, citado por Sánchez de Diego en “Derecho
a la información…”, cit., p. 483.
[297] Montalvo Abiol, Juan Carlos. Los
juicios paralelos en el proceso penal: ¿anomalía democrática o mal necesario?
Universitas Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 16, julio 2012, ISSN
1698-7950. Pág. 107.
[298] Junoy, Joan Picó (director).
Problemas actuales de la justicia penal. Capítulo: La justicia penal y los
medios de comunicación: los juicios paralelos. Javier Hernández García. JOSÉ
MARÍA BOSCH EDITOR. Barcelona, España. 2001. Pág. 79.
[299] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal.
Capítulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicación. Editorial
Thomson Aranzadi. 2005. Página 274.
[300] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal.
Capítulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicación. Editorial
Thomson Aranzadi. 2005. Páginas 274 y 275.
[301] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Procesal Penal.
Capítulo IX: Los procesos judiciales y los medios de comunicación. Editorial
Thomson Aranzadi. 2005. Páginas 277.
[302] Ver entre otras la sentencia T-332 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. (En esta ocasión un noticiero de televisión divulgó
una noticia relativa a la remoción de dos ex-secretarios del Gobierno
Departamental de Arauca, afirmando que éstos habían sido “cambiados” por
“comprobarles pertenecer a la guerrilla”. La Corte confirmó las decisiones de
instancia que concedieran la tutela del derecho al buen nombre, pero modificó
lo ordenado y exigió al medio de comunicación que en su siguiente emisión acreditará
lo aseverado acerca de la petente o, que de no poder hacerlo, procediera a
rectificar la información. A juicio de la Corte si “un medio de comunicación
-como acontece en el presente caso- sostiene públicamente haber "comprobado"
algo, es de esperar que justamente esté en capacidad de acreditar la
prueba, máxime si se trata de aseveraciones en cuya virtud alguien aparece
involucrado en la comisión de conductas delictivas, lo cual no significa que se
vea precisado a revelar sus fuentes.”)
[303] Ver entre otros las decisiones de la
Corte Suprema de Justicia norteamericana relacionados con la nulidad de
decisiones judiciales dictadas bajo la influencia perjudicial de la publicidad
realizada por los medios de comunicación: Irvin vs. Dowd, 366 U.S 717
(1961);  Rideau vs. Lousiana, 373 U.S 723 (1963) o Sheppard
vs. Maxwell 384 U.S 333 (1966).
[304] Sentencia. T-152 de
2019. Ver, entre otras, las
sentencias T-570 de 1992, T-675 de 1996, T-495 de 2001 y T-317 de 2005.
[305] Sentencia T-721 de 2017.
[306] Sentencia T-449 de 2018
[307] Sentencias T-317 de
2005 y SU-225 de 2013.
[308] Sentencia T-963 de 2010. Cfr.
Sentencia T-721 de 2017.
[309] Ver sentencias T-988 de 2007, T-585
de 2010 y T-200 de 2013.
[310] Sentencia T- 449 de 2018.
[311] Sentencia SU-225 de
2013.
[312] Sentencia T- 449 de 2018.
[313] Sentencia
T-481 de 2011.
[314] Sentencia T-721 de 2017.
[315] Sentencia T-170 de 2009.
[316] Sentencia T-721 de 2017.
[317] Sentencia T-963 de 2010. Reiterada en
la sentencia T-721 de 2017.
[318] Sentencias
T-476 de 1995, T-428 de 1998, SU-667 de 1998, T-498 de 2000, T-873 de 2001, T-758
de 2003 y T-803 de 2005, entre otras.
[319] Sentencias T-476 de 1995, T-428 de 1998, SU-667 de 1998 y T-803 de
2005.
[320] Sentencias T-461 de 2011, T-808 de 2005, T-662 de 2005, T-980 de
2004, T-288 de 2004, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998.
[321] Sentencias
T-170 de 2009 y T-576 de 2008.
[322] Cuaderno 1 de la Corte, folios 117 y 118.
[323] Autos
009 de 1994, 019 de 1997, 025 de 2002, 052 de 2002, 461 de 2018, entre otros.
[324] Auto 461 de 2018.
[325] Lo expuesto permite afirmar, además,
que Google LLC se notificó por conducta concluyente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 301 del Código General del Proceso: “La notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de
la notificación personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce
determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o
verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se
considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la
fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal. Quien
constituya apoderado judicial se entenderá notificado por conducta concluyente
de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso,
inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, el día en
que se notifique el auto que le reconoce personería, a menos que la
notificación se haya surtido con anterioridad. Cuando se hubiese reconocido
personería antes de admitirse la demanda o de librarse el mandamiento
ejecutivo, la parte será notificada por estado de tales providencias. Cuando se
decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se
entenderá surtida por conducta concluyente el día en que se solicitó la
nulidad, pero los términos de ejecutoria o traslado, según fuere el caso, solo
empezarán a correr a partir del día siguiente al de la ejecutoria del auto que
la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el
superior”.
[326] Sentencia
T-200 de 2018.
[327] Ibídem.
[328] Ibídem.
[329] @nachoGomex.
Consultado el 19/05/2019, con 82.937 seguidores.
[330] Sentencias
T-834 de 2005 y T-887 de 2009.
[331] Cuaderno 2 de la Corte, folios 258 y 259.
[332] Cuaderno de instancias, folio 60.
[333] Cuaderno de instancias. Folios 139 a 142.
[334] CD 1.
[335] CD 2.
[336] CD 4.
[337] CD 3.
[338] CD 4.
[339] Cuaderno
2 de la Corte, folio 440 vuelto.
[340] Cuaderno
2 de la Corte, folio 360 vuelto.
[341] Cuaderno
2 de la Corte, folio 454 vuelto y 455.
[342] Cuaderno 2 de la Corte, folio 450.
[343] Cuaderno
2 de la Corte, folio 431.
[344] Cuaderno
2 de la Corte, folio 449.
[345] Cuaderno
2 de la Corte, folio 401.
[346] Cuaderno 2 de la Corte, folio 440.
[347] Cuaderno de instancias, folio 91.
[348] Cuaderno de instancias, folio 92, vto.
[349] Cuaderno de instancias, folio 16.
[350] Cuaderno de instancias, folio 25.
[351] Cuaderno
1 de la Corte, folio 29.
[352] Cfr. Hugo Aznar.
“La responsabilidad ética en el campo de la información”. En Derecho de la
información. El ejercicio del derecho de la información y su
jurisprudencia. Ignacio Bell Mallén et alt. CEPC, Madrid, 2015, p. 494
[353] Cfr. Hugo Aznar.
“La responsabilidad ética en el campo de la información”. En Derecho de la
información. El ejercicio del derecho de la información y su
jurisprudencia. Ignacio Bell Mallén et alt. CEPC, Madrid, 2015, pág. 504.
[354] Sobre este concepto, cfr “El autocontrol individual y corporativo de
la actividad informativa”. Ignacio Bell Mallen, en  Derecho de la
información. … Cit., p. 509 ss.
[355] Cuaderno de instancias. Acción de tutela. Folios 2 a 4.
[356] Sentencia T-155 de 2019.
[357] Ibídem.
[358] Ibídem.
[359] Ibídem.
[360] Ibídem.
[361] Ibídem.
[362] Sentencia C-890 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[363] Este principio ha sido
reiterado constantemente por la Corte Constitucional. Esta exposición se basa, sin
embargo, en la sentencia hito T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
y en la SU-396 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[364] La Carta Democrática Interamericana, en su artículo
4º, destaca, en estos términos, la relación entre este derecho y el sistema
democrático de Gobierno. Así, según su artículo 4º: “Son componentes
fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las
actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos
en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de
expresión y prensa.||  La subordinación constitucional de todas las
instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el
respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad
son igualmente fundamentales para la democracia”. La Corte Interamericana
ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y
libertad de expresión, al establecer que “[…] la libertad de expresión es un
elemento fundamental en el cual se basa la existencia de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es
también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los
sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes
deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en
fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones está
suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no
está bien informada no es plenamente libre”. Cfr. Caso Ricardo Canese,
supra nota 72, párrafo 82; caso Herrera Ulloa, supra, nota 72, párrafo 112; y
OC-05 de 1985, párrafo 70. La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que
“[…] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una
sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el
desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse
en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas
favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en
lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a
cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la
tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad
democrática. […] Esto significa que […] toda formalidad, condición, restricción
o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se
persigue [Scharshach and News Verlagsgesellschaft v. Austria no. 39294/98,
párrafo 29, ECHR 2003-XI; Perna v. Italy no 48898/98, párrafo 39, EHCR
2003-V; Dichand and others v. Austria, no. 29271/95, párrafo 37, ECHR 26,
February 2002, entre muchas otras, desde Handyside v. United Kingdom, de 7
de diciembre de 1976, serie A No. 24, párrafo 49]
[365] Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[366] Ibídem.