T-128-14
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
T-128/14
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PRESTACIONES PENSIONALES-Procedencia
excepcional
Por regla general la acción de tutela resulta improcedente para
solicitar el reconocimiento de prestaciones pensionales por cuanto existen en
la jurisdicción ordinaria y en la administrativa mecanismos idóneos para
reclamar la garantía de estos derechos. No obstante, esta Corporación ha
establecido que de manera excepcional la acción de tutela procede como
mecanismo principal cuando las herramientas de defensa judicial ordinarias
resultan ineficaces para lograr la garantía de los derechos fundamentales que
se reclaman. También, en aquellos casos en los cuales la tutela se invoca como
un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; o cuando la
actuación del Estado constituye una vía de hecho administrativa.
PENSION DE VEJEZ-Reglas jurisprudenciales para la
procedencia de tutela
Para reclamar el reconocimiento
de una prestación pensional, la jurisprudencia constitucional establece que el
Juez de tutela debe verificar en cada caso los aspectos que permiten determinar
que, aun existiendo otras herramientas de defensa judicial, estas no garantizan
de manera oportuna el derecho a la seguridad social del demandante o amenazan
la garantía de otros derechos constitucionales. Tales presupuestos se han
consolidado en la doctrina constitucional, como: a. Que se trate de sujetos de especial
protección constitucional; b. Que la falta de pago de la prestación o su
disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales,
en particular del derecho al mínimo vital; c. Que el accionante haya desplegado
cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea
reconocida la prestación reclamada; d. Que se acredite siquiera sumariamente,
las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr
la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.
PENSION DE SOBREVIVIENTES DEL HIJO
AFILIADO-Requisitos que
deben acreditar los padres del causante
Los padres son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes si dependían económicamente de su hijo. Para verificar esta
situación, el Juez constitucional debe evaluar en cada caso en particular, si
el aporte económico que proporcionaba el causante a sus ascendientes “era
significativo y merece ser compensado con la pensión de sobrevivientes”.
Además, determinar las posibilidades que tienen los beneficiarios para
encontrar una alternativa económica que genere los ingresos “que les permita
asumir las necesidad básicas, y garantizarse una vida en condiciones dignas y
justas”.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia
por tratarse de sujeto de especial protección en razón de su edad (89 años)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO
VITAL-Orden a la UGPP
reconocer y pagar pensión de sobrevivientes, efectuando los acrecimientos y la
actualización a la que haya lugar, así como el retroactivo
Referencia: expediente T-4130550
Acción de tutela instaurada por Gabriel
Arenas Aguirre en contra de la unidad administrativa especial de gestión
pensional y contribuciones parafiscales de la protección (UGPP)
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, DC.,  once (11) de marzo de dos mil catorce (2014)
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa
y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos proferidos en
primera instancia,  por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá y en
segunda instancia, por  la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el
asunto de la referencia.
I.       ANTECEDENTES
De los
hechos y la demanda.
1.
El señor Gabriel Arenas Aguirre, a
través de apoderado judicial presentó
acción de tutela en contra de la unidad administrativa especial de gestión
pensional y contribuciones parafiscales de la protección (en adelante UGPP), con
el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital, y que como consecuencia se ordene el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, de acuerdo con los siguientes hechos[1]:
1.1
El 23 de marzo de 2007 mediante
la resolución No 7759, Cajanal en liquidación reconoció a Luz Margarita Arenas
Berrio pensión gracia en cuantía de $1.778.974.33.
1.2
El 1 de agosto de 2011
la señora Luz Margarita Arenas Berrio falleció.
1.3
El 7 de junio de 2013, el
señor Gabriel Arenas Aguirre en calidad de padre de Luz Margarita solicitó a la
UGPP que reconociera en su favor la pensión de sobrevivientes.
1.4
Mediante resolución No 35703
del 5 de agosto de 2013, la UGPP negó el reconocimiento de la prestación
solicitada bajo el argumento de que el actor no acreditó el requisito de
dependencia económica que establece el literal d del artículo 47 de la
Ley 797 de 2003 por cuanto el demandante percibe una pensión de vejez
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Asimismo, la entidad accionada
desvirtuó la dependencia económica a partir de la  información proporcionada
por el FOSYGA, en el sentido de que el señor Gabriel Arenas Berrio se encuentra
afiliado como cotizante a la
EPS  Suramericana.
1.5
El accionante interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del acto
administrativo que negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente.
1.6
La UGPP, a través de la resolución No 37957 del 16
de agosto de 2013 resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión de
negar el reconocimiento de la prestación solicitada, por las mismas razones
expuestas en el acto administrativo recurrido.
1.7
Luego, mediante la resolución
No 41011 del 4 de septiembre de 2013 Manuel Gustavo Riveros Aponte director
general de la UGPP, tramitó el recurso de apelación y confirmó la decisión de
negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada por el
señor Gabriel Arenas Aguirre. En concreto, sostuvo que: “De conformidad con
el pronunciamiento efectuado  por la
Corte Constitucional, ésta asigna competencia a los jueces de la república de
valorar las pruebas, frente a la dependencia económica de los padres en
relación a los hijos pensionados, en el evento en el cual se solicita la
pensión de sobrevivientes, razón por la cual ésta unidad no puede pronunciarse
en sede administrativa para el reconocimiento de la pensión”.
1.8
El accionante tiene 89
años de edad y según su relato dependía económicamente de Luz Margarita, pues
aunque percibe una mesada pensional correspondiente a un salario mínimo, dicho
ingreso resulta insuficiente para mantener las condiciones de vida que le
proporcionaba su hija y que le garantizaban el acceso a servicios de salud, alimentación
complementaria y recreación.
2. La demanda de tutela fue
admitida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá,
mediante providencia del 9 de septiembre de 2013.
Intervención
de la entidad demandada.
3.
Salvador Ramírez López subdirector
jurídico pensional de la UGPP solicitó al Juez de instancia declarar
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Gabriel Arenas
Aguirre, por las siguientes razones:
3.1. Que no es procedente el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes en favor del accionante, toda vez que percibe
una pensión equivalente a un salario mínimo legal lo que desvirtúa la
dependencia económica del señor Arenas Aguirre  respecto de la causante.
3.2. De la misma manera, sostuvo
que la acción de tutela para este caso es improcedente toda vez que el actor
tiene otros mecanismos de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria.
3.3. Asimismo, descartó la posibilidad de
que el actor se encuentre en situación de sufrir un perjuicio irremediable que
habilite la procedibilidad de la acción de tutela. En este sentido, afirmó: “En
el libelo tutelar se dejó claro que el accionante percibe un ingreso generado
en una pensión reconocida por Colpensiones, por lo cual se evidencia que el
accionante cuenta con los medios idóneos para afrontar la vida en condiciones
dignas”.
4. De los
fallos de tutela.
Mediante providencia del trece
(13) de septiembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Diecinueve (19) Civil
del Circuito de Bogotá, declaró improcedente la acción de tutela, bajo las
siguientes consideraciones:
4.1. La acción de tutela no
procede para reclamar el reconocimiento de una pensión, pues a su juicio “cuando
se está frente a la solicitud de reconocimiento de una pensión que ha sido
resuelta de manera negativa el Juez no está facultado para ordenar la
expedición de un acto administrativo contrario, pues ello corresponde
exclusivamente a la autoridad administrativa”.
4.2. Estimó que en este caso,
no procede la acción de tutela por cuanto el acto administrativo mediante el
cual la UGPP negó al demandante el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente no está en firme, pues a su juicio “contra el mismo procede el
recurso de alzada cuya solución no fue acreditada en estas diligencias”.
4.3. Señaló, que el actor
deberá someter esta controversia a la jurisdicción administrativa a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.4. El actor impugnó el fallo
de tutela tras considerar que el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá
desconoció que por razón de su edad -89 años-, el señor Gabriel Arenas Berrio
es un sujeto de especial protección constitucional a quien no se puede someter
a un proceso en la jurisdicción ordinaria. Correspondió a la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá resolver este recurso.
4.5. Con ponencia del
Magistrado Manuel Alfonso Zamudio Mora, la
Sala Séptima Civil de Decisión resolvió confirmar la sentencia proferida por
el Juez Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá bajo el argumento de que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el reconocimiento de
una prestación pensional.
4.6. Adicionalmente, el Tribunal
consideró que el actor no acreditó los siguientes requisitos, establecidos por la
Corte Constitucional para  reconocer la pensión de sobrevivientes: (i) la
dependencia económica parcial o total respecto de su hija Luz Margarita Arenas
y (ii) que a raíz de la muerte de su hija, el actor hubiera podido experimentar
“una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas”.
5. Pruebas relevantes que obran en el
expediente.
5.1. Declaración extrajuicio No 1.765 del
26 de agosto de 2013 presentada por el señor Gabriel Arenas Aguirre.
5.2.  Resolución No 35703 del 5 de agosto
de 2013 “por la cual se niega una pensión de sobrevivientes”.
5.3. Resolución No 37957 del 16 de agosto
de 2013 “por la cual se resuelve un recurso de reposición de la resolución
35703 del 5 de agosto de 2013”.
5.4. Resolución No 41011 del 4 de
septiembre de 2013 “por la cual se resuelve un recurso de apelación en
contra de la resolución 35703 del 5 de agosto de 2013”.
5.5. Certificado de afiliación a la
EPS SURA
6. Actuaciones realizadas en
Sede de Revisión
6.1. Mediante el Auto del 31 de
enero de 2014 el Magistrado sustanciador ordenó a la
Secretaría General de esta Corporación oficiar a:
6.1.1.  La
UGPP a fin de que informara: (i) el nombre de las personas
que Luz Margarita Arenas Berrio identificada con la
C.C. No 24.324.379 reportó como integrantes de su núcleo familiar durante la
vinculación como pensionada en esta Entidad y (ii) los nombres de quienes han
solicitado el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión
al fallecimiento de Luz Margarita Arenas Berrio. Para tal fin, debería señalar
el  parentesco y la respuesta que proporcionaron a sus  peticiones.
6.1.2.  Al abogado Jonier
Alberny González Giraldo para que luego de establecer comunicación con el señor
Gabriel Arenas Aguirre, proporcionara a esta Corporación la siguiente
información: (i) Las razones por las que formularon la solicitud de reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes el 7 de junio de 2013, teniendo en cuenta que
la muerte de Luz Margarita Arenas Berrio se produjo el 1 de agosto de 2011. (ii)
La manera cómo el señor Gabriel Arenas desde el fallecimiento de Luz Margarita,
ha cubierto los gastos de enfermera 24 horas, transporte y alimentación
complementaria, que eran asumidos por su hija. (iii) Quiénes conforman el
núcleo familiar del señor Arenas Aguirre. Para ello, debería identificar sus
integrantes, indicando nombres, edades, estado civil, profesión e ingresos
económicos. (iv) Si el demandante presenta alguna enfermedad. De ser afirmativa
la respuesta indique cuál es el tratamiento prescrito por el médico tratante y
si su EPS lo cubre. (v) El origen de los ingresos económicos que percibe
mensualmente Gabriel Arenas y el monto total de los mismos. (vi) El lugar de
residencia de Gabriel Arenas Berrio señalando: si paga arriendo, cuál es el
canon y quién vive con él. (vii) Una descripción de los gastos del demandante,
que eran cubiertos a través del ingreso de Luz Margarita Arenas. Con este
propósito identificaría a cuáles de aquellos servicios ya no accede como
consecuencia de la ausencia de   los recursos que proporcionaba Luz Margarita.
(viii) Edades y ocupación de los hijos de Luz Margarita Arenas Berrio: Carlos
Mario, Johana y Alejandra Arenas. (ix) Si Luz Margarita al momento de su muerte
tenía la misma residencia del actor y cuáles eran los gastos que ella asumía.
Para  ello debería especificar el concepto y el valor de cada servicio o
prestación.
6.2.
Mediante oficio No 20142110333211 del 12 de
febrero de 2014, Salvador Ramírez López subdirector jurídico de la
UGPP, atendió el requerimiento del Magistrado sustanciador informando lo
siguiente:
6.2.1.  La
señora Luz Margarita Arenas Berrio no reportó integrantes que conformaran su
núcleo familiar.
6.2.2.  La
única solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con
ocasión a la muerte de Luz Margarita Arenas Berrio, fue formulada por el señor
Gabriel Arenas Aguirre.
6.3.
Por su parte, Jonier Alberny González Giraldo
apoderado del señor Gabriel Arenas Aguirre informó al despacho  lo siguiente:
6.3.1.  La
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez se formuló un año y
diez meses después de la muerte de Luz Margarita porque el señor Gabriel Arenas
Aguirre no tenía conocimiento de que tenía derecho a reclamar esta prestación sin
perjuicio de la pensión de vejez que percibe.
6.3.2.  Luz
Margarita Arenas Berrio proporcionaba a su padre los siguientes servicios: (i) enfermera 24 horas $720.000, (ii)
pañales desechables $280.000, (iv) crema para dermatitis de la marca Tri-Luma
$103.000, (iv) complemento alimenticio de la marca Ensure[2]
$82.000.
6.3.3.  Desde
la muerte de su hija, el señor Arenas Aguirre no accede al servicio de enfermería
24 horas, ni a la alimentación complementaria porque la mesada pensional resulta
insuficiente para cubrir estas prestaciones.
6.3.4.  El núcleo familiar del accionante se
encuentra conformado por sus cuatro hijos: María Helena de 53 años de edad y
Gloria Rocío de 51 años, amas de casa sin un ingreso económico estable; Jaime
Hernán de 49 años, de estado civil casado, quien percibe un salario equivalente
a $1.200.000 y John Jairo de 52 años quien trabaja de manera informal en
acarreos. Estos familiares, no pueden garantizar las condiciones económicas que
proveía Luz Margarita a su padre.
6.3.5.  Actualmente, el estado de salud del señor
Gabriel Arenas Aguirre se ha deteriorado. Para acreditar esta situación, aportó
copia de la epicrisis expedida por la
Clínica de la Presentación de Manizales que establece que: (i) el señor Arenas
Aguirre presenta la enfermedad “prostatismo marcada nocturia” para lo
cual el médico tratante le prescribió el medicamento “prazosina clorhidrato”
que genera efectos colaterales como mareo. (ii) el 22 de noviembre de 2013 sufrió
una caída de su propia altura y como consecuencia se le diagnosticó “neumoencéfalo
subdural frontotemporal izquierdo” y se le practicó una cirugía de “drenaje
por trepanación”, adicional a ello, se remitió a terapia física.
6.3.6.  De acuerdo con el relato del apoderado del
accionante, la caída que sufrió el señor Gabriel Arenas Aguirre se produjo por
la falta del cuidado permanente que requiere para sobrellevar las dificultades
propias de su edad -89 años-.
6.3.7.  El señor Gabriel Arenas Aguirre reside en
un inmueble de su propiedad, ubicado en un sector estrato 3 de la ciudad de
Manizales. Refiere que aunque no paga arriendo, la mesada pensional solo le
alcanza para cubrir algunas de sus necesidades básicas de alimentación.
II.      FUNDAMENTOS DE LA
DECISIÓN
1. Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del catorce (14) de noviembre
de dos mil trece (2013), expedido por la
Sala de Selección número Once de esta Corporación, que escogió el  expediente para
revisión.
2. Problema jurídico
En el presente asunto
corresponde a la Sala establecer si la UGPP vulneró el derecho a la seguridad
social y al mínimo vital del accionante de 89 años de edad, al negarle el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, bajo el argumento de que no acreditó
el requisito de dependencia económica respecto de la causante por cuanto percibe
una pensión equivalente a un salario mínimo.
Teniendo en
cuenta que este problema jurídico ha sido objeto de estudio en numerosos fallos
por parte de esta Corporación, la Sala reiterará las reglas jurisprudenciales
relativas a: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener
el reconocimiento de prestaciones pensionales cuando la protección es
solicitada por sujetos de especial protección constitucional; (ii)  requisitos
para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en el evento en
que el beneficiario sea el padre del causante. En ese marco, se abordará el
estudio del caso concreto.
La procedencia
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de
prestaciones pensionales cuando la protección es solicitada por sujetos de
especial protección constitucional
De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional[3],
por regla general la acción de tutela resulta improcedente para solicitar el
reconocimiento de prestaciones pensionales por cuanto existen en la
jurisdicción ordinaria y en la administrativa mecanismos idóneos para reclamar
la garantía de estos derechos.
No obstante, esta
Corporación ha establecido[4]
que de manera excepcional la acción de tutela procede como mecanismo principal
cuando las herramientas de defensa judicial ordinarias resultan ineficaces para
lograr la garantía de los derechos fundamentales que se reclaman. También, “en
aquellos casos en los cuales la tutela se invoca como un mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable; o cuando la actuación del Estado
constituye una vía de hecho administrativa[5]”.
En relación con
la idoneidad y la eficacia de los mecanismos de defensa judicial ordinarios
para reclamar el reconocimiento de una prestación pensional, la jurisprudencia
constitucional establece que el Juez de tutela debe verificar en cada caso los
aspectos que permiten determinar que, aun existiendo otras herramientas de
defensa judicial, estas no garantizan de manera oportuna el derecho a la
seguridad social del demandante o amenazan la garantía de otros derechos
constitucionales. Tales presupuestos se han consolidado en la doctrina constitucional,
como lo enseña la sentencia T-021 de 2013[6]:
“ a. Que se trate de sujetos de especial de protección
constitucional.
b. Que la falta de pago
de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los
derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital,
c. Que el accionante haya desplegado
cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea
reconocida la prestación reclamada.
d. Que se acredite siquiera
sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es
ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales
presuntamente afectados”.
En armonía con lo expuesto,
la acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo y eficaz para la protección
de los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección
constitucional como es el caso de las personas de la tercera edad[7],
pues resultaría desproporcionado exigirles que acudan a la jurisdicción ordinaria
para reclamar el reconocimiento y pago de una prestación pensional, ya que
debido a la prolongada duración de estos procesos, la decisión que se adopte de
manera definitiva en sede judicial sería inocua[8].
Requisitos
para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en el evento en que
el beneficiario sea el padre del causante.
La pensión de sobrevivientes busca evitar que el fallecimiento de una persona ocasione a los
familiares, que dependían económicamente de aquella, un repentino cambio en las
condiciones económicas que proporcionaba en vida el afiliado[9].
Con este propósito, el legislador estableció
el orden de prelación de los beneficiarios que tienen derecho a reclamar el
reconocimiento de esta prestación, de la siguiente manera: “a) en
forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.
b)  Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y
hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si
dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez; c)  A falta del cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del
causante si dependían económicamente de éste, y d)  A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán
beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste[10]”.
De acuerdo con
este precepto, los padres son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes si dependían
económicamente de su hijo. Para verificar esta situación, el Juez
constitucional debe evaluar en cada caso en particular, si el aporte económico
que proporcionaba el causante a sus ascendientes “era significativo y merece
ser compensado con la pensión de sobrevivientes[11]”. Además,
determinar las posibilidades que tienen los beneficiarios para encontrar una
alternativa económica que genere los ingresos “que les permita asumir las
necesidad básicas, y garantizarse una vida en condiciones dignas y justas[12]”.
En relación con
la acreditación del requisito de dependencia económica, esta Corporación ha
señalado que no es necesario demostrar una carencia total de recursos
económicos “basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo
existencial que les permita a los beneficiarios obtener los ingresos
indispensables para subsistir de manera digna[13]”.
En este sentido, la
Sala Novena de Revisión en la sentencia T-619 de 2010[14] expresó:
“Así las cosas, la dependencia económica
supone un criterio de necesidad y responde a un juicio de autosuficiencia. La
necesidad se deriva de la sujeción al auxilio recibido de parte del causante,
el cual se torna indispensable para asegurar la subsistencia de quien, como los
padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir
dicha ayuda en calidad de beneficiarios; y, por otra parte, el juicio de
autosuficiencia responde a la situación personal en que se encuentre cada
beneficiario, la cual deberá ser valorada de manera integral por el juez de
tutela.
Quiero ello decir que, no siempre
que los padres del causante reciban algún ingreso se desvirtúa la existencia de
una dependencia, toda vez que en muchos casos esos recursos se tornan
ocasionales o sencillamente no permiten a los ascendentes subsistir de forma
digna”.
A continuación, la
Corte considera relevante referirse a sentencias adoptadas en escenarios
jurídicos similares al que ahora se estudia, en los cuales Salas de Revisión de
esta Corporación consideraron que entidades que tiene a cargo el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, vulneraron el derecho a la seguridad social y
al mínimo vital de personas de la tercera edad a quienes les negaron el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que no
acreditaron la dependencia económica de que trata el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993.
En la sentencia T-361 de 2010[15], la
Sala Sexta de Revisión ordenó al ISS reconocer a una señora de 79 años de
edad la pensión de sobrevivientes. En este caso, el ISS había negado la
solicitud por cuanto la accionante recibía “incremento pensional por
cónyuge” lo que a juicio de dicha entidad demostraba la independencia
económica de la solicitante.
En este pronunciamiento, la
Corte verificó que “los medios ordinarios de defensa pueden resultar
insuficientes para garantizar la protección de los derechos fundamentales del
afectado, en cuanto el trámite ordinario para el reconocimiento pensional no
propicie una solución expedita, o sea decidido demasiado tarde ante el estado
de indefensión en el que se encuentre la persona, que a partir de su propia
circunstancia de debilidad no pueda encontrar otro medio de subsistencia”.
La Corte rechazó el argumento señalado por el ISS para negar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir del cual se desvirtuó
la dependencia económica de la solicitante respecto del causante por cuanto
recibe un “incremento pensional por cónyuge” equivalente a $115.000. Al
respecto consideró que: “aunque significa un alivio o ayuda en su
lamentable situación, no constituye un medio económico que pueda brindarle una
vida en condiciones dignas, ni le otorga independencia económica”.
Del mismo modo,
en la sentencia T-732 de 2012[16]
la Corte amparó el derecho a la seguridad social y mínimo vital de una señora
de 92 años de edad  a quien el ISS le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, tras considerar que no cumplía con el requisito de
dependencia económica por cuanto percibía una pensión de vejez equivalente a un
salario mínimo. En esta oportunidad, la
Sala Sexta de Revisión consideró procedente la acción de tutela para el
reconocimiento de una prestación pensional ya que en razón de su edad -92 años-
la demandante es un sujeto de especial protección constitucional.
En lo relativo a
la independencia económica, expuesto por el ISS como razón para negar el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, sostuvo lo siguiente:
“A propósito de la
afectación al mínimo vital, vale la pena destacar cómo la
Corte ha señalado que la misma no puede valorarse en términos exclusivamente
cuantitativos, sino dentro de una perspectiva cualitativa.
Y es que, como igualmente
lo ha definido la jurisprudencia, el derecho al mínimo vital se evalúa
a partir de una dimensión cualitativa y no cuantitativa, de manera que su
posible violación se mide conforme con las condiciones personales de cada
trabajador y el nivel de vida adquirido por éste. El concepto de un mínimo de
condiciones de vida -vgr. Alimentación, educación, salud, vestido y recreación
-, entonces, “no va ligad[o] sólo con una valoración numérica de las
necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la
apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias
propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de
vida.[29]”
Igualmente, a
través de la Sentencia T-326 de 2013[17]
la Sala Novena de Revisión ordenó a Cajanal reconocer la pensión de
sobrevivientes a una señora de 70 años de edad. En este caso, la entidad
accionada había negado el reconocimiento de esta prestación bajo el argumento
de que la solicitante percibía  una pensión de invalidez equivalente a
$687.098.
La corte abordó el
requisito de dependencia económica que debía acreditar el beneficiario respecto
del causante, reiterando que el ingreso de otros recursos por parte del padre
sobreviviente, no son una razón suficiente para concluir que la muerte de su hijo
no implica un impacto negativo en la garantía de las necesidades básicas. En
este sentido estableció:
“Esta condición se presenta cuando una
persona demuestra: a) haber dependido de forma completa o parcial del causante;
b) que a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, habría
experimentado una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas,
es decir, la dependencia económica se predica del que habría echado de menos
los aportes del causante para satisfacer las necesidades básicas, en caso de la
ausencia de éstos; o c) si a partir de la muerte del pensionado o cotizante que
daba el aporte o el auxilio, los padres o hijos inválidos no son
autosuficientes y se les afectó la condición económica y nivel de vida que
mantenían antes de ese evento, lo que hace necesario suplir mediante la pensión
solicitada ese ingreso que recibían”.
En conclusión, la
pensión de sobrevivientes busca garantizar a los beneficiarios del causante, dentro
de los cuales se encuentran  los ascendientes que dependían económicamente de
aquel y quienes frente a la ausencia de los ingresos que proporcionaba su hijo,
han experimentado un impacto negativo en el acceso a los servicios necesarios
para subsistir de una manera digna.
Para acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, los beneficiarios deberán
acreditar “la necesidad de los
recursos de la pensión de sobrevivencia para satisfacer su subsistencia, o el
deterioro de su situación económica desde la muerte del cotizante[18]”. Entonces, no siempre que se acredite que
el peticionario recibe un ingreso se puede concluir que existe independencia
económica del beneficiario, pues se trata de garantizar un mínimo vital
cualitativo no cuantitativo.
5.      El caso concreto.
La controversia
planteada en el presente caso, surge por la negativa de la
UGPP de reconocer y pagar a Gabriel Arenas Aguirre de 89 años de edad, la
pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su hija, bajo el argumento
de que no cumple con el requisito de dependencia económica del beneficiario respecto
de la causante, por cuanto percibe una pensión de vejez equivalente a un
salario mínimo mensual.
Los jueces de
instancia no encontraron satisfecho el requisito de subsidiaridad de la acción
de tutela por cuanto a su juicio existen otros mecanismos de defensa judicial
para reclamar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, como
consecuencia negaron el amparo de los derechos a la seguridad social y mínimo
vital, solicitado por el señor Gabriel Arenas Aguirre.
Al respecto, la Sala observa que en el presente caso se reúnen
los requisitos señalados por la
Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela cuando la pretensión
busca el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Lo anterior porque en razón
de su edad – 89 años – el señor Gabriel Arenas   es un sujeto de especial
protección constitucional y por ello, las herramientas de defensa judicial
ordinarias no son un mecanismo idóneo para amparar el derecho a la seguridad
social y al mínimo vital del accionante.
Superado el examen de procedibilidad formal de la acción
de tutela, la Sala abordará la razón principal que expresó la
UGPP para negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Arenas
Aguirre, esto es, que no cumple con el requisito de dependencia económica
respecto de la causante porque percibe una pensión de vejez equivalente a un
salario mínimo.
Frente a este argumento, es oportuno señalar que de
acuerdo con las reglas establecidas por esta Corporación en relación con la
verificación del requisito de dependencia económica, una entidad que tiene cargo
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no puede concluir que una
persona no experimentó un impacto negativo en la satisfacción de sus necesidades básicas como consecuencia de la
falta de los recursos que le proporcionaba en vida el causante, a partir del
hecho de que percibe algún ingreso económico. Por lo tanto, es necesario que se
analice en cada caso las condiciones económicas del solicitante y las
posibilidades que tiene  para proveer su subsistencia, sin que se vea afectado
por la ausencia de los aportes de su  familiar fallecido.
De acuerdo con
lo señalado por el apoderado del señor Gabriel Arenas Aguirre (supra 6.3.4.)
observa la Sala que Luz Margarita Arenas Berrio a través de su pensión gracia[19],
proporcionó a su padre servicios de salud y alimentación que permitieron al
accionante vivir en condiciones dignas.
Adicionalmente,
la Sala evidencia que los ingresos que percibe el señor Gabriel Arenas[20],
equivalentes a un salario mínimo, son insuficientes para acceder a los
servicios que garantizaba su hija cuando vivía y que debido a las condiciones
físicas propias de su avanzada edad, no puede realizar alguna actividad
adicional que le permita aumentar sus ingresos.
Adicionalmente,
de acuerdo con la información proporcionada respecto del núcleo familiar[21]
del accionante (supra 6.3.4) para la
Sala es claro que ellos no pueden garantizar al accionante las condiciones
económicas que proporcionaba Luz Margarita Arenas a su padre.
Ahora bien, podría
pensarse que el demandante no requiere de estos servicios o que de manera
independiente ha logrado acceder a ellos, por cuanto solicitó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes transcurrido un año y nueve meses después al
fallecimiento de su hija.
No obstante, a
partir de las pruebas aportadas por el apoderado del demandante, la
Corte verificó que el señor Gabriel Arenas Aguirre actualmente puede comprar
los pañales desechables a través de la colaboración económica de amigos y
familiares, sin embargo el cuidado permanente, la alimentación complementaria, la
crema para tratar la dermatitis, inclusive los momentos de recreación que
proporcionaba Luz Margarita a su padre, son condiciones a las que ya no accede
porque el ingreso, equivalente a un salario mínimo, resulta insuficiente.
Asimismo, del resumen
de hospitalización expedido por la
Clínica de la Presentación de Manizales el 22 de noviembre de 2013 aportado
por el accionante[22], la
Corte evidencia que actualmente el señor Gabriel Arenas, en razón de su edad
-89 años- y su deteriorado estado de salud requiere de la garantía de las
condiciones de vida que proporcionaba Luz Margarita.
Para la
Corte es claro que como consecuencia de la ausencia de los recursos económicos
que proporcionaba Luz Margarita, el señor Gabriel Arenas experimentó un impacto
negativo en la garantía de sus necesidades básicas y en el acceso a las
condiciones que le permiten vivir dignamente. Además que, no puede acceder
ellas de manera independiente, pues aunque percibe una pensión de vejez, este
ingreso solo le permite sobrevivir.
Esto significa
que en los términos establecidos en el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia de esta Corporación, el señor Gabriel
Arenas Aguirre es beneficiario de la pensión de sobrevivientes de la señora Luz
Margarita Arenas Berrio por cuanto se trata de un padre que dependía
económicamente de su hija.
Bajo este escenario, la
Sala revocará las sentencias proferidas por los jueces de instancia que
declararon improcedente la acción de tutela y en su lugar, concederá el amparo de
los derechos a la seguridad social y mínimo vital solicitado por el señor
Gabriel Arenas Aguirre. En consecuencia, ordenará a la unidad administrativa
especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección (UGPP),
que si aún no lo ha hecho, reconozca y pague la pensión de sobrevivientes al
demandante, efectuando los acrecimientos y la actualización a la que haya
lugar, así como el retroactivo.
III.    DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por el
Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá el trece (13) de septiembre de
dos mil trece (2013) y  por la
Sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá el 24
veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013), que resolvieron declarar
improcedente la acción de tutela formulada por el señor Gabriel Arenas Aguirre,
para en su lugar, CONCEDER la protección constitucional de los derechos
a la seguridad social y mínimo vital del accionante.
Segundo.- ORDENAR al representante legal de la unidad
administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de
la protección (UGPP) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha hecho, reconozca y pague la
pensión de sobrevivientes al señor Gabriel Arenas Aguirre, efectuando los
acrecimientos y la actualización a la que haya lugar, así como el retroactivo.
Tercero.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA T-128/14
SUSTITUCION
PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTES-Beneficiarios (Salvamento
parcial de voto)
Era necesario para la solución del
caso concreto profundizar en el análisis del núcleo familiar de la causante de
la sustitución pensional, con el fin de determinar si existían sujetos con
mejor derecho al que invocó el accionante. En efecto, la Sala recaudó pruebas
que demostraron que la causante tenía tres hijos, sin embargo, no se allegó información relativa a sus condiciones
particulares, lo que genera en consecuencia cierto grado de incertidumbre en
cuanto a la titularidad del derecho del actor a recibir la sustitución de la
pensión de su hija; ello si se tiene en cuenta que en el orden de beneficiarios
que establece la norma los hijos
del pensionado fallecido tienen mejor derecho frente a los padres del mismo.
Referencia: expediente T-4.130.550
Accionante: Gabriel Arenas Aguirre.
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección –UGPP.
Magistrada Ponente: Luis Ernesto Vargas
Silva.
Salvo parcialmente mi voto frente a la sentencia de
tutela aprobada por la Sala Novena de Revisión en sesión del once (11) de marzo
de dos mil catorce (2014), por las razones que a continuación expongo:
La Sala resolvió tutelar los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital del actor, por cuanto la UGPP al negar el
reconocimiento de la sustitución pensional[23],
desconoció que el peticionario cumplía con el requisito de dependencia
económica del causante establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto, la falta de los recursos que le proporcionaba su hija, le generó un
impacto negativo en la garantía de sus necesidades básicas y en el acceso a las
condiciones que le permiten vivir dignamente (servicios de enfermera,
alimentación complementaria, crema para la dermatitis, recreación).  Además
que, no puede acceder a ellas de manera independiente, pues aunque percibe una
pensión de vejez, este ingreso solo le permite sobrevivir. En consecuencia,
ordenó a la accionada que reconozca y pague la prestación mencionada.
Aunque comparto la decisión de la Sala, considero que
era necesario para la solución del caso concreto profundizar en el análisis del
núcleo familiar de la causante de la sustitución pensional, con el fin de
determinar si existían sujetos con mejor derecho al que invocó el accionante.
En efecto, la Sala recaudó pruebas que demostraron que la causante tenía tres
hijos (Carlos Mario, Johana y
Alejandra Arenas), sin embargo, no se allegó información relativa a sus
condiciones particulares, lo que genera en consecuencia cierto grado de
incertidumbre en cuanto a la titularidad del derecho del actor a recibir la
sustitución de la pensión de su hija; ello si se tiene en cuenta que en el
orden de beneficiarios que establece la norma[24] los hijos del
pensionado fallecido tienen mejor derecho frente a los padres del mismo.
Con base en lo anterior, salvo parcialmente mi voto en
la decisión adoptada por la Sala.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
[1]
Para abordar la situación fáctica se sigue la exposición del accionante. La
Sala igualmente, complementará la narración con los hechos relevantes que se
desprenden de los documentos aportados por el peticionario y la entidad
demandada.
[2] Folio
5 del cuaderno principal
[3] Al
respecto ver sentencias T-030 de 2013 MP Nilson Pinilla Pinilla,
T-038 de 2013 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-153 de 2012 MP Luis Ernesto
Vargas Silva, T-010 de 2010 MP Nilson Pinilla Pinilla,  T-021 de 2010 MP
Humberto Sierra Porto, T-038 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-660 de
1999  MP Álvaro Tafur Galvis. Entre muchas otras.
[4] T-414
de 2009 MP
Luis Ernesto Vargas Silva.
[5] Sentencia
T-798 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] MP
Luis Ernesto Vargas Silva. En este sentido ver sentencias T-634-02 MP Eduardo
Montealegre Lynett, T-597 de 2009 MP Juan Carlos Henao, T-118 de 2001 MP Martha
Victoria Sáchica Moncaleano, T-660 de 1999  M.P.
Álvaro Tafur Galvis, T-050-04 MP Jaime Córdoba Triviño, MP Humberto Sierra
Porto, T-159-05, T-740 de 2007 MP Gerardo Monroy Cabra, T-081 de 2010 MP Luis
Ernesto Vargas Silva, T-315 de 2011 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-043 de
2012 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-973 de 2012 MP Alexei Julio Estrada,
T-134 de 2013 MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[7] Artículo
46 de la Constitución Política de Colombia.
[8] En
igual sentido ver las sentencias T-344 de 2011 MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-159 de 2010 MP Humberto Antonio Sierra Porto, T-983
de 2007 MP Jaime Araujo Rentería, T-573 de 2002 MP Rodrigo Escobar Gil.
[9] Sentencia
C-111 de 2006 MP Rodrigo Escobar Gil. En igual sentido sentencia T-396 de 2009
MP Humberto Sierra Porto, T-166 de 2010 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[10]
Artículo 47 (modificado por el art. 13, Ley 797 de 2003) Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 1889 de 1994.
[11] Sentencias
T-685 de 2005 MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[12] Sentencia
C-111 de 2006 MP Rodrigo Escobar Gil.
[13] Sentencia
C-111 de 2006. Reiterada en las sentencias T-701 de 2006 MP Álvaro Tafur
Galvis, T-836 de 2006 MP Humberto Antonio Sierra Porto, T-740 de 2007 MP
Gerardo Monroy Cabra, T-479 de 2008 MP Gerardo Monroy Cabra, T-730 de 2008 MP
Humberto Sierra Porto, T-198 de 2009 MP Cristina Pardo de Schlesinger, T-619 de
2010 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-990 de 2012 MP María Victoria Calle Correa.
[14] MP
Luis Ernesto Vargas Silva
[15] MP.
Nilson Pinilla Pinilla
[16] MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[17] MP
Luis Ernesto Vargas Silva
[18] Sentencia
T-326 de 2013 MP Luis Ernesto Vargas Silva
[19] Folio
4 del Cuaderno de primera instancia
[20] Folio
22 del cuaderno principal
[21] Folio
16 del cuaderno principal
[22] Folio
23 del cuaderno principal
[23] Debido a la terminología que utiliza la Sala en la
sentencia de la cual me aparto parcialmente, es preciso aclarar que a pesar de
que la Ley 100 de 1993 utiliza indistintamente los términos pensión de
sobrevivientes y sustitución pensional, existen diferencias entre una y
otra figura; la primera, hace referencia a las situaciones en las que la
persona fallecida no tenía la condición de pensionada al momento de su muerte,
y la segunda a aquellas personas que antes de morir ya habían adquirido dicha
condición. No obstante, ambas figuras comparten
la misma finalidad consistente en que los familiares del pensionado o afiliado
fallecido puedan continuar recibiendo los beneficios asistenciales y económicos
que aquel les proporcionaba, para que en su ausencia no se ven disminuidas sus
condiciones de vida. Ver Sentencia T-957 de 2012.
[24]
Ley 100 de 1993, artículo 47
(modificado por el art. 13, Ley 797 de 2003). Reglamentado parcialmente por el
Decreto Nacional 1889 de 1994.