T-522-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-522/13
(Bogotá, D.C., Agosto
8)
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
ACCION DE TUTELA CONTRA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Decisión no incurrió en defecto fáctico por cuanto
realizó una acertada valoración probatoria en proceso contra Instituto
Cancerológico
Referencia: expediente T-3.853.771
Fallos de tutela objeto
revisión: sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera, del 07 de febrero de 2013, que confirmó la
sentencia del 12 de julio de 2012, proferida por el Consejo de
Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
Accionante: Pedro Alejo Pulido Rojas.
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”  y el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES
1.    Demanda de tutela[1].
1.1. Elementos de la demanda.
1.1.1. Derechos fundamentales invocados. Igualdad y
debido proceso.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración. Sentencias
proferidas por los jueces acciondados, que no accedieron a declarar la nulidad
de la Resolución N° 0775 de octubre 3 de 2007 por medio de la cual el Director
General del Intituto de Cancerología E.S.E., aceptó la renuncia del señor
Pulido Rojas, a partir de noviembre 1° de 2007, del cargo de Médico
Especialista 2120-20, dentro de la planta global de esa entidad. A juicio del
demandante, las sentencias incurrieron en un defecto fáctico.
1.1.3. Pretensión. Dejar sin efectos las providencias
proferidas por el Juzgado Terecero Adminsitrativo de Descongestión del Circuito
de Bogotá – Sección Segunda y el Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “F”  Sala de Descongestión, primera y segunda
instancia respectivamente, y ordenar al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Cundinamarca o quien correponda proferir una nueva sentencia
dentro del aludido proceso contra “LA NACIÓN – INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGÍA”, conforme a los derechos fundamentales conculcados.
1.2. Fundamentos de la pretensión.
1.2.1. El señor Pedro Alejo Pulido Rojas
laboró de manera continua e ininterrumpida en el Instituto Nacional de
Cancerología desde marzo 6 de 1992 hasta octubre 31 de 2007, ocupando los
cargos de Médico Especialista 3120-16 (Anestesia) y Médico Especialista N°.
3120-18 (de Anestesia y Salas de Cirugía).
1.2.2. En julio 7 de 2006 en oficio N°
58089 el Director General del Instituto Nacional de Cancerología, dirigió al
accionante “requerimiento sobre ‘Comportamiento en Salas de Cirugía’”,
por haber cancelado una cirugía programada para julio 1° de 2006 y ausentarse
del servicio en julio 4 de 2006 “en horas de la tarde teniendo en cuenta que
su turno finalizaba a las 7:00 p.m. alterando el normal desarrollo de las Salas
de Cirugía”.
1.2.3. El señor Pulido Rojas, en julio 10
de 2006 le dio respuesta al requerimiento del Director del Instituto Nacional
de Cancerología.
1.2.4. Control Interno Disciplinario del
Instituto Nacional de Cancerología abrió indagación preliminar al accionante,
por solicitud del Director General de esa Institución.
1.2.5. En agosto 21 de 2007, el señor
Pulido Rojas presentó al Director del Instituto Nacional de Cancerología
renuncia irrevocable y motivada al cargo de médico especialista en el servicio
de anestesiología. En septiembre 11 de 2007, el Director General del Instituto
Nacional de Cancerología, dio respuesta a la solicitud señalando:
“(…) En atención al oficio de la
referencia de fecha 21 de agosto del presente año, me permito manifestarle lo
siguiente:
1.       El
Literal b del Artículo 41 de la Ley 909 de 2004 preceptúa como causales de
retiro; “la renuncia regularmente aceptada”.
2.       Por
su parte el artículo 27 inciso último del Decreto 2400 de 1968 señala: “Quedan
terminantemente prohibidas y carecen en absoluto de valor, las renuncias en
blanco o sin fecha determinada O QUE MEDIANTE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA PONGAN
CON ANTICIPACIÓN EN MANOS DEL JEFE DEL ORGANISMO LA SUERTE DEL EMPLEO”
Para las normas transcritas es
evidente que las renuncias motivadas  no son susceptibles de aceptación, sin
embargo, no puede esta Dirección dejar de manifestar que no comporte en medida
alguna los argumentos esgrimidos por usted como soporte de su deseo de retiro
pero no es éste el medio administrativo idóneo para su discusión  y
discernimiento. (…)”
1.2.6. El accionante en septiembre 18 de
2007, dirigió nueva renuncia motivada al Director del Instituto Nacional de
Cancerología, señalando que su retiro se efectuaría en septiembre 24 de ese
mismo año.
1.2.7. El Director General del Instituto
Nacional de Cancerología, en oficio N°. 178528 de septiembre 20 de 2007, emitió
respuesta al escrito de septiembre 18 de ese mismo año, precisando:
“(…) En atención al asunto de la
referencia de fecha 18 de septiembre de 2007, radicado en la misma fecha, me
permito reiterarle que, por motivos expuestos en el oficio 011559 de 11 de
septiembre de la misma fecha, las renuncias motivadas no son susceptibles de
aceptación, por lo que le solicito presentar la renuncia simple, si aún
persiste su deseo de desvinculación. (…)”
1.2.8. En consecuencia el señor Pulido
Rojas, en escrito de octubre 2 de 2007, dirigido al Director del Instituto
Nacional de Cancerología, presentó nueva renuncia irrevocable del cargo que
estaba desempeñando a partir de esa fecha, en esta oportunidad sin motivar.
1.2.9. En octubre 3 de 2007, mediante
Resolución N°. 0775, el Director del Instituto Nacional de Cancerología, aceptó
la renuncia del señor Pedro Alejo Pulido Rojas.
1.2.10. El señor Pulido Rojas presentó
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante los Juzgados
Administrativos del Circuito de Bogotá, contra “‘LA NACIÓN – INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGÍA’”, para que  “se declarara la nulidad de la
Resolución N° 0775 del 3 de octubre de 2007, expedida por el… Director General
del Instituto de Cancerología E.S.E., por medio de la cual se aceptó la
renuncia presentada… a partir del 01 de noviembre de 2007, del cargo de MÉDICO
ESPECIALISTA 2120-20, dentro de la Planta Global del Instituto y quien laboraba
en el GRUPO SALAS DE CIRUGIA”. Las pruebas presentadas fueron:
1.2.10.1 Documentales: (i)
acta de posesión No. 00113 del 6 de marzo de 1992; (ii) acta de
posesión No.00188 del 10 de junio de 1992; (iii) acta de posesión No.
192 del 18 de mayo de 1995; (iv) Oficio No. 58089 del 7 de julio de 2006[2]; (v) escrito
del 10 de julio de 2006[3];
(vi) Queja presentada el 4 de agosto de 2006[4]; (vii) renuncia
irrevocable presentada el 21 de agosto de 2007[5];
(viii) oficio No. 174219 del 11 de septiembre de 2007[6]; (ix) queja
presentada el 18 de septiembre de 2007[7];
(x) renuncia presentada el 18 de septiembre de 2007[8]; (xi) oficio No.
178528 del 20 de septiembre de 2007[9];
(xii) escrito del 27 de septiembre de 2007[10]; (xiii) renuncia
presentada el 2 de octubre de 2007[11];
(xiv) renuncia presentada el 3 de octubre de 2007[12]; (xv) oficio No.
013180 del 11 de octubre de 2007[13];
(xvi) resolución No. 0775 del 3 de octubre de 2007[14]; (xvii) circular No.
182298 del 1 de octubre de 2007[15];
(xviii) calificación de servicios del periodo 10 de junio de 1992 a 10 de agosto de 1992; (ixx) calificación de servicios por el periodo comprendido entre
el 30 de octubre de 1993 y el 30 de abril de 1994; y (xx) oficio del 17
de agosto de 2004[16].
1.2.10.2. Testimoniales: (i) Fernando Rincón; (ii)
Álvaro Balcazar; y (iii) Jorge Santos Quiñones.
1.2.11. De la demanda conoció el Juzgado
Tercero Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, que en
sentencia de enero 11 de 2011, denegó las pretensiones de la demanda.
1.2.12. El señor Pulido Rojas presentó
apelación al fallo referido que correspondió conocer al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, que en fallo de febrero 6 de
2012, confirmó la decisión de enero 11 de 2011.
2. Respuesta de la entidad accionada.
2.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”.
2.1.1. La actuación de la Sala está en consonancia con lo
probado en el proceso y la jurisprudencia aplicable, que además, no comporta
una vía de hecho o decisión arbitraria, sino que contiene una interpretación
razonable de las normas y principios que regulan la aceptación de renuncia;
máxime, en el caso del actor, que tenía la connotación de ‘irrevocable’ y que,
además, se sustentó en una convicción personal de quererse retirar de la
entidad por circunstancias laborales y personales que él evaluó.
2.1.2. Lo pretendido por el actor es revivir una discusión
acabada, sobre la posición jurídica adoptada en el proceso, por lo que no puede
aceptarse que la acción de tutela se convierta en la última instancia de todos
los procesos judiciales en detrimento de la seguridad jurídica y contrariando
la supervivencia de la misma función judicial.
2.2. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo
Descongestión de Bogotá, Sección Segunda
2.2.1. Acorde con el material probatorio allegado al
proceso, el juez concluyó que la renucia del actor no tuvo origen en “constreñimientos,
acoso laboral o manifestación administrativa dirigida a su dimisión, sino que
ésta se produjo porque la institución ya no satisfacía sus anhelos o
expectativas, y que estaba en su fuero personal decidir si continuaba o no a su
servicio, por la frustración que le generaba el ambiente laboral que se había
encontrado”.
2.2.2. Respecto a la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, señaló que no se observa la configuración de
alguno de los defectos generales y específicos definidos en la sentencia C-590
de 2005, que hagan procedente la tutela.
2.3. Respuesta del Instituto Nacional de Cancerología
E.S.E.
2.3.1. El Director General (e), solicitó desestimar la
acción de tutela, “pues el proceso se rituó dentro del debido proceso, por
el Juez Natural, respetando las garantías constitucionales y legales para las
partes y, por tanto, resulta improcedente la acción, por haber cursado un
proceso dentro de los cánones normales; en el que se resolvieron las
pretensiones en contra de la parte demandante, pues no probó los sustentos de
hecho y de derecho en la que pretendió sustentar sus pretensiones”.
3. Decisiones de tutela objeto de revisión.
3.1. Sentencia de primera instancia: proferida el 12
de julio de 2012 por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Quinta.
3.1.1. Declaró la improcedencia de la acción de tutela.
Consideró que no se presentó alguna de las situaciones para considerar
procedente la solicitud de amparo constitucional.
3.1.2. Si bien el demandante esta en desacuerdo con las
decisiones proferidas por los jueces accionados, él no desarrolla con precisión
en el escrito de tutela cuales son los desacuerdos con las providencias, “haciendo
evidente que su oposición obedece al fallo adverso a sus intereses y no a una
vulneración de los derechos que dice desconocidos.”
3.1.3. El análisis jurídico y fáctico realizado por la
autoridad judicial accionada no puede ser evaluado por esta Sala como juez de
tutela, pues ello conduciría a invadir su órbita de competencia y la acción
constitucional se convertiría en una instancia adicional a la judicial, asunto
ajeno a la finalidad de la misma.
3.1.4. Los planteamientos del ciudadano Pedro Alejo Pulido
Rojas no se encaminan a demostrar el acaecimiento de alguna de estas
situaciones – sino a una diferencia de criterios entre lo considerado por el
accionante sobre cómo debía fallarse el caso y la solución que se le dio al
problema jurídico planteado- y que, no se aduce ni se encuentra probado ningún
hecho que implique la existencia de una violación a este derecho fundamental.
3.1.5. En consecunencia se reitera que la acción de tutela
no puede ser utilizada como una “tercer instancia”, y que sólo procede
contra providencias judiciales en unas condiciones excepcionales, esto es,
cuando el derecho fundamental al debido proceso o al acceso a la administración
de justicia resultan violados de manera ostensible por parte del funcionario
judicial, no siendo el caso que aquí se presenta.
3.2. Impugnación.
El demandante impugnó la sentencia de primera instancia
insistiendo en el desconocimiento de los derechos fundamentales que invocó en
su escrito de demanda, y solicitando que se revoque el fallo emitido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y en consecuencia, se conceda el amparo
deprecado.
3.3. Sentencia de segunda instancia: proferida el 07
de febrero de 2013, por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera.
3.3.1. Confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que
la demanda no expuso  las razones que pudieron conducir al actor a interponer
esta acción, “puesto que una vez revisado el escrito de demanda lo que se
observa es una transcripción de los argumentos que el apoderado del señor
Pulido Rojas expuso ante el Juez y el Tribunal Administrativo para que se
declarara la nulidad de la Resolución No. 775 de 2003[17] por la
cual se aceptó la renuncia, y a transcribir apartes de las definiciones que
sobre los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
debido proceso e igualdad ha efectuado la Corte Constitucional.”
3.3.2. En tal contexto, debe aclararse que de conformidad
con lo expuesto en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991[18] la carga de esbozar
mínimamente las circunstancias relevantes para decidir la solicitud de amparo
no puede trasladarse del demandante al juez, pues si bien es cierto que en
materia de acciones como la de tutela no se exigen formalidades o
conocimientos  técnicos para la elaboración de la demanda y su contenido;
también lo es que el interesado debe identificar el vicio que a su juicio
atenta contra los derechos fundamentales que invoca como vulnerados.
3.3.3. Así las cosas, descendiendo al caso que se examina,
debe la Sala expresar que tal situación no acontece en el plenario, y que ello
hace improcedente la acción instaurada, en la medida en que no indica cuál es
la irregularidad procesal que condujo a tomar las decisiones enjuiciadas ni
tampoco señala los hechos y las circunstancias específicas que configuran la
vulneración del derecho que se alega.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución Política
-artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36[19].
2. Causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales[20].
Tal como lo estableció la
sentencia C-543 de 1992, para que se configure la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, se debe acreditar el cumplimiento de
unos requisitos generales de procedibilidad[21],
a saber:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional (...)
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración.
d. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se
trate de sentencias de tutela.
25.  Ahora,
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de
tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
2.1. Relevancia constitucional.
Del presente proceso se advierte
su relevancia constitucional, por cuanto se discute la salvaguarda de derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En efecto, el debido proceso
constitucional aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso, que en criterio de la Corte[22] pueden consistir en: el derecho al juez natural; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa -que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o
principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos, entre otros. Con base en el
debido proceso constitucional se pueden atacar decisiones que anulen o
restrinjan, de manera grave, el equilibrio procesal entre las partes[23].
2.2. Legitimación activa.
El señor Pedro Alejo Pulido Rojas presentó demanda de tutela
en nombre propio, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales.
2.3. Legitimación pasiva.
El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”  y el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Bogotá, Sección Segunda, son autoridades
judiciales y como tal, son demandables en proceso de tutela (CP, art 86º; D
2591/91, art 1º., sentencia C-543 de 1992).
De conformidad con el artículo
86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial
para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por autoridades públicas y particulares. En
este orden de ideas, las decisiones judiciales, al ser proferidas por una
autoridad pública, excepcionalmente son materia de la acción de tutela, cuando
por medio de éstas se vulneren o amenacen derechos fundamentales, como el
derecho al debido proceso.
2.4. Inmediatez.
La acción de tutela fue
presentada el 7 de junio de 2012[24],
4 meses después de proferido el fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – 6 de febrero de 2012 –, plazo que se considera razonable para el
ejercicio de la acción.
2.5. Subsidiariedad.
El demandante agotó todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial a su alcance, como quiera que interpuso
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión que
aceptó su renuncia irrevocable, y también interpuso recurso de apelación contra
la sentencia que negó sus pretensiones.
2.6. Que no se trate de una
demanda contra una sentencia de tutela.
Las sentencias cuestionadas son como consecuencia de la
acción de nulidad interpuesta por el señor Pedro Pulido, por lo que no se trata
de una sentencia de tutela.
2.7. Identificación de los hechos que generaron la
vulneración.
Acorde con la
sentencia C-590 de 2005, esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
El demandante considera que los jueces accionados: (i) no
tuvieron en cuenta el material probatorio anexo a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho; y (ii) otorgaron valor probatorio a material
documental que, a su juicio, no desvirtúa la desviación de poder en que
incurrió la entidad demandada.
Para el actor, si los jueces hubieran tenido en cuenta el
material probatorio, la conclusión necesariamente sería que la renuncia se
produjo con ausencia de libertad y voluntad para presentarla, como consecuencia
de la desviación de poder de parte del gerente de la Instituto que presionó
hasta que ésta se diera.
Si bien el demandante no hace una amplia exposición sobre
qué pruebas no tuvieron en cuenta los jueces accionados, la Sala considera que
ésta no es razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción de
tutela, pues lo alegado por el actor es claro cuando manifiesta que los jueces
accionados no consideraron el material probatorio que él, en su demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho adjuntó.
De hecho, en la apelación de la sentencia de primera
instancia del contencioso, el alega una razón similar a la aquí planteada, y es
que a su juicio resultaba imperioso analizar las circunstancias fácticas que
rodearon la decisión tomada por el demandante de retirarse del servicio,
basándose en todas las pruebas por él allegadas al proceso, estas son, cartas
de renuncia, respuesta al requerimiento hecho por el Director General del
Instituto Nacional de Cancerología, copia de la investigación disciplinaria,
entre otras.
Por lo anterior, la Sala considera cumplido el requisito,
advirtiendo que será en el momento de analizar la presunta causal de defecto
fáctico donde se determinará si los jueces actuaron acorde con la Constitución
y la Ley.
3.     Problema
jurídico constitucional.
Corresponde a la Sala responder si ¿las sentencias
proferidas por los jueces accionados vulneraron el derecho fundamental al
debido proceso del accionante, por hacer una indebida valoración probatoria?
4.     Vulneración
del derecho al debido proceso judicial.
4.1. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
Tal como lo estableció la
sentencia C-543 de 1992, la garantía de preservación de los derechos
fundamentales debe darse bajo el entendido del respeto a los principios de
seguridad jurídica e independencia judicial, razón por la cual la procedencia
de la acción de tutela sólo se da bajo el entendido que en el marco de una
providencia judicial y un proceso, la vulneración a un derecho fundamental
tenga una evidente relevancia constitucional.
Para que se configure la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, una vez
acreditado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, se
debe probar que la providencia atacada, esta inmersa en uno de los siguientes
requisitos específicos: i) defecto orgánico[25],
ii) sustantivo[26],
iii) procedimental[27],
iv) fáctico[28];
v) error inducido[29];
vi) decisión sin motivación[30];
vii) desconocimiento del precedente constitucional[31]; y viii) violación
directa de la Constitución[32].
Reiterada jurisprudencia
constitucional afirma que la acción de tutela procede excepcionalmente para
controvertir decisiones judiciales, cuando éstas  desconozcan los derechos
fundamentales y tenga un grado de afectación relevante desde el punto de vista
constitucional, razón por la cual, la procedencia de la misma, debe ser
evaluada de acuerdo al cumplimiento de los requisitos generales y específicos
enunciados.
4.1.1. Del defecto fáctico.
Reiteración jurisprudencial.
La Corte ha identificado dos
dimensiones en que se presentan defectos fácticos:
1) Una dimensión negativa que
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional
y caprichosa[33]
u omite su valoración[34]
y/o sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente[35].
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[36].
2) Una dimensión positiva, que se
presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes
de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución[37].
Tales
situaciones han sido analizadas por la jurisprudencia que las ha definido así:
(i) la omisión en el decreto y la práctica de pruebas[38]; (ii) la no valoración
de las pruebas que obran en el proceso[39];
y (iii) desconocimiento de las reglas de la sana crítica[40]. Salvo en los casos
mencionados, no compete al juez constitucional reemplazar al juzgador de
instancia en la valoración de las pruebas desconociendo la autonomía e
independencia de éste al igual que el principio de juez natural, ni realizar un
examen del material probatorio que resulte exhaustivo, en tanto, como lo señaló
esta Corporación en sentencia T-055 de 1997[41],
“tratándose del análisis del material probatorio, la independencia judicial
cobra mayor valor y trascendencia.”
La Corte también ha
precisado que sólo es posible fundar una solicitud de amparo por vía de hecho
basada en un defecto fáctico, cuando se observa que el error en la valoración
de la prueba es “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia”[42].
En el campo de las pruebas testimoniales este Tribunal ha
considerado que la actuación del juez constitucional es mucho más reducida en
razón del principio de inmediación, en virtud del cual es el juez natural
quien está en mejor posición para evaluar el alcance de las pruebas así
obtenidas, al poder apreciar en forma personal y directa la conducta de los
testigos, las manifestaciones de ellos, la manera de responder al
interrogatorio que se haga y las relaciones que puedan tener con las partes o
entre si[43].
En cuanto
a diferencias de valoración en la estimación de una prueba ha precisado la
Corte que no constituye error fáctico, pues ante interpretaciones diversas y
razonables es al juez natural a quien corresponde establecer cuál se ajusta al
caso concreto. “El juez, en su labor, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones se presumen de buena fe[44].
En consecuencia, el juez de tutela debe partir de la corrección de la decisión
judicial, así como de la valoración de las pruebas realizadas por el juez
natural”[45].
En
síntesis el defecto fáctico no se deriva necesariamente de la inconformidad con
la apreciación que haya hecho el juez, pues para que se configure debe
advertirse un error excepcional y protuberante relacionado con la actividad
probatoria que además tenga incidencia en la decisión adoptada, ya que se
presume la legalidad de ésta y el juez de tutela no está llamado a ser una
nueva instancia dentro del proceso.
5. Caso concreto.
5.1. El accionante laboró
aproximadamente 15 años en el Instituto Nacional de Cancerología[46], como
anestesiólogo. El 07 de julio de 2006, el Director General del Instituto le
envió un requerimiento solicitando explicaciones puntuales y precisas sobre
algunos inconvenientes suscitados en las salas de cirugía; en respuesta al
requerimiento el actor puso de presente situaciones laborales con las cuales no
estaba conforme.  Posteriormente, la dirección para asuntos de control interno
disciplinario del Instituto le abrió diligencia de indagación preliminar por
los mismos hechos.
Él, a su vez, interpuso dos
quejas ante el Procurador General de la Nación, una el 04 de agosto de 2006 y
la otra el 18 de septiembre de 2007. En la primera menciona las irregularidades
que estaban sucediendo en su lugar de trabajo, las que se pueden resumir en
que: (i) los residentes estaban interviniendo quirúrgicamente a los pacientes
sin acompañamiento de los profesores; (ii) existe desigualdad de trato hacia
los especialistas, pues a él lo acusan de abandonar su lugar de trabajo, en
cambio, a otros especialistas no les dicen nada; y (iii) es necesaria la
presencia de otro anestesiólogo los fines de semana para situaciones de
urgencia. En la segunda señala que los hechos que están sucediendo en la
institución constituyen acoso laboral porque: (i) los anestesiólogos tiene una
intensidad horaria mayor y se les exige estricto cumplimiento del horario, lo
que no pasa en otras especialidades; (ii) debe atender pacientes que son
intervenidos por residentes sin la presencia de sus docentes; (iii) las
directivas no hacen nada para corregir estos errores; (iv) no se reconocen
compensatorios; y (v) el ambiente es hostil.
El 21 de agosto de 2007 presentó
renuncia irrevocable al director del Instituto, motivo su decisión en que: (i)
no se ha solucionado el déficit de atención a los pacientes que son atendidos
por residentes; (ii) no existe igualdad de remuneración para personas del mismo
cargo; (iii) el ambiente de trabajo es hostil y perseguidor, por estar siendo
investigado; (iv) en ocasiones no lo han dejado entrar a la unidad de cuidados
intensivos; (v) el nivel salarial ofrecido por el instituto es muy deficiente;
y (vi) no se reconocen compensatorios.
El 11 de septiembre de 2007, el
director le contestó que acorde con el artículo 27 inciso último del Decreto
2400 de 1968 las renuncias motivadas no son susceptibles de aceptación. Como
consecuencia de esto, el 18 de septiembre de 2007, el demandante nuevamente
presento la renuncia con la misma motivación de la anterior, recibiendo de
parte del director una respuesta idéntica.
Adicionalmente, el 27 de
septiembre de 2007, le presentó una queja al asesor de la dirección para
asuntos de control interno disciplinario del Instituto reiterando las
inconformidades expuestas ante la Procuraduría.
Finalmente, el 2 de octubre de
2007, presentó renuncia irrevocable, que le fue aceptada mediante Resolución
No. 0775 del 3 de octubre de 2007.
5.2. El 18 de enero de 2008, el
señor Pulido presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Resolución No. 775 del 3 de octubre de 2007, porque a su juicio la renuncia por
el presentada no fue voluntaria ni libre, si no que se trato de un acto forzado
por la administración del Instituto, dado el trato indigno y desigual del que
fue objeto.
Para demostrar lo argumentado
adjuntó varias pruebas de las cuales mencionaremos las más relevantes:
Documentales:
(i)
Acta de posesión No. 00113 del 6 de marzo de 1992;
(ii)
Acta de posesión No.00188 del 10 de junio de 1992;
(iii)
Acta de posesión No.192 del 18 de mayo de 1995;
(iv)
Oficio No. 58089 del 7 de julio de 2006[47], donde le director del
Instituto le pide al accionante información sobre su comportamiento en las
salas de cirugía, indicando que dicho comportamiento iba en detrimento del
bienestar de los pacientes;
(v)
Escrito del 10 de julio de 2006[48],
escrito del señor Pulido respondiendo al requerimiento, indicando que no se
comportó de manera irrespetuosa, que no ha faltado a sus horarios laborales y
que no había cancelado cirugías;
(vi)
Queja presentada el 4 de agosto de 2006[49] ante la Procuraduría
General de la Nación alertando sobre algunas irregularidades, por él
evidenciadas, en el Instituto. Específicamente la actuación de los residentes,
por cuanto estan realizando cirugías sin los docentes presentes;
(vii)
Renuncia irrevocable presentada por el médico el 21 de agosto de
2007[50],
motivada en que: la atención médica prestada por el Instituto no es la
adecuada, no existe igualdad de remuneración, existe un ambiente laboral hostil
y perseguidor y no reconocen los compensatorios;
(viii)      Oficio
No. 174219 del 11 de septiembre de 2007[51],
informando al accionante que, acorde con el artículo 27 inciso último del
Decreto 2400 de 1968, la renuncia no debía ser motivada;
(ix)
Queja presentada el 18 de septiembre de 2007[52] ante la Procuraduría
General de la Nación, porque: existe desigualdad en el pago y en el
cumplimiento de horarios, debe asistir a pacientes intervenidos quirúrgicamente
por personal en entrenamiento, no le pagan compensatorios y porque el ambiente
laboral es hostil;
(x)
Renuncia presentada el 18 de septiembre de 2007[53], nuevamente motivada;
(xi)
Oficio No. 178528 del 20 de septiembre de 2007[54], el Director responde a
la renuncia indicando, nuevamente, que no debe ser motivada;
(xii)
Escrito del 27 de septiembre de 2007[55], queja presentada por el
demandante ante el asesor de la dirección para asuntos de control interno del
Instituto, señalando que: en ocasiones debe asistir a pacientes intervenidos
quirúrgicamente por personal en entrenamiento, se programan cirugías los días
sábados cuando el Instituto no cuenta con todo el personal para atenderlas, desigualdad
en salario y horarios frente a otros especialistas, no pago de compensatorios y
ambiente hostil y discriminador;
(xiii)      Renuncia
presentada el 2 de octubre de 2007[56],
sin motivación;
(xiv)       Renuncia
presentada el 3 de octubre de 2007[57],
solicitando agilidad en el trámite de aceptación de la renuncia;
(xv)
Oficio No. 013180 del 11 de octubre de 2007[58], mediante el cual le
notifican la aceptación de la renuncia;
(xvi)       Resolución
No. 0775 del 3 de octubre de 2007[59],
acto administrativo por medio del cual aceptan la renuncia;
(xvii)     Circular
No. 182298 del 1 de octubre de 2007[60],
proferida por el Ministerio de la Protección Social mediante el cual suspendió
las convocatorias a los programas avalados para la Universidad Javeriana, por
no tener en cuenta al Instituto Nacional de Cancerología al crear el programa,
exponiendo a los pacientes a manos inexpertas;
(xviii)  Calificación de
servicios del periodo 10 de junio de 1992 a 10 de agosto de 1992;
(xix)       Calificación
de servicios por el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 1993 y el 30
de abril de 1994; y
(xx)
Oficio del 17 de agosto de 2004[61],
mediante el cual la Coordinadora de la Sala de Cirugías lo felicita por su
calificación en el nivel de excelencia, acorde con la prueba realizada en el
periodo del 1 de marzo de 2003 al 28 de febrero de 2004.
Testimoniales:
(i)
José Fernando Rincón Rivera:
A continuación el despacho le
informa al deponente el objeto de la presente diligencia y lo exhorta para que
haga un relato claro y pormenorizado de cuanto le conste al respecto. CONTESTO.
Conozco al señor Pedro Pulido hace más de diez años, hicimos juntos la
especialización y desde ese entonces nos hemos vuelto amigos, hace dos años él
estaba con algunos problemas personales que estaban derivando de la relación
laboral con el patrono de ese entonces que era el Instituto Nacional de
Cancerología, él estaba muy preocupado por la relación que tenía con el
hospital y con los deberes que él tenía como anestesiólogo dentro de, las salas
de cirugía. A él lo que más le afectaba era que dentro de su deber ético él no
se sentía cómodo cuando tenía que dar anestesia a pacientes y no estaba
presente el cirujano especialista sino residente y otras personas de rangos
menores, él manifestaba que se le había vuelto una exigencia que tenía que dar
anestesia a pacientes independientemente de que estuviera o no el cirujano
especialista eso le genero problemas con la Dirección general y con los mismos
compañeros del servicio, después de dieciocho años de estar trabajando ahí él
tenía una relación laboral demasiado compleja y mencionaba de muchas
oportunidades sobre el pensar que le generaba dejar el Instituto, en los
últimos dos años renunció y pese a que estuvo trabajando como anestesiólogo en
otro hospital si tenía marcados signos de depresión, el ahorita esta enfermo
por una enfermedad autoinmune y que seguramente se puede derivar de algún modo
en la depresión que ha padecido, estos son los hechos que yo puedo relatar.
PREGUNTADO. Por qué le consta lo que ha relatado. CONTESTO. Porque durante los
últimos diez años hemos sido amigos y hemos tenido relación cercana y lo he
visto afectado moralmente en efecto algo que era recurrente era problemas para
conciliar el sueño y con una cantidad considerable de turnos de cirugía en el
Instituto en la época en que estaba con esos problemas.
Se le concede el uso de la
palabra al señor apoderado judicial de la parte demandada para que interrogue
al testigo. PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho el nombre de su compañía y
si el Doctor Pulido ha trabajado para esta empresa. CONTESTO. La compañía se
llama Arthol Implantes S.A. y el Doctor Pulido no ha trabajado nunca para esta
empresa ni como asesor ni como consultor ni ningún otro estilo modalidad.
PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho si usted sabe o le consta si el Doctor
Pulido una vez renunció al Instituto se fue a trabajar a la IPS Saludcoop
Cundinamarca. CONTESTO. Sé que el Doctor Pulido se fue a trabajar a Saludcoop
una vez hizo efectiva su renuncia. PREGUNTADO. Sírvase decirle al Despacho si el
doctor labora a la fecha en Saludcoop. CONTESTO. A la fecha el Doctor Pulido no
trabaja en Saludcoop debido a que presenta una incapacidad que yo no puedo
definir si es temporal o permanente, se que no trabaja hace seis meses
aproximadamente. PREGUNTADO. Sírvase decirle al Despacho si usted sabe o le
consta si el Doctor Pulido Rojas se ha desempeñado como anestesiólogo de la
Clínica de Traumatología y Ortopedia desde el año mil novecientos noventa y uno
hasta la fecha de presentación de la demanda, como Gerente General de A1
Contenedores Limitada desde 1991 a la fecha. Asesor médico de productos Roche
desde 1999 hasta la fecha Asesor Médico de Procaps desde 2005, y Asesor Médico
de Braun Médica desde 2002. CONTESTO. Sé que el doctor Pulido hacía turnos de
anestesiólogo en la Clínica de Traumatología y Ortopedia y desconozco el origen
de su vinculación como anestesiólogo de turnos con esta entidad. Se que el
doctor Pulido tiene una empresa denominada A1 Contenedores y que aún la tiene a
la fecha. Sé que trabajó como asesor Médico de productos Roche hasta hace cerca
de dos años a mi parecer, no conozco relación laboral historia con laboratorios
Procaps y se que dictó algunas charlas de producto en laboratorios Braun
Medical sin que esto lo haya convertido en asesor Médico y desconozco la relación
actual que hay con esta empresa. PREGUNTADO. Sírvase decirle al Despacho si
usted sabe o le consta si mientra el doctor Pulido Rojas se desempeñó como
médico anestesiólogo en el Instituto realizaba turnos en su especialidad en
otras instituciones. CONTESTO. No me consta que el doctor Pulido Rojas haya
realizado turnos en otras instituciones, salvo cirugías puntuales como las que
realizaba en la Clínica de Ortopedia y Traumatología. PREGUNTADO. Sírvase
decirle al Despacho si la Especialidad Médica del Doctor Pulido es Cirujano o
Anestesiólogo. CONTESTO. Es anestesiólogo.
(ii)
Álvaro Edgar Balcazar Acero;
A continuación el despacho le
informa al deponente el objeto de la presente diligencia y lo exhorta para que
haga un relato claro y pormenorizado de cuanto le conste al respecto. CONTESTO.
Antecedentes de eso le puedo contar que Pedro desde hace cuatro años,
alrededor, me contó que no se sentía bien en el trabajo que tenía porque las
condiciones habían cambiado él tenía que realizar procedimientos que
consideraba que no eran los más seguros tanto para los pacientes como para él y
que le había manifestado a las Directivas del Cancerológico esa situación y no
le habían corregido, ese comentario me lo hizo en varias oportunidades cuando comentábamos
como va el trabajo. Posteriormente me comentó que había presentado la renuncia indicando
en ella las razones por las cuales se retiraba del Instituto, nuevamente en
otra oportunidad me comentó que no se la habían aceptado con esa motivación y
lo habían obligado a renunciar de todas maneras porque no se sentía conforme
con la situación laboral. PREGUNTADO. Sabe si el demandante se vio afectado
sicológicamente por su retiro de la Institución demandada. CONTESTO. Yo creo
que si, incluso e los últimos tiempos que estuvo en el instituto empecé a ver
que él ya no andaba conforme con su situación, no lo veía con la misma
seguridad y con la misma disposición que manifestaba antes con respecto a su
trabajo y a su vida normal, hasta recientemente él estuvo en una situación de
salud muy grave y se encuentra incapacitado hace como unos siete meses, como
desde mayo de este año, fue como un proceso de deterioro de su situación
anímica. PREGUNTADO. Cuanto hace que conoce al demandante. CONTESTO. De toda mi
vida, o sea, cuarenta y seis años, mi papá y el padre de él eran muy amigos. PREGUNTADO.
Con anterioridad observó al demandante con los padecimientos que ha narrado en
esta audiencia. CONTESTO. No, en absoluto, empecé a advertir desde hace tres o
cuatro años que había cambiado su forma de ser, lo vi muy afectado por su
situación laboral, el es una persona muy dedicada a su trabajo, muy
profesional, muy inquieta con respecto a su trabajo, pero, sí vi un bajón.
Se le concede el uso de la palabra
al señor apoderado judicial de la parte demandada para que interrogue al testigo.
PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho si usted sabe o le consta si el Doctor
Pulido Rojas a la fecha de presentación de la renuncia se fue a trabajar a la
IPS Saludcoop Cundinamarca. CONTESTO. No se si a la fecha de la demanda el fue
a trabajar a la IPS de Saludcoop, tengo entendido que tuvo un contrato con
ellos recientemente. PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho si usted sabe o
conoce si el Doctor Pulido Rojas es el Gerente y Propietario de la empresa A1
con otros familiares. CONTESTO. Se que él junto con la esposa son socios con
otros familiares. PREGUNTADO. Sirvase decirle al Despacho si usted sabe o le
consta de donde provienen los ingresos para el sustento del Doctor Pulido
Rojas. CONTESTO. Actualmente fundamentalmente de la esposa que esta trabajando
como odontóloga y seguramente alguna participación de la empresa donde él es
socio. PREGUNTADO. Sírvase decirle al Despacho si el Doctor Pulido Rojas
desempeña su profesión en otras entidades particulares o privadas de
anestesiólogo, au cuando laboraba con el Instituto Nacional de Cancerología. CONTESTO.
El me contó que algunas veces el prestaba servicios ocasionales relacionados
con su profesión de anestesiólogo.
(iii) Jorge Alberto Santos
Quiñones:
A continuación el despacho le
informa al deponente el objeto de la presente diligencia y lo exhorta para que
haga un relato claro y pormenorizado de cuanto le conste al respecto. CONTESTO.
Básicamente antes de que el doctor Pulido saliera de su trabajo en diversas
reuniones que tuvimos manifestó que básicamente sufría de acoso laboral por
parte de la Institución, por parte del Instituto de Cancerología, básicamente
por el Director y que estaba en algunos tratamientos por depresión severa que
estaba padeciendo, posteriormente nos dijo que había presentado la renuncia
justificando el por qué y que esas causales no habían sido aceptadas por el
Director y siguió trabajando bajo esa misma situación, pues a la fecha él se
encuentra incapacitado por una enfermedad que tiene alto componente de estrés y
sé que se encuentra en terapia de rehabilitación por la depresión que tenía, incluso
el no permitió que lo visitáramos en la hospitalización por la depresión que
tenía, entiendo que esto ha sido básicamente generado por los perjuicios que el
sufrió por perder el trabajo en el Instituto porque es una persona
independiente y a parte de los daños de salud de salud que tuvo obviamente los
económicos. PREGUNTADO. Cuanto hace que conoce al demandante. CONTESTO. Lo
conozco hace siete años, porque estoy vinculado a actividades relacionadas con
la medicina y farmacia. PREGUNTRADO. A qué laborales se dedica en la actualidad
el demandante. CONTESTO. Actualmente se encuentra incapacitado desde hace
aproximadamente, tengo entendido, cinco meses, sé esto porque somos conocidos y
porque cuando dejó él de asistir a las reuniones que teníamos al indagar por él
nos dijeron que estaba hospitalizado en TELETON, él es médico anestesiólogo
pero por la incapacidad actual no ha podido ejercer laboralmente. PREGUNTADO.
Sabe de qué deriva la subsistencia del demandante y su familia. CONTESTO. Del
trabajo del doctor Pulido, no sé como estará subsistiendo, yo no sé que
recursos pueda tener para eso, los desconozco.
Se le concede el uso de la palabra
al señor apoderado judicial de la parte demandada para que interrogue al
testigo. PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho si sabe o le consta si el
doctor Pedro Alejo Pulido Rojas se ha desempeñado en su profesión en la Clínica
de Traumatología y Ortopedia, como gerente general de A1 Contenedores Limitada,
como asesor médico de productos Roche, como asesor médico de Procaps, como
asesor médico Braun Médica. CONTESTO. Yo supe que era asesor médico de Roche
pero que ya a la fecha no ejerce, hasta donde supe era una trabajo semanal o
una asesoría laboral de unas 2 o 3 horas a la semana, lo de la clínica lo
desconozco me imagino hasta donde yo sé un médico puede ir a cualquier clínica
a ejercer su profesión de manera independiente y lo demás que menciona ahí lo
desconozco. PREGUNTADO. Sírvase decirle al despacho si usted sabe o le consta
si el Doctor Pulido rojas sufre alguna discapacidad física. CONTESTO. No se si
la enfermedad que padece sea física. CONTESTO. Puede usted decirle al Despacho
cuales son los daños morales que ha sufrido el doctor Pulido Rojas. CONTESTO.
Daños morales ante la sociedad porque por el trato que tuvo en el Instituto de
Cancerología por parte del Director, en lo cual después de muchos años de estar
trabajando allá se traduce en una pérdida de status como médico además de los
daños económicos.
5.3. En la sentencia del 11 de
enero de 2011, el Juez Tercero Administrativo de Descongestión de Bogotá,
resolvió negar las súplicas de la demanda. En la providencia se hace un juicioso
recuento de cada una de las pruebas adjuntadas por el demandante, esto es, las
cartas de renuncia, las contestaciones a las mismas, las quejas presentadas por
el señor Pulido, para concluir que:
(…) no se observa que de estos
hechos se pueda colegir constreñimiento o acoso laboral por parte de los
directivos, ni mucho menos manifestación administrativa alguna dirigida a
provocar su dimisión. En las circunstancias anotadas, en que un servidor
considera que la institución no colma sus anhelos o expectativas, está en el
fuero personal decidir si continúa en el empleo o simplemente presenta renuncia
del cargo.
(…) no puede constituirse en un
hecho indicativo de ilegalidad de la renuncia presentada, pues es claro que, en
este caso, la decisión obedece es al querer personal del empleado de dimitir, dada
la frustración que le genera el ambiente laboral allí encontrado, por lo que,
es perfectamente legítimo presentar la renuncia y a su turno por parte de la
administración proceder a aceptarla.
(…) se tiene claro que el
demandante contaba con la experiencia y madurez suficientes para sortear la
situación a la cual se vio avocado, razón por la cual el Despacho estima que no
es de recibo el argumento según el cual el acto de aceptación debe ser anulado
porque fue provocado.”
Los medios probatorios que
utilizó de manera preferente el juez fueron las cartas de renuncia presentadas
por el señor Pulido, en las cuales, según el juez, “no se asoma ni el mas
mínimo elemento que evidencia constreñimiento alguno” en cambio sí, “se
evidencia la urgencia del accionante por separarse del servicio, posiblemente
para atender otros compromisos profesionales, sin que la entidad tuviera otro
camino que aceptar su decisión”.
5.4. En la sentencia del 06 de
febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
anterior decisión. Además de tener en cuenta el material probatorio allegado
por el demandante, principalmente las cartas de renuncia, también tuvo en cuenta
que mediante decisión del 10 de octubre de 2006, la Procuraduría General de la
Nación ordenó el archivo definitivo del proceso que por acoso laboral se
adelantó contra el director general del instituto Nacional de Cancerología[62]. Además, se
basó en la decisión adoptada por el asesor de la dirección para asuntos de control
interno disciplinario del Instituto Nacional de Cancerología, quién el 25 de
junio de 2009 resolvió archivar la queja presentada por el señor Pedro Alejo
Pulido el 27 de septiembre de 2007[63].
Adicional a lo anterior
consideró que los testimonios solicitados por la parte demandante no daban
certeza de que se hubiese coaccionado, influenciado o haya sido objeto de
maltratos laborales tan contundente que llevara al actor a presentar su
renuncia.
De lo expuesto, la Sala considera
que los jueces no incurrieron en un defecto fáctico, pues no valoraron una prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, ni omitieron apreciación de
alguna de ellas. Al contrario, tuvieron en cuenta tanto las pruebas aportadas
por el demandante como las aportadas por la entidad demandada, además
accedieron a los interrogatorios solicitados por el señor Pulido.
En últimas lo que se puede
concluir, es que el accionante, más que criticar los fundamentos probatorios en
que basaron sus fallos, lo que pretende es reabrir el debate de un proceso que
ya culminó en la jurisdicción contenciosa. A esta conclusión se llega al
cotejar los argumentos propuestos tanto en la demanda de acción de nulidad, en
la impugnación y en la acción de tutela. Los tres escritos exponen de manera
idéntica sus inconformidades.
6. Razón de la decisión.
6.1. Síntesis del caso.
Se declara improcedente el
amparo porque los jueces accionados decretaron y practicaron las pruebas
solicitadas por las partes, las valoraron y fallaron acorde con la apreciación
que hicieron de cada una de ellas.
6.2. Regla de la decisión.
Respecto del defecto fáctico, la
demanda de tutela no procede cuando el juez accionado: (i) no omitió
injustificadamente el decreto y la práctica de pruebas; (ii) valoró las pruebas
obrantes en el proceso; y (iii) no desconoció las reglas de la sana
crítica.
En estos casos, no compete al
juez constitucional (i) reemplazar al juzgador de instancia en la valoración de
las pruebas porque con ello desconoce la autonomía e independencia de éste al
igual que el principio de juez natural; (ii) ni realizar un examen del material
probatorio que resulte exhaustivo.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la sentencia del Consejo de
Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, del 07 de
febrero de 2013, que confirmó la sentencia del 12 de julio de 2012, proferida
por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Quinta, que declaró improcedente la acción de tutela. Por las razones expuestas
en esta providencia.
Segundo.- LÍBRESE por Secretaría General la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Demanda presentada en junio 7 de 2012. Folio 78. En adelante siempre que se
cite un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que
se diga expresamente otra cosa.
[2]
Requerimiento realizado por el director del Instituto, por su comportamiento en
las salas de cirugía. Folio 6 del cuaderno 2.
[3]
Respuesta al requerimiento. Folios 7 al 10 del cuaderno 2.
[4]
Queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación. Folios 11 y 12 del cuaderno 1.
[5]
Renuncia motivada. Folios 13 al 14 del cuaderno 2.
[6]
Respuesta informando que la renuncia no puede ser motivada. Folio 15 del
cuaderno 2.
[7]
Queja presentada ante la Procuraduría general de la Nación. Folios 17 al 19 del cuaderno 2.
[8]
Nuevo escrito de renuncia con motivación. Folio 16 del cuaderno 2.
[9]
Respuesta informando que la renuncia no puede ser motivada. Folio 20 del cuaderno
2.
[10]
Queja presentada por el demandante ante el asesor de la dirección para asuntos
de control interno del Instituto. Folios 21 al 22 del cuaderno 2.
[11]
Folio 23 del cuaderno 2.
[12]
Folio 25 del cuaderno 2.
[13]
Notificándole al medico de la aceptación de la renuncia. Folio 26 del cuaderno
2.
[14]
Acto administrativo que acepta la renuncia. Folio 27 y 28 del cuaderno 2.
[15]
Oficio del Ministerio de la Protección Social mediante el cual suspendió las convocatorias a los programas avalados para la Universidad Javeriana, por no tener en cuenta al Instituto Nacional de Cancerología al crear
el programa, exponiendo a los pacientes a manos inexpertas.
[16]
Mediante el cual la Coordinadora de la Sala de Cirugías lo felicita por su
calificación en el nivel de excelencia, acorde con la prueba realizada en el periodo
del 1 de marzo de 2003 al 28 de febrero de 2004.
[17]
Expedida por el Director del Instituto Nacional de Cancerología por la cual
aceptó su renuncia irrevocable
[18] “ARTICULO
14. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. Informalidad. En la solicitud de tutela se expresará, con la
mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se
considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere
posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de
las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También
contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No será indispensable
citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente
el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna
formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de
comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de
franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando
el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser
ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante,
pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su
posterior presentación personal para recoger una declaración que facilite
proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el
acta correspondiente sin formalismo alguno.”
[19] En Auto
del doce (12) de marzo de 2013 de la Sala de Selección de tutela No.3 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de las providencias en cuestión y se procedió a
su reparto.
[20]
Las exigencias fueron resumidas en la sentencia C-590 de 2005.
[21]
Las exigencias fueron resumidas en la sentencia C-590 de 2005.
[22]Sentencia
T-061 de 2007
[23]Sentencia
T-685 de 2003.
[24]
Folio 229 del cuaderno No. 1.
[25]
Cuando existe una carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
judicial que profiere la sentencia.
[26]
Cuando la decisión judicial se fundamenta en normas inexistentes o
inconstitucionales o, en fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. Sentencia C- 590 de 2005.
[27]
Surge cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido para el caso concreto. Al respecto ver sentencias SU-
159 de 2002, T-996 de 2003 y T-196 de 2006, T-508 de 2011.
[28]
Hace referencia a la producción, validez o apreciación de los elementos
probatorios. En razón de la independencia judicial, el campo de intervención
del juez de tutela por defecto factico es bastante restringido.
[29]
Hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable del
juez, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea
porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la
administración de justicia, por ausencia de colaboración entre las ramas del
poder público. Ver sentencias SU-214 de 2001, T-1180 de 2001, y SU-846 de 2000.
[30]
Es deber de los funcionarios públicos, en razón de la necesidad de legitimidad
de las decisiones adoptadas en un ordenamiento democrático, la motivación
amplia y suficiente de las decisiones, en aras de garantizar el derecho de
defensa y contradicción de los ciudadanos frente a dichas disposiciones. Ver
sentencia T-114 de 2002.
[31]
Se presenta cuando habiendo la Corte Constitucional establecido el alcance de un derecho fundamental, el juez ordinario aplica una ley limitando su alcance. Ver
sentencias SU-640/98 y SU-168/99.
[32]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la Constitución. Ver sentencias SU-1184/01, T-1625/00, y T1031/01, o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.  Ver sentencia T- 701/04.
[33] Ibíd.
[34] Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera
determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en
cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada
procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura
deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta
indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales
para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,
fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[35] Cfr. sentencia T-576 de 1993
[36] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de
1994
[37] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994, T-458 de
2007.
[38] “se presenta cuando el funcionario judicial
omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia
impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido” T-458 de 2007.
[39] “se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar
de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente” T-458 de 2007.
[40]Se observa “cuando el funcionario judicial, en contra
de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido, es
el defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio; o cuando
a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en
ellas fundamenta la decisión respectiva” T-458 de 2007.
[41]
Reiterada en Sentencia T-737 de 2007.
[42]
Sentencia T-442 de 1994 ratificada en las sentencias SU-159 de 2002 y T-086 de
2007.
[43]
Ver sentencias T-055 de 1997 y T-008 de 1998.
[44]
“En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia
T-336 de 1995, reiterada por la T-008 de 1998.
[45] Sentencia T-737 de 2007.
[46]
Ingresó a laborar el 6 de marzo de 1992 y su renuncia fue aceptada en octubre
de 2007.
[47]
Requerimiento realizado por el director del Instituto por su comportamiento en
las salas de cirugía. Folio 6 del cuaderno 2.
[48]
Respuesta al requerimiento. Folios 7 al 10 del cuaderno 2.
[49]
Queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación. Folios 11 y 12 del cuaderno 1.
[50]
Renuncia motivada. Folios 13 al 14 del cuaderno 2.
[51]
Respuesta informando que la renuncia no puede ser motivada. Folio 15 del
cuaderno 2.
[52]
Queja presentada ante la Procuraduría General de la Nación. Folios 17 al 19 del cuaderno 2.
[53]
Nuevo escrito de renuncia con motivación. Folio 16 del cuaderno 2.
[54]
Respuesta informando que la renuncia no puede ser motivada. Folio 20 del
cuaderno 2.
[55]
Queja presentada por el demandante ante el asesor de la dirección para asuntos
de control interno del Instituto. Folios 21 al 22 del cuaderno 2.
[56]
Folio 23 del cuaderno 2.
[57]
Folio 25 del cuaderno 2.
[58]
Notificándole al medico de la aceptación de la renuncia. Folio 26 del cuaderno
2.
[59]
Acto administrativo que acepta la renuncia. Folio 27 y 28 del cuaderno 2.
[60]
Oficio del Ministerio de la Protección Social mediante el cual suspendió las convocatorias a los programas avalados para la Universidad Javeriana, por no tener en cuenta al Instituto Nacional de Cancerología al crear
el programa, exponiendo a los pacientes a manos inexpertas.
[61]
Mediante el cual la Coordinadora de la Sala de Cirugías lo felicita por su
calificación en el nivel de excelencia, acorde con la prueba realizada en el
periodo del 1 de marzo de 2003 al 28 de febrero de 2004.
[62]
Prueba allegada por la parte demandada en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Folios 211 a 214 del cuaderno 2.
[63]
Prueba allegada por la parte demandada en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ver folios 179 al 209 del cuaderno 2.