T-253-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-253/02
DERECHO A LA
SALUD-Práctica de cirugía
de oído a paciente vinculado en el nivel 2 del SISBEN
Reiteración de jurisprudencia
Referencia:
expediente T-533801
Acción de tutela
incoada por Elkin Javier Sánchez Álvarez contra la Dirección Seccional de Salud
de Antioquia.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., a los
once (11) días del mes de abril del año dos mil dos (2002).
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de
la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión del fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Ciudad
Bolívar, Antioquia, al resolver sobre la acción de tutela, interpuesta por
Elkin Javier Sánchez Alvarez contra la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia.
I.
ANTECEDENTES.
El señor Elkin
Javier Sánchez Álvarez interpuso acción de tutela contra la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la salud y a la seguridad social, en razón a que la demandada no ha autorizado
la realización de una cirugía que requiere con urgencia. Para fundamentar su
solicitud de amparo, puso de presente los siguientes hechos:
Se encuentra
vinculado al SISBEN de Ciudad Bolívar, Antioquia y está clasificado en el nivel
dos (2) de pobreza. Indica que desde la infancia le fueron diagnosticados una
serie de problemas en los oídos por lo que fue sometido a tratamientos médicos
con los que no logró recuperar su audición. Afirma que desde 1998 le fue
ordenada una cirugía, pero las solicitudes para su realización no han sido
atendidas. Agrega que nuevamente está haciendo los trámites para que le
practiquen la cirugía, pero la Dirección Seccional de Salud de Antioquia no ha
autorizado la realización de una serie de exámenes sin los cuales no se podría
concluir el referido procedimiento. En consecuencia, solicita se ordene a la
entidad demandada que autorice el tratamiento que pueda requerir su enfermedad,
así como el suministro de los medicamentos necesarios para lograr su
recuperación.
Por su parte, la
entidad demandada en oficio dirigido el Juzgado Civil del Circuito de Ciudad
Bolívar, Antioquia, indicó que a partir de un proceso de ajuste se determinó
eliminar las autorizaciones que se expedían para cada una de las atenciones en
salud, ya que esto creaba congestión en el acceso a los servicios de
competencia de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
Por lo anterior, esa
Dirección indicó a las IPS públicas y privadas que partiendo de la normatividad
vigente en materia de salud, continuaran con la prestación de los servicios de
urgencia y autorregulando los no urgentes. Así las cosas, la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia no está expidiendo autorizaciones para atender a las
personas, pues son las IPS las que deben actuar de acuerdo con las necesidades
del usuario.
Agregó que para
todos los casos de atenciones urgentes y electivas la responsabilidad para con
el paciente es del médico tratante o de quien preste el servicio de salud,
siendo imposible escudarse en una autorización para eludir su cumplimiento.
El Juez Civil
del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia, vinculó al proceso a la oficina
local del SISBEN como parte accionada, para lo cual comunicó la iniciación al
señor Alcalde Municipal.
De otra parte,
el Juez de instancia recibió las declaraciones del demandante, del Alcalde
municipal de Ciudad Bolívar, Antioquia José Mauricio Bedoya Betancur y del
médico Gabriel Escobar Gómez, quien luego de ver la historia clínica del
demandante aportada por el juzgado, explicó las implicaciones, motivos y
posibles consecuencias de los problemas auditivos del señor Sánchez Álvarez y
concluyó que una cirugía reconstructiva del tímpano favorecería la estimulación
auditiva del paciente.
II.
DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
El Juzgado Civil del
Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia, mediante providencia de 14 de septiembre
de 2001, negó el amparo solicitado, por considerar que: “ ... no se trata de
un asunto donde realmente se ponga en peligro la vida de la persona, tampoco la
dignidad, pues, muy a pesar de las innegables incomodidades que naturalmente
implica todo tipo de procedimientos de la salud, lo cierto es que pueden ser
conjurados con un cuidadoso acatamiento de los tratamientos farmacológicos
dispuestos por los galenos, y que sí están a su alcance porque son cubiertos
por el POSS, al cual tiene derecho como vinculado al SISBEN. Así que tampoco
puede ahora pregonarse una negación o vulneración de sus derechos
constitucionales a la salud y a la seguridad social”.
III.
PRUEBAS RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.
-
A folio 5, copia de la
cédula de ciudadanía del demandante en la que consta que tiene cuarenta y
cuatro (44) años de edad.
-
A folio 6,
certificación suscrita por Secretaria del SISBEN de Ciudad Bolívar que acredita
que el demandante en efecto se encuentra clasificado en el nivel 2 de pobreza
en calidad de vinculado.
-
A folios 7 al 11,
copias de ordenes médicas y diagnósticos referentes a su problema auditivo.
-
A folio 23 a 59, copia
de la historia clínica del señor Sánchez Alvarez suministrada por la E.S.E
Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, Antioquia.
IV.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y por la escogencia del caso por la
Sala de Selección.
2.
Problema jurídico.
Se trata de
resolver en el presente caso si la Dirección Seccional de Salud de Antioquia
debe autorizar la intervención quirúrgica que requiere Elkin Javier Sánchez
Ávarez, quien está afiliado al SISBEN como vinculado en el nivel dos (2) de
pobreza, cirugía que no se ha realizado por cuanto el Centro de Regulación de
Atenciones Electivas (CRAE), que era el encargado de dar la autorización ya no
tiene esa función debido a la reestructuración llevada a cabo en el año 2001, y
además en los hospitales a los que ha acudido tampoco le practican la cirugía.
3. Derecho a la salud.
En jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional se ha
afirmado que el derecho a la salud es fundamental cuando se encuentra en
conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas.
En efecto, en la
sentencia C-177/98, se consideró:
“Así, el derecho a la salud se torna fundamental cuando se ubica en
conexidad[1] con el derecho a la
vida o el derecho a la integridad personal. En ese orden de ideas, parece claro
que la Constitución no consagra para todas las personas un derecho
judicialmente exigible a acceder en forma inmediata a cualquier prestación
sanitaria ligada con la seguridad social. Sin embargo, ello no significa que no
exista un derecho constitucionalmente protegido en este campo, pues la Carta
garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social y al acceso a los
servicios de salud (CP arts 48 y 49).[2]
Igualmente en la
sentencia T-597 de 1993[3]
se expuso con relación a la protección de los derechos de prestación lo
siguiente:
“a) En principio, los derechos de prestación no pueden
ser protegidos a través de la acción de tutela. Sin embargo, la Corte ha
sostenido que su vulneración  puede ser tutelable en ciertos casos en los
cuales se viola igualmente un derecho fundamental de aplicación inmediata.
“ b)  Dicha
conexidad no puede ser establecida en abstracto.  Ella debe
ser el resultado
de un análisis detallado en el cual se ponga en relación una interpretación
normativa de tipo sistemático de las normas constitucionales en juego, con un
estudio detallado del caso y de sus implicaciones. En relación con este proceso
de confrontación y ponderación, esta Corporación ha señalado la importancia de
los hechos en la definición y solución del problema planteado. La constitución
se preocupa por el hombre y por su situación concreta por encima de fórmulas o
tipos ideales.
“La violación de derechos fundamentales de aplicación inmediata se
pone en evidencia mediante una lectura de los hechos llevada a cabo a la luz de
las normas constitucionales. En los derechos de prestación, en cambio, la
violación se hace patente por medio de un proceso inverso en el cual el alcance
y sentido de las normas se determina en buena parte mediante las circunstancias
específicas del caso.
“c) En esta tarea de interpretación adquiere especial importancia el
juez de tutela y, en especial, la Corte Constitucional. Además de ponderar
detenidamente los hechos, se impone la tarea de decantar los criterios que
puedan extraerse de cada una de las normas que consagran estos derechos...”
Como ya se ha
señalado por esta Corte[4]
el derecho a la vida, desde el punto de vista constitucional, trasciende el
concepto de mera supervivencia biológica e indudablemente va ligado con la
posibilidad de tener una vida digna.[5]
4. Protección a las
personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
En
el artículo 13 de la Constitución Política prevé que “El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Subrayas de la
Sala).
En el presente caso se
trata de una persona de cuarenta y cuatro (44) años de edad, clasificada en el
nivel 2 de pobreza del SISBEN[6],
con grado de escolaridad segundo de primaria, actualmente sin empleo[7], y
que según lo manifestado a los médicos que lo han atendido ha presentado serios
padecimientos de salud desde su niñez[8].
Igualmente en la historia clínica que obra en el proceso se confirma lo dicho
en la demanda en relación con el estado de su oído izquierdo que presenta el
tímpano roto y tiene secreciones[9].
De acuerdo con la historia médica y con el concepto médico que obra
en el expediente[10]
el deterioro de la salud del demandante se puede superar con la cirugía que no
ha sido efectuada. En efecto, en la declaración rendida por el médico Gabriel
Escobar Gómez ante el Juzgado de Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia, éste
afirmó:
“... Según la historia está parcialmente destruido el tímpano. Lo
que posiblemente ocurrió debido a infecciones a repetición y estas a su vez
aparte de impedir la restauración del tímpano lo acabaron de lesionar generando
la interrupción de la frecuencia de fenómenos auditivos, lo que podría hacerse
mediante una cirugía reconstructiva del tímpano, sería formar nuevamente una
barrera natural que disminuiría factiblemente las infecciones del oído medio y
podría parcialmente, dado lo crónico de la enfermedad, alcanzar una gran
mejoría en la estmulación auditiva”.
No hay ninguna
duda que en el caso de autos se ha desconocido el principio de eficiencia al
que está sujeta la seguridad social, y que se consagra expresamente en el
artículo 48 de la Carta[11]:
“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la ley...”
En consecuencia, con
fundamento en las pruebas que obran dentro del proceso y atendiendo los
problemas de salud que vienen afectando al actor de la presente acción de
tutela, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia debe prestar a Elkin
Javier Sánchez Ávarez toda la colaboración que requiera para lograr ser
atendido a través del SISBEN en la I.P.S. que le corresponda, y como bien lo
afirma el Secretario de Salud en su escrito de respuesta[12] al
Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia, lo que debe hacer el
demandante es: “ presentarse ante la entidad que le ordenó la práctica de
la cirugía de oído, para que el médico tratante determine la urgencia o no de
la atención y lo remita a la entidad que cuente con los medios técnicos para su
realización. Y con posterioridad dicha institución una vez
efectúe la atención procederá a facturar a esta Dirección el valor del servicio
prestado” (Negrillas de la Sala).
Como se ve los
inconvenientes que se han presentado para lograr la atención médica del señor
Sánchez Álvarez han sido por trámites administrativos y por desconocimiento de
los pasos a seguir.
En la sentencia
T-109 de 1999[13]
se afirmó:
“... la
negligencia de la entidad en expedir una orden quirúrgica, cuando está compelida
constitucional y legalmente a prestar todos los servicios propios del sistema
de seguridad social en salud, resulta inadmisible frente a un caso como el
presente, puesto que se somete a un paciente a un tratamiento indigno.[14]”
Finalmente, se debe
señalar que los argumentos expuestos por el Secretario de Salud Departamental
de Antioquia y por el Alcalde de Ciudad Bolívar, Antioquia[15],
son de carácter legal y administrativo, y como ya se ha señalado por esta
Corporación en casos como el de autos deben prevalecer las normas de carácter
constitucional[16]
Esta Sala revocará el
fallo de instancia, y en su lugar ordenará a la Secretaría de Salud de
Antioquia y a la alcaldía del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, que
ubiquen a Elkin Javier Sánchez Álvarez y le informen sobre las posibilidades
que tiene para que lo atiendan y le practiquen la cirugía que requiere.
V. DECISIÓN.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la
sentencia de 14 de septiembre de 2001 proferida por el Juzgado Civil del
Circuito de Bolívar – Antioquia, y en su lugar TUTELAR los derechos
fundamentales a la salud y a una vida digna del señor ELKIN JAVIER SÁNCHEZ
ÁLVAREZ.
Segundo. ordenar a la Secretaría de Salud de
Antioquia y a la Alcaldía de Ciudad Bolívar, Antioquia, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta sentencia,
informe a ELKIN JAVIER SÁNCHEZ ÁLVAREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 3.419.587 y domiciliado en la Calle 49 No. 54–26, Teléfono 8410585, de
Ciudad Bolívar, Antioquia, qué entidades públicas o privadas con las cuales se
tenga contrato están en capacidad de ofrecer la atención quirúrgica requerida.
Tercero. Del cumplimiento de la presente orden
deberá informarse al Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar, Antioquia.
Cuarto. Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Al respecto pueden consultarse las sentencias T-116 de
1993, Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara,  T-13 de 1995, Magistrado
Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, T-005 de 1995, Magistrado Ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-271 de 1995 y T-312 de 1996, Magistrado Ponente: Alejandro
Martínez Caballero, T-284 de 2001 y T-843 de 2001, Magistrado Ponente: Alvaro
Tafur Galvis, entre otras.
[2] Sentencia T-395 de 1998, Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero
[3] Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4] Ver sentencia T-121 de 2000. Magistrado Ponente: José
Gregorio Hernández Galindo.
[5] Ver T-732 de 1998, Magistrado Ponente:
Fabio Morón Díaz. T-545 de 2000, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.
T-316 de 2000, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
[6] Ver folio 6 del expediente.
[7] Ver declaración del demandante en el folio15.
[8] Ver folios 7, 10 y 15 del expediente.
[9] Ver folio 11 del expediente.
[10] Ver folios 60 a 61 del expediente.
[11] Se pueden consultar sobre este principio las
sentencias T-42 de 1996, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz y T-68 de
1998, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[12] Ver folios 74 y 75 del expediente.
[13] Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14] Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión,
sentencia, T- 499 de 1992, Eduardo Cifuentes Muñoz. Sala Séptima de Revisión,
sentencia T- 645 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Sala Segunda de
Revisión, sentencias T-322 de 1997 y 694 de 1998, M. P. Antonio Barrera
Carbonell. Sala Octava de Revisión, sentencias T- 236, T-283,T- 286,T- 290, T-
304, T- 328 y T- 329 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz. Sala Novena de Revisión,
sentencias T- 489 y T-603 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras.
[15] Ver folios 67 a 69 vto y 74 a 75 del expediente.
[16] Ver sentencias T-355 de 2001, Magistrado Ponente:
Alvaro Tafur Galvis y T-153 de 2000, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández
Galindo.