T-761-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-761/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DECLARACION DE PERSONA AUSENTE EN MATERIA PENAL-Jurisprudencia
constitucional/DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Jurisprudencia
constitucional
En
diversas ocasiones, la Corte ha tenido oportunidad de referirse a la figura de
la declaratoria de persona ausente en materia penal, concluyendo que si bien se
trata de una alternativa procesal que se aviene con los preceptos
constitucionales, específicamente la garantía del debido proceso y el normal
funcionamiento de la administración de justicia, su utilización es de
naturaleza supletoria, lo cual implica que “no puede ser la decisión
subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado”. Dicho de otra
manera, lo que se impone por parte del Estado, es que la forma de vinculación
al proceso penal sea personal, en tanto “el derecho de defensa se garantiza y
se ejerce de mejor manera con la participación directa del imputado”, de tal
suerte que luego de haberse agotado todos los medios que estén a su alcance,
pueda darle continuidad al servicio público de administrar justicia, ya sea
porque definitivamente no fue posible hallar el paradero de quien se presume
responsable de la comisión de una conducta punible, o porque sencillamente,
asumió una actitud contumaz.
PROCESAMIENTO EN AUSENCIA-Contenido y alcance
Durante
la vigencia de la Constitución de 1991, los distintos códigos de procedimiento
penal han incluido la posibilidad de que el imputado sea declarado persona
ausente, ya sea porque no ha sido posible hacerlo comparecer a la diligencia de
indagatoria (Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000), o a la formulación de la
imputación (Ley 906 de 2004). Justamente, con ocasión del estudio de
constitucionalidad del artículo 356 del Decreto 2700 de 1991, la Corte en
sentencia C-488 de 1996, precisó los contenidos del procesamiento en ausencia,
al indicar (i) la distinción entre el procesado que se oculta y el que no tiene
la posibilidad de enterarse de la existencia del proceso; (ii) la importancia
de la defensa técnica en esta hipótesis; y (iii) las condiciones o presupuestos
que deben concurrir.
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE-Concepto
La
declaratoria de persona ausente “es una medida con que cuenta la administración
de justicia para cumplir en forma permanente y eficaz la función que el
Constituyente le ha asignado y, por tanto, al estar comprometida en ella el
interés general no puede postergarse so pretexto de que el procesado no ha
comparecido al llamado de la justicia, y esperar a que éste voluntariamente se
presente o que sea capturado o que la acción penal prescriba, (…) sino que la
actuación procesal debe adelantarse procurando por todos los medios posibles
comunicar al sindicado la existencia de la investigación que cursa en su contra
y designarle un defensor de oficio que lo represente en el ejercicio de su
derecho; además de brindarle mecanismos legales que le permitan obtener la
corrección de los vicios y errores en que se haya podido incurrir por falta de
adecuada defensa.” Del mismo modo, destacó que los procesos penales adelantados
bajo esta modalidad, no vulneran el derecho a la igualdad en tanto los
sindicados  ausentes “cuentan con las mismas garantías y oportunidades
procesales concedidas a quienes están presentes en el mismo, las cuales pueden
ser ejercidas por el defensor que el sindicado nombre o por el defensor de oficio
que le asigne el funcionario judicial encargado de adelantar la actuación.”
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE-Condiciones para su validez
DEFENSOR DE OFICIO-Responsabilidades
IUS PUNIENDI-Jurisprudencia constitucional
FALLAS EN EL EJERCICIO DE LA DEFENSA TECNICA-Criterios para que se configure una causal de
procedibilidad de la acción de tutela
Para
la Corte no es suficiente con que se presenten fallas en el ejercicio de la
defensa técnica para que se configure una causal de procedibilidad de la acción
de tutela, “sino que es preciso acreditar que con tales irregularidades se
condicionó, en forma decisiva, el contenido de la parte resolutiva.” Téngase en
cuenta, que el derecho de defensa técnica puede ejercerse de distintos modos, o
dicho de otra manera, el abogado defensor tiene la posibilidad de definir su
propia estrategia de defensa, razón por la cual la Corte ha precisado estrictos
criterios a fin de que proceda la acción de tutela, como consecuencia de la
actuación adelantada por el defensor de oficio, a saber: “(i) Que efectivamente
se presenten fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible,
puedan encuadrarse dentro del margen de libertad con que cuenta el apoderado
para escoger la estrategia de defensa adecuada. Ello implica que, para que se
pueda alegar la vulneración del derecho a la defensa técnica, debe ser evidente
que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier
vinculación a una estrategia procesal. (ii) Que las mencionadas deficiencias no
le sean imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir
la acción de la justicia. Habrá de distinguirse en estos casos, entre quienes
no se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque
les fue imposible conocer su existencia. (iii) Que la falta de defensa técnica
revista tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión
judicial respectiva, de manera tal que pueda afirmarse que se configura una vía
de hecho judicial por uno de los defectos anotados y, en consecuencia, una
vulneración del derecho al debido proceso y, eventualmente, de otros derechos
fundamentales.”
Referencia: expediente T-2908142
Demandante: Gladys Mariana Guerrero Guerrero
Demandado: Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Bogotá de Descongestión (FONCOLPUERTOS), y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), con vinculación
oficiosa de la Fiscalía Delegada ante la Unidad Nacional de Delitos contra la
Administración Pública
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá,
D. C., dos (2) de octubre de dos mil doce (2012)
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA[1]
En
el trámite de revisión de la sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, el 12 de noviembre de 2010, que confirmó la
dictada por la Sala Penal de la misma corporación el 12 de octubre de dicho
año, dentro del asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
La
señora Gladys Mariana Guerrero Guerrero, quien se encuentra detenida en la cárcel
de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, presentó acción de tutela como mecanismo
transitorio, contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá de
Descongestión (FONCOLPUERTOS) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad, defensa, honra, buen
nombre y buena fe, con ocasión de las sentencias proferidas el 30 de noviembre
de 2005 y 11 de julio de 2006, respectivamente. En su sentir, el proceso penal
que finalizó con condena en su contra a 64 meses y 15 días de prisión, como
pena principal, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo lapso, como pena accesoria, por los delitos de peculado
por apropiación agravado en la modalidad de tentativa (determinadora) y
concierto para delinquir (coautora), no fue notificado lo cual le imposibilitó
ejercer su derecho de defensa, a lo que agregó falencias por parte del defensor
de oficio designado. La solicitud de tutela, se apoya en los siguientes
1.
Hechos
1.1.
Afirma la accionante que el 2 de agosto de 2010, mientras se encontraba en la
oficina de emigración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
solicitando una prórroga de permanencia en el país para su menor hija, con
quien vive en los Estados Unidos de Norteamérica, desde hace aproximadamente 12
años, fue capturada con fundamento en la condena penal impuesta a 64 meses y 15
días de prisión, por los delitos de peculado agravado en la modalidad de
tentativa (determinadora) y concierto para delinquir (coautora), sentencia que
precisa, hace tránsito a cosa juzgada.
1.2.
Comenta que no tuvo conocimiento del proceso penal que finalizó con la condena
en su contra, pues “[l]a investigación que transcurrió (…) fue completamente
desconocida por mí, como quiera que desde hace algo más de 12 años me encuentro
radicada en los Estados Unidos”[2], y que mientras se
desempeñó como abogada de algunos ex trabajadores de FONCOLPUERTOS, para el
momento de la liquidación de la entidad, actuó bajo las estrictas normas de
honradez profesional y celo absoluto en ejercicio de los mandatos conferidos y
siempre de buena fe. De igual modo, manifiesta que las pretensiones de sus
poderdantes, estaban soportadas en los documentos aportados, los cuales en todo
caso, eran valorados por los despachos judiciales de instancia al momento de
dictar las decisiones, con intervención de representantes de FONCOLPUERTOS, que
podían hacer uso de los recursos de ley, al punto que “no hubo ninguna que
fuera aprobada al margen de la más absoluta legalidad.”[3]
1.3.
De esta manera, estima que al no haber sido notificada del proceso penal “para
que desde esa temprana etapa procesal, ejerciera el derecho de defensa”[4],
no contó con la posibilidad de aportar y controvertir pruebas. Del mismo modo,
puso de presente que no contó con una adecuada defensa técnica, pues “mi
apoderado de oficio no alegó de conclusión más que de manera formal, sin
convicción en la primera instancia, pero lo que resulta más aberrante es el NO
RECURRIR LA SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCIA.”[5]
1.4.
Refiere, que la garantía del derecho de defensa no puede subsanarse con la
declaratoria de contumacia o la designación de un defensor de oficio que lleva
sin convicción la defensa, ni tampoco es posible partir del supuesto que por la
notoriedad del caso de FONCOLPUERTOS, es procedente la notificación por
conducta concluyente.
1.5.
Para terminar, reconoce que cuenta con la acción de revisión contra la
sentencia condenatoria de segunda instancia, pero que la circunstancia de
encontrarse privada de la libertad, teniendo en cuenta que no fue concedido
ningún subrogado penal, así como el tiempo que puede tardar en decidirse, hace
imperiosa la tutela de sus derechos fundamentales como mecanismo transitorio,
siendo el más imperativo de todos el derecho a la libertad, “única manera de
subsanar el perjuicio irremediable de la detención que de manera injusta vengo
sufriendo.”[6]
2.
Pretensión
Con
fundamento en la situación fáctica expuesta, y en la medida en que “el fallo
condenatorio contra mí proferido deberá ser declarado nulo en otra instancia”[7],
la accionante pide al juez de tutela como mecanismo transitorio, “se me
restituya el derecho a recuperar mi libertad.”[8]
3.
Actuación procesal
3.1.
La solicitud de tutela fue presentada el 29 de septiembre de 2010,
correspondiéndole por reparto a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, que en auto del 30 del mismo mes y año, dispuso avocar el conocimiento
del asunto y vincular oficiosamente al trámite constitucional a la Fiscalía
Delegada ante la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública.
Así mismo, ordenó correr traslado a las autoridades judiciales demandadas, a fin
de garantizar el derecho de contradicción y para que se pronunciaran acerca de
las pretensiones formuladas por la actora.
3.2.
Posteriormente, en auto del 11 de octubre del mismo año, el Magistrado
Sustanciador, atendiendo la imposibilidad de “determinar si las autoridades
judiciales accionadas agotaron los trámites propios en aras de lograr la
comparecencia al proceso de la aquí accionante y verificado telefónicamente con
Ejecución de Penas que el asunto se recibió del Juzgado Décimo Penal del Circuito
de Bogotá, se ordena que por la Secretaría de la Sala, se solicite a éste
último despacho que en el término de la distancia, remita a esta
Corporación, la actuación penal que allí se adelantara en contra de GLADYS
MARIANA GUERRERO GUERRERO”[9], agencia judicial que en
oficio N° 1070 del 14 del mismo mes y año, informó “[q]ue revisado el
sistema penal acusatorio, no se encontró proceso alguno”[10].
4.
Oposición de la demanda
4.1.
Escrito de la Fiscalía General de la Nación
4.1.1.
En escrito del 4 de octubre de 2010, el Fiscal 3° Seccional Delegado de la
Estructura de Apoyo para FONCOLPUERTOS de la Unidad Nacional de Delitos contra la
Administración Pública, solicita la declaratoria de improcedencia de la acción
de tutela promovida por la accionante, bajo el argumento que contó “(…) con
todas las oportunidades procesales para controvertir las decisiones de la
Fiscalía.”[11] Los argumentos en los
que sustentó su escrito, son los siguientes:
4.1.2.
Sostiene que mediante resolución del 16 de enero de 2002, la Fiscalía 15 de la
Unidad Nacional Anticorrupción, decidió llamar a diligencia de indagatoria a la
abogada Gladys Mariana Guerrero Guerrero, “con ocasión de la suscripción de
las actas de conciliación Nos. 2451, 2452, 2453 y 2545, celebradas entre
supuestos representantes de la Empresa Puerto (sic) de Colombia y la
abogada GUERRERO en representación de ex trabajadores de la empresa estatal, en
diciembre de 1993, por valor total de $ 20.423.724.956,39.”[12]
4.1.3.
Precisa que las pruebas recaudadas en el proceso penal, permitieron establecer
que dichas actas, en cantidad superior a mil (1000), todas con data de
diciembre de 1993, fueron celebradas en las inspecciones de trabajo de la
regional Atlántico por más de 140 abogados, cuando en realidad se suscribieron
entre los años 1996 y 1997, “con el único objetivo de apropiarse de manera
ilícita de dineros públicos.”[13]
4.1.4.
Indica que la actora fue citada por diferentes medios para que asistiera a la
diligencia de indagatoria, oficiándose por vía telegráfica y por intermedio del
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) a la calle 39 N° 43-123 (piso 8, oficina
E-21), edificio Las Flores en la ciudad de Barranquilla, sin que hubiera sido
posible lograr su comparecencia, razón por la cual fue declarada persona
ausente, el 10 de julio de 2002, designándole defensor de oficio, quien se
posesionó el 26 de julio del mismo año. El 1° de agosto siguiente, la
investigación fue precluida parcialmente.
4.1.5.
Pone de presente que el 20 de diciembre de 2002, fue proferida resolución de
acusación por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en
documento público, en contra de 16 abogados, incluida la actora, en calidad de
determinadora del delito de tentativa de estafa agravada, fraude procesal,
decisión que fue notificada a su defensor el 20 de enero de 2003, y respecto de
la cual no fue interpuesto recurso alguno.
En
firme la resolución de acusación, el expediente fue remitido al Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Bogotá de Descongestión (FONCOLPUERTOS), en el
que fue variada la calificación jurídica “de estafa agravada tentada por
peculado por apropiación tentado y de fraude procesal por prevaricato por
acción”[14], conductas punibles por
las que fue condenada la accionante el 30 de noviembre de 2005, sentencia que
posteriormente fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS).
4.1.6.
Refiere que esa unidad ha sido la encargada de investigar el caso de corrupción
más grande en los últimos años, y que los fiscales adscritos a ella, han
mostrado en todas sus actuaciones, no solo en el proceso en el que fue
condenada la actora, sino en los demás, “su apego a la Constitución y a la
Ley brindando a quienes comparecen ante este Despacho todas las oportunidades
legales y garantías procesales para actuar y prueba de ello, es que hasta el
momento ninguna de sus determinaciones ha sido arbitraria o consecuencia de
vías de hecho porque si no, no hubieren sido confirmadas por los Funcionarios
Judiciales que han conocido de las mismas bien por vía de los recursos o por
otros mecanismos de legalidad previstos en nuestro ordenamiento procedimental.”[15]
4.1.7.
Para terminar, expresa que la circunstancia de que los sujetos procesales no
hubieran alcanzado una decisión favorable a sus intereses, no es constitutivo
de una vía de hecho, ni habilita el ejercicio de la acción de tutela como un
tercer recurso. Agrega que desde su llegada al cargo en el año 2006, no ha
adelantado ninguna actuación dentro del proceso, por cuanto en ese momento se
encontraba en etapa de juicio, habiendo sido proferida la sentencia de primera
instancia, encontrándose en trámite de apelación.
4.2.
Escrito del Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Descongestión de Bogotá
El
titular del despacho, mediante oficio N° 2576 del 4 de octubre de 2010, indicó
que el 25 de mayo del mismo año, asumió el conocimiento y vigilancia de la
sentencia condenatoria dictada en contra de la accionante, en calidad de
determinadora del delito de peculado por apropiación agravado en modalidad de
tentativa, y coautora del delito de concierto para delinquir. Del mismo modo,
sostuvo que el 30 de enero de 2009, el Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Bogotá de Descongestión (FONCOLPUERTOS), expidió la orden de captura N° 0020
en contra de la señora Guerrero Guerrero para el cumplimiento de la pena, “decisión
que se materializó el pasado 2 de agosto del año en curso. En la misma fecha,
el Despacho dispuso su conducción al Centro de Reclusión El Buen Pastor y
canceló las órdenes de captura expedidas en contra de la penada.”[16]
4.3.
Escrito del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal
Mediante
oficio N° SP ENM 054 del 5 de octubre de 2010, la magistrada encargada de los
procesos de FONCOLPUERTOS-CAJANAL, manifestó que no conoció ni tampoco fue
ponente de la decisión adoptada en contra de la accionante. Del mismo modo,
informó que las actuaciones que adelantó la extinta Sala Penal de
Descongestión, fueron devueltas el 22 de enero de 2009 al juzgado de
conocimiento.
5.
Decisiones judiciales objeto de revisión
5.1.
Primera instancia
5.1.1.
En sentencia del 12 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, decidió negar la acción de tutela presentada por la actora, por
las razones que a continuación se anotan:
5.1.2.
En primer término, señala que esa corporación ha sostenido de manera insistente
que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para controvertir la
validez de las decisiones judiciales, y que de conformidad con los elementos de
prueba recaudados, se pudo constatar “que las autoridades accionadas
agotaron todos los trámites necesarios para lograr la comparecencia de la
accionante, sin resultados positivos, siendo ella la razón por la cual fue
declarada persona ausente y con el fin de respetarle los derechos
fundamentales, específicamente el derecho de defensa, se le designó defensor de
oficio, con quien surtió toda la actuación.”[17]
5.1.3.
De otra parte, observa que la condena fue impuesta con base en la valoración de
las pruebas arrimadas al proceso, lo cual le permitió concluir al juzgador que
la accionante debía responder por el ilícito investigado, por lo que se trata
de un asunto en el que el juez de tutela no debe inmiscuirse, máxime cuando no
se advierte que la determinación a la que se llegó haya desconocido las normas
reguladoras de esa actividad procesal.
5.1.4.
Finalmente, precisa que las irregularidades planteadas por la accionante pueden
ser ventiladas a través de la acción de revisión, lo cual hace improcedente la
protección excepcional, más aún, cuando no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable, “pues la simple afirmación de la demora en el
adelantamiento del trámite de la acción de revisión no comporta la prueba del
hecho lesivo que amerite la urgencia protectora, máxime si se tiene en cuenta
que la privación de la libertad de la que es objeto actualmente, obedece a la
sanción de la pena impuesta con ocasión del proceso penal que se le adelantó,
la cual se encuentra debidamente ejecutoriada.”[18]
5.2.
Segunda instancia
5.2.1.
En fallo del 12 de noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, confirmó la decisión del a quo, por no haberse
configurado los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
5.2.2.
En relación con el primero, destacó el carácter residual de la acción de
tutela, lo cual implica que sólo se puede acudir a ella cuando el supuesto
afectado no cuente con otros medios de defensa judicial. Dentro del tal
contexto, indicó que el reproche constitucional a las decisiones que culminaron
con la condena de la accionante no está llamado a prosperar, “pues en la
medida en que encuadre en alguna de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal, puede acudir a la acción de revisión”[19].
De igual modo, sostuvo que frente a la inconformidad por la gestión llevada a
cabo por el defensor de oficio, “la Sala resalta que la acción de tutela no
es el mecanismo idóneo para ventilar este tipo de asuntos. Si bien es cierto
que este auxiliar está sujeto a los mismos deberes de cualquier apoderado, al
mismo régimen de responsabilidad de los profesionales del derecho, y las
obligaciones propias de todo auxiliar de la justicia, existen otras vías
distintas del amparo constitucional para invocar las controversias que se
puedan suscitar por su desempeño.”[20]
5.2.3.
Frente al segundo, destacó que al haber sido concebida la acción de tutela como
un remedio de aplicación urgente para defender un derecho fundamental, debe
ejercerse dentro de un término razonable, posterior a la violación o amenaza
del derecho fundamental alegado, presupuesto que ha sido desconocido en esta
oportunidad, pues la accionante pretende dejar sin efecto una condena que se encuentra
en firme desde hace más o menos cuatro años.
5.2.4.
En tal virtud, respaldó la decisión del juez de tutela de primer grado que negó
la protección constitucional reclamada.
II.
ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.
En proveído del 13 de mayo de 2011, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte, con
el fin de verificar los supuestos de hecho que originaron la acción de tutela,
resolvió:
“PRIMERO.- SOLICITAR al Juzgado Séptimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto,
remita con destino a esta Sala de Revisión, el expediente completo del proceso
penal radicado N° 11001-31-04-010-2004-00009-00, adelantado contra Juan
Amaranto Alfonso, Yasmín Ripoll Ochoa, Sara Elena Pérez Rada, Margarita
Gutiérrez de Castillejo, Antonio Castillejo de Sales, Jaime Navarro Palomino,
Gladys Guerrero Guerrero, Luis Enrique Sulbarán Molina y Jenny Cecilia Pérez
Solano, Iris Dalia Vásquez Vargas, Moraima Raquel Majjul Maza y Raquel Charris
Ortiz, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, falsedad
ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por
apropiación.
SEGUNDO.- SUSPENDER los términos del presente proceso hasta tanto la
prueba solicitada sea remitida y analizada por la Sala de Revisión.”
2.
Mediante oficio N° 1980 del 20 del mismo mes y año, la mencionada agencia
judicial remitió el expediente solicitado en calidad de préstamo, en el que se
pudo constatar que tan solo reposaban las decisiones que habían sido adoptadas
para garantizar el cumplimiento de la sentencia condenatoria, echándose de
menos las diferentes actuaciones adelantadas en el proceso penal a fin de
vincular personalmente a la accionante, antes de que hubiera sido declarada
persona ausente. Así mismo, verificado el material probatorio arrimado al
expediente de tutela, se encontró que no existía precisión en las fechas de
ingreso y salida del país por parte de la señora Guerrero Guerrero. En ese
orden de consideraciones, el Magistrado Sustanciador, en auto del 8 de mayo de
2012, dispuso:
“PRIMERO.- OFICIAR a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá (carrera 10 N° 14-33, piso 17),
para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, remita con destino al expediente de tutela de la referencia, en
calidad de préstamo, el proceso penal completo radicado bajo el número
009-2004, adelantado contra Juan Amaranto Alfonso, Yasmín Ripoll Ochoa, Sara
Elena Pérez Rada, Margarita Gutiérrez de Castillejo, Antonio Castillejo de
Sales, Jaime Navarro Palomino, Gladys Mariana Guerrero Guerrero, Luis
Enrique Sulbarán Molina y Jenny Cecilia Pérez Solano, en el que fueron
proferidas sendas decisiones condenatorias por parte del Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Bogotá de Descongestión de Foncolpuertos, el 30 de
noviembre de 2005, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Sala
Penal de Descongestión de Foncolpuertos), el 11 de julio de 2006, decisión
última que no fue casada por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 2 de
diciembre de 2008.
SEGUNDO.- OFICIAR a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que, dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, indique con
destino al expediente de tutela de la referencia, de manera precisa las fechas
de ingreso y salida del país de la señora Gladys Mariana Guerrero Guerrero,
titular de la cédula de ciudadanía 33138579, quien igualmente se ha
identificado ante las autoridades migratorias como Gladys Mariana Miller,
utilizando para tal efecto su pasaporte americano.”
3. A través de oficio N°
UAEMC.OJUR. No. 571 del 23 de mayo de 2012, el Jefe de la Oficina Jurídica de la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, le hizo saber a la Corte los
movimientos migratorios que reporta la demandante como ciudadana
estadounidense, así:
Nombres y Apellidos
Fecha de viaje
Destino/Proc
Aeropuerto
Ingreso/Salida
Destino final
MILLER
GLADYS MARIANA
08/07/2008
MIAMI
RAFAEL NÚÑEZ
Ingreso
WASHINGTON
MILLER
GLADYS MARIANA
13/07/2008
MIAMI
RAFAEL NÚÑEZ
Salida
MIAMI
MILLER
GLADYS MARIANA
15/06/2010
NEW YORK
EL DORADO
Ingreso
WASHINGTON
Del
mismo modo, como ciudadana colombiana registra la siguiente información
migratoria:
Nombres y Apellidos
Fecha de viaje
Destino/Proc
Aeropuerto
Ingreso/Salida
Destino final[21]
GUERRERO
GUERRERO GLADYS MARIANA
29/07/2003
WASHINGTON
EL DORADO
Ingreso
Sin información
GUERRERO
GUERRERO GLADYS MARIANA
18/12/2003
MIAMI
EL DORADO
Salida
Sin información
GUERRERO
GUERRERO GLADYS MARIANA
15/01/1994
NEW YORK
B/QUILLA
Ingreso
Sin información
GUERRERO
GUERRERO GLADYS MARIANA
03/09/1999
NEW YORK
ELD
Salida
Sin información
GUERRERO
GUERRERO GLADYS MARIANA
01/03/2000
NEW YORK
ELD
Ingreso
Sin información
GUERRERO
GUERRERO GLADYS MARIANA
22/07/2000
MIAMI
CTG
Salida
Sin información
4.
Mediante oficio N° DESAJ12-AR-5224 del 9 de agosto de 2012, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, señaló que “aunque
dicho expediente se encuentra desarchivado desde el mes de mayo del año en
curso y reposa en nuestra oficina principal, no se ha hecho posible el
desplazamiento del mismo, debido a que contiene 20 paquetes los cuales impiden
su fácil movilidad por su enorme volumen. De acuerdo con lo anterior, esta
dependencia le informa que el expediente se encuentra a su disposición en la
oficina principal (…); así mismo se solicita sea informado a esta dependencia
si no se requiere del expediente en mención, esto a fin de realizar la
devolución a la respectiva bodega.”[22]
5.
En tal virtud, el Magistrado Sustanciador en auto del 4 de septiembre de 2012,
dispuso la práctica de una inspección judicial sobre el expediente que contiene
el proceso penal, a fin de corroborar las actuaciones adelantadas dentro del
trámite judicial para notificar a la accionante de la existencia del proceso
penal, antes de acudir a la figura de la declaratoria de persona ausente,
diligencia que tuvo lugar el 7 y 10 del mismo mes y año. Como consecuencia de
dicha inspección, se allegaron elementos materiales de prueba pertinentes con
el objeto de adoptar la decisión de mérito a que haya lugar[23].
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias dictadas
dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
2.1.
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, le corresponde establecer a la
Corte si en el proceso penal que finalizó con sentencia condenatoria en contra
de la accionante, fueron vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, libertad, defensa, honra, buen nombre y buena fe, al haber sido
declarada persona ausente, en tanto para el momento en el que fue vinculada
personalmente al citado proceso mediante diligencia de indagatoria se
encontraba fuera del país, y si como consecuencia de ello, no contó con una
adecuada defensa técnica.
2.2.
A efectos de dar respuesta, la Sala hará referencia (i) a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) al juzgamiento en
ausencia y el derecho a la defensa técnica en la jurisprudencia constitucional;
y (iii) resolverá el caso concreto.
3.
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
3.1.
Una de las particularidades que caracteriza al Estado constitucional de
derecho, es justamente que la Constitución vincula a todo el poder público y a
las relaciones que surgen entre particulares, fenómeno que en la doctrina ha
sido llamado el efecto de impregnación o de irradiación
constitucional[24]. De allí, que los jueces
estén sometidos a su imperio, cuyo desconocimiento habilitaría el ejercicio de
la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales,
frente a eventuales vulneraciones o amenazas, siempre y cuando se atiendan los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez, previstos en el artículo 86 Superior,
en tanto los jueces se encuentran comprendidos dentro de la categoría autoridad
pública[25].
3.2.
Sobre este último particular, ha sido profusa la jurisprudencia de la Corte
Constitucional desde la sentencia C-543 de 1992[26],
al indicar que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede
de manera excepcionalísima[27], postura que, además de
estar respaldada en el derecho internacional de los derechos humanos[28],
tiene como basamento el modelo de justicia constitucional que plantea la Carta
de 1991, concretamente (i) en el carácter normativo y supremo de la
Constitución Política (art. 4°); (ii) en el reconocimiento de la
efectividad de los derechos fundamentales (arts. 2° y 85); (iii) en la
existencia de la Corte Constitucional, a quien se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución, y dentro de tal función la de
interpretar el alcance de las normas superiores y proteger los derechos
fundamentales (art. 241); y (iv) en la legitimidad que tiene cualquier
persona de promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública, en
defensa de sus derechos fundamentales (art. 86)[29].
3.3.
Sin embargo, como es apenas natural, la jurisprudencia constitucional ha
presentado una importante evolución que es del caso resaltar. En un primer
momento, la Corte desarrolló la tesis de la vía de hecho,
circunscribiéndola a la existencia de errores groseros o superlativos en que
incurriera una decisión judicial, o que sencillamente no obedeciera a una
correcta interpretación o aplicación del ordenamiento jurídico, con lo cual la
protección constitucional estaba encaminada a superar la arbitrariedad y el
capricho. Fue sobre esta base, que la Corte estructuró la primera tipología de
defectos o vicios, entre los que se encuentran el sustantivo, orgánico, fáctico
y procedimental. Al respecto, en temprana jurisprudencia, la Corte dijo[30]:
“La vía de hecho predicable de una determinada acción
u omisión de un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es
una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se
desliga por entero del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente
atribución de poder a los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación
del derecho a las situaciones concretas y a través de los cauces que la ley
determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra
ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con
abierta preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá
imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta
de la ‘malversación’ de la competencia y de la manifiesta actuación ultra o
extra vires de su titular.
Si este comportamiento - abultadamente deformado
respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder
concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición
(defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no
es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con
el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en
la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental),
esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como
reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y
la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial.”
3.4.
En un segundo momento, el entendimiento de la expresión vía de hecho fue
variando paulatinamente, en la medida en que la Corte identificó otros ámbitos
de las decisiones judiciales que estaban desprovistos de arbitrariedad y
capricho, pero que en todo caso, resultaban inadmisibles desde el punto de
vista constitucional, “[p]or ejemplo, cuando en su decisión incurre en un
equívoco no por la negligencia del operador jurídico sino por el error en el
que es inducido por otras autoridades; o cuando, en detrimento del derecho a la
igualdad, su interpretación de las normas desconoce sin justificación alguna
sus propios precedentes o los precedentes sólidos y reiterados que han trazado
instancias superiores”[31]. Dentro de este preciso
contexto, la Corte destacó la necesidad de hacer un ajuste sustancial a dicha
categoría, acogiendo, por considerarla más comprehensiva, la de causales de
procedibilidad de la acción, en tanto “la procedencia de la acción de
tutela contra las decisiones judiciales está condicionada a la existencia de
una violación de un derecho fundamental (art. 86 Superior) como quiera que no
fue otro el propósito del constituyente al crear la acción de tutela y al
consagrar entre los principios fundamentales del Estado el de la eficacia de
los derechos fundamentales (art. 2 Superior)[32].
En sentencia T-949 de 2003[33], la Corte sostuvo:
“[T]odo pronunciamiento de fondo por parte del juez de
tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con
ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales
por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente,
cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia
de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la
jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v)
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.” (Las negrillas son agregadas).
En
igual sentido, la Corte en sentencia T-774 de 2004[34],
indicó:
“[L]a Sala considera pertinente señalar que el
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha
evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los
conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se
fundaba la noción de vía de hecho. Este avance jurisprudencial ha llevado a la
Corte a remplazar “(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad.”
3.5.
Fue con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “ni
acción”[35], contenida en el
artículo 185 de la Ley 906 de 2004[36], que la Corte
Constitucional encontró la oportunidad propicia para precisar los presupuestos
formales y materiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, retomando claro está la jurisprudencia dictada hasta ese momento,
lo cual implicó un cambio cualitativo de notable importancia, pues desde allí
se depuró “la idea de que la anulación de los efectos de un fallo judicial
por medio de una orden de tutela, es la consecuencia directa de la vulneración
de la Constitución, sin más consideraciones adicionales. Esto es, para la
procedencia de la acción de tutela no hay vulneraciones más o menos extremas
que otras.”[37] Dicha orientación, se
justifica en “la necesidad de armonizar intereses constitucionales tales como
la autonomía de la actividad jurisdiccional del Estado y la seguridad jurídica,
junto con la efectiva prevalencia y eficacia de los derechos fundamentales”[38].
3.6.
En relación con los primeros, o también llamados requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que en todo
caso son concurrentes antes de que el juez constitucional examine el asunto de
fondo, destacó los siguientes: (i) que la cuestión que se discuta sea de
evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios-, al alcance de la
persona supuestamente afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del momento en el que se generó la
vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto determinante o una incidencia
definitiva en la decisión objeto de reproche constitucional, y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado dicha afectación iusfundamental
en el proceso judicial, siempre y cuando ello hubiera sido posible; (vi)
que la acción de tutela no busque la declaratoria de nulidad de sentencias de
tutela.
3.7.
Frente a los segundos, denominados requisitos o causales específicas que
tienen aplicabilidad una vez ha sido superado el juicio de validez formal, con
el objeto de que proceda desde el punto de vista material la acción de tutela
contra una providencia judicial, señalo los siguientes: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto
fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido o
por consecuencia; (vi) decisión sin motivación: (vii) desconocimiento
del precedente; y (viii) violación directa de la Constitución.
3.8.
Recientemente, en sentencia T-217 de 2010[39], la Corte hizo
referencia in extenso a los citados defectos materiales, en los
siguientes términos:
“a. En un defecto orgánico. El cual se
configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal
defecto se estructura en los eventos en que la decisión cuestionada vía tutela,
ha sido proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente.
b. En un Defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado
completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se
aparta abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que
era aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que
al ignorar completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez
termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera
derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que
para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a
los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto,
que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia
no resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se
configura un defecto procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja
de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde
arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si
la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se
deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un
efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de
conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe
una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el
cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial
pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente
había sido ordenada; y (iii) cuando  resulta evidente que una decisión
condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia
en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la
decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según
esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por
deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese
contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden
generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la
falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción
positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al
proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son
totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un
defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e
ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de intervención
que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto
fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:
- La intervención del juez de tutela, frente al manejo
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido.
El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez
natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del
material probatorio.
- Las diferencias de valoración que puedan surgir en
la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores
fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural
quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es
autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y
salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.
- Para que la acción de tutela pueda proceder por
error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”.
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por
el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen,
al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso
concreto. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una
decisión judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada,
que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a
ser una simple manifestación de arbitrariedad,  que debe dejarse sin efectos,
para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al
respecto, ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta
cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha sido derogada o
declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta inconstitucional
frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y siendo
constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de definición
judicial.
e. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal
ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a
la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos
eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya
realización participan personas obligadas a colaborar con la administración de
justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error
al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de
alguna de las partes o de terceros.
f. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
g. En desconocimiento del precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio de
jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta igualmente, cuando el
juez del proceso ignora el alcance de una ley, fijado por la Corte
Constitucional con efectos erga omnes.
h. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando,
amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se
desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados
por la Carta Política”.
3.9.
Con todo, ha sido la propia jurisprudencia constitucional la que ha dejado al
descubierto, que la posibilidad de controvertir las providencias judiciales
mediante el ejercicio de la acción de tutela es, en todo caso, de alcance excepcional
y restrictivo, postura compartida por el Consejo de Estado[40],
en atención a que están de por medio los principios constitucionales de los que
se desprende el respeto de la cosa juzgada, la necesidad de preservar la
seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces,
y el sometimiento de los conflictos de competencias de éstos[41].
En tal virtud, el test de procedibilidad debe superar (i) los
requisitos generales; (ii) que la decisión objeto de reproche
constitucional haya incurrido en uno o varios de los requisitos específicos o
defectos materiales; y (iii) que el defecto sea de tal connotación que
implique una lesión o afectación a derechos fundamentales[42].
4.
El juzgamiento en ausencia y el derecho a la defensa técnica en la
jurisprudencia constitucional
4.1.
En diversas ocasiones, la Corte ha tenido oportunidad de referirse a la figura
de la declaratoria de persona ausente en materia penal[43],
concluyendo que si bien se trata de una alternativa procesal que se aviene con
los preceptos constitucionales, específicamente la garantía del debido proceso
y el normal funcionamiento de la administración de justicia[44],
su utilización es de naturaleza supletoria, lo cual implica que “no
puede ser la decisión subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado”.[45]
Dicho de otra manera, lo que se impone por parte del Estado, es que la forma de
vinculación al proceso penal sea personal, en tanto “el derecho de defensa
se garantiza y se ejerce de mejor manera con la participación directa del
imputado”[46], de tal suerte que luego
de haberse agotado todos los medios que estén a su alcance[47],
pueda darle continuidad al servicio público de administrar justicia, ya sea
porque definitivamente no fue posible hallar el paradero de quien se presume
responsable de la comisión de una conducta punible, o porque sencillamente,
asumió una actitud contumaz[48].
4.2.
Durante la vigencia de la Constitución de 1991, los distintos códigos de
procedimiento penal han incluido la posibilidad de que el imputado sea
declarado persona ausente, ya sea porque no ha sido posible hacerlo comparecer
a la diligencia de indagatoria (Decreto 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000), o a la
formulación de la imputación (Ley 906 de 2004)[49]. Justamente, con ocasión
del estudio de constitucionalidad del artículo 356 del Decreto 2700 de 1991[50],
la Corte en sentencia C-488 de 1996[51], precisó los contenidos
del procesamiento en ausencia, al indicar (i) la distinción entre el
procesado que se oculta y el que no tiene la posibilidad de enterarse de la
existencia del proceso; (ii) la importancia de la defensa técnica en
esta hipótesis; y (iii) las condiciones o presupuestos que deben
concurrir. En aquella ocasión, la Corte expresó:
“En el caso del procesado ausente, debe distinguirse
entre el procesado que se oculta y el sindicado que no tiene oportunidad de
enterarse de la existencia del proceso, para efectos de determinar los derechos
que les asiste. Así, cuando la persona se oculta, está renunciando al ejercicio
personal de su defensa y delegándola en forma plena en el defensor libremente
designado por él o en el que le nombre el despacho judicial del conocimiento.
No obstante, conserva la facultad de hacerse presente en el proceso en
cualquier momento e intervenir personalmente en todas las actuaciones a que
haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva; pero no puede pretender
que se repitan las actuaciones ya cumplidas, aunque sí solicitar la declaración
de nulidad por falta de defensa técnica.
Situación diferente se presenta cuando el procesado no
se oculta, y no comparece debido a que las autoridades competentes no han
actuado en forma diligente para informar al sindicado la existencia del
proceso, pues frente a este hecho, el procesado cuenta con la posibilidad de
solicitar, en cualquier momento, la nulidad de lo actuado y, si ya se ha
proferido sentencia definitiva ejecutoriada, puede acudir a la acción de
tutela, siempre y cuando las acciones y recursos legales no sean eficaces para
restablecerle el derecho fundamental que se le ha vulnerado.
Quien obre en representación del procesado debe ser un
profesional idóneo que dado su conocimiento especializado en la materia,
garantice plenamente los derechos fundamentales del procesado y haga respetar el
debido proceso, pues la falta de diligencia por parte del apoderado en el
cumplimiento de sus deberes da lugar a la imposición de sanciones
disciplinarias.
(…) El artículo 356 del Código de Procedimiento Penal
establece los requisitos para la declaración de persona ausente. Estos son:
1)
Sólo se puede declarar
persona ausente a quien esté debidamente identificado. Es decir, no basta
solamente conocer el nombre del procesado, sino que es necesario establecer su
individualidad, con datos tales como edad, filiación, documento de identidad,
lugar de origen y residencia, historia escolar, laboral, etc, que también se
exigen respecto del indagado (art. 359 C. de P.P.), con lo cual se busca amparar no sólo al sindicado, sino a terceros que eventualmente puedan verse
comprometidos en una acción penal por razones de homonimia.
(…)
2)
Previamente a la
declaración de persona ausente, el fiscal debe realizar todas las diligencias
necesarias utilizando los medios y recursos idóneos con el fin de comunicar al
imputado la existencia de un proceso en su contra.
(…)
3) Para una real garantía del derecho de defensa, (…)
un requisito que debe cumplirse al tiempo con la declaración de persona
ausente, (…) es el deber de la autoridad judicial competente de designar un
defensor de oficio que represente al procesado con el fin de que se le
garantice el respeto por sus derechos constitucionales y legales, mediante el
ejercicio de todas las facultades estatuidas para ello, a saber: solicitar
pruebas, controvertir las que se alleguen en contra, presentar alegaciones,
impugnar las decisiones que le sean adversas, etc. (…)
Es de destacar que la búsqueda del procesado para
efectos de informarle sobre la existencia del proceso no se agota con la
declaración de persona ausente. Este mecanismo que permite nombrar o designar
un defensor que represente al procesado ausente y con él adelantar el proceso,
no sustituye la obligación permanente del funcionario judicial de continuar la
búsqueda cuando del material probatorio recaudado en el curso de la
investigación se hallen nuevos datos que permitan la ubicación del procesado,
evento en el cual se debe proceder a comunicarle, en forma inmediata, la
existencia del mismo, so pena de vulnerar el derecho de defensa del afectado.”
4.3.
De esta manera, consideró que la declaratoria de persona ausente “es una
medida con que cuenta la administración de justicia para cumplir en forma
permanente y eficaz la función que el Constituyente le ha asignado y, por
tanto, al estar comprometida en ella el interés general no puede postergarse so
pretexto de que el procesado no ha comparecido al llamado de la justicia, y
esperar a que éste voluntariamente se presente o que sea capturado o que la
acción penal prescriba, (…) sino que la actuación procesal debe adelantarse
procurando por todos los medios posibles comunicar al sindicado la existencia
de la investigación que cursa en su contra y designarle un defensor de oficio
que lo represente en el ejercicio de su derecho; además de brindarle mecanismos
legales que le permitan obtener la corrección de los vicios y errores en que se
haya podido incurrir por falta de adecuada defensa.” Del mismo modo,
destacó que los procesos penales adelantados bajo esta modalidad, no vulneran
el derecho a la igualdad en tanto los sindicados  ausentes “cuentan con las
mismas garantías y oportunidades procesales concedidas a quienes están
presentes en el mismo, las cuales pueden ser ejercidas por el defensor que el
sindicado nombre o por el defensor de oficio que le asigne el funcionario
judicial encargado de adelantar la actuación.”[52]
4.4.
Estos lineamientos fueron reiterados por la Corte en la sentencia C-100 de 2003[53],
en la que declaró la constitucionalidad del artículo 344 de la Ley 600 de 2000[54],
haciendo especial precisión en que “la declaratoria de persona ausente es la
última ratio frente a la imposibilidad de ubicar a la persona comprometida en
una investigación penal y no la regla general en la vinculación de los
individuos a los procesos penales.” Posteriormente, en sentencia C-248 de
2004[55], la Corte, además de
destacar que la vinculación del sindicado al proceso penal es una etapa
fundamental, advirtió que una indebida vinculación del mismo (ya sea mediante
indagatoria o declaratoria de persona ausente), compromete el derecho de
defensa como elemento trascendental del debido proceso. En aquella ocasión, la
Corte expresó:
“La vinculación del sindicado a la actuación penal es
una de las etapas fundamentales dentro de la estructura del proceso punitivo,
pues se trata del momento procesal apto e idóneo para sustentar la legalidad de
las fases superiores de dicha actuación penal, como expresión básica del
principio de preclusión de los actos procesales. Por ello, sin lugar a dudas,
una errónea vinculación del sindicado, ya sea por indagatoria o por declaración
de persona ausente, conduce a la privación del ejercicio del derecho de defensa
de la persona indebidamente vinculada y, adicionalmente, invalida dicha
actuación procesal, por implicar la afectación sustancial de la garantía
fundamental del debido proceso”.
4.5.
De igual modo, en el mismo contexto del sistema inquisitivo mixto consagrado en
la Ley 600 de 2000, este tribunal aludió que la validez de la declaratoria de
persona ausente está condicionada a unos requisitos de orden material y formal,
con la precisión de que “el juicio que adelante la autoridad competente para
acreditar el cumplimiento de los requisitos que legitimen su procedencia, debe
realizarse de manera estricta”. En aquella oportunidad, la Corte dijo:
“En el orden formal se destacan: (i) El
adelantamiento de las diligencias necesarias para lograr la práctica de la
indagatoria como forma de vinculación personal, ya sea en todos los casos
mediante la orden de citación, o eventualmente, cuando se trate de un delito
frente al cual proceda la detención preventiva, y el citado se niega a
comparecer, mediante la expedición de la orden de captura. De todas estas
diligencias debe dejarse constancia expresa en el expediente (C.P.P. art. 336).
(ii) Solamente es procedente  la declaratoria de persona ausente, si el
sindicado no comparece a rendir indagatoria vencidos tres (3) días desde la
fecha señalada en la orden de citación o diez (10) días desde que fue proferida
la orden de captura. (iii) Dicha declaratoria debe realizarse mediante
‘resolución de sustanciación motivada’, en la que se designará defensor de oficio,
‘se establecerá de manera sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se
indicará la imputación jurídica provisional y se ordenará la práctica de las
pruebas que se encuentren pendientes’. (iv) Esta resolución debe notificarse al
defensor designado y al Ministerio Público.
En el orden material, la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, ha exigido la constatación de dos factores
relevantes para la vinculación del acusado como persona ausente: ‘(i) Su identificación
plena o suficiente (segura), dado que por estar ausente por lo general no basta
con la constatación de su idoneidad física; y (ii) la evidencia de su
renuencia. Una y otra precaven el rito contra las posibilidades de adelantar el
trámite respecto de alguien ajeno a los hechos (homonimia) afectando con ello a
un inocente, o de construir un proceso penal a espaldas del vinculado sin
ofrecerle oportunidad efectiva y material de ser oído en juicio, es decir, sin
audiencia bilateral’.”
4.6.
De allí que haya considerado que la relación jurídico-procesal que surge con la
declaratoria de persona ausente, deba ser entendida como una ficción
jurídica, que además de darle continuidad a la administración de justicia,
conduce ineluctablemente a garantizar los derechos a la verdad y a la justicia,
sin desconocer que “implica una disminución en la intensidad del ejercicio
del derecho de defensa, en especial, en el caso de la defensa material”.
4.7.
Así mismo, la Corte en sentencia C-591 de 2005[56], al efectuar el estudio
de constitucionalidad del artículo 127 de la Ley 906 de 2004[57],
que hace referencia al procedimiento que debe llevarse a cabo cuando se
presenta ausencia del imputado, destacó que la línea jurisprudencial
construida hasta ese momento sobre la posibilidad de adelantar juicios en
ausencia, no es incompatible con el sistema penal de tendencia acusatoria
implementado en Colombia mediante el Acto Legislativo 03 de 2002. Sobre el
particular, señaló:
“[A]l igual que en el anterior sistema procesal penal,
en el nuevo, es la regla general que la persona tiene el derecho a hallarse
presente en el proceso, en especial, durante el juicio por cuanto éste se
caracteriza por ser oral, con inmediación de la prueba, contradictorio,
concentrado y ‘con todas las garantías’, entre las cuales, por supuesto, se
encuentran las incluidas en el artículo 14 del PIDCP. Lo cual no implica, que
de manera excepcional, el juicio pueda adelantarse si a la Fiscalía General de la
Nación le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la
imputación, o tomar alguna medida que lo afecte, siempre y cuando haya agotado
todos los mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para
obtener la comparecencia del procesado, con un estricto control de los jueces,
tanto del de control de garantías como del de conocimiento en su oportunidad, o
si el imputado se rebela a asistir al proceso, o si decide renunciar a su
derecho a encontrarse presente durante la audiencia de formulación de
acusación, con el fin de darle plena eficacia, no solo al nuevo sistema procesal
penal, sino a la administración de justicia.
De manera que, le corresponde al fiscal respectivo, al
solicitarle al juez de control de garantías que declare persona ausente a quien
se le formulará una imputación o tomara alguna medida de aseguramiento que lo
afecte, demostrar adjuntando los elementos de conocimiento respectivos, que ha
insistido en ubicarlo agotando los mecanismos de búsqueda y citaciones
suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. De allí
que, la creación del juez de control de garantías constituye, sin lugar a
dudas, un notorio avance en materia de derechos de la persona declarada
ausente, por cuanto, bajo el anterior sistema procesal, aquella decisión era
adoptada autónomamente por la Fiscalía. Por el contrario, bajo el nuevo modelo
de tendencia acusatoria, corresponde al juez ejercer un estricto control sobre
el asunto, y solo podrá declararse a una persona ausente cuando se haya
verificado que se han realizado exhaustivamente tales diligencias. Por lo
tanto, sólo constatado el agotamiento de suficientes diligencias [que] demuestren que se ha insistido en la búsqueda
de la persona, procederá el emplazamiento para considerar satisfecha la
obligación estatal de garantizar la comparecencia del imputado al proceso.
De igual manera, los mecanismos de búsqueda y
citaciones suficientes deben continuar de manera permanente con posterioridad a
la declaratoria de ausencia, los cuales deben ser verificados también por el
juez de conocimiento a fin de decidir, en estos excepcionales casos, si se
continuaron empleando los mencionados mecanismos de búsqueda a fin de decidir
si adelantará o no el juicio ante una verdadera ausencia del procesado, pues de
no ser así, deberá procederse al decreto de la nulidad de lo actuado por
violación del derecho al debido proceso.”
Con
fundamento en lo expuesto, arribó a las siguientes conclusiones:
“1. Es la regla general, que no se pueden
adelantar investigaciones o juicios en ausencia; tanto menos en el marco de un
sistema de tendencia acusatoria caracterizado por la realización de un juicio
oral, público, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y
con todas las garantías.
2. Solo de manera excepcional, y con el único
propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en
tanto que servicio público esencial, la Constitución y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, pueden admitirse las figuras de la
declaratoria de persona ausente y la contumacia, casos en los cuales la
audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su
representación, o con el defensor que le designe el juez, de la lista
suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, según el caso.
Adicionalmente, la persona puede renunciar a su derecho a hallarse presente
durante la audiencia de formulación de la acusación. Con todo, siendo
mecanismos de carácter excepcional, su ejecución debe estar rodeada de un
conjunto de garantías y controles judiciales.
3. La declaratoria de persona ausente por parte
del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real
y material y no meramente formal, que al fiscal le ha sido imposible localizar
a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de
aseguramiento que lo afecte, y se le hayan adjuntado los elementos de
conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento
de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la
comparencia del procesado. Una vez verificados tales requisitos, la persona
será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en
un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial
y de prensa de cobertura local. De igual manera, se le nombrará un defensor
designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
4. En tal sentido, la Corte considera que la
declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías
procesales y ser objeto de un estricto control judicial, y que por lo tanto no
se agota con la actividad que despliega de manera obligatoria la fiscalía para
demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias
suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia, sino que igualmente
éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta
declaración, a fin de que el juez de conocimiento, al momento de la citación
para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, realice una
labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación
del procesado, y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con el
paradero del acusado, a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en
ausencia, o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho
fundamental al debido proceso, bien de oficio o a solicitud del acusado de
conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, o del
defensor respectivo. Cabe recordar, que la actividad del Sistema Nacional de
Defensoría Pública debe encaminarse a que en materia de juicios en ausencia el
Estado cumpla efectivamente con su deber de demostrar que adelantó todas las
gestiones necesarias y pertinentes para localizar al investigado o enjuiciado,
así como que el rol que juega el Ministerio Público en estos casos se acentúa
para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las garantías
constitucionales en el proceso.”
4.8.
Ahora bien, una cuestión que adquiere especial relevancia, una vez efectuada la
declaratoria de persona ausente, tiene que ver con el derecho a la defensa
técnica que encuentra pleno respaldo en el artículo 29 de la Constitución[58],
al indicar que “[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento”[59], pues aunque
eventualmente puede implicar una merma en la defensa, lo cual se justificaría
en algunos casos, en que el profesional del derecho no tendría de primera mano
elementos materiales de prueba que le proporcione directamente el sindicado
ausente, ello no obsta para que la defensa sea adecuada y diligente, pues de lo
contrario incurre en responsabilidad “hasta por culpa levísima,
correspondiente al nivel de experto, pues está representando los intereses de
personas que, además de ver comprometida su libertad individual, no tienen la
posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos.”[60]
En tal virtud, para la Corte no es suficiente con que se presenten fallas
en el ejercicio de la defensa técnica para que se configure una causal de
procedibilidad de la acción de tutela, “sino que es preciso acreditar que
con tales irregularidades se condicionó, en forma decisiva, el contenido de la
parte resolutiva.”[61] Téngase en
cuenta, que el derecho de defensa técnica puede ejercerse de distintos modos, o
dicho de otra manera, el abogado defensor tiene la posibilidad de definir su
propia estrategia de defensa, razón por la cual la Corte ha precisado estrictos
criterios a fin de que proceda la acción de tutela, como consecuencia de la
actuación adelantada por el defensor de oficio, a saber[62]:
“(i) Que efectivamente se presenten fallas en la
defensa que, desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del
margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de
defensa adecuada. Ello implica que, para que se pueda alegar la vulneración del
derecho a la defensa técnica, debe ser evidente que el defensor cumplió un
papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia
procesal.
(ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean
imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la
acción de la justicia. Habrá de distinguirse en estos casos, entre quienes no
se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque
les fue imposible conocer su existencia.
(iii) Que la falta de defensa técnica revista tal
trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial
respectiva, de manera tal que pueda afirmarse que se configura una vía de hecho
judicial por uno de los defectos anotados y, en consecuencia, una vulneración
del derecho al debido proceso y, eventualmente, de otros derechos
fundamentales.”
4.9.
Dentro de este contexto, tanto en el procesamiento en ausencia como en relación
con el derecho a la defensa técnica, el debido proceso adquiere una especial
connotación y trascendencia, por ser el ámbito penal donde esta garantía cobra
mayor importancia, en tanto tal como lo ha considerado la jurisprudencia
constitucional, “el respeto por los derechos fundamentales constituye tanto
el fundamento como el límite del ius puniendi. El fundamento, por cuanto su
finalidad es la de proteger y asegurar la efectividad de los derechos
fundamentales, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo
(artículo 2 C.P.); y el límite, por cuanto en su ejercicio deben respetarse en
todo momento, los derechos fundamentales del imputado, así como los principios
y valores constitucionales.”[63]
4.10.
En suma, la declaratoria de persona ausente omitiendo los protocolos
establecidos en el ordenamiento jurídico, así como la ausencia de defensa
técnica por parte del defensor que ha sido designado de oficio por parte del
Estado, se circunscriben al defecto procedimental como causal específica
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Del mismo
modo, sea del caso precisar que no cualquier omisión presentada en el curso de
un proceso penal, constituye, por sí misma, una afrenta al derecho fundamental
al debido proceso, sino que se hace necesario constatar que “(i) el error
sea trascendente, es decir, ‘que afecte de manera grave el derecho al debido
proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y,
(ii) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado’.”[64]
5.
Análisis y solución del caso concreto
Procede
la Sala a efectuar el estudio del asunto materia de revisión, a fin de
establecer si la circunstancia de que la señora Gladys Mariana Guerrero
Guerrero, hubiera sido juzgada y condenada en ausencia, con la asistencia de un
defensor de oficio, luego de haber sido vinculada personalmente mediante
indagatoria, vulneró sus derechos fundamentales. Para tal efecto,
metodológicamente serán verificados inicialmente los presupuestos formales de
procedencia de la acción de tutela, examen que en caso de ser superado,
habilitará al juez constitucional para determinar si los despachos judiciales
demandados incurrieron en un defecto procedimental trascendente que permita
tachar de inconstitucionales las sentencias que encontraron penalmente
responsable a la accionante.
5.1.
Examen de los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela
promovida por la señora Gladys Mariana Guerrero Guerrero
5.1.1.
Que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional
5.1.1.1.
No duda la Sala en considerar que la discusión que ahora ocupa su atención, es
de importancia constitucional, pues se trata de un asunto en el que, a juicio
de la accionante, fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, libertad, defensa, honra, buen nombre y buena fe, con ocasión de la
sentencia condenatoria dictada en su contra, luego de haber sido vinculada al
proceso penal como persona ausente, sin que al parecer se hubiera
intentado notificar personalmente de la existencia del mismo. De igual modo,
porque la defensa técnica no fue llevada, supuestamente, de manera adecuada, al
punto que la sentencia condenatoria de primera instancia no fue objeto de
recurso de apelación.
5.1.1.2.
En tal virtud, la relevancia del asunto radica en que le corresponde al juez
constitucional establecer si la decisión de procesamiento en ausencia se
encuentra dentro de los límites de la razonabilidad, y si contó con una debida
defensa técnica, en tanto está de por medio la libertad como una de las
garantías más preciadas del individuo en un Estado democrático.
5.1.2.
Que hayan sido agotados los medios de defensa judicial -ordinarios y
extraordinarios-
5.1.2.1.
Un parámetro procesal que rige el ejercicio de la acción de tutela, es el
requisito de subsidiariedad. Dicho de otra manera, quien se considera afectado
por la acción u omisión de una autoridad pública o de particulares (art. 86 de la
CP), puede hacer uso de este mecanismo constitucional, siempre y cuando no
cuente con otro mecanismo de defensa judicial, lo cual se justifica en la
garantía o preservación del reparto de competencias efectuado por el legislador
a las distintas jurisdicciones. Al respecto, tanto el artículo 86 de la
Constitución como el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, establecen los
supuestos o las hipótesis de este presupuesto de procedencia de la solicitud de
amparo. Así las cosas, ante la existencia de otro medio de protección judicial,
la tutela deviene en improcedente, parámetro que no se torna absoluto en tanto
frente a la existencia de un perjuicio irremediable[65],
el amparo constitucional tiene la virtualidad de proceder como mecanismo
transitorio, siempre y cuando la persona se encuentre frente a una amenaza que
haga inaplazable la protección constitucional[66]. Empero, la existencia
de dichos medios debe ser valorada en concreto por parte del juez, función que
dista de ser estática, para lo cual deberá atender las circunstancias del caso
concreto y de esta manera establecer si se trata de una alternativa procesal
eficaz e idónea que permita garantizar la protección de los derechos fundamentales
invocados. Dicho de otra manera, la acción de tutela puede desplazar el medio
de defensa judicial ordinario, cuando sea evidente su falta de aptitud[67].
5.1.2.2.
En ese orden de ideas, la Corte constata que la accionante cuenta con la acción
de revisión consagrada en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000 (Código de
Procedimiento Penal), marco adjetivo aplicable al proceso penal que finalizó
con la decisión condenatoria, lo cual en principio sería un argumento
suficiente para concluir que la acción de tutela es improcedente para
establecer si existió la afrenta iusfundamental alegada. Así lo
consideró la jurisprudencia constitucional, en un primer momento[68],
al indicar “que en el ordenamiento penal [Decreto 2700 de 1991]
existe la acción de revisión (art. 232 C.P.P.), mediante la cual se pueden revivir los procesos cuando ya las decisiones han hecho tránsito a cosa
juzgada, con el fin de corregir los errores en que se haya podido incurrir por
razón de hechos delictivos del juez o de terceros o por el desconocimiento de
la existencia de pruebas durante el trámite judicial, o por cualquiera otra de
las causales previstas en la ley, acción a la que bien puede acudir el
procesado que no comparezca personalmente al proceso por desconocimiento o
porque se oculte, a pesar de que el Estado haya cumplido diligentemente su
deber de comunicarle la existencia del proceso, e incluso aunque el
procesado ausente haya contado con una adecuada defensa técnica, de la misma
manera que puede hacerlo el sindicado que haya estado presente durante todo el
curso del proceso.” (Las subrayas y negrillas son agregadas).
No
obstante, caso por caso, el juez constitucional deberá constatar la situación
particular de quien se considera afectado, a fin de esclarecer si en realidad
se trata de un mecanismo idóneo que permite ventilar la discusión acerca de la
declaratoria de ausencia y de la falta de defensa técnica. Valga recordar, que
la procedencia de la acción de revisión está condicionada a la configuración de
causales taxativas establecidas por el legislador, las cuales en todo caso, son
de naturaleza restrictiva[69], y de allí la necesidad
de realizar una valoración racional de la situación fáctica y de la posibilidad
de que se encuadre en alguna de ellas. En el asunto objeto de estudio, la
demandante alega que la vulneración de sus derechos fundamentales gravita
alrededor de la falta de notificación personal del proceso penal que finalizó
con condena penal en su contra, lo que conllevó el juzgamiento en ausencia, así
como la supuesta precaria defensa técnica ejercida por el defensor de oficio
designado por la Fiscalía General de la Nación. Al constatar las hipótesis o
los supuestos en que procede este medio de defensa judicial, se tiene que es
viable contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
“1.- Cuando se haya condenado o impuesto medida de
seguridad a dos o más personas por una misma conducta punible que no hubiese
podido ser cometida sino por una o por un número menor de las sentenciadas.
2.- Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o
que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o
proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición
válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción
penal.
3.- Cuando después de la sentencia condenatoria
aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los
debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.
4.- Cuando con posterioridad a la sentencia se
demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una
conducta típica del juez o de un tercero.
5.- Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el
fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.
6.- Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte
haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria.”
Bajo
este contexto, en principio, no encuentra la Corte que alguna de las citadas
causales encuadre en la situación fáctica planteada por la actora en esta
oportunidad, poniendo en duda la posibilidad de que ejercite dicha acción, para
plantear la discusión que ahora ocupa la atención de la jurisdicción
constitucional, lo cual se torna suficiente para concluir que la acción de
tutela es el mecanismo de defensa judicial eficaz e idóneo, a fin de esclarecer
si la circunstancia de que la demandante hubiera sido condenada en ausencia, y
que la estrategia de defensa escogida por su defensor hubiera sido la más
adecuada, pusieron en entredicho sus derechos fundamentales. A la misma
conclusión arribó este tribunal, claro está en un contexto fáctico diferente,
en la sentencia T-1197 de 2003[70], en la que el
accionante, juzgado en ausencia, aducía que la condena penal impuesta había
obedecido a la suplantación que se había presentado del contrato de
arrendamiento de un inmueble donde fueron hallados elementos de procesamiento
de cocaína. En ese entonces, la Corte destacó que meridianamente se
configuraría la mencionada causal quinta, destacando que era insuficiente con
alegar la falsedad del medio probatorio que fue determinante para la condena,
pues adicionalmente, era necesario aportar una decisión judicial en firme que
diera cuenta de que la prueba era falsa, por lo que “mal puede decirse que
la acción de revisión es un medio expedito e idóneo para la protección de los
derechos del actor”. Del mismo modo, con fundamento en la sentencia C-871
de 2003[71], concluyó “que la acción
de revisión no es la vía idónea para perseguir la nulidad de una sentencia
condenatoria que pone fin a un proceso en el cual el sindicado fue declarado
persona ausente sin que las autoridades hubiesen hecho lo posible para hacerla
comparecer al juicio.”
5.1.2.3.
Así las cosas, la acción de revisión, no es en esta ocasión, un mecanismo de
defensa idóneo para ventilar la discusión planteada por la accionante, razón
que se torna suficiente para considerar que es este escenario constitucional el
que goza de aptitud para definir si en realidad sus derechos fundamentales
fueron transgredidos. De esta manera, la Corte dará por superado el
cumplimiento de este presupuesto de procedencia de la solicitud de amparo
contra providencias judiciales.
5.1.3.
Que se encuentre satisfecho el requisito de la inmediatez
5.1.3.1.
Aun cuando la interposición de la acción de tutela no está sujeta a un término
de caducidad, lo cual tiene sentido en consideración a que se trata de un
dispositivo procesal de naturaleza constitucional estatuido para garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales, frente a vulneraciones o amenazas,
su ejercicio no puede ser garantizado de manera indefinida, pues ello sería
poner en entredicho el principio de seguridad jurídica. Por tanto, la
jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que la persona que
considere afectados sus derechos fundamentales, deberá hacer uso de la acción
tutelar dentro de un plazo razonable, correspondiéndole en cada caso
concreto al juez de tutela llenar de contenido esta previsión, en tanto se
trata de un mandato de optimización[72]. Bajo tal lineamiento, la
Corte ha considerado que el paso deliberado de tiempo, no es una razón
suficiente para concluir per se que el recurso de amparo debe ser
declarado improcedente por no haber sido presentado oportunamente, sino que se
hace necesario constatar todas y cada una de las circunstancias en las que se
encuentre el solicitante a fin de determinar con certeza si la razón de la
demora obedeció a su incuria o a factores externos que no se encuentran bajo el
control de quien pretende la protección constitucional. Solo a manera de
ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que aquellas situaciones
que plantean una vulneración continuada[73], exigen un escrutinio
más flexible del requisito de la inmediatez, específicamente cuando se trata de
sujetos de especial protección constitucional o de aquellos sectores
tradicionalmente vulnerados, respecto de los cuales el Estado ostenta una
posición de garante.
5.1.3.2.
En orden a lo anterior, con independencia de que las sentencias tenga data del
30 de noviembre de 2005 (Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá de
Descongestión -FONCOLPUERTOS-), y 11 de julio de 2006 (Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de Descongestión -FONCOLPUERTOS-), la
condena impuesta a la accionante tan solo pudo ser ejecutada con posterioridad
a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, el 2 de diciembre de 2008, que no accedió al recurso de casación
promovido por la señora Yasmín Ripoll Ochoa. Así las cosas, esta corporación
dará por superado el presupuesto de la inmediatez, bajo el argumento de que la
accionante tan solo se enteró de la existencia de la sentencia condenatoria, en
el momento en el que se hizo efectiva la orden de captura. Se trata de una
consideración pro homine que en modo alguno revela la existencia de
falencias en el proceso penal, en tanto se trata de un asunto que será
verificado por la Corte en el momento de realizar el estudio de fondo del
asunto objeto de revisión. Justamente, la circunstancia de que la actora se
encuentre privada de la libertad, hace de suyo necesario y sensato que sea
emitida una decisión de fondo, ya sea en sentido positivo o negativo, como una
forma de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia (art.
228 de la CP y Ley 270 de 1996, art. 2°).
5.1.4.
Que la irregularidad procesal tenga supuestamente un efecto o una incidencia
definitiva en la decisión
Según
indicó la accionante en la solicitud de tutela, la vulneración de sus derechos
fundamentales está cimentada, al parecer, en que no tuvo conocimiento del
proceso penal iniciado en su contra, pues para el momento en el que fue
vinculada mediante diligencia de indagatoria, se encontraba domiciliada en los
Estados Unidos de América, lo cual dio lugar a que la Fiscalía General de la
Nación dispusiera la declaratoria de persona ausente y la designación de un
defensor de oficio, profesional que, a su juicio, no llevó una adecuada defensa
técnica. En tal virtud, la Sala estima que, de constatarse que se presentaron
falencias en la vinculación de la accionante al proceso penal mediante
notificación personal o en el ejercicio de la defensa técnica, las sentencias
dictadas por las autoridades judiciales demandadas plantearán problemas de
inconstitucionalidad, en tanto se vería afectado, primordialmente, el derecho
fundamental al debido proceso. No obstante lo anterior, la Sala advierte que al
momento de efectuar el estudio de fondo, en relación con la responsabilidad
penal endilgada a la demandante, no efectuará ningún juicio de valor, por
tratarse de un asunto que escapa de la órbita de competencia del juez
constitucional.
5.1.5.
Que en el proceso judicial donde hayan sido dictadas las decisiones judiciales
objeto de reproche constitucional, el presunto afectado identifique tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos fundamentales vulnerados,
siempre y cuando hubiere sido posible
Según
indicó la accionante en la solicitud de amparo constitucional, no tuvo
conocimiento del proceso penal que finalizó con condena en su contra,
circunstancia que no le permitió ejercer una adecuada defensa técnica. En ese
orden de ideas, la Corte encuentra que en el curso del citado proceso, la
señora Guerrero Guerrero, por obvias razones, no planteó la discusión que ahora
pone en consideración de esta jurisdicción. En consecuencia, se trata de un
presupuesto que se encuentra satisfecho y que habilita el estudio de fondo.
5.1.6.
Que no se trate de tutela contra tutela
5.1.6.1.
La acción de tutela promovida por la demandante, pretende dejar sin efectos las
sentencias condenatorias de primera y segunda instancia, dictadas en su contra
por despachos judiciales que funcionalmente se adscriben a la jurisdicción
ordinaria, lo cual descarta que se trate de una controversia en la que se esté
discutiendo la legitimidad de una sentencia de tutela.
5.1.6.2.
Quedando superadas las causales generales de procedencia de la acción de
tutela promovida por la señora Gladys Mariana Guerrero Guerrero, pasa a
continuación la Corte a determinar si con ocasión de la declaratoria de persona
ausente y la defensa técnica llevada a cabo por el defensor de oficio
designado, se vieron comprometidos sus derechos fundamentales al debido
proceso, libertad, defensa, honra, buen nombre y buena fe, invocados en su
escrito de tutela.
5.2.
Breve relato de los hechos en los que se enmarca la situación fáctica que dio
lugar a la presentación de la acción de tutela
5.2.1.
El proceso penal que finalizó con la condena impuesta en contra de la
accionante, ahora objeto de reproche constitucional, tuvo su génesis en la
diligencia de inspección judicial practicada por el Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección
Regional del Atlántico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “en la
que fueron incautadas sendas actas de conciliación cuya legalidad resultó
cuestionada”[74], en la cual se
incluyeron las actas N° 2451, 2452, 2453 y 2545 por valor de $
20.423.724.956,39[75], que fueron suscritas
por la accionante como apoderada de varios ex trabajadores de FONCOLPUERTOS, lo
cual condujo a que la Fiscalía Delegada ante la Unidad Nacional de Delitos contra
la Administración Pública, en decisión del 19 de marzo de 1999, dispusiera la
apertura formal de la instrucción. La peticionaria fue vinculada al proceso
mediante declaratoria de persona ausente efectuada el 10 de julio de 2002[76],
decisión en la que adicionalmente fue designado defensor de oficio, quien tomó
posesión del cargo el 26 del mismo mes y año[77].
5.2.2.
Dispuesto el cierre parcial de la investigación respecto de la actora, el 1° de
agosto de 2002, fue calificado el mérito del sumario profiriéndose resolución
de acusación en su contra “por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN
DOCUMENTO PÚBLICO en concurso homogéneo en calidad de DETERMINADORA, por la
suscripción de las actas Nos. 2451, 2452, 2453, 2545, TENTATIVA DE ESTAFA
AGRAVADA en concurso homogéneo, FRAUDE PROCESAL en concurso heterogéneo Y
CONCIERTO PARA DELINQUIR (sic) calidad de coautor”[78].
De la citada decisión, pueden resaltarse las siguientes consideraciones:
“Son los medios de prueba (sic) que nos permite concluir sin temor a
equívocos que las actas de conciliación no fueron oportunas, ni legales, ya que
las fechas impuestas en cada uno de estos documentos no son ciertas, porque de
acuerdo con las pruebas allegadas legalmente a la presente investigación y lo
señalado por varios de estos beneficiarios desvirtúan las disculpas de los
abogados (…), quienes señalan que estas actas fueron elaboradas en esas fechas
por un acuerdo entre la Empresa y ellos, nótese además como (…) duda de su
firma y solo atina a decir que se atiene a los resultados de la prueba
grafológica, en igual sentido (…) desconoce su firma en calidad de secretario
de (...) que aparece en las actas relacionadas, de donde es evidente que si en
verdad hubieran tenido la absoluta certeza de la creación de esas actas en esas
fechas, cual razón para dudar de su firma y de ahí que de acuerdo con los
diferentes dictámenes grafológicos resulte falsa la forma de (…) por imitación
en las actas que suscribe (…) GLADYS GUERRERO Nos. 2453, 2545, 2452, 2451
(…) Siendo esas mismas consideraciones para aseverar
que igualmente la creación de las actas que suscriben (…) GLADYS GUERRERO
GUERRERO, (…) es posterior a las fechas allí indicadas. (…)
Resultando incuestionable que las actas de
conciliación suscritas por los abogados (…) GLADYS GUERRERO GUERRERO (…),
obedecen a una mentira.
(…) En consecuencia estos documentos públicos
suscritos por (…) GLADYS GUERRERO GUERRERO (…), son irreales porque fueron el
resultado de una creación falaz de todos aquellos que las suscriben, (…) y
otras no fueron suscritas por (…) como las de GLADYS GUERRERO (…).
En consecuencia esa falta de verdad en el contenido de
estas actas de conciliación, da como resultado la falsedad ideológica, porque
se realiza en el momento en que se extiende el documento y se consigna algo que
no concuerda con la verdad de lo expuesto, lo que significa que el documento no
es veraz. Con estos documentos se produjo una alteración consciente de un
juicio equivocado sobre un hecho concreto, por cuanto allí no dejó consignado
que la Empresa Puertos reconocía unos valores por unas supuestas acreencias
laborales acordadas entre el representante de ésta y de los trabajadores,
avaladas por el Inspector del Trabajo en el último mes de liquidación de la
Empresa, aspecto sustancial, ya que tiene apariencia de realidad y se presumen
legales, cuando en verdad, como lo hemos anotado, no fueron autorizados esos
acuerdos, ni verificados, ni estudiados, pero que en últimas recogen unas
cifras encaminadas a causar un perjuicio económico al Estado, ya que éstas
documentan una relación jurídica que no fue ordenada por quienes tenían el
deber de autorizarla.
(…) Así, todos aquellos que solicitaron o indujeron a
su creación como son los abogados (…) GLADYS GUERRERO GUERRERO (…), ya que
estos aparecen suscribiendo cada uno de los documentos previamente señalados”
5.2.3.
Ejecutoriada la resolución de acusación, se dio inicio a la etapa de juicio,
correspondiéndole el conocimiento del asunto al Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Bogotá de Descongestión (FONCOLPUERTOS), en el que se
surtieron las audiencias preparatoria[79] y pública[80],
diligencia última en la que el ente acusador varió la calificación jurídica
provisional de la actora, conforme lo establece el artículo 404 de la Ley 600
de 2000, es decir, cambió las conductas de estafa agravada y fraude procesal
por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, ambos en
grado de determinadora. Del mismo modo, al momento de dictar sentencia el 30 de
noviembre de 2005, encontró penalmente responsable a la señora Gladys Mariana
Guerrero Guerrero y decidió condenarla “a la pena principal de NOVENTA Y
DOS (92) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, por el concurso homogéneo los
delitos de peculado por apropiación en grado de tentativa como determinadora
bajo concurso homogéneo; falsedad ideológica en documento público en concurso
homogéneo en calidad de interviniente; fraude procesal como autora en concurso
homogéneo y concierto para delinquir como coautora”. Como pena accesoria,
fue inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de diez (10) años,  así como la prohibición del ejercicio de la
profesión de abogada durante cinco (5) años. Las principales razones en las que
se apoyó la citada agencia judicial, se mencionan a continuación:
“Del estudio de las probanzas se desprende que se
trata de la participación de un número plural de individuos que actuaron en una
verdadera empresa criminal, con división de tareas definidas, con un solo
designio criminal, un propósito como el de apropiarse de las arcas del Estado,
en cuya organización unos ordenaban y otros obedecían, porque la ejecución de
diferentes conductas no permitía ser desarrolladas por una sola persona. Es así
como, dentro de toda esta compleja actividad, son perfectamente diferenciables las
actividades que cada uno de los acusados cumplía en la farsa constituida para
defraudar el erario público en su condición de litigantes que actuaban en
supuesta representación de extrabajadores, en un contexto global criminal en el
cual, como se sabe de los fallos condenatorios ya ejecutoriados que se han
proferido en el caso FONCOLPUERTOS, unos en condición de litigantes o
representantes de la empresa elaboraban las Actas de conciliación sin soporte
fáctico y otros en su condición de inspectores de trabajo, daban fe de la
legalidad de los documentos como del acuerdo de voluntades para dotarlos del
carácter ejecutivo. En fin, las actividades delictivas desarrolladas por cada
uno de sus miembros era necesaria y complementaria para el logro eficiente de su
objetivo; esto es, lograr timar los recursos del Estado.
(…) [Q]uien fungió como secretario de las inspecciones
de trabajo, afirmó que en diciembre de 1993 no se hicieron más de 30
conciliaciones de la empresa PUERTOS DE COLOMBIA y desconoció su firma en las
actas en las que aparece el inspector (…). Por si fuera poco, obra dictamen
grafológico realizado a las actas suscritas por GLADYS GUERRERO (Nos.
2453, 2545, 2452, 2451) (…) en las que se probó que la firma de quien allí
fungió como supuesto representante de la empresa (…) fue producto de un[a] falsificación por el ‘método de imitación’.
(…) Todos los anteriores elementos de juicio, denotan
en forma inequívoca que las actas de conciliación, cuya legalidad de discute en
este radicado, no fueron elaboradas en el año de 1993 como ellas registran,
sino que se efectuaron en data posterior. Ello, aunado a los restantes vicios
de falsedad estudiados, traduce que en las Actas (…) 2451, 2452, 2453 (…),
2545, (…) son evidentemente falsas, independientemente de la responsabilidad
que recaiga o no en cabe de cada uno de los procesados.
(…) Como consecuencia de la correspondencia entre lo
previsto por el legislador y la conducta de los abogados en las reclamaciones
que no encontraron pago, se advierte positivo el juicio de tipicidad del fraude
procesal (…). Tal es el caso de las siguientes imputaciones, en concurso
homogéneo cuando su número es plural: (…) GLADYS GUERRERO GUERRERO (Acta
2451, 2452, 2453 y 2545) (…).
Los abogados que en supuesta representación de
beneficiarios o ex trabajadores de la empresa PUERTOS DE COLOMBIA suscribieron
esas actas de conciliación espurias y/o que participaron de su falsedad, se
catalogan como determinadores del punible [peculado por apropiación].
(…) Continuando con la idea central, sobre el nivel
alcanzado en el iter criminis, que de contera viene a determinar la presencia
de tentativa o su exclusión y las consecuencias en el ámbito punitivo cuyo
estudio corresponderá a otro capítulo, ha de decirse que el pago o no de las
actas de conciliación que logró acreditarse de acuerdo a lo obrante en el
plenario, partiendo de las particulares imputaciones a cada procesado, ofrece
el siguiente panorama: (…) GLADYS GUERRERO GUERRERO. No se advierte en
el expediente de pago alguno de las Actas Nos. 2451, 2452, 2453 y 2545,
por ello, se considera ejecutada la conducta en grado de tentativa. (…).
Las conductas cuya tipicidad quedó demostrada
plenamente, se consideran además antijurídicas, puesto que con tales comportamientos
se vulneraron sin justa causa y en forma reiterada los bienes jurídicos
protegidos por el Estado, como la fe y seguridad públicas, administración
pública y la eficaz y recta administración de justicia, frente a las cuales no
se vislumbra la existencia de medio de prueba válido que lleve a predicar, a
favor de los acusados, que hubiesen actuado amparados en alguna de las causales
previstas en el artículo 29 del Decreto 100 de 1980 o 32 de la Ley 599 de 2000,
que a la luz del derecho pudiese justificar su actuar.
(…) Entonces, no se remite a duda la confirmación de
responsabilidad de los involucrados en este investigativo, toda vez que
verificada la existencia de los tipos penales enrostrados no puede deducirse
una finalidad distinta a la de esquilmar los bienes del Estado, a través de los
delitos que consideraron pertinentes. Y es necesario tener en cuenta que los
endilgados son profesionales del derecho de los cuales no es viable predicar
algún tipo de falta de conocimiento de lo que hacían, porque evidentemente
tuvieron el conocimiento y la voluntad de realización de la conducta punible,
no de otro modo puede entenderse que unos abogados, cada cual en su respectivo
rol, decidieron elaborar unas actas de conciliación falsas, en cuanto a fecha y
contenido.”
5.2.4.
Apelada la sentencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), en decisión del 11 de julio de
2006, modificó la condena penal impuesta a la actora por el a quo, en
tanto encontró prescrito el delito de falsedad ideológica en documento público
y la absolvió por el delito de fraude procesal. En tal virtud, redujo la pena
principal a 64 meses y 15 días de prisión, en calidad de determinadora de la
conducta punible de peculado por apropiación agravado en modalidad de tentativa
y coautora de concierto para delinquir, y como pena accesoria la inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo término de la
pena privativa de la libertad.
5.2.5.
Para concluir, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con
ocasión del recurso extraordinario de casación promovido por uno de los
condenados, que en todo caso no fue la ahora accionante, en sentencia del 2 de
diciembre de 2008, resolvió no casar el fallo condenatorio de segunda
instancia.
5.3.
La decisión de la Fiscalía General de la Nación de vincular a la accionante al
proceso penal, mediante declaratoria de persona ausente, es una medida
proporcional que no vulneró sus derechos fundamentales y que tiene pleno
respaldo constitucional
5.3.1.
El cargo de inconstitucional planteado por la actora en esta oportunidad,
gravita fundamentalmente alrededor de la supuesta falta de notificación del
proceso penal que finalizó con condena en su contra, como quedó indicado en el
apartado anterior, teniendo en cuenta que para el momento en el que surgió
mérito para vincularla mediante diligencia de indagatoria, se encontraba
domiciliada en los Estados Unidos de América, desde “hace algo más de 12
años”[81], omisión que en su
sentir, no le permitió hacerse parte, nombrar defensor de confianza y aportar y
controvertir pruebas.
5.3.2.
Dentro de este preciso contexto, la Corte luego de hacer una valoración
racional de las pruebas que obran en el expediente que contiene el proceso
penal, objeto de diligencia de inspección judicial en sede de revisión,
encuentra que contrario a lo sostenido por la accionante, sus derechos
fundamentales fueron garantizados durante las distintas actuaciones judiciales
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. En efecto, mediante
providencia del 16 de enero de 2002, el ente acusador dispuso su vinculación
para ser escuchada en diligencia de indagatoria, conforme lo establece el
artículo 332 de la Ley 600 de 2000, para lo cual, con el apoyo de la Dirección
Seccional del CTI de Barranquilla, se libró comunicación a la calle 39 N°
43-123 (piso 8° - E21, edificio Las Flores), quedando establecido que la
demandante se encontraba fuera del país para ese momento, de lo cual dio cuenta
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al indicar según el
reporte de movimientos migratorios que la fecha de salida del país, fue el 22
de julio de 2000[82], sin que hubiera certeza
alguna respecto de la fecha de retorno.
Así
las cosas, la determinación en abstracto de que la demandante se
encontraba por fuera del territorio nacional, solamente conducía a dos
alternativas. Por una parte, que el Estado renunciara al ius puniendi,
actitud claramente contraria a lo establecido en la Constitución Política y que
pondría en entredicho los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y
a la reparación integral. En segundo lugar, que acudiera a la figura de la
declaratoria de persona ausente, opción legítima que se enmarca en la
aspiración constitucional de asegurar a los integrantes del territorio nacional
que haya una pronta y cumplida justicia (preámbulo), lo cual en modo alguno
subvierte la garantía del debido proceso, pues para ello se debe designar un
defensor de oficio. De esta manera, la Fiscalía General de la Nación en
providencia del 10 de julio de 2002, consideró que la figura del procesamiento
en ausencia era la más razonable para darle continuidad a la investigación que
por defraudación de los recursos del Estado venía adelantando, cumpliendo a
juicio de la Corte, los presupuestos formales y materiales establecidos en el
artículo 344 de la Ley 600 de 2000, y en la jurisprudencia constitucional, esto
es, (i) se adelantaron las diligencias para lograr la práctica de la
indagatoria como forma de vinculación personal[83]; (ii) la constancia
expresa de que la actora no se encontraba en el país quedó en el expediente[84];
(iii) fue acatado el límite temporal de tres (3) días desde la fecha señalada
en la orden de citación, antes de acudir al juzgamiento en ausencia[85];
(iv) la resolución en la que se acoge la figura está debidamente motivada, en
tanto establece sucintamente los hechos por los cuales se hizo la vinculación,
la imputación jurídica provisional y designó defensor de oficio[86];
y (v) la accionante se encontraba plenamente individualizada a fin de evitar
situaciones de homonimia[87].
Bajo
ese orden de consideraciones, la Corte en sentencia T-799A de 2011[88],
al decidir una acción de tutela en la que el demandante, quien se logró
determinar para el momento en el que fue vinculado a un proceso penal que se
encontraba fuera del país, razón por la cual fue menester procesarlo en
ausencia, destacó bajo la noción doctrinal de juicio justo, que se trata
de una alternativa procesal razonable y proporcionada que no es contraria a la
Constitución. En aquella ocasión, expresó:
“Tal como se ha afirmado, la estructura del derecho de
defensa, contemplada en el artículo 29 de la Constitución y de los artículos 14
del PIDCP y 8 de la CIDH se ampara en el principio constitucional del debido
proceso (correspondiente a la noción doctrinal de juicio justo) cuya
satisfacción consiste en la práctica en asegurar que el imputado tenga la
oportunidad de defenderse ‘en las mejores condiciones posibles frente al
acusador, superior a él en medios’. Lo que para el caso concreto significó el
agotamiento de las distintas diligencias para lograr la ubicación del
sindicado; y de hecho, significó su ubicación en abstracto, pues la certeza
probatoria que prestó la certificación migratoria del DAS fue justamente que el
ciudadano (…) se encontraba fuera del país desde hace más de 5 años atrás al
momento en que se decidió declararlo persona ausente. Además, su estatus
migratorio reveló igualmente que no tenía fecha cierta de retorno, lo cual
permite concluir que contaba con posibilidades de domicilio legal en el país
hacia el que migró. Por lo cual el nombramiento de un defensor de oficio
se presentó como la opción más razonable ante dicha realidad indagada por el
ente acusador.
(…) De este modo, la única posibilidad ante la cual es
razonable afirmar que pese a lo anterior se puede calificar a las autoridades
judiciales respectivas de inactivas e indiferentes ante la necesidad de enterar
al sindicado sobre el proceso penal adelantado en su contra, implicaría
sostener que la obligación de vinculación al proceso penal de la persona
ausente, en cabeza del acusador, se extiende a su búsqueda fuera del país. Lo
que resulta sin duda desproporcionado en relación tanto con las cargas
de la Fiscalía, pues ésta adelanta numerosas investigaciones a nivel local
sobre las cuales sí resultaría inaceptable que no desplegara las acciones
necesarias para vincular a los investigados a los procesos, como también con
los medios y recursos de esta entidad, ya que la localización de los ciudadanos
colombianos que tienen domicilio en otros países no depende exclusivamente de
las actuaciones de las autoridades nacionales, sino también de la colaboración,
disponibilidad y medios de las autoridades de los otros países.” (Las subrayas y negrillas son agregadas).
5.3.3.
A lo anterior, debe agregarse el deber de diligencia profesional que se cernía
sobre la demandante, en tanto sujeto cualificado, desde el momento en el que
suscribió las anotadas actas de conciliación, pues desde antes de que se
desplazara voluntariamente a territorio extranjero fue un hecho notorio,
esto es, de público conocimiento, la investigación que venía adelantando la
Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer la situación anómala que
se había presentado en FONCOLPUERTOS. Lo anterior, lleva a concluir que más
allá de que su intención hubiera sido domiciliarse en otro país, era su deber
tomar las medidas o cuidados necesarios a fin de colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia (art. 95.7 de la CP), pues
ciertamente era ineludible su vinculación al proceso penal por haber suscrito
los mencionados documentos, omisión que no puede ser alegada en beneficio
propio.
5.3.4.
En ese orden de ideas, para la Corte la decisión de vinculación mediante
declaratoria de persona ausente persigue un fin constitucionalmente legítimo,
cual es darle continuidad a la prestación del servicio público de administrar
justicia y garantizar los derechos de las víctimas, con la consecuente garantía
del debido proceso mediante la designación de un defensor de oficio, luego de
que la Fiscalía hubiera constatado que la accionante no se encontraba en el
país, de lo cual quedó expresa constancia en el expediente. Así mismo, el
procesamiento en ausencia es una figura adecuada e idónea para alcanzar
esa finalidad, pues de otra manera el Estado tendría que renunciar a su poder
punitivo, es decir, existiría imposibilidad para continuar una investigación
penal ya sea porque la persona ha asumido una actitud contumaz o
definitivamente porque no fue posible establecer su paradero, lo cual lleva a
colegir que se trata de una medida necesaria en tanto no existe otra que
permita obtener el mismo fin constitucional. Bajo estas consideraciones, la
tensión constitucional que se plantea en esta oportunidad entre el derecho al
debido proceso, manifestado en la posibilidad de acudir a la figura de la
declaratoria de persona ausente, y el deber del Estado de investigar las
posibles conductas que riñen con el ordenamiento jurídico penal, debe ser
decidida a favor de éste en el caso concreto, en tanto goza de una dimensión
de peso mayor, pues se reitera, la actividad del ente acusador fue la
indicada para intentar ubicar el paradero de la señora Gladys Mariana Guerrero
Guerrero, quien por la pericia adquirida como abogada especializada en derecho
laboral, no podía abandonar el país sin tomar las necesarias precauciones en
caso de que fuera vinculada a la investigación penal que se venía adelantando y
que era conocida por la opinión pública, pues justamente había suscrito
documentos (actas de conciliación) que tenían relación directa con la misma.
5.3.5.
Por las razones anotadas, la Corte no advierte vulneración alguna a los
derechos fundamentales de la actora, con ocasión de la declaratoria de persona
ausente que tuvo lugar en el proceso penal que finalizó con condena en su
contra, por lo que el cargo formulado contra las sentencias dictadas por el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá de Descongestión
(FONCOLPUERTOS) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), será desestimado.
5.4.
La estrategia de defensa a la que acudió el defensor de oficio de la señora
Gladys Mariana Guerrero Guerrero, no vulneró su derecho fundamental al debido
proceso
5.4.1.
Sin duda alguna, en materia penal, el debido proceso adquiere una connotación
especial, específicamente en lo que se refiere a la defensa material o técnica
(art. 29 de la CP). La primera, permite que sea directamente la persona que
está involucrada en un proceso penal quien ejerza su defensa a fin de
desvirtuar la imputación que recae en su contra. La segunda, obliga al Estado
una vez se ha determinado que la persona vinculada al proceso ha asumido una
actitud de contumacia o no ha sido posible vincularlo de manera personal, a
designar un defensor de oficio. En este supuesto, aunque puede presentarse una
disminución o limitación del derecho de defensa, debido a la imposibilidad
razonable, en algunos casos, de acceder a elementos materiales de prueba que se
pueden encontrar en poder del imputado, ello no obsta para que con las pruebas
que se encuentren al alcance del abogado, efectúe una adecuada defensa técnica,
además de ser un deber que le impone la profesión, lo cual incluye las
diferentes estrategias de defensa atendiendo las especificidades de cada
proceso[89]. Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que no cualquier falla en el
ejercicio de esta modalidad de defensa, conlleva la vulneración del debido
proceso, sino que debe ser de tal entidad que influya sustancialmente en la
decisión, lo cual no ocurre en esta ocasión.
5.4.2.
En orden a lo anterior, la Corte advierte a partir de las actuaciones que
reposan en el proceso penal, que el defensor de oficio utilizó el silencio como
estrategia de defensa, alternativa que ha sido avalada por la jurisprudencia
constitucional, siempre y cuando se realice dentro de los límites de la
razonabilidad y no obedezca a una actitud negligente, lo cual implica ejercer
un silencio o pasividad absoluta. Al respecto, ha considerado que “[e]n lo
que hace a la defensa técnica, el silencio también puede ser interpretado como
una estrategia legítima en procura de los intereses del sindicado, por supuesto
cuando las circunstancias así lo aconsejen, siempre dentro de los prudentes
límites de la razón y con miras a la defensa de los intereses del procesado”,
actitud que se justifica en el principio de presunción de inocencia, en virtud
del cual “es el Estado quien debe probar no sólo la ocurrencia de un hecho
punible sino la responsabilidad del acusado.”[90]
De igual manera, se trata de una estrategia plausible en la medida en que “los
defensores cuentan en la materia con un amplio margen de discrecionalidad, con
lo cual es necesario demostrar que se presentó una ausencia evidente de la
misma.”[91]
Del
mismo modo, esta corporación ha destacado como garantía del derecho a la no
autoincriminación que “el silencio voluntario del individuo llamado a
indagatoria se constituye en una forma de defensa y por tanto en un verdadero
derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso. Ante la
evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente
puede culminar en una sentencia en su contra, aquella cuenta con la garantía
constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la carga
de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad
procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las
pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo
permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí resulta que éste,
quien no está en la posición jurídica activa, se halla exento de la carga de la
prueba. No debe demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar
hacer; decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción
que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Y en esa actitud, que
es justamente la que el debido proceso protege, le es permitido callar. Más
aún, la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar si al
hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus
delegados.”[92]
Por
su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sobre este
particular ha señalado que “[l]a pasividad del defensor no puede concebirse
per se como ausencia de defensa. La falta de alegatos, la no interposición de
recursos o la falta de notificación de algunas decisiones, no necesariamente
revelan negligencia pues muchas veces la suficiencia del acopio probatorio y su
fuerza de convicción llevan a asumir tal posición y dejar para los momentos
propicios la exposición de los argumentos defensivos, sobre todo en aquellos
casos en los cuales existe amplia y sólida demostración de cargo.”[93]
Así mismo, ha precisado que el derecho a la defensa técnica del procesado
admite “el silencio del abogado como estrategia defensiva, a condición de
que al tiempo haya asumido una actitud vigilante de la actividad procesal. Y se
trata de un criterio que resulta compatible con la autonomía en el desempeño de
esa profesión liberal, que en modo alguno se aviene con ‘la carga de contribuir
a la demostración de los puntos que competen a los intereses que defiende’. (…)
En consecuencia, dejar de allegar evidencias o de solicitarlas es una opción
defensiva perfectamente viable que el abogado asume con los riesgos respectivos
y que se explica en la vigencia de la presunción de inocencia, del principio
del in dubio pro reo y en la circunstancia de que la carga de probar es del
Estado, el cual igual cuenta con la obligación de investigación integral, que
compromete la noción de debido proceso y tiene que cumplir con independencia de
la actividad realizada por la[s] partes.”[94]
Esa
particularidad concreta, se vislumbra en el asunto objeto de estudio en tanto
el abogado, quien valga indicar asistió a las diligencias que fue citado,
guardó silencio hasta la audiencia pública, oportunidad en la que ejercitó
adecuadamente el derecho a la defensa técnica presentando su teoría del caso,
en la que puso de presente la dificultad de llevarla a cabo debido a que no fue
posible encontrar a la accionante, a pesar de los esfuerzos realizados, lo cual
le imposibilitó la recolección de elementos materiales de prueba para
desvirtuar la acusación que recaía en su contra. De igual manera, pidió a
partir de las pruebas que reposaban en el expediente, su absolución bajo el
argumento de que no había incurrido en los delitos por los que se le acusaba, e
indicó las razones por las cuales no compartía la variación de la calificación
jurídica dispuesta por la Fiscalía General de la Nación. Los argumentos
expuestos en ese momento procesal, fueron los siguientes:
“Efectivamente la defensa es de suma importancia al
punto que tiene rango constitucional y legal pero la defensa igualmente se
puede dar de acuerdo a los elementos que el abogado pueda tener a su alcance
para tal propósito. Cuando me presenté ante la fiscalía especializada para
asumir la defensa de estos tres colegas [incluye
a Gladys Mariana Guerrero Guerrero], de oficio, por la naturaleza del caso,
desafortunadamente no encontré sino unas actas, unos poderes, donde
comprometían a mis defendidos. En varias oportunidades traté de comunicarme con
estos abogados, hablé con unos colegas para que por cualquier medio se
comunicaran con el suscrito con el fin de que acreditaran pruebas, documentos
que desvirtuaran las acusaciones que en su contra pesaban. Acciones que fueron
infructuosas, sin embargo la defensa encuentra que el actuar de los colegas
abogados se ajustó a la ley, se ajustó a la constitución, no hubo mala fe, [de]
los poderes no podemos endilgar una falsedad en un poder cuando los
profesionales entendemos que para asumir la defensa en cualquier área del
derecho previamente atendemos a nuestro cliente, consultamos con él, tenemos
una entrevista y de ahí se desprende que el abogado asuma o no la defensa.
Estoy seguro que los DRS. GLADYS (…) previamente al asumir la defensa de los
intereses en un proceso laboral consultaron con sus clientes, y seguramente no
los presionaron ellos voluntariamente [y] otorgaron ese poder.
Desafortunadamente la fiscalía en etapa instructiva y eso lo observé en el
proceso no acreditó la prueba testimonial de estos señores poderdantes.
Entonces, la primera presunción que tiene la defensa de los colegas es que no
hubo mala fe por parte de los abogados. Otro aspecto para debatir en esta
audiencia (…) de conformidad a la resolución de acusación es si están incursos
en los delitos de estafa, estafa agravada o peculado. Igualmente observa la
defensa [que] en esta calificación de la conducta de los procesados
existe una generalidad, realmente en la resolución de acusación se menciona que
son responsables por la firma de unos poderes, pero en ninguna parte de la
resolución no del proceso (sic) cuáles fueron las cuantías o sumas de
dinero que los abogados que defiendo se apropiaron para su propio pecunio. En
consecuencia no es clara la resolución, como tampoco aparece claro en el
expediente esta responsabilidad o cargos que se le imputan a mis prohijados.
Tampoco puede existir un concierto porque no se ha demostrado que existió la
empresa criminal, como abogado litigante la experiencia enseña que cuando
nuestros clientes para el caso en materia laboral, no necesitamos concertarnos,
consultarles a otros colegas que lleven procesos similares lo que vamos [a]
hacer o no con el poder de nuestro cliente. En el caso que nos ocupa simple
y llanamente unos ex trabajadores otorgaron poder a los abogados, ellos
asumieron las pretensiones ante las entidades correspondientes, esa condición o
calidad de apoderado no da lugar para que [en] la fiscalía se les acuse
que pertenecen a una empresa criminal, porque su conducta establece la ley
(sic), recibir un poder legalmente autenticado con las respectivas
presentaciones personales, asistir a una audiencia de conciliación, presentar
una demanda con las consecuencias que posteriormente se presente son
actividades o conductas que no están reprimidas por la ley, son conductas del
ejercicio de la abogacía, mal puede endilgarse que el trabajo desplegado por
estos profesionales constituye una empresa criminal connotable el concierto
para delinquir. Volviendo a la propuesta de la fiscalía de modificar la
calificación de la conducta, la ley es muy clara en ese sentido y mis
defendidos no están incursos en ese tipo de delitos porque se trata de aboga[do]s
litigantes que no son servidores públicos. No tienen ningún vínculo con el
estado y entonces estamos frente a particulares que deben ser juzgados de
acuerdo a los principios naturales que establece la ley. Por lo anterior, y
dadas las ambigüedades que uno encuentra al momento de calificar responsabilizar
a los inculpados en este caso a mis defendidos, solicito a la señora juez
para que al momento de proferir el correspondiente fallo sea de carácter
absolutorio.”(Las negrillas son agregadas).
Como
puede verse, el defensor de oficio designado ilustró sobre diferentes
cuestiones al juez de conocimiento y le brindó importantes elementos de juicio
a fin de que adoptara la decisión de mérito, la cual sobre la base de la sana
crítica y las reglas de la experiencia derivó en la responsabilidad penal de la
accionante, asunto que no es del caso analizar en esta oportunidad, primero,
porque se trata de un ámbito que escapa de la esfera de competencia del juez
constitucional y, segundo, porque la causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela no fue planteada en esos términos por la accionante, lo cual
se constituye en un presupuesto formal de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. De esta manera, queda desvirtuada la afirmación
realizada por la actora en el escrito de tutela, en el sentido “que mi
apoderado de oficio no alegó de conclusión más que de manera formal, sin
convicción en la primera instancia”[95], pues como quedó
demostrado la táctica de defensa fue ponderada en tanto expuso diversidad de
argumentos para que hubiera sido desestimada la acusación que recaía sobre su
prohijada.
5.4.3.
Ahora bien, para la Corte puede entenderse como desafortunado el proceder del
defensor de oficio al no haber apelado la sentencia condenatoria, como garantía
del principio constitucional de doble instancia, decisión que además no era
susceptible de grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que en
vigencia de la Ley 600 de 2000 (arts. 18 y 203), fue declarado inexequible
mediante sentencia C-760 de 2001[96]. Sin embargo, esa sola
circunstancia, en el caso concreto, no resulta suficiente para concluir que se
ha configurado una vulneración al debido proceso, en la medida en que no
obstante el silencio del defensor, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), a partir de los
argumentos expuestos en los recursos de apelación formulados por los apoderados
de otros condenados, se pronunció sobre su caso, para concluir que había
operado el fenómeno de la prescripción respecto del delito de falsedad
ideológica en documento público, y encontró equivocado que al haber sido
variada la calificación jurídica de la conducta punible de fraude procesal a
prevaricato por acción en calidad de determinadora, el juzgador penal de
primera instancia hubiera emitido condena respecto de ambos ilícitos, viéndose
afectada la imputación fáctica y el principio de congruencia entre la acusación
y la sentencia, decisión que hizo extensiva a la señora Gladys Mariana Guerrero
Guerrero, con fundamento en el argumento analógico o a simili. Sobre la
primera cuestión, señaló:
“Es así, como puede afirmarse que se superó el término
establecido en el artículo 83 del Código Penal, dentro de la etapa
investigativa antes de surtir ejecutoria el pliego de cargos, porque entre la
fecha de comisión del delito (31 de diciembre de 1997) y la firmeza del
calificatorio (16 de enero de 2004), transcurrieron seis (6) años y quince (15)
días, razón por la cual esta Sala decretará su prescripción, y en consecuencia
de ello ordenará a favor de (…) la cesación de procedimiento por dicha conducta
punible, decisión que igualmente cobija a quienes no interpusieron recurso de
alzada, valga decir, (…)  GLADYS GUERRERO GUERRERO (…), por cuanto al
encontrarse en la misma situación de hecho, la misma consecuencia de derecho
les es aplicable.” [97] (Las negrillas son agregadas).
En
relación con el segundo asunto, el mismo despacho judicial anotó:
“[E]l fiscal delegado en la etapa de juicio, solicitó
la variación de la calificación jurídica, bajo el entendido que en el caso de
autos, la adecuación típica ajustada en su orden, corresponde a las conductas
punibles por prevaricato por acción en lugar de fraude procesal y, peculado por
apropiación en vez de estafa agravada, siendo aceptada por parte del a quo al
proferir la correspondiente sentencia, situación que hasta ese momento estaba
ajustada a derecho; la equivocación del juzgado ocurrió cuando, en perjuicio de
los implicados, desbordó gravemente su situación jurídica, en la medida que
además de condenarlos por el delito de prevaricato por acción, conforme a la
variación; también los declaró responsables por el fraude procesal, razón por
la cual, la Sala aprovechará el presente acápite para subsanar dicha
irregularidad. (…)
Pero, atendiendo la intangibilidad del núcleo esencial
de la imputación fáctica, el mismo no puede ser cambiado ni extralimitado, por
tanto, si se atribuyen otros hechos o una nueva conducta punible, dicha
situación quebranta el principio de congruencia entre la acusación y la
sentencia. Ello para significar que la variación de la calificación jurídica,
en modo alguno implica adición de nuevos cargos, como al parecer lo entendió el
a quo.
(…) [S]in embargo, el juez al momento de dictar la
sentencia, no solo condenó a los acusados por el delito original (fraude), sino
que igualmente lo hizo por el de la nueva adecuación típica (prevaricato), bajo
el entendido que existió fraude procesal en aquellos eventos en los cuales no
se presentaron las actas de conciliación para su pago y, prevaricato por
acción, en las situaciones en que de las mismas se obtuvo su cancelación,
situación que quebranta en forma ostensible el principio de congruencia que
debe existir entre acusación y sentencia, pues adicionó un delito por el cual
no hubo acusación, ni del mismo se hizo mención en la fase investigativa.
(…) [S]iendo congruentes con lo expuesto hasta ahora,
y al existir también, absurdamente, fallo de condena por el punible de fraude
procesal, que se insiste, no debió emitirse porque se aceptó y acogió la
variación jurídica de la Fiscalía frente al mismo, debe revocarse la
decisión en ese sentido, y en su lugar, absolver a (…), por tal conducta
delictiva, determinación que hace extensiva, a quienes no interpusieron recurso
de alzada, pero que igualmente resultaron condenados por ese tipo penal, valga
decir, (…) GLADYS GUERRERO GUERRERO (…)”[98].
De
esta manera, más allá de la omisión en la que hubiera podido incurrir el
defensor de oficio de la accionante, que para la Corte no es constitutiva de
una afrenta al debido proceso, lo único cierto fue que con ocasión de la
declaratoria de prescripción y de absolución efectuada por el funcionario
judicial de segunda instancia, esa decisión se hizo extensiva a su caso, lo
cual implicó una disminución sensible de la condena penal dictada en su contra,
en tanto se redujo en 28 meses.
Más
aún, la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), fue objeto de recurso extraordinario de
casación, el cual, aunque no fue promovido por la accionante, concluyó respecto
del delito de concierto para delinquir que “[l]as personas que se asociaron
con el propósito de desfalcar el patrimonio del Fondo Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia, y de manera concreta el grupo de abogados
litigantes a los que se juzgó en este asunto  [incluida Gladys Mariana
Guerrero Guerrero], desarrollaron a lo largo del tiempo diversas conductas
ilícitas, como la elaboración de centenares de actas de conciliación espurias,
el cobro de supuestas obligaciones allí contenidas, directamente ante la
entidad afectada, en algunos casos y, en otros, por vía judicial con la
promoción de diversos procesos ejecutivos ante los juzgados laborales de
Barranquilla. De igual modo, hacía parte del objeto delincuencial el pago
efectivo de los valores contenidos en los títulos falsos aludidos.” Agregó,
que “[e]n el proceso aparece demostrado que las gestiones de la empresa
delincuencial se extendieron, por lo menos, hasta el mes de junio de 1998, pues
existe evidencia de que por esa época la administración continuaba realizando
pagos ilegales a los extrabajadores de Puertos de Colombia, por las
reliquidaciones pensionales establecidas en las actas de conciliación espurias
de diciembre de 1993.”[99]
5.4.4.
Bajo esas consideraciones, la Corte considera que la sentencia de primera
instancia dictada en el curso del proceso penal que finalizó con condena en
contra de la actora, fue sometida en todo caso, a los respectivos controles
ordinarios y extraordinarios previstos por el legislador, contexto que permite
desvirtuar el reparo constitucional planteado respecto del defensor de oficio,
en relación con la falta de presentación del recurso de apelación contra la
decisión condenatoria, lo cual permite desechar la existencia de una posible
vulneración del derecho fundamental al debido proceso y de los demás que fueron
invocados, por no haber sido efectuada una debida defensa técnica.
6.
Conclusiones y decisión a proferir
6.1.
Tal como ha quedado dilucidado en el caso concreto, la vinculación de la
accionante al proceso penal que finalizó con condena en su contra, mediante declaratoria
de persona ausente efectuada por la Fiscalía General de la Nación, una vez tuvo
certeza de que se encontraba fuera del país, luego de haberlo intentado
personalmente, fue una alternativa razonable y proporcional que está en
consonancia con el ius puniendi del Estado[100].
Así mismo, el silencio como estrategia de defensa a la que acudió el defensor
de oficio, fue una opción legítima que no se enmarcó en una actitud pasiva y
negligente, en la medida en que la presentación de la teoría del caso fue
postergada para la audiencia pública. Finalmente, la circunstancia de que no
hubiera apelado la sentencia condenatoria de primera instancia, no es un
principio de razón suficiente para considerar vulnerado el debido proceso, pues
el juzgador de segunda instancia, oficiosamente, extendió la decisión de
prescripción del delito de falsedad ideológica en documento público y de
absolución por el ilícito de fraude procesal, a los no recurrentes, incluida
por supuesto la accionante, lo cual implicó una disminución de la condena
impuesta.
6.2.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia emanada de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 12 de noviembre de 2010, que
confirmó la proferida por la Sala Penal de la misma corporación el 12 de octubre
de dicho año, que negó la tutela impetrada por la señora Gladys Mariana
Guerrero Guerrero contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá
de Descongestión (FONCOLPUERTOS), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), con citación oficiosa de la
Fiscalía Delegada ante la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración
Pública, por las razones expuestas en esta providencia.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de los
términos decretada en el presente asunto.
SEGUNDO.-
CONFIRMAR la sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 12 de noviembre de 2010,
que confirmó la proferida por la Sala Penal de la misma corporación el 12 de
octubre de dicho año, que negó la tutela impetrada por la señora Gladys Mariana
Guerrero Guerrero contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá
de Descongestión (FONCOLPUERTOS) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Penal de Descongestión (FONCOLPUERTOS), con citación oficiosa
de la Fiscalía Delegada ante la Unidad Nacional de Delitos contra la
Administración Pública, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO.-
Por intermedio de la Secretaría
General de la Corte, DEVOLVER al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá, el expediente remitido en
calidad de préstamo.
CUARTO.-
Por la Secretaría General de la
Corte, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-761/12
Referencia:
expediente T-2908142.
Acción de
tutela presentada por Gladys Mariana Guerrero Guerrero contra el Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Bogotá y otros.
Magistrado sustanciador:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado sustanciador, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, por cuanto comparto que en el presente
asunto no se vulneró ningún derecho fundamental de la accionante, debo aclarar
mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de
“vía de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se
exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[101],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo
se pone de presente en la cita que se efectúa (consideración 3ª) de la
sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde su expedición.
Mi desacuerdo con dicha
sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación (páginas 11 a 18), radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales
especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su
punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la
impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que
esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario,
añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y
trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene
simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien
se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo
que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s)
en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos,
del propósito de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó
al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86
superior.
Además, no sobra acotar
que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[102],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En efecto, mientras que
en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada
constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela
contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra
otros importantes valores constitucionales, como el “principio democrático
de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido
la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que
la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas
consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en
el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Sólo en caso de que se diga lo contrario, la
mención de los hechos debe entenderse referida al cuaderno principal.
[2] Folio 1.
[3] Folio 1.
[4] Folio 2.
[5] Folio 2.
[6] Folio 2.
[7] Folio 2.
[8] Folio 2.
[9] Folio 202.
[10] Folio 208.
[11] Folio 195.
[12] Folio 193.
[13] Folio 193.
[14] Folio 194.
[15] Folio 194.
[16] Folio 197.
[17] Folio 228.
[18] Folio 229.
[19] Folio 5 del cuaderno N° 2.
[20] Folio 5 ídem.
[21] En este reporte, Migración Colombia precisó que no es posible
suministrar información sobre destinos finales, ya que la información de salida
registrada en el sistema se refiere al primer aeropuerto internacional al que
se dirige la aerolínea, por Cali del 01 al 22 de mayo de 2002. Cfr. folio 55
del cuaderno de revisión.
[22] Folio 68 ídem.
[23] Cfr. folios 74 a 78 ídem. (acta de diligencia de inspección judicial).
[24] RICCARDO GUASTINI, La “constitucionalización” del
ordenamiento jurídico: El caso italiano. LUIS PRIETO SANCHÍS, Neoconstitucionalismo
y ponderación judicial. En: Neoconstitucionalismo (s), Trotta, Madrid,
2009, pp. 49 a 74 y 123 a 158 (Ed. Miguel Carbonell).
[25] Sentencia SU-540 de 2007, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[26] M. P. José Gregorio Hernández Galindo. En el
mismo sentido, véanse las sentencias T-158 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-079 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-173 de 1993, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, SU-1184 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett y SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras muchas.
[27] En sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte sobre este particular sostuvo: “Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción
de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios
de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los
fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la
autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura
del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente
excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que
vulneran o amenazan derechos fundamentales.” (Las negrillas son agregadas).
[28] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2°) y
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25).
[29] Sentencia T-217 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[30] Sentencia T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31] Sentencia SU-917 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. Así mismo,
véanse las sentencias SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, T-1180 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1031 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta última providencia, la Corte expuso: “Esta evolución de la jurisprudencia implica que la Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial. No sólo se trata de
los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”
[32] Sentencia T-462 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[33] M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[34] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[36] Esta disposición excluía la posibilidad de
presentar acción de tutela contra las sentencias de casación dictadas por la Corte Suprema de Justicia. A juicio de este Tribunal, esa prohibición desconocía los
artículos 4° y 86 de la Constitución.
[37] Sentencia T-799A de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[38] Sentencia T-1275 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-417 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[39] M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[40] Sentencia del 19 de junio de 2012, Exp. N°
11001-03-15-000-2009-01328-01, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.
P. María Elizabeth García González. Al respecto, el Consejo de Estado rectificó
su jurisprudencia, en el sentido de admitir de manera excepcional la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Así lo dejó
expuesto: “De lo que ha quedado reseñado se concluye  que si bien es cierto
que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y
después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos fundamentales, de ahí que se haga
imperiosa la necesidad de rectificar tal criterio radical y admitir que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la Jurisprudencia, y así se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.” (Las subrayas y negrillas son agregadas).
[41] Sentencia T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En el mismo sentido, véanse las sentencias SU-424 de 2012,
T-973 de 2011, T-968 de 2011, T-419 de 2011, T-018 de 2011, T-707 de 2010,
T-285 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[42] Sentencia SU-424 de 2012, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[43] Sentencias T-799A de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-508
de 2011 y T-517 de 2009, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-436 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-105 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, C-962 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-852 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, T-835 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-737 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño, T-957 de 2006, M. P. Jaime Araújo Rentería, T-1110 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, C-592 de 2005, M. P. Álvaro Tafur Galvis, C-591 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, C-248 de 2004, M. P. Rodrigo Escobar Gil, T-1197 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería, T-1107 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-330 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis, C-100 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-062 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, C-1291 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-171 de 2000, M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-945 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-266 de 1999, M. P. Carlos Gaviria Díaz, C-040 de 1997, M. P. Antonio Barrera Carbonell, C-657 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz, C-627 de 1996, M. P. Antonio Barrera Carbonell y C-488 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[44] Sentencia T-962 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[45] Sentencia C-488 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[46] Sentencia T-799A de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[47] En la citada sentencia T-799A de 2011, la Corte sostuvo que “el requisito de un procedimiento previo a la declaratoria de persona
ausente, pasa por la ineludible exigencia del funcionario judicial de agotar
todos los medios para hacer comparecer al imputado al proceso. (…) Cabe señalar
que esta orden ha estado vigente en los códigos de procedimiento penal que han
regido desde la expedición de la Constitución de 1991. Así, el artículo 330 del Decreto 2700 de 1991 establecía que el Fiscal tenía ‘amplias facultades
para lograr el éxito de la instrucción y asegurar la comparecencia de los
autores o partícipes del hecho punible’. El artículo 356 del mismo decreto
sometía la declaratoria de persona ausente a la imposibilidad del funcionario
judicial de hacer comparecer al acusado a la declaratoria. De igual manera la Ley 600 de 2000, en su artículo 344 dispone que si ordenada la captura, no fuere posible
hacer comparecer al imputado, se procederá a su vinculación mediante
declaración de persona ausente. Recientemente, la Ley 906 de 2004 dispuso en el artículo 127, que ante la imposibilidad de localizar a quien
requiera para formularle la imputación, la solicitud del fiscal para declarar
persona ausente al requerido deberá tener adjunto, ‘los elementos de
conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo.’ Como complemento de
ello el inciso final del mismo artículo establece que ‘el juez verificará que
se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables
para obtener la comparecencia del procesado.”
[48] En sentencia T-945 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte precisó que resulta violatorio del debido proceso, a la
luz de la  Constitución Política “el que el aparato judicial decida tramitar
en ausencia un proceso penal, sin utilizar previamente las herramientas que
tiene a mano para notificar del proceso al sindicado. Si este deber se omite,
el juzgamiento en ausencia queda viciado de nulidad, a menos que durante el
proceso, los sindicados se apersonen del mismo.”
[49] Ídem.
[50] La disposición en cita señalaba: “EMPLAZAMIENTO PARA INDAGATORIA.
Cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la persona que debe
rendir indagatoria, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado durante
cinco días en un lugar visible del despacho. Si vencido este plazo no hubiere
comparecido, se le declarará persona ausente y se le designará defensor de
oficio. En ningún caso podrá emplazarse a persona que no esté plenamente
identificada. Si la comparecencia para rendir indagatoria se intenta a través
de orden de captura, vencidos diez días contados a partir de la fecha en que la
orden haya sido recibida por las autoridades que deban ejecutar la aprehensión
y no se obtenga respuesta, se procederá conforme a lo previsto en este artículo.”
[51] M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[52] Sentencia C-488 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz. La garantía del derecho a la igualdad entre el imputado presente y
ausente, también fue puesta de presente en la sentencia C-627 de 1996, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[53] M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54] La mencionada disposición indicaba: “DECLARATORIA DE PERSONA
AUSENTE. Si ordenada la captura, no fuere posible hacer comparecer al
imputado que deba rendir indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir
de la fecha en que la orden haya sido emitida a las autoridades que deban
ejecutar la aprehensión sin que se haya obtenido respuesta, se procederá a su
vinculación mediante declaración de persona ausente. Esta decisión se adoptará
por resolución de sustanciación motivada en la que se designará defensor de
oficio, se establecerán de manera sucinta los hechos por los cuales se lo
vincula, se indicará la imputación jurídica provisional y se ordenará la
práctica de las pruebas que se encuentren pendientes. Esta resolución se
notificará al defensor designado y al Ministerio Público y contra ella no
procede recurso alguno.
[55] M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[56] M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[57] La mencionada disposición señala: “AUSENCIA
DEL IMPUTADO. Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien
requiera para formularle imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que
lo afecte, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare
persona ausente adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha
insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará
en un lugar visible de la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y
se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. Cumplido lo
anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación que quedará
debidamente registrada, sí como la identidad del abogado designado por el
sistema nacional de defensoría pública que lo asistirá y representará en todas
las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones.
Esta declaración es válida para toda la actuación. El juez verificará que se
hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para
obtener la comparecencia del procesado.”
[58] La Corte en sentencia T-1110 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la T-799A de 2011, consideró que un
desarrollo más amplio del derecho de defensa contemplado en el artículo 29 de la Constitución, se encuentra en la configuración de un juicio justo “a través
de la satisfacción de garantías que exceden el contenido normativo del derecho
de defensa. De conformidad con los casos referenciados, dentro de estas
garantías se podrían contar por ejemplo: el acceso de la defensa a la
información probatoria con que cuenta el acusador, con el fin de preparar una
defensa técnica estratégica; la referencia de todas las pruebas relevantes
existentes en el proceso, incluso si la defensa no las alega; y la posibilidad
de tomar medidas para nivelar la participación en el proceso del acusador y el
acusado de conformidad con los medios con que cuenta cada uno.”
[59] Los lineamientos jurisprudenciales generales de la defensa técnica,
véanse en las sentencias T-131 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-508 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, C-069 de 2009, M. P. Rodrigo Escobar Gil, C-069 de 2009 y T-962 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-737 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[60] Sentencia T-957 de 2006, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[61] Sentencias T-654 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-784 de 2000, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[62] Sentencias T-957 de 2006, M. P. Jaime Araújo Rentería, T-776 de 1998, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y T-654 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[63] Sentencias C-038 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero y T-737 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[64] Sentencia T-1246 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[65] En relación con los elementos del perjuicio
irremediable, véanse entre otras muchas, las sentencias SU-339 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-713 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil, SU-1070 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño, SU-636 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería y C-225 de 1995, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[66] La diferencia entre riesgo y amenaza para efectos de determinar si la
persona se encuentra frente a un perjuicio irremediable, véase en las
sentencias T-339 y T-808 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[67] Sentencia SU-037 de 2009, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[68] C-488 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[69] C-680 de 1998, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[70] M. P. Jaime Araújo Rentería.
[71] M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[72] Sentencias T-828 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-769 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo, T-580 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-302 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez y T-576 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[73] Sentencias T-798 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-584 y 502 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-299 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.
[74] Folio 8.
[75] Folio 117 del cuaderno de revisión.
[76] En un primer momento, la señora Gladys Mariana
Guerrero Guerrero fue vinculada mediante diligencia de indagatoria, el 16 de
enero de 2002.
[77] Folio 98 del cuaderno de revisión.
[78] Folio 164 ídem.
[79] Folios 167 a 178 ídem.
[80] Folios 179 a 205 ídem.
[81] Folio 1.
[82] Folio 58 del cuaderno de revisión.
[83] Folios 83 a 83 y 92 ídem.
[84] Folio 92 ídem.
[85] La citación tiene data del 9 de mayo de 2002 y
la resolución que declaró persona ausente a la accionante, es del 10 de julio
del mismo año.
[86] Folios 93 a 95 del cuaderno de revisión.
[87] Idem.
[88] M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[89] La Corte ha destacado que las estrategias a las que puede acudir un
abogado, son las siguientes: (i) la defensa directa, donde el abogado
plantea una postura con fundamento en la prueba positiva y con base en ella
desarrolla sus argumentos de descargo; (ii) la defensa indirecta, donde
el abogado cuestiona las pruebas del adversario para desestimar su valor y
mostrar la falta de solidez de la acusación, aunque sin aportar nuevos
elementos de juicio; (iii) la defensa por excepciones, donde el reproche
está centrado en las deficiencias de orden procesal relacionadas con la acción,
los actos o las personas que intervienen en el proceso. En cualquier de las
tres, el silencio como estrategia de defensa, dentro de los límites de la
razonabilidad, es una opción legítima. Cfr. sentencia C-069 de 2009, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[90] Ídem.
[91] Sentencia T-028 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-654 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[92] Sentencia C-621 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[93] Sentencia del 3 de agosto de 2005 (casación N° 18109), M. P. Yesid
Ramírez Bastidas.
[94] Sentencia del 27 de octubre de 2004 (casación 16217), M. P. Yesid
Ramírez Bastidas.
[95] Folio 2.
[96] MM. PP. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.
[97] Folio 124 del cuaderno de revisión.
[98] Folios 132, 136 y 138 ídem.
[99] Folio 203 del cuaderno N° 1 de ejecución de
penas y medidas de seguridad.
[100] Sentencia C-205 de 2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[101] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464,
T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010 de 2012.
[102] C-590 de 2005.