T-655-15
Sentencia T-655/15
LEGITIMACION EN LA
CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA-Reiteración
de jurisprudencia
El criterio relevante para establecer la legitimación en la causa
por activa no se identifica de forma necesaria con ser parte o estar vinculado
de cualquier otra forma al proceso, sino, con hallarse en una posición tal que
las determinaciones judiciales que se adopten ocasionen daños o amenacen
gravemente derechos fundamentales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL SISTEMA PENAL-Contenido y alcance
Uno de los postulados fundantes de las actuaciones penales, que
estructuran tanto el debido proceso como el derecho de defensa, es el principio
de congruencia, la cual se
predica de la sentencia respecto de la resolución de acusación. Esta última señala los parámetros dentro de
los cuales debe moverse el juez desde el punto de vista jurídico, pero también
fáctico, de modo que le está vedado “introducir hechos no comprendidos en la
resolución de acusación, ni agravantes, ni, en fin, hacer, de alguna manera, más
gravosa la situación del procesado”. En varias oportunidades esta Corte se ha
pronunciado sobre la importancia del principio de congruencia en materia penal,
también denominado de coherencia o de correlación entre acusación y
sentencia, como elemento integrante del debido proceso, en tanto garantía
indispensable para la efectividad del derecho de defensa. La garantía de la
congruencia posee una doble dimensión: tiende un puente o vínculo, por un lado,
entre los hechos contenidos en la acusación y aquellos sobre los cuales versará
la sentencia y, por el otro, entre los delitos imputados por la Fiscalía y
aquellos sobre la base de los cuales el juez dictará sentencia, vinculo dual
establecido por el legislador como forma de protección al imputado.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Contenido y
alcance en la Constitución Política y en la jurisprudencia constitucional
DIMENSIONES Y TIPOS DE VERDAD, COMO DERECHO DE LAS VICTIMAS DE
DELITOS-Mecanismos judiciales y extrajudiciales de alcanzar la verdad
La Corte ha enfatizado en que el derecho a la verdad tiene
repercusiones no solo a nivel individual sino también social y comunitario, de
manera que esa prerrogativa adquiere una dimensión, no solo personal sino, así
mismo, colectiva y que ambas deben ser garantizadas por el Estado. El derecho a
la verdad busca dar cuenta y poner de manifiesto de forma amplia y detallada lo
que sucedió: identidad de los autores, estructuras criminales, conexiones
políticas, militares y sociales, intenciones y planes de los responsables,
contextos, prácticas y patrones, hechos, causas y circunstancias relacionadas
con los mismos, con el propósito de que cada uno de los agraviados pueda
conocer y comprender el contexto de su vulneración y, por el otro lado, a fin
de que las comunidades que han sufrido masivas violaciones de sus derechos
puedan reconstruir ese pasado doloroso e incorporarlo a su historia y su
identidad como pueblo. Puede hablarse de verdad jurídica y verdad
extrajurídica, con modos de elaboración muy distintos e implicaciones también
diversas para las víctimas. La verdad jurídica se genera de manera constructiva
a través de un trámite muy regulado y caracterizado por la posibilidad de hacer
uso de la coerción. Se forma a partir de investigaciones oficiales,
testimonios, peritajes, interceptación de líneas telefónicas, allanamientos y
registro de viviendas, persecuciones y arrestos, comparecencia compulsoria de
testigos y, a su interior, partes e intervinientes pueden conseguir medidas
coercitivas frente al poder estatal, gracias a acciones y recursos jurídicos.
La verdad no jurídica se edifica, por el contrario, exclusivamente a partir de
fuentes de acceso general al público, verbales, escritas y electrónicas. En el
proceso de su elaboración no se puede obligar a testigos ni a funcionarios
administrativos, militares o políticos a revelar lo que saben acerca de lo
sucedido. Los hechos históricos son reconstruidos a través de exploración
científica-metódica y la evaluación e interpretación de las fuentes en el
contexto causal de una historia.
CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS-Alcance de sus decisiones
Este Tribunal Constitucional ha dejado claro que la aceptación de
la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que sus
sentencias sean de obligatorio cumplimiento por el Estado, con fundamento en
disposiciones del mismo Tratado y la jurisprudencia del Tribunal Interamericano
y que, incluso, los criterios interpretativos proporcionados por la Corte IDH,
cuando examina el significado y alcance de derechos contenidos en Instrumentos
Internacionales y de los derechos constitucionales fundamentales, tiene también
valor vinculante.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Vinculatoriedad y obligación de cumplir
órdenes emitidas en sus fallos por el Estado Colombiano
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en un error procedimental al
desconocer el principio de congruencia, error que se proyecta en el fallo afectando
a la víctima, al cuestionar la verdad de los hechos en el proceso penal
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Caso en que se restablece el
derecho de toda la comunidad víctima de la masacre de Santo Domingo
La “masacre
de Santo Domingo” fue un acontecimiento de trascendencia nacional por los
efectos devastadores del crimen y, sin embargo, todavía hoy, luego de casi
diecisiete años, las víctimas no han visto satisfechos completamente todas sus
prerrogativas, pues a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró responsable al Estado por lo ocurrido y dictó órdenes precisas en favor
de aquellas, las investigaciones y juicios en que se determina la
responsabilidad penal por los hechos aún no han finalizado.
Referencia: Expediente T- 3490836
Acción
de tutela instaurada por Alba Janeth García Guevara contra el Juzgado Único
Penal del Circuito Especializado de Arauca.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Bogotá D.C., catorce (14) de
octubre dos mil quince (2015).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y
los magistrados Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión de los fallos dictados el veintiocho (28) de marzo
de dos mil doce (2012) por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca, en primera instancia, y el diez (10) de mayo del mismo año
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda
instancia.
I.
ANTECEDENTES Y DEMANDA DE TUTELA
1.
Hechos[1]
y actuación procesal
1.1 Durante los días doce (12) a quince (15) de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998), en inmediaciones del caserío de Santo
Domingo del municipio de Tame (Arauca), tuvieron lugar enfrentamientos armados
entre el Ejército Nacional y guerrilleros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC.
1.2 Entre las consecuencias más relevantes de los combates, nueve
miembros del Ejército Nacional perdieron la vida, dieciséis quedaron heridos y
varios guerrilleros de las FARC fallecieron. Así mismo, a causa de una
explosión en la vía principal de la vereda en la mañana del segundo día de
hostilidades, más de quince civiles perdieron la vida, entre ellos seis niñas y
niños, y más de veinte resultaron lesionados, incluidos diez niñas, niños y la
accionante, Alba Janeth García Guevara, quien recibió heridas que le
ocasionaron perturbación funcional permanente de una de sus extremidades superiores.
1.3 La investigación por las muertes y lesiones de los civiles fue
iniciada en la Jurisdicción Penal Militar a uniformados de la Fuerza Aérea
Colombiana que apoyaron desde aeronaves al Ejército durante los combates. Sin
embargo, luego de promovido y tramitado conflicto de competencias y de que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
determinara que el conocimiento del asunto correspondía a la justicia
castrense, la Corte Constitucional revisó una solicitud de amparo presentada
contra esa decisión por la misma peticionaria del presente trámite y, mediante
Sentencia T-932 de 2002, determinó que el proceso debía ser adelantado por la
justicia ordinaria.
1.4 Conforme lo anterior, se inició la respectiva investigación penal
con participación de la actora como parte civil y el diecinueve (19) de
diciembre de dos mil tres (2003), un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos acusó por homicidio y lesiones personales, en modalidad culposa, a los
oficiales César Romero Pradilla y Johan Jiménez Valencia y al suboficial Héctor
Mario Hernández Acosta, todos de la Fuerza Aérea, por haber lanzado el trece
(13) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), aproximadamente a
las 10:00 a.m. desde el helicóptero UH1H 4407 de la FAC, una bomba cluster
compuesta por seis bombas de fragmentación, en cercanías del caserío de Santo
Domingo, lo que habría ocasionado las múltiples muertes y lesiones a los
civiles.
1.5. La fase de juicio fue adelantada inicialmente en el Juzgado Único
Promiscuo del Circuito de Saravena (Arauca). No obstante, se ordenó cambio de
radicación y el veintiuno (21) de septiembre de dos mil siete (2007) el
Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá condenó a los procesados por las
conductas imputadas. La providencia fue impugnada, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá decretó la nulidad desde la audiencia preparatoria
por encontrar prueba que indicaba que la conducta había sido realizada con dolo
eventual y no de modo culposo, la Fiscalía procedió a variar la imputación
subjetiva y, finalmente, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve
(2009) el mismo Juzgado condenó a los tres acusados por los fallecimientos y
agravios a la integridad de los civiles, a título de culpa en el caso del
suboficial Héctor Mario Hernández Acosta y de dolo eventual respecto de los
oficiales.
De igual forma, el Juzgado ordenó expedir copias para que se
investigara penalmente a Germán David Lamilla Santos y Sergio Andrés Garzón
Vélez, también oficiales de la FAC, dado que podrían haber tenido
responsabilidad en los hechos, en cuanto, según expresó, el primero desde otro
helicóptero habría indicado a los acusados el lugar en que debía ser descardada
la bomba y el segundo era el oficial de más alto rango al mando de la
operación.
1.6 El fallo anterior fue apelado. El quince (15) de junio de dos mil
once (2011) el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra los
oficiales, decretó a su favor la prescripción de la acción penal respecto de
las lesiones personales y absolvió al suboficial de los delitos imputados. Los
declarados responsables interpusieron recurso extraordinario de casación que
está pendiente de ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
1.7 Por otro lado, hasta la fecha en que se resolvió la impugnación
contra la tutela, el proceso a que dio lugar la orden de copias para
investigación penal, mencionada en 1.5, se hallaba en fase de instrucción y en
el mismo también intervenía la actora en calidad de víctima.
1.8 De manera paralela al proceso de los militares de la Fuerza Aérea
por las muertes y lesiones de civiles, hoy en espera de sentencia de casación,
otro despacho de la Fiscalía desde el principio llevó a cabo también
investigación contra los guerrilleros de las FARC, Germán Suárez Briceño, alias
Grannobles, y José Roselay Pérez, exclusivamente por el fallecimiento y
lesiones de los miembros del Ejército Nacional, instrucción que culminó el
dieciséis (16) de junio de dos mil siete (2007) con acusación a los imputados
por esos precisos hechos, calificados como homicidio agravado, consumado y
tentado, rebelión y terrorismo.
1.8 La etapa de juicio de la anterior actuación se desarrolló en el
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca, el cual, el
veintiocho (28) de mayo de dos mil ocho (2008) cesó procedimiento a favor de
José Roselay Pérez y el treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011)
condenó a Germán Suárez Briceño, alias Grannobles, entre otros resultados, por
las muertes y lesiones de los miembros del Ejército, pero también por los
homicidios y lesiones de la población civil, de cuya investigación y
juzgamiento se había y se ha ocupado la actuación seguida a los militares de la
Fuerza Aérea y que actualmente se halla en la Corte Suprema de Justicia. La
condena que afectó a alias Grannobles no fue recurrida por ninguno de los
sujetos procesales y quedó en firme en marzo de dos mil once (2011).
1.9  Sin embargo, contra la anterior sentencia, el catorce (14) de
marzo de dos mil doce (2012) Alba Janeth García Guevara, víctima civil de los
crímenes de Santo Domingo, promovió mediante apoderado la acción de tutela que
ahora se revisa.
1.10 El representante de la accionante, luego de decir que la
sentencia cuestionada “desencuaderna de manera intolerable el sistema
institucional” al fallar sobre hechos que no le correspondían, sostiene que el
Juez incurrió en error procedimental absoluto porque actuó al margen de lo
establecido en la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos
humanos y las formas propias del proceso penal; estableció una verdad judicial
“de espaldas a las víctimas”, pues negó su participación en el trámite y
desconoció la actividad legítima de otras autoridad judiciales al emitir una
decisión sin tener competencia para conocer del caso.
1.11. El apoderado considera que la sentencia contra Germán Suárez
Briceño incurrió, específicamente, en dos errores. Por una parte, se dictó al
interior de un proceso en el cual los hechos relacionados con los perjuicios de
la accionante no fueron materia de investigación ni de juzgamiento y, por lo
tanto, tampoco podían participar allí las víctimas a fin de obtener satisfacción
de sus derechos a la verdad y la justicia. Por la otra, dice que el fallo desconoció
el principio de congruencia entre la acusación y el fallo, dado que aquella se
basó únicamente en los hechos cometidos contra los militares, no en perjuicio
de los civiles.
1.12 Correlativamente a los dos problemas que atribuye a la
providencia que ataca, sustancialmente dos son también los órdenes de
argumentos en que funda su petición de protección constitucional. En primer
lugar, el apoderado estima que la referida sentencia vulneró el derecho al
debido proceso de su representada, el cual, dice, según la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional supone la prerrogativa a ser oído con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación en su contra o en la determinación de sus derechos.
Y en segundo lugar, la parte actora pone de manifiesto que la
sentencia en cuestión juzgó la conducta que agravió a la accionante dentro de
un proceso ajeno al que, se sabía, investigaba y juzgaba los hechos, en donde
ya se emitieron condenas en dos instancias contra oficiales de la FAC y la
peticionaria viene interviniendo a fin de exigir sus derechos a la verdad y la
justicia. Considera, en consecuencia, que la infracción al principio de
congruencia afectó no solo al sentenciado sino, además, a la demandante pues ha
sido ilegítimamente forzada a asumir una providencia que desconoce presupuestos
procesales y creó una “verdad judicial” contraria a la construida en el proceso
que ha investigado y juzgado con todas las garantías la “macrovulneración” de
derechos conocida como “la masacre de Santo Domingo”.
1.13 El apoderado argumenta al respecto que la sentencia contra Germán
Suárez Briceño fue utilizada a principios de marzo de dos mil doce (2012) por
los medios de comunicación para sostener que “la justicia había esclarecido la
masacre de Santo Domingo y determinado que ésta había sido perpetrada por
guerrilleros”, que las actuaciones judiciales en las que la víctima había
participado eran equivocadas, inconsistentes, producto de montajes y
manipulación probatoria y que el fallo sería pieza fundamental para la defensa
del Estado en el proceso que por la masacre de Santo Domingo había abierto la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Manifiesta, en definitiva, que se han
sembrado dudas y desconfianza en la sociedad y las víctimas hacia las
autoridades judiciales y se ha dado lugar a injustos ataques contra los lesionados
con esa violación de derechos humanos y los operadores que la han investigado y
juzgado, lo cual hace que la mencionada sentencia constituya una agresión a la
justicia y la verdad.
1.14 El representante judicial expresa que, según la “jurisprudencia
nacional” y órganos internacionales de derechos humanos, las víctimas tienen
derecho a la justicia, la reparación, la verdad, a saber qué ocurrió, quién es
el responsable, por qué fueron agredidas y a recordar, derechos que están
ligados a la dignidad humana, memoria y al derecho al buen nombre de la
víctima.
1.15 Por último, el apoderado sustenta que su representada no dispone
de mecanismos de defensa judiciales alternativos a la acción de tutela pues no
tuvo oportunidad de impugnar ni le asiste la posibilidad de interponer la acción
de revisión contra el fallo condenatorio que la agravia como víctima, dado que
no fue sujeto procesal en la correspondiente actuación penal. Estima también
satisfecha la condición de inmediatez en cuanto, como la mayoría de la
población, la peticionaria supo de la sentencia por el despliegue noticioso que
se produjo solo entre siete (7) y nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012),
fecha cercana a la radicación de la solicitud de amparo (14 de marzo de 2012).
Dice, igualmente, que el daño es actual pues mientras la sentencia siga en
firme continuará atentando contra el derecho a la verdad de las víctimas e
implicará confusión y desorientación para la sociedad.
1.16 Con base en todo lo anterior, solicita protección del derecho al
debido proceso, acceso a la justicia y verdad y, en consecuencia, que se
declare sin efectos la Sentencia del Juzgado Único del Circuito Especializado
de Arauca, de treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011), y se ordene
fallo sustitutivo que guarde congruencia con la respectiva resolución de
acusación.
2.
Respuesta de los accionados y vinculados
2.1 Alfonso Verdugo Ballesteros, Juez Único Penal del Circuito
Especializado de Arauca, no obstante no ser el titular del Despacho cuando se
emitió la providencia cuestionada, se pronunció respecto de la acción en los
siguientes términos. Dijo que la Fiscalía, el Ministerio Público y el defensor
del acusado guardaron total silencio frente a la decisión condenatoria y, por
lo tanto, no es  momento de entrar a desestimarla por vía de tutela. Así mismo,
manifestó observar genéricamente que la misma fue adoptada acorde con las
pruebas que se allegaron al proceso y que, en todo caso, la actora tiene a su
disposición la acción de revisión para la protección de sus derechos, por lo
que solicita denegar el amparo solicitado.
2.2 Jaime Raúl Alvarado Pacheco, funcionario que dictó el fallo en el
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca, expresó que al tomar
la decisión desconocía y no obraba constancia alguna dentro del expediente de
que por hechos relacionados se estuvieran adelantando otros dos procesos.
Adhirió íntegramente a los mismos argumentos de la contestación consignada en
el párrafo anterior y agregó que tampoco la actora puede alegar la existencia
de un “perjuicio irremediable” puesto que, según se reconoce en la demanda por
el apoderado, ya fue indemnizada patrimonialmente gracias a una conciliación
con el Estado.
2.3 El
apoderado de César Romero Pradilla, Johan Jiménez Valencia, Germán David
Lamilla Santos y Sergio Andrés Garzón Vélez, oficiales de la Fuerza Aérea
Colombiana, manifestó fundamentalmente que la peticionaria carece de
legitimidad en la causa por activa en tanto, respecto de las lesiones que la
perjudicaron, fue declarada la prescripción de la acción penal dentro de las
dos actuaciones que se adelantan contra los uniformados, de manera que idéntica
consecuencia debe predicarse de la acción civil y con ella de todos los
derechos que la misma habilita. A partir de este razonamiento, solicita
declarar improcedente el amparo solicitado.
2.4 Germán David Lamilla Santos reiteró el argumento de su representante
y, por otro lado, dijo no ser verdad que la víctima no haya sabido del proceso
adelantado contra Germán Suárez Briceño, alias Grannobles, ni haya tenido la
oportunidad de participar, como afirma, puesto que desde el principio sabía que
por lo ocurrido en el caserío se estaban investigando militares de la Fuerza
Aérea y guerrilleros de las FARC y si no tomó parte en la referida actuación se
trató de un acto voluntario, sin que pueda afirmar, ahora, que se le violaron
derechos fundamentales.
Por último, manifestó que no se satisface el requisito de la
subsidiariedad en la presentación de la acción dado que, por las mismas razones
anteriores, la peticionaria podía haberse hecho parte del proceso y contar con los
mecanismos alternativos de defensa que en cuanto tal le asistían. Fundado en
estas razones, el vinculado pide negar la protección de los derechos
fundamentales de la demandante.
3. Fallos que se revisan
3.1 Fallo de primera instancia
La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca
afirmó que el Juzgado accionado “trascendió” el marco fáctico de la acusación, en
razón de que esta no hizo nunca referencia a muertes y lesiones diferentes de
las ocasionadas a uniformados del Ejército Nacional y, en consecuencia,
desconoció el principio de congruencia. El Tribunal afirmó que esta garantía,
inicialmente del procesado, puede examinarse en términos de los derechos de las
víctimas, puesto que en el proceso penal ellas encuentran el escenario propicio
para la protección de sus derechos en condiciones de igualdad con el imputado,
según ha sido indicado y reiterado por la jurisprudencia constitucional.
Manifestó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto orgánico,
puesto que el Juez no tenía competencia para fallar sobre hechos diferentes a
los consignados en la respectiva resolución de acusación, independientemente de
que desconociera la existencia de otros procesos que investigaban los delitos
contra los civiles. Por otro lado, consideró “viable” proteger los derechos de
la accionante al margen de que se haya decretado la prescripción de la acción
penal a favor de los militares por las múltiples lesiones ocasionadas el día de
los hechos y ordenó dejar sin efectos el fallo controvertido, así como emitir
otro congruente con la acusación.
3.2. Impugnación y decisión de sentencia de segunda instancia
El Procurador Judicial Penal delegado ante el Juzgado Único Penal del
Circuito Especializado de Arauca impugnó el fallo de tutela y dijo que a la
peticionaria no le asistía legitimación para reclamar sus derechos contra la
sentencia cuestionada, que ello solo estaba permitido al condenado y no
observaba de qué modo la providencia en mención menoscaba los derechos de la
demandante. Advirtió que estos se le han garantizado no solo en la sentencia atacada
sino, también, en los demás procesos.
Al resolver la alzada, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia señaló no vislumbrar en qué sentido los derechos de la peticionaria
estaban siendo lesionados con la sentencia del Juzgado de Arauca, habida cuenta
de que ella se ausentó del proceso que dio lugar a la providencia, pese a que
sabía de su existencia pues fue la actuación matriz de la cual se desprendió la
investigación en contra de los uniformados de la Fuerza Aérea, donde se
constituyó como parte de civil. Subrayó que la víctima ya fue indemnizada y el
derecho a la verdad “no puede ser el que ella necesariamente aspire” sino el
que pueda lograrse en las actuaciones penales.
De otra parte, afirmó que no se satisface el presupuesto de la
inmediatez en la presentación de la acción, que no se desconoció la congruencia
porque el imputado fue condenado, entre otros delitos, también por terrorismo,
conducta que afectó igualmente a los civiles, y que la peticionaria cuenta aún
con la acción de revisión contra la sentencia, ejercida a través de la Fiscalía
u otro sujeto procesal.
4. Trámite en sede de revisión
4.1 La Magistrada (e) Adriana María Guillén Arango insistió en la
revisión del presente asunto. Mencionó los hechos básicos que rodearon el caso
y dijo que existen dos decisiones judiciales distintas sobre los mismos, sin
que se haya garantizado participación a las víctimas en uno de ellos, de modo
que estima interesante que la Corte se pronuncié acerca del derecho a la verdad
que les asiste.
4.2 La Magistrada María Victoria Calle Correa también insistió en que
fuera revisado el expediente de tutela. Consideró que la decisión permitiría
fijar el alcance de los derechos fundamentales de las víctimas a partir de la
interpretación de las normas presuntamente vulneradas en el caso concreto,
contenidas en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. Puso de manifiesto, así mismo, que aún trece años
después de ocurrida la masacre de Santo Domingo los agraviados se encuentran
reclamando su derecho a la verdad ante dos sentencias que señalan diferentes
responsables por los hechos. Agregó que el juez constitucional debe propender
por la materialización de la justica efectiva, corregir posibles yerros y
lograr establecer la verdad de los hechos acaecidos en la masacre.
4.3 Mediante auto de veintidós (22) de noviembre de
dos mil doce (2012), la Sala Octava de Revisión ordenó oficiar (i) a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que comunicara las
actuaciones desarrolladas dentro del proceso penal adelantado por los hechos
contra uniformados de la FAC y (ii) a la Fiscalía Veintidós de la Unidad de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que informara acerca
de los trámites llevados a cabo dentro de la investigación con radicado 419A.
En el mismo auto dispuso suspender los
términos para resolver hasta tanto las pruebas decretadas fueran recaudadas.
4.4. La Magistrada (e) a quien
que correspondía inicialmente resolver la tutela, doctora Martha Victoria
Sáchica Méndez, puso a consideración de la Sala Octava de Revisión el proyecto
de fallo. Sin embargo, el mismo fue derrotado por los otros dos miembros de la
Sala. La elaboración del texto de la providencia adoptada por la mayoría
correspondió entonces al suscrito magistrado ponente.
4.5 A través
de memorial de doce (12) de febrero de dos mil trece (2013), el apoderado de la
peticionaria allegó en copia de la sentencia de treinta (30) de noviembre de
dos mil doce (2012) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la
cual el Estado colombiano fue declarado responsable por la “masacre de Santo
Domingo”.
4.6. Mediante
auto de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), el Magistrado
Ponente resolvió vincular a la acción de tutela a César Romero Pradilla, Johan
Jiménez Valencia, Germán David Lamilla Santos y Sergio Andrés Garzón Vélez, a
través de sus apoderados.
4.7 Dentro
del término establecido en el auto anterior, Germán David Lamilla Santos y el
apoderado de los cuatro vinculados se pronunciaron respecto de la acción de
tutela objeto de revisión.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
5. Competencia.
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
5.1 Cuestión previa
Antes de entrar a decidir sobre
el presente asunto, la Sala debe analizar si, dado que el proyecto de
veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015) que antecedió la presente
decisión, fue discutido y votado por la magistrada (e) Martha Victoria Sáchica
Méndez -quien presidía la Sala en ese momento y fue ponente-, la magistrada María
Victoria Calle Correa y el suscrito, alguno de quienes conforman la actual Sala
Octava de Revisión no es competente para adoptar el fallo[2].
El artículo 50 del Acuerdo 05 de
1992, Reglamento Interno de la Corte Constitucional, vigente cuando se realizó
la Sala convocada por la magistrada (e) Sáchica, dispone: “A medida que se
repartan los negocios de tutela se irán conformando las salas de revisión, una
por cada reparto, así: El magistrado a quien corresponda alfabéticamente
recibirlo, presidirá la Sala conformada con los dos magistrados que le sigan en
orden. La Sala decidirá por mayoría absoluta y el magistrado disidente podrá
salvar o aclarar su voto”.
Igualmente, el artículo 34 del
Acuerdo 05 de 1992 en su versión original establece las reglas de deliberación
de los proyectos de sentencia. El numeral 6 señala que una vez cerrada la
discusión se hará la votación de la ponencia, mientras que los incisos segundo
y tercero del numeral 9 precisan: «[s]i el proyecto principal no obtiene en
la Sala ese mínimo de votos, el negocio pasará al magistrado que corresponda
entre el grupo de magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo proyecto
en el que se exponga la tesis de la mayoría, si el magistrado ponente original
no acepta hacerlo. || El nuevo estudio será sometido oportunamente a votación…”[3].
De acuerdo con lo expuesto, la
Sala encuentra que en los eventos en que el proyecto de sentencia original no
es aprobado por mayoría absoluta, lo pertinente es remitir el expediente al
magistrado del grupo mayoritario que corresponda en turno, para que someta a
consideración de la Sala una nueva ponencia, la cual debe ser objeto de votación.
Así mismo, en criterio de la Corte,
no obstante la conformación de la Sala que discutió el anterior proyecto no es
la misma que la de hoy, como aquella finalmente no dictó la sentencia, los
actuales integrantes de la Sala Octava de Revisión, en tanto miembros de la
misma que improbó el anterior proyecto, son quienes ahora se encuentran
revestidos de función jurisdiccional y tienen la competencia para emitir el
presente fallo.
6. Problema jurídico y esquema
de la decisión
6.1. Por la muerte de más de quince civiles y lesiones de un número
superior a veinte, ocurrida en medio de combates entre el Ejército Nacional,
apoyado por aeronaves de la FAC, y guerrilla de las FARC en la vereda de Santo
Domingo (Tame, Arauca), con participación de la peticionaria como parte civil se
investigó, acusó y dictó condena de primera instancia en contra de tres
miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Sin embargo, después, en otra actuación
en que la Fiscalía había investigado exclusivamente el fallecimiento y daños a
la integridad de efectivos del Ejército y acusó al jefe guerrillero Germán
Suárez Briceño por esos hechos, el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Arauca lo condenó por los delitos contra los militares del
Ejército, pero además, por las muertes y lesiones de los civiles de Santo
Domingo, materia del proceso seguido a los integrantes de la FAC.
Dicho de otra manera, el Juez de
Arauca condenó al imputado por hechos que no fueron objeto de acusación, hechos
que, en cambio, habían sido investigados y juzgados en primera instancia,
contra otras personas y en cuyo desarrollo había participado activamente la
víctima en defensa de sus intereses. El apoderado de la accionante cuestiona la
providencia dictada contra Germán Suárez Briceño y dice que comporta un error
procedimental absoluto. Pero, ¿en qué sentido esta sentencia lesiona los
derechos fundamentales de la accionante?. Es muy claro que si se condena por
hechos que no constan en la acusación se menoscaba una garantía fundamental del
imputado, pero ¿podría verse también afectada la víctima con una decisión de
este tipo?.
El problema jurídico que debe
resolverse puede ser formulado, entonces, en los siguientes términos: ¿incurre
en error procedimental absoluto, violatorio de  derechos de una víctima, una
sentencia que condena por hechos no incluidos en la acusación, los cuales, en
cambio, han sido objeto de investigación, acusación y condena en otro proceso,
contra personas diferentes y con participación de la agraviada como parte civil?
Desde ya debe advertirse que por
carecer de competencia para hacerlo, la Corte no se referirá ni siquiera
indirectamente a la responsabilidad penal en los crímenes ocurridos en la
vereda de Santo Domingo, cuyo objeto ha correspondido y corresponde a los jueces
penales dentro de los respectivos procesos. Su estudio se concentrará en si el
fallo acusado vulneró el derecho a la verdad de la peticionaria, dadas las
circunstancias en que se encuentran las actuaciones penales que se adelantan
por los hechos.
6.2 Antes de abordar de fondo el
análisis y la respuesta al problema es necesario, sin embargo, examinar
preliminarmente la legitimidad para actuar de la demandante, pues el impugnante
de la sentencia de tutela afirmó que ella no puede atacar la providencia del
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, en tanto no fue sujeto
procesal dentro de la actuación que dio lugar al mismo y, por otro lado, los vinculados
han sostenido que la acción penal por las lesiones personales de que la
peticionaria fue víctima ha sido declarada prescrita en los procesos penales
contra los oficiales de la FAC y, por lo tanto, igual suerte corre la acción
civil.
Se procederá, entonces, de la
siguiente manera. Se estudiará la legitimidad para interponer tutela contra
providenciales judiciales por quien no hizo parte del proceso que da lugar al
fallo controvertido y, en especial, cuando la peticionaria fue víctima de un
delito y la respectiva acción penal ha sido declarada prescrita en un proceso
diferente a aquel en que se dictó la sentencia atacada (i). De superarse este
examen, se reiterarán las reglas sentadas por esta Corporación en torno a los
requisitos generales y específicos que habilitan la acción de tutela contra
providencias judiciales, con especial mención del defecto procedimental
absoluto (ii); seguidamente, se hará una breve referencia al principio de
congruencia en materia penal, en particular a la luz de la Ley 600 de 2000,
conforme a la cual se adelantó el proceso que culminó con la sentencia controvertida
(iii), se reseñará brevemente la doctrina consolidada de esta Corporación sobre
el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición (iv) y se profundizará en las dimensiones y tipos de verdad, como
derecho de las víctimas, y en los mecanismos, judiciales y extrajudiciales, de
alcanzarla (v). Puesto que sobre los hechos constitutivos de la masacre de
Santo Domingo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió sentencia y
esto, aunque no es determinante, podría incidir en el sentido de la decisión,
se recordará el carácter vinculante de dichos pronunciamientos (vi) y se
resolverá el caso concreto, a partir del marco teórico establecido (vii). Por
último, se hará una consideración final sobre los efectos del fallo (viii).
7. Fundamentos de la decisión
i. Cuestión preliminar. Legitimidad
en la causa por activa
7.1 De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, toda persona puede reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o a través de un representante, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
Puesto que se trata de un trámite mediante el que se busca detener la
lesión de derechos fundamentales o conjurar el riesgo de su vulneración, la
legitimación en la causa por activa en el proceso de tutela se tiene siempre
que quien recurre a ella haya sufrido un efectivo menoscabo en sus derechos o
se halle en peligro de que sean violados con la actuación o inacción denunciada
en la solicitud de protección constitucional.  En este sentido, cuando se trata
de acciones dirigidas contra providencias judiciales, dadas las
particularidades de los procesos, a los cuales se vinculan partes e
intervinientes mediante figuras propias de cada tipo de actuación, como regla
general solo están habilitados para invocar amparo contra una decisión aquellos
que participan del proceso, respecto de quienes normalmente la sentencia o el
auto en cuestión están llamados a producir efectos y, a veces, a ocasionarles
perjuicios.
7.2 Con todo, es claro que el criterio relevante para establecer la
legitimación en la causa por activa no se identifica de forma necesaria con ser
parte o estar vinculado de cualquier otra forma al proceso, sino, como se
indicó, con hallarse en una posición tal que las determinaciones judiciales que
se adopten ocasionen daños o amenacen gravemente derechos fundamentales. La
Corte tuvo oportunidad de pronunciarse precisamente sobre un caso en que
personas que no habían participado de un trámite, ni han debido ni podido
hacerlo conforme las reglas que lo regulaban, por las circunstancias de hecho
en que se hallaban respecto del mismo podían eventualmente resultar afectadas
con la sentencia y, en consecuencia, consideró que estaban habilitadas para
cuestionarla mediante acción de tutela.
En la referida oportunidad, la
Corte consideró que, con ocasión de procesos ejecutivos contra la Caja Popular
Cooperativa, los ahorradores tenían legitimación por activa para solicitar
amparo y cuestionar decisiones judiciales allí adoptadas, pese a no ser partes
ni intervenir de ninguna manera en el trámite, dadas las circunstancias
especiales y de posible vulneración en que se hallaban con relación a los
resultados de las actuaciones. En estos términos explicó lo que calificó de una
excepción:
“Como se ha
observado, el Tribunal considera que la acción de amparo es improcedente en
este caso, por cuanto es a la Caja Popular Cooperativa  a la que le corresponde
asumir la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo, a través de
los mecanismos judiciales con que cuenta dentro del mismo. Asimismo, expresa
que los ahorradores tendrían otros mecanismos de defensa judicial, distintos al
de la tutela.
La Sala de
Decisión estima que la posición del Tribunal no es aceptable para una situación
como la presente. Es claro que la parte demandada dentro de los procesos
ejecutivos que cursan ante los Juzgados Cuarto y Treinta Civiles del Circuito
de Bogotá es la Caja Popular Cooperativa y que, en principio, a ella debería
corresponderle adelantar todas las diligencias dirigidas a la defensa de sus
intereses. Sin embargo, en el caso sub lite existen dos elementos que
justifican una excepción. El primero es que la Caja es una entidad que maneja
recursos del ahorro privado, lo que significa que su futuro tiene inmensas
consecuencias sobre el destino de cientos de miles de ahorradores. Y el segundo
consiste en que la Caja afronta actualmente una situación económica
desesperada, de cuyo manejo en el inmediato futuro depende que los ahorradores
puedan recibir nuevamente sus dineros. Lo anterior significa que la suerte de
los procesos que se adelantan contra la Caja Popular Cooperativa no es indiferente
para los ahorradores, pues su resultado tendrá influencia directa en el
programa de recuperación de la entidad, un programa que, como se ha visto, les
ha exigido importantes sacrificios e inseguridad con respecto a su situación
patrimonial. Por lo tanto, es claro que los ahorradores de la Caja sí tienen un
interés real en  los procesos que se adelantan contra ella.
De otra
parte, es cierto que dentro de los procesos ejecutivos contra ella instaurados,
la Caja Popular Cooperativa ha interpuesto distintos recursos. Sin embargo, el
trámite de los mismos es muy lento y no se corresponde con las urgencias que
entrañan las operaciones de salvamento de las entidades financieras, en las
cuales cuenta de manera extrema la - tan inestable e influenciable - fe del
público en las posibilidades de rescate de las mismas. En esta situación, los
ahorradores encuentran que la admisión de procesos ejecutivos contra la Caja y
el decreto de medidas cautelares contra los bienes de la misma - que condujeron
al embargo de más de 500 millones de pesos de la entidad - arrojan señales
negativas para los ahorradores y amenazan el proyecto de recuperación de la
entidad, con lo cual ponen en duda las posibilidades de sobrevivencia de la
Caja y la realización del derecho de aquéllos a recibir nuevamente los dineros
ahorrados.
Las
anteriores razones conducen a esta Sala a la conclusión de que la acción de
tutela presentada por los actores sí era procedente, a pesar de dirigirse
contra la actuación surtida dentro de dos procesos de los cuales no son parte[4]”.
7.3 Conforme lo anterior, es
perfectamente posible y, en algunos casos probable,  que una persona se vea
afectada, aunque sea de forma colateral o indirecta pero real, con una decisión
judicial dentro de un proceso del que no participó, no porque su vinculación
fue indebidamente omitida ni porque desistió de concurrir, sino en razón de que
no le era permitido actuar, de acuerdo con las reglas procesales. En tales
situaciones, lo decisivo es que su situación fáctica o jurídica se ve impactada
en un escenario judicial por el sentido de las  determinaciones que allí se
tomen frente a quien sí es parte y es en tales circunstancias que, de seguirse
de amenaza o violación de un derecho fundamental, se genera la legitimación
para atacar las actuaciones judiciales del proceso mediante la acción de
tutela.
7.4 En el asunto que se analiza,
la peticionaria no se constituyó en parte civil ni actuó dentro del proceso
penal contra Germán Suárez  Briceño, alias Grannobles, que culminó con la
sentencia condenatoria censurada mediante la acción de tutela. Sin embargo, la
formulación de la solicitud de protección constitucional se origina,
precisamente, porque la sentencia determina un responsable y lo condena, entre
otros, por hechos en que ella resultó perjudicada en su integridad física, a
partir de una actuación en que la Fiscalía no se ocupó de investigarlos y la
peticionaria tampoco fue oída. Y, así mismo, en razón de que el fallo concluye
de tal forma con una hipótesis fáctica y de responsabilidad en dichos sucesos
contraria a aquella hasta el momento esclarecida dentro de un trámite
diferente, que ha juzgado a personas distintas y en el cual la actora se
constituyó y ha ejercido sus derechos como víctima.
De esta manera, según la demanda
de tutela, la emisión del fallo en las circunstancias descritas habría dado
lugar a una vulneración que puede ser leída de dos formas. Al condenar por
hechos que victimizaron a la peticionaria, no investigados ni contenidos en la
acusación y que, a su vez, sí lo fueron en otro proceso con participación de la
víctima, o bien habría negado a aquella el derecho de acceso a la justicia o
bien habría menoscabado su derecho a la verdad con relación a la versión de lo
ocurrido que había arrojado hasta el momento la actuación penal paralela.
En cualquier caso, es claro que
en estas condiciones la víctima podría haber sido agraviada en sus derechos
fundamentales por cualquiera de esas dos vías y, en consecuencia, le asiste
legitimidad en la causa por activa  para formular la acción. Paradójicamente,
el no haber participado en el proceso que originó la sentencia cuestionada no
solo no le resta legitimidad, sino que es la circunstancia que la coloca en
posición de exigir sus derechos fundamentales frente a la decisión judicial.
7.5 Por otro lado, para negar
legitimidad en la causa a la accionante también se ha sostenido que, en tanto
la acción penal por las lesiones que la afectaron fue declarada prescrita en
los procesos penales contra los oficiales de la FAC, no se halla habilitada
para cuestionar la providencia que condenó a Germán Suárez Briceño. El paso del
tiempo habría tenido sobre la acción civil, y con ella sobre todos los derechos
que podía pretender en su calidad de víctima, el mismo efecto que respecto de
la acción penal y esto le impediría acudir a la acción de tutela.
Sobre esto, deben distinguirse claramente
los términos y el objeto de la solicitud de protección constitucional que se
revisa. Efectivamente, en el proceso contra los oficiales César Romero Pradilla
y Johan Jiménez Valencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Bogotá declaró la prescripción de la acción penal por las lesiones personales
de los civiles y lo propio hizo la Fiscalía en la investigación adelantada por
los mismos hechos contra Germán David Lamilla Santos y Sergio Andrés Garzón
Vélez, también  de la FAC, todo lo cual implica que quienes resultaron víctimas
de ese delito perdieron interés para actuar dentro de esos procesos, incluida
la peticionaria. Los agraviados por las lesiones personales no se encuentran ya
habilitados para presentar recursos o intervenir con las facultades propias de sujetos
procesales en esos trámites.
Con todo, debe ponerse de
manifiesto que, a través de la acción de tutela, la peticionaria no ha
pretendido controvertir lo anterior, es decir, no ha solicitado ni expresado su
intención de que se reactiven sus facultades de parte civil al interior de las
actuaciones seguidas a los oficiales de la FAC. No ha formulado la acción,
tampoco, para atacar decisiones adoptadas allí ni en búsqueda de un espacio a
fin de intervenir o tener injerencia en el desarrollo de los procesos. Y, en
términos generales, es claro que la tutela no se dirige contra ninguna
actuación llevada a cabo en desarrollo de dichos trámites, en cuyo caso sería evidente
la carencia de interés para actuar.
La peticionaria busca detener la
violación de un derecho fundamental ocasionada por una autoridad judicial
diferente a aquellas que han intervenido en los procesos contra los militares,
en específico, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca, que
sentenció a Germán Suárez Briceño. Pero nótese que la demandante tampoco busca
que se le reconozca o ejercer una facultad propia de un sujeto procesal dentro
de la actuación que dio lugar a la providencia emitida por el referido Juzgado,
puesto que nunca se constituyó allí como parte civil. La vulneración que alega
se le habría causado, no en su posición de interviniente, sino en razón de que
el fallo constituiría de hecho un menoscabo al contradecir otra
sentencia condenatoria, dictada contra unas personas diferentes; se produciría
una vulneración por cuanto ya existía una condena contra los oficiales y, en
este sentido, por lo que significa la decisión del Juzgado de Arauca en la
realidad, de facto, confrontada con la que juzgó a los miembros de la Fuerza
Aérea.
Conforme lo anterior, dado que la
lesión alegada se daría por los efectos del fallo en la práctica, si se quiere
plantear una especie prescripción que afecte la procedencia del amparo, lo
único similar sería que la peticionaria no hubiera acudido dentro de un plazo
razonable al juez constitucional para buscar conjurar dicha afectación. Sin
embargo, esto es estrictamente un requisito de procedencia de la tutela que, en
este caso, no se encuentra ligado a la prescripción de la acción penal por los
delitos y que no influye en modo alguno en la legitimidad de la víctima.
De manera que, en las
circunstancias descritas, a la peticionaria le asiste interés para cuestionar
el fallo del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca.
ii. Requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Especial mención del defecto procedimental absoluto.
7.21 Esta Corporación, en su
función de guardia de la integridad y supremacía de la Constitución, ha
determinado unas reglas claras sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, pautas que se basan en la búsqueda de
una ponderación adecuada entre dos elementos fundamentales del orden
constitucional: la primacía de los derechos fundamentales, a cuyo respeto y
salvaguarda están obligados también quienes ejercen funciones jurisdiccionales
dentro de los respectivos procesos, y los principios de autonomía e
independencia judicial, ejes del funcionamiento de la administración de
justicia[5].
7.22 La jurisprudencia de esta
Corte ha establecido dos presupuestos básicos para determinar si una actuación
judicial goza de legitimidad desde el punto de vista constitucional: (i)
que el procedimiento surtido para adoptar una decisión haya preservado las
garantías propias del debido proceso, de las cuales son titulares las partes e
intervinientes y, (ii) que la decisión judicial sea respetuosa del
conjunto de valores, principios y derechos previstos por la Constitución. Si se
acredita con suficiencia que la providencia cuestionada incumple estos
presupuestos de legitimidad, surge la necesidad de restituir la eficacia de los
preceptos constitucionales en el caso concreto, mediante la intervención
excepcional del juez de tutela.
7.23 El amparo contra sentencias
judiciales es un instrumento dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que
la decisión incurre en graves falencias de relevancia constitucional, en cuanto
menoscaba derechos fundamentales. Cuando el peticionario ha tomado parte de la
actuación procesal que da lugar al fallo cuestionado, se ha dicho que la tutela
consiste en un “juicio de validez” y no en un “juicio de corrección”
de la providencia[6],
lo que evita que se confunda con una instancia para discutir los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho que dieron origen a la
controversia. Y cuando el demandante no ha participado del proceso, la tutela
desempeña sin lugar a equívocos su papel originario de protección contra la
violación de derechos por parte de una autoridad pública, solo que en este caso
la actuación de aquella se manifiesta a través de una sentencia.
7.24 En el fallo C-590 de 2005[7], la Sala
Plena de la Corte Constitucional estableció de forma unánime un conjunto
sistematizado de requisitos estrictos, de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales afectados
por una providencia judicial.
Ellos se dividen en dos grupos: (i)
requisitos generales, que están relacionados con condiciones fácticas y de
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la
eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la
seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y
autonomía del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al
interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) requisitos específicos, que
se refieren a la descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión
judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.
7.25 De conformidad con la
mencionada sentencia, los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela son los siguientes:
i. El problema
debe exhibir evidente relevancia constitucional. Para la Corte, no pueden
estudiarse cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[8].
ii. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, es necesario demostrar de qué forma
aquella tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y de qué manera afecta los derechos fundamentales de la parte accionante[9].
iii. La
demandante de protección constitucional está en el deber de identificar
razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
lesionados y haber alegado tal menoscabo en el proceso judicial siempre que le
hubiere sido posible[10].
Esta exigencia se explica en cuanto que, no obstante la presentación y trámite
la acción estén desprovistos de exigencias formales, es menester que el actor
muestre de qué modo la decisión hace nugatorios sus derechos, lo haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional.
iv. El fallo
cuestionado no puede ser una sentencia de tutela[11]. La razón de
este presupuesto radica en que los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida y, además, si un
ciudadano considera que una providencia de ese tipo ocasiona limitación de sus
prerrogativas, aún se cuenta en el ordenamiento jurídico con la revisión,
aunque eventual, de la Corte, dentro de la cual se conjuran posibles excesos
violatorios de derechos fundamentales de las providencias de instancia.
v. La acción
debe haberse interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración[12].
El ordenamiento jurídico no establece un término de caducidad para la
formulación de la acción de tutela, sin embargo, debe haber tenido lugar dentro
de un plazo justo consideradas las circunstancias del caso en su conjunto, pues
si se invoca la violación efectiva o el riesgo de menoscabo de un derecho y se
trata de una acción de protección inmediata, es de sentido común que quien
recurre a ella haya buscado detener esa situación indeseable rápidamente y, por
lo tanto, se trata de un elemento que demuestra la amenaza o el agravio real
que se denuncia[13],
además de que sirve de garantía esencial
para la seguridad jurídica y los derechos de terceros[14].
Este aspecto no es algo que pueda ser demostrado
matemáticamente sino que debe ser judicialmente ponderado en el asunto en
específico[15].
Debe buscarse que el sentido de la acción no se extravíe ni que la misma se convierta en
un mecanismo complementario o adicional a las vías ordinarias o que se intente
con ella abrir un debate cuya real oportunidad se dejó pasar[16]. El
examen de las circunstancias en el caso preciso es la cuestión primordial pues,
por ejemplo, el hecho que origina la vulneración pudo ser conocido tiempo
después de producirse, pese a que la lesión haya comenzado a tener lugar desde
antes, como ocurriría si un diario de circulación nacional publicara
información falsa y deshonrosa sobre un personaje público y el afectado se diera
cuenta de la edición solo meses después.
Consecuente
con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado algunos criterios que permiten
establecer si la acción de tutela fue ejercida dentro de un plazo razonable y
proporcionado[17]:
-La existencia
de motivos válidos que expliquen la inactividad del accionante, caso en el cual
éste debe alegar y demostrar las razones que justifican su inacción.
-Casos en que
la inactividad vulnera derechos de terceros afectados con la decisión.
-Existencia de
un nexo de causalidad entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración
de los derechos fundamentales presuntamente conculcados.
-La
vulneración o amenaza del derecho fundamental se mantiene en el tiempo.
-La carga de
interposición de la tutela es desproporcionada en relación con la situación de
debilidad manifiesta del accionante.
Estas pautas sirven, entonces, para determinar si
en las condiciones particulares que conoce el juez constitucional la acción
cumple el requisito de inmediatez, independientemente del cálculo exacto que
arroje el paso del tiempo, con lo que se consulta de mejor manera la situación
especial en que pueda encontrarse el actor.
vi. Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-, de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un agravio irremediable del derecho fundamental[18].
7.26 Como se dijo antes, existen también unos
requisitos específicos habilitan la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Los defectos son los siguientes:
i. Defecto
orgánico. Se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
ii. Defecto
procedimental absoluto. Se origina en aquellos
casos en que el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido de la ley.
iii. Defecto
fáctico. Surge si el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en los cuales se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
v. Error
inducido. Se produce cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi. Decisión
sin motivación. Supone el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido de que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
vii. Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se sucede, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho entendimiento. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
viii. Violación
directa de la Constitución. Se trata de un defecto genérico, que se plantea
si el funcionario judicial desconoce una disposición de la Carta Política.
Los criterios
enunciados constituyen un catálogo a partir del cual es posible comprender y
justificar a la luz de la Constitución y de los instrumentos internacionales de
derechos humanos la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
7.27 Con relación al
defecto procedimental absoluto, que se invoca en este asunto, se ha dicho que
encuentra soporte
normativo en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, que se
refieren a los derechos al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
La
jurisprudencia de la Corte ha reconocido dos modalidades de este defecto: i) absoluto,
que se genera cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido[19] y ii)
por exceso ritual manifiesto,
“que tiene lugar cuando hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales[20].
7.28 A su vez, la providencia incurre en error
absoluto si el juez i) sigue un trámite totalmente ajeno al dispuesto para el asunto
sometido a su competencia[21], ii)
pretermite etapas sustanciales del procedimiento y, de esa forma, conculca
derechos de alguna de las partes[22] y iii) pasa por alto el debate
probatorio, vulnerando los derechos de defensa y contradicción de los
intervinientes en la actuación[23]. La procedencia de la acción contra
una providencia judicial por esta causal se halla, de todas formas,
condicionada a que no exista posibilidad de corregir la irregularidad
por ninguna otra vía[24]
y a que ocasiones una vulneración ostensible, definitiva y notoria que se
refleje en la decisión judicial cuestionada[25].
Ahora
bien, dentro de este asunto se ha dicho que, a causa del desconocimiento   del
principio de congruencia en su dimensión fáctica entre la acusación  y la
sentencia, el Juez incurrió en un error procedimental absoluto que se refleja
en el fallo.
7.29
Aunque generalmente en materia civil, la Corte efectivamente ha dicho que el
desconocimiento del principio de congruencia (entendido como la consonancia que
debe poseer la sentencia con los hechos, las pretensiones de la demanda y las
excepciones alegadas y probadas), constituye en efecto una violación de
garantías fundamentales[26] y ha reconocido que cuando es inobservado
en los procesos ordinarios la respectiva providencia puede ser controvertida a
través de amparo constitucional.
La
habilitación de la tutela contra decisiones judiciales por esta causa ha sido
genéricamente justificada en la violación de garantías como el debido proceso y
el derecho de defensa[27] y, no obstante en algunas oportunidades
la Corte ha dicho que comporta un defecto fáctico[28] o sustantivo[29], en varios
pronunciamientos recientes ha consolidado expresamente la tesis de que
desconocer esa garantía supone que la providencia incurrió en un defecto
procedimental absoluto[30].
Resulta
importante examinar, ahora, más propiamente las características del principio
de congruencia en materia penal, cuya infracción se denuncia en el presente
trámite.
iii. Breve mención al principio de congruencia en materia penal, en la Ley 600 de 2000[31]
7.30 Uno de los postulados
fundantes de las actuaciones penales, que estructuran tanto el debido proceso
como el derecho de defensa, es el principio de congruencia, la cual se
predica de la sentencia respecto de la resolución de acusación. Esta última
señala los parámetros dentro de los cuales debe moverse el juez desde el punto
de vista jurídico, pero también fáctico, de modo que le está vedado “introducir
hechos no comprendidos en la resolución de acusación, ni agravantes, ni, en
fin, hacer, de alguna manera, más gravosa la situación del procesado”[32].
7.31 El imputado tiene la
prerrogativa de conocer a ciencia cierta los hechos por los que se le está
persiguiendo penalmente, pero, sobre todo, aquellos en virtud de los cuales la Fiscalía
lo acusa ante el juez y los delitos que le atribuye, pues es precisamente esto
lo que torna efectivo su derecho a defenderse en la etapa adversarial del
juicio, en donde el órgano acusador asume el papel de parte, según el esquema
procesal de la Ley 600 de 2000. Si el procesado no conoce de forma concreta,
específica y circunstanciada los hechos que conforman la acusación y su
respectiva calificación jurídica, tampoco sabrá de qué y cómo intentar
controvertir aquello que se le atribuye. Pero una vez garantizado lo anterior,
puesto que la certidumbre de la acusación permite y asegura la eficacia de la
defensa, esas bases fácticas y jurídicas alrededor de las cuales gira el
juzgamiento no pueden ser desconocidas por el fallador al momento de adoptar la
decisión de fondo, por cuanto, con la erosión de la congruencia, también
terminaría haciéndose nugatorio el derecho a la contradicción protegido por la
Carta (artículo 29).
7.32 Precisamente, en varias
oportunidades esta Corte se ha pronunciado sobre la importancia del principio
de congruencia en materia penal, también denominado de coherencia o de
correlación entre acusación y sentencia, como elemento integrante del
debido proceso, en tanto garantía indispensable para la efectividad del derecho
de defensa. Ha indicado la jurisprudencia:
“[E]n
materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor
relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa.
De tal suerte que no se trata de una simple directriz, llamada a dotar de una
mayor racionalidad y coherencia al trámite procesal en sus diversas etapas,
sino de una garantía judicial esencial para el procesado.
Así las
cosas, el contenido y el alcance del mencionado principio en asuntos penales se
encuentran determinados por una interpretación sistemática de los artículos 29
y 31 Superiores; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”[33].
7.33 La garantía de la
congruencia posee una doble dimensión, según se dijo: tiende un puente o
vínculo, por un lado, entre los hechos contenidos en la acusación y aquellos
sobre los cuales versará la sentencia y, por el otro, entre los delitos
imputados por la Fiscalía y aquellos sobre la base de los cuales el juez
dictará sentencia, vinculo dual establecido por el legislador como forma de
protección al imputado.
7.34 En la Ley 600 de 2000 se
contempla expresamente, en la audiencia de juicio,  la posibilidad de que la
Fiscalía modifique la calificación jurídica dada a la conducta en la resolución
de acusación, ya sea porque fue errónea o en razón de prueba sobreviniente, respecto
de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o
imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o
reconocimiento de una agravante que modifique los límites punitivos. Y, como
forma de salvaguardar los derechos de las partes y, especialmente, del acusado
frente a la atribución de esa nueva calificación, el estatuto establece un
procedimiento para que la defensa pueda ser reorganizada de conformidad con las
nuevas circunstancias (artículo 400).
Sin embargo, es relevante notar
en lo anterior que la Ley solo permite a la Fiscalía alterar en ese momento las
connotaciones jurídicas de la conducta por la que acusó, pero no los hechos en
sí, en virtud de los cuales llevó a juicio al procesado. La imputación fáctica,
entonces, se convierte en una barrera todavía mucho más fuerte e infranqueable
que la imputación jurídica, pues, opuestamente a esta, ni siquiera puede ser
modificada en el escenario del juicio, una vez consignada en la acusación y,
por supuesto, tiene que ser respetada de forma rígida por el juez al condenar,
todavía en mayor medida que el marco señalado por los delitos, pues mientras
que puede sancionar por punibles menos graves, los hechos son inmodificables.
7.35 La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha detectado, precisamente, que en el nivel fáctico, la
acusación representa el mayor aseguramiento del debido proceso y la defensa del
imputado, pese a que también la dimensión jurídica se halle instituida en orden
a salvaguardar esos fines. Así ha sostenido:
“Al
determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la
Convención, la Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido
proceso penal vis-à-vis el derecho de defensa. La descripción material de la
conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación,
que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del
imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí
que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara,
detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de
éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el
juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan
sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales
previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El llamado
“principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” implica
que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias
contemplados en la acusación.
Por
constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable
del derecho de defensa, la Corte considera que aquél constituye una
garantía fundamental del debido proceso en materia penal, que los Estados deben
observar en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos b) y c)
del artículo 8.2 de la Convención” (negrillas agregadas)[34].
7.36 La congruencia se vuelve así
una garantía instrumental que busca evitar que el acusado sea sorprendido por
hechos o delitos nuevos, y de modo fundamental por los primeros, a fin de
proteger su prerrogativa intangible de defenderse de manera real dentro de la
actuación penal.
7.37 Ahora bien, conforme lo
anterior, es incontestable que desconocida la congruencia se derrumbaría
también la prerrogativa de la contradicción del procesado. Debe plantearse, sin
embargo, el problema de si el rompimiento de ese principio podría ocasionar
afectación también a otros intervinientes. Debe averiguarse, en otros
términos, si el principio de congruencia podría cumplir un fin instrumental,
por lo menos en algunos casos, de igual manera a favor de los derechos de otros
intervinientes, en específico de la víctima y, por lo tanto, si su
desconocimiento acarrearía lesión de sus garantías, principalmente en los
eventos en que el Juez falle por fuera de los hechos consignados en la
acusación.
iv. Los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición. Reiteración de jurisprudencia[35].
7.38 Desde la Sentencia C-228 de
2002, que recogió los avances incipientes de los fallos T-275 de 1994, T-443 de
1994, T-740 de 2001 y C-1184 de 2001, los derechos de las víctimas fueron
ampliados en su comprensión, de modo que se abandona definitivamente la idea de
que solo les asiste la posibilidad de reclamar un resarcimiento económico por
los daños causados con el delito y se acoge la concepción de que tienen
verdaderos derechos, además, a la justicia, la verdad y a que se garantice la
no repetición de los crímenes que las vulneraron.
La doctrina formulada en la
Sentencia C-228 de 2002 ha sido reiterada y ampliada en múltiples providencias
posteriores, desde las C-578, C-580 y C-916 de 2002, que primeramente la
ratificaron, hasta, recientemente, la T-418 de 2015, pasando por las Sentencias
C-04 de 2003, C-370 de 2006, C-454 de 2006, C-936 de 2010, T-576 de 2008, C-715
de 2012, C-916 de 2002, C-1033 de 2006, C-099 de 2013, SU-254 de 2013, C-579 de
2013, C-180 de 2014 y C-286 de 2014, entre las más representativas.
Esta Corte ha consolidado así una
amplia y reiterada doctrina en torno al alcance de los derechos de las víctimas
del delito, en especial respecto de la verdad, la justicia y la reparación
integral, a partir del principio de Estado social, de interpretación armónica
de los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229 y 250 de la Carta y de estándares
desarrollados por el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos.
7.39 La Sala
expondrá brevemente los elementos pertenecientes al contenido de cada uno de
tales derechos, que han ido decantándose de forma progresiva en la vasta
jurisprudencia constitucional con que hoy se cuenta sobre la materia  y que
muestran bien las concretas implicaciones que se les reconoce actualmente.
7.39.1 La
Corte ha dicho que el derecho a la justicia comporta:
(i) La
obligación estatal de prevenir graves violaciones de derechos humanos,
especialmente masivas, continuas y sistemáticas.
(ii) El imperativo
del Estado de luchar contra la impunidad.
(iii)
Establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia
para la protección efectiva de los derechos de las víctimas de delitos. Así
mismo, impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses de las mismas
durante el juicio. En este sentido, el Estado debe diseñar y garantizar
acciones y recursos judiciales a fin de que las aquellas puedan ser oídas
durante toda la actuación procesal.
(iv) El
mandato de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de
graves violaciones de derechos humanos.
(v) El respeto
del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con
sujeción a ese mandado constitucional.
(vi) La
obligación de establecer plazos razonables para los procesos judiciales,
teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar
lugar a la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a la
no obtención de una justa reparación.
(vii) La
iniciación ex officio de las investigaciones en casos de graves
violaciones de derechos humanos.
(viii) Velar
para que los mecanismos judiciales internos tanto de justicia ordinaria, como
de procesos de transición hacia la paz, tales como amnistías e indultos, no
conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad.
(ix) La
determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal
o de disminución de penas en procesos de transición, en cuanto no es admisible
la exoneración de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario y, lo tanto, el deber de juzgar
y condenar a penas adecuadas y proporcionales por los crímenes investigados.
Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener excepciones en
procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las
violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las
víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen medidas de no
repetición destinadas a evitar que los crímenes vuelvan a ocurrir.
(x) La
legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, para hacerse
parte civil dentro de los procesos penales, con el fin de obtener la verdad y
la reparación del daño.
(xi) La
participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los
artículos 29, 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos.
(xii) La
garantía indispensable del derecho a la justicia, para que se garantice así
mismo el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas.
7.39.2 Respecto
del derecho a la reparación, la Corte ha
sostenido que supone:
(i) El
reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que asiste
a quienes han sido objeto de violaciones de derechos humanos y de que,
en consecuencia, se  trata de un derecho internacional y constitucional de las
víctimas.
(ii) La prohibición estatal de
descocer el alcance, naturaleza y modalidades del derecho a la reparación
integral, así como las medidas tendientes a satisfacerlo, en tanto elementos
regulados por el derecho internacional.
(iii) El carácter integral de
dicha reparación, en cuanto se deben adoptar distintas medidas determinadas no
solo por la justicia distributiva sino, también, por la justicia restaurativa,
dado que se trata de la dignificación y restauración plena del goce efectivo de
los derechos fundamentales de las víctimas.
(iv) En
principio, y de manera preferente, la restitución plena (restitutio in
integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la
situación anterior al hecho de la vulneración, entendido ello como el conjunto
de circunstancias en que puedan ser garantizados sus derechos fundamentales,
comprendida, si es del caso, la restitución de las tierras usurpadas o
despojadas.
(v) De no ser
posible tal restablecimiento pleno, la compensación a través de indemnizaciones
pecuniarias por el daño causado.
(vi) Una serie
de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no
repetición. Así, la reparación integral implica el derecho a la
restitución de los derechos y bienes jurídicos y materiales de los cuales ha
sido despojada la víctima, la indemnización de los perjuicios, rehabilitación
por el daño causado, medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la
memoria y de la dignidad de las víctimas, así como procedimientos para evitar
que los crímenes se repitan y, cuando sea necesario, con el fin de que las
organizaciones que los perpetraron sean desmontadas y las estructuras que
permitieron su comisión removidas.
(vii) Tener en
cuenta que la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos tiene tanto una dimensión individual como colectiva. De igual
forma, que la dimensión individual incluye medidas como la restitución,
indemnización y la readaptación o rehabilitación y la colectiva se obtiene
también a través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas
que se proyecten a la comunidad.
(viii) No
pasar por alto que una medida importante de reparación integral es el
reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal actuación. Como
lo ha reconocido la Corte, la víctima tiene derecho a que los actos criminales
sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche
público de dichos actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus
derechos es la actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o
justificar los crímenes cometidos.
(ix) Reconocer
que la reparación desborda el campo del resarcimiento económico e incluye,
además de las medidas ya mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia.
En este sentido, el derecho a la reparación incluye tanto medidas
destinadas a la satisfacción de la verdad y de la memoria histórica, como
medidas destinadas a que se haga justicia, se investigue y sancione a los
responsables. Por tanto, la Corte ha evidenciado el derecho a la reparación
como un derecho complejo, en cuanto se encuentra en una relación de conexidad e
interdependencia con los derechos a la verdad y a la justicia, de manera que no
es posible garantizar la reparación sin verdad y justicia.
(x) Diferenciar la reparación a
las víctimas, en rigor, de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda
humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que no pueden confundirse
entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad.
Mientras que los servicios sociales tienen su título en derechos sociales y se
prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar esas prerrogativas,
prestacionales o vinculadas a políticas públicas de vivienda, educación y
salud, y la asistencia humanitaria es ofrecida por el Estado en caso de
desastres, la reparación tiene como título la comisión de un ilícito, la
ocurrencia de un daño antijurídico y la grave vulneración de los derechos
humanos.
(xi) La necesaria articulación y
complementariedad de las distintas políticas públicas, las acciones de atención
humanitaria y las medidas de reparación integral, pese a la clara
diferenciación que debe existir entre esos tres tipos de obligaciones
estatales.
7.39.3 El derecho a las garantías
de no repetición[36]
está compuesto por todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a
realizarse conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas,
las cuales deben ser adecuadas  a la naturaleza y magnitud de la ofensa[37] y
principalmente comprende:
(i) Reconocer a
nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad[38].
(ii) Diseñar y
poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral.
(iii) Implementar programas de educación y divulgación
dirigidos a eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos e
informar sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias
de su infracción[39].
(iv) Introducir programas y promover prácticas que
permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH,
así como fortalecer las instituciones con funciones en la materia[40].
(v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor
de prevención[41].
(vi) Adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el
diseño e implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación
de los factores y eventos de riesgo de violación[42].
(vii) Tomar medidas de prevención específica en casos
en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus
derechos sean vulnerados[43].
7.39.4 Con
relación al derecho a la verdad, la
jurisprudencia ha establecido su contenido mediante los siguientes criterios
jurisprudenciales:
(i) El derecho a la verdad se
encuentra consagrado en los principios 1 a 4 de los Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad
y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de
memoria histórica, de recordar, y en el derecho al bueno nombre y a la imagen.
(ii) Las víctimas
y los perjudicados por graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho
inalienable a saber la verdad de lo ocurrido.
(iii) El
derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser
garantizado en todo tiempo.
(iv) Con la
garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad
procesal y la verdad real.
(v) La verdad
se encuentra intrínsecamente relacionada con el derecho a la justicia y a la
reparación. De manera que el derecho a la verdad está comprometido con el
acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se proscribe la
impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias, responsables,
imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Estado, el esclarecimiento
de los hechos y la correspondiente sanción.
(vi) El
derecho a la verdad se encuentra vinculado a la garantía de la reparación, pues
el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus familiares constituye un
medio de alcanzarla.
(vii) Los
familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de
sus parientes y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este
sentido, el derecho a conocer el paradero los desaparecidos o secuestrados se
encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser
objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho,
incluso si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables
(por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)[44].
(viii) Finalmente, en cuanto al
derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la obligación
del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de esclarecer la
responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino también la
importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la verdad
histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que en
casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos deben
servir a los fines constitucionales que han venido mencionándose.
De esta manera, la Sala insiste
aquí nuevamente en el deber constitucional de reconocimiento y
protección de los derechos de las víctimas, a partir del principio de dignidad
humana como base fundante del Estado social de derecho –art-1º-,  del deber de
las autoridades de proteger a todas las personas residentes en el país en su
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, como finalidad
esencial del Estado –art-2-, del deber de velar por la protección de las
víctimas  –art. 250-7 superior- y la aplicación del bloque de
constitucionalidad –art. 93 superior-.
Así mismo, es importante recabar
en que las disposiciones legales relacionadas con las víctimas de la violencia
deben interpretarse de conformidad con la reiterada jurisprudencia
constitucional y  tomando en cuenta los principios de
favorabilidad hacia el entendimiento y restablecimiento de sus derechos[45],
la buena fe, la confianza legítima[46],
la preeminencia del derecho sustancial[47]
y el reconocimiento de la especial condición de vulnerabilidad y debilidad en
que aquellas se encuentran.
v. Dimensiones y tipos de
verdad, como derecho de las víctimas de delitos. Mecanismos judiciales y
extrajudiciales de alcanzar la verdad.
7.40 Además de lo indicado en
precedencia, la Corte ha enfatizado en que el derecho a la verdad tiene
repercusiones no solo a nivel individual sino también social y comunitario, de
manera que esa prerrogativa adquiere una dimensión, no solo personal sino, así
mismo, colectiva y que ambas deben ser garantizadas por el Estado. Así ha
sostenido:
Este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, sus familiares
y la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, apareja una dimensión individual
y colectiva;
La dimensión individual del derecho a la verdad implica que las
víctimas y sus familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables
y las consecuencias de lo sucedido. Apareja, en este sentido, el
derecho a conocer la autoría del crimen, los motivos y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos y, finalmente, el
patrón criminal que marca la comisión de los hechos criminales. Esto último,
supone el derecho a conocer si el delito que se investiga constituye una grave
violación a los derechos humanos, un crimen de guerra o un crimen de lesa
humanidad;
La dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte,
significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia
historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la
divulgación pública de los resultados de las investigaciones e implica la
obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas
investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos[48].
Del mismo modo, se ha dicho:
El derecho
a la verdad tiene una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a
la memoria colectiva”[49],
y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el
ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte[50].
En este sentido, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en
cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la
justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a
conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que
corrió la víctima[51].
Este derecho resulta
particularmente importante frente a graves violaciones de los Derechos Humanos[52] y comporta a su vez: (i) el derecho
inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii) el
derecho de las víctimas a saber: “El primero comporta el
derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos
sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El
segundo consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión
como parte de su patrimonio y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en
aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Y el tercero determina que,
independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o
allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a
conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que
corrió la víctima.”[53].
7.41 De acuerdo con lo anterior,
el derecho a la verdad busca dar cuenta y poner de manifiesto de forma amplia y
detallada lo que sucedió: identidad de los autores, estructuras criminales,
conexiones políticas, militares y sociales, intenciones y planes de los
responsables, contextos, prácticas y patrones, hechos, causas y circunstancias
relacionadas con los mismos, con el propósito de que cada uno de los agraviados
pueda conocer y comprender el contexto de su vulneración y, por el otro lado, a
fin de que las comunidades que han sufrido masivas violaciones de sus derechos
puedan reconstruir ese pasado doloroso e incorporarlo a su historia y su
identidad como pueblo[54].
De ahí que la satisfacción de ese
derecho represente una forma de aliviar los daños ocasionados a la víctima y,
también, se halle vinculado a la construcción de memoria colectiva. Además,
comparte un núcleo común con otros derechos como el derecho a la justicia
(quiénes fueron los autores de las violaciones, cómo actuaron, cuándo actuaron,
por qué actuaron) y el derecho a la reparación, en tanto que conocer la verdad
es una medida de satisfacción a la cual las víctimas tienen derecho[55]
7.42 Ahora bien, es importante destacar
dos tipos de verdad que pueden ser reconstruidas cuando una sociedad y el
Estado asumen la responsabilidad de enfrentar los crímenes y tratar de
desagraviar a quienes han sufrido sus consecuencias. En este sentido, puede
hablarse de verdad jurídica y verdad extrajurídica, con modos de elaboración
muy distintos e implicaciones también diversas para las víctimas.
7.43 La verdad jurídica se genera
de manera constructiva a través de un trámite muy regulado y caracterizado por
la posibilidad de hacer uso de la coerción. Se forma a partir de
investigaciones oficiales, testimonios, peritajes, interceptación de líneas
telefónicas, allanamientos y registro de viviendas, persecuciones y arrestos,
comparecencia compulsoria de testigos y, a su interior, partes e intervinientes
pueden conseguir medidas coercitivas frente al poder estatal, gracias a
acciones y recursos jurídicos[56].
7.44 La verdad no jurídica se
edifica, por el contrario, exclusivamente a partir de fuentes de acceso general
al público, verbales, escritas y electrónicas. En el proceso de su elaboración
no se puede obligar a testigos ni a funcionarios administrativos, militares o
políticos a revelar lo que saben acerca de lo sucedido. Los hechos históricos
son reconstruidos a través de exploración científica-metódica y la evaluación e
interpretación de las fuentes en el contexto causal de una historia[57].
Por otra parte,
Los hechos
jurídicos son determinados por la decisión de un tribunal y es por eso por lo
que son normativos, según la tesis de H. Kelsen. Son decisiones originadas de
manera correcta en un proceso y como tal establecen, en términos normativos, la
ilustración válida de un caso. Continúan con validez, aun si la realidad es
diferente o ha sido otra y aun si la investigación histórica difiere del
tribunal en el modo de ver las cosas. Como decisiones jurídicas, los hechos
jurídicos son válidos en dirección contraria, como toda norma. No son
reversibles por investigación histórica, sino solo a través de la anulación de
la sentencia.
En cambio,
los hechos históricos reflejan el status quo del discurso científico en un
momento determinado y cualquiera de los participantes del discurso, sin
importar que sea científico o no, puede en cualquier momento cuestionarlo y, en
caso dado, modificarlo según las reglas del arte. La modificación no se remite
a la decisión de una academia autorizada en lo referente al tema, sino a la
concordancia intersubjetiva de la comunidad científica. El que afirma un hecho
histórico, afirma que ha sido así y no de otra manera, de acuerdo con Ranke. La
afirmación de un hecho histórico sigue siendo siempre fáctica y tiene que ser
modificada cuando la realidad es otra[58].
7.45 Según lo anterior, la verdad
jurídica se produce y se logra a través de mecanismos institucionales,
altamente formalizados, caracterizados por la certidumbre y la pretensión de
seguridad y estabilidad de los resultados que arrojan y el uso de la fuerza en
la persecución de sus fines. La verdad extrajurídica, por su lado, tiene lugar
en proyectos de reconstrucción de lo ocurrido mucho más laxos y en empeños
menos rígidos y estrictos y su desarrollo, en consecuencia, está desprovisto de
herramientas coactivas, principalmente a nivel probatorio.
7.46 A cada tipo de verdad
corresponde también un mecanismo para alcanzarla. La verdad jurídica es
promovida ante los jueces, por conducto y bajo la regulación precisa de normas
procesales,  de ahí que muchas veces se le denomine “verdad judicial”. La
verdad extrajurídica, en cambio, a la cual se recurre normalmente como
complemento de la jurídica y en orden a suplir, particularmente a nivel social
o comunitario, las deficiencias y falencias de los hallazgos de la verdad
jurídica, ha tenido lugar usualmente a través de comisiones de la verdad. Estas
comisiones consisten en órganos oficiales, no judiciales,  temporales, de
constatación de hechos y preservación de pruebas, que se ocupan de investigar
abusos de derechos humanos o del derecho humanitario cometidos a lo largo de
varios años[59].
7.47 Los mecanismos no judiciales
de reconstrucción de la verdad como las citadas comisiones propenden
principalmente por una reconstrucción completa, integral y orgánica de sucesos
complejos de vulneración de derechos humanos y en esto radica su mayor ventaja
por sobre los procesos judiciales tradicionales, más circunscritos a hechos,
situaciones y personas específicas. Sin embargo, en oposición a los mecanismos
no judiciales, el proceso legal exhibe fortalezas notables, principalmente con
relación a los derechos de los perjudicados con los crímenes. La reconstrucción
de los hechos se logra a partir de reglas probatorias estrictas y, comúnmente,
con apoyo en estándares científicos, en un escenario de contradicción empírica
y jurídica entre las partes, lo que hace que la verdad alcanzada sea más
sólida, comprensiva y difícil de cuestionar. Además, los jueces tienes poderes
coactivos para impulsar la recolección y la práctica de pruebas, lo cual
optimiza la utilidad de las evidencias con que se cuenta[60].
7.48 A nivel internacional, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que la posibilidad de las
comisiones de la verdad no reemplaza en modo alguno la obligación de los
Estados de proporcionar y asegurar a las víctimas el derecho a acceder y buscar
la verdad dentro de los procesos judiciales que investigan los crímenes que las
perjudicaron, como el escenario más adecuado y respetuoso de su dignidad. De
esta manera, ha dicho: “No obstante, sin desconocer lo anterior, la Corte
considera pertinente precisar que la “verdad histórica” contenida en los
informes de las citadas Comisiones no puede sustituir la obligación del Estado
de lograr la verdad a través de los procesos judiciales. En tal sentido, los
artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención protegen la verdad en su conjunto”[61]. Así mismo,  ha
recalcado: “Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho
que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió y quiénes
fueron los agentes del Estado responsables de dichos hechos. “[L]a
investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es
una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una
violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente
y no como una mera formalidad”[62].
7.49 La Sala debe también
subrayar que el derecho de las víctimas a conocer, a saber lo ocurrido, los
participantes del crimen en todas sus modalidades, los móviles, lugares, modo
de perpetración, espacios geográficos y, en general, todas las condiciones que
rodearon la vulneración de derechos humanos de que aquellas fueron objeto
supone, no solo que el Estado se encuentra obligado a esclarecer todas las
mencionadas circunstancias mediante una investigación estricta y exhaustiva
sino, también, que la víctima tiene derecho a intervenir y tomar parte activa
de ese esclarecimiento, a través de los relatos de aquello que padeció.
El derecho a la verdad se
garantiza a la víctima no solamente permitiéndole al interior del proceso
exigir que se alcance la verdad y presenciar los resultados de las
investigaciones. Comprende también el derecho a reconstruir con su narración,
percepción, testimonio y su relato acerca del sufrimiento vivido, lo acaecido.
La garantía de la verdad, la dosis de tranquilidad, de sosiego y paz a que la
verdad contribuye en la víctima en el marco del restablecimiento de sus
derechos no se posibilita solamente cuando se le asegura conocer en detalle el
pasado del crimen sino, también, cuando se le permite contar a ella misma su
experiencia sobre lo sucedido.
Se ha dicho precisamente que “la
verdad pronunciada por las víctimas tiene muchas dimensiones: para ellas es
reparadora, integradora y sanadora; para los públicos que la escuchan,
pedagógica y esclarecedora; para la historia de los pueblos y las naciones es
condición necesaria e irreemplazable y para los Estados, los gobiernos y los
ciudadanos, una lección sobre lo que no debe volver a ocurrir y sobre la
naturaleza de las acciones que deben adoptarse para suprimir las
determinaciones de diversa naturaleza que llevaron a tal situación de
desgarramiento y dolor”[63].
Dando a conocer lo que sufrió, revelando su historia, la víctima hace plena
conciencia del suceso, somete a catarsis su pasado fatídico y sus derechos
comienzas a verse reestablecidos.
vi. Carácter vinculante de las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
7.50 El artículo 33 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos creó la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y en el artículo 52 y siguientes el Instrumentos Internacional
estableció su organización, composición y reglas procedimentales para el
cumplimiento de su misión. Así mismo, se consagró que la Corte cumpliría
funciones consultivas y también se le otorgó poderes jurisdiccionales para
decidir casos que los Estados Partes y la Comisión Interamericana (conforme los
artículos 34 y siguientes) pusieran en su conocimiento, por violación de
derechos reconocidos en La Convención.
7.51 En Colombia, el Tratado fue
aprobado mediante la Ley 16 de 1972 y entró en vigor para las partes en julio
de 1978, de modo que el Estado no solo se ha comprometido a poner en marcha
todo lo que sea necesario para garantizar los derechos contenidos en la
Convención, sino que ha reconocido la jurisdicción de la Corte para determinar
su vulneración y, de conformidad con el artículo 68.1 del Instrumento, ha
asumido la obligación de acatar sus decisiones cuando sea parte en un proceso.
Esta Corporación ha reconocido
precisamente la obligatoriedad de las sentencias y, en particular, ha puesto de
manifiesto que el Estado debe dar cumplimiento a las medidas ordenadas en los
fallos de la Corte IDH. En la Sentencia T-653 de 2012 se mencionaron algunos
eventos concretos en que la jurisprudencia se ha referido puntualmente al tema:
“Así ocurrió
en la decisión T-367 de 2010, cuando (la Corte) estudió una acción de
tutela que se relacionaba con el cumplimiento[64]
por parte de Colombia de las reparaciones ordenadas por el tribunal
internacional en el caso conocido como “masacres de Ituango”[65].
En el citado
fallo, esta Corte adujo que como el artículo 26 de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados dispone que “todo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (pacta sunt servanda) y el artículo
27 del mismo instrumento señala que una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado, “las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en desarrollo de su competencia judicial, obligan al Estado
colombiano no sólo a un cumplimiento oportuno sino pleno, sin que sea admisible
una potestad discrecional para escoger cuáles cumple y cuáles no; realizar
equivalencias entre medidas, por ejemplo, cambiar la asignación de una vivienda
por un subsidio para vivienda o la asistencia médica especializada que deben
recibir en razón de su particular situación de indefensión, por una general que
haga caso omiso de tal condición; y sin trasladar la responsabilidad del
cumplimiento o del incumplimiento de las medidas a las víctimas, a sus
familiares, a sus representantes o a todos ellos”.
“También
derivó la obligatoriedad de los fallos de la aplicación del artículo
68.1 de la Convención Americana[66],
el cual  estipula que “los Estados Parte en la Convención se comprometen a
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, y se refirió
al  carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte
Interamericana,  previsto en el artículo 67 del Pacto de San José. Igualmente
resaltó la obligación de los Estados parte en la Convención de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios  en
el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio –recordó la
sentencia- se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los
tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre
los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales,
como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones del Tribunal; y el
compromiso que adquirió el Estado colombiano al reconocer la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana”.
7.52 Pero además de lo anterior,
la Corte Constitucional ha reconocido, en primer lugar, el valor vinculante de
la interpretación sobre los derechos humanos que hace la Corte Interamericana,
no solo de las disposiciones contenidas en La Convención, respecto de la cual
ha afirmado que es su intérprete auténtico[67],
sino también de las consagradas en la Constitución Política, con base en el
artículo 93 de la Carta[68].
Así mismo, ha sostenido que la jurisprudencia de dicho organismo internacional
contiene lineamientos que fijan el parámetro de control de las normas que hacen
parte de ordenamiento jurídico interno, en cuanto establecen el alcance de
distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos[69].
En la sentencia C-715 de 2010, que se ocupó de analizar varios cargos contra
artículos de la denominada Ley de Victimas y Restitución de Tierras, la Corte
afirmó:
De otra
parte, reviste una especial importancia el sistema interamericano y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativa a los derechos de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y a la no
repetición, por tratarse de la aplicación y garantía de las
normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tiene carácter
vinculante y es obligatoria para los Estados partes y de decisiones que
constituyen la interpretación autorizada de los derechos consagrados por ésta.
De esta forma, este Tribunal
Constitucional ha dejado claro que la aceptación de la jurisdicción de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos hace que sus sentencias sean de obligatorio
cumplimiento por el Estado, con fundamento en disposiciones del mismo Tratado y
la jurisprudencia del Tribunal Interamericano y que, incluso, los criterios
interpretativos proporcionados por la Corte IDH, cuando examina el significado
y alcance de derechos contenidos en Instrumentos Internacionales y de los
derechos constitucionales fundamentales, tiene también valor vinculante.
vii. El caso concreto
7.53 La actora fue víctima de la denominada “masacre de Santo
Domingo”, ocurrida el trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998), en la que más de quince personas civiles perdieron la vida y un número
superior a veinte resultaron lesionadas. Con el propósito de ejercer sus
derechos se constituyó como parte civil en la actuación en que se investigaron
los hechos, la cual dio lugar a acusación de tres miembros de la Fuerza Aérea
Colombiana, según la Fiscalía, por haber lanzado desde un helicóptero, en medio
de hostilidades entre Ejército y guerrilleros de las FARC, una bomba muy cerca
de la población, que habría acabado con la vida y vulnerado la integridad de
civiles.
El veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009) un Juez de
Bogotá condenó a los tres militares, el quince (15) de junio de dos mil once
(2011) el Tribunal de la misma ciudad confirmó la sentencia respecto de dos de
los tres acusados y se encuentra pendiente de resolver el recurso extraordinario
de casación interpuesto por los declarados responsables.
Sin embargo, en otras diligencias, en que la Fiscalía se ocupó de
investigar y acusar al guerrillero Germán Suárez Briceño, alias Grannobles,
exclusivamente por los fallecimientos y lesiones de miembros del Ejército
Nacional, ocurridas en desarrollo de los citados enfrentamientos armados, el
treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011) el Juez Único Penal del
Circuito Especializado de Arauca condenó al procesado en virtud de los hechos
consignados en la acusación pero, además, por la muerte y lesiones de los
civiles por los cuales los militares de la FAC fueron acusados y han sido
juzgados en dos instancias, en el otro proceso. Contra la sentencia del Juzgado
de Arauca, Alba Janeth García Guevara presentó solicitud de amparo
constitucional al considerar que viola sus derechos fundamentales.
7.54 Procede la Sala a analizar, entonces, si la demanda de tutela
cumple los requisitos generales indicados previamente para su procedibilidad.
-Relevancia constitucional:
La demanda plantea un problema de innegable relevancia constitucional, puesto
que están en juego las garantías de la accionante en un caso de violación de
derechos humanos, garantías que  han sido reconocidas constitucional e
internacionalmente según los términos indicados páginas atrás (ver supra
v, en especial 7.39.4). La “masacre de Santo Domingo” fue un acontecimiento de
trascendencia nacional por los efectos devastadores del crimen y, sin embargo,
todavía hoy, luego de casi diecisiete años, las víctimas no han visto
satisfechos completamente todas sus prerrogativas, pues a pesar de que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado por lo
ocurrido y dictó órdenes precisas en favor de aquellas, las investigaciones y
juicios en que se determina la responsabilidad penal por los hechos aún no han
finalizado. Y precisamente con relación a esto debe determinarse si la
actuación del Juzgado que la actora denuncia vulnera las garantías que se
buscan satisfacer a través de los procesos penales.
- Irregularidad procesal
que se refleja en el fallo. En el presente asunto, se ha dado efectivamente
una irregularidad de tipo procesal representada por el desconocimiento del
principio de congruencia que, por supuesto, se refleja en la sentencia
controvertida, en cuanto se condenó a una persona por hechos respecto los de
los cuales no se le acusó, circunstancia que a su vez vulneraría derechos de la
afectada.
-  Identificación de los
hechos que generaron la vulneración y derechos lesionados. La accionante, a
través de apoderado, menciona de forma completa las circunstancias que a juicio
suyo dan lugar a la lesión de sus derechos e invoca las garantías que la
sentencia cuestionada le habría menoscabado. En particular, la demandante pone
de manifiesto la concurrencia de procesos penales de cuya confrontación surge
la alegada vulneración y argumenta que la decisión cuestionada viola su derecho
al debido proceso y a la verdad.
- Agotamiento de recursos
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial y acusación de una decisión
diferente a un fallo de tutela. La providencia controvertida fue emitida
dentro de un proceso penal y condenó a una persona como responsable, así que no
se censura un fallo de tutela. Por otro lado, es claro que la víctima no
contaba aquí con medio de defensa judicial alguno por medio del cual pudiera
atacar la sentencia, diverso al amparo constitucional, dado que no era parte ni
intervenía de ninguna forma en el proceso en que se dictó, no pudo nunca ser
reconocida y no estaba, en consecuencia, legitimada para hacer uso de acciones
o recursos, ni siquiera de la acción de revisión, pues de conformidad con el
artículo  221 de la Ley 600 de 2000, aquella puede ser promovida únicamente por
“los sujetos procesales que tengan interés jurídico y hayan sido legalmente
reconocidos dentro de la actuación procesal”. No podría decirse, tampoco,
que la víctima tenía a disposición este mecanismo de defensa a través de una
las partes, pues, en todo caso, la determinación y el derecho de presentarla no
dependería en este evento de aquella, sino que se subordinaría a la voluntad y
decisión del otro sujeto que tomó parte del proceso.
-El término razonable. La
sentencia cuestionada fue emitida el treinta y uno (31) de enero de dos mil
once (2011) y la acción de tutela fue promovida el catorce (14) de marzo de dos
mil doce (2012). De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se exige que
no haya pasado más que un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración.
Debe notarse, sin embargo, que es posible que una
persona se dé cuenta de la lesión de sus derechos fundamentales en un instante
temporal posterior a cuando el hecho surge. Normalmente la conciencia de que
una actuación conculca una prerrogativa se da de modo coetáneo o muy cercano
con el nacimiento del hecho vulneratorio. Pero es perfectamente posible que la
conducta lesiva se lleve a cabo, comience a menoscabar un derecho y, sin
embargo, el titular del mismo solo se percate tiempo después de que aquella se
ha originado. En algunos casos esto coincidirá con la pauta indicada por la
jurisprudencia para evaluar el presupuesto del plazo razonable, según la cual, hay
que tener en cuenta si, a pesar de que el hecho surgió en el pasado, la vulneración o amenaza del
derecho se mantiene en el tiempo.
En el presente
asunto, la peticionaria controvirtió la sentencia del Juzgado de Arauca más de
un año después de emitida y dijo que solo la había conocido a través de los
medios de comunicación los primeros días de marzo de dos mil doce (2012),
cuando se publicitó masivamente y se afirmó que sería una herramienta en la
defensa del Estado dentro del proceso que se desarrollaba en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Santo Domingo. No expresó
desconocer el trámite que se adelantaba contra Germán Suárez Briceño, como
interpretó Germán David Lamilla Santos, sino no haberse enterado con mayor antelación
de que la sentencia había sido dictada al interior de esa actuación.
Lo indicado
por la demandante no solamente es una negación indefinida que no requiere
prueba y la traslada al accionado, quien no intento controvertirla, sino que su
afirmación es creíble pues, si no se es parte de un proceso o no se tiene
interés especial en él, lo usual es que una persona no sepa de la existencia de
las providencias que allí se dictan, ni siquiera cuando son proferidas por
Altas Cortes, en cuyo caso son publicadas. Normalmente, las decisiones se
vuelven de conocimiento público precisamente cuando son divulgadas y comentadas
por los medios de comunicación, en asuntos de interés nacional, que es lo que
sucedió también aquí según la accionante, sin que exista ninguna razón
relevante para pensar que las cosas fueron de otro modo.
Vista así la
situación, si la divulgación de la sentencia que se ataca tuvo lugar
aproximadamente entre el 7 y el 9 de marzo de 2012 y la acción fue promovida el
14 del mismo mes y año, habían transcurrido pocos días al momento de
instaurarse la acción constitucional y puede estimarse satisfecho el requisito
de inmediatez.
7.55 Definido el anterior punto,
la Corte centrará su estudio el análisis de si la providencia controvertida mediante
la acción de tutela incurre verdaderamente en un defecto procedimental absoluto
por violación al principio de congruencia, que lesiona los derechos
fundamentales de la peticionaria.
En el trámite de la tutela quedó
probado que Germán Suárez Briceño, alias Grannobles, fue acusado por la muerte
de nueve miembros del Ejército y de los daños a la integridad de otros
dieciséis. En la audiencia de juicio, la Fiscalía reiteró sustancialmente la
imputación fáctica en esos estrictos términos y, consecuentemente, solicitó
condena en contra del guerrillero. Sin embargo, el Juez Único Penal del
Circuito Especializado de Arauca, si bien trascribió entre comillas al inicio
de la providencia condenatoria los hechos indicados por la Fiscalía, al momento
de analizar la antijuridicidad de la conducta, de improvisto y sin
justificación alguna mencionó como víctimas no solo a los oficiales y soldados
agraviados, sino también los más de quince civiles muertos y de diecisiete
heridos en Santo Domingo, por los cuales, además, condenó al acusado.
La masacre de la población civil,
según se ha indicado, a su vez había sido materia de investigación en otro
proceso contra oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y, al momento de
dictarse la sentencia contra Germán Suárez Briceño, ya existía fallo
condenatorio, el cual luego fue confirmado en segunda instancia respecto de
tres de los dos uniformados acusados y hoy se encuentra en espera de sentencia
de casación.
Es evidente que la sentencia del
Juez Arauca que abarcó conductas no sometidas a  su conocimiento rompió
ostensiblemente el principio de congruencia. No obstante, la infracción de la
congruencia que, según se dijo atrás, está generalmente vinculada al derecho de
defensa, no se plantea en el trámite de esta tutela con relación a los derechos
del procesado sino respecto de las garantías que le asisten a la víctima, y no
porque se le hayan menoscabado dentro del proceso en que se dio esta
irregularidad, pues nunca fue parte allí, sino por lo que significa ese fallo
con relación a la actuación que se ocupó de forma precisa de investigar y
juzgar el crimen que la agravió.
7.56 La Sala constata que la
sentencia contra Germán Suárez Briceño plantea una «realidad procesal»,
especialmente en cuanto a los autores y el modo de perpetración del crimen que
afectó a la accionante, radicalmente diferente a la que ha sido reconstruida en
el otro proceso dedicado a investigar y juzgar esos hechos, contra otras
personas y con participación de la lesionada. Introduce una «verdad procesal» contradictoria
con aquella que ha mostrado la actuación de la que tomó parte desde el
principio la víctima.
Las violaciones de derechos
humanos ocasionadas en el caserío de Santo Domingo comenzaron a ser
investigadas en un proceso específico y, en virtud de la mayoría de testimonios
de las víctimas, contra miembros de la FAC. A ese proceso concurrió la
peticionaria, Alba Janeth García Guevara, con el ánimo de buscar y ver
satisfecho su derecho a la verdad. Ese y no otro fue el proceso que se encargó
desde siempre, oficialmente, de indagar y esclarecer todas las circunstancias
específicas que rodearon la comisión del mencionado crimen. Dentro de esa
actuación tomó parte la perjudicada, fue escuchada y participó con su propio
relato en el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido. Ese escenario,
concentrado ampliamente en determinar todas las condiciones de la masacre, fue
el espacio propicio en cuanto proceso penal para realizar dicha prerrogativa,
de esa y de todas las víctimas, pues, además, allí se les permitió contribuir a
esclarecer, elaborar y fijar la verdad histórica de ese pasado y, con la
sentencia de primera instancia, el referido derecho comenzó a verse
consolidado.
Los derechos fundamentales de la
peticionaria no se le menoscabaron por no habérsele permitido participar en la
actuación penal que desembocó en la sentencia contra Germán Suárez Briceño. No
se le cercenó ninguna garantía por la circunstancia de no haber tenido acceso a
ese proceso, que concluyó con una versión específica de los hechos. Y no
ocurrió tal cosa porque la víctima tampoco tuvo ni tenía porque tener interés
alguno en estar presente en ese trámite, puesto que ni la investigación, ni la
acusación ni el juicio tuvieron que ver con el crimen en que resultó afectada.
Desde el principio la Fiscalía orientó la actuación solamente a indagar y
sancionar a los responsables de haber ocasionado la muerte y daños a miembros
del Ejército, nunca de la población civil y, de hecho, ni siquiera en el
juzgamiento intervinientes como el Ministerio Público o la propia Fiscalía
mencionaron jamás la muerte de los civiles.
7.57 Pero a la actora sí se le
violaron sus derechos fundamentales en cuanto la sentencia que se dictó en ese
proceso perturba e impide la realización de sus garantías en la otra actuación,
en la que el Estado tenía y tiene la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido.
En tanto afectada con un delito, la garantía de la verdad implica que la
víctima tiene derecho a que la reconstrucción de lo sucedido, que ha sido
progresivamente elaborada con su activa participación, con su narración y sus
afirmaciones y ha alcanzado sentencias condenatorias, no sea enrarecida ni
enturbiada con otras versiones de lo ocurrido, ni siquiera con una hipótesis
judicial diferente de los hechos, pues justamente el Estado tiene la obligación
de hacer coincidir la verdad procesal con la verdad histórica y de que no hayan
“varias versiones” contrapuestas de los hechos.
En el presente caso, la tesis de
que la masacre fue ocasionada por un carro bomba instalado por guerrilleros de
las FARC precisamente ha sido discutida en el proceso contra los oficiales de
la Fuerza Aérea y ese es el escenario natural en que debe tener lugar el debate
sobre lo ocurrido. Las afirmaciones respecto de los crímenes no pueden surgir
como un acto aislado e irregular de otro trámite, como acaeció en este caso.
Por eso, si en situaciones excepcionalísimas se plantearan dos investigaciones
con conjeturas contrarias acerca de los hechos, la obligación del Estado sería
llevar a cabo un proceso penal único, con todas las garantías para las partes e
intervinientes, que permita reconstruir lo ocurrido y asegurar que la víctima
obtendrá su derecho a conocer “una sola verdad”.
El derecho a la verdad de la víctima
supone una suerte de inmunidad de la verdad alcanzada con todas las garantías
en un proceso penal, frente a versiones oficiales o extra oficiales que
pretendan indebidamente distorsionarla o modificarla.  La Sala aclara que no se
está afirmando que la víctima tenga derecho a que sea estrictamente su versión
la que deba hacerse prevalecer, independientemente de lo que, en ejercicio de
su defensa, digan los acusados o de lo que se encuentre probado en el proceso.
No se está diciendo que las garantías penales a favor del acusado estén
subordinadas a que se llegue a la versión de los hechos sostenida por la
víctima, pues se malinterpretaría el alcance del derecho a la verdad.
Como se advirtió atrás, la verdad
judicial puede tener algunas limitaciones y la realidad histórica de lo
sucedido está condicionada a la estructura del proceso y los derechos de las partes
e intervinientes. Lo que se está afirmando y debe ser enfáticamente subrayado
por la Sala es que el derecho a la verdad de las víctimas supone su
participación en la reconstrucción de los hechos, en la elaboración de la
verdad judicial y, por lo tanto, a que cuando ello ha tenido lugar dentro de un
trámite no puede ser cuestionado ni puesto en duda, por cuanto el Estado se
halla obligado a garantizar una verdad judicial sobre los hechos y
proteger su integridad.
7.58 El derecho a la verdad se
vincula justamente de manera muy estrecha con el derecho a la memoria
colectiva, como ha sido indicado oportunamente, e implica, de acuerdo con el
principio 2 del Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, el deber para el Estado
de tomar medidas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacioncitas de
lo ocurrido. Esto quiere decir que el Estado se encuentra en la obligación de resguardar
la verdad alcanzada en favor de las víctimas frente a deformaciones de la
historia, pues de no hacerlo aquellas podrían resultar siendo nuevamente
agraviadas. Como dice el mismo Principio: “el conocimiento por un pueblo de la
historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe
conservar adoptando medidas adecuadas”.
Debe recordarse aquí que la
violación del derecho a la verdad de que fue víctima la peticionaria, puesto
que se trató de un crimen masivo que agravió a toda una comunidad, también
compromete los derechos de toda esa colectividad, de manera que no solo ella
sino todos se ven afectados cuando se opone de manera irregular una verdad
frente aquella que ha sido alcanzada luego de un proceso en que todos han
contribuido a reconstruirla y a consolidarla. La providencia cuestionada
mediante la acción de tutela, en las circunstancias en que se produjo, es
decir, como un acto judicial imprevisto y abiertamente incongruente,
precisamente tiene un efecto revisionista de la verdad hasta ahora
alcanzada en el otro proceso que, de ninguna manera, las víctimas tiene por qué
asumir.
7.59 A este respecto, es muy
ilustrativo lo que sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
juzgar la responsabilidad del Estado en la masacre. Durante la etapa ante la
Comisión IDH, el Estado colombiano había afirmado, para demostrar que cumplía
con sus obligaciones internacionales, que por los hechos se estaban adelantando
tres procesos: uno penal, otro disciplinario y un último contencioso
administrativo, el primero contra militares de la Fuerza Aérea. De hecho, hasta
mediados de dos mil once (2011), previo al envío del caso por la Comisión a la
Corte, el Estado informó que se había dictado sentencia que confirmaba la de
primera instancia, contra los tripulantes de la aeronave de la FAC que habrían
lanzado la bomba sobre Santo Domingo (párr. 147).
Sin embargo, en el trámite ante
la Corte IDH, el Estado sorpresivamente abandonó la estrategia de que
efectivamente estaban cumpliendo sus obligaciones internacionales y se mostró
interesado en “reconocer responsabilidad”, mediante el argumento de que a nivel
interno se habían dictado dos sentencias por los mismos hechos, que condenaban
a diferentes responsables y esto no proporciona certeza, efectividad de la
verdad a las víctimas ni acceso a la administración de justicia (párrs.
128-129)
Con todo, la Corte IDH, al
analizar si la nueva tesis del Estado se basaba en un hecho sobreviniente que
lo eximía de que la suya fuera una mera variación de posición, violatoria de
los principios de stoppel, buena fe, equidad procesal y seguridad
jurídica, sostuvo que el fallo que creaba una versión de los hechos diversa a
la que habían indicado las sentencias contra miembros de la Fuerza Aérea no constituía
una circunstancia sobreviniente, no solo porque cuando el Estado llevó a cabo
sus últimas actuaciones ante la Comisión en julio de dos mil once (2011) ya
conocía dicho fallo (dictado en enero de 2011), sino “principalmente porque
el proceso dentro del cual fue dictado no constituyó parte del marco fáctico
del caso… La Corte observa que aquel fallo fue dictado en un proceso en
que no se investigaron las muertes de los civiles en los hechos de Santo Domingo”
(párrs. 148-149).
Luego de esto, la Corte IDH se
muestra escéptica frente a la nueva estrategia del Estado y da a entender muy
claramente que, con ella, aquél ha pretendido ignorar la verdad que los propios
jueces internos han alcanzado. Así afirmó: “sin embargo, según fue
observado, durante el proceso ante la Corte el Estado ha pretendido desconocer
y ha puesto en duda lo que sus órganos judiciales y administrativos han
realizado para determinar la verdad de lo sucedido y las responsabilidades subsecuentes,
así como para reparar a las víctimas de los hechos del presente caso, y ha
mantenido la controversia sobre los hechos. En razón de ello, y sin perjuicio
de lo valorado en este capítulo, la Corte continuará con el análisis de las
demás violaciones alegadas” (párr. 172). Dicho esto, el Tribunal
Interamericano analiza la posible vulneración a la vida, integridad personal y
otros derechos por parte del Estado y llega a la conclusión de que éste, en
virtud de actuaciones de la FAC, es responsable de la violación de derechos
humanos de los civiles de Santo Domingo.
Como puede percibirte, la Corte IDH
tampoco admite que la sentencia dictada con violación de la congruencia pueda
ser valorada en el sentido de que introduce una verdad sobre los hechos, precisamente
por esa irregularidad y, además, estima que al ser utilizada para argumentar la
existencia de dos versiones sobre lo ocurrido, el Estado pretende negar o
desconocer lo que han llevado a cabo las autoridades judiciales internas para
esclarecer y juzgar los crímenes, en el marco de los respectivos procesos
penales.
7.60 Conforme las consideraciones
precedentes, el principio de congruencia, en las circunstancias del caso
adquiere una dimensión adicional de protección, pues no solamente asegura al
imputado que no va a ser sorprendido por la sentencia con hechos o delitos por
los cuales la Fiscalía no lo ha acusado o solicitado condena, sino que protege
a las víctimas de delitos, de que la específica reconstrucción de los sucesos
que la agraviaron, lograda en un fallo, producto de trámites en que han tomado
parte e intervenido con su testimonio y su historia, es intangible frente a otros
fallo que pretendan ponerla en duda.
En conclusión, la decisión
cuestionada incurrió efectivamente en un error procedimental al desconocer el
principio de congruencia, error que se proyecta en el fallo y afectó a la víctima,
al cuestionar la verdad de los hechos alcanzada en el proceso penal que ha
juzgado el crimen del que fue objeto.
7.61 Lo anterior adquiere mucha
más fuerza en el presente caso, pues además de que la sentencia condenatoria de
primera instancia contra oficiales de la FAC ya existía cuando el Juzgado de
Arauca emitió el fallo incongruente, dicha providencia fue confirmada en
segunda instancia contra dos de los tres acusados y, adicionalmente, la Corte
Interamericana encontró responsable al Estado por la masiva violación de
derechos humanos. Pese a que, como aclaró en el fallo, su competencia no tiene
el alcance de determinar responsabilidad individual de los autores de los
crímenes, la sentencia llega a la conclusión de que agentes estatales y, en
concreto, uniformados de la FAC ocasionaron la masacre de los civiles, de donde
deriva la responsabilidad del Estado. De modo tal que la verdad conseguida por
las víctimas en el proceso penal contra los militares, en dos instancias, es
reforzada ahora por la decisión de la Corte IDH.
Obviamente, la responsabilidad
penal de los oficiales de la FAC a nivel interno todavía no está en firme pues
se encuentra pendiente de resolver el recurso extraordinario de casación y el
proceso seguido en su contra es el escenario natural en que se ha reconstruido
y se discute lo sucedido. Lo que la Corte debe recalcar es que fallos
producidos fuera de ese proceso no podrían controvertir la versión de los
hechos hasta el momento allí alcanzada por las víctimas, como lo hizo la
sentencia del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca.
En consecuencia, la Sala revocará la Sentencia de diez (10) de mayo
de dos mil doce (2012) de la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte
Suprema de Justicia y confirmará el fallo de la Sala Única del Tribunal
Superior de Arauca, de 28 de marzo de 2012 -que concedió el amparo y ordenó
dictar una fallo congruente con la acusación- pero por las razones expuestas en
esta providencia acerca del derecho a la verdad de las víctimas. Así mismo, se
dejará en firme la sentencia de doce (12) de abril de dos mil doce (2012), del
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca, que dio cumplimiento
al fallo de tutela de primera instancia.
viii. Consideración final
7.62 La Sentencia de la Sala Única del Tribunal Superior de Arauca, de
28 de marzo de 2012, otorgó efecto inter comunis a la decisión, de modo
que no solo cobijó a la accionante, sino también a las demás víctimas de la
masacre, indebidamente incluidas en la providencia cuestionada mediante la
acción de tutela.
Pese a que según el  36 del Decreto 2591 de 1991 “las
sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el
caso concreto, la Corte, excepcionalmente, ha extendido los efectos de sus
fallos a personas que, pese a no haber interpuesto la acción, vieron afectados
sus derechos fundamentales como consecuencia de las mismas o muy parecidas
actuaciones   de la persona contra quien se formuló la solicitud de amparo,
principalmente a fin de salvaguardar el derecho a la igualdad de aquellos que,
por una u otra circunstancia, no demandaron protección judicial, pero cuya
vulneración es también evidente. En la Sentencia SU-1023 de 2001 la Corte
sostuvo:
“[...] hay eventos excepcionales en los cuales los límites de
la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del
tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela,
siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de
derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento
de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en
condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado”.
Para
que la Corte deba otorgar al fallo efectos inter
comunis, la jurisprudencia constitucional
ha determinado la necesidad de tres requisitos “(i) que la protección
de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar
contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no
acudieron a la acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones
objetivas similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de  fallo se
cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los
derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva”[70].
7.63
En el presente asunto, quienes, con la accionante, fueron víctimas de la
masacre de Santo Domingo también se han visto afectados por la sentencia del
Juzgado de Arauca que condenó a Germán Suárez Briceño, pues el crimen que fue
objeto del pronunciamiento incongruente tuvo carácter masivo, generalizado y,
por ende, la modificación irregular de la versión de lo ocurrido cambia la
historia, no solo de la peticionaria sino de todos. Dada esta situación, los
que no accionaron se hallan en total igualdad de circunstancias con la
demandante. Y, por último, con el otorgamiento de efectos inter comunis, la
decisión realiza el fin constitucional del derecho a la verdad de todos y cada
uno de los agraviados, pero, además, puesto que la verdad tiene también una
dimensión colectiva, se propende por el restablecimiento del derecho de toda la
comunidad y se les reconoce y protege como pueblo, fines igualmente
constitucionales.
En estos términos, se mantendrá también
el efecto inter comunis que el Juez de tutela de primera instancia
concedió a la decisión, respecto de las víctimas civiles indebidamente
incluidas en la sentencia de treinta y uno (31) de enero de dos mil once
(2011), dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca
contra Jorge Suárez Briceño.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-   LEVANTAR la
suspensión de términos ordenada mediante auto de veintidós (22) de noviembre de
dos mil doce (2012), dentro del presente trámite.
Segundo.-
REVOCAR la Sentencia de diez (10) de mayo
de dos mil doce (2012) de la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la Corte
Suprema de Justicia, que a su vez revocó el fallo de la Sala Única del Tribunal
Superior de Arauca, de 28 de marzo de 2012.
Tercero.-  CONFIRMAR la
Sentencia de la Sala Única del Tribunal Superior de Arauca, de 28 de marzo de
2012, incluidos los efectos inter comunis que otorgó a la decisión, respecto de las
víctimas civiles indebidamente incluidas en la Sentencia de treinta y
uno (31) de enero de dos mil once (2011), dictada por el Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Arauca.
Cuarto.- DEJAR EN FIRME
la Sentencia del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca,
de doce (12) de abril de dos mil doce (2012), que dio cumplimiento al fallo de
tutela de primera instancia que aquí se confirma.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de
voto
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En
lo relativo a todas las circunstancias de hecho que dieron lugar a los procesos
penales que se mencionarán, la Sala se atiene al relato efectuado por la
demandante.
[2] El asunto fue planteado por el Magistrado Alberto Rojas Ríos en
la deliberación que llevó a emitir la presente sentencia, respecto de su propia
participación, atendiendo a que no intervino en la discusión del proyecto de
fallo anterior.
[3] Los artículos 34 y 50 fueron modificados por medio de Acuerdo 01
del 30 de abril de 2015 de la Corte Constitucional.
[4] Sentencia T-176 de 1999.
[5] Al respecto ver sentencia T-018 de 2008, citada en la
sentencia T-757 de 2009. Así mismo, en las sentencias T-310 de 2009 y T-555 de
2009, la Corte señaló que “(…) la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias es un asunto que comporta un ejercicio de ponderación entre la
eficacia e la mencionada acción [de tutela] –presupuesto del Estado
Social y Democrático de Derecho-, y la vigencia de la autonomía e independencia
judicial, el principio de la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.
[6] Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 indicó: “(…) la
acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión
judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone
a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva
como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[7] En esta sentencia se declaró la inexequibilidad de la
expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004,
relacionado con la sentencia de casación penal.
[8]
Sentencia T-173 de 1993, citada en el fallo C-590 de 2005.
[9]
Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000, citadas en el fallo C-590 de 2005.
[10]
Sentencia T-658 de 1998, citada en el fallo C-590 de 2005.
[11]
Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219-01, citadas en el fallo C-590 de 2005.
[12]
Sentencia T-315 de 2005, citada en el fallo C-590 de 2005.
[13] Sentencias T-001 de 2007 y T-335 de 2007.
[14] Sentencias T-1040 de 2008, T-410 de 2007, T-222 de 2006 y T-578 de 2006.
[15] Sentencia SU-961 de 1999.
[16] Sentencia T-335 de 2007.
[17] Sentencias SU-961 de
1999, T-1229 de 2000, T-173 de 2002, T-558 de 2002, T-797 de 2002, T-684 de
2003, T-1000 de 2006, T-1050 de 2006, T-1056 de 2006, T-185 de 2007, T-681 de
2007, T-364 de 2007, T-095 de 2009 y T-265 de 2009.
[18]
Sentencia T-504 de 2000, citada en la Sentencia C-590 de 2005.
[19] Sentencia T- 620 de 2013. Esta providencia
recoge pronunciamientos anteriores en el mismo sentido, tales como los contenidos
en las Sentencias T-707 de 2007 y T- 654 de 1998.
[20] Sentencia T- 620 de 9 de
septiembre de 2013. Sobre el concepto de exceso ritual manifiesto,
ver también Sentencia T-268 de 19 de abril de 2010.
[21] Sentencias T- 996 de 2003, T- 638 de
2011, T- 781 de 2011, y T- 620 de 2013, entre otras.
[22] Sentencias SU-159 de 2002, T- 996 de
2003 y T- 264 de 2009, entre otras.
[23] Sentencias T- 996 de 2003, T- 388 de 2006 y
T-310 de 2009, entre muchas otras. Este tipo de defecto no debe confundirse con
el denominado defecto fáctico, pues en
éste último el juez sí otorga la oportunidad procesal para el debate probatorio
pero incurre en yerros sobre la apreciación de las pruebas.
[24] Sentencias T-264 de 2009, SU-159 de
2002, C-590 de 2005 y T-737 de 2007.
[25] Sentencia T-017 de 2007.
[26] Sentencias T-322 de 1994 y T-325 de 2001.
[27] Sentencias T-231 de 1994, SU-327 de 1995, T-592 de 2000,
T-741 de 2000., T-450 de 2001, T-025 de         2002,  T-1247 de 2005 y T-909
de 2006.
[28] Sentencia T-773 de 2008.
[29] Sentencia T-909 DE 2006.
[30] Sentencias SU-424 de 2012 y T-152 de 2013.
[31] Se retoman aquí algunos apartes de la Sentencia T-062 de
2013.
[32] Sentencia C-541 de 1998.
[33] Sentencia C-025 de 2010.
[34] Corte IDH, sentencia del 20 de junio de 2005, Caso Fermín Ramírez
vs. Guatemala.
[35] Se retoman en este acápite varios apartes de la Sentencia
C-715 de 2012, reiterados en las sentencias C-099 de 2013 y
C-579 de 2013.
[36] Se retoma aquí lo dicho en la Sentencia C-579 de 2013.
[37] Sentencia C-979 de 2005.
[38] Organización de las Naciones Unidas ONU, “La
violencia contra la mujer en la familia”: Informe de la Sra. Radhika
Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado
de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita
tomada en Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México,
sentencia del 16 de noviembre de 2009.
[39] Por ejemplo, en el Sistema Universal de Protección de los
Derechos Humanos el art. 3.a de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, dispone que los Estados deben
adoptar medidas para “a) Modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
[40] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs.
México sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[41] Por ejemplo, el artículo 4.h de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resalta la importancia de destinar suficientes recursos para prevenir y
eliminar la violencia contra la mujer.
[42] Ver ONU. Comité de los Derechos del Niño,
Convención de los Derechos del Niño, Observación General 13 relativa al
“Derecho del niño de no ser objeto de ninguna forma de violencia” (18 de abril
de 2011).
[43] Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs.
México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[44] La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos han estimado que las personas que ignoran el paradero de
familiares desaparecidos se encuentran en una situación tal de angustia y
ansiedad que encuentran violado su derecho a la integridad psíquica y moral y,
por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Al respecto se
puede consultar, entre otras, la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso Blake, (Sentencia de enero 24 de 1998); Caso
Villagrán Morales y otros, (Sentencia de Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca
Velásquez, (Sentencia de noviembre 8 de 2000).
[45] Sentencias T-025 de 2004 y T-328
de 2007.
[46] Sentencias T-1094 de 2004 y T-328 de
2007.
[47] Sentencias T-025 de 2004 y T-328
de 2007.
[48] Sentencia T-715 de 2012.
[49] Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad.
[50] Sentencias C-293 de 1995, C-228 de 2002 y C-936 de 2010.
[51] Sentencia C-872 de 2003.
[52] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166),
Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de
14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la
Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos
legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su
derecho a la verdad y a la justicia. Sentencias de la Corte Constitucional
C-209 de 2007, C-871 de 2003 y C-1033 de 2006.
[53] Sentencias T- 443 de 1994 y C- 293 de 1995.
[54] Rincón, Tatiana, Verdad, justicia y reparación. La
justicia de la justicia transicional, Universidad del Rosario, Bogotá D.
C., 2010, p. 57.
[55] Ibíd.
[56] Brunlhorst, Hauke, “Verdad jurídica e histórica: la reacción de
la democracia a violaciones masivas de los derechos humanos”, en Hoyos Váquez,
Guillermo, Las víctimas frente a la búsqueda de la verdad y la reparación en
Colombia, Pontifica Universidad Javeriana, Goethe-Istitut Bogotá, Instituto
de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Bogotá D.C., 2007, p. 181.
[57]Ibíd., p. 181.
[58] Ibíd., pp. 182-182. El autor en cita parece identificar
“hechos históricos” con aquellos reconstruidos fuera del proceso judicial. Sin
embargo, en el texto se utiliza la expresión “verdad extrajudicial” o “verdad
extrajurídica” para hacer referencia a ese tipo de hechos, pues lo cierto es
que el proceso también reconstruye, en lo posible, unos sucesos ocurridos en el
pasado, históricos, no pretende crearlos. Verdad histórica, por lo tanto, no es
necesariamente opuesta a verdad judicial. Antes bien, la verdad judicial aspira
a ser siempre la verdad histórica.
[59] Rincón, Tatiana, Verdad, justicia y reparación. La
justicia de la justicia transicional, Universidad del Rosario, Bogotá D.
C., 2010, p. 58.
[60] Uprimny, Rodrigo, Saffon Sanín, María Paula, “Derecho a la
verdad: alcances y límites de la verdad judicial”, en Uprimny Yepes, Rodrigo;
Saffon Sanín, María Paula; Botero Marino, Catalina; Restrepo Saldarriaga,
Esteban, ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y
reparación para Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad, Dejusticia, Bogotá D. C., pp. 153-157.
[61] Ver Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile. Sentencia de 26
de septiembre de 2006, párr. 150.
[62] Ver, entre muchas otros, caso Villagrán Morales vs. Guatemala, Sentencia de 26
de mayo de 2001, párr. 100; caso Paniagua Morales y otros vs. Guatemala, Sentencia
de 25 de mayo de 2001, párr. 200; caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Sentencia
de 22 de febrero de 2002, párr. 76; Caso Caracazo vs. Venezuela,  Sentencia de 29
de agosto de 2002, párr. 118.
[63] Uribe de Hincapié, María Teresa, “Esclarecimiento histórico y
verdad jurídica: notas introductorias sobre los usos de la verdad”, en  De
Gamboa Tapias, Camila, Justicia transicional: teoría y praxis,
Universidad del Rosario, Bogotá D. C., 2006, p. 328.
[64] El fallo T-367 de 2011 resolvió los reclamos de un grupo de las
víctimas y sus familiares en relación con la inscripción en el registro único
de población deslazada y el restablecimiento económico.
[65] El caso de las masacres de Ituango vs. Colombia tiene que ver con
los hechos ocurridos en ocurridos en los corregimientos de La Granja y El Aro
del municipio de Ituango, Antioquia,  en los años 1996 y 1997, cuando grupos
paramilitares desplazaron, torturaron y asesinaron a sus pobladores. Al Corte
reconoció la violación de los derechos de 702 personas determinadas  y extendió
los efectos de la sentencia a indeterminados.
[66] Indica la norma citada: “1. Los Estados Partes en la
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que
sean partes.”
[67] Sentencias C-360 de 2005, C-936 de 2010 y C-370 de 2006.
[68] Sentencias C-10 de 2000, reiterada en las sentencias T-1391 de
2001, C-097 de 2003, C-936 de 2010 y T-653 de 2012.
[69] Ver al respecto la Sentencias C-228 de 2002.
[70] Sentencia T-088 de2 011, reiterada en la T-649 de 2013.