C-233-16
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-233/16
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Exclusión de víctimas de
intervenir en fase de ejecución de sentencia y recursos contra decisiones que
adopte el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Imposición mediante sentencia ejecutoriada/EJECUCION DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD-Intervención e interposición de recursos por el
Ministerio Público
LIBERTAD CONDICIONAL-Resolución de
solicitud por juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y
REHABILITACION-Apelación de decisión de juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad ante juez que profirió condena en
primera o única instancia
AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Límites
LEGISLADOR-Clausula general de
competencia en materia de procedimientos judiciales
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Amplio margen
de configuración para expedir códigos
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-No
es absoluta
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Limites
por razones de razonabilidad y proporcionalidad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Subreglas
VICTIMAS DEL DELITO-Alcance de los
derechos a la verdad, justicia y reparación integral/DERECHOS DE LAS
VICTIMAS DEL DELITO-Concepción amplia y no restringida exclusivamente a una
reparación económica
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Estándares
internacionales
La
jurisprudencia constitucional colombiana ha incorporado en el orden interno los
estándares internacionales establecidos en los sistemas de protección de
derechos humanos, respecto de los derechos de las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional
humanitario, extendiendo sus contenidos a las víctimas de los delitos en
general. En tal sentido ha entendido que los derechos de las víctimas,
incorporan el derecho a la verdad, el derecho a que se haga justicia en el caso
concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad, y el derecho a la
reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los
perjudicados con el delito.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Alcance en el
derecho internacional
DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS VICTIMAS Y PERJUDICADOS POR UN HECHO
PUNIBLE-Alcance
DERECHO A LA JUSTICIA-Obligación del
Estado de otorgar recurso accesible, efectivo y viable para que víctimas logren
reconocimiento y restablecimiento de sus derechos
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL DERECHO A LA
JUSTICIA-Garantía de acceso y capacidad de actuar
de la víctima en las etapas e instancias de las investigaciones y procesos
DERECHO A LA JUSTICIA-Derecho de las
víctimas a un recurso judicial efectivo
El derecho a
la justicia incluye el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente
a los autores y partícipes de los delitos, así como el derecho de las víctimas
a un recurso judicial efectivo. Así mismo, salvo una razón suficiente que
justifique otorgar diferencias, el Estado debe garantizar a las víctimas del
injusto penal la igualdad ante los tribunales y ante la ley, para lo cual debe
concederle la participación en su calidad de interviniente especial en el
proceso penal de tendencia acusatoria, según la etapa del mismo y la finalidad
que cada fase persiga.
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LAS VICTIMAS-Reparación por el daño sufrido y garantía de los derechos a la
verdad y justicia
ACCESO A LA JUSTICIA-Derecho fundamental
susceptible de amparo a través de acción de tutela
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA-Derecho
de las víctimas a un recurso judicial efectivo
DERECHO A LA JUSTICIA Y DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Principio de igualdad ante los tribunales
IGUALDAD DE TRATO ANTE LOS TRIBUNALES Y LA LEY FRENTE A VICTIMAS DEL
INJUSTO PENAL-Garantías en proceso penal con
tendencia acusatoria
IGUALDAD ANTE LOS TRIBUNALES-Garantiza
principios de igualdad de acceso y de medios procesales según Observación
General del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
OBSERVACION GENERAL DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES
UNIDAS FRENTE AL DERECHO A UN JUICIO IMPARCIAL E
IGUALDAD ANTE TRIBUNALES Y CORTES DE JUSTICIA-Carácter vinculante
PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Derecho
de participación de la víctima
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Etapas/SISTEMA
PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Deben garantizarse los derechos del acusado y
de la víctima del injusto penal
FISCALIA GENERAL DE LA NACION FRENTE A LAS VICTIMAS-Funciones
PROCESO PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Actuación
de la víctima como interviniente especial
PROCESO PENAL ACUSATORIO-Intervención de
la víctima/PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS-Actuación de la víctima
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Protección en etapas previas al juicio por tener interés directo
para intervenir
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Comunicación
del archivo de las diligencias al no existir delito
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Comunicación de
la inadmisión de las denuncias
DERECHOS DE LAS VICTIMAS FRENTE AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Intervención en preacuerdos y negociaciones
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Representación
técnica plural en la etapa de investigación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Solicitud y
controversia de pruebas para garantizar el derecho a la verdad
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Solicitud de
adopción o modificación de medidas de protección o de aseguramiento
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Facultad para recurrir
la providencia del juez de control de garantías donde aplica el principio de
oportunidad
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Controversia de
la solicitud de preclusión del Fiscal
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Presencia en la
audiencia de formulación de la imputación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Solicitud de
suspensión del poder dispositivo de bienes sujetos a registro cuando se infiera
que título de propiedad fue obtenido fraudulentamente
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Intervención en la etapa del juicio mediada por el fiscal/DERECHOS
DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Intervención indirecta
en la etapa del juicio
INTERVENCION DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION EN
LA ETAPA DEL JUICIO-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Participación en la fase posterior a la sentencia/DERECHOS DE LAS
VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Traslado de la responsabilidad
civil una vez establecida la responsabilidad del acusado/DERECHOS DE LAS
VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Incidente de reparación
integral de daños ocasionados con la conducta punible según el Código de
Procedimiento Penal
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Intervención directa en la fase posterior a la sentencia
condenatoria
INTERVENCION DIRECTA DE LA VICTIMA EN LA FASE POSTERIOR A LA
SENTENCIA PENAL CONDENATORIA-Jurisprudencia
constitucional
VICTIMA DEL DELITO-Participación en el
proceso penal
La Corte ha
desarrollado en relación con la víctima del delito un esquema de participación
en el proceso penal que varía según se trate de etapas previas, durante o
posteriores al juicio, caracterizado por ampliar los espacios de intervención,
a fin de asegurar su derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial
efectiva, en su condición de interviniente especial, pero armonizando dicha
participación con los rasgos propios del sistema penal acusatorio diseñado por
el constituyente (A.L. 03/02) y el legislador (L.906/04). Dentro de ese modelo
específico, propio y singular se ha garantizado el derecho de la víctima a
participar directamente, en igualdad de condiciones que la defensa y al
Ministerio Público, en momentos determinantes de la fase de investigación, y de
manera más limitada a través del fiscal, en el juicio, etapa en la que se
encuentran presentes de manera más definida los rasgos del sistema penal
acusatorio, en particular su carácter adversarial, signado por el principio de
igualdad de armas.
POLITICA PENITENCIARIA EJECUTADA POR EL INPEC-Ejecución de las penas/POLITICA PENITENCIARIA EJECUTADA POR EL
INPEC-Vigilancia por Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad/POLITICA
PENITENCIARIA EJECUTADA POR EL INPEC-Resocialización del condenado y
prevención especial positiva
SENTENCIA PENAL CONDENATORIA EJECUTORIADA-Incidente de reparación integral por daños causados con la conducta
criminal/INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL POR DAÑOS CAUSADOS CON LA CONDUCTA
CRIMINAL-Intervención directa de la víctima perjudicada con el hecho
punible
SENTENCIA PENAL CONDENATORIA EJECUTORIADA-Ejecución de penas y medidas de seguridad por autoridades
penitenciarias bajo la supervisión del INPEC/EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD-Vigilancia coordinada por parte del Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad
PENA-Funciones/EJECUCION DE LA PENA
DE PRISION-Prevención especial y reinserción social de la pena
TRATAMIENTO PENITENCIARIO-Alcance/DIGNIDAD
HUMANA-Humanización de la pena
PREVENCION GENERAL Y PREVENCION ESPECIAL POSITIVA DE LA PENA-Tensiones
PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Régimen penitenciario que consiste en un tratamiento cuya finalidad
es la reforma y readaptación social de los penados/CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS FRENTE A LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD-Finalidad
de reforma y readaptación social de los condenados
ESTADO-Obligación de procurar la función
resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad/PENA-Resocialización
como garantía de la dignidad humana
La Sala
estima que sólo son compatibles con los derechos humanos la ejecución de las
penas que tiende a la resocialización del condenado, esto es, a su
incorporación a la sociedad como sujeto capaz de respetar la ley penal. Por
consiguiente, adquiere preponderancia la política penitenciaria ejecutada por
el INPEC y vigilada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,
pues es a éste último en asocio con los conceptos que emita el INPEC, a quien
le corresponde evaluar según los parámetros fijados por el legislador, sí es
posible que el condenado avance en el régimen progresivo y pueda acceder a
regímenes de privación de la libertad de menor contenido coercitivo (libertad
condicional, prisión domiciliaria, vigilancia electrónica, entre otros
subrogados penales), logrando la readaptación social del condenado.
NORMA SOBRE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS
MEDIANTE SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA-Contexto
normativo
SISTEMA PENAL COLOMBIANO-Subrogados
penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad
LIBERTAD CONDICIONAL-Requisitos/LIBERTAD
CONDICIONAL-Solicitud a juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD-Alcance/SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA
DE LA LIBERTAD-No es extensiva a la responsabilidad civil
CONFIGURACION DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
Referencia: expediente D-11065
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
459, 472 y 478 (parciales) de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”.
Demandante: Jorge Enrique Ramírez Pulgarin.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jorge Enrique Ramírez
Pulgarin[1]
presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 459, 472 y 478
(parciales) de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”.
Mediante providencia del 28 de octubre de 2015, el
Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía
los requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, corrió
traslado al Procurador General de la Nación, y comunicó del inicio del proceso
al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, así como al Ministro
del Interior, y al Ministro de Justicia y del Derecho.
Al mismo tiempo, invitó a participar en el presente
juicio a las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia,
Javeriana, Nacional de Colombia, de Los Andes, de la Sabana, ICESI de Cali,
Libre, Eafit de Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de
Antioquia y del Rosario, al igual que a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia y al Centro de Estudios sobre el Derecho, Justicia y Sociedad -
Dejusticia, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda,
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta
clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. LAS NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcriben los artículos demandados,
subrayándose los apartes cuestionados:
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.658 de 1 de
septiembre de 2004
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal.
(…)
LIBRO IV.
EJECUCION DE SENTENCIAS.
TITULO I.
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.
CAPITULO
I.
EJECUCIÓN DE PENAS.
ARTÍCULO 459. EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD. La ejecución de la sanción penal
impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las autoridades
penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad.
En todo lo relacionado con la ejecución de la
pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean
necesarios.
(…)
CAPITULO
III.
LIBERTAD CONDICIONAL.
ARTÍCULO 472. DECISIÓN. Recibida la solicitud, el juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes, mediante
providencia motivada en la cual se impondrán las obligaciones a que se refiere
el Código Penal, cuyo cumplimiento se garantizará mediante caución.
El tiempo necesario para otorgar la libertad
condicional se determinará con base en la pena impuesta en la sentencia.
La reducción de las penas por trabajo y estudio, al
igual que cualquier otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en
cuenta como parte cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse.
(…)
CAPITULO
V.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS DOS
CAPÍTULOS ANTERIORES.
(…)
ARTÍCULO 478. DECISIONES. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que
profirió la condena en primera o única instancia.”
III. LA DEMANDA
1. El demandante considera que los artículos 459, 472 y
478 (parciales) de la Ley 906 de 2004, vulneran el acceso de la administración
de justicia (artículo 229 de la Constitución), la igualdad ante los tribunales
(artículo 13 ibídem), el derecho de defensa como parte integral del debido
proceso (artículo 29 Superior) y la efectividad ante los tribunales (artículos
2 y 228 de la Constitución), al igual que desconocen normas que hacen parte del
bloque de constitucionalidad como son el artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que refiere a la igualdad ante los tribunales y
cortes de justicia, y el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos – Pacto de San José, en cuanto a garantías judiciales.
2. Según el demandante, las normas parcialmente acusadas
son inconstitucionales porque cercenan el derecho de las víctimas a ser oídas y
a que se tengan en cuenta sus intereses, pues aquellas excluyen la
participación del ofendido en la etapa de ejecución de la pena. Indica que si a
la víctima se le otorgó el derecho a la justicia, resulta inadmisible que no se
le permita su participación en el otorgamiento de la libertad condicional u
otros mecanismos sustitutivos de la pena de prisión ante el juez de ejecución
de penas y medidas de seguridad, ello teniendo en cuenta que el derecho a la
justicia no queda satisfecho con la providencia que declara la responsabilidad
penal del responsable, sino que éste abarca la ejecución de la pena. De allí
que estime que la víctima debe ser escuchada por el juez de ejecución de penas
en el momento de la solicitud de la libertad condicional o cualquier mecanismo
sustitutivo de la pena privativa de la libertad.
3. Señala que en el actual régimen procesal penal se
permite la intervención directa de la víctima cuando la defensa del procesado
que está bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en
establecimiento carcelario, solicita una sustitución de dicha medida en el
trámite preliminar ante el juez de garantías. Por consiguiente, nada impide que
esa intervención del ofendido también opere en el trámite de libertad
condicional ante el juez de ejecución de penas porque (i) la persona ya
ha sido condenada estableciéndose que la víctima recibió un daño con su
actuación; y, (ii) con la condena penal la víctima obtiene la
satisfacción de su derecho a la justicia que se materializa con el cumplimiento
efectivo de la pena.
4. Aduce que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido el derecho que le asiste a la víctima de intervenir directamente y
de ser escuchada en varias etapas procesales donde se estén discutiendo sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que de esta forma
se tengan en cuenta sus intereses y argumentos. Por ejemplo, resalta que tal
intervención se permite en el trámite de preacuerdos y negociaciones, en el
trámite del principio de oportunidad y solicitud de preclusión de la investigación,
y durante la individualización de la pena y la sentencia, es decir, considera
que la participación de la víctima debe darse en aquellos escenarios del
proceso que afecten sus derechos, especialmente el de justicia porque la
declaratoria de responsabilidad penal no lo restablece plenamente.
5. El actor identifica la existencia de una omisión
legislativa relativa en los artículos acusados ante la falta de regulación
normativa porque no prevén la participación de la víctima en el trámite de la
solicitud de libertad condicional u otros mecanismos sustitutivos de prisión
ante el juez de ejecución de penas. Así, plantea que los preceptos censurados
no contemplaron a un sujeto que estando en la misma posición de la defensa y en
una etapa donde sus intereses están en juego, no puede intervenir porque el
legislador lo excluyó sin contar con un principio de razón suficiente, más aún
porque durante la etapa de ejecución de la pena no existe un sujeto procesal
que proteja los intereses de justicia que tiene la víctima. Señala que si bien
en esa etapa se permite la participación del Ministerio Público, éste ejerce
una defensa indirecta de la sociedad pero no representa a la víctima.
6. Aduce que la no inclusión de la víctima en el trámite
que contempla los artículos demandados, en lo referente a pronunciarse sobre la
solicitud de libertad condicional u algún otro mecanismo sustituto de la pena
privativa de la libertad, y en promover los recursos frente a las decisiones
relacionadas, genera una desigualdad injustificada porque en la ejecución de la
pena “(…) se discute el componente de justicia, es decir, cómo el condenado
debe purgar el crimen cometido, de allí que no prever la intervención de la
víctima vulnere sus derechos”.
7. El demandante finaliza este argumento sobre la omisión
legislativa relativa, indicando que el legislador al redactar los artículos
censurados, incumplió el deber que le impone el Constituyente de garantizar el
debido proceso, la tutela judicial efectiva, la justicia y la igualdad ante los
tribunales que le surgen a la víctima, ya que el derecho a la justicia no se
agota con la emisión de una sentencia condenatoria sino con la efectiva
ejecución de la pena por parte del condenado. “De allí la importancia de la
intervención de la víctima en las solicitudes de libertad condicional u otro
mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, pues en este trámite
lo que está en juego son sus derechos y no existe un ente que represente y
defienda sus derechos”.
8. Con base en los anteriores argumentos, el demandante
solicita a la Corte que declare la exequibilidad condicionada del artículo 459
de la Ley 906 de 2004 “en el entendido en que en todo lo relacionado con la
ejecución de la pena, la víctima podrá intervenir e interponer los recursos que
considere necesarios”. Igual petición realiza frente al artículo 472
acusado “en el entendido de que se le dará traslado de la solicitud de
libertad condicional a la víctima para que si lo considere necesario se
pronuncie”, y respecto del artículo 478 “en el entendido de que la
víctima puede apelar las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad en relación con los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad”.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervenciones oficiales
1.1.
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Director de la Dirección de Desarrollo del Derecho y
del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, Dr.
Fernando Arévalo Carrascal, solicita a la Corte declarar la exequibilidad de
los apartes censurados.
Para sustentar su petición, indica que las disposiciones
demandadas que no contemplan la participación de las víctimas en la etapa de
ejecución de penas, no vulnera el derecho a la justicia porque éste implica la
garantía para aquellas de interponer recursos judiciales efectivos hasta la
etapa del juicio y de que se investigue y sancione a los autores del delito, lo
cual se logra a través de la condena.
Señala que en la fase de ejecución, los subrogados
penales o mecanismos sustitutivos de la pena permiten a los operadores
judiciales evaluar en cada caso concreto el proceso de resocialización en curso
y analizar el reemplazo de una pena restrictiva por otra más favorable, sin que
ello afecte el derecho a la justicia que le asiste a las víctimas porque éste
ya se satisfizo con la condena misma. Además, porque en esa fase las medidas
posteriores a la culminación del juicio se orientan a humanizar el derecho
penal como parte de la política criminal y a motivar el ánimo y la
determinación real del delincuente para la resocialización.
De allí que no implique impunidad, ni afecte la
reparación ni genere riesgo para la garantía de no repetición, más aún cuando
en criterio del interviniente, “la sanción penal no es un proceso de
venganza orientado a la revancha mediante el confinamiento o aislamiento del
ser humano de la sociedad. Es un proceso de prevención, retribución y
resocialización basado en la dignidad inherente a la conducta humana, regido y
limitado por estrictos criterios de necesidad, utilidad y proporcionalidad”.
Aduce que esto en la práctica significa que en el proceso de resocialización
que no puede entenderse como un proceso adversarial, el operador judicial
analiza con criterios técnico jurídicos si la pena puede lograrse a través de
otras figuras idóneas, y de encontrarlo posible las debe conceder por ser más
favorables a la dignidad del condenado. Plantea que la participación de las
víctimas en los procesos penales debe limitarse a la condición de un
interviniente especial, y como su derecho a la justicia ya se realizó con la
condena, no es necesaria su intervención en la ejecución de la sentencia.
1.2.
De la Fiscalía General de la Nación
El Director Nacional de Estrategia en Asuntos
Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, Dr.
Rafael José Lafont Rodríguez, pide a la Corte declarar la exequibilidad
condicionada de los artículos 459, 472 y 478 (parciales) de la Ley 906 de 2004,
“en el entendido que las víctimas podrán participar de forma motivada en la
etapa de ejecución de las penas y los condenados tendrán derecho a controvertir
los argumentos presentados por las víctimas”.
Luego de mencionar las diferentes sentencias de
constitucionalidad que han permitido la participación de las víctimas en el
proceso penal acusatorio, plantea varios argumentos a favor y en contra de tal
participación en la etapa de ejecución de la sentencia. Como argumento a
favor, resalta que otorgar en esa etapa participación a las víctimas
ayudaría a cumplir los derechos fundamentales al debido proceso y a la
justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, porque el juez
competente de ejecución de penas y medidas de seguridad adopta decisiones que
pueden interesar a la víctima, como por ejemplo, conceder la libertad
condicional que si bien tiene requisitos objetivos, incluye temas de reparación
a la víctima o el aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía
personal, real o bancaria, salvo que se demuestre la insolvencia del condenado.
Así mismo, indica que frente a la suspensión condicional de la ejecución de la
pena se le exige al condenado una serie de obligaciones contempladas en el
artículo 65 del Código Penal, frente a las cuales las víctimas podrían aportar
elementos de juicios importantes sobre la buena conducta y la reparación de los
daños ocasionados con el delito. De esta forma, la Fiscalía considera que las
víctimas tienen un interés legítimo para actuar como veedoras de las decisiones
que se adoptan durante la etapa de ejecución de las penas, y deben esta
procesalmente legitimadas para aportar elementos probatorios y controvertir las
decisiones que se adopten en el marco de la ejecución de la pena.
De otro lado, como argumentos en contra de la
participación de las víctimas en la fase de ejecución de la pena, la Fiscalía
General de la Nación indica lo siguientes: (i) la naturaleza jurídica de
esta etapa no es adversarial, sino que se limita a materializar en la práctica
el contenido de la sentencia condenatoria, activando la competencia de los
jueces de ejecución de penas para resolver sobre acumulación jurídica de penas,
sobre la libertad condicional y su revocatoria, sobre la verificación del lugar
y condiciones en que se deba cumplir la pena o medida de seguridad, entre
otros; (ii) la sentencia penal condenatoria ejecutoriada en esta fase se
cumple de conformidad con las condiciones en la que fue dictada, adquiriendo
valor preponderante las funciones de la pena y la humanización de la misma como
teorías acogidas en el sistema penal de tendencia acusatoria; (iii) el
juez de ejecución puede determinar un cambio en la forma en que se continuará
con el cumplimiento de la sentencia, sin que ello represente una variación en
la pena. Lo anterior con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la
libertad que se encuentra limitado y para que la pena cumpla los fines para los
que fue diseñada, otorgando énfasis en la dignidad humana, la resocialización
del condenado y su reivindicación con la sociedad; (iv) el juez de
ejecución de penas no discute ni vuelve sobre los hechos que dieron como
resultado la responsabilidad penal, sino sobre los hechos que corresponden al
comportamiento del condenado en el momento en que se encuentra ejecutando la
pena; (v) la ejecución de la pena busca lograr la reinserción social del
condenado, siendo indispensable su resocialización y readaptación mediante
sustitutos penales cuando se cumplen los requisitos legales. Por ende, es
preciso observar únicamente la función de prevención especial positiva y la
reinserción social del penado.
Continuando con los argumentos en contra, la
Fiscalía señala que las víctimas tendrían una falta de legitimación para
intervenir en la etapa de ejecución porque de la evaluación de los distintos
fines que tienen las penas, se concluye que su énfasis es la resocialización
del condenado y la prevención especial, y no la retribución a las víctimas
quienes ya han visto satisfecho su derecho a la justicia con la imposición de
la condena.
Esgrime que además de las funciones constitucionales
otorgadas al Ministerio Público en el artículo 277 de la Constitución, el
legislador le otorgó un papel preponderante en el sistema penal colombiano de
tendencia acusatoria, por lo cual funge como protector de los derechos
fundamentales y de los intereses de los distintos intervinientes y partes que
se interrelacionan a lo largo de un proceso penal. Señala que específicamente,
frente a las víctimas, debe velar porque sus derechos sean cabalmente
respetados, en aras de lograr para ellas el pleno cumplimiento de sus derechos
a la verdad, justicia y reparación. De esta forma, en la ejecución de las penas
por expresa disposición del artículo 459 del Código Penal, el Ministerio
Público puede actuar en favor de una víctima que viere afectado sus derechos y
poner de presente esa situación ante el juez de ejecución de penas.
Precisa que el derecho a la justicia del cual son
acreedoras las víctimas en el proceso penal, se asimila con el derecho a la no
impunidad, es decir, que quien realizó el hecho punible en detrimento de los
bienes jurídicos de algunas personas, sean tratados judicialmente de
conformidad con la ley y reciban la consecuencia jurídica o pena en respuesta a
la conducta delictiva. Así, “(…) no podría determinarse la posibilidad de
que la víctima participe en la ejecución de la pena porque considere que al
otorgarle, por ejemplo, libertad condicional al condenado, el hecho delictivo
desplegado en su contra quede impune, pues etimológicamente, impunidad no
significa otra cosa que ausencia de castigo”. De contera que, la existencia
de una condena evidencia el cumplimiento de la obligación estatal de investigar
y sancionar a quienes cometieron el ilícito, evidenciando la garantía del
derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, en el que se debió
velar por pleno respeto del derecho al debido proceso en el ejercicio de la
acción penal.
Posteriormente, la Fiscalía luego de identificar
argumentos a favor y en contra de la intervención de las víctimas en la etapa
de ejecución de las penas, propone como modelo de armonización con el fin de
que se respete el rol de las víctimas dentro del proceso penal, pero también se
respeten los derechos de los condenados dentro del mismo. De allí que su
propuesta sea la declaratoria de exequibilidad condicionada, para que las
víctimas participen presentando argumentos claros, concisos y probados, y los
condenados puedan controvertir los argumentos planteados por éstas ante el juez
de ejecución de penas.
2.
Intervenciones académicas
2.1.
De la Academia Colombiana de
Jurisprudencia
El Secretario General de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia remitió a esta Corporación el concepto rendido por uno de sus
académicos, Dr. Augusto Ibáñez Guzmán, en el cual
solicita declarar la exequibilidad de los artículos parcialmente demandados.
Para tal fin, indica que la víctima tiene protegidos sus
derechos en la fase posterior a la sentencia, ya que de conformidad con el Acto
Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, la discusión sobre la
responsabilidad civil se trasladó a esta etapa, una vez establecida la
responsabilidad del acusado. Por consiguiente, en la fase posterior la víctima
puede desplegar todas sus actuaciones y ejercer sus derechos en el incidente de
reparación integral de los daños ocasionados con la conducta punible.
Los derechos a la verdad, justicia y reparación, como su
protección, no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas
regulados por la ley 600 de 2000, porque su intervención debe ser compatible
con los rasgos estructurales y las características esenciales del nuevo sistema
procesal, es decir, con el sistema adversarial. De allí que definida la
responsabilidad penal del acusado, la víctima en el modelo procesal actual
inicia la discusión acerca de la reparación del daño ocasionado con el delito;
ese es su momento protagónico. Para el interviniente, no es otro el alcance de
la participación de la víctima y pretender, como lo realiza la demanda, que
también tenga intervención directa ante el juez de ejecución de penas, no solo
se sale del marco del modelo, sino que además olvida que en la ejecución de la
pena tampoco participa la Fiscalía por haber finalizado el contenido
adversarial. Por consiguiente, la ejecución de las penas corresponde
exclusivamente al desarrollo del ius puniendi del Estado que es
apreciado objetivamente y valorado por el juez de ejecución de penas para
definir el cambio de las condiciones de su cumplimiento.
Con esos argumentos, concluye que la demanda no está
llamada a prosperar porque existe una justificación de la omisión legislativa
relativa que predica el actor frente a la intervención de las víctimas ante el
juez de ejecución de penas.
2.2.
De la  Universidad Externado de Colombia
El Departamento de Derecho Penal y Criminología de esta
Universidad rindió concepto académico a través de la Dra. Carmen Eloisa Ruiz
López, solicitando que los artículos acusados sean declarados exequibles
condicionados, en los términos que propone el demandante. También pide que se
exhorte al Congreso de la República para que expida una regulación integral
frente a la intervención de la víctima en la fase de ejecución de la condena,
con el fin de esclarecer si existe la obligación de comunicarle la radicación
de una solicitud de libertad condicional o de suspensión condicional de la
ejecución de la pena y por cuánto tiempo se debe realizar ese traslado de la
misma.
Puntualmente señala que un Estado democrático de
derecho, respetuoso de los derechos humanos, debe propiciar espacios para que
las víctimas de delitos intervengan al interior de los procesos penales para el
reconocimiento de sus derechos, uno de ellos es a la justicia entendida como
una proscripción de la impunidad, que debe proyectarse hasta la fase de
ejecución de la sentencia.
Así, expone que de conformidad con los estándares
internacionales se ha comprendido que el derecho a la justicia conlleva a que a
los responsables de los delitos se les imponga sanciones condignas y que éstas
deben ser ejecutadas con objetividad. No obstante, algunas decisiones que puede
adoptar el juez de ejecución de penas entran en conflicto con los intereses de
las víctimas, quienes no cuentan con mecanismos para ser escuchada en esa etapa
en procura de que se le garantice la reparación integral del daño y la justicia
a partir del cumplimiento de la pena. Por ese motivo considera que no es
constitucionalmente aceptable excluir a la víctima de la fase de ejecución de
la pena, ya que no existe razón suficiente para que el legislador no la haya
incluido con miras a garantizar sus derechos y la objetividad de las decisiones
que se puedan dar en esa etapa.
2.3.
De la Universidad Nacional de Colombia
El Vicedecano Académico de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Dr.
Gregorio Mesa Cuadros, remitió concepto pidiendo declarar exequibles los
apartes demandados de los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004.
Plantea que el equívoco del demandante parte de un
supuesto falaz, cual es, que el derecho a la justicia se materializa
exclusivamente con el efectivo cumplimiento de la totalidad de la pena
privativa de la libertad personal. Al respecto, señala que la justicia es un
concepto amplio que no puede restringir su materialización a la existencia de
la privación efectiva de la libertad, sobre todo porque la prisión no se halla
ligada a los orígenes de la pena. Precisa que equiparar la satisfacción del
derecho a la justicia con el confinamiento intramural del procesado es un grave
error, ya que tal derecho se satisface con la sanción proporcional al delito
cometido por el hallado penalmente responsable, es decir, con la sentencia que
impone la condena. Por eso, es en la audiencia de dosificación punitiva y
sentencia que se permite la intervención de la víctima, por cuanto es allí
donde se impone la sanción definitiva apelando a los criterios de necesidad,
proporcionalidad y cumplimiento de sus fines, aspectos respecto de los cuales
la víctima puede ser escuchada a fin de que argumente con relación a ellos.
Al quedar ejecutoriada la sentencia penal el proceso
deja de ser adversarial y se entiende agotado. Por ende, es al Estado a quien
le corresponde la concreción de la ejecución de la pena y la concesión o no de
la libertad condicional y demás sustitutos al condenado, valorando los fines de
resocialización de la pena, la personalidad del recluso y su comportamiento en
prisión, puesto que para este momento ya ha transcurrido un periodo de
confinamiento que garantiza la materialización de la determinación judicial.
Esgrime que para el momento en que el juez de ejecución
de penas define la solicitud de libertad condicional o cualquier otro tipo de
sustituto penal, priman los intereses de la sociedad y del procesado porque la
víctima ya satisfizo su derecho a la justicia, como quiera que cuenta con una
sentencia condenatoria contra el procesado. Además, la posibilidad de conceder
o no la libertad condicional o sus sustitutos, se erige como medio de política
criminal para resguardar los intereses de la sociedad y a la vez tratar al
penalmente responsable dando cumplimiento a los fines de las penas delimitados
por el legislador. De esta forma concluye que la víctima no debe intervenir
directamente ante el juez de ejecución de penas y, por consiguiente, no existe
la omisión legislativa relativa que predica el actor.
2.4.
De la Universidad del Rosario
La Directora de la Oficina Jurídica de la Universidad
del Rosario informó que en esta oportunidad, por razones administrativas, no
era posible atender el requerimiento de emitir concepto académico.
2.5.
De la Universidad de Ibagué
El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ibagué, Dr. Omar Mejía Patino, solicita declarar exequibles
los apartes demandados parcialmente delos artículo 459, 472 y 478 de la Ley 906
de 2004.
Explica que el derecho de acceso a la administración de
justicia y de que la víctima sea oída se encuentra garantizado en el marco del
actual sistema penal, por cuanto puede intervenir de manera efectiva desde la
etapa de indagación preliminar hasta la culminación del proceso penal en la
lectura del fallo. Incluso en la fase posterior interviene como protagonista en
el incidente de reparación integral de los perjuicios causados con la conducta
punible respetiva.
Aduce que en la fase de ejecución de la sentencia, como
lo reconoció la Corte en la sentencia C-757 de 2014, el juez de ejecución de
penas cumple funciones importantes en las cuales predomina la búsqueda de la
resocialización del delincuente dentro del respeto de su autonomía y dignidad,
es decir, se busca la reinserción del mismo en el pacto social. Por esa razón
considera que en la fase de cumplimiento de la pena, ya no se tienen que entrar
a examinar los postulados y derechos inherentes a la víctima, pues esta es una
etapa ulterior al proceso penal. Así, estima que a las víctimas no se les debe
involucrar en la concesión o no de subrogados penales, porque es un derecho que
tiene el condenado de solicitarlos y corresponde al juez de ejecución de penas
su valoración.
Bajo esos lineamientos, concluye que (i) los
derechos que tiene la víctima a la verdad, a la justicia y a la reparación que
involucra la garantía de no repetición, se reflejan y materializan en el
proceso penal desde la recepción de la noticia criminis hasta la culminación de
la lectura del fallo, y posteriormente, en el incidente de reparación integral;
(ii) el trámite de ejecución de la pena es una etapa posterior que
involucra la valoración de situaciones concretas relacionadas con el condenado
y su situación jurídica, sin que sea dable la intervención directa e la
víctima; y, (iii) el Ministerio Público como garante y vocero de los
intereses de la sociedad colombiana, tiene cabida para intervenir en los
proceso judiciales, que en el caso concreto refiere a velar por el cumplimiento
de los postulados estatales y los derechos de los penados durante la ejecución
de la pena impuesta en el proceso penal.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN:
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias
previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó
concepto dentro del trámite de la referencia, en el que solicita a la Corte declarar
exequibles las expresiones demandadas de los artículos 459, 472 y 478 de la Ley
906 de 2004.
Para tal efecto, en primer lugar aduce que la fase de ejecución de
la pena tiene varios fines concurrentes, entre los cuales se destaca como
principal la resocialización del delincuente y no la justicia retributiva. Por
tal motivo, la Vista Fiscal considera que no existe un imperativo
constitucional que ordene constituir a la víctima en un sujeto procesal que se
pueda oponer a tales decisiones, y el legislador cuenta con un amplio margen de
configuración, siendo una opción legítima excluirla o no permitir su
participación respecto de las medidas que se adopten con relación a la
ejecución de la pena.
En segundo lugar, explica que en la fase de la ejecución de la
sentencia si bien la víctima tiene derecho a que la condena impuesta se
materialice, ello no implica que los beneficios penales que el mismo sistema
tiene previstos no se apliquen. Por el contrario, señala el Ministerio Público
que el derecho a la justicia de la víctima únicamente se materializa en forma
armónica con el ordenamiento jurídico integral, es decir, para el caso
específico, que la condena se cumpla atendiendo también a los beneficios
penales que el propio sistema prevé.
En tal sentido, considera que no resulta una pretensión admisible
estimar que es adecuado que la víctima del delito tenga como un interés
legítimo evitar a toda costa la aplicación de los beneficios que la misma Ley
ha estipulado. Por el contrario, según el Procurador, su interés únicamente
podría devenir en verificar que el juez no cometa yerros objetivos en la
concesión de los beneficios penales ya contemplados legalmente.
En tercer lugar, plantea que la ejecución de la pena no tiene como
fin principal la retribución penal sino la resocialización del delincuente,
situación que se garantiza con una vigilancia de la ejecución de la pena por
los funcionarios encargados de velar por el interés general, tales como el juez
de ejecución de penas y el ministerio público. Precisa que la sentencia C-757
de 2014 estableció que el fin principal de la pena es la resocialización del
delincuente y que las posibles tensiones existentes se deben resolver a favor
del éste.
Siendo ese el fin principal, la Vista Fiscal indica que tiene
sentido que el legislador diseñe el proceso de verificación de la ejecución de
la pena, como un asunto de interés general para la resocialización del
delincuente, más que para la mayor satisfacción de la faceta retributiva de la
pena. Por ello, la participación de la víctima en esta fase es optativo para el
legislador porque no existe un imperativo constitucional que implique el deber
de permitir su intervención para poder oponerse a las medidas benéficas para la
libertad que el juez de ejecución de penas puede conferir. Así, concluye que en
las normas acusadas no se presenta la omisión legislativa relativa propuesta
por el actor.
VI. FUNDAMENTOS
DE LA DECISIÓN
Competencia de la Corte
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o.
de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer
y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula en esta
ocasión, contra unos apartes de una Ley de la República.
Problema jurídico y metodología de decisión
2. De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda,
corresponde a la Sala determinar si en el diseño de los apartes censurados el
legislador incurrió en una omisión legislativa relativa que desconozca los
derechos de las víctimas a la justicia, a la igualdad ante los tribunales y al
acceso a la administración de justicia, al no contemplar su participación
directa para ser oídas y presentar recursos durante la etapa de la ejecución de
las penas, en el marco del proceso penal de tendencia acusatoria.
3. Para estudiar el problema jurídico
planteado, esta Corporación adoptará la siguiente metodología de decisión:
comenzará por referirse al amplio margen de configuración que tiene el
legislador para diseñar los procedimientos judiciales. Luego, aludirá al
contenido y alcance de los derechos a la justicia y a la igualdad ante los
tribunales que les asisten a las víctimas de un injusto penal. Seguidamente
recordará la jurisprudencia constitucional que ha habilitado la participación
de las víctimas de acuerdo a la identificación de un interés directo de éstas
en las diferentes etapas del proceso penal de tendencia acusatoria.
Posteriormente analizará la naturaleza y finalidad de la etapa de ejecución de
las penas, y por último, abordará el estudio concreto de las normas demandadas
con base en el cargo propuesto por el actor.
La potestad de configuración legislativa en materia de
procedimientos judiciales y sus límites constitucionales
4. Los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política,
establecen la cláusula general de competencia que atribuye al legislador la
regulación en su totalidad de los procedimientos judiciales. Debido a ello,
goza de un amplio margen de autonomía o libertad de configuración normativa
para evaluar y definir sus etapas, características, términos, efectos y demás
aspectos de las institucionales procesales en general, así como los poderes y
deberes del juez, que han de orientar a las personas para que puedan ejercer de
forma legítima sus derechos ante las autoridades públicas, en especial el
debido proceso (artículo 29 de la CP) y el acceso
efectivo a la administración de justicia (artículo 229 de la CP),
constituyéndose en reglas que consolidan la seguridad jurídica, la
racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar
el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho.
5. Justamente el Congreso de la República que es competente para
expedir los códigos de todos los ramos de la legislación, goza de un amplio
margen de configuración para desarrollar esa función, por cuanto a través de
ella busca atender los requerimientos y particularidades propias de las
cambiantes exigencias de la realidad nacional. Con el fin de otorgarle
desarrollo, “por regla general, la determinación de los sujetos procesales y
de los momentos en que ellos pueden intervenir en los procesos judiciales, hace
parte de la libertad de configuración normativa del legislador que debe
responder a las necesidades de la política legislativa, para lo cual evalúa la
conveniencia y oportunidad de los mecanismos o instrumentos procesales para
hacer efectivos los derechos, libertades y las garantías públicas respecto de
ellos”[2].
6. Sin embargo, esto no significa que dicha libertad sea absoluta,
pues encuentra su límite en que las regulaciones legales cumplan los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad. Es más, puede llegar a imponer
restricciones a los derechos o establecer tratos diferenciados, siempre y
cuando concurran tales criterios que permitan garantizar el ejercicio eficaz y
útil de los derechos.
Como ha reconocido la jurisprudencia constitucional, tal libertad se
ve limitada “por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas
adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías
constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos
sustanciales”[3].
Con todo, tal potestad legislativa de configuración no puede consistir en
regulaciones   excesivas o irrazonables que se conviertan en obstáculos a la
efectividad de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y
participación en las decisiones que afectan a las personas cuando existe un
interés directo de éstas.
7. Así, la Corte ha identificado limitaciones que surgen de la
propia Constitución a esta libertad de configuración y las ha sintetizado como subreglas
en cuatro ítems: “(i) que atienda los
principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros;
(ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos[4]
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; (iii)
que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la
definición de las formas y (iv) que permita la realización material de los
derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas
(artículo 228 C.P.)[5]”[6].
8. De esta forma, corresponde al juez constitucional verificar si el
legislador actuando con base en la cláusula general de competencia que le
permite regular los procedimientos judiciales, respeta los límites
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas con el fin
de garantizar los derechos a la justicia, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
Los derechos de las víctimas de un injusto penal a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral, así como a la igualdad ante los tribunales
y el acceso a la administración de justicia.
9. En nuestro ordenamiento, la
jurisprudencia constitucional al interpretar armónicamente los artículos 1, 2,
15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta, ha ido decantando una protección amplia de
los derechos de las víctimas del delito y precisando el alcance de sus derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, dentro de una concepción
amplia -no restringida únicamente a una reparación económica-[7] que recoge los avances
del derecho internacional de los derechos humanos en la materia[8].
10. Esta concepción de los derechos de las
víctimas a partir de los estándares internacionales, como se indica, encuentra
respaldo en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el
mandato de que  los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art.
93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango
constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii)
en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular,
de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en
Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en
el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió,
y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado
Social de Derecho que propugna por la participación, de donde deviene que la
intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente
a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante en
el derecho de acceso a la administración de justicia (Art. 229), del cual se
derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para
la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los
jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la
adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la
existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de
controversias.
11. En desarrollo de esos postulados, el alcance de los derechos de
las víctimas de que se ocupa el derecho internacional, aplicable tanto a las
víctimas de delitos generales como de criminalidad compleja, ha sido
sistematizado así por la jurisprudencia:
“a. El derecho a la verdad.
31. El conjunto de  principios para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad[9] (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes
garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii)
el derecho de las víctimas a saber.
El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad
acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la
perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un
pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se
deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al
estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las
víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia,
tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento
o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin
es “preservar del olvido a la memoria colectiva”[10], y una
dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito
judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo,
tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.[11]
32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que  el  derecho  de acceder a la
verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que
realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada
si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad
aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y
a la imagen de la víctima[12].
b.  El derecho a que se haga justicia en el caso concreto,
es decir, el derecho a que no haya impunidad.
33. Este derecho incorpora una serie de garantías para las
víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las
autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de
investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos;
(ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber
de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de
acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a
que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho
constitucional al proceso penal[13]
, y el derecho a participar en el proceso penal[14],
por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa en "que los
familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán
informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así
como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a
presentar otras pruebas"[15]
c. El derecho a la reparación integral del daño que se ha
ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito.
34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional
contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde
su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la
víctima, y comprende  la adopción de medidas individuales relativas al derecho
de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas.[16]
La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las
medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba
antes de la violación”[17]
(Negrillas fuera del texto original).
12. Centrándonos específicamente en el derecho a la justicia
del cual son titulares las víctimas y perjudicados por un hecho punible, este
se relaciona con el derecho a que no haya impunidad[18] y con el acceso
a los recursos judiciales efectivos y adecuados que permitan la realización de
las investigaciones, el desarrollo imparcial, serio y diligente de las mismas,
la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de
los responsables del injusto penal[19].
Así, el derecho a la justicia implica que toda víctima tenga la posibilidad de
hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, con el
fin de conseguir que su agresor sea juzgado y condenado a penas adecuadas y
proporcionales al delito investigado[20],
respetando las reglas propias del debido proceso.
De esta forma, el derecho a la justicia impone a los Estados la
obligación de otorgar ese recurso accesible, efectivo y
viable para que las víctimas puedan lograr el reconocimiento y restablecimiento
de sus derechos, el cual incluye el derecho a contar con amplias oportunidades
para participar y ser escuchados tanto en el esclarecimiento de los hechos,
como en el establecimiento de la sanción a los responsables y en la búsqueda de
una justa compensación.  Como
lo ha dicho la CIDH, el derecho a la justicia implica la garantía del pleno
acceso y la capacidad de actuar de la víctima, en todas las etapas e instancias
de las investigaciones y los procesos “de manera que puedan hacer
planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y
en síntesis hacer valer sus intereses”[21].
13. Justamente como el derecho a la justicia incluye el derecho de
las víctimas a un recurso judicial efectivo, resulta pertinente señalar que la
tendencia del derecho internacional es otorgar una tutela judicial efectiva
a través de la cual las víctimas no sólo obtengan reparación por el daño
sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia[22].
Por su parte, en el orden
interno colombiano la Constitución Política consagra en sus artículos 29 y 229,
el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental, susceptible de
ser amparado a través de la acción de tutela, pero además como expresión
medular del carácter democrático y participativo del Estado. En su ámbito se
inscribe el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, del cual
forman parte las garantías de comunicación e información, que posibilitan el
agotamiento de las acciones y los recursos judiciales, los cuales se
constituyen en los mecanismos más efectivos para proteger y garantizar
eficazmente los derechos de quienes han sido víctimas de una conducta punible.
Del deber del Estado de proteger ciertos bienes jurídicos a través de la tutela
penal, emerge la obligación de garantizar la protección judicial efectiva de
los mismos.
14. Ahora bien, tanto el derecho a la justicia como el
acceso efectivo a la administración de justicia encuentran un respaldo
fundamental en el principio de igualdad ante los tribunales que
establece la primera parte del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el cual además halla eco en el artículo 13 de la
Constitución Política al consagrar el derecho a la igualdad de trato ante la
ley y las autoridades.
Estas garantías de igualdad de trato ante los
tribunales y la ley son predicables frente a las víctimas del injusto penal, en
mayor o menor intensidad de participación según la etapa y la finalidad que
persiga la misma dentro del proceso penal con tendencia acusatoria.
De acuerdo con la Observación General No. 32 del
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la igualdad ante los tribunales
garantiza los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura que las partes en los procedimientos en cuestión sean
tratadas sin discriminación alguna. En cuanto a la igualdad de medios
procesales, precisa que “[e]sto significa que todas las partes
en un proceso gozarán de los mismos derechos en materia de procedimiento, salvo
que la ley prevea distinciones y éstas puedan justificarse con causas objetivas
y razonables, sin que comporten ninguna desventaja efectiva u otra injusticia
para el procesado” [23].
Dicha observación por desarrollar un marco interpretativo del artículo 14
del Pacto, sobre el derecho a un juicio imparcial y a la
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, tiene un carácter vinculante
e impone la obligación de observarse y ejecutarse de buena fe por el Estado,
toda vez que regula un lineamiento en materia de derechos humanos[24]. Por
consiguiente, salvo una razón suficiente objetiva que justifique otorgar
diferencias, el Estado debe garantizar la igualdad ante los tribunales a las
partes e intervinientes en el proceso penal.
15. En conclusión, la jurisprudencia constitucional colombiana ha
incorporado en el orden interno los estándares internacionales establecidos en
los sistemas de protección de derechos humanos, respecto de los derechos de las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al
derecho internacional humanitario, extendiendo sus contenidos a las víctimas de
los delitos en general. En tal sentido ha entendido que los derechos de las
víctimas, incorporan el derecho a la verdad, el derecho a que se haga justicia
en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad, y el derecho
a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los
perjudicados con el delito.
El derecho a la justicia incluye el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los
autores y partícipes de los delitos, así como el derecho de las víctimas a un
recurso judicial efectivo. Así mismo, salvo una razón suficiente que
justifique otorgar diferencias, el Estado debe garantizar a las víctimas del
injusto penal la igualdad ante los tribunales y ante la ley, para lo cual debe
concederle la participación en su calidad de interviniente especial en el
proceso penal de tendencia acusatoria, según la etapa del mismo y la finalidad
que cada fase persiga.
De allí que sea necesario estudiar a continuación el derecho de
participación de la víctima en las etapas previas, durante y posteriores al
juicio penal, con miras a identificar el interés directo que la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido para habilitar en ciertos casos su intervención
especial.
El derecho de participación de la víctima, como interviniente
especial, en el proceso penal de tendencia acusatoria. Especial enfoque en el
interés directo que ha identificado la jurisprudencia constitucional para
habilitar su intervención.
16. De acuerdo con el Acto Legislativo No. 03 de 2002, su desarrollo
normativo en la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional, el sistema
penal es un modelo propio, singular y específico con marcada tendencia
acusatoria, en el cual se identifican principalmente dos etapas: la de
investigación y la de juicio, siendo ésta última donde se acentúa la
característica de ser adversarial. En este modelo resulta indispensable
asegurar las mejores condiciones para que la decisión que se adopte garantice
tanto los derechos del acusado, como los de la víctima del injusto penal.
17.  En cuanto a los derechos de las víctimas, la Corte ha señalado
que “(…) si bien la Constitución no define el concepto de víctima, el mismo
hace parte de la Carta Política, en la medida en que el numeral 6º del artículo
250 establece entre las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, la de
solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para
la asistencia a las víctimas y disponer el restablecimiento del derecho y la
reparación integral a los afectados con el delito”[25].
Justamente con base en el artículo 250 Superior, este Tribunal ha
precisado que dentro de las funciones constitucionales asignadas a la Fiscalía
General de la Nación, se encuentran varias que tienen una relación directa con
las víctimas, a saber: (i) solicitar ante el juez de control de
garantías las medidas necesarias para la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas; (ii) solicitar ante el juez de conocimiento
las medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas, lo
mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a
los afectados con el delito; y, (iii) velar por la protección de las
víctimas, los jurados, los testigos y los demás intervinientes en el proceso
penal[26].
18. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha decantado que aún
cuando en el proceso penal con tendencia acusatoria el fiscal representa los
intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que ésta carezca del
derecho de participación en el proceso penal. Por consiguiente, ha reconocido
que con base en el numeral 7° del artículo 250 de la Carta Política, la víctima
actúa como interviniente especial[27]
sin sustituir ni desplazar al fiscal. Si bien no cuenta con las mismas
facultades del procesado ni de la Fiscalía, la víctima tiene capacidades
especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal,
actuación que depende de varios factores: “(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al
fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii)
del ámbito en el cual ha previsto su participación; (iv) de las características
de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa
participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”.[28]
19. De esta forma, la competencia atribuida al legislador para
desarrollar la intervención de la víctima está supeditada a la estructura del
proceso penal acusatorio, siendo relevantes las características especiales de
cada etapa y el interés directo que aquella puede presentar en las mismas. Toda
vez que la rasgo principal de la etapa de juicio es su enfoque adversarial que
implica la confrontación entre el acusado y el acusador, en desarrollo del
principio de igualdad de armas se ha reconocido a la víctima la posibilidad de actuar
de forma directa y separada del fiscal en las etapas previas y en algunas
posteriores al juicio, ya que en éste sus intereses se encuentran representados
por la fiscalía y por ello en esa etapa la participación de la víctima ha sido
denominada como indirecta.
20. Siguiendo esos parámetros, los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación han sido protegidos en las etapas previas al
juicio reconociendo su interés directo en intervenir de las
siguientes formas, sin tener ánimo de exhaustividad.
20.1. Las víctimas tienen derecho a que se les comunique el
archivo de las diligencias cuando la Fiscalía constante que no existen motivos
o circunstancias fácticas que permitan identificar la existencia o
características de un delito: En la sentencia C-1154 de 2005[29] se estudió la
constitucionalidad del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que faculta a la
Fiscalía para archivar las diligencias cuando tenga conocimiento de un hecho
respecto del cual no existan motivos o circunstancias fácticas que permitan su
caracterización como delito.
En esa oportunidad, la Corte señaló que la decisión de la Fiscalía
de archivar las diligencias luego de constatar la ausencia de los presupuestos
mínimos para ejercer la acción penal, bien porque los hechos no corresponden a
los tipos penales vigentes o porque nunca sucedieron (tipicidad objetiva), incidía
directamente sobre los derechos de las víctimas, a quienes les interesa que se
adelante una investigación previa para que se esclarezca la verdad y se evite
la impunidad. Así, identificó que “como la decisión de archivo de una
diligencia afecta directamente a las víctimas,
dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su
inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan
conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la
orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva
comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos”. En el mismo sentido, resaltó que las víctimas tienen la posibilidad
de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos
probatorios para reabrir la investigación, y de ser negada tal reanudación,
pueden acudir al juez de control de garantías para que evalúe la situación.
De esta forma, esta Corporación al constatar el interés directo que
les asiste a las víctimas frente a la decisión del fiscal de archivar las
diligencias en la etapa de indagación, declaró la exequibilidad condicionada del
artículo 79 de la Ley 906 de 2004 “en el entendido de que la expresión ‘motivos
o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito’ corresponde
a la tipicidad objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al
denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y
funciones”.
20.2. Las víctimas tienen derecho a que se les comunique la
inadmisión de las denuncias: En la sentencia C-1177 de 2005[30], la Corte analizó la
constitucionalidad de la expresión “en todo caso se inadmitirán las
denuncias sin fundamento” contenida en el artículo 69 de la Ley 906 de
2004, la cual se acusaba de vulnerar el derecho de acceso efectivo a la administración
de justicia (art. 229 de la CP).
En esa ocasión identificó
que la preservación de los derechos de las víctimas en el proceso penal exige
que la decisión sobre el mérito de la denuncia esté rodeada de un mínimo de
garantías. Toda vez que en el sistema penal con tendencia acusatoria la
denuncia adquiere para la víctimas y perjudicados en el delito especial
relevancia, dado que eliminado el mecanismo de la demanda de parte civil se
erige como el acto fundamental de acceso a la administración de justicia para
la reivindicación de sus derechos, esta Corporación indicó que la inadmisión de
la denuncia debía estar sometida a los controles externos por parte de la
víctima o denunciante y del Ministerio Público. En ese sentido, declaró la
exequibilidad de la expresión demandada, “en el entendido que la inadmisión
de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las
características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser
adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público”.
Nótese entonces
que señaló la existencia de un interés directo de la víctima en esta etapa preliminar,
asociado a que la denuncia es el medio idónea para obtener justicia y la debida
reparación integral.
20.3. Las
víctimas tienen derecho a intervenir en preacuerdos y negociaciones con poder
de afectar su derecho a un recurso judicial efectivo: En la sentencia C-516
de 2007[31],
la Corte declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348, 350, 351 y
352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también puede
intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el
imputado o acusado, para lo cual le habilitó la oportunidad de ser oída e
informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el
acuerdo.
Luego de señalar que los preacuerdos y las negociaciones representan
una vía judicial encaminada a la simplificación de los procesos mediante la
supresión parcial o total del debate probatorio y argumentativo como producto
del consenso entre las partes con el propósito de resolver de manera expedita
el conflicto penal mediante la aceptación, por parte del imputado o acusado de
hechos que tengan  relevancia frente a la ley penal y su renuncia libre,
voluntaria e informada, al juicio oral y público, a cambio de un tratamiento
jurídico y punitivo menos severo por parte del órgano jurisdiccional, la Corte
constató la existencia de una omisión legislativa relativa que vulneraba
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Lo
anterior, por cuanto no existía una razón objetiva y suficiente que excluyera a
la víctima de esa etapa crucial y definitoria del proceso, pues no siempre se
presenta una coincidencia entre los intereses de la fiscalía y la víctima en la
negociación de un acuerdo.
Debido a ello, encontró un interés directo para que la víctima
participara en esta fase para proveer a la justicia de información valiosa tendiente
a determinar si la pena propuesta es aceptable o no, y para rectificar la
información sobre las circunstancias en que se cometió el injusto penal con el
fin de evitar una sentencia injusta que no se adecue a la verdad de los hechos
y su gravedad.
20.4.
Las víctimas tiene derecho a la representación técnica plural durante la
etapa de la investigación: En la misma sentencia C-516 de 2007[32],
la Corte declaró inexequible el numeral 4º del artículo 137 de la Ley 906 de
2004, porque encontró desproporcionada la medida que regulaba la intervención
de las víctimas durante la investigación previendo que en caso de existir
pluralidad de éstas el fiscal podía solicitar la limitación hasta dos apoderados.
Esta Corporación señaló que durante la etapa de la investigación se configura
un espacio procesal de enorme valor en términos de búsqueda de la verdad y de
obtención de los soportes fácticos para perseguir la justicia y la reparación,
por consiguiente, limitar el derecho de postulación resultaba lesivo a los
intereses de las víctimas para el impulso de la causa.
En
ese sentido, determinó que en esta etapa las víctimas tienen un interés
directo en decisiones transcendentales con claro contenido técnico jurídico
como la adopción de medidas cautelares sobre bienes del imputado (92), la
aplicación del principio de oportunidad (324), la celebración de acuerdos para
la terminación anticipada del proceso (348 y 350), entre otras. Así, la inasistencia
jurídica configuraba una significativa obstrucción a su derecho a un recurso
judicial efectivo y, por ende, quebrantaba el acceso eficaz a la administración
de justicia.
20.5.
Las víctimas tienen derecho a solicitar y a controvertir las pruebas para
garantizar su derecho a la verdad: El artículo 284 de la ley 906 de 2004
dispone que durante la investigación y hasta antes de la instalación de la
audiencia de juicio oral se pueden practicar pruebas anticipadas, previo
cumplimiento de los requisitos que la misma norma establece. No obstante, esa
facultad solo estaba contemplada para la Fiscalía, la defensa y el Ministerio
Público, no así para las víctimas del injusto penal.
En
la sentencia C-209 de 2007[33],
la Corte al estudiar una demanda contra el numeral 2º de esa norma, declaró su
exequibilidad condicionada “en el entendido de que la víctima también puede
solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de
garantías”. Para llegar a tal decisión, evidenció que el legislador había
incurrido en una omisión legislativa relativa porque (i) la norma
excluía a la víctima de los actores procesales que podían solicitar la práctica
de pruebas anticipadas para lograr el esclarecimiento de los hechos, de las
circunstancias de su ocurrencia, la determinación de los responsables, de la
magnitud del daño sufrido y el esclarecimiento de la verdad; (ii) no
existía una razón objetiva que justificara la exclusión de la víctima de esta
facultad, toda vez que su participación no conlleva una modificación de los
rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni altera el
principio de igualdad de armas, (iii) esa omisión generaba una
desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal en las
etapas previas al juicio, y, (iv) entrañaba un incumplimiento por parte
del legislador del deber de configurar una verdadera intervención de la víctima
en el proceso penal.
Con
base en esos cuatro argumentos, la Corte identificó que la víctima del injusto
penal tiene un interés directo en solicitar pruebas y aportarlas en la
fase previa al juicio, con el fin de satisfacer su derecho a la verdad.
20.6. Las
víctimas tienen derecho a solicitar al juez competente la adopción o la modificación
de las medidas de protección o de aseguramiento: En la misma sentencia
C-209 de 2007[34],
la Corte analizó si los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004 al
señalar que solo el fiscal podía solicitar ante el juez de control de garantías
o ante el juez de conocimiento las medidas de protección o de aseguramiento,
incurrían en una omisión legislativa relativa por excluir a las víctimas como
interviniente especiales, de participar directamente ante omisiones del fiscal
o ante circunstancias apremiantes que motivaran su protección en sentido
estricto.
Al respecto, la
Corte evidenció que la fórmula escogida por el legislador dejaba desprotegida
injustificadamente a la víctima frente a situaciones donde ésta contaba con
información de primera mano sobre hostigamientos o amenazas que hacían
necesaria la imposición de la medida correspondiente, o sobre el incumplimiento
de la medida impuesta, o la necesidad de cambiar la medida otorgada. De esta
forma, indicó que existía una omisión legislativa relativa que debía ser
conjurada para garantizar los derechos a la vida, integridad y seguridad de la
víctima, de sus familiares y de los testigos a favor, así como sus derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación. En ese sentido, declaró la
exequibilidad de tales artículos “bajo el entendido de que la víctima puede
acudir directamente al juez competente, ya sea de control de garantías o de
conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida respectiva”, por
cuanto encontró un interés directo en su participación.
20.7. Las
víctimas están facultadas para recurrir la providencia mediante la cual el juez
de control de garantías decide la aplicación del principio de oportunidad:
También la sentencia C-209 de 2007[35]
estudió la constitucionalidad de los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004,
los cuales no contemplaban la posibilidad de que las víctimas impugnaran la
decisión mediante la cual el juez de control de garantías se pronunciaba sobre
la aplicación del principio de oportunidad. Sobre el punto, la Corte constató
que las víctimas del delito tenían un interés directo en esta decisión e
impedirles impugnar la renuncia del Estado a la persecución penal, comprometía sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, porque las causales
de aplicación del principio de oportunidad exigen que el encartado hable con la
verdad respecto a la realización de la conducta, su adecuación típica y su
participación, para que el fiscal sopese la procedencia de aquel principio en
procura de garantizar la justicia. Así, declaró inexequible la expresión “y
contra esta determinación no cabe recurso alguno” contenida en el artículo
327 en comento.
20.8. Las
víctimas tienen derechos frente a la solicitud de preclusión del Fiscal: En
la sentencia C-209 de 2007[36],
está Corporación reconoció a las víctimas la posibilidad de hacer uso de la
palabra para controvertir la petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar
la práctica de pruebas que demuestren que sí existe mérito para acusar, o que
no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de
preclusión, y el ejercicio del derecho de apelación contra la decisión que resuelve
la solicitud de preclusión. Así, declaró la exequibilidad del artículo 333 de
la ley 906 de 2004, “en el entendido de que las víctimas pueden allegar o
solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a
la petición de preclusión del fiscal”.
Para adoptar esa
conclusión, la Corte señaló que cuando se decreta la preclusión, esa decisión
tiene como efecto hacer cesar la persecución penal contra el imputado respecto
de los hechos objeto de investigación, y tiene efectos de cosa juzgada, por lo
cual encontró que no permitir que la víctima controvierta adecuadamente la
solicitud del fiscal, podía conducir a una afectación alto de sus derechos, e
incluso a la impunidad.
20.9. Las
víctimas tienen derecho a estar presentes en la audiencia de formulación de la
imputación: Así lo reconoció la Corte en la misma sentencia C-209 de 2007[37], luego de analizar la
constitucionalidad del artículo 289 de la Ley 906 de 2004 en el “entendido
de que la víctima también puede estar presente en la audiencia de formulación
de la imputación”. Para tal efecto, señaló que en esta etapa de la
actuación penal se pueden adoptar medidas de aseguramiento y se interrumpe la
prescripción penal, siendo entonces relevante que la víctima pueda controlar
posibles omisiones o inacciones del fiscal en procura de garantizar sus
derechos, sin que ello altere los rasgos estructurales del proceso penal de
tendencia acusatoria, ni el rol de interviniente especial que tiene la víctima del
injusto.
20.10. Las
víctimas tienen derecho a solicitar la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados
para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente: En
la sentencia C-839 de 2013[38],
esta Corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso
1º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, el cual habilitaba de forma
exclusiva a la Fiscalía para que en cualquier momento antes de la audiencia de
acusación, solicitara al juez de control de garantías la suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existieran motivos fundados
para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. El cargo
se fundó sobre la existencia de una omisión legislativa relativa porque la
norma excluyó de su supuesto fáctico a un sujeto que en principio debía estar
incluido, cual es, la víctima, quien es la persona más interesada en que el
bien no circulo por el tráfico jurídico para garantizar su derecho a la
reparación integral.
En esa
oportunidad, la Corte adujo que la omisión de facultar a la víctima para elevar
esa petición era injustificada y no cumplía con una razón suficiente, habida
cuenta que su intervención en nada afectaba la estructura o los principios del
sistema penal acusatorio por tratarse de una medida exclusivamente patrimonial
que no tenía incidencia necesaria sobre la determinación de la responsabilidad
penal, ni afectaba el principio de igualdad de armas al punto de desequilibrar
a las partes. Además, señaló que el legislador incumplió el deber específico
impuesto por el legislador de respetar, proteger y garantizar los derechos de
las víctimas, dentro de ellos la reparación integral en su componente de
restitución, el cual sólo es posible si se vuelve al estado anterior al delito
cancelándose los registros obtenidos fraudulentamente.
Así las cosas,
declaró la exequibilidad del inciso 1º del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, “en
el entendido que la víctima también puede solicitar la suspensión
del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos
fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido
fraudulentamente”.
21. Como se puede observar del
anterior recuento jurisprudencial, en las etapas previas al juicio que
corresponden a la indagación y a la investigación, la Corte ha habilitado
diferentes escenarios de participación directa para la víctima del injusto
penal, siempre identificando la existencia de un interés específico que le
permita intervenir en procura de defender sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación.
22.  Ahora bien, en la etapa
del juicio la intervención de la víctima está mediada por
el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima, sin perjuicio, de la
intervención del Ministerio Público quien como garante de las prerrogativas
procesales, puede abogar por los derechos de las partes e intervinientes,
incluidas las víctimas, sin sustituir al fiscal ni a la defensa. Dada la
importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga,
esta Corporación ha precisado que el juez deberá velar para que dicha
comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso,
decretar un receso para facilitarla.[39]
De esta forma, la Corte ha reconocido una intervención indirecta de las
víctimas en la etapa del juicio, por cuanto su expresión se encuentra
habilitada a través del fiscal con el fin de garantizar el principio de
igualdad de armas, y no ocasionar que existan dos acusadores –Fiscalía y víctima-
en contra del encartado. Algunas decisiones que se han pronunciado sobre esta
intervención son las siguientes:
22.1. En la
sentencia C-454 de 2006[40],
la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 357 de la Ley 906 de 2004 y
concluyó que no existía una justificación constitucionalmente admisible para no
incluir al representante de las víctimas dentro de las partes o intervinientes
facultadas para solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. Al respecto,
constató que la omisión legislativa relativa era transcendente para el derecho
de acceso a la justicia del cual es titular la víctima, en cuando obstruye sus
posibilidades efectivas de realización de los derechos a la verdad, justicia y
reparación, y la ubica en una posición de desventaja en relación con otros
actores e intervinientes procesales. En ese sentido, condicionó la exequibilidad
de la norma “en el entendido que los representantes de las víctimas en el
proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia
preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”.
22.2. En la
sentencia C-209 de 2007[41],
esta Corporación analizó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
339 de la Ley 906 de 2004, el cual señalaba de manera expresa y taxativa
quiénes podían intervenir en la audiencia de formulación de la acusación, a
saber: las partes procesales, la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público,
excluyendo a la víctima de los actores procesales que participaban en dicha
audiencia.
En esa ocasión,
la Corte encontró que no existía una razón objetiva y suficiente que
justificara la exclusión completa de la víctima en la fijación de su posición
frente a la acusación, puesto que la intervención de la víctima no suponía una
modificación de las características estructurales del sistema penal de tendencia
acusatoria, ni una transformación de la calidad de interviniente especial. Así
mismo, señaló que su intervención no afectaba la autonomía del Fiscal para
acusar, ni lo desplazaba en el ejercicio de sus funciones propias. Con ese
horizonte, declaró exequible la norma “en el entendido de que la víctima
también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para
elevar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles
causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades”.
22.3. En esa
misma sentencia C-209 de 2007, la Corte sostuvo que en la etapa del juicio
oral, el conducto para el ejercicio de los derechos de las víctimas es el
fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. En el evento de que la víctima
y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho a
impugnarla, de conformidad con el artículo 176 de la Ley 906 de 2004. En tal
ocasión, la Corte declaró la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395
de la Ley 906 de 2004 que excluyen a las víctimas de los actores procesales que
pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios
y la evidencia física en la etapa del juicio oral, así como interrogar al
testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en esta etapa.
Sobre este
aspecto consideró la Corte que la participación directa de las víctimas en el
juicio oral implicaría una modificación de los rasgos estructurales del sistema
acusatorio, convirtiendo a la víctima en un segundo acusador o contradictor del
acusado en desmedro de la dimensión adversarial del proceso. Puntualmente
señaló que “[d]ado el carácter adversarial de esta etapa del juicio penal y
la necesidad de proteger la igualdad de armas, no puede la víctima participar
de manera autónoma y al margen a la actuación del fiscal”. Así las cosas,
si bien encontró que la víctima tiene un interés en la etapa del juicio oral, su
intervención se encuentra limitada por la estructura propia del proceso penal
de tendencia acusatoria, por lo cual estimó que la participación indirecta a
través del Fiscal no vulneraba sus derechos.
22.4. Con ese
mismo panorama, en la sentencia C-260 de 2011[42]
la Corte declaró exequible la expresión “una vez terminados los
interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer
preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso” contemplada
en el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que la
exclusión de la posibilidad de que las víctimas formulen directamente preguntas
complementarias no constituye una omisión legislativa relativa contraria a los
derechos de los perjudicados, por cuanto existen motivos fundados que
justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en
la norma, ya que tanto al juez como al Ministerio Público les compete, en
cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar
desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la
víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la
Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio.
En este sentido,
la Corte reiteró que en el sistema penal acusatorio colombiano, la víctima no
tiene la condición de parte, sino de interviniente especial, de donde la
naturaleza adversarial especialmente notoria en la etapa del juicio, reduce
significativamente su facultad de participación directa, pues su intervención
alteraría los rasgos estructurales del sistema penal y por esa vía menoscabaría
otros derechos o principios como el de igualdad de armas, aunque a través de su
abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en
una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal.
En este sentido concluyó que “el derecho de intervención de las víctimas no
se ve drásticamente afectado puesto que pueden canalizar su derecho de
intervención en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta, sino
mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la Corte en
anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de
argumentación”.
22.5. Posteriormente,
en la sentencia C-782 de 2012[43]
esta Corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
90 de la Ley 906 de 2004, la cual alegaba la existencia de una omisión
legislativa relativa que desconocía el derecho a la reparación que le asiste a
la víctima, pues la excluía de la facultad de solicitar la adición de la
sentencia para provocar el pronunciamiento definitivo sobre los bienes
afectados con fines de comiso. Tal facultad estaba expresamente limitada a la
defensa, el Fiscal y el Ministerio Público.
En esa oportunidad,
la Corte declaró la exequibilidad de la norma “en el entendido que también
la víctima podrá solicitar en la audiencia de que trata esta norma, la adición
de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un
pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con
el fin de obtener el respectivo pronunciamiento”. Para sustentar lo
anterior, indicó que si bien el fiscal representa los intereses del Estado y de
la víctima, ello no implica que la víctima carezca del derecho de participación
en el proceso penal, señalando que su participación depende de los siguientes
factores:“(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al
fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii)
del ámbito en el cual ha previsto su participación; (iv) de las características
de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa
participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la
estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”[44].
Así mismo se
afirmó que la intervención de la víctima, está supeditada a la estructura del
proceso acusatorio, por lo cual la posibilidad de actuación directa y separada
de la víctima al margen del fiscal, es mayor en las etapas previas o
posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio. De esta forma, evidenció
que la falta de intervención de la víctima carecía de justificación objetiva y,
por ende, constituía una omisión legislativa relativa.
22.6.
Finalmente, en la sentencia C-616 de 2014[45]
la Corte declaró exequible el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004,
referente a los turnos para alegar en la etapa de juicio. Al respecto, la norma
consagra la posibilidad de que la defensa exponga sus argumentos contra las
alegaciones, los cuales solo podrán ser controvertidos por la Fiscalía, caso en
el cual aquella tiene el derecho de réplica.  La demanda de inconstitucionalidad
esbozaba que ese inciso no le permitía a la víctima del injusto penal presentar
réplica respecto de los alegatos de conclusión de la defensa, situación que
configuraba una omisión legislativa relativa.
Esta Corporación
concluyó que tal omisión no era predicable por cuanto la exclusión de la
víctima en esta etapa constituye una manifestación de la libertad de
configuración del legislador en el diseño del proceso penal, toda vez que la
intervención directa de la víctima puede ser limitada durante el juicio oral.
Así, señaló que el legislador contó con una razón suficiente para hacerlo, cual
es, conservar los rasgos estructurales del sistema penal acusatoria y no
alterar de forma sustancial la igualdad de armas. De esta forma, precisó que lo
anterior “no quiere decir que las víctimas no
puedan participar en los alegatos de conclusión, pues la norma demandada
permite que tengan una intervención inicial, pero sin que puedan hacer réplicas
posteriores, a lo cual cabe agregar que la propia Fiscalía tiene el deber
constitucional y legal de proteger los derechos de las víctimas y por ello si
presenta una réplica no deberá concentrarse solamente en la tutela del interés
de la sociedad, sino también en la protección de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación”. Además, reiteró que la
víctima puede materializar sus derechos a través de las intervenciones del
Fiscal, quien debe oír al abogado de aquella.
23. Entonces,
como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional de forma uniforme, en la
etapa del juicio oral la intervención de la víctima se encuentra
limitada dada la naturaleza del debate adversarial propio del sistema penal
acusatorio, por lo cual la materialización de sus derechos como interviniente
especial se concretan a través del fiscal, quien está en la obligación de
escuchar al abogado de la víctima para garantizar su participación. En todo
caso, en aquellas situaciones en las cuales la Corte ha encontrado configurada
una omisión legislativa relativa en la etapa del juicio, es porque ha
evidenciado que se encuentran en juego sus intereses y que se compromete la satisfacción
de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
24. En la fase
posterior a la sentencia el derecho de participación de la víctima en el
proceso adquiere una especial relevancia, toda vez que de conformidad con la configuración
prevista en el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, la discusión
sobre la responsabilidad civil se trasladó a esta etapa, una vez establecida la
responsabilidad del acusado[46].
En efecto, en el capítulo cuarto del título segundo del Código de Procedimiento
Penal[47],
el legislador penal reguló lo atinente al incidente de reparación integral de
los daños ocasionados con la conducta punible, escenario en el cual la víctima
podrá desplegar a cabalidad todas sus facultades con miras a la satisfacción de
sus derechos.
En la sentencia
C-250 de 2011[48],
la Corte adoptó una decisión encaminada a garantizar la intervención directa de
las víctimas, en la fase posterior a la sentencia condenatoria. En efecto, en
esa ocasión juzgó la constitucionalidad del artículo 447 del Código de
Procedimiento Penal, modificado por el 100 de la Ley 1395 de 2010, que
autorizaba al juez para conceder únicamente al fiscal y a la defensa el uso de
la palabra para referirse “a las condiciones individuales, familiares,
sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable”, en
aquellos eventos en que el fallo fuere condenatorio o se aceptare el acuerdo
celebrado con la Fiscalía. La Corte estimó, en el mencionado precedente, que el
legislador había incurrido en una omisión legislativa relativa por no incluir a
las víctimas dentro del grupo de quienes podían hacer uso de la palabra en la
etapa de individualización de la pena y la sentencia.
En esencia, la
Corporación consideró que esa omisión era contraria a los derechos que tienen
las víctimas a ser tratadas de igual forma que el condenado, pues la defensa sí
tenía derecho a intervenir para efectuar las declaraciones del caso, mientras
que las víctimas no. Además, la Corte manifestó que se violaba también el
derecho al debido proceso y limitaba el derecho de acceso a la administración
de justicia, en tanto no había razones constitucionales para restringir su
derecho a perseguir el mayor nivel posible de verdad, justicia y reparación, en
una etapa en la cual ya se ha tomado la decisión de condenar al individuo. Por
lo tanto, procedió a declarar la exequibilidad condicionada de la disposición
demandada, bajo el entendido de que “las víctimas y/o sus representantes en
el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena
y la sentencia”.
25. Ahora bien,
por ser relevante el anterior precedente para nuestro caso al tratarse de una
decisión emitida por esta Corporación en una fase posterior a la sentencia
penal condenatoria, es necesario precisar lo siguiente: (i) la
sentencia C-250 de 2011 resaltó que si bien la participación de las víctimas no
está limitada a algunas etapas del proceso penal, no lo es menos que dicha
participación debe ser armónica con la estructura del proceso acusatorio, su
lógica propia y la proyección de finalidad que cada etapa del proceso reporta; (ii)
al tener las víctimas la calidad de intervinientes especiales dentro del
proceso penal de tendencia acusatoria, su facultad de participar varía según la
etapa en que se encuentre el proceso y la finalidad que cada una de ellas
persiga en la satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación, de tal forma que dicha intervención está marcada por las decisiones
que las afecten para obtener una tutela judicial efectiva del goce real de
aquellos derechos; (iii) la misma sentencia C-250 de 2011 señaló que el
derecho a la justicia del cual son titulares las víctimas del injusto penal, se
relaciona con el acceso a los recursos judiciales efectivos y adecuados que
permitan la realización de las investigaciones, el desarrollo imparcial, serio
y diligente de las mismas, la persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de
los responsables, sin hacer referencia específica a los temas de política
carcelaria y administrativa que rigen la fase de ejecución de la sanción; y, (iv)
la Corte en la sentencia C-250 de 2011 tuvo en cuenta que la determinación de
la pena por parte del juez de conocimiento presenta una relación directa con
los intereses de la víctima en cuanto a que la pena aplicable debe ser
proporcional al delito cometido, siendo por ende indispensable su intervención en
la audiencia de individualización de la pena para que se pronuncie sobre
las condiciones personales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes
de todo orden del culpable, y sobre la concesión de algún subrogado penal.
Por
consiguiente, la intervención especial de las víctimas en esta etapa posterior
estuvo delimitada a la identificación de un interés directo que comprometía sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
26. En este
orden de ideas, como se puede concluir de la anterior reseña jurisprudencial,
la Corte ha desarrollado en relación con la víctima del delito un esquema de
participación en el proceso penal que varía según se trate de etapas previas,
durante o posteriores al juicio, caracterizado por ampliar los espacios de
intervención, a fin de asegurar su derecho de acceso a la justicia y a la
tutela judicial efectiva, en su condición de interviniente especial, pero
armonizando dicha participación con los rasgos propios del sistema penal
acusatorio diseñado por el constituyente (A.L. 03/02) y el legislador
(L.906/04). Dentro de ese modelo específico, propio y singular se ha
garantizado el derecho de la víctima a participar directamente, en igualdad de
condiciones que la defensa y al Ministerio Público, en momentos determinantes
de la fase de investigación, y de manera más limitada a través del fiscal, en
el juicio, etapa en la que se encuentran presentes de manera más definida los
rasgos del sistema penal acusatorio, en particular su carácter adversarial,
signado por el principio de igualdad de armas.
Definida la
responsabilidad penal del acusado, la víctima adquiere un papel particularmente
protagónico, comoquiera que en el modelo procesal establecido constitucional y
legalmente, se defirió a la fase posterior a la sentencia la discusión acerca
de la reparación civil del daño ocasionado con el delito.
En todo caso, en
la fase posterior a que es dictada la sentencia penal condenatoria, la
intervención especial de la víctima debe tener una relación directa con el
interés de satisfacer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación, que se repite, adquiere protagonismo en el incidente de reparación
integral por ser el escenario natural para el debate de los daños y perjuicios
ocasionados con el injusto penal.
La ejecución
de las penas como una fase de política penitenciaria ejecutada por el INPEC y vigilada
por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que cumple unos fines
encaminados a la resocialización del condenado y a la prevención especial
positiva.
27. Una vez es
proferida y se encuentra ejecutoriada la sentencia penal condenatoria definiendo
la pena que debe cumplir la persona hallada responsable de cometer un injusto
penal, la etapa posterior del proceso se divide en dos: de un lado, el
incidente de reparación integral por los daños causados con la conducta
criminal, que puede ser presentado por la víctima indicando su pretensión y
aportando las pruebas relevantes, o por el fiscal o el Ministerio Público a
instancia de aquella. La solicitud se presenta ante el juez de conocimiento
para que inicie el trámite incidental con base en los lineamientos que
establecen los artículos 102 a 108 del Código de Procedimiento Penal, quien
deberá adelantar la conciliación entre la víctima y el condenado, y de no
lograrse ésta, debe citar a las partes a audiencia de pruebas y alegaciones
donde adquiere mayor protagonismo la intervención directa de la víctima
perjudicada con el hecho punible. Ese es el escenario natural de participación
activa de la víctima reconocido por el legislador. Como lo señaló esta Corte en
la sentencia C-250 de 2011, “en el actual sistema penal acusatorio se
discute exclusivamente la responsabilidad penal del imputado, tanto durante la
etapa de investigación como en la de juicio. El debate jurídico acerca de la
responsabilidad civil del mismo y de los terceros fue desplazado hacia una
etapa procesal posterior que tiene lugar después de proferida y ejecutoriada
sentencia condenatoria: el incidente de reparación integral”.
Del otro lado, la ejecución de las penas y las medidas de seguridad
como sanciones penales impuestas en la sentencia condenatoria en firme,
corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -en adelante INPEC-, y además cuenta con la
vigilancia coordinada por parte del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, a quien es remitido el expediente penal como autoridad competente
para hacer seguimiento y resolver los asuntos relacionados con la ejecución de
la sanción[49].
28. Profundizando puntualmente en la ejecución de las penas, conviene
señalar que el sistema penal consagra como funciones de la pena la prevención
general, la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y
la protección al condenado. No obstante, solo la prevención especial y la
reinserción social son las principales funciones que cobran fuerza en el
momento de la ejecución de la pena de prisión (art. 4º del Código Penal), de
tal forma que como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional desde sus
inicios[50],
en el Estado social de derecho la ejecución de la sanción penal está orientada
hacia la prevención especial positiva, esto es, en esta fase se busca
ante todo la resocialización del condenado respetando su autonomía y la
dignidad humana como pilar fundamental del derecho penal.
De allí que la teoría actual de la pena refiera a que el tratamiento
penitenciario deba estar dirigido a la consecución de la reeducación y reinserción
social de los penados, y deba propender por hacer que el condenado tenga la
intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, en desarrollo de una
actitud de respeto por su familia, el prójimo y la sociedad en general. Es lo
que se conoce como la humanización de la pena a partir del postulado de la
dignidad humana que establece el artículo 1º de la Constitución Política[51].
29. Ahora bien, muchas veces se presentan tensiones entre la prevención
general, entendida como la tipificación legal de los hechos punibles que
pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser
tutelados por el derecho penal otorgando criterios retributivos y de
proporcionalidad entre delito-pena[52],
y la prevención especial positiva. Tales tensiones se materializan en
que la prevención general aconseja penas más severas, mientras que la
prevención especial positiva parte de la base de políticas de resocialización
que siguieren penas bajas.
30. Esa discusión fue abordada en la sentencia C-261 de 1996[53], en la cual la Corte
concluyó que (i) durante la ejecución de las penas debe predominar la
búsqueda de la resocialización del delincuente, ya que esto es una consecuencia
natural de la definición de Colombia como un Estado social de derecho fundado
en la dignidad humana; (ii) el objeto del derecho penal en un Estado
como el colombiano, no es excluir al delincuente del pacto social sino buscar
su reinserción en el mismo; y, (iii) diferentes instrumentos
internacionales de derechos humanos establecen la función resocializadora del
tratamiento penitenciario, de tal forma que la pena de prisión o intramural no
puede ser considerada como la única forma de ejecutar la sanción impuesta al
condenado.
Al respecto, el artículo 10.3 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas, consagra que el régimen penitenciario
consiste en un tratamiento cuya finalidad esencial es la reforma y la
readaptación social de los penados. En el mismo sentido, el artículo 5.6 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que las penas privativas
de la libertad tienen como finalidad esencial la reforma y la readaptación
social de los condenados.
Así las cosas, el Estado está en la obligación de procurar la
función resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la
libertad. Por lo tanto, la pena no ha sido pensada únicamente para lograr que
la sociedad y la víctima castiguen al condenado y que con ello vean sus
derechos restituidos, sino que responde a la finalidad constitucional de la
resocialización como garantía de la dignidad humana.
31. Esa misma coherencia argumentativa fue expuesta por esta
Corporación de forma más reciente en la sentencia C-757 de 2014[54]. En esa ocasión juzgó
la constitucionalidad de la expresión “previa valoración de la conducta
punible” contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, el cual
refiere a la posibilidad de que el juez de ejecución de penas conceda la
libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad
cuando acredite los requisitos legales.
Lo relevante de este asunto es que la Corte reiteró la importancia
constitucional que tienen la resocialización de las personas condenadas y la
finalidad preventiva especial de la pena, y por ello indicó que el juez de
ejecución de penas si bien puede tener en cuenta la gravedad de la conducta
punible, la personalidad y antecedentes de todo orden para efectos de evaluar
el proceso de readaptación social del condenado en procura de proteger a la
sociedad de nuevas conductas delictivas, no lo es menos que dada la ambigüedad
en la redacción del texto acusado, el legislador no incluyó parámetros o
criterios de ordenación con respecto a la manera como se debe efectuar la
valoración de la conducta punible. Debido a ello, declaró la exequibilidad de
la expresión demandada “en el entendido de que las valoraciones de la
conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan
en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez
penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al
otorgamiento de la libertad condicional”.
32. De acuerdo con lo expuesto, a título de síntesis, la Sala estima
que sólo son compatibles con los derechos humanos la ejecución de las penas que
tiende a la resocialización del condenado, esto es, a su incorporación a la
sociedad como sujeto capaz de respetar la ley penal. Por consiguiente, adquiere
preponderancia la política penitenciaria ejecutada por el INPEC y vigilada por
el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pues es a éste último en
asocio con los conceptos que emita el INPEC, a quien le corresponde evaluar según
los parámetros fijados por el legislador, sí es posible que el condenado avance
en el régimen progresivo y pueda acceder a regímenes de privación de la
libertad de menor contenido coercitivo (libertad condicional, prisión
domiciliaria, vigilancia electrónica, entre otros subrogados penales), logrando
la readaptación social del condenado.
Análisis concreto de los apartes demandados
33. El demandante considera que el legislador al diseñar los
artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004, parcialmente censurados,
incurrió en una omisión legislativa relativa porque excluyó a la víctima
del injusto penal de la posibilidad de intervenir durante la fase de ejecución
de la pena, para ser oída e interponer los recursos contra las decisiones
proferidas por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que
resuelvan las solicitudes de libertad condicional o cualquier otro mecanismo
sustitutivo de la pena privativa de la libertad.
El actor plantea que dicha exclusión (i) no cuenta con un
principio de razón suficiente, más aún porque durante la etapa de ejecución de
la pena no existe un sujeto procesal que proteja los intereses de justicia que
tiene la víctima; (ii) genera una desigualdad injustificada porque en la
ejecución de la pena se discute el componente de justicia, es decir, cómo el
condenado debe purgar la sanción penal por el crimen cometido; e, (iii) incumple
el deber que impone el Constituyente al legislador de garantizar los derechos
al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la justicia y la igualdad ante
los tribunales, de los cuales son titulares las víctimas del hecho punible de
acuerdo con los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, así como
los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que
refiere a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y el artículo
8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José, en
cuanto a garantías judiciales.
Con base en lo anterior, el demandante solicita a la
Corte que declare la exequibilidad condicionada del artículo 459 de la Ley 906
de 2004 “en el entendido en que en todo lo relacionado con la ejecución de
la pena, la víctima podrá intervenir e interponer los recursos que considere
necesarios”. Igual petición realiza frente al artículo 472 acusado “en
el entendido de que se le dará traslado de la solicitud de libertad condicional
a la víctima para que si lo considere necesario se pronuncie”, y respecto
del artículo 478 “en el entendido de que la víctima puede apelar las
decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en
relación con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad”.
34.  Para abordar el estudio del cargo, la Corte hará un breve
contexto sobre la parte normativa en la cual se circunscriben los artículos
objeto de reproche constitucional; luego recordará los requisitos que ha
desarrollado la jurisprudencia constitucional para evaluar la configuración de
una omisión legislativa relativa; y, por último, asumirá el análisis global de
la presunta omisión a partir de los requisitos indicados.
Contexto normativo y disposiciones demandadas
35. El Libro IV del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
se ocupa de la ejecución de la sentencia, y a su vez el Título I de ese Libro
regula lo correspondiente a la ejecución de penas y medidas de seguridad.
36. En cuanto a la ejecución de las penas, el artículo 459 de la Ley
906 parcialmente acusado, señala que la sanción penal impuesta mediante
sentencia condenatoria en firme, corresponde ejecutarla a las autoridades
penitenciarias bajo la supervisión y control del INPEC, en coordinación con el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Justamente ese artículo
otorga una participación directa y activa al Ministerio Público, al señalar que
en todo lo relacionado con la ejecución de la pena éste puede intervenir e
interponer los recursos que advierta necesarios.
De esta forma, además de las funciones constitucionales que el
artículo 277 Superior otorga al Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tales como vigilar el cumplimiento de las
decisiones judiciales, defender los intereses de la sociedad, proteger los
derechos humanos y asegurar su efectividad, e intervenir en los procesos y ante
las autoridades judiciales y administrativas, el Legislador se ocupó de
conferirle un papel preponderante en el sistema penal de tendencia acusatoria,
adoptado por la Ley 906 de 2004. Así, en el artículo 109 del CPP determinó que
el Ministerio Público puede intervenir en el proceso penal cuando sea
necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio o de los derechos
fundamentales.
Igualmente, el artículo 111 del CPP dispuso que el Ministerio
Público en el marco de las actuaciones penales obra como garante de los derechos
humanos y fundamentales, y como representante de la sociedad. En desarrollo de
esas funciones, debe (i) procurar que las decisiones judiciales cumplan
con los cometidos de lograr la verdad y la justicia; (ii) procurar que
el cumplimiento de la pena se ajuste a lo establecido en los tratados
internacionales, la Constitución y la ley; (iii) velar porque se
respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes
en el proceso, así como verificar su efectiva protección por el Estado (numeral
2, lit c), entre otras.
Lo anterior pone de presente que el Ministerio Público funge como
protector de los intereses de los distintos intervinientes en el proceso penal,
y concretamente frente a las víctimas, debe velar porque sus derechos sean
respetados con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación que les asiste a éstas. De allí que
incluso en la etapa de ejecución de las penas, por expresa habilitación del
aparte final demandado del artículo 459 del CPP, pueda intervenir con miras a
cumplir sus funciones constitucionales y legales.
37. Ahora bien, en la actualidad el sistema penal colombiano cuenta
con los siguientes subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad: (i) la libertad condicional; (ii) la
suspensión de la ejecución de la pena; (iii) la reclusión domiciliaria y
hospitalaria por enfermedad muy grave; (iv) la prisión domiciliaria; y, (v)
la vigilancia electrónica.
38. Por ser relevante para el presente estudio, la Sala precisa que
la libertad condicional es una medida a través de la cual el juez de
ejecución de penas permite que la persona condenada que se encuentra en
establecimiento penitenciario y carcelario cerrado (medida intramural) pueda
recobrar su libertad antes del cumplimiento total de la pena que se impuso en
la sentencia, previo el cumplimiento de los requisitos que establece el
artículo 64 del Código Penal[55],
cuales son: haber cumplido las 3/5 parte de la pena, haber observado buena
conducta durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, demostrar arraigo
social y familiar que el juez pueda valorar a través de elementos de prueba
allegados a la actuación. Además de tales requisitos, el juez competente debe
previamente evaluar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias,
elementos y consideraciones hechas por el juez penal de la sentencia condenatoria[56]; debe verificar que se
haya surtido la reparación a la víctima o se haya asegurado el pago de la
indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago,
salvo que se demuestre la insolvencia del condenado, y finalmente debe analizar
si de acuerdo con el delito cometido es procedente aplicar la libertad
condicional.
Según el artículo 471 de la Ley 906, el condenado que cumpla los
requisitos antes señalados puede solicitar al juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando su petición con la
resolución favorable del consejo de disciplina o del director del
establecimiento carcelario y de las pruebas que acrediten el pago de la pena
accesoria de multa.
Una vez recibida la solicitud por el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad, siguiendo el inciso 1° del artículo 472 de la Ley 906 que
corresponde al aparte demandado por el actor, aquel debe resolver dentro de los
8 días siguientes mediante providencia motivada en la cual debe imponer las
obligaciones a que se refiere el Código Penal, cuyo cumplimiento debe
garantizar mediante caución el condenado. Justamente, en esta actuación es que
el demandante considera que se deben correr traslado a la víctima para que se
pronuncie y haga valer su derecho a la justicia.
39. Por su parte, la suspensión de la ejecución de la pena es
una figura que permite a quien ha sido condenado a una pena privativa de la
libertad que se suspenda por un determinado periodo la sanción impuesta por el
juez, es decir, permite que el condenado no sea recluido bajo medida intramural
de forma inmediata, sino que pueda seguir conservando su libertad siempre que
cumpla con algunas obligaciones que le impone la ley. La suspensión se puede
dar por un periodo de 2 a 5 años, siempre y cuando la pena impuesta de prisión
no exceda los 4 años y se cumplan otros requisitos legales. En todo caso, la
suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no es extensiva
a la responsabilidad civil derivada de la conducta, la cual impone reparar el
daño que se le causó a la víctima del injusto penal.
40. Finalmente, el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 ubicado en el
capítulo de disposiciones comunes aplicables tanto a la libertad condicional
como a la suspensión de la ejecución de la pena, dispone que las decisiones que
adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la
rehabilitación, “son apelables ante el juez que profirió la condena en
primera o única instancia”, es decir, ante el juez de conocimiento del
juicio oral. Frente a la expresión citada textualmente es que el demandante
predica la existencia de una omisión legislativa relativa que impide a la
víctima formular recursos contra esas decisiones.
Requisitos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional para
evaluar la configuración de una omisión legislativa relativa
41. La Corte Constitucional[57]
ha señalado que cuando se plantean cargos de inconstitucionalidad por omisiones
legislativas, sólo son admisibles los que se refieren a omisiones legislativas
relativas, y no a omisiones legislativas absolutas. Así, ha precisado que quien
alega la inconstitucionalidad de una norma, por existencia de una omisión
legislativa relativa, tiene la carga de demostrar los siguientes rasgos
característicos: “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente
el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos
casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto
normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los
casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la
falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la
regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el
resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador”[58].
42. En las sentencias C-454 de 2006[59]
y C-209 de 2007[60],
con el fin de evaluar el impacto que tales rasgos característicos de las
omisiones legislativas relativas generan sobre los derechos de las víctimas, la
Corte adoptó una metodología consistente en resolver cuatro preguntas: (i)
¿Se excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por encontrarse en una
situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse dentro de
ese presupuesto?; (ii) ¿Existe una razón objetiva y suficiente que
justifique esa exclusión?; (iii) ¿Se genera una desigualdad
injustificada entre los diferentes actores del proceso? y (iv) ¿Esa
omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador de un deber
constitucional, en este caso del deber de configurar una verdadera intervención
de la víctima en el proceso penal?
Análisis global de la presunta omisión legislativa relativa que
invoca el actor
43. Toda vez que los argumentos que presenta el demandante
corresponden a un análisis común y global que enmarca los apartes censurados de
los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004, y que corresponden a la fase
de ejecución de las penas, procede la Corte a evaluar esos preceptos haciendo
un estudio integrado de los mismos, para lo cual aplicará el test que la
jurisprudencia constitucional ha establecido para definir sí se configura una
omisión legislativa relativa que resulte contraria a los parámetros de control
constitucional que fueron invocados por el actor.
44. En primer lugar, observa la Corte que la demanda recae sobre
unas normas de las cuales se predica la omisión legislativa que se acusa. En
efecto, el cargo se dirige contra los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de
2004, disposiciones que en su orden prevén (i) unas facultades de
intervención para el Ministerio Público en todo lo relacionado con la ejecución
de la pena, pudiendo hasta formular los recursos que sean necesarios; (ii)
la posibilidad del condenado o de su defensa de solicitar la libertad
condicional con el cumplimiento de los requisitos de ley, caso en el cual el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad debe resolver mediante
decisión motivada imponiendo las obligaciones a que se refiere el Código Penal;
y, (iii) las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad en relación con los mecanismos sustitutos de la pena
privativa de la libertad, son apelables ante el juez que profirió la condena en
primera o en única instancia.
45. En segundo lugar, las facultades de intervenir directamente,
presentar solicitudes e interponer los recursos contra las decisiones que adopte
el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con los
mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad en el marco de la Ley
906 de 2004, cobijan al condenado, a su defensa y al Ministerio Público,
excluyendo por ende de sus consecuencias jurídicas a las víctimas del injusto
penal a quienes no contempla expresamente como habilitadas para participar en
la ejecución de la sentencia.
No obstante esa exclusión, la Sala estima que los apartes censurados
no omiten incluir un ingrediente o condición que, de
acuerdo con la Constitución, resulte esencial para armonizar los textos legales
con los mandatos de la Carta, pues no existe un
precepto constitucional que exija que las víctimas tengan una intervención
directa en etapas subsiguientes del proceso penal, sobre todo en la fase de
ejecución de las penas donde ha finalizado la carácter adversarial propio de la
estructura del sistema acusatorio, al punto que la Fiscalía General de la
Nación no participa porque el Estado cumplió su deber de investigar, juzgar y
sancionar al culpable del injusto penal. Nótese que esta fase corresponde al
desarrollo de la política penitenciaria que ejecuta el INPEC y vigila el juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad, y por tratarse de la sanción
impuesta al condenado, esta fase de encuentra guiada por los fines de la pena
como son la resocialización y la prevención especial positiva que operan en
favor de la dignidad humana del penado. Adicionalmente, la Corte no advierte
una afectación de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a
la reparación, como lo explicará más adelante.
46. En tercer lugar, existen razones objetivas y suficientes que
justifican la exclusión de las víctimas del injusto penal de intervenir en la
ejecución de la sentencia y presentar recursos contra las decisiones que adopte
el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con los
mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad en el marco de la Ley
906 de 2004.
El demandante considera que una de las afectaciones se relaciona con
la imposibilidad que tienen las víctimas de hacer efectivo el goce del derecho
a la justicia. Al respecto, como se indicó en el fundamento jurídico 11, el
derecho a que se haga justicia se relaciona con el derecho a que no haya
impunidad. En ese sentido, dentro de las garantías que incorpora aquel derecho,
está el deber correlativo que tienen las autoridades y el Estado mismo de
investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los
delitos. Ese componente de sancionar adecuadamente parte de la base de que el
enjuiciado sea condenado mediante sentencia a penas proporcionales al delito
investigado, y que las víctimas puedan participar mediante recursos judiciales
efectivos en el establecimiento de la sanción a los responsables, como en
efecto lo indicó esta Corporación en la sentencia C-250 de 2011, en la cual
permitió la intervención de las víctimas en la audiencia de individualización
de la pena posterior al juicio, con el fin de defender el interés directo que
tienen de que el caso no quede impune. Así las cosas, la satisfacción del
derecho a la justicia lo logran las víctimas con la imposición de la condena
adecuada y proporcionada.
Tampoco se encuentra afectado el componente de reparación integral
al menos por tres razones. La primera, porque el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad al momento de estudiar las solicitudes de libertad
condicional o de suspensión de la ejecución de la pena privativa de la
libertad, además de verificar el cumplimiento de los requisitos específicos que
exige la ley, constata que el condenado haya reparado a la víctima o asegurado
el pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o
acuerdo de pago. La segunda, porque la responsabilidad civil derivada de la
conducta punible es independiente y puede hacerse valer en el incidente de
reparación integral, que corresponde a una etapa procesal diferente a la de
ejecución de la pena. Y la tercera, porque el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad evalúa el ánimo de resocialización que presenta el
condenado con el fin de otorgar garantías de no repetición del injusto penal.
Además de lo anterior, la Sala considera que la etapa de ejecución
de las penas, como fase subsiguiente al proceso penal de tendencia acusatoria,
se orienta a humanizar el derecho penal como parte de la política criminal y
penitenciaria que establece el Estado. De esta forma, la condena no puede estar
asociada exclusivamente a que su cumplimiento se adelante en un centro de
reclusión intramural, ya que existen otras medidas con las cuales se logran los
fines de resocialización y de prevención especial positiva del condenado que
privilegian la dignidad humana, ayudando en el proceso de reivindicación con la
sociedad. En este punto, la Sala resalta que dados los fines superiores que
tienen las penas, su énfasis en esta etapa no es la retribución a las víctimas,
sino de readaptación del penado.
En este orden de ideas, la Corte estima que existen razones
suficientes para que el legislador dentro del amplio margen de configuración
que tiene en materia de procedimientos, haya excluido a las víctimas de
intervenir en la etapa de ejecución de las penas, más aún cuando no se logra
identificar un interés directo frente a sus derechos a la verdad, a la justicia
y a la reparación.
47. En cuarto lugar, los preceptos acusados no generan una
desigualdad negativa para las víctimas, habida cuenta que el Ministerio Público
al estar habilitado para intervenir en todo lo relacionado con la ejecución de
la pena, podría llegar a defender indirectamente los intereses de aquellas ya
que de acuerdo con el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, en el
marco de las actuaciones penales obra como representante de la sociedad y
además vela porque se respeten los derechos de las víctimas en el trámite
judicial (art. 111 del CPP, numeral 2, literal c), obligaciones que se
extienden hasta la fase de ejecución de las penas.
48.  En quinto lugar, la exclusión de las víctimas del injusto penal
de intervenir en la ejecución de la sentencia y presentar recursos contra las
decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en
relación con los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad en
el marco de la Ley 906 de 2004, no constituye el
incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al
legislador, pues la ley puede limitar la participación de la víctima en la fase
posterior al juicio oral cuando se relaciona con la ejecución de las penas.
De allí que sea predicable que el Congreso de la República haciendo
uso del amplio margen de configuración legislativa, haya decidido que excluir a
las víctimas de participar en esta fase de ejecución, ya que los directos
interesados en intervenir son el condenado, su defensa y el Ministerio Público
que representa a la sociedad.
49. Vistas así las cosas, la Corte concluye que la omisión
legislativa relativa que plantea el demandante no se encuentra configurada en
los apartes censurados de los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004.
Conclusiones
50. Esta Corporación declarará exequibles los apartes demandados de
los artículos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004, luego de concluir que
respecto de los mismos no se configura una omisión legislativa relativa por
haber excluido a las víctimas del injusto penal de intervenir en la fase
ejecución de la sentencia y presentar recursos contra las decisiones que adopte
el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con los
mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad. Lo anterior porque el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración para regular la fase de
ejecución de la sentencia, como en efecto lo hizo sin vulnerar los derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación que le asisten a las víctimas, ni la
igualdad ante los tribunales ni el acceso a recursos efectivos. Además, éstas
pueden ser representadas de forma indirecta por el Ministerio Público en dicha
fase, quien tiene la obligación legal de velar por los intereses de las
víctimas.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE la expresión “en todo lo relacionado con la
ejecución de la pena, el Ministerio Público podrá intervenir e interponer los
recursos que sean necesarios”, contenida en el artículo 459 de la Ley 906
de 2004, por el cargo que fue estudiado en esta providencia.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 472 de la Ley 906 de 2004,
por el cargo formulado en la presente demanda.
Tercero.-
Declarar EXEQUIBLE la expresión “son apelables ante el juez que
profirió la condena de primera o única instancia”, contenida en el artículo
478 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado en este proveído.
Notifíquese
y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
La demanda también fue presentada por Juan Sebastián Serna Cardona, persona que
no realizó la presentación personal de la demanda, imposibilitándose con ello
que la Corte pudiera acreditar su condición de ciudadano colombiano en
ejercicio.
[2]
Sentencias C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[3]  Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo).
[4]
Sentencia C-728 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-1104 de 2001 (MP
Clara Inés Vargas Hernández).
[5]
Sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[6]
Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[7]
La Corte Constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente
abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada
únicamente en el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los
perjudicados con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a
participar en él, con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios,
sino también, y de manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la
verdad y a la justicia. Sobre el desarrollo de esta doctrina se pueden
consultar las sentencias C-454 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-209 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-516 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño)
y C-936 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[8]
En el derecho internacional, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos consagran el derecho de todas las personas a acudir
a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y
obligaciones, al igual que refieren a la protección judicial a la cual está
obligado el Estado y que se materializa mediante el acceso a recursos efectivos
ante los jueces y tribunales competentes. En el mismo sentido, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece obligaciones del Estado
relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones de
derechos humanos, indicando en los artículos 2 y 14 que toda persona cuyos
derechos o libertades hayan sido violadas, tiene derecho a interponer un
recurso judicial efectivo y a ser tratado con igualdad ante los tribunales.
[9]
Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad”.Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión
de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la
Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por
la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN.
4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
[10] Principio 2 del Conjunto
de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad.
[11] Entre otras las sentencias
C- 293 de 1995 y C- 228 de 2002.
[12] Cfr.
Sentencias T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y C- 293 de
1995, MP, Carlos Gaviria Díaz.
[13] Cfr. Sentencia C- 412 de
1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14] Cfr., Sentencia C- 275
de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
[15] Cfr. Principios
relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones
extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de
1989, y ratificado por la Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15
de diciembre de 1989. Citados en la sentencia C-293 de 1995.
[16] Cfr. Art. 33 del
Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad.
[17] Sentencia C-454 de 2006
(MP Jaime Córdoba Triviño), reiterada en la sentencias C-936 de 2010 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva) y C-260 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[18]
La impunidad ha sido definida por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos como “una infracción de las obligaciones que tienen los
Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de
sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas
sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a
penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y reparación
de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la
verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de
dichas violaciones” Esta definición fue acogida en los principios
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad, más conocidos como los Principios de Joinet
(Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos,  febrero 5 de
2005).
[19]
Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[20]
El principio Joinet No. 19, indica como deber del Estado en materia de
administración de justicia, procesar, juzgar y condenar debidamente a los responsables
de violaciones a los DDHH y al DIH.
[21] CIDH, Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia. Sentencias de 27 de noviembre de 2008.
[22]
Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y
artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[23]
Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comité de
Derechos Humanos, Observación General No. 32 del 23 de agosto de 2007,
relacionada con el artículo 14 del Pacto sobre el derecho a un juicio imparcial
y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. La misma fue adoptada
en el marco del 90° periodo de sesiones llevado a cabo en Ginebra, del 9 al 27
de julio de 2007.
[24]
Sentencia SU-378 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[25]
Sentencia C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[26]
Sentencia C-516 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[27]
En la sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), la Corte señaló que la víctima es un interviniente especial dentro
del proceso penal con tendencia acusatoria. “La asignación de este rol
particular determina, entonces, que la víctima no tiene las mismas facultades
del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades especiales
que le permiten intervenir activamente en el proceso penal”.
[28] Sentencia C-209 de 2007
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), reiterada en las sentencias C-651 de 2011 (MP
María Victoria Calle Correa) y C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[29]
Sentencia C-1154 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[30]
Sentencia C-1177 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[31]
Sentencia C-516 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[32]
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[33]
Sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[34]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa)
[35]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[36]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[37]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[38]
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[39] Sentencia C-209 de 2007.
[40]
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[41]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[42] Sentencia C-260 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[43]
Sentencia C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[44] Al respecto, sobre esos factores se pueden consultar las
sentencias C-782 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), sentencia C-209 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), reiteradas en la sentencia C-651 de 2011
(MP María Victoria Calle Correa).
[45]
Sentencia C-616 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[46] Al respecto consultar la
sentencia C-409 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[47] Artículos 101
a 108 Código de Procedimiento Penal.
[48]
Sentencia C-250 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[49]
Artículo 41 de la Ley 906 de 2004. Además, el artículo 38 de
la misma ley establece las competencias específicas de los jueces de ejecución
de penas y medidas de seguridad, siendo algunas de ellas conocer (i) de
las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan
sanciones penales se cumplan; (ii) de las solicitudes de libertad
condicional y su revocatoria, (iii) de lo relacionado con la rebaja de
la pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza; (iv) de la
aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias
o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que
supongan una modificación en las condiciones del cumplimiento de la condena o
una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, y, (v) de
la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la
medida de seguridad, entre otras.
[50]
Sentencia C-261 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero),
reiterada en la sentencia C-757 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[51]
En la sentencia T-718 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
la Corte se refirió al modelo de política criminal, el tratamiento
penitenciario y la resocialización del condenado. Puntualmente señaló que “la
política criminal colombiana y su modelo de justicia están encaminados a
satisfacer el restablecimiento de los derechos de las víctimas y a lograr una
efectiva resocialización del autor de la conducta penal, porque en el marco de
un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana y que
propende por un orden social justo, la intervención penal tiene como fines la
prevención, la retribución y la resocialización, esta última se justifica en
que la pena no persigue es excluir de la sociedad al infractor sino otorgarle
las herramientas para que alcance la reincorporación o adaptación a la vida en
sociedad”. Más adelante, precisó que la resocialización del infractor es la
finalidad central del tratamiento penitenciario, por consiguiente, “ya en el momento de purgar la
pena, a las instituciones públicas no solo les corresponde asegurar la
reparación y garantía de no repetición de las víctimas, sino que deben volcarse
a lograr que el penado se reincorpore a la vida social, es decir, asegurarle la
resocialización”.
[52]
En palabras de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Penal, “[e]n la prevención general, la pena representa una amenaza dirigida
a los ciudadanos para que se abstengan de incurrir en delitos, conminación que,
de acuerdo con la concepción clásica de Feuerbach, opera en el momento
abstracto de la tipificación penal. Por ende, tanto la amenaza punitiva como la
ejecución de la pena deben producir un efecto intimidatorio en los autores
potenciales para así evitar que lleguen a delinquir. // Claro está, a partir
del principio democrático, la prevención general no puede fundarse
exclusivamente en su efecto intimidatorio derivado (prevención general
negativa), sino que, apuntando a fortalecer el consenso social, la pena también
debe dirigirse a reforzar en la conciencia colectiva la vigencia del ordenamiento
jurídico (prevención general positiva)”. Sentencia del 27 de febrero de
2013, radicado 33254. (MP José Leonidas Bustos Martínez).
[53]
(MP Alejandro Martínez Caballero). En esa oportunidad la Corte
estudio la exequibilidad de un tratado internacional suscrito entre Colombia y
Venezuela para la repatriación de personas condenadas, el cual finalmente
declaró ajustado a la Carta Política. // Esta tensión también fue objeto de
estudio en la sentencia C-144 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero), en la
cual se declaró exequible el Segundo Protocolo Facultativo para Abolir la Pena
de Muerte, adicional al Pacto de Derechos Civil y Políticos.
[54]
Sentencia C-757 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[55]
Artículo 64 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo
30 de la ley 1709 de 2014.
[56]
Lo anterior a partir de la declaratoria de exequibilidad
condicionada del artículo 30 de la ley 1709 de 2014, que decidió la Corte
Constitucional en la sentencia C-757 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[57] Ver entre otras las sentencias C-041 de 2002 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra), C-215 de 1999 (MP E: Martha Victoria Sáchica Méndez), C-146 de
1998 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); C-543 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz),
C-155 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y C-509 de 2004 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett).
[58]
Sentencia C-936 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[59]
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[60]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa).