T-775-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-775/02
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Atención en salud
El Estado Social de Derecho busca que los derechos fundamentales y
la justicia social tengan una efectividad real. El derecho a la vida está
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política como el primero de los
derechos fundamentales. La salud, cuando está conexa con el derecho fundamental
a la vida, se convierte en fundamental, además de su atención es uno de los
fines  esenciales del Estado, y su atención es un servicio público a cargo de
éste.
DERECHO A LA SALUD-Incorpora el derecho al dignóstico
La Corte Constitucional considera que
el derecho a la seguridad social no se limita a prestar la atención médica
quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, sino que
también incluye el derecho al diagnóstico, el cual puede entenderse como “, la
seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de
precisar la situación actual del paciente en un momento determinado, con miras
a establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así
oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le
serán practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes
y pruebas que los médicos ordenen.” Esta Corporación ha manifestado en reiteradas
ocasiones, que al no realizarse el examen de diagnóstico requerido para ayudar
a detectar la enfermedad y así determinar el tratamiento necesario, se está
poniendo en peligro el derecho a la salud, en conexidad con el derecho
fundamental a la vida.
SERVICIO PUBLICO DE SALUD-Cumplimiento estatal
Es obligación del Estado prestar a los colombianos el servicio
público de salud, indistintamente de si está o no privado de la libertad. Es
más, es obligación del Estado el proteger a los internos de los centros
penitenciarios su derecho a la vida.
Referencia: expediente T- 628215
Peticionario: José Rodolfo Ospina Duque
Accionado: Dirección de la Penitenciaria
Nacional de Valledupar
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C.,  diecinueve (19)  de septiembre
de  dos mil dos (2002)
La Sala Sexta de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo Montealegre
Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las
sentencias proferidas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar,
el 11 de junio de 2002, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar, el 4 de julio de 2002.
I.
HECHOS
1.     El señor José Rodolfo Ospina Duque, interno de la Penitenciaría
Nacional de Valledupar, interpuso acción de tutela en contra de ésta por
considerar que le está violando sus derechos a la integridad física, a la
asistencia médica, y a la dignidad humana.
2.     El accionante está purgando una pena de 46 años de prisión, para lo
cual ingresó a la Penitenciaría accionada el 27 de junio de 2001, luego de
haber sido trasladado de la Penitenciaría Nacional de Itagüí. Manifiesta que se
encuentra en delicado estado de salud, y que requiere que se le practiquen tres
cirugías, la primera por causa de la desviación del tabique,  la segunda por
una hemorroides crónica, y la tercera por varicocele en el testículo izquierdo.
Manifiesta que a pesar de haber realizado varias solicitudes a la dirección de
la accionada, éstas no han sido tenidas en cuenta.
3.     Solicita entonces, mediante acción de tutela, que le sean
protegidos los derechos invocados y que la accionada ordene la práctica de las
cirugías que necesita para mejorar su estado de salud.
I.
PRUEBAS
1.     Declaración jurada, rendida por José Rodolfo Ospina Duque, ante el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar el 31 de mayo de 2002.f.12
2.     Contestación de la Penitenciaría Nacional de Valledupar con fecha
del 31 de mayo de 2002, al oficio enviado por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Valledupar el 30 de mayo de 2002.f.13
3.     Ficha que contiene la situación jurídica del interno José Rodolfo
Ospina Duque en la Penitenciaría Nacional de Valledupar, con fecha del 30 de
mayo de 2002.f.16
4.     Reportes de resultados de exámenes de laboratorio de José Rodolfo
Ospina Duque  realizados en la Penitenciaría Nacional de Valledupar los días 26
de octubre de 2001, 3 de abril de 2002, 21 de mayo de 2002. f.17,18,21
5.     Control de entrega de medicamentos por parte de la Penitenciaría
Nacional de Valledupar al interno José Rodolfo Ospina Duque.f.19, 20
6.     Reporte de resultados de exámenes de laboratorio con fecha del 26 de
octubre de 2001, realizados al interno José Rodolfo Ospina Duque por parte de
la Penitenciaría Nacional de Valledupar.f21
7.     Certificado médico emitido por la Penitenciaría Nacional de
Valledupar del interno José Rodolfo Ospina Duque, con fecha del 30 de junio de
2001.f.22
8.     Historia clínica del interno obtenida con el examen de ingreso de
José Rodolfo Ospina Duque como interno de la Penitenciaría Nacional de Valledupar,
con fecha del 30 de junio de
2001.f.24,25,26
9.     Solicitud del servicio médico de optometría para José Rodolfo Ospina
Duque, interno de la Penitenciaría Nacional de Valledupar, del año de 2002.f.27
10.Informes médicos de la salud de José Rodolfo Ospina Duque, interno
de la Penitenciaría Nacional de Valledupar, de mayo de 2002.f.28
11.Informe del laboratorio del hospital San Rafael de Itagüi sobre José
Rodolfo Ospina Duque, con fecha del 8 de noviembre de 2000.f.30
12.Resumen de atenciones médicas y de tratamientos recibidos por el
interno José Rodolfo Ospina Duque en el hospital San Rafael de Itagüi, desde su
ingreso hasta febrero de 2001.f.31 a 37
13.Informe del médico de planta de la Penitenciaría Nacional de Itagüi
al director de esta misma penitenciaría con el fin de comunicarle que el
interno José Rodolfo Ospina Duque requiere la realización de una intervención
quirúrgica por otorrinolaringología, la cual le fue programada para el día 22
de mayo de 2001en el hospital San Rafael de Itagüi.f.38
14.Informe del médico de planta de la Penitenciaría Nacional de Itagüi
al director de esta misma penitenciaría con el fin de comunicarle que el
interno José Rodolfo Ospina Duque requiere la realización de una intervención
quirúrgica por otorrinolaringología, la cual le fue programada para el día 4 de
mayo de 2001en el hospital San Rafael de Itagüi.f.39
15.Informe del médico de planta de la Penitenciaría Nacional de Itagüi
al director de esta misma penitenciaría con el fin de comunicarle que el
interno José Rodolfo Ospina Duque requiere la realización de una intervención
quirúrgica por otorrinolaringología, la cual le fue programada para el día 30
de marzo de 2001en el hospital San Rafael de Itagüi.f.40
16.Dictamen médico legal de lesiones personales no fatales del interno
José Rodolfo Ospina Duque, emitido por la Penitenciaría Nacional de Valledupar
el 28 de mayo de 2002.f.47
17.Declaración juramentada rendida por la señora Carmen Nubia Pardo
Lenguas, directora de la Penitenciaría Nacional de Valledupar, el 4 de junio de
2002, ante el Juez Penal del Circuito de Valledupar, en la cual hace un
recuento de la atención médica que el centro penitenciario le ha prestado al
interno accionante, y además dice que “a la fecha tiene pendiente la valoración
para cirugía general la cual está pendiente para asignar en el Hospital Rosario
Pumarejo de López” .f.48
III.
DECISIONES JUDICIALES
A.   Primera Instancia
En sentencia del 11 de junio de 2002, el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Valledupar decidió no tutelar los derechos invocados por el
accionante, luego de considerar que es cierto que éste tiene varios
padecimientos en su salud, pero que la Penitenciaría Nacional de Valledupar
está suministrándole los tratamientos médicos recetados. En opinión del juez,
el accionado está tramitando lo necesario para practicarle al accionante una
cirugía en caso de ser recomendada por los médicos (no señala el juez qué clase
de cirugía). Advierte el juez al director de la penitenciaría, que su
valoración médica debe agotarse lo antes posible para determinar si el
accionante debe ser intervenido quirúrgicamente.
Apelación
El 17 de junio de 2002 José Rodolfo Ospina Duque presentó escrito de
apelación al fallo de primera instancia. Argumenta el accionante que el juez
falló sin haberlo hecho valorar por el médico, y sin que le enviaran su
historia clínica donde consta que padece de hemorroides. Solicita ser valorado
por el médico para que se compruebe su estado de salud.
B. Segunda instancia
En sentencia del 4 de julio de 2002, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar decidió confirmar en su
integridad la sentencia de primera instancia. Encontró la Sala, al examinar las
pruebas allegadas al expediente, que no es cierto que se le haya amenazado o
que esté violándosele el derecho a la salud en conexión con el derecho a la
vida del interno José Rodolfo Ospina Duque, por cuanto desde que fue trasladado
de la Cárcel de Itagüi a la Penitenciaría Nacional de Valledupar, se le ha
estado atendiendo constantemente por distintos quebrantos de salud y
especialmente por los que ahora lo aquejan. En la actualidad está pendiente su
valoración para determinar la posibilidad de someterlo a un tratamiento
quirúrgico dependiendo del criterio de los médicos. Estima el Tribunal que no
ha habido desatención al accionante por parte del accionado, y que por el
contrario, ha sido amplio y generoso en la atención médico–asistencial y
farmacológica que le ha prodigado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241
de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el
presente fallo de tutela.
B. Fundamentos
a.     El derecho a la salud en el Estado Social de Derecho
El Estado Social de Derecho busca que los derechos fundamentales y
la justicia social tengan una efectividad real. El derecho a la vida está
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política como el primero de los
derechos fundamentales. La salud, cuando está conexa con el derecho fundamental
a la vida, se convierte en fundamental, además de su atención es uno de los
fines  esenciales del Estado, y su atención es un servicio público a cargo de
éste[1].
Referente al derecho fundamental a la vida, en sentencia T-645 de
1998,  señaló la Corte que " Esta Corte ha sostenido que la vida humana
está consagrada en el preámbulo de la Carta de 1991, como un valor superior que
debe asegurar la organización política, pues las autoridades públicas, aún más
las de carácter de seguridad social, están instituidas para protegerla
integralmente y para garantizar el derecho constitucional fundamental a la
integridad física y mental; en concordancia con ese valor, el artículo 11 de la
C.P. consagra el derecho a la vida como el de mayor connotación jurídico
política, toda vez que se erige en el presupuesto ontológico para el goce y
ejecución de los demás derechos constitucionales, ya que cualquier
prerrogativa, facultad o poder en la sociedad es consecuencia necesaria de la
existencia humana[2]."
En cuanto al derecho a la salud, en sentencia T-723 de 1998[3] la Corte estableció que
"Dentro del Estado Social de derecho, la atención de la salud de las
personas residentes en Colombia, constituye un cometido programático de
carácter social a cargo del Estado y de los asociados, que sin duda le impone
al poder público y a los particulares la misión constitucional de establecer y
crear un sistema de seguridad social integral que atienda los derechos sociales
previstos en la Carta Política, especialmente en materia de salud, que
comprende por extensión los derechos fundamentales a la vida y a la integridad
física."
Es entonces deber del Estado brindarle a
todos los colombianos residentes en el país protección en salud, y de proteger
el derecho a la vida cuando los dos están conexos.
b.    El derecho a un diagnóstico
La Corte Constitucional considera que el
derecho a la seguridad social no se limita a prestar la atención médica
quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, sino que
también incluye el derecho al diagnóstico, el cual puede entenderse como “,
la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de
precisar la situación actual del paciente en un momento determinado, con miras
a establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así
oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le
serán practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes
y pruebas que los médicos ordenen.[4]”
Esta Corporación ha manifestado en
reiteradas ocasiones, que al no realizarse el examen de diagnóstico requerido
para ayudar a detectar la enfermedad y así determinar el tratamiento necesario,
se está poniendo en peligro el derecho a la salud, en conexidad con el derecho
fundamental a la vida.
Un caso distinto que también ha sido
estudiado por la Corte, es aquél en el que ya hubo un diagnóstico médico
pero el tratamiento recomendado, o la cirugía ordenada no se han llevado
a cabo. En sentencia T-281 de 1996[5]
dijo la Corte que “Cuando existe un nexo directo e inescindible entre el
funcionamiento del servicio de salud y un estado de disminución recuperable de
la integridad física, como ocurre en el caso de un aplazamiento injustificado
de una cirugía recomendada previamente, que termina en la disminución de la
capacidad de locomoción del paciente afiliado a la entidad, es preciso ordenar
en sede de tutela que, si es prudente y razonable, se continúe el tratamiento
recomendado e iniciado, salvo concepto obligatorio en contrario, siempre que el
paciente sea informado y acepte la  continuación del procedimiento con sus
riesgos clínicos.”
Es inescindible el vínculo que existe entre
los derechos a la dignidad, a la salud, a obtener un diagnóstico y a la vida,
ya que existen casos en los cuales, de no obtenerse un diagnóstico a tiempo, el
resultado puede ser fatal. Al respecto señaló la Corte que “El aplazamiento
injustificado de una solución definitiva a un problema de salud, que supone la
extensión de una afección o un malestar, vulnera el principio del respeto a la
dignidad humana y el derecho fundamental a la vida, el cual no puede entenderse
como una existencia sin dignidad. En esta medida, la demora injustificada en el
diagnóstico y, por consiguiente, en la iniciación de un posible tratamiento que
logre el restablecimiento de la salud perdida o su consecución, atenta contra
los derechos a la salud en conexidad con la vida.[6]”
c. Del caso en concreto
El presente caso se refiere a un interno de la Penitenciaría
Nacional de Valledupar que solicita ser intervenido quirúrgicamente de
hemorroides y de desviación de tabique porque asegura encontrarse en delicado
estado de salud. Deberá la Corte entrar a estudiar si la Penitenciaría Nacional
de Valledupar, ente accionado, debe ordenar la práctica de dichas cirugías.
Es obligación del Estado prestar a los colombianos el servicio
público de salud, indistintamente de si está o no privado de la libertad. Es
más, es obligación del Estado el proteger a los internos de los centros
penitenciarios su derecho a la vida. El señor Rodolfo Ospina Duque, interno de
la Penitenciaría Nacional de Valledupar, interpuso la presente tutela por
cuanto dice necesitar 3 cirugías, la primera por causa de la desviación del
tabique,  la segunda por una hemorroides crónica, y la tercera por varicocele
en el testículo izquierdo.
Obran en el expediente pruebas de que el accionante ha sido atendido
varias veces por el servicio de sanidad de la accionada, incluso en el mes de
mayo de 2002, mes en el que fue interpuesta la tutela. También existen en el
expediente tres órdenes distintas, del 2 de marzo, y del 5 y del -18 de abril
de 2001, del médico de la cárcel de Itagüi para que le fuera practicada una
cirugía por otorrinolaringología (rinoseplastia). Sin embargo, ésta no le fue
practicada, al parecer, por haber sido trasladado de centro penitenciario. En
cuanto a las demás cirugías, la directora de la Penitenciaría Nacional de
Valledupar declaró que ésta ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para
procurarle la salud al accionante, y que sólo está pendiente la valoración por
cirugía general.
Según las pruebas que constan en el expediente, el accionante viene
padeciendo de hemorroides con anterioridad a junio 30 de 2001, fecha en la cual
fue trasladado a la penitenciaría accionada. Desde tal fecha ha sido atendido
en once ocasiones por el servicio médico de la Penitenciaría y desde el 8 de
enero de 2001 se ordenó la remisión para la valoración por cirugía general en
virtud de lo crónico de su enfermedad.
Por lo anterior, la Sala considera que se hace necesaria la
inmediata valoración por parte de cirugía general para que a través de ésta se
determine si es necesaria la intervención quirúrgica del accionante para el
tratamiento de su hemorroides. Una vez sea realizada tal valoración, en caso de
que tras la misma se encuentre que debe ser intervenido, la Sala estima que se
hace necesaria la pronta programación de la cirugía para que cese el problema
de salud del accionante el cual lo ha llevado incluso a estar hospitalizado (fl
14 y 47) .
Por otro lado, si bien la Sala encuentra prueba de la orden para la
intervención quirúrgica rinoseplastia, observa que la misma estaba programada
en el Hospital San Rafael de Itagui. En esa medida, respetando la órdenes dadas
por el médico de planta del INPEC el 2 de marzo de 2001, el 5 de abril de 2001y
el 18 de abril de 2002 (fls. 38-40), pero teniendo en cuenta que el
peticionario se encuentra en la actualidad en la Penitenciaría de Valledupar,
la Corte ordenará que la accionada realice las gestiones necesarias para
remisión al otorrinolaringólogo y la posterior programación de la cirugía.
Por último, la Sala encuentra que no existe prueba en relación con
la existencia del problema de varicocele que el accionante dice tener. Tampoco
está probada la omisión de la accionada para su tratamiento. Por tanto, no se
tutelará el derecho a la salud en este aspecto.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO : REVOCAR la sentencia del
4 de julio de 2002, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Valledupar, y en su lugar CONCEDER la acción de tutela interpuesta por
José Rodolfo Ospina Duque en contra de la Penitenciaría Nacional de Valledupar,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.
SEGUNDO : ORDENAR a la
Penitenciaría Nacional de Valledupar que en un término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, se remita
al interno José Rodolfo Ospina Duque para la valoración por cirugía general y
en caso de que se encuentre que el peticionario debe ser intervenido
quirúrgicamente para el tratamiento de hemorroides, la operación se realice en
el menor tiempo posible.
TERCERO : ORDENAR a la Penitenciaría Nacional de Valledupar que en un
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
la presente sentencia, se remita al interno José Rodolfo Ospina Duque para la
valoración por otorrinolaringólogo y en caso de que se encuentre que el
peticionario está en condiciones de ser intervenido, la operación
rinoseptoplastia se realice en el menor tiempo posible.
CUARTO: Para los efectos del artículo 36
del decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y
tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[CC1]
[1]Artículo 49 de la
Constitución Política: La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde
al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para
la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo
en los términos y condiciones señalados en la ley.
Los
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de
atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos
en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y
obligatoria.
Toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad.
[2] Sentencia T-645
de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz
[3] Sentencia
T-723 de 1998, M.P.Fabio Morón Díaz
[4] Sentencia
T-366 de 1999, M.P.José Gregorio Hernández Galindo
[5] Sentencia
T-281 de 1996, M.P.Julio César Ortíz Gutiérrez
[6] Sentencia
T-862 de 1999, M.P .Carlos Gaviria Díaz
[CC1]