C-100-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-100/05
LIBERTAD ECONOMICA-Consagración constitucional/LIBERTAD DE
EMPRESA-Consagración constitucional/EMPRESA-Función social
LIBERTAD ECONOMICA-No es absoluta
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
LIBERTAD DE EMPRESA-Debe
respetar su núcleo esencial
EMPRESA-Intervención del Estado a través de la Ley/EMPRESA-Función
social en ciertos casos se logra como una contrapartida de los incentivos
económicos que el legislador otorga
LIBERTAD ECONOMICA-Estímulos y su limitación han de tener
como guía la garantía de los derechos fundamentales y la prevalencia del
interés general/LIBERTAD ECONOMICA Y DE EMPRESA-Ejercicio debe ser
compatible con la protección especial de derechos como el del trabajo y los
demás ligados a éste
DERECHO AL TRABAJO-Consagración constitucional
DERECHO AL TRABAJO-Triple naturaleza constitucional, valor,
derecho y obligación social
DERECHO AL TRABAJO-Pone de realce el respeto a la dignidad
humana
PATRONO-Circunstancias particulares del mismo no pueden
convertirse en factores de trato desigual de los trabajadores
PRIMA ANUAL-Naturaleza jurídica
PRIMA DE SERVICIO-Origen
PRIMA DE SERVICIOS-Alcance
PRIMA DE SERVICIOS-Fundamento
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS
TRABAJADORES-Alcance
EMPRESA-Definición
EMPRESA DE CARACTER PERMANENTE-Concepto
TRABAJO OCASIONAL O ACCIDENTAL-Concepto
SALARIO INTEGRAL-Concepto
PRIMA DE SERVICIOS EN CONTRATO A TERMINO
FIJO INFERIOR A UN AÑO-Se
regula por norma especial
De esta manera, puede afirmarse que el artículo 306
del Código Sustantivo del Trabajo regula en forma general la prima de servicios
para los contratos de trabajo excepto el de término fijo inferior a un año, el
cual por sus especiales características encuentra su regulación en norma
especial, en la Ley 50 de 1990.
TRATO DIFERENCIADO-Legitimidad, razonabilidad y
proporcionalidad
TEST DE IGUALDAD-Pasos/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Pasos
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas anteriores de la vigencia de la
Constitución de l991
PATRONO Y EMPRESA-No son términos equivalentes
DERECHO A LA IGUALDAD EN PRIMA DE SERVICIOS-No se vulnera porque el legislador
establezca que son solamente las empresas las que están obligadas a pagarla
En el presente caso no es
posible comparar  la situación de quien trabaja para una empresa de quien lo hace
para otro tipo de patrono y en este sentido mal podría  entenderse vulnerado el
derecho a la igualdad por el hecho de que el Legislador establezca que son
solamente las empresas las que están obligadas a pagar en los términos a que
alude el artículo 306  del Código sustantivo del Trabajo la prima de servicios.
PRIMA DE SERVICIOS-No tiene naturaleza salarial
PRIMA DE SERVICIOS-Obligación de pagarla
PROMOCION EMPRESARIAL-No resulta razonable como finalidad
Si de lo que se trata es de
facilitar a las empresas que no tienen carácter permanente la posibilidad de
desarrollar su objeto dándoles condiciones laborales  más flexibles que las de
las empresas que si tienen ese carácter,  las cuales tendrían mayor  capacidad
de obtener y programar sus utilidades, habrá necesariamente de concluirse que
con dicha finalidad la norma acusada, si bien encontraría algún fundamento en
la función de promoción empresarial asignada al Estado (art 333 C.P.), no
resulta razonable pues partiría del supuesto según el cual el carácter no
permanente de una empresa impide la obtención de utilidades que pudieran ser
objeto de reparto, afirmación que obviamente resulta controvertible.
PRIMA DE SERVICIOS-Finalidad/PRIMA-Resulta
desproporcionado que en función del carácter no permanente de la empresa se
prive a los trabajadores del pago de la misma
La finalidad de la prima de
servicios es la de que el trabajador participe  en las utilidades de la
empresa  según se desprende del numeral 2 del artículo 306  del Código
Sustantivo del Trabajo, resulta totalmente desproporcionado que simplemente en
función del carácter permanente o no de la empresa  se prive a  los
trabajadores de las empresas que no tienen ese carácter  de la prima de
servicios.
PROMOCION EMPRESARIAL-No existe relación razonable entre ésta y
la diferencia de trato que se da a los trabajadores de las empresas de carácter
no permanente
Podría considerarse que se
trata de facilitar en el marco de la potestad de configuración del legislador y
de la promoción  empresarial que se asigna al Estado la realización de
actividades puntuales por empresas  sin vocación de permanencia, permitiendo
la  generación de empleo así sea por corto tiempo y en condiciones menos
favorables para los trabajadores, con lo que dicha  finalidad encontraría
fundamento en el artículo 333  de la Constitución -que asigna al Estado la
función de promoción empresarial- así como en el artículo 54 superior -que
señala al Estado el deber de propiciar  la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar-. Empero, para la Corte es claro que aún frente a la
finalidad así establecida  no se encuentra una relación razonable  entre ésta
y  la diferencia de trato que se establece al señalar  que  sólo las empresas
de carácter permanente deberán pagar la prima de servicios.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS
TRABAJADORES-Se opone a
dicho principio el establecimiento de una diferencia de trato frente a una
prestación que se enmarca dentro del cumplimiento de la función social de la
empresa
PRIMA DE SERVICIOS EN CONTRATO DE TRABAJO A
TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO-Se paga independientemente que la empresa sea permanente o no/PRIMA
DE SERVICIOS EN EMPRESAS DE CARÁCTER NO PERMANENTE-Su no reconocimiento
genera una situación de inequidad contraria a la Constitución
En la Legislación laboral  se
establece para el caso de los contratos a termino fijo menores de un año la
obligación de pagar la prima de servicios, lo que significa que
independientemente de la empresa para la que se trabaje sea permanente o no
quien se encuentre vinculado por dicho tipo de contrato recibirá dicha prima,
en tanto que en virtud del  texto del artículo 306  del Código Sustantivo del
Trabajo, quienes se vinculen por un contrato diferente a una empresa que no
tenga carácter permanente, no la recibirán, es claro para la Corte  que  se
genera una situación de inequidad contraria a la Constitución.
Referencia:
expediente D-5265
Demanda de inconstitucionalidad
contra las expresiones “toda empresa de carácter permanente” contenidas
en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Actor: Lucy del Socorro Guzmán Cano
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., ocho (8) de
febrero de dos mil cinco (2005)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, la ciudadana Lucy del Socorro Guzmán Cano presentó
demanda contra las expresiones “toda empresa de carácter permanente” contenidas
en el numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Mediante auto del 16 de julio de 2004,
el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la
misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención
ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la
República y al Presidente del Congreso de la República, así como a los
Ministros del Interior y de Justicia y de la Protección Social, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la
constitucionalidad de la norma acusada.
Igualmente ordenó invitar a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia con el mismo fin.
Cumplidos los trámites ya relacionados,
propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General
de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto
contentivo de la expresión acusada contenida en el numeral 1º del artículo 306
del Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por
la Ley 141 de 1961 como legislación permanente). Se subraya lo demandado.
“CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO”
CAPITULO VI
Prima de Servicios
Artículo 306. Principio General. 1. Toda
empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus
trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación
especial, una prima de servicios, así:
a) Las de capital de doscientos mil pesos
($200.000) o superior, un mes de salario pagadero por semestres del calendario,
en la siguiente forma: una quincena el último día de junio y otra quincena en
los primeros veinte (20) días de diciembre, a quienes hubieren trabajado o
trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo
trabajado, siempre que hubieren servido por lo menos la mitad del semestre
respectivo[1]  y no hubieren sido despedidos por justa
causa[2], y
b) Las de capital menor de doscientos mil
pesos ($200.000), quince (15) días de salario, pagadero en la siguiente forma:
una semana el último día de junio y otra semana en los primeros veinte (20)
días de diciembre, pagadero por semestres del calendario, a quienes hubieren
trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre; o proporcionalmente al
tiempo trabajado, siempre que hubieren servido por lo menos la mitad del
semestre respectivo[3]  y no hubieren sido despedidos por justa
causa[4].
2. Esta prima
de servicios sustituye la participación de utilidades y la prima de beneficios
que estableció la legislación anterior.”
(…)
III.
LA DEMANDA
La demandante afirma que las expresiones “Toda
empresa de carácter permanente” contenidas en el numeral 1 del artículo 306
del Código Sustantivo del Trabajo vulneran el Preámbulo y los artículos 1°, 13, y 53 de la Constitución Política.
Para la actora, de conformidad con los
principios establecidos en el Preámbulo de la Carta Política, lo que se
pretende en un Estado Social de Derecho es garantizar que en las relaciones de
trabajo subordinado exista un respeto por la dignidad humana, la justicia y la
igualdad, para la parte más débil de la relación de trabajo, pues sin ellos
sería imposible lograr una convivencia pacífica, en tanto que con  el precepto
acusado se  limita solamente a una clase de trabajadores la garantía de gozar
de una prestación social como es la prima de servicios.
Así mismo, la actora señala que las expresiones
acusadas vulneran los artículos 1º y 13 constitucionales, en la medida en que
se excluiría,  sin fundamento alguno, del derecho a la prima de servicios a los
trabajadores que no prestan sus servicios laborales a empleadores que tienen el
carácter de empresa permanente, situación que los pone en una clara situación
de desigualdad, incluso frente a aquellos trabajadores que se retiran en forma
voluntaria de la empresa o que son despedidos por el empleador sin justa causa,
quienes sí tendrían derecho a ese tipo de prestación legal.
Finalmente, señala que las expresiones
acusadas vulneran el artículo 53 superior, dado que cercenarían los derechos
prestacionales de una parte de los trabajadores que a pesar de haber laborado
el tiempo exigido por la Ley, se les exceptúa de disfrutar del pago completo o
proporcional de la prima  de servicios por el sólo hecho de no laborar para una
empresa de carácter permanente.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Ministerio de la
Protección Social
El Ministerio referido a través de
apoderado judicial, interviene en el presente proceso y solicita la
declaratoria de exequibilidad de las expresiones acusadas, con base en las
razones que a continuación se sintetizan.
Advierte que la demandante solamente hace
una enunciación de las normas constitucionales que considera vulneradas sin
invocar verdaderos cargos de inconstitucionalidad, razón por la que solicita a
la Corte declararse inhibida para fallar de fondo.    Al respecto cita la
sentencia C-1052 de 2001.
No obstante, señala que en el evento en
que la Corte decida pronunciarse, debe declarar la constitucionalidad de las
expresiones acusadas, toda vez que no vulneran la Constitución.
Explica que el pago de la prima de
servicios no fue considerado como factor salarial, dado que no es una
retribución por el servicio prestado, circunstancia que permite excluir del
pago de dicha prestación una serie de actividades que no generan una utilidad
directa para una empresa, v.gr. el servicio que  prestan los choferes de
familia y los del servicio doméstico,  los trabajadores accidentales o
transitorios, y los trabajadores de empresas que no tengan carácter permanente.
Destaca  en este sentido que de
conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 306 del Código
Sustantivo del Trabajo, la prima no representa una remuneración del servicio
prestado sino una forma de participación en las utilidades de la empresa.   Al
respecto cita apartes de las sentencias C-710 de 1996 y C-034 de 2003.
Afirma  que la igualdad no es ajena al
establecimiento de diferencias sustentadas en condiciones relevantes que
imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos
diferentes. Así mismo que según la jurisprudencia  el trato discriminatorio se
configura solamente  cuando se establecen  diferencias de trato sin que exista
un fundamento objetivo y razonable. Al
respecto cita un aparte de la sentencia C-042 de 2003.
En ese orden de ideas, considera que el precepto
acusado no vulnera el artículo 13 superior, toda vez que las  limitaciones para
acceder a la prima de servicios que establecen las expresiones acusadas,
responden a la finalidad para la que fue creada dicha prestación legal, que es
la distribución de utilidades de las empresas y no la remuneración por la
prestación personal del servicio.
Finalmente reitera que las empresas que
no tienen carácter permanente, es decir, que su actividad es puntual para ser
desarrollada en un tiempo inferior a un año, no tienen la obligación de pagar
prima de servicios, toda vez que:  “…el
mismo legislador pone de presente que las empresas que son de una efímera
existencia, no permiten establecer unas metas productivas, ni un estudio
histórico comparativo que establezca unas utilidades permanentes en la empresa
que permitan alguna distribución entre sus trabajadores, por ser un objeto
social de corto tiempo para su desarrollo a diferencia de las demás empresas
con una existencia mayor y por lo cual, se exime de pagar la prima de servicio,
lo cual es constitucionalmente viable, ya que no se está en frente de las
mismas condiciones de la gran mayoría de las empresas, las cuales no solamente
superan el año de existencia sino que sobrepasan el mismo por tiempos muchos
mayores, los cuales permiten establecer utilidades, permitiendo no solamente
superar el capital invertido y los costos productivos o de servicios, sino que
les queda un remanente como ganancias que son las que de alguna manera deben
participar los trabajadores a través de ésta prestación social…”.
2. Academia Colombiana de Jurisprudencia
La Secretaria General de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, en respuesta a la invitación hecha por esta
Corporación, hizo llegar el concepto que preparó el académico Guillermo López
Guerra, y solicita la constitucionalidad de las expresiones demandadas, a
partir de los argumentos que se sintetizan a continuación.
El interviniente advierte que no entiende
por qué la demandante no incluyó en  su demanda el caso de los trabajadores
ocasionales  o transitorios  que de acuerdo con el artículo 6º del Código
Sustantivo del Trabajo y la norma  en que se contienen las expresiones acusadas
no  tienen derecho a la prima de servicios.
Respecto de la acusación formulada
considera que las  expresiones “toda
empresa de carácter permanente” no vulneran ninguna de las normas constitucionales
invocadas por la actora, dado que el legislador tuvo razón al establecer una
diferencia entre las empresas permanentes y aquellas que no tienen ese carácter
puesto que no son iguales y en consecuencia los trabajadores a ellas vinculados
tampoco pueden considerarse iguales.
Afirma además que “…Desconoce la
demanda los cambios sufridos por el art. 306 del C.S.T., en lo tocante al
tiempo laborado exigido para adquirir prima de servicios”. Así mismo que
“ si la Corte extendiera el beneficio de la prima de servicios a los
trabajadores de empresas temporales, ampliaría la cadena de desestímulos a la
celebración de contratos de trabajo, para ser éstos reemplazados por personal
de cooperativas, de empresas temporales, de profesionales independientes,
etc.”. Lo que “ sería “una frustración para los laboralistas mas no una
tragedia jurídica”.  Que en todo caso “en la vida diaria dejará a los
sujetos comerciales  en la diaria negociación, la escogencia del contrato”.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Señor Procurador General de la Nación
allegó el concepto número 3642, recibido el 30 de agosto de 2004, en el
cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas,
con fundamento en las razones que se sintetizan a continuación.
La Vista Fiscal recuerda que:  “…La protección
especial que el Estado debe brindar al trabajador está encaminada de manera
efectiva a aquellos derechos que tienen consagración constitucional y son
correlativos a las relaciones laborales; por ello, es legítima la exigencia a
las empresas del cumplimiento de ciertos deberes entre los que se encuentra el
bienestar general y el de sus trabajadores…”.   Al respecto cita un aparte
de la sentencia C-479 de 2002.
Advierte que de conformidad con la jurisprudencia
constitucional el establecimiento de privilegios injustificados a favor de los
empleadores bien sea porque una autoridad facultada para esos fines profiere
normas con la intención de favorecerles en detrimento de los trabajadores o
porque las normas en sí mismas entrañan elementos perturbadores del orden
laboral justo, resulta contraria a los principios constitucionales. Al respecto
cita un aparte de la sentencia C-051 de 1995.
Recuerda que la prima de servicios es una prestación
especial que deber ser cancelada por las empresas de carácter permanente a sus
trabajadores, salvo a aquellos que se vinculan de manera ocasional o
transitoria y sustituye la participación en las utilidades de las empresa y la
prima de beneficios que previó la legislación anterior a 1950.
Indica que el monto de la prima de servicios está
determinado por el capital de la empresa y la causación de esa prestación se
hace por periodos semestrales de conformidad con lo establecido en el artículo
306 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que deber ser concordada con lo
dispuesto en los artículos 307  y 128 del Código referido de los que se
desprende que su naturaleza jurídica es la de  una prestación especial que no
constituye salario ni se computa como factor salarial. Al respecto cita un
aparte de la sentencia C-710 de 1996.
Afirma que la prima de servicios no es, en estricto
sentido, una participación en las utilidades o beneficios de la empresa sino
una prestación ocasional regulada por la ley de manera restringida, en la
medida en que excluye de su pago a algunas empresas y fija los topes para su
liquidación en relación con el capital de las mismas.
Considera que: “…no resulta razonable que el
ordenamiento jurídico imponga el mismo rasero en materia prestacional no
constitutiva de salario a las empresas que tienen vocación de permanencia y a
las que se constituyen con duración inferior a un año, ya sea por la naturaleza
de la labor a desarrollar o por imposición de otras normas.  En tal sentido, la
distinción entre esos dos tipos de empresas goza de amparo constitucional a la
luz del artículo 333 de la Constitución Política…”. Destaca  que  en
la medida en que las empresas con carácter permanente tienen mayores
posibilidades en la obtención de utilidades tienen por ende una mayor
obligación en el reparto de esas utilidades, mientras que las empresas
constituidas para realizar labores con duración inferior a un año generalmente
realizan solamente un objeto puntual que debe realizarse en un término inferior
a un año.
Señala que de conformidad con lo previsto en el
artículo 22 del Capítulo II del Convenio No.100 de la OIT –“Relativo a la
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por trabajo igual”-, aprobado por Colombia mediante la Ley 54 de
1962, es claro que puede haber diferencias salariales y por ende
prestacionales, en las diferentes empresas siempre que esas diferencias se
prediquen de forma igualitaria entre los trabajadores sin hacer consideración
alguna en relación con el sexo al que pertenecen.
En ese entendido, estima que:  “…la prima de servicios
como prestación derivada del carácter utilitarista de la empresa más no de la
labor prestada por el trabajador a su empleador, bien puede ser regulada por el
legislador de manera diferenciada, tratándose de una empresa con carácter
permanente y otra que no lo es, pues la Constitución no le impone restricciones
en ese sentido, y, por el contrario, a través de las normas con las cuales se
lo faculta para que se impida que se obstruya o restrinja la libertad económica
y para que se fije el alcance de los límites a dicha libertad, atendiendo el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, se habilita
al órgano legislativo para imponerlas –artículo 333 de la Constitución
Política-…”. Al respecto cita la sentencia T-425 de 1992.
Concluye entonces que:  “…por existir fundamentos
fácticos y razones objetivas suficientes para hacer una distinción entre las
empresas de carácter permanente y las que por tener vocación de permanencia
inferior a un año no lo son, y en virtud a que la prima de servicios no
constituye salario ni es factor del mismo, la norma que dispone la exoneración
a estas últimas del pago de dicha prestación no vulnera los fundamentos del
Estado Social de Derecho, los principios que orientan la expedición de las
normas laborales y tampoco desconoce la aplicación del derecho de igualdad para
los trabajadores de las empresas que no tienen vocación de permanencia…”.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión demandada hace parte
de una Ley de la República.
2.      La materia sujeta a examen
Para  la actora las expresiones “toda
empresa de carácter permanente” contenidas en el numeral 1º del artículo
306 del Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados
por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente), donde se establece la
obligación para  toda empresa
de carácter permanente de pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los
ocasionales o transitorios, como prestación especial una prima de servicios, vulneran el Preámbulo y los artículos 1, 13, y 53 de la Constitución Política por cuanto i) se excluiría  a
una serie de trabajadores del reconocimiento de una prestación contrariando los
principios  superiores sobre el derecho al trabajo por el solo hecho de no
trabajar para una empresa de carácter permanente y ii) se establecería así una
discriminación contraria a la Constitución por cuanto no existiría ninguna
justificación para la diferencia de trato entre trabajadores  establecida por
el legislador a partir del carácter permanente o no de la empresa.
Los intervinientes en el proceso[5] y el señor Procurador  General
de la Nación coinciden en afirmar que no asiste razón a la demandante respecto
de la  acusación que formula en contra de las expresiones señaladas y solicitan
la declaratoria de constitucionalidad de las mismas.
Así mismo coinciden en que i)  el análisis
concordado  de la disposición en que se contienen las expresiones acusadas con
los artículos 307 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo muestra que  la prima
de servicios no es salario ni se computa como factor de salario y  que  según
el numeral 2 del artículo 306 del mismo Código con ella se sustituyó la participación de utilidades y
la prima de beneficios que establecía  la legislación anterior; ii) existe una clara diferencia entre una empresa de
carácter permanente y una que no lo es,   al tiempo que las empresas de
carácter permanente tienen una mayor posibilidad de obtener y programar sus utilidades
frente a las que tienen un objeto puntual y delimitado en el tiempo,  lo que
justificaría que en relación con la prima de servicios  se dé un tratamiento
diferente.
El interviniente en representación de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia  hace énfasis en  el desestímulo que  la
eventual declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas generaría
para la celebración de contratos de trabajo[6].
El interviniente en representación del
Ministerio de la Protección Social destaca  que  dado que  el pago de la prima
de servicios no es una retribución por el servicio prestado, es posible excluir
de dicha prestación una serie de actividades que no generan una utilidad
directa para una empresa, v.gr. el servicio que  prestan los choferes de familia
y los del servicio doméstico,  los trabajadores accidentales o transitorios, y
los trabajadores de empresas que no tengan carácter permanente.
El Señor Procurador General de la Nación
destaca por su parte que en el marco de la libertad económica (art 333 C.P.) el
Legislador bien puede establecer diferencias de trato entre trabajadores de
empresas de diferente naturaleza sin vulnerar el principio de igualdad y que
dado que  en su criterio la
prima de servicios no es en estricto sentido, una participación en las
utilidades o beneficios de la empresa sino una prestación ocasional sin
carácter salarial bien puede ser regulada por el legislador de manera
diferenciada,.
Corresponde a la Corte en consecuencia
examinar si con la introducción de las expresiones “toda empresa de carácter
permanente” en el numeral 1 del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo
que regula la prima de servicios,  el Legislador estableció o no un tratamiento
discriminatorio entre trabajadores que desconocería tanto el principio de
igualdad (art. 13 C.P.) como los demás  principios invocados por la demandante
que orientan el derecho al trabajo (Preámbulo, y artículos  1° y 53 C.P.).
3.  Consideraciones preliminares
Previamente la Corte considera necesario
efectuar algunas precisiones relativas a     i)  la solicitud de inhibición,
ii)  la libertad de  empresa  y  los derechos de los trabajadores y iii) los
antecedentes,  contenido y alcance de la  norma donde se contienen las
expresiones demandadas, las que resultan pertinentes para el análisis de los
cargos planteados en la demanda.
3.1 La solicitud de inhibición
El interviniente en representación del
Ministerio de la Protección Social afirma que  la demandante se limitó  a
señalar las normas constitucionales que considera infringidas por las
expresiones acusadas sin formular en debida forma cargos de
inconstitucionalidad, por lo que solicita a la Corte inhibirse para emitir un
pronunciamiento de fondo en el presente caso por ineptitud sustantiva de la
demanda.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha explicado de
manera reiterada  que  dado que el juicio de constitucionalidad se fundamenta
en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y
verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política[7],
al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera
específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una
verdadera controversia constitucional[8].
Ahora bien, en el presente caso la  Corte
constata que contrariamente a lo afirmado por el interviniente,  la demandante
no solo invoca las normas constitucionales  que considera vulneradas sino que
explica claramente que la vulneración del principio de igualdad  y de las demás
normas que invoca como violadas se da  por el establecimiento, en su criterio
sin ninguna justificación, de una diferencia de trato entre trabajadores por el
solo hecho de que presten o no sus servicios a una empresa de carácter
permanente.  En este orden de ideas no puede afirmarse que la demandante haya
incumplido la carga que le corresponde asumir para permitir el juicio de
constitucionalidad, pues de la demanda se desprende claramente cuales son las
disposiciones que se acusan, cuales normas superiores se violan y cuales las
razones por las que se consideran vulneradas.
Téngase en cuenta que si bien
los requisitos establecidos en el artículo  2° del Decreto  2067 de 1991 deben
claramente cumplirse,   el
rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede
convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el
derecho reconocido a todo ciudadano para acudir ante la Jurisdicción
Constitucional[9].
En ese orden de idea la Corte se abstendrá
de atender la solicitud formulada por el interviniente y procederá a analizar
la acusación formulada por la demandante.
3.2 La  libertad de empresa  y  los
derechos de los trabajadores
De acuerdo con el artículo 333 de la
Constitución[10]   la actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común. Así  mismo según dicho texto
superior  la empresa, como base del desarrollo, tiene un función social, al
tiempo que corresponde al Estado estimular el desarrollo empresarial.
Ello significa  que la libertad económica, base de la
libre empresa, se desenvuelve en términos del interés general, y que  las
facultades derivadas del derecho a ejercer una actividad económica no son
absolutas, pues deben consultar siempre los intereses públicos puestos en juego[11].
También que de la ley surgen, en
consecuencia, tanto restricciones como estímulos a la libertad de empresa, por
lo que siempre que se respete el núcleo esencial de dicha  libertad de empresa[12], debe reconocerse un amplio poder
configurativo en esta materia al Legislador.
Concretamente ha dicho la Corte  que  la
función social, asociada a la empresa, es fuente de un sinnúmero de
intervenciones legítimas del Estado que se materializan a través de la ley.
Entre otros criterios relevantes que en este sentido pueden tomarse en cuenta,
se mencionan los siguientes: la actividad de la empresa; su estructura
organizativa; el mercado en el que se inserta; el tipo de financiamiento al
cual apela; el producto o servicio que presta; la importancia de su resultado
económico etc[13]. Los anteriores factores pueden determinar
variadas formas de regulación, inspección, control, así como la  existencia de
estímulos e incentivos.
En relación con este último punto la Corte ha precisado
que  en ciertos casos la función social de la empresa, se logra como una
contrapartida de los incentivos económicos que el legislador decide otorgar con
miras a alcanzar determinados objetivos económicos de interés general.
Ha dicho la Corte:
“(E)l resultado económico de las empresas
no es indiferente para el Estado. En algunos casos se desearía favorecer la
industrialización de una determinada región; en otros, los objetivos de la
política económica, pueden orientarse a desestimular ciertas iniciativas y
empresas, ya sea por una excesiva oferta en el mercado o por sus efectos
perjudiciales en términos de absorción de determinadas materias primas o
recursos financieros. En estos casos, aparte de los medios de intervención
directa, el Estado puede legítimamente establecer políticas de estímulo de las
que se beneficiarían los operadores económicos que sigan sus pautas. El
conjunto de estas políticas - créditos de fomento, exenciones tributarias,
garantías, autorizaciones especiales, facilidades crediticias y cambiarias,
contratos-programa, premios, inversiones en el capital social etc. -, sin duda,
amplía la esfera de la empresa y le imprime materialmente a su actividad, en la
medida en que ella efectivamente secunde los objetivos de la intervención
estatal, una función social específica. Cabe concluir que en ciertos casos la
función social de la empresa, se logra como una contrapartida a los incentivos
económicos que el legislador decide otorgar con vistas a alcanzar determinados
objetivos económicos de interés general.”
(...)
“El programa incorporado en el plan nacional
de inversiones, enderezado a fortalecer la capacidad competitiva de un sector
de las empresas nacionales tanto en el mercado interno como en el externo, se
ajusta a la Constitución. El fundamento constitucional de la disposición
demandada se encuentra en las facultades de intervención del Estado en la
economía y en la actividad empresarial. La promoción de la competitividad
empresarial y el desarrollo empresarial, son dos objetivos expresamente
asignados por la Constitución a la intervención del Estado en la economía y
para lograrlos es posible recurrir a una política de fomento que consista en
reducir los costos financieros que deben asumir las empresas colombianas por
encima de los que pagan las empresas que compiten con ellas en el mercado de
bienes de capital y servicios técnicos.”[14]
La Corte ha hecho énfasis en
que tanto los posibles estímulos como  las limitaciones de orden legal a las que puede verse
sometida la libertad económica y de empresa, han de tener como guía  la
garantía de los derechos fundamentales de las personas y la prevalencia del
interés general[15]. También ha destacado que el ejercicio de
esa libertad, debe ser compatible con la protección especial estatal otorgada a
derechos que, como el del trabajo y demás ligados a éste, son determinantes
para alcanzar los fines económicos para los cuales fue creada la empresa,
garantizando su realización efectiva, pero dentro del entorno que asegure la
vigencia de un orden justo, protegido por las distintas autoridades públicas.[16]
Al respecto ha señalado la Corporación lo siguiente:
“(E)l derecho al trabajo surge con particular
importancia a partir del Preámbulo de la Constitución, a efectos de ser
protegido en la perspectiva de un orden político, económico y social justo.  A
lo cual concurre el artículo 1 ibídem otorgándole un valor fundante en el
Estado Social de Derecho que entraña Colombia, ámbito en el que le corresponde
a las autoridades proveer a su garantía en condiciones dignas y justas, es
decir, atendiendo a la realización de los fines del Estado materializando los
atributos y consecuencias del derecho al trabajo.  Así entonces, dentro de la
órbita estatal, a partir de políticas laborales consonantes con la dignidad y
justicia que deben irradiar el derecho al trabajo, le compete al Legislador
establecer normas tendientes a salvaguardar los intereses del empleado frente
al empleador.  Vale decir, es tarea fundamental del Estado en general, y del
Legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas
necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad
de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza
de los empleadores, función ésta que en términos constitucionales tiene como
primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a
los clientes de sus bienes y servicios.” [17]
En ese orden de ideas ha de recordarse que
el derecho al trabajo  adopta una triple naturaleza constitucional, i) como un
valor fundante de nuestro régimen democrático y del Estado Social de Derecho,
ii) como un derecho fundamental de desarrollo legal y iii) como una obligación
social (arts 1, 25 y 53 C.P.)[18]. Desde esa perspectiva y sin que ello lo
convierta en un derecho absoluto[19], el trabajo es objeto de una especial
salvaguarda por parte del Estado, no sólo por razón de esa particular
naturaleza, sino porque permite poner de realce la primacía de otros principios
igualmente protegidos, como el respecto a la dignidad humana y a los derechos
fundamentales de las personas que como trabajadores adelantan una actividad
tendiente a desarrollar su potencial físico o mental, en aras de la provisión
de los medios necesarios para su subsistencia y sostenimiento familiar[20].
En este sentido la regulación
que en relación con las empresas efectúe el Legislador  respecto de los
derechos de los trabajadores ha de enmarcarse claramente dentro de los
principios que  el Constituyente señaló  para el efecto en el artículo 53
superior y dentro de ellos -cabe resaltar  para efectos de esta sentencia- del
principio de igualdad para los trabajadores.
Al respecto resulta pertinente recordar que
la Corte en la sentencia C-051 de 1995 al examinar los cargos formulados en
contra del artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo que permitía
establecer condiciones especiales en materia de prestaciones sociales  para los
patronos que  ejecutaran actividades sin ánimo de lucro[21],  hizo énfasis en que la Constitución no autoriza el que la condición o las
circunstancias particulares del patrono se conviertan en factores de tratos
desiguales, en perjuicio de los trabajadores.
Dijo la Corte:
“Entratándose del trabajo,
el artículo 53 se refiere a una de las aplicaciones concretas del artículo 13:
la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Esta igualdad implica que
el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de
la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono.
Este es el fundamento de una de las máximas del derecho laboral: a trabajo igual,
salario igual.
En conclusión, la Constitución
no autoriza el que la condición o las circunstancias particulares del patrono
se conviertan en factores de tratos desiguales, en perjuicio de los
trabajadores (...).
Viniendo al tema de la
justicia, ¿serán, acaso, justas las condiciones desfavorables de un trabajo,
basadas solamente en factores propios del patrono y ajenos al trabajador y a la
labor que realiza? Entre dos trabajadores que ejecuten el mismo trabajo, uno de
los cuales sirve a uno de los patronos a que se refiere el artículo 338, y el
otro a un patrono sometido al régimen general, ¿cómo aceptar que son justas las
condiciones desfavorables del primero? En síntesis, la norma acusada no
interpreta los artículos 25 y 53 de la Constitución; por el contrario, los
contradice.
El artículo 338, en lo que se
refiere a los patronos que ejecutan actividades sin ánimo de lucro, obedeció a
la finalidad de darles un tratamiento favorable, en razón de las tareas que
ordinariamente cumplen en bien de la comunidad. Esto es especialmente acertado
si se piensa en las corporaciones y fundaciones de beneficencia pública
reglamentadas por el título XXXVI del libro primero del Código Civil.
En lo relativo a las personas
sometidas a la legislación canónica, la norma se explica en razón de la mayoría
católica que existe en el país, y por la creencia de que las prácticas
religiosas ayudan a mantener el orden social, y, por lo mismo, contribuyen al
bienestar colectivo.
Pero
si el Estado quiere estimular determinadas actividades, debe hacerlo a su
costa, no a costa de algunos individuos. Los incentivos tributarios, por ejemplo, corren
finalmente por cuenta de toda la comunidad. Y cuando se conceden a las personas
jurídicas que trabajan al servicio de intereses generales, sin ánimo de lucro,
tales incentivos son justos, tanto si se mira su finalidad como si se piensa en
que a la postre los paga la comunidad, que es la beneficiaria de las tareas que
se estimulan.
Lo que no
tiene justificación a la luz de la Constitución, es conceder ventajas a algunos
patronos en desmedro de ciertos trabajadores. Estos no tienen por qué pagar los
favores que el Estado otorgue a sus patronos. Pues, se repite, la retribución
que el trabajador reciba, debe corresponder a sus aptitudes y a la labor que desempeña.
No hay
que olvidar, por otra parte, que la ausencia del ánimo de lucro se predica de
las personas que son miembros de una asociación o corporación, pero no de ésta
en sí misma considerada. Algunas de ellas están dedicadas a actividades de alta
rentabilidad, que les permiten acumular riquezas. No están, en consecuencia en
incapacidad de retribuir normalmente a sus trabajadores.
Y lo mismo, en general, podría
decirse en relación con los estímulos que el mismo Estado puede otorgar a la
pequeña y mediana empresa, y a las organizaciones de carácter solidario. Tales estímulos, en abstracto,
podrían consistir en exenciones o rebajas tributarias, o en regulaciones
crediticias. Todo con el fin de impedir la concentración de la riqueza.”[22]. (subrayas fuera de texto).
En ese orden
de ideas ha de tenerse en cuenta que  si bien el Legislador goza de una amplia
potestad de configuración para regular la libertad económica, así como  para
establecer mecanismos de promoción empresarial,   debe necesariamente tener en
cuenta, el necesario equilibrio entre libertad de empresa y derechos de los
trabajadores.
3.3. Los antecedentes,  contenido y
alcance de la  norma en la que se contienen las expresiones demandadas
3.3.1 Las
expresiones acusadas se contienen el artículo 306  del Código Sustantivo del
Trabajo. Dicho artículo hace parte del  capítulo VI  sobre “prima de servicios”
del Título IX sobre “prestaciones patronales especiales” de la  Primera Parte
sobre “derecho Individual del Trabajo” del referido Código -Decretos 2663 y
3473 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 como legislación permanente- y en
él se establece una prestación especial llamada prima de servicios que de
acuerdo con el numeral 2 del mismo artículo  sustituyó la participación de
utilidades y la prima de beneficios que estableció la legislación anterior a
dicho Código (Decretos 2474 de 1948 y  3871 de 1949)[23].
El artículo  en referencia establece  en
el  numeral 1° que toda
empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores,
excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial[24], una prima de servicios, así:
a) Las de capital de doscientos mil pesos
($200.000) o superior, un mes de salario pagadero por semestres del calendario,
en la siguiente forma: una quincena el último día de junio y otra quincena en
los primeros veinte (20) días de diciembre, a quienes hubieren trabajado o
trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo
trabajado.
b) Las de capital menor de doscientos mil
pesos ($200.000), quince (15) días de salario, pagadero en la siguiente forma:
una semana el último día de junio y otra semana en los primeros veinte (20)
días de diciembre, pagadero por semestres del calendario, a quienes hubieren
trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre; o proporcionalmente al
tiempo trabajado.
Cabe precisar que los requisitos  de haber servido “por
lo menos la mitad del semestre respectivo”[25] y de que los trabajadores “no hubieren
sido despedidos por justa causa”[26]  establecidos originalmente  en los
literales a) y b)  referidos fueron declarados inexequibles por la Corte  en
las sentencias C-034 y C-043 de 2003 en ambos casos por considerarlos
violatorios del derecho a la igualdad (art. 13 C.P.).
3.3.2  El artículo 306 aludido   debe
concordarse  con las  demás normas del mismo capítulo VI  sobre “prima de
servicios” (artículos 307 y 308 C.S.T.), con las  normas  que dentro del Código
Sustantivo del  Trabajo  definen lo que para efectos del mismo se entiende por
empresa  (art. 194 C.S.T.) y en particular por empresa permanente (art. 291
C.S.T.), así como  con las que precisan lo que ha de entenderse por trabajadores ocasionales o transitorios
(art. 6° C.S.T.).
3.3.2.1 En lo atinente a la naturaleza de
dicha prestación el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo[27] señala que la prima anual no es salario, ni se computará
como factor del salario en ningún caso[28].
3.3.2.1.1 Al respecto cabe recordar que en
la Sentencia C-710 de 1996  en  la que se examinó la constitucionalidad del
artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo frente al cargo planteado en ese
proceso  según el cual dicho artículo desconocía  “el derecho del trabajador a recibir la remuneración
por su servicio, porque  la prima anual es producto de la relación laboral.”
la Corte explicó las razones por las cuales la prima no podía ser considerada
como salario. Dijo la Corte:
“No son necesarias demasiadas lucubraciones
para resolver este cargo, pues basta estudiar la naturaleza jurídica de la
prima de servicios, para entender porque no es procedente el cargo.
Lo primero que se advierte, es que la prima
de servicios se introdujo en la reforma laboral del año 1950, para sustituir la
obligación que tenían los patronos de dar a sus trabajadores una participación
en las utilidades de la empresa, así como la prima de beneficios, prevista en
el régimen laboral derogado. El pago de utilidades se había convertido en uno
de los conflictos constantes entre patronos y trabajadores, de manera que el
legislador se ideó una forma alternativa de permitir al trabajador recibir una
suma determinada de dinero, que, en cierta forma, represente su participación
en las utilidades de la empresa.
La misma génesis de esta prima especial,
explica porque ella no puede ser considerada como salario.
Primero, porque no todo patrono está
obligado a pagarla. Sólo lo están, aquellos que tenga el carácter de empresa,
entendida ésta como " toda unidad de explotación económica o las varias
dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica que
corresponde a actividades similares, conexas o complementarias  y que tengan
trabajadores a sus servicios". Segundo, porque su monto no representa,
como lo afirman los demandantes, una retribución directa del servicio del trabajador.
El valor de esta prima, está determinado por el capital de la empresa, tal como
lo consagra el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Las empresas con un capital mayor a
doscientos mil pesos ($ 200.000), están obligadas a pagar un mes de salario.
Las que poseen un capital menor, quince días de salario.
Si la prima anual o de servicios tuviera el
carácter de salario, tal como lo afirman los actores, todo trabajador
independientemente de los factores señalados, tendría derecho a su
reconocimiento, como contraprestación de sus servicios.
Al respecto, es necesario recordar que esta
Corporación, en sentencia C-051 de 1995, consideró que por la naturaleza misma
de esta prima, era ajustado a la Constitución que trabajadores como los del
servicio doméstico no tuvieran derecho a recibirla. Al respecto,  se dijo en el
mencionado fallo.
"En cuanto al artículo 306 del mismo
Código Sustantivo de Trabajo que establece  la prima de servicios únicamente
para los trabajadores de las empresas de carácter permanente, tampoco encuentra
la Corte que sea contrario a la Constitución en cuanto priva de tal prima a los
trabajadores del servicio doméstico. Esto, por la sencilla razón del origen de
la prima de servicios, que, como lo dice la norma citada, sustituyó la participación
de utilidades y la prima de beneficios establecidas en legislación anterior. Es
claro que el hogar, la familia, no es una empresa y no genera utilidades."
(Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-051 de 1995. Magistrado ponente, doctor
Jorge Arango Mejía.)
Tal como se indicó en los considerandos del
numeral quinto de este fallo, el elemento esencial para determinar la
naturaleza salarial de ciertas sumas que recibe el trabajador, es si ellas
tienen por fin retribuir la labor prestada por el trabajador. Carácter
retributivo del que carece la prima anual de servicios, pues su creación por
parte del legislador, tuvo una finalidad distinta a la señalada.
En consecuencia, se declarará exequible el
artículo 307 demandado”[29].
Cabe precisar que la Corte en las
sentencias C-034 y C- 042 de 2003  donde examinó  la acusación contra algunos
apartes del artículo 306  en el que se contienen las expresiones acusadas,
precisó que si bien la prima de servicios no tiene carácter salarial, encuentra
su fundamento y causa en el servicio prestado  por lo que el requisito del
tiempo laborado  es suficiente para acceder al pago de la prima de servicios.
Al respecto en la Sentencia C-034  de 2003
dijo la Corte:
“(S)i la prima tuviera naturaleza salarial,
es obvio que todos los empleadores deberían cancelarla. Con todo, el monto de
la prima depende, como lo afirma la demandante, del servicio del trabajador por
un tiempo específico, y el valor de esta prima está determinado por el capital
de la empresa (artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo). Así, las
empresas con un capital mayor a doscientos mil pesos ($200.000), están
obligadas a pagar un mes de salario por año de trabajo, mientras que las que
poseen un capital menor, deben cancelar quince días de salario.
En ese orden de ideas, la prima de servicios
es un derecho de los trabajadores que se causa con el servicio prestado, es
decir, durante la ejecución del contrato. Incluso, la fecha de terminación del
mismo marca la del pago de la prima proporcionalmente al tiempo laborado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código Sustantivo del
Trabajo. Por lo anterior, a pesar de que  no tenga carácter salarial, es claro
que el requisito de tiempo laborado es suficiente para acceder al pago de la prima
de servicios.”[30]
En el mismo sentido la corte en la
sentencia C-042 de 2003 señaló lo siguiente:
“Dentro del marco de la libertad de
configuración normativa del legislador, para la Sala no resulta razonable que
se establezca una norma que restrinja uno de los principios constitucionales
fundamentales del derecho del trabajo como es la “igualdad de oportunidades
para los trabajadores” (Artículo 53 Superior), puesto que con la aplicación de
la restricción temporal que fija la expresión demandada se permite que personas
que han imprimido a una actividad la misma fuerza laboral, se vean excluidos de
acceder a la prima de servicios por haber iniciado o concluido sus labores por
fuera de la mitad del semestre respectivo.
De otra parte, si la
naturaleza de la prima de servicios es la de una prestación que tiene como
finalidad que el trabajador participe en las utilidades de la empresa (Art.
306-2 C.S.T.), no resulta razonable ni proporcionado que en los contratos de
trabajo a término indefinido o a término fijo igual o superior a un año, se
condicione el pago de esta prestación a que el trabajador haya laborado por un
periodo fijado por el legislador a su arbitrio.
El artículo 53 de la
Constitución Política consagró como derecho del trabajador que su remuneración
sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo y desde esta óptica, se
desconoce el derecho a la igualdad de quienes en una situación fáctica
específica hayan sido vinculados por ejemplo, mediante un contrato de trabajo a
término indefinido en diferentes fechas y a pesar de haber prestado su servicio
en la empresa, uno de ellos se vea excluido de disfrutar de la prima de
servicios.
La prima de servicios
encuentra su fundamento y causa en el servicio prestado. Se permite así que
todos los trabajadores, independientemente de la clase de contrato que se haya
utilizado para su vinculación a la empresa de carácter permanente, tengan
derecho a dicha prestación patronal especial.
Como la expresión acusada introdujo sin
justificación constitucional alguna, una restricción de tipo temporal para
reconocer el derecho a la prima de servicios y desconoce así los principios
fundamentales del derecho al trabajo en el Estado social de derecho, se
declarará inexequible”[31].
3.3.2.1.2  El artículo 308  del Código
Sustantivo del Trabajo establece  que las empresas que por pactos, convenciones colectivas,
fallos arbitrales o reglamentos de trabajo estén obligadas a reconocer a sus
trabajadores primas anuales o primas de navidad tendrán derecho a que el valor
de estas primas se impute a la obligación de pagar la prima de servicios, pero
que si ésta fuere mayor deberán pagar el complemento.
3.3.2.2. En lo que se refiere a las
expresiones “empresa de carácter permanente”  contenidas en el artículo 306  a
que se alude  es pertinente  recordar que  en la legislación laboral  de
acuerdo con el artículo 194  del código sustantivo del trabajo[32] se entiende como una sola empresa, toda unidad de
explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una
misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares,
conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio[33].
Cuanto a lo que debe entenderse por
empresa  de carácter permanente, dicha categoría no  encuentra definición
explícita  ni en la norma en la que se contienen las expresiones acusadas  ni
en el  capítulo VI   del título del Código sustantivo del Trabajo sobre “prima
de servicios”.
Dicha expresión “empresa permanente”  se
encuentra, empero,  definida en el capítulo V del título IX[34]  de la Parte primera del
Código[35]  relativo   al “seguro de vida colectivo obligatorio”[36]  en el artículo 291  donde se señaló que
se entiende que una empresa tiene carácter permanente “cuando su finalidad es
la de desarrollar actividades estables o de larga duración, cuando menos por un
tiempo no inferior a un (1) año”.
3.3.2.3  Respecto de las expresiones
“ocasionales o transitorios”  cabe recordar que de acuerdo con el artículo 6°
del Código sustantivo del trabajo se entiende por trabajo ocasional, accidental o transitorio “el de
corta duración, y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las
actividades normales del patrono”.
Cabe precisar  así mismo que los trabajadores
ocasionales, accidentales o transitorios están excluidos de las prestaciones
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (art. 223
C.S.T.); del auxilio monetario por enfermedad no profesional (art. 229 C.S.T.);
de calzado y vestidos de labor (art. 230 C.S.T.); de gastos de entierro (art.
247 C.S.T.); del auxilio de cesantía (art. 251 C.S.T.); del seguro de vida
(art. 289 C.S.T.) y  como se desprende del artículo 306 analizado de la prima
de servicios.
3.3.3
En relación con el alcance del artículo 306 del Código sustantivo del trabajo
debe tenerse en cuenta  además que como se explicó por la Corte en la Sentencia
C-042 de 2003[37],  con posterioridad a la Ley 141 de 1961 que adoptó
como legislación permanente los Decretos 2663 y 3743 de 1950 en que dicho
artículo se contiene,  el legislador, dentro de su potestad de configuración
normativa, expidió la Ley 50 de 1990 y estableció excepciones al ordenamiento
vigente para esa época.
En efecto, el artículo 18 de la Ley 50 de
1990[38] permite al empleador y al trabajador
pactar por escrito una modalidad de remuneración denominada salario integral,
en la cual éste devengará más de diez (10) salarios mínimos legales mensuales,
más el factor prestacional a cargo de la empresa que no podrá ser inferior al
treinta (30%) de dicha cuantía y en la cual se compensa de antemano el valor de
las prestaciones sociales entre ellas la prima legal de servicios.[39]
En el mismo sentido,  la Ley 50 de 1990 al
regular en su artículo 3º (norma que subrogó el artículo 46 del C.S.T.)[40] el contrato a término fijo inferior a un
año consagró como derecho del trabajador el pago de vacaciones y prima de
servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea.
En ese orden
de ideas, el legislador regló de forma especial la  prima de servicios de
aquellos trabajadores vinculados mediante un contrato a término fijo inferior a
un año.
Así lo señaló la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, al declarar exequibles los apartes "y así
sucesivamente", contenidos en los numerales 1 y 2  del artículo 3 de la Ley
50 de 1990. Al respecto esa Corporación señaló lo siguiente:
"Introdujo el nuevo artículo 46
algunas innovaciones al anterior en lo siguiente:
Aunque no se establece como período mínimo
del contrato el de un año, como si ocurría en la legislación anterior y salvo
algunas excepciones, se busca en la versión del novedoso artículo 46 desalentar
la contratación por plazos inferiores a ese, ya que, como se dijo, sólo se
permite, si en esta última forma se ha pactado una renovación automática por
igual lapso no superior a 3 períodos o inferiores, luego de los cuales la
renovación no podrá ser inferior a un año".
"De ahí también que expresamente se
ordene en el artículo 46 nuevo que en los contratos de trabajo de períodos
inferiores a un año, los asalariados tendrán derecho a vacaciones y prima de
servicios proporcionales"[41].
Se colige de esta manera  como lo explicó
la Corte en la referida sentencia C-042 de 2003 que el legislador buscó
garantizar que los trabajadores vinculados a término fijo por un periodo inferior
a un año, sin importar cual sea éste, tuvieran derecho a la prima de servicios,
puesto que de aplicarse el principio general contenido en el artículo 306 del
Código Sustantivo del Trabajo, en algunos eventos, no tendrían derecho a esta
prestación.
De esta
manera, puede afirmarse que el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo
regula en forma general la prima de servicios para los contratos de trabajo
excepto el de término fijo inferior a un año, el cual por sus especiales
características encuentra su regulación en norma especial, en la Ley 50 de
1990.
Lo anterior,  ha señalado la  Corte,  se
explica  por cuanto si bien todas las modalidades de contratación laboral
tienen protección constitucional, no por ese sólo hecho tienen las mismas consecuencias
y efectos jurídicos para quienes las celebran.  Así, por ejemplo,  diferente es
la regulación que el legislador ha fijado en cuanto a las formalidades de
celebración, las prestaciones sociales, beneficios etc., en los contratos a
término fijo, a término indefinido y a término fijo inferior a un año, por ello
los trabajadores que sean vinculados a través de esas clases de contrato no se
encuentran en la misma situación jurídica y la causación de sus derechos
laborales variará dependiendo de la forma contractual que libremente hayan
celebrado[42].
4.      Análisis del cargo formulado
Para la demandante las expresiones “toda
empresa de carácter permanente” contenidas en el numeral 1º del artículo
306 del Código Sustantivo del Trabajo, vulneran el Preámbulo y los
artículos 1, 13, y 53 de la Constitución Política por
cuanto i) se excluiría  a una serie de trabajadores del reconocimiento de una
prestación contrariando los principios  superiores sobre el derecho al trabajo
por el solo hecho de no trabajar para una empresa de carácter permanente y ii)
se establecería así una discriminación contraria a la Constitución por cuanto
no existiría ninguna justificación para la diferencia de trato entre
trabajadores establecida por el legislador a partir del carácter permanente o
no de la empresa para la que trabajen.
4.1 Sobre el particular, de antemano ha de recordarse
que la jurisprudencia  ha precisado, de manera invariable que  en desarrollo
del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política,
corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas
situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes
diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles[43].
La Corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un
tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del
principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable[44]. La Corte
ha acudido entonces a un instrumento metodológico[45] -sobre
cuyo alcance y límites se ha pronunciado reiteradamente[46]-,  para
verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato
diferenciado[47].
Se busca así establecer en cada caso  i.)  si
se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables;
ii.) si el fin perseguido por la norma es un fin objetivo y legítimo a
la luz de la Constitución; iii.) si los supuestos de hecho estudiados,
la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o
eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv.) si el
trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad
entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada
por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así
entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del
fin perseguido; b)  los medios empleados deben ser necesarios para la
consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con
los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de
este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes[48].
La
jurisprudencia constitucional ha precisado la necesidad de efectuar algunas
ponderaciones en el análisis de dichos elementos[49]. Así, se ha señalado  que la distinción establecida
por el legislador en un ámbito de relevancia básicamente legal, no puede
examinarse de la misma manera que una  distinción fundada en un criterio
constitucionalmente sospechoso como por
ejemplo el establecimiento de diferencias  acudiendo a la raza, el sexo o el origen familiar[50].
En el mismo
orden de ideas se ha señalado que en el estudio de aquellas disposiciones
legales expedidas antes de que la Constitución de 1991 entrara en vigencia debe
hacerse un  “esfuerzo por hallar una interpretación
que se ajuste a la Constitución y promueva su máximo cumplimiento”. Pero “si
agotadas las posibilidades hermenéuticas que brindan las normas demandadas, no
se obtiene un resultado plausible, la Corte tendría que declarar su
inexequibilidad”[51].
4.2 A partir de dichos presupuestos,
procede  la Corte a examinar si en el presente caso  la situación de los
trabajadores que laboran para una empresa de carácter permanente  resulta
comparable con la de aquellos que  no trabajan para dicho tipo de empresa,
respecto del derecho a obtener una prima de servicios y  en caso de ser así si
la diferenciación de trato que establece en este caso el Legislador atiende o
no los presupuestos de racionalidad y proporcionalidad a que se ha hecho
referencia.
Al respecto, y frente al planteamiento de
la demandante, dos problemas deben examinarse.
En primer lugar se debe dilucidar si el
hecho de que la norma aluda solamente a las empresas de carácter permanente  y
no  a los patronos en general comporta una vulneración del derecho de igualdad.
En segundo lugar si  en sí mismo el
carácter permanente  o no  de la empresa  puede o no ser un criterio legítimo
frente a la Constitución para  establecer un tratamiento diferente en relación
con el derecho a la prima de servicios según que se trabaje o no para una
empresa de ese tipo.
4.2.1 En relación con  el primer problema
la Corte constata que como se desprende de las consideraciones preliminares de
esta sentencia,  la propia Constitución se ocupa  de dar a la empresa  una
naturaleza que permite diferenciarla claramente de cualquier otro patrono.
Así, como allí se explicó,  el
Constituyente buscó que la empresa, como base del desarrollo,  se viera
asignada una específica función social  al tiempo que  señaló al Estado la
función  de estimular el desarrollo “empresarial” (art 333-3 C.P.). En el mismo
sentido  cabe precisar que  en diversas normas  la Constitución utiliza el
termino empresa (arts  333-4, 336-7, 369 C.P.)  para identificar y diferenciar
determinados actores económicos.
A su vez, tanto en la Doctrina[52] como en la Jurisprudencia de
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha señalado reiteradamente
que los términos  patrono y
empresa no son equivalentes.
Así por ejemplo en la Sentencia  del 24
de abril 1985[53]  esa Corporación expresó lo siguiente:
“Ante la ausencia de una disposición
legal que defina la empresa en el estatuto laboral, lo ha hecho la
jurisprudencia. Pero ésta no ha llegado a sostener que en donde quiera que la
actividad de una persona se traduzca en un resultado económico, esa sola
circunstancia determine la existencia de la empresa. La jurisprudencia, pues,
no identifica la actividad lucrativa con la empresa. Y no lo hace, por una
parte, porque el mismo código regula el fenómeno del patrono que ejecuta
actividades sin ánimo de lucro (arts. 338, 339), que por exclusión no serían
empresa siguiendo el concepto del tribunal. Y por otra, porque ha estimado que
el concepto de empresa conlleva la presencia de una conjugación del capital y
el trabajo que supone la presencia de una organización con fines de producción
de bienes o servicios. Sin la presencia de esa organización, el fenómeno de la
empresa no se da cabalmente.
En la actividad que cumple la persona que
ejerce una profesión de las que el Código Civil denomina profesiones liberales,
pueden darse las dos situaciones, vale decir, la del profesional que se
organiza como empresa, constituyendo una entidad que ofrece en el mercado
servicios profesionales con trabajadores a su servicio, y la del profesional
que actúa personalmente, ofreciendo esos mismos servicios, mas no como empresa,
sino con predominio de su sola actividad individual. Este segundo caso, que sin
discusión durante el proceso, es el del médico cirujano demandado, no encuadra
en el concepto de empresa y no determina que quien ejerza la profesión de que
se trate sea sujeto de la obligación de pagar la pensión de jubilación
consagrada en el artículo 260 del CST”[54].
En el mismo orden de ideas la misma Sala
de Casación Laboral  en  otra ocasión expuso lo siguiente:
“De vieja data (ver entre otras, las
sentencias del 31 de octubre de 1957; 18 de abril de 1958; 12 de diciembre de
1959; 15 de julio de 1965; y 26 de noviembre del mismo año) tiene adoctrinado
que:
Siendo el patrono una persona, natural o
jurídica y, como tal, un sujeto de derechos y la empresa la unidad de
explotación económica o las varias dependientes de una misma persona, es un
simple objeto de derechos, en los términos del artículo 194 del C.S. del T.
Ello así, ha dicho, no pueden confundirse los sujetos con los objetos.
También ha entendido, y lo sigue haciendo,
que persona y empresa no son términos sinónimos pues se trata de nociones
diversas; cabe decir lo mismo de los conceptos patrono y empresa porque uno y
otro no sólo tienen una consagración distinta en la ley (ver artículos 22-1 y
194 del CST), sino porque el patrono es el sujeto de la actividad y la empresa
la unidad u objeto de esa actividad. En otras palabras, en nuestro régimen de
derecho laboral, los patronos o personas titulares de la unidad de explotación
económica son cosa diferente del objeto o unidad sobre la que recae la
actividad de tales personas”[55].
En ese orden de ideas para efectos del
problema planteado en el presente caso no es pues posible comparar  la
situación de quien trabaja para una empresa de quien lo hace para otro tipo de
patrono y en este sentido mal podría  entenderse vulnerado el derecho a la
igualdad por el hecho de que el Legislador establezca que son solamente las
empresas las que están obligadas a pagar en los términos a que alude el
artículo 306  del Código sustantivo del Trabajo la prima de servicios.
A ello cabría sumar el  análisis del
origen de la prestación  sub examine  que como lo señala el mismo artículo 306
en su numeral 2 sustituyó la
participación de utilidades y la prima de beneficios que establecían los
Decretos 2474 de 1948 y  3871 de 1949 a que se hizo alusión en los apartes
preliminares de esta sentencia.
Allí se  recordó igualmente que  en la
sentencia C-710 de 1996,[56] al analizar la Corte el artículo 307 del
Código Sustantivo del Trabajo que establece que la prima  de servicios no tiene
naturaleza salarial -ante una demanda según la cual tal disposición
desconocería el derecho del trabajador a recibir la remuneración por su
servicio, porque  la prima es producto de la relación laboral-,  la Corte
concluyó entonces que el Legislador podía establecer que la prima de servicios
no fuera considerada factor salarial pues no era en sentido estricto la
retribución de la labor prestada por el trabajador sino una forma de
participación en las utilidades empresariales y que en este sentido era claro
que en esas circunstancias no todo patrono estaba obligado a pagarla sino
solamente aquellos patronos que tuvieran el carácter de empresa y  que por ello
también en  la sentencia C-051 de 1995[57], la Corte encontró ajustado a la Carta que
la ley excluyera del pago de la prima de servicios a los empleados del servicio
doméstico, pues “el hogar, la familia, no es una empresa y no genera
utilidades”. En cambio, si la prima tuviera naturaleza salarial,
resultaría  obvio que todos los empleadores deberían cancelarla[58].
Así las cosas ha de concluirse sobre este
punto que al señalar que será  una empresa  y no en general un patrono quien
deba pagar la prima  de servicios el Legislador no  está  estableciendo una
discriminación contraria al principio de igualdad ni a las normas
constitucionales  invocadas por la demandante  atinentes al referido principio en
lo que respecta a las relaciones laborales.
4.2.2. En relación con el segundo problema
a saber  si el carácter permanente   o no de la empresa  puede ser
legítimamente utilizado  por el Legislador  para establecer una diferencia de
trato entre  los trabajadores  respecto de la prestación especial prima de
servicios, lo primero que debe  examinarse es cual es la  finalidad  perseguida
por la norma.
Si de lo que se trata es, como lo afirma
el interviniente en representación del Ministerio de la Protección Social,  de
facilitar  a las empresas  que no tienen carácter permanente la posibilidad de
desarrollar su objeto dándoles condiciones laborales  mas flexibles  que  las
de las empresas que  si tienen ese carácter,  las cuales tendrían mayor  capacidad
de obtener y  programar sus utilidades, habrá necesariamente de concluirse que
con dicha finalidad  la norma acusada,  si  bien encontraría algún fundamento
el la función de promoción empresarial asignada al Estado (art 333 C.P.), no
resulta razonable pues partiría del supuesto según el cual el carácter no
permanente de una empresa impide la obtención de utilidades  que pudieran ser
objeto  de reparto, afirmación que obviamente resulta controvertible.
Además en el mismo orden de ideas,  si se
tiene en cuenta  -como el mismo interviniente  lo afirma- que  la finalidad de
la prima de servicios es la de que el trabajador participe  en las utilidades
de la empresa  según se desprende del numeral 2 del artículo 306  del Código
Sustantivo del Trabajo[59],  resulta totalmente
desproporcionado que simplemente en función del carácter permanente o no de la
empresa  se prive a  los trabajadores de las empresas que no tienen ese
carácter  de la prima de servicios.
Recuérdese  que si bien el Legislador goza de potestad de
configuración para regular la libertad económica, así como  para establecer
mecanismos de promoción empresarial,   debe tener en cuenta  el necesario
equilibrio entre libertad de empresa y derechos de los trabajadores[60].
A dichas consideraciones cabría oponer,
como hace el señor Procurador  General de la Nación,  el argumento  según el
cual la prima de servicios no debe considerarse en estricto sentido un reparto
de utilidades  sino una prestación especial regulada por el Legislador de
manera  restringida.
En ese orden de ideas podría considerarse,
como  igualmente lo hace el señor Procurador General de la Nación,  que se
trata de facilitar en el marco de la potestad de configuración del legislador y
de la promoción  empresarial que se asigna al Estado la realización de
actividades puntuales por empresas  sin vocación de permanencia, permitiendo
la  generación de empleo así sea por corto tiempo y en condiciones menos
favorables para los trabajadores, con lo que dicha  finalidad encontraría
fundamento en el artículo 333  de la Constitución -que asigna al Estado la
función de promoción empresarial- así como en el artículo 54 superior  -que
señala al Estado el deber de propiciar  la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar-.
Empero, para la Corte es claro que aún
frente a la  finalidad así establecida  no se encuentra una relación razonable
entre ésta y  la diferencia de trato que se establece al señalar  que  sólo las
empresas de carácter permanente deberán pagar la prima de servicios.
Recuérdese la necesidad de que exista coherencia entre
los medios y los fines perseguidos por la norma  -por lo que estos no solo
deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido sino  necesarios
para la consecución de ese fin-, al tiempo que  el logro del mismo  no  debe
sacrificar  principios constitucionales más amplios[61].
Eximir  de  pago de la prima  de servicios
a la empresas cuya finalidad
no es la de desarrollar actividades estables o de larga duración, sino que
están destinadas  a  cumplir su objeto por un tiempo inferior a un (1) año no
solo en  nada garantiza que, por ese hecho,  se crearán nuevas plazas de
trabajo, sino que podría interpretarse incluso  en contravía  del mandato
mismo  de promoción empresarial (art. 333-3 C.P.) en concordancia con la
función social que se asigna a la empresa como base del desarrollo.
Téngase en cuenta  así mismo que dentro de
los principios que establece el artículo 53 superior como orientadores de la
acción del Legislador  para regular el derecho al trabajo se encuentra el de
igualdad de oportunidades para los trabajadores; en este sentido,  el
establecimiento de una diferencia de trato entre trabajadores frente a una
prestación que se enmarca dentro del cumplimiento de la función social de la
empresa y que  necesariamente se predica de todas ellas,  se opone a dicho
principio y en este sentido es claro que la norma sacrifica evidentemente  un
principio constitucional, sin que siquiera el logro de la finalidad enunciada
se encuentre asegurado.
Para la Corte es claro,  además  que
resulta desproporcionado  establecer una diferencia de trato entre trabajadores
por el simple hecho de carácter permanente o no de la empresa a la que se
encuentren vinculados  pues  a pesar  de que dicha prima no tenga carácter
salarial como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia, “es un
derecho de los trabajadores que se causa con el servicio prestado”[62] y es claro entonces  que el
requisito del tiempo  laborado es suficiente  para acceder a la prima de servicios
por lo que no se entiende  que se establezca una diferencia entre trabajadores[63].
Si a lo anterior se suma,  como se explicó
en los aparte preliminares de esta sentencia, que en la Legislación laboral  se
establece para el caso de los contratos a termino fijo menores de un año  la
obligación de pagar la prima de servicios, lo que significa que
independientemente de la empresa para la que se trabaje sea  permanente o no
quien se encuentre vinculado por dicho tipo de contrato  recibirá dicha prima,
en tanto que en virtud del  texto del artículo 306  del Código Sustantivo del
Trabajo, quienes se vinculen por un contrato diferente a una empresa que no
tenga carácter permanente,  no la recibirán, es claro para la Corte  que  se
genera una situación de inequidad contraria a la Constitución.
Así las cosas ha de concluirse que la
diferencia de trato establecida en la norma  entre quienes  trabajan para una
empresa permanente y  quienes  lo hacen  par una empresa que no tiene ese
carácter,  contraviene  el principio de igualdad  y consecuentemente como  lo
afirma  la demandante las disposiciones  superiores que regulan el derecho al
trabajo  (arts 1, 25, y 53).
En ese orden de ideas la Corte  declarará
inexequibles las expresiones “de carácter permanente” y así lo señalará
en la parte resolutiva de esta sentencia.
5. Los  cargos formulados por la
demandante como límite de la decisión
Frente a los argumentos planteados por el
interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
según los cuales en el presente caso, “no entiende por que la demandante no acusó las
expresiones  “excepto a los ocasionales o transitorios” que dentro de una  estructura
lógica de los argumentos formulados por la actora  merecerían en principio el
mismo reproche que la demandante hace  respecto de las expresiones
efectivamente acusadas -lo que configura en realidad un  nuevo cargo en
relación con expresiones  diferentes a las que fueron acusadas por la
demandante-, la Corte advierte que si bien está llamada a examinar las normas acusadas en relación con
toda la Constitución  y  cuando se dan las condiciones para ello puede efectuar
la unidad normativa con  disposiciones o apartes  no demandados por el actor,
dicha posibilidad como lo ha expresado la jurisprudencia  es excepcional.
Caber recordar, en efecto, que conforme a
reiterada jurisprudencia[64], la Corte puede proceder a integrar la
unidad normativa entre las disposiciones acusadas y otros textos  que no han
sido demandados pero  en relación con los cuales existe una unidad
inescindible, cuando resulta materialmente imposible pronunciarse sobre la
exequibilidad o inexequibilidad de las expresiones acusadas sin analizar
globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ellas
forman parte[65].
En el presente caso  resulta claro para la Corporación que  ello
no es así,  además de  que  quien plantea la situación aludida no es el
demandante sino un interviniente  en el proceso que, como en el caso del
Procurador, no está llamado a proponer cargos nuevos[66].
Así las cosas,  en la medida en que no le corresponde  a la
Corporación  hacer un examen oficioso de las normas  sin que se haya planteado
un cargo en debida  forma por un ciudadano y sin que se haya  dado oportunidad
a los diferentes intervinientes  y a la Procuraduría General de la Nación de
expresarse  al respecto, la Corte ha de abstenerse  en la presente sentencia de
efectuar  el  examen del cargo planteado por el interviniente aludido en
relación con expresiones que no fueron acusadas por la demandante.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- Declarar EXEQUIBLES, por los
cargos formulados, las expresiones “toda empresa” contenidas en el
numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES, las
expresiones “de carácter permanente” contenidas en el numeral 1º del
artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Presidente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que
el H. Magistrado doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, no firma la presente sentencia
por encontrarse en comisión de servicios debidamente autorizada por la Sala
Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Aparte declarado inexequible en la
sentencia C-042/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[2] Aparte declarado inexequible en la
sentencia C-034/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3] Aparte declarado inexequible en la
sentencia C-042/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] Aparte declarado inexequible en la
sentencia C-034/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[5] Cabe precisar
que el interviniente en representación del Ministerio de la Protección Social solicita
que la Corte se inhiba en el presente proceso, por considerar que la demandante
no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley para la formulación de los
cargos de inconstitucionalidad, pero que en caso de no ser aceptada su
solicitud se declare la exequibilidad de las expresiones acusadas.
[6] Cabe precisar que dicho interviniente advierte así mismo que no entiende por que la demandante no
acusó las expresiones  “excepto a los ocasionales o transitorios”.
[7] Defectos a los cuales se ha referido la
jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001 M.P.
Jaime Cordoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, C-519 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001
M.P. Fabio Morón Díaz,   C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P. Alvaro Tafur
Gálvis, C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,   entre varios
pronunciamientos.
[8] Ver por ejemplo, el Auto de Sala Plena
244 de 2001
[9] Ver entre otras las Sentencias C-1052/01
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-362/01 y C-510/04 M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
[10] ARTÍCULO 333.  La actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de
todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene un
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato
de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación.
[11] Sentencia C-645/02 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[12] Ver, entre otras, las sentencias
C-254/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-355/03 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[13] Sentencia C-254/96 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[14] Ibidem. Sentencia C-254/96 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[15] Sentencia C-491/02 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[16] Sentencia T-394/99 M.P. Marta Sachica de
Montcaleano. Ver  en el mismo sentido entre otras las sentencias C-1038/03 y
C-019/04 M.P. Jaime Araujo Rentería, C-107/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
y C-355/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[17] Sentencia C-019/04 M.P. Jaime Araujo Rentería S.V.
Rodrigo Escobar Gil.
[18] ARTÍCULO 1º.— Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
ARTÍCULO 25.— El trabajo es un derecho y una obligación social y
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
ARTÍCULO 53.— El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores.
[19] La Corte ha señalado al respecto
reiteradamente que “ no puede impedirse el desarrollo y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población, ni la consecución de las finalidades
sociales del Estado, y por ende la primacía de los derechos e intereses
generales, so pena de hacer prevalecer los derechos individuales; igualmente,
tampoco existen derechos absolutos, en la medida en que todos están supeditados
a la prevalencia del interés colectivo.”(...)” Sentencia T1020/99 M.P
Vladimiro Naranjo Mesa. Antonio Barrera Carbonell En el mismo sentido ver entre
otras las Sentencias SU-250/98 M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-069/01 y
C-313/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-107/02 M.P. Clara Inés Vargas Hernández,
C-916/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-717/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
C-870/03 M.P. Jaime Araújo Rentería, C-043/03 y C-314/04 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[20]  Sentencias T-009/93 y  T-579/95, M.P.
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido ver entre otras las
sentencias  C-657/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-611/01 M.P. Jaime
Córdoba Triviño, C-1064/01 M.P. Manuel José cepeda  Espinosa y Jaime Córdoba
Triviño.
[21] ART. 338.—Prestaciones sociales. 1. Los
patronos que ejecuten actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos a las
normas del presente código; pero para los efectos de las prestaciones
sociales a que están obligados, el gobierno puede efectuar la clasificación de
estos patronos y señalar la proporción o cuantía de dichas prestaciones.
2. Lo dispuesto en este artículo no será
aplicable a aquellas personas que, de acuerdo con el Concordato, están sometidas
a la legislación canónica Apartes tachados declarados inexequible en la  Sentencia C-051/95
M.P. Jorge Arango Mejía.
[22] Sentencia
C-05/95, M.P. Jorge Arango Mejía.
[23] Al respecto
no sobra transcribir el texto de las referidas disposiciones:
DECRETO NUMERO
2474 DE 1948  (JULIO 19)
por el cual
se fija la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas
El Presidente
de la República de Colombia,
en uso de las
facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y
CONSIDERANDO:
(…)Que el mejoramiento
de las condiciones de vida de las clases trabajadores y el incremento del nivel
de sus ingresos están directamente relacionados con el orden público, económico
y social;
Que para combatir el
desequilibrio en los ingresos de los distintos grupos económicos y para
establecer fórmulas que armonicen los intereses del capital y del trabajo en
las distintas empresas, se deben tomar las medidas tendientes a garantizar una
equitativa participación del trabajador en las utilidades de la empresa
superiores a determinados limites, a fin de que el trabajador goce de un
estímulo por su mayor esfuerzo y eficacia, a la vez que reciba una compensación
por el mayor costo de la vida, que guarde relación con el grado de sus
obligaciones familiares,
DECRETA:
Artículo 1º.  Las
empresas comerciales cuyo patrimonio sea o exceda de cien mil pesos ($100.000)
y que ocupen más de 20 trabajadores permanentes, las industriales cuyo
patrimonio sea o exceda de cien mil pesos ($100.000) y que ocupen más de 30
trabajadores permanentes, las agrícolas y forestales cuyo patrimonio sea o
exceda de doscientos mil pesos ($200.000) y que ocupen más de veinte
trabajadores permanentes, tienen obligación de distribuir una parte de las
utilidades que excedieren de determinada rata de rendimiento entre los
trabajadores que prestan servicios personales en forma permanente.
Parágrafo. La base para
determinar las obligaciones de las empresas mixtas, o sea de aquellas que
simultáneamente explotan los negocios de comercio e industrias o de agricultura
y ganadería, será fijada por el Gobierno en el Decreto reglamentario y de
acuerdo con las normas del presente artículo.
Artículo 2º. Se entiende
por empresa para los efectos del presente Decreto toda organización que,
asumiendo los riesgos de una actividad económica en la realización de un
determinado proceso agrícola, ganadero, industrial o comercial, admite
asalariados y asume el pago de servicios personales, bien sea que pertenezca a
una persona natural o jurídica.
Artículo 3º. Se entiende
por trabajador, para los efectos del presente Decreto, toda persona natural que
celebre con la empresa un contrato de trabajo ajustado a los principios y
requisitos que señalan el Decreto 2187 de 1945 y demás disposiciones sobre la
materia.
Artículo 4º. La
participación de utilidades tendrá por base las ganancias en exceso del 12%
sobre el patrimonio, liquidada a la empresa de acuerdo con las normas generales
del impuesto sobre la renta y complementarios y con las siguientes excenciones:
1. Los impuestos de
renta, patrimonio y exceso de utilidades y recargos establecidos en los
artículos 13 del Decreto legislativo 1361 y 1º de la Ley 45 del mismo año;
2. Las siguientes rentas
de trabajo en cuanto no excedan en conjunto de doce mil pesos ($12.000) al año
para cada contribuyente:
a) Las rentas exclusivas
de trabajo recibidas, causadas o devengadas por personas naturales,
provenientes de salarios, sueldos, comisiones, pensiones oficiales, emolumentos
y honorarios profesionales;
b) El 20% de las rentas liquidadas de las personas
naturales, causadas o recibidas por concepto de comisiones, en que tanto el
patrimonio como el trabajo personal del contribuyente constituyan factores
determinantes de esa renta;
c) El 20% de la renta liquida, tal como la define el
artículo 1º de la Ley 78 de 1935, de las personas naturales que gerencien o
administren personalmente su propio negocie o industria, en que tanto el
patrimonio como el trabajo personal constituyan factores productores de renta;
d) El 20% de la renta liquida, tal como la define el
artículo 1º de la Ley78 de 1935, de las sociedades de personas (colectivas, en
comandita simple, de responsabilidad limitada); y
3. Las exenciones personas y por cargas de familia.
Artículo 5º. Se entiende por patrimonio de la empresa
para los efectos del presente Decreto, el que se fije en la liquidación de
impuestos sobre la renta, patrimonio y complementarios.
Artículo 6º. El trabajador sólo tendrá derecho a
participación de utilidades en la empresas a que preste sus servicios
personales. Por lo tanto si en la declaración de renta apareciere que ésta
proviene de distintas fuentes o actividades económicas o de varias empresas de
la misma o de distinta índole, el funcionario liquidador determinará por
separado las rentas de cada una de las empresas.
Así mismo, y con el fin de conocer la utilidad líquida
de cada una de las empresas, se distribuirán proporcionalmente entre éstas y de
acuerdo con el monto de utilidades de cada una de ellas, los gastos generales
de administración, las sumas pagadas por concepto de intereses y amortización
de deudas y el valor del impuesto sobre la renta, patrimonio y complementarios.
Artículo 7º. La participación de utilidades se hará de
acuerdo con la siguiente tarifa:
a)
Sobre un exceso de utilidades
que pase del 12%, sin exceder del 15% el 5% sobre el exceso;
b)
Sobre un exceso de
utilidades que pase del 15%, sin exceder del 18% el 8% sobre el exceso;
c)
Sobre un exceso de
utilidades que pase del 18%, sin exceder del 25% el 12% sobre el exceso;
d)
Sobre un exceso de
utilidades que pase del 25%, sin exceder del 35% el 15% sobre el exceso;
e)
Sobre un exceso de
utilidades que pase del 35%, el 20% sobre el exceso;
Artículo 8º. Tendrán derecho a la participación de
utilidades de la empresa únicamente los trabajadores cuyo contrato de trabajo
haya comprendido la totalidad del periodo financiero a que tales utilidades se
refieren.
Parágrafo. El trabajador que se retirase
voluntariamente o fuere despedido antes de cerrarse el periodo financiero,
tendrá derecho siempre que hubiere estado por más de seis (6) meses al
servicio  de la empresa, a una participación proporcional al tiempo de servicio
prestado, salvo si hubiere sido retirado por falta grave o justa causa.
(…)
Artículo 30. Las sumas
que el trabajador recibiere por concepto de participación en las utilidades de
la empresa, no se computarán en su remuneración, para efectos de la liquidación
del auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales.
Artículo 31. La participación de utilidades que se
establece en el presente Decreto no da derecho alguno al trabajador o
trabajadores para intervenir en la dirección o administración de la empresa, ni
para inspeccionar la contabilidad de esta.  La inspección a que hubiere lugar
para los fines de este Decreto, corresponderá sólo al Estado.
DECRETO NUMERO 3871 DE 1949  (DICIEMBRE 9)
por el cual se fija el salario mínimo, se crea la
prima de beneficio, se modifica el Decreto número 2474 de 1948 y se dictan
otras disposiciones
(…)
Artículo 4º. Las Empresas obligadas a repartir
utilidades o beneficios entre sus trabajadores, de acuerdo con el Decreto 2474
de 1948, en los casos en que el monto total de las participaciones no alcance a
una suma equivalente a la nómina de personal correspondiente, a un mes,
quedarán obligadas, a partir del año de 1950, inclusive, a sustituir la
participación de utilidades o beneficios por una suma para cada trabajador,
correspondiente a un mes de salario pagadero así:
Al personal que hubiere trabajado el primer semestre
de 1950, el valor de una quincena el día 30 de junio de dicho año, y al
personal que hubiere trabajado el segundo semestre, otra quincena pagadera
dentro de los primeros veinte días del mes de diciembre, y así sucesivamente en
los años posteriores.
La misma obligación se establece a cargo de las
empresas o patronos que con posterioridad llegaren a encontrarse en el caso del
inciso anterior.
Parágrafo.  Las empresas cuyo patrimonio corresponda a
las escalas fijadas en el artículo primero del Decreto 2474 de 1948, podrán, a
juicio de ellas, pagar a cada uno de sus trabajadores la prima anual tal como
se fija en el presente artículo, como anticipo y a buena cuenta de la
participación de los trabajadores en las utilidades o beneficios de la misma
empresa.
Artículo 5º. Igualmente, todas las empresas que no
queden comprendidas en los casos contemplados en el artículo anterior del
presente Decreto, deberán pagar a sus trabajadores, a partir del 1º de enero de
1950, una prima anual computada, así:
a) Para aquellas cuyo
patrimonio sea de $200.000 o más, un mes de salario, pagadero en la misma forma
que se determina en el artículo anterior;
b) Para aquellas cuyo
patrimonio sea inferior a $200.000, el valor de una quincena, que será cubierto
de la siguiente manera:
A quienes hubieren
trabajado el primer semestre del año el valor de una semana, el día 30 junio, y
al personal que hubiere trabajado el segundo semestre, otra semana, pagadera
antes del 20 de diciembre.
Artículo 6º. Las
disposiciones de este Decreto sobre primas de beneficio no son aplicables a los
trabajadores oficiales, que serán reguladas por las disposiciones especiales
vigentes. (…)
[24] Código Sustantivo del Trabajo Parte
primera TITULO IX.
PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES. &$CAPITULO I. INTRODUCCION.
&$ARTICULO 259. REGLA GENERAL.
1. Los patronos o empresas que se
determinan en el presente Título deben pagar a los trabajadores, además de las
prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la
reglamentación de cada una de ellas en su respectivo capítulo.
2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de
invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de
los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de
los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que
dicte el mismo Instituto.
[25] Expresión declarada inexequible en la
sentencia C-042/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[26] Expresión declarada  inexequible en la
sentencia C-034/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[27] ART. 307.Carácter jurídico. La prima anual
no es salario, ni se computará como factor del salario en ningún caso
[28]  A su vez dicha disposición cabe
concordarla con lo previsto en el artículo 128 del Código sustantivo del
trabajo que señala lo siguiente: “Artículo. 128. (Subrogado. L. 50/90,
art. 15). Pagos que no constituyen salario. No constituyen salario las sumas
que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador,
como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades,
excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en
especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para
desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de
transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones
sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios
habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados
en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto
expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la
alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones,
de servicios o de navidad.”
[29] Sentencia C-710/96 M.P. Jorge Arango
Mejía.
[30] Sentencia C-034/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet
[31] Sentencia C-042/03 M.P. Jaime Córdoba Treviño.
[32] ART. 194.—Subrogado. L. 50/90, art. 32. Definición de empresa. 1. Se entiende como
una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades
dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que
correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan
trabajadores a su servicio.
2. En el caso de las personas jurídicas existirá
unidad de empresa  entre la principal y las filiales o subsidiarias en que
aquélla predomine económicamente, cuando, además, todas cumplan actividades
similares, conexas o complementarias; pero los salarios y prestaciones
extralegales que rijan en la principal al momento de declararse la unidad de
empresa solamente se aplicarán en las filiales o subsidiarias cuando así lo
estipule la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando la filial o
subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a
las de la principal, a juicio del ministerio o del juez del trabajo.
3. No obstante lo anterior, cuando una empresa
establezca una nueva unidad de producción, planta o factoría para desarrollar
actividades similares, conexas o complementarias del objeto social de las
mismas, en función de fines tales como la descentralizacion industrial, las
exportaciones, el interés social  o la rehabilitación de una región deprimida,
sólo podrá declararse la unidad de empresa entre aquéllas y éstas, después de un
plazo de gracia de diez (10) años de funcionamiento de las mismas. Para gozar
de este beneficio el empleador requiere concepto previo y favorable del
Ministerio de Desarrollo Económico.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
oficio o a solicitud de parte y previa investigación administrativa del caso,
podrá declarar la unidad de empresa, de que trata el presente artículo, para
lograr el cumplimiento de las leyes sociales. También podrá ser declarada
judicialmente”.
[33] Cabe recordar que el texto original del
artículo 194 señalaba lo siguiente: “Para los efectos de este código se
entiende  por empresa toda unidad de explotación económica o las varias
unidades dependientes
de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades económicas
similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su
servicio.(…)”
[34] sobre
“prestaciones patronales especiales”
[35] sobre “derecho
Individual del Trabajo”
[36]  Al respecto en el artículo 289 del código
sustantivo del trabajo que fué modificado por el artículo 12 de la ley 11 de
19884 “Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro
de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o
transitorios, y cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la
produzca”.
Cabe precisar al respecto que en vigencia la Ley 100
de 1993, las prestaciones que se originan en la muerte del trabajador son
asumidas por el sistema de seguridad social integral
[37] M.P. Jaime Córdoba Triviño. Cuyos
considerandos sobre este punto  se reiteran a continuación.
[38] Esta norma subrogó el artículo 132 del
Código Sustantivo del Trabajo.
[39] Aun en la modalidad de salario integral
el trabajador conserva el derecho a vacaciones.
[40] ART. 46.—Subrogado. L. 50/90, art. 3º. Contrato a término fijo. El contrato de
trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede
ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente.
1. Si antes de la fecha de vencimiento del término
estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su
determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a
treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al
inicialmente pactado, y así sucesivamente.
2. No obstante, si el término fijo es inferior a un
(1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres
(3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de
renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.
PAR.—En los contratos a término fijo inferior a un
año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de
servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea.
[41] CSJ Sentencia No. 109 del 19 de
septiembre de 1991 proferida por la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento
de la competencia que le confirió el artículo 24 transitorio de la Constitución
Política.
[42] Sentencia C-042/03 M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[43] Vid. T-02 de 1992 y T-230 de
1994, entre muchas otras.
[44] Ver, entre muchas otras la sentencia
C-530 de 1993 M.P. Alejandro Martínez  Caballero.
[45] Vid. Sentencias C-530 de 1993, T- 230 de 1994, C-318 y C-445 de 1995,
C-037/03, entre otras.
[46]  Ha dicho la Corte “Es importante anotar,
que si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del
medio para el logro del fin perseguido, esta facultad no puede entenderse como
una exclusión de la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes
alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En otras palabras,
si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá
escoger el que estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida
elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo”. Sentencia C-337 de
1997.  En el mismo sentido la Corte ha señalado lo siguiente “59- El control
judicial del respeto de la igualdad de trato es una operación compleja, por
cuanto el análisis realizado por el juez, cuando ejerce el control, en cierta
forma se superpone a unas consideraciones sobre la igualdad realizadas
previamente por el Legislador o por la autoridad administrativa cuando
expidieron el acto sujeto a control. En efecto, al expedir el acto, la
autoridad política juzgó que para obtener un objetivo era válido establecer una
determinada diferenciación. Esto significa que para esa autoridad, esa
diferenciación no es discriminatoria. Posteriormente, al examinar la
constitucionalidad de esa regulación, debe el juez estudiar si esa apreciación
de la autoridad respeta o no la igualdad de trato, según la cual debe tratarse
de manera igual aquello que es igual, y en forma distinta a las personas y
situaciones que son distintas.
El gran problema para aplicar esa máxima es que, como
lo han destacado en forma insistente los filósofos y lo ha reconocido esta
Corte, no existen en sí mismas situaciones o personas que sean totalmente
iguales o totalmente distintas. Y eso es así porque ninguna situación ni persona es totalmente igual a
otra, pues si lo fuera, sería la misma situación y la misma persona; y, en ese
mismo contexto, ninguna situación es totalmente distinta, pues siempre existen
algunos rasgos comunes entre los eventos más diversos, como puede ser al menos
el hecho de que son eventos, o entre las personas, como es el hecho de tener ciertos
rasgos comunes. En tales circunstancias, las desigualdades o igualdades entre
las personas o las situaciones no son nunca absolutas sino siempre parciales,
esto es, desigualdades o igualdades desde cierto punto de vista. Por ejemplo,
supongamos que hay dos jugadores de baloncesto, Juan, que es colombiano y
Pedro, que es venezolano, y el primero ha cometido un crimen. Sus situaciones
son entonces iguales pues ambos son deportistas y latinoamericanos. Pero sus
situaciones son también distintas, en la medida en que tienen nacionalidades
diversas y uno de ellos ha cometido un hecho punible.
60- Conforme a lo anterior, para precisar si el trato
diferente a dos grupos de situaciones o personas desconoce o no la igualdad es
necesario establecer un criterio o tertium comparationis a partir del
cual se pueda determinar si las situaciones o las personas son o no iguales.
Ahora bien, es obvio que ese criterio no puede ser arbitrario sino que debe
ser relevante, de acuerdo a la finalidad misma que persigue el trato normativo
que se analiza. Así, no podría, por ejemplo, Juan alegar que se violó la
igualdad porque él fue condenado penalmente, mientras que Pedro no, y ambos son
deportistas, pues es obvio que esa identidad entre ellos en ese aspecto, no es
relevante para determinar si se les debe imponer o no sanción criminal.
Igualmente, no  podría exigir Pedro que se le dejara votar en Colombia como
Juan, alegando que ambos son deportistas, por lo cual tienen los mismos
derechos, pues lo relevante en este caso es que sólo uno de ellos es nacional
colombiano, y por eso bien puede el ordenamiento restringirle al otro el
derecho al voto.
61- El anterior análisis ya permite precisar un poco
más el alcance de la igualdad, en los siguientes términos: este principio exige
que deben ser tratadas de la misma forma dos situaciones que sean iguales,
desde un punto de vista o tertium comparationis, que sea relevante, de
acuerdo a la finalidad perseguida por la norma, o por la autoridad política. El
problema que subsiste, en materia de control judicial del respeto a la igualdad
es que los jueces deben evaluar si el trato diferente llevado a cabo por el
órgano político se funda o no en situaciones diferentes. Ahora bien, es obvio
que al adelantar ese trato diferente, la autoridad política utilizó algún
criterio para diferenciar las situaciones y las personas. Por consiguiente, el
juez entra a evaluar si ese criterio invocado por la ley es o no relevante y
válido para diferenciar las situaciones. En el fondo, el escrutinio judicial de
la igualdad es un juicio judicial de igualdad que se superpone a un juicio
político previo adelantado por la autoridad política. Sin embargo, la
dificultad es que, al hacer tal análisis, el juez podrá, en cualquier caso,
incurrir en dos vicios extremos, igualmente perjudiciales: la inocuidad del
derecho a la igualdad o su dominio absoluto sobre los otros principios y
valores constitucionales.
Así, siempre podría el juez considerar que el criterio
de diferenciación invocado por la autoridad política es relevante, y que por
ende, la autoridad política podía establecer el trato distinto. Pero también
puede la igualdad tornarse un derecho "imperial", que es capaz de
acabar con la totalidad del ordenamiento jurídico, pues frente a cualquier
trato distinto, podría el juez invocar un criterio igualador que supuestamente
exigiría un trato igual.
62- El anterior análisis muestra que una de las
grandes dificultades en el control del respeto a la igualdad es hasta qué punto
debe el juez respetar el criterio de diferenciación usado por las autoridades
políticas, a fin de evitar un análisis demasiado estricto, que podría aniquilar
el ordenamiento legal, o por el contrario adelantar un escrutinio demasiado
respetuoso del legislador, que vacíe de eficacia este derecho. La única forma
de superar esa dificultad es modular la intensidad del juicio de igualdad,
teniendo en cuenta el grado de libertad de que goza la autoridad política. Esto
conduce a una regla elemental pero trascendental, que podría ser formulada así:
entre mayor es la libertad de configuración del legislador en una materia, más
deferente debe ser el control constitucional del respeto de la igualdad,
mientras que ese escrutinio judicial debe ser más riguroso cuando el Legislador
utiliza criterios o regula esferas en donde su margen de apreciación ha sido
restringido por la propia Constitución.”Sentencia C- 1191/01 M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes.
[47] Al respecto Ver,  entre otras,  las
sentencias  T-230/94, C-022/96,  C-093/01 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-1108/01
MP Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra,  C-1176/01 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, C-1191/01 M.P. Rodrigo Uprimny
Yépes,  C-1114- y C-043/03 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[48] Sentencia C-1176/01 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[49] La metodología de análisis  y su
eventual modulación para establecer una vulneración al principio de igualdad ha
ocupado varias veces a la Corte Constitucional, entre otras pueden verse las
siguientes sentencias: T-422/92, C-230/94 y C-1141/00  M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; C-040/93 M.P. Ciro Angarita Barón; C-410/94, C-507/97 y C-952/00 M.P.
Carlos Gaviria Díaz; C-265/94,C-445/95 y C-093/01 M.P. Alejandro Martínez
Caballero; C-673/01 y  C-980/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa A.V Jaime
Araujo Rentaría, C-973/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-475/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño A.V. Jaime Araujo Rentaría.
[50] Ver sentencia C-093/01 M.P.  Alejandro
Martínez Caballero.
[51] Sentencia M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Ver en el mismo sentido la sentencia   C-973/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis
S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[52] Así por ejemplo  El tratadista Guillermo
Camacho Henríquez en su obra Derecho del Trabajo, Temis Bogotá, 1961 pag 202
señala lo siguiente “ En Colombia se habló de empresa desde las primeras leyes
de contenido laboral,  tales como la 57 de 195, la 78 de 1919 y la 21 de 1920,
llegando a definirse por primera vez en el Decreto 2313 de 1946, reglamentario
de las normas legales sobre sindicatos. De esa primera definición como de una
segunda contenida en el artículo 6° de la Ley 64 de 1946, estatuida para
efectos de previsión social, elaboró la Comisión redactora del Código del
trabajo la norma contenida en el actual artículo 194, que en si inc. 1° dice “Para los efectos de este código se entiende  por empresa
toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes
de una misma persona natural o jurídica, que correspondan a actividades
económicas similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su
servicio.”.
Esta definición perfecciona las anteriores, lo que  la
hace aplicable  a todo el ámbito laboral, recalcando el concepto económico de
empresa, que desvirtuó parcialmente el Der. 2313 al darla categoría de tal  aún
a los establecimientos sin fines de lucro, y suprimió la inaceptable sinonimia
entre empresa y patrono que consagró la Ley 64 de 1946”
[53] M.P. Fanny González Franco.
[54] Corte Suprema  de Justicia,  Sala de
Casación  Laboral, Sentencia de 24 de  abril de 1985, Rad. 8298 M.P. Fanny González
Franco.
[55] Corte Suprema  de Justicia,  Sala de
Casación  Laboral, Sentencia de 23 de  noviembre de 1987, M.P Jorge Iván
Palacio
[56] M.P. Jorge Arango Mejía.
[57] M.P. Jorge Arango Mejía.
[58] En el mismo sentido ver la Sentencia
C-034/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet
[59] Ver en ese sentido las sentencias
C-051/95 y C-710/96 M.P. Jorge Arango Mejía, Sentencia C-034/03 M.P. Eduardo
Montealegre Lynnet y C-042/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[60] Ver Sentencias C-051/95 M.P Jorge Arango
Mejía,, C-019/04 M.P. Jaime Araujo Rentería S.V. Rodrigo Escobar Gil..
[61] Sentencia C-1176/01 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[62] Ver Sentencia C-034/03 M.P. Eduardo
Montealegre Lynnet  y C-042/03 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[63] Sentencia C-042/03 M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[64] Ver, entre otras las C-221/97,  C-320/97
y  C-204/01  M.P. Alejandro Martínez Caballero, C- 010/01M.P. Fabio Morón Díaz
,  C-173/01 y C-514/04 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-813/01 M.P. Jaime Araújo
Rentería, C-1031/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-251/02 M.P. Eduardo Montealegre
Lynnett y Clara Inés Vargas Hernández, C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
C-642/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[65]  Al respecto ha dicho la Corte : “Ahora
bien, en determinados casos, la Corte debe estudiar una proposición normativa
que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente
imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar
globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma
parte. En estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio,
es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando
ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones
formuladas en la demanda.
Algunos podrían objetar que esta posibilidad desborda
la competencia de la Corte ya que, si es necesario establecer una unidad
normativa para poder estudiar los cargos, es porque la demanda es inepta, pues
el actor no habría acusado una proposición jurídica autónoma. Sin embargo, la
Corte considera que este argumento no es de recibo, porque confunde dos
fenómenos jurídicos diversos. Así, la proposición jurídica incompleta opera en
aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma autónoma, por
lo cual ésta no puede ser estudiada, por carecer de sentido propio[65]. En cambio, en otros eventos, la demanda
no es inepta, por cuanto el demandante verdaderamente impugna un contenido
normativo inteligible y separable. Lo que sucede es que el estudio de ese
contenido presupone el análisis de un conjunto normativo más amplio, por lo
cual se hace necesaria la integración de una proposición jurídica mayor. Es
pues diferente el caso de la demanda inepta, por falta de proposición jurídica
inteligible, situación en la cual procede la inadmisión e incluso,
excepcionalmente, la sentencia inhibitoria, de aquellos eventos en que el
contenido normativo impugnado por el actor es inteligible y autónomo, pero no
puede ser estudiado independientemente, por cuanto su examen remite inevitablemente
al estudio del conjunto normativo del cual forma parte.
Con todo, se podría objetar también que mediante estas
integraciones normativas, la Corte se convierte en una instancia de revisión
oficiosa de toda la legislación, cuando la Constitución le atribuye otra
función más específica: pronunciarse sobre las demandas ciudadanas. Según este
razonamiento, una norma siempre hace parte de un conjunto normativo mayor, el
cual a su vez hace parte de otros conjuntos mayores, que se interrelacionan
entre sí hasta abarcar la totalidad del ordenamiento. Entonces, conforme a este
argumento, un sola demanda obligaría a la Corte a estudiar todas las
regulaciones legales, lo cual no es admisible, pues desvirtúa la función del
control constitucional. Esta objeción es en parte válida, por lo cual la Corte
entra a precisar el alcance excepcional de la unidad normativa en estos casos.
Así, ésta procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un
contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos
jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar
las otras disposiciones. En los otros casos, esto es, cuando la relación entre
las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la unidad normativa no procede,
salvo si la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece
prima facie de una constitucionalidad discutible. En efecto, si esa regulación
mayor es constitucionalmente sospechosa, ineludiblemente debe la Corte
examinarla, pues no podría declarar constitucional un aspecto de una
determinada institución, si ésta última puede ser globalmente inexequible.
La unidad normativa no opera entonces exclusivamente
en los fallos de inexequibilidad, lo cual explica que esta Corporación, en
varias decisiones, haya extendido los efectos de una decisión de
constitucionalidad a contenidos normativos que no habían sido formalmente
demandados por el actor, pero cuyo examen era indispensable para poder
pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas. Así, frente a una
acusación parcial del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, la Corte
concluyó que “aunque es sólo una expresión la acusada de inconstitucional, dado
que ella sólo es inteligible dentro del precepto íntegro de que forma parte, y
en vista de que las consideraciones que atrás quedan consignadas se refieren a
la norma en su integridad, sobre ésta versará el pronunciamiento de
exequibilidad.[65]” Igualmente, frente a una demanda parcial
del artículo 495 del estatuto procesal civil, la Corte concluyó que era
necesario analizar la totalidad de la disposición, pues no sólo “el aparte
demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con
el texto integral de dicha norma” sino que, además, “de declararse la
inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta,
sin sentido, porque básicamente éste es parte importante y esencial de la
regulación que el legislador quiso hacer”[65].
5- Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la
unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para
evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable
para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado
en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la
sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros
aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda
decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo
que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la
norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa
constitucionalidad.”
Sentencia C-320/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[66]  Así lo explicó la Corte en la Sentencia
C-977 de 2002  en la que señaló lo siguiente: “Finalmente pasa la Corte a
considerar si se pronuncia sobre el argumento de inconstitucionalidad parcial
esgrimido por la delegada del Ministerio Público al rendir Concepto Fiscal en
el presente proceso, a saber, que las expresiones de la norma “o la Personería
Distrital de Bogotá” y “y el Personero Distrital” violan el principio de
igualdad, ya que le asignan exclusivamente al Personero Distrital de Bogotá la
facultad de adoptar la medida provisional, sin que exista fundamento
constitucional alguno para no otorgarle dicha facultad a los demás personeros,
en especial a los Distritales del país (de Cartagena, Santa Marta y
Barranquilla) que también cumplen las funciones de Ministerio Público. La Corte
reitera que el Ministerio Público en su concepto no hace las veces de
demandante y, por lo tanto, no puede formular propiamente cargos nuevos aunque
sí puede plantear argumentos adicionales a los esgrimidos por el actor e
invitar a la Corte a que juzgue las normas acusadas a la luz de toda la
Constitución indicando cuáles son los vicios que encuentra. Por su parte, la
Corte no está obligada a proceder de esta manera ya que está facultada para
limitar los alcances de la cosa juzgada a los cargos analizados en la sentencia
para que ésta no sea absoluta sino relativa.
El argumento basado en el principio de igualdad no
guarda relación con los cargos presentados por el actor. Además, se dirige
contra una parte de la norma y refiere a un aspecto puntual y específico. Por
ello, la Corte no se detendrá en él y limitará los alcances de la cosa juzgada
a los cargos analizados. Así se dispondrá en la parte resolutiva.”Sentencia C-977/02 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa