T-069-18
Sentencia T-069/18
FACULTADES JURISDICCIONALES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD-Art 41
Ley 1122/07
FUNCION
JURISDICCIONAL POR SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-Características
ACCION DE
TUTELA TEMERARIA-Identidad de partes,
hechos y pretensiones
ACTUACION
TEMERARIA EN TUTELA-Presentación de
varias tutelas conlleva al rechazo o decisión desfavorable conforme al art. 38
del Decreto 2591/91
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO CUANDO FALLECE EL TITULAR DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES-Reiteración de
jurisprudencia
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO CUANDO FALLECE EL TITULAR DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES-Menor falleció sin que
se autorizara su traslado a un hospital de cuarto nivel, para atender su estado
de salud
E.P.S. desconoció los derechos fundamentales a la vida
y a la salud del menor de edad.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A
LA SALUD Y FACULTAD DE LAS EPS DE CONTRATAR CON DETERMINADAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SALUD-Límites
La libertad de escogencia
puede ser limitada de manera válida, atendiendo a la configuración del SGSSS.
Así, es cierto que los afiliados tienen derecho a elegir la I.P.S. que les
prestará los servicios de salud, pero esa elección debe realizarse “dentro de aquellas pertenecientes
a la red de servicios adscrita a la EPS a la cual está afiliado, con la
excepción de que se trate del suministro de atención en salud por urgencias,
cuando la EPS expresamente lo autorice o cuando la EPS esté en incapacidad
técnica de cubrir las necesidades en salud de sus afiliados y que la IPS
receptora garantice la prestación integral, de buena calidad y no existan
afectaciones en las condiciones de salud de los usuarios”.
DERECHO A
LA LIBRE ESCOGENCIA DE IPS POR PARTE DEL USUARIO-Improcedencia por cuanto no existe prueba de que el
cambio en la red de I.P.S. contratadas por E.P.S. pueda producir alguna
afectación a la salud de menor
PRINCIPIO
DE CONTINUIDAD E INTEGRALIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO DE SALUD-Prohibición de anteponer barreras administrativas para
negar servicio
La Corte ha reiterado que la interrupción o negación
de la prestación del servicio de salud por parte de una E.P.S. como
consecuencia de trámites administrativos injustificados, desproporcionados e
irrazonables, no puede trasladarse a los usuarios, pues dicha situación
desconoce sus derechos, bajo el entendido de que pone en riesgo su condición
física, sicológica e incluso podría afectar su vida.
TRANSPORTE
Y ALOJAMIENTO EN EL SISTEMA DE SALUD-Regulación
Referencia: Expedientes
T-6.331.976, T-6.354.585 y T-6.367.461
Acciones de tutela interpuestas
por:
T-6.331.976: Eriscindia Caro
Tijaro, en representación del menor de edad Juan David Caro Chávez, contra la
E.P.S. Capital Salud.
T-6.354.585: Personería
Municipal de Envigado, en representación del menor de edad Jhoan Sebastián
Quinchia Betancur, contra la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia y la E.P.S. Savia Salud.
T-6.367.461: Margot Trujillo,
en representación del menor de edad Joan Matías Trujillo, contra la E.P.S.
Comparta.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil
dieciocho (2018)
La Sala Cuarta de Revisión (en adelante, “la Sala”)
de la Corte Constitucional (en adelante, “la Corte”), integrada por la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
La Sala de Selección de Tutelas Número Nueve de la Corte,
mediante auto del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017),
decidió seleccionar para revisión el expediente T-6.331.976, y asignárselo al
Magistrado Alejandro Linares Cantillo para su sustanciación. Por su parte, esa
misma sala de selección, mediante auto del veintiséis (26) de septiembre de dos
mil diecisiete (2017), decidió seleccionar para revisión los expedientes
T-6.354.585 y T-6.367.461, y acumularlos al expediente T-6.331.976, “por
presentar unidad de materia”[1].
2.
A continuación, la Sala realizará una reseña de los antecedentes
relevantes de cada uno de los procesos de tutela que se revisa, para luego
proceder a plantear los problemas jurídicos que le corresponde analizar y la
metodología que seguirá para ese propósito.
A.
EXPEDIENTE T-6.331.976
Demanda de tutela
3.
La acción de tutela fue interpuesta el seis (6) de julio de dos
mil diecisiete (2017) por Eriscindia Caro Tijano, obrando como representante
legal del menor de edad Juan David Caro Chávez, de trece (13) años de edad. La
acción se presentó contra la Entidad Promotora de Salud Capital Salud (en
adelante, “E.P.S. Capital Salud” o “Capital Salud E.P.S.”), de la
ciudad de Bogotá, por considerar que esta, al disponer que los tratamientos requeridos
por el menor de edad Juan David Caro Chávez deben ser prestados únicamente por
los hospitales adscritos a la Red Centro Oriente, desconoce sus necesidades en
salud, lo cual resulta violatorio de sus derechos a la vida, a la salud, a la
integridad personal, a la seguridad social y a la igualdad ante la ley, así
como del deber del Estado de brindar especial atención a los niños.
Hechos relevantes
4.
La accionante relató que el menor de edad nació el veintidós (22)
de marzo de dos mil cuatro (2004)[2],
y fue diagnosticado con incapacidad física y sicológica de entre el 96% y el
100%[3].
Sostuvo que, por la condición de discapacidad y por tratarse de un menor de
edad, actuó como su representante en la interposición de la acción de tutela
para hacer valer sus derechos fundamentales.
5.
En el escrito se adjuntó copia de la historia clínica del menor
de edad con fecha del dos (02) de marzo de dos mil diecisiete (2017)[4]. En ella se
registran distintas consultas entre el doce (12) de abril de dos mil siete
(2007)[5]
hasta la fecha de expedición de la historia clínica. Esta evidenció que el
diagnóstico del menor de edad es el siguiente: padece de los síndromes de
Fanconi y Pierre Robin, insuficiencia motora de origen cerebral (IMOC), reflujo
gastroesofágico, hipoacusia, oxígeno-dependencia, epilepsia focal sintomática
refractaria, desnutrición crónica, acidosis tubular renal, laringomalacia y
trastorno de deglución. Se registraron también las siguientes enfermedades
perinatales: sepsis neonatal y hemorragia intraventricular. Igualmente, en
dicha historia se señaló que al menor de edad se le realizó una traqueostomía
funcionante[6].
6.
La representante legal del menor de edad afirmó que, por la
condición de salud de su representado, este requiere de un tratamiento
integral, el cual comprende lo siguiente: “un médico domiciliario, enfermera
permanente para el cuidado profesional, sonda de gastro a través de la cual el
niño se alimenta, pues ni habla ni camina, requiere de tanques de oxígeno,
servicio de transporte en ambulancia para controles, servicios de laboratorio,
equipos clínicos, medicamentos neurológicos y renales”[7].
7.
Indicó a su vez que se encontraba afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (en adelante, “SGSSS”) en el Régimen Subsidiado en la
E.P.S. Capital Salud, y que el menor de edad estaba afiliado como beneficiario[8].
8.
Sostuvo que la atención médica requerida por el menor de edad ha
sido provista desde su nacimiento por la Fundación Hospital de la Misericordia
“Homi”. Señaló que esta institución cuenta con los especialistas y los equipos
técnicos necesarios para la atención del menor de edad[9]. Por su parte, indicó que
la entidad Health and Life I.P.S. provee el médico domiciliario, las enfermeras
permanentes, el transporte en ambulancia en casos de emergencia, el suministro
de medicamentos y los tratamientos especiales que requiere[10].
9.
Adicionalmente, manifestó que la E.P.S. Capital Salud decidió, de
forma unilateral, que la atención médica del menor de edad “debe ser
asignad[a] exclusivamente a los hospitales adscritos a la Red Centro–Oriente y
que, en adelante, únicamente podrá ser atendido por médicos de I.P.S. de
hospitales Centro Oriente Nivel III, como lo son el Hospital Santa Clara, el
Hospital El Tunal o el Hospital del Guavio”[11]. Señaló que esta
determinación desconoció la alta complejidad de las enfermedades que padece el
niño, las cuales “solamente conocen y dominan científicamente los médicos
especialistas de la Fundación Hospital de la Misericordia HOMI IV nivel”[12].
10.
En la historia clínica que se anexó a la acción de tutela se
resaltan recomendaciones realizadas por distintos médicos tratantes del menor
de edad relacionadas con la necesidad de continuar su atención en el Hospital
de la Misericordia, así: (i) la doctora Lyna Bobadilla Turriago, especialista
en estomatología, en consulta del veintiocho (28) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), recomendó: “por la condición y compromiso sistémico del
paciente se requiere manejo y tratamiento en el Hospital de la Misericordia en
la clínica de niño con discapacidad”[13];
(ii) la doctora Sonia María Restrepo Gualteros, especialista en neumología
pediátrica, en consulta del veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete
(2017), señaló: “paciente con manejo interdisciplinario en el Hospital de la
Misericordia por múltiples comorbilidades, debe continuarse este en nuestra
institución”[14];
y (iii) la doctora Jazmine Andrea Vargas, especialista en pediatría general, en
consulta del trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), indicó: “se
aclara que Juan David se encuentra en manejo de Homi desde el año de vida, es
necesario seguir con todas las especialidades en Homi dada la complejidad de
todas las patologías de base, se debe garantizar el manejo por todas las
especialidades en Homi, se solicita valoración de nuevo”[15].
11.
Por las razones anteriores, la accionante en representación del
menor de edad solicitó proteger los derechos fundamentales del niño, y, en
consecuencia, pide que Capital Salud E. P.S. “asuma la práctica del tratamiento
integral ordenado por los médicos de la FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA y
todo el tratamiento médico que requiera”[16].
Respuesta de la entidad accionada –Capital Salud E.P.S.
12.
No allegó al proceso de tutela contestación de la acción de la
referencia.
Respuesta de la
entidad vinculada –Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
13.
Mediante auto del siete (07) de julio de dos mil diecisiete
(2017), el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá decidió admitir a trámite
la acción de tutela de la referencia y vincular a la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá, concediéndole un (1) día, contado a partir de la notificación
de esa decisión, para que diera respuesta a lo manifestado en el escrito de
tutela[17].
14.
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, mediante escrito
radicado el once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), dio cumplimiento a
esta decisión del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá. En él, refiriéndose
a la situación del niño Juan David Caro Chávez, indicó que la decisión de
Capital Salud E.P.S. de cambiar la institución prestadora de servicios “trasgrede
a las claras su derecho a tener continuidad en el manejo médico (Ley 1751 de
2015, art. 6)”, por lo que consideró que “Capital Salud deberá proseguir
autorizando el tratamiento integral por parte del Homi para este menor
discapacitado”[18].
Para explicar su afirmación, argumentó que las entidades prestadoras de salud (en
adelante, también “E.P.S.”) tienen el deber de autorizar los servicios
de salud que sus afiliados requieran, así como de garantizarlos en su red
prestadora, con observancia de los parámetros de oportunidad, continuidad y
calidad.
15.
Sostuvo también que a la Secretaría Distrital de Salud que le
está prohibida la prestación directa de servicios de salud, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1122 de 2007, por lo que concluyó que en
el proceso de tutela existía falta de legitimación por pasiva contra esa
entidad.
16.
Finalmente, solicitó que se evalúe si en el presente caso se
configura una actuación temeraria o un desacato, teniendo en cuenta que la
accionante interpuso dos acciones de tutela por los mismos hechos, con los
siguientes números de referencia: (i) expediente SDS 2417-2013, con número
2013-00083, la cual fue conocida por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con
Función de Conocimiento, y (ii) expediente SDS 396-2015, con número 2015-00020,
conocida por el Juzgado Quince Penal Municipal con Función de Conocimiento.
Decisión
judicial objeto de revisión: Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Bogotá, el dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017)
17.
El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá decidió denegar las
pretensiones de la demanda. Señaló al respecto que las entidades prestadoras de
salud tienen el deber de prestar el servicio de salud a sus afiliados en las instituciones
prestadoras de salud con las que contraten. Indicó que Capital Salud E.P.S. “no
ha negado la prestación de servicio alguno, ni tampoco ha puesto en desventaja
o ha constituido con su determinación una barrera para el acceso a los
servicios de salud requeridos por el agenciado”[19]. Señaló asimismo que los
hospitales adscritos a la entidad accionada ofrecen los mismos servicios,
especialistas y atención que los ofrecidos por el Hospital de la Misericordia
de Bogotá. Por lo anterior, concluyó:
“no es dable
impartir mediante la presente acción constitucional la orden de atención médica
directa y exclusivamente en la Fundación Hospital de la Misericordia Homi, como
quiera que la EPS convocada, en virtud del principio de libre escogencia y por
las razones esgrimidas, está en la facultad de reubicar a sus pacientes en otra
institución prestadora de servicios dentro de su red integrada, en la que pueda
prestarles la misma atención en términos de calidad y eficiencia”[20].
B.
EXPEDIENTE T-6.354.585
Demanda de tutela
18.
La acción de tutela fue interpuesta el veintisiete (27) de enero
de dos mil diecisiete (2017) por Yaneth Elena García Martínez, actuando en
calidad de personera delegada de Envigado–Antioquia, contra la Secretaría
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Alianza Medellín
Antioquia E.P.S. Subsidiada S.A.A. – Savia Salud (en adelante, “Savia Salud
E.P.S.”), con el propósito de solicitar la protección de los derechos
fundamentales a la salud y a la seguridad social del menor de edad, Jhoan
Sebastián Quinchia Betancur.
Hechos relevantes
19.
La entidad accionante señaló que Paola Andrea Betancur Rodas,
nacida el veinte (20) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996)[21], en
representación de su hijo Jhoan Sebastián Quinchia Betancur, acudió ante la
Personería Municipal de Envigado–Antioquia con el propósito de solicitar que se
protegieran los derechos fundamentales del menor de edad[22].
20.
Indicó que, según lo manifestado por la señora Betancur Rodas,
esta reside en Valparaíso–Antioquia y “no tiene pensión, no tiene trabajo,
es ama de casa, lo que gana su compañero por trabajar la tierra solo le alcanza
para las necesidades básicas, vive actualmente de la caridad de unos amigos en
el municipio de Envigado[,] donde fue asignada para las atenciones en el
sistema de salud”[23].
21.
La señora Betancur Rodas dio a luz a Jhoan Sebastián Quinchia
Betancur el dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017)[24]. Explicó que
desde su nacimiento el menor de edad presentó complicaciones de salud. Como
prueba de lo anterior, aportó la historia clínica elaborada por la clínica
Visión Total S.A.S. con sede en Envigado[25].
En ella se indicó que el menor de edad ingresó a la clínica procedente del
Hospital de Valparaíso, de donde “fue trasladado como urgencia vital de
neonato en estado crítico por su alto riesgo de vulnerabilidad y
morbimortalidad asociado a la afección/riesgo
respiratorio/neurológica/metabólica/infecciosa/prematuridad/bajo peso”[26].
22.
Según consta en la historia clínica, en anotación del veinte (20)
de enero de dos mil diecisiete (2017), se le diagnosticó sepsis bacteriana y
trastorno metabólico hiperglicemia no cetóxica[27], por lo que se consideró
que “requiere manejo multidisciplinario en unidad neonatal con recurso de
neurología pediátrica y especialista en enfermedad metabólica”[28]. Igualmente,
según anotación del veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017), se
indicó que “se iniciaron trámites para referencia en cuarto nivel de
atención, amonio normal, cuerpos cetónicos negativos, se piensa en
hiperglicemia no cetósica, pendiente el resultado el resto de exámenes, pobre
pronóstico”[29].
23.
Por lo anterior, con el propósito de solicitar asesoría, Paola
Andrea Betancur Rodas acudió a la Personería Municipal de Envigado. Esta
entidad interpuso acción de tutela el veintisiete (27) de enero de dos mil
diecisiete (2017) en representación de Jhoan Sebastián Quinchía Betancur,
contra la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y
Savia Salud E. P.S., con el propósito de solicitar la protección de los
derechos a la salud y a la vida del menor de edad, pidiendo específicamente que
se ordenara lo siguiente: (i) el manejo multidisciplinario en unidad neonatal
con recursos de neurología pediátrica y especialista en enfermedad metabólica
en hospital de cuarto nivel de atención; (ii) exonerar de copagos y/o cuotas de
recuperación de forma integral derivados de sus padecimientos; y (iii) el
suministro del tratamiento integral necesario para el manejo y control de su
diagnóstico[30].
24.
Durante el trámite de la acción de tutela, la escribiente del
Juzgado Segundo de Familia de Envigado, María Mónica Mercado Salazar, el día
seis (06) de febrero de dos mil diecisiete (2017) dejó la siguiente constancia
secretarial:
“Señora juez, le
participo que, en la fecha me comuniqué con la señora María Gloria Rodas
Echavarría, abuela materna del pequeño Jhoan Sebastían Quinchi, al número
telefónico […], quien informó que su pequeño nieto falleció el 02 de febrero de
2017. Dijo además que su hija Paola Andrea Betancur Rodas, madre del citado
menor, vive en Valparaíso, Antioquia, y no tiene número de teléfono donde se pueda
localizar”[31].
Respuesta de las entidades accionadas
Secretaría Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia
25.
Mediante oficio radicado el primero (1º) de febrero de dos mil
diecisiete (2017), informó que Paola Andrea Betancur Rodas se encuentra
afiliada a la Savia Salud E.P.S., por lo que el menor afectado tiene derecho a
estar afiliado a esa misma E.P.S., según lo dispuesto en el artículo 25 del
Decreto 2353 de 2015.
26.
Indicó igualmente que, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011, la
afiliación en salud debe realizarse a través de las E.P.S., tanto en el régimen
subsidiado como en el contributivo, por lo que la Secretaría Seccional de Salud
y Protección Social de Antioquia no es competente para asumir la atención en
salud que requiere el accionante. Por lo tanto, solicitó que la acción de
tutela fuera declarada improcedente frente a esa entidad.
Savia Salud E.P.S.
27.
Mediante oficio radicado el nueve (09) de febrero de dos mil
diecisiete (2017) –es decir, con posterioridad a la sentencia de primera
instancia–, el apoderado judicial de Savia Salud E.P.S. dio respuesta a la
acción de tutela de la referencia. Al respecto, informó que el menor de edad
fue diagnosticado con un “trastorno del metabolismo de los aminoácidos
aromáticos no especificado”, que requiere “internación en servicios de
complejidad alta habitación bipersonal y tratamiento integral”[32].
28.
Informó a su vez que, como consecuencia de lo anterior, mediante
la orden No. 2024095888, el treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017)
autorizó el servicio de internación de alta complejidad habitación bipersonal.
Advirtió que en todo caso Savia Salud E.P.S. no puede disponer de las agendas
de las instituciones prestadoras de salud con las que ha contratado. Por lo
anterior, solicitó la vinculación al proceso del Hospital General de Medellín
Luz Castro de Gutiérrez “para que proceda con la consulta lo más pronto
posible”[33].
29.
Con relación a la solicitud realizada en la tutela para que se
ordenara un tratamiento integral a favor del menor de edad (ver supra,
numeral 23), solicitó que fuera declarada improcedente, por distintas razones.
Primero, indicó que Savia Salud E.P.S. ha venido cumpliendo todos los servicios
requeridos por la usuaria Paola Andrea Betancur Rodas. Segundo, afirmó que no
es posible presumir un incumplimiento futuro por parte de la accionada, lo cual
además sería contrario a la finalidad de la acción de tutela, la cual no fue
diseñada para ser interpuesta frente a hechos futuros e inciertos. Y tercero,
señaló que, si el juez de primera instancia concede la pretensión de
tratamiento integral, se estaría induciendo a Savia Salud E.P.S. a la comisión
de un peculado por aplicación oficial diferente y el juez mismo estaría incurriendo
en una conducta de peculado por uso, ambas conductas tipificadas por el Código
Penal colombiano.
30.
Finalmente, indicó que, si el juez de tutela decide conceder el
amparo solicitado, debería pronunciarse sobre la solicitud del recobro, con el
propósito de que aclare que, en caso de que se requieran tratamientos no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, el recobro debe realizarse ante el
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), en virtud de la Resolución 5395 de
2013 del Ministerio de Salud y Protección Social[34].
Decisión
judicial objeto de revisión: Sentencia proferida por el Juzgado Segundo de
Familia de Envigado, el siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
31.
Mediante auto del veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete
(2017), el Juzgado Segundo de Familia de Envigado decidió admitir la acción de
tutela de la referencia, así como ordenar, como medida provisional, a Savia
Salud E.P.S. “que de manera inmediata remita al niño afectado a un hospital
de cuarto nivel a fin de que se le realice el manejo multidisciplinario en
unidad neonatal con recursos de neurología pediátrica y especialista en enfermedad
metabólica, así ordenado por el médico tratante, y vigile que la IPS designada
para ello proceda en el mismo término”[35].
32.
Posteriormente, mediante providencia del siete (7) de febrero de
dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Segundo de Familia de Envigado decidió
declarar improcedente la acción de tutela, debido a la muerte del menor de edad.
Explicó en este sentido que, debido a que el menor había muerto el dos (02) de
febrero de dos mil diecisiete (2017), “la solicitud de protección de los
derechos fundamentales carece de fundamento fáctico y no realiza el fin para el
cual fue creado el amparo tutelar”[36].
Como fundamento de su afirmación, citó, entre otras, la sentencia T-414A de
2014 de la Corte, en la que se afirmó que:
“la muerte del titular de
derechos genera la ineficacia de los mecanismos de protección y[,] en el mismo
sentido, la inoperancia de las actuaciones del Estado para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales por parte de
quienes integran el conglomerado social, pues cualquier orden que se imparta
pierde todo sentido y no garantiza salvaguarda judicial”[37].
33.
Por lo anterior, consideró el Juzgado Segundo de Familia de
Envigado que debía declararse improcedente la acción de tutela por carencia
actual de objeto.
C.
EXPEDIENTE T-6.367.461
Demanda de tutela
34.
La acción de tutela fue interpuesta el diecinueve (19) de abril
de dos mil diecisiete (2017) por Margot Trujillo Trujillo, en representación de
su nieto menor de edad Joan Matías Trujillo Trujillo. La acción fue presentada
contra Comparta E.P.S., con el propósito de que esta entidad suministre los
recursos para el transporte, el alojamiento y la alimentación del menor de edad
y de un acompañante, para así poder desplazarse de Neiva, donde reside, a
Bogotá, lugar al que fue remitido para la realización de distintos exámenes. En
dicha acción se solicitó la protección de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital y a la
atención integral.
Hechos relevantes
35.
El menor de edad Joan Matías Trujillo Trujillo nació el tres (03)
de marzo de dos mil catorce (2014), y sus padres son Sindy Lorena Trujillo
Trujillo y Guillermo Trujillo Bermúdez[38].
36.
De acuerdo con la historia médica de fecha tres (03) de abril de
dos mil diecisiete (2017), en noviembre de dos mil dieciséis (2016) el niño
Joan Matías Trujillo Trujillo fue diagnosticado con sepsis de origen urinario,
infección de vías urinarias por proteus mirabilis e hidronefrosis grado III
izquierda y megaureter izquierdo obstructivo[39].
37.
El cuatro (04) de abril de dos mil diecisiete (2017), Comparta
E.P.S. informó que al menor de edad le fueron autorizados distintos servicios
médicos, a saber: (i) valoración por especialidad de nefrología pediátrica[40] y (ii)
valoración por la especialidad de neurología pediátrica[41], ambos en el Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo; (iii) valoración por la especialidad
de psicología en la Fundación Potencial Humano[42];
y (iv) valoración por la especialidad de urología pediátrica con la Fundación
Hospital de la Misericordia[43].
38.
La accionante afirmó que carece de recursos económicos para
sufragar el viaje hasta Bogotá y que tampoco tiene familia que resida en dicha
ciudad. Por esta razón, presentó acción de tutela contra Comparta E.P.S.,
solicitando la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la salud, a la seguridad social y a la atención integral del menor de edad.
Para ello, requirió que se ordenara a la entidad demandada que (i) reconozca
los gastos de transporte, alojamiento y alimentación para Joan Matías Trujillo
Trujillo y su acompañante, con el propósito de que se realice los exámenes
médicos ordenados por el médico tratante; y (ii) le sea garantizado el
tratamiento integral que requiere.
Respuesta de las entidades accionadas
Comparta E.P.S.
39.
Mediante oficio radicado el veintidós (22) de abril de dos mil
diecisiete (2017), Comparta E.P.S. dio respuesta a la acción de tutela de la
referencia. Sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 5592 de
2015, modificada por la Resolución 6408 de 2016, ambas del Ministerio de Salud
y Protección Social, su obligación es autorizar los servicios de salud que el
paciente requiera y que hayan sido ordenados por el médico tratante. Por lo
anterior, consideró que, dado que el transporte no constituye un servicio de
salud, no le corresponde a la entidad garantizarlo.
40.
Explicó en este sentido que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 126 de la Resolución 6408 de 2016, el plan de beneficios en salud con
cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) cubre el traslado acuático,
aéreo y terrestre en dos casos: (i) para movilización de pacientes con
patología de urgencias desde su sitio de ocurrencia hasta la institución
hospitalaria; y (ii) entre I.P.S. dentro del territorio nacional de los
pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de
servicios de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran de
atención en un servicio no disponible en la institución remisora.
41.
Señaló igualmente que, según el artículo 127 de la misma Resolución,
el servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia para acceder a
una atención incluida en el plan de beneficios en salud no disponible en el
lugar de residencia del afiliado será cubierto en los municipios o
corregimientos con cargo a la prima adicional para zona especial por dispersión
geográfica. Adicionalmente, manifestó que en ese mismo artículo se establece
que las entidades prestadoras de salud deberán pagar el transporte del paciente
ambulatorio cuando el usuario deba trasladarse a un municipio distinto a su
residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de la
Resolución 6408 de 2016.
42.
Adicionalmente, la entidad accionada citó el artículo 3 de la
Resolución 1479 de 2015, que dispone que los servicios y tecnologías sin
cobertura en el POS suministrados a los afiliados al régimen subsidiado se
financian por las entidades territoriales con cargo a distintas fuentes: (i) los
recursos del Sistema General de Participaciones–Sector Salud–Prestación de
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda, (ii) los recursos del esfuerzo propio territorial destinados a la financiación
del no POS de los afiliados a dicho régimen, (iii) los recursos propios de las
entidades territoriales y (iv) los demás recursos previstos en la normatividad
vigente para el sector salud.
43.
Con base en las normas citadas, sostuvo que “la entidad
responsable de prestar los servicios que el paciente requiere es el ente
territorial a través de la secretaría de salud departamental, ya que
legítimamente es inadmisible que la EPSS Comparta asuma la atención de los
servicios de traslado y transporte por tratarse de servicios NO POSS”[44] (sic).
44.
Finalmente, indicó que, en el evento en que se ordene a Comparta
E.P.S. prestar servicios no incluidos en el POS, esta actuará como
intermediaria con el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud
de los usuarios, según la Resolución 1479 de 2015 del Ministerio de Salud y
Protección Social, la cual, en sus artículos 6 y 9, ofrecen a la respectiva
entidad territorial dos modelos de adopción para la garantía de la prestación
de los servicios no POS, “uno centralizado y uno a través de las
administradoras de planes de beneficios que tiene afiliados al régimen
subsidiado en salud”[45].
45.
Por las razones expuestas, Comparta E.P.S. solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, o en su defecto
que se la desvinculara de ella, debido a que había autorizado los servicios de
salud requeridos por el paciente, en cumplimiento de las normas jurídicas
aplicables.
Secretaría de Salud Departamental de la
Gobernación del Huila
46.
Mediante oficio radicado el veinticinco (25) de abril de dos mil
diecisiete (2017), intervino en el proceso de tutela de la referencia. Informó
que, una vez consultada la base de datos del FOSYGA, constató que Joan Matías
Trujillo Trujillo está afiliado al régimen subsidiado en salud en estado
activo, a través de Comparta E.P.S.
47.
Sostuvo que, por lo anterior, quien en principio debe garantizar
la prestación de los servicios de salud requeridos por el afiliado es Comparta
E.P.S. En cuanto al suministro de los gastos de alojamiento, alimentación y
transporte desde Neiva hasta Bogotá para el menor de edad y para un
acompañante, la interviniente se limitó a transcribir apartes de distintas
resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social, así como extractos de
la sentencia T-745 de 2013, en la que la Corte sostuvo, entre otras, lo
siguiente:
“cuando el servicio [de
transporte] no esté catalogado como una prestación asistencial de salud,
algunas veces suele estar íntimamente relacionado con la recuperación de la
salud, la vida y la dignidad humana, sobre todo cuando se trata de sujetos de
especial protección, como los niños, personas en situación de discapacidad.
[L]a inclusión del transporte en el Plan Obligatorio de Salud que garantiza el
cubrimiento del servicio para el paciente ambulatorio que requiere cualquier
evento o tratamiento previsto por el acuerdo [029 de 2011], en todos los
niveles de complejidad, no es absoluta, dado que se requiere que: (i) la
remisión haya sido ordenada por el médico tratante; (ii) en el municipio donde
reside el paciente no existan instituciones que brinden el servicio ordenado; y
(iii) la EPS-S donde se encuentra afiliado el paciente reciba una UPC
diferencial o prima adicional”.
48.
Frente a la pretensión de la acción de tutela relacionada con el
principio de integralidad, indicó que la entidad no lo ha desconocido, pues “no
se encontró solicitud alguna presentada por el accionante, su familia, ni
Comparta E.P.S., a nombre de Joan Matías Trujillo Trujillo […] para que se le
autoricen servicios de salud”[46],
razón por la cual considera que no ha desconocido los derechos fundamentales
invocados en la tutela.
49.
Por lo expuesto, solicitó al juez de tutela concluir que la
entidad no tiene responsabilidad alguna frente a la posible vulneración de
derechos fundamentales del menor de edad; en su lugar, solicitó que se obligue
a Comparta E.P.S. a “cumplir las obligaciones tanto de acompañamiento como
de prestación de servicios de salud”[47]
a favor de dicho menor de edad.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Neiva, el tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
50.
Mediante auto del diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete
(2017), el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva decidió admitir la acción de
tutela de la referencia y vincular a su trámite a la Secretaría de Salud
Departamental del Huila[48].
51.
Posteriormente, mediante decisión del tres (03) de mayo de dos
mil diecisiete (2017), el juez de primera instancia consideró que “es
procedente ordenar el servicio de transporte, alimentación y hospedaje para el
menor Joan Matías Trujillo Trujillo, con un acompañante, en razón a que el
hecho de no autorizarse se convierte en un obstáculo para acceder al servicio
de salud de manera ágil y digna, ya que su difícil situación económica no le
permite asumirlo por sus propios medios”[49].
52.
Por lo tanto, tuteló los derechos fundamentales invocados en la
acción de tutela, por lo que ordenó a Comparta E.P.S. que, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, “autorice
y suministre el cubrimiento del transporte o de gastos que demande el paciente
Joan Matías Trujillo Trujillo y su acompañante, desde la ciudad de Neiva hasta
la ciudad de Bogotá y viceversa, conforme a la remisión, ordenada por el médico
tratante”[50].
Igualmente, dispuso que debía reconocérsele al menor de edad tratamiento
integral, “que le permita mejorar su calidad de vida”[51]. Advirtió que Comparta
E.P.S. “tiene derecho al recobro de los gastos en que incurra por el
transporte, alimentación y alojamiento del menor Joan Matías Trujillo Trujillo
y un acompañante, ante la Secretaría de Salud Departamental del Huila, siempre
que se trate de erogaciones que [n]o está legalmente obligada a soportar,
conforme a la motivación”[52].
Impugnación presentada por Comparta E.P.S.
53.
Mediante escrito del diez (10) de mayo de dos mil diecisiete
(2017), Comparta E.P.S. impugnó la decisión de primera instancia. Como
argumento principal de la impugnación, la entidad afirmó que “el despacho
judicial no [tuvo] en cuenta las competencias en materia de cubrimiento de
servicios en salud[,] ni la normatividad aplicable a la materia, que establece
que es obligación de las EPS-S únicamente la prestación de servicios POS-S que
requieran sus afiliados, y los demás servicios NO POS son competencia directa
de la Secretaría de Salud Departamental, conforme a la resolución 1479 de 2015”[53].
Sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Neiva, el dieciséis (16) de junio de dos mil diecisiete
(2017)
54.
Sostuvo el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva que el
asunto solicitado mediante acción de tutela había sido resuelto por la Corte en
la sentencia T-523 de 2011, de acuerdo con la cual se le desconoce el derecho a
la salud a una persona que solicita a su entidad prestadora de salud del
régimen subsidiado, el cubrimiento de los costos de transporte, alojamiento y
alimentación para la realización de procedimientos médicos y esta los niega.
Con todo, sostuvo que este supuesto no se presenta en el caso analizado, por
cuanto la accionante no logró acreditar que solicitó a Comparta E.P.S. el
suministro de esos gastos, pues en la tutela se limitó a afirmar que no contaba
con los recursos económicos necesarios para realizar el viaje a Bogotá. Indicó
que la accionante tenía la carga de probar que Comparta E.P.S. había negado el
cubrimiento de los gastos que solicita mediante acción de tutela, lo cual no
pudo se pudo acreditar en el presente caso.
55.
Con relación a la solicitud de tratamiento integral, afirmó que
el derecho a la salud no comprende prestaciones futuras e inciertas, ya que
para tener acceso a servicio de salud debe mediar una solicitud realizada por
una persona y una autorización por parte de una entidad prestadora de salud.
Indicó que la jurisprudencia constitucional solo ha reconocido tratamientos
integrales en situaciones en las que ha existido una actuación negligente por
parte de una entidad prestadora de salud. Como apoyo de su argumento, citó la
sentencia T-316A de 2013.
56.
Por lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva
decidió revocar la sentencia de primera instancia en el proceso de tutela y, en
su lugar, denegar al amparo solicitado.
D.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Auto de pruebas del
veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
57.
Con relación al Expediente T-6.331.976, el Magistrado
sustanciador le solicitó información a la señora Eriscindia Caro Tijaro sobre
los siguientes asuntos: su vínculo con el menor
Juan David Caro Chávez, las I.P.S. en las que este recibe atención en la
actualidad, y su situación económica actual, para lo cual le solicitó que
especificara sus ingresos, sus gastos y las personas que tiene a su cargo.
Igualmente, a Capital Salud E.P.S. le solicitó la siguiente información: las
I.P.S. en las que actualmente Juan David Caro Chávez recibe atención médica, si
alguna de las I.P.S. que hacen parte de su red de prestadores cuenta con todas
las especialidades que requiere el menor de edad y si su desplazamiento a
diferentes centros médicos con la finalidad de recibir atención médica integral
puede suponer una medida desproporcionada. Además, ofició a los Juzgados
Veintiséis Penal Municipal con Función de Conocimiento y Quince Penal Municipal
con Función de Conocimiento, ambos de la ciudad de Bogotá, para que remitieran
copia de los procesos de tutela interpuestos por la señora Eriscindia Caro
Tijaro, en representación del menor Juan David Caro Chávez, en contra de
Capital Salud E.P.S.
58.
Con relación al Expediente T-6.354.585, el Magistrado
sustanciador les informó a Paola Andrea Betancur Rodas y a Savia Salud E.P.S.
que, si lo consideraban pertinente, podían ampliar la información obrante en el
proceso de tutela.
59.
Finalmente, con relación al Expediente T.6.367.461, el Magistrado
sustanciador le solicitó información a la señora Margot Trujillo Trujillo sobre
los siguientes asuntos: si las valoraciones médicas requeridas por el menor
Joan Matías Trujillo Trujillo ya fueron realizadas por parte de Comparta
E.P.S.; si las citas médicas autorizadas con la especialidad de urología
pediátrica en el Hospital de la Misericordia en Bogotá ya se llevaron a cabo,
y, en caso de ser así, se le solicitó informar cómo se suplieron los gastos de
transporte, hospedaje y alimentación del menor de edad y del acompañante. Así
mismo, se requirió a la accionante informar sobre la composición del núcleo
familiar del menor de edad Joan Matías Trujillo Trujillo, la persona encargada
de su cuidado y los ingresos y gastos de dicho núcleo.
Auto de pruebas del dieciocho (18) de enero de dos mil
dieciocho (2018)
60.
Con relación al Expediente T-6.354.585, el Magistrado
sustanciador le solicitó a Savia Salud E.P.S. información detallada sobre
los siguientes asuntos: (i) la fecha de ingreso del menor de edad al Hospital
de Valparaíso, la fecha en la que el médico tratante en esa institución ordenó
el traslado del menor, la fecha en la que Savia Salud E.P.S. autorizó ese
traslado, y la fecha en la que fue remitido de esa institución al Hospital San
Vicente de Paúl de Caldas; (ii) la fecha de ingreso al Hospital San Vicente de
Paúl de Caldas–Antioquia, la fecha en la que el médico tratante en esa institución
ordenó el traslado del menor a un hospital de cuarto nivel, y la fecha en la
que Savia Salud E.P.S. autorizó ese traslado; (iii) y si el menor fue
efectivamente remitido al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez
y la fecha en la que sucedió. En caso de que ello no hubiera ocurrido, explique
las razones por las que ese traslado no tuvo lugar.
61.
A su vez, le requirió información sobre el procedimiento regular
que debe seguirse para obtener la autorización por parte de Savia Salud E. P.
S. de traslado de un paciente de una institución prestadora de salud a otra,
indicando las normas jurídicas y reglamentación interna que le dan fundamento a
ese procedimiento. También se le solicitó indicar si dicho trámite es diferente
atendiendo a la urgencia de que se realice la remisión para atender el estado
de salud del paciente. Igualmente, le pidió señalar si en el caso del niño
Jhoan Sebastián Quinchia Betancur Savia Salud E.P.S. cumplió con los
procedimientos de traslado entre instituciones prestadoras de salud,
62.
Por último, se le solicitó explicar el trámite administrativo que
se siguió en el presente caso, para dar respuesta a la medida preventiva
decretada por el juez de primera instancia. A su vez, le requirió describir
todas las actuaciones de Savia Salud E.P.S. que permitan evidenciar la
diligencia de dicha entidad, relacionadas con la petición de traslado del menor
de edad.
63.
Con relación a ese mismo expediente, se le solicitó a la Personería
Delegada de Envigado, Antioquia, que suministre la información con la que
cuenta relacionada con las solicitudes formuladas a Savia Salud E.P.S. reseñadas
en los numerales 60 a 62.
Información
allegada por la señora Eriscinda Caro Tijaro, accionante en el proceso
T-6.331.976
64.
Para dar respuesta a la información solicitada por la Corte en el
auto de pruebas (ver supra, numeral 57), mediante comunicación del tres (03) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), la señora Eriscinda Caro
Tijaro informó que Juan David Caro Chávez es su sobrino y que tiene a su cargo
su custodia. Al respecto, allegó copia de un acta del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (en adelante, el “ICBF”) en la que se le hizo entrega
del menor de edad[54],
en cumplimiento de la medida de colocación familiar en la modalidad de hogar
biológico[55].
Señaló que, como consecuencia, inició el trámite de adopción del menor, el cual
se encuentra pendiente[56].
65.
Manifestó que, debido al cambio en las instituciones prestadoras
de salud para la atención de servicios especializados al menor de edad, este
tiene pendientes citas y exámenes de laboratorio desde hace un año. Explicó que
ello a su vez ha ocasionado que el médico general retire ciertos medicamentos e
insumos necesarios para la atención del menor en su hogar. Agregó que desde el
mes de agosto de dos mil diecisiete (2017) Juan David Caro Chávez no cuenta con
servicio de enfermería, debido a que el lugar en el que habita en arriendo no
permite el ingreso al inmueble de personal externo o desconocido. Como prueba
de esta última afirmación aportó copia del contrato de arrendamiento del
inmueble donde reside, en el que se pactó una cláusula en el sentido indicado
por la señora Eriscinda Caro Tijaro[57].
66.
En cuanto a su situación económica, indicó lo siguiente: (i)
reside con sus dos hijos, quienes cubren el costo del arrendamiento; (ii)
trabaja en “oficios varios”; (iii) sus ingresos no ascienden a un
salario mínimo legal mensual vigente; y (iv) sus gastos son los de su
alimentación y la de Juan David Caro Chávez, quien es la única persona a su
cargo[58].
67.
Mediante comunicación del veinte (20) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), informó que Juan David Caro Chávez tiene trece (13) años y
le han sido diagnosticadas las siguientes enfermedades: síndrome de Pierre
Robin y de Falconni, anemia de Falconni, acidosis tubular renal bilateral,
laringomalasia, alcalasia, otitis media crónica bilateral, estrabismo, pérdida
visual moderada, síndrome bronco obstructivo crónico recurrente, pectus
excavatum, microcefalia, micronagtia, paladar ojival, epilepsia multifocal
asintomática, cadera valga, desnutrición crónica grado 3, traqueostomía,
trastorno de la deglución, disfagia, síndrome de dumping y esofagitis crónica.
68.
Indicó que, por lo anterior, el menor de edad es un paciente
polimedicado. No obstante, mencionó que Capital Salud E.P.S. en múltiples ocasiones
le ha negado el tratamiento integral y continuo, pese a que una acción de
tutela interpuesta con anterioridad a la que se revisa en esta providencia le
advirtió a dicha entidad que debía garantizar de forma adecuada el derecho a la
salud del menor de edad. Específicamente, mencionó que se le ha negado atención
o servicios médicos al menor de edad por parte de la oficina jurídica de
Capital Salud E.P.S., por lo que ha tenido que recurrir al Gerente de la
entidad.
69.
Como prueba de lo anterior, aportó distintas órdenes de consulta
del menor de edad suscritas por diferentes especialistas. Algunas de ellas se
relacionan con el asunto señalado por la accionante, por lo que se reseñan de
forma breve a continuación:
a.
En orden de consulta del diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce
(2014), con médico de especialidad neuropediatría, se señala lo siguiente: “paciente
con múltiples comorbilidades, ha presentado desplome nutricional, recaída y
aumento importante en frecuencia de crisis asociado con el suministro
inadecuado por parte de EPS de tratamiento según lo que reporta familiar”[59].
b.
En orden de consulta del siete (07) de julio de dos mil quince (2015)
con médico de especialidad nefrología pediátrica, se lee: “se anota en
historia clínica dificultades para entrega oportuna de medicamentos por parte
de su E.P.S. Hoy presentó crisis ictal de semiología habitual atribuible a no
administración de oxcarbazapina por no entrega de su EPS. El caso ya es
conocido por la Superintendencia de Salud”[60].
c.
En orden de consulta del trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016) con médico de especialidad pediatría general, consta lo siguiente: “se
aclara que Juan David se encuentra en manejo en Homi desde el año de vida, es
necesario seguir con todas las especialidades en Homi dada la complejidad de
todas las patologías de base, se debe garantizar el manejo de todas las especialidades
en Homi”[61].
d.
De manera similar a lo mencionado en la anterior orden, en la del
veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017), con médico de
especialidad neumología pediátrica, consta lo siguiente: “paciente con
manejo interdisciplinario en el Hospital de la Misericordia por múltiples
comorbilidades, debe continuarse este en nuestra institución”[62]. Suscribe
esta orden la doctora Sonia María Restrepo, especialista en neumología
pediátrica del Hospital de la Misericordia.
e.
En orden de consulta de fecha cinco (05) de junio de dos mil diecisiete
(2017), en especialidad oncohematología pediátrica, se lee: “en el momento
[el paciente] no tiene los paraclínicos solicitados en la consulta previa, dado
que su entidad aseguradora no ha autorizado la realización de los mismos. Se
aclara que esto corresponde a un evidente acto de negligencia por parte de su
asegurador”[63].
70.
Igualmente, la accionante remitió a la Corte como pruebas dos
constancias suscritas por médicos de la Clínica I.P.S. Construir y otra por un
médico del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, señalando
que en el nivel de atención de ambas entidades no les era posible practicar los
exámenes ordenados por los médicos tratantes[64].
71.
En cuanto a la atención prestada por la I.P.S. Health Life,
manifestó la accionante que el coordinador de personal domiciliario de esa
entidad ha intentado dejar al menor de edad sin la asistencia paramédica
solicitada por los especialistas, aduciendo que la familia debe hacerse cargo
del paciente. Señaló que personal de dicha institución, ha falsificado firmas
para justificar la no prestación del servicio ante la imposibilidad de ingreso
a su domicilio. Igualmente, sostuvo que ha recibido de parte de integrantes de dicha
entidad hostigamientos y amenazas, incluyendo una denuncia penal interpuesta
por Omar Ortiz, coordinador de personal[65],
quien alega haber recibido amenazas de ella, lo cual, según afirmó, nunca ha
sucedido. Consideró finalmente que es deber de esta entidad solucionar los
obstáculos que en la actualidad impiden una debida atención al menor de edad[66].
Información allegada por el Juzgado
Quince Penal Municipal con Función de Conocimiento, para el proceso T-6.331.976
72.
En respuesta a la solicitud formulada por la Corte (ver supra,
numeral 57), el Juzgado Quince Penal Municipal con Función de Conocimiento
de Bogotá remitió copia de la sentencia de fecha trece (13) de febrero de dos
mil quince (2015), mediante la cual se resolvió una acción de tutela presentada
por Eriscinda Caro Tijaro, en representación del menor de edad Juan David Caro
Chávez, contra Capital Salud E.P.S. y la Secretaría de Salud de Bogotá.
73.
En dicho fallo se mencionó que la accionante en ese proceso
presentó previamente una acción de tutela contra Capital Salud E.P.S., que dio
lugar al fallo del catorce (14) de febrero de dos mil cinco (2005) proferido
por el Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, en el que se amparó el
derecho a la salud del menor de edad, por lo que se le ordenó a esa entidad
brindarle ciertos servicios de salud (“oxígeno domiciliario, sonda de
gastronomía, procedimiento de cambio de sonda Aspi, vacunas para neumococo y
tratamiento integral”[67]).
74.
Igualmente, el fallo señaló que, según lo expuesto por la
accionante, debido a que Capital Salud E.P.S. incumplió el fallo de tutela del
catorce (14) de febrero de dos mil cinco (2005), la señora Eriscinda Caro
Tijaro interpuso una nueva acción de tutela contra dicha E.P.S., resuelta
mediante fallo del veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) del
Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá, la cual fue resuelta
favorablemente a favor del menor de edad. No obstante, indicó que esa decisión
fue revocada por fallo del tres (03) de octubre de dos mil trece (2013) por el
Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá.
75.
En el fallo que se reseñó en esta providencia se expuso que la
accionante interpuso una nueva acción de tutela solicitando que le fuera
ordenado a Capital Salud E.P.S. la entrega de pañales desechables y de bala de
oxígeno domiciliaria y portátil, así como que se cubriera el servicio de
transporte requerido para acceder a la atención en salud que requiere el menor
de edad, los cuales habían sido negados por esa entidad alegando que no hacían
parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). Asimismo, en esa acción solicitaba
que se le ordenara a la accionada garantizar la atención médica integral.
76.
Al resolver la mencionada acción de tutela, el Juzgado Quince
Penal Municipal con Función de Conocimiento decidió tutelar los derechos de
Juan David Caro Chávez, por lo que ordenó a Capital Salud E.P.S. garantizarle
un tratamiento integral, comprendiendo: (i) la entrega de “pañales
desechables, elementos de aseo personal (pañitos húmedos, cremas anti escaras y
similares), complementos nutricionales, oxígeno domiciliario y portátil”[68]; (ii)
garantizar “el servicio de transporte especializado o medicalizado,
necesario para que [Juan David Caro Chávez] acceda sin dificultad alguna a los
servicios de salud, silla de ruedas especializada y la totalidad del
tratamiento integral”[69];
y (iii) que, en caso de no contar en su red de servicios con una institución
idónea para ello, “efectuar la contratación respectiva de servicios con la
entidad a la que haya lugar, sin someter a la (sic) paciente y su familia a
trámites, gestiones y demoras innecesarias”[70].
Información allegada por Capital Salud
E.P.S., para el proceso T-6.331.976
77.
Mediante escrito allegado a la Corte el tres (03) de noviembre de
dos mil diecisiete (2017), informó que, en el lapso del catorce (14) de
septiembre al catorce (14) de octubre del mismo año, se recibieron nuevas
órdenes de servicios a favor del menor de edad. Indicó que, con base en ellas,
Capital Salud E.P.S. expidió, de manera oportuna, las autorizaciones
correspondientes.
78.
Explicó que Capital Salud E.P.S. ha garantizado la atención
domiciliaria de Juan David Caro Chávez a través de la I.P.S. Health & Life.
Con todo, señaló que “[a] la fecha el menor no está recibiendo servicios de
enfermería debido a que la señora Eriscinda Caro no permite el acceso de los
enfermeros a la residencia desde el 10 de agosto de 2017”[71].
79.
Debido a esta circunstancia, afirmó que el Coordinador Médico de
la sucursal Bogotá de la I.P.S. Health & Life sostuvo el veintidós (22) de
agosto de dos mil diecisiete (2017) una reunión con la señora Eriscinda Caro,
en la que esta manifestó que únicamente dejaría entrar al domicilio donde
habita con el menor de edad a enfermeros que sean de su total confianza, pues
ella “debe salir a hacer vueltas y debe dejar al menor solo con este
personal de salud”[72].
Indicó la entidad accionada que en esa reunión se le informó a la accionante
que sus razones contravienen los criterios de atención domiciliaria de la
entidad, que exigen que durante la atención los pacientes deben estar
acompañados de un cuidador o familiar responsable. A su vez, informó que en esa
reunión Eriscinda Caro informó que “prefiere que el niño siga siendo cuidado
por el enfermero Andrés Tijaro Caro (presunto primo) e Ingrid Mayerli Gil
Huertas (cónyuge de Andrés Tijaro Caro), presuntos familiares del afiliado,
quienes lo han cuidado antes y al momento de la reunión no son trabajadores de
ninguna de las IPS domiciliarias contratadas por Capital Salud EPS-S”[73].
80.
Adicionalmente, con relación a los demás servicios médicos,
explicó que “[l]a asignación de citas para el afiliado Juan David Caro
Chávez se lleva a cabo de acuerdo a la subred a la cual pertenece (centro
oriente), así como atención en la fundación Hospital de la Misericordia cuando
se requieran servicios de alta complejidad”[74]. En este sentido, indicó
que el seis (06) de octubre de dos mil diecisiete (2017) el menor de edad tuvo
cita de control con especialista en otorrinolaringología pediátrica en la
Fundación Hospital de la Misericordia, en la que el médico tratante generó
interconsultas con las siguientes especialidades: nefrología pediátrica,
neumología pediátrica, neurología pediátrica y fisiatría y rehabilitación.
Afirmó que estas consultas fueron autorizadas por Capital Salud E.P.S., las
tres primeras en la Unidad de Servicios de Salud Santa Clara, y la última en la
Unidad de Servicios de Salud San Juan de Dios. Señaló que, pese a lo anterior,
la señora Eriscinda Caro manifestó que no aceptaba las citas en dichas
instituciones prestadoras de salud.
81.
Finalmente, Capital Salud E.P.S. remitió un listado de los
medicamentos autorizados y entregados al menor de edad entre el veintinueve
(29) de septiembre y el diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017)[75].
82.
Por lo expuesto, Capital Salud E.P.S. concluyó que cumple el
aseguramiento en salud del menor de edad a través de su red contratada,
garantizando la prestación de los servicios médicos especializados y de las
intervenciones terapéuticas, médicas y paramédicas por él requeridas.
Información
allegada por la médica auditora de Capital Salud E.P.S., para el proceso
T-6.331.976
83.
Mediante oficio del tres (03) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017), la médica auditora de la Dirección Nacional Técnica y Salud remitió
concepto médico, conforme a lo solicitado en el auto de pruebas del
veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017) (ver supra,
numeral 57), en los siguientes términos:
“[el paciente] requiere una
atención médica multidisciplinaria que incluya genética, pediatría, neurología,
neumología y nefrología pediátrica[,] con el fin de dar un tratamiento integral
para las patologías que presenta[. D]e acuerdo a lo planteado se observa que se
ha venido prestando los servicios médicos requeridos, sin vulnerar el derecho
fundamental a la salud; adicionalmente cuenta con el servicio de ambulancia
medicalizada que le permite desplazarlo sin ningún tipo de riesgo para su
cuadro clínico[. A] pesar de las múltiples patologías en la actualidad se
encuentra compensado[,] es decir[,] hemodinámicamente estable, lo que le
permite el desplazamiento a cumplir con los servicios médicos solicitados, sin
que esto represente peligro para su condición actual[. T]ambién cuenta con el
servicio de atención domiciliaria por parte de Health & Life, pero refiere
que desde el día 10 de agosto de 2017 la señora Eriscinda Cano no permite el
ingreso de los enfermeros a la vivienda, lo cual impide la continuidad de
prestación de los servicios domiciliarios”[76].
Información
allegada por Savia Salud E.P.S., en relación con el proceso de tutela radicado
T-6.345.585
84.
Mediante oficio del veintinueve (29) de enero de dos mil
dieciocho (2018), Savia Salud E.P.S. dio respuesta al auto de pruebas del
dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018) (ver supra,
numerales 60 y 61). Informó que Jhoan Sebastián Quinchía Betancur se
encontraba afiliado a Savia Salud E.P.S. en el régimen subsidiado desde el
dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), momento a partir del cual
se le asignó la ESE Hospital San Juan de Dios–Valparaíso como su institución
prestadora de salud básica de atención, en la que debían prestarse los
servicios de primer nivel, es decir, aquellos que no requieren de una
autorización o intermediación de la entidad prestadora de salud para su
atención.
85.
Con relación a la atención brindada a Jhoan Sebastián Quinchía
Betancur, señaló que “Savia Salud EPS el 27 de enero de 2017 autorizó
consulta de urgencias por medicina general y posteriormente el 30 de enero de
la misma anualidad autorizó internación en servicio de complejidad alta
habitacional bipersonal”[77].
86.
Respecto del trámite administrativo que debe seguirse ante la
entidad para la autorización de servicios de salud, indicó que, para el
traslado de una I.P.S. a otra, la primera debe “realizar el trámite
correspondiente ante el centro regulador de la EPS, quien[,] de acuerdo al
servicio solicitado, realiza las gestiones correspondientes para la asignación
de una Institución Prestadora de Servicio (IPS) de mayor nivel”[78].
87.
Finalmente, con relación a la historia clínica de Jhoan Sebastián
Quinchía Betancur, sostuvo que, en virtud del artículo 13 de la Resolución 1995
de 1999, su custodia corresponde a la institución prestadora de salud que la
generó, por lo que no le es posible aportarla al expediente.
Información
allegada por Comparta E.P.S., en relación con el proceso de tutela radicado
T-6.367.461
88.
Mediante oficio del primero (1º) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), Comparta E.P.S. dio respuesta a lo solicitado mediante el
auto de pruebas del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
(ver supra, numeral 59). Informó que las especialidades médicas que
requiere Joan Matías Trujillo Trujillo son urología pediátrica, nefrología
pediátrica y dermatología.
89.
Explicó que los mencionados servicios son prestados por distintas
I.P.S., así: (i) la consulta en urología es ofrecida en el Hospital de la
Misericordia, pero esa I.P.S. se ha negado a prestarlos por trámites
administrados, por lo que el servicio fue re-direccionado a la Subred
Norte–Hospital Simón Bolívar. Además, indicó que la madre del menor de edad se
niega a que se emitan autorizaciones en otra ciudad argumentando que no
asistirá; (ii) las consultas de nefrología pediátrica y dermatología son
direccionadas al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, “el
cual se ha negado a prestar los servicios aún contando con contrato vigente
hasta el 31 de diciembre de 2017”[79];
y (iii) la ecografía de vías urinarias fue direccionada para la Clínica
Medilaser, la cual se niega a prestar los servicios de contrato vigente, por lo
que programó el servicio para Pitalito, pero la madre del menor se niega a
viajar a otra ciudad para la realización de exámenes médicos.
90.
Por lo expuesto, solicitó confirmar la sentencia de segunda
instancia proferida en el proceso de tutela de la referencia, considerando que
“COMPARTA EPS-S le ha brindado los servicios POS al usuario conforme a la
red de servicios habilitada y conforme a la normatividad vigente”,
agregando que “la EPS-S no es la responsable de la prestación de los demás
eventos no cubiertos por el POS-S de conformidad con lo contenido en la
resolución 6408 de 2016, conforme a la Resolución 1479 de 2015”[80]. Además,
solicitó a la Corte que, de ser procedente, se sirva ordenar a las instituciones
prestadoras de salud con contratación vigente que se han negado a prestar los
servicios requeridos por Joan Matías Trujillo Trujillo para que se abstengan de
negarlos y procedan a hacerlos efectivos.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
91.
La Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así
como en virtud de los autos del catorce (14) y del veintiséis (26) de
septiembre, ambos de dos mil diecisiete (2017), expedidos por la Sala de
Selección de Tutela Número Nueve de esta Corte, que decidió someter a revisión
las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS: PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
92.
En virtud
de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, los artículos
concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia
constitucional sobre la materia[81], la
acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior,
solo procede como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o (ii) cuando,
existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, a la luz de las
circunstancias del caso concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en
un derecho fundamental[82]. En el evento de proceder como
mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término
máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela y la protección se
extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez
ordinario[83].
93.
Antes de realizar el estudio de fondo de las acciones de tutela
seleccionadas, la Sala procederá primero a verificar si cumplen los requisitos
de procedibilidad, a saber: la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, la subsidiariedad y la inmediatez. Una vez hecho eso, estudiará dos
cuestiones específicas de procedibilidad relevantes para el análisis de las
acciones de tutela que se revisan: la presunta actuación temeraria en el
expediente T-6.331.976 y la configuración del daño consumado por fallecimiento
del titular de los derechos invocados en el expediente T-3.345.585.
Legitimación en la causa por activa
94.
Al regular la acción de tutela, la Constitución establece quiénes
están legitimados para interponerla. Dice al respecto el artículo 86: “[t]oda
persona tendrá acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales” (subrayas fuera del texto original).
95.
Con base en la mencionada disposición y en lo dispuesto en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la Corte ha explicado que las distintas
hipótesis de legitimación en la causa por activa son las siguientes: (i) cuando
la tutela se ejerce en nombre propio por parte de la persona cuyos
derechos se consideran vulnerados o amenazados; (ii) cuando la tutela se ejerce
por el representante de la persona que considera que sus derechos son
amenazados o vulnerados, evento que comprende (a) a los representantes legales,
como por ejemplo quienes representan a los menores de edad o a los incapaces absolutos,
y (b) a los apoderados judiciales con poder debidamente otorgado; (iii) cuando
una persona actúe en condición de agente oficioso, en casos en los que
el titular de los derechos invocados no se encuentre en condiciones de promover
su propia defensa; y (iv) cuando una autoridad pública a quien la Constitución
y la ley le han encargado la función de velar por los derechos de las personas,
como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación, la
interpone a favor de un sujeto cuyos derechos se consideran violados o
amenazados[84].
96.
Además de las reglas generales previstas en el artículo 86, desarrolladas
a su vez en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la Constitución prevé en
el artículo 44 un mandato general sobre protección a la niñez, del cual se
desprende una regla especial y amplia de legitimación en la causa por activa a
favor de los niños. Así, el inciso segundo de dicho artículo establece lo
siguiente: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”
(subrayas fuera del texto original). Según la Corte, esta disposición está
amparada en el principio del interés superior del niño, y se justifica por la
situación especial en la que se encuentra. Con base en ella, ha sostenido que “cualquier
persona, no necesariamente su representante legal, está legitimada para
solicitar la protección de los derechos de un menor por vía de tutela”[85].
97.
Con base en estas reglas, la Sala concluye que en las tres acciones
de tutela que se revisan se cumple el requisito de la legitimación en la causa
por activa, así:
98.
Con relación al expediente de referencia T-6.331.976, se observa
que quien interpuso la acción de tutela a favor del menor de edad, Juan David
Caro Chávez fue su tía, la señora Eriscinda Caro Tijaro, quien tiene a su cargo
la custodia del niño en aplicación de la medida de colocación familiar ordenada
por el ICBF (ver supra, numeral 64).
99.
Respecto del expediente de referencia T-6.354.585, la acción de
tutela fue presentada por la Personería Municipal de Envigado, a solicitud de Paola
Andrea Betancur Rodas y en representación de su hijo, Jhoan Sebastián Quinchia
Betancur. Según lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, la
Personería tiene la función de interponer acciones de tutela para velar por los
derechos de las personas.
100.
Finalmente, respecto del expediente de referencia T-6.367.461, la
acción de tutela la interpuso Margot Trujillo Trujillo, actuando como agente
oficiosa de su nieto Joan Matías Trujillo Trujillo.
Legitimación en la causa por pasiva
101.
De acuerdo con el artículo 86, la acción de tutela procede contra
cualquier autoridad pública o contra ciertos particulares, a saber: (i) los “encargados
de la prestación de un servicio público”, (ii) aquellos “cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo”, y (iii) aquellos “respecto
de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
102.
La acción de tutela de referencia T-6.331.976 fue presentada
contra la E.P.S. Capital Salud, la cual presta el servicio público de salud a
Juan David Caro Chávez (ver supra, numeral 7), por lo que considera la Sala que existe legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con lo
previsto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Además, el juez de primera
instancia en ese proceso vinculó a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá,
autoridad pública contra la cual también existe legitimación en la causa por
pasiva, según lo establecido en los artículos 5 y 13 del decreto mencionado.
103.
Por su parte, la acción de tutela de referencia T-6.354.585 se
dirige contra Savia Salud E.P.S., entidad que presta el servicio público de
salud y a la que se encontraba afiliado el menor de edad Jhoan Sebastián Quinchía
Betancur (ver supra, numeral 84). Por esta razón y con base en lo
previsto en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, existe legitimación en la
causa por pasiva respecto de Savia Salud E.P.S. Igualmente, también obra como
accionado en este proceso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia, autoridad pública que, en virtud de lo señalado en los artículos
5 y 13 de ese mismo decreto, existe legitimación en la causa por pasiva.
104.
Finalmente, con relación a la acción de tutela de referencia
T-6.367.461, también existe legitimación en la causa por pasiva según lo dispuesto
en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto Joan Matías Trujillo
Trujillo, en cuyo nombre se interpone la tutela, se encuentra afiliado a
Comparta E.P.S.
Inmediatez
105.
El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción
de tutela podrá interponerse “en todo momento y lugar”. La
jurisprudencia constitucional ha entendido que por esa razón no es posible
establecer un término de caducidad de la acción de tutela, pues ello sería
contrario al artículo citado[86].
Con todo, ha aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para
presentar la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello pondría en
riesgo la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida, según el
propio artículo 86, como un mecanismo de “protección inmediata” de los
derechos alegados.
106.
Por lo anterior, a partir de una ponderación entre la no
caducidad y la naturaleza de la acción, se ha entendido que la tutela debe
presentarse en un término razonable, pues de lo contrario podrá declararse
improcedente[87].
No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que al juez de tutela le corresponde evaluar, a
la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un
término razonable. Esto implica que la acción de tutela no puede ser rechazada
de plano con fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez
estudiar las circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término
para interponerla[88].
107.
La jurisprudencia constitucional ha establecido distintos criterios
para orientar al juez de tutela al evaluar, en cada caso, si se ha cumplido el
requisito de inmediatez[89].
Uno de estos criterios es el momento en el que se presentó la vulneración y si
esta se ha prolongado en el tiempo. En los casos de vulneraciones que se
prolongan el tiempo, “el juez de tutela no debe contar el término desde el
momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó”[90].
108.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, con relación a la acción
de tutela de referencia T-6.331.976, la Sala encuentra que, aunque no se
identificó de manera precisa la fecha de ocurrencia del hecho que se considera
vulneratorio de los derechos del menor de edad Juan David Caro Chávez, es
posible determinarla de forma aproximada. Así, conviene recordar que en este
caso se argumenta que la decisión de Capital Salud E.P.S. de autorizar las
citas con especialista a favor del menor de edad en I.P.S. distintas al
Hospital de la Misericordia desconoce sus derechos fundamentales. En la
historia clínica aportada al proceso de tutela se aprecian constancia de
consultas médicas realizadas en el Hospital de la Misericordia hasta el
veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017) (ver supra,
numeral 10), y la acción de tutela fue interpuesta el seis (6) de julio de dos
mil diecisiete (2017), por lo que se aprecia que entre la fecha aproximada en
la que ocurrió el hecho que se cuestiona mediante la acción de tutela y el
momento en el que esta fue interpuesta trascurrió un plazo razonable.
109.
Respecto del proceso de referencia T-6.354.585, la Sala advierte
que la acción de tutela pretendía que se ordenara el traslado del menor de
edad, Jhoan Sebastián Quinchía Betancur, a un hospital de cuarto nivel. La
remisión a un hospital de esa categoría fue ordenada por el médico tratante el veinticinco
de enero de dos mil diecisiete (2017) (ver supra, numeral 22), y la tutela fue presentada dos días después (ver supra, numeral 18), por lo que se cumplió el requisito de inmediatez.
110.
Por su parte, en el proceso de referencia T-6.367.461 también se
verificó el requisito de inmediatez, por cuanto la actuación que la accionante
identifica como vulneratoria de los derechos del menor de edad Joan Matías
Trujillo Trujillo (la autorización de ciertos procedimientos médicos para ser
realizados en una ciudad distinta a aquella en la que habita) ocurrió el cuatro
(04) de abril de dos mil diecisiete (2017) (ver supra, numeral 37), mientras que la acción de tutela fue interpuesta el diecinueve (19) de abril de
dos mil diecisiete (2017) por Margot Trujillo Trujillo (ver supra,
numeral 34).
Subsidiariedad
111.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En consecuencia, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de
la tutela la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin
perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio
para remediar un perjuicio irremediable.
112.
La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de
subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las
acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando ellas sean
idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran
vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea
cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[91].
113.
La idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial
deben ser apreciadas a la luz de las circunstancias particulares del caso
sometido a conocimiento del juez[92], para lo cual este debe analizar distintos criterios,
como la condición de la persona que acude a la tutela. En efecto, según la
jurisprudencia, la condición de sujeto de especial protección constitucional y
la de debilidad manifiesta del accionante son relevantes para analizar si los
medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y efectivos.
114.      Tratándose del derecho fundamental a la salud, la
Superintendencia Nacional de Salud (en adelante, la “Superintendencia de
Salud”) tiene competencia jurisdiccional para resolver una serie de
controversias que puedan surgir entre los usuarios del SGSSS y las entidades
que lo conforman. Según el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 y los artículos
126 y 127 de la Ley 1438 de 2011, esa función debe ejercerse mediante un
procedimiento con las siguientes características: (i) es jurídico, pues
se decide en derecho; (ii) es definitivo; (iii) es rogado, pues
solo procede a petición de parte; (iv) es preferente y sumario; (v) es expedito,
pues deberá resolverse dentro de los diez días siguientes a la presentación de
la petición; (vi) es informal, aspecto este que deberá prevalecer en
todo el trámite jurisdiccional; y (vii) es sencillo, pues no requerirá
de la actuación de un apoderado judicial.
115.
Además, los mencionados
artículos establecen unas reglas que complementan el funcionamiento del
procedimiento jurisdiccional. Así, se establece que en este: (i) se aplicarán los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia; (ii) deberá garantizarse los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción; (iii) la Superintendencia
de Salud cuenta con las facultades propias de un juez; (iv) no procede con
relación a asuntos que, por virtud de las disposiciones legales vigentes, deba ser sometido al proceso de carácter
ejecutivo o acciones de carácter penal; (v) será tramitado conforme a lo
previsto en el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; y (vi) procederán las
medidas provisionales para la protección del usuario del SGSSS.
116.
Atendiendo a estas características, tratándose del derecho
fundamental a la salud de los usuarios del SGSSS, se puede concluir lo
siguiente: (i) el mecanismo de protección principal es el procedimiento
administrativo de la Superintendencia de Salud[93]; (ii) por lo
que solo podrá acudirse a la acción de tutela (a) cuando dicho procedimiento
administrativo, a la luz de las circunstancias concretas del caso, no sea
idóneo o efectivo[94],
o (b) cuando, a pesar de sí ser idóneo o efectivo, sea necesario para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable[95].
117.
Con base en lo expuesto, pasa la Sala a estudiar
el cumplimiento del requisito de subsidiariedad con relación a los tres casos
que se revisan.
118.
Con relación al expediente de referencia
T-6.331.976, la acción de tutela cuestiona la decisión de Capital Salud E.P.S.
de no otorgar todos los servicios médicos requeridos por Juan David Caro Chávez
en el Hospital de la Misericordia, el cual lo ha atendido desde su nacimiento
(ver supra, numeral 8). Por esto, en términos generales, dicha reclamación
quedaría comprendida dentro de las facultades jurisdiccionales de la
Superintendencia de Salud, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del
artículo 41 de la Ley 1122 de 2007[96].
En consecuencia, la Sala concluye que, según lo expuesto antes (ver supra,
numerales 114 a 116), el mecanismo jurisdiccional ante la
Superintendencia de Salud era la vía idónea y principal para haber realizado
tal reclamación.
119.
Con todo, recuerda la Sala que en este caso la
acción de tutela se interpone a favor de Juan David Caro Chávez, menor de edad,
quien tiene afectaciones y padecimientos en su salud, como lo evidencian las
pruebas aportadas en el proceso, que requiere atención médica
multidisciplinaria que incluya genética, pediatría, neurología, neumología y
nefrología pediátrica (ver supra, numeral 83). Por esta situación, el mecanismo
jurisdiccional se torna ineficaz ante la eventual afectación del derecho a la
salud del menor de edad como consecuencia de la situación alegada, por lo cual,
se torna necesaria y urgente la actuación del juez de tutela. Por esa razón,
frente a este caso resulta procedente la acción de tutela.
120.      En segundo lugar, con relación al expediente de radicado T-6.354.585, la acción de tutela solicitaba que se ordenara el
traslado del menor de edad Jhoan Sebastián Quinchia Betancur a un hospital de
cuarto nivel, debido a su “estado crítico” (ver supra, numeral 21) por el que uno de sus médicos tratantes
valoró su salud con “pobre pronóstico” (ver supra, numeral 22). En este caso, entonces, aun cuando
quedaría cubierto por las competencias de la Superintendencia de Salud en
virtud del literal a) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, previamente
citado, la urgencia de la situación y padecimientos de salud del menor de edad,
hacía procedente estudiar de fondo la acción de tutela. Por ello, se cumplió
con el requisito de subsidiariedad.
121.
En tercer lugar, respecto del expediente T-6.367.461, la acción de tutela tiene relación con el pago de los
gastos de transporte, alimentación y alojamiento a favor de Joan Matías
Trujillo y de un acompañante, para que el primero pudiera trasladarse a Bogotá
para realizarse unos exámenes ordenados por su médico tratante. En este caso,
al igual que con relación a los dos anteriores, la controversia surgida se
enmarca dentro de las competencias asignadas a la Superintendencia de Salud a
través de su mecanismo jurisdiccional, esta vez también en virtud de lo
dispuesto en el literal a) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. Ahora bien, de la información allegada al
proceso, la Sala constata que, de los distintos exámenes ordenados al menor de
edad para tratar las enfermedades urinarias que padece (ver supra,
numeral 36), no se había
realizado ninguno a la fecha de interposición de la tutela (ver supra,
numeral 89), lo cual podría
generar que los inconvenientes en salud se prolonguen o agraven. Por lo
anterior, en el presente caso, la Sala también concluye que se amerita la
intervención del juez de tutela. Por lo anterior, considera que se cumplió con
el requisito de subsidiariedad.
Actuación temeraria
122.
En su contestación a la acción de tutela de
referencia T-6.331.976, la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá, vinculada al proceso mediante el auto admisorio proferido por
el juez de primera instancia (ver supra, numeral 13), afirmó que se configuraba una acción
temeraria, por cuanto la accionante interpuso dos
acciones de tutela por los mismos hechos (ver supra, numeral 16). Teniendo en cuenta que, según el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, deberá rechazarse o denegarse la acción
de tutela que sea presentada nuevamente por una persona o su representante, le
corresponde a la Sala analizar si en dicho expediente se presentó tal actuación
por parte de la accionante. Para ello, en desarrollo del mencionado artículo,
la jurisprudencia constitucional ha precisado que son cuatro los
elementos que deben presentarse para que opere la consecuencia jurídica
prevista en la norma citada: identidad de hechos, identidad de partes,
identidad de pretensiones y ausencia de justificación para la presentación de
la nueva demanda[97].
123.
Al respecto, la Sala, mediante auto de pruebas
del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017) (ver supra, numeral 57), solicitó copia de los fallos
mencionados por la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. En respuesta, el Juzgado
Quince Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá remitió copia de
la sentencia de fecha trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), mediante
la cual se resolvió una acción de tutela presentada por Eriscinda Caro Tijaro,
en representación del menor de edad Juan David Caro Chávez, contra Capital
Salud E.P.S. y la Secretaría de Salud de Bogotá (ver supra, numerales 72 a 76).
124.
En dicho fallo se hizo expresa alusión al hecho que la accionante
había interpuesto varias acciones de tutela a favor de Juan David Caro Chávez,
siempre contra el mismo demandado, a saber, Capital Salud E.P.S. Se trata de
las siguientes: (i) acción de tutela que fue resuelta mediante el fallo del
catorce (14) de febrero de dos mil cinco (2005) proferido por el Juzgado
Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá (no consta la fecha en la que fue
presentada), resuelta favorablemente al menor de edad, por lo que se le ordenó
a esa entidad brindarle ciertos servicios de salud (“oxígeno domiciliario,
sonda de gastronomía, procedimiento de cambio de sonda Aspi, vacunas para
neumococo y tratamiento integral”) (ver supra, numeral 73); (ii) acción de tutela manifestando el incumplimiento de la acción de tutela
antes reseñada (tampoco consta la fecha de su presentación), la cual fue
resuelta favorablemente mediante fallo del veintinueve (29) de agosto de dos
mil trece (2013) del Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Bogotá y revocada
mediante fallo del tres (03) de octubre de dos mil trece (2013) por el Juzgado
Treinta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá (ver supra,
numeral 74); y (iii) acción de tutela resuelta por el Juzgado Quince Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá mediante sentencia de fecha
trece (13) de febrero de dos mil quince (2015) (no consta fecha de
presentación), en la que se solicitaban distintos servicios médicos: entrega de
pañales desechables y de bala de oxígeno domiciliaria y portátil, cubrimiento
del servicio de transporte requerido para acceder a la atención en salud y que
se ordenara garantizar la atención médica integral (ver supra, numerales
75 y 76).
125.
Por lo anterior, es claro que no se cumplen los elementos que
darían lugar a la aplicación en este caso de la consecuencia jurídica prevista
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. Para sustentar lo anterior, basta
mencionar que la acción de tutela de radicado T-6.331.976 identifica como hecho
vulnerador de los derechos del menor de edad, Juan David Caro Chávez, la
decisión de Capital Salud E.P.S. de autorizar los servicios médicos requeridos
por el menor en instituciones prestadoras de salud distintas al Hospital de la
Misericordia, hecho que no había sido alegado en las acciones de tutela
precedentes. Como resultado de lo anterior, la Sala resalta que la pretensión de
la accionante también es distinta a las formuladas en acciones de tutela
previas, esto es, que se ordene a Capital Salud E.P.S. que autorice la
prestación de los servicios médicos en el mencionado hospital.
126.
Por lo anterior, no le asiste razón a la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá al afirmar que con relación a la acción de tutela de referencia
T-6.331.976 se configura una actuación temeraria.
Carencia actual de objeto por daño consumado por muerte del
titular de los derechos fundamentales invocados
127.
Con relación al proceso de referencia T-6.354.585, se observa que
el titular de los derechos fundamentales cuya protección se solicitaba falleció
durante el trámite de la acción de tutela (ver supra, numeral 24). El Juzgado Segundo de Familia de Envigado, que conoció en primera instancia la
acción de tutela de la referencia, decidió que debía declararse la carencia
actual de objeto, debido a que por la muerte del menor de edad dicho mecanismo
carecía de cualquier fundamento fáctico (ver supra, numerales 32 y 33). Por lo anterior, debe la Sala analizar si con relación a este caso debe
declararse la improcedencia por carencia actual de objeto debido a la
ocurrencia de un daño consumado.
128.      Al
respecto, el artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela
tiene la finalidad de servir como instrumento de “protección inmediata de
[los] derechos constitucionales fundamentales”. Con todo, es posible que en
su trámite surjan circunstancias que permitan inferir que, en el caso concreto,
no podría cumplir tal finalidad[98],
bien sea porque el daño o vulneración se ha consumado (hipótesis conocida como
“daño consumado”) o bien porque la vulneración o amenaza alegada en la
acción de tutela ha cesado (hipótesis que ha sido denominada “hecho superado”).
En ambas circunstancias habría lo que la jurisprudencia ha denominado como “carencia
actual de objeto”. Estas dos hipótesis encuentran su fundamento normativo
en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, que establece lo siguiente:
“Artículo 24. Prevención a la autoridad. Si al
concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se
hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el
goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública
para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario,
será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de
este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido”.
129.      A
su vez, el artículo 6 del mismo decreto, al identificar las hipótesis de
improcedencia de la acción de tutela, hizo referencia a la siguiente: “[c]uando
sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”.
130.
Con relación al daño consumado, asunto relacionado con el caso
que se revisa, la Corte ha precisado que, para determinar la actuación que le
corresponde desempeñar al juez de tutela, es necesario determinar el momento
procesal en el que se consumó el daño. Así, si esto fue antes de la
interposición de la acción de tutela, deberá declararse su improcedencia.
Pero si el daño tuvo lugar durante el trámite de la acción de tutela, el
juez debe pronunciarse de fondo, teniendo en cuenta las siguientes directrices:
“i) Decidir de fondo en la
parte resolutiva de la sentencia sobre la configuración del daño consumado lo
que supone un análisis y determinación sobre la ocurrencia o no de una
vulneración de derechos fundamentales.
(ii) Realizar una advertencia
“a la autoridad pública [o particular] para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela
(…)” de acuerdo con el artículo 24 del decreto 2591 de 1991.
(iii) Si lo considera necesario
dependiendo del caso concreto, ordenar compulsar copias del expediente de
tutela a las autoridades correspondientes con el fin de que investiguen y
sancionen la conducta que produjo el daño.
(iv) Informar al demandante y/o
sus familiares de las acciones jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico
que pueden utilizar para la obtener la reparación del daño”[99].
131.
En el caso revisado, la acción de tutela fue interpuesta el
veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017) (ver supra,
numeral 18), y el fallecimiento del menor ocurrió el dos (02) de febrero de dos
mil diecisiete (2017) (ver supra, numeral 24), es decir, este hecho ocurrió durante el trámite de la acción de tutela. Por ello, según las
consideraciones expuestas, en el presente caso la consumación del daño no debe
conducir a la improcedencia de la acción de tutela, sino que esta debe ser
revisada de fondo para determinar si existió una vulneración de los derechos
fundamentales de Jhoan Sebastián Quinchia Betancur y, con base en ello, adoptar
las determinaciones correspondientes.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
132.      Con
base en los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta providencia,
le corresponde a esta Sala determinar lo siguiente:
133.
Primero, con relación al proceso de radicado T-6.331.976, si
Capital Salud E.P.S. desconoció los derechos fundamentales del menor de edad
Juan David Caro Chávez, al negarse la entidad prestadora de salud a autorizar
que todos los servicios médicos que este requiere sean prestados por una misma
I.P.S., a saber: el Hospital de la Misericordia.
134.
Segundo, con relación al proceso
de radicado T-6.354.585, si Savia Salud E.P.S. desconoció los derechos
fundamentales del menor de edad Jhoan Sebastián Quinchia Betancur, al no haber
autorizado de forma oportuna su traslado a un hospital de cuarto nivel,
conforme lo había dispuesto su médico tratante.
135.
Finalmente, con relación al
proceso de radicado T-6.367.461, si Comparta E.P.S. vulneró los derechos
fundamentales del menor de edad Joan Matías Trujillo, al negarse la entidad
prestadora de salud a autorizar el pago de los gastos de transporte,
alimentación y alojamiento del menor de edad y de un acompañante, con el
propósito de realizar consultas médicas
en una ciudad distinta de aquella en la que habita, pese a que quien interpuso
la acción de tutela manifestaba que no contaba con los recursos económicos
suficiente para sufragar tales gastos.
136.
Dado que la problemática expuesta
ya ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte de esta Corte, como
consecuencia de la revisión de acciones de tutela que incluyen supuestos
fácticos análogos, en esta ocasión, la Sala de Revisión reiterará brevemente:
(i) la jurisprudencia constitucional referente al derecho fundamental a la
salud; y (ii) procederá a analizar cada uno de estos problemas jurídicos en
secciones separadas en el caso concreto.
D.
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD.
REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
137.
La Constitución Política dispone, en su artículo 48, que la
Seguridad Social es un derecho irrenunciable y un servicio público a cargo del
Estado, cuyo acceso debe garantizarse a todas las personas y debe prestarse
siguiendo los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad. De acuerdo
con la jurisprudencia de esta Corte la seguridad social es un derecho de
raigambre fundamental, cuyo contenido se puede definir como el “conjunto de
medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y
sus familias, las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales
que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos
suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”[100].
138.
A su vez, el artículo 49 de la Constitución[101] dispone que la salud
tiene una doble connotación: (i) es un derecho fundamental del que son
titulares todas las personas; y (ii) es servicio público de carácter esencial,
cuya prestación es responsabilidad el Estado[102].
139.
A su vez, el artículo 365 de la Constitución dispone que los
servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado Social de Derecho,
y su prestación deberá efectuarse de manera eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional, con el fin de materializar los fines esenciales de
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales.
140.
Además, también la Constitución, en su artículo 44, hace una
referencia específica a la salud al regular los derechos fundamentales de los
niños. A partir de esta disposición, ha entendido la Corte que la garantía de
este derecho respecto de menores de edad exige un “nivel de garantía
superior”[103],
en atención a la etapa vital en la que se encuentran, pues “cualquier
retraso o negación en la prestación del servicio puede llegar a afectar de
manera irreversible su condición médica y proyectar sus procesos relacionales
con su entorno, su familia y la sociedad en general, así como sus ciclos de
formación académica y cognitiva”[104].
141.
Más adelante el Legislador, con la finalidad de desarrollar el
mandato constitucional contenido en los artículos 48 y 49 Superiores, expidió
la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó, entre otros, el Sistema de
Seguridad Social en Salud. En el artículo 2º de esta norma, se establecieron
como principios rectores la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la
integralidad, la unidad y la participación.
142.
La jurisprudencia constitucional, al desarrollar los principios
rectores del Sistema de Seguridad Social Integral, ha establecido la continuidad
en la prestación del servicio como elemento definitorio del derecho fundamental
a la salud, que deviene quebrantado por la interrupción o intermitencia que
genere o aumente el riesgo contra la calidad de vida. Razón por la cual, para
la Corte es de suma importancia asegurar una eficiente, constante y permanente
prestación de los servicios de salud, según corresponda, con el fin de ofrecer
a las personas “la posibilidad de vivir una vida digna y de calidad, libre,
en la medida de lo factible, de los padecimientos o sufrimientos que
sobrevienen con las enfermedades”[105].
143.
Posteriormente, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoció el
carácter fundamental e irrenunciable del derecho a la salud. En el artículo 8º,
precisó que la atención en materia de salud debe
prestarse de manera integral, es decir, que “los servicios y tecnologías de
salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o
curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición
de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el
legislador”. Este mismo aparte normativo advierte que en ningún caso se
podrá fragmentar la responsabilidad en la prestación de un servicio médico. En
este sentido, el principio de integralidad guarda una relación estrecha con la
continuidad en la prestación del servicio, pues pretende que no existan
interrupciones en la atención en salud que pueda perjudicar a los usuarios del
SGSSS[106].
144.
Para cumplir con ese principio, la
Ley 1751 de 2015 estableció, en su artículo 15, que solo podrán excluirse
servicios y tecnologías de salud que atiendan a precisos criterios, mediante
decisión expresa del Ministerio de Salud y Protección Social. En aplicación de
este artículo, dicha entidad profirió la Resolución No. 6408 del 26 de diciembre de 2016 del Ministerio
de Salud y Protección Social, “Por la cual se modifica el Plan de Beneficios
en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
145.
Teniendo en cuenta estas
disposiciones normativas, la Corte ha definido de manera amplia el tratamiento
integral, no limitándolo a servicios médicos específicos, sino abarcando “todas
aquellas prestaciones que se consideran necesarias para conjurar las afecciones
que puede sufrir una persona, ya sean de carácter físico, funcional,
psicológico emocional e inclusive social,  derivando en la imposibilidad de
imponer obstáculos de ninguna clase para obtener un adecuado acceso al
servicio, reforzándose aún más cuando se trata de sujetos que merecen un
especial amparo constitucional”[107].
E.
EXPEDIENTE T-6.331.976: ATENCIÓN A
MENOR DE EDAD CON CUADRO CLÍNICO COMPLEJO EN DISTINTAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SALUD
146.
El problema jurídico planteado por el proceso de radicado
T-6.331.976 tiene que ver con el presunto desconocimiento de los derechos
fundamentales de Juan David Caro Chávez como consecuencia de la decisión de
Capital Salud E.P.S. de no autorizar todos los servicios médicos que este
requiere en la I.P.S. Hospital de la Misericordia, debido a que este ya no era
parte de su red contratada. Para tal efecto, la Sala procederá a analizar las
siguientes cuestiones: (i) el alcance de la libertad de las entidades prestadoras
de salud, en la selección y contratación de su red prestadora de servicios; y
(ii) el análisis del caso concreto.
Alcance de la libertad de las E.P.S. de contratar su red
prestadora de servicios
147.
Al diseñar el SGSSS, el legislador estableció como uno de sus
principios fundamentales la libertad de escogencia. De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, se permitirá la participación de
diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los
servicios de salud, y los usuarios tendrán la libertad de elegir entre ellas,
cuando ello sea posible según las condiciones de oferta del servicio.
Igualmente, el artículo 159 de esa ley establece como una de las garantías de
los afiliados al SGSSS la “libre escogencia y traslado entre entidades
promotoras de salud”
148.
El Decreto 1485 de 1994, “Por el cual se regula la
organización y funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y la
protección al usuario en el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud”,
reitera el derecho a la libre escogencia de los afiliados para elegir entre las
distintas entidades prestadoras de salud, la que administrará la prestación de
sus servicios de salud derivados del Plan de Beneficios en Salud. Pero, además,
también establece la libre escogencia como un deber de dichas entidades de
garantizar al afiliado al SGSSS la posibilidad de escoger la prestación de los
servicios que integran el Plan de Beneficios en Salud entre un número plural de
instituciones prestadoras de salud.
149.
Con base en las anteriores normas, la jurisprudencia
constitucional ha considerado la libertad de escogencia como un “derecho de
doble vía”, pues, por un lado, constituye una “facultad que tienen los
usuarios para escoger las EPS a las que se afiliarán para la prestación del
servicio de salud y las IPS en la que se suministrarán los mencionados
servicios”, mientras que, por otro lado, es una “potestad que tienen las
EPS de elegir las IPS con las que celebrarán convenios y la clase de servicios
que se prestarán a través de ellas”[108].
150.
La libertad de escogencia puede ser limitada de manera válida,
atendiendo a la configuración del SGSSS. Así, es cierto que los afiliados
tienen derecho a elegir la I.P.S. que les prestará los servicios de salud, pero
esa elección debe realizarse “dentro de aquellas pertenecientes a la red de
servicios adscrita a la EPS a la cual está afiliado, con la excepción de que se
trate del suministro de atención en salud por urgencias, cuando la EPS
expresamente lo autorice o cuando la EPS esté en incapacidad técnica de cubrir
las necesidades en salud de sus afiliados y que la IPS receptora garantice la
prestación integral, de buena calidad y no existan afectaciones en las
condiciones de salud de los usuarios”[109].
151.
A su vez, en cuanto a la libertad de las E.P.S. de elegir las
I.P.S. con las que prestará el servicio de salud, ha establecido la Corte que
también se encuentra limitado, en cuanto no puede ser arbitraria y debe en todo
caso garantizar la calidad del servicio de salud. En este sentido, ha explicado
que “[c]uando la EPS en ejercicio de este derecho pretende cambiar una IPS
en la que se venían prestando los servicios de salud, tiene la obligación de:
a) que la decisión no sea adoptada en forma intempestiva, inconsulta e
injustificada, b) acreditar que la nueva IPS está en capacidad de suministrar
la atención requerida, c) no desmejorar el nivel de calidad del servicio
ofrecido y comprometido y d) mantener o mejorar las cláusulas iniciales de
calidad del servicio prometido, ya que no le es permitido retroceder en el
nivel alcanzado y comprometido”[110].
152.
Dado que el caso analizado por la Sala en esta sección se
relaciona con la libertad de las E.P.S. de contratar con I.P.S., se hará
referencia a algunos casos que esta ha decidido sobre el mismo asunto. Así, en
la sentencia T-238 de 2003, la Corte decidió denegar una acción de tutela
presentada por un afiliado al SGSSS con afección coronaria que solicitaba la
práctica de un procedimiento quirúrgico en la Fundación Cardio Infantil, con la
que la E.P.S. a la que se encontraba afiliado no tenía convenido. Para
fundamentar su decisión, sostuvo que al accionante se le había autorizado la
realización del procedimiento en el Hospital San Ignacio de Bogotá, por lo que
se le estaba garantizando la prestación integral del servicio de salud, en
ejercicio de la libertad de escogencia por parte de las E.P.S.
153.
Posteriormente, en la sentencia T-719 de 2005, se revisó el caso
de una menor de edad con parálisis general irreversible, en el que su madre
solicitaba que el tratamiento de rehabilitación fuera autorizado en el Taller
Psicomotriz Crisálida, por considerar que solo tal instituto había brindado una
atención integral con mejoría notable en su desarrollo. Al resolver el caso, la
Corte decidió denegar el amparo solicitado, con base en el siguiente argumento:
“en este proceso no reposa prueba en que conste que el tratamiento en el
Taller Psicomotriz Crisálida haya sido ordenado por el médico tratante de la
EPS Compensar. La sola afirmación de la accionante no es suficiente para
concluir que la única institución adecuada para brindar dicho tratamiento a la
menor sea dicha Institución”.
154.
Finalmente, en la sentencia T-965 de 2007, la Corte analizó una
acción de tutela en la que solicitaba, entre otras cosas, que le fuera
autorizado a un paciente un tratamiento de rehabilitación en la Clínica
Universitaria Teletón, con la que su E.P.S. no tenía convenio. Consideró la
Corte en aquella ocasión que el amparo debía declararse improcedente, por
cuanto “no
se le ha violado ningún derecho fundamental al citado paciente pues ha sido
remitido para la realización de sus terapias a la IPS primaria de Colsubsidio,
entidad con la que FAMISANAR tiene contratada la atención de tales
requerimientos, IPS que debe garantizar el tratamiento integral correspondiente”. Agregó además
que no existía prueba en el expediente de que la I.P.S. en la que era atendido
estuviera prestando un mal servicio.
Análisis del caso concreto
155.
La señora Eriscinda Caro Tijano, actuando en representación de su
sobrino, Juan David Caro Chávez, consideró que Capital Salud E.P.S. desconoce los
derechos fundamentales del menor de edad al disponer que los servicios médicos
que este requiere solo pueden ser prestados por I.P.S. adscritas a la red
centro-oriente, lo que impide que puedan ser garantizados por el Hospital de la
Misericordia, el cual se ha encargado de la atención médica desde el nacimiento
del menor de edad (ver supra, numeral 8). Agregó que solo los especialistas del Hospital de la Misericordia dominan científicamente la alta
complejidad de las enfermedades que este padece (ver supra, numeral 9), por lo que solicitó que se le ordenara a Capital Salud E.P.S. que la atención en
todas las especialidades tuviese continuidad en dicha I.P.S. (ver supra,
numeral 11). Como fundamento de su solicitud, la accionante adjuntó conceptos
médicos de distintos especialistas que recomendaban continuar la atención al
menor de edad en el Hospital de la Misericordia (ver supra, numeral 10).
156.
La Sala advirtió que los conceptos médicos aportados por la
accionante no indican si la salud del menor de edad se vería afectada por el
cambio en las I.P.S. que lo atenderían. Por ello, con el propósito de tener
mayor claridad sobre este asunto, mediante auto de pruebas del veinticuatro
(24) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Magistrado sustanciador le solicitó
a Capital Salud E.P.S. informar si el desplazamiento de Juan David Caro Chávez
a diferentes centros médicos con la finalidad de recibir atención médica
integral podría suponer una medida desproporcionada que afectara su salud (ver supra,
numeral 57).
157.
En respuesta a este requerimiento, la auditora médica de Capital
Salud E.P.S. informó que el paciente actualmente se encuentra estable y que
cuenta con el servicio de ambulancia medicalizada, que le permite realizar los
desplazamientos requeridos para recibir atención en las distintas I.P.S. sin
que exista riesgo para su cuadro clínico (ver supra, numeral 83). Además, Capital Salud E.P.S. informó a la Corte que el seis (06) de octubre de
dos mil diecisiete (2017) el menor de edad había tenido consulta con
especialista en otorrinolaringología pediátrica en la Fundación Hospital de la
Misericordia, y que en ella el médico tratante generó interconsultas con las
siguientes especialidades: nefrología pediátrica, neumología pediátrica,
neurología pediátrica y fisiatría y rehabilitación. Agregó que estas consultas
fueron autorizadas por Capital Salud E.P.S., las tres primeras en la Unidad de
Servicios de Salud Santa Clara, y la última en la Unidad de Servicios de Salud
San Juan de Dios (ver supra, numeral 80).
158.
Por lo anterior, observa la Sala que no existe prueba de que el
cambio en la red de I.P.S. contratadas por Capital Salud E.P.S. pueda producir
alguna afectación a la salud de Juan David Caro Chávez. Ello se debe a
distintas razones. Primero, el cambio en la red de I.P.S. contratadas por
Capital Salud E.P.S. no ha supuesto un desconocimiento de la integralidad y
continuidad en la atención, pues esta continúa autorizando los servicios
médicos requeridos por el menor de edad. Segundo, él cuenta con el servicio de
ambulancia medicalizada, que le permite realizar los desplazamientos requeridos
para su atención sin riesgo para su cuadro clínico. Por lo anterior, puede considerarse
que Capital Salud E.P.S. ha ejercido su derecho a la libre escogencia de las
I.P.S. que conforman su red de servicios sin que se advierta riesgo para la
salud del menor de edad. Y, tercero, si bien la accionante aportó constancias
de médicos especialistas de la Clínica I.P.S. Construir y del Hospital
Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá en las que explicaban que por
el nivel de atención de ambas entidades no les era posible practicar los
exámenes ordenados por los médicos tratantes del paciente (ver supra,
numeral 70), la Sala aprecia que estas no son las I.P.S. en las que Capital
Salud E.P.S. autorizó las citas médicas requeridas por Juan David Caro Chávez
(ver supra, numeral 80), por lo que no prueban que se haya desmejorado
la calidad del servicio ni afectado su integralidad y continuidad.
159.
Por las razones expuestas, procederá la Sala a denegar la acción
de tutela de la referencia, y, por consiguiente, confirmará la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá, el dieciocho (18) de
julio de dos mil diecisiete (2017).
F.
EXPEDIENTE T-6.354.585: REMISIÓN
OPORTUNA DE MENOR DE EDAD A HOSPITAL DE CUARTO NIVEL
160.
Con relación al expediente de radicado T-6.354.585, la Sala debe
determinar si Savia Salud E.P.S. desconoció los derechos fundamentales de Jhoan
Sebastián Quinchia Betancur, al no haber autorizado de forma oportuna su
traslado a un hospital de cuarto nivel, conforme lo había dispuesto su médico
tratante. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar las siguientes
cuestiones: (i) las barreras administrativas como un desconocimiento a los
principios de oportunidad y calidad en la prestación de los servicios médicos,
y (ii) el análisis del caso concreto.
Las barreras administrativas como un desconocimiento de los
principios de oportunidad y calidad en la prestación de los servicios médicos
161.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución,
el servicio de salud debe ser prestado de acuerdo con distintos principios,
siendo uno de ellos el de eficiencia. Este principio fue definido por el
artículo 2 de la Ley 100 de 1993, de la siguiente forma: “[e]s la mejor utilización
social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros
disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean
prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente”.
162.
Teniendo en cuenta lo anterior, la imposición de cargas
administrativas excesivas a los usuarios del SGSSS, en la medida en que retrasa
o incluso impide el acceso a determinado servicio de salud, supone una
afectación del principio de eficiencia, y, en consecuencia, un desconocimiento
del derecho fundamental a la salud. Por esta razón, ha explicado la Corte que “cuando
por razones de carácter administrativo diferentes a las razonables de una
administración diligente, una EPS demora un tratamiento médico al cual la
persona tiene derecho, viola el derecho a la salud de ésta”[111].
163.
La Corte ha considerado distintos eventos que constituyen una
carga administrativa desproporcionada para los pacientes, que afectan su
derecho fundamental a la salud. Entre ellos se encuentra uno que guarda una
relación cercana con el sometido a conocimiento de la Corte: la demora por
parte de una E.P.S. a prestar un servicio de salud por falta de disponibilidad
de cupos de la I.P.S. con la que tiene contratado ese servicio.
164.
Así, por ejemplo, en la sentencia T-520 de 2012, la Corte estudió
el caso de un paciente que padecía cáncer de esófago con metástasis en el
cerebro y requería como tratamiento a su enfermedad una cirugía (resección del
tumor intracerebeloso por craneotomía suboccipital), la cual no se le había
realizado. La E.P.S. a la que se encontraba afiliado argumentaba que no había
desconocido sus derechos fundamentales, pues autorizó la intervención
quirúrgica y los exámenes relacionados con ella, pero no había podido
realizarse el procedimiento por falta de disponibilidad de cupos en la unidad
de cuidados intensivos de la I.P.S. en la que se había ordenado el
procedimiento. Consideró en aquella ocasión la Corte que no le asistía razón a
la E.P.S. demandada, por las siguientes razones:
“la falta de disponibilidad de
cupos en las unidades de cuidados intensivos era un problema superable para la
EPS demandada, en tanto podía autorizar dicho servicio médico en alguna otra
IPS de su red hospitalaria que contara con disponibilidad; y si de todas formas
no encontraba el cupo requerido en aquellos centros, estaba en la obligación de
contratar con IPS externas para efectos de garantizar el derecho a la salud del
peticionario; finalmente, en caso de persistir ese problema, podía recurrir a
centros de salud ubicados en ciudades cercanas al lugar de residencia del
interesado, facilitándole el servicio de transporte y acompañamiento, como lo
ha dispuesto la Corte Constitucional, en atención a que el actor y su familia
eran personas de escasos recursos y a que, de no practicársele la cirugía,
vería comprometida seriamente su integridad física. Es claro en este trámite
que la falta de disponibilidad era un problema previsible porque es un hecho
notorio que la demanda de unidades de cuidados intensivos es alta en las
cabeceras municipales, y las EPS se enfrentan recurrentemente a la solicitud de
cupos para la realización de intervenciones quirúrgicas, por lo que podía
exigírsele a la accionada que tomara las medidas necesarias para evitar que la
falta de recursos o equipos cercenaran la posibilidad de practicarle la cirugía
al actor.
La EPS accionada, entonces, no
podía excusarse en la falta de disponibilidad para dejar de prestarle un
servicio de salud requerido al accionante, ya que estaba en capacidad de
utilizar todos sus recursos para procurar que le practicaran efectivamente el
procedimiento médico ordenado, y no se enfrentaba a un problema de
disponibilidad de servicios insuperable e imprevisible. Aceptar lo contrario
supondría admitir que la demandada podía refugiarse en su propia negligencia
para dejar de prestar un servicio de salud requerido, y desconocer que la
función básica de las EPS es garantizar el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud de sus afiliados”.
165.
En el mismo sentido, reconoció la Corte en la sentencia T-673 de
2017 que “el Estado y los particulares vinculados a la prestación del
servicio público de salud, deben facilitar su acceso en términos de
continuidad, lo que implica que las EPS no pueden omitir la prestación de los
servicios de salud que comporten la interrupción de los tratamientos por
conflictos contractuales o administrativos internos o con las IPS contratadas,
que impidan la finalización optima de los tratamientos iniciados a los
pacientes”. Así mismo, en dicho pronunciamiento este Tribunal señaló que
revisten una especial importancia los principios de continuidad e integralidad,
de forma tal que, los tratamientos médicos deben desarrollarse de forma
completa, sin que puedan verse afectados los mismos por cualquier situación
derivada de operaciones administrativas, jurídicas o financieras. Por lo cual,
el ordenamiento constitucional rechaza las interrupciones injustas, arbitrarias
y desproporcionadas que afectan la salud de los usuarios[112].
166.
Por último, en dicha sentencia la Corte identificó los efectos
materiales y nocivos en el ejercicio del derecho fundamental a la salud de los
pacientes causados por las barreras administrativas injustificadas y
desproporcionadas impuestas por las entidades prestadoras de salud a los
usuarios, los cuales se sintetizan a continuación:
“i) Prolongación
del sufrimiento, debido a la angustia emocional que se genera en las personas
soportar una espera prolongada para ser atendidas y recibir tratamiento;
ii) Complicaciones
médicas del estado de salud por la ausencia de atención oportuna y efectiva que
genera el empeoramiento de la condición médica;
iii) Daño
permanente o de largo plazo o discapacidad permanente porque ha pasado
demasiado tiempo entre el momento en que la persona acude al servicio de salud
y el instante en que recibe la atención efectiva;
iv) Muerte,
que constituye la peor de las consecuencias y que ocurre por la falta de
atención pronta y efectiva, puesto que la demora reduce las posibilidades de
sobrevivir o su negación atenta contra la urgencia del cuidado requerido”.
167.
En conclusión, la Corte ha reiterado que la interrupción o
negación de la prestación del servicio de salud por parte de una E.P.S. como
consecuencia de trámites administrativos injustificados, desproporcionados e
irrazonables, no puede trasladarse a los usuarios, pues dicha situación
desconoce sus derechos, bajo el entendido de que pone en riesgo su condición
física, sicológica e incluso podría afectar su vida[113].
Análisis del caso concreto
168.
En la acción de tutela presentada por la Personería Municipal de
Envigado en representación del menor de edad Jhoan Sebastián Quinchia Betancur
se solicitaba que el juez ordenara a la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia y a Savia Salud E.P.S. que autorizaran el
traslado del menor de edad a un hospital de cuarto nivel, para atender su
estado de salud (ver supra, numeral 23). El menor falleció sin que se hubiera realizado dicho traslado (ver supra, numeral 24)
169.
Con el propósito de determinar si existió una barrera
administrativa injustificada, desproporcionada e irrazonable en la atención en
salud de Jhoan Sebastián Quinchía Betancur, considera la Sala necesario
reconstruir cronológicamente los hechos relacionados con la autorización del
traslado a un hospital de cuarto nivel, en los siguientes términos:
a.    En la historia médica
elaborada por la clínica Visión Total S.A. consta una anotación del veinticinco
(25) de enero de dos mil diecisiete (2017) indicando que “se iniciaron
trámites para referencia en cuarto nivel de atención” (ver supra,
numeral 22).
b.    Mediante auto
del veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Segundo
de Familia de Envigado decidió, además de admitir la acción de tutela de la
referencia, ordenar, como medida provisional, a Savia Salud E.P.S. “que de
manera inmediata remita al niño afectado a un hospital de cuarto nivel a fin de
que se le realice el manejo multidisciplinario en unidad neonatal con recursos
de neurología pediátrica y especialista en enfermedad metabólica, así ordenado
por el médico tratante, y vigile que la IPS designada para ello proceda en el
mismo término”[114]
(ver supra, numeral 31).
c.     Savia
Salud E.P.S. informó que el treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017)
autorizó el servicio de internación de alta complejidad habitación bipersonal,
y agregó que no puede disponer de las agendas de las instituciones prestadoras
de salud con las que ha contratado, por lo que solicitó la vinculación al
proceso del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.
170.
A partir de los hechos expuestos, la Sala considera que existió
una barrera administrativa en la remisión de Jhoan Sebastián Quinchía Betancur
a un hospital de cuarto nivel, conforme lo había ordenado su médico tratante, y
que la misma responde a un trámite administrativo injustificado, desproporcionado
e irrazonable, por falta de atención pronta y efectiva que requería el menor de
edad. La demora en trasladarlo no tuvo en cuenta la urgencia del cuidado
requerido. Ello se advierte por distintas razones. En primer lugar,
trascurrieron ocho (8) días desde que se iniciaron los trámites para la
remisión de Jhoan Sebastián Quinchía Betancur a un hospital de cuarto nivel,
hasta el día dos de febrero de dos mil diecisiete (2017), día del fallecimiento
del menor de edad. La Sala considera que este período de tiempo se considera
excesivo teniendo en cuenta el delicado estado de salud del menor, calificado
como “crítico” (ver supra, numeral 21). En segundo lugar, desde que el juez de primera instancia ordenó como medida provisional que se realizara
de manera inmediata el traslado del menor de edad a un hospital de cuarto nivel
pasaron seis (6) días sin que ello sucediera. De esta manera, se observa el
desconocimiento de una medida de protección urgente adoptada por el juez de
tutela ante la gravedad de la situación puesta a su conocimiento.
171.
La única explicación expuesta por Savia Salud E.P.S. para
justificar la demora en la remisión de Jhoan Sebastián Quinchía Betancur es que
dicha entidad no puede disponer de la agenda de las instituciones prestadoras
de salud con las que ha contratado. No obstante, esta justificación resulta inadmisible,
pues esta debió intentar distintas alternativas para garantizar la efectiva
prestación del servicio. Así, como lo dispone la normatividad aplicable, la
entidad accionada pudo (i) haber realizado todas las gestiones necesarias para hacer
efectivo el traslado a la I.P.S. que integrara su red hospitalaria; (ii)
autorizar la remisión a otra I.P.S. que conformara su red hospitalaria; (iii)
contratar con I.P.S. externas del nivel requerido; o (iv) recurrir a I.P.S.
cercanas a Medellín.
172.
En el caso analizado, Savia Salud E.P.S. no informó haber
explorado estas alternativas. En lugar de ello, según lo que consta en el
expediente, optó por limitarse a esperar la liberación de un cupo en el
Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, desatendiendo los riesgos
que ello implicaba para el menor de edad.
173.
Considera la Sala que los argumentos relacionados con el
cumplimiento de las obligaciones por parte de las I.P.S. no son aceptables, por
cuanto, las E.P.S. tienen a su cargo la indelegable obligación de asegurar y
administrar la prestación del servicio de salud a los usuarios, bajo el
estricto cumplimiento de los principios de continuidad e integralidad,
especialmente cuando se hace a través de instituciones prestadoras en los
términos previstos en el literal e) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993.
174.
Por lo expuesto, la Sala en el presente caso concluye que Savia
Salud E.P.S. desconoció el derecho fundamental a la salud y a la vida de Jhoan
Sebastián Quinchía Betancur.
Decisión a adoptar
175.
La Sala revocará el fallo de instancia proferido por el Juzgado
Segundo de Familia de Envigado (ver supra, numerales 31 a 33), y en su lugar declarará la carencia actual de objeto, complementando esta orden con otras
que se exponen a continuación.
176.
En primer lugar, declarará que Savia Salud E.P.S. desconoció los
derechos fundamentales a la vida y a la salud del menor de edad Jhoan Sebastián
Quinchía Betancur.
177.
En segundo lugar, la Sala dispondrá que se informe, por
intermedio de la Personería Municipal de Envigado, a la señora Paola
Andrea Betancur Rodas que puede acudir a las vías ordinarias a fin de que allí
se resuelva si se presentó responsabilidad civil, médica, penal, ética o de
otra índole como consecuencia del desconocimiento de los derechos fundamentales
a la vida y a la salud del menor de edad Jhoan Sebastián Quinchia Betancur.
Para ello, la accionante podrá contar con la asistencia de cualquier Personería
Municipal o Defensoría del Pueblo, a su elección, con el propósito de recibir
orientación gratuita y específica acerca de las distintas opciones a su
disposición.
178.
En tercer lugar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 24
del Decreto 2591 de 1991, se advertirá a Savia Salud E.P.S. para que se
abstenga de incurrir en actuaciones dilatorias injustificadas en los trámites
de remisión de una institución prestadora de salud a otra, particularmente
cuando ello se debe al grave estado de salud de los pacientes, más aún si ellos
son menores de edad.
179.
En cuarto lugar, dispondrá que, por intermedio de Secretaría
General, se remita copia del expediente de radicado T-6.354.585 y de la
presente sentencia a la Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de
que, en el ámbito de sus competencias, realice las investigaciones pertinentes
en relación con el desconocimiento de los derechos fundamentales a la vida y a
la salud del menor de edad Jhoan Sebastián Quinchía Betancur, y, de ser el
caso, imponga las sanciones correspondientes.
G.
EXPEDIENTE T-6.367.461: SUMINISTRO DE RECURSOS PARA EL TRANSPORTE,
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL MENOR DE EDAD Y DE UN ACOMPAÑANTE
180.
El caso planteado por el expediente de radicado T-6.367.461 se
relaciona con la cobertura por parte de la E.P.S. de los servicios de transporte,
alimentación y hospedaje para un menor de edad y su acompañante, con el
propósito de asistir a unas consultas médicas ordenadas por su médico tratante.
Considera la Sala que para resolver este problema jurídico deben analizarse dos
cuestiones: (i) la regulación de servicios asistenciales como el transporte,
alojamiento y alimentación, tanto para los pacientes como para los
acompañantes, y (ii) el análisis del caso concreto.
Servicios asistenciales de transporte, alojamiento y
alimentación
181.      Sobre
el particular, precisa la Sala que ni la Ley 100 de 1993 ni la Ley 1751 de 2015
prevén una norma específica que regule la prestación de los servicios de
transporte, alojamiento y alimentación para los pacientes que lo requieran
debido a que deben practicarse exámenes o procedimientos médicos en un lugar
distinto de aquel en donde habitan.
182.      En
cambio, la Resolución
No. 6408 del 26 de diciembre de 2016 del Ministerio de Salud y Protección
Social, “Por la cual se modifica el Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, sí se refiere de
manera específica a este asunto. Al respecto, su
artículo 126 establece lo siguiente:
“ARTÍCULO
126. TRANSPORTE O TRASLADOS DE PACIENTES. El Plan de Beneficios en Salud con
cargo a la UPC cubre el traslado acuático, aéreo y terrestre (en ambulancia
básica o medicalizada) en los siguientes casos:
1.
Movilización de pacientes con patología de urgencias desde el sitio de
ocurrencia de la misma hasta una institución hospitalaria, incluyendo el
servicio prehospitalario y de apoyo terapéutico en unidades móviles.
2. Entre
IPS dentro del territorio nacional de los pacientes remitidos, teniendo en
cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde
están siendo atendidos, que requieran de atención en un servicio no disponible
en la institución remisora. Igualmente, para estos casos está cubierto el
traslado en ambulancia en caso de contrarreferencia.
El servicio
de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el sitio geográfico
donde se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el concepto del
médico tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad
vigente.
Asimismo,
se cubre el traslado en ambulancia del paciente remitido para atención
domiciliaria si el médico así lo prescribe”.
183.
Por su parte, el artículo 127 de la resolución citada complementa
la regulación establecida en materia de transporte. En este sentido, agrega que
“[e]l servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para
acceder a una atención incluida en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a
la UPC, no disponible en el lugar de residencia del afiliado, será cubierto en
los municipios o corregimientos con cargo a la prima adicional para zona
especial por dispersión geográfica”. Igualmente, precisa que las E.P.S. o
las entidades que hagan sus veces “deberán pagar el transporte del paciente
ambulatorio cuando el usuario debe trasladarse a un municipio distinto a su
residencia para recibir los servicios mencionados en el artículo 10 de este
acto administrativo, cuando existiendo estos en su municipio de residencia la
EPS o la entidad que haga sus veces no los hubiere tenido en cuenta para la
conformación de su red de servicios”.
184.
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que, dado
que el servicio de transporte puede en ciertas circunstancias constituir una
barrera de acceso a los servicios de salud, es un deber de las E.P.S. asumir
los gastos de traslado de la persona que requiere los servicios en una zona
geográfica distinta de aquella en la que reside. Ello sucede particularmente “cuando
el paciente no tiene la capacidad para sufragar los gastos que le genera el
desplazamiento y esa es la causa que le impide recibir el servicio médico”[115].
Además, de acuerdo con dicha jurisprudencia, en ocasiones la persona que
necesita un traslado para recibir determinados servicios médicos en una zona
geográfica distinta a la de su residencia requiere de un acompañante, por lo
que también debe asumirse los gastos correspondientes.
185.
Con base en el anterior razonamiento, la Corte ha identificado
criterios para determinar las circunstancias en las que el costo de los
traslados para efectos de recibir atención médica corresponde a las E.P.S. Así,
ello sucede cuando “(i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los
recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) de no
efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el
estado de salud del usuario”[116].
Igualmente, este deber se extiende a los gastos de acompañante cuando se
acredita que el paciente “(a) depende
totalmente de un tercero para su movilización, (b) necesit[a] de cuidado
permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus
labores cotidianas y, (c) que el paciente ni su familia cuent[a]n con los
recursos económicos suficientes para cubrir el transporte de ese tercero”[117].
186.
Además, de acuerdo con esta jurisprudencia, se ha reconocido “la
manutención cuando el desplazamiento es a un domicilio diferente al de la
residencia del paciente, si se carece de la capacidad económica para asumir
tales costos”[118]
o cuando su familia no está en las condiciones de sufragarlos[119].
Análisis del caso concreto
187.
De acuerdo con los hechos expuestos en la acción de tutela de la
referencia, la señora Margot Trujillo Trujillo y su nieto, Joan Matías Trujillo
Trujillo, residen en la ciudad de Neiva (ver supra, numeral 34). A este último le fue diagnosticada una infección urinaria (ver supra,
numeral 36), razón por la cual su médico tratante le ordenó distintas consultas
y exámenes (ver supra, numeral 37). Según informó Comparta E.P.S., una
de esas consultas fue autorizada para realizarse en el Hospital Simón Bolívar
de Bogotá, mientras que uno de los exámenes fue autorizado para llevarse a cabo
en Pitalito (ver supra, numeral 89). La accionante solicitó que, debido a que carece de recursos económicos, le sea ordenado a su E.P.S. cubrir los
costos de traslado para asistir a la consulta y al examen mencionados (ver supra,
numeral 38).
188.
Teniendo en cuenta que el traslado de los gastos de
desplazamiento a las E.P.S. procede cuando el paciente demuestra que carece de
los recursos económicos necesarios para sufragar los costos de desplazamiento
al lugar donde se prestarán determinados servicios médicos (ver supra,
numeral 184), debe la Sala proceder a analizar este asunto. Al respecto, se
constata que la accionante manifestó en el escrito de tutela que carece de los
recursos económicos para cubrir los gastos de desplazamiento de Neiva a Bogotá
y que no cuenta con familia en esa ciudad (ver supra, numeral 38).
189.
Además, a pesar de que en la acción de tutela no se indicó que la
accionante hubiera puesto de presente esta situación ante Comparta E.P.S., en
las pruebas allegadas a la Corte esta entidad indicó que la señora Margot
Trujillo Trujillo, al ser informada acerca de la autorización de los exámenes
requeridos por Joan Matías Trujillo, se negó a que se emitan autorizaciones
para otra ciudad distinta a la de su residencia (ver supra, numeral 89). Este hecho no fue apreciado por el juez de segunda instancia en el proceso de la
referencia (ver supra, numeral 54), por cuanto este se limitó a
mencionar que la accionante no había acreditado que solicitó a Comparta E.P.S.
que asumiera los gastos de transporte, alimentación y alojamiento para el menor
de edad y un acompañante.
190.
No obstante, salvo estas dos afirmaciones realizadas por la
accionante, no hay prueba en el expediente acerca de la capacidad económica de
la accionante o la de su familia. Por esa razón, el Magistrado sustanciador,
mediante auto del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecisiete (2017), le
solicitó a la señora Margot Trujillo Trujillo el envío de información
específica acerca de su situación económica (ver supra, numeral 59). La accionante no remitió a la Corte respuesta a lo solicitado.
191.
Considera la Sala que es deber de los afiliados al SGSSS aportar
información que respalde sus afirmaciones acerca de la incapacidad de cubrir
determinados servicios médicos que en principio no se encuentran cubiertos por
el Plan de Beneficios en Salud, para que el juez de tutela pueda proceder a
amparar el derecho fundamental a la salud y ordenar a la E.P.S. correspondiente
que lo cubra. No se trata de una carga desproporcionada para los afiliados,
pues puede cumplirse de manera informal y sumaria, y cumple una finalidad
importante, al salvaguardar que los recursos del SGSSS sean destinados para las
personas que más lo necesitan.
192.
Debido a que esta carga no fue cumplida en el caso de la
referencia, no cuenta el juez de tutela con los elementos probatorios
suficientes para ordenar que Comparta E.P.S. asuma los costos de transporte,
alimentación y alojamiento de Joan Matías Trujillo y de un acompañante para
desplazarse a otra ciudad con el propósito de practicarse el examen ordenado y
de atender a la consulta médica autorizada. Por esta razón, considera la Sala que
en este caso debe negarse la acción de tutela de la referencia.
193.
En todo caso, teniendo en cuenta que la Sala no pudo contar con
elementos probatorios que le permitieran conocer la situación económica de la
señora Margot Trujillo Trujillo, es preciso advertir que ella puede solicitarle
a Comparta E.P.S. asumir los costos antes mencionados para la prestación de los
servicios médicos requeridos por Joan Matías Trujillo. Si así sucede, la
entidad deberá realizar una valoración de la capacidad económica de la
accionante, con el propósito de determinar si ella puede asumir los costos de
transporte, alimentación y alojamiento de Joan Matías Trujillo y de un
acompañante para la prestación de tales servicios. En caso de que Comparta
E.P.S. concluya que no le es posible a la accionante asumir tales costos,
deberá cubrirlos sin dilación.
194.
Finalmente, advierte la Sala que la accionante también formuló
como pretensión que se le ordene a Comparta E.P.S. garantizar el tratamiento
integral requerido por Joan Matías Trujillo Trujillo (ver supra, numeral
38). No obstante, del material probatorio aportado al expediente, no se
advierte que Comparta E.P.S. haya negado servicios de salud al menor de edad,
por lo que no se considera necesario ordenarle garantizar un tratamiento
integral.
H.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
195.
Mediante la presente sentencia, la Sala revisó decisiones
judiciales que habían resuelto tres acciones de tutela, acumuladas para ser
resueltas en una única providencia.
196.
En el expediente de referencia T-6.331.976, se revisó la acción
de tutela interpuesta por Eriscindia Caro Tijano, obrando como representante
legal del menor de edad Juan David Caro Chávez, de trece años de edad. La
acción se presentó contra la Capital Salud E.P.S., de la ciudad de Bogotá, por
considerar que, al disponer esta que los tratamientos que requiere Juan David
Caro Chávez deben ser prestados únicamente por los hospitales adscritos a la
Red Centro Oriente, se desconocen sus necesidades en salud, lo cual resulta
violatorio de sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a
la seguridad social y a la igualdad ante la ley, así como del deber del Estado
de brindar especial atención a los niños. Como pretensión, la accionante
solicitaba que se ordenara a Capital Salud E.P.S. autorizar todos los servicios
médicos requeridos por el menor de edad en la misma I.P.S., que era en la que
desde su nacimiento había sido atendido.
197.
En el expediente de referencia T-6.354.585, se revisó la acción
de tutela presentada por la personera delegada de Envigado–Antioquia, con el
propósito de solicitar la protección de los derechos fundamentales a la salud y
a la seguridad social del niño Jhoan Sebastián Quinchia Betancur. La acción fue
interpuesta contra la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
y Savia Salud E.P.S. En ella se argumentaba que estas entidades desconocieron
los derechos fundamentales del menor al no haber autorizado el traslado que
este requería a un hospital de cuarto nivel, lo cual había sido ordenado por su
médico tratante atendiendo a su estado de salud crónico.
198.
Finalmente, con relación al expediente de referencia T-6.367.461,
la Sala revisó la acción de tutela por Margot Trujillo Trujillo, en
representación de su nieto menor de edad, Joan Matías Trujillo Trujillo, contra
Comparta E.P.S., con el propósito de que esta suministre los recursos para el
transporte, alojamiento y alimentación del menor de edad y de un acompañante,
para así poder desplazarse de Neiva, donde reside, a Bogotá, lugar al que fue
remitido para la realización de distintos exámenes. En dicha acción se solicita
la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud, a
la seguridad social, al mínimo vital y a la atención integral.
199.
Antes de proceder con el análisis de fondo del
presente asunto, la Sala estudió el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, considerando que todos ellos se verificaban respecto de los
tres casos revisados. Analizó con detalle el requisito de subsidiariedad,
teniendo en cuenta que, tratándose del derecho fundamental a la salud de
los usuarios del SGSSS, el mecanismo de protección principal es el
procedimiento jurisdiccional ante la Superintendencia de Salud. Con todo,
consideró que, analizadas las circunstancias de los casos estudiados, podía
advertirse que existía urgencia en la protección del derecho a la salud de los
tres menores de edad, razón por la cual se justificaba la procedencia
excepcional de la acción de tutela como mecanismo definitivo.
200.
Además, tuvo en consideración que dos de los expedientes
seleccionados para revisión planteaban cuestiones específicas de
procedibilidad. Así, por un lado, con relación al proceso de referencia T-6.331.976, consideró sí la accionante había incurrido en actuación
temeraria, como lo afirmaba una de las entidades demandadas. La Sala señaló que
ello no sucedía, pues la acción de tutela revisada identificaba como hecho
vulnerador de los derechos de Juan David Caro Chávez uno que no había sido
alegado en las anteriores acciones de tutela presentadas por la señora
Eriscinda Caro Tijano, a saber, la decisión de Capital Salud E.P.S. de
autorizar los servicios médicos requeridos por el menor en I.P.S. distintas al
Hospital de la Misericordia, razón por la que también la pretensión formulada
era diferente, en el sentido que se ordene a Capital Salud E.P.S. que autorice
la prestación de los servicios médicos en el Hospital de la Misericordia.
201.
Por otro lado, con relación al proceso de referencia T-6.354.585,
la Sala debía evaluar si se configuraba un daño consumado que hiciera
improcedente el estudio de fondo de la acción de tutela. Al respecto, consideró
que la muerte del menor de edad titular de los derechos fundamentales
reclamados se dio durante el trámite de la acción de tutela, por lo que, según
la jurisprudencia constitucional, la consumación del daño no debe conducir a
declarar la improcedencia de la acción de tutela, sino que esta debe revisarse
de fondo para determinar si existió una vulneración de los derechos
fundamentales de Jhoan Sebastián Quinchia Betancur y, con base en ello, adoptar
las determinaciones correspondientes.
202.
A continuación, procedió a realizar el estudio de fondo de los
casos seleccionados, procediendo así a identificar el problema jurídico que en
cada uno de ellos se planteaba. En este sentido, consideró, en primer lugar,
que, con relación al proceso de radicado T-6.331.976, la Sala debía
analizar si Capital Salud E.P.S. desconoció los derechos fundamentales de Juan
David Caro Chávez por no autorizar que todos los servicios médicos que este
requiere sean prestados por una misma I.P.S., a saber: el Hospital de la
Misericordia.
203.
Segundo, con relación al proceso
de radicado T-6.354.585, consideró la Sala que debía determinar si Savia
Salud E.P.S. desconoció los derechos fundamentales de Jhoan Sebastián Quinchia
Betancur, al no haber autorizado de forma oportuna su traslado a un hospital de
cuarto nivel, conforme lo había dispuesto su médico tratante.
204.
Finalmente, con relación al
proceso de radicado T-6.367.461, la Sala sostuvo que debía estudiar si
Comparta E.P.S. vulneró los derechos fundamentales de Joan Matías Trujillo, al
no haber autorizado el pago de los gastos de transporte, alimentación y
alojamiento del menor de edad y de un acompañante, con el propósito de realizarse consultas médicas en una ciudad
distinta de aquella en la que habita, pese a que quien interpuso la acción de
tutela manifestaba que no contaba con los recursos económicos suficientes para
sufragar tales gastos.
205.
Para resolver los problemas
jurídicos planteados, la Sala se ocupó de estudiarlos cada uno de manera
separada. Con relación al caso planteado por el proceso de radicado
T-6.331.976, recordó que la libertad de escogencia constituye un derecho de
doble vía, pues, por un lado, constituye una facultad de los usuarios para
elegir la E.P.S. a la que se afiliarán para la prestación del servicio de salud
y las I.P.S. en la que se suministrarán esos servicios, y, por otro lado,
consiste en la potestad que tienen las E.P.S. de elegir las I.P.S.  con las que
celebrarán los convenios y la clase de servicios que se prestarán a través de
ellas. Respecto de esta última faceta de la
libertad de escogencia, resaltó la Sala que las E.P.S. tienen la libertad de
elegir las I.P.S. con las que contratan, siempre y cuando ello no suponga una
afectación en la calidad del servicio prestado.
206.
Al analizar con base en estas
reglas el caso concreto, concluyó la Sala que no se advertía desconocimiento
por parte de Capital Salud E.P.S. de los derechos fundamentales de Juan David
Caro Chávez, por dos razones: (i) el cambio en la red de I.P.S.
contratadas por Capital Salud E.P.S. no conlleva a un desconocimiento de la
integralidad y continuidad en la atención prestada al menor de edad, pues esta
entidad continúa autorizando los servicios médicos requeridos por dicho menor
de edad; y (ii) el menor de edad cuenta con el servicio de ambulancia
medicalizada, lo cual le permite realizar los desplazamientos requeridos para
su atención sin riesgo para su cuadro clínico, tal como se evidenció en las
pruebas allegadas en dicho proceso.
207.
Con relación al expediente de
referencia T-6.354.585, explicó que la imposición de cargas
administrativas excesivas a los usuarios del SGSSS, en la medida en que retrasa
o incluso impide el acceso a determinado servicio de salud, supone una
afectación del principio de eficiencia, continuidad e integralidad, y, en
consecuencia, un desconocimiento del derecho fundamental a la salud. Por esta
razón, consideró que, cuando por razones de carácter administrativo diferentes
a las razonables de una administración diligente, una EPS demora un tratamiento
médico al cual la persona tiene derecho, viola el derecho fundamental a la
salud de esta.
208.
Al estudiar el caso concreto, concluyó que existió una clara
negligencia por parte de Savia Salud E.P.S. en la remisión de Jhoan Sebastián
Quinchía Betancur a un hospital de cuarto nivel, según lo había ordenado su
médico tratante, por dos razones. En primer lugar, trascurrieron ocho días
desde que se iniciaron los trámites para la remisión de Jhoan Sebastián
Quinchía Betancur a un hospital de cuarto nivel hasta que este falleció, el día
dos de febrero de dos mil diecisiete (2017). Este tiempo se considera excesivo
teniendo en cuenta el delicado estado de salud del menor, calificado como “crítico”.
En segundo lugar, desde que el juez de primera instancia ordenó como medida
cautelar que se realizara el traslado del menor de edad a un hospital de cuarto
nivel trascurrieron seis días sin que ello sucediera, desconociendo así una
medida de protección urgente adoptada por el juez de tutela ante la gravedad de
la situación puesta en su conocimiento.
209.
Por lo tanto, la Sala consideró que era procedente revocar la
decisión de instancia, que se había abstenido de realizar un análisis de fondo
del caso. En su lugar, consideró necesario, además de declararse la carencia
actual de objeto, realizar un estudio del fondo del caso, y como consecuencia
de ello declarar que se desconocieron los derechos a la salud y a la vida del
fallecido menor de edad Jhoan Sebastián Quinchía Betancur. También ordenó
informar a la madre del menor de edad, a través de la Personería Municipal de
Envigado, la señora Paola Andrea Betancur Rodas, acerca de su derecho de acudir
a las vías legales ordinarias para determinar las responsabilidades a las que
haya lugar por el desconocimiento del derecho a la salud del menor de edad. A
su vez, advirtió a Savia Salud E.P.S. para que se abstenga de incurrir en
actuaciones dilatorias injustificadas en los trámites de remisión de una I.P.S.
a otra, particularmente cuando ello se debe al grave estado de salud de los
pacientes, más aún si ellos son niños. Finalmente, dispuso remitir el
expediente a la Superintendencia Nacional de Salud, para los asuntos de su
competencia.
210.
Respecto del caso planteado por el
proceso de radicado T-6.367.461, la Sala analizó la regulación del cubrimiento
de los servicios de transporte, alimentación y alojamiento para los pacientes
que deben realizarse servicios médicos en lugares distintos del de su
residencia. En este sentido, recordó que este asunto se encuentra regulado en
los artículos 126 y 127 de la Resolución No. 6408 del 26 de diciembre de 2016. Adicionalmente, reiteró la Sala
que en aquellos casos en los que el paciente requiera de transporte y gastos
para su acompañante, a fin de recibir el correspondiente tratamiento médico en
un lugar distinto al de su residencia, debe acreditar que (i) tanto él como sus
familiares cercanos carecen de recursos económicos que les permitan sufragar
tales gastos y (ii) que de no llevarse a cabo tal remisión se pondría en riesgo
su dignidad, la vida, la integridad física o el estado de salud.
Igualmente, debe acreditar que (a) depende totalmente de un tercero para su
movilización, (b) necesite de cuidado permanente para garantizar su integridad
física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y, (c) que el paciente
ni su familia cuenten con los recursos económicos suficientes para cubrir el
transporte de ese tercero.
211.
Analizado el caso concreto con
base en las reglas expuestas, consideró la Sala que no se contaba con los
elementos probatorios suficientes para ordenar que Comparta E.P.S. debía asumir
los costos de transporte, alimentación y alojamiento de Joan Matías Trujillo y
de un acompañante para desplazarse a otra ciudad con el propósito de
practicarse el examen ordenado y de atender la consulta médica autorizada. Por
esta razón, consideró la Sala que en este caso debía denegarse la acción de
tutela de la referencia. En todo caso, advierte que la accionante puede
solicitar a Comparta E.P.S. asumir los costos antes mencionados. Si así sucede,
la entidad deberá realizar una valoración de la capacidad económica de la
accionante. En caso de que Comparta E.P.S. concluya que no le es posible a la
accionante asumir tales costos, deberá cubrirlos sin dilación.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos
declarada mediante el Auto del dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho
(2018).
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Bogotá el dieciocho (18) de julio de dos mil
diecisiete (2017) que negó el amparo solicitado por la señora Eriscindia Caro
Tijano, en representación del menor de edad Juan David Caro Chávez, por las
razones expuestas en la presente providencia.
Tercero.- REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo de Familia de Envigado del siete (07) de febrero de dos mil
diecisiete (2017) que declaró improcedente el amparo solicitado por la
Personería Municipal de Envigado, en representación del menor de edad Jhoan
Sebastián Quinchia Betancur. En su lugar, se adoptarán las siguientes
decisiones:
(i)   DECLARAR la
carencia actual de objeto por el fallecimiento del menor de edad Jhoan
Sebastián Quinchia Betancur.
(ii) DECLARAR el desconocimiento
de los derechos fundamentales a la salud y a la vida del menor de edad Jhoan
Sebastián Quinchia Betancur.
(iii)
INFORMAR a Paola Andrea Betancur Rodas, por intermedio de la
Personería Municipal de Envigado, que puede acudir a las vías ordinarias a fin
de que allí se resuelva si se presentó responsabilidad civil, médica, penal,
ética o de otra índole como consecuencia del desconocimiento de los derechos
fundamentales a la vida y a la salud del fallecido menor de edad, Jhoan
Sebastián Quinchia Betancur. Para ello, podrá contar con la asistencia de
cualquier Personería Municipal o Defensoría del Pueblo, la cual tendrá el deber
de darle orientación gratuita y específica respecto de las distintas vías
jurídicas que tiene a su disposición.
(iv)
ADVERTIR a Savia Salud E.P.S. para que se abstenga de incurrir en
actuaciones dilatorias injustificadas en los trámites de remisión de una institución
prestadora de salud a otra, particularmente cuando ello se debe al grave estado
de salud de los pacientes, más aún si ellos son menores de edad.
(v) REMITIR copia del
expediente de radicado T-6.354.585 y de la presente sentencia a la
Superintendencia Nacional de Salud, con el propósito de que, en el ámbito de
sus competencias, realice las investigaciones pertinentes en relación con el
desconocimiento de los derechos fundamentales a la vida y a la salud del
fallecido menor de edad Jhoan Sebastián Quinchía Betancur, y, de ser el caso,
imponga las sanciones correspondientes.
Cuarto.- CONFIRMAR la sentencia proferida por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva el dieciséis (16) de junio de
dos mil diecisiete (2017), la cual revocó la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Neiva del tres (03) de mayo de dos mil diecisiete
(2017), interpuesta por la señora Margot Trujillo Trujillo, en representación
de su nieto menor de edad Joan Matías Trujillo Trujillo.
Quinto.- ADVERTIR a Comparta E.P.S. que, en
caso de que la señora Margot Trujillo Trujillo formule nuevamente una solicitud
para que cubra los costos de transporte, alimentación y alojamiento para su
nieto menor de edad Joan Matías Trujillo Trujillo y un acompañante para asistir
a los servicios médicos que le fueron ordenados, deberá valorar su capacidad
económica, y, en caso de concluir que a la accionante no le es posible
cubrirlos, deberá asumirlos sin dilación.
Sexto.- LIBRAR, a través de la Secretaría General,
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER,
a través de los jueces de primera instancia, la realización de la notificación
a las partes de que trata esa misma norma.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Ver, Corte Constitucional, Sala de Selección de Tutelas Número Nueve, auto del veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
[2]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 66.
[3]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 3.
[4]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 12 a 65.
[5]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 17 revés.
[6]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 16 revés.
[7]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 3.
[8]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 3 y 4.
[9]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 4.
[10]
Ibíd.
[11]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 4.
[12]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 5.
[13]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 16.
[14]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 18.
[15]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 19.
[16]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 9.
[17]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 80.
[18]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 91.
[19]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 95.
[20]
Ibíd.
[21]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 7.
[22]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 1.
[23]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 2.
[24]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 8.
[25]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 9 a 13.
[26]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 9.
[27]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 11 y 12.
[28]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 12 y 13.
[29]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 13.
[30]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 5.
[31]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 27.
[32]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 34.
[33]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 34 revés.
[34]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 35 revés.
[35]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 16.
[36]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 29.
[37]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 30 revés.
[38]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 6.
[39]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 7.
[40]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 11.
[41]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 12.
[42]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 13.
[43]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 14.
[44]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 26.
[45]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 28 y 29.
[46]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 43.
[47]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 43 revés.
[48]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 18.
[49]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 56 y 57.
[50]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 58.
[51]
Ibíd.
[52]
Ibíd.
[53]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 64.
[54]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 31.
[55]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 32.
[56]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 28.
[57]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 44.
[58]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 29.
[59]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 143.
[60]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 122.
[61]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 65.
[62]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 68.
[63]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 51.
[64]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fls. 134 a 136.
[65]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 87.
[66]
Al respecto, se allegó como prueba el acta de la reunión entre Eriscinda Caro,
Catherine Pérez (enfermera del pool domiciliario de Capital Salud E.P.S.) y
Patricia Torres (Gerente de la sucursal Bogotá de Capital Salud E.P.S.),
celebrada el ocho (08) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). En ella se
lee lo siguiente: “Siendo las 11:00 am se inicia reunión con la señora
Eri[s]cinda Caro cuidadora del afiliado Juan David Caro […], donde se le hace
entrega de autorizaciones de medicamentos e insumos ordenados por medico
domiciliario de IPS Health & Life correspondientes al mes de octubre, donde
la señora Eri[s]cinda manifiesta NO recibir autorizaciones de insumos que
fueron reducidos en cantidad en valoración médica realizada el día 5 de octubre
de 2017, pese a que se continua con la misma cantidad de terapias y
procedimientos ordenados y el menor requiere el procedimiento de limpieza de
gastrostomía y traqueostomía con la misma frecuencia, se solicita a IPS
domiciliaria H&L nueva formulación de insumos teniendo en cuenta que la
señora Eri[s]cinda manifiesta no requerir el servicio de enfermería para el
menor afiliado puesto que conviven con ella tres familiares que son técnicos
auxiliares de enfermería y cuentan con el entrenamiento idóneo para el cuidado
del menor. La señora Eri[s]cinda reafirma NO aceptar otro personal de
enfermería que no sea de su entera confianza, razón por la cual no se
autorizará más servicios de enfermería a IPS Health & Life”. Ver
cuaderno de pruebas, fl. 47.
[67]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 161 revés.
[68]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 167.
[69]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 168.
[70]
Ibíd.
[71]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 162 revés.
[72]
Ibíd.
[73]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 163.
[74]
Ibíd.
[75]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fls. 163 y 164.
[76]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 168 revés.
[77]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 285 revés.
[78]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 286.
[79]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 233.
[80]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 234.
[81]
Ver, entre otras, sentencias T-119, T-250, T-317, T-446 y T-548, todas de 2015.
[82]
Acerca del perjuicio
irremediable, esta Corte ha señalado que debe reunir una serie de
características, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente;
(ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la
que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de
protección han de ser impostergables.” Ver, entre otras, sentencia T-896 de 2007.
[83]
Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 8 establece lo siguiente: “[a]ún
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el
término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo
sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá
ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela”.
[84]
Ver, sentencia T-176 de 2011.
[85]
Ver, sentencias T-613 de 2007 y T-466 de 2016.
[86]
Ver, sentencia C-543 de 1992.
[87]
Ver, sentencia SU-961 de 1999.
[88]
Ver, sentencia T-246 de 2015.
[89]
Ver, sentencia SU-391 de 2016.
[90]
Ibíd.
[91]
Ver, sentencia T-211 de 2009.
[92]
Ver, sentencia T-222 de 2014.
[93]
Ver, sentencia C-119 de 2008, reiterado en varias
oportunidades, entre ellas, las sentencias T-914 de 2012, T-603 de 2015, T-707
de 2015, T-495 de 2017 y T-673 de 2017.
[94]
Un ejemplo de ello puede encontrarse en las sentencias T-707
de 2015 y T-495 de 2017.
[95]
Ver, sentencia T-673 de 2017.
[96] De
acuerdo con esa norma, la Superintendencia de Salud tiene competencia para
ejercer funciones judiciales respecto de los siguientes asuntos: “a) Cobertura de
los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud
cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o entidades
que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario”.
[97]
Corte Constitucional, sentencias T-327 de 2013 y SU-391 de 2016.
[98]
Ver sentencias T-486 de 2011 y T-703 de 2012.
[99]
Ver, sentencia T-842 de 2011.
[100]
Ver, Sentencia T-1040 de 2008, reiterada en la
sentencia T-148 de 2016.
[101]
El artículo 49 de la Constitución dispone que: “La atención de la salud y el
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y
reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por
entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control (…)”.
[102] Ver, entre otras,
sentencias T-134 de 2002, T-544 de 2002, T-361 de 2014, T-131 de 2015 y T-036
de 2017.
[103]
Ver, sentencia T-121 de 2015.
[104]
Ver, sentencia T-673 de 2017.
[105]
Ver, sentencia T-576 de 2008.
[106]
Ver, sentencia T-081 de 2016.
[107]
Ver, sentencia T-395 de 2015.
[108]
Ver, sentencia T-171 de 2015.
[109]
Ver, sentencia T-745 de 2013, reiterada en la sentencia T-171
de 2015.
[110]
Ver, sentencia T-286A de 2012.
[111]
Ver, sentencia T-760 de 2008, reiterada en la sentencia T-188
de 2013.
[112]
Ver, sentencia T-121 de 2015, reiterada por la sentencia T-673 de 2017.
[113]
Ver, sentencias T-405 de 2017 y T-673 de 2017.
[114]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 16.
[115]
Ver, sentencia T-707 de 2016.
[116]
Ver, sentencia T-760 de 2008, reiterada en las sentencias
T-707 de 2016 y T-495 de 2017.
[117]
Ver, sentencia T-495 de 2017.
[118]
Ver, sentencia T-760 de 2008.
[119]
Ver, sentencia T-707 de 2016.