T-809-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA
DE RELATORIA: Esta sentencia fue corregida mediante auto 137A del
20 de junio de 2012, el cual se anexa en la parte final.
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO
DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA
PENSION DE VEJEZ-Procedencia por cumplimiento de requisito
de edad y manifestación de imposibilidad de seguir cotizando al Sistema
Por regla general,
la acción de tutela es improcedente para el reconocimiento y pago de los
derechos pensionales. Sin embargo, por mandato constitucional, los requisitos
de procedencia de la acción de tutela deben ser analizados en una forma más
flexible, cuando quien reclama el derecho es una persona en situación de
ancianidad, sin que con ello se quiera afirmar que dicha condición por sí sola
torna procedente cualquier acción de tutela. Se puede concluir que, por regla
general, las solicitudes pensionales requeridas por vía de tutela son
procedentes cuando: (i) El peticionario es un sujeto de especial protección;
(ii) La ocurrencia de un perjuicio irremediable es inminente, y (iii) Los
mecanismos previstos por la ley para resolver el conflicto no son lo
suficientemente idóneos y expeditos, como para que el problema sea resuelto
antes de la ocurrencia del perjuicio. Con relación a la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, consagrada en el artículo 37 de la ley 100
de 1993, se viola el derecho a la seguridad social cuando la persona
beneficiaria del sistema cumple con todos los requisitos establecidos por dicho
artículo y la entidad encargada niega su reconocimiento y pago.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE
VEJEZ-Finalidad/INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Requisitos
DERECHO A LA
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Carácter
imprescriptible
Respecto de la prescripción del derecho
a reclamar prestaciones pensionales, la
Corte ha reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible tanto de las
pensiones, como de las indemnizaciones sustitutivas y las devoluciones de
saldos. Si bien para la Corte es claro que el derecho a la pensión en sí mismo
es imprescriptible, también es claro que el derecho a cobrar las mesadas
pensionales sí puede someterse al fenómeno de la prescripción porque no atenta
contra el derecho fundamental a la seguridad social y establece un ambiente de
seguridad jurídica que beneficia los dos extremos de la relación laboral. La
reflexión acerca de la suerte que debe seguir la reclamación de una
indemnización sustitutiva o devolución de saldos en materia de prescripción, se
debe hacer sobre esta misma línea de pensamiento porque los sujetos que no
pudieron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión de vejez se
encuentran en una situación de indefensión mayor, que aquellos que lo lograron.
Entonces, por correspondencia lógica, la irrenunciabilidad e
imprescriptibilidad que se divulga del derecho a la pensión, también debe
predicarse del derecho a reclamar la indemnización sustitutiva o devolución de
saldos.
DERECHO A LA
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Se deben tener
en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
ley 100 de 1993
Las accionadas negaron la indemnización
sustitutiva de pensión a los accionantes argumentado que no tienen derecho a
dicha prestación dado que fue en la Ley 100 de 1993 donde se creó dicha
indemnización y la misma no es de aplicación retroactiva. Considera la
Sala que este argumento es violatorio de los artículos 11, literal f del
artículo 13 y 37 de la ley 100 de 1993 y contradice la jurisprudencia de la
Corte Constitucional atinente al amparo de este derecho, vista en las
consideraciones mencionadas anteriormente. Además, porque la entidad
responsable del pago ha percibido, no sólo las cotizaciones hechas por el
trabajador durante toda su vida, sino los rendimientos financieros
correspondientes. En consecuencia, admitir el argumento de los demandados
equivale a justificar un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y en
detrimento del trabajador.
DERECHO A
LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Orden a Municipio de efectuar reconocimiento y pago
Sentencia T-809/11
(Octubre 27)
Referencia: expediente T-3.103.306
Fallo objeto de revisión: Sentencia
de la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá del 18 de mayo
de 2011; que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá que negó el amparo.
Accionante:
Jorge Enrique Vernaza Mejía.
Accionado: CAPRECOM
Referencia: Expediente
T-3.103.894
Fallo objeto de revisión:
Sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar del 12 de abril
de 2011;
que revocó el fallo proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Valledupar que concedió el amparo.
Accionante:
Eleodora Tomasa Molina González
Accionado: Alcaldía de
Valledupar
Demandas de los accionantes –
elementos –:
Derechos fundamentales invocados: a
la vida digna, seguridad social, mínimo vital y tercera edad
Conducta que causa la vulneración:
negativa de la entidad de reconocer la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez
Pretensión:
Ordenar el reconocimiento de la pensión
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez
y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Magistrado Ponente: MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
I.
ANTECEDENTES
A.
Expediente T-3.103.306
1.
Fundamento de la pretensión
El
señor Jorge Enrique Vernaza Mejía presentó la
presente acción de tutela con base en las siguientes afirmaciones y argumentos[1]:
1.1.
El 15 de abril de 2010 el
accionante solicitó a FONCAP CAPRECOM – pensiones el reconocimiento y pago de
la indemnización sustitutiva de pensión adjuntando[2]: i)
certificado expedido por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom donde
consta que el señor Vernaza laboró con esa empresa desde el 25 de septiembre de
1969 hasta el 31 de abril de 1978; ii) fotocopia de la cédula de ciudadanía que
acredita que nació el 31 de agosto de 1942, actualmente tiene 69 años; y iii)
declaración juramentada del solicitante manifestando que no se encuentra
afiliado a otro fondo de pensiones y no tiene capacidad de pago para seguir
cotizando al sistema general de pensiones.
1.2.
El 20 de octubre de 2010
mediante resolución No. 2198[3],
CAPRECOM negó la indemnización sustitutiva de pensión argumentando que:
Que en relación con la petición formulada, es preciso
señalar que la
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA
PENSIÓN DE VEJEZ,  entró en vigencia con la
Ley 100 de 1993, la cual no establece excepción alguna para su aplicación,
quiere decir ello, que a esta norma no es posible darle APLICACIÓN RETROACTIVA,
por cuanto su contenido no permite tal fenómeno jurídico.
1.3.
El 22 de diciembre de 2010
mediante resolución No. 2630[4],
CAPRECOM confirmó la resolución anterior argumentado que:
Que las consideraciones antes anotadas, son
suficientes para aclarar el recurrente que al entrar en vigencia el Sistema
General de Pensiones y posteriormente su Decreto Reglamentario 1730 de 2011, ya
no era cotizante activo para efectos de la pensión de jubilación,
situación ésta que no permite dar aplicación a la
Ley 100 de 1993, como norma invocada, pues seria aplicarla RETROACTIVAMENTE
(como antes se dijo), cuando ella misma no establece tal situación, por cuanto
su contenido no permite tal fenómeno jurídico.
2.
Respuesta de
la entidad accionada
2.1.
FONCAP
CAPRECOM – Pensiones[5]
No
se vulneraron los derechos del actor dado que se le dio respuesta oportuna a su
solicitud pensional, quedando con ello agotada la vía gubernativa, contando el
señor Vernaza con la jurisdicción laboral para hacer el reclamo que alega por
vía de tutela. Además, en caso de haber tenido derecho a la prestación
reclamada, ésta era exigible desde el 31 de agosto de 2002, fecha en la que
cumplió 60 años de edad, incumpliendo con el requisito de inmediatez que se
exige para hacer procedente la acción de tutela.
3.
Fallo objeto
de la revisión: Sentencia de la
Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá del 18 de mayo de
2011; que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Bogotá que negó el amparo.
3.1.
El
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, actuando como primera instancia
profirió sentencia el 12 de abril de 2011[6]. Negó la
protección de los derechos considerando que el actor no demostró la vulneración
del mínimo vital ni la existencia de un perjuicio irremediable, por lo tanto
contaba con la jurisdicción laboral para reclamar las prestaciones por esta vía
pretendidas.
3.2.
Impugnación. El
apoderado del señor Jorge Vernaza alegó que la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para reclamar los derechos de su poderdante si se tiene en cuenta que es
una persona de la tercera edad[7].
3.3.
La
sentencia de la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá del 18
de mayo de 2011[8],
confirmó el fallo de primera instancia considerando que la sola edad no es un
factor indicativo de perjuicio irremediable o de afectación a derechos
fundamentales. Además, la discusión se centra en la aplicación normativa de la
Ley 100 de 1993, por lo que el escenario apropiado para su valoración legal y
probatoria no es la acción de tutela, sino la jurisdicción laboral o
administrativa.
B.
Expediente
T-3.103.894.
1.
Fundamento de la pretensión
La
señora Eleodora Tomasa Molina
González presentó la presente acción de tutela con base en las siguientes
afirmaciones y argumentos[9]:
1.1.
El 26 de febrero de 2008 la
accionante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez por
considerar que cumplía con los requisitos de edad y años de servicio[10],
teniendo en cuenta que: i) nació el 5 de febrero de 1923 por lo que cuenta con
88 años de edad; y ii) laboró para la
Alcaldía de Valledupar del 21 de abril de 1971 hasta el 27 de abril de 1981.
1.2.
El 18 de marzo de 2008 mediante
resolución No. 000493, la Alcaldía de Valledupar negó el reconocimiento
pensional solicitado argumentado:
Que la peticionaria no reúne los requisitos de tiempo
de servicios exigidos por la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de la
pensión de jubilación.
1.3.
El 19 de agosto de 2010 la
accionante solicitó la indemnización sustitutiva argumentando que no se
encuentra en condición de continuar cotizando al sistema de Seguridad Social[11].
De dicha solicitud no había recibido respuesta hasta el momento en que
interpuso acción de tutela.
2.     Respuesta de la entidad accionada
2.1.
Alcaldía
de Valledupar[12].
La
accionante no tiene derecho a la indemnización sustitutiva de pensión, por
cuanto para la fecha en que fue declarada insubsistente, esto fue, en el año
1981, no existía normatividad alguna que regulara la indemnización sustitutiva
de vejez. Además señaló que la demanda no cumple con el requisito de inmediatez
dado que desde el año 2008 tenía conocimiento de la negativa del reconocimiento
de la pensión de vejez, por lo que debió acudir a la jurisdicción laboral a
reclamar lo aquí alegado.
Respecto
del derecho de petición presentado el 19 de agosto de 2010  informó que “la
administración no pudo pronunciarse de fondo, toda vez que el documento es
apócrifo, pues no fue firmado por su autora, entonces, mal podría la
administración dar crédito a las afirmaciones esbozadas en dicho memorial (…)”
3.
Fallo objeto
de la revisión: Sentencia del Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Valledupar del 12 de abril de 2011; que revocó el
fallo proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar que
concedió el amparo.
3.1.
El
Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar, actuando como primera instancia
profirió sentencia el del 24 de noviembre de 2010[13]
protegiendo los derechos fundamentales de la actora. Consideró que las
entidades encargadas del reconocimiento de la indemnización sustitutiva se
encuentran en la obligación de tener en cuenta las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Respecto del requisito de
inmediatez señaló que el derecho prestacional reclamado es imprescriptible, y
como tal, puede ser solicitado en cualquier tiempo.
3.2.
Impugnación. El
Acalde municipal de Valledupar impugnó el fallo alegando que no es viable
proteger un derecho por la sola circunstancia de tratarse de una persona de
aproximadamente 94 años sin que se acredite idóneamente que la accionante tiene
derecho a la prestación económica solicitada.
3.3.
La
sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar del 12 de abril
de 2011, revocó el fallo de primera instancia. Consideró que la demandante no
acreditó la afectación del mínimo vital por lo que no es la acción de tutela la
vía procedente para exigir el cumplimiento de una obligación derivada de una
relación laboral.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala es competente para la revisión del presente caso, con fundamento en
los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento
del Auto del 30 de junio de 2011 de la Sala de Selección de Tutela Número Seis
de la Corte Constitucional.
2.
Cuestión de
constitucionalidad
Corresponde a la
Sala establecer si las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social y a la
remuneración vital y móvil de los accionantes, al haberles denegado el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
argumentando que la devolución de aportes es una figura creada a partir de la
ley 100 de 1993, por lo que dicho reconocimiento sólo procede respecto de los
trabajadores que hayan hecho cotizaciones con posterioridad a su entrada en
vigencia.
3.1.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para la protección de derechos de contenido
prestacional. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Reiteración
El derecho a la
Seguridad Social se encuentra consagrado en el artículo 48 de la
Constitución Política en los siguientes términos: “La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares,
ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma
que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni
utilizar los recursos de las instituciones de la
Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para
que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo
constante”.
Anteriormente, la
Corte solo contemplaba el derecho a la seguridad social como fundamental
cuando, por conexidad, su desamparo generaba la vulneración de otros derechos
fundamentales autónomos como el mínimo vital o la vida[14].
Actualmente, la Corte reconoce el derecho a la seguridad social como un derecho
fundamental independiente y autónomo que puede ser objeto de protección
constitucional mediante acción de tutela[15].
Esta Corporación ha
señalado que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para
solicitar el reconocimiento y pago de los derechos pensionales[16]
por la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y la posibilidad que tiene
el peticionario de hacer valer sus derechos a través de otro medio de defensa
judicial que en este caso sería el proceso laboral ordinario.
Esta acción se torna
procedente cuando los medios de defensa judicial ordinarios resultan ineficaces
para la protección de los derechos fundamentales del peticionario o cuando se
puede prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable[17]. Además, esta Corporación también ha señalado que, cuando el amparo
de los derechos prestacionales es solicitado por personas de la tercera edad,
los requisitos de procedencia de la acción de tutela deben ser analizados con
mayor flexibilidad en atención a que el peticionario es un sujeto de especial
protección constitucional, de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución
Política[18].
Así lo expresó la
Corte en la sentencia T-238 de 2009, reiterada en la sentencia T-478 de 2010 y
T-155 de 2011:
En lo que respecta a las personas que han alcanzado un grado
avanzado de edad, el tratamiento constitucional que debe aplicarse es el de
conceder el amparo de sus derechos fundamentales, a pesar de que exista la
posibilidad de solicitar dichas prestaciones a través de los mecanismos
judiciales que para el efecto tiene contemplada la ley.
Con todo, por regla
general, la acción de tutela es improcedente para el reconocimiento y pago de
los derechos pensionales. Sin embargo, por mandato
constitucional[19],
los requisitos de procedencia de la acción de tutela deben ser analizados en
una forma más flexible, cuando quien reclama el derecho es una persona en
situación de ancianidad, sin que con ello se quiera afirmar que dicha condición
por sí sola torna procedente cualquier acción de tutela.
Se puede concluir que,
por regla general, las solicitudes pensionales requeridas por vía de tutela son
procedentes cuando:
i)
El peticionario es un sujeto de especial
protección.
ii)
La ocurrencia de un perjuicio irremediable es
inminente, y
iii)
Los mecanismos previstos por la ley para
resolver el conflicto no son lo suficientemente idóneos y expeditos, como para
que el problema sea resuelto antes de la ocurrencia del perjuicio.
Con relación a la
acreencia laboral específica de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, consagrada en el artículo 37 de la ley 100 de 1993[20],
se viola el derecho a la seguridad social cuando la persona beneficiaria del
sistema cumple con todos los requisitos establecidos por dicho artículo y la
entidad encargada niega su reconocimiento y pago.
Los requisitos para
ser beneficiario de dicha prestación son:
i)       Haber cumplido la edad para obtener la pensión de vejez.
ii)    No haber cotizado el mínimo de semanas exigidas, y
iii)  Declarar
la imposibilidad de continuar cotizando.
La prestación consiste
en el derecho a reclamar una indemnización equivalente a las sumas cotizadas
debidamente actualizadas. La Corte ha dicho que la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez “hace parte del Sistema Integral de Seguridad Social en
pensiones, convirtiéndose en una especie de ahorro que pertenece al trabajador
por los aportes efectuados durante un periodo de su vida laboral, razón por la
cual se traduce en una garantía con que cuentan los afiliados a este sistema
que no han podido cumplir con uno de los requisitos para adquirir su derecho a
la pensión”[21].
Con respecto a la
aplicación de la ley 100 de 1993 en el tiempo, la
Corte Constitucional ha dicho que “las personas que venían cotizando al
sistema de seguridad social en pensiones, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 (1° de abril de 1994), se rigen en la actualidad por las
disposiciones de esta ley, salvo cuando hubieran adquirido derechos subjetivos
bajo el imperio de las leyes anteriores[22].”[23]
El artículo 11 de la
Ley 100 de 1993[24],
dispone que esa ley se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional,
respetando los derechos adquiridos.
En la sentencia T-972
de 2006[25]
la Corte afirmó lo siguiente:
Las personas que venían cotizando al sistema de seguridad
social en pensiones bajo el imperio de normas precedentes, se rigen en la
actualidad por las disposiciones de la Ley 100 de 1993, salvo que antes de su
entrada en vigencia estuvieran consolidados derechos subjetivos, respecto de
los cuales, por el principio de respeto a los derechos adquiridos (artículo 58
de la Constitución Política), no tienen aplicación los preceptos introducidos
por la Ley en referencia. En efecto, el sistema de pensiones introducido por la
Ley 100 de 1993, reconoce para efectos del cumplimiento de los requisitos para
acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, los tiempos
cotizados con anterioridad a su entrada en vigencia. En este sentido, el
literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 señala que para el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales
o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo
de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas
o el tiempo de servicio.
Con base en lo anterior,
la Corte Constitucional ha concedido en numerosas oportunidades el amparo al
derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, cuando este ha sido denegado por la entidad demandada bajo el
argumento de que la última cotización fue realizada con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
En la sentencia T-478
de 2010 se expusieron algunos ejemplos en los cuales la
Corte ha protegido los derechos fundamentales de las personas a quienes las
entidades les negaron el derecho a la indemnización, a saber[26]:
ü   En la sentencia T-286 de 2008, el Instituto de Seguros Sociales
denegó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva del actor, al no
contabilizar los tiempos cotizados ante otras entidades. La
Corte ordenó al ISS, solicitar ante las entidades donde el cotizante había
trabajado, la remisión de aportes para reconocer y pagar al actor la
indemnización sustitutiva. El accionante había cumplido la edad en el año 1988,
año para el cual había cotizado 687 semanas, 73 de ellas directamente al ISS.
Las demás semanas, habían sido cotizadas a otras entidades entre los años 1945
y 1968.
ü   En la sentencia T-525 de 2009, el actor había prestado sus servicios
al departamento del Tolima, desde febrero de 1943 hasta julio de 1964,
cotizando a la extinta Caja de Previsión Social del departamento, convertida
luego, en el Fondo Territorial de Pensiones del departamento del Tolima. La
Secretaría Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones del Tolima le
denegó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva al considerar
que no cumplía con los requisitos del artículo 37 de la
Ley 100 de 1993 y la Sala Séptima de Revisión ordenó al demandado hacer el
trámite para reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de conformidad con
las reglas contenidas en el artículo previamente citado.
ü
En la sentencia T-707 de 2009 el actor
había realizado su última cotización al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones en el año 1964, y en el año 2007 Cajanal le denegó el reconocimiento
y pago de la indemnización sustitutiva porque las cotizaciones habían sido
hechas cuando no había entrado en vigencia la
Ley 100 de 1993. La Sala Primera de revisión ordenó el reconocimiento y pago
de la misma.
ü   En la
sentencia T-708 de 2009, en el año 2001 el peticionario se había trasladado al
régimen de ahorro individual con solidaridad y había empezado a cotizar a
través de Porvenir S.A.; al cumplir los 70 años solicitó la devolución del
saldo de su cuenta de ahorro individual pero el derecho le fue denegado porque la
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(OBP) se había negado a emitir su bono pensional basándose en lo dispuesto en
el literal b del artículo 61 de la ley 100 de 1993[27].
La Sala Primera de revisión ordenó a la OBP expedir el bono pensional para que
Porvenir S.A. reconociera y pagara al actor la indemnización sustitutiva.
Respecto de la prescripción del derecho
a reclamar prestaciones pensionales, la
Corte ha reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible tanto de las
pensiones, como de las indemnizaciones sustitutivas y las devoluciones de
saldos[28].
Si bien para la
Corte es claro que el derecho a la pensión en sí mismo es imprescriptible,
también es claro que el derecho a cobrar las mesadas pensionales sí puede
someterse al fenómeno de la prescripción porque no atenta contra el derecho
fundamental a la seguridad social y establece un ambiente de seguridad jurídica
que beneficia los dos extremos de la relación laboral. La reflexión acerca de
la suerte que debe seguir la reclamación de una indemnización sustitutiva o
devolución de saldos en materia de prescripción, se debe hacer sobre esta misma
línea de pensamiento porque los sujetos que no pudieron cotizar lo suficiente
para acceder a una pensión de vejez se encuentran en una situación de
indefensión mayor, que aquellos que lo lograron. Entonces, por correspondencia
lógica, la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que se divulga del derecho a
la pensión, también debe predicarse del derecho a reclamar la indemnización
sustitutiva o devolución de saldos.
En conclusión, el
derecho a reclamar la indemnización sustitutiva no prescribe y el hecho de
haber cotizado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y
no posterior a la misma, no justifica el incumplimiento de la obligación por
parte de las entidades de pensiones de reconocer y pagar dicha prestación.
Teniendo en cuenta lo anterior la Sala procederá a resolver los casos concretos.
Cosa diferente es lo relacionado
con la inmediatez que requiere la acción de tutela para ser procedente. Reiteradamente
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que “(...)“la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo
razonable y oportuno con el fin de evitar que se emplee como herramienta que
premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores o, peor aún, se
convierta en un factor de inseguridad jurídica.”[29]
3.
Casos
concretos
4.1. La
Sala encuentra que en los dos casos puestos a su consideración la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales a la
seguridad social de los ciudadanos Jorge Enrique Vernaza Mejía y
Eleodora Tomasa Molina González. Lo anterior teniendo en cuenta su
avanzada edad, en el primer caso se trata de una persona de 69 años y en el
segundo caso una señora de 88 años, por otra parte manifestaron su incapacidad
para seguir cotizando y la carencia de trabajo e ingresos, lo que evidencia el
quebrantamiento de su mínimo vital; situaciones no fueron desvirtuadas por las
entidades demandadas.
4.2. Respecto del argumento planteado
por las accionadas con relación a la falta de inmediatez en el caso, esta Sala
considera que sí existió inmediatez, como quiera que las peticiones de la
indemnización sustitutiva que elevaron los actores son recientes, en el caso T-3.103.306 la
negativa de la accionada se profirió el 22 de diciembre de 2010 y la acción de
tutela se presentó el 04 de abril de 2011; en el caso T-3.103.894 al momento de
presentar la acción de tutela la accionada no le había dado respuesta a la
solicitud de la demandante, sin embargo la demandada contestó dicha solicitud
dentro del proceso de tutela.
4.3. En los dos casos está probado que
los demandantes cotizaron al sistema de seguridad social en pensiones antes de
entrada en vigencia la ley 100 de 1993, sin que a la fecha cumplan con las
semanas de cotización necesarias para ser beneficiarios de la pensión de vejez:
i) el señor Jorge
Enrique Vernaza Mejía laboró en Telecom del 25 de septiembre
de 1969 hasta el 31 de abril de 1978[30]
y en la resolución No 2198 de CAPRECOM, la entidad reconoce que en el expediente
administrativo del actor se encuentran relacionadas 454 semanas cotizadas por
el actor mientras laboró con Telecom[31];
y ii) la señora Eleodora Tomasa Molina González
laboró para la Alcaldía de Valledupar del 21 de abril de 1971 hasta el 27 de
abril de 1981[32]
y reposa en el expediente un certificado expedido por la accionada de los
descuentos para previsión social que fueron realizados a la empleada Molina
González[33].
4.4. Las accionadas negaron la
indemnización sustitutiva de pensión a los accionantes argumentado que no
tienen derecho a dicha prestación dado que fue en la
Ley 100 de 1993 donde se creó dicha indemnización y la misma no es de aplicación
retroactiva. Considera la Sala que este argumento es violatorio de los
artículos 11, literal f del artículo 13 y 37 de la ley 100 de 1993 y contradice
la jurisprudencia de la Corte Constitucional atinente al amparo de este derecho,
vista en las consideraciones mencionadas anteriormente. Además, porque la
entidad responsable del pago ha percibido, no sólo las cotizaciones hechas por
el trabajador durante toda su vida, sino los rendimientos financieros
correspondientes. En consecuencia, admitir el argumento de los demandados
equivale a justificar un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y en
detrimento del trabajador.
Aceptar la tesis de las accionadas, en el sentido de que
las cotizaciones realizadas antes de 1994 no se tienen en cuenta para efectos
de la indemnización sustitutiva, equivale a un enriquecimiento sin causa por
parte de la entidad, pues quiere decir que las cotizaciones diligentemente
realizadas por la persona al Sistema no sirven, ni para efectos de
reconocimiento de la pensión, ni para efectos del mecanismo sustitutivo
previsto en la Ley[34].
4.5. Por lo expuesto la
Sala revocará la sentencia proferida el dieciocho (18) de mayo de 2011 por la
Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se confirmó
la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá que negó la acción
de tutela instaurada por Jorge Enrique Vernaza Mejía contra FONCAP CAPRECOM. En su lugar
concederá el amparo para proteger el derecho fundamental a la seguridad social
y ordenará a FONCAP CAPRECOM, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor del peticionario, para
lo cual deberá aplicarse integralmente lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993.
4.6. Por lo expuesto la
Sala revocará la sentencia proferida el doce (12) de abril de 2011 por el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, mediante la cual se revocó la
sentencia del Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar que concedió la
acción de tutela instaurada por Eleodora Tomasa Molina González contra la
Alcaldía municipal de Valledupar. En su lugar concederá el amparo para
proteger el derecho fundamental a la
Seguridad Social  y ordenará a la
Alcaldía municipal de Valledupar, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor de la peticionaria,
para lo cual deberá aplicarse integralmente lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993.
4.
Razón
de la decisión
Cuando las
administradoras del régimen de pensiones niegan el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva a personas que cumplen los requisitos establecidos en
el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, vulneran el derecho a la seguridad
social; ello se debe a que en virtud del artículo 11 y del literal f del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, las entidades encargadas del reconocimiento
y pago de la indemnización sustitutiva se encuentran en la obligación de tener
en cuenta las semanas cotizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida el dieciocho (18) de mayo de 2011 por la
Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual
confirmó la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá que negó
la acción de tutela instaurada por Jorge Enrique Vernaza Mejía
contra FONCAP CAPRECOM. En su lugar CONCEDER el
amparo para proteger el derecho fundamental a la seguridad social  del
accionante.
Segundo.- ORDENAR a FONCAP CAPRECOM, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez a favor del peticionario, para lo cual deberá aplicarse integralmente lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
Tercero.- REVOCAR la
sentencia proferida el doce (12) de abril de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Valledupar, mediante la cual revocó la sentencia del Juzgado
Primero Civil Municipal de Valledupar que concedió la acción de tutela
instaurada por Eleodora Tomasa Molina González
contra la Alcaldía Municipal de Valledupar. En su lugar CONCEDER el
amparo para proteger el derecho fundamental a la seguridad social de la
accionante.
Cuarto.- ORDENAR a
la Alcaldía Municipal de Valledupar, que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor de la peticionaria,
para lo cual deberá aplicarse integralmente lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto
137A/12
Referencia: corrección de la
Sentencia T-809 de 2011, expediente T-3.103.306
Acción de tutela instaurada por Jorge
Enrique Vernaza contra CAPRECOM EPS.
Magistrado
Ponente:
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Bogotá,
DC., veinte (20) de junio de dos mil doce (2012).
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Mauricio González Cuervo,
Adriana María Guillen Arango (e) y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el
siguiente auto.
CONSIDERANDO
1. Que existió un error de redacción en
el cuerpo de la sentencia de la referencia, que si bien no altera el fondo de
la decisión adoptada en la misma, debe ser corregido para evitar equívocos.
2. Que tal error consistió en
transcribir en la parte motiva y resolutiva de la sentencia T-809 de 2011,  que
quien se pronunció en primera instancia, en el proceso T-3.103.306, fue el Juez
Cuarto Civil del Circuito de Bogota, y no el Juez Primero Civil
del Circuito de Bogota, quién realmente fue quien profirió el fallo aludido.
3. Que el 01 de junio del año en curso
el Secretario del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, solicitó a la
Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional que aclarara la sentencia T-809 de 2011, en el sentido
que se ha indicado, adjuntando el expediente T-3.103.306.
4. Que esta Corporación ha señalado que
cuando en la trascripción del texto de una sentencia se producen errores, es
aplicable el artículo 310 del CPC a fin de proceder a la corrección[35],
en cualquier tiempo.[36]
RESUELVE:
Primero.- Corregir el
texto de las páginas 1, 3, 11 y 14 de la sentencia T-809 de 2011 y por lo tanto
donde se hace referencia al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá,
corregirse por: Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogota.
Segundo.- Remitir
inmediatamente, por medio de la
Secretaria General, copia del presente Auto al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Bogota, al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá y a las
partes que intervinieron en el presente asunto.
Tercero.- Devolver,
por medio de Secretaria General, el expediente T-3.103.306 al Juzgado Primero
Civil del Circuito de Bogota, para lo de su competencia.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase,
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
ADRIANA MARÍA GUILLEN ARANGO
Magistrada (e)
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela
presentada el 04 de abril de 2011. Folios 1 al 21 del cuaderno 1.
[2] En el folio 1 del
cuaderno 1 se encuentra la solicitud mencionada.
[3] Ver folios 6 al 8 del
cuaderno 1.
[4] Ver folios 9 al 13 del
cuaderno 1.
[5] Ver folios 26 al 29
del cuaderno 1.
[6] Ver folios 30 al 34
del cuaderno 1.
[7] Ver folio 37 del
cuaderno 1.
[8] Ver folios 3 al 6 del
cuaderno 2.
[9] Acción de tutela
presentada el 08 de noviembre de 2010. Folios 2 al 27 del cuaderno 1.
[10] Ver folios 23 al 25 del
cuaderno 1.
[11] Ver folios 39 al 43
del cuaderno 1.
[12] Ver folios 31 al 35
del cuaderno 1.
[13] Ver folios 44 al 48
del cuaderno 1.
[14] En relación con el
argumento de la conexidad en materia de seguridad social, se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-495 de 2003, T-338 de 2004, T-1014 de 2004 y
T-354 de 2005.
[15] En este sentido, en la
sentencia C-1141 de 2008, la Sala Plena de esta Corporación manifestó lo
siguiente: “el derecho a la seguridad social, en la medida en que es de
importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana
es un  verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado
a entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad
social fundado por la Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa
preestablecida en el texto constitucional (artículo 48 superior)  y en los
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad;
cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente
arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su especificación
en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales
preestablecidos”.
[16] Ver sentencias: T-718
de 1998, T-660 de 1999, T-408 de 2000, T-398 y T-476 de 2001, T-947 de 2003 y
T-620 de 2007, entre otras.
[17] Ver sentencias T-489
de 1999, T-1083 de 2001, T-473 de 2006, T-580 de 2006, T-517 de 2006 y T-395 de
2008.
[18] Art. 46 CP: “El
Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa
y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social
integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
Esta posición ha sido reiterada,
entre otras, en las sentencias T-719 de 2003, T-789 de 2003, T-456 de 2004,
T-700 de 2006, T-1088 de 2007 y T-953 de 2008.
[19] “Artículo 46 CP.-
El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la
vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los
servicios de la seguridad social  integral y el subsidio alimentario en caso de
indigencia”.
[20] “Artículo
37. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo
cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo
de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un
salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de
semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado
de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
[21] Sentencia T-981 de
2003.
[22] Dentro de las
sentencias que se han referido al ámbito temporal de aplicación de la ley 100
de 1993 se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-1088 de 2007 y T-982
de 2008.
[23] Ver la sentencia T-478
de 2010.
[24] “ARTÍCULO
11. CAMPO DE APLICACIÓN. El Sistema General de Pensiones consagrado en la
presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional,
conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías,
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones
normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo
para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos
para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez,
invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial,
semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector
privado en general.
Lo anterior será sin perjuicio
del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de
arbitramento dirima las diferencias entre las partes”.
[25] En la sentencia T-972 de 2006, la
Caja Nacional de Previsión Social no le concedió la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez al actor bajo el argumento de que la última cotización
fue realizada con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993.
[26] En
los casos que se citan a continuación las edades de los actores eran 79, 83, 68
y 71 años respectivamente.
[27] La Ley 100 de 1993 en
el artículo 61 establece: “ARTICULO 61. Personas excluidas del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad. Están excluidos del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad:
a)
Los pensionados por invalidez por el Instituto Seguros Sociales o por cualquier
fondo, caja o entidad del sector público;
b)
Las personas que al entrar en vigencia el sistema tuvieren cincuenta y cinco
(55) años o más de edad, si son hombres, o cincuenta (50) años o más de edad,
si son mujeres, salvo que decidan cotizar por lo menos 500 semanas en el nuevo
régimen, caso en el cual será obligatorio para el empleador efectuar los
aportes correspondientes”.
[28] Sentencias T-099 de
2008, T-972 de 2006, T-099
de 2008,
T-529 de 2009, T-597 de 2009 y T-849A de 2009, entre muchas otras.
[29] Sentencia C-543 de
1992
[30] En el folio 1 del cuaderno
1 se encuentra la solicitud mencionada.
[31] Ver folio 6 del
cuaderno 1.
[32] Ver folios 23 al 25
del cuaderno 1.
[33] Ver folios 10 al 15
del cuaderno 1.
[34] Como se señaló en
otras providencias como T-972/06, T-099/08, T-180/09 y T-478/10.
[35] Ver auto de corrección de la sentencia T-029 de 2002.
[36] Ya en otras ocasiones la
Corte Constitucional ha corregido partes de sus sentencias, entre ellas, por
ejemplo, Auto 097 de 2004, en este caso se corrigió las fechas que indicaban un
periodo de práctica que debía ser reconocido; Auto 087 de 2004, en este caso se
corrigió en la parte resolutiva de la sentencia el nombre de la persona a la
cual se había impartido una orden; Auto 229 de 2002, en este caso se corrigió
en la parte resolutiva la fecha de la sentencia que había sido revocada, dato
que permitía identificar el fallo. En el mismo sentido los autos números  067
de 2007, auto 051 de 2007, 01 de 2008, 197 de 2007 y  174 de 2005.