T-482-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-482/09
ACCION DE TUTELA-Hecho superado en caso de cancelación de cédula de ciudadanía por parte
de la Registraduría nacional del estado civil
Referencia: expediente T-2194617
Acción de tutela presentada por Nicolaza Castro
Candanoza en representación de su hermano Jaime Luis Castro Candanoza, contra la
Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta, la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Consorcio FOPEP.
Magistrada Ponente:
Dra. MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil nueve (2009).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Luís Ernesto Vargas Silva y Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primer instancia, por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Marta el 15 de octubre de 2008 y, en
segunda instancia, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta el
12 de diciembre de 2008, dentro del proceso de tutela presentado por Nicolaza
Castro Candanoza, en representación de su hermano Jaime Luis Castro Candanoza,
contra la Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Consorcio FOPEP.
El
proceso en referencia fue escogido para revisión por la Sala de Selección
Número Tres, mediante Auto proferido el 10 de marzo de 2009.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Nicolaza Castro Candanoza, actuando en representación
de su hermano Jaime Luis Castro Candanoza, presentó acción de tutela contra la
Notaría Segunda del Círculo de Santa Marta, la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Consorcio FOPEP, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la vida digna y a la personalidad jurídica. La acción de tutela
se fundamenta en los siguientes hechos:
1. El nacimiento del señor Jaime Luis Castro Candanoza
fue inscrito en el registro civil, el 2 de abril de 1984, en la Registraduría
Segunda de Santa Marta, con fotocopia auténtica de la partida de bautismo
expedida por la Parroquia del Sagrario y San Miguel de Santa Marta. En su
registro quedaron consignados los siguientes datos:
Nombre:                        Jaime Luis
Apellidos:                     Candanoza Castro (sic)
Nombre del padre:        Carlos Manuel Castro Arévalo
Nombre de la madre:     Francia Esther Candanoza
García
Fecha
de nacimiento:     22 de octubre de 1981
En este registro aparece primero el apellido de la
madre y luego el del padre. Este error fue corregido el 27 de diciembre de
2000. De tal suerte que el nombre completo quedó registrado como Jaime Luis
Castro Candanoza.
2. Por otra parte, el señor Jaime Luis venía
recibiendo una mesada que le fue concedida mediante la resolución No. 000312,
del 28 de marzo de 2007, del  Ministerio de Protección Social, bajo la figura
de sustitución pensional, tras la muerte de su padre, el señor Carlos Manuel
Castro García, quien era pensionado de la empresa Puertos de Colombia. Esta
pensión le fue reconocida habida cuenta de que él es un hijo sobreviviente, con
graves problemas de salud mental, pues padece de esquizofrenia
indiferenciada, lo que lo invalida para trabajar y por lo cual fue
declarado interdicto por el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, el diez
10 de junio de 2005.
3. El día 7 de abril de 2008, la curadora legal del
señor Jaime Luis, y peticionaria en el presente proceso, la señora Nicolaza
Castro Candanoza, solicitó al FOPEP -el fondo encargado de hacer los pagos
pensiónales- que cancelará las mesadas pensiónales a su hermano, atrasadas
desde el mes de noviembre de 2008. Pero la entidad respondió negativamente,
aduciendo que en un cruce de información con la Registraduría Nacional del
Estado Civil, se reportó que el señor Jaime Luis tenía doble cedulación. Así
que era preciso que la Registraduría corrigiera ese error, para poder continuar
con el pago de la mesada.
4. La peticionaria solicitó a la Registraduría
Nacional que le informara sobre las razones por las cuales su hermano tenía
doble cedulación. El 24 de abril de 2008, la entidad le informó a la actora que
a nombre del señor Jaime Luis Mindiola Castro se había expedido la
cédula de ciudadanía No. 84.086.984 de Riohacha, con fecha 2 de diciembre de
1997, pero que este señor había solicitado nuevamente su cédula por primera
vez, a nombre de Jaime Luis Castro Candanoza, razón por la cual se le
entregó una nueva cédula con fecha de expedición del 11 de diciembre de 2000,
bajo el número 84.451.740 de Santa Marta, documento que fuera por doble
cedulación mediante la resolución No. 6996 de 2007. En el mismo escrito la
Registraduría concluye que el señor Jaime Luis Mindiola Castro y el señor Jaime
Luis Castro Candanoza es una misma persona con dos registros civiles de
nacimiento, y por tanto se hacía necesario promover un proceso judicial para
decretar la cancelación del Registro a nombre de Jaime Luis Mindiola Castro y
con la sentencia que declara la cancelación del aludido documento, proceder a
cancelar la cédula expedida bajo ese mismo nombre.
5. La peticionaria presenta otro derecho de petición, esta
vez ante la Notaría Segunda de Santa Marta, para que fuera revocado el acto por
el cual se expidió el registro civil de nacimiento con fecha 18 de febrero de
1994, en el cual aparece su hermano Jaime Luis identificado con los apellidos Mindiola
Castro, y se consignan los siguientes datos:
Nombre:                        Jaime Luis
Apellidos:                     Mindiola Castro
Nombre del padre:        Jaime Segundo Mindiola Moreno
Nombre de la madre:     Nicolasa Castro Candanoza
Fecha
de nacimiento:     22 de octubre de 1979
Ante esta solicitud, la Notaría respondió que el señor
Jaime Segundo Mindiola Moreno, supuesto padre del señor Jaime Luis, presentó
para la inscripción del registro civil de nacimiento, fotocopia auténtica de la
partida de bautismo expedida por la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Santa Marta, razón por la cual se procedió a hacer la inscripción, lógicamente
en desconocimiento de la falsedad de la información consignada en dicha
partida. Finalmente, la Notaría reconoce que el registro que debe ser cancelado
es el del 18 de febrero de 1994, pero le señala a la peticionaría que no es su
competencia hacer la cancelación del registro, la cual debe ser ordenada
mediante decisión judicial o por orden de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
2.
Respuesta de las entidades accionadas
Dentro
del término de ley, el Notario Segundo de Santa Marta dio respuesta a la
tutela, y manifiesta que no es competente para conocer de la petición de
cancelación del registro con fecha 18 de febrero de 1994, pues al tenor del
artículo 2 del Decreto 999 de 1988, una vez efectuado una inscripción del
estado civil, solamente podrá ser alterado en virtud de una decisión judicial.
Comenta que el caso del señor Jaime Luis es un caso de doble registro y relata
todos los hechos que dieron origen a dos documentos distintos para una misma
persona, y que corresponden a los mismos hechos relatados en la parte inicial
de esta sentencia.
Por
su parte, el Consorcio FOPEP contestó que el cruce de información periódica que
hace la entidad con la Registraduría Nacional, cuando un pensionado registra
como fallecido o con cualquier otra observación, el sistema le impone un código
de control a la mesada, hecho que se informa al Grupo Interno de Trabajo de
Gestión Pasivo Social de Puertos de Colombia, entidad que se encarga de
suspender el pago de la nómina al pensionado. Por ello, el pensionado que
presente un error, debe ir a la Registraduría Nacional, no a las delegadas, y
hacerlo corregir, luego llevar una certificación sobre el estado del documento
y presentarlo en FOPEP. Agregó que en el caso bajo estudio, sucedió que en el
momento del cruce de información, la Registraduría Nacional registró el
documento de identificación del señor Jaime Luis Castro Candanoza como cancelado
por doble cedulación y por ello la mesada pensional quedó con el código de
control.
3.
Sentencias Objeto de Revisión e Impugnación
En
primera instancia el Juez Segundo Penal Municipal de Santa Marta mediante
sentencia del 15 de septiembre de 2008, concedió el amparo solicitado
argumentando su decisión en a sentencia T-450 de 2007 en la cual la Corte
Constitucional dispone que “los notarios no pueden otorgar a un tercero el
otorgamiento de una escritura pública, con miras al reconocimiento de quien en
el registro del estado civil ostenta la calidad de hijo de otro"
porque la adiciones, modificaciones o demás, sobre un registro civil, solo las
podrán hacer las personas a las que se refiere el registro, por sí mismos o por
medio de sus representantes o herederos. Bajo estas consideraciones, y teniendo
en cuenta que sólo los jueces de familia pueden alterar la filiación de las
personas, el juez de conocimiento ordena al Notario Segundo de Santa Marta
revocar el acto de registro civil de nacimiento sentado el 18 de febrero de
1994 expedido a nombre de Jaime Luis Mindiola Castro.
No
conforme con el fallo condenatorio, el Notario Segundo de Santa Marta presenta
escrito de impugnación el día 23 de octubre de 2008, aduciendo nuevamente falta
de competencia para cancelar el registro civil de nacimiento a nombre del señor
Jaime Luis Mindiola Castro, y reitera que es un Juez de Familia el competente
para autorizar la cancelación de los registros del estado civil, así que hasta
tanto no haya una decisión judicial, los dos documentos seguirán registrados.
La
impugnación fue resuelta por el Juez Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta
en sentencia del 12 de diciembre de 2008. Inicia sus consideraciones con una
mención de la acción de tutela como mecanismo para la protección de los
derechos fundamentales, luego pasa a referirse sobre la cédula como documento
de identidad y finalmente, aplica lo apartes anteriores al caso concreto, para
concluir que la sentencia impugnada debe ser revocada porque el señor Jaime
Luis Castro Candanoza, mediante su representante legal, puedo agotar los
recursos gubernativos o contenciosos contra el acto por el cual se canceló la
cédula. Así, al existir otros mecanismos de defensa, que no fueron agotados, la
acción de tutela para revocar un acto administrativo se torna improcedente y es
preciso que el señor Jaime Luis adelante un proceso ante el juez competente,
para restablecer su registro inicial y cancelar el que actualmente tiene
vigente.
4.
Pruebas practicadas por la Corte Constitucional
1.
Por medio de auto del 28 de mayo de 2009, la Sala Segunda de Revisión ordenó
oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que en un término de
5 días se pronunciara acerca de las pretensiones y del problema jurídico de la
acción de tutela bajo estudio, y adicionalmente informara sobre el proceso que
se sigue para cancelar una cédula, cuando el motivo es la doble cedulación. A
su vez, que informara cuál fue el procedimiento que se siguió en el caso del
señor Jaime Luis Castro Candanoza.
En
respuesta a esta solicitud la Registraduría informó que mediante la Resolución
N° 9003 de noviembre de 2008 se canceló la cédula de ciudadanía N° 84.086.984
de Riohacha, a nombre del señor Jaime Luis Mindiola Castro, como lo
solicitó la peticionaria Nicolaza Castro Candanoza tanto en su derecho de
petición del 14 de noviembre de 2008 como en su escrito de tutela. Al respecto,
en la referida resolución se consideró que:
“CONSIDERANDO
(…)
Que consultado con el Archivo Nacional de Identificación
(ANI) se verificó que a nombre del señor JAIME LUIS MINDIOLA CASTRO se expidió
el 02 de diciembre de 1997 en Riohacha-La Guajira, la cédula de ciudadanía No.
84.086.984, documento cuyo estado es vigente, además se logro establecer r que
el ciudadano en mención solicitó y obtuvo el 11 de diciembre de 2000 una nueva
cédula por primera vez de No. 84.451.740 en Santa Marta-Magdalena, a nombre
JAIME LUIS CASTRO CANDANOZA, y como consecuencia de ello se canceló según
resolución No. 6996 de 2007 por ser la segunda cédula expedida”
“Que para tal efecto se llevó a cabo cortejo técnico
dactilar No. 98 del cual se sustrae: CERTIFICACIÓN DE COTEJO DACTILOSCOPICO. La
suscrita IMELDA SANCHÉZ GAONA, técnico dactiloscopista 4065-04 inscrita como
funcionaria de la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, CERTIFICO, que practiqué cotejo técnico sobre las
impresiones dactilares del material de cedulación correspondiente al señor
JAIME LUIS MINDIOLA CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía número
84.0086.984 expedida en Rioacha-La Guajira, y confirmé que son las mismas
destinadas al trámite de la cédula de ciudadanía No. 84.451.740 expedida en
Santa Marta-Magdalena, a nombre JAIME LUIS CASTRO CANDANOZA. Dada en Bogotá
D.C., por disposición de la Dirección Nacional de Identificación, a los
veintidós (22) días del mes de Diciembre de dos mil ocho (2008).
“Que teniendo en cuenta el concepto de la Oficina
Jurídica Igualmente el Derecho de Petición y la Tutela emitida por el Juzgado
Segundo penal Municipal de Santa Marta-Magdalena, resulta procedente revocar
parcialmente la Resolución No.6996 del 2007 que canceló por doble cedulación,
la cédula de ciudadanía número 84.451.740 expedida en Santa Marta-Magdalena, a
nombre de JAIME LUIS CASTRO CANDANOZA, de manera que se reestablezca la
vigencia del documento, a su vez cancelar por falsada identidad la cédula de
ciudadanía número 84.086.984 expedida en Rioacha-La Guajira, a nombre de JAIME
LUIS MINDIOLA CASTRO.
Que de acuerdo al artículo 70 del Código Contencioso
Administrativo, la revocatoria directa es procedente por cuanto la peticionaria
no agotó el recurso de vía gubernativa.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolución No. 6996 de 2007 dar (sic) vigencia
a la cédula de ciudadanía No. 84.451.740 expedida el 11 de diciembre de 2000 en
Santa Marta –Magdalena, a nombre de JAIME LUIS CASTRO CANDANOZA
ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar por falsa identidad la cédula de ciudadanía No. 84.086.984
expedida el 02 de diciembre de 1997 en Riohacha – La Guajira, a nombre de Jaime
Luis Mindiola Castro”.
2.
La Sala Segunda de Revisión también ordenó oficiar al Juzgado Segundo Municipal
para que solicitara a la señora Nicolaza Castro Candanoza informar sobre el
lugar en el que vive su hermano Jaime Luis Castro Candanoza; igualmente
informara si el señor Jaime Luis Castro Candanoza estaba cubierto por un plan
de salud y, en caso afirmativo, quién cubría los gastos; además, quién se
encargaba de la manutención de su hermano o qué otros medios tenía él para
sobrevivir, y quién o quiénes eran los beneficiarios de la pensión del señor
Carlos Manuel Castro Arévalo.
En
la versión que rindió la señora Nicolaza Castro Candanoza, puede leerse la
siguiente información, relevante para el desenlace de la controversia
planteada:
“PREGUNTADO: informe al despacho el lugar donde habita
actualmente el señor Jaime Luis Castro Candanoza. CONTESTADO: habita
actualmente en el barrio santa ana de esta ciudad, atrás de la Universidad del
Magdalena. PREGUNTADO: manifieste al despacho si el señor Jaime Luis Castro
Candanoza tiene servicio de salud y quién los cubre. CONTESTADO: él sí tiene
servicio de salud y lo cubre el sistema general de seguridad social en salud
programa puerto de Colombia, atendiéndolo en la Clínica General del Norte.
PREGUNTADO: manifieste al despacho cuáles son los medios que tiene Jaime Luis
Castro Candanoza o quien lo asiste para sobrevivir. CONTESTADO: El sobrevive de
la pensión que le dejó mi papá Carlos Manuel Castro, quien es fallecido, además
de lo que yo le doy. PREGUNTADO: manifieste al despacho quién o quiénes son los
beneficiarios de la pensión [de] Carlos Manuel Castro Arévalo. CONTESTADO: mi
mamá Francis (sic) Candanoza y Jaime Luis Castro Candanoza”.
3.
Finalmente, se ordenó oficiar al Consorcio FOPEP para que diera informe sobre
quiénes son los beneficiaros de la pensión del señor Carlos Manuel Castro
Arévalo, a cuánto ascendía el valor de la pensión que recibía el señor Jaime
Luis Castro Candanoza desde el año 2007, y si en la fecha de cancelación de la
pensión el FOPEP siguió cotizando a nombre de aquél.
Esta
entidad contestó en los siguientes términos:
“[r]evisada la base de datos de nómina general que
administra el consorcio FOPEP 2007, se pudo establecer que el señor Jaime Luis
Castro Candanoza identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.451.740, fui
incluido en la nómina del mes de abril de 2007, como pensionado de
FONCOLPUERTOS, por concepto de: SUSTITUCIÓN HIJO INVÄLIDO. Estado actual:
activo, fecha desde la cual el consorcio ha puesto a su disposición los dineros
reportados por el grupo interno de trabajo para la gestión el Pasivo Social
Puertos de Colombia – G.I.T., los dineros reportados a su favor, de donde cabe
aclarar que en dicho grupo recae la competencia de ordenar la inclusión,
suspensión o modificación de las pensiones por ellos reconocidas”.
Concluye
que al señor Jaime Luis Castro Candanoza no se le efectúan descuentos por
concepto de salud, y sus aportes con destino al Sistema General de Seguridad
Social en Salud son consignados al Fondo Pasivo Social de Foncolpuertos.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.
Hecho Superado. Reiteración de Jurisprudencia.
La figura del hecho superado está  contemplada en el
artículo 26 del Decreto 2591 en los siguientes términos: “[s]i, estando en
curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque,
detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes
(…)”.
A su vez, la Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia ha explicado que la situación de hecho superado, se origina
cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado. Por ejemplo,
en la Sentencia T-570 de 1992[1] la Corte explica que si
bien la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los
derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten amenazados o
vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción desparece o es
superada, entonces  el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de
existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse
la cesación de la actuación impugnada.
Así lo reiteró la Corte en la Sentencia T-096 de 2006[2]
cuando explicó que en virtud de la figura del hecho superado, si la amenaza
actual e inminente que vulnera los derechos fundamentales de una persona deja
de existir, entonces el amparo constitucional pierde toda razón de ser como
mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que
pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría inocua y, por
lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.
En
concordancia con lo anterior, la Corte ha enumerado los requisitos que se deben
examinar en cada caso con el fin de confirmar si efectivamente se está ante la
existencia de un hecho superado:[3] (i) que con
anterioridad a la interposición de la acción haya existido una acción u omisión
que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en
cuyo nombre se actúa; (ii) que durante el trámite de la acción de tutela
el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya
cesado y (iii) que se haya pedido el suministro de una prestación y esta
se haya satisfecho dentro del trámite de la tutela.
Es
pertinente, entonces, verificar si en el caso bajo estudio la Corte se
encuentra frente a la figura del hecho superado.
3.
Hecho superado en el caso concreto
3.1.
Con anterioridad a la presentación de la acción de tutela existía un hecho que
amenazaba con poner en riesgo el derecho fundamental al mínimo vital del señor
Jaime Luis Castro Candanoza. Como puede deducirse de los hechos, él venía recibiendo
una mesada pensional que le fue otorgada bajo la figura de la sustitución
pensional de su padre fallecido el señor Carlos Manuel Castro Arévalo, quien
era pensionado de la empresa Puertos de Colombia. Esa mesada era su único
sustento para vivir, pues al ser el señor Jaime Luis Castro Candanoza una
persona interdicta con graves problema de salud mental, no está en condiciones
para acceder al mercado laboral. De modo que cuando se ordenó la cesación de
pagos a su nombre, porque la Registraduría le canceló la cédula de ciudadanía
que le permitía obtener el pago de las mesadas pensionales, vio amenazados sus
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud.
3.2.
Con todo, mediante las pruebas decretadas por la Corte Constitucional en el
trámite de revisión, la Sala pudo constatar que la Registraduría Nacional del
Estado Civil corrigió el problema que estaba amenazando el derecho fundamental
al mínimo vital del señor Jaime Luis Castro Candanoza, pues, de una parte,
canceló la cédula que tenía a nombre de Jaime Luis Mindiola Castro, y, de otra,
restableció la que tenía a nombre de Jaime Luis Castro Candanoza. Así lo
expresó en la Resolución N° 9003 del 29 de diciembre de 2008, aportada al
presente proceso:
“Que teniendo en cuenta el concepto de la Oficina
Jurídica Igualmente el Derecho de Petición y la Tutela emitida por el Juzgado
Segundo penal Municipal de Santa Marta-Magdalena, resulta procedente revocar
parcialmente la Resolución No.6996 del 2007 que canceló por doble cedulación,
la cédula de ciudadanía número 84.451.740 expedida en Santa Marta-Magdalena, a
nombre de JAIME LUIS CASTRO CANDANOZA, de manera que se reestablezca la
vigencia del documento, a su vez cancelar por falsada identidad la cédula de
ciudadanía número 84.086.984 expedida en Riohacha-La Guajira, a nombre de JAIME
LUIS MINDIOLA CASTRO.
Que de acuerdo al artículo 70 del Código Contencioso
Administrativo, la revocatoria directa es procedente por cuanto la peticionaria
no agotó el recurso de vía gubernativa.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la Resolución No. 6996 de 2007 dar (sic) vigencia
a la cédula de ciudadanía No. 84.451.740 expedida el 11 de diciembre de 2000 en
Santa Marta –Magdalena, a nombre de JAIME LUIS CASTRO CANDANOZA
ARTÍCULO SEGUNDO: Cancelar por falsa identidad la cédula de ciudadanía No. 84.086.984
expedida el 02 de diciembre de 1997 en Riohacha – La Guajira, a nombre de Jaime
Luis Mindiola Castro”.
3.3.
Dado que el pago de las mesadas pensionales fue suspendido a causa de la
cancelación de la cédula de ciudadanía No. 84.451.740 expedida el 11 de
diciembre de 2000 en Santa Marta –Magdalena, a nombre de JAIME LUIS CASTRO
CANDANOZA, ahora que la Registraduría Nacional del Estado Civil le dio vigencia
nuevamente, la pretensión de la accionante quedó satisfecha, pues ello permite
que el sistema de información del FOPEP no siga  registrando el mismo código de
control de errores. En consecuencia, en el presente caso, los hechos que
motivaron la presentación del amparo quedaron superados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el
presente asunto.
Segundo.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Santa Marta, del 12 de diciembre de 2008, que revocó el fallo
proferido por Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Marta el 15 de
septiembre de 2008, por los motivos expuestos en esta providencia. En
consecuencia, DECLARAR la carencia actual de objeto, en el proceso de
acción de tutela de la referencia, por tratarse de un hecho superado.
Tercero.-  Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en Comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] M.P. Jaime Sanin Greiffenstein.
[2] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] Sentencia T-045 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.