T-989-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-989/03
BONOS PENSIONALES-Demora en emisión afecta derechos
fundamentales/VIA DE HECHO-Se niega pensión por demora en emisión del
bono
BONOS PENSIONALES TIPO A-Definición
Los denominados  bonos tipo A son aquellos
que se expiden a los afiliados que se trasladan  a los Fondos Privados de
Pensiones (Régimen de ahorro individual con solidaridad). El reconocimiento de
la cuota parte en el bono tipo A  se hará ante la Oficina de Bonos Pensionales
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante la administradora de
pensiones, previa una Resolución.
BONOS PENSIONALES TIPO A-Modalidades
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para liquidación y
remisión de bonos pensionales
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por cuanto Colfondos cumplió
su obligación de pedir corrección del salario
Referencia: expediente T-777645
Peticionario: Luis Arturo García
Procedencia: Juzgado 3 Civil Municipal de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) octubre de
dos mil tres (2003).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra quien
la preside, Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
dictado el 23 de julio de 2003, por el Juzgado 3°  Civil Municipal de Bogotá,
dentro de la tutela instaurada por Luis Arturo García Muñoz contra la
Administradora  de Pensiones y Cesantías Colfondos
HECHOS
1. El señor Luis Arturo García Muñoz
realizó aportes al Instituto de los Seguros Sociales desde 1967, durante
aproximadamente  20 años, pero  se trasladó a Colfondos porque “me engañaron
en mi buena fe y me trasladé al nuevo régimen  en fecha 15 de octubre de 1998,
allí realicé algunos aportes mas y luego en vista de que quedé desempleado no
aporté más”.
2. Dice que en la fecha que se tiene en cuenta  para la
liquidación  del bono pensional tipo A, modalidad 2,  a saber, 30 de junio de
1992,   su salario era de $788.585. Sustenta su afirmación en una certificación
expedida en el año 2000 por su empleador, empresa Olivetti, en la cual figura
esta anotación: “Salario a 30 de junio de 1992: $788.585”. Sin embargo,
el tutelante indica que “el ISS asegura que no es este el valor sin
demostrármelo en ningún recibo mientras en el que yo anexo está plenamente
demostrado que ese valor  fue sobre el que se liquidó los aportes, (se
refiere a la suma de $788.585), ahora es de suma importancia para mí, ya que
sobre este valor se liquida mi bono pensional y ellos (los Seguros
Sociales)  argumentan que el valor es $372.030”
3. Dentro de lo reportado por el medio
magnético del Instituto de los Seguros Sociales, con base en el sistema de
autoliquidación de aportes mensuales, figura para 1° de mayo de 1992 un salario
del señor García Muñoz equivalente a  $372.030, a 1° de julio de 1992 el
salario reportado es de $665.070. En efecto,  en el cuadro enviado por el
Instituto de Seguros Sociales al juzgado que conoció en primera instancia la
tutela,  (folio 43 del expediente),  figura todo el tiempo laborado por el
señor Luis Arturo García Muñoz, desde el 2 de abril de 1987 hasta el 31 de
diciembre de 1994 y, en lo correspondiente a 1992, aparece  lo siguiente:
Desde                    Hasta
Salario                 Días           Semanas
1991/12/01            1992/03/01
$427.560              91              13.0000
1992/03/01            1992/05/01
$346.170              61                8.7143
1992/05/01           1992/07/01
$372.030              61                8.7143
1992/07/01           1992/11/01
$665.070            123              17.5714
1992/11/01          1993/05/01
$590.010            181              25.8571
4. Con posterioridad a la presentación de
la tutela, el Seguro Social profirió la Resolución 00650 de 18 de julio de
2003. En los considerandos de dicha Resolución se  dijo: “ el bono pensional
tipo A modalidad 2  del señor García Muñoz Luis Arturo se liquidó de acuerdo
con el salario base  tomado del reporte del sistema de historia laboral el cual
a 30 de junio de 1992 el empleador Olivetti de Colombia S. A. reportó el
salario de $372.030”.
5. El 10 de julio de 2003, el señor Luis
Arturo García Muñoz interpuso tutela contra la Administradora de Pensiones y
Cesantías  Colfondos porque consideró que se le habían violado los derechos
fundamentales a la organización familiar, la seguridad social en cuanto al pago
de la pensión de vejez y la salud. Pidió expresamente: “ordenar a la
administradora de pensiones y cesantías COLFONDOS cumpla con sus obligaciones
como administradora de mi pensión y realice las gestiones pertinentes para
aclarar con quien corresponda , se me reconozca que el valor del salario base
para la liquidación de la pensión de jubilación por vejez a que tengo derecho,
se liquide con base en el salario  de $788.585,oo. El cual corresponde al valor
correcto certificado por la empresa OLIVETTI COLOMBIANA S.A. y registrado en el
reporte de novedades del mes de junio de 199 (sic), radicado con fecha julio 15
de 1992, para efectos de reliquidar el bono pensional con la entidad Colfondos
a la cual estoy afiliado actualmente.”
6. Le correspondió conocer, por reparto, al
Juzgado 3° Civil Municipal de Bogotá. Dicho Juzgado, por auto de 14 de julio de
2003, avocó el conocimiento y le solicitó información tanto a Colfondos como al
Instituto de los Seguros Sociales, anexándoles copia del escrito de tutela.
7.Colfondos, o sea la entidad contra quien
se dirige la tutela, le indicó al juez que el señor García Muñoz está vinculado
a dicho Fondo desde el 15 de octubre de 1998 y cotizó hasta noviembre de 2001.
Y, respecto a la tramitación del bono pensional tipo A, hace el siguiente
relato:
“ En el caso que nos ocupa, la petición
del tutelante  tiene relación directa con el salario reportado a 30 de junio de
1992, que en la historia laboral corresponde  a la cotización efectuada  por el
empleador OLIVETTI COLOMBIANA S.A. nit 860.002.832.0
Con el fin de brindar para mayor claridad
al respecto, informamos el trámite y gestión adelantada por esta Administradora
con relación a la solicitud de corrección del bono pensional  del cual es
titular el tutelante:
1-  El 14 de junio de
2000, según oficio USI-BN-0920-2000, se le informó al tutelante que en esa
misma  fecha solicitamos a la empresa OLIVETTI  realizar la corrección al
salario reportada a 30 de junio de 1992.
2-  Tal como se afirma en
el numeral anterior, el mismo 14 de junio de 2000, según oficio
USI-BN-0921-2000, Colfondos solicita a la empresa anteriormente mencionada la
corrección al salario del señor García Muñoz, reportado a 30 de junio de 1992.
3-  La empresa OLIVETTI
COLOMBIANA S.A., en respuesta a nuestra solicitud anterior, allega
certificación informando que el salario a 30 de junio de 1992 correspondía a
$788.585,oo.
4-  El 11 de julio de
2000, el tutelante envía comunicado al ISS solicitando colaboración para que el
salario reportado por el empleador sea corregido en la base de datos de esa
entidad.
5-  El 16 de agosto de
2000, la doctora Ana del Socorro Giral Junca, Gerente Nacional de Historia
Laboral del ISS, da respuesta a tal solicitud, ratificándole al accionante  que
el salario reportado a junio de 1992 corresponde a $372.030,oo.
6-  El 18 de diciembre de
2000, dando respuesta a la misma inquietud, el doctor Gilberto Bello Jiménez,
funcionario del ISS del Grupo Corrección Cuentas Historia Laboral, nuevamente
confirma al tutelante lo manifestado por la doctora Giral Junca,   es decir que
el salario real reportado a junio 30 de 1992 corresponde a $372.030, razón por
la cual no es viable la corrección solicitada.
7-  El 13 de julio de
2001, Colfondos confirma al tutelante lo aclarado por el ISS, según oficio
USI-BN-1441-2001.
8-  En virtud de lo
anterior, en el mes de julio de 2002, el tutelante firma un acuerdo y
conformidad la historia laboral con el fin de que esta Administradora  continúe
con el trámite pertinente  y solicite la liquidación definitiva del bono
pensional y su emisión.
9-  El 134 de agosto de
2002, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda  y Crédito
Público autoriza la emisión del título en mención y se expide el respectivo certificado
de depósito por la firma DECEVAL S.A., entidad que custodia los títulos
expedidos a favor de nuestros afiliados. El mencionado título es enviado al
tutelante mediante oficio USI-BN-9110-2002 del 29 de octubre de 2002.
10-         El 28 de
noviembre de 2002, ante nueva reclamación del tutelante, da respuesta según
oficio VJ-PM-438-02, comunicación en la cual se reitera lo anotado a lo largo
del presente escrito.
Como puede apreciar señor Juez, con
relación a la consecución del bono pensional a favor del tutelante, Colfondos
así como todas las AFP’s, somos simples intermediarios entre el afiliado y los
emisores de los bonos pensionales. En tal sentido, la ley nos ha impuesto
obligaciones de medio –no de resultado- enderezadas a reconstruir la historia laboral
del afiliado y obtener la emisión del respectivo título y su pago, cuando a
ello hubiere lugar. En consecuencia, las AFP’s no respondemos de manera alguna
por la emisión y pago de los bonos, sino por la adecuada gestión  en ese
propósito.
En ese sentido, Colfondos ha cumplido con
su papel y en el caso particular del señor García Muñoz se ha actuado de manera
diligente, tal como puede apreciar en el detalle de la gestión realizada por
esta Administradora, demostrándose de esta forma que no se ha violado derecho
fundamental alguno”.
8. La Posición del Seguro Social aparece en
la  comunicación dirigida al juez de tutela, por la Vicepresidencia de
Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, que en lo pertinente dice lo
siguiente:
“ Para la liquidación del bono pensional
tipo A del señor García, se tuvieron en cuenta 6.712 días  representados en 959
semanas, de las cuales a partir del 1° de enero de 1995, se les aplicó la
imputación de pagos prevista en el artículo 29 del decreto 1818 de 1996
modificado por el artículo 53 del decreto 1406 de 1999, por cuanto existen
períodos no cancelados y otros cancelados extemporáneamente sin que se haya
pagado el interés respectivo.  Se aclara que para el cálculo de los bonos
pensionales un año de cotización o tiempo de servicios equivale  a 365,25 días,
acorde con lo normado  en el artículo 4  del decreto 1748 de 1995, para lo cual
se anexa  reporte de semanas, autoliss e imputación de pagos.
Adicionalmente me permito informarle:
Mediante Resolución 650 de julio 18 de
2003, cuya copia adjunto, el Seguro Social reconoció la cuota parte financiera
de bono tipo A modalidad 2 del señor García al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público por un valor de treinta y ocho millones  quinientos sesenta y dos mil
pesos ($38’562.000,oo) por el tiempo cotizado por el señor García al Instituto
de los Seguros Sociales, después del 1° de abril de 1994.
La cuota parte financiera se liquidó según
lo establecido en el articulo 16 del decreto ley 1299 de 1994, e inciso 2° del
artículo 22 del decreto 1748 de 1995 modificado por el artículo 10  del decreto
1513 de 1998.
La cuota parte financiera será pagada
según lo establecido en el decreto 1748 de 1995 de la siguiente manera:........
Mediante oficios VPBP- 2003- 6791 t 6792 de
18 de julio de 2003, cuyas copias adjunto,  se informó al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y a la AFP Colfondos  del reconocimiento de la cuota
parte  financiera del bono tipo A del señor García.
Mediante oficio  VPBP- 2003- 6793 de julio
18 de 2003, cuya copia adjunto, se informó al accionante  lo relacionado en el
reconocimiento de la cuota parte financiera de su bono pensional”.
PRUEBAS
1.
A la solicitud de tutela se adjuntó:
Constancia
de Deceval S.A. donde se dice que Colfondos, como depositante ha hecho un
depósito referente a bonos pensionales en los cuales  Luis Arturo García
aparece  como titular.
Certificación
con destino a la emisión de un bono pensional tipo A del trabajador Luis Arturo
García Muñoz, por parte de la entidad empleadora (Olivetti), en donde se dice
que el salario devengado por Luis Arturo García Muñoz, era de $788.585 el 30 de
junio de 1992.
Reporte
de novedades laborales de Olivetti.
2. Dentro del proceso de tutela se adjuntaron
al expediente las siguientes pruebas:
Comunicación del ISS al Ministerio de
Hacienda sobre cuota parte financiera del bono pensional tipo A a favor del
señor García Muñoz. Fecha: 18 de julio de 2003.
Comunicación del ISS  a Colfondos sobre
reconocimiento de la cuota financiera del bono pensional tipo A. Fecha: 18 de
julio de 2003.
Comunicación al señor García Muñoz, de 18
de julio de 2003, adjuntándole la Resolución #650 de 18 de julio de 2003 que
reconoció la cuota parte financiera de bono tipo A a favor de la Nación por
valor de $38’562.000,oo.
Trámites y reportes  del sistema de
autoliquidación de aporte mensual al ISS en lo correspondiente al trabajador
Luis A. García.
SENTENCIA
OBJETO DE REVISION
El 23 de julio de 2003,  el Juzgado 3°
Civil Municipal de Bogotá, profirió sentencia negando la pretensión del señor
Luis Arturo García. El Juzgado consideró  que existe otro medio de defensa
judicial y que no se dan las condiciones para que la tutela se otorgue como
mecanismo transitorio.
El fallo no fue impugnado.
FUNDAMENTOS
Y CONSIDERACIONES
A. COMPETENCIA
La Corte
Constitucional  es competente para revisar el fallo de tutela de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y el decreto 2591 de
1991; así mismo por la selección del respectivo expediente.
B.
TEMAS JURIDICOS A TRATAR
En el presente caso
la Corte debe analizar si se han violado o no derechos fundamentales al señor
Luis Arturo García Muñoz en la tramitación de un bono pensional tipo A.
1. Sostenibilidad futura de la pensión. Bonos pensionales
En
diferentes sentencias (T-671 de 2000, T-1103 de 2001, T-1119 de 2001, T-1124 de
2001, entre otras) se ha dicho que la
omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos
fundamentales tales como el derecho a la seguridad social, el debido proceso,
la igualdad, el derecho de petición y el mínimo vital. También se ha dicho que
se puede incurrir en una vía de hecho en las resoluciones que definen temas
pensionales. La sentencia T-671/2000 indicó:
“Se incurre en una vía de hecho si a
sabiendas de que una persona tiene el tiempo y la edad requerida, a través de
Resolución se les niega la pensión con la disculpa de que no ha llegado la
plata del bono. Esto ocurre en la gran cantidad de tutelas que se interponen
por esta razón. Particularmente grave es lo que se aprecia en algunas tutelas
objeto de revisión: con mucho esfuerzo el aspirante a jubilado consigue que se
solicite el bono, pero luego o no lo emiten o lo emiten pero no sitúan el dinero.
Lo mas inhumano es que si el afectado reclama o interpone tutela, el Seguro
Social profiera Resolución no concediendo la pensión, con el peregrino
argumento de que la ley prohibe reconocer pensiones a quien no esté amparado
por la expedición del bono y previo el envío del dinero a la Entidad
administradora de pensiones.”
No solamente las sentencias de tutela se
han referido al tema de los soportes financieros para darle sostenibilidad
futura a una pensión. En la parte resolutiva de  la sentencia C-177 de 1998, se
declaró una  constitucionalidad fue condicionada  en los siguientes
términos:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el
segundo inciso del parágrafo primero del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que
en su tenor dispone "en los casos previstos en los literales c) y d), el
cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso,
trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente al
trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora", en
el entendido de que, en los términos de esta sentencia, es deber de las
autoridades de control, y en especial de la Superintendencia Bancaria y de la
Superintendencia de Sociedades, según el caso, actuar de inmediato para evitar
que las dificultades económicas de las entidades previsionales del sector
privado y de las empresas que reconocen y pagan pensiones puedan afectar el
derecho de los trabajadores a acumular las semanas y los periodos laborados
ante distintos patronos; y que el trabajador puede exigir al empleador o a la
caja, según el caso, el traslado, con base en el cálculo actuarial, de la sumas
anteriormente cotizadas, las cuales deberán ser recibidas, salvo justa causa,
por la entidad administradora a la cual se afilie, siendo procedente la
tutela si se puede ver afectado el mínimo vital, la igualdad o el debido
proceso”. ( subraya
fuera de texto).
2. Bonos pensionales tipo A
La
ley 100 de 1993, en su artículo 118, dice que los bonos pensionales serán de tres
clases:
a) Bonos pensionales expedidos por la Nación;
b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o
entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones
Públicas del nivel nacional a que se refiere el Capítulo III del Título IV,
cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de
la caja, fondo o entidad emisora;
c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o
públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente
a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica
de bono pensional se complementará con el nombre de entidad emisora.
Los denominados  bonos tipo A son aquellos  que se
expiden a los afiliados que se trasladan  a los Fondos Privados de Pensiones
(Régimen de ahorro individual con solidaridad). El reconocimiento de la cuota
parte en el bono tipo A  se hará ante la Oficina de Bonos Pensionales del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante la administradora de pensiones,
previa una Resolución. El acto de reconocimiento debe incluir el nombre y
documento de identidad  del beneficiario del bono pensional y el valor de la
cuota parte a cargo de la entidad. El valor a pagar, cuando llegue el instante
de la redención, (tratándose de redención normal), es el valor a fecha de
corte, actualizado y capitalizado con la variación del índice de precios al
consumidor, adicionado en tres o cuatro puntos porcentuales.
Cuando se trata de  Bonos Pensionales y Cuotas Partes
a Cargo de la Nación, el artículo 121 de la ley 100 de 1993 establece:
“La Nación expedirá un instrumento de deuda pública
nacional denominado Bono Pensional, de la naturaleza y con las características
señaladas en los artículos anteriores, a los afiliados al Sistema General de
Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al Instituto de Seguros
Sociales, a la Caja Nacional de Previsión Social, o a cualquiera otra caja,
fondo o entidades del sector público sustituido por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional, y asumirá el pago de las cuotas partes a cargo de
estas entidades.
Los bonos a cargo de la Nación se expedirán con
relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente
Ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha.
Una vez  emitido el bono, su redención ocurrirá en una
fecha posterior.[1]
Existen dos modalidades de los bonos tipo A, según la
vinculación laboral del trabajador. Para el caso de la presente tutela importa
la modalidad 2, o sea los bonos tipo A que se expiden a favor de los
trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1° de
julio de 1992 (artículo 1° del decreto 1748 de 1995).
En la modalidad 2, para efectos de la liquidación, la
determinación de la fecha base –FB- está establecida en el artículo 27 del
decreto 1748 de 1995:
“La fecha base, FB, es el 30 de junio de 1992,
siempre que el trabajador tuviese una vinculación laboral válida en dicha
fecha; en caso contrario, la fecha en que finalizó su útlima vinculación
laboral válida anterior al 30 de junio de 1992”.
El salario base lo determina el artículo 28 del
decreto en mención:
“Para trabajadores que cotizaban al ISS en FB, se
tomará el último salario mensual devengado y reportado al ISS con anterioridad
a esa fecha. Se supondrá siempre que dicho salario es el mismo sobre el que
cotizaban en FB, salvo que el trabajador aporte prueba en contrario, prueba que
estará constituida por una constancia del ISS. Si el ISS informa que no obra
constancia sobre el salario devengado y reportado, el empleador expedirá una en
tal sentido, en el cual el salario devengado se calculará como en los numerales
2 y 3 siguientes de este artículo. Esto último siempre que el salario
certificado por el empleador sea compatible con el salario reportado sobre el
cual aportaba al ISS. Esto es que corresponda al rango de salarios sobre el
cual cotizaba”. ( El artículo 8° del decreto 1474 de 1997 agregó: “De lo
contrario no se tomará en cuenta el certificado del empleador”).
3. Impulso a la tramitación del bono
La solicitud
la formula la entidad administradora que por mandato de la ley ocupa el lugar
del afiliado, luego éste no es quien debe impulsar el trámite. El artículo 48
del decreto 1748 de 1995 dice:
“ Son entidades administradoras:
a) El ISS respecto a los bonos tipo B.
b) La AFP a la cual esté afiliado el
trabajador, respecto a los bonos tipo A.
Corresponde a las entidades administradoras
adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las
acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos
cuando se cumplan los requisitos  establecidos para su redención. Los afiliados
deberán suministrar  a las administradoras la información que sea necesaria y
que se encuentre  a su alcance para tramitar las solicitudes. En todo caso, las
administradoras están facultadas  para solicitar las certificaciones que resulten
necesarias, las cuales son de obligatoria expedición por parte de los
destinatarios de estas solicitudes...”
Esa  obligación implica el empleo de todos
los  medios hacia un  resultado concreto:  reconstruir con verosimilitud  la
historia laboral del afiliado y obtener la emisión del respectivo título y su
pago, cuando a ello hubiere lugar.  Debe ser una adecuada gestión  porque la
seguridad social es un servicio público y por consiguiente implica la
eficiencia en el servicio.
4. Precedente jurisprudencial sobre bonos pensionales tipo A
En
la sentencia T-438 de 2003 se analizó un caso en el cual se reclamaba por
tramitación en la emisión de bonos pensionales tipo A. Dijo la Corte:
“6. Por
lo anterior, el problema planteado por el actor no se refiere en realidad a una
vulneración de sus derechos a la pensión de jubilación, o al mínimo vital, por
el no reconocimiento de su derecho a la pensión, o por el pago parcial de su
mesada pensional, sino por la posible vulneración de sus derechos al no estar
garantizada la sostenibilidad futura de su pensión al faltar el capital
correspondiente a la cuota parte a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Por
lo tanto, corresponde a esta Sala decidir si el retardo del Instituto de
Seguros Sociales y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en expedir el
cupón correspondiente a la cuota parte del bono pensional a cargo del Instituto
de los Seguros vulnera los derechos de petición, a la seguridad social, a la
pensión y a la integridad física, como lo alega el actor.
7. Tal como lo ha sostenido la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la acción de tutela no tiene como
finalidad el reconocimiento de derechos litigiosos o prestacionales, como es el
caso de la pensión de jubilación.[2]
Sin embargo, en aquellos casos en los que la liquidación y remisión de bonos
pensionales constituye el fundamento de la violación de los derechos al mínimo
vital y a la seguridad social de las personas de la tercera edad, la Corte ha
aceptado la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo de
protección de tales derechos. Cuando se trata de esa eventualidad excepcional,
esta Corporación ha ordenado la liquidación y remisión de los bonos pensionales
a la entidad que finalmente debe reconocer y pagar una pensión, para proteger
el derecho al mínimo vital y a la seguridad social de los accionantes.”
CASO CONCRETO
1. El señor Luis Arturo García Muñoz
instauró tutela contra Colfondos porque en su sentir ha habido inexactitudes en
las informaciones requeridas para una correcta emisión del bono tipo A, en
razón de que el señor García, antes de ingresar a dicho  Fondo Privado de
Pensiones había cotizado a los Seguros Sociales y como lo hizo antes del 1° de
julio de 1992, el bono pensional tipo A también tenía la característica de
“modalidad 2”, como lo establece la ley.
2. El tutelante resalta el hecho de que
para el momento de presentar su solicitud de tutela,  la emisión de tal bono
iba a  tener en cuenta un salario ($372.030) que es menor al que realmente
recibía ($788.585) en el instante en que por mandato legal se hace la cuenta
para efectos de la tasación del bono.
Efectivamente, después de presentada la
solicitud de tutela y antes de que se profiriera el fallo de primera instancia,
los Seguros Sociales expidieron la Resolución 00650 de 18 de julio de 2003, por
la cual se reconoció la cuota parte financiera de bono pensional tipo A,
modalidad 2, a fin de que respondiera  la Nación –Ministerio de Hacienda y
Crédito Público-. Y, para la liquidación del valor del bono al instante de
dicha emisión (18/07/03), el ISS dijo:
“Que el bono pensional tipo A modalidad
2 del señor GARCIA MUÑOZ LUIS ARTURO  se liquidó de acuerdo con el salario base
tomado del reporte  del sistema de historia laboral el cual a 30 de junio de
1992 el empleador OLIVETTI COLOMBIANA S.A. reportó el salario de $372.030,oo”.
Como se aprecia, era el Instituto de los
Seguros Sociales y no Colfondos quien iba a tomar la decisión sobre la emisión
del bono y por lo tanto quien determinaría la fecha base, FB, y el salario
mensual base para la respectiva liquidación del bono.
Por consiguiente, en este aspecto,
Colfondos, como entidad demandada, no violó ni amenazó violar derecho
fundamental alguno del peticionario señor García Muñoz.
3. Está plenamente probado que en mayo y
junio de 1992 lo reportado al ISS por parte de la empresa Olivetti, como
salario del señor Luis Arturo García Muñoz fue lo siguiente: desde 1992/05/01 hasta
1992/07/01(correspondientes a 61 días):    $372.030.
El artículo 27 del decreto 1748 de 1995 indica :
“La fecha base, FB, es el 30 de junio de 1992, siempre que el trabajador
tuviese una vinculación laboral válida en dicha fecha;...”.
Se dirá que Colfondos le solicitó a la
empresa Olivetti que corrigiera el valor del salario reportado al ISS y que, en
efecto, Olivetti certificó  el 28 de junio de 2000 que para su extrabajador
Luis Arturo García Muñoz el salario a 30 de junio de 1992 era de “$788.585”.
Esta corrección fue remitida a los Seguros Sociales.
Esta discrepancia entre lo que la empresa dice que era
el salario real de su trabajador García Muñoz, para la fecha 30 de junio de
1992, y lo que realmente reportó el empleador como correspondiente a otro
salario base para la cotización a los Seguros Sociales, da lugar a un juicio
controvertido, que lo dirime la jurisdicción ordinaria laboral porque  surgen
discrepancias que no alcanzan a ser dilucidadas por el artículo 28 del decreto
1748 de 1995, ya que esta norma tiene como punto de partida la consideración de
que para los  trabajadores que cotizaban al ISS en FB, se tomará el último
salario mensual devengado y reportado al ISS con anterioridad a esa
fecha. Se supondrá siempre que dicho salario es el mismo sobre el que cotizaban
en esa fecha base. Claro que la norma permite que  el trabajador aporte prueba
en contrario, prueba que estará constituida por una constancia del ISS. Solo en
el evento de que  el ISS informe que no obra constancia sobre el salario
devengado y reportado, (que no es el caso de la presente tutela)  el empleador
expedirá una en tal sentido, en el cual el salario devengado se calculará como
lo indica el artículo 28 del decreto 1748 de 1995.  Y el artículo 8° del
decreto 1474 de 1997 agregó: “De lo contrario no se tomará en cuenta el
certificado del empleador”.
4. Por último, el peticionario también
formula la tutela porque Colfondos no hizo las gestiones debidas para se
tramitara el bono pensional tipo A. La Sala considera que el comportamiento de
la entidad demandada no violó derecho fundamental alguno del señor García
Muñoz. En efecto, existe información en el expediente de tutela que indica que
desde  el 14 de junio de 2000 Colfondos  solicitó  a la empresa OLIVETTI
realizara la corrección al salario del señor García Muñoz, reportada a 30 de
junio de 1992, y, efectivamente,  el 28 de junio de 2000 Olivetti lo hizo; el
11 de julio de 2000, se envía comunicación al ISS solicitando colaboración para
que el salario reportado por el empleador sea corregido en la base de datos de
esa entidad, pero la  Gerente Nacional de Historia Laboral del ISS  ratifica
que el salario reportado a junio de 1992 corresponde a $372.030,oo y el 18 de
diciembre de 2000, el ISS del Grupo Corrección Cuentas Historia Laboral
confirma  que el salario real reportado a junio 30 de 1992 corresponde a
$372.030, razón por la cual el ISS considera que no es viable la corrección
solicitada. Como esta decisión llega a Colfondos,  esta entidad  el 13 de julio
de 2001, la remite   al tutelante. En virtud de lo anterior, informa Colfondos,
en el mes de julio de 2002, el tutelante firma un acuerdo y conformidad a  la
historia laboral con el fin de que esta Administradora  continúe con el trámite
pertinente  y solicite la liquidación definitiva del bono pensional y su
emisión. Lo cual evidentemente ocurrió.
Por lo tanto, Colfondos cumplió con su
obligación de pedir corrección, solicitar certificado y estar pendiente  en la
tramitación del bono del tutelante. Si hay lugar o no a la corrección, es algo
que corresponde definir al Instituto de Seguros Sociales. Como la tutela no se
dirigió contra dicha Institución, sino contra Colfondos, entidad que no hace la
corrección, entonces se impone declarar la improcedencia de la acción.
En conclusión, se confirmará la decisión de
instancia, con la advertencia de que la tutela, en el presente caso, es
improcedente.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo dictado el 23 de julio de 2003 por
el Juzgado 3°  Civil Municipal de Bogotá, dentro de la tutela instaurada por
Luis Arturo García Muñoz contra la Administradora  de Pensiones y Cesantías
Colfondos, por cuanto es improcedente la acción.
SEGUNDO. Por Secretaria, LÍBRESE la comunicación
prevista por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LINETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN
HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario
(e)
[1] Ver decretos 1748/95, 1474/97, 1513/98
[2]
Sentencia  T-999 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.