T-275-97
Sentencia T-275/97
Sentencia
T-275/97
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución/SILENCIO
ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Resolución de solicitudes
Referencia:
Expediente T-122414
Acción de tutela
contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECON, por la
presunta violación del derecho fundamental de petición.
Temas:
Actor: Luz Marina
Benítez Solano.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DÍAZ.
Santafé de Bogotá
D.C., treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
La Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados
José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria
Díaz, éste último en calidad de ponente,
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN,
procede a dictar
sentencia en el proceso radicado bajo el número T- 122414.
ANTECEDENTES
1.      Hechos.
Manifiesta la
demandante que elevó dos (2) peticiones a  la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones CAPRECON, las cuales fueron radicadas los días 21 de mayo de
1995 y 14 de agosto de 1996, sin que esta la fecha haya obtenido respuesta
alguna. Señala que debido al silencio administrativo negativo surgido, solicita
se declare a través de la presente acción de tutela la nulidad del acto ficto o
presunto que negó su pensión de jubilación y subsidiaria de invalidez, por
haberse dado una incapacidad que ya ha superado los ciento ochenta (180) días,
incapacidad iniciada el 15 de marzo de 1996.
2.      Demanda.
Solicita la
demandante se condene a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECON,
al reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de acuerdo a la incapacidad
laboral declarada y que reposa en su historial médico. A su vez pide le sea
reconocida su pensión de jubilación desde el 1° de abril de 1995, fecha en la
cual voluntariamente se retiro como empleada que era de Telecom, esto debido a
que al momento de su retiro la entidad no le realizó la valoración médica
exigida legalmente al patrono cuando éste retira a un empleado. Finalmente,
anota que se le han de pagar a su vez, las mesadas adeudadas y las primas que
la ley establece para el efecto.
3.      DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
La Subsección “B” de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo
del 24 de enero del presente año resolvió denegar la presente acción de tutela.
Consideró el Tribunal que la demandante pretende la protección de un derecho de
rango legal, para lo cual tiene otros medios de defensa judicial. Por otra
parte señala que, la forma correcta de anular los efectos del acto
administrativo presunto negativo alegado por la demandante, es la propia vía
que la misma demandante señala, es decir, solicitar su anulación ante la
jurisdicción competente. Por tal motivo, y ante la existencia de otros
mecanismo de defensa judicial, la presente acción de tutela resulta improcedente.
CONSIDERACIONES
1.      Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para pronunciarse en el grado jurisdiccional de
revisión sobre el fallo de instancia, según los artículos 86 y 241 de la Carta
Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión proferir la respectiva
sentencia, de acuerdo con el Reglamento Interno de esta Corporación, y el auto
adoptado por la Sala de Selección Número Dos del 27 de febrero de 1997.
2. Existencia de
otro mecanismo de defensa judicial.
La Corte
Constitucional en numerosas sentencias a señalado que ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, la tutela no resulta procedente, a
excepción de los casos en que se presenta como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Además, es pertinente
recordar que no es del ámbito de la acción de tutela y del juez constitucional
entrar a suplir en sus actuaciones a las autoridades administrativas,
encargadas de dar eficaz respuesta a las peticiones de los administrados, y
mucho menos le corresponde entrar a resolver situación jurídicas que aún no
reconocen derechos en cabeza de alguna persona en particular. De esta manera,
es evidente la existencia de otro medio de defensa judicial en el presente caso
cual es las acciones correspondientes ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
3.      Violación del derecho fundamental de petición.
Si bien a la
demandante le asiste otro medio defensa judicial para controvertir el acto
administrativo presunto negativo que se produjo por el silencio de la entidad
aquí demandada, es cierto que dicho producido  por la entidad demandada en
relación con las peticiones ante ella elevadas por la demandante en los meses
de mayo y agosto de 1995 y 1996, respectivamente, no han obtenido respuesta de
ninguna índole, razón por la cual se viola el derecho fundamental de petición.
La Corte
Constitucional en la sentencia T-242 del veintitrés (23) de junio de mil
novecientos noventa y tres (1993)señaló lo siguiente en cuanto a la ocurrencia
del silencio administrativo negativo, la violación del derecho de petición y la
procedencia de la acción de tutela en estos casos :
“El derecho de
petición no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea
precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por
la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad
responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. La
resolución, producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala,
representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la
autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta
al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta
tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del
administrado, el mandato constitucional.
“Ahora bien, la
omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la
necesaria prontitud es de por sí una violación del derecho y acarrea la
consiguiente responsabilidad disciplinaria. Aunque ello genera, por otra parte,
la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo -que se
concreta en un acto ficto o presunto demandable ante la jurisdicción- no por
eso queda relevada la administración del deber que se le impone de resolver la
solicitud, pues sería inaudito que precisamente la comprobación de su
negligencia le sirviera de pretexto para continuar violando el derecho.
“Así lo dispone
el artículo 40, inciso 2º, del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor
la ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de
responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la
petición inicial, haciendo la salvedad del caso en que el interesado hubiere
hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el
acto ficto.
“Observa la
Corte, sin embargo, que ese eventual uso de los recursos por la vía gubernativa
no impide la acción de tutela, pues ellos no constituyen medio de defensa
judicial ante la violación y por cuanto, además, tienen un objeto distinto al
de aquella, que es la protección del derecho. Así resulta, también del artículo
9º del Decreto 2591 de 1991, que dice:
"ARTICULO
9º.- Agotamiento opcional de la vía gubernativa. No será necesario interponer
previamente la reposición u otro recurso administrativo para presentar la
solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos
administrativos, sin perjuicio de que ejerza directamente en cualquier momento
la acción de tutela".
“(...)
“De acuerdo con
lo manifestado, la obligación del funcionario u organismo sobre oportuna
resolución de las peticiones formuladas no se satisface con el silencio
administrativo. Este tiene el objeto de abrir para el interesado la posibilidad
de llevar el asunto a conocimiento del Contencioso Administrativo, lo cual se
logra determinando, por la vía de la presunción, la existencia de un acto
demandable. Pero de ninguna manera puede tomarse esa figura como supletoria de
la obligación de resolver que tiene a su cargo la autoridad, y menos todavía
entender que su ocurrencia excluye la defensa judicial del derecho de petición
considerado en sí mismo.
“De acuerdo con
lo atrás expuesto, no se debe confundir el derecho de petición
-cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad
y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide,
es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o
la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la
actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en
tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo
que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto,
proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera
independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de
la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las
normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en
juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya
defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo
la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.).
“Así las cosas,
no es admisible la tesis según la cual el silencio administrativo negativo
constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente
la acción de tutela.
“Como se ha
subrayado, se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar
judicialmente. De no ser por la presunción establecida en la ley, ella tendría
que esperar a que se produjera el acto expreso por el cual se negara o
atendiera su petición para que la respectiva acción tuviera objeto. La figura
en comento remueve este obstáculo y facilita la demanda, ya no contra el acto
manifiesto y determinado de la administración - que precisamente no se ha
producido en razón de la omisión mediante la cual se quebranta el derecho del
peticionario -, sino contra el acto que la ley presume. Se impide así que el
interesado quede expósito - en lo que atañe al contenido de la
decisión que busca obtener de la autoridad -, y que deba aguardar
indefinidamente la expedición de un acto susceptible de impugnación.
“La posibilidad
así lograda de ejercer una acción judicial no significa que el derecho
fundamental de petición haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia
jurídica tal vulneración, ni tampoco que se haga inútil o innecesaria la tutela
como garantía constitucional respecto de aquel, sino precisamente lo contrario:
el sistema jurídico, ante la negligencia administrativa que dio lugar a la
violación del derecho de petición, ha tenido que presumir la respuesta para
fines procesales referentes a la materia de lo pedido.
“En este orden de
ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la
jurisdicción la contienda sobre dicha materia - que es el asunto litigioso
objeto de la acción contenciosa - pero no un medio de defensa judicial del
derecho de petición en los términos del artículo 86 de la Carta.
“En el campo del
asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el silencio
administrativo es la mejor demostración de que se ha conculcado el derecho de
petición y el fundamento más claro para proceder a su tutela.”
De esta manera, si
bien la demandante tiene otra vía de defensa judicial para atacar el acto
administrativo presunto negativo, es cierto también que su derecho fundamental
de petición fue conculcado por CAPRECOM, razón por la cual se confirmará la
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó la tutela en lo
que tiene que ver con la improcedencia de este medio para atacar el acto
administrativo presunto negativo, y tutelar el derecho fundamental de petición.
Se ordenará a CAPRECOM para que el término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas, proceda a dar respuesta a las peticiones ante ella presentadas por la
demandante en los mese de mayo y agosto de 1995 y 1996 respectivamente.
DECISIÓN
En mérito de las
consideraciones que anteceden, la Sala Cuarta de Revisión de Tutela de la Corte
Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR en su integridad el fallo proferida por la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Segundo.- TUTELAR
El derecho de petición conculcado a la señora Luz Marina Benítez Solano. y ORDENAR,
a CAPRECOM para que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas
proceda a dar respuesta a las peticiones radicadas el 21 de mayo de 1995 y 14 de
agosto de 1996 por parte de la aquí demandante.
Tercero.
COMUNICAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para los efectos
contemplados en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991
Cópiese,
notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General