T-492-18
Sentencia
T-492/18
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Casos en que se
realizaron las cotizaciones y se prestaron los servicios con anterioridad a la
vigencia del artículo 37 de la ley 100/93
INDEMNIZACION
SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Entidades
encargadas de su reconocimiento deben tener en cuenta semanas cotizadas con
anterioridad a vigencia de la Ley 100/93
DERECHO
A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Orden a entidad accionada de reconocer y pagar indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez
Referencia:
expedientes T-6.586.789 y T-6.664.504
Expediente T-6.586.789:
acción de tutela instaurada por Rosalba Esther Corro de Carreño contra la
U.G.P.P. y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Expediente
T-6.664.504: acción de tutela instaurada por José Luis Hoyos López contra el Municipio
de Samaná
Magistrada
ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre
de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y por la magistrada Diana Fajardo Rivera,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente de las previstas en el artículo 86 y en el numeral 9 del
artículo 241 de la Constitución Política, y en el Decreto 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
Dado que la Corte Constitucional
ha analizado en varias ocasiones el problema jurídico correspondiente al asunto
de la referencia, la Sala reiterará la jurisprudencia ya existente sobre la
materia. Por lo tanto, la presente sentencia será motivada de manera breve.[1]
Mediante auto del 21 de mayo de
2018 la magistrada sustanciadora resolvió acumular los expedientes T-6.586.789[2] y T-6.664.504 para
que fueran resueltos en una misma providencia. A continuación se expondrán los
hechos y las decisiones de los jueces de tutela en cada proceso. Posteriormente
se reiterará la jurisprudencia sobre la materia y se decidirá cada uno de los
casos.
1. Expediente T-6.586.789
1.1.
El 13 de julio de 2017, Rosalba Corro de Carreño presentó acción de tutela en contra
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante, la “UGPP”), por cuanto consideró que estas
entidades vulneraron sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital.[3] La accionante, de 68
años de edad, laboró para la extinta entidad Ferrocarriles Nacionales de
Colombia entre el 5 de abril de 1983 y el 16 de noviembre de 1991, teniendo
como último cargo el de aseadora de la Sección de Servicios Generales en Santa
Marta y devengando como última asignación básica la suma de $72.905 mensuales[4].
Afirmó
que durante el tiempo en que laboró en la mencionada entidad “se me
efectuaron los descuentos de mi sueldo para cotizar a la contingencia de
pensión de vejez a través de dicha entidad pública, quien asumía directamente
el reconocimiento de las pensiones de sus trabajadores antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993”. La accionante no realizó cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones bajo la vigencia de la Ley 100 de
1993, sin embargo, el 2 de febrero de 2016 la señora Corro solicitó a la UGPP
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ya
que no había cotizado las semanas mínimas requeridas para acceder a dicha
pensión. La UGPP remitió su solicitud al Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por ser esta la entidad competente para
resolver su pretensión. El 22 de febrero de 2016, el citado Fondo negó el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de la
actora, argumentando que Ferrocarriles Nacionales de Colombia no hizo
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones para efectuar el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tal como
lo establece la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001. Al respecto precisó
que “no se hicieron cotizaciones o aportes para el riesgo de vejez al instituto
de Seguros Sociales o caja de previsión, ya que los extintos FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA asumían directamente este tipo de prestaciones económicas”.
Finalmente, indicó que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia no es una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida. La demandante afirma que es madre cabeza de familia y se encuentra
desempleada y depende de la ayuda de familiares y amigos para atender sus
necesidades básicas[5].
1.2.
El juez de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela.[6] Consideró que “la
tutela no es el medio idóneo para resolver controversias inherentes al reconocimiento
de prestaciones económicas, dado que es un asunto cuya naturaleza es de
carácter litigioso, requiriéndose de esta manera que el conflicto sea dirimido
ante la Jurisdicción respectiva en una instancia diferente a la sede de tutela”.
La demandante impugnó el fallo y este fue confirmado en segunda instancia.[7] El Tribunal que conoció
de la impugnación estimó que la acción de tutela era improcedente porque la
accionante cuenta con otros mecanismos judiciales para controvertir la decisión
de la entidad accionada de negar el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, “para lo cual puede interponer el
mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa y solicitar la suspensión provisional
de los efectos del acto administrativo, o en su defecto acudir ante la
jurisdicción ordinaria laboral según sea el caso”.
2.  Expediente T-6.664.504
2.1.
El 25 de agosto de 2017, José Luís Hoyos López presentó acción de tutela en contra
del Municipio de Samaná (Caldas) por cuanto considera que dicha entidad vulneró
sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital.[8] El accionante, de 83
años de edad, laboró para el Municipio de Samaná entre el 25 de enero de 1982 y
el 19 de septiembre de 1990, devengando como última asignación básica la suma
de $52.270 mensuales[9].
El accionante no realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, sin embargo, el 4 de agosto
de 2017 el señor Hoyos solicitó al citado Municipio el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ya que no había cotizado las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez.
El 10
de agosto de 2017 la entidad accionada negó su petición, para lo cual adujo: “antes
de la expedición de la Ley 100 de 1993, la indemnización sustitutiva sólo
estaba concebida para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales, en
función de las cotizaciones que realizaban a dicha entidad para efectos de los
riesgos de invalidez, vejez y muerte. Los servidores públicos no tenían
establecida la indemnización sustitutiva dentro de su régimen pensional y, en
el evento en que efectuaran aportes a las cajas, fondos o entidades de
previsión, estos se destinaban a garantizar la prestación de servicios médicos
asistenciales, al pago de las pensiones y de otras prestaciones tales como el
auxilio por muerte y por maternidad. Por lo tanto, es necesario indicarle que
para que los períodos servidos al sector público o cotizado con anterioridad a
la vigencia de la Ley 100 de 1993 cuenten para efectos de la indemnización
sustitutiva, es necesario que se trate de personas afiliadas al Sistema General
de Pensiones a través del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (COLPENSIONES).
Y en este orden de ideas tendrán derecho al reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva haciendo la reclamación directamente a COLPENSIONES”.
El demandante afirmó que es una persona de la tercera edad, no tiene
trabajo, por lo que no recibe ningún ingreso, y padece de diabetes mellitus[10].
2.2. El juez
de primera instancia concedió el amparo y ordenó al Municipio de Samaná “que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, realice los trámites administrativos correspondientes, para
que emita el acto administrativo de reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, de acuerdo con lo consignado en el artículo
37 de la Ley 100 de 1993, a nombre del señor JOSÉ LUIS HOYOS LOPEZ, cuyo pago
efectivo se realizará en un término que no podrá exceder 30 días calendario
siguientes a la ejecutoria del acto de reconocimiento”.[11] Consideró que, a la
luz de la jurisprudencia constitucional, el accionante tenía derecho a que se
le reconociera la prestación solicitada, y señaló: “es claro que la
afiliación a Colfondos que entiende el municipio, es indispensable para que por
su conducto se gestione la reclamación prestacional, no tiene ninguna
incidencia práctica, pues de entrada la administración municipal niega la
procedencia de tal derecho cuando alega que en vigencia de la normatividad
aplicable a su caso, dicha prestación no estaba consagrada”. La entidad
demandada impugnó el fallo y este fue revocado en segunda instancia.[12] El Tribunal que
conoció de la impugnación negó el amparo porque el accionante tiene otros
mecanismos judiciales idóneos y eficaces para controvertir la decisión del
Municipio de Samaná de negar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, además de que no demostró ninguna afectación al mínimo
vital.
3. La Corte Constitucional ha
estudiado múltiples casos en los que se discute el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a personas que realizaron sus
cotizaciones y laboraron con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo
37 de la Ley 100 1993[13]
en entidades territoriales, por medio del cual se
establece dicha prestación. De manera reiterada las distintas
Salas de Revisión de esta Corporación han señalado que la normatividad que
regula el acceso a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es
aplicable a todas aquellas situaciones previas a la entrada en vigor del
Sistema General de Pensiones. Por lo tanto, una entidad encargada de resolver
una solicitud de esa naturaleza no puede negar dicha prestación argumentando
que las cotizaciones no se realizaron en vigencia del artículo 37 de la Ley 100
de 1993, por las siguientes razones: (i) las disposiciones de la Ley 100 de
1993, al ser de orden público, son de aplicación inmediata para todos los
habitantes, incluso frente a situaciones en curso o no consolidadas a su
entrada de vigencia; (ii) el artículo 37 de la Ley
100 de 1993 no consagra ningún límite temporal para su aplicación, ni
condicionó la misma a circunstancias tales como que la persona haya efectuado
las cotizaciones con posterioridad a la fecha en que empezó a regir la Ley 100
de 1993; (iii) el artículo 13 de la Ley 100 de 1993[14] y el artículo 2º del
Decreto 1730 de 2001[15]
reconocen los períodos cotizados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 para efectos de la liquidación de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez; (iv) se debe dar eficacia a la prohibición del
enriquecimiento sin justa causa, pues no puede admitirse que la entidad que
haya recibido los aportes pensionales del peticionario se quede con estos[16]. De otra parte, en
relación con aquellos trabajadores de entidades territoriales que no fueron
afiliados al sistema pensional por la respectiva entidad territorial, ha
señalado la jurisprudencia constitucional que, al no trasladar el riesgo de
vejez del trabajador a la respectiva caja de pensiones, la entidad territorial
conserva bajo su cuenta y riesgo los aportes de financiación de la pensión de
jubilación de su ex trabajador y debe cubrir directamente la respectiva
prestación.[17]
4. En
el presente caso, que la Corte es competente para conocer,[18] la Sala considera que
la acción de tutela que Rosalba Corro de Carreño instauró contra el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la UGPP resulta
procedente.[19] De acuerdo con la jurisprudencia sobre la materia, esta
Corporación revocará las sentencias de tutela de primera y segunda instancia, y
ordenará al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez a la que tiene derecho la accionante. Está demostrado que (i) la señora
Corro laboró para la extinta Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde el 5 de
abril de 1983 hasta el 16 de noviembre de 1991; (ii) dicha entidad asumía el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de sus trabajadores antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, labor que asumió el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia ante la liquidación de
aquella; (iii) al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 la peticionaria
no había consolidado el derecho a la pensión de vejez, por lo que actualmente
es beneficiaria de la normatividad prevista en el Sistema General de Pensiones;[20] y (iv) al solicitar la
indemnización sustitutiva, la accionante tenía 66 años, por lo que cumplía el
requisito de edad de la pensión de vejez, pero no tenía las semanas requeridas
para consolidar el derecho a la prestación. Por lo
tanto, la Corte concluye que, si bien la UGPP no incurrió en negligencia
alguna, pues no era la entidad competente para reconocer la pensión reclamada, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia sí vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
5. En el caso del señor José Luis
Hoyos López, esta Sala considera que la acción de tutela por él interpuesta en
contra del Municipio de Samaná resulta procedente.[21] De acuerdo con la jurisprudencia sobre la materia, esta Corporación
revocará la sentencia de tutela de segunda instancia y confirmará el fallo de
primera instancia que ordenó a la entidad accionada reconocer y pagar la
indemnización sustitutiva de vejez del accionante. En efecto, está
demostrado que (i) el señor Hoyos laboró para el Municipio de Samaná desde el 25
de enero de 1982 hasta el 19 de septiembre de 1990; (ii) dicha entidad no
trasladó el riesgo pensional del trabajador a la respectiva caja de pensiones,
por lo que conservó bajo su cuenta y riesgo los aportes de financiación de la
pensión de jubilación del accionante; (iii) al momento de entrar a regir la Ley
100 de 1993 el peticionario no había consolidado el derecho a la pensión de
vejez, por lo que actualmente es beneficiario de la normatividad prevista en el
Sistema General de Pensiones; y (iv) al solicitar la indemnización sustitutiva,
el accionante tenía 82 años de edad, por lo que cumplía el requisito de edad de
la pensión de vejez, pero no tenía las semanas requeridas para consolidar el
derecho a la prestación. En este sentido, la Corte
concluye que el Municipio de Samaná vulneró
los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del
accionante.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.-
En el expediente T-6.586.789, REVOCAR
los fallos de tutela
proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Santa Marta el 28 de julio de 2017 y por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 19 de septiembre de 2017 por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante. En
consecuencia, ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, reconozca y pague a Rosalba Corro de Carreño la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la que tiene derecho, con
base en los lineamientos contemplados en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
Segundo.- En el expediente T-6.664.504, REVOCAR la sentencia de
segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La
Dorada el 12 de octubre de 2017, por medio de la cual negó el amparo. En su
lugar, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Samaná el 5 de septiembre de 2017, en tanto
tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del
señor José Luis Hoyos López.
Tercero.- LIBRAR las comunicaciones –por medio de la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, y DISPONER las notificaciones a las
partes –a través del Juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36
del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese y
cúmplase.
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Esta Corporación ha proferido de manera reiterada
fallos brevemente motivados cuando la naturaleza del asunto lo permite y el
caso debe decidirse con fundamento en una línea jurisprudencial amplia y
pacíficamente reiterada por esta Corporación. Véanse, por ejemplo, las
sentencias T-549 de 1995 (MP. Jorge Arango Mejía), T-098 de 1999 (MP. Antonio
Barrera Carbonell), T-396 de 1999 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1533 de 2000
(MP Carlos Gaviria Díaz), T-1006 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-054 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-392 de 2004 (MP. Jaime
Araujo Rentería), T-1245 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-045 de 2007
(MP. Jaime Córdoba Triviño), T-325 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-066 de
2008 (MP. Mauricio González Cuervo), T-706 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-085 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), T-475 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), T-457 de 2014 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), T-189
de 2015 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-025 de 2017 (MP. Aquiles Arrieta
Gómez), T-582 de 2017 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-200 de 2018 (MP.
Alejandro Linares Cantillo).
[2] El Procurador General de la Nación presentó insistencia
para que el expediente T-6.586.789 fuera seleccionado por la Corte
Constitucional para su revisión. En el escrito señaló que en el presente caso
se desconocía la reiterada jurisprudencia de la Corte sobre la materia, e
indicó: “El Fondo no puede argumentar la negativa en el reconocimiento de la
indemnización con la excusa de que no es una administradora del régimen de
prima media y que las cotizaciones se realizaron con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993; lo anterior resulta abiertamente violatorio
de las garantías fundamentales de las personas de la tercera edad, por el hecho
de que no puedan recuperar los aportes legalmente efectuados en el periodo
laboral que se traduce en una compensación para aliviar las necesidades del
adulto mayor que no alcanzó a cumplir las exigencias legales para hacerse
acreedor de una pensión de vejez”.
[3] El texto de la acción de tutela se encuentra en los
folios 1 a 17 del cuaderno 1 del expediente.
[4] A folio 19 del cuaderno 1 del expediente obra
certificado laboral de la accionante expedido por el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Así mismo, en el expediente se encuentran
los certificados de información laboral, salario base y salario mes a mes para
la liquidación de pensiones de la peticionaria (folios 23 a 29 del cuaderno 1
del expediente).
[5] De acuerdo a la consulta realizada por esta Sala en
la página www.sisben.gov.co, la accionante pertenece al Sisbén y está
calificada con un puntaje de 17.15. Así mismo, se consultó la página www.adres.gov.co, en la cual se constató que la señora
Corro está afiliada al régimen subsidiado como cabeza de familia.
[6] La acción de tutela fue conocida en primera instancia
por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta, que profirió
sentencia el 28 de julio de 2017 (cuaderno 1, folios 94-99).
[7] En segunda instancia el trámite de la referencia fue
conocido por el Tribunal Administrativo del Magdalena. El fallo correspondiente
es del 19 de septiembre de 2017 (cuaderno 1, folios 128-135).
[8] El texto de la acción de tutela se encuentra en los
folios 1 y 2 del cuaderno 1 del expediente.
[9] A folio 4 del cuaderno 1 del expediente obra
certificado laboral del accionante expedido por la Secretaria de Gobierno del
Municipio de Samaná. Así mismo, en el expediente se encuentran los certificados
de información laboral, salario base y salario mes a mes para la liquidación de
pensiones del peticionario (folios 6 a 11 del cuaderno 1 del expediente).
[10] De acuerdo a la consulta realizada por
esta Sala en la página www.sisben.gov.co, el accionante pertenece al Sisbén y
está calificado con un puntaje de 35.37. Así mismo, se consultó la página www.adres.gov.co, en la cual se constató que el señor Hoyos
está afiliado al régimen subsidiado como cabeza de familia.
[11] La acción de tutela fue conocida en
primera instancia por el Juzgado promiscuo Municipal de Samaná, que profirió
sentencia el 5 de septiembre de 2017 (cuaderno 1, folios 26-34).
[12] En segunda instancia el trámite de la
referencia fue conocido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada.
El fallo correspondiente es del 12 de octubre de 2017 (cuaderno 2, folios 4-9).
[13] “Ley 100 de 1993. Artículo 37.
Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo
cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo
de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un
salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de
semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado
de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
[14] “Ley 100 de 1993. Artículo 13. Características
del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las
siguientes características: (…)
f.
Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales
o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo
de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas
cotizadas o el tiempo de servicio”.
[15] “Decreto 1730 de 2001. Artículo 2.
Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. (…) Para determinar el monto de
la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas
cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993”.
[16] Esta posición ha sido reiterada por la
Corte Constitucional, entre otras, en las siguientes sentencias: T-972 de 2006.
MP. Rodrigo Escobar Gil; T-1088 de 2007. MP. Rodrigo Escobar Gil; T-099 de
2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa; T-386 de 2009. MP. María Victoria Calle
Correa; T-080 de 2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva; T-829 de 2011. MP. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-149 de 2012. MP. Juan Carlos Henao Pérez; T-750 de 2012.
MP. María Victoria Calle Correa; T-655 de 2013. MP. Nilson Pinilla Pinilla; T-681
de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-693 de 2014. MP. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; T-896 de 2014. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-115 de
2015. MP. Mauricio González Cuervo; T-282A de 2016. MP. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-578 de 2016. MP. Luis Ernesto Vargas Silva; T-002A de 2017. MP. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-164 de 2017. MP. Alejandro Linares Cantillo.
[17] Al respecto se puede consultar la
sentencia T-164 de 2017. MP. Alejandro Linares Cantillo.
[18] La Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con los artículos 86 y 241 (numeral
9) de la Constitución Política, y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991; y en virtud del auto del 23 de marzo de 2018 proferido por la Sala de
Selección Número Tres de 2018, que decidió escoger para revisión los expedientes
de la referencia.
[19] La Sala verifica que Rosalba Corro de
Carreño, quien actuó en nombre propio y alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales, podía interpone la acción de tutela en contra de la U.G.P.P. y
el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, autoridades
públicas que supuestamente transgredieron sus derechos. Igualmente, la Sala considera
que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, no es procedente alegar la
inmediatez en la interposición de la acción de tutela cuando el desconocimiento
del derecho fundamental alegado efectivamente subsiste a pesar del paso del
tiempo, tal como ocurre con el no reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez. De otra parte, la Sala advierte que la
acción de tutela es en este caso el medio idóneo y eficaz para proteger los
derechos fundamentales de la accionante, pues se trata de un sujeto de especial
protección constitucional, toda vez que la señora Corro tiene 68 años de edad y
es madre cabeza de familia, se encuentra desempleada y no recibe ingresos, por
lo que la falta de pago de la indemnización sustitutiva genera una afectación
directa a su derecho a la seguridad social y el proveerse de recursos para su
manutención. Además, la peticionaria ha obrado diligentemente en la búsqueda
del reconocimiento de su derecho prestacional y manifestó que dadas sus
precarias condiciones económicas no se encuentra en condiciones de afrontar un
proceso judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
[20] Si bien es cierto el Decreto 1590 de 1989,
“Por el cual se establece un régimen de pensiones e indemnizaciones para la
empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación”, estableció
una indemnización para aquellos trabajadores que en desarrollo de la
liquidación de la mencionada entidad se les suprimiera el cargo que
desempeñaban y no cumplieran los requisitos para obtener una pensión, no puede
equipararse dicha indemnización con la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, prestación que, como lo ha reconocido esta Corte, tuvo su origen en
la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez que reclama la peticionaria debe reconocerse con fundamento en las normas
de la Ley 100 de 1993, y no en normas contenidas en regímenes especiales.
[21] La Sala verifica que José Luis Hoyos López,
quien actuó en nombre propio y alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales, podía interpone la acción de tutela en contra del Municipio de
Samaná, autoridad pública que supuestamente transgredió sus derechos.
Igualmente, la Sala considera que, de acuerdo a la jurisprudencia
constitucional, no es procedente alegar la inmediatez en la interposición de la
acción de tutela cuando el desconocimiento del derecho fundamental alegado
efectivamente subsiste a pesar del paso del tiempo, tal como ocurre con el no
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. De otra
parte, la Sala advierte que la acción de tutela es en este caso el medio idóneo
y eficaz para proteger los derechos fundamentales del accionante, pues se trata
de un sujeto de especial protección constitucional, toda vez que el señor Hoyos
tiene 83 años de edad, se encuentra desempleado y no recibe ingresos, por lo
que la falta de pago de la indemnización sustitutiva genera una afectación
directa a su derecho a la seguridad social y el proveerse de recursos para su
manutención. Además, el peticionario ha obrado diligentemente en la búsqueda
del reconocimiento de su derecho prestacional y manifestó que dadas sus
precarias condiciones económicas no se encuentra en condiciones de afrontar un
proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria, ya que el resultado del
proceso podría superar sus expectativas de vida.