T-486-19
Sentencia T-486/19
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
PRESCRIPCION
EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO
PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO-Requisitos
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Discriminación de género en las
decisiones judiciales
(i) Omisión de toda actividad investigativa y/o la
realización de investigaciones aparentes; (ii) falta de exhaustividad en el
análisis de los elementos de juicio o revictimización en la recolección de
pruebas; (iii) utilización de estereotipos de género para tomar decisiones; y
(iv) afectación de los derechos en su condición de víctimas
ENFOQUE DE GENERO-Importancia
en las decisiones judiciales sobre violencia contra la mujer
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no existir defecto fáctico ni sustantivo en proceso de
pertenencia
Referencia:
Expediente T-7.269.055
Asunto:
Acción de tutela instaurada por la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento contra
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot (Cundinamarca)
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, dieciocho
(18) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de
Cundinamarca, Sala Civil-Familia, el 11 de febrero de 2019, en la que se
resolvió confirmar el fallo emitido el 18 de diciembre de 2018 por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Girardot (Cundinamarca), a través del cual se
denegó la acción de tutela presentada por la señora Sandra Patricia Mora
Sarmiento contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma
ciudad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
relevantes
1.1.1. El 30 de agosto de 2016, la
señora Sandra
Patricia Mora Sarmiento, por medio de apoderado judicial, presentó demanda de
pertenencia contra las herederas del difunto Edgar Javier Posada Herrera y
personas indeterminadas, ante el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Girardot, con el fin de adquirir la
propiedad de un bien inmueble respecto del cual alegaba su posesión, a través
del modo de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio[1].
1.1.2. De acuerdo con la demandante, el
propietario del inmueble pretendido que aparece inscrito en el certificado de
tradición falleció desde el 23 de mayo de 2004; por lo que el 18 de abril de
2005 la señora Mora Sarmiento y su excompañero sentimental celebraron con el
apoderado general de las herederas del difunto una promesa de compraventa sobre
el predio referido, ocupándolo a partir del 5 de mayo de ese año.
1.1.3. La demandante asegura que a la
fecha de interposición de la demanda de pertenencia no se había registrado la
sucesión del propietario del inmueble, de suerte que tampoco se había podido
perfeccionar la compraventa.
1.1.4. Igualmente, afirma que, desde el
año 2005, ha poseído materialmente el inmueble y ha pagado todos los impuestos
prediales y las facturas de servicios públicos, así como ha costeado sus mejoras,
lo que demuestra su ánimo de dominio y el ejercicio de buena fe, pacífico,
público, ininterrumpido y exclusivo de su posesión sobre el bien.
1.1.5. Al juicio de pertenencia acudió
el excompañero sentimental de la demandante, quien actuó dentro del litigio
tanto como apoderado de una de las herederas determinadas del occiso como en
causa propia, dada su condición de promitente comprador del inmueble,
proponiendo en reconvención una demanda verbal reivindicatoria de dominio sobre
el predio.
1.1.6. En sentencia del 21 de septiembre
de 2018, el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot negó las pretensiones de la demanda
principal de pertenencia, al considerar que la demandante no había acreditado
el presupuesto de tiempo requerido por la ley para la prescripción
extraordinaria adquisitiva de
dominio (10 años)[2].
Y declaró la falta de legitimación en la causa por activa dentro de la demanda
de reconvención.
1.1.7. A juicio del juzgado civil
cuestionado, el análisis conjunto del acervo probatorio recaudado durante el
proceso, permitió constatar que, si bien la señora Mora Sarmiento tenía bajo su
poder el inmueble pretendido con verdadero ánimo de señora y dueña, no había
ejercido dicha posesión exclusiva por el lapso de 10 años continuos e
ininterrumpidos que requiere la legislación para adquirir el dominio del
inmueble por el modo de la prescripción extraordinaria. Esto por cuanto no
logró desvirtuar la coposesión del inmueble durante el tiempo de convivencia
con su excompañero permanente, contra quien tampoco dirigió la demanda de
pertenencia.
1.2. Solicitud
de amparo constitucional
Con fundamento en los hechos descritos, el
5 de diciembre de 2018, la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento
interpuso acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, los
cuales estima vulnerados por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Girardot, al
negar la
pertenencia sobre el inmueble pretendido que, según afirma, se encuentra bajo
su posesión, por lo que solicita dejar sin efectos la sentencia del 21 de
septiembre de 2018 dictada por el juzgado accionado, y que se ordene proferir
un nuevo fallo.[3]
En primer lugar, la accionante
transcribe, de manera no muy precisa, un aparte del audio de la sentencia
dictada en el proceso de pertenencia, la cual, en su criterio, sirvió de base
al juez de conocimiento para negar sus pretensiones. Puntualmente, se trata de
lo dicho por el juez a partir de la hora 04:38:12:
“… lo más importante de cuando comenzó
esta posesión, como ha quedado demostrado el 8 de marzo de 2011, la accionante
en el “acta de conciliación con acuerdo” visto a folio 118 de la pertenencia le
solicito al Dr. JOSE URIEL CABEZAS, quien era su compañero permanente “… yo le
pido que me respete en todo momento, que me permita ingresar a la casa sin
violencia alguna…” de donde se desprende que estaba reconociendo que quien estaba
ocupando la casa era otra persona quien tenía la coposesión con la demandante,
es decir existen suficientes pruebas para determinar que por ser compañeros permanentes
eran coposeedores del bien. Coposesión que al parecer se extendió hasta el año
2014, cuando se presentó la última agresión entre los compañeros permanentes…”[4]
Con base en lo anterior, la accionante
sostiene que el juez de la causa incurrió en un defecto fáctico porque valoró los actos de
violencia -física y verbal- a los que fue sometida por su expareja sentimental como una
interrupción de la posesión, victimizándola en razón del género, al haber
puesto en duda la violencia ejercida en su contra para quitarle la tenencia del
bien y utilizar tal circunstancia a favor de su contraparte.[5]
En este orden de ideas, la actora cita la Ley 1257 de 2008[6],
artículo 8, literal i), sobre el derecho a la verdad, la justicia, la
reparación y garantía de no repetición frente a los hechos constitutivos de
violencia[7],
y artículo 17, literal k) del mismo estatuto legal, referido a la medida
provisional de protección del uso y disfrute de la vivienda familiar en casos
de violencia intrafamiliar[8].
En segundo lugar, considera que el
juzgador no apreció el conjunto de pruebas aportadas al proceso tales como los
pagos de impuestos y servicios públicos, las facturas de gastos por mejoras,
los testimonios y la inspección judicial en cuyo desarrollo se aportaron otros
documentos que demuestran que es la dueña del inmueble, sin reconocer dominio
ajeno y ejerciendo de buena fe la posesión, en forma pacífica, exclusiva,
continua, pública e ininterrumpida.
En tercer lugar, afirma que el juzgado dictó
un fallo subjetivo, ya que en lugar de tener en cuenta la denuncia por
violencia intrafamiliar que hizo en el año 2014, como una prueba de la
coposesión que existía sobre el inmueble, debió, en su lugar, considerar que
este último evento lo que demostraba era un acto de defensa de su posesión.[9]
Finalmente,
sin argumentación alguna, la demandante considera que en el fallo cuestionado
se presenta un defecto sustantivo, debido a la falta de congruencia entre los
fundamentos y la decisión[10],
de conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012[11].
1.3.
Contestación de la tutela por parte del Juzgado Segundo Civil Municipal de
Girardot (Cundinamarca)
El Juez Segundo
Civil Municipal de Girardot solicitó negar el amparo solicitado, ya que –en su
opinión– la decisión proferida por su despacho no puede ser catalogada como una
vía de hecho, en la medida en que fue respetuoso del derecho de defensa y observó
las formas propias del juicio de pertenencia, sin afectar el debido proceso, ni
ningún otro derecho fundamental de la tutelante. En cuanto al reparo de
victimización de la accionante, el juzgador sostuvo que:
“En
cuanto a que el suscrito victimizó a la accionante, se ha de decir que no es
así y si se tuvo en cuenta la prueba documental allegada a los procesos fue
para de allí extractar que no se cumplía con el plazo dispuesto para adquirir
el bien por usucapión, ya que no solo se tuvo en cuenta la documentación
allegada sino todas las pruebas en conjunto en donde entre otras pruebas se
tuvo en cuenta la denuncia penal por los hechos ocurridos el 26 de diciembre de
2010. Y en donde además se tuvo en cuenta que entre la accionante y el
demandado JOSÉ URIEL CABEZAS MORENO existió una unión marital de hecho y si
fueron tenidos en cuenta los documentos vistos a folios 117 a 123 se hizo para
corroborar tal afirmación. No se puede perder de vista todo el contexto de lo
allí explicado pues luego de hacer mención a lo solicitado por la accionante en
el “ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO” vista a folio 118 de la pertenencia, se
logró entender que la demandante en pertenencia para esa fecha estaba
reconociendo a su compañero permanente como poseedor, más no para hablar de
alguna interrupción de la posesión.
Cabe
precisar que en la misma sentencia y al record 4:29:10, en materia del
requisito de continuidad en la posesión se dijo: ‘Que la posesión ocurra
ininterrumpidamente durante el lapso dispuesto por la Ley. Cabe aclarar que
esta continuidad consiste en la sucesión regular de dichos actos, a intervalos
suficientes para que no haya lagunas. No es que se requiera el manejo y uso
constante de la cosa, a todo momento y sin intervalos; la continuidad resulta
de una serie de hechos cumplidos a espacios normales, como podría realizarlos
un propietario cuidadoso con el ánimo de obtener del bien todo el provecho
posible’. De donde se ha de inferir que lo alegado por la accionante no es
cierto.
De
igual forma y se insiste no es cierto que no hayan sido valoradas las pruebas
en su conjunto, lo que bien se ha de inferir de lo argumentado en la sentencia,
a lo que se puede agregar que no es cierto que la señora SANDRA PATRICIA MORA
SARMIENTO se (sic) la ‘dueña’ del predio, pues de ser así no se había necesitado
acudir al proceso de pertenencia  y si ha ejercido la posesión en la forma como
lo alega ha debido demostrarlo dentro del proceso y lo más importante por el
tiempo estipulado en la ley.
Por
otro lado cuando se acusa el fallo de ser ‘subjetivo’, cuando se dice que la ‘coposesión
que al parecer se extendió hasta el año 2014, cuando se presentó la última
agresión entre los compañeros permanentes’, se ha de explicar que a folio 121
del proceso de pertenencia, en el hecho ‘PRIMERA’ se dice que entre el
demandado JOSÉ URIEL CABEZAS MORENO y la accionante existió una unión marital
de hecho que se extendió hasta el 15 de enero de 2014, asunto que no fue
ventilado y menos objetado de dicha denuncia, pues lo que ocurrió fue que las
partes decidieron dar por terminado el proceso, lo que se corrobora a folio 123
del cuaderno de pertenencia y si el Despacho hizo alusión a dichos documentos
para de allí extractar alguna fecha, se ha de entender que lo hizo como fecha
de inicio de los actos de posesión que pudiera ejercer la accionante, el que
ahora fue nuevamente interrumpido al presentarse la demanda.
En
síntesis lo discutido por la accionante fue un tema de debate en su oportunidad
procesal, en donde luego de valorar y sopesar las alegaciones de las partes se
concluyó que no se debían acoger las pretensiones, por la potísima razón que no
fue acreditado que la señora SANDRA PATRICIA MORA SARMIENTO, viniera ejerciendo
actos de posesión como señora y dueña de la casa con diez años de antelación al
30 de agosto de 2016, fecha de la presentación de la demanda, pues por los años
2006, 2007 y otros más existió una unión marital de hecho con el demandado JOSÉ
URIEL CABEZAS MORENO.
Se
precisa que la parte accionante estuvo asistida desde siempre por su abogado de
confianza Dr. BERNARDO PERDOMO RODRÍGUEZ, quien actuó de manera ejemplar en
todas las etapas del proceso y estuvo atento a todas las decisiones y
actuaciones del Despacho, por lo que no es posible a estas horas alegar que no
se haya respetado el principio de igualdad entre las partes, contemplado
expresamente en el artículo 40 del Código General del Proceso, en donde no
tiene ninguna aplicación el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y menos el
artículo 15 de la Ley 360 de 1997.”[12]
II. SENTENCIAS
OBJETO DE REVISIÓN Y PRUEBAS REVELANTES
2.1. Primera
instancia
En sentencia del 18 de
diciembre de 2018, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot negó el amparo
solicitado, al considerar que las razones en las que se funda la tutela no
logran configurar los defectos alegados por la accionante. Como primera medida,
en criterio del a quo, una vez revisada la sentencia proferida por el
juzgado accionado, “no se encuentra que se haya victimizado a la accionante,
en tanto que, la enunciación de una situación acaecida con anterioridad al
proceso de pertenencia, no conlleva a la vulneración de derecho alguno de la
actora (...), mucho menos quiso el juzgado de conocimiento volver sobre los
hechos de violencia que ocurrieron, sino que tal evento dio lugar a determinar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la alegada posesión de la
demandante”[13].
Por otra parte, “tampoco se encuentra
que el juzgado accionado haya ido en contravía del principio de congruencia,
pues si bien la sentencia fue desfavorable a las pretensiones de la hoy actora,
no significa que los argumentos que motivaron el fallo sean incongruentes con
la parte resolutiva, pues bien se observa que la razón por la que se negó
finalmente la acción de pertenencia obedeció a que la parte demandante (...) no
acreditó todos los presupuestos para la procedencia de la acción de
prescripción adquisitiva de dominio”[14].
2.2. Impugnación
En escrito del 14 de enero de 2019, la
accionante impugnó la decisión del juez de primera instancia. Para el efecto, argumentó
que la citada autoridad judicial no realizó ningún análisis fáctico ni jurídico
para sustentar su decisión. Y reiteró los argumentos de la demanda de tutela
sobre la presunta ocurrencia del defecto fáctico en la decisión cuestionada,
por razón de (i) la victimización de género, (ii) la falta de valoración de las
pruebas aportadas y (iii) el supuesto fallo subjetivo, circunstancias que –a su juicio– llevaron al
juez de conocimiento a la conclusión de que había operado la interrupción de la
posesión sobre el inmueble que pretendía adquirir por usucapión.
2.3. Segunda instancia
En sentencia del 11 de febrero de 2019, el Tribunal Superior de
Cundinamarca Sala Civil-Familia decidió confirmar la decisión del
a-quo, al considerar que el fallo se soportó en fundamentos razonables, “toda
vez que la demandante no cumplió ‘con los requisitos legales’ (…) por cuanto de
la valoración conjunta de las pruebas (…) se tiene que no ejerció la posesión
por el término extraordinario de dominio”.
2.4. Pruebas
Con el
expediente no se acompañó ningún elemento de prueba.
III. REVISIÓN
POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
3.1. Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 15 de
marzo de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Tres.
3.2. Actuaciones
surtidas en sede de revisión
Por considerarlo
indispensable para adoptar una decisión de fondo, en Auto del 20 de mayo de
2019, el Magistrado Sustanciador ordenó al Juzgado Segundo Civil Municipal de
Girardot el envío de la totalidad de cuadernos que contienen las actuaciones
surtidas en el proceso verbal de pertenencia radicado con el número 25307-40-03-002-2016-00352-00,
iniciado por la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento contra las
herederas del difunto Edgar
Javier Posada Herrera y personas indeterminadas.
En la medida en
que el expediente no fue remitido en la fecha dispuesta para el efecto, la Sala
procedió a requerir de nuevo su envío y suspendió el término para fallar el
expediente hasta el 26 de agosto del año en curso, mediante Auto del 20 de
junio de 2019.
3.3. Delimitación del
caso, problema jurídico y esquema de resolución
3.3.1. Antes de plantear el problema
jurídico, la Sala considera necesario delimitar el contenido de la demanda, ya
que, al analizar la configuración de los defectos planteados, se encuentra que algunos
de ellos versan sobre los mismos puntos de derecho, lo que exige que su
análisis se efectúe en conjunto. Asimismo, se observa que los argumentos que fueron
planteados por la demandante para sustentar el defecto fáctico de la sentencia
podrían, a su vez, fundamentar la ocurrencia del defecto sustantivo alegado. Veamos.
Para comenzar, se observa que los cargos
propuestos por la accionante son los siguientes: (i) indebida valoración de los actos de
violencia a los que fue sometida por su expareja sentimental, al considerar tales
hechos como
una interrupción de la posesión; (ii) inaplicación del artículo 8,
literal i), de
la
Ley 1257 de 2008, sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la
garantía de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, y del
artículo 17, literal k), del mismo estatuto normativo, referente a la medida
provisional de protección del uso y disfrute de la vivienda familiar en casos
de violencia intrafamiliar; (iii) falta de apreciación de las pruebas aportadas
al proceso que demostraban su calidad de dueña del inmueble; (iv) emisión de un
fallo subjetivo al apreciar como prueba del término de la coposesión que
existía sobre el inmueble, el último evento de agresión entre la accionante y
su excompañero sentimental, en lugar de considerar tal suceso como un acto de
defensa de la posesión de la actora frente al inmueble en disputa; y (v) falta
de congruencia entre los fundamentos y la decisión, de conformidad con el
artículo 281 de la Ley 1564 de 2012.
La Sala observa que el conjunto de
reproches formulados puede ser objeto de análisis bajo cuatro cargos generales,
como a continuación se expone:
(a) Defecto fáctico por la
indebida apreciación de las pruebas que demostraban el cumplimiento del
término de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por parte de
la accionante, en la que deberán examinarse los cargos (i) y (iv)
enunciados en el párrafo anterior, en tanto los dos están dirigidos a demostrar
que la valoración efectuada por el juez de los actos de violencia
intrafamiliar sucedidos entre la demandante y su expareja sentimental no
podían configurar, a su juicio, la interrupción de la posesión del inmueble.
(b) Defecto fáctico por la falta
de  apreciación de pruebas que obraban en el expediente y demostraban la
calidad de dueña del inmueble de la accionante, en la que deberá
examinarse el cargo (iii) enunciado en el párrafo anterior.
(c) Defecto sustantivo por la
inaplicación de las normas de la Ley 1257 de 2008[15]
que se refieren a la protección de las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, en la que tendrá que examinarse el cargo (ii) enunciado en
el párrafo anterior.
(d) Defecto sustantivo por la
inobservancia del deber de que toda sentencia guarde congruencia entre los
fundamentos y la decisión, de conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564
de 2012, en la que deberá examinarse el cargo (v) enunciado en el párrafo
anterior.
3.3.2. Hecha
esta precisión, la problemática jurídica que le corresponde inicialmente examinar a
la Corte pasa por verificar la acreditación de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En caso de
resultar favorable, se proseguirá con el estudio de la controversia de fondo,
la cual se contrae a determinar si el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Girardot vulneró los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad de la
accionante, al incurrir, a su juicio, (i) en un defecto fáctico por la indebida
apreciación de las pruebas que demostraban el cumplimiento del término de la
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio; (ii) en un defecto fáctico
por la falta de  apreciación de pruebas que obraban en el expediente y
demostraban la calidad de dueña del inmueble; (iii) en un defecto sustantivo
por la inaplicación de las normas de la Ley 1257 de 2008 que se refieren a la
protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; y (iv) en un defecto
sustantivo por la inobservancia del deber de que toda sentencia guarde
congruencia entre los fundamentos y la decisión, de conformidad con el artículo
281 de la Ley 1564 de 2012.
3.3.3. Con el fin de resolver los problemas
propuestos, esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia constitucional en
torno a (i) las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En caso de que ellas estén acreditadas en el asunto
bajo examen; se continuará con (ii) el estudio de las causales específicas
relacionadas con los defectos alegados; luego de lo cual (iii) se hará una
breve exposición de la legislación civil en materia de prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio, y (iv) de la jurisprudencia sobre el
enfoque de género en la administración de justicia. Por último, con sujeción a
lo expuesto, (iv) se abordará la solución del caso concreto.
3.4. De la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.4.1. Planteamientos generales
3.4.1.1. De acuerdo con el artículo 86
de la Constitución, la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario
de defensa judicial, cuya finalidad es la protección de los derechos
fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular,
en los casos previstos en la Constitución y en la ley. Tal como se estableció
en la Sentencia C-543 de 1992[16], por regla
general, el recurso de amparo es improcedente cuando se pretenden cuestionar
providencias judiciales, en respeto de los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial y de la garantía procesal de la cosa
juzgada.
3.4.1.2. Sin embargo, en dicha oportunidad,
también se estableció que, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, “no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa
condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales”[17]. En este
sentido, si bien se entendió que, en principio, el amparo no procede contra
providencias judiciales, se concluyó que es excepcionalmente viable su uso como
mecanismo subsidiario de defensa, cuando de la actuación del juez se produzca
la violación o amenaza de un derecho fundamental.
Se trata entonces de un instrumento
excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del
juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales la
tornan incompatible con los mandatos previstos en el Texto Superior. Por esta
razón, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio
de validez”[18], lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que dieron
origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los recursos
judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir las
decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta. No
obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la
arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita el
uso del amparo tutelar.
3.4.1.3. En desarrollo de lo expuesto,
en la Sentencia C-590 de 2005[19], la Sala Plena
de esta Corporación estableció un conjunto sistematizado de requisitos de
naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados, en cada caso
concreto, como presupuestos ineludibles para la protección de los derechos
afectados por una providencia judicial. Dichos requisitos fueron divididos en
dos categorías, a saber, los generales que se refieren a la procedibilidad de
la acción de tutela, y los específicos que se relacionan con la tipificación de
las situaciones que conducen a la vulneración de los derechos fundamentales,
especialmente del derecho al debido proceso.
3.4.1.4. Los requisitos de carácter general,
conforme se expuso, se refieren a la viabilidad procesal de la acción de tutela
contra providencias judiciales y son esenciales para que el asunto pueda ser
conocido de fondo por el juez constitucional. La verificación de su
cumplimiento es entonces un paso analítico obligatorio, pues en el evento en
que no concurran en la causa, la consecuencia jurídica es la declaratoria de
improcedencia. Lo anterior corresponde a una inferencia lógica de la dinámica
descrita vinculada con la protección de la seguridad jurídica y la autonomía de
los jueces, ya que la acción de amparo no es un medio alternativo, adicional o
complementario para resolver conflictos jurídicos. Por el contrario, en lo que
respecta a los requisitos de carácter específico, se trata de defectos en sí
mismos considerados, cuya presencia conlleva el amparo de los derechos
vulnerados, así como a la expedición de las órdenes pertinentes para proceder a
su amparo, según las circunstancias concretas de cada caso.
3.4.2. Sobre los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales
3.4.2.1. La Corte ha identificado los
siguientes requisitos generales que, según lo expuesto, habilitan la
procedencia de la acción de amparo, a saber: (i) que la cuestión discutida
tenga relevancia y trascendencia constitucional; (ii) que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance
del afectado, salvo que se invoque la tutela para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable; (iii) que la acción se interponga en un término
razonable y proporcional a partir del hecho que originó la vulneración, es
decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad
procesal alegada, de existir, tenga un impacto decisivo en el contenido de la
decisión; (v) que el actor identifique los hechos constitutivos de la
vulneración y que, en caso de ser posible, los hubiese alegado durante el
proceso en las oportunidades debidas; y (vi) que el fallo
impugnado no se trate de una acción de tutela, ni de una decisión de
constitucionalidad abstracta proferida por este Tribunal o por el Consejo de
Estado[20].
3.4.2.2. Cabe destacar
que, en lo que lo que atañe al requisito de procedibilidad (v), la
jurisprudencia constitucional ha indicado que, salvo que los hechos
constitutivos de la vulneración sean evidentes, es necesario que los mismos
sean alegados con suficiencia y precisión por el peticionario. Esto no
controvierte la informalidad que caracteriza a la acción de tutela pues, en
tratándose de la procedencia del amparo constitucional contra providencias
judiciales, el ordenamiento constitucional también resguarda la seguridad
jurídica y la autonomía de los jueces. Por lo demás, igualmente resultaría
desproporcionado exigirle al juez constitucional que revisara nuevamente un
proceso, con el fin de descubrir si, por alguna circunstancia, se conculcó un
derecho fundamental del demandante, ya que, en dicho caso, la acción de amparo
constitucional desconocería su naturaleza de ser un mecanismo subsidiario de
defensa judicial.
La identificación por
parte del demandante de los hechos constitutivos de la vulneración, en criterio
de la Corte, adquiere una especial relevancia en sede de amparo constitucional.
En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo,
adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de
forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia
jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez
constitucional han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus
derechos fundamentales están siendo trasgredidos. Igualmente, deben demostrar
que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su
defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.
En este sentido, si lo
que se está cuestionando es que la autoridad judicial cometió un vicio que
conlleva la vulneración de derechos fundamentales mediante su providencia, ya
sea por una indebida justificación que transgrede el orden constitucional, por
la ausencia de motivación o por una deficiente apreciación de los medios
probatorios, es menester alegar –precisamente– cómo se materializa tal defecto
y en qué incide en la situación que se plantea como vulneradora de los derechos
fundamentales.
3.4.2.3. Por fuera de lo anterior, es
claro que, siempre que la acción de tutela contra una providencia judicial
resulte procedente, en el entendido que se acrediten los requisitos generales
previamente expuestos, es posible examinar de fondo el asunto para determinar si
se presentan las causales específicas de prosperidad de la acción, en cuyo caso
se concederá el amparo de los derechos fundamentales comprometidos, y se
procederá a la expedición de órdenes para proceder a su reparación.
3.4.2.4. En este orden de ideas, según
la Sentencia C-590 de 2005[21], los defectos
específicos de prosperidad de la acción contra providencias judiciales son los
siguientes: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv)
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) carencia absoluta de
motivación; (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de
la Constitución.
3.4.2.5. En conclusión, la acción de
tutela contra providencias judiciales es procesalmente viable de manera
excepcional, en aquellos casos en que se cumplen los requisitos generales que
avalan su procedencia. Una vez la autoridad judicial resuelva afirmativamente
dicha cuestión, el juez de tutela ha de determinar si, en el caso bajo estudio,
se configura alguna de las causales específicas o defectos de prosperidad
definidos por esta Corporación, caso en el cual se otorgará el amparo
solicitado.
3.5. Del examen de los requisitos
generales en la causa objeto de la controversia
Antes de abordar el estudio de los
defectos alegados por la demandante, la Sala analizará la viabilidad procesal
de la causa. Este examen incluye el estudio de la observancia de las exigencias
básicas que permiten la prosperidad del amparo establecidas en el artículo 86
de la Constitución y desarrolladas en el Decreto 2591 de 1991, además de la
revisión sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
3.5.1. Para comenzar, no cabe duda de
que la accionante acredita el cumplimiento del requisito de legitimación en
la causa por activa ya que, por una parte, actúa en nombre propio en su
condición de persona natural y, por la otra, es quien supuestamente se ve
afectada en los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, debido proceso e igualdad. En efecto, la tutela fue interpuesta por
quien fue demandante en un proceso de pertenencia del cual salió vencida en decisión
proferida por el
Juzgado
Segundo Civil Municipal de Girardot, al cual acusa de desconocer las
garantías fundamentales previamente señaladas, por la ocurrencia de los supuestos
defectos fáctico y sustantivo descritos en el acápite 3.3.1 de esta
providencia.
3.5.2. Por otra parte, el amparo se
instauró en contra del Juzgado Segundo Civil Municipal de
Girardot,
lo que exterioriza el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa
por pasiva, ya que las autoridades judiciales no están excluidas de ser
sujetos de la acción de tutela, cuando quiera que con sus actuaciones u
omisiones vulneren o amenacen derechos fundamentales. Tal circunstancia es la
que precisamente se alega en esta oportunidad, al considerar, a juicio de la
demandante, que la citada autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
3.5.3. En lo que respecta al requisito
de inmediatez, este Tribunal encuentra que este se cumple por cuanto la
acción de tutela fue interpuesta el 5 de diciembre de 2018, mientras que la
sentencia cuestionada fue proferida el 21 de septiembre del año en cita. Esto
significa que el amparo se presentó sin superar siquiera tres (3) meses, plazo
que se estima razonable y proporcionado para el ejercicio del derecho de
acción.
3.5.4. Frente al cumplimiento del
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, esta Sala de
Revisión advierte que no cabe ningún recurso contra la sentencia proferida el
21 de septiembre de 2018 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Girardot. Al
respecto, se destaca que, en atención a que el proceso tramitado era una
pertenencia de mínima cuantía, en la celebración de la audiencia de que trata
el artículo 392 del Código General del Proceso, el juez indicó que: “[c]ontra
el presente fallo no procede el recurso de apelación. Queda en firme”[22].
Esto significa que
la providencia cuestionada es una sentencia de única instancia que, de no
prosperar la acción de tutela, quedaría amparada de forma definitiva por la
garantía de la cosa juzgada, en especial, si se advierte que frente a esta controversia
no caben los recursos extraordinarios de casación[23]
y de revisión[24].
3.5.5. También se acredita el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, puesto que la
discusión que se plantea gira en torno a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido
proceso e igualdad, con un impacto directo en la reclamación del acceso a la
propiedad a través del modo de prescripción extraordinaria de dominio de una
mujer, al parecer, víctima de violencia de género. Este último tema corresponde
a un problema estructural que le compete al Estado y que lo obliga a actuar a
partir de un enfoque de género, desde sus diversas dependencias, incluida la
Rama Judicial.
3.5.6. En el asunto bajo examen, se
observa que no se alega la ocurrencia de una irregularidad procesal en
el presente caso. Al mismo tiempo que se verifica que tampoco se
controvierte sentencia alguna proferida en virtud del proceso de amparo
constitucional o como consecuencia de un proceso de control abstracto por parte
de este Tribunal o del Consejo de Estado.
3.5.7. Finalmente, el último requisito
por verificar corresponde a que el actor identifique los hechos constitutivos
de la vulneración y que, en caso de ser posible, los hubiese alegado durante el
proceso en las oportunidades debidas. Sobre el particular, lo primero que
advierte la Sala es que los defectos invocados no pudieron ser alegados en el
trámite judicial primigenio, pues, como se advirtió con anterioridad, al ser el
proceso de pertenencia de mínima cuantía, no existió la posibilidad de
cuestionar lo resuelto por el juzgado demandado, más aún cuando frente al fallo
adoptado no caben recursos extraordinarios.
No obstante, este requisito de
procedencia también exige que el vicio alegado sea susceptible de
identificación por parte del peticionario, a partir de los hechos que lo
justifican, y que tal alegación se realice en términos de suficiencia y
precisión, con miras a preservar el carácter subsidiario y excepcional que
tienen la acción de amparo contra providencias judiciales, en virtud de la
necesidad de resguardar la seguridad jurídica y la autonomía de los jueces. Tal
examen se desarrollará respecto de los cuatro defectos identificados en el
acápite 3.3.1 de esta providencia.
En primer lugar, respecto de los dos defectos
fácticos invocados, la Sala estima que en la tutela se encuentran
claramente identificados los hechos constitutivos de la presunta
vulneración de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido
proceso e igualdad. En efecto, las causales específicas que se alegan se
relacionan, por un lado, con (i) la indebida apreciación de las pruebas
que demostraban el cumplimiento del término de prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio por parte de la accionante, lo que conllevó a (a)
valorar los
actos de violencia a los que fue sometida por su expareja sentimental como una
interrupción de la posesión, y (b) a apreciar como prueba del término de
la coposesión que existía sobre el inmueble el último evento de agresión entre
la accionante y su excompañero sentimental, en lugar de considerar tal suceso
como un acto de defensa de la accionante frente al inmueble en disputa; y, por
otro lado, con (ii) la falta de  apreciación integral de las pruebas que
obraban en el expediente y que acreditaban la calidad de dueña del inmueble de
la señora Sandra Patricia Mora.
En segundo lugar, este requisito de
identificación no se cumple en relación con los dos defectos sustantivos
alegados, pues
no
son claros los hechos constitutivos de la supuesta vulneración, ni tampoco se
explica cómo
se materializa tal defecto y en qué incide en la situación que se plantea como
vulneradora de los derechos fundamentales de la accionante.
Particularmente, en lo que atañe
al defecto sustantivo por (iii) la inaplicación de las normas de la Ley 1257
de 2008 que se refieren a la protección de las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar, no
se exteriorizan argumentos que permitan entender –con precisión y suficiencia–
las razones por las cuales la decisión del Juzgado Segundo
Civil Municipal de Girardot, que le negó a la accionante las pretensiones
de la demanda de pertenencia, afecta sus derechos fundamentales.
En
efecto, la actora no brinda elementos de juicio que permitan establecer una
relación causal entre la decisión del juez civil demandado, quién obró en esta
causa como juez natural, y los derechos que espera le sean amparados, ya que no
explicó por qué en la definición del proceso de pertenencia resultaban
aplicables las disposiciones aludidas de la Ley 1257 de 2008, es decir, el artículo 8,
literal i), sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía
de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia, y el artículo
17, literal k), referente a la medida provisional de protección del uso y
disfrute de la vivienda familiar en casos de violencia intrafamiliar; y, a
partir de allí, por qué la falta de empleo de dichas normas vulneró sus derechos
de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
Vale
decir que, si bien las autoridades públicas y en especial las autoridades
judiciales están obligadas a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar
a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público
como en el privado, entendiendo por esta cualquier acción u omisión que la
amenace o le cause un daño o sufrimiento por su condición de mujer; tal deber
debe entenderse como un imperativo en los ámbitos de discusión en los que
precisamente se demanda la adopción de un mandato de protección, y no en
asuntos en los que se relatan hechos de violencia del pasado, sin reclamar una
salvaguarda específica y en un escenario procesal cuya pretensión sometida al
juez no guarda relación directa con tales sucesos, como ocurre en el caso bajo
examen, en el que el debate se centraba en la declaratoria o no de la
prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. En este orden de ideas, al
no tratarse de una violación evidente, no se advierte por la accionante por qué
se incurrió por la autoridad judicial demandada en un defecto sustantivo al no
aplicar las normas que por ella se invocan de la Ley 1257 de 2008, y por qué
las mismas debían trasladarse y ser obligatorias en el juicio de pertenencia,
de suerte que, como ya se dijo, no se cumple respecto de este defecto con el
requisito general consistente en identificar los hechos constitutivos de la
vulneración o amenaza.
Lo mismo cabe decir en relación con el defecto
sustantivo referente a (iv) la inobservancia del deber de que toda
sentencia guarde congruencia entre los fundamentos y la decisión, de
conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, pues más allá
de tal afirmación categórica y de una cita general sobre la relevancia que
tiene dicha figura, no se especifica por qué el juez vulneró la consonancia que
debe existir entre los argumentos expuestos y lo finalmente resuelto. En concreto, la
actora no señala cuales hechos aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades procesales, y que hayan sido probados, no están en consonancia
con la sentencia cuestionada, ni de qué manera esta deja de referirse a las
pretensiones invocadas.
Es
claro entonces que la alegación planteada bajo la simple afirmación de que se
han presentado unas irregularidades en su motivación, sin que se cumpla con el
requisito general atinente a la necesidad de identificar de forma precisa, veraz y
suficiente los hechos que generaron la vulneración impide su examen por esta
Corporación, pues ello supondría un desconocimiento del carácter subsidiario y
de la naturaleza excepcional que tiene la acción de tutela contra providencias
judiciales, cuyo fin es salvaguardar los principios de autonomía e
independencia judicial.
3.5.8.
En conclusión, comoquiera que solo se cumplen con todos los requisitos generales
de procedencia respecto de los dos defectos fácticos alegados, la Sala
continuará con su examen y sobre ellos se pronunciará de fondo, descartando el
estudio de los dos defectos sustantivos alegados, pues –como ya se
explicó– no se acreditó
el cumplimiento del requisito atinente a que se identifiquen de manera
razonable los hechos que generan la presunta trasgresión, por lo que en la
parte resolutiva de esta providencia, en ese punto, se declarará improcedente
la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento
contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot (Cundinamarca).
3.6. De las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y de la
identificación del defecto fáctico
3.6.1. Como se señaló con anterioridad,
la jurisprudencia de esta Corporación ha identificado cuales son las causales
específicas de prosperidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Dicha labor se adelantó en la Sentencia C-590 de 2005[25],
en los siguientes términos:
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[26]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[27].
i.
Violación directa de la Constitución”.
3.6.2. Para los efectos de esta
providencia, la Sala deberá enfocar su estudio en el defecto fáctico. Sobre el
particular, en aras de asegurar el goce efectivo de los derechos previstos en
la Constitución, la Corte ha insistido en que es deber de los jueces no solo
respetar cada una de las etapas del proceso judicial, sino también garantizar
que su decisión tenga fundamento en elementos de juicio obtenidos de manera
legal, correspondientes a los hechos que se alegan y sujetos a una valoración
sistemática e integral. Por esta razón, se ha dicho que el período probatorio
debe surtirse a cabalidad, según los parámetros legales establecidos para tal
fin.
En desarrollo de lo expuesto, este
Tribunal ha señalado que el defecto fáctico se presenta (i) cuando el juez no
tiene el apoyo probatorio necesario para justificar su decisión[28];
(ii) cuando incurre en un error en el examen de las pruebas, por no valorar una
de ellas o por hacerlo de forma caprichosa o arbitraria; (iii) cuando omite el
decreto o la práctica de las pruebas necesarias dentro del proceso, incluso
cuando ellas son ad substantiam actus; o (iv) cuando adopta una decisión
judicial con fundamento en una prueba obtenida de forma ilícita[29].
En este orden de ideas, el defecto
fáctico puede tener una dimensión negativa y una positiva. Se presenta la dimensión
negativa cuando la autoridad judicial no práctica o valora una prueba, o su
examen se hace de forma arbitraria, irracional o caprichosa, lo que en últimas
se traduce en la imposibilidad de comprobar los hechos. Por el contrario, se
configura la dimensión positiva, cuando el acervo probatorio no debía
ser admitido o valorado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las pruebas
indebidamente recaudadas que son apreciadas por el juez[30];
o cuando se dan por establecidas circunstancias, sin que exista soporte de
ellas en el material probatorio que respalda una determinación[31].
Sobre la ocurrencia del defecto fáctico,
en términos generales, esta Corporación ha dicho que:
"En
otras palabras, se presenta defecto fáctico por omisión cuando el
juzgador se abstiene de decretar pruebas. (…). Existe defecto fáctico por no
valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar
pruebas que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar
de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no
excluir o valorar una prueba obtenida de manera ilícita"[32].
3.6.3. Respecto del margen de
intervención que tiene el juez de tutela al momento de estudiar la
configuración de un defecto fáctico, se han fijado criterios que buscan
preservar el ámbito de autonomía judicial y el principio del juez natural, de
manera que se reduzca al máximo la intervención del juez constitucional. En
este sentido, se ha recalcado que en sede de tutela no debe llevarse a cabo un
examen exhaustivo del material probatorio, pues dicha función le corresponde al
juez que conoció la causa. Adicionalmente, también se ha enfatizado que una diferencia
en la valoración de las pruebas no puede considerarse como un defecto fáctico,
ya que, ante interpretaciones diversas, es el juez natural quien debe
determinar cuál es la que mejor se ajusta al caso en estudio. Concretamente, la
Corte ha dicho que:
“El juez del proceso, en ejercicio de
sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones están amparadas
por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la
obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario,
que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”. (Sentencia
T-590 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
En todo caso, la existencia del defecto
fáctico respecto de un pronunciamiento judicial, supone que el error en que se
haya incurrido sea manifiesto, evidente y claro, con la potencialidad de tener
una incidencia directa en la decisión adoptada. Con base en lo anterior, y con
miras a pronunciarse sobre los asuntos de fondo que han sido planteados, la
Corte se detendrá en la formulación de una breve exposición sobre la
legislación relativa a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y
a la jurisprudencia sobre el enfoque de género en la administración de
justicia.
3.7. Legislación en materia de prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio
La legislación civil establece la figura
de la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión como un modo de adquirir
las cosas ajenas, por haberlas poseído durante cierto tiempo y con arreglo a
los demás requisitos definidos en la ley (C.C. arts. 673, 2512 y 2518). La
prescripción adquisitiva, a su vez, tiene dos modalidades, ordinaria y
extraordinaria, para cada una de las cuales el legislador ha previsto unos
presupuestos especiales que deben ser cumplidos de forma concurrente para que
sea viable la declaración judicial (C.C. arts. 2527 y ss.).
En lo que tiene que ver con la
prescripción extraordinaria, el tiempo necesario para adquirir una cosa es de
diez (10) años “contra tod[a] persona y no se suspende a favor de las
enumerad[a]s en el artículo 2530” (C.C. art. 2532)[33].
Además, para esta modalidad de usucapión no se exige título alguno y se presume
la buena fe, salvo cuando exista de por medio un título de mera tenencia, caso
en cual para adquirir el bien se requiere acreditar dos requisitos adicionales,
a saber: “1. Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los
últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por
el que alega la prescripción” y “2. Que el que alegue la
prescripción pruebe haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción
por el mismo espacio de tiempo” (C.C. art. 2531).
La posesión, presupuesto
fundamental de la prescripción adquisitiva, es definida por el Código Civil
como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea
que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra
persona que la tenga en lugar y a nombre de él. // El poseedor es reputado
dueño, mientras otra persona no justifique serlo” (C.C. art. 762). Esto
significa que la posesión es una situación de hecho y para que opere deben
concurrir en quien la alega tanto el animus o voluntad de dueño
(elemento subjetivo) como el corpus o aprehensión material de la cosa
(elemento objetivo).
La forma como se
ejerce la posesión puede ser individual o conjunta, siendo este último evento
el de la coposesión, la cual se ejerce de modo compartido y proindiviso[34].
En relación con la coposesión, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia ha señalado lo siguiente:
“Ahora,
la posesión material como situación de hecho que es, puede ser ejercida u
ostentada por una o varias personas, pues nada obsta para que los elementos que
la caracterizan sean expresión voluntaria de una pluralidad de sujetos, dos o
más, quienes concurriendo en la intención realizan actos materiales de aquellos
a los que sólo da derecho el dominio, como los enunciados por el artículo 981
del Código Civil.
De
manera que la comunidad también puede tener manifestación cabal en el hecho de
la posesión, dando lugar al fenómeno de la coposesión, caso en el cual lo
natural es que la posesión se ejerza bien por todos los comuneros, o por un
administrador en nombre de todos, pero en todo caso, de modo compartido y no
exclusivo, por estar frente a una ‘posesión de comunero’. Desde luego, como con
claridad lo ha advertido la jurisprudencia, que tratándose de la ‘posesión de
comunero’ su utilidad es ‘pro indiviso’, es decir, para la misma comunidad,
porque para admitir la mutación de una ‘posesión de comunero’ por la de ‘poseedor
exclusivo’, es necesario que el comunero ejerza una posesión personal, autónoma
o independiente, y por ende excluyente de la comunidad.” (Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 29 de octubre de 2001. M.P.
José Fernando Ramírez Gómez. Exp. 5800).
La coposesión –o posesión ejercida proindivisamente entre varias
personas no titulares del derecho de dominio– también denominada indivisión
posesoria o posesión conjunta o compartida, se asimila a la posesión singular,
unitaria y exclusiva de una persona, en cuanto a la necesidad de que confluyan
tanto el corpus como el ánimus domini. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
sido enfática en señalar las diferencias en la forma como se ejerce la una y la
otra. Al respecto, el citado Tribunal ha dicho lo siguiente:
“Por
supuesto, que como en la posesión exclusiva de una persona, en la coposesión
también hay corpus y ánimus domini; pero mientras en la posesión
de un sujeto de derecho el animus es pleno e independiente por su
autonomía posesoria, en la coposesión es limitado, porque en esta modalidad, el
señorío de un coposeedor está determinado y condicionado por el derecho del
otro, ya que también lo comparte, y es dependiente del de los otros
coposeedores por virtud del ejercicio conjunto de la potestad domini,
como voluntad de usar, gozar y disfrutar una cosa, como unidad de objeto, pero
en común; porque en sentido contrario, si fuese titular de cuota o de un sector
material de la cosa y no sobre la unidad total, existiría una posesión
exclusiva y no una coposesión.” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Sentencia SC-114442016 del 18 de agosto de 2016. M.P. Luis Armando
Tolosa Villabona. Radicación 11001310300519990024601).
De ahí que el
coposeedor ejerza la posesión para la comunidad y, por ende, para admitir la
mutación de esta figura jurídica por la de poseedor exclusivo se requiere que
aquel ejerza los actos de señorío en forma personal, autónoma e independiente,
desconociendo a todos los demás coposeedores. Por ello, en reiteradas ocasiones,
la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que:
“[L]a
posesión del comunero, apta para prescribir debe traducirse en hechos que
revelen sin equívoco alguno que los ejecutó a título individual, exclusivo, y
que ella, por tanto, absolutamente nada tiene que ver con su condición de
comunero y coposeedor. Pues arrancando el comunero de una posesión que deviene ope
legis, ha de ofrecer un cambio en las disposiciones mentales del detentador
que sea manifiesto, de un significado que no admite duda; y que, en fin,
ostente un perfil irrecusable en el sentido de indicar que se trocó la
coposesión legal en posesión exclusiva” (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Sentencia del 27 de mayo de 1991 reiterada, entre otros fallos,
en Sentencia del 11 de febrero de 2009. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
Expediente 1100131030082001 0003801).[35]
Y ha enfatizado
en la necesidad de acreditar en la demanda de pertenencia la fecha a partir de
la cual operó la mutación a poseedor exclusivo:
“Además,
cuando la persona que acude a dicha acción, acepta haber ejercido actos de
tenencia sobre el bien objeto de la misma, una posesión compartida o la de
heredero, y alega que transformó cualquiera de esas situaciones porque
actualmente se considera único detentador con ánimo de señorío, también es
menester que acredite la fecha de esa mutación (…)”[36]
Finalmente, dada su naturaleza y
finalidad, la prescripción adquisitiva debe ser tramitada y solicitada por vía
judicial, por quien considera haber ganado el dominio de un determinado bien de
conformidad con la ley, para así obtener la declaración de pertenencia. Es
decir, que “quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla;
[pues] el juez no puede declararla de oficio” (C.C. art. 2513). Así las
cosas, si se cumplen con todos los requisitos expuestos, la consecuencia es que
se logra adquirir “el dominio de los bienes corporales raíces o muebles que
están en el comercio humano y que se han poseído en las condiciones legales”
descritas, así
como ganar “los otros derechos reales que no estén especialmente
exceptuados” (C.C., art. 2518). Por lo demás, el numeral 3 del
artículo 375 del Código General del Proceso dispone que “La declaración de
pertenencia también podrá pedirla el comunero que, con exclusión de los otros
condueños y por el término de la prescripción extraordinaria, hubiere poseído
materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica
no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición
de autoridad judicial o del administrador de la comunidad”.
3.8. Enfoque de género en la
administración de justicia
La violencia contra la mujer se presenta
tanto en escenarios públicos como privados. Desde el ámbito del derecho se ha
avanzado en la consagración normativa del principio de igualdad y no
discriminación en el tema de género, el cual ha sido desarrollado a partir de
herramientas jurídicas presentes en el plano internacional y en el ordenamiento
interno.[37]
De los mandatos contenidos en la
Constitución y en los tratados internacionales sobre protección a la mujer se
derivan obligaciones para el Estado, en torno a la eliminación de cualquier
tipo de violencia o discriminación ejercida contra una persona en razón de su
sexo, tales como (i) garantizar una vida libre de violencia y discriminación; (ii)
prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de cualquier tipo de segregación
o violencia ejercida en su contra; e (iii) investigar, sancionar y reparar la
violencia estructural contra la mujer. Esta última obligación, en esencia, está
en cabeza de la Rama Judicial, por lo que los operadores judiciales deben asegurar
su cumplimiento, siendo necesario que apliquen un enfoque de género en el
estudio de los casos sometidos a su escrutinio.
No obstante, la administración de
justicia, además de proteger derechos, también puede reafirmar patrones de
discriminación y violencia contra las mujeres, lo que en la práctica conduce a
su revictimización, por ejemplo, a través de la naturalización de la violencia
contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y
solución de los casos, o por la reproducción de estereotipos. Para evitarlo, la
Corte ha desarrollado una serie de medidas basadas en el respeto y la
diferencia de la mujer: (a) en materia penal, se ha pronunciado sobre
los límites de la recolección de pruebas cuando se trata de víctimas de delitos
sexuales[38];
(b) en materia civil, se  excluyó el efecto de los celos como causal de
divorcio, concluyendo que tal fenómeno constituye violencia física y/o
psicológica contra la mujer[39];
(c) en materia laboral, se ha exigido a los jueces la incorporación de
criterios de género para la protección de los derechos de las trabajadoras que son
despedidas con base en estereotipos[40];
y, (d) en materia de desplazamiento forzado, también se han incluido medidas
de género, entre otras, en la priorización para el acceso al reconocimiento de
los derechos derivados del citado flagelo[41].
Particularmente, en la Sentencia T-878
de 2014[42],
se concluyó que los jueces vulneran los derechos de las mujeres cuando concurre
alguno de los siguientes supuestos: (i) omisión de toda actividad investigativa
y/o la realización de investigaciones aparentes[43];
(ii) falta de exhaustividad en el análisis de los elementos de juicio o
revictimización en la recolección de pruebas[44];
(iii) utilización de estereotipos de género para tomar decisiones; y (iv)
afectación de los derechos en su condición de víctimas[45].
Respecto de estos eventos, en la
Sentencia T-012 de 2016[46],
la Corte manifestó que los jueces al solucionar sus casos deben, cuando menos,
(1) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos
en disputa y la dignidad de las mujeres; (2) analizar los hechos, las pruebas y
las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de suerte
que en ese ejercicio hermenéutico se admita que las mujeres son titulares de un
trato diferencial; (3) no tomar decisiones con base en estereotipos de género;
(4) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus
funciones; (5) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o
discriminación, en el sentido de privilegiar los indicios sobre las pruebas
directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (6) efectuar un análisis
riguroso sobre los actos de quien presuntamente comete violencia; (7) evaluar
las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; y (8)
analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las
mujeres.
3.9. Caso concreto
3.9.1. Siguiendo la delimitación del
caso realizada en el acápite 3.3.1 de esta providencia y descartada la
procedencia de la acción respecto de los defectos sustantivos que fueron
invocados[47],
corresponde a la Sala analizar si la sentencia proferida el 21 de septiembre de
2018 por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot que resolvió, en única
instancia, el proceso de pertenencia seguido por la señora Sandra Patricia Mora
Sarmiento contra las herederas del difunto Edgar Javier Posada Herrera y personas
indeterminadas, incurrió en alguna de las expresiones de
defecto fáctico invocadas en su contra, al negar la pretensión dirigida a obtener
la declaratoria de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre un
bien inmueble, respecto del cual, según afirma, ejercía posesión con ánimo de
señor y dueño.
3.9.2. Al respecto, cabe destacar las
dos expresiones de defecto fáctico que son alegadas. Así, en términos
generales, la actora afirma que el juez accionado, por una parte, incurrió en una
indebida apreciación de las pruebas que demostraban el cumplimiento del
término de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por cuanto (a)
valoró los
actos de violencia a los que fue sometida por su expareja sentimental como una
interrupción de la posesión, y (b) profirió un fallo subjetivo al apreciar como
prueba del término de la coposesión que existía sobre el inmueble, el último
evento de agresión entre la accionante y su excompañero sentimental, en lugar
de considerar tal suceso como un acto de defensa de la posesión de la actora
frente al inmueble en disputa; y por la otra, se incurrió en una falta de
apreciación de las pruebas aportadas al proceso que demostraban su calidad
de dueña del inmueble.
3.9.2.1. Como se advierte de lo
expuesto, las
expresiones de defecto fáctico que propone la accionante operan en la dimensión
negativa, por cuanto se acusa al juez civil demandado (i) de haber efectuado
una valoración
probatoria arbitraria o caprichosa de los actos de violencia –física y verbal– a los que fue
sometida por su expareja sentimental, victimizándola –a su juicio– en razón del
género,
lo que condujo a la imposibilidad de comprobar los hechos que demostraban la ininterrumpida
posesión de la accionante sobre el inmueble; y (ii) de
no haber apreciado el conjunto de pruebas aportadas al proceso –tales como los
pagos de impuestos y servicios públicos, las facturas de gastos por mejoras,
los testimonios y la inspección judicial en la que se aportaron otros
documentos– que demuestran
que la actora es la dueña del inmueble, sin reconocer dominio ajeno y sobre la
base de una posesión ejercida de buena fe, en forma pacífica, exclusiva, continua
y pública.
Siguiendo lo expuesto con anterioridad
en esta providencia, el examen del defecto fáctico, ya sea en su dimensión
positiva o negativa, no autoriza al juez de tutela a
hacer un nuevo análisis probatorio, sino a evidenciar si, dados los hechos y
pruebas acreditados dentro del expediente, la decisión que adoptó el juez de la
causa es razonable en el marco del ejercicio de su independencia judicial.
3.9.2.2. Dentro de este marco y contrario a lo
afirmado por la accionante, esta Sala de Revisión encuentra que en la sentencia
acusada sí se hizo una valoración probatoria razonable y ajustada a derecho de
las pruebas recaudadas, sobre la base de su exposición completa y sin
desconocer su examen integral, lo que llevo al juez demandado a desvirtuar las
alegaciones realizadas por la señora Mora Sarmiento.
Con el fin de ratificar lo anterior y dado
que al juez de tutela no le corresponde hacer una nueva valoración probatoria,
bastará con hacer mención de cómo las pruebas aportadas al proceso fueron completa
y razonablemente
valoradas y estimadas
en la sentencia, respecto de las dos expresiones de defecto fáctico que fueron
alegadas por la accionante.
3.9.2.3. En primer lugar, como ya se
dijo, la accionante alega que el juez de instancia incurrió en una indebida
apreciación de las pruebas que demostraban el cumplimiento del término de
la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por cuanto (a) valoró
los actos de violencia –física y verbal– a los que fue
sometida por su expareja sentimental, el día 26 de diciembre de 2010, como una
interrupción de la posesión, victimizándola en razón del género, al haber
puesto en duda la violencia ejercida en su contra para quitarle la posesión y
utilizar tal argumento en favor de su contraparte. Y, además, porque (b) dictó un fallo
subjetivo, ya que en lugar de tener en cuenta la denuncia por violencia
intrafamiliar que hizo en el año 2014, como prueba de la coposesión que existía
sobre el inmueble, debió considerar este último evento como un acto de defensa
de su posesión.
Al respecto, se advierte que en la
sentencia cuestionada, la referencia tanto al “acta de conciliación con
acuerdo” del 8 de marzo de 2011, como a la última agresión entre los compañeros
permanentes del año 2014, en el contexto de las diligencias adelantadas por la
accionante ante la Fiscalía General de la Nación por episodios de violencia
intrafamiliar, se dirigió a evidenciar la existencia de una coposesión
sobre el inmueble entre la accionante y su excompañero permanente, más no a desconocer
la posesión individual que esta última también ejerció sobre el mismo. De
hecho, el propio juzgador intentó establecer una fecha tentativa de término de la
coposesión y el posible comienzo de la posesión individual de la demandante,
considerando que para ella fue imposible probar el momento de inicio de la
posesión exclusiva sobre el inmueble pretendido por usucapión.
Si bien en la demanda de pertenencia la
actora –a través de su
apoderado– aseguró ser “poseedora
pública, pacífica, quieta e ininterrumpida”, haber “ejercido la posesión
como amo, señor y dueño, por más de 11 años” y ser “reconocida por sus
vecinos como única dueña del inmueble” en disputa, también lo es que en ese
mismo escrito la accionante afirmó haber ocupado el inmueble, desde el 5 de
mayo de 2005, junto con su ex compañero permanente José Uriel Cabezas Moreno,
en virtud de una negociación de compra que habían realizado[48].
Y, luego, en el interrogatorio de la parte demandante en pertenencia, la actora
confesó que la unión marital con su excompañero sentimental empezó en 2003, con
el nacimiento del hijo en común, y finalizó en enero de 2014, por abandono de
hogar del señor Cabezas Moreno, esto es, que convivieron en la casa de forma
conjunta hasta enero de 2014[49].
En otras palabras, la demandante reveló que la propiedad que pretendía adquirir
de forma exclusiva fue poseída de manera compartida durante el
término de convivencia antes referido, es decir, que se trató de una coposesión
formada por ella y su excompañero permanente contra quien no dirigió la demanda
de pertenencia, ni probó su aptitud para prescribir por sí misma[50].
Por resultar relevante para el análisis
de las acusaciones formuladas por la accionante, la Sala transcribe a
continuación lo señalado por el juez accionado en las consideraciones de la
sentencia proferida para resolver la demanda de pertenencia, en especial, el
aparte referente al análisis probatorio efectuado:
“En
el sub examine no ofrece mayor dificultad el aspecto relacionado con la
aprehensión material del inmueble por parte de la demandante, toda vez que la
prueba acopiada así lo revela. Concluido lo anterior, conviene entonces
adentrarse en el estudio y análisis del elemento volitivo de la posesión para
ver de establecer si en verdad ha tenido animus domini intensión de ser
dueña o animus rem sibi habendi intención de hacerse dueña, con miras a
determinar si se encuentra el fenómeno posesorio en toda su extensión o si, por
el contrario, no aflora por ausencia de ese elemento intrínseco, ya porque
medie una relación contractual directa o indirecta o que establezca el
reconocimiento de derecho ajeno, ora porque la demandante no haya tenido la
intención de portarse como dueña o de hacerse dueña.
Con
fundamento en lo anterior, se procede a analizar los elementos de convicción
obrantes en el expediente, para determinar si hay lugar o no a declarar el
dominio del bien cuya usucapión pretende la demandante. Al respecto se tiene en
el presente asunto que la demandante no ha satisfecho en su integridad los
presupuestos legales que ameritan el derecho favorable de sus pretensiones, por
cuanto de la valoración conjunta del material probatorio recopilado durante el
proceso se logró establecer, con meridiana claridad, que la señora Sandra
Patricia Mora Sarmiento no ha ejercido la posesión real y material del inmueble
durante el tiempo requerido por la ley para la prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio. Veamos.
Es
claro e innegable que conforme las reglas de derecho probatorio artículos 164 y
167 del código adjetivo, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, correspondiéndole a las partes
probar lo por ellas afirmado. Con el fin de probar y establecer lo relativo a la
posesión material alegada, se practicó en el predio diligencia de inspección
judicial el 16 de agosto del año 2018, folios 142 y 143, donde se constató que
el predio se encuentra actualmente en poder de la demandante, quien permitió el
acceso al bien sin oposición de ninguna naturaleza.
En
orden a la demostración de la posesión se logró la evacuación de los
testimonios de Néstor Darío Bedoya Arias, Victoria Eugenia Vásquez Rodríguez y
Alberto Ferreira Alameda, quienes no son contestes en afirmar la forma como
obtuvo la demandante la posesión del bien, y lo más importante a partir de
cuándo empezó esa posesión, pues como bien ha quedado demostrado, el 8 de marzo
del año 2011 la accionante en el “acta de conciliación con acuerdo” vista a
folio 118 de la pertenencia, le solicitó al doctor José Uriel Cabezas Moreno
quien era su compañero permanente “que me respete en todo momento, que me
permita ingresar a la casa sin violencia alguna”, de donde se desprende que
estaba reconociendo que quien ocupaba la casa era otra persona, quien tenía la
coposesión con la demandante. Es decir, existen suficientes pruebas para
determinar que por ser compañeros permanentes eran coposeedores del bien,
coposesión que al parecer se extendió hasta comienzos del año 2014 cuando se presentó
la última agresión entre los compañeros permanentes.
Otro
aspecto de vital importancia es el que tiene que ver con el contrato de promesa
de compraventa que fuera suscrito únicamente por el doctor José Uriel Cabezas
Moreno el 18 de abril del año 2005, con diligencia de reconocimiento de esa
fecha, documento que valga decir no fue tachado de falso, en donde por ningún
lado aparece que le hayan entregado la posesión al comprador, pues allí en la
cláusula sexta se dice que “la posesión de lo prometido en venta se entrega del
promitente vendedor al promitente comprador una vez se firme la escritura de
compraventa con la cual se perfecciona este documento, de acuerdo con la
ubicación, dirección, medidas y anexidades, usos y costumbres, sin ninguna limitación”
(folios 69 y 81 del proceso reivindicatorio). Deduciéndose que la parte
vendedora no se desprendió de la posesión, ya que esta sería entregada a la
firma de la escritura en la notaría que se eligiera, sin que se pueda entender
de allí que por lo menos el doctor José Uriel Cabezas Moreno empezó a poseer el
bien desde el año 2005. Echándose también de menos la forma como empezó a
poseer el predio luego de la firma de la promesa de compraventa, debiéndose
precisar que para que las pretensiones pudieran salir adelante ha debido
demostrar la fecha en que empezó a ejercer actos de posesión sin que lo haya
hecho, quedando únicamente demostrado que luego del 21 de julio del año 2014
(folio 13 demanda de reconvención) pudo ser la fecha en que la demandante empezó
a ejercer actos de posesión.
Otro
escollo que se ha debido salvar es el relacionado con la cláusula tercera del
contrato de promesa de compraventa en donde se dice que “Y el saldo de
$12´800.000 moneda corriente se cancelará una vez se autorice la venta del
mismo por órdenes del juzgado de conocimiento. Esto es que el promitente
comprador tramitará el juicio de sucesión y el proceso de licencia para vender
teniendo como base que el titular del predio es el causante” (folio 68 de la
demanda de reconvención). Es decir, dentro de la promesa de compraventa se dijo
que se tenía que tramitar el proceso de sucesión del propietario del inmueble y
que luego se haría la venta del mismo, después de que se hubiere obtenido la
licencia para vender por parte de los menores hijos del causante, trámite que
viene adelantándose ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal, haciendo falta la
protocolización del trabajo de partición y de la sentencia. Es decir, se arriba
a la misma conclusión ya expresada, pues hasta que no se adelante y se termine
el proceso de sucesión se le seguirán reconociendo derechos a los herederos del
causante, asunto que riñe con la posesión alegada. Y si de lo que se trata es
de ir en contra de la promesa de compraventa, se podrían tener como actos de posesión
la presentación de esta demanda.
El
análisis conjunto del acervo probatorio, artículo 176 del Código General del
Proceso, permite dejar por averiguado que si bien la señora Sandra Patricia
Mora Sarmiento tiene bajo su poder el inmueble del que dan súplicas la demanda,
con verdadero ánimo de señora y dueña, no lo ha ejercido durante los 10 años
exigidos por la ley para la prescripción extraordinaria, pues tan solo se puede
predicar el ejercicio de la posesión a mucho desde el año 2014 si se ha de tener
en cuenta el acta de la Fiscalía que milita a folio 10 de la acción
reivindicatoria frente a su excompañero permanente, y desde la presentación de
esta demanda frente a los herederos del señor Edgar Javier Posada Herrera. De
tal modo que a la presentación de la demanda escasamente habían transcurrido un
poco más de dos años frente a su coposeedor y ningún tiempo frente a las
herederas del causante.
Se
reitera que ha debido demostrarse en forma fehaciente la fecha en que la
accionante decidió comportarse como dueña, pues no es muy lógico que primero
alegue que desde el 5 de mayo de 2005 venga ejerciendo actos de posesión, y
luego el 21 de julio del año 2014 decida afirmar ante la Fiscalía que ya no es
la pareja del doctor José Uriel Cabezas Moreno, dentro del punible de violencia
intrafamiliar que se venía adelantando. A lo que se ha de agregar que existe un
proceso de sucesión en donde se le reconocieron los derechos a una heredera del
causante folio 35, habiéndose proferido la respectiva sentencia el 18 de enero
de 2012, haciendo falta únicamente la protocolización.
En
este orden de ideas, muy distante se encuentra la actora del lapso de 10 años
de posesión continua e ininterrumpida que requiere nuestra legislación para
adquirir el dominio del inmueble por el modo de la prescripción extraordinaria
adquisitiva de dominio, y menos aún por medio de la ordinaria ante la
inexistencia de un justo título. De esta forma, al no acreditarse el señorío
requerido para la prosperidad de la acción por un periodo igual o superior a 10
años, fincada como ya se señaló en el supuesto de hecho señalado en el artículo
2531 del CC, se impone la negación de los pedimentos de la acción de
pertenencia y la terminación del proceso, sin que haya lugar a condena en
costas.”[51]
Como se advierte de lo expuesto, no se
constata una indebida apreciación de las pruebas por parte del juez demandado,
ya que su labor se cumplió con apego al ordenamiento jurídico, en un contexto
de valoración integral y con el objetivo de determinar si en el caso concreto
se cumplían o no con los requisitos para decretar la existencia de una prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio. El análisis que se hizo por el juez, en
ningún momento, como lo alega la actora, implicó decretar la existencia de una
interrupción de la posesión, menos aun invocando para ello la ocurrencia de los
hechos de violencia que habían sido denunciados. Por el contrario, la remisión
a tales sucesos solo se realizó para dar por acreditada la coposesión
que existió sobre el inmueble, entre la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento y
el señor José Uriel Cabezas Moreno, la cual, como acto indivisible, no permitía
sumar ese tiempo como parte de la posesión individual de la primera.
Por otra parte, las referencias que se
hacen en la sentencia a los episodios de violencia entre los excompañeros
permanentes no pueden evaluarse como actos de revictimización o de violencia
contra la mujer por el solo hecho de serlo, pues dichas referencias, en ningún
momento, limitaron la prueba de la posesión del bien por parte de la
accionante, solo llevaron a la convicción de que la posesión no era exclusiva y
que, por lo tanto, no podía considerarse ese tiempo para computar el término de
prescripción adquisitiva de manera individual a favor de la actora. En este sentido,
la accionante y su apoderado estaban en la obligación de probar la exclusiva
posesión sobre el bien, lo que implicaba desconocer no solo los derechos de los
herederos del causante, sino también los actos de señorío ejercidos de manera
mancomunada con su excompañero permanente, pues el tiempo necesario para
adquirir una cosa por prescripción extraordinaria es de diez (10) años “contra
tod[a] persona” (C.C. art. 2532).
Finalmente, la violencia intrafamiliar no
puede ser valorada como actos de defensa de la posesión individual, tal y como
lo pretende la accionante al acusar el fallo de subjetivo, ya que ninguna
autoridad judicial puede avalar la fuerza como medio para adquirir por
prescripción el dominio sobre un bien, tal y como lo señala la legislación
civil cuando dispone que: “el que alegue la prescripción [debe probar] haber
poseído sin violencia, clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de
tiempo” (C.C.
art. 2531).
Por consiguiente, no se acredita el defecto
fáctico alegado por la supuesta indebida apreciación de las pruebas que demostraban
el cumplimiento del término de prescripción extraordinaria adquisitiva de
dominio.
3.9.2.4. En segundo lugar, en cuanto al
otro defecto fáctico alegado, referente a no haber apreciado el conjunto
de pruebas aportadas al proceso –tales como los pagos de impuestos y
servicios públicos, las facturas de gastos por mejoras, los testimonios y la
inspección judicial en la que se aportaron otros documentos– que demuestran
que la actora, a su juicio, es la dueña del inmueble, sin reconocer dominio
ajeno y sobre la base de una posesión ejercida de buena fe; esta Sala advierte
que, a diferencia de lo indicado por la accionante, la sentencia sí hizo una
valoración expresa de los testimonios, solo que se concluyó que ellos no
lograron acreditar la forma como la actora había adquirido la posesión del
bien, y el momento en que tal suceso tuvo ocurrencia[52].
Por otra parte, la inspección judicial
que se practicó también fue valorada, y fue con base en ella que se concluyó
que en la actualidad la posesión material del bien se encuentra en cabeza de la
demandante, solo que por la existencia previa de una coposesión
no pudo acreditar el tiempo mínimo de posesión individual requerido por la ley,
para adquirir el inmueble por usucapión.
Ahora bien, el hecho de que la sentencia
no haya realizado una referencia específica a las facturas de compra y a los
pagos de servicios públicos e impuestos no significa que dichas pruebas no
hayan sido consideradas por el juez para adoptar su decisión, solo que ellas no
tenían la virtualidad de enervar la coposesión del inmueble entre la
accionante y su excompañero permanente. Por lo demás, tampoco se advierte que
las mismas hayan sido usadas en contra de la accionante, pues tal y como lo
sostuvo el juez demandado en su sentencia: “[e]l análisis conjunto del
acervo probatorio, artículo 176 del Código General del Proceso, permite
dejar por averiguado que si bien la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento tiene
bajo su poder el inmueble del que dan súplicas la demanda, con verdadero ánimo
de señora y dueña”, tales evidencias no eran suficientes para demostrar que
sobre el inmueble la demandante ejerció una posición individual, “durante
los 10 años exigidos por la ley para [adquirir su titularidad por la vía de] la
prescripción extraordinaria”.
Por último, es importante señalar que, en
su sentencia, el juez natural de la causa estimó que al ser la posesión un
hecho perceptible por los sentidos, la prueba idónea para su demostración era
la testimonial, sin que sea este el único elemento de juicio, ya que las otras
pruebas pueden ayudar a fijar, desvirtuar o complementar la posesión. Esta
afirmación obedece a la sana crítica que acompaña su independencia y autonomía
en la valoración de las pruebas, así como a la carga que tienen las partes de acreditar
los supuestos que permitan la prosperidad de sus pretensiones, de conformidad con
los artículos 164[53],
167[54]
y 176[55]
del Código General del Proceso, sin que, por ello, le resulte obligatorio
pronunciarse de forma expresa sobre todos y cada uno de los elementos de juicio
recaudados en un proceso.
3.9.2.5. En los términos expuestos, esta
Sala concluye que no están llamadas a prosperar ninguna de las dos expresiones
de defecto fáctico que fueron alegadas por la demandante, ya que el juez civil efectuó
una valoración adecuada de todos medios probatorios que se allegaron para
demostrar la ocurrencia del fenómeno posesorio sobre el inmueble, lo cual
incluyó las pruebas aportadas al proceso por la señora Mora Sarmiento y que
ella invoca fueron omitidas, solo que, tal como se expuso, con base en ellas el
juez llegó a una conclusión desfavorable a sus intereses, circunstancia que no
torna el fallo en irrazonable, al tratarse de conclusiones lógicas, razonadas y
que gozan de soporte jurídico.
Debe reiterarse que,
tal como la Corte lo ha señalado en otras ocasiones, la circunstancia de
que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar una decisión
judicial tildada de arbitraria, no lleva a que por ejercer dicha atribución el
juez constitucional pueda convertirse en un juzgador de instancia, ni puede
llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo parte de la base de la
existencia de una confrontación de la actuación judicial con el Texto Superior,
para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de los derechos
fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una determinada interpretación
de la ley o que se legitime una única forma de apreciación probatoria, cuando
el marco de actuación judicial fue razonable y ajustado a los principios que
rigen la administración de justicia[56].
3.9.3. Con fundamento en lo anterior, y
en lo que atañe a los defectos fácticos alegados, se confirmará la sentencia
proferida el 11 de febrero de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Cundinamarca, que a su vez confirmó el fallo adoptado el 18 de
diciembre de 2018 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, en la
que se negó el amparo impetrado por la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento
contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de Girardot, en los términos
expuestos en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Por las razones expuestas en esta providencia y en relación con los defectos sustantivos alegados, REVOCAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida el 11 de
febrero de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Cundinamarca, que a su vez confirmó el fallo adoptado el 18 de diciembre de 2018 por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, en la que se negó el amparo
impetrado por la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento contra el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Girardot y; en su lugar, declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela.
Segundo.- En relación con los defectos fácticos alegados, CONFIRMAR
la sentencia proferida el 11 de febrero de 2019 por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Cundinamarca, que a su vez confirmó el fallo adoptado el 18 de diciembre de 2018 por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, en la que se negó el amparo
impetrado por la señora Sandra Patricia Mora Sarmiento contra el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Girardot, en los términos expuestos en esta
providencia.
Tercero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir en el expediente
de la referencia.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Sustanciador
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folios
1 y 3, cuaderno de primera instancia.
[2] La Ley 791 de
2002 dispone que: “Artículo 1o.
Redúzcase a diez (10) años el término de todos <sic> las prescripciones
veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria
adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de
saneamiento de nulidades absolutas.”
[3] Folios
1 y 3 del cuaderno de primera instancia.
[4] Se reitera que
esta transcripción no corresponde con exactitud al contenido del audio de la
audiencia, no obstante, en lo esencial, no altera el contenido del aparte
resaltado.
[5] Folio
1 del cuaderno de primera instancia.
[6] “Por la cual se
dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.”
[7] “Ley 1257 de
2008. Artículo 8o. Derechos de las víctimas de violencia. Toda víctima de
alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley, además de los
contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley
360 de 1997, tiene derecho a: (…) i) La verdad, la justicia, la
reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de
violencia (…)”.
[8] “Ley 1257
de 2008. Artículo 17. El artículo 5o de la Ley 294 de 1996, modificado por el
artículo 2o de la Ley 575 de 2000 quedará así: // “Artículo 5o. Medidas de
protección en casos de violencia intrafamiliar. Si la autoridad competente
determina que el solicitante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima
de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de
protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta
objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro
miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el
caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo
18 de la presente ley: (…) k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute
de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de
otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla (…)”.
[9] Folio
2 del cuaderno de primera instancia.
[10] Ibídem.
[11]“ Ley 1564 de
2012.
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. // No podrá
condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo
pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. // Parágrafo 1o.
En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita,
cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño,
la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera
edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole. // Parágrafo 2o.
En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en
cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización
de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales
del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en
las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria. // En los procesos
agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de
primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo
controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté
relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para
reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita,
siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente
controvertidos y probados. // En la interpretación de las disposiciones
jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad
tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades
indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas.”
[12] Folios
13 y 14 del cuaderno de primera instancia.
[13] Folio
25 del cuaderno de primera instancia.
[14] Ibídem.
[15] Como
previamente se dijo, específicamente, el literal i) del artículo 8 sobre
el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no repetición
frente a los hechos constitutivos de violencia, y literal k) del artículo 17
referido a la medida provisional de protección del uso y disfrute de la
vivienda familiar en casos de violencia intrafamiliar.
[16] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[17] Ibídem.
[18] Al respecto, en
la Sentencia T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó que: “(…)
la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión
judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone
a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva
como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[19] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[20] Al respecto, la
Corte en Sentencia SU-391 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo, agregó como
causal de improcedencia que la tutela se dirija contra decisiones de
constitucionalidad abstracta proferidas por la Corte Constitucional o de
nulidad por inconstitucionalidad del Consejo de Estado, pues lo contrario
alteraría ostensiblemente el diseño del control constitucional al punto de
llegar a admitirse que existe tan solo una tipología que permite a todos los
jueces pronunciarse acerca del cumplimiento de la Constitución en casos de
control abstracto.
[21] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[22] Folio 295 del
cuaderno principal del proceso de pertenencia.
[23] Código
General del Proceso, arts. 334 y 336.
[24] Código
General del Proceso, art. 355.
[25] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[26] Sentencia T-522
de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[27]
Sentencias T-462 de 2003, SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
[28] Sentencia T-231
de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[29] Sobre el
particular, entre otras, se pueden consultar las sentencias T-932 de 2003,
T-902 de 2005, T-162 de 2007 y T-1265 de 2008.
[30] Ibídem.
[31] Sentencias
T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y T-086 de 2007, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[32] Sentencia
T-1065 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[33] El artículo en
cita dispone que: “Artículo 2530.
Suspensión de la prescripción ordinaria. <Artículo
modificado por el artículo 3 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el
siguiente:> La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en
ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo
anterior a ella, si alguno hubo. // La prescripción se suspende a favor de los
incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría. //
Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. //
Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como
tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los
titulares de aquellos. // No se contará el tiempo de prescripción en contra de
quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho,
mientras dicha imposibilidad subsista.”
[34] La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha definido la coposesión como “(…)
la institución jurídica que identifica el poder de hecho que ejercen varias
personas con ‘ánimo de señor y dueño’, en cuanto todas poseen el concepto de
‘unidad de objeto’, la ‘unidad’ o el ‘todo’, exteriorizando su voluntad para
tener, usar y disfrutar una cosa, no exclusivamente, sino en forma conjunta,
porque entre todos [la] poseen en forma proindivisa. // Esta institución hace
imprescindible la indivisión y/o cierta solidaridad”. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC-114442016 del 18 de agosto de
2016. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Radicación 11001310300519990024601.
[35] En la Sentencia
SC-114442016 se establecieron como elementos o requisitos de la coposesión los
siguientes: “a) Pluralidad de poseedores. Dos o más sujetos pretenden
ser y actúan coetáneamente como poseedores ejerciendo actos materiales de
aquéllos a los que solo da derecho el dominio actuando en forma compartida. // b)
Identidad de objeto, en tanto los actos posesorios recaen sobre una misma
cosa y no sobre un sector de la unidad. // c) Homogeneidad de poder de
cada uno de los poseedores sobre la cosa, para disfrutarla proindiviso, es
decir, cada coposeedor lo es de la cosa entera. No obstante, cada poseedor
deberá actuar teniendo en cuenta la limitación que conlleva la cotitularidad de
la posesión. // d) Ejercicio de un poder de hecho sobre el todo, pero al
mismo tiempo, sobre una alícuota, ideal y abstracta en forma simultánea
dependiendo del número de coposeedores. En principio para efectos de la
división podría hablarse de cuotas iguales, a menos que los coposeedores, en
consenso, acepten participación diferente. // e) Cada comunero es
recíprocamente tenedor con respecto al derecho del otro coposeedor, porque
respeta el señorío del otro. De no verse de este modo, el coposeedor que no
respeta el derecho del otro, invadiría voluntaria y materialmente el derecho de
otro, minando el carácter conjunto de la posesión para ir transformándose en
poseedor excluyente y exclusivo frente al derecho del otro. // f) El ánimus
domini en la posesión es pleno y exclusivo, mientras que en la coposesión
es limitado, compartido y asociativo. Y no puede ser de otra forma, porque dos
personas, dos objetos o dos entes, desde el punto de vista lógico, no pueden
ocupar al mismo tiempo el mismo lugar en el espacio. En cambio, en la
coposesión, los varios coposeedores no tienen intereses separados, sino
compartidos y conjuntos sobre la misma cosa, autolimitándose, ejerciendo la
posesión en forma proindivisa, por ello su ánimus resulta preferible llamarlo
ánimus condominii. // g) No pueden equipararse la coposesión material, la
posesión de comunero y la de herederos, porque tienen fuentes y efectos
diversos. La coposesión puede estar unida o concurrir con o sin derecho de
dominio; si se presenta con la titularidad del derecho de dominio, serán
copropietarios sus integrantes. // h) Los coposeedores “proindiviso” cuando
no ostentan la propiedad pueden adquirir el derecho de dominio por prescripción
adquisitiva cuando demuestren los respectivos requisitos. De consiguiente,
siguen las reglas de prestaciones mutuas en el caso de la reivindicación,
acciones posesorias y demás vicisitudes que cobijen al poseedor exclusivo.”
[36]
Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC-13099-2017 del 28 de
agosto de 2017. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Radicación
11001-31-03-027-2007-00109-01.
[37] En el plano
internacional, los tratados e instrumentos de mayor relevancia son: la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967);
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer o CEDAW (1981); la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en
contra de la Mujer (1993); la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995); la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”(1995). En el plano nacional, la
protección se deriva de los artículos 13 y 43 de la Constitución Política,
principalmente, que establecen el derecho fundamental a la igualdad y a la no
discriminación, y la igualdad entre mujeres y hombres. Por lo demás, se han
expedido numerosas regulaciones sobre la materia como la Ley 294 de 1996, por
la cual se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar; y la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas para la
sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, por mencionar solo algunas de ellas.
[38] Véanse, entre
otras, las Sentencias T-554 de 2003, T-453 de 2005 y T-458 de 2007.
[39] Sentencia T-967
de 2014. M.P. Gloria Ortiz Delgado.
[40] Sentencia T-878
de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[41] Véanse, entre
otras, el Auto 092 de 2008, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y las Sentencias
T-1015 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-677 y T-973 de 2011, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez; C-781 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa y
C-438 de 2013, M. P. Alberto Rojas Ríos.
[42] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[43] Este supuesto
se presenta cuando se deja de investigar porque simplemente la mujer decide no
formular la acción penal o llega a un acuerdo de conciliación, y también cuando
se le traslada la carga de la investigación, por ejemplo, alegando que el
impulso procesal le corresponde a ella o que las pruebas que aportó no son
suficientes para soportar lo dicho.
[44] Este supuesto
ocurre cuando se decide archivar el proceso por falta de material probatorio,
sin que se haya hecho uso de los poderes oficiosos, o cuando se hace una
evaluación fragmentada o cuando no se le da alcance al contexto de la mujer al
momento de valorar el acervo allegado, desestimando la existencia de un patrón
de violencia sistemático.
[45] Las mujeres que
sufren actos de violencia están predispuestas a la revictimización, es decir,
deben enfrentarse a otra clase de maltratos por las entidades de policía,
judiciales y de salud. De entrada, la mujer que se arriesga a denunciar a su
compañero sentimental debe asumir largas esperas, interminables diligencias,
recorridos por distintas oficinas, múltiples citaciones, interrogatorios
denigrantes y precaria atención médica y psicológica. Esta situación
desincentiva a la mujer a reconocer en público la violencia padecida, y de
denunciar su condición de víctima ante la justicia.
[46] M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[47] Según la
explicación realizada en el acápite 3.5.7 de esta providencia.
[48] Cuaderno
principal del proceso de pertenencia, folios 42 a 47.
[49] CD audiencia
inicial y de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 392 C.G.P.
Minutos 13:37 a 50:38. Cuaderno principal del proceso de pertenencia, folio
283.
[50] La doctrina
define la coposesión como la posesión que diversas personas ejercen sobre una
misma cosa, señalando que, a falta de normas convencionales, testamentarias o
legales, se aplicará por analogía lo dispuesto en cuanto al condominio. CABANELLAS,
Guillermo. Diccionario Jurídico elemental, Editorial Heliasta, 2008.  En términos
similares, esta figura se contextualiza como la ejercida por dos o más personas
sobre “(…) una misma cosa (una casa, un terreno), debiendo entenderse, como
en el supuesto del condominio, que cada uno de los coposeedores ejerce la
coposesión sobre la totalidad de la cosa mientras no sea dividida”.  OSSORIO Manuel,
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
2006.
[51] CD audiencia
inicial y de instrucción y juzgamiento de que trata el artículo 392 C.G.P.
Hora: 04:35:04 a 04:45:51. Cuaderno principal del proceso de pertenencia, folio
283. Énfasis por fuera del texto original.
[52] Como
ya se transcribió, la autoridad judicial en la sentencia cuestionada afirmó
que: “(…) En orden a la demostración de la posesión se logró la evacuación
de los testimonios de Néstor Darío Bedoya Arias, Victoria Eugenia Vásquez
Rodríguez y Alberto Ferreira Alameda, quienes no son contestes en afirmar la
forma como obtuvo la demandante la posesión del bien, y lo más importante a
partir de cuándo empezó esa posesión (…)”.
[53] Ley
1564 de 2012. Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso
son nulas de pleno derecho.
[54] Ley
1564 de 2012. Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen (…)
[55] Ley
1564 de 2012. Artículo 176. Apreciación
de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos. // El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le
asigne a cada prueba.
[56] Véanse, entre otras, las Sentencias T-008 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, T-357 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería y T-952 de
2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.