SU553-15
Sentencia SU553/15
(Bogotá, D.C., 27 de
agosto)
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA FRENTE A ACTOS
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional
para evitar perjuicio irremediable por cuanto lista de elegibles pierde
vigencia
La jurisprudencia constitucional ha determinado que
existen casos excepcionales en los que no opera la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra este tipo de actos administrativos.
El primer supuesto, es cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica
es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que
en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor;
y el segundo, cuando el accionante ejerce la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los
requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de
ser impostergable. De ahí que, en ciertos casos, cuando la acción de tutela se
interpone contra actos administrativos relacionados con concursos de méritos,
el perjuicio irremediable que se pretendería evitar son las consecuencias
negativas que se derivan de la pérdida de vigencia de la lista de elegibles,
las cuales no se podrían impedir si exige al tutelante el previo agotamiento de
los medios de control dispuestos en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para reclamar la protección de su derecho, por la extensa
duración de su trámite.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
EN CONCURSO DE MERITOS-Vulneración por Corte Suprema de Justicia al no
aplicar actos administrativos que definieron la naturaleza y la forma en que se
debían proveer las plazas para Magistrados especializados en restitución de
tierras
SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA
ADMINISTRATIVA DE LA RAMA JUDICIAL-Regla en la provisión de cargos debe ser
de una lista o registro conformado mediante concurso público de méritos
Es claro que la provisión de los cargos de la Rama
Judicial se debe hacer a través de las reglas del concurso público y abierto
contenido en la Ley 270 de 1996 y, teniendo en cuenta la lista de elegibles
vigente. En todo caso, la vocación transitoria del cargo no podrá entenderse
como impedimento, para que, en la selección del funcionario que lo vaya ocupar,
se aplique el régimen de carrera judicial. Dicho régimen protege los derechos y
garantías constitucionales de aspirantes y servidores públicos, al mismo tiempo
que, cumple los fines estatales de transparencia y eficacia, comprometidos en
los mecanismos de ingreso al servicio público.
SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia constitucional para reglamentar y
administrar la carrera judicial
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y FACULTAD DE REGLAMENTAR LA CARRERA JUDICIAL-Potestad
reglamentaria de los órganos constitucionales
CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL-Provisión
en propiedad, en provisionalidad o en encargo
MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS EN
RESTITUCION DE TIERRAS Y JUECES CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN
RESTITUCION DE TIERRAS-Naturaleza y marco jurídico
MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS EN
RESTITUCION DE TIERRAS Y JUECES CIVILES DEL CIRCUITO ESPECILIZADOS EN
RESTITUCION DE TIERRAS-Cargos son de carrera y deberán ser nombrados por
concurso público
PROVISION DE CARGOS DE JUECES
DE RESTITUCION DE TIERRAS-Conforme al régimen aplicable a la provisión de
funcionarios de la Rama Judicial
Para la Corte es claro que
los cargos de Magistrados y jueces, especializados en restitución de
tierras: (i) pertenecen a la jurisdicción ordinaria civil; (ii) tienen vocación
de permanencia; (iii) son de carrera, es decir, que deben proveerse mediante un
concurso de méritos; de ahí que, (iv) su nombramiento debe hacerse en propiedad
de la lista de elegibles vigente, tal y como, lo consideró la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Reiteración de jurisprudencia
Resulta pertinente aplicar de manera analógica la categoría del
defecto material o sustantivo, propia del análisis que se hace en los casos de
tutela contra providencia judicial, al ámbito de las actuaciones
administrativas, con el fin de verificar si existió la violación del derecho al
debido proceso administrativo de los accionantes. El defecto sustancial
o material se presenta cuando la autoridad administrativa aplica una norma
claramente inaplicable al caso concreto o, visto desde otra perspectiva, cuando
deja de aplicar la que evidentemente lo es.
ACCION
DE TUTELA FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONCURSO DE MERITOS-Procedencia por defecto sustantivo, por cuanto Corte
Suprema dejó de aplicar los actos administrativos de la Sala Administrativa del
Consejo Superior que determinaron que la provisión de cargos de Magistrados
Especializados en Restitución de Tierras, se debía realizar en propiedad, de la
lista de elegibles
Se vulneró el derecho al debido proceso administrativo de
los tutelantes y de los terceros vinculados, por la configuración de un defecto
material o sustantivo. (i) Tratándose de un cargo judicial de carrera, la autoridad
nominadora debe aplicar las normas constitucionales, estatutarias y demás
normas legales o reglamentarias jurídicas que disponen su creación y
naturaleza. (ii) La omisión injustificada de designar en propiedad en un cargo
de carrera judicial, de carácter permanente, a una persona, que aprobó el
respectivo concurso de méritos y que fue incluida en la lista de elegibles, la
hace incursa en un defecto material o sustantivo que vulnera el derecho
fundamental al debido proceso administrativo.
Referencia: Expediente T-4.789.181
Fallos de tutela objeto revisión: Sentencia de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 19 de noviembre
de 2014, que confirmó la  Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, del 18 de septiembre de 2014.
Accionantes: Vicente Landinez Lara, Juan Pablo
Suárez Orozco y Javier Enrique Castillo Cadena.
Accionado: Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES
1.    Demanda de tutela.
1.1. Elementos de la demanda.
1.1.1. Derechos fundamentales
invocados. Trabajo, igualdad de oportunidades, acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos, debido proceso administrativo y principio de
confianza legítima.
1.1.2. Conducta que causa la
vulneración. Los actos administrativos proferidos, el primero de ellos, en
sesión del 8 de agosto de 2013, comunicado el 12 de agosto del mismo año y, el segundo,
en sesión del 5 de septiembre del 2013, comunicado el 18 de septiembre del
mismo año, mediante las cuales la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó
la solicitud de reconsideración y, rechazó el recurso de reposición, que fueron
presentados por los accionantes para obtener el nombramiento en propiedad, en los
cargos de Magistrados Sala Civil, especializados en restitución de tierras, del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia.
1.1.3. Pretensión. Ordenar a la
accionada que nombre, en propiedad, a los accionantes en el cargo referido.
1.2. Fundamentos de la pretensión.
1.2.1. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura creó, a través del Acuerdo PSAA-12-9268 de 2012, los despachos de
Magistrado en Salas Civiles, especializados en restitución de tierras, en los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial de Antioquia, Bogotá D.C., Cali,
Cartagena y Cúcuta[1].
1.2.2. Por lo anterior, la misma Sala Administrativa del
C.S.J., mediante sendos acuerdos[2]
formuló ante la Corte Suprema de Justicia las listas de candidatos tomadas del
Registro Nacional de Elegibles vigente, integrado por las personas que
aprobaron el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo No.4528 de 2008,
destinadas exclusivamente a proveer las tres (3) vacantes del cargo de
Magistrado del Tribunal Superior, Sala Civil, de los distritos judiciales
referidos.
1.2.3. La Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, en sesión ordinaria del 10 de mayo de 2012 nombró,
en provisionalidad, a los accionantes en los cargos de Magistrados de Sala
Civil, especializados en restitución de tierras, en el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Antioquia y solicitó a la Sala Administrativa del C.S.J.
que convocara un concurso de méritos específico para la especialidad. Bajo esta
misma modalidad, nombró a los magistrados de dicha especialidad, en los otros
distritos judiciales.
En el acta número 19 de la
sesión mencionada, se dejó constancia de que el Acuerdo que creó los cargos “no
especificó si eran de carrera o si se creaban en provisionalidad, dado que la
Ley 1448 de 2011 tiene una vigencia de 10 años (…)”; asimismo que, “la
Sala de Gobierno de la Corte, decidió que previamente a efectuar los
nombramientos, se solicitara a la Sala Administrativa la aclaración del
carácter de dichos cargos, el cual fue respondido remitiendo un concepto
impreciso y equívoco de la Unidad de Carrera Judicial, que señala que son de
carácter permanente.” Por tal razón, el alto tribunal resolvió que “dichos nombramientos debían serlo en provisionalidad, por la
temporalidad de la Ley 1448 de 2011, tal como ocurre con la Ley de Justicia y
Paz”[3].
1.2.4. El 20 de mayo de 2013, los magistrados de restitución
de tierras nombrados en provisionalidad, incluidos los actores, presentaron
derecho de petición ante la Presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, para que por su intermedio, propusiera a la Sala Plena de dicha
Corporación la reconsideración de la decisión adoptada en la sesión ordinaria
del 10 de mayo de 2012, y en tal sentido, los nombrara en propiedad en el cargo
mencionado[4]. En síntesis, los
fundamentos fácticos y jurídicos de la petición fueron los siguientes:
- Señalaron que el artículo 119 de
la Ley 1448 de 2011, ordenó la creación de los cargos de Magistrados de Sala
Civil, especializados en restitución de tierras, de conformidad con el numeral
5º del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, norma que faculta a la Sala
Administrativa del C.S.J. para crear cargos de naturaleza permanente, y no con
base en lo previsto en el artículo 63 de dicha ley, que en su literal d), le
permite créalos “con carácter transitorio”.
- Adujeron que en algunos de los
debates legislativos sobre el proyecto de la Ley 1448 de 2011, el Congreso
consideró, en un primer momento, darle el carácter de temporales a los cargos
de los magistrados especializados en restitución de tierras, y así se presentó
el artículo respectivo. Pero finalmente, la transitoriedad de los cargos en
comento, fue eliminada del texto definitivo de la norma promulgada, que en su
artículo 79, da permanencia a dichos cargos.
- Afirmaron que la naturaleza de
sus cargos es totalmente diferente a la de los Magistrados de Justicia y Paz,
en tanto la Ley 975 de 2005, en su artículo 67, dispuso que su provisión no se
haría por concurso. Además que, dicha ley no asignó tales cargos a una sala
determinada, como sí lo hizo el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, con los
Magistrados Sala Civil, especializados a la restitución de tierras.
- Indicaron que la Sala
Administrativa del C.S.J., mediante el Acuerdo PSAA13-9866 del 13 de marzo de
2013, determinó que los cargos referidos hacen parte de la jurisdicción
ordinaria civil, pues hacen parte de la Sala Civil del respectivo Tribunal
Superior de Distrito Judicial (artículo 1º). En ese sentido, señalaron que
dicha Sala Administrativa, en sesión de 23 de agosto de 2012, aprobó los
conceptos proferidos por la Unidad de Carrera Judicial, en el sentido de que
los cargos en cuestión son permanentes y de carrera, por lo que deben proveerse
en propiedad.
- Aseveraron que por las
anteriores razones, fueron nombrados en propiedad de los Registros de Elegibles
vigente, algunos de los jueces civiles especializados en restitución de
tierras.
1.2.4.1. El 31 de mayo de 2013, los peticionarios remitieron
a la Sala Civil de la Corte Suprema, como complemento de la anterior petición,
copia de la Circular PSAC-13-14 del 27 de mayo de 2013, expedida por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En dicha circular se
establece que los cargos de jueces, magistrados, empleados, creados en virtud
de la Ley 1448 de 2011, “deben ser provistos en propiedad de los Registros
de Elegibles vigentes y en ese sentido, corresponde a la autoridad nominadora
proveerlos en la forma indicada”[5].
1.2.5. Mediante oficios PCSJ No.1382, 1384, 1385 del 12 de
agosto de 2013, recibidos el 20 de agosto del mismo año, la Presidenta de la
Corte Suprema de Justicia les informó a los peticionarios que, en sesión
plenaria del 8 de agosto de 2013, se resolvió negar su solicitud[6].
1.2.6. El 26 de agosto de 2013, presentaron recurso de
reposición contra los “actos administrativos” que negaron la petición
del 20 de mayo del mismo año y, contra la decisión tomada en la sesión plenaria
del 8 de agosto de 2013, por desconocer los fundamentos que dieron lugar a la
negativa de lo pedido. Sin embargo, la Corporación accionada, mediante oficios OSG
No.5677, 5678 y 5679 del 18 de septiembre de 2013[7], comunicó la decisión
adoptada en sesión ordinaria del 5 de septiembre del mismo año, en el sentido
de rechazar por improcedente dicho recurso, por considerar que los
peticionarios no interpusieron los recursos de ley establecidos contra los
actos de nombramiento y confirmación[8].
1.2.7. Con
fundamento en lo anterior, los señores Vicente Landinez Lara, Juan Pablo Suárez
Orozco y Javier Enrique Castillo Cadena, presentaron acción de tutela contra la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:
En primer lugar,
señalaron que la jurisprudencia constitucional[9],
ha establecido que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz con el
que cuenta una persona para controvertir la negativa a proveer cargos de
carrera, de conformidad con los resultados publicados en la listas de elegibles
por los concursos de mérito. En el caso concreto, alegaron que este era el
único mecanismo eficaz con el que contaban, para que los jueces estudiaran los
fundamentos de los actos de nombramiento, los cuales consideran han decaído por
causa de un hecho nuevo, que consiste en el Acuerdo y la Circular
expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En segundo lugar,
manifestaron que, la acción de tutela satisface el requisito de inmediatez, por
cuanto los actos que sirvieron de fundamento a la demanda de tutela, y que
resolvieron la discrepancia de conceptos sobre el tipo de nombramiento (en
provisionalidad o en propiedad), fueron dictados por la Sala Administrativa con
posterioridad a los actos de nombramiento (mayo 2012), es decir, en mayo de
2013.
En tercer lugar,
alegaron que fueron vulnerados sus derechos fundamentales, porque la accionada
mantiene sus nombramientos en provisionalidad, cuando el mismo debió efectuarse
en propiedad, por cuanto superaron el concurso de méritos convocado en el año
2008 y, por ende, pasaron a hacer parte de la lista de elegibles que fue
formulada por la Sala Administrativa del C.S.J. a la entidad accionada.
En ese orden,
aseveraron que: (i) se vulneró el derecho a la igualdad de oportunidades,
debido a que los jueces y demás empleados de restitución de tierras han sido
nombrados en propiedad, contrario a lo está sucediendo con los magistrados de
la misma especialidad; (ii) se vulneró el derecho al trabajo y el derecho de
desempeñar cargos y funciones públicas, porque se omitió el contenido del
artículo 25 y 40, numeral 7, de la Carta Política; y (iii) se vulneró el
derecho al debido proceso administrativo y, se desconoció el principio de
confianza legítima, toda vez que, la accionada solicitó a la Sala
Administrativa que convocara a un nuevo concurso para la especialidad de
restitución de tierras, a pesar de que hay una lista de elegibles vigente,
agregando de esta forma etapas y requisitos adicionales a un trámite
administrativo ya surtido. En ese sentido, afirmó que la prueba de que no se
necesitaba de un nuevo concurso es que en la reciente convocatoria a concurso
de méritos para proveer cargos de la Rama Judicial (Acuerdo No.PSAA13-9939 de
2013), no se incluyó el cargo de Magistrado especializado en restitución de
tierras, sino el de “Magistrado de Tribunal Superior –Sala Civil”, de cuyo
registro se proveerán aquellos[10].
Finalmente,
alegaron que la vulneración permanece en el tiempo porque continúan nombrados
en provisionalidad en cargos que son de carácter permanente. Circunstancia que,
a su juicio, da actualidad y firmeza a la configuración del perjuicio.
2. Respuesta de la autoridad accionada y de los terceros
vinculados[11].
2.1. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Solicitó
que se denegara el amparo reclamado por los accionantes. Ello, por cuanto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo que creó los cargos de Magistrados,
especializados en restitución de tierras, designó a las personas que ocuparían,
en provisionalidad, dichas plazas. Resaltó que si los actores no compartían la
forma como en la sesión del 10 de mayo de 2012 se nombraron los cargos en
cuestión, sus reparos han debido manifestarlos en la oportunidad legal, contra
los actos de nombramiento y confirmación, como se les hizo saber en la
providencia del 5 de septiembre de 2013. De este modo, concluyó que la
controversia planteada por los actores desborda las potestades del juez
constitucional.
2.2. Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura. Solicitó que se negara la acción de
tutela, porque existe un mecanismo de defensa ordinario para controvertir la
legalidad de los actos administrativos de nombramiento, además que, no se cumple
con el requisito de inmediatez[12].
2.3. Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
Allegó un informe en el que hace una reseña sobre el trámite surtido por dicha
Corporación, en el procedimiento de nombramiento de los Magistrados de las
Salas Civiles, especializados en restitución de tierras[13].
2.4. Puno Alirio Correal Beltrán. Solicitó remitir
las diligencias por competencia al Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, porque la acción de tutela se dirige contra una autoridad del
orden nacional por un acto donde ejercía función pública administrativa y no
judicial, a quien reclamó la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso, en virtud de que fue elegido por la accionada en
la sesión del 10 de mayo de 2012 como magistrado de Sala Civil de Tribunal en
provisionalidad, cuando lo que correspondía era en propiedad[14].
2.5. Gloria del Socorro Victoria Giraldo. Solicitó
que se hiciera extensivo los efectos favorables del amparo implorado, a los
derechos de los que es titular y, que se han visto vulnerados con la actuación
de la accionada, al haberla nombrado en provisionalidad en el cargo referido,
en el distrito judicial de Cali. Señaló que en la Sentencia T-319 de 2014, la
Corte Constitucional ya se había pronunciado respecto de esta problemática[15].
2.6. Martha Patricia Campo Valero y Ada Patricia
Llallemand Abramuck. Reclamaron el amparo de los derechos fundamentales
invocados en el líbelo introductor, por haber sido vulnerados por la autoridad
judicial accionada. Por lo anterior, insistieron en la pretensión principal
planteada en la tutela, es decir, que se ordene hacer el nombramiento en
propiedad. De igual forma, sostuvieron que en la Sentencia T-319 de 2014 se
zanjó la disparidad de interpretaciones, suscitada en torno a la designación en
propiedad o provisionalidad de los cargos de Magistrados de restitución de
tierras[16].
2.7.  Jorge Hernán Vargas Rincón, Laura Elena Cantillo
Araujo y Oscar Humberto Ramírez Córdoba. Manifestaron que se adhieren a la
presente acción, por encontrarse en idénticas circunstancias jurídicas y de
hechos a los iniciales accionantes. La señora Cantillo señaló que lo temporal
no es el cargo de magistrada que desempeña, sino la Ley 1448 de 2011, que creó
la especialidad en restitución de tierras, pues conforme a la circular del
Consejo Superior de la Judicatura, una vez concluidos los objetivos de dicha
norma estos magistrados están adheridos a los Tribunales de Distritos en sus
salas civiles “deben integrarse y continuar en la especialidad civil”[17].
2.8. Jorge Eliecer Moya Vargas. Reiteró los
argumentos formulados por los accionantes en la demanda de tutela y, agregó que
la autoridad judicial accionada en la sesión del 8 de agosto de 2013, Acta 21,
desconoció el Acuerdo del 13 de marzo de 2013 y la Circular del 27 de mayo del
mismo año, no obstante ser vinculantes por tratarse de actos administrativos
vigentes que gozan presunción de legalidad. Por último, hizo referencia a la
Sentencia T-319 de 2014[18].
2.9. Amanda Janeth Sánchez Tocora. Manifestó que
coadyuva la solicitud de amparo elevada por los accionantes y que se adhiere a
los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma[19].
2.10. Nelson Yesid Ruíz Hernández. Adujo que se
encuentra en exactas condiciones a las de los iniciales demandantes, por ello,
solicitó que fuera tenido en cuenta como coaccionante y, que se extendieran a
su favor los efectos del fallo de tutela[20].
3.
Decisiones judiciales objeto de revisión[21].
3.1. Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, del 18 de septiembre de 2014. La Sala de conjueces
denegó la protección constitucional invocada.
En primer término, señaló que los actores, mediante oficio
del 10 de septiembre de 2014, adicionaron la demanda de tutela, aduciendo que
la Sentencia T-319 de 2014 de la Corte Constitucional, zanjó la disparidad de
interpretaciones suscitada en torno a la designación en propiedad o en
provisionalidad de los cargos de Magistrados de la Sala Civil, especializada en
restitución de tierras. En efecto, precisó que dichos cargos son de carácter
permanente –de carrera-, pertenecientes a la jurisdicción civil, y por tanto,
la provisión de los mismos deben ser en propiedad.
En segundo término, manifestó que si bien es cierto, la Sala
Administrativa indicó que los cargos eran de carácter permanente, ello no
significa que su nombramiento tenía que ser de carrera, pues no existe un
concurso de méritos para la provisión de esos cargos específicos, motivo por el
cual no puede hacerse los mentados nombramientos en propiedad. Los accionantes
y terceros vinculados al momento de su nombramiento conocían que habían sido
nombrados en provisionalidad, sin que en su momento oportuno interpusieran los
recursos y las acciones contenciosas establecidas en la ley para presentar su
inconformidad. Además, señaló que la acción de tutela no tiene lugar cuando no
existe un perjuicio irremediable, como ocurre en el presente caso, puesto que,
los nombrados se han desempeñado normalmente en sus cargos desde el mismo
momento de sus nombramientos, sin que con ello se les haya causado perjuicio
alguno, por el contrario se han venido beneficiando por todas las prebendas que
el cargo les ha ofrecido.
En tercer término, concluyó que no procede la acción de
tutela por incumplir con el requisito de inmediatez, en tanto dejó transcurrir
un tiempo prolongado entre la interposición de la acción constitucional y el
hecho que presuntamente generó la vulneración, acaecido el 10 de mayo de 2012,
fecha del nombramiento.
Por último, señaló que no era del caso, aplicar lo dispuesto
en la Sentencia T-319 de 2014 por ser diferentes las circunstancias y por
consiguiente no recibe los efectos inter comunis allí mencionados.
3.2. Impugnación[22].
El señor Jorge Eliecer Moya alegó que su intervención en la acción de
tutela no fue tenida en cuenta para adoptar la decisión, ni siquiera se
menciona en el fallo. En oposición al fallo del a quo, señaló que el
período de inactividad para el ejercicio de la acción de tutela está plenamente
justificado, pues solo acaeció mientras el Consejo Superior de la Judicatura en
su calidad de responsable de administrar la carrera judicial, efectuó el
pronunciamiento definitivo (Acuerdo y Circular de mayo de 2013) que zanjara la
discrepancia conceptual con la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, precisó
que de existir tardanza en la interposición de la acción de tutela, lo cierto
es que hay situaciones que lo justifican, tales como, (i) la vulneración
permanente de sus derechos fundamentales, por mantenerse su nombramiento en
provisionalidad, y (ii) la ocurrencia de un hecho nuevo, cual es, la expedición
de los Acuerdos y la Circular por parte de la Sala Administrativa del C.S.J.
Finalmente, resaltó que en la Sentencia T-319 de 2014, se hizo una salvedad en
el sentido de que el juez de tutela podría llegar a soluciones distintas, por
ejemplo, cuando el servidor  es promovido a un cargo de restitución de tierras
y luego de finalizada su vigencia pierde el derecho a la carrera judicial o se
ve obligado a renunciar a esta.
3.3 Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 19 de noviembre de 2014. La
Sala de conjueces resolvió confirmar el fallo de primera instancia, por las
siguientes razones: (i) el impugnante fue vinculado como tercero con interés en
el proceso de tutela (D. 2591/91, art. 13, inciso 2) y, por tanto, está
legitimado para impugnar el fallo de primera instancia; (ii) ante la ausencia
injustificada de activación del mecanismo judicial respectivo, la acción de
tutela deviene improcedente. Además que, el amparo no está llamado a prosperar
ni siquiera de manera transitoria, porque no existe prueba de un perjuicio
irremediable; (iii) la interposición de la acción constitucional fue
extemporánea; (iv) la interpretación de la autoridad accionada no es arbitraria
o caprichosa, pues en el acta de 10 de mayo de 2012 se evidencia las razones
que sustentaron la decisión; y por último, (v) la Sentencia T-319 de 2014 no
declaró los efectos inter comunis.
4. Solicitud de insistencia.
Mediante escrito del 13 de abril de 2015, la H. Magistrada
Martha Victoria Sáchica Méndez presentó solicitud de insistencia ante la Sala
de Selección No.4 de esta Corporación, con el fin de que fuera seleccionado el
proceso bajo estudio. En el escrito de insistencia se exponen las siguientes
razones para la selección del caso: (i) reiterar la jurisprudencia respecto de
la naturaleza de los cargos de servidores judiciales de restitución de tierras;
(ii) reafirmar el precedente relacionado con que la carrera administrativa es
la regla general en la provisión de cargos públicos; (iii) unificar
jurisprudencia respecto del nombramiento de los cargos de jueces y magistrados
de restitución de tierras; (iv) verificar si en el caso concreto se cumplen los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez; y (v) determinar si, de acuerdo con
la Sentencias T-319 de 2014; C-333 de 2012 y C-532 de 2013, los cargos de
restitución de tierras son de carácter permanente, o sí por el contrario, están
circunscritos al marco del conflicto[23].
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución Política
-artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos
31 a 36[24].
2. Procedencia de la demanda de tutela[25].
2.1. Alegación de
afectación de un derecho fundamental. En el
caso bajo estudio se analiza la posible vulneración al trabajo, a la
igualdad de oportunidades, al derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos y, al debido proceso administrativo.
2.2. Legitimación activa. Los accionantes en calidad de titulares de los derechos
presuntamente vulnerados interpusieron la acción de tutela de manera directa
(C.P. art. 86º, D. 2591/91 art. 1º y art.10°).
2.3. Legitimación pasiva. La Corte Suprema de
Justicia -Sala Plena- es una entidad de naturaleza pública, por tanto, la
solicitud de amparo es procedente. (C.P. 86°, D. 2591/91 art. 1° y art. 13°).
2.4. Inmediatez.
2.4.1. Jurisprudencia. Reiteración.
2.4.1.1. En reiterada
jurisprudencia[26]
este Tribunal Constitucional ha insistido en que, si bien el artículo 86 de la
Constitución Política, señala que la acción de tutela puede ser interpuesta “en
todo momento”, ello no significa que no deba interponerse en un plazo
razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración pues, de acuerdo con el
mismo artículo constitucional, es un mecanismo diseñado para reclamar “la
protección inmediata” de los derechos fundamentales[27]. De ahí que, le
corresponda al juez constitucional tomar en cuenta como dato relevante, el
tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de
amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que
se reclama no se requiere con prontitud, como se espera en los casos para las
cuales el mecanismo preferente y sumario de la tutela está reservado[28].[29]
2.4.1.2.
Para tal efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado algunos criterios
generales para orientar al juez de tutela en el momento que deba establecer la
razonabilidad y oportunidad de la interposición de la acción de tutela, a
saber:
“(i)
si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;[30] (iv) si
el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición.”[31]
2.4.1.3. Asimismo, se
han indicado los dos únicos casos en los que no es exigible el principio de
inmediatez de modo estricto: (i) cuando  se demuestre que la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir
a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros[32].
2.4.1.4. A modo de
conclusión, la inmediatez más que un requisito de procedibilidad, constituye un
elemento esencial o característica principal de la acción de tutela. Por tal
razón, el examen del mismo no se reduce a
verificar simplemente el paso del tiempo entre el hecho generador de la
vulneración de un derecho fundamental y la interposición de la demanda de
tutela, sino que, además comprende la valoración de la razonabilidad del plazo,
la cual está sujeta a los hechos que configuran el caso concreto y debe ser
efectuada por el juez de tutela atendiendo a los criterios que sobre el
particular ha fijado la jurisprudencia constitucional.
2.4.2. Falta de inmediatez, en criterio de la
accionada.
2.4.2.1. En el presente asunto, los accionantes
interpusieron acción de tutela contra la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, alegando que fueron vulnerados sus derechos fundamentales, por haber
sido nombrados, en provisionalidad, en los cargos de Magistrados de Tribunal
Superior, Sala Civil, especialidad de restitución de tierras, cuando a su
parecer tales nombramientos debieron haberse hecho en propiedad.
2.4.2.2. Las Salas Civil y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, actuando como jueces de tutela,
negaron por improcedente el amparo deprecado, por considerar que no se había
cumplido con el requisito de inmediatez. En ese sentido, señalaron que se dejó
transcurrir un tiempo prolongado e injustificado entre la interposición de la
acción constitucional -24 de octubre de 2013- y el hecho que presuntamente
generó la vulneración, este es, la decisión adoptada en la plenaria celebrada
el 10 de mayo de 2012, en la que se resolvió nombrar en provisionalidad a los
actores.
2.4.2.3. La Sala Laboral del tribunal mencionado reforzó el
anterior argumento al precisar que, en forma alguna podía contabilizarse, a
partir del rechazo del recurso de reposición, expedido el 5 de septiembre de
2013, el término de los 6 meses que ha establecido la jurisprudencia de esa
Corporación, como razonable para interponer la acción de tutela. Ello, por
cuanto entre la designación que fue efectuada -10 de mayo de 2012- y la
reconsideración solicitada -20 de mayo de 2013 - transcurrió más de un año, lo
que en efecto demuestra que las actuaciones de los actores no han sido
concatenadas a la decisión inicialmente adoptada.
2.4.3. Examen de inmediatez.
Con base en los elementos del caso concreto y atendiendo al reiterado
precedente que ha fijado sobre el tema la jurisprudencia constitucional, la
Corte procederá a verificar si la acción de tutela cumple o no con el requisito
de inmediatez.
2.4.3.1. Para tal efecto, es importante recordar que, en un primer
momento, ante la falta de certeza respecto de la naturaleza de los cargos de
los funcionarios de restitución de tierras, el nominador (la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia) solicitó a la Sala Administrativa del C.S.J. aclaración
acerca de este tema, la cual fue respondida mediante un concepto de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial en el sentido de que dichas plazas eran
de carácter permanente. No obstante, el nominador consideró dicho concepto, por
considerarlo “impreciso y equívoco”, y nombró a los accionantes
en provisionalidad, solicitando al Consejo Superior de la Judicatura que convocara
a un nuevo concurso de méritos para proveer dichos cargos.
2.4.3.2. En un segundo momento, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA13-9866 del 13
de marzo de 2013 y  la Circular PSAC13-14 del 27 de mayo del 2013 determinó que los
cargos referidos eran de naturaleza permanente y que debían ser provistos en
propiedad. Por tal razón, los accionantes presentaron, el 20 de mayo de 2013,
solicitud de reconsideración ante Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
para que se cambiara el nombramiento en propiedad. Dicha solicitud fue negada
por la Sala Plena de dicho tribunal, primero, mediante los oficios PCJ No.1382,
1384 y 1385 del 12 de agosto de 2013, por las mismas razones que motivaron el
acto inicial de nombramiento y, segundo, el 5 de septiembre de 2013, al
rechazar por improcedente el recurso de reposición que se interpuso contra la
precitada decisión.
2.4.3.3. Como se expuso, la acción de tutela es improcedente en los casos en que ésta no se
presenta dentro de un término prudencial y razonable, en relación con el
momento en que se presenta la afectación o amenaza de los derechos
fundamentales invocados. En todo caso,
la razonabilidad del lapso debe ser analizada por el juez de tutela a la luz de
los criterios que sobre la materia ha establecido la jurisprudencia
constitucional. Así, para hacer el análisis del requisito de inmediatez, en
primer lugar, es necesario identificar el momento en que se presentó la
presunta vulneración o la amenaza de los derechos fundamentales invocados por
los accionantes y, en segundo lugar, verificar si el término
transcurrido entre dicho suceso y la presentación de la acción de tutela no es
un tiempo prolongado e irrazonable para reclamar la protección constitucional.
2.4.3.4. Respecto del primer punto, la Corte considera que, contrario a
lo sostenido por los jueces de tutela de ambas instancias, la conducta que
causa la vulneración no es el acto inicial de nombramiento en provisionalidad
de los accionantes -10 de mayo de 2012-, sino los actos posteriores que
denegaron los nombramientos en propiedad -de 12 de agosto y 5 de septiembre de
2013-: (i) las decisiones contenidas en los oficios PCJ No.1382, 1384 y 1385
del 12 de agosto de 2013; y (ii) la declaración de improcedencia del recurso de
reposición contra los actos anteriores, del 5 de septiembre de 2013.
2.4.3.5. La Corte arriba a esta conclusión, por las siguientes razones:
(i) a la fecha de expedición del acto de nombramiento no había certeza respecto
de la naturaleza de dichos cargos, pues tan solo había un concepto de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial, que no tenía carácter vinculante; (ii) los
actos administrativos -Acuerdo y Circular- que modificaron la situación inicial
de incertidumbre, por cuanto definieron la naturaleza y la forma en que se
debían proveer los cargos de los funcionarios de restitución de tierras, fueron
dictados en mayo de 2013, por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, los cuales gozan de presunción de legalidad y tienen carácter
vinculante; (iii) de este modo, la presunta violación de los derechos
fundamentales no se causó con los primeros actos de nombramiento en
provisionalidad, dada la justificación de la conducta del nominador ante la
ausencia de definición de la naturaleza de los cargos; (iv) en cambio, la vulneración
pudo haberse causado cuando la entidad accionada negó la solicitud de
reconsideración y el subsiguiente recurso de reposición -agosto y septiembre de
2013-, con desconocimiento de los actos administrativos vinculantes que
entraron a regular el tema y de la competencia que le confiere la Constitución
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para definir la
naturaleza de dichos cargos.
2.4.3.6. Sobre la base de lo anterior, la Corte estima que el tiempo que
transcurrió entre el último acto que presuntamente causó la vulneración -5 de
septiembre de 2013- y la interposición de la acción de tutela -24 de octubre de
2013-, aproximadamente dos meses, es un término prudente y razonable para
solicitar la protección de los derechos fundamentales.
2.4.4. Conclusión parcial.
En consecuencia, la Corte concluye que, en el presente caso, se
satisface el requisito de inmediatez, porque los accionantes interpusieron de
manera oportuna la acción de tutela contra los actos administrativos expedidos
por el nominador -Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia- por medio de los
cuales negó el cambio de sus nombramientos en provisionalidad, tras haber sido
definido que se trataba de cargos permanentes y nombramientos en propiedad.
2.5. Subsidiariedad.
2.5.1. Jurisprudencia constitucional.
Reiteración.
2.5.1.1. El articulo 86 Superior establece la
acción de tutela como un procedimiento constitucional, destinado a la
protección de los derechos fundamentales, caracterizada por su carácter
residual y subsidiario, esto significa que, sólo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.[33]
2.5.1.2. La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado
que en el ámbito del derecho administrativo, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos[34],
por cuanto para controvertir la legalidad de estos están previstas acciones idóneas
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo[35], en la cual se puede
solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión del acto[36].
2.5.1.3. Específicamente, respecto de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos
expedidos en el marco de un concurso de méritos, la Sala Plena de este Tribunal
Constitucional, en Sentencia SU-133 de 1998[37],
precisó:
“ (…) esta
Corporación ha considerado que la vulneración de los derechos a la igualdad, al
trabajo y debido proceso, de la cual son víctimas las personas acreedoras a un
nombramiento en un cargo de carrera cuando no son designadas pese al hecho de
haber obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso, no encuentran
solución efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que supone unos trámites
más dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela y por lo mismo
dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho fundamental que
requiere protección inmediata.”
2.5.1.4. En esa línea, en la Sentencia SU-613 de 2002, la Corte determinó que:
“… existe una
clara línea jurisprudencial según la cual la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en la
administración judicial de conformidad con los resultados de los concursos de
méritos, pues con ello se garantizan no sólo los derechos a la igualdad, al
debido proceso y al trabajo, sino también el acceso a los cargos públicos, y se
asegura la correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución. Por lo
mismo, al no existir motivos fundados para variar esa línea, la Sala considera
que debe mantener su posición y proceder al análisis material del caso. Obrar
en sentido contrario podría significar la violación a la igualdad del actor,
quien a pesar de haber actuado de buena fe y según la jurisprudencia
constitucional, ante un cambio repentino de ella se vería incluso
imposibilitado para acudir a los mecanismos ordinarios en defensa de sus
derechos.”
2.5.1.5.
Además de lo anterior, la Corte señaló que la acción de tutela era procedente,
cuando la persona que pretende acceder al cargo para el cual participó en un
curso de méritos, se ve expuesta al riesgo de que el registro o la lista de
elegibles pierda vigencia y, como consecuencia de ello, no pueda garantizarse
la protección de su derecho por las vías judiciales existentes, lo que generaría
un perjuicio irremediable.
2.5.1.6. De acuerdo con los precedentes precitados, en la Sentencia T-090
de 2013, la Corte precisó que existen dos subreglas en que procede
excepcionalmente la tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan
un proceso de concurso de méritos: “(i) cuando el accionante la
ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[38],
el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas
urgentes, de ser grave y de ser impostergable[39]; y, (ii) cuando
el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el
derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser
garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor.”
2.5.1.7.
En conclusión, por regla general, la acción de tutela es improcedente contra
actos administrativos que se profieran en marco de un concurso de méritos. No
obstante, excepcionalmente, procederá el mecanismo de amparo, por un lado,
cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
el juez concederá la protección transitoria mientras la jurisdicción competente
decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto, y por el otro, cuando
a pesar de que existe un medio defensa judicial, este resulta ineficaz para
conjurar la violación del derecho fundamental invocado.
2.5.2. Subsidiaridad,
en criterio de la accionada.
2.5.2.1. Por su
parte, la Sala Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, fungiendo como
jueces de tutela, denegaron la protección solicitada por los actores,
argumentando, en síntesis, la ausencia injustificada de activación del
mecanismo judicial respectivo. Además que, el amparo no estaba llamado a
prosperar ni siquiera de manera transitoria, porque no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable.
2.5.2.2. En las circunstancias planteadas, la Sala
estima necesario determinar si en este caso se cumple con el requisito de
subsidiariedad, o si por el contrario existe un mecanismo de defensa judicial
eficaz diferente a la acción de tutela para dirimir la controversia planteada
por los accionantes.
2.5.3. Examen de subsidiaridad.
2.5.3.1.
En cuanto al requisito de subsidiariedad, los accionantes manifestaron
que la jurisprudencia constitucional[40],
ha establecido que la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz con el
que cuenta una persona para controvertir la negativa a proveer cargos de
carrera, de conformidad con los resultados publicados en la listas de elegibles
por los concursos de mérito. En ese sentido, afirmaron que dicha acción
constitucional era el único mecanismo eficaz con el que contaban, para que los
jueces estudiaran los fundamentos de los actos de nombramiento, los cuales
consideran han decaído por causa de un hecho nuevo, que consiste en el
Acuerdo y la Circular expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.
2.5.3.2. En el caso sub examine, se tiene que
lo pretendido por los accionantes es que se ordene a la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia que los nombre, en propiedad, en los cargos de Magistrado
de Tribunal Superior, Sala Civil, especializada en restitución de tierras. En
otros términos, pretenden mediante la acción de tutela desvirtuar la presunción
de legalidad que recae sobre los actos administrativos, que resolvieron
mantener el nombramiento en provisionalidad, para en su lugar, se profieran los
actos que provean los cargos en propiedad.
2.5.3.3. Los actos administrativos que expide la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de la función
administrativa que desempeña como nominador, son susceptibles de ser demandados
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011, artículo
138).
2.5.3.4. De este
modo, por regla general, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es
el mecanismo idóneo y eficaz para demandar la legalidad del acto administrativo
de nombramiento de un funcionario judicial, que por ejemplo, pretende acceder
al cargo por hacer parte de una lista de elegibles conformada por el órgano
competente en virtud de un concurso de méritos. Por esta razón, en principio, se
aparta o excluye al juez de tutela del conocimiento de dichas controversias.
2.5.3.5. No obstante,
la jurisprudencia constitucional ha determinado que existen casos excepcionales
en los que no opera la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra este tipo de actos administrativos. El primer supuesto, es cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica
es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que
en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor;
y el segundo, cuando el accionante ejerce la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los
requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de
ser impostergable. De ahí que, en ciertos casos, cuando la
acción de tutela se interpone contra actos administrativos relacionados con
concursos de méritos, el perjuicio irremediable que se pretendería evitar son
las consecuencias negativas que se derivan de la pérdida de vigencia de la
lista de elegibles, las cuales no se podrían impedir si exige al tutelante el
previo agotamiento de los medios de control dispuestos en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para reclamar la protección de su derecho, por la
extensa duración de su trámite. En esa línea de argumentación, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que “los registros de elegibles tienen vocación temporal y
exigir en todo caso la actuación ante la vía judicial contenciosa puede
acarrear demoras que harían nugatorio el derecho afectado ante la inminente
pérdida de vigencia del registro de elegibles antes de que se pudiera adoptar
una decisión en tal jurisdicción.”[41]
2.5.3.6. En apoyo
a lo anterior, esta Corporación, en la Sentencia SU-913 de 2009[42], estableció:
“5.2. Considera
la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos
de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna
acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite
llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de
derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha
expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe
ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y
realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar
el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el
ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso
particular[43].”
2.5.1.6. En el presente caso,
los accionantes aprobaron el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo
No.4528 de 2008, por lo cual fueron inscritos en un Registro de elegibles de
los Magistrados de Tribunal Superior -Sala Civil-. Dicho registro data del 17
de julio de 2011[44]
y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 de la Ley 270 de 1996,
cuenta con un periodo de vigencia de cuatro años, lo que significa que su
vigencia se extendería hasta mediados del año 2015. A pesar de lo anterior, la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de mayo de 2012, nombró en
provisionalidad a los accionantes en el cargo de Magistrado de Tribunal
Superior -Sala Civil-, en la especialidad en restitución de tierras,
solicitando a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
convocar a un concurso específico para la provisión de los cargos mencionados.
En cuanto a la solicitud de
la autoridad nominadora, indicaron los accionantes que: “tan claro es para
la Sala Administrativa que nuestros nombramientos son en propiedad, y no se
requiere un nuevo concurso, que en el Acuerdo No.PSAA13-9939 de junio de 2013,
para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial, no fueron
incluidos los cargos de Magistrados especializados en restitución de tierras
(…). De allí que la actual convocatoria este dirigida a la selección, en entre
otros, de los cargos de Magistrado de Tribunal Superior Sala Civil, de cuyo
registro de elegibles deberán ser nombrados los Magistrados de los Tribunales superiores
Sala Civil, especializados en restitución de tierras”[45]. En efecto,
la Corte advierte que la Sala Administrativa convocó en el año 2013, mediante
el acuerdo precitado, a un concurso para proveer cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, en los cuales aunque no incluyó específicamente el cargo
de Magistrado especializado en restitución de tierras, sí incorporó el de “Magistrado
de Tribunal Superior –Sala Civil”[46].
En consecuencia, es posible inferir que, en el caso concreto, el derecho que
invocan los accionantes a  permanecer en los cargos de carrera, que ocupan
actualmente, en provisionalidad, se encuentra amenazado por la realización de este
nuevo concurso, en tanto, tiene por objeto proveer, entre otros cargos, los de
Magistrado de Tribunal Superior - Sala Civil, de los que hace parte la
especialidad en restitución de tierras.
Unido a lo anterior, la Corte
considera que la demanda de tutela satisface el requisito de subsidiariedad, en
razón a que, el medio de control judicial ordinario (acción de nulidad y
restablecimiento del derecho) resulta ineficaz para la protección de los
derechos reclamados, porque en el tiempo prolongado que implica su trámite,
vencería el Registro de elegibles y, por consiguiente, no se podría a título de
restablecimiento del derecho nombrar a los accionantes en propiedad, debido a
que, simplemente ya estarían excluidos de ese listado. Dicha circunstancia
constituye un perjuicio irremediable que, en atención de las consideraciones
expuestas, se encuadra en una de las hipótesis, para que, de manera
excepcional, se declare procedente la acción de tutela contra actos
administrativos.
3. Problema jurídico constitucional.
3.1. La Sala Plena de la Corte
Constitucional resolverá si la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo, de los
accionantes al no aplicar, sin motivación alguna, los actos administrativos
(Acuerdo y Circular), expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura, que definieron la naturaleza y la forma en que debía
proveerse el cargo de Magistrado de Tribunal Sala Civil, especialidad en
restitución de tierras.
3.2. Dado que los accionantes desempeñan
actualmente el cargo referido en provisionalidad, no se encuentran desconocidos
sus derechos al trabajo y de acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos.
4. Cargo: vulneración del derecho al
debido proceso administrativo (art. 29 CP).
4.1. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda.
Como se puso de presente al exponer los
argumentos de los accionantes[47],
la demanda señala que el tribunal accionado vulneró sus derechos fundamentales,
por haber negado la solicitud de reconsideración y, haber rechazado el recurso
de reposición, que fueron presentados para efectuar su nombramiento en
propiedad, con base en lo dispuesto en el Acuerdo y la Circular de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De este modo, le
corresponderá a la Corte verificar si la autoridad accionada, en condición de
nominador, vulneró el derecho al debido proceso administrativo, por incurrir en
un defecto material al dejar de aplicar las normas (actos administrativos
vinculantes), que definieron la naturaleza y la forma en que se debían proveer
las plazas para Magistrados especializados en restitución de tierras.
4.2. Parámetros normativos.
Para juzgar este caso, se emplearán las
categorías establecidas para el estudio de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Como lo ha precisado esta Corporación en otras
oportunidades[48],
ello facilita el análisis de la afectación del derecho al debido proceso
administrativo, con la consideración de que aunque diferentes en su concepción
inicial, se presentan como útiles para la identificación
de actuaciones de la administración que involucran la afectación de los derechos
fundamentales del ciudadano[49]. Por esta razón, más adelante se hará énfasis en el defecto
material o sustantivo.
4.3. Regla constitucional de la carrera administrativa en la provisión
de cargos de la Rama Judicial.
4.3.1. El artículo 125 de la
Carta Política establece que "los empleos en los órganos y entidades
del Estado son de carrera", con excepción de los “cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”. Por esta vía, el Constituyente
introdujo en la Constitución de 1991 el régimen de la Carrera Administrativa como uno de sus ejes
definitorios[50] y, como postulado estructural de la
función pública.
4.3.2.
Para los cargos de carrera administrativa, el ingreso como el ascenso se
realizan previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas por la
ley, con el objeto de “determinar los méritos y
calidades de los aspirantes”. A su vez, que el retiro de dichos cargos se hará por “calificación no
satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.” (C.P. art. 125)
4.3.3. La Corte ha
reiterado en su jurisprudencia que la carrera administrativa es el mecanismo
por excelencia para el ingreso, permanencia, promoción y retiro a los empleos
del Estado[51], lo que significa su aplicación
general y, por ende, la interpretación restrictiva de las excepciones
consagradas en la Constitución[52]. Así mismo, este Tribunal ha
determinado que la carrera administrativa, tiene
por objeto la garantía del derecho a la igualdad de
oportunidades para el acceso a cargos y funciones públicas (CP, 40.7), la
búsqueda de la eficiencia y la eficacia en el servicio público para el
cumplimiento de los fines del Estado (CP, 1, 2, 122 a
131 y 209), y la protección de los derechos subjetivos a los que tienen derecho
las personas vinculadas a la carrera (CP, 53 y 125) y se funda en el mérito de
los aspirantes, para lo cual la Carta Política prescribió el concurso público
como el mecanismo idóneo para establecer el mérito y las calidades de los
mismos[53].[54]
4.3.4. Ahora bien, la Corte
ha indicado que de conformidad con el artículo 256-1 de la Constitución, la
carrera judicial constituye un sistema especial de carrera administrativa, por
lo cual se encuentra sujeta a los criterios impuestos por el artículo 125
superior[55].
Esto implica que, por regla general, el concurso público de méritos debe ser
utilizado para proveer cargos en la Rama Judicial, en tanto, constituye el
procedimiento preferente para garantizar que los ciudadanos más calificados
para el efecto, desempeñen las funciones que demanda la trascendental actividad
de administrar justicia. Vale la pena precisar que las reglas del concurso
público de méritos para proveer cargos en la rama judicial se encuentran
señaladas en los artículos 156[56],
164 y siguientes de la Ley 270 de 1996, conocida como Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, modificada por Ley 1285 de 2009.
4.3.5. En armonía con lo anterior, en cuanto a la selección
de personas para cargos de la rama judicial, la Corte en la Sentencia C-713 de 2008 fijó la regla conforme a la
cual los funcionarios judiciales deben ser elegidos de una lista o registro
conformado mediante concurso público de méritos, sin importar que su cargo
fuese tan sólo temporal[57].
4.3.6. Luego, en la Sentencia
C-333 de 2012, la Corte tuvo la oportunidad de realizar un estudio de
constitucionalidad sobre la carrera judicial y la provisión de cargos mediante
concurso público de méritos, con ocasión de una demanda promovida contra el
artículo 67 de la Ley 975 de 2005[58],
referente al sistema de elección de los magistrados de justicia y paz de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial. A partir de la regla fijada en la
sentencia C-713 de 2008, la Corte concluyó que, en este caso, la norma legal
acusada violaba el artículo 125 de la Constitución que impone como regla la
carrera administrativa fundada en el mérito, como criterio principal y
primordial de selección de las personas dedicadas a la función pública. Arribó
a dicha conclusión, por cuanto, el artículo 67 de la ley de justicia y paz, no contempló
un sistema de elección que, si bien podía ser sensible a las especiales
condiciones de las funciones a realizar, se fundara en una elección pública
basada en el mérito. En consecuencia, declaró la exequibilidad de la norma
acusada, en el entendido de que tales cargos se deben proveer según el concurso
público (Registro de elegibles) vigente para cargos en la rama judicial.
4.3.7. Posteriormente,
dicha regla de decisión fue reiterada en la sentencia C-532 de 2013, en la que,
en desarrollo del estudio de la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley
1592 de 2012, se partió del mismo supuesto resuelto en la anterior oportunidad.
En ambos análisis se planteaba el desconocimiento del concurso público de
méritos como requisito constitucional para acceder a la carrera judicial,
incluso en cargos con vocación de transitoriedad, como lo serían los de la
jurisdicción de justicia y paz. La
Corte decidió que la norma demandada era exequible entendiendo
que los empleos a los que se refiere dicho precepto legal, es decir los
cargos de magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, deberán ser
provistos de las listas de elegibles vigentes enviadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en materia penal por ser
esta especialidad en la que se enmarca la actuación de los Jueces de Justicia y
paz.
4.3.8. A la luz de los precedentes decantados, es claro que la provisión
de los cargos de la Rama Judicial se debe hacer a través de las reglas del
concurso público y abierto contenido en la Ley 270 de 1996 y, teniendo en
cuenta la lista de elegibles vigente. En todo caso, la vocación transitoria del
cargo no podrá entenderse como impedimento, para que, en la selección del
funcionario que lo vaya ocupar, se aplique el régimen de carrera judicial.
Dicho régimen protege
los derechos y garantías constitucionales de aspirantes y servidores públicos,
al mismo tiempo que, cumple los fines estatales de transparencia y eficacia,
comprometidos en los mecanismos de ingreso al servicio público.
4.4. Competencia constitucional de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar y administrar la carrera
judicial. Reiteración de jurisprudencia.
4.4.1. La Constitución de 1991, en el artículo 254, dispone
que el Consejo Superior de la Judicatura está compuesto por las salas
Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria; en el numeral 1° del artículo
256, establece que dicho órgano tiene la atribución de administrar la carrera
judicial; y en el numeral 2° del artículo 257 le asigna la función de crear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia.
4.4.2. En consideración de las anteriores funciones
constitucionales, el artículo 75 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, modificada por Ley 1285 de 2009, otorga a la Sala
Administrativa la función general de administrar la rama judicial, mientras
que, el artículo 85, le concede la labor de administrar y reglamentar la
carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y con sujeción a lo
previsto por el legislador. Al respecto, la Corte Constitucional, en la
Sentencia C-265 de 1993, sostuvo:
“La Sala administrativa por su
parte, también fue creada orgánicamente con funciones propias, para cumplir
funciones administrativas, con representación de las corporaciones nominadoras
y como garantía de la autonomía administrativa de la Rama Judicial perseguida
por el Constituyente.  Esta Sala Administrativa ejerce funciones que tienen su
fuente en la Constitución y la ley (posteriormente en la ley estatutaria de la
administración de justicia y en otras leyes especiales), tales funciones son
administrativas por su propia naturaleza y traducen la representación unificada
de la Rama Judicial que expresan las Corporaciones nominadoras (Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado).”
4.4.3. Posteriormente, en la sentencia C-037 de 1996, la
Corte analizó entre otras disposiciones contenidas en la Ley 270 de 1996,
aquellas relacionadas con las funciones otorgadas a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. De manera general, la Sala Plena verificó
que en desarrollo de los artículos 254, 256 y 257 de la Constitución, el
artículo 85 de esa Ley prevé que corresponde a la Sala Administrativa de esa
Corporación administrar la Rama Judicial y reglamentar la carrera
administrativa en ese sector[59],
siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del
legislador, en los términos previstos en los
artículos 125 y 150-23[60]
de la Carta Política.
4.4.4. En concordancia con lo anterior, en la Sentencia
SU-539 de 2012, la Corte determinó que las
funciones del Consejo Superior de la Judicatura, particularmente aquella
relativa a su facultad de reglamentar la carrera judicial, se inscribe en lo
que la jurisprudencia constitucional ha denominado “potestad reglamentaria de los
órganos constitucionales”[61], la cual se concreta en la expedición
de las normas de carácter general que sean necesarias para la cumplida
ejecución de la ley, en este caso, la Ley 270 de 1996.
4.4.5. A partir de lo
expuesto, la Corte concluye que el Consejo Superior de la Judicatura tiene una
competencia normativa o potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera
judicial y, por ende, la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el
sentido de la ley para hacerla ejecutable.
4.5. Marco jurídico de la naturaleza de los cargos de Magistrados
Especializados en Restitución de Tierras y Jueces Civiles del Circuito
Especializados en Restitución de tierras y de la forma de proveerlos.
4.5.1. El
Legislador en el artículo 119 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras),
dispuso que el Consejo Superior de la Judicatura sería el encargado de la
creación de los cargos de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del
Circuito, especializados en restitución de tierras, así como de los cargos de
los demás funcionarios que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley, de
conformidad con el numeral 5 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y demás
normas concordantes[62].
4.5.2. La disposición normativa en la que la Ley 1448 de 2011
fundamentó la creación de los cargos mencionados (numeral 5 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996), establece que una de las funciones de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de Judicatura, consiste en: “Crear, ubicar,
redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir Tribunales, las Salas
de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz
administración de justicia, (…)”.
4.5.3. Con base
en las facultades legales contenidas en las normas precitadas, la Sala
Administrativa de dicho órgano constitucional, expidió: (i) el Acuerdo
PSAA12-9268, del 24 de febrero de 2012, por medio del cual creó los cargos de
Magistrados de las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de
los Tribunales de Distrito Judicial de Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y
Antioquia[63]; y (ii) los
Acuerdos PSAA12-9265, PSAA12-9266, PSAA12-9575 y PSAA12-9765 del mismo año, por
medio de los cuales creó los cargos de Jueces Civiles del Circuito
Especializados en Restitución de Tierras.
4.5.4. Posteriormente,
a través del artículo 1º del Acuerdo No.PSAA13-9866, del 13 de marzo de 2013, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, entre otras cosas, precisó que los cargos de Magistrados y Jueces
Especializados en Restitución de Tierras hacen parte de la jurisdicción
ordinaria civil, con la anotada especialidad[64].
4.5.5. En concordancia con lo establecido por dicho
acto administrativo, la misma Sala Administrativa, en la Circular PSAC13-14 del
22 de mayo de 2013, determinó que, a pesar de que la Ley 1448 de 2011 tiene una
vigencia de 10 años, todos los cargos para el ejercicio de la restitución de
tierras (magistrados, jueces y empleados) son de carrera y de carácter
permanente, por tanto, deben ser provistos en propiedad de los registros de
elegibles vigentes. De tal manera, que una vez finalice el término de la vigencia
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estos funcionarios “deben
integrarse y continuar en la especialidad civil”[65].
4.5.6. A partir de lo
anterior, la Corte concluye que los funcionarios que aprobaron el
concurso de méritos convocado mediante Acuerdo No.4528 de 2008, y que pasaron a
integrar la respectiva lista de elegibles, para ocupar los cargos de
Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, quedaron
habilitados para ser designados en los cargos de Magistrados de Tribunal Superior
- Sala Civil, especializados en restitución de tierras. Esto, debido a que: (i)
la Ley 1448 de 2011, en sus artículos 79 y 119, asignó a las Salas Civiles de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial los cargos de Magistrados
especializados en restitución de tierras, estableciendo en efecto que la
anotada especialidad no hacía parte de una jurisdicción diferente; (ii) la
lista de elegibles mencionada, integrada por los accionantes, fue propuesta por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a la autoridad
nominadora con el fin de proveer las plazas de Magistrado de Tribunal Sala
Civil, de la pluricitada especialidad; y (iii) los actos administrativos
expedidos en marzo y mayo de 2013, por la Sala Administrativa, dispusieron que
los cargos referidos hacían parte de la jurisdicción ordinaria civil, en tanto integraban
la Sala Civil del respectivo Tribunal, además que, se trataban de cargos de
carrera judicial de carácter permanentes, cuya designación debía ser en
propiedad de los Registros de Elegibles vigentes.
4.5.7. Ahora bien, respecto
del asunto objeto de análisis, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-319
de 2014, tuvo la oportunidad de estudiar el tema de la creación de los cargos
de Magistrados y jueces de restitución de tierras, al revisar dos acciones de
tutela que fueron interpuestas por jueces civiles del circuito, de dicha
especialidad, en el primer caso, contra la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
y, en el segundo, contra la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia, por haber sido nombrados en dichas plazas, en propiedad
y, en provisionalidad, respectivamente.
4.5.8. En esa ocasión, a partir de la interpretación de
las normas que reglamentan la materia, y que fueron expuestas en líneas
anteriores, la Corte determinó que, (i) al no hacer la Ley 1448 de 2011 salvedad
alguna en cuanto a la calidad del cargo, debía entenderse que se debe seguir la
regla general consagrada en el artículo 125 Superior, el cual determina que,
salvo las excepciones consagradas en la Constitución y la ley, tales empleos
son de carrera y deberán ser nombrados por concurso público. Esto, si se tiene
en cuenta que la facultad legal (numeral 5, art. 85 de la Ley 270 de 1996) que
se deriva de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras alude a la creación de
cargos de carrera o permanentes en contraposición a aquellos que se crean en
virtud del artículo 63 de la Ley 270 de 1996, estos sí, con motivo de descongestión,
de carácter transitorio; y (ii) la creación de tales cargos no constituye una
jurisdicción diferente, sino que por el contrario se encuentra enmarcada en la
jurisdicción ordinaria civil conforme al artículo 11 de la Ley 270 de 1996; y
(iii) que cuando, como ocurrió en este caso, se ha adelantado un concurso de
méritos para proveer vacantes definitivas de Jueces Civiles del Circuito, las
cuales además tienen vocación de permanencia, el nombramiento no puede hacerse
en condiciones precarias como la simple provisionalidad, sino que es perentorio
hacerlo en propiedad[66].
4.5.9. A esta última conclusión, arribó la Corte con
base en las modalidades que establece el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 para
la provisión de cargos en la Rama Judicial, estas son: en propiedad, en
provisionalidad o en cargo. La provisión en propiedad, se presenta
cuando se trata de un cargo de carrera, éste se encuentra en vacancia
definitiva y se han superado todas las etapas del proceso de selección
respectivo; mientras que la provisión en provisionalidad, sucede cuando
existe una vacancia definitiva, pero se hace la designación mientras se lleva a
cabo el sistema legalmente previsto, por ejemplo el respectivo concurso de méritos,
sin que pueda exceder de seis meses. De conformidad con lo anterior, la Corte estima
que los cargos de Magistrados de Tribunal Sala Civil, especializados en
restitución de tierras, deben ser provistos en propiedad, por cuanto, al igual
que los jueces de la misma especialidad, su situación se encuadra en el
supuesto descrito por la norma precitada, es decir: son cargos de carrera, con
vocación de permanencia, se encontraban en vacancia definitiva y los
funcionarios que ahora los ocupan aprobaron el concurso de méritos para el
cargo de Magistrado de Tribunal Sala Civil, por ende, pasaron a integrar la
lista de elegibles, la cual fue propuesta por el Consejo Superior de la
Judicatura al nominador, en este caso a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
4.5.10. Con todo, para la Corte es claro que los
cargos de Magistrados y jueces, especializados en restitución de tierras:
(i) pertenecen a la jurisdicción ordinaria civil; (ii) tienen vocación de
permanencia; (iii) son de carrera, es decir, que deben proveerse mediante un
concurso de méritos; de ahí que, (iv) su nombramiento debe hacerse en propiedad
de la lista de elegibles vigente, tal y como, lo consideró la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través del acto
administrativo -Circular- de mayo de 2013.
4.6. Caracterización del defecto material o sustantivo en
actuaciones administrativas. Reiteración de jurisprudencia.
4.6.1. Como se expuso en líneas anteriores, la Corte considera
que, dadas las particularidades del caso concreto, resulta pertinente aplicar
de manera analógica, como lo ha hecho en otras ocasiones[67], la categoría del defecto material o sustantivo,
propia del análisis que se hace en los casos de tutela contra providencia
judicial, al ámbito de las actuaciones administrativas, con el fin de verificar
si existió la violación del derecho al debido proceso administrativo de los
accionantes. Para tal efecto, la Sala Plena reiterara lo dispuesto en la
Sentencia T-076 de 2011, en lo relacionado con la caracterización del defecto
enunciado, a saber:
“Defecto
material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad administrativa
profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.”
4.6.2. De lo anterior, se puede colegir que el defecto
sustancial o material se presenta cuando la autoridad administrativa aplica una
norma claramente inaplicable al caso concreto o, visto desde otra perspectiva, cuando
deja de aplicar la que evidentemente lo es.
4.7. El caso concreto: defecto material o sustantivo.
4.7.1. Como se observa de las pruebas allegadas al proceso
de tutela, la Sala Plena del tribunal accionado, mediante acto administrativo
del 10 de mayo de 2012, nombró, en provisionalidad, a los accionantes en el
cargo de Magistrado de Tribunal Sala Civil, especializado en restitución de
tierras, del Distrito Judicial de Antioquia, y solicitó a la Sala
Administrativa del C.S.J. convocar a un concurso de méritos específico para la
especialidad. Esto, debido a: (i) la temporalidad de la ley que creó los cargos
(Ley 1448 de 2011), a su juicio asimilable a la Ley de Justicia y Paz; (ii) el acuerdo que los creó no especificó si eran de
carrera o si se creaban en provisionalidad; y (iii) el concepto de la Unidad de
Carrera que indicó la naturaleza permanente de dichas plazas era impreciso y
equívoco.
4.7.2. Posteriormente,
los accionantes, coadyuvados por los Magistrados de restitución de tierras de
los otros distritos judiciales, presentaron el 20 de mayo de 2013, petición
ante la entidad nominadora solicitando que fueran nombrados en propiedad, con
fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo y la Circular proferidas en mayo de
2013, por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Sin
embargo, dicha solicitud fue negada mediante oficio del 12 de agosto de 2013, sin
exponer una razón diferente a la de mantener lo decidido en el acto inicial de
nombramiento (10 de mayo de 2012). El 23 de agosto de 2013, esta decisión fue impugnada
por los peticionarios mediante recurso de reposición, el cual fue rechazado por
improcedente, mediante acto del 5 de septiembre del mismo año, argumentando que
los recursos de ley debieron haberse presentado contra el acto de nombramiento
y confirmación.
4.7.3. Como quedó explicado en la parte considerativa
de esta providencia, en virtud del artículo 125 y 256-1  de la Constitución,
los artículos 156, 164 y siguientes de la Ley 270 de 1996, la regla general
para la provisión de cargos de la Rama Judicial es la carrera administrativa, lo
que implica la participación en un concurso abierto y público, que basado en el
criterio del mérito, permita seleccionar a la persona más idónea y capaz para
desempeñar el cargo, en este evento, relacionado con la  administración de
justicia. Es tan importante la aplicación de esta regla para la efectiva
prestación del servicio y la garantía de los principios del Estado Social de
Derecho, que la propia Corte ha señalado que ni siquiera puede exceptuarse en
cargos de naturaleza transitoria[68].
4.7.4. En ese sentido, conforme a la interpretación de
las normas constitucionales y legales que reglamentan la materia, esta Sala
Plena concluyó que los cargos de Magistrados de Tribunal Sala Civil,
especializados en restitución de tierras, son permanentes de carrera, por
tanto, deben adelantarse un concurso de méritos para su provisión, pertenecen a
la jurisdicción ordinaria civil y, su nombramiento debe hacerse en propiedad.
Aquí, cabe mencionar que a esta misma conclusión llegó el Consejo Superior de
la Judicatura, en los actos administrativos de mayo de 2013, en los cuales fijo
los parámetros acerca de la forma en que debían nombrarse a estos funcionarios
de la Rama Judicial.
4.7.5. A partir
de lo anterior, en el tema de la provisión de los cargos mencionados se
concluye, por un lado, que existe claridad normativa, en tanto existe norma
aplicable y, por el otro, que se encuentra superada la disparidad de
interpretaciones que dieron lugar a un inicial nombramiento en provisionalidad.
Por esta razón, la Corte estima que debió darse aplicación a las normas
-Acuerdo y Circular- que resolvieron la incertidumbre sobre la naturaleza y la
forma de proveer dichos cargos. Vale la pena resaltar que estos actos administrativos
fueron expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, en ejercicio de la potestad constitucional que le asiste para
reglamentar la carrera judicial, por ende, se presume su legalidad y surten
plenos efectos hasta tanto no sea declarada su nulidad en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Resta por indicar que la presente consideración adquiere
mayor connotación en razón a que, como quedó demostrado, tales actos
administrativos o normas son fieles y armónicas con la interpretación
sistemática que ha hecho la Corte Constitucional de la Constitución, de la ley
de Víctimas y Restitución de tierras y de la misma ley Estatutaria de
Administración de Justicia.
4.7.6. Con base
en lo anterior, la Corte considera, en primer lugar, que la accionada debió
aplicar las normas o los actos administrativos que eran pertinentes al caso
concreto y que le resultaban vinculantes para el desempeño de su función como nominador
de los Magistrados de Tribunal Sala Civil, especializados en restitución de
tierras, de los distritos judiciales de Antioquia, Bogotá D.C., Cali, Cúcuta y,
Cartagena. Tales Acuerdo y Circular son conformes con la Constitución, como lo
dispuso esta Corporación en la Sentencia T-319 de 2014 y como ahora lo vuelve a
reiterar. En estos términos, la Corte encuentra estructurado el defecto
material o sustantivo que vulneró el derecho al debido proceso administrativo
de los accionantes.
4.8. De la extensión de los efectos de
la sentencia a los demás Magistrados de restitución de tierras y  de las órdenes
de amparo.
4.8.1. En el
presente proceso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
como juez de tutela de primera instancia, ordenó la vinculación de los
Magistrados de Tribunal Superior Sala Civil, especializados en restitución de
tierras, de los Distritos Judiciales de Bogotá D.C., Cartagena, Cali y Cúcuta, junto
con los accionantes pertenecientes al Distrito Judicial de Antioquia. Ellos fueron
nombrados en provisionalidad, por la entidad accionada, en los cargos referidos
el 10 de mayo de 2012 y, también, presentaron la petición del 20 de mayo de
2013 ante la misma autoridad, solicitando que la provisión de esos cargos se
hiciera en propiedad.
4.8.2. Al
respecto, la Corte advierte que, los funcionarios vinculados al presente
trámite de tutela se encuentran en situaciones análogas –tanto fáctica como
jurídicamente- a las de los accionantes: por (i) haber sido nombrados, en
provisionalidad, por la Sala Plena del tribunal demandado mediante decisión del
10 de mayo de 2012; (ii) en el cargo de Magistrado de Tribunal Sala Civil,
especialidad en restitución de tierras; y (iii) porque su solicitud de
nombramiento en propiedad, fue desatendida por la entidad nominadora, sin tener
en consideración los actos administrativos de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura que indicaron la forma de proveerlos. Por
estas razones, la Corte con el fin de garantizar en condiciones de igualdad la
protección del derecho al debido proceso administrativo de este grupo de
funcionarios, extenderá los efectos de esta providencia en la respectiva orden
de amparo.
4.8.3. En ese sentido, la Corte revocará los fallos de
tutela de ambas instancias que denegaron el amparo deprecado por los actores,
para en su lugar, tutelar el derecho fundamental al debido proceso
administrativo de los Magistrados de Tribunal Sala Civil, especializados en
restitución de tierras, de los distritos judiciales antes mencionados. En
consecuencia, (i) dejará sin efectos los actos administrativos proferidos por la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el primero, adoptado en sesión del
8 de agosto de 2013, comunicado el 12 de agosto del mismo año, mediante el cual
negó el nombramiento en propiedad solicitado por los accionantes y, el segundo,
adoptado en sesión del 5 de septiembre del 2013, comunicado el 18 de septiembre
del mismo año, por medio del cual rechazó por improcedente el recurso de
reposición presentado contra la negativa inicial; y (ii) ordenará a la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de los quince días
(15) siguientes a la notificación de esta providencia, profiera los actos
administrativos tendientes a nombrar en propiedad a los Magistrados de Tribunal
Sala Civil, especializados en restitución de tierras, de los Distritos
Judiciales de Cali, Cartagena, Cúcuta, Bogotá D.C. y Antioquia.
4.8.4. En todo caso, la Corte (i) advierte que el
nombramiento, en propiedad, de los funcionarios mencionados, en los cargos de
Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil,
especializados en restitución de tierras, se efectuará siempre y cuando no haya
sobrevenido una causa o razón que los inhabilite para ser designados en la forma
dispuesta -en propiedad-; y (ii) aclara que la orden de efectuar la provisión
de los cargos referidos en propiedad, se dicta en consideración a que al
momento de la presentación de la acción de tutela -24 de octubre de 2013- el
Registro de elegibles del que fueron escogidos los funcionarios de los
diferentes distritos se encontraba vigente; y teniendo en cuenta que el
expediente de este proceso fue remitido a la Corte Constitucional, para su
revisión, aproximadamente un año después de iniciar la actuación, debido a que
en el trámite de la instancias la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, como juez de tutela declaró la nulidad de todo lo actuado a partir
del 11 de febrero de 2014, por haberse omitido la vinculación de los demás
Magistrados especializados en restitución de tierras.
4.8.5. Por lo dicho, la consecuencia negativa de un vencimiento
de la lista o registro de elegibles que pudiera haber ocurrido mientras se
surtía el proceso de revisión por esta Corporación, son inoponibles a los tutelantes
y terceros vinculados. De no ser así, se les infligiría un perjuicio mayor, haciendo
nugatoria la protección del derecho al debido proceso administrativo y
desconociendo su derecho a la tutela efectiva.
III.
CONCLUSIÓN.
1. Síntesis del caso. Los señores Vicente Landinez
Lara, Juan Pablo Suárez Orozco y Javier Enrique Castillo Cadena, presentaron
acción de tutela contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales, con ocasión de los actos
administrativos del 12 de agosto de 2013 y del 5 de septiembre del mismo año,
por medio los cuales se negó la solicitud de reconsideración y, rechazó el
recurso de reposición, que fueron presentados por los accionantes para cambiar
sus nombramientos hechos en provisionalidad, en los cargos de Magistrados Sala
Civil, especializados en restitución de tierras, del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Antioquia.
2. Decisión. La
Corte concluye que se vulneró el derecho al debido proceso administrativo de
los tutelantes y de los terceros vinculados, por la configuración de un defecto
material o sustantivo. Este defecto se presenta porque el tribunal accionado,
en condición de nominador, dejó de aplicar, sin razón constitucional que lo
justificara, la norma o los actos administrativos (Acuerdo y Circular), por
medio de los cuales la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura determinó que la provisión de los cargos mencionados debía hacerse
en propiedad.
3. Reglas
de decisión. (i) Tratándose de un cargo judicial de carrera, la autoridad
nominadora debe aplicar las normas constitucionales, estatutarias y demás
normas legales o reglamentarias jurídicas que disponen su creación y
naturaleza. (ii) La omisión injustificada de designar en propiedad en un cargo
de carrera judicial, de carácter permanente, a una persona, que aprobó el
respectivo concurso de méritos y que fue incluida en la lista de elegibles, la
hace incursa en un defecto material o sustantivo que vulnera el derecho
fundamental al debido proceso administrativo[69].
IV. DECISIÓN
La Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
19 de noviembre de 2014, confirmatoria de la sentencia de primera instancia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 18
de septiembre de 2014 que denegó el amparo deprecado por los accionantes. En su
lugar, TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo de los
señores Vicente Landinez Lara, Juan Pablo Suárez Orozco y Javier Enrique
Castillo Cadena y de los terceros vinculados a este proceso de tutela.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS los actos administrativos
proferidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el primero de
ellos, adoptado en sesión del 8 de agosto de 2013, comunicado el 12 de agosto
del mismo año, mediante el cual negó el nombramiento en propiedad solicitado
por los accionantes y, el segundo, adoptado en sesión del 5 de septiembre del 2013,
comunicado el 18 de septiembre del mismo año, por medio del cual rechazó por
improcedente el recurso de reposición presentado contra la negativa inicial.
Tercero.- ORDENAR a la Sala Plena de la Corte Suprema
de Justicia que, en el término de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera los actos administrativos tendientes
a nombrar en propiedad a los Magistrados de Tribunal Sala Civil, especializados
en restitución de tierras, de los Distrito Judiciales de Cali, Cartagena,
Cúcuta, Bogotá D.C. y Antioquia.
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2919 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración
de voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Ausente con
permiso
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
LA SENTENCIA SU553/15
MAGISTRADOS ESPECIALIZADOS EN RESTITUCION DE
TIERRAS Y JUECES CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN RESTITUCION DE TIERRAS-Nombramientos
en provisionalidad no podrían generar derechos de estabilidad o de
carrera distintos a los que ya se tienen sobre otros cargos, una vez vencido el
límite temporal para el cual fueron creados (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
T-4.789.181. Revisión de las Sentencias proferidas por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 19 de noviembre de 2014, que
confirmó la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, del 18 de septiembre de 2014.
Accionantes: Vicente
Landinez Lara, Juan Pablo Suárez Orozco y Javier Enrique Castillo Cadena.
Accionado: Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado
ponente:
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Comparto
la decisión de mayoría con las precisiones que a continuación, brevemente,
expongo:
Los
hechos que dieron lugar a la acción de tutela, objeto de estudio en esta
oportunidad, en síntesis, dan cuenta de lo siguiente:
1.
Mediante el
Acuerdo PSAA-12-9268 de 2012, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura creó los despachos de Magistrados en Salas Civiles, especializados
en restitución de tierras, en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de
Antioquia, Bogotá D.C., Cali, Cartagena y Cúcuta.
2.
Para darle
efectividad a la medida, el Consejo Superior de la Judicatura presentó ante la
Corte Suprema de Justicia las listas de candidatos tomadas del Registro
Nacional de Elegibles vigente.
3.
Antes de que se
realizaran dichos nombramientos la Sala de Gobierno de la Corte, le solicitó a
la Sala Administrativa que aclarara el carácter de dichos cargos, y esta
absolvió dicha inquietud, de una forma "no muy clara", manifestando
que estos eran de carácter permanente.
4.
La Corte Suprema
de Justicia procedió entonces a realizar los nombramientos, en provisionalidad,
argumentando que el Acuerdo que creó los cargos no especificó si eran de
carrera o si se creaban en provisionalidad, dado que la Ley 1448 de 2011 "por
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", tiene
una vigencia de 10 años.
5.
Los actores
presentaron una petición ante la Corte Suprema a objeto de que reconsiderada su
decisión sobre el tipo de nombramiento mediante el cual había provisto los
cargos y que para ello tuviera en cuenta que la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura había aprobado los conceptos emitidos por la Unidad
de Carrera Judicial, en el sentido de que los cargos en cuestión son
permanentes y de carrera por lo que debían designarse en propiedad con base en
las correspondientes listas de elegibles. Sin embargo, dicha solicitud fue
resuelta y reiterada al desatar los recursos, de forma negativa.
En
esta ocasión la Sala Plena optó por amparar el derecho fundamental al debido
proceso administrativo de los actores, decisión que comparto plenamente, sin
embargo, a mi juicio, considero necesario aclarar que, si bien la orden
constitucional consistió en que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
profiriera los actos administrativos tendientes a nombrar en propiedad a los
Magistrados de Tribunal Sala Civil, especializados en restitución de tierras,
de los Distritos Judiciales de Cali, Cartagena, Cúcuta, Bogotá D.C. y
Antioquia, ello no implica que dichos nombramientos tengan el carácter de
permanentes, puesto que el acto administrativo que creó los cargos estableció
un límite temporal de 10 años para el ejercicio y existencia de los mismos, lo
cual constituye una realidad jurídica inobjetable que, de antemano, deja ver a
quienes aspiren a dichos cargos cuáles son las condiciones de duración o plazo
a las que queda sujeta su designación.
De
manera que los nombramientos que bajo los indicados parámetros se realicen, aún
con personas que hagan parte de las listas de elegibles, lo cual, a mi juicio,
en principio, es lo que corresponde hacer, pues se escogerían personas con
verificada idoneidad, no podrían generar derechos de estabilidad o de carrera
distintos a los que ya se tienen sobre otros cargos, una vez vencido el límite
temporal para el cual fueron creados, salvo que otra ley prorrogue o vuelva
permanente su duración.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] La expedición del acto administrativo que creó los cargos se
produjo previo concepto favorable emitido por la Comisión Interinstitucional de
la Rama Judicial (Acuerdo No. 4 del 23 de febrero de 2012) (folio 21 cuaderno
No.2). En adelante, siempre que se cite un folio se entenderá que hace parte
del cuaderno principal, salvo que se haga manifestación en contrario.
[2] Acuerdos PSAA12-9316, 9317, 9319 y 9320 del 23 de marzo de 2012,
expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (folios
309 y 310) (folios 24 cuaderno No.2)
[3] Según consta en la copia del acta No.19 de la sesión ordinaria
celebrada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 10 de mayo de
2012 (folio 55). En dicha acta se dejó constancia de que: “la Sala Civil
analizó el tema y arribó a la conclusión de que si bien no hay un concurso
específico para la provisión de los cargos creados, si hay un registro de
elegibles, además de unas listas que remitió la Sala Administrativa de las
cuales se deben designar los Magistrados de Restitución de Tierras y que dichos
nombramientos deben serlo en provisionalidad, por la temporalidad de la Ley
1448 de 2011, tal como ocurre con la Ley de Justicia y Paz”.
[4] Según consta en la copia del derecho de petición presentado por el
señor Vicente Landinez Lara y otros, ante la Presidenta de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 20 de mayo de 2013 (folios 67 a 71).
[5] Según consta en las copias del oficio de remisión, del 31 de mayo
de 2013, y de la Circular PSAC13-14 del 27 de mayo de 2013, expedida por la
Sala Administrativa del C.S.J. (folios 72 y 73).
[6] La entidad accionada le informó a los peticionarios que, en sesión
plenaria del 8 de agosto de 2013, estudió el derecho de petición y, en
consecuencia, resolvió mantener la decisión adoptada en la sesión plenaria de
mayo 10 de 2012, según la cual “…los nombramientos deben serlo en
provisionalidad, solicitando a la Sala Administrativa convocar a un concurso de
méritos específico para la especialidad.” (folios 74 y 75).
[7] Folios 63 a 65 del cuaderno No.2.
[8] Según consta en la copia del acto del 5 de septiembre de 2013,
proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (folios 78 y 79).
Afirman los accionantes que fueron notificados de esta decisión el 9 de octubre
de 2013 (folio 4).
[9] Para tal efecto, citó las Sentencias T-843 de 2009, SU-613 de 2002
y T-947 de 2012.
[10] Folios 70 y 71 cuaderno No.2.
[11] Los accionantes, como petición especial, solicitaron
al juez de tutela que vinculara a los siguientes sujetos: Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura y a los Magistrados Sala Civil,
especializados en restitución de tierras, nombrados en provisionalidad por
entidad accionada, en la sesión del 10 de mayo de 2012 del Registro Nacional de
Elegibles vigente, integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos
convocado mediante el Acuerdo No.45 de 2008 (folio 11).
[12] Folios 243 a 247.
[13] Folios 189 y 190.
[14] Folios 181 a 187.
[15] Folios 216 a 219.
[16] Folios 235 a 241.
[17] Folios 272 a 275.
[18] Folios 320 a 334.
[19] Folio 413.
[20] Folios 415 a 418.
[21] Mediante auto del 11 de febrero de 2014, la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
accionada y vinculó a terceros interesados. La Sala Laboral de la misma
Corporación, mediante providencia del 30 de julio de 2014, declaró la nulidad
de todo lo actuado a partir del 11 de febrero de 2014, en razón a que dentro
del trámite se omitió vincular a las demás personas que habían sido nombrados
por la accionada, como Magistrados de Tribunal Superior, Sala Civil,
especialidad en restitución de tierras, el 10 de mayo de 2012.
[22] El señor Puno Alirio Correal Beltrán solicitó la
nulidad desde el auto de 9 de septiembre de 2014, fundado en el hecho de
haberse emitido la sentencia de primera instancia, sin haberse resuelto primero
su solicitud de remitir el proceso por competencia ante el Consejo Superior de
la Judicatura, autoridad ante la cual se presentó en principio la acción de
tutela. Al respecto, el Conjuez Ponente Rafael H. Gamboa Serrano, mediante
providencia del 29 de septiembre de 2014, rechazó de plano dicha nulidad de
conformidad con el artículo 143 de C. de P.C., toda vez que no se basa en
ninguna de las causales previstas en el ordenamiento procesal. Posteriormente,
el señor Correal solicitó que se revocara la anterior decisión y que se diera
trámite a su solicitud de nulidad, pero la entidad accionada negó lo pedido
mediante providencia del 3 de octubre de 2014 (folio 498).
[23] Folios 2 a 4 del cuaderno de pruebas.
[24] En Auto
del 16 de abril de 2015 de la Sala de Selección de tutela No. 4 de la Corte
Constitucional, se dispuso la revisión de las providencias en cuestión y se
procedió a su reparto.
[25] Constitución Política, artículo 86.
[26] En la
sentencia T-900 de 2004, esta Corporación sobre el requisito de inmediatez,
señaló: “(...) la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el
presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la
tutela, de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo
razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este
mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia,
negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de
inseguridad jurídica.
“Esta condición está
contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las
características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca
la ley. Así, pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual,
inmediata y efectiva de aquellos derechos.”
[27] Sentencia SU-446 de 1999, en la cual se hizo un recuento y
unificación de la jurisprudencia hasta entonces existente en torno a este tema.
[28]  Ibídem.
[29] Respecto de este requisito fundamental de procedencia
de la acción de tutela, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la
Sentencia SU-961 de 1999, estableció: “la razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia
reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por
su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la
protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa
de la acción”.
[30] SU-961 de 1999.
[31] SU-961 de 1999 y T-743
de 2008.
[32] Sentencia T-584/11, T-158
de 2006 y T-792 de 2007, entre otras.
[33] De acuerdo con el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, “[l]a
acción de tutela no procederá: 1.- Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
aplicada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante”
[34] Corte Constitucional  Sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y
T-368 de 2008.
[35] Sentencia T-629 de 2008.
[36] Respecto a la procedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos, la Corte en la sentencia T-1231 de 2008 señaló:
“Cuando se trata de solicitudes de amparo relacionadas con actos
administrativos, esta Corporación ha precisado la impertinencia de la acción
del amparo constitucional. Ello porque la vía para impugnar dichos actos es la
contencioso administrativa y dado el carácter subsidiario de la tutela ésta
resultaría improcedente, excepto como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
[37] Reiterado en la Sentencia SU-086 de 1999.
[38] En la Sentencia T-090 de 2013 se establece que esta subregla de procedencia excepcional de la
acción de tutela la contempla el artículo 86 de la Constitución Política.
[39] Ver la Sentencia T-225 de 1993.
[40] Para tal efecto, citó las Sentencias T-843 de 2009, SU-613 de 2002
y T-947 de 2012.
[41] Sentencia T-319 de 2014.
[42] En la Sentencia SU-913 de 2009, la Corte revisó acciones de tutela
en las cuales, como elemento común, se alegaba la inaplicación parcial de las
listas de elegibles que resultaron del concurso de méritos convocado mediante
el Acuerdo 01 de 2006, para la provisión de cargos de notarios en
propiedad y acceso a la carrera notarial, como consecuencia de la
suspensión  provisional ordenada  en el curso de la acción popular
0413-97 -para algunos participantes- de cinco puntos que el artículo 4 de la
Ley 588 de 2000 otorga a la autoría de obras en derecho. Medida cautelar que
tornó a definitiva mediante la sentencia de 13 de julio de 2009, proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima.
[43] Sentencia T-175 de 1997.
[44] Resolución PSAR11-601 del 17 de junio de 2011, de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
[45] Folio 3 del cuaderno No.2.
[46] Acuerdo No.PSAA13-9939 de junio 25 de 2013, expedido por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “por medio del
cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos
para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial”
(folios 70 y 71 del cuaderno No.2).
[47] Supra I. 1.2.7.
[48] La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2011, se dio a la
tarea de adaptar las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales al lenguaje y características propias del ámbito
administrativo. El empleo de esta metodología fue reiterado en la Sentencia
T-325 de 2012.
[49] Cfr. Sentencias T-076 de 2011 y
T-214 de 2004.
[50] Sentencia C- 588 de 2009.
[51] Sentencia C-671 de 2001.
[52] Sentencia C-315 de 2007.
[53] Sentencia C-101 de 2013.
[54] En las Sentencias T-569 de 2011,
C-319 y T-502 de 2010, C-588 de 2009, C-901 de 2008, entre otras, la
Corte ha venido reiterando que el mérito y el concurso público son los dos pilares fundamentales de la carrera
administrativa dentro de la Carta Política de 1991. En virtud del mérito se pretende que las capacidades,
cualidades y eficacia del aspirante sean los factores determinantes “para
el acceso, permanencia y retiro del empleo público.” (C-315 de 2007). Por su parte, el concurso
público es el mecanismo para establecer
el mérito, ya que aquel está
exclusivamente dirigido a comprobar “las calidades académicas, la
experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos.”(C-112 de 2005). La Corte ha manifestado que el concurso público debe
ser comprensivo de “todos y cada uno de los factores que deben reunir
los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública”, incluidos aquellos factores en los cuales “la
calificación meramente objetiva es imposible”,
ya que aquello garantiza la erradicación de cualquier margen de subjetividad en
la escogencia del concursante.
[55] Al respecto consultar Sentencia C-532
de 2006 y Sentencia C-553 de 2007.
[56] El artículo 156 de la Ley 270 de
1996, establece que la carrera judicial debe basarse en el carácter profesional de
funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de
igualdad, en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos
aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para
el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.
[57] En la Sentencia C-713 de 2008, reiterada en la C-532 de 2013, la
Corte señaló: “Así mismo, la norma dispone que “los
jueces de descongestión tendrán la competencia territorial y material
específica que les señale el acto de su creación”. Los jueces de descongestión no son cargos permanentes y por tanto no
forman parte de la estructura misma de la administración de justicia. Son
cargos creados de manera transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura,
dentro de la facultad prevista en el artículo 257-2 de la Constitución y de
conformidad con las políticas y programas de descongestión judicial
establecidos por dicho organismo. (…)  Ahora bien, es cierto que los
jueces de descongestión tienen vocación de transitoriedad (…). Sin embargo, la
Corte quiere llamar la atención, con especial rigor, para dejar en claro que en
virtud de los principios constitucionales de transparencia e igualdad, y del
mérito como criterio de acceso a la función pública, su designación hace
inexcusable tomar en cuenta y respetar el orden de las listas de elegibles,
conformadas por quienes han agotado todas las etapas del concurso de mérito y
se encuentran a la espera de su nombramiento definitivo. Sólo de esta manera la
creación de jueces de descongestión es compatible con los principios que rigen
la función pública y la designación de los jueces, en particular el mérito.
[58] Ley 975 de 2005 “por la cual se
dicta disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”
[59] Sentencia SU-539 de 2012.
[60] Constitución Política, artículo 150, numeral 2, corresponde al
Congreso la función de “Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las
funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.
[61] Ver,
entre otras, las sentencias C-307 de 2004, C-384 de 2003 y C-805 de 2001.
[62] Ley 1448 de 2011, “ARTÍCULO 119.
CREACIÓN DE CARGOS. El Consejo Superior de la Judicatura, creará los cargos de
Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces Civiles del Circuito,
especializados en restitución de tierras, de conformidad con el numeral 5 del
artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y normas concordantes. El Consejo Superior de
la Judicatura creará los cargos de otros funcionarios que sean requeridos para
el cumplimiento de esta Ley. La creación de los cargos a que se refiere este
artículo se hará en forma gradual y progresiva, acorde con las necesidades del
servicio. (…)”
[63] El artículo 1° del Acuerdo PSAA12-9268,
del 24 de febrero de 2012, “por el cual se crean en el territorio nacional
unos Despachos de Magistrado en Salas Civiles, especializados en restitución de
tierras”, dispone: “Creación de Despachos. Crear, a partir del 9 de
abril de 2012, una (1) Sala Civil, especializada en restitución de tierras,
en los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá, Cali,
Cartagena, Cúcuta y Antioquia.” (subrayado fuera del original) (folio 22
del cuaderno No.2)
[64] El parágrafo del artículo 1º del Acuerdo
No.PSAA13-9866, del 13 de marzo de 2013, señala: “Precisar que los cargos de
Magistrados especializados en restitución de tierras hace parte de las Salas
Civiles del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial. En ese sentido,
cuando en los Acuerdos expedidos con anterioridad se emplee la expresión “sala
civil especializada”, se entenderá que hace referencia a la Sala Fija de
Decisión especializada conformada por los Magistrados especializados en
restitución de tierras”.
[65] La Circular PSAC13-14 del 22 de mayo
de 2013, literalmente señala: “(…) todos los cargos para el ejercicio de
restitución de tierras se crearon con carácter permanente y surtieron todo el
trámite, incluido el concepto previo emitido por la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial, en el entendido de que la asignación por 10 años hace
referencia a la función de restitución de tierras.
Por ello,
esta Sala Administrativa en sesión del 23 de agosto de 2012 trató el tema y
dispuso, que tratándose entonces de cargos creados con carácter permanente en
la jurisdicción ordinaria, a pesar de que la ley señala como término de
vigencia de la misma, el de diez años, ello no afecta el carácter permanente de
dichos empleos. Es decir, reiteró la Sala Administrativa que los cargos de
jueces, magistrados y empleados, creados en virtud de la Ley 1448 de 2011, son
cargos de carrera y por lo tanto su nombramiento debe ser en propiedad, los
cuales, una vez vencido el término citado deben integrarse y continuar en la
especialidad civil.
Por lo
tanto, dichos cargos deben ser provistos en propiedad de los registro de
elegibles vigentes y en ese sentido, corresponde a la autoridad nominadora
proveerlos en la forma indicada”.
[66] Cfr. Sentencia T-319 de 2014.
[67] Ver Sentencias T-076 de 2011, T-325 de 2012, entre otras.
[68] Supra II. 4.3.
[69] Sentencia T-319 de 2014.