T-821-10
Sentencia T-821/10
Sentencia T-821/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso despachos judiciales vulneraron el debido proceso
al dictar decisiones judiciales postreras desconociendo el principio de cosa
juzgada
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por regla general/ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por desconocimiento de decisión judicial
en firme y quebrantamiento de los principios de certeza, seguridad jurídica,
legalidad y perención
Referencia: expediente T-2701663
Acción de tutela presentada por Consultorías
Eléctricas y Electrónicas, Consultel S. A. S., contra el Juzgado 1° Civil del
Circuito de Soledad (Atlántico) y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Segunda de Decisión  Civil – Familia.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA.
Bogotá, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil diez
(2010).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en
la revisión del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, que revocó el dictado por la Sala de Casación Civil, en la
acción de tutela incoada por Consultorías Eléctricas y Electrónicas, Consultel
S. A. S., contra el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de
Decisión Civil – Familia.
El
asunto llegó a esta corporación por remisión que hizo la secretaría de la Sala
de Casación Laboral, según lo ordenado por los artículos 86 inciso 2° de la
Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, siendo escogido para su revisión
por la Sala Séptima de Selección de  esta corporación, el 7 de julio de 2010.
I.
ANTECEDENTES
A.
Hechos relevantes y síntesis de la narración contenida en la demanda
1.
El 1° de julio de 2005, la entonces sociedad limitada Consultorías Eléctricas y
Electrónicas, en adelante Consultel, presentó demanda ordinaria civil contra la
sociedad anónima de servicios públicos Electrificadora del Caribe, Electricaribe
S. A. ESP, en adelante Electricaribe, por incumplimiento contractual.
2.
El Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad (Atlántico), dictó el 14 de junio
de 2007 sentencia favorable a las pretensiones de Consultel, la cual aparece
notificada mediante edicto, fijado el 21 de junio de 2007 y desfijado el 25 de
ese mes y año. La parte demandada, dentro del término de ejecutoria, no impugnó
la decisión.
3.
En julio 10 de 2007, Consultel formuló demanda ejecutiva con petición de
medidas previas.
4.
Mediante Resolución N° 85 de agosto 6 de 2007, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, previa solicitud de vigilancia judicial
administrativa de parte de Electricaribe, eximió a la Juez 1° Civil del
Circuito de Soledad de los correctivos y aplicaciones del Acuerdo N° 088 de
1997, alrededor de la aparente ausencia de notificación de la sentencia de
junio 14 de 2007, proferida en el proceso ordinario N° 2005-00326-00.
5.
Electricaribe, a través de  apoderada, presentó escrito el 8 de agosto de 2007,
en el cual solicita se proceda a notificar la providencia de junio 14 de 2007,
proferida por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, al tiempo que
interpone recurso de apelación y pide fijar caución judicial para evitar el
embargo de los bienes de la sociedad.
6.
Mediante auto de septiembre 20 de 2007, el Juzgado 1° Civil del Circuito de
Soledad negó la solicitud de notificación, al estimar que la sentencia “se
encuentra debidamente ejecutoriada”, así como el recurso de apelación por
considerarlo extemporáneo. En la misma fecha, el referido despacho profirió otros
tres autos, por medio de los cuales fijó (i) caución judicial, (ii) costas y
agencias en derecho; y (iii) libró mandamiento de pago por vía ejecutiva.
7.
En septiembre 25 de 2007, Electricaribe pidió la nulidad de lo actuado a partir
del 14 de junio de 2007, al igual que presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación, contra los autos proferidos en septiembre 20 de ese año.
8.
El Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, mediante auto de noviembre 13 de
2007, se abstuvo de dar curso a la nulidad y a los recursos interpuestos, por
cuanto el abogado sustituto de Electricaribe no acreditó su condición con
exhibición de tarjeta profesional ante notario o autoridad judicial (arts. 67,
68 y 84 del Código de Procedimiento Civil), decisión que fue objeto de recurso
de reposición y en subsidio apelación.
9.
Electricaribe interpuso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
acción de tutela contra el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, argumentando
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, pidiendo
se revoquen los autos proferidos en septiembre 20 y noviembre 13 de de 2007.
10.
En noviembre 15 de 2007, el abogado sustituto de Electricaribe presentó nueva
solicitud de nulidad, de lo actuado a partir del 14 de junio de 2007, por
considerar que los escritos allegados al Juzgado el 25 de septiembre de 2007,
conforme a lo dispuesto en auto de noviembre 13 del mismo año, “se los tiene
por no presentados, y carecen, por tanto de todo efecto procesal”.
11.
El Tribunal Superior de Barranquilla, en sentencia de diciembre 19 de 2007,
declaró improcedente la acción de tutela impetrada por Electricaribe, al
estimar no probada la ocurrencia de perjuicio irremediable, considerando
imposible acceder a evitar “un perjuicio hipotético”, existiendo
recursos en trámite y sin que pueda el juez de tutela entrar a decidir cuando la
materia está al estudio del funcionario de conocimiento.
12.
Mediante providencia de febrero 12 de 2008, la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, confirmó la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla
de diciembre 19 de 2007, agregando que por no encontrarse en firme el
acto que ordenó prestar caución, por el recurso de que fue objeto, está suspendida
su ejecución, trámite que no puede ser perturbado, interferido o modificado por
juez ajeno.
13.
El Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, mediante auto de marzo 5
de 2008, decidió no reponer el expedido en noviembre 13 de 2007; rechazó de
plano el incidente de nulidad de noviembre 15 de 2007; no concedió por
improcedente el recurso de apelación interpuesto por Electricaribe; y se
abstuvo de aceptar, por extemporánea, la póliza judicial. En consecuencia, decretó
el embargo y secuestro de dineros en cuentas de esa empresa y dictó, en la
misma fecha, la sentencia por la cual ordenó el remate y avalúo de los bienes
embargados (art. 507 C. P. C.).
En
firme los autos proferidos en septiembre 20 de 2007, sin haberse formulado
excepciones contra el mandamiento de pago de esa misma fecha, el Juzgado ordenó
seguir adelante la ejecución.
14.
En marzo 10 de 2008, Electricaribe interpuso ante el Tribunal Superior de
Barranquilla nueva acción de tutela, contra el Juzgado 1° Civil de
Circuito de Soledad; además, con invocación de vulneración al debido proceso, pidió
revocatoria de los autos de noviembre 13 de 2007 y marzo 5 de 2008, y de la
sentencia emitida al tenor del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.
Solicitó
igualmente que se resolvieran los recursos de reposición y apelación rechazados
y que fuera aceptada la caución prestada, así como, a título de medidas
cautelares, la suspensión de la aplicación y efectos de los autos de noviembre
13 de 2007, marzo 5 de 2008 y de la sentencia de esta última fecha, proferida
por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad.
15.
Electricaribe, a través de apoderado, interpuso en marzo 12 de 2008 recurso de
reposición y en subsidio apelación contra las decisiones del Juzgado de marzo 5
de 2008, y solicitó tramitar la nulidad propuesta.
16.
El 1° de abril de 2008, el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Octava de
Decisión Civil - Familia, concedió el amparo a Electricaribe, resolviendo dejar
sin efectos la sentencia de marzo 5 de 2008, del Juzgado 1° Civil del Circuito
de Soledad, y toda la actuación siguiente, por haber ordenado “continuar la
ejecución” sin que estuviera ejecutoriado el auto de esa misma fecha, que
definió asuntos de carácter interlocutorio, y ordenó dar trámite a los recursos
interpuestos contra éste.
Las
partes apelaron dicha providencia de tutela, en la cual se consideró, por una
parte, que la identidad del abogado sustituto en el proceso es asunto de
interpretación de una regla procesal del ordenamiento jurídico, que admite
diversas posiciones “y es de imperio aceptar”, de manera razonable y
racional, con cabida en el marco de aceptación presentado por la norma
jurídica, razón por la cual, así no se comparta, no podría decirse que es
constitutiva de vía de hecho, además de que, con fundamento en el principio de
autonomía judicial (artículos 228, 230 y 246 superiores), no corresponde al
juez constitucional ejercer control sobre el procedimiento judicial.
En
segundo término, observó, sin embargo, que la decisión del Juzgado “al
proferir sentencia en donde se ordena entre otros puntos seguir adelante la
ejecución contra el demandado, sin estar ejecutoriado el auto que ordenó una
variedad de aspectos interlocutorios importantes para la relación jurídico
procesal, no brindándole así la oportunidad a la contraparte de ejercer su
derecho de defensa, objetar, discutir, y contradecir el auto proferido,
contraría principios constitucionales individuales, como es el derecho a ser
oído en sus defensas y contradecir las pruebas y cargos que se le imputan,
además de desconocer la segunda instancia, que son garantías que se integran
con el derecho al debido proceso”.
En
este sentido, estimó el Tribunal que rechazar el incidente de nulidad, no
conceder el recurso de apelación, no aceptar la póliza de seguro para evitar el
embargo y decretar medidas cautelares, constituían decisiones apelables, que
por tanto imponían esperar la ejecutoría de la providencia del 5 de marzo de
2008, para cerrar la instancia, “porque de lo contrario se le impide se
ejerzan los derechos liberales de contradicción y defensa, amén de vulnerar la
doble instancia”.
Finalmente,
anotó que la decisión proferida por el Juzgado, desobedeció la ley al
contrariarla o desconocerla, “con lo cual aquel resolvió reemplazar el
principio de legalidad por su capricho, dado (sic) lugar a estructurar
vía de hecho respecto de estas actuaciones”.
17.
En cumplimiento de lo dispuesto por dicho Tribunal, el Juzgado 1° Civil del
Circuito de Soledad, con auto de abril 3 de 2008, dejó sin efectos la sentencia
de marzo 5 de 2008 y todo trámite posterior que dependiera de ésta, ordenando
así mismo que se surtieran los recursos interpuestos contra el auto de esa
fecha.
18.
De igual manera, en mayo 6 de 2008 dicho Juzgado repuso el auto de marzo 5 de
2007, para ordenar conformar el cuaderno de incidente de nulidad, denegar los
recursos interpuestos y suspender el trámite del proceso ejecutivo, hasta
cuando fuera resuelto tal incidente. Contra esta decisión, las partes
interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación.
19.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en providencia de mayo 16
de 2008, al resolver la impugnación presentada por ambas partes,  revocó el
fallo de abril 1° de ese año, proferido por el Tribunal Superior de
Barranquilla; en su lugar, denegó el amparo constitucional a Electricaribe.
Estimó
esa corporación superior que el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad “no
incurrió en auténtica vía de hecho” con ocasión de las providencias de
marzo 5 de 2008, puesto que adoptó una interpretación acorde con la
normatividad jurídica aplicable al caso, sin desconocer las actuaciones propias
del proceso, y así entendido, sus decisiones no ameritaban intervención del
juez constitucional.
En
relación con la sustitución del poder del apoderado de Electricaribe, anotó que
“gravitaba en el signatario de los referidos escritos la carga de acreditar
la calidad de abogado, pues al actuar por primera vez como abogado sustituto,
era menester que ajustara su proceder de la misma forma prevista para
constituir el poder, sin que tal exigencia sea contraria a los mandatos de los
artículos 68 y 84 del Código de Procedimiento Civil”.
En
punto a las órdenes proferidas por el Juzgado en providencia de marzo 5 de
2008, indicó que “no existen fundamentos que evidencien vulneración del
derecho al debido proceso de la sociedad demandada, pues la determinación de
proferir sentencia devino como lógica consecuencia de no haberse formulado
excepción alguna, ni tramitado el recurso interpuesto contra la orden
compulsiva, puesto que quien lo presentó no acreditó en debida forma el derecho
de postulación, situación que dejaba la actuación en estado de dictar sentencia
conforme a lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, más
aún cuando lo decidido en auto de marzo 5 de 2008 no constituye barrera
infranqueable para dar continuidad a la ejecución”.
20.
El 3 de junio de 2008, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, no obstante
el pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, confirmó la decisión de
iniciar el incidente de nulidad propuesto por Electricaribe y, en consecuencia,
suspendió el proceso ejecutivo hasta tanto aquél se resolviera.
21.
Mediante auto de julio 30 de 2008, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad
declaró probada la nulidad dentro del proceso ejecutivo seguido del ordinario
promovido por Consultel contra Electricaribe, planteada por esta empresa,
indicando que sus efectos serían a partir del auto de mandamiento de pago de
septiembre 20 de 2007 y en relación a todas la providencias que penden de este
proveído. En consecuencia, ordenó notificar de nuevo a través de edicto la
sentencia que profirió en junio 14 de 2007.
Consideró
que el asunto sometido a estudio, al no estribar en la elaboración y el
contenido del edicto, el cual cumplió los requisitos del artículo 323 del
Código de Procedimiento Civil, sino en aspecto de mayor relevancia, su
notificación, demostró que ésta no satisfizo el principio de publicidad, es
decir, enterar a las partes involucradas de la decisión judicial.
Previo
análisis del enfoque de la nulidad, la finalidad de la notificación, los
principios de publicidad y contradicción y de los documentos obrantes en el
expediente, afirmó ese Juzgado que las pruebas del incidente y los diferentes
medios informativos “llevan a la conclusión que el edicto de la sentencia de
fecha 14/junio/2007 no cumplió la finalidad de informar a las partes, en este
caso a la demandada, la decisión adoptada en torno a las excepciones planteadas
denegadas, violándose flagrantemente el derecho de contradicción en
concordancia con el de publicidad, por la sencilla razón a que si no se estaba
conforme con la decisión podría haber interpuesto el recurso de apelación
contra dicha decisión, quebrantándose así otro principio constitucional como lo
es la doble instancia”.
22.
Consultel interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación para que se
revocara la anterior decisión, alegando incompetencia de la autoridad judicial,
vía de hecho por valoración arbitraria y caprichosa y saneamiento de la
supuesta nulidad, que estimó en todo caso inexistente.
23.
El Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, en octubre 1° de 2008, denegó la reposición
interpuesta, al considerar que en el auto atacado, de julio 30 de 2008, se
debatieron con claridad los aspectos fundamentales que gobiernan las causales
de nulidad (oportunidad y saneamiento) y la notificación de sentencia por
edicto.
24.
El 11 de diciembre de 2008, el Fiscal 28 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito
de Barranquilla, Unidad de Delitos contra la Administración Pública y otros, con
base en noticia suministrada por Electricaribe y la Juez 1ª Civil del Circuito
de Soledad, en relación con actuaciones de empleados de ese Juzgado, por
presunto prevaricato por omisión, se inhibió de iniciar investigación, al
estimar que “el hecho no existió y de haber existido la conducta humana
endilgada para el mismo es atípica”, decisión que fue confirmada en mayo 12
de 2009, ante reposición interpuesta.
25.
La Procuraduría Provincial de Barranquilla, en auto de enero 19 de 2009, a raíz de la indagación preliminar ordenada a servidores del Juzgado 1° Civil del Circuito de
Soledad, resolvió inhibirse de iniciar acción disciplinaria, por encontrar que
la alegada ausencia del edicto por el cual fue notificada la sentencia emitida
por dicho Juzgado en junio 14 de 2007, carece de demostración procesal.
26.
Mediante providencia de noviembre 13 de 2009, el Tribunal Superior de
Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Civil - Familia, al analizar los
recursos de apelación interpuestos por las partes contra los autos de mayo 6 y julio
30 de 2008, decidió mantener la nulidad declarada por el Juzgado 1° Civil del
Circuito de Soledad, precisando sus efectos a partir de junio 21 de 2007 (fecha
de fijación del edicto), para todas las actuaciones posteriores.
Así
mismo, ordenó devolver a la parte demandada, Electricaribe, las sumas
recaudadas por materialización de las medidas cautelares o por otorgamiento de
la caución ordenada en auto de marzo 10 de 2008, y que el a quo resolviera
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de junio 14 de 2007 (memorial
de agosto 8 del mismo año).
Estimó
el Tribunal improcedente, “por sustracción de materia”, la resolución de
los recursos de apelación interpuestos por las partes, por haber resuelto el
Juez 1° Civil del Circuito de Soledad el trámite incidental con la declaratoria
de nulidad, teniendo como fundamento los memoriales de septiembre 25 y noviembre
15 de 2007, los cuales, contrario a lo afirmado por el demandante de
encontrarse saneada por la conducta de la parte demandada, son “cabal  y
expresa alegación de esa indebida notificación”, sentada inicialmente en el
memorial de agosto 8 de 2007, dado que en esta oportunidad procesal se
aportaron las pruebas documentales encaminadas a demostrar que no se vio en la
secretaría del Juzgado el edicto de la sentencia de junio 14 de 2007.
Sobre
el asunto que originó el debate, resaltó lo siguiente (f. 437 cd. inicial):
“Al realizar el análisis probatorio, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica y mediando la protección del derecho fundamental
de contradicción, se considera que ofrecen plena credibilidad las dos
publicaciones aportadas que dan fe de la falta de publicación del edicto para
notificar la sentencia que puso fin al presente proceso, en un lugar público
del Juzgado; pruebas documentales que como tales desvirtúan lo dicho en su
informe y declaración por el secretario del Juzgado y motivan la necesidad de
que su superior jerárquico inicie la investigación disciplinaria de rigor, a
efectos de determinar si la omisión anotada, se debió a dolo o simple error del
personal de secretaría.
La existencia de dos (2) informativos diferentes y la
indicación en ambos de la no publicación de la sentencia de la referencia, a
pesar de que la ley exige su colocación en lugar visible de la secretaría,
inclinan la balanza de la apreciación de la sana crítica a favor de la
protección garantista en un Estado democrático, del derecho de contradicción.”
27.
Consultorías Eléctricas y Electrónicas Consultel S.A.S., antes Consultel Ltda.,
presentó en marzo 2 de 2010 ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, acción de tutela contra el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de
Decisión Civil – Familia, por estimar que han vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso “en sus elementos estructurales de las formas
propias del juicio y del Juez natural”, acción constitucional que ahora
decide esta corporación, en revisión.
Con
fundamento en lo reseñado, Consultel S. A. S. estima que las actuaciones
referidas al inicio, el trámite y la resolución del incidente de nulidad,
adelantadas por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y el Tribunal de
Barranquilla, carecen de validez jurídica por la revocatoria que produjo la
Corte Suprema de Justicia,  Sala de Casación Civil, en sentencia de mayo 16 de
2008, del fallo de abril 1° de ese año, dictado por el referido Tribunal, de
donde deben reputarse nulos no solamente esta providencia sino el auto de
apertura del incidente de nulidad y los derivados de él, al haberse dictado en
desconocimiento de una sentencia de tutela emitida a resolver la impugnación.
Destaca
que ni el Juzgado ni la Sala del Tribunal citados se consideraron vinculados
por la decisión que adoptó la Sala de Casación Civil, “para entender que lo
que se legitimó a partir de una tutela, la de primera instancia, había de
desaparecer de suyo por razón de la decisión de tutela de segunda instancia.
Realmente, y para decirlo de manera drástica, parece que se había convenido el
desprecio absoluto de la segunda instancia propia del procedimiento
constitucional del juicio de tutela”.
Agrega
que, por lo anterior, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad incurrió en
vía de hecho al emitir, sin tener competencia, los autos de junio 3, julio 30 y
octubre 1° de 2008, y no dejar sin efectos jurídicos el auto de mayo 6 de 2008;
“sin embargo, fundado en su personalísimo y decisionista criterio, el
juzgador ‘a quo’ no sólo mantuvo la decisión inicial, sino que persistió en la
misma al expedir, con insuperables defectos sustanciales y fácticos, los autos
del 3 de julio, 30 de julio y 1° de octubre de 2008, todos ellos posteriores al
conocimiento de la decisión de tutela de la Corte Suprema, que, como ha quedado
reseñado en los hechos, con seguridad ya tenía el juzgado el 20 de mayo de
2008, fecha en la cual fue aportada por CONSULTEL con la vocación para el
desarrollo de sus efectos revocatorios. Desde luego, no hay lugar a duda del carácter
ilegal y arbitrario de las actuaciones activas y omisivas del Juzgado Primero Civil
del Circuito de Soledad; carácter ilegal y arbitrario que fue refundado con la
decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, cuando el 13 de noviembre de
2009 resolvió la impugnación de la decisión del incidente de nulidad” (f.
309 ib.).
Presume
el accionante, según asevera, la voluntad de las autoridades judiciales de
desconocer de manera arbitraria e infundada la estructura funcional propia del
juicio de tutela en el derecho colombiano, que por lo mismo, conduce a la
configuración de una vía de hecho por falta de competencia (“defecto
orgánico”), acerca de lo cual la Corte Suprema de Justicia ha dicho que “denota
una actitud subjetiva en el juzgador que se traduce en una evidente vía de
hecho en detrimento de los derechos básicos del debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y a la legalidad de las actuaciones públicas[1]”.
Adicionalmente
manifiesta que la vía de hecho por falta de competencia,  desencadenada con las
actuaciones del Juzgado y el Tribunal, que tilda de ilegales, no termina allí,
porque además “el juzgador a quo ha promovido una derogatoria explicita al
principio de legalidad, pues ha actuado sin fundamento jurídico alguno; ha roto
la estructura básica de la separación de poderes del Estado de derecho pues se
ha subrogado en las funciones del legislador al crear competencias inexistentes
e improcedentes para el caso; ha atacado directamente la organización al
desacatar los efectos revocatorios de la decisión del superior funcional
competente en materia de tutela, llevándose de paso, en su carrera de
arbitrariedades, al propio Estado Constitucional de Derecho; además, ha
desplazado la supremacía de la Constitución, expresada en la decisión de tutela
de la Corte Suprema al introducir su criterio personalísimo como único sustento
visible de sus actuaciones y… ha llevado a CONSULTEL de manera arbitraria,
caprichosa y sin el menor reparo a su derecho fundamental al debido proceso, a
la peor situación procesal imaginable para ella. Dicho en otras palabras
(precisamente las de la Corte Suprema de Justicia), la vía de hecho “‘aflora… cuando
la decisión judicial sea el producto de la arbitrariedad del funcionario. [2]”
Indica
además el actor que en las providencias del Juzgado 1° Civil del Circuito de
Soledad y el Tribunal Superior de Barranquilla, se presentó “defecto
sustantivo” por cuanto el juzgador cambió el sentido de la ley, en
actuación que deviene ilegítima, en el marco de un Estado democrático de derecho;
informa que solicitó insistentemente se diera aplicación al artículo 140-9 del
Código de Procedimiento Civil, por cuanto la apoderada de la contraparte, en
escrito de agosto 8 de 2007, pidió se notificara nuevamente la sentencia, de
junio 14 de 2007, presentó recurso de apelación contra ella y caución para
evitar el embargo contra la sociedad, pero en ningún momento solicitó nulidad
por falta de notificación de aquella, lo que llevaba a concluir que, según la
preceptiva, en el trámite del proceso operó el saneamiento de la presunta
nulidad, y además, porque tan solo el 25 de septiembre de 2007 se demandó la
nulidad de lo actuado desde el 14 de junio de 2007, resuelta negativamente por
el juzgado, para “quien esta petición no se formuló por un apoderado
judicial para el proceso”.
Explica
que, no obstante esta realidad procesal, el Juzgado y el Tribunal  “torcieron”
el sentido de la ley, para afirmar que la nulidad no estaba saneada y que el
escrito de agosto 8 de 2007 cabía entenderlo como presentación de la petición
de nulidad, lo que “constituye, a la luz de la normatividad procesal
colombiana, un verdadero despropósito”, puesto que  en virtud del artículo
143 del Código de Procedimiento Civil, “la parte que alegue una nulidad
deberá expresar su interés para proponerla, la causal invocada y los hechos en
que se fundamenta” y, de otro lado, conforme al artículo 137 ibídem,
presentada como incidente, debe contener “lo que se pide, los hechos en que
se funden y la solicitud de las pruebas que se pretenda aducir”.
Además,
las nulidades son taxativas, expresamente previstas en la ley y de ellas, para
garantizar el debido proceso, debe ordenarse el traslado a la otra parte para
que ejerza el derecho de contradicción, como también, al tenor del artículo 144
ibídem, la nulidad se considerará saneada “cuando la parte que podía
alegarla no lo hizo oportunamente”, según doctrina emanada de la Corte
Suprema de Justicia.[3]
Paralelamente,
manifestó que hubo “otro defecto sustantivo” al aplicar el Tribunal
Superior de Barranquilla, los artículos 323 y 324 del Código de Procedimiento
Civil, por considerar que los edictos debían ser colocados de manera individual
en algún lugar de la secretaría para que los sujetos interesados puedan, “sin
ningún esfuerzo”, observar las diferentes actuaciones judiciales, y no en
un folder en la cartelera de la oficina, como se hizo, “impidiendo” a la
parte interesada notificarse de la sentencia, siendo que  las normas de
carácter legal que contemplan el sistema de notificaciones así no lo
establecen, con lo cual se impuso “el criterio personalísimo criterio del
juzgador de segunda instancia”.
Afirma
luego que el Juzgado y el Tribunal incurrieron en un “protuberante defecto fáctico”
al otorgar, sin cuestionamiento, valor probatorio a medios informativos de
entidades de carácter particular, que indicaron no haber encontrado publicado
el edicto de la sentencia en la secretaría, equiparando erróneamente esta
información a la propia de los juzgados, esto es, como “equivalente
funcional”, incluso, con mayor valor probatorio, al punto de calificar
tales entidades como “‘veedores’ de las decisiones y actuaciones judiciales
por cuanto transmiten la información al usuario por sus diferentes medios
(diario, internet, correo electrónico, etc.) pudiéndose erigir como prueba en
pro de las trasparencia y publicidad, extendiendo sus efectos con fines probatorios”,
información que carece de valor probatorio dentro del proceso porque (i) no
son veedoras, en tanto actúan a partir de un contrato; (ii) no cumplen la
garantía de fiabilidad del origen de la información; (iii) no existe certeza
acerca de la conservación de la información; y (iv) tampoco garantizan la
integridad de la información.
Por
otra parte resalta que la valoración de las averiguaciones penales y
disciplinarias adelantadas contra el Juez 1° Civil del Circuito de Soledad y
los empleados que participaron en la notificación de la sentencia de junio 14
de 2007, no arrojaron mérito probatorio para sustentar la apertura de
investigación sino, todo lo contrario, brindaron “elementos de juicio para
concluir que las empresas privadas que prestan el servicio de informar sobre
las actuaciones de los despachos judiciales no son ‘veedores’ de la administración
de Justicia”.
En
cuanto a los presupuestos de la acción de tutela contra providencias
judiciales, afirma Consultel que cada uno de los requisitos generales y
específicos se cumplen en la solicitud de amparo, habiendo sido orientados a
demostrar que con las providencias de julio 30 de 2008 y noviembre 13 de 2009,
atrás reseñadas y explicadas, el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y el
Tribunal Superior de Barranquilla incurrieron en violación del debido proceso
(art. 29 Const.).
Por
último, argumenta inexistencia de otro medio de defensa judicial, en la medida
en que, contra la providencia de noviembre 13 de 2009, dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, no procede recurso alguno,
satisfaciéndose de esta manera lo previsto en el artículo 86 superior.
B.
Pretensiones
Por
estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, y con el propósito
de lograr su protección constitucional ante decisiones judiciales que en su
criterio acusan vía de hecho, la firma actora Consultorías Eléctricas y
Electrónicas, Consultel S. A. S., solicitó mediante esta acción de tutela:
1.
“Decretar la nulidad constitucional de toda actuación llevada a cabo en el
Juzgado Civil del Circuito de Soledad desde el 6 de mayo de 2008, cuando se decretó
la apertura de un incidente de nulidad de la sentencia del 14 de junio de 2007,
incluso, de las decisiones de dicho incidente en primera y segunda instancia”.
2.
En consecuencia, “retirar los actos generadores de la violación al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y al juez natural, es decir, dejar sin
efectos la nulidad decidida por el Juzgado Primero Civil del  Circuito de
Soledad en auto de julio 30 de 2008, así como la decisión del Tribunal Superior
de Barranquilla, Sala Civil – Familia, del 13 de noviembre de 2009”.
3.
“Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad perseguir los
desarrollos propios de la ejecución de la sentencia de proceso ordinario, esto
es, continuar con el trámite de la ejecución según los términos del auto del 5
de marzo de 2008.”
C.
Trámite de la acción de tutela interpuesta por Consultel
Admitida
la acción constitucional, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante auto de marzo 5 de 2010, ordenó su notificación a los servidores
judiciales y a los intervinientes en el proceso ordinario que Consultel promovió
contra Electricaribe.
De
otro lado, no accedió a la “petición provisional” para que el Tribunal
Superior de Barranquilla suspendiera el trámite de la apelación que
Electricaribe interpuso en agosto 8 de 2007, contra la sentencia de junio 14 de
2007 proferida por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, desfavorable a
Electricaribe, dentro del proceso ordinario adelantado en su contra, al
considerar esa corporación que no se estructuraban los supuestos de necesidad y
urgencia contemplados en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991.
D.
Contestación de Electricaribe
El
apoderado de esta sociedad, en referencia sucinta a la demanda de tutela,
manifestó que en el memorial del incidente de nulidad expuso la posición jurídica
desarrollada con posterioridad a la sentencia de primera instancia e insistió “en
lo absurdo que resulta anteponer la constancia secretarial sobre la fijación
del edicto con que se notifica la sentencia, al pleno convencimiento del juez
sobre lo falaz de tal fijación. Y ese es el meollo de este asunto, en medio del
interminable discurso de la demanda”.
Señala
además, en torno a la prevalencia constitucional del derecho sustancial, que si
para el Juez y los Magistrados existió plena prueba de la no fijación del
edicto con que se notificó el fallo, “éste es el criterio que debe
prevalecer”.
Finalmente,
en alusión a lo que dice que popularmente se conocía como “cartel de las
notificaciones fantasma de sentencias de 1ª instancia siempre condenatorias –de
preferencia arbitrariamente condenatorias, como notoriamente ocurre en este
caso-”, estimó que “aún contra la total certeza del juez, por existir plena
prueba en contrario, esa constancia secretarial hacia presumir ‘de derecho’ la
realidad de la fijación del edicto que notificó la sentencia, sin que importara
que tal fijación se hubiese efectuado o no”.
E.
Contestación del Juez 1° Civil del Circuito de Soledad
Este
servidor judicial, previo recuento de las actuaciones judiciales adelantadas a
lo largo del proceso y de la naturaleza y los requisitos de la  acción de
tutela, solicitó declarar improcedente lo pretendido, por temerario.
Haciendo
mención de dos anteriores pretensiones de tutela, declaradas improcedentes por la
Corte Suprema de Justicia, resaltó “la notoria improcedencia del recurso
efectivo de amparo… debido a que los ‘eventuales y subjetivos afectados’,
pueden y deben acudir a los ordinarios medios de defensa ante la existencia de derechos
de rango contractual-litigiosos, de los cuales aún no existe decisión en firme
que se los otorgue a la parte activa o a la parte pasiva; por tanto fuera de
ser improcedente, raya en la temeridad que amerita la aplicación de las
sanciones y consecuencias jurídicas previstas en el Decreto 2591/1991 por
tutela temeraria, y tanto ello es así que, el Honorable M.P. y la Sala que
deciden esta tutela, decidieron no aplicar art. 7°, estatuto tutelar (sic);
declarando inviable la solicitud de medida provisional; es por ello que reitero
se administre la sanción pertinente a la parte tutelante (representante legal
CONSULTEL y su apoderado)”.
Expuso
adicionalmente que las apreciaciones de Consultel “resultan inanes e
inocuas, puesto que las reglas del diario vivir, nos indican que una persona
afectada con una decisión judicial, al ser notificado de ella (Scia T-1.992-06…),
procura ejercitar los medios ordinarios de defensa para dejar sin efecto, esa decisión
que lo perjudica; por ello no es atendible que se predique una idónea
notificación a pasiva (Electricaribe respecto de un fallo que le obliga a
desembolsar más $10.297.000.000); es meridiano entender que un fallo de tal
magnitud conlleva inexorablemente a que el afectado interponga los recursos y
la única forma de no hacerlo es no enterándose de la decisión y sea cualquiera
el medio (conducta atribuida a particulares, terceros o servidores judiciales),
esto último fue lo que aconteció, es decir, se logró que pasiva no se enterara
o notificara de lo fallado”.
De
otra parte, si “Consul
tel
está segura de poseer la razón y la tesis correcta, por qué le asusta que
Magistrados que actúen por vía de ad quem o por casación conozcan de lo actuado
y se aferra a que lo irregular produzca efectos dentro de lo actuado, acudiendo
inclusive a temerarias y sancionables pretensiones por vía del recurso efectivo
de amparo”.
F.
Contestación del Tribunal Superior de Barranquilla
El
Magistrado Alfredo de Jesús Castilla Torres, de la Sala Segunda de Decisión
Civil – Familia  de esa corporación, con sustento en lo dispuesto en la
providencia de noviembre 13 de 2009, solicitó denegar el amparo, con fundamente
en las siguientes consideraciones:
(i)
Estima extraño que Consultel exprese sorpresa por lo decidido en el auto de 13
de noviembre de 2009, cuando no allegó al expediente las providencias de las
investigaciones penales y disciplinarias referidas en los hechos de la tutela.
(ii)
Lo allí resuelto se tomó con base en lo dicho por la funcionaria entonces a
cargo del Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y no exclusivamente en lo
que el actor denomina “veedoras de las distintas actuaciones judiciales”.
(iii)
El hecho de que en un expediente se encuentre anexado un ejemplar de un edicto,
con las respectivas constancias secretariales de fijación y desfijación, “no
está legalmente considerado como una presunción de derecho que no admita prueba
en contrario”, siendo admisible que las partes alleguen otros medios
probatorios que desvirtúen que tal edicto fue fijado en lugar visible de la
secretaría durante tres días, como dispone el artículo 323 C. P. C..
(iv)
La costumbre de los despachos judiciales de legajar los edictos en fólderes no
es lo que formaliza el citado artículo 323, puesto que el interior de los
mismos no constituye “lugar visible” de la secretaría del juzgado.
(v)
No se cumple la ley procesal cuando se incorporan edictos a fólderes o carpetas,
cuyo orden cronológico es alterado por quienes usan los  instrumentos, pudiendo
quedar tapados u ocultos por edictos más antiguos.
(vi)
La ley procesal no impone a las partes leer legajos desordenados, para
enterarse de que ha sido fijado un nuevo o más reciente edicto.
(vii)
Al existir en la nueva codificación procesal civil libertad probatoria, la
providencia judicial del 13 de noviembre de 2009 podía fundamentarse en el
dicho de funcionario judicial a cargo del Juzgado.
(viii)
La referencia a los “informativos” de cuatro empresas privadas que no
alcanzaron a ver la “publicidad” del edicto,  se realizó con base en
precedente de otra decisión tomada por la corporación judicial.
(ix)
La procedencia de la tutela por vía de hecho, según lo dispuesto por esta
Corte, “‘está sometida a unos límites rígidos’, los cuales permiten “el
respeto debido tanto a la autonomía e independencia de los jueces para proferir
sus fallos, como a las distintas jurisdicciones, y a los procedimientos
ordinarios y especiales establecidos en el ordenamiento jurídico”.
G.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
Mediante
providencia de marzo 17 de 2010, la Sala de Casación Civil denegó el amparo
incoado por la sociedad Consultel.
Observó
la corporación, previo estudio doctrinario de la acción constitucional de
tutela y de su procedibilidad “cuando se detecta una desviación arbitraria,
caprichosa o absurda del fallador”, que los funcionarios accionados,
al tramitar y decidir el recurso de apelación interpuesto por Consultel dentro
de la etapa de ejecución de la sentencia proferida en proceso ordinario
adelantado contra Electricaribe, en el sentido de confirmar la nulidad procesal
declarada por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad en auto de  julio 30
de 2008, ni incurrieron “en un proceder ilegítimo que permita predicar la
presencia de una clara vía de hecho y, por lo mismo, el quebranto de la
prerrogativa fundamental cuya protección se solicita”.
La
conclusión precedente se obtuvo del examen realizado a la providencia del
Tribunal Superior de Barranquilla, de noviembre 13 de 2009, y a las actuaciones
materializadas por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad con
posterioridad a la sentencia de primera instancia, que emitió el 14 de junio
de 2007, a partir de “los principios básicos reguladores del régimen de
nulidades procesales”, bajo el entendido de que la notificación de
sentencias por edicto mediante el mecanismo de fólderes y no a través de la
publicación en un lugar visible de la secretaría, constituyó una indebida
notificación de la sentencia del Juzgado, de esa fecha, por lo que, entonces,
no podían derivarse efectos procesales al edicto obrante en el expediente.
Indicó
además que el escrito radicado por Electricaribe en agosto 8 de 2007,
representó cabal y expresa alegación de la notificación indebida de la
providencia del Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, con aporte en esa
oportunidad de las pruebas documentales tendientes a señalar tal irregularidad.
Determinó,
por último, que al no observarse arbitrariedad manifiesta por desatención de
las normas que regulan la nulidad procesal, esto es, no ser decisión contraria
a los dictados del ordenamiento jurídico que reclame la intervención del juez
constitucional, “la acción de tutela no puede considerarse como un recurso
más para controvertir decisiones judiciales o buscar una nueva valoración de
las pruebas recaudadas”.
H.
Impugnación de Consultel
La
sociedad Consultel presentó el 25 de marzo de 2010 escrito de impugnación
contra el fallo de tutela precedente, argumentando que la Sala de Casación
Civil, (i) no atendió los cargos referidos al desacato del Juzgado 1° Civil de
Circuito de Soledad y del Tribunal Superior de Barranquilla a lo decidido en la
providencia de esa corporación, de mayo 16 de 2008, por la cual se denegó el
amparo constitucional a Electricaribe, que fuera concedido por el Tribunal
Superior de Barranquilla en fallo de tutela de abril 1° de 2008; y (ii) no se
pronunció acerca de los defectos en la aplicación de la ley y sobre la realidad
fáctica en que se habría incurrido, por inaplicación normativa  (artículos 137,
143 y 144 del Código de Procedimiento Civil) e interpretación caprichosa del
sentido de la ley (artículo 323 y 324 ibídem).
Argumentó
que la Sala de Casación Civil “no se ocupó de las vicisitudes del proceso
que llevaron a la apertura del incidente de nulidad ni del ejercicio abusivo
por parte del apoderado de ELECTRICARIBE de la acción de tutela, como quedó
suficientemente demostrado en la solicitud de amparo” y, de otro lado, “desvió
la atención del asunto a la simple inconformidad del apelante con las razones
de la decisión del Juez de instancia”, cuando la solicitud de amparo no
apuntaba a una inconformidad estrictamente legal, sino al argüido irrespeto por
el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y el Tribunal de Barranquilla a las
reglas del debido proceso en materia de nulidades procesales; del señalamiento
de exigencias no previstas por la ley para el proceso de notificación de
sentencias por edicto, y de la notificación por parte del juez de conocimiento “basándose
en unas simples declaraciones de agentes particulares, que en ningún momento
pueden ser considerados como veedores de la función pública de administrar
justicia”.
Sobre
la relevancia constitucional del caso, anotó que con las  decisiones judiciales
cuestionadas “se ha presentado un grave desconocimiento de las  garantías
fundamentales propias de un Estado de Derecho: juez natural, principio de
legalidad, debido proceso, motivación y racionalidad de las decisiones
judiciales y sistema democrático de representación”.
I.
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
El
4 de mayo de 2010, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dispuso
revocar el fallo de marzo 17 de 2010, emanado de la Sala de Casación Civil, para
conceder en su lugar el amparo constitucional al debido proceso a la sociedad
Consultorías Eléctricas y Electrónicas Consultel S. A. S., procediendo, en
consecuencia, a declarar “sin valor ni efectos todas las actuaciones
surtidas en el proceso ejecutivo, seguido del ordinario de CONSULTEL S. A. S.
contra ELECTRICARIBE, a partir del 1° de abril de 2008, fecha en que se dictó
la sentencia de tutela por la SALA CIVIL-FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, posteriormente revocada por la Corte”, mediante
sentencia de mayo 16 de 2008.
Expuestas
las apreciaciones jurídicas sobre la naturaleza de la acción de tutela, su
carácter excepcional y la relevancia constitucional que el caso en debate
merece, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con
relación al fallo de la Sala Civil, de mayo 16 de 2008, observó:
“Así, la Sala de Casación Civil al negar el amparo
pedido por ELECTRICARIBE dejó incólume la situación procesal anterior, esto es,
en firme la sentencia del proceso ejecutivo y del auto que había negado el
trámite de la nulidad y los recursos, y, como lógica consecuencia, la sentencia
condenatoria que sirvió de título a la ejecución. Pero el Juzgado desatendió
esta decisión de la Corte y, sin ninguna justificación, continuó con los trámites
emanados del fallo de tutela que había desaparecido de la vida jurídica.
Lo que resulta aún más grave es que, además de no
haber suspendido dicho trámite, incurrió en contradicción con lo ya dicho por
ese mismo despacho, y con violación de las disposiciones procesales sobre el
tema, le otorgó prosperidad a una nulidad que había sido saneada, en su
correspondiente oportunidad, para continuar con un trámite que le había sido
prohibido en razón del fallo de tutela de segunda instancia. Aunado a tales
irregularidades, el Tribunal de Barranquilla, igualmente, ignoró el fallo de la
Corte, para prohijar ese indebido actuar del Juzgado.
La conducta del Juzgado y del Tribunal fue
abiertamente desconocedora, pues no atendió lo dispuesto por la Corte, en Sala
de Casación Civil, con lo que vulneró los principios de certeza y seguridad
jurídica, y por esa vía, el debido proceso.
… el Juzgado se apartó de las normas sobre el trámite
y efectos de las nulidades en materia civil, las cuales le eran de obligatorio
cumplimiento, para lo cual se apoyó en un fallo de tutela que, como se repite,
fue retirado del trámite procesal.”
En
síntesis, para la Sala de Casación Laboral la vulneración del debido proceso en
el caso que se somete a revisión de esta corporación tuvo ocurrencia por la
configuración de las siguientes proposiciones jurídicas y fácticas irregulares:
(i)
El Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y el Tribunal de Barranquilla, Sala
de Decisión Civil  – Familia, expidieron las providencias de julio 30 de 2008 y
noviembre 13 de  2009, respectivamente, con fundamento en sentencia de tutela
de ese Tribunal, de abril 1° de 2008, favorable a Electricaribe, revocada
posteriormente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
providencia de mayo 16 de 2008.
(ii)
Hubo una valoración probatoria caprichosa, por inaplicación de los artículos
143 y 144 del Código de Procedimiento Civil, acerca de los requisitos para la
proposición de nulidades y el saneamiento de éstas.
(iii)
Se configuraron los defectos sustantivo y fáctico, al adicionarse de  manera
arbitraria las exigencias de las preceptivas 323 y 324 ibídem, y procederse a aceptar
pruebas no exigidas ni legales, para notificación de sentencia por edicto.
(iv)
Saneada la supuesta nulidad, conforme a las previsiones indicadas del Código de
Procedimiento Civil, las entidades accionadas procedieron sin embargo a
declararla y confirmarla, contrariando de esta manera la decisión adoptada por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en  mayo 16 de 2008, que
revocó el fallo de abril 1° de 2008 dictado por el Tribunal Superior de
Barranquilla, el cual había concedido el amparo a Electricaribe.
(v)
Electricaribe, al solicitar nueva notificación de la sentencia de junio 14 de 2007,
proferida por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, e interponer recurso
de apelación en agosto 8 del mismo año, sin proponer en ese momento nulidad
procesal, saneó cualquier vicio en que hubiera incurrido el juez de
conocimiento.
(vi)
La proposición del incidente de nulidad por Electricaribe, en septiembre 25 de
2007, con posterioridad a la apelación citada, fue inoportuna, además de
indebida al haberse realizado sin la acreditación de la calidad de abogado.
(vii)
Las investigaciones disciplinaria y penal adelantadas por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Atlántico, la Procuraduría Provincial de Barranquilla y la
Fiscalía 28 Seccional, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, no
dejaron duda alguna acerca de la actuación judicial surtida.
(viii)
Los accionados “pretendieron dar alcance a un trámite que les fue
desautorizado” por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia de mayo 16 de 2008, “con violación, además, al
principio procesal de preclusión, y quisieron eternizar etapas procesales ya
fenecidas, por la negligencia, descuido o incuria en que eventualmente la parte
demandada ELECTRICARIBE pudo incurrir”.
II.
TRÁMITE CUMPLIDO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A.
Durante el trámite de revisión del presente asunto en esta Corte, se recibió el
2 de agosto de 2010 memorial del apoderado de Electricaribe, tercero
interviniente, mediante el cual pide como medida provisional que “se
suspenda la aplicación y los efectos de la providencia judicial dictada… por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual
revocó la sentencia de la Sala de Casación Civil… y ordenó al Tribunal Superior
de Barranquilla, Sala Civil – Familia y al Juzgado Civil del Circuito de
Soledad… continuar los trámites subsiguientes del proceso ejecutivo seguido del
ordinario, adelantado por la sociedad CONSULTORIAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS
‘CONSULTEL S. A. S.’ contra la empresa ELECTRICARIBE S. A. E. S. P., hasta
tanto se dicte la sentencia de revisión por la Corte Constitucional”, y que
esa “medida provisional se comunique inmediatamente al Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil – Familia y al Juzgado Primero
Civil del Circuito de Soledad…”.
Manifestó
que la petición la realiza con fundamento en el artículo 7° del Decreto 2591 de
1991, para “no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del
solicitante”, y en autos 039 de 1995, 040A de 2001 y 035 de 2007 emanados
de la Corte, “con el fin de evitar que, en el evento de proceder el amparo,
los efectos de su decisión carezcan de eficacia material o se dificulte el
restablecimiento del ejercicio pleno de los derechos por parte de la entidad
accionante y, en consecuencia, el amparo constitucional resulte nugatorio”.
Posteriormente,
en escrito de septiembre 20 del año en curso, procede a formular las consideraciones
que, a su juicio, sustentan la petición de revocatoria de la sentencia dictada
en mayo 4 de 2010 por la Sala de Casación Laboral, para que, en su lugar, se
confirme la providencia de la Sala de Casación Civil de marzo 17 del mismo año,
por la cual se denegó el amparo incoado por la sociedad demandante Consultorías
Eléctricas y Electrónicas, Consultel S. A. S..
A
este respecto, (i) insistió en la mención realizada por la Sala de de Casación
Civil, según la cual las autoridades judiciales accionadas “no incurrieron
en un proceder ilegítimo que permita predicar” la existencia de una vía de
hecho, y que otra Sala no puede hacer una deducción diferente sobre un mismo
asunto; (ii) encontró equivocada la apreciación de la Sala de Casación Laboral,
en la medida que la Sala de Casación Civil, con sentencia de mayo 16 de 2008,
advirtió que “lo decidido en auto de 5 de marzo de 2008 no constituía
una barrera infranqueable para dar continuidad a la ejecución”, por
cuanto bien podía el Juzgado dictar la sentencia prevista en el artículo 507
del Código de Procedimiento Civil al tiempo que se tramitaban los recursos, al
no existir impedimento alguno; (iii) estimó que la Sala de Casación Civil “no
aceptó ni avaló en forma alguna, una supuesta ejecutoria ‘automática’ de las
decisiones contenidas en el auto de 5 de marzo de 2008, como consecuencia de
haberse proferido el mismo día la sentencia que ordenó seguir adelante la
ejecución”; y (iv) observó que los argumentos de la Sala de Casación
Laboral no estuvieron dirigidos a desvirtuar los fundamentos de la Sala de Casación
Civil, puesto que aquella omitió analizar lo expresado por la juez en el
sentido que el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, “no dio cabal
cumplimiento a la normatividad” atinente a la notificación del fallo de
primera instancia.
Analizada
por la Corte tal solicitud de medida de suspensión provisional del fallo de la
Sala de Casación Laboral, dictado el 4 de mayo de 2010, no se la ha considerado
procedente, y ahora se ratifica, por no ceñirse a los supuestos de necesidad y
urgencia legalmente previstos (art. 7° D. 2591 de 1991).
B.
El 1° de octubre de 2010, la apoderada de la firma Consultorías Eléctricas y
Electrónicas, Consultel S. A. S., presentó escrito ante esta corporación, en el
cual solicita se confirme dicha sentencia de la Sala de Casación Laboral,
planteando, luego de la enunciación del diligenciamiento que el asunto objeto
de revisión ha tenido por las vías ordinaria y de tutela:
(i)
La solicitud de amparo obedece a “una considerable serie de yerros en que
incurrieron las autoridades judiciales tuteladas, yerros que, de ningún modo,  pueden
considerarse intrascendentes en el marco de un Estado social y constitucional
de derecho”.
(ii)
Las providencias del Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y el Tribunal
Superior de Barranquilla, que decidieron el incidente de nulidad interpuesto
por Electricaribe, “representan  una vulneración al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva y al derecho al juez natural de CONSULTEL, por haber
sido expedidas sin competencia para ello”.
(iii)
Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en indebida aplicación del
artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “la nulidad se
considerará saneada ‘cuando la parte que podía alegarla no lo hizo
oportunamente’”, expresión de inconformidad que no cabe presentar de
cualquier modo, al tener que cumplir una serie de requisitos, razón por la cual
las autoridades, al analizar y decidir, “no pueden actuar teniendo como
fundamento su capricho, sino que lo deben hacer siempre dentro del marco de la
Constitución y de la Ley”.
(iv)
También se adicionó de manera caprichosa el sentido de la ley, en tanto el
Tribunal Superior de Barranquilla completó los artículos 323 y 324 ibídem,
cuando dispuso subjetivamente la forma de fijación de los edictos.
(v)
Las autoridades judiciales cuestionadas resolvieron la nulidad con base en “pruebas”,
que son sólo informes de entidades privadas, “que no son veedores de la
legalidad de las actuaciones y de los procedimientos”.
(vi)
La Sala de Casación Civil, en sentencia de marzo 17 de 2010, denegó el amparo a
Consultel “sin detenerse siquiera en los defectos de constitucionalidad de
las decisiones de apertura, trámite y resolución del incidente de nulidad
alegados”.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta
Sala es competente para decidir la presente revisión, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9°) de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Asunto bajo análisis
Corresponde
a la Sala determinar si el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de
Decisión Civil – Familia, vulneraron el derecho fundamental al debido proceso
de la sociedad Consultorías Eléctricas y Electrónicas, Consultel S. A. S., en
relación con la nulidad procesal concedida y confirmada por esas autoridades
judiciales, mediante providencias de julio 30 de 2008 y noviembre 13 de 2009,
respectivamente, habiendo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en mayo 16 de 2008, revocado el  fallo del Tribunal Superior de
Barranquilla, dictado en abril 1° de de 2008, que concedió el amparo a
Electricaribe S.A. ESP, en la acción de tutela incoada contra el Juzgado 1°
Civil del Circuito de Soledad.
Con el fin de
dar solución al problema jurídico planteado, conforme a los cauces
jurisprudenciales de esta Corte, se estudiará la excepcionalísima procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, antes de efectuar el
análisis del caso concreto, para cuya dilucidación esta Sala ha tomado atenta nota
de las alegaciones presentadas por los representantes de las dos sociedades que
han estado involucradas en el conflicto civil, del cual dimana la actual
aspiración de amparo constitucional.
3.
Improcedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.  Regla
general.
3.1. Como es bien sabido, mediante sentencia C-543 de octubre
1° de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), esta Corte declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro
enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los artículos 11 y
12 ibídem), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de
acciones de tutela contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso,
cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo
contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación
de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Entre otras razones, se estimó inviable el especial
amparo constitucional ante diligenciamientos reglados, dentro de los cuales
están previstos, al interior del respectivo proceso, mecanismos de defensa de las
garantías fundamentales.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en
la Constitución Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no
puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el
ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus
providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual
sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso.
En el referido pronunciamiento se expuso (en el texto
original sólo está en negrilla “de hecho”, del primer párrafo que se
cita):
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones
que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que
proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.
Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones
del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en
curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su
función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los
conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la
Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia.
De ningún modo es admisible, entonces, que quien
resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de
resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación
con el derecho que allí se controvierte.
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos
que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez
de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por
cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en
la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de
justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas
predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios
constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible
falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y
diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes
perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la
congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos
judiciales.
De las razones anteriores concluye la Corte que no
procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única
salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como
mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez
competente.”
Las bases tenidas en cuenta para apoyar esta posición
jurisprudencial se encuentran consolidadas, con la fortaleza inamovible erigida
por lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 243 superior, a partir de la declaratoria de inexequibilidad de
los removidos artículos del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la parte
resolutiva de dicha sentencia está protegida por la garantía de la cosa juzgada
constitucional, luego es de obligatoria observancia.
En sustento de esa decisión,
entre otras consideraciones convergentemente definitorias, además se plasmó lo
siguiente (sólo están en negrilla en el texto original las expresiones “alternativo”,
“último” y “único”):
“La acción de tutela no es, por
tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar
el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia,
que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún,
cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicional al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86
de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de
otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que,
tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes.”
En relación con el mismo asunto,
y particularmente sobre el cumplimiento del proceso de una “función
garantizadora del derecho”, agregó (no está en negrilla en el texto
original):
“Así, pues, no corresponde a las reglas de
hermenéutica ni se compadece con los principios de la lógica asumir que el
Constituyente de 1991 consagró la acción de tutela como medio  de defensa
contra los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el
artículo 29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las
personas. Debe entenderse, por el contrario, como lo ha entendido desde su
instauración el constitucionalismo, que los procesos han sido instituidos en
guarda de la justicia y la equidad, con el propósito de asegurar a los
gobernados que el Estado únicamente resolverá las controversias que entre ellos
se susciten dentro de límites clara y anticipadamente establecidos por la ley,
con el objeto de evitar los atropellos y las resoluciones arbitrarias, desde
luego dentro de la razonable concepción, hoy acogida en el artículo 228 de la
Carta, sobre prevalencia del derecho sustancial, cuyo sentido no consiste en
eliminar los procesos sino en impedir que el exagerado culto a las ritualidades
desconozca el contenido esencial y la teleología de las instituciones
jurídicas.
Así concebido, el proceso cumple una función
garantizadora del Derecho y no al contrario, razón por la cual no puede
afirmarse que su efectiva aplicación ni la firmeza de las decisiones que con
base en él se adoptan tengan menor importancia para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales que el instituto previsto en el
artículo 86 de la Constitución.”
Del mismo fallo C-543 de 1992, refréndase que “si
la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es
clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el
cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que
autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”.
Igualmente, con fundamento en que el constituyente
estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser
desconcentrado, esa sentencia puntualizó que “no encaja dentro de la
preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de
actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito
que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la
contencioso administrativa a  fin de resolver puntos de derecho que están
o estuvieron al cuidado de estas”.
3.2. Entonces,
siendo la tutela mecanismo subsidiario y excepcional, procedente ante
situaciones en que no exista otro medio judicial idóneo para salvaguardar un
derecho fundamental vulnerado o amenazado o, de existir, no resulta eficaz para
la protección de los derechos fundamentales, o la persona afectada se encuentre
ante un perjuicio irremediable, precisa la Corte que la regla general aquí
explicada, conforme a la ratio decidendi de aquella sentencia,
únicamente se halla matizada por actuaciones judiciales que evidencien una “vía
de hecho”, al reconocer el artículo 86 superior su procedencia cuando los
derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”.
La
procedencia excepcionalísima de la acción
tutela contra decisiones judiciales, deviene entonces de las advertencias que
la misma Corte realizó en la sentencia C-543 de 1992, entre ellas que los jueces de la República tienen el
carácter de autoridades públicas, pudiendo incurrir en “actuaciones” de
hecho; fue tomando solidez la doctrina de la vía de hecho, a partir de la cual,
de forma muy restrictiva, se permite el uso de la acción de tutela para
cuestionar aquellas decisiones que por contrariar de manera grave y flagrante
el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como verdaderos
pronunciamientos judiciales.
Así, siendo claro e indiscutible que también los
administradores de justicia deben respeto a la Constitución y a las leyes, más
aún en el ejercicio de sus competencias, ello implica que las decisiones
judiciales han de ser adoptadas con estricto apego al ordenamiento jurídico, en
el cual los derechos fundamentales ocupan un lugar prioritario. En ese sentido,
el proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr la eventual
corrección de las actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías que
resulten comprometidas.
Repítase entonces que en la jurisprudencia de esta
corporación se ha venido desarrollando, desde 1993, la noción de la vía de
hecho[4],
al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos
generales de procedencia y, sobre todo, las causales especiales de
procedibilidad, siendo necesario mantener presente que la acción de tutela
seguirá estando reservada para aquellos eventos en los cuales se patentice una
verdadera infracción contra un derecho fundamental, a partir de actuaciones
arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de
requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para lograr el restablecimiento
de aquél.
De otra forma, el instrumento de amparo consignado en
el artículo 86 superior habría de convertirse en un mecanismo especial de
enmienda de las decisiones judiciales, interpretación que resulta por completo
ajena a la especial naturaleza con la cual ha sido dotada la acción de tutela.
En esta misma línea, la Corte ha realzado que la
circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar
una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juez de
instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo
constitucional involucra una confrontación de la actuación judicial con el
texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de
los derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una
interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que
se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la
sentencia respectiva[5].
A su vez, es importante considerar que si bien
la jurisprudencia constitucional ha paulatinamente admitido la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, pese a la claridad y al
efecto de cosa juzgada (art. 243 Const.) que es inmanente a las decisiones
contenidas en la sentencia C-543 de 1992, a la que antes se hizo referencia, no sería menos pertinente ni valedero tomar en cuenta también los parámetros de
racionalidad dentro de los cuales el legislador extraordinario de 1991 quiso
enmarcar la procedencia de esta acción. En este sentido es necesario entonces evocar el
contenido del inciso final del parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 2591 de
1991 que por esa decisión fue declarado inexequible: “La tutela no procederá
por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas.”
3.3. De otra parte, la sentencia C-590 de junio 8 de
2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), circunscrita al estudio y declaración de
inexequibilidad de un segmento normativo del artículo 185 de la Ley 906 de
2004, que conducía a la proscripción de la acción de tutela contra sentencias
de casación penal, contiene también importantes reflexiones, muy pertinentes al
propósito de fijar el ámbito estrictamente excepcional dentro del cual es
constitucionalmente admisible la tutela contra decisiones judiciales.
Sobre el tema expuso en esa ocasión esta corporación
que “no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del
derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez
de instancia” (no está en negrilla en el texto original, ni en el de la
cita siguiente).
Previamente se había sustentado, en esa misma
providencia:
“21. A pesar de que la Carta Política indica
expresamente que la acción de tutela procede ‘por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública’ susceptible de vulnerar o amenazar derechos
fundamentales, en algunos ámbitos se ha cuestionado su procedencia contra
sentencias, no obstante tratarse de actos emanados de jueces y tribunales en
tanto autoridades públicas y la consecuente posibilidad, aunque sumamente
excepcional, de que a través de tales actos se vulneren o amenacen derechos
fundamentales.
Sin embargo, el panorama es claro ya que como regla
general la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto
por varios motivos… en primer lugar… las sentencias judiciales constituyen
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa
juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias
planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y,
en tercer lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la
jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen
democrático.
En cuanto a lo primero, no puede desconocerse que la
administración de justicia, en general, es una instancia estatal de
aplicación del derecho, que en cumplimiento de su rol debe atenerse a la
Constitución y a la ley y que todo su obrar debe dirigirse, entre otras cosas,
a garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución, incluidos, obviamente, los derechos fundamentales. Si
esto es así, lo obvio es que las sentencias judiciales se asuman como
supuestos específicos de aplicación del derecho y que se reconozca su
legitimidad en tanto ámbitos de realización de fines estatales y, en
particular, de la garantía de los derechos constitucionales.
En cuanto a lo segundo, no debe perderse de vista que
el derecho, desde la modernidad política, es la alternativa de legitimación del
poder público y que tal carácter se mantiene a condición de que resulte un
instrumento idóneo para decidir, de manera definitiva, las controversias
que lleguen a suscitarse pues sólo de esa forma es posible definir el alcance
de los derechos y crear las condiciones necesarias para su adecuado disfrute. De
allí el valor de cosa juzgada de que se rodean las sentencias judiciales y la
inmutabilidad e intangibilidad inherentes a tales pronunciamientos, pues de no
ser así, esto es, de generarse una situación de permanente incertidumbre en cuanto
a la forma como se han de decidir las controversias, nadie sabría el alcance de
sus derechos y de sus obligaciones correlativas y todos los conflictos serían
susceptibles de dilatarse indefinidamente. Es decir, el cuestionamiento
de la validez de cualquier sentencia judicial resquebrajaría el principio de
seguridad jurídica y desnudaría la insuficiencia del derecho como instrumento
de civilidad.
Y en cuanto a lo tercero, no debe olvidarse que una
cara conquista de las democracias contemporáneas viene dada por la autonomía e
independencia de sus jueces. Estas aseguran que la capacidad racionalizadora
del derecho se despliegue a partir de las normas de derecho positivo y no de
injerencias de otros jueces y tribunales o de otros ámbitos del poder público.
De allí que la sujeción del juez a la ley constituya una garantía para los
asociados, pues estos saben, gracias a ello, que sus derechos y deberes serán
definidos a partir de la sola consideración de la ley y no por razones
políticas o de conveniencia.
22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la
acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las
sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción…;
ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de
tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos
fundamentales.”
Empero, luego de esos categóricos raciocinios, en la
citada providencia fueron compilados los denominados “requisitos generales
de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, siendo
catalogados los primeros de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Adicionalmente, se indicó que “para que proceda
una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas”, siendo agrupadas de la siguiente forma:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.”
3.4.
Acerca de las modalidades de configuración de “vía de hecho judicial”, la
Corte en sentencia T-125 de febrero 23 de 2010 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), reiteró y destacó lo siguiente:
“…el defecto orgánico se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió una decisión carece absolutamente de
competencia para resolver el asunto. En la sentencia T-310 de 2009 la Corte
precisó que se trata de un defecto calificado, pues no basta con que se discuta
la competencia del funcionario judicial, es necesario estar “(…) en un
escenario en el que, a la luz de las normas jurídicas aplicables, resulte
manifiestamente irrazonable considerar que el juez estaba investido de la
potestad de administrar justicia en el evento objeto de análisis.”[6]
El defecto procedimental absoluto, de otro lado,
ocurre cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido. En la sentencia T-310 de 2009, la Corte precisó que también se
trata de un defecto de naturaleza cualificada, pues demanda que el  trámite
judicial ‘(…) se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de
procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada
responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial.’[7]
Además, la desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los
derechos fundamentales de las partes, en especial el derecho al debido proceso.[8]
El defecto fáctico tiene lugar cuando la valoración
probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva, o
constituye un ostensible desconocimiento del debido proceso, esto es, cuando el
funcionario judicial (i) deja de valorar una prueba aportada o practicada en
debida forma determinante para la resolución del caso; (ii) excluye sin razones
justificadas una prueba de la misma relevancia, o (iii) valora un elemento
probatorio al margen de los cauces racionales.[9]
Corresponde al juez constitucional evaluar si en el marco de la sana crítica,
la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso. Al
respecto, la Corte ha precisado que el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora del análisis probatorio que realiza el juez ordinario,
pues ello sería contrario al carácter subsidiario de la acción de tutela e
implicaría invadir la órbita de la competencia y la autonomía de las otras
jurisdicciones.
Por último, el
defecto sustantivo se presenta, entre otras hipótesis, (i) cuando la decisión
cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso
concreto; (ii) cuando la decisión se fundamenta en normas inexistentes o
inconstitucionales; (iii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o
aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias
con efectos erga omnes que han definido su alcance,  es contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)[10]; (iv)
cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada; o (v) cuando a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica
a la cual se aplicó.[11]
Una decisión en la que el juez se aparta de la
normativa no sólo despoja de legitimidad a su decisión, sino que vulnera el
derecho de defensa y la confianza legítima de las partes interesadas en las
autoridades judiciales, pues éstas son sorprendidas con la aplicación de normas
distintas a las que previeron serían tenidas en cuenta en el caso. Al respecto,
afirmó la Corte en la sentencia T-405 de 2005: ‘Si bien esas normas preexisten
a sus actos, desconocen si ellas serán o no respetadas por los jueces en un
litigio eventual. De este modo, la incertidumbre se cierne sobre las relaciones
sociales y el derecho pierde su capacidad como elemento de cohesión social.’[12].”
Recapitulando, sigue mereciendo la máxima atención el
planteamiento de la Corte Constitucional en cuanto a la labor específica del
juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los conceptos y
principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de
derecho”[13].
Es entonces desde las rigurosas perspectivas expuestas
en precedencia, donde además converge el deber impostergable de ofrecer amparo
efectivo a los derechos fundamentales y el compromiso de acatar los principios
que acaban de ser enunciados, que el juez constitucional debe avocar el
análisis cuando quiera que se plantee por parte de quienes acudieron a un
proceso judicial ordinario, la supuesta vulneración de sus garantías
fundamentales como resultado de providencias entonces proferidas.
4.
Caso concreto
4.1. Las exigencias generales para la procedencia de
la acción de tutela en el caso que se revisa se encuentran satisfechas, como se
expone a continuación,  vista la habilitación de la Corte Suprema de Justicia
para tramitar el amparo constitucional pedido, conforme a lo previsto en el
artículo 86 de la Carta, y en el Decreto 1382 de 2000, que  establece las
reglas para el reparto de la acción de tutela.
En cuanto a la inmediatez, advierte la Sala que la
acción fue ejercida en un plazo apenas razonable, tomando en cuenta la maraña
en que se convirtió todo este asunto, a partir del excesivo ritualismo que lo
ha intrincado, interponiéndose además las vacaciones judiciales colectivas. Sin
embargo, esta tutela fue incoada el 2 de marzo de 2010, ante la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, contra la providencia ulterior
en el otro ámbito, dictada el 13 de noviembre de 2009 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Civil –
Familia.
También se observa
que el presente asunto reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez
que el accionante invoca como infringido el derecho al debido proceso (art. 29
Const.), que indudablemente es de carácter fundamental.
Así
mismo, se verifica el agotamiento de los medios comunes de defensa judicial,
pues para controvertir la decisión dictada por el Tribunal Superior de
Barranquilla, en noviembre 13 de  2009, adversa al demandante en cuanto decidió
mantener la nulidad declarada por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad
en auto del 30 de julio de 2008, no procede recurso alguno ni otro  mecanismo
judicial ordinario.
De
otra parte, se observa que en el presente caso el interesado identificó con
suficiencia los hechos que, en su concepto, generaron la vulneración de sus
derechos fundamentales, señalando las causas del agravio y expresando en su
escrito de tutela el carácter fundamental del derecho conculcado.
También
se advierte que la acción de tutela bajo análisis no está orientada a
controvertir otros fallos de tutela que se hubiesen proferido con anterioridad
sobre los mismos hechos, sino la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla
de noviembre 13 de 2009, la cual al mantener la nulidad declarada por el
Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, habría desconocido la sentencia de
tutela de la Corte Suprema de  Justicia, Sala de Casación Civil, de mayo 16 de
2008, que su vez revocó el fallo de abril 1° del mismo año, proferido por ese
Tribunal, denegando el amparo constitucional a Electricaribe.
En
lo concerniente a la acreditación de las condiciones materiales que justifican
la protección por vía de tutela del derecho, es evidente que en casos como el
planteado, en los que no existe otro medio de defensa judicial, el afectado
está relevado de demostrar perjuicio irremediable, pues el amparo
constitucional es ejercido como único instrumento que se tiene al alcance para
la protección de derechos fundamentales.
4.2.
Satisfechos los anteriores presupuestos generales para el ejercicio de la
acción de tutela, encuentra la Sala que en la presente oportunidad se está en
presencia de una de aquellas situaciones excepcionalísimas en las que procede
el amparo contra decisiones judiciales, pues los despachos accionados, al dictar
sus respectivas providencias postreras, quebraron el debido proceso al remover
una cosa juzgada y desconocer la primigenia decisión de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, de mayo 16 de 2008, alejándose por lo
demás del debido entendimiento de disposiciones del Código de Procedimiento
Civil, como se reiterará más adelante.
Frente
al conjunto de garantías que constituyen la gran constelación del debido
proceso, entre las cuales cabe destacar, para el caso, los principios de
legalidad, cosa juzgada, defensa y contradicción, con la trasversal obligación
de observar las formas propias del correspondiente juicio (art. 29 Const.),
bajo la cardinal prevalencia del derecho sustancial (art. 228 ib.) y el
indeclinable deber de hacer real el acceso a la administración de justicia
(art. 229 ib.), que no es tan solo la facultad de demandar sino el derecho a
obtener decisión en firme, esta Corte ha manifestado[14] (no está en negrilla en
el texto original):
“Como puede verse, las citadas cláusulas de derecho
fundamental establecen diversas garantías que se complementan entre sí. Sin
embargo, puede generarse una tensión aparente entre el respeto por la plenitud
de las formas del juicio y la prevalencia del derecho sustancial, que supone
una subordinación de los procedimientos al derecho material. La solución a esta
tensión se encuentra en la concepción de las formas procedimentales como un
medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos, y no como fines en
sí mismas.
En atención a lo expuesto, como regla general, el
defecto procedimental sólo se presenta cuando se da un desconocimiento absoluto
de las formas del juicio. Sin embargo, de manera excepcional, la Corte ha
considerado que puede producirse por un exceso ritual manifiesto que lleva al
juzgador a obstaculizar la efectividad de los derechos constitucionales por
motivos formales. A continuación, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre el
defecto procedimental absoluto y el exceso ritual manifiesto.
3.1.1. El defecto procedimental absoluto se produce
cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido en el trámite de un asunto específico porque (i) sigue
un trámite por completo ajeno al pertinente (desvía el cauce del asunto[15]),
o (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento legalmente establecido[16]
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso.
3.1.2. Por otra parte, a partir del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, y de la obligación de
dar prevalencia al derecho sustancial (artículo 228 de la Constitución), la
Corte ha encontrado que puede producirse un defecto procedimental en una
sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas,
se aparta de sus obligaciones de impartir justicia, buscar que las sentencias
se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real,
garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y evitar
pronunciamientos inhibitorios que trunquen la eficacia de las actuaciones de la
Administración de Justicia[17]
y de los derechos materiales, pues los procedimientos judiciales son medios
para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia.”
La
revocatoria de la providencia del Tribunal Superior de Barranquilla, de abril
1° de 2008, por decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia en providencia de mayo 16 de 2008, fue el resultado del análisis
objetivo realizado a la actuación desplegada por el apoderado de Electricaribe,
quien no satisfizo las exigencias previstas en los artículos 68 y 84 del Código
de Procedimiento Civil, en materia de requisitos de sustitución de poder,
exigencias que, de manera concomitante, al no estar debidamente acreditado el
derecho de postulación, tornaron inviable, por falta de legitimación para
actuar, la resolución del recurso de reposición y el trámite del recurso de
apelación, interpuestos contra los autos de septiembre 20 y noviembre 13 de
2007, del Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad, adquiriendo éstos, por
consecuencia, firmeza procesal, lo que a su turnó dio curso a que mediante
providencia separada se dictara la sentencia que contempla el artículo 507
ibídem.
Siguiendo
el orden y los fundamentos del examen anterior, la nulidad pedida por la parte
demandada en septiembre 25 de 2007 no surtió trámite (auto de noviembre 13 de
2007); el nuevo incidente, de noviembre 15 de 2007, fue rechazado por no reunir
la especificidad prevista en los preceptos 140, 141 y 143 del Código de
Procedimiento Civil, estando restringida la nulidad por “indebida notificación”,
a irregularidades en la publicidad del auto admisorio de la demanda, del
mandamiento de pago o por omisión de citación de terceros, y la corrección de
notificación de providencia judicial distinta, a una nueva notificación, no
siendo esta última situación el caso objeto de estudio, por encontrarse
ejecutoriada la sentencia de primera instancia (auto de marzo 5 de 2008).
Adicionalmente,
con el memorial de agosto 8 de 2007 no se propuso nulidad alguna, ni al menos
exposición que condujera a entender cumplidas las exigencias de las normas
procesales citadas. En cualquier caso, se advierte que la actuación
desentendida de los representantes de Electricaribe, llevó a considerar el
saneamiento de la nulidad, conforme a lo estatuido en el artículo 144 del Código
de Procedimiento Civil.
Al
respecto, como soporte del análisis aquí realizado, recuérdese lo que esta
corporación indicó en cuanto a la naturaleza de las nulidades procesales y su
arreglo al debido proceso consagrado en la Carta[18]:
“Las nulidades son irregularidades… que vulneran el
debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el
constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las
actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la
validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho
constitucional al debido proceso.
…   …   …
Nuestro sistema procesal, como se deduce del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil, ha adoptado un sistema de enunciación
taxativa de las causales de nulidad.[19]
La taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden
considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente
señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el
caso de la nulidad que se presenta por práctica de una prueba con violación del
debido proceso[20].
Cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada
mediante los recursos previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá
servir de fundamento de una declaración de nulidad. En este sentido, la Corte
expresó lo siguiente en la sentencia C-491 de 1995:
‘El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un
criterio que consulta la moderna técnica del derecho procesal, señala la
taxatividad de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar
a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad
constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se
corrigen a través de los recursos.
Esta Corte ha estimado que un sistema restringido
–taxativo- de nulidades se ajusta a la Constitución, por cuanto garantiza los
principios de seguridad jurídica y celeridad procesal. En este sentido, en la sentencia
C-491 de 1995[21],
la Corporación sostuvo que pese a que el artículo 29 superior establece los
fundamentos básicos del derecho al debido proceso, corresponde al legislador,
dentro de su facultad discrecional y con arreglo a los principios
constitucionales, desarrollar a través de las correspondientes fórmulas las
formas procesales que deben ser cumplidas para asegurar su vigencia. En tal
virtud, la regulación del régimen de nulidades es un asunto que atañe en
principio al legislador, el cual puede señalar, de conformidad con el principio
de la proporcionalidad y los demás principios constitucionales, las causales de
nulidad.[22]
El legislador –continúa la Corte- eligió un sistema de
causales taxativas de nulidad con el fin de preservar los principios de
seguridad jurídica y celeridad en los procesos judiciales. En efecto, este
sistema permite presumir, acorde con los principios de legalidad y de buena fe
que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los actos
procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a una de las causales
específicamente previstas en la ley. ‘(…) De este modo, se evita la
proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye
a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo
cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas.’
[23]
La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se
manifiesta en dos dimensiones: En primer lugar, de la naturaleza taxativa de
las nulidades se desprende que su interpretación debe ser restrictiva. En
segundo lugar, el juez sólo puede declarar la nulidad de una actuación por las
causales expresamente señaladas en la normativa vigente y cuando la nulidad sea
manifiesta dentro del proceso. Es por ello que en reiteradas oportunidades
tanto esta Corte, como el Consejo de Estado[24]
han revocado autos que declaran nulidades con fundamento en causales no
previstas expresamente por el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o
el artículo 29 de la Constitución.”
De
esta manera, las órdenes proferidas por el Juzgado 1° Civil del Circuito de
Soledad en auto de marzo 5 de 2008, en cuanto a no reponer el expedido en
noviembre 13 de 2007, por medio del cual ese despacho judicial se abstuvo de
dar curso a la nulidad pedida en septiembre 25 de 2007 y a los recursos
interpuestos, y rechazó la “nueva” solicitud de nulidad, de noviembre 15
de 2007, cobrando firmeza los autos de ejecución proferidos en septiembre 20 de
2007, no evidencian vulneración al debido proceso, ni afectación ilegítima a
Electricaribe, en la medida en que la actuación entonces realizada por ese
Juzgado estuvo acorde con la normatividad procesal aplicable al caso.
La
oposición que luego experimentó el pronunciamiento de la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia en vía de tutela, por parte del Juzgado 1°
Civil del Circuito y la Sala Segunda de Decisión Civil – Familia del Tribunal
Superior de Barranquilla, con la expedición de las providencias de julio 30 de
2008 y noviembre 13 de 2009, respectivamente, sí implicó flagrantes
desconocimientos a una decisión judicial en firme, con vulneración de los
principios de certeza y seguridad jurídica, legalidad procesal y perención
de las actuaciones, e independientemente de las consideraciones jurídicas que
se hubieren efectuado, una indebida asunción de competencias sobre asunto que
les estaba vedado decidir, por la vigencia que cobró el auto de marzo 5 de 2008, a través del cual el Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad procedió a rechazar el incidente
de nulidad propuesto por Electricaribe y a decretar las medidas de embargo y
secuestro, profiriendo en este sentido la providencia que ordena el artículo
507 del Código de Procedimiento Civil.
Claro
está que las decisiones judiciales razonadamente proferidas, como lo que
comportaría confrontar la aparente demostración de la no publicidad del edicto
de notificación de la sentencia de junio 14 de 2007, con  declaraciones y
certificaciones que informan de ello, frente a investigaciones disciplinarias y
penales que denotan lo contrario, es asunto fuera del alcance de esta revisión,
a través de la cual no se puede invadir la competencia del juez de la causa, ni
quebrantar su independencia y autonomía funcional (arts. 228 y 230 Const.).
Adviértase
sí que el saneamiento de la presunta nulidad argüida, fundado en las ya citadas
normas procesales, desarticula cualquiera estructuración de vía de hecho, sin
prueba de conculcación del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29
Const.), frente a Electricaribe y en este aspecto concreto.
En
punto de la figura procesal del saneamiento, cabe recordar los momentos en que
opera según la ley, conforme ha señalado esta Corte[25]:
“Las nulidades procesales en materia civil, se
encuentran reseñadas en el artículo 140 del C.P.C.[26] Son
nulidades saneables, aquellas que con ocasión del cumplimiento de circunstancias establecidas por el legislador, permiten
desvirtuar la aparente  lesión a los derechos de
defensa o al debido proceso de las partes, por lo que las irregularidades
derivadas de ellas se entienden subsanadas o convalidadas, a fin de asegurar la
eficacia de los procesos judiciales y favorecer la economía procesal.
Las insaneables, debido a su jerarquía en
la estructura procesal y su relación directa con las garantías judiciales
mínimas reconocidas por la legislación y la Carta, son situaciones que
constatadas por los jueces[27],
deben ser decretadas de oficio por el fallador en cualquier etapa procesal
antes de la sentencia[28].
Una decisión en ese sentido, genera la nulidad de lo actuado desde la
configuración de la causal y la necesidad de reconfigurar el proceso desde el
evento que generó la indebida situación procesal.
Entre las nulidades procesales reseñadas
en el artículo 140 del C.P.C., se encuentra la de indebida notificación al accionado del auto que admite la
demanda. Dicha circunstancia, es una clara irregularidad procesal que genera
ineficacia de las actuaciones judiciales que se surtan con posterioridad a ese
hecho, a fin de proteger el debido proceso y el derecho de defensa de la parte
que invoca esta causal. El enjuiciamiento del demandado, en ausencia de su
participación en el proceso, como es evidente, implica una grave infracción a
una formalidad esencial del procedimiento judicial y, por lo tanto, una
afectación al derecho fundamental del accionado, garantizado por el artículo 29
superior.
Las nulidades, adicionalmente, se convalidan en los
siguientes casos: (a) cuando no fueron alegadas oportunamente por la parte que
podía reclamarla. (b) Cuando la parte que no haya sido bien representada,
citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad. Y, (c) cuando el
acto procesal cumplió con su finalidad y no se violó el derecho de defensa, a
pesar de la irregularidad. En efecto, de acuerdo con el artículo 144 del
C.P.C., ‘si la parte que podía alegar [la] no lo hizo oportunamente’ o si ‘la
persona indebidamente representada, citada o emplazada, actúa en el proceso sin
alegar la nulidad correspondiente’, se entiende saneada la nulidad. En tales
casos desaparece el motivo de la misma, porque la persona queda en capacidad de
controvertir y defender su derecho. (Art 144 C.P.C).
Tales nulidades, según el artículo 142 del C.P.C., no
obstante, deben alegarse en principio, en ‘cualquiera de las instancias, antes
de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si
ocurrieron en ella’.”
No
ocurre igual con las decisiones adoptadas por el Juzgado 1° Civil del Circuito
de Soledad el 30 de julio de 2008, mediante la cual se declaró probada la
nulidad dentro del proceso ejecutivo seguido del ordinario promovido por
Consultel contra Electricaribe, y por la Sala Segunda de Decisión Civil –
Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 13 de noviembre de 2009, que
decidió mantenerla, puesto que estas autoridades judiciales desquiciaron una
cosa juzgada, con el consiguiente quebrantamiento de los principios de certeza,
seguridad jurídica, legalidad y perención, ante un comportamiento de la parte
interesada, al solicitar el 8 de agosto de 2007 nueva notificación de la
sentencia de junio 14 de ese año e interponer recurso de apelación, sin
proponer en esa oportunidad el incidente de nulidad, quedando saneado
cualquier vicio que hubiere surgido (art. 140-9 C. de P. C.). Aquellos incidentes presentados posteriormente (septiembre 25 y noviembre 15 de 2007)
fueron, de suyo, extemporáneos, por lo que la única vía procesal conducente era
su rechazo (art. 143 inciso 4° ib.), al haberse propuesto la nulidad luego de
saneada.
5.
Conclusión
Las
razones anteriormente expuestas ponen de relevancia la ocurrencia de los graves
yerros, configuradores de vía de hecho, en que ulteriormente incurrieron el
Juzgado 1° Civil del Circuito de Soledad y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de Decisión Civil – Familia, a través de
actuaciones contrarias a la certeza y la seguridad jurídica, y la preclusión de
las actuaciones judiciales, conculcador todo ello del derecho fundamental al
debido proceso, instituido a partir del artículo 29 de la Constitución
Política.
Por
ello, con el propósito de garantizar el amparo constitucional buscado por la
sociedad demandante, la Sala confirmará la sentencia proferida el 4 de mayo de
2010 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que en su
momento revocó la impugnada, que dictó el
17 de marzo de 2010 la Sala de Casación Civil de dicha corporación, en cuanto
había negado el amparo al derecho fundamental del debido proceso, invocado por
la sociedad Consultorías Eléctricas y Electrónicas, Consultel S. A. S..
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR la sentencia proferida el 4
de mayo de 2010 por  la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que en su momento revocó la dictada el 17 de marzo de 2010 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Segundo.
Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Referencia T-01287,
octubre 21 de 2005, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.”
[2]
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Expediente T-0354, 25 de
julio de 2000, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.”
[3]
“Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 9
de 2008, Exp. 25297-3103-001-2002-00003-01, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda”; “Exp.17001310302-1995-10593-03. M.P. Cesar Julio Valencia Copete”; “Expediente
0004-00, M.P. Manuel Ardila Velásquez”; “Corte Suprema, Sala de Casación
Civil, sentencia de 31 de octubre de 2003, exp. 793, M.P. Silvio Fernando Trejo Bueno; además la característica de la convalidación con relación a
esta causal de nulidad es sostenida también en la sentencia de 29 de julio de
2004, Expediente1101-0203-0002002-075-01, M.P. Édgar Villamil Portilla.”
[4]
La Corte Constitucional ha abordado el tema
de la tutela contra providencias judiciales en un gran número de
pronunciamientos, pudiendo destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y
T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518 de 1995; T-008 de 1998; T-260 de
1999; T-1072 de 2000; T-1009 y SU-1184 de 2001; SU-132 y SU-159 de 2002; T-481,
C-590 y SU-881 de 2005;  T-088,  T-196,  T-332,  T-539,  T-590,  T-591, T-643,
T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987
y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871,
T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249 y
T-811de 2009; T-043, T-133 y T-720 de 2010.
[5]
Cfr. sobre este tema, entre muchas otras,  las sentencias T-008 de 1998 (M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-357 de 2005 (M. P. Jaime Araújo Rentería) y T-952
de 2006 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[6]
“Cfr sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.”
[7]
“Cfr sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver también sentencia T-993 del de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.”
[8]“Ver
sentencia T-310 del 30 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.”
[9]“Ver
al respecto las sentencias T-066 del 28 de enero de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y T-311 del 30 de abril de 2009. M.P. Lui Ernesto Vargas Silva;”
[10]
“Ver sentencia T-462 del 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealgre Lynett.”
[11] “Ver sentencias T-765
del 9 de diciembre de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-001 del 14
de enero de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-159 del 6 de marzo
de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-244 del 30 de marzo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-092 del 7 de febrero de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y T-310 del 30 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.”
[12]
“Cfr. Sentencia T-405 del 15 de abril de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.”
[13]
Cfr. T-518 de 1995 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), citada a su vez en la T-1036 de 2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett).
[14]
T-224 de abril 3 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] “Ver sentencia T-996
de 2003.”
[16] “Cfr. Sentencias T-996
de 2003 y SU-159 de 2002. ‘(se pretermiten etapas) señaladas en la ley para
asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos
procesales de forma tal que, por ejemplo, (i) puedan ejercer el derecho a una
defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un
abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de
contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes
para sustentar su posición; (ii) se les comunique de la iniciación del proceso
y se permita su participación en el mismo y (iii) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas.’ (Tomado de la SU-159 de 2002).”
[17]“La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia, supone la
garantía de obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así
que los jueces se encuentran obligados a adoptar todas las medidas pertinentes
para evitar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o
de forma implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Cfr.
Sentencias T-134 de 2004 y T-1017 de 1999.”
[18]
T-125 de febrero 23 de 2010, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[19] “Ver al respecto… ‘El
proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:’
(subraya fuera del texto)…   …  …”
[20] “En la sentencia
C-491 del 2 de noviembre de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonel, la Corte explicó que es lógico que la causal autónoma de nulidad prevista en el artículo 29
superior no esté también prevista en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, pues esta última norma fue expedida antes de 1991.”
[21]“En esta sentencia la Corte declaró exequible la expresión “solamente” del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, con la advertencia expresa de que además de
las causales previstas en la disposición demandad, es viable y puede invocarse
la prevista en el artículo 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso", que es
aplicable en toda clase de procesos.”
[22]
“Ver al respecto las sentencia C-561 del 1º de junio de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.”
[23]
“Cfr. sentencia C-491 del 2 de noviembre de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.”
[24] “Algunos ejemplos son
los siguientes: En sentencia del 22 de mayo de 2002 (radicación
20001233100019990829 01, expediente 22274), la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Germán Rodríguez
Villamizar, revocó un auto del Tribunal Administrativo del Cesar por medio del
cual había declarado la nulidad de todo lo actuado en un proceso de reparación
directa, incluida la sentencia, por la no valoración
de medios probatorios incorporados tardíamente al expediente por parte de la
secretaría del a quo. El Consejo de Estado reiteró la naturaleza taxativa de
las causales de nulidad y concluyó que los hechos alegados por el peticionario
no correspondían a ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el tribunal no debía
haber declarado la nulidad.”
[25]
T-947 de diciembre 16 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.
[26] “Artículo 140, modificado
por el Decreto 2282
de 1989, artículo 1° núm. 80. Causales de nulidad. El proceso
es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos…   …   …”
[27]
“Artículo 144 C.P.C. […] ‘No podrán sanearse las nulidades  de que tratan las nulidades 3 y 4 del artículo 140, ni la
proveniente de falta de jurisdicción o de competencia funcional’.”
[28] “Artículo 145. C.P.C., modificado por el Decreto 2282
de 1989, artículo 1° Num. 85. Declaración oficiosa de la
nulidad. En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el
juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. […] ”