C-426-93
Sentencia No
Sentencia No. C-426/93
CONMOCION
INTERIOR-Conexidad
Los correctivos
adoptados por el Decreto en estudio se relacionan directa y específicamente con
los factores determinantes de perturbación de la convivencia ciudadana y se
dirigen a contrarrestarlos, evitando que los procesados y sindicados por
delitos de competencia de la antiguamente denominada jurisdicción de orden
público se sustraigan a la acción de la justicia.
REGIMEN PENAL
ESPECIAL
No pugna con la
Constitución adoptar un régimen especial aplicable a cierto tipo de delitos, si
el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores objetivos que lo
hagan necesario y no entrañe una suerte de discriminación proscrita por la
Constitución. Como la Corte lo ha reconocido en varias sentencias, este es
precisamente el caso de los delitos  asociados al terrorismo y al narcotráfico.
LIBERTAD
PROVISIONAL-Causales/TERMINO
JUDICIAL/PRINCIPIO DE PRECLUSIVIDAD
Esta Corte
verifica que el establecimiento de las nuevas causales de libertad provisional
para los delitos de competencia de los jueces regionales y del Tribunal
Nacional es en un todo congruente con los criterios de justificación razonable
que deben guiar la valoración constitucional de los plazos de privación de la
libertad individual a causa de la detención preventiva y cuyo acatamiento se
impone en aras de la observancia tanto del principio de presunción de
inocencia, como para que la restricción de este derecho fundamental no se
mantenga indefinidamente, ni siquiera bajo los regímenes de excepción, pues
ello se traduciría en su desconocimiento o,  lo que es lo mismo, en su
negación. El señalamiento de términos cronológicos que confieran preclusividad
temporal a las actuaciones y fases a cumplirse dentro del proceso penal, es
requisito constitucionalmente indispensable para dar realidad a los derechos
del procesado.
TERMINO
JUDICIAL/DILACION INJUSTIFICADA
El señalamiento
de plazos temporales de carácter perentorio para que se cumpla una actuación o
se agote una determinada etapa procesal, como en este caso se hace para la fase
instructiva en los procesos a cargo de los jueces regionales y del Tribunal
Nacional, constituye prenda que garantiza la efectividad del derecho del
procesado a que no ocurran durante el adelantamiento del proceso dilaciones
injustificadas o una prolongación indefinida del mismo sin términos procesales
perentorios. Es evidente que la naturaleza de los delitos de los cuales conocen
los jueces regionales y las circunstancias en que se cometen dichos hechos
punibles, implican mayores obstáculos para la recaudación de las pruebas
correspondientes, lo cual conduce a la necesidad de prever un lapso mayor que
el consagrado para los otros delitos con el fín de adelantar la investigación
correspondiente en forma más acertada y completa.
SALA PLENA
REF.: Expediente
No.R.E.- 051
Revisión
constitucional del decreto legislativo No. 1496 de 1993 "Por el cual se
dictan disposiciones en relación con los términos para realizar la instrucción
y las causales de libertad provisional en los procesos de competencia de los
jueces regionales y del Tribunal Nacional".
MAGISTRADO PONENTE[1]:
HERNANDO HERRERA VERGARA
Santafé de Bogotá, D.C., Octubre siete (7)
de mil novecientos noventa y tres (1993).
Aprobada por Acta No. 61.
I.      ANTECEDENTES.
El Gobierno Nacional hizo llegar a esta
Corporación dentro del término fijado en el artículo 214-6 de la Carta Política,
copia del decreto No. 1496 de agosto 3 de 1993 "Por el cual se dictan
disposiciones en relación con los términos para realizar la instrucción y las
causales de libertad provisional en los procesos de competencia de los jueces
regionales y del Tribunal Nacional", para efectos del control oficioso de
constitucionalidad.
Avocado el conocimiento por parte del
magistrado sustanciador, se ordenó fijar en lista el negocio con el fin de
permitir la intervención ciudadana, igualmente se dió traslado al Procurador
General de la Nación y una vez recibido el concepto fiscal, procede la Corte a
decidir.
II.     TEXTO DEL DECRETO
El decreto 1496 de 1993, sobre el cual se
pronunciará la Corte, es del siguiente tenor:
"DECRETO NUMERO 1496 DE 1993
(agosto 3)
"Por el
cual se dictan disposiciones en relación con los términos para realizar la
instrucción y las causales de libertad provisional en los procesos de
competencia de los jueces regionales y del Tribunal
Nacional"
El Presidente de la República de Colombia
en ejercicio de
las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política y en
desarrollo del Decreto  1793 de 1991 y 829 de 1993
C O N S I D E R A N D O:
"Que
mediante decreto 1793 de 1992 se declaró el estado de conmoción interior en todo
el territorio nacional fundado, entre otras, en las siguientes consideraciones:
"Que es
necesario fortalecer la acción de los organismos judiciales en su función de
investigar, acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y a los de
los organismos de fiscalización, así como a los testigos; permitir a las
fuerzas militares desarrollar funciones de policía judicial, y reprimir ciertas
conductas que contribuyen a que puedan tener éxito las operaciones de la
delincuencia organizada."
"Que para
hacer frente a los factores de perturbación del orden público, de tiempo atrás
se han venido tomando medidas excepcionales, las cuales fueron adoptadas como
legislación permanente, primero por el Gobierno Nacional, previo estudio de la
Comisión Especial creada por el artículo transitorio 6o. de la Constitución
Política, y luego por el Congreso de la República mediante la ley 15 de
1992"
"Que la
Corte Constitucional ha comunicado públicamente la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 3o. de la citada ley, por considerar, entre otros
motivos, que no es razonable la prolongación ilimitada en el tiempo de la
detención cautelar y no puede convertirse en pena anticipada".
"Que por lo
anterior es necesario establecer causales de libertad provisional que teniendo
en consideración las razones expuestas por la Corte, consulten la naturaleza
especial de los procesos que conocen los jueces regionales y el Tribunal
Nacional, para evitar que se hagan inoperantes las medidas de aseguramiento adoptadas
para proteger a la sociedad y garantizar la convivencia ciudadana.
"Que la
propia Corte Constitucional ha considerado que la adopción de normas especiales
sustantivas o procedimentales aplicables a cierto tipo de delitos -como los
derivados de narcotráfico y terrorismo- tiene plena base constitucional si
objetivamente el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores
objetivos que lo hagan necesario, lo que ciertamente ocurre tratándose de
delitos asociados a esas modalidades de conducta antisocial.
"Que se hace
necesario adoptar causales de libertad provisional para los delitos de
competencia de los jueces regionales y el tribunal nacional, consultando
criterios de razonabilidad como los que la Corte Constitucional señala en su
comunicado en la siguiente forma: 'el tiempo actual de detención, su duración
en proporción a la ofensa, los efectos materiales y morales sobre la persona
determinada, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las
dificultades objetivas propias de la investigación, complejidad respecto a los
hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, la
conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la
posibilidad de reincidencia, la capacidad de destrucción de la evidencia, etc.
"Que
conforme al artículo 213 de la Constitución Política el Presidente de la
República tiene las facultades estrictamente necesarias para conjurar las
causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
DECRETA:
|
ARTICULO 1o.-  En los delitos de competencia de los
jueces regionales o del Tribunal Nacional, el sindicado tendrá derecho a la
libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria,
únicamente en los siguientes casos :
1.  Cuando se dicte en primera instancia preclusión de la
investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, en todo caso
debidamente ejecutoriada.
2.  Cuando el sindicado tenga más de setenta años de edad.
3.  Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido en detención
preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad
por el delito que se le imputa, habida consideración de su calificación  o de
la que debería dársele.
Se considera que ha cumplido un término equivalente al que
mereciere como pena el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario
para obtener la libertad condicional, siempre que se reúnan los demás
requisitos para otorgarla.
4.  Cuando vencidos los términos previstos en este Decreto no se
hubiere calificado el mérito de la instrucción.
No habrá lugar a la libertad provisinal prevista por este numeral,
cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas
atribuibles al sindicado o a su defensor. En este evento el funcionario
judicial compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al abogado
que incurra en maniobras dilatorias.
PARAGRAFO 1o.-
En el evento previsto en el numeral 4o del presente artículo, proferida la resolución
de acusación se revocará la libertad provisional, salvo que proceda por causal
diferente.
PARAGRAFO 2o.-
Cuando se decrete la libertad provisional se impondrán al sindicado las
siguientes obligaciones: informar todo cambio de residencia, no salir del país
sin previa autorización del funcionario, someterse a la vigilancia de las
autoridades o presentarse periódicamente ante ellas a juicio del funcionario
judicial, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y observar buena conducta.
ARTICULO 2o.-
En los procesos por
delitos a que hace referencia el artículo anterior el término de instrucción no
podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de su
iniciación.
No obstante, en
los procesos en que se encuentren vinculadas tres (3) o más personas o en los
que se investiguen tres o más delitos, el término máximo de instrucción será de
treinta (30) meses.
Vencidos los
términos anteriores, deberá procederse a la calificación.
ARTICULO 3o.-
Los procesos a que
se refiere el presente Decreto que en la fecha de entrada en vigencia del mismo
se encuentren en la etapa de instrucción, se calificarán en los términos que se
señalan a continuación:
En los que
hubiere transcurrido un término inferior a seis (6) meses, se calificarán en los
términos contemplados en el artículo anterior.
En los que
hubiere transcurrido un término igual o mayor a seis (6) meses, sin exceder de
dieciocho (18), se calificarán en el término de doce (12) meses contados a
partir de la vigencia del presente Decreto.
En aquellos en
que hubiere transcurrido un término igual o mayor de dieciocho meses (18), sin
exceder de cuarenta y ocho (48), se calificarán en un término no superior a
ocho (8) meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto.
Los términos para
calificación previstos en los dos incisos anteriores se aumentarán en dos
terceras partes, cuando al proceso se encuentren vinculados tres o más
sindicados, o se investiguen tres o más delitos.
Los procesos en
cuya etapa de instrucción hubiere transcurrido un término igual o superior a
cuarenta y ocho (48) meses, sin exceder de sesenta (60), se calificarán en el
término de seis (6) meses.
Los procesos en
cuya etapa de instrucción haya transcurrido un término igual o superior a
sesenta meses, deberán calificarse en un plazo no superior a (4) meses.
ARTICULO
4o.-   Cuando se
solicite la aplicación del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, los
términos previstos en el presente decreto para calificar la instrucción se
suspenderán hasta cuando por decisión judicial se apruebe o impruebe el
acuerdo, o este último no se produjere.
ARTICULO
5o.-   El presente
decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las
disposiciones que le sean contrarias. Su vigencia se extenderá por el tiempo de
la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno la prorrogue de
conformidad con lo previsto por el inciso 3o. del artículo 213 de la
Constitución.
Publíquese y
cúmplase.
Dado en Santafé
de Bogotá, D.C., el 3 de agosto de 1993."
(Siguen firmas).
III.    INTERVENCION CIUDADANA
Dentro del término de fijación en lista se
presentaron varios escritos, algunos destinados a impugnar y otros a defender
la constitucionalidad de las normas contenidas en el decreto 1496 de 1993, a
los cuales se hará referencia en seguida.
A.-
Impugnaciones.
1.- El ciudadano Pedro Pablo Camargo solicita a la Corte
que declare inexequible el ordenamiento que se revisa por violar los artículos
5, 13, 150-1-2, 152, 213, 214-1 y 252 de la Carta Política, por las siguientes
razones:
- El decreto 1496/93 al adoptar causales de
libertad provisional para los delitos de competencia de los jueces regionales y
el Tribunal Nacional "consultando criterios de razonabilidad como los que
la Corte Constitucional señala en su comunicado", demuestra claramente que
"no hay conexidad con la situación que determinó la declaratoria del
estado de excepción y que fue levantado dos días después", motivo por el
cual se violó el numeral 1o. del artículo 214 de la Constitución.
- Las medidas adoptadas en el decreto
1496/93 son desproporcionadas "puesto que la sentencia de
constitucionalidad de la Corte Constitucional sobre la ley 15 de 1992...ni
constituye ni contribuye o es caso de grave perturbación del orden público que
atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad
del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante
el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía".
- El decreto 1496/93 no solo constituye una
burla a la sentencia de la Corte Constitucional en torno a la ley 15/92
"sino también un claro desacato" por cuanto "el Presidente de la
República funda el decreto impugnado en un anuncio de sentencia, pero no en una
sentencia con efectos de cosa juzgada. En otras palabras se trata de un abuso
punible".
- Señala el impugnante que el decreto 1496
de 1993 viola además otras normas constitucionales como son: el principio de
igualdad, pues las causales de libertad provisional contenidas en el artículo
415 del Código de Procedimiento Penal son aplicables "sin discriminación
alguna a todo sindicado"; los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la
Constitución ya que la función de reformar Códigos, en este caso el de
Procedimiento Penal, concretamente en su artículo  415, es tarea que le compete
realizar al Congreso; el inciso tercero del artículo 213 de la Carta pues el
decreto "no se limita a suspender leyes incompatibles con el estado de
conmoción, sino que modifica el artículo 415 del C.P.P. y establece términos
judiciales"; el artículo 251 de la Constitución por modificar las
funciones básicas de acusación y juzgamiento, ya que establece causales de
libertad provisional distintas a las contenidas en el artículo 415 del C.P.P.
2.- El Defensor del Pueblo por su parte, considera que el
decreto 1496/93 es inconstitucional por infringir el principio de presunción de
inocencia contenido en el artículo 29 de la Carta.
- Dice el Defensor que el decreto objeto de
análisis estableció excepciones para los delitos de competencia de los jueces
regionales o del Tribunal Nacional, frente al régimen ordinario de causales de
libertad provisional consagrado en el numeral 4o. del artículo 415 del C.P.P.,
que fija términos máximos de instrucción, vencidos los cuales el sindicado
tendrá derecho a la libertad provisional. Según esta norma "cuando existen
personas privadas de la libertad el máximo de duración de la instrucción es de
ciento ochenta (180) días (seis (6) meses)".
- El Decreto 1496/93 establece una serie de
posibilidades que legitiman la demora en cada caso especifico, si se atiende la
primera hipótesis a que se refiere la norma "el detenido
precautelativamente debe permanecer en espera de resolución calificatoria hasta
treinta (30) meses", en el segundo evento, existe "una espera de
cincuenta y seis (56) meses para que al detenido preventivamente se le profiera
resolución acusatoria o preclusión de la instrucción", en el tercer caso
"el ciudadano deberá esperar detenido preventivamente y sin calificación.
hasta  sesenta y seis (66) meses" y en el último caso si el proceso lleva
en etapa instructiva mas de cinco (5) años (sesenta (60) meses) sin
calificación, "tal decisión deberá proferirse en el término de cuatro (4)
meses a partir de la vigencia del decreto", además de que los términos
para calificación previstos en los dos primeros eventos se incrementarán en las
dos terceras partes, cuando al proceso se encuentren vinculados tres o más
sindicados o se investiguen tres o más delitos.
- Entonces, expresa el Defensor, si esos
términos son "únicamente para la fase instructiva del proceso, fácilmente
se observa que los procesados detenidos terminan, de hecho, pagando una condena
con independencia de su condición de responsables o inocentes", vulnerándose
así el principio de presunción de inocencia, pues "la función de demostrar
la responsabilidad del sindicado, corresponde exclusivamente al Estado.
Mientras ésta no se compruebe, se encuentra amparado por la presunción, hasta
tanto sea declarado culpable mediante un fallo judicial...la privación de la
libertad antes de tal comprobación ha de ser excepcional, y enderezada
estrictamente a proteger los intereses de la sociedad....La ineficiencia de la
administración no puede constituirse en un momento dado en un gravamen
adicional para la situación, de por sí aflictiva, que soporta el procesado
detenido".
B.-    Coadyuvancias.
1.- El Fiscal General de la Nación sostiene
que el decreto 1496/93 es exequible en su totalidad.
- Al estudiar el contenido del artículo 1o.
del citado decreto, en el que se establecen causales de libertad provisional,
el Fiscal se remite a lo sostenido por esta Corporación en distintas sentencias
de constitucionalidad en las que se han juzgado mandatos penales similares, los
cuales han sido declarados ajustados a la Carta.
- En lo que respecta a los artículos 2o. y
3o. del citado ordenamiento, manifiesta el Fiscal que el legislador
extraordinario obró de conformidad con el fallo de la Corte Constitucional que
declaró inexequible el artículo 3o. de la ley 15 de 1992 y "atendiendo los
precisos límites de éste, tal como se lee en el último inciso de las
consideraciones se establecieron los términos específicos de instrucción
dependiendo del número de delitos y de sindicados", términos que a su
juicio "son razonables" y a pesar de no existir medición de lo
"razonable", entiende que  dichos términos  "tratan de ajustarse
a algunos de los postulados que señala la misma sentencia como los de los
efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta de las
autoridades judiciales, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la
capacidad de destrucción de la evidencia".
- Agrega que como los artículos 2o. y 3o.
del decreto 1496/93 no sólo se limitan a señalar los términos en que debe efectuarse
la calificación de la investigación, sino que sirven de base al ordinal 4o. del
artículo 1o. del mismo decreto, pide se declare constitucional el inciso 1o. de
dicho ordinal que señala "Cuando vencidos los términos previstos en este
decreto no se hubiere calificado el mérito de la instrucción", norma que,
si bien es cierto se opone a las causales de libertad provisional contenidas en
el artículo 415 del C.P.P., deriva su aplicación preferente no sólo de su
condición de norma especial de conmoción, sino también de razones de
favorabilidad y racionalidad.
- Y añade que "si es perfectamente
constitucional dar un trato más rígido a determinadas conductas delictivas,
resulta evidente concluir que este trato diferencial no es para determinada
parte del proceso penal sino que el tratamiento de tal naturaleza es un
concepto integral que se refiere tanto a la parte sustantiva que define el
ilícito y señala la pena imponible, como la parte procesal que indica los pasos
a seguir para imponer la pena correspondiente o para declarar la inocencia del
sindicado de la infracción penal. De manera que, no puede alegarse so pretexto
del principio de la favorabilidad, la aplicación parcial de un determinado
Estatuto, pues las normas deben aplicarse en la integridad de la Institución
Jurídica para la que fueron creadas. En conclusión la favorabilidad de una
norma no puede predicarse por contraste con otras que regulen materias
diferentes y en el caso específico que ocupa este escrito, la favorabilidad no
puede concluirse de la comparación de las normas que regulan la instrucción y
juzgamiento de los delitos de competencia de los jueces regionales con la de
las del Código de Procedimiento Penal, pues mientras aquellas regulan unos
tipos delictivos especiales y que cualquiera estima razonadamente como de mayor
importancia para la estabilidad del país, éstas se refieren a conductas
delictivas que aunque graves también, al fin y al cabo son delitos, son menos
graves para la existencia del Estado y la estabilidad de la nación".
- En cuanto al inciso segundo del mismo
ordinal 4o. del artículo 1o. del decreto sub-examine, considera el Fiscal que
"su enunciado no viola ninguna norma constitucional pues se trata del
simple reconocimiento de una justificación racional a una dilación
injustificada de la instrucción, cuando ella ocurre por razones imputables al
sindicado o a su defensor".
- En lo concerniente al parágrafo 1o. del
artículo 4o. de la misma norma, dice el Fiscal que "su constitucionalidad
salta de bulto y la misma no plantea siquiera un problema constitucional, sino
penal, pues resulta lógico que si se ha concedido la libertad provisional por
las razones del ordinal 4o., se imponga su revocatoria una vez proferida la
resolución de acusación, habida cuenta que agotada la etapa de la calificación
con el proferimiento del pliego de cargos respectivo, desaparece la causal de
falta de calificación como supuesto de la libertad provisional".
- En relación con el parágrafo 2o. del
artículo 1o. del decreto 1496/93 que contiene las obligaciones que se imponen a
los beneficiados con la libertad provisional "no encuentra la Fiscalía que
alguna de estas obligaciones viole o restrinja algún derecho fundamental y por
tanto ellas deben ser declaradas exequibles en el conjunto del parágrafo que
las contiene".
- Para concluir señala el Fiscal que el
artículo 4o. del decreto no viola ningún artículo de la Carta, por cuanto la
suspensión de términos de instrucción por razón de las negociaciones del
artículo 37 del C.P.P., "es un caso atribuible al sindicado o a su
defensor, pues la solicitud de terminación anticipada del proceso proviene de
éste o de aquél y por ello resulta justa la negativa de la libertad provisional
por el vencimiento de los términos de que trata el ordinal 4o. del artículo 1o.
del decreto que se revisa".
2.- Los Ministros de Gobierno y de Justicia y del
Derecho, enviaron un escrito conjunto, en el cual exponen las razones que a su
juicio justifican la constitucionalidad del decreto 1496/93.
- En primer término señalan que a raíz de
la declaratoria de inexequibilidad del artículo 3o. de la ley 15 de 1992  el
Gobierno se vió obligado a "efectuar una evaluación de la nueva situación
que concluyó en el análisis según el cual debería revisarse de inmediato el
régimen jurídico especial de los delitos de competencia de los jueces
regionales. De no ser así se podría producir la liberación de más de 5.000
personas sindicadas de tales delitos.
En efecto, de quedar en frente a un
ordenamiento que, aunque vigente, carente de razonabilidad por las
consideraciones expuestas por la Corte resultaba imperioso adoptar de manera
inmediata unas causales específicas de libertad provisional acordes con los
criterios de razonabilidad considerados por el máximo Tribunal
Constitucional".
- El Gobierno procedió entonces a evaluar
detenidamente la situación pues de acuerdo a un informe de la Fiscalía, cerca
de 5.400 personas quedarían en posibilidad de ser excarceladas "ante la
ausencia de normas específicas de transición de la nueva normatividad penal
informada de los criterios de razonabilidad expuestos por la Corte" y en
consecuencia decidió expedir un régimen de causales de libertad provisional, "más
favorable que el previsto en el artículo 59 del decreto 2790 de 1992,
atendiendo la tesis de que no se puede mantener una detención provisional
indefinida", así consideró el Gobierno que se evitaría la "extensión
de los efectos de la perturbación".
- Las disposiciones adoptadas en el decreto
1496/93 tienden a dar un tratamiento diferencial y especial a cierto tipo de
delitos, régimen que encuentra apoyo constitucional de acuerdo con reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues el régimen de libertad
provisional es "más favorable que el establecido en el artículo 59 del
decreto 2790 de 1990 en el cual solo proceden dos causales de libertad
provisional".
- De acuerdo con los criterios de
razonabilidad expuestos por esta Corporación en la sentencia que declaró la
inexequibilidad del artículo 3o. de la ley 15 de 1992, el decreto objeto de
revisión los acató así: "en relación con el tiempo actual de detención se
establece un periodo de transición diferencial que varía dependiendo del mayor
o menor transcurso del tiempo, es decir, cuanto mayor es el tiempo de duración
del proceso, menor es el plazo con que cuenta el funcionario para decidir, y en
consecuencia, menor será el tiempo posible de detención preventiva".
- En cuanto a la proporcionalidad entre la
duración de la detención y la gravedad de la ofensa, debe tenerse en cuenta que
este régimen sólo se aplica a los detenidos por delitos de competencia de los
jueces regionales, "y es esta la causa que a su vez, sirve de fundamento
para tener en cuenta el criterio de dificultad objetiva propia de la
investigación, habida cuenta de la complejidad que presenta la recolección de
pruebas dentro de los mencionados procesos por las circunstancias de orden
público a las cuales se enfrentan las autoridades judiciales a cargo de los
mismos."
- El legislador de excepción acogiendo los
lineamientos abstractos derivados de la jurisprudencia constitucional,
"consideró necesario establecer unos plazos límites para la instrucción de
los procesos por delitos de competencia de los jueces regionales, los cuales se
convierten a su vez en presupuesto específico de la libertad provisional en
tales casos".
IV.    CONCEPTO FISCAL
Lo rinde el Procurador General de la Nación
en oficio No. 276 del dos (2) de septiembre de mil novecientos noventa y tres
(1993), el que concluye solicitando a la Corte que declare exequible el decreto
objeto de revisión.
Los argumentos en que apoya el Ministerio
Público su petición, son los que a continuación se resumen:
- El decreto cumple con las exigencias de
forma estatuidas en la Constitución Nacional.
- El análisis de la conexidad del decreto
1496 de 1993 con las causas que originaron la declaratoria de conmoción
interior debe hacerse desde dos puntos de vista: "de un lado, mediante la
comprobación de la relación directa entre la situación que dió lugar a la
declaratoria del estado de excepción y la materia tratada por los decretos que
se dictan a su amparo, del otro, por la constatación de una relación entre las
circunstancias puntuales que acompañan la expedición de cada decreto
legislativo y la materia por él regulada". En el decreto que se examina es
evidente esta doble conexidad pues se busca fortalecer la acción de los
organismos judiciales "toda vez que con la adopción de las normas
procedimentales (términos y causales de libertad provisional) aplicables a los
delitos de competencia de los jueces regionales, se satisface, a partir de su
razonabilidad, la carencia de este presupuesto identificado por la Corte, conservando
la naturaleza especial que se deriva del tratamiento diferenciado, en razón a
factores objetivos propios de los delitos que se estiman perturbadores del
orden público".
- Expresa en seguida el Procurador General
que por medio de la sentencia C-301 de agosto 2 de 1993 esta Corte declaró la
inexequibilidad del artículo 3o. de la ley 15 de 1992 "cuyo contenido
material era idéntico al que presentaba el decreto 1156 de 1992 analizado y
hallado conforme por la Corte Constitucional, en sentencia C-557 de octubre 15
de 1992. Sorprende entonces al titular del Ministerio Público, que aduciendo el
Alto Tribunal, en el fallo primeramente referido, la razón del cambio de órgano
que expidió la normatividad (Ejecutivo por Congreso) y no la modificación del contenido
material de la misma  -que no la hubo-  pueda interpretar un aspecto analizado
y juzgado por la misma Corte bajo idénticas preceptivas, las del artículo 29
constitucional, para hallar, en ésta segunda ocasión contrario a sus mandatos
lo regulado por el artículo 3o. de la ley 15 de 1992, ya declarado conforme al
artículo 29 superior, y desvirtuando de contera el efecto rígido del fallo
constitucional que allí se le atribuye".
- A continuación dice el Procurador que no
puede predicarse lo mismo del decreto 1496/93 sujeto a estudio, pues este
"no reproduce norma de excepción alguna, y si bien obedece, como se dijo
al hablar de su conexidad a la necesidad de llenar un vacío percibido por la
Corte, no es igual en sus mandatos a la disposición que fue hallada inexequible
en sentencia C-301 ya referida... No podemos percibir en el fallo de la Corte
que declaró inexequible el artículo 3o. transcrito, la intención del juez de la
Carta de refundir los dos procedimientos existentes en punto a la libertad provisional,
extendiendo las causales del 415 a los procesados por los delitos de que
conocen los jueces regionales y el Tribunal Nacional. De ser ello así,
implicaría un desconocimiento de la intención misma del Constituyente, cuando
habilitó al ejecutivo para convertir en legislación permanente, previa la no
improbación por la Comisión Especial, entre otras, normas sustantivas y
procedimentales creadas al amparo del viejo estado de sitio, como una manera de
acoplamiento al sistema penal que la nueva Carta imponía."
- Lo que entiende el Procurador del fallo
de la Corte "es que las causales de libertad provisional consagradas en el
artículo 415 del C. de P.P., resultaban más razonables que las contenidas en el
decreto 2790 de 1990 (artículo 59), sin que ello implicase, de una parte que
este segundo ordenamiento fuese inconstitucional -de hecho ya había sido
declarado conforme a la Carta- y de otra que el legislador careciere de
competencia para establecer mecanismos restrictivos o diferenciadores de
acuerdo con la modalidad criminal que reprime... Faltaba a juicio de la mayoría
de esa H. Corporación, el señalamiento tanto de causales de libertad
provisional como de unos términos para evitar las 'dilaciones injustificadas',
referidas en el inciso cuatro del artículo 29 de la Carta".
- Volviendo al decreto 1496/93 manifiesta
el Procurador que el señalamiento de términos y causales de libertad
provisional respeta los principios constitucionales de la igualdad y el debido
proceso, además como medidas procedimentales "no ligadas a una política
criminal de carácter permanente y sí instrumentales para un régimen
diferenciado ya reconocido conforme a la Constitución, deben ser halladas por
la Corte igualmente exequibles".
V.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A.-    Competencia.
Esta Corporación es tribunal competente
para decidir sobre la exequibilidad del decreto enviado para su revisión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 241-7 en concordancia con el
214-6 de la Ley Suprema.
B.-
Formalidades del decreto.
El decreto materia de revisión, fue
expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que
le confiere el artículo 213 de la Carta y en desarrollo de los decretos 1793 de
1992 y 829 de 1993; mediante el primero se declaró en todo el territorio
nacional el estado de conmoción interior por el término de noventa (90) días,
contados a partir del ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y dos
(1992), periodo que posteriormente fue prorrogado por noventa (90) días más,
según consta en el decreto 261 de febrero 5 de 1993, y en virtud del segundo,
nuevamente se extiende el plazo de vigencia del estado excepcional por un lapso
igual a los anteriores, es decir, noventa (90) días más, periodo que vencía el
cuatro (4) de agosto de mil novecientos noventa y tres  (1993).
Cabe agregar que en esta última fecha, el
Gobierno Nacional expidió el decreto No. 1515, en el que dispuso: levantar a
partir del cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa y tres (1993), el
estado de conmoción interior declarado por decreto 1793 de 1992, y prorrogar la
vigencia de algunas de las normas adoptadas durante el mismo, por el término de
noventa (90) días, dentro de las cuales se halla el decreto que hoy es objeto
de estudio por parte de esta Corporación.
Pues bien: el decreto 1496 de 1993, materia
de examen, cumple a cabalidad con las exigencias formales estatuidas en la
Carta Política, toda vez que se encuentra firmado por el Presidente de la República
y los catorce (14) ministros del despacho, su vigencia es transitoria, ya que
solo rige durante el tiempo que dure el estado de conmoción interior y se
limita a suspender las disposiciones que le sean contrarias, todo lo cual se
aviene a los mandatos constitucionales.
Además fue dictado dentro del término de la
segunda prórroga del estado de conmoción, que vencía el cuatro (4) de agosto de
mil novecientos noventa y tres (1993), lo que hace que su expedición se adecúe
al presupuesto temporal a que alude el artículo 213 del Estatuto Superior.
C.-    El contexto  del decreto revisado.-
Como ha sido del
conocimiento de la opinión nacional, para hacer frente al clima de perturbación
del orden público en el país, que durante los últimos años se ha visto azotado
en razón de las acciones terroristas desatadas por organizaciones criminales
que han traído como consecuencia el asesinato de jueces y de otros ciudadanos
indefensos a causa de atentados con carros bomba y otros actos terroristas,
magnicidios y demás ilícitos, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las
facultades que le confería el artículo 121 de la Constitución Política de 1886,
dictó una serie de regímenes normativos de excepción, conocidos como Estatutos
para la Defensa de la Democracia y de la Justicia.
Su denominador común
-atendiendo a su contenido normativo y a su propósito-, ha sido neutralizar,
debilitar o malograr la estructura logística y la capacidad operativa de la
guerrilla y el narcotráfico así como fortalecer y proteger las instituciones
que, desde entonces, se han convertido en blanco principalísimo de esas
actividades criminales las que en particular  se han dirigido a socavar la
administración de justicia.
Dentro de ese
contexto se organiza como jurisdicción especial la denominada de orden público,
destinada a ser regulada por normas especiales, con el propósito esencial de
dotar a la justicia de capacidad de acción frente al crimen organizado y a las
modalidades delincuenciales que como el terrorismo, el narcotráfico, los magnicidios
y el secuestro, tienen una mayor capacidad de perturbación del orden público en
razón al vasto poder de destrucción masiva que les permite producir profunda
consternación y alarma social. Las últimas expresiones legislativas de dicho
régimen se consignaron en los antiguos Decretos de Estado de Sitio Nos.2790,
099, 390 y 1676 de 1991.
Consciente la
Asamblea Constituyente de que la persistencia de las causas de la perturbación
obligaban a mantener las medidas adoptadas para restablecer el orden público,
en el artículo 8o. transitorio de la Constitución Política de 1991 dispuso que
los decretos dictados en ejercicio de las facultades de estado de sitio,
continuarían rigiendo por un plazo de noventa (90) días, durante el cual el
Gobierno podía convertirlos en legislación permanente si la Comisión Especial
Legislativa no los improbaba.
Es así como en
desarrollo de la facultad mencionada, el Gobierno Nacional adoptó como
legislación permanente diversas normas relativas a la jurisdicción de orden
público y al régimen que la regula. Entre tales disposiciones vale la pena
mencionar los Decretos de Estado de Sitio Nos. 2790, 099, 390 y 1676 de 1991,
los cuales fueron convertidos en legislación permanente por el Gobierno
Nacional, al no ser improbados por la Comisión Especial Legislativa, mediante
el Decreto 2271 de 1991.
Por su relación con
la materia objeto de la presente revisión, conviene recordar que el artículo 59
del Decreto No. 2271 de 1991 reguló lo relativo a las causales de libertad
provisional en  los delitos de competencia de los jueces regionales y del
Tribunal Nacional, el cual fué declarado exequible por esta Corte mediante
sentencia C-093 de 1993.
Ahora bien, la
permanencia de la normatividad sobre la jurisdicción de orden público, fué
posteriormente reiterada por el artículo 5o. transitorio del Código de
Procedimiento Penal, el cual dispuso:
"... la
Jurisdicción de Orden Público se integrará a la jurisdicción Ordinaria desde el
momento en que  comience a regir este nuevo Código.  Los jueces de orden
público se llamarán  jueces regionales y el Tribunal Superior de Orden Público
se llamará Tribunal Nacional.  La competencia de estos despachos no se
modifica, continuarán conociendo de los mismos hechos punibles que han venido
conociendo hasta ahora de acuerdo con los decretos que no impruebe la Comisión
Especial para convertir normas expedidas en ejercicio de facultades de Estado
de Sitio en legislación permanente".
D.     La Conexidad.
Como tantas veces se ha reiterado, las
medidas que dicte el Gobierno Nacional durante el estado de excepción a que se
refiere el artículo 213 constitucional, deben guardar estrecha relación de
conexidad con las causas que originaron o sirvieron de fundamento para declarar
el estado de conmoción interior e igualmente estar orientadas a restablecer el
orden público turbado, prevenir su agravación o impedir la extensión de sus
efectos.
Como se recordará,  el decreto 1793 del 8
de noviembre de 1992, en virtud del cual el Gobierno Nacional declaró en todo
el territorio nacional el estado de conmoción interior, por un  lapso de
noventa (90) días contados a partir de su vigencia y que esta Corporación
declaró exequible mediante sentencia No. C-031 del 1o. de febrero de 1993,
adujo como causales que motivaron la implantación de dicho estado, las
siguientes:
"Que en las
últimas semanas la situación de orden público en el país, que venía perturbada
de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las acciones
terroristas de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia organizada.
Que además de las
acciones armadas contra la fuerza pública, los grupos guerrilleros han
intensificado su estrategia de atentar contra la población civil y contra la infraestructura
de producción y de servicios, con el fin de minar la solidaridad ciudadana con
las autoridades, debilitar la organización económica del país y obtener de
funcionarios públicos o de particulares, concesiones y beneficios de diversa
índole.
Que con el fin de
financiar y adelantar su actividad delincuencial, los grupos guerrilleros han
logrado disponer de cuantiosos recursos económicos obtenidos por diversos
medios ilícitos, los cuales, de acuerdo con informes de inteligencia, están
siendo administrados y canalizados valiéndose de las entidades financieras y de
otros mecanismos institucionales.
Que de acuerdo
con informes de inteligencia, los grupos guerrilleros están obteniendo por
diversos medios, tales como la intimidación de funcionarios y de contratistas
del Estado, acceso a recursos públicos -particularmente a nivel de ciertas
entidades territoriales- y distorsionando la ejecución de los programas del
Estado en determinadas zonas del país, entre ellos los de reforma agraria, para
favorecer sus acciones ilegales.
Que los grupos
guerrilleros se han aprovechado de algunos medios de comunicación para
entorpecer la acción de las autoridades, hacer la apología de la violencia,
justificar sus acciones delincuenciales y crear confusión y zozobra en la
población.
Que los grupos
guerrilleros vienen ejerciendo presiones sobre algunos funcionarios de
entidades territoriales con el fin de inducirlos a entrar en contactos directos
o entendimientos con ellos, contrariando la política presidencial en materia de
la conservación y restablecimiento del orden público.
Que igualmente
dichos grupos delincuenciales han logrado entrabar y sustraerse a la acción de
la justicia, ante la imposibilidad de la misma de recurrir al apoyo de las
fuerzas militares como órgano de policía judicial para recabar las pruebas
necesarias.
Que los grupos
mencionados han buscado aprovecharse de diversas organizaciones sociales
legítimas para inducirlas a realizar actividades contrarias a la Constitución y
la ley.
Que las
organizaciones guerrilleras también están dirigiendo sus actividades contra
diversas cárceles.
Que de acuerdo
con informes de inteligencia, la acción de los grupos guerrilleros es
facilitada por organizaciones creadas para proveerse de bienes y servicios que
les permiten adelantar su actividad perturbadora del orden público.
Que,
adicionalmente, en la ciudad de Medellín se ha exarcebado en los últimos días
la acción de la delincuencia organizada, mediante atentados contra personal de
la Policía Nacional y del DAS, lo cual indica un aumento de las actividades
terroristas de aquélla.
Que además de
intensificar las acciones militares y de policía es necesario responder a las
estrategias de los grupos guerrilleros con medidas que aseguren la solidaridad
ciudadana, corten el flujo de recursos que financian las actividades de
aquéllos, e impidan que dispongan de los bienes que requieren para sus
operaciones delincuenciales.
Que es necesario
fortalecer la acción de los organismos judiciales en su función de investigar,
acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y a los de los
organismos de fiscalización, así como a los testigos; permitir a las fuerzas
militares desarrollar funciones de policía judicial, y reprimir ciertas
conductas que contribuyen a que puedan tener éxito las operaciones de la
delincuencia organizada.
Que en ocasión
reciente se produjo el homicidio de una funcionaria judicial y se continúan
registrando amenazas contra miembros de la rama jurisdiccional, por lo cual se
impone adoptar a la mayor brevedad medidas que garanticen su integridad
personal y les permitan desarrollar con independencia y seguridad su altísima
función.
Que es necesario
adoptar medidas encaminadas a incrementar la protección de las víctimas de la
violencia y a mantener en alto la moral de la fuerza pública.
Que es igualmente
indispensable establecer medidas para aumentar la eficacia de la fuerza
pública, tales como las referentes a la disponibilidad de recursos, soldados,
oficiales y suboficiales, la movilización de tropas, la adquisición de
suministros y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia.
Que es esencial
incorporar al Presupuesto General nuevos gastos y adoptar los mecanismos
presupuestales y legales adecuados para financiar las nuevas erogaciones que se
requieren para dar respuesta a la escalada terrorista.
Que es necesario
adoptar medidas que permitan al PNR desarrollar una actividad mayor en materia
de rehabilitación y normalización en las principales áreas en las cuales operan
activamente los grupos guerrilleros.
Que con el fin de
hacer frente a la delicada situación de orden público descrita, habida cuenta
de su origen, naturaleza y dimensiones, e impedir oportunamente la extensión de
sus efectos, es preciso adoptar medidas de carácter excepcional, que escapan al
ámbito de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía.
Que de
conformidad con el artículo 22 de la Carta la paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento.
Que de acuerdo
con el artículo 2o. de la Constitución, es un fin esencial del estado asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, así como garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.
Que de acuerdo
con lo prescrito por el artículo 189, ordinal 4o, de la Constitución Política,
corresponde al Presidente de la República conservar en todo el territorio el
orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
Que de
conformidad con el artículo 213 de la Constitución Política corresponde al
Presidente de la República declarar el estado de conmoción interior cuando
exista una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana
y que no pueda ser conjurada mediante el uso de atribuciones ordinarias de las
autoridades de policía".
Por su parte, el decreto 1496 de 1993,
objeto de examen señala las causales de libertad provisional a que tienen
derecho los sindicados en delitos de competencia de los jueces regionales o del
Tribunal Nacional (artículo 1o.); establece términos de instrucción para los
procesos que por tales delitos se adelanten, como para los que se encuentren en
curso; (artículos 2o. y 3o.); autoriza la suspensión de los términos para
calificar la instrucción del proceso en el evento de que se solicite la
aplicación del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal  (artículo 4o.) y
señala su  vigencia a más de corroborar que suspende las disposiciones que sean
incompatibles con sus preceptos  (artículo 5o.).
Las razones que adujo el Gobierno Nacional
para justificar la adopción de tales medidas y que aparecen como
consideraciones del decreto 1496 de 1993, son las que se señalan en seguida,
las cuales vale la pena transcribir en su integridad.
"Que
mediante decreto 1793 de 1992 se declaró el estado de conmoción interior en
todo el territorio nacional fundado, entre otras, en las siguientes
consideraciones:
"Que es
necesario fortalecer la acción de los organismos judiciales en su función de
investigar, acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y a los de
los organismos de fiscalización, así como a los testigos; permitir a las
fuerzas militares desarrollar funciones de policía judicial, y reprimir ciertas
conductas que contribuyen a que puedan tener éxito las operaciones de la
delincuencia organizada."
"Que para
hacer frente a los factores de perturbación del orden público, de tiempo atrás
se han venido tomando medidas excepcionales, las cuales fueron adoptadas como
legislación permanente, primero por el Gobierno Nacional, previo estudio de la
Comisión Especial creada por el artículo transitorio 6o. de la Constitución
Política, y luego por el Congreso de la República mediante la ley 15 de 1992.
"Que la
Corte Constitucional ha comunicado públicamente la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 3o. de la citada ley, por considerar, entre otros
motivos, que no es razonable la prolongación ilimitada en el tiempo de la
detención cautelar y no puede convertirse en pena anticipada.
"Que por
lo anterior es necesario establecer causales de libertad provisional que
teniendo en consideración las razones expuestas por la Corte, consulten la
naturaleza especial de los procesos que conocen los jueces regionales y el
Tribunal Nacional, para evitar que se hagan inoperantes las medidas de
aseguramiento adoptadas para proteger a la sociedad y garantizar la convivencia
ciudadana.
"Que la
propia Corte Constitucional ha considerado que la adopción de normas especiales
sustantivas o procedimentales aplicables a cierto tipo de delitos -como los
derivados de narcotráfico y terrorismo- tiene plena base constitucional si
objetivamente el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores
objetivos que lo hagan necesario, lo que ciertamente ocurre tratándose de
delitos asociados a esas modalidades de conducta antisocial.
"Que se hace
necesario adoptar causales de libertad provisional para los delitos de
competencia de los jueces regionales y el Tribunal Nacional, consultando
criterios de razonabilidad como los que la Corte Constitucional señala en su
comunicado en la siguiente forma: 'el tiempo actual de detención, su duración
en proporción a la ofensa, los efectos materiales y morales sobre la persona
determinada, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las
dificultades objetivas propias de la investigación, complejidad respecto a los
hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, la
conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la
posibilidad de reincidencia, la capacidad de destrucción de la evidencia, etc.
"Que
conforme al artículo 213 de la Constitución Política el Presidente de la República
tiene las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la
perturbación e impedir la extensión de sus efectos."
Así pues, a lo que
el decreto atribuye capacidad perturbadora del orden público es al retiro del
ordenamiento del régimen especial de libertad provisional para los delitos de
competencia de la jurisdicción de orden público, distinto al consagrado en las
normas del Código de Procedimiento Penal con carácter restrictivo y vigencia
circunscrita al término de conmoción, en razón a que las circunstancias
excepcionales anotadas pueden conllevar a situaciones que, a su turno, den
lugar a acaecimientos susceptibles de agravar la perturbación del orden
público, sin que por ello pueda considerarse como hecho perturbador  la sentencia
de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 3o. de la Ley 15
de 1992.
Se insiste en que el
decreto 1496 atribuye potencialidad perturbadora es a la impunidad que puede
derivarse de la inoperancia de las medidas de aseguramiento adoptadas para
proteger a la sociedad, en este caso, por la desaparición de un régimen
especial de libertad provisional para los delitos de competencia de la
antiguamente denominada jurisdicción de orden público, hoy jueces regionales y
Tribunal Nacional.
Por ello, para esta
Corte el contenido normativo del decreto No. 1496 de 1993 está ligado
causalmente a los hechos y circunstancias que determinaron la declaración del
Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional; además, en su
sentir, las medidas que en el se adoptan se enderezan a precaver su
recrudecimiento, pues se orientan a impedir que los efectos de una legislación
especialmente encaminada a la conservación del orden público, se vean
malogrados y que, como resultado de ello, puedan generarse situaciones de
impunidad que den lugar a nuevos atentados contra la estabilidad institucional,
la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Ciertamente, la
no aplicación de los preceptos especiales relativos al régimen de libertad
provisional y a los términos de instrucción en los delitos de competencia de
los jueces regionales y del Tribunal Nacional, desvertebraría el orden jurídico
estructurado para afrontar los delitos más graves. Ello afectaría gravemente el
orden público pues, no se remite a duda que el retiro del ordenamiento jurídico
de normas estructurales a su integral aplicación, haría nugatorios los
mecanismos dispuestos para restablecerlo o prevenir la extensión de sus
efectos; es más: podría aún conducir a su agravación si a consecuencia de ello,
se facilita la perpetración de actos o hechos ilícitos.
Para la Corte,
pues,  no cabe duda de que los correctivos adoptados por el Decreto en estudio
se relacionan directa y específicamente con los factores determinantes de
perturbación de la convivencia ciudadana y se dirigen a contrarrestarlos,
evitando que los procesados y sindicados por delitos de competencia de la
antiguamente denominada jurisdicción de orden público se sustraigan a la acción
de la justicia por causa de la circunstancia anotada.  Así lo corroboran las
apreciaciones de los  Ministros de Gobierno y de Justicia que obran en las
presentes diligencias.
En otros términos,
la eficaz aplicación del régimen especial de la jurisdicción de orden público
fortalece la administración de justicia en su acción contra la impunidad y
contribuye a asegurar la convivencia ciudadana.
E.-     Examen
material
Las causales de libertad provisional
(artículo 1o.)
El artículo 1o. del decreto en revisión
señala las causales de libertad provisional a que tienen derecho los sindicados
en delitos de competencia de los jueces regionales o del Tribunal Nacional.
Son ellas, las siguientes:
1.  Cuando
se dicte en primera instancia preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento o sentencia absolutoria, en todo caso debidamente ejecutoriada.
2.  Cuando
el sindicado tenga más de setenta años de edad.
3.  Cuando
en cualquier estado del proceso hubiere sufrido en detención preventiva un
tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito
que se le imputa, habida consideración de su calificación  o de la que debería
dársele.
Se
considera que ha cumplido un término equivalente al que mereciere como pena el
que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad
condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
4.  Cuando
vencidos los términos previstos en este Decreto no se hubiere calificado el
mérito de la instrucción.
Sea lo primero señalar que en distintos
pronunciamientos esta Corte ha reconocido al legislador competencia para
establecer, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, regímenes
estructurados a partir de criterios diferenciales en el tratamiento penológico
de las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicamente
protegidos basados por ejemplo, en la existencia objetiva de distintas
categorías delictivas que presentan variaciones importantes en cuanto a la
gravedad que comporta su comisión, en la trascendencia de los bienes jurídicos
que se buscan proteger mediante su incriminación y otros criterios de política
criminal.
No sobra a este respecto recordar que la
propia Corte ha avalado la constitucionalidad de tales regímenes diferenciales
y, en particular, los atinentes a la jurisdicción antiguamente denominada de
orden público.
Así lo hizo, por
ejemplo, en la sentencias C-556 y C-557 de 1992 al declarar exequibles los
Decretos 1155 y 1156 de 1992.  Como se recordará, mediante el primero de los
decretos citados, el Gobierno Nacional declaró la conmoción interior a partir
del diez (10) de julio de 1991 y hasta el dieciseis (16) del mismo mes, a raíz
de los inminentes riesgos de agravación del orden público que produjeron los
problemas de  interpretación  acerca de la aplicabilidad del artículo 415 del
Código de Procedimiento Penal a los delitos de competencia de los jueces
regionales y del Tribunal Nacional  y que se suscitaron con ocasión de la
entrada en vigor de dicha normatividad. Por el segundo, interpretó de manera
auténtica el sentido y alcance de la legislación que le otorgó carácter
permanente a los decretos referentes a la jurisdicción de orden público y
precisó algunos aspectos relacionados con el otorgamiento de la libertad
provisional a las personas procesadas por los jueces regionales y el Tribunal
Nacional, dentro del debido proceso.
En la primera de las
sentencias mencionadas esta Corte analizó el sustento ontológico sobre el que
descansa el régimen especial a partir del cual se ha estructurado dicha
jurisdicción, en los siguientes términos:
"...
La gravedad de
los delitos de que conocen los hoy denominados jueces regionales y el Tribunal
Nacional, tiene características recogidas con mayor o menor éxito, en
procedimientos especiales y de identificación de los jueces, si se les compara
con las propias de otras categorías delictivas. Distinción que obedece a la alta capacidad
criminal de aquellos delincuentes que, además de sus conductas antisociales mismas,
han atentado de manera reiterada contra la vida de los agentes del orden,
funcionarios y particulares de distintos  niveles, y de Jueces y Magistrados de
la República; han usado las cárceles como centros de operación, se han fugado
de las mismas, han destruído bienes públicos y sembrado el pánico, alterando la
convivencia pacífica de los asociados (art. 2o. C.N.), demostrando con ello un
poder de desestabilización mediante poderosas organizaciones apoyadas en la
fuerza de la intimidación y del dinero."
Y en las tantas veces aludidas sentencias
C-557 de 1992 y C-093 de 1993 esta Corte respaldó la constitucionalidad de los
regímenes diferenciales de libertad provisional. A esta última pertenece la
reflexión que en seguida se transcribe, la cual fué parcialmente reproducida en
la sentencia C-301 de 1993:
"...
De otra parte,
los actores sostienen que el contraer las hipótesis legales en las que procede
la libertad provisional sólo a estas dos causales, viola la Constitución en
tanto que se establece un trato desigual entre los sujetos llamados a responder
punitivamente. Al respecto esta Corporación considera que no asiste razón a los
demandantes ya que dentro de las mencionadas competencias punitivas y
represoras del Estado en materia de conductas delictivas, bien puede el
legislador establecer medidas como las acusadas en las que evidentemente se
prevén mecanismos restrictivos y diferenciadores, dada las condiciones propias
de la modalidad criminal que se persigue reprimir, siendo del resorte exclusivo
de éste señalar las que con fundamento en la política criminal adoptada puede
establecerse bajo el marco de la Constitución.
Así, corresponde
al legislador decidir sobre las competencias judiciales con carácter de
generalidad, pero bien puede distinguir en estas materias, las situaciones
delictivas en las que cabe un trato más rígido y otras en las que pueda darse
un trato flexible, atendiendo a razones de sana conveniencia y de juiciosa
consideración sobre las situaciones delictivas que afectan a la sociedad en sus
bienes jurídicos. Desde todo punto de vista, este tipo de diferenciaciones es
aconsejado por la ciencia criminológica y no está proscrito por la Carta.
Por dicha razón
el legislador, en otros ámbitos como el de las conductas delictivas de competencia
de la justicia ordinaria, ha establecido otras y más causales de procedencia de
la libertad provisional como las establecidas en el artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal,  sin que esta situación enerve la posibilidad del
establecimiento de reglas como las específicamente previstas en las normas que
se examinan y cuya constitucionalidad se declara por esta providencia.
..."
En la propia sentencia C-301 de 1993 en la
cual se trató este tema, la Corporación  reiteró que:
"... no
pugna con la Constitución adoptar un régimen especial aplicable a cierto tipo
de delitos, si el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores
objetivos que lo hagan necesario y no entrañe una suerte de discriminación
proscrita por la Constitución. Como la Corte lo ha reconocido en varias
sentencias, este es precisamente el caso de los delitos  asociados al
terrorismo y al narcotráfico.
"La
consagración de un régimen especial, de suyo no merece censura constitucional.
Sin embargo, esto no significa que los preceptos que integran ese ordenamiento
puedan, por diversos motivos, ser declarados inexequibles si se encuentra que
ellos vulneran la Carta."
Así, pues, carecería de todo asidero
argumentar que la existencia de regímenes diferenciales de libertad provisional
desconoce la sentencia C-301 de la Corte pues, con razón el señor Procurador
General de la Nación pone de presente que mal podría dársele a dicho
pronunciamiento ese sentido cuando el decreto 2790 de 1990, cuyo artículo 59
estableció uno de tales regímenes en lo referente a la libertad provisional en
los delitos de competencia de la antes llamada jurisdicción de orden público, y
que fué adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991  ya
había sido declarado por esta Corte conforme a la Carta mediante sentencia
C-093 de 1993 y cuando en múltiples pronunciamientos entre ellos, el propio No.
C-301 de 1993, esta Corporación ha respaldado la factibilidad constitucional de
que el legislador establezca regímenes diferenciadores de acuerdo con la
modalidad criminal que reprime y ha sostenido que la entrada en vigor del
Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991) no produjo la derogatoria
de los regímenes especiales.
Los siguientes párrafos de la multicitada
sentencia C-301 de 1993, en la cual la Corporación reiteró esta doctrina,
despejan cualquier duda que pudiere abrigarse al respecto:
"...
En relación con
la diversidad de trato a los acusados por delitos de competencia de los jueces
regionales, la Corte concluyó (en la sentencia C-093 de 1993)  que el artículo
4° del Decreto 2271 de 1991 no violaba el principio de igualdad, dadas las
condiciones de la modalidad criminal que se pretendía reprimir.
..."
A lo cual añadió:
"...
El efecto de cosa
juzgada que se deriva de la sentencia de exequibilidad recaída sobre el Decreto
2271 de 1991, impide cualquier pronunciamiento de esta Corte sobre la
constitucionalidad del régimen especial de libertad provisional para los
procesados por los delitos de competencia de los jueces regionales.
..."
Cosa distinta y que, desde luego, no está
en discusión, es el supuesto que dió lugar a la mencionada sentencia C-301 el
cual se sustentó en la particular situación normativa frente a la cual debía
producirse en dicha ocasión el examen de constitucionalidad, habida cuenta de
la conversión en legislación permanente de una normatividad inicialmente
expedida al amparo de las competencias propias de los estados de excepción.
Esta circunstancia   obligaba a apreciar dicho contenido normativo desde
ángulos constitucionales no implicados en el estudio que del mismo la
Corporación efectuó en la sentencia C-557 de de octubre 15 de 1992 cuando
abordó su análisis bajo la óptica de la transitoriedad que es propia de la
legislación de conmoción interior.
Se comprende entonces por qué la
Corporación delimitó claramente el exacto contorno de su pronunciamiento, al
precisarlo así:
"...
En esta
ocasión la Corte se limitará a confrontar la constitucionalidad -en condiciones
de normalidad- de una ley interpretativa que decide postergar por el término de diez años,
frente a un grupo de procesados, un régimen de libertad provisional dispuesto
en una ley general posterior (C de P.P. art. 415) que resulta ser más benigno
que el aplicable a ese grupo en virtud de la norma especial anterior (D. 2790
de 1990, art. 57 -sic-) declarada exequible.
..."
Ahora bien: es evidente que no es ese el
supuesto que se configura en el caso presente como quiera que, de lo que se
trata en esta ocasión, es de confrontar la constitucionalidad de un decreto
expedido al amparo de las facultades legislativas que el Ejecutivo adquiere
durante la vigencia del estado de conmoción interior que, además, produce
efectos suspensivos de la legislación que le sea contraria.  A diferencia de la
situación antes aludida, en este evento, como bien lo precisó el fallo C-301
tantas veces citado, el examen de  constitucionalidad  del decreto 1496 de 1993
está presidido fundamentalmente por:
"...
su relación de
conexidad con una particular situación de perturbación del orden público que,
como tal, amplía la órbita de acción de los poderes públicos y correlativamente
reduce en cierta medida el ámbito de la libertad.
..."
Sentadas las
anteriores premisas y entrando a examinar la materia misma de las causales de
libertad provisional de que trata el artículo 1o. del decreto 1496, lo primero
que se observa  es que la regulación del régimen de libertad provisional que en
el se hace para los delitos de competencia de los jueces regionales y del
Tribunal Nacional  contempla análogas causales a las del régimen de libertad
provisional imperante para los demás delitos conforme al artículo 415 del
Código de Procedimiento Penal, según puede apreciarse de la comparación de los
dos textos que se hace en la siguiente doble columna:
ARTICULO
1o.- En los
delitos de competencia de los jueces regionales o del Tribunal Nacional, el
sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante
caución juratoria o prendaria, únicamente en los siguientes casos :
1.  Cuando se dicte en primera instancia preclusión de la
investigación. cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, en todo
caso debidamente ejecutoriada
2.  Cuando el sindicado tenga más de setenta años de edad.
3.  Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido en
detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de
la libertad por el delito que se le imputa, habida consideración de su
calificación o de la que debería dársele..
Se
considera que ha cumplido un término equivalente al que mereciere como pena
el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener la
libertad condicinal, siempre que se reúnan los demás requisitos para
otorgarla.
4.  Cuando vencidos los términos previstos en este Decreto no se
hubiere calificado el mérito de la instrucción.
No habrá lugar a la libertad provisional por este numeral,
cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas
atribuibles al sindicado o a su defensor. En este evento el funcionario
judicial compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al
abogado que incurra en maniobras dilatorias.
ART. 415.- Causales
de libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones,
el sindicado tendrá derecho a libertad provisional garantizada mediante
caución juratoria o prendaria en los siguientes casos:
1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados los
requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la sentencia.
Salvo lo dispuesto en el artículo 417 de este Código, la libertad no podrá
negarse con base en que el detenido provisionalmente necesita tratamiento
penitenciario.
2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el
sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena
privativa de la libertad por el delito que se le imputa, habida consideración
de la calificación que debería dársele.
Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención
preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que
se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
La rebaja de pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para
el cómputo de la sanción.
La libertad provisional a que se refiere este numeral será
concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al
momento de presentarse la causal aquí prevista.
3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la
investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.
En los delitos de competencia de los jueces regionales, la
libertad prevista en este numeral sólo procederá cuando la providencia se
encuentre en firme.
4. Cuando vencido el término de ciento veinte días de privación
efectiva de libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción.
Este término se ampliará a ciento ochenta días, cuando sean tres o más  los
imputados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la
resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que
procesa causal diferente.
No habrá lugar a la libertad provisional, cuando el mérito de la
instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al
sindicado o a su defensor.
5.  En el delito de homicidio descrito en los artículos 323 y 324 del
Código Penal, y en los conexos con éste, cuando haya transcurrido más de un
año de privación efectiva de la libertad contado a partir de la ejecutoria de
la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente
audiencia pública
En los demás casos el término previsto en el inciso anterior  se
reducirá a la mitad.
No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se
hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa, o
cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere
podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor.
6.  Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en las
causales de justificación.
7.  En los delitos contra el patrimonio económico cuando el
sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del
delito, o su valor e indemnice los perjuicios ocasionados al ofendido o
perjudicado.
8.  En los eventos del inciso 1° del artículo 139 del Código Penal,
siempre que la cesación del mal uso, la reparación de lo dañado o el
reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la
indemnización de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte sentencia
de primera instancia.
El funcionario deberá decidir sobre la solicitud de libertad
provisional en un término máximo de tres días.
Cuando la libertad provisional prevista en los numerales  4 y 5
de este artículo se niegue por causas atribuibles al defensor, el funcionario
judicial compulsará copias para que investiguen disciplinariamente al abogado
que incurra en maniobras dilatorias.
PAR.- En los delitos de competencia de los jueces regionales la
libertad provisional procederá únicamente en los casos previstos por los
numerales 2 y 3 de este artículo. En los casos de los numerales 4 y 5 los
términos para que proceda la libertad provisional se duplicarán.
Así, pues,
indudablemente el nuevo régimen resulta siendo más benigno, pues mientras que
el que se preveía en el artículo 59 del decreto 2271 de 1991 constreñía la
procedibilidad de la libertad provisional a dos únicos casos (edad de setenta
años y tiempo de detención preventiva equivalente al de la pena), el que ahora
se revisa  incluye además causales características del régimen ordinario de
libertad provisional.
La circunstancia
anotada hace que dicho régimen presente análoga estructura al del régimen
ordinario, comoquiera que se informa con los criterios de razonabilidad que la
Corte esbozó en la multicitada sentencia C-301. En esa forma, ha adquirido la
flexibilidad que en el nombrado pronunciamiento la Corporación visualizó como
necesaria, para que el mismo diera cabida a otros factores que, en la señalada
oportunidad la Corporación reputó como igualmente necesarios, para extender a
los delitos de competencia de los jueces regionales y del Tribunal Nacional la
efectiva protección del principio de presunción de inocencia, del debido
proceso en materia penal y del derecho fundamental a la libertad individual.
En efecto, esta
Corte verifica que el establecimiento de las nuevas causales de libertad
provisional para los delitos de competencia de los jueces regionales y del
Tribunal Nacional es en un todo congruente con los criterios de justificación
razonable que, conforme a su sentencia C-301 de 1993, deben guiar la valoración
constitucional de los plazos de privación de la libertad individual a causa de
la detención preventiva y cuyo acatamiento se impone en aras de la observancia
tanto del principio de presunción de inocencia, como para que la restricción de
este derecho fundamental no se mantenga indefinidamente, ni siquiera bajo los
regímenes de excepción, pues ello se traduciría en su desconocimiento o,  lo que
es lo mismo, en su negación.
En este punto,
resulta, pues,  pertinente traer a colación el análisis que sobre este aspecto
se consignó en el pronunciamiento que se cita:
"Los
artículos 29 de la Constitución y 9o. del Pacto Internacional de Derechos Políticos
y Civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la
prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera
puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se
desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que
terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se
menoscabaría  el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible
en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número
determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la
gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para
determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse
el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los
efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba
el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la
investigación -complejidad respecto a los hechos, número de testigos o
acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc.-, la conducta de las
autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de
reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia."
En efecto: el numeral
2o. de la norma en comento contempla una causal que limita en el tiempo el
ejercicio de la función punitiva del Estado en materia de la libertad física,
fundada en razones humanitarias  en razón a la avanzada edad del procesado.
El señalamiento de un
plazo máximo al tiempo de detención preventiva, por razón de la edad
cronológica del procesado, se ajusta a la Constitución en tanto es concreción
del tratamiento preferencial que, por indiscutibles motivos humanitarios, esta
reconoce a las personas de la tercera edad.  No  se remite a duda que en un
Estado social de derecho estas  deben gozar de un trato benévolo acorde con su
condición existencial.
Por su parte, el
numeral 3o. del citado artículo establece como causal de libertad provisional
el haber sufrido en detención preventiva un tiempo igual al que el procesado
mereciere como pena privativa de la libertad por el delito que se le imputa,
habida consideración de su calificación o de la que debería dársele. En
garantía y a favor del procesado el mismo precepto establece que, para esos
efectos, se considerará que ha cumplido la pena el que lleve en detención
preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad condicional, siempre
que se reúnan los demás requisitos que son necesarios  para otorgarla.
De otro lado, en lo que hace a las causales
1a. y 4a. la Corporación también verifica su consonancia con los criterios que,
conforme a su jurisprudencia, deben guiar la resolución de tensiones entre la
libertad y los derechos individuales, por una parte, y las restricciones que a
los mismos imponga el deber estatal de administrar justicia, al paso que
también atienden los lineamientos que, en aras de su razonabilidad,  precisó la
Corporación en la tantas veces citada sentencia C-301 de 1993 y a los cuales se
hizo mención en precedencia.
Ciertamente, esta
Corte ha venido sosteniendo que el señalamiento de términos cronológicos que
confieran preclusividad temporal a las actuaciones y fases a cumplirse dentro
del proceso penal, es requisito constitucionalmente indispensable para dar
realidad a los derechos del procesado, como ya lo había señalado en la
sentencia C-093 y más recientemente lo sostuvo en las sentencias C-411 y C-412,
ambas de septiembre 28 de 1993, al examinar la problemática  constitucional que
en punto a la protección y efectividad de los derechos fundamentales plantean
tanto la indeterminación cronológica de la etapa instructiva así como la
ausencia de límite temporal para la investigación previa en el procedimiento
penal ordinario, con ponencia de los H. M. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo
Cifuentes Muñoz, respectivamente.
De otra parte, es apenas lógico que si se
profiere resolución de acusación se revoque la libertad provisional, de lo cual
se infiere que lo dispuesto en el parágrafo 1o. de este precepto sea plenamente
exequible.
Por lo demás, las obligaciones accesorias a
la concesión de la libertad provisional son todas razonables como quiera que se
enderezan a asegurar la vinculación del  sindicado al proceso y un
comportamiento social acorde con su condición.
Infiérese
de lo expuesto que lo regulado en la disposición examinada es exequible.
Los términos de instrucción
(artículos 2o.a 4o.)
Los artículos 2o. y 3o. establecen términos
de instrucción en los procesos que se adelanten en los delitos de competencia
de los jueces regionales y del Tribunal Nacional así como para los que se
encontraren en curso a la fecha de su entrada en vigor; el 4o. dispone la
suspensión de los referidos términos en el evento en que se solicite la
aplicación del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal.
Ellos son los que en seguida se relacionan:
a) Por regla
general, el término de instrucción no podrá exceder de dieciocho (18) meses,
contados a partir de la fecha de  iniciación del respectivo proceso.
No obstante, en los
procesos en que se encuentren vinculadas tres (3) o más personas o en los que
se investiguen tres o más delitos, el término máximo de instrucción será de
treinta (30) meses.
b) Los procesos  que
en la fecha de entrada en vigencia del decreto se encuentren en la etapa de
instrucción, se calificarán en los términos que se señalan a continuación:
En los que hubiere
transcurrido un término inferior a seis (6) meses, se calificarán en los
términos contemplados en el artículo anterior.
En los que hubiere
transcurrido un término igual o mayor a seis (6) meses, sin exceder de
dieciocho (18), se calificarán en el término de doce (12) meses contados a
partir de la vigencia del presente Decreto.
En aquellos en que
hubiere transcurrido un término igual o mayor de dieciocoho meses (18), sin
exceder de cuarenta y ocho (48), se calificarán en un término no superior a
ocho (8) meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto.
Los términos para
calificación previstos en los dos  eventos  anteriores se aumentarán en dos terceras
partes, cuando al proceso se encuentren vinculados tres o más sindicados, o se
investiguen tres o más delitos.
c)  Los procesos en
cuya etapa de instrucción hubiere transcurrido un término igual o superior a
cuarenta y ocho (48) meses, sin exceder de sesenta (60), se calificarán en el
término de seis (6) meses.
d)  Los procesos en
cuya etapa de instrucción haya transcurrido un término igual o superior a
sesenta meses, deberán calificarse en un plazo no superior a (4) meses.
Como antes se
reiteró, el señalamiento de plazos temporales de carácter perentorio para que
se cumpla una actuación o se agote una determinada etapa procesal, como en este
caso se hace para la fase instructiva en los procesos a cargo de los jueces
regionales y del Tribunal Nacional, constituye prenda que garantiza la
efectividad del derecho del  procesado a que no ocurran durante el
adelantamiento del proceso dilaciones injustificadas o una prolongación
indefinida del mismo sin términos procesales perentorios. En esas condiciones,
se aprecia una clara observancia a la más reciente jurisprudencia sobre la
materia que esta Corte ha consignado en las ya nombradas sentencias C-411 y
C-412 de septiembre 28 de 1993.
Por otra parte, es evidente que la
naturaleza de los delitos de los cuales conocen los jueces regionales y las
circunstancias en que se cometen dichos hechos punibles, implican mayores
obstáculos para la recaudación de las pruebas correspondientes, lo cual conduce
a la necesidad de prever un lapso mayor que el consagrado para los otros
delitos con el fín de adelantar la investigación correspondiente en forma más
acertada y completa.
Así lo precisó la Corporación  en la
multicitada sentencia C-301, en los siguientes términos:
"En punto de
razonabilidad, la Corte considera que la exigencia de un debido proceso público
sin dilaciones injustificadas es un límite sustancial a la discrecionalidad del
legislador para regular la institución de la detención preventiva. El deber del
Estado de asegurar la  convivencia pacífica (CP art. 2) mediante la persecución
eficaz del delito justifica que, frente a determinadas formas delincuenciales
-criminalidad organizada- y ante dificultades probatorias ajenas a la actividad
y diligencia de los órganos del Estado, los términos legales para la investigación
y juzgamiento de ciertos delitos sean mayores que los ordinarios de manera que
se evite la liberación de presuntos autores de ilícitos que producen profundas
repercusiones en la vida social. No obstante, el principio de seguridad pública
no puede interpretarse con desconocimiento del principio de efectividad de los
derechos y garantías fundamentales, ni el sindicado o procesado ha de soportar
indefinidamente la ineficacia  o ineficiencia del Estado."
El señalamiento que la norma en estudio
hace de los límites cronológicos dentro de los cuales el juez debe proceder a
calificar la instrucción,  responde a criterios que permiten apreciar su
razonabilidad, como son los determinados por las dificultades inherentes a la investigación
de las modalidades criminales de que se ocupan los jueces regionales y el
Tribunal Nacional, así como los relativos al número de delitos y de sindicados.
Todo ello, la hace acorde con la doctrina que  la Corporación  expuso en la
tantas veces nombrada sentencia C-301 y últimamente en la sentencia C-411.
En esta  última, sobre este tema, además se
dijo:
"...
La mayor o menor
amplitud del término judicial deberá condicionarse a factores tales como: la
naturaleza del delito imputado, su mayor o menor gravedad, el grado de
complejidad que su investigación comporte, el número de sindicados, los efectos
sociales nocivos que de él se desprendan, etc."
Por su parte, el artículo 4o. autoriza la
suspensión de los términos para calificar la instrucción del proceso en el
evento de que se solicite la aplicación del artículo 37 del Código de
Procedimiento Penal,  hasta cuando por decisión judicial se apruebe o impruebe
el acuerdo, o este último no se produjere. No ve en ello la Corte
quebrantamiento a mandato constitucional alguno pues, como con razón lo observa
el señor Fiscal General de la Nación, se trata de eventos atribuibles al
sindicado o a su defensor,  por cuanto la solicitud de terminación anticipada
del proceso proviene de éste o de aquél.
Por su parte, el artículo 5o. del decreto
en revisión señala su vigencia temporal y reitera los efectos suspensivos de
las disposiciones que sean incompatibles con sus preceptos, todo lo cual
resulta acorde con su naturaleza excepcional y con los mandatos de la Carta.
No podría la
Corporación concluir el presente examen, sin antes anotar que la decisión del
Gobierno Nacional de reestructurar el régimen de libertad provisional para los
delitos de competencia de los jueces regionales y del Tribunal Nacional con
base en los criterios que ha venido decantando en su jurisprudencia, es una
incontrastable muestra del acatamiento material que se les ha venido dando.
Es esta una señal
inequívoca del reconocimiento de que los derechos constitucionales
fundamentales constituyen un contrapeso constitucional al mayor
dimensionamiento de los poderes presidenciales durante los estados de
excepción. Es este un significativo avance que aproxima a la Nación al
verdadero Estado social de derecho, cuya construcción y praxis  constituye una
tarea que no está exenta de dificultades.
Conclúyese pues, que al ejercer las
facultades legislativas durante el estado de conmoción interior el Gobierno
Nacional se ajustó a las prescripciones de la Carta Política. Así deberá
declararlo la Corporación.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Nacional,
R E S U E L V E :
Declárase EXEQUIBLE el decreto 1496
del 3 de agosto de 1993, "Por el cual se dictan disposiciones en relación
con los términos para realizar la instrucción y las causales de libertad
provisional en los procesos de competencia de los jueces regionales y del
Tribunal Nacional".
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien
corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
HERNAN ALEJANDRO OLANO GARCIA
Secretario General (E)
Salvamento de voto a la Sentencia No.
C-426/93
DECRETO
LEGISLATIVO-Conexidad
(Salvamento de voto)
Las motivaciones
de los decretos legislativos dictados con fundamento en el artículo 213 de la
Carta Política, no pueden ser distintas a las que el Gobierno tuvo en
consideración para declarar el estado de conmoción interior; sin embargo, se ha
aceptado por la jurisprudencia la existencia de hechos sobrevinientes, es
decir, nuevos y diferentes a los primeramente aducidos por el Presidente de la
República, siempre y cuando sean concurrentes y conexos mas no sustitutivos de
los consignados en el ordenamiento declarativo del estado excepcional. Juzgamos
inaceptable que hechos o circunstancias desligados causalmente de los que
determinaron la declaración de la conmoción interna, sirvan de fundamento
jurídico a nuevos decretos legislativos, cuya materia es totalmente ajena a la
situación que generó la primitiva alteración del orden público, como es el caso
a estudio, en el que el Gobierno Nacional considera como factor pertubador del
orden público una sentencia expedida por esta Corporación en ejercicio de
claras facultades constitucionales.
REF.: EXPEDIENTE
No. R.E.-051
Revisión
constitucional del Decreto Legislativo No. 1496 de 1993 "Por el cual se
dictan disposiciones en relación con los términos para realizar la instrucción
y las causales de libertad provisional en los procesos de competencia de los
jueces regionales y del Tribunal Nacional
Respetuosamente disentimos del fallo
aprobado por la mayoría de la Sala, por las razones que sintéticamente pasamos
a exponer.
1. Falta
de conexidad del Decreto 1496 con las causas que sirvieron de fundamento al
estado de conmoción.
Como tantas veces se ha reiterado, las
medidas que dicte el Gobierno Nacional durante el estado de excepción a que se
refiere el artículo 213 constitucional, deben guardar estrecha relación de
conexidad con las causas que originaron o sirvieron de fundamento para declarar
el estado de conmoción interior e igualmente estar orientadas a restablecer el
orden público turbado, prevenir su agravación o impedir la extensión de sus
efectos.
Así las cosas, las motivaciones de los
decretos legislativos dictados con fundamento en el artículo 213 de la Carta
Política, no pueden ser distintas a las que el Gobierno tuvo en consideración
para declarar el estado de conmoción interior; sin embargo, se ha aceptado por
la jurisprudencia la existencia de hechos sobrevinientes, es decir, nuevos y
diferentes a los primeramente aducidos por el Presidente de la República,
siempre y cuando sean concurrentes y conexos mas no sustitutivos de los
consignados en el ordenamiento declarativo del estado excepcional. Así las
cosas las decisiones legislativas que el Presidente dicte deben entonces
responder a tales situaciones, es decir, a conjurar las causas de la
perturbación o a impedir la extensión de sus efectos, como lo prescribe el
inciso segundo del artículo 213 del Estatuto Superior.
El decreto sujeto a la revisión de esta
Corte no respetó el citado mandato constitucional, como se demostrará:
El artículo 3o. de la ley 15 de 1992 adoptó
como legislación permanente el artículo 4o. del decreto 1156 de 1992, norma
ésta dictada por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
que le confiere el articulo 213 de la Carta, la cual fue revisada por esta
Corporación y declarada exequible mediante sentencia No. C-557 del 15 de
octubre de 1992.
El texto del citado artículo 3o. de la ley
15 de 1992 era éste: "El artículo 415 del Código de Procedimiento Penal,
en cuanto hace referencia a los delitos de que trata el artículo 59 del Decreto
2790 de 1990, debe entenderse que rige transcurridos los términos de que trata
el artículo 2o. transitorio del Código de Procedimiento Penal".
Dado que toda la argumentación invocada por
el Gobierno en el ordenamiento que es objeto de estudio, gira en torno a la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 3o. de la ley 15 de 1992, conviene
recordar en primer término cuáles fueron los motivos que condujeron a la Corte
a adoptar tal determinación, según sentencia C-301 del 2 de agosto de 1993:
a.- El régimen del artículo 415 del Código
de Procedimiento Penal para los delitos de competencia de los jueces regionales
es "más benigno" que el contenido en el artículo 59 del decreto 2790
de 1990.
b.- Las causales de libertad provisional
contempladas en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal para los
delitos de competencia de los jueces regionales son "más razonables"
que las estatuidas en el artículo 59 del decreto 2790 de 1990.
c.- El régimen del decreto 2790 de 1990 es
"más restrictivo" que el contenido en el Código de Procedimiento
Penal.
No creemos que sea necesario reproducir la
sentencia antes referida; basta simplemente con traer a colación algunos de sus
apartes, para demostrar que la aplicabilidad de los criterios objetivos de
razonabilidad indicados en dicho fallo, y que llevaron a que frente a dos
disposiciones especiales se optara de manera preferente por la más favorable,
tienen operatividad y plena vigencia para épocas de normalidad institucional
"y como factores que no pueden estar ausentes en las normas llamadas a
desplegar un efecto permanente", como era el caso de la norma sujeta a
estudio (art. 3o. ley 15 de 1992). No ocurre lo mismo cuando se trata de normas
de excepción en cuyo caso no podría darse aplicación al principio de
favorabilidad, pues se trata de disposiciones de distinto orden, una ordinaria
y otra especial, situación en la cual éste no puede operar.
Dijo la Corte: "Para los efectos de
establecer la constitucionalidad de la norma acusada, debe, pues, efectuarse un
análisis comparativo entre los citados preceptos legales. Anótase a título de
cautela metodológica, que las normas legales son susceptibles de comparación,
como quiera que el artículo 415 del C. de P.P. es posterior en el tiempo
respecto del artículo 53 (sic) del D. 2790 de 1990 y, por su espectro, es a un
tiempo general (se refiere a todos los delitos) y especial (se ocupa también de
los delitos de competencia de los Jueces Regionales).
".............".
"La mayor
razonabilidad de una norma penal es un criterio decisivo que determina su
favorabilidad. Independientemente de su constitucionalidad, se advierte que las
causales de libertad provisional contempladas en el Código de Procedimiento
Penal, expresamente consagradas para los delitos de competencia de los Jueces
Regionales, son mas razonables que las contenidas en el Decreto 2790 de
1990".
"En  punto de
la razonabilidad, la Corte considera que la exigencia de un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas es un límite sustancial a la
discrecionalidad del legislador para regular la institución de la detención
preventiva."
"De conformidad
con lo anterior ha quedado demostrado que las causales de libertad provisional
consagradas en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal resultan más
razonables que las contenidas en el Decreto 2790 de 1990 que, por el contrario,
no permiten dada su inflexibilidad dar cabida a criterios objetivos de
razonabilidad, los que reclaman la plenitud de su vigencia desde el ángulo de
la normalidad institucional y como factores que no pueden estar ausentes en las
normas llamadas a desplegar un efecto permanente".
"De la
comparación de los textos legales se deduce que el régimen del Decreto 2790 es
más restrictivo que el contenido en el Código de Procedimiento Penal. La mera
confrontación legal y su conclusión en términos de favorabilidad no genera de
suyo la inconstitucionalidad del primer régimen. De hecho, esta Corte asume su
constitucionalidad conforme fue declarada por esta misma Corporación".
"Lo anterior
significa que la interpretación que prohija el legislador empece a los jueces a
plantear un juicio de favorabilidad, pues la vigencia de una de las normas
comparables (C.deP.P.art. 415) no obstante tener el mismo grado de especialidad
se suspende por un término de diez años."
"A este
respecto la Corte debe distinguir la hipótesis ordinaria en la que el
legislador dicta una ley penal sustantiva o de procedimiento, de aquella que
ahora se analiza y en la que el órgano legislativo se limita, por vía de
autoridad, a interpretar una o varias leyes preexistentes. En el primer caso,
ya definido en las sentencias citadas de esta Corporación, el legislador bien
puede, de acuerdo con sus preferencias de política criminal, establecer un
régimen legal mas o menos restrictivo. En el segundo caso, en cambio, al asumir
la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales, igualmente
especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta en materia
penal, por la norma que obliga a optar de manera preferente por la ley
permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior en el tiempo y comprende
en su contenido la materia tratada por la anterior (C.P.art. 29)".
Pues bien, el Gobierno Nacional por medio
del decreto 1793 de noviembre 8 de 1992, se vió precisado a implantar el estado
de conmoción interior en todo el territorio nacional, entre otras razones, por
que consideraba necesario tomar medidas excepcionales y transitorias destinadas
a "fortalecer la acción de los organismos judiciales en su función de
investigar, acusar y juzgar, proteger a los funcionarios judiciales y a los de
los organismos de fiscalización, así como a los testigos, permitir a las
fuerzas militares desarrollar funciones de policía judicial, y reprimir ciertas
conductas que contribuyen a que puedan tener éxito las operaciones de la delincuencia
organizada", consideración ésta que en el decreto 1496 de 1993, sub
examine, sirve de sustento o soporte para demostrar la relación de causalidad
entre las determinaciones allí adoptadas y las causas que dieron origen a la
declaratoria de conmoción.
Como dentro de las consideraciones del
decreto 1496 de 1993, materia de revisión, no se señala motivo alguno distinto
a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 3o. de la ley 15 de 1992, que
permitiera deducir la existencia de una causal de agravación de la perturbación
del orden público o fenómenos sobrevinientes que tuvieran que ser
contrarrestados con medidas de la índole de las contenidas en dicho
ordenamiento, consideramos que con tal proceder el Gobierno Nacional entiende o
da por hecho que la sentencia No. C-301 del 2 de agosto de 1993 proferida por
esta Corporación, constituye un factor perturbador de la normalidad, hecho a
todas luces contrario a la realidad y por tanto violatorio del artículo 213
constitucional.
En efecto, no encontramos relación alguna
de causalidad entre las motivaciones del decreto 1496 de 1993 y las causas que
dieron lugar a implantar el estado de conmoción interna, pues ¿qué efecto
perturbador puede producir la declaratoria de inexequibilidad de una norma legal
de caracter permanente en la que se ordena dar aplicación correcta del
derecho?.
Ante estas circunstancias juzgamos
inaceptable que hechos o circunstancias desligados causalmente de los que
determinaron la declaración de la conmoción interna, sirvan de fundamento
jurídico a nuevos decretos legislativos, cuya materia es totalmente ajena a la
situación que generó la primitiva alteración del orden público, como es el caso
a estudio, en el que el Gobierno Nacional considera como factor pertubador del
orden público una sentencia expedida por esta Corporación en ejercicio de
claras facultades constitucionales.
Cierto es, como lo ha sostenido la Corte,
que es función exclusiva  del Presidente de la República escoger las medidas
concretas dirigidas a restablecer el orden público, para lo cual se le concede
un margen de discrecionalidad, (sent. C-004 de 1992), pero no es menos cierto,
que tales medidas no son de cualquier índole, sino aquéllas que respondan a los
hechos que dieron lugar a la declaratoria de conmoción interior, a
contrarrestar su agravación y en fin a restablecer el orden público
quebrantado.
Que el funcionamiento normal de las
instituciones jurídicas, dentro del cual debe inscribirse el ejercicio, por
parte de la Corte Constitucional, de las funciones que le competen, pueda
llegar a enjuiciarse como causa generadora de perturbación, es quizá el más
grave cuestionamiento que pueda hacerse al Estado de Derecho y no precisamente
por quienes se oponen a esa forma de organización política sino por quienes
hallan su razón de ser en la defensa de las instituciones.
Igualmente surge otra pregunta: si el
propósito o finalidad del decreto era contrarrestar la situación anómala que
podía llegar a presentarse al quedar en libertad numerosos sindicados por
delitos de competencia de los jueces regionales y el Tribunal Nacional, tal
como lo señalan los Ministros de Gobierno y de Justicia y del Derecho en su
escrito de coadyuvancia, no se entiende porqué el Gobierno no lo expuso así en
dicho ordenamiento.
Por estas razones consideramos que el
decreto 1496 de 1993 debió ser declarado inconstitucional al no dirigirse a
restablecer el orden público, ni evitar su quebrantamiento o agudización,
vulnerando de esta manera el artículo 213 del Estatuto Máximo.
2. Inconstitucionalidad material de las
disposiciones del Decreto 1496.
Al declarar la Corte Constitucional que era
inexequible el artículo 3o. de la Ley 15 de 1992 se hicieron aplicables, a los
procesados por delitos de competencia de los jueces regionales, las normas
pertinentes del Decreto 2700 de 1991 relativas a las causales de libertad
provisional. Justamente, para evitar los efectos subsiguientes a la aplicación
de esas causales (para dichos sindicados), procedió el Gobierno, en ejercicio
de las facultades especiales que le confiere el artículo 213 de la Carta, en
vísperas del levantamiento de la conmoción interior, a modificarlas,
restringiéndolas de manera notable, y a ampliar significativamente los términos
de que dispone el juez para resolver acerca de la libertad del procesado.
Ahora bien: las normas reguladoras de esa
materia, ostentan un indiscutible carácter sustantivo aunque materialmente se
incorporen a un estatuto  procesal. Es que ellas condicionan el derecho del
sindicado a recuperar su libertad y por esa potísima razón, por conferir un
derecho subjetivo de esa envergadura, hacen parte del derecho sustancial y son
elemento inescindible del debido proceso.
Si hacen más gravosa la situación del
sindicado por dificultar o dilatar la recuperación de su libertad, sólo son
aplicables a los procesos que se inicien después de que han entrado en
vigencia. Es esta una inferencia incontrovertible, a partir de lo dispuesto en
el inciso 3o. del artículo 29 de la Carta Política: "En materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable". Con mucha mayor razón si es
anterior, como en el caso sub examine, y cobró (o recobró) vigencia mientras el
proceso estaba en curso. Abstenerse de aplicarla para dar paso a la aplicación
de la nueva norma, constituye ni más ni menos que la aplicación retroactiva de
una ley penal odiosa, conducta proscrita por los principios universalmente
aceptados a partir de Beccaria y, desde luego, positivizados en nuestro
ordenamiento, al más alto nivel jerárquico.
Surge entonces, inevitablemente, un
interrogante: ¿si sólo son aplicables las normas (cuestionadas) del Decreto
1496 a los procesos iniciados con posterioridad al 4 de agosto, cómo pueden
evitar el efecto que, precisamente, tratan de evitar? De ningun modo pueden
evitarlo, si son rectamente aplicadas. Y no pueden hacerlo porque existe un
insalvable obstáculo no meramente fáctico sino de orden lógico, a saber: la
imposibilidad de conferir vigencia retroactiva a una norma penal odiosa,
conforme a las reglas de nuestra norma fundamental. La vocación de normas
permanentes que indudablemente signa a todas las que integran el Decreto 1496,
las hace ineptas para resolver problemas coyunturales como los que plantea el
estado de conmoción interior.
Y una última y definitiva pregunta: si son
lógicamente ineptas para evitar las consecuencias que tratan de evitar y sólo
pueden reglar situaciones que surjan con posterioridad al levantamiento de la
conmoción, ¿qué conexidad pueden tener con las circunstancias invocadas por el
Gobierno para la declaratoria de aquella? ninguna, desde luego, y también por
esta vía se llega a la conclusión expuesta en el acápite 1 de este salvamento.
Fecha ut supra.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
[1]             Esta
sentencia recoge con ligeras modificaciones los acápites I a V, literales a) y
b) inclusive del proyecto de fallo que presentó a consideración de la Sala
Plena su ponente inicial H. Magistrado Carlos Gaviria Díaz.