C-390-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-390/14
MEDIDA DE DETENCION PROVISIONAL DEL
IMPUTADO O ACUSADO-Debe
existir término preciso, máximo y perentorio a partir del cual no puede
prolongarse
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
PRINCIPIO PRO ACTIONE-Aplicación
CAUSALES DE LIBERTAD EN LEY 906 DE 2004-Evolución normativa
FORMULACION DE ACUSACION-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia/FORMULACION DE ACUSACION-Jurisprudencia constitucional/FORMULACION
DE ACUSACION-Acto complejo que se conforma por dos oportunidades procesales
Tal como la Corte Suprema de Justicia ha
establecido en su jurisprudencia, la Acusación es un acto complejo que incluye
dos momentos procesales regulados de forma separada: el escrito de acusación y
la audiencia de acusación. Así por ejemplo, en Auto del 21 de noviembre de
2012, expresó: “Dígase, entonces, que en la Ley 906 de 2004 la acusación es un
acto complejo que incluye dos momentos procesales distintos y regulados de
forma independiente, cuales son la presentación del correspondiente escrito por
parte de la fiscalía y la audiencia de su formulación, dirigida por el juez de
conocimiento.” La Corte Constitucional,
por su parte, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha
establecido que la formulación de la acusación es un acto complejo, que se
conforma por dos oportunidades procesales: (i) por una parte, el escrito que
presente la fiscalía ante el juez del conocimiento y (ii) por otra, la
formulación oral de la acusación que se haga dentro de la Audiencia del mismo
nombre. Tal acto complejo se traduce a su vez en un procedimiento formalizado
que se desarrolla a través de: (i) la presentación del escrito de acusación
ante el juez competente, (ii) dentro de los tres días siguientes a la recepción
del escrito, la fijación de la fecha para la audiencia de formulación de
acusación y (iii) la realización de la audiencia.
CAUSALES DE LIBERTAD EN LEY 906 DE 2004-Interpretaciones respecto de la expresión
“formulación de acusación” contenida en disposición demandada
De una lectura gramatical de la
expresión acusada, no surge un sentido normativo unívoco. Por el contrario, la
ambigüedad que contiene da lugar a que se deriven al menos dos posibles
interpretaciones atendiendo la complejidad de la acusación que como se ha visto
se encuentra conformada por dos momentos procesales bien definidos. Una primera
interpretación conduce a que se entienda que el plazo para el vencimiento de
términos del numeral 5 del artículo 317 comience a contarse a partir de la
Audiencia de formulación de la acusación. Una segunda interpretación, hace
concluir que el mencionado término debe empezar a contarse a partir de la
presentación del escrito de acusación.
INTERPRETACION RESPECTO DE EXPRESION
FORMULACION DE LA ACUSACION-Derecho viviente como corolario de Jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia
DOCTRINA DEL DERECHO
VIVIENTE-Alcance/DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE-Requisitos para que pueda predicarse dicha
situación
Según esta doctrina, originalmente
desarrollada por la Corte Constitucional Italiana, para poder fijar el sentido
de una disposición acusada, el juez constitucional debe tener en cuenta la
forma como los operadores jurídicos, los doctrinantes y en especial la
jurisprudencia la han entendido, más aún cuando la “interpretación
jurisprudencial y doctrinaria representa una orientación dominante bien
establecida”. De esta manera se respeta la interpretación que de la norma haga
el juez respectivo dentro de su autonomía, a la vez que se adelanta un control
constitucional sobre el derecho realmente existente y no sobre contenidos que
carecen de aplicación práctica. Cabe
de igual manera aclarar que para que la jurisprudencia adquiera el carácter de
derecho viviente, es necesario que se cumplan ciertas exigencias o requisitos.
De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, puede
considerarse que constituye derecho viviente “la interpretación jurisprudencial
y doctrinal: (i) que sea consistente, aun cuando no sea idéntica y uniforme, y
salvo que resulte abiertamente contradictoria, caso en el cual no puede
hablarse de una regla normativa generalmente acogida; (ii) que esté plenamente
consolidada o afianzada, como se mencionó, una sola opinión doctrinal o una
decisión judicial de los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción -Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, no alcanza a conformar un criterio
dominante de interpretación; y que sea relevante o significativa, en cuanto
permita señalar el verdadero espíritu de la norma o determinar sus alcances y
efectos.”
CORTE
CONSTITUCIONAL-Competencia
en materia de control constitucional en defensa de la Constitución y no como
juez de legalidad o conveniencia de las interpretaciones vertidas por otros
órganos judiciales
La Corte Constitucional ejerce el control
constitucional en defensa de la norma superior, no sobre la legalidad o
conveniencia de las interpretaciones vertidas por otros órganos judiciales,
sino sobre contenidos normativos conforme el contexto real dentro del cual han
sido interpretados y aplicados. Al respecto, la Corte ha expresado que: “el
control de constitucionalidad está llamado a cumplirse sobre el texto de la
norma demandada que se encuentra produciendo efectos jurídicos y que es
oponible a los destinatarios de la ley, y en ningún caso sobre aquellos
contenidos que carecen de eficacia y que son del todo intrascendentes en el
mundo del derecho. Por otra parte, la doctrina del derecho viviente evita que
la Corte Constitucional se pronuncie sobre contenidos normativos eventuales e
hipotéticos, al concentrar su atención en el sentido real de los preceptos
controlados, lo cual evita el riesgo de declarar inexequibles disposiciones
cuyo significado viviente es compatible con la Carta, lo cual representaría un
ejercicio inadecuado de sus funciones”
DERECHO VIVIENTE-No
equivale a derecho conforme a la Constitución
PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Aplicación
INTERPRETACION RESPECTO DE EXPRESION
FORMULACION DE LA ACUSACION-Análisis literal de la expresión y sistemático del Código de
Procedimiento Penal
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Privativas de la libertad o restrictivas de otros
derechos y libertades
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Finalidad
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Objeto
preventivo
IMPUTADO O ACUSADO QUE SE ENCUENTRE
COBIJADO POR UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO O POR UNA FORMULACION DE ACUSACION-Está amparado por el principio de presunción de
inocencia
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN SISTEMA
PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Requisitos
Siguiendo el numeral 1 del artículo 250 constitucional
y el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, los requisitos para
decretar la medida de aseguramiento se resumen en: (i) evitar que el imputado obstruya el
debido ejercicio de la justicia, bien sea mediante la destrucción de las
pruebas o la amenaza de testigos; (ii) que el imputado constituya un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o que (iii) el imputado no
comparecerá al proceso. Además el juez deberá tener en cuenta para decretar la
medida, la probabilidad que la persona sea autor o partícipe del hecho que se
le imputa, en concordancia con los elementos materiales probatorios y la
evidencia física recogida o de la información obtenida
legalmente.
MEDIDAS
DE ASEGURAMIENTO-No equivalente a sentencia condenatoria
La Corte ha puesto el acento en que el
carácter de las medidas de aseguramiento, de ninguna forma puede ser
equivalente a la pena impuesta como condena. Al respecto se ha expresado que: “De otra parte es pertinente precisar
también que las medidas de aseguramiento no equivalen a la sentencia
condenatoria, ni pueden ser confundidas con las penas que mediante tal
providencia se imponen. Son simples medidas cautelares – no sentencias - que
sólo pueden dictarse, con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio
cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos
señalados por la ley para el efecto, y cuando resulten indispensables para
alcanzar la finalidad constitucional que con ellas se persigue, esto es, para
asegurar la comparencia del imputado al proceso, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial de la víctima.”
MEDIDAS
DE ASEGURAMIENTO-Limites
AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO PENAL-Límites
La jurisprudencia ha reconocido un amplio
espacio de configuración legislativa en orden a determinar que bienes jurídicos
son susceptibles de protección penal, las conductas que deben ser objeto de
sanción, y las modalidades y la cuantía de la pena.  No obstante, debe tratarse
de una prerrogativa sujeta a límites. Estos límites están dados
fundamentalmente por el respeto a los derechos constitucionales de los
asociados, el deber de respetar el principio de legalidad estricta, y los
criterios de razonabilidad, proporcionalidad, aplicables tanto a la definición
del tipo penal como a la sanción imponible. Dentro de las garantías que
involucra el principio de legalidad estricta se encuentra la prohibición de
delitos y penas indeterminadas. En relación con este aspecto se han estudiado
los tipos penales en blanco, respecto de los cuales la jurisprudencia ha
admitido su constitucionalidad siempre y cuando la remisión normativa permita
al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y
la sanción correspondiente.
PRIVACION PREVENTIVA DE LA LIBERTAD-Carácter excepcional
CONVENCION
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance de derecho a  plazo razonable
El derecho
a un plazo razonable hace parte del debido proceso y ha sido consagrado
expresamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
según el cual: “toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
DERECHO
A UN PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS EN AMBITO PENAL-Jurisprudencia constitucional
DEBIDO
PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Jurisprudencia constitucional
DETENCION
PREVENTIVA-Establecimiento
de límites temporales a la duración parte de los principios de legalidad y
proporcionalidad que deben gobernar la medida
INDEFINICION
DE TERMINOS, PARTICULARMENTE CUANDO PUEDEN AFECTAR LIBERTAD PERSONAL DEL
PROCESADO RESULTA INCONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional
PROCESO-Realización de la justicia
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
TERMINO PROCESAL-Alcance
.
Referencia: expediente D-10009
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 317 (parcial) de la Ley 906 de 2004, modificada por la
Ley 1453 de 2011.
Demandantes: Flora Blanquicett Acevedo y
Marlon Toscano Gómez.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de
dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, los ciudadanos Flora Blanquicett Acevedo y Marlon
Toscano Gómez, interpusieron acción pública de inconstitucionalidad en contra
del artículo 317 (parcial) de la Ley 906 de 2004, modificada por la
Ley 1453 de 2011.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe
el artículo anteriormente mencionado publicado en el Diario Oficial No.45.658 del 1 de septiembre de 2004 y se subrayan los apartes demandados:
LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal.
EL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA,
DECRETA:
ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD.
<Artículo modificado por el artículo 61 de la
Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de
aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante
toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato
y solo procederá en los siguientes eventos:
1. Cuando se haya cumplido la pena según
la determinación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado
la preclusión, o se haya absuelto al acusado.
2. Como consecuencia de la aplicación del
Principio de Oportunidad.
3. Como consecuencia de las cláusulas del
acuerdo cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de la formulación de imputación no se hubiere
presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 294. El término será de noventa (90) días cuando se
presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados.
5. Cuando transcurridos ciento veinte
(120) días contados a partir de la fecha de la formulación de la
acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.
PARÁGRAFO 1o. En los numerales 4 y 5 se
restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de
cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. No
habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido
iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni
cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en
hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la
administración de justicia. En todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya
desparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del
término establecido por el legislador en el numeral 5 del artículo 317 de la
Ley 599 de 2000.
Los términos previstos en los numerales 4
y 5 se contabilizarán en forma ininterrumpida.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos que conocen
los jueces penales de los circuitos especializados, para que proceda la
libertad provisional, los términos previstos en los numerales 4 y 5 de este
artículo se duplicarán.
PARÁGRAFO 1o <SIC, 3o.>
<Parágrafo adicionado por el artículo 38 de la
Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos por
delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por
delitos contra la
Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que
recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención
preventiva, los términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán cuando
sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.
III. LA
DEMANDA
Los actores consideran que la
expresión “la formulación de la acusación” del articulo 317 numeral 5 de la ley 906
de 2004, desconoce los artículos 2, 28 y 29 de la
Constitución Política, así como las siguientes disposiciones que hacen parte
del bloque de constitucionalidad: el artículo 14 numeral 3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8 numeral 1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 103 de los
Convenios de Ginebra de 1949.
A juicio de
los actores, esta norma permite que los jueces apliquen el término para que se
conceda la libertad por vencimiento del mismo a partir de la audiencia de
lectura de la acusación y no desde la presentación del escrito de acusación.
Según lo alegado, tal situación conduce a la privación de la libertad de una
persona sin la sujeción a un plazo razonable, es decir, de forma indefinida, en
la medida que queda sujeta a que el juez lleve a cabo la respectiva audiencia
oral de acusación, intervalo en el cual pueden pasar meses o incluso años.[1]
Indican los
actores que esta norma permite una “injustificada prolongación de la
privación de la libertad del acusado como quiera [sic] que la
circunstancia del retardo en el inicio del juicio oral se pueda deber a una
causa que no le es imputable”[2].  Por esta circunstancia,
consideran que se viola el debido proceso al que tiene derecho cualquier
sindicado ya que el procedimiento debe adelantarse sin dilaciones
injustificadas y dentro de un plazo razonable, más aún cuando su libertad está
afectada. Consideran que no es ni razonable ni proporcionado que el procesado
deba afrontar la excesiva carga de la privación de su libertad por la
ineficiencia o ineficacia del Estado.
Plantean
igualmente, que “la medida de aseguramiento que se le impone al procesado,
considerado aún inocente por presunción, no tiene límite, ya que el término
entre la radicación del escrito de acusación y su lectura en audiencia, tiene
realmente un máximo indeterminado”[3].
Por lo mismo, los actores plantean otra
interpretación posible conforme a los antecedentes de la norma y a un análisis sistemático
del Código de Procedimiento Penal, en la que la expresión “formulación de la
acusación” se entiende como la presentación del escrito de acusación. En
este sentido, solicitan que se declare la exequibilidad condicionada de la
mencionada expresión.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Justicia y del
Derecho
En
término previsto, Ángela María Bautista Pérez en calidad de apoderada judicial
del Ministerio de Justicia y del Derecho, interviene en el proceso de
referencia para solicitar a la
Corte Constitucional que se declare EXEQUIBLE la norma acusada.
El
Ministerio de Justicia y del Derecho, en primer lugar, considera que se ha
admitido por la Corte Constitucional que se puede demandar la  inexequibilidad
de una norma cuando se advierta la existencia de una interpretación errónea
derivada del contenido de la disposición, por los distintos significados
imputados a su lectura, pero ello no implica como en el caso sub examine
afirmar que la inconstitucionalidad se deriva única y exclusivamente de la
interpretación dada al momento de contar los términos por quienes administran
justicia o cualquier otro apoderado judicial.[4]
En
segundo lugar, manifiesta que acudiendo a una interpretación sistemática e
integral de la norma demandada se debe recurrir a los antecedentes de la
expresión “formulación de la acusación”, pues son éstos los que dan una
orientación para indicar su exequibilidad y sujeción a los principios
constitucionales. Es por ello que cabe resaltar las modificaciones realizadas
al artículo 317, en dos reformas (Leyes 1142 de 2007 y 1453 de 2011) que
materializan tres posturas asumidas por el legislador, cuya finalidad ha sido volver
la norma al estado inicial sin generar un desconocimiento o vulneración a los
derechos fundamentales del procesado y más explícitamente a la libertad
provisional por vencimiento de términos. Considera que en todo caso el acto de
acusación está compuesto por dos oportunidades procesales diferentes reguladas de
manera independiente por el Código de Procedimiento Penal y desde un inicio la
intención del legislador hizo referencia a que el término fuese contabilizado
desde la audiencia de formulación de acusación y no a partir de la radicación
del escrito, y que si bien hubo una postura intermedia, recogida en la modificación
realizada por la ley 1142 de 2007, donde se contabilizaba a partir de la fecha
de presentación del escrito por parte de la fiscalía, ésta carece de sentido
pues la lógica jurídica enseña que un término se contabiliza en el lapso
comprendido entre la realización de una audiencia y el inicio de otra.
La
representante del Ministerio indica que no es cierto que desde la presentación
del escrito de acusación hasta la fijación de fecha y hora para la celebración
de la audiencia de formulación de acusación el juez se pueda tomar el término
que considere necesario, pues el artículo 338 de la ley 906 de 2004 estable
claramente que “dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito
de acusación el juez señalara fecha y hora para la celebración  de la audiencia
de acusación…” por ello la preocupación de los demandantes en ningún
sentido se puede llevar al plano de la inconstitucionalidad de la norma.
Concluye
diciendo que la norma demandada debe ser considerada como exequible, bajo el
entendido que la voluntad del legislador fue inicialmente que los términos se
empezaran a contar desde la realización de la audiencia de formulación de acusación
y no a partir del escrito.
2. Ministerio de Defensa Nacional
Dentro del término legal, el Ministerio de
Defensa a través de apoderada especial presentó intervención en el juicio de
constitucionalidad que hoy se suscita, solicitando a la
Corte Constitucional que declare la excepción de cosa juzgada frente a la
norma demandada.
La
representante del Ministerio manifestó que en el presente asunto ha operado el
fenómeno de la Cosa Juzgada Constitucional, al considerar que la
Sentencia C-1198 de 2008 ya se pronunció sobre la normatividad que hoy se
acusa.  Al respecto, hace una extensa mención a dicha sentencia, de donde se
destaca la reseña al principio de legalidad referido a la privación de la
libertad incluidas las medidas de aseguramiento y la detención preventiva.
Igualmente, siguiendo la aludida jurisprudencia, hace referencia a que la
modalidad y gravedad de la conducta no pueden ser los criterios prevalentes
para determinar la necesidad de la imposición de una medida restrictiva de la
libertad. Por último, antes de recalcar la existencia de cosa juzgada, continúa
transcribiendo  la sentencia C-1198 de 2008 en relación con el apartado que
hace referencia a que el derecho a la libertad y el principio de legalidad se
afectan cuando se consagran supuestos fácticos para la prolongación de esa
privación que no sean claros, precisos y unívocos.
3. Intervención ciudadana
En
forma oportuna intervinieron los ciudadanos Jesús Figueroa Sarmiento, Humberto
Sosa Restrepo, Henry Martínez Caballero y Yandira Alicia Urango Codina, quienes
solicitaron la inexequibilidad de la norma impugnada, apoyando los argumentos
propuestos por los demandantes.
Los
intervinientes manifestaron que son personas privadas de la libertad, que
hablan desde su experiencia personal. Apoyan la inexequibilidad de la norma
demandada ya que esto implicaría que muchos de los que hoy tienen restringido
este derecho y que se presumen inocentes, pudiesen restablecer sus derechos sin
dilaciones injustificadas. En su caso aducen que llevan 236 días bajo medida de
aseguramiento sin que hasta la fecha de la presentación de su intervención, se hubiera
realizado la respectiva audiencia de acusación e impidiendo que se empiecen a
computar los términos para obtener la libertad por su vencimiento, lo que
implica para ellos una carga injustificada que a todas luces es
inconstitucional, pues el juez basa su tardanza en la congestión judicial y
ello solo afecta la libertad y los derechos fundamentales de los imputados.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
En ejercicio de las
competencias previstas en los artículos 242.2 y 278 del texto constitucional,
el Procurador General de la Nación presentó concepto de constitucionalidad Nº
5711 del 3 de febrero de 2014, en el proceso de referencia solicita a la
Corte Constitucional que en esta ocasión declare la
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte normativo acusado.
A
efectos de argumentar su pretensión, comienza por determinar que sí se está
ante un claro cargo de inconstitucionalidad. En este sentido, precisa que la
acción invocada no se dirige explícitamente contra una interpretación judicial sino
que, a partir de una mirada global del cargo formulado y de la norma acusada,
permite deducir una verdadera contradicción con la
Carta Política.
Por
ello, la intervención inicialmente se basa en las modificaciones terminológicas
que en principio solo parecerían contener efectos hermenéuticos ya que la
expresión “formulación de acusación” podría entenderse como un evento
que inicia con la radicación del escrito de acusación y termina con la lectura
del mismo. Considera que en cualquier caso se trata de un acto complejo y la
norma demandada antes de contener una ambigüedad, parece indicar que el
legislador decidió que el cómputo de términos para la libertad personal del
imputado debía contabilizarse desde la audiencia de lectura de la acusación y
no desde la radicación del escrito. Establece que la situación descrita por los
actores en realidad ataca directamente el contenido de la norma, pero resulta
equívoco realizar un juicio de valor para considerar si los despachos
judiciales están realizando una interpretación acorde a lo que se refiere el
demandante.
La Vista Fiscal
estima que existe una verdadera inconstitucionalidad en el aparte normativo
demandado, pues no se establecen las garantías mínimas que en principio
debieron ser atendidas por el legislador para el diseño de las medidas de aseguramiento.
Considera que no obstante la libertad es uno de los derechos mas importantes
para el ordenamiento constitucional, no es “considerada como una garantía
absoluta o incapaz de sufrir limitaciones”[5].
En términos generales se ha expresado que puede limitarse siempre y cuando se
respete el principio de legalidad y la reserva judicial. El Ministerio Público
hace el análisis de la finalidad y las exigencias constitucionales de las
medidas de aseguramiento, resaltando que con éstas no se persigue una “anticipación
de la condena a imponer, pues la presunción de inocencia sólo resulta derrotada
mediante sentencia condenatoria en firme.” [6]
La
intervención de la Procuraduría expone, con base en el artículo 28
constitucional, que no habrá penas ni medidas de seguridad imprescriptibles y “en
cualquier caso toda privación de la libertad está condicionada por un mínimo
obligatorio, como es su limitación temporal expresa y determinada”[7]. Por esta razón, encuentra
que la expresión “formulación de la acusación” viola los mínimos
constitucionales, al igual que permite que la eventual mora se traslade
negativamente a la libertad del procesado a manera de privación de la libertad
temporalmente incierta.
Finalmente,
hace referencia a las posibles medidas constitucionales que podrían utilizarse
para solucionar el problema jurídico planteado. En primer lugar expone la
inexequibilidad pura y simple de la norma acusada. En segundo lugar, considera
que se pudo presentar una omisión legislativa, y finalmente en tercer lugar,
propone la exequibilidad condicionada como el remedio más adecuado
interpretando la formulación de acusación como el momento en que se radique el
escrito de acusación.[8]
Por lo que en conclusión, el Procurador General de la
Nación solicita que se declare la
EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del aparte normativo acusado, por considerar que se
presenta un desconocimiento de las garantías mínimas que el legislador debe
atender para el diseño de las medidas de aseguramiento, en especial en lo que
se refiere a la limitación temporal, los fines, la naturaleza y la necesidad de
éstas.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La competencia y el objeto del control
La Corte Constitucional es competente, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada contra el numeral 5 (parcial) del artículo 317 de la
Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1453 de 2011.
2. Asunto preliminar. Aptitud de la demanda
Es oportuno en este apartado, como paso
previo a la definición del problema jurídico objeto de decisión de esta
sentencia, analizar si los demandantes han formulado un verdadero cargo de
inconstitucionalidad.
El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991
contiene las condiciones formales para la admisibilidad del cargo de
inconstitucionalidad, uno de los cuales es el consignado en el numeral tercero
de la citada disposición. En este se encuentra la formulación de las razones
que sustentan la acusación, aspecto respecto del cual la jurisprudencia
constitucional ha determinado un grupo de requisitos sustantivos mínimos,
destinados a que la argumentación que formule la demanda ofrezca un problema
jurídico discernible, que permita a su vez un pronunciamiento de fondo. Esto
por cuanto si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está
sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad, deben existir
requisitos y contenidos mínimos que permitan a este Tribunal la realización
satisfactoria del estudio de constitucionalidad, es decir, el líbelo acusatorio
debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.
La Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda
y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la
naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos
formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos,
pertinentes y suficientes[9].
Esto significa que la acusación debe ser
suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido
de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la
disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de
naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos
a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación
debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de
suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada
(suficiencia).
En el presente caso, los ciudadanos
demandantes dirigen la acción de inconstitucionalidad a través de una serie de
argumentos que permiten identificar una censura nítida contra la expresión “la
formulación de la acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317
de la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1453 de 2011. Conforme a lo
alegado por los actores, con la mencionada expresión, se vulnera el derecho al
debido proceso sin dilaciones injustificadas, al plazo razonable, al derecho a
la libertad y a la presunción de inocencia. Consideran que el apartado
demandado presenta una ambigüedad por cuanto no indica un momento procesal
concreto a partir del cual se puede comenzar a contar el plazo para obtener la
libertad consagrada en la citada norma, lo que hace que pueda ser entendido
como cualquiera de los dos puntos procesales del acto complejo de acusación:
escrito de acusación o audiencia de formulación de la acusación. Si bien,
señalan que se ha entendido comúnmente por los jueces que el término a que hace
referencia la norma debe contarse a partir de la audiencia de formulación de
acusación[10],
su demanda no se dirige en estricto sentido contra dicha interpretación
judicial, sino que desde un punto de vista global de la demanda, analizado
junto con la norma acusada, se deriva un ataque de constitucionalidad contra la
mencionada disposición normativa[11].
De esta forma la acusación resulta cierta y no es producto de una inferencia
errónea de los demandantes o sobre un contenido legal que no sea verificable.
Igualmente, los actores presentan razones
de orden constitucional por las cuales la norma resulta contraria a la
Carta Política. Alegan, que la expresión demanda vulnera no solo el artículo
28 constitucional, sino el 2 y el 29 del mismo cuerpo normativo además de
normas del bloque de constitucionalidad pertinentes, sobre las cuales hace una
expresa referencia. Los argumentos que presentan, resultan sólidos por cuanto
se dirigen a establecer una vulneración respecto de contenidos fundamentales
del debido proceso, como el plazo razonable o las dilaciones injustificadas,
que tienen un efecto negativo en el derecho a la libertad. Al respecto alegan
que se trata de una situación inconstitucional en la medida que, una persona
puede estar privada de la libertad en forma indefinida ya que el término de 120
días que consagra el numeral 5 del artículo 317 de la
Ley 906 de 2004, puede verse ampliado indefinidamente al no existir un término
para la celebración de la audiencia de formulación de acusación una vez se
presente el escrito de acusación. Toda esta argumentación en conjunto, además
de garantizar la especificidad del cargo redunda en la pertinencia, ya que las
razones que exponen los demandantes son enteramente de orden constitucional y
no legales o doctrinarias, ni basadas en análisis de conveniencia ajenos al
tenor de la norma superior.
Finalmente y como corolario del
cumplimiento de los demás parámetros analizados, la demanda suscita una duda
frente a la constitucionalidad de la norma. Como lo ha expuesto la
Corte, “la suficiencia del
razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a
la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”[12].
Por lo tanto, sin perder el sentido del
control de constitucionalidad y en aplicación del principio pro actione,
la Sala concluye que la demanda cumple con los requisitos establecidos por la
jurisprudencia de esta Corte, razón por la cual se procederá a pronunciarse de
fondo.
3. Problema jurídico
En atención a los cargos
formulados en el escrito de la demanda, esta Sala Plena debe resolver si la expresión “la formulación de la
acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la
Ley 906 de 2004, modificado por la  Ley 1453 de 2011 que consagra las causales de libertad, es violatoria del
derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al plazo razonable,
del derecho a la libertad, y la presunción de inocencia, por cuanto, según se
afirma,  dicha expresión permite que la medida de aseguramiento privativa de la
libertad se prolongue de forma indefinida en el periodo comprendido entre la
radicación del escrito de acusación  y la realización de la
Audiencia de lectura del mismo.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, esta
Corporación considera necesario explorar los siguientes aspectos: (i) Antecedentes
y alcance de la disposición demandada; (ii) las medidas de aseguramiento; finalidad
y exigencias frente a la norma acusada; (iii) el plazo razonable y las
dilaciones injustificadas como parte del debido proceso penal; (iv) la libertad
del legislador para fijar términos procesales; y por último se procederá al análisis concreto del cargo.
4.
Antecedentes y alcance normativo de la disposición demandada
4.1 Evolución Normativa
La Corte considera pertinente hacer el análisis del precepto acusado a través
de su evolución normativa. Una mirada global conforme el paso del tiempo indica
que la norma ha sufrido tres cambios los cuales pueden dar pistas acerca de su finalidad.
En el anterior Código de Procedimiento Penal
-Ley 600 de 2000- existía un precepto similar al demandado, el cual disponía
que:
“Artículo 365. Causales. Además de lo
establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad
provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:
(…)
5. Cuando hayan transcurrido más de seis
(6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación,
sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se
hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado,
caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.”(Subrayado fuera de texto).
Este texto fue trasladado al nuevo Código
–Ley 906 de 2004- acoplándolo al sistema acusatorio que se implementó y
modificando el plazo mediante el cual se ordena la libertad del imputado o
acusado:
“ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. Las
medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia
durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de
inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
(…)
5. Cuando transcurridos sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se
haya dado inicio a la audiencia de juicio oral.”[13]  (Subrayado fuera de texto).
En su redacción original, el legislador
planteaba como punto de inicio del término para otorgar la libertad, tratándose
de medidas de aseguramiento por vencimiento de términos, la fecha de la
formulación de la acusación.
Posteriormente, dicho texto fue reformado
por la Ley 1142 del 28 de junio de 2007 sustituyendo la “formulación de la acusación”
por el “escrito de acusación” que debía presentar la fiscalía como
actuación a partir de la cual se iniciaba el conteo del término, a la vez que lo
ampliaba de sesenta días a noventa días. El texto referido era el siguiente:
“ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. Las
medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia
durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de
inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
(…)
5. Cuando transcurridos noventa (90)
días, contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de
acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral.”[14] (Subrayado fuera de texto).
Por último, el numeral quinto del
artículo 317 de la Ley 906 de 2004 sufrió la última modificación mediante la
Ley 1453 de 24 de junio de 2011. En esta ocasión se retornó a la redacción
inicial, al consagrar la “formulación de la acusación” como punto de inicio
del término para obtener la libertad, además de que el mismo se amplió a ciento
veinte días los cuales deberán contarse de forma ininterrumpida tal como se
desprende del último inciso. El tenor literal de la norma es el siguiente:
“ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. Las medidas de
aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante
toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato
y solo procederá en los siguientes eventos:
(…)
5. Cuando transcurridos ciento veinte
(120) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación,
no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.”[15] (Subrayado fuera de texto).
De la evolución legislativa del aparte
estudiado se pueden sintetizar dos cambios. Por una parte, el aumento
progresivo del tiempo necesario para que opere la libertad por vencimiento de
términos y de otro lado, el momento a partir del cual se inicia el cómputo para
el mismo. Del tenor original de la norma demandada, en el que se preveía la
expresión “formulación de la acusación”, se pasó a la “radicación del escrito
de acusación”, la cual tuvo su última modificación al volver al estado
original, empleando la “formulación de la acusación” como punto de partida para
que se de la libertad tras 120 días sin que comience la audiencia de
juzgamiento.
Esta evolución normativa, da lugar a
entender que el legislador utilizó el concepto de formulación de la acusación
haciendo referencia al acto complejo de acusación, el cual como se verá
a continuación, consta de dos momentos procesales diferenciados.
4.2 La formulación de la acusación
como acto complejo: entre el escrito de acusación y la
Audiencia
Tal como la
Corte Suprema de Justicia ha establecido en su jurisprudencia, la
Acusación es un acto complejo que incluye dos momentos procesales
regulados de forma separada[16]:
el escrito de acusación y la audiencia de acusación. Así por ejemplo, en Auto
del 21 de noviembre de 2012, expresó:
“Dígase, entonces, que en la
Ley 906 de 2004 la acusación es un acto complejo que incluye dos
momentos procesales distintos y regulados de forma independiente[17],
cuales son la presentación del correspondiente escrito por parte de la fiscalía
y la audiencia de su formulación, dirigida por el juez de conocimiento.” [18] (Negrilla fuera de texto)
La Corte Constitucional[19], por su
parte, siguiendo la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia[20],
ha establecido que la formulación de la acusación es un acto complejo, que se conforma
por dos oportunidades procesales: (i) por una parte, el escrito que presente la
fiscalía ante el juez del conocimiento y (ii) por otra, la formulación oral de
la acusación que se haga dentro de la
Audiencia del mismo nombre. Tal acto complejo se traduce a su vez en un
procedimiento formalizado que se desarrolla a través de: (i) la presentación
del escrito de acusación ante el juez competente[21], (ii) dentro
de los tres días siguientes a la recepción del escrito, la fijación de la fecha
para la audiencia de formulación de acusación[22]
y (iii) la realización de la audiencia[23].
4.3 De las dos interpretaciones
posibles respecto de la expresión “formulación de la acusación”
De una lectura gramatical de la expresión
acusada, no surge un sentido normativo unívoco. Por el contrario, la ambigüedad
que contiene da lugar a que se deriven al menos dos posibles interpretaciones
atendiendo la complejidad de la acusación que como se ha visto se encuentra
conformada por dos momentos procesales bien definidos. Una primera interpretación
conduce a que se entienda que el plazo para el vencimiento de términos del
numeral 5 del artículo 317 comience a contarse a partir de la
Audiencia de formulación de la acusación. Una segunda interpretación, hace
concluir que el mencionado término debe empezar a contarse a partir de la
presentación del escrito de acusación.
4.3.1 Primera interpretación. Derecho
viviente como corolario de la Jurisprudencia de la
Corte suprema de Justicia.
La primera interpretación, se sustenta en el análisis histórico de
la evolución normativa. Al operar el cambio terminológico, en el tránsito
legislativo anteriormente analizado, se puede deducir que el legislador optó
porque no fuera con el escrito de acusación sino con la audiencia de
formulación de acusación que se empezara a contar el término de 120 días
previsto para obtener la libertad. En la medida que con la
Audiencia de formulación de acusación se cierra el acto complejo de acusación,
debería ser a partir de ésta que se cuente el plazo legal del artículo 317 de la
Ley 906 de 2004. Esta ha sido la postura reiterada de la
Corte Suprema de Justicia al resolver recursos de Habeas corpus[24] a
pesar de que la misma Corporación reconoce la inexistencia de un término para
obtener la libertad en el interregno aludido[25]
y en la mayoría de los casos, el tiempo que transcurre entre la presentación
del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo supera ampliamente
el término de 120 días[26].
Sobre la postura constante de la
Corte Suprema resulta ilustrativo el siguiente texto que se reitera
textualmente casi de manera constante en la jurisprudencia sobre el tema:
“De esta manera, el legislador quiso, y
así lo determinó expresamente, que el término se computara de manera
ininterrumpida en días calendario, de nuevo a partir de la audiencia de
formulación de acusación adelantada ante el juez de la causa y no desde la
presentación del escrito acusatorio por parte de la
Fiscalía.
De ello no hay duda, pues, como se anotó
con antelación, si bien la acusación constituye un acto complejo, la
presentación del pliego de cargos y la audiencia de formulación de acusación,
son dos momentos totalmente diferentes y con regulación independiente en la
legislación procesal penal.
Esa diferencia se evidencia en las
diferentes posturas asumidas por el legislador, no solo por la forma como optó
por regular dichos estadios procesales, sino por las modificaciones que ha
realizado al citado numeral 5° del artículo 317, pues, en un primer y último
momentos aludió expresamente a la audiencia de formulación de acusación, en
tanto que, en una fase intermedia se refirió a la presentación del escrito
acusatorio, quedando así claro que no se trata de una confusión.”[27]
Visto lo anterior, se ha entendido que la
verificación del cómputo debe realizarse una vez surtido el acto complejo de
acusación, el cual, tal como se desprende de lo analizado, concluye con la
audiencia de formulación de la acusación. Sin embargo, persiste la duda que
surge del cargo expuesto por los demandantes sobre el interregno entre la
presentación del escrito de acusación y la audiencia de formulación de
acusación, el cual resulta indeterminado.
Ahora bien, a raíz del desarrollo reiterado y pacífico
de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la aplicación
del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 de 2004, puede afirmarse que se
trata de lo que se ha denominado como derecho viviente[28].
Según esta doctrina, originalmente
desarrollada por la Corte Constitucional Italiana[29], para poder
fijar el sentido de una disposición acusada, el juez constitucional debe tener
en cuenta la forma como los operadores jurídicos, los doctrinantes y en
especial la jurisprudencia la han entendido, más aún cuando la “interpretación
jurisprudencial y doctrinaria representa una orientación dominante bien
establecida”[30].
De esta manera se respeta la interpretación que de la norma haga el juez
respectivo dentro de su autonomía, a la vez que se adelanta un control
constitucional sobre el derecho realmente existente y no sobre contenidos que
carecen de aplicación práctica.
Cabe de igual manera aclarar que para que la
jurisprudencia adquiera el carácter de derecho viviente, es necesario que se
cumplan ciertas exigencias o requisitos. De acuerdo con lo señalado por la
jurisprudencia de esta Corporación[31],
puede considerarse que constituye derecho viviente “la interpretación
jurisprudencial y doctrinal: (i) que sea consistente, aun cuando no sea
idéntica y uniforme, y salvo que resulte abiertamente contradictoria, caso en
el cual no puede hablarse de una regla normativa generalmente acogida; (ii) que
esté plenamente consolidada o afianzada, como se mencionó, una sola
opinión doctrinal o una decisión judicial de los órganos de cierre de la
respectiva jurisdicción -Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, no
alcanza a conformar un criterio dominante de interpretación; y que sea relevante
o significativa, en cuanto permita señalar el verdadero espíritu de la
norma o determinar sus alcances y efectos.”
Como se colige del análisis realizado, la
jurisprudencia de la Corte Suprema cumple con los requisitos mencionados para
considerarse derecho viviente. La interpretación hecha es consistente a lo
largo de su jurisprudencia, ya que desde el 2011 cuando se fijó la posición
jurisprudencial, hasta la fecha ha tratado el tema en discusión de manera
idéntica en diversos fallos[32],
lo que hace que esté consolidada y resulta relevante para señalar cómo debe
entenderse la expresión “formulación de la acusación”. No obstante, como
se expondrá a continuación, esto no impide el análisis de conformidad de
constitucional.
La Corte Constitucional
ejerce el control constitucional en defensa de la norma superior, no sobre la
legalidad o conveniencia de las interpretaciones vertidas por otros órganos
judiciales, sino sobre contenidos normativos conforme el contexto real dentro
del cual han sido interpretados y aplicados[33].
Al respecto, la Corte ha expresado que:
“el control de constitucionalidad está llamado a
cumplirse sobre el texto de la norma demandada que se encuentra produciendo
efectos jurídicos y que es oponible a los destinatarios de la ley, y en ningún caso
sobre aquellos contenidos que carecen de eficacia y que son del todo
intrascendentes en el mundo del derecho. Por otra parte, la doctrina del
derecho viviente evita que la
Corte Constitucional se pronuncie sobre contenidos normativos eventuales e
hipotéticos, al concentrar su atención en el sentido real de los preceptos
controlados, lo cual evita el riesgo de declarar inexequibles disposiciones
cuyo significado viviente es compatible con la
Carta, lo cual representaría un ejercicio inadecuado de sus funciones”[34]
En el presente asunto, si bien la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se manifiesta como evidencia de
la antedicha doctrina, esto no significa que el análisis constitucional deba
subordinarse a ese derecho viviente. Como se ha señalado, la utilidad de
considerar el derecho viviente es la de fijar el sentido legal de la
disposición demandada, lo que no implica automáticamente la constitucionalidad
del mismo. Una cosa es que el juez constitucional reconozca la autonomía de los
otros jueces para darle alcance a disposiciones legales y otra muy diferente es
que si la orientación que se desprende de ésta resulta contraria a la
Carta, el juez constitucional abdique en la función de controlar el respectivo
texto.
En efecto, si el derecho viviente se
traduce en una lesión a principios y normas constitucionales es necesario
examinar la posibilidad de dar una lectura diferente que no avale la
vulneración a la Constitución, viéndose obligado el juez constitucional a proponer
una interpretación en contraste con la seguida por la jurisprudencia.
Así evolucionó en su momento, por ejemplo, la
Corte Constitucional Italiana, en cuyo seno se encuentra el origen de la
doctrina del derecho viviente. La jurisprudencia constitucional italiana, ha avanzado hacia el abandono de la
doctrina del derecho viviente en favor de la interpretación conforme a la
constitución optando por pronunciamientos de interpretación conforme (adeguatrice)[35] ya que ha reconocido claramente que el
derecho viviente no equivale necesariamente a derecho conforme a la
Constitución[36].
Por su parte, la
Corte Constitucional colombiana no ha sido ajena a esta consideración y no han
sido aislados lo pronunciamientos en los cuales se ha asumido el análisis de
normas que contaban con una interpretación tildada de contraria a la
Constitución[37].
En jurisprudencia de esta Corporación, se ha señalado que “corresponde a esta Corte
Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la
Constitución (CP art. 241), examinar si las disposiciones sometidas a control,
tal y como han sido entendidas por el derecho viviente, se ajustan o no a la
Carta” [38]
y que, “cuando la interpretación que la jurisprudencia y la doctrina hacen
de la ley representa una orientación predominante y definida de la norma, es
deber del juez constitucional -en principio- el de acogerla, a menos que
resulte palpable su oposición con los preceptos superiores.” (Subraya
fuera de texto), por lo que “el juez constitucional conserv[a] su
total autonomía para definir si, incluso la interpretación más reputada de la
norma, contraría los mandatos del estatuto constitucional.”[39]
En virtud de lo expresado hasta ahora, la
Sala concuerda en que es necesario no solo analizar la conformidad de la
expresión según el derecho viviente con la
Constitución, sino que, de ser pertinente, encontrar una fórmula, que pueda
conjurar la inconstitucionalidad en la que esté inmersa la disposición
demandada, basada en una interpretación razonable de la norma que se ajuste al
ordenamiento superior.
4.3.2 Segunda interpretación. Análisis
literal de la expresión y sistemático de la
Ley 906 de 2004
Una segunda interpretación, se desprende de un análisis literal de
la expresión y una lectura sistemática del Código de Procedimiento Penal. Como
se desglosa de un análisis en conjunto de dicho cuerpo normativo, la expresión
acusada en su forma verbalizada, no sustantivada, esto es “formular la
acusación”, aparece mencionada en dos ocasiones como sinónimo del escrito
de acusación. En el primer caso, inserta en el artículo 175 donde se fija la
duración de los procedimientos, textualmente se expresa que:
ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS. <Artículo modificado por el artículo 49 de la
Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El término de que
dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión
no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la
formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este
código.(Negrillas fuera
de texto)
(…)
Por su parte, en el artículo 294 del
mismo cuerpo normativo, relacionado con el vencimiento de términos que prevé el
artículo 175 para que la fiscalía formule la acusación se establece que:
ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO.
<Artículo modificado por el artículo 55 de la
Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el término
previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular
la acusación ante el juez de conocimiento. (Negrillas fuera de texto)
(…)
En este sentido, la
Corte Suprema de Justicia ha coincidido en equiparar la expresión “formular la
acusación” con la presentación del escrito de acusación[40].
Esta conclusión la confirma el hecho de
que dentro del texto de la norma acusada no se usó específicamente la expresión
“audiencia de formulación de acusación”, como si se ha hecho en todos los
apartes del Código de Procedimiento Penal[41],
cuando se quiere hacer referencia a esta audiencia y de forma muy particular
cuando de plazos se trata. Al respecto, puede ser de utilidad traer como
ejemplo nuevamente la norma que regula los términos para los procedimientos. El
artículo 175 al respecto precisa que:
(…)
La audiencia preparatoria deberá
realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y
cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. (Negrilla fuera de texto)
En síntesis: para la
Corte resulta claro que si se hubiera pretendido establecer como punto de
partida uno u otro acto procesal, se habría hecho utilizando cualquiera de los
términos que en los numerosos artículos se emplean de la
Ley 906 de 2004. Sin embargo, como se acaba de demostrar, en el caso de la
norma demandada, esto no se hizo, lo que da lugar a que de su lectura surjan como
viables las dos interpretaciones antes expuestas. En este sentido, la
existencia de estas dos interpretaciones conduce a que sea posible entender que
el término del artículo 317 se comienza a contar o bien (i) a partir de la presentación
del escrito de acusación, o bien (ii) a partir de la respectiva audiencia.
Siendo estos los sentidos que se derivan
de la disposición acusada, pasa la Corte a recordar los contenidos
constitucionales a los que su interpretación debe estar sometida.
5. Las
medidas de aseguramiento. Finalidad y exigencias frente a la norma acusada
El Código
de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, contiene una serie de medidas de
aseguramiento de distinta raigambre que aunque afectan en un sentido lato la
libertad, no siempre comportan la privación efectiva de ella (artículo 307
C.P.P).
Como lo ha
reconocido la Corte Constitucional[42],
frente a la imposición de medidas de aseguramiento se encuentra la tensión de
diversos principios constitucionales, por un lado la libertad personal y la
presunción de inocencia y por otro, la necesidad de limitar derechos durante el
proceso en aras de garantizar la eficacia de la justicia.
Actualmente,
dicha disyuntiva se soluciona atendiendo el carácter preventivo de la medida de
aseguramiento cuyo propósito es el de garantizar el
cumplimiento de los fines de la investigación[43].
Por tal razón, se requiere partir de un cierto grado de certeza a la hora de
decretarla, de forma tal que “los elementos materiales probatorios y
evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente
se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de
la conducta que se investiga. (Art. 306
C.P.P.).[44]
En
este sentido la Corte, al declarar la exequibilidad de la medida de detención preventiva
frente al principio de presunción de inocencia, ha manifestado que “[e]l propósito que orienta la adopción de este tipo de
medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio.”[45] y que “el imputado o acusado que se encuentre
cobijado por una medida de aseguramiento o por una formulación de acusación,
está amparado por el principio de presunción de inocencia.”[46]
La
Corte ha considerado que de conformidad con el artículo 29 de la
Constitución Política (debido proceso y presunción de inocencia), las medidas
de aseguramiento deben someterse al cumplimiento de las estrictas exigencias
que determinan su legalidad[47].
Igualmente, siguiendo el numeral 1 del artículo 250
constitucional y el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, los requisitos
para decretar la medida de aseguramiento se resumen en: (i) evitar que el imputado obstruya el
debido ejercicio de la justicia, bien sea mediante la destrucción de las
pruebas o la amenaza de testigos; (ii) que el imputado constituya un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o que (iii) el imputado no
comparecerá al proceso. Además el juez deberá tener en cuenta para decretar la
medida, la probabilidad que la persona sea autor o partícipe del hecho que se
le imputa, en concordancia con los elementos materiales probatorios y la
evidencia física recogida o de la información obtenida legalmente.
La Corte
ha puesto el acento en que el carácter de las medidas de aseguramiento, de
ninguna forma puede ser equivalente a la pena impuesta como condena. Al
respecto se ha expresado que:
“De
otra parte es pertinente precisar también que las medidas de aseguramiento no
equivalen a la sentencia condenatoria, ni pueden ser confundidas con las penas
que mediante tal providencia se imponen. Son simples medidas cautelares – no
sentencias - que sólo pueden dictarse, con carácter excepcional, preventivo
pero no sancionatorio cuando se reúnan de manera estricta los requisitos
fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto, y cuando resulten
indispensables para alcanzar la finalidad constitucional que con ellas se
persigue, esto es, para asegurar la comparencia del imputado al proceso, la
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de la
víctima.”[48]
Si no se
pueden equiparar las medidas de aseguramiento a la condena penal, entre otras
circunstancias porque aún no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, la
restricción de derechos fundamentales y particularmente de la libertad personal
en materia de aquellas, debe ser mucho más limitada en sus estándares que
frente a la misma pena.
En cuanto a los límites de las medidas de
aseguramiento la Corte, siguiendo lo establecido en los
artículos 28 y 29 superiores y los diferentes instrumentos internacionales que
forman parte del bloque de constitucionalidad, ha explicado que se ajustan a la
Constitución, si son decretadas por el juez competente, cumpliendo las
formalidades contenidas en la ley y cuando los motivos que dan lugar a ellas
estén previamente establecidos en la misma. Textualmente se ha manifestado en
su jurisprudencia:
“Así, una cosa es detener al individuo contra
el cual existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente,
para que esté a disposición de la administración de justicia mientras se
adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los
trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las
garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el
juez a la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal
y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la
ley. Es entonces cuando se desvirtúa la presunción de inocencia y se impone la
pena.
Es claro que tal presunción subsiste respecto de quien
apenas está detenido preventivamente o ha sido objeto de otra medida de
aseguramiento, ya que ninguna de ellas tiene por fin sancionar a la persona por
la comisión del delito. Mal podría ocurrir así pues en esa hipótesis se estaría
desconociendo de manera flagrante el debido proceso.
Las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo.
Ellas pueden aplicarse, a la luz de la
Constitución, si se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la
Carta. Así, si media orden escrita del juez competente, se han cumplido las
formalidades que la ley consagre al respecto y el motivo de la detención,
conminación, prohibición de salida del país o caución está nítidamente
consagrado en norma legal preexistente, tales medidas se ajustan al mandato
constitucional y no implican desconocimiento del debido proceso, aplicable en
el caso de las penas.
Pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba
estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar su
carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente inoficiosa la
función judicial, pues la decisión correspondiente podría tropezar -casi con
certeza- con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena
que llegara a imponerse.
Debe resaltarse que la norma constitucional del artículo 28
y las legales que desarrollan el instituto de las medidas de aseguramiento no
implican posibilidad de abuso de la autoridad judicial competente, pues ésta,
al tenor de la Carta, debe estar fundada en motivos previamente definidos en la
ley. Tales motivos, según las normas acusadas, son los indicios graves de
responsabilidad que existan en contra del sindicado.
Claro está, tratándose del derecho fundamental de la
libertad, aplicando el artículo 94 de la
Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe
interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia, los cuales conciben la detención preventiva como una
excepción, es decir como un instrumento al cual únicamente puede apelarse en
los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio
de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente
juicio y su disponibilidad para la ejecución del fallo…”[49]
En
consonancia con las limitaciones que operan en general frente al poder punitivo
del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado férreamente la
prohibición de delitos y
penas indeterminados. Al respecto, se ha dicho:
“En conclusión, la jurisprudencia ha
reconocido un amplio espacio de configuración legislativa en orden a determinar
que bienes jurídicos son susceptibles de protección penal, las conductas que
deben ser objeto de sanción, y las modalidades y la cuantía de la pena.
No obstante, debe tratarse de una prerrogativa sujeta a límites. Estos
límites están dados fundamentalmente por el respeto a los derechos
constitucionales de los asociados, el deber de respetar el principio de
legalidad estricta, y los criterios de razonabilidad, proporcionalidad,
aplicables tanto a la definición del tipo penal como a la sanción imponible.
Dentro de las garantías que involucra el principio de legalidad estricta se
encuentra la prohibición de delitos y penas indeterminadas. En relación con
este aspecto se han estudiado los tipos penales en blanco, respecto de los
cuales la jurisprudencia ha admitido su constitucionalidad siempre y cuando la
remisión normativa permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance
de la conducta penalizada y la sanción correspondiente.”[50] (Subrayado fuera de texto)
Si esto es así frente a quien se ha concluido que
tiene la responsabilidad de un hecho punible, una vez se ha desvirtuado la presunción
de inocencia, mucho más se debe limitar la actuación del Estado en el ejercicio
del ius puniendi tratándose de una persona sobre la cual recae el manto
de inocencia y por lo mismo no hay una condena, sino tan solo, una medida que
busca cumplir determinados fines dentro del proceso. Al respecto es importante
reiterar en este punto, que la privación
de libertad del procesado no puede residir en fines preventivo-generales o
preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar
en un fin legítimo.[51]
Estas
limitaciones respecto de las medidas de aseguramiento y particularmente las que
tienen efectos directos sobre la libertad personal, han sido recalcadas tanto por la Corte Constitucional[52] como por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, ha manifestado el
tribunal regional que para que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia con las
garantías consagradas en la
Convención, su aplicación debe conllevar un carácter excepcional y respetar el
principio de presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y
proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática[53]. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una
motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones
señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el derecho a la libertad
personal contenido en el artículo 7 de la Convención[54].
Por lo tanto, la indeterminación que es prohibida
frente a las sanciones penales debe serlo ineludiblemente sobre las
circunstancias que pueden dar lugar a una privación indefinida producto de una
medida de aseguramiento.
El hecho de hacer producir efectos negativos a una medida de
aseguramiento permitiendo su duración indeterminada en alguna etapa del
proceso, desvirtúa su naturaleza preventiva y su propósito de salvaguardar los
fines del proceso que le dio origen, adquiriendo connotaciones
desproporcionadas.
Con razón,
la doctrina ha sostenido que “[n]inguna ley procesal que se diga respetuosa
de las libertades humanas podría elaborar sus principios rectores sin antes
señalar clara y precisamente las oportunidades legales en que se puede hacer
cesar el estado de cosas de detención preventiva. Por lo tanto, no se concebiría
un procedimiento penal sin una regulación concreta sobre la excarcelación, bien
como un simple beneficio, o como un derecho subjetivo del procesado. Lo
contrario conduciría a que en este campo jurídico alcanzara plena realidad la
amarga expresión de Carnelutti cuando dijo que la libertad es el cero del
derecho”.[55]
6. El plazo
razonable y las dilaciones injustificadas como parte del debido proceso penal
Comoquiera
que el cargo que proponen los demandantes, referido a la manera como está
configurada la libertad por vencimiento de términos, se fundamenta en la
presunta vulneración al plazo razonable y a la prohibición de las dilaciones
injustificadas, como elementos constitutivos del derecho a un debido proceso,
es preciso reiterar la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación con
base en el bloque de constitucionalidad en torno a su alcance.
El derecho a
un plazo razonable hace parte del debido proceso y ha sido consagrado
expresamente en el artículo 8.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual: “toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
La relevancia
del derecho al plazo razonable ha sido reconocida reiteradamente por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[56],
y ha establecido que el
derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso
en forma que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos frustrando la obligada
protección de los derechos humanos[57].
Por su
parte, los jueces se encuentran limitados por determinadas obligaciones que
conllevan la observación de los términos procesales consagrados constitucional
y legalmente para el cumplimiento de las actuaciones que adelantan[58].
Esto se fundamenta en los principios que informan la administración de justicia
consagrados en la Ley 270 de 1996, y que desarrollan los artículos 28, 29 y 228
de la Constitución. Dentro de aquellos, tienen especial relevancia
para el presente caso, la celeridad, la eficiencia y el respeto de los derechos
de quienes intervienen en el proceso[59].
Sin embargo, el problema surge cuando, como en el presente caso, el
legislador ha omitido establecer con claridad los términos que pueden extender
la privación de la libertad, por demás provisional, de quien se encuentra en un
proceso penal. En tal circunstancia, en atención a alguna de las posibles
interpretaciones, queda al arbitrio del juez la extensión del mismo, conduciendo
a eventuales dilaciones injustificadas que derivan en la afectación de la
libertad del procesado.
En particular
sobre el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas en el ámbito penal,
la Corte Constitucional ha señalado que el establecimiento de términos de
instrucción constituye prenda que garantiza la efectividad del derecho del procesado
a que no ocurran durante el transcurso del proceso dilaciones injustificadas o
una prolongación indefinida del mismo sin términos procesales perentorios:
“El
señalamiento de plazos temporales de carácter perentorio para que se cumpla una
actuación o se agote una determinada etapa procesal, como en este caso se
hace para la fase instructiva en los procesos a cargo de los jueces regionales
y del Tribunal Nacional, constituye prenda que garantiza la efectividad del
derecho del  procesado a que no ocurran durante el adelantamiento del proceso
dilaciones injustificadas o una prolongación indefinida del mismo sin términos
procesales perentorios. Es evidente que la naturaleza de los delitos de los
cuales conocen los jueces regionales y las circunstancias en que se cometen
dichos hechos punibles, implican mayores obstáculos para la recaudación de las
pruebas correspondientes, lo cual conduce a la necesidad de prever un lapso
mayor que el consagrado para los otros delitos con el fín de adelantar la
investigación correspondiente en forma más acertada y completa[60].
(Subraya fuera de texto)
Igualmente, referido a la duración de la
privación temporal de la libertad, la
Corte Constitucional ha considerado desde sus inicios que:
“El artículo 29 de la
C.P., reconoce el "derecho a un debido proceso público sin dilaciones
justificadas". Se concreta en el ordenamiento interno, el derecho que con
similar formulación se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de Nueva York de 1966 (art. 14.3 c.), suscrito por Colombia.
La recta y pronta administración de
justicia, deja de ser un simple designio institucional para convertirse en el
contenido de un derecho público subjetivo de carácter prestacional ejercitable
frente al Estado en los supuestos de funcionamiento anormal de la jurisdicción.
En ausencia de determinación legal, el
concepto indeterminado "dilaciones injustificadas", debe deducirse en
cada caso concreto con base en pautas objetivas que tomen en cuenta, entre
otros factores, la complejidad del asunto, el tiempo promedio que demanda su
trámite, el número de partes, el tipo de interés involucrado, las dificultades
probatorias, el comportamiento procesal de los intervinientes, la diligencia de
las autoridades judiciales etc.  Sin embargo, en ciertos casos, es el propio
legislador, en guarda de valores superiores, el que determina el contenido y
alcance del aludido concepto, para lo cual establece términos perentorios cuyo
incumplimiento desata consecuencias que bien pueden mirarse como riesgos
conscientemente asumidos por el ordenamiento para no lastimar un bien superior.
En estos eventos, el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones
injustificadas, adquiere prevalencia sobre consideraciones puramente orgánicas
y funcionales propias del aparato de la justicia.
Precisamente, la fijación legal de un
término máximo de duración de la detención provisional, obedece al enunciado
propósito. La duración de la privación temporal de la libertad, aplicable
a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad
democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés
legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los
culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas
y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial.”[61](Subraya fuera de texto)
En efecto, el establecimiento de límites
temporales a la duración de la detención preventiva parte de los principios de
legalidad y proporcionalidad que deben gobernar la medida. A partir del
pensamiento liberal, en el que el poder del Estado debe estar controlado, el ius
puniendi, como manifestación del mismo, no puede sustraerse a las
restricciones constitucionales, una de los cuales es la duración del proceso
penal y en particular de las medidas que resulten restrictivas de derechos. Al
respecto la Corte Constitucional ha expresado que “no podrán tipificarse
conductas que desconozcan los derechos fundamentales, que no resulten idóneas
para proteger bienes constitucionales o que resulten desproporcionadas o
irrazonables. Lo mismo puede predicarse de las sanciones. Estas restricciones,
como se indicó antes, operan frente a toda decisión estatal en materia
punitiva” [62].
(Subraya fuera de texto). En este sentido se determina la imperiosa necesidad
de establecer precisos límites temporales para el encarcelamiento preventivo.
De esta
forma, la indefinición de términos, particularmente cuando puedan afectar la
libertad personal del procesado, resulta inconstitucional. Así lo ha entendido la
Corte en sentencia C-1198 de 2008, cuando al analizar la expresión “justa o” contenida en el parágrafo del artículo 30 de la
Ley 1142 de 2007, estableció que ésta era inconstitucional por cuanto dejaba
al arbitrio del funcionario judicial el cumplimiento o no de los términos para
celebrar el juicio oral. En aquella oportunidad, se dijo que la indeterminación
del supuesto fáctico conducía a la ambigüedad de cuándo se realizaba la
audiencia de juicio oral. Esta circunstancia vulneraba tanto la garantía de
libertad personal como el derecho a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas. Al respecto, la mencionada sentencia consideró que:
“6.4. Encuentra la sala
que la expresión “justa o”, dentro del sistema acusatorio que se sustenta en
una nueva previsión constitucional, a partir del Acto Legislativo 03 de 2002,
no atiende las exigencias referidas en los precedentes, como quiera que el
supuesto fáctico allí consagrado no supera el imperativo de ser claro, preciso
y unívoco, toda vez que su indeterminación conduce a ambigüedad acerca del
momento en el cual se realizará la audiencia de juicio oral, vulnerando así la
garantía de la libertad personal consagrada en el artículo 28 superior.
Igualmente la preceptiva referida contraviene el imperativo constitucional que se
impone a los funcionarios judiciales de observar “con diligencia” los términos
procesales, so pena de ser sancionado su incumplimiento (art. 228).
Cabe recordar que el
artículo 29 constitucional señala que el sindicado tiene derecho a un debido
proceso público sin dilaciones injustificadas, norma que al igual que
los artículos 28 y 228 previamente referidos tienen desarrollo en la
Ley 270 de 1996, donde se señalaron una serie de principios que rigen la
administración de justicia, dentro de los cuales se consagraron la celeridad
(art. 4°), la eficiencia (art. 7°) y el respeto de los derechos de quienes
intervienen en el proceso (art. 9°).
Esas normas deben ser
interpretadas sistemáticamente, de modo que permiten establecer que los
funcionarios judiciales tienen la obligación de adelantar las actuaciones de
forma célere y diligente, al tiempo que conlleva la observación de los términos
procesales consagrados constitucional y legalmente para el cumplimiento de las
actuaciones que adelantan.
Entonces, esta corporación
declarará la inexequibilidad de la expresión “justa o” contenida en el
parágrafo del artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, como quiera que deja al
arbitrio del funcionario judicial cumplir o no los términos para celebrar el
juicio oral.”[63]
En síntesis, las garantías que integran el debido
proceso, y entre ellas el derecho a un proceso sin dilaciones injustas y en un
plazo razonable, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones,
particularmente las judiciales, pues constituyen un presupuesto para la realización
de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico. Ello es así por
cuanto la concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la
justicia, impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su
efecto vinculante pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea
de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella.[64]
7. La
libertad del legislador para fijar términos procesales
El cargo que plantean los demandantes está estrechamente relacionado
con la fijación o no de términos por parte del legislador, que pueden afectar
la libertad de la persona dentro del proceso penal, por lo tanto, es pertinente
adelantar brevemente el análisis del margen de configuración del legislador en
la materia.
La Corte ha manifestado que el legislador tiene amplio
margen de configuración de los términos procesales. El Congreso es autónomo
para establecer los plazos que se tienen para ejercer derechos ante las
autoridades[65],
y en este sentido el juez constitucional no tiene un parámetro, por regla
general, para juzgar la duración adecuada del plazo[66] más allá de que sea
razonable[67]
y del límite que plantea su finalidad, esto es, permitir la realización del
derecho sustancial[68].
En cuanto a la mayor o menor extensión de los términos procesales, y
de la labor de control del juez constitucional en la materia, la jurisprudencia
ha manifestado que “a no ser que de manera evidente el término, relacionado
con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan
nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori
que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales.”[69]
Por lo anterior, el juez constitucional no está “llamado a determinar cuáles
deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión
de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se
puedan presentar en la legislación.”[70]
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha condensado los
puntos más relevantes en cuanto a la libertad del legislador en materia de
términos procesales y la posibilidad de control del juez constitucional de la
siguiente manera:
“(i)
El
establecimiento de términos perentorios no contradice la
Carta Política;
(ii)
Los términos
procesales persiguen hacer efectivos varios principios superiores, en especial
los de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso;
(iii)     Los términos procesales cumplen
la finalidad de garantizar los derechos de acceso a la justicia y al debido
proceso;
(iv)     No existen parámetros en la
Constitución a los cuales pueda referirse el legislador o el juez
constitucional para valorar si la extensión de los términos procesales es
adecuada;
(v)       Por lo anterior, el legislador
tiene una amplia potestad en la materia, limitada únicamente por los principios
de razonabilidad y proporcionalidad, y por el fin que en general persiguen las
formas procesales, cual es permitir
la realización del derecho sustancial;
(vi)     La función del juez constitucional a la hora de
examinar las leyes que consagran términos procesales se limita a controlar
los  excesos, es decir a rechazar aquellas normas que desbordando
notoriamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos
exageradamente largos, que redunden en un desconocimiento del los principios de
celeridad, eficacia, y seguridad jurídica,
o que, por manifiestamente cortos, impidan hacer efectivos los derechos de
defensa y contradicción probatoria.”[71]
Ahora bien,
cuando, como acontece en el caso sub examine, a raíz del derecho
viviente que se ha desarrollado a través de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, como una de las posibles interpretaciones de la
norma, está en juego la libertad de las personas y los términos procesales
relacionados no existen o son indeterminados, se presenta una violación a los
principios y derechos constitucionales que el juez constitucional está llamado
a corregir. Se recuerda que, conforme a la acusación que efectúan los
demandantes,  tanto de la redacción de la norma como de la ausencia de
regulación específica del tiempo máximo que debe correr entre el escrito de
acusación que presenta la Fiscalía y la fecha de la
Audiencia de formulación de la acusación, se desprende que el juez no tiene
sujeción a término procesal alguno, lo que  permitiría dilaciones que pueden
trasladarse al procesado afectando negativamente sus derechos fundamentales a
la libertad y al debido proceso en su faceta de evitar las dilaciones
injustificadas.
8. Análisis concreto del cargo
Los actores alegan que de la expresión “la
formulación de la acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la
Ley 906 de 2004, se deriva una interpretación que quebranta las normas
constitucionales que se refieren a las dilaciones indebidas y el plazo
razonable como manifestación del debido proceso, y al principio de celeridad
procesal que orienta la administración de justicia, lo que redunda en la
vulneración del derecho fundamental a la libertad. Consideran que la disposición
acusada permite la privación provisional de la libertad de una persona sin
sujeción a un plazo razonable. Alegan que cuando se asimila la expresión “formulación
de la acusación” a la realización de la audiencia de lectura de acusación,
el procesado sujeto a medida de aseguramiento queda sometido a soportar una
privación de sus derechos sin sujeción a un plazo máximo, por cuanto el término
comprendido entre la presentación del escrito de acusación y la realización de
la audiencia de lectura del mismo no se encuentra regulado como computable para
obtener la libertad por vencimiento de términos.
Recuerda la
Sala que del tenor de la norma y conforme al análisis adelantado en el apartado
4 de esta sentencia, la expresión demandada permite establecer dos
interpretaciones posibles. La primera, se refiere a que los términos para
obtener la libertad conforme al numeral 5 del artículo 317, comienzan a
contarse a partir de la audiencia de formulación de la acusación; interpretación
que tiene como fundamento la evolución histórica de la norma. De acuerdo con la
segunda interpretación, los términos de la norma analizada se deben contar a
partir de la presentación del escrito de acusación, conclusión que tiene origen
en un análisis gramatical y sistemático de la
Ley 906 de 2004.
Por otra parte, y tal como ha quedado
consignado en los apartes anteriores, tanto la detención provisional como las
demás medidas de aseguramiento son simples medidas preventivas, no asimilables
a la condena, y que por consiguiente deben ser de carácter temporal. Por tal
motivo, y en aras de evitar la desproporción de la medida, ésta debe estar
supeditada a tiempos determinados. Para el caso concreto, expirados los
términos establecidos en el artículo 317 de la
Ley 906 de 2004, el sindicado tiene derecho a la libertad.
Recuerda la Sala que, la libertad y el debido proceso
se encuentran estrechamente relacionados a pesar de que ambos derechos
pertenecen a ámbitos y contenidos diversos. Particularmente, “el debido
proceso se ocupa de
señalar las reglas, momentos y oportunidades que gobiernan el curso de un
averiguatorio, a fin de que los sujetos procesales e intervinientes tengan
claridad sobre los momentos pertinentes para hacer valer sus derechos e
intereses”[72].
Así, si bien el artículo 317 tiene como fin evitar la
indefinición en la privación real de la libertad personal de quien está
incriminado, también tiene efectos necesarios en el debido proceso. La
definición de cuándo se tiene el derecho a quedar en libertad por la inacción o
mora de la administración de justicia hace parte del señalamiento de dichas
reglas, momentos y oportunidades que gobiernan el curso del proceso.
En este sentido, la primera
interpretación, aquella de acuerdo con la cual el término de 120 días se
empieza a contar a partir de la audiencia de formulación de la acusación,
tiene como consecuencia la  indefinición del interregno que trascurre entre la presentación
del escrito de acusación y la audiencia de formulación de acusación, lo que
conduce a que entre la
radicación del escrito de acusación y dicha audiencia el procesado pueda estar
indefinidamente sujeto a una medida de aseguramiento, sin que exista un límite
concreto para proseguir con las etapas procesales respectivas, ni para obtener
la libertad por vencimiento de términos.
Este sentido normativo derivado de la norma
acusada afecta el debido
proceso, a la vez que redunda negativamente en la libertad de la persona que se
encuentra privada provisionalmente de sus derechos. Esto por cuanto permite la dilación ilimitada de la
medida de aseguramiento, lo que a todas luces es una consecuencia injusta, en
tanto que la circunstancia de la demora en la iniciación de la
Audiencia no le es atribuible al acusado.
Es oportuno hacer referencia en este punto, que a
contrario de lo que afirma la intervención del Ministerio de Justicia y del
Derecho, el único término que existe relacionado con este intervalo es el del
artículo 338 de la Ley 906 de 2004 que establece que “[d]entro de los tres
(3) días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha,
hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A
falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo.”
Esto indica, y la práctica lo corrobora, que el juez tiene 3 días una vez
presentado el escrito de acusación por parte de la
Fiscalía, para fijar la fecha de la audiencia de formulación de acusación. Sin
embargo, el periodo máximo en el cual pueda fijar dichas fecha, hora y lugar no
aparece regulado, siendo posible extenderse variablemente al arbitrio del
funcionario judicial.
Por el contrario, si se entiende que el término del
numeral 5 del artículo 317 principia con la radicación del escrito de
acusación –esto es, si se adopta el segundo sentido normativo deducible del
numeral acusado-, el plazo deviene cierto y no queda sujeto al arbitrio del
funcionario judicial.
La
regulación del procedimiento penal en cuanto a los términos precisos tanto para
la libertad por vencimiento de términos como para la duración de los
procedimientos[73],
es estricta y clara en virtud del principio de legalidad. En efecto, desde el
inicio del procedimiento, los
términos se encuentran claramente establecidos. Desde que se recibe la noticia
criminal por parte de la fiscalía, ésta cuenta con un plazo máximo de dos años
para formular imputación u ordenar el archivo de la investigación[74]. Luego,
conforme el artículo 175, la fiscalía tiene noventa (90)[75] días
contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación para formular
la acusación o solicitar la preclusión. Si no lo hace, conforme el
artículo 294, el fiscal pierde competencia para seguir actuando y deberá
designarse un nuevo fiscal quien tendrá que adoptar una decisión en el término
de sesenta (60) días contados desde el momento en que sea asignado al caso.
Vencido este término, tanto la defensa como el ministerio público pueden
solicitar la preclusión, y en caso de estar privado de la libertad, el
procesado obtendrá la libertad y se tendrán que levantar las medidas de
aseguramiento no privativas de la libertad que hayan sido impuestas.
Por el contrario, si luego del último término
mencionado es presentado escrito de acusación, será este el
momento a partir del cual se cuenten los 120 días previstos en el numeral 5 del
artículo 317 de la ley 906 de 2004.
Así, esta segunda interpretación permite que todas y
cada una de las actuaciones de las cuales depende el eventual levantamiento de la
medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad estén
sometidas a un límite temporal cierto y determinado, que, por consiguiente, no quedará
al arbitrio del operador judicial.
Esta segunda interpretación de la norma a la que se
hace referencia, que establece el comienzo del cómputo para la libertad por
vencimiento de términos a partir de la presentación del escrito de acusación,
resulta armónica con el procedimiento y a su vez respetuoso de las garantías y
derechos constitucionales.
Debe reiterarse que las normas penales y procesales
que implican la limitación de derechos, particularmente la libertad, deben ser
interpretadas restrictivamente y aplicadas conforme a los contenidos
constitucionales[76].
Así ante pasajes oscuros, confusos o contradictorios, la
Corte debe dilucidarlos de manera que queden limitados, recalcando la
excepcionalidad de la privación de la libertad, que aunque se encuentra justificada y permitida de forma
restringida como medida para evitar el entorpecimiento del proceso y la
alteración de las pruebas[77], ya es demasiado gravosa para los derechos fundamentales. Por lo tanto,
extender de manera indeterminada su posible duración vulnera aún mas el derecho
a la libertad de quien no ha sido declarado culpable y se encuentra privado
provisionalmente de la libertad, a la vez que afecta el debido proceso por
dilaciones que a priori pueden ser  injustificadas.
En síntesis, la
Corte observa que de las
dos interpretaciones que pueden surgir, la primera, esto es, la que fija el comienzo
del término contenido en el numeral 5 del artículo 317
a partir de la audiencia de formulación de acusación, es contraria a
principios y valores de raigambre constitucional. Por su parte, la segunda
interpretación, que indica que el término a partir del cual se cuentan los 120
días para obtener la libertad, por no haberse dado inicio a la audiencia de
juzgamiento, comienza con la presentación del escrito de acusación, es
tributaria de los contenidos derivados de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la libertad.
Solución constitucional a adoptar
La Corte debe entrar a analizar el remedio a la circunstancia de inconstitucionalidad
anteriormente descrita. Como se ha planteado, la contradicción con la
Carta Política no surge del término de 120 días previsto por la norma acusada
para la libertad por vencimiento de términos, entre otras cosas, porque como se
ha analizado en el apartado 7, el legislador goza de una amplia libertad de
configuración legislativa. La vulneración de la
Constitución se desprende de la indeterminación del periodo que existe entre
la presentación del escrito de acusación y la audiencia de formulación de la
acusación.
Considera la Corte que la decisión más acorde con la
situación descrita es la declaración de la exequibilidad condicionada de la
norma demandada,  buscando con ella corregir la ausencia de un límite expreso a
la privación provisional de derechos en general, y de la libertad en
particular, para evitar que por dilaciones injustificadas éstos se vean afectados.
Si bien el legislador no planteó concretamente, como
momento procesal para comenzar la cuenta de los términos del artículo 317,
numeral 5, el escrito de acusación, tampoco manifestó con exactitud que debía
ser la respectiva audiencia de acusación, lo que puede llevar al
entendimiento indistinto de uno u otro como punto de inicio.
Adicionalmente, la
Audiencia de formulación de la acusación funge como ritual dentro de la
oralidad que rige el sistema acusatorio en el que está inmerso nuestro
procedimiento penal, donde se corrobora lo expuesto en el respectivo escrito de
acusación, unido a un control del juez de conocimiento respecto al cumplimiento
de los requisitos formales y la correspondencia entre la imputación fáctica y
la adecuación típica, sin poder entrar a debates que sean objeto del juicio[78].
En este sentido, la
Corte declarará la exequibilidad de la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5 del artículo
317 de la ley 906 de 2004, en
el entendido que la expresión acusada hace referencia al acto de radicación del escrito de acusación y no al de
realización de la audiencia de lectura del mismo.
No obstante, la
Corte reconoce que esta decisión genera consecuencias en los procesos penales
que pueden ocasionar traumatismos en la administración de justicia y afectar
seriamente el cumplimiento de los deberes y obligaciones del Estado. Como se ha
afirmado en otras oportunidades, “la
Corte tampoco puede ser insensible a las posibles consecuencias
inconstitucionales de sus decisiones. En efecto, si una decisión tiene como
efecto directo o indirecto la afectación grave y palmaria de derechos
fundamentales o de bienes constitucionalmente protegidos, la
Corte, como guardiana integral de la
Constitución, debe intentar controlar estos efectos.”[79]. Ante
estas circunstancias, es necesario modular los efectos de la decisión
difiriéndolos en el tiempo[80]
pero asegurando el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de la
libertad. Igualmente, la Sala estima que teniendo en cuenta la libertad del
legislador en la materia, y para no usurpar funciones del poder legislativo, lo
más oportuno es exhortarlo a expedir la respectiva regulación tomando en
consideración lo expuesto en esta providencia, lo cual si no ocurre en el
término prudencial de una legislatura, daría aplicación a la presente decisión
de exequibilidad condicionada.
En este sentido, la
Corte considera necesario diferir los efectos de la sentencia de exequibilidad
condicionada hasta el 20 de julio de 2015, mientras el legislador decide, si lo
considera conveniente o necesario, regular expresamente el periodo máximo que
puede tenerse privada de la libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el
interregno entre la radicación del escrito de acusación y la audiencia de
lectura del mismo. Si al cabo de anterior término el legislador no ha adoptado
una regulación distinta, y para proteger los derechos de las personas privadas
provisionalmente de la libertad, la presente sentencia surtirá todos sus
efectos.
Conclusiones:
La expresión “formulación de la acusación” contenida en el
numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, permite establecer dos
interpretaciones posibles. La primera, se refiere a que el término para obtener
la libertad conforme al numeral 5 del artículo 317, comienza a contarse a
partir de la audiencia de formulación de la acusación, interpretación que surge
de un análisis de la evolución histórica de la disposición acusada. La segunda,
parte del supuesto de que el término referido por la norma analizada debe
contarse a partir de la presentación del escrito de acusación, la cual surge de
un análisis gramatical y sistemático de la
Ley 906 de 2004, en el ámbito de las garantías constitucionales de libertad y
presunción de inocencia.
La ambigüedad de la norma demandada, genera una indeterminación respecto
al momento en que se debe empezar a contabilizar el término para obtener la
libertad por vencimiento del mismo. Si bien, en virtud de la interpretación que
de la norma ha hecho la Corte Suprema de Justicia, se ha entendido que la
expresión acusada debe ser asimilada a la audiencia de formulación de
acusación, ya que es el último de los momentos procesales que conforman el acto
complejo de la acusación, la Sala considera que resulta inadmisible y que la única
interpretación que resulta ajustada a la
Constitución, en aras de respetar los principios de legalidad y de presunción
de inocencia, además de salvaguardar los derechos fundamentales al debido
proceso y a la libertad, es entender que la “formulación de la acusación”
se equipara a la presentación del escrito de acusación. Dicha decisión se basa
en las siguientes razones:
1.- En el asunto bajo examen, se presenta el problema de la carencia
de claridad sobre la extensión de la privación de la libertad, por demás
provisional, de quien se encuentra sometido al trámite de un proceso penal. Al
no estar regulado el término máximo que debe mediar entre el escrito de
acusación y la audiencia de formulación de acusación, se deja al arbitrio del
juez de manera indefinida la extensión del mismo, lo que conduce a eventuales
dilaciones injustificadas que derivan en abierta vulneración constitucional del
derecho de libertad del procesado.
2.- La
interpretación que avala la indefinición de términos, particularmente cuando
puedan afectar la libertad personal del procesado, resulta inconstitucional.   La Corte considera que el hecho de hacer producir
efectos negativos en una medida de aseguramiento, permitiendo la duración
indeterminada en alguna etapa procesal, desvirtúa su naturaleza preventiva y su
propósito de salvaguardar los fines del proceso que le dio origen, adquiriendo
connotaciones desproporcionadas. No evitar tal situación, equivaldría a
anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del derecho,
ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia.
3. La indeterminación, que es prohibida frente a las sanciones
penales, debe ser proscrita ineludiblemente en relación con las circunstancias
que den lugar a una privación indefinida de derechos constitucionales
–particularmente de libertad-, como producto de una medida de aseguramiento.
4. Por lo tanto, pudiendo entenderse que los términos empiezan a
contarse desde uno de los dos extremos que conforman la acusación, el mejor
remedio para conjurar dicha situación resulta entender que cuando se hace
referencia a la formulación de la acusación, se trata del primer acto
procesal de dicho acto complejo, esto es, la presentación del escrito de
acusación.
5. Con el ánimo de respetar la autonomía legislativa y evitar la
afectación grave de bienes constitucionalmente protegidos, la
Corte considera necesario diferir los efectos de la presente sentencia, hasta
el 20 de julio de 2015, hasta tanto el legislador regule, si así lo considera,
el periodo máximo que puede tenerse privada de la
libertad a una persona incluyendo en dicho lapso el interregno entre la
radicación del escrito de acusación y la audiencia de lectura del mismo.
VI.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “la formulación de la
acusación” del numeral 5º del artículo 317 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término
distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del
escrito de acusación.
Segundo.- De
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los efectos
de la anterior declaración de exequibilidad condicionada quedan diferidos hasta
el 20 de julio de 2015, a fin de que el Congreso de la
República expida la regulación correspondiente.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con
salvamento de voto
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento
aceptado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Magistrado
(E)
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con
aclaración de voto
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
FRENTE A LA SENTENCIA C-390/14
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS RÍOS, QUE
RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY 906 DE 2004 ARTICULO 317
(PARCIAL), INSTAURADA POR FLORA BLANQUICETT ACEVEDO Y MARLON TOSCANO GÓMEZ.
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Modificación
al Código de Procedimiento Penal frente a la aplicación de las causales de
libertad provisional y el término “formulación de la acusación” (Aclaración de
voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Funcionarios
judiciales han entendido que el término “formulación de la acusación” se
refiere a la realización de la audiencia generando inseguridad jurídica
(Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Se
afecta la libertad de las personas investigadas si se presenta el escrito de
acusación en término y luego se prolonga la realización de la audiencia de
formulación de la acusación durante meses (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Entendimiento
de la Corte Suprema de Justicia de la acusación como acto complejo que puede
llevar a que los funcionarios judiciales entiendan que el término comienza a
correr desde la realización de la audiencia de acusación para evitar el
vencimiento de términos (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Se
podría señalar la vigencia temporal del fallo frente a la aplicación del
principio de favorabilidad en relación con solicitudes de libertad negadas
previamente (Aclaración de voto)/LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Se podría expresar que tratándose de un fallo de
exequibilidad condicionada solo se aplicará a procesos que no hayan iniciado la
audiencia de formulación de la acusación (Aclaración de voto)
PLAZO RAZONABLE EN MATERIA DE PRIVACION DE
LA LIBERTAD ANTES DE LA SENTENCIA-Continua vulneración por los funcionarios judiciales sin ninguna
justificación presentándose múltiples acciones de habeas corpus (Aclaración de
voto)/PROCESO PENAL-Importancia del plazo razonable (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Tiempo proporcional y
razonable que debe transcurrir entre la presentación del escrito de acusación y
el inicio del juicio oral (Aclaración de voto)
LIBERTAD PROVISIONAL-Casos en que no se podrá conceder por
vencimiento de términos (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente
D-10009
Problema
jurídico planteado en la sentencia: ¿si la expresión "la formulación de la
acusación" contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004,
modificado por la Ley 1453 de 2011 que consagra las causales de libertad, es
violatoria del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al
plazo razonable, del derecho a la libertad, y la presunción de inocencia, por
cuanto, según se afirma, dicha expresión permite que la medida de aseguramiento
privativa de la libertad se prolongue de forma indefinida en el periodo
comprendido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la
Audiencia de lectura del mismo?
Motivo de
la Aclaración: presentar
algunos argumentos adicionales que fundamental la decisión adoptada por la Sala
Plena.
Aclaro el voto en la Sentencia C - 390 de 2014, pues comparto la decisión
adoptada pero deseo señalar algunos argumentos adicionales frente a ésta:
1.    ANTECEDENTES DE LA
SENTENCIA C- 390 DE 2014
Los demandantes señalan que la
expresión "la formulación de la acusación" contenida en el numeral 5o
del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 desconoce los artículos 2, 28 y 29 de la
Constitución Política, así como algunas disposiciones que hacen parte del
Bloque de Constitucionalidad. A juicio de los demandantes, esta norma permite
que  los jueces apliquen el término para que se conceda la libertad por
vencimiento del mismo, a partir de la audiencia de lectura de la acusación y no
desde la presentación del escrito de acusación. Según lo alegado, tal situación
conduce a la privación de la libertad de una persona sin la sujeción a un plazo
razonable, es decir, de forma indefinida en la medida que queda sujeta a que el
juez lleve a cabo la respectiva audiencia oral de acusación.
La Corte decidió declarar
exequible, por el cargo analizado, la expresión "la formulación de la
acusación" del numeral 5o del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el
previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de
acusación, por cuanto la carencia de claridad sobre la extensión de la
privación de la libertad de quien se encuentra sometido al trámite de un
proceso penal, afecta su libertad personal.
2.    FUNDAMENTO
DE LA ACLARACIÓN
2.1. La Ley 1453
de 2011 originó una laguna legislativa que debe ser solucionada para no afectar
el derecho a la libertad personal
La modificación realizada por
la ley 1453 de 2011 al Código de Procedimiento Penal originó una grave laguna
legislativa sobre la aplicación de las causales de libertad provisional, pues
no establece si el término formulación de la acusación se refiere a la
presentación del escrito de acusación o a la audiencia de formulación de la
acusación.
En este sentido, muchos
funcionarios judiciales han entendido que el término se refiere a la
realización de la audiencia de formulación de acusación pero en ese caso no
existiría ningún término aplicable a la privación de la libertad entre la
presentación del escrito de acusación y la realización de la audiencia de
formulación de la acusación, lo cual genera gran inseguridad jurídica.
En este sentido, esa
circunstancia se podría aprovechar para presentar el escrito de acusación en
término y luego prolongar la realización de la audiencia de formulación de la
acusación durante meses, lo cual afecta gravemente la libertad de las personas
investigadas.
La fórmula de la ponencia es
acertada, pues se funda en una posición de la Corte Suprema de Justicia
construida con base en un entendimiento correcto de la acusación como un acto
complejo compuesto por la presentación del escrito de acusación y la
realización de la audiencia de la formulación de la imputación, lo cual a su
vez permite evitar los riesgos de que para evitar el vencimiento de términos
los funcionarios judiciales puedan entender que el término comienza a correr
desde la realización de la audiencia de acusación.
En todo caso, considero que se
podría señalar expresamente cuál es la vigencia temporal de esta sentencia para
evitar algún inconveniente por la aplicación del principio de favorabilidad en
relación con solicitudes de libertad que ya hayan sido negadas previamente. En
este sentido, se podría expresar que teniendo en cuenta que se trata de una sentencia
de exequibilidad condicionada solamente se aplicará a los procesos en los
cuales no se haya iniciado la audiencia de formulación de la acusación.
En relación con la nueva
versión solamente cambia algunas cuestiones formales y simplifica la parte resolutiva
que señala ahora solamente "Declarar exequible la expresión "la
formulación de la acusación del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 de
2004, en el entendido que la misma corresponde al acto de radicación del
escrito de acusación" eliminando la expresión "y no al de realización
de la audiencia de lectura del mismo ", la cual sobraba pues bastaba
con señalar la radicación del escrito de acusación, por lo cual estoy de
acuerdo con esta modificación.
El plazo razonable en materia
de privación de la libertad antes de la sentencia está siendo continuamente
vulnerado por los funcionarios judiciales sin ninguna justificación por lo cual
se han presentado múltiples habeas corpus como el decidido el 6 de octubre de
2009 por la Corte Suprema de Justicia en el cual se explica la importancia del
plazo razonable en el proceso penal.
2.2. El tiempo que debe
transcurrir entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del
juicio oral es proporcional y razonable
La norma contempla 120 días
desde la presentación del escrito de acusación hasta la iniciación del juicio
oral, plazo en el cual será necesario realizar 2 audiencias:
En primer lugar, la audiencia
de formulación de acusación, cuya fecha deberá fijarse "dentro de los tres
(3) días siguientes al recibo del escrito de acusación"[81] y en la cual se
deberán
"Abierta por el juez la
audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes;
concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que
expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones,
nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación,
si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal
lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
Resuelto
lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente
acusación.
El juez deberá presidir toda
la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado
defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o
sea renuente a su traslado.
También podrán concurrir el
acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su
ausencia afecte la validez ".
En segundo lugar, la audiencia preparatoria que deberá
llevarse a cabo en un término no inferior a quince (15) días ni superior a los
treinta (30) días siguientes a su señalamiento que deberá hacerse en la
audiencia de formulación de la acusación y en la cual deberá realizarse el
siguiente trámite:
"1. Que las partes
manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de
elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la\
audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere,
el juez lo rechazará.
2.    Que
la   defensa  descubra  sus   elementos materiales
probatorios y evidencia física.
3.
Que
la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer
en la audiencia del \juicio oral y público. i
4.
Que
las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias.
En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la
cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten
al respecto.
Parágrafo. Se entiende por estipulaciones
probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar
como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.
5.
Que
el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá
a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer,
conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con
el trámite ordinario "[82].
Por lo anterior, se puede verificar que el plazo de
120 días para la realización de 2 audiencias como la de acusación y la
preparatoria es razonable y además este término se duplicará en los casos más
complejos como son los de la justicia especializada (narcotráfico, terrorismo,
concierto para delinquir, etc.) y los de corrupción:
í
"PARAGRAFO lo. En los
numerales 4y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la
aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de
oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no
se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su
defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable
fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la
administración de justicia. En todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya
desparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del
término establecido por el legislador en el numeral 5 del artículo 317
de la Ley 599 de 2000.
Los
términos previstos en los numerales 4 y 5 se contabilizarán en forma
ininterrumpida.
PARAGRAFO 2o. En los procesos
que conocen los jueces penales de los circuitos especializados, para que
proceda la libertad provisional, los términos previstos en los numerales 4 y 5
de este artículo se duplicarán.
PARAGRAFO 3o. En
los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito
especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos
contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de
los cuales proceda la detención preventiva, los términos previstos en los numerales
4 y 5 se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos
objeto de investigación ".
También debe tenerse en cuenta que no podrá concederse
la libertad si el vencimiento de términos se presentó por culpa del imputado o
de su apoderado o por fuerza mayor o caso fortuito según señala el parágrafo
primero del artículo 317 de la Ley 906 de 2004: "no habrá lugar a la
libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por
maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la
audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos
externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de
justicia ".
Fecha ut supra,
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] Folio 4
[2] Folio 4
[3] Folio 7
[4] Citando la Ponencia para
Primer debate al proyecto de ley 164 de 2010. Folio 68
[5] Folio 96
[6] Folio 97
[7] Folio 98
[8] Folio 102
[9] Al respecto ver entre otras las
sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001
[10] Folio 4
[11] En este sentido, también el concepto de la
Procuraduría General de la Nación, folio 93
[12] Sentencia C-1052 de 2001.  Fundamento jurídico 3.4.2
[13] Texto original de la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario
Oficial No. 45.658, de de 1 de septiembre de 2004.
[14] Artículo modificado por el artículo 30 de la
Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de
2007.
[15] Artículo modificado por el artículo 61 de la
Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de
2011.
[16] La presentación del escrito de
acusación por parte de la Fiscalía y la audiencia de formulación de acusación
dirigida por el juez de conocimiento se encuentran reguladas, en ese orden, en
los Capítulos I y II del Título I, correspondiente a la
Acusación, del Libro III de la Ley 906 de 204, regulatoria del Juicio.
[17] En efecto, la presentación del escrito de acusación por parte de la
Fiscalía y la audiencia de formulación de acusación dirigida por el juez de
conocimiento se encuentran reguladas, en ese orden, en los Capítulos I y II del
Título I, correspondiente a la
Acusación, del Libro III de la Ley 906 de 204, regulatoria del Juicio.
[18] Auto de 21 de noviembre de 2012, radicación No. 40283. En el
mismo sentido, Auto 14 de febrero de 2013, radicación 40686.
[19] Sentencia C-025 de 2010
[20] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia del 28 de
noviembre de 2007, Rad. 27.518. “Además, el derecho de defensa como
mecanismo para la realización de la justicia y base fundamental del Estado de
derecho, ha de estar presente en toda la actuación, en consecuencia, la
necesaria armonía entre la formulación de la imputación y la acusación
(entendida esta última en su forma de acto complejo de escrito y formulación
oral) involucra el derecho del incriminado de conocer desde un principio los
hechos por los cuales se le va a procesar.”
[21] Capítulo I, Título I del Libro III del
Código de Procedimiento Penal
[22] Artículo 338 del Código de Procedimiento
Penal
[23] Capítulo II , Título I del Libro III del
Código de Procedimiento Penal
[24] Ver entre otras, las decisiones de la
Corte Suprema de Justicia: auto de 18 de noviembre de 2011, radicado No.
37877;  auto de 2 de octubre de 2012, radicado No. 40.057; auto del 21 de
noviembre de 2011, radicado No. 40.283; auto del 19 de diciembre de 2012,
radicado No. 40.459; auto del 14 de febrero de 2013, radicado No. 40.686; auto
de 14 de agosto de 2013, radicado 42048; auto del 2 de octubre de 2013,
radicado No. 42383; auto del 9 de octubre de 2013, radicado No. 42427.
[25] Corte Suprema de Justicia, auto del 2 de octubre de 2013,
radicado No. 42383
[26] Sirva como ejemplo la decisión de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 2 de octubre de
2012, radicado No. 40.057, en el que se resolvió una impugnación interpuesta
contra una decisión que negó el amparo de habeas corpus. Dicha acción se
presentó a raíz de que el escrito de acusación fue presentado por la fiscalía
el 14 de octubre de 2011, la audiencia de acusación sólo se adelantó hasta el 9
de julio de 2012 y desde esa fecha hasta el momento de presentación del amparo
no se había iniciado la audiencia del juicio oral.
[27] Auto de 18 de noviembre de 2011,
radicación No. 37877.
[28] La Corte Constitucional ha desarrollado y aplicado esta doctrina en múltiples ocasiones,
ver, entre otras, las sentencias C-557 de 2001, C-955 de 2001, C-875 de 2003,
C-901 de 2003,  C-459 de 2004 y C-569 de 2004, C-038 de 2006, C-038 de 2009,
C-645 de 2012, C-893 de 2012, C-304 de 2013.
[29] Sobre la doctrina del derecho viviente en el caso
italiano, ver, entre otros, Di Manno,
Thierry. Le juge constitutionnel et la technique des
decisiones “interprétatives” en France et en Italia. Paris,
Economica, 1997, pp 180 y ss, 224 y ss, y 464 y ss.  Zagrebelsky, Gustavo. “La
doctrine du droit vivant” en Cahiers du Centre de Droit et de Politique
Comparés, vol III, 1988, pp 47 a 65.
Zagrebelsky, Gustavo. ““Realismo y concreción del control de
constitucionalidad de las leyes en Italia”. En FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO;
ZALDÍVAR LELO DE LARREA ARTURO (Coord.). La ciencia del derecho procesal
constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años
como investigador del derecho. Procesos constitucionales orgánicos. T. VIII,
México, UNAM, 2008, pp. 413 a 427, en particular páginas 424 y ss. Igualmente, de forma mas reciente, Groppi, Tania., “Verso una
giustizia costituzionale «mite»? Recenti tendenze dei rapporti tra Corte
costituzionale e giudici comuni nell’esperienza italiana”, Politica del
diritto, 2002, pp. 231 a 236.
[30] Sentencia C-557 de 2001, reiterado, entre otras, en las
sentencias C-955 de 2001 y C-901 de 2003
[31] Sentencia C-557 de 2001, reiterada por la sentencia C-426
de 2002 y de forma más reciente las sentencias C-842 de 2010 y C-442 de 2011.
[32] Ver nota 22
[33] Sentencia C-258 de 2013
[34] Ver por todas, la
Sentencia C-442 de 2011
[35] En este sentido, Groppi, Tania,
“Verso una giustizia costituzionale «mite»? Recenti tendenze dei rapporti tra
Corte costituzionale e giudici comuni nell’esperienza italiana”, Politica del
diritto, 2002, pp. 231 y 232.
[36] Ver por ejemplo, las sentencias de la
Corte Constitucional Italiana No 69 de 2 de abril de 1982, No 167 del 5 de
junio de 1984, No. 138 del 20 de abril de 1998 y 139 del 23 de abril de 1998.
[37] En este sentido ver entre otras, las
sentencias: C-1453 de 2000, C-557 de 2001, C-426 de 2002,  C-207 de 2003,
C-569 de 2004, C-802 de 2008, C-309 de 2009, C-842 de 2010 y C-645 de 2012.
[38] Sentencia C-669 de 2004
[39] Sentencia C-955 de 2001
[40] Sentencias de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, T-27600 del 26 de
septiembre de 2006 y T-33049 del 21 de septiembre de 2007. En donde se expresa
que por cuanto la fijación de la audiencia de formulación de acusación no
depende del fiscal, resulta “evidente la imposibilidad de imponer a la
fiscalía la carga de realizar la formulación oral de la acusación dentro del
plazo que tiene para expresarla mediante el escrito” por lo que no puede
ser otro el sentido de “formular la acusación” sino el de presentar el escrito
de acusación.
[41] Artículos 43, 153, 175, 338, 343, 344 y
356 de la Ley 906 de 2004.
[42] Ver entre otras: Sentencias C-327 de
1997, C-774 de 2001, C-805 de 2002 y C-121 de 2012.
[43] Sentencia C-121 de 2012
[44] Sentencia C-121 de 2012
[45] Sentencia C-774 de 2001
[46] Sentencia C-121 de 2012
[47] Sentencias C-774 de 2001, C-805 de 2002 y C-1154 de 2005 y
C- 456-06
[48] Sentencia C-456 de 2006. Esta idea ya se
encontraba claramente definida  en los inicios de la
Corte, al respecto ver: C-327 de 1997
[49] Sentencia C-106 de 1994, también de forma
mas reciente Sentencias C-634 de 2000 y C-695 de 2013
[50] Sentencia C-121 de 2012
[51] Ver por todas, Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador,  párr. 103, Corte IDH. Caso
Barreto Leiva vs. Venezuela, párr. 111 y Corte IDH. Caso J. Vs. Perú, párr. 159
[52] Ver por todas, Sentencia C-1198 de 2008
[53]  Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, párr. 228 y Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina,  párr. 71.
[54]  Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas
Vs. Perú,  párr. 128, y Corte
IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, párr. 166.
[55] Londoño Hernando. De la captura a la
excarcelación, 3 Ed., Temis, Bogotá, 1993, pp.260 y ss.
[56] Sentencias de la Corte IDH: Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador; Caso Myrna Mack Chang
Vs. Guatemala., Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua., Caso Forneron e Hija Vs.
Argentina; Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana; Caso
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia; Caso Vélez Loor Vs. Panamá; Caso
Chitay Nech y otros Vs. Guatemala; Caso López Mendoza Vs. Venezuela; Caso
Fleury y otros Vs. Haití., Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, Caso Pacheco
Teruel y otros Vs. Honduras,
[57] Así por ejemplo, Corte IDH. Caso Bulacop vs. Argentina, Sentencia del 18 de septiembre de
2003; Corte IDH. Caso
Sevellón, García y otros vs. Honduras, Sentencia del 21 de septiembre de 2006.
[58] Sentencia C-1198 de 2008.
[59] Artículos 4°, 7° y 9° de la
Ley 270 de 1996 respectivamente.
[60] Sentencia C-426 de 1993
[61] Sentencia C-300 de 1994
[62] Sentencia C-121 de 2012
[63] Sentencia C-1198 de 2008
[64] Sentencias  C-131 de 2002 y T-647 de 2013
[65] Sentencia C-1264 de 2005 y C- 814 de 2009
[66] Sentencia C-012 de 2002.
[67] Sentencia C-832 de 2001.
[68] Sentencia C-1264 de 2005
[69] Sentencia C-800 de 2000 y C-371 de 2011
[70] Sentencia C-728 de 2000 y C-371 de 2011
[71] Sentencias C-814 de 2009 y C-371 de 2011.
[72] Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 30363 de 4 de febrero de 2009
[73] ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. <Artículo
modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el
siguiente:> El término de que dispone la
Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder
de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la
imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.
El
término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de
delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de
competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados.
La
audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más
tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de
formulación de acusación.
La
audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45)
días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.
PARÁGRAFO.
La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la
recepción de la notitia criminis para formular imputación u ordenar
motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres
años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los
imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de
competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo
será de cinco años.
[74] El artículo 175 de l Ley 906 de 2004, establece que este término
se amplia  a “tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean
tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que
sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término
máximo será de cinco años”.
[75] Término que en virtud de la ley se amplía a 120 días cuando
exista concurso de delitos, cuando sean tres o más los imputados o cuando se
trate de delitos competencia de jueces penales de circuito especializados.
[76] De forma reiterada la jurisprudencia de esta Corte, ha insistido
en que toda medida restrictiva o privativa de la libertad no solo tiene un
carácter excepcional, sino que debe ser interpretada restrictivamente y su
aplicación necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Ver por todas     Sentencia C-479 de 2007
[77] Sentencia C-456 de 2006
[78] En este sentido, ver por todas: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 28 de febrero de
2007, radicado 26087,
M.P. Marina Pulido de Barón; y Sentencia del 24 de septiembre de 2012,
radicado 34780, M.P. Javier Zapata Ortiz.
[79] Sentencia C-491 de 2007
[80] En casos excepcionales la
Corte ha considerado necesario diferir en el tiempo los efectos de los fallos,
particularmente de inexequibilidad. Ver entre otras, las sentencias: C-221 de
1997; C- 700 de 1999; C-442de 2001; C-737 de 2001; C-491 de 2007; C-577 de 2011
'Art. 338 de la Ley 906 de 2004.
[82]Art. 356 de la Ley
906 de 2004.