T-592-03
II
Sentencia T-592/03
DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATICA-Intimidad económica
DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL BUEN NOMBRE-Vulneración
BANCO DE DATOS-Información veraz e imparcial
DERECHO A LA INFORMACION-Distinción entre datos personales e impersonales
DERECHO A LA INFORMACION-No es absoluto
DERECHO A LA INTIMIDAD Y BUEN NOMBRE-Consentimiento del titular sobre registro
de datos económicos en procesos informáticos
DERECHO A LA AUTODETERMINACION INFORMATICA-Autorización de usuarios de crédito para
divulgar informaciones económicas
La jurisprudencia constitucional, de manera
unánime y reiterada, en cumplimiento de la proyección constitucional de la
libertad individual en el derecho a la autodeterminación informática, exija de
los operadores informáticos obtener un previa, explicita y concreta
autorización de los usuarios del crédito para recopilar, tratar y divulgar
informaciones sobre su intimidad económica, la que deberá utilizarse con miras
a preservar la estabilidad económica que comporta la sanidad general del
crédito.
POSICION DOMINANTE-Definición/POSICION DOMINANTE-Controles
de abuso por el Estado
DERECHO A LA INFORMACION-Autorización previa del titular no
comprende su facultad de autodeterminación informática
Sin perjuicio del consentimiento del
titular, la autorización para divulgar la propia historia crediticia, en cada
caso, i) debe entenderse otorgada por el tiempo que los datos resulten
pertinentes para enjuiciar los hábitos de pago y la solvencia patrimonial de
sus titulares, y j) sólo puede abarcar datos ciertos sobre obligaciones
dinerarias insolutas, líquidas y exigibles. Lo anterior por cuanto los datos vetustos, caducos
e inciertos no determinan el nivel real actual de respuesta patrimonial de cada
usuario del sistema, y en razón de que es la certeza sobre las obligaciones
realmente impagadas la que permite a quien analiza una solicitud de crédito
emitir juicios objetivos de cumplimiento. En fin, resulta sin sustento el dato
que permanece en el sistema informático por un tiempo superior al duplo de la
mora –comprendida ésta -, en que pudo haber incurrido su titular, porque los
comportamientos crediticios son esencialmente cambiantes.
HABEAS DATA-Función primordial
DERECHO A LA INFORMACION-Procedimiento y divulgación de datos de
usuarios de servicios financieros
Los datos que registran, procesan y
divulgan las centrales de riesgo, sobre el comportamiento de los usuarios del
sistema financiero, es de interés general, porque el crédito “es un factor
fundamental en la vida económica, particularmente en el sistema capitalista
(..) y este requiere de la confianza del público para operar normalmente” .Fundamentada la garantía de conocer y hacer
conocer los hábitos de pago de los usuarios del crédito en el interés general,
que comporta la estabilidad del sistema financiero, surge una primera
limitación de dicha garantía en función de los datos que resultan efectivamente
evaluables en el señalamiento de políticas individuales de crédito. En este
sentido, en la sentencia SU-082 de 1995 esta Corte sostuvo que la información
que registran procesan y divulgan las centrales de riesgo debe ser completa,
para que pueda ser tenida como veraz, de modo que “[e]n lo atinente a un
crédito, por ejemplo, un banco no daría información completa, si se limitara a
expresar que el deudor ya no debe nada y ocultara el hecho de que el pago se
obtuvo merced a un proceso de ejecución, o que la obligación permaneció en mora
por mucho tiempo. Igualmente, no sería completa si no se informara desde qué
fecha el cliente está a paz y salvo"
DERECHO AL OLVIDO-Informaciones negativas/DERECHO AL
OLVIDO-Restablecimiento del buen nombre e intimidad
Quien con el cumplimiento de sus
obligaciones logra crear un nombre que en el pasado no ostentó, tiene derecho a
exigir que su esfuerzo se refleje en la información que se divulga sobre él,
planteamiento éste sostenido por diversas Salas de Revisión, al considerar que
“las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen
vocación de perennidad y, en consecuencia, después de algún tiempo tales
personas son titulares de un verdadero derecho al olvido". Pero el derecho al olvido, a fin de
restablecer el buen nombre, no es lo único que cuenta en la definición de los
límites de permanencia de los datos adversos en los ficheros de datos, también
la dignidad del deudor reclama que la valoración de su conducta se realice en
consideración a su condición humana, en función de la cual las personas pueden
en todo tiempo recuperar su nombre e intimidad por haber enmendado su conducta.
BANCO DE DATOS-Límite temporal de datos negativos
La permanencia sin límites de los datos
adversos a los usuarios del crédito en el proceso informático constituye un
abuso de la autorización recibida –artículo 95 C.P.-, y no cumple con el
presupuesto de informar con responsabilidad social –artículo 20 C.P. amen de
que colisiona i) con la facultad del titular de la información de
autodeterminarse, mediante la actualización o eliminación de sus datos del
proceso, salvaguardando así su intimidad económica y el derecho a su buen
nombre, y ii) con la dignidad humana de quien enmienda su comportamiento
mejorando sus hábitos de pago –Preámbulo, artículos 1°, 2°, 5°, 13, y 15 C.P.
Finalmente, en punto al poder resarcitorio del tiempo, es evidente que el
Legislador no permite pactar sumas compensatorias que excedan el doble de la
obligación principal, límite éste que permite a la Sala considerar el duplo de
la mora, como criterio válido de permanencia de un dato adverso en el proceso
informático, acudiendo a los artículos 1601 y 867 de los Códigos Civil y de
Comercio, respectivamente. Es decir que, para conjurar la conservación de la información
negativa, al titular de ésta le basta la extinción de la obligación que dio
lugar a ella, más el acaecimiento de un plazo igual al de la permanencia
inicial del dato adverso, contada a partir de la mora. O sea que, en tanto el
Legislador regula específicamente el asunto, conforme lo indican las
disposiciones antes referidas, al parecer de la Sala, las centrales de riesgo,
haciendo uso de la autorización de su titular, podrán, a partir de la mora,
procesar y divulgar informaciones sobre obligaciones insolutas, hasta su
extinción, tiempo éste al que se podrá agregar hasta uno más.
LEGISLADOR-Necesidad de reglamentar el proceso informático en
relación con el dato negativo
Dado el vacío legal respecto de la
permanencia del dato negativo en las centrales de riesgo, esta Corporación ha
venido insistiendo en la necesidad de que el legislador determine de manera
general como le corresponde, qué debe entenderse por dato adverso y por cuánto
tiempo éste puede permanecer en el proceso informático, habida cuenta que la
competencia de esta Corporación al respecto se circunscribe a “ejercer el
control de constitucionalidad sobre la ley que reglamente este derecho
(..)"
CADUCIDAD DEL DATO-Límite temporal por pago voluntario/CADUCIDAD
DEL DATO-Límite temporal por proceso ejecutivo
PROCESO INFORMATICO-Igualdad de usuarios de la actividad
económica
En punto a la regulación del proceso
informático, lo constituye el derecho a la igualdad de los usuarios de la
actividad económica, dado que el legislador no puede establecer condiciones
disímiles en los procesos informáticos, que además de conculcar la igualdad de
los agentes económicos produzca distorsiones en el mercado, a menos que
derechos de mayor entidad constitucional que las libertades negociales y de
empresa lo exijan.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Relaciones económicas entre entidades de
crédito y sus clientes
Las entidades de crédito y sus clientes se encuentran
vinculados por relaciones económicas fundadas en el postulado de la buena fe y
en el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios,
conforme lo ordenan los artículos 83 y 95 de la Carta Política. Debe
entenderse, entonces, que las personas que entablan relaciones de crédito y
simultáneamente autorizan develar aspectos de su intimidad, que incluso pueden
perjudicarlas, confían en que su acreedor divulgará la información sólo cuando
las circunstancias efectivamente lo justifiquen, y en que sus facultades de
intervenir en la recolección, tratamiento y circulación de los datos serán
respetadas en las diversas etapas del proceso informático, de manera que sus
actividades económicas no sufrirán tropiezos por la divulgación sorpresiva de
datos adversos.
PROCESO
INFORMATICO-Información del acreedor al usuario
sobre divulgación de datos
Así el usuario de servicios financieros
predisponga que terceros sean informados sobre su situación patrimonial y
hábitos de pago, el receptor de la autorización está en el deber de informarle
cómo, ante quien, desde cuándo y por cuánto tiempo su autorización será
utilizada, porque una aquiescencia genérica no subsume el total contenido de la
autodeterminación informática, prevista en la Carta Política para que a los
asociados les sea respetada su facultad de intervenir activamente y sin
restricciones, durante las diversas etapas del proceso informático. En
consecuencia el acreedor abusa de la previa autorización, impelida por él y así
mismo otorgada por su deudor, cuando, fundado en aquella, divulga datos
específicos sin enterar a su titular debidamente, así crea contar para el
efecto con la aquiescencia sin límites del afectado, porque el postulado de la
buena fe obliga a las partes a atemperar los desequilibrios contractuales, en
todas las etapas de la negociación.
ENTIDAD FINANCIERA-Límites a la libertad de escoger al usuario
del servicio/ENTIDAD FINANCIERA-Circunstancias a tener en cuenta para
escoger al usuario del servicio
Es cierto que las entidades
financieras deben velar por su solvencia y solidez, de modo que tendrían la
proclividad de contratar exclusivamente con quienes demuestren mejor situación
patrimonial, mayores garantías de cumplimiento y mejores hábitos de pago, pero
dado el carácter público del servicio que prestan les corresponde no descartar
los criterios subjetivos en la selección de riesgos, porque son éstos los que
les permiten atender las expectativas especificas y los intereses concretos de
los usuarios del servicio que están llamados a prestar. En este sentido la
objetiva desigualdad que existe entre quien demanda un servicio financiero y
quien está en capacidad de prestarlo, impone al Estado el deber de exigir de
las instituciones de crédito, en todos los casos, pero en especial cuando
pretenden fundar la prestación del servicio en las informaciones divulgadas por
las centrales de riesgo i) permitirle al interesado exponer las circunstancias
que dieron lugar a los registros, ii) considerar la información adicional
suministrada por el proponente, y ii) exponer minuciosamente su decisión de no
asignar el producto, de abstenerse de prestar el servicio ofrecido, o de
prestarlo en condiciones determinadas, a fin de satisfacer las expectativas que
el carácter público de la actividad bancaria genera en los usuarios, y las
creadas por ella misma, con la presentación individual de sus productos y
servicios.
CENTRAL DE
RIESGOS-Datos negativos no constituyen sanción
La información atinente a la
atención de sus obligaciones por parte de los usuarios del crédito, registrada
en las centrales de riesgo, no constituye una sanción, sino una herramienta que
dicho sector requiere para evaluar las condiciones del crédito, partiendo del
conocimiento real del riesgo que el solicitante podría representar para el
prestamista, conforme a sus hábitos de pago.
ENTIDAD
FINANCIERA-Diferencia entre listas negras y listas de riesgos
A propósito del registro de datos
negativos en los ficheros de datos, se consideró pertinente distinguir estos
reportes, elaborados con el concurso de las entidades financieras, de las
“listas negras”, porque el ingreso a éstas comporta, en la práctica, “un cierre
de la oportunidad del crédito en cualquier establecimiento comercial y
financiero”, en tanto las “listas de riesgo” reportan “el comportamiento
histórico del deudor”, con el propósito de someterlo al estudio y posterior
análisis de la entidad crediticia.
ENTIDAD
FINANCIERA-Autonomía contractual
SECTOR
BANCARIO-Límites a la autonomía de la voluntad negocial
DEMOCRATIZACION
DEL CREDITO DE VIVIENDA
Expuso la
Corte la necesidad de democratizar el crédito, a fin de que la adquisición de
vivienda pueda estar al alcance de todas las personas, inclusive de aquellas de
menores recursos, por ello indicó que debían rechazarse las practicadas
tendientes a obstaculizar el legítimo acceso de las personas al crédito de
vivienda, y al cumplimiento de sus obligaciones atinentes al mismo.
DERECHO A LA
INTIMIDAD Y AL BUEN NOMBRE-Vulneración por divulgarse datos negativos de los
accionantes sin habérseles notificado
DERECHO A LA
INFORMACION-Divulgación de datos negativos de los accionantes, sin
habérseles notificado
Las centrales de riesgo que administran
Computec S.A. y la Asociación Bancaria, estuvieron prestas a cumplir el encargo
de sus afiliadas de registrar los datos adversos a sus clientes y hacerlos
circular, pero no se cercioraron del conocimiento de los afectados, y tampoco
les hicieron conocer el proceso que emprenderían, a fin de que éstos pudieran
intervenir efectivamente, y desde un comienzo en el mismo, como lo disponen las
normas superiores en cita. De ahí que los datos personales de los accionantes,
no podrán seguir siendo reportados, hasta tanto sus titulares i) sean
debidamente notificados, y ii) se les conceda la oportunidad de ejercer su
derecho a la rectificación y actualización.
PROCESO INFORMATICO-Reportes en central de riesgo no dan lugar
a exclusión de la actividad económica
La jurisprudencia constitucional ha
insistido, en que los datos personales que registran las centrales de riesgo no
comportan sanciones de ningún tipo para sus titulares, y que por consiguiente
tales reportes, con independencia de su sentido, no dan lugar a la exclusión de
sus titulares de la actividad económica.
DERECHO A LA
AUTODETERMINACION INFORMATICA-Respeto
Quienes reciben y hacen uso de las autorizaciones que
al respecto expiden los usuarios del crédito están obligados:1. A respetar la
autodeterminación informática de los otorgantes, en todas las etapas del
proceso i) manteniéndolos al tanto de la utilización de su autorización, y ii)
permitiéndoles rectificar y actualizar la información, en especial antes de que
llegue a conocimiento de terceros.
Referencia: expedientes T-517288 y
acumulados
Acciones de tutela instauradas,
separadamente, por Sandra Yuscelly Bejarano Jaime y otros contra Datacrédito
División de Computec S.A. y otros
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de
dos mil tres (2003).
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Jaime Araujo Rentería, Alvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de su competencia constitucional y
legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos adoptados por la Sección Segunda Subsección D del Tribunal Contencioso
de Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Juzgado 30 Civil
del Circuito de Bogotá, el Juzgado 19 Penal Municipal de Bogotá, el Juzgado 3
Civil Municipal de Bogotá, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,
la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 87 Penal Municipal de
Bogotá, el Juzgado 1° Civil Municipal de Bucaramanga, el Juzgado 24 Civil del Circuito
de Bogotá, y el Juzgado 20 Penal Municipal de Bogotá, para resolver el amparo
constitucional invocado, separadamente, por Sandra Yuscelly Bejarano Jaime,
Nidia Piñeros Burgos, Magali Caballero Espinosa, Pedro Alfonso Castro López,
Alberto Padierna Restrepo, Luz Mery López Franco, Jaime Augusto Rengifo Peña,
Julio E. Ordóñez Urueña, Cristian Gómez Rojas, Gustavo Zapata Piñeros y Rubén
Pérez respectivamente, en todos los casos en contra de Datacrédito División de
Computec S.A.
Y, en algunos asuntos, además, en contra de
la Central de Información Financiera de la Asociación Bancaria y de
Instituciones Financieras, y de otras entidades, tal como se indica en el
cuadro anexo.
ANTECEDENTES
Los accionantes invocan la protección de sus derechos
fundamentales a la honra, a la dignidad, al buen nombre, al libre desarrollo de
la personalidad y a la vivienda propia, aduciendo que las entidades accionadas
los están quebrantando porque, no obstante haberles expedido un paz y salvo que
indica el cumplimiento de las obligaciones que dieron lugar a que fueran
incluidos en las centrales de riesgo, continúan siendo reportados por éstas y
en consecuencia no han podido acceder a diversos servicios financieros,
incluyendo, en algunos casos, a los que requieren para hacer efectivo su
derecho a adquirir vivienda.
Las demandas
1.1    Acción de tutela instaurada por
Sandra Yuscelly Bejarano Jaime contra Computec S.A. División Datacrédito y la
Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia -expediente
T-517.288-
1.1.1 Hechos
La señora Sandra Yuscelly Bejarano Jaime
sostiene que desde hace cinco años aporta sus cesantías al Fondo Nacional del
Ahorro, entidad a la que le solicitó un préstamo para adquirir vivienda.
Indica que el préstamo aludido no le fue
concedido, aunque la solicitud que presentó cumplía con todos los requisitos
exigidos por la entidad, porque, al decir del funcionario del Fondo que le
explicó verbalmente la determinación, se encuentra reportada en las centrales
de riesgo.
Relata que acudió a Datacrédito y a Cifin, en procura de
información, por estar segura de haber cumplido con sus obligaciones y que
obtuvo certificaciones en este sentido, pero que fue advertida en la central de
Computec S.A. de que su incumplimiento se reportaría durante “cinco (5) años”,
debido a las causas que lo originaron.
Indica que presentó al Fondo Nacional del Ahorro las
certificaciones donde consta que se encuentra al día en el pago de sus
obligaciones, “pero
me las rechazaron expresando nuevamente que así yo demostrara que no le debía
nada a ninguna entidad, no era posible la adjudicación del crédito por
encontrarme reportada.”.
1.1.2 Pruebas
a) La accionante anexa los siguientes documentos:
- Fotocopia del certificado expedido por Davivienda que da
cuenta de que la señora Bejarano Jaime se encuentra a paz y salvo, respecto de
las tarjetas de crédito y Crediexpress, expedidas a su nombre - folio 4-.
- Fotocopia del certificado expedido por el Banco
Granahorrar sobre la cancelación de la obligación hipotecaria a cargo de la
misma - folio 5.
- Fotocopia de la certificación emitida por Comcel S.A., que
da cuenta del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la accionante con
la entidad, por pago realizado el 2 de febrero de 2001 - folio 7-.
- Fotocopia de la certificación expedida
por Granahorrar según la cual la accionante i) no aparece reportada en la base
de datos Cifin, ii) figura reportada en la central que administra Datacrédito,
y iii) canceló voluntariamente la obligación contraída con la informante, sin
presentar mora - folio 179-[1].
b) El Fondo Nacional del Ahorro remitió al
expediente los siguientes documentos:
- Fotocopia de las Resoluciones 177 de 2001
y 017 de 2002, emitidas por la Junta Directiva de la entidad, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, que establecen los requisitos que deben
cumplir los afiliados que desean acceder a prestamos de vivienda, y así mismo
determinan la evaluación a que será sometido el comportamiento financiero y la capacidad
de pago de los solicitantes para acceder a los créditos que otorga la entidad.
Cabe precisar que según las Resoluciones en
mención i) “para efectos del análisis de capacidad de pago del afiliado, al
momento del desembolso del crédito, se podrán tener en cuenta los paz y salvos
o certificaciones expedidos por las entidades acreedoras en donde conste la
cancelación total de la obligación contraída por el mismo o certificación de
abonos parciales en donde conste el nuevo valor de cuota mensual a cancelar”; ii)
el comportamiento crediticio del afiliado solicitante y el cumplimiento de las
obligaciones contraídas con otras entidades acreedoras será verificado con las
centrales de riesgo, iii) que para acceder a un crédito se requiere haber
obtenido la calificación de “cartera A, ó B”, en
dichas centrales; y iv) que las solicitudes de crédito serán rechazadas “cuando
de acuerdo a la información suministradas por las Centrales de Riesgos, se
deduzca que el afiliado solicitante presenta un factor de endeudamiento global
actual superior al 30% de su asignación básica mensual, o si su comportamiento
crediticio fue calificado por las Centrales de Riesgo consultadas como cartera C,
D , E ó K. De igual manera, la solicitud será rechazada
cuando realizado el estudio se determine que carece de capacidad de pago.”; como
lo indica la siguiente transcripción” - folios 221 a 230-.
“ARTÍCULO PRIMERO: PARAMETROS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE
PAGO. El FONDO NACIONAL DE AHORRO otorgará crédito para vivienda a
los afiliados que además de cumplir con los requisitos previstos en el
reglamento de crédito demuestren capacidad de pago. Para tal efecto se tendrá
como base la asignación básica mensual que obtenga el afiliado, definida por el
Acuerdo 990 de 2001, certificada por el Jefe de Personal y la cual debe
coincidir con lo reportado en los respectivos desprendibles de nómina de la
entidad donde labora para los afiliados aportantes; el certificado de pensión,
para los afiliados pensionados y los documentos descritos en el artículo cuarto
de la presente resolución para los afiliados no aportantes.
Para determinar en forma real la capacidad de pago del
afiliado se tendrá en cuenta la Clasificación de Consumo Individual por
Finalidades establecida por el DANE, en la que se consagran los porcentajes
asignados a cada uno de los ítems que satisfacen las necesidades básicas, a
saber:
1)        Educación  12 %
2)        Alimentación        20 %
3)        Vivienda     30 %
4)        Descuentos Nómina (pensión y salud)        8
%
5)        Obligaciones contractuales vigentes
reportadas por las centrales de Riesgo y/o  30 %
desprendibles de nomina.
La capacidad de pago no podrá ser superior
al 30% de sus ingresos totales devengados permanentemente certificados en la
solicitud de crédito por el jefe de personal, (excepto en los casos a que se
refiere el parágrafo primero). Se consideraran para tal efecto el valor de la
cuota mensual consignadas en el reporte expedido por las centrales de riesgo de
las obligaciones vigentes y los descuentos por nómina diferentes a salud,
pensión y cuotas o aportes de ahorros voluntarios a excepción de los aportes
voluntarios a los fondos de pensiones que serán considerados como egresos. De igual manera el estudio tendrá en cuenta el
comportamiento en los hábitos de pago del solicitante y el cumplimiento en sus
obligaciones con otras entidades que lo hayan reportado.
Con base en lo anterior, el FONDO
NACIONAL DE AHORRO adelantará un análisis de las solicitudes de crédito
para vivienda debidamente presentadas, en el cual se tendrá en cuenta el nivel
actual de endeudamiento global del afiliado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con relación al ítem de vivienda, el
porcentaje se ajustará de acuerdo al monto máximo aprobado por el FONDO
NACIONAL DE AHORRO, y la correspondiente cuota
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos que se solicite el crédito
para liberación de gravamen hipotecario, el FONDO NACIONAL DE AHORRO, no
tendrá en cuenta como egreso el valor de la cuota que se esté cancelando por
dicha obligación y que aparezca en el reporte de las centrales de riesgo.
Excepto en los casos en que el cupo del
crédito a otorgar más las cesantías sea inferior al saldo actual de la
obligación, caso en el cual se establecerá el valor de la cuota
proporcionalmente al saldo que quedará pendiente por cancelar en la entidad
acreedora y este último valor se tomará como egreso.
PARÁGRAFO TERCERO: - Para efectos del análisis de capacidad de
pago del afiliado, al momento del desembolso del crédito, se podrán tener en
cuenta los paz y salvos o certificaciones expedidos por las entidades
acreedoras en donde conste la cancelación total de la obligación contraída por
el mismo o certificación de abonos parciales en donde conste el nuevo valor de
cuota mensual a cancelar.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONSULTAS A LAS CENTRALES
DE RIESGO. El FONDO
NACIONAL DE AHORRO, previo el estudio de la información suministrada por
las Centrales de Riesgos consultadas, verificará el comportamiento crediticio
del afiliado solicitante y el cumplimiento de las obligaciones contraídas con otras
entidades acreedoras, de tal forma que serán objeto de crédito para vivienda
únicamente aquellas que las Centrales de Riesgo hayan calificado como cartera
A, ó B.
ARTÍCULO TERCERO: CAUSALES DE RECHAZO. La solicitud de crédito será rechazada
cuando de acuerdo a la información suministradas por las Centrales de Riesgos,
se deduzca que el afiliado solicitante presenta un factor de endeudamiento
global actual superior al 30% de su asignación básica mensual, o si su
comportamiento crediticio fue calificado por las Centrales de Riesgo
consultadas como cartera C, D , E ó K. De igual manera, la
solicitud será rechazada cuando realizado el estudio se determine que carece de
capacidad de pago.
De ser rechazada la solicitud de crédito
por alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior, el afiliado podrá
presentar nueva solicitud cuando cesen las causas que motivaron su negación.
De ser calificado de pendiente el reporte
de las centrales de riesgo de acuerdo a los parámetros señalados por el Fondo
Nacional de Ahorro y su calificación sea igual o mayor de ocho puntos (8) la
solicitud de crédito para vivienda será aprobada siempre y cuando la capacidad
de endeudamiento lo permita. Si la calificación es menor a ocho puntos (8) la
solicitud automáticamente será rechazada.
PARÁGRAFO: En la modalidad de crédito directo para
liberación de gravamen hipotecario, el FONDO NACIONAL DE AHORRO podrá
aceptar y aprobar la solicitud de crédito, no obstante que el afiliado
solicitante se encuentre reportado por mora ante las Centrales de Riesgo hasta
calificación C, siempre y cuando el reporte provenga únicamente de la
Entidad en la cual se encuentra vigente la obligación y el afiliado se
comprometa, mediante oficio, a destinar el crédito del FONDO NACIONAL DE
AHORRO única y exclusivamente a dicha cancelación.
En el evento que el afiliado solicitante
sea reportado por las centrales de riesgo como codeudor y la obligación
respaldada se encuentre al día, el valor de la cuota correspondiente a dicha
obligación no será tenida en cuenta como egreso del solicitante.
- Fotocopia de la comunicación enviada
por el Jefe Grupo Análisis de Crédito del Fondo en comento a la accionante, el
17 de diciembre de 2001 - estando en curso la acción que se revisa -, para
informarle “que se volvió a consultar su cédula encontrando que el
inconveniente en la Central de Riesgo ya había sido subsanado; por tal razón se
procedió a realizar el estudio de Capacidad de Endeudamiento el cual arrojó
como resultado que no tendría la posibilidad de seguir cancelando obligaciones
que tiene vigentes y asumir la cuota que por concepto de crédito le cobraría el
FONDO NACIONAL DE AHORRO.” - folio 377-.
c) El Gerente de Reclamaciones de COMCEL
S.A. remite, entre otros, los siguientes documentos:
- Solicitud de servicio presentada por la
accionante el 20 de diciembre de 1997 –folio 340-.
- Estado de cuenta 571114, actualmente
1.20885273, expedida el 9 de mayo de 2002, en la que figura que la accionante
i) pagó el servicio de telefonía celular por los periodos causados entre el 19
de enero de 1998 y el 19 de marzo del mismo año, el 19 de octubre de 1998 y el
16 de abril de 1999, y el 29 de febrero del 2000 y el 2 de febrero del 2001;
ii) que el último pago realizado por la señora Bejarano Jaime fue el 2 de febrero
del 2001, o el 29 del mismo mes y año, por la suma de $158.800; iii) que el día
2, antes reseñado, quedó adeudando $989.03, y que el 29 siguiente tenía un
saldo a favor de $87.311.11; iii) que el 20 de mayo de 2001 debía $72.399.01,
suma que fue cruzada por el mismo valor, y v) que la deuda a su cargo es de
-$0.07–folios 348 a 354-.
- Comunicación de 2 de febrero de 2001,
remitida por la accionante a COMCEL S.A. solicitando la cancelación del
contrato de telefonía celular. Y respuesta del 14 de febrero del mismo año en
la que COMCEL le informa el cambio del servicio prestado de pospago a prepago,
a partir del 19 de marzo siguiente –folio 354-.
- Comunicación de 24 de abril de 2001,
dirigida por la señora Bejarano Jaime a COMCEL S.A. para solicitar la
actualización del reporte enviado a Datacrédito, porque, no obstante portar un
paz y salvo y tener en su poder la comunicación de la empresa aprobándole un
cambio de plan, de pospago a prepago, la usuaria recibió i) una “llamada de
Abogados Externos de Comcel donde me comunican que estoy reportada por pagos en
mora que a ascienden a ciento cincuenta y nueve mil pesos ($159.000.oo), por
concepto de servicio de telefonía celular”, y ii) una factura con un saldo
de $84.000 a su favor –folio 355-.
- Constancia expedida por el Coordinador
y el Consultor de COMCEL S.A., el 24 de abril de 2001, para certificar que la
señora Sandra Yuscelly Bejarano Jaime se encuentra al día en los pagos de su
facturación, al corte de 20 de enero de 2001, por pago realizado el 2 de
febrero de 2001 –folio 356-.
- Comunicación de 16 de mayo de 2001
dirigida por la Dirección de Servicio a Clientes de COMCEL S.A. a la accionante
informándole i) que el pago realizado el 2 de febrero de 2001 por $158.800 se
encuentra “en proceso de ser abonado a la cuenta de la referencia”, y
ii) que al realizar este abono quedará con un saldo a su cargo de $71.488.89,
en la cuenta 1.21775248.
- Comunicación del 15 de agosto de 2001,
dirigida por la accionante a COMCEL S.A., en la cual solicita actualizar con la
mayor brevedad la información a las centrales de riesgos, por concepto del
manejo de su contrato de telefonía celular, para el efecto i) hace un recuento
de los problemas surgidos en sus relaciones contractuales; ii) les recuerda que
se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con la entidad, y
que mantiene en su poder un documento que así lo certifica; iii) les informa
que en Datacrédito figura “reportada por ustedes ya que estoy en mora desde
el mes de diciembre y (..) la sanción por esta razón es de dos años”; iv)
pone de presente “que por este reporte me han negado un préstamo para la
compra de vivienda, motivo por el cual tuve que interponer una acción de
tutela”; v) resalta que un asesor de la entidad, con el que se comunicó
telefónicamente para indagar por su problema, le informó (i) que el pago
realizado por la misma el 2 de febrero anterior por $158.800 fue aplicado a
otro código, (2) que al reversar la operación figuraba un saldo a su cargo de
$72.000 que debía cancelar, para solucionar el problema, y (3) que éste último
cargo obedecía a la solicitud de reinstalación de la línea suspendida
presentada por la usuaria; y vi) destaca que ella no ha solicitado la mentada
reinstalación porque “lo que más me urgía era la cancelación total del
contrato” –folios 362 y 363-.
- Consulta efectuada el 9 de mayo de 2002
a Datacrédito división de Computec S.A., sobre la “moralidad comercial”
de la accionante, que da cuenta del estado de cinco obligaciones a su cargo, a
favor de Davivienda, Granahorrar y Comcel, canceladas por pago voluntario,
entre febrero del 2001 y el mismo mes de 2002 –folio 365-.
- Información para “Tutela Sandra
Yuscelly Bejarano” elaborada por el Gerente y por el Consultor de Crédito y
Cobranza de Comcel S.A. en la que los funcionarios certifican i) que la cuenta
1.20885273 “fue asignada a cobro jurídico casa de abogados Palacios y Bernal
el 11/04/01 y retirada el 10/05/01”, ii) que la cuenta 1.21775248 fue “asignada
a cobro jurídico casa de abogados Adc LTDA el 15/08/01 y retirada el 23/04/02
por bonificación”, y iii) que las obligaciones 1.20885273 y 1.21775248
fueron reportadas así: “Novedad a permanecer: PAGO VOL, Caducidad: NINGUNA” –folio
339-.
1.1.3 Intervención pasiva
a) Contestación de Computec S.A.
La sociedad Computec S.A., por intermedio
de apoderado, interviene para solicitar que se niegue la protección invocada
por la accionante, con fundamento en jurisprudencia de esta Corporación, y en
razón de las consideraciones que a continuación se sintetizan:
Explica que su organización cuenta con una
División Administrativa –Datacrédito- para recibir, procesar y almacenar la
información suministrada por las entidades financieras, con quienes realiza
contrato de prestación de servicios, a fin de conformar el “historial
crediticio” de los clientes de dichas entidades, permitiéndoles a éstas
evaluar los hábitos de pago de los usuarios del sistema financiero.
Destaca que la información registrada en la
base de datos de su División Administrativa “presupone haber sido autorizada
por escrito, previa y voluntariamente por la persona concernida”,
autorización que las entidades financieras deben exhibir, si los jueces así lo
exigen.
Advierte que la información suministrada
por Datacrédito es objetiva, y que la persona que aparece reportada puede
defender su habeas data de forma directa, sin necesidad de intervención
judicial, toda vez que:
- La existencia de su banco de datos,
el funcionamiento del mismo y sus reglas de operación son suficientemente conocidos,
por haber sido ampliamente difundidos.
- Todas las personas tienen acceso a su
base de datos, para conocer las informaciones reportadas sobre sí mismas, como
también para “rectificar y actualizar información”.
- Quienes figuran reportados en su
central pueden formular observaciones o presentar reclamos en el Centro de
Atención al Usuario –CAS- que registra “en el reporte respectivo del
ciudadano, de tal forma que quien consulte el reporte podrá conocer la
observación de la persona reportada”.
- Los reclamos presentados se remiten a
la entidad reportante, la que en un término máximo 10 días deberá pronunciarse
al respecto.
- El ejercicio directo del derecho de
reclamo es un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, como lo
advierte el numeral 6 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
-Datacrédito ha adoptado la regla general
de permanencia de 2 años, contados a partir de la fecha del pago para “ todos
los casos donde el pago de la obligación se realiza de forma voluntaria y en los
casos donde la cancelación de la obligación obedece a un mal manejo por parte
del titular”.
Afirma que “la información veraz no
atenta contra los derechos a la honra y a buen nombre”, por cuanto “constituyen
atentados al derecho al buen nombre todas aquellas informaciones que contrarias
a la verdad, distorsionan sin justificación el prestigio social que tiene una
persona”, en razón de que el respeto y la admiración de los demás se logra
con las propias acciones –se apoya en las sentencias C- 064 de 1994, y SU-082 y
T-411 de 1995-.
Sostiene que las centrales de datos no
quebrantan el derecho a la intimidad de los titulares de la información, cuando
mantienen y reportan la información sobre su manejo financiero, porque este
derecho se proyecta como secreto y como libertad, de modo que “atentan con
ella todas aquellas divulgaciones ilegítimas de hechos propios de la vida
privada o familiar (..)”.
Añade que, por lo expuesto, “la doctrina
moderna que estudia el tema de los bancos de datos ha superado el dilema
información-privacidad, para desarrollarlo más bien en el campo de las
libertades, razón por la cual muchos lo ha bautizado como el derecho a la
“autodeterminación informática”.
Conceptúa que las centrales de riesgos no
sancionan a quienes aparecen reportadas en ellas, sino que i) prestan un
servicio de información neutral, ii) son intermediarios de la información, iii)
facilitan y democratizan el crédito, y iv) prestan un servicio a la comunidad
en general y al sector financiero en particular, en cuanto “facilitan el
acceso a un mayor número de personas registradas todas ellas exactamente con
los mismos parámetros objetivos, sin hacer distinción diferente al desempeño
individual”, como lo reconoce el Banco interamericano de Desarrollo, en un
documento de esta entidad del cual trae apartes -.
Legitima las actividades que desarrollan
los bancos de datos (1) “porque refleja el comportamiento de la persona a
través del tiempo (..) con la misma exactitud, tanto los casos de moras o
retrasos como los de manejo adecuado y obligaciones al día”, (2) en cuanto
permiten “ubicar en un contexto temporal la conducta del deudor”; y (3)
dado el interés público que comporta “proteger el derecho de las entidades
financieras de conocer información crediticia histórica dentro de un plazo
razonable de caducidad”.
Asegura que Datacrédito, al suministrar a
las entidades prestatarias el historial crediticio de quienes aspiran a obtener
un crédito para solucionar su problema habitacional y el de su familia, no
quebranta el derecho de los aspirantes a acceder a una vivienda digna i) porque
éste es un derecho prestacional y asistencial que el Estado satisface a medida
que se dan las condiciones sociales y económicas que lo permiten, ii) en razón
de que la accionada “es una entidad privada completamente ajena al deber
gubernamental de proveer vivienda”, y iii) debido a que la central antes
nombrada “no toma ninguna decisión positiva o negativa en relación con el
deudor reportado” –transcribe apartes de las sentencias T-251 de 1995, y
T-203 de 1999-.
Aduce que la información que suministra a
las entidades financieras pretende simplemente que éstas puedan establecer la
situación económica actual de los usuarios del sistema, proporcionándoles a
aquellas herramientas para que puedan proyectar los hábitos de pago de sus
clientes, previo conocimiento del grado de diligencia con que los mismos
manejan sus asuntos financieros.
En consonancia con lo expuesto considera
que eliminar del análisis de crédito “la posibilidad de revisar el pasado
sería tanto como atentar contra la esencia misma de la actividad crediticia, en
perjuicio de los potenciales beneficiarios del crédito y de la economía
nacional en general”.
Resalta su política atinente al
mantenimiento de la información que figura en su base de datos por un periodo
determinado, la que considera acorde con la jurisprudencia nacional -a falta de
pronunciamiento específico del Legislador- i) por cuanto el reporte se mantiene
durante los términos que fueron señalados por esta Corporación en la sentencia
SU-082 de 1995, toda vez que (1) si se acudió a un proceso judicial para
obtener el pago el reporte se mantiene durante cinco años, contados a partir de
aquel, (2) en el caso de que dicho proceso no hubiese sido necesario el reporte
desaparece a los dos años, y (3) la información se mantiene durante el doble de
la mora, cuando ésta es inferior a un año; ii) porque el Consejo de Estado en
la sentencia 2500023400020001133801de 2001 fue más allá, al considerar que el
dato negativo debía tener una caducidad única de cinco años; y iii) dado que la
Corte Suprema de Justicia “respalda los criterios utilizados por Datacrédito
(..)” –“sentencia 0687 de 2002”-.
Para finalizar insiste en lo importante que
resulta la actividad que desarrollan las centrales de riesgo en la protección
del ahorro público y en el desarrollo del poder circulatorio del dinero, porque
dichas centrales permiten al sector financiero distribuir, entre quienes los
demandan, los recursos que reciben del público, financiando así consumo e
inversión con fundamento en el comportamiento crediticio de los usuarios del
crédito, razón por la cual esta Corporación ha sostenido que “si bien los
datos no pueden permanecer eternamente registrados, si pueden mantenerse por un
tiempo prudencial, haciendo uso del principio de pertinencia.”.
Respecto de la situación particular de la
señora Yuscelly Bejarano Jaime anota lo siguiente:
“Al corte 9 de mayo de 2002, se verifican
los siguientes datos:
DAVIVIENDA. Tarjeta de Crédito 001604308.
Obligación que fue cancelada en febrero de 2001 por la entidad por presentar
mal manejo. La accionante incurrió en mora en los meses de julio de 2000 a
enero 2001. Mora histórica de 6 meses.
DAVIVIENDA EXPRESS. Tarjeta de Crédito
000013658. Obligación cancelada por la entidad en el mes de Abril de 2001 por
mal manejo. La demandante incurrió en mora los meses de junio, julio, octubre,
noviembre y diciembre de 2000 y desde el mes de enero hasta el mes de marzo de
2001.
GRANAHORRAR. Cartera de Ahorro y Vivienda
401280886. Obligación cancelada en enero de 2002 de forma voluntaria. No
presentó mora en sus pagos.
COMCEL. Cartera de telefonía celular
20885273. Cancelada voluntariamente en febrero de 2001. No obstante registró
mora desde el mes de junio de 1999 hasta enero de 2001. Mora histórica de 20
meses.
COMCEL. Cartera de telefonía celular
21775248. Obligación cancelada voluntariamente en febrero de 2002. No presentó
mora en sus pagos.”
b) Intervención del Fondo Nacional del
Ahorro
El representante legal del Fondo Nacional
del Ahorro de antemano destaca el papel preponderante que en sus políticas
administrativas ocupan las medidas encaminadas a la protección de su cartera,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 432 de 1998, reglamentada por el
Decreto 1453 del mismo año y los Acuerdos de su Junta Directiva 949 y 990 de
1998 y 2001 respectivamente.
Aduce que la primera solicitud de crédito
para vivienda presentada por la actora debió ser negada, porque las centrales de
riesgo le reportaron una mora histórica de más de 450 días, y que la segunda
corrió con igual suerte, porque la afiliada “ya no se encontraba reportada
en las centrales de riesgo con mora histórica”, pero no cumplía con los
parámetros establecidos en la Resolución 177 de 2000, sobre capacidad de pago.
c) Contestación de COMCEL S.A.
El Gerente de Reclamaciones de la sociedad
Comunicación Celular S.A. sostiene que la protección no puede concederse i)
porque la acción de tutela no procede contra sujetos de derecho privado, ii)
dado que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa y no la aqueja un
perjuicio irremediable, y iii) debido a que los reclamos originados en los
contratos de telefonía celular tienen objetivos puramente patrimoniales.
Sostiene que los derechos fundamentales al
buen nombre, honra e intimidad de la señora Bejarano Jaime no están siendo
violados i) porque COMCEL S.A. reportó la información a COMPUTEC S.A., “cuando
el suscriptor dejó de cumplir con su obligación de pago del servicio”, ii)
debido a que “la conservación del dato se rige por lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 2° del Decreto 181 del 2002”, iii) en razón de que
el usuario del servicio autorizó que su comportamiento fuera reportado, y iv)
habida cuenta que “las centrales de riesgo son un medio para garantizar los
intereses generales de la colectividad en relación con el manejo del crédito a
fin de obtener estabilidad y solidez del sistema económico”.
Se detiene en la hoja de consulta de datos
de la central de riesgos Datacrédito, cuyo contenido explica, concluyendo que
de su interpretación correcta se deduce que “en ningún momento COMCEL S.A.
ha violado los derechos constitucionales invocados por la accionante (..)”.
Para finalizar informa que la señora Sandra
Yuscelly Bejarano es titular de una línea de servicio celular activada desde
1997, y que la nombrada “se encuentra actualmente sin ningún tipo de reporte
negativo en la Central de Riesgos Datacrédito, como puede observarse de la hoja
de consulta adjunta.”.
1.2    Acción de tutela instaurada por
Nidia Marcela Piñeros Burgos contra Inversora Pichincha S.A. -expediente
T-559.429-
1.2.1 Hechos
La señora Nidia Marcela Piñeros Burgos
afirma que la Caja de Compensación Familiar CAFAM le asignó un subsidio para
adquirir vivienda, y que la Corporación Conavi calificó positivamente la
solicitud que la misma le presentó para adquirir un crédito con igual fin, pero
que la Fundación Compartir le comunicó, verbalmente, que la vivienda pretendida
no le sería adjudicada, por estar la solicitante reportada en las bases de
datos Datacrédito y Cifin.
Sostiene que se presentó a las oficinas de
Datacrédito en demanda de una explicación, y que un funcionario de dicha
central le informó que a pesar de haber cumplido con la obligación adquirida
con Inversora Pichincha S.A., que dio lugar al reporte, su comportamiento se
mantendría registrado en su base de datos durante dos años más.
Pero que dicho funcionario la tranquilizó
con la expedición de un paz y salvo, el que, a su decir, le permitiría acceder
a créditos hipotecarios, ante cualquier entidad del sector.
Para concluir afirma que la obligación que
adquirió con la Inversora en mención, por el uso de la tarjeta de crédito Visa
No.4912401100075240, fue cancelada con algunos días de diferencia respecto de
la fecha límite de pago, y que este retardo “me generó una mora constante
mensual, por la que fui reportada, cuando el valor debido por el consumo fue
totalmente pagado el 30 de octubre de 2000.”.
1.2.2 Pruebas
a) La demandante aportó los siguientes
documentos:
- Fotocopia de las comunicaciones de 1° de
febrero de 2000, dirigidas por el Jefe del Departamento de Vivienda de Cafam a
la accionante para informarle que había sido favorecida con un subsidio para adquirir
vivienda por valor de $5.720.000, y para recordarle que el beneficio debía ser
utilizado antes del 1° de marzo de 2002, para evitar su anulación - folio 7-.
- Fotocopia del formulario de solicitud
de vivienda 38745 diligenciado el 5 de marzo de 2001 por la accionante y
presentado a la Fundación Compartir - folio 8-.
- Fotocopia de la comunicación del 10 de
abril de 2001 dirigida por el Banco Conavi a la accionante, para informarle
sobre la calificación positiva dada a su capacidad de endeudamiento, con la
advertencia de que esta evaluación no debía ser entendida como un compromiso de
la entidad con el otorgamiento del crédito - folio 9-.
- Fotocopia del certificado expedido por
Inversora Pichincha S.A., el 6 de abril de 2001, que da cuenta de que la
accionante se encuentra a paz y salvo con la entidad, respecto de la tarjeta de
crédito expedida a su nombre - folio 10-.
- Fotocopia del derecho de petición fechado
el 13 de noviembre de 2001, en el que la accionante solicita a Inversora
Pichincha S.A. ordenar el retiro inmediato de su nombre de las centrales de
riesgo, “debido al perjuicio que me han causado al no poder tener acceso a
créditos, y que encontrándome a paz y salvo en las obligaciones con esa
entidad, se dé aplicación a la sentencia No. 2312 del Consejo de Estado 21 de
septiembre del 2001 M.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié” - folio 11 y 12-.
- Copia de la remisión de los estados de
cuenta atinentes a la tarjeta de crédito expedida a nombre de la accionante,
enviados a ésta por Inversora Pichincha, en respuesta a la petición antedicha,
los que evidencian i) que a 31 de julio de 2000 la señora Piñeros Burgos tenía
un saldo en mora de $69.329, ii) que el 31 de agosto siguiente dicho saldo
ascendía a $73.895, y iii) que a 29 de septiembre del mismo año la suma a su
cargo era de $104.318 - folios 15 a 17.
b) Inversora Pichincha envió, entre otros,
los siguientes documentos:
- Fotocopia de la consulta realizada a
las centrales de riesgo Datacrédito y Cifin, en donde aparecen reportados los
datos atinentes i) a la mora en que incurrió la accionante, por no haber
atendido oportunamente el crédito que adquirió con Inversora Pichincha S.A., y
ii) a la cancelación voluntaria de su obligación - folios 32 a 34-.
- Fotocopia de la solicitud de tarjetas de
crédito Gold y Clásica diligenciadas por la accionante ante Inversora
Pichincha, en las que figura las autorizaciones dadas por aquella a la Compañía
de Financiamiento para que su comportamiento financiero pudiera ser consultado
en las centrales de riesgo, y para que el manejo dado a sus obligaciones fuera
reportado a las mismas centrales - folio 36-.
1.2.3 Intervención pasiva
a) Contestación
de Computec S.A.
El apoderado de Computec S.A. se opone a que la protección
sea concedida, planteando similares argumentos a los que fueron expuestos por
la entidad al contestar la demanda instaurada por la señora Sandra Yuscelly
Bejarano, ya reseñados.
Precisa que
el 17 de diciembre de 2001 aparecía en su central el siguiente reporte,
atinente al manejo de las obligaciones financieras adquiridas por la señora
Nidia Marcela Piñeros:
“BANCO SUDAMERIS. Cuenta Corriente Bancaria No.014788103. Aparece
reportada como “activa”.
BANCO SUDAMERIS. Cuenta de Ahorros No. 004038976. Aparece reportada
como “activa”.
DINERS CLUB. Tarjeta de crédito No.
6492910001. Aparece reportada como al día. No registra mora en los pagos.
BANCO SUDAMERIS. Tarjeta de crédito No.
000005367. Aparece reportada como “no entregada”.
INVERSORA PICHINCHA. Tarjeta de crédito No.
110007524. Aparece reportada como “cancelación voluntaria con una mora
histórica de 90 días”. Fecha de la novedad abril de 2001.”
Y para concluir agrega que la demandante
presentó una solicitud de rectificación y actualización de la información
contenida en la base de datos el 28 de agosto de 2001, en ejercicio del habeas
data directo, pero que su solicitud no fue atendida, porque la señora Piñeros
Burgos i) incurrió en mora en el pago de la obligación adquirida con Inversora
Pichincha durante el mes de abril de 2000, ii) atendió su obligación en el mes
de mayo del mismo año, iii) incumplió nuevamente con el pago de la obligación
entre los meses siguientes de junio y septiembre, y iv) canceló la totalidad de
lo adeudado en el mes de abril del año 2001.
En consecuencia advierte que la mora en
que incurrió la accionante permanecerá en sus registros para información del
sistema financiero durante dos años.
b) Intervención de la Asociación Bancaria y
de Entidades Financieras de Colombia –CIFIN-
La Asociación en mención, por intermedio de apoderado,
interviene para señalar que en la base de datos que administra aparece
reportado el comportamiento financiero de la accionante, como sigue:
“SUDAMERIS. Cuenta corriente No.
0000000014788103, fecha de apertura 19 de noviembre de 2001, que presenta un
comportamiento normal.
SUPERIOR. Tarjeta de crédito Diners No.
0032054649201001, la cual presenta un comportamiento normal y no ha presentado
mora en los últimos 12 meses.
Aduce que la
tutelante no ha presentado solicitud para que se rectifiquen los datos antes
relacionados, que estos no denotan reporte o información negativa, atinente a
las obligaciones de la accionante con Inversora Pichincha S.A., y que en
consecuencia la acción que se revisa debe negarse por improcedente.
c) Contestación de Inversora Pichincha
El 17 de
diciembre de 2001 Inversora Pichincha S.A., por intermedio de apoderada,
interviene para señalar que la tarjeta de crédito expedida para uso de la
accionante, que dio lugar a la mora que afecta la información sobre su
comportamiento financiero, se encuentra al día.
Además
informa i) que mientras estuvo vigente la tarjeta de crédito Visa
491240110007524 la accionante incurrió en mora mayor de 90 días, en el período
comprendido entre mayo y octubre de 2000, ii) que debidamente facultada por la
accionante reportó dicha mora ante las centrales de riesgo del Sistema
Financiero, y iii) que éstas también fueron informadas sobre el pago voluntario
de la obligación, cuando éste se efectuó.
Conceptúa que
así la accionante haya pagado la totalidad de la obligación a su cargo, por
concepto de la tarjeta de crédito expedida a su nombre, no puede pretender un
reporte de comportamiento crediticio normal o limpio, porque incurrió en mora
de más de 90 días y en “las centrales de riesgo se registra la historia del
movimiento de pagos del cliente como parte de “la divulgación informática de la
información de los usuarios del sistema financiero” a la que obliga la ley.”.
Añade que la
Superintendencia Bancaria en Concepto 97003598-5 del 5 de marzo de 1997 señaló,
con fundamento en jurisprudencia de esta Corporación, que los usuarios del
sistema financiero no pueden impedir que las entidades financieras informen a
las centrales de riesgo sobre su comportamiento, dado que la protección del
crédito es un asunto que interesa a la comunidad, y en razón de que el manejo
que una persona da a sus obligaciones financieras no se relaciona con su
intimidad –se apoya en el Salvamento de Voto a la sentencia T-022 de 1993, M.P.
Ciro Angarita Barón-.
La apoderada
judicial transcribe apartes de la Sentencia SU-089 de 1995, de los que resalta
i) que el pago de una obligación, no le da derecho al deudor a exigir que su
comportamiento anterior no sea divulgado, ii) que no es dable confundir el
deber de actualizar una información, con su modificación, mediante la
alteración por supresión de parte de la misma, y iii) que las entidades
financieras están obligadas a reportar a las centrales de riesgo el
comportamiento de los usuarios. De modo que la información atinente al pago de
las obligaciones, debe incluir las circunstancias que lo acompañaron.
Aduce que la
sentencia proferida por el Consejo de Estado - radicado 2312-, e invocada por
la tutelante, no es aplicable al caso en estudio, dados sus efectos relativos,
y en razón de que contraría la jurisprudencia de esta Corporación atinente al
tema.
Por último,
afirma que la entidad que representa cumplió con su obligación de reportar el
pago de la obligación a cargo de la accionante, tan pronto como éste se
produjo, y que son Computec y la Asociación Bancaria las entidades encargadas
de calificar los reportes que reciben, y determinar la vigencia de éstos en sus
bancos de datos.
d) Intervención
de la Fundación Compartir
El representante legal de la Fundación Compartir
expone que en desarrollo de su objeto la entidad adelanta diferentes programas
de construcción de vivienda de interés social.
Afirma, que revisados sus archivos pudo constatar que
la señora Nidia Marcela Piñeros Burgos “formó parte de las solicitudes
presentadas por las personas interesadas en ser seleccionadas”, sin que por
dicha presentación se haya generado “ningún vínculo contractual ni
precontractual”, con la accionante.
Para concluir destaca que la Fundación que representa
ofrece vivienda “con las mejores especificaciones y condiciones del mercado
y prácticamente al costo”, pero que para mantener su oferta requiere que
las negociaciones, las aprobaciones de créditos, y las subrogaciones se
efectúen sin dilaciones en el menor tiempo posible.
e) Intervención del Banco Comercial y de
Ahorros Conavi S.A.
El Jefe de Recaudo Jurídico y
Representante legal Judicial de la entidad en mención afirma que la señora
Nidia Marcela Piñeros Burgos “nunca ha presentado solicitud de crédito ante
CONAVI”, pero no descarta la posibilidad de que la nombrada haya pedido el
crédito a nombre de otra persona.
Agrega que, “bajo el supuesto de que
la accionante hubiere radicado en esta entidad la información y documentación
necesaria para acceder a un crédito hipotecario, el Departamento de Crédito,
con fundamento en los parámetros legales y las políticas internas de CONAVI, se
abstendría de dar aprobación a la referida solicitud, si el solicitante no se
hubiese adecuado al perfil de riesgo requerido por esta entidad”.
Destaca que la entidad “no encuentra
razón legal alguna para dar a conocer los motivos o fundamentos que hubiesen
conducido a negar dicha solicitud excepto que hubiese mediado orden judicial en
contrario  (..) toda vez que esta entidad es una persona jurídica de derecho
privado sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, y,
como tal, es un sujeto de derechos y también de obligaciones, dentro de los
derechos que le asisten, existe aquel que le permite ser discrecional y
autónoma en el momento de definir las políticas que en materia crediticia ha de
implementar para decidir las solicitud de crédito que le son presentadas.”.
Para finalizar, le recuerda al Juzgado
Treinta Civil del Circuito de Bogotá, que “no existe en el ordenamiento
jurídico colombiano norma alguna que imponga la obligación a las entidades
financieras de aprobar los créditos que les son solicitados, ni tampoco existe
obligatoriedad para revelarle a los solicitantes las razones que fundamentan la
abstención de la entidad para aprobar esos créditos”.
Y concluye afirmando que “para CONVANI
es indiferente el resultado de la tutela en comento, es decir si INVERSORA
PICHINCHA fue o no condenada, toda vez que mantenemos la posición de que el
crédito que nos ocupa fue negado, en razón de la autonomía de la voluntad que
nos asiste por ser personas jurídicas de derecho privado”.
1.3
Acción de Tutela instaurada por
Magali Patricia Caballero Espinosa contra Computec S.A. y Colsubsidio
-expediente T-560.520-
1.3.1 Hechos
La señora Magali Patricia Caballero
Espinosa afirma que aspiraba a la adjudicación de una vivienda por parte de la
Caja de Compensación Familiar Colsubsidio en el Proyecto Tierragrata, y que en
consecuencia, el 23 de octubre de 2001, presentó ante Datacrédito un derecho de
petición, a fin de que la información sobre su comportamiento financiero, que
figura en dicha central, fuera actualizada.
Agrega que una vez reunidos los requisitos
exigidos por la Caja de Compensación accionada para la adjudicación de
vivienda, entre estos haberse hecho acreedora al subsidio familiar, contar con
los ingresos mensuales necesarios, haber cumplido con el programa de ahorro
programado, y no figurar reportada ante las centrales de riesgo, el 28 de
octubre de 2001 presentó ante Colsubsidio una solicitud para que le fuera
adjudicada la vivienda pretendida, para lo cual adjuntó, entre otros
documentos, los recibos que dan cuenta del pago de las tarjetas de crédito y
los paz y salvos de las obligaciones adquiridas por el uso de las mismas,
sustentando así su situación con las entidades financieras y crediticias.
Indica que el 14 de noviembre del año en
mención la central de riesgos Datacrédito, en contestación al derecho de
petición presentado, le informó que permanecería reportada hasta tanto no
transcurriera el término de caducidad previsto para su caso, y que el 3 de
enero de 2002 un funcionario de Colsubsidio le informó, telefónicamente, que su
solicitud había sido rechazada, por encontrarse reportada en las centrales de
riesgo.
Asegura que a otras personas, no obstante
encontrarse en su misma situación, “sí les fueron asignadas las viviendas”,
y que al indagar la razón de la diferencia de trato los funcionarios del
proyecto le respondieron que “a algunas personas se les consultó Datacrédito
y que a otras no”, por lo que anota “no entiendo como dentro de las más
de 2000 solicitudes presentadas para el proyecto sólo sea mi solicitud negada
porque se hizo dicha consulta.”.
1.3.2 Pruebas
a) La demandante aportó los siguientes
documentos:
- Petición presentada por la accionante el
23 de octubre de 2001 ante Datacrédito, solicitando i) la actualización de la
información existente en la central de riesgos atinente al manejo de las
tarjetas de crédito expedidas por el Banco del Estado y por el Banco de Bogotá
a su nombre, y ii) la eliminación del dato histórico sobre las mismas “por
aplicación analógica de la sentencia No. 1235 del 21 de Septiembre de 2.001
dictada por el Consejo de Estado.” –folios 6 a 8-.
- Comunicación enviada a la señora Magali
Caballero Espinosa por el Director Administrativo de Colsubsidio, el 1° de
noviembre de 2001, informándole que a su hogar le fue asignada la suma de
$7.150.000, a título de subsidio familiar, para adquirir una vivienda por un
valor máximo de $20.020.000, el que debía ser utilizado en los doce meses
siguientes –folios 9 y 10-.
- Comunicación enviada a la accionante por
el Centro de Atención al Ciudadano de Datacrédito el 14 de noviembre de 2001,
mediante la cual la actora i) es informada de que el registro sobre su
comportamiento financiero permanecerá durante el término de caducidad, ii) se
la insta para que se presente a las oficinas de la entidad a recibir mayor
ilustración sobre el punto, y iii) se le explica que la jurisprudencia del
Consejo de Estado, relativa a la caducidad de los datos sobre el comportamiento
de los usuarios del sistema financiero en las centrales de riesgo –Sandra
Yuscelly Bejarano Vs. Datacrédito, expediente T-517.288- no resulta aplicable
en su caso (i) por sus efectos relativos, (ii) debido a que
contraría a la jurisprudencia de esta Corporación relativa al tema, y (ii) dado
que proviene de una entidad con “rango inferior, en cuanto a la
interpretación y guarda de la constitución (..).” –folios 11 y 12-.
- Fotocopias de las certificaciones
emitidas por el Banco del Estado y por el Banco de Bogotá, el 22 y el 29 de
octubre de 2001 respectivamente, que dan cuenta de que la accionante se
encuentra a paz y salvo, respecto de las obligaciones adquiridas por el uso de
las tarjetas de crédito expedidas a su nombre –folios 13 y 14-.
b) La Caja Colombiana de Subsidio
Familiar Colsubsidio remitió al expediente los siguientes documentos:
- Fotocopia de la información emitida por
Davivienda para dar a conocer su política crediticia, con miras a que se
conozca por quienes pretendan acceder a los créditos que otorga la entidad, así
–folio47-:
“- Comportamientos y hábitos de pago en el
último año (reportes máximos para considerar un crédito, con presentación de
paz y salvos).
-2 moras de 30 días ó
-1 mora de 60 días
-1 mora de 90 días, al
día, en cuentas menores (celulares)
- se rechazan créditos a personas con
cuentas, créditos o tarjetas canceladas por mal manejo o concepto negativo,
cartera castigada, pago irregular o dudoso recaudo.
- Estabilidad laboral
-12 meses para empleados
con contrato a término indefinido.
-3 años para empleados a
término fijo y/o temporal.
- Perfeccionamiento del crédito (tiempo que
transcurre desde la fecha de aprobación hasta el momento en que se debe
liquidar el crédito).
- plazo 60 días, tiempo
mayor se dará el crédito por no utilizado.”
- Fotocopia de los reportes que el 1° de
octubre del 2002 figuraban en las centrales de riesgo Datacrédito y Cifin a
nombre de la accionante, atinentes a dos obligaciones en mora a cargo de la
misma, pagadas voluntariamente en octubre de 2001 - folios 48 y 49-.
c) La Directora Nacional de Credibanco
Banco de Bogotá, remitió fotocopia de los extractos emitidos por la entidad
entre junio de 1998 y febrero de 1999, que dan cuenta de la mora en que
incurrió la accionante, por razón de las obligaciones adquiridas por el uso de
su tarjeta de crédito, durante los meses de agosto, noviembre y diciembre de
1998 - folios 88 a 95-.
1.3.3 Intervención pasiva
a)      Contestación de Computec S.A.
La sociedad Computec S.A. División
Datacrédito, por intermedio de apoderado, se opone a que la protección
constitucional invocada por la accionante sea concedida, con similares
argumentos a los que la misma entidad expuso al intervenir en la acción de
tutela instaurada por la señora Sandra Yuscelly Bejarano -T-517.288-, ya
reseñados.
Y respecto de la situación particular de
la señora Caballero Espinosa, precisa lo siguiente:
“A fecha de corte 11 de enero de 2002:
Banco del ESTADO. Tarjeta de Crédito
805715109. Cancelación de la obligación voluntariamente, fecha de novedad
octubre de 2000. No se reportó el comportamiento de la actora respecto de tal
obligación.
BOGOTÁ. Tarjeta de Crédito
001754968.reportada. pago voluntario, novedad reportada en octubre de 2001.
Mora reportada desde el mes de octubre de 1999 hasta enero de 2001, nuevamente
desde los meses de febrero a septiembre de 2001, la entidad informante no
reportó el comportamiento de la accionante en el pago de esta obligación. En
ese sentido aparece una mora reportada de 16 meses a cargo de la accionante.
ALIADAS. Cartera de Compañía de
Financiamiento Comercial 620411010. Reportada al día (fecha de la novedad
noviembre de 2001). No hubo reporte de mora”.
Sostiene que el reporte relativo al
comportamiento financiero de la accionante será mantenido en su base de datos
durante dos años, contados a partir del mes de noviembre de 2001, porque los
datos antes transcritos revelan que la nombrada registró una mora histórica en
sus pagos.
b)      Contestación de la Caja de Compensación
Familiar COLSUBSIDIO
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar
COLSUBSIDIO, por intermedio de apoderado, precisa que dentro del Proyecto
Tierragrata la entidad que representa no adjudica viviendas, sino que, de
acuerdo con el cumplimiento de algunos requisitos, entre otros el reporte de
las centrales de riesgo, “establece un orden de viabilidad del negocio”.
En tal sentido, afirma que la solicitud
presentada por la accionante evidenciaba haber sido reportada en las centrales
de riesgo, y que pudo establecerse que el comportamiento financiero de la
señora Caballero Espinosa se encuentra afectado con el registro de una mora que
no ha caducado.
Explica que dicha mora no se ajusta a las políticas de
las entidades financieras para el otorgamiento de créditos a largo plazo, de
suerte que la solicitud de la actora debió ser rechazada por la entidad que
representa, a fin de no perjudicar la ejecución del proyecto, dado que la
solicitud de crédito que presentaría la accionante sería necesariamente
rechazada por la prestataria.
Agrega que la anterior decisión no puede ser
cuestionada por el Juez Constitucional, en razón de que éste no podría obligar
a un particular, como Colsubsidio, a realizar un contrato privado de
compraventa, a sabiendas de que el comprador no puede cumplir con el pago del
precio.
Además, advierte que la accionante bien
pudo aplicar el subsidio que le fue otorgado para adquirir cualquier solución
de vivienda, dado que la asignación de dicho subsidio no obliga a la Caja de
Compensación a adjudicar una vivienda, como tampoco a hacerlo en un proyecto
determinado.
Y para finalizar precisa que la entidad que representa
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, y que la señora
Caballero Espinosa puede adquirir una solución habitacional en el Proyecto
Tierragrata, si así lo desea, presentando una nueva solicitud, la que será
nuevamente estudiada.
c)       Intervención del Banco de Bogotá
La Directora Nacional de Credibanco Banco
de Bogotá afirma que la señora Caballero Espinosa fue cliente de la entidad que
dirige hasta el 18 de octubre de 2001, y que en esta fecha canceló
voluntariamente las obligaciones adquiridas por el uso de la tarjeta de crédito
emitida a su nombre.
Precisa que la señora Magali Caballero “mantuvo
morosidad respecto de los pagos mínimos que debía acreditar durante el lapso
comprendido entre el mes de OCTUBRE DE 1999, hasta el mes de OCTUBRE DE
2001, según se desprende de los extractos que se adjuntan a la presente”
–destaca el texto -
Conceptúa que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 335 constitucional, las entidades que captan el ahorro
del público están en la obligación de informar a las centrales de riesgo el
comportamiento de los usuarios del crédito, y que la entidad que dirige
informó, como le correspondía hacerlo, tanto a Datacrédito como a Cifin, la
mora en que incurrió la accionante, al igual que el pago voluntario de las
obligaciones que la misma había adquirido con la entidad.
a)
Contestación del
Banco del Estado
Por intermedio de apoderado judicial la
entidad bancaria en mención interviene para afirmar que a la señora Magali
Patricia Caballero le fue otorgada una tarjeta de crédito, pero que la nombrada
no atendió debidamente las obligaciones que el uso de la misma generó, habida
cuenta que presentó mora de 180 y 1.140 días, dando lugar a que las
obligaciones fueran castigadas como cartera de dudoso recaudo y su
comportamiento reportado a las centrales de riesgo.
Sostiene que la entidad que representa no
ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante al buen nombre, a la
igualdad, a la honra, a la vida y a la cosa juzgada, como afirma la actora,
puesto que “el reporte ante las Centrales de Riesgos del Sector Financiero
está acorde con la realidad y cumple con los parámetros establecidos por la
Constitución Nacional, las Sentencias de la H. Corte Constitucional y las
Resoluciones expedidas por la Superintendencia Bancaria para el manejo de la
información recogida sobre las personas naturales y jurídicas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.
1.4    Acción
de tutela instaurada por Pedro Alfonso Castro López contra Banco Davivienda
S.A. y Computec S.A. -expediente T-562.017-
1.4.1 Hechos
El señor Pedro Alfonso Castro López indica que le
solicitó un crédito al Banco Megabanco y una tarjeta de crédito al Banco
Colpatria, previo el lleno de todos los requisitos exigidos por dichas
entidades, los que le fueron negados “porque estaba reportado en el listado
de DATACREDITO.”.
Indica que acudió a dicha entidad, a fin de indagar
acerca de su situación frente a las centrales de riesgos, y que sin mediar
mayor explicación se le informó que permanecería reportado, “hasta
septiembre/06 por haber sido deudor moroso de un Credi express- Davivienda No.
300001935223, obligación bancaria que cancelé el 07 de septiembre/01 por la
suma de $61.000,00.”.
Conceptúa que el reporte de la mora en que incurrió,
efectuado por el Banco Davivienda a las centrales de riesgo, es un acto “desleal
(..) pues el Coordinador del Centro de Atención al Cliente me expidió un
certificado diciendo que me encontraba a Paz y Salvo, certificado que valía
como constancia cuando en realidad la única información válida era la de
DATACREDITO”.
Reseña que acudió al Banco Davivienda en demanda de
una explicación y que no le fue posible entrevistarse con el Jefe de Cartera,
como era su deseo, pero que “el Coordinador del Centro de Atención al
Cliente, me dijo (..) que si estaba reportado seguiría así por 2 años como
CASTIGO por haber sido deudor moroso por mas (sic) de 120 días.”.
Califica de injusto que el registro de la mora en que
incurrió “permanezca por 5 años una vez satisfecha la totalidad de la deuda,
periodo de tiempo durante el cual no tendré acceso a ningún crédito vulnerándome
derechos como tener vivienda digna y justa.”, y considera que por haber
pagado su obligación el Banco Davivienda está en la obligación de expedirle un
paz y salvo, que tenga efecto ante la central de riesgo.
Para finalizar solicita el restablecimiento de sus
derechos fundamentales al habeas data y a la vivienda digna, i) en razón de los
pronunciamientos de esta Corporación que estarían modificando la sentencia
SU-082 de 1995 –“T-578/01, T-1427/00, T-1085/01, entre otras”-, y ii)
debido a que la permanencia del dato negativo en las centrales de riesgo no
condice con la jurisprudencia del Consejo de Estado –Sentencia 1059/01 del
21 de septiembre /01-, y de la Corte Suprema de Justicia -Acción de
tutela No. 9788 de 01 de agosto /01-, atinentes al tema.
1.4.2 Pruebas
a)
El accionante remitió
al expediente los siguientes documentos:
- Fotocopia de comprobante expedido por el Banco
Davivienda, que da cuenta del pago efectuado por el accionante el 7 de
septiembre de 2001, para cancelar lo adeudado por el uso de la tarjeta
Crediexpress, expedida a su nombre - folio 4-.
- Certificado expedido por el Banco Davivienda, en el
que se hace constar que el accionante se encuentra a paz y salvo, respecto de
la obligación Crediexpress No. 3000010001935223 - folio 5-.
- Fotocopia del derecho de petición, presentado por el
actor el 29 de octubre de 2001 ante Datacrédito, solicitando explicación sobre
la permanencia del registro de la mora en que incurrió, no obstante la cancelación
total de la obligación que le dio origen al reporte - folio 6-.
b) El Banco de Crédito y Desarrollo Social MEGABANCO
S.A. anexó al expediente fotocopia de los reportes de las centrales de riesgo
Datacrédito y Cifin en las que figura que el accionante incurrió en mora con el
Banco Davivienda y canceló voluntariamente su obligación - folio 76 a 79-.
1.4.3 Intervención pasiva
a)      Contestación
del Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabanco S.A. y del Banco Colpatria
Red Multibanca Colpatria S.A.
Los representantes legales de las entidades
financieras en referencia afirman que no han reportado el comportamiento
financiero del actor a las centrales de riesgo. Y la representante del Banco
Colpatria agrega que el actor “nunca ha tenido relaciones obligacionales con
esta entidad financiera”.
1.5    Acción de tutela instaurada por Luis Alberto
Padierna Restrepo contra Computec S.A. -expediente T- 563.231-.
1.5.1 Hechos
El señor Luis Alberto Padierna Restrepo señala que el
26 de junio de 2001 canceló voluntariamente la totalidad de la deuda que había
contraído con la Empresa Ediciones Internacional Zamora Ltda., y que, en
consonancia con su pago, obtuvo de la acreedora el paz y salvo que así lo
indica.
Relata que el 18 de octubre siguiente conoció que su
obligación figura reportada en la central de riesgo Datacrédito, y que por ello
presentó un derecho ante la Regional Antioquia de dicha central, con fundamento
en el paz y salvo antes referido y de conformidad con lo decidido “en la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, en el expediente
25000-23-25-000-2001-1059-01, con fecha 21 de septiembre de 2001 siendo
Magistrado Ponente, el Doctor Juan Manuel Palacio Hincapié”.
Aduce que el derecho de petición antedicho le fue
contestado, pero que fue informado de que el reporte sería mantenido, porque
las centrales de riesgo no están obligadas a “a dar aplicación a la
sentencia del Consejo de Estado, sino en el caso particular y concreto que ella
se refiere”.
En consecuencia solicita que sus derechos
fundamentales al habeas data y al libre desarrollo de la personalidad le sean
restablecidos por el Juez Constitucional, y que en consecuencia se ordene a
Datacrédito cancelar el reporte que figura a su nombre, dado el cumplimiento de
sus obligaciones.
1.5.2 Pruebas
a)
El actor remitió, entre
otros los siguientes documentos:
- Copia del recibo expedido por el Gerente
Administrativo de Ediciones Internacional Zamora Ltda., que da cuenta de que el
señor Luis Alberto Padierna Restrepo “adquirió con nosotros un crédito por
valor de $59.000,oo el que canceló y su cuenta se encuentra en proceso de
retiro de Datacrédito” - folio 5-.
- Fotocopia de la certificación emitida por la Empresa
Internacional Zamora Ltda. donde consta que el accionante se encuentra a paz y
salvo con la entidad por todo concepto - folio 6-.
- Fotocopia de los derechos de petición presentados
por el actor ante la Empresa Internacional Zamora Ltda. y ante Datacrédito, en
igual sentido, solicitándoles “me borren de la base de datos”, de
conformidad con la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el
expediente 2001-1059-01 del 21 de septiembre del 2001. Y de respuesta dado por
Computec S.A., justificando la permanencia del dato en su central de riesgos -
folios 7, 8 y 9-.
1.5.3 Intervención pasiva
a)      Contestación de Computec S.A.
La entidad accionada, por intermedio de apoderado,
interviene para sostener, con similares argumentos a los expuestos en las
acciones antes reseñadas, que los derechos fundamentales del actor no están
siendo vulnerados, porque la información que figura en su central, sobre el
comportamiento comercial del señor Padierna Restrepo, es veraz.
Informa que el actor retardó durante 180 días el pago
de una obligación contraída con la Empresa Editorial Educar Editores, y que el
registro de la mora deberá mantenerse, porque no ha transcurrido el término de
caducidad de dato señalado por esta Corporación.
Con posterioridad, Computec S.A remitió al expediente
un escrito en el que aclara que desde el 6 de diciembre de 2001 no figuran
datos adversos al manejo financiero del actor en su central de riesgos.
1.6    Acción de tutela instaurada por Luz Mery López
Franco contra Computec S.A. -División Datacrédito–T-563.281
1.6.1 Hechos
La señora Luz Mery López Franco demanda a Computec
S.A. para que cesen los actos perturbadores de su derecho al buen nombre.
Relata que consultó su situación en la central de
riesgo Datacrédito, habida cuenta que requería solicitar un crédito al Banco de
Colombia, y que sorprendida con el reporte de “una mora de Ciento Cincuenta
(150) días y con una calificación mala en una obligación que ya había sido
cancelada”.
Explica que mantiene en su poder una carta de Bancafé
que certifica el pago de la obligación que adquirió con la entidad y que
también porta el pagaré que suscribió cuando adquirió dicha obligación, en el
que la acreedora indica, mediante la imposición de un sello, la cancelación de
la acreencia.
Reseña que acudió a la entidad crediticia “para
que me retirara de esta base de datos a lo cual ellos respondieron simplemente
que era cuestión de Datacrédito seguirme reportando.”
En consecuencia solicita al Juez
Constitucional ordenar “a Datacrédito retirarme de su base de datos puesto
no estoy ni en mora ni debo a Bancafé pues ya cancelé en su totalidad mi
obligación en estos momentos estoy a Paz y Salvo.”
1.6.2 Pruebas
a) La accionante aportó los siguientes documentos:
- Fotocopia del pagaré 0078051 suscrito por la
accionante y el señor Eligio Arboleda Puerta, a favor de Banco Cafetero Bancafé
S.A., el 3 de abril de 1998, por $7.000.000, con vencimiento el 4 de abril de
2001, y sello de cancelado impreso el 17 de agosto de 2001.
- Fotocopia del derecho de petición presentado por la
señora López Franco a Bancafé S.A., el 4 de octubre de 2001, solicitando “se
me expida de manera inmediata tal y como lo ordena la ley y la corte
constitucional el Paz y Salvo respectivo a la fecha y se me retire de las
entidades de riesgo donde estoy reportada o si alguna vez lo estuve y se me
informe con que calificación fui reportada.”.
- Respuesta de la Gerente Torre de Bancafé en la
ciudad de Medellín a la actora, emitida el 24 de octubre de 2001, informándole
i) que “ya se ha registrado en las centrales de información financiera el pago
voluntario de su obligación, ii) que su acreencia “ tuvo durante su
vigencia una mora máxima de 150 días, y iii) que por “estar totalmente
cancelada su obligación, Bancafé no reporta calificación para el mencionado
crédito.”.
1.6.3 Intervención pasiva
a)      Intervención de Computec S.A.
La Sociedad Computec S.A., por intermedio
de apoderado, mediante comunicación del 29 de noviembre de 2001, interviene
ante el H. Tribunal Superior de Medellín para reiterar que no ha quebrantado los
derechos fundamentales de la actora, fundada en las razones reseñadas al
sintetizar su intervención en las acciones anteriores.
Ahora bien, sobre la información atinente
a la señora Luz Mery López, que figura registrada en su central de riesgo, el
apoderado de la accionada presenta la siguiente relación:
“- Tarjeta de Crédito DINERS CLUB, No.
428351002 fecha de apertura julio de 1981 y vencimiento julio de 2004, la
obligación se encuentra en mora de 30 días.
- Tarjeta de Crédito LAS VILLAS, No.
000014331 fecha de apertura mayo de 1994 y vencimiento mayo de 2002. Según
último informe, de septiembre de 2001, la obligación se encuentra al día. En su
manejo histórico observó mora de 30 días. En la actualidad se encuentra a paz y
salvo.
- Cartera Bancaria BANCAFE, No. 833980182
fecha de apertura abril de 1998 y vencimiento de abril de 2001. Según último
informe de agosto de 2001, la obligación fue pagada voluntariamente. En su
manejo histórico observó mora de 60 días. En la actualidad se encuentra a paz y
salvo.
- Cartera de Telefonía Celular BELLSOUTH
S.A. No. 050932320 fecha de apertura diciembre de 1999 y vencimiento diciembre
de 2000. Según último informe, de octubre de 2001, la obligación se encuentra
al día. En su manejo histórico observo mora de 30 días. En la actualidad se
encuentra a paz y salvo”.
Y, para concluir afirma, que la información
anterior “no puede ser borrada de nuestra base de datos, ya que una de las
obligaciones, no ha sido pagada y por tanto no ha transcurrido el término de
caducidad señalado por la Corte Constitucional (..)”.
b)
Intervención del
Banco Superior
En comunicación enviada vía fax el 3 de
diciembre de 2001 el Banco Superior le informó a la Sala Civil del Tribunal
Superior de Medellín que la señora Luz Mery López Franco se encuentra al día en
el pago de su tarjeta de crédito, por haber cancelado el 23 de noviembre
anterior, una obligación con treinta días de retraso.
1.7    Acción de tutela instaurada por
Jaime Augusto Rengifo Peña contra Computec S.A. y la Asociación Bancaria y de
Instituciones Financieras -expediente T- 563.945-
1.7.1 Hechos
El señor Jaime Augusto Rengifo Peña indica
que aporta sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, y que le presentó a
dicho Fondo una solicitud de crédito para vivienda la que le fue negada.
Indica que acudió a la entidad prestadora
en procura de obtener información sobre lo ocurrido y que fue informado,
verbalmente, del registro que figura a su nombre en las centrales de riesgo
Datacrédito y Cifin, en razón de la información suministrada por los Bancos de
Occidente-Credencial S.A., Superior -Diners Club S.A., y Santander, al igual
que por la entidad Coltefinanciera S.A., sobre su comportamiento crediticio.
Relata que en el mes de abril de 1999
canceló las obligaciones que adquirió con las entidades financieras en mención
y que éstas le expidieron el correspondiente paz y salvo.
Asegura que en las centrales Datacrédito
y Cifin fue informado de que permanecería reportado en sus bases de datos por
un período de 24 meses, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones, y
la expedición de sendos paz y salvos a su nombre por las prestamistas.
Para concluir sostiene que la protección
que invoca le debe ser concedida, porque se encuentra en las mismas condiciones
que dieron lugar a que los derechos fundamentales al habeas data y a acceder a
una vivienda digna, invocados por la señora Sandra Yuscelly Bejarano, hayan
sido restablecidos por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de
septiembre de 2001.
1.7.2 Pruebas
a) La accionante allegó al expediente
fotocopia de las certificaciones emitidas por Coltefinanciera S.A., y por los
Bancos Occidente, Superior, y Santander entre el 21 de mayo de 1998 y el 18 de
octubre de 2000, que indican que el actor se encuentra al día en el pago de sus
obligaciones –folios 4 a 7-.
b) El Fondo Nacional del Ahorro anexó los
siguientes documentos:
- Fotocopia del Memorando DCr. 1161 del
26 de noviembre de 2001, dirigido por la División de Crédito de la entidad al
Jefe de la Oficina Jurídica, con el siguiente contenido - folio 39-:
“…se pudo
verificar que la solicitud de crédito presentada por el afiliado JAIME AUGUSTO
RENGIFO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 14.236.323 de Ibagué se
le negó el préstamo solicitado debido a que una vez analizada la información de
la Central de Riesgo, específicamente por tener cuenta recuperada por vía
jurídica y porque supera la altura máxima de mora histórica; por lo tanto no
cumple con los parámetros establecidos en las políticas de crédito del FONDO
NACIONAL DE AHORRO, para el otorgamiento de crédito Acuerdo 990 de 24 de agosto
de 2001 que establece en su numeral 3.1.8 “No encontrarse el solicitante
reportado ante la Central de Riesgo consultada”.
- Fotocopia de la comunicación DCr.
091830 del 26 de noviembre de 2001, dirigida por el Jefe de la División de
Crédito del Fondo al actor, para informarle - folio 40-:
“…que su
solicitud de crédito fue rechazada debido a que estudiado su comportamiento
crediticio reportado ante la Central de Riesgo consultada, se pudo establecer
que no cumple con los parámetros establecidos en las políticas del F.N.A. para
el otorgamiento de créditos.
El Reglamento
de Crédito para Vivienda Acuerdo 990 de agosto 24 de 2001, el cual se adjunta,
establece en su numeral 3.1.8. Uno de los requisitos para presentar solicitud
de crédito para Vivienda “No encontrarse el solicitante reportado ante la
Central de Riesgo consultada.
Una vez
subsanados los inconvenientes con las entidades que lo reportaron ante las
Centrales de Riesgo, podrá presentar nueva solicitud de crédito, teniendo en
cuenta que la recepción de solicitudes se amplió hasta el 31 de diciembre de
2001”
- Fotocopia
del Acuerdo No. 990 de 2001, adoptado por la Junta Directiva del Fondo Nacional
del Ahorro, en uso de sus facultades legales y estatutarias, a fin de adoptar
el “Nuevo Reglamento de Crédito para Vivienda del Fondo Nacional de Ahorro”,
donde se establece entre otros aspectos, que para acceder a un crédito de
vivienda el solicitante i) no puede “encontrarse (..) reportado ante la
Central de Riesgo consultada”; y ii) que “deberá autorizar en el
formulario de solicitud del F.N.A. para que se consulte y reporte a las
centrales mencionadas”.
Dicen los Capítulos Tercero y Quinto del
Acuerdo en cita, respecto de las solicitudes de crédito y las condiciones para
su otorgamiento - folios 43 a 64-:
“CAPÍTULO TERCERO
SOLICITUD DE
CRÉDITO
3.1.
REQUISITOS PARA PRESENTAR SOLICITUD DE CRÉDITO PARA VIVIENDA.
Para presentar
solicitudes de crédito se debe reunir los siguientes requisitos:
3.1.1. Ser
afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.
3.1.2. Tener
una vinculación mínima de tres (3) años al F.N.A.
3.1.3. Tener
reportadas en el FONDO NACIONAL DE AHORRO cesantías correspondientes por lo
menos a tres (3) años por una o varias entidades que aporten y reporten
cesantías del afiliado al Fondo Nacional del Ahorro y un puntaje mínimo que
determine la Junta Directiva.
3.1.4. No
tener crédito para vivienda vigente con el Fondo Nacional de Ahorro.
El FONDO
NACIONAL DE AHORRO puede recibir solicitudes para una segunda opción de crédito
por una sola vez y únicamente para quien tenga la calidad de afiliado activo
aportante o pensionado y hayan transcurrido cinco (5) años desde la fecha de
cancelación del primer crédito, y cumpla los demás requisitos establecidos en
este Acuerdo.
3.1.5. No
tener sobre sus cesantías o asignación básica, embargos o pignoraciones. En lo
referente a la asignación básica será el Jefe de Personal o quien haga sus
veces, el encargado de certificar sobre este hecho.
3.1.6.
Presentar formulario original o fotocopia, con datos y firmas originales.
3.1.7.
Acreditar su capacidad de pago, la cual deberá ser mínimo del 30 % de la
asignación básica certificada por el jefe de personal de la entidad donde
labora, o el certificado de la pensión según el caso.
3.1.8. No
encontrarse el solicitante reportado ante la Central de Riesgo consultada.
En el caso de
los Afiliados Activos no aportantes deberá acreditar su capacidad de pago con
una certificación de ingresos expedida por un Contador Público soportada en
extractos de Entidades Financieras.
PARÁGRAFO
PRIMERO: Los requisitos acreditados al momento de presentar la solicitud de
crédito deben permanecer hasta la fecha de aprobación y perfeccionamiento del
crédito.
PARÁGRAFO
SEGUNDO: Ningún afiliado puede tener en trámite dos solicitudes de crédito
hipotecario para modalidades distintas; la última solicitud presentada excluye
la primera.
3.2 SOLICITUD
DE CRÉDITO PARA VIVIENDA
El formulario
de solicitud de crédito para vivienda, llenará las siguientes condiciones:
a) Debe ser
diligenciado y firmado en original. En caso de solicitudes conjuntas, cada
afiliado debe diligenciar una solicitud.
b) La
constancia de asignación básica mensual y embargos que forma parte del
formulario de solicitud de crédito, debe ser firmada en original por el jefe de
personal o quien haga sus veces.
c)Contendrán
autorización del afiliado al FONDO para consulta y reporte a la Central de
Riesgos Consultada.
PARÁGRAFO
PRIMERO: El afiliado está obligado a comunicar al Fondo cualquier variación de
la información suministrada en la solicitud de crédito para vivienda.
PARÁGRAFO
SEGUNDO: El F.N.A. se abstendrá de tramitar solicitudes de crédito por un término
de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia
condenatoria o fallo disciplinario de los afiliados que hayan sido sancionados
penalmente y/o disciplinariamente por la presentación de documentos falsos o
adulterados al FONDO (…)”
CAPITULO QUINTO
5.
CONDICIONES DE OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS
5.4. REPORTE A
CENTRALES DE RIESGO
La División de
Cartera del Fondo Nacional de Ahorro reportará a las centrales de riesgo la
existencia del crédito de cada afiliado así como el comportamiento financiero
del mismo. Por lo tanto, el afiliado que solicita crédito deberá autorizar en
el formulario de solicitud del F.N.A. para que se consulte y reporte a las
centrales mencionadas(…)”.
1.7.3 Intervención pasiva
a)
Contestación de
Computec S.A.
La sociedad Computec S.A., por intermedio
de apoderado, interviene en el presente asunto afirmando que los derechos
fundamentales del señor Jaime Augusto Rengifo Peña no están siendo quebrantados
por la entidad.
Para el efecto explica en qué consiste el
servicio que su central de riesgos presta al sistema financiero, y más adelante
se detiene en la jurisprudencia de esta Corporación atinente al tema, para
concluir i) que “el dato económico como el que registra DATACREDITO no
está comprendido dentro de la intimidad y por tanto no viola el derecho a ésta”,
y ii) que sólo “se puede violar el derecho al buen nombre cuando la
información muestra un hecho o comportamiento carente de veracidad”
–destaca el texto -.
Señala que Datacrédito registra a nombre
del accionante la siguiente información:
“- Tarjeta de
crédito DINERS  CLUB No. 479298601 fecha de apertura septiembre de 1991 y
vencimiento septiembre de 2001. Según último informe de agosto de 2000, la
obligación fue recuperada con pago voluntario luego de observar mora superior a
los 180 días.
- Tarjeta de
Crédito CREDENCIAL No. 93994018P fecha de apertura julio de 1988 y vencimiento
septiembre de 2003. Según último informe, de julio de 2000, la obligación fue recuperada
luego de observar mora superior a los 180 días y estar en cobro jurídico.
- Cartera Bancaria BANCO SANTANDER, No.
600000016 fecha de apertura abril de 1998 y vencimiento abril de 2001. Según
último informe, de julio de 2000, la obligación fue pagada voluntariamente. En
su manejo histórico observó mora máxima de 90 días. En la actualidad se
encuentra a paz y salvo”.
Con respecto a la pretensión del señor
Rengifo Peña, señala que el comportamiento financiero de éste no puede ser
eliminado de su central de riesgos, dado que el término de permanencia de la
información no ha caducado, de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia
de esta Corporación.
Para concluir se detiene en la decisión
del Consejo de Estado, del 21 de Septiembre de 2001, cuya aplicación invoca el
actor, para señalar i) que la sentencia en mención sólo tiene efecto entre las
partes, ii) que en ésta no se ordenó a las centrales de riesgo suprimir la
información de carácter histórico, y iii) que una decisión del Consejo de Estado
no puede modificar, ni alterar, la jurisprudencia constitucional sobre habeas
data, por ser esta Corte la competente para hacerlo.
b)    Contestación de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras
Un funcionario de la Vicepresidencia
Jurídica de la entidad interviene para solicitar que la protección invocada por
el señor Rengifo Peña no sea concedida “por carecer de objeto”.
Inicialmente el funcionario en mención se
refiere a los registros que figuran a nombre del accionante, en la base de
datos Cifin, que administra la entidad, así:
“SANTANDER. Crédito de consumo No.
K03600000016. reportada en cartera total. Obligación cancelada en su totalidad
el abril de 2001. a fecha de corte hay la siguiente información: no debe
ninguna suma de dinero no hay mora. La calificación de tal obligación es A
(normal o con mora máximo de 29 días). Los 12 comportamientos que registra la
obligación son N.
SANTANDER. Crédito de consumo No.
D036000000912. A fecha de corte octubre de 2001 se encuentra la siguiente información:
calificación N, es decir, que está al día o hubo mora máximo de 29 días. Los 12
últimos comportamientos son N también.
FES S.A. Compañía de Financiamiento
Comercial. Crédito de consumo. Obligación cancelada en septiembre de 2001. A
fecha de corte agosto de 2000, se encuentra la siguiente información a cargo
del actor: actualmente se encuentra al día. La calificación de la obligación es
A. Los 9 últimos comportamientos presentan calificación N.
TV. CABLE- Bogotá. A fecha de corte
noviembre de 2001, se encuentra que: actualmente el actor no debe suma alguna
por tal concepto. Los 2 últimos comportamientos son X (ausencia de
comportamiento por inconsistencias). Los 4 primeros comportamientos son N.
Señala, con fundamento en el reporte antes reseñado,
que “la información que actualmente presenta el señor JAIME AUGUSTO RENGIFO
PEÑA en la CIFIN es normal, positiva, no registra dato negativo o moras con el
sector financiero que le afecten, no figura dato negativo con las entidades a
las que el accionante se refiere en su escrito de demanda”.
Además, aclara, que “no tenemos evidencia de que el
señor JAIME AUGUSTO RENGIFO PEÑA, hubiese acudido ante nosotros (Asobancaria)
para solicitar ninguna aclaración o rectificación, ni siquiera para verificar
la existencia de la información negativa que él decía le perjudicaba”, en
consecuencia considera que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 del
decreto 2591 y en la jurisprudencia de esta Corporación la protección debe
negarse por improcedente –dice apoyarse en la sentencia T-131 de 1998-.
Indica que la Asociación Bancaria no es responsable de
la información que administra su central de riesgos –Cifin- porque el artículo
10° del Reglamento de dicha central dispone que, “las fuentes de
información son las únicas responsables de la exactitud y veracidad de los
datos e informaciones que suministren a la Central de Información por lo que
deberán actualizar y rectificar los datos reportados o suministrados a la Central
de Información tan pronto como las circunstancias de hecho que dieron lugar al
reporte del dato se modifiquen”.
Conceptúa que, sin perjuicio de la
veracidad, completitud y oportunidad de la información que maneja la central de
riesgos Cifin, “los registros suministrados por la Central de Información no
obligan a las entidades financieras a adoptar posición alguna en el manejo de
sus operaciones, pues estos registros constituyen solamente un elemento de
juicio adicional a las demás exigencias requeridas por las entidades
crediticias en el momento de tomar una decisión financiero”.
Insiste en que la Asociación Bancaria y
de Instituciones Financieras no está vulnerando los derechos fundamentales del
accionante, antes por el contrario, anota, “toda la información que reposa
en nuestra base de datos es buena, positiva y refleja un excelente
comportamiento positivo de su parte”.
c)       Contestación del Banco
Superior
El Representante Legal de la entidad
financiera señala que el señor Jaime Augusto Rengifo Peña contrajo con la
entidad una obligación por el uso de la Tarjeta de Crédito Diners Club expedida
a su nombre, que ascendió a la suma de $739.242.15.
Indica que el actor abonó a la obligación
en mención la suma de $500.000, en el mes de junio de 2000 y que el 14 de
agosto del mismo año canceló la totalidad de la obligación a su cargo, “es
decir fuera de los 180 días de mora en mayo de 2000 casi 90 días adicionales de
mora hasta quedar a paz y salvo”.
Sostiene que, en el proceso de
capitalización de la entidad, las obligaciones que tenían calificación de
riesgo C, D y E, entre ellas, la del accionante, fueron constituidas como
Patrimonios Autónomos y entregadas en administración a la Fiduciaria Unión
S.A., para su recuperación.
Y que fue necesario reportar el
comportamiento financiero del actor a las centrales de riesgo en cumplimiento
de la Circular 100 de 1995, “Básica Contable y Financiera”, emitida por la
Superintendencia Bancaria.
c)       Intervenciones de COLTEFINANCIERA
S.A. y del Banco de Occidente –Credencial- S.A.
La Compañía de Financiamiento Comercial en
mención precisa que el señor Rengijo Peña no tiene obligaciones pendientes con
la entidad, y el Banco de Occidente señala que el accionante “no posee
cuenta corriente ni de ahorros a nivel nacional”.
a)     Contestación de FIDUCIARIA UNION S. A.
El Representante Legal de FIDUNION sostiene
que el señor Rengifo Peña presenta un saldo en mora de $380.oo desde el 27 de
agosto de 2001, “con una obligación a favor del Patrimonio Autónomo
denominado segundo fideicomiso
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS BANCO SUPERIOR.
b)    Contestación del Banco Santander S.A.
La División de Reclamos y Servicios del
Banco Santander interviene para informar que en su base de datos figura a
nombre del señor Jaime Augusto Rengifo Peña la siguiente información –destaca
el texto-:
“Crédito de
cartera No. D036-00000912, Vigente y al día.
Crédito de
cartera No. K036-00000016, cancelado el día 06 de julio de 2000 el cual
presento (sic) durante su vigencia una mora por 90 días”.
Indica que a la fecha –27 de noviembre de
2001- “se envía modificación a la central de riesgos Datacrédito del
estado, pago voluntario MX-90 a pago
voluntario”. Reporte que, afirma, “se verá [reflejado] en el
término de 8 días hábiles, tiempo establecido por la entidad para establecer
dichos cambios.”
c)
Contestación del Fondo Nacional del
Ahorro.
El Jefe de la Oficina Jurídica, en
calidad de Apoderado General del Fondo Nacional del Ahorro, en respuesta al
oficio 1341 del 22 de noviembre de 2001, emitido por el Secretario del H.
Tribunal Superior de Bogotá, a fin de que indique “la razón por la que al
señor RENGIFO PEÑA  (..) se le negó el préstamo solicitado el día 12 de
septiembre de 2001”, informa al despacho del conocimiento que:
“..la
solicitud de crédito presentada por el afiliado JAIME AUGUSTO RENGIFO PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía no (sic) 14.236.323 de Ibagué se le negó (sic) el préstamo solicitado debido a que una vez analizada la
información de la Central de Riesgos, específicamente por tener cuenta
recuperada por vía jurídica y porque supera la altura máxima de mora histórica;
por lo tanto no cumple con los parámetros establecidos en las políticas de
crédito del FONDO NACIONAL DE AHORRO, para otorgamiento de crédito, Acuerdo 990
de 24 de agosto de 2001 que establece en su numeral 3.1.8. “No encontrarse el
solicitante reportado ante la Central de Riesgo Consultada” (sic)”.
Agrega que la entidad, “con el objeto
de disminuir el riesgo en la actividad de crédito, controlar y supervisar la
recuperación de cartera (..) y facilitar la toma de decisiones, suscribió
contrato de afiliación a las centrales de información financiera “CIFIN y
DATACREDITO”.”
1.8    Acción de Tutela instaurada por
Julio Ernesto Ordóñez Orjuela contra Computec S.A. -expediente T-564.916-
1.8.1 Hechos
El señor Julio Ernesto Ordóñez Urueña informa que
suscribió con la empresa Bellsouth Colombia S.A. un contrato de telefonía
celular, e indica que incumplió con el pago de las obligaciones que dicho
contrato le generó, pero que las mismas fueron canceladas tan pronto como le
fue posible.
Agrega que en razón de su pago obtuvo de la empresa de
telefonía nombrada el 24 de enero de 2001 un paz y salvo por todo concepto,
pero Datacrédito, dice, “ha impuesto una sanción la cual me está
perjudicando para las referencias de índole comercial”.”
Por lo expuesto, y habida cuenta de lo decidido por el
Consejo de Estado el 21 de septiembre de 2001 –acción de tutela de Sandra
Yuscelly Bejarano contra Computec S.A. y otro -, solicita que su derecho al
buen nombre le sea restablecido.
1.8.2 Pruebas
a) El accionante remitió al expediente
los siguientes documentos:
- Fotocopia de la certificación emitida
por la gerente del CV&S del Parque Central Bavaria, el 24 de septiembre de
2001, que da cuenta de que el actor se encuentra “libre de obligación con
BELLSOUTH COLOMBIA S.A.” - folio 3-
b) La Sociedad Bellsouth Colombia S.A.,
anexó, entre otros los siguientes documentos:
- Fotocopia de la solicitud de servicio
de telefonía celular, suscrita por el actor - folio 86-.
- Fotocopia del contrato para la
prestación del servicio de telefonía móvil celular, al que se adhirió el
accionante - folio 87-.
- Fotocopia de la facturación elaborada por
la Gerencia Nacional de Bellsouth Colombia S.A. que relaciona las facturas a
cargo del actor, emitidas entre el 30 de septiembre de 1998 y el 3 de
septiembre de 1999, por concepto del servicio de telefonía celular, por valor
de $244.968, cada una –folio 88-.
- Fotocopia del documento denominado
“Consulta de estados de cuentas”, suscrito por la Gerencia Nacional de
Bellsouth, que indica como último pago de la cuenta 3372166, a nombre del
actor, la suma de $244.968, el 21/09/2001 –folio 89-.
- Fotocopia de la consulta sobre los
registros, que figuraban en la central de riesgos Datacrédito, a nombre del
actor, el 15 de mayo de 2002.
1.8.3 Intervención pasiva
a)
Contestación de
Computec S.A.
La sociedad Computec S.A., por intermedio
de apoderado, interviene en la acción que se reseña, y para el efecto reitera
los argumentos antes expuestos, ya sintetizados en esta providencia.
Y, respecto del registro que figura en su
central de riesgos, a nombre del actor, precisa que el señor Julio Ernesto
Ordóñez Urueña presentó una mora de más de 360 días, en el pago de la
obligación contraída con la Sociedad Bellsouth Colombia S.A., según cuenta No. 3372166,
aunque la pagó voluntariamente.
En consecuencia concluye que la información
debe permanecer en su central, habida cuenta de lo decidido por esta
Corporación respecto de la caducidad de la información financiera que mantienen
las centrales de riesgo, y en razón de que la decisión del Consejo de Estado,
sobre la eliminación de los datos que figuran en su central a nombre de la
señora Sandra Yuscelly Bejarano, “no constituye doctrina constitucional”.
b)
Contestación de
Bellsouth Colombia S.A.
La sociedad Bellsouth Colombia S.A. por
intermedio de apoderado, relata que la entidad que representa suscribió con el
señor Ordóñez Urueña un contrato de telefonía móvil celular, pero que el
usuario incumplió con los pagos convenidos.
Agrega que el actor autorizó a la empresa
que representa efectuar los reportes que actualmente figuran en la central
Datacrédito, es decir el incumplimiento a que se hace mención, como también el
pago voluntario de la obligación, ocurrido el 21 de septiembre de 2001.
1.9
Acción de tutela instaurada por
Cristian Gómez Rojas contra el Banco Granahorrar - expediente T-571.353-
1.9.1 Hechos
El señor Cristian Gómez Rojas sostiene que
hipotecó al Banco Central Hipotecario un apartamento, ubicado en el Conjunto
Residencial Rincón de los Caballeros de la ciudad de Bucaramanga, para
garantizar el pago de la obligación adquirida con la misma entidad, para pagar
el precio del inmueble.
Recuerda que la cartera del Banco Central
Hipotecario le fue cedida al Banco Granahorrar, e indica que esta entidad le
liquidó, por error, a partir del mes de septiembre de 2000, una mora que “a
la fecha equivale a $13.271.751 de cuotas sin cancelar”.
Agrega que “según Ellos el saldo de
capital que inicialmente equivalía a $25.000.000 se subió a $88.644.971
millones de pesos, esto obedecía según explicación del Banco a un error de
Ellos, que surgió en el pago del mes de Abril del año 2000, al tomar el sistema
dos veces por error la cuota de 478.300. En el mes de Octubre hicieron la
reversión pero no en pesos sino en U.V.R y lo cargaron a capital, surgiendo de
esta manera la mora que Ellos liquidaban”.
Relata que, no obstante la mora, él
continuó cancelando las cuotas que el Banco le liquidaba mes a mes, y que
solicitó de éste una certificación en tal sentido que fue expedida el 23 de
abril de 2001, “donde manifiestan que estamos al día en el pago de las
cuotas mensuales con la entidad, asegurándonos que por este motivo el crédito
no sería enviado a cobro jurídico”.
Afirma que sin perjuicio del error
advertido, fue requerido por la entidad bancaria, por escrito y
telefónicamente, para que procediera al pago de la obligación inexistente, “llegando
a la desfachatez de ir a nuestro apartamento a perturbar nuestra tranquilidad y
sosiego doméstico”, y que repetidamente la entidad suministró a los
interesados en adquirir el inmueble, informaciones erradas sobre el estado del
crédito, haciendo referencia a la presunta mora, ya explicada.
Sostiene que requirió al Banco para que el
problema le fuera solucionado, sin respuesta, dado que los funcionarios de
Bucaramanga afirmaban que “que ellos no podían hacer nada y que solo
Granahorrar Bogotá podía hacerlo”, hasta que el 3 de octubre de 2001 se le
informó, telefónicamente, que una vez corregido el error debía cancelar la suma
de $3’200.043, “aduciendo que como consecuencia del error Ellos al liquidar
la cuota mensual la hicieron por menores valores quedando pendientes unos
saldos mes por mes saldos de los cuales debíamos cancelar unos intereses y como
consecuencia unos honorarios de abogado; dentro de estos saldos sumaron la
cuota de febrero del año 2001 cuyo recibo de pago también anexo y que equivale
a la suma de $419.000 debido a que no la registraron como cancelada no obstante
haberles demostrado el pago con el recibo original.”.
Advierte que a pesar de haberse opuesto a
la liquidación en comento, en razón de que todo se debió a un error de la
entidad que no le correspondía solventar, “terminamos cancelando la suma de
$2.400.000 conforme recibo que anexo, presionados y amenazados por el banco de
seguir creciendo la obligación con las consecuencias jurídicas que esto
conlleva, sumándose a ésta arbitrariedad el reporte que hizo el banco a la
Asociación Bancaria como morosos.”.
En consecuencia solicita al Juez
Constitucional que la entidad financiera accionada sea conminada i) a retirar
inmediatamente el registro que figura a su nombre, ii) a reembolsarle las suma
de $2.400.000 que fue presionado a cancelar, y iii) a indemnizarlo de los
perjuicios que los errores de la entidad le han ocasionado.
1.9.2 Pruebas
El actor anexó a la demanda, los
siguientes documentos:
- Fotocopia de la reliquidación de la
obligación hipotecaria a cargo del actor, “en pesos con UVR”, con fecha
de corte 31/12/99, donde consta i) que antes de la reliquidación la obligación
hipotecaria No. 450-007-0003874474-6 ascendía a la suma de $32’761.191 y ii)
que aplicada la reliquidación el saldo de la misma quedó en $25’104.501 -
folios 21 a 24, cuaderno 1-.
- Fotocopia de los avisos de vencimiento y
pago, emitidos por el Banco Central Hipotecario, a nombre de Cristian Gómez
Rojas, por valores que oscilan entre $75.077.96 y $970.769.04, que debían
pagarse entre enero y julio de 2000, con sellos de cancelado –folios 6 a 11,
cuaderno 1-.
- Fotocopia de los comprobantes únicos para
pagos y consignaciones, elaborados en formatos preparados por el Banco
Granahorrar, con timbre de registradora, que demuestran 15 pagos realizados por
el actor, entre septiembre de 2000 y octubre de 2001, en cuotas mensuales desde
$189.500 hasta $2´400.000, por concepto del crédito 292600194012.
- Fotocopia de la comunicación suscrita por
el Ejecutivo de Área de Reliquidaciones del Banco Central Hipotecario y enviada
al actor, el 6 de septiembre de 2000, en respuesta a su “Derecho de
Petición”, i) con el objeto de anexarle “el movimiento detallado del
proceso acompañado de una carta de instrucciones para facilitar su lectura”,
y ii) para presentarle disculpas sobre lo ocurrido, para lo cual a) la
entidad reconoce las incomodidades y dificultades surgidas en sus relaciones,
y b) se compromete a que “una vez se culmine el proceso de Cesión
de Activos y Pasivos de las dos entidades le estaremos haciendo llegar el
estado actual de su crédito hipotecario.” –folio 9, cuaderno 2-.
- Fotocopia de la certificación emitida por
el Banco Granahorrar el 23 de abril de 2001, que dice - folio 1, cuaderno 1-:
“La Obligación Hipotecaria No.
292600194012 a nombre de CRISTIAN GÓMEZ ROJAS, se encuentra al día en el
pago de las cuotas mensuales con la entidad, motivo por el cual el crédito no
será enviado a cobro jurídico.
Teniendo pendiente una reversión por valor
de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
CENTAVOS MCTE ($47.812.136.86)”.
- Fotocopia de la comunicación dirigida por
el actor a la entidad accionada, Unidad de Quejas y Reclamos, el 29 de mayo de
2001, i) para destacar que está siendo requerido por funcionarios de la entidad
para que “se ponga al día en mi Obligación Hipotecaria No. 292600194012 sin
estar en mora”; ii) con el fin de recordar a) que el problema surgió
“en el mes de Abril del año 2.000 al tomar el sistema dos veces por error la
cuota de $478.300”, b) que en el “mes de octubre hicieron la
reversión pero no en pesos sino en UVR y lo cargaron a capital”, y c)
que en el Banco se le recomendó “seguir pagando la cuota por el mismo valor
que lo venía haciendo antes de surgir el error, mientras se soluciona la
inconsistencia”; y iii) con miras a requerir una pronta solución,
habida cuenta que “he estado en comunicación con los funcionarios de
Granahorrar Bucaramanga, verbalmente y por escrito allegando todos y cada uno
de los recibos cancelados oportunamente, sin que hasta la fecha hay una
solución favorable a mi reclamación” -folio 2, cuaderno 1-.
- Fotocopia del extracto del crédito
hipotecario No. 292600194012, expedido por el Banco Granahorrar, con fecha de
corte 17 de agosto de 2001, que indica i) ocho cuotas vencidas, ii) un saldo en
mora de $11.872.094.11 desde el 11/12/2000, iii) un “saldo final 17/08/01 $
88.644.971”, iv) el día “10/09/01”, como límite del pago, y v) “$13’271.751”,
como monto a cargo distribuido así: “valor cuota del crédito $1.233.782”,
“seguros y honorarios $1.116.965”, “valor en mora $11.872.094”, e
“intereses de mora $136.412” –folio 5, cuaderno 1-.
- Fotocopia de la consulta sobre el estado
de la obligación hipotecaria No. 292600194012, realizada por el Banco
Granahorrar el 2 de octubre de 2001, que indica i) que el último pago se
realizó el 06/09/2001, por un valor de $433.000, iii) que la deuda ascendía a
$29.693.347.4367, y iv) que el total de la suma a pagar era de $3´196.404.300
–folio 3, cuaderno 1-.
- Fotocopia del certificado emitido por la
Jefe de la Unidad de Recuperación de Activos del Banco Granahorrar, el 7 de
noviembre de 2001, para hacer constar que la obligación hipotecaria a cargo del
actor “no se encuentra en la actualidad en cobro jurídico” -folio 55,
cuaderno 1-.
b) El Banco Granahorrar remitió al
expediente una tabla, denominada “cartera en línea”, sobre la obligación
2926 sucursal 194012, realizada el 23 de octubre de 2001, por el periodo
2000/01/00 a 2001/10/11, la cual se inicia con el registro “ABO –7´956.694”,
finaliza con la anotación “ABO—430.000’’, y permite observar
diferencias en los ítem anotados a continuación de las siglas “ABO-” y “VTO”–folios
36 y 37, cuaderno 1-.
1.9.3 Intervención pasiva
a)      Contestación de Computec S.A.
El Apoderado de la sociedad en mención,
además de reiterar los argumentos planteados por la entidad en otras
intervenciones, ya reseñados en esta providencia, precisa que el 22 de enero de
2002 figura a nombre del actor el siguiente reporte, en su base de datos:
“GRANAHORRAR. Cartera de Ahorro y Vivienda
No. 600194012. Obligación al día, presentó mora histórica de 60 días durante
los meses de octubre y noviembre de  2001”.
Afirma que el anterior registro aparecerá en su base
de datos durante dos años, y advierte que la acción no procede, porque el
accionante la instauró sin haber solicitado la rectificación del reporte.
b)      Contestación
del Banco Granahorrar S.A.
La Gerente de Zona Santanderes del Banco
Granahorrar interviene para sostener que la entidad que representa no ha
quebrantado los derechos fundamentales del actor.
Precisa que el Banco Granahorrar le
concedió al señor Gómez Rojas un crédito hipotecario y que para facilitarle el
pago le ha enviado mensualmente las facturaciones para que proceda al pago, liquidadas
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, pero que el señor Gómez
Rojas en repetidas ocasiones ha cancelado sumas inferiores al valor de la cuota
que se comprometió a asumir, y que en más de una oportunidad no ha pagado
oportunamente el valor indicado, - solicita “apreciar los vencimientos
continuos generados en los meses de enero y febrero de 2001” y “los
pagos inferiores al valor de la cuota correspondiente a cancelar en los meses
de abril a julio”-.
Aclara que los honorarios de abogado,
“solo se empezaron a generar a partir del mes de octubre de 2001, tal como se
refleja en el movimiento del crédito, y la demanda ejecutiva fue presentada
hasta el 31 de julio de 2001”, y sostiene que “analizado los
vencimientos y abonos registrados en el crédito, no hay lugar a cobros de sumas
no debidas, las cuales quedan respaldadas con el documento adjunto”.
1.10  Acción de tutela instaurada por
Gustavo Zapata Piñeros contra Computec S.A. -expediente T-581.481-
1.10.1                  Hechos
El señor Gustavo Eduardo Zapata Piñeros
sostiene que suscribió un contrato con la empresa MTEL Colombia S.A. para la
prestación del servicio de buscapersonas, y que incurrió en mora de 180 días en
el cumplimiento de las obligaciones generadas por el contrato en comento, hecho
que dio lugar al reporte que figura en las central Datacrédito.
Señala que, el 3 de abril de 2001,
canceló voluntariamente la referida obligación, y en consecuencia obtuvo de
MTEL Colombia S.A un paz y salvo que así lo indica, no obstante, afirma, que transcurridos
más de 9 meses, Datacrédito no ha eliminado el registro en su base de datos.
Relata que acudió ante la central de
riesgos de la entidad accionada, el 14 de enero de 2002, en ejercicio del
derecho de petición, a fin de que rectificara dicho registro, siendo informado
de que su solicitud sería atendida, cuando transcurra “el término de
caducidad del dato”.
En consecuencia estima que la central de
riesgos le está vulnerando su derecho a la intimidad –habeas data-, por cuanto
no le permite rectificar la información que figura a su nombre, haciendo caso
omiso de su cumplimiento y en contravención a la Ley 716, de la que dice,
modificó “la teoría de la caducidad del dato negativo adoptada por la Corte
Constitucional en su sentencia de unificación SU-082”.
Agrega que la entidad demandada está
obligada a aplicar el artículo 19 de la Ley en mención, y, en consecuencia, a
eliminar de su base de datos la información que afecta su nombre, aunque el
pago se haya producido antes de la vigencia de la Ley 716, porque “al
criterio de la Corte Suprema de Justicia (sentencia 22 de enero de 2002, M.P.
Fernando E. Arboleda Ripoll) desconocería el derecho a la igualdad de quienes
pagaron sus deudas con anterioridad a la vigencia de la citada ley y el
principio de aplicación de la ley favorable, en tratándose de la garantía de un
derecho fundamental”.
1.10.2                  Pruebas
a) El señor Gustavo Zapata Piñeros,
remitió al expediente los siguientes documentos:
- Fotocopia del certificado expedido por
SKYTEL (WorldCom Company), en el que se hace constar que el accionante se
encuentra a paz y salvo por concepto del servicio de beeper, suspendido el 11
de junio de 1999, bajo la cuenta No. 53.319–5 –folio 1-.
- Fotocopia del recibo de caja expedido por
MTEL Colombia S.A., el 3 de abril de 2001, donde consta que el accionante
canceló la suma de $71.748 –folio 2-.
- Fotocopia de la constancia expedida por
Computec S.A. división Datacrédito, para hacer constar que el señor Zapata
Piñeros ejerció su derecho a “conocer, actualizar y rectificar la
información registrada en su base de datos”, el 14 de enero de 2002 –folio
3-.
b) MTEL de Colombia, hoy WorldCom Company,
anexó fotocopia del Contrato de Venta del equipo Advisor Modelo 2 por $69.600,
No. 1.010.003, suscrito por el actor, y fotocopia de las consultas de “Deuda
de Clientes Worldcom” hechas al estado de la cuenta No. 53.319 - folios 17
a 19-.
1.10.3                  Intervención pasiva
a)      Contestación de Computec S.A.
La sociedad Computec S.A., por intermedio
de apoderado, reitera la posición de la empresa –ya reseñada en esta
providencia- y precisa que el señor Zapata Piñeros presenta una mora histórica
que debe conservarse en la central de riesgos de la entidad, por el término de
2 años, los que no han transcurrido.
E informa sobre el siguiente registro:
“WORLD COM. Cartera de Comunicación
000053319. Obligación recuperada por la entidad informante en el mes de abril
de 2001, mediante pago voluntario. El actor incurrió en mora desde el mes de
octubre de 1999 hasta marzo de 2001, llegando a estar 18 meses en mora”.
b)      Contestación de Worldcom Company
La Jefe de Cartera, de la entidad en
mención, afirma que la compañía le prestó al actor el servicio de
buscapersonas, bajo la cuenta No. 53.319, y aclara que el señor Zapata Piñeros
incumplió con la prestación económica, a la cual se comprometió en razón del
servicio, incurriendo en una mora de 180 días.
Aduce que las facturas de cobro
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 1997, por un valor de
$71.748, fueron canceladas por el obligado el 3 de abril de 2001, luego de
adelantar una gestión de cobranza.
Afirma que en consecuencia el comportamiento comercial
del actor fue reportado a la central de riesgos Datacrédito, “quedando
reportado con la novedad “CARTERA RECUPERADA”.
1.11  Acción de Tutela instaurada por Rubén
Pérez contra Computec S.A., la Asociación Bancaria y de Instituciones
Financieras, y Covinoc S.A. -expediente T- 583.492-
1.11.1                  Hechos
El señor Rubén Pérez afirma que, en la central de
riesgos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras –Cifin-, aparece
un reporte negativo a su nombre, por haber incumplido una obligación contraída
con la Caja de Crédito Agrario, y que dicho reporte permanecerá registrado, en
razón de la “doctrina de caducidad del dato”.
Relata que con ocasión del convenio celebrado entre la
acreedora y el programa FONSA-HUILA, del cual es beneficiario, “arregló de
manera definitiva la obligación” en comento, pero que permanece reportado,
“con el agravante de que figura aún en la Casilla = CF (= calificación),
con la letra K, (equivalente a obligación o deuda castigada)” –destaca
el texto -.
Agrega que el registro anterior le está impidiendo
ejercer su actividad comercial, incluyendo la “simple apertura de una cuenta
corriente”, y que dicho registro le impedirá, en el futuro, gestionar un
crédito que requiere para adquirir una vivienda.
Sostiene que el 5 de octubre de 200,1
presentó un derecho de petición a fin de que la Asociación Bancaria actualizara
la información que registra a su nombre, pero que dicha Asociación optó por
remitir la solicitud a la prestataria, para que fuera respondida.
Destaca que fueron razones de fuerza mayor
las que lo condujeron a incumplir con el pago oportuno de la obligación que
adquirió con la Caja de Crédito Agrario, y que éstas fueron expuestas y
sustentadas ante la central de riesgos demandada - con ocasión del ejercicio de
su derecho de petición a que se hizo referencia -, habida cuenta que permaneció
internado entre el 7 y el 27 de abril de 1995 en el Hospital San José de
Bogotá, con graves quebrantos de salud, sin posibilidad de desplazamiento, y
que una vez dado de alta debió someterse a un tratamiento terapéutico.
Explica que el registro negativo, que
figura en la central de riesgo que administra Computec S.A, fue ocasionado por
la mora en que incurrió con Celumóvil, hoy Bellsouth Colombia S.A., en razón de
la prestación del servicio de telefonía celular, pero, aclara, que la
obligación fue cancelada el 28 de febrero de 2001.
Aduce que, el 5 de octubre de 2001, le
solicitó a Bellsouth actualizar los datos que fueron reportados a Datacrédito,
y que para el efecto allegó el paz y salvo correspondiente, pero que la solicitud
le fue negada.
Añade que no le ha sido posible establecer
cuál es su situación con Covinoc S.A., porque esta sociedad cobra $5.000 para
suministrar la información, lo que considera “lesivo y un abuso contra el
usuario”
Para finalizar, destaca que se encuentra en
similar situación a la tenida en cuenta por el Consejo de Estado para
concederle a la señora Sandra Yuscelly Bejarano Jaime la protección
constitucional de su derecho a la intimidad y al habeas data –expediente
517.288-, por ello pretende obtener del Juez Constitucional la orden para que
la “Asobancaria, Datacrédito y Covinoc” eliminen “toda la información
negativa que a su nombre mantienen en sus bases de datos”, y, para que, la
última de las nombradas suspenda “de inmediato el cobro de suma alguna de
dinero por concepto del suministro de información financiera relacionada en
general con el usuario de este servicio público.”
1.11.2                  Pruebas
a) El accionante anexó la siguiente
documentación:
- Fotocopia del registro de dos
obligaciones a cargo del deudor y a nombre de la Caja Agraria, en la Central de
Información Financiera de la Asociación Bancaria, calificadas con las letras K,
y A - folio 5-.
- Fotocopias de los comprobantes de las
consignaciones efectuadas a la cuenta 3905-007149-5, el 28 de febrero de 2001 y
el 28 de enero de 2002, elaborados en formato del Banco Agrario de Colombia,
suscritos por el actor, por valor de $151.273, cada uno, y con sello que indica
el pago - folio 6 y 183-.
- Fotocopia de la comunicación dirigida a
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Minero de la Gobernación del Huila,
por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, el 9 de
julio de 2001, que indica que al actor “se le otorgó el préstamo radicado
bajo el número 21524 en la oficina 392105 HUILA, el cual fue beneficiado del
programa FONSA HUILA, por tanto se encuentra a PAZ Y SALVO por la obligación
arriba mencionada” - folio 7-.
- Fotocopia del derecho de petición
presentado el 5 de octubre de 2001, por el actor ante la Asociación Bancaria,
solicitando “el levantamiento de la sanción a mi nombre (..) al amparo de la
sentencia proferida el 21 de septiembre de 2001 por el Consejo de Estado”. Y
respuesta de la entidad, del 23 del mismo mes, que niega la solicitud, entre
otras consideraciones, porque, de acuerdo a la jurisprudencia de esta
Corporación, el dato debe figurar hasta el 26 de junio del año en curso -
folios 8 a 11-.
- Fotocopia de la comunicación de 29 de
octubre del 2001, mediante la cual la Abogada de la Vicepresidencia Jurídica de
la Asociación Bancaria remite la petición del actor, antes relacionada, a la
Caja de Crédito Agrario en liquidación, para su conocimiento y para que emita
una respuesta - folio 12-.
- Fotocopia del Oficio 1466 dirigido por el
Jefe del Departamento de Registro Médico del Hospital San José de esta ciudad a
la Caja Agraria, remitiéndole el resumen de la Historia Clínica del accionante
- folios 13 y 14-.
- Fotocopia de la constancia expedida el 7
de marzo de 2001 por Celumóvil, que indica que el actor se encuentra al día en
sus pagos con dicha entidad - folio 22-.
- Fotocopia de la petición de rectificación
presentada por el accionante ante Datacrédito. Y de la respuesta de la entidad
a ésta petición, explicando que el reporte será mantenido - folios 23, 24 y
25-.
b) La Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia remitió al
expediente, entre otros, los siguientes
documentos:
- Fotocopia del escrito enviado por la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación al Gerente Comercial
de Asobancaria, el 12 de diciembre de 2001, solicitándole corregir el reporte
que figura a nombre del actor, habida cuenta que éste canceló su obligación el
6 de junio de 2001 y no el 28 de febrero del mismo año, como se informó
inicialmente - folio 83-.
- Fotocopia de los reportes, que figuraban
el 13 de diciembre de 2001 a nombre del actor en la central de riesgos CIFIN -
folio 79 a 82-.
- Fotocopia de las comunicaciones dirigidas
por la Abogada de la Vicepresidencia Jurídica de la Asociación Bancaria al
actor, y a la Liquidadora de la Caja Agraria, el 24 y el 29 de octubre del 2001
respectivamente, en respuesta al derecho de petición presentado por el señor
Pérez el 5 de octubre anterior - folio 85 a 88-.
c) La sociedad Bellsouth Colombia S.A.
anexó al expediente, entre otros documentos:
- Fotocopia de la solicitud de servicio de
telefonía celular, diligenciada por el actor, en formato elaborado por la
remitente - folio 129-.
- Fotocopia de los reportes que figuran a
nombre del actor, tanto en su base de datos como en la que administra Computec
S.A. - folios 131 y 132-.
d) La Caja Agraria de Crédito Agrario en
liquidación, remitió al expediente:
- Fotocopia de un aparte del Contrato
Interadministrativo de Venta Cartera No.234/2000, celebrado con el Departamento
del Huila, para beneficiar a los pequeños productores agropecuarios - folio
139-.
- Fotocopia de los recibos expedidos por la
Caja Agraria, a nombre de la cuenta Fonsa –Huila, por pagos efectuados por el
actor el 28 de febrero de 2001 y el 16 de marzo siguiente, de la obligación No.
21524, por la suma de $151.273, y de $2.000.000 respectivamente, esta última
para obtener un paz y salvo - folio 140-.
- Fotocopia de los Oficios GCC417682 y GC01
dirigidos por la Caja Agraria en liquidación al actor y a la central de riesgos
Cifin, el 11 y el 13 de diciembre de 2001 respectivamente, que dan cuenta de un
error cometido al reportar el pago de la obligación a cargo del señor Pérez, porque
éste canceló sólo el 50% de la suma a su cargo - folios 142 y 143-.
1.11.3                  Intervención pasiva
a)      Contestación de Computec S.A.
La sociedad Computec S.A., por intermedio
de apoderado, señala que el comportamiento comercial del actor figura
registrado en su base de datos, porque el señor Rubén Pérez incurrió en una
mora histórica de más de 120 días, a causa de haber incumplido la obligación
que adquirió con Bellsouth Colombia S.A., y que la información será mantenida
durante dos años, tal como lo tiene dispuesto la jurisprudencia de esta
Corporación.
Además
reitera la posición de la entidad que representa, respecto de la actividad que
desarrollan las centrales de riesgo y la necesidad de permanencia de la
información en sus registros, ya sintetizados en el punto 1.1.3 de esta
providencia.
b)      Intervención de la Asociación Bancaria y de
Instituciones Financieras
El abogado de la Vicepresidencia Jurídica
de la Asociación Bancaria sostiene, que, el 12 de diciembre de 2001, la entidad
que representa recibió una solicitud de rectificación de la Caja de Crédito
Agrario en Liquidación, atinente a la fecha en que el señor Pérez canceló una
obligación a su cargo, y que procedió en consecuencia.
El siguiente es el reporte, a nombre del
actor, que el interviniente dice figura en su central.
“CAJA DE
CRÉDITO AGRARIO. Crédito Comercial No. 21524, corresponde a un crédito
comercial (CIAL), en el que el accionante tiene la calidad de obligado
principal (PRINC). Este dato presenta las siguientes novedades:
Valor mora (VR
MORA): esta casilla está vacía, lo que indica que  en la actualidad el actor no
debe suma de dinero alguna. Los últimos comportamientos son: los dos primeros
reportados son 12 (mora superior a 360 días) y el último comportamiento
reportado es N (obligación con manejo normal y sin mora).
Tipo de pago
(T PAGO): de acuerdo con lo consignado en esta casilla, el pago de esta mora
fue realizado en forma voluntaria por el accionante.
FECHA DE PAGO:
el pago de esta mora se realizó el 28 de febrero de 2001, como informó
recientemente la Caja Agraria en liquidación.
Fecha de
permanencia: (F. PERM): conforme con la corrección anterior, este dato
aparecerá hasta el 18 de febrero de 2003”.
El interviniente sostiene que en su base
de datos se conserva la información suministrada por las entidades usuarias del
servicio, así las obligaciones no se encuentran vigentes, siguiendo las
orientaciones de la sentencia SU-082 de 1995. Y que, en consecuencia, la mora
en que incurrió el señor Pérez se mantendrá, hasta el 18 de febrero del
presente año.
Explica que las entidades financieras
tienen derecho a recibir información veraz sobre la conducta de sus posibles
deudores, y a difundirla, porque no pueden obtener el mismo trato quienes
cumplen con sus obligaciones, que aquellos que no lo hacen.
Respecto de la protección invocada por el
actor, el apoderado de la accionada aduce que no se debe confundir, la
posibilidad a acceder a un crédito de vivienda con el derecho a la vivienda
digna, toda vez que éste comporta demandar del Estado las condiciones jurídico
materiales que permiten a la población acceder a planes de vivienda de interés
social, contar sistemas adecuados de financiación de vivienda a largo plazo, y
disponer de formas asociativas para la ejecución de estos programas.
Para concluir asegura que su representada
no quebranta los derechos fundamentales del actor, porque “la sentencia SU
082 de 1995, estableció unos plazos para la permanencia de la información
histórica, los cuales operan a falta de norma que regule el tema”, y esta
decisión “(..) además de ser sentencia unificadora, fue emanada de la máxima
autoridad constitucional en Sala de Revisión, razones por las cuales desde el
punto de vista jurídico, tiene primacía sobre la dictada por el Consejo de
Estado”.
c)       Contestación de Covinoc S.A.
El Gerente de Información Comercial de la
entidad en referencia, afirma que el actor no se encuentra reportado en su
central, por obligaciones vencidas.
Y, asegura que la información que
suministra al público es gratuita, salvo la impresión de la misma, en papel de
seguridad, que tiene un costo de $5.000.00.
d)      Contestación de BELLSOUTH
COLOMBIA S.A.
La Sociedad Bellsouth Colombia S.A., por
intermedio de apoderado, señala que el señor Rubén Pérez incurrió en una mora
mayor de 120 días, en el pago del servicio de telefonía celular, razón por la
cual debió ser reportado a la central de riesgos, de acuerdo con la
autorización otorgada por el mismo.
Y, también aclara, que el 28 de febrero de
2001 el actor canceló las obligaciones que tenía pendientes con la entidad, tal
como lo registra la central Datacrédito, razón por la cual se encuentra a paz y
salvo, por todo concepto, con la entidad.
e) Contestación de la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero - en liquidación-
La Liquidadora de la Caja de Crédito
Agrario, afirma que el actor contrajo con la entidad que representa la
obligación 21524, y que en razón del convenio suscrito entre ésta y la
Gobernación del Huila, sobre compra de cartera, al señor Pérez le correspondía
cancelar el 20% de la obligación a su cargo.
Indica que el accionante consignó
únicamente el 10% de la suma adeudada y que el paz y salvo que ostenta “corresponde
a un error”, el que “se puede haber originado en que en ese mismo día se
expidieron mas de mil paz y salvos”.
Sostiene que, advertido el error, se
dirigió al actor, mediante comunicación No. GCC417682, informándole que “si
desea acceder a los beneficios del Programa FONSA –HUILA-  debe cancelar la
suma de (..) $151.273, correspondiente al valor del diez por ciento (10%) que
falta por cancelar”.
Y que también la central de riesgos Cifin
fue informada “con el fin de que sea corregida la información que sobre el
accionante (..) posee dicha entidad”.
2.      Decisiones judiciales objeto de
revisión
2.1
Decisiones de primera instancia
a) Sentencia que concede a la señora Sandra
Yuscelly Bejarano Jaime la protección invocada –T-517288-
La Sección Segunda Subsección D del H.
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del
16 de mayo de 2002, considera que Computec S.A. y la Asociación Bancaria
quebrantaron los derechos fundamentales de la señora Bejarano Jaime, habida
cuenta que mantuvieron en las centrales de riesgo que administran los registros
negativos, sin reparar en que la accionante cumplió voluntariamente con el pago
de sus obligaciones[2].
Precisa la Sección en cita, que “las
entidades financieras pueden reportar a los usuarios morosos en un sistema de
información que les permita determinar la idoneidad del cliente, pero que ese
derecho se extiende hasta tanto el implicado efectúe el pago de la obligación
en mora, toda vez que prolongarlo por más tiempo implica desconocer el
requisito según el cual la información contenida en los sistemas de datos debe
ser verídica y actual”, por consiguiente estima que una vez
efectuado el pago que dio lugar al reporte éste debe desaparecer, porque la
obligación se extinguió enervando los efectos del incumplimiento, y haciendo
desaparecer, por ende, la causa del registro.
Señala que lo establecido por esta
Corporación en la sentencia SU 082 de 1995, sobre la permanencia de la
información en las centrales de riesgos, no ha sido regulado por el legislador,
y que, en consecuencia, “no es procedente aceptar la posición unilateral
adoptada por las entidades accionadas porque los términos a que aluden en sus
escritos corresponden a parámetros caprichosos que no vinculan al demandante”.
Agrega, que no resulta válido sostener que
los usuarios del sistema financiero autorizan la permanencia de la información
atinente a su comportamiento comercial en las centrales de riesgo, porque
suscriben una cláusula que a sí lo indica, porque las entidades financieras
abusan de su posición dominante, cuando incluyen en sus contratos de mutuo
dicha autorización “por el tiempo que esa entidad fije en sus reglamentos”.
Concluye, que Computec S.A. y la
Asociación Bancaria, al fijarle dos años de permanencia al registro de la mora
en que incurrió la señora Bejarano Jaime, actuaron de manera arbitraria, como
quiera que dicha permanencia supera la establecida por esta Corporación y
comporta una sanción que carece de fundamento legal y quebranta, en
consecuencia, el principio constitucional de la legalidad de las penas.
b) Las decisiones que niegan la
protección
Por su parte los Juzgados 3°, 19 y 20
Civil Municipal, 24 y 30 Civil del Circuito, 19, 20 y 87 Penal Municipal y 53
Penal del Circuito de Bogotá, y 1° Civil Municipal de Bucaramanga; al igual que
las Salas Civiles del Tribunal Superior de Bogotá y del Tribunal Superior de
Medellín y, la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvieron
negar la protección –ver cuadro anexo -.
Para el efecto consideran que los
demandantes dieron lugar al reporte y a la permanencia del registro, en las bases
de datos que administran las entidades accionadas, porque incurrieron en mora,
sin que deba tenerse en cuenta el pago voluntario de sus obligaciones, por
haber ocurrido tardíamente.
Destacan que la información que reportan
las centrales de riesgo demandadas es veraz, y debe permanecer en las centrales
de riesgo durante el término previsto por esta Corporación, toda vez que en
todos los casos los accionantes incumplieron con el pago convenido, y el
término en comento no ha concluido.
Además, algunos de los Falladores[3], precisan que las
entidades financieras tienen derecho a conocer el perfil de sus clientes, dado
el riesgo que comporta la actividad crediticia, y que dicho conocimiento no
quebranta el derecho al buen nombre de los usuarios, siempre que sea cierta y
se encuentre actualizada.
Y, otro de los Juzgadores sostiene que los
plazos establecidos por esta Corporación son razonables, y que así no sean
obligatorios son pautas jurisprudenciales que permiten resolver casos
semejantes, hasta que el vacío existente en el ordenamiento pueda ser subsanado[4].
Algunas de las decisiones reiteran la
jurisprudencia de esta Corporación, relativa al derecho de habeas data,
destacando i) que las personas que figuran reportadas en las centrales
de riesgo tienen derecho a solicitar que la información atinente a su nombre
sea actualizada y rectificada, para que refleje tanto la realidad como su
situación actual, y ii) que la información negativa no puede permanecer
en las centrales de riesgo de manera indefinida[5].
Empero, sostienen, que tal información
requiere permanecer registrada de manera que permita a las entidades
financieras conocer los antecedentes más próximos sobre el manejo comercial de
sus actuales y potenciales clientes, con miras a optar por una sana práctica
crediticia[6].
Y otras decisiones resaltan que las
informaciones que registran las bases de datos no obligan a las entidades
financieras, sino que les permiten tener en cuenta el comportamiento del
usuario y su capacidad de pago, y tomar así decisiones acertadas en la materia.
Ahora bien, el alivio que fuera previsto en
el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, para quienes dentro del año siguiente a
su vigencia se pusieran al día en las obligaciones, fue considerado en algunas
de las decisiones que se reseñan, para descartar su aplicación, aduciendo que
en ninguno de los casos los accionantes cumplen las previsiones que el
legislador estableció para que tal alivio operara.
Y alguno advirtió la inconstitucionalidad
de la disposición, por desconocer el derecho a la igualdad[7].
Para finalizar, vale destacar que en uno de
los casos la acción fue declarada improcedente[8],
porque el actor invocó la protección constitucional sin haber solicitado a las
obligadas la rectificación del dato, tal como lo prevé el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991.
Y, resulta pertinente traer a colación que
en uno de los fallos de instancia fue considerada la jurisprudencia del Consejo
de Estado, adoptada para amparar a la señora Bejarano Jaime, ya reseñada,
aclarando que el pronunciamiento “se adoptó para proteger el también derecho
fundamental a la vivienda digna, y porque al estudiar la situación particular
del acreedor se constató que este había mostrado un buen comportamiento en
fechas anteriores (..)”[9].
2.2 Impugnaciones
a) La sociedad Computec S.A. división Datacrédito, por
intermedio de apoderado, impugnó el fallo que concedió a la señora Sandra
Yuscelly Bejarano Jaime la protección invocada, argumentando que la información
atinente a la obligación que la nombrada adquirió con la sociedad Comcel S.A.
debe permanecer reportada por el término de 2 años en su base de datos, porque
la accionante incurrió en una mora mayor de un año, y pagó voluntariamente lo
adeudado, de conformidad con lo previsto en la jurisprudencia de esta
Corporación –expediente T-517.288-.
Sostiene el impugnante que, a falta de pronunciamiento
del legislador, la tabla de caducidad establecida por esta Corporación en la
sentencia SU-082 de 1995, “se constituye en pauta constitucional para fallar
otros casos similares”, cuyo criterio anota, se ajusta a la Carta Política
y respeta los derechos fundamentales tutelados.
Concluye que la información reportada por
la empresa de telefonía celular refleja la verdad de lo ocurrido, en
consecuencia la califica como conducente, relevante, proporcionada y útil para
determinar el comportamiento financiero de la señora Bejarano Jaime.
Y resalta que la orden de eliminar la
información negativa “antes de vencida la caducidad, (..) cercena parte de
la información, con lo cual, ahí si se distorsiona la realidad”.
b) El señor Rubén Pérez impugnó la
sentencia proferida por el Juzgado Veinte Penal Municipal de Bogotá, que le
negó la protección –expediente T-583.492.
Expuso que fueron los funcionarios de la
Caja de Crédito Agrario quienes le liquidaron el valor que debía cancelar por
ser beneficiario del programa FONSA –HUILA, para quedar a paz y salvo, y que
éstos mismos le expidieron el documento que así lo indica, de modo que él,
insiste, cumplió con su obligación y el dato negativo que figura en la base de
datos Cifin debe ser eliminado.
En relación con Datacrédito, reitera los
argumentos expuestos en la demanda, apoyándose en el fallo proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que confirmó el amparo que había sido
concedido a la señora Bejarano Jaime en primera instancia, por la Sección
Segunda Subsección D del H. Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca
–como quedó explicado-.
2.3.  Decisiones de segunda instancia
a) Decisión que confirma la protección
concedida a la señora Bejarano Jaime –T-517. 288-
El 20 de agosto de 2002, la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la
decisión que concedió a la señora Sandra Yuscelly Bejarano Jaime la protección
invocada, ya referida[10].
Para el efecto, la Sala en cita considera
que el derecho al habeas data comporta, para las entidades que administran los
bancos de datos, los deberes correlativos de “dar a conocer, actualizar y
rectificar la información” que registran, sin que el cumplimiento estos
deberes signifique “que deba borrarse el pasado crediticio del usuario, o
que se haga desaparecer por arte de birlibirloque, sino que las bases de datos
deben reflejar la situación actual del interesado (..)”.
Destaca el Consejo de Estado que “(..)
el macartismo, el señalamiento en las listas negras, no ayudan a la marcha de
las relaciones socioeconómicas, sino que, por el contrario contribuyen al
desasosiego y a la alteración de relaciones que se originan en el seno de la
sociedad”, y agrega que el estudio del comportamiento crediticio de una
persona no puede depender “del bloqueo en un “datacrédito” sino en sus
antecedentes comerciales, en el cumplimiento de sus obligaciones y en su
capacidad de crédito, lo cual puede obtenerse con el historial de sus deudas y
en sus referencias comerciales que de ella expresen sus antiguos acreedores”
–comillas en el texto-.
Aduce, que resulta “ilógico”,
“injusto”, y “desproporcionado” valorar el comportamiento
crediticio de un usuario del sistema financiero, por el retraso en el
cumplimiento de determinada obligación, sin que cuente “un buen comportamiento
de años anteriores”.
Indica que esta Corporación “ha
señalado en sus decisiones un plazo para la permanencia de la sanción”,
pero considera que “mantener la regla deja latente la vulneración de
derechos fundamentales”.
Para concluir se refiere al alivio que
fuera previsto en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, para las personas que
dentro del año siguiente a la vigencia de la ley se pongan al día en las
obligaciones que dieron lugar a que figuren reportadas en los bancos de datos,
disposición que considera aplicable al caso, toda vez que la señora Bejarano
Jaime “canceló sus obligaciones crediticias desde antes de la expedición de
la ley en mención, luego tiene también el derecho allí otorgado, el cual según
se desprende de la norma no requiere que la accionante lo solicite previamente,
sino que este alivio opera automáticamente una vez verificado el pago de la
obligación que originó el reporte negativo (..)”.
El siguiente es un aparte de la decisión:
“Sería ilógico e injusto que un buen
comportamiento de años anteriores como el que presenta la accionante en este
caso, no atenuara el retraso que expresa la base de datos, máxime que el pago
de sus obligaciones fue hecho en forma libre, es decir, sin ser ejecutada, lo
que nos permite deducir, con los elementos de juicios disponibles, que solo se
dio un retardo, el cual no constituye mora, concepto que implica la existencia
de una conducta culposa del deudor.
Actuar de manera contraria sí sería colocar
al deudor en una relación de desventaja e inferioridad con cualquier actividad
de tipo comercial que desee desarrollar.  En efecto, prolongar, sin
justificación el registro negativo de una persona en un banco de datos,
respecto de su mal comportamiento pasado, es desproporcionado e injusto, afecta
“in continenti” su credibilidad, que pudo estar disminuida por circunstancias
ajenas a las que tiene en el día de hoy, vaivén que no es irracional en las
circunstancias económicas del país.
No se encuentra razón valedera alguna para
que la accionante continúe reportada en la base de datos de DATACRÉDITO y la
CIFIN.  La accionante, al estar al día en sus obligaciones,  tiene derecho a
que se refleje esa situación en las bases de datos de aquellos organismos, de
lo contrario, se está recibiendo por parte de ella una sanción sin sustento
alguno, adicional a la que ya fue sometida con el cobro de intereses moratorios
sobre la obligación.
De otro lado, en este caso, de
contera, se le vulnera a la actora el derecho a acceder a una vivienda digna,
porque al no rectificar la información con los datos actuales de la misma, le
impide a la accionante  acceder al crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, el
cual ya ha ganado al cumplir con el requisito de ahorro y tiempo necesario para
que se lo concedan”.
5.3.2. El Juzgado 53 Penal del Circuito
de Bogotá D.C., mediante fallo del 25 de febrero de 2002, confirmó el fallo
proferido por el Juzgado 20 Penal Municipal de Bogotá D.C., para resolver la
demanda instaurada por el señor Rubén Pérez contra Computec S.A., la Asociación
Bancaria y de Instituciones Financieras y Covinoc S.A. –expediente T-583.492-.
Para el efecto, el Ad quem adujo
que los datos que figuran en las bases de datos, que administran las entidades
accionadas, son ciertos.
Y que Covinoc S.A. bien puede cobrar por
imprimir en papel de seguridad la información que registra, aunado a que en su
base de datos no conserva ninguna información a nombre del accionante, que
pueda quebrantar su derecho fundamental a la intimidad.
Respecto del alivio que fuera previsto,
en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, el Juzgado advierte que el actor debe
solicitar ante las accionadas su aplicación, a fin de que éstas, con pleno
respeto de su derecho de defensa y contradicción, tomen las decisiones que sean
del caso.
3.      Trámite en sede de revisión
3.1 Selección, reparto y acumulaciones
a) La Sala de Selección Número Once,
mediante providencia proferida el 7 de noviembre de 2001, seleccionó la acción
de tutela promovida por Sandra Yuscelly Bejarano Jaime contra Datacrédito y Cifin
y la repartió a ésta Sala para su revisión.
b) La Sala de Selección Número Tres,
mediante autos del 7 y 14 de marzo del 2002, seleccionó las acciones de tutela
instauradas separadamente por Nidia Marcela Piñeros Burgos, Pedro Alfonso
Castro López, Magali Patricia Caballero Espinosa, Esperanza Báez Rizo, Luis
Alberto Padierna Restrepo, Luz Mery López Franco, Jaime Augusto Rengifo Peña y
Julio Ernesto Ordóñez Urueña en contra de Inversora Pichincha S.A., Computec
S.A., Caja Colombiana de Subsidio Familiar –Colsubsidio-, Banco Davivienda S.A.
y la Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras S.A., e igualmente las
repartió a esta Sala, para su revisión.
Ahora bien la Sala de Selección en
comento resolvió acumular las acciones de tutela instauradas por Nidia Marcela
Piñeros, Magali Caballero y Pedro Castro a la acción de tutela promovida por
Sandra Yuscelly Bejarano, cuyo trámite se encontraba suspendido.
c) El 4 de abril del mismo año, la Sala
de Selección Número Cuatro, por decisión de la fecha, seleccionó y repartió
también a la Sala Octava la acción de tutela instaurada por Cristian Gómez
Rojas contra el Banco Granahorrar S.A.
d) La Sala Octava de Revisión, mediante
providencias del 9 de abril del año 2002, resolvió desacumular las acciones
antes relacionadas de la promovida por Sandra Yuscelly Bejarano, dado que -como
se dijo esta había sido suspendida- y acumularlas la instaurada por Nidia
Marcela Piñeros Burgos contra Inversora Pichincha S.A., Computec S.A. y la Asociación
Bancaria y de Instituciones Financieras –Asobancaria.
e) Las acciones de tutela instauradas,
separadamente, por Gustavo Eduardo Zapata Piñeros y Rubén Pérez, contra
Computec S.A., la Asociación Bancaria y Covinoc S.A., fueron seleccionadas, por
la Sala de Selección Número Seis, mediante providencia del 1° de junio del
mismo año, repartidas a la Sala Octava y acumuladas a la acción instaurada por
la señora Piñeros Burgos ya relacionada.
f) La acción de tutela instaurada por
Esperanza Báez Rizo fue desacumulada, de la acción promovida Nidia Marcela
Piñeros, para poder tomar la decisión que corresponde, dado que no obstante los
requerimientos el expediente no ha sido devuelto por el Juzgado Doce Civil del
Circuito, para proseguir la actuación[11].
d) Una vez culminadas las actuaciones que
adelante se detallan, las acciones antes relacionadas fueron acumuladas a la
acción instaurada por Sandra Yuscelly Bejarano Jaime contra Computec S.A., y la
Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras, para tomar la presente
decisión.
3.2. La Sala Octava de Revisión, al
considerar que cuando se controvierte el derecho a la información, en aras de
proteger los derechos fundamentales a la intimidad y a la honra de quienes
figuran reportados en las centrales de riesgos, deben ser oídas las personas
que suministraron los datos, aquellas que los procesaron, y quienes hacen uso
de ellos, ordenó a los Juzgadores de Primera Instancia comunicar la iniciación
de las acciones a todas las entidades vinculadas, para que se manifestaran al
respecto, y dispuso que los Jueces de Instancia anularan lo actuado y
rehicieran la actuación, de considerarlo necesario.
Orden que no debió ser impartida dentro
de las acciones promovidas por los señores Augusto Peña Rengifo, Cristian Gómez
Rojas, Gustavo Zapata Piñeros y Rubén Pérez, porque los Juzgados de instancia,
al contrario de lo ocurrido en las otras acciones que se revisan, vincularon al
proceso tanto a las centrales de riesgo, como a las entidades que reportaron la
información y a las que hicieron uso de ella.
La Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la nulidad de lo actuado en el
proceso radicado bajo el número T-517.288, y procedió a tramitar nuevamente la
actuación, habida cuenta que el representante legal de la sociedad Comunicación
Celular COMCEL S. A. no convalidó la actuación.
En los otros asuntos, una vez notificadas
las actuaciones en la forma ordenada, los Falladores devolvieron a la Sala
Octava lo actuado para lo de su cargo, en algunos casos luego de varios
requerimientos y considerable retraso[12],
como puede observarse en cada una de las actuaciones.
Cabe precisar que la Corte no conoce la
actuación que ha debido adelantar el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá,
dentro de la acción de tutela instaurada por Esperanza Báez Rizo contra
Computec S.A., de modo que este asunto será revisado separadamente, una vez sea
devuelto por el Juez de Instancia
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia.
La Sala Octava de esta Corporación es
competente para revisar las anteriores decisiones, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991, y por decisiones de las Salas de Selección Números
Once, Tres, Cuatro y Seis mediante autos del 7 de noviembre del 2001, del 7 y
14 de marzo del 2002, y del 4 de abril del mismo año, respectivamente.
2.  Problema jurídico
planteado
Corresponde a esta Sala decidir si Computec
S.A. y la Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras; el Fondo Nacional
del Ahorro, la Caja Colombina de Subsidio Familiar y la Fundación Compartir;
las empresas de comunicación celular Comcel S.A. y Bellsouth Colombia S.A.;
Inversora Pichincha S.A. y Coltefinanciera S.A.; y los Bancos de Bogotá S.A.,
del Estado S.A., de Occidente S.A., Colpatria S.A., Granahorrar S.A.,
Davivienda S.A. y de Crédito y Desarrollo Social Megabanco S.A. están
quebrantando los derechos fundamentales de Sandra Yuscelly Bejarano Jaime,
Nidia Piñeros Burgos, Magali Caballero Espinosa, Pedro Alfonso Castro López,
Alberto Padierna Restrepo, Luz Mery López Franco, Jaime Augusto Rengifo Peña,
Julio E. Ordóñez Urueña, Cristian Gómez Rojas, Gustavo Zapata Piñeros y Rubén
Pérez.
Los accionantes invocan la protección
constitucional de sus derechos a la intimidad y a su buen nombre y, en algunos
casos, el de acceso a la vivienda digna, porque los datos puestos en común por
las centrales de riesgo accionadas no indican que sus acreedoras están
satisfechas con el cumplimiento de sus obligaciones, y les impiden acceder a
servicios financieros, entre estos el de financiación de vivienda.
Ahora bien, la Sección Segunda Subsección D
del Tribunal Contencioso de Cundinamarca le concedió a la señora Bejarano Jaime
la protección invocada, y la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la
decisión, considerando que los datos que divulgan las administradoras
demandadas no revelan la situación actual de la señora Bejarano Jaime, respecto
de sus acreedoras.
Por su parte, los Juzgados 24 y 30 Civiles
del Circuito, 19 y 87 Penales Municipales, y 3° y 20 Civiles Municipales, todos
de Bogotá, el juzgado 1° Civil Municipal de Bucaramanga, al igual que las Salas
Primera del Tribunal Administrativo de Antioquia y Civiles de los Tribunales
Superiores de Bogotá y Medellín, negaron el amparo deprecado, consideraron que
los datos adversos a los hábitos de pago de los accionantes, deben mantenerse
en el proceso informático, por el término señalado en las sentencias SU-082 y
SU-089 de 1995 de esta Corporación, en razón del interés general que comporta,
para una sana política de crédito, que las entidades prestamistas conozcan la
historia crediticia de quienes pretenden acceder a servicios financieros.
Así las cosas, como efectivamente en las
sentencias en comento fueron establecidas pautas jurisprudenciales sobre el
término de caducidad de los datos negativos en las centrales de información,
dado el vacío legislativo atinente al tema, se requiere dilucidar el alcance de
dichas pautas, así como el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en la
materia, a fin de confirmar o revocar las decisiones de instancia.
3.          Consideraciones Preliminares.
La autodeterminación informática y la garantía de informar y recibir
información económica en la jurisprudencia constitucional. El crédito de
vivienda
3.1        La autodeterminación informática
como expresión del derecho a la intimidad económica
El Título II de la Carta Política regula
el derecho a la intimidad[13],
y también reconoce el papel protagónico de la informática en el tráfico
jurídico, justificando la existencia de bancos de datos y de archivos, para
procesar y divulgar informaciones sobre el estado patrimonial de las personas,
siempre que la libertad y demás garantías constitucionales de los afectados
sean respetadas.
Ahora bien, el respeto de la libertad y
demás garantías constitucionales, respecto del derecho a la intimidad personal
y familiar y buen nombre, comporta que el individuo determine, dentro de los
limites que la Carta Política señala, la recolección, el tratamiento y la
circulación de sus datos personales, restringiendo del conocimiento de los
demás aquella información que reservar para sí y para su familia.
Un somero análisis de la jurisprudencia
constitucional atinente al tema le permite a la Sala sostener que esta
Corporación se ha pronunciado, en general, a favor de una visión amplia de los
derechos a la intimidad económica y al buen nombre [14], dada la facultad que
la Carta constitucional reconoce a los titulares de los datos procesados en las
centrales de riesgo, de intervenir en el proceso informático desde su
iniciación, como lo indican los apartes de las sentencias que se traen a
colación:
“Es claro que si la información respectiva
es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen
nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto
multiplicador que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de
la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente
perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se
pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de
incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la
cesación de pagos y la quiebra.
He allí uno de los más importantes
fundamentos del HABEAS DATA, derecho autónomo y fundamental plasmado en el
artículo 15 de la Constitución, que permite a toda persona conocer, actualizar
y rectificar las informaciones que sobre ella hayan sido consignadas en bancos
de datos y en archivos de entidades públicas o privadas, en defensa de sus
derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre”[15].
En igual sentido esta decisión.
“De acuerdo con lo prescrito en los
artículos 20, 333 y 335 superiores, toda persona -y en especial las entidades
financieras, al tener el derecho fundamental de informar y recibir información,
puede recolectar datos pertenecientes a los usuarios de los productos ofrecidos
por las compañías otorgadoras de crédito (previa autorización expresa de los
interesados), con el fin de evitar operaciones riesgosas en una actividad que
la misma Carta ha catalogado como de interés público, en la medida en que está
de por medio el aprovechamiento y la inversión de dineros captados de los asociados.
Por ello, tal como lo reconoció la Corte en las sentencias T-557/92 y T-110/93,
entre otras, la determinación de las entidades financieras de establecer en los
contratos con los usuarios las consecuencias derivadas de su incumplimiento
crediticio - entre las cuales se encuentra la inclusión de sus datos en las
redes informáticas- resulta legítima (..)
No obstante lo expuesto, en aquellos
eventos en que el dato recolectado en una de las centrales informáticas no
consulte la realidad de la situación crediticia del interesado, es decir, que
se trate de una información que no es veraz, ni imparcial, ni ha sido
actualizada, el afectado tendrá el derecho de exigir la rectificación de dicha
información. Así, según las voces del artículo 15 constitucional, todas las
personas gozan del derecho fundamental a conocer, a actualizar y a rectificar
las informaciones que sobre ellas se hubiesen recogido en bancos de datos o en
archivos de entidades públicas o privadas. Se trata, como ya lo ha dicho la
Corte, de un derecho cuya protección se puede lograr en forma independiente o
autónoma o en conexidad con otros derechos consagrados en la Constitución, como
es el caso del derecho al buen nombre (art. 15 C.P.), a la honra (art. 21 C.P.)
y a recibir información veraz e imparcial (art. 20 C.P.), entre otros.”[16]
Denota la jurisprudencia anterior, que para
la Corte los derechos a la intimidad y al buen nombre resultan afectados en el
proceso informático, cuando los procesadores de la información recogen y divulgan
hábitos de pago sin el conocimiento de su titular[17], como también cuando
registran informaciones falsas, parciales o sesgadas[18]. Ha dicho la Corte:
“La información que posee y suministra a
sus usuarios un banco de datos como DATACREDITO es fundamental para que se
forme el buen nombre de una persona que ha acudido al uso del crédito, pues en
el caso de que se consignen informaciones relacionadas con el mal manejo de sus
obligaciones, el buen nombre desaparece, se va creando un mal nombre, y por
tanto, la protección que consagra el artículo 15 de la Carta no se puede
invocar en caso de ser ciertos tales hechos. Es por ello que a juicio de la
Corte la información en todos los casos debe ser veraz, es decir, que tiene que
corresponder a la verdad, no parcialmente, sino de manera completa, más aún
tratándose de información crediticia, debido a su especial importancia para
proteger la confianza pública en las instituciones financieras”[19].
En igual sentido esta decisión:
“Todo dato, pero particularmente el
financiero, puede afectar de manera grave y en ocasiones irreversible a los
individuos a quienes se refiere, lo que hace menester que respecto de su
manejo, procesamiento y difusión se establezcan límites razonables que, sin
impedir ni obstaculizar el derecho a la información que se canaliza por
conducto de las redes informáticas y los archivos de entidades públicas y
privadas, preserven de manera cierta y eficaz los derechos a la intimidad, a la
honra y al buen nombre de los asociados.
Ya ha dilucidado esta Corte que el derecho
a la intimidad no es en principio afectado por un dato económico o financiero,
mientras éste lo sea en realidad y no desborde su naturaleza para penetrar en
el campo reservado de la privacidad que favorece a toda persona. Pero también
ha sido enfática en afirmar que si ese desbordamiento se produce, cabe el Habeas
Data y la acción de tutela para la defensa del derecho fundamental y de la
dignidad humana.
En cuanto a la honra y el buen nombre, son
evidentes las posibilidades de choque entre él y la expansión de informaciones
inexactas o erróneas que pongan en tela de juicio, ante el conglomerado, la
confianza que se tiene en los hábitos comerciales, financieros y de negocios de
una determinada persona.
(..)
La Corte Constitucional no entrará a
definir el fondo de la cuestión litigiosa planteada, pues ello excede las
competencias del juez de tutela, según reiterada jurisprudencia (Cfr. Sala
Plena. Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992), pero, en el campo de los
derechos fundamentales, debe señalar y condenar la conducta asumida por la
sociedad "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A." en cuanto, sin esperar
a que el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá resuelva acerca de
la demanda instaurada y de las excepciones de mérito planteadas frente a ella,
ha pretendido obtener un pago mediante presión indebida merced al reporte
parcial e incompleto de una información que perjudica el buen nombre de su contraparte
en el litigio.
Es evidente, entonces, el abuso en que
incurrió "CENTRAL DE ACEROS Y ALUMINIOS S.A.", alegando el ejercicio
de un derecho que no ha sido judicialmente definido.
La Sala considera, además, que
"COMPUTEC S.A. -División DATACREDITO" no obró con el cuidado y
diligencia que impone la responsabilidad propia de sus actividades, toda vez
que admitió y registró el dato suministrado por un particular respecto de otro
sin verificar si había sido judicialmente definido el conflicto entre las
partes, haciéndose responsable también por el daño al buen nombre de la
compañía afectada.
Admitir como válida la conducta que en el
asunto examinado observó la central de datos implicaría extender hacia el
futuro y sin ninguna clase de control las posibilidades de que cualquiera
pudiese suministrar a esta clase de empresas, con su beneplácito, datos sin
confirmar, tergiversados, manipulados o sencillamente falsos, con el fin de
presionar pagos, configurándose así formas extorsivas de cobranza que desconocerían
las competencias de los jueces y que, por tanto, de ninguna manera podrían
entenderse como sano ejercicio del derecho a la información.
De otra parte, la Corte considera que las
compañías demandadas han vulnerado el derecho que tiene la sociedad accionante
de acceder a la administración de justicia para la solución del conflicto en
que se encuentra involucrada, toda vez que se ha usado un medio de presión para
obligarla de hecho al pago sin darle oportunidad de debatir judicialmente y de
obtener, al cabo de un proceso, una definición, favorable o desfavorable.
También es ostensible que se ha desconocido
el principio de la buena fe, dentro del cual se presume que son celebrados los
contratos, pues "CENTRALUM S.A.", bajo la amenaza de acabar con el prestigio
comercial de "INTERAMERICANA DE INVERSIONES RINCON Y CIA. LTDA.",
mediante su registro en el banco de datos bajo un rubro que no corresponde a la
verdad integral de lo acontecido, pese a la existencia de un mecanismo jurídico
para la solución del conflicto - de todas maneras utilizado-, no ha actuado con
la debida lealtad hacia el otro contratante”[20].
En este orden de ideas, cabe precisar que,
en decisión más reciente, la Sala Séptima de Revisión[21] destacó la necesidad
de distinguir los datos personales de los impersonales, según la información
que registran los ficheros de datos se refiera a aspectos que permiten definir
el perfil de las personas, “en mayor o menor medida, gracias a la visión de
conjunto que se logre con el mismo y otros datos”, de aquellos datos que no
cumplen con las anteriores características.
Es más, la Sala en cita consideró de
utilidad distinguir la información según se encuentre contenida en bases de
datos computarizadas, o en otros medios, “como videos o fotografías”, y
destacó lo importante que resulta su diferenciación por razón del acceso a la
misma, por cuanto “la Sala encuentra cuatro grandes tipos: la información
pública o de dominio público, la información semi - privada, la información
privada y la información reservada o secreta”.
Analizada la jurisprudencia constitucional,
podría argüirse, sin embargo, que en algunos pronunciamientos esta Corte ha
distinguido el derecho a la intimidad del habeas data y de la autodeterminación
informática[22],
y que así mismo ha considerado exagerado colocar en su mismo plano el comportamiento
de una persona en materia crediticia con su derecho a la intimidad personal y
familiar[23],
no obstante el reconocimiento exclusivo del poder de disposición del dato
económico en la persona de su titular, y su facultad de intervenir durante todo
el proceso informático ha sido una constante en la jurisprudencia
constitucional[24]
Al punto que en la sentencia C-397 de 1998[25], la Corporación
precisó que “la figura del secreto bancario encuentra fundamento en el
artículo 15 de la C.P., que consagra como derecho fundamental el derecho a la
intimidad”.
Establecido entonces que los datos
económicos no pueden desligarse de la intimidad personal y familiar, como
tampoco de las facultades que el ordenamiento constitucional reconoce a todas
las personas para hacer respetar su intimidad y buen nombre en los procesos
informáticos, la jurisprudencia constitucional ha debido considerar los
conflictos que surgen en estos procesos, dados los requerimientos de
información del tráfico jurídico.
a) La aquiescencia del titular. Alcances de
la autorización para divulgar la historia crediticia personal
Las diferentes Salas de Revisión se han
pronunciado respecto de la necesidad de establecer cómo los derechos a la
intimidad y buen nombre de los usuarios del sistema financiero, y las garantías
de informar y ser informadas de las entidades crediticias se autolimitan y
equilibran, partiendo para el efecto de las siguientes previsiones
constitucionales:
- No existen derechos absolutos[26].
- El Estado está en el deber de respetar
y hacer respetar los derecho a la intimidad personal y familiar y al buen
nombre[27].
- El secreto profesional puede ser develado[28], siempre que para el
efecto medie una debida y proporcionada justificación constitucional[29].
- El artículo 20 del ordenamiento superior
garantiza la libertad de informar y recibir información, con responsabilidad
social[30].
- Las actividades financiera, bursátil y aseguradora
son de interés público, a la luz del artículo 335 constitucional[31].
Ha dicho la Corte:
“El derecho a la intimidad implica la
facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe
solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus
propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está
dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones
externas. Algunos tratadistas han definido este derecho como el “control sobre
la información que nos concierne”[32];
otros, como el “control sobre cuándo y quién puede percibir diferentes aspectos
de nuestra persona”. La Corte Constitucional, por su parte, ha definido el
núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad como  “el espacio
intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se deduce un derecho a
no ser forzado a escuchar o a ser lo que no desea escuchar o ver, así como un
derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto.”[33]
“Adicionalmente, puede decirse que el
derecho a la intimidad es un derecho disponible. Ciertas personas, según su
criterio, pueden hacer públicas conductas que otros optarían por mantener
reservadas. Así mismo, en el desarrollo de la vida corriente, las personas se
ven impelidas a sacrificar parte de su intimidad como consecuencia de las
relaciones interpersonales que las involucran. En otros casos, son razones de
orden social o de interés general o, incluso, de concurrencia con otros
derechos como el de la libertad de información o expresión, las que imponen
sacrificios a la intimidad personal.
No obstante, y a pesar de que en
determinadas circunstancias el derecho a la intimidad no es absoluto, las
personas conservan  la facultad de exigir la veracidad de la información que
hacen pública y del manejo correcto y honesto de la misma. Este derecho, el de
poder exigir el adecuado manejo de la información que el individuo decide
exhibir a los otros, es una derivación directa del derecho a la intimidad, que
se ha denominado como el derecho a la “autodeterminación informativa”.[34]
En igual sentido esta decisión:
“Esta corporación ha determinado que así
como los usuarios, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que de ellos se tiene sobre el cumplimiento de sus obligaciones;
también las instituciones financieras tienen el derecho a conocer  la solvencia
económica de sus clientes.  Como expresó esta Corporación las entidades
financieras prestan un servicio público consistente en el manejo del ahorro de
los particulares,  por lo cual ejercen una actividad de interés general, como
expresamente lo señala el artículo 335 de la Constitución Política.  Sus  actuaciones,
en cuanto al uso de los datos de los clientes, tienen  un límite, esto es, sólo
pueden transmitir información veraz y completa sobre sus deudores y clientes.
(..)
Se ha sostenido, por esta Corporación que
el derecho a la información no es absoluto,  no se puede utilizar esta  para
revelar datos que lesionen la honra y el buen nombre de las personas. La
información, debe corresponder a la verdad,  no se permite difundir
informaciones que no sean ciertas y objetivas. Por ello las entidades financieras
tienen un interés legitimo de conocer las informaciones sobre el comportamiento
crediticio de sus clientes  y en este sentido, a juicio de la Corte, mientras
las informaciones sobre un deudor sean fidedignas, verídicas y completas, no se
puede afirmar que el suministro y la circulación de los datos ,  vulnera el
buen nombre de su titular”[35].
En este orden de ideas cabe destacar que el
consentimiento del titular de la información sobre el registro de sus datos
económicos en los procesos informáticos[36],
aunado a la necesidad de que aquel cuente con oportunidades reales para ejercer
sus facultades de rectificación y actualización durante las diversas etapas de
dicho proceso, resultan esenciales para salvaguardar los derechos a la
intimidad y buen nombre de los usuarios de servicios financieros, y con ello
las garantías de los operadores económicos de informar y de recibir información
veraz e imparcial con miras a la adopción de sanas políticas de crédito[37].
Respecto a la aquiescencia del titular,
vale considerar que cuando una persona acude a una entidad financiera,
independientemente del servicio que demande, autoriza la intromisión de
terceros en aspectos de su estado patrimonial, pero es cierto que la sola
demanda efectiva o potencial de servicios financieros no autoriza al receptor
para divulgar lo que conoce en razón o por ocasión del servicio, habida cuenta
que toda actividad profesional se ampara, en principio, en la inviolabilidad
del sigilo y confidencialidad de las informaciones, en los términos del
artículo 74 constitucional[38].
De ahí que la jurisprudencia
constitucional, de manera unánime y reiterada, en cumplimiento de la proyección
constitucional de la libertad individual en el derecho a la autodeterminación
informática, exija de los operadores informáticos obtener un previa, explicita
y concreta autorización de los usuarios del crédito para recopilar, tratar y
divulgar informaciones sobre su intimidad económica, la que deberá utilizarse
con miras a preservar la estabilidad económica que comporta la sanidad general
del crédito –artículos 15 y 335 C.P.-[39].
En este sentido, compete a los jueces, en
cada caso, analizar el contenido de la autorización que el usuario de los
sistemas informáticos obtiene del titular del dato, con miras a establecer su
alcance, considerando, además del interés general que demanda la utilización
del documento, especialmente, las condiciones en que dicha autorización fue
otorgada[40],
como quiera que si la aquiescencia del otorgante estuvo condicionada por el
acceso al servicio o a la operación de crédito, el juzgador debe tener presente
que al proponente de un servicio público no le está permitido obtener ventajas
injustas y dar lugar a desequilibrios contractuales, amparado en el privilegio
que comporta su calidad de autoridad[41].
Ha dicho la Corte
“La posición dominante es un
concepto económico que se deriva de la especial situación que un determinado
agente económico tiene en el mercado. Dicha posición, ciertamente, puede
configurarse a partir de condiciones de ventaja o privilegio que de la
actividad del Estado se deriven para ciertas personas, pero es claro que, aún
en este evento, la posición dominante que adquiera una persona no proviene de
la actividad del Estado sino del efecto que dicha actividad tiene en un mercado
de competencia. Esto permite distinguir la figura de la situación que se
presenta en los sectores intervenidos, en los cuales el control sobre el
mercado proviene, no de una condición fáctica, sino de los elementos de
regulación propios del sector.
Cuando se trata efectivamente de
una situación de posición dominante, la labor del Estado es la de impedir el
abuso de la misma a través de una serie de controles e instrumentos de intervención,
que están orientados a evitar las siguientes conductas o prácticas contrarias a
la honestidad y lealtad comercial: a) Imponer precios, b) limitar la
producción, c) aplicar en la relaciones contractuales condiciones desiguales y
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias”.[42]
b) La autorización previa del titular del
dato no comprende su facultad de autodeterminación informática
Puntualizado el objetivo de los procesos
informáticos y su conexión con el derecho a la intimidad económica de los
usuarios del crédito, cabe precisar que, sin perjuicio del consentimiento del
titular, la autorización para divulgar la propia historia crediticia, en cada
caso, i) debe entenderse otorgada por el tiempo que los datos resulten
pertinentes para enjuiciar los hábitos de pago y la solvencia patrimonial de
sus titulares, y ii) sólo puede abarcar datos ciertos sobre obligaciones
dinerarias insolutas, líquidas y exigibles.
Lo anterior por cuanto los datos vetustos,
caducos e inciertos no determinan el nivel real actual de respuesta patrimonial
de cada usuario del sistema, y en razón de que es la certeza sobre las
obligaciones realmente impagadas la que permite a quien analiza una solicitud
de crédito emitir juicios objetivos de cumplimiento.
En fin, resulta sin sustento el dato que
permanece en el sistema informático por un tiempo superior al duplo de la mora
–comprendida ésta -, en que pudo haber incurrido su titular, porque los
comportamientos crediticios son esencialmente cambiantes[43].
Ahora bien, a juicio de la Corte, el habeas data “(..)
tiene la función primordial de equilibrar el poder entre el sujeto
concernido por el dato y aquel que tiene la capacidad de recolectarlo,
almacenarlo, usarlo y transmitirlo”[44],
y su núcleo esencial “está integrado por el derecho a la
autodeterminación informática y por la libertad, en general, y en
especial económica”[45].
De acuerdo con lo anterior, los derechos de audiencia
y contradicción del titular del dato, en el proceso informático, van más allá
de la autorización inicial que permite, en cada caso, que una determinada
historia crediticia sea procesada.
En este sentido, vale considerar que en un proceso
esencialmente cambiante, como viene a serlo el tratamiento automatizado de
datos puestos en ficheros de acceso común, la actualización y la rectificación
propugnan por el pleno respeto de la intimidad económica y buen nombre de
quienes consienten en develar sus hábitos de pago, mediante la corrección,
complementación, inserción, limitación, actualización o cancelación de los
datos procesados[46].Y
llega más lejos, en cuanto la contradicción del titular le imprime al proceso
informático la confianza que los operadores económicos demandan de éste, como
de todas las herramientas con que cuentan para fijar sus políticas de crédito.
En este sentido
- al margen de insistir en la necesidad de que el debido proceso informático
sea objeto de una reglamentación general y coercitiva, como todos los aspectos
del habeas data, que garantice el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales, y las garantías generales que lo comprometen, a fin de que “(..)
el
proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea constitucionalmente
legítimo” [47]-,
vale precisar que esta Corte ha descartado de antemano la constitucionalidad de
la recopilación y difusión de datos i) “falsos, parciales, incompletos, e
insuficientes, ii) “sensibles”
-la orientación sexual, filiación política, credo religioso, “cuando ello, directa
o indirectamente, pueda conducir a una política de discriminación o
marginación”, e iii) “inútiles
o innecesarios” [48]–cuando el
tiempo transcurrido no permite alcanzar los objetivos constitucionales
perseguidos.
Y, que de
manera insistente la jurisprudencia constitucional destaca el excesivo cuidado
que deben tener los administradores informáticos, cuando el proceso demande la
inclusión “en
una base de datos destinada a ser conocida por terceros, apreciaciones
subjetivas o juicios de valor sobre el sujeto concernido”.
Dijo la Corte:
“Igualmente, la información
solicitada por el banco de datos, debe ser la estrictamente necesaria y útil,
para alcanzar la finalidad constitucional perseguida. Por ello, los datos sólo
pueden permanecer consignados en el archivo mientras se alcanzan los objetivos
perseguidos. Una vez esto ocurra, deben desaparecer.
Por otra parte, los bancos de
datos tienen la obligación de registrar información veraz e imparcial, completa
y suficiente. En este sentido, como lo ha manifestado esta Corte, debe existir
un celo extremo al incluir, en una base de datos destinada a ser conocida por
terceros, apreciaciones subjetivas o juicios de valor sobre el sujeto
concernido.
Instrumentos de protección del habeas data
21. La Corte
Constitucional ha insistido en la necesidad de una reglamentación general y
coercitiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos que se derivan del
habeas data. Sin embargo, ello no ha ocurrido. En consecuencia, las personas
han debido recurrir a mecanismos como el derecho fundamental de petición o la
acción de tutela para impedir eventuales vulneraciones a su derecho a la
autodeterminación informativa. No obstante, estos mecanismos resultan algunas
veces insuficientes para la garantía plena, pronta y efectiva de los derechos
comprometidos en el proceso informático. En efecto, no sólo se trata de
garantías ex post, que no establecen ab initio reglas claras para todas las
partes comprometidas en este proceso, sino que muchas veces no tienen el
alcance técnico que se requiere para lograr la verdadera protección de todos
los bienes e intereses que se encuentran en juego.
Adicionalmente, al amparo de la Carta de
1991, no puede menos que sostenerse que todo dato debe recolectarse para una
finalidad constitucionalmente legítima. Lo anterior significa, entre otras
cosas, que no puede recolectarse información sobre datos “sensibles” como, por
ejemplo, la orientación sexual de las personas, su filiación política o su
credo religioso, cuando ello, directa o indirectamente, pueda conducir a una
política de discriminación o marginación.
Igualmente, la información solicitada por
el banco de datos, debe ser la estrictamente necesaria y útil, para alcanzar la
finalidad constitucional perseguida. Por ello, los datos sólo pueden permanecer
consignados en el archivo mientras se alcanzan los objetivos perseguidos. Una
vez esto ocurra, deben desaparecer.
Por otra parte, los bancos de datos tienen
la obligación de registrar información veraz e imparcial, completa y
suficiente. En este sentido, como lo ha manifestado esta Corte, debe existir un
celo extremo al incluir, en una base de datos destinada a ser conocida por
terceros, apreciaciones subjetivas o juicios de valor sobre el sujeto concernido”.
3.2        Alcance de la garantía de
procesar y divulgar, con responsabilidad social, los hábitos de pago de los
usuarios de servicios financieros. El duplo de la mora, criterio legislativo
válido para la permanencia del dato adverso
Los datos que registran, procesan y
divulgan las centrales de riesgo, sobre el comportamiento de los usuarios del
sistema financiero, es de interés general, porque el crédito “es un factor
fundamental en la vida económica, particularmente en el sistema capitalista
(..) y este requiere de la confianza del público para operar normalmente” [49].
Fundamentada la garantía de conocer y hacer
conocer los hábitos de pago de los usuarios del crédito en el interés general,
que comporta la estabilidad del sistema financiero, surge una primera
limitación de dicha garantía en función de los datos que resultan efectivamente
evaluables en el señalamiento de políticas individuales de crédito.
En este sentido, en la sentencia SU-082 de 1995
esta Corte sostuvo que la información que registran procesan y divulgan las
centrales de riesgo debe ser completa, para que pueda ser tenida como veraz, de
modo que “[e]n lo atinente a un crédito, por ejemplo, un banco no daría
información completa, si se limitara a expresar que el deudor ya no debe nada y
ocultara el hecho de que el pago se obtuvo merced a un proceso de ejecución, o
que la obligación permaneció en mora por mucho tiempo. Igualmente, no sería
completa si no se informara desde qué fecha el cliente está a paz y salvo”[50] –negrilla
en el texto -.
Planteó la
decisión en cita, con miras a determinar con claridad el riesgo en que incurren
las entidades crediticias al adjudicar un crédito, que “el encargado de
otorgar préstamos” requiere conocer si el posible deudor se encuentra entre
aquellas personas que usualmente cumplen con sus obligaciones, o si, por el
contrario, se ubica “entre quienes suelen incurrir en mora o ser demandados
en procesos de ejecución”.
Agregó la
Corte en la oportunidad que se reseña, que así como las entidades financieras
tienen derecho a conocer el comportamiento de sus clientes, los deudores de los
establecimientos de crédito tienen derecho a que la información sobre el
cumplimiento de sus obligaciones incluya todo lo acontecido al respecto, “no
sólo el pago, voluntario o forzado, sino la fecha del mismo (..)[e]n el caso
del deudor moroso que finalmente paga, voluntaria o forzadamente, la
información completa sobre su conducta como deudor debe incluir todas estas
circunstancias”.
También indicó la decisión, que se equivoca
quien pretende que el derecho de actualizar la información implica borrar o
suprimir el pasado, cuando en realidad significa “solamente registrar,
agregar, el hecho nuevo”; en cuanto “ revelar un dato
verdadero, en condiciones normales, no constituye una
sanción, sino el ejercicio del derecho a informar y recibir información
veraz e imparcial, consagrado por el artículo 20 de la Constitución.”[51]
No obstante en la misma decisión la Corte
adujo que quien con el cumplimiento de sus obligaciones logra crear un nombre
que en el pasado no ostentó, tiene derecho a exigir que su esfuerzo se refleje
en la información que se divulga sobre él, planteamiento éste sostenido por
diversas Salas de Revisión, al considerar que “las sanciones o informaciones
negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en
consecuencia, después de algún tiempo tales personas son titulares de un
verdadero derecho al olvido”[52],
tal como lo indican las siguientes decisiones:
"Los datos tienen por su naturaleza
misma una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o
administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente
actualización a fin de no poner en circulación perfiles de "personas
virtuales" que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las
personas reales.”[53]
"Para la hipótesis específica de las
obligaciones con entidades del sector financiero, la actualización debe
reflejarse en la verdad actual de la relación que mantiene el afectado con la
institución prestamista, de tal manera que el responsable de la informática
conculca los derechos de la persona si mantiene registradas como vigentes
situaciones ya superadas o si pretende presentar un récord sobre antecedentes
cuando han desaparecido las causas de la vinculación del sujeto al sistema, que
eran justamente la mora o el incumplimiento.[54]
“Previos los predicados que se han
expuesto, advierte la Sala que en razón de la primacía del derecho a la
intimidad y del derecho a actualizar las informaciones que reposan en bancos de
datos y en archivos de personas públicas o privadas repugna al ordenamiento
constitucional vigente la conservación de inscripciones y registros en los que
se identifica a una persona como "deudor moroso" pese a haber
cancelado el capital adeudado y los intereses correspondientes, pues el pago de
la obligación hace desaparecer el fundamento de ese dato justificado plenamente
durante el tiempo de la mora, retardo o incumplimiento, mas no con
posterioridad a la solución, en forma tal que si se le mantiene inalterado se
incurre en violación de los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la
honra". [55]
Pero el derecho al olvido, a fin de
restablecer el buen nombre, no es lo único que cuenta en la definición de los
límites de permanencia de los datos adversos en los ficheros de datos, también
la dignidad del deudor reclama que la valoración de su conducta se realice en
consideración a su condición humana, en función de la cual las personas pueden
en todo tiempo recuperar su nombre e intimidad por haber enmendado su conducta.
Al respecto vale traer a colación la siguiente decisión:
“Interpretando en forma ostensiblemente
errónea  los alcances de la sentencia T-414 de esta Corporación, algunas
decisiones judiciales recientes señalan que la divulgación de informes
computarizados de crédito sólo vulnera los derechos de habeas data e intimidad
cuando los datos sean erróneos.  Lo cual equivale a considerar que no hay
menoscabo alguno de tales derechos cuando los datos sean veraces y se haga de
ellos un uso o manejo responsable.  Satisfechas estas condiciones, algunos
jueces estiman que su recolección  y divulgación constituye un sistema eficaz
de defensa de las instituciones financieras contra el llamado riesgo bancario.
Es claro a todas luces que los anteriores
planteamientos ponen en evidencia una equivocada concepción de la naturaleza y
razón de ser del habeas data  y la intimidad. En efecto, ellos se fundan
en el presupuesto deleznable de ubicar tales derechos en los universos
jurídicos y dialécticos propios de la mentira y la verdad  en los cuales la exceptio
veritatis  hará prevalecer, milagrosamente, los intereses de la justicia
material y el orden que demanda el sistema económico.
Se olvida que, tanto el habeas data
como la intimidad encuentran su razón de ser y su fundamento último en el
ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al
sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de su personalidad
y en homenaje justiciero a su dignidad.
Es por eso, precisamente, que dentro de ese
refugio jurídicamente amurallado que lo protege, el sujeto puede actuar como a
bien lo tenga.  De ahí que las divulgaciones o investigaciones que penetren tal
muro sólo podrán ocurrir por voluntad o aquiescencia del sujeto  o cuando un
verdadero interés general legitime  la injerencia.
Mientras ello no ocurra, prevalecerán las
exigencias propias del habeas data y la intimidad, derechos estos cuyos
núcleos esenciales están construidos con libertad, tranquilidad, ausencia de
control. Su titular es el único llamado a administrar los espacios que el
derecho le garantiza como a bien tenga y a permitir  o no el acceso de
terceros.
La verdad no es, pues, la llave milagrosa
que abre dicho muro y expone al sujeto a observación inclemente, como pez en
acuario de cristal.  No.  La verdad cede aquí el paso a la dignidad de la
persona y a los riesgos previsibles de la autodeterminación y la maduración en
el ejercicio de la libertad. Como lo ha venido señalando la más autorizada
doctrina jurídica y las corrientes filosóficas que hacen de la persona su eje
vital, no es procedente, por razones apenas obvias,  la socorrida  exceptio
veritatis.
Esta Corporación cree oportuno advertir
también que el derecho a la intimidad no se construye en todos los casos con
materiales  extraídos de las canteras de la verdad o bondad absolutas, sino con
los más humildes y propios de la conducta humana en todas sus complejas
manifestaciones. Por tanto, ni la exceptio veritatis, ni la presunta o
real existencia de una conducta desviada son consideraciones suficientes para
desconocer el derecho a la intimidad, con todos los alcances establecidos por
el Constituyente en el artículo 15 de la Carta. Bondad, probidad e intimidad
operan, pues,  en órbitas no necesariamente  coincidentes o iguales[56].
En suma, no obstante los acreedores ser
proclives a tener mayor conocimiento de la persona que les solicita un crédito,
mediante la consulta extensa de la puesta en común de sus hábitos de pago, y
las administradoras de ficheros estar dispuestas a colaborarles en sus
propósitos, manteniendo por largo tiempo las historias de quienes accedieron a
ingresar al sistema, tales propósitos deberán regularse, a fin de respetar los
derechos fundamentales y garantías constitucionales de los titulares de la
información.
En efecto, la permanencia sin límites de
los datos adversos a los usuarios del crédito en el proceso informático
constituye un abuso de la autorización recibida –artículo 95 C.P.-, y no cumple
con el presupuesto de informar con responsabilidad social –artículo 20 C.P.
amen de que colisiona i) con la facultad del titular de la información de
autodeterminarse, mediante la actualización o eliminación de sus datos del
proceso, salvaguardando así su intimidad económica y el derecho a su buen
nombre, y ii) con la dignidad humana de quien enmienda su comportamiento
mejorando sus hábitos de pago –Preámbulo, artículos 1°, 2°, 5°, 13, y 15 C.P.-.
Finalmente, en punto al poder resarcitorio
del tiempo, es evidente que el Legislador no permite pactar sumas compensatorias
que excedan el doble de la obligación principal, límite éste que permite a la
Sala considerar el duplo de la mora, como criterio válido de permanencia de un
dato adverso en el proceso informático, acudiendo a los artículos 1601 y 867 de
los Códigos Civil y de Comercio, respectivamente.
Es decir que, para conjurar la conservación
de la información negativa, al titular de ésta le basta la extinción de la
obligación que dio lugar a ella, más el acaecimiento de un plazo igual al de la
permanencia inicial del dato adverso, contada a partir de la mora. O sea que,
en tanto el Legislador regula específicamente el asunto, conforme lo indican
las disposiciones antes referidas, al parecer de la Sala, las centrales de
riesgo, haciendo uso de la autorización de su titular, podrán, a partir de la
mora, procesar y divulgar informaciones sobre obligaciones insolutas, hasta su
extinción, tiempo éste al que se podrá agregar hasta uno más.
a) La necesidad de reglamentar el proceso
informático. El derecho a la igualdad en el tratamiento de la información
adversa
a.1) Dada la cuestión antes expuesta, y el
vacío legal respecto de la permanencia del dato negativo en las centrales de
riesgo, esta Corporación ha venido insistiendo en la necesidad de que el
legislador determine de manera general como le corresponde, qué debe entenderse
por dato adverso y por cuánto tiempo éste puede permanecer en el proceso
informático[57],
habida cuenta que la competencia de esta Corporación al respecto se
circunscribe a “ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que
reglamente este derecho (..)”[58].
No obstante, vale reiterar que esta
Corporación, en la sentencia SU-082 de 1995, consideró conveniente, en tanto el
legislador establezca el término de caducidad del dato negativo, establecer
como “razonable el término que evite el abuso del poder informático y
preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general”.
En consecuencia dispuso tener en cuenta,
respecto de la “conservación, el uso y la divulgación informática del dato
(..) la ocurrencia de todos los siguientes hechos”:
“a)  Un pago voluntario de la obligación;
b) Transcurso de un término de dos (2)
años, que se considera razonable, término contado a  partir del pago
voluntario.  El término de dos (2) años se explica porque el deudor, al fin y
al cabo, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento, aunque haya
sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior
a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual al doble de
la misma mora; y,
c) Que durante el término indicado en el
literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo
deudor, en relación con otras obligaciones.
Si el pago se ha producido en un  proceso
ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga un término
de caducidad, que podría ser el de cinco (5) años, que es el mismo fijado para
la prescripción de la pena, cuando se trata de delitos que no tienen señalada
pena privativa de la libertad, en el Código Penal. Pues, si las penas públicas
tienen todas un límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado,
puede ser objeto de rehabilitación, no se ve por qué no vaya a tener límite
temporal el dato financiero negativo. Ahora, como quiera que no se puede perder
de vista la finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros,
es importante precisar que  el límite temporal mencionado no puede aplicarse
razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de incumplimiento
y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en curso un proceso
judicial enderezado a su cobro.
Esta última condición se explica fácilmente
pues el simple pago de la obligación no puede implicar la caducidad del dato
financiero, por estas razones: la primera,  la finalidad legítima del banco de
datos que  es la de informar verazmente sobre el perfil de riesgo de los
usuarios del sistema financiero; la segunda, la ausencia de nuevos datos
negativos durante dicho término, que permite presumir una rehabilitación
comercial del deudor moroso.  Es claro que si durante los cinco (5) años
mencionados se presentan nuevos incumplimientos de otras obligaciones, se
pierde la justificación para excluir el dato negativo. ¿Por qué? Sencillamente
porque en este caso no se ha reconstruido el buen nombre comercial.
Sin embargo, cuando el pago se ha producido
una vez presentada la demanda, con la sola notificación del mandamiento de
pago, el término de caducidad será solamente de dos (2) años, es decir, se
seguirá la regla general del pago voluntario.
Igualmente debe advertirse que si el
demandado en proceso ejecutivo invoca excepciones, y éstas prosperan, y la
obligación se extingue porque así lo decide la sentencia, el dato que posea el
banco de datos al respecto, debe desaparecer.  Naturalmente se exceptúa el caso
en que la excepción que prospere sea la de  prescripción, pues si la obligación
se ha extinguido por prescripción, no  ha habido pago, y, además, el dato es
público.”.
Aclaró la sentencia en comento, modificando
al efecto la jurisprudencia de diferentes Salas de revisión en torno del punto,
que la prescripción no da lugar a la eliminación del dato atinente a la
obligación impagada, porque la extinción de las acciones i) no puede ser
declarada en sede de tutela, y ii) requiere ser alegada[59].
Y, así mismo destacó, que “el legislador
al dictar la ley estatutaria correspondiente, podrá, según su buen criterio,
apartarse, determinando lo que él mismo estime razonable, siempre y cuando se
ajuste a la Constitución. Y podría, por ejemplo, llegar a establecer una caducidad
especial en los casos en que la obligación se extingue por prescripción” –se
apoya en la sentencia SU-528 de 1993, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, de
la que trae apartes[60]-.
Ahora bien, la Corte continúa insistiendo
en la necesidad de que el marco legal de la recolección, tratamiento y
circulación de datos se establezca, a fin de que los procesos informáticos
cuenten con reglas generales claras, precisas y de efectivo cumplimiento, que
no vulneren la dignidad, la intimidad y el buen nombre de los usuarios del
crédito, y conjuguen el beneficio que para la actividad económica y la iniciativa
privada representa el conocimiento de aspectos relativos a la solvencia de las
personas, con el respeto de los derechos fundamentales de éstas, y la
preservación de la credibilidad y confianza que los clientes requieren
depositar en el sistema financiero -nota 60.
Lo anterior, ya que a la ley compete
regular los derechos fundamentales, determinar los criterios para valorar el
abuso del derecho propio y el desconocimiento del derecho ajeno, y establecer
procedimientos y recursos para la adecuada protección de los derechos y la real
exigibilidad de los deberes, determinando, en todo caso, basado en la
experiencia y en los usos y necesidades sociales y económicas, a partir de
cuándo y por cuanto tiempo los datos adversos constituyen herramientas útiles
para la valoración del riesgo financiero, y pueden, en consecuencia, permanecer
y ser divulgados por las centrales de riesgo –artículos 150 y 152 C.P.-.
a.2) Aspecto de singular importancia, en
punto a la regulación del proceso informático, lo constituye el derecho a la igualdad
de los usuarios de la actividad económica, dado que el legislador no puede
establecer condiciones disímiles en los procesos informáticos, que además de
conculcar la igualdad de los agentes económicos produzca distorsiones en el
mercado, a menos que derechos de mayor entidad constitucional que las
libertades negociales y de empresa lo exijan.
Al respecto vale recordar que la Sala
Primera de revisión, encontró injustificado el criterio de diferenciación que
utilizaba el artículo 19 de la Ley 716 de 1991[61],
“en cuanto se basa en el hecho de que la persona afectada pagó sus deudas
con anterioridad a la expedición de la Ley (..)”, dijo la Corte:
“Pues bien, la Sala encuentra dicho
criterio injustificado y, en consecuencia, discriminatorio, toda vez que la
simple entrada en vigor de una ley no constituye argumento razonable para que a
una persona que incurrió en mora y que, demostrando un mayor compromiso en el
cumplimiento de sus obligaciones, quedó a paz y salvo antes de que se expidiera
la ley, se le apliquen los términos de caducidad, mientras que para aquellas
personas que incurrieron en una mora mayor, pues pagaron con posterioridad a la
entrada en vigor de la ley, opere la caducidad inmediata de sus registros
históricos, cuando se demostró que los supuestos de hecho son idénticos a los
que existían antes de la ley. La simple fecha de expedición de la ley,
entonces, no es un criterio proporcional ni razonable que sirva para denegar al
actor el referido alivio.
Se concluye entonces que las entidades que
administran las centrales de datos no pueden discriminar a las personas que,
estando en mora, cancelaron sus obligaciones en fecha anterior a la
consagración legal del beneficio, frente a quienes lo hicieron con
posterioridad, pues, como se vio, tal proceder constituye un tratamiento
diferencial injustificado frente a dos situaciones iguales, con la subsiguiente
vulneración del artículo 13 de la Constitución”.[62]
Finalmente, vale insistir que la
normatividad que la Corte echa de menos no ha sido expedida –nota 60-, y que
subsiste en consecuencia la necesidad advertida por esta Corporación, al
proferir la sentencia SU-089 de 1995, de adoptar pautas generales que permitan
a los jueces ponderar el derecho a la intimidad de los titulares de los datos
que divulgan las centrales de riesgo, con la necesidad de brindar a las
instituciones financieras y de crédito herramientas que les permitan evaluar el
comportamiento crediticio de los usuarios.
b) La proyección del postulado de la buena fe y del
derecho ajeno en el proceso informático
Las pautas atinentes a la permanencia del
dato negativo en las centrales de riesgo no comportan que la jurisprudencia
constitucional haya dejado de lado la aplicación armónica e integral de los
valores constitucionales, comprendidos en los bienes jurídicamente protegidos,
que el reporte, el registro, la divulgación y el uso de datos personales
compromete.
En este sentido resulta de importancia considerar que
las entidades de crédito y sus clientes se encuentran vinculados por relaciones
económicas fundadas en el postulado de la buena fe[63] y en el deber de
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios[64], conforme lo ordenan
los artículos 83 y 95 de la Carta Política.
Debe entenderse, entonces, que las
personas que entablan relaciones de crédito y simultáneamente autorizan develar
aspectos de su intimidad, que incluso pueden perjudicarlas, confían en que su
acreedor divulgará la información sólo cuando las circunstancias efectivamente
lo justifiquen, y en que sus facultades de intervenir en la recolección,
tratamiento y circulación de los datos serán respetadas en las diversas etapas
del proceso informático, de manera que sus actividades económicas no sufrirán
tropiezos por la divulgación sorpresiva de datos adversos.
Ahora bien, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que la legitimidad negocial “no puede juzgarse
únicamente a través del prisma de su autonomía (..)”, porque la libertad de
empresa y la iniciativa privada ceden o deben conciliarse con valores y
principios constitucionales de rango superior[65].
Por tanto, así el usuario de servicios
financieros predisponga –como de ordinario acontece- que terceros sean
informados sobre su situación patrimonial y hábitos de pago, el receptor de la
autorización está en el deber de informarle cómo, ante quien, desde cuándo y
por cuánto tiempo su autorización será utilizada, porque una aquiescencia
genérica no subsume el total contenido de la autodeterminación informática,
prevista en la Carta Política para que a los asociados les sea respetada su
facultad de intervenir activamente y sin restricciones, durante las diversas
etapas del proceso informático.
En consecuencia el acreedor abusa de la
previa autorización, impelida por él y así mismo otorgada por su deudor,
cuando, fundado en aquella, divulga datos específicos sin enterar a su titular
debidamente, así crea contar para el efecto con la aquiescencia sin límites del
afectado, porque el postulado de la buena fe obliga a las partes a atemperar
los desequilibrios contractuales, en todas las etapas de la negociación, en los
términos del artículo 95 constitucional.
c) Responsabilidad social en los procesos informáticos
Los datos que procesan las centrales de
riesgo, si bien facilitan la toma de decisiones en el tráfico económico, no
penalizan a los afectados, como tampoco tienen la finalidad de restringir ni
limitar, por si solos y en extenso, los servicios públicos financieros y las
operaciones de crédito.
En efecto, los aspectos que las entidades
financieras y de crédito requieren considerar para disminuir los riesgos de su
actividad provienen de múltiples factores, entre ellos de la información que
está en el deber de transmitir el usuario, quien para el caso se encuentra
sujeto al deber constitucional de obrar de buena fe, evitando reticencias que
puedan conducir a que la entidad financiera tome una decisión contraria a sus
políticas de crédito –artículos 16 y 83 C.P.-.
Es cierto que las entidades financieras
deben velar por su solvencia y solidez, de modo que tendrían la proclividad de
contratar exclusivamente con quienes demuestren mejor situación patrimonial,
mayores garantías de cumplimiento y mejores hábitos de pago, pero dado el
carácter público del servicio que prestan les corresponde no descartar los
criterios subjetivos en la selección de riesgos, porque son éstos los que les
permiten atender las expectativas especificas y los intereses concretos de los
usuarios del servicio que están llamados a prestar.
En este sentido la objetiva desigualdad
que existe entre quien demanda un servicio financiero y quien está en capacidad
de prestarlo[66],
impone al Estado el deber de exigir de las instituciones de crédito, en todos
los casos, pero en especial cuando pretenden fundar la prestación del servicio
en las informaciones divulgadas por las centrales de riesgo i) permitirle al
interesado exponer las circunstancias que dieron lugar a los registros, ii)
considerar la información adicional suministrada por el proponente, y ii)
exponer minuciosamente su decisión de no asignar el producto, de abstenerse de
prestar el servicio ofrecido, o de prestarlo en condiciones determinadas, a fin
de satisfacer las expectativas que el carácter público de la actividad bancaria
genera en los usuarios, y las creadas por ella misma, con la presentación
individual de sus productos y servicios.
3.3        Justicia material en los
procesos informáticos
a) Los datos negativos no comportan per se
consecuencias adversas a su titular
La Corte, a
través de diferentes Salas de Revisión, ha precisado que la información
atinente a la atención de sus obligaciones por parte de los usuarios del
crédito, registrada en las centrales de riesgo, no constituye una sanción, sino
una herramienta que dicho sector requiere para evaluar las condiciones del
crédito, partiendo del conocimiento real del riesgo que el solicitante podría
representar para el prestamista, conforme a sus hábitos de pago.
Ahora bien, sin perjuicio de los términos de
permanencia del dato negativo en las centrales de riesgo, a que se hizo
mención, la jurisprudencia constitucional ha considerado el respeto de la
libertad y demás garantías consagradas en la constitución, dentro de las
circunstancias específicas en las que cada proceso informático fue
desarrollado, a fin de conceder o negar el amparo constitucional invocado por
los titulares de los datos, en los términos del artículo 86 de la Carta.
Así las cosas, mediante sentencia T-303 de 1998 la
Sala Quinta de Revisión[67]
revocó la sentencia proferida por la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema
de Justicia dada la sanción interpuesta por ésta al actor, al considerar
temeraria su pretensión de amparo constitucional, porque sus datos adversos
estaban en tiempo de permanecer en el proceso informático.
Adujo la Sala en mención que el Fallador de instancia
obró con excesivo rigorismo, porque, una vez pagado lo adeudado, el accionante
bien podía invocar la protección constitucional de su derecho al habeas data,
así no hubiere permanecido la información durante el término razonable, a que
hacen referencias las sentencias SU-082 y SU-089 de 1995.
Recordó la Sala Quinta i) que el habeas data es
un derecho fundamental y un mecanismo adecuado para la defensa de los derechos
a la intimidad, a la honra y al buen nombre, ii) que el contenido básico del
derecho en comento reside en la posibilidad que se otorga a toda persona para
acudir a los bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas con el
fin de conocer, actualizar y demandar la rectificación de la información
registrada sobre ella, y iii) que si una vez solicitada la rectificación ésta
no se produce  “hay lugar al ejercicio de la acción de tutela contra la
entidad para obtener la protección del derecho fundamental violado, por medio
de una orden judicial perentoria.”[68].
La Sala Séptima de Revisión, por su parte,
mediante sentencia T-1085 de 2001, concedió el amparo constitucional al habeas
data invocado por el deudor de un crédito hipotecario, quien estando pendiente
de resolver su solicitud de dación en pago, para atender la misma obligación,
fue reportado como deudor moroso a la central de riesgos que administra la
Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras.
Precisa la Sala que el Banco accionado
pretendió justificar su falta de diligencia en los inconvenientes surgidos a
raíz del proceso de cesión de activos que adelantaba, y que responsabilizó al
cedente de los perjuicios sufridos por el actor, por no haber atendido su
solicitud con la prontitud que la misma demandaba.
Destaca la Sala que los Jueces de Instancia
negaron la protección fundados en que se reportó, registro y divulgó un dato
real, porque el actor adeudaba nueve cuotas de su crédito hipotecario, pero que
los mismos no consideraron i) que la verdad “implica una correspondencia
entre el registro efectuado y las condiciones empíricas del sujeto pasivo”,
ii) que la “imparcialidad supone que ninguno de los intervinientes en el
proceso de suministrar, registrar y divulgar la información persiga un fin
legitimo”, y iii) que los intervinientes en el proceso de registro,
almacenamiento y divulgación de datos deben “dinamizar el proceso
cognoscitivo para evitar que la información se reciba en forma sesgada o
sugestiva”.
Explica la providencia que la negligencia
de la entidad crediticia en atender las peticiones que condicionan los reportes
sobre el comportamiento de sus clientes, vicia éstos de parcialidad, dado que
causa un agravio a quien no está en la obligación de soportarlo, vulnerando su
derecho al habeas data[69].
Vale recordar que a propósito del registro
de datos negativos en los ficheros de datos, se consideró pertinente distinguir
estos reportes, elaborados con el concurso de las entidades financieras, de las
“listas negras”, porque el ingreso a éstas comporta, en la práctica, “un
cierre de la oportunidad del crédito en cualquier establecimiento comercial y
financiero”, en tanto las “listas de riesgo” reportan “el
comportamiento histórico del deudor”, con el propósito de someterlo al
estudio y posterior análisis de la entidad crediticia.
De otro lado, pero también sobre la
exclusión de los usuarios de los servicios que presta la actividad bancaria, en
razón de los datos adversos a sus hábitos de pago, que registran los ficheros,
la Sala debe advertir que no resulta acorde con los artículos 16, 58 y 333 de
la Carta dotar a dichos registros de la virtud de excluir o de incluir sin más,
de los servicios financieros y de las operaciones de crédito, a los titulares
de la información, en cuanto las respuestas homogéneas entre competidores
vulneran la discrecionalidad negocial, la propiedad mercantil y la libre
competencia económica.
Con todo, podría argüirse que las entidades
financieras pueden optar por descalificar una solicitud de crédito por la sola
razón mejorar la comercialización de sus productos y el nivel de riesgo de sus
operaciones, sin pretender sancionar al solicitante.
No obstante esta Corte se ha referido a la
autonomía contractual de las entidades financieras, para sostener que “en muchos aspectos, está más restringida que la
del resto de particulares, pues se encuentra especialmente limitada en razón a
la función que desempeñan, a la especialidad de la actividad que prestan y a su
condición de instrumento para garantizar derechos individuales, como quiera que
la libertad negocial también se limita por la prohibición de afectar
desproporcionadamente derechos fundamentales y por el impedimento del abuso del
derecho propio”[70].
Sin que lo anterior
permita considerar que “el Estado propicie el desequilibrio económico de las
actividades financieras, bursátil y aquellas que captan dinero del público, ni
quiere decir que la Constitución exija la aprobación instantánea de créditos,
pues resulta evidente que esas entidades deben procurar disminuir el grado de
riesgo que resulta consustancial al otorgamiento de un préstamo, a través del
conocimiento del cliente. Precisamente, para estimular la democratización, la
seguridad y transparencia del crédito es importante la intervención del Estado”.[71]
b) El debido proceso en los supuestos de
exclusión de servicios financieros y de operaciones de crédito
Esta
Corporación ha sostenido que el bloqueo financiero quebranta ostensiblemente el
núcleo esencial de los derechos fundamentales a la igualdad y a la personalidad
jurídica de los usuarios de actividad bancaria.
En este orden
de ideas, en las sentencias de unificación SU-157, SU-166 y SU-167 de 1999, ya
citadas, la Corte analizó los efectos del bloqueo financiero decretado por las
entidades bancarias contra algunos usuarios del sistema, y concluyó que las
negativas generalizadas y permanentes de acceso a los servicios financieros, en
cuanto restringen un servicio público, vulneran la iniciativa privada, la
personalidad jurídica y el derecho a la igualdad de los afectados.
Para el efecto la Corte consideró que del
artículo 14 de la Carta se desprende el derecho que les asiste, a todas las
personas, de integrarse a la “vida negocial y al tráfico jurídico de una
sociedad”, de suerte que no puede haber personas a quienes se les nieguen “indefinidamente
la posibilidad de acceder a las actividades
económicas lícitas, dentro de ellas, el ingreso a la actividad bancaria.”[72].
Precisó esta
corporación i) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°
constitucional, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos “todo ser humano tiene
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”,
derecho que “no puede suspenderse por los Estados, aún en situaciones
excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”; ii) que la
participación en la economía, a que dan lugar las relaciones de los usuarios
del crédito con el sector financiero, se debe desarrollar en condiciones de
igualdad; y iii) que el crédito es un instrumento indispensable de los derechos
a asociarse y a “concretar las libertades económicas, propias de una
economía de mercado” [73].
No obstante en las
decisiones en comento la Corte advierte que la actividad financiera se enmarca
dentro de condiciones objetivas que el legislador debe preservar, como son la
capacidad económica de los usuarios del crédito, y la credibilidad, seriedad,
solvencia y la solidez del sector financiero.
Ahora bien, la Corte,
al responder la eventual objeción de la falta de competencia del juzgador para
aplicar en los casos concretos los principios constitucionales, sin que medie
la regulación legislativa requerida, adujo “que los derechos fundamentales también se
constituyen en barreras frente al poder de los particulares”, y por consiguiente que “en aquellas
situaciones en donde los derechos requieren de la intervención del Estado para
garantizar su efectividad, la autonomía privada también puede estar sujeta a la
limitación impuesta directamente por el juez”[74].
Y recordó que aunque las libertades
económicas pueden ser ampliamente restringidas por el legislador, resulta “viable predicar la ius fundamentalidad de estos
derechos cuando se encuentren en conexidad con un derecho fundamental, esto es,
cuando su ejercicio sea el instrumento para hacer efectivo un derecho
fundamental”.
Se concluyó, entonces,
que la tesis que pregona una discrecionalidad absoluta del sector financiero en
la prestación de los servicios a que está comprometido resulta insostenible i)
porque dicho sector realiza una actividad de interés público, y ii) en razón de
que “el derecho a acceder a los servicios bancarios se encuentra directa e
inescindiblemente ligado con dos derechos fundamentales: el reconocimiento a la
personalidad jurídica y el de la igualdad.”[75].
Ha de observarse , sin
perjuicio de lo expuesto, que en las sentencias que se reseñan la Corte
relacionó las reglas que permiten evaluar las decisiones que niegan a los
usuarios de los servicios financieros el acceso a éstos i) dado que no resulta
posible negar la libertad negocial, y ii) debido a la imperiosa necesidad de “mantener
la estabilidad del sistema financiero” y de preservar la confianza que el
público tiene depositada en el dicho sistema, en los siguientes términos:
“De otro lado, tampoco
parecería posible negar la libertad contractual a la banca para escoger
objetivamente las personas con quienes desee tener relaciones comerciales, como
quiera que también el interés público de esa actividad, el derecho de asociación y a la
autodeterminación del contenido de los contratos. Por consiguiente, debe encontrarse cual es el núcleo esencial de los
derechos y libertades en conflicto, de tal manera que se imponga un respeto
limitado y concreto para su correcto ejercicio, pues lo contrario implicaría
anular la eficacia jurídica de la cláusula social del Estado
(..)
20. Ahora bien, para responder los interrogantes formulados, se hace indispensable fijar
algunas reglas que permiten evidenciar cuando los derechos a la autonomía
negocial de los bancos y los derechos fundamentales de los peticionarios
(recapitulando: el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la
igualdad de condiciones para acceder al servicio público bancario y la libertad
económica, derecho fundamental conexo a los dos anteriores), que en el caso sub
iudice se encuentran en conflicto, quedan sometidos a limitaciones que los hacen
impracticables, los dificultan más allá de lo razonable o los despojan de la
necesaria protección, a saber:
a) La
imperiosidad de mantener la estabilidad del sistema financiero y la necesidad
de preservar la confianza pública se imponen, por lo cual la regla general es
la autonomía de las entidades financieras para decidir el contenido de los
contratos bancarios. En consecuencia, la tesis expuesta por las entidades
financieras en el presente asunto es parcialmente correcta, pues si el Estado o
los particulares obligan al banco a celebrar todo tipo de contratos se
desconoce el contenido irreductible de los derechos de asociación, de libertad
de empresa y autonomía negocial de los bancos.
b) Como se explicó en
los numerales 10 y siguientes de la parte motiva de esta sentencia, la
autonomía de la voluntad de las entidades financieras es más restringida que la
de cualquier particular, como quiera que le está vedada la arbitrariedad en su
decisión, so pena de transgredir derechos fundamentales. Sin embargo, la
situación que se estudia es extrema, pues debe analizarse si, como lo afirman
los peticionarios, ellos están sometidos a bloqueos financieros, en vista de la
negativa reiterada e injustificada ausencia de prestación de servicios
bancarios, lo cual podría quebrantar los derechos de los usuarios a que se ha
hecho referencia. Por lo tanto, la Corte Constitucional considera que si bien
la autonomía de la voluntad de los bancos está amparada constitucionalmente
ellos anulan derechos de los clientes o bloquean comercialmente a una persona
cuando se presentan los siguientes elementos:
b1. Cuando al cliente
le es imposible actuar
de manera efectiva para neutralizar los efectos de las decisiones de los
bancos. Por lo tanto, no constituye una situación de bloqueo financiero si
existen medios administrativos o jurídicos que le permitan acceder al sistema
financiero. Para la Corte, es claro que los accionantes han agotado todos los
escenarios nacionales e internacionales para demostrar una condición legítima
para acceder al servicio público bancario. De igual manera, acudieron a los
organismos judiciales pertinentes para demostrar la licitud de su capital. No
obstante, no obtuvieron solución para su actual situación.
b2. También
se presenta el bloqueo financiero cuando el usuario está frente a la
imposibilidad de ingreso al servicio público bancario. Por consiguiente,
transgreden desproporcionadamente los derechos del cliente, las decisiones en
cadena o reiteradas indefinidamente que impiden hacer uso de la banca. Como se
observa, si la mayor parte de la banca rechaza las relaciones comerciales con
una misma persona, sin causa objetiva válida que le permita desplegar una
actividad razonable para evitarlo, se transgrede no sólo el núcleo esencial del
derecho a la personalidad jurídica sino el derecho a acceder en igualdad de
condiciones al servicio público bancario.
b3. Cuando la decisión de las entidades
financieras produce consecuencias graves para la capacidad jurídica del usuario
del servicio público. También resulta evidente
que, para el sistema financiero, los accionantes están imposibilitados para
realizar negociaciones comerciales en donde medie un título valor o créditos a
su favor, lo cual produce una disminución inmensa de su capacidad negocial.
b4. Cuando la negativa
de negociación no responde a causas objetivas y razonables que justifican la
decisión. Por lo tanto, las entidades financieras pueden negar el acceso al
sistema financiero o puede terminar contratos bancarios cuando se presentan causales
objetivas que amparan la decisión. Por consiguiente, no existe bloqueo
financiero cuando las entidades financieras fundamentan su decisión
razonablemente. En otras palabras, no se transgreden derechos del cliente
cuando existe una causa objetiva que explique la desvinculación o la negativa
de negociación. Por el contrario, sería evidente el abuso de la libertad
negocial privada, opuesto a los principios del Estado Social, si se niega el
acceso a la actividad bancaria sin justificación legal o económica alguna. Cabe
anotar que no constituye causal objetiva que autoricen la negativa para el
acceso a la actividad financiera, la utilización de criterios de diferenciación
prohibidos constitucionalmente (C.P. art. 13). Por ende, no es factible negar
el servicio público bancario por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión (inciso 2º del artículo 5º de la Ley 35 de
1993, transcrito en el numeral 11 de esta sentencia)”.
3.4    Democratización del crédito de vivienda
El acceso a la vivienda se encuentra
ligado a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la
protección de la familia, por ello el artículo 51 de la Carta Política prevé
que el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo dicho acceso,
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de estos
programas.
En este orden de ideas, mediante la
sentencia C-955 de 2000[76],
proferida para decidir sendas demandas instauradas contra la Ley 546 de 1999,
la Corte hizo referencia al carácter constitucional de los préstamos para
adquirir vivienda, y declaró ajustado a la Carta el artículo 4° que integró el
sistema especializado de financiación de vivienda, con la participación del
Consejo Superior de Vivienda, los establecimientos que otorgan prestamos para
vivienda, los ahorradores e inversionistas, los deudores, los constructores, y
los agentes o intermediarios “que desarrollan actividades relacionadas con
la financiación de vivienda (..)”.
También expuso
la Corte la necesidad de democratizar el crédito, a fin de que la adquisición
de vivienda pueda estar al alcance de todas las personas, inclusive de aquellas
de menores recursos, por ello indicó que debían rechazarse las practicadas
tendientes a obstaculizar el legítimo acceso de las personas al crédito de
vivienda, y al cumplimiento de sus obligaciones atinentes al mismo.
Califica la decisión especialmente
reprochables las prácticas que restringen la autonomía de la voluntad de los
usuarios del crédito para vivienda, utilizando formatos previamente elaborados
por el acreedor “entre otras razones por cuanto la práctica muestra que
siendo éstos débiles frente a aquéllas (..) la parte necesitada del
crédito es despojada de toda libertad para la discusión y acuerdo en torno a
los términos contractuales”, y la vez destaca la necesidad de mantener la
confianza del público en el sistema. El siguiente es un aparte de la decisión:
“En los referidos préstamos debe
garantizarse la democratización del crédito; ello significa que las
posibilidades de financiación, en particular cuando se trata del ejercicio del
derecho constitucional a la adquisición de una vivienda digna (artículos 51 y
335 C.P.) deben estar al alcance de todas las personas, aun las de escasos
recursos. Por lo tanto, las condiciones demasiado onerosas de los préstamos,
los sistemas de financiación que hacen impagables los créditos, las altas
cuotas, el cobro de intereses de usura, exentos de control o por encima de la
razonable remuneración del prestamista, la capitalización de los mismos, entre
otros aspectos, quebrantan de manera protuberante la Constitución Política y
deben ser rechazados, por lo cual ninguna disposición de la Ley que se examina
puede ser interpretada ni aplicada de suerte que facilite estas prácticas u
obstaculice el legítimo acceso de las personas al crédito o al pago de sus
obligaciones.
Ello implica también que, por la especial
protección estatal que merecen las personas en cuanto al crédito para adquisición
de vivienda, las tasas de interés y las condiciones de los préstamos no pueden
dejarse al libre pacto entre las entidades crediticias y sus deudores, entre
otras razones por cuanto la práctica muestra que siendo éstos débiles frente a
aquéllas, los contratos que celebran han venido a convertirse en contratos por
adhesión en los que la parte necesitada del crédito es despojada de toda
libertad para la discusión y acuerdo en torno a los términos contractuales.
Entonces, esas tasas y condiciones contractuales son intervenidas por el
Estado; están sujetas a la fijación de topes por la Junta Directiva del Banco
de la República, que a su turno está obligada a establecerlos y a impedir
desbordamientos o alzas desmedidas que rompan el equilibrio financiero y la
estabilidad de los deudores en la ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
En otros términos, no son tasas que puedan comportarse como las demás, según
las leyes del mercado, sino que en ellas deben intervenir las autoridades
monetarias y crediticias, tal como lo exigen las normas constitucionales
vigentes y, aparte de este Fallo, las sentencias C-481 del 7 de julio de 1999 y
208 del 1 de marzo de 2000, proferidas por esta Corte, que son obligatorias
para el Estado y para los particulares (Decreto 2067 de 1991).
Además, el desarrollo de la relación
contractual entre la institución prestamista y el deudor está vigilada por el
Estado a través de la Superintendencia Bancaria, organismo por cuyo conducto el
Presidente de la República ejerce la función señalada en el numeral 24 del
artículo 189 de la Constitución Política.”
La abundante jurisprudencia
constitucional atinente al tema permite a la Sala puntualizar, que frente a la
necesidad de acceso a la propiedad de la vivienda no basta que las entidades
comprometidas en su financiación de vivienda a largo plazo amparen su negativa
a conceder los créditos que quienes desean adquirir vivienda les solicitan, en
el nivel de solvencia y capacidad de respuesta que denota la puesta en común de
sus hábitos de pago en los ficheros de datos.
Porque de ser así, corresponde al Estado,
con miras a velar por la dignidad humana de los asociados y el respeto de sus
derechos fundamentales, tomar las medidas conducentes a fin de lograr que las
entidades comprometidas en las financiaciones a largo plazo y en la
administración de subsidios de vivienda de interés social satisfagan
efectivamente las expectativas de acceso a la vivienda de los asociados, en los
términos de los artículos 51 y 29 del ordenamiento superior.
Lo anterior, toda vez que la
jurisprudencia constitucional[77]
tiene definido i) que “el desequilibrio existente entre las
prerrogativas de las entidades financieras y los derechos de los usuarios del
crédito de vivienda” reclama “medidas tendientes a restablecer las
condiciones de cada una de las partes en un plano de igualdad material,” y
ii) que “los sistemas de financiación en comento son, por expreso mandato de
la Carta Política, objeto de un tratamiento preferencial que tiene como fin
posibilitar la adquisición de vivienda[78].
Cabe precisar, que la promoción de
sistemas de financiación a largo plazo para que todos los colombianos pueden
adquirir vivienda digna, en los términos del artículo 51 constitucional no
comporta que todas las solicitudes de crédito en tal sentido tengan que ser
concedidas, prescindiendo de la informática en la valoración de la solvencia
patrimonial y hábitos de los usuarios del crédito, porque la estabilidad de dichos
sistemas, también está previsto en los artículos 333, 334 y 335 del mismo
ordenamiento como un asunto de interés general, de modo que los riesgos
derivados de tales solicitudes demandan el enjuiciamiento estricto de los
niveles de solvencia, respaldo y respuesta del interesado.
De manera que si tal enjuiciamiento i) no
sopesó el valor constitucional de la vivienda digna, en colisión con la
necesidad de preservar la estabilidad del sistema financiero, ponderando así
los valores constitucionales en conflicto,
ii) no respetó los derechos de audiencia
y contradicción del afectado, y iii) comprometió indebidamente subsidio
estatal, el Juez Constitucional deberá restablecer los derechos fundamentales
quebrantados.
Para el efecto resulta pertinente traer a
colación la siguiente decisión:
“6. En
resumen, el análisis de los precedentes jurisprudenciales más representativos
de la doctrina constitucional en materia de financiación de vivienda a largo
plazo permite concluir que el mandato de adecuación contenido en el artículo 51
de la Carta sólo es posible si se reconoce, como lo ha hecho esta Corporación,
que el ejercicio del derecho a la vivienda digna hace que sus sistemas de
financiación posean una naturaleza excepcional a la de los demás servicios
financieros.  Esa naturaleza exige el establecimiento de mecanismos que
reviertan la situación de desigualdad existente entre las entidades financieras
y los usuarios.  Esta tarea se concentra en la intervención del Estado
tendiente al mantenimiento del equilibrio contractual a través de medidas que
brinden protección y seguridad jurídica al usuario del crédito, que impidan la
inclusión de cláusulas irrazonables y desproporcionadas que hagan imposible la
amortización de los créditos en condiciones equitativas y que dificulten o
imposibiliten el goce efectivo del derecho a la vivienda digna”.
4.          Los casos concretos
4.1 Las entidades acreedoras y las
administradoras de datos quebrantaron los derechos a la intimidad económica y
al buen nombre de los accionantes
a) Para empezar llama la atención de la
Sala que los acreedores y administradoras de datos vinculados a esta decisión,
en su totalidad, reportaron y divulgaron el estado de las obligaciones de sus
deudores sin enterar a los aludidos de su decisión, al punto que los
accionantes ejercieron su facultad de autodeterminarse en defensa de su
intimidad económica y su buen nombre cuando la puesta en común de sus hábitos
de pago ya había influido de manera negativa en sus operaciones mercantiles, y
en su derecho de acceder a una vivienda digna[79].
En este aspecto cabe precisar que las
administradoras demandadas aducen que quienes reportaron los incumplimientos
mantienen en sus archivos sendos formatos de autorización suscritos por los
accionantes, y que las mismas arguyen haberse basado en éstas para procesar y
hacer circular las informaciones recibidas de las entidades crediticias afiliadas,
asunto que ninguno de los accionantes discute.
No obstante tales autorizaciones, por
haberse otorgado con antelación a la existencia del dato adverso y dado su
carácter de abiertas y accesorias a las operaciones de crédito, no denotan un
real consentimiento de los otorgantes, ni indican el cabal respeto de sus
libertades y demás garantías constitucionales, en cuanto no estuvieron
acompañadas de la información oportuna sobre su utilización, aparejada del
alcance del reporte, ni de su contenido y tampoco del nombre y ubicación de la
encargada de administrar la información.
En este sentido las decisiones de instancia
que no concedieron la protección del derecho a la intimidad de los accionantes
deberán ser revocadas, porque la autodeterminación informática es una medida
constitucionalmente prevista para preservar la intimidad personal y familiar de
todas las personas, y el debido proceso debe estar presente en los proceso
informáticos, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 29 constitucional.
Y las centrales de riesgo que administran
Computec S.A. y la Asociación Bancaria, estuvieron prestas a cumplir el encargo
de sus afiliadas de registrar los datos adversos a sus clientes y hacerlos
circular, pero no se cercioraron del conocimiento de los afectados, y tampoco
les hicieron conocer el proceso que emprenderían, a fin de que éstos pudieran
intervenir efectivamente, y desde un comienzo en el mismo, como lo disponen las
normas superiores en cita.
De ahí que los datos personales de los
accionantes, no podrán seguir siendo reportados, hasta tanto sus titulares i)
sean debidamente notificados, y ii) se les conceda la oportunidad de ejercer su
derecho a la rectificación y actualización.
En este aspecto las acreedoras vinculadas a
las acciones serán prevenidas, para que en el futuro enteren a los titulares de
su determinación de dar a conocer el estado de sus obligaciones, y del sentido
y consecuencias de su decisión, a fin de evitarles sorpresas indebidas y
permitirles hacer las rectificaciones y actualizaciones pertinentes, antes de
que la información llegue a conocimiento de terceros, en respeto de la libertad
y demás garantías constitucionales de las personas vinculadas a los procesos
informáticos.
b) La Sala no puede pasar por alto que las
entidades financieras accionadas, en todos los casos, expidieron a quienes ya
conocían que estaban reportados en las centrales de riesgo, y a la sazón
adelantaban gestiones para restablecer su buen nombre, sendos paz y salvos
induciéndolos a creer que los registros desaparecerían - fin natural y obvio
del finiquito expedido por quien a su vez fue el generador de la información
adversa -.
En consecuencia, en los términos del
artículo 83 de la Carta, las entidades financieras deberán obtener de sus
operadores informáticos la ejecución de las expectativas que alentaron, con la
misma prontitud y eficiencia con que actuaron para la puesta en común de la
información adversa, porque el postulado de la buena fe obliga a todos los
operadores económicos, en especial a quienes ostentan posiciones dominantes, a
ser especialmente diligentes con la ejecución de las condiciones que prometen,
como de aquellas que razonablemente permiten suponer[80].
Al respecto, en reciente decisión la Sala
Cuarta de Revisión sostuvo.
“10. El
principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha
emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a
favor de otro.  Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar
unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera
por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la
seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto
que creó situaciones particulares y concretas a su favor.
De ello se
desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio
de los derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones
que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto
posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos[81].
c) Las actuaciones de COMCEL S. A –T-
517.288-, y de los Bancos Granahorrar S. A., y Caja Agraria en liquidación –T-571.353,
y T-583.492, respecto del respeto del derecho a la intimidad económica de los
señores Sandra Yuscelly Bejarano, Cristian Gómez Rojas, y Rubén Pérez, merecen
un reparo especial.
Lo anterior por cuanto las empresas en
cita dieron a la autorizaciones recibidas de sus deudores, atinentes a la
inclusión de sus hábitos de pago en procesos informáticos, alcances que no
pudieron ser previstos por sus otorgantes, y en consecuencia conculcaron su
libertad, comprendida en su intimidad económica, se precisa:
- Comcel S.A. reportó a Computec S.A. un
cargo insoluto del servicio de telefonía celular que prestaba a la señora
Sandra Yuscelly Bejarano, pero el pago del mismo cargo fue reportado después de
tres meses, debido a errores en los procesos administrativos de la informante.
- El Banco Granahorrar S.A. atribuyó al
señor Cristian Gómez Rojas, hábitos de pago generados en errores
administrativos propios, ocasionados dentro de su proceso de cesión de activos,
los que, previamente, había reconocido ante su deudor.
-La Caja Agraria en liquidación reportó a
Cifin, como obligación insoluta a cargo del señor Rubén Pérez, una suma
advertida por la misma, durante un trámite unilateral de reconsideración de
cartera, adelantado después de extinguida la obligación, según lo indica el paz
y salvo expedido por la misma.
Respecto de las anteriores actuaciones
resulta pertinente traer a colación las consideraciones, expuestas por la Corte
en la ya citada sentencia:
“No se
discute la posibilidad que se haya cometido un error en la reliquidación del
crédito, error que en caso de ser cierto, es imputable a Granahorrar, entidad
que cuenta con toda la infraestructura técnica y humana requerida para ese tipo
de labores.  Con todo, independientemente de que tal error se haya o no
presentado, lo que es absolutamente claro es que se trata de una entidad
crediticia que está sujeta a la Constitución y a la ley y que está en la
necesidad de agotar los mecanismos jurídicos que tiene a su alcance si lo que
pretende es el reconocimiento de sumas adicionales a aquellas que fueron
pagadas por el actor y que le llevaron a certificar la extinción de la
obligación.
Ello es así
por cuanto en una sociedad civilizada nadie cuenta con la atribución de
administrar justicia por propia mano; esto es, de generar a su arbitrio
obligaciones a cargo de quien fue deudor en razón de un vínculo jurídico ya
extinto; de determinar la fecha en la cual tal obligación se hizo exigible y a
partir de la cual se deben reconocer intereses moratorios; de promover cobros
prejurídicos; de coaccionar para la constitución de títulos ejecutivos para
garantizar la obligación así constituida y de negarse a la cancelación de una
garantía hipotecaria constituida en razón de una obligación diferente, anterior
y ya extinta.
Eso no puede
ser así pues en un Estado de derecho tales pretensiones se deben plantear ante
la administración de justicia, para que, con citación de la contraparte, se
surta una actuación con total reconocimiento de las garantías constitucionales
de trascendencia procesal; se decida si se declara o no la existencia de una
obligación y sólo ante tal reconocimiento, y ante el incumplimiento del deudor,
es posible promover una ejecución forzada.  Lejos de ello, en el caso presente,
el banco, pese a haber declarado extinguida la obligación, por su propia
voluntad y sin intervención alguna de la administración de justicia, decidió
que la obligación seguía vigente, exigió su pago, convocó al actor sin fórmula
de juicio para la suscripción de nuevos títulos ejecutivos contentivos de esas
obligaciones, promovió un cobro prejurídico y se negó a cancelar la hipoteca.
Es decir, por sí y ante sí, pretendió agotar el proceso declarativo y el
proceso ejecutivo consagrados en la ley”.[82]
En armonía con las consideraciones
anteriores las sentencias proferidas por el Juez Primero Civil Municipal de
Bucaramanga, y por los Jueces 20 Penal Municipal y 53 Penal del Circuito de
Bogotá, para resolver las acciones de tutela promovidas por los señores
Cristian Gómez y Rubén Pérez, deberán revocarse.
Y las dictadas por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para
decidir la demanda presentada por la señora Sandra Yuscelly Bejarano, deberán
confirmarse -pero, como más adelante se explica, adicionarse -.
Porque, una vez vinculadas las acreedoras,
los Jueces de Instancia han debido considerar sus actuaciones en contra de las
expectativas razonables que alertaron en sus deudores, habida cuenta que no
puede entenderse - con independencia del contenido de los formatos preimpresos
firmados -, que el afectado autorizó reportar como hábitos propios las
falencias administrativas y los errores contables del beneficiado con la
autorización.
4.2        Las entidades comprometidas en
promover y hacer efectivo el acceso a la vivienda digna, deben restablecer los
derechos fundamentales de los accionantes
Como quedó visto los establecimientos que
otorgan prestamos, y los agentes o intermediarios que desarrollan actividades
relacionadas con la financiación de vivienda, están obligados a realizar
esfuerzos para que las soluciones habitacionales lleguen a todas las personas,
en especial a las de menores recursos, por ello no pueden obstaculizar el
legítimo acceso al crédito.
No obstante, el Fondo Nacional del Ahorro
negó a los señores Sandra Yuscelly Bejarano Jaime, y Jaime Augusto Rengifo Peña
sendas solicitudes de crédito arguyendo que su comportamiento financiero figura
en los ficheros de las centrales de riesgo, y así lo indican sus manuales de
procedimiento, sin explicarles por qué su acceso a la financiación que
requieren para adquirir vivienda comporta un riesgo excepcional, y sin
permitirles contradecir los datos divulgados por dichas centrales, y
restablecer su buen nombre.
La Fundación Compartir y la Caja
Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, por su parte, previendo una
negativa que podría dilatar sus programas de vivienda, dados los reportes ante
las centrales de riesgo, no permitieron a las señoras Nidia Marcela Piñeros y
Magali Patricia Caballero respectivamente, presentar ante los Bancos Conavi y
Davivienda solicitudes de crédito, sin considerar que las nombradas eran
beneficiarias de subsidios de vivienda y que contaban con plazos perentorios
para hacerlos efectivos.
Ahora bien, la jurisprudencia
constitucional ha insistido, en que los datos personales que registran las
centrales de riesgo no comportan sanciones de ningún tipo para sus titulares, y
que por consiguiente tales reportes, con independencia de su sentido, no dan
lugar a la exclusión de sus titulares de la actividad económica.
También se ha dicho que los procesos
económicos se deben desarrollar dentro de un marco mínimo de justicia material,
dentro de los cuales quienes ostentan una posición privilegiada se erigen como
verdaderas autoridades, y en consecuencia están en el deber de “garantizar
el libre y adecuado ejercicio de los derechos fundamentales de sus clientes y,
entre ellos, el del debido proceso”.[83]
De esta manera, el Fondo Nacional del
Ahorro, de conformidad con lo previsto en el artículo 4°, 15 y 29
constitucionales, sin perjuicio del requisito 3.1.8. del Acuerdo 990 de 2001 de
su Junta Directiva[84],
deberá evaluar el riesgo real que comportan las solicitudes de crédito de sus
afiliados, así el comportamiento de éstos se encontrare reportado en el proceso
informático, dado que los datos que procesan y divulgan las centrales de riesgo
constituyen tan sólo uno de los elementos que permiten a las entidades financieras
adoptar sanas y objetivas políticas de crédito.
Así mismo deberá considerar los efectos
“admisión o rechazo”, basados en las calificaciones de las centrales de riesgo,
no tratarse, igualmente, de un factor en la evaluación del riesgo, conforme a
la metodología prevista en la Resolución 163 de 2002, expedida por el
Presidente de la entidad, en uso de las atribuciones que le fueron conferidas
en el Acuerdo 990, ya referido[85].
Advierte la Sala, entonces, una
incompatibilidad manifiesta, entre los artículos 15, 29, 51 y 335
constitucionales y los instructivos en mención, que deberá resolver el Fondo
accionado aplicando los primeros, habida cuenta que las entidades comprometidas
en la financiación de vivienda contrarían el derecho a restablecer su buen
nombre, el debido proceso económico de los solicitantes de créditos, y se
impiden así mismas ponderar los intereses constitucionales que comportan las
expectativas de crédito de sus clientes, cuando no convocan al afectado a la
valoración y circunscriben su gestión de evaluación a la estimación de
terceros, sin permitirse enjuiciar la especifica y real situación de su deudor,
así lo hagan en acatamiento de instructivos u otras normas.
También la Fundación Compartir y la Caja
Colombiana de Subsidio Familiar serán obligadas a restablecer - en el estado en
que se encontraban y con las mismas o similares condiciones- los trámites para
acceder a la propiedad de vivienda que adelantaban las señoras Nidia Marcela
Piñeros Burgos y Magali Patricia Caballero Ospina, cuando las accionadas
resolvieron obstaculizarlo, siempre que las afectadas continúen interesadas.
Porque compete al Estado establecer las
condiciones para que los asociados accedan a los prestamos de vivienda, ninguna
consecuencia adversa prevé el ordenamiento para aquellos que autorizan la
permanencia de sus datos económicos en las centrales de riesgo, y quienes
promueven planes de vivienda y administran los subsidios del Estado están en el
deber de facilitar a sus beneficiaros su acceso al crédito.
En consecuencia las sentencias proferidas
i) por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, para decidir la demanda presentada por la
señora Sandra Yuscelly Bejarano, deberán adicionarse, y ii) la dictada por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá deberá revocarse.
En el sentido de ordenar al Fondo Nacional
del Ahorro considerar la solicitud de crédito de los señores Sandra Yuscelly
Bejarano Jaime, y Jaime Augusto Rengifo Peña, a fin de realizar, hasta donde
ello resulte posible, las expectativas de acceder a la propiedad de la vivienda
de sus afiliados ponderando debidamente los intereses constitucionales en
conflicto.
Finalmente, vale precisar que, sin
perjuicio del tratamiento de las centrales Datacrédito y Cifin deberán dar a la
información que registran atinente a los señores Pedro Alfonso Castro López y
Rubén Pérez, no procede ningún pronunciamiento contra los Bancos Megabanco y
Colpatria, como tampoco contra la empresa Covinoc S.A., como quiera que, de su
parte, no fue demostrada la violación de los derechos fundamentales de los
accionantes.
Por último, en cuanto a la procedencia de la acción de
tutela promovida por el señor Jaime Augusto Rengifo Peña contra Computec S.A. y
la Asociación Bancaria –T-563.945-, cabe precisar que no resulta posible exigir
a los titulares de datos solicitar rectificaciones directas a las centrales de
riesgo sino cuando son notificados de la puesta en común de sus hábitos de
pago, obligación, que –como quedó explicado- la central demandada no cumplió.
5.      Conclusiones
De lo expuesto se concluye que las
decisiones de instancia que negaron a los accionantes la protección
constitucional invocada deberán revocarse.
1. Porque en ninguno de los casos los
accionantes fueron informados de que su historia crediticia y financiera sería
reportada a las centrales de riesgo, de cuál administradora registraría y
divulgaría la información, como tampoco del término en que sus datos
permanecerían en el proceso informático y del contenido de la información.
2. Debido a que Comcel S.A., el Banco
Granahorrar S.A., y la Caja Agraria en Liquidación hicieron un uso indebido de
la autorización genérica recibida de los señores Bejarano Jaime, Rengifo Peña y
Pérez, reportaron al proceso informático como historia crediticia de los
nombrados falencias generadas en sus procesos administrativos sin el concurso
de los aludidos.
3. Por razón de que en todos los asuntos
que fueron revisados obran paz y salvo expedidos por las entidades financieras
que no consolidaron las expectativas de sus beneficiarios, respecto de la
información que registran las centrales de riesgo.
4. A causa de que los antecedentes y las
pruebas aportadas indican que la inclusión en las centrales de riesgo está
siendo utilizada i) para presionar el la solución de cargos no aceptados y de
obligaciones en disputa, ii) como criterio único para estimar el riesgo
crediticio, y iii) para excluir del tráfico económico y del derecho a acceder a
financiaciones de vivienda a quienes figuran reportados con un determinada
calificación, sin respetar sus derechos de audiencia y contradicción, ni
ponderar los valores constitucionales en conflicto.
Este somero recuento denota que las pautas
jurisprudenciales que les permiten a las centrales de riesgo divulgar los
hábitos de pago y conservarlos durante un término, para facilitarles a los
operadores financieros aplicar sanas políticas de crédito, deben puntualizarse,
habida cuenta que es sintomático de su indebida comprensión que con sujeción a
la jurisprudencia constitucional en la materia i) los acreedores no expliquen a
sus deudores el verdadero sentido y alcance de las autorizaciones que les
presentan para la firma, ii) los operadores informáticos no informen a los
titulares de datos los pormenores que les permitirían hacer uso oportuno de su
derecho a la rectificación y actualización de su intimidad económica; iii) que
los terceros y usuarios de la información no permitan a los afectados oponerse
a un tratamiento adverso; y iv) que en ningún caso se acepten motivos
justificados de incumplimiento fundados en concretas y especiales situaciones
personales, o dificultades contractuales.
En consecuencia, sin perjuicio de que las
pautas jurisprudenciales establecidas en las sentencias SU-082 y 089 de 1995
deban ser consideradas por los jueces de tutela al valorar la permanencia de
los datos personales en las centrales de riesgo, hasta que el legislador no
regule el asunto, se precisa:
a) Que no obstante la predisposición de sus
titulares a participar en el proceso informático mediante la suscripción de
formatos, quienes reciben y hacen uso de las autorizaciones que al respecto
expiden los usuarios del crédito están obligados:
1. A respetar la autodeterminación
informática de los otorgantes, en todas las etapas del proceso i)
manteniéndolos al tanto de la utilización de su autorización, y ii)
permitiéndoles rectificar y actualizar la información, en especial antes de que
llegue a conocimiento de terceros.
2. A restringir los alcances de la
predisposición de los usuarios del crédito, sobre su intimidad económica,
acudiendo a las perspectivas razonables de uso que el disponente pudo conocer a
tiempo del otorgamiento.
b) Que los datos económicos de ficheros
personales no suplen la valoración del riesgo que las entidades financieras
están obligadas a realizar[86],
en cada caso, ya que:
1. En ningún caso la presencia de un dato
adverso o de una calificación negativa en un proceso informático pueda dar
lugar, por si sola, a excluir al aludido de un servicio financiero, ni de una
operación de crédito.
2. En todos los casos la negativa a prestar
un servicio público deberá justificarse debidamente, en especial cuando el
requerimiento se relaciona con el acceso de los asociados a la vivienda digna.
c)
Que la justicia
material no puede ser excluida de los procesos informáticos, en consecuencia
quienes procesan, reportan, registran, divulgan, y utilizan datos personales
están en el deber de considerar las circunstancias individuales que les
presenten los afectados, previa su convocatoria, a fin i) dar en cada caso un
tratamiento justo a las historias crediticias y financieras que evalúan, y ii)
permitir a los solicitantes restablecer su buen nombre.
III.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE las providencias proferidas por la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, el 16 de mayo y el 20 de agosto de 2002 respectivamente, para
decidir la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Yuscelly Bejarano
Jaime contra Computec S.A. División Datacrédito, la Asociación Bancaria y de
Instituciones Financieras de Colombia –Cifin-, el Fondo Nacional del Ahorro y
la Compañía de Telefonía Celular Comcel S.A. –T-517.288-.
En consecuencia MANTENER la protección del
derecho a la intimidad económica de la accionante concedida por los Jueces de
Instancia, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
Y ADICIONALMENTE PROTEGER los
derechos de la señora Bejarano Jaime al debido proceso y a la vivienda digna.
Para el efecto:
1. Computec S.A. y la Asociación Bancaria y
de Instituciones Financieras de Colombia podrán registrar nuevamente la
información atinentes a los hábitos de pago de la señora Bejarano Jaime, que
dieron lugar a la presente acción, previa notificación a su titular, a fin de
que ésta ejerza su derecho a la autodeterminación, desde el inicio del proceso
informático.
2. El Fondo Nacional del Ahorro deberá i)
en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia considerar
nuevamente, si es que la accionante así lo solicita, la solicitud de
financiación de vivienda presentada por la actora, a fin de realizar, hasta
donde ello resulte posible, su expectativa constitucional de acceder a la
financiación de vivienda, ii) inaplicar, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4° constitucional, las resoluciones de su Junta Directiva y de u que
le ordenan rechazar solicitudes de crédito sin ponderar debidamente los
intereses constitucionales, y, iii) de ser el caso, justificar debidamente su
negativa.
3. La Compañía de Telefonía Celular Comcel
S.A., deberá i) hacer un uso adecuado de la autorización de interferencia en su
intimidad económica otorgada por Sandra Yuscelly Bejarano, ii) informarle a
ésta, con la debida antelación, cómo, cuándo, ante quien y con qué alcances su
autorización será utilizada; y iii) proyectar ante en el proceso informático la
expectativa que alertó en la accionante al expedir el paz y salvo que obra en
el expediente.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado 30 Civil
del Circuito de Bogotá, el 16 de enero de 2002, para decidir la acción de
tutela instaurada por Nidia Marcela Piñeros Burgos contra Computec S.A., la
Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia, Inversora
Pichincha S.A., la Fundación Compartir y el Banco Comercial y de Ahorros Conavi
S.A. –T-559.429-.
PROTEGER los derechos de la accionante a la intimidad
económica, al debido proceso y a la vivienda digna. En consecuencia:
1. Se ordena a Computec S. A. y a la
Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia, que tan pronto
como sean notificadas de ésta providencia se abstengan de divulgar la
información atinente a la obligación adquirida por la accionante con Inversora
Pichincha, que dio lugar a la presente acción, hasta tanto la señora Piñeros Burgos
sea informada y tenga la oportunidad de ejercer el mecanismo constitucional de
la autodeterminación informática.
2. Se ordena a Inversora Pichincha S.A.
proyectar, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
ante las centrales de riesgo que administran las accionadas, el paz y salvo que
le expidió a la actora, para finiquitar la obligación aludida.
3. Se ordena a la Fundación Compartir
restablecer, en 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, en
el estado en que se encontraba y con las mismas o similares condiciones, el
trámite 38745 que adelantaba la señora Piñeros Burgos para acceder a la
propiedad de su vivienda, que la accionada obstaculizó indebidamente, siempre
que la afectada continúe interesada en el mismo.
4. Se ordena al Banco de Ahorro y Vivienda
Conavi S.A. realizar, hasta donde ello resulte posible, conforme las
consideraciones de esta providencia, la expectativa de acceder a la
financiación de vivienda de la accionante, de conformidad con la evaluación
previa 55, 20, 2022, que obra a folio 9 del expediente. Y, de no ser posible
tal realización, ponderar debidamente su negativa, valorando los intereses
constitucionales en conflicto, de conformidad a las consideraciones de esta
providencia.
TERCERO: REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado 19 Penal
Municipal de Bogotá el 22 de enero de 2002, para decidir la acción de tutela
instaurada por Magali Caballero Ospina contra Computec S.A., Banco de Bogotá
S.A., Banco del Estado S.A. y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar
–T-560.520-.
PROTEGER los derechos de la accionante a la intimidad económica, al debido
proceso, y a la vivienda digna. Para el efecto:
1. Se ordena a Computec S. A. que tan
pronto como le sea notificada de esta providencia disponga que Datacrédito se
abstenga de divulgar los datos personales de la accionante, atinentes a las
obligaciones adquiridas por la misma con los Bancos de Bogotá S.A. y del
Estado, que dieron lugar a la acción que se revisa, hasta tanto la accionada
tenga la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación informática,
previa la debida notificación.
2. Se ordena a los Bancos de Bogotá y del
Estado proyectar en el proceso informático que iniciaron, en las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, la expectativa que alertaron
en la actora al finiquitar las obligaciones antes aludidas.
3. Se ordena a la Caja Colombiana de
Subsidio Familiar restablecer en las 48 horas siguientes a la notificación de
esta providencia, en el estado en que se encontraba, y con las mismas o
similares condiciones en que éste se encontraba cuando lo obstaculizó, el
trámite de acceso a la propiedad de vivienda, iniciado por la actora, siempre
que la afectada esté interesada en dicho restablecimiento.
CUARTO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado 3° Civil
Municipal de Bogotá el 16 de enero de 2002, para decidir la acción de tutela
instaurada por Pedro Alfonso Castro López contra Computec S.A., Banco
Davivienda S.A., Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabanco S.A. y Banco
Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. –T-562.017-.
CONCEDER a la accionante, la protección de sus derechos
fundamentales a la intimidad económica y al debido proceso. En consecuencia:
1. Se ordena a Computec S. A. disponer, tan
pronto como esta providencia le sea notificada, lo conducente para que
Datacrédito se abstenga de divulgar los datos personales del accionante, que
dieron lugar a la acción que se revisa, hasta tanto el accionante conozca que
su intimidad económica será develada y pueda ejercer su derecho a la
autodeterminación informática.
2. Se ordena al Banco Davivienda S.A.
proyectar, en las 48 horas siguientes a esta providencia, en el proceso informático,
la expectativa razonable que alertó en el actor al expedir el paz y salvo que
obra en el expediente.
3. Se absuelve a los Bancos de Crédito y Desarrollo
Social Megabanco S.A. y Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., de la presunta
violación al derecho fundamental al debido proceso del actor, porque su
vulneración no fue demostrada.
QUINTO.- REVOCAR la sentencia dictada por la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 10 de mayo de 2001, para
decidir la acción de tutela instaurada por Alberto Padierna Restrepo contra
Computec S.A. y Empresa Editorial Internacional Zamora Ltda. –T-563.231-.
PROTEGER los derechos fundamentales del accionante a la
intimidad económica y al debido proceso, por consiguiente:
1. Se ordena a Computec S.A. que tan pronto
como sea notificada de esta providencia disponga lo conducente a fin de que su
central de riesgos se abstenga de divulgar los datos personales del accionante,
reportados por la Empresa Editorial Internacional Zamora Ltda., que dieron
lugar a la acción que se revisa, hasta tanto el señor Padierna Restrepo sea
notificado y pueda ejercer su derecho a la autodeterminación informática, antes
de que su intimidad económica sea conocida por terceros.
2. Se ordena a la Empresa Editorial Internacional
Zamora Ltda. proyectar, ante la central Datacrédito, en las 48 horas siguientes
a la notificación de esta providencia, el paz y salvo que le expidió al actor,
para finiquitar las obligaciones antes aludidas.
SEXTO. REVOCAR la sentencia dictada por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Medellín, el 4 de diciembre de 2001, para decidir la
acción de tutela instaurada por Luz Mery López Franco contra Computec S.A. y
Banco Superior S.A. –T-563.281-.
CONCEDER a la accionante la protección de sus derechos
fundamentales a la intimidad económica y al debido proceso, por consiguiente:
1. Se ordena a Computec S. A. que tan
pronto como sea notificada de esta providencia disponga lo conducente a fin de
que los datos personales de la accionante, reportados por el Banco Superior
S.A., que dieron lugar a la acción que se revisa, no sigan siendo divulgados
hasta tanto la señora López Franco sea notificada de la divulgación a fin de
que tenga la oportunidad de ejercer su autodeterminación, en todas las etapas del
proceso informático.
2. Se ordena al Banco Superior S.A.
proyectar, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, en
el proceso informático que dio lugar a la presente acción, las expectativas de
paz y salvo que alertó en la señora López Franco.
SÉPTIMO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, el 3 de diciembre de 2001, para decidir la acción de tutela
instaurada por Jaime Augusto Rengifo Peña contra Computec S.A., la Asociación
Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia, el Fondo Nacional del
Ahorro, Fiduciaria Unión, y los Bancos de Occidente S.A., Superior S.A., y
Santander –T-563.495-.
PROTEGER los derechos a la intimidad económica al debido
proceso y a la vivienda digna del actor. Para el efecto:
1. Se ordena a Computec S.A. y la
Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia abstenerse de
divulgar los hábitos de pago reportados por las financieras demandadas, que
dieron lugar a la presente acción, hasta que el señor Rengifo Peña conozca que
su intimidad económica será develada, y pueda ejercer su autodeterminación
desde el inicio del proceso informático.
2. Se ordena al Fondo Nacional del Ahorro
i) que en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia
considere nuevamente, si es que el accionante así lo solicita, la solicitud de
financiación de vivienda presentada por el actor, a fin de realizar, hasta
donde ello resulte posible, su expectativa constitucional de acceder a la
financiación de vivienda, ii) que inaplique, de conformidad con lo previsto en
el artículo 4° constitucional, las resoluciones de su Junta Directiva que le
ordenan rechazar solicitudes de crédito sin ponderar debidamente los intereses
constitucionales en conflicto, y iii) que de ser pertinente, justifique
debidamente su negativa.
3. Se ordena a los Bancos de Occidente
S.A., Superior S.A., y Santander i) hacer un uso adecuado de la autorización de
interferencia en su intimidad económica otorgada por el actor, ii) informarle a
éste, con la debida antelación, cómo, cuándo, ante quien y con qué alcances su
autorización será utilizada; y iii) proyectar ante en el proceso informático la
expectativa que alertaron en el señor Rengifo Peña al expedir los paz y salvo
que obra en el expediente.
4. Se previene a la Fiduciaria Unión S.A, para que no
haga conocer de terceros los cargos económicos que sus procesos administrativos
internos generan contra el actor, en tanto tales cargos no fueron reconocidos
por éste, o atribuidos al mismo por el juez ordinario.
OCTAVO.- REVOCAR la sentencia proferida el 10 de diciembre de
2001, por el Juzgado 87 Penal Municipal de Bogotá, que negó la protección
constitucional invocada por Julio Ernesto Ordóñez Urueña contra Computec S.A. y
Bellsouth de Colombia S.A. –T-564.916-.
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del
accionante, a la intimidad económica y al debido proceso, por consiguiente:
1. Se ordena a Computec S. A. que tan
pronto como sea notificada de esta providencia disponga lo conducente a fin de
que su central de riesgos se abstenga de divulgar los datos personales del
señor Ordóñez Urueña, reportados por Bellsouth de Colombia S.A., que dieron
lugar a la acción que se revisa, hasta tanto el actor sea notificado de que sus
datos serán divulgados, y pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, en
todas las etapas del proceso informático.
2. Se ordena a Bellsouth de Colombia S.A.
hacer efectivo, en las 48 horas siguientes a esta providencia, las expectativas
que alertó en la actora al expedir el paz y salvo de la obligación que dio
lugar a la presente acción.
NOVENO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 1° Civil
Municipal de Bucaramanga, el 29 de enero de 2002 para decidir el amparo
constitucional invocado por Cristian Gómez Rojas contra Computec S.A. y el
Banco Granahorrar S.A. –T-571.353-.
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales del
accionante, a la intimidad económica y al debido proceso, por consiguiente:
1. Se ordena a Computec S. A. que tan
pronto como sea notificada de esta providencia disponga lo conducente a fin de
que su central de riesgos se abstenga de divulgar los datos personales del
actor, reportados por el Banco Granahorrar S.A., que dieron lugar a la acción
que se revisa, hasta tanto el actor sea notificado de que sus datos serán
divulgados, y pueda ejercer su derecho a la autodeterminación, antes de que su
intimidad económica sea develada ante terceros.
3. Se ordena al Banco Granahorrar S.A., en
atención al uso adecuado que debe hacer de la autorización de interferencia en
su intimidad económica otorgada por el actor, i) informarle a éste, con la
debida antelación, cómo, cuándo, ante quien y con qué alcances su autorización
será utilizada; y iii) proyectar ante en el proceso informático las expectativas
de rectificación, y adecuación que alertó en el actor, durante el proceso que
fuera adelantado por éste para que las facturaciones concordaran con las cargas
que efectivamente le corresponde atender.
DECIMO.- REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado
Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, el 22 de febrero de 2002, para
decidir la acción de tutela instaurada por Gustavo Zapata Piñeros contra
Computec S.A. y MTEL de Colombia (WORLDCOM Company) –T-581.481-.
PROTEGER los derechos fundamentales del accionante a la
intimidad económica y al debido proceso, por consiguiente:
1. Se ordena a Computec S. A. que tan
pronto como sea notificada de esta providencia disponga lo conducente a fin de
que su central de riesgos se abstenga de divulgar los datos personales del
accionante, reportados por la MTEL de Colombia (WORLDCOM Company), que dieron
lugar a la acción que se revisa, hasta tanto el actor sea notificado y pueda
ejercer su derecho a la autodeterminación informática, antes de que su
intimidad económica sea conocida por terceros.
2. Se ordena a MTEL de Colombia ( hoy
WORLDCOM Company) proyectar, ante la central Datacrédito, en las 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, el paz y salvo que le expidió
al actor, para finiquitar las obligaciones antes aludidas.
UNDECIMO.- REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado 20 Penal
Municipal y por el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá, el 24 de diciembre
de 2001 y el 25 de febrero de 2002 respectivamente, para negarle al señor Rubén
Pérez la protección constitucional de sus derechos fundamentales a la intimidad
y al debido proceso contra Computec S.A., la Asociación Bancaria y de
Instituciones Financieras de Colombia, Covinoc S.A., Caja de Crédito Agrario en
liquidación y Bellsouth de Colombia S.A. –T-583.492-.
PROTEGER los derechos a la intimidad y al debido proceso
económico del actor, en consecuencia:
1. Se ordena a Computec S.A. y la
Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras de Colombia, que tan pronto
como sean notificadas de esta decisión se abstenga de divulgar los hábitos de
pago reportados por Bellsouth de Colombia S.A. y la Caja Agraria en
liquidación, que dieron lugar a la presente acción, hasta tanto el actor sea
notificado de que sus hábitos de pago serán conocidos por terceros, y se le
permita ejercer su autodeterminación, desde el inicio del proceso informático.
2. Se ordena a Bellsouth de Colombia S.A.
proyectar ante en el proceso informático la expectativa que alertó en el actor
al expedir el paz y salvo que obra en el expediente.
3. Se ordena a la Caja Agraria en liquidación, i)
hacer efectivo en el proceso informático a que dio lugar el paz y salvo que
extinguió la obligación a cargo del actor; y ii) abstenerse de hacer conocer de
terceros el cargo que sus procesos internos generan contra el actor, en tanto
tales cargos no sean reconocidos por el presunto deudor o atribuidos al mismo
por el juez ordinario.
DUODECIMO.- Enviar por conducto de la Secretaría General de esta
Corporación copia de esta providencia a la Superintendencia Bancaria, para que
adelante las investigaciones pertinentes e instruya a las entidades vigiladas
al respecto. Ofíciese.
DECIMOTERCERO.- Líbrense las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Prueba
entregada por la entidad luego de decretada la nulidad de la presente acción,
como consecuencia de la irregularidad del trámite de la acción de tutela
advertida por esta Corporación en el auto del 4 de marzo de 2002.
[2] En igual sentido
sentencia del 6 de agosto de 2001, proferida dentro del mismo asunto pero
anulada mediante providencia del 2 de mayo de 2002, a solicitud de una de las
entidades no vinculadas inicialmente a la actuación.
[3] Cfr.
Juzgado 87 Penal Municipal –expediente T-564.916- y Juzgado 30 Civil del
Circuito –T-559.429- de Bogotá D.C. sentencias del 10 de diciembre de 2001 y
del-16 de enero de 2002, respectivamente.
[4] Cfr.
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Primera de Decisión. Sentencia del 10
de diciembre de 2001.
[5] Consultar,
entre otras, las decisiones proferidas por el Juzgado 3° Civil Municipal
–expediente T-562.017- y Juzgado 19 Penal Municipal –expediente T-560.520- de
Bogotá, D.C. y por el Tribunal Superior de Medellín Sala Civil –T-563.281-.
[6] Cfr.
Juzgado 19 Penal Municipal de Bogotá D.C. sentencia del 22 de enero de 2002
–expediente T-560.520-
[7] Cfr.
Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá D.C. sentencia del 22 de febrero de
2002 –expediente T-581.481-.
[8] Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Civil de Decisión, sentencia del 3 de diciembre de 2001
-expediente- T-563.945.
[9] Tribunal Superior de
Medellín, Sala Civil, sentencia del 4 de diciembre de 2001 –expediente
T-563.281-.
[10] En igual sentido
fallo adoptado el 21 de septiembre de 2001, dentro del mismo asunto.
[11] Del asunto fue
informado el Consejo Seccional de la Judicatura para lo de su cargo.
[12] El expediente
T-563.281 -acción de tutela instaurada por Luz Mery López Franco contra Computec
S.A.- fue devuelto por la Secretaría de la Sala Civil del Tribunal Superior de
Medellín el 22 de mayo de 2002, pero, por un error de la Secretaría de esta
Corporación, el expediente una vez devuelto por el juez de instancia fue
nuevamente radicado con el número T-621.159, sometido a selección, no
seleccionado y devuelto al remitente el 5 de septiembre de 2002. Advertida la
irregularidad por la Sala Octava, la Secretaría General solicitó el expediente
al fallador de instancia, el que debió desarchivarlo y devolverlo, habiendo
sido entregado al despacho del Magistrado sustanciador el 6 de febrero del
presente.
[13] El carácter “general, absoluto,
extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible” que la jurisprudencia
constitucional le da al derecho a la intimidad; la obligatoriedad de
garantizarle al individuo que no perderá “el control sobre sus datos
personales”, ante la creciente utilización de los mismos, y lo prevalente
del derecho a la intimidad personal y familiar, respecto de la garantía a la
información, dada su “inescindible” conexión con la dignidad humana de
su titular, sin perjuicio del interés general que comporta aquella, se puede
consultar en las sentencias T-414 de 1992 –una persona solicita la protección
de su derecho a la intimidad porque no obstante la declaración de la
prescripción de la acción, el acreedor mantiene el registro de la obligación en
la central de riesgos-, T-008 de 1993 –se invoca la protección del derecho a la
intimidad, porque las autoridades de policía mantienen una información que el
titular de ésta no conoce y no puede rectificar, y SU-528 de 1993 –la Corte
niega la protección constitucional al accionante, porque aunque ha transcurrido
el término para declarar la prescripción, ésta no ha sido alegad -, entre
otras.
[14] En las sentencias 414
de 1992 y T-022 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón la Sala Primera de Revisión
sostuvo que “[p]or su manifiesta incidencia en la efectiva identificación o
posibilidad  de identificar a las personas, tal característica le confiere al
dato una singular aptitud para afectar la intimidad de su titular mediante
investigaciones o divulgaciones abusivas o indebidas. En virtud de lo anterior,
en la recolección y circulación de datos económicos personales se halla casi
inevitablemente involucrado un problema de intimidad. Siendo esto así, es claro
también que se configuran los presupuestos legales para la procedencia de la
acción de tutela.” –T-414 de 1992-
En igual sentido esta decisión “en
principio el caso presenta alguna similitud con otro que fue objeto de la
sentencia T-414 proferida el 16 de junio de 1992. En efecto, en esa ocasión
como en esta aparecen deudores usuarios de los servicios de entidades
financieras cuyos datos económicos personales fueron objeto de almacenamiento
en el banco de datos de la Central de Información del Sector Financiero de la
Asociación Bancaria de Colombia y divulgados posteriormente. En ambos casos no
se ofreció prueba alguna de que las entidades financieras hubieran  cumplido
con su deber de obtener el consentimiento expreso de los deudores, mediante
comunicación escrita para el reporte, procesamiento de la información requerida
para el logro del propósito de la Central, de acuerdo a lo dispuesto por su
propio reglamento. Finalmente, ambos deudores vieron negado el acceso a los
servicios propios de las entidades financieras, con los consiguientes
perjuicios materiales y morales en su condición de usuarios de los mismos. Pero
existen también diferencias dignas de señalar.
En el caso de la sentencia
T-414 en el cual la autoridad judicial -luego de un proceso debidamente
adelantado-declaró prescrita la obligación del deudor y éste intentó inútilmente
lograr que su nombre fuera borrado de la lista de deudores morosos del banco de
datos de la Central. En el presente caso el pago de la obligación del deudor es
objeto de un proceso ejecutivo que se halla en curso. El petente reconoce su
incumplimiento, derivado de circunstancias que el alega son de fuerza mayor y
no de carencia de rectitud o probidad.
En virtud de todo lo
anterior, esta Corte estima que el caso sub-lite presenta algunas facetas
específicas que serán señaladas en los siguientes acápites. Ellas ofrecen no
solo la oportunidad para reiterar una vez más su posición frente a las
exigencias propias de la intimidad y la información, sino también para formular
nuevas consideraciones acerca de las características y circulación del dato
económico personal, la probidad comercial y la dignidad humana, la veracidad y
la  intimidad  y el derecho olvido (sic)”.
[15] Sentencia T-094 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo –en esta oportunidad la Corte negó
la protección del derecho a la intimidad de un usuario del sistema financiero,
porque la información que dio lugar al reporte en la central de riesgos puede
figurar durante un término razonable.
[16] Sentencia T-096A de
1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa –la Corte negó el amparo invocado, porque el
actor acudió a la acción de tutela sin solicitar a la administradora
informática la cancelación del dato adverso, que pretendía se excluyera de su
historia crediticia-.
[17] Sentencia T-580 de
1995 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz –la Corte protegió los derechos a la
intimidad y al buen nombre de quien no autorizó ser reportada pero sus hábitos
de pago figuraban en las centrales de riesgos-.
[18] Sentencia SU-089 de
1995 M.P. Jorge Arango Mejía –la Corte concedió a la actora la protección de su
derecho la intimidad porque la central de riesgos accionada no registró la
fecha en que la obligada canceló su obligación-.
[19] Mediante la sentencia
T-189 A de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara fue concedida la protección
constitucional al buen nombre, dado que la información sobre la mora en que
incurrió el accionante estaba siendo divulgada por la central de riesgos
impidiéndole al afectado acceder al crédito, sin perjuicio de caducidad del
dato-.
[20] La Sala Quinta de
Revisión, concedió la protección al buen nombre y al debido proceso a una
sociedad, en razón de que la entidad financiera que figuraba como su
contraparte en un litigio reportó la obligación en contención como incumplida,
impidiéndole acceder al crédito y afectando su buen nombre económico –sentencia
T.-199 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo-.
[21] Sentencia T-729 de
2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett –en esta oportunidad la Corte tuteló el
derecho a la intimidad de una persona que dio cuenta de cómo la información que
el Departamento de Catastro Distrital publica en internet le permite a
cualquier persona acceder a datos personales económicos y familiares de los
titulares de derechos sobre inmuebles-.
[22] “En un sentido
amplio se admite, que al vulnerarse el derecho a la intimidad, se quebrantan
otros derechos, los cuales por alguna parte de la doctrina se consideran como
modalidades del derecho mencionado, pero que por voluntad de la Constitución
tienen su propia individualidad, como son el derecho al "buen
nombre", el "habeas data" y la "inviolabilidad de la
correspondencia".
Ciertamente, la
infracción al derecho del "habeas data", supone en la mayoría de los
casos, la violación del derecho a la intimidad. Sin embargo, no siempre, pues
por vía de ejemplo, el no permitir a una persona que conozca las informaciones
que sobre él se hayan recogido en banco de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas, quebranta el derecho del "habeas data", pero no
el derecho a la intimidad”-sentencia
T-220 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell –en este caso la Corte protegió a
quien habiendo pagado la obligación permanecía reportado como si no lo hubiera
hecho-.
[23] “(..) el artículo 15 de la Constitución
consagra el derecho a la intimidad personal y familiar, es evidente que ampara,
en primer lugar, aquello que atañe solamente al individuo, como su salud, sus
hábitos o inclinaciones sexuales, su origen familiar o racial, sus convicciones
políticas y religiosas. Ampara, además, la esfera familiar, lo que acontece en
el seno de la familia, que no rebasa el ámbito doméstico” –Su-082 de 1995, en
igual sentido SU-089 de 1995
–en estas decisiones la Corte amparó el derecho a la autodeterminación
informática de quienes por razones económicas incumplieron el pago de
obligaciones que habían adquirido con el sector financiero, y fueron incluidos
en el proceso informático sin la debida autorización-.
[24]“Lo expuesto en esta providencia, en
relación con el derecho a la información y la legitimidad de la conducta de las
entidades que solicitan información  de sus eventuales clientes, a las
centrales de información que para el efecto se han creado,  así como la
facultad de reportar a quienes incumplan las obligaciones con ellos
contraídas,  tiene como base fundamental y punto de equilibrio, la
autorización que el interesado les otorgue para disponer  de esa información,
pues al fin y al cabo, los datos que se van a suministrar conciernen a él, y
por tanto, le asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a
rectificarlos o actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar.”- en igual
sentido SU-089 de 1995, ya citadas.
[25] Revisión de constitucionalidad de la Ley 412 del 6 de
Noviembre de 1997, por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana contra la corrupción”, suscrita en la ciudad de Caracas el 29 de
marzo de 1996, M. P. Fabio Morón Díaz.
[26] La Corte ha sostenido que los derechos
fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no
son absolutos y, por tanto, deben armonizarse entre sí y con los principios y
valores protegidos por la Carta, a fin de hacer posible la convivencia social y
la vigencia de la institucionalidad –sentencia C-578 de 1995 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, en igual sentido, entre otras, sentencias C-475 de 1997 y 1064
de 2001 –control constitucional del artículo 15 del Decreto 0085 de 1989, del
inciso segundo del artículo 139, del artículo 321 y del inciso tercero del
artículo 324 del Decreto 2700 de 1991; y del artículo 2° de la Ley 628 de 2000,
respectivamente-..
[27] Al estudiar el
artículo 15 constitucional las diferentes Salas de revisión han coincidido en
afirmar a) que los derechos a la intimidad, a la honra y buen nombre, y al
habeas data son derechos autónomos pero relacionados ii) que el buen nombre se
forma por el comportamiento público y social observado por la persona, y iv)
que el habeas data está conformado por las facultades que la Carta reconoce a
todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones
recogidas sobre ellas en los bancos de datos. Al respecto consultar, entre otras,
sentencia T-480 de 1992 – fue tutelado el derecho al buen nombre de una persona
a favor de quien un juzgado del conocimiento cesó todo procedimiento, respecto
de la comisión del delito, cuya investigación había sido ampliamente difundido
por un medio de comunicación, el que se abstuvo de dar igual tratamiento a la
providencia favorable al actor-;T-577 de 1992 –en esta oportunidad se tutelo
los derechos a la intimidad y habeas data de quien figuraba como deudor moroso
en las centrales de riesgo no obstante la prescripción de las acciones para
hacer efectivas las obligaciones-.
[28] Esta Corte tiene
definido que lo inviolable del secreto profesional comporta que bajo ninguna
circunstancia el profesional vinculado al secreto puede develar su contenido,
sin que por ello se descarte la posibilidad de hacerlo ante circunstancias que
lo justifiquen, consultar entre otras, la sentencia C-411 de 1993  M.P. Carlos
Gaviria Díaz –control constitucional de los artículos 251, 284, 293, 329, 332,
352, 438, y 439 del Decreto 2700 de 1991.
[29] Sobre las limitaciones al secreto bancario
i) debido a la “formal y expresa autorización de su titular, quien en
ejercicio de su autonomía está habilitado para “introducir una limitación
permitida por el ordenamiento a su libertad personal”, y ii) debido a la
“prevalencia de un verdadero interés general construido con todos los elementos
que ofrece la Constitución de 1991 a través de sus valores, principios y
normas” se pueden consultar las sentencias C-397 de 1998 –nota 12- y T-022
de 1993 –se protege los derechos a la intimidad y al habeas data de un deudor
sujeto de un proceso ejecutivo, en razón de que, no obstante su incumplimiento,
éste no autorizó el reporte de sus datos económicos-.
[30] Al respecto se puede consultar,
entre otras la sentencia T-526 de 2002 M.P. Alvaro Tafur Galvis –en esta
oportunidad se protegió los derechos a la intimidad personal y familiar y al
buen nombre de una familia, afectados por una publicación periodística originada
en un comunicado de prensa de una autoridad encargada de asistir a los enfermos
de sida y controlar la propagación de la enfermedad, alegando la necesidad de
controlar su propagación mediante las revelaciones del galeno que atendió al
enfermo en la fase final de su enfermedad, en razón del afán periodístico, dado
lo estéril del mecanismo ante el fallecimiento del presunto propagador, y
conocimiento de su enfermedad por parte de sus allegados y amigos-.
[31] Al respecto se puede consultar, entre
otras, la sentencia T-443 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández  Galindo -en
esta oportunidad no fue amparado el derecho fundamental a la huelga invocado
por una entidad sindical, porque se consideró que dado el carácter de servicio
publico atribuido en el ordenamiento a la actividad bancaria “desde 1959”,
y en tanto la ley no defina el concepto de “servicios públicos esenciales” contenido
en la Carta el Ejecutivo puede impedir la huelga en la actividad bancaria
mediante la convocatoria a tribunales de arbitramento obligatorios.
Sobre la actividad financiera y el interés
que comporta dijo la Sala “Nos encontramos, entonces, ante la posibilidad de
que los particulares puedan garantizar la prestación del servicio público, lo
cual implica la concesión de ciertas prerrogativas, con obligaciones que
corresponde cumplir al particular, y que al mismo tiempo impone a la
administración el deber de inspeccionar tales actividades.
En el asunto del que aquí se trata, la
actividad desplegada por las entidades financieras tiene la prerrogativa
consistente en la facultad para captar recursos del público, manejarlos,
invertirlos y obtener un aprovechamiento de los mismos, dentro de los límites y
con los requisitos contemplados en la ley; así como también, por expreso
mandato de la Constitución Política, el Presidente de la República está
obligado a "ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y
control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o
inversión de recursos captados del público", según lo dispone el artículo
189, numeral 24 de la Carta, quedando así establecido que en el asunto sometido
a revisión, se presentan por lo menos dos de los elementos básicos que la
doctrina ha identificado como requeridos para que los particulares colaboren en
la prestación de servicios públicos
“[32]
Cfr. en “Estudios sobre el derecho a la intimidad”. Editorial Tecnos.
Madrid 1982. Pág 17” –destaca
el texto -
[33] Sentencia  T-530/92,
M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz –en esta oportunidad la habitante de un
municipio interpuso acción de tutela porque las autoridades no consultaron sus
intereses al proyectar y adelantar la construcción de un paso peatonal que dada
la cercanía a su residencia vulneraba su intimidad personal y familiar.
[34] T-552 de 1997 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa –la Corte negó el amparo constitucional invocado por un
deudor del sistema financiero que reclamaba la divulgación del incumplimiento
de la obligación a su cargo en las centrales de riesgo, luego de haber suscrito
escritura de venta del inmueble que garantizaba el cumplimiento de la
obligación, dado que la transferencia del derecho real no se produjo, en razón
de que la escritura no fue registrada por el adquirente.
[35] Sentencia T-578 de
2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, los actores, cónyuges entre si, invocan la
protección de sus derechos fundamentales, porque no obstante haber entregado el
inmueble en dación en pago figuraban reportadas en las centrales de riesgo-.
[36] En las sentencias
T-412 de 1992 y T-486 de 1992, se puede consultar la propiedad del dato
económico, como integrante de la identidad personal –en la primera oportunidad
fueron tutelados los derechos a la igualdad, intimidad, y al buen nombre de una
persona a quien una empresa de cobranza amenazó con acudir a su lugar de
trabajo, con el traje propio de los sujetos llamados “chepitos” a fin de
presionar el pago de una obligación; en la segunda de las decisiones en cita
fueron amparados los derechos al buen nombre, e intimidad de quien, no obstante
haber obtenido mediante sentencia ejecutoriada la declaración de prescripción
de una acción, se mantenía reportado en las base de datos de la Asociación
Bancaria como deudor de la misma obligación-.
[37] Sobre el proceso
informático, sujetos y principios se puede consultar la sentencia T-729 de
2002, ya citada.
[38] El secreto bancario
se puede consultar en las sentencia C-397 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz -Revisión
de constitucionalidad de la Ley 412 de 1997, ya citada.
[39] Consultar entre otras
las sentencias SU-082 y 089 de 1995, varias veces citadas. Respecto del aspecto
aditivo del derecho a la autodeterminación informática se puede consultar,
además, entre otras decisiones, la sentencia T-578 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar
Gil –en esta oportunidad se consideró inadmisible “que una entidad
financiera tenga a un usuario reportado siete (7) meses, ante los centros de
información crediticia y no haya actualizado su información del pago voluntario
que estos hicieron por medio de la dación en pago-.
[40] Sobre la libertad de elegir en el ámbito
de las relaciones interpersonales se pueden consultar, entre otras, las
sentencias C-280 de 1996 control constitucional de varias disposiciones de la
Ley 200 de 1995-  y C-488 de 2002 –control constitucional del artículo 86 de la
Ley 675 de 2001-.
[41] La jurisprudencia
constitucional considera que la actividad bancaria es servicio público i) por “la
importancia de la labor que desempeñan para
una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado”, ii) debido al “interés comunitario que le es
implícito, o interés público de la actividad”, y iii) en razón de “la
necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción”
-sentencia SU-157 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero, con ocasión de la
acción instaurada por una persona incluida en una lista elaborada por la
Asociación Bancaria, a raíz de la comunicación de un gobierno extranjero, a fin
de excluir a los relacionados de los servicios financieros que demandaban, en
igual sentido sentencias SU166 y 167 de 1999 del mismo ponente-.
Sobre el carácter de sujetos pasivos del
derecho de petición de las entidades financieras consultar entre otras la
sentencia T-578 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil –en esta oportunidad la acción
de tutela fue concedida, porque los deudores figuraban reportados en las
centrales de riesgo, no obstante las peticiones presentadas en el sentido de
que la entidad financiera les aceptara a título de pago la dación de la
vivienda que garantizaba la obligación-.
[42] Sentencia C-616 de 2001 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil –
la Corte declaró constitucionales los apartes demandados de los artículos 156,
177, 179, 181 y 183 de la Ley 100 de 1993, porque “Las
conductas que conforme a las anteriores disposiciones, se consideren contrarias
a los principios de la libertad económica, la libre competencia o impliquen
abuso de posición dominante, están sujetas a las sanciones que se establecen en
la ley, previa la investigación que deba cumplirse por las autoridades
competentes”.
[43] A
propósito del duplo de la mora, incluida ésta, como factor de resarcimiento se
pueden consultar los artículos 1601 y 867 de los Códigos Civil y de Comercio,
respectivamente.
[44] Mediante la sentencia
T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz la Corte amparó el derecho al habeas
data de una madre cabeza de familia que no había logrado ser incluida en el
Sisben, por no haber sido encuestada, no obstante los ingentes esfuerzos
adelantados con tal fin.
[45] Sentencia SU-082 de
1995 M.P. Jorge Arango Mejía, varias veces citada.
[46] Sentencia T-307 de
1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, ya citada.
[47] Desde la expedición de
la sentencia T-414 de 1992, la Corte y las diferentes Salas de Revisión han
insistido sobre el punto. En esta oportunidad la solicitud fue dirigida al
Procurador General de la Nación para que presentara un proyecto de ley a
consideración del Congreso en tal sentido. Sobre los intentos legislativos para
regular el derecho se puede consultar las sentencias C- 425 de 1994, C-567 de
1997; C-384 de 2000, mediante las que fueron declaradas inexequibles
disposiciones atinentes al tema dictadas en contravención al artículo 151 de la
Carta.
[48] Cursivas de la
sentencia T-307 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, pluricitada, además se
puede consultar, entre otras, la sentencia T-527/00 M.P. Fabio Morón Díaz –en
esta oportunidad la Corte concedió la protección invocada porque, no obstante
el actor haber incurrido en mora ésta fue inferior a un año y el pago fue
voluntario, dándolo lugar a la caducidad del dato adverso.
[49] Sentencia SU-082 de
1995 –ya citada-.
[50] Idem.
[51] Al estudiar la violación al debido proceso,
argüida por el actor, porque le fue negada la apertura de una cuenta corriente,
por figurar reportado en la central de riesgos de la Asociación Bancaria, la
Sala Tercera de Revisión sostuvo: “En su solicitud de tutela, el
peticionario consideró que había sido vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso por cuanto que en el juicio ejecutivo que se adelanta
actualmente en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá no se ha
producido aún su condena por la autoridad judicial competente, en los términos
del artículo 29 de la Constitución Nacional.
La Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá denegó la tutela impetrada arguyendo la
improcedencia del debido proceso y la absoluta e incuestionable veracidad de la
información registrada en la Central de la Asociación Bancaria, (..).
En el amplio y complejo
universo de lo cotidiano -que no necesariamente es el reino de las precisiones
ontológicas y semánticas- el ciudadano común y corriente es inclinado a
considerar que ciertas conductas de algunos entes tienen el contenido material
de justicia privada administrada para proteger intereses gremiales,  con el
obvio riesgo de vulnerar derechos fundamentales tales como el debido proceso,
la  intimidad,  la honra, el  honor y  la  libertad.
Es por eso que, en
comprensible similitud material de función con el servicio público de
administración de justicia, el peticionario estime violado también su derecho
al debido proceso. Tal violación se traduciría en la circulación indebida de
una información que a la ligera pudiera ser considerada en algunos círculos
como antecedentes -en los claros términos del artículo 248 de la Carta- cuando
es lo cierto que no se ha producido aún una sentencia y la materia de ella nada
tiene que ver con el derecho penal o de policía.
(..)
En estas circunstancias
concretas, difícilmente puede argüirse que la negación del servicio solicitado
contribuya en modo alguno a dar protección contra un riesgo eventual. Es, por
el contrario, manifestación clara de los excesos o abusos de una justicia
privada de carácter gremial con sus obvias implicaciones en la libertad y
dignidad del ciudadano medio. Es por eso que esta Corporación advierte que el
pleno imperio de los derechos consagrados en la Carta del 91 no puede quedar
sometido a la voluntad, no pocas veces caprichosa de los dispensadores del
crédito. En la jerarquía de los valores, principios y  normas de la Carta
vigente, las consideraciones de índole patrimonial deben ceder el paso a la
vigencia perenne de la dignidad humana.”.
[52] Sentencia T-551 de 1994 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Al respecto puede consultarse la sentencia T-022 de 1993,
varias veces citada, en la que la Corte se detiene en la necesidad de lograr un
equilibrio entre los intereses gremiales atinentes a la divulgación de la
información financiera de los usuarios del sistema y la dignidad humana de
éstos. Dijo la Sala:
“Sin pretender negar el
carácter expansivo que por diversas razones tiene el derecho mercantil, esta
Corporación no puede menos que observar que desde la perspectiva constitucional
tal fenómeno no puede realizarse a costa de la vulneración de la libertad y la
igualdad de que es titular toda persona en virtud, precisamente de esta misma y
excelsa condición que el Constituyente reconoció y privilegió en buen número de
preceptos de la Carta vigente.
(..)
En la sociedad pluralista
que el Constituyente de 1991 proclama y protege, la libertad y dignidad humanas
no pueden quedar al arbitrio de los intereses de una determinada clase social o
económica, -por respetables que ellos sean-, sino que deben coordinarse con los
de la sociedad civil.
Por tanto, sin ignorar en
absoluto las exigencias del crédito, lo justo y razonable es encontrar un
equilibrio entre las pretensiones de contar con elementos de juicio para la
evaluación de los riesgos derivados de negocios y operaciones de crédito que
las instituciones financieras celebren con sus clientes y el carácter personal
del dato económico que ellos les suministran.  Esto hace imperativo acudir a
las manifestaciones escritas de consentimiento libre y expreso para la
circulación de tales datos”.
[53] Sentencia T-414 de
1992 M.P. Ciro Angarita Barón –ya citada-.
[54]  Sentencia T-110 de
1993 M. P. José Gregorio Hernández Galindo –en esta oportunidad la Corte
protegió el derecho a la intimidad y al buen nombre de una persona a quien la
central de riesgos se negó a excluir del fichero, no obstante la expresa
solicitud de la entidad financiera que reportó el dato-.
[55] Sentencia T-354 del 30 de agosto de 1993.
M.P.: Hernando Herrera Vergara – la Corte protegió los derechos fundamentales
de un usuario del crédito que no obstante haber cancelado las obligaciones
pendientes, figuraba reportado en las centrales de riesgo.
[56] Sentencia T-022 de
1993 M.P. Ciro Angarita Barón.
[57] En la sentencia 414
de 1992, varias veces citada, esta Corporación solicitó al Procurador General
de la Nación someter a consideración del Congreso un proyecto de ley en tal
sentido.
[58] Sentencia SU-082 de
1995, varias veces citada.
[59] Al analizar la prescripción extintiva de
las obligaciones y su carácter declarativo, la Sala Tercera de Revisión en la
sentencias T-414 de 1992 y T-033 de 1993, varias veces mencionadas adujo:
“(..) debe también tenerse
en cuenta que desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la finalidad
primordial de la prescripción  es la  de clarificar la existencia o
inexistencia de un derecho a partir de la  actividad o inactividad de su
titular durante un lapso determinado.
Si esto es así,  es obvio
que su esencia reside en la conducta observada por dicho titular en el término
establecido por el precepto legal, por lo cual la declaración judicial -que la
seguridad jurídica requiere en algunos casos- tiene un carácter eminentemente
declarativo.
Ubicado justamente en el
contexto de los principios constitucionales y del profundo alcance del artículo
228 de la Carta de 1991, el conflicto real o aparente entre propiedad y
libertad debe resolverse en el sentido de que el beneficiario de la
prescripción pueda extraer de ella sus consecuencias liberatorias con la
demostración de que ha transcurrido el lapso que la ley exige para que dicho
modo extintivo o adquisitivo  produzca plenos efectos. Tal como ya ocurre,  por
ejemplo, en -materia no leve y en donde está comprometido un claro interés
público y social- con la cancelación de oficio de los antecedentes relativos a
fallos condenatorios penales proferidos por la  justicia”.
En la sentencia T-303 de 1993
M.P. Hernando Herrera Vergara la Sala Sexta de Revisión consideró que abusa de
su poder informático “el registro conservación y circulación de datos de una
persona más allá del término legalmente establecido para ejercer las acciones
judiciales con miras al cobro de las obligaciones, causando con ello graves
perjuicios a la persona como resultado de su exclusión indefinida del sistema
financiero”.
Sobre la cancelación de datos
vetustos de las centrales de riesgo se pueden consultar entre otras decisiones
T-296, T-359, T-389, T-459, T-460 y S.V. 528 de 1993, entre otras.
[60] En sentencia SU-
528 de 1993 M. P. José Gregorio Hernández, ésta Corporación resolvió apartarse
de lo resuelto en materia de prescripción extintiva por la Sala Tercera de
Revisión -nota anterior-, dijo la Corte “Es preciso que la Sala Plena de la
Corte cambie la jurisprudencia en este punto concreto por cuanto, de aceptarse
la tesis según la cual puede acudirse directamente a la tutela para pedir que
retiren el nombre de la persona de un banco de datos alegando prescripción de
las obligaciones que dieron lugar a su registro, el juez de tutela estaría
desplazando al ordinario competente en la definición de un derecho ajeno al
asunto mismo sobre el cual recae el amparo del artículo 86 constitucional, que
consiste únicamente en la protección del derecho fundamental consagrado en el
artículo 15 Ibidem: que se actualicen y rectifiquen las informaciones recogidas
sobre el peticionario en bancos de datos o en archivos de entidades públicas o
privadas.
En otros términos, la
acción de tutela -que tiene por objeto específico según la Constitución el de
proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando ellos sufren
violación o amenaza- tendría aplicación para ordenar que se retirara del banco
de datos el nombre de una persona que allí permanezca previa estar prescrita su
obligación. Pero, desde luego, en cuanto al juez de tutela no le consta que
ello en verdad haya ocurrido, pues no tiene a su cargo la definición de
derechos que sí atañe a los jueces ordinarios en la órbita de sus respectivas
competencias, únicamente puede asumir que ha operado el fenómeno de la
prescripción si se le acredita que así lo ha declarado el juez competente. No
es, entonces, la tutela el medio apto para declarar prescripciones. Aceptarlo
implicaría prohijar la intervención indebida del juez de tutela en el campo
reservado a otra jurisdicción.
En los procesos que ahora
se revisan, el peticionario admite en todos los casos que contrajo obligaciones
con las entidades financieras contra las cuales dirige sus demandas, pero alega
que tales obligaciones están prescritas y pretende que, en consecuencia, se
ordene el retiro de su nombre de los archivos y bancos de datos
correspondientes.
Considera la Corte que
ello no es posible, pues en ninguno de dichos procesos aparece acreditada en el
expediente la prescripción judicialmente declarada”.
[61] Mediante la sentencia C-687 de 2002, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett la Corte declaró inexequible el artículo 19 de la
ley 716 de 2001 -por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento
de la información contable en el sector público y se dictan en materia
tributaria otras disposiciones-; en cuanto la norma preveía un alivio
consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, y “tal
situación sólo puede realizarse por el trámite de las leyes estatutarias”, en
igual sentido consultar las sentencias C- 425 de 1994, C-567 de 1997; C-384 de
2000; –en éstas sentencias la Corte se refirió al procedimiento que el Congreso
está en el deber de acoger para adoptar la regulación atinente al habeas data y
la autodeterminación informática-.
[62] Sentencia T-589 de
2002 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[63] “Como el deber de actuar de buena fe es
de rango constitucional, forzoso es concluir que su incumplimiento genera
consecuencias concretas en el orden jurídico. Dicho de otro modo, la
consagración de esta máxima jurídica en el régimen constitucional tiene relevancia
concreta y no puede ser tenida como manifestación graciosa del constituyente.
Es deber del Estado –entonces- otorgar un trato diverso a quien se acoge a ella
que a quien la contraría, a fin de evitar que se inviertan las prioridades que
delinean el orden justo” –sentencia C-642 de 2002 M.P. Marco Gerardo
Monroy, control constitucional del parágrafo del artículo 115 de la Ley 510 de
1999 y del literal d) del artículo 313 del Decreto 663 de 1993, Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero-.
[64] “(..) la banca en sus
diferentes manifestaciones es una compleja amalgama de servicio y crédito donde
las empresas financieras que la practican disponen de un enorme poderío económico
que, “..barrenando los principios liberales de la contratación..“, como lo
dijera un renombrado tratadista (Joaquín Garrigues. Contratos Bancarios, Cap
1), les permite a todas las de su especie gozar de una posición dominante en
virtud de la cual pueden predeterminar unilateralmente e imponer a los
usuarios, las condiciones de las operaciones activas, pasivas y neutras que
están autorizadas para realizar, así como también administrar el conjunto del
esquema contractual de esa manera puesto en marcha” –sentencia 125, Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Civil 19 de octubre de 1994, M.P. Carlos Esteban
Jaramillo Schloss.
[65] Sentencia T-375 de
1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz –en esta oportunidad fue protegido el derecho
al trabajo de un empresario a quien su proveedor se negó a suministrarle la
materia prima que el primero requería para fabricar su producto, en represalia
porque el mismo denunció ante las autoridades faltantes en los despachos,
conforme al peso indicado y facturado por el remitente-.
[66] “La acción de
tutela procede contra particulares que prestan un servicio público, debido a
que en el derecho privado opera la llamada justicia conmutativa, donde todas
las personas se encuentran en un plano de igualdad. En consecuencia, si un
particular asume la prestación de un servicio público -como de hecho lo
autoriza el artículo 365 superior- o si la actividad que cumple puede revestir
ese carácter, entonces esa persona adquiere una posición de supremacía material
-con relevancia jurídica- frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones
especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en
algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho
constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial.”, sentencia C-134 de 1994 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, control constitucional de los numerales 1º, 2° y 9° del
artículo 42 del decreto 2591 de 1991.
[67] T-303 de 1998 M.P.
José Gregorio Hernandez Galindo, aunque el amparo constitucional invocada no
fue concedido porque el dato adverso al actor debía permanecer en el proceso
informático, de conformidad con los términos de caducidad del dato negativo,
establecidos en la sentencia SU-082 de 1995, la decisión de instancia fue
revocada dado que el Juzgado consideró temeraria la acción de quien estando
pendiente la caducidad del dato instaura accion de tutela contra la central de
riesgos en respeto de sus derechos a la intimidad, buen nombre y habeas data.
[68] Sobre la incidencia
de las peticiones que surgen en el proceso informático de parte de los
titulares de datos ha dicho la Corte “que no cualquier tipo de peticiones
condiciona el reporte de información crediticia, pues como ya se indicó debe
existir correspondencia directa entre el contenido de la solicitud, la
obligación contraída, y la respuesta que, eventualmente, llegará a modificar
una situación determinada”, porque, de no observarse las anteriores
condiciones, “sería la entidad financiera la que resultaría afectada en su
derecho de autodeterminación informática” –Sentencia T-1085 de 2001 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, nota
[69] Sentencia T-1085 de
2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, ya citada, en igual sentido la sentencia
T-257 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra –en esta oportunidad la Corte
condenó en abstracto a la entidad crediticia a indemnizar al actor por
perjuicios causados al disponer el registro de un comportamiento que no podía
ser atribuido al mismo, pero confirmó la decisión de instancia que no concedió
la protección constitucional del derecho al habeas data, habida cuenta que la
entidad enmendó su conducta en el curso del asunto.”
[70] Sentencia SU-157 de
1999, en igual sentido SU-166 de 1999, ya citadas.
[71] Idem
[72] Sentencia SU-157 de
1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[73] Sentencia C-179 de
1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, en igual sentido SU-166 de 1997 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[74] Sentencia SU-157 de
1999
[75] Idem.
[76] M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Al
respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-383 de 1999 M.P.
Alfredo Beltrán Sierra –control constitucional (parcial) del literal f) del
artículo 16 de la Ley 31 de 1992-; C-747 de 1999.- control constitucional
(parcial) de los numerales 1 del artículo 121 y 1 y 2  del artículo 134 del
Decreto ley 663 de 1993; y C-1140 de 2000 –control constitucional (parcial) de
los artículos 35, 36, 37, 43, 44, y 45 de la Ley 546 de 1999-.
[77] “La posición dominante se refiere a un
poder de mercado que le permite a un agente económico actuar con independencia
de sus competidores, por lo menos dentro de un grado relativamente amplio y apreciable.
El poder de mercado implica menos participación colectiva en la fijación de
precios y cantidades y, correlativamente, mayor unilateralidad y relevancia de
las decisiones que sobre estos extremos adopten las fuerzas dominantes que, de
llegar a ser avasallantes, sustituyen los mecanismos de mercado. Las normas
sobre competencia se enderezan a evitar concentraciones en los mercados y,
desde este punto de vista, pueden proponerse evitar que se den posiciones
dominantes. Sin embargo, cuando estas se presentan o cuando la ley las tolera,
lo que puede obedecer a razones de eficiencia, lo que en modo alguno se puede
permitir es que, además de este factor de pérdida de competitividad, las
personas o empresas en esa situación hagan un uso abusivo de su posición
dominante o restrinjan y debiliten aún más el nivel de competencia existente
(C.P. art., 333)”.
sentencia T-375 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, ya citada.
[78] Sentencia T-083 de
2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño –en esta oportunidad la Corte amparó la
garantía constitucional del debido proceso de quien atendió el pago de un
crédito de vivienda adquirido a largo plazo y cuando esperaba ser informado
sobre la cancelación del gravamen, que amparaba el cumplimiento de la
obligación, fue informado, por su anterior acreedora, que debido a un error en
la liquidación del crédito debía asumir una nueva obligación-.
[79] Al Respecto la Circular Externa 011
emitida el 5 de marzo de 2002 por la Superintendencia Bancaria, referente a la
Gestión del Riesgo del Crédito, dispone: “En el caso de la información
financiera y crediticia proveniente de las centrales de riesgo, las entidades
vigiladas deben cuidar que la misma sea veraz, completa y actualizada.  Para
este propósito las entidades deben diseñar y establecer los mecanismos idóneos
que aseguren el adecuado flujo de la información de manera tal que, en todo
momento, se garantice la efectiva protección de los derechos constitucionales
consagrados en favor de los titulares de tal información” –se destaca-.
[80]“La buena fe
supone la existencia de una relación entre personas y se refiere fundamentalmente
a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. En las
gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La
doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar
situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de
los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones
injustificadas, el abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin
pretender con esta enumeración limitar el principio a tales circunstancias.”, sentencia T-475 de 1992 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[81] Cfr. T-475/92  M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz
[82] Sentencia T-083 de
2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, ya citada.
[83] Sentencia T-083 de
2003 M. P. Jaime Cordoba Triviño, varias veces citada.
[84] Fondo Nacional del Ahorro, Acuerdo 990 de 2001
“3.1. REQUISITOS PARA PRESENTAR SOLICITUD DE CRÉDITO PARA VIVIENDA. Para
presentar solicitudes de crédito se debe reunir los siguientes requisitos:
3.1.1. Ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. 3.1.2. Tener una vinculación
mínima de tres (3) años al F.N.A. 3.1.3. Tener reportadas en el FONDO NACIONAL
DE AHORRO cesantías correspondientes por lo menos a tres (3) años por una o
varias entidades que aporten y reporten cesantías del afiliado al Fondo
Nacional del Ahorro y un puntaje mínimo que determine la Junta Directiva.3.1.4.
No tener crédito para vivienda vigente con el Fondo Nacional de Ahorro.El FONDO
NACIONAL DE AHORRO puede recibir solicitudes para una segunda opción de crédito
por una sola vez y únicamente para quien tenga la calidad de afiliado activo
aportante o pensionado y hayan transcurrido cinco (5) años desde la fecha de
cancelación del primer crédito, y cumpla los demás requisitos establecidos en
este Acuerdo.3.1.5. No tener sobre sus cesantías o asignación básica, embargos
o pignoraciones. En lo referente a la asignación básica será el Jefe de
Personal o quien haga sus veces, el encargado de certificar sobre este
hecho.3.1.6. Presentar formulario original o fotocopia, con datos y firmas
originales.3.1.7. Acreditar su capacidad de pago, la cual deberá ser mínimo del
30 % de la asignación básica certificada por el jefe de personal de la entidad
donde labora, o el certificado de la pensión según el caso.3.1.8. No
encontrarse el solicitante reportado ante la Central de Riesgo consultada. En
el caso de los Afiliados Activos no aportantes deberá acreditar su capacidad de
pago con una certificación de ingresos expedida por un Contador Público
soportada en extractos de Entidades Financieras. PARÁGRAFO PRIMERO: Los
requisitos acreditados al momento de presentar la solicitud de crédito deben
permanecer hasta la fecha de aprobación y perfeccionamiento del crédito.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ningún afiliado puede tener en trámite dos solicitudes de
crédito hipotecario para modalidades distintas; la última solicitud presentada
excluye la primera”.
[85] Fondo Nacional del Ahorro, Resolución 163
del 28 de noviembre de 2002: “ARTICULO SEGUNDO: CONSULTAS A LAS CENTRALES DE
RIESGO. El FONDO NACIONAL DE AHORRO, previo el estudio de la información
suministrada por las Centrales de Riesgos consultadas, verificará el
comportamiento crediticio del afiliado solicitante y el cumplimiento de las
obligaciones contraídas con otras entidades acreedoras, de tal forma que serán
objeto de crédito para vivienda únicamente aquellas que las Centrales de Riesgo
hayan calificado como cartera A.
ARTICULO TERCERO: CAUSALES DE RECHAZO. La solicitud de
crédito será rechazada cuando de acuerdo con la información suministrada por
las Centrales de Riesgos, se deduzca que el afiliado solicitante presenta un
factor de endeudamiento global actual superior al 30% de su asignación básica
mensual, o si su comportamiento crediticio fue calificado como cartera B, C,
D , E ó cartera castigada. De igual manera, la solicitud será
rechazada cuando realizado el estudio se determine que carece de capacidad de
pago.
De ser rechazada la solicitud de crédito por alguna de
las causales señaladas en el párrafo anterior, el afiliado podrá presentar
nueva solicitud cuando cesen las causas que motivaron su negación.
De ser calificado como pendiente el reporte de las
centrales de riesgo de acuerdo con los parámetros señalados por el Fondo
Nacional de Ahorro y su calificación sea igual o mayor de ocho (8) puntos, la
solicitud de crédito para vivienda será aprobada siempre y cuando la capacidad
de pago lo permita. Si la calificación es menor a ocho (8) puntos la solicitud
automáticamente será rechazada.
En el evento que el afiliado solicitante sea reportado
por las centrales de riesgo como codeudor y la obligación respaldada se
encuentre al día, el valor de la cuota  correspondiente a dicha obligación no
será tenida en cuenta como egreso del solicitante.
[86] Sobre el criterio puramente aditivo de la
información que figura en los ficheros informáticos, respecto de la gestión del
riesgo del crédito, que compete a las entidades vigiladas, se puede consultar
la Circular Externa 011 de 2002, expedida por la Superintendencia Bancaria, que
modifica el Capitulo II de la Circular Externa N. 100 de 1995, que dice: “1.4.1.3
Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del
deudor.  La atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose
como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba
efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los
conceptos que comprenda (capital, intereses, capital e intereses o cualquier
otro concepto). Adicionalmente, su historia financiera y crediticia,
proveniente de centrales de riesgo, calificadoras de riesgo, del mismo deudor o
cualquier otra fuente que resulte relevante” –se destaca-..