T-055-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-055/14
ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Procede directamente cuando el recurso de
anulación es ineficaz
ARBITRAMENTO-Voluntad de las partes como origen y
fundamento
ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Procedencia excepcional
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte
los laudos arbitrales se equiparan a las sentencias judiciales para
efectos de la procedencia de acción de tutela. En efecto, este mecanismo
constitucional es procedente contra laudos arbitrales siempre que con ellos se
vulneren, amenacen o afecten los derechos fundamentales de las partes o de
terceros. Dado el carácter subsidiario y residual de la tutela, ella no procede
contra laudos arbitrales cuando dentro del trámite arbitral las partes o los
afectados por la decisión no hicieron uso de los medios de defensa mediante la
presentación de los recursos procedentes excepto que se acuda a este mecanismo
de manera excepcional para evitar un perjuicio irremediable.
DEFECTO SUSTANTIVO COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
CONVENCION COLECTIVA-Concepto
La Convención Colectiva es un acuerdo
bilateral celebrado entre una o varias asociaciones profesionales de
trabajadores y uno o varios patronos para regular las condiciones que regirán
los contratos de trabajo, usualmente, buscando mejorar el catálogo de derechos
y garantías mínimas que las normas jurídicas le reconocen a todos los
trabajadores. De la anterior definición se infiere que la Convención Colectiva
es el medio por el cual se fijan particularmente las reglas a las cuales se
someten las relaciones entre una empresa y sus trabajadores, y que permite
establecer concertadamente condiciones que superan ese mínimo de derechos y
garantías que han sido incorporadas en la ley.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Para controvertir sentencia sobre
anulación de laudo arbitral
Contra la decisión que decide el recurso de anulación
procede el recurso extraordinario de revisión, por lo que en principio podría
afirmarse que los accionantes tenían otro mecanismo de defensa judicial; sin
embargo, como lo advirtió la Corte en la Sentencia T-288 de 2013 al referirse a
la eficacia de dichos recursos: “estos mecanismos [recursos
extraordinarios] no siempre son idóneos para garantizar los derechos
fundamentales de las partes, debido a su naturaleza restringida. Por esta
razón, la Corte ha sostenido que la idoneidad de los mecanismos ordinarios de
defensa contra violaciones de derechos fundamentales que tienen lugar en laudos
arbitrales debe analizarse en cada caso, teniendo en cuenta los recursos
judiciales disponibles y los defectos que se atribuyen al laudo”.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD EN MATERIA DE LAUDO ARBITRAL-Los recursos de anulación y
extraordinario de revisión no siempre son idóneos y eficaces para proteger
oportunamente los derechos fundamentales de la parte demandante
Frente a las decisiones del Tribunal
Superior los accionantes no contaban con la posibilidad de interponer el
recurso extraodinario de revisión por cuanto los motivos que en criterio de los
accionantes constituyen los defectos constitutivos de violación al debido proceso
no encuentran dentro de las causales que para la época de los hechos permitían
interponer el recurso extraordinario en mención. Así las cosas, los tutelantes
no contaban con otro medio de defensa para cuestionar las decisiones adoptadas
por el Tribunal Superior.
DEFECTO SUSTANTIVO COMO
CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-El Tribunal no actuó con apego a las normas procesales que regulan el
trámite del recurso de anulación
ACCION DE TUTELA CONTRA
LAUDO ARBITRAL-Procedencia por defecto fáctico al omitir valorar prueba para
reconocimiento de derechos de trabajadores de sindicato
ACCION DE TUTELA CONTRA
LAUDO ARBITRAL-Procedencia por vulneración del derecho al debido proceso
Referencia: expedientesT-3.978.418,
T-4.008.056, T-3.984.357, T- 3.984.037, T-3.982.076, T-3.980.294.
Acciones de tutela presentadas por Camilo
Pachón Rodríguez Álvaro
Araque, Álvaro Garcés, Fredy Bravo, Luis Alfonso Alvis y Edgar Madrid contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos
mil catorce (2014).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva
y Alberto Rojas Ríos, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro de los procesos radicados bajo los
números T-3.978.418, T-4.008.056,
T-3.984.357, T- 3.984.037, T-3.982.076, T-3.980.294, que fueron seleccionados y
acumulados mediante Auto de la Sala de Selección Número Nueve de la Corte
Constitucional del 26 de septiembre de 2013, notificado el once (11) de octubre
de dos mil trece (2013), para ser fallados en una sola sentencia por presentar
unidad de materia.
I.
ANTECEDENTES
Obrando a través de apoderado judicial
los peticionarios Camilo Pachón, Álvaro Araque, Álvaro Garcés, Fredy Bravo,
Luis Alfonso Alvis y Edgar Madrid,  trabajadores sindicalizados del Club
Miramar de Barrancabermeja, presentaron sendas acciones de tutela contra las
decisiones adoptadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga[1],
al resolver la anulación de los laudos arbitrales[2] proferidos
por el Comité de Reclamos del Club Miramar –Hocar que concedían los derechos
reclamados por los trabajadores.
Se aclara que en consideración a que el
apoderado de los accionantes presentó en cada una de las instancias el mismo
esquema fáctico y probatorio y que igual situación ocurrió con los apoderados
de la parte accionada, para efectos metodológicos y un mejor entendimiento de
la presente providencia, la información de cada uno de los expedientes
relacionada con los hechos, pruebas, traslados, contestaciones, así como los
fallos de las diferentes instancias de tutela se encuentran relacionados en un
escrito anexo. Así, a continuación se hará referencia en forma breve a aquellas
actuaciones que les son análogas, para luego referirse en forma global a los
diferentes argumentos que llevaron a las autoridades judiciales a negar los
amparos deprecados.
1.1 HECHOS
1.1.1. Los accionantes solicitaron a su empleador el reconocimiento
de las sumas de dinero adeudas correspondientes al 25% sobre el valor de
dominicales y festivos laborados desde el 1 abril de 2003 hasta la fecha de la
presentación de la demanda, reclamaciones que encuentran respaldo en el artículo
16 inciso 2 de la Convención Colectiva del Trabajo vigente.
1.1.2. En su respuesta, el Hotel Miramar les negó las pretensiones,
al estimar que había operado el fenómeno de la prescripción durante la vigencia
del 1 de abril de 2003 al 23 de septiembre de 2007, porque la entrada en
vigencia de la Ley 789 de 2002 modificó el concepto que sobre jornada laboral,
dominicales y festivos existía, así como los valores que debían cancelarse por
dichos conceptos. Consideró el empleador que para el pago de dominicales y
feriados debía aplicarse el Art.- 10 de la Convención Colectiva Trabajo Vigente
y que para acudir a los Art.- 16 y 17 de la misma era necesaria la remisión al
referido Art. 10.
1.1.3. Mencionaron los accionantes que una vez inscritos los casos
ante el Comité de Reclamos Miramar-Hocar a finales de 2012, éste dio inicio al
trámite arbitral de acuerdo a las reglas establecidas en el Reglamento Interno
que lo regula. Durante el trámite arbitral, se dio apertura a la etapa
probatoria, en la que aportaron copias de los recibos de pago durante la
vigencia 2007 y 2012, así como copias de depósito de las tres últimas
convenciones colectivas de trabajo vigentes, y que por el contrario la
empleadora en ninguno de los casos allegó material probatorio.
1.1.4. Refieren igualmente que agotadas todas las etapas procesales
se resolvieron de fondo y a favor las reclamaciones de los trabajadores, pero
una vez en firme las decisiones la empresa Club Miramar presentó recurso
extraordinario de anulación contra los Laudos Arbitrales proferidos por el
Comité de reclamos Miramar-Hocar ante el Tribunal Superior de Bucaramanga quien
procedió a la anulación de los mismos
La anterior situación, motivó a los trabajadores
a interponer acciones de tutela en contra del Tribunal por considerar que su
actuación vulnera el derecho al debido proceso al apartarse del procedimiento
que regula el recurso de anulación, conforme al cuál éste sólo procede por las
causales señaladas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. Indican los
tutelantes que la mencionada corporación judicial incurrió en una vía de hecho
por defecto procedimental absoluto, pues la autoridad judicial omitió aplicar
las normas procedimentales que reglaban este asunto conforme a las cuales debía
rechazar los recursos extraordinarios de anulación interpuestos por la empresa,
como le fue solicitado. Señalan que la autoridad judicial actuó como un juez
ordinario, que falla un recurso de apelación y no un recurso de anulación, que
se circunscribe a unas causales específicas.
1.2 Traslado y contestación de la demanda
Atendiendo a la metodología
planteada en este proveído se hará referencia a las explicaciones ofrecidas por
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y por la defensa del Club
Miramar al contestar los amparos deprecados por los trabajadores y que les son
comunes a todos los procesos.
El Tribunal Superior de
Bucaramanga -Sala Laboral- justificó su decisión de anular los laudos
arbitrales objeto de estudio, con base en que:
1.2.1 A los accionantes no les asistía el derecho al supuesto saldo por
concepto de dominicales y festivos laborados a partir del 1 de abril de 2003,
porque en su calidad de trabajadores habituales de los días domingos y
festivos, los mismos debieron ser pagados con su valor ordinario, más un
recargo del 75% y no del 100% como pretendían, así como la concesión de un día
de descanso compensatorio –Art. 179 del C.S.T[3]-
y que en consecuencia la actuación estuvo ajustada a la ley. (Expedientes:
3.978418- 4.008.056-3.978.418)
1.2.2. En las actuaciones procesales no existió violación alguna de los
derechos fundamentales por parte de ese Tribunal,[4] porque aunque en uno de
los casos se reconoció la existencia de una Convención Colectiva con su
respectiva nota de depósito[5],
el Comité de Reclamos hizo una interpretación equivocada de las disposiciones
allí contenidas relacionadas con la forma en que debe cancelarse el recargo
previsto en la ley para quienes laboran el día del descanso obligatorio.
(Expediente: 3.980.294)
1.2.3. A pesar de que los accionantes enfatizaron en la existencia de un
presunto defecto procedimental absoluto éste que no fue controvertido en sede
de anulación lo que a juicio del Tribunal resulta contrario al principio de
subsidiaridad que inspira la acción de tutela. (Expedientes: 3.984.037)
1.2.4. La Convención Colectiva, lo habilita para conocer del conflicto
jurídico a través del recurso de anulación, en virtud de la suscripción de una cláusula
compromisoria. (Expedientes: 3.984.037)
1.2.5. Las decisiones adoptadas estuvieron guiadas por la aplicación del
principio de especificidad de la norma, así como de los postulados que regulan
Arbitramento Voluntario. Lo pretendido por los accionantes es una especie de
“tercera instancia”, que contradice igualmente la naturaleza de la acción de
tutela. (Expedientes: 3.978418- 3.982.076)
1.2.6. No adoptó decisiones caprichosas, arbitrarias y mucho menos
alejadas de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico por lo que no se estructura
una vía de hecho. (Expediente: 3.980.294)
A su vez el Club Miramar señaló que no ha
violado ninguno de los derechos fundamentales de los accionantes, para
desvirtuar tal afirmación citó las sentencias 31990 del 10 de abril de 2013 de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[6] y que frente
a un caso similar determinó que dicho amparo no estaba llamado a prosperar
porque si bien los tutelantes consideraban que los recursos de anulación que se
había presentado contra el Laudo Arbitral, no se ajustaban a ninguna de las
causales contenidas en el artículo 163 de citado Decreto, estos debieron
recurrir los autos que admitieron a trámite los citados recursos, para que
fueran rechazados tal y como lo ordena la norma antes citada, ello, porque este
recurso procesal debe ser considerado como un medio de defensa eficaz y al no
ser utilizado lleva a la improcedencia de los amparos deprecados.
1.3. Pruebas
Las mismas se encuentran
relacionadas en cada uno de los casos en el anexo 1.
1.4. Sentencias Primera
Instancia
En todos los casos los
amparos deprecados fueron negados por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral-, por las razones que en síntesis se refieren a
continuación, y que en extenso se encuentran reseñadas frente a cada expediente
en el anexo 1:
1.4.1. La anulación de los laudos arbitrales
fue una decisión adoptada de acuerdo a la hermenéutica propia del juez, quien
justificó las razones que tuvo para adoptarla, es decir, interpretó los hechos
y valoró el material probatorio existente sin que se hubiera advertido una
actuación arbitraria por parte del Tribunal. A juicio de la accionada la
determinación adoptada frente a los laudos arbitrales por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga consultó las reglas mínimas de razonabilidad jurídica,
lo que impedía recurrir al uso de la tutela como si se tratase de una tercera
instancia. (Expedientes: 3.978.418 – 3.984.037- 3.982.076)
1.4.2. Tribunal accionado se apoyó en una
decisión proferida por esa Corporación que guarda estrecha relación con el caso
analizado en relación con la irregularidad en el aporte de la fuente formal del
derecho que sirve de sustento a la reclamación del trabajador, dado que la
Convención Colectiva no se allegó con la correspondiente nota de depósito como
lo exige el C.S.T. (Expedientes: 3.978.418- 4.008.056- 3.984.357-3.980.294)
1.5. Impugnación
El apoderado de los
tutelantes presentó un escrito de impugnación análogo en las acciones de tutela
que se deciden, en el que solicita se conceda el amparo por cuanto:
- Existe una vía de hecho
por un defecto procedimental absoluto porque el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga desconoció que no es el superior jerárquico del
Tribunal de Arbitramento pues la naturaleza del recurso de anulación ha sido
asimilable al recursos de casación por conocer de errores in procedendo
y no al recurso de apelación como lo entendió el Tribunal accionado, ya que se
trata de un recurso que procedía por excepción, para lo cual se refirió a la
sentencia T-790 de 2010 de esta Corte en la que precisó: “los mecanismos de control del
procedimiento arbitral no fueron diseñados por el legislador para revisar
integralmente la controversia resuelta por los árbitros, como podría ocurrir si
se tratara de una segunda instancia en virtud del recurso de apelación”. Y añadió que la Corte en dicha sentencia señaló
que ‘los jueces de anulación deben restringir su estudio a las causales
específicamente invocadas por los recurrentes, dentro del marco restrictivo
fijado por el legislador.”
- El Tribunal omitió revisar
si el recurso en cada caso reunía los requisitos formales exigidos, aspecto que
tampoco fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia la que argumentó
que como no se aportó la fuente formal del derecho que servía de sustento a la
reclamación ante la ausencia de las notas de depósito de la Convención
Colectiva del Trabajo, este error justificaba la anulación íntegra del laudo.
-La Corporación accionada en
primera instancia olvidó revisar en todos los casos la existencia de los
certificados de depósito que se aportaron junto con las Convenciones Colectivas,
excepto en el expediente T.3.984.357 donde reconoció que se encontraban al
respaldo de los F.s 75,113 y 147; así como también olvidó considerar la
aclaración de voto que reposa en las actas[7]
elaboradas por el Comité de Reclamos, del Inspector de Trabajo de
Barrancabermeja quien en todos los casos “participó del arbitraje y ratificó en
forma categórica la existencia del certificado de depósito en las convenciones
allegadas como prueba en el expediente”, lo que condujo a un juicio irregular.
1.6. Sentencias de Segunda
Instancia
La Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Penal, confirmó las sentencias proferidas en primera instancia en cada
una de las solicitudes de tutela. Las razones que llevaron a esta Corporación a
confirmar las decisiones del a quo son:
1.6.1. Los argumentos del
Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga
para decidir fueron serios, coherentes y razonables. No era viable acudir a la
tutela con la finalidad de variar la decisión, porque el Tribunal realizó una
valoración probatoria ajustada a la jurisprudencia dominante y lo que procedía
era anular el Laudo Arbitral toda vez que las Convenciones Colectivas[8]
era inválida, pues no había sido depositada en el Ministerio de Trabajo.
(Expedientes: T-3.978.418, T-3.984.037, T-3.982.076)
1.6.2. No se puede atentar
contra el principio de autonomía judicial si las decisiones tomadas por los
jueces encuentran asidero en nuestro ordenamiento o en una interpretación
plausible, como sucedió con la decisión atacada. (Expediente: 4.008.056)
1.6.3. No se agotaron los mecanismos de
defensa existentes. (Expediente: 3.980.294).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2. Problema Jurídico
Corresponde establecer al juez de tutela
si, el Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga –Sala Laboral-, al fallar
la anulación de los laudos arbitrales[9]
proferidos por el Comité de Reclamos Club Miramar – Sindicato Hocar, violó el
derecho fundamental al debido proceso al incurrir en irregularidades en el
trámite del recurso de anulación y negar la validez de la Convención Colectiva
del Trabajo.
Con este propósito la Sala estudiará los
siguientes aspectos: i) Fundamentos constitucionales del arbitramento; ii)
Procedencia de la tutela contra laudos arbitrales; iii) Procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico y
procedimental; iv) La Convención Colectiva como acto solemne; y v) finalmente
analizará el caso concreto.
3. Fundamento constitucional del
arbitramento.
La Constitución Política en el inciso 3
del artículo 116[10],
señala que“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la
función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”,
se abre entonces la posibilidad de que los particulares administren
justicia y a partir de allí se establece el arbitramento como un mecanismo
alternativo de resolución de conflictos.
La mencionada norma constituye entonces
el fundamento constitucional del arbitramento el cual se caracteriza, como se
ha dicho en numeroso pronunciamiento de esta Corte[11], porque: “(a)
está regido por el principio de habilitación o voluntariedad. (b) El
arbitramento es una institución que implica el ejercicio de una actividad
jurisdiccional, que reviste el carácter de función pública y se concreta con la
expedición de fallos en derecho o en equidad. (c)   La Ley puede definir
los términos en los cuales se ejercerá la actividad arbitral. (d) El
ejercicio arbitral de administrar justicia es temporal. (e)  El
arbitramento también es excepcional, ya que la figura tiene límites materiales
en los temas de decisión. (f) Los laudos arbitrales no están
sujetos a segunda instancia, pero tienen mecanismos de control judicial a
través del recurso extraordinario de anulación u homologación.”[12]
A partir de allí se abre entonces un
escenario en el que los particulares cuentan con la posibilidad de acudir
voluntariamente a mecanismos alternativos para la resolución de sus conflictos
mediante un “acto de naturaleza jurisdiccional, que hace tránsito a cosa
juzgada”[13],
una vez los árbitros, quienes actúan como jueces verifiquen los hechos, valoren
las pruebas y decidan en derecho o en equidad.
4. Procedencia de la tutela contra laudos
arbitrales y el recurso de revisión
Como lo ha señalado la jurisprudencia de
esta Corte[14]
los laudos arbitrales se equiparan a las sentencias judiciales para efectos de
la procedencia de acción de tutela. En efecto, este mecanismo constitucional es
procedente contra laudos arbitrales siempre que con ellos se vulneren, amenacen
o afecten los derechos fundamentales de las partes o de terceros. En este sentido,
la Corte en la Sentencia C-378 de 2008 admitió que: “El laudo arbitral se
equipara a una sentencia judicial por cuanto pone fin al proceso y desata de
manera definitiva la cuestión examinada. Adicionalmente, los árbitros son
investidos de manera transitoria de la función pública de administrar justicia,
la cual, ha sido calificada legalmente como un servicio público, motivo por el
cual, no cabe duda que en sus actuaciones y en las decisiones que adopten los
tribunales arbitrales están vinculados por los derechos fundamentales, por lo
que resulta procedente la acción de tutela cuando estos sean vulnerados o
amenazados con ocasión de un proceso arbitral.”
Ahora bien, dado el carácter subsidiario
y residual de la tutela, ella no procede contra laudos arbitrales cuando dentro
del trámite arbitral las partes o los afectados por la decisión no hicieron uso
de los medios de defensa mediante la presentación de los recursos procedentes excepto
que se acuda a este mecanismo de manera excepcional para evitar un perjuicio
irremediable.
En la sentencia SU-174 de 2007, la Corte
indicó que el carácter excepcional, está dado por: “(1) un respeto por el
margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el
juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido
a arbitramento; (2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que
se haya configurado, en la decisión que se ataca, una vulneración directa de
derechos fundamentales;  (3) si bien es posible y procedente aplicar la
doctrina de las vías de hecho a los laudos arbitrales, dicha doctrina ha de
aplicarse con respeto por los elementos propios de la naturaleza del arbitraje,
lo cual implica que su procedencia se circunscribe a hipótesis de vulneración
directa de derechos fundamentales; y (4) el carácter subsidiario de la acción
de tutela se manifiesta con especial claridad en estos casos, ya que sólo
procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento
jurídico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante
la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental.”
Las exigencias antes señaladas se derivan
de: “(a) la estabilidad jurídica de los laudos arbitrales, (b) el carácter
excepcional y transitorio de la resolución de conflictos mediante el arbitraje,
(c) el respeto por la voluntad de las partes de someter la resolución de sus
controversias a un particular específicamente habilitado para ello y no a los
jueces estatales, y (d) la procedencia taxativa de las vías judiciales para
controlar las decisiones proferidas por los árbitros.”[15]
Estas precisiones están acordes con el
carácter restrictivo de los defectos que hacen viable la acción de tutela
contra decisiones de quienes administran justicia, a efecto de que no se
transforme en un recurso ordinario más.
La procedencia de la acción de tutela
contra laudos encuentra, entonces, fundamento en el artículo 86 de la
Constitución conforme al cual constituye un medio de defensa idóneo contra la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales por parte del administrador de
justicia, ya sea por acción u omisión. Ello, ante la posibilidad de que el
Tribunal de Arbitramento revestido transitoriamente de la facultad de
administrar justicia, pueda con sus decisiones afectar un derecho fundamental,
caso en el cual resulta procedente solicitar la protección del derecho por este
mecanismo excepcional.
En la sentencia
T-920 de 2004, en relación con la procedencia de la tutela contra laudos
arbitrales indicó esta Corporación:
"Tanto jueces como
árbitros pueden llegar a incurrir en vías de hecho en su labor de administrar
justicia. Es necesario para estar incurso en tal figura haber actuado
arbitrariamente. La arbitrariedad en la actividad de los jueces de la República
se ha encuadrado dentro de las siguientes tipos de defectos: orgánico,
sustancial, procedimental y fáctico. La Corte ha aclarado que tratándose de
arbitramentos en equidad si bien se puede incurrir en conductas arbitrarias,
éstas no serían encuadradas dentro de los posibles efectos de un fallo en
derecho. Así las cosas, los posibles defectos serían: falta de motivación
material o evidente irrazonabilidad. No obstante, si el arbitraje es en derecho
los tipos de defecto bajo los cuales se analizaría la conducta serían los
mismos en los que podría incurrir un juez de la República." [16]
Aunque la premisa anterior en principio
no ofrecería mayor controversia, para llegar a ella el debate jurisprudencial
no ha sido pacífico pues al revisar la constitucionalidad de los artículos 11 y
12 del Decreto 2591, relacionados con el ejercicio de la acción de tutela
contra providencias judiciales[17],
la Corte declaró su inconstitucionalidad a partir de la aplicación de una
“tesis restrictiva” que tiene como fundamento la protección del principio de
seguridad jurídica.
Posteriormente en la Sentencia T- 173 de
1993, MP. José Gregorio Hernández, se admitiera excepcionalmente la tutela
contra providencias judiciales, allí se dijo:
“por violación flagrante y grosera de
la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto
respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante acción de
tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo
86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la
defensa de su derecho”
Es así como a partir de 1993 se perfila
lo que se ha denominado como la “doctrina de la vía de hecho[18], que
encuentra posterior desarrollo en la Sentencia C-590 de 2005, MP. Jaime Córdoba
Triviño, en ella se definen los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra de providencias judiciales cuyo cumplimiento es necesario para
que el juez de tutela pueda valorar de fondo el caso que se estudia, y los requisitos
específicos o materiales que corresponden a los vicios o defectos presentes en
la providencia que se revisa y que pudieran llegar a constituir el eje de la
afectación.
Al respecto, la decisión judicial en
cita, señaló:
a. Causales Generales de procedibilidad:
“a. Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[19].
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[20].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[21]. De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[22]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[23]. Esta exigencia es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de
tutela.[24] Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.”
Causales especiales de procedibilidad –
las que deben quedar plenamente demostradas-[25]:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales[26] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[27].
h. Violación directa de la Constitución.”
Teniendo en cuenta los casos objeto de
estudio el apoderado de los accionantes asegura que en el trámite del recurso
de anulación se presentó una vía de hecho, lo que a continuación se precisará.
5. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales por defecto sustantivo
La jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido que las autoridades judiciales son autónomas e independientes para
interpretar y aplicar las normas y que sus únicos límites están dados por el
orden jurídico vigente y los “valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho”.[28]
También se ha dicho que esa
autonomía se expresa en la posibilidad que tienen los operadores jurídicos de
elegir, interpretar y aplicar aquellas normas que se adecuen al caso concreto,
pero cuando“en una
decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada
o se deja de aplicar una norma aplicable, sacando del marco de la
juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, ésta
deja de ser una vía de derecho para convertirse en una vía de hecho, razón por
la cual la misma deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción
de tutela el mecanismo apropiado. En esta hipótesis no se está ante un problema
de interpretación normativa, sino ante una decisión carente de fundamento
jurídico, dictada según el capricho del operador jurídico, desconociendo la
ley, y trascendiendo al nivel constitucional en tanto compromete los derechos
fundamentales de la parte afectada con tal decisión.”.[29]
Y es que ante este tipo de
actuaciones que pudieran calificarse de arbitrarias y caprichosas, la
intervención del Juez de tutela se impone para la protección de los derechos
fundamentales de quienes se ven afectados con este tipo de decisiones.
6. Procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico
La jurisprudencia ha entendido que éste
defecto“surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura,
entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean
atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el
fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias
en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales
con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio,
éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir,
con base en criterios objetivos y racionales.”[30]
Para que el yerro en la apreciación de
los elementos probatorios configure un defecto fáctico es necesario que “el
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[31].
En ese contexto, la Corte ha explicado
que las deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de:
(i)
Una omisión
judicial, como sucede cuando el juez
niega una prueba, o por la falta de práctica y decreto de pruebas
conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia probatoria;
(ii)
Por vía de una
acción positiva, cuando el juez
aprecia pruebas que son determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada pero que no ha debido admitir ni valorar porque fueron
indebidamente recaudadas, o son nulas de pleno derecho o pruebas que son
totalmente inconducentes al caso concreto; o
(iii)
Por desconocimiento
de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los medios de prueba que
conducen a valorarlos de manera arbitraria, irracional y caprichosa.
Para efectos de resolver el caso sub
examine, cabe resaltar de manera particular, la dimensión negativa del referido
defecto en la decisión judicial, que se configura por la valoración defectuosa
del material probatorio debidamente allegado al proceso.
El defecto en comento adquiere la dimensión
negativa cuando el administrador de justicia niega la práctica del medio
probatorio solicitado, no ordena el que debía recaudar de oficio u omite la valoración de elementos de
juicio determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados[32]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge[33].Tal caso
puede presentarse frente a la decisión del Tribunal de Arbitramento adoptada
sin respaldo probatorio o desconociendo el existente[34].
A este tipo
de defecto se refiere la sentencia T-458 de 2007 en la que al examinar la acción interpuesta
contra la decisión de un Juzgado que desconoció una prueba obrante en el
proceso, señala:
“La Sala precisa que si bien el respeto a
la autonomía judicial hace que se permita que los jueces valoren libremente el
acervo probatorio dentro de las normas de la sana crítica, el valor normativo
de la Constitución conlleva de manera ineludible a  que la valoración
probatoria que se aparta de las reglas de la sana crítica, cuando la prueba
tiene “la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”[35], haga procedente la acción
de tutela contra la providencia judicial respectiva.
...  Así, sólo es factible
fundar la prosperidad de una acción de tutela de manera excepcional, cuando se
observa que existe un error ostensible y manifiesto[36]
en el juicio valorativo de la prueba que además, tiene una incidencia directa
en la decisión.”
Conforme con lo
expuesto, entre otros eventos, se configura defecto fáctico cuando el
administrador de justicia: (i) decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; y
(ii) cuando injustificadamente omite valorar elementos de juicio debidamente
aportados en el proceso.[37]
De lo anterior
se desprende que la competencia del juez constitucional en estos casos se
concreta en establecer si el juez de la causa desconoció la realidad probatoria
obrante en el proceso. Ello, claro, sin desconocer la garantía constitucional
de autonomía y competencia de los operadores judiciales de tal suerte que sólo
ante una valoración probatoria ostensiblemente incorrecta, se configura el
defecto fáctico.
Al respecto esta Corte reiteró en la Sentencia T-311 de 2009 que: “La doctrina constitucional
sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales por
haberse incurrido en vía de hecho en la valoración probatoria es sumamente
clara, exige que se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se
haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo.  Sólo
bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que
cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo
constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional
de esta jurisdicción.”[38](rayas
fuera de texto).
Por último, se ha señalado que el defecto fáctico está
estrechamente relacionado con el exceso ritual manifiesto, defecto
procedimental, que “tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los
procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por
esa vía, sus actuaciones devienen en garantías sustanciales, so pretexto de
preferir el tener literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez
asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los
derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda”[39], y
que puede llegar a condicionar la valoración que de la prueba haga el juez
natural al punto de incidir en la decisión que se adopte.
Sobre el exceso ritual manifiesto el Consejo de Estado[40], en
providencia donde esta Corporación cambia su jurisprudencia sobre la valoración
probatoria de una copia informal, señaló:
“constituye una
realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de
confianza e igualdad de armas, en las que los aspectos formales no pueden estar
dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser
requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por
lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones
por exceso ritual manifiesto. Así las cosas, se debe abogar por un
derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a
partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos
que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva
rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo.”
7. La convención colectiva como acto solemne
La Convención Colectiva encuentra fundamento
constitucional en el artículo 55 [41]de
la Carta, en él se reconoce el derecho a la negociación colectiva como
instrumento para regular las relaciones laborales, pero también hace referencia
al deber que tiene el Estado de promover la concertación y todos aquellos
mecanismos alternativos que faciliten la solución pacífica de los conflictos
laborales.
La naturaleza de dicho instrumento, según la
jurisprudencia ordinaria[42]es
de carácter contractual y está determinada por un acuerdo de voluntades entre
las partes, es por ello que en la
Sentencia SU- 1185 de 2001, se dijo que la Convención Colectiva es: “un acuerdo bilateral celebrado entre una
o varias asociaciones profesionales de trabajadores y uno o varios patronos
para regular las condiciones que regirán los contratos de trabajo, usualmente,
buscando mejorar el catálogo de derechos y garantías mínimas que las normas
jurídicas le reconocen a todos los trabajadores.” De la anterior definición se infiere que la
Convención Colectiva es el medio por el cual se fijan particularmente las reglas
a las cuales se someten las relaciones entre una empresa y sus trabajadores, y
que permite establecer concertadamente condiciones que superan ese mínimo de
derechos y garantías que han sido incorporadas en la ley.
En cuanto acto creador de derechos, la
ley ha previsto para su eficacia ciertas formalidades: la Convención Colectiva
debe constar por escrito y el acta debe depositarse oportunamente ante la
autoridad laboral. De lo anterior se desprende que para acreditar derechos que
tienen como fuente formal la Convención Colectiva es preciso aportar el texto
auténtico y el acta de certificación sobre el depósito oportuno ante la
autoridad laboral tal y como lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del
Trabajo.[43]
Ahora bien, acerca de cómo puede probarse
la existencia de un derecho convencional, esta Corte ha dicho, el mismo “no
puede acreditarse por otro medio probatorio diferente a la misma convención,
pues su naturaleza y las características propias de los actos solemnes lo
impiden”[44].
De tal suerte que para demostrar las prerrogativas convencionales resultarían
inadmisibles e impertinentes otro tipo de pruebas como, a modo de ejemplo, lo
serían los testimonios.
Sobre la naturaleza solemne de la
Convención Colectiva la
Sentencia SU-1185 de 2001, citó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia
del mayo 20 de 1976, en la que se dijo al respecto que::
….Se trata pues, de un
acto solemne, para cuya demostración en juicio es necesario aportar a éste la
prueba de haberse cumplido con las formalidades integrantes de la solemnidad.
Una de ellas es el escrito en que conste el acto jurídico, otro el depósito
de la copia del mismo ante la autoridad de trabajo, dentro de un plazo
determinado.  Es obvio que quien pretenda hacer valer en juicio derechos
derivados de la convención, debe presentarla en copia expedida por el
depositario del documento...”(rayas fuera de texto)
En relación con el texto de la Convención
Colectiva que se aporte como prueba, cabe recordar que por disposición del
artículo 24 de la Ley 712 de 2001, las copias simples de la Convención y de las
certificaciones que deba anexarse a ésta se consideran auténticas. Indica la
norma en cita:
“Art. 24: El artículo 54 del Código
Procesal de Trabajo y de la seguridad social quedará así: Art. 54 A. Valor
probatorio de algunas copias. Se reputarán auténticas las reproducciones
simples de los siguientes documentos:  (…)
3. Las Convenciones Colectivas del
Trabajo, laudos arbitrales, pactos colectivos, reglamentos de trabajo y
estatutos sindicales. (…)
Las reproducciones simples de las
constancias y certificaciones que hagan parte o deban anexarse a cualquiera de
los documentos previstos en los numerales 2, 3, 4 y 5 también se reputarán
auténticas.
Parágrafo. En todos los procesos, salvo
cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus
reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorio se
reputarán auténticos, sin necesidad de autenticación, ni presentación personal,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados
de terceros.”
Disposición ésta que resulta compatible
con lo dispuesto en artículo 469 del C.S.T sobre la necesidad de aportar prueba
sobre el depósito oportuno de la Convención[45].
Sobre la mencionada ley el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 28
de agosto de 2013, C.P Enrique Gil Botero destacó que con su expedición se
modificó el Código Procesal del trabajo en relación a la valoración de las
copias en el proceso laboral, pues allí se señaló que de “manera inequívoca
fue voluntad expresa del legislador (…) que en el ámbito laboral las
reproducciones simples de cualquier documento presentado por las partes con
fines probatorios, se reputarán auténticas sin necesidad de autenticación, con
las únicas excepciones de que se tratara de un documento emanado de un tercero
o de que se pretendiera hacer valer como título ejecutivo”
7. CASO CONCRETO
7.1. Requisitos generales de procedencia.
En línea con las consideraciones que se
han realizado, encuentra la Corte que en el presente asunto, pueden darse por
cumplidos los requisitos generales de procedencia establecidos por la
jurisprudencia constitucional.
- Relevancia
constitucional: El
asunto sometido a examen reviste importancia constitucional en la medida que
involucra la efectividad de los derechos fundamentales al debido proceso y la
garantía del derecho a la defensa los cuales se estiman vulnerados por los
accionantes en el trámite surtido a los recursos de anulación de los laudos
arbitrales en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala
Laboral-..
Para la Sala
de Revisión a la solicitud de amparo de los accionantes subyace la violación de
los derechos adquiridos a través de las Convenciones Colectivas vigentes
suscritas entre estos y el Club Miramar, como también la afectación de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, para lo cual se tiene
que el mecanismo idóneo para su protección es la acción de tutela, al respecto
la jurisprudencia de esta Corte ha dicho:
“Teniendo en cuenta el respeto que merece
la voluntad de las partes de someter sus controversias a la justicia arbitral y
la procedencia restrictiva de las vías judiciales para controlar las decisiones
proferidas por los árbitros, es claro que por regla general, la acción de
tutela no procede ni contra los laudos arbitrales ni contra el procedimiento
que se adelanta ante los tribunales de arbitramento, ni contra las decisiones
judiciales que resuelven los recursos de anulación, salvo que se incurra
claramente en una vía de hecho en dichas actuaciones, que implique una
vulneración de derechos fundamentales.” [46]
- Subsidiaridad: La defensa del Club Miramar solicita se
declare la improcedencia de los amparos deprecados porque no se agotaron todos
los medios de defensa existentes pues los tutelantes omitieron impugnar los
autos que admitieron a trámite los recursos de anulación, petición que no está
llamada a prosperar por las siguientes razones:
De acuerdo al procedimiento previsto en el Decreto
1818 de 1998, artículo 164, en el mismo auto que el Tribunal Superior avoca el
conocimiento del recurso de anulación ordena el traslado
sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo sustente, y a la
parte contraria para que presente su alegato, traslados que se surten en la
Secretaría. Recibidos los alegatos el Tribunal dicta sentencia.
-En todos los casos sometidos
a estudio se advierte, con base en las pruebas allegadas a los expedientes que el
apoderado de los accionantes, desde su primera intervención luego de conocer
del trámite de los recursos de anulación y al presentar los alegatos durante el
término de traslado dispuesto para el efecto,[47]
indicó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala
Laboral-  que el Club Miramar no señaló en la solicitud de trámite del recurso la
casual específica de anulación por lo cual debía rechazar de plano el recurso
conforme lo ordena el artículo 164 del decreto 1818 de 1998. [48]
En este orden, los
accionantes no contaron con la oportunidad procesal de interponer el recurso
referido contra el auto que avoca el conocimiento del recurso de anulación.
- Se advierte que la
vulneración de los derechos fundamentales que se plantea se concretó en la
decisión de anulación de los laudos arbitrales, por lo que es frente a ésta
decisión que debe examinarse si los tutelantes tenían o no otros medios de
defensa judicial, para establecer si se cumple o no con el requisito de
subsidiaridad.
Pues bien, establece el
Decreto 1818 de 1998 en el artículo 165 que contra la decisión que decide el
recurso de anulación procede el recurso extraordinario de revisión, por lo que
en principio podría afirmarse que los accionantes tenían otro mecanismo de
defensa judicial; sin embargo, como lo advirtió la Corte en la Sentencia T-288
de 2013 al referirse a la eficacia de dichos recursos: “estos mecanismos[recursos extraordinarios] no siempre son idóneos para garantizar los
derechos fundamentales de las partes, debido a su naturaleza restringida. Por esta razón, la Corte ha sostenido
que la idoneidad de los mecanismos ordinarios de defensa contra violaciones de
derechos fundamentales que tienen lugar en laudos arbitrales debe analizarse en
cada caso, teniendo en cuenta los recursos judiciales disponibles y los defectos
que se atribuyen al laudo”.
En este evento, considera
la Sala de Revisión, que frente a las decisiones del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral- los accionantes no contaban
con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión por
cuanto los motivos que en criterio de los accionantes constituyen los defectos
constitutivos de violación al debido proceso no encuentran dentro de las
causales que para la época de los hechos permitían interponer el recurso
extraordinario en mención[49]. Así las cosas, los tutelantes no
contaban con otro medio de defensa para cuestionar las decisiones adoptadas por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral-.
Por lo anterior la Sala
considera que en el presente caso se cumple con el requisito de subsidiaridad.
- Requisito de la
inmediatez Las diferentes acciones de tutela fueron
radicadas ante la Corte Suprema de Justicia el 22 de marzo de 2013[50],es
decir, en el mismo mes en que el Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga-
Sala Laboral- resolvió las decisiones hoy impugnadas[51], por lo cual
considera la Corte que se cumple con el requisito mencionado.
-Identificación de la irregularidad procesal: En los escritos de tutela los
accionantes a través de su apoderado se quejan de que el Tribunal Superior de
Bucaramanga-Sala Laboral-, durante el trámite del recurso de anulación violó el
derecho al debido proceso pues inaplicó una norma procesal que le exigía
rechazar de plano el recurso de anulación dado que el representante del Club
Miramar no invocó alguna de las causales de nulidad en la sustentación del
recurso presentado, omisión que permitió tramitar los recursos que terminaron
con las sentencias que anularon los laudos arbitrales, cuando debió rechazarlos.
- Identificación razonable
de los hechos que generaron la vulneración
El apoderado de los
accionantes señaló en los expedientes N° T-3.978.418; T-4.008.056; T-3.984.357; T-3.984.037;
T-3.982.076; T-3.980.294, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga negó la existencia de las notas de depósito y por consiguiente la
validez de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes, a pesar de las
pruebas existentes en los expedientes.
- No se trata de una
acción de tutela contra un fallo de tutela. Los amparos deprecados van dirigidos contra decisiones
proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en
las que se resuelven recursos de anulación.
Precisado lo anterior y una vez verificado
el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, corresponde a la Sala determinar si se ha configurado alguna de las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela.
7.2. Defecto sustantivo por dar trámite
al recurso de anulación cuando debía rechazarse
Considera la Sala que el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral- incurrió en un (i)defecto
sustantivo - porque a pesar de que la empresa Club Miramar – Hocar no
cumplió con la exigencia procesal de indicar cuál de las causales de nulidad
previstas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 invocaba como causal de
anulación de los laudos arbitrales recurridos, el tribunal accionado omitió
aplicar el artículo 164 ídem, que le imponía rechazar de plano los recursos de
anulación.
En efecto, con base en la prueba existente
en los procesos se pudo establecer que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral- pasó por alto que el apoderado del Club
Miramar, en la sustentación de los diferentes recursos de anulación no invocó
ninguna de las causales contenidas en el artículo 163 del Decreto 1818 de
1998,  como lo exige el citado artículo 164 de la mencionada normativa, en la
que expresamente se señala como causal de rechazo del mismo, el hecho de no
invocar las causales mencionadas.
Dispone el artículo 163 en mención que:
“Son causales de anulación
del laudo las siguientes:
1. La nulidad absoluta del pacto arbitral
proveniente de objeto o causa ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o
relativa sólo podrán invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso
arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo.
2. No haberse constituido el Tribunal de
Arbitramento en forma legal, siempre que esta causal haya sido alegada de modo
expreso en la primera audiencia de trámite.
3.[El Consejo de Estado declaró la nulidad de este numeral, mediante
Sentencia del 8 de abril de 1999, exp. 5191,.]
4. Cuando sin fundamento legal se dejaren
de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar
las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan
incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y
tiempo debidos.
5. Haberse proferido el laudo después del
vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga.
6. Haberse fallado en conciencia debiendo
ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.
7. Contener la parte resolutiva del laudo
errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan
alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento.
8. Haber recaído el laudo sobre
puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo
pedido y
9. No haberse decidido sobre cuestiones
sujetas al arbitramento..
Y el inciso 1° del artículo 164 impone
al Tribunal la obligación de rechazar el recurso si las causales aducidas no
corresponden con las antes mencionadas.
Indica esta norma:
“El Tribunal Superior rechazará de plano el recurso de
anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o
cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo
anterior.”(resaltado fuera de texto)
En los escritos de sustentación de los
recursos de anulación – cuyo contenido es idéntico en todos los eventos- dijo
el apoderado de la empresa: “Solicito muy comedidamente a los Honorables
Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga se sirva
anular en su integridad el laudo Arbitral proferido por el Comité de Reclamos
Club Miramar-Hocar por cuanto no existe fundamento para declarar lo solicitado
por el reclamante por no existir fundamento en la reclamación en razón a que el
Club Miramar ha cancelado los dominicales y festivos de acuerdo a la ley,
además de no haberse aportado la convención colectiva con todas sus
formalidades de acuerdo al artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo y por
último haber operado el fenómeno de la prescripción prevista en el artículo 489
del Código Sustantivo del Trabajo.”[52].
Como puede observarse las razones del
recurso no encuadran en ninguna de las consignadas en el artículo 163 en cita, circunstancia
que fue puesta de manifiesto por el apoderado de los tutelantes durante el
trámite del recurso de anulación, no obstante el Tribunal del Distrito Judicial
de Bucaramanga, omitió aplicar el artículo 164 y continuó el trámite que
culminó con las sentencias de anulación de los laudos arbitrales, lo que
permiten hablar de la configuración de un defecto sustantivo por no
actuar con apego a las normas procesales que regulan el trámite del citado
recurso.
Por la anterior, esta Sala tutelará el derecho al
debido proceso y a la defensa de los accionantes y dejarán sin efecto las
decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Laboral-: el 7 marzo de 2013 MP. Henry Lozada (Recurso
de anulación del laudo en la reclamación de Camilo Pachón), F.149; el 7 de
marzo de 2013 MP. Henry Lozada (Recurso de anulación del laudo en la
reclamación de Álvaro Araque); 14 marzo de 2013 MP. Ethel Cecilia Mesa (Recurso
de anulación del laudo en la reclamación de Álvaro Garcés); 7 marzo de 2013 MP.
Lucrecia Gamboa (Recurso de anulación del laudo en la reclamación de Fredy
Bravo); 15 de marzo de 2013 (Recurso de anulación del laudo en la reclamación
de Luis Alfonso Alvis) y 14 de marzo de 2013, MP. Ethel Cecilia Mesa (Recurso de
anulación del laudo en la reclamación de Edgar Madrid).
En su defecto ordenará que queden en firme
los laudos arbitrales proferidos por el Comité de Reclamos Club Miramar-
Sindicato Hocar el 13 de
noviembre de 2012 Acta -045-I-201 (Camilo Pachón), Acta 046-J-2012 (Fredy
Bravo) y Acta 043-E-2012 (Álvaro Araque), y el 26 de diciembre de 2012 Acta 051-Ñ-2012
(Álvaro Garcés), Acta 050-L-2012 y Acta 028-D-2012 (Edgar Riveros).
7.3. Defecto fáctico por omisión en la
valoración de pruebas que acreditaban los derechos convencionales reclamados
Además del defecto sustantivo antes
mencionado, y que permitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga – Sala Laboral – tramitar y decidir de manera irregular sobre la
anulación de los laudos arbitrales dictados dentro de las reclamaciones
presentadas por los trabajadores Camilo
Pachón Rodríguez, Álvaro
Araque, Álvaro Garcés, Fredy Bravo, Luis Alfonso Alvis y Edgar Madrid, la Sala encuentra una razón adicional para dejar sin
efecto las sentencias dictadas por el Tribunal accionado y que consiste en que
contienen un defecto fáctico, porque en ellas se desconoció la
existencia del sello de depósito de las Convenciones Colectivas de Trabajo
Vigentes y en consecuencia se desestimaron como elementos de prueba válidos que
acreditaban los derechos convencionales reclamados por los trabajadores.
Advierte la Sala de Revisión que el
tribunal accionado desconoció el valor probatorio de las Convenciones Colectivas
de Trabajo vigentes y sus respectivos sellos de depósito, así como que la
Inspectora de Trabajo, al considerar esta reclamación aclaró que los
accionantes aportaron las Convenciones Colectivas de Trabajo Vigentes y los
respectivos sellos de depósito ante el Ministerio del Trabajo y la Seguridad
Social dentro del término exigido por la ley[53].
Estas constancias acreditaban la existencia y validez de las Convenciones
Colectivas al haberse formalizado cumpliendo los requisitos exigidos en el
artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.
A lo anterior cabe añadir que no era
necesario que las Convenciones y sus sellos de depósito fueran aportados en
originales dado que la ley otorga validez a las copias simples, como lo
establece el artículo 24 de la Ley 712 de 2001[54].
No entiende esta Corte, como el Tribunal
al decidir en todos los casos[55]
señaló que las Convenciones Colectivas de Trabajo se aportaron en forma
irregular y que por tanto las mismas carecían de valor probatorio, cuando éstas
fueron plenamente reconocidas por las autoridades arbitrales como válidas.
En este orden erró el Tribunal al
considerar -y con base en ello anular los laudos-, que no se había demostrado
la fuente formal de los derechos convencionales reclamados por los
trabajadores, pues existía constancia del aporte de las Convenciones Colectivas
con los sellos de depósito en los laudos arbitrales existentes dentro del
expediente.
Por lo anterior en las sentencias
proferidas por el Tribunal en los recursos de anulación de los laudos
arbitrales mencionados existe un defecto fáctico por desconocimiento de
una prueba vital para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del
Sindicato Hocar, que impone dejarlos sin efectos.
IV.       DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Selección de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Revocar en el expediente T-3.978.418 la Sentencia de la Sala de Casación Laboral del 15 de
abril de 2013 y la Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia proferida el 20 de junio de 2013, en las que se negó el amparo
deprecado por el señor Camilo Pachón Rodríguez y en su defecto CONCEDER el amparo
solicitado.
Dejar sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Tribunal Superior de Bucaramanga,
Sala Laboral el 22 de Marzo
de 2013, para lo cual se ordena decidir
el recurso de anulación con la observancia de las garantías del debido proceso,
conforme a las consideraciones de la parte motiva.
Segundo.- Revocar en el expediente
T-4.008.056 la Sentencia de la Sala
de Casación Laboral del 10 de abril de 2013 y la Sentencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia proferida el 25 de junio de
2013, en las que se negó el amparo deprecado por el señor Álvaro Araque. Rueda y
en su defecto CONCEDER el amparo solicitado.
Dejar sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Tribunal Superior de Bucaramanga,
Sala Laboral el 7 de Marzo
de 2013, para lo cual se ordena decidir
el recurso de anulación con la observancia de las garantías del debido proceso,
conforme a las consideraciones de la parte motiva.
Tercero.- Revocar en el expediente
T-3.984.357 la Sentencia de la Sala
de Casación Laboral del 15 de abril de 2013 y la Sentencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia proferida el 18 de junio de
2013, en las que se negó el amparo deprecado por el señor .Álvaro Garcés Sierra
y en su defecto CONCEDER el amparo solicitado.
Dejar sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Tribunal Superior de Bucaramanga,
Sala Laboral el 14 de Marzo
de 2013, para lo cual se ordena decidir
el recurso de anulación con la observancia de las garantías del debido proceso,
conforme a las consideraciones de la parte motiva.
Cuarto.- Revocar en el expediente T-3.978.418
la Sentencia de la Sala de Casación
Laboral del 24 de abril de 2013 y la Sentencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia proferida el 20 de junio de 2013, en las que se
negó el amparo deprecado por el señor Freddy Bravo Mejía. y en su defecto
CONCEDER el amparo solicitado.
Dejar sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Tribunal Superior de Bucaramanga,
Sala Laboral el 7 de Marzo
de 2013, para lo cual se ordena decidir
el recurso de anulación con la observancia de las garantías del debido proceso,
conforme a las consideraciones de la parte motiva.
Quinto.- Revocar en el expediente T-3.982.076 la Sentencia de la Sala de Casación
Laboral del 23 de abril de 2013 y la Sentencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia proferida el 13 de junio de 2013, en las que se
negó el amparo deprecado por el señor Luis Alfonso Alvis Alvarado. y en su
defecto CONCEDER el amparo solicitado.
Dejar sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Tribunal Superior de Bucaramanga,
Sala Laboral el 15 de Marzo
de 2013, para lo cual se ordena decidir
el recurso de anulación con la observancia de las garantías del debido proceso,
conforme a las consideraciones de la parte motiva.
Sexto.- Revocar en el expediente T-3.980.294 la Sentencia de la Sala de
Casación Laboral del 15 de abril de 2013 y la Sentencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia proferida el 13 de junio de 2013, en las
que se negó el amparo deprecado por el señor Edgar Madrid Riveros y en su
defecto CONCEDER el amparo solicitado.
Dejar sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Tribunal Superior de Bucaramanga,
Sala Laboral el 14 de Marzo
de 2013, para lo cual se ordena decidir
el recurso de anulación con la observancia de las garantías del debido proceso,
conforme a las consideraciones de la parte motiva.
Séptimo.- Líbrese la comunicación de que trata el artículo 36
del decreto 591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y Cúmplase.
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
ANEXO
En el presente anexo, se encontrarán de
manera específica los antecedentes relacionado con cada uno de lo22s casos
analizados:
1.
EXPEDIENTE
T-3.978.418
Camilo Pachón Rodríguez, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
(Art.230 CP), omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones del
Servidor Público (Art. 6 y 230 CN) con base en los siguientes
1.1
Hechos
1.1.1. El señor Camilo Pachón Rodríguez, trabajador del Club Miramar
ubicado en la ciudad de Bucaramanga, solicitó a su empleador el 23 de
septiembre de 2010 le fueran reconocidas las sumas de dinero adeudas
correspondientes al 25% sobre el valor de dominicales y festivos laborados
desde el 1 abril de 2003 hasta la fecha de la presentación de la demanda,
reclamación que encontró respaldo, en el Art. 16 inciso 2 de la Convención
Colectiva del Trabajo Vigente, suscrita entre el Club Miramar y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y Similares de
Colombia –Hocar–, al cual se encuentra afiliado.
1.1.2. También indicó que el empleador al responder su solicitud
negó sus pretensiones, porque en este caso había operado el fenómeno de la
prescripción durante la vigencia del 1 de abril de 2003 al 23 de septiembre de
2007, ello, porque la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002, modificó el
concepto que sobre jornada laboral existía, incluidos dominicales y festivos,
así como los valores que debían cancelarse por dichos conceptos. Mencionó,
también que para el pago de dominicales y feriados debía aplicarse el Art.- 10
de la C.C.T.V y que para acudir a los Art.s- 16 y 17 de la misma, era necesaria
la remisión al citado Art. 10, que según el empleador es la norma que debe ser
aplicada en el presente caso.
1.1.3. Agregó, que en el mes de octubre de 2010 inscribió su caso
ante el Comité de Reclamos Miramar-Hocar- y que en el mes de agosto de 2012, se
dio inicio al trámite arbitral de acuerdo a las reglas establecidas en el
Reglamento Interno que lo regula. Dijo además, que una vez agotadas las
fallidas etapas de arreglo directo y conciliación, se dio apertura a la etapa
probatoria, en la que suministraron las copias de los recibos de pago durante
la vigencia 2007 y 2012, así como las copias del depósito de las tres últimas
Convenciones Colectivas de Trabajo Vigentes, con sus respectivas notas de
depósito – como bien lo reconoció la Inspectora de Trabajo mediante constancia
que reposa en el mencionado Laudo-.
1.1.4. Advirtió que agotadas todas las etapas procesales se resolvió
de fondo y a su favor la reclamación, pero que una vez en firme la decisión, la
empresa Club Miramar presentó recurso extraordinario de anulación contra el
Laudo Arbitral proferido por el Comité de reclamos Miramar-Hocar ante el
Tribunal Superior de Bucaramanga quien procedió a su anulación mediante
providencia del 7 de marzo de 2013, sin considerar que la accionada no
específico en el recurso la causal por la cual debería anularse el Laudo en
comento, lo que a su juicio constituyó un defecto procedimental absoluto.
1.1.5. La anterior situación, motivó al accionante a interponer
acción de tutela en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, el día 22 de marzo de 2013, allí señaló que este Tribunal con su
actuación[56]
vulneró su derecho al debido proceso, porque la decisión adoptada estuvo por
fuera del procedimiento que señala la procedencia del recurso de anulación, en
el que se exige que la causal de anulación se debe invocar de manera específica
(Art.- 163 y 164 del Decreto 1818 de 1998), lo que no sucedió en el presente
caso, y que evidenció la existencia de una vía de hecho por defecto
procedimental absoluto, pues la autoridad judicial omitió aplicar la norma que
regula el mencionado asunto, razón por la cual solicitó en su escrito de
alegaciones rechazar el recurso extraordinario de anulación, ya que según él la
autoridad judicial actuó como un juez ordinario, es decir como si tuviera que
fallar un recurso de apelación y no un recurso de anulación contra un laudo
arbitral.
1.2.
Traslado y contestación de la demanda
La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, señala que como consta en la providencia atacada en su
momento analizó y valoró, las pruebas allegadas y estableció que al accionante
no le asistía el derecho al supuesto saldo por concepto de dominicales y
festivos laborados a partir del 1 de abril de 2003, porque en su calidad de
trabajador habitual de los días domingos y festivos, los mismos debieron ser
pagados con su valor ordinario, más un recargo del 75% y no del 100% como
pretendía el accionante, así como la concesión de un día de descanso
compensatorio – Art 179 del C.S.T- y que en consecuencia la actuación estuvo
ajustada a la ley.
Sobre la decisión adoptada
indicó que la misma estuvo guiada por la aplicación del principio de especificidad
de la norma, así como de los postulados que regulan el tema contenidos en el
art. 130 y s.s del C.P; y que lo pretendido por el accionante es una especie de
“tercera instancia”, lo que contradice la naturaleza de la acción de tutela.
La apoderada del Club
Miramar, señaló que su representado no había violado ninguno de los derechos
fundamentales a que se hacía referencia, citó entonces algunos precedente de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[57] donde se señala
que deberá rechazarse de plano el recurso de anulación “cuando aparezca
manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no
corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior”. Señaló
además, que dicho amparo no estaba llamado a prosperar porque si el actor
consideraba que el recurso de anulación presentado contra el Laudo Arbitral no
se ajustaba a ninguna de las causales contenidas en el artículo 163 de citado
Decreto, debió recurrir el auto que admitió a trámite el citado recurso, para
que en su defecto fuera rechazado como lo ordena la norma referida, medio de
defensa que a su juicio resulta eficaz y que al no ser utilizado por el actor,
llevó a considerar la improcedencia del amparo deprecado.
Por último, recordó que la
acción de tutela es un mecanismo subsidiario frente a la inexistencia de otros
recursos legalmente establecidos para la reclamación por violación de un
derecho fundamental.
1.3 Pruebas
A continuación se relacionan
las pruebas documentales que obran en el expediente:
1.3.1. Poder otorgado por
Camilo Pachón Rodríguez – accionante- a Jeferson Vara Lara. (F.13 cuaderno
principal)
1.3.2. Copia simple de la
Convención Colectiva del Trabajo suscrita, el 28 de abril de 2010, entre la
Empresa “Club Miramar” y el sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Gastronómica, Hotelera y similares de Colombia - HOCAR-, Seccional
Barrancabermeja. (F.14 a 47 Idíd)
1.3.3. Constancia del
depósito de la Convención Colectiva ante el Ministerio de la Protección Social
– Oficina Especial Barrancabermeja-. (Cara posterior F. 47 cuaderno principal)
1.3.4. Copia simple de la
Convención Colectiva del Trabajo suscrita, el 12 de julio de 2007, entre la
Empresa “Club Miramar” y el sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Gastronómica, Hotelera y similares de Colombia – HOCAR-, Seccional
Barrancabermeja. (F. 50 a 84 Idíd)
1.3.5. Constancia del
depósito de la Convención Colectiva antes referida ante el Ministerio de la
Protección Social – Oficina Especial Barrancabermeja-. (Cara posterior F. 84 Idíd)
1.3.6. Copia simple de la
Convención Colectiva del Trabajo suscrita, el 21 de abril de 2005, entre la
Empresa “Club Miramar” y el sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Gastronómica, Hotelera y similares de Colombia – HOCAR-, Seccional
Barrancabermeja. (F. 85 a 119)
1.3.7. Constancia del
depósito de la anterior Convención Colectiva ante el Ministerio de la
Protección Social – Oficina Especial Barrancabermeja-. (Cara posterior F. 119 Idíd)
1.3.8. Acta del Laudo
Arbitral 045-I-2012 suscrito el 13 de noviembre de 2012, suscrito por el Comité
de Reclamos Club Miramar- Sindicato Hocar. (F. 120 a 123 Idíd).
1.3.9. Recurso de anulación
interpuesto por el apoderado del Club Miramar contra el Laudo Arbitral
proferido por el Comité de Reclamos Club Miramar – Sindicado Hocar. (F. 124-
143 Idíd)
1.3.10. Poder conferido a
Jeferson Vera Lara por el accionante para presentar alegatos contra el Laudo
Arbitral proferido en primera instancia por el Comité de Reclamos
Miramar-Hocar. (F. 144 Idíd).
1.3.11. Alegatos presentado
el 6 de febrero de 2013, por el apoderado del accionante contra el Laudo
Arbitral proferido en primera instancia por el Comité de Reclamos
Miramar-Hocar. (F. 146 a 148 Idíd)
1.3.12. Copia de la
sentencia del 7 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga (F. 149 a 163 Ibíd)
1.3.13. Contestación de la
tutela realizada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el
16 de abril de 2013. (F. 15 a 16 cuaderno primera instancia).
1.3.14. Poder especial
conferido a la Doctora Martha Patricia Quiñonez Gómez, por el Representante
Legal del Hotel Miramar el 20 de abril de 2013, para actuar en nombre y
representación del Club Miramar en los términos del Art. 70 del Código de
Procedimiento Civil. (F. 21 Idíd).
1.3.15. Contestación de la
acción de tutela realizada por la apoderada del Club Miramar, (F. 22 a 26
Idíd).
1.4 Sentencia de Primera Instancia
La Corte Suprema de Justicia -
Sala de Casación Laboral-, mediante sentencia del 15 de abril de 2013, M.P
Jorge Mauricio Burgos Ruiz, niega el amparo solicitado por considerar que
anular el Laudo Arbitral fue una decisión adoptada de acuerdo a la hermenéutica
propia del juez, quien justificó las razones que tuvo para adoptar dicha
decisión, es decir, interpretó los hechos y valoró el material probatorio
existente sin que se hubiera advertido una actuación arbitraria por parte del
Tribunal, pues la decisión atacada consultó las reglas mínimas de razonabilidad
jurídica, lo que impedía recurrir al uso de la tutela como si se tratase de una
tercera instancia.
Hizo referencia a que la
decisión que tomó el Tribunal accionado se apoyó en una decisión proferida por
esa Corporación que guardaba estrecha relación con el caso analizado en la
medida en que la irregularidad en la aportación de la fuente formal del derecho
que sirve de sustento a la reclamación del trabajador, es decir, la Convención
Colectica no se aportó con la correspondiente nota de depósito como lo exige el
C.S.T.
1.5 Impugnación
En el escrito de impugnación
el apoderado del accionante insistió en que la solicitud de amparo estuvo
orientada demostrar la existencia de una vía de hecho por un defecto
procedimental absoluto, pues con la decisión adoptada por el Tribunal se
desconoció que el mismo no es el superior jerárquico del Tribunal de
Arbitramento, que la naturaleza del recurso de anulación ha sido asimilable al
recursos de casación por conocer de errores in procedendo y no al
recurso de apelación como lo entendió el Tribunal, que se trata de un recurso
que procedía por excepción como lo había señalado la Corte Constitucional en la
sentencia T-790 de 2010, en la que precisó que: “los mecanismos de control del procedimiento arbitral
no fueron diseñados por el legislador para revisar integralmente la
controversia resuelta por los árbitros, como podría ocurrir si se tratara de
una segunda instancia en virtud del recurso de apelación”, y señaló que: “las causales para acudir
al recurso de anulación son limitadas si se comparan con las motivaciones que
se pueden alegar y sustentar durante el trámite del recurso de apelación”,
también que: “los jueces de anulación deben restringir su estudio a las
causales específicamente invocadas por los recurrentes, dentro del marco
restrictivo fijado por el legislador.”
Insistió en que el Tribunal
omitió revisar sí el recurso reunía los requisitos formales exigidos, aspecto
que tampoco fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia y quien por
el contrario se limitó a señalar que el accionante no actuó diligentemente al
no haber recurrido el auto que admitió a trámite el citado recurso, afirmación
que rechazó en forma vehemente al considerar que la misma no tendría sentido
porque al avocar el conocimiento del recurso, el Tribunal correría traslado a
las partes recurrentes para que procedieran a la sustentación del mismo y a la parte
contraria para que presentara sus alegatos, tal y como lo dispone el art 164
del decreto 1818 de 1998. Luego señala que además, no hubiera sido posible
reponer el auto, pues para ese momento se desconocían las razones o motivos por
los que el recurrente pretendía buscar la anulación, solo es entonces una vez
ordenado el traslado a las partes que el recurrente sustenta el recurso ante la
Sala del Tribunal, ya que como lo dispone el artículo 141 ibíd, no es necesario
señalar las casuales de anulación durante la interposición del recurso ante el
Tribunal de Arbitramento.
Finalmente señaló, que la
tutela era una acción de carácter subsidiario, que no procedería en el presente
caso, dado que quedaba pendiente por agotar el recurso de revisión.
1.6 Sentencia de Segunda
Instancia
La Corte Suprema de Justicia -
Sala de Casación Penal-, mediante providencia del 20 de junio de 2013, confirmó
la sentencia de primera instancia, en la que consideró que los argumentos del
Tribunal para adoptar su decisión fueron serios, coherentes y razonables, y que
en su criterio no era viable acudir a la tutela con la finalidad de variar la
decisión. Además, porque el Tribunal realizó una valoración probatoria ajustada
a la jurisprudencia dominante y que en consecuencia lo procedente era anular el
Laudo Arbitral, toda vez que la Convención Colectiva no era válida, pues no
había sido depositada en el Departamento Nacional del Trabajo, como lo exige el
artículo 469 del C.S.T.
2. EXPEDIENTE T-4.008.056
Álvaro Araque Rueda, mediante apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala
Laboral-, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al Debido Proceso (Art.29 CP) y
Omisión o Extralimitación en el Ejercicio de Funciones del Servidor Público
(Art. 6 y 230 CP), con base en los siguientes
2.1 Hechos
2.1.1. Manifiesta el accionante que el 26 de octubre de
2010 solicitó, mediante comunicación escrita dirigida  a su empleador
-Club Miramar Barrancabermeja-, le fueran reconocidas las sumas
correspondientes al veinticinco por ciento (25%) adicional sobre el valor de
dominicales y festivos laborados desde el 1 de abril de 2003 hasta la fecha, en
consideración a lo previsto en el artículo 16 inciso 2 de la Convención Colectiva
de Trabajo vigente, suscrita entre el Club Miramar y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y Similares de Colombia
–Hocar–, al cual se encuentra afiliado.
2,1.2. El empleador, en su respuesta negó
las pretensiones del actor, relacionadas con las remuneraciones solicitadas
correspondientes al periodo comprendido del 1 de abril de 2003 al 23 de octubre
de 2007, las cuales habían prescrito; además, señaló que el artículo 10 de la
Convención estableció que dichas remuneraciones se efectuarían de acuerdo a la
ley, es decir, según lo dispuesto en el artículo 26 Ley 789 de 2002, que
introdujo un nuevo concepto sobre la jornada laboral, dominicales, festivos y
los valores que por tal concepto debía cancelarles.
2.1.3. Por lo anterior y con base en lo
dispuesto en la Convención Colectiva del trabajo, el accionante inscribió su
caso ante el Comité de Reclamos Club Miramar Barrancabermeja – Sindicato HOCAR,
el cual asumió a finales de 2010. Los árbitros realizaron la votación de las
respectivas ponencias, con el siguiente resultado: tres (3) votos a favor de la
ponencia del Sindicato Hocar y dos (2) votos a favor de la ponencia del Club
Miramar, el 13 de noviembre de 2013.
2.1.4. Club Miramar presentó recurso de
anulación contra dicho Laudo, el 7 de marzo de 2013, del cual avocó
conocimiento el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala
Laboral-, y que fue revocado-, allí se dijo que: i) la decisión adoptada tenía
un precedente similar, en la que esa Corporación el 1 de febrero de 2013,
había  anulado un Laudo Arbitral, ii) además, porque las Convenciones
Colectivas allegadas como pruebas al proceso no fueron presentadas con el
correspondiente certificado de depósito.
2.1.5. El accionante por su parte presentó
los alegatos de conclusión, el 24 de abril de 2013, con base en la solicitud de
rechazo del recurso, enfatizó en que el Club Miramar solicitó la anulación del
Laudo sin apego a las causales previstas en el artículo 163 del Decreto 1818 de
1998, las que por ley son de estricto cumplimiento. Afirmó, además que las
Convenciones Colectivas fueron presentadas con los respectivos certificados de
depósito, pero que quizás los mismos fueron inadvertidos porque se encontraban
en todos los casos al respaldo de la última hoja de aquellas, las que no fueron
foliadas.
2.1.6. El 7 de marzo de 2013, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala Laboral- anuló el Laudo
Arbitral proferido por el Comité de Reclamos Club Miramar Barrancabermeja –Sindicato
HOCAR- y absolvió al Club Miramar de las pretensiones propuestas por el señor
Álvaro Araque Rueda. Los supuesto fácticos y jurídicos de esta decisión
estuvieron relacionados con precedentes similares a los estudiados en ese
momento, en los que de igual forma se falló a favor del Club Miramar; pero en
concreto se estableció que la no presentación de las notas de depósito que
correspondían a las Convenciones Colectivas contrariaban lo dispuesto en el
artículo 469 del C.S.T[58],
y que dicha omisión hacía nugatoria la reclamación del actor, porque la fuente
formal que originó en estos casos el derecho, se aportó de manera irregular.
Finalmente señaló que el Comité de Reclamos, se equivocó en proceder al
análisis de las súplicas desconociendo que no se había probado en debida forma
la existencia del derecho convencional deprecado.
2.1.7. Por los anterior, el actor impetró
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, el 22 de marzo de 2013 ante la Corte Suprema de Justicia Sala
de Casación Laboral, la que procedió a correr traslado a las partes accionadas.
2.2 Traslado y
contestación de la demanda
Los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga –Sala Laboral- solicitaron declarar la improcedencia de la tutela,
teniendo en cuenta que el fallo en pugna había sido resuelto a partir de lo
previsto en la ley, pues según las pruebas allegadas al proceso al accionante
no le asistía el derecho al “supuesto saldo insoluto por concepto del valor
de dominicales y festivos que fueron laborados a partir del 1 de abril de
2003”, ello, en razón a que éste ostentó la calidad de trabajador habitual
los días domingos y festivos y que por tanto sólo eran susceptibles de pagar en
forma ordinaria, es decir, con un recargo del 75% y no del 100% como pretendía,
además porque la actuación del patrono estuvo ajustada a la ley y bajo el
principio de especificidad de la norma.
En la contestación de la
demanda el Club Miramar, se opuso a las pretensiones del actor por considerar
que su representado no violó ninguno de sus derechos fundamentales, pues dentro
de las actuaciones realizadas no se presentó ninguna vía de hecho, por el
contrario se agotaron en debida forma de todas las instancias procesales
correspondientes. Finalmente, solicitó negar por improcedente la tutela, pues
ella no ha sido creada para subsanar errores procesales cometidos por las
partes.
2.3 Pruebas
A continuación se relacionan
las pruebas documentales que obran en el expediente:
2.3.1. Poder otorgado por el accionante al abogado Jeferson
Vera Lara, el 11 de marzo de 2013 (F. 14 del cuaderno principal)
2.3.2. Copia simple de la Convención Colectiva del Trabajo
suscrita, el 12 de julio de 2007, entre la Empresa “Club Miramar” y el
sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y
similares de Colombia - HOCAR-, Seccional Barrancabermeja. (F. 52 a 86 Idíd)
2.3.3. Copia simple de la Convención Colectiva del Trabajo
suscrita, el 28 de abril de 2010, entre la Empresa “Club Miramar” y el
sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y
similares de Colombia - HOCAR-, Seccional Barrancabermeja. (F. 52 a 86 Ibíd)
2.3.4. Constancia del depósito de la Convención Colectiva
antes relacionada ante el Ministerio de la Protección Social – Oficina Especial
Barrancabermeja-. (Cara posterior F. 120Ibíd)
2.3.5. Copia del acta 043-E-2012 de Laudo Arbitral del Comité
de Reclamos del Club Miramar – Sindicato HOCAR expedida el 13 de noviembre de
2012 (F.s 121 a 124 Ibíd).
2.3.6. Copia de la sustentación del recurso de anulación
interpuesto por el apoderado del Club Miramar ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, el enero 11 de  2012 (F.s. 125 a 144 Ibíd.)
2.3.7. Poder conferido a Jeferson Vera Lara por el accionante
para presentar alegatos contra el Laudo Arbitral proferido en primera instancia
por el Comité de Reclamos Miramar-Hocar, el 6 de febrero de 2013 (F. 145 Idíd)
2.3.8. Copia de los alegatos de conclusión presentados por el
apoderado del señor Álvaro Araque Rueda ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, el 6 de febrero de 2013 (F.s 146 a 148 Ibíd.).
2.3.9. Copia de la sentencia del 7 de marzo de 2013,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Laboral- de
Bucaramanga (F.s 149 a 163 Ibíd)
2.3.10. Poder especial conferido a la Doctora Martha Patricia
Quiñonez Gómez, por el Representante Legal del Hotel Miramar,  para actuar en
nombre y representación del Club Miramar en los términos del Art. 70 del Código
de Procedimiento Civil. (F.19 cuaderno primera instancia Ibíd).
2.3.11. Contestación de la acción de tutela realizada por la
apoderada del Club Miramar ante la Corte Suprema de Justicia, el 10 de abril de
2013(F.s 21 a 24 Ibíd)
2.3.12. Contestación de la tutela realizada por los
Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el 16 de
abril de 2013 (F. 26 a 28 Ibíd.)
2.4 Sentencia de Primera
Instancia
La Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Laboral-, mediante Sentencia del 10 de abril de 2013,
Magistrada Ponente Elsy del Pilar Cuello Calderón, negó el amparo deprecado al
comprobar que el Tribunal accionado falló teniendo en cuenta un precedente
horizontal de esa Corporación, en el cual se le concede la razón al recurrente
en el sentido de aceptar que el suministro irregular de la fuente formal por
parte del trabajador que le sirve de sustento para reclamar, es decir la
Convención Colectiva, se aportó sin la respectiva nota de depósito, lo que desde
luego hizo nugatorio el derecho y por lo cual procedió a la anulación íntegra
del Laudo.
2.5 Impugnación
El apoderado del accionante
insiste en la existencia de una violación por defecto procedimental absoluto,
pues desestimó los argumentos de la Corte Suprema y sostuvo que dicho defecto
se materializó cuando el Tribunal se abstuvo de rechazar de plano el recurso de
anulación, porque las causales invocadas no correspondan a ninguna de las
señalados en el artículo 163 Decreto 1818 de 1998, desconociéndose de esta
manera un mandato legal.  Así mismo citó la Sentencia T-790 de 2010 en la cual
la Corte Constitucional precisó que el procedimiento arbitral no fue diseñado
para revisar la controversia fallada y que los jueces de anulación sólo deben
limitarse al estudio de las causales específicas invocadas. Finalmente,
puntualizó que si bien existe otro medio de defensa judicial, como lo es el
recurso de revisión, la propia  Corte en la misma Sentencia, señaló que éste
mecanismo no es todos los casos idóneo para garantizar la protección de los
derechos fundamentales.
2.6 Sentencia de Segunda
Instancia
La Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Penal-, Magistrado Ponente José Leonidas Bustos Martínez, el
25 de junio de 2013, precisó que el problema jurídico en el presente caso
estuvo en determinar si el Tribunal acertó en conceder al reclamante el
reconocimiento y pago del 25% adicional sobre los dominicales y festivos, los
que alega fueron dejados de pagar. En consideración, a lo anterior y en
aplicación de un precedente horizontal[59]
recordó lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T- 1072 de 2000, en
la que se dijo que no se puede atentar contra el principio de autonomía
judicial desde que las decisiones tomadas por los jueces encuentren asidero en
un criterio jurídico de nuestro ordenamiento o en una interpretación plausible,
como sucedió con la decisión atacada.
3.
EXPEDIENTE T-3.984.357
Álvaro Garcés Sierra, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso (Art.230
CP); omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones del Servidor
Público (Art. 6 y 230 CN) con base en los siguientes:
3.1.
Hechos
3.1.1.
El Señor Álvaro Garcés Sierra trabajador del Club Miramar
ubicado en la ciudad de Bucaramanga, solicitó a su empleador el 23 de
septiembre de 2010 el reconocimiento de las sumas de dinero adeudas
correspondientes al 25% sobre el valor de dominicales y festivos laborados
desde el 1 abril de 2003 hasta la fecha de la presentación de la tutela,
reclamación que como señala encuentra respaldo en el Art. 16 inciso 2 de la
Convención Colectiva del Trabajo.
3.1.2. En su respuesta, el Hotel Miramar negó las pretensiones del
accionante, porque en este caso había operado el fenómeno de la prescripción
durante la vigencia del 1 de abril de 2003 al 23 de septiembre de 2007, ello,
porque la entrada en vigencia de la ley 789 de 2002, modificó el concepto que
sobre jornada laboral, dominicales y festivos existía, así como los valores que
debían cancelarse por dichos conceptos. Agregó que para el pago de dominicales
y feriados debía aplicarse el Art.- 10 de la C.C.T.V y que para acudir a los
Art.- 16 y 17 de la misma era necesaria la remisión al referido Art. 10.
3.1.3. Mencionó, que en el mes de octubre
de  2010 inscribió su caso ante el Comité de Reclamos Miramar-Hocar y que en el
mes de septiembre de 2012, éste dio inicio al trámite arbitral de acuerdo a las
reglas establecidas en el Reglamento Interno que lo regula. Señaló, que durante
el trámite arbitral, se dio apertura a la etapa probatoria, en la que se
aportaron copias de los recibos de pago durante la vigencia 2007 y 2012, así
como las copias de depósito de las tres últimas convenciones colectivas de
trabajo vigentes, y que por el contrario la empleadora no aportó material probatorio.
3.1.4. Advirtió que agotadas
satisfactoriamente todas las etapas procesales se resolvió de fondo y a su
favor la reclamación, pero que una vez en firme la decisión, la empresa Club
Miramar presentó recurso extraordinario de anulación contra el Laudo Arbitral
ante el Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga quien procedió a la
anulación del mismo el 7 de marzo de 2013, proferido por el Comité de reclamos
Miramar-Hocar.
3.1.5. La anterior situación, motivó al
accionante a interponer acción de tutela en contra del Tribunal el día 22 de
marzo de 2013, allí señaló que su actuación conllevó la violación del derecho
al debido proceso porque la decisión adoptada estuvo por fuera del
procedimiento que regula el recurso de anulación que procede contra los laudos
arbitrales, ya que éste sólo procede por las causales específicas señaladas en
el Art.- 163 del Decreto 1818 de 1998, lo que no sucedió en el presente caso, y
que provocó la estructuración vía de hecho por defecto procedimental absoluto,
pues la autoridad judicial omitió aplicar las normas procedimentales que
regulan este asunto, motivo por el cual solicitó en suscrito de alegaciones
rechazar el recurso extraordinario de anulación, ya que la autoridad judicial
actuó como un juez ordinario, es decir, actuó como si tuviera que fallar un
recurso de apelación y no un recurso de anulación el que por el contrario exige
para su presentación el agotamiento de unas causales específicas.
3.2. Traslado y contestación de la demanda
A pesar de que a la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, se le corrió traslado de la
acción de tutela impetrada por el señor Álvaro Garcés Sierra, en el expediente
no reposa respuesta alguna.
Por el contrario la
apoderada del Club Miramar, señaló que su representada no ha violado ninguno de
los derechos fundamentales a que hace referencia el accionante, cita entonces
algunos precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia[60]
quien al resolver una acción de tutela similar a la presentada, aplicó el
artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, que señala que deberá rechazarse de
plano el recurso de anulación “cuando aparezca manifiesto que su interposición
es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las
señaladas en el artículo anterior” y se dijo que en ese caso no estaba
llamado a prosperar el amparo deprecado porque si el actor consideraba que el
recurso de anulación que se presentó contra el Laudo Arbitral no se ajustaba a
ninguna de las causales contenidas en el artículo 163 de citado Decreto, debió
recurrir el auto que admitió a trámite el citado recurso, para que en su
defecto fuera rechazado como lo ordena la norma antes citada, al considerarlo
como un medio de defensa a su juicio eficaz, que al no ser utilizado lleva a la
improcedencia del amparo solicitado.
Por último, recordó que la
acción de tutela es un mecanismo subsidiario frente a la inexistencia de otros
recursos legalmente establecidos para reclamar.
3.3. Pruebas
A continuación se relacionan
las pruebas documentales que obran en el expediente:
3.3.1. Poder otorgado por Álvaro Garcés Sierra Mejía a
Jeferson Vara Lara para interposición de acción de tutela. (F.13 cuaderno
principal)
3.3.2. Acta  051-Ñ-2012 del Laudo Arbitral suscrito el 26 de
diciembre de 2012, por el Comité de Reclamos Club Miramar- Sindicato Hocar. (F.
14 a 16 cuaderno principal).
3.3.3. Poder conferido a Jeferson Vera Lara por el accionante
para presentar alegatos contra el Laudo Arbitral proferido en primera instancia
por el Comité de Reclamos Miramar-Hocar, el 20 de febrero de 2013 (F. 17 Idíd)
3.3.4. Sustentación del recurso de anulación interpuesto por
el apoderado del Club Miramar para presentar recurso de anulación de Laudo
Arbitral. (F. 18 cuaderno principal)
3.3.5. Poder conferido a Leonardo Antonio Arias Martínez, el
21 de diciembre de 2012, por el Representante Legal del Club Miramar para
presentar recurso de anulación contra el Laudo Arbitral proferido en primera
instancia por el Comité de Reclamos Miramar-Hocar. (F. 37 ibíd).
3.3.6. Alegatos presentado el 26 de febrero de 2013, por el
apoderado del accionante contra el Laudo Arbitral proferido en primera
instancia por el Comité de Reclamos Miramar-Hocar. (F. 39 a 42 ibíd )
3.3.7. Copia de la sentencia del 14 de marzo de 2013,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (F. 44
a 63 Ibíd.)
3.3.8. Contestación de la acción de tutela realizada por el
apoderado del Club Miramar (Fs. 23 a 27 del cuaderno primera instancia)
3.3.9. Constancia de los sellos de depósitos correspondientes
a las Convenciones Colectivas suscritas por el Club Miramar-Hocar, presentadas
ante el Ministerio de protección, Dirección Territorial Oficina Especial
Barrancabermeja, los días 26 de abril de 2005; 16 de julio de 2007 y 10 de mayo
de 2010 correspondientes a los F.s  48, 49 y  50 cara posterior,
respectivamente..
3.4 Sentencia de Primera Instancia
La Corte Suprema de Justicia -
Sala de Casación Laboral-, mediante sentencia del 15 de abril de 2013,
Magistrado Ponente Rigoberto Echeverri Bueno, niega el amparo con fundamento en
un pronunciamiento del 10 de abril de 2013, de esa misma Corporación, en el que
se resolvió un caso similar al estudiado, allí se dijo que el Tribunal
accionado, luego, de citar un precedente horizontal sobre el tema, señaló que “le
asiste razón al recurrente en lo que atañe al reparo que formula en punto a la
irregularidad en la aportación de la fuente formal del derecho que sirve de
sustento a la reclamación del trabajador, esto es, de la Convención Colectiva
de Trabajo, de cara a la cual en realidad de verdad, se vislumbra la carencia
de la nota de depósito conforme a lo dispuesto en el  artículo 469 C.S.T”.
Afirmó que ciertamente el peticionario únicamente se limitó a traer las
fotocopias de los textos de las Convenciones suscrita, a las cuales no puede
atribuírsele ningún efecto probatorio habida consideración que no contienen la
constancia de haber sido depositada oportunamente ante la autoridad
administrativa del ramo. Luego, contrariamente a lo decido por el Comité de
Reclamos, es indudable que éste erró al proceder a analizar las súplicas contenidas
en el escrito petitorio, sin reparar en que no se había probado idóneamente la
existencia del derecho convencional deprecado” para concluir que “el
laudo censurado debería ser objeto de anulación integra dado que no se ajusta a
la preceptiva normativa que lo regula y así se declarará”.
A continuación hizo referencia
a que en esa misma providencia se afirmó que: “Ese discernimiento, contrario
a lo expuesto por el actor, no puede calificarse de arbitrario, pues el Juez
del recurso le otorgó una inteligencia a la norma que gobernada (sic) el asunto
en materia y a partir de ello, arribó a la conclusión relativa, a que la
ausencia de la prueba de la existencia y la validez de la Convención Colectiva,
sin que tal actividad conlleve, como se afirma, a la vulneración de derechos de
raigambre superior”.
Finalmente, mencionó que el
error que se le endilga al juez natural no debe tenerse como tal, pues era él
quien poseía la competencia para dilucidar los conflictos asignados en virtud
del principio de especialidad y por tal razón negó el amparo deprecado.
3.5.  Impugnación
En el escrito de impugnación
el apoderado del accionante insistió que la solicitud de amparo estuvo
orientada evidenciar la existencia de una vía de hecho por un defecto
procedimental absoluto, porque con la decisión adoptada por el Tribunal se
desconoció que el mismo no era el superior jerárquico del Tribunal de
Arbitramento, que la naturaleza del recurso de anulación ha sido asimilable al
recursos de casación por conocer de errores in procedendo y no al
recurso de apelación como lo entendió el Tribunal, pues se trata de un recurso
que procede por excepción y se refirió a la sentencia T-790 de 2010 de esta
Corte en la que precisó que : “los
mecanismos de control del procedimiento arbitral no fueron diseñados por el
legislador para revisar integralmente la controversia resuelta por los
árbitros, como podría ocurrir si se tratara de una segunda instancia en virtud
del recurso de apelación. Es más, por ejemplo, las causales para acudir al
recurso de anulación son limitadas si se comparan con las motivaciones que se
pueden alegar y sustentar durante el trámite del recurso de apelación”.
Incluso, precisó que “los jueces de anulación deben restringir su estudio a las
causales específicamente invocadas por los recurrentes, dentro del marco
restrictivo fijado por el legislador.”
Insistió en que el Tribunal
omitió revisar sí el recurso de anulación reunía los requisitos formales
exigidos, aspecto que tampoco fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de
Justicia y quien por el contrario insistió en señalar que con base en un
precedente del 10 de abril de 2013 proferido por esa Sala, señaló la
importancia de no haber aportado la fuente formal del derecho que servía de
sustento a la reclamación, como lo eran las notas de depósito de la Convención
Colectiva del Trabajo, error que justificaba la anulación íntegra del laudo.
Finalmente, señaló que el
Tribunal en primera instancia olvidó revisar en el expediente la existencia de
los certificados de depósito los que se aportaron junto con las Convenciones
Colectivas, que según él se encontraban al respaldo de los Folios 75,113 y 147
obrantes en el proceso, así como también olvidó considerar la aclaración de
voto que reposaba en el acta del  Comité de Reclamos, donde del Inspector de
Trabajo de Barrancabermeja“ participó del arbitraje y ratificó en forma
categórica la existencia del certificado de depósito en las convenciones
allegadas como prueba en el expediente”, lo que a su juicio resultó
irregular e indignante.
3.6. Sentencia de Segunda
Instancia
La Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Penal-, Sala de Decisión de Tutelas, mediante providencia del 18 de
junio de 2013, Magistrado Ponente José Leonidas Bustos Martínez, confirmó la
sentencia de primera instancia, allí señaló que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga era el competente para conocer del Laudo
Arbitral, y su invalidación, cuando éste proviene de objeto o causa ilícita;
aclaró que los demás motivos de nulidad absoluto o relativa sólo podrán
invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hubiesen
saneado o convalidado en el transcurso del mismo. Agregó además, que el
artículo 166 también señala que tanto el Laudo Arbitral como la sentencia del
Tribunal pueden ser susceptibles del recurso extraordinario de revisión como lo
señala el Código de Procedimiento Civil, luego no podría hablarse de que
concurran al menos todos los requisitos genéricos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, pues no se agotaría el de
subsidiaridad.
Sobre los argumentos presentados en el
recurso de anulación sostuvo que si el accionante pretendía beneficiarse de los
acuerdos contenidos en la Convención Colectiva, era a él a quien le
correspondía aportar copia de la misma con los sellos de depósito, requisito
sin el cual la misma no podría producir efectos. También señaló que no podía ni
debía el juez de tutela inmiscuirse en los asuntos encomendados a los jueces
naturales, máxime si se trataba de interpretaciones del ordenamiento jurídico,
pues de lo contrario se violaría la independencia judicial y la autonomía que
le asiste a los jueces de la República, aclaró que ello procedería y de manera
excepcional solo sí en sus providencias se apartaban “abruptamente” de lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Respecto de los argumentos del accionado
relacionados con la existencia de los sellos de depósito en el expediente, la
Sala concluyó que la decisión adoptada fue el resultado de la interpretación de
la causal primera de procedencia del recurso de anulación, cuando concurre una causal
de nulidad del pacto convencional, por tanto, tal decisión estaría lejos de ser
caprichosa o arbitraria, por cuanto fue el resultado de la interpretación de
las normas vigentes.
4. EXPEDIENTE T-3.978.418
Freddy Bravo Mejía, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
(Art.230 CP), omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones del
Servidor Público (Art. 6 y 230 CN) con base en los siguientes
4.1.
Hechos
4.1.1.
Se queja el apoderado del accionante, el señor Fredy Bravo
Mejía trabajador del Club Miramar ubicado en la ciudad de Bucaramanga, que
solicitó a su empleador el 23 de septiembre de 2010 el reconocimiento de las
sumas de dinero adeudas correspondientes al 25% sobre el valor de dominicales y
festivos laborados desde el 1 abril de 2003 hasta la fecha de la presentación
de la demanda, reclamación que como señala encuentra respaldo en el Art. 16
inciso 2 de la Convención Colectiva del Trabajo.
4.1.2. En su respuesta, el Hotel Miramar negó las pretensiones del
accionante, porque en este caso había operado el fenómeno de la prescripción
durante la vigencia del 1 de abril de 2003 al 23 de septiembre de 2007, ello,
porque la entrada en vigencia de la ley 789 de 2002, modificó el concepto que
sobre jornada laboral, dominicales y festivos existía, así como los valores que
debían cancelarse por dichos conceptos. Agregó que para el pago de dominicales
y feriados debía aplicarse el Art.- 10 de la C.C.T.V y que para acudir a los
Art.- 16 y 17 de la misma era necesaria la remisión al referido Art. 10.
4.1.3. Mencionó, que en el mes de octubre de 2010 inscribió su caso
ante el Comité de Reclamos Miramar-Hocar y que en el mes de agosto de 2012,
éste dio inicio al trámite arbitral de acuerdo a las reglas establecidas en el
Reglamento Interno que lo regula. Dijo además, que durante el trámite arbitral,
se dio apertura a la etapa probatoria, en la que aportaron copias de los recibos
de pago durante la vigencia 2007 y 2012, así como copias de depósito de las
tres últimas Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes, y que por el
contrario la empleadora no aportó pruebas.
4.1.4. Advirtió que agotadas satisfactoriamente todas las etapas
procesales se resolvió de fondo y a su favor la reclamación, pero que una vez
en firme la decisión, la empresa Club Miramar presentó recurso extraordinario
de anulación contra el Laudo Arbitral proferido por el Comité de reclamos
Miramar-Hocar ante el Tribunal Superior de Bucaramanga quien procedió a la
anulación del mismo del 7 de marzo de 2013,.
4.1.5. La anterior situación, motivó al
accionante a interponer acción de tutela en contra del Tribunal el día 22 de
marzo de 2013, allí señaló que su actuación conllevó la violación del derecho
al debido proceso porque la decisión adoptada estuvo por fuera del
procedimiento que regula el recurso de anulación, ya que al advertir el
Tribunal que no se invocaron las casuales de anulación del Art.- 163 del Decreto
1818 de 1998, como lo exige el artículo 164 de la misma norma, éste debió
rechazarlo de plano, lo que en su entender provocó la estructuración de una vía
de hecho por defecto procedimental absoluto, pues la autoridad judicial omitió
aplicar las normas procedimentales que regulan este asunto.
4.2. Traslado y contestación de la demanda
La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, aclaró que durante el trámite del fallo que dio origen
a la promoción de la acción de tutela no se presentaron quejas relacionadas con
la existencia de alguna irregularidad.  A pesar de que el accionante enfatizó
en la existencia de un presunto defecto procedimental absoluto, no lo
controvirtió ante esa Sala, lo que contraría desde su óptica el principio de
subsidiaridad que inspira la acción de tutela.
Señaló por último, que el
actor confunde la competencia otorgada a la jurisdicción laboral en virtud de
un conflicto económico y aquella que nace de una Convención Colectiva, que a su
vez lo habilita para conocer del conflicto jurídico a través del recurso de
anulación, mediante la suscripción de una cláusula compromisoria.
A su vez la apoderada del
Club Miramar, señaló que su representada no ha violado ninguno de los derechos
fundamentales a que hace referencia el accionante, cita entonces algunos
precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[61],
quien en acción de tutela por casos similares al que se estudia, decidió
aplicar el artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, que señala que deberá
rechazarse de plano el recurso de anulación “cuando aparezca manifiesto que
su interposición es extemporánea o cuando las causales no corresponden a
ninguna de las señaladas en el artículo anterior” y además señaló que dicho
amparo no estaba llamado a prosperar porque si el actor consideraba que el
recurso de anulación que se había presentado contra el Laudo Arbitral, no se
ajustaba a ninguna de las causales contenidas en el artículo 163 de citado
Decreto, debió recurrir el auto que admitió a trámite el citado recurso, para
que en su defecto fuera rechazado como lo ordena la norma antes citada, medio
de defensa que considera eficaz y que al no ser utilizado lleva a la improcedencia
del amparo solicitado.
Por último señaló, que la
acción de tutela es un mecanismo subsidiario frente a la inexistencia de otros
recursos legalmente establecidos para reclamar.
4.3. Pruebas
A continuación se relacionan las pruebas
documentales que obran en el expediente:
4.3.1. Poder otorgado por Fredy Manuel Bravo Mejía a Jeferson
Vara Lara para interposición de acción de tutela. (F.13 cuaderno principal)
4.3.2. Acta del Laudo Arbitral Nro. 046-J-12, suscrito el 13
de noviembre de 2012, por el Comité de Reclamos Club Miramar- Sindicato Hocar.
(F. 14 a 17 ibíd).
4.3.3. Sustentación del recurso de anulación interpuesto por
el apoderado del Club Miramar contra el Laudo Arbitral proferido por el Comité
de Reclamos Club Miramar – Sindicado Hocar. (F. 18 a 38  ibíd)
4.3.4. Poder conferido a Jeferson Vera Lara por el accionante
para presentar alegatos contra el Laudo Arbitral proferido en primera instancia
por el Comité de Reclamos Miramar-Hocar. (F. 39 ibíd).
4.3.5. Alegatos presentado el 6 de febrero de 2013, por el
apoderado del accionante contra el Laudo Arbitral proferido en primera
instancia por el Comité de Reclamos Miramar-Hocar. (F. 40 a 42 ibíd)
4.3.6. Escrito por medio del cual el apoderado de la parte
accionada complementa el recurso de anulación. (F. 43 a 44 ibíd)
4.3.7. Copia de la sentencia del 7 de marzo de 2013,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (F. 45
a 58 Ibíd.)
4.3.8. Contestación de la tutela realizada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga (F.s 64 a 65 de cuaderno primera
instancia).
4.3.9. Poder especial conferido al Doctor Leonardo Antonia
Arias, por el Representante Legal del Hotel Miramar, para contestar acción de
tutela (F. 3 ibíd).
4.3.10. Contestación de la acción de tutela realizada por el
apoderado del Club Miramar (F.s Ibíd)
4.4. Sentencia de Primera
Instancia
La Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Laboral-, mediante sentencia del 24 de abril de 2013,
Magistrado Ponente Luis Gabriel Miranda niega el amparo con fundamento en un
pronunciamiento del 1 de febrero de 2013, en el que se resolvió un caso similar
al estudiado, y que tuvo sustento convencional y legal. Allí se dijo que “si
por convención se estableció , que el pago de los recargos en dominicales y
festivos, sería de acuerdo a la ley, y que el día de descanso para
trabajadores, sería el lunes, siempre que este no fuera festivo, habida cuenta que
el día domingo es un día hábil de trabajo para los trabajadores del club Mirar;
es claro para a Sala, que la empleadora retribuyó al trabajador, bajo los
parámetros convencionales y de la ley, la labor habitual que desarrolló los
domingos; pues a ningún otro estipulado tiene derecho el trabajador”.
Finalmente, señaló que
tratándose de conflictos de carácter jurídico, como los que estudian los
Tribunales de Arbitramento y los Tribunales Superiores de Distrito, al resolver
un recurso de anulación, se debe fallar en derecho y no en equidad como sucede
en los conflictos de carácter económico, sin que ello, deba ser considerado
como un desborde de competencias.
4.5. Impugnación
En el escrito de impugnación
el apoderado del accionante insistió que la solicitud de amparo estuvo
orientada evidenciar la existencia de una vía de hecho por un defecto
procedimental absoluto, porque con la decisión adoptada por el Tribunal se
desconoció que el mismo no es el superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento,
que la naturaleza del recurso de anulación ha sido asimilable al recurso de
casación, por conocer de errores in procedendo y no al recurso de
apelación como lo entendió el Tribunal, que se trata de un recurso que procede
por excepción y aquí se refirió a la sentencia T-790 de 2010 de esta Corte en
la que se precisó: “los
mecanismos de control del procedimiento arbitral no fueron diseñados por el
legislador para revisar integralmente la controversia resuelta por los
árbitros, como podría ocurrir si se tratara de una segunda instancia en virtud
del recurso de apelación”.
Es más, dijo que “por ejemplo, las causales para acudir al recurso de
anulación son limitadas si se comparan con las motivaciones que se pueden
alegar y sustentar durante el trámite del recurso de apelación”. Incluso,
insistió en lo dicho por la Corte en el sentido de que ‘los jueces de
anulación deben restringir su estudio a las causales específicamente invocadas
por los recurrentes, dentro del marco restrictivo fijado por el legislador.”
Insistió en que el Tribunal
omitió revisar sí el recurso reunía los requisitos formales exigidos, aspecto
que tampoco fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia, quien por el
contrario se limitó a señalar que el accionante no actuó diligentemente al no
haber recurrido el auto que admitió a trámite el citado recurso, afirmación que
rechazó en forma vehemente al considerar que la misma no tendría sentido porque
al avocar el conocimiento del recurso, el Tribunal debe ordenar correr traslado
a las partes recurrentes para que sustenten el recurso y a la parte contraria
para que presente sus alegatos, tal y como lo dispone el Art. 164 del decreto
1818 de 1998, luego, no tendría sentido reponer el auto en tanto para ese
momento se desconocían las razones o motivos por los que el recurrente
pretendía buscar la anulación, pues es una vez ordenado el traslado a las
partes que el recurrente sustenta el recurso ante la Sala del Tribunal, ya que
el artículo 141 ibídem, no exige que se señalen las casuales de anulación
durante la interposición del recurso ante el Tribunal de Arbitramento.
4.6. Sentencia de Segunda Instancia
La Corte Suprema de Justicia - Sala de
Casación Penal-, Sala de Selección de Tutelas Nro. 2, mediante providencia del
20 de junio de 2013, Magistrada Ponente María del Rosario González Muñoz
confirmó la sentencia de primera instancia, en la que consideró que los
argumentos del Tribunal para adoptar su decisión encontraron un fundamento
legal y razonable a la luz de las normas que regulan dicha materia, pues
quienes definieron el Laudo Arbitral no contemplaron el alcance de la norma
convencional, tesis que ya fue adoptadas en otras decisiones.
4.     EXPEDIENTE T-3.982.076
Luis Alfonso Alvis
Alvarado, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Laboral, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al Debido Proceso (Art.29 CP) y Omisión o Extralimitación en el
Ejercicio de Funciones del Servidor Público (Art. 6 y 230 CP), con base en los
siguientes
5.1 Hechos
5.1.1. Manifiesta
el accionante que el 23 de septiembre de 2010 solicitó, mediante escrito
dirigido  a su empleador Club Miramar Barrancabermeja, el reconocimiento y
pago del recargo adicional del veinticinco por ciento (25%), sobre el 75%
previsto por ley, por el valor de dominicales y festivos laborados desde el 1
de abril de 2003 hasta la fecha, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo
16 inciso 2 de la Convención Colectiva de trabajo vigente, suscrita entre el
empleador y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica,
Hotelera y Similares de Colombia –Hocar–, al cual se encuentra debidamente
afiliado.
5.1.2. El Club Miramar Barrancabermeja desestimó
las pretensiones del actor respecto a las remuneraciones solicitadas, refirió
que las concernientes al periodo comprendido del 1 de abril de 2003 al 23 de
septiembre de 2007, habían prescrito. Además, advirtió que el artículo 10 de la
Convención estableció que dichas remuneraciones se efectuarían de acuerdo a la
ley, es decir, sobre el 75% del salario ordinario (artículo 26 Ley 789 de 2002)
y no sobre el 100% como pretende el señor Luis Alfonso Alvis.
5.1.3. Por lo anterior y teniendo en cuenta
la cláusula compromisoria prevista en el artículo 13 de la Convención
Colectiva, el trabajador inscribió su caso ante el Comité de Reclamos Club
Miramar Barrancabermeja – Sindicato HOCAR, el cual asumió conocimiento en
noviembre de 2010.
5.1.4. El 13 de noviembre de 2012 se
profirió el Laudo Arbitral. Los árbitros realizaron la votación de las
respectivas ponencias, arrojando el siguiente resultado: tres (3) votos a favor
de la ponencia del Sindicato Hocar y dos (2) votos a favor de la ponencia del
Club Miramar. Es de aclarar, que fue definitivo el voto de la inspectora del
Ministerio de Trabajo quien fungió como quinto árbitro y rechazó los argumentos
del empleador.
5.1.5. Club Miramar presentó recurso de
anulación contra dicho laudo, del cual avocó conocimiento el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala laboral.
5.1.6. La pretensión de anulación se
fundamentó en que: (i) luego de realizar la transcripción literal de los
artículos 10, 16 y 17 de la Convención Colectiva, aseveró que de ellos se
deduce claramente que, para todos los trabajadores del Club, el domingo es un
día de trabajo habitual y el día de descanso obligatorio es el día lunes o
excepcionalmente el martes cuando el lunes es festivo. Así las cosas, concluyó
que el recargo sobre el 100% del salario se pagará sólo cuando el trabajador
labore un día lunes o martes si es el caso y por el contrario los dominicales y
festivos se reconocerán de acuerdo a la ley, es decir, sobre el 75%.; (ii) el
Sindicato Hocar no cumplió con la carga probatoria de aportar la Convención
Colectiva de trabajo en la forma prevista en el artículo 469 del Código
Sustantivo de Trabajo, sino que se limitó a allegarlas mediante copias simples
sin el respectivo sello de certificado de depósito.
5.1.7. El actor por su parte presentó los
respectivos alegatos de conclusión basados en la solicitud de rechazo del
recurso, teniendo en cuenta que el Club Miramar solicitó la anulación del laudo
sin formular alguna de las causales previstas en el artículo 163 del Decreto
1818 de 1998, las cuales tienen carácter taxativo. Por otra parte, afirmó que
las convenciones colectivas allegadas al proceso si tienen el respectivo
certificado de depósito con fecha de registro, pero que el inconveniente se
originó porque la Secretaria del Comité de Reclamos no folió el respaldo de las
hojas, lugar donde se encuentra el respectivo sello.
5.1.8. El 15 de marzo de 2013, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga – Sala laboral resolvió anular en
su integridad el Laudo Arbitral proferido por el Comité de Reclamos Club
Miramar Barrancabermeja – Sindicato HOCAR y absolvió al Club Miramar de las
pretensiones propuestas por el señor Luis Alfonso Alvis Alvarado mediante la
indicada reclamación. Para ello, la Sala citó una sentencia expedida por la
misma Corporación, basada en similares fundamentos fácticos y jurídicos, y
fallada a favor del Club Miramar; pero finalmente, resolvió el caso
considerando que la Convención Colectiva de Trabajó allegada por el Sindicato carecía
de la nota de depósito conforme a lo dispuesto en el artículo 469 del C.S.T.,
por ende, concluyó que se omitió el deber de probar idóneamente la existencia
del derecho convencional deprecado, lo que hacía imposible su reconocimiento.
5.1.9. Por los hechos anteriores el actor
impetró acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga – Sala laboral-, siendo admitida el 10 de abril de 2013 por la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral la cual dispuso correr
traslado a la autoridad accionada, al Comité de Reclamos Club Miramar
Barrancabermeja – Sindicato HOCAR y al Club Miramar Barrancabermeja.
5.2 Traslado y contestación de la
demanda
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
– Sala Laboral- declaró improcedente la tutela, teniendo en cuenta que el fallo
en pugna se resolvió a partir de lo previsto en la ley, la Convención Colectiva
y según las pruebas aportadas. Advirtió que el actor buscó utilizar la acción
constitucional como una tercera instancia lo que contraría la naturaleza de la
acción de tutela.
La apoderada del Club Miramar estimó
que al actor no se le vulneraron los derechos fundamentales, pues dentro de las
actuaciones realizadas no se presentó ninguna vía de hecho ya que se agotaron
todas las instancias procesales correspondientes. Finalmente, solicitó negar
por improcedente la tutela por cuanto ésta no ha sido creada para subsanar
errores procesales de las partes.
5.3 Pruebas
A continuación se relacionan
las pruebas documentales que obran en el expediente:
5.3.1. Poder otorgado por el
actor al abogado Jeferson Vera Lara (F. 13 del cuaderno principal).
5.3.2. Copia del acta
050-L-2012 de Laudo Arbitral del Comité de Reclamos del Club Miramar – Sindicato
HOCAR- expedida el 26 de diciembre de 2012 (F.s 14 a 16 Ibíd).
5.3.3.Poder conferido a
Jeferson Vera Lara por el accionante para presentar alegatos contra el Laudo
Arbitral proferido en primera instancia por el Comité de Reclamos
Miramar-Hocar. (F. 18 ibíd).
5.3.4. Copia de la sustentación del recurso de anulación
interpuesto por el apoderado del Club Miramar ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga (F.s 20 a 38 Ibíd)
5.3.5. Poder especial conferido al Doctor Leonardo Antonia
Arias, por el Representante Legal del Hotel Miramar, para contestar acción de
tutela (F. 39 ibíd).
5.3.6. Copia de la sentencia del 15 de marzo de 2013,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (F.s 46
a 60 Ibíd).
5.3.7. Contestación de la acción de tutela realizada por la
apoderada del Club Miramar, enviada al correo institucional de la Corte Suprema
de Justicia (F.s 25 a 31 del cuaderno de primera instancia).
5.3.8. Contestación de la tutela realizada por los
Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga  (F.s 43 a
45 Ibíd).
5.4  Sentencia de Primera
Instancia
La Corte Suprema de justicia -
Sala de casación Laboral, mediante sentencia del 23 de abril de 2013,
Magistrado Ponente. Luis Gabriel Miranda Buelvas, negó el amparo deprecado al
evidenciar que el Tribunal accionado profirió la sentencia teniendo en cuenta
un precedente de la Corporación, en el cual se estimó que, según la Convención
Colectiva celebrada, los trabajadores del Club Miramar reciben 100% de recargo
sólo cuando laboran el día lunes o martes si el lunes es festivo (día de
descanso obligatorio) y el básico del 75% cuando laboran un domingo o festivo
(día hábil de trabajo) “argumentos que no contrarían en manera alguna lo
preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 179 del Código Sustantivo de
Trabajo, cuando lo convenido por las partes fue que el día de descanso
colectivo de los trabajadores del Club sería el lunes y en caso de que éste
coincidiera con día festivo, el descanso sería el día hábil siguiente. Con lo
que se demuestra que el Comité de Reclamos del Club Miramar y el Sindicato –
Hocar, desconoció en el laudo censurado, las fuentes formales del derecho que
las mismas partes habían acordado, circunstancia esta que llevó razonablemente
al ad quem a anularlo, en tanto que los miembros de dicho Comité al dirimir el
Conflicto le dieron una interpretación que no contemplaba la norma convencional”
y porque es claro que tanto los Tribunales de arbitramiento como los Tribunales
Superiores del Distrito deben fallar en derecho y no en equidad.
Con respecto a la afirmación
del Tribunal sobre la omisión de allegar al proceso la Convención Colectiva de
trabajo en debida forma, dado a la carencia de las constancias de los sellos de
depósito, la Sala advirtió que “una vez revisado el correspondiente
expediente, se constató que las mismas reposan al dorso de los F.s 80, 114 y
150…,lo que evidencia claramente el yerro en que incurrió el Tribunal”.Pero
lo anterior, no se estimó como suficiente para desvirtuar la legalidad de la
providencia cuestionada “máxime cuando en esencia la censura del accionante
no estuvo dirigida a controvertir este aspecto”.
5.5. Impugnación
El actor reitera la existencia
de una violación por defecto procedimental absoluto, el cual sustentó en el
hecho de que el operador judicial ignoró las limitaciones que impone la ley,
pues, “Como lo ha expresado esta Corporación los mecanismos de control de
procedimiento arbitral no fueron diseñados por el legislador para revisar
integralmente la controversia resuelta por los árbitros, como podría ocurrir si
se tratara de una segunda instancia en virtud del recurso de apelación. Es más,
por ejemplo, las causales para acudir al recurso de anulación son limitadas si
se comparan con las motivaciones que se pueden alegar y sustentar durante el
trámite del recurso de apelación. Incluso la Corte ha precisado que “los jueces
de anulación deben restringir su estudio a las causales específicamente
invocadas por los recurrentes, dentro del marco restrictivo fijado por el
legislador” (sentencia T-790-2010)”
5.6. Sentencia de Segunda
Instancia
La Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Penal-, Magistrada Ponente María del Rosario González Muñoz,
mediante providencia del 13 de junio de 2013, confirmó la sentencia de primera
instancia. Señaló que el Tribunal sustentó y argumentó su decisión con
fundamento una fuente normativa como lo es el artículo 496 del C.S.T, que de
esta manera evidenció que no se probó la existencia del derecho convencional,
como lo exige la norma, al no allegarse de manera completa la Convención
Colectiva de trabajo, es decir, con los sellos de depósito. Así las cosas, la
Sala concluyó que para el caso no se presentó la arbitrariedad y capricho que
se exige para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales.
6.
EXPEDIENTE T-3.980.294
Edgar Madrid Riveros, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
(Art.230 CP), Omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones del
Servidor Público (Ar. 6 y 230 CN) con base en los siguientes:
6.1 Hechos
6.1.1.
El Señor Edgar Madrid Riveros trabajador del Club Miramar
ubicado en la ciudad de Bucaramanga, solicitó a su empleador el 23 de
septiembre de 2010 el reconocimiento de las sumas de dinero adeudas correspondientes
al 25% sobre el valor de dominicales y festivos laborados desde el 1 abril de
2003 hasta la fecha de la presentación de la demanda, reclamación que como
señala encuentra respaldo en el Art. 16 inciso 2 de la Convención Colectiva del
Trabajo.
6.1.2. En su respuesta, el Hotel Miramar negó las pretensiones del
accionante, porque en este caso había operado el fenómeno de la prescripción
durante la vigencia del 1 de abril de 2003 al 23 de septiembre de 2007, ello,
porque la entrada en vigencia de la ley 789 de 2002, modificó el concepto que
sobre jornada laboral, dominicales y festivos existía, así como los valores que
debían cancelarse por dichos conceptos. Agregó que para el pago de dominicales
y feriados debía aplicarse el Art.- 10 de la C.C.T.V y que para acudir a los
Art.- 16 y 17 de la misma era necesaria la remisión al referido Art. 10.
6.1.3. Mencionó, que en el mes de octubre de 2010 inscribió su caso
ante el Comité de Reclamos Miramar-Hocar- y que en el mes de agosto de 2012,
éste dio inicio al trámite arbitral de acuerdo a las reglas establecidas en el
Reglamento Interno que lo regula. Dijo además, que durante dicho trámite, se
dio apertura a la etapa probatoria, en la que se aportaron copias de los
recibos de pago durante la vigencia 2007 y 2012, así como copias del depósito
de las tres últimas convenciones colectivas de trabajo vigentes, y que por el
contrario la empleadora no aportó prueba alguna.
6.1.4. Advirtió que agotadas satisfactoriamente todas las etapas
procesales se resolvió de fondo y a su favor la reclamación, pero que una vez
en firme la decisión, la empresa Club Miramar presentó recurso extraordinario
de anulación contra el Laudo Arbitral ante el Tribunal Superior de Bucaramanga
quien procedió a la anulación del Laudo Arbitral del 7 de marzo de 2013,
proferido por el Comité de reclamos Miramar-Hocar.
6.1.5. La anterior situación, motivó al accionante a interponer
acción de tutela en contra del Tribunal el día 22 de marzo de 2013, allí señaló
que su actuación conllevó la violación del derecho al debido proceso porque la
decisión adoptada estuvo por fuera del procedimiento que regulan el recurso de
anulación que procede contra los laudos arbitrales, pues el Tribunal no
procedió al rechazo del recurso a pesar de advertir que quien recurrió no
invocó ninguna de las casuales de anulación contenidas en el Art.- 163 del
Decreto 1818 de 1998, lo que no sucedió en el presente caso, como lo exige el
Art. 164 de la misma norma.
6.2.
Traslado y contestación de la demanda
A pesar de que a la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, se le corrió traslado de la
acción impetrada por el señor Edgar Madrid Riveros, en el expediente no reposa
respuesta alguna.
La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bucaramanga al respecto respondió que una vez revisada la actuación
procesal que se surtió en el trámite del recurso de anulación concluyó que no
existió violación alguna de los derechos fundamentales por su parte, sostuvo
que la única Convención Colectiva que fue aportada válidamente fue la de la
vigencia 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2006 y que de acuerdo a lo
dispuesto en ella el Comité de reclamos le concedió el derecho al trabajador,
con una interpretación equivocada de las disposiciones allí contenidas
relacionadas con la forma en que debe cancelarse el recargo previsto en la ley
para quienes laboran el día del descanso obligatorio.
Finalmente, sostuvo que en
consideración a lo anterior no puede afirmarse que en dicho trámite se adoptó
una decisión caprichosa, arbitraria y mucho menos alejada de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, y que en ningún momento puede hablarse de la
estructuración de una vía de hecho.
En respuesta al traslado de
la acción de tutela interpuesta en contra del Club Miramar, su apoderada, negó
la existencia de una violación de los derechos fundamentales del accionante, en
su escrito hizo referencia a algunos precedente de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia[62],
en la que se consideraron casos similares al revisado, respecto de la
aplicación del artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, explica que en él se
señala que deberá rechazarse de plano el recurso de anulación “cuando
aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales
no corresponden a ninguna de las señaladas en el artículo anterior” y
estima que dicho amparo no estaba llamado a prosperar porque si el actor
consideraba que el recurso de anulación presentado contra el Laudo Arbitral no
se ajustaba a ninguna de las causales contenidas en el artículo 163 de citado
Decreto, debió recurrir el auto que admitió a trámite el citado recurso, para
que en su defecto fuera rechazado como lo ordena la referida norma, medio de
defensa a su juicio es eficaz y que al no haber sido utilizado como tal, impide
la configuración una causal genérica de procedibilidad como lo es el requisito
de la subsidiariedad.
6.3 Pruebas
6.3.1.
A continuación se
relacionan las pruebas documentales que obran en el expediente:
6.3.2. Poder otorgado por Edgar Madrid
Riveros a Jeferson Vara Lara para interposición de acción de tutela. (F.13
cuaderno principal)
6.3.3. Acta del Laudo Arbitral suscrito
el 26 de diciembre de 2012, por el Comité de Reclamos Club Miramar- Sindicato
Hocar. (F. 14 a 16 ibíd).
6.3.3.
Poder otorgado por Edgar Madrid Riveros a Jeferson Vara Lara para interposición
presentar alegatos dentro del recurso de nulidad presentado contra el Laudo
Arbitral arriba mencionado. (F.17-18 ibíd)
6.3.4 Sustentación
del recurso de anulación interpuesto por el apoderado del Club Miramar para
presentar recurso de anulación de Laudo Arbitral. (F. 19 a 37 ibíd )
6.3.5
Poder conferido a Leonardo Antonio Arias Martínez por el representante
legal del Club Miramar para presentar recurso de anulación alegatos contra el
Laudo Arbitral proferido en primera instancia por el Comité de Reclamos
Miramar-Hocar. (F. 38 ibíd).
6.3.6
Alegatos presentados el 26 de febrero de 2013, por el apoderado del
accionante contra el Laudo Arbitral proferido en primera instancia por el
Comité de Reclamos Miramar-Hocar. (F. 40 a 43 ibíd).
6.3.7
Copia de la sentencia del 14 de marzo de 2013, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (F.  44 a 64 Ibíd.)
6.3.8
Poder especial conferido a la Doctora Martha Patricia Quiñonez Gómez,
por el Representante Legal del Hotel Miramar, para actuar en nombre y representación
del Club Miramar en los términos del Art. 70 del Código de Procedimiento Civil.
(F. 16 ibíd).
6.3.9
Contestación de la acción de tutela realizada por el apoderado del Club
Miramar (F.s18 a 22 del cuaderno).
6.4 Sentencia de Primera
Instancia
La Corte Suprema de Justicia -
Sala de Casación Laboral-, Magistrado Ponente Jorge Mauricio Burgos, mediante
sentencia del 15 de abril de 2013, niega el amparo con fundamento en un
pronunciamiento del 10 de abril de 2013 de esa Corporación, en el que se resolvió
un caso similar al estudiado, que tuvo sustento convencional y legal.  Allí se
dijo que:  “El Tribunal accionado, luego de citar un precedente horizontal
sobre el tema, “le asiste razón al recurrente en lo que atañe al reparo que
formula en punto a la irregularidad en la aportación de la fuente formal del
derecho que sirve de sustento a la reclamación del trabajador, esto es, de la
Convención Colectiva de Trabajo, de cara a la cual en realidad de verdad, se
vislumbra la carencia de la nota de depósito conforme a lo dispuesto en el
artículo 469 C.S.T. Ciertamente el peticionario únicamente se limitó a traer
las fotocopias de los textos de las convenciones suscritos (…) a los cuales no
puede atribuírsele ningún efecto probatorio habida consideración que no
contienen la constancia de haber sido depositada oportunamente ante la
autoridad administrativa del ramo. Luego, contrariamente a lo decido por el
Comité de Reclamos, es indudable que éste erró al proceder a analizar las
súplicas contenidas en el escrito petitorio, sin reparar en que no se había
probado idóneamente la existencia del derecho convencional deprecado” también
señaló que “el laudo censurado debería ser objeto de anulación integra dado
que no se ajusta a la preceptiva normativa que lo regula y así se declarará”.
A continuación hizo referencia
a que “Ese discernimiento, contrario a lo expuesto por el actor, no puede
calificarse de arbitrario, pues el Juez del recurso le otorgó una inteligencia
a la norma que gobernada (sic) el asunto en materia y a partir de ello, arribó
a la conclusión relativa, a la ausencia de la prueba de la existencia y la
validez de la Convención Colectiva, sin que tal actividad conlleve, como se
afirma, a la vulneración de derechos de raigambre superior”.
Finalmente, señaló que “en
consecuencia el error que se le endilga al juez natural no debe tenerse como
tal pues era él quien poseía la competencia para dilucidar los conflictos
asignados en virtud del principio de especialidad y por tal razón negó el
amparo deprecado”.
6.5 Impugnación
Señaló en la impugnación el apoderado
del accionante que la solicitud de amparo estuvo orientada a demostrar la
existencia de una vía de hecho por un defecto procedimental absoluto, porque
con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga se violó su derecho al debido proceso. Dijo la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia quien negó el amparo solicitado, que la decisión
adoptada por dicho Tribunal consultó serios argumentos de razonabilidad jurídica
y que sin lugar a dudas obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez,
sin que le fuera posible al actor recurrir a la tutela como si se tratara de
una tercera instancia para efecto de debatir una nueva tesis
Insistió en que el referido
Tribunal no es el superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento, que la
naturaleza del recurso de anulación ha sido asimilable al recursos de casación
por conocer de errores in procedendo y no al recurso de apelación como
lo entendió el Tribunal, que se trata de un recurso que procede por excepción y
se refirió a la sentencia T-790 de 2010 de esta Corte en la que precisó: “los mecanismos de control del
procedimiento arbitral no fueron diseñados por el legislador para revisar
integralmente la controversia resuelta por los árbitros, como podría ocurrir si
se tratara de una segunda instancia en virtud del recurso de apelación”. Es
más, señaló que “las causales para acudir al recurso de anulación son limitadas
si se comparan con las motivaciones que se pueden alegar y sustentar durante el
trámite del recurso de apelación”. Incluso, mencionó que la Corte en dicha sentencia precisó que: ‘los
jueces de anulación deben restringir su estudio a las causales específicamente
invocadas por los recurrentes, dentro del marco restrictivo fijado por el
legislador.”
Por último señaló que el
Tribunal omitió revisar si el recurso reunía los requisitos formales exigidos,
aspecto que tampoco fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia y
quien por el contrario insistió en señalar con base en un precedente del 10 de
abril de 2013, proferido por esa Sala, que la importancia de no haber aportado
la fuente formal del derecho que servía de sustento la reclamación como lo eran
las notas de depósito de la Convención Colectiva del Trabajo, era un error que
justificaba la anulación íntegra del laudo.
Finalmente, señaló que el
Tribunal en primera instancia considerar la aclaración de voto que reposa en el
acta del Comité de Reclamos, del Inspector de Trabajo de Barrancabermeja quien “participó
del arbitraje y ratificó en forma categórica la existencia del certificado de
depósito en las convenciones allegadas como prueba en el expediente”, lo
que a su juicio además de indignante resulta un juicio irregular.
6.6 Sentencia de Segunda Instancia
La Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Penal, Sala de Selección de Tutelas-, mediante providencia del 13 de
junio de 2013, Magistrado Ponente José Luis Barceló Camacho, confirmó la
sentencia de primera instancia, allí reiteró lo dicho por el a quo, al
considerar que dentro del trámite del proceso el accionante no agotó los medios
judiciales de defensa existentes para corregir las presuntas irregularidades,
como lo fue no recurrir al momento de correrse el traslado para alegar la
declaratoria de infundado el recurso extraordinario de anulación por no
corresponder con lo planteado, según lo dispuesto en el artículo 164 del
Decreto 1818 de 1998.
Finalmente, no compartió que ahora en sede
de tutela el actor promueva reabrir la discusión, cuando ello debió agotarse en
el trámite del proceso y reiteró que dicha acción es un mecanismo excepcional
de protección que persigue unos fines diferentes a los que ahora se proponía el
actor; así como en un defecto fáctico
al omitir la valoración de las Convenciones Colectivas de Trabajo Vigentes, las
que se adjuntaron con las respectivas notas de depósito ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social dentro del término establecido en la ley, lo que le
otorgaba plena validez a los reclamos convencionales de los accionantes.
[1]  El 7 de marzo
de 2013 MP. Henry Lozada (Camilo Pachón); el 7 de marzo de 2013 MP.Henry Lozada
(Álvaro Araque); el 14 de marzo de 2013 MP.Ethel Cecilia Mesa (Álvaro Garcés); el
7 marzo de 2013 MP. Lucrecia Gamboa (Fredy Bravo); 15 de marzo de 2013 (Luis
Alfonso Alvis) y el 14 marzo de 2013, MP. Ethel Cecilia Mesa (Edgar Madrid).
[2] Laudos arbitrales del: 13 de noviembre de 2012, Acta -045-I-201
(Camilo Pachón); 13 de noviembre de 2012, Acta 043-E-2012 (Álvaro Araque); 26
de diciembre de 2012, acta 051-Ñ-2012 (Álvaro Garcés); 13 de noviembre de 2012,
Acta 046-J-2012 (Fredy Bravo); 26 de diciembre de 2012, Acta 050-L-2012 (Luis
Alfonso Alvis) y 26 de diciembre d 2012, Acta 028-D-2012 (Edgar Riveros)
[3]ARTICULO
179. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. ARTICULO 179. TRABAJO DOMINICAL
Y FESTIVO. <Artículo modificado por el artículo 26 de
la Ley 789 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:>
1. El trabajo en domingo y
festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%)
sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.
2. Si con el domingo coincide
otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja,
al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de la
jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el artículo 20
literal c) de la Ley 50 de 1990.
PARÁGRAFO 1o. El trabajador
podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el día sábado o
domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical
obligatorio institucionalizado.
Interprétese la expresión
dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para
el efecto del descanso obligatorio.
Las disposiciones contenidas en
los artículos 25 y 26 se
aplazarán en su aplicación frente a los contratos
PARÁGRAFO
2o. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador
labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo
dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante
el mes calendario
1. El trabajo
en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por
ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.
2. Si con el
domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el
trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa
el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en el
artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.
PARÁGRAFO 1o.
El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el
día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso
dominical obligatorio institucionalizado.
Interprétese
la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.
Las
disposiciones contenidas en los artículos 25
y 26
se aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la
vigencia de la presente ley hasta el 1o. de abril del año 2003.
PARÁGRAFO 2o. Se entiende
que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos
domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es
habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes
calendario.
[4] Ver Antecedentes – Traslado y Contestación de la demanda-
Expediente T-3.980.294 (Edgar Madrid Riveros). Anexo: página ___
[5] Expediente T.3.980.294 (Edgar Madrid Riveros (Ver 6.2.Traslado y
contestación de la demanda)
[6] Sentencia 31990 del 10 de abril de 2013, MP Carlos Ernesto Molina
Monsalve. Acción de Tutela adelantada por Federmán Benítez.
Laudos arbitrales del: 13 de
noviembre de 2012, Acta -045-I-201 (Camilo Pachón), numeral 1.3.8 del anexo; 13
de noviembre de 2012, Acta 043-E-2012 (Álvaro Araque), numeral 2.3.5 del anexo;
26 de diciembre de 2012, acta 051-Ñ-2012 (Álvaro Garcés), numeral 3.3.2 del
anexo; 13 de noviembre de 2012, Acta 046-J-2012 (Fredy Bravo), numeral 4.3.2
del anexo; 26 de diciembre de 2012, Acta 050-L-2012 (Luis Alfonso Alvis),
numeral 5.3.2 del anexo y 26 de diciembre de 2012, Acta 028-D-2012 (Edgar
Riveros), numeral 6.3.2 del anexo.
[8] Convención Colectiva de Trabajo Vigente
del 28 de abril de 2010; Convención Colectiva de Trabajo Vigente del 12 de
julio de 2007; Convención Colectiva de Trabajo Vigente del 21 de abril de 2005
Laudos
Arbitrales proferidos por el Comité de Reclamos Club Miramar-Hocar: 043-E-2012,
045-I-2012, 046-J-2012, 028-D-2012,050-L-2012, 051-Ñ-2013,
ARTICULO 116 La Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces,
administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.
Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni
juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de
la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
[11] Sentencia C-242 de 1997; C-242 de 1997,T-972
de 2007 y T-443 de 2008
[12] Sentencia T-443 de 2008
[13]Sentencia SU 174 de 2007
[14]Sentencia T-608 de 1998, SU-837 de 2002,
SU-058 de 2003; T-1228 de 2003, T-920 de 2004 y SU-174 de 2007 ( Pág. 19 T-972
de 2007.)
[15]Idíd.
[16]Criterio reiterado en las Sentencias SU-174 de 2007, T-443 de 2008,
T-790 de 2010
[17] Sentencia. C-543 de 1992. MP. José
Gregorio Hernández.
[18] Sobre este desarrollo ver las Sentencias:
T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-037, C-666
de 1996, SU-047  y 1017 de 1999, C-038 de 2000, SU-1184 de 2001, SU-159 de
2001.
[19]Sentencia 173 de 1993, reiterado en la Sentencia T-702
de 2010.
[20] Sentencia T-504 de 2000
[21] Sentencia T-315 de 2005
[22] Sentencia T-008 de 1998, reiterada en las
Sentencia T-707 de 2010 y T-018 de 2011.
[23] Sentencia T-658 de 1998, reiterada en las
Sentencia T-707 de 2010 y T-018 de 2011.
[24] Sentencia T-088 de 1999, SU-1219 de 2001
[25] Sentencias T-217 de 2010, T-018 de 2011 y
T-1086 de 2012
[26] Sentencia T-522/01.
[27]Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
[28]Sentencia T-284 de 2006  y T-518 de 2013
[29]Sentencia T-518 de 2013.
[30]Sentencia T-419 de 2011.
[31] Sentencias T-567 de 1998, T-590 de 2009 entre otras.
[32]Sentencia T-086 de 2007.
[33]Ver Sentencias T-576 de 1993 y T-442 de 1994.
[34]Sentencia SU-837 de 2002, SU-038 de 2003, y T-244 de 2007
[35]Ver sentencia T-025 de 2001.
[36]“Este defecto entonces, puede
concretarse cuando: a) hay falta de práctica y/o decreto de pruebas conducentes
para el caso debatido, valga decir, insuficiencia probatoria; b) la errada o defectuosa
interpretación de las pruebas allegadas
al proceso o interpretación errónea; c) la valoración de pruebas que son nulas
de pleno derecho, o sea la ineptitud e ilegalidad de la prueba.” Sentencia T-840 de 2006.
[37]Sentencia T-1100 de 2008.
[38] Sentencia T-311 de 2009
[39] Ver sentencia T-213 de 2012
[40] Ver Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013, C.P
Enrique Gil Botero.
[41]ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para
regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es
deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.
[42]Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del
21 de febrero de 1990
[43]“ARTICULO 469. FORMA. La
convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos
ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente
en el Departamento Nacional de Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15)
días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos
la convención no produce ningún efecto.”
[44] Ver sentencia  SU-1185 de 2001.
[45]H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre
otras, en sentencia de 14 de diciembre de 2001, Rad. 16835, M.P. Luis Gonzalo
Toro Correa, armonizando lo dispuesto por el artículo  469  del  C.S. del T.,
[46]  Ver Sentencias: T-443 de 2008 y T-058 de
2009
[47] Expediente: T-3.978.418 (F146 a 148); T-4.008.056 (F.146 a 148);
T-3.984.357 (F. 39 a 42); T-3.984.037 (F. 40 a 42); T-3.982.076 ( F. 41 a 44);
T-3.980.294 (F- 40 a 43).
[48]  Decreto 1818 de 1998 Artículo 164. Rechazo.
Artículo  164. Rechazo. El Tribunal Superior rechazará de
plano el recurso de anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición
es extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las
señaladas en el artículo anterior. En el auto por medio del cual el Tribunal
Superior avoque el conocimiento ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días
al recurrente para que lo sustente, y a la parte contraria para que presente su
alegato. Los traslados se surtirán en la Secretaría.
[49] Artículo 380. CAUSALES.  Son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia
documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.
2. Haberse declarado falsos por la justicia penal
documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia
recurrida.
3. Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas
que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas.
4. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de
peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha
prueba.
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de
las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido
objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al
recurrente.
7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el
artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad.
8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y que no era susceptible de recurso.
9. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el
segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la
existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión cuando en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[50] Expediente: T-3.978.418 (F.1); T-4.008.056 (F.1); T-3.984.357 (F.
1); T-3.984.037 (F. 1); T-3.982.076 ( F. 1); T-3.980.294 (F- 1).
[51]  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
decidió los recursos de anulación de los accionantes el: 7 Marzo de 2013 MP. Henry Lozada (Camilo
Pachón); el 7 de marzo de 2013 MP.Henry Lozada (Álvaro Araque); 14 marzo de
2013 MP.Ethel Cecilia Mesa (Álvaro Garcés); 7 marzo de 2013 MP. Lucrecia Gamboa
(Fredy Bravo); 15 de marzo de 2013 (Luis Alfonso Alvis) y 14 de marzo de 2013,
MP. Ethel Cecilia Mesa (Edgar Madrid).
[52]  Expediente: T-3.978.418 (F.143); T-4.008.056 (F.144);
T-3.984.357 (F. 36); T-3.984.037 (F. 38); T-3.982.076 ( F. 38); T-3.980.294 (F-
37).
[53]Como
quedó consignado en los diferentes laudos arbitrales del: 13
de noviembre de 2012, Acta -045-I-201 (Camilo Pachón), numeral 1.3.8 del anexo;
13 de noviembre de 2012, Acta 043-E-2012 (Álvaro Araque), numeral 2.3.5 del
anexo; 26 de diciembre de 2012, acta 051-Ñ-2012 (Álvaro Garcés), numeral 3.3.2
del anexo; 13 de noviembre de 2012, Acta 046-J-2012 (Fredy Bravo), numeral
4.3.2 del anexo; 26 de diciembre de 2012, Acta 050-L-2012 (Luis Alfonso Alvis),
numeral 5.3.2 del anexo y 26 de diciembre de 2012, Acta 028-D-2012 (Edgar
Riveros), numeral 6.3.2 del anexo.
[54] “ARTICULO  24. El artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social quedará así:"ARTICULO
54A.Valor probatorio de algunas copias. Se reputarán auténticas las
reproducciones simples de los siguientes documentos: (…)
3. Las convenciones colectivas de trabajo,
laudos arbitrales, pactos colectivos, reglamentos de trabajo y estatutos
sindicales. (…)
Las reproducciones simples de las constancias y
certificaciones que hagan parte o deban anexarse a cualquiera de los documentos
previstos en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º también se reputarán auténticas.
PARAGRAFO. En todos los procesos, salvo cuando se
pretenda hacer valer como título ejecutivo, los documentos o sus reproducciones
simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán
auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de
terceros."
[55] Expediente: T-3.978.418 (F.160); T-4.008.056 (F.160); T-3.984.357
(F. 55); T-3.984.037 (F. 52); T-3.982.076 ( F. 55); T-3.980.294 (F- 53).
[56]Providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga, el 7 de marzo de 2013, por medio la cual se resuelve
el recurso de anulación promovido por el Club Miramar contra el Laudo Arbitral
emitido por el Club Miramar- Sindicato Hocar.
[57] Sentencia 31990 del 10 de abril de 2013, MP Carlos Ernesto Molina
Monsalve.
[58]  Art. . 469 del C.S.T:
[60] Sentencia 31990 del 10 de abril de 2013, MP Carlos Ernesto Molina
Monsalve.
[61] Sentencia 31990 del 10 de abril de 2013, MP Carlos Ernesto Molina
Monsalve.
[62] Sentencia 31990 del 10 de abril de 2013, MP Carlos Ernesto Molina
Monsalve.