T-398-17
Sentencia T-398/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de la expresión "vía de hecho" por la de
"causales genéricas de procedibilidad"
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS
CORPORACIONES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad son más estrictos
Cuando se trata de acciones de tutela
contra providencias judiciales proferidas por una Alta Corte, se debe cumplir
con los requisitos generales de procedencia y con los requisitos especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y con la
configuración de una irregularidad que abiertamente contraríe los mandatos
constitucionales, de suerte que amerite la intervención urgente del juez de
tutela.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de
jurisprudencia
DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
EXCESO RITUAL MANIFIESTO
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
NIÑOS Y NIÑAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION E INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Protección
y sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Carácter rogado
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES COMO EXPRESION DEL
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR EN PROCESO DE REPARACION DIRECTA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, por cuanto Consejo de Estado desplazó el amparo de los derechos de
la accionante para dar aplicación a una norma procedimental
Se advierte la configuración del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, por cuanto el Consejo de Estado, pese a la
verdad jurídica objetiva probada en los hechos , aplicó de manera taxativa
las normas procesales según las cuales corresponde al recurrente confrontar los
argumentos del juez de primera instancia, a fin de solicitarle al juez de
superior jerarquía que decida sobre dichos puntos o asuntos, so pena de que
éste no estudie los aspectos que no fueron propuestos por el recurrente en su
apelación. Entonces, con esta actuación, el Consejo de Estado desplazó el
amparo de los derechos de la accionante para dar aplicación a una norma
procedimental, lo que hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en una violación directa de la
Constitución, ya que conculcó los derechos al interés superior del menor y a la
igualdad en proceso de reparación directa
El Consejo de Estado, incurrió en una violación directa de la
Constitución, ya que obvió los principios de la Carta Política. En efecto,
la sentencia atacada sólo tuvo en cuenta que la accionante no presentó
apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, por lo
que no la hizo acreedora de la protección dada a su media hermana, sin valorar
así fuera sumariamente su situación particular; actuación con la que le
conculcó sus derechos al interés superior del menor y a la igualdad.
Referencia:
Expediente T-6044950
Acción
de tutela instaurada por Sofía contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá
D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017).
La Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger -quien
la preside-, Diana Fajardo Rivera y el magistrado Alberto Rojas Ríos, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión del fallo de instancia proferido por la Sección Quinta,
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,[1]
que modificó la sentencia de la Sección Cuarta del mismo Tribunal,[2]
en el sentido en que negó la acción de tutela incoada por Sofía, para en
su lugar declarar su improcedencia.
I. ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política,[3]
el Decreto 2591 de 1991[4]
y el Acuerdo 02 de 2015,[5]
la Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional[6]
escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
ACLARACIÓN PREVIA
Teniendo en cuenta que en este caso se
estudiará la situación de una menor de edad a quien la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado no le reconoció la indemnización
por la muerte de su padre, en las mismas condiciones que a su media hermana,
porque su apoderado no interpuso recurso de apelación en contra de la decisión
de primera instancia en un proceso de reparación directa, la Magistrada
Ponente advierte
que como medida de protección de su intimidad, ordenará suprimir de esta
providencia el
nombre de la menor de edad y el de sus familiares, al igual que los datos e
informaciones que permitan identificarlos. En consecuencia, para efectos de individualizarlos
y para mejor comprensión de los hechos que dieron lugar a esta tutela, se
cambiarán los nombres reales por los siguientes nombres ficticios:[7]
Clara: madre de
Sofía
Carlos: padre de Sofía (q.e.p.d.)
Sofía: accionante en la
presente tutela, menor de edad, hija de Carlos
Camila: hermana de
Sofía
Diana: madre de
Liliana
Liliana: hija de
Carlos, media hermana de Sofía
Catalina: madre de Carlos
Roberto: hermano de
Carlos
Antonio: hermano de
Carlos
Ana: hermana de
Carlos
Camilo: hermano de
Carlos
Miguel: hermano de
Carlos
José: hermano de
Carlos
1. Solicitud y hechos
La
menor de edad Sofía, actuando en nombre propio,[8]
instauró acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, por considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al interés superior y a la prevalencia de los derechos
del menor, al proferir el fallo de segunda instancia en el proceso de
reparación directa iniciado por ella y sus familiares en contra de la Nación –Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional y Ejército Nacional-, por cuanto incurrió
en un error procedimental por exceso ritual manifiesto, por no reconocerle: i)
indemnización por la muerte de su padre, en la modalidad de lucro cesante,
hasta que cumpliera 25 años de edad; y ii) indemnización por el daño moral  en
100 SMLMV, a diferencia de lo otorgado a su media hermana, dado que su
apoderado no interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera
instancia. Funda su solicitud en los siguientes hechos:
1.1. Manifiesta que su padre, Carlos
(q.e.p.d.), el 2 de mayo de 2005, se desplazaba en su vehículo particular por
una carretera del municipio de Cajamarca, Tolima, y que una patrulla de la
Policía lo abordó y le pidió que transportara a varios miembros de esa
institución, petición a la que él accedió. Relata que al pasar por el sector
denominado “las curvas de perico”, en la vía que de Ibagué conduce a
Cajamarca, el vehículo fue objeto de un atentado del frente N°. 21 de las FARC.
Indica que en ese suceso su padre y varios patrulleros perdieron la vida.
1.2. Con ocasión de lo anterior, el
abogado que en ese momento representaba sus intereses, interpuso acción de
reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa, Policía Nacional y
el Ejército Nacional-, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por los perjuicios ocasionados no solo a ella, sino a su madre y
hermana. Por su parte, sus tíos, abuelos paternos y una media hermana, Liliana,
actuaron en el mismo proceso por intermedio de otro apoderado judicial.
1.3. Cumplido el trámite legal
correspondiente, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia del
11 de mayo de 2007, accediendo parcialmente a las súplicas de la demanda, tras
encontrar presentes los supuestos fácticos para endilgar responsabilidad a la
Policía Nacional bajo el régimen del riesgo excepcional. En ese sentido, “reconoció
indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a mi
favor, como a mi media hermana Liliana;[9]
sin embargo, esta indemnización se limitó hasta que cumpliéramos los 18 años de
edad. Así mismo, por perjuicios morales nos fue reconocido a cada una 40
SMLMV”.[10]
1.4.
El abogado que representaba sus intereses en dicho proceso “por razones que
desconozco y no debía conocer para la época, dado que para la fecha del fallo
del Tribunal Administrativo del Tolima yo contaba con tan solo 6 años de edad,
no interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia de primera
instancia, a pesar de que el fallo no se ajustaba a la jurisprudencia del
Consejo de Estado”, en el sentido en que el monto de la indemnización por
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante debía extenderse hasta
que cumpliera 25 años de edad, en tanto que “mi padre me había reportado una
ayuda económica hasta el momento en que cesara completamente su obligación
legal de prestarme alimentos. Igualmente, la Sección Tercera del Consejo de
Estado tiene establecido que por el nivel de cercanía y grado de consanguinidad,
el monto y equivalente por perjuicio moral es del nivel N° 1, esto es, de 100
SMLMV”.
1.5.
Por su parte, el apoderado judicial de su media hermana, “al advertir las
falencias del fallo de primera instancia, presentó recurso de apelación,
pretendiendo entre otras, que el monto del lucro cesante se calculara hasta que
ella cumpliera los 25 años de edad, y el daño moral fuera reconocido hasta los
100 SMLMV, acorde con la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado”.
1.6. Mediante sentencia de segunda
instancia del 24 de febrero de 2016, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, accedió a las pretensiones de la apelación, incrementando la
indemnización por lucro cesante a favor de Liliana, hasta cuando ella
cumpliera los 25 años de edad. Del mismo modo, modificó el monto
correspondiente al daño moral, incrementándolo a 100 SMLMV.[11]
1.7. En lo que a los intereses de la
accionante respecta, la autoridad judicial accionada no se pronunció, “ya
que la parte actora en su recurso limitó su impugnación a esos demandantes, por
cuanto los demás estaban representados por otro apoderado. En ese orden, no se
actualizó el monto de la indemnización que en mi favor fijó el Tribunal
Administrativo del Tolima, es decir, ésta quedó establecida hasta que cumpliera
los 18 años de edad (lucro cesante) y por 40 SMLMV por el daño moral”.
2. Contestación de la demanda
2.1.
La doctora Marta Nubia Velásquez Rico, Consejera Ponente en la sentencia objeto
de revisión de la presente acción de tutela, manifestó que ésta no tiene
vocación de prosperidad, pues con el fallo cuestionado no se vulneró ningún
derecho fundamental de la accionante.[12]
En efecto, señaló que:
“(…) en el proceso de reparación
directa, la demanda fue presentada por un solo apoderado judicial; sin embargo,
el 20 de marzo de 2006, la señora Clara, quien actuaba en nombre propio y en
representación de sus hijas Sofía y Camila revocó el poder inicial otorgado, y
concedió poder a otro abogado para que actuara en su representación y en el de
sus hijas.
Posteriormente el Tribunal
Administrativo del Tolima dictó sentencia y accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda, esa decisión fue objeto de apelación por el apoderado de los
otros demandantes, pues consideró que el Tribunal Administrativo a quo se había
equivocado al tasar los perjuicios morales y al liquidar el lucro cesante a
favor de la señora Liliana, pues lo limitó hasta que ella cumpliera 18 años de
edad, razón por la cual esta Subsección modificó los montos reconocidos en
primera instancia.
De conformidad con lo anterior, no puede
afirmarse que se vulneró ningún derecho fundamental, por cuanto la competencia
del juez de segunda instancia está dada por el recurso de apelación, a través
del cual se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
judicial –en este caso la que contiene una sentencia-, por lo cual corresponde
al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia
consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o
apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía
funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda
instancia. Lo anterior de conformidad con el artículo 357 del C.P.C (…)”.
Aunado
a lo anterior, señaló que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
delimitado el estudio del recurso de alzada –y con ello la competencia del juez
ad quem- a los motivos de inconformidad que exprese el recurrente, por
lo que “(…) el apelante debe señalar en forma oportuna, esto es, dentro de
los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que
considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de
su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez”. En efecto, señaló
que en el caso de la menor Sofía, “(…) al no presentarse apelación por parte
del apoderado de la tutelante, la Sala no podía entrar a estudiar aspectos
diferentes a los planteados en la alzada, toda vez que esa determinación iría
en contravía de la jurisprudencia de esta Corporación y del ordenamiento
jurídico”.
Concluyó
manifestando que lo pretendido por la tutelante es enmendar la omisión en la
que incurrió al no solicitar la revisión de los montos de la indemnización,
para lo cual no es procedente la acción de tutela, principalmente si se tiene
en cuenta que la posibilidad siempre latente de resolver de más de un modo
jurídicamente razonable un caso particular, no hace parte de los asuntos que
deban solucionarse por esta vía, salvo casos de grosera y manifiesta
arbitrariedad, en los que pueda identificarse una sola interpretación como la
única constitucionalmente válida, circunstancia que no puede predicarse de la
sentencia censurada.
2.2.
La Policía Nacional contestó la acción de tutela manifestando que dicha entidad
no ha vulnerado derecho alguno de la menor de edad accionante, puesto que sus “funciones
son totalmente diferentes a tomar decisiones judiciales”.
Por
otra parte, agregó que la sentencia cuestionada no incurre en ningún defecto,
por cuanto el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción
administrativa, al emitir su juicio de valor para conceder el incremento del
valor de los perjuicios ocasionados a algunos actores, se basó estrictamente en
el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los mismos, contra la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 11 de mayo de
2007.
También
señaló que la accionante contó con la oportunidad procesal pertinente para
apelar la decisión proferida en primera instancia; no obstante, por medio de su
apoderado judicial decidió guardar silencio y atacar dicha sentencia a través
de la presente acción de tutela, lo cual es improcedente, ya que este mecanismo
de defensa no puede considerarse una instancia adicional del trámite
jurisdiccional. En el mismo orden de ideas, indicó que “no puede la
accionante amparar su pretensión en el hecho de que el apoderado judicial no
interpuso el recurso por causas inexplicables, y que para la época de los
hechos ella tenía seis años de edad, pues aceptar tal razonamiento implicaría
la vulneración del derecho a la igualdad procesal de la Institución Policial,
al otorgársele a la parte accionante la potestad de discutir por medio de
tutela, lo no cuestionado por medio de la impugnación”.
Finalmente,
manifestó que en el presente caso tampoco se está ante la existencia de un
perjuicio irremediable o de una amenaza inminente e injustificada que amerite
la procedencia de la tutela como mecanismo para acceder al reconocimiento de las
pretensiones solicitadas por la actora.
3.
Decisión del juez de tutela en primera instancia
La
Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia del trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016),
negó la presente acción de tutela, al considerar que la decisión de la
autoridad demandada se encuentra debidamente sustentada, y no es posible que
sea calificada con un defecto procedimental, por cuanto la competencia del juez
ordinario de segunda instancia está dada por el recurso de apelación, a través
del cual se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
judicial. Así las cosas, sostiene el Tribunal que le corresponde al recurrente
confrontar, con sus propias consideraciones y apreciaciones, los argumentos que
el juez de primera instancia tuvo en cuenta para fallar, para efectos de
solicitarle al juez de superior jerarquía funcional, que decida sobre los
puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia.
Con
base en lo anterior, señaló el Alto Tribunal que la autoridad judicial
demandada actuó en derecho en el presente caso, por cuanto “si bien la
providencia objeto de la presente acción únicamente analizó el tema relacionado
con los perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante
respecto de los demandantes Liliana , Catalina, Roberto, Antonio, Ana, Camilo,
Miguel y José, ello fue así porque la parte actora en su recurso limitó la
impugnación a las personas allí relacionadas, por cuanto los demás estaban
representados por otro apoderado que no impugnó la decisión del juez de primera
instancia”.
Agrega,
que mal podría el juez de segunda instancia entrar a modificar lo ya concluido
frente a una parte que no interpuso recurso de apelación, pues de ninguna
manera la litis se encontraba totalmente abierta, y por ende, tal como
lo consideró la autoridad judicial demandada, tenía que limitar su examen a
resolver la apelación que le fue planteada, sin exceder la materia de
impugnación que en relación con el fallo de primera instancia le han señalado y
establecido las partes recurrentes.
Frente
a la excepción consagrada en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil,
consistente en que cuando ambas partes hayan apelado, el superior resolverá sin
limitaciones, precisó que en el presente caso no es de aplicación, por cuando
aquí no se observa la mencionada circunstancia, ya que si bien la parte
demandada apeló la sentencia referida, no ocurrió lo mismo con la parte actora,
pues no todas las personas que conforman dicha parte procesal, interpusieron el
recurso de apelación, motivo por el cual mal podría el superior resolver el
recurso sin limitaciones.
4.
Impugnación
La accionante impugnó la decisión de primera instancia el
dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Manifestó que su
inconformidad frente a la sentencia cuestionada, radica en que, no solo invocó
el desconocimiento del derecho al debido proceso, sino también la violación del
principio a la prevalencia del interés del menor y a la igualdad; no obstante,
al plantear el problema jurídico, el juez de tutela de primera instancia omitió
abordar dicho alegato, refiriéndose únicamente a la necesidad de la apelación y
a los límites del ad quem para pronunciarse respecto de lo no impugnado,
lo cual no constituía el eje central de la demanda de tutela.
Agregó que, “para el a quo he debido apelar el proceso
contencioso administrativo, olvidando que tenía 6 años de edad. De esta manera,
debo entonces asumir las consecuencias de la posible desidia o negligencia del
profesional del derecho (o incluso de mi propia familia) que mal representó mis
intereses. La decisión del juez de tutela implica que podía renunciar a mi
derecho prevalente como menor de edad por la decisión de terceros y desconocer
que soy un sujeto de especial protección constitucional”.
Finalmente, señaló que el juez de primera instancia puso la
ritualidad procesal por encima del derecho sustancial, sacrificando los
derechos subjetivos de una menor de edad.
5.
Decisión del juez de tutela en segunda instancia
La
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, mediante sentencia del nueve (9) de febrero de 2017, modificó el fallo
proferido por la Sección Cuarta de ese Tribunal, que negó la solicitud de la
accionante, y en su lugar declaró improcedente la presente acción de tutela,
argumentando que la actora no agotó todos los recursos ordinarios a su alcance
para defender sus pretensiones, pues no presentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
Al
respecto, señaló que la actora “no solo contaba con el apoderamiento de un
abogado sino que contaba con la representación legal de su madre, quien revocó
el poder del abogado que interpuso la demanda de reparación directa para
otorgar una nueva representación legal (…)”, por lo que concluye que su
condición de menor de edad conllevaba a que fuera su progenitora quien velara
por sus intereses.
Finalmente,
sostuvo que “las gestiones efectuadas por el abogado que representaba a la
menor de edad, reflejaban válidamente la voluntad de la madre, (…) por lo que,
si de esa gestión se desprende algún tipo de negligencia, ella puede acudir a
las acciones legales respectivas en las que, inclusive, podría pedir la reparación
pecuniaria a que tenga derecho”.
6.
Actuaciones en sede de revisión
6.1. El
veinticuatro (24) de mayo de 2017, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015[13]
que unifica y actualiza el Acuerdo 05 de 1992, por medio del cual se adopta el
Reglamento de la Corte Constitucional, la Magistrada Sustanciadora sometió a consideración de la Sala Plena de esta Corte, la
posibilidad de que la misma asumiera el conocimiento del presente caso, por
tratarse de una acción de tutela interpuesta contra un fallo
de la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado. Mediante decisión
de la misma fecha, el Pleno de esta
Corporación resolvió que el asunto de la referencia debía ser fallado por la
Sala Séptima de Revisión.
6.2. Por medio de auto del veintiséis (26) de
mayo de 2017, la Magistrada Sustanciadora ordenó al Tribunal Administrativo del
Tolima el envío de copia de la totalidad del expediente correspondiente al
proceso de reparación directa adelantado por Clara (quien actuó en
nombre propio y en representación  de sus hijas Sofía y Camila),
Diana (quien actuó en su propio nombre y en representación de su hija
Liliana), Catalina, Roberto, Antonio, Ana, Camilo, Miguel y José,
contra Nación -Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y Ejército
Nacional- con el fin de que se les declarara administrativamente responsables
por los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Carlos.
6.3. Por
escrito del quince (15) de junio de 2017, la Secretaría General de esta Corporación
informó al Despacho sustanciador que “el Auto del veintiséis (26) de mayo de
2017 fue comunicado mediante oficio de prueba OPTB-1745/17 del treinta y uno
(31) de mayo de 2017 y durante dicho término no se recibió comunicación alguna)”.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades
conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es
competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta
referencia.
2.
Problema jurídico
2.1.
En consideración a los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de
Revisión responder el siguiente problema jurídico: ¿La Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, al interés superior y a la prevalencia de los derechos del menor
de Sofía, al proferir el fallo de segunda instancia dentro del proceso
de reparación directa iniciado por ella y su familia en contra de la Nación
-Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Ejército Nacional-, el cual
supuestamente incurrió en un error procedimental por exceso ritual manifiesto y
en una violación directa de la Constitución, por no reconocerle: i) la indemnización
por la muerte de su padre en la modalidad de lucro cesante, hasta que cumpliera
25 años de edad, y ii) la indemnización por el daño moral en 100 SMLMV, a
diferencia de lo otorgado a su media hermana, por el hecho de que el apoderado
de la actora no interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de
primera instancia?
2.2.
Para resolver la cuestión planteada, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas
analizará: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) los requisitos
especiales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iv) el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales;  (v) la violación directa de la Constitución como
requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales; y (vi) la prevalencia de los derechos de los
menores de edad en el ordenamiento constitucional colombiano; para
luego (vii) analizar el caso planteado.
3. Procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.1. Sustento Constitucional
3.1.1. Con el fin de
precisar el alcance y contenido de la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales, esta Corte en sentencia T-352 de 2012,[14]
realizó una completa descripción del tema. En esta oportunidad se traerán a
colación algunas consideraciones de la aludida providencia, y se agregarán
nuevas apreciaciones al respecto, a efectos de nutrir el contenido del asunto.
Así pues, destaca la
sentencia en mención, que la Constitución Política de 1991,
consagra en su artículo 86 que la acción de tutela procede contra toda acción o
la omisión de cualquier autoridad pública, dentro de las que se encuentran las autoridades
judiciales. Dichas autoridades, en el ejercicio de sus funciones, deben ser
respetuosas de los mandatos constitucionales y legales, a fin de garantizar los
derechos, deberes y principios constitucionales.[15]
Es por ello que esta Corte ha aceptado que a través de la acción de tutela se
controlen las decisiones judiciales que resulten atentatorias o vulneratorias
de los derechos fundamentales de las partes procesales, especialmente, del
derecho al debido proceso.
No obstante lo anterior, la Corporación
ha sido clara en manifestar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no es viable en todos los casos. Por el contrario, su procedencia
debe ser excepcional, “en atención a los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza
subsidiaria de la acción de tutela de que trata la misma Constitución”.[16]
3.1.2. En sentencia C-543 de 1992,[17]
la Corte al estudiar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 Constitucional”, declaró inexequibles los
artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, los cuales se referían a la caducidad y
la competencia especial de la tutela contra providencias judiciales. En esa
oportunidad, la Corte consideró que la acción de tutela no fue creada para
controvertir decisiones judiciales, sino para “dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que
implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de
las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de
ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho”.
Pese a lo anterior, la Corte mantuvo
abierta la posibilidad para que en casos excepcionales fuera admitida la
viabilidad procesal de la acción de tutela contra providencias judiciales. Ello
sucedía cuando la decisión judicial “incurría en una desviación de tal
magnitud, que el acto proferido no merecía la denominación de providencia, pues
había sido despojada de dicha calidad. En desarrollo de lo expuesto, se
determinó que el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que –en
principio– cobijadas por el manto del ejercicio autónomo de la función
judicial, llevaban a una violación protuberante de la Constitución y, en
especial, de los bienes jurídicos más preciados para el hombre (derechos
fundamentales). Esta figura se denominó “vía de hecho” (…)”.[18]
Bajo la teoría de la vía de hecho, la
tutela procedía contra decisiones manifiestamente arbitrarias, por ejemplo,
cuando: “(i) se basan en normas evidentemente inaplicables (defecto
sustantivo), (ii) son proferidas con carencia absoluta de competencia (defecto
orgánico), (iii) se basan en una valoración arbitraria de las pruebas (defecto
fáctico), o (iv) fueron proferidas en un trámite que se apartó ostensiblemente
del procedimiento fijado por la normativa vigente (defecto procedimental). Con
el paso del tiempo, el Alto Tribunal en su jurisprudencia fue identificando
otros defectos constitutivos de vías de hecho".[19]
3.1.3. Posteriormente, en la sentencia
C-590 de 2005,[20]
en la que se estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 185 parcial de la Ley 906 de 2004, que
supuestamente impedía que las sentencias de casación fueran intangibles,
inmodificables e intocables, la doctrina de las vías de hecho fue
modificada. En este fallo, la Corte señaló que “la
tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter
general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”. En efecto, la sentencia referida (T-352 de 2012) cuenta
que estos requisitos envuelven lo que en su momento fueron los defectos que
constituían vías de hecho.
3.2. Requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
Los requisitos generales señalados en la
sentencia C-590 de 2005,[21]
“hacen referencia a la viabilidad la acción de tutela contra providencias
judiciales, con la eficacia de principios de estirpe constitucional y legal
como la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la independencia y autonomía del
juez, y la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama
judicial”.[22]
Estos requisitos son los siguientes:
“a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones.[23]
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.[24]  De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[25].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora[26].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[27].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f.
Que no se trate de sentencias de tutela[28].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.[29]
3.3. Requisitos especiales de
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.3.1. La
sentencia C-590 de 2005, señaló que además de los requisitos generales, para
que proceda la acción de tutela contra providencia judicial, es necesaria la existencia de al menos una causal especial de
procedibilidad. Se trata de defectos sustanciales graves que hacen
discordante la decisión judicial con los preceptos constitucionales.[30]
Éstos corresponden a:
“a.
Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[31] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[32]
i.
Violación directa de la Constitución, que es el defecto que se deduce de
infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente
vinculables a la Constitución”.[33]
Bajo este entendido, la acción de tutela
procede contra providencias judiciales cuando se configuran los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas de procedibilidad.
3.3.2. Cuando se trata
de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia
o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en
manifestar que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se
trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de la jurisdicción
ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por
ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones
es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión
riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible
con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance
y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión”.[34]
En efecto, cuando se trata de acciones
de tutela contra providencias judiciales proferidas por una Alta Corte, se debe
cumplir con los requisitos generales de procedencia y con los requisitos
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y con la configuración de una irregularidad que abiertamente
contraríe los mandatos constitucionales, de suerte que amerite la intervención
urgente del juez de tutela.
3.3.3. Teniendo en cuenta que a partir
de los hechos del presente caso, la Sala advierte la posible existencia de: (i)
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque al parecer la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado aplicó taxativamente las
normas procesales sobre la impugnación de la sentencia de primera instancia en
un proceso de reparación directa, evadiendo las condiciones especiales de la
accionante, que la hacen acreedora de un amparo especial y  reforzado de sus
derechos; y (ii) una violación directa de la Constitución, ya que se alega que
dicha autoridad judicial decidió en segunda instancia el proceso de reparación
directa desconociendo los derechos y principios constitucionales de la
accionante, a continuación se hará referencia a    dichos defectos como
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
3.4. El defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto como causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.4.1. A partir de los artículos 29 y
228 de la Constitución, sobre los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre el procesal, es que el defecto procedimental encuentra su sustento como
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En efecto, por disposición del artículo 228 Constitucional, en las
decisiones de la Administración de Justica debe prevalecer el derecho
sustancial.
Existen dos tipos de defectos
procedimentales. El primero de ellos se denomina defecto procedimental
absoluto, y se presenta cuando el funcionario judicial desconoce las formas
propias de cada juicio, es decir, cuando “se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico,
ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente
-desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso”[35].
El segundo se llama defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, y se configura cuando“(…) un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial incurre en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando “(i) no tiene
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de
los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad
jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) porque
aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación
devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”.[36]
Han sido diversos los fallos en los que
esta Corte ha reconocido la existencia de un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, entre los que se encuentran:
3.4.2. La sentencia T-1306 de 2001,[37]
en la que la Corte conoció el caso de una persona que a través de demanda ordinaria
laboral solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación, la cual le fue
negada en segunda instancia por no cumplir con los requisitos establecidos en
la ley. Según el accionante, la Corte Suprema de Justicia en sede de Casación incurrió en vía de hecho, ya que a pesar de no haber casado
la sentencia por errores en la técnica de casación, reconoció dentro de la
parte considerativa de tal fallo, el hecho de que él sí tenía derecho a la
pensión de jubilación. Entonces, al revisar el asunto, la Corte
Constitucional dándole prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal decidió
tutelar los derechos del accionante con base en los siguientes argumentos:
“Los
jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el
derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales,
dentro del marco de un debido proceso (…).
Sin
embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva
realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal
haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del
cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando
a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la
efectiva realización del derecho material (art. 228).
De
lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual
manifiesto, que es aquel que se deriva de un fallo en el cual hay una renuncia
consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales, convirtiéndose así en una
inaplicación de la justicia material”.
En esta oportunidad, la
Corte manifestó que el comportamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia se distanciaba de los mandatos constitucionales sobre la especial
protección al derecho al trabajo por parte del Estado, la igualdad de
oportunidad para los trabajadores, la
irrenunciabilidad de beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la
primacía de la realidad sobre las formas, lo cual era inconcebible, especialmente
si era latente la vulneración del núcleo esencial de los derechos fundamentales
del accionante. Bajo este supuesto, consideró la Corte, que la naturaleza irrenunciable
de los derechos de que se trataba, obligaban a la Corte Suprema de Justicia a
darle prevalencia al derecho sustancial sobre el procedimental.
3.4.3. Posteriormente, en la sentencia
T-974 de 2003,[38]
esta Corporación conoció de un caso en el que la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó la perención de un proceso
ordinario de responsabilidad contractual, porque el suplente del representante
legal de la sociedad accionante no se había presentado a la audiencia de
conciliación, sin tener en cuenta que a esta persona se le había revocado el
mandato tres años antes de la audiencia, lo cual había sido aportado al
proceso, pero no fue tenido en cuenta por la autoridad judicial. En este caso
la Corte sostuvo:
“Por
consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P).
Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de dicho
material emerge clara y objetivamente su existencia.
(…)
Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de
la Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y,
por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que
en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos,
el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio”.
En esta providencia la Corte amparó los
derechos fundamentales del accionante al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al concluir que el juez incurrió en una vía de
hecho al ignorar arbitrariamente una prueba que tenía la capacidad de modificar
el sentido del fallo.
3.4.4. Seguidamente, mediante sentencia
T-289 de 2005, la Corte revisó un caso en el que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, rechazó
por improcedente los recursos de reposición y apelación interpuestos contra un
auto de rechazo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
tras considerar que al tenor del artículo 183 del Código Contencioso
Administrativo, lo procedente era el recurso ordinario de súplica, pese a que
el Código de Procedimiento Civil consagra que los recursos procedentes eran la
reposición y apelación. En cuanto al exceso ritual manifiesto
la Corte manifestó que:
“(…)
la prevalencia de lo sustancial sobre
lo formal no sólo se debe presentar cuando es preciso dar paso al derecho
sustancial sobre el procesal –según el alcance dado al exceso ritual manifiesto
en la Sentencia T-1306/01- sino cuando dentro del mismo derecho procesal la
materialidad de las actuaciones procesales adelantadas, entre ellas la
interposición de recursos, desplazan su denominación formal”.
En esta sentencia, la Corporación
decidió que, tanto la reposición como la súplica se
deberían interponer en el mismo término (dentro de los tres días siguientes a
la notificación del auto), anexando la sustentación del recurso, por lo que el
Tribunal debió haber adecuado el escrito presentado a la normatividad del
incidente de súplica. Finalmente, señaló que esta solución judicial era la
única posible dentro de una comprensión amplia del mandato de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal.
3.4.5. Siguiendo esta línea de argumentación,
en la sentencia T-264 de 2009,[39]
la Corte revisó el caso de un juez de segunda instancia que en el marco de un
proceso de responsabilidad civil extracontractual iniciado por una mujer y sus
dos hijos por la muerte de su esposo y padre en un accidente de tránsito, les
negó sus pretensiones, arguyendo que como parte interesada no habían aportado
las pruebas que reconocían el parentesco que querían acreditar, pese a que éste
se encontraba probado en el proceso penal en el que se condenó a la persona que
causó el accidente, el cual fue debidamente allegado al proceso de
responsabilidad civil. Sobre el exceso ritual manifiesto sostuvo que:
“(…)
si
bien los jueces gozan de libertad para valorar las pruebas dentro del marco de
la sana crítica, no pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual
probatorio que se oponga a la prevalencia del derecho sustancial (…).
(…)
la correcta administración de justicia supone:
(1º)
Que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se incurra,
(i) ni en exceso ritual manifiesto, (ii) ni en una falta de valoración de las
pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su
conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su
valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material
probatorio emerge clara y objetivamente. (2º) Que en el desarrollo de la sana
crítica el juez se sujete a los contenidos, postulados y principios
constitucionales de forzosa aplicación, por ejemplo, la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas”.
Como resultado de lo anterior, el Alto
Tribunal decidió tutelar los derechos fundamentales de los accionantes,
aduciendo que el juez le dio prevalencia al derecho procedimental antes que al
sustancial, ya que solicitó la prueba del registro civil, aun conociendo de
sentencias que demostraban que la peticionaria aportó a un proceso penal las
pruebas que hacían falta en el proceso de responsabilidad civil
extracontractual. Entonces, la Corte determinó que la
autoridad accionada olvidó su papel de garante de los derechos sustanciales, su
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la
búsqueda de la verdad en el proceso.
3.4.6. En la Sentencia T-327 de 2011,[40]
la Corte revisó un caso relacionado con la
reliquidación de un crédito hipotecario, en el que el juez de
segunda instancia del proceso ordinario y la Corte Suprema de Justicia (como
juez de tutela), decidieron negar el amparo solicitado por el accionante, tras
valorar erradamente el dictamen pericial decretado de oficio por el
juez a quo
en el marco del proceso.  El Alto Tribunal expresó que:
“(…)
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto surge cuando el juez no
atiende el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, y en consecuencia
de ello deniega o vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia.
Es
importante precisar que esta causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, presenta una estrecha relación con problemas de
hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, es decir, con el
denominado defecto fáctico”.
En este caso, la Corte amparó el derecho
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
del accionante, con base en que debía prevalecer el derecho sustancial sobre el procesal. En ese orden de ideas,
este Tribunal dejó en claro que las autoridades judiciales demandadas
desconocieron el rol que les asigna el ordenamiento en cuanto a la garantía de
los derechos sustanciales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible
para tomar una decisión dada la tecnicidad del caso. En efecto, señaló este
Tribunal que “con su conducta, las autoridades accionadas dejaron a los
demandantes sin posibilidades ante la jurisdicción, y dejaron de lado su
posición de garante de los derechos sustanciales, su deber de hacerlos
prevalecer y “su
compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la
adopción de decisiones justas”.
3.4.7. En la sentencia T-363 de 2013,[41]
la Corte al estudiar el caso de una persona que inició proceso ordinario
laboral para el aumento de su pensión de vejez en el 14% por cónyuge a cargo,
lo cual fue despachado desfavorablemente por el juez de única instancia, al
considerar que las declaraciones extra juicio anexadas para probar la
conveniencia y dependencia económica de su cónyuge, habían sido aportadas sin
la ratificación de que trata el numeral 2º del artículo 229 del Código de
Procedimiento Civil, manifestó que:
“(…)
a pesar de la interconexión entre el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y el defecto fáctico, no implica que no puede evidenciarse una
diferencia entre ellos, en particular, el exceso ritual manifiesto deviene por la exigencia
del cumplimiento en exceso rigurosa del procedimiento, que hace nulo el
cumplimiento de la justicia material; por su parte el defecto fáctico se causa
por la arbitrariedad del juzgador al omitir o al valorar una prueba cuando a
ello no hay lugar. En suma, el defecto por exceso ritual manifiesto se presenta
cuando
un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia, causada por la aplicación de disposiciones procesales
opuestas a la vigencia de los derechos fundamentales, por la exigencia
irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales o por un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas (…)”.
La Corte encontró configurado el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto invocado, en virtud de que: “(i)
la decisión adoptada por la funcionaria judicial no tuvo en cuenta que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos
sustantivos; (ii) su actuar constituyó una renuncia consciente a la verdad
jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto; y (iii)
exigió un requisito formal cuya aplicación es en exceso rigurosa del derecho
procesal, y que deviene en el desconocimiento de derechos fundamentales”.[42]  Como
consecuencia de lo anterior, procedió a dejar sin efectos la decisión judicial censurada y a ordenar la
emisión de una nueva, la cual deberá subsanar los yerros señalados en este
fallo.
3.4.8. En la sentencia SU-636 de 2015,[43]
la Corte estudió un proceso de reparación
directa en el que la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó el amparo
concedido a los accionantes por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por
la destrucción de las instalaciones e implementos de trabajo de los cuales
manifestaron ser propietarios, por cuanto supuestamente los demandantes no
acreditaron ser los dueños sino los poseedores de los bienes muebles e
inmuebles. Entonces, el Consejo de Estado negó la pretensión invocada porque
los demandantes concurrieron al proceso invocando la calidad de propietarios, y
está vedado al juez variar la causa petendi para fundamentar la legitimación
material por activa en la condición de poseedores. En esa oportunidad la
Corte sostuvo que:
“El defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una
autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el derecho
de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su obligación de
dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii)
exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii),
incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas. La
jurisprudencia constitucional ha determinado que en algunas hipótesis se
presenta una convergencia entre el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y un defecto fáctico en su dimensión negativa. Ello ocurre cuando el
juez (i) omite valorar prueba documental que ha sido aportada en copia simple,
pese a haber sido conocida y no controvertida por las partes; también cuando (ii)
omite emplear su facultad probatoria de oficio para ordenar que se alleguen los
originales de documentos aportados en copia simple o, en general, practicar
pruebas que han sido solicitadas o están insinuadas en el proceso y se
requieren para establecer la verdad material de los hechos”.
Al resolver el caso concreto, este
Tribual señaló que el Consejo de Estado no incurrió en los aludidos
defectos procedimental y fáctico, al abstenerse de decretar y practicar de
manera oficiosa las pruebas necesarias para establecer la propiedad de los
accionantes sobre los mencionados predios, por cuanto en el presente caso no
concurrían las circunstancias en las cuales el juez estaba constitucionalmente
obligado a hacer uso de su facultad inquisitiva, por cuanto: “(i) la calidad
de propietarios fue controvertida desde el inicio del proceso por las entidades
demandadas en reparación directa; (ii) los accionantes no mostraron una actitud
diligente para satisfacer la carga probatoria; (iii) en el caso concreto no se
evidenció que los demandantes en el proceso de reparación directa se
encontraran en circunstancias de indefensión; y (iv) los estándares de buena fe
y traslado de carga de prueba, en principio aplican para la reparación por vía
administrativa y no para los procesos de reparación directa que se adelantan
ante la jurisdicción contencioso administrativa”.
3.4.9. Finalmente se encuentra la
sentencia SU-454 de 2016,[44]
en la que esta Corporación estudió el caso de un proceso de reparación directa
iniciado por el accionante, por cuanto el Estado había ocupado de hecho un
predio de su propiedad sin antes haberle pagado o indemnizado su precio. En
este caso la Corte señaló que:
“(…)
es
innegable la intrínseca relación entre el exceso ritual manifiesto y los
defectos fáctico y sustantivo, cuando se trata de errores en la valoración de
elementos probatorios. De tal suerte que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto es el resultado de la aplicación rigorista de las normas
procesales, lo que en relación con el defecto fáctico inciden en la
interpretación del acervo probatorio contenido en el expediente y provoca una
visión distorsionada de la realidad procesal, que a su vez, afecta gravemente
los derechos fundamentales, por lo que su configuración hace procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales. Esta figura no afecta la
amplia libertad para valorar el acervo probatorio que tienen los jueces, pero
si exige que esta potestad sea ejercida en consideración a la justicia material
y a la prevalencia del derecho sustancial, puesto que su desconocimiento incide
en las resultas del proceso y en la vigencia de los derechos fundamentales. Por
su parte, existe una relación con el defecto sustantivo cuando los jueces no
aplican los principios que rigen los procedimientos, puesto que se tratan de
garantías sustanciales que se deben observar en los procesos. Un claro ejemplo
es el principio de equidad exigido en los casos de reparación directa de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de
flexibilizar los estándares probatorios y ejercer las potestades judiciales en
la materia a fin de lograr justicia material”.
Con base en lo anterior, esta
Corporación negó la solicitud de amparo, por cuanto el demandante no acreditó
el título y modo sobre la propiedad del bien, y de las pruebas obrantes en el
expediente no se lograba acreditar la condición de propietario.
3.4.10. En esta medida, se puede
entonces concluir que las formalidades procesales son esenciales en los
procesos judiciales para garantizar el respeto de un debido proceso, a efectos
de que las personas puedan defender sus derechos coforme a un conjunto de
etapas y actos que lo que buscan es asegurar el funcionamiento de la
administración de justicia, la validez de las actuaciones de las partes y la
garantía de sus derechos.[45]
No obstante, éstas no se pueden convertir en fórmulas sacramentales y rigurosas
que sacrifiquen el goce efectivo de los derechos subjetivos, pues el fin último
del derecho procesal es precisamente contribuir a la realización de la justicia
material. De hecho, cuando se aplican de manera taxativa las normas
procesales en desmedro del amparo de los derechos de las personas, se configura
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que hace procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales.
3.5. Violación directa de la
Constitución como requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.5.1. Este defecto encuentra
sustento en el modelo de Estado Social de Derecho acogido en la Constitución de
1991, particularmente en lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta, según el
cual, la Constitución es norma de normas, y en caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán preferencialmente
las disposiciones constitucionales. En ese sentido, éste se presenta cuando el
juez de la causa adopta una decisión que desconoce los mandatos de la Carta
Política.
3.5.2.
Este defecto en principio fue concebido por la Corte como un defecto
sustantivo.[46]
Muestra de ello es la sentencia SU-1722 de 2000, en la que esta Corporación
estudió dos acciones de tutela presentadas contra decisiones de la Corte
Suprema de Justicia que desconocieron la prohibición de la reformatio
in pejus,
por
considerar que la concurrencia entre el recurso de apelación y la consulta, aun
en el caso que el condenado sea apelante único, no la inhibe de ir más allá de
los planteamientos hechos por el recurrente. En esta oportunidad la Corte
sostuvo que:
“(…)
aceptar que el operador jurídico puede entrar a aumentar la condena en los
casos de apelante único por el sólo evento del grado de consulta, es introducir
una cláusula interpretativa que no admite la norma del inciso 2º del artículo
31 constitucional, conforme al cual "el superior no podrá agravar la pena
impuesta cuando el condenado sea apelante único, lo que se convierte en la
existencia de un defecto sustantivo”.
3.5.3. Fue en la sentencia T-949 de
2003, en la que se le confirió autonomía e independencia a este defecto.[47]
En este caso, la Corte al estudiar una acción de tutela contra una providencia
judicial en la que se condenó penalmente a una persona que había sido
suplantada por otra, incluyó el desconocimiento de una norma constitucional
aplicable al caso, como otro defecto que, al lado de los ya mencionados
defectos sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, hacen procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, esta Corporación
manifestó que:
“(…)
todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y
(vi) violación directa de la Constitución”.
3.5.4. Esta interpretación fue reiterada
en la citada sentencia C-590 de 2005[48],
en la que este Tribunal sostuvo:
“(…)
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente,
al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican: a. Defecto
orgánico; b. Defecto procedimental absoluto; c. Defecto fáctico; d. Defecto
material o sustantivo; f. Error inducido; g. Decisión sin motivación; h.
Desconocimiento del precedente; i. Violación directa de la Constitución”.
3.5.5. Del mismo
modo, en la sentencia T-555 de 2009,[49] la Corte revisó el caso de
una persona condenada penalmente que interpuso acción de tutela  contra
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al estimar que la
sentencia mediante la cual le impuso condena por los delitos de concierto para
promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al
sufragante,  violó su derecho fundamental al debido proceso, por: (i)
haberse proferido con base en pruebas inexistentes; (ii) haber desconocido el
precedente sobre el contenido normativo del derecho fundamental al debido
proceso; y (iii) haber vulnerado de manera directa la Constitución, por cuanto
se basó en una interpretación de la ley sustantiva y procesal penal que no es
conforme a la norma fundamental. En esta oportunidad sostuvo esta Corporación:
“(…) esta causal de procedencia de la acción de tutela se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe
insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
3.5.6.
En
la sentencia T-888 de 2010,[50]
la Corte, estudió el caso de una persona que interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla y la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia, pues en su concepto le
violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a la vida digna, al haber considerado que la
impugnación de paternidad presentada por él no estaba llamada a prosperar,
debido a que no tenía ‘interés actual’ para demandar, a pesar de haber
instaurado la impugnación dentro de los veinte (20) días siguientes al
conocimiento del resultado de una prueba de ADN que dictaminó como improbable
que fuera padre de una niña a la que había reconocido como hija suya. La
Corte manifestó, en cuanto al desconocimiento de la Constitución, que éste se puede
presentar
con el acaecimiento de varios supuestos, a saber:
"(…)
(i)
cuando
las reglas o los principios que deben ser extraídos de su texto son por
completo desobedecidos y no son tomados en cuenta en el razonamiento jurídico
(ni explícita ni implícitamente), o (ii) cuando las reglas y los principios
constitucionales son tomados en cuenta al menos implícitamente, pero a sus
prescripciones se les da un alcance insuficiente.
(i)
En
efecto, la manera más evidente de desconocer la Constitución es desatender por
completo lo que dispone, al punto incluso de ni siquiera tener en cuenta sus
prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico. Es el caso de una
providencia que interpretara que todo cuanto debe verificarse para determinar
si una relación es laboral, son las formalidades establecidas por los sujetos
jurídicos envueltos en el conflicto, y nada más. En este último caso, se
ignoraría por completo que la Constitución prescribe, en el artículo 53,
concederle primacía a la realidad sobre las formas estipuladas por los sujetos
de la relación laboral. De modo que una primera, y elemental, obligación de los
jueces de la República es la de tomar posición frente a la realidad conforme a
lo que proclaman las reglas y los principios establecidos en la Constitución.
(ii)
Esa
no es, sin embargo, la única exigencia derivada del carácter normativo de la
Constitución. Es necesario, conforme a ella, que el intérprete tome en cuenta
sus mandatos, prohibiciones y permisos, pero no basta con que les asigne cualquier
grado de eficacia. Aunque las reglas y los principios constitucionales pueden,
como es generalmente aceptado, entrar en conflicto con otras normas
constitucionales, la forma de resolver esos conflictos y, especialmente, los
resultados de esa resolución no son asuntos ajenos ni al carácter normativo ni
a la supremacía de la Constitución. Al contrario, por una parte, el carácter
normativo de la Constitución exige que todas sus normas sean optimizadas y, por
otra, la supremacía demanda que todas aquellas normas infra constitucionales
que satisfagan un derecho fundamental en grados inferiores al que sería óptimo,
sean consideradas inválidas. Lo cual quiere decir que no cualquier grado de
cumplimiento es legítimo, sino sólo el nivel de cumplimiento más alto posible (el
óptimo). De modo que si, por causa de un conflicto entre normas, un derecho
fundamental no puede ser satisfecho total y plenamente, quien está llamado a
resolver el conflicto no queda excusado de satisfacerlo en la mayor medida
posible. En consecuencia, la Constitución misma obliga al juez a verificar si
el conflicto se resolvió de tal manera que los principios en disputa se
satisficieron en la mayor medida posible, o si uno de ellos fue sacrificado más
allá de lo que era necesario y proporcionado”.
3.5.7. En la sentencia T-102 de 2014,[51]
la Corte estudió una acción de tutela presentada contra una sentencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar que la decisión proferida
dentro del proceso de reparación directa vulneró los derechos fundamentales del
accionante al debido proceso y a la igualdad, al aplicar el test de
proporcionalidad para la liquidación de los perjuicios morales ocasionados,
desconociendo el precedente jurisprudencial señalado para el efecto, según el
cual el tope indicativo es de 100 SMLMV. En esta oportunidad este Tribunal
señaló, respecto al defecto de violación directa de la Constitución, que:
“(…) procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución
cuando: (a) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.  En el segundo caso, el juez debe tener en
cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución
es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le
interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar
las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”.
3.5.8. Finalmente, en la sentencia T-445
de 2016,[52]
al revisar una acción de tutela presentada por el Ministerio de Defensa contra
el Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir sentencia de segunda
instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantando contra la Nación -Ministerio de Defensa-, en la que se le vulneró
la garantía de la nom reformatio in pejus, al haberle empeorado la
condena impuesta a pesar de haber sido apelante único dentro del proceso
judicial, la Corte sostuvo:
“(…) es
importante establecer que el defecto denominado violación directa de la
Constitución ha sido tratado como causal específica autónoma de procedencia del
amparo constitucional contra una decisión judicial, pese a tener una relación
directa con otros yerros tales como el sustantivo, o el desconocimiento del
precedente jurisprudencial. Sin embargo, esta Corporación, a través de los
años, la ha tratado como un defecto independiente que se desprende del valor
normativo que tiene la Constitución en nuestro sistema, y que se configura
cuando: (i) se deja de aplicar una disposición constitucional en el caso; (ii)
la interpretación que realiza el juez de la norma en el caso concreto es
abiertamente inconstitucional y,
(iii) el operador judicial omite hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad,
prevista para garantizar la supremacía constitucional, siempre que así haya
sido solicitando dentro del proceso”.
3.5.9. En efecto, a la luz del actual
modelo de ordenamiento constitucional, según el cual, la Constitución es norma
de normas, la Corte Constitucional ha reconocido la posibilidad de que la
acción de tutela proceda como medio de control de providencias judiciales
cuando resulten contrarias a los mandatos de la Carta Política, es decir,
cuando la decisión sea tomada en contravía de los derechos, deberes, principios
y reglas contenidos en el Ordenamiento Superior.
4. La prevalencia de los derechos
de los menores de edad en el ordenamiento constitucional colombiano como
expresión del principio del interés superior. Reiteración de jurisprudencia
4.1.
El
artículo 13 de la Constitución consagra la especial protección que debe brindar
el Estado a las personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, entre las que se encuentran
los niños, niñas y adolescentes, en virtud de su circunstancia de debilidad y
extrema vulnerabilidad en razón de su corta edad e inexperiencia. Este deber de
protección también se encuentra desarrollado en el artículo 44 de la Carta
Política, que declara que los derechos de los niños, niñas y adolescentes
prevalecen sobre los de los demás. Así mismo, reconoce a su favor los demás
derechos consagrados en la Constitución, las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, y le impone a la familia, a la sociedad y
al Estado la obligación de asistir y proteger a los menores de edad para
garantizar su desarrollo armónico e integral.
Este
tratamiento especial de los derechos de los menores de edad responde a un
interés jurídico emanado del Constituyente de 1991, que quiso elevar a una
instancia de protección superior a estos sujetos en virtud del reconocimiento
de su particular situación de sujetos que empiezan la vida y que se encuentran
en situación de indefensión, y que por tanto, requieren de especial atención
por parte de la familia, la sociedad y el Estado para alcanzar el pleno goce de
sus derechos.
4.2.
La consideración del menor de edad como sujeto privilegiado de la sociedad,
encuentra un claro respaldo y reconocimiento en el derecho internacional, a
través de diversos instrumentos que apuntan a ofrecerles un trato especial
porque “por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y
cuidados especiales”. Entre los instrumentos internacionales a que se hace
referencia, el más importante es la Convención
sobre los Derechos del Niño, que en su
preámbulo consagra que el niño “(…) necesita protección y cuidado especial”. Por ello,
establece en su artículo 3º un deber especial de protección, en virtud del cual
“(…) los Estados
Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
dispone en su artículo 24 que “todo niño
tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte
de su familia como de la sociedad y del Estado”. Así mismo, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos hace referencia a la
protección especial de los menores de edad. En su artículo 19 señala que “(…) todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado”.
4.3.
Por su parte, el Código de la Infancia y la Adolescencia, en su artículo 9° ha
consagrado la prevalencia de los derechos de los menores de edad, al disponer
que “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier
naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los
adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas
o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del
niño, niña o adolescente”.
4.4.
Bajo la lógica de la preservación y protección del interés
prevaleciente del menor, esta Corte en varias oportunidades ha
resaltado “el trascendental rol que juegan las
autoridades judiciales en la satisfacción de las garantías fundamentales de los
menores de edad. Es así como esta
Corporación ha fijado unas reglas destinadas a asegurar que en el marco de
procesos judiciales, las autoridades competentes propendan por la salvaguarda
del bienestar de dichos sujetos”.[53]
4.4.1.
Al respecto, en la sentencia T-510 de 2003,[54] la Corte
estudió el caso de una menor de edad que dio su consentimiento al ICBF para
entregar en adopción a su hija, puesto que fue rechazada por su familia y no
tenía un trabajo estable para mantenerla. Una vez logró estabilidad económica,
la madre revocó su consentimiento y solicitó a esa institución que le
devolviera a la niña, a lo cual ésta se negó, aduciendo que el Código del Menor
señala que una vez ha transcurrido un mes desde la fecha en que los padres dan
en adopción a un niño, su consentimiento se torna irrevocable. En esta oportunidad,
este Tribunal manifestó que:
“Para establecer cuáles son las condiciones que
mejor satisfacen el interés superior de los niños en situaciones concretas,
debe atenderse tanto a consideraciones (i) fácticas –las circunstancias
específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos
aislados–, como (ii) jurídicas –los parámetros y criterios establecidos
por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil–. En ese mismo
sentido, es necesario tener en cuenta que el interés del menor “debe ser
independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia
y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los
funcionarios públicos encargados de protegerlo (…)”.
En este caso la Corte constató que existieron fallas en la
manifestación del consentimiento de la madre de la menor de edad y en el
proceso de adopción como un todo, por lo que, luego de verificar las
condiciones particulares de la niña, consideró que la medida más apta para
promover su desarrollo armónico, según las reglas establecidas por la
Constitución, era la de devolverla a su madre biológica.
4.4.2. En
sentencia T-397 de 2004,[55]
la Corte al revisar el caso de una niña que fue “arrebatada a sus padres”
por parte del ICBF porque éstos son invidentes, resaltó que el interés superior
del niño y la prevalencia de sus derechos deben guiar la actividad
administrativa y judicial, al respecto sostuvo:
“(…) las decisiones adoptadas por las autoridades
que conocen de casos en los que esté de por medio un niño, niña o adolescente
–incluyendo a las autoridades administrativas y a las autoridades judiciales-,
deben propender, en ejercicio de la discrecionalidad que les compete y en
atención a sus deberes constitucionales y legales, por la materialización plena
del interés superior de cada niño en particular, en atención a (i) los
criterios jurídicos relevantes, y (ii) una cuidadosa ponderación de las
circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado. Para ello, las
autoridades deben prestar la debida atención a las valoraciones profesionales
que se hayan realizado en relación con dicho menor, y deberán aplicar los
conocimientos y métodos científicos y técnicos que estén a su disposición para
garantizar que la decisión adoptada sea la que mejor satisface el interés
prevaleciente en cuestión”.
En esta oportunidad la Corte destacó la existencia de un
desconocimiento múltiple y reiterado de la mayor parte de los derechos de los padres
con discapacidad visual -entre ellos el derecho a la familia-, frente a lo cual
expresó que era indispensable que las autoridades actuaran en forma coordinada,
inmediata y expedita para que la menor de edad volviera a estar con sus padres
biológicos, pues se demostró que la preservación del interés superior de la menor
de edad se materializaba con su
permanencia en su núcleo familiar.
4.4.3.
En Sentencia T-580A de 2011,[56]
la Corte revisó el caso de unos accionantes que alegaban el desconocimiento del
derecho al debido proceso en el trámite administrativo que adelantaba el ICBF
para el restablecimiento de los derechos de una niña que les había sido “regalada”,
por cuanto su progenitora padecía problemas psiquiátricos y no contaba con
recursos económicos para su sostenimiento. Los accionantes solicitaban a esa
institución que antes de “quitarnos” a la niña, evaluara si ellos eran aptos
para adoptar a la menor de edad, ya que en su momento había estado bajo su
cuidado. En esta oportunidad esta Corporación indicó que el interés superior de
los niños debe ser señalado por el juez constitucional en cada caso en
particular, para lo cual debe observar:
“(i) la totalidad de las circunstancias específicas
del caso; y (ii) las normas establecidas en el ordenamiento jurídico para
promover su bienestar: Las autoridades administrativas y judiciales encargadas
de determinar el contenido del interés superior cuentan con un alto margen de
discrecionalidad para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas
relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores de edad
implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés, teniendo en
cuenta el alto grado de diligencia, celo y cuidado que deben adoptar al momento
de tomar sus decisiones (…)”[57].
En este caso la Corte sostuvo que la defensora de familia omitió
adelantar previamente la verificación del estado de cumplimiento de los
derechos de la menor, para recaudar elementos de juicio que le permitieran
determinar si era necesaria o no su adopción por parte de otras personas. En
efecto, manifestó que la defensora de familia debió acudir para el
restablecimiento de los derechos de la niña, a una medida que siendo
provisional, fuera menos lesiva de sus intereses, como lo es la ubicación en
medio familiar en la modalidad de hogar amigo, teniendo en cuenta que la
familia de hecho le brindaba adecuadas condiciones para su desarrollo integral.
4.4.4. En sentencia T- 705 de 2013, la
Corte estudió el caso de una mujer madre cabeza de familia con tres hijos
menores de edad a su cargo, que fue condenada penalmente, y a quien le fue
negada la prisión domiciliaria con base en que el artículo 38
de la Ley 599 de 2000 señala que no procede la prisión domiciliaria para
personas condenadas por concierto para delinquir para el tráfico de
estupefacientes, cuya pena mínima es de ocho años. En esta oportunidad la Corte
expresó que:
“De tal manera, el principio de
prevalencia del interés superior del menor de edad impone a las autoridades y a
los particulares el deber de abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que
trastornen, afecten o pongan en peligro los derechos de los menores de edad.
Para la efectividad de tales presupuestos, los jueces, servidores
administrativos y cualquier otra autoridad implicada en la resolución de
tensiones en que estén involucrados menores de edad, deberán dar prevalencia a
sus intereses, mediante la aplicación de la norma más favorable, con plena
observancia de los criterios jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico
para promover la preservación del bienestar integral de la infancia y la
adolescencia”.
Al resolver el caso
concreto, la Corte sostuvo que de manera excepcionalísima la tutela debía
proteger inexorables postulados constitucionales que emanan principalmente de
la aplicación del interés superior del menor y de los criterios de
interpretación que operan en escenarios de colisión entre los derechos de las
niñas, niños y adolescentes con los de cualquier otra persona, específicamente
para proteger el carácter prevalente de sus derechos. Por esta razón, ordenó la
detención domiciliaria de la accionante.
4.4.5. En conclusión, siempre que las
autoridades administrativas y los operadores judiciales se enfrenten a casos en
los que puedan resultar afectados los derechos de un menor de edad, “deberán
aplicar el principio de primacía de su interés superior, y en particular acudir
a los criterios fácticos y jurídicos fijados por la jurisprudencia
constitucional para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen
sus derechos”.[58]
5. CASO CONCRETO
5.1. Resumen de los hechos
La
demandante, quien es menor de edad, estima vulnerados sus derechos al
debido proceso, a la igualdad, al interés superior y a la prevalencia de los
derechos del menor, por la decisión adoptada por la Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado, la cual modificó la sentencia de reparación directa de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en
cuanto a ampliar la indemnización por el perjuicio material en la modalidad de
lucro cesante hasta los 25 años de edad y la indemnización por el daño moral
en 100 SMLMV, únicamente a favor de su media hermana, quien interpuso recurso
de apelación.
Sostiene
la peticionaria que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que en
virtud del derecho a la igualdad y al interés superior del menor, ella, al
igual que su media hermana, tiene derecho a que la indemnización por la muerte
de su padre le sea reconocida hasta los 25 años de edad, y en un monto
equivalente a los 100 SMLMV.
Ante la
afectación de sus derechos, la demandante interpuso acción de tutela contra la
decisión proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, la cual fue
resuelta el trece (13) de octubre de la misma anualidad por la Sección Cuarta
de la misma Corporación, que negó el amparo solicitado al considerar que la
competencia del juez ordinario de segunda instancia debe limitarse a lo
solicitado en el recurso de apelación. La segunda instancia de la acción de
tutela fue resuelta por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia
del nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017), en el sentido de
declarar improcedente el amparo solicitado, argumentando que la actora no agotó
todos los recursos ordinarios a su alcance para defender sus pretensiones.
Antes de abordar
la cuestión planteada, la Sala Séptima de Revisión debe examinar si en este
caso se cumplen los requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales señaladas en la parte motiva de esta sentencia.
5.2. Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
(i)      El
asunto tiene una evidente relevancia constitucional. La controversia versa
sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de una menor de
edad a quien no le fue reconocida la debida indemnización por
la muerte de su padre, precisamente porque la decisión judicial cuestionada no
tuvo en cuenta su calidad de sujeto de especial protección, así como tampoco la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado en cuanto el tema de las
indemnizaciones correspondientes.
(ii)
No
existe otro mecanismo judicial idóneo. Contra el fallo de segunda instancia del
proceso de reparación directa procede el recurso extraordinario de revisión,
siempre que se configure alguna de las causales expresamente señaladas en el
artículo 188 del Decreto 01 de 1984 y 250 de la Ley 1437 de 2011; de las
cuales, ninguna se encuentra presente en este caso.[59]
Por otra parte, también procedía el
recurso de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima,
así como la apelación por adhesión de que trata el artículo 353 del Código de
Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970),[60] aplicable
ante el vacío normativo del anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto
01 de 1984), en virtud del mandado del artículo 267 del mismo.[61]
No obstante la procedencia de estos
recursos, advierte la Sala que la accionante manifestó que el abogado que
representaba sus intereses no hizo uso de ellos por razones que desconoce y que
no tenía por qué conocer, pues para la época en que el Tribunal Administrativo
del Tolima profirió el fallo de primera instancia, sólo tenía 6 años de edad,
por lo que le era totalmente incomprensible la afectación de sus derechos.
Sobre
el particular, la Sala trae a colación el hecho de que según el relato de la
accionante y de la Magistrada Ponente en la sentencia objeto de
revisión,[62]
la demanda de reparación directa fue interpuesta por un abogado que
representaba los intereses de la señora Clara y de sus hijas Sofía y
Camila, quien después fue reemplazado por otro profesional del derecho que
las representó a partir del 20 de marzo de 2006, y que ninguno de los dos
interpuso los recursos de ley.
Lo anterior hace presumir la existencia
de una falta de defensa técnica de la accionante, la cual puede ocurrir, según
este Tribunal, cuando “a pesar de
que la parte procesal cuente con un abogado, éste dejó de practicar pruebas,
controvertir las decretadas y presentar los recursos pertinentes, de forma
negligente, siempre que no le haya sido posible jurídica y fácticamente
intervenir al inculpado para modificar esta situación”.[63]
En cuanto a la falta de defensa técnica, la Corte ha adoptado
estrictos criterios para la aceptación de la procedencia de la acción de tutela
como consecuencia de la actuación desplegada por el defensor, así:
“(1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde
ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de
libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa
adecuada; (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al
procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un
efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial; (4) que, como
consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los
derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en
la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la
decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes
derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las
decisiones judiciales del caso”.[64]
Sobre el particular, se tiene en este
caso se configura la falta de defensa técnica de la accionante, precisamente
porque aun contando con la asesoría de abogados, no interpuso los recursos
mencionados porque éstos guardaron silencio sobre su procedencia,
circunstancias que le son extrañas y no imputables a ella. Al respecto, se debe tener en
cuenta que por ser la actora menor de edad al momento en que debía presentar
los recursos señalados, y por no contar con ninguna formación jurídica, no se
le puede exigir el conocimiento sobre la procedencia de éstos; por el contrario,
esa responsabilidad recae sobre los abogados que no ejercieron adecuadamente la
defensa de los intereses de su defendida.
Así las cosas, la Sala estima que por
tener la accionante sólo 6 años para la época en que debió impugnar la decisión
del Tribunal Administrativo del Tolima, le era totalmente desconocido e
incomprensible el proceso administrativo adelantado para el amparo de sus
derechos, así como las actuaciones a adoptar para la defensa de sus intereses.
Con base en ello, se considera que en este caso se debe flexibilizar el
argumento según el cual, la menor de edad Sofía contaba con el
asesoramiento de abogados expertos en el tema que velaran por sus pretensiones,
por lo que la no interposición de los recursos señalados reflejaba válidamente
su voluntad.
Por el contrario, lo que se advierte en
este caso es que los abogados de la accionante actuaron con negligencia en el
cumplimiento de sus deberes, lo que se traduce en que le vedaron la posibilidad
de tener una adecuada defensa, sin que ella pudiera encauzar, bajo ninguna perspectiva posible, una
estrategia de protección adecuada de sus derechos.
Finalmente,
la Sala encuentra que los errores jurídicos de los mandatarios que
representaron los intereses de la accionante, y las consecuencias que de ello
se deriven, no deben trasladarse a ella; por lo que no se pueden desconocer sus
derechos basándose en faltas no imputables a sus propias actuaciones. Por
consiguiente, lo esgrimido anteriormente es el fundamento del por qué la accionante
solicitó directamente el amparo constitucional.
(iii) Cumplió el requisito de la
inmediatez.[65]
La acción de tutela fue interpuesta dentro de un término oportuno, justo y
razonable. En efecto, la sentencia reprochada en esta oportunidad fue proferida
el 24
de febrero de 2016 y la acción de tutela fue instaurada
el 31 de mayo de la misma anualidad, es decir, casi tres meses después, lo que
significa que la accionante presentó la presente tutela en un término
razonable, lo que demuestra que la transgresión era actual en el momento
en que hizo uso de este medio para el amparo de sus derechos.
(iv) Se alegan presuntas irregularidades
que de comprobarse tienen un efecto decisivo en la sentencia. Las
irregularidades en que supuestamente incurrió la autoridad judicial demandada -exceso
ritual manifiesto y violación directa de la Constitución-, tienen un efecto
decisivo en la sentencia cuestionada, el cual no es otro que haber concedido la
indemnización
a favor de la accionante en la modalidad de lucro cesante hasta que cumpliera
18 años de edad, y por el daño moral, en 40 SMLMV, contrariando la
jurisprudencia del mismo Consejo de Estado e inobservando su especial condición
de menor de edad.
(v) Se identifican los derechos
vulnerados (debido
proceso, igualdad, interés superior y a la prevalencia de los derechos del
menor)
y los hechos generadores de la vulneración (desconocer la verdad material
probada por razones procedimentales).
(vi) Es evidente que el presente asunto
no pretende discutir una sentencia de tutela, sino una decisión judicial en el
marco de un proceso de reparación directa.
Cumplidos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, la Sala procede a estudiar si la sentencia
proferida por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en
alguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
5.3. Análisis de los requisitos
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
5.3.1. De acuerdo con la posición
jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra la
decisión judicial de primera instancia, y se delimita el marco fundamental de competencia
del juez de alzada.
De este modo, el ad quem está
facultado para tomar decisiones conforme a las “referencias
conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión
que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual,
en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente,
se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de
apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el
principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha
sostenido que las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el
recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Así las
cosas, lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito
exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem (…)”.[66]
La Sección Tercera del Consejo de Estado[67]
dejó en firme su posición respecto del alcance de la competencia del juzgador
de segunda instancia en los siguientes términos:
“En
cuanto alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de
la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil,
acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está
limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la
premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”,
no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, “una autorización
al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar
libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la
norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá
el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.
En
relación con la mencionada regla general, según la cual los temas no propuestos
en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez
de segunda instancia, la sentencia referenciada hace alusión a algunas
excepciones que se derivan de la misma jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, según la cual, dicha regla debe entenderse y admitirse junto
con las excepciones que se derivan por ejemplo, de: “(i) las normas o los
principios previstos en la Constitución Política; (ii) de los compromisos
vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente
ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los
derechos humanos y la vigencia del Derecho internacional Humanitario; o (iii)
de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se
encuentra, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de
configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante
que no hubieran sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su
inconformidad para con la decisión censurada (…)”.[68]
De la
lectura de la jurisprudencia citada, resulta claro que “la justicia
contencioso administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio
iura novit curia, pero en aquellos procesos en los cuales (…) se reclama la
reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez
puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es del caso modificar, de
acuerdo con los hechos expuestos en la demanda, los fundamentos de derecho
invocados por el demandante (…)”.[69]
En
efecto, conforme a este planteamiento, la Sala considera que la valoración del
presente tema -la no interposición del recurso de apelación por algunas de las
personas que conforman la parte actora en un proceso de reparación directa como
limitante de la competencia del juez de segunda instancia-, debe realizarse a
la luz de los postulados constitucionales, en los que se destaca el compromiso
absoluto del juez con la obtención del derecho sustancial en el caso a
resolver, a fin de satisfacer la justicia material, especialmente si se trata
de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional como lo es una menor de edad.
5.3.2. Así las cosas, esta Sala
considera que si bien la justicia contencioso administrativa, tal como fue
reseñado en precedencia, goza de un carácter rogado, en virtud del cual el
control de legalidad de los actos del juez administrativo no es oficioso, por
lo que le corresponde a las partes limitar su competencia mediante los
fundamentos y pretensiones de la demanda y de los recursos de ley, en virtud de
la realización del principio de la justicia material, “representado
en la vigencia de los derechos inalienables del hombre cuando puedan verse
afectados en el proceso de aplicación de la ley”,[70]
el juez de lo contencioso administrativo debe darle prevalencia al derecho
sustancial antes que al procesal, pues de lo contrario estaría sacrificando
derechos constitucionales importantes de los individuos.
Sobre el particular se ha pronunciado
esta Corte desde sus inicios, refiriendo que el principio de justicia material “se opone a la aplicación formal y mecánica de
la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Por el
contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y
por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe
implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y
derechos constitucionales”.[71]
5.3.3. A la luz del principio de
justicia material, fue que esta Corporación desarrolló la hipótesis del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto como causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Esta causal, como se manifestó con antelación, se
materializa cuando se obstaculiza el goce efectivo de los derechos de los
individuos por motivos formales, vulnerando otras
garantías fundamentales como el principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre el procesal. En otras palabras, “el juez asume una ciega obediencia a
la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le
asisten a las partes en contienda”.[72]
Sobre el particular, la Sala encuentra
que en este caso se advierte la configuración del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, por cuanto el Consejo de Estado, pese a la
verdad jurídica objetiva probada en los hechos (como lo es que Sofía
es un sujeto de especial protección constitucional por ser menor de edad, y que
al igual que su media hermana, tiene derecho a que le sea reconocida la
indemnización de perjuicios por la muerte de su padre, en 100 SMLMV a título de
daño moral, y hasta los 25 años, a título de lucro cesante), aplicó de manera
taxativa las normas procesales según las cuales corresponde al recurrente
confrontar los argumentos del juez de primera instancia, a fin de solicitarle
al juez de superior jerarquía que decida sobre dichos puntos o asuntos, so pena
de que éste no estudie los aspectos que no fueron propuestos por el recurrente
en su apelación. Entonces, con esta actuación, el Consejo de Estado desplazó el
amparo de los derechos de la accionante para dar aplicación a una norma
procedimental, lo que hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Al respecto, en la sentencia estudiada
se lee expresamente que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
manifestó que “la Sala únicamente analizará el tema relacionado con los
perjuicios morales y materiales en la modalidad de lucro cesante respecto de
los demandantes Liliana, Catalina, Roberto, Antonio, Ana, Camilo, Miguel y José,
por cuanto la actora en su recurso limitó la impugnación a esos demandantes ya
que los demás estaban representados por otro apoderado”.[73]
En efecto, sin perjuicio de las
consideraciones anteriores en torno a que la competencia del juez de segunda
instancia está limitada al conocimiento de los aspectos propuestos por los
recurrentes en su apelación y a que la justicia contencioso administrativa
tiene el carácter de rogada, la Sala considera que la valoración de este punto
debió realizarse a la luz de los postulados constitucionales según los cuales
se le debe dar aplicación al derecho a la igualdad y al interés superior del
menor. En este orden de ideas, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en
detrimento del interés superior de una menor de edad, al no pronunciarse sobre
sus derechos e intereses, bajo la excusa de no haber impugnado la sentencia de
primera instancia, a pesar de que en el expediente emergía a todas luces su
calidad de parte demandante, de menor de edad, y de víctima.
Se observa entonces, que la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado dio mayor relevancia dentro de su
análisis, a la ausencia de apelación por parte de la accionante Sofía,
que al deber de impartir justicia material en el caso concreto, lo cual no es
adecuado, por cuanto aunque ella no haya apelado la decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima, la autoridad judicial demandada debió valorar de
manera oficiosa y sin apego excesivo a las
formalidades, el hecho de que: (i) al ser hija del señor Carlos
(q.e.p.d.),
se constituye como víctima en el proceso de reparación directa de la
referencia; (ii)  al ser menor de edad, goza de unas prerrogativas que la hacen
sujeto de especial protección constitucional, por lo que, por sus condiciones especiales y vulnerabilidad en razón de
su edad,
requiere de una atención especial y un tratamiento
jurídico diferenciado frente al del resto de la población; (iii) de las
circunstancias de la accionante también era posible “inferir que su padre le
habría reportado una ayuda económica hasta el momento en que cesara completamente
su obligación legal de prestarles alimentos a sus hijos”;[74]
y (iv) en virtud de la igualdad, la accionante tenía derecho a que se le
hicieran los mismos reconocimientos que a su media hermana.
Con base en lo anterior, advierte la Sala que si bien es
cierto lo manifestado por esta Corporación en cuanto a que “los jueces no
pueden asumir las cargas procesales de las personas que acuden a la
administración de justicia”,[75]
también lo es que “no pueden asumir un papel de simples espectadores y, en
el ejercicio de su rol como directores del proceso, están en la obligación
de adoptar las medidas que consideren
necesarias para lograr justicia material efectiva, mediante el esclarecimiento
de los hechos, la eliminación de los obstáculos que les impidan llegar a
decisiones de fondo, y el decreto y la valoración de las pruebas de oficio que
consideren necesarias, tanto en primera como en segunda instancia”.[76]
5.3.4.
Por otra parte, encuentra la Sala que además del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en este caso la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, incurrió en una violación directa de la Constitución, ya que
obvió los
principios de la Carta Política. En efecto, como ya se indicó, la sentencia
atacada sólo tuvo en cuenta que la accionante no presentó apelación contra la
sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, por lo que no la hizo
acreedora de la protección dada a su media hermana, sin valorar así fuera
sumariamente su situación particular; actuación con la que le conculcó sus
derechos al interés superior del menor y a la igualdad.
En
este orden de ideas, considera la Sala que si la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado hubiera tenido en cuenta las circunstancias personales de
la accionante, las cuales aparecen claramente reseñadas en el expediente, le
habría dado un alcance distinto a su decisión, en el sentido en que hubiera
hecho prevalecer la condición de indefensión, vulnerabilidad y debilidad de Sofía en
aras de suministrarle la especial protección que por mandato constitucional y
del bloque de constitucionalidad tienen los menores de edad en nuestro Estado
Social de Derecho, la cual no sólo es en términos económicos y afectivos, sino
también jurídicos, pues de ello depende la promoción de su bienestar y su
desarrollo armónico e integral.
En efecto, el
interés superior del menor no le imponía a la autoridad judicial demandada una
obligación diferente a la de reconocer a su favor un tratamiento preferente, mediante la fijación de
pautas de protección derivadas de la simple revisión de sus condiciones
particulares y de los mandatos constitucionales y del derecho internacional,
que la hacían merecedora de una protección encaminada a promover su bienestar.
Acorde con lo anterior, encuentra la
Sala que, dadas las condiciones particulares de la accionante, le correspondía
a la autoridad judicial, en el marco de la debida diligencia, adelantar las
gestiones necesarias para amparar su derecho al interés superior, ello por
cuanto, el juez cuenta con un margen de discrecionalidad importante para
evaluar y aplicar la solución que mejor satisfaga los intereses de este grupo
poblacional.  Así las cosas, no es de recibo, para establecer el término de
comparación que exige el test de igualdad, tomar en cuenta las supuestas
diferencias que surgen por la presentación de la impugnación contra la decisión
de primera instancia, pues el incumplimiento de dicho requisito no extinguía
para el fallador de segunda instancia, el deber de indagar oficiosamente por la
situación de la accionante (menor de edad) y de hacer lo necesario para
proteger sus derechos.
En ese sentido, de haber hecho
prevalecer las condiciones fácticas del caso antes que los aspectos puramente
formales, el Consejo de Estado habría equiparado las condiciones de ambas
hermanas, identificando que estaban en plano de igualdad, pues las dos son
hijas del señor Carlos (q.e.p.d.) -por tanto víctimas
en el proceso de reparación directa-, para el momento del fallo del Tribunal
Administrativo del Tolima las dos eran menores de edad, incluso, hoy día Sofía
lo sigue siendo, y las dos tienen derecho a que la indemnización por la
muerte de su padre le sea reconocida hasta los 25 años de edad, y en un monto
equivalente a los 100 SMLMV, como lo señala la jurisprudencia de ese Tribunal.
Precisamente,
sobre la indemnización por concepto de perjuicios morales y sobre el lucro
cesante, el cual fue reconocido por el juez de primera instancia tanto a Sofía
como a Liliana, en 50 SMLMV y hasta los 18 años respectivamente, encuentra
la Sala que no le asiste razón a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado, en querer modificarlos únicamente a favor de quien interpuso el
recurso de apelación, pues independientemente de ello, la naturaleza jurídica
de dichas indemnizaciones obligaban a la autoridad judicial a extender, en un
acto de justicia material, a ambas hijas del causante el beneficio de que se
trata.
En
ese orden de ideas, se recuerda que, en relación con la indemnización
por daño moral en caso de muerte, el Consejo de Estado ha diseñado cinco
niveles
de
cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia
en calidad de perjudicados, entre los cuales se encuentra el nivel número 1, el
cual comprende “la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y
paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar
(1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A
este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 smlmv”.[77]
Por
otra parte, respecto al reconocimiento del lucro cesante a favor de los hijos,
la jurisprudencia del Consejo de Estado tiene establecido que “se presume
que los padres les dispensan su ayuda hasta la edad de veinticinco años, en
consideración al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos
hayan formado su propio hogar, por lo que la privación de esta ayuda económica,
teniendo un carácter cierto, da lugar a liquidar las indemnizaciones
correspondientes hasta el momento en que cumplan los 25 años de edad”[78].
Así
las cosas, es cuestionable que la autoridad accionada haya desconocido, en
virtud de la aplicación rigurosa de las normas procesales, la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, consistente en
que la menor de edad Sofía, al ser hija del señor Carlos (q.e.p.d.),
tiene derecho a que le sea reconocida la misma indemnización a título de daño
moral, respecto de Liliana, su otra hija, pues lo que finalmente activa
dicha indemnización es el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de
tristeza que se presume, se encuentran presentes en sus dos hijas.
Lo
mismo sucede en cuanto a la indemnización por lucro cesante, frente a la cual,
considera la Sala, la sentencia cuestionada también devino violatoria de los
derechos fundamentales de la accionante, en el sentido en que, como se dijo
anteriormente, esta indemnización debe reconocerse hasta que el hijo de la
persona fallecida cumpla 25 años de edad, en tanto que, salvo prueba en
contrario, se infiere que es hasta esa fecha que recibe ayuda económica de
parte de su progenitor. En ese sentido, la autoridad judicial demandada en
aplicación de la justicia material, debió realizar la liquidación de los
perjuicios a favor de Sofía con base en la misma inferencia usada en el
caso de su media hermana, pues no existe razón para creer, ni prueba que así lo
determine, que el señor Carlos sólo le reportaría ayuda económica a una
de sus hijas.
En
efecto, para la Sala es discutible que la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, desconociendo
el mandato del artículo 13 de la Constitución, según el cual, “las personas deben recibir la
misma protección y trato de las autoridades”, inclusive en el
escenario de la administración de justicia, haya aplicado de manera
desigual su jurisprudencia sobre la indemnización por lucro cesante y por daño
moral a una de las víctimas, siendo que en virtud de su situación especial
(menor de edad), debió ser ubicada en un plano de
igualdad con su media hermana, de tal suerte que la autoridad demandada aplicara
la misma razón de derecho a sus casos, lo cual era posible, sobre todo si se
tiene en cuenta que la configuración de dichas indemnizaciones dependen de un
aspecto puramente objetivo, como lo es el ser hijo de la persona fallecida.
5.3.5.
Por otra parte, pero siguiendo la misma línea de argumentación, la Sala
encuentra necesario precisar que lo pretendido en este caso no es corregir las
posibles anomalías ni descuidos en que haya podido incurrir el apoderado de la
parte demandante o su representante legal, sino, se reitera, se trata de
resaltar que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
debió haber tenido en cuenta que la destinataria de la administración de
justicia en este caso es una menor de edad que requiere ser privilegiada con la
posibilidad de gozar efectivamente de sus derechos. Entonces, de la realidad fáctica del caso,
independientemente de la no apelación de la sentencia de primera instancia por
parte de la accionante, luego de haber encontrado acreditada la responsabilidad
del Estado y la calidad de víctima menor de edad de ésta, resultaba imperioso
para el Tribunal accionado desplegar las actuaciones que considerara
necesarias, en uso de sus facultades oficiosas, para impartir justicia
material.
Sobre el particular, señala la Sala
que no
se puede trasladar la carga de la negligencia, desidia o descuido del apoderado
judicial o de la representante legal de la accionante, a ella, pues para el
momento en que debió presentar apelación contra la decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima (2011), tan solo tenía 11 años de edad, por lo que no
estaba en la capacidad de comprender sus derechos ni de ejercer ningún tipo de
actuación para defender sus intereses en el proceso
judicial.
5.3.6.
Finalmente, encuentra la Sala que según esta Corporación, son víctimas las
personas que hayan sufrido una violación de sus derechos humanos, por lo que,
como tales, tienen derecho a las garantías de la verdad, la justicia y la
reparación.[79]
Respecto a la reparación, la Corte Constitucional
en sentencia C-454 de 2006, señaló que “el derecho de reparación, conforme
al Derecho Internacional contemporáneo, desde su dimensión individual, abarca
todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la
adopción de medidas individuales relativas entre otro, al derecho
de indemnización (…)”. En efecto, “la obligación de reparar es un
deber específico que se deriva de la obligación general de garantía, pues una
vez se ha cometido una violación a los Derechos Humanos, la única forma de
garantizar de nuevo su goce es a través de su reparación integral, si es
posible, y de su debida indemnización”.[80]
Así las cosas, la Sala considera que en
el caso sub examine, la autoridad judicial demandada debió tener en
cuenta la naturaleza de los hechos que dieron origen a la indemnización. En
efecto, se trató de circunstancias en que un civil, que no era actor del
conflicto armado interno, fue involucrado y convertido en objetivo militar de
un grupo al margen de la ley, generando para su persona un riesgo excepcional.
Esta circunstancia constituye una grave violación de los derechos humanos que
debe ser objeto de una reparación integral de parte del Estado (la cual comprende
las medidas individuales relativas al derecho de indemnización), quien
tiene por lo tanto la obligación de actuar de forma diligente en la
satisfacción del derecho de las víctimas. De acuerdo con esto, se resalta que
en este caso la autoridad judicial demandada tenía una mayor obligación de
procurar justicia material, en aras de lograr la eficacia del derecho
sustancial de las víctimas, pues de esto depende en gran parte, su verdadera
reparación.
5.3.7.
Con base en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela proferida el
nueve (9) de febrero de 2017 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, la cual modificó, en el sentido de
declarar improcedente el fallo proferido el trece (13) de octubre de 2016 por
la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, que negó la presente acción de tutela, y, en su lugar, concederá el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
interés superior del menor de Sofía. En consecuencia, dejará sin efectos,
únicamente respecto de la menor de edad Sofía, la sentencia proferida el
veinticuatro (24) de febrero de 2016 por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, que amplió la indemnización por el perjuicio material en la
modalidad de lucro cesante hasta los 25 años de edad y la indemnización por el
daño moral en 100 SMLMV, a favor de quien interpuso recurso de apelación contra
la decisión de primera instancia. Conforme a ello, ordenará a la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado que dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia, adicione la sentencia del
veinticuatro (24) de febrero de 2016, en el sentido de reconocer que la
accionante Sofía tiene derecho a la indemnización por el perjuicio
material en la modalidad de lucro cesante hasta los 25 años de edad y la
indemnización por el daño moral en 100 SMLMV, con base en las consideraciones
antes señaladas.
III.
DECISIÓN
Anteponer la presentación del recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia en un proceso de reparación
directa, a pesar de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos,
como lo es que la accionante es una menor de edad a quien no se le reconoció indemnización
por la muerte de su padre en la modalidad de lucro cesante, hasta que cumpliera
25 años de edad, y  la indemnización por el daño moral en 100 SMLMV, a
diferencia de lo otorgado a su media hermana, por el hecho de que el apoderado
de la actora no interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de
primera instancia, configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y una vulneración directa de la Constitución que afecta el derecho
al debido proceso, a la igualdad y al interés superior de la menor involucrada.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR,
por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida
el nueve (9) de febrero de 2017 por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual modificó, en el
sentido de declarar improcedente el fallo proferido el trece (13) de octubre de
2016 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, que negó la presente acción de tutela, y, en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
al interés superior del menor de Sofía.
SEGUNDO.-
DEJAR SIN EFECTOS, únicamente respecto de la menor de
edad Sofía, la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de
2016 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que amplió la
indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante hasta
los 25 años de edad y la indemnización por el daño moral en 100 SMLMV, a favor de
quien interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia y,
en consecuencia, ORDENAR a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado que dentro de los quince (15) días  siguientes a la notificación de
esta providencia, adicione la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de
2016, en el sentido de reconocer que la accionante Sofía tiene derecho a
la indemnización por el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante
hasta los 25 años de edad y la indemnización por el daño moral en 100 SMLMV, con
base en las consideraciones antes señaladas.
TERCERO.-
ORDENAR
por Secretaría General a todas las instituciones y entidades que de una u otra
manera han intervenido en este proceso, que se encarguen de salvaguardar la
intimidad de la accionante y de sus familiares, manteniendo la reserva sobre
todos los datos que permitan su identificación.
CUARTO.-
LIBRAR las
comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como
DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de
primera instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA
T-398/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se configuró una violación a la
Constitución Política, y, por lo tanto, se quebró la validez de la sentencia
del juez natural en segunda instancia frente a la posición de la menor
(Aclaración de voto)
La
menor careció de defensa técnica al momento de materializarse la carga de
interponer el recurso de apelación contra la sentencia del a quo.
Referencia:
expediente T-6.044.950
Acción de tutela
instaurada por Sofía contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
1.  Acompañé la
providencia T-398 de 2017, adoptada por la Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional, que (i) concedió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al interés superior
del niño de Sofía; y, (ii) dejó sin efectos, únicamente
respecto a los intereses de la menor Sofía, la sentencia
proferida por el Consejo de Estado -Sección Tercera - Subsección A el 24 de
febrero de 2016, con el objeto de que dicho Tribunal, en el término de 15 días
siguientes a la notificación, adicionara su fallo otorgando a Sofía la indemnización
por perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, hasta los 25 años, y
por daño moral, en cuantía de 100 SMLMV.
En síntesis, el
problema jurídico que abordó la Sala consistió en determinar si el Consejo de
Estado - Sección Tercera - Subsección A lesionó los derechos fundamentales de
una menor, al incurrir en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto y violación directa a la Constitución Política, como consecuencia de
omitir el reajuste a la indemnización concedida en primera instancia como
reparación por un daño estatal -pese a haberlo efectuado respecto de su medio
hermana-, aduciendo no tener competencia en razón a que la interesada no interpuso
el recurso de apelación. La tesis sostenida en el proyecto consiste en afirmar
que el juez natural no puede anteponer razones de procedimiento para negar un
derecho a un menor de edad, cuando quiera que cuenta con los elementos
necesarios de juicio para determinar su procedencia sustancial.
2.  Pese a que
comparto la protección constitucional que se concedió a. Sofía, con el debido
respeto por las decisiones de la mayoría, suscribo voto particular porque
considero oportuno efectuar algunas precisiones que, aunque no fueron
exploradas con suficiencia en el fallo, justifican mi voto favorable y pueden
contribuir a la interpretación de la regla jurisprudencial que se construyó en
este caso.
2.1. La existencia de garantías que
permitan el restablecimiento de los derechos lesionados o amenazados,
constituye un elemento sustancial y sine qua non de la concepción
constitucional del Estado. Dentro de la categoría de garantías, los mecanismos
o vías judiciales se instauran como un escenario transparente, público y adecuado
de reclamación, con la participación de una autoridad investida para decir el derecho.
Bajo tal
comprensión, los mecanismos o vías procesales constituyen instrumentos para la
satisfacción de contenidos materiales protegidos por la Constitución. Sin
embargo, esto no implica que las reglas y principios que los configuran estén
desprovistos de razones sustanciales subyacentes con independencia de los
bienes que se encuentran inmersos en las discusiones judiciales.
Así, la
interposición del recurso de apelación con sujeción a las formas legalmente
estipuladas tiene por efecto conceder certeza sobre el objeto de decisión
judicial, para que, por un lado, se brinde a las partes las condiciones de
posibilidad para una argumentación coherente que apunte a la materia en
discusión, en beneficio de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia; y, por el otro, actúa como control a la función
jurisdiccional, dado que el juez tiene competencia, en principio, frente al
asunto que se somete a su consideración, y no sobre otro, y por lo tanto debe
haber claridad sobre cómo delimitarlo. En este contexto adquiere sentido la
restricción prevista en el artículo 357 del C.P.C, según la cual la apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que la
modificación sea imprescindible para resolver sobre los asuntos que sí fueron
objeto de recurso[81].
En el caso analizado en la sentencia
T-398 de 2017 la Sala consideró que la Sección Tercera, Subsección A, del
Consejo de Estado debió dar prevalencia al derecho sustancial y pronunciarse
sobre el reajuste del derecho a la reparación de la
tutelante; para arribar a dicha conclusión, empero, no se explicitaron de
manera clara las razones sustanciales por las cuales es válida la limitación al
ejercicio jurisdiccional en sede de apelación a aquellos asuntos que sean
objeto de recurso por las partes.
Y esa consideración, de manera explícita,
es relevante, dado que no puede extraerse una regla según la cual en todos los
casos es vinculante para el juez ad quem un deber de
revisión oficiosa del caso para efectos de pronunciarse sobre pretensiones no
reclamadas.
En mi concepto, aunque en este caso
existían razones constitucionales relevantes y condiciones fácticas que
permitían conceder la protección constitucional, ello no significa que,
reduciendo la trascendencia material de las reglas y principios que inspiran
los procedimientos judiciales, no se analizara más profundamente este extremo
constitucional.
2.3. Por lo tanto, más que un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, lo que se configuró en este caso
fue una violación a la Constitución Política, y, por lo tanto, se quebró la
validez de la sentencia del juez natural en segunda instancia frente a la
posición de la menor Sofía. Y esto ocurrió por los elementos que
concurrieron y que a continuación se refieren.
2.3.1. La menor Sofía, de conformidad
con la prueba allegada al expediente, careció de defensa técnica al momento de
materializarse la carga de interponer el recurso de apelación contra la
sentencia del a quo, conforme a lo refirió la providencia
T-398 de 2017 (apartado 5.2. - ii).
2.3.2. El sujeto
involucrado es una menor de edad, cuyos derechos gozan de protección reforzada
en el marco constitucional colombiano, según lo precisó la ponencia; y, además,
en este caso el derecho afectado era el de la reparación a las víctimas del
conflicto.
2.3.3. El tópico
concreto sobre el que recayó el amparo no fue desconocido para las partes
dentro del proceso de reparación directa, esto es, el alcance de la
indemnización por daños materiales, en la modalidad de lucro cesante, y moral
fue objeto de discusión tanto en primera como en segunda instancia.
2.3.4. En la segunda
instancia la definición del alcance de la indemnización por los daños material
y moral fue objeto de estudio por el Consejo de Estado -Sección Tercera -
Subsección A en relación con un sujeto (hermana de la tutelante) que, salvo la
interposición del recurso de apelación, se encontraba en idénticas condiciones
y, por lo tanto, las consecuencias del daño causado eran comunicables.
2.3.5.  Adicionalmente,
la tasación de los perjuicios ocasionados como consecuencia de los daños
material y moral por la muerte de un familiar en primer grado de consanguinidad
es un asunto que con un grado importante de consistencia ha sido abordado por
el Consejo de Estado, por lo tanto, involucraba un campo del derecho en el que
resultaba poco problemático corregir una condena errónea dada en primera
instancia sin la interposición del recurso de apelación por la interesada.
Ante la concurrencia de las anteriores
circunstancias suscribí afirmativamente la decisión adoptada por la Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, empero considero
necesario destacarlas con el objeto de contribuir a la lectura que de la regla
que se construyó se haga hacia adelante.
En los anteriores
términos dejo consignado mi voto particular.
Fecha ut supra,
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1]
Sentencia proferida el nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por la
Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[2]
Sentencia proferida el trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016) por la
Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[3]
Artículos 86 y 241-9.
[4]
Artículo 33.
[5]
Artículo 55.
[6] Sala
de Selección Número Tres conformada por los magistrados Iván Humberto
Escrucería Mayolo y Aquiles Arrieta Gómez. Auto de selección del treinta (30)
de marzo del dos mil diecisiete (2017).
[7] La
decisión de excluir de cualquier publicación los nombres originales de menores
de 18 años implicados en procesos de tutela, así como los de sus familiares, en
tanto medida de protección, ha sido adoptada, entre otras, en las siguientes
sentencias: T-523 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón); T-442 de 1994 (MP Antonio
Barrera Carbonell); T-420 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-1390 de 2000
(MP Alejandro Martínez Caballero); T-1025 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil);
T-510 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); y T- 844 de 2011 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), y en el artículo 55 del Reglamento Interno de la
Corte.
[8] De conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política y con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado que toda persona, sin distinción alguna, que
considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales, puede interponer
acción de tutela para la reivindicación de éstos. En la sentencia T-895 de 2011 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), la Corte expresamente sostuvo que: “cualquier
persona sin diferenciación alguna puede formular acción de tutela por sí misma
o por quien actúe a su nombre, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos
de procedibilidad. Así las cosas, se tiene que la edad no constituye un factor
diferenciador ni limitante frente a su ejercicio, por cuanto no existe una
exigencia expresa sobre la mayoría de edad para presentarla, lo que permite que
los niños puedan tramitar pretensiones a través de acción de tutela sin que,
para ello, requieran actuar a través de sus padres o representantes legales”.
Respecto a que los menores de edad pueden actuar directamente ante los jueces
de tutela para el amparo de sus derechos, se pueden ver, entre otras, las
sentencias T-293 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-456 de
1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-409 de 1998 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-709 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-531 de 2002
(MP Eduardo Montealegre Lynett), T-950 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería),
T-004 de 2013 (MP Mauricio  González Cuervo).
[9]
Tanto Sofía como Liliana eran las únicas
hijas menores de edad del señor Carlos.
[10] El
Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 11 de mayo de 2007,
declaró “probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, propuesta por el Ministerio de Defensa Nacional, y declaró
administrativa y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional”.
[11] A
folios 10-21 del cuaderno 2 del expediente consta sentencia del veinticuatro
(24) de febrero de dos mil dieciséis (2016) de la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado, en la que se lee que “(…) la Sala analizará
únicamente el tema relacionado con los perjuicios morales y materiales en la
modalidad de lucro cesante de los demandantes Liliana, Catalina, Roberto,
Antonio, Ana, Camilo, Miguel y José, por cuanto la parte actora en su recurso
limitó la impugnación a esos demandantes por cuanto los demás estaban
representados por otro apoderado. (…) Así las cosas, por concepto de perjuicios
morales, en aplicación de las presunciones enunciadas, y de conformidad con los
demás elementos probatorios recaudados, se modificará la sentencia apelada y,
en su lugar, se reconocerá a los demandantes Liliana y Catalina, el monto
equivalente a 100 SMLMV para cada una de ellas. Y para cada uno de los señores
(…), el monto equivalente a 50 SMLMV. (…) La Sala también modificará la
sentencia apelada, dado que es postura reiterada de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que la indemnización debe reconocerse hasta que el hijo de la
persona que fallece cumpla 25 años de edad, en tanto que, en ausencia de prueba
en contrario –que no la hay-, es posible inferir que habría reportado una ayuda
económica de su padre hasta el momento en que cesara completamente la
obligación legal de prestar alimentos a su hijo”.
[12]
Folios 44-46 del cuaderno 2 del expediente.
[13] El
artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 dispone que “para los fines establecidos
en las normas vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la
Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas
contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la
Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe
mensual que le sea presentado a partir de la Sala de Selección de marzo de
2009”.
[14] Corte
Constitucional, sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV
Luis Ernesto Vargas Silva).
[15] Corte
Constitucional, sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV
Luis Ernesto Vargas Silva).
[16]
Corte Constitucional, sentencia T-125 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[17]
Corte Constitucional, sentencia
C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[18]
Corte Constitucional, Sentencia T-265 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[19]
Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[20]
Corte Constitucional,
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[21]
Corte Constitucional,
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[22]
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
reiterada entre otras, en la sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[23]
Corte Constitucional, sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[24]
Corte Constitucional, sentencia T-504 de 2000 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[25]
Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[26]
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y
SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[27]
Corte Constitucional, sentencia T-658 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[28]
Corte Constitucional, sentencias T-088 de 1999 (MP José Gregorio Hernández
Galindo) y SU-1219 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[29]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). Estos criterios
establecidos en la Sentencia C-590 de 2005, han sido reiterados uniformemente
en múltiples pronunciamientos, por ejemplo, en las Sentencias T-950 de 2006 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-203 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-583 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-453 de 2010 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-589 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa),
T-464 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla),
T-872 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo), SU-918 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Nilson Elías Pinilla
Pinilla), T-103 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-213 de 2014 (MP
María Victoria Calle Correa), SU-297 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez), T-060 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo; AV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SV Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-176 de 2016 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio Palacio).
[30]
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
reiterada entre otras, en la sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[31] Corte Constitucional,
sentencia T-522 de 2001 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[32] Corte Constitucional, sentencias T-462 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett); SU-1184 de 2001
(MP Eduardo Montealegre Lynett); T-1625
de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez) y  T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett, SV Clara Inés Vargas
Hernández).
[33]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[34]
Corte Constitucional, sentencia SU-917 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).  Esta sentencia fue reiterada en la
SU-131 de 2013 (MP Alexei Egor Julio Estrada) y SU-050 de 2017 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[35]
Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), reiterada en la sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[36]
Corte Constitucional, sentencia T- 429 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[37]Corte
Constitucional,
sentencia T-1306 de 2001(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, AV Rodrigo Uprimny Yepes).
[38] Corte
Constitucional, sentencia T-974 de 2003 (MP Rodrigo
Escobar Gil).
[39]
Corte Constitucional, sentencia
T-264 de 2009
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[40] Corte
Constitucional, sentencia T-327 de 2011 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[41] Corte
Constitucional, sentencia T-363 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[42]
Corte Constitucional, sentencia T-363 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[43]
Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa,
SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[44]
Corte Constitucional, sentencia SU-454 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado,
SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[45] Corte
Constitucional, sentencia T-051 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV
Gloria Stella Ortiz Delgado). En esta sentencia la Corte estableció las garantías
que encierra el derecho al debido proceso.
[46]
Corte Constitucional, Sentencia SU- 1722 de 2000 (MP Jairo Charry Rivas).
[47]
Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[48]Corte
Constitucional,
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[49]
Corte Constitucional, sentencia T-555 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[50] Corte
Constitucional,
sentencia T-888 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa).
[51]
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[52]
Corte Constitucional, sentencia
T-445 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, AV Alberto Rojas Ríos).
[53]
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV
María Victoria Calle Correa).
[54]
Corte Constitucional, sentencia
T-510 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[55]
Corte Constitucional, sentencia
T-397 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[56]
Corte Constitucional,
sentencia T-705 de 2013 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[57]
Corte Constitucional, sentencia T-580 A de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[58]
Corte Constitucional, sentencia T-387 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[59]
Artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. “Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona,
otra con mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se
decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si
en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
[60] El artículo 353 del Código de Procedimiento Civil
(Decreto 1400 de 1970), señala que “La parte que
no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que
la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá
presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en
su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento del término para alegar.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante
principal”.
[61] El
artículo 267 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo)
consagra que: “En los aspectos no
contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.
[62] Al respecto, es de
advertirse que la Sala conoce de este hecho por lo narrado por la accionante en
su escrito de tutela e impugnación, y por la contestación de la demanda de la
Consejera Ponente en la sentencia objeto de revisión, pues como se manifestó en
precedencia, el Tribunal Administrativo del Tolima a la fecha de registro de
esta sentencia ante la Sala Séptima de Revisión, no había enviado   copia del
expediente correspondiente al proceso de reparación directa  adelantado por Clara
(quien actuó en nombre propio y en representación  de sus hijas Sofía
y Camila), Diana (quien actuó en su propio nombre y en
representación de su hija Liliana), Catalina, Roberto, Antonio, Ana,
Camilo, Miguel y José, contra Nación -Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional y Ejército Nacional- para que se les declarara
administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados por la muerte
del señor Carlos.
[63]
Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[64] Corte
Constitucional, sentencia T-674 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, AV
Nilson Pinilla Pinilla).
[65]
Sobre este punto, es pertinente recordar que esta Corporación ha establecido
como requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales el
principio de inmediatez, el cual se traduce en el deber de solicitar el amparo
constitucional tan pronto como sea posible, atendiendo las particularidades del
hecho que genera la violación. Al respecto, se puede consultar entre muchas
otras: Corte Constitucional, SentenciasT-1089 de 2004
(Álvaro Tafur Galvis), T-403 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1009 de 2006
(MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería), T-607 de 2008 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-680 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-611
de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), T-323 de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-034 de 2013 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), SU-377 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; SV Luis
Guillermo Guerrero Pérez) y T-539 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[66]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencia del 9 de julio de 2014. Expediente
660012331000200900087 02 (CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa). Al respecto
puede verse también las sentencias del 9 de junio de 2010, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado. Expediente: 17605 (CP Mauricio Fajardo
Gómez) y del 9 de febrero de 2012, proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Expediente: 21060 (CP Mauricio Fajardo Gómez).
[67]
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero
de 2012, Expediente: 21060 (CP Mauricio Fajardo Gómez).
[68]
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero
de 2012, Expediente: 21060 (CP Mauricio Fajardo Gómez).
[69]
Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia S-123 de 14 de febrero de 1995.
Expediente: S-123 (CP Consuelo Sarria Olcos).
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Esta posición fue reiterada entre otras, en las
sentencias T-482 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-028 de 2012
(MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[71]
Corte Constitucional, sentencia T-429 de 1994
(MP Antonio Barrera Carbonell). Esta posición fue reiterada entre otras en las
sentencias T-618 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T- 339 de 2015 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio).
[72]
Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[73]
Folio 18 del cuaderno 2 del expediente.
[74]
Folio 19 del cuaderno 2 del expediente. Explícitamente la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado en la sentencia cuestionada manifestó que: “La
Sala modificará también en este aspecto la sentencia apelada, dado que es
postura reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado que esta
indemnización debe reconocerse hasta que el hijo de la persona que fallece
cumple los 25 años de edad en tanto que, en ausencia de prueba en contrario
–que no la hay-, es posible inferir que habría reportado una ayuda económica de
su padre hasta el momento en que cesaría completamente la obligación legal de
prestar alimentos a sus hijos”.
[75]
Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[76]
Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[77]
Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de
2014. Radicado: 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251) (CP Jaime Orlando
Santofimio Gamboa). En esta sentencia la Sala unificó jurisprudencia en materia
de reparación de perjuicios inmateriales, entre los que se encuentra el
concepto de perjuicio moral. En efecto, señaló el Tribunal que “para la
reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles
de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la
justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se
distribuyen así: Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las
relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un
mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros
permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100
SMLMV. Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo
grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel
corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio. Nivel
No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de
consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente
al 35% del tope indemnizatorio. Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva
propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una
indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio. Nivel No. 5.
Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A
este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio”.
[78] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 26 de noviembre de 2014. Radicado: 19001-23-31-000-2000-03226-01(26855) (CP
Hernán Andrade Rincón). Esta posición ha sido asumida por el Consejo de Estado,
entre otras, en las sentencias del 22 de octubre de 2012.   Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado. Radicado:
52001-23-31-000-1997-08790-01(24776) (CP Olga Mélida Valle de la Hoz) y
sentencia del 22 de abril de 2015. Sección Tercera del Consejo de Estado.
Radicado: 5-001-23-31-000-2000-03838-01 (19.146) (CP
Stella Conto Díaz del Castillo).
[79] Corte Constitucional,
sentencia T-265 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez). Esta posición fue
reiterada entre otras, en las sentencias T-141 de 2011 (MP Juan Carlos Henao
Pérez), C-253A de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-130 de 2016 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV Alberto Rojas Ríos).
[80]
Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, SPV Alberto Rojas Ríos).
[81] Artículo 357 del C.P.C: "La apelación
se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos intimamente relacionados con aquélla. Sin embargo,
cuando ambas parles hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (...)".