T-213-00
Sentencia T-213/00
Sentencia
T-213/00
VIA DE HECHO-Error manifiesto en proceso penal
Las discusiones y
desacuerdos que recaigan sobre los resultados de la labor judicial y que por
alguna razón lleguen a ventilarse en un proceso de tutela, no pueden constituir
materia del control jurisdiccional del juez de tutela en la forma de un control
entre instancias, como el que realiza un superior sobre la decisión del
inferior para pronunciarse sobre la legalidad de la respectiva actuación, dado
que la emisión de un juicio valorativo que califique una actuación judicial
como una vía de hecho requiere que en la misma sea evidenciable un vicio más
radical que el de la nulidad absoluta “... en cuanto que el titular del órgano
se desliga por entero del imperio de la ley”.
LIBERTAD
CONDICIONAL-Requisitos
para otorgarla
El otorgamiento
de la libertad condicional, como subrogado penal -medida sustitutiva de las
penas de prisión y arresto- está sujeto a la observancia de dos factores: uno
objetivo, que se refiere a la duración de la pena impuesta y el cumplimiento de
una parte de ella y, otro subjetivo, relacionado con la personalidad, conducta
y antecedentes del sindicado para su readaptación social. No puede perderse de
vista que el reconocimiento de dicho subrogado penal no procede para todos los
delitos. Efectivamente, el artículo 72A del Código Penal lo excepciona para
aquellos previstos en la Ley 365 de 1997 “por la cual se establecen normas
tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras
disposiciones”, manteniéndolos bajo el régimen del artículo 72 del Código
Penal, ya referido. En dicha Ley 365 se contempla en el artículo 8o. el
concierto para delinquir.
JUEZ DE TUTELA-Cautela en evaluación probatoria en
proceso penal
La valoración en
la sede de tutela de la evaluación probatoria efectuada judicialmente dentro de
un proceso penal, no puede entrar a pronunciarse sobre la manera en que ésta se
efectuó, sino que debe restringirse a constatar si para la decisión adoptada
existió evidencia fáctica razonable para su sustento, descartando así cualquier
grado de arbitrariedad. Es más, se ha dicho que la valoración por el juez de
conocimiento de una prueba absolutamente viciada no conduce indefectiblemente a
la calificación de su decisión como configuradora de una vía de hecho.
LIBERTAD
PROVISIONAL-Improcedencia
Referencia:
expediente T-230.251
Acción de tutela
instaurada por Franz Seraph Traber contra el Juzgado 18 Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá D.C. y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Santafé de Bogotá,
D. C., dos (2) de marzo del año dos mil (2000).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra y Alvaro Tafur
Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión del fallo adoptado por el Juez Treinta y Cinco Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá D.C., dentro de la acción de tutela instaurada por Franz
Seraph Traber contra el Juzgado 18 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C.
y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá D.C.
I.
ANTECEDENTES
1.     Hechos
El ciudadano alemán
Franz Seraph Traber, recluido en la Cárcel Nacional Modelo con ocasión del
proceso penal que se le adelanta por los delitos de concierto para delinquir,
estafa y falsedad, interpuso la presente acción de tutela por considerar que
las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos al debido proceso
y a la libertad, ante la negativa de las mismas a concederle la “libertad
condicional” solicitada.
Según lo manifiesta
el actor, tal decisión fue adoptada bajo el argumento de que pesaban en su
contra unas órdenes de captura proferidas por su país de origen, las cuales, en
su parecer, carecen de toda validez legal, no pudiendo reputarse como
auténticas, en razón a que fueron obtenidas mediante una comunicación enviada
por el gobierno alemán vía fax, sin respetar las normas establecidas en el
manual para el intercambio de pruebas en el exterior (Resolución No. 1686 de
1994 de la Fiscalía General de la Nación) y dado que las mismas datan de hace
cinco años.
Según lo indica, tal
actuación le ha impedido disfrutar de las garantías contenidas en el artículo
28 superior, toda vez que para su detención no existió mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos en la ley y en
cumplimiento de las formalidades legales, ni mucho menos se recibieron
solicitudes de extradición o de ejecución de sentencia extranjera (C.P.P.,
arts. 566 y 533); aún más, señala que los organismos de seguridad del Estado
“han certificado la inexistencia de requerimientos judiciales y menos de
órdenes de captura”.
Por otra parte,
agrega que la imposibilidad para obtener la “libertad condicional” consagrada
en el artículo 72A del Código Penal, se fundamenta en un criterio que rechaza,
según el cual dicho beneficio no procede para el delito de concierto para
delinquir, en la modalidad de simple, esto según la interpretación efectuada
por el juzgado de primera instancia en el proceso penal del artículo 1o. de la
Ley 415 de 1997, posteriormente controvertida por el Tribunal Superior en su
Sala Penal.
Por último, el
accionante manifiesta que formula la presente acción como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, aunque aclara que ya se usaron los
recursos del caso y de defensa judicial dentro de su oportunidad para lograr la
salvaguarda de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados.
1.2.  Otros
fundamentos fácticos de este asunto relevantes para la presente revisión
A continuación, se
relacionarán algunas particularidades de la situación jurídica que presenta el
actor frente a la justicia penal colombiana, según lo demostrado en el
expediente, en virtud del material probatorio allegado por el juez de instancia
en la acción de tutela y por las pruebas recaudadas por la Sala de Revisión,
mediante los autos de fecha 24 de noviembre de 1999 y 9 de febrero del año
2000.
1.2.1. Aspectos principales del proceso penal
surtido en contra del señor Franz Seraph Traber:
a.      En el mes de febrero de 1995, ante la
Fiscal Delegada 75 de la Unidad de Delitos Financieros de Santafé de Bogotá, se
adelantó una investigación penal por el presunto fraude a la empresa “Correval
S.A.” en la negociación de un título valor (CDT expedido por la Corporación de
Ahorro y Vivienda Las Villas) que aparentemente había sido hurtado a un
particular. Dentro de la actuación apareció relacionado el ciudadano alemán
Franz Seraph Traber, razón por la cual, esa funcionaria, una vez abierta la
instrucción penal, ordenó su captura, para cuyo cumplimiento fue comisionado el
Fiscal Delegado 67 de esa misma Unidad.
b.    El día 21 de febrero de 1995, funcionarios
del Grupo Especial de Delitos contra la Administración y la Fe Pública,
División Policía Judicial, de la Dirección General de Investigaciones del
Departamento Administrativo de Seguridad - DAS dieron captura al mencionado
ciudadano alemán y lo pusieron a disposición de la Fiscal Delegada 75, quien lo
privó de su libertad y lo vinculó a la instrucción mediante la práctica de la
diligencia de indagatoria, llevada a cabo el día 24 del mismo mes y año (Fls.
1-4, Anexo No. 1).
c.     Posteriormente, el día 7 de marzo de
1995, la misma Fiscal Delegada 75 resolvió la situación jurídica del procesado
Traber y le impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva, sin
beneficio de excarcelación, como autor responsable de los presuntos punibles de
“falsedad en documento privado y falsificación de sello oficial en concurso
homogéneo y sucesivo; estafa; tentativa de estafa, en concurso con el delito de
concierto para delinquir” (Fl. 34, Anexo No. 1). Esta decisión fue impugnada
por el defensor del señor Traber (14 de marzo de 1995), quien alegó captura y
prolongación ilegal de privación de la libertad y solicitó la revocatoria de la
providencia que negó la sustitución de la medida de aseguramiento. Las
instancias competentes para el control de legalidad de esa medida de
aseguramiento confirmaron la decisión inicialmente adoptada (fl. 65 del Anexo
No. 1).
d.    Según se observa en el copioso material
documental con que cuenta el expediente, el actor a través de sus apoderados y,
en varias ocasiones directamente, ejercitó una labor de defensa mediante la
formulación de innumerables peticiones de sustitución de la medida de aseguramiento
de detención preventiva por la de detención domiciliaria, así como de libertad
provisional, las cuales fueron decididas negativamente. Además, solicitó la
nulidad de algunas actuaciones procesales, recusó en repetidas oportunidades al
funcionario del conocimiento y pidió la práctica de pruebas, entre otros
asuntos.
e.     El 16 de agosto de 1995, la Fiscal
Delegada 75 calificó el mérito del sumario (fl. 226 del Anexo No. 3) y profirió
resolución de acusación contra el señor Franz Seraph Traber y otros, “como
autores responsables de los delitos de Concierto para delinquir, falsedad
material de particular en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo,
agravada por el uso, Falsedad en documento privado y Estafa agravada por la
cuantía, en concurso, en relación con la negociación del CDT de las Villas”.
Igualmente negó la libertad provisional del señor Traber. Recurrida la anterior
providencia fue confirmada tanto en la reposición como en la apelación.
f.     El defensor del ciudadano Traber, el
15 de abril de 1996, elevó solicitud para obtener la libertad provisional de su
cliente bajo caución juratoria por no contar con recursos económicos, por razón
de la causal del artículo 415-5 del Código de Procedimiento Penal, pues
consideró que habían pasado 6 meses desde la ejecutoria de la resolución
acusatoria, sin que se hubiese celebrado la audiencia pública respectiva (fl.
289 del Anexo No. 1). De ello correspondió conocer al Juzgado 71 Penal del
Circuito quien argumentó que a pesar de la citación para la realización del
foro público, éste se suspendió en tres oportunidades por razones no imputables
al Estado sino a los sindicados y a sus defensores (abril 17 de 1996, fl. 290
del Anexo No. 1). Recurrido este auto las respectivas instancias que desataron la
impugnación lo confirmaron.
g.     Según lo informó la Juez Dieciocho
Penal del Circuito, “el trece (13) de octubre de 1.999, este Juzgado emitió
fallo de primera instancia en el proceso No. 2.339, y condenó a FRANZ SERAPH
TRABER, a la pena principal de OCHO (8) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISION, como
autor material del concurso heterogéneo de delitos de falsedad de Particular en
Documento Público, agravada por el uso, Falsedad en Documento Privado, en
concurso homogéneo, Estafa agravada, en concurso homogéneo y, Concierto para
Delinquir. Hay seis (6) sentenciados más. En el punto 7o. de la Sentencia, se
ordenó la expulsión del territorio nacional para FRANZ SERAPH TRABER.”.
h.    El 2 de noviembre de 1999 se remitió el
proceso al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Penal, para que se
surtiera la apelación interpuesta y concedida en el efecto suspensivo.
1.2.2. Actuaciones
de los defensores del sindicado y de los falladores de instancia en relación
con la solicitud de libertad provisional del actor bajo los presupuestos del
artículo 415-2 del Código de Procedimiento Penal
a.     El 24 de julio de 1998, el Juzgado 18 Penal
del Circuito deniega por improcedente la solicitud de libertad provisional que
propone el sindicado Traber, por cumplimiento de los requisitos para obtener la
libertad condicional, según el artículo 415-2 del C.P.P., pues estima que el
tiempo computado, por razón de la detención preventiva y la redención de la
pena por trabajo (44 meses y 11 días), es inferior a las dos terceras partes exigidas
para obtener dicho beneficio (64 meses). Además, resalta que no es viable
aplicar la Ley 415 de 1997[1]
toda vez que el concierto para delinquir está excluido de los beneficios ahí
contemplados (art. 1o.).
b.    El 13 de noviembre de 1998 el actor
solicita nuevamente se le conceda la libertad provisional con base en ese mismo
artículo 415-2 del C.P.P. El Juzgado 18 Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá, el 18 de noviembre, niega el beneficio, pues al valorar la personalidad
del procesado observa que no cumple con el requisito subjetivo exigido para
reconocerlo. Esta providencia es recurrida y el 22 de enero de 1999 la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, al
resolver la apelación de dicho proveído, señala que si bien la Ley 415 de 1997
de alternatividad penal sí le es aplicable al sindicado (art. 1o.) y aunque
éste ya cumplió con las tres quintas partes de la posible condena que allí se
exige, no es posible que acceda a la libertad, pues en su contra existen dos
órdenes de captura vigentes en Alemania, según lo oficiado por la Embajada de
ese país, situación que exceptúa la procedibilidad de la libertad condicional.
c.     En forma insistente un nuevo defensor del
señor Traber en febrero del año de 1999 vuelve y solicita la libertad
provisional de éste por la vía del artículo 1o. de la Ley 415 de 1997 referido,
que incorporó el artículo 72A del Código Penal, aduciendo que bajo estricto
rigor jurídico “no se puede pretender la existencia de una orden de captura
en contra de mi prohijado so pretexto de un comunicado vía fax de la embajada
alemana al que se le pretende dar la connotación de orden de captura, el que
por demás fue expedido el 21 de marzo de 1995, cuatro años a tras (sic)
(prescrito tal vez) ... cuando brilla por su ausencia el procedimiento
establecido en el Manual para el intercambio de pruebas con el exterior
(Resolución No. 1686 de 1994 Fiscalía General de la Nación), sin que se haya
establecido la veracidad de las referidas órdenes de detención, alcance y su
vigencia, como para poder negar la libertad condicional invocada (...)”.
d.    El 18 de febrero de 1999, el Juzgado 18
penal del Circuito de Santafé de Bogotá deniega la anterior petición pues “no
es el momento para desvirtuar el alcance y legalidad de las órdenes de captura
que obran en el expediente, dictadas por el Gobierno Alemán. Lo que emerge del
proceso y así lo interpretó la Alta Corporación [Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá - Sala Penal] es que, el presupuesto de la Ley de Alternatividad
Penal “.. salvo que existan órdenes de captura vigentes en su contra”, está
dado y es esa la única razón por la que se le debe denegar la libertad
provisional”. Adicionalmente, oficia a la embajada de Alemania en Colombia
y a la oficina de la INTERPOL del DAS para obtener una mayor claridad sobre la
situación jurídica del procesado Franz Seraph Traber.
e.     El anterior proveído es impugnado por el
defensor del encausado y resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el 3 de mayo de 1999, confirmándolo con
unas especiales precisiones que se sintetizan en seguida:
De un lado,
desvirtúa la aseveración del impugnante en el sentido de que la excepción
contenida en el parágrafo del artículo 1o. de la Ley 415 de 1997, para conceder
el beneficio de la libertad condicional, se refiera a órdenes de captura de
autoridad colombiana pues la ley no hace distinción alguna. Frente a la
veracidad de las mismas por haber sido obtenidas vía fax, señala que hay que
atenerse a lo probado por la realidad procesal y, según ésta, existe orden de
detención contra el señor Traber, como lo ha confirmado una autoridad nacional
como es el D.A.S., oficina de INTERPOL, según lo cual el ciudadano alemán aludido
es motivo de búsqueda internacional y se encuentra registrado en la
circular Roja No 31602-94, por un proceso que adelantó la Fiscalía de Bayreuth
en Alemania por robo calificado. Así pues, el Tribunal opina que nadie puede
desconocer que tiene orden de captura vigente lo que impide efectuar
interpretaciones extensivas de dicho texto legal, en la forma enunciada por le
procesado.
Por otra parte,
manifiesta que si bien en alguna oportunidad se señala en el proceso que el
acusado puede ser destinatario de los beneficios de la Ley 415 de 1997, lo
cierto es que el artículo 1o. de esa norma, por remisión que hace a la Ley 365
de 1997, en especial del artículo 8o., excluye el concierto para delinquir
simple (Código Penal, art. 186) de ese beneficio, toda vez que el propósito de
dicha normatividad es combatir la delincuencia organizada y “ha de entenderse
en sana lógica, que, el concierto para delinquir simple es por antonomasia la
forma primigenia de delincuencia organizada per se, siendo esta la razón por la
que fue excluido expresamente este delito de los mencionados beneficios, y es
precisamente uno por los cuales se le procesa.”.
e.     Como consta en comunicación de la
Oficina de INTERPOL del Departamento Administrativo de Seguridad - D.A.S., No.
2745 (E-95/0070) DAS.OI.UA., del 8 de marzo de 1999, los antecedentes que se
registran en los archivos de esa entidad acerca del ciudadano Franz Seraph
Traber, son los siguientes:
“-Oficio procedente
de la Unidad de Delitos financieros de a Fiscalía General de la Nación, de
fecha mayo 24 de 1995, donde comunica que el mencionado se encuentra detenido
en la cárcel Distrital de Varones de Bogotá, sindicado por los delitos de
estafa, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
-Interpol Wiesbaden
en mensaje de fecha 13 de abril de 1995, informa que el mencionado es motivo de
búsqueda internacional y está registrado en la Circular Roja No. 31602-94.
Proceso que adelantó la Fiscalía de Bayreuth en Alemania por robo calificado.
-Interpol Wiesbaden
con fecha 15 de abril de 1995 comunica que la autoridad competente de Munich no
solicitará su extradición.”
2.      Sentencia
objeto de revisión
El Juez Treinta y
Cinco Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., mediante sentencia del 26
de mayo de 1999, deniega el amparo solicitado por el actor, por considerar que
no existió vulneración de los derechos al debido proceso y a libertad invocados
en la demanda.
Para sustentar lo
anterior, el mencionado juez manifiesta que, según consta en el expediente de
la acción de tutela, y a diferencia de lo afirmado por el actor, éste fue
capturado en virtud de una orden emitida por el Fiscal 66 Delegado, de
conformidad con el artículo 378 del Código de Procedimiento Penal, por punibles
cometidos no en el extranjero sino en el territorio colombiano, procediéndose
en legal forma para recibirle la correspondiente indagatoria y para decretar su
detención preventiva sin beneficio de excarcelación, toda vez que, en su país
de origen pesaban en su contra dos órdenes de captura por el delito de robo
calificado, las cuales estima que se encuentran válidamente ratificadas por la
nación alemana, como consta en la respectiva comunicación y se halla registrado
en “la circular roja No. 31602/94” (fls. 46 a 57 a folios del Anexo No. 2 y
folio 200 del Anexo No. 3).
Igualmente, advierte
que, luego de un estudio minucioso del proceso penal, encuentra que tanto el
ente acusador como el juzgador actuaron conforme a la ley penal vigente, y sus
decisiones fueron ratificadas por la segunda instancia en las veces en que el
accionante recurrió, de manera que, si hubiesen existido yerros procedimentales
habrían sido advertidos y por ende corregidos.
Por otra parte,
expresa que todas las garantías judiciales del procesado fueron salvaguardadas,
precisando que “fue uno de los sindicados que más actividad tuvo dentro de la
investigación haciendo uso de todos los recursos procedentes e incluso los que
no lo son como quedó claro en el pronunciamiento que hiciera el juzgado a quo
(fl.1 del Anexo No. 2), actuando en ocasiones el mismo procesado y en otras su
apoderado, pero siempre acudiendo a todos los mecanismos que le ofrece la ley
penal colombiana”, lo que lo lleva a concluir un comportamiento obstinado del
actor, pretendiendo conseguir por cualquier medio procesal lo que la ley no
otorga.
Por último, en
cuanto a la presunta violación del derecho a la libertad, el juez de tutela
indica que las numerosas solicitudes fueron resueltas correctamente por el juez
de primera instancia en sentido negativo y confirmadas por el Tribunal
Superior, con base en los artículos 415-2 del Código de Procedimiento Penal y
de la Ley 415 de 1997, que adicionó al Código Penal el artículo 72A) (fls. 157
a 161 del Anexo No. 4), pues aprecia que no podía desconocerse que sobre el
sindicado pesaban órdenes de captura vigentes en su país de origen por el
delito de robo calificado, según lo informado por el gobierno alemán,
impidiéndole al juez del conocimiento conceder tal beneficio por estricta
prohibición legal, decisiones que fueron recibidas por el actor como
parcializadas y por lo tanto motivaron en él la presentación de recusaciones
contra el funcionario que las adoptó.
De lo anterior,
deduce el juez constitucional que “no puede caber en cabeza alguna que
tantos funcionarios puedan llegar a errar en pronunciamientos en el mismo
sentido, pues para evitar tales impases la ley ha sido precavida y ha dispuesto
dentro de los principios procesales penales, el de la doble instancia a fin de
proporcionar mayor seguridad a los procesados frente a las decisiones de los
funcionarios judiciales (...)”.
Por lo tanto, por no
encontrar demostrada la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la libertad, procede a negar el respectivo amparo constitucional.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar la anterior
providencia proferida por el juez de tutela, dentro del proceso de la
referencia, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y
241, numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33 al 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto de fecha 30 de
agosto de 1999, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de
esta Corporación.
2.     La materia
a examinar
En el asunto
sometido a revisión de esta Corporación el actor, procesado penalmente por los
delitos de concierto para delinquir, falsedad material de particular en
documento público y estafa, controvierte las decisiones proferidas por el
Juzgado 18 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D.C., en la medida
en que le negaron la solicitud de libertad provisional, argumentando una
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad, por
cuanto insiste en que para la detención, como para la negativa a obtener el
mencionado beneficio, se han utilizado unas órdenes de captura remitidas por su
país de origen que carecen de autenticidad.
De manera que, la
revisión de esta materia debe producirse dentro del ámbito de la procedibilidad
del amparo constitucional de tutela contra las providencias judiciales
cuestionadas para determinar si en algún grado se ha generado la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales del actor, por una eventual
configuración de una vía de hecho con la negativa de las autoridades accionadas
de concederle la libertad provisional.
3.      Criterios
básicos de la doctrina constitucional sobre las vías de hecho judiciales que
servirán para la revisión del presente asunto
De conformidad con
la jurisprudencia emanada de esta Corporación, la procedencia de la acción de
tutela contra las providencias judiciales se estructura sobre una regla
totalmente excepcional que exige la evidencia de una actuación judicial en
forma arbitraria y totalmente al margen del ordenamiento jurídico.
El juez
constitucional, erigido en sede de tutela, solamente puede proferir órdenes de
inmediato cumplimiento para contrarrestar los posibles efectos lesivos a los
derechos fundamentales de las personas que pueda generar una decisión de una
autoridad judicial, cuando aquella configure una vía de hecho, en tanto que “
(1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente
inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial
que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para
hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte
“esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley,
como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como
acto judicial”[2].[3]
Como se deduce de la
redacción del artículo 86 superior, la viabilidad del amparo constitucional de
tutela, por las razones antes anotadas, sólo es posible en la medida en que se
cumplan los demás requisitos de procedibilidad que la rigen, entre los cuales
se destaca la inexistencia de otro medio de defensa judicial que pueda
intentarse para obtener la protección pretendida de los derechos fundamentales
de las personas o por la ineptitud o inidoneidad del mismo para el mismo fin o
porque una vez agotado su ejercicio permanece[4]
la violación constitucional de esos derechos.
Adicionalmente, es
del caso resaltar que cuando el tutelante pretende obtener el amparo
constitucional frente a una acción u omisión de una autoridad judicial por
haber excedido los límites que le impone el ordenamiento jurídico, mediante la
modalidad transitoria del amparo, es necesario que la finalidad en su
formulación sea la de neutralizar un posible perjuicio irremediable que de
manera cierta e inminente, urgente y grave aceche sobre alguno de sus derechos
fundamentales, mientras se resuelve de fondo el asunto por la autoridad
competente.
Se arriba de esta
manera a la conclusión de que las discusiones y desacuerdos que recaigan sobre
los resultados de la labor judicial y que por alguna razón lleguen a ventilarse
en un proceso de tutela, no pueden constituir materia del control
jurisdiccional del juez de tutela en la forma de un control entre instancias,
como el que realiza un superior sobre la decisión del inferior para
pronunciarse sobre la legalidad de la respectiva actuación, dado que la emisión
de un juicio valorativo que califique una actuación judicial como una vía de
hecho requiere que en la misma sea evidenciable un vicio más radical que el de
la nulidad absoluta “... en cuanto que el titular del órgano se desliga por
entero del imperio de la ley”[5].
Cabe agregar que la
procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir una actuación
judicial cuando la misma contiene una decisión arbitraria, es posible en la
medida en que ésta  repercuta en el desarrollo del proceso y lesione los
derechos fundamentales de una de las partes, de manera que pueda ser objeto de
análisis constitucional en la sede de tutela.[6]
Con base en los
criterios esbozados y en otros que se irán estableciendo en el desarrollo de
esta providencia, la Sala entra a revisar la decisión de tutela que resolvió el
proceso de la referencia.
4.      Análisis
del caso sub examine
Aun cuando el actor
en la demanda de tutela no identifica expresamente cuáles son las providencias
del Juzgado 18 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. y de la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad que vulneran sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, según se deduce de
los antecedentes relatados, el demandante se refiere a aquellas que se
pronunciaron sobre la solicitud de libertad provisional invocada con base en
los artículos 415-2 del Código de Procedimiento Penal y del artículo 72A del
Código Penal, pues lo que se cuestiona por el tutelante en definitiva es la
negativa al otorgamiento de ese beneficio.
Descrita como está
en el acápite 1.2.2. de esta providencia la forma en que el Juzgado 18 Penal
del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. y la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de la misma ciudad resolvieron al actor la petición de
libertad provisional (C.P.P., art. 415-2 y C.P., art. 72A), procede la Sala a
analizar las respectivas decisiones, bajo la perspectiva de una eventual
configuración de una vía de hecho y en el entendido de que ya se agotaron los
medios de defensa judicial ordinarios que permitan controvertir tales
resoluciones y puedan las mismas estar ocasionando un perjuicio a los derechos
fundamentales del actor al debido proceso y muy especialmente al de la libertad
(C.P., arts. 29 y 28).
4.1.   Presunta
conformación de defectos propios de la vía de hecho judicial en las actuaciones
judiciales censuradas
Según lo afirma el
actor, con los proveídos resumidos en el mencionado acápite 1.2.2., se
desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad, en la
medida en que la decisión de rechazar su solicitud de libertad provisional por
la vía del artículo 425-2 del C.P.P. y del artículo 72A del C.P. se sustentó en
una interpretación equivocada de la normativa penal y en pruebas que carecen de
validez legal, lo que hace pensar en un primer momento, que quizás se está ante
la presencia de defectos de orden sustantivo y fáctico en la expedición de
tales decisiones judiciales, configuradores de una vía de hecho judicial. La
Sala entra a examinar ambos aspectos a continuación:
a.)     Aparente
defecto sustantivo
El accionante
expresa que la imposibilidad para obtener la libertad provisional, por el
beneficio consagrado en los artículos 415-2 del Código de Procedimiento Penal y
72A del Código Penal (Ley 415 de 1997, art. 1o.), se fundamenta en un criterio
interpretativo equivocado que excluye de ese alcance favorecedor el delito de
concierto para delinquir, en la modalidad de simple, aún cuando insiste en que
existió un pronunciamiento del Tribunal Superior en su Sala Penal, en
contrario.
Comoquiera que el
defecto sustantivo de una vía de hecho se estructura a partir de la utilización
por la autoridad judicial de una norma inaplicable en virtud de la cual se
profiere la respectiva decisión, veamos si en el caso de autos se evidencia el
mismo.
En efecto, la
actividad judicial comprende, entre otras tareas, la de interpretar y aplicar
las preceptivas legales a un caso concreto. Al respecto es necesario reiterar
que en la sede de revisión de tutela el juez constitucional no puede pretender
determinar si la respectiva autoridad judicial actuó indebidamente al desentrañar
el sentido de una norma con el fin de aplicarlo a una situación específica y
fijar el sentido correcto de la misma, sino más bien su labor debe concentrarse
en establecer si el resultado de la interpretación presenta un fundamento
jurídico razonable, es decir constituye una “interpretación jurídicamente
viable”, pues la declaratoria de una vía de hecho debe darse solamente, ante
una grave separación del ordenamiento jurídico por parte del funcionario.[7].
En otras palabras,
la existencia de un criterio jurídico admisible en el ordenamiento jurídico en
el cual se fundamente la labor interpretativa del cuerpo jurídico nacional por
un juez, impide su discusión ante la sede de tutela, pues de lo contrario se atentaría
contra el principio de la autonomía del cual se encuentran revestidos los
jueces (C.P., art. 228).
Ahora bien, el
artículo 415 del Código de Procedimiento Penal establece las causales para que
un sindicado pueda solicitar la libertad provisional, siempre que la garantice
mediante caución juratoria o prendaria. El numeral 2o. de ese artículo
preceptúa la posibilidad de obtener esa gracia por cumplimiento de la pena,
cuando el sindicado lleve en detención preventiva el tiempo necesario para
obtener la libertad condicional, en los términos que a continuación se
transcriben:
“2.       Cuando en
cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención
preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad
por el delito que se le imputa, habida consideración de la calificación que
debería dársele.
Se considerará
que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo
necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás
requisitos para otorgarla.
La rebaja de la pena
por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción.
La libertad
provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que
esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal
aquí prevista.”. (Subraya fuera del texto original).
De otrolado, el
artículo 72 del Código Penal frente al instituto de la libertad condicional
establece que ella podrá otorgarse al condenado a la pena de arresto mayor de 3
años o a la de prisión que exceda de 2, cuando haya cumplido las dos terceras
partes de la condena, “siempre que su personalidad, su buena conducta en el
establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden, permitan suponer
fundadamente su readaptación social”.
Sinembargo, el
artículo 1o. de la Ley 415 de 1997 adicionó al Código Penal el artículo 72A,
con el fin de establecer unos nuevos beneficios para obtener esa libertad
condicional, dentro de un marco normativo de alternatividad penal y
penitenciaria que permitiera además descongestionar los establecimientos
carcelarios del país. De este modo, preceptuó sobre éste particular lo
siguiente:
“ART: 72A.-Con
excepción de los delitos de: Enriquecimiento ilícito; homicidio agravado o
lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2,4,5 y 8 del artículo
30 de la Ley 40 de 1993; secuestro, extorsión; hurto calificado; los delitos
dolosos previstos en la Ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto-Ley
2266 de 1991, excepto los de porte ilegal de armas de defensa personal,
interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o
insignias y amenazas personales o familiares; los delitos previstos en la Ley
190 de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización
indebida de información privilegiada; los delitos previstos en la Ley 360 de
1997 y en la Ley 365 de 1997; y los delitos conexos con todos los anteriores,
los cuales continuarán bajo el régimen del artículo 72 del Código Penal, para
los demás delitos el beneficio de libertad condicional se concederá de la
siguiente manera:
El juez concederá la
libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres
(3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes (3/5) de la condena,
siempre que haya observado buena conducta en el establecimiento carcelario.
Parágrafo. Salvo que exista orden de captura vigente
en su contra, no podrá negarse el beneficio de libertad condicional atendiendo
a los antecedentes penales o circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia
para dosificar la pena o negar la condena de ejecución condicional”.
De lo antes
transcrito puede deducirse que el otorgamiento de la libertad condicional, como
subrogado penal -medida sustitutiva de las penas de prisión y arresto- está
sujeto a la observancia de dos factores: uno objetivo, que se refiere a la
duración de la pena impuesta y el cumplimiento de una parte de ella y, otro
subjetivo, relacionado con la personalidad, conducta y antecedentes del
sindicado para su readaptación social.
No puede perderse de
vista que el reconocimiento de dicho subrogado penal no procede para todos los
delitos. Efectivamente, el artículo 72A del Código Penal lo excepciona para
aquellos previstos en la Ley 365 de 1997 “por la cual se establecen normas
tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras
disposiciones”, manteniéndolos bajo el régimen del artículo 72 del Código
Penal, ya referido. En dicha Ley 365 se contempla en el artículo 8o. el
concierto para delinquir.
Precisamente, en el
caso en análisis, la anterior situación normativa fundamentó las decisiones del
Juzgado 18 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C. (24 de julio de 1998) y
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
(3 de mayo de 1999 corrigiendo las consideraciones hechas en una primera
providencia proferida el 22 de enero de ese mismo año), quienes manifestaron
que por la remisión que hace el artículo 72A al Código Penal al artículo 8o. de
la Ley 365 de 1997, definitivamente se excluía el concierto para delinquir
simple (Código Penal, art. 186) del posible beneficio de la libertad
provisional, por ser éste uno de los reatos por los cuales se juzga penalmente
al ciudadano alemán.
Por ello, uno de los
argumentos esgrimidos al respecto en la segunda instancia reafirmó el propósito
de esa disposición y aclaró cualquier duda sobre la inaplicabilidad del
beneficio mencionado al delito por el cual se procesa al actor penalmente, en
la medida en que “ha de entenderse en sana lógica, que, el concierto para
delinquir simple es por antonomasia la forma primigenia de delincuencia
organizada per se, siendo esta la razón por la que fue excluido expresamente
este delito de los mencionados beneficios, y es precisamente uno de los cuales
se le procesa.”.
Estas
consideraciones llevan a la Sala de Revisión a concluir que los falladores de
instancia al interpretar y aplicar la normatividad penal sustantiva y adjetiva
relacionada con la libertad provisional solicitada por el actor (C.P.P., arts.
415-2 y C.P., art. 72A y Ley 365 de 1997, art. 8o.), no cometieron ningún
exceso que permita tildar sus decisiones de arbitrarias, como se pretende en la
demanda, ni atentaron contra el ordenamiento jurídico, por el contrario
reiteran el contenido normativo vigente aplicable al caso particular, a partir
de una interpretación basada en un criterio jurídico viable.
Lo hasta aquí
expuesto sería suficiente para confirmar la decisión de tutela en el proceso de
la referencia, proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de
Santafé de Bogotá D.C., en el entendido de que no se evidencia una vía de hecho
en las decisiones judiciales cuestionadas por razón de la negativa a la
concesión de la libertad provisional, como así lo concluyó el juez de tutela;
sinembargo, la Sala estima conveniente presentar un análisis adicional con
respecto al cuestionamiento que el actor hace sobre la valoración probatoria
del material de apoyo en virtud del cual los jueces negaron el beneficio
aplicando un segundo factor objetivo.
b.)   Eventual
defecto fáctico
Otro de los vicios
por los cuales puede configurarse una vía de hecho judicial es por razón de un
defecto fáctico en la decisión, el cual está relacionado con el estudio del
material probatorio que sustenta el pronunciamiento del fallador.
En este orden de
ideas, la calificación que corresponda hacer al juez de tutela de la valoración
probatoria efectuada por una autoridad judicial debe ser en extremo respetuosa
del principio de la autonomía de los jueces, de tal forma que, el amparo que se
pueda llegar a conceder en ejercicio de la jurisdicción constitucional deberá
provenir, exclusivamente, de la ausencia absoluta de pruebas conducentes para
demostrar los hechos investigados sustento de la decisión final.[8]
Antetodo, recuérdese
que la norma invocada por el actor para obtener su libertad provisional
-C.P.P., art. 415-2- establece que en cualquier estado del proceso el sindicado
podrá solicitarla si hubiere permanecido en detención preventiva un tiempo
igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito que se
le imputa, debiéndose entender que ha cumplido la pena cuando dicho tiempo de
privación de la libertad corresponda al mismo que se exige para obtener la
libertad condicional.
La Ley 415 de 1997,
en su artículo 1o., que adicionó el artículo 72A al Código Penal, sujeta ese
subrogado penal de la libertad condicional al cumplimiento de ciertos criterios
objetivos y subjetivos, de los cuales se destaca el descuento de las tres
quintas partes de la condena impuesta en la sentencia, la observancia de buena
conducta en el establecimiento carcelario y la inexistencia de órdenes de
captura vigentes contra el condenado (parágrafo).
En la demanda de
tutela, la censura del actor contra las decisiones de las autoridades
judiciales accionadas también se debe a que las pruebas aportadas al proceso
para negar el tantas veces citado beneficio, como son las órdenes de captura enviadas
por la embajada alemana en nuestro país, fueron obtenidas sin seguir los
procedimientos establecidos en la Resolución No. 1686 de 1994 de la Fiscalía
General de la Nación para el intercambio de pruebas en el exterior y máxime
cuando las mismas datan de hace cinco años.
Sea lo primero
señalar que como lo pretende poner de presente el actor la asistencia judicial
internacional en materia de pruebas e información relacionada con una
investigación, cuenta con unos procedimientos legalmente establecidos, o con
las estipulaciones fijadas en los tratados internacionales celebrados sobre la
materia.
Sinembargo, es de
precisar que lo que cobra especial interés para la actividad que debe
desempeñar el juez constitucional por la vía de la acción de tutela de una
decisión judicial por razón de la valoración probatoria en la cual se ha
apoyado para su expedición, son los parámetros de evaluación y límites que
encuadran su función, los que según la doctrina constitucional, en materia
penal y en lo que atañe específicamente al juicio de responsabilidad de una
persona por la comisión de un delito, se caracterizan por lo siguiente[9]:
“14.
Como lo ha reiterado insistentemente la jurisprudencia de esta Corte, el juez
de tutela, al estudiar si una determinada providencia es una vía de hecho, no
puede sustituir a los jueces naturales. No se trata de una última instancia con
capacidad para revisar integralmente todo lo actuado o para juzgar extremos que
sólo competen al juez de la causa. En este sentido, la doctrina constitucional
ha señalado que, en materia de la evaluación probatoria sobre la culpabilidad
del sujeto implicado en la comisión de un delito, el juez de tutela debe ser en
extremo cauteloso para no exceder sus competencias[10].
Su tarea se contrae entonces a verificar si en el expediente existe algún
elemento de prueba que, razonablemente, pueda sostener a la decisión judicial
impugnada. Sin embargo, no es de su competencia entrar a analizar en concreto
el contenido de toda la evidencia allegada al proceso con el fin de definir si
la valoración realizada por el juez de instancia es o no correcta. Esta es una
cuestión que el ordenamiento jurídico libra por entero al juez natural en el
ejercicio de sus competencias propias. Basta pues, para que la decisión no
pueda ser calificada como vía de hecho judicial, que se demuestre que existe
alguna evidencia que, razonablemente, pueda servir de apoyo a la providencia
impugnada.”. (Subraya la Sala).
Como se puede colegir
de la cita del anterior texto jurisprudencial y por otros criterios expuestos a
lo largo de las consideraciones subsiguientes en esa providencia, la valoración
en la sede de tutela de la evaluación probatoria efectuada judicialmente dentro
de un proceso penal, no puede entrar a pronunciarse sobre la manera en que ésta
se efectuó, sino que debe restringirse a constatar si para la decisión adoptada
existió evidencia fáctica razonable para su sustento, descartando así cualquier
grado de arbitrariedad.
Es más, se ha dicho
que la valoración por el juez de conocimiento de una prueba absolutamente
viciada no conduce indefectiblemente a la calificación de su decisión como
configuradora de una vía de hecho, pues “... no todo vicio implica la
descalificación absoluta y definitiva del acto judicial. Conforme a la
jurisprudencia constitucional, esta Sala no puede menos que indicar que sólo
en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno de derecho constituya
la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente
habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la
decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por
supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”. (Subraya
la Sala).
Ahora bien, en
el caso que se analiza, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá
D.C. y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, tomaron como apoyo
probatorio para negar al ciudadano alemán Franz Seraph Traber la libertad provisional
-por otro motivo adicional a la regulación expresa de la excepción de dicho
beneficio del delito de concierto para delinquir-, una información suministrada
por la embajada de Alemania en Colombia, en la cual se señalaba que dicho señor
tenía órdenes de captura vigentes por delitos cometidos en territorio
extranjero, datos que fueron obtenidos directamente de la Central de Registro
de la Corte Federal de Justicia alemana.
Para el Juzgado 18
Penal del Circuito de Santafé de Bogotá (18 de febrero de 1999) así como para
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
(3 de mayo de 1999) lo importante en este asunto era que la ley de
alternatividad penal al momento de resolver sobre la concesión del beneficio de
la libertad condicional solicitado, prohibía otorgarlo cuando existieren
órdenes de captura en contra del condenado. Por lo tanto, para ellos no era del
caso desvirtuar la autenticidad de la información proveniente del gobierno
alemán, en la medida en que no e trataba de la producción de una prueba sino de
su aporte, por cuanto resulta irrefutable que las órdenes de captura emitidas
por una autoridad alemana existían, eran ciertas, como así lo probaba la
realidad procesal en donde además aparecía ratificado en una comunicación de
una autoridad nacional como el D.A.S., oficina de INTERPOL, que el ciudadano
alemán Traber era motivo de búsqueda internacional y estaba registrado
en la Circular Roja No 31602-94, por un proceso que adelantó la Fiscalía de
Bayreuth en Alemania por robo calificado.
Con
base en lo expuesto y aplicando los criterios antes mencionados, la Sala
encuentra que para negar la libertad provisional solicitada por el actor en el
proceso penal que se cursa en su contra, existieron razones suficientes y elementos
de juicios admisibles para dictar las providencias cuestionadas que hacen
desechar un pronunciamiento en favor de una vía de hecho, por la eventual
nulidad de una de las pruebas aportadas al proceso. Como lo afirman las
autoridades judiciales accionadas, de la realidad procesal se puede deducir y
así lo observa esta Sala, que hay certeza sobre la existencia de órdenes de
captura en contra del actor, como sucedió a través de la constancia expedida
por el DAS, lo que claramente hacía aún más inviable el otorgamiento del
beneficio y la configuración de un vicio fáctico sobre el cual pudiera existir
un control constitucional, pues para ello, se repite, se requiere de un
ausencia absoluta de material probatorio en que soportar una decisión.
Por otra parte, es
de anotar que el actor en su libelo de tutela sostiene que la actuación de las
autoridades judiciales accionadas ha sido igualmente injustificada por el hecho
de que para su detención no se profirió mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos en la ley y en
cumplimiento de las formalidades legales, como lo exige el artículo 28 de la
Carta Política, ni por solicitud de extradición o para la ejecución de una
sentencia extranjera (C.P.P., arts. 566 y 533); por el contrario, asevera que
los mismos organismos de seguridad del Estado certificaron la inexistencia de
requerimientos judiciales en su contra.
La Sala estima
necesario señalar que tal declaración carece de realidad. Baste mencionar que
en la actualidad existe un proceso penal que se adelanta contra el ciudadano
alemán Traber, el cual ya fue fallado en primera instancia por el Juzgado
Dieciocho Penal del Circuito, condenándolo a la pena principal de 8 años y 6
meses de prisión, como autor material del concurso heterogéneo de delitos de
falsedad de particular en documento público, agravada por el uso, falsedad en
documento privado, en concurso homogéneo, estafa agravada, en concurso
homogéneo y concierto para delinquir, y ordenando su expulsión del territorio
colombiano. Dicho proceso se encuentra para definir la apelación interpuesta
ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.
Por lo tanto, las
decisiones que se controvierten ante la jurisdicción de tutela fueron
proferidas dentro del mismo y la vinculación que para el señor Traber se
produjo a dicha investigación penal tuvo como fundamento, en el mes de febrero
de 1995, la emisión de una orden de captura por una autoridad colombiana, la
Fiscalía Delegada 75 de la Unidad de Delitos Financieros de Santafé de Bogotá,
por razón de la negociación fraudulenta de un certificado de depósito a término
CDT expedido por la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, en la cual el
encausado resultó involucrado, mandamiento en virtud del cual el día 21 de
febrero de 1995, funcionarios del Grupo Especial de Delitos contra la
Administración y la Fe Pública, División Policía Judicial, de la Dirección
General de Investigaciones del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS
le dieron captura y lo pusieron a disposición de esa Fiscalía, la cual lo privó
de su libertad y lo vinculó a la instrucción mediante la práctica de la
diligencia de indagatoria, llevada a cabo el día 24 del mismo mes y año.
De esta manera, se
pone de presente que no asiste razón alguna al accionante para que alegue algún
tipo de detención arbitraria a fin de que prospere en este sentido su solicitud
de libertad, toda vez que el artículo 28 superior autoriza la detención de una
persona en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con
las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, calidad
que reúne la Fiscalía General de la Nación para expedir órdenes de privación de
la libertad, según se deduce del artículo 116 de la Carta Política, requisitos
que no se observan desconocidos en la orden emitida por la Fiscalía Delegada 75
de la Unidad de Delitos Financieros de Santafé de Bogotá para proceder a la
correspondiente captura y detención.
Por último, el
accionante precisa que formula la presente acción como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable aun cuando aclara que ya se usaron los
recursos del caso y de defensa judicial dentro de su oportunidad para lograr la
salvaguarda de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados.
Precisamente el
agotamiento de los medios de defensa judicial ha hecho que la materia de
estudio pudiese ser analizada en la sede de tutela, con el fin de verificar si
existía una vulneración continuada de los derechos fundamentales del actor.
Pero como se ha podido concluir ésta no es cierta ni inminente, según todas las
consideraciones presentadas.
Por consiguiente, la
Sala confirmará la decisión del Juzgado 35 Penal del Circuito de Santafé de
Bogotá D.C. en la parte resolutiva de esta providencia.
III.    DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- Confirmar
la decisión del Juzgado 35 Penal del Circuito de Santafé de Bogotá D.C.
proferida el 26 de mayo de 1999 en el proceso de tutela de la referencia que
denegó el amparo al actor y por las razones establecidas en esta providencia.
Segundo.- Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL     ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] “Por la cual se
consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se
dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos
carcelarios del país”.
[2] Sentencia T-231/94.
[3] Sentencia T-008/98.
[4] Idem.
[5] Sentencia T-231/94.
[6] Sentencia T-121/99.
[7] Ver la sentencia
T-260/99.
[8] Ver la sentencia
T-008/98.
[9] Sentencia T-260/99.
[10] Crf., entre otras,
las Sentencias T 442/94 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-285/95 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa); T-416/95 (M.P. Jorge Arango Mejía); T-207/95 (M.P.
Hernándo Herrera Vergara); T- 329/96 (José Gregorio Hernández Galindo);
T-055/97 (Eduardo Cifuentes Muñoz).