T-536-13
Sentencia T-536/13
Sentencia T-536/13
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO-Hecho superado y daño
consumado
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
INVALIDEZ-Procedencia excepcional por
afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial protección
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Reconocimiento pensión de invalidez a ex soldado
profesional
Referencia: expediente T-3933949.
Acción de tutela instaurada por Fayuris Yorieth
Sánchez Hurtado actuando como agente oficiosa de Álvaro Enrique Castro Ibarra, contra
la Nación- Ministerio de Defensa.
Magistrado
ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá
D.C., catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013)
La
Sala Quinta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, NILSON PINILLA PINILLA y JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, especialmente las conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la
Constitución Política, 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Magdalena, el quince (15) de marzo de 2013.
I.
Antecedentes.
La
señora Fayuris Yorieth Sánchez Hurtado, actuando en calidad de agente oficiosa
de su esposo Álvaro Enrique Castro Ibarra, interpuso acción de tutela en contra
de la Nación, Ministerio de Defensa –Ejército Nacional-, al considerar que la
entidad demandada vulneró los derechos fundamentales de su cónyuge, así como
los de sus menores hijos a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo
vital. Fundamenta sus pretensiones en los siguientes,
a.
HECHOS:
1.
Precisa la agente oficiosa que el señor Álvaro Enrique Castro Ibarra se vinculó
al Ejército Nacional en calidad de soldado profesional el 8 de enero de 2002,
gozando para el momento de la incorporación de condiciones psicofísicas
normales, lo que le permitió desarrollar su actividad de manera idónea y
efectiva.
2.
Aduce que el día 13 de octubre de 2004, el soldado profesional Castro Ibarra
fue herido en combate y como consecuencia de ello le quedaron incrustadas
esquirlas de granada en la cabeza y pierna derecha, además se le produjo un
trauma acústico derecho quedando con secuelas de defecto estético leve,
hipoacusia derecha, lumbalgia crónica, trastorno de estrés postraumático y
trastorno desencadenante traumático, entre otras, conllevándole a un tratamiento
psiquiátrico que perdura hasta la fecha.
3.
Manifiesta que el 17 de diciembre de 2004, fue calificada su pérdida de
capacidad laboral por parte de la Junta Médica, donde se determinó que la misma
ascendía al 21,25%, además se le dictaminó una incapacidad permanente parcial
que lo dejó no apto para la actividad militar. En consecuencia, el 15 de
febrero de 2006 se le notificó el retiro definitivo de la institución por orden
de la Dirección de Sanidad Militar.
4.
Indica que el 6 de julio de 2010, el accionante interpuso una acción de tutela
con el fin de que se ordenara a la Dirección de Sanidad del Ejército volver a
valorar la pérdida de capacidad laboral del señor Castro Ibarra, toda vez que
su estado de salud se deterioraba notablemente con el paso del tiempo.
5.
Señala que el 22 de octubre de 2012, fue calificado por la Junta Médica Laboral
de la Dirección de Sanidad Militar dictaminándole una pérdida de capacidad
laboral del 85.58%, para ello se tuvo en cuenta especialmente su patología
psiquiátrica.
6.
Argumenta que su esposo no labora hace más de un año por petición expresa de la
psicóloga del dispensario del Batallón de Infantería Núm. 5 “General José María
Córdoba”; por tanto su núcleo familiar,el cual está compuesto  además por dos
hijos menores, se encuentra en una situación muy precaria, obligándoles a vivir
de la solidaridad de amigos y familiares.
b.
Solicitud de tutela.
La
accionante solicita que se le reconozcanlos derechos fundamentales a su esposo
a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital, además de los
correspondientes derechos de los niños; para el efecto pretende que le sea
reconocida la pensión de invalidez por parte del Ejército Nacional –Grupo de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa-, ya que considera que su
núcleo familiar no puede quedar desprovisto de los medios económicos para su
congrua subsistencia, toda vez que la pérdida de la capacidad  laboral de su
esposo se originó mientras prestaba abnegados y patrióticos servicios a la
Nación.
c.
Respuesta de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia,
Ejército Nacional.
Una
vez recibido el traslado de la acción de tutela, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional precisó que dicha entidad no es la competente para dictar una
resolución que reconozca la pensión de invalidez solicitada; toda vez que ello
corresponde a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército. Adujo,
además, que al accionante le asiste otro medio de defensa judicial y, en esa
medida, se debe declarar la improcedencia de la acción de  tutela. Adujo
además, que se debe tener en cuenta que al ex soldado se le están prestando los
servicios de salud por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, lo
que de contera desvirtúa la vulneración de los derechos reclamados.
II.
Actuaciones procesales
a.
Única instancia
En
sentencia del 15 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Magdalena
denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, por cuanto consideró
que al señor Álvaro Enrique Castro Ibarra le asisten otros medios de defensa,
ya que ante la eventual negativa en el reconocimiento de la pensión de
invalidez, puede demandar por la vía de lo contencioso administrativo las
discrepancias surgidas en lo referente a la prestación solicitada. De igual
manera consideró que no se ha demostrado un perjuicio irremediable y, por
tanto, no es posible otorgar el amparo de manera transitoria.
Sin
embargo, ordenó al Ejército Nacional –Dirección de Sanidad Militar- que dentro
de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia, se pronunciara
de fondo en lo que respecta al derecho prestacional reclamado.
La
providencia no fue impugnada.
III. Pruebas aportadas en la solicitud de tutela.
1.
Acta de la Junta Médica Núm.
55373 del 22 de octubre de 2012.
2.
Renuncia a convocar el
Tribunal Médico, la cual data del 23 de octubre de 2010.
3.
Historia médica del agenciado
(Neuropsiquiatría).
4.
Historia clínica de
valoraciones psicológicas.
5.
Evoluciones médicas del
agenciado.
6.
Copia del registro civil y de
la tarjeta de identidad de los hijos menores nacidos dentro del núcleo familiar
conformado por el agenciado y la agente oficiosa.
7.
Registro civil de matrimonio.
8.
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía del agenciado y su agente.
IV. Consideraciones
1. Competencia
La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 86
y 241, numeral 9° de la Constitución Política, y los artículos 31 al 36 del
Decreto 2591 de 1991, es competente para revisar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Magdalena.
2. Presentación del caso y problema jurídico
En el asunto bajo estudio se agencian los derechos de
un soldado profesional retirado del Ejército Nacional, quien el 13 de octubre
de 2004 fue herido en combate, ocasionándole una pérdida de la capacidad
laboral del 21.25%, en un principio, pero que con el paso del tiempo alcanzó un
porcentaje del 85.58%[1], al constarse
que las secuelas producidas fueron degenerando su estado físico y mental
paulatinamente.
Por lo anterior, acudieron ante la Dirección de
Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, con el fin de solicitar el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, al considerar que le asiste
el derecho por cuanto las lesiones sufridas se dieron mientras prestaba sus
servicios abnegados a la Nación.
El
juez único de instancia denegó el amparo solicitado, por considerar que al
actor le asisten otros medios de defensa judicial y por no haberse probado un
perjuicio irremediable.
2.1. Consideraciones previas
Antes de definir el problema jurídico se considera
necesario hacer alusión a la Resolución Núm. 2477 del 21 de junio de 2013,
emanada del Ministerio de Defensa Nacional –Secretaría General-, allegada a la
Sala por parte de la agente oficiosa Fayuris
Yorieth Sánchez Hurtado, donde se ordena el reconocimiento y pago de una
pensión de invalidez a favor del ex soldado profesional Álvaro Enrique Castro
Ibarra, de tal manera que al momento de entrar a resolver el presente asunto,
los derechos fundamentales conculcados aparecen ya restablecidos.
2.2. Problema jurídico.
Con base en los elementos fácticos descritos,
encuentra la Sala que el problema jurídico que ante ella se planteó, consistía
inicialmente, en determinar si se vulneraron los derechos fundamentales a la
vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital de  un ex soldado
profesional, así como el de su núcleo familiar, cuando por actos imputables al
servicio fue calificado con un 21.25% de pérdida de capacidad laboral y por
esta misma razón es retirado del servicio sin
serle reconocida la pensión de invalidez, no obstante que con el paso del
tiempo alcanzó un porcentaje del 85.58% de la PCL, debido al estado
degenerativo de su salud física y mental.
Antes de abordar el anterior interrogante, la Sala
considera necesario hacer alusión al fenómeno de la carencia actual de objeto
por hecho superado, dada la posibilidad de que este se hubiera configurado en
el presente asunto. De ser ello así no sería necesario entrar a disertar en lo
que respecta al fondo del asunto, sin perjuicio de revocar la sentencia de
instancia, de haber sido errónea.
3. La carencia actual de objeto.
El artículo 86 de la Constitución dispone
que “toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” Sin
embargo, “cuando tal vulneración o amenaza cesa, esta Corporación ha
estimado que el amparo pierde su razón de ser como mecanismo de defensa
judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda
adoptar frente al caso concreto carece de fundamento fáctico.”[2]
En estos casos la Corte ha desarrollado la
tesis de la “carencia actual de objeto”, aceptando su ocurrencia en dos
casos a saber: i) el hecho superado y ii) el
daño consumado. Ambos fueron explicados en la sentencia T-449 de 2008 de la
siguiente manera:
“Ahora bien, esta Corte en diferentes pronunciamientos[3] ha
señalado que el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto puede
generarse por la ocurrencia de un hecho superado o de un daño consumado. Se
presenta una carencia actual de objeto por la ocurrencia de un hecho superado cuando
el objeto jurídico de la acción de tutela, cesa, desaparece o se supera por
causa de la reparación del derecho vulnerado o amenazado, impidiendo que el
juez de tutela entre a emitir una orden respecto de la situación fáctica que
impulsó la interposición de la acción de tutela pero, facultándolo para
proferir un fallo en el que haga un estudio de fondo del caso. Por el
contrario, hay una carencia actual de objeto por la presencia de un daño
consumado cuando, al igual que en la hipótesis anterior, se constata que las
condiciones de hecho que generan la supuesta amenaza o violación de los
derechos fundamentales del accionante cesan, desaparecen o se superan pero, sin
existir una reparación del derecho.”
Al referirse a lo casos en donde el
fenómeno se presenta por el hecho superado, en la sentencia T-085 de 2011 se
señaló que esa situación “no conduce a declarar la improcedencia de la
acción, pues la Corte Constitucional puede estudiar el fondo del asunto para
evaluar si hubo vulneración de las garantías superiores, en virtud de la
función de pedagogía constitucional que también realiza a través de los fallos
de tutela. Si bien, en estos eventos no se emiten órdenes ante la ineficacia de
las mismas, si la decisión proferida por el juez de tutela contraría los
postulados constitucionales, la Corte debe revocarla.”En el mismo sentido,
en la sentencia T-170 de 2009 la Corte señaló que en estos casos procede el
estudio de fondo, “sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia
de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De
otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia
judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento
del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado.”[4]
3.1. La carencia actual de objeto en el
presente asunto.
En los antecedentes del caso se hizo
evidente que las pretensiones de la accionante estaban orientadas a que se
ordenara a través de la acción de tutela el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez en favor de su esposo, por parte del Ministerio de Defensa
–Ejército Nacional-. Como ya se precisó la entidad demandada profirió la
Resolución Núm. 2477 del 21 de junio de 2013, donde puntualmente resolvió:
“Artículo 1°. Reconocer y ordenar pagar
con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, a partir del 22 de
octubre de 2012, a favor del exsoldado Profesional del Ejército Nacional,
CASTRO IBARRA ÁLVARO ENRIQUE, CC. No. 12.635.308, Código No. 12635308 (folios
12 y 18), una pensión mensual de invalidez, en cuantía de SETECIENTOS SESENTA Y
DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 762.041.00), equivalente al 85% de las
partidas señaladas en la parte motiva.”
De esta forma, es claro que en el presente
asunto se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho
superado, por lo que la Corte se abstendrá de dictar órdenes en ese sentido y
de entrar a pronunciarse a cerca del fondo del asunto, toda vez que la entidad
demandada otorgó la prestación requerida por la accionante en legal forma.
No obstante como quiera que el juez
constitucional único de instancia  denegó erradamente el amparo de los derechos
fundamentales invocados, procederá esta corporación a revocar dicho fallo, para
en su lugar declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Lo anterior, por cuanto el juez de
instancia desconoció lo que ha venido sosteniendoesta corporación, al momento
de decidir asuntos similares al que ahora ocupa la atención de esta Sala. Al
respecto ha dicho la Corte que por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones derivadas de
la pensión; sin embargo, en algunos casos excepcionales puede proceder
atendiendo a los siguientes presupuestos:
“(i) que la negativa al reconocimiento de la pensión
de invalidez, jubilación o vejez se origine en actos que en razón a su
contradicción con preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración
pública;
(ii) que esa negativa de reconocimiento de la
prestación vulnere o amenace un derecho fundamental; y
(iii) que la acción de tutela resulte necesaria para
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.”[5]
De
igual manera, se han establecido ciertos criterios con los cuales se puede en
principio probar la necesidad de la protección tutelar con el fin de evitar un
perjuicio irremediable. Entre ellos se tienen:
“(i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo a
suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño;
(ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que
conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente
significativo para la persona;
(iii) se requieran de medidas urgentes para superar el
daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a
su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y
(iv) las medidas de protección deben ser
impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”
Estos requisitos deberán ser analizados por el juez
constitucional a la luz de las circunstancias particulares de cada caso, con el
fin de determinar si el interesado en lograr el amparo tutelar se encuentra
dentro de alguna de las categorías consideradas como sujetos de especial
protección por parte del Estado.
La
Corte Constitucional ha manifestado que “tratándose de sujetos de especial
protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en
forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva.  De un lado, es
preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es
decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía
privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la
persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto”. (Sentencia
T-1316/01).
En
lo que respecta a las personas con discapacidad por causa de una limitación
física, psíquica o sensorial, la valoración tendiente a demostrar el perjuicio
irremediable debe ser menos rigurosa, ya que por sus especiales condiciones de
vulnerabilidad, a este segmento de la población se le puede dificultar el
acceso a los estrados judiciales ordinarios.
En consecuencia, al derecho a la pensión de invalidez
se le ha otorgado el carácter de fundamental cuando las personas afectadas
pertenecen a la tercera edad, o son disminuidos psíquicos, sensoriales o
físicos y requieren de ese ingreso para vivir en condiciones dignas.
De otra parte, esta corporación también se ha referido
a la protección de aquellos miembros de la Fuerza Pública que sufren
disminución en su estado de salud por razón del servicio. Al respecto ha
señalado que el carácter fundamental que se le da a la pensión de invalidez
deriva del nexo causal directo que la misma tiene con las garantías
prestacionales y de salud, con el mínimo vital de las personas que se ven
afectadas por la merma de su capacidad laboral hasta el punto de no poder
procurarse por sus propios medios el sustento necesario para vivir dignamente.
En efecto la sentencia T-495 de 2003, señaló:
“(…) ya que una violación de tales derechos para este
tipo de personas que no cuentan con ninguna fuente de ingresos, que no pueden
trabajar y que físicamente se encuentran limitados para ejercer una vida normal,
es contrario al principio constitucional que reconoce el valor de la dignidad
humana, la cual resulta vulnerada ‘cuando se somete a una persona a vivir
de la caridad ajena, existiendo la posibilidad de que tenga acceso a unos
recursos económicos propios que le permitan subvenir algunas de sus necesidades
básicas’. Al respecto es importante recordar que “la pensión de invalidez
representa para quien ha perdido total o parcialmente la capacidad de trabajar
y no puede por si mismo proveerse de los medios indispensables para su
subsistencia un derecho esencial e irrenunciable (C.P. artículo 48), porque se
constituye en único medio de protección que puede obtener una persona que por
circunstancias de irremediable adversidad, se encuentra sin ninguna opción en
el orden laboral y en complejo estado físico para mantener un mínimo de
existencia vital que le permita subsistir en condiciones dignas y justas. El
Estado entonces debe nivelar esa situación, mediante el otorgamiento de una
prestación económica y de salud.”
Dichos postulados constitucionales fueron desconocidos
por el juez de tutela, en consecuencia, deberá revocarse el fallo proferido por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, para en su lugar declarar la carencia
actual de objeto en su modalidad de hecho superado.
V.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en
única instancia, el 15 de marzo de 2013, en cuanto negó la tutela de los
derechos fundamentales invocados por el señor Álvaro Enrique Castro Ibarra.
SEGUNDO.- DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.
Cópiese,
comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]Folios 21-22.
[2] Sentencia T-953 de 2011.
[3] Ver sentencia SU-540 de 2007.
[4] En el mismo sentido ver la sentencias T-515 de 2007 y T-953 de 2011.
2 Sentencia T-229 de 2009