T-717-96
Sentencia T-717/96
Sentencia
T-717/96
EJECUCION DEL
PRESUPUESTO-Improcedencia
general de tutela
EJECUCION DE
PARTIDA PRESUPUESTAL-Improcedencia
general de tutela
Se ha considerado
improcedente que el juez imponga a la Administración el desembolso forzado e
inmediato de partidas asignadas en el presupuesto de gastos, porque ello
supondría coartar el espacio de discrecionalidad que la Constitución y la ley
le confieren al ejecutivo para ejecutar el presupuesto, teniendo en cuenta que
en tal operación intervienen variables determinantes como la priorización del
gasto público y la disponibilidad de recursos, es decir, razones de oportunidad
y conveniencia que inciden en el desembolso de apropiaciones fiscales.
INEJECUCION
PRESUPUESTAL-Negligencia
administrativa/EJECUCION DE PARTIDA PRESUPUESTAL-Procedencia excepcional
de tutela
Cuando la
inejecución presupuestal resulta ser la consecuencia de la desidia oficial, y
se vulneran o amenazan los derechos fundamentales, se considera jurídicamente
viable acudir a la tutela como un medio expedito para obtener la ejecución de
apropiaciones presupuestales y satisfacer las inversiones o actividades
financiadas por el Estado, porque en tales condiciones los afectados carecen de
un medio ordinario para alcanzar tales objetivos. Por supuesto que, por ser
esta una solución excepcional, su adopción exige un examen ponderado de todas
las circunstancias que la determinan y, sobre todo, de aquéllas que le otorgan
un mayor peso específico a la protección del derecho fundamental sobre la
autonomía del organismo público que es responsable de la ejecución
presupuestal.
INEJECUCION
PRESUPUESTAL PARA EDUCACION DE COMUNIDAD INDIGENA-Formalización convenio interadministrativo
Ls organismos
responsables de girar y aplicar los recursos del auxilio fueron inferiores a
sus responsabilidades e incurrieron, por sus omisiones injustificadas, en el
desconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.
expuesto permite clarificar los efectos negativos que la conducta de los
organismos demandados provocaron y que se refleja sobre la omisión del
desarrollo de las actividades educativas programadas en beneficio de los niños
pertenecientes a las comunidades indígenas. Es así como los niños beneficiarios
del programa no recibieron la capacitación respectiva durante la oportunidad
correspondiente, esto es, durante los meses de junio a julio del presente año;
pero igualmente corren el peligro de que tampoco puedan recibir dicha
capacitación a fines del segundo semestre, si no se diligencia rápidamente el
convenio aludido. Todo ello entraña el quebrantamiento de los derechos fundamentales.
Referencia: Expediente
T-107543
Peticionario:
Asociación de
Cabildos Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac).
Magistrado Ponente :
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá,
D.C., diez y seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
I.  ANTEDECENTES.
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO
BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el
proceso de la acción de tutela instaurado por la Asociación de Cabildos
Organización Regional Indígena del Valle de Cauca (Orivac) contra el Ministerio
de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Valle del
Cauca, según la competencia que le ha sido conferida por los artículos 86
inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 el Decreto 2591 de 1991
1.  Hechos.
El representante
legal de la Asociación de Cabildos Organización Regional Indígena del Valle del
Cauca, ORIVAC, asociación sin ánimo de lucro, con personería jurídica
reconocida por el Ministerio del Interior, promovió acción de tutela ante el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contra el Ministerio de Educación y
la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca a fin de lograr
que se situaran los recursos apropiados en el presupuesto nacional para la
etno-educación indígena, y distribuidos por el Ministerio de Educación.
-  Según los hechos
que se deducen de la demanda, el Ministerio de Educación, mediante la referida
resolución No. 931 del 18 de Marzo de 1994, hizo la distribución a nivel
nacional de los recursos del proyecto para el mejoramiento de la calidad de la
educación en las comunidades indígenas de Colombia apropiados en el Presupuesto
Nacional, y le asignó al Departamento del Valle del Cauca la suma de
$24.500.000.oo.
-  No obstante la
fecha de la distribución de los recursos (junio 19/96) y de las prerrogativas
que la Constitución le reconoce a las comunidades indígenas, entre ellas,
"el derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural
(art. 68) y a que esa educación sea gratuita (art. 67)", según el actor,
no se habían situado los recursos referidos y, por consiguiente, estaban
suspendidos los cursos de capacitación en etno-educación bilingüe para los
jóvenes de las cuatro etnias indígenas que integran la organización regional
indígena del Valle del Cauca (Paez, Emberá-Chamí, Wounaán y
Esperara-Siapidara).
- La circunstancia
anterior asume una mayor gravedad si se toma en cuenta que el profesorado que
dicta los cursos mencionados proviene de las Escuelas Normales y por ello sólo
"pueden trabajar durante las épocas de vacaciones escolares, pues durante
el año lectivo atienden a sus alumnos propios. Por esta razón, sólo disponemos
de un tiempo muy limitado un par de veces al año, es decir, de junio 20 a
agosto 15 en mitad del año y de diciembre 15 a enero 10 al final del
mismo".
-  Advierte el
demandante que "el Ministerio de Educación no ha girado la partida
asignada para las etapas de capacitación de nuestro estudiantes en
etno-educación bilingüe que deberían iniciarse mañana 20 de junio, pues como
dijimos antes, sólo disponemos de las épocas de vacaciones para esta
capacitación; si dejamos perder ésta época nuestros programas educativos se nos
retrasarían 6 meses con el consiguiente perjuicio para nuestras
comunidades".
-  También señala el
actor, que en virtud de las enormes dificultades para que se situaran
oportunamente los recursos en los años anteriores, la profesional no indígena
encargada de la coordinación de los cursos en 15 municipios del departamento
donde residen las distintas comunidades indígenas, decidió renunciar y se logró
que se designara en su remplazo a un maestro indígena, el profesor Antonio
Pitto Nache de la etnia Paéz, pionero de la etno-educación en el departamento,
"pero los problemas se recrudecieron pronto, pues el profesor Pitto no fue
nombrado en propiedad y solamente lo trasladaron en comisión, quedando con el
nombramiento de maestro en la escuela rural de la vereda de "Los
Caleños" del municipio de Florida y con el mismo sueldo, de modo que en
realidad no tenemos ningún indígena nombrado y lo que hicieron fue desmejorar
al profesor Pitto ya que trasladarlo de una vereda rural a Cali con la misma
asignación que tenía, significa que nuestro flamante coordinador de
etno-educación no gana ni para el transporte en la capital y menos para pagar
arriendo o alimentación; tampoco se le han asignado viáticos ni siquiera los
que tenía su antecesora aunque debe supervisar y coordinar la educación
indígena en 15 municipios, organizar en el Dovio, en Florida, en Puerto Pizarro
(Buenventura) y en Joaquincito (Río Naya) las etapas de etno-educación
bilingüe".
-  Del mismo modo
denuncia el actor que solicitó una dotación de mesas trapezoidales con sus
asientos para las distintas escuelas y "aunque fueron construidos y se
encuentran desde hace 4 meses en las bodegas del CEP (Centro experimental Piloto),
no ha sido posible que la Secretaría Departamental de Educación ordene su
entrega a nuestra organización para repartirla entre las comunidades que las
necesiten".
2.  Derechos
fundamentales cuya protección se demanda.
Señala la demanda
que la conducta omisiva de las autoridades mencionadas es violatoria de los
derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena a la igualdad,
al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y al reconocimiento y
protección de la diversidad étnica y cultural. Concretamente en dicha demanda
se expresa:
"En todos estos
efectos vemos patente la discriminación que por ser indígenas nos hacen los
mismo funcionarios del Estado a todos los niveles, violando abiertamente y sin
reparos el artículo 13 de la Constitución".
(.....)
"Pero estos
mismos hechos también perjudican a nuestros hijos, pues entorpecen su libre
desarrollo a la personalidad, que obviamente necesita de la educación
especializada y cultural que sólo puede proporcionárseles a través de profesores
indígenas bilingües; sin ellos, este desarrollo se verá deformado y sin
directrices apropiadas a nuestra cultura y por eso su retardación viola el
artículo 16 de la Carta y conculca igualmente los artículo 44 y 45 de la misma,
pues nos frena la educación a nuestros niños y la formación integral para
nuestros adolescentes. Todo lo anteriormente expuesto atropella también el
artículo 7 de la Constitución, pues así el Estado no está protegiendo la
diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana".
II. LOS FALLOS
QUE SE REVISAN.
1.  Primera
instancia.
El Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca -Sección Primera-  en sentencia
del 27 de junio de 1996, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
los siguientes argumentos :
- La Asociación no
ha demostrado que sea ella beneficiaria de los dineros que reclama para el
Departamento del Valle del Cauca y con destino a la etno-educación de las
comunidades indígenas de dicho Departamento.
- Por otra parte,
resulta necesario la elaboración y suscripción de un Convenio
interadministrativo entre el Ministerio y el Departamento del Valle para
ejecutar la partida que se requiere por la Asociación demandante, aunque
reconoce que ya se han adelantado algunos trámites en ese sentido.
- En lo relacionado
con el nombramiento en propiedad de Coordinador del profesor Antonio Pitto
Nache por la Secretaría de Educación del departamento,  "se observa que al
proceso no se ha traído prueba alguna se que hayan solicitado ante la Entidad
pronunciamiento al respecto. Agrega la providencia que,  "la acción de
tutela no es el medio idóneo para ordenar a una entidad que debe nombrar en un
cargo a determinada persona, ya que para ello se deben observar los requisitos
que para el efecto determine la Ley".
2.  Segunda
instancia.
La Asociación de
Calbildos Organización Regional Indígena impugnó la referida sentencia. En tal
virtud, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado se pronunció sobre dicha impugnación en el sentido de
confirmar el fallo de primera instancia. Para adoptar esta decisión el Consejo
expresó lo siguiente:
- De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución -dice el Consejo de Estado- "la acción de
tutela es un mecanismo jurídico eminentemente subjetivo, en cuanto la
titularidad para ejercerla la tiene la persona directamente afectada en sus
derechos, quien debe actuar por sí misma o a través de un representante".
- "En el caso
de autos, de los documentos que obran en el expediente resulta que si bien la
asociación del demandante es una persona jurídica legalmente reconocida, los
derechos que reclama no son los de ella sino los de las personas que conforman
la comunidad indígena habitante en el Valle de Cauca. En efecto, ni la partida
presupuestal cuyo giro reclama, ni el nombramiento del Coordinador que exige,
ni los pupitres cuya entrega también solicita son para la persona jurídica
accionante, como lo hizo notar el Tribunal de primera instancia, por lo menos
en relación con la partida presupuestal mencionada. Por lo anterior, no aparece
la titularidad de la Asociación accionante desde este punto de vista".
-  Además, agrega la
decisión, tampoco está demostrada la representación que dice cumplir la Asociación,
pues del certificado expedido por el Ministerio del Interior, no resulta dicha
atribución, pues apenas señala que la Asociación agrupa a muchos cabildos
indígenas y está facultado para "adelantar actividades de carácter
industrial y comercial, bien sea en forma directa o mediante convenios
celebrados con personas naturales y jurídicas y fomentar en sus comunidades
proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas
autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas
legales pertinentes.
- Finalmente señala
el Consejo de Estado que, "del escrito introductorio de la tutela y los
demás documentos que obran en el expediente, tampoco resulta que el accionante
haya pretendido agenciar derechos ajenos".
III.  CONSIDERACIONES
DE LA CORTE.
1. Legitimación
de la peticionaria para instaurar la tutela.
Observa la Corte que
la Asociación de Cabildos Organización regional Indígena del Valle del Cauca,
es una entidad de derecho público de carácter especial, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, según lo certifica la
Directora General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Dicha
entidad agrupa a diferentes cabildos indígenas del Departamento del Valle del
Cauca y entre sus diferentes funciones se encuentra la de "fomentar en sus
comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las
respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las
normas legales pertinentes".
Según el art. 86 de
la Constitución la acción de tutela puede ser instaurada por toda persona,
"por si misma o por quien actúe a su nombre". Las personas jurídicas,
según lo ha definido la jurisprudencia de esta Corte, pueden ser titulares de
algunos derechos fundamentales y, para obtener su protección, en caso de que
sean vulnerados o amenazados, pueden instaurar la acción de tutela.
Como la peticionaria
asocia a los cabildos de diferentes comunidades indígenas, es claro que puede
actuar en nombre de la misma y de sus miembros para obtener la protección de
los derechos fundamentales que les hayan sido vulnerados o amenazados, en
cuanto tengan relación directa con su objeto social.
2. Por regla
general la tutela no es un medio de acción procedente para obtener la ejecución
de una partida presupuestal.
Jurisprudencialmente
se ha considerado que la tutela no puede ser el instrumento útil para disponer
el cumplimiento de ciertas obligaciones por las entidades públicas, si ello
supone una intromisión en decisiones que sólo a ellas les compete y que, por
consiguiente, su adopción entraña un determinado grado de discrecionalidad. De
admitirse tal injerencia se llegaría indudablemente a una injustificada
interferencia en la autonomía de las ramas u órganos públicos afectados y, como
resultado obvio, a coadministrar o codirigir las actividades de tales
instituciones, quebrantándose de este modo el principio de separación de
funciones de los diferentes órganos del Estado que consagra el artículo 113 de
la Constitución Política.
Por lo anterior se
ha considerado improcedente, entre otras determinaciones, que el juez imponga a
la Administración el desembolso forzado e inmediato de partidas asignadas en el
presupuesto de gastos, porque ello supondría coartar el espacio de discrecionalidad
que la Constitución y la ley le confieren al ejecutivo para ejecutar el
presupuesto, teniendo en cuenta que en tal operación intervienen variables
determinantes como la priorización del gasto público y la disponibilidad de
recursos, es decir, razones de oportunidad y conveniencia que inciden en el
desembolso de apropiaciones fiscales.
En efecto, la ley
orgánica del presupuesto (Decreto 111 de 1996, artículo 76) autoriza al
Gobierno para que en cualquier mes del año fiscal, previo concepto del Consejo
de Ministros, pueda reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones
presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: "Que el
Ministerio de Hacienda y Crédito público estimare que los recaudos del año
puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraidas que
deban pagarse con cargo a tales recursos; o que no fueren aprobados los nuevos
recursos por el Congreso; o que los aprobados fueren insuficientes para atender
los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política; o que
no se perfeccionen los recursos del crédito autorizado; o que la coherencia
macroeconómica así lo exija".
En buena medida los
criterios precedentes se reflejan en la sentencia T-185/93,[1] en la cual se dice:
"La acción
de tutela, entendida como procedimiento preferente y sumario que, en el caso de
prosperar implica el pronunciamiento de órdenes judiciales de inmediato
cumplimiento, viene a ser improcedente cuando se trata de obtener que se lleve
a cabo determinada obra pública por el solo hecho de estar prevista en el
presupuesto una partida que la autoriza. Aceptar que el juez de tutela -sin
tener certeza sobre la asistencia y disponibilidad actuales del recurso-
pudiera exigir de la administración la ejecución de tiodo rublo presupuestal en
un término tan perentorio, llevaría a un cogobierno de la rama judicial en
abierta violación del artículo 113 de la Carta Política, desnaturalizaría el
concepto de gestión administrativa y haría irresponsable al Gobierno por la
ejecución del presupuesto, en cuanto ella pasaría a depender de las
determinaciones judiciales".
Reitera la Corte el
criterio anterior[2],
cuando señala:
"Tanto en el
orden nacional como en los departamentos, distritos y municipios, la inclusión
de una partida presupuestal con un fin específico no constituye una orden
impartida por el organismo colegiado a la administración para que esta lleve a
cabo de modo inmediato la obra o proyecto correspondiente, pues el presupuesto
es fundamentalmente un programa dentro del cual, en el período respectivo, ha
de cumplirse por el gobierno la tarea que le es propia, invirtiendo los dineros
públicos en la atención de necesidades colectivas, mediante la ejecución de las
partidas asignadas sin exceder los límites fijados en aquél. Establecido el
presupuesto por el organismo competente -en este caso el Concejo Municipal-
corresponde su ejecución al gobierno de la respectiva entidad territorial.
Este, siempre y cuando lo haga dentro del período fiscal, goza de plenas
atribuciones para definir el orden en que habrá de efectuarse  el gasto público
teniendo en cuenta las metas y prioridades de la administración"
3. Cuando la
inejecución presupuestal es el resultado de la negligencia administrativa y con
ello se amenaza un derecho fundamental, es viable la acción de tutela.
Con todo, y en
consideración a la naturaleza del derecho que se protege, cuando la inejecución
presupuestal resulta ser la consecuencia de la desidia oficial, y se vulneran o
amenazan los derechos fundamentales, se considera jurídicamente viable acudir a
la tutela como un medio expedito para obtener la ejecución de apropiaciones
presupuestales y satisfacer las inversiones o actividades financiadas por el
Estado, porque en tales condiciones los afectados carecen de un medio ordinario
para alcanzar tales objetivos.
Por supuesto que,
por ser esta una solución excepcional, su adopción exige un examen ponderado de
todas las circunstancias que la determinan y, sobre todo, de aquéllas que le
otorgan un mayor peso específico a la protección del derecho fundamental sobre
la autonomía del organismo público que es responsable de la ejecución
presupuestal.
Sobre este particular
tuvo la Corte la oportunidad de pronunciarse, en la sentencia T-185/93, a la
cual se hizo alusión atrás, así:
"Lo expuesto
no se opone a que el juez, en casos exepcionales y graves, habiendo apreciado
en concreto la violación o amenaza de un derecho fundamental por la falta de
determinada inversión y ante comprobada negligencia administrativa, imparta
instrucciones a la competente dependencia oficial para que lleve a cabo las
diligencias necesarias, dentro de la normatividad vigente, con miras a que en
la programación posterior del presupuesto se proyecte el recurso necesario para
efectuar el gasto y culminar la obra, logrando así la protección razonable y
efectiva del derecho".
4. El caso en
análisis.
Los hechos de la
demanda describen un panorama donde se pone de presente la incuria
administrativa, que conlleva a que se desperdicien oportunidades y recursos
destinados a resolver importantísimas aspiraciones de unos sectores pobres y
marginados de la comunidad vallecaucana.
En el caso sub-lite,
están en peligro de perderse unos auxilios especiales destinados a la educación
de las comunidades indígenas del Valle del Cauca, porque no se ha cumplido con
el requisito de celebrar  un  convenio interadministrativo entre la Gobernación
y el Ministerio de Educación Nacional, a través del cual se regularice el
manejo de los recursos para que puedan ser  incorporados al presupuesto
regional, como se observa en el oficio SP-1929 de junio 24 de 1996 enviado al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por el representante de la Ministra
de Educación ante el Departamento del Valle del Cauca.
Según el acervo
probatorio se encuentra establecido que la Nación apropió mediante el
subproyecto 024 y con cargo al presupuesto nacional, recursos por valor de
$1.119.000.000 destinados a financiar proyectos de mejoramiento de la educación
en comunidades indígenas del país. El trámite presupuestal de distribución de
la partida se cumplió por el Ministerio de Educación mediante la Resolución No.
931 del 18 de Marzo de 1996, con la asignación de recursos para 29
departamentos. Al Valle del Cauca se le destinaron $24.500.000.oo.
Es claro, entonces,
que el giro de los recursos al Valle del Cauca no se ha logrado por omisión de
una mera formalidad administrativa, como la suscripción del Convenio en
cuestión y, no propiamente, por razones presupuestales. El Ministerio de
Educación, al desagregar el auxilio especial otorgado por la Nación con destino
a la educación de las comunidades indígenas del país, realizó efectivamente el
último paso de orden presupuestal para poder girar los recursos a los
organismos encargados de ejecutar las actividades financiadas, porque la
celebración del Convenio es un condicionamiento administrativo que se reduce a
detallar la forma de utilización de los dineros de acuerdo con el número y las
necesidades de los distintos beneficiarios. Es decir, el desembolso estaba
asegurado, se requería tan sólo un acuerdo sobre el programa de inversión.
Se tiene entonces,
que los organismos responsables de girar y aplicar los recursos del auxilio
fueron inferiores a sus responsabilidades e incurrieron, por sus omisiones
injustificadas, en el desconocimiento de los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas asociadas en la persona jurídica que impetra la tutela.
En efecto:
De las pruebas
allegadas se establece que el Ministerio como  el Departamento tratan de
disculparse por no haber cumplido con la aludida formalidad, descargándose
mutuamente la responsabilidad, lo cual es inadmisible porque han transcurrido
mas de 6 meses, tiempo mas que suficiente, para que los referidos organismos
pudieran haber satisfecho dicha formalidad.
Lo expuesto permite
clarificar los efectos negativos que la conducta de los organismos demandados
provocaron y que se refleja, como es evidente, sobre la omisión del desarrollo
de las actividades educativas programadas en beneficio de los niños del
Departamento del Valle del Cauca, pertenecientes a las comunidades indígenas
que la peticionaria asocia. Es asi como los niños beneficiarios del programa no
recibieron la capacitación respectiva durante la oportunidad correspondiente,
esto es, durante los meses de junio a julio del presente año; pero igualmente
corren el peligro de que tampoco puedan recibir dicha capacitación a fines del
segundo semestre, si no se diligencia rápidamente el convenio aludido.
Todo ello entraña, a
juicio de la Sala, el quebrantamiento de los derechos fundamentales que se
invocan en beneficio de las comunidades indígenas que la peticionaria asocia,
particularmente de los niños que de ella hacen parte.
Con arreglo a la
consideraciones anteriores se revocarán las sentencias de instancia y, en su
lugar, se concederá la tutela impetrada.
IV. DECISION.
En mérito de lo
expuesto la Sala Segunda de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR,
los fallos de instancia proferidos por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca de fecha 19 de junio de 1996, y por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Primera- de fecha 9 de agosto de
1996.
Segundo. CONCEDER
la tutela impetrada por la Asociación de Cabildos Organización Regional
Indígena del Valle del Cauca (Orivac). Consecuencialmente y con el fin de
tutelar el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de
los miembros de las comunidades indígenas  que la entidad peticionaria de la
tutela asocia, ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional y al
Departamento del Valle del Cauca -Secretaría de Educación- que en el término de
48 horas procedan a formalizar el Convenio Interadministrativo requerido para
el manejo de los recursos asignados al Departamento con destino al mejoramiento
de la calidad de educación de sus comunidades indígenas, mediante resolución
No. 931 del 18 de marzo de 1996 del mismo Ministerio de Educación.
Tercero. Con
el fin de asegurar el oportuno cumplimiento de este fallo ORDÉNASE que
por Secretaría se envíe copia auténtica del mismo a la señora Ministra de
Educación Nacional y al señor Secretario de Educación Departamental del Valle
del Cauca.
Cuarto. COMUNICAR,
a través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, el contenido de
la presente sentencia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el
fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 del decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]. Sentencia T-185 de 10 de Mayo de 1993, Sala 5a. De Revisión,
M.P. Hernando Herrera Vergara.
[2] Idem.