C-099-96
Sentencia No
Sentencia
No. C-099/96
DISCIPLINA
DEPORTIVA/PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA/ORGANISMOS DEPORTIVOS-Funciones de
inspección,vigilancia y control
La
disciplina deportiva lejos de resultar materia ajena al deporte contribuye a
configurarlo y a otorgarle una identidad propia que lo distingue de actividades
similares no sometidas a reglas y, de otro lado, se predica de la comunidad
deportiva conformada por un conjunto de organismos que, de conformidad con lo
previsto en el ordenamiento jurídico, deben observar esa disciplina, aplicarla
cuando haya lugar a ello y, en todo caso, hacerla respetar. Incluir, entonces,
una norma por cuya virtud se disponga el ejercicio de las "funciones de
inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos" dentro
de una ley que se ocupa de establecer el régimen disciplinario en el deporte,
no implica, de acuerdo con los criterios analizados, incurrir en la indebida
mezcla de temas que el demandante observa.
Ref:
Expediente No. D-914
Demanda
de inconstitucionalidad en contra del artículo 56 de la ley 49 de 1993
Actor:
Víctor Obdulio Benavides Ladino
Tema:
El principio de unidad de materia legislativa.
Magistrado
Ponente:
Dr.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de
marzo de mil novecientos noventa y seis (1996)
I. ANTECEDENTES
El
ciudadano Víctor Obdulio Benavides Ladino, en ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la
Constitución Política, demandó la inexequibilidad del artículo 56 de la Ley 49
de 1993, "por la cual se establece el régimen disciplinario en el
deporte".
Admitida
la demanda, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales
correspondientes; se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la
Corporación para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se
dio traslado al procurador general de la Nación. Ante el impedimento
manifestado por el jefe del Ministerio Público, la Sala Plena de la Corte
Constitucional mediante auto de fecha 29 de junio de 1995 aceptó dicho
impedimento y ordenó dar traslado de la demanda al señor viceprocurador  para
que rindiera el concepto de su cargo, en los términos del artículo 7o. del
Decreto 2067 de 1991.
Una vez
cumplidos todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y
en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
El tenor
literal de la disposición demandada es el siguiente:
LEY 49 DE 1993
(Marzo 4)
"Por la cual se establece
el régimen disciplinario en el deporte"
"................................................................................................................"
"Artículo
56. El Presidente de la República podrá delegar, de conformidad con el artículo
211 de la Constitución Nacional, en el director del Instituto Colombiano del
Deporte las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos
deportivos".
III. LA DEMANDA
1.
Norma constitucional que se considera infringida
Estima
el actor que la disposición acusada es violatoria del artículo 158 de la
Constitución Política.
2.
Fundamentos de la demanda
En
primer término, advierte el demandante que la Constitución Nacional dispone la
inspección sobre las organizaciones deportivas y, a su vez, establece que el
Congreso de la República debe expedir las normas a las cuales debe sujetarse el
Gobierno para el ejercicio de la función de inspección y vigilancia que le
corresponde cumplir al señor presidente de la República, quien puede delegarla
en los representantes legales de las entidades descentralizadas, previa la ley
que así lo autorice, según se desprende del contenido del artículo 211
superior.
Según el
actor, la inspección y vigilancia sobre las organizaciones deportivas es una
materia "de la que se ocupa el congreso" y no está excluida la
delegación de esta función "por parte del señor Presidente de la República
en el representante legal del Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES),
como entidad descentralizada que es".
Sin
embargo, estima el ciudadano Benavides Ladino que "cuando el Congreso de
la República regula sobre régimen disciplinario deportivo y dispone cómo debe
observarse por parte de las mismas organizaciones deportivas y sus autoridades
deportivas, como lo hizo a través de la ley 49 de 1993, sin incluir a la
administración pública como autoridad para aplicar el régimen investigativo o
sancionatorio, la materia es otra y no inspección, vigilancia y control estatal
sobre organizaciones deportivas".
Enfatiza
el actor que la Ley 49 de 1993 contiene el régimen disciplinario en el ámbito
deportivo y que sus objetivos no son otros que los de "preservar la ética,
los principios, el decoro y la disciplina deportiva y asegurar el cumplimiento
de las reglas de juego o competición y de las normas generales".
A
continuación, el demandante se refiere a los temas regulados en la Ley 49 de
1993 y concluye que, a excepción del artículo 56, todo su contenido atañe al
régimen disciplinario deportivo "sin que se le asignaran funciones al
señor Presidente de la República o al Gobierno Nacional en materia disciplinaria
deportiva". Además, puntualiza que la Ley "por ninguna parte, trata
el tema de inspección, vigilancia y control sobre organismos privados o
deportivos por parte de autoridades del Estado...".
El
demandante apunta que, en las circunstancias anotadas, el contenido del
artículo 56 acusado resulta "totalmente extraño" a la materia de la
ley 49 de 1993, ya que "una cosa es el régimen disciplinario deportivo y
otra muy distinta, funciones presidenciales de inspección, vigilancia y control
sobre organismos deportivos...".
Así
pues, a juicio del actor, no existe la debida correspondencia entre el título y
el contenido de la ley 49 de 1993 y el artículo 56 de la misma que
"introduce una materia totalmente distinta", con lo cual se quebranta
el artículo 158 de la Constitución Política.
IV. INTERVENCION OFICIAL
El
director del Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES-, actuando por
intermedio de apoderado, presentó un escrito en el que solicita a la Corte
declarar la exequibilidad de la norma acusada, con base en los argumentos que a
continuación se resumen.
Destaca
el interviniente que el artículo primero de la Ley 49 de 1993 al definir el
objeto del régimen disciplinario incluye el propósito de "asegurar el
cumplimiento de las reglas de juego o competición y de las normas deportivas
generales" y que el contenido de esta ley se aplica, en caso de
transgresión de la disciplina deportiva  a "las personas naturales que
integran los órganos de administración y control, personal técnico y de
juzgamiento de las Federaciones, Ligas, Clubes y Divisiones Profesionales, como
garantizando que ellos se ajustan a las normas deportivas aplicables, a las
disposiciones reglamentarias vigentes y estatutarias que rigen para los
organismos deportivos".
Hace
alusión, posteriormente, a la legislación aplicable a los organismos
deportivos, condensada, entre otros, en los Decretos 2845 de 1984, 1421 de 1985
y 380 de 1985, e indica que la Corte Suprema de Justicia declaró contrarias a
la Carta Política de 1886 las normas que encargaban al Instituto Colombiano del
Deporte de efectuar la inspección y vigilancia sobre los organismos deportivos
por no ser esta función, de acuerdo con la Constitución anterior, atribuible a
Coldeportes nacional como establecimiento público, ya que sólo podía ser
delegada en los ministros, jefes de departamento administrativo y gobernadores.
En
virtud de esa declaratoria de inconstitucionalidad al Instituto Colombiano del
Deporte sólo le correspondía ejercer la función de "verificar si es preciso
suspender o revocar el reconocimiento deportivo, conforme lo preceptúa el
parágrafo del artículo 11 del Decreto No. 515 del 17 de febrero de 1986".
El reconocimiento deportivo es "la exigencia legal a los organismos
deportivos (...)para poder acceder a los recursos gubernamentales, a la
asistencia técnica y poder representar nacional e internacionalmente al país.
Es el acto administrativo, expedido por el Instituto Colombiano del Deporte y
por las Juntas Administradoras Seccionales, con base en los Decretos
Reglamentarios Nos. 515 y 2166 de 1986", para cuya obtención se deben
cumplir algunos requisitos.
A juicio
del interviniente la facultad anterior no es suficiente para lograr que el
Instituto Nacional del Deporte pueda cumplir con la finalidad de velar por el
cumplimiento de la legislación deportiva, ya que, además, se torna
indispensable "tener acceso a libros, documentos, realizar visitas,
recomendar los correctivos necesarios, conminar, resolver impugnaciones de los
actos, intervenir los organismos deportivos, etc., en caso que no cumplan con
los fines para los que fueron creados, y de acuerdo al resultado, poner en
conocimiento del Tribunal Deportivo correspondiente, para que previo el
procedimiento de Ley, instruya y sancione la conducta activa u omisiva de las
personas que transgreden las normas legales y estatutarias".
En
criterio del memorialista, la posibilidad de ejercer la inspección, la
vigilancia y el control es "un instrumento complementario y auxiliar, que
en forma alguna invade la órbita o atribuciones de los Tribunales Deportivos o
autoridades disciplinarias", y por tanto, no es materia ajena al régimen
disciplinario deportivo y existe "conexidad entre los fines que persigue
la Ley y la norma demandada".
Prosigue
el interviniente señalando que la delegación prevista en el artículo 211
superior  "comprende la facultad de establecer los medios necesarios y
adecuados a los fines de inspección y vigilancia sobre las personas jurídicas,
siempre y cuando que aquéllos medios estén orientados y en todo lo esencial se
cumplan los fines para que las normas sean debidamente aplicadas. Así pues,
"el juzgador de constitucionalidad no puede abolir presupuestos,
condiciones o sujetos de una ley que no configuren una unidad lógica
independiente, pues con ello no inaplica la norma por violación a la Carta,
sino que modifica sus supuestos y la hace regir en otras condiciones".
El
escrito finaliza con las citas de algunas sentencias de la Corte Constitucional
que, en opinión del memorialista, confirman los criterios expuestos.
V. CONCEPTO DEL SEÑOR
VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En la
oportunidad legal, el señor viceprocurador general de la Nación se pronunció
sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que se
declare la exequibilidad de la norma acusada.
Recuerda,
en primer término, el referido funcionario que el Decreto Extraordinario 2845
de 1994 asignó a Coldeportes las funciones de inspección, vigilancia y control
sobre los organismos deportivos y que, en ejercicio de esa atribución, al
Instituto le correspondía "otorgar, suspender o cancelar la personería
jurídica de los organismos deportivos; aprobar sus estatutos y reglamentos y
decidir sobre la impugnación contra los actos y determinaciones de los órganos
de administración y dirección".
Empero,
el aparte de la  norma que así lo disponía fue declarada inexequible por la H.
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de julio 4 de 1985, bajo el
entendido de que Coldeportes no podía ejercer la función de inspección y
vigilancia por ser un establecimiento público, ya que, según lo preceptuaba el
artículo 135 de la Constitución de 1886, tal atribución sólo  podía ser
delegada por el presidente de la República en los ministros, jefes de
departamento administrativo y gobernadores. A partir del fallo de la Corte
Suprema de Justicia Coldeportes solamente podía otorgar reconocimientos
deportivos.
Indica
el señor viceprocurador general que en desarrollo de los principios plasmados
en los artículos 52 y 211 de la Carta Política de 1991 se expidió la Ley 49 de
1993, de la que forma parte la norma demandada. Posteriormente, por Decreto
2471 de 1994 el presidente de la República delegó en el Director General de
Coldeportes la inspección, vigilancia y control de los organismos deportivos en
el ámbito nacional y la Ley 181 de 1995 amplió el radio de acción al encargar,
en su artículo 60, numeral 8o., al Instituto Colombiano del Deporte de
"Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los
organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional
del Deporte, por delegación del Presidente de la República y de conformidad
con el artículo 56 de la Ley 49 de 1993 y de la presente Ley, sin perjuicio de
lo que sobre este tema compete a otras entidades".
Señala
que mediante el decreto 1227 de 1995 el Presidente de la República delegó en el
Director del Instituto Colombiano del Deporte las funciones de vigilancia y
control de la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación física. El Decreto 1228 de 1995, por último,
regula, en su título IV, "la inspección, vigilancia y control sobre los
organismos deportivos y demás entidades del Sistema Nacional del Deporte,
consagrando los sujetos, el régimen sancionatorio y los medios para
ejercerla".
Según el
señor viceprocurador el cargo formulado en contra de la disposición  acusada no
está llamado a prosperar. En efecto, el artículo 1o. de la Ley 49 de 1993
establece que el régimen disciplinario, en ella previsto, tiene por objeto
"preservar la ética, los principios, el decoro y la disciplina que rigen
la actividad deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de
juego o competición y las normas deportivas generales".
Estima
el señor viceprocurador que el objetivo previsto en el régimen disciplinario
del deporte no puede cumplirse sin que se le confiera al máximo organismo
rector en materia deportiva la facultad de ejercer la inspección, vigilancia y
control sobre los organismos deportivos, "por cuanto las mencionadas
funciones en cabeza de Coldeportes, constituyen un mecanismo de articulación
del sistema Nacional del Deporte, sin el cual los demás organismos que lo
integran operarían como ruedas sueltas, aplicando a su arbitrio, sin las
directrices necesarias el aludido régimen disciplinario. Además, si Coldeportes
no contara con esas atribuciones sería imposible hacerles un seguimiento para
determinar si está cabalmente cumpliéndose no sólo lo dispuesto en el ordenamiento
disciplinario, sino en las demás disposiciones que integran la legislación
deportiva".
De lo
anotado deduce el señor viceprocurador que el artículo 56 acusado "guarda
conexidad sistemática y teleológica con el contenido normativo de la Ley 49 de
1993" y que el régimen disciplinario y el ejercicio de las funciones de
inspección, vigilancia y control "no son excluyentes al ser materias
articuladas y unificadas en una misma disposición, que se ocupa del desarrollo
de asuntos consagrados en la legislación deportiva vigente".
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La
competencia
Por
dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una Ley de la
República, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su
constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta
Fundamental.
2. El
cargo formulado por el actor
El
examen atento de la demanda permite a la Corte advertir que, a juicio del
ciudadano Benavides Ladino, el presunto quebrantamiento de la Constitución
Política por el artículo 56 de la Ley 49 de 1993 no radica en el contenido de
la disposición demandada, sino que se circunscribe a la violación del principio
de unidad de materia legislativa, por no existir entre el régimen disciplinario
del deporte y el ejercicio de la facultad de inspección, vigilancia y control
sobre los organismos deportivos, una correspondencia tal que permita el
tratamiento de ambos temas en un mismo cuerpo normativo.
En
efecto, considera el actor que de conformidad con el artículo 211 superior, la
función de inspección, vigilancia y control es susceptible de delegación por el
presidente de la República en el Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES)
y en relación con este aspecto no formula reparo alguno: empero, estima que
resulta incoherente introducir la regulación de esa temática  dentro del ámbito
de una Ley referente al régimen disciplinario deportivo, que es un asunto
totalmente distinto al  tratado por el artículo 56 acusado.
Así
pues, para resolver lo pertinente en la presente demanda de
inconstitucionalidad es necesario, en primer término, aludir al principio
consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política.
3. El
principio de unidad de materia legislativa
El
objetivo que subyace a la previsión plasmada en el artículo 158 de la Carta, de
acuerdo con cuyo tenor literal "Todo proyecto de ley debe referirse a una
materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se
relacionen con ella", es, según la Corte, el de "lograr la tecnificación
del proceso legislativo, en forma tal que las distintas disposiciones que se
inserten en un proyecto de ley guarden la debida relación o conexidad con el
tema general de la misma o se dirijan a un mismo propósito o finalidad..."
(Sentencia No. C-133 de 1993. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa)
La
Corporación ha destacado que el principio de unidad de materia propende por la
racionalización y la tecnificación de todo el proceso normativo y
"contribuye a darle un eje central a los diferentes debates que la
iniciativa suscita en el órgano legislativo. Luego de su expedición, el
cumplimiento de la norma, diseñada bajo este elemental dictado de coherencia interna,
facilita su cumplimiento, la identificación de sus destinatarios potenciales y
la precisión de los comportamientos prescritos...", todo lo cual redunda
en la cabal observancia de la seguridad jurídica tan cara a los postulados del
Estado Social de Derecho (Sentencia No C-025 de 1993. M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
También
ha sido enfática la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de
recomendar el correcto entendimiento del principio de unidad de materia
legislativa, ya que, su interpretación "...no puede rebasar su finalidad y
terminar por anular el principio democrático, significativamente de
mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano. Solamente aquellos
apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable
y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal,
teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben
rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse
inexequibles si integran el cuerpo de la ley" (Sentencia C-025 de 1993).
4.
Análisis del cargo formulado
Teniendo
en cuenta los criterios expuestos, procederá la Corte a analizar el cargo que
el actor plantea en contra de la constitucionalidad del artículo 56 de la ley
49 de 1993. Como se anotó, la Ley de la que hace parte la norma acusada recoge
en su articulado diversas facetas de la disciplina deportiva, inscribiéndose el
objeto de su regulación en el marco, más amplio, del derecho a la práctica del
deporte, consagrado en el artículo 52 del Estatuto Fundamental.
La
importancia  creciente del fenómeno deportivo ha impuesto su recepción en los
textos constitucionales y, en el caso colombiano, el Constituyente lo concibió
como un derecho que, en palabras de esta Corte, es de doble faz por cuanto
"...sus titulares son la comunidad que busca la recreación pero también
todas las personas que lo practican". (Sentencia T-498 de 1994. M.P. Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
Esa
dualidad predicable de la titularidad del derecho es indicativa de la
dificultad que entraña la tarea de arribar a una noción unificada de la
actividad deportiva, ya que su manifestación en la vida colectiva no es
unitaria sino diversificada. Bajo la acepción genérica del deporte se agrupan
diversas formas de expresión práctica, cada una de las cuales admite un número
plural de modalidades.
Sin
embargo, para los efectos de resolver sobre la presente demanda, no interesa
destacar con detalle esa inmensa gama de prácticas que constituyen deporte ni
exponer, minuciosamente,  la relación existente entre la actividad deportiva y
otros derechos como la recreación, la salud, el libre desarrollo de la
personalidad o la educación. Es suficiente, en esta oportunidad, una
aproximación al concepto por sus rasgos más generales.
Según el
Diccionario de la Real Academia Española el deporte es "Actividad física,
ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y
sujeción a normas". Por su parte, el Legislador, en el artículo 15 de la
Ley 181 de 1995 lo definió como la "...específica conducta humana
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación y
desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de
disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales,
cívicos y sociales".
Resalta
en las definiciones transcritas, al lado de otros importantes componentes, un
elemento integrador de la noción de deporte, cual es la necesidad de que su
ejercicio se sujete a "disciplinas y normas". Ya la Corte
Constitucional puso de presente que tratándose del derecho contemplado en el
artículo 52 superior "se imponen, como en cualquier orden, unos límites
determinados y unas reglas de juego" y que "a través del juego las
personas no sólo recrean un orden, sino que aprenden a moverse en ese orden, a
adaptarse a él y a respetar sus reglas" (Sentencia No. T-466 de 1992. M.P.
Dr. Ciro Angarita Barón).
La
disciplina deportiva y las reglas del juego, confieren al deporte una identidad
propia y permiten distinguirlo de prácticas en las que impera la liberalidad,
el capricho o el querer personal no sometido a pautas de obligatoria
observancia; connatural al deporte es, en consecuencia, su desarrollo dentro de
los límites que la Ley o los respectivos reglamentos fijen.
La
disciplina deportiva reclama el cumplimiento riguroso de las reglas de juego y
la fiel observancia de una conducta irreprochable; su transgresión acarrea
sanciones que suelen ser variadas dependiendo del tipo de práctica deportiva o
de la índole de los certámenes y cuya aplicación, compete, de ordinario, a la
misma comunidad deportiva que, en estos eventos debe acatar las garantías
mínimas que el ordenamiento jurídico en general incorpora en este sector
específico de la vida social.
Cabe puntualizar
que la disciplina no se predica únicamente de quienes intervienen en
competiciones o justas deportivas, sino que se dirige también a los entes que
conforman la organización a que el complejo mundo deportivo ha dado lugar.
Es
sabido que tradicionalmente el deporte cuenta con una estructura conformada por
organismos de naturaleza privada. Así por ejemplo, retomando los términos
utilizados en el Decreto 2845 de 1984, la Corte indicó que "Los clubes
deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés
público y social, constituidos por un número plural de socios con el objeto de
fomentar la práctica de un deporte, con deportistas aficionados o
profesionales. Las ligas, constituidas por clubes, tienen la misma naturaleza
jurídica e intereses sociales que éstos, pero su objeto es la organización
técnica y administrativa del respectivo deporte en su jurisdicción (...). Por
último, las federaciones comparten las características de los clubes y de las
ligas y su tarea es organizar, a nivel nacional, con deportistas aficionados o
profesionales, la práctica del deporte"(Sentencia No. T-498 de 1994).
En la
citada Ley 181 de 1995 al consagrar la ética deportiva como principio
fundamental se indicó que "Los organismos deportivos y los participantes
en las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios
que les sean propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales
pertinentes" (Art. 4).
Adicionalmente,
conviene anotar que la cabal observancia de la disciplina deportiva por los
sujetos que están llamados a cumplirla, preserva la lealtad que debe regir en
las competencias, protege al deporte mismo que, como se ha visto, hace de la
disciplina y de las reglas del juego uno de sus elementos configuradores y, por
contera, ayuda a consolidar los intereses superiores del individuo y de la
comunidad que aparecen como las finalidades loables de una sana práctica
deportiva.
Dentro
del contexto brevemente esbozado se aprecian con mayor claridad el objeto y el
campo de aplicación del régimen disciplinario en el deporte. Según las voces
del artículo 1o. de la ley 49 de 1993 ese régimen busca "...preservar la
ética, los principios, el decoro, la disciplina que rigen la actividad
deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de juego y
competición y las normas deportivas generales", y conforme al artículo
segundo "se extiende a las infracciones de las reglas de juego o
competición y normas generales deportivas, tipificadas en el Decreto No. 2845
de 1984, en esta ley y en las disposiciones reglamentarias de estas normas y en
las estatutarias de los clubes deportivos, ligas, divisiones profesionales y
federaciones deportivas colombianas, cuando se trate de actividades o
competencias de carácter nacional o internacional o afecte a deportistas,
dirigentes, personal técnico, científico, auxiliar y de juzgamiento que
participen en ellas".
Así las
cosas, a juicio de esta Corte, es claro que el cargo propuesto por el actor en
contra de la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley 49 de 1993 no está
llamado a prosperar. La disciplina deportiva lejos de resultar materia ajena al
deporte contribuye a configurarlo y a otorgarle una identidad propia que lo
distingue de actividades similares no sometidas a reglas y, de otro lado, se
predica de la comunidad deportiva conformada por un conjunto de organismos que,
de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico, deben observar esa
disciplina, aplicarla cuando haya lugar a ello y, en todo caso, hacerla
respetar.
Las
anteriores razones demuestran, sin necesidad de mayores esfuerzos, el
trascendental papel que le corresponde cumplir a los organismos deportivos para
hacer que se mantenga y se acate la disciplina en todos los eventos y que sus
principios impregnen, por completo, la organización deportiva.
Incluir,
entonces, una norma por cuya virtud se disponga el ejercicio de las
"funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos"
dentro de una ley que se ocupa de establecer el régimen disciplinario en el
deporte, no implica, de acuerdo con los criterios analizados, incurrir en la
indebida mezcla de temas que el demandante observa.
Por el
contrario, la función de inspección, vigilancia y control sobre las organismos
deportivos, es una herramienta útil en manos del Estado para propender por la
observancia de un régimen disciplinario que, como se expuso más arriba, debe
ser acatado y aplicado por una comunidad deportiva que se estructura a partir
de organismos de naturaleza privada. Difícil sería el desempeño de la tarea de
fomentar las actividades deportivas si, por entender que la disciplina y la
facultad de inspección son temas totalmente ajenos,  la organización política tuviera
que permanecer al margen de todas las cuestiones atinentes a la disciplina
deportiva, cuando es esta, justamente, la que, además de conferirle fisonomía
propia al deporte, contribuye a consolidar los principios y valores que
mediante la actividad deportiva se persiguen, tanto en el plano individual como
en el comunitario.
De los
asertos anotados se desprende un vínculo causal, teleológico y sistemático que
liga el contenido de la norma acusada con la materia regulada por la Ley 49 de
1993 y que impone desestimar el cargo consistente en la vulneración del
artículo 158 superior. La Corte Constitucional ha precisado que para los
efectos del principio de unidad temática contemplado por la norma
constitucional citada el término materia "...se toma en una acepción
amplia, comprensiva de varios asuntos que tienen en ella su necesario
referente" (Sentencia C-025 de 1993), y, en reciente pronunciamiento,
apuntó que debe entenderse "..desde una óptica amplia, global, que permita
comprender diversos temas cuyo límite es la coherencia que la lógica y la
técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley"
(Sentencia No. C-523 de 1995. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
Así las
cosas, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 56 de la Ley 49 de
1993, advirtiendo que el examen de constitucionalidad se efectuó en relación
con el único cargo formulado.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el
concepto del señor viceprocurador general de la Nación y cumplidos los trámites
previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
R E S U E L V E :
Declarar
EXEQUIBLE el artículo 56 de la ley 49 de 1993, únicamente en lo relativo
al cargo formulado.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General