T-129-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-129/07
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de mesadas
pensionales
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Requisitos
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para reconocimiento
y pago de pensión de sobrevivientes
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Vulneración
DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS-No se pueden truncar por el descuido
administrativo en los archivos de las entidades estatales
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-No se reconoce a la cónyuge supérstite por
el extravío en la entidad estatal de la resolución que reconoció la
pensión de jubilación/ DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Fallas de la
administración no pueden trasladarse a usuarios
Abstenerse de reconocer la pensión
sustitutiva a la accionante alegando un requisito como es el del extravío de la
resolución que reconoció esa pensión en cabeza de su esposo, es caer en un
excesivo ritual manifiesto dándole prevalencia a las formas y sacrificando el
goce de un derecho prestacional en cabeza de una mujer de 85 años de edad
absolutamente desamparada y que según lo afirma en el expediente, vive de la
pensión de su esposo. La Corte amparará a la accionante en sus derechos
claramente vulnerados, pues una solución de esta naturaleza impide que las
fallas de la administración se trasladen a los asociados, responde a los
principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad que en términos del
artículo 20 superior guían el desempeño de la función administrativa y
actualiza los postulados de la buena fe que se presume en todas las gestiones
que los particulares adelanten ante las autoridades públicas.
ACCION DE TUTELA-Reconocimiento pensión de sobrevivientes
Referencia: expediente T-1470290
Acción de tutela instaurada por Teresa de Jesús Contreras contra el Departamento de
Córdoba,
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de
dos mil siete (2007).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería en la acción de
tutela instaurada por Teresa de Jesús Contreras de Caballero contra el
Departamento de Córdoba- Secretaría de Gestión Administrativa.
I. ANTECEDENTES
Teresa de Jesús
Contreras interpuso acción de tutela contra el Departamento de Córdoba, con
miras a que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, a su
condición de persona de la tercera edad, a la salud y la vida digna que han
sido violados por la renuencia de las autoridades demandadas en concederle la
sustitución pensional a que dice tener derecho.
Señala la accionante,
persona de 85 años de edad, que la entidad accionada le informó que la copia de
la resolución por medio de la cual se le concedió la pensión a su esposo Dimas
Caballero Herrera no se encuentra en los archivos de esa entidad y en
consecuencia, no es posible otorgarle la pensión de sobreviviente. Indica que
su esposo sí estuvo pensionado mediante la Resolución 0423 de 1966 por los
servicios que prestó en los Departamentos de Córdoba y Bolívar, y la pensión la
recibió hasta la fecha en que falleció, luego ahora debe reconocérsele a ella
dicha prestación por estar probado que era su legítima esposa. Cuenta que su
situación económica es extremadamente penosa, pues era su único ingreso.
Para probar sus
afirmaciones, la demandante anexó los siguientes documentos:
-
Oficio
No. 14617 de 4 de Octubre de 1967 del Ministerio de Salud Pública.
-
Recibo
de Pago, por concepto de pensión de vejez del Servicio de Salud del
Departamento de Córdoba, por las mesadas de los años 1966 y 1967, con sellos de
Control Presupuestal y de la Contraloría General de la República, Auditoria
Fiscal Servisalud de Córdoba, con las respectivas firmas del Jefe de Ser-vicio
del Pagador y del Empleado, que recibe el pago.
-
Copias
de los pagos de la mesada pensional correspondientes al año de 1993.
-
Fotocopia que recoge
las colillas correspondientes al Pago de la Pensión Nómina DASALUD, por los
meses de Septiembre a Diciembre del año 2004 y Enero del 2001 por conducto del
Banco Popular - convenio de concurrencia.
-        Copia del registro de matrimonio, copia de la cédula
de ciudadanía de su esposo y copia del registro de defunción.
II. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA.
La Administración Departamental de Córdoba,
por intermedio de la Secretaria de Gestión Administrativa del Departamento de
Córdoba, le indicó al juez de tutela que no ha resuelto de fondo el asunto
relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
solicitada por la señora TERESA DE JESUS CONTRERAS DE CABALLERO, porque una vez
revisados los archivos de pensionados que se manejan en esa entidad, “no se
encontró carpeta ni mucho menos copia de la resolución de pensionado del señor
DIMAS CABALLERO HERRERA (q.e.p.d.).”
Señaló que el Departamento de Córdoba
conoce perfectamente de la situación de la señora Teresa de Jesús Contreras de
Caballero y sabe que el señor DIMAS CABALLERO fue pensionado por el extinto
Departamento Administrativo de Salud (DASALUD) cuyos archivos y pago de mesadas
pasaron al Departamento de Córdoba; sin embargo, no tiene en su poder copia de
la Resolución que así lo acredite.
Informó al juez de instancia, que mediante
oficio número 000234 de fecha 28 de enero de 2005, así como en reiteradas
ocasiones en forma verbal se le dijo a la tutelante que “para poder acceder a
tal prestación debía aportar los documentos indispensables para reconocer la
pensión de sobreviviente, o en su defecto, en caso de no tener copia de la
resolución que le reconoció el derecho pensional al señor DIMAS, traer los
tiempos de servicios prestados al Estado a fin de legalizar su condición de
pensionado, mediante la expedición de un nuevo acto administrativo, lo que ha
sido imposible elaborar, en razón a que sus familiares no saben donde prestó la
totalidad de sus 20 años de servicios.”
Indicó que el único conocimiento que se tiene
del tiempo de servicio prestado por e1 señor CABALLERO HERRERA es un oficio
remitido por la oficina jurídica del Ministerio de Salud Pública, donde se
consulta por parte del jefe del servicio seccional de salud, si tiene derecho
al pago retroactivo de las mesadas desde el momento en que fue pensionado. De
este oficio se puede deducir, que efectivamente cumplió su tiempo de servicio y
presentó renuncia voluntaria a su cargo después de adquirir el derecho a la
pensión.
Señaló que para conseguir los tiempos de
servicios, se solicitó mediante los oficios números 001550 y 001880 de fechas 5
y 26 de mayo de 2006, al Archivo General de la Nación y al Ministerio de la
Protección Social información al respecto, recibiendo respuesta del Archivo
General donde manifiestan que fueron recibidas en ese archivo las resoluciones
que expidió el Ministerio de Salud entre los años 1919 -1956, pero
desafortunadamente son 420 tomos que no cuentan con un índice general.
III. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Juzgado Segundo del Circuito de Montería negó el
amparo solicitado tras considerar que (i) la entidad accionada ya
respondió debidamente la petición de la accionante, en un documento que se
aprecia como una respuesta clara, de fondo y precisa y (ii) no se
avizora afectación del derecho al mínimo vital de la accionante.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241,
numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
En el
presente caso la Sala de Revisión debe abordar dos cuestiones jurídicas concretas.
En primer lugar es preciso establecer el contenido y alcance del derecho de
petición en materia pensional, haciendo particular énfasis en las solicitudes
orientadas al reconocimiento de pensión de sobrevivientes. En segundo lugar,
reiterar la jurisprudencia del derecho a la pensión de sobrevivientes como
fundamental en casos especiales.
3. El
derecho de petición frente a solicitudes de reconocimientos pensionales.
De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[1], el
contenido del derecho fundamental de petición consiste en la facultad de exigir
del destinatario de la solicitud una respuesta oportuna y suficiente. Ello
significa que la solución a la cuestión planteada a la autoridad u organización
privada debe abordar la petición en términos de fondo; debe además ser clara,
precisa y congruente con lo solicitado. Finalmente, se exige que la respuesta
sea puesta en conocimiento del solicitante y que sea proferida oportunamente.
Este último requisito es especialmente
importante en la medida en que pone fin a las prácticas burocráticas que
pretenden excusar y dilatar las solicitudes de los ciudadanos. Los graves
efectos de dichas prácticas, que reducen al solicitante a una condición inerme,
se conjuran al imponer al destinatario de la petición la obligación de dar
respuestas en períodos razonables y respetuosos de la dignidad humana.[2]
En el caso de
las peticiones presentadas ante autoridades estatales, la exigencia de
oportunidad promueve, a su vez, el fortalecimiento de lazos de confianza, que
al final se traducen en mayor legitimidad para el Estado, en la medida en que
el ciudadano puede constatar de manera real que las autoridades estatales se
encuentran establecidas para prestar un servicio oportuno y de calidad a la
ciudadanía. Igualmente, el establecimiento de sanciones por la violación de
estos términos deja ver a los ciudadanos que no se encuentra a merced de las
autoridades y que, en tal sentido, éstas se hallan obligadas a fomentar la
existencia de canales de comunicación idóneos y efectivos a partir de las
solicitudes que le sean presentadas[3].
4.
Reconocimiento excepcional de prestaciones sociales por medio de tutela. La
sustitución pensional como derecho fundamental en ciertas circunstancias
La acción de tutela, en los términos
fijados por el Constituyente, es una herramienta judicial de carácter
subsidiario para la protección de los derechos fundamentales. Este hecho se
explica en tanto “1º) Los medios y recursos judiciales ordinarios
constituyen los mecanismos preferentes a los cuales deben acudir las personas
para invocar la protección de sus derechos; 2º) En los procesos ordinarios se
debe garantizar la supremacía de los derechos constitucionales y la primacía de
los derechos inalienables de la persona (C.P. arts. 4º y 5º); 3º) La tutela
adquiere el carácter de mecanismo subsidiario frente a los restantes medios de
defensa judicial; su objeto no es desplazar los otros mecanismos de protección
judicial, “sino fungir como último recurso (...) para lograr la protección de
los derechos fundamentales”[4]; y
4º) La protección de derechos constitucionales fundamentales es un asunto
reservado a la tutela, en la medida que el ordenamiento jurídico no ofrezca al
afectado otros medios de defensa judicial”[5].
En abundante jurisprudencia la Corte
Constitucional ha indicado que el reconocimiento de un derecho pensional como
pretensión desborda el objeto de la acción de tutela[6].
En sentencia T-182 de 2004 sostuvo la Corte que las controversias suscitadas
por el reconocimiento de derechos pensionales no son competencia del juez de
tutela debido a que, no solo el ordenamiento jurídico ha dispuesto medios
judiciales específicos para la solución de este tipo de conflictos[7],
diferentes a la acción de tutela, sino que la única labor que debe atender el
juez de tutela en este contexto se reduce a verificar que la entidad encargada
de dar respuesta a la solicitud pensional ofrezca una respuesta oportuna y
suficiente. En el mismo sentido, en sentencia SU-879 de 2000 la Corte señaló
que el juez de tutela carece de competencia para tomar decisiones que, por su
naturaleza, corresponden a otras autoridades.
No obstante, la Corte ha matizado esta
regla general de improcedencia de la acción de tutela para reconocer derechos
pensionales en aquellos casos en los cuales los medios judiciales diseñados
resulten ineficaces para la garantía de los derechos fundamentales en riesgo.
Así pues, cuando el sujeto se encuentre ante la eventualidad de un perjuicio
irremediable, de manera excepcional el juez de tutela podrá declarar la
procedencia de este derecho.
Igualmente, la Corte ha exigido al juez de
tutela debe mostrar especial atención frente a tales amenazas cuando los
beneficiarios de este derecho sean sujetos de especial protección, como
miembros de la tercera edad, niños, población desplazada y madres cabeza de
familia, pues en estos casos la lesión a sus derechos fundamentales tiene un
efecto particularmente severo en la medida en que estos sujetos se encuentran
previamente en una especial condición de desamparo, la cual se hace mucho más
gravosa ante el no reconocimiento del derecho pensional.
En punto a la
pretensión reclamada en esta tutela, se recuerda que en múltiples oportunidades
se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre la figura de la sustitución
pensional –o pensión de sobrevivientes-, destacando su importancia para la
protección de los derechos fundamentales de una categoría especialmente
vulnerable de personas: quienes deben soportar las cargas económicas derivadas
de la muerte de un(a) pensionado(a) de quien dependían para su sustento. Así,
ha explicado esta Corporación que el objeto de la sustitución pensional o
pensión de sobrevivientes es el de proteger a la familia, puesto que a través
de ella se garantiza a los beneficiarios –quienes compartían de manera más cercana
su vida con el causante- el acceso a los recursos necesarios para subsistir en
condiciones dignas, con un nivel de vida similar al que gozaban con
anterioridad al fallecimiento del(la) pensionado(a)[8];
en ese mismo sentido, ha precisado que “la sustitución pensional responde a
la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de
seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido,
que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una
evidente desprotección y posiblemente a la miseria”[9].
La Corte ha señalado, igualmente, que la pensión de
sobrevivientes, en la medida en que provea el soporte material necesario para
la satisfacción del mínimo vital de sus beneficiarios, adquiere el carácter de
derecho fundamental; ello sucede, entre otros casos, cuando el peticionario es
una persona de avanzada edad y no tiene capacidad económica –distinta a la
derivada del pago de la mesada pensional- para financiar su propia subsistencia
en condiciones dignas. En otras palabras, en este tipo de situaciones el pago
de la mesada pensional constituye el medio indispensable para la satisfacción
del mínimo vital del interesado, y por este medio de sus demás derechos
fundamentales, cuya materialización presupone la existencia de condiciones
materiales mínimas que permitan a la persona sobrevivir con dignidad. En estos
casos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución
Política, es procedente la acción de tutela para lograr su reconocimiento
efectivo.[10]
La privación injustificada de la pensión de
sobrevivientes a favor del núcleo familiar dependiente del trabajador o
pensionado fallecido es un caso especial, estudiado reiteradamente por la
jurisprudencia constitucional, de inminencia de perjuicio irremediable
originada por de la afectación del derecho al mínimo vital. La doctrina de esta
Corporación sobre la materia parte de considerar que la pensión de
sobrevivientes está intrínsecamente relacionada con la protección de derechos
fundamentales, en tanto es una prestación propia de la seguridad social la cual
busca impedir que ese núcleo familiar dependiente sufra las consecuencias de la
privación de los recursos aportados por el trabajador pensionado.
De acuerdo con decisiones anteriores de
esta Corporación, la relación expuesta entre protección de derechos
fundamentales y necesidad de reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes resulta acreditada cuando (i) la prestación
económica que percibía el trabajador o pensionado fallecido constituye el
sustento económico de su grupo familiar dependiente y (ii) los
beneficiarios de la pensión carecen, después de la muerte del trabajador o
pensionado, de otros medios para garantizarse su subsistencia, por lo cual
quedan expuestos a un perjuicio irremediable derivado de la afectación de su
derecho fundamental al mínimo vital.[11]
Resumiendo lo expuesto se tiene que la
acción de tutela no es, de manera general, el instrumento jurídico destinado a
obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. En ese sentido,
la procedencia de la acción de tutela depende de la acreditación cierta y
suficiente de la inminencia de un perjuicio irremediable, que para el caso
concreto de la prestación en comento depende de la comprobación acerca de la
afectación del mínimo vital por la privación de los recursos económicos que
aportaba a su familia dependiente el trabajador o pensionado, necesarios para
garantizar la subsistencia en condiciones dignas. Adicionalmente, la evaluación
sobre la identificación del perjuicio irremediable está sujeta a gradación en
cuanto a su intensidad cuando el afectado es un sujeto de especial protección
constitucional, como es el caso de los adultos mayores.
De conformidad con los antecedentes
expuestos, corresponde a la Sala determinar si la negativa del Departamento de
Córdoba en reconocer la pensión de sobrevivientes a una mujer en condiciones de
marginalidad, a quien no se le reconoce el derecho porque se ha extraviado la
resolución  que reconoció la pensión a su esposo, vulnera sus derechos fundamentales
al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas y a la igualdad ante la ley
5. El caso concreto. El principio de
solidaridad y el derecho sustancial prevalecen sobre las cuestiones formales.
No se justifica que el Estado arriesgue los derechos fundamentales de los
asociados por la falta de un documento que debe reposar en la propia
administración
El caso objeto de examen muestra de manera
clara el divorcio existente entre la realización de la justicia material,
propia del Estado Social de Derecho, y el culto ciego al formalismo. Los hechos
narrados por la accionante dan cuenta de realmente acaecido así:
La señora Teresa de Jesús Contreras de
Caballero de 85 años de edad residente en Cereté (Córdoba) afirma que su esposo
fallecido en el 2004, estuvo pensionado desde el año de 1966 por el extinto
Departamento Administrativo de Salud DASALUD, cuyos archivos y pagos pasaron al
Departamento de Córdoba. Al solicitar su pensión de sobreviviente, la
Gobernación le respondió que no podía reconocer la mencionada prestación porque
estaba extraviada la resolución que reconoció la pensión a su esposo.
Los términos de esta controversia hacen que
la Corte Constitucional insista en que los valores de la dignidad humana y de
la solidaridad, así como el principio de prevalencia del Derecho sustancial y
el postulado de la eficacia de la gestión pública son infinitamente superiores
a los aspectos de índole puramente adjetiva y al trámite administrativo, de tal
modo que las obligaciones sociales del Estado, contempladas en el artículo 2º
de la Constitución, no pueden supeditarse a la nimiedad del formalismo, ni
puede por esa misma causa, postergarse indefinidamente como en este caso, la
cristalización de objetivos que inciden en los derechos fundamentales de
personas en ostensible debilidad manifiesta. Por lo tanto, la Sala  considera:
1. Que el derecho de petición, es la
garantía fundamental primeramente trasgredida por la entidad accionada, cuya
interpretación por la jurisprudencia permite entender que se viola el artículo
23 Superior, cuando una entidad administrativa, sin resolver el fondo de la
petición, responde a un peticionario respecto al trámite que está surtiendo su
solicitud cuando ese no ha sido el objeto de la misma, y más aún cuando la
respuesta se da de manera reiterada e indefinida.
2. No sólo se vulnera el derecho de
petición, sino que  además, se dificulta el ejercicio de los derechos
prestacionales poniendo en peligro el goce de la pensión sustitutiva. El
proceder de la Gobernación es también contrario a los principios de buena fe y
confianza legítima pues se trasladó sorpresivamente a la parte más débil de la
controversia, la carga de demostrar una situación cuya prueba e información
debe estar en manos de la propia administración. Los derechos de los
administrados no pueden verse truncados por el descuido administrativo con el
que se maneja el archivo de un ente estatal. Como lo viene reiterando esta
Corporación, la “responsabilidad de acreditar sobre la ocurrencia de un
determinado acto, situación o circunstancia ocurridos durante el cumplimiento
de las funciones públicas se mantiene en cabeza de la misma administración”[12].
3. Los titulares de derechos
prestacionales, quienes a través del derecho de petición solicitan el
reconocimiento de sus pensiones, no pueden ser víctimas de la desorganización
administrativa, por falta de coordinación entre las diferentes entidades que
participan en el proceso de reconocimiento de dichas prestaciones. También a
este respecto dijo la Corte que “la función pública ha sido puesta al
servicio de los intereses colectivos y se ejerce en beneficio de los asociados,
no en su contra. De tal modo, que quienes la desempeñan no tienen por cometido
- como suele creerse en algunas dependencias- el de obstaculizar y complicar la
vida de las personas y su normal actividad, sino el de contribuir, dentro del
ámbito de las atribuciones que a cada organismo y funcionario corresponden, al
desenvolvimiento armónico y ordenado de las múltiples relaciones propias de la
convivencia social.” [13]
4. El conflicto trabado entre la
administración y la peticionaria en esta tutela se revela interminable, cuando
en sentir de esta Sala la situación examinada envuelve circunstancias que se
muestran concordantes y, con apoyo en ellas, es posible establecer la calidad
de pensionado del señor Dimas Caballero Herrera y el consecuente derecho a la
pensión que le asiste a su esposa. Las pruebas que avalan tal afirmación son
las siguientes:
(i) Es la propia entidad accionada quien
tiene la certeza de que el señor Dimas Caballero Herrera es pensionado del
Departamento de Córdoba[14]
(ii) Existe prueba fehaciente de que el
Señor Caballero Herrera fue pensionado de DASALUD, y el pago de las mesadas de
esos pensionados pasó al Departamento de Córdoba;
(iii) La accionante sostiene  en la
demanda, sin que exista prueba que desestime o confronte tal afirmación, que su
esposo murió en el mes de octubre de 2004 y hasta esa época recibió la pensión
de vejez ;
(iv) De las pruebas que pudo allegar al
expediente la demandante se encuentra una, del año 1967, en donde ya le
cancelan las mesadas atrasadas del año 1966, y se lee : “en la cuenta conste
que el pago se hizo según resolución No. 0423 de 1966 emanada de la Dirección
Departamental de Higiene”
(v) A folio 13 del expediente, también
existe  copia de la nómina de pago de las pensiones correspondientes a los
pensionados de la Dirección Seccional de Salud de Córdoba en el año 1993, en
cuyas casillas dice: Nombre Completo: Caballero Herrera Dimas. Cargo que
desempeña: Pensionado. Sección o grupo: Resolución 00423 de 1966.
(vi) La entidad accionada en su
intervención señala, que existe un documento que da cuenta del tiempo de
servicio prestado por e1 señor CABALLERO HERRERA a la Administración
Departamental, y es un oficio remitido por la oficina jurídica del ministerio
de salud pública, donde se consultaba por parte del jefe del servicio seccional
de salud, si el señor Dimas tenía derecho al pago retroactivo de las mesadas
desde el momento en que fue pensionado. De este oficio, en palabras de la
propia Secretaria de Gestión Administrativa de la Gobernación de Córdoba en su
intervención ante el juez de tutela, “se puede deducir, que efectivamente
cumplió su tiempo de servicio y presentó renuncia voluntaria a su cargo después
de adquirir el derecho a la pensión”.
5. Así las cosas, abstenerse de reconocer
la pensión sustitutiva a la accionante alegando un requisito como es el del
extravío de la resolución que reconoció esa pensión en cabeza del Señor Dimas
Caballero, es caer en un excesivo ritual manifiesto dándole prevalencia a las
formas y sacrificando el goce de un derecho prestacional en cabeza de una mujer
de 85 años de edad absolutamente desamparada y que según lo afirma en el
expediente, vive de la pensión de su esposo.
6. El juez de tutela ha debido atender los dictados
constitucionales que obligan a un trato preferencial para las personas de la
tercera edad y titulares de un derecho fundamental como es el de la sustitución
pensional dadas las condiciones de desamparo en las que se encuentra la
accionante. Se reitera la jurisprudencia según la cual, procede el
reconocimiento de un derecho pensional en sede de tutela siempre que el juez
haya verificado previamente la afectación del mínimo vital del peticionario. [15]
Por todo lo anterior, la Corte amparará a
la accionante en sus derechos claramente vulnerados, pues una solución de esta
naturaleza impide que las fallas de la administración se trasladen a los
asociados, responde a los principios de igualdad, eficacia, economía y
celeridad que en términos del artículo 20 superior guían el desempeño de la
función administrativa y actualiza los postulados de la buena fe que se presume
en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las autoridades
públicas.
En el presente caso, por lo demás, es
incontrovertible que los instrumentos judiciales ordinarios son ineficaces para
obtener la restitución de los derechos vulnerados, por lo que la alternativa de
protección más adecuada es la concesión de efectos definitivos al amparo
constitucional solicitado.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Montería y en consecuencia conceder el amparo impetrado por la
señora TERESA DE JESUS CONTRERAS DE CABALLERO.
Segundo.- ORDENAR al Gobernador de Córdoba- Secretaría de Gestión
Administrativa- o a quien corresponda, reconocer en cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, si a la fecha aún no se
ha hecho, la pensión de sobrevivientes a favor de la accionante. La pensión se empezará
a cancelar a partir del mes siguiente a su reconocimiento y hacia el futuro,
dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.
Tercero.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, sentencias T-636 de 2006, T-477
de 2002, T-377 de 2000, T-298 de 1997, T-457 de 1994.
[2] Sentencia T-836 de 2006.
[3]  Ibídem.
[4] Corte Constitucional. Sentencia SU-544-01.
[5] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-1070/03. En este caso
la Sala Plena de la Corte se ocupó de la procedencia de la acción de tutela
para resolver controversias generadas de la ejecución de contrato de concesión
destinado a la construcción de obras viales.
[6] Corte Constitucional, sentencias T-001 de 1997, T-036
de 1997, T-718 de 1998, T-660 de 1999, T-408 de 2000, T-476 de 2001.
[7] En el mismo sentido, Corte Constitucional sentencia
T-246 de 1996
[8] Sentencia T-813 de 2002
[9] Sentencia C-002 de 1999
[10] Sentencia  T-789 de 2003.
[11] Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-134/04 y T-1283/01
[12] Sentencia T-1160 A de 2001, reiterada en T- 210 de
2005.
[13] Sentencia T-578 de1994.
[14] folio 29 del expediente.
[15] Corte Constitucional sentencias T-671/00, 730/00, T-1565/00,
T-775/00, T-1294/00, entre otras.