T-304-20
Sentencia T-304/20
Referencia:
Expediente
T-7.532.730
Acción de tutela
instaurada por Teresita de Jesús Isaza Dávila en contra de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y de la
Sección Primera- Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C.,
diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020)
La Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En la revisión
del fallo de tutela proferido por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 20 de junio de 2019, que
modificó el dictado por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la misma corporación el 22 de mayo anterior, en el trámite
del amparo constitucional promovido por la ciudadana Teresita de Jesús Isaza
Dávila en contra de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y de la Sección Primera-Subsección C en
descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I.
ANTECEDENTES
1.
La solicitud
El 29 de abril de 2019, Teresita
de Jesús Isaza Dávila, actuando en nombre propio, formuló acción de tutela en
procura de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, al declarar improcedente el recurso
extraordinario de revisión con el que pretendía dejar sin efectos la sentencia
dictada, en segunda instancia, por la Sección Primera-Subsección C en
descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra la Auditoría
General de la República.
Los presupuestos fácticos que
respaldan la protección iusfundamental invocada son los siguientes:
2.
Hechos relevantes y pretensiones
2.1. En providencia del 29
de septiembre de 2005[1],
el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría
General de la República, Álvaro Eloy Ayala Pérez, declaró a Teresita de
Jesús Isaza Dávila, en su calidad de gerente de Talento Humano de la
Contraloría General de la República, responsable fiscal por detrimento
patrimonial en cuantía de treinta y ocho millones novecientos setenta y tres
mil setecientos cuarenta y siete pesos ($38.973.747), debido al pago irregular
de horas extras, festivos y vacancias a varios empleados de esa entidad.
2.2. Inconforme con esta
decisión, la afectada interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación, siendo resueltos en sentido desfavorable a sus intereses por Auto
del 12 de diciembre de 2005[2],
proferido por el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de
la Auditoría General de la República, Álvaro Eloy Ayala Pérez, y en Auto
del 26 de enero de 2006, dictado por el auditor delegado para la Vigilancia de
la Gestión Fiscal, respectivamente.
2.3. En firme el fallo de
responsabilidad fiscal, la actora formuló demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin
de controvertir la legalidad de la decisión adoptada en su contra por la
Auditoría General de la República. En sentencia del 23 de mayo de 2011, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, tras advertir que no se halló probado el daño
al patrimonio público derivado del pago de horas extras que aquella realizó a
once conductores de la planta de personal de la Contraloría General de la
República.
2.4. Impugnada la anterior
decisión por las partes implicadas, el conocimiento del asunto, en sede de
apelación, le correspondió a la Sección Primera-Subsección C en descongestión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca[3],
uno de cuyos miembros es el magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez.
2.5. El 28 de mayo de
2012, el magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez manifestó su impedimento
para participar en la decisión de segunda instancia, con fundamento en la
causal descrita en el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento
Civil, en los siguientes términos:
“Debo
manifestar que en el año 2003 se abrió investigación No. FR-212-042-03 que
terminó con fallo de responsabilidad fiscal de 29 de septiembre de 2005,
decisión en la que intervine en mi condición de Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Auditoría General de la República (fls.
195-220 cdno. 3), así como en el auto del 12 de diciembre del mismo año, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto.
[…]”[4].
2.6. Mediante Acta de sala
extraordinaria Núm. 3 del 1º de junio de 2012, los restantes dos magistrados de
la Sección Primera-Subsección C en descongestión decidieron aceptar el
impedimento presentado por el magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez y,
posteriormente, en sentencia del 3 de julio de 2012[5], esa colegiatura confirmó
íntegramente el fallo de primera instancia. Sin embargo, debido a un error, la
mencionada sentencia fue firmada por el magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez.
2.7. Como consecuencia de
lo anterior, el 10 de octubre de 2012, la ciudadana Teresita de Jesús Isaza
Dávila, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra dicha providencia, invocando la causal prevista en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011[6], que hace referencia a la
configuración de una “nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
2.8. En sustento de ello,
manifestó que el magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez suscribió la
sentencia, no obstante que se le había separado del conocimiento del asunto
tras habérsele aceptado su impedimento, razón por la cual, dicho proveído “se
constituye en un pronunciamiento viciado de fondo, debido a que la motivación
de la decisión y consecuente firma de la misma por el citado Juez, se erige
en una flagrante violación al derecho constitucional fundamental al debido
proceso, derivado de la ausencia de imparcialidad y objetividad de esta
providencia”.
2.9. Al decidir sobre el
recurso de revisión interpuesto, la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de
febrero de 2019[7],
lo declaró improcedente, en consideración a que “si bien la sentencia
recurrida fue suscrita por un magistrado que se encontraba impedido, este solo
hecho, per se, no tiene la virtualidad de viciarla de nulidad”, ya que “descontando
el voto del magistrado impedido, la decisión fue aprobada y suscrita con el
voto favorable de los restantes dos magistrados […] cumpliendo así con el
requisito de mayoría absoluta necesario para la deliberación y toma de
decisiones jurisdiccionales”. Ello, de conformidad con lo previsto en el
artículo 54 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 312 del Código de Procedimiento
Civil[8],
en cuanto regulan lo relativo al quórum deliberatorio y decisorio para emitir
decisiones judiciales, y las irregularidades en la firma de las providencias.
2.10.
Como se anticipó, contra esta decisión de cierre, la ciudadana Teresita de
Jesús Isaza Dávila promovió la presente acción de tutela, alegando,
básicamente, la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, en lo
concerniente a la garantía constitucional del juez imparcial, y, por esta vía,
la configuración de un defecto procedimental absoluto, pues, en su
sentir, se avaló una decisión judicial proferida al margen del procedimiento
que impedía la participación en la sentencia de un magistrado que ya había sido
separado del conocimiento del asunto. Por otro lado, cuestionó que se haya
tenido por contestada la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por
parte de la Auditoría General de la República, no obstante que el respectivo
escrito fue allegado de manera extemporánea.
3. Trámite procesal y respuesta a la acción de tutela
La Sección Quinta de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por Auto del 2 de mayo de
2019, admitió la acción de tutela y, con el fin de conformar debidamente el
contradictorio, notificó esta decisión a los magistrados de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, vinculando,
simultáneamente, a la Sección Primera-Subsección C en descongestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Auditoría General de la
República, en calidad de terceros con interés legítimo.
No obstante,
es preciso anotar que únicamente atendieron este requerimiento las autoridades
judiciales demandadas, quienes se pronunciaron acerca de los hechos y las
pretensiones formuladas por la parte actora.
3.1.
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado
Por intermedio
del magistrado que actuó como ponente[9]
del fallo que declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión, la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
propuso que se denegara el amparo invocado, con fundamento en que no se vulneró
el derecho fundamental al debido proceso alegado por la parte actora, toda vez
que, a pesar de la irregularidad de la firma del magistrado Álvaro Eloy
Ayala Pérez, no se configuró la causal de revisión prevista en el numeral 5 del
artículo 250 de 1437 de 2011.
Explicó que la
sentencia recurrida se aprobó con el voto favorable de la mayoría de los
miembros de la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por lo que dicho pronunciamiento cumplió con la regla dispuesta sobre la
mayoría necesaria para adoptar decisiones por parte de las corporaciones
judiciales de conformidad con lo previsto en la ley aplicable al caso concreto
y en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
3.2.
Sección Primera-Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
La Sección
Primera-Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca[10]
se opuso a la prosperidad del amparo tras estimar que, si bien es cierto que el
magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez suscribió la sentencia recurrida, también lo
es que ello no implica la lesión del principio de imparcialidad, por cuanto “los
demás integrantes de la [Subsección C], con fundamento en las pruebas aportadas
y en las disposiciones aplicables al asunto, emitieron la decisión sin que se
acredite que la objetividad de ellos haya sido influida”.
Con respecto
al segundo reproche formulado por la actora, relacionado con el hecho de que se
haya tenido en cuenta el escrito de contestación de la demanda, no obstante que
la Auditoría General de la República lo allegó de manera extemporánea, sostuvo
que este resultaba improcedente, comoquiera que no planteó tal inconformidad en
el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia o en el recurso
extraordinario de revisión, sino que solo lo vino a manifestar en el marco de
la acción de tutela.
II.      DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.      Primera
instancia
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en providencia del 22 de mayo de 2019,
denegó la acción de tutela, tras concluir que no se configuró el defecto
procedimental alegado, ya que, como lo consideró razonadamente el juez de
revisión, la firma del magistrado impedido no afectó el quorum
decisorio. Explicó, que la Sección Primera-Subsección
C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está integrada por tres
magistrados y, por lo tanto, bastaba con la firma de dos de ellos para obtener
la mayoría que, conforme al reglamento, se requería para adoptar la decisión
judicial.
En lo concerniente a la acusación de tenerse por contestada
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la Auditoría
General de la República, declaró la improcedencia del amparo por no haberse
alegado la extemporaneidad de la contestación dentro del proceso contencioso
administrativo.
2.      Impugnación
La decisión del a-quo fue impugnada oportunamente
por la accionante, quien se ratificó en lo expuesto en su demanda de tutela y,
agregó, que no se trata de soslayar la irregularidad argumentando que sin la
participación del magistrado impedido igual habría quórum decisorio, sino de
entender que con la firma de la providencia aquel influyó en el sentido de la
decisión y, por consiguiente, quebrantó el principio de imparcialidad en
detrimento de su derecho fundamental al debido proceso.
3.      Segunda
instancia
La Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20
de junio de 2019, modificó la decisión impugnada, en el sentido de declarar su
improcedencia respecto de los cargos formulados por la parte actora, con
fundamento en la falta de relevancia constitucional del asunto. En
criterio de esa colegiatura, la presunta afectación del derecho fundamental al
debido proceso tiene su origen en una inconformidad meramente formal que ya
tuvo oportunidad de ser resuelta en la instancia judicial agotada a través del
recurso extraordinario de revisión, por lo que no cabe la intervención del juez
constitucional.
III.    REVISIÓN DEL PROCESO DE TUTELA POR PARTE DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Remitido
el expediente de tutela de la referencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, la Sala de Selección Número Ocho, mediante Auto del 29 de
agosto de 2019, notificado el 12 de septiembre siguiente, decidió seleccionarlo
y asignar su conocimiento a la Sala Tercera de Revisión.
Posteriormente,
en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 61 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional[11],
el magistrado sustanciador sometió a consideración de la Sala Plena el presente
asunto, a fin de que determinara si asumía o no su conocimiento. Como resultado
de lo anterior, en sesión del 19 de noviembre de 2019, el pleno de la Corte
decidió que la Sala Tercera de Revisión mantuviera la competencia para dictar
sentencia dentro de este proceso.
IV.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Es competente
esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones adoptadas
dentro de la acción de tutela de la referencia, con arreglo a lo establecido en
los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en
cumplimiento del Auto de selección del 29 de agosto de 2019, así como de lo
decidido por la Sala Plena de esta corporación.
2.        Legitimación
en la causa por activa y por pasiva
2.1.
Tal como lo prevé el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un instrumento de defensa judicial al que puede acudir cualquier
persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares,
en aquellos casos previstos en la ley[12].
2.2. En
desarrollo del citado mandato superior, el Decreto 2591 de 1991[13], en el
artículo 10, definió los titulares de dicha acción[14],
quienes podrán impetrar el amparo constitucional, (i) bien sea en forma
directa (el interesado por sí mismo); (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso); (iv) a través
de agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de
promover su propia defensa); o (v) por conducto tanto del defensor del
pueblo como de los personeros municipales (facultados para intervenir en
representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos
haya autorizado expresamente su mediación o se adviertan situaciones de
desamparo e indefensión)[15].
2.3.
Así entonces, en el asunto sub judice, se tiene que Teresita de Jesús
Isaza Dávila se encuentra legitimada por activa para promover el amparo
constitucional, comoquiera que actúa, por sí misma, en defensa de su derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantado en el trámite de un
proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que, según
su parecer, se permitió que un magistrado que estaba impedido hiciera parte de
la decisión ahora acusada, y se tuvo por contestada la demanda a pesar de que
el correspondiente escrito se allegó fuera del término establecido para el
efecto.
2.4. Por
otro lado, en lo atinente al extremo pasivo, conviene indicar que, en plena
correspondencia con los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991[16],
la legitimación en la causa precisa del cumplimiento de dos requisitos. El
primero de ellos, que se trate de uno de los sujetos frente a los cuales
proceda la acción de tutela y, el segundo, que la conducta que genera la
vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente,
con su acción u omisión.
2.5. En
esta oportunidad, la Sección Primera-Subsección C en descongestión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado están legitimadas como parte
pasiva, dada su calidad de autoridades públicas, y en la medida en que se les
atribuye, en razón de sus decisiones, el desconocimiento del derecho
fundamental al debido proceso invocado por la parte actora.
3.
Planteamiento del problema jurídico y esquema de solución
Conforme a los elementos fácticos
y jurídicos descritos en precedencia, el
problema jurídico que le corresponde resolver a esta Sala de Revisión
pasa por verificar, previamente, la acreditación de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De superarse satisfactoriamente
este examen, se proseguirá con el estudio de fondo de la controversia, el cual
consiste en determinar si, como lo plantea la actora, se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso como consecuencia de la sentencia del 14 de
febrero de 2019, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo de segunda instancia
dictado por la Sección Primera-Subsección C en descongestión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por considerar el juez de revisión que si bien es
cierto la sentencia recurrida había sido suscrita por un magistrado que se
encontraba impedido, este hecho, per se, no la viciaba de nulidad, ya
que había sido aprobada con el voto favorable de la mayoría necesaria para
adoptar la decisión. Igualmente, se determinará si, al haberse considerado la
contestación de la demanda, pese a su presentación extemporánea, se vulnera
asimismo el derecho al debido proceso de la accionante.
Con ese
propósito, se expondrá, una vez más, la jurisprudencia reiterada de esta
corporación acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
4.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[17]
4.1. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial cuya
finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos
previstos en la Constitución y en la ley.
4.2. Tal y como se indicó
en la sentencia C-543 de 1992, por regla general, la acción de tutela es
improcedente cuando mediante ella se pretenden cuestionar providencias
judiciales, debido a la prevalencia de los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, y a la garantía procesal de la cosa
juzgada. Sobre el particular, en dicha providencia la Corte sostuvo que:
“La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
Se
comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio
judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho
mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial
de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento
definitorio del derecho”[18].
4.3. Sin embargo, en esa
misma oportunidad también se estableció que “de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales […]”[19].
De modo que, si bien se entendió que, en principio, la acción de tutela no
procedía contra providencias judiciales, se dijo que, excepcionalmente, su
ejercicio era viable como mecanismo subsidiario y preferente de defensa
judicial cuando de la actuación judicial se advirtiera la violación o amenaza
de un derecho fundamental.
4.4. A partir de lo allí
decidido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el criterio conforme al
cual, el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales se configuraba cuando la actuación
judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto proferido no
merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido despojada de
dicha calidad. En desarrollo de lo expuesto, se determinó que el ordenamiento
jurídico no podía amparar situaciones que, cobijadas, en principio, por el
manto del ejercicio autónomo de la función judicial, comportaban una violación
protuberante de la Constitución y, en especial, de los bienes jurídicos más
preciados para el hombre (derechos fundamentales). Esta figura se denominó
inicialmente “vía de hecho” y su posterior desarrollo llevó a determinar
la existencia de varios tipos de vicios o defectos, entre los cuales se
encuentran el sustantivo, el orgánico, el fáctico y el procedimental.
4.5. Con posterioridad, la
Corte, en la sentencia C-590 de 2005[20],
si bien afirmó, como regla general, la improcedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, con el fin de resguardar el valor de la cosa
juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial también aceptó, en concordancia con la
jurisprudencia proferida hasta ese momento, que en circunstancias excepcionales
sí era procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se
verificaba la vulneración de derechos fundamentales y se acreditaba el
cumplimiento de ciertos requisitos que demarcaban el límite entre la protección
de los citados bienes jurídicos y los principios y valores constitucionales que
resguardan el ejercicio legítimo de la función judicial. Dichos requisitos
fueron divididos en dos categorías, siendo unos generales, referidos a
la procedencia de la acción de tutela y los otros específicos, atinentes
a la tipificación de las situaciones que conducen al desconocimiento de
derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso.
4.6. En cuanto hace a los requisitos
generales, la Corte ha identificado que son aquellos cuyo cumplimiento se
debe verificar antes de entrar en el estudio del fondo del asunto, pues
habilitan la procedencia del amparo constitucional. Tales requisitos son: (i)
que el caso sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado todos los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios procedentes antes de acudir al juez de
tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de
acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso
de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en
la decisión y resulte lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el
actor identifique, de forma razonable, los hechos que generaron la violación y
que esta haya sido alegada en el proceso judicial de haber sido posible; y (vi)
que el fallo censurado no se trate de una acción de tutela.[21]
4.7. En lo relacionado con
los requisitos específicos, estos fueron unificados en las
denominadas causales de procedencia, a partir del reconocimiento de los
siguientes defectos o vicios materiales: orgánico[22], sustantivo[23],
procedimental[24],
fáctico[25],
error inducido[26],
decisión sin motivación[27],
desconocimiento del precedente constitucional[28] y violación
directa a la Constitución.
4.8. En suma, ha de
concluirse que la acción de tutela, como mecanismo de protección de los
derechos constitucionales fundamentales, procede, excepcionalmente, para
controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i)
se cumplan todos los requisitos generales de procedencia; (ii) se
advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las
causales específicas; y (iii) se determine que el vicio o defecto es de
tal trascendencia que conlleva la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales.
4.9. De
acuerdo con las recién apuntadas reglas de naturaleza procesal y de conformidad
con la metodología de solución planteada en líneas anteriores, inicia esta Sala
por verificar si la acción de tutela que se revisa supera el examen de los
requisitos generales de procedencia.
5.   En esta
oportunidad no se cumplen en su totalidad los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
5.1.
Que la controversia planteada sea constitucionalmente relevante.
La Corte Constitucional ha establecido que un asunto tiene relevancia
constitucional si se evidencia, de manera clara y expresa, que la causa que
origina la acción de tutela conlleva el desconocimiento de derechos
fundamentales, principios o garantías superiores, y no que se trate de una
cuestión de mera legalidad que sea de competencia exclusiva del juez ordinario[29]. Este requisito, en esencia,
persigue tres finalidades: (i) preservar la competencia e independencia
de los jueces pertenecientes a la justicia ordinaria; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones que tienen una clara y marcada
importancia constitucional; e (iii) impedir que el amparo constitucional
se convierta en una especie de tercera instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales[30].
En
la reciente sentencia SU-020 de 2020[31],
la Sala Plena de esta corporación puntualizó que “solo la
evidencia prima facie de una afectación de derechos fundamentales
permite superar el requisito de relevancia constitucional de la
tutela en contra de providencias judiciales[32].
De allí que le corresponda al accionante justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie a un derecho fundamental”.
Subrayó,
además, que este requisito general de procedencia “resulta especialmente relevante en los eventos en los que se censura
una sentencia proferida por una Alta Corte, pues en estos casos la competencia
interpretativa de cierre resulta sistémicamente más [significativa] y, por
tanto, la evaluación debe ser más estricta que la que pudiera hacerse en los
demás eventos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales”[33].
En el presente
juicio, es patente que la cuestión que se debate trasciende el ámbito de la
mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, comoquiera que
no solo persigue la efectiva protección del derecho fundamental al debido
proceso frente a una actuación presuntamente desconocedora del régimen de
impedimentos, sino que, además, la problemática suscitada involucra la aparente
ruptura del principio de imparcialidad como atributo superior de la
administración de justicia, aspecto de indudable interés constitucional.
5.2. Que
previamente se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, a menos que se busque
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Frente a esta
particular exigencia, la Corte ha señalado, grosso modo, que tiene por
finalidad evitar el vaciamiento de las competencias de las distintas
autoridades jurisdiccionales y el desborde institucional[34]. Sin embargo, admite ciertas
excepciones, a saber: (i) aquellos casos en los cuales la persona cuyos
derechos son probablemente vulnerados dejó de acceder a los mecanismos
ordinarios o extraordinarios de defensa por razones ajenas a su voluntad[35]; (ii) cuando los
defectos específicos no tengan cabida dentro de las causales de revisión[36]; y (iii) siempre que se
busque evitar la ocurrencia de un perjuicio iusfundamental irremediable[37].
En el asunto
que se revisa, la Sala encuentra que la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá, en la
que se accedió parcialmente a la súplicas de la demanda, fue recurrida en
apelación por la accionante, correspondiéndole resolver la alzada a la Sección
Primera-Subsección C en descongestión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, quien la confirmó íntegramente. En ese sentido, habiéndose
agotado los medios ordinarios de defensa disponibles para la protección de los
derechos, en principio, la acción de tutela se torna improcedente, ya que es en
esa instancia judicial en donde debía resolverse fondo de la cuestión
litigiosa.
Posteriormente,
alegando una irregularidad en la firma de la providencia de segunda instancia,
la actora interpuso el recurso extraordinario de revisión, amparada en la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se refiere a la
configuración de una “nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso alguno”. Al resolver sobre esta
nueva cuestión, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado desestimó el recurso, tras considerar que no existía
mérito para anular el fallo impugnado porque su aprobación se había efectuado
con el voto favorable de la mayoría de los miembros de la respectiva
subsección.
Comoquiera que
esta última sentencia constituye, entonces, el objeto de la solicitud de
amparo, pues se le cuestiona al juez de revisión el no haber corregido la
violación iusfundamental que, presuntamente, se predica del fallo de
segunda instancia, la Corte entiende cumplido el segundo de los requisitos
generales de procedencia bajo estudio.
5.3. Que
la acción de tutela cumpla con el requisito de la inmediatez. Conforme
a este requisito, para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales es menester que la demanda sea promovida de manera oportuna, esto
es, dentro de un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del hecho
que originó la vulneración alegada. A fin de determinar la razonabilidad de
plazo, la Corte ha fijado algunos criterios orientativos que han de ser
examinados por el juez de tutela en relación con las particularidades de cada
caso concreto, entre los que se cuentan:“(i) la diligencia del
interesado en la defensa de sus derechos; (ii) la eventual afectación de
derechos de terceros; (iii) la estabilidad jurídica; (iv) la complejidad del
conflicto; (v) el equilibrio de las cargas procesales y (vi) la existencia de
circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta”[38].
Bajo los
anteriores parámetros, se tiene que la acción de tutela que se estudia
satisface el requisito de inmediatez, toda vez que fue instaurada de manera
oportuna, esto es, después de un mes y quince días de haber quedado en firme la
sentencia del 14 de febrero de 2019 que declaró improcedente el recurso
extraordinario de revisión. Ello, comoquiera que la demanda de amparo se radicó
el 29 de abril de 2019, según lo indicado al inicio de esta providencia.
5.4. Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto fuere posible. Por
oposición a la informalidad que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta
se invoca contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama la
protección constitucional mencione los derechos afectados, identifique con
cierto nivel de detalle en qué consiste la violación alegada y demuestre de qué
forma aquella se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación
abusiva contraria al orden jurídico, debiendo haber planteado el punto de
manera previa en el respectivo proceso.
Conforme a ese
entendimiento, se observa que la ciudadana Teresita de Jesús Isaza Dávila supo
identificar los hechos que, a su juicio, generaron la trasgresión de su derecho
fundamental al debido proceso, explicando las razones por las cuales
consideraba que se había configurado un defecto procedimental absoluto en la
actuación adelantada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de segunda instancia
dictada por Sección Primera-Subsección C en descongestión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Adicionalmente,
en lo relacionado con la irregularidad de la firma, no cabe duda de que dicho
aspecto fue cuestionado por la accionante a través del recurso extraordinario
de revisión, dado que el motivo de su inconformidad surgió con la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procedía recurso alguno, de suerte que,
tras haberse desestimado su alegato, acudió a la acción de tutela.
Sin embargo,
respecto de la acusación de tenerse por contestada la demanda no obstante que la
Auditoría General de la República allegó el respetivo escrito de manera
extemporánea, esta Sala de revisión comparte la apreciación del juez de tutela
de primera instancia, en el sentido de que la actora no alegó dicho aspecto
dentro del proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
que hace improcedente la acción de tutela frente a este particular reproche. En
efecto, está demostrado que solo vino a plantear tal inconformidad en sede de
tutela, a pesar de haber tenido oportunidad de hacerlo al interponer el recurso
de apelación contra del fallo de primer grado proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Bogotá.
5.5.
Efecto determinante de la irregularidad procesal. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, es necesario que esta tenga incidencia
directa en la providencia que se acusa de quebrantar los derechos fundamentales
de la parte actora, de suerte que su efecto sea decisivo o determinante en ella[39]. En otras palabras, es
indispensable que el vicio alegado repercuta de tal forma en la decisión final,
que, de no haberse presentado o corregido a tiempo, aquella habría variado
sustancialmente[40].
De
acuerdo con este planteamiento, la Corte encuentra que la irregularidad
procesal alegada por la accionante no fue de tal trascendencia ni tuvo un
efecto determinante en las decisiones proferidas por las autoridades judiciales
demandadas, susceptible de quebrantar su derecho fundamental al debido proceso,
por lo que la acción de tutela, frente a esta causal, también resulta
improcedente como pasa a explicarse enseguida:
Para
la accionante, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al no anular la
sentencia proferida por la Sección Primera-Subsección C en descongestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que esta hubiese sido
suscrita por un magistrado que se encontraba impedido. El juez de revisión no
encontró mérito para dejar sin efectos dicha decisión, toda vez que, a pesar de
la irregularidad de la firma, la providencia había cumplido con el requisito de
mayoría absoluta necesario para su aprobación.
Según
lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 270 de 1996 –estatutaria de la
administración de justicia–, los Tribunales Administrativos están integrados
por no menos de tres magistrados y ejercen sus funciones “por conducto de la
Sala Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados; por la Sala de
Gobierno, por las Salas especializadas y por las demás salas de decisión
plurales e impares, de acuerdo con la ley”.
Por
su parte, el artículo 54 del mismo ordenamiento señala que todas las decisiones
de las corporaciones judiciales deben ser adoptadas con el voto de la mayoría
de sus miembros. La citada norma es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO
54. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Todas las decisiones que las Corporaciones
judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán
para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los
miembros de la Corporación, sala o sección.
Es obligación de todos los Magistrados
participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la
Corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan,
salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la Corporación,
enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal
que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este
deber es causal de mala conducta.
[…]” (Destacado fuera de texto).
A
su turno, en lo relacionado con las irregularidades en la firma de las
providencias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil[41] señala:
“ARTÍCULO
312. IRREGULARIDADES EN LA FIRMA DE LAS PROVIDENCIAS.  <Artículo modificado por el
artículo 1, numeral 142 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el
siguiente:> Cuando la Sala de Casación Civil de la Corte o la de decisión de
un tribunal, profiera una providencia que no haya sido suscrita por todos los
magistrados que la integran, la respectiva sala, mientras conserve el
expediente, deberá subsanar la irregularidad de oficio o a petición de parte.
Remitido el expediente al despacho
judicial respectivo, la irregularidad quedará subsanada, siempre que la sentencia
esté firmada por la mayoría que la aprobó. De lo contrario, se enviará el
expediente o sus copias a la sala que la pronunció, para que subsane el defecto
o la profiera nuevamente” (Destacado fuera de texto).
De
la lectura de la normas en cita cabe concluir que, en el caso de los tribunales
administrativos, el quorum deliberatorio y decisorio es el conformado
por la mayoría de los miembros de sus respectivas salas, secciones, o
subsecciones; y que el saneamiento de las irregularidades en las firmas se
produce cuando la decisión ha sido suscrita por la mayoría de los magistrados
que la aprobaron.
Ahora
bien, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han tenido
oportunidad de pronunciarse acerca del sentido y alcance de las mencionadas
disposiciones normativas de cara a situaciones en las que, por un error, una
providencia es suscrita por un magistrado que no había participado en su
adopción, bien por impedimento aceptado, ora por cualquier otra causal prevista
en la ley. En estos casos, ambas corporaciones han coincidido en señalar que la
providencia solo será susceptible de quebrantar el debido proceso y, por
consiguiente, habrá lugar a su anulación, siempre que se desconozca “la
regla dispuesta sobre la mayoría necesaria para adoptar una decisión”[42], es decir, cuando sea
aprobada sin el voto favorable de la mayoría de los miembros que integran la
respectiva sala, sección o subsección[43].
En
el presente asunto, se observa que la sentencia que se cuestiona fue suscrita
por los tres magistrados que integran la Sección Primera-Subsección C en
descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a saber: Ana María
Correa Ángel (ponente), Ana María Rodríguez Álava y Álvaro Eloy Ayala Pérez
(impedido).
Al
restar la firma inadvertida del magistrado que no participó en la decisión, se
tiene que aquella fue aprobada y suscrita con el voto favorable de las
magistradas Ana María Correa Ángel y Ana María Rodríguez Álava, sin que ninguna
de ellas hubiese presentado salvamento o aclaración de voto. Dicha
circunstancia permite concluir que se cumplió con la regla de mayoría absoluta
necesaria para la deliberación y toma de decisiones juridiciales, en los
términos explicados anteriormente.
En
ese orden de ideas, si bien es cierto que existió una irregularidad en la firma
de la providencia, también lo es que esta situación no tuvo ninguna incidencia
en la sentencia objeto de reproche, pues el hecho de que, por error, el
magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez la hubiese firmado, no produjo impacto
alguno sobre la decisión que, de cualquier modo, habría sido la misma. Ello, si
se tiene en cuenta que, como se acaba de señalar, aquella contó con el voto
unánime de las restantes dos magistradas que integran la subsección, en el
sentido de confirmar en todas sus partes el fallo de primera instancia que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
A
lo anterior, cabe agregar que no puede cuestionarse la imparcialidad de la
decisión del tribunal. Esto, debido a que el mencionado servidor se declaró
impedido para conocer del asunto y dicho impedimento le fue aceptado e,
incluso, así consta en los antecedentes del fallo[44], de manera que lo que se
presentó fue un evidente error involuntario en la firma de la providencia por
parte de un magistrado que no participó en la decisión.
En
consecuencia, dado que no se acreditó el cumplimiento de todos requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la Sala de Revisión habrá de confirmar la sentencia del 20 de junio de 2019, proferida por Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
la que se modificó el fallo dictado el 22 de mayo de 2019 por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y, en su
lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la sentencia del 20 de junio de 2019, proferida
por Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en la que se modificó el fallo dictado el 22 de mayo de 2019 por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela.
SEGUNDO.
LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí indicados.
Notifíquese, comuníquese, cópiese,
publíquese en la página web de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Ver folios 70 a 95 del cuaderno principal.
[2]
Ver folios 60 a 69 del cuaderno principal.
[3] La Sección Primera-Subsección C
en descongestión está integrada por las magistradas Ana María Correa Ángel, Ana
María Rodríguez Álava y el magistrado Álvaro Eloy Ayala Pérez.
[4]
Ver folios 28 y 29 del cuaderno principal.
[5] Con ponencia de la magistrada Ana
María Correa Ángel.
[6] Por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta ley
comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012 (art. 308).
[7]
Ver folios 14 a 27 del cuaderno principal.
[8] Aplicado al caso concreto, en la
medida en que se encontraba vigente al momento de proferirse la sentencia
impugnada.
[9] Consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez.
[10] En atención al oficio del 9 de
mayo de 2019, en el que erróneamente se remitió a la “Subsección A” y no a la
Subsección C (accionada), copia del auto admisorio de la presente acción de
tutela, y debido a la celeridad que demanda este trámite, el magistrado Luis
Manuel Lasso Lozano, integrante de aquella sección, decidió dar respuesta al
requerimiento judicial.
[11] “Artículo
61. Revisión por la Sala Plena. […] Adicionalmente, para los fines
establecidos en las normas vigentes, después de haber sido escogidos
autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre
acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a
quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si
asume su conocimiento con base en el informe mensual que le sea presentado a
partir de la Sala de Selección de marzo de 2009” […].
[12] Consultar, entre otras, las sentencias T-819 de 2001,
T-531 de 2002, T-711 de 2003, T-212 de 2009, T-778 de 2010, T-495 de 2013,
T-561 de 2013, T-679 de 2013, T-470 de 2014, T-540 de 2015, T-361 de 2017,
T-307 de 2018 y T-455 de 2019.
[13] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Carta Política”.
[14] Interesa poner de presente que la jurisprudencia
constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la
acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de
sus notas características, cuyo fundamento justamente reside en la aplicación
del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos
mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el concerniente a
la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Consultar, entre otras, las sentencias
T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008.
[15] El artículo 46 del Decreto 2591
de 1991 dispone expresamente que “El defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del
derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre
de cualquier persona que se lo solicite o que este en situación de desamparo e
indefensión”.
[16] Mientras el artículo 5º del
referido decreto prevé que “la acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta disposición (…)”,
el artículo 13 ejusdem, por su parte, establece que “la acción de
tutela se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.
[17] Acápite elaborado tomando como
referencia la base argumentativa contenida en las sentencias T-557 de 2017 y
T-455 de 2019, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[18]
Sentencia C-543 de 1992.
[19]
Ídem.
[20] En esta
oportunidad, la Corte estudió la constitucionalidad de la norma que proscribía
cualquier acción contra la sentencia que resolviera el recurso extraordinario
de casación en materia penal.
[21]
Sentencias T-396 de 2014 y T-270 de 2017.
[22]
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (sentencia C-590 de
2005).
[23]
Aquellos casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales, no se hace uso de una norma que claramente aplicaba al caso
o que presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión (sentencia C-590 de 2005).
[24]
Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido. (sentencia C-590 de 2005).
[25]
Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión (sentencia C-590 de 2005).
[26]
Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esa circunstancia condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales (sentencia C-590 de 2005).
[27]
Se traduce en el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que
allí reposa la legitimidad de su decisión funcional. (sentencia C-590 de 2005).
[28]
Se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance (sentencia C-590 de 2005).
[29] Sentencias C-590 de 2005, T-270
de 2015, SU-394 de 2016, T-458 de 2016, SU-041 de 2018 y T-248 de 2018.
[30] Sentencias C-590 de 2005, T-102
de 2006, T-406 de 2014 y T-248 de 2018.
[31] Magistrados ponentes Ruth
Stella Correa Palacio y Carlos Bernal Pulido.
[32] Con relación a
estas razones, cfr., las sentencias T-385 de 2018 y SU-454 de 2019.
[33] Sentencia SU-020 de 2020.
[34] Sentencia SU-024 de 2018.
[35] Sentencia SU-394 de 2016.
[36] Sentencia SU-395 de 2017.
[37] Sentencias T-504 de 2000, T-645
de 2015 y T-060 de 2016.
[38]
Sentencia SU-217 de 2017.
[39]
Sentencias T-079 de 2014 y SU-061 de 2018.
[40]
Sentencias T-022 de 2016 y T-466 de 2019.
[41] Aplicable al caso concreto en
la medida en que se encontraba vigente al momento proferirse la sentencia
objeto del recurso extraordinario de revisión y en virtud del principio de
integración normativa previsto en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo). Así, aunque la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se profirió al día siguiente de que entrara en
vigencia la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), los procesos en curso seguirían rigiéndose de
conformidad con el régimen jurídico anterior (art. 308 CPACA), como es el caso
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la
accionante.
[42] Auto 332 de 2015. Asimismo,
pueden consultarse los Autos 070 de 2015, 071 de 2015, 149 de 2015 y 109 de
2016.
[43] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 15 de marzo de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación:
11001-03-24-000-2015-00367-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 27 de febrero de 2020, C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación:
11001-03-15-000-2019-05242-00 (AC).
[44] Ver folio 31 del cuaderno principal.