T-697-11
Referencia: expediente T-2948870
Sentencia
T-697/11
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconocimiento del precedente judicial
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales de procedibilidad
PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD-Aplicación
frente a la exigibilidad de obligaciones crediticias contraídas por víctimas de
desplazamiento forzado
HABEAS DATA DE
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Reporte a centrales de riesgo por
incumplimiento de obligación comercial y crediticia por fuerza mayor es
desproporcionado
VICTIMAS DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Tratamiento diferenciado positivo respecto a exigibilidad
de obligaciones financieras
DESPLAZAMIENTO
FORZADO Y TEORIA DE LA IMPREVISION-Incumplimiento por víctima que contrajo
obligación con anterioridad al acaecimiento del suceso
DESPLAZAMIENTO
FORZADO Y PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Deber de entidades financieras de tener
en cuenta las restricciones propias de las víctimas para cumplir con los pagos
y disponer formulas de arreglo
RESTITUCION DE
TIERRAS Y PROCESO EJECUTIVO GARANTIZADO CON INMUEBLE RURAL PROPIEDAD DE LAS VI1
CTIMAS-Incumplimiento
de la obligación por desplazamiento forzado
NOVACION DE LA
DEUDA-Asegura
el acatamiento de la obligación contraída evitando el enriquecimiento sin justa
causa
DERECHO DE
DOMINIO DE BIENES SUJETOS AL SISTEMA DE PROTECCION DE PATRIMONIOS Y TIERRAS DE
POBLACION DESPLAZADA-Transferencia
INMUEBLE SUJETO
A SISTEMA DE PROTECCION DE PATRIMONIOS Y TIERRAS DE POBLACION DESPLAZADA-Nulidad de
proceso ejecutivo por incumplimiento de obligación debido a evento imprevisible
y objeto ilícito como garantía
ACCION DE TUTELA
DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO CONTRA CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION E
INCODER-Efectos
inter pares por nulidad de proceso ejecutivo y realización de acuerdos
de pago entre las partes
ACCION DE TUTELA
DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO CONTRA CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION E
INCODER-A
falta de garantía en proceso ejecutivo obligación será garantizada por el Fondo
Nacional de Garantías
Referencia:
expediente T-2948870
Acción de tutela
instaurada por Eder José  Torres, Sofanor Torres, Rodrigo Pieñate, Enilsa
Cárdenas, Agustín Ricardo, Álvaro Peñate, Julia Torres, Rafael Solar, Carmen
Geney, Manuel Joaquín Castro, Estalisnao Gómez Contreras, Jorge Antonio Torres Ricardo
contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Caja Agraria- en
liquidación y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá,
D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil once (2011)
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Luís Ernesto Vargas Silva y María
Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales
legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
ANTECEDENTES
Los
ciudadanos Eder
José  Torres, Sofanor Torres, Rodrigo Pieñate, Enilsa Cárdenas, Agustín
Ricardo, Álvaro Peñate, Julia Torres, Rafael Solar, Carmen Geney, Manuel
Joaquín Castro, Estalisnao Gómez Contreras, Jorge Antonio Torres Ricardo impetraron
tutela en
contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, la Caja Agraria y
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, al considerar vulnerados
los derechos fundamentales a la vivienda digna, al acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, al derecho de defensa, al trabajo, al mínimo
vital, a la igualdad, a la restitución de tierras de la población en situación
de desplazamiento forzado y a la dignidad humana, con base en los hechos que
serán enunciados a continuación:
Hechos
1.
En
el año 1997 el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCORA-, hoy
INCODER, reconoció a favor de 52 familias, grupo que integran los promotores
del amparo, un subsidio para la adquisición del predio La Alemania”, ubicado en
el corregimiento de Pita Abajo, municipio de San Onofre. La compraventa del
inmueble fue protocolizada el día 30 de diciembre de 1997, mediante escritura pública
N° 1360 de la Notaría Tercera del Circuito de Sincelejo[1]. El
precio acordado estaría representado en $859.326.000, de los cuales un 70%
sería cubierto con el subsidio rural otorgado por el instituto, y un 30%, monto
equivalente a $257.797.800, serían pagaderos con un crédito complementario
otorgado por la Caja Agraria a favor de la Empresa Comunitaria Alemania[2]
y los demás adquirentes. Igualmente, la Caja Agraria les otorgó otros créditos
para la adquisición de semovientes y la implementación de cultivos.[3]
2.
Con
el objetivo de garantizar la totalidad de las obligaciones contraídas, los
actores firmaron con dicha entidad bancaria tres pagarés que respectivamente
responde a las siguientes obligaciones:
a.
Pagaré
No. 1341110, suscrito el día nueve (9) de marzo de mil novecientos noventa y
ocho (1998), por la suma de doscientos cincuenta y siete millones setecientos
noventa y siete mil ochocientos pesos ($257.797.800), con el que se garantiza
la obligación total. Se estableció un tasa de interés anual del 21.56%
disminuido en un 18.58%. Adicionalmente, se consagró un periodo de gracia de
tres (3) años. Así pues, la primera cuota sería exigible el día nueve (9) de
marzo de dos mil dos (2002).
b.
Pagaré
No. 1341111, suscrito el día nueve (9) de marzo de mil novecientos noventa y
ocho (1998), por la suma de ciento veintiocho millones cuatrocientos mil pesos
($128.400.000). Se estableció una tasa de interés anual del 25.60% disminuido
en un 18.58%. Adicionalmente, se consagró un periodo de gracia de tres (3)
años. Así pues, la primera cuota sería exigible el día nueve (9) de marzo de
dos mil tres (2003). Dicho pagaré fue firmado por el señor Antonio Baiz
Villalaba, como representante legal de la comunidad “La Alemania.” En el
escrito de tutela los accionantes alegaron que este no se encontraba inscrito
como representante legal en la Cámara de Comercio por lo cual no estaba
facultado para suscribir dicho pagaré en representación de toda la comunidad.
c.
Pagaré
No. 1451139, suscrito el día diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998), por la suma de trece millones quinientos veinte seis mil
cuatrocientos pesos ($13.526.400). Se pactó una tasa de interés anual del
36.51% disminuido en un 4.26%, exigible transcurridos seis (6) meses, es decir,
el día diecisiete (17) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999). En
igual forma señalaron los accionantes que este pagaré fue suscito por el señor
Antonio Baiz Villalaba en representación de la comunidad cuando, según ellos, quien
ostentaba esta calidad para la época de acuerdo con el registro de Cámara de
Comercio era el señor Wilfrido Barragán Martínez.
3.
De
acuerdo con su dicho, en el año 1999 el comandante paramilitar del Bloque Héroes
de los Montes de Maria, Rodrigo Mercado Peludo alias “Cadena”, amenazó de
muerte a los propietarios del referido predio lo que les obligó a abandonar la
región de manera paulatina. Los actores expresaron en la demanda de tutela que
al momento del desplazamiento sintieron temor de denunciar los hechos
acaecidos, pues continuaban siendo víctimas de amenazas por parte de grupos paramilitares.
4.
El
día 4 de septiembre de 2001, la Caja Agraria instauró demanda ejecutiva ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo en contra de la Empresa Comunitaria
‘La Alemania’ y otros, por medio de la cual se pretendía “[se] librar[a]
mandamiento de pago por la vía ejecutiva mixta de mayor cuantía a favor de la
Caja Agraria en Liquidación, y contra la Empresa y todas las personas a quien
dirijo esta demanda (…)”[4].
Adicionalmente se solicitó el embargo y secuestro del inmueble gravado en su
favor.
5.
El
día 10 de septiembre de 2001 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo
libró mandamiento de pago en contra de la Empresa Comunitaria la Alemana y
ordenó el embargo y el secuestro del bien gravado en hipoteca. Asimismo, se
ordenó la notificación personal de los demandados, quienes finalmente fueron
emplazados en los términos del artículo 318 del CP.C en agosto de 2003[5],
trámite que culminó con la designación de un curador ad litem, quien fue
nombrado para representar a todas las personas demandadas determinadas y
emplazadas en enero de 2004.[6]
6.
El
día 03 de abril de 2002 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo
comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de San Onofre para que llevara a cabo
la diligencia de secuestro del bien inmueble en cuestión.[7] En este
sentido se expuso: “como los demandados tienen su domicilio en el municipio
de San Onofre, igualmente, comisiónese al citado Juzgado para que practique la
notificación al Representante Legal de la Empresa Comunitaria Alemania y/o
WILFRIDO BARRAGÁN MARTÍNEZ en el corregimiento de Pita Abajo Y LOS DEMÁS
DEMANDADOS en el citado municipio donde son ampliamente conocidos.”[8]
Actuación que no pudo ser practicada debido a que el ente comisionado carecía
de competencia territorial para realizar la notificación de los demandados en
el municipio de Pita Abajo.
7.
El
día 26 de noviembre de 2002 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo
comisionó nuevamente al  Juzgado Promiscuo municipal de San Onofre para que realizara
únicamente la diligencia de secuestro. El día 28 de abril de 2003 el Juzgado
comisionado fijó como fecha para el secuestro el día 28 de mayo de ese mismo
año, diligencia que debió ser suspendida por las condiciones de seguridad
propias de la zona. Puntualmente se registró en el acta de diligencia de
secuestro que “[con base en] el oficio sin número de fecha mayo 26 del 2003
proveniente DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL DE SUCRE acantonada en San
Onofre, en el que informa que el sitio donde se va ha [sic] verificar la
diligencia de SECUESTRO es zona roja, porque se encuentran [sic] ubicado en los
montes de maria [sic] donde existen grupos al margen de la ley (…) Por lo que
la  señora jueza resuelve suspender esta diligencia, hasta tanto se tenga las
condiciones necesarias para realizar dicha diligencia, con el personal de
Policía Nacional adecuado.”[9]
8.
El
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, a través de la resolución No. 997 de
fecha de veinticinco (25) de julio de (2007), ordenó la inscripción del predio
cuyo número de matrícula inmobiliaria corresponde al consecutivo 340-64319, en
el Registro Único de Predios (RUP) y la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos. En efecto, de acuerdo con la copia del certificado de tradición que
fue adjuntada al expediente de tutela, a la anotación sobre la medida cautelar
de embargo real mixto en cuestión (de fecha 2 de agosto de 2001), le
sigue una anotación de la medida cautelar de ‘prevención registradores
abstenerse de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier
título’  hecha el día 17 de septiembre de 2007 por virtud de la
resolución N° 997 de 2007 del INCODER de Montería.[10]
9.
Mediante
escrito radicado el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil siete (2007) los
accionantes solicitaron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo abstenerse
de rematar el predio perseguido en el proceso ejecutivo, toda vez que el
incumplimiento de las obligaciones se debió a su condición de desplazados por
la violencia. El día 12 de diciembre de 2007, el Juez Segundo Civil del
Circuito de Sincelejo respondió la solicitud mediante oficio dirigido a la
empresa comunitaria “La Alemana”, en donde se indicó que el derecho de petición
no resultaba pertinente en este tipo de actuaciones, ya que éste no procede
para poner en marcha el aparato judicial.[11]
10.
Mediante
oficio enviado el día 7 de septiembre de 2010 por el Juez Segundo Civil del
Circuito de Sincelejo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo,
en el trámite de la tutela que ahora se revisa, se informó que en desarrollo
del proceso mixto ejecutivo “se han cumplido las etapas procesales pertinentes
encontrándose con sentencia de seguir adelante la ejecución y esperando la
fecha para proveer sobre cesión de crédito que hiciera la demandante inicial a
favor de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. y posteriormente de esta [sic] a favor de
COMPAÑÍA DE GERENCIMIENTO DE ACTIVOS LIMITADA, y por otro lado se cumplió el
embargo, secuestro y avalúo del inmueble finca[12]
‘ALEMANIA identificado con F.M.I. 340-64319 encontrándose pendiente de
proveer sobre solicitud de fijación para remate presentada por el apoderado de
la ejecutante.’”[13](negrillas
por fuera del texto original)
Elementos
de prueba relevantes que obran  el expediente de tutela
-
Copia
del escritura pública No. 1360 expedida por la Notaria Tercera del Circuito de
Sincelejo el día treinta (30) de diciembre de 1997 en donde consta la
compraventa del predio denominado La Alemana y las condiciones bajo las cuales
se suscribió dicho negocio jurídico. (Folio 26 a 34, cuaderno 1)
-
Copia
del pagaré No. 1341110 en el que fue consignada la obligación No. 31402,
expedido el día nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998) por
la  empresa Alemania en favor de la Caja Agraria por la suma de doscientos
cincuenta y siete millones setecientos noventa y siete mil ochocientos pesos
($257.797.800). (folio 35, cuaderno 1)
-
Copia
del pagaré No. 1341111 en el que fue consignada la obligación No. 31403,
expedido el día nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998) por
la empresa Alemania en favor de la Caja Agraria por la suma de ciento
veintiocho millones cuatrocientos mil pesos ($128.400.000). (folio 37, cuaderno
1)
-
Copia
del pagaré No. 1451139 en donde se consigna la obligación No. 31521 expedido el
día diecisiete (17) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) por
la empresa Alemania en favor de la Caja Agraria por la suma de ciento trece
millones quinientos veinte seis mil cuatrocientos pesos ($13.526.400). (folio
39, cuaderno 1)
-
Copia
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Sincelejo en el que consta el registro de la entidad sin ánimo de
lucro denominada Empresa Comunitaria Alemania. (folio 41, cuaderno 1)
-
Copia
del escrito de la demanda ejecutiva presentada por la Caja Agraria al Juzgado
Civil del Circuito de Sincelejo la cual solicita “Sírvase señor Juez librar
mandamiento de pago por la vía ejecutiva mixta de mayor cuantía a favor de la
Caja Agraria en Liquidación, y contra la Empresa y todas las personas a quien
dirijo esta demanda (…)” y adicionalmente solicita el embargo y secuestro
del inmueble gravado en su favor. (folio 47 a 50, cuaderno 1)
-
Copia
del mandamiento de pago librado por el Juzgado Segundo del Circuito de
Sincelejo el día diez (10) de septiembre de dos mil uno (2001) a través del
cual se decreta l embargo y secuestro del bien inmueble. (folio 51 a 53, cuaderno 1)
-
Copia
del despacho comisario No. 036 expedido el día tres (3) de abril de dos mil dos
(2002) a través del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo comisionó
al Juzgado Promiscuo municipal de San Onofre para que llevara a cabo la
practica de dicha diligencia de secuestro del bien inmueble grabado en su favor
y la notificación de los demandados. (Folio 62, cuaderno 1)
-
Copia
de escrito librado por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Onofre, en donde
manifiesta que este despacho no es competente para practicar la notificación
del representante legal de la Empresa Comunitaria La Alemana, puesto que la
dirección registrada se encuentra fuera de su jurisdicción territorial. (Folio
65, cuaderno 1)
-
Copia
del despacho comisario No. 097 expedida el día veintiséis (26) de noviembre de
dos mil dos (2002) en donde el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo comisionó
al Juzgado Promiscuo municipal de San Onofre para que llevara a cabo
simplemente la práctica de la diligencia de secuestro del bien inmueble grabado
en su favor. (Folio 68, cuaderno 1)
-
Copia
del documento en donde el Juzgado comisionado fija como fecha y hora para el
secuestro del bien inmueble el día veintiocho (28) de mayo del dos mil tres (2003)
a las 9 a.m. (folio 69 , cuaderno 1)
-
Copia
de la documento expedido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo
donde se consagra que el día veintinueve (29) de mayo de dos mil tres (2003) se
realizó la notificación personal del señor Alberto Villamizar Luna. (Folio 76,
cuaderno 2)
-
Copia
de escrito por medio del cual el Juzgado Promiscuo de San Onofre Informa al
Juzgado Civil del Circuito de Sincelejo de la imposibilidad de desarrollar la
diligencia de embargo y secuestro por cuanto “el oficio sin numero de fecha
mayo 26 del 2003 proveniente DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA NACIONAL DE SUCRE
acontada en San Onofre, en el que informa que el sitio donde se va a verificar
la diligencia del SECUESTRO es zona roja, porque se encuentran ubicado en los
montes de maría donde existen gripos al margen de la ley, y pone a disposición
del Juzgado un número de diez (10) agentes. Por lo que la señora juez resuelve
suspender esta diligencia (…)” (Folio 70, cuaderno 1)
-
Copia
de la contestación de la demanda presentada por la señora María Luz Redondo
Ospina curadora ad-litem de los demandados emplazados dentro del proceso
radicado bajo el número 2001-0174-00. (Folio 73, cuaderno 1)
-
Copia
de escrito fechado del tres (3) de junio de dos mil tres (2003) por medio del
cual el apoderado de la Caja Agraria en liquidación solicitó el emplazamiento
de los demandados y copia del oficio por medio del cual el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Sincelejo ordenó, el día seis (6) de agosto del mismo
año, el emplazamiento de estos. (Folio 96, cuaderno 2)
-
Copia
de oficio fechado del veintiocho (28) de enero de dos mil cuatro (2004) por
medio del cual se nombró curador ad-litem a los demandados. (Folio 102,
cuaderno 2)
-
Copia
de acta de fecha de tres (3) de junio de dos mil cuatro (2004) suscrita por el
Inspector de la Inspección Central de Policía por medio de la cual se llevó a
cabo la diligencia de secuestro, lo anterior en cumplimiento del auto comisorio
No. 0087 librado dentro del proceso ejecutivo objeto de la presente acción de
tutela. (Folio 116 a 118, cuaderno 2)
-
Copia
de escrito proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo el
día primero (1) de septiembre de dos mil cuatro (2004) a través del cual este
despacho ordenó seguir adelante con la ejecución de acuerdo con lo estipulado
en el mandamiento de pago y el remate, previo avalúo del bien inmueble objeto
de la hipoteca. (Folio 123 a 125, cuaderno 2)
-
Copia
de la solicitud radicada ante el Juzgado referido el día veintiuno (21) de noviembre
dos mil siete (2007), por medio de la cual se pretendía la suspensión del
remate del predio hipotecado con fundamento en la condición de ser víctimas del
desplazamiento forzado. (Folio 147 a 153, cuaderno 2)
-
Decisión
de referencia No. 58446 proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante Jueces
Penales del Circuito Especializado de Sincelejo el día dieciocho (18) de marzo
de dos mil ocho (2008) por medio de la cual se resolvió proferir resolución de
acusación contra Wilfredo Barragán Martínez, por los delitos de concierto para
delinquir, desplazamiento forzado, perturbación de la posesión y amenazas en
calidad de coautor. Lo anterior, con base en los hechos acaecidos en relación
con los propietarios del predio “La Alemana” los cuales fueron víctimas de amenazas
que les impidieron retornar a la zona.  (Folio 91 a 96, cuaderno 1)
-
Copia
del informe allegado al expediente de tutela por el despacho demandado, Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, en acatamiento de una de las órdenes
dispuestas en el auto de pruebas proferido por el Magistrado Sustanciador el
día 30 de junio de 2011. In extenso,  se hace constar el
documento:
“La
suscrita Secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo a
solicitud del Despacho del Honorable Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
[sic] doctor Humberto Antonio Sierra Porto, mediante oficio OPTB/2011 dentro
del expediente T-2948870 acción de tutela-recibido el 07/07/2011
CERTIFICA:
Que en este
Juzgado cursa el proceso EJECUTIVO MIXTO radicado bajo el N° 2001-000174-00
promovido por CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACION contra
EMPRESA COMUNITARIA ALEMANIA Y OTRAS PERSONAS NATURALES (socios que
conforman la Empresa), con domicilio en el municipio de San Onofre- Sucre.
Que en el
presente proceso se dicto [sic] sentencia de seguir adelante la ejecución con
providencia del 01/09/2004 y la consecuente orden de remate del bien hipotecado
identificado con F.M.I. 340-64319 de la O.R.I. P de Sincelejo.
Que con
providencia del 28/06/2005, se tuvo como avalúo del inmueble danominado [sic]
Alemania la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
UN MIL PESOS  ($490.491.000,oo), el que puesto en traslado no fue objetado.
Que el apoderado
de la demandante CAJA AGRARIA, presento [sic] memoriales desde el 23/03/2007
solicitando la fijación de fecha para remate y con escritos recibidos en este
Juzgado el 20/11/2007 el demandante reporto [sic] al Juzgado la cesión hecha a
favor de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. e igualmente la de esta [sic] a favor de la
Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., solicitudes que hasta la fecha
están pendientes a la fecha [sic] de resolver.
Que hasta la
fecha no se ha fijado fecha para REMATE y por ende no se ha registrado
auto aprobatorio del mismo.
Se expide la
presente certificación, en Sincelejo, Sucre, a los once (11) días del mes de
Julio de dos mil once (2011), con destino al EXPEDIENTE T-2.948.870 de la
Corte Constitucional en Revisión de la Acción de Tutela N°.
70001-22-14-00-2010-00185-01”[14]
Respuesta
de las entidades demandadas
i)
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)
El
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural contestó a la acción de tutela oponiéndose
a las pretensiones incoadas por la parte actora, al considerar que existe falta
de legitimación en la causa por pasiva. El representante de la institución argumentó
que en el año 1997 fueron adjudicados a favor de los accionantes sendos
subsidios correspondientes a la suma de $859.326.000, lo que permitió la
adquisición del predio denominado “La Alemana”, con la condición de que los
beneficiarios cancelaran el equivalente al 30% de dicha suma, pagaderos a su
vez con un crédito complementario otorgado por la Caja Agraria, razón por la
cual se sostuvo que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER “NO
es el llamado a responder por las pretensiones de la tutela, pues la
competencia de este instituto se limitó a cumplir con los lineamientos y
directrices establecidas en la ley frente a la adjudicación del subsidio de
Tierras, pues como se puede observar la litis dentro de la acción bajo revisión
corresponde a la supuesta violación de derechos fundamentales en un proceso
ejecutivo entre la Caja Agraria y los tutelantes (…)”[15]
ii)
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo
El
despacho demandado contestó la acción de tutela mediante memorial en el que se
expresó que en el trámite ejecutivo mixto radicado bajo el número 2001-00174-00
se cumplieron cabalmente todas las etapas procesales, se dictó sentencia y estaban
pendientes la aprobación de las cesiones del crédito y la fijación de fecha
para el remate.
En
cuanto a la notificación del mandamiento de pago, se apuntó que el señor
Alberto Villamizar Luna fue notificado personalmente del día veintiocho (28) de
mayo de dos mil tres (2003),  mientras que los demás ejecutados fueron
emplazados conforme al artículo 318 del C.P.C. De otro lado, se manifestó que
en el transcurso del proceso ordinario civil los accionantes no interpusieron
los recursos tendientes a lograr la nulidad del proceso; y además, se arguyó, a
favor de la denegación de la tutela, que en el año dos mil ocho fue tramitada una
acción de tutela entre las mismas partes y por los mismos hechos, es decir, que
se configuró el fenómeno de la temeridad.[16]
iii)
Fiduprevisora- Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero
El
Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero alegó en su escrito de contestación que dicha entidad fue
liquidada por virtud de la resolución N° 3137 del 28 de julio de 2008, razón
por la cual el Patrimonio Autónomo de Remanentes tiene la condición de tercero
frente a las pretensiones contenidas en el escrito de tutela. Se replicó además
que las obligaciones objeto el proceso ejecutivo mixto, las correspondientes a
los pagarés 31402, 31403 y 31521, fueron cedidas a Central de Inversiones S.A.
CISA, en 2007 y, a su vez, esta entidad vendió los derechos litigiosos sobre el
proceso referido a Central de Gerenciamiento Activo Limitada (Folio 144 a 147, cuaderno 1)
iv)
Central de Inversiones S.A.
Esta
sociedad presentó escrito de contestación por medio del cual se precisó que, en
ejercicio de su objeto social, “adquirió las obligaciones por cesión a la
Caja Agraria en Liquidación, tal como evidencia el certificado anexo, (Folio
188, cuaderno 1) a cargo de la empresa comunitaria Alemania, obligaciones que
posteriormente fue vendida a la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda
mediante contrato de compraventa el 6 de julio de 2007 y entregada el 28 de
septiembre de 2007”, razón por la cual simplemente no se cumplió con el
presupuesto de la legitimación pasiva.[17]
v)
Compañía de Gerenciamiento de activos
La
Compañía de Gerenciamiento de Activos refutó los argumentos de la demanda con
base en la subsidiariedad de la tutela y la plena observancia del debido
proceso. En sustento del primer punto se sostuvo que con base en los principios
de saneamiento y de convalidación de las nulidades, establecidas en el Código
de Procedimiento Civil, no es posible alegar la nulidad de la actuación
procesal cuando ésta no se solicitó en el momento debido.  De otra parte se
aludió a la notificación efectiva del mandamiento de pago, puesto que “ante
los fallidos intentos para notificar a los demandados acorde con la
normatividad vigente, se procedió a emplazarlos a fin de que el juzgado de
conocimiento designara CURADOR AD-LITEM, para que lo representara en el proceso
e iniciara la defensa de sus intereses.”[18]
Actuaciones
surtidas en instancia
i)
Integración del contradictorio
El
día treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010) la Sala Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo ordenó vincular, por
tener interés legítimo en la acción a los señores Elkin Salgado
Herrera, Manuel Licona Julio, Carmen Helena Berrio Flórez, Hernán Meléndez
Urrutia, Pedro Manuel Varón Moguea, Carmen Contreras Silgado, Nilson Herrera
Campo, Prisciliano Herrera Herazo, Gumercinda Torres de Mendoza, Rosa Isabel
Cancio Herazo, Alberto Villamizar Luna, Pedro Segundo Carrascal Zarza, Olga
Julio Berrio; José Joaquín Blanco Torres, Gladys Esther Herazo de Blanco, Ana
Rosa Torres de Licona, Alasil Baena Mejía, Argemiro Rodríguez Ricardo, María
Oneida Moguea, Manuel Tirado Castro Berrio; Robinson Blanco Torres, Luz Marina
Meléndez de Blanco, Jaime de Jesús Mena Montes, Eneida Ramírez de Castro,
Candelaria Castro Bello, Ana Francisca Buelvas Torres, Noris Judith Babilonia
Pitalua, Sergio Antonio Tosscana Bassa, Martha Isabel Ladeau Márquez, Sofanor
Silvado Moguea, Perseveranda Julio Lincona, Zoida Sofía López, Wadith Antonio
Baiz Villalba, Mayda Luz Benítez Ruiz, Jairo Martínez Díaz, Rogelio Antonio
Mejía Mercado, Wilfrido Barragán Martínez, Madalina Amaya Vencino, Yaneth
Vergara Alvarez, Roque Jacinto Silgado Moreno, Enith del Carmen Lincona Torres,
María Ricardo Julio, Pedro Ramiro Pereira Ricardo, Alcira Silgado Moreno,
Damaso Bello Torres, Marleny Mendoza de Bello, Josefina Barragán Campo, Juan
Moguea Mendoza; Yarsil Moguea Castro, José Rafael Suarez Polo, Carmen Cecilia
Geney Vergara, Pedro Antonio Barros Atencio, Nelsy Passo Contreras, Vicente
Mármol Berrio, Amaury Martínez Vergara, Paula Mármol, Nelcy del Socorro Montes
de Peñates, Aracely Berrio Berrio, Edgar Enrique Berrio Berrio, Gladys del
Carmen Martínez Marrugo, Ismael Lara Pacheco, Luz Edith Zabaleta Berrio, Wilson
de Jesús Julio Arrieta, Garybaldi Berrio Batista, Javier Enrique Agamez
Hernández, Narcido Silgado Torres, María Martínez Navarro y Nebis Silgado
Silgado.
Adicionalmente,
en el mismo escrito, se requirió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Sincelejo, con el objetivo de que allegara al proceso copia del proceso
ejecutivo mixto radicado bajo el número 2001- 0174-00. (Folio 99 a 102, cuaderno 1)
El
día siete (7) de septiembre de dos mil diez (2010) la Sala Civil
Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo
vinculó al proceso de tutela a la sociedad Central de Inversiones S.A. (CISA) y
a la Compañía de Gerenciamiento Activo LTDA, debido a que la obligación
crediticia que dio origen a la solicitud de amparo fue cedida a la primera
sociedad, que posteriormente hizo lo propio con la Compañía de Gerenciamiento
Activo.[19]Adicionalmente
se ordenó a dichas entidades indicar, en caso de que fuere de su conocimiento,
la dirección de los accionantes e información sobre el estado de la deuda.
(Folio 132 a 134, cuaderno 1)
ii)
Sentencia de primera instancia
Mediante
sentencia adiada el 14 de septiembre de dos mil diez (2010), la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo desestimó las pretensiones
propuestas en el escrito de tutela porque, en primer lugar, se estableció que
no obstante algunos demandados con anterioridad habían interpuesto acción de
tutela por lo mismos hechos aquí contenidos, se generaron sucesos nuevos que
hacían procedente una nueva acción, específicamente, que muchos de los actores
a la fecha de presentación de la primera demanda no habían sido reconocidos
como víctimas del desplazamiento forzado interno.
De manera subsiguiente
se expresó, en cuanto a la solicitud de nulidad del proceso ejecutivo, que la
misma resulta improcedente en vista de que los actores pudieron solicitarla en
desarrollo del mismo, de lo cual se colige que este mecanismo no es el idóneo
para analizar dicha pretensión. Literalmente se alegó que “desde el 21 de
noviembre de 2007, un grupo de 40 ejecutados en el proceso que hoy se pretende
cuestionar, acuden al proceso cuestionado a través de este mecanismo
excepcional, peticionando el no remanente del bien embargado y secuestro por
cuenta de la obligación perseguida, lo que indica que hace casi tres años tienen
conocimiento de la acción ejecutiva, pese a lo cual no han solicitado ante el
juez de conocimiento el decreto de la nulidad pretendida por medio de esta
acción, como tampoco lo han hecho quienes aun no han comparecido a la ejecución.”[20]
Por
último, se argumentó que las personas en situación de desplazamiento por razón
de la violencia gozan de una especial protección extensible al cobro de
obligaciones perseguidas en procesos ejecutivos, por lo cual las entidades
bancarias deben dar un tratamiento preferencial a este grupo poblacional cuando
conozcan de su condición para concluir, con base en ello, que “revisado el
expediente, no encuentra la sala evidencia alguna de comunicación o solicitud elevada
por los ejecutantes a la entidad financiera (CISA-CGA) o bancaria (Caja
Agraria), dentro o fuera de la ejecución, tendien te a informar su condición de
desplazamiento y/o a peticionar un acuerdo de pago, y en consecuencia, por este
aspecto, la protección reclamada también se torna en improcedente.” [21]
iii) Impugnación
Esencialmente la
oposición de los actores se concentró en que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo no tuvo en cuenta su calidad de víctimas del
desplazamiento forzado y que existieron “causas que generaron [su] huida de
la zona sin que pudiéra[n] estar al frente de todos los acontecimientos y
actuaciones procesales que se desarrollaban en torno al proceso ejecutivo que
se inicio [sic] en contra [suya]”[22]
La mora en el pago de las obligaciones contraídas con la Caja Agraria,
insisten los impugnantes, se debió a la ocurrencia de este crimen, que les ha
impedido retornar al predio objeto del proceso ejecutivo radicado bajo el
número N° 2001-0174-00,
por
ende, explotarlo económicamente y así poder cumplir con las obligaciones contraídas.
En último lugar afirmaron los petentes que “es claro que el desplazamiento
forzado del que fu[eron] víctimas mucha familias, [los] dejó en un estado de
indefensión y que este [sic] se configura en una situación de fuerza mayor que
evidentemente [les] impedía retornar a [sus] familias y poner[se] al frente
tanto de la solicitud de otras formas de pago y del proceso ejecutivo en contra
[suya], y no por lo que se quiere aducir sino por falta de garantías y
posibilidades a favor [suyo].”[23]
iv) Sentencia de
segunda instancia
Mediante
sentencia fechada el día 9 de diciembre de dos mil diez (2010) la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió confirmar el fallo de
primera instancia.
En
primer lugar se adujo al respecto que la acción de tutela no satisfizo el
requisito de inmediatez dado que, a juicio del juzgado, “de manera clara [que]
la molestia de los accionantes se generó en el momento en que tuvieron
conocimiento del proceso ejecutivo que en su contra se instauró ante el juzgado
accionado, el trámite al cual comparecieron desde el 21 de noviembre de 2007,
frente a lo cual el juez accionado respondió el 12 de diciembre de 2007, lo que
hace ver que la acción constitucional no cumple el requisito de inmediatez, en
tanto que el descontento que se plantea en el escrito de tutela se remonta a
unas actuaciones judiciales adelantadas por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Sincelejo desde hace tres años, circunstancia de la cual se deduce
que con ella no se pudo producir un agravio inmediato o inminente de sus
derechos fundamentales.” [24]
Se
descartó además el cumplimiento del requisito de subsidiariedad debido a que “(…)
los promotores del amparo han contado y todavía cuentan con los mecanismos
ordinarios específicos que garantizan el ejercicio de los derechos
fundamentales dentro del proceso ejecutivo, pues allí no se han formulado las
peticiones con el lleno de exigencias pertinentes para pedir la nulidad de la
actuación fundamentada en la causal que la ley sustancial prevé.”[25]
Actuaciones
surtidas en sede de revisión
Mediante
auto de pruebas expedido el día 30 de junio de 2011, el Magistrado Sustanciador
dispuso textualmente:
“Primero.
ORDENAR que
a través de la Secretaría General de esta Corporación se oficie a los Juzgados
Segundo Civil del Circuito de Sincelejo y Promiscuo Municipal de San Onofre
para que en el término de los dos (2) días siguientes a la comunicación del
presente auto, informen a este Despacho sobre el estado actual del proceso
ejecutivo iniciado por la Caja Agraria en contra de los accionantes, en
particular, si ya fue registrado el auto aprobatorio del remate.
Segundo. ORDENAR
que
a través de la Secretaría General de esta Corporación se oficie al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
–INCODER- para que informen a este despacho, en el término de los dos (2) días
siguientes a la comunicación del presente auto, sobre la fecha en que fue
dispuesta y el estado actual de la medida de protección prevista en el RUP
respecto del inmueble denominado “La Alemania”, ubicado en el corregimiento de
Pita Abajo, municipio de San Onofre, cuyo No. Matrícula inmobiliaria
corresponde al consecutivo 340-64319.
Tercero. ORDENAR
que
a través de la Secretaría General de esta Corporación se oficie a la
Superintendencia de Notariado y Registro y a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos con sede en Sincelejo (Sucre) para que informen a este
despacho, en el término de los dos (2) días siguientes a la comunicación del
presente auto, sobre las anotaciones que existen respecto del inmueble
denominado “La Alemania”, ubicado en el corregimiento de Pita Abajo, municipio
de San Onofre, cuyo No. Matrícula inmobiliaria corresponde al consecutivo
340-64319. Para el efecto, remítase copia actualizada del certificado de
libertad y tradición del inmueble de la referencia.
Cuarto. ORDENAR que a través de la
Secretaría General de esta Corporación se oficie al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Sincelejo para que, en el término de los dos (2) días
siguientes a la comunicación del presente auto, remita a este Despacho copia
del expediente de tutela que, de acuerdo con lo dicho en su escrito de
contestación, ya fue resuelta respecto de las mismas partes y las mismas
pretensiones.
Quinto. ADVERTIR a los sujetos
oficiados que, de conformidad con la legislación colombiana, deberán prestar en
forma eficaz e inmediata la colaboración solicitada por esta Corporación.”
El
día quince (15) de julio de 2011 el Magistrado Sustanciador expidió un auto por
medio del cual se ordenó literalmente:
“Primero. Ordenar que por
Secretaría General de esta Corporación se oficie a la Agencia Presidencial para
la Acción Social y Cooperación Internacional  -ACCION SOCIAL- para que informe
a este despacho, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
comunicación de la presente providencia, sobre ‘el estado del desplazamiento’
de los siguientes sujetos:
Eder José
Torres, Sofanor Torres, Rodrigo Pieñate, Enilsa Cárdenas, Agustín Ricardo,
Álvaro Peñate, Julia Torres, Rafael Solar, Carmen Geney, Manuel Joaquín Castro,
Estalisnao Gómez Contreras, Jorge Antonio Torres Ricard, Elkin Salgado Herrera,
Manuel Licona Julio, Carmen Helena Berrio Flórez, Hernán Melendez Urrutia,
Pedro Manuel Varón Moguea, Carmen Contreras Silgado, Nilson Herrera Campo,
Prisciliano Herrera Herazo, Gumercinda Torres de Mendoza, Rosa Isabel Cancio
Herazo, Alberto Villamizar Luna, Pedro Segundo Carrascal Zarza, Olga Julio
Berrio; José Joaquín Blanco Torres, Gladys Esther Herazo de Blanco, Ana Rosa
Torres de Licona, Alasil Baena Mejía, Argemiro Rodríguez Ricardo, María Oneida
Moguea, Manuel Tirado Castro Berrio; Robinson Blanco Torres, Luz Marina Meléndez
de Blanco, Jaime de Jesús Mena Montes, Eneida Ramírez de Castro, Candelaria
Castro Bello, Ana Francisca Buelvas Torres, Noris Judith Babilonia Pitalua,
Sergio Antonio Tosscana Bassa, Martha Isabel Ladeau Márquez, Sofanor Silvado
Moguea, Perseveranda Julio Lincona, Zoida Sofía López, Wadith Antonio Baiz
Villalba, Mayda Luz Benitez Ruiz, Jairo Martínez DÍaz, Rogelio Antonio Mejía
Mercado, Wilfrido Barragán Martínez, Madalina Amaya Vencino, Yaneth Vergara
Alvarez, Roque Jacinto Silgado Moreno, Enith del Carmen Lincona Torres, María
Ricardo Julio, Pedro Ramiro Pereira Ricardo, Alcira Silgado Moreno, Damaso
Bello Torres, Marleny Mendoza de Bello, Josefina Barragán Campo, Juan Moguea
Mendoza; Yarsil Moguea Castro, José Rafael Suarez Polo, Carmen Cecilia Geney
Vergara, Pedro Antonio Barros Atencio, Nelsy Passo Contreras, Vicente Mármol
Berrio, Amaury Martínez Vergara, Paula Mármol, Nelcy del Socorro Montes de
Peñates, Aracely Berrio Berrio, Edgar Enrique Berrio Berrio, Gladys del Carmen
Martínez Marrugo, Ismael Lara Pacheco, Luz Edith Zabaleta Berrio, Wilson de
Jesús Julio Arrieta, Garybaldi Berrio Batista, Javier Enrique Agamez Hernández,
Narcido Silgado Torres, María Martínez Navarro y Nebis Silgado Silgado.
Segundo. ORDENAR
que
a través de la Secretaría General de esta Corporación se de traslado al Fondo
Nacional de Garantías del contenido de la solicitud de tutela interpuesta por Eder
José Torres y otros en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Sincelejo, la Caja Agraria- en liquidación y el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural- INCODER para que, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación del presente Auto, expongan los criterios que a
bien tengan en relación con los hechos materia de tutela y las pretensiones de
los actores.”
Vencido el término probatorio, el
Magistrado Sustanciador profirió auto fechado el día 22 de julio de 2011, en el
que se ordenó a la Secretaría General de esta Corporación reiterar la orden dirigida a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional -ACCION
SOCIAL- para que informara a este despacho ‘el estado del desplazamiento’
respecto de los sujetos previamente referenciados. Además, se resolvió oficiar
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Incoder para que
informaran a este Despacho si la resolución No. 997 del 25 de julio de 2007,
acto administrativo por medio del cual se ordenó la inscripción del predio cuyo
número de matrícula inmobiliaria corresponde al consecutivo 340-64319 en el
Registro Único de Predios Abandonado por la Violencia y la Oficina de Registro
e Instrumentos Públicos, fue debidamente notificado a los acreedores dentro del
proceso ejecutivo mixto que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Sincelejo, radicado bajo el Nº 2001-00174-00.
Seguidamente,
el 17 de agosto de esta misma anualidad se expidió auto de pruebas en el que se
dispuso:
“Primero.
ORDENAR que
por Secretaría General de esta Corporación se oficie a la sede de
Montería (Córdoba) del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
para que, en el término de los tres (3) días siguientes a la comunicación del
presente auto, sea remitida a esta Corporación copia auténtica de la resolución
No. 997 del veinticinco (25) de julio de (2007), por medio de cual esta entidad
ordenó la inscripción del predio cuyo número de matrícula inmobiliaria
corresponde al consecutivo 340-64319, en el Registro Único de Predios (RUP) de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo. Además, se informe a
este despacho si la resolución No. 997 del 25 de julio de 2007, acto
administrativo por medio del cual se ordenó la inscripción del predio cuyo
número de matrícula inmobiliaria corresponde al consecutivo 340-64319, en el
Registro Único de Predios Abandonado por la Violencia y la Oficina de Registro
e Instrumentos Públicos, fue debidamente notificado a los acreedores dentro del
proceso ejecutivo mixto que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Sincelejo, radicado bajo el N° 2001-00174-00, en particular, la Caja Agraria,
Central de Inversiones S.A. y la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda.
Remitir a la entidad oficiada copia del auto de la referencia.
Segundo. ORDENAR
que
por Secretaría General de esta Corporación se oficie a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo para que, en el término de los
tres días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, sea remitida
a esta Corporación copia auténtica del certificado de tradición correspondiente
al inmueble con número de matrícula inmobiliaria 340-64319 en el que aparece la
anotación sobre la medida cautelar de embargo real mixto en cuestión (de
fecha 2 de agosto de 2001) hecha el día 17 de septiembre de 2007 por virtud de
la resolución N° 997 de 2007 del INCODER de Montería.[26]
Remitir a la entidad oficiada copia del auto de la referencia.”
Finalmente
se expidió un auto en el que se ordenó, como medida provisional, la suspensión
del “proceso ejecutivo mixto que cursa en el Juzgado demandado, Segundo
Civil del Circuito de Sincelejo, radicado bajo el número 2001-0174-00, iniciado
con ocasión de la demanda instaurada por la Caja Agraria en contra de la
Empresa Comunitaria ‘La Alemania’ y otros, con garantía en el inmueble rural ‘La
Alemania, identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 340-64319, obligación
que fue cedida a la Compañía de Gerenciamiento Activo LTDA.”
En
respuesta a tales requerimientos, fueron recibidos en el Despacho del
Magistrado Sustanciador las siguientes pruebas documentales:
1.    El día tres (3)
de agosto de dos mil once (2011) en respuesta al oficio OPTB-468/2011, la
Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de San Onofre-Sucre, Lina Pineda
Oliveros, informó que previa revisión de los libros radicadores se constató que
no existe radicación de proceso ejecutivo instaurado por la Caja Agraria en
contra de Eder José Torres y otros en ese Despacho; pero indicó que mediante
Despachos comisorios remitidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Sincelejo dentro del proceso ejecutivo mixto, iniciado por la Caja Agraria en
Liquidación en contra de Empresa Comunitaria Alemania y otros, se les  requirió
practicar diligencia de secuestro, actuaciones que no se pudieron realizar, en
el primera caso, por falta de competencia territorial -auto del 10 de
septiembre de 2002- y en el segundo, devuelto sin diligenciar mediante auto del
28 de mayo de 2003, por la imposibilidad material de practicar la diligencia
debido a que el sector donde se debía realizar el secuestro era catalogada como
“Zona Roja” por autoridades de Policía Nacional.
2.    El día ocho (8)
de Julio de dos mil once (2011) en respuesta al oficio OPTB-469/2011,
Alexandra García Ramírez, actuando en representación del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, comunicó que la fecha en que fue dispuesta la
medida de protección prevista en el RUPTA fue el día 17 de julio de 2007 y que
la misma está anotada en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente con
fecha de inscripción desde el 24 de septiembre de 2009. Además se anexó la
copia de la anotación respectiva en el Registro Único de Predios y Territorios
Abandonados-RUPTA.
3.    El día doce (12)
de Julio de dos mil once (2011), Napoleón Álvarez López, Registrador Principal
de Sincelejo, dio respuesta al oficio OPTB-471/2011 remitiendo el
Certificado de Tradición y Libertad del bien con Matricula Inmobiliaria No.
340-64319. En éste constan un total de siete (7) anotaciones, dentro de las
cuales la penúltima, registrada el día diecisiete (17) de agosto de dos mil
siete (2007), es una medida cautelar dictada por resolución del
INCODER-MONTERIA, en virtud de la cual se advierte al registrador “abstenerse
de inscribir cualquier acto de enajenación o transferencia a cualquier título
de bienes rurales.”
4.    El día
veintisiete (27) de Julio de dos mil once (2011), en respuesta al oficio OPTB-489/2011
el señor Mauricio A. Beltrán Sannin, representante legal del Fondo Nacional
de Garantías S.A. – FNG, indicó que en aras de establecer si el Fondo tiene
alguna relación causal con el procedimiento ejecutivo de la referencia, precisó
la inexistencia de vínculo comercial alguno con los demandantes, debido a que
esta entidad no ha garantizado obligación crediticia alguna a favor de los
actores dentro de la presente demanda de tutela. Para el efecto, fue anexado
documento que respalda su dicho, esto es, certificado expedido por la
subgerencia de operaciones del FNG, en el que se da constancia de que los
accionantes dentro de la presente acción de tutela no cuentan con solicitud
alguna para respaldar sus créditos por medio de garantías. Por último, se aduce
que no corresponde a esta entidad brindarles garantías a estos sujetos, ya que
a la luz de las pruebas allegadas al proceso, los préstamos adquiridos con el
Banco Agrario tenían fines de desarrollo agrícola, lo hace del Fondo
Agropecuario de Garantías – FAG-, la entidad competente según el artículo 231
del EOSF y la Sentencia C-146 de 2009.
5.    El día diez (10)
de agosto de dos mil once (2011), en respuesta al oficio OPTB-500/2011 el
Coordinador Grupo de Procesos Judiciales del INCODER, señor Edward Daza
Guevara, remitió copia de la resolución 0997 del 03 de mayo de 2007, proferida
por el subgerente Administrativo y Financiero del INCODER, “por la cual
autoriza el disfrute y pago de unas vacaciones  a favor de Antonio María
González Castro.” Remitió, además, copia expedida por el Grupo del Archivo
Central-Gestión Documental del INCODER, en la cual se hace constar que “no
se encontró  la resolución solicitada, es decir, la 997 del 25 de Julio de 2007.”
6.    El día cinco (5)
de agosto de dos mil once (2011), en respuesta al oficio OPTB-501/2011, el
Coordinador de la Oficina Asesora Jurídica del INCODER, señor Jairo Edmundo
Cabrera Pantija, indicó que recibió de la Dirección Territorial de Córdoba
copia de la Resolución No 997 del 25 de Julio de 2007, de cuyo tenor se tiene
que el contenido de la misma fue notificado exclusivamente al solicitante,
señor Rogelio Antonio Martínez Mercado, por lo que se concluyó que el referido acto
administrativo no dispuso la notificación de las entidades relacionadas en el
oficio de la Corte Constitucional.
7.    Mediante
sentencia T-08-077, radicada bajo el número 00258-01, el día diecinueve (19)
de junio dos mil ocho (2008), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo, Sala III Civil-Familia-Laboral, decidió una acción de tutela
interpuesta por los ahora accionantes en contra la Caja Agraria, el INCODER,
ACCION SOCIAL y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo. Lo
anterior, por una supuesta vulneración de los fundamentales a una vida digna,
acceso a la justicia, debido proceso en titularidad suya, con base en las
siguientes circunstancias fácticas:
- El día 30 de diciembre de 1997, el
INCORA asignó a 52 familias campesinas sendas parcelas pertenecientes al predio
denominados “LA ALEMANIA” mediante una compraventa en la que se pactó un precio
equivalente a $859.326.000, de los cuales el 70% fue cubierto por el subsidio
rural otorgado por el INCORA y el otro 30%, correspondiente a $ 257.797.800,
seria pagado por los beneficiarios de la comunidad “LA ALEMANIA”,  saldo
garantizado con un crédito otorgado por la Caja Agraria. Tiempo después, los
accionantes fueron víctimas del desplazamiento forzado y, según su dicho, se
vieron imposibilitados para cumplir con su obligación dineraria. En razón de
ello, se hizo exigible la obligación contenida en los pagarés y, en
consecuencia, la Caja Agraria instauró demanda ejecutiva mixta en contra de los
actores. Así pues, el Juez Segundo Civil del Circuito de Sincelejo libró
mandamiento de pago el día 10 de septiembre de 2001 auto que, de acuerdo con el
escrito de tutela, NO FUE NOTIFICADO PERSONALMENTE. Es éste el argumento que
sustenta la tutela, que se centró en la comisión de un defecto procedimental
grave. Esta sentencia fue fallada de manera desfavorable a las partes
accionantes, por inobservancia del criterio de subsidiariedad.
- Mediante sentencia del once (11) de
septiembre de dos mil ocho (2008), la Corte Suprema de Justicia confirmó el
fallo de primera instancia aduciendo improcedencia del amparo con fundamento en
el artículo 6°, numerales 1° del decreto 2591 de 1991.
- El referido
expediente de tutela llegó a la Corte Constitucional para el cumplimiento de la
labor de revisión el día 21 de octubre de 2008, radicado bajo el número
2089224, y fue excluido de selección mediante auto del 18 de noviembre de 2008,
comunicado el día 2 de diciembre de esa misma anualidad.
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
Esta
Corporación es competente para revisar la presente acción de tutela, de
conformidad con los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución
Política, los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás
disposiciones pertinentes.
Presentación
y planteamiento del problema jurídico
Los
accionantes impetran el amparo con el propósito de lograr la salvaguarda de los
derechos fundamentales a la vivienda digna, al acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, al derecho de defensa, al trabajo, al mínimo
vital, a la igualdad, a la restitución de tierras y a la dignidad humana, cuya
amenaza alegan consumada debido a que en su contra cursa un proceso ejecutivo
garantizado con un bien inmueble de naturaleza rural de su propiedad, no
obstante el incumplimiento de la obligación respectiva se debió a la ocurrencia
del desplazamiento forzado.
En
efecto, en
el año de 1997 éstos
fueron beneficiarios de un subsidio para la adquisición de un inmueble rural
otorgado por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -hoy INCODER- bajo la condición de que
suscribieran con la Caja Agraria contrato de mutuo para el otorgamiento del
resto del dinero. Dos
años después de suscrita la obligación, éstos fueron víctimas del
desplazamiento forzado y en el 2001 la Caja Agraria promovió en su contra
proceso ejecutivo para el cumplimiento de las obligaciones respaldadas en los
pagarés N° 1341110,
1341111 y 1451139. [27]
Este trámite, en el que aparecen como ejecutados la Empresa Comunitaria ‘La
Alemania’ y otros, cursa en el despacho demandado, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Sincelejo, que informó “que hasta la fecha no se ha fijado fecha
para REMATE y por ende no se ha registrado auto aprobatorio del mismo.”[28]
En
el interregno el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, mediante resolución
No. 997 de 2007, ordenó la inscripción del predio de propiedad de los
accionantes en el Registro Único de Predios (RUP) y la respectiva anotación en la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos en la prohibición de enajenar o
suscribir cualquier acto jurídico respecto de dicho bien, de conformidad con el
sistema de protección de tierras y patrimonios de la población desplazada.[29]
Con
posterioridad, mediante escrito radicado el día 21 de noviembre de 2007 los
accionantes solicitaron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo
abstenerse de rematar el predio perseguido en el proceso ejecutivo, toda vez
que el incumplimiento de las obligaciones se debió a su condición de
desplazados por la violencia; sin embargo, el día 12 de diciembre de 2007, el
Juez Segundo Civil del Circuito de Sincelejo respondió la solicitud mediante
oficio dirigido a la empresa comunitaria “La Alemana”, en donde se indicó que
el derecho de petición no resultaba pertinente en este tipo de actuaciones, ya
que éste no procede para poner en marcha el aparato judicial.[30]
Así las cosas,
el problema a resolver consiste en determinar, de un lado, si  en el particular
se configuraron las causales genéricas y especiales que  justifican la
interposición de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales e
igualmente si al caso concreto resultan aplicables las reglas construidas por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la aplicabilidad
del principio de solidaridad ante la iniciación de procesos ejecutivos en
contra de un deudor que haya adquirido la calidad de víctima del desplazamiento
forzado luego de la suscripción del respectivo contrato de mutuo. Para zanjar esta
cuestión, se hará referencia a i) las causales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales y ii) la jurisprudencia constitucional sobre la
aplicabilidad del principio de solidaridad una vez iniciados procesos
ejecutivos en contra de víctimas del desplazamiento forzado que hayan adquirido
ese estatus con posterioridad a la suscripción del contrato de mutuo.
Causales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Defectos por desconocimiento del precedente e interpretación inadecuada
El
artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es
procedente contra toda actuación de una autoridad pública[31] con la
que se perturbe un derecho fundamental. Dicha norma no establece distinción
alguna sobre la naturaleza de la autoridad susceptible de tutela, por lo que,
de acuerdo con este mandato, es posible interponer esta acción incluso contra
la providencia de un juez, autoridad pública cuyas decisiones pueden ser
sometidas al control estricto de constitucionalidad en eventos en los cuales se
vislumbre la amenaza o vulneración de derechos de esta entidad.
Inicialmente,
el Decreto 2591 de 1991, expedido por el Presidente de la República en desarrollo de
las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 5º transitorio de la
Constitución nacional, reglamentó la acción de tutela, y en sus
artículos 11, 12 y 40 trataba el tema de la interposición de esta acción contra
decisiones judiciales. Sin embargo, dichos artículos fueron objeto de control
abstracto de constitucionalidad y una consecuente declaratoria de
inexequibilidad mediante sentencia C-543 de 1992, en la que la Corte
Constitucional definió que esos artículos eran contrarios a los principios de
cosa juzgada, autonomía funcional del juez y a la seguridad jurídica.
No
obstante, en un aparte de esa sentencia se planteó una excepción a la
intangibilidad de las decisiones judiciales que, por su importancia, será
presentada en extenso:
“De conformidad con el concepto constitucional de autoridades
públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les
corresponde la función  de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa
condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o  que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe
con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por
medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni
tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual
sí  está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo
transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente
temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario
competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de
1991).   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia. (Subrayas por fuera
del texto original)
De
acuerdo con este punto, la tutela no procedería contra una decisión judicial
propiamente dicha, sino contra la actuación de un operador judicial que
encarnara el desconocimiento de derechos fundamentales o la creación de un
perjuicio irremediable. Lo esencial es que, a través de este fallo se sentó la
doctrina de las vías de hecho, que permitiría en adelante justificar la procedencia
de una acción de tutela en contra de omisiones o acciones provenientes de
jueces con las que se ocasionara la violación de derechos fundamentales.
La vía de hecho fue conceptuada como ‘una trasgresión
protuberante y grave de la normatividad’ fundada en el capricho o el arbitrio
de un funcionario, completamente extraña al ordenamiento jurídico e
irrespetuosa de los derechos fundamentales[32]. En un primer momento, se identificaron cuatro circunstancias generadoras
de una vía de hecho o un defecto judicial grave: “si este comportamiento
-abultadamente deformado respecto del postulado en la norma- se traduce en la
utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no
previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la
atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico),
o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación
por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental) (…)”[33]
(Cursivas por fuera del texto original)
Mucho
después, la sentencia T-441 de 2003 incorporó las condiciones que hasta la
fecha se habían calificado como configurativas de una vía de hecho judicial y
las denominó causales especiales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial; redujo las tradicionales cuatro primeras a dos -el defecto
sustantivo y el fáctico-; y adicionó a ese par otros cuatro vicios,
a saber: la vía de hecho por consecuencia o error inducido, la
insuficiente sustentación o justificación del fallo, el desconocimiento
del precedente judicial, y la violación directa de la Constitución.
A estas se adicionó, como requisito para la viabilidad del amparo, la exigencia
de unos requerimientos generales relativos a los que tradicionalmente se han
reclamado para la prosperidad de la acción.
Así
pues, las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la forma en que aparecen formuladas actualmente, son el
resultado de la evolución de la doctrina de las vías de hecho.
Posteriormente, mediante sentencias T-606 y la T- 698
de 2004, esta Corporación revalidó lo dicho en fallos precedentes sobre la
existencia de unos requisitos generales y otros especiales de procedibilidad de
la tutela contra una providencia judicial. En relación con los primeros se
sostuvo que “hacen referencia al deber de asegurar, para la procedencia de
la tutela contra providencias, que se de: a) la inexistencia de otro o de otros
medios de defensa judiciales (recursos ordinarios o extraordinarios) como se ha
visto, y b) la verificación de una  relación de inmediatez entre la solicitud
de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los
principios de razonabilidad y proporcionalidad”.  De otra parte, los
requisitos especiales “están asociados directamente al control excepcional
por vía de tutela de la actividad judicial, y tienen que ver específicamente
con el concepto de vía de hecho.
Finalmente,
la sentencia C-590 de 2005, que estudió un cargo sobre la constitucionalidad
del artículo 185 parcial de la Ley 906 de 2004 por una supuesta disparidad con
los artículos 4º y 86 de la Constitución[34], reunió los criterios
jurisprudenciales sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Se dijo, entonces, que los presupuestos o causales
generales implican:
a.
Que se trate de un asunto de evidente relevancia constitucional. Lo cual
significa que la cuestión esté enmarcada en el ámbito de interés de la
jurisdicción constitucional, y no se trate de un asunto de simple legalidad
carente de conexidad con los derechos fundamentales o el control de
constitucionalidad que esta Corte efectúa.
b.
Que se haya agotado todos los medios de defensa judicial, salvo que éstos
no resulten efectivos para la garantía de los derechos involucrados o que con
la aplicación de los mismos no se logre evitar la consumación de un daño
iusfundamental irremediable.
c.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que haya trascurrido un
lapso razonable entre la fecha de presentación de la demanda de tutela y la
aparición de los hechos que produjeron la afectación de los derechos
fundamentales, a menos que exista razones objetivas que justifiquen la demora.
d.
Si se trata de una irregularidad procesal, ésta debe causar ‘un efecto
decisivo o determinante en la sentencia’ atacada.  Sin embargo, sobre
este punto se hizo la advertencia de que “si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.”
e. Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f.
Que no se pretenda la interposición de una tutela contra otra tutela.
En
adición a los antedichos, debe acreditarse la satisfacción de otros requisitos
para la procedencia de la acción de tutela contra fallos de autoridades
judiciales, denominados ‘causales especiales’. Estos corresponden a los
defectos que imputables a los funcionarios y fueron reunidos en la referida
sentencia de la siguiente manera:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d.
Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e.
Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
h.
Violación directa de la Constitución.”
La aplicabilidad
del principio de solidaridad frente a la exigibilidad de las obligaciones crediticias
contraídas por víctimas del desplazamiento forzado. Línea jurisprudencial de la
Corte Constitucional en la materia
Nuestro
ordenamiento jurídico ha encaminado el diseño de parte de la legislación
comercial y civil, sobre el mandato de que al incumplimiento de una obligación
resultante de un negocio jurídico siguen consecuencias jurídicas perjudiciales para
quien la inobservó, con motivo de lo cual se han establecido tanto obligaciones
expresas de cumplimiento y sanciones por incumplimiento, como mecanismos
jurídicos para lograr su acatamiento o el resarcimiento. No obstante, en virtud
del principio de solidaridad, esto no ha sido incompatible con la consideración
de las causas particulares que suscitan la omisión en el pago de una
obligación.
Verbigracia, en
sentencia C-1011 de 2008, a propósito de la constitucionalidad de los reportes
de deudores a las llamadas centrales de riesgo, se definió que “en aquellos
casos en que por evidente fuerza mayor el sujeto concernido se ha visto compelido
a incumplir con el pago de la obligación comercial y crediticia, resultaría
desproporcionado e irrazonable que, como consecuencia de ese incumplimiento, se
incorpore la información sobre mora en los archivos o bancos de datos
destinados al cálculo del riesgo crediticio y, con ello, resulte aplicable el
juicio de desvalor para el acceso a productos comerciales y de crédito que
involucra la presencia de ese reporte, conforme se ha indicado en esta
sentencia. Estas conclusiones son aplicables cuando la mora tiene relación
directa con el hecho que el titular del dato sea víctima de los delitos de
secuestro, desaparición forzada o desplazamiento forzado. En cada uno de estos
eventos, la jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada, que
las distintas entidades del Estado e, inclusive los particulares, tienen la
obligación de evitar que las consecuencias de los mencionados delitos se
extiendan a los distintos ámbitos personales de la víctima, de manera que se
hagan más gravosas.  Ello con fundamento en el contenido y alcance del
principio de solidaridad, del cual se derivan deberes constitucionales
concretos y oponibles al Estado y a los ciudadanos.” [35]
De manera
enfática en relación con las personas secuestradas, en sentencia T-520 de 2003[36]
se sostuvo que su condición describía la categoría constitucional de ciudadanos
en estado de debilidad manifiesta, por lo cual “eran acreedoras de un
tratamiento diferenciado, que significaba en el caso concreto la inexigibilidad
de las obligaciones adquiridas con entidades financieras, mientras
permanecieran los efectos del delito, periodo que incluye el lapso de
readaptación de la persona liberada. Ello debido a la imposibilidad de
estructuración del incumplimiento civil, puesto que la falta de pago tenía
origen en la afectación de la libertad y la autonomía individual del deudor.”[37]
A la
exigibilidad de la obligación debe subyacer, entonces, el reconocimiento de que
el deudor secuestrado está impedido físicamente para cancelarlas, por lo que, “en
esa medida, el incumplimiento de las obligaciones del secuestrado está
justificado.”[38]
Incluso las obligaciones vencidas durante el lapso del secuestro no resultarían
por ende exigibles, y la persona no se encontraría en mora, en tanto “para
que la mora se configure dentro del régimen civil general, aplicable a estos
casos, es necesario que la responsabilidad por el incumplimiento sea atribuible
al sujeto a título de culpa o dolo.”[39] Y,
como quiera “que la persona se encuentra sujeta a una circunstancia eximente
de responsabilidad, no le es imputable la mora, pues no está presente el
elemento subjetivo de la misma, necesario para que se configure.”[40]
Culmina este
criterio jurisprudencial con la aseveración de que “el concepto mismo de
culpa en materia de responsabilidad civil está fundado sobre la noción de
libertad, que es eminentemente individual. La culpa presupone que el sujeto
tiene determinadas posibilidades de acción, dentro de las cuales están la de
cumplir y la de no cumplir sus obligaciones civiles. Por lo tanto, para poder
atribuirle culpa a una persona, ésta debe estar en la posibilidad de elegir, y
de dirigir sus acciones de acuerdo con su elección. Sólo cuando se dan estos
presupuestos, el individuo se vuelve plenamente responsable civilmente. Esto
trae como consecuencia que para incurrir en culpa, la persona debe ser
consciente de sus opciones, estar en capacidad de valorarlas y de llevar a cabo
sus actividades conforme a sus propias valoraciones.”[41]
En esta misma
línea se ha entendido que en los casos de desaparición[42]
y desplazamiento forzado se constituye también una afectación a la autonomía
del individuo “de tal entidad que el incumplimiento de las obligaciones
civiles no es predicable de la simple omisión en el pago, sino en la
incapacidad de ejercer la autonomía del sujeto.”[43]
Lo
anterior, debido a la naturaleza del fenómeno que ha sido caracterizado en la
legislación interna como la migración forzada que tiene lugar dentro del
territorio nacional y resulta del esfuerzo de las víctimas del conflicto
armado interno y en general de violaciones masivas de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, por salvaguardar los derechos fundamentales en
titularidad suya y sus familiares[44];
definición que se aproxima a la propuesta en el texto de los ‘Principios
Rectores de los desplazamientos internos’¸ informe presentado
por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre la cuestión de los desplazados internos, señor Francis Deng, ante la
Comisión de Derechos Humanos, en su 54 período de sesiones. En este instrumento
se precisa
que constituyen víctimas de este fenómeno “las
personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes
naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera
estatal internacionalmente reconocida.”[45]
En concreto, esta situación determina
que las víctimas del delito de desplazamiento forzado vean viciada su autonomía
por “la coacción física que obliga a la víctima a abandonar su domicilio y,
por ende, el lugar donde desarrolla sus actividades productivas, (…) [y] como
es evidente, impiden de forma objetiva que la persona desplazada pueda
responder sus obligaciones de crédito (…); [por lo cual se debe
dispensar] un tratamiento diferenciado positivo en lo que respecta a la
exigibilidad de las obligaciones financieras.”[46]
En efecto, desde
la teoría de la imprevisión[47]
el desplazamiento forzado, para la víctima que contrajo una obligación con
anterioridad al acaecimiento de este suceso, representa una circunstancia que
imposibilita gravemente, aunque no de manera absoluta, el cumplimiento de esa
obligación, dado su carácter extraordinario, imprevisible e inimputable a la
parte, lo que le ubica en una situación mucho más onerosa de la advertida al
momento de obligarse y, en consecuencia, justifica la flexibilización de las
condiciones para el cumplimiento.
A fin de atender
esta problemática la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflictos armado
interno y se dictan otras disposiciones”, hace una remisión expresa a los
artículos 16, 32, 33 y 38 de la Ley 418 de 1997[48], “por
la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.”
Inicialmente es
menester precisar que el ámbito de aplicación personal de esta ley está dado
por el concepto de víctimas, categoría en la que explícitamente se incluye a
quienes han sido obligados al desplazamiento forzado, en los términos del
artículo 1° de la Ley 387 de 1997. [49]
Base sobre la cual se regula, en el artículo 16, el otorgamiento de la ayuda
humanitaria[50];
en el artículo 32, la asistencia para el cubrimiento de créditos destinados a
la reposición o reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento,
muebles, enseres, capital de trabajo de personas naturales o jurídicas e
inmuebles destinados a locales comerciales.[51] Finalmente el artículo
38 regula lo atinente a créditos financieros de la siguiente forma: “el
establecimiento de crédito ante el cual la víctima de la violencia eleve la
respectiva solicitud, después del estudio de la documentación, deberá
determinar la imposibilidad del solicitante de ofrecer una garantía suficiente
de acuerdo con las sanas prácticas del mercado financiero (…) Cuando las víctimas
de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley se encontraren en
imposibilidad de ofrecer una garantía suficiente, para responder por los
créditos previstos en los artículos anteriores, dichos créditos serán
garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, FNG, o la entidad financiera
de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.”[52]
Con base en este
panorama normativo, en sede de revisión han sido adoptadas distintas fórmulas
de solución en eventos en que las víctimas del desplazamiento forzado han
reclamado el amparo tutelar, dada la exigibilidad de una obligación adquirida
con anterioridad a la ocurrencia del delito con garantía en los bienes
inmuebles que se vieron forzados a abandonar.
De manera
puntual, mediante sentencia T-419 de 2004 se resolvió la demanda instaurada por
una persona en situación de desplazamiento que alegaba la afectación del
derecho a la vida en condiciones dignas en titularidad suya y de su familia, debido
a que el Banco Agrario le exigía el pago de una deuda asumida  con anterioridad
al desplazamiento, a pesar de esa eventualidad. En aquella ocasión, con base en
las razones jurídicas esgrimidas en la sentencia T-520 de 2003[53], se
encontró efectivamente configurada una violación de los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, “se orden[ó] al
Banco que le suministr[ara] [al actor] una respuesta adecuada a la situación
que plantea[ba]. Es decir, que le inform[ara] si existen alivios de crédito por
hacer parte de la población desplazada por la violencia; si puede acceder a
algunos de los créditos de que trata la Ley 418 de 1997 “por la cual se
consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de
la justicia y se dictan otras disposiciones”; si el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, puede hacer el redescuento de
la obligación del actor; si tiene derecho a subsidios; si se cuenta con otras
garantías además de la hipoteca, que prevean situaciones como la que padece el
demandante: abandono del inmueble que garantiza la obligación y pérdida de los
demás bienes. En todo caso, el Banco deb[ía] resolver el pedido del actor y
garantizarle que en la fórmula de arreglo que ac[ordaran] se tendr[ía] en
cuenta su condición de desplazado y sus condiciones económicas.”(negrillas pro fuera del texto original) [54]
En sentencia T-358
de 2008, de otro lado, se invocó el amparo una vez en curso el proceso
ejecutivo promovido por el Banco Agrario igualmente en contra de un ciudadano
víctima del desplazamiento forzado, controversia que resultó favorable a los
intereses de la parte accionante. Concretamente, se ordenó a la entidad
demandada acordar con el accionante nuevas opciones
reales para el pago de la deuda, en consideración a su condición de desplazado.”[55]
Se argumentó, in extenso:
“Es claro que el principio de buena fe
también impone deberes a los particulares y bien puede no haber lugar a que se
extingan las obligaciones civiles ni sus garantías, pero lo que sí debe ordenar
la Corte al Banco Agrario de Colombia es que reprograme el crédito, como le
viene instando el demandante, dentro de unas condiciones que le sean asequibles
y pueda honrar dentro de su penosa situación.
Debe la institución financiera accionada
realizar la actuación que le corresponda como demandante en la acción civil
iniciada en contra del actor en marzo 22 de 2007, que se adelanta ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán, para que ésta no
produzca los efectos ejecutivos correspondientes, lo cual no impide que se
vuelva a intentar el cumplimento de las nuevas condiciones y el drama del
desplazamiento hubiese sido atenuado, esto con el fin de hacer cumplir el
acuerdo al que lleguen y según la evolución de la situación provocada por el
desplazamiento forzado. En este nuevo acuerdo será considerada la abstención
del cobro anticipado de la deuda, de los intereses moratorios por el
incumplimiento, de los honorarios de abogado y de los demás gastos y costas
derivados del cobro judicial o extrajudicial de la deuda con el señor Oscar
Orlando García Díaz.
En cuanto a la protección del buen nombre
del actor, se ordenará a la referida entidad financiera, su representante legal o quien haga sus
veces, que en caso de que se hubiere realizado alguna anotación negativa del
actor originada por el incumplimiento de su crédito en las bases de datos en
CIFIN y Datacrédito, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación
de esta providencia, gestione lo necesario para que sean excluidas.
Además, el Banco informará al demandante
si existen alivios de crédito por hacer parte de la población desplazada por la
violencia, si tiene derecho a alguna clase de subsidio y si cuenta con
garantías que prevean situaciones como la que soporta él ahora.”[56]
Esta misma
fórmula fue empleada en sentencia T-312 de 2010 en la que se dispuso,
nuevamente haciendo una interpretación analógica de la regla prevista en la
sentencia T-520 de 2003, que “el secuestro en el
caso de la T-520 de 2003 tuvo un límite de tiempo. Razón por la cual, la
obligación de pagar los instalamentos vencidos durante este periodo no era exigible;
mientras que, a diferencia del secuestro, el desplazamiento en el presente caso
no tiene un límite de tiempo estimado, por lo tanto ordenar que no se haga
exigible la obligación crediticia durante el periodo de tiempo que dura el
desplazamiento resulta a todas luces desproporcional y ajeno a los fines
constitucionales de la acción de tutela. No obstante, la Sala adoptará el
mismo criterio mencionado en la citada sentencia. Por lo tanto, en cuanto a la
fase de readaptación que allí se menciona, para el caso particular, el
incumplimiento de las obligaciones por parte del demandante desde la fecha de
desplazamiento y hasta notificada la presente sentencia, no comportarán mora.”[57] La Sala Séptima de Revisión de Tutelas coligió, pues:
a)
La obligación contraída por una víctima del desplazamiento forzado previa su
ocurrencia no es exigible mientras persistan las circunstancias de indefensión
y debilidad que caracterizan el delito del desplazamiento y sus consecuencias,
debido a que ello acarrea la pérdida o alteración de las medios de producción
que de forma tradicional habían sido empleados por la víctima para la
manutención propia y la de su familia. Sin embargo, debido a que ordenar que la
suspensión de la obligación crediticia hasta la estabilización socio-económica
de la víctima podría resultar desproporcionado, se hace imperiosa la
renegociación de la deuda y la terminación de cualquier proceso ejecutivo que
se hubiese iniciado para su exigibilidad.
b)
En esa medida, el incumplimiento de las obligaciones por parte de la
víctima desde la fecha del desplazamiento hasta la notificación de la sentencia
que resuelve el proceso de tutela no comportarán mora, lo que implica a su vez
que sea inadmisible el uso de cláusulas aceleratorias y el cobro de intereses
moratorios durante dicho lapso.
c) Los intereses
de mora causados sobre las cuotas que se llegaron a pagar desde el momento del
desplazamiento hasta la notificación de la sentencia serán abonados al capital
total adeudado.
d) Se reconoce
el derecho que le asiste a la entidad bancaria para reclamar el pago de
intereses remuneratorios o de plazo causados a partir del momento del
desplazamiento sobre las cuotas que hayan dejado de pagarse a partir de dicha
fecha. Dichos intereses, al igual que las cuotas que están pendientes de pagar,
deben calcularse con sujeción al principio de solidaridad y teniendo en cuenta
las condiciones de desplazamiento del actor, para lo cual deberán llegar a
nuevos acuerdos de pago. Si no se llega a un acuerdo, se debe aplicar el
artículo 884 del Código de Comercio.
Para concluir,
cabe aludir a la sentencia T-726 de 2010, mediante la cual fue resuelto un caso
análogo desde el punto de vista fáctico y jurídico. En efecto, la tutela fue
impetrada por un ciudadano que adquirió un crédito en el año 1996 con la
entonces Caja de Crédito Agrario, obligación que se hizo exigible en el año
2002 dado su incumplimiento debido al acaecimiento de una evento violento que
le forzó a la movilización.  Durante el trámite del proceso ejecutivo mixto
iniciado en su contra, en el que se profirió sentencia en el año 2006, el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural inscribió una medida de protección sobre
el bien inmueble objeto de controversia.[58] Luego,
respecto de ese bien, de conformidad con la normatividad que regula el Sistema
de Registro de Predios y Territorios Abandonados por la violencia –RUPTA-, estaban
restringidas las posibilidades de enajenación o transferencia del dominio.
[59]
Constatada la
comisión de un defecto por desconocimiento del precedente constitucional en el
trámite del proceso ejecutivo cuestionado, la Sala reafirmó que “el hecho
del desplazamiento forzado constituye un impedimento que influye en la
exigibilidad de la obligación al hacer para el afectado por este delito y
deudor de una obligación, más onerosa su situación. De allí que se imponga al
acreedor la reestructuración de las obligaciones dinerarias, como efecto de lo
que la doctrina ha denominado teoría de la imprevisión, como quiera que la
consecuencia de dicha teoría es que ante una dificultad de características
graves que influye en el cumplimiento de la obligación, el deudor continúa
obligado a responder con la prestación, esto es, no queda exonerado de su
cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo con la equidad contractual.”
[60]
Entonces, sobre
la base del principio de solidaridad y los mandatos especiales de protección a
esta población, se ha erigido el deber de las entidades financieras de tener en
cuenta las restricciones propias de su condición para cumplir con los pagos a
los que se han comprometido y disponer, en consecuencia, “formulas de
arreglo” coherentes con la situación económica de esas personas.
Caso
concreto
Los
accionantes impetran tutela con el propósito de lograr la salvaguarda de los
derechos fundamentales a la vivienda digna, al acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, al derecho de defensa, al trabajo, al mínimo
vital, a la igualdad, a la restitución de tierras y a la dignidad humana, que
alegan amenazados debido a que en su contra cursa un proceso ejecutivo
garantizado con un bien inmueble de naturaleza rural de su propiedad, no
obstante el incumplimiento de la obligación se debió a la ocurrencia del
desplazamiento forzado.
En
efecto, éstos fueron beneficiarios de un subsidio para la adquisición de un
inmueble rural ubicado
en el corregimiento de Pita Abajo, municipio de San Onofre, otorgado en su
favor por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -hoy INCODER- en el año de 1997. Lo anterior
bajo la condición de que suscribieran contrato de mutuo con la Caja Agraria
para el otorgamiento del dinero restante, exactamente el 30% del valor total
del inmueble, debido a que el subsidio únicamente cubriría el 70% de ese monto.
Dos
años después fueron víctimas del desplazamiento forzado y en el 2001 la Caja
Agraria promovió en su contra proceso ejecutivo para el cumplimiento de las
obligaciones respaldadas en los pagarés N° 1341110, 1341111 y 1451139. [61]
Este trámite, en el que aparecen como ejecutados la Empresa Comunitaria ‘La
Alemania’ y otros, entre ellos los accionantes, cursa en el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Sincelejo que informó, en cumplimiento de una de las
órdenes dispuesta mediante auto de pruebas proferido el día 30 de junio de
2011, “que hasta la fecha no se ha fijado fecha para REMATE y por ende no
se ha registrado auto aprobatorio del mismo.”[62]
De
otra parte,  mediante resolución No. 997 de 2007 el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural ordenó la inscripción del predio cuyo número de matrícula
inmobiliaria corresponde al consecutivo 340-64319, el inmueble ‘La Alemana’, en
el Registro Único de Predios Abandonados (RUP) y la respectiva anotación en la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos en cuanto a la prohibición de
enajenar o suscribir cualquier acto jurídico respecto de dicho bien. De manera
puntual, de acuerdo con la copia del certificado de tradición que aparece
adjunta al expediente de tutela, a la anotación sobre la medida cautelar de embargo
real mixto (de fecha 2 de agosto de 2001), le sigue una anotación de la
medida de ‘prevención registradores abstenerse de inscribir actos de
enajenación o transferencia a cualquier título’  hecha el día 17 de
septiembre de 2007 en virtud de la resolución N° 997 de 2007 del INCODER de
Montería.[63]
Con
posterioridad, mediante escrito radicado el día 21 de noviembre de 2007, los
accionantes solicitaron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo
abstenerse de rematar el predio perseguido en el proceso ejecutivo, toda vez
que el incumplimiento de las obligaciones se debió a su condición de
desplazados por la violencia; sin embargo, el día 12 de diciembre de 2007, el
Juez Segundo Civil del Circuito de Sincelejo respondió a la solicitud mediante
oficio dirigido a la empresa comunitaria “La Alemana”, en donde se indicó que
el derecho de petición no resultaba pertinente en este tipo de actuaciones, ya
que éste no procede para poner en marcha el aparato judicial.[64]
Con
base en ese panorama fáctico se determinó que el problema jurídico a considerar
por parte de esta Sala de Revisión consistía en establecer, de un lado, si el
despacho accionado incurrió en causales generales y especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales al proferir una providencia
en la que se ordenó el mandamiento de pago, muy a pesar del uniforme precedente
constitucional que dispone la aplicabilidad del principio de solidaridad frente
al cobro de obligaciones pecuniarias contraídas por víctimas del desplazamiento
forzado, en el contexto de procesos ejecutivos iniciados para el cumplimiento
de las mismas, siempre que éstas hayan sido contraídas previo el desplazamiento.
Se
encontró, en el estudio preliminar, que una de las partes de la tutela, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, alegaba la incursión, por
parte de los accionantes, en el fenómeno de la temeridad, dada la interposición
previa de una demanda de tutela en relación con hechos y pretensiones supuestamente
análogos. Sin embargo, del estudio del material probatorio contenido en el
presente expediente de tutela se hizo evidente que, si bien eran idénticas las
partes y los hechos característicos de la tutela impetrada con precedencia, las
motivaciones eran disímiles. Así consta en las sentencias proferidas el día 19
de junio y el 11 de septiembre de 2008 por la Sala III Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Sincelejo y la Corte Suprema de Justicia,
respectivamente. En ambos fallos se puntualizó que el asunto objeto de
controversia giraba alrededor de la notificación del proceso ejecutivo, debate
que fue resuelto en consideración al principio de subsidiariedad, de cuya
lectura se determinó “que los accionantes no acudieron a los recursos y/o
excepciones que la ley le brinda para solicitar las nulidades que hoy pretende
[sic] se decreten por vía de tutela, pues si los actores consideran que no se
les notificó en debida forma, se les hizo el emplazamiento, o que con el edicto
publicado el 19 de octubre de 2003 se notificaron personas que ya habían sido
desaparecidas y asesinadas, debieron alegarlo en la oportunidad procesal
pertinente para ello (…)”[65]
En
definitiva, ello descarta la incursión de la parte accionante en una conducta
temeraria, toda vez que la misma presupone que (i) se hayan presentado con
anterioridad varias acciones de tutela por los mismos hechos y para el logro de
las mismas pretensiones;  en oportunidades diferentes, ya sea ante distintos
jueces o ante el mismo juez; (ii) sean presentadas por la misma persona o en
nombre suyo; y (iii) no exista un motivo que razonablemente justifique la
interposición reiterada de la tutela. En el particular, las pretensiones
son claramente diferenciables, pues en la tutela impetrada en 2008 se alegó un
defecto por indebida notificación, mientras en la tutela aparentemente
temeraria se discute la constitucionalidad de la actuación judicial en la que se
dispuso la exigibilidad de la deuda incumplida por los actores en razón de su
condición de víctimas. Luego, no hay lugar al juicio sobre la temeridad de la
acción.
Ahora
sí, corresponde hacer un examen sobre la satisfacción de los requisitos
genéricos y específicos para la interposición de una tutela en contra de una
decisión judicial.
En
primer lugar, resulta evidente que se trata de un asunto constitucionalmente
relevante, pues el efecto determinante de la culminación del proceso ejecutivo,
en el que ya fue aprobado el mandamiento de pago, es la pérdida definitiva del
inmueble de propiedad de los accionantes, quienes ya bastante se han visto
afectados con el despojo arbitrario de sus tierras, en razón del conflicto
armado. Resultaría además excesivamente gravoso que sujetos susceptibles de
especial protección estatal, sean condenados a la privación de sus tierras por
motivos que exceden su voluntad y determinación. Así mismo se satisfizo la
carga, en cabeza de los petentes, de exponer de forma razonable y suficiente
los hechos que motivaron la acción de tutela, razones que igualmente fueron
aducidas en el contexto del proceso ejecutivo, pero que no fueron de recibido
por cuestiones estrictamente formales. [66]
Las
razones para cuestionar este último punto coinciden con las que sustentan el
cumplimiento de los requisitos sobre el agotamiento de los medios de defensa y
la satisfacción del criterio de inmediatez. En esencia, la acción de tutela
constituye el instrumento judicial más apropiado para obtener el amparo de los
derechos fundamentales en cabeza de la población desplazada, concretamente por
el hecho de que respecto de los mismos es predicable una singular protección
constitucional[67],
merced a las circunstancias particulares de vulnerabilidad, indefensión y
debilidad manifiesta en la que se encuentran, mandato extensivo a todas las
autoridades judiciales y administrativas, en virtud del artículo 2° de la Carta
Política. En este caso, esa máxima habría de proyectarse en los operadores
judiciales, que tenían el deber de orientar y acompañar de manera especial a
los actores, en tanto sujetos en situación de vulnerabilidad, lo cual se echó
de menos en el particular. A más de lo anterior,  la pérdida definitiva de la
propiedad, como consecuencia ineludible de la culminación de un trámite
ejecutivo, parece una carga excesivamente gravosa para quienes incurrieron en
incumplimiento por razones ajenas a su determinación y voluntad. Este mandato
igualmente obliga a considerar de forma flexible el juicio de inmediatez, ya
que las condiciones mismas del desplazamiento justifican la activación tardía
del aparato judicial.
Entonces,
el argumento de la improcedencia de la tutela so pretexto de la existencia de
otros medios ordinarios de defensa judicial, en particular la nulidad del
proceso ejecutivo, deberá ser derrotado no sólo por tratarse de sujetos de
especial protección constitucional que merecen singular amparo del Estado, sino
por ser además un asunto que requiere inmediata atención a efectos de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable, como sería el remate del bien
inmueble de propiedad de los accionantes, víctimas del desplazamiento forzado
que se vieron impedidos para el obedecimiento de sus obligaciones a raíz de
tales circunstancias extraordinarias.
Ahora
sí, en cuanto a las causales específicas para la procedibilidad de la tutela, las
particularidades del caso ameritan su valoración bajo la lupa de la jurisprudencia
constitucional sobre la aplicación del principio de solidaridad a favor de
deudores en situación de desplazamiento, a fin de establecer si se configuró un
defecto por inaplicación del precedente.
A
efectos de responder este interrogante tenemos, inicialmente, que de acuerdo
con la resolución No. 997 de 2007 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
el inmueble que habitaban los  accionantes fue inscrito en el Registro Único de
Predios Abandonas por la Violencia a partir de esa fecha, lo que constituye
prueba documental del abandono del bien y el correlativo desplazamiento involuntario
de los demandantes. Igualmente, se constató que los demandantes efectivamente
habían suscrito la obligación que ahora se hace exigible con anterioridad a la
consumación del desplazamiento; que en el proceso ejecutivo iniciado en su
contra no se ha dictado auto de aprobación del remate; y muchos menos hay
involucrado un tercero adquirente de buena fe, supuestos que autorizan la
aplicación preferente del principio de solidaridad y la ratio decidendi contenida
en las providencias referenciadas en el acápite anterior, especialmente en la
sentencia T-726 de 2010.[68]
Así
pues, se trata de una controversia en la que el mandato de solidaridad demanda
la consideración, frente al incumplimiento por parte de víctimas del
desplazamiento forzado, justamente de las particulares condiciones de los
deudores, que han visto afectada su voluntad por circunstancias imprevisibles,
extraordinarias y completamente ajenas.
Como se explicó
con precedencia, “el hecho del desplazamiento forzado constituye un
impedimento que influye en la exigibilidad de la obligación al hacer para el
afectado por este delito y deudor de una obligación, más onerosa su situación.
De allí que se imponga al acreedor la reestructuración de las obligaciones
dinerarias, como efecto de lo que la doctrina ha denominado teoría de la
imprevisión, como quiera que la consecuencia de dicha teoría es que ante una
dificultad de características graves que influye en el cumplimiento de la
obligación, el deudor continúa obligado a responder con la prestación, esto es,
no queda exonerado de su cumplimiento, empero se impone un ajuste de acuerdo
con la equidad contractual.” [69]
La
novación de la deuda se erige, entonces, en la alternativa más próxima al
mandato de solidaridad y el equilibrio entre las partes, ya que se exhorta a la
consecución de un consenso respecto a las condiciones para el cumplimiento de la
prestación. De esta forma se asegura el acatamiento de una obligación
debidamente contraría y se evita la consumación de un enriquecimiento sin justa
causa, pero con atención a las singulares características del sujeto obligado.
Con
todo, debido a que el inmueble que constituye la garantía de la obligación está
sujeto al sistema de protección de patrimonios y tierras de la población
desplazada, es claro que el mismo está excluido del comercio jurídico, dado el
alcance de estas medidas. Recordemos que de conformidad con la normativa
aplicable,  únicamente es admisible la transferencia del derecho de dominio de
los bienes sujetos a este sistema respecto de los cuales  i) se obtiene la
autorización del respectivo Comité, o ii) la transferencia se haría a favor del
Incora –ahora Incoder-, supuestos que están condicionados a que la solicitud
sea efectuada por el propietario del bien.”[70]
Lo
anterior determina que respecto de los inmuebles sujetos a este sistema de protección
no sea admisible la concreción de negocio jurídico alguno, ya que éstos
constituyen objeto ilícito, al tenor del artículo 1502 del Código Civil. Así
las cosas, se trata de un inmueble que no constituye garantía y que no podrá
cumplir con esa finalidad, dado que en virtud del sistema de protección de
tierras y patrimonio de la población desplazada, su enajenación está prohibida.
En razón de ello, se dispondrá la nulidad del proceso ejecutivo, no sólo porque
se funda en una obligación que fue incumplida por un evento imprevisible, sino
porque la garantía del mismo está representada por un objeto ilícito, que no
podrá ser rematado en consecuencia.
Dada
la nulidad del proceso ejecutivo, se dispondrán efectos inter pares  respecto
de todos los desplazados ejecutados en el proceso que cursa ante el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Sincelejo bajo el radicado N° 2001-00174-00, que fueron
vinculados al proceso de tutela el día treinta (30) de agosto de dos mil
diez (2010) por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo.[71] Así, se
ordenará la realización de sendos acuerdos de pago entre las partes del proceso
ejecutivo de referencia y la Compañía de Gerenciamiento Ltda., que serán pactados
en consideración a las posibilidades económicas de cada uno de los deudores y
las pautas dispuestas para el efecto en reiterada jurisprudencia
constitucional. A falta de garantía suficiente por parte de las víctimas del
desplazamiento forzado demandadas en el proceso ejecutivo de la referencia, de
conformidad con el artículo 128 de la Ley 1448 de 2011, que remite al artículo 38
de la Ley 418 de 1997, la obligación será garantizada por el Fondo Nacional de
Garantías.
III. DECISIÓN
La Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR
la sentencia proferida el
día 9 de diciembre de dos mil diez (2010) por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia en el trámite de la acción de tutela iniciada por Eder José
Torres y otros en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, la
Caja Agraria- en liquidación y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-
INCODER.
SEGUNDO.-
CONCEDER
la tutela en favor de Eder José Torres y otros en contra del  Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Sincelejo, la Caja Agraria- en liquidación y el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural- INCODER y, en consecuencia, ORDENAR la
nulidad del proceso ejecutivo mixto que cursa en el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Sincelejo bajo el  radicado N° 2001-00174-00 promovido por la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación en contra de la Empresa
Comunitaria ‘La Alemania’ y otros, que fue cedido a la Compañía de
Gerenciamiento de Activos Ltda.
Una vez
notificada la sentencia, las partes en el proceso ejecutivo deberán llegar a
nuevos acuerdos de pago con el fin de continuar la relación contractual, obligaciones
que serán pactadas en atención a las posibilidades económicas actuales de los
ejecutados, el principio de solidaridad y las siguientes pautas:
2.1. La Compañía
de Gerenciamiento de Activos Ltda. se abstendrá de cobrar intereses de
mora respecto de los pagarés N°  1341110, 1341111 y 1451139, inicialmente
suscritos entre la Empresa Comunitaria ‘La Alemana’ y otros con la Caja
Agraria, actualmente cedidos a la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda. Lo
anterior desde la fecha del desplazamiento  hasta de la notificación de la
presente sentencia.
2.2. De haberse pactado
cláusulas aceleratorias, éstas no tendrán aplicabilidad. En todo caso, la Compañía de
Gerenciamiento de Activos Ltda. no podrá cobrar anticipadamente la
totalidad de la deuda por las cuotas atrasadas a partir de la fecha del
desplazamiento hasta la notificación de la presente sentencia.
2.3. Los
intereses moratorios que eventualmente hayan sido causados con anterioridad al
desplazamiento deberán pagarse en la forma convenida por las partes y, en su
defecto de conformidad, con el máximo permitido por la ley. Así, de existir una
mora anterior al desplazamiento, los intereses moratorios adeudados serán
aquellos que se causen sobre las cuotas que eran exigibles y no habían sido
pagadas antes del desplazamiento. No obstante, desde el momento del
desplazamiento y hasta notificada la presente sentencia, no se causarán
intereses moratorios. Igualmente, si posterior al desplazamiento el accionante
pagó intereses de mora, el banco deberá abonar estos pagos al saldo del capital
total adeudado.
TERCERO.- A falta de
garantía suficiente por parte de las víctimas del desplazamiento forzado
demandadas en el proceso ejecutivo de la referencia, de conformidad con el
artículo 128 de la Ley 1448 de 2011, que remite al artículo 38 de la Ley 418 de
1997, la obligación será garantizada por el Fondo Nacional de Garantías.
CUARTO.- ORDENAR que por
Secretaría General de esta Corporación se libren las comunicaciones previstas
en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNERTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En dicha
escritura figuran como compradores los señores Elkin Salgado Herrera; Manuel
Licona Julio y su compañera permanente Carmen Helena Berrio Flórez; Hernán
Meléndez Urrutia; Pedro Manuel Varón Moguea y su compañera permanente Carmen
Contreras Silgado; Nilson Herrera Campo; Prisciliano Herrera Herazo; Gumercinda
Torres de Mendoza; Rosa Isabel Cancio Herazo; Eder José Torres Cancio; Alberto
Villamizar Luna; Pedro Segundo Carrascal Zarza y su conyugue Olga Popa Berrio;
José Joaquín Blanco Torres y su conyugue Gladys Esther Herazo de Blanco; Yonis
Moguea Castro; Ana Rosa Torres de Licona; Alasil Baena Mejía; Argemiro
Rodríguez Ricardo y su conyugue Maria Oneida Moguea; Manuel Trinidad Castro Berrio;
Robinson Blanco Torres y su conyugue Luz Marina Meléndez de Blanco; Jaime de
Jesús Mena Montes y su conyugue Eneida Ramirez de Castro; Jorge Antonio Torres
Ricardo y su conyugue Ana Francisca Buelvas Torres; Agustín Ricardo Silgado y
su compañera permanente Noris Judith Babilonia Pitalua; Sergio Antonio Tosscana
Bassa y su compañera permanente Martha Isabel Ladeau Márquez; Sofanor Silvado
Moguea y su conyugue Perseveranda Julio Lincona; Zoida Sofía López; Wadith
Antonio Baiz Villalba y su conyugue Mayda Luz Benitez Ruiz; Jairo Martinez
Diaz, y su compañera permanente Enilsa Mejía Cardenas; Rogelio Antonio Mejía
Mercado y su conyugue Julio Isabel Torres Cancio; WilfrIdo Barragán Martinez y
su compañera permanente Madalina Amaya Vencino; Sofanor Torres Cancio y su
compañera permanente Yaneth Vergara Alvarez; Roque Jacinto Silgado Moreno y su
conyugue Enith del Carmen Lincona Torres; Maria Ricardo Julio; Pedro Ramiro
Pereira Ricardo y su conyugue Alcira Silgado Moreno; Damaso Bello Torres y su
conyugue Marleny Mendoza de Bello; Josefina Barragán Campo; Juan Moguea
Mendoza; Yarsil Moguea Castro; José Rafael Suarez Polo y su compañera
permanente Carmen Cecilia Geney Vergara; Pedro Antonio Barros Atencio y su
compañera permanente Nelsy Passo Contreras; Vicente Mármol Berrio; Amaury
Martínez Vergara y su compañera permanente Paula Mármol; Alvaro Enrique Feñate
Beltrán; Rodrigo Rafael Feñate Beltrán y su conyugue Nelcy del Socorro Montes
de Peñates; Rafael Antonio Solar Torres y su compañera permanente Aracely Berrio
Berrio; Etanilsao Gómez Contreras y su compañera permanente Maria Martínez
Navarro; María Magdalena Mendoza de Cabarcas; Edgar Enrique Berrio Berrio y su
compañera permanente Gladys del Carmen Martínez Marrugo; Ismael Lara Pacheco y
su conyugue Luz Edith Zabaleta Berrio; Wilson de Jesús Julio Arrieta; Garybaldi
Berrio Batista; Javier Enrique Agamez Hernández; Narcido Silgado Torres y su
cónyuge Nevis Silgado Silgado; todos mayores de edad.
[2] De acuerdo con certificado de
existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Sincelejo la entidad, sin ánimo de lucro, está identificada con el NIT 892.280.013-2.
[3] Folio 35m cuaderno 2.
[4] Folios 4 a 7, cuaderno 2
[5] Folio 123, cuaderno 3.
[6] Folios 125 y 126, cuaderno 3.
[7] Folio 62, cuaderno 2.
[8] Folio 62, cuaderno 3.
[9] Folio 70, cuaderno 3
[10] Folio 57, cuaderno 3.
[11] Folio 50, cuaderno 3.
[12] Folio 194, cuaderno 2.
[13] Folio 192, cuaderno 2.
[14] Folio 26, cuaderno 1.
[15] Folio 108, cuaderno 1.
[16] Folios 192 a 194, cuaderno 1.
[17] Folio 172 a 174, cuaderno 1.
[18] Folios 236 a 240, cuaderno 1.
[19] Folio 132, cuaderno 3.
[20] Folio 259, cuaderno 1.
[21] Folio 263, cuaderno 1.
[22] Folio 263, cuaderno 1
[23] Folio 265, cuaderno 1
[24] Folio 10 a 11, cuaderno 3
[25] Folio 11, cuaderno 3
[26] Folio 57, cuaderno 3.
[27] Folios 4 a 7, cuaderno 2
[28] Así fue certificado mediante
informe fechado el día 11 de julio de 2011 recibido en el despacho del
Magistrado Sustanciador en la misma fecha, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Audith del Socorro Pérez Martínez.
[29] De manera
puntual, de acuerdo con la copia del certificado de tradición que fue adjuntada
al expediente de tutela, a la anotación sobre la medida cautelar de embargo
real mixto en cuestión (de fecha 2 de agosto de 2001), le sigue una
anotación de la medida cautelar de ‘prevención registradores abstenerse
de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título’  hecha
el día 17 de septiembre de 2007 en virtud de la resolución N° 997 de 2007 del
INCODER de Montería. Folio 57, cuaderno 3.
[30] Folio 50, cuaderno 3.
[31] “(…) Los términos "autoridades
públicas" se reservan para designar aquellos servidores públicos llamados
a ejercer, dentro del ordenamiento jurídico que define sus funciones o
competencias, poder de mando o decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan
a los gobernados”.  Sentencia C-543 de
1992
[32] Sentencia T-212 de 1995
[33] Sentencia T-231 de 1994
[34] En aquella ocasión se demandó la
inexequibilidad de la expresión “ni acción” contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque su incorporación en el texto del mismo daba a entender que contra un
fallo dictado en sede de casación ni siquiera la acción de tutela resultaba
procedente. El aparte en el que se encontraba la fórmula demandaba rezaba: “Artículo
185.  Decisión.
Cuando la Corte aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas,
dictará el fallo dentro de los sesenta  (60)  días siguientes a la
audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de
revisión.”
La Corte decidió declarar inexequible la precitada
expresión.
[35] Sentencia C-1011 de 2008.
[36] En el mismo sentido pueden ser
consultadas las sentencias T-676  y T-212 de 2005.
[37] Sentencia T-520 de 2003.
[38] T-520 de 2003.
[39] C-1011 de 2008 y T-520 de
2003
[40] Ibídem
[41] Ibídem
[42] Sobre la equiparación entre
secuestrados y desaparecidos forzadamente, respecto al reconocimiento de
protección especial y tratamiento diferenciado frente al cumplimiento de sus
obligaciones, la sentencia T-676/05, señaló: “Como ha reconocido la
jurisprudencia constitucional las personas secuestradas y desaparecidas se
hallan en un estado de debilidad manifiesta , de dicha circunstancia puede derivarse
que sus derechos fundamentales sean afectados por la conducta de terceros,
ajenos a los hechos que originaron tal situación. En tales casos adquiere
relevancia la figura jurídica de los deberes constitucionales entre los cuales
se cuenta el deber de solidaridad respecto de las personas secuestradas, pues
si el tercero que se encuentra en posibilidad fáctica y jurídica de cumplir los
deberes de esta naturaleza, decide no hacerlo estaría vulnerando, prima facie,
los derechos fundamentales de la persona en situación de debilidad, incluso
cuando el incumplimiento de su deber corresponda al ejercicio de un derecho o
de una libertad protegida por el ordenamiento jurídico. || Si bien por regla
general la jurisprudencia constitucional ha condicionado la justiciabilidad de
los deberes fundamentales a la existencia de previsiones legales que delimiten
su alcance y contenido , excepcionalmente ha admitido su exigibilidad por vía
de tutela , aun cuando no hayan sido previamente definidos por el legislador,
como ha sido precisamente el caso de las personas secuestradas. || Entre los
deberes de solidaridad que vinculan a terceros respecto de las personas
secuestradas la jurisprudencia constitucional ha señalado específicamente dos
cuales son: el deber a cargo de los patronos –trátese de entidades estatales o
de particulares- de continuar pagando el salario de las personas secuestradas o
desaparecidas para la protección de su núcleo familiar , y el deber -predicable
de sus acreedores especialmente cuando se trate de entidades bancarias- de no
exigir las cuotas de la deuda durante el secuestro ni durante la fase de
readaptación de la persona demandada . Deberes que adicionalmente ya han sido
ampliamente recogidos por el ordenamiento jurídico vigente, especialmente por la Ley 589 de 2000. || A juicio de esta Corporación el cumplimiento de tales deberes guarda
estrecha relación con derechos fundamentales de las personas secuestradas,
desaparecidas, y de su núcleo familiar, tales como el derecho al mínimo vital,
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho general de
libertad o la dignidad humana, razón por la cual pueden ser exigibles por medio
de la acción de tutela. || En todo caso la exigibilidad de tales deberes por
medio de la acción de tutela dependerá de las circunstancias fácticas que
caractericen la situación en que se encuentra el secuestrado o desaparecido y
su núcleo familiar y de la efectiva demostración de la vulneración de derechos
fundamentales. En efecto, carecería de sentido, desde la perspectiva de
protección de los derechos fundamentales, exigir el cumplimiento del deber de
pago del salario si no se comprueba una afectación del mínimo vital del núcleo
familiar o de las personas que dependían económicamente del plagiado.
Igualmente no sería razonable impedir que las entidades bancarias acreedoras
satisficieran los créditos de los cuales son titulares cuando el secuestrado o
desaparecido cuente con un patrimonio suficiente para responder por las
obligaciones a su cargo y haya sido designado un curador responsable de sus
bienes.” Sentencia C-1011 de 2008
[43] C-1011 de 2008.
[44] Artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
[45] Principio N° 2 del texto de los ‘Principios
Deng’.
[46] Ibídem.
[47] En términos de la Corte Suprema de Justicia “[e]sta teoría radicalmente distinta de la noción de error y de
fuerza mayor, tiene por base la imprevisión, es decir que se trate de hechos
extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por
las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento
de la obligación, lo dificulta en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el
contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad. No se trata en
suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, lo que constituye ya la fuerza
mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la proveniente de una grave
crisis económica, de una guerra, etc.”  Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 25 de febrero de 1937.
[48] Artículo 128 de la Ley 1448 de 2011, ubicado en el capítulo V del título IV, titulado créditos y pasivos.
[49] Artículo 15 de la Ley 418 de 1997.
[50] “ARTÍCULO
16. <Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 782 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> En desarrollo del principio de
solidaridad social, y dado el daño especial sufrido por las víctimas, estas
recibirán asistencia humanitaria, entendida por tal la ayuda indispensable para
sufragar los requerimientos esenciales, a fin de satisfacer los derechos que
hayan sido menoscabados por los actos enunciados en el artículo 15. Esta ayuda
humanitaria será prestada por las entidades públicas así: Por la Red de Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal y de acuerdo con las directrices
que para el efecto señale su Consejo Directivo, y por las demás entidades
públicas señaladas en la presente ley, dentro del marco de sus competencias,
siempre que la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del
hecho.
PARÁGRAFO
1o. En caso fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la víctima presentar
oportunamente la solicitud, el término a que se refiere la presente disposición
debe contarse a partir del momento en que cesen los hechos motivo de tal
impedimento.
PARÁGRAFO
2o. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en el Presupuesto
General de la Nación –Red de Solidaridad Social–, con el objeto de prestar
asistencia humanitaria, conforme a los fines previstos en la presente ley.
PARÁGRAFO
3o. La ayuda humanitaria será entregada por la Red de Solidaridad Social en forma directa, asegurando la gratuidad en el trámite, para que los beneficiarios la
reciban en su totalidad.
PARÁGRAFO
4o. Los beneficios de contenido económico que se otorguen a los desplazados se
regirán por la Ley 387 de 1997.”
[51] “ARTÍCULO
32. DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE O FLUVIAL. <Artículo
modificado por el artículo 2 de la Ley 1421 de 2010. El nuevo texto es el
siguiente:> La entidad financiera de naturaleza oficial que determine el
Gobierno Nacional, redescontará los préstamos que otorguen los distintos
establecimientos de crédito para financiar la reposición o reparación de
vehículos (terrestres o fluviales), maquinaria, equipo, equipamiento, muebles y
enseres, capital de trabajo de personas naturales o jurídicas, tengan o no la
calidad de comerciantes, y la reparación o reconstrucción de inmuebles
destinados a locales comerciales, cuando se trate de víctimas de los actos a
que se refiere el artículo 6°  de la Ley 782 de 2002 o en los casos en que la
alteración del orden público lo amerite.
Todos
estos muebles, enseres e inmuebles, deben ser afectados cuando se trate de
víctimas de los actos a que se refiere el artículo 6° de la Ley 782 de 2002 o en los casos en que la alteración del orden público lo amerite.
Así
mismo, en desarrollo del principio de solidaridad la entidad financiera de
naturaleza oficial que determine el Gobierno Nacional, otorgará directamente a
las víctimas de los actos a que se refiere el artículo 6° de esta ley,
préstamos para financiar la reconstrucción o reparación de inmuebles
afectados.”
[52] Artículo 38 de la Ley 418 de 1997.
[53] En esta sentencia de tutela se
analizó el supuesto de hecho en el cual, en contra de una víctima del
secuestro, dos entidades bancarias iniciaron un juicio ejecutivo con el fin de
hacer exigible obligaciones derivadas de un título ejecutivo suscrito antes de
la ocurrencia del delito. En esta providencia; partiendo del deber de
solidaridad que deben tener las entidades financieras -en razón a que prestan
un servicio público- con respecto a las personas víctimas del secuestro, se
sentaron grosso modo las siguientes subreglas:
a) El
hecho del secuestro, considerado como una circunstancia imprevisible e
irresistible y por tanto constitutiva de fuerza mayor, podía ser alegado en el
proceso ejecutivo, por medio de la excepción a la acción cambiaria contenida en
el numeral 12 del artículo 784 del Código Comercio. Dicho artículo trata de que
se puede proponer como excepciones “las derivadas del negocio jurídico que
dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que
haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que
no sea tenedor de buena fe exenta de culpa”.
b) A
pesar de existir esta vía procesal para alegar la situación del secuestro, en
este caso la tutela fue procedente bajo la consideración de que probar el
secuestro como un hecho imprevisto, imprevisible e irresistible, y probar a su
vez la relación causal entre este hecho y el incumplimiento de la obligación,
es una carga probatoria desproporcionada e irracional para el afectado.
b) La
circunstancia del secuestro al constituir una fuerza mayor exime de
responsabilidad al deudor dentro del proceso ejecutivo (artículo 1604 del C.C.,
aplicable por remisión a la normatividad civil que hace el artículo 822 del
Co.Co.)
c) Una
vez liberada, la persona secuestrada se enfrenta a unas determinadas
condiciones mentales y económicas que prohíbe a la entidad bancaria imponerle
cargas, como quiera que no está en condiciones de igualdad con el resto de la
población. De este modo, a pesar que la entidad bancaria tiene el derecho a
exigir el cumplimiento de la obligación, el deudor no está en capacidad de
cumplirla por la coacción de un tercero.
d) El
ejercicio del derecho a la autonomía privada es protegido si con su uso se
respeta los derechos ajenos, el interés general y se contribuye al progreso y
al bienestar general (T-338-93). Empero, los límites a la autonomía contractual
no es posible fijarse de antemano con prescindencia del bien jurídico que esté
enfrentado en cada caso. El artículo 333 de la Constitución Política faculta limitar a la autonomía individual en aras del bien común.
e) El
deber de solidaridad limita la autonomía de las relaciones contractuales cuando
una desprotección en materia contractual compromete derechos fundamentales. Las
controversias contractuales son resueltas por las disposiciones legales. Sin
embargo, si de las obligaciones contractuales depende la subsistencia autónoma
y libre de una de las partes y no existe remedios legales, este asunto se torna
de relevancia constitucional.
f) Si
se protegen las desigualdades en el contrato, aún mas se pueden limitar los
derechos del acreedor, pues éstos no son absolutos.
g) Por
medio de figuras como la buena fe, la fuerza mayor, el caso fortuito y la
imprevisión se protegen a los deudores, limitando la autonomía privada, esto
es, el pacta sunt servanda. Estas figuras reconocen circunstancias
ajenas al deudor que escapan de su control que impiden el cumplimiento de la
obligación o la hacen onerosa, y por ende le impiden al acreedor exigir el
cumplimiento de la obligación al deudor, difiriendo su exigibilidad o cambiando
las condiciones. Si lo anterior no fuera así, esto es, si se desconociera las
circunstancias que impiden o hacen mas oneroso el cumplimiento de la obligación
se violaría el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
h)
Teniendo en cuenta las anteriores premisas se consideró que no es exigible los
instalamentos vencidos durante el término del secuestro, pues este hecho
físicamente impide cumplir las obligaciones. Como no eran exigibles, no se
causa mora, pues el deudor no estaba en la facultad de decidir libremente si
cumplía o no con sus obligaciones, de allí que no se pueda generar
responsabilidad de sus actos. De este modo, la fuerza mayor exime de responsabilidad
al deudor y por ende no le es imputable la mora. Si no se generara esta
consecuencia, se vulneraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad
del secuestrado, pues se le estaría atribuyendo una conducta culposa por
circunstancias ajenas a su voluntad, ya que la responsabilidad imputada
escapaba de su ámbito de acción y de control.
i) La
fuerza mayor se atribuye a la circunstancia en que se encontraba el secuestrado
y también la de toda su familia, pues, en este caso, la persona víctima del
secuestro desarrollaba personalmente y por cuenta propia la actividad económica
de que era dependiente la familia, irradiando de esta forma la fuerza mayor a
los demás obligados. Además, por este hecho la familia se encontraba en una
situación de extrema necesidad.
j)
Prolongación de los efectos del secuestro e inexigibilidad las cuotas durante
la fase de readaptación, esto es, la no exigibilidad de las cuotas durante el
año siguiente a la terminación del secuestro, pues se considera que en este
tiempo el sujeto adquiere su capacidad económica y laboral, y supera la
afectación psicológica a la que fue sometido. De este modo, si se cobra durante
este tiempo las obligaciones es una carga económica desproporcionada, onerosa,
imprevista, imprevisible y adicional a la persona víctima del secuestro que
implica una amenaza a la capacidad de retomar su propio plan de vida. Bajo la
misma consideración, durante este lapso no se deben cobrar intereses, pues el
deudor secuestrado y liberado no tiene culpa al no poder materialmente cumplir
su obligación.
k) El
hecho de que las entidades bancarias adelantaran un proceso ejecutivo a
sabiendas de la situación en que se encontraba el deudor, afecta la buena fe de
las relaciones contractuales y abusa de la administración de justicia, pues
desconoce las circunstancias excepcionales del incumplimiento.
Con
base en lo anterior se tuteló el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de
la personalidad del accionante y en consecuencia se ordenó suspender el proceso
ejecutivo por el término de un mes. En ese mes las partes deberán novar los
contratos iniciales, el demandante debe suscribir nuevamente los pagarés y
demás títulos valores que respaldaban el cumplimiento de las obligaciones en
las relaciones contractuales iniciales, así como las hipotecas y demás
garantías reales que se hubieran constituido. Una vez se hayan novado los
contratos y se hayan otorgado las garantías reales y personales, en los mismos
términos que en los contratos iniciales, los bancos deberán solicitar a los
jueces, la terminación anticipada de los procesos ejecutivos interpuestos.
El nuevo
acuerdo debe tener en cuenta que: los intereses remuneratorios desde el
secuestro hasta la sentencia deben calcularse de acuerdo con las circunstancias
del deudor, si no se llega a un acuerdo puede cobrar los intereses corrientes
bancarios que correspondan a ese período; las entidades bancarias se abstienen
de cobrar anticipadamente la deuda mediante uso de cláusulas aceleratorias; no
se puede exigir al deudor intereses moratorios por incumplir el pago durante el
periodo del secuestro y hasta el mes siguientes de notificación..
[54] Sentencia T-419 de 2004.
[55] Sentencia T-358 de 2008.
[56] Sentencia T-358 de 2008.
[57] Sentencia T-312 de 2010.
[58] Punto 2.1.2 de los antecedentes
de la Sentencia T-726 de 2010.
[59] El
sistema de protección de tierras y patrimonios de la población desplazada, que
tiene como objetivos centrales la prevención del desplazamiento y el
aseguramiento de condiciones propicias para el retorno y reparación de las
víctimas de esta violación, está constituido por las rutas de protección
individual, colectiva y étnica, que están orientadas por el mismo propósito,
pero que se distinguen en razón de las particularidades del desplazamiento, es
decir, dependiendo de si éste es individual, masivo o afecta a un grupo étnico
minoritario, respectivamente.
En síntesis, el sistema
de protección de tierras y patrimonios de la población desplazada, que nutre el
Registro Único de Predios Abandonados por la Violencia, está integrado por tres ‘rutas de protección’: i) una individual,
instrumento aplicable en los casos de desplazamientos ‘no masivos’ soportados
por sujetos que no sean identificados como miembros de un grupo étnicamente
minoritario, es decir, los que afecten un número menor de 10 familias o 50
personas individualmente consideradas; ii) una colectiva, que es ajustable a
los desplazamientos masivos igualmente de sujetos de los que no se predique tal
condición étnica, osea, en los que se vean involucradas más de 10 familias o 50
personas; y iii) una étnica, cuyos parámetros fueron planteados en el auto 005
de 2009, prevista originalmente para la protección de los derechos
territoriales en titularidad de la población afrodescendiente, pero extensible
a los demás grupos étnicamente representativos.
[60] Fundamento jurídico N° 12.5 de la sentencia
T-726 de 2010. Es más, en esta oportunidad se puso de presente que la injerencia del juez en la
restructuración de las obligaciones en asuntos concernientes al cumplimiento de
éstas ante la dificultad del deudor, es una situación que no ha sido ajena a la
regulación jurídica de otros países., como ejemplo de lo cual se trajo a
colación el artículo 1244 del Código Civil francés, en el que se dispone:
“Artículo 1244:
El deudor no puede obligar al acreedor a recibir el pago parcial de una deuda,
aunque ésta sea divisible.
Artículo 1244-1:
Sin embargo, teniendo en cuenta la situación del deudor y considerando las
necesidades del acreedor, el juez puede, máximo dentro de los dos años siguientes,
disminuir o escalonar el pago de las sumas debidas.
Mediante
decisión especial y motivada, el juez puede ordenar que, sobre las sumas que
están en mora, se cobre un interés a una tasa reducida que no puede ser
inferior a la tasa legal o puede ordenar que esos pagos se imputen primero a
capital.
Además, puede
subordinar estas medidas al cumplimiento, por parte del deudor, de actos
tendientes a facilitar o garantizar el pago de la deuda.”
Las disposiciones de
este artículo no se aplican a las deudas de alimentos”.    Fundamento
Jurídico N° 13 de la sentencia T-726 de 2010.
[61] Folios 4 a 7, cuaderno 2
[62] Así fue certificado mediante
informe fechado el día 11 de julio de 2011 recibido en el despacho del
Magistrado Sustanciador en la misma fecha, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo, Audith del Socorro Pérez
Martínez.
[63] Folio 57, cuaderno 3.
[64] Folio 50, cuaderno 3.
[65] Sala III Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo. Sentencia T-08-077, radicación
00258-01 del diecinueve de junio de dos mil ocho.
[66] Folio 50, cuaderno 3.
[67] Ver al respecto la sentencia
T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento.
[68] Por el contrario, mediante
sentenica T-440 de 2010 se resolvió negativamente una tutela impetrada un
desplazado en contra de quien se había iniciado un proceso ejecutivo, debido a
que durante el trámite de la demanda el inmueble fue rematado y adjudicado a un
tercero adquirente de buena fe, circunstancia que imposibilitaba la
declaratoria de nulidad del proceso y la utilización de las fórmulas de
resolución empleadas en otros casos relativos a la exigibilidad de obligaciones
dinerarias a la población desplazada.
[69] Op. Cit. Fundamento jurídico N° 12.5 de la
sentencia T-726 de 2010.
[70] Op. Cit., artículo 19,
numeral 1° de la Ley 387 de 1997.
[71] Folio 13 de la sentencia