T-195-00
Sentencia T-195/00
Sentencia T-195/00
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
de totalidad de salarios y prestaciones aunque vigencia se encuentre expirada
Referencia:
expediente T-255177
Acción de tutela
incoada por Lisímaco Cáceres Moreno contra el "Hospital Departamental
Siquiátrico Universitario San Isidro, E.S.E."
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C.,
veintiocho (28) de febrero de dos mil (2000).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado
4 Penal del Circuito de Santiago de Cali y por la Sala Penal del Tribunal Superior
de la misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
Lisímaco Cáceres Moreno instauró acción de
tutela contra el "Hospital Departamental Siquiátrico Universitario San
Isidro, E.S.E", por estimar violados los derechos a la vida, a la igualdad
y al trabajo.
El peticionario labora para el ente
demandado, y afirmó que éste le adeuda dos primas y los salarios de noviembre y
diciembre de 1998, así como los correspondientes a mayo y junio de 1999.
Aseveró que esa omisión le ha causado
graves perjuicios, toda vez que se ha puesto en peligro su subsistencia y la de
su familia. Agregó que ha visto afectado su proceso educativo, ya que con su
salario pagaba la matrícula universitaria; que su salud mental se ha
deteriorado y que por ello ha debido buscar ayuda médica; que las oportunidades
de conseguir un crédito se le han negado, y que así ocurrió con la cooperativa
"Coomeva" de la cual fue excluido por no haber efectuado los
respectivos aportes.
Solicitó al juez de tutela que ordenara el
pago de salarios y primas adeudados.
Por su parte, el gerente del Hospital alegó
que esa institución afrontaba una crisis financiera que la había llevado a la
iliquidez presupuestal, y que los ceses de actividades y la disminución de
aportes -en la que ha incurrido principalmente el Seguro Social- han
contribuido al agravamiento de la situación. Aseveró que al peticionario ya se
le había pagado el salario del mes de mayo de 1999 -incluso antes de la
instauración de la acción en referencia- y que ya podía reclamar el del mes de
junio de ese año.
II. DECISIONES  JUDICIALES QUE SE REVISAN
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Santiago de Cali, mediante fallo del 29 de julio de 1999, negó la protección
solicitada, por cuanto al demandante ya se le habían cancelado los salarios de
mayo y junio de ese año, y estimó que, en cuanto se refería a los salarios y
prestaciones de 1998, para su reclamación aquél podía acudir a otros medios
judiciales de defensa.
Consideró el juez que no se había violado
el derecho a la igualdad por cuanto todos los trabajadores del ente demandado
habían recibido el mismo trato.
El fallo fue impugnado por el demandante y,
en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santiago de Cali, mediante providencia del 8 de septiembre de 1999, lo
confirmó.
Estimó el Tribunal que  en el presente
evento la tutela no podía prosperar, por cuanto se demostró que la institución
demandada había pagado los salarios correspondientes a 1999, y que el actor
había sido desvinculado de "Coomeva" en abril de ese año, cuando el
hospital aún no había incurrido en mora en el pago de sus deudas laborales.
Además, destacó que tampoco se había visto afectado el proceso educativo del
actor, pues él mismo informó haber recibido un crédito de "Fundausaca"
para el pago de su matrícula.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
Derecho al pago oportuno de salarios
En el presente evento la Sala encuentra que
el peticionario ya recibió, por parte del centro hospitalario demandado, los
salarios adeudados del año 1999, pero no ha recibido las primas ni los salarios
de noviembre y diciembre de 1998.
Para la Corte, no fue coherente la posición
de los jueces de instancia en el sentido de negar la protección constitucional
con base en que al empleado ya se le habían cancelado los salarios de 1999
-aceptando en consecuencia que habría cabido la tutela si no le hubiesen sido
pagados-, para remitirlo, sin embargo, al medio judicial ordinario en cuanto a
los sueldos correspondientes a 1998.
Es importante resaltar que al actor se le
ha causado un grave perjuicio, pues la mora en el pago y la falta de los
salarios de los dos últimos meses de 1998, condujeron al actor a incumplir sus
deudas con la cooperativa "Coomeva", aunque el Tribunal de segunda
instancia considerara que el incumplimiento de las obligaciones del actor había
obedecido a la falta de previsión de éste en el manejo de su patrimonio.
En efecto, debe destacarse que en
determinado momento el actor se encontró ante la situación de no recibir tres o
cuatro de sus salarios, ni lo correspondiente a dos primas, a pesar de haber
prestado sus servicios. Y es indiscutible que la falta de esos recursos, siendo
los únicos que esperaba, causó un inusitado e imprevisible trastorno en la economía
doméstica del trabajador y de las personas que dependen de él.
Así, por ejemplo, el actor se vio en la
necesidad de pedir un crédito estudiantil, con las consiguientes implicaciones
de pago de intereses, hecho que muy seguramente no habría ocurrido si hubiese
recibido oportunamente la retribución que aquél justamente merecía por el
cumplimiento de sus obligaciones al servicio del ente demandado.
Ahora bien, el hecho de que los salarios
aún adeudados correspondan a una vigencia ya expirada no debe excluir per se
la protección constitucional, si se tiene en cuenta que la omisión acusada
continúa lesionando el mínimo vital del trabajador. Así se sostuvo en la
Sentencia T-652 del 30 de agosto de 1999 (M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz), que en
esta oportunidad se reitera.
Al tenor de los criterios precedentes, se
revocarán los fallos de instancia y se ordenará el pago de los salarios y
prestaciones todavía adeudados.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
los fallos proferidos por el Juzgado 4 Penal del Circuito de Santiago de Cali y
por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, mediante los cuales
se negó la protección solicitada. En su lugar, se concede la tutela del derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas.
En consecuencia, se ORDENA
al "Hospital Departamental Siquiátrico Universitario San Isidro,
E.S.E" que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente fallo, si no lo hubiere hecho ya, proceda a cancelar
la totalidad de los salarios y prestaciones adeudados al demandante siempre y
cuando exista partida presupuestal disponible.
En caso contrario
-que debe ser probado ante el juez de primera instancia-, el indicado plazo se
concede para iniciar los trámites presupuestales pertinentes, de manera que
pague la integridad de las sumas debidas, indexadas, a más tardar en el término
de un (1) mes.
Segundo.- DESE
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO                                             FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General