T-825-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-825/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA
DE HECHO-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-A pesar del
reemplazo de la expresión "vía de hecho" por la de "causales
genéricas de procedibilidad", se da aplicación al primer criterio
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Casos en
que procede
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inmediatez
como requisito de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA
DE HECHO-Defectos
RECURSO DE REVISION CONTRA SENTENCIA DE
PERDIDA DE INVESTIDURA-Procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE
PERDIDA DE INVESTIDURA
Y QUE DECIDE RECURSO DE REVISION-Reglas jurisprudenciales
PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE
CONCEJAL-Tiene doble
instancia
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA EN
PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL-Improcedencia cuando el actor no ha agotado los medios
de defensa que tenía a su alcance
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Ausencia de
inmediatez
Referencia: expediente T-1636820
Acción de tutela instaurada por Luís
Ancisar Puentes Vargas,  contra el Consejo de Estado,  Sección Primera.
Magistrado Ponente
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil siete
(2007).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos por la Sección
Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del  Consejo
de Estado, - del ocho (8) de febrero de 2007 -, y de la Sección Cuarta de la
misma Sala del Consejo de Estado, - del tres (03) de mayo de dos mil siete
(2007) -, en el proceso de tutela adelantado contra la decisión de la Sección
Primera del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que confirmó la
pérdida de investidura del actor.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. El señor Luís Ancizar Puentes Vargas, fue
condenado por el Juzgado Único Penal del Municipio de Gigante el 13 de
septiembre del 2000, a la pena de 13 meses de prisión por el delito de lesiones
personales y a la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo
tiempo[1]. En el numeral quinto de
esa providencia, se le concedió igualmente al señor Puentes Vargas, el
“subrogado-derecho de Condena de Ejecución Condicional”.
1.2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón,
en providencia del 27 de octubre de 2000, conoció de la impugnación de esa
providencia, y confirmó el fallo anterior en todas sus partes.[2]
La pena quedó ejecutoriada el 24 de enero de 2001.[3]
1.3. El 29 de octubre de 2000, el señor Luís Ancizar
Puentes Vargas fue elegido popularmente como Concejal del Municipio de Gigante,
para el periodo 2001-2003, posesionándose como tal el 3 de enero de 2001.
1.4. El ciudadano Gustavo Vanegas Alvarado, solicitó
la pérdida de investidura del concejal Puentes Vargas ante el Tribunal
Administrativo del Huila, alegando como causales, el hecho de haber sido
condenado a pena privativa de la libertad por el delito de lesiones personales
y el hecho de que su esposa hubiese celebrado contrato con la E.S.E. Hospital
San Antonio de Gigante, mientras el actor realizaba una obra pública para ese
mismo Hospital,  que culminó en julio de 2000. En opinión del ciudadano, el
actor incurrió en violación de los artículos 43 numeral 4, 51, 57 y 61 de la
Ley 136 de 1994, así como del artículo 44 numeral 5 de la Ley 200 de 1995.
1.5. En la contestación de la demanda de pérdida de
investidura, el señor Puentes Vargas alegó que la decisión de segunda instancia
en el proceso penal descrito, quedó en firme el 24 de enero de 2001, por lo que
en la fecha de su posesión como concejal, aún no estaba ejecutoriada dicha
providencia. Igualmente afirmó que aunque fue condenado a la pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas, se le concedió en el mismo fallo
el beneficio de la condena de ejecución condicional, de manera tal que la
sanción descrita no le era aplicable mientras cumpliera los compromisos
pactados como lo venía haciendo, dado que el subrogado penal implica la
suspensión de la ejecución de la condena. Por último, en lo concerniente a la
supuesta inhabilidad derivada del contrato celebrado por su esposa con la
E.S.E. municipal, afirmó que él era un tercero frente al Estado en ese momento
y que la celebración del contrato de su esposa ocurrió mucho antes de cumplirse
el término prescrito en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,[4]
por lo que debían desestimarse en su conjunto las pretensiones de la demanda.
1.6. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante
sentencia del ocho (8) de  mayo de 2001, negó la solicitud de pérdida de
investidura del concejal Puentes Vargas, aduciendo que las causales para
proceder en ese sentido son taxativas y no existe disposición jurídica que
establezca como causal expresa, la condena penal descrita.
Así, a juicio del Tribunal, el artículo 55 de la Ley
136 de 1994 prevé las causales que motivan la pérdida de investidura de los
concejales.[5] Sin embargo, con la
expedición del artículo 48 de la Ley  617 de 2000,[6]
se derogaron tácitamente y de manera parcial algunas de las causales señaladas
en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994,[7] aunque no el
procedimiento correspondiente que sigue siendo para esa instancia “el
establecido para los congresistas en lo que corresponda”.[8]
En efecto, considera el Tribunal que el artículo 48 en el parágrafo segundo de la
Ley 617 establece que la pérdida de investidura será decretada por el Tribunal
Contencioso Administrativo “de acuerdo a la ley”, por lo que la ley
correspondiente es el artículo 55 de la ley 134, que reenvía “a la ley 144 de 1994”,[9]
en la medida en que ese artículo 55 no fue expresamente derogado por la Ley 617
de 2000.
Ahora bien, con respecto a los cargos invocados por el
ciudadano para la pérdida de investidura del concejal, precisó ese Tribunal lo
siguiente:
(a) En lo concerniente a la sentencia condenatoria en
materia penal, a juicio del tribunal, la causal que se alega no puede
predicarse ni del artículo 51 literal g) de la Ley 136 de 1994,[10]
ni del artículo 57 de la misma norma,[11] pues el primero hace
alusión a faltas absolutas de los concejales que no son causales de pérdida de
investidura, y el segundo, referente a la interdicción judicial, se refiere
para el fallador exclusivamente a los procesos de jurisdicción voluntaria en
que se prueba la incapacidad jurídica de una persona y no a los  procesos
penales que a juicio de la Sala no conllevan dicha interdicción.
(b) Con respecto al cargo relacionado con la
celebración de contratos con entidades públicas (Art. 43 de la ley 136 de
1994), la Sala del Tribunal consideró que se trata de una supuesta violación al
régimen de inhabilidades, causal que ya no es de aquellas que implican pérdida
de investidura para los concejales, por no estar entre las contempladas
expresamente en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
(c) Finalmente explicó el Tribunal, que al alegar el
demandante la vulneración del artículo 61 de la Ley 136 de 1994[12]
y del numeral 5 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995[13],
con ello invocó en el  primer caso una de las causales de destitución, que es
propia del proceso disciplinario ante la Procuraduría, pero no así una de las
causales de pérdida de investidura del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. En el
segundo caso, es decir con respecto al artículo 44 de la ley 200 de 1995, de lo
que se trata realmente esa norma es de la consagración de  una inhabilidad para
los concejales y no de una incompatibilidad como ella misma lo prescribe, por
lo a juicio de esa Sala, tampoco esa disposición implicaba una causal para la
pérdida de investidura ni estaba llamada a prosperar.
Por las razones anteriores, en consecuencia, el
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila desestimó la solicitud ciudadana
de pérdida de investidura del Concejal.
1.7.
La Sección Primera de la
Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, en sentencia de mayo 30
de 2002, conoció de la impugnación presentada por el ciudadano contra la
decisión del Tribunal de instancia, y procedió a revocar el fallo anterior. En
su lugar, ordenó la pérdida de investidura del concejal del Municipio de
Gigante, señor Luís Ancizar Puentes Vargas. Con providencia del Magistrado
Camilo Arciniegas Andrade, esa Sección de lo Contencioso Administrativo,
analizó si la condena penal por un delito doloso era suficiente para predicar
la inhabilidad para acceder a las funciones públicas o para ejercerlas.
Al tenor del artículo 179 superior, en el caso de los
parlamentarios, la condena privativa de la libertad “en cualquier época”,
apareja según la providencia, la  inhabilidad para ser congresista y asimismo
conlleva la perdida de investidura del parlamentario, si éste se encuentra en
funciones, de acuerdo a la jurisprudencia de esa Corporación. En el caso de los
concejales, como el artículo 299 de la Carta dispuso que la ley consagraría su
régimen de pérdida de investidura y que este no podría ser “menos estricto
que el de los congresistas en lo que corresponda”, estima esa Corporación
que tales consideraciones aplican también para los concejales. Dijo la
sentencia:
“En conclusión, según el artículo 43 de la
Ley 136 (tal como fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617) la condena a
pena privativa de la libertad es inhabilidad para ser inscrito o elegido. Es
decir, que esta norma se ocupa de las condenas anteriores a la inscripción de
la candidatura. En cambio el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 200 considera
las condenas impuestas a un servidor público en cualquier tiempo, incluso
estando en funciones, erigiéndola en inhabilidad para desempeñar cargo público
alguno, aún en el que se venía desempeñando. De manera que la condena al
concejal en funciones lo inhabilita para continuar sirviendo y es, por lo
tanto, causal de pérdida de investidura, comprendida en el numeral 6, del
artículo 48 de la ley 136 esto es en “las demás expresamente previstas en la
ley”.
Para la Sala, la pérdida de investidura por
haberse impuesto a un concejal en funciones una condena a pena privativa de la
libertad, no solamente tiene fundamento en el numeral 6 del artículo 48 de la
ley 136 y en el numeral 1 del artículo 136, interpretado a la luz de la
Constitución Política. En efecto, la inconsistencia que se advierte entre las
expresiones “no podrán ser congresistas” (utilizada por el artículo 179 de la
Carta)  y “no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal (utilizada
por el artículo 43 de la Ley 136) no es más que aparente, porque en la
prohibición de inscribirse como candidato o ser elegido está implícita la
prohibición de ser concejal.
Si los concejales son elegidos para un
periodo de tres años, están en el deber de preservar en todo este lapso las
calidades que los habilitan para servir tal dignidad, pues la Constitución los
hace responsables frente a la sociedad y sus electores por el cumplimiento de
sus funciones.
El tribunal pasó por alto que la condena a
pena privativa de la libertad por delito doloso constituye causal de pérdida de
investidura”.
En atención a las anteriores consideraciones, la
Sección Primera decretó la pérdida de investidura del señor Puentes Vargas, del
cargo de concejal.
2. Demanda de tutela  y solicitud
2.1. El señor Luís Ancizar Puentes Vargas, presentó el
13 de diciembre de 2006, acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo
de Estado, por considerar que el fallo anterior vulneraba su derecho
fundamental al debido proceso, al haber incurrido en una vía de hecho por
defecto sustantivo.
Para el actor, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que existe tal situación, cuando la decisión del juez se fundamenta en una
norma que es claramente inaplicable al caso concreto. Sobre este aspecto
recuerda el actor  que la jurisprudencia de la Corte ha dicho que se incurre en
esta eventualidad, cuando el precepto empleado “a pesar de estar vigente y
ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se
aplicó, porque a la norma aplicada por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador”.[14]
En su concepto, el Consejo de Estado se apartó de su
deber de proferir sentencias conforme a la ley,
“[Y]a que dispuso una sanción, como lo fue
la pérdida de investidura de un concejal, sin que exista norma alguna que
prescriba esta sanción por penas privativas de la libertad, acudiendo a aplicar
una norma que no hace referencia al asunto que se le encomendó estudiar en
dicho caso.  La Sección  Primera del Consejo de Estado, (…) al observar que no
existe en nuestra legislación causal alguna para ello y que el propio Consejo
de Estado ha dicho que las causales son taxativas, optó de manera flagrante y
grosera, por traer una disposición que se aplica a los congresistas, para decir
que también es aplicable a los concejales, sin más argumento que señalar de
manera ligera que se aparejan, cuando no existe norma alguna que la haya autorizado
para crear causales adicionales de pérdida de investidura de concejales,
desconociendo que las sanciones son taxativas y que únicamente el legislador es
quien tiene la facultad para hacerlo.
“En nuestra legislación existe, única y
exclusivamente, dos disposiciones que prescriben la pérdida de investidura de
los concejales en Colombia, que son el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el
artículo 48 de la Ley 617 de 2000. En la ley 136 se describen cuatro (4) causas
o causales para la pérdida de investidura y que se refieren claramente a: 1)
Aceptación o desempeño de cargo público sin mediar previa renuncia. 2) Violar
el régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. 3)
Indebida destinación de dineros públicos y 4) Tráfico de influencias. Por su
parte, la Ley 617 preceptúa seis (6) causales que son a saber: 1) Violación del
régimen de incompatibilidades o del conflicto de intereses. 2) Inasistencia en
un mismo periodo de sesiones a cinco (59 reuniones plenarias o de comisión en
las que se voten proyectos de acuerdo. 3) No tomar posesión del cargo en los 3
días siguientes  a la fecha de instalación o en que fueren llamados a
posesionarse 4) Indebida destinación de dineros públicos 5) Tráfico de
influencias y 6) las demás causales expresamente previstas en la ley. Incluso
la jurisprudencia ha dicho que se derogó el artículo 55 de la Ley 136 de 1994,
por lo que solo se aplica como causal de pérdida de investidura lo previsto en
el artículo 48 de la Ley 617 del 2000.”
Afirma que en su caso concreto el máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo desconoció su propia jurisprudencia,
en la medida en que en la sentencia del 4 de octubre de 2001, radicada con el
No 2001-0197-01 (7082) actor Teresa Cleves de Díaz contra Honorio Suaza
Lizcano, M.P. Samuel Santiago Urueta, se dijo que violar el régimen de
inhabilidades no era una causal de pérdida de investidura, dado que hubo una
derogatoria parcial del inciso segundo del artículo 55 de la Ley 136. En su
caso, por el contrario sí se decretó la pérdida de investidura  por este hecho,
lo que a juicio del actor viola su derecho a la igualdad, “porque, sólo en
el caso de Luís Ancizar Puentes Vargas, no había lugar a la derogatoria parcial
del numeral 2º del artículo 55 de la ley 136 (en cuanto al régimen de
inhabilidades) por efecto de la expedición del artículo 48 de la Ley 617 de 2000”.
Así, en su concepto, el Consejo de Estado
confundió la pérdida de investidura con la inhabilidad, lo que a su juicio son
dos circunstancias distintas acorde con la legislación actual. En efecto,
considera que el despacho acusado entró en contradicción, por cuanto concluyó
que la inhabilidad es causal de pérdida de investidura, lo cual es diferente  a
decir que la pérdida de investidura es causal de inhabilidad. Así, si bien no existe
norma alguna que prescriba la inhabilidad como causal de pérdida de
investidura, por la derogatoria que expresa, por el contrario, sí existe
disposición en la que se afirma que la pérdida de investidura es causal de
inhabilidad (Art. 43-1 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40-1
de la Ley 617 de 2000).
Además y en gracia de discusión, para el
actor el artículo 43 de la Ley 136[15] consagra que: “No podrá
ser concejal: 1. Quien haya sido condenado a la fecha de la inscripción por
sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos
políticos o culposos, salvo que éstos últimos hayan afectado el patrimonio del
Estado”.[16] De allí que la
inhabilidad aplique exclusivamente para quienes hayan sido condenados, a la
fecha de inscripción  y no como en su caso, para quienes fueron condenados
con posterioridad a ese hecho, dado que su inscripción como candidato al
Concejo de Gigante ocurrió el 9 de agosto de 2000. Por consiguiente, tampoco la
inhabilidad le era aplicable por ese hecho.
En concepto del actor, el fallo del Consejo de Estado adolece
entonces de sustento legal,  desconoce injustificadamente el antecedente
jurisprudencial descrito, y viola sus derechos fundamentales, al desconocer un
trato igual para situaciones jurídicas similares e incurrir en un defecto
sustantivo. Por consiguiente solicita que sea revocada la sentencia proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado del 30 de mayo de 2002 y en su
lugar, que el fallo del Tribunal Administrativo del Huila del 8 de mayo de 2001
sea confirmado en su totalidad.
II.  DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE
REVISIÓN
1. Sentencia de primera instancia
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
- Subsección “B” del Consejo de Estado, integrada por los doctores Bertha Lucía
Ramírez de Páez, Jesús Maria Lemos Bustamante y Alejandro Ordóñez Maldonado,
mediante providencia del ocho (8) de febrero de dos mil siete (2007), decidió
rechazar por improcedente, la acción de tutela de la referencia, en primera
instancia.
Los Magistrados de esa Corporación, luego de hacer un
breve recuento relacionado con la historia de la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, concluyeron que:
“Desde el momento en que fue retirado del
ordenamiento jurídico el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, mediante
sentencia C-543 de 1992, que permitía la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por considerar la Corte que tal instrumento
contrariaba la cosa juzgada, la prevalencia del interés general y la voluntad
del constituyente, no es constitucionalmente posible hacer uso de tal
mecanismo.
Cuando cualquier autoridad judicial tutela
las providencias judiciales, lo hace contrariando las disposiciones consagradas
en el artículo 243 de la Constitución Política, cualquier otra “evolución”
jurisprudencial sobre la materia como la consagrada en la sentencia C-590 se
realiza contrariando la referida previsión constitucional”.
Por las razones anteriores la Sala decidió rechazar
sin más, por improcedente, la acción de tutela de la referencia.
2. Impugnación del fallo de primera instancia
En concepto del actor,  la decisión de la Sección
Segunda Subsección “B” de rechazar de plano la tutela, denegó un análisis de
fondo del asunto propuesto, contrariando la revisión de la jurisprudencia
constitucional, que le era obligatoria. Dijo el ciudadano sobre el particular:
“Con el respeto que me merece el Consejo de
Estado como el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa,
es igualmente importante reconocer que en la jurisdicción constitucional el
máximo órgano es la Corte Constitucional; así las cosas, cuando el Consejo de
Estado se comporta como juez contencioso administrativo, sus decisiones son
consideradas como el faro orientador para todos los demás jueces de la
jurisdicción contencioso administrativa, pero cuando el Consejo de Estado se
comporta como juez constitucional, sus decisiones deben corresponder con la
orientación jurisprudencial que ha dado el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional como es la Corte Constitucional. Entonces, cuando el Consejo de
Estado conoce de procesos de acción de tutela, se debe comportar como un juez
constitucional y, como tal, debe proferir sus decisiones conforme a las
orientaciones jurisprudenciales que ha señalado la Corte Constitucional, quien
es el órgano a quien la propia Carta le ha confiado la guarda de la integridad
y supremacía de la Constitución.
“Por esta misma corriente de la
jurisprudencia constitucional, se observa que la Sección Primera del Consejo de
Estado ha incurrido en vía de hecho por defecto sustantivo, al darle efectos
jurídicos diferentes a los señalados por el legislador, en cuanto a la pérdida
de investidura de los concejales, como se demostró en la primera instancia.
“Al observar la decisión que se cuestiona
en la presente tutela se evidencia que la Sección Primera del Consejo de
Estado, dictó una seudo sentencia porque en ninguno de sus apartes cito una
norma de carácter constitucional o legal donde se disponga que el hecho de
haber sido sancionado a pena privativa de la libertad es causal de la pérdida
de investidura de concejal.”
Los motivos anteriores llevaron al ciudadano a
impugnar el fallo de tutela de primera instancia y a solicitar la protección
constitucional de sus derechos a la igualdad y debido proceso, presuntamente
afectados con el fallo del Consejo de Estado de la Sección Primera, que
confirmó su pérdida de investidura.
3. Sentencia de Segunda Instancia
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, mediante ponencia del Magistrado Héctor J.
Romero Díaz,  confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia del 8
de febrero de 2007. Dijo la Sala sobre las consideraciones del actor:
“Desde luego que la Sala no desconoce la
gran importancia de la acción de tutela como institución jurídica. Sin embargo,
su ejercicio debe ser razonado, pues de lo contrario se lleva al
quebrantamiento de los principios de la cosa juzgada y el debido proceso,
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.
En ese orden de ideas, la acción de tutela
no procede contra providencias judiciales, pues, no es admisible ni lógica ni
jurídicamente que por un procedimiento sumario como el de esta acción, se
invaliden actuaciones surtidas en un proceso diseñado precisamente para
garantizar derechos constitucionales y legales de las partes, pues ello
implicaría que en aras de la protección de un derecho fundamental se vulnere
otro como el debido proceso. Además, todos los juzgadores están en la
obligación de defender los derechos fundamentales y el más indicado para
hacerlo en cada caso, es el especializado, a quien la Constitución y la ley,
por serias razones y fundado criterio, le ha asignado competencia.
Coherentemente, aceptar que el juez de
tutela puede invalidar providencias de otros jueces en asuntos para cuyo
conocimiento estos tienen asignada precisa competencia, se traduce en un claro
quebranto del principio democrático de autonomía e independencia del juzgador,
que conduce a la violación del trámite propio de los procesos judiciales, en
desconocimiento de postulados jurídicos como el de la cosa juzgada, el de la
seguridad jurídica y el de la desconcentración de la administración de justicia
consagrados en el artículo 228 de la Carta Política.
“No es posible, ante la ausencia de la
mencionada preceptiva jurídica, admitir la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, pues ello quiebra la estructura política del
Estado, conforme a la cual corresponde privativamente al legislador – no a los
jueces-  con sujeción de la Carta Política, establecer las normas que
reglamenten la tutela”.
Por las razones anteriores, se confirmó la sentencia
del 8 de febrero de 2007 de la Subsección “B”, Sección Segunda, del Consejo de
Estado, que rechazó la tutela de la referencia.
III. CONSIDERACIONES y
fundamentos
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la decisión
proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política.
2. Los cargos dirigidos contra la providencia del
Consejo de Estado del 30 de mayo de 2002 y los problemas jurídicos objeto de
análisis constitucional.
2.1. El señor Puentes Vargas elegido concejal
municipal, considera que la Sección Primera, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de mayo de
2002, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P) y su
derecho a  la igualdad (Art. 13 C.P), por incurrir en una vía de hecho por
defecto sustantivo en la providencia que confirmó su pérdida de investidura.
Explica que la sentencia acusada incurrió en tal
defecto, porque decretó su pérdida de investidura de concejal, (i) sin
que exista norma alguna que prescriba ésta sanción por penas privativas de la
libertad, desconociendo que las causales para el efecto son taxativas, (ii) Que
la jurisprudencia contencioso administrativa ha especificado que el artículo 55
de la Ley 136 de 1994 fue derogado, por lo que las inhabilidades no pueden ser
consideradas como causales de pérdida de investidura, ya que sólo aplican como
tales las previstas en el artículo 48 de la Ley 617 del 2000. (iii) Que
en su situación particular, el Consejo de Estado desconoció un precedente
previo y contrario a la decisión que se tomó en su caso, en la medida en que en
la sentencia del 4 de octubre de 2001, radicada con el No 2001-0197-01 (7082)
actor Teresa Cleves de Díaz contra Honorio Suaza Lizcano, M.P. Samuel Santiago
Urueta, se señaló que violar el régimen de inhabilidades no era una causal de pérdida
de investidura. Y (iv) finalmente, que en gracia de discusión, la causal
de inhabilidad relacionada con la no posibilidad de ser concejal para quienes
hayan sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
opera sólo para quienes hubiesen sido condenados previa la inscripción
correspondiente, circunstancia que no tuvo lugar en su caso particular, ya que
la sentencia quedó en firme con posterioridad a su inscripción.
Por estas razones solicita que se deje sin efecto el fallo de
segunda instancia en su proceso de pérdida de investidura.
2.2. Deberá la Corte, en consecuencia, analizar los siguientes
problemas jurídicos:
·  ¿Cumple la demanda de tutela, con las exigencias
constitucionales de procedibilidad de ésta contra providencias judiciales que
han decretado la pérdida de investidura?
·  Si la respuesta es afirmativa ¿incurrió el Consejo de
Estado en una vía de hecho por defecto sustantivo en la providencia que
confirmó la pérdida de investidura del demandante, (i) sin que existiera, según
el demandante, fundamento jurídico alguno, violándose con ello sus derechos
fundamentales al debido proceso y (ii) sin seguir los precedentes del propio
Consejo de Estado cuando la causal alegada es la violación del régimen de
inhabilidades de los concejales municipales, violándose con ello su derecho a
la igualdad?
Con el objetivo de recordar el marco conceptual dentro del cual se
inscribe el ejercicio de las competencias constitucionales de esta Corte, en
este tipo de procesos, aludirá previamente esta Corporación a los siguientes
temas, para dar respuesta a los problemas jurídicos mencionados: (i) la
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, especialmente en casos de pérdida de investidura; y, si se cumplen
los requisitos formales prescritos,  (ii) la naturaleza jurídica y
finalidad de la acción de pérdida de investidura de los concejales y su régimen
de  inhabilidades. Una vez analizados estos aspectos, procederá esta Sala de
Revisión a evaluar en concreto la solicitud del ex concejal Luís Ancizar
Puentes Vargas en la situación de la referencia.
3.
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.1.
La acción de tutela contra providencias judiciales es, conforme a una
exhaustiva línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional[17],
una figura de carácter eminentemente subsidiario y excepcional. Sólo es
procedente ante situaciones en que no exista otro mecanismo judicial idóneo
para salvaguardar un derecho fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo
otro medio de defensa judicial, éste a) no resulte tan eficaz para la
protección de los derechos de los asociados como la tutela, o, b) la persona
afectada se encuentre ante un perjuicio irremediable.
La seguridad jurídica se encuentra soportada, en
consecuencia, en actuaciones judiciales legítimas y razonables,  y no en
aquellas que no lo son. Por eso, en situaciones concretas en las que mediante
providencias judiciales se desconozcan derechos fundamentales de los asociados
en abierta contradicción con el compromiso constitucional impuesto a todas las
autoridades, -incluyendo a las judiciales-, de propugnar  por la realización de
los derechos fundamentales conforme a la Constitución (Art. 2 C.P.), puede
proceder la acción de tutela.
3.2. Desde esta perspectiva, algunas de las
consideraciones del Consejo de Estado en las providencias que forman parte del
proceso de tutela de la referencia, no se enmarcan dentro de la evolución de la
jurisprudencia constitucional y desconocen la expectativa legítima de
protección constitucional que esperan los ciudadanos de la figura
constitucional del artículo 86 de la Carta.
De hecho, la figura de la acción de tutela contra
providencias judiciales, tiene un claro fundamento normativo. No sólo al tenor
del artículo 2º constitucional descrito, sino también conforme al mandato del
artículo 86 de la norma superior, disposición  que  reconoce que la tutela
procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Sobre este punto, si bien la sentencia C-543 de 1992
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo), estudió la constitucionalidad de los artículos
11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 y declaró inexequibles las disposiciones
acusadas por considerar que desvirtuaban las reglas de competencia fijadas por la
Constitución Política, lo cierto es que la providencia que se cita también
matizó su decisión de inexequibilidad en su parte motiva, al prever en la ratio
decidendi de la sentencia, que la acción de tutela podía llegar a ser
procedente contra actuaciones judiciales en circunstancias excepcionales,
cuando ellas resultarán ser una vía de hecho. La Sala Plena de esta
Corporación, en la sentencia C-543 de 1992, afirmó  al respecto que:
“(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que
ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).  En
hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia.” (Las subrayas fuera del texto original).
Los artículos constitucionales enunciados (2o y 86 de la
C.P.) y el precedente judicial anterior[18],  permitieron
que las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional desde sus
orígenes, decidieran aplicar en los casos concretos que fueran de su
conocimiento, el precedente establecido por esta Corporación en la sentencia
C-543 de 1992.[19]  La Corte Constitucional
desde entonces, ha  construido una nutrida línea jurisprudencial en materia de
tutela contra sentencias,[20] que ha permitido la
procedencia de esa acción, cuando tales actuaciones judiciales han sido
dictadas en abierto desconocimiento del ordenamiento jurídico, es decir,
arbitrariamente, al presentar alguno de los siguientes cuatro defectos:
sustantivo, orgánico, fáctico y/o procedimental.[21]
Esta línea jurisprudencial se conoció  inicialmente
bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta Corporación
recientemente, con el propósito de superar una percepción restringida de esta
figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la
arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho por la de
“causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales”[22] que
responde mejor a su realidad constitucional.[23] La sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) da cuenta de esta evolución,
reseñando este avance jurisprudencial de la siguiente forma:
“[E]n los últimos años se ha venido
presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las
situaciones que hacen viable la acción de tutela  contra providencias
judiciales.  Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias
judiciales pueden se atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros
defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la
sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la
Constitución”, es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas
de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho”.
3.3.  En ese orden de ideas, conforme a la consolidada
línea jurisprudencial de esta Corporación en materia de tutela contra
sentencias, entre las  causales de procedibilidad[24]
de la tutela en estos casos, podemos citar  en primer lugar,  aquellas
de carácter general, orientadas a asegurar el principio de subsidiariedad de la
acción de tutela, como son el agotamiento de otros medios de defensa
disponibles y la inmediatez. En segundo lugar, existen unas causales
específicas, centradas en los defectos de las actuaciones judiciales en sí
mismas consideradas, que son aquellas identificadas genéricamente como: (i)
defecto sustantivo; (ii) defecto fáctico; (iii) defecto orgánico y (iv) defecto
procedimental.
Frente a las primeras, es decir aquellas de carácter
general, es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos
fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la
legislación para el efecto[25]. Esta exigencia responde
al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que
la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace  aquellos
otros diseñados por el legislador.[26] Menos aún, que resulte
ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o
para corregir oportunidades vencidas[27] en los procesos
jurisdiccionales ordinarios.[28]
Por lo tanto, es incorrecto pensar que la acción de
tutela puede asumirse como un medio de defensa judicial paralelo al sistema de
jurisdicciones y competencias ordinarias y especiales.[29] El
juez de tutela no puede entrar a reemplazar a la autoridad competente para
resolver aquello que le autoriza la ley[30],
especialmente si los mecanismos que permiten conjurar las posibles falencias
que se suscitan durante los trámites procesales no han sido utilizados ni
ejercidos por las partes, conforme a las atribuciones y competencias que
consagra la ley.
El agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos
ordinarios de defensa judicial, resulta ser entonces, no sólo una exigencia
mínima de diligencia de los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales[31],
sino un requisito necesario para la procedibilidad de la acción de
tutela, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la
vulneración la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los
mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial;[32]
circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela.
Así, puede
proceder la acción de tutela contra una providencia judicial en dos eventos:
(i) cuando ante la vulneración ostensible de derechos fundamentales mediante
acciones u omisiones de los operadores jurídicos que vulneren de manera grave o
inminente tales derechos[33], no exista otro medio
de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados
y la actuación judicial acusada constituya una vía de hecho o, (ii) cuando se
emplee como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable en
materia de derechos fundamentales.[34] Esta segunda
hipótesis tiene lugar especialmente, cuando a la fecha de presentación  de la
tutela aún está pendiente alguna diligencia o instancia procesal, pero la
protección constitucional provisional se requiere de manera urgente para evitar
el perjuicio irremediable. En estos casos, naturalmente, la actuación
constitucional resulta generalmente transitoria.
Por otra
parte, fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el
segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial
reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud
de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que
puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela
contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo,
que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad
judicial por la vía de la acción de tutela[35]. Desde esta
perspectiva, es necesario interponer la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de
la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no
se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria,
no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Permitir un excesivo
paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamación constitucional contra
una providencia judicial, puede afectar además la seguridad jurídica; de manera
tal que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
3.4. En segundo lugar, la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales requiere que
se consolide en la decisión judicial alguno de los defectos que la
jurisprudencia constitucional ha considerado contrarios a la Carta. La lista
que a continuación se presenta, si bien no es exhaustiva, si registra algunos
de los principales casos en los que esta Corporación ha encontrado  “una
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario
judicial”.[36] Tales defectos, en
consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la siguiente forma:
(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión
judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[37], ya sea porque[38]
(a)
la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[39],
(b)
es inconstitucional[40], (c) o porque el
contenido  de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos
del caso[41]. También puede
darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que
la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error
en la interpretación
de la norma[42] constitucional
pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte
Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se
apoya en una interpretación  claramente contraria a la Constitución.[43]
Se considera
igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga
problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación
o justificación de la actuación[44] que afecte derechos
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[45]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente[46]; o (g) cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su
declaración por alguna de las partes en el proceso.[47]
(ii)
Se produce  un defecto fáctico en una providencia, cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión
negativa -, que se omitió[48] la “valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez[49]. En esta situación se
incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba  que se presenta cuando el juez simplemente
ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón valedera da por no
probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente”[50]. En
una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede
apreciar, sin desconocer la Constitución”[51]. Ello
ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir
ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.).[52] En
estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela  por vía
de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria
la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia.
El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia[53]”.[54]
(iii) El llamado defecto orgánico tiene lugar, cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia que se controvierte, carece totalmente
de competencia para ello conforme a la ley; y,
(iv) El defecto procedimental
ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al
procedimiento establecido[55], es decir, se desvía
ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada
juicio”[56], con la
consiguiente perturbación o amenaza a los  derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser
manifiesto, debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo alguno
atribuible al afectado.[57]
Fuera de las
causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido otra
adicional,  denominada[58] vía de hecho por
consecuencia, que puede ser descrita de la siguiente forma:
(v) La vía de hecho por consecuencia se da
cuando el defecto en la providencia judicial es producto de la inducción al
error de que es víctima el juez de la causa.[59] En este caso,
si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación final
resulta equivocada.[60] En la sentencia T-705 de 2002[61],
la Corte precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura cuando
especialmente, cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación
de hechos o situaciones jurídica, en cuya determinación los órganos competentes
hayan violado derechos constitucionales, y (ii) que tenga como conse­cuencia
un perjuicio iusfundamental”.
Las causales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales aquí descritas, fueron
recogidas en la Sentencia T-842 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Gálvis), de la siguiente
forma:
“(…) mediante doctrina constitucional de
obligatorio cumplimiento[62] [La Corte] tiene previsto que cuando
las actuaciones y decisiones judiciales i) se fundamenten en normas
derogadas, o declaradas inexequibles[63], ii) apliquen directamente
disposiciones constitucionales apartándose de las pautas de obligatorio
cumplimiento fijadas por esta Corte como su interprete autorizado[64],
iii) den a la norma en la que se basan un sentido o entendimiento
contrario a aquel que permitió que la disposición permaneciera en el
ordenamiento jurídico[65] iv) carezcan de sustento
probatorio, ya sea porque los hechos no fueron probados, las pruebas
regularmente aportadas se dejaron de valorar, o la valoración de las mismas fue
subjetiva o caprichosa[66], v) desconozcan las reglas
sobre competencia, o se profieran pretermitiendo el trámite previsto[67],
y vi) se aparten de criterios adoptados por el mismo funcionario ante
situaciones similares o idénticas[68] constituyen vías de hecho
susceptibles de ser infirmadas por el juez constitucional en trámite de
tutela”.
Con fundamento en las consideraciones
jurisprudenciales previamente expuestas, la Sala deberá determina en el caso
concreto, si la tutela presentada por el ciudadano Luís Ancizar Puentes Vargas
resulta o no procedente desde un punto de vista formal. Superado ese análisis
preliminar, podrá la Corte  establecer si se incurrió o no en un defecto
sustantivo en la providencia que decretó su pérdida de investidura.
4. Del recurso extraordinario de revisión y los casos
relacionados con la pérdida de investidura.
4.1. En los procesos de pérdida de investidura que
involucran principalmente a los congresistas, la jurisprudencia constitucional
ha sido consistente en señalar que el recurso extraordinario especial de
revisión (REER) consagrado en la Ley 144 de 1994, constituye un medio idóneo
para proteger los derechos fundamentales de quien ha sido despojado de la
investidura.[69] Ello, porque el recurso
establece un ámbito judicial apropiado, para controvertir la decisión que
compromete la credencial parlamentaria.[70]
Al respecto se tiene que la Ley 144 de 1994 en su
artículo 17[71], indica que son
susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión (REER), las
sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un
parlamentario, “dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria”,
por las causales establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso
Administrativo,[72] y por falta del debido
proceso o por  violación del derecho de defensa.[73]
La sentencia T-193 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
en los primeros años de esta Corporación, consideró que  el Recurso
Extraordinario Especial de Revisión tenía el carácter de medio alternativo y
pertinente de  defensa judicial[74] en las circunstancias de
pérdida de investidura, y estimó bajo este supuesto, que la acción de tutela
como mecanismo constitucional de protección era improcedente, en este tipo de
casos. Providencias posteriores de la Corte Constitucional sin embargo,
encontraron que el recurso mencionado en esa sentencia era en términos reales “inane”,
porque la falta de regulación normativa de la figura en ese momento, hacía
imposible su aplicación efectiva, debido a los serios vacíos que existían en la
legislación con relación  a la competencia frente al recurso.[75]
La sentencia SU-858 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), reconoció posteriormente que con la expedición de la  Ley 446 de 1998, se
habían llenado los vacíos existentes frente a la aplicación del recurso de
revisión  enunciado en la Ley 144 de 1994. Por lo tanto, podía concluirse que “dentro
del proceso de pérdida de investidura de los congresistas, sí existía un medio
de defensa idóneo para la protección del derecho al debido proceso”.[76]
Dijo la Corte, en esa oportunidad, lo siguiente:
“(...) tratándose de un proceso de única
instancia, la ley ha previsto como causal de revisión una con rango
constitucional, como es la violación del debido proceso, con el objeto de que,
para la protección de los derechos fundamentales del condenado, se le brinde la
oportunidad de controvertir la sentencia. (…) El ámbito de la revisión está
estrictamente demarcado por las causales taxativamente enunciadas en la ley. De
manera que, por fuera de esas causales, el afectado no puede pretender la
reapertura de controversias ya superadas. No obstante, en el Recurso
Extraordinario Especial de Revisión que la ley ha previsto para la pérdida de
la investidura, la causal de violación del debido proceso claramente permite
que en sede de revisión se controviertan los asuntos, que no obstante haber
sido planteados durante el trámite de la instancia, comporten una decisión
violatoria del debido proceso.”
(...) Así, el recurso de revisión se convierte en
vía apta para resolver, no sólo asuntos externos y generalmente sobrevinientes
al proceso, sino también aquellos que se deriven del error judicial en el curso
mismo del proceso”.[77]
4.2. Con fundamento en estas consideraciones, en la
actualidad la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela en
materia de pérdida de investidura de  parlamentarios, al uso de todas las herramientas
judiciales previstas en el trámite judicial que estén disponibles, incluyendo
el recurso extraordinario especial de revisión. De allí que sea manifiestamente
improcedente una acción de tutela interpuesta de manera directa contra la
sentencia que declara la pérdida de la investidura de un congresista, por
existir otro medio de defensa judicial idóneo para controvertir la decisión
judicial, como es el recurso extraordinario especial de revisión. Ello reafirma
la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela en este tipo de procesos.
Sin embargo, si en una acción de pérdida de
investidura se utilizaron acuciosamente las herramientas previstas en el
proceso ordinario, - como es el recurso mencionado -,  y a pesar de ello se
incurrió en el desconocimiento de mandatos constitucionales en la sentencia que
resolvió el recurso extraordinario de revisión, afectando con ello derechos
fundamentales de un parlamentario, puede eventualmente proceder el amparo
constitucional para superar tal afectación de derechos de acuerdo al artículo
86 superior.[78]
La sentencia SU-1159 de 2003[79]
consideró sobre este aspecto, que en el caso de la pérdida de investidura:
“(...) la Corte pone de presente dos
consideraciones. La primera de ellas es que no existe un medio de defensa
judicial frente a la sentencia que resuelve el recurso extraordinario especial
de revisión. Entonces, la acción de tutela procedería contra la sentencia que
resuelve el recurso contra la sentencia que decretó la pérdida de la
investidura, si ésta incurre en una vía de hecho y afecta los derechos
fundamentales del congresista. La segunda consideración es que de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no procede en contra de la
sentencia que decreta la pérdida de la investidura, puesto que el recurso
extraordinario especial de revisión constituye un medio de defensa judicial
idóneo para la protección de los derechos fundamentales de los congresistas, en
especial el derecho al debido proceso. En efecto, dicho recurso extraordinario
especial procede por las siguientes causales: “(a) falta del debido proceso;
(b) violación del derecho de defensa”,[80] además de las
establecidas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.[81]
4.3. El reconocimiento de la idoneidad del recurso
extraordinario de revisión ha llevado a la Corte, además, a señalar la
improcedencia de la acción de tutela contra la sentencia que decide ese
recurso, si los argumentos que se alegan para controvertir la pérdida de
investidura en el recurso extraordinario especial de revisión, son distintos a
los que se pretende invocar  de manera estratégica en la acción de tutela. Al
respecto, la sentencia SU -1159 de 2003, sostuvo lo siguiente:
“(..) El recurso extraordinario especial de
revisión es el medio adecuado para controvertir una vía de hecho en el trámite
de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Por tal razón, los
cargos que se tengan en contra de la sentencia que resuelva la pérdida de la
investidura deben ser presentados en sede de revisión y no pueden ser guardados
estratégicamente para ser invocados luego en un proceso de tutela. La
acción de tutela procede residualmente cuando el Consejo de Estado en sede de
revisión, foro judicial señalado por la Constitución y la ley para resolver
dichas controversias, ha desconocido en sus actuaciones judiciales los derechos
fundamentales de algún Senador o Representante a la Cámara en los términos
antes mencionados. (…) ¨[C]ómo se dijo, no es aceptable guardar argumentos
estratégicamente con el fin de presentarlos únicamente ante el juez de tutela,
pretendiendo cambiar así el “foro judicial” designado por el propio
Constituyente para resolver las controversias con relación a los procesos de
pérdida de investidura.”[82]
Atendiendo esta regla jurisprudencial, en la sentencia T-920 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño) esta Corporación negó la tutela solicitada por un
congresista contra la providencia del Consejo de Estado que declaró la pérdida
de su investidura y contra la que resolvió el recurso extraordinario de
revisión,  porque en esa oportunidad  no se plantearon en el trámite de tal
recurso, los mismos  argumentos que luego se propusieron en sede de tutela, lo
que tornó  improcedente el amparo.  Dijo así tal sentencia:
“(...)
¨[E]l impugnante en revisión extraordinaria, no canalizó a través de las
causales previstas por el ordenamiento jurídico y ante el foro judicial
establecido por la Constitución, los severos cuestionamientos que ahora por vía
de tutela formula contra la sentencia que concluyó en el despojo de la investidura,
y que pretende estructurar como vía de hecho. (...).
Para
análisis del asunto bajo examen, resulta de significativa relevancia que el
impugnante no hubiese aducido en el ámbito del medio alterno de defensa que le
ofrece el orden jurídico, la vulneración del debido proceso, piedra angular
sobre la cual sostiene su argumentación para descalificar como vía de hecho
la decisión que decretó la pérdida e investidura.  Ello permite afirmar que se
incurrió en la impropiedad que la jurisprudencia constitucional ha señalado en
el sentido de omitir la formulación de los cargos que se tengan contra la
sentencia en el recurso extraordinario de revisión, para luego ser presentados
estratégicamente en el escenario de la tutela.  Esto comporta dos consecuencias
que revierten en la improcedencia de la tutela, de una parte la pretensión de
subvertir el foro judicial que el propio Constituyente ha establecido para la
controversia de las decisiones relacionadas con la pérdida de investidura, y de
otra, sustrae a la autoridad judicial que ha producido la decisión cuestionada
por vía de tutela, de la posibilidad de enmendar el error, si ése es el caso, o
de pronunciarse en su propio ámbito acerca de las censuras que se formulan
contra sus actos”. [83]
4.4. En coherencia con el anterior planteamiento, la
Sala Plena de esta Corporación ha reconocido que dado el carácter excepcional
de la acción de tutela contra sentencias y la excepcionalidad aún mayor de la
tutela en casos que involucren un recurso extraordinario especial de revisión[84],
se deben corroborar los siguientes requisitos para que proceda la acción de
tutela, en tales circunstancias:
“(…) En
estos casos la tutela procede (i) cuando se alegue una vía de hecho que
específicamente tenga origen en el fallo que resuelve el recurso extraordinario
especial de revisión, o en el proceso de revisión en sí mismo considerado;
(ii) cuando se alegue una vía de hecho que ocurrió durante el proceso de
pérdida de investidura, que fue invocada en el recurso extraordinario especial
de revisión, pero cuyo análisis por parte del Consejo de Estado acerca de la
violación del derecho fundamental contradice la Constitución o la
jurisprudencia constitu­cional aplicable; y  (iii) cuando se trate de una vía
de hecho que ocurrió en el proceso de pérdida de investidura pero que, o bien
no podía ser alegada mediante un recurso en contra de la sentencia de pérdida
de investidura, o bien fue alegada pero el Consejo de Estado la dejó de lado
por completo y no la analizó o lo hizo desconociendo el derecho claramente
aplicable”.[85]
En conclusión, puede afirmarse con base en las
sentencias SU-858 de 2001[86] y SU-1159 de 2003,[87]
que en lo concerniente a la procedencia o no de la acción de tutela contra la
sentencia que resuelve el recurso extraordinario de revisión, existen las
siguientes reglas jurisprudenciales que deben ser tenidas en cuenta en este
tipo de procesos: (1) La acción de tutela no procede de manera directa contra
la sentencia que decreta la pérdida de investidura, puesto que el recurso
extraordinario especial de revisión resulta ser un medio de defensa judicial
idóneo para la protección de los derechos fundamentales de los congresistas, en
especial del derecho al debido proceso[88]. (2) Dado que
no existe un medio de defensa judicial contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario especial de revisión, es procedente entonces la acción
de tutela, si en tal decisión se incurre en alguna de las causales de
procedibilidad mencionadas (vías de hecho) y se afectan los derechos
fundamentales de un ex parlamentario. (3) Los cuestionamientos y reparos de
orden legal o constitucional que se invoquen contra la sentencia de pérdida de
investidura en el recurso especial de revisión, deben ser los mismos que se
acrediten en sede de tutela, porque presentar “estratégicamente” en la
tutela nuevos cargos que no se alegaron en la revisión, hace improcedente esta
acción constitucional. (4) Para la procedencia de la acción de tutela en estos
casos, se requiere, además, que la vía de hecho que se alega responda a alguna
de las tres hipótesis señaladas en la sentencia SU-1159 de 2003, esto es: que
la vía de hecho (i) “tenga origen en el fallo que resuelve el recurso
extraordinario especial de revisión, o en el proceso de revisión en sí mismo
considerado; (ii) que haya ocurrido durante el proceso de pérdida de
investidura y haya sido invocada en el recurso extraordinario especial de
revisión, pero el análisis del Consejo de Estado respecto de la violación del
derecho fundamental contradiga la Constitución o la jurisprudencia constitu­cional
aplicable; o (iii) sea una vía de hecho ocurrida en el proceso de pérdida de
investidura pero, o bien no podía ser alegada mediante un recurso en contra de
la sentencia de pérdida de investidura, o bien fue alegada, pero el Consejo de
Estado la dejó de lado por completo y no la analizó o lo hizo desconociendo el
derecho claramente aplicable”.[89]
4.5. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con los
parlamentarios, los procesos de pérdida de investidura en el caso de los
concejales no son ya de única instancia[90], - como era
lo previsto en la Ley 136 de 1994 -, sino de doble instancia en virtud de la
Ley 617 de 2000. El parágrafo segundo del artículo 48 de la Ley 617 señaló que
la sentencia de primera instancia en tales procesos podía ser apelada ante el
Consejo de Estado así:
“Parágrafo
2°. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de
acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no
mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de
la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del
concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá
ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término
no mayor de quince (15) días”. (Subrayas fuera del original).
4.6. Con
respecto a la aplicación del recurso extraordinario de revisión contenido en la
Ley 144 de 1994 a los procesos de pérdida de investidura de los concejales, el
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado en reiteradas
ocasiones[91] en lo concerniente al
procedimiento fijado en la Ley 136 de 1994 para esa figura, lo siguiente:
“5. Las causales
de revisión extraordinaria frente a un fallo de pérdida de investidura de
Concejal.
Previo a
cualquier otro análisis, la Sala considera oportuno reiterar lo ya expresado en
la providencia donde se planteó el conflicto de competencia con la Sección
Quinta para conocer de este proceso, donde se dijo:
"3°. La Ley
136 de 1994 no consagra el recurso extraordinario especial de revisión respecto
de los fallos de pérdida de investidura de los concejales proferidos por los
Tribunales Administrativos.
"Pero si el procedimiento comprende
los sujetos procesales, los actos procesales (términos, régimen probatorio,
recursos, etc.) y los procesos, ha de aceptarse que todo lo previsto en
relación con tal materia en la Ley 144 de 1994 para los congresistas, incluido
el recurso extraordinario especial de revisión, debe tener aplicación respecto
de los concejales". (Auto de 17 de abril de 1996).
Con la misma
óptica ha de decirse que las causales que dan lugar al recurso extraordinario
especial de revisión no pueden ser sino las que señala el artículo 17 de la Ley
144 de 1994, esto es, las establecidas en el artículo 188 del C.C.A. amén de la
falta del debido proceso y la violación del derecho de defensa”.[92]
En el mismo sentido, la Sala Plena de esa Corporación
ha sostenido  en otras ocasiones que:
[C]ontra las
sentencias de pérdida de investidura proferidas por los Tribunales
Administrativos, no procede el recurso de apelación, por ser un proceso de
única instancia, pero que, en cambio, son pasibles del recurso extraordinario
especial de revisión, correspondiendo su conocimiento al órgano superior de
dichos tribunales, esto es, al Consejo de Estado, por cuanto el art. 185 del
C.C.A. le adscribe esa competencia. Esta circunstancia, aunada a las diversas
decisiones adoptadas también por la sala Plena de lo Contencioso del Consejo de
Estado, como la del 28 de mayo de 1996 por medio de la cual se dispuso que a
esta sección correspondía conocer del presente recurso, no dejan dudas de la
competencia de la Sección Primera para pronunciarse en relación con el recurso
extraordinario especial de revisión impetrado. La ley 136 de 1994 no contiene
disposición alguna que regule el procedimiento para conocer del recurso
extraordinario especial de revisión. Sin embargo, en aplicación del principio
constitucional de prevalencia del derecho sustancial, la sala entiende que a
dicho recurso, no obstante el calificativo de "especial" que le ha
atribuido la ley, debe darse el trámite que el C.C.A. señala para el recurso
extraordinario de revisión en el Capítulo II del Título XXIII, dada la idéntica
finalidad de uno y otro. El Consejo de Estado ha reiterado que el recuso
extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia, razón por la
que no es admisible en él la continuación del debate probatorio, sobre el fondo
del asunto, debiendo circunscribirse a las precisas causales señaladas
taxativamente por la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y
delimitado ámbito interpretativo.[93]
Con respecto a la naturaleza procesal de este recurso,
ha afirmado el Consejo de Estado que el recurso extraordinario de revisión, en
el caso de los concejales, no puede ser concebido como una tercera instancia
sino  exclusivamente como un recurso que permite valorar la decisión que se
haya tomado, conforme a las causales del artículo 17 de la Ley 144 de 1994[94],
de acuerdo al criterio jurisprudencial previamente enunciado. A este respecto,
el Consejo de Estado ha dicho que:
“(…) el recurso extraordinario de revisión
no constituye una tercera instancia, razón por la cual no es admisible en él la
continuación del debate probatorio, sobre el fondo del asunto, debiendo
circunscribirse a las precisas causales señaladas taxativamente por la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito
interpretativo.[95]
4.7. Dado que con la Ley 617 de 2000 se
modificaron algunos aspectos de la Ley 136 de 1994 en materia de competencias
respecto del proceso de pérdida de investidura para los concejales, pero nada
se dijo  en relación con el recuso extraordinario de revisión de la Ley 144 de
1994, - como tampoco lo había hecho en su momento la Ley 136 de 1994 -, puede
entenderse válidamente que para los concejales es posible interponer tal
recurso extraordinario, con fundamento en las consideraciones jurisprudenciales
del Consejo de Estado  enunciadas anteriormente respecto a la procedencia del
mismo con respecto a la Ley 136 de 1994.
Esta reflexión se ajusta además a estudios
posteriores del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionados
con la vigencia de las inhabilidades para los concejales en el caso de la
transición legislativa entre la Ley 136 de 1994 y la Ley 617 de 2000, en la
medida que para esa Corporación el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló
en su totalidad el tema de las causales de perdida de investidura del artículo
55 de la Ley 136 de 1994 en mención, sino que el artículo en lo pertinente,
continúa vigente. Así, dado que el artículo 55 no fue derogado, perviven las
reflexiones anteriores sobre el procedimiento señalado respecto de la ley 134
de 1994 previamente indicado. Dijo el Consejo de Estado, precisamente sobre la
vigencia del artículo 55 de la ley 134 de 1994[96], lo siguiente:
“En efecto, respecto del
aludido artículo 55 de la Ley 136 de 1994, expresamente, nada se precisa en la
nueva ley sobre su íntegra o total insubsistencia, de ahí que la regulación
posterior sobre el punto sólo derogaría lo que entraña incompatibilidad con la
disposición precedente”.
“Tal regulación reconoce de
manera expresa la vigencia, y por ende, la obligatoriedad de lo que otras leyes
señalan al respecto. Y es preciso tener en cuenta que la Ley 617 de 2000 (..)
sólo introdujo cambios parciales al Código de Régimen Municipal, pues no se
trató de una derogatoria total ni de una "sustitución en bloque",
aspecto en el que resulta muy ilustrativo su título o encabezamiento en el que
se precisa su alcance así: "Por la cual se reforma parcialmente la Ley
136 de 1994...”.
“Además, la disposición
controvertida de la Ley 136 de 1994 no resulta contraria al espíritu de la Ley
617 de 2000, que, como ya se dijo, buscó entre otras finalidades, el
fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades mediante la ampliación
de causales de pérdida de investidura para concejales y diputados”.[97]
(Subrayas fuera del original)
4.8. También puede considerarse como un mecanismo de
defensa relevante en estos casos, eventualmente, - de llegarse a desestimar por
el Consejo de Estado en su jurisprudencia el recurso extraordinario especial de
revisión -,  aquel genérico de revisión contenido en los artículos 185 y
siguientes del C.C.A. contra la sentencia de segunda instancia en el proceso de
pérdida de investidura, de ser el caso. Este recurso extraordinario, por
tratarse de un medio de defensa que impone exigencias técnicas específicas y
causales concretas para su procedencia (Art. 188 C.C.A)[98],
podría permitir la protección frente a la sentencia proferida en segunda
instancia por el Consejo de Estado, en circunstancias que involucren la pérdida
de la investidura de los concejales.
5. Del caso concreto
5.1. La improcedencia de la acción de tutela en el caso de la
referencia
5.1.1. Para esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, conforme a la jurisprudencia antes mencionada, resulta claro
que el demandante en esta oportunidad no agotó los medios de defensa judiciales
a los que podía acudir, conforme a las exigencias jurisprudenciales en la
materia, por lo que la acción de tutela resulta improcedente en su caso
concreto.
5.1.2. Efectivamente, en una providencia de esta Corporación
relacionada particularmente con la procedencia de la acción de tutela en un
caso de pérdida de investidura de un diputado, la Corte estimó relevante que el
actor en esa situación, hubiese utilizado el recurso extraordinario de revisión
para controvertir su caso. Al respecto, la sentencia T-1285 de 2005 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández) presentó como hechos pertinentes en la situación del
diputado, entre otros, los siguientes:
“(…) Destaca que mediante
sentencia de fecha 20 de febrero de 2004, el Tribunal Administrativo del Tolima
negó las pretensiones relativas a la pérdida de investidura por lo que la parte
accionante interpuso recurso de apelación que fue conocido por la Sección
Primera del Consejo de Estado. Adicionalmente, explica que una vez ordenada la
presentación de alegaciones, sólo hizo uso de dicha oportunidad procesal la
parte accionada y el Ministerio Público; este último se opuso a la solicitud de
pérdida de investidura.
Señala que dicha Corporación en
sentencia del 21 de julio de 2004 determinó: “REVOCASE la sentencia apelada,
y, en su lugar, se dispone DECRÉTESE la pérdida de investidura del Diputado
señor RUBEN DARIO RODRÍGUEZ GÓNGORA”.  Agrega que mediante decisión del 20
de agosto de 2004, a petición de la parte accionante, se adicionó esta
providencia.
Indica que a través de
apoderado judicial interpuso recurso extraordinario de revisión contra dicha
sentencia y contra la providencia que la adicionó y complementó. Sin embargo el
Consejo de Estado, el 18 de enero de 2005, declaró improcedente la formulación
del recurso mencionado.
Aclara que la declaratoria de
pérdida de investidura le ocasionó un perjuicio como quiera que no le permite
aspirar en el futuro a cargo alguno de elección popular, y además carece de
otro medio de defensa judicial para lograr el restablecimiento de sus derechos
fundamentales.” (Las subrayas fuera del original).
5.1.3. Igualmente, en la sentencia T-235 de 2007[99]
de esta Corporación, en un caso similar al que hoy se estudia, esta Sala de
Revisión ya había considerado que el requisito de la interposición del recurso
extraordinario señalado, era una exigencia de procedencia necesaria para el
estudio de fondo de la acción de tutela contra las providencias que declaran la
pérdida de investidura de un concejal, dada la naturaleza especial de ese
recurso.
5.1.4. En el presente caso el actor tenía abierta la
posibilidad de interponer el recurso extraordinario especial de revisión para
obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso que se habría
violado por la sentencia del Consejo de Estado que ordenó la pérdida de su
investidura como concejal, y no lo hizo, ni adujo razón alguna para haber
omitido esa actuación judicial.
Ese medio le permitiría alegar la controversia sobre
el debido proceso que plantea en esta oportunidad por vía constitucional, bajo
los mismos presupuestos que presenta en esta acción. Así, tal y como lo ha
indicado esta Corporación en sus sentencias de unificación, “el recurso
extraordinario especial de revisión y el de tutela tendrían identidad de causa
petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa,
dos pronunciamientos judiciales concurrentes”.[100]
En el mismo sentido se tiene que con
respecto a las causales de procedencia genéricas de la tutela contra
sentencias, - reseñadas previamente en esta  providencia -, el actor tampoco
explicó porqué pretendió atacar por vía de tutela una decisión judicial
proferida en el año 2002 por el Consejo de Estado, tan sólo hasta el año 2006,
- esto es cuatro años después-, sin exponer justificación alguna para no haber
acudido antes a ese mecanismo u otro mecanismo de defensa. Como se dijo, ello
compromete el principio de inmediatez y desvirtúa la urgencia de una protección
constitucional inmediata para la protección de los derechos fundamentales de
una persona, por lo que carece de otro de los requisitos de procedencia de la
tutela contra sentencias.
Por estas razones, dado que el fallo del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P.
Héctor Romero Díaz, del 03 de mayo de 2007, declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, esta Corporación confirmará esta providencia pero por
las razones presentadas en esta sentencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente Dr. Héctor
Romero Díaz, del tres (03) de mayo de dos mil siete (2007), por las razones
señaladas en este providencia.
Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA  MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 11. Cuaderno No 2.
[2]
Folio 38. Cuaderno No 2.
[3] En la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila, tanto la Sala Plena como el Ministerio Público, dan
fe de esa ejecutoria.
[4] Artículo 43 de la Ley 136 De 1994.
Inhabilidades.
(Artículo modificado por el artículo 40  de la Ley 617 de 2000). El nuevo texto
es el siguiente: “No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital: // (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes
dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado
en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí
por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo
partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones
públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma
fecha”.
[5] Artículo 55. “Pérdida de la investidura de Concejal.
Los concejales perderán su investidura por: //1. La aceptación o desempeño de
un cargo público, de conformidad con el artículo 291 de la Constitución
Política, salvo que medie renuncia previa, caso en el cual deberá informar al
Presidente del Concejo o en su receso al alcalde sobre este hecho. //2. Por
violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. // 3. Por indebida destinación de dineros públicos. // 4. Por
tráfico de influencias debidamente comprobado. // La pérdida de la investidura
será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la
respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los
congresistas, en lo que corresponda.” (La subraya fuera del original).
[6] Artículo 48. “Pérdida de investidura
de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: //1. Por
violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general. // 2. Por la inasistencia en un mismo período de
sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten
proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso. // 3. Por no tomar posesión
del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de
las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a
posesionarse. (En sentencia C-604 de 2006, la expresión “del cargo”  fue
declarada exequible) // 4. Por indebida destinación de dineros públicos. // 5.
Por tráfico de influencias debidamente comprobado. //6. Por las demás causales
expresamente previstas en la ley. // Parágrafo 1°. Las causales 2 y 3 no
tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. // Parágrafo 2°. La pérdida de la
investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena
observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por
la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por
cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del
Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15)
días”. (El artículo fue declarado
exequible en sentencia C-837  de 2001)
[7] El artículo 55 de la Ley 136 de 1994, numeral 2º,
reza lo siguiente: “Pérdida de la Investidura de Concejal: Los concejales
perderán su investidura por:(...)2. Por violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses”. (Las
subrayas fuera del original).
[8]Artículo 55. Pérdida de la investidura
de Concejal.  (…) La pérdida de la
investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los
congresistas, en lo que corresponda.  (La subraya fuera del original).
[9]
Que regula la pérdida de investidura de los congresistas.
[10]Artículo 51 de la Ley 134 de 1994.
“Faltas Absolutas. Son faltas
absolutas de los concejales: //a) La muerte; b) La renuncia aceptada. c) La
incapacidad física permanente;  d) La aceptación o desempeño de cualquier cargo
o empleo público, de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la
Constitución Política;  e) La declaratoria de nulidad de la elección como
concejal;  f) La destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la
Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario;
g) La interdicción judicial; h) La condena a pena privativa de la libertad”.
[11]Artículo 57. “Interdicción Judicial. Una vez quede en firme la declaratoria de
interdicción judicial para un concejal, proferida por parte del juez
competente, dicho concejal perderá su investidura como tal y el presidente del
concejo correspondiente tomará las medidas conducentes a hacer efectivo el cese
de funciones del mismo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia”.
[12]Artículo 61. “Causales de Destitución. Son
causales específicas de destitución de los concejales las siguientes: a) La no
incorporación injustificada al ejercicio de sus funciones, después del
vencimiento de una licencia o suspensión o de la cesación de las circunstancias
que originaron una incapacidad legal o física transitoria; //b) El haberse
proferido en su contra sentencia condenatoria de carácter penal que se
encuentre debidamente ejecutoriada, salvo en casos de delitos políticos o
culposos diferentes a aquéllos contra el patrimonio público; c) La
inasistencia, en un mismo período de sesiones a más de tres (3) sesiones
plenarias en las que se voten proyecto de acuerdo, sin que medie fuerza mayor;
d) Por destinación ilegal de dineros públicos. //La aplicación de las sanciones
de destitución y suspensión de un Concejal, serán decretadas por la
Procuraduría General de la Nación. Una vez en firme, la remitirá al Presidente
del Concejo para lo de su competencia”.  (Las subrayas fuera del original).
[13] Artículo 44 de la Ley 200 de 1995.
“Otras Incompatibilidades: 1. Los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y
miembros de las juntas administradoras locales desde el momento de su elección
y hasta cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplace
el ejercicio del mismo, no podrán: //a. Intervenir en nombre propio o ajeno en
procesos o asuntos en los cuales tengan interés el departamento o el municipio
o el distrito o las entidades descentralizadas correspondientes. // b. Ser
apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o
jurisdiccionales. //Las incompatibilidades de que trata este artículo se entienden
sin perjuicio de las actuaciones de todo orden que deban cumplir en razón del
ejercicio de sus funciones. //2. Salvo las excepciones constitucionales y
legales y el ejercicio de la docencia hasta por ocho horas semanales dentro de
la jornada laboral. // 3. Ningún servidor público podrá intervenir directa o
indirectamente en remate o ventas en público, subasta o por ministerio de la
ley de bienes, que se hagan en el despacho bajo su dependencia o en otro
ubicado en el territorio de su jurisdicción. Estas prohibiciones se extienden
aun a quienes se hallen en uso de licencia. // 4. Nadie podrá ser elegido para
más de una corporación o cargo público, ni para una corporación o un cargo, si
los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. //5. No
podrán ser elegidos diputados ni concejales quienes en cualquier época y por
autoridad competente hayan sido excluidos en el ejercicio de una profesión o se
encuentren en interdicción para la ejecución de funciones públicas”.
[14]
Cita la sentencia SU-159 del 2002. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[15] Artículo 43 de la Ley 136 de 1994. “Inhabilidades. No podrá ser inscrito
como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: // 1. Quien haya sido
condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por
delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a
partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido
del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el
ejercicio de funciones públicas. (…)” Artículo modificado por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000.
[16]
La expresión que describe el demandante estaba inscrita en el texto de las
modificaciones a la Ley 134 de 1994, incorporadas por la  ley 177 de 1994. Sin
embargo esta última ley fue modificada por la Ley 617 de 2000.
[17] Consultar al respecto, entre otras, las
sentencias  C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-329 de 1996, T-483
de 1997, T-008 de 1998, T-567 de 1998, T-458 de 1998, SU-047 de 1999, T-1031 de
2001, SU-622 de 2001, SU-1299 de 2001, SU-159 de 2002, T-108 de 2003, T-088 de
2003,   T-116 de 2003,  T-201 de 2003, T-382 de 2003 y T-441 de 2003.
[18] Sobre el carácter vinculante de este precedente y las
decisiones subsiguientes de la Corte Constitucional puede verse las sentencias
C-800A de 2002 y T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.
[19]Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992. (M.P.
José Gregorio Hernández Galindo). Desde esta sentencia, la Corte Constitucional expresó que salvo
en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de
tutela no procede contra providencias judiciales.
[20] Ver al respecto las sentencias C-037 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible de manera condicionada el
artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y C-384 de
2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en la que la Corte condicionó la
exequibilidad de las normas acusadas, a que se admitiera la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales. Un ejemplo de la viabilidad de la tutela
contra sentencias, es entre otras, la sentencia T-079 de 1993, en la que la
Corte Constitucional decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de un proceso de acción
de tutela, en el que esa Corporación confirmó la decisión del juez de tutela de
primera instancia, por considerar que era evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante. En ese caso, el  fundamento de
la decisión del funcionario judicial en un proceso ordinario, eran las
declaraciones allegadas al expediente que habían sido rendidas como versiones
libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento. Para la Corte
Suprema, conforme a la legislación vigente, las pruebas testimoniales deben ser
ordenadas mediante auto del funcionario instructor, y contra ellas debe ser
posible ejercer el derecho de contradicción. La pruebas no aportadas en estas
difícilmente podían ser definitivas en una decisión, sin vulnerar el debido
proceso. Por consiguiente se consideró que existía claramente una vía de hecho
en la sentencia. Otras providencias que pueden ser revisadas sobre este tema,
entre las muchas que existen, son la sentencia T-158 de 1993 (M.P. Vladimiro
Naranjo); T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández); T-231 de 1994 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); SU-1185
de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y la SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda), entre otras.
[21] Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994. (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[22] Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa) y  T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas). En la
sentencia T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo,  la
Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente
la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación,
constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el
requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.” En la sentencia T-774 de 2004 (M.P. Manuel
José Cepeda), la Corte sostuvo lo siguiente: “(...) la Sala considera
pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la
presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia
constitucional.  La Corte ha decantado los conceptos de capricho y
arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de
hecho”. Actualmente no “(...) sólo se trata de los casos en que el juez
impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que
incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).
Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal,
máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna
manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo
razonable.  Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a
la Constitución”.
[23] Un ejemplo de ello, es la vía de hecho por
consecuencia que se explica mejor más adelante. Ver al respecto las sentencias
SU-014 de 2001 (M.P. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil);  T-1180 de 2001.(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[24] Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004.
(Manuel José Cepeda Espinosa) y  T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas). En la
sentencia T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la
Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente
la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación,
constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el
requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
[25] Corte Constitucional. Ver sentencias T-441 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett); T-742 de 2002. (M.P. Clara Inés Vargas) y T-606 de 2004
(M.P. Rodrigo Uprimny Yepes),  entre otras.
[26] Corte Constitucional. Sentencia SU-622 de 2001 (M.P. Jaime Araujo
Rentería).
[27]Corte Constitucional. Sentencias C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio
Hernández); T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-511 de 2001 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett); SU-622 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería) y
T-108 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Gálvis), entre otras.
[28] Corte Constitucional. Sentencia T-200 de 2004 (M.P.
Clara Inés Vargas).
[29] Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992
(M.P. José Gregorio Hernández).
[30] Corte Constitucional. Sentencia T-038 de 1997 (M.P. Hernando Herrera
Vergara).
[31] Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández).
[32] Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda). La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios
de la misma, por considerar que en el trámite de una acción de grupo la
autoridad judicial les desconoció los derechos a la intimidad y al debido
proceso, al remitir al proceso varios documentos que implicaban la revelación
de datos privados. Sobre la procedencia
de la tutela la Corte señaló: “(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la
consideración según la cual existió una omisión procesal por parte de los
usuarios del Banco. Dichas
personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, difícilmente podían los ahora
tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido
notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en el transcurso de un
proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.” Cfr. también las
sentencias T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-567 de 1998
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2000. (M.P.
Carlos Gaviria Díaz).
[34] Corte Constitucional. Sentencias SU-1159 de 2003 y
T-578 de 2006. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[35] Corte Constitucional. Sentencia T-578 de 2006. (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[36] Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994. (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[37] Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004  (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[38] Corte Constitucional. Sentencia SU-120 de 2003 (M.P.
Álvaro Tafur Gálvis).
[39] Vgr. ha sido derogada o declarada inexequible.
[40] Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006. (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[41] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001.
(M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[42] En
la sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) la Corte decidió
que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin
razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”.
Puede verse además la sentencia T-1285 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas y la
sentencia T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[43] Corte Constitucional. Sentencias SU-1184 de 2001;
T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). También la
sentencia T-047 de 2005. (M.P.
Clara Inés Varga)s. En estos casos, si bien el  juez de la causa es quien le
fija el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo en oposición a los
valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo
seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger
aquél que se ajuste a la Carta política.
[44] Corte Constitucional. Sentencia T-114 de 2002. (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett) Ver también la sentencia T- 1285 de 2005. (M.P.
Clara Inés Vargas).
[45] Ver la sentencia T-292 de 2006. (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa). También las sentencias SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y  T-462 de 2003. (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[46] Corte Constitucional. Sentencia T-1285 de 2005. (M.P.
Clara Inés Vargas). En la sentencia T-193 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria), esta
Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del principio de
igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que
consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial
trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de
manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían
infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de
infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse
la sentencia T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[47] Sobre el tema pueden consultarse además, las
sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); T-1625 de 2000;
T-522 de 2001;  T-047 de 2005.
(M.P. Clara Inés Vargas). En la sentencia
T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte señaló que:  “es
evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si
se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y
solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados
porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual
el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[48] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[49] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de
1994.
[50] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[51] Ibídem.
[52] En la sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda), se precisó que en tales casos, “aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre las
que se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente
obtenida, los efectos de esta irregularidad son limitados. Para la Corte, “el
hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba
absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se
profiera deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo en aquellos
casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única
muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual habría de variar el juicio
del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en
cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de
procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de la prueba viciada
debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada.”
[53] Cfr. sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell).
[54] Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[55] Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[56] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001.
(M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[57] En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José
Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede producirse, a título de
ejemplo, cuando se pretermiten
eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las
garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por
ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que
supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos
en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y
solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición;
(ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su
participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias
proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas.
[58] Corte Constitucional. Sentencias T-462 de 2003 y T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005. (M.P. Clara Inés Vargas),
entre otras.
[59] Ver entre otras las Sentencias SU-014 de 2001 (M.P.
Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil);  T-1180 de
2001.(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[60]  Corte Constitucional. Sentencia T-1285 de 2005. (M.P. Clara Inés
Vargas).
[61] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[62] Ver entre otras las sentencias C-131 de 1993, C-083
de 1995, (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-036 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa). En la sentencia T-292 de 2006. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), puede
encontrarse una reseña histórica y un análisis sobre los fundamentos de la
obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional.
[63] Tienen el carácter de cosa juzgada erga omnes la
parte resolutiva de las sentencias proferidas en los juicios de
constitucionalidad, la motivación de los mismos que guarde con lo resuelto
unidad de sentido y los apartes que la Corte, en la misma decisión indique.
–entre otras sentencias C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero);
C-083 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-522 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda  Espinosa).
[64] Sentencias C-083 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y
T-739 de 2001.
[65] Ver, entre otras, las sentencias C-542 de 1992, C-473
y 496 de 1994, C-083 de 1995 y 739 de 2001.
[66] Sentencias T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell); T-329 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y SU-477 de
1997 (M.P. Jorge Arango Mejía), entre otras.
[67] Sentencia T-008 de 1998 (M.P Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[68] Ver T-123 de 1995. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz);
T-321 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y  T-068 de 2001. (M.P. Álvaro
Tafur Gálvis).
[69] La sentencia C-207 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
(S.V. Clara Inés Vargas), en la que la Corte examinó el contenido normativo
previsto en la aplicación de los artículos 17 de la Ley 144 de 1994 y 33 de la
Ley 446 de 1998, sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
[70] Así lo consideró la Corte en sentencias T-193 de 1995
(M.P. Carlos Gaviria Díaz); T-965 de 2002 y SU-1159 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa); SU-858 de 2001, (M.P .Rodrigo Escobar Gil).
[71] En la sentencia C-207 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil; Salvamento parcial de voto de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández) la
Corte resolvió declarar exequible esta norma “en el entendido que el recurso
extraordinario de revisión allí previsto también procede para todas las
sentencias ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998, incluidas
las proferidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 144 de 1994, y que el
término de caducidad de cinco años, para éstos casos, se cuenta a partir del 8
de julio de 1998, fecha de publicación de esta última ley.”
[72] Código Contencioso Administrativo, artículo 188.-
(Modificado por la  Ley 446 de 1998, art. 57) Causales de revisión. Son
causales de revisión: 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados. 2. Haberse recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 3. Aparecer, después de
dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder
esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.  5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 6.
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación. 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.  8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo,
no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada.
[73] Sobre la caducidad del recurso extraordinario de
revisión, puede verse la sentencia C-207 de 2003, que declaró exequible el
artículo 17 de la ley 144 de 1994.  Sin embargo el Consejo de Estado considera
que “sólo a partir de la vigencia de la ley 446 de 1998, esto es el 8 de
julio de 1998, que atribuyó la competencia para conocer el recurso a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo (art. 33), era posible su ejercicio y
por lo tanto, sólo a partir de esa fecha corre el término de cinco (5) años
establecido en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, para su interposición”(Sentencia
C.E. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 11 de octubre de 2005.
Consejera Ponente: Ligia López Díaz. No 11001-03-15-000-2003-00794-01.
[74] Corte Constitucional, sentencia T-193 de 1995 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz). En el caso analizado por esa sentencia, la Corte resolvió
confirmar la providencia proferida por el juez de instancia, por medio de la
cual se denegó la tutela impetrada por el Senador Ricaurte Losada Valderrama en
contra de la decisión del Consejo de Estado de decretar la pérdida de su
investidura como Senador de la República, al existir otro medio de defensa
judicial pertinente.
[75] El cambio jurisprudencial se dio con la sentencia
T-162 de 1998. Al respecto la sentencia SU-858 de 2001 señaló que “(…) la
Corte en Sentencia T-193 de 1995 afirmó la improcedencia de la acción de tutela
por cuanto el recurso extraordinario de revisión constituía un medio idóneo y
alternativo de defensa. Descartó también la Corte, en esa oportunidad, la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio. Por otra parte, en la
sentencia T-162-98 la Sala Tercera de Revisión de la Corte había afirmado que,
no obstante lo dispuesto en la sentencia T-193 de 1995 sobre que el recurso
extraordinario de revisión constituía un medio alternativo e idóneo de defensa
judicial, en la práctica tal recurso se había tornado inane, porque si bien el
mismo se encuentra consignado en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, hasta el
momento de proferir la sentencia, la ley no había establecido el juez
competente para conocer del anotado recurso. El Consejo de Estado, en
consonancia con ese criterio de la Corte, en auto de noviembre 11 de 1997,
había manifestado que ‘[m]ientras el legislador no señale expresamente la compe­tencia,
le está vedado a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocer de un
recurso extraordinario especial de revisión como el que ahora se interpone, por
la sencilla razón de que la competencia debe ser expresamente atribuida por la
ley, y solamente el legislador podrá señalar quien es competente para conocer
del recurso extraordinario especial de revisión consagrado en el artículo 17 de
la ley 144 de 1994...’  La observación de la Sala Tercera de Revisión se vio
superada meses después, con la expedición de la Ley 446 de 1998 y encuentra la
Corte necesario unificar la jurisprudencia sobre este particular. En la
sentencia T-162 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), se consideraron
acertadas las dos decisiones que había tomado el juez instancia, a saber:  (i)
avocar de fondo el conocimiento de la tutela interpuesta contra una providencia
del Consejo de Estado de perdida de investidura, y (ii) establecer que la
providencia no había incurrido en una vía de hecho al decretar la pérdida de
investidura de Senador de la República a Félix Salcedo Baldión” (Sentencia
de agosto 26 de 1994 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado. C.P. Delio Gómez Leyva; AC-1499).
[76] Corte Constitucional, sentencia SU-858 de 2001. (M.P.
Rodrigo Escobar Gil). En este caso se resolvió revo­car el fallo de instancia
por medio del cual se resolvió negar la tutela interpuesta por Edgar José Perea
Arias en contra del Consejo de Estado, y en su lugar se declaró la
improcedencia de la acción, por existir otro medio de defensa judicial. La Corte negó el amparo por considerar que
el peticionario contaba con otro medio de defensa judicial aún pendiente de
tramitarse: el recurso extraordinario especial de revisión. Los Magistrados Jaime Araujo Rentaría y Alfredo
Beltrán Sierra salvaron su voto por considerar que la acción de tutela sí era
procedente; para ellos el Consejo de Estado había desconocido los derechos del
accionante al decretar la pérdida de su investidura con base en una causal que
a su juicio no se encuentra contemplada en la Constitución ni en la ley.
[77] Sentencia T-920 de 2005. (M.P.Manuel José
Cepeda Espinosa), citando la SU- 858 de 2001, (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[78] Sentencia T-1285 de 2005. (M.P. Clara Inés Vargas).
[79] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[80] Ley 144 de 1994 (Por la cual se establece el
procedimiento de pérdida de la investidura de los congre­sistas) “artículo
17.- Son susceptibles del recurso extraordinario especial de revisión,
interpuesto dentro de los cinco (5) años siguientes a su ejecutoria, las sentencias
mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un parlamentario, por
las causales establecidas en el artículo 188 del C.C.A. y por las siguientes:
a.- Falta del debido proceso;  b.- Violación del derecho de defensa”.
Recientemente en la sentencia C-207 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil;
Salvamento parcial de voto de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández) la
Corte resolvió declarar exequible esta norma “(…) en el entendido que el
recurso extraordinario de revisión allí previsto también procede para todas las
sentencias ejecutoriadas antes de la vigencia de la Ley 446 de 1998, incluidas
las proferidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 144 de 1994, y que el
término de caducidad de cinco años, para éstos casos, se cuenta a partir del 8
de julio de 1998, fecha de publicación de esta última ley.”
[81] Código Contencioso Administrativo, artículo 188.-
(Modificado por la  Ley 446 de 1998, art. 57) Causales de revisión. Son
causales de revisión: 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados.  2. Haberse recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.  3. Aparecer, después
de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar.  4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder
esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.  5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.  6.
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.  7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición.  8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo,
no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada.
[82] Corte Constitucional. Sentencia SU-1159 de 2003, (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). Esta posición ha sido reiterada por la Corte en
pronunciamientos posteriores, entre los que se destacan la sentencia T-920 de
2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[83] La solicitud de nulidad en contra de dicha sentencia
fue denegada por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En lo pertinente, el
auto 197 de 2006 dice: “En conclusión, no encuentra la Sala que en la
sentencia T- 920 de 2005 se hubiese incurrido en una indebida aplicación de la
jurisprudencia relativa a la procedibilidad de la acción de tutela contra la
decisión que resuelve el recurso extraordinario especial de revisión contra la
decisión que declara la pérdida de investidura parlamentaria (S.U. 1159 de
2003), que comporte una variación de la jurisprudencia de  Sala Plena. Lo que
el peticionario de la nulidad califica como “imposición de requisitos extremos,
irracionales y desproporcionados en lo relativo al agotamiento del mecanismo
alterno de defensa”, responde en realidad a la aplicación, en la sentencia
cuestionada, de las reglas jurisprudenciales que ha trazado la Corte en materia
de procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
doctrina que se ha desarrollado con un mayor grado de detalle cuando se dirige
contra las decisiones del Consejo de Estado que se pronuncian sobre la pérdida
de la investidura parlamentaria. Esas reglas jurisprudenciales responden además
a un legítimo interés de promover y garantizar que el juez que ostenta el fuero
constitucional para decidir los asuntos de pérdida de investidura
parlamentaria, tenga la oportunidad de pronunciarse, y corregir si es del caso,
las disfunciones de relevancia constitucional en que hubiere podido incurrir en
el proceso o en las decisiones que profiera sobre esta materia. El juez
constitucional cumple aquí su labor residual y subsidiaria en la protección de
los derechos fundamentales, cuando el Juez ordinario, para el caso el Consejo
de Estado, persiste en la vulneración, a pesar de haberse agotado adecuadamente
los procedimientos ordinarios que le hubiesen permitido pronunciarse sobre la
vulneración. Así las cosas, ninguno de los cuestionamientos expuestos en la
solicitud de nulidad reviste  idoneidad para estructurar una causal de
violación del debido proceso, con capacidad de invalidación de la sentencia.”
[84] Corte Constitucional. Sentencia T-920 de 2005. (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[85] Corte Constitucional. Sentencia SU-1153 de 2003. (M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa).
[86] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[87] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[88] Al respecto, la  sentencia T-920 de 2005. (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), cita entre otras, las sentencias SU -858 de 2001, (MP Rodrigo
Escobar Gil) y SU-1159 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[89] Corte
Constitucional. Sentencia SU-1159 de 2003. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[90] Inicialmente la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en atención a lo predicho por la Ley 136 de 1994 respecto a la
figura de la pérdida de investidura de los concejales,  en auto del 25 de
enero de 1995, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo (Exp
AC-2220) señaló que contra las providencias de pérdida de investidura
proferidas por los Tribunales Administrativos no procedía el recurso de
apelación, por ser el proceso de pérdida de investidura un trámite de única
instancia, en los mismos términos de la pérdida de investidura de Congresistas.
Sin embargo, se concluyó que era posible acudir al recurso de revisión
consagrado en el articulo 185 del CCA., “correspondiendo  su conocimiento al
órgano superior de dichos Tribunales, esto es al Consejo de Estado, por cuanto
el artículo 185 del C.C.A le adscribe esa competencia”.  Para ello se
utilizaba el proceso aplicable en la Ley 144 de 1994, conforme a lo indicado
por la parte final del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 que reza lo siguiente:
“La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el
procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda”.
Nótese que no se hablaba de extender por analogía a los concejales la figura
consagrada expresamente en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994 que permite el
Recurso Extraordinario Especial de Revisión (REER) para los Congresistas,
porque ese recurso estaba previsto en tal artículo de manera expresa para los
“Parlamentarios”, pero si de la figura genérica consagrada en el artículo 188
del C.C.A. Al respecto pueden consultarse entre otras las siguiente
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 19 de
enero de 1996,  Consejero Ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora, Actor Rafael
Duran Leal; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, junio 27
de 1996. Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa,  Actora Cecilia Elena
Álvarez y  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,  Sección
Primera. Consejero Ponente Manuel Santiago Urueta, providencia del 2 de marzo
de 2001. Actor. Gonzalo Javier Zambrano.
[91] En auto de Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de
mayo de 1996, Consejero Ponente. Dra. Clara Forero de Castro, Actor: Fabio
Otero Paternita y con Salvamento de voto de los Magistrados Ernesto Rafael
Ariza Muñoz, Germán Ayala Mantilla, Álvaro Lecompte Luna, Juan Alberto Polo
Figueroa, Libardo Rodríguez Rodríguez y Manuel Urueta Ayola, se concluyó que
correspondía a la sección primera de esa Corporación conocer del recurso
especial de revisión interpuesto contra una sentencia de pérdida de investidura
presentada por un concejal. Los Salvamentos de Voto se centraron en alegar que
la competencia debería haberle sido  atribuida a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Igualmente, en el Auto radicado con el Número 4545
de 1997, de la Sección Primera del Consejo de Estado. M.P. Ponente: Dr. Libardo
Rodríguez Rodríguez,  Actor: Luz Marina Rodriguez Santamaría, dijo esa Sección
del Consejo de Estado sobre el particular, lo siguiente: “De acuerdo con
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 144 de 1994, "por el
cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los
Congresistas", es aplicable a la pérdida de investidura de los concejales,
incluido el Recurso Extraordinario Especial de Revisión en ella previsto. Como
se aprecia de la simple lectura del artículo 17 de la ley 144 de 1994, el
legislador sólo consagró la procedencia del Recurso Extraordinario Especial de
Revisión, contra "... las sentencias mediante las cuales haya sido levantada
la investidura de un Parlamentario...", es decir, respecto de las
sentencias que lo despojan de su investidura, pero en momento alguno contra
aquellas que denieguen la solicitud que en ese sentido se formule. Lo
anterior se traduce en que el único legitimado para interponer dicho recurso,
es el Parlamentario - o Concejal - respecto del cual se haya decretado la
pérdida de su investidura, y, frente al claro sentido de la citada norma,
cuyo tenor no puede desatenderse  so pretexto de consultar su  espíritu, por
expreso mandato del artículo 27 del Código Civil. Se impone concluir que el
Recurso Extraordinario Especial de Revisión interpuesto por la ciudadana Luz
Marina Rodríguez Santamaría contra la sentencia indicada al inicio de esta
providencia, se torna inadmisible por no estar legitimada para hacer uso del
mismo. En consecuencia, se procede  a inadmitirlo, por improcedente”.
(Subraya sobre la procedencia del recurso fuera del original). A su vez, en la
sentencia de la Sección Primera, M.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Actor:
Javier Alberto Sanchez. Radicación: 5765, del 14 de septiembre de 2000, se
recordó que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
de pérdida de investidura de concejal y que le compete a la sección primera del
Consejo de Estado su conocimiento. Con todo, en el caso concreto, no prosperó
el recurso extraordinario de revisión. Igualmente, en la sentencia de diciembre
de 2001, de la Sección Primera del Consejo de Estado. C. Ponente: Dr. Camilo
Arciniégas Andrade, actor: Tobías Alberto Osorio Sanchez, Radicación 6399 del
2001, se estudió de fondo un recurso extraordinario de revisión presentado por
un concejal con ocasión de la pérdida de su investidura, quien alegaba haber
recobrado una prueba luego de dictada la sentencia. En ese caso, la Sala
consideró que el documento aportado “no se trata de un documento decisivo;
ni que hubiese dado pie para proferir una sentencia distinta de la recurrida.
Tampoco es documento que se hubiese recobrado después de dictada la sentencia,
ni el recurrente probó que no lo pudo aportar al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria, circunstancias todas que han de
concurrir para que se configure la causal contemplada en el numeral 2  del
artículo 188 del C.C.A”. Esta providencia reiteró lo enunciado en otras
providencias previas de esa Corporación como la sentencia del 10/04/97 Exp. 3710
C.P. Ernesto Rafael Ariza M., que a su vez cita la sentencia del 25/01/95 Exp.
AC-220 C.P. Carlos Betancur J., y la sentencia del 13/03/97 Exp. 3712 C.P. Juan
A. Polo. Con todo, también han existido pronunciamientos previos contrarios a
esta tesis, en los que se ha negado la procedencia de este recurso. Así, en la
sentencia del 19 de enero de 1996, de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Doctor Carlos Arturo Orjuela Góngora,
actor: Rafael Durán Leal, dijo, que la remisión que hace la norma de la Ley 136
al juicio de pérdida de investidura de los Congresistas, se relaciona
únicamente con el trámite que debe impartírsele a las demandas que persiguen
ese resultado y no con otros aspectos, como por ejemplo el atinente al recuso
extraordinario "especial" de revisión, pues la Ley 144 lo defiere de
manera concreta y precisa para el "Parlamentario", y en principio, no
es un tema que aparezca aplicable por extensión o analogía a otra clase de
servidores públicos como los concejales. Así las cosas, dijo la sentencia “la
invocación que el recurrente hace de lo establecido en el literal a) del
artículo 17 de la Ley 144, resulta improcedente”. Sin embargo, como se mencionó
previamente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el veintiocho (28)
de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), modificó esa apreciación, al
resolver para el efecto el conflicto de competencias en el proceso de
referencia No. C-311. Actor: Fabio Otero Paternita, Consejera Ponente: Doctora
Clara Forero de Castro, ya citada, en el que se decidió que frente a estos
recursos especiales de revisión, era la sección primera la competente.
[92] Consejero
Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Providencia 13 de marzo de 1997, expediente No.3712. Esta providencia fue reiterada
posteriormente por esa misma Corporación en varias oportunidades. Al respecto
puede consultarse el Auto del 17 de marzo
de 1996, Sección Primera. C. Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Actor:
Amelia Gómez de Corcho. Radicación: 3710. En ese auto dijo el máximo Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, lo siguiente: “La ley 136 de 1994 no consagra el
recurso extraordinario especial de revisión respecto de los fallos de pérdida
de investidura de los concejales proferidos por lo Tribunales Administrativos. Pero
si el procedimiento comprende los sujetos procesales, los actos procesales
(términos, régimen probatorio, recursos, etc.) y los procesos, ha de aceptarse
que todo lo previsto en relación con tal materia en la ley 144 de 1994 para los
congresistas, incluido el recurso extraordinario especial de revisión, debe
tener aplicación en relación con los concejales”. (La subraya fuera del
original)
[93] Al
respecto pueden consultarse entre otros, el auto de 25 de enero de 1995 de la
Sala Plena, Exp. AC-2220, Consejero Ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo,
Actor: Jairo Álvaro Álvarez Martelo y el auto de 28 de mayo de 1996 de la Sala
Plena, Exps. C-311, C-313 y C-314.
[94] Artículo 17 de la ley 144 de 1994.
“Recurso Extraordinario Especial de Revisión. Son susceptibles del Recurso
Extraordinario Especial de Revisión, interpuesto dentro de los cinco (5) años
siguientes a su ejecutoria las sentencias mediante las cuales haya sido
levantada la investidura de un Parlamentario, por las causales establecidas en
el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por las siguientes: a)
Falta del debido proceso; b) Violación del derecho de defensa (…)”
[95] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero
Ponente. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, del trece de marzo de mil novecientos
noventa y siete. Ref.: Expediente núm. 3712. Recurso Extraordinario de Revisión
actor: Fabio Otero Paternina.
[96] Se recuerda que el artículo 55 dice lo siguiente:
“Pérdida de la investidura de Concejal. Los concejales perderán su investidura
por: //1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con el
artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia previa, caso
en el cual deberá informar al Presidente del Concejo o en su receso al alcalde
sobre este hecho. //2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses. // 3. Por indebida destinación de dineros
públicos. // 4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. // La
pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento
establecido para los congresistas, en lo que corresponda.” (La subraya
fuera del original es especialmente relevante, por las consideraciones previas
sobre el alcance del recurso enunciado).
[97] Sala Plena del  Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 23 de abril de 2002
Expediente núm. 7177. Actor: Julio Vicente Niño Mateus; Consejero Ponente
doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[98] Artículo 188 C.C.A. “Causales de revisión. Son
causales de revisión: 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados. 2. Haberse recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 3. Aparecer, después de
dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar. 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder
esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. 5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 6.
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra a
que no procede recurso de apelación. 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá
lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada”.
[99]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[100] Corte Constitucional. Sentencia SU-868 de 2001. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.