A077-07
PROYECTO DE AUTO
Auto
077/07
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Competencia de la Sala
Plena
NULIDAD SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Procedencia únicamente
por violación al debido proceso
NULIDAD PROCESO DE TUTELA EN SEDE DE REVISION-Posibilidad inclusive después de proferida la
sentencia por desconocimiento del debido proceso
INCIDENTE DE NULIDAD CONTRA SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Procedencia
excepcional ya que no es recurso ni oportunidad para reabrir debate definido
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Debe estar sometida a la ocurrencia de situaciones
jurídicas especialísimas y excepcionales/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Procedencia por notoria y flagrante vulneración del debido
proceso
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Requisitos de
procedibilidad
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Presupuestos
materiales de procedencia
NULIDAD-Alcance
de la causal “desconocimiento de la jurisprudencia”
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia por cambio de jurisprudencia/CAMBIO DE
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Debe ser resuelto por Sala Plena
DESCONOCIMIENTO DE JURISPRUDENCIA COMO CAUSAL DE
NULIDAD-Formas
El "desconocimiento de jurisprudencia", como
causal de nulidad puede ser comprendida de la siguiente forma: (i) como
desconocimiento de una sentencia de sala plena cuya ratio decidendi coincide
con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se solicita;
(ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior, bien sea en su
ratio decidendi o en su obiter dicta, y, (iii) como una segunda instancia de lo
decidido por la Sala de Revisión.
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Encuentra limitante al demostrar que la Sala de
Revisión modificó un precedente constitucional
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Reglas judiciales emanadas de la interpretación de
una norma superior para la solución de un caso concreto/JUEZ CONSTITUCIONAL-Debe
ser consistente con sus decisiones previas/CORTE CONSTITUCIONAL-Modificación
de precedente debe ser efectuado por Sala Plena y no por Salas de Revisión
SALAS DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Autonomía interpretativa y desarrollo del pensamiento
jurídico racional de las materias sometidas a su decisión
NULIDAD FALLO DE TUTELA-Divergencia entre la decisión y el precedente
constitucional debe contrariar abiertamente la ratio decidendi
INCIDENTE DE NULIDAD
CONTRA FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No constituye segunda instancia/FALLO DE TUTELA-Sala de Revisión constituye
órgano de cierre de los asuntos sometidos a su conocimiento
SOLICITUD DE NULIDAD POR CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Procedencia si hay modificación sustancial de un
precedente concreto y no frente a cualquier doctrina jurisprudencial/PRINCIPIO
DE AUTONOMIA JUDICIAL-Sala Plena no puede determinar si Sala de Revisión
acertó al establecer la existencia o no de una vía de hecho judicial
INCIDENTE DE NULIDAD-No se entiende como nueva instancia procesal sino como mecanismo
encaminado a salvaguardar el derecho al debido proceso
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Accionante debe enmarcar adecuadamente la solicitud
dentro de las causales de procedibilidad
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Oportunidad por
presentación dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
sentencia T-904 de 2006
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Legitimación activa de
la demandante en sentencia T-904 de 2006
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Incidentente cumple
con la carga argumentativa en sentencia T-904 de 2006
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO-Reliquidación
pensión de vejez/ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE LUIS
CARLOS GALAN SARMIENTO-Debate sobre régimen pensional aplicable y la
supuesta aplicación errónea de la convención colectiva
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO-Improcedencia
para reclamar la reliquidación de mesadas pensionales/ACCION DE TUTELA
CONTRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO-Procedencia
excepcional para reclamar la reliquidación de mesadas pensiónales cuando se
reúnan requisitos especiales
Referencia: solicitud de nulidad
de la sentencia T-904 de 2006
Acción de tutela instaurada por
Margarita Coronel Duarte contra la Empresa Social del Estado -ESE- Luis Carlos
Galán Sarmiento.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D. C.
veintiuno (21) de marzo de dos mil siete (2007)
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a
decidir sobre la solicitud de nulidad de la Sentencia T-904 de 2006, proferida
por la Sala Séptima de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes del proceso de tutela que dio lugar a la
expedición de la Sentencia T -904 de 2006.
Margarita Coronel Duarte instauró acción de tutela en
contra de la Empresa Social del Estado - ESE- Luis Carlos Galán Sarmiento, por
considerar vulnerados sus derechos a la seguridad social en conexidad con el
derecho al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna y el
principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de las normas
laborales.
Según la peticionaria, laboró durante más de veinte años
en el Instituto de Seguros Sociales, en un principio en calidad de enfermera
jefe en la Clínica San Pedro Claver y después de la escisión del Instituto, en
la Empresa Social del Estado, ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
El día diez (10) de julio de 2004 cumplió los requisitos
de edad y tiempo de servicios para acceder al derecho a la pensión de
jubilación. Prestación que efectivamente le fue reconocida a través de la
Resolución No. 2870 del veintidós (22) de abril de 2005, por la suma de dos
millones doscientos veinticinco mil novecientos setenta y un pesos
($2'225.971).
A juicio de la actora, el acto a través del cual se le
reconoció la pensión de jubilación aplicó de manera errada la convención
colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato SINTRASEGURIDAD
SOCIAL, vigente al momento de cumplir con los requisitos para acceder a esta
prestación, puesto que la pensión le fue reconocida con base en el artículo 101
de la convención colectiva, regulación que era aplicable a aquellos
trabajadores que no habían laborado veinte años continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y por ello, el ingreso base para la liquidación
de la mesada pensional fue del setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
mensual de lo percibido en el último año de servicios.
Alegó que en su caso debió darse aplicación al artículo
98 de la convención colectiva, debido a que se encontraba en el supuesto de la
citada disposición, en razón a que había laborado durante más de veinte años en
la entidad demandada, por lo que el ingreso base para la liquidación de su
mesada pensional debió haber sido reconocida tomando como ingreso base para la
liquidación, el cien por ciento (100%) del promedio mensual de lo percibido en
los dos últimos años de servicio, según lo regulado en la norma mencionada.
Adujo que, solicitó la reliquidación de su mesada
pensional a la entidad demandada, pero le fue denegada mediante la Resolución
No. 0346 del veintisiete (27) de octubre de 2005.
Manifestó que, la errónea liquidación de su pensión de
jubilación afecta sus derechos fundamentales y aunque para hacerlos valer podía
acudir a la jurisdicción ordinaria, la disminución sustancial de sus ingresos
constituye un perjuicio irremediable que hace procedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada, expidiera un nuevo acto administrativo mediante el cual se reliquide
la pensión de jubilación y se le reconozcan los derechos convencionales
adquiridos.
El juez de primera instancia, concedió de manera transitoria
el amparo solicitado, al considerar que la entidad demandada había aplicado
erróneamente la convención colectiva suscrita entre el Instituto de Seguros
Sociales y el Sindicato SINTRASEGURIDAD SOCIAL, por lo tanto, la pensión debió
reconocerse de acuerdo al artículo 98 y no en el 101 de la citada convención,
puesto que, la aplicación equivocada de esta normatividad, vulnera el derecho
fundamental de la demandante al mínimo vital, "ya que su condición de
adulto mayor lo (sic) imposibilita física y socialmente para ingresar
nuevamente en el campo laboral para competir con mano de obra de lo (sic)
supere en energía física y actualidad”. En consecuencia, ordenó a la
entidad tutelada, reliquidara la pensión de jubilación, hasta tanto la
jurisdicción de lo contencioso administrativo decidiera de fondo la
controversia.
Por su parte, el juez de segunda instancia, revocó el
fallo impugnado y en su lugar rechazó la acción interpuesta. Para el ad
quem, la tutelante, debió interponer recurso de reposición contra el acto
administrativo por medio del  cual se le denegó la reliquidación de la mesada
pensional solicitada. Igualmente sostuvo que, no se demostró la vulneración del
derecho al mínimo vital de la actora, pues le fue reconocida una pensión
superior a dos millones doscientos mil pesos ($2'200.000), y además, no se
trataba de una persona de la tercera edad.
2. La sentencia T -904 de 2006.
La Sala Séptima de Revisión de esta Corte, mediante
providencia de fecha tres (3) de noviembre de 2006, decidió revocar el fallo
del dos (02) de mayo de 2006, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá D.C. y en su lugar denegó por improcedente la protección de los
derechos invocados por la señora Margarita Coronel Duarte contra la Empresa
Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento.
Para llegar a esta decisión, la Sala de Revisión,
reiteró la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y alcance de la
acción de tutela regulada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, así como la improcedencia general de
este medio de defensa judicial para la obtener reliquidación de pensiones y la
excepción a dicha regla.
Señaló la Sala lo siguiente:
“(...) si el reconocimiento de una pensión por parte
del juez de tutela es excepcionalísimo, debido a que está condicionado a la
puesta en peligro de derechos fundamentales, circunstancia que debe
demostrarse, con mayor razón el amparo constitucional por regla general se
torna improcedente para ordenar reliquidación de pensiones ya reconocidas, pues
por una parte, esta materia compete al juez ordinario y debe ventilarse en el
escenario natural propio de esa clase de procesos, pero adicionalmente en estos
casos se está ante una prestación económica ya reconocida y en consecuencia,
por regla general, no existe amenaza o vulneración del derecho al mínimo vital
del solicitante[1].
No obstante lo anterior se
pueden presentar situaciones extraordinarias en las cuales al titular de un
derecho no le es posible esperar a que la jurisdicción ordinaria se pronuncie,
pues el hacerlo, podría ocasionarle un perjuicio irreparable, situación ante la
cual, la acción de tutela se torna en el medio idóneo y eficaz para proteger
transitoriamente el derecho fundamental amenazado o vulnerado mientras se
resuelve el asunto litigioso o el conflicto de carácter legal, que en materia
de liquidación de pensiones, en la mayoría de los casos surge en torno a la
interpretación jurídica sobre el monto exacto de la mesada pensional, problema
que en principio, debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria[2].
Entonces, solamente en los
eventos en los cuales el conflicto planteado desborde el marco meramente legal
y pase al plano constitucional, el juez de tutela estaría en la obligación de
decidir de fondo una solicitud de esta naturaleza y a tomar las medidas
pertinentes para la protección del derecho vulnerado o amenazado[3].
Las circunstancias consideradas
relevantes por la jurisprudencia constitucional relevantes con el propósito de
considerar la protección transitoria de los derechos invocados, en lo referido
a la reliquidación de pensiones, han sido en primer lugar, si la persona que
solicita el amparo constitucional es de la tercera edad, debido a su calidad de
sujeto de especial protección constitucional. En segundo lugar, el solo hecho
de que tenga esta condición, no hace que de manera automática proceda la
tutela, pues debe demostrarse lo siguiente: (i) que el perjuicio sufrido afecta
o es susceptible de vulnerar derechos constitucionales fundamentales como la
dignidad humana[4], la salud[5],
el mínimo vital[6], la subsistencia en
condiciones dignas[7], y, (ii) que existan
lazos de conexidad con derechos fundamentales[8], o se acredite que
someter a la persona a los trámites de un proceso judicial ordinario sería
excesivamente gravoso[9]. De tal manera que,
sólo en estos eventos la acción de tutela desplaza de manera transitoria el
mecanismo ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde eficacia frente a las
circunstancias particulares del actor en el caso concreto[10].
En suma, quien solicite al juez constitucional proteja
transitoriamente sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la
conducta de la entidad demandada en la no liquidación correcta de su pensión,
debe acreditar los siguientes requisitos: (i) el interesado tenga la calidad de
jubilado, esto es, que se le haya reconocido su derecho pensional; (ii) el
tutelante haya agotado los medios de defensa en sede administrativa y la
entidad se mantenga en negar lo pedido; (iii) se haya acudido a la jurisdicción
competente o que de no haberlo hecho se deba a causa ajena no imputable al
actor, (iv) se demuestren las especiales condiciones del accionante y la
inminente concurrencia de un perjuicio irremediable que hacen necesaria la
intervención del juez constitucional, si el asunto gira estrictamente sobre una
discrepancia litigiosa, su conocimiento y resolución desborda el conocimiento
del juez de tutela, y, finalmente, v) no es suficiente que sean invocados
fundamentos de derecho para que proceda el amparo transitorio, pues es
necesario que sean acreditados los supuestos fácticos que demuestren las
condiciones materiales del demandante[11].
Al analizar el caso concreto, consideró la Sala que la
demandante no cumplía con la mayoría de los requisitos señalados por la
jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia excepcional de la
acción de tutela tendiente a ordenar la reliquidación de mesadas pensionales,
así:
“(i) Si bien ostenta la calidad de
jubilada, y (ii) agotó los medios
de defensa en sede administrativa –en esto la Sala de Revisión difiere del juez
de segunda instancia pues considera que no era necesario interponer el recurso
de reposición contra la resolución que denegó la reliquidación de la pensión-,
empero (iii) no ha acudido a la jurisdicción competente para reclamar la
reliquidación de su pensión de jubilación, y (iv) tampoco cumple el requisito que exige la
demostración de las especiales condiciones materiales del accionante, que
autorice la intervención del juez constitucional, pues aparece demostrado en el
expediente, que la actora es una persona que cuenta con 52 años de edad, motivo
por el cual no puede considerarse como sujeto de especial protección por haber
llegado a la tercera edad, ni acreditó que padece afecciones serias que minen
su salud, o que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de vulnerar
derechos fundamentales como la dignidad humana, su mínimo vital, su
subsistencia en condiciones dignas y la de su familia, es decir, que de alguna
manera con la no liquidación de su pensión aplicando todos los factores
salariales, se afecte por conexidad derechos de rango fundamental. Menos aún
que el someterla a los trámites de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho que procedería frente a la actuación de la ESE Luis Carlos Galán
sarmiento, sería en exceso gravoso”.
En síntesis, la Sala Séptima de Revisión de esta Corte
llegó a la conclusión que, no aparecían demostradas en el expediente las
condiciones especiales en las que se encontraba la tutelante que permitían que
la acción de tutela desplazara transitoriamente el medio ordinario de defensa,
razón por la cual, el asunto era meramente litigioso que desbordaba la
competencia del juez constitucional.
Por lo expuesto, la Sala resolvió:
"Primero. REVOCAR,
por las razones expuestas, la sentencia de fecha de dos (2) de mayo de 2006,
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., y en su lugar
DENEGAR por improcedente la protección de los derechos invocados por la
señora Margarita Coronel Duarte contra la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
Segundo. Por Secretaría General líbrense
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991".
3. La solicitud de
nulidad de la sentencia T-904 de 2006.
Con fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2006, se recibió en la
Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la
sentencia T-904 de 2006, presentada por la señora Margarita Coronel Duarte. Sus
argumentos pueden resumirse de la siguiente manera:
- La sentencia T-904 de 2006, se aparta de "las
Sentencias Constitucionales que han hecho tránsito a cosa juzgada y que
favorecen derechos ciertos e indiscutibles de carácter fundamental como
pensionada y que esa Sentencia limita mi mínimo vital, la protección que por edad
y de condiciones excluyentes del mercado laboral me desmejoran y
consecuentemente me desprotegen, rompiéndose la filosofía constitucional
prevista en el artículo 86 de la Carta Magna[12]".
- El contenido de la sentencia cuya nulidad se pide, no
sólo es desconsiderada, sino que desconoce abiertamente pronunciamientos
anteriores y de tránsito a cosa juzgada que de manera "clara y precisa
ofrecen especial protección para la persona jubilada; expresiones como: "que
la actora es una persona que cuenta con 52 años de edad, motivo por el cual no
puede considerarse como sujeto de especial protección por no haber llegado a la
TERCERA EDAD" descalifican sin fundamento ".
- La manifestación anterior obliga a que deba estudiarse
lo regulado en la Ley 6a de 1945, que estableció "por especial
consideración y juicio analítico, con fundamento sociológico los cincuenta años
de edad, la edad requerida para la pensión de jubilación en la mujer. Faltó a
los Señores Magistrados integrantes de la Sala Séptima de Revisión redactar
para ser fiel al pensamiento des calificador de la suscrita, "SOLO
CUENTA CON 52 AÑOS DE EDAD", esto es contrariando
la propia ley, ubicándome en la edad primaveral, de comienzo de vida y de
potencialidad plena para el acceso al mercado laboral para complementar mis
ingresos y desde luego no reclamar el 25% faltante de mi pensión de
jubilación indebidamente liquidada y protegida por el Señor Juez
Constitucional, (Juez 47 Penal del Circuito de Bogotá), y que es
revocada por la Sentencia cuya nulidad se pide".
- La sola circunstancia de determinación de la edad
requerida para acceder a la pensión de jubilación, de acuerdo con la ley, la
ubica "inexorablemente en esa "TERCERA EDAD", que
fue desconocida, pues "ignoro que tabla de edad probable guía a los
Honorables Magistrados para obtener ciertamente una lisonja que en cualquier
mujer es importante y engrandece la vanidad, pero cuando se utiliza para hacer
nugatorios los derechos se rechaza".
- Advierte que no padece de afecciones serias que
afecten su salud, en caso contrario, hubiese solicitado "la protección
del artículo 47 de la Constitución".
- El fallo impugnado, además de expresar una exagerada,
inhumana e inconstitucional tesis, contiene una versación jurídica y técnicas
sofisticadas de elaboración de demandas que rompen con la simplicidad y
sencillez que otorga a la tutela la Constitución Política, "correspondiendo
sí, como deber primordial, al "JUEZ CONSTITUCIONAL ", oscultar
las razones de vulneración de derechos fundamentales, no siendo de recibo
predicamentos como "NI ACREDITO", condiciones de elaboración
completamente ajenas a la acción de tutela. Esas consideraciones en que se
fundamenta la Sentencia, en mi sentir, desconocen Sentencias Constitucionales
que han hecho tránsito a cosa juzgada plena, por vía de ejemplo incorporo a
esta sustentación de nulidad en primer término sentencia originaria de la
Honorable Corte Constitucional: T-126 de 2000", en la que se dijo: "La
mesada pensional es una fuente de manutención, una forma de asegurar dignamente
el estado de sobrevivencia, como lo considerado la doctrina constitucional,
cuando ha precisado que el ser pensionado no es un privilegio, sino una
compensación que se ha ganado previo cumplimiento de los requisitos
establecidos para tal fin, lo que indica que los pensionados merecen
la protección del Estado, por cuanto su capacidad laboral ya se extinguió
(subrayo y resalto) ".
- De la misma manera, en la sentencia SU-1354 de 2000,
se reiteró: "que el reconocimiento del derecho a la pensión es un derecho
fundamental para las personas de la tercera edad porque tiene que ver con el
derecho a la subsistencia en condiciones dignas ".
- Finalmente expresa que, la jurisdicción constitucional
dejó en firme por exclusión de selección para revisión la sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, en la que
actuó como tutelante el señor Luis Gaitán Rey, contra la Empresa Social del
Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C., decisiones en las cuales se tutelaron los
derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, mínimo
vital y a la vida digna, y en consecuencia se ordenó a la entidad demandada
reliquidara la pensión reclamada.
4. Traslado de la
solicitud de nulidad, al representante legal de la Empresa Social del Estado
-ESE- Luis Carlos Galán Sarmiento, quien actuó como parte pasiva en el proceso
de tutela que fue definido en la sentencia T -904 de 2006.
A través de Auto de fecha 16 de diciembre de 2006[13],
el magistrado sustanciador le corrió traslado de la solicitud de nulidad
propuesta contra la sentencia T-904 de 2006, por el término de tres (3) días,
al representante de la Empresa Social del Estado -ESE- Luis Carlos Galán
Sarmiento, quien actuó como demandado en el proceso de tutela que culminó con
la sentencia T-904 de 2006, adoptada por  la Sala Séptima de Revisión de esta
Corte.
Con fecha 24 de enero de 2007, se recibió en la
Secretaría General de esta Corporación, escrito firmado por el Gerente General
de la Empresa Social del Estado, ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, a través del
cual solicita a la Sala Plena de esta Corte, abstenerse de decretar la nulidad
de la sentencia censurada[14].
Los principales argumentos para tal pedimento se centran
en señalar que la Corte Constitucional mediante la revisión de las decisiones
judiciales proferidas por los jueces de instancia, en la acción de tutela que
instauró en contra de su representada, profirió un acertado fallo en el cual
encontró improcedente la acción de tutela como mecanismo transitorio de tal
forma que pudiese desplazar el otro medio de defensa judicial.
A su juicio, los hechos que la incidentante alega como
presuntamente vulnerados, referidos a que la sentencia se aparta de los
lineamientos expuestos por la Corte en otros fallos, no constituyen causal de
nulidad “al tenor de lo prescrito en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, artículo este, que determina y menciona las causales
taxativas de nulidad”, razón por la cual, “se desvirtúa en este
caso la consagración positiva del criterio taxativo de las Nulidades, conforme
al cual no hay irregularidad capaz de estructurar nulidad adjetiva, sin Ley
específica que la establezca”.
Finalmente, se considera que no existe un derecho
fundamental vulnerado y la vía utilizada por la incidentante es equivocada para
hacer el reclamo prestacional, pues para ello es competente el juez ordinario
laboral, demanda que en la actualidad se encuentra en trámite en el Juzgado
Catorce Laboral del Circuito de Bogotá.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente
para conocer de la solicitud de nulidad formulada en el presente caso, según lo
dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.
2. Doctrina
constitucional sobre la nulidad de las sentencias proferidas por la Corte
Constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha
interpretado el alcance del artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 "Por
el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que
deban surtirse ante la Corte Constitucional”, en el sentido que en los
juicios de constitucionalidad, es procedente invocar nulidades, "únicamente
por violación del debido proceso ", siempre y cuando hayan ocurrido
antes de ser proferida la sentencia, contra la cual no cabe recurso alguno[15].
Así mismo, esta Corte con base en un análisis armónico
de la legislación aplicable, ha indicado que en los procesos de tutela que se
encuentren en sede de revisión, es posible alegar nulidad, inclusive, aún
después de proferida la sentencia[16],
por desconocimiento del debido proceso, cuando tal irregularidad se origine en
la misma decisión. Posición en la que se ha apoyado la Sala Plena de esta
Corporación para anular aquellos fallos mediante los cuales se ha desconocido
este derecho constitucional fundamental, no solamente a instancia de parte,
sino de oficio[17].
No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un
incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional
es excepcional, ya que no implica reconocer que existe “un recurso contra
esta clase de providencias”, ni mucho menos una nueva oportunidad para
reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas[18].
Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de
garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia
de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que "se
trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales,
que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos
expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta
que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que
no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han
sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido
proceso. Ella tiene que ser significativa y trascendental. en
cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas repercusiones
sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar”[19] (subrayado fuera de texto)”[20]
Con todo, la jurisprudencia de esta Corporación ha
manifestado que quien acude en solicitud de nulidad de una sentencia proferida
por una Sala de Revisión, debe acreditar el cumplimiento de unos requisitos de
procedibilidad, además de invocar y sustentar, cualquiera de las causales de
procedencia de nulidad de las sentencias específicamente señaladas por la
doctrina constitucional.
2.1. Presupuestos que
deben acreditarse para la procedencia de la solicitud de nulidad de las
sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión de la Corte
Constitucional.
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado como
requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias
proferidas por las Salas de Revisión de tutelas, los siguientes[21]:
(i) Que el incidente de nulidad se proponga de manera
oportuna, esto es, dentro de los tres (3) días contados a partir de la
notificación de la sentencia[22].
Si el vicio es derivado de situaciones anteriores al
fallo, según el artículo 49 del decreto 2067 de 1991, "la nulidad de
los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de
proferido el fallo"; de lo contrario, quienes hayan intervenido
durante el trámite de la acción pierden, a partir de ese momento, toda
legitimidad para invocarla[23].
De la misma forma, vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier
eventual nulidad queda automáticamente saneada[24].
(ii) Quien proponga el incidente
de nulidad debe contar con legitimación activa para tal efecto, esto es, debe
ser incoado por quien haya sido parte en el trámite del amparo constitucional o
por un tercero que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de
revisión, y,
(iii) Quien alega la existencia de una nulidad debe
cumplir con una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de
forma clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y la
incidencia en la decisión proferida[25].
Lo expuesto, significa que no es suficiente el expresar razones o
interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto o
inconformismo del solicitante.
2.2. Presupuestos materiales de procedencia de
peticiones de nulidad de sentencias proferidas por las Salas de Revisión de la
Corte Constitucional.
Como quedó anotado en párrafos precedentes, de tiempo
atrás, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad
de declarar la nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión,
en ciertos casos realmente excepcionales que implican una grave afectación del
derecho constitucional fundamental al debido proceso, previo el cumplimiento de
una exigente argumentación por parte de quien alega la existencia de una
nulidad, debiendo entonces explicar clara y detalladamente la norma supralegal
vulnerada y su repercusión en la decisión adoptada[26].
En este orden, adicionalmente a los requisitos formales
de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto
determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados
para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales
adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la
afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de
Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental,
es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la
decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)”[27].
Con base en estas circunstancias, la jurisprudencia identifica algunos casos en
que la vulneración reúne esas características[28],
así:
(i) Cuando una Sala de Revisión, ha modificado o
cambiado el criterio de interpretación o la posición jurisprudencial fijada por
la Sala Plena frente a una misma situación jurídica, debido a que, el artículo
34 del Decreto 2591 de 1991, establece que los cambios de jurisprudencia
deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte. Por tanto, el cambio de
jurisprudencia por parte de una Sala de Revisión desconoce el principio del
juez natural y vulnera el derecho a la igualdad.
(ii) Cuando las decisiones no sean adoptadas por las
mayorías legalmente establecidas. Esto ocurre, en los casos en que se dicta
sentencia sin que haya sido aprobada por las mayorías exigidas en el Decreto
2067 de 1991, el Acuerdo No. 05 de octubre 15 de 1992 y la Ley 270 de 1996.
(iii) Cuando se presente una incongruencia entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, generando incertidumbre con
respecto a la decisión proferida. Un ejemplo de ello son las decisiones
anfibológicas o ininteligibles, cuando se contradice de manera abierta o cuando
carece totalmente de fundamentación en la parte motiva. Es importante precisar
que los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de
redacción, como de argumentación, no configuran violación al debido proceso. En
este orden, ha manifestado la Corte que el estilo de las sentencias en cuanto
puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en
nada para una presunta nulidad. Además, en la tutela, la confrontación es entre
hechos y la viabilidad de la prosperidad de la acción y nunca respecto al
formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda de carácter civil[29].
(iv) Cuando en la parte resolutiva de la sentencia se
profieran órdenes a particulares que no fueron vinculados al proceso y que no
tuvieron la oportunidad procesal para intervenir en su defensa, y,
(v) Cuando la Sala de Revisión desconoce la existencia
de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo
que se presenta de parte de ésta es una extralimitación en el ejercicio de las
competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley.
En este orden, las causales de procedencia de la solicitud
de nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión de esta
Corte, deben ser entendidas como un trámite de creación jurisprudencial, basado
en el respeto de las garantías reguladas en el artículo 29 constitucional[30].
Así, la nulidad tiene naturaleza excepcional y está sometida a estrictos
requisitos de procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente
de circunstancias ostensibles y trascendentales que afecten de manera cierta el
derecho fundamental tantas veces aludido[31].
Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación
realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los
criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos
suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no
implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras
apreciaciones "connaturales al desacuerdo e inconformismo del
solicitante con la decisión[32]".
Debido a que en la solicitud que es objeto de análisis,
se invocó la causal de nulidad del cambio de jurisprudencia, es preciso
reiterar el alcance que a la misma le ha dado la doctrina constitucional.
3. El alcance de la causal de
nulidad de "desconocimiento de la jurisprudencia".
Recientemente la Sala Plena de esta Corporación[33],
recordó que la única causal de nulidad expresamente señalada por las
disposiciones que regulan los procedimientos ante la Corte Constitucional, es
el "cambio de jurisprudencia". Precisamente en este sentido,
el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, establece que todo cambio de
jurisprudencia debe ser resuelto por la Sala Plena; por ende, si una de las
Salas de Revisión asume dicha función, incurriría en extralimitación de sus
competencias vulnerando en consecuencia el debido proceso.
En este sentido, el "desconocimiento de
jurisprudencia", como causal de nulidad puede ser comprendida de la
siguiente forma: (i) como desconocimiento de una sentencia de sala plena cuya ratio
decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia
cuya nulidad se solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia
anterior, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta, y,
(iii) como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.
De los eventos expuestos, el primero es el único que
realmente se ajusta al sentido de la causal de nulidad analizada, debido a que
tanto la segunda como la tercera manera de concebir su alcance, atentan contra
la autonomía e independencia judicial de las Salas de Revisión de tutela, de conformidad
con los argumentos que se exponen a continuación.
Resulta imprescindible que los jueces constitucionales,
al adoptar sus decisiones, expresen sus motivaciones de acuerdo a los
lineamientos o directrices jurisprudenciales establecidas previamente, de tal
forma que se genere una continuidad en los criterios desarrollados por la Corte
Constitucional. Lo anotado implica que los postulados de los fallos precedentes
deben servir de faro o guía para las decisiones futuras y con mayor razón, si
tienen supuestos fácticos similares. Consecuencialmente, en caso de pretender
un cambio de interpretación jurisprudencial obligatoria del sistema jurídico,
frente a supuestos de hecho ya considerados, será la Corte en pleno la
legitimada para disponer esa nueva hermenéutica.
En este orden, la causal de nulidad referida al
"cambio de jurisprudencia", encuentra una limitante, cual es la de
demostrar que la Sala de Revisión de tutelas, modificó un precedente
constitucional, creado a partir de la resolución de un caso concreto, más no
frente a cualquier doctrina plasmada en una decisión anterior adoptada por la
Sala Plena.
Incluso en los sistemas de derecho legislado como el
colombiano, los precedentes constitucionales, entendidos como reglas judiciales
emanadas de la interpretación de una norma superior para la solución de un caso
concreto[34],
cumplen funciones esenciales. De allí que como lo ha señalado esta Corte, "todo
tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus
decisiones previas[35],
debido a (i) elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia
del sistema jurídico; (ii) una caprichosa variación de los criterios de
interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad
de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan
sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente
pueden programar autónomamente sus actividades[36];
y (iii) en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos
iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Por ello, si bien
la Sala Plena puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y
adecuación de sus fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un
precedente constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión,
so pena de incurrir en una causal de nulidad”[37].
De todas maneras, esta Corte ha señalado que cada Sala
de Revisión puede ejercer "su autonomía interpretativa y desarrollar su
pensamiento jurídico racional" en cada uno de los temas o materias
sometidas a su conocimiento y decisión[38],
de tal suerte que le permitan resolver el caso concreto.
Lo anotado indica que, no cualquier ligera divergencia
que pueda observarse entre la decisión adoptada por la Sala de Revisión y un
precedente constitucional sentado por el pleno de la Corte, constituye una
causal de nulidad de un fallo de tutela. Debe precisarse entonces que para que
éste último devenga nulo, debe contrariar abiertamente la formulación general
de un principio, regla o razón que constituyen la base de una decisión judicial
específica, más allá de particularidades irrelevantes del caso, esto es, la
ratio decidendi[39].
Las mismas razones antes expuestas, permiten concluir
que el trámite de un incidente de nulidad de una sentencia proferida por una de
las Salas de Revisión de tutela de esta Corporación, en modo alguno constituye
una segunda instancia para que la Sala Plena examine el fallo de tutela y se
pronuncie sobre la apreciación de los hechos o la hermenéutica de la
Constitución realizada por la Sala de Revisión, pues según las funciones
otorgadas a esta última por el Decreto 2591 de 1991, referida a la revisión de
los fallos de tutela proferidos por los jueces de instancia, la ubican como
órgano de cierre de los asuntos sometidos a su conocimiento, lo que explica
claramente que la Sala Plena, no opera como segunda instancia de sus decisiones[40].
En suma, cuando se invoque el cambio de jurisprudencia
como causal de nulidad de un fallo, y en especial de los proferidos por
cualquiera de las Salas de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, ésta
procederá en la medida en que la modificación sea sustancial y se predique del
precedente sentado por la Sala Plena de la Corte, referido a un problema
jurídico concreto y no frente a cualquier doctrina contenida en la
jurisprudencia. Lo anotado indica que, no prosperará la invocación del cambio
de jurisprudencia como causal de nulidad, frente a la jurisprudencia plasmada
por otra Sala de Revisión. De igual forma, no puede la Sala Plena de esta
Corte, por vía de incidente de nulidad, como si se tratara de una segunda
instancia, entrar a examinar si una Sala de Revisión, acertó al momento de
establecer o no la vulneración de un derecho fundamental, en razón a que se
estaría desconociendo el principio de autonomía judicial[41].
Tampoco puede entenderse el incidente de nulidad, debe
insistirse, como una nueva instancia procesal que permite reabrir los debates y
discusiones culminadas en relación con los hechos y la apreciación y valoración
probatoria, sino, tan sólo como un medio tendiente a la salvaguardia del
derecho fundamental al debido proceso. Esta es la razón por la cual surge en
cabeza del accionante la carga de enmarcar adecuadamente su solicitud dentro de
alguna de las causales señaladas por la doctrina constitucional. En caso de que
en la solicitud de nulidad no se demuestre la existencia de al menos una de las
citadas causales de procedencia, deberá denegarse tal pedimento, en razón a la
naturaleza excepcional y extraordinaria que identifica esta clase de incidentes[42].
Lo expuesto implica entonces que para poder decretar la
nulidad en cada caso particular, es imprescindible el cumplimiento de las
exigencias procesales y sustanciales, reconocidas y reiteradas por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.
3. Estudio del caso concreto
Analizadas las razones contendidas en el escrito
recibido en la Secretaría General de esta Corte el día 24 de noviembre de 2006,
puede inferirse que, la señora Coronel Duarte como argumento principal para
solicitar la nulidad de la sentencia T -904 de 2006, aduce que el contenido de
esta providencia y en consecuencia la decisión adoptada por la Sala Séptima de
Revisión, es contraria a la jurisprudencia sentada por la Corte en las sentencias
T -126 de 2000 y SU-1354 de 2000 y a las decisiones adoptadas en éstas.
Sin embargo, previamente entrar en el análisis de fondo
de la causal de nulidad invocada, se hace necesario establecer en el caso
concreto si se encuentran acreditados los requisitos formales o de
procedibilidad señalados por la jurisprudencia constitucional para esta clase
de actuaciones. Tan sólo de encontrarse presentes, se abordará el estudio de
fondo de la nulidad incoada.
(i) Que la solicitud de nulidad se haya instaurado oportunamente,
esto es, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia.
A este respecto se tiene que, la sentencia T -904 de
2006, fue proferida por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
el día tres (03) de noviembre de 2006, fue enviada al Juzgado Cuarenta y Siete
Penal del Circuito de Bogotá D.C., y éste a su vez hizo la respectiva
notificación a la Empresa Social del Estado, ESE Luis Carlos Galán Sarmiento el
día trece (13) de diciembre de 2006, así como a la señora “Margarita Coronel
Duarte se le dejó el mensaje en el abonado 2955502[43]”.
De esta forma, el juzgado de primera instancia notificó
tanto a la demandante, como a la entidad demandada de la decisión proferida en
sede de revisión.
Como quedó anotado, la señora Coronel Duarte presentó la
solicitud de nulidad de la sentencia T-904 de 2006 ante la Secretaría General
de la Corte Constitucional el día veinticuatro (24) de noviembre de 2006, esto
es, mucho antes de que el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Bogotá
D.C., le notificara la sentencia proferida por la Sala Séptima de Revisión de
esta Corporación, lo que implica que actuó oportunamente.
(ii) Que quien proponga el
incidente de nulidad cuente con legitimación activa para pedir la nulidad de la
sentencia, es decir, que haya sido parte en el trámite de la acción de
tutela o por un tercero que resulte afectado por las órdenes adoptadas en sede
de revisión.
En este caso, la solicitud de nulidad contra la
sentencia T -904 de 2006, fue incoada por la señora Margarita Coronel Duarte,
es decir, por la misma persona que tuvo la calidad de demandante en el proceso
de tutela que fue definido por la Sala Séptima de Revisión en la citada
sentencia.
(iii) Que quien alegue la existencia de nulidad de una
sentencia de esta Corte, cumpla con una exigente carga argumentativa, con la
que explique de manera clara y expresa los preceptos constitucionales
transgredidos y la incidencia en la decisión proferida.
A este respecto se tiene que, la incidentante solicita
la nulidad del fallo de tutela proferido por la Sala Séptima de Revisión y
señala claramente cual es la causal invocada, al considerar que el contenido y
la decisión plasmada en la sentencia T -904 de 2006, "se aparta de
sentencias constitucionales que han hecho tránsito a cosa juzgada.." y
cita el contenido de las decisiones que a su juicio fueron transgredidas, así:
T-126 de 2000 y SU-1354 de 2000. Por lo tanto, cumple con la carga
argumentativa exigible en esta clase de incidentes.
Ahora bien, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad, se entrará al análisis de la causal de nulidad invocada.
3.1. Sobre el
desconocimiento de la jurisprudencia vertida en las sentencias T -126 de 2000 y
SU-1354 de 2000.
Para la señora Margarita Coronel Duarte, la Sala Séptima
de Revisión de tutela de esta Corte, al adoptar la sentencia T-904 de 2006,
desconoció el precedente jurisprudencial sentado por esta Corporación en los
fallos T-126 de 2000 y SU-1354 de 2000.
En efecto, aduce que en la sentencia T -126 de 2000,
sostuvo la Corte que "La mesada pensional es una fuente de manutención,
una forma de asegurar dignamente el estado de sobrevivencia, como lo
considerado la doctrina constitucional, cuando ha precisado que el ser
pensionado no es un privilegio, sino una compensación que se ha ganado previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, lo que indica que los
pensionados merecen la protección del Estado, por cuanto su capacidad
laboral ya se extinguió (subrayo y resalto)".
De igual forma, que en la sentencia SU-1354 de 2000, la
Corte reiteró: "que el reconocimiento del derecho a la pensión es un
derecho fundamental para las personas de la tercera edad porque tiene que ver
con el derecho a la subsistencia en condiciones dignas ".
Como se puede observar, son dos sentencias, una adoptada
por una Sala de Revisión y la otra por la Sala Plena de esta Corte, las que
según la incidentante, fueron desconocidas por la Sala Séptima de Revisión al
proferir la sentencia T -904 de 2006.
Por lo menos, dos son las razones por las cuales, la
sentencia T-126 de 2000, no puede tenerse en cuenta como precedente
jurisprudencial para invocar la nulidad de la sentencia censurada: (i) se trata
de una sentencia proferida por una Sala de Revisión y de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el precedente jurisprudencial se predica de un fallo adoptado
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, cuya ratio decidendi coincide
con el problema jurídico sobre el cual versa la sentencia cuya nulidad se pide,
y, (ii) los aspectos fáctico y jurídico tratados en la sentencia T-126 de 2000,
no guardan ninguna similitud con los analizados por la Sala Séptima de Revisión
en la sentencia T-904 de 2006.
En efecto, en la sentencia T -126 de 2000, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, definió la acción de tutela
instaurada por las señoras Melba Riascos Cortes, Eufemia Gamboa Rentería y
María Cleofe Hurtado Abadía, contra el Hospital Departamental de Buenaventura
en el cual laboraban cuando adquirieron su derecho pensional. Las citadas
ciudadanas consideraban vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad
social y al trabajo, pues no se les había cancelado las mesadas pensionales de
enero a junio de 1999.
La entidad demandada adujo como argumento de su actuación,
que la difícil situación financiera causada por la disminución de los aportes
nacionales correspondientes al situado fiscal no le había permitido cumplir los
compromisos laborales.
Los jueces de instancia negaron el amparo solicitado al
considerar que la acción de tutela en casos como los analizados, sólo procede
cuando los tutelantes sean de la tercera edad, situación que no se predicaba de
las actoras, por ello podían acudir a la vía ordinaria para lograr el
restablecimiento de los derechos que consideraban vulnerados.
En la parte motiva de la sentencia citada, la Sala
Quinta de Revisión, analizó la improcedencia general de la tutela como medio
para ordenar el pago de acreencias laborales y una de las excepciones a dicha
regla cuando el cese prolongado e indefinido del pago pensional hace que se
presuma la vulneración del mínimo vital del pensionado y de su familia, por
tanto se afecten sus condiciones mínimas de vida.
A juicio de la Sala Quinta de Revisión, la mesada
pensional es la fuente de manutención con la que se asegura dignamente el
estado de sobrevivencia, pues como la sostenido la doctrina constitucional, "el
ser pensionado no es un privilegio, sino una compensación que se ha ganado
previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, lo que indica
que los pensionados merecen la protección del Estado, por cuanto su capacidad
laboral ya se extinguió.
Por regla general, quien vivió
siempre del salario y ahora lo hace de su pensión, especialmente si es exigua,
ve afectada su posibilidad real de subsistencia al no poder procurársela por
otros medios, y por tanto, sus derechos esenciales se ven atropellados por la
falta de pago de las mesadas que legítimamente le corresponden.
Esto ocurre particularmente en casos como el presente,
en el cual las mesadas devengadas apenas alcanzan a $ 260.000, cifra de la cual se
infiere, sin mayores esfuerzos, la situación de las actoras, su necesidad y la
evidente afectación de su mínimo vital".
Indicó igualmente la Sala que la crisis patrimonial que
afrontan los hospitales y el sector salud, en general, no puede en modo alguno
ser argumento constitucionalmente atendible para hacer que quede sin solución
justa y pronta la afectación de los derechos fundamentales de los antiguos
trabajadores. Por esta razón se concluyó que la omisión presentada por la
entidad accionada exigía el amparo del mínimo vital esencial de las actoras
tendiente a obtener unas condiciones de vida digna.
De esta manera, ni el aspecto fáctico ni el jurídico
tratado por la Sala Quinta de Revisión en la sentencia T-126 de 2000, guardan
similitud por el definido por la Sala Séptima de Revisión de tutelas en la
sentencia T -904 de 2006. Mientras que en el primer fallo, las actoras eran
pensionadas y la entidad demandada, so pretexto de su grave situación
financiera no les había cancelado durante un largo periodo (seis meses) sus
mesadas pensionales que, mensualmente, ascendían aproximadamente al salario
mínimo, por ello la Sala Quinta de Revisión encontró vulnerado el mínimo vital,
y accedió a la tutela de este derecho; en el segundo fallo –la sentencia T-904
de 2006- se destaca que en el mes de abril de 2004, a la actora se le reconoció
y ordenó el pago de la mesada pensional por medio de acto administrativo, (que
en la actualidad supera ampliamente cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes), pedía que por vía de tutela se dejara sin efectos el citado acto y
se ordenara la reliquidación de su mesada pensional, pues a su juicio el
porcentaje tenido en cuenta como base de liquidación no correspondía al que la
convención colectiva había dispuesto.
Al analizar el caso, encontró la Sala Séptima de
Revisión que no se cumplían los requisitos establecidos por la jurisprudencia
de la Corte para la procedencia excepcional de la acción de tutela y en
particular la actora no demostró las especiales condiciones en las que se
encontraba, y la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable que hacían
necesaria la intervención del juez de tutela, pues el caso desbordaba el ámbito
meramente legal para pasar al constitucional.
En síntesis, en el primer caso la materia de la que se
ocupó la Corte fue el no pago de mesadas pensionales y en el segundo la
reliquidación de mesadas pensionales, temas que difieren sustancialmente. Por
tal razón, el supuesto de hecho en el que se encontraba la actora en la
sentencia T-904 de 2006, no puede aplicarse la consecuencia jurídica del caso
tratado por la Corte en la sentencia T-126 de 2000.
Similares consideraciones a las anotadas en precedencia,
son predicables respecto de la sentencia SU-1354 de 2000, de la cual, también
la incidentante aduce fue desconocida por la sentencia censurada.
Aunque el fallo citado, fue proferido por la Sala Plena
de la Corte Constitucional, no constituye precedente jurisprudencial que
pudiese haber sido vulnerado por el fallo T-904 de 2006, como se consignará
enseguida.
En la sentencia SU-1354 de 2000, la Sala Plena de la
Corte Constitucional resolvió la acción de tutela incoada por el señor Tomás
Javier Díaz Bueno contra el Seguro Social.
El actor, quien contaba con la edad de 66 años al
momento de proferirse la sentencia de revisión, había laborado en diferentes
entidades del Estado y realizado aportes correspondientes a la Caja Nacional de
Previsión y al Seguro Social. Igualmente estaba cumpliendo funciones como
Consejero de Estado desde el 1 de junio de 1996 y expresamente pidió que se le
aplicara el régimen pensional especial de los Congresistas que cobija
igualmente a los magistrados de las altas cortes. La entidad demandada le
reconoció la aludida acreencia por aportes, dando aplicación a la Ley 100 de
1993 y no el régimen jurídico especial que en materia de pensiones rige para
los magistrados de las altas cortes, lo que determinó que se le liquidara una
pensión en cuantía de $2.318.625, a partir del primero de marzo de 1998, porque
a pesar de reconocer que al demandante le era aplicable el régimen especial
invocado, debido a que el Gobierno Nacional no había realizado los aportes
correspondientes ni había aceptado cubrir la cuota parte de la pensión que
debía asumir, decidió liquidar la mesada pensional del actor de conformidad con
el régimen general establecido en el citado ordenamiento.
Por tal razón el actor consideró vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al principio de dignidad
humana y, en consecuencia, pidió se ordenara al Seguro Social que, en un
término prudencial y perentorio, le cancelara la pensión de jubilación en la
cuantía a la que tenía derecho, correspondiente al 75% del promedio del ingreso
mensual que por todo concepto esté devengando en el último año de servicio,
pues, en razón de la edad, 65 años (edad de retiro forzoso), no debía ser
sometido a esperar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
resolviera definitivamente sobre ésta, pues ello le causaría un perjuicio de
carácter irremediable, en especial, a su dignidad.
El juez de primera instancia negó la tutela de los
derechos invocados. Señaló que podía acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa, que era la competente para revisar los actos que se buscaban
controvertir por vía de amparo constitucional. Además adujo que la demandada no
incurrió en vía de hecho al reconocer la pensión del actor, pues en las
resoluciones en que se efectuó el reconocimiento, se explicó con claridad que
la falta de aceptación por parte de la nación del monto que a ella correspondía
en el pago de la pensión especial a favor del actor, fue la razón en la que se
apoyó para tomar la decisión censurada. Agregó que no se le estaba
desconociendo al actor el monto de la pensión por el 75% del total de lo
devengado durante el último año de servicio, solamente estaba condicionado al
pago de la totalidad de ese monto al hecho que la Nación se comprometiera a
reconocerle al Seguro Social, el pago que a ella correspondía por tal concepto.
El juez de segunda instancia, revocó el fallo recurrido
y en su lugar concedió como mecanismo transitorio la tutela de los derechos de
petición y debido proceso, en consecuencia, ordenó al Director del Seguro
Social que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir
de la notificación del fallo, resolviera el recurso de apelación interpuesto
contra las resoluciones Nos. 0791 de febrero 5 de 1998 y 04272 de marzo 15 de
1999, por medio de las cuales se reconoció la pensión de jubilación a favor del
actor, teniendo en cuenta los principios fundamentales del derecho laboral
estipulados en el artículo 53 de la Constitución.
Consideró el ad-quem que la entidad demandada al
emitir las dos resoluciones en las que optó por reconocer sólo el monto de la
pensión a su cargo, desconoció el mandato constitucional contenido en el
artículo 53, en relación con el principio de la favorabilidad y la primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales. Sostuvo igualmente que, "no se puede entender
como el ente administrador de la pensión, se niegue a reconocer el derecho en
la cuantía que verdaderamente le corresponde, so pretexto de un formalismo como
lo es la aceptación o no de la cuota parte, dejando toda la carga de la
administración pública en cabeza del administrado", sin dar aplicación y
desconociendo los antedichos principios constitucionales”.
Al resolver el caso, la Sala Plena de esta Corporación
analizó el tema del trabajo en el Estado Social de Derecho como un valor,
principio, derecho y deber que merece especial protección del Estado.
Después de referirse a los fines esenciales del Estado,
basándose en la doctrina constitucional, manifestó que la pensión de jubilación
no constituye una gracia ni una dádiva, sino un derecho que protege la
Constitución y adquiere el trabajador cuando ha cotizado por años al respectivo
sistema de seguridad social y ha acreditado los requisitos exigidos para
recibir una prestación periódica que le permita vivir en forma digna. Resaltó
igualmente que el derecho a la seguridad social adquiere el carácter de
fundamental cuando está vinculado al derecho a la subsistencia en condiciones
dignas.
Manifestó igualmente que, el derecho a la prestación
periódica "o mesada pensional, es el derecho que le asiste a su titular
a que ésta sea proporcional a los ingresos salariales con base en los cuales
cotizaba al sistema de pensiones, de modo que las condiciones económicas que le
aseguraban una existencia digna para aquél y su familia durante su vida
productiva se mantengan y se prolonguen en la etapa en que sus capacidades
laborales se ven disminuidas o han desaparecido, y en la cual requiere del
necesario sosiego o descanso.
El legislador dentro de su libertad de configuración de
las normas jurídicas ha establecido diferentes regímenes pensionales, bajo la
idea de la estructuración de sistemas apropiados que busquen asegurar a los
pensionados las mismas condiciones de existencia digna que disfrutaban siendo
trabajadores activos".
Así, cuando se trate de personas que han ocupado cargos
de alta jerarquía y dignidad dentro de la estructura del Estado, "la
Corte ha aceptado la posibilidad de que el legislador pueda establecer
regulaciones especiales en materia pensional, tanto en lo que atañe con los
tiempos de servicio exigidos, como a la edad, el sistema de aportes y los
elementos de la remuneración que han de tenerse en cuenta para liquidar la
prestación ".
De la misma manera recordó que, "la Corte ha
señalado que con fundamento en la ley marco 4a de 1992 el
legislador previó para los magistrados de las altas cortes, entre otros, un
régimen pensional especial, según el cual el monto de la pensión no puede ser
inferior al "... 75% del ingreso mensual promedio que, durante el
último año, y por todo concepto, percibe el Congresista...”[44], y así lo reconoció expresamente dentro
de los fallos de tutela referenciados con los números T-456/94, T-463/95 y
214/99.
En las citadas providencias la Corte concedió las
tutelas interpuestas por los altos funcionarios públicos, a quienes se aplicaba la ley 4ª/92 y los
decretos del Gobierno que la desarrollaron, al determinar que se les
debía dar un trato igualitario o se encontraban en situación de
inminente peligro de muerte y que no existían medios de defensa judicial,
suficientemente idóneos y ágiles para conjurar el perjuicio sufrido por los
accionantes, al no habérseles reconocido la pensión de jubilación de acuerdo
con la normatividad pertinente y concordante con la posición de jerarquía y
dignidad ocupada por ellos dentro de la estructura estatal".
Al examinar el caso concreto, encontró la Corte que al
actor le era aplicable lo previsto en el artículo 7 del decreto 1359 de 1993,
que permite obtener el derecho a la pensión de jubilación a los Senadores y
Representantes que llegan a la edad de 55 años y cumplan o hayan cumplido 20
años de servicios continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de
derecho público y cotizado en parte en el sector privado y ante el seguro
social.
De acuerdo a lo anotado, a juicio de la Corte, la
actuación del Seguro Social, vertida en los actos administrativos aludidos, "configura
una vía de hecho, porque ella se revela como un ejercicio arbitrario e
irracional de sus competencias, que desborda manifiestamente los límites
de la legalidad, con desconocimiento del derecho al debido proceso del actor.
En efecto: Aun cuando el SS consideró que al demandante se le
aplicaba el régimen especial de los Congresistas, contradictoriamente decidió
que a su situación no le era aplicable dicho régimen, por la
circunstancia de no haber aportado al
Gobierno Nacional los valores correspondientes, según el monto de sus ingresos
salariales, ni aceptado la cuota parte de la pensión que debía asumir.
De este modo, el SS, se arrogó una función que no le esta
atribuida al imponer una carga desproporcionada al demandante, en el sentido de
obligarlo a adelantar las gestiones ante el Gobierno para que éste cumpliera
con las obligaciones que en materia de seguridad social le corresponde, para
efectos de asegurar el pago de su pensión en la cuantía establecida por la
respectiva normatividad jurídica.
Es al SS y no al demandante a quien
le corresponde exigir del Gobierno el pago de los referidos aportes y de la
cuota parte con que debe concurrir al pago de la pensión. Por consiguiente, el
SS, omitió realizar un trámite necesario para asegurar el pago de la
pensión de aquél, que sólo a él correspondía.
Al estimar el SS que el actor tenia derecho a la pensión, pero que no
la podía reconocer por la circunstancia anotada, que como se anotó resulta
injustificada, desconoció sin fundamento serio y objetivo el status de
pensionado adquirido por aquél cuando ingresó al Consejo de Estado, el cual no
ofrecía duda.
Al ignorar el régimen especial que debía aplicarse para
liquidar la pensión del exconsejero Díaz Bueno, y al invocar la preceptiva de
la ley 100/93 el SS desconoció sus derechos a la igualdad y a la subsistencia en
condiciones dignas, pues no es justo que a aquél se le haya dado un tratamiento
diferente al que corresponde a los demás magistrados de las altas cortes y que,
además, no se le asegure una mesada pensional acorde con el decoro y la
dignidad del alta cargo que desempeñó ".
Procede, en consecuencia, la tutela como mecanismo
transitorio, para que cesen los efectos de la vía de hecho en que incurrió el
SS y evitar
el perjuicio irremediable que se le causó y se le puede seguir causando, al no
recibir el monto total de la pensión que en derecho le corresponde. Este
indudablemente, atendida la edad del peticionario y sus necesidades personales
y las de su familia, constituyen el mínimo vital necesario para asegurar su
subsistencia en condiciones de decoro y de dignidad[45], acorde con el alto cargo que ocupó al
servicio del Estado ".
Por lo expuesto, la Sala Plena de esta Corte, confirmó
la sentencia de segunda instancia que había accedido a la tutela del debido
proceso, y la adicionó en el sentido de conceder como mecanismo transitorio, la
tutela del derecho pensional a la seguridad social y ordenó al Seguro Social
revocar los actos administrativos que reconocieron la pensión del actor con
fundamento en las normas de la Ley 100 de 1993, para en su lugar, dentro de las
cuarenta horas siguientes a la notificación de esa providencia, se dictara una
nueva resolución, en la cual se decidiera sobre la pensión de jubilación
aplicando el régimen normativo especial que rige para los Congresistas.
Del análisis de la sentencia glosada, proferida por la
Sala Plena de esta Corte, se infiere claramente que, los aspectos fáctico y
jurídico tratados en la misma, en manera alguna guardan relación o son
similares a los que fueron objeto de estudio y decisión por la Sala Séptima de
Revisión a través de la sentencia T-­904 de 2006.
En efecto, en esa ocasión el pleno de la Corte decidió
el caso de una persona a quien el Seguro Social reconoció una pensión de
jubilación con base en la Ley 100 de 1993, sin aplicar el régimen especial de
los Congresistas que igualmente cobijaba a los funcionarios de las altas
cortes, calidad que tenía el demandante. En el caso concreto la entidad estatal
mediante distintos actos administrativos había reconocido que el actor tenía
derecho a la aplicación del régimen especial que reclamaba, sin embargo, se
negó a aplicar la normatividad específica bajo el alegato que el Gobierno no
había realizado los aportes necesarios para cubrir el monto de la mesada
pensional especial y que correspondía al tutelante realizar las gestiones
necesarias para tal efecto, actuación del Seguro Social que a juicio de la
Corte Constitucional impuso una carga desproporcionada al demandante “en el
sentido de obligarlo a adelantar las gestiones ante el Gobierno para que éste
cumpliera con las obligaciones en materia de seguridad social le corresponden”,
además de configurar una evidente vulneración de los derechos fundamentales del
demandante a la igualdad y a la subsistencia en condiciones dignas.
Por su parte, en la sentencia que es objeto de censura,
debe reiterarse, la Sala Séptima de Revisión de esta Corte, decidió el caso de
la incidentante, quien alegaba la aplicación por parte de la entidad demandada,
de una disposición de la convención colectiva vigente, diferente a la que
efectivamente se tuvo en cuenta como base pensional. Entonces, mientras en el
primer caso no había debate sobre la aplicabilidad del régimen pensional
especial porque la entidad estatal encargada de reconocer y pagar la pensión
había admitido que el actor era cobijado por una normatividad específica, en el
segundo caso se discute una supuesta aplicación errónea de una disposición de
una convención colectiva, situaciones jurídicas que no son en absoluto
equivalentes.
Es claro entonces que, frente a supuestos de hecho diferentes,
la ratio decidendi contenida en la sentencia SU-1354 de 2000, no era
vinculante para la Sala Séptima de Revisión al adoptar la sentencia T-904 de
2006, pues como quedó referido en párrafos anteriores, la doctrina
constitucional ha señalado que la utilización del precedente jurisprudencial
por parte del juez de tutela está condicionado a la verificación de una plena
identidad entre los aspectos fáctico y jurídicos relevantes contenidos en el
fallo anterior y los del caso que es objeto de análisis. Es decir, deben
verificarse los supuestos fácticos sometidos al conocimiento del pleno de la
Corte y las situaciones jurídicas examinadas, para que pueda cumplirse en cada
caso las subreglas constitucionales que ella haya sentado[46].
Finalmente, cabe recordar que con posterioridad a la
sentencia SU-1354 de 2000 la jurisprudencia constitucional se tornó más
exigente en cuanto a la procedencia de la acción de tutela respecto de la
pretensión de reliquidación de las mesadas pensionales y dio inició una línea jurisprudencial
ya consolidada en el sentido que en estos casos era necesario que el demandante
acreditara una condiciones materiales especiales que hicieran que el medio de
protección de los derechos fundamentales desplazara a los medios judiciales
ordinarios. Tal la línea jurisprudencial es recogida en la sentencia SU-975 de
2003 y obliga al juez constitucional a ponderar en cada caso concreto los
siguientes factores para determinar si es procedente la tutela: 1) edad para ser considerado sujeto de
especial protección; 2) situación física, principalmente de salud; 3) grado de
afectación de los derechos fundamentales, en especial el mínimo vital; 4) carga
de la argumentación o de la prueba de dicha afectación; 5) actividad procesal
mínima desplegada por el interesado. En el caso examinado en la sentencia T-904
de 2006 la sala Séptima de revisión encontró que algunos de los factores antes
mencionados no estaban presentes y por esa razón desestimó las pretensiones de
la actora.
3.2. En cuanto a otros
argumentos esgrimidos por la incidentante.
La señora Coronel Duarte, expone argumentos adicionales
para pedir la nulidad de la sentencia T -904 de 2006, que pueden resumirse así:
Indicó que la sentencia cuya nulidad se pide, a más de
ser desconsiderada, desconoce abiertamente pronunciamientos anteriores que
protegen a los jubilados. De allí que, expresiones como: "que la actora
es una persona que cuenta con 52 años de edad, motivo por el cual no
puede considerarse como sujeto de especial protección por no haber llegado a la
TERCERA EDAD" descalifican sin fundamento ".
En su sentir, la propia Ley 6a de 1945 con base
sociológica, estableció la edad para la pensión de jubilación de las mujeres a
los 50 años. La sola circunstancia de determinación de la edad requerida para
acceder a la pensión de jubilación, de acuerdo con la ley, la ubica "inexorablemente
en esa "TERCERA EDAD", que fue desconocida, pues "ignoro
que tabla de edad probable guía a los Honorables Magistrados para obtener
ciertamente una lisonja que en cualquier mujer es importante y engrandece la
vanidad, pero cuando se utiliza para hacer nugatorios los derechos se
rechaza".
Manifestó que no padece de afecciones serias que afecten
su salud, en caso contrario, hubiese solicitado "la protección del
artículo 47 de la Constitución"
A su juicio, la sentencia cuya nulidad se pide, además
de expresar una inhumana e inconstitucional tesis, tiene un contenido jurídico
y técnicas sofisticadas de elaboración de demandas que rompen la simplicidad y
sencillez que caracteriza la acción de tutela.
Finalmente, aduce que, la jurisdicción constitucional
dejó en firme por exclusión de selección para revisión la sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, en la que
actuó como tutelante el señor Luis Gaitán Rey, contra la Empresa Social del
Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D. C., fallos en los cuales se tutelaron los
derechos fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social, mínimo
vital y a la vida digna, y en consecuencia se ordenó a la entidad demandada
reliquidara la pensión reclamada.
De lo anotado se infiere que la señora Coronel Duarte,
está en desacuerdo con algunos de los argumentos que tuvo en cuenta la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, para confirmar la negativa del
juez de segunda instancia al no acceder a ordenar por vía de tutela la
reliquidación de la pensión de vejez que le fue concedida desde el mes de abril
de 2004, con base en la norma convencional que su juicio es aplicable a su
caso. En particular, no comparte uno de los requisitos exigidos por la
jurisprudencia constitucional para la procedencia excepcional de la acción de
tutela tendiente a ordenar la reliquidación de pensiones, esto es, la
demostración de las especiales condiciones de la actora que pudieran ubicada en
calidad de persona de la tercera edad o que se encontraba en una situación de
facto o personal que aparejaba la inminente ocurrencia de un perjuicio
irremediable, a tal punto de que esta acción constitucional se convertía en el
medio idóneo y eficaz para deparar protección, desplazando así el otro medio de
defensa judicial.
En otras palabras la incidentante, cuestiona la edad
exigida por la Corte para que se considere a una persona como de la tercera
edad y por ende para ser tenida en cuenta como sujeto de especial protección
constitucional, así como las situaciones objetivas en las que debía encontrarse
para que surgiera en cabeza del Estado la obligación de prodigar esta clase de
protección.
En este orden, en los demás argumentos para solicitar la
nulidad, la señora Coronel Duarte, tan sólo expone su particular apreciación
sobre aspectos que debió tener en cuenta la Corte para fallar en su caso, de allí
que en su escrito se haya dedicado a hacer sus propias valoraciones sobre
algunos de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la
procedencia excepcional de la acción de tutela tendiente a la reliquidación de
pensiones, sin una sustentación clara, precisa y coherente de las razones por
las cuales, los mismos se adecuaban en alguna o algunas de las causales de
nulidad y menos aún del por qué los mismos conducían a la anulación de la
sentencia censurada.
Finalmente cabe señalar que la sentencia T-904 de 2006
se limita a reiterar la jurisprudencia constitucional en torno a la
improcedencia de la acción de tutela para reclamar la reliquidación de mesadas
pensionales, la cual ha sido reiterada por esta Corporación en numerosas oportunidades[47].
Regla que sólo puede ser exceptuada cuando el actor reúna una serie de
requisitos especiales que deben ser concurrentes a la luz de los precedentes
sentados por numerosas decisiones proferidas en sede de revisión de los fallos
de tutela[48].
Por las razones expuestas a lo largo de esta
providencia, deberá denegarse lo pedido.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero. NEGAR la solicitud de nulidad de la sentencia T -904 de 2006,
proferida el tres (03) de noviembre de 2006 por la Sala Séptima de Revisión,
incoada por la señora Margarita Coronel Duarte.
Segundo: Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Notifiquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
AUSENTE CON PERMISO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T-690 de
2001.
[2]
Sobre el asunto, en la sentencia T-690 de 2001, se indicó: “De ese modo, la
improcedencia de la acción de tutela para ordenar reliquidaciones pensionales
ha sido una postura uniforme de esta Corporación. Y a los fundados motivos que
se han expuesto para circunscribir la naturaleza del amparo constitucional a la
protección de derechos fundamentales y sólo excepcionalmente a otros que no
estén provistos de esa naturaleza, se puede agregar una consideración más: Es
la legitimidad del juez constitucional la que se afecta si el amparo de los
derechos se extiende más allá del ámbito dispuesto por el constituyente.
La
consolidación de los jueces constitucionales no ha sido pacífica. Si bien es la
insuficiencia del Estado legal de derecho la que lleva a fincar la esperanza en
un orden normativo regido por una norma fundamental, vinculante para la
legislación, la jurisdicción y la administración y cuya guarda se le confía a
un tribunal especializado en la defensa de los derechos fundamentales; la
justicia constitucional se encuentra sometida a tensiones con las instancias
del poder público que en ocasiones conducen a mucho más que el cuestionamiento
de sus decisiones.  De tal manera que a esas tensiones no hay por qué agregar una
más derivada de la inclinación a extender el amparo constitucional cuando no
están en juego derechos fundamentales y a invadir niveles de decisión que le
han sido sustraídos al juez constitucional.  Y ello es así en cuanto la
racionalidad de la jurisdicción constitucional también se  deriva del ejercicio
legítimo de sus competencias”.
[3] Sentencias T-1083 de
2002, T-076 de 2003 y T-1277 de 2005.
[4] Consultar, entre
otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998.
[5] Ver, entre otras,
las sentencias T-288 de 2000, T-518 de 2000 , T-360 de 2001 y T-443 de 2001.
[6] Ver, entre otras,
las sentencias T-304 de 1997, T-351 de 1997, T-313 de 1998, SU-062 de 1999,
T-101 de 2000, T-827 de 2000, T-018 de 2001.
[7] Cfr. Sentencias T-042 de
2001, T-481 de 2000, T-099 de 1999, T-351 de 1997, T-426 de 1994 y T-116 de
1993.
[8] Cfr.
Sentencias
T-755 de 1999, T-753 de 1999 y T-569 de 1999 y T-634 de 2002.
[9] Cfr. Sentencias T-482 de 2001, T-1752 de
2000, entre otras.
[10] Según lo recordó la
Corte en la sentencia T-1277 de 2005.
[11] Sobre el tema, consultar
entre otras, las sentencias, T-620 de 2002, T-634 de 2002, T-1022 de 2002,
T-083 de 2004, T-446 de 2004, T-904 de 2004, T-776 de 2005, T-1277 de 2005.
[12]
Folio 1 del expediente de la solicitud de
nulidad.
[13] Folio 57 del
expediente.
[14] Folios 64 a 97 del
expediente.
[15] Auto 164 de 2005.
[16]Auto 012 de 1996.
[17]
Auto 062 de 2000. En aquella oportunidad la
Sala Plena de la Corte declaró oficiosamente la nulidad de la Sentencia C-642
de 2000, luego de constatar que la decisión no fue adoptada por la mayoría
absoluta de los magistrados, como lo exige el artículo 14 del Decreto 2067 de
1991, el artículo 54 de la ley 270 de 1996 y el artículo 3° del Reglamento
interno de la Corporación. Igualmente, mediante Auto 050 de 2000, la Corte
declaró la nulidad de la Sentencia T-157 de ese mismo año, donde por un error
involuntario, ante el cambio de ponencia, profirió una sentencia cuya parte
motiva difería completamente de su parte resolutiva.
[18]
Auto 063 de 2004.
[19]
Autos del 22 de junio de 1995 y del 18 de
mayo de 2004.
[20]
Corte Constitucional, auto de 30 de abril
de 2002 y Auto 031A de 2002.
[21]
Autos 217 de 2006 y 330 de 2006.
[22]
Sobre el plazo para interponer la solicitud
de nulidad de una decisión proferida por la Corte Constitucional se afirma en
el Auto 163A de 2003:
"El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 señala:
"Dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación el fallo podrá
ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública
o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato...".
"La Sala considera que ante la ausencia de norma
legal expresa que indique el término dentro del cual se debe proponer o alegar
la nulidad de cualquier sentencia proferida por esta Corporación que se origine
en la misma, procede hacer uso de la aplicación analógica y aplicar el término
de los tres (3) días señalado en el artículo 31 antes citado para proponer
cualquier nulidad que se origine en la sentencia, por considerar además que se
dan los tres (3) presupuestos básicos para acudir a la aplicación del principio
de la analogía, así:
"a)           Ausencia de
norma que establezca el término procesal dentro del cual ha de
presentarse la solicitud de
nulidad de las sentencias que profiera la Corte Constitucional.
"b)           Se trata de
dos (2) situaciones similares en cuanto en los dos (2) eventos se ataca la
decisión o sentencia que pone
fin a una instancia o actuación; se refieren los dos (2) casos a situaciones de
orden procesal dentro de la acción de tutela, y además se trata de actuaciones
que se surten con posterioridad a la decisión de una instancia o actuación.
"c)           La razón o
fundamento de la existencia de un término perentorio para la presentación
del escrito de impugnación del fallo es el bien jurídico fundamental y
superior de la seguridad jurídica que motiva a ésta Corporación a establecer un
término perentorio para la presentación de la solicitud de nulidad, como es, el
determinar en forma clara y precisa la oportunidad para el ejercicio de una
facultad procesal, en virtud del principio de la preclusión que orienta en
forma general la actividad procesal y en aras de salvaguardar valores del
derecho como la seguridad jurídica y la justicia.
"Dicho término deberá
contarse a partir de la fecha en que se notifique a las partes, la sentencia
respectiva. Al respecto, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que
las sentencias en que se revise una decisión de tutela deberán ser comunicadas
inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual
notificará la sentencia de la Corte a las partes por el medio que éste
considere más expedito y eficaz de conformidad con lo previsto por el artículo
16 ibídem.
"En conclusión, de
conformidad con el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 contra sentencias de la
Corte Constitucional proferidas en desarrollo de los numerales primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo del artículo
241 de la Constitución Política Colombiana, no procede recurso alguno ni
solicitud de nulidad alguna. Excepcionalmente y como única excepción procede la
solicitud de nulidad contra las sentencias que dicten las Salas de Revisión por
irregularidades cometidas en la sentencia; y la única causal de nulidad es la
violación al debido proceso; o sea del artículo 29 de la Constitución. Todas
las irregularidades cometidas antes de la sentencia no pueden ser alegadas,
después de producida la sentencia y quedan saneadas al ser proferida la misma.
"La solicitud de nulidad de las sentencias que profieran las Salas
de Revisión de esta Corporación, debe ser presentada dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de la misma; acto de notificación que cumple
el juez o tribunal que profirió el fallo de primera instancia; debiendo dejar
constancia de la fecha de la notificación y del medio empleado y que el juez
consideró más expedito y eficaz se conformidad con lo previsto en el artículo
16 del Decreto 2591 de 1991."
[23] Corte Constitucional, Auto del 13 de febrero de
2002. En el mismo sentido, Auto del 20 de febrero de 2002.
[24]  Como lo recordó la Corte en el Auto 217 de
2006, esta afirmación se justificó, "(...) no sólo por la carencia de
legitimidad para pedirla, sino, además, por las siguientes razones: (i) en
primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de
certeza del derecho; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar
acción de tutela contra las providencias de tutela. Y finalmente, (iii) porque
es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de
tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad
por vicios de forma." (Auto de 30 de abril de 2002 y Auto 031A de
2002).
[25]
Cfr. Autos ]62/03, A-146A103, A-029A
y A03]A de 2002, A-256/01. Ver también los autos 232/01, 053/01,082/00,050/00,074/99,013/99,026"/98,
022/98, 053/97, 033/95 Y 008/93.
[26]
Auto 217 de 2006.
[27]
Cfr. Auto 031 A/02.
[28]
Auto 031 de 2002, Auto 162 de 2003 y Auto
063 de 2004.
[29] Auto 217 de 2006.
[30] Auto 217 de 2006.
[31] Auto 060 de 2006.
[32]
Pueden consultarse al respecto, entre
otros, los Autos 131 de 2004 y 052 de 2006.
[33]
Auto 330 de 2006.
[34]
E. Alonso, La interpretación de la
Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, citado en el
Auto 330 de 2006.
[35] Sobre el tema, consultar entre otras, las
sentencias T -193 de 1995 y C-400 de 1998, así como el Auto 330 de 2006.
[36]
34 Sentencia SU 047 de 1999.
[37]
Auto 330 de 2006.
[38]
En el Auto 330 de 2006, se citó un aparte
del Auto 276 de 2001, en el que sobre este temas, se manifestó: "Es
conveniente precisar que aunque la Corte en el devenir histórico
jurisprudencial y en cumplimiento de su función ha venido trazando pautas y
directrices acerca de los aspectos que se deben tomar en cuenta para determinar
la eficacia del medio judicial ordinario y cuándo el perjuicio tiene el
carácter de irremediable y cuándo no, lo cierto es que tales pautas y
directrices, objetivamente consideradas, no pueden constituirse en una especie
de obstáculo o "camisa de fuerza" que le impida a los jueces
constitucionales de tutela el ejercicio de su autonomía interpretativa y
desarrollar su pensamiento jurídico racional, en la medida en que esas pautas
y  directrices las deben aplicar en el caso particular que en determinado
momento les corresponde resolver, el cual, en razón de su naturaleza puede
presentar matices o circunstancias ausentes en los eventos que han sido objeto
de examen por la Corte Constitucional.
(...) Enfocada de esa manera la situación, a
juicio de la Corte, en la Sentencia T-I04, de 31 de enero de 2001, la Sala Séptima
de Revisión de Tutelas, en modo alguno, en términos de la peticionaria,
"cambió la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte
Constitucional" sobre la materia. Bien puede, entonces, respetarse el
hecho de que la doctora BEATRIZ GONZALEZ REINOSO discrepe de los argumentos
expuestos en la sentencia que cuestiona e interprete que en ese fallo la Sala
Séptima de Revisión, en casos como el allí tratado, adicionó el requisito o
condición de que el accionante debe estar "desempleado" para que el
amparo prospere; empero, esos no son elementos suficientes para que su
pretensión de que se anule la providencia judicial esté llamada a tener éxito".
[39] Auto 330 de 2006.
[40] Sobre este tema, en el Auto 131 de 2004, se
sostuvo: "[Las] Salas de Revisión de la Corte Constitucional gozan como
todo juez de la República, de una amplia competencia para apreciar
razonablemente las circunstancias que constituyen una vía de hecho. En efecto,
la función de administrar justicia implica necesariamente la valoración de
conductas, y como no todos los comportamientos son exactamente idénticos, no
pueden imponerse modelos autómatas o de 'igualdad ciega' para la resolución de
casos. En este orden de ideas, la valoración judicial y las herramientas para
llevarse a cabo no constituyen per se vías de hecho, pues si se ajustan a los
parámetros constitucionales de razonabilidad y legalidad, no puede pretenderse
su ineficacia" .
[41]
Cfr. Auto 330 de 2006.
[42]
Cfr..Auto 217 de 2006.
[43] Según lo certificó
la Secretaría del Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Bogotá, en
oficio No. 4251, recibido en la Secretaría General de esta Corte el día 19 de
diciembre  de 2006.
[44]
Cfr. Artículo 17 de la Ley 43 de 1992.
[45]
Sentencia T-1016/2000
[46]
Sentencias S U-110 de 2002, T -1022
de 2002 y T -885 de 2006.
[47] Ver entre otras las
sentencias T-690 de 2001, T-494 de 2006, T-623 de 2006, T-995 de 2006, T-664 de
2005 y  T-776 de 2005.
[48] Ver sentencia T-867
de 2005.