T-269-12
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia T-269/12
COADYUVANCIA EN TUTELA-Alcance del artículo 13 del Decreto 2591/91/TERCERO
CON INTERES LEGITIMO-Intervención como coadyuvantes
En el trámite de la acción de tutela, reglamentado en
el Decreto 2591 de 1991, se prevé que los terceros con interés legítimo pueden
intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. El artículo 13
del Decreto 2591 dispone que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”. Esto implica, en
principio, que con independencia de la categoría particular dentro de la que
pudieran ubicarse en razón de su interés en el proceso y del nombre que se les
asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acción de tutela los terceros
se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo
hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o
autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. En el trámite
de las acciones de tutela esta delimitación del papel de los terceros debe
armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial
que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicitó el amparo y
que luego es vinculada a su trámite, bien por solicitud de las partes o por
decisión oficiosa del juez, puede advertir que su interés no se reduce al
resultado del proceso, sino que también es titular de los derechos que se ven
vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los
mismos hechos más o menos delimitados desde la instauración de la tutela, y
porque es la misma persona o autoridad pública accionada quien con su conducta
ha generado esta situación presentada al juez de tutela.
ACTUACION DE LOS INTERVINIENTES DENTRO DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS-Terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos
La Sala
observa que la Aseguradora Confianza, vinculada al trámite de tutela por el juez de primera instancia por
haber sido llamada en garantía dentro de la acción de reparación directa,
aprovechó su intervención para aseverar que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca había vulnerado su derecho al debido proceso, al
cometer irregularidades en la notificación del llamamiento en garantía,
condenarla al pago del lucro cesante y desconocer la prueba en relación con el
monto asegurado. En el mismo sentido, impugnó la decisión del juez de tutela de
primera instancia alegando que aun cuando no hubiera defecto alguno en la
decisión tomada respecto de la Unión Temporal, sí lo había en relación con la
aseguradora.  Sin embargo, es claro que estos cargos no están dirigidos a coadyuvar
la petición de la Unión Temporal o la defensa del Tribunal del Cauca, y no se
relacionan de forma ni siquiera aproximada a las razones de hecho y de derecho
propuestas por la Unión Temporal, que tienen que ver con las pruebas que, a su
juicio, daban lugar a la declaratoria de inexistencia de la falla del servicio
y el nexo causal. Antes bien, se orientan a señalar los posibles defectos que
desconocen los derechos de la Aseguradora, fundados todos en aspectos de la
sentencia que no son discutidos por la Unión Temporal y que no afectan la
decisión que se tome en relación con ella. Atendiendo a las razones expuestas en
precedencia, la Sala considera que no debe examinar los problemas jurídicos
derivados de la intervención de la Aseguradora pues ella no constituye una
verdadera parte dentro del proceso de tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
La Corte ha precisado que la tutela contra
providencias es excepcional, pues aunque busca responder a la exigencia constitucional
de que los derechos fundamentales sean protegidos efectivamente, no puede
desconocer el hecho de que la jurisdicción ordinaria constituye el primer
espacio de reconocimiento y realización de estos derechos; que los jueces que
han proferido las sentencias gozan de autonomía funcional; y que dichos fallos
tienen el valor de cosa juzgada. Por
ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente
litigiosos, en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente válidas,
o en las amplias atribuciones del juez para la valoración del material
probatorio, mientras su ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos
constitucionales.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos formales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
De
acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, el defecto fáctico se produce
cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se hallen
subsumidos adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina,
como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de
una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del
otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios. Para la
Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que
comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación
de una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión
negativa, es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante,
o en el decreto de pruebas de carácter esencial.
VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL/DICTAMEN PERICIAL-El juez está obligado a valorar el dictamen pericial
como prueba pero sus resultados no son obligatorios
La valoración del dictamen pericial implica llevar a
cabo un proceso de orden crítico con el fin de obtener certeza respecto de los
hechos y conclusiones sobre los que versa la experticia. Para ello, el juez
debe apreciar aspectos relativos (i) al perito, (ii) al agotamiento formal de
los mecanismos para llegar a un dictamen suficiente, y (iii) a la coherencia
interna y externa de las conclusiones. En cuanto a lo primero, deben
verificarse las calidades y la probidad del perito. En segundo lugar, son
objeto de apreciación los elementos (exámenes, experimentos, cálculos, etc.) en
los cuales se apoyó el perito para sus indagaciones. En tercer lugar, debe
examinarse la coherencia lógica del dictamen, el carácter absoluto o relativo
que le da el perito a sus afirmaciones, la suficiencia de los motivos que
sustentan cada conclusión, y la firmeza, precisión y calidad de los
fundamentos. Como resultado del proceso descrito el juez puede decidir
apartarse de las conclusiones de la experticia. Los doctrinantes manifiestan al
respecto que “el juez tiene libertad de valoración frente a los resultados de
la peritación, y puede, por ende, con una motivación adecuada, apartarse de las
conclusiones a las que ha llegado el perito” y, yendo más allá, establecen que
“si un dictamen pericial no reúne las anteriores condiciones, el Juez deberá
negarle todo valor probatorio”. En este orden de ideas, la garantía del debido
proceso exige que el juez exponga de forma explícita dentro del fallo cuál es
el mérito que le asigna al medio de prueba y cuáles son las razones que
sustentan esta decisión. Pero en ningún caso, obliga al juez a aceptar las
conclusiones del dictamen sin un examen crítico del mismo.
VALOR PROBATORIO DE LAS FOTOGRAFIAS-El juez debe valerse de otros medios probatorios,
apreciando razonablemente el conjunto
La fotografía es un medio probatorio documental de
carácter representativo. Es un objeto que muestra un hecho distinto a él mismo,
el cual emerge del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de
interpretación exhaustiva de su contenido. Esto significa que la representación
debe ser inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad
de hechos posibles, “ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está
contenida en la mente de aquél (el intérprete), y no en el objeto que la
documenta”. Al igual que el dictamen pericial, la fotografía es un medio que el
juez está en obligación de valorar dentro del conjunto probatorio partiendo de
las reglas de la sana crítica. No obstante, la jurisprudencia ha establecido
unos parámetros específicos para su correcta apreciación. En primer lugar, como
es tradición tratándose de un documento, debe verificarse su autenticidad
conforme a la normatividad correspondiente, dependiendo de si las imágenes
fotográficas aportadas al proceso constituyen un documento público o privado.
En este orden de ideas, el valor probatorio de las fotografías no depende
únicamente de su autenticidad formal sino de la posibilidad de establecer si la
imagen representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en
razón del tiempo, del lugar o del cambio de posición de los elementos dentro de
la escena capturada. Para ello, el juez debe valerse de otros medios
probatorios, apreciando razonablemente el conjunto.
CARACTERIZACION DE LA CAUSAL GENERICA DE PROCEDENCIA
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA FALLOS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional ha desarrollado una
jurisprudencia sólida en relación con el desconocimiento del precedente como
causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales. Ha dicho que si bien los jueces están amparados en sus decisiones
por el principio de autonomía judicial, existen otros principios que exigen el
respeto por el precedente judicial de sus superiores jerárquicos, del órgano de
cierre de su jurisdicción y de la Corte Constitucional. Entre ellos se
encuentran el derecho a la igualdad, el principio de cosa juzgada, la seguridad
jurídica, los principios de buena fe y confianza legítima, y la racionalidad
del sistema jurídico que exige un mínimo de coherencia en su interior. En este
sentido, si bien es claro para la Corte que el precedente no tiene un valor
absoluto, también lo es que constituye un elemento imprescindible en el
ejercicio de administrar justicia. Un fallo judicial incurre en defecto por
desconocimiento del precedente cuandoquiera que se aparta injustificadamente
del contenido constitucionalmente vinculante de un derecho fundamental o del
precedente sentado por los órganos de cierre de su respectiva jurisdicción, o
cuando desconoce o limita el alcance de estos pronunciamientos. Por tanto, para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es
preciso: (i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de
precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales
contenidas en estos precedentes; (ii) comprobar que el fallo judicial impugnado
debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo
incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; (iii) verificar si
el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial, bien por
encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien
por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera.
ACCION DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Decisión no incurrió en defecto fáctico por cuanto
realizó una acertada valoración probatoria en proceso de reparación directa
contra Unión Temporal Desarrollo Vial
Referencia:
expediente T-3.244.775
Acción de tutela instaurada por la Unión Temporal
Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca contra el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
DC., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión de los fallos dictados por la Sección Segunda
Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
y la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda
La Unión
Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca (en adelante, UTDVVCC o
Unión Temporal), presentó acción de tutela contra el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca por considerar que esta entidad incurrió en una vía de
hecho por defecto fáctico y desconocimiento del precedente, al proferir la
sentencia del 7 de septiembre de 2010 que resolvió en segunda instancia la
acción de reparación directa promovida por Beatriz Eugenia Arias Garzón contra la
Unión Temporal y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
A
continuación se describirán los hechos que dieron lugar al proceso de
reparación directa, la sentencia proferida en la jurisdicción contencioso
administrativa que es objeto de la acción de tutela, y las consideraciones en las
que se basa la solicitud de amparo.
A.
El proceso de reparación
directa promovido por Beatriz Eugenia Arias Rincón y otros.
1.1  En la madrugada del 7 de octubre de 2001 Beatriz
Eugenia Arias Rincón, su esposo Luis Eduardo Miranda Gaitán y sus hijas menores
de edad, sufrieron un accidente de tránsito mientras conducían por la vía
Panamericana de Popayán a Cali, a la altura del sector de Palacé. El incidente
ocurrió cuando el automóvil en el que se movilizaban tomó el desvío de un tramo
en el que se adelantaban obras de ampliación de la vía Panamericana, y minutos
después se salió de la carretera hasta caer varios metros más abajo.
1.2  Como consecuencia de este evento, la señora Beatriz
Eugenia Arias Garzón sufrió una luxo fractura de Halgiman C5-C6, que la dejó en
estado de cuadraplejia calificada como una discapacidad del 79.7%.
1.3  Convencidos los afectados de que dicho accidente fue
causado por la indebida señalización e iluminación de las obras de reparación
de la vía, especialmente de la curva en la que ocurrió el incidente, decidieron
iniciar una acción de reparación directa con el fin de que se declarara que el
Estado era patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios sufridos por
Beatriz Eugenia Arias Garzón.
1.4  La acción de reparación directa fue instaurada contra
el Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Sin embargo, esta entidad llamó en
garantía al Instituto Nacional de Concesiones –INCO y a la Unión Temporal, teniendo
en cuenta que esta última tenía la concesión del sector donde ocurrió el
accidente, y que, en razón del contrato, se comprometió a indemnizar a terceros
y a INVIAS por los perjuicios que le fueran imputables y que se causaran en
desarrollo del contrato. A su vez, la Unión Temporal llamó en garantía a la Compañía
Aseguradora Confianza S.A.
1.5  El 21 de abril de 2010, el Juzgado Sexto
Administrativo de Popayán profirió sentencia de primera instancia rechazando
las pretensiones de los demandantes. Para sustentar su decisión, el juez empezó
por establecer que el asunto debía definirse con fundamento en el régimen de
falla del servicio. Conforme a ello, señaló que debían verificarse tres
elementos: (i) la existencia de un daño, (ii) la conducta activa u omisiva de
la autoridad; y (iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél.
El juez
encontró plenamente probado el primer elemento a partir de la historia clínica
de Beatriz Eugenia Arias Rincón relativa al tratamiento de cuadriplejía, la
calificación de la junta de calificación de invalidez que dictaminó una pérdida
de la capacidad laboral del 79.7%, y el informe de la Policía sobre la
ocurrencia del accidente de tránsito.
Sin embargo,
descartó la configuración del segundo requerimiento puesto que si bien se probó
que en la vía Cali-Popayán se estaban adelantando obras de adecuación y de
mejoramiento para el momento del accidente, el juez consideró que había en el
lugar de los hechos señales preventivas que informaban sobre su realización.
Además, afirmó el juez que el accidente ocurrió por el cansancio del conductor,
quien invadió el carril izquierdo de la vía antigua que fungía como desvío
mientras se adelantaban las obras en el nuevo tramo de carretera. A estas
conclusiones llegó a partir de la valoración de las fotografías aportadas por
las partes, el dictamen pericial relativo a las condiciones de señalización de
la vía, y los testimonios que confirmaban la existencia de señales de desvío,
de límite de velocidad y de prohibición de adelantar.
B.
La sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Cauca.
1.6  El 7 de septiembre de 2010 el Tribunal Contencioso
Administrativo del Cauca conoció del recurso de apelación interpuesto contra la
decisión del Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, y decidió revocarla. En
su lugar, declaró responsable a INVIAS por los daños ocasionados a Beatriz
Eugenia Arias Garzón a INVIAS. Condenó a la Aseguradora Confianza S.A a
reembolsar a INVIAS el monto de la indemnización ordenada hasta por el valor
asegurado disponible, y a la UTDVVCC a restituir a INVIAS el dinero por
concepto de pago de perjuicios morales y materiales que no hubieran sido
cubiertos por la Aseguradora.
El Tribunal
encontró plenamente probado el accidente de tránsito que sufrió la señora
Beatriz Eugenia Garzón, así como las graves afectaciones que se derivaron del
mismo. No obstante, los términos en que se elevó la apelación exigen que se
revisen las pruebas en torno a la presencia de señalización e iluminación del
tramo en el que ocurrió el incidente. Esto, especialmente en cuanto tiene que
ver con el dictamen pericial ya que fue rendido 6 años después del accidente. A
su juicio, el paso del tiempo exige que las conclusiones a las que llegó deban
valorarse con una cautela mayor a la que tuvo el juez de primera instancia, y
en conjunto con los demás elementos obrantes en el expediente.
En primer
lugar, las conclusiones del perito en relación con la señalización de la obra y
la causa del accidente se basaron principalmente en fotografías aportadas por
los demandantes y por la UTDVVCC. Estas imágenes no pueden ser consideradas
como plena prueba de los hechos puesto que no se corroboró su origen, el lugar
o la época en que fueron tomadas, a partir del cotejo con testigos o con otros
medios de prueba dentro del proceso. Por esta razón, el Tribunal consideró que
el dictamen pericial se basó principalmente en inferencias circunstanciales, y
que su apreciación debía tener en cuenta esta particularidad.
Adicionalmente,
los testimonios de Javier Eduardo Pérez, María Ofir Méndez y Pablo José
Benavides indican que sí había señalización de las obras que se estaban
adelantando antes del tramo más peligroso de la construcción, pero sostienen
que en el sitio exacto del accidente no se informaba sobre la estrechez o la
curvatura de la vía, pese a que estas características la hacían peligrosa.
En segundo
lugar, el croquis inserto en el informe de la Policía –que también tuvo en
cuenta el perito- revela que el lugar en el que el automóvil perdió el control
estaba en buen estado aunque en reparación, seco, y con tres señales de
tránsito, pero admite que no tenía iluminación. Esta prueba apunta hacia dos
direcciones. De un lado, aunque muestra que había señalización de la obra, no
es claro que esta hiciera referencia a las condiciones del tramo en el que
ocurrió el accidente. Tampoco permite el croquis y sus anotaciones inferir que
la carretera incluyera una barrera metálica en el lado por el cual el carro
salió de la carretera. De otro lado, lo que sí indica la prueba es la ausencia
de iluminación, condición que reviste gravedad toda vez que el accidente
ocurrió en horas de la madrugada, cuando aun no se cuenta con suficiente luz
del día.
Por último, la
normatividad en materia de señalización (Resolución 001937 de marzo 30 de
1994), exige que en los lugares de obstáculo y/o peligro se utilicen conos o
canecas y barricadas, así como líneas de demarcación con tachas reflectivas
temporales. A ello se añade que INVIAS adjuntó un documento según el cual la
Unión Temporal se comprometía a acondicionar en la noche mecheros para
señalizar la línea de vía de acuerdo al avance del corte. No obstante, ninguna
de las pruebas indica la presencia de dichos dispositivos en el lugar del
accidente.
Con base en
lo anterior, el Tribunal concluyó que las medidas necesarias para evitar
accidentes “no fueron tomadas, o por lo menos no se tomaron en el tramo de
la vía antigua, a pesar de ser la que representaba mayor peligro dada la altura
a que se encontraba respecto a la vía en construcción”. Estas
irregularidades “conllevaron a que se expusiera a los conductores a
situaciones de peligro las cuales en el presente caso desembocaron en la
ocurrencia del accidente”. Por tanto, el Estado debe responder
patrimonialmente por ellas.
1.7  La sentencia fue objeto de dos correcciones referidas
al monto de la indemnización, las cuales fueron notificadas el 27 de septiembre
y el 12 de octubre de 2010.
C.
Los argumentos presentados por la
Unión Temporal en sede de tutela.
1.8  En primer lugar, la Unión Temporal manifiesta que la
sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca incurrió en defecto
fáctico por ausencia de valoración de algunas pruebas y valoración indebida de otras
que eran determinantes para concluir la inexistencia de falla del servicio,
toda vez que se dirigían a demostrar que la Unión Temporal cumplió plenamente las
obligaciones de señalización de la obra. Concretamente indicó que:
1.8.1
El Tribunal no valoró la
comunicación del INCO emitida el 25 de julio de 2007, en la que se indicaba que
el contratista cumplió plenamente con los parámetros de señalización exigibles.
Como consecuencia de ello, concluyó erróneamente que la Unión Temporal
incumplió su obligación de señalizar adecuadamente las obras viales.
1.8.2
El Tribunal descartó
injustificadamente las conclusiones a las que llegó el dictamen pericial en
materia de señalización y causas posibles del accidente, desconociendo que este
no fue objetado por error grave y, por lo tanto, constituye plena prueba de los
hechos.
1.8.2.1
Para el apoderado, del dictamen
pericial se colegía que la Unión Temporal había cumplido satisfactoriamente sus
deberes de señalización. Esta conclusión se apoyaba principalmente en las
fotografías aportadas al proceso que también fueron desechadas infundadamente
en la sentencia acusada.
De acuerdo
con la Unión Temporal, dado que las fotografías no fueron tachadas de falsas
oportunamente ni se cuestionó su fecha, debían tenerse como auténticas. Además,
no podía rechazarse la marca de agua de cada fotografía como indicadora de la
fecha en que estas fueron tomadas pues ninguna de las partes discutió la
manipulación de este sello.
Adicionalmente,
los hechos plasmados en las fotos podían ratificarse en conjunto con el informe
de policía de carreteras que especifica que la vía tenía tres señales de límite
de velocidad, de no adelantar, y de prevención; y con los testimonios
recogidos.
1.8.2.2
El representante de la Unión
Temporal añadió que el dictamen pericial afirmaba con claridad que la causa del
accidente era el sueño del conductor y no la ausencia de señalización de la
vía. Esta inferencia provino del informe de la policía de carreteras que así lo
decía. Sin embargo, la corporación desestimó también esta parte sin tener en
cuenta otros elementos probatorios que corroboraban la información, tal como el
informe de Suramericana de Seguros generado con la reclamación por pérdida
total del vehículo en la que, según la Unión Temporal, el mismo conductor del
vehículo reconoció haber perdido el control del vehículo sin referirse a la
señalización de la vía.
1.8.3
El Tribunal no argumentó por qué
decidió darle mayor valor a los testimonios de Ernesto Andrade Rincón y Rodrigo
León Baos que a los de Pablo José Benavides, Javier Eduardo Pérez, Alejandro
Hernández y Victoria Eugenia Casas, quienes confirmaron que la vía estaba
señalizada adecuadamente.
1.9  En segundo lugar, indicó la UTDVVCC que la decisión
del Tribunal del Cauca incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente, pues al declarar la responsabilidad del Estado sin que en el
expediente obrara prueba del nexo causal entre la falla del servicio y el daño
sufrido por la señora Beatriz Eugenia Arias Garzón, olvidó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que no habrá lugar al
reconocimiento de responsabilidad del Estado cuando, a pesar de estar probada
la falla del servicio, no esté demostrada la relación de causalidad entre dicha
falla y el daño.
1.10
La UTDVVCC solicitó que se
adoptara como medida provisional la suspensión de la ejecución de la sentencia
objeto de la acción de tutela pues, de lo contrario, se causarían a la entidad
perjuicios económicos por un valor estimado de $1.534.669.496,60, derivados de
la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.
2. La demanda
de tutela fue admitida el 17 de enero de 2011 por la Subsección B, Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
quien vinculó al proceso a los señores Beatriz Eugenia Arias, Luis Elder Arias
Restrepo, Margarita Garzón de Arias, Beatriz Eugenia Garzón, Santiago Miranda
Arias y María Camila Miranda Arias, así como a INVIAS y a la Aseguradora
Confianza S.A, por cuanto podrían verse afectados con el fallo de tutela.
Intervención de
la parte demandada
3. Hilda Calvache Rojas, presidenta del Tribunal
Administrativo del Cauca, respondió oportunamente la solicitud de tutela
pidiendo que se negara la demanda instaurada en contra de esa Corporación. Al
respecto indicó que la Sala sustentó razonadamente el valor probatorio que
merecían el dictamen pericial, las fotografías y los testimonios recaudados en
el proceso, apoyando sus consideraciones en la jurisprudencia sobre la materia.
En consecuencia, no es dable concluir que la providencia acusada incurrió en algún
defecto.
Intervención de los terceros vinculados
4. Andrés Felipe Zuluaga Sierra, apoderado judicial de
la Compañía Aseguradora Confianza S.A, coadyuvó la tutela impetrada por la
Unión Temporal, solicitando que se declarara que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cauca, proferida el 7 de septiembre de 2010, vulneró también
su derecho fundamental al debido proceso. Con este propósito, relató las etapas
procesales surtidas dentro del trámite de reparación directa y alegó tres
defectos. El primero de ellos consiste, según el interviniente,  en que la
Corporación cometió irregularidades en la notificación del llamado en garantía.
El segundo, tiene que ver con que se condenó a la aseguradora al pago del lucro
cesante, olvidando que de acuerdo con el Código 1088 del Código de Comercio las
indemnizaciones derivadas del seguro de daños comprenden el lucro cesante solo
cuando haya sido objeto de acuerdo expreso. Y el tercer defecto de orden
fáctico, ocurrió pues el Tribunal omitió valorar el documento que acreditaba la
conciliación en donde el tomador de la póliza disminuyó el valor asegurado de
quinientos millones de pesos a cuatrocientos millones de pesos.
Del fallo
de primera instancia
5. Mediante sentencia del 30 de marzo de 2011, la
Subsección B Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado decidió negar el amparo solicitado por la entidad accionante.
Luego de concluir que en el caso bajo estudio concurren las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, señaló
que la entidad accionada planteó una simple discrepancia en relación con el
mérito de las pruebas fotográficas y testimoniales dado por el Tribunal. Dado
que esta controversia no excede el ámbito de razonabilidad de la valoración
probatoria, mal podría el Consejo de Estado imponer su criterio en la materia,
pues de hacerlo se convertiría en una tercera instancia de juzgamiento.
Asimismo, en cuanto al defecto por desconocimiento del precedente indicó que el
accionante no planteó la identidad esencial entre el precedente y el caso del
cual se ocupó el Tribunal en el fallo objeto de impugnación. Por lo tanto, no
podría decretarse el amparo por esta razón.
La Consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez aclaró el
voto señalando que, a su juicio, la tutela no procede contra decisiones
judiciales.
De
la impugnación
6. Andrés Delgado Ortega, apoderado especial de la
Unión Temporal, impugnó el fallo proferido en primera instancia. En cuanto al
defecto fáctico, reiteró que se vulneró el derecho de su prohijada al no
valorar la comunicación del INCO del 25 de julio de 2007, ya que esta prueba
era esencial para establecer el cumplimiento de la UTDVVCC en materia de
señalización y para corroborar lo dicho en el croquis de policía, las
fotografías, el dictamen pericial y los testimonios de los accionantes.
6.1 En cuanto al defecto por violación del precedente,
insistió en que el Tribunal desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado
que establece que únicamente es posible atribuir responsabilidad al Estado en
los eventos en los cuales se encuentra debidamente probada la falla, el daño y
el nexo causal. Al efecto, adujo la sentencia del 30 de noviembre de 2006
adoptada por la Sección Tercera de esa corporación (M.P Alier Eduardo
Hernández) que dice:
“Se le
exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está
provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si
el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su
obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá
quedar comprometida su responsabilidad. (…)”[1]
La misma providencia frente al caso concreto
manifiesta que:
“si bien
se acreditó debidamente la existencia de un daño, no está demostrado que éste
resulte imputable a la entidad demandada, pues no se probó que la muerte del
señor Fernández se debiera a una falla de la Administración”[2].
6.2 En igual
sentido, mencionó la sentencia del Consejo de Estado del 24 de febrero de 2005 que
señala que la responsabilidad patrimonial del Estado no surge objetivamente
sino que, en el caso de la falla del servicio, se configura a partir de:
“la
comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño
antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del
servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera
tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último
y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como
consecuencia de la falla del servicio”[3].
6.3 De este modo, el abogado finalizó enfatizando que no
era procedente declarar la responsabilidad en cabeza de la Unión Temporal pues
“en el expediente obraba soporte probatorio suficiente que demostraba que el
Contratista cumplió, en todo momento, con las obligaciones relativas a la
señalización temporal a su cargo”[4]
7. El apoderado judicial de la Compañía Aseguradora de
Fianzas Confianza S.A impugnó la providencia de primera instancia aduciendo que
“si bien pudo haber concluido la Sección Segunda que no se daban los
requisitos de procedibilidad respecto de la Unión Temporal (…) lo cierto es que
respecto de mi representada si se configuran los requisitos de procedibilidad”
pues la decisión adoptada respecto de ella es contraevidente.
Del fallo de segunda instancia
8. En sentencia proferida el 23 de junio de 2011, la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado decidió sobre la impugnación presentada, confirmando la decisión de
negar el amparo de los derechos invocados. El Consejero Ponente encontró que
las pruebas que la entidad accionante alega que no fueron valoradas, sí fueron
abordadas por el Tribunal. Con este fin, reprodujo los apartes del fallo en los
cuales se valoraron las fotografías, el dictamen pericial, el testimonio de
Javier Eduardo Pérez y el de Pablo José Benavides. De esta manera, estimó que asistía
razón al fallador de primera instancia al considerar que la discrepancia
planteada por la Unión Temporal no desconoció el derecho a que las decisiones
judiciales sean adoptadas con base en pruebas razonablemente valoradas.
Pruebas solicitadas en sede de revisión
9.
Mediante auto del 27 de febrero del presente año, el Magistrado Sustanciador
ofició al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán para que remitiera
en préstamo a esta Corporación el Expediente No. 20030102800, incluyendo los
cuadernos de prueba, correspondiente a la acción de reparación directa iniciada
por Luis Elder Arias y otros contra el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, y
que fue resuelto por su despacho mediante sentencia del 21 de abril de 2010. Allegado
oportunamente el expediente original al proceso de tutela, la Sala procedió a
valorar su contenido conforme se expondrá en lo sucesivo.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir
sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problemas
jurídicos
En
el presente asunto corresponde a la Sala establecer si el Tribunal
Administrativo del Cauca vulneró el derecho al debido proceso de la UTDVVCC al
proferir fallo de segunda instancia desfavorable a la accionante, dentro del
trámite de una acción de reparación directa, como consecuencia de haber
incurrido en los siguientes defectos: (i) defecto fáctico por valorar
inadecuadamente el dictamen pericial, al restarle valor a las fotografías y los
testimonios en los que este se fundó; (ii) defecto fáctico por omitir la
valoración de una prueba determinante para descartar la negligencia de la Unión
Temporal; y (iii) desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en cuanto
a los elementos que deben demostrarse para declarar la responsabilidad del
Estado por falla en el servicio.
Para
abordar el estudio de los problemas descritos, la Sala comenzará por reiterar
la jurisprudencia de esta Corporación en relación con los requisitos generales
y especiales de procedencia de tutela contra sentencias judiciales. Luego de
ello caracterizará el defecto fáctico y estudiará en particular el valor
probatorio de los dictámenes periciales y las fotografías. A continuación, se
referirá al defecto por desconocimiento del precedente de un órgano de cierre
como el Consejo de Estado. Por último, estudiará el caso concreto.
No
obstante, teniendo que en cuenta que la Aseguradora Confianza aprovechó su
vinculación como tercero interviniente para aseverar que la sentencia del
Tribunal Administrativo del Cauca vulneró sus derechos fundamentales, deberá la
Sala estudiar previamente si es procedente estudiar estos cargos dentro del
mismo trámite de tutela.
1.
Cuestión previa: Actuación
de los intervinientes dentro de la  tutela contra providencias judiciales
1.1 Son
sujetos procesales dentro del trámite de la acción de tutela, (i) el
actor o los actores, que son titulares de los derechos fundamentales
presuntamente afectados o amenazados por las conductas que se debaten dentro del
proceso[5],
(ii) los sujetos legitimados para fungir como agentes oficiosos de los
derechos de personas que no están en condiciones de hacerlo por sí mismas[6], (iii)
las personas o autoridades públicas contra quienes se dirige la acción de
tutela[7],
y (iv) los terceros que tengan un interés legítimo en el resultado del
proceso[8].
De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, los sujetos
procesales con interés legítimo en el resultado de la acción de tutela se
denominan terceros o intervinientes y, quienes se encuentren en esta posición, pueden
intervenir en el proceso “como coadyuvantes del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud”. Así, las
facultades para su actuación dentro del trámite de tutela no son absolutas,
sino que se limitan en principio a la coadyuvancia, figura cuyo alcance debe
establecerse de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina clásica sobre la
materia, en armonía con los principios generales que rigen la acción constitucional.
1.3 En la
teoría general del proceso, el tercero es definido como “aquel que no tenga
calidad de parte”[9],
esto es, que no es “sujeto del litigio o de la relación jurídica sustancial
sobre la que versa la controversia”[10].
De manera general, los terceros incluyen las categorías de intervinientes ad
excludendum, que son principales autónomos con intereses opuestos a
ambas partes del proceso; los litisconsortes sucesivos o intervinientes, que
pretenden un derecho propio vinculado al proceso y participan en él para que se
tome una decisión respecto de su derecho, y los coadyuvantes.
Estos últimos
son “aquellos terceros que no reclaman un derecho propio para que sobre él
haya decisión en el proceso, sino un interés personal en la suerte de la
pretensión de una de las partes”[11].
Poseen la facultad de intervenir dentro del trámite procesal, pero cuando lo
hacen tienen como fin “sostener las razones de un derecho ajeno”[12]. Por ello,
pueden realizar distintas actuaciones dentro del proceso, pero no les es
posible intervenir para presentar sus propias pretensiones, cuando quiera que
ellas sean totalmente ajenas al contenido del proceso que ha sido delimitado
–al menos en principio-, por las peticiones hechas por quien promueve la
demanda y los argumentos presentados en ejercicio del derecho de contradicción.
1.4 Precisamente
en el trámite de la acción de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991,
se prevé que los terceros con interés legítimo pueden intervenir en el proceso
de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se señaló anteriormente, el artículo
13 del Decreto 2591 dispone que “quien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
Esto implica,
en principio, que con independencia de la categoría particular dentro de la que
pudieran ubicarse en razón de su interés en el proceso y del nombre que se les
asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acción de tutela los terceros se
involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen
apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o
autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones.
1.5 En el
trámite de las acciones de tutela esta delimitación del papel de los terceros
debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo
sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicitó el
amparo y que luego es vinculada a su trámite, bien por solicitud de las partes
o por decisión oficiosa del juez, puede advertir que su interés no se reduce al
resultado del proceso, sino que también es titular de los derechos que se ven
vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los
mismos hechos más o menos delimitados desde la instauración de la tutela, y porque
es la misma persona o autoridad pública accionada quien con su conducta ha
generado esta situación presentada al juez de tutela.
En estos
casos, el juez de tutela está facultado para involucrar a esta persona, pero
para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera
parte dentro del proceso, dejando así de ser un tercero coadyuvante. Es por
ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de
quien promovió la acción de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en
calidad de partes del mismo. Aún más, como excepción al efecto inter partes
de la tutela, en sede de revisión puede la Corte Constitucional establecer que
el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes
instauraron la acción, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas
similares de vulneración de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las
que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el
derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los
derechos de la comunidad[13].
1.6 Sin
embargo, en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros
para estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En
primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes
tienen un interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la
solicitud del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera
hecho la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de
sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien
solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad
al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una
providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que
promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de
amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último
es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez
constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en
las extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los
derechos fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para
hacerlo por reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad,
su competencia sigue teniendo como límites los principios de seguridad
jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían
afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca el estudio,
no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros defectos
“nuevos” que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían
ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de
los aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el
planteado convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la
Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las
controversias propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en
relación con sus propios derechos y con independencia de los hechos y derechos
planteados por el accionante, desnaturalizaría la acción constitucional.
Justamente para
evitar esto, la Corte es exigente en la verificación de las causales generales
y específicas de procedencia de la acción, al punto que no entra a examinar los
argumentos planteados en la tutela hasta tanto no compruebe que ha sido
instaurada como un mecanismo subsidiario y excepcional, a través de esos
requisitos genéricos. Pero este propósito también implica que el cumplimiento
de los requisitos generales o formales solo pueda predicarse de quien (o
quienes) instauraron la tutela y que esas calidades no sean transmisibles a
otros intervinientes en la misma.
Específicamente
no podría declararse que la solicitud de un tercero que alega la vulneración de
sus derechos fundamentales dentro de la acción instaurada por otra persona
cumple el requisito de inmediatez, pues dicho requisito tiene que ver con la
razonabilidad del tiempo en que la persona decide reclamar ante la jurisdicción
constitucional y, en estricto sentido, el tercero no habría decidido hacerlo en
un determinado momento, sino que habría aprovechado para exponer sus
argumentos, luego de admitida la tutela. Es por ello que si una persona
considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo
pertinente es que promueva una acción de tutela diferente y no que presente en
el trámite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su
inconformidad.
1.7 Las
anteriores precisiones no pueden ser interpretadas en el sentido de restringir
el carácter informal de la acción de tutela ni la potestad oficiosa del juez
dentro del proceso. Lo que resaltan es que todos los ciudadanos tienen el mismo
derecho a acceder al amparo a través de la tutela de manera individual, y que quienes
son vinculados al trámite de tutela como terceros, intervinientes o
coadyuvantes, no son los titulares de los derechos fundamentales que se debaten
en el trámite de la acción. Por ello, en el trámite de la acción de tutela
contra sentencias, esto implica que no pueden intervenir para solicitar la
protección de sus propios derechos fundamentales.
1.8 En este
caso, la Sala observa que la Aseguradora
Confianza, vinculada al trámite de tutela
por el juez de primera instancia por haber sido llamada en garantía dentro de
la acción de reparación directa, aprovechó su intervención para aseverar que la
sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca había vulnerado su derecho al
debido proceso, al cometer irregularidades en la notificación del llamamiento
en garantía, condenarla al pago del lucro cesante y desconocer la prueba en
relación con el monto asegurado. En el mismo sentido, impugnó la decisión del
juez de tutela de primera instancia alegando que aun cuando no hubiera defecto
alguno en la decisión tomada respecto de la Unión Temporal, sí lo había en
relación con la aseguradora.
Sin embargo,
es claro que estos cargos no están dirigidos a coadyuvar la petición de la
Unión Temporal o la defensa del Tribunal del Cauca, y no se relacionan de forma
ni siquiera aproximada a las razones de hecho y de derecho propuestas por la
Unión Temporal, que tienen que ver con las pruebas que, a su juicio, daban
lugar a la declaratoria de inexistencia de la falla del servicio y el nexo
causal. Antes bien, se orientan a señalar los posibles defectos que desconocen
los derechos de la Aseguradora, fundados todos en aspectos de la sentencia que
no son discutidos por la Unión Temporal y que no afectan la decisión que se
tome en relación con ella. Atendiendo a las razones expuestas en precedencia, la
Sala considera que no debe examinar los problemas jurídicos derivados de la
intervención de la Aseguradora pues ella no constituye una verdadera parte
dentro del proceso de tutela. En consecuencia, solo abordará los problemas
jurídicos derivados de la demanda presentada por la Unión Temporal y no los
defectos alegados por la Compañía Aseguradora Confianza.
2.
Procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
2.1
La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida doctrina en relación con la
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, basada
en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial, y la prevalencia y efectividad de los
derechos constitucionales. Este equilibrio se logra a partir de la configuración
de supuestos de procedibilidad cuidadosamente decantados por la jurisprudencia
constitucional, que garantizan  el carácter excepcional y subsidiario de la
acción[14].
La Corte ha
precisado que la tutela contra providencias es excepcional, pues aunque busca
responder a la exigencia constitucional de que los derechos fundamentales sean
protegidos efectivamente, no puede desconocer el hecho de que la jurisdicción
ordinaria constituye el primer espacio de reconocimiento y realización de estos
derechos; que los jueces que han proferido las sentencias gozan de autonomía
funcional; y que dichos fallos tienen el valor de cosa juzgada. Por ello, está vedada al juez de tutela cualquier
intromisión en asuntos puramente litigiosos, en la escogencia de
interpretaciones legales constitucionalmente válidas, o en las amplias
atribuciones del juez para la valoración del material probatorio, mientras su
ejercicio se ajuste a la efectividad de los derechos constitucionales[15]
Además, ha
dicho la Corte que la tutela contra providencias judiciales tiene un carácter
subsidiario, puesto que no puede instaurarse de manera paralela al curso normal
de los procesos judiciales, sino que requiere el agotamiento de todas las
instancias en las cuales hubiera podido solicitarse la protección del derecho
amenazado o vulnerado, salvo que la tutela se instaure como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable[16].
Con el fin de
salvaguardar las características mencionadas, se ha establecido que la tutela
procede únicamente cuando reúne los siguientes requisitos formales de
procedibilidad:
(i)
Que la cuestión que se discuta
tenga una evidente relevancia constitucional (…);
(ii)
Que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (…);
(iii)
Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez (…);
(iv)
Que, tratándose de una
irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (…)
(v)
Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible (…);  y
(vi)
Que no se trate de sentencias de
tutela (…).
Asimismo, es
necesario que la providencia judicial se encuentre dentro de alguno de los
requisitos genéricos de procedibilidad que hacen referencia a los posibles
defectos de las sentencias[17]:
(i) orgánico, (ii) procedimental, (iii) fáctico, (iv) sustantivo, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y
(vii) violación directa de la Constitución.
De acuerdo con las consideraciones precedentes, para
establecer la procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia
judicial es preciso que concurran todos los requisitos formales de
procedibilidad, y solo cuando ellos son verificados, puede el juez
constitucional entrar a establecer si se configura al menos una de las causales
específicas que hacen procedente el amparo material[18].
3.
Caracterización del defecto
fáctico[19].
Valor de la fotografía y el dictamen pericial como medios de prueba
3.1
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[20], el defecto fáctico se
produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se hallen
subsumidos adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina[21], como
consecuencia de una omisión en el decreto[22]
o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los
medios probatorios.
3.2 Para la Corte, el defecto fáctico puede darse
tanto en una dimensión positiva[23],
que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o
en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello,
como en una dimensión negativa[24],
es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el
decreto de pruebas de carácter esencial[25].
3.3. En cuanto a los fundamentos y al marco de
intervención que compete al juez de tutela en relación con la posible
ocurrencia de un defecto fáctico, este Tribunal ha sentado los siguientes
criterios:
3.3.1.
El fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias
facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del
material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana
crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. Así, en la
sentencia T-442 de 1994, la Corte señaló:
“(…) si bien el juzgador goza de un gran poder
discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su
decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios
científicos de la sana crítica (…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente”.[26]
3.3.2.
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y
el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en sentencia
T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio,
la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
En
segundo lugar, cuando se trata de pruebas testimoniales, el campo de acción del
juez de tutela es aún más restringido, pues el principio de inmediación indica
que quien está en mejor posición para determinar el alcance de este medio
probatorio, es el juez natural. Así, ha señalado la Corte que: “En estas
situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla
general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez
del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los
declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en
que responde al cuestionario judicial, etc”.[27]
3.3.3.
Por otra parte, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba
no constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables,
el juez natural debe determinar, conforme con los criterios señalados, cuál es
la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su labor, no sólo es
autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[28]. En consecuencia, el
juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas
realizadas por el juez natural es razonable. Sobre el particular, ha señalado la
Corte:
“(…) al paso que el juez ordinario debe partir
de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la
corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder
ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de
plenas garantías”[29].
3.3.4
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[30].
3.4
De estas reglas se desprende entonces que la excepcional intervención del juez
constitucional en asuntos probatorios de los procesos surtidos ante otras
jurisdicciones, pretende garantizar que el juez tome una decisión en
consonancia con la normatividad aplicable al caso concreto y ajustada en lo posible
a la realidad del mismo. Lo anterior, bajo el entendido de que para la
Constitución Política es deseable y factible arribar a la verdad del proceso,
al punto que condiciona la posibilidad de que la rama judicial cumpla la
función de solucionar los conflictos de manera justa. Pero que el defecto
fáctico no indaga sobre la corrección de la valoración de las pruebas ni sobre
su poder de convicción, sino única y exclusivamente sobre su validez.
3.5
Ahora bien, el asunto sub examine está relacionado principalmente con el
alcance probatorio de tres medios de prueba, a saber, los testimonios, el
dictamen pericial y las fotografías. Si bien el examen del valor dado a los
testimonios es un asunto reiterado por la jurisprudencia a partir de los
criterios expuestos (ver la regla expuesta en el numeral 3.3.2), la Sala
encuentra que no sucede lo mismo con el dictamen pericial y la fotografía. Por
ello, a continuación estudiará la normatividad y la jurisprudencia en relación
con estos últimos, con el fin de establecer el alcance del defecto fáctico
cuando son estas pruebas el objeto del debate.
3.6 Valor
probatorio del dictamen pericial
3.6.1 El dictamen
pericial es la “aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o
artísticos que la persona versada en la materia de que se trate hace para
dilucidar la controversia”[31].
Cumple una doble función dentro del proceso. En primer término, es un
instrumento para que el juez adquiera el conocimiento de aspectos fácticos del
asunto que por su carácter especializado no está obligado a conocer y que son
relevantes para adoptar la decisión. En segundo lugar, es un medio de prueba
que pretende hacer que el juez llegue a la convicción sobre la ocurrencia de
los hechos objeto de debate.
En la
sentencia T-796 de 2006, la Corte admitió este carácter dual al reconocer en dicho
medio de prueba “(…) un mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el
dictamen pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos en el
proceso sino que se complementan los conocimientos necesarios para su
valoración por parte del juez”. A la vez, lo concibió como “(…) un
verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen pericial se dirige a
provocar la convicción en un determinado sentido, esto es, la actividad que
realiza el perito tiene finalidad probatoria, ya que tiende a la fijación de la
certeza positiva o negativa de unos hechos”.
3.6.2 El
ordenamiento procesal posee dos dispositivos principales tendientes a controlar
el dictamen pericial: la solicitud de complementación o aclaración y la
objeción del dictamen por error grave[32].
Al respecto, en la sentencia C-124 de 2011 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) se
explicó: “aunque la adición y
complementación del dictamen, y su objeción por error grave, difieren en razón
de la entidad de los defectos alegados contra el dictamen, comparten la
consecuencia jurídica de obligar a que se presente una nueva experticia. En el
primer caso, se trata de una extensión del trabajo de los peritos, a fin de dar
respuesta a los interrogantes planteados por las partes, por lo que toma la
forma de modificación al dictamen primigenio. En el segundo evento, el
nuevo dictamen pericial tiene el valor de prueba dirimente para acreditar la
pertinencia de la objeción planteada por los interesados”.
3.6.3 Pero
aun cuando se ha ejercitado dentro del proceso el derecho a la contradicción
del dictamen pericial, existe un mecanismo de control adicional en cabeza del
juez. Se trata del ejercicio de apreciación y valoración de la prueba. Tanto la
jurisprudencia[33]
como la doctrina[34]
son enfáticas al señalar que el dictamen pericial es apenas uno más de los
medios de prueba permitidos dentro del sistema probatorio de libre convicción.
En consecuencia, lo dicho por el perito no constituye una prueba de valor
superior, y el juez no está obligado a dar pleno valor a sus conclusiones por
el solo hecho de provenir de un experto[35].
Antes bien, siguiendo lo ordenado en el artículo 187 C.P.C, el juez debe valorar el dictamen pericial en conjunto con los demás medios probatorios
obrantes en el proceso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
3.6.4 La
valoración del dictamen pericial implica llevar a cabo un proceso de orden crítico
con el fin de obtener certeza respecto de los hechos y conclusiones sobre los
que versa la experticia. Para ello, el juez debe apreciar aspectos relativos (i)
al perito, (ii) al agotamiento formal de los mecanismos para llegar a un
dictamen suficiente, y (iii) a la coherencia interna y externa de las
conclusiones. En cuanto a lo primero, deben verificarse las calidades y la
probidad del perito[36].
En segundo lugar, son objeto de apreciación los elementos (exámenes,
experimentos, cálculos, etc.) en los cuales se apoyó el perito para sus
indagaciones. En tercer lugar, debe examinarse la coherencia lógica del
dictamen, el carácter absoluto o relativo que le da el perito a sus
afirmaciones, la suficiencia de los motivos que sustentan cada conclusión, y la
firmeza, precisión y calidad de los fundamentos[37].
3.6.5 Como
resultado del proceso descrito el juez puede decidir apartarse de las
conclusiones de la experticia. Los doctrinantes manifiestan al respecto que “el
juez tiene libertad de valoración frente a los resultados de la peritación, y
puede, por ende, con una motivación adecuada, apartarse de las conclusiones a
las que ha llegado el perito”[38]
y, yendo más allá, establecen que “si un dictamen pericial no reúne las
anteriores condiciones, el Juez deberá negarle todo valor probatorio”[39]. En este
orden de ideas, la garantía del debido proceso exige que el juez exponga de
forma explícita dentro del fallo cuál es el mérito que le asigna al medio de
prueba y cuáles son las razones que sustentan esta decisión. Pero en ningún
caso, obliga al juez a aceptar las conclusiones del dictamen sin un examen
crítico del mismo.
Es por esto
que la Corte Constitucional, acogiendo la tesis de la Corte Suprema de Justicia,
ha concluido que la ausencia de valoración del dictamen pericial por parte del
juez constituye un error de hecho en la sentencia[40]. En efecto, la Corte
Suprema de Justicia consideró que:
“en la
actividad desplegada por el fallador en la apreciación de un dictamen pericial,
se puede incurrir tanto en error de derecho como de hecho. (…) Se incurre
en la primera clase de error cuando se aprecia una experticia que fue allegada
al proceso con pretermisión de las formalidades legales, o cuando se desecha
por considerarse, de manera equivocada, que la misma no fue incorporada al
expediente en legal forma, y por supuesto cuando con ocasión de su evaluación
se atenta contra el régimen jurídico que gobierna el mencionado medio.  Se
cae en la segunda clase de yerro, cuando se pretermite el estudio del
legalmente aducido, o se supone el que no existe, o se reduce o adiciona el
contenido objetivo de la experticia, o se desacierta al calificar la precisión,
fundamentación o concordancia de dicho medio probatorio, pues pese a ser una
norma de derecho probatorio la que fija las pautas para que el fallador cumpla
esta última labor (artículo 241 del C.P.C.), lo que finalmente se estaría
alterando con tal equivocación sería el contenido objetivo de la prueba.”[41]
3.6.6 Así las
cosas, cuando el juzgador aprecia razonadamente el valor de la experticia dentro
del conjunto de pruebas obrantes en el expediente sin llegar a conclusiones
contraevidentes, no es posible imputar al fallo un defecto fáctico por errada
valoración de la prueba, pues los resultados de este ejercicio derivan de la
potestad constitucionalmente protegida que tiene el juez para dirigir el
proceso y apreciar libremente las pruebas, siempre que garantice el debido proceso.
3.7
Valor probatorio de las
fotografías
3.7.1 La
fotografía es un medio probatorio documental de carácter representativo. Es un
objeto que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge del documento sin
que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación exhaustiva de su contenido.
Esto significa que la representación debe ser inmediata, pues si a simple vista
la fotografía muestra una variedad de hechos posibles, “ella formará parte
de la prueba indiciaria, ya que está contenida en la mente de aquél (el
intérprete), y no en el objeto que la documenta”[42].
3.7.2 Al
igual que el dictamen pericial, la fotografía es un medio que el juez está en
obligación de valorar dentro del conjunto probatorio partiendo de las reglas de
la sana crítica. No obstante, la jurisprudencia ha establecido unos parámetros
específicos para su correcta apreciación. En primer lugar, como es tradición
tratándose de un documento, debe verificarse su autenticidad conforme a la
normatividad correspondiente, dependiendo de si las imágenes fotográficas aportadas
al proceso constituyen un documento público o privado.
Pero
superado este examen, el Consejo de Estado ha sostenido que las fotografías por
si solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que
pretenden probarse a través de ellas. Debe tenerse certeza de la fecha en la
que se capturaron las imágenes y, para ello, corresponde al juez efectuar un
cotejo de las fotografías con testimonios, documentos u otros medios
probatorios:
“Las fotografías o películas de personas, cosas,
predios, etc., sirven para probar el estado de hecho que existía en el momento
de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; pero
como es posible preparar el hecho fotográfico o filmado, es indispensable
establecer su autenticidad mediante la confesión de la parte contraria o de
testigos presentes en aquel instante o que hayan formado parte de la escena
captada o intervenido en el desarrollo posterior del negativo o por el examen
del negativo por peritos o por un conjunto fehaciente de indicios; cumplido
este requisito, como documentos privados auténticos, pueden llegar a constituir
plena prueba de hechos que no requieran por ley un medio diferente; si falta,
tendrá un valor  relativo libremente valorable por el juez, según la
credibilidad que le merezcan y de acuerdo con su contenido, las circunstancias
que pudieron ser obtenidas y sus relaciones con las demás pruebas (…) También
son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en
la  fotografía  a la persona de la cual habla o el
lugar o la cosa que dice haber conocido; en estos casos, el testimonio adquiere
mayor verosimilitud. Los Códigos de Procedimiento Civil y Penal colombianos lo
autorizan”[43]
3.7.3 En este
orden de ideas, el valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de
su autenticidad formal sino de la posibilidad de establecer si la imagen
representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en razón del
tiempo, del lugar o del cambio de posición de los elementos dentro de la escena
capturada. Para ello, el juez debe valerse de otros medios probatorios,
apreciando razonablemente el conjunto.
4.
Caracterización del defecto
por desconocimiento del precedente de los órganos de cierre de cada
jurisdicción. Reiteración de jurisprudencia
4.1
La Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia sólida en relación
con el desconocimiento del precedente como causal específica de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales. Ha dicho que si bien los jueces
están amparados en sus decisiones por el principio de autonomía judicial, existen
otros principios que exigen el respeto por el precedente judicial de sus
superiores jerárquicos, del órgano de cierre de su jurisdicción y de la Corte
Constitucional. Entre ellos se encuentran el derecho a la igualdad, el principio
de cosa juzgada, la seguridad jurídica, los principios de buena fe y confianza
legítima, y la racionalidad del sistema jurídico que exige un mínimo de
coherencia en su interior[44].
En este sentido, si bien es claro para la Corte que el precedente no tiene un
valor absoluto, también lo es que constituye un elemento imprescindible en el
ejercicio de administrar justicia.
4.2
En cuanto al carácter vinculante de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, ha dicho la propia Corte que se vulneran los derechos
fundamentales de los ciudadanos cuando se adoptan decisiones “(i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la
ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”[45].
Sin embargo, debido a que la administración de la justicia
constitucional no puede basarse en la petrificación de determinadas decisiones
o concepciones, el principio de autonomía funcional del juez implica que éste
puede separarse del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional siempre
y cuando “(…) encuentre razones debidamente fundadas que le permitan
separarse de él, cumpliendo con una carga argumentativa encaminada a mostrar
que el precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte”[46].
4.3 Del mismo modo, en aplicación de los mismos
principios generales, la Corte ha admitido que el defecto por desconocimiento
del precedente es aplicable a los pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado. En la sentencia T-443 de 2010 se precisó sobre
este punto que:
“la jurisprudencia sostiene que el respeto por las
decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de
los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso
administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del
funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento”.
4.4 Por supuesto, tanto el precedente vinculante de la
Corte Constitucional como el de las otras Cortes está constituido por las
consideraciones jurídicas que están directamente dirigidas a resolver el asunto
fáctico sometido a consideración del juez. El precedente está definido por la ratio
decidendi o razón central de la decisión, que se determina a través del
problema jurídico que se analiza en la sentencia y que constituye la regla que
debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en
ella[47].
Para que decisiones pasadas constituyan precedente
vinculante en la adopción de una decisión, es preciso que la regla obtenida a
través de la ratio decidendi constituya la posición predominante de la
Corporación judicial en un momento dado, esto es, que no se trate de una
decisión aislada o de una postura altamente debatida por los mismos jueces. Igualmente,
es necesario que los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
sean semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado; que la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituyan la
pretensión del caso presente, y que la regla jurisprudencial no haya sido cambiada
o modificada por una más específica que altere los supuestos de hecho para su
aplicación[48].
4.5 Al igual que ocurre con el precedente
constitucional, también es claro frente a los pronunciamientos de las otras
Cortes que un juez puede distanciarse del precedente, siempre que exponga de
manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición. Al respecto, en la sentencia T-698 de 2004 (M.P Rodrigo Uprimny
Yepes) se indicó que “para efectos de separarse del precedente horizontal o
vertical, son necesarios entonces, dos elementos básicos: i) referirse al
precedente anterior y ii) ofrecer un argumento suficiente para el abandono o
cambio si en un caso se pretende fallar en un sentido contrario al anterior en
situaciones fácticas similares, a fin de conjurar la arbitrariedad y asegurar
el respecto al principio de igualdad”.
4.6 De acuerdo con todo lo anterior, un fallo judicial
incurre en defecto por desconocimiento del precedente cuandoquiera que se
aparta injustificadamente del contenido constitucionalmente vinculante de un
derecho fundamental o del precedente sentado por los órganos de cierre de su
respectiva jurisdicción, o cuando desconoce o limita el alcance de estos
pronunciamientos. Por tanto, para decidir sobre la procedencia de la acción de
tutela por la causal estudiada es preciso: (i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y
distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; (ii)
comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente
tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del
principio de igualdad; (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para
apartarse del precedente judicial, bien por encontrar diferencias fácticas
entre el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión
debería ser adoptada de otra manera.
5.
El caso concreto
La UTDVVCC alega
que la sentencia denegatoria del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca,
que puso fin a la acción de reparación directa elevada por Beatriz Eugenia
Arias Garzón vulnera su derecho al debido proceso como consecuencia de incurrir
en defecto fáctico y defecto por desconocimiento del precedente. Con el fin de
determinar la procedencia de la acción de tutela por estos cargos, comienza la
Sala por establecer si cumple los requisitos generales de procedibilidad.
5.1
Requisitos generales de
procedibilidad
(i)
Relevancia constitucional
El asunto
bajo examen tiene relevancia constitucional por cuanto los cargos expuestos
contra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca guardan
relación con la garantía del debido proceso, específicamente en cuanto tiene
que ver con el derecho a obtener fallos judiciales fundados en pruebas
suficientes, y el derecho a recibir un trato igual por parte del sistema de
administración de justicia. Además, los argumentos de la entidad peticionaria inciden
directamente sobre la aplicación o no del artículo 90 de la Constitución según
el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que
le sean imputables.
(ii)  Agotamiento de los demás medios de defensa judicial
Los hechos
por los cuales fue promovida la acción de tutela que se somete al estudio de la
Sala tienen origen en una acción de reparación directa. La primera instancia se
surtió ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán y la
decisión fue recurrida en apelación ante el Tribunal Administrativo del Cauca. Garantizada
la doble instancia dentro del proceso, es claro para la Sala que no son
procedentes los recursos de queja o de consulta, diseñados para eventos en los
cuales no es procedente o se ha negado el recurso[49]. Además, la valoración
absolutamente equivocada de la prueba o el desconocimiento del precedente no
están previstos como causales del recurso extraordinario de revisión dentro del
régimen aplicable[50].
Por lo tanto, concluye la Sala que la accionante carece de otros medios para
exponer sus pretensiones.
(iii)
Inmediatez
El fallo
condenatorio de segunda instancia que examina la Sala fue proferido el 7 de
septiembre de 2010, y la tutela instaurada contra este fue repartida a la
Sección Segunda Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado el 17 de enero de 2011. Es decir, cuatro meses después. Este
tiempo es razonable y atiende al carácter  inmediato de la protección que
pretende brindar el amparo constitucional.
(iv)
Incidencia de la
irregularidad procesal en la decisión vulneratoria de los derechos
fundamentales
Este
requisito no es aplicable al caso en concreto, pues las irregularidades que se
alegan no son de carácter procedimental sino de orden fáctico y de respeto por
el precedente.
(v)  Identificación de los hechos que generan la violación
y manifestación de los mismos al interior del proceso judicial
La entidad
accionante expuso con claridad desde el principio del proceso adelantado ante
la jurisdicción contencioso administrativa las pruebas que pretendía hacer
valer, las cuales son el objeto central del debate de tutela, y señaló ante la
jurisdicción constitucional cuáles son las providencias cuyo precedente
considera que se está inaplicando. En este sentido, cumple plenamente el
requisito.
(vi)
Controversia sobre un fallo
que no sea de tutela
La
providencia que se considera violatoria de los derechos fundamentales se
produjo para resolver el recurso de apelación dentro del trámite de una acción
de reparación directa.
Acreditados
todos los requisitos formales de procedibilidad, corresponde a la Sala abordar
el estudio de fondo de la acción de tutela para determinar si se configura
alguna causal específica de la tutela contra sentencias.
5.2
Requisitos específicos de
procedibilidad
Como se
explicó en los antecedentes de esta sentencia, los cuestionamientos de la UTDVVCC respecto de la sentencia adoptada por el
Tribunal Administrativo del Cauca radican en tres aspectos definidos.  Dos
relacionados con la presunta existencia de defecto fáctico y el tercero, concerniente
a la alegada omisión en el uso del precedente judicial vinculante.
De manera
preliminar, la Sala considera importante reiterar, en lo que respecta a las dos
primeras censuras, que el defecto fáctico se concentra en determinar si la
evaluación probatoria que realiza el juez no resulta irrazonable o
contraevidente. Por ende, la acción de tutela contra decisiones judiciales en
este escenario indaga acerca de la validez de dicha evaluación, más no sobre su
corrección, ni menos sobre su poder de convicción.  La acción de tutela por
defecto fáctico es procedente única y exclusivamente cuando existen yerros
graves en la evaluación, bien porque se deja injustificadamente de tener en
cuenta material probatorio legalmente recaudado en el proceso o cuando el juez
llega a conclusiones contraevidentes con dichas pruebas.  Sobre este último
aspecto se resalta que la contraevidencia probatoria no está en modo alguna
relacionada con la crítica acerca de los resultados del análisis judicial, sino
la comprobación objetiva de que el juez llegó a inferencias lógicas formalmente
incorrectas del material probatorio.
Además, esta
comprensión restringida del defecto fáctico impide que en sede de acción de
tutela pueda reabrirse del debate probatorio, a fin de hacer una nueva
evaluación, alternativa a la adelantada por el juez accionado.  Esto debido a
que esa actividad escapa de la competencia del amparo constitucional, dentro
del cual es posible solo la evaluación sobre la omisión injustificada o la
contraevidencia del análisis de las pruebas recaudadas.
A partir de
este marco de referencia, la Sala asume el estudio de los dos defectos de
índole fáctica expresados por la UTDVVCC.
5.2.1
Inexistencia de defecto
fáctico por valoración contraevidente e irrazonable del dictamen pericial y de
las pruebas en que este se fundó
5.2.1.1 Para
la entidad accionante, el defecto fáctico se estructura en el hecho que el
Tribunal no concluyó, como en su criterio el dictamen pericial lo hacía
forzoso, que la Unión Temporal había cumplido a cabalidad con sus obligaciones
en materia de señalización de la obra, y que la responsabilidad en el accidente
era del conductor del vehículo. Indica que si se hubiera “tenido en cuenta” esa
experticia, basada a su vez en la correcta apreciación de las fotografías y los
testimonios en los que se fundó, se descartaría la responsabilidad del
contratista en el mencionado accidente.
5.2.1.2 Para
resolver este cuestionamiento, conviene partir de una distinción conceptual
entre la valoración y la aceptación de los resultados del dictamen pericial.
El primer asunto corresponde a la consideración, por parte del funcionario
judicial, del dictamen pericial como una de las pruebas concurrentes en el
proceso, la cual debe ser valorada en conjunto con el resto del material probatorio,
a partir de las reglas legales y de inferencia lógica a las que se hizo
referencia. El segundo tópico corresponde al grado de persuasión que adquiera
la experticia, de acuerdo con la evaluación probatoria adelantada en el modo
mencionado. El juez está obligado a valorar el dictamen pericial como prueba
obrante en el trámite procesal pero sus resultados no son obligatorios, pues
puede válidamente aceptarlo, modificarlo o desvirtuar su valor de convicción a
partir de los contenidos de otras pruebas recaudadas en el caso o de la
aplicación de las reglas mencionadas en las consideraciones.
Llevada a
esta regla al caso planteado, se tiene que el defecto fáctico de ningún modo
podría configurarse, como lo solicita el accionante, por no acoger el sentido del
dictamen pericial aun cuando este no hubiera sido objetado por error grave.
Solo tendría lugar un defecto de esta índole si de manera injustificada esa
corporación hubiera omitido considerar en su totalidad el contenido de la
experticia dentro del material probatorio en que se fundó la decisión, o si
hubiera cometido un error evidente en lo que tiene que ver con la apreciación
que de él hizo.
En cuanto a
lo primero, la lectura del fallo acusado demuestra inequívocamente que el
Tribunal tuvo en cuenta todos los elementos contenidos en el dictamen, solo que
desestimó sus conclusiones a partir de las razones que serán objeto de análisis
en el fundamento jurídico siguiente.  Incluso, el estudio del juez no solo se
restringió al dictamen en sí mismo, sino que se extendió a algunos de los
fundamentos de la experticia, que conforme a su mismo texto versan sobre (i)
la solicitud de pruebas y documentos del INVIAS; (ii) la información
documental remitida por el INVIAS Bogotá, de conformidad con el contrato de concesión
suscrito con la UTDVVCC; (iii) el manual para diligenciar accidentes de
tránsito, proferido por el Ministerio de Transporte; (iv) el informe
sobre el accidente, elaborado por la Policía de Carreteras; y (v) “diferentes
testimonios y fotografías que obran en el expediente”.[51]
En este orden
de ideas, el dictamen pericial fue valorado por el Tribunal demandado en toda
su extensión, al punto de poner en cuestión su grado de convicción, con base en
las razones allí analizadas y que serán objeto de análisis separado en esta
sentencia. No puede afirmarse que se configuró un defecto fáctico por cuanto el
juez dejó de tener en cuenta la plenitud de elementos en los que esta prueba se
fundaba pues, por el contrario, el Tribunal fue riguroso en extender su
valoración a los fundamentos de la experticia. Faltaría entonces solo establecer
si las razones para restar convicción al dictamen se muestren contraevidentes o
abiertamente irrazonables, según los argumentos expresados en el apartado
introductorio de la presente sección.
5.2.1.3 En
cuanto a lo segundo, una reconstrucción del argumento que expresó el Tribunal
para apartarse de las conclusiones del dictamen pericial demuestra que gravita
sobre dos aspectos definidos.  El primero, consistente en que el extenso lapso
entre el accidente y la experticia, que superaba los seis años, ocasionaba que
el perito careciera del suficiente nivel de inmediación respecto de los hechos
objeto de análisis.  En especial, señaló que varias de las condiciones físicas,
topográficas y de infraestructura vial que eran cruciales para definir las
causas del siniestro, habían sido modificadas en razón del paso del tiempo y de
la continuación de las obras públicas en el área. Esta situación era agravada,
a su vez, por el hecho que el perito basó su dictamen en dicho escrutinio de
las condiciones actuales del terreno, sin concatenarlas con otros elementos de
juicio más precisos, como testimonios de personas que presenciaron el
accidente.  El segundo argumento tuvo que ver que las pruebas presuntamente más
inmediatas al momento en que ocurrió el accidente, eran todas ellas aportadas
por el INVIAS y la misma UTDVVCC, quienes tenían interés directo en el
resultado del proceso, pruebas que del mismo modo presentaban vicisitudes en
cuanto a la definición sobre la fecha en que fueron producidas.
Sobre el
particular, en la sentencia mencionada se observan los argumentos que, por su
importancia, se transcriben a continuación in extenso:
“Llegados
a este punto cabe destacar que obra en el expediente, dictamen pericial rendido
por ingeniero civil con el fin de determinar la naturaleza y condiciones de la
señalización de la vía y al probable causa del accidente.  Dicho experticio fue
rendido el 20 de noviembre de 2007, es decir más de 6 años después del
accidente y el perito se fundamentó principalmente en las fotografías aportadas
con la demanda y las allegadas por la UTDVVCC. Con base en tales documentos
concluyó que para la fecha del accidente la vía se encontraba debidamente
señalizada y que, en consecuencia, el accidente –de conformidad con el informe
de policía- se había debido a falla humana derivada del sueño del conductor.
(…)
Con base
en lo anteriormente transcrito, [refiere
a decisiones del Consejo de Estado sobre el valor probatorio de las
fotografías] la Sala concluye que las fotografías aportadas y que fueron
sustento principal, no son plenamente valorables, ya que se desconoce la fecha
en la cual fueron tomadas, incluso aquellas aportadas por la UTDVVCC, a pesar
de tener una marca de agua que supuestamente indica fecha, lo cierto es que tal
impresión no se encuentra dentro de las hipótesis contempladas en el art. 280
del C.P.C., sin perjuicio de que se trata de un sello mecánico fácilmente
manipulable e incluso, olvidando todo lo demás, existen serios problemas al
momento de interpretar dichos números, ya que la UTDVVCC afirma que deben
leerse en el orden mes, día y año, pero también sería perfectamente posible, (e
incluso es lo usual) leerlas en el sentido día, mes y año, lo que sin duda
llevaría a conclusiones muy diferentes de la obtenida por el perito, amén de
que tampoco fueron cotejadas por alguno de los testigos del lugar de los hechos
al momento del accidente.
En tales
condiciones se tiene que las fotografías traídas al proceso dan fe acerca de
las obras realizadas en los sitios próximos al accidente, pero no es posible
tenerlas como referente para determinar el lugar exacto, ya que a pesar que el
perito se desplazó al lugar del accidente, lo hizo más de seis años después,
cuando la ampliación de la vía ya estaba concluida y no quedaban vestigios
sobre el incidente, más cuando el vehículo cayó sobre una terraza que
obviamente a la fecha de la visita ya no existía.
Cabe
anotar que en el cuerpo del dictamen no aparece que el perito hubiese
utilizado, para formar una mejor idea del objeto de la pericia, las
declaraciones de alguno de los testigos que figuran en el expediente, ni
adelantó otro tipo de averiguación, y, en tales circunstancias, las deducciones
obtenidas, excepto lo concerniente al croquis del accidente se basaron en
inferencias circunstanciales y con base principalmente en las fotografías
aportadas por la UTDVVCC y documentos solicitados al INVIAS.
Así las
cosas, la Sala encuentra que deben analizarse con detenimiento las conclusiones
extraídas de dicho dictamen y, en consecuencia, las de las sentencia del a quo,
toda vez que ésta tuvo su base principalmente en dicha pericia, por lo que se
procederá a valorar la totalidad de elementos obrantes en el expediente con las
salvedades previamente hechas.”[52] (negrilla original)
Para la Sala,
esta argumentación dista de ser irrazonable o contraevidente. Tal como se
deriva de la transcripción hecha, el juez llevó a cabo un proceso de orden crítico
razonable del dictamen pericial, pues apreció de forma expresa la situación
temporal que condicionó, como es entendible, el conocimiento inmediato que
pudiera adquirir el perito de las situaciones específicas de señalización.
También evaluó conforme a las reglas generales de la teoría del proceso los
elementos en los cuales se apoyó el perito, teniendo en cuenta que muchos de
ellos provenían de una de las partes en el proceso y, específicamente, aplicó a
las fotografías los presupuestos de veracidad que fueron explicados en acápites
precedentes, en cuanto tiene que ver no solo con su autenticidad como documento
sino con su capacidad de representación de los hechos (ver supra 3.7); y
concedió un valor a las pruebas testimoniales que no se aparta de los límites
de la razonabilidad.
5.2.1.4 Lo
anterior llevó a que se determinara por parte del Tribunal que la
responsabilidad del concesionario en el accidente debía evaluarse a partir del
estudio de las demás pruebas recaudadas. Así, determinó que (i) concurrían
testimonios que daban cuenta de la estrechez de la calzada en el sitio que
ocurrió el accidente, en razón de la obra pública que se adelantaba en el
mismo: (ii) que el croquis levantado por la Policía de Carreteras, que
sostiene una invasión de carril por parte del vehículo afectado, no cuenta ni
con versiones de los implicados, ni tampoco con elementos fácticos de análisis
como huellas de frenado, que dieran sustento a esa conclusión.  Antes bien, el
informe policial es consistente en señalar que no existía iluminación de la
zona, asunto relevante debido a que el accidente sucedió en horas de la
madrugada; y (iii) no se había demostrado que el concesionario hubiera
adelantado las obras de señalización y seguridad a las que estaba obligado de
acuerdo con las cláusulas del contrato estatal, en especial la instalación de
mecheros para la operación nocturna y de una barrera metálica, esta última
precisamente destinada a evitar que algún vehículo cayera a la terraza
construida con el fin de completar la vía en doble carril.
De este modo,
el Tribunal, en ejercicio de su autonomía, hizo una valoración plausible de las
distintas pruebas recaudadas y del dictamen pericial y, a partir del uso de las
herramientas lógicas y de la sana crítica usualmente utilizadas para
estos procesos de cognición judicial, concluyó la responsabilidad estatal,
propia y del concesionario de la obra pública, en el accidente de tránsito que
llevó a las lesiones y discapacidades de las ocupantes del vehículo afectado. Un
ejercicio de esta naturaleza no puede configurar un defecto fáctico de la
decisión judicial, pues se encuadran con claridad en la validez de la actividad
jurisdiccional, en los términos ampliamente explicados en esta sentencia. Por
ende, la Sala desestima la censura planteada a este respecto.
5.2.2
Inexistencia de defecto
fáctico por ausencia de valoración de las pruebas
5.2.2.1 La
Unión Temporal comenzó por atribuir al fallo del Tribunal un defecto fáctico
por omitir la valoración de la comunicación del INCO emitida el 25 de julio de
2007, en la que se indicaba que el contratista cumplió plenamente con los
parámetros de señalización exigibles. Esta omisión llevó al Tribunal a concluir
erróneamente que la Unión Temporal cumplió con la obligación de señalizar
adecuadamente las obras viales.
5.2.2.2 Para
resolver este cuestionamiento, recuerda esta Sala que el defecto fáctico por
ausencia de valoración de una prueba exige que se establezca  que la prueba
efectivamente dejó de tenerse en cuenta, y que esta omisión tenía una
incidencia directa en la decisión, de suerte que dejó a quien la solicitó en
imposibilidad material para ejercer su derecho de defensa y contradicción. No se está, por ende, ante el escenario de la mayor o
menor corrección del ejercicio probatorio, sino ante el error evidente, que se
hace presente cuando se deja de ordenar alguna prueba esencial para llevar a la
verdad del proceso.
5.2.2.3
Conforme se analizó el fundamento de la sentencia del Tribunal en el numeral
anterior es claro para esta Sala que la comunicación del INCO no fue tenida en
cuenta para la adopción del fallo. Sin embargo, este mismo análisis hace
evidente que dicha prueba no era necesaria, ni esencial pues no podía tener
incidencia directa en la decisión. En primer lugar, la comunicación no tiene
por sí misma la entidad para controvertir las pruebas relativas a la ausencia
de señalización de los peligros de las obras públicas, puesto que se trata de
una certificación emitida por una entidad que no tuvo cercanía física con los
hechos objeto del debate en reparación directa, cuyo contenido se limita a
reportar las conclusiones de la labor de interventoría que, por supuesto, no
excluyen por sí mismas la responsabilidad del Estado por falla del servicio.
En segundo
lugar, el contenido de la prueba carece de suficiente magnitud para desvirtuar los
resultados a los que llegó el Tribunal pues este concluyó la responsabilidad
del Estado no solo por la ausencia del cumplimiento de las obligaciones en
materia de señalización, sino por las condiciones de iluminación y estado
general de la vía. En este sentido, aun cuando el juez hubiera llegado a la
convicción sobre la correcta señalización del terreno –lo que no era necesario
en los términos planteados en los párrafos precedentes-, aún persisten las demás
razones que llevaron al Tribunal a derivar la responsabilidad estatal en el
caso bajo examen.
En todo caso,
reitera la Sala, el fallo sí tiene como fundamento un conjunto de pruebas
compuesto también por los medios aportados por las entidades demandas, que
tendían a demostrar la existencia de señalización en el lugar de la vía. Otra cosa
es que, tomando en consideración estos elementos de forma simultánea a los
demás testimonios y medios probatorios que indicaban la insuficiente
iluminación y señalización de la curvatura de la carretera, hubiera el Tribunal
llegado a la conclusión de que el Estado había incurrido en falla del servicio.
Este ejercicio no escapa, a juicio de esta Sala, a las exigencias de coherencia
y razonabilidad que exigen los fallos judiciales. En consecuencia, no puede
concluirse que el Tribunal del Cauca incurrió en defecto fáctico por omisión en
la valoración de las pruebas.
5.2.3
Inexistencia de defecto por
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado
5.2.3.1 La
UTDVVCC señala que el fallo cuestionado incurre en desconocimiento del
precedente judicial.  Para ello, trae a colación algunas decisiones del Consejo
de Estado que determinan que para declarar la responsabilidad estatal en la
acción de reparación directa, debe demostrarse el nexo causal entre la
actividad de la Administración y el hecho que motivó el daño causado.  Señala
que como la sentencia acusada no demostró ese vínculo, entonces desconoce
abiertamente ese precedente.
5.2.3.2 De
manera preliminar, la Corte advierte que la argumentación planteada carece de
los elementos mínimos para estructurar una censura constitucional sobre el
desconocimiento del precedente judicial en tanto causal de tutela contra
sentencias judiciales.  Debe insistirse en que para configurar adecuadamente
ese cargo, no solamente debe plantearse la existencia de una regla
jurisprudencial presuntamente desconocida por el funcionario judicial, sino que
también debe demostrarse (i) que esa regla está contenida en lo que se
denomina jurisprudencia en vigor, esto es, un grupo de decisiones
judiciales estables y reiteradas sobre un punto de derecho en particular; y (ii)
que se está ante una identidad de hechos jurídicos relevantes entre los
casos que conforman ese precedente y el que es objeto de la acción de tutela.
En el caso analizado, la entidad accionante incumple ambos requisitos, en
especial el segundo, razón por la cual no es posible concluir la existencia en
el fallo objetado del defecto alegado por la actora.
5.2.3.3 Con
todo, al margen de estos problemas en la estructuración del defecto, la Sala
observa que la sentencia del Tribunal Administrativo sí resuelve el asunto del
nexo causal.  En efecto, dicha sentencia señala que pese a que se estaba
trabajando en dos frentes de obra, uno en la vía principal donde se estaba
ampliando la vía y, el segundo, ubicado en la carretera antigua a partir de la
curva en la que ocurrió el accidente, las medidas de precaución necesarias y
suficientes “[n]o fueron tomadas, o por lo menos no se tomaron en el tramo
de la vía antigua, a pesar de ser la que representaba mayor peligro dada la
altura a que se encontraba respecto a la vía en construcción, y la barrera
metálica de contención, contrario a lo afirmado por la UTDVVCC, sólo vino a ser
colocada con posterioridad a la ocurrencia del accidente, irregularidades que
sin lugar a dudas conllevaron  que se expusiera a los conductores a situaciones
de peligro las cuales en el presente caso desembocaron en la ocurrencia del
accidente por el que hoy se reclama”[53].
En ese
sentido, el Tribunal fue expreso en señalar que las obras que se adelantaban en
la vía redujeron la zona transitable, lo que sumado a la ausencia de las
medidas de protección exigidas al concesionario, generó el riesgo vial que
terminó en el accidente base de la acción de reparación directa. Quiere esto
decir que el Tribunal Administrativo sí se plantea una relación causal entre la
actividad del contratista y el siniestro, relación fundada en el análisis de
las pruebas recaudadas, según la modalidad de valoración y crítica antes
explicada.
5.2.4
Con base en los argumentos antes expuestos, la Sala concluye que las
pretensiones la acción de tutela promovida por la UTDVVCC no deben prosperar,
en la medida en que no se demostró la existencia de los defectos alegados.
Antes bien, pudo la Corte concluir que la actuación del Tribunal acusado se
ajustó a los límites propios de la autonomía judicial y la vigencia de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.  En consecuencia, se confirmarán los fallos de instancia que negaron
el amparo constitucional.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia del 23 de junio de 2011 proferida por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, y la sentencia del 30 de marzo de 2011 de la Subsección B Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que
negaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad invocados por la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca.
Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1] Aparte de la
sentencia citada en el folio 183 del Cuaderno 1, correspondiente al escrito de
impugnación de la Unión Temporal.
[2]
Ibídem.
[3] Aparte de la
sentencia citada en el folio 184 del Cuaderno 1, correspondiente al escrito de
impugnación de la Unión Temporal.
[4] Fl. 180 Cuaderno
1.
[5]
Inciso primero art.
10 Decreto 2591/91.
[6]
Inciso segundo art. 10 Decreto 2591/91.
[7]
Inciso primero art. 13 Decreto 2591/91.
[8] Inciso segundo
art. 13 Decreto 2591/91.
[9]
Devis Echandía, Hernando. Compendio de derecho procesal. Tomo I. Teoría
General del Proceso. Bogotá: Editorial ABC, 1981. pp. 357
[10]
Ibídem. pp. 333.
[11]
Ibídem pp. 359.
[12]
Ibídem pp. 362.
[13]
Ver, entre muchas otras, la sentencia SU-1023/01 M.P Jaime Córdoba Triviño.
[14] Ver
la sentencia C-590/05 M.P Jaime Córdoba Triviño, que ahora se reitera. Para
identificar la evolución de la tutela contra providencias judiciales ver las
sentencias T-949/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-701/04 M.P Rodrigo
Uprimny Yepes, T-771/03 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra, T-462/03 M.P Eduardo
Montealegre Lynett, T-441/03 M.P Eduardo Montealegre Lynett, T-1180/01 M.P
Marco Gerardo Monroy Cabra, SU-014/01 M.P Martha Victoria Sáchica, T-231/94 M.P
Eduardo Cifuentes Muñoz, T-079/93 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz, C-543/92 M.P
José Gregorio Hernández Galindo y T-006/92 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[15]
T-264/09 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] T-189/09 M.P Luis
Ernesto Vargas Silva.
[17]
Como lo recuerda la sentencia T-606/04 M.P Rodrigo Uprimny Yepes, la definición
de estos requisitos –tal y como la conocemos- aparece por primera vez en la
sentencia T-441 de 2003 M.P Eduardo Montealegre Lynett.
[18] Ver
sentencias T-264/09 M.P Luis Ernesto Vargas Silva y T-701 de 2004 M.P Rodrigo Uprimny Yepes.
[19] En
este primer aparte se sigue principalmente la caracterización del defecto hecha
en las sentencias T-590/09 y T-264/09 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[20] Ver,
especialmente, la sentencia SU-159 de 2002 M.P Manuel José Cepeda.
[21] Así, por ejemplo,
en la Sentencia SU-159 de 2002 M.P Manuel José Cepeda, se define el defecto
fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los
hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[22] Cabe resaltar que
si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba
solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que
recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[23] Ver sentencias
SU-159/02 M.P
Manuel José Cepeda,
T-538/94 M.P
Eduardo Cifuentes Muñoz
y T-061/07 M.P Humberto Sierra Porto.
[24] Ver
sentencias SU–159/02 M.P Manuel José Cepeda, T-567/98 M.P Eduardo Cifuentes
Muñoz, T-244/97 M.P Alejandro Martínez Caballero, T-239/96 M.P Vladimiro
Naranjo Mesa y T-442/94 M.P Antonio Barrera Carbonell.
[25] Nuevamente,
remite la Sala a la sentencia SU-159 de 2002 M.P Manuel José Cepeda.
[26]
Sentencia T-442 de 1994 M.P Antonio Barrera Carbonell.
[27] Ver sentencias
T-008/98 y T-055/97 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] “En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336/95
M.P Vladimiro Naranjo Mesa, reiterada por la T-008/98 M.P Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[29] Sentencia T-008
de 1998 M.P Eduardo Cifuentes
Muñoz. Reiterada recientemente en la sentencia T-636/06 M.P
Clara Inés Vargas.
[30] Ibídem.
[31] Parra Quijano,
Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del
Profesional Ltda. 2008. p. 633
[32] Ambos mecanismos
están contemplados en el artículo 238 C.P.C que dispone. “Para la contradicción
de la pericia se procederá así: 1. Del dictamen se correrá traslado a las
partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o
aclare, u objetarlo por error grave.||2. Si lo considera procedente, el juez
accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los
peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días. ||
3. Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y
además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas aquéllas,
si fueren ordenadas. || 4. De la aclaración o complementación se dará traslado
a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por
error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren
llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas.|| 5. En el
escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para
demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada
en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir
pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la
existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El
dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del
término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare. || 6.
La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente
dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa;
el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o
decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero
del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o
aclare. || 7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán
tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas”.
[33] Ver sentencias
C-214/11
M.P Luis Ernesto Vargas Silva, T-590/09 M.P
Luis Ernesto Vargas Silva,
T-311/09 M.P
Luis Ernesto Vargas Silva,
T-1034/06 M.P
Humberto Sierra Porto,
T-796/06 M.P
Clara Inés Vargas
y T-579/06 M.P
Manuel José Cepeda.
[34] Ver
Parra Quijano, op. cit, p. 655-657.
[35]Giacometto
Ferrer, Ana. Teoría General de la Prueba Judicial.
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bogotá, 2003, p. 98
[36] Así lo exige el
artículo 241 C.P.C al disponer que “al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta
(…) la competencia de los peritos”.
[37] El
mismo artículo 241 C.P.C exige que en el proceso de apreciación del dictamen
pericial se tenga en cuenta: “la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos”.
Sobre estos requisitos ver Giacometto, Ana. op. cit., 97.
[38]
Denti, Vittorio, citado en Parra Quijano, op. cit, p. 656.
[39] Giacommeto, Ana.
op. cit, p. 97.
[40] Ver
sentencia T-637/10 M.P Juan Carlos Henao Pérez.
[41] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de abril de 2005. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.
[42] Parra Quijano,
op. cit. p. 543.
[43]
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera
Subsección A. Sentencia del 10 de marzo de 2011. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. De esta misma Corporación ver también las sentencias de la Sección Primera, proferidas el 30 de agosto de 2007 y el 25 de marzo de 2010. M.P. Lafont Pianeta; y la sentencia de febrero 3 de 2002, Exp. 12.497.
[44]SU-047/99
M.P Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
[45] Ver
las sentencias T-482/11 M.P Luis Ernesto Vargas Silva, T-462/03 M.P Eduardo
Montealegre Lynett, T-086/07 M.P Manuel José Cepeda, T-292/06 M.P Manuel José
Cepeda, T-158/06 M.P Humberto Antonio Sierra Porto, SU-1184/01 M.P Eduardo
Montealegre Lynett, T-1625/00 M.P Martha Victoria Sáchica y SU-168/99 M.P
Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[46] Ver
sentencias T-482/11 M.P Luis Ernesto Vargas Silva y T-292/06 M.P Manuel José
Cepeda Espinosa.
[47] Ver, entre otras,
las sentencias T-388/09 M.P Humberto Antonio Sierra Porto, T-117/07 M.P
Clara Inés Vargas,
y SU-047/99 M.P Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
[48] Ver
sentencia T-158/06 M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
[49]
Art. 182 y 184 C.C.A
[50] Ver art.  188 C.C.A Modificado por la Ley 446 de 1998.
[51]
Folios 258 a 306 del cuaderno de pruebas 1 del expediente de la Acción de Reparación Directa, solicitado por la Corte.
[52] Folios
475 a 476 del cuaderno de pruebas 1.
[53] Folio 479 del
cuaderno de pruebas 1.