T-418-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-418/15
VICTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO-Caso de madre e hijo que fueron
accedidos carnalmente por miembros de un grupo al margen de la ley
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Reiteración
jurisprudencial
Las personas que hayan sufrido un
perjuicio como consecuencia de la violación de sus Derechos Humanos, tienen
derecho al reconocimiento de su condición de víctimas.
DERECHO A LA VERDAD-Concepto/DERECHO
A LA VERDAD-Alcance
La Corte Constitucional, ha señalado
que las víctimas tienen derecho a la verdad, la cual es definida como “la
posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la
verdad procesal y la verdad real”. El derecho a la verdad tiene una dimensión
colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”, y una
dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito
judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo,
tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte. En este sentido, el
derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en cuanto a que,
independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las
víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.
DERECHO A LA
JUSTICIA-Concepto y alcance
El
derecho a la justicia, implica en igual sentido el acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial efectiva, pues éste consiste en el derecho a
que se haga justicia en el caso concreto y a que no haya impunidad. En ese
orden, implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus
derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para
conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación.
DERECHO
A LA JUSTICIA-Reglas
jurisprudenciales
La Corte Constitucional ha establecido las siguientes
reglas para salvaguardar el derecho a la justicia: (i) prevenir las graves
violaciones de DD.HH., (ii) luchar contra la impunidad, (iii) establecer
mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia, (iv) investigar,
procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de
Derechos Humanos, (v) respetar el debido proceso, (vi) establecer
plazos razonables para los procesos judiciales, (vii) iniciar ex
officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los
DD.HH., (viii) velar porque los mecanismos judiciales internos no
conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad, (ix) establecer
limitantes frente a figuras como el non bis in ídem y la prescriptibilidad
de la acción penal y de las penas, (x) determinación de límites
frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las
penas en procesos de transición, (xi) la legitimidad de la víctima y
de la sociedad, en casos de graves violaciones de los DD.HH. y del D.I.H. para
hacerse parte civil dentro de los procesos penales, (xii) La participación de las víctimas dentro del proceso
penal, (xiii) la
garantía del derecho a la justicia garantiza así mismo los derechos a la verdad
y a la reparación de las víctimas.
DERECHO
A LA REPARACION-Concepto y
características
El
derecho de reparación, conforme al Derecho Internacional contemporáneo también
presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión
individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y
comprende  la adopción de medidas individuales relativas al
derecho de (i)restitución, (ii)  indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no
repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de
alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar
o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente
afectadas por las violaciones ocurridas.
MEDIDAS DE REPARACION-Principios de integralidad y proporcionalidad
Las
medidas de reparación, según la jurisprudencia constitucional deben regirse por
dos principios; el de integralidad y el de proporcionalidad: (i) El principio
de integralidad, supone que las víctimas sean sujetos de reparaciones de
diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de afectación que
hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones no son
excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de
reparación distintos e insustituibles. (ii) Por su parte, sobre el principio de
proporcionalidad, se aduce que la reparación a las víctimas debe estar en
consonancia con la altura del impacto de las violaciones de los Derechos
Humanos. Una reparación, debe tener en cuenta el restablecimiento de los
derechos de las víctimas, la mejora de sus condiciones de vida, asimismo, la
investigación y juzgamiento de los autores de las conductas punibles, de lo
contrario dicha medida perdería su eficacia y sentido.
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS-Incluye medidas de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
GARANTIA DE NO REPETICION-Contenido y alcance
La
garantía de no repetición está compuesta por todas las acciones dirigidas a
impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron los
derechos de las víctimas, las que deben ser adecuadas  a la naturaleza y
magnitud de la ofensa. La garantía de no repetición está directamente relacionada
con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH,
que comprende la adopción de medidas de carácter jurídico, político,
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos. En particular, se han identificado los
siguientes contenidos de esta obligación: (i) reconocer a nivel
interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad; (ii) diseñar y
poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) implementar
programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de
violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción; (iv) introducir
programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las
denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con
funciones en la materia; (v) destinar recursos suficientes para
apoyar la labor de prevención; (vi)adoptar medidas para erradicar los
factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de instrumentos
para facilitar la identificación y notificación de los factores y eventos de
riesgo de violación; (vii) tomar medidas de prevención específica en
casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus
derechos sean vulnerados.
DERECHOS ESPECIFICOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Deber de debida diligencia en prevención, atención,
protección y acceso a la justicia
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD MENTAL-Concepto y alcance
La
salud mental es reconocida en la actualidad como una necesidad prioritaria
teniendo en cuenta su afectación a gran escala en la población mundial. En este
sentido, el derecho fundamental a la salud debe interpretarse en un sentido
amplio e integral, en tanto comprende afecciones físicas, psíquicas,
emocionales y sociales, pues todos estos aspectos contribuyen a configurar una
vida de calidad e inciden fuertemente en el desarrollo integral del ser humano.
Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que “la salud
constitucionalmente no hace referencia únicamente a la integridad física sino
que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar
psicológico, mental y psicosomático de la persona”.
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Protección constitucional e internacional
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Evolución de su protección constitucional en Colombia
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Características
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Protección diferenciada
Deben
brindarse programas
diferenciados según las condiciones de la patología, en virtud de los cuales
si no se requiere una terapia
psiquiátrica al interior de una institución, el paciente ha de ser
integrado nuevamente a su contexto social y familiar.
DERECHO A LA SALUD MENTAL-No exclusión de su cobertura
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Especial protección
ENFERMO MENTAL-Deber
del Estado y la sociedad de obrar conforme al principio de solidaridad y el
papel de la familia en la recuperación
EL DERECHO A LA SALUD MENTAL FRENTE A GRAVES
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Los
actos de violencia conllevan consecuencias psicopatológicas, no solo a nivel
individual, sino también colectivo que dependen de diversos factores
individuales, económicos y temporales.
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Daños individuales causados a la salud mental por graves violaciones a
los derechos humanos
La violencia genera daños psicológicos
individuales como graves alteraciones del sueño con insomnios y pesadillas, síntomas
depresivos y angustiosos y somatizaciones. El miedo es la emoción más constante
y generalizada y limita al sujeto, impidiéndole realizar actividades cotidianas
y esenciales y generando cambios cognoscitivos y
comportamentales como aislamiento, silencio, desinterés, deterioro de la
autoestima, sentimientos depresivos y la frecuente aparición de los recuerdos
de lo vivido que invade la memoria a través de imágenes y pensamientos
intrusivos.
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Daños colectivos causados a la salud mental por graves violaciones a
los derechos humanos
Los impactos psicológicos deterioran las
relaciones interpersonales, afectando las redes sociales y comunitarias,
transfiriendo sentimientos de rabia y dolor a terceros. La existencia de
sentimientos de culpa dentro de las familias víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos genera una destrucción de los lazos afectivos, generando
la reproducción del caos social. Estos cambios cognoscitivos y comportamentales
ocasionados por la guerra, acarrean un proceso de deshumanización, que afecta
el tejido social, pues genera la indiferencia ante el dolor y la tragedia.
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Reparación de los daños a la salud mental
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Mecanismos
especiales para la protección de la salud mental frente a graves violaciones a
los derechos humanos en Colombia
DERECHO DE ACCESO
AL SISTEMA DE SALUD-Desconocimiento del derecho a la
salud por no suministrar un tratamiento integral y especializado en
salud física y mental a la accionante junto con su hijo, además fueron
retirados de la EPS
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Orden
a la UARIV diseñar un plan y adoptar medidas de restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, incluyendo la prestación del
servicio en salud mental, en favor de la accionante y de su hijo
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE MENOR VICTIMA DE VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS-Orden al ICBF para que a costa de la UARIV remita
tratamiento de menor a Instituto de Ortopedia Infantil
Referencia: expediente T- 4.385.805
Acción de tutela instaurada por Celia
contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación – Programa
de Protección de Víctimas y Testigos – y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Derechos Fundamentales invocados: salud
física, sexual, reproductiva y psicológica, seguridad e integridad personal de
las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Problema jurídico: ¿Vulneran las entidades
accionadas los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo menor de
edad, al no garantizarles atención especializada y completa en salud sexual
reproductiva y psicológica luego de haber sido víctimas de actos de violencia
sexual?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil quince (2015)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los
magistrados Myriam Ávila Roldán, Alberto Rojas Ríos y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de
la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la Sentencia dictada el trece (13) de
mayo de dos mil catorce (2014) por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó el fallo proferido el cuatro (4) de abril de
dos mil catorce (2014) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, el cual resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados dentro
del trámite de tutela promovida por Celia contra el Ministerio de Salud y de la
Protección Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, la Fiscalía General de la Nación – Programa de Protección de Víctimas
y Testigos – y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número tres (3) de
la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia. De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
Mediante apoderada judicial, la señora Celia
presentó acción de tutela contra el Ministerio de Salud y de la
Protección Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, la Fiscalía General de la Nación – Programa de Protección de Víctimas
y Testigos – y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales a la salud física, sexual y reproductiva,
psicológica y la seguridad e integridad personales. En consecuencia, solicita: (i)
ordenar a las entidades demandadas brindarle, a ella y a su menor hijo,
atención especializada y completa en salud sexual reproductiva y psicológica y (ii)
ordenar a las mencionadas entidades autorizar la remisión del menor a la
Institución Franklin Delano Roosevelt  y a PROFAMILIA, con la uróloga Diana
Soraya Torres, para su tratamiento especializado.
1.2.
HECHOS
1.2.1. La apoderada de la accionante señala que en el año dos mil
diez (2010) el grupo denominado “Águilas Negras” sometió durante siete
(7) meses a esta última y a su hijo menor de edad a esclavitud doméstica en su
propia vivienda, ubicada en el Municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Indica
que el grupo mencionado no le permitía salir de la casa y que el niño se vio
obligado a no volver a la escuela durante dicho periodo.
1.2.2. Añade que en una oportunidad a la
peticionaria la separaron de su hijo y los llevaron a lugares diferentes de un
cultivo de plátano, donde comenzaron a torturarla y a golpearla, llegando
incluso a apuñalarla en la vagina, luego de violarla. Señala igualmente que la
madre pudo observar cuando uno de los integrantes del grupo en mención agredía
a su hijo, quien igualmente fue violado y torturado.
1.2.3. Aduce que a raíz de lo acontecido, la
accionante y su núcleo familiar, compuesto por su hijo menor de edad, su esposo
y un hijastro, debieron irse del pueblo en el que vivían.
1.2.4. Declara que ella y su familia se desplazaron
primero a Medellín y posteriormente a Bogotá, ciudad en la cual la accionante y
los integrantes de su núcleo familiar fueron incorporados en el Programa de
Protección de Testigos y Víctimas de la Fiscalía General de la Nación.
1.2.5. Afirma que las afectaciones a la salud
psicológica, física y reproductiva que padecen ella y su hijo son graves y
requieren tratamiento especializado urgente, pues la primera sufre un sangrado
permanente y debe usar toallas higiénicas todos los días desde hace tres (3)
años, mientras que el menor de edad sufre de incontinencia fecal y urinaria,
por lo que requiere usar pañales de manera continua.
1.2.6. Informa que el estado de salud de la
peticionaria y de su hijo ha empeorado debido a la falta de atención médica y
psicológica especializada por parte de las entidades accionadas, pues solamente
han recibido un trato ordinario y básico sin que se haya tenido en cuenta que
requiere tratamientos y cuidados especiales e integrales por ser víctima de
violencia sexual dentro del marco del conflicto armado.
1.2.7. Relata que la atención básica que han
recibido en la EPS Nueva EPS, encontrándose afiliados al régimen contributivo,
se le ha otorgado dentro del programa ordinario de salud del POS, por lo que en
determinadas ocasiones a la accionante se le han cobrado copagos, los cuales ha
sufragado con los recursos que recibe del Programa de Protección de Víctimas y
Testigos de la Fiscalía General de la Nación, situación que la atribuye a la
negligencia del Ministerio de Salud.
1.2.8. Indica que el Programa de Protección de
Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación les ha proporcionado,
en algunas ocasiones, la entrega de pañales y toallas higiénicas, lo que la
accionante considera insuficiente, ya que, a su juicio, lo que ella y su hijo
necesitan es un tratamiento integral, especialmente dirigido a restablecer su
salud como víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado.
1.2.9. Añade que, por su parte, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ha iniciado un proceso ordinario de
restablecimiento de derechos, en virtud del cual a la actora y a su hijo se les
ha brindado atención psicosocial, sin que la misma sea realizada con un enfoque
especializado para víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto
armado. En cuanto a atención en salud física, tal entidad no ha proporcionado
servicio alguno ni a la accionante ni a su hijo.
1.2.10. Señala que la Corporación Sisma Mujer
apoyó la valoración del niño, la cual fue realizada por una uróloga de
PROFAMILIA, pues el menor se negaba a que la realización de sus exámenes fuera
hecha por profesionales de sexo masculino.
1.2.11. Indica que el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses diagnosticó la existencia de un estrés post
traumático en evolución crónica y de carácter permanente tanto en la accionante
como en su hijo, situación que hace urgente una atención especializada para el
restablecimiento emocional de los dos.
1.2.12. Asevera finalmente que mediante Resolución
17176R del doce (12) de julio de dos mil trece (2013) de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la actora y su hijo fueron
inscritos en el Registro Único de Víctimas.
1.3.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida
la solicitud de tutela el trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013), el
Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, mediante Auto del dieciocho
(18) de diciembre de dos mil trece (2013), la admitió y ordenó vincular, en
calidad de autoridades accionadas al Ministerio de Salud y Protección Social, a
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Fiscalía
General de la Nación – Programa de Protección de Víctimas y Testigos – y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para pronunciarse sobre los hechos
relatados en la demanda.
1.3.1.  No contestación de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas
A pesar de haber sido debidamente
notificada, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
guardó silencio.
1.3.2.  Contestación del Ministerio de Salud y
Protección Social
1.3.2.1.
Mediante escrito
del quince (15) de enero de dos mil catorce (2014), el Ministerio de Salud y de
Protección Social indicó que una vez dicha autoridad tuvo conocimiento del
presente caso, procedió a adelantar las gestiones de coordinación y
articulación necesarias, tanto a nivel interno como a nivel externo, con el
objetivo de que la accionante y su núcleo familiar obtuvieran atención integral
en salud física, mental y psicosocial.
1.3.2.2.
Así, expuso las
diferentes actuaciones que llevó a cabo, entre las cuales se destacan numerosos
acuerdos con la accionante para prestarle la atención requerida, y reuniones de
ella y su hijo con el equipo psicosocial que los atendería, entre otras
gestiones.
1.3.2.3.
Finalmente, indicó
que dicha autoridad no está conculcando ningún derecho de la accionante, pues
ha adelantado las acciones de su resorte tendientes a que la atención integral
solicitada por la actora sea prestada. Por lo anterior, solicita se declare
improcedente la acción de tutela bajo estudio, y por ende, se le exonere de
toda responsabilidad que se endilgue durante el trámite de esta acción
constitucional.
1.3.3.  Contestación del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
Mediante escrito del diecisiete (17) de
enero de dos mil catorce (2014), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
relacionó las diferentes actuaciones que ha llevado a cabo dentro del caso de
la accionante:
1.3.3.1.
Indicó que de
tales diligencias, realizadas por las diferentes Defensoras de Familia que han
tenido a su cargo el trámite del proceso administrativo de restablecimiento de
derechos de la accionante y su hijo, se observa que tanto al adolescente como a
su progenitora se les ha brindado atención especializada, oportuna y eficaz.
1.3.3.2.
Igualmente indicó
que dicha entidad ha llevado a cabo acciones tendientes al restablecimiento de
los derechos del menor, para lo cual se realizaron las remisiones a las
diferentes instituciones correspondientes para que fuera brindada la atención
integral al niño y a su progenitora.
1.3.3.3.
Señaló además, que
se brindó atención psicológica a todo el núcleo familiar por parte de la
psicóloga de la Defensoría de Familia, y que ni la accionante ni su menor hijo
asistieron a ciertas de las citas que habían sido programadas.
1.3.4.  Contestación de la Fiscalía General de la
Nación
La Fiscalía General de la Nación, mediante
comunicación del diecisiete (17) de enero de dos mil catorce (2014) indicó que
si bien la accionante da cuenta de determinados hechos, graves e inadmisibles
en un Estado Social de Derecho, también desconoce todos los esfuerzos y el
trabajo de los miembros del Programa de Protección:
1.3.4.1.
Señaló que dicha
autoridad ha hecho lo posible para lograr el restablecimiento de los derechos
fundamentales de la accionante y de su grupo familiar, y que la actora
desconoce que el Programa de Protección y Asistencia goza del principio de
autonomía, el cual le permite tomar las decisiones más apropiadas en materia de
seguridad y asistencia, pues no es posible que tal programa sea sometido a “pedidos
individuales de cada protegido”.
1.3.4.2.
Al exponer las
diferentes actuaciones que tal autoridad ha llevado a cabo dentro del caso de
la accionante, señaló entre otras, las numerosas asistencias psicológicas que
fueron prestadas al grupo familiar en los años 2011 y 2012, el pago de gastos
médicos por parte de esa autoridad y las solicitudes de citas con especialistas
de la EPS que requiere la accionante.
1.3.4.3.
Así, solicitó
vincular a la EPS – Nueva EPS al proceso, pues en su parecer las denuncias de
la accionante se dirigen a dicha entidad y no a la Fiscalía General de la
Nación.
1.4.
DECISIONES
JUDICIALES
1.4.1.  Mediante sentencia del veintitrés (23) de
enero de dos mil catorce (2014), el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de
Bogotá, decidió tutelar los derechos fundamentales invocados por la accionante
y ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
tomar las medidas necesarias a fin de entregar la ayuda humanitaria que
solicita la actora.
1.4.2.  Sin embargo,  en providencia del
diecinueve (19) de marzo de dos mil catorce (2014), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, decidió declarar la nulidad de lo actuado desde el
citado fallo, emitido por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá,
por cuanto la Nueva EPS no fue vinculada al proceso, siendo dicha entidad
aquella en la cual se encuentran afiliados la accionante y su familia,  y, por
ende, resultando directamente obligada a la prestación de los servicios de
salud.
1.4.3.  Por lo anterior, mediante auto del
veintiuno (21) de marzo de dos mil catorce (2014), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá avocó conocimiento de la presente acción de tutela
y ordenó vincular al proceso a la Nueva EPS  y a la Secretaría Distrital de
Salud para que dichas entidades se pronunciaran sobre los hechos relatados en
la demanda.
1.4.4.  A pesar de haber sido debidamente
notificada, la Nueva EPS decidió guardar silencio.
1.4.5.  Contestación de la Secretaría de Salud de
Bogotá
1.4.5.1.
En escrito del
primero (1º) de abril de dos mil catorce (2014), la Secretaría de Salud de
Bogotá afirmó que al verificar en el sistema, la accionante y su menor hijo
aparecen como retirados de la Nueva EPS-C.
1.4.5.2.
Adicionalmente,
indicó que al no encontrarse afiliados a ninguna EPS y al ostentar la calidad
de “pobres no asegurados”, les garantizará la prestación de los
servicios de salud que requieren, a cargo del subsidio a la oferta del Fondo
Financiero Distrital de Salud. Lo anterior sólo de manera temporal mientras la
actora y su hijo no cuenten con una afiliación activa en alguna EPS.
1.4.5.3.
Así, señaló que es
deber de la accionante acudir a los hospitales de la Red Pública Distrital a
solicitar los servicios de salud que requiere. Por lo expuesto, manifestó que
dicha entidad no se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
actora,  pues los servicios de salud solicitados le están siendo garantizados.
1.4.6.  Decisión de Primera Instancia
En Sentencia del cuatro (4) de abril de
dos mil catorce (2014), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
resolvió amparar los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela,
por cuanto consideró que la actora y su menor hijo no cuentan con un servicio
de salud pese a su especial condición de víctimas de violencia sexual dentro
del conflicto armado interno. Al respecto, afirmó que pese a que se había
señalado que la accionante y su hijo estaban afiliados a la Nueva EPS su estado
al consultar la base de datos FOSYGA – BDUA era el de retirados. Por lo
anterior realizó las siguientes órdenes:
“PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales que invocó la
apoderada de la Corporación Sisma Mujer en representación de la señora Celia
y el adolescente CEMM contra el Ministerio de Salud y Protección
Social, de conformidad con lo expuesto en la arte motiva de este proveído.
SEGUNDO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección
Social para que en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud,
y la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación de
manera inmediata, sin trabas administrativas afilien al Sistema de Seguridad
Social en Salud en el Régimen Subsidiado a la señora Celia y su grupo
familiar, del que hace parte el menor CEMM, conforme su inscripción en
los listados censales de población especial en condición de desplazamiento a la
EPS Caprecom o a Capital Salud según la elección de los
accionantes.  Adicionalmente, se ordenará a la Oficina de Protección y Asistencia
de la Fiscalía General de la Nación preste el apoyo suficiente en cuanto a
seguridad y traslado de la accionante a la EPS que elija para que suscriba el
Formulario Único de Afiliación y Traslado correspondiente.
TERCERO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección
Social de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Salud dispongan
las gestiones que sean necesarias para que la EPS-S encargada de prestar
los servicios de salud a la señora Celia y al menor CEMM
suministren el tratamiento integral que requieran para la reparación de la
salud física, sexual y reproductiva por las especialidades de ginecología y
cardiología para la progenitora, urología y coloproctología para el menor y
salud psicológica para ambos, en el que se incorpore un enfoque diferencial
para la esfera mental en los casos de mujeres y menores víctimas de la
violencia. La responsabilidad de la asistencia en salud a la señora Celia y
al menor CEMM pese la coordinación que realice con las entidades
competentes, recaerá en el Ministerio de la Protección Social.
CUARTO. ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección
Social que coordine acciones efectivamente conducentes a que los recursos
financieros requeridos para costear los tratamientos estén disponibles y para
que los obstáculos administrativos, tales como contrato específico con la EPS o
centro especializado sean superados, además de garantizar una atención integral
en salud. Para esto debe determinarse cuál es el centro de salud especializado
que debe atender a cada accionante, teniendo en cuenta las especiales
condiciones de seguridad que requieren, la cercanía con el sitio de vivienda y
las necesidades de tratamiento específico que resulte de la valoración que se
le realicen por las diferentes especialidades utsupra. Esta atención y
seguimiento deberá prestarse hasta que se restablezca la salud de los
afectados.
QUINTO. INSTAR al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar- Centro Zonal Puente Aranda – CAIVAS- para que dentro del proceso
administrativo de restablecimiento de derechos continúe prestando al
adolescente CEMM el proceso terapéutico con la intervención del grupo
interdisciplinario de la Defensoría del Centro de Atención Integral  Víctimas
de Abuso Sexual y adicionalmente para que adopte las medidas necesarias para su
remisión a la Asociación Creemos en Ti para que continué con el tratamiento
psicológico, como a otras instituciones corresponsables en la atención integral
del adolescente y su núcleo familiar en su orientación como víctimas de abuso
sexual y desplazamiento forzado.
SEXTO. INSTAR a la Oficina de Protección y
Asistencia- Programa de Protección y Asistencia para Víctimas y Testigos a
cargo de la Fiscalía General de la Nación- para que continúe prestando el
acompañamiento para las citas médicas y psicológicas que le sean programadas
tanto pos el Instituto de Bienestar Familiar como por la EPS-S a la que se
afilien los accionantes, con las medidas de seguridad que el caso amerite”.
1.4.7.
Impugnación del Ministerio de Salud y de Protección
Social
Mediante escrito del veinticuatro (24) de
abril de dos mil catorce (2014), el Ministerio de Salud y de Protección Social
señaló que, en cuanto a la orden de concretar y formalizar la afiliación de la
accionante y de su hijo a la EPS seleccionada, lo cual le fue ordenado en
primera instancia, esta autoridad no tiene en sus competencias operativas la
afiliación de las personas víctimas, ni de cualquier otro ciudadano.
Además de lo anterior, manifestó que tal
Ministerio no es competente para hacer las labores de inspección, vigilancia y
control sobre las EPS y la prestación de los servicios de las mismas.
Finalmente, afirmó que tal autoridad no tiene relaciones contractuales directas
con las EPS, ni con las IPS para asegurar la financiación de las atenciones en
salud para la población colombiana. Por lo expuesto, el Ministerio de Salud y
de Protección Social solicita sean revocados los numerales en los cuales se
encuentran las órdenes dirigidas a dicha autoridad.
1.4.8. Sentencia de segunda instancia
En sentencia del trece (13) de mayo de dos
mil catorce (2014), la Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas No.
3 – de la Corte Suprema de Justicia, decidió confirmar el fallo impugnado, por
cuanto a su juicio, las órdenes emitidas al Ministerio de Salud y de Protección
Social reflejan la intención del a quo de que las medidas tomadas a
favor de las víctimas realmente se hagan efectivas.
De esta manera, señaló que lo que se logró
en primera instancia fue reforzar la protección otorgada, para que la misma, la
cual es urgente, deje de ser una simple relación de trámites y reglamentos. De
tal manera, concluyó que las órdenes cuestionadas por el referido Ministerio,
realmente tienden a garantizar que el fallo efectivamente se cumpla.
1.5.
INFORMACIÓN
RECIBIDA EN SEDE DE REVISIÓN
1.5.1.
Corporación
Sisma Mujer
Mediante escrito enviado a esta
Corporación el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014), la apoderada de
la accionante aportó información sobre el cumplimiento de la sentencia de
segunda instancia, manifestando que aunque ya fue afiliada, junto con su hijo
menor de edad, a la EPS Capital Salud, aún no se les ha brindado el tratamiento
especializado que ambos requieren. Por tal razón, solicita a la Corte revise el
presente caso para que se adopten las medidas necesarias con el fin de
garantizar la atención especializada a las mujeres, niñas y niños víctimas de
violencia sexual en el conflicto armado.
1.5.2.
Fiscalía
General de la Nación
Mediante escrito del doce (12) de
diciembre de dos mil catorce (2014), la Fiscalía General de la Nación –
Dirección Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales –, informó a esta
Corporación acerca de las actuaciones adelantadas por el Programa de Protección
y Atención a Víctimas y Testigos, a favor de la accionante y de su hijo menor
de edad.
1.5.2.1.
Indicó que
mediante informe del catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), se sugirió
vincular a la actora y a su grupo familiar al programa de protección de forma
condicionada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución
0-5101 de 2008, que establece la posibilidad de ejecutar el programa durante un
periodo no superior a los tres meses. Por lo anterior, aseguró que la familia
se desplazó a la ciudad de Bogotá.
1.5.2.2.
Añadió que el
veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013), la Dirección Nacional de
Protección y Asistencia remitió a la accionante y a su hijo, menor de edad, a
Medicina Legal para ser valorados, luego de lo cual se concluyó que presentaban
estrés post traumático, el cual requiere tratamiento permanente.
1.5.2.3.
Con relación a las
medidas de asistencia adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, afirmó
que el hijo de la actora y su núcleo familiar han sido beneficiarios de asistencia
y atención integral, la cual se ha materializado en atención psicosocial,
asistencia económica para la prestación de servicios médicos, compra de pañales
y toallas higiénicas, para servicios educativos, entre otras. Asimismo, indicó
que ha adelantado una serie de actuaciones a favor de la accionante, su hijo
menor de edad y su núcleo familiar, con el objetivo de facilitar el proceso
general de ajuste, adaptabilidad y compatibilidad al Programa, y el manejo de
las demás necesidades de orden psicológico. Adicionalmente, explicó que se ha
procurado atender las solicitudes de la protegida y de su familia de manera
general.
1.5.2.4.
Con respecto a las
gestiones en materia de afiliación al régimen de seguridad social, informó que
la misma fue realizada al sistema contributivo en la Nueva EPS, tal como lo
había solicitado la accionante. Así, el Programa inició el pago de un aporte
mensual a la actora con el fin de que cubriera la afiliación y la cuota
moderadora del servicio de salud. Sin embargo, afirmó que el 10 de enero de
2014, se decidió realizar el cambio de régimen contributivo al subsidiado.
1.5.2.5.
Finalmente, la
Fiscalía solicitó a la Corte tener en cuenta los avances logrados en materia de
atención psicosocial en el caso de la accionante y ratificó su compromiso con
la obligación de dar impulso al proceso penal que se adelanta en el asunto bajo
estudio.
1.6.
PRUEBAS
DECRETADAS POR LA SALA EN SEDE DE REVISIÓN
1.6.1.
Auto del tres
(3) de septiembre de dos mil catorce (2014)
Con el fin de contar con mayores elementos
de juicio, la Sala Séptima (7) de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, mediante auto del tres (3) de septiembre de dos mil catorce
(2014), decretó lo siguiente a través de la Secretaría General:
1.6.1.1.
Solicitar al
Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio del Interior y a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informar si
cuentan con un protocolo o documento que establezca directrices sobre la
atención que debe ser brindada a las víctimas de la violencia sexual dentro del
conflicto armado, así como sobre los componentes de dicha asistencia. Además de
lo anterior, se le solicitó a las mismas entidades, lo siguiente:
(i)      El tipo de medidas que han adoptado para
prestar apoyo en salud física, sexual y reproductiva, y psicológica a las
víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado.
(ii)   Cómo se garantiza la oferta de servicios
de salud y la atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial a las víctimas
de violencia sexual dentro del conflicto armado.
(iii) Qué cualificaciones y entrenamiento deben tener los
profesionales que atienden a las víctimas de violencia sexual dentro del
conflicto armado en relación con problemas de tipo psicológico, psiquiátrico y
psicosocial.
(iv) Quién debe asumir los costos relacionados con la atención
en salud física, sexual y reproductiva, y psicológica a las víctimas de
violencia sexual dentro del conflicto armado, incluida la compra de
medicamentos especializados.
(v)   Cuál debe ser la duración del
acompañamiento psicológico, psiquiátrico y psicosocial a las víctimas.
1.6.1.2.
Invitar a las
siguientes instituciones, con el fin de que estudien temas relacionados con la
violencia sexual dentro del conflicto armado, para que emitan un concepto
técnico sobre los problemas jurídicos que plantea el proceso bajo revisión:
(i)    Centro de Estudios de Derecho y Justicia
–“DeJusticia” (Carrera 24 No. 34 – 61, Bogotá).
(ii) Defensoría del Pueblo (Calle 55 Nº 10 – 32, Bogotá)
(iii)   Agencia de la ONU para los Refugiados
–ACNUR- (Calle 71 No 12-55, Bogotá).
(iv)   Entidad de la ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer – ONU Mujer- (Calle 71 No 12-55,
Bogotá).
(v) Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- (Calle 41 No. 20-25,
Bogotá).
(vi)   Universidad Nacional de Colombia –
Maestría Estudios de Género Área Mujer y Desarrollo – (Ciudad Universitaria,
Unidad Camilo Torres, bloques 5 y 6, Oficina 502.Bogotá).
(vii) Humanas Colombia – Centro Regional de Derechos Humanos y
Justicia de Género – Carrera 7 No. 33 - 49 Oficina 201 (Bogotá).
(viii)   Mesa de seguimiento al auto 092 de 2008,
Secretaría técnica -Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-
(Carrera 24 No. 34 - 61, Bogotá).
(ix)   Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes, Isabel Cristina Jaramillo, Directora del Doctorado y de la Dirección
de Investigaciones, (Carrera 1 No 18A-10, Edificio RGC, 2do piso. Bogotá).
(x) Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez. Directora, (Carrera
28 No 51-22, Bogotá).
(xi)   Comisión de Seguimiento a la Política
Pública de Atención a la Población Desplazada (Calle 54 No 10-81, Piso 7,
Bogotá).
(xii) Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,
Línea de Investigación en Democracia y Justicia, Camila de Gamboa, Directora.
(xiii)   Fundación Dos Mundos (Carrera 5 No 67-12,
Bogotá).
1.6.2.  Intervenciones recibidas con ocasión del
auto del tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014)
1.6.2.1.
Intervención en
sede de revisión del Ministerio del Interior. Grupo de Apoyo a la Coordinación
Territorial en Materia de Política de Víctimas del Conflicto Armado.
Mediante escrito recibido el doce (12) de
septiembre de dos mil catorce (2014), el Ministerio expuso que de conformidad
con las normas que regulan las competencias del Ministerio del Interior, éste
no tiene facultades para participar en la elaboración de un protocolo que
establezca las directrices de atención en salud para las víctimas de violencia
sexual en el marco del conflicto armado.
Igualmente, señaló que con la expedición
de la Ley 1448 de 2011 y del Decreto Reglamentario 4800 de 2011, al Ministerio
se le asignaron funciones, para la garantía de los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, las
cuales están dispuestas en el artículo 246 de la disposición en mención.
Precisó que dichas normas establecen las competencias de tal autoridad en
materia de atención en salud a las víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado.
1.6.2.2.
Intervención en
sede de revisión de la Comisión Colombiana de Juristas
Indicó que el concepto de salud debe ser
visto desde una perspectiva integral que incluya y dé igual peso tanto a las
afecciones físicas como a las psicológicas y mentales, especialmente cuando se
trata de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos. Por lo
anterior, señaló que, tal como lo ha señalado la Corte[1],
la atención en salud a estas personas no puede limitarse únicamente a los
planes básicos que se contemplan en cada uno de los regímenes, pues los mismos
no incluyen tratamientos esenciales para la recuperación de las afectaciones
que generan las violaciones a los Derechos Humanos.
Por lo anterior, concluyó que se generaría
la obligación, en cabeza del Ministerio de Salud, de atender a la accionante, a
su hijo, y a su familia, quienes también se han visto afectados. Luego de lo
explicado, la Comisión Colombiana de Juristas, aludió a ciertas recomendaciones
relacionadas con la atención que deben recibir las víctimas del conflicto
armado, especialmente cuando se trata de casos de violencia sexual.
Finalmente, la Comisión Colombiana de
Juristas expuso sus conclusiones sobre el tema analizado, realizando ciertas
propuestas dirigidas a la Corte Constitucional: (i) declarar la
violación de los derechos a la salud sexual, reproductiva, psicológica y
psicosocial de la accionante y de su hijo, por lo que resultaría imprescindible
la adopción de medidas de carácter inmediato; (ii) ordenar de manera
inmediata al Ministerio de Salud la realización de un plan único de atención en
salud y; (iii) revisar los criterios expuestos en la sentencia T-045 de
2010[2]
para el diseño e implementación de los protocolos, programas y políticas en
materia de atención psicosocial.
1.6.2.3.
Intervención en
sede de revisión de la Organización Casa de la Mujer
La Casa de la Mujer presentó escrito el
diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014) ante esta Corporación.
En el mismo, se refirió en primer lugar, a la prevalencia de la violencia
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano.
En cuanto a los impactos de la violencia
sexual en los cuerpos y vidas de las mujeres, aseveró que su incidencia supera
el ámbito privado e involucra a todo el conglomerado social, pues destruye el
entorno familiar, social y cultural, dejando secuelas que en muchos casos se
tornan insuperables.
Igualmente, tal Organización indicó que
actualmente no existe una política pública para la prevención de la violencia
sexual, protección de las mujeres víctimas y sanción de los responsables, lo
cual contribuye a que la impunidad se sostenga y que se perpetre el
incumplimiento del Estado en su deber de proveer a las víctimas de recursos
judiciales efectivos y de actuar con la debida diligencia.
Finalmente, puntualizó en que tampoco
existe en Colombia un sistema de información y seguimiento, que permita conocer
respecto de los casos de violencia sexual denunciados de los que se haya
iniciado procesos de acompañamiento por parte del Estado.
1.6.2.4.
Intervención en
sede de revisión de Humanas Colombia. Centro Regional de Derechos Humanos y
Justicia de Género.
Mediante concepto recibido el diecisiete
(17) de septiembre de dos mil catorce (2014), Humanas Colombia se refirió a la
problemática de la violencia sexual en el marco del conflicto armado:
1.6.2.4.1. Hizo alusión a la reparación integral en estos casos, y
precisó que las vulneraciones a los Derechos Humanos no se agotan con la
indemnización de tipo pecuniario, tal como lo ha establecido la Corte y como se
desprende de las obligaciones internacionales que el Estado Colombiano ha
adoptado en esta materia.
1.6.2.4.2. Afirmó, en cuanto a la atención en salud, tanto general
como aquella que incluye el acompañamiento psicosocial, que ésta constituye uno
de los componentes específicos de la rehabilitación y su objetivo es que las
personas víctimas puedan recuperarse de las condiciones adversas que han vivido.
En virtud de lo anterior, la Corporación Humanas indicó que por atención
integral y especializada a la violencia sexual cometida en el marco del
conflicto armado, “deben entenderse todas las acciones encamindas a la
recuperación, reconstrucción y restablecimiento de las áreas de la vida
afectadas por la violencia sexual, tanto en el plano individual como social.” Además
de lo anterior, añadió que este tipo de atención deberá basarse en los
principios de la atención diferencial con enfoque de género.
1.6.2.4.3. Explicó que desde el punto de vista de las mujeres, aplicar
perspectiva de género, implica entre otras,  reconocer que tienen
necesidades específicas por el hecho de ser mujeres, y que debido a que el
conflicto armado exacerba la brecha de género y las relaciones de poder
desiguales, es menester que las medidas de reparación tengan capacidad efectiva
de desarticular ese contexto de violencia y exclusión.
1.6.2.4.4. Para concluir, la Corporación Humanas Colombia, estableció
que las características de especificidad e inmediatez  deben ser propias de la
rehabilitación de las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto
armado, según lo dispuesto en las Leyes 1448 de 2011 y 1719 de 2014. Además,
añadió, que someter a las mujeres víctimas de violencia sexual al suplicio de
contar en repetidas ocasiones su caso, sin que exista una atención adecuada,
accesible y continua, se constituye en una clara forma de revictimización.
1.6.2.5.
Intervención en
sede de revisión de Corporación AVRE. Amicus Curiae
Mediante escrito del veintiocho (28) de
agosto de dos mil catorce (2014), la Corporación AVRE- Organización no
Gubernamental de acompañamiento psicosocial y atención en salud mental a
víctimas de violencia política- se refirió al caso bajo estudio, y en cuanto a
la disponibilidad y pertinencia de programas de atención psicosocial y en salud
sexual y reproductiva a víctimas de violencia sociopolítica en Colombia, indicó
que aunque el Estado ha logrado crear sistemas de atención, y acciones pedagógicas,
los esfuerzos no han sido suficientes.
Luego de exponer lo atinente al derecho a
la salud en Colombia de manera general, indicó que en el caso de las mujeres en
situación de desplazamiento, en su mayoría se encuentran afiliadas al régimen
subsidiado con las consecuentes restricciones en procedimientos diagnósticos,
remisión a médicos especialistas, participación en programas de prevención y
promoción de la salud y en acceso a un servicio de salud pertinente que
responda a sus necesidades específicas.
De la misma forma, hizo alusión a la
calidad del servicio en salud que le ha sido prestado a la actora y a su hijo,
el cual, a su juicio, se caracterizó por la ausencia de personal capacitado en
la atención a víctimas y de enfoques diferenciales de género, lo cual se
convirtió en una situación revictimizante para esta familia.
Finalmente, la Corporación AVRE expone una
serie de conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para la resolución
del presente caso, entre las cuales se encuentran: (i) el
restablecimiento de la salud mental es una condición indispensable para que la
accionante y su núcleo familiar accedan a sus derechos, a la justicia y a la
reparación integral, (ii) compete al Estado el diseño y garantía de la
realización de una intervención integral para la actora (iii) es urgente
fortalecer la capacitación de los trabajadores de la salud en lo relacionado
con temas de impactos psicosociales de la violencia sociopolítica, atención
psicosocial en el campo de la salud mental y otros impactos diferenciales como
el género, la etnia y la edad, (iv) es inaplazable lograr el 100% de
cobertura en salud de la población víctima del conflicto armado, y (v)
se debe garantizar el acceso a los medicamentos, procedimientos diagnósticos y
atención por servicios especializados, estén o no cubiertos por el POS.
1.6.2.6.
Intervención de
la Defensoría del Pueblo
Mediante escrito del catorce (14) de
diciembre de dos mil catorce (2014), la Defensoría del Pueblo presentó concepto
técnico respecto de lo ocurrido en el caso de la actora:
1.6.2.6.1. Hizo alusión a la necesidad de que los Estados fortalezcan
los servicios de atención a las víctimas de violencia sexual mediante la
utilización de un protocolo de actuación adecuado y, capacitación a las y los
funcionarios responsables de su atención en perspectiva de género. De manera
específica, en cuanto al caso de la accionante y de su hijo menor de edad,
enfatizó en que se ha evidenciado la falta de atención adecuada a estas
víctimas, pronunciándose brevemente acerca de las acciones que considera que
han sido problemáticas en el asunto bajo estudio.
1.6.2.6.2. Con respecto a la atención brindada por parte de la
Fiscalía General de la Nación en este caso, la Defensoría señaló que uno de los
grandes obstáculos para que la actora y el niño acudieran a sus diversos
tratamientos o citas médicas, fue la falta de disponibilidad de transporte,
pues la protegida ha tenido que sufragar sus desplazamientos con sus propios
medios.
1.6.2.6.3. Así, la Defensoría solicitó a la Corte que, con el fin de
que la vulneración cese y se garanticen los derechos de la accionante y de su
hijo menor, que realice una serie de órdenes al Ministerio de Salud y de
Protección Social, a la Secretaría Distrital de Salud, a la Superintendencia
Nacional de Salud, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, al Programa de protección a víctimas y
testigos de la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo[3].
1.6.3.
Auto del tres
(3) de septiembre de dos mil catorce (2014) en el cual se solicita información
a Capital Salud EPS
Mediante Auto del tres (3) de septiembre
de dos mil catorce (2014), la Corte Constitucional decretó lo siguiente a
través de la Secretaría General: “Ordenar  a Capital Salud EPS informar,
de manera específica, cuál es la asistencia que le está siendo brindada a la
señora Celia y al menor CEMM, y en particular, qué prácticas y elementos
diferenciadores está aplicando para atender las circunstancias especiales de la
actora y del niño, en cuanto a género, edad y condición de víctimas de
violencia sexual dentro del conflicto armado. Para el efecto, se le solicita
enviar un informe detallado de los servicios prestados junto con la copia de la
respectiva historia clínica”.
1.6.4.  Intervención en Sede de Revisión de
Capital Salud EPS.
Mediante escrito recibido el once (11)
septiembre de dos mil catorce (2014), Capital Salud EPS informó a esta
Corporación lo referido a las gestiones que ha adelantado en el caso de la
accionante y de su hijo menor de edad:
1.6.4.1.
En primer lugar, informó
que ha cumplido con la obligación de prestar todos los servicios requeridos
para el tratamiento del diagnóstico de la actora y de su hijo. A ese respecto,
indicó que actualmente no se le está realizando ningún tipo de cobro a la
peticionaria por la prestación de los servicios de salud, además, afirmó que
tanto a la peticionaria como al niño, se les asignó el Hospital del Sur como su
IPS primaria, siendo la institución más cercana a su lugar de domicilio y la
cual les deberá prestar los servicios de medicina general y odontología.
1.6.4.2.
Así, relaciona los
servicios de salud que han recibido, desde su afiliación a tal entidad, la
peticionaria y el niño. De lo enviado por Capital Salud EPS a ese respecto, se
observa que se les ha realizado consultas especializadas en cardiología y
psiquiatría,  consultas de medicina general y entregado medicamentos en
diversas ocasiones, entre otros.
1.6.4.3.
Finalmente,
solicitó a esta Corporación oficiar a la Sociedad de Cirugía Hospital San José,
quien garantiza la atención en salud de la actora y del menor de edad,  para
que esta proporcione un informe sobre la atención médica y clínica
institucional brindada, el cual ofrezca mayor profundidad respecto del carácter
científico de los diagnósticos.
1.6.5.  Auto del Once (11) de septiembre de dos
mil catorce (2014)
Mediante Auto
del once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014), la Corte Constitucional
decretó lo siguiente a través de la Secretaría General:
1.6.5.1. Ordenar que por Secretaría General de la
Corte Constitucional se vincule a Capital Salud EPS, para que en el término de
tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, exprese
lo que estime conveniente respecto del presente caso. Ordenar como medida
provisional,  a Capital Salud EPS, a través de su representante legal o
quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación del presente Auto, integre un grupo
interdisciplinario de especialistas, de preferencia del sexo que señalen los
peticionarios, para que realicen las respectivas valoraciones médicas, a la
señora Celia y a su hijo, con el fin de determinar el tratamiento especializado
a seguir para su restablecimiento en salud física, sexual y  reproductiva,  y
psicológica. El tratamiento respectivo se deberá empezar a suministrar dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al concepto. Además, dicho
tratamiento deberá realizarse con enfoque de género y de infancia, y teniendo
en cuenta que se trata de víctimas de violencia sexual dentro del conflicto
armado.
1.6.5.2. Ordenar a Capital Salud EPS enviar a esta
Corporación copia de las valoraciones realizadas a la señora Celia y a su hijo CEMM,
en el término de ocho (8) días a partir de la notificación de este Auto.
1.6.5.3. Ordenar a Capital Salud EPS enviar a esta
Corporación, en el término los treinta (30) días siguientes a la notificación
de este Auto, un informe sobre el cumplimiento del tratamiento suministrado a
la señora Celia y a su hijo.
1.6.5.4. Ordenar a Capital Salud EPS asumir el costo del
trasporte de la señora Celia y de su hijo para desplazarse desde su vivienda
hacia los centros médicos en los cuales se lleven a cabo las valoraciones y el
tratamiento especializado.
1.6.6.
Intervención en Sede de Revisión de Capital Salud EPS en la cual se señalan las
actuaciones realizadas como consecuencia del Auto del once (11) de septiembre
de dos mil catorce (2014)
Por medio de comunicación del tres (3) de
octubre de dos mil catorce (2014), Capital Salud EPS indicó que como
consecuencia de las órdenes previstas en el Auto del once (11) de septiembre de
dos mil catorce (2014), proferido por esta Corporación, procedió a realizar las
gestiones correspondientes a fin de conformar el equipo médico
interdisciplinario responsable de estudiar y determinar el tratamiento
especializado que contrarreste las patologías de las cuales adolece la
accionante y su hijo menor de edad.
De tal forma, explicó que el equipo
interdisciplinario gestionado con el Hospital Universitario San Ignacio, está
integrado por profesionales en urología, psicología y psiquiatría para el caso
del niño, y en ginecología, psicología y psiquiatría en el caso de la actora.
De esa manera, señaló que se procedió a generar las autorizaciones respectivas
para la participación en junta médica por medicina especializada.
Asimismo, explicó que al comunicarse con
la accionante con el fin de dar a conocer que la junta médica se realizaría el
primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014), manifestó que no le fue
posible asistir, pues las salidas de su domicilio deben ser previamente
aprobadas por la Fiscalía General de la Nación, trámite que debe ser realizado
con antelación por lo que la cita está siendo reprogramada nuevamente.
1.7.
PRUEBAS QUE
OBRAN EN EL EXPEDIENTE
1.7.1.  Copia del poder general aportado a la
Corporación Sisma Mujer[4].
1.7.2.  Copia del poder de designación de la apoderada[5].
1.7.3.  Copia del registro civil de nacimiento del
menor[6].
1.7.4.  Copia de la Resolución No. 17176R del 12
de julio de 2013, emitida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, en la cual se decide mantener la inclusión en el Registro Único
de Población Desplazada, hoy Registro Único de Víctimas, de la accionante y de
su núcleo familiar[7].
1.7.5.  Copia de la valoración y remisión médica
de PROFAMILIA en el caso del menor[8].
1.7.6.  Copia de valoración  médica de la actora[9].
1.7.7.  Copia de la historia clínica de la
accionante[10].
1.8.
ACTUACIONES DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE REVISIÓN.
Mediante Auto del once (11) de septiembre
de dos mil catorce (2014), la Corte resolvió:
“PRIMERO. PROTEGER el derecho a la intimidad
de Celia y del menor CEMM, y en consecuencia, ORDENAR la absoluta
reserva del expediente, que implica que el nombre de las personas demandantes
no podrá ser divulgado y que el expediente sólo podrá ser consultado por las
partes específicamente afectadas con la decisión adoptada. Las entidades
involucradas deberán garantizar la estricta reserva.
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte
Constitucional SE VINCULE a Capital Salud EPS, para que en el término de
tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, exprese
lo que estime conveniente respecto del presente caso.
TERCERO. ORDENAR, como medida provisional,  a Capital
Salud EPS, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del
presente Auto, integre un grupo interdisciplinario de especialistas, de
preferencia del sexo que señalen los peticionarios, para que realicen las
respectivas valoraciones médicas, a la señora Celia y a su hijo CEMM, con el
fin de determinar el tratamiento especializado a seguir para su
restablecimiento en salud física, sexual y  reproductiva,  y psicológica. El
tratamiento respectivo se deberá empezar a suministrar dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes al concepto. Además, dicho tratamiento deberá
realizarse con enfoque de género y de infancia, y teniendo en cuenta que se
trata de víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado.
CUARTO.  ORDENAR a Capital Salud EPS enviar a esta
Corporación copia de las valoraciones realizadas a la señora Celia y a su hijo,
en el término de ocho (8) días a partir de la notificación de este Auto.
QUINTO. ORDENAR a Capital Salud EPS enviar a esta
Corporación, en el término los treinta (30) días siguientes a la notificación
de este Auto, un informe sobre el cumplimiento del tratamiento suministrado a
la señora Celia y a su hijo CEMM.
SEXTO. ORDENAR, a Capital Salud EPS asumir el costo del
trasporte de la señora Celia y de su hijo CEMM para desplazarse desde su
vivienda hacia los centros médicos en los cuales se lleven a cabo las
valoraciones y el tratamiento especializado.”
Así, mediante escrito del dos (2) de
octubre de dos mil catorce (2014), Capital Salud EPS indicó que como
consecuencias de las órdenes previstas en el Auto del once (11) de septiembre
de dos mil catorce (2014), procedió a realizar las gestiones correspondientes a
fin de conformar el equipo médico interdisciplinario con galenos del género
femenino a solicitud de la peticionaria, integrado por profesionales en
urología, psicología y psiquiatría, para el caso
2.       CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
Con base en las facultades conferidas por
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar
los fallos adoptados en el proceso de la referencia.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En atención a lo expuesto, corresponde a
la Corte Constitucional determinar si las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales de la accionante y de su hijo, al no garantizarles
atención especializada y completa en salud física, sexual reproductiva y
psicológica,  luego de haber sido víctimas de violencia sexual.
Para efectos de resolver el anterior
problema jurídico la Sala estudiará los siguientes temas: (i) los
derechos de las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, (ii)
los derechos de las mujeres y los niños víctimas de la violencia sexual, (iii)
el derecho fundamental a la salud mental, (iv) el derecho a la salud
mental de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Posteriormente,
con base en dichos presupuestos, abordará el caso concreto.
2.3.
LOS DERECHOS DE
LAS VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. Reiteración
jurisprudencial.
Las personas que hayan sufrido
un perjuicio como consecuencia de la violación de sus Derechos Humanos, tienen
derecho al reconocimiento de su condición de víctimas[11],
a partir del cual se derivan las siguientes garantías:
2.3.1.  El derecho a la verdad
2.3.1.1.      Concepto y
alcance
La Corte Constitucional en la Sentencia
C – 282 de 2002[12],
reiterada en múltiples ocasiones[13],
ha señalado que las víctimas tienen derecho a la verdad, la cual es definida
como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia
entre la verdad procesal y la verdad real”. Esta Corporación ha señalado
una serie de consecuencias particulares del derecho a la verdad de las víctimas
de graves violaciones a los Derechos Humanos:
(i)    La Sentencia C – 370 de 2006 señaló que las víctimas tienen
derecho a conocer lo sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a
que los hechos se investiguen seriamente y se sancionen por el Estado y a que
se prevenga la impunidad[14].
En este sentido, para garantizar el derecho a la
verdad se exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de
los cuales fueron cometidos los delitos”[15].
(ii) La Sentencia C – 454 de
2006
destacó que el derecho a la verdad incluía: (i)
el derecho inalienable a la verdad, (ii) el deber de recordar y (iii)
el derecho de las víctimas a saber.
(iii)     La Sentencia
C – 1033 de 2006[16] destacó que el derecho a la verdad exige que se utilicen
mecanismos para “buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la
verdad real”.
(iv)     La Sentencia T – 576 de 2008[17]
reconoció que el derecho a la verdad es la garantía de conocer de manera exhaustiva y completa  los
hechos ocurridos, determinar las circunstancias específicas y los responsables
de las mismas, incluidas las condiciones bajo las cuales tuvieron lugar las
vulneraciones y los motivos que incidieron en producirlas.
(v) La Sentencia C – 936 de 2010[18]
señaló que el  derecho  de acceder a la verdad, implica que las personas
tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso.
(vi)     La Sentencia C – 579 de 2013[19] destacó la obligación del Estado
Colombiano de revelar todos los hechos constitutivos de graves violaciones a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
2.3.1.2.      Consecuencias y reglas para su
interpretación
El derecho a la verdad tiene una dimensión
colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”[20],
y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el
ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte[21].
En este sentido, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta
subjetiva en cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan
entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados,
tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se
cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca
de la suerte que corrió la víctima[22].
Este derecho resulta
particularmente importante frente a graves violaciones de los Derechos Humanos[23] y comporta a su vez: (i)
el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; y (iii)
el derecho de las víctimas: “El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la
verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que
llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el
conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su
patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de
recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente
de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan
entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la
verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en
caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la
víctima.”[24]
Las Sentencias C-715 de 2012[25], C-099 de 2013[26] y C-579 de 2013[27]
han señalado los
siguientes criterios para el análisis del derecho a la verdad:
(i) El derecho a la verdad, se encuentra
consagrado en los numerales 1 a 4 de los Principios para la protección y
promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, y
encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de
memoria histórica y de recordar, y en el derecho al buen nombre y a la imagen.
(ii) Así,
las víctimas y los
perjudicados por graves violaciones de Derechos Humanos tienen el derecho
inalienable a saber la verdad de lo ocurrido.
(iii) Este
derecho se encuentra en cabeza de las víctimas, de sus familiares y de la
sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una dimensión individual y una
colectiva.
(iv) La
dimensión individual del derecho a la verdad implica que las víctimas y sus
familiares conozcan la verdad sobre los hechos, los responsables y las
consecuencias de lo sucedido. Este derecho apareja por tanto, el derecho a conocer la autoría
del crimen, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron
los hechos delictivos, y finalmente, el patrón criminal que marca la comisión
de los hechos criminales. Esto último, implica el derecho a conocer si el
delito que se investiga constituye una grave violación a los Derechos Humanos,
un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
(v) La
dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la
sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la
posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública
de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con
una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre
graves violaciones de Derechos Humanos.
(vi) El
derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser
garantizado en todo tiempo;
(vii) Con
la garantía del derecho a la verdad se busca la coincidencia entre la verdad
procesal y la verdad real.
(viii) Este
derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a
la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra
vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es
posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través de
investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas
por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la
correspondiente sanción.
(ix) De
otra parte, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho a la
reparación, ya que el conocimiento de lo sucedido para las víctimas y sus
familiares, constituye un medio de reparación.
(x) Los familiares de
las personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de sus seres
queridos y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este
sentido, el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o
secuestradas se encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la
víctima a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser
satisfecho, incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos
responsables (por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)[28].
(xi) Finalmente, en
cuanto al derecho a la verdad, la Corte resalta no solo la importancia y la
obligación del Estado de adelantar investigaciones criminales con el fin de
esclarecer la responsabilidad penal individual y la verdad de los hechos, sino
también la importancia de mecanismos alternativos de reconstrucción de la
verdad histórica, como comisiones de la verdad de carácter administrativo, que
en casos de vulneraciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos, deben
servir a los fines constitucionales antes mencionados”.
2.3.2.  Derecho a la justicia
2.3.2.1.      Concepto y alcance
El derecho a la
justicia, implica en igual sentido el acceso a la administración de justicia y
a la tutela judicial efectiva, pues éste consiste en el derecho a que se haga
justicia en el caso concreto y a que no haya impunidad[29].
En ese orden, implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus
derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para
conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación.[30]
2.3.2.2.      Consecuencias y reglas para su
interpretación
Este derecho
incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se
derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así[31]:
(i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los
autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a
un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los
juicios las reglas del debido proceso.
En este sentido la Sentencia
C-871 de 2003[32] señaló que las víctimas tienen derecho no
sólo a que se las repare económicamente sino también a conocer la verdad y a
que se haga justicia. Compete al Estado el deber correlativo de investigar con
seriedad y eficiencia los hechos punibles, obligación que para la
jurisprudencia es más intensa cuanto más daño social ha ocasionado el
comportamiento delictivo. Este deber investigativo tampoco es absoluto, pues so
pretexto de su ejercicio no puede afectarse la seguridad jurídica y los
derechos del procesado, los cuales tienen también consagración constitucional[33].
Por su parte, la Sentencia C-454 de 2006[34] estableció que este derecho involucra un verdadero
derecho constitucional al acceso a un proceso penal[35]
dentro del cual se pueda participar[36],
por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa en "que los
familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán
informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así
como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a
presentar otras pruebas"[37].
En relación concreta con el derecho al acceso a la justicia, el
documento “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de
las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional
Humanitario a interponer Recursos y obtener Reparaciones” aprobado mediante
la Resolución 60/147 por la Asamblea General de la Naciones Unidas, señala que
la víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de
Derechos Humanos o de una violación grave del Derecho Internacional Humanitario
tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, para lo cual los Estados
deberán:
“a ) Dar a conocer, por conducto de mecanismos
públicos y privados, información sobre todos los recursos disponibles contra
las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y
las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario; b )
Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus
representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según
proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus
familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial,
administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas; c
) Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la
justicia; d ) Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y
consulares apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a
interponer recursos por violaciones manifiestas de las normas internacionales
de Derechos Humanos o por violaciones graves del Derecho Internacional
Humanitario”.
La Corte Constitucional ha
establecido las siguientes reglas para salvaguardar el derecho a la justicia: (i)
prevenir las graves violaciones de DD.HH., (ii) luchar contra la
impunidad, (iii) establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto
y eficaz a la justicia, (iv) investigar, procesar y sancionar
judicialmente a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos, (v)
respetar el debido proceso, (vi) establecer plazos razonables para los
procesos judiciales, (vii) iniciar ex officio las investigaciones en
casos de graves violaciones contra los DD.HH., (viii) velar porque los
mecanismos judiciales internos no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de
la verdad, (ix) establecer limitantes frente a figuras como el non
bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, (x)
determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal
o de disminución de las penas en procesos de transición, (xi) la
legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de
los DD.HH. y del D.I.H. para hacerse parte civil dentro de los procesos
penales, (xii) La
participación de las víctimas dentro del proceso penal, (xiii) la garantía del derecho a la
justicia garantiza así mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las
víctimas[38].
2.3.3.  Derecho a la reparación
2.3.3.1.      Concepto y características
El derecho de reparación, conforme al
Derecho Internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y
otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y
perjuicios sufridos por la víctima, y comprende  la adopción de medidas individuales
relativas al derecho de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no
repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de
alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar
o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente
afectadas por las violaciones ocurridas.[39]
La obligación de reparar también es un
deber específico que se deriva de la obligación general de garantía, pues una
vez se ha cometido una violación a los Derechos Humanos, la única forma de
garantizar de nuevo su goce es a través de su reparación integral, si es
posible, y de su debida indemnización[40].
La Corte IDH, en desarrollo del artículo 63.1 de la Convención Americana, ha
establecido que es un principio del Derecho Internacional que toda violación de una
obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente.[41]
Así mismo, ha afirmado que como parte del deber de garantizar los Derechos
Humanos reconocidos en la Convención, el Estado tiene el deber jurídico de
prevenir, investigar con el fin de identificar a los responsables, de imponer
sanciones y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.[42]
En el mismo sentido, lo ha
establecido el Sistema Universal de los Derechos Humanos, en el cual a través del
Comité de Derechos Humanos, ha reconocido que el párrafo 3 del artículo 2 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, requiere que los Estados Partes otorguen una reparación a las
personas cuyos derechos del Pacto han sido violados. Ante lo cual estableció
que “Si no se otorga una reparación a los individuos cuyos derechos del
Pacto han sido violados, la obligación de proporcionar un recurso efectivo, que
es fundamental para la eficacia del párrafo 3 del artículo 2, no se cumple.
Además de la reparación explícita exigida por el párrafo 5 del artículo 9 y el
párrafo 6 del artículo 14 el Comité considera que el Pacto entraña por lo
general una indemnización adecuada”. El Comité señaló que, cuando procede,
la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y medidas de
satisfacción, como apologías públicas, memoriales públicos, garantías de no
repetición y cambios en las leyes y las prácticas pertinentes, así como el
sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de Derechos Humanos[43].
También, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que una reparación adecuada, efectiva y
rápida, tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones
manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o las violaciones
graves del Derecho Internacional Humanitario: “La reparación ha de ser
proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.  Conforme a su
derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho
internacional humanitario)”[44].
La Corte Constitucional, señaló en la Sentencia
C-370 de 2006[45]
que, dentro de este contexto, la reparación: i) incluye todas las
acciones necesarias y conducentes a hacer desaparecer, en la medida en que ello
sea posible, los efectos del delito; ii) al igual que el concepto de
víctima, tiene una dimensión tanto individual como colectiva; iii) no se
agota en su perspectiva puramente económica, sino que tiene diversas
manifestaciones tanto materiales como simbólicas; iv) es una
responsabilidad que atañe principalmente a los perpetradores de los delitos que
dan lugar a ella, pero también al Estado, particularmente en lo relacionado con
algunos de sus componentes[46].
La integralidad de la reparación comporta
la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los
efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en
que se encontraba antes de la violación[47].
2.3.3.2.      Características y elementos de
la reparación
Los parámetros fijados por el Derecho Internacional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, señalan que la reparación debe ser
justa, suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las
violaciones y a la entidad del daño sufrido[48].
La jurisprudencia de la Corte
ha fijado las siguientes reglas para la interpretación del derecho a la
reparación: (i) su reconocimiento expreso frente a víctimas de violaciones de
DD.HH., (ii) se encuentra regulado por el Derecho Internacional, (iii)
debe ser integral, (iv) incluye la restitución plena (restitutio in
integrum), es decir, el restablecimiento de la víctima a la situación
anterior al hecho de la violación, (v) de no ser posible tal
restablecimiento pleno es procedente la compensación, (vi) incluye
además medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no
repetición, (vii) tiene una dimensión individual y colectiva, (viii)
la individual incluye medidas como la restitución, la indemnización y la
readaptación o rehabilitación; (ix) la colectiva se obtiene a través de
medidas de satisfacción y carácter simbólico o que se proyecten a la comunidad,
(x) también incluye el reconocimiento público del crimen cometido y el
reproche de tal actuación, (xi) desborda el campo de la reparación
económica, e incluye también la verdad y la justicia, (xii) debe
diferenciarse de la asistencia y de servicios sociales y de la ayuda
humanitaria brindada por parte del Estado y (xiii) las políticas
públicas para hacerlo efectivo deber ser articuladas y complementarias[49].
Las medidas de reparación, según la
jurisprudencia constitucional deben regirse por dos principios; el de
integralidad y el de proporcionalidad[50]:
(i)      El principio de integralidad, supone que
las víctimas sean sujetos de reparaciones de diferente naturaleza, que
respondan a los distintos tipos de afectación que hayan sufrido, lo cual
implica que estas diferentes reparaciones no son excluyentes ni exclusivas,
pues cada una de ellas obedece a objetivos de reparación distintos e
insustituibles[51].
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos[52],
indicó que  todas las medidas de reparación que se analizan de manera
individual poseen, una dimensión de integralidad, la cual se compone de una
integralidad interna, que supone que los criterios y la ejecución de las
medidas tienen coherencia con el sentido y naturaleza de esta, y una externa,
entre las diferentes medidas, dado que el significado que adquieren es interdependiente
de su relación.
(ii)   Por su parte, sobre el principio de
proporcionalidad, se aduce que la reparación a las víctimas debe estar en
consonancia con la altura del impacto de las violaciones de los Derechos
Humanos. Una reparación, debe tener en cuenta el restablecimiento de los
derechos de las víctimas, la mejora de sus condiciones de vida, asimismo, la
investigación y juzgamiento de los autores de las conductas punibles, de lo
contrario dicha medida perdería su eficacia y sentido.
El derecho a la reparación integral
comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i)
restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
políticas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas[53].
En este aspecto, mientras la indemnización
consiste en compensar los perjuicios causados por el delito, la rehabilitación
emana de realizar acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que
sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. La
rehabilitación se refiere a las acciones que buscan restablecer la salud de las
víctimas, incluyendo tanto los aspectos puramente somáticos, como los
relacionados con su bienestar emocional o su salud mental, aspectos igualmente
necesarios para vivir y desarrollar una existencia digna[54].
2.3.4.  Garantía de no
repetición
La garantía de no repetición está compuesta por todas las acciones
dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se
afectaron los derechos de las víctimas, las que deben ser adecuadas  a la
naturaleza y magnitud de la ofensa[55].
La garantía de no repetición está directamente relacionada con la obligación
del Estado de prevenir las graves violaciones de los DDHH[56],
que comprende la adopción de medidas de carácter jurídico, político,
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos[57].
En particular, se han identificado los
siguientes contenidos de esta obligación: (i) reconocer a nivel interno los derechos y
ofrecer garantías de igualdad[58];
(ii) diseñar
y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) implementar
programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de
violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus
mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción[59]; (iv) introducir
programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las
denuncias de violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con
funciones en la materia[60];
(v) destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención[61]; (vi) adoptar
medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e
implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación
de los factores y eventos de riesgo de violación[62]; (vii) tomar
medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de
personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados[63].
En el mismo sentido, la Resolución 60/140
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas referente a los “Principios
y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones
graves al Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”, dispone sobre las garantías de no repetición lo siguiente:
“a) El ejercicio de un control efectivo
por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y
militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías
procesales, la equidad y la imparcialidad;
c) El fortalecimiento de la independencia del poder
judicial;
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud
y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de
los defensores de los Derechos Humanos;
e ) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos
los sectores de la sociedad respecto de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de
seguridad;
f ) La promoción de la observancia de los códigos de
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por
los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad,
los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de
servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del
personal de empresas comerciales;
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar
y resolver los conflictos sociales;
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las
violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y a
las violaciones graves del Derecho Humanitario o las permitan.
i) Acceso a información pertinente sobre
violaciones y mecanismos de reparación”.
2.4.
LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES Y LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL
2.4.1. La especial vulnerabilidad de las mujeres
y los niños respecto de actos de violencia generalizada
Existe una especial vulnerabilidad de la
mujer frente a la violencia y a la discriminación, lo cual ha ocasionado que en
muchos eventos se hayan utilizado estas circunstancias como estrategia de
dominación[64].
Esta Corporación ha expresado que se han
identificado “un número significativo de riesgos de género en el marco del
conflicto armado colombiano, que son a su vez factores específicos de
vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición
femenina, en el marco de la confrontación armada interna colombiana”. Dentro
de esos riesgos detectados, por su relación con este caso se destacan: “(i)
los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias
o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los
derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado; (ii) el riesgo de
persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del
comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos
armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional; (iii) el riesgo por
el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración
de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social”[65].
Los actos de violencia generalizada, en
sus distintas manifestaciones, afectan de manera diferencial y agudizada
a las mujeres por 2
factores: (i) los riesgos y vulnerabilidades específicos de la mujer respecto
de actos de violencia generalizada –que a su turno generan patrones
particulares de desplazamiento de mujeres-, y (ii) las distintas cargas
materiales y psicológicas extraordinarias que se derivan para las mujeres
sobrevivientes de los actos de violencia que caracterizan dicha situación. Cada
uno de estos dos grupos de factores, que a la vez son la causa del impacto
desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres, se explora y
valora jurídicamente a continuación.
Por lo anterior, el Derecho Internacional
Humanitario provee especiales garantías para prevenir la violencia contra las
mujeres, tales como: (i) la prohibición de la discriminación en la
aplicación del DIH, (ii) la prohibición del homicidio, (iii) la
prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, (iv)
la prohibición de los castigos corporales y suplicios, (v) la
prohibición de mutilaciones, (vi) la prohibición de la violencia de
género o sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el pudor;
(vii) la prohibición de la esclavitud y de la trata, (viii) la
prohibición del trabajo forzado no retribuido o abusivo, (ix) la
prohibición de las desapariciones forzadas, (x) la prohibición de la
privación arbitraria de la libertad, (xi) la prohibición de los castigos
colectivos, (xii) la obligación de respetar la vida familiar, (xiii)
la obligación de proteger los derechos de las mujeres afectadas por los
conflictos, (xiv) la obligación de proteger los derechos especiales de
las niñas y (xv) la obligación de respetar los derechos especiales de
las ancianas y mujeres con discapacidad.
En este sentido, el Consejo de Seguridad,
en la Resolución 1325 de 2000, expresó su “preocupación por el hecho de que
los civiles, y particularmente las mujeres y los niños, constituyen la inmensa
mayoría de los que se ven perjudicados por los conflictos armados, incluso en
calidad de refugiados y personas desplazadas internamente, y cada vez más
sufren los ataques de los combatientes y otros elementos armados”, por lo
cual reafirmó “la necesidad de aplicar plenamente las disposiciones del
derecho internacional humanitario y del relativo a los derechos humanos que
protejan los derechos de las mujeres y las niñas durante los conflictos y después
de ellos”.
Por lo anterior, el Consejo de Seguridad
exhortó a los Estados parte en los conflictos: (i) “a que respeten
plenamente el derecho internacional aplicable a los derechos y a la protección
de las mujeres y niñas (ii) “a que adopten medidas especiales
para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género,
particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las
demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado”; y (iii)
subrayó “la responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad
y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de
otro tipo contra las mujeres y las niñas”
Por su parte, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en
Estados de Emergencia o de Conflicto[66],
ha expresado su “profunda preocupación por los sufrimientos de las mujeres y
los niños que forman parte de las poblaciones civiles que en períodos de
emergencia o de conflicto armado (…) muy a menudo resultan víctimas de actos
inhumanos y por consiguiente sufren graves daños”, ha recordado “la
necesidad de proporcionar una protección especial a las mujeres y los niños,
que forman parte de las poblaciones civiles”, y ha prohibido y condenado
los ataques contra la población civil, “que causan sufrimientos indecibles
particularmente a las mujeres y los niños, que constituyen el sector más
vulnerable de la población”, instando a los Estados que participen en
conflictos armados a desplegar “todos los esfuerzos necesarios para evitar a
las mujeres y los niños los estragos de la guerra”, tomando “todas las
medidas necesarias para garantizar la prohibición de actos como la persecución,
la tortura, las medidas punitivas, los tratos degradantes y la violencia,
especialmente contra la parte de la población civil formada por mujeres y
niños”.
2.4.2.       La necesidad de brindar una protección
especial de las mujeres víctimas de violencia sexual
La especial gravedad de la violación de
los derechos humanos de las mujeres frente a hechos de violencia generalizada ha
motivado que esta Corporación haya reconocido la necesidad de su especial
protección en diversas providencias:
2.4.2.1.
El Auto A - 092
de 2008
El Auto A – 092 de 2008 reconoció que la
violencia generalizada en Colombia victimiza de manera diferencial y
agudizada a las mujeres por los siguientes motivos:
2.4.2.1.1. Por causa de su condición de género, las mujeres están
expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas, que a su vez
son causas de desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto el impacto
desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las mujeres:
(i)    El riesgo de violencia, explotación o
abuso sexual: “La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual,
extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado
colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte de
todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por
parte de agentes individuales de la Fuerza Pública”.
(ii)  El riesgo de explotación o esclavización
para ejercer labores domésticas y roles considerados como femeninos en una
sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales.
(iii) El riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, o
de otro tipo de amenazas contra ellos, agravado en casos de mujeres cabeza de
familia.
(iv) Los riesgos derivados del contacto familiar, afectivo o
personal -voluntario, accidental o presunto- con los integrantes de alguno de
los grupos armados ilegales que operan en el país, principalmente por
señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos
enemigos.
(v)  Los riesgos derivados de su pertenencia a
organizaciones sociales y comunitarias de mujeres o de sus labores de liderazgo
y promoción de los Derechos Humanos en zonas afectadas por situaciones de
violencia generalizada.
(vi) El riesgo de persecución por las estrategias de control
coercitivo del comportamiento público y privado de las personas implementadas
por los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional.
(vii)   El riesgo por el asesinato o desaparición
de su proveedor económico
(viii)  El riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio
con mayor facilidad por los actores armados ilegales.
(ix)  Los riesgos derivados de la condición de discriminación y
vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrocolombianas.
(x)  El riesgo por la pérdida o ausencia de su
compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.
2.4.2.1.2. Como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven
forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a los
acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas
de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres.
Las mujeres sufren un impacto diferencial de la violencia armada en la medida
en que, cuando se materializan los distintos peligros generales y específicos
que se ciernen sobre ellas, las sobrevivientes deben afrontar nuevas
responsabilidades, serios obstáculos y graves implicaciones psicosociales que
por lo general no están en condiciones materiales ni emocionales de afrontar.
Así, por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas del asesinato de sus
familiares no sólo deben experimentar el dolor propio de la pérdida, sino
también las incertidumbres por el futuro, habiendo dejado atrás sus
pertenencias y su patrimonio, llegando a entornos desconocidos y con
responsabilidades nuevas que a su turno les imponen serias cargas emocionales y
anímicas.
La Sala de Seguimiento encontró seis (6)
tipos de problemas específicos de las mujeres desplazadas, a saber: (i)
los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las
mujeres desplazadas, que se han visto gravemente insatisfechos, (ii) los
problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la
población desplazada, así como ante el proceso de caracterización, (iii)
los problemas de accesibilidad de las mujeres al sistema de atención a la
población desplazada, (iv) una alta frecuencia de funcionarios no
capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o abiertamente hostiles e
insensibles a su situación, (v) el enfoque a menudo “familista”
del sistema de atención a la población desplazada, que descuida la atención de
un altísimo número de mujeres desplazadas que no son cabezas de familia y (vi)
la reticencia estructural del sistema a otorgar la prórroga de la Ayuda
Humanitaria de Emergencia a las mujeres cabeza de familia o vulnerables que,
por sus especiales condiciones de debilidad, tienen derecho a la misma.
En este sentido se consideró que se ha
demostrado por numerosas fuentes que las mujeres desplazadas por la violencia
requieren, en forma urgente, oportuna e idónea, atención y acompañamiento
psicosocial para superar los diversos traumas inherentes a su situación,
reconstruir sus proyectos de vida, cumplir con sus frecuentes obligaciones como
proveedoras de núcleos familiares, y adaptarse e integrarse a su nuevo entorno.
Por lo anterior, la Corte constató en
dicho auto que “la
situación de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores desplazadas por el
conflicto armado en Colombia constituye una de las manifestaciones más críticas
del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004,
por ser sujetos de protección constitucional múltiple y reforzada cuyos
derechos están siendo vulnerados en forma sistemática, extendida y masiva a lo
largo de todo el territorio nacional”. Así mismo reconoció que “la
respuesta estatal frente a la misma ha sido manifiestamente insuficiente para
hacer frente a sus deberes constitucionales en el área, y que los elementos
existentes de la política pública de atención al desplazamiento forzado dejan
vacíos críticos que resultan en una situación de total desamparo de las mujeres
desplazadas ante las autoridades obligadas a protegerlas”.
En virtud de lo anterior, se ordenó al Director de Acción Social que lleve a su
debido término el diseño e implementación de trece Programas para colmar los
vacíos críticos en la política pública de atención al desplazamiento forzado[67].
2.4.2.2.
El Auto 009 de
2015
El reciente Auto 009 de 2015
analizó nuevamente la situación de la violencia sexual e hizo alusión a los principales
problemas en materia de atención y protección de las mujeres sobrevivientes de
violencia sexual, los cuales se presentan en el caso de la accionante, entre
los que se encuentran: (i) la falta de formación permanente a
funcionarios públicos en materia de enfoque de género y de la necesidades
específicas de las mujeres víctimas de violencia sexual, (ii) las
dificultades de las mujeres víctimas de violencia sexual para acceder a los
servicios básicos del Estado por encontrarse los centros de atención
considerablemente distanciados de sus lugares de residencia, (iii) el
peregrinaje injustificado de una entidad a otra al que deben someterse las
mujeres para ser atendidas y (iv) la carencia de recursos económicos
para asumir tal peregrinaje o los servicios de salud que deniegan los centros
de atención por las trabas burocráticas.
Asimismo, se hizo referencia a
las obligaciones constitucionales derivadas del deber de debida diligencia,
específicamente a aquella consistente en la atención y asistencia
especializada a las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores
sobrevivientes a la violencia sexual perpetrada por actores armados. A ese
respecto, en la providencia analizada se indicó lo siguiente:
“(…) las mujeres víctimas de
cualquier acto de violencia que vulnere sus Derechos Humanos, incluidas  las
sobrevivientes de violencia sexual, deben ser atendidas de forma inmediata,
integral, especializada, con enfoque diferencial, de forma gratuita y durante
el tiempo necesario para superar las afectaciones físicas y sicológicas
derivadas de las agresiones, y que la cobertura de esta atención debe incluir a
la familia de la víctima. De acuerdo con la Sentencia C-776 de 2010[68], las mujeres
víctimas de violencia no sólo son destinatarias de valoración médica,
tratamientos, procedimientos quirúrgicos o medicación, sino también de alojamiento y
alimentación, durante el período que ellas requieran, bajo el entendido de que
estos dos últimos componentes hacen parte de su derecho fundamental a la
atención integral en salud.”
En cuanto a la asistencia
médica que debe recibir la mujer que ha sido víctima de violencia sexual, la
Sala hizo énfasis en el derecho a restablecer de manera plena su salud sexual y
reproductiva. Además, señaló que dicha asistencia debe ser completa, gratuita y
permanente. Así, subrayó que el Estado debe brindar a las sobrevivientes de
violencia sexual los recursos integrales en salud, tales como: exámenes médicos
completos y tratamientos de calidad, que por un lado, diagnostiquen de manera
completa las afectaciones de salud de las sobrevivientes, y por otro, ordenen
las medidas y tratamientos necesarios para superar estas afectaciones. De tal
manera que estableció que las instituciones competentes deben practicar
exámenes especializados para determinar detalladamente las afectaciones a la
mujer, especialmente las que lesionan su salud sexual y reproductiva y luego
garantizar el tratamiento idóneo para su recuperación[69].
Luego de lo anterior, se hizo
referencia a los aspectos que deben ser superados por parte del Estado, con el
fin de brindar una atención adecuada a las víctimas de violencia sexual. Entre
los mismos se señalaron: (i) la ausencia de Planes de formación o capacitación
conjuntos entre las entidades sobre enfoque de género y (ii) la carencia
de protocolos de actuación conjunta.
No obstante, se aludió también a los
esfuerzos realizados por parte del Estado colombiano para mejorar la atención y
protección brindada a las víctimas de violencia sexual, para lo cual, se hizo
referencia, entre otros, al documento CONPES 3784 de 2013 denominado “Lineamientos
de Política Pública para la prevención de riesgos, la protección y la garantía
de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado”[70].
Asimismo, la Sala de Seguimiento hizo
énfasis en los esfuerzos que también ha realizado a este respecto el poder
legislativo, pues mediante la Ley 179 de 2014, se incorporaron estándares
internacionales en materia de prevención y atención a la problemática de la
violencia sexual y al desplazamiento forzado[71].
No obstante, la Sala señaló que, de manera general, la actuación estatal se ha
caracterizado por llevar a cabo actividades aisladas y descoordinadas provistas
por cada entidad sin lograr mayor impacto concreto en el goce efectivo de los
derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual.
2.5.
EL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD MENTAL
2.5.1.       Concepto y alcance del derecho a la salud
mental
La salud mental es reconocida en la
actualidad como una necesidad prioritaria teniendo en cuenta su afectación a
gran escala en la población mundial[72].
En este sentido, el derecho fundamental a la salud debe interpretarse en un
sentido amplio e integral, en tanto comprende afecciones físicas, psíquicas,
emocionales y sociales[73],
pues todos estos aspectos contribuyen a configurar una vida de calidad e
inciden fuertemente en el desarrollo integral del ser humano[74].
Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que “la salud
constitucionalmente no hace referencia únicamente a la integridad física sino
que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar
psicológico, mental y psicosomático de la persona”[75].
La salud mental ha sido definida por la
Organización Mundial de la Salud como un “estado de bienestar en el cual el
individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones
normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de
hacer una contribución a su comunidad”[76]. Por su parte, la
Corte Constitucional la ha definido como la “facultad
que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto
física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se
presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.
Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento”[77].
La afectación de la salud mental y psicológica de una persona, no
solo produce una disminución de su dimensión vital y pone en riesgo su
capacidad para desarrollarse en sociedad, sino que también amenaza con vulnerar
sus derechos fundamentales, al igual que los de sus familiares y terceros[78].
Dependiendo de la severidad del grado de discapacidad, los problemas de salud
mental pueden replicarse dentro del núcleo familiar del sujeto afectado[79].
De esta manera, la afección psicológica de
una persona disminuye su dimensión vital, al tiempo que pone en riesgo la
capacidad de relacionarse en sociedad y en general, se ven lesionados  y
amenazados sus derechos[80].
En este sentido, como titulares del derecho a la salud, todos los habitantes de
Colombia tienen derecho a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental. En
otras palabras, el derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a
la salud y por ello tiene un carácter fundamental[81].
2.5.2. Consagración internacional
2.5.2.1.
El
parágrafo 1° del artículo 45 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
dispone que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”.
2.5.2.2.
Por su
parte, el parágrafo 1° del artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales consagra el derecho a la salud de
forma más elaborada e integral, convirtiéndola en la disposición más importante
de la materia en el Derecho Internacional: “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”
2.5.2.3.
Este último fue
objeto de interpretación por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en su Observación General No. 14, ocasión en la cual se fijó el
sentido y alcance de los derechos y obligaciones en materia de salud que se
derivan de la norma[82]:
“El concepto del “más alto nivel posible de salud”, a que se hace
referencia en el parágrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las
condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los
recursos con que cuenta el Estado (…)[83]Además,
el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12[84] (…) disuade el uso indebido de alcohol y tabaco y el
consumo de estupefacientes y otras sustancias nocivas[85]. La creación de condiciones que aseguren
a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (apartado d
del párrafo 2 del artículo 12), tanto física como mental, incluye el acceso
igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de
rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de
reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones,
lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad;
el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención
apropiados de la salud mental.”
2.5.2.4.   El Protocolo Adicional de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador” señala que “toda persona tiene
derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar
físico, mental y social”[86]. En este sentido: “Toda
persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa”[87].
También cabe destacar que “toda persona afectada por una disminución de sus
capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial
con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”[88].
2.5.2.5.
En el año 1991, la
Asamblea General de la ONU proclamó los siguientes Principios para la
Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la
Salud Mental de 1991:
(i)    El derecho a la mejor atención disponible
en materia de salud mental, que será parte del sistema de asistencia sanitaria
y social y deberá prestarse con humanidad, respeto de su dignidad humana, sin
discriminación, con imparcialidad y salvaguarda de sus intereses.
(ii)  Se tendrá especial cuidado, en proteger
los derechos de los menores, disponiéndose, de ser necesario, el nombramiento
de un representante legal que no sea un miembro de la familia.
(iii)  Toda persona que padezca una enfermedad mental tendrá
derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en la comunidad.
(iv)  La determinación de que una persona padece una enfermedad
mental se formulará con arreglo a normas médicas aceptadas internacionalmente.
(v)  Ninguna persona será forzada a someterse a
examen médico con objeto de determinar si padece o no una enfermedad mental, a
no ser que el examen se practique con arreglo a un procedimiento autorizado por
el derecho nacional.
(vi)  El tratamiento confidencial de la información que les
concierne.
(vii)   Todo paciente tendrá derecho a ser tratado
y atendido, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que vive.
(viii)  Todo paciente tendrá derecho a recibir la atención
sanitaria y social que corresponda a sus necesidades de salud y será atendido y
tratado con arreglo a las mismas normas aplicables a los demás enfermos.
(ix) En relación con el tratamiento: 1. Todo paciente
tendrá derecho a ser tratado en un ambiente lo menos restrictivo y a recibir el
tratamiento menos represivo y alterador posible que corresponda a sus
necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de
terceros, 2. El tratamiento y los cuidados de cada paciente se basarán
en un plan prescrito individualmente, examinado con el paciente, revisado
periódicamente, modificado llegado el caso y aplicado por personal profesional
calificado, 3. La atención psiquiátrica se dispensará siempre con
arreglo a las normas de ética pertinentes de los profesionales de salud mental
y 4. El tratamiento de cada paciente estará destinado a preservar y
estimular su independencia personal.
(x)  La medicación responderá a las necesidades
fundamentales de salud del paciente y sólo se le administrará con fines
terapéuticos o de diagnóstico y nunca como castigo o para conveniencia de
terceros.
2.5.3.       Evolución de su protección constitucional
en Colombia
En Colombia, durante varios años la
jurisprudencia sostuvo que si bien el derecho a la salud en sí mismo no es en
principio fundamental, adquiere tal carácter por conexidad con los derechos a
la vida y a la integridad personal[89].
En este sentido, se afirmaba que la vida humana, en los términos de la garantía
constitucional de su preservación (arts. 1, 2 y 11 C.P.), no consiste solamente
en la supervivencia biológica sino que, tratándose justamente de la que
corresponde al ser humano, requiere desenvolverse dentro de unas condiciones
mínimas de dignidad[90].
Por otra parte, se afirmaba que el
artículo 12 de la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad
personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona,
sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el
equilibrio sicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los
atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal -por
acción o por omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de
la vida en las anotadas condiciones de dignidad[91].
Sin embargo, posteriormente se reconoció,
de manera pacífica, el carácter ius fundamental independiente del
derecho a la salud de las personas con discapacidades mentales, denominado
concretamente derecho a la salud mental, el cual tiene como sustento la
necesidad de garantizar el principio de la dignidad humana que es una de las
bases más importantes del modelo de Estado Social de Derecho[92].
2.5.4.       Características del derecho a la salud mental
Se desprende de lo anterior que, como
parte integrante del derecho fundamental a la salud, todas las personas tienen
derecho a acceder a tratamientos adecuados cuando tengan dificultades para
disfrutar del más alto nivel posible de salud mental[93]. En
virtud de lo cual la jurisprudencia de esta Corporación ha venido decantando
una serie de criterios esenciales sobre el alcance del derecho a la salud
mental en Colombia:
2.5.4.1.
Protección diferenciada
Deben brindarse programas diferenciados según las
condiciones de la patología, en virtud de los cuales si no se requiere una terapia psiquiátrica al interior de una
institución, el paciente ha de ser integrado
nuevamente a su contexto social y familiar:
“Con todo,
así como se ha establecido el derecho de los pacientes psiquiátricos a recibir
tratamiento, la jurisprudencia de esta Corte también ha señalado con especial
énfasis, los programas diferenciados que deben emplearse según las condiciones
de su patología y el derecho que les asiste a “(…)las personas afectadas por enfermedades
mentales […] a no permanecer internados de manera definitiva.”[94]
En ese orden, es necesario que exista un concepto médico que determine
la necesidad del tratamiento, pues si el especialista tratante estima que no se
requiere una terapia psiquiátrica al interior de una institución, el paciente
ha de ser integrado nuevamente a su contexto social y familiar, recibiendo el
servicio médico acorde con su diagnóstico, de forma que se garantice su
dignidad y sus derechos a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad”[95].
2.5.4.2.
No exclusión de
su cobertura
Las entidades públicas o privadas
encargadas de prestar los servicios de salud no pueden excluir de su cobertura
los padecimientos relacionados con el equilibrio y la sanidad mental y sicológica
de sus afiliados o beneficiarios en ninguna de las fases o etapas de evolución
de una determinada patología[96]:
“ninguna persona con discapacidad mental podrá ser privada de su derecho a
recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento,
educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de
deficiencia[97]
y que las personas con discapacidades mentales tienen derecho a los servicios
de salud de manera gratuita, a menos que la fuerza de su propio patrimonio, le
permita asumir tales gastos”[98].
2.5.4.3.      Especial protección
Las personas que padecen una enfermedad
mental y sus familias son sujetos de especial protección constitucional y
merecen mayor atención por parte de la sociedad en general, especialmente de
sus familiares y de los sectores encargados de suministrar atención en salud[99]. Por
esta razón, las entidades encargadas de prestar la atención en salud, deben
suministrar la atención o tratamiento que sea requerido para superar la
afectación de la persona, en la medida de lo posible o que tienda a su
estabilización y progresivo mejoramiento durante todas las etapas de su
enfermedad[100],
contando con su consentimiento o el de sus familias, cuando sea imposible que
decida por su propia cuenta, y evitando cualquier acto que atente contra su
integridad, siguiendo además el principio de la opción menos restrictiva,
cualquiera sea el tratamiento por el que se opte[101].
La protección de este derecho especial a la salud en personas con
enfermedades de carácter mental, ha implicado que en muchas ocasiones la Corte
haya extendido, en caso de ser necesario, el ámbito de amparo hacia
tratamientos o medicamentos que se encuentren por fuera de los Planes
Obligatorios de Salud, a través de su protección por medio de instituciones de
asistencia social, entre otras medidas que no se reducen a la de suministrar un
determinado medicamento.
En virtud de lo
anterior el servicio médico requerido: “(i) deberá ser el más
adecuado y acorde a la situación social, familiar, económica y de patología del
paciente; (ii) siendo necesario, no podrá estar sometido al pago de
sumas de dinero, a menos que se tenga capacidad económica para asumirlos; y (iii)
no pude ser limitado a un número de días, meses o atenciones en el año, pues es
característico de este tipo de padecimientos el que se presenten crisis o
recaídas constantes, siendo una vulneración al derecho no proporcionar el
tratamiento permanentemente”[102].
2.5.4.4.
Debe ser prestado por el Estado y la familia debe ser solidaria en
su prestación
La atención de la salud es, según el
artículo 49 de la Constitución, un servicio público a cargo del Estado y aunque
puede ser prestado por los particulares, está sujeto a la vigilancia y control
estatales y ante todo a los postulados y mandatos de la Carta Política[103].
Por lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha advertido que los
tratamientos médicos que tienden a garantizar el derecho a la salud mental son
parte de las prestaciones ofrecidas por el Sistema de Salud en Seguridad Social
y que por tal motivo “las reglas jurisprudenciales que la Corte
Constitucional ha elaborado respecto del derecho a la salud en general son
aplicables frente a peticiones de tutela de la salud mental, por ser parte de
un mismo derecho y de un mismo sistema de seguridad social”[104].
En todo caso, teniendo
en cuenta que las afecciones psíquicas, implican en la generalidad de eventos
una pérdida de la capacidad de tomar decisiones y ejercer autonomía, casi
siempre recae el cuidado del enfermo mental en sus parientes más cercanos, a
quienes les asiste, en concordancia con el principio de solidaridad, el deber
de velar por su cuidado, suministrar el cariño y afecto necesario, procurando
en cualquier caso su integración al medio social[105].
Por lo anterior, el
derecho a la salud implica el autocuidado del enfermo, subsidiariamente la
intervención de su familia y en caso de ser imposible, la del Estado y la
sociedad en general[106].
El papel de la familia es primordial en la atención, pues cualquiera que sea el
tratamiento, debe involucrar la adaptación a su núcleo familiar, al cual en
virtud del artículo 5° constitucional le asiste el deber de solidaridad de
manera especial[107].
Por ello para determinar en cada caso el alcance del deber de
solidaridad deben tenerse en cuenta los siguientes criterios “(i) el
peligro de afectación de la integridad física y la vida de terceros, (ii)
la ausencia total de compromiso familiar con el paciente, (iii) las
condiciones infrahumanas de pobreza en las que vive el/la peticionario/a, (iv)
la disponibilidad de recursos económicos para cubrir los costos del
tratamiento, (v) la naturaleza de la enfermedad que enfrenta el
paciente, y (vi) el concepto del médico tratante, entre otros, son
criterios que ha valorado el juez constitucional para determinar cuál es el
alcance que el principio de solidaridad debe tener en cada caso en concreto”[108].
2.6.
EL DERECHO A LA
SALUD MENTAL FRENTE A GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Los actos de violencia conllevan consecuencias psicopatológicas,
no solo a nivel individual, sino también colectivo[109]
que dependen de diversos factores individuales, económicos y temporales[110].
2.6.1. Los principales daños causados a la salud
mental por graves violaciones a los derechos humanos
2.6.1.1.
Daños
individuales
La violencia genera daños psicológicos
individuales como graves alteraciones del sueño con insomnios y pesadillas,
síntomas depresivos y angustiosos y somatizaciones[111].
El miedo es la emoción más constante y generalizada y limita al sujeto,
impidiéndole realizar actividades cotidianas y esenciales y generando cambios cognoscitivos y
comportamentales como aislamiento, silencio, desinterés, deterioro de la
autoestima, sentimientos depresivos y la frecuente aparición de los recuerdos
de lo vivido que invade la memoria a través de imágenes y pensamientos
intrusivos[112].
El estudio de los efectos psicológicos frente
a actos masivos de violencia coincidió con el desarrollo de la Primera Guerra
Mundial, en la cual se detectó la existencia de un trastorno denominado shell
shock, cuyos síntomas eran tartamudeo, lágrimas, temblor, parálisis,
estupor, mutismo y ataques de ansiedad, insomnio, confusión, amnesia,
alucinaciones, pesadillas, problemas cardiacos, vómito y desórdenes
intestinales[113]. En la Segunda Guerra Mundial los
estudios se centraron en la creación de programas de monitoreo para evaluar no
solo las personas que sufren enfermedades mentales, sino también depresión o
mal comportamiento[114].
Después de la Guerra de Vietnam los
trastornos mentales ocasionados por los traumas de la guerra se incluyeron en
una categoría especial denominada stress postraumático[115], la cual sería incluida en el año 1980 en
el DSM III, según el cual se presentaba cuando: “1. La persona ha
experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos
caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los
demás 2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un
horror intensos”.
Esta definición fue actualizada en el DSM IV que señala que el stress postraumático se
presenta en cuatro (4) eventos: “1. Experiencia directa del suceso(s)
traumático(s). 2. Presencia directa del suceso(s) ocurrido a otros. 3.
Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar
próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un
familiar o amigo, el suceso(s) ha de haber sido violento o accidental. 4.
Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s)
traumático(s)”.
De esta manera, la mayoría de las víctimas
de situaciones de violencia generalizada son diagnosticadas con un desorden por
stress post traumático[116].
Las cargas de brutalidad y violencia muestran que muchas víctimas son sometidas
a situaciones de terror en condiciones de indefensión[117].
El trauma queda inscrito de forma inconsciente y retorna intempestivamente sin
que el sujeto pueda contenerla o reprimirla[118],
por lo cual la exposición a experiencias traumáticas en una guerra conduce a
elevados niveles de depresión y trastornos de la ansiedad[119].
2.6.1.2.
Los daños
colectivos
Los impactos psicológicos deterioran las
relaciones interpersonales, afectando las redes sociales y comunitarias[120],
transfiriendo sentimientos de rabia y dolor a terceros[121].
La existencia de sentimientos de culpa dentro de las familias víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos genera una destrucción de los lazos
afectivos, generando la reproducción del caos social[122].
Estos cambios cognoscitivos y comportamentales ocasionados por la guerra,
acarrean un proceso de deshumanización[123],
que afecta el tejido social, pues genera la indiferencia ante el dolor y la
tragedia.
El daño moral generado como causa de
graves violaciones a los derechos humanos, es el resultado del menoscabo de
valores significativos para las personas y las comunidades, pues muchos de los
actos violentos buscan degradar la dignidad de las personas y las comunidades,
devaluar ideales y creencias, y violentar los valores más íntimos[124].
Por otro lado,  la utilización de las
armas en la sociedad se convierte en algunas ocasiones en un modelo de admiración
e imitación para la comunidad ya que representan poder. Algunos hombres
idealizan la figura de comandante autoritario y violento o la de patriarca
regional que todo lo controla[125].
La violencia es una manifestación del poder, cuya  última manifestación es la
violencia en sí misma[126],
la cual aparece como último recurso para mantener intacta la estructura de
poder frente a los retos individuales[127],
multiplicando la violencia y los abusos.
2.6.1.3.
La
revictimización
Los efectos psicológicos de las graves
violaciones a los derechos humanos no solamente se presentan con ocasión del
mismo, sino también por una deficiente reacción del Estado a través de un
proceso de revictimización:
(i)    En primer lugar, asumir los procesos
legales, los trámites administrativos, y en ocasiones, las demandas de justicia
“no solo les representó a las víctimas (mujeres) jornadas extenuantes y
tener que someter a sus hijos al encierro o largas horas de abandono, sino que
las expone a nuevos maltratos y humillaciones por parte de actores armados e
incluso de algunos funcionarios públicos”[128].
En este sentido, en algunos casos la búsqueda de la verdad se ve trancada
cuando existe impunidad, y finalmente los programas psicosociales pueden
revictimizar al sujeto debido a que son actores dentro del proceso de
saneamiento[129].
(ii)  En segundo lugar, la visión uniforme de
víctima (manejada por el Estado) en donde se somete a una normatividad
generalizada, controla y anula al sujeto, lo que puede conllevar a una
revictimización[130].
Existen varios desafíos por parte del Estado frente a la prestación del
servicio de salud mental, ya que en muchas ocasiones las víctimas no quieren
que el servicio sea prestado por el Estado por desconfianza o la perdida de
legitimidad que este ha tenido[131].
En este sentido, existe un problema en el área de salud mental, el cual
consiste en la carencia de indicadores sobre las necesidades particulares. Se
ha generalizado la concepción de trauma, lo que no resulta completamente
erróneo ni positivo, ya que se puede realizar una revisión dentro de diferentes
campos, sin embargo, se deja de lado la individualización de la víctima[132].
(iii)      Finalmente, pueden existir efectos algunos
negativos frente a la víctima al recibir ayuda psicosocial como la disminución
de su autoestima o el sentimiento de amenaza si la ayuda proviene de una
persona que se encuentra en la misma posición de la víctima[133].
En consecuencia, puede existir una
revictimización por parte del Estado cuando hay fallas en la prestación de
servicios por múltiples razones como la dificultad para acceder a los servicios
y la falta de entendimiento de las víctimas por condiciones culturales de
género, edad, entre otros[134].
2.6.2.       La reparación de los daños a la salud
mental
Uno de los objetivos del Estado es
satisfacer las necesidades psicológicas de las víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos[135],
para lo cual debe asumir estrategias individuales y colectivas:
Concretamente en relación con las víctimas
es importante la reconstrucción de su identidad, el reconocimiento del estatus
de víctima o sobreviviente y la explicación de lo sucedido, como una herramienta
para su redignificación en la comunidad, ya que muchas veces han sido
estigmatizados e incluso criminalizados[136].
Desde un punto de vista colectivo, el
soporte social es determinante para disminuir la frecuencia de síntomas
ocasionados por eventos estresantes[137].
Por ello es necesario brindar soporte psicológico y restablecimiento de las
relaciones primarias de los niños con sus padres, la familia, la comunidad y en
algunos casos los demás grupos étnicos o sociales[138].
Otra forma de reparación implica la
realización de actos públicos en donde se recuerde de alguna forma a aquellas
personas que han fallecido o desaparecido. Resulta importante para las
víctimas, realizar una individualización del sujeto y un reconocimiento del
mismo[139].
Por lo anterior, se debe brindar apoyo social a través de equipos
interdisciplinarios con profesionales de la salud y ciencias humanas y
sociales. Es necesario preparar a la comunidad para que comprendan la
importancia de sus emociones, actitudes y acciones[140].
En todo caso, el tratamiento de las
víctimas debe ser especializado por los siguientes motivos:
-
De la misma forma en
que se debe diferenciar el tipo de víctima, se debe establecer a qué tipo de
violencia estuvo expuesta y determinar si fue era horizontal o vertical[141].
-
Dentro del Derecho y
la justicia penal, la verdad opera como reivindicación, mientras que en el
campo de la salud mental conlleva a una consecuencia dentro de cada individuo,
por lo cual no se puede someter la experiencia a una condición de generalidad o
universalidad[142].
-
Es de gran importancia
dentro del trabajo psicológico realizado por la sociedad, tener en cuenta que
la relación entre el sujeto y la comunidad varía según la cultura a la que
pertenece[143].
Para el caso concreto de las víctimas del
desplazamiento, la especialidad es aún más importante, pues normalmente son
personas que se encuentran en un proceso de adaptabilidad dentro del nuevo
espacio en donde proyectan su desarrollo económico y social. En este sentido se
debe integrar dos procesos: uno psicológico  que implica interiorizar los
paradigmas de la sociedad dominante, y otro socioeconómico referente
esencialmente al acceso de un trabajo formal[144].
2.6.3.       Los mecanismos especiales para la
protección de la salud mental frente a graves violaciones a los derechos
humanos en Colombia
2.6.3.1.
En la Sentencia
T-045 de 2010, la Corte Constitucional realizó un análisis del actual
servicio de salud a las víctimas de graves violaciones  a los derechos humanos,
haciendo énfasis en la salud  mental en el caso de las mujeres. En este fallo
se reiteró la necesidad de las víctimas de tener una atención integral del
servicio de salud, en el cual la prestación del servicio no puede verse
limitada a los planes básicos establecidos dentro del Régimen de Seguridad
Social Contributivo y Subsidiado, ya que dentro del mismo no se configuran las
especificidades que acaecen de la condición de ser víctima de situaciones de
violencia masiva.
Específicamente en relación
con las afectaciones mentales que sufren las mujeres que han sido víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos, la Sala resaltó que las mismas no
reciben adecuada atención terapéutica ni acompañamiento psicosocial para su
superación. Así, señaló:
“Ellas se han visto
expuestas a graves situaciones marcadas por la violencia, la discriminación y
la exclusión que en sí mismas constituyen hechos traumáticos que requieren elaboración
para así favorecer el proceso de reconstrucción del proyecto de vida. Las
mujeres víctimas tienen fuertes necesidades de atención en salud mental debido
a las presiones y cargas psicológicas derivadas de esta condición, aunadas
a la ruptura de los imaginarios sociales, redes de apoyo sociocultural y a la
experiencia de la pobreza y la violencia, cuyo procesamiento debe verse
aplazado o evadido ante la necesidad apremiante de responder por sus familias”[145].(Énfasis
fuera del texto)
Dentro del mismo fallo, la Corte reconoció
que los planes básicos del Sistema de Seguridad Social en Salud, no contemplan
atención psicológica y psiquiátrica de mediana y alta complejidad ni poseen un
enfoque psicosocial, que son elementos necesarios para la prestación integral
del servicio en el caso de víctimas de situaciones de violencia generalizada.
Por otro lado, esta Corporación admitió las circunstancias de extrema
vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en razón a su condición
femenina. Se aceptó que muchos de estos factores específicos no son compartidos
con los hombres, lo que conlleva a un impacto desproporcionado sobre las
mujeres.
Teniendo en cuenta lo anterior, se dispuso
la necesidad de que el Estado adopte medidas de diferenciación positiva con
enfoque de género para que se atiendan las condiciones de especial
vulnerabilidad derivadas de la condición de ser mujer víctima de situaciones de
violencia generalizada.
Sin embargo, la decisión no estuvo
limitada a favorecer a las mujeres. Esta Corporación decretó la urgencia en el
diseño e implementación de protocolos, programas y políticas de atención en
salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos, sus familias y comunidades, especialmente
en lo referente a los impactos psicosociales. Se señaló, de igual manera, que
estos programas deben incluir un enfoque diferencial en la prestación del
servicio de salud, teniendo en cuenta factores como el género, la etnia, edad,
condiciones psicosociales entre otros[146].
Se indicó, además, que estos protocolos,
programas y políticas debían comprender, entre otros aspectos: (i) un
ámbito de cobertura obligatorio que permita enfrentar la realidad fáctica de
las víctimas de desplazamiento forzado, en particular las afecciones a su salud
mental y emocional, (ii) un fortalecimiento de promoción y prevención de
la salud con enfoque diferencial, (iii) la capacitación de los
trabajadores de la salud en temas de impactos psicosociales de la violencia
sociopolítica, atención psicosocial en el campo de la salud mental y cuestiones
relacionadas con el género y otros impactos diferenciales como la etnia y la
edad, (iv) la garantía del acceso a los medicamentos, procedimientos
diagnósticos y atención por servicios especializados, estén o no cubiertos por
el POS, (v) la articulación interinstitucional que permita viabilizar
las intervenciones encaminadas al restablecimiento de la salud de las mujeres
víctimas y (vi) la existencia de profesionales capacitados y
cualificados en el área médica, de atención psicosocial y psiquiátrica y de
otros profesionales.
2.6.3.2.
La Ley de
víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) prescribió
especificaciones referentes a la prestación del servicio médico de salud mental
en sus artículos 137 y 138:
(i)    El artículo 137 de la ley dispone que el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social, debía crear
dentro de los seis (6) meses siguientes a partir de la expedición de la norma,
el Programa de Atención Psicosocial y de Salud Integral a Víctimas, comenzando
por las zonas con mayor presencia de víctimas; dentro de los aspectos que
debían ser incluidos en el programa se encuentran: 1. Pro actividad. 2.
Atención individual, familiar y comunitaria. 3. Gratuidad. 4. Atención
preferencial. 5. Duración. 6. Ingreso. 7. Interdisciplinariedad. Adicionalmente,
se determinó que el programa iba a ser financiado por conducto del Ministerio
de la Protección Social con cargo a los recursos del FOSYGA, de la subcuenta de
eventos catastróficos y accidentes de tránsito[147].
(ii)  De acuerdo con lo anterior, el artículo
138 dispuso que el Gobierno Nacional sería el encargado de reglamentar la
estructura, funciones y la forma en que operaría el Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, articulando la prestación del
servicio con las entidades territoriales[148].
2.6.3.3.
Por medio del Decreto
4800 de 2011 se materializó lo ordenado por la Ley 1448 de 2011, en donde
se exigió la creación del Protocolo de Atención Integral en salud con Enfoque
Psicosocial, el cual, tenía que ser creado dentro de los seis (6) meses
siguientes a la expedición de la presente norma. Esta orden se plasmó en el artículo
88 del Capítulo I.
De igual manera se determinó la urgencia
de tener en cuenta las necesidades específicas de la víctima, el hecho
victimizante, y las consecuencias de este sobre la población afectada[149].
El Protocolo de Atención Psicosocial, es
descrito en los artículos 163 y siguientes de la norma en mención, ubicados en
el Capítulo IV sobre medidas de rehabilitación. Dentro de los preceptos se
establece que será la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las
Víctimas, la encargada de diseñar las directrices del enfoque psicosocial del
programa. Las directrices tendrán que ser adoptadas por las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas[150].
En este sentido, el artículo 164 define al
Programa como “el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones
interdisciplinarias diseñadas por el Ministerio de Salud y la Protección Social
para la atención integral en salud y psicosocial”. El Ministerio de la
Protección Social sería el encargado de desarrollar herramientas de seguimiento
y monitoreo a la atención brindada a las víctimas[151].
De igual manera la norma delimitó las
funciones del PAPSIVI las que consisten en diseñar, coordinar y monitorear las
estrategias, planes y acciones de atención psicosocial y de salud integral a
las víctimas teniendo en cuenta los enfoques diferenciales de aspectos como el
género, ciclo vital, etnia y territorio. Se debe tener en cuenta el carácter
individual y colectivo del mismo, existe la obligación de definir los criterios
técnicos por medio de los cuales se deberá prestar el servicio, además de
limitar las estrategias de capacitación del personal encargado de ejecutar el
programa[152].
El Decreto define que el tratamiento
psicológico deberá ser prestado en diferentes actividades en el proceso de
reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como
lo sería la consecución de empleo, los planes de retorno y ubicación, además de
los planes de reparación colectiva. Esta atención debe ser brindada por la
UARIV con la ayuda del Ministerio de Salud y Protección Social. El Programa de
Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial debe garantizar que se
cumpla con los estándares de calidad mínimos establecidos en el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGC.
El PAPSIVI consta de dos componentes,
inicialmente se habla de la atención Psicosocial y en segundo lugar está la
atención integral en salud para las víctimas de situaciones de violencia
generalizada. El primero se centra en el daño psicosocial y el segundo en la
salud física y mental; este programa tiene como componentes la promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación general, los cuales se deben ejecutar
a través de estrategias simultáneas y trasversales de coordinación[153].
Las IPS primarias asignadas por las EAPB,
deben adoptar e implementar el Plan de Atención en salud física y mental con
enfoque psicosocial. En este sentido todos los actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, deben ajustar sus procedimientos con el fin de
brindar una atención integral en materia psicosocial, a las víctimas de
situaciones de violencia generalizada.
Si la persona es identificada como víctima
será beneficiaria de las medidas especiales contempladas para la atención
integral en salud física y mental con enfoque psicosocial y continuará el
proceso de atención en el servicio al cual haya solicitado atención a la IPS.
En el caso contrario se le indicará las actuaciones que debe realizar para
iniciar el proceso de declaración de su condición ante el Ministerio Público,
sin que esto se convierta en una barrera para su atención en salud; mientras el
sujeto es incluido en el RUV recibirá la atención prevista en el SGSSS. Por
otro lado, si la persona se encuentra afiliada al SGSSS continuara con el
servicio de salud solicitado; si no está registrada se iniciara la atención en
salud y se efectuaran los procedimientos para su afiliación.
Los servicios en salud se clasifican en
tres (3) tipos: 1. Atención inicial de urgencias. 2. Servicios posteriores a la
atención inicial de urgencias, y 3. Servicios electivos (no urgentes). Cuando
la persona ingresa a la IPS deberá ser valorada y catalogada dentro del sistema
de selección y clasificación de pacientes en urgencias TRIAGE, posterior a esto
se realizará la aplicación de los protocolos de atención para el tipo de
víctimas. Una vez se ha atendido la urgencia se determinara si la persona entra
a la IPS por hospitalización o hay lugar a la consulta externa. Igualmente se
deberá contactar con el referente equipo interdisciplinario del PAPSIVI para que
le asigne una cita para la atención psicosocial (se debe contar con el
consentimiento de la víctima). Posterior a esto se determinara el tratamiento a
seguir[154].
2.6.3.4.
En el año 2012 se
expidió la Resolución 0459, por medio de la cual se adoptó el Protocolo
y Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual.
2.6.3.5.
En el mes de marzo
de 2013, se realizó, el Informe respecto del Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral a las víctimas; en este documento se
establecieron los avances del programa PAPSIVI[155]
y se señaló la presencia de las siguientes barreras: 1. Desconocimiento del
personal de salud de la condición de las víctimas y maltrato en la atención. 2.
No hay priorización de las víctimas con discapacidad. 3. Deficiente capacidad
de oferta en el primer nivel, especialmente en las zonas rurales. 4. Demora en
la asignación de citas. 5. Entrega incompleta de medicamentos de alto costo. 6.
Pago de copagos a víctimas del régimen contributivo. 7. No hay pago de
transporte al paciente y acompañante para practicarse exámenes. 8. No atienden
a los pacientes de corregimientos y veredas oportunamente. 9. Demora por no
contar con la base de datos. 10. No hay rutas con el nuevo POS. 11. En salud
mental no se conoce sobre la oferta en los Municipios ni cómo acceder. 12. No
hay médicos en los Municipios para los enfermos mentales. 13. Los centros
especializados son muy pocos en el país, los cupos en los centros son limitados
y en muchos hay que pagar la atención[156].
2.6.3.6.
En el año 2013, se
expidió la Ley 1616 por medio de la cual se regula la prestación del
servicio de salud mental. En esta norma no se realizó un enfoque diferencial de
la población, sino que se dictaron medidas tendientes a los requerimientos en
salud mental de la sociedad en general. No obstante lo anterior, se hace una
mención expresa de la población desplazada en el artículo 35 que establece la
necesidad de implementar sistemas de vigilancia epidemiológica en eventos de
interés en salud mental. Esta orden se emitió al Ministerio de Salud y
Protección Social, las Direcciones Territoriales de Salud, Departamentales,
Distritales y Municipales[157].
A pesar de que la norma no haya incluido
un enfoque diferencial, terminó siendo un gran avance legislativo en la
materia, teniendo en cuenta que establece la carencia de efectividad dentro del
Sistema de Seguridad Social en Salud para atender pacientes con patologías
psicológicas.
2.6.3.7.
Posteriormente en
el año 2014, la Ley 1719 reguló el acceso a la justicia de las víctimas
de violencia sexual, en especial la causada con ocasión al conflicto armado
interno. Dentro de esta disposición se trató el tema de prestación de servicios
médicos frente a salud mental respecto de víctimas en el marco del conflicto
armado dentro del proceso penal.
El artículo 13 de la mencionada ley se
encuentra dentro del Capítulo III referente a la investigación y juzgamiento,
en el cual en su inciso 9 se establece la necesidad de que la víctima cuente
con asesoría legal y psicológica si así lo considera; de igual manera, el
artículo 22 contenido en el Capítulo IV respecto a las medidas de protección,
señala que las victimas tendrán derecho a la atención psicológica permanente si
lo requieren, para lograr su plena recuperación emocional[158].
De igual manera, el artículo 24 señala los
lineamientos del cuidado psicosocial para las víctimas de violencia sexual. En
este se dispone la necesidad de que el Sistema de Seguridad Social en Salud
cuente con profesionales idóneos y con programas especializados en la atención
de las víctimas con ocasión al conflicto armado. La atención psicosocial se
deberá prestar en el transcurso del proceso penal especial de Justicia y Paz,
todo lo anterior buscando que la víctima participe en los procesos de
exigibilidad de derechos a la verdad, justicia y reparación y a la superación
de los impactos emocionales derivados de la violencia sexual[159].
2.6.3.8.
Finalmente, en el
año 2015 la Corte Constitucional expidió el Auto 009 por medio del cual “se
realizó seguimiento a la orden segunda y tercera del auto 092 de 2008 referente
al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y
la creación e implementación de un programa de prevención del impacto de genero
mediante la prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el Marco del
Conflicto Armado y el Programa de Prevención de violencia Sexual contra la
Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus víctimas en el marco de
seguimiento de la sentencia T-025 de 2004”.
3.
CASO CONCRETO
3.1.
RESUMEN DE LOS
HECHOS
3.1.1.  Según afirma la actora, en el año dos mil
diez (2010) el grupo al margen de la ley denominado “Águilas Negras” la
sometió durante siete (7) a ella y a su hijo menor de edad a esclavitud
doméstica en su propia vivienda, ubicada en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba).
Las afectaciones a la salud psicológica, física y reproductiva que padecen ella
y su hijo son graves y requieren tratamiento especializado urgente, pues la
primera sufre un sangrado permanente y debe usar toallas higiénicas todos los
días desde hace tres (3) años, mientras que el menor de edad sufre de
incontinencia fecal y urinaria, por lo que requiere usar pañales de manera
continua.
3.1.2.  La accionante agregó que la atención
básica que recibieron en la EPS Nueva EPS, se les otorgó dentro del programa
ordinario de salud del POS, por lo que en determinadas ocasiones a la
accionante se le cobraron copagos, los cuales han sufragado con los recursos
que reciben del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía
General de la Nación, situación que la atribuye a la negligencia del Ministerio
de Salud. Sin embargo, durante el proceso la Secretaría de Salud de Bogotá informó
que tanto la accionante como su hijo fueron retirados de la EPS Nueva EPS, por
lo cual no se encontraban afiliados a ninguna EPS.
3.1.3.  Según la actora, el Programa de Protección
de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación les ha
proporcionado, en algunas ocasiones, la entrega de pañales y toallas
higiénicas, lo que la accionante considera insuficiente, ya que, a su juicio,
lo que ella y su hijo necesitan es un tratamiento integral, especialmente
dirigido a restablecer su salud como víctimas de violencia sexual.
3.1.4.  El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ha iniciado un proceso ordinario de restablecimiento de derechos, en
virtud del cual a la actora y a su hijo se les ha brindado atención
psicosocial, sin que la misma sea realizada con un enfoque especializado para
víctimas de violencia sexual causado por una situación de violencia
generalizada. En cuanto a atención en salud física, tal entidad no ha
proporcionado servicios ni a la accionante ni a su hijo.
3.1.5.  En virtud de lo anterior la accionante
solicitó: (i) ordenar a las entidades demandadas brindarle, a ella y a
su menor hijo, atención especializada y completa en salud sexual reproductiva y
psicológica y (ii) ordenar a las mencionadas entidades autorizar la
remisión del menor a la Institución Franklin Delano Roosevelt  y a PROFAMILIA,
con la uróloga Diana Soraya Torres, para su tratamiento especializado.
3.2.
DESCONOCIMIENTO
DEL DERECHO A LA SALUD DE LA ACCIONANTE Y DE SU HIJO
De acuerdo con las pruebas recaudadas en
este proceso se puede evidenciar que se desconoció el derecho a la salud de la
accionante y de su hijo, pues no se les estaba suministrando un tratamiento
integral y especializado en salud física y mental, tal como manifestó en
sentencia de primera instancia el Tribunal Superior de Bogotá el cuatro (4) de
abril de dos mil catorce (2014). En este sentido, incluso se demostró que la
accionante y su hijo fueron retirados de la Nueva EPS, por lo cual  en el
momento en el que se profirió la sentencia de primera instancia ni siquiera estaban
afiliados a la seguridad social.
En virtud de lo anterior, el Tribunal
Superior de Bogotá amparó los derechos fundamentales de la accionante y de su
hijo y adoptó una serie de decisiones para garantizarlos, ordenando: (i)
al Ministerio de Salud y Protección Social que en coordinación con la
Secretaría Distrital de Salud y la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía
afilien al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Régimen Subsidiado a la
accionante y a su grupo familiar, conforme su inscripción en los listados
censales de población especial en condición de desplazamiento a la EPS Caprecom
o a Capital Salud según la elección de los accionantes, (ii) al
Ministerio de Salud y Protección Social que junto con la Secretaría Distrital
de Salud dispongan las gestiones para que la EPS-S encargada de prestar el
servicio de salud a la accionante y al menor CEMM suministren el tratamiento
integral para la reparación de la salud; (iii) al Ministerio de Salud y
Protección Social que coordine acciones para que los recursos financieros
requeridos para costear los tratamientos disponibles y para que los obstáculos
administrativos sean superados e (iv) al I.C.B.F. y a la Oficina de
Protección y Asistencia de la Fiscalía que sigan prestando acompañamiento a la
accionante y a su hijo.
Esta Sala comparte la decisión y las
ordenes adoptadas para tutelar los derechos de la accionante y de su hijo y por
ello confirmará la Sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil catorce
(2014) por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó el fallo proferido el cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014)
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual resolvió
tutelar los derechos fundamentales invocados dentro del trámite de tutela
promovida por Celia contra el Ministerio de Salud y de la Protección Social, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Fiscalía
General de la Nación – Programa de Protección de Víctimas y Testigos – y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Sin embargo, esta Sala considera necesario
adicionar esta decisión para poder garantizar integralmente los derechos de la
accionante y de su hijo, así como también adoptará otras decisiones para evitar
que otras víctimas sufran la situación de desprotección que ambos han
soportado:
3.2.1.  Debe garantizarse la rehabilitación efectiva
de la accionante y de su hijo
La Corte Constitucional ha reconocido la
autonomía e importancia de los derechos de las víctimas de graves violaciones a
los Derechos Humanos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no
repetición, los cuales pueden garantizarse a través de medios ordinarios como
la administración de justicia o el sistema de seguridad social, pero en algunos
casos requieren de esfuerzos adicionales del Estado para que su materialización
sea pronta y efectiva.
En este sentido, el
delito no solamente causa perjuicios económicos, sino también crea profundas necesidades emocionales,
materiales y sociales en las víctimas[160], por lo cual se requiere la asistencia
psicológica, médica y social para lograr su dignificación[161].
Este proceso de desvictimización tiene por objeto la restitución o
resarcimiento del impacto o secuelas del hecho criminal con el objeto de que la
víctima retome su forma de vida anterior de la manera más pronta y menos
traumática posible[162].
Incluso, algunas víctimas de casos muy graves sufren un trauma tan profundo que
deben reacomodarse en la sociedad mediante tratamiento psicológico y asesoría
social[163], pues el delito las ha estigmatizado y
apartado de la comunidad, lo cual exige que se readapten mediante programas
especiales integrales de rehabilitación[164].
El concepto de rehabilitación
no solamente está compuesto de medidas tendientes a restablecer la salud física
del individuo a través del sistema de seguridad social en salud, sino que
comprende muchos más aspectos tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y
sicológicos como consecuencia del delito[165].
Al respecto incluye tanto los aspectos puramente somáticos, como también los
relacionados con su bienestar emocional o su salud mental, aspectos igualmente
necesarios para vivir y desarrollar una existencia digna[166].
Por lo anterior, el
desarrollo del derecho a la rehabilitación no comprende solamente medidas
destinadas a restablecer la salud física del individuo y, por ello, no puede
estar atribuido exclusivamente al Sistema de Seguridad Social en Salud, pues de
lo contrario no podrían cubrir todos los aspectos de la recuperación de las
víctimas, sino solamente sus componentes vitales más urgentes.
De esta manera, cuando
una persona ha sufrido profundas afectaciones en su salud mental y en su
desarrollo psicosocial como consecuencia de la violencia, no es suficiente con
afiliarla al Sistema de Seguridad Social en Salud ordinario para lograr su
rehabilitación, sino que deben adoptarse medidas adicionales para lograr su
efectiva recuperación, so pena que el sistema de rehabilitación de las víctimas
se convierta en una simple modificación de etiquetas a través de la cual el
Estado cambie de nombre a derechos que previamente tenía que brindar como
componentes del derecho a la salud.
Este aspecto es
especialmente importante en relación con aquellas personas que han sufrido
profundas afectaciones en su salud mental como consecuencia de graves
violaciones a sus Derechos Humanos, pues las mismas requieren un tratamiento
psicológico y psicosocial muy especializado, por lo cual canalizar sus
afectaciones a través del Sistema de Seguridad Social en Salud ordinario
implica condenarlas a continuar su sufrimiento y en algunas ocasiones incluso a
una doble victimización derivada de las deficiencias del sistema. Por lo
anterior, si bien en este caso la decisión de la primera instancia de afiliar a
la víctima y a su grupo familiar al sistema de seguridad social es una medida
muy importante para garantizar su derecho a la salud, no se considera
suficiente para garantizar su derecho a la rehabilitación. En virtud de lo anterior, se ordenará a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas que realice un plan sobre la adopción de medidas de restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en el presente caso.
Adicionalmente, como
consecuencia directa se
ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que a costa de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas: (i) remita el tratamiento del niño CEMM a la institución
Franklin Delano Roosevelt y (ii) remita al niño CEMM a PROFAMILIA para
su tratamiento urológico especializado.
3.2.2.  Necesidad de hacer una revisión integral
de la política sobre salud mental y sexual de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos
El presente caso ha evidenciado que pese a
los esfuerzos del Gobierno Nacional por intentar garantizar el derecho a la
salud mental de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos con
ocasión de actos de violencia generalizada, se hace necesario reforzar las
políticas e instrumentos para este objetivo, pues: (i) la accionante y
su hijo no estuvieron afiliadas durante mucho tiempo en el sistema de seguridad
social en salud, (ii) posteriormente no se les dio atención
especializada, sino que simplemente se delegó la prestación del servicio en una
E.P.S., (iii) no se hizo un plan de rehabilitación que respondiera a sus
especiales condiciones y (iv) se evidenció la desarticulación del
sistema, pues existen muchas entidades encargadas de realizar
actuaciones concomitantemente cuyas competencias se pueden sobreponer entre sí,
tal como sucede con  la Fiscalía General de la Nación , el Ministerio de Salud
y de la Protección Social, el ICBF y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, entre otras.
En este sentido, la propia Defensoría del
Pueblo manifestó la grave situación en la cual se encuentran las miles de
víctimas de violencia sexual y de enfermedades mentales causadas por la
situación de violencia generalizada, por lo cual se ordenará al Ministerio de
Salud y de Protección Social:
(i)      Emprender
un plan de verificación y seguimiento de la implementación del PAPSIVI en
relación con la prestación del servicio en salud mental y salud sexual de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
(ii)   Realizar
visitas de verificación a las entidades prestadoras de servicios en salud
mental y salud sexual.
(iii) Rendir un informe
respecto de las acciones adelantadas por las instituciones
encargadas de la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos en relación con la prestación de los servicios en salud mental y salud
sexual, el cual deberá ser rendido en un plazo máximo de dos (2) meses.
3.2.3.  Seguimiento
Teniendo en cuenta la importancia de la
verificación de las órdenes anteriormente señaladas, el cumplimiento de esta
sentencia será asumido directamente por esta Sala de revisión. Adicionalmente,
se ordenará a la Defensoría del Pueblo realizar un seguimiento a las órdenes
emitidas por la Corte Constitucional y de las medidas adoptadas por las
distintas entidades en la reparación integral de la señora Celia y su familia.
3.3. CONCLUSIONES
3.3.1. Sobre los
derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y en
especial el derecho fundamental a la rehabilitación de su salud mental
3.3.1.1. Las personas que hayan sufrido un
perjuicio como consecuencia de la violación de sus DD.HH., tienen derecho al
reconocimiento de su condición de víctimas, del cual se deriva el derecho a la
dignidad humana, que termina constituyéndose como un derecho de carácter
fundamental y autónomo a partir del cual se derivan los derechos a la verdad, a
la justicia, a la reparación y a la no repetición.
3.3.1.2. La jurisprudencia de la Corte ha señalado
las siguientes reglas para la interpretación del derecho a la reparación: (i) su reconocimiento expreso frente a víctimas de violaciones de
DD.HH., (ii) se encuentra regulado por el Derecho Internacional, (iii)
debe ser integral, (iv) incluye la restitución plena, (v) de no
ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación, (vi)
incluye medidas como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no
repetición, (vii) tiene una dimensión individual y colectiva, (viii)
la individual incluye la restitución, la indemnización y la readaptación o
rehabilitación; (ix) la colectiva se obtiene a través de medidas de
satisfacción y carácter simbólico o que se proyecten a la comunidad, (x)
incluye el reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal
actuación, (xi) desborda el campo de la reparación económica e incluye
la verdad y la justicia, (xii) debe diferenciarse de la asistencia y de
servicios sociales y de la ayuda humanitaria y (xiii) las políticas
públicas para hacerlo efectivo deben ser articuladas y complementarias.
3.3.1.3. La violencia que causa graves violaciones
a los derechos humanos afecta de manera diferencial y agudizada a las
mujeres por 2 factores: (i) los riesgos y vulnerabilidades específicos
de la mujer y (ii) las distintas cargas materiales y psicológicas
extraordinarias que se derivan para las mujeres sobrevivientes de los actos masivos
de violencia.
3.3.1.4. Las mujeres víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos son titulares de derechos especiales como los
siguientes: (i) la prohibición de la discriminación en la aplicación del
DIH, (ii) la prohibición del homicidio, (iii) la prohibición de
la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, (iv) la
prohibición de los castigos corporales y suplicios, (v) la prohibición
de mutilaciones, (vi) la prohibición de la violencia de género o sexual,
de la prostitución forzada y de los atentados contra el pudor; (vii) la
prohibición de la esclavitud y de la trata, (viii) la prohibición del
trabajo forzado no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición de las
desapariciones forzadas, (x) la prohibición de la privación arbitraria
de la libertad, (xi) la prohibición de los castigos colectivos, (xii)
la obligación de respetar la vida familiar, (xiii) la obligación de
proteger los derechos de las mujeres afectadas, (xiv) la obligación de
proteger los derechos especiales de las niñas y (xv) la obligación de
respetar los derechos de las mujeres de la tercera edad y en situación de
discapacidad.
3.3.1.5. La salud mental es un derecho fundamental
de las personas que se encuentra estrechamente relacionado con su dignidad
humana que exige el cumplimiento de una serie de criterios como son: (i)
su protección diferenciada, (ii) la imposibilidad de excluir de su
cobertura los padecimientos relacionados con la sanidad mental, (iii)
las personas que padecen una enfermedad mental y sus familias son sujetos de
especial protección constitucional y merecen mayor atención por parte de la sociedad
y (iv) debe ser prestado por el Estado y la familia debe ser solidaria
en su prestación.
3.3.1.6. Los actos violencia generalizada conllevan
consecuencias psicopatológicas, no solo a nivel individual, sino también
colectivo que dependen de diversos factores individuales, económicos y
temporales: (i) desde el punto de vista individual, la mayoría de las
víctimas de graves actos de violencia son
diagnosticadas con un desorden por stress post traumático, si bien pueden
sufrir otras patologías, (ii) desde el punto de vista colectivo los
impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales, afectando las
redes sociales y comunitarias, transfiriendo sentimientos de rabia y dolor a
terceros que motiva la violencia y el rencor en la sociedad. Por lo anterior,
el tratamiento de salud mental de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos debe ser especializado.
3.3.1.7. Los efectos psicológicos de graves
violaciones a los derechos humanos pueden multiplicarse a través de una
revictimización por una deficiente reacción del Estado por los siguientes
factores: (i) asumir los procesos legales y administrativos representa
jornadas extenuantes y tener que someter a sus hijos al encierro o largas horas
de abandono y las expone a nuevos maltratos y humillaciones por los actores
armados y algunos funcionarios, (ii) la visión uniforme de víctima
somete a una normatividad generalizada que controla y anula al sujeto y (iii)
pueden existir algunos efectos negativos de la ayuda psicosocial como la
disminución de la autoestima en el sujeto con personalidad autónoma y el
sentimiento de amenaza si la ayuda proviene de una persona que se encuentra en
la misma posición.
3.3.1.8. El delito no solamente
causa perjuicios económicos, sino también crea profundas necesidades emocionales, materiales y sociales en
las víctimas, por lo cual se requiere la asistencia psicológica, médica y
social para lograr su dignificación, lo cual coloca en cabeza de las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos el derecho fundamental a la
rehabilitación entendida como el conjunto de
estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico,
psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas
y psicosociales y a su reintegración a la sociedad. El desarrollo de este
derecho no comprende solamente medidas destinadas a restablecer la salud física
del individuo y, por ello, no puede estar atribuido exclusivamente al Sistema
de Seguridad Social en Salud, pues de lo contrario no podría cubrir todos los
aspectos de la recuperación de las víctimas, sino solamente sus componentes
vitales más urgentes.
3.3.2.
En relación con la vulneración de los derechos de la accionante
3.3.2.1. Según afirma la actora, en el año dos mil
diez (2010) el grupo al margen de la ley denominado “Águilas Negras” sometió
durante siete (7) meses a la accionante y a su hijo menor de edad a esclavitud
doméstica en su propia vivienda, por lo cual las afectaciones a su salud
psicológica, física y reproductiva son graves y requieren un tratamiento
especializado.
3.3.2.2. El Tribunal Superior de Bogotá amparó los
derechos fundamentales de la accionante y de su hijo y adoptó una serie de
decisiones para garantizarlos ordenando su afiliación al Sistema de Seguridad
Social en Salud, decisión que se comparte pero se considera necesario
adicionarla para poder garantizar integralmente sus derechos:
3.3.2.2.1. Debe garantizarse el derecho a la
rehabilitación efectiva de la accionante y de su hijo, pues el delito no solamente les ha causado causa perjuicios
económicos y físicos sino también profundas necesidades emocionales,
materiales y sociales. Por lo anterior, se
ordena a la UARIV
que diseñe un plan y adopte medidas de restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, incluyendo la prestación del
servicio en salud mental según lo establecido en el Programa PAPSIVI.
3.3.2.5. El presente caso ha evidenciado que pese
a los esfuerzos por intentar garantizar el derecho a la salud mental de las
víctimas de graves violaciones a los DD.HH., se hace necesario reforzar las
políticas e instrumentos para este objetivo. Por lo anterior, se ordenará al
Ministerio de Salud y de Protección Social:
(i)    Emprender
un plan de verificación y seguimiento de la implementación del PAPSIVI en
relación con la prestación del servicio en salud mental y salud sexual de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
(ii)   Realizar
visitas de verificación a las entidades prestadoras de servicios en salud
mental y salud sexual.
(iii) Rendir un informe
respecto de las acciones adelantadas por las instituciones
encargadas de la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos en relación con la prestación de los servicios en salud mental y salud
sexual, el cual deberá ser rendido en un plazo máximo de dos (2) meses.
4.
DECISION
En mérito de lo anterior, la Sala
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014)
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el
fallo proferido el cuatro (4) de abril de dos mil catorce (2014) por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual resolvió tutelar los
derechos fundamentales invocados dentro del trámite de tutela promovida por
Celia contra el Ministerio de Salud y de la Protección Social, la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Fiscalía General de la
Nación – Programa de Protección de Víctimas y Testigos – y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
SEGUNDO.- ORDENAR a
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
que, diseñe un plan y adopte medidas de restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición, incluyendo dentro del mismo, la
prestación del servicio en salud mental de acuerdo con lo establecido en el
Programa PAPSIVI, en favor de la señora Celia y su hijo. De igual manera, se
debe tener en cuenta que la prestación del servicio médico en salud, deberá
tener un enfoque diferencial de género y edad con base en las necesidades de
los accionantes.
TERCERO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para que a costa de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas remita el tratamiento del niño
CEMM a la institución Franklin Delano Roosevelt.
CUARTO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para que a costa de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas remita al niño CEMM a
PROFAMILIA para su tratamiento especializado.
QUINTO.-  ORDENAR al
Ministerio de Salud y la Protección Social:
1.       Emprender
un plan de verificación y seguimiento de la implementación del PAPSIVI en
relación con la prestación del servicio en salud mental y salud sexual de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
2.       Realizar
visitas de verificación a las entidades prestadoras de servicios en salud
mental y salud sexual.
3.       Rendir
un informe respecto de las acciones adelantadas por las instituciones
encargadas de la atención a las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos en relación con la prestación de los servicios en salud mental y salud
sexual, el cual deberá ser rendido en un plazo máximo de dos (2) meses.
SEXTO.- ORDENAR a la Defensoría del
Pueblo realizar seguimiento de las ordenes emitidas por esta Corporación y de
las medidas adoptadas por las diferentes entidades, en cuanto a la prestación
del servicio de salud mental de la señora Celia y su
hijo CEMM. La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional hará un seguimiento estricto del cumplimiento de las órdenes
contenidas en la presente providencia.
SÉPTIMO.- Por Secretaría LIBRAR las
comunicaciones de que trata el Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sentencia de la Corte Constitucional, T-
045 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa
[2] Sentencia de la Corte Constitucional, T-
045 de 2010; M.P. María Victoria Calle Correa.
[3] Solicita se emitan las siguientes
órdenes: 1. Al Ministerio de Salud y de Protección Social que: (i) rinda
informe de las acciones adelantadas para la conformación y sesión de los
comités interinstitucionales de atención a víctimas de violencia sexual y
violencias basadas en el género; (ii) verifique la presencia de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
dentro de las entidades participantes en los comités interinstitucionales de
atención a víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género; 2. A la
Dirección de Promoción y Prevención: proveer de recursos económicos y de
personal suficiente y capacitado al grupo de violencias basadas en género para
la implementación de la Resolución 2003 de 2014. 3. Al Grupo de violencias
basadas en género de la Dirección de Promoción y Prevención que (i) emprenda un
plan de verificación y seguimiento de la implementación de la Resolución 2003
de 2014, (ii) especifique mediante lineamientos, el perfil de las personas que
deben capacitar a los profesionales de la salud encargados de implementar la
Resolución 2003 de 2014, (iii) realice un plan de capacitación de alcance
nacional a las entidades prestadoras de salud, (iv) lleve a cabo visitas de
verificación a las entidades prestadoras de salud, y (v)designe a un
profesional especializado de su dependencia para que acompañe a la señora Celia
y su hijo durante las atenciones requeridas. 4. Que en coordinación con la
Secretaría Distrital de Salud y con las instituciones que se designaran para la
prestación de  los servicios de salud (i) convoquen inmediatamente a una junta
médica de los profesionales encargados de la atención de la señora Celia  y su
hijo, (ii) garanticen que la atención de la señora Celia, su hijo y demás
miembros de su familia sea llevada a cabo por profesionales especializados y
con experiencia en la atención de víctimas del conflicto armado, y (iii)
garanticen atención con enfoque psicosocial a las víctimas. 5. A la Secretaría
Distrital de Salud: se vincule a la Secretaría Distrital de Salud con el fin de
que implemente las órdenes relativas a la atención en salud física y mental de
la señora Celia, su hijo y demás miembros de su grupo familiar. 6. A la
Superintendencia Nacional de Salud: (i) se vincule al proceso a la
Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que lleve a cabo las
investigaciones pertinentes del caso; (ii) informe si tiene un grupo especial
de profesionales capacitados en género que hagan labores de inspección,
vigilancia y control de la atención en el SGSSS de pacientes víctimas de
violencias basadas en género. 7. A la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas: (i) que proceda a realizar todas
las acciones conducentes a la entrega efectiva de la indemnización debida; (ii)
Realizar un plan sobre la adopción de medidas de restitución, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición en el presente caso. 8. Al Programa
de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, en
articulación con las entidades del Comité del numeral 3, a brindar los medios
para el transporte requeridos y adoptar las medidas de seguridad de la familia.
9. A la Defensoría del Pueblo: realizar seguimiento a las órdenes emitidas por
la Corte Constitucional y de las medidas adoptadas por las distintas entidades
en la reparación integral de la señora Celia y su familia.
[4] Folios 16-17, Cuaderno de Primera
Instancia
[5] Folio 18, Cuaderno de Primera Instancia
[6] Folio 19, Cuaderno de Primera Instancia
[7] Folio 28, Cuaderno de Primera Instancia
[8] Folio 30-31, Cuaderno de Primera
Instancia
[9] Folio 32, Cuaderno de Primera Instancia
[10] Folio 33, Cuaderno de Primera Instancia
[11] Sentencias de la Corte Constitucional
T-265 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-141 de 2011,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-253A de 2012,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[12] Sentencia de la Corte Constitucional
C-282 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Sentencia de la Corte Constitucional
C-004 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional
C-370 de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; Jaime Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur
Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[15] Sentencia de la Corte Constitucional
C-370 de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; Jaime Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur
Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[16] Sentencia de la Corte Constitucional,
C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[17] Sentencia de la Corte Constitucional,
T-576 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[18] Sentencia de la Corte Constitucional,
C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[20] Principio 2 del Conjunto de Principios
para la protección y promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra
la impunidad.
[21] Sentencias de la Corte Constitucional
C-293 de 1995, MP, Carlos Gaviria Díaz; C-228 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; y C-936 de 2010.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[22] Sentencia de la Corte Constitucional,
C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[23] Ver, entre otros, los casos Velásquez
Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos
(fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención
Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes
que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[24] Sentencias de la Corte Constitucional T-
443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y  C- 293 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[25] Sentencia de la Corte Constitucional C-715
de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] Sentencia de la Corte Constitucional C-099
de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.
[27] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[28] La Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han estimado que las personas
que ignoran el paradero de familiares desaparecidos se encuentran en una
situación tal de angustia y ansiedad que encuentran violado su derecho a la
integridad psíquica y moral y, por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano
o degradante. Al respecto se puede consultar, entre otras, la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Blake Vs. Guatemala,
(Sentencia de enero 24 de 1998); Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala,
(Sentencia de Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala,
(Sentencia de noviembre 8 de 2000).
[29] Sentencias de la Corte Constitucional
C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006,
M.P: Álvaro Tafur Galvis y C-454 de 2006.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[30] Sentencia de la Corte Constitucional
C-370 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas
Hernández.
[31]
Sentencias de la Corte Constitucional C-454 de 2006.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-936 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-260 de 2011,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.C-1149 de 2001.
[32] Sentencia de la Corte Constitucional,
C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[33] Sentencia de la Corte Constitucional
C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[34] Sentencia de la Corte Constitucional,
C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[35] Sentencia de la Corte Constitucional C-
412 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C-
275 de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
[37] Principios relativos a una eficaz
prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o
sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la
Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989.
Citados en la sentencia de la Corte Constitucional, C-293 de 1995, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[38] Sentencias de la Corte Constitucional
C-715 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-099 de 2013.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[39] Cfr. Art. 33 del Conjunto de principios
para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra
la impunidad. En este mismo sentido, ver Sentencia de la Corte Constitucional
C-454 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[40] Ver Pelayo Moller, Carlos María y Ferrer
Mac-Gregor, Eduardo. “La obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos
humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana”. Centro de
Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, Año 10, No. 2, 2012,
pp. 141-192. ISSN 0718-0195.
[41]Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No.
7, párr. 25, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo,
Reparaciones y Costas, párr. 239, Caso Mohamed contra Argentina (2012), párr.
140.
[42] Corte IDH. Caso González y Otras (Campo
Algodonero), párr. 236.
[43] Observación
General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos
Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de
sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004).
[44] Refiriéndose a la reparación de los daños
sufridos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de Derechos Humanos o las violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario en la resolución 2005/35 de los  “Principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de  violaciones de las normas internacionales de Derechos Humanos
y del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”.
[45] Sentencias de la Corte Constitucional,
C-370 de 2006, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; Jaime Córdoba Triviño; Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro Tafur
Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[46] Sentencia de la Corte Constitucional
C-1199 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[47] Sentencia de la Corte Constitucional
C-454 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[48] Sentencia de la Corte Constitucional
SU-254 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49]
Sentencias de la Corte Constitucional C-715 de 2012.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva Y C-099 de 2013.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[50] Ver ONU. Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición y  Resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas 60/147 de 2005, “Principios y directrices básicos, sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
[51] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006,
M.P: Jaime Córdoba Triviño.
[52] Instituto Interamericano de Derechos
Humanos: Diálogos sobre la reparación, Experiencias en el sistema
interamericano de derechos humanos, Tomo 2, 2008.
[53] Cfr.
ONU, Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/rev.1, Art.
33. Ver también ONU. Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente
encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la
impunidad.  (8 de febrero de 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1.
[54] Ibíd.
[55] Sentencia de la Corte Constitucional C-979 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[56] Ver la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer el art. 4.f.
[57] Ver Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez
Vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988. Párr. 175. De forma similar,
el art. 4.f de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer dispone que los estados deben “[e]laborar, con carácter general,
enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política,
administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra
toda forma de violencia”. Sobre la obligación de adoptar medidas de
prevención en distintos ámbitos de los Derechos Humanos, consultar: arts. 7.d y
8 de la Convención de Belem do Pará; Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/52/86 “Medidas de prevención del delito y de
justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer”, 2 de febrero de 1998; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informe “Acceso a la justicia para
las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007;
[58] Organización de las Naciones Unidas ONU, “La
violencia contra la mujer en la familia”: Informe de la Sra. Radhika
Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado
de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN
Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita tomada en Corte IDH,
caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de
noviembre de 2009.
[59] Por ejemplo, en el Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos el art. 3.a de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW,
dispone que los Estados deben adoptar medidas para “a) Modificar los
patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres”.
[60] Ver Corte IDH, caso González y otras
(Campo Algodonero) vs. México sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[61] Por ejemplo, el artículo 4.h de la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resalta la importancia de
destinar suficientes recursos para prevenir y eliminar la violencia contra la
mujer.
[62] Ver ONU. Comité de los Derechos del Niño,
Convención de los Derechos del Niño, Observación General 13 relativa al
“Derecho del niño de no ser objeto de ninguna forma de violencia” (18 de abril
de 2011).
[63] Ver Corte IDH, caso González y otras
(Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
[64] HENRY, Nicola, Witness to
Rape: The Limits and Potential of International War Crimes Trials for Victims
of Wartime Sexual Violence, The International Journal of Transitional Justice,
Vol. 3, 2009, 114–134. Sentencia
de la Corte Constitucional C - 335 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
ORJUELA RUIZ, A.: Discriminación, violencia y justicia de género,
Análisis a la luz del caso de El Salado, Tesis, Universidad Nacional, 2012, 62;
CÉSPEDES – BÁEZ, Lina: La violencia sexual en contra de las mujeres como
estrategia de despojo de tierras en el conflicto armado colombiano, Revista de
Estudios Socio-Jurídicos., Bogotá (Colombia), 12(2): 273-304, julio-diciembre
de 2010. Véase también sobre la gravedad de las vulneraciones de los derechos
humanos de las mujeres en el conflicto armado: BERNAL ACEVEDO, Gloria Lucía: El
relato visceral en lo criminal, Grupo Editorial Ibáñez – Uniediciones, Bogotá,
2013.
[65] Sentencia de la Corte Constitucional T-496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[66] Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 3318 (XXIX) del 14 de diciembre de 1974.
[67] Auto A 092 de 2008: “Tercero.- Para
prevenir el impacto desproporcionado y diferencial del desplazamiento forzado
sobre las mujeres colombianas, y proteger de manera efectiva los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento, se ORDENA al Director
de Acción Social que lleve a su debido término el diseño e implementación de
los trece Programas enunciados en la presente providencia para colmar los
vacíos críticos en la política pública de atención al desplazamiento forzado, a
saber:
a. El Programa de Prevención del Impacto de Género
Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos
Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado.
b. El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la
Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
c. El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y
Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas.
d. El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres
Desplazadas.
e. El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de
Hogar, de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de
Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada.
f. El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores
de 15 Años.
g. El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la
Tierra por las Mujeres Desplazadas.
h. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres
Indígenas Desplazadas
i. El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres
Afrodescendientes Desplazadas.
j. El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer
Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Desplazadas
Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción
Social, Cívica o de los Derechos Humanos.
k. El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres
Desplazadas como Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la
Reparación y la No Repetición.
l. El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.
m. El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema
de Protección por las Mujeres Desplazadas”.
[68] Sentencia de la Corte Constitucional,
C-776 de 2010, M.P. Jorge
Iván Palacio. “…para la Corte, la concepción expansiva, universal, amplia e integral del
derecho a la salud impide restringir su protección a prestaciones tales como
valoración médica, tratamientos, procedimientos quirúrgicos, medicación o
suministro de medicamentos, dado que la naturaleza misma de este derecho
comprende una gran diversidad de factores, que tanto la ciencia médica como la
literatura jurídica no alcanzan a prever, y en esa medida, en aras de proteger
adecuadamente el derecho a la salud, el Legislador puede permitir que
determinados tratamientos y prestaciones hagan parte de las garantías
consagradas en favor del paciente o de quien resulte víctima de actos
violentos. En estas condiciones, en aplicación del concepto amplio e integral
del derecho a la salud, aunado al principio de progresividad aplicable al
mismo, como también a las circunstancias dentro de la cual se ampara este
derecho, permiten considerar que el reconocimiento de las prestaciones
relacionadas con alojamiento y alimentación durante el periodo de transición
requerido por las mujeres víctimas de agresiones físicas o psicológicas, no
pueden dejar de ser consideradas sino como ayudas terapéuticas propias del
tratamiento recomendado por personal experto y requerido por las personas que
resultan afectadas, resultando indispensable la reubicación temporal de quienes
razonablemente, según la ley y el reglamento, ameritan un tratamiento
preferencial y especial, sin que ello signifique vulneración de lo establecido
en el artículo 49 de la Carta Política.”
[69] Las organizaciones de mujeres que
acompañan casos de violencia sexual, han documentado entre otras, las
siguientes afectaciones en la salud sexual y reproductiva de las víctimas de
violencia sexual: (i) enfermedades de trasmisión sexual, (ii) cáncer y (iii)
necesidad de histerectomías. En este punto, vale la pena mencionar que, aunque el Ministerio de Salud cuenta con la
Resolución 459 de 2012, por medio del cual se establece el protocolo de
atención para víctimas de violencia sexual, este instrumento no cuenta con unos
procedimientos específicos para casos de atención de casos de violencia sexual
relacionados con el conflicto armado interno.
[70] Dicho documento cobra importancia en el
asunto estudiado, pues parte del reconocimiento de los principales obstáculos
institucionales para la prevención y atención efectiva de las mujeres víctimas
de violencia sexual y el desplazamiento forzado de las mismas, constituyéndose,
como lo resaltó la Sala, en un primer esfuerzo para el diseño de lineamientos
generales que permitan la implementación de una política de atención y
prevención de la violencia sexual dentro del conflicto armado y el
desplazamiento forzado.
[71] De tal manera, dicha norma prevé, entre
otros aspectos,: (i) la atención en salud gratuita para las mujeres víctimas de
violencia sexual, por el tiempo que sea necesario y sin previa declaración o
denuncia de los hechos; (ii) la atención psicosocial para las mujeres víctimas
y sus familias, brindada por personal idóneo, de manera continuada y desde la
fase inicial de los procesos judiciales o administrativos y (iii) la promoción
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas, así como la
promoción general de la equidad de género.
[72] RESTREPO ESPINOZA, María Helena: Salud
mental y desplazamiento forzado, Editorial Universidad del Rosario/ Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá D.C., 2012, Introducción P. XVI.
[73] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-659 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T- 307 de 2006, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto;  T-548 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-057
de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-141 de 2014, M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-780 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva;  T-578 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-659 de 2003, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra; T-307 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-578 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos;   y, T-372 de 2012, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
[74] Sentencias de la Corte Constitucional, T-548 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto y  T-578 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[75] Sentencias de la Corte
Constitucional, T-248 de 1998, M.P. José Gregório Hernández Galindo; T-979 de 2012, M.P.
Nilson Pinilla; T-248 de
1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T- 926 de 1999. M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz,  T-1005 de 2004,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-248 de 1998
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-949 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[76] Sentencias
de la Corte Constitucional T-578 de 2013, MP. Alberto Rojas Ríos y T-057 de
2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[77] Sentencia de la Corte Constitucional,
T-494 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[78] Sentencia
de la Corte Constitucional T-578 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[79] RESTREPO ESPINOZA, María Helena: Salud
mental y desplazamiento forzado, Editorial Universidad del Rosario/ Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá D.C., 2012, 82.
[80] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-1019 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-1005 de 2004, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[81] Sentencia de la Corte Constitucional,
T-306 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
[82] Sentencia
de la Corte Constitucional, T-578 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
[83] Sentencia
de la Corte Constitucional, T-578 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
[84] Artículo 12 numeral 2. “b) El
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente”
[85] Sentencia
de la Corte Constitucional, T-578 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[86]  Protocolo de San Salvador de 1988,
artículo 10.
[87] Protocolo de San Salvador de 1988,
artículo 9.
[88] Protocolo de San Salvador de 1988,
artículo 18.
[89] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-414 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica; T-409 de 2000, M.P.
Álvaro Tafur Galvis y T-1019 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[90] Sentencias de la Corte Constitucional
T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández; T-414
de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica; T-409 de 2000, M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[91] Sentencias de la Corte Constitucional
T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández y T-414
de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica.
[92] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-666 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes;   T-016 de 2007, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto;  T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinoza y T-578 de  2013, M.P Alberto Rojas Ríos.
[93] Sentencias de la Corte Constitucional,  T-306 de 2006, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-578 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-057 de 2012, M.P.
Humberto Sierra Porto-  Segundo
Principio. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la
Salud Mental. División De Salud Mental Y Prevención Del Abuso De Sustancias
de la OMS. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la
Salud Mental.
[94] Al respecto la Sentencia de la Corte
Constitucional T-1090 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, al conocer el
caso de un paciente con ‘esquizofrenia indiferenciada’ que fue dado de alta
― contra la voluntad de sus familiares ― con orden de tratamiento psiquiátrico
de tipo ambulatorio, esta Corporación advirtió que los enfermos
mentales tienen derecho a no ser hospitalizados o internados de manera
definitiva, bien porque se trate de una medida de seguridad de internación
psiquiátrica impuesta a unos inimputables, o de cualquier paciente internado en
un hospital; si el concepto médico dispone que no es necesario un tratamiento
intrahospitalario, la persona tiene derecho a ser reintegrado a su entorno
social normal, recibiendo el servicio médico acorde con su dignidad y a sus
derechos a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad.
[95] Sentencia
de la Corte Constitucional, T-887 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[96] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-1019 de 2004, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[97] Artículo 11 de la Ley 1306 de 2009.
[98] Artículo 12 de la Ley 1306 de 2009. Sentencias de la Corte Constitucional, T-578 de 2013,
M.P. Alberto Rojas Ríos y T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernàndez.
[99] En este sentido la Corte sostuvo que: Por
supuesto, las entidades públicas o privadas encargadas de prestar los servicios
de salud no pueden excluir de su cobertura los padecimientos relacionados con
el equilibrio y la sanidad mental y sicológica de sus afiliados o beneficiarios
en ninguna de las fases o etapas de evolución de una determinada patología.
Sentencias de la Corte Constitucional, T-248 de 1998 José Gregorio Hernández
Galindo, T-949 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[100] Ha definido la Corte que “no es
indispensable, para tener derecho a la atención médica, que el paciente se
encuentre en la fase crítica de una enfermedad sicológica o mental. Aceptarlo
así equivaldría a excluir, en todos los campos de la medicina, los cuidados
preventivos y la profilaxis. Habría que esperar la presencia del padecimiento
en su estado más avanzado y tal vez incurable e irreversible para que tuviera
lugar la prestación del servicio”, en la sentencia T-248 de 1998
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, reiterada en las T- 124 de 2002
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-458 de 2009
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[101] Sentencia de la Corte Constitucional, T-949 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[102] Sentencia de la Corte Constitucional
T-949 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[103] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-248 de 1998, M.P. José Gregorio Hernàndez y T-414
de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica.
[104] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-306 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto; T-887
de 2013, M.P. Luis Guillermo Pérez; T-578 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[105] En la Convención sobre los Derechos de
las personas con Discapacidad uno de los principios es “la participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad”, en correspondencia con el
Principio 3 de los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el
Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, según el cual “Toda
persona que padezca una enfermedad mental tendrá derecho a vivir y a trabajar,
en la medida de lo posible, en la comunidad” y Sentencia de la Corte
Constitucional, T-949
de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[106] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-505 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-209 de 1999
M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-398 de 2000
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-558 de 200
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-507 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[107] Sentencia de la Corte Constitucional, T-949 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[108] Sentencias de la Corte Constitucional,
T-057 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-949 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[109] BARÓ, Martín: Poder, ideología y
violencia, Editorial Trotta, Barcelona- España, 2003, 165.
[110] BARÓ, Martín: Poder, ideología y
violencia, Editorial Trotta, Barcelona- España, 2003, 344.
[111] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013,
267.
[112] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013,
268.
[113] WAR & Mental Health | Hans
Pols, PhD, and Stephanie Oak, BMed, FRANZCP. American Journal of Public Health
| December 2007, Vol 97, No. 12, 2134.
[114] WAR & Mental Health | Hans
Pols, PhD, and Stephanie Oak, BMed, FRANZCP. American Journal of Public Health
| December 2007, Vol 97, No. 12, 2134
[115] WAR & Mental Health | Hans
Pols, PhD, and Stephanie Oak, BMed, FRANZCP. American Journal of Public Health
| December 2007, Vol 97, No. 12, 2140
[116] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 594.
[117] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013,
309.
[118] RESTREPO ESPINOZA, María Helena: Salud
mental y desplazamiento forzado, Editorial Universidad del Rosario/ Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá D.C., 2012, 8.
[119] MORINA Nexhmedin / EMMELKAMP,
Paul M G: Health care utilization, somatic and mental health distress, and well-being
among widowed and non-widowed female survivors of war, BMC Psychiatry 2012,
12:39
[120] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013, 265.
[121] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013,
265.
[122] PALACIO SAÑUDO, Jorge / SABATIER,
Colette: Impacto psicológico de la violencia política en Colombia (Salud
mental y redes sociales en familia desplazadas del Caribe), Editorial Uninorte,
Barranquilla- Colombia, 2002, 93.
[123] BARÓ, Martín: Poder, ideología y
violencia, Editorial Trotta, Barcelona- España, 2003, 367.
[124] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013,
269.
[125] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013,
275.
[126] ARENDT, Hanna: Sobre la violencia, Editorial
Alianza, Madrid- España, 2005-2014, 48.
[127] ARENDT, Hanna: Sobre la violencia, Editorial
Alianza, Madrid- España, 2005-2014, 64.
[128] Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación/ Grupo de Memoria Histórica: Informe General- ¡Basta ya!
Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Editorial Centro Nacional de Memoria
Histórica- Departamento para la Prosperidad Social, Bogotá- Colombia, 2013, 306.
[129] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 616.
[130] RESTREPO ESPINOZA, María Helena: Salud
mental y desplazamiento forzado, Editorial Universidad del Rosario/ Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá D.C., 2012, 11.
[131] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 612.
[132] RESTREPO ESPINOZA, María Helena: Salud
mental y desplazamiento forzado, Editorial Universidad del Rosario/ Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá D.C., 2012, Introducción P. XVIII.
[133] PALACIO SAÑUDO, Jorge / SABATIER,
Colette: Impacto psicológico de la violencia política en Colombia (Salud
mental y redes sociales en familia desplazadas del Caribe), Editorial Uninorte,
Barranquilla- Colombia, 2002, 93.
[134] RESTREPO ESPINOZA, María Helena: Salud
mental y desplazamiento forzado, Editorial Universidad del Rosario/ Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá D.C., 2012, Introducción P. XVII.
[135] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 580.
[136] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 605.
[137] PALACIO SAÑUDO, Jorge / SABATIER,
Colette: Impacto psicológico de la violencia política en Colombia (Salud
mental y redes sociales en familia desplazadas del Caribe), Editorial Uninorte,
Barranquilla- Colombia, 2002, 93.
[138] PALACIO SAÑUDO, Jorge / SABATIER,
Colette: Impacto psicológico de la violencia política en Colombia (Salud
mental y redes sociales en familia desplazadas del Caribe), Editorial Uninorte,
Barranquilla- Colombia, 2002, 156.
[139] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 573.
[140] PALACIO SAÑUDO, Jorge / SABATIER,
Colette: Impacto psicológico de la violencia política en Colombia (Salud
mental y redes sociales en familia desplazadas del Caribe), Editorial Uninorte,
Barranquilla- Colombia, 2002, 156.
[141] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 608.
[142] RESTREPO ESPINOZA, María Helena: Salud
mental y desplazamiento forzado, Editorial Universidad del Rosario/ Escuela
de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá D.C., 2012, 11; BARÓ, Martín: Poder,
ideología y violencia, Editorial Trotta, Barcelona- España, 2003, 350.
[143] DE GREIF, Pablo: The
Handbook of Reparations, Oxford University Press, Oxfordshire- Inglaterra,
2006, 601.
[144] PALACIO SAÑUDO, Jorge / SABATIER,
Colette: Impacto psicológico de la violencia política en Colombia (Salud
mental y redes sociales en familia desplazadas del Caribe), Editorial Uninorte,
Barranquilla- Colombia, 2002, 158.
[145] Sentencia de la Corte Constitucional,
T-045 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[146] Sentencia de la Corte Constitucional
T-045 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
[147] Artículo 137 de la Ley 1148 de 2011.
[148] Artículo 138 de la Ley 1148 de 2011.
[149] Artículo 88 del Decreto 4800 de 2011.
[150] Artículo 163 del Decreto 4800 de 2011.
[151] Artículo 164 del Decreto 4800 de 2011.
[152] Artículo 165 del Decreto 4800 de 2011.
[153] En este sentido se consagró una ruta de
atención especial compuesta de los siguientes pasos: (i) Valoración integral
y diagnóstico de la situación psicosocial y de salud física y mental. Las
personas víctimas serán valoradas por un el grupo de profesionales, quien
establecerá un diagnóstico que indique cuál es el curso de acción y el
tratamiento a seguir en cada caso particular; (ii) La atención propiamente
dicha, sea ambulatoria o no; (iv) Seguimiento. El grupo de profesionales deberá
hacer seguimiento continuo al estado de salud física y metal de las víctimas
(v) Determinación del lugar de atención y tratamiento especializado. Se deberá
tener en cuenta la cercanía con el sitio de vivienda y las necesidades de
tratamiento específico que resulten de la valoración que se les haga.
La implementación del Protocolo está a cargo de las Entidades
Territoriales quienes deben tener un trabajo coordinado con las EAPB (Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios) y las EPS a través de las redes
prestadoras del servicio de salud, en el marco del SGSSS. Las Entidades
Territoriales tienen el deber de ajustar sus procedimientos internos con el fin
de garantizar la prestación oportuna, diferencial, integral y de calidad del
servicio.
[154] Protocolo de atención Integral en Salud
con Enfoque Psicosocial para las Personas Víctimas del Conflicto Armado en
Colombia. Página 46,44 y 45
[155] Se señaló como la socialización del
programa había tenido efectos positivos, esta fue efectuada a las víctimas, las
entidades territoriales en 18 Departamentos. Se reportó igualmente, 1.038
planes de atención psicosocial en modalidad individual, 15 planes en modalidad
familiar y 55 planes en modalidad comunitaria. En el documento se determinó que
para el año 2012 se ofreció esta estrategia a 1869 personas y 586 acudieron al
desarrollo de la misma. Varios talleres fueron implementados en 23 ciudades
motivo por el cual la UARIV se ha posesionado como un espacio para la atención
de las víctimas en materia psicosocial.
[156] Informe respecto del Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las víctimas, página 105.
[157] Ley 1616 de 2013, artículo 35.
[158] Ley 1719 de 2014, artículo 13.
[159] Ley 1719 de 2014, artículo 24.
[160] NEWBURN, Tim: Criminology, WP, Portland,
2007, 354
[161] BERISTAIN, Antonio: Derecho penal,
criminología y victimología, ABDR, Curitiba, 2007, 50 y ss.
[162] MORILLAS FERNANDEZ, David /
PATRÓ HERNÁNDEZ, Rosa / AGUILAR CÁRCELES, Marta: Victimología, Dykinson,
Madrid, 2014, 126.
[163] HALE, Chris / HAYWARD, Keith /
WAHIDIN, Azrini / WINCUP, Emma: Criminology, Oxford University Press, 2005, 498
y ss.
[164] GARCÍA PABLOS, Antonio: Manual
de Criminología, Tiran Lo Blanch, Valencia, 2003, 145; HERRERO HERRERO, Cesar:
Manual de Crimonología, Dykinson, Madrid, 2007, 233; Criminology: Walsh,
Anthony / Ellis, Lee, SAGE Publications, Londrés, 2007, 440,  Morillas, 126.
[165] Ibíd.
[166] Ibíd.