T-654-09
Sentencia T-654/09
Sentencia
T-654/09
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Línea
jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales
VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Configuración
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Violación por no haber el juez ordenado
pruebas de oficio
JUEZ-Deber de decretar pruebas de forma oficiosa en el
contexto fáctico de cada caso concreto
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por no haberse decretado
pruebas de oficio en proceso electoral
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Defecto fáctico
por no decretar de oficio el aporte de copias auténticas en proceso electoral
Referencia:
expediente T-2271638
Acción de tutela
interpuesta por Espedito Manuel Duque Cuadrado contra el Juzgado Tercero
Administrativo de Montería y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba.
Magistrada Ponente:
Dra. MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diecisiete
(17) de septiembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Luís Ernesto Vargas Silva y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de
los fallos proferidos, en primer instancia, por la Sección Segunda, Subsección
B, de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado el
veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado el veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009), dentro del proceso
de tutela presentado por Espedito Manuel Duque Cuadrado contra el Juzgado
Tercero Administrativo de Montería y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba.
El proceso en referencia fue
escogido para revisión por la Sala de Selección Número Siete, mediante Auto
proferido el nueve (09) de julio de dos mil nueve (2009).
I.       ANTECEDENTES
1. Hechos
Espedito Manuel Duque Cuadrado interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Montería y la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, por considerar que
al haber expedido providencias –en primera y segunda instancia- contrarias a
sus pretensiones formuladas en ejercicio de la acción electoral, bajo el
argumento de que como demandante aportó copia simple o de que no aportó
copia de algunos documentos que supuestamente resultaban indispensables para
acceder a sus peticiones, incurrieron en un defecto fáctico que viola su
derecho fundamental al debido proceso, así como otros derechos fundamentalesctico__________________________________________________________________________________________________________________________
entre los cuales menciona el derecho a la participación en la conformación,
ejercicio y control del poder político y a acceder al desempeño de funciones y
cargos públicos. Asimismo, estima que el Juzgado Tercero Administrativo de
Montería violó el derecho de defensa de la Registraduría Nacional del Estado
Civil por no haber notificado por edicto el auto admisorio de la demanda
electoral.
1.1. La acción electoral que originó las providencias
judiciales cuestionadas mediante tutela
1.1.1. Síntesis
Espedito Manuel Duque Cuadrado, en
ejercicio de la acción electoral, cuestionó la legalidad y constitucionalidad
del acto del tres (03) de noviembre de dos mil siete (2007), por medio del cual
se declaró electo a Mario Elías Carrascal Náder como alcalde del Municipio de
Puerto Libertador, porque convalidó unas elecciones con irregularidades que
deben conducir a la anulación del acto, y al recuento de votos o,
subsidiariamente, a la convocatoria a nuevas elecciones.
1.1.2. Fundamentos de hecho y de derecho de
la demanda
Las acusaciones centrales de la demanda son las
siguientes: (i) en los comicios del veintiocho (28) de octubre de dos
mil siete (2007) para elegir Alcalde del Municipio Puerto Libertador hubo
trashumancia electoral o trasteo de votos, pues personas que no pertenecían al
Municipio participaron como electores; (ii) participaron como jurados de
votación personas que no fueron inscritas como tales o que lo fueron en mesas
diferentes; (iii) votaron personas muertas o con cédulas dadas de baja; (iv)
votaron personas inhabilitadas para ejercer el derecho a elegir; (v) algunos
de quienes votaron inscribieron sus cédulas por fuera del término legal; (vi)
algunos formularios –E-3, E-10 y E-14- aparecen con tachaduras,
enmendaduras y errores; (vii) no fueron resueltas en el momento las
impugnaciones del peticionario, o lo fuero pero sin fundamento jurídico legítimo;
y (viii) votaron personas cuya inscripción había sido anulada.
En cuanto se refiere a los cuatro primeros  cargos
–que son en definitiva los que interesan en el proceso de tutela-, en su
demanda el actor los prueba con ‘breves acotaciones’, que en su concepto le “permitirán
al señor juez tener una leve idea de la magnitud del fraude cometido en las
pasadas elecciones”. En un total de veinte (20) folios hace un listado, no
del todo ordenado, con repeticiones, de nombres de personas que al parecer
sufragaron en los comicios del veintiocho (28) de octubre de dos mil siete
(2007) para elegir Alcalde del Municipio Puerto Libertador, acompañados de una
breve y no siempre consistente glosa descriptiva de la presunta irregularidad.
Así, por ejemplo, puede citarse lo que dice respecto de la Mesa 1 de votación
en la Zona Urbana de Puerto Libertador:
“MESA 1
1 HOJA:
C.C 2802090
CASTRO LEÓN (SIC) NO APARECE CENSO
2 HOJA:
C.C  3884086
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ UBADEL NO APARECE CENSO
C.C 2736827
FABRA AVILEZ (SIC)
C.C 1545384
ALFREDO ACEVEDO CAMARGO APARECE FALLECIDA (AVERIGUAR) según resolución N° 5370
año 2006.
C.C 1551819
CASTILLO EFRAÍN DE JESÚS EN LA CASILLA FIRMA DEL VOTANTE APARECE COMO NO FIRMA.
C.C 4739936
LEONARDO HERRERA DÍAZ NO APARECE EN EL CENSO, EN LA FIRMA DEL VOTANTE APARECE
COMO NO FIRMA
C.C. 2761768
ISIDRO BELEÑO SOTO APARECE SU CÉDULA EN CIÉNAGA DE ORO MESA 4 EN EL GIMNASIO
LUIS AMIGO.
3 HOJA:
C.C
1.579.183 HILARIO HERNÁNDEZ GUZMAN ESTÁ (SIC) CÉDULA COMO VOTANTE EN
MESA 1 PUERTO NUEVO EN SAN PELAYO.
HOJA 5:
C.C 2801401
CLODOMIRO EZEQUIEL ALGARIN PEÑA APARECE UNA CEDULA INSCRITA EN EL E-11
MANIFIESTÁ (SIC) NO FORMAR Y LA MISMA NO APARECE EN EL E-10.
LA C.C
11565747 CARLOS ARROYO PADILLA NO APARECEN (SIC) EN EL CENSO
HOJA 6:
C.C 2905307
LUIS MANUEL RICARDO PINEDO APARECE NO FIRMANDO EN EL E-11 ADEMAS CEDULA NO
ESTIPULADA EN EL E-10 Y APARECE EN EL CENSO COMO CEDULA CANCELADA POR MUERTE
RESOLUCIÓN 1251 AÑO 2003.
C.C 3958756
MISAEL DE JESUS BENITEZ MOLINA CEDULA REGISTRADA EN EL E-11, NO APARECE EN EL
E-10 ADEMAS EN EL CENSO APARECE COMO VOTANTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DIBULLA EN LA MESA 1 CENTRO EDUCATIVO RIO ANCHO.
CC 1546688
PEDRO JOSE MENDOZA HERNANDEZ NO APARECE EN EL CENSO ADEMAS NO ESTÁ REGISTRADA
EN EL E-10”
Y así procede con las Mesas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y
31 de la Zona Urbana, y con las Mesas 1, 3, 14 y 22 de la Zona Rural
Corregimiento Santa Fe las Claras. Aunque, debe precisarse claramente que a lo
largo de su memorial, el señalamiento de las presuntas irregularidades no es
uniforme, pues no se hace de igual modo, y no en todas las mesas y todas las
hojas señala el mismo número de supuestas irregularidades que señala en la Mesa
1 de la Zona Urbana del Municipio Puerto Libertador.
A juicio de Espedito Manuel Duque, la
ocurrencia de estos hechos supone (i) una violación de los artículos 1°,
2°, 4°, 29, 83, 258 y 316 de la Constitución, y de los artículos 1°, 3°, 160,
163 y 192 del Código Nacional Electoral, porque en el Municipio Puerto
Libertador fueron inscritos e incorporados al censo electoral ciudadanos que no
eran residentes del mismo, los cuales votaron e incidieron en el resultado
electoral final; y (ii) una infracción de los artículos 222, 223
-numerales 1°, 2° y 3°-, 226, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo,
en tanto el acto que declaró Alcalde Municipal de Puerto Libertador a Mario
Elías Carrascal Náder, validó una elección en la cual se permitió, por una
parte, la inclusión en los registros electorales de ciudadanos excluidos del
censo y, por otra parte, el conteo de votos depositados en mesas con jurados
que no habían sido nombrados o que no lo habían sido específicamente para esas
mesas.
1.1.3. Medios de prueba aportados y
solicitados
En los últimos folios de la demanda
electoral aportó los siguientes documentos –se transcribe-:
“1. Copias simples del Acta General de Escrutinios y
del Acta Parcial (documentos E-24 y E-26) de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, por medio de las cuales se declaró la elección impugnada del
ciudadano MARIO ELÍAS CARRASCAL NÁDER como alcalde del municipio de PURTO (SIC),
con fecha Noviembre 03 de 2007, suscritas por la comisión escrutadora
municipal.
2. Copia auténtica de los formularios E-14 de las
cincuenta y cinco (55) mesas asignadas para la votación en el Municipio de
Puerto Libertador para las pasadas elecciones”.
Asimismo, efectuó las siguientes solicitudes:
“Solicito que se oficie a las siguientes entidades
públicas:
Registraduría Nacional del estado Civil, delegación de
Córdoba, ubicada en la Avenida Circunvalar de Montería con calle 26 esquina,
para que envíen (sic) copias autenticadas de los siguientes documentos:
a)
Formularios E-3, E-10,
E-11, E-14, correspondientes a las mesas No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08
del Corregimiento de BERASTEGUI del Municipio de Puerto Libertador, y las mesas
No. 01, 02 y 03 de los corregimientos: PIJIGUAYAL, SANTIAGO DEL SUR, las mesas
No. 01, 02, 03, 04 y 05 del Corregimiento de LOS MIMBRES. Las mesas No. 01, 02
y 03 del corregimiento LAS PALMITAS y las mesas 01 y 02 del corregimiento de
LAGUNETA del citado municipio.
b)
Igualmente los mismos
formularios correspondientes a las Mesas del casco urbano No. 01 al 017 ubicadas
en el Colegio Madre Bernarda. Las Mesas No. 01 al 011 del Colegio San Isidrio y
de las mesas 03, 04, 05, 06 y 07 del puesto del caso (sic) urbano
ubicado en el gimnasio LUIS AMIGÓ.
c)
La relación de las
reclamaciones e impugnaciones electorales presentadas contra dichas mesas en
los escrutinios municipales, así como la de los actos por medio de los cuales
fueron resueltas.
d)
Copia auténtica de
todas las resoluciones o actos administrativos por medio de los cuales se
estableció definitivamente el nombre y número de jurados de votación en cada
mesa en todo el Municipio de Puerto Libertador en las elecciones de Octubre
28/2007-
e)
(…)
f)
Al Consejo Nacional
Electoral, para que haga llegar copia auténtica de las resoluciones o Actos
Administrativos por medio de las cuales ordenó la exclusión de ciudadanos del
censo electoral del Municipio de Puerto Libertador para las elecciones de
Octubre 28 de 2007”.
1.1.4. Peticiones
El demandante solicitó principalmente la anulación de
los votos emitidos en todas las mesas de votación en las cuales se advirtieran
infracciones a la ley o a la Constitución y que, como consecuencia, se
declarara la nulidad de la elección de Mario Elías Carrascal Cuello y se
efectuara un nuevo conteo de los votos depositados en mesas de votación no
viciadas por irregularidades ilegales o inconstitucionales. De forma
subsidiaria, el demandante pidió que se declarara la nulidad de todo el proceso
electoral y se convocara a nuevas elecciones.
1.2. La providencia de primera instancia en el proceso
electoral, expedida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Montería –actuación cuestionada en la tutela-
Mediante providencia del veintiséis (26) de junio de
dos mil ocho (2008), el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Montería
denegó las pretensiones del demandante, Espedito Manuel Duque Cuadrado.
De acuerdo con el Juez, fueron ocho (8) los cargos
planteados por el demandante en su libelo. Cada uno de ellos fue desestimado en
la Sentencia, de la siguiente manera:
a. Cargo por trashumancia electoral o trasteo de
votos: en la interpretación del Juzgado Tercero Administrativo de Montería,
la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado en su jurisprudencia que
la nulidad de una elección local, por trasteo de sufragantes, tiene lugar si se
cumplen tres condiciones: (i) si los inscritos no residen en el
municipio donde se inscribieron para las elecciones; (ii) si ellos
mismos votaron; (iii) si el número de votos trasteados determinó el
resultado electoral, ya que de lo contrario la nulidad del voto resultaría
inocua. El juez procede a verificar la concurrencia de cada condición en el
caso concreto de las elecciones en debate, de la siguiente manera:
(i)
Afirma que el
primer requisito no está debidamente acreditado, porque “el demandante no
aporta al proceso ni obra en el mismo, prueba que demuestre que los ciudadanos
inscritos irregularmente no residían en el Municipio de Puerto Libertador y que
estos hayan votado en esa localidad, como tampoco existe en el expediente el
Formulario E-3. Sólo se limita a presentar un documento que carece de
autenticidad y de la autoridad pública que lo expide donde relaciona un número
de 1.10 cédulas de ciudadanía y según el actor no pertenecen al SISBEN de
Puerto Libertador y están inscritos y ejerciendo el derecho al voto. Igualmente
un listado de 2437 cédulas inscritas, que como se aprecia tampoco se encuentran
autenticadas ni fueron expedidas por autoridad pública alguna”.
(ii)
Aduce que el
segundo requisito tampoco está debidamente probado, porque el número de
ciudadanos inscritos que efectivamente votaron se acredita “con el documento
electoral que registra el sufragio depositado por cada ciudadano, el cual se
conoce como el Formulario E-10 o ‘Lista General de Sufragantes’ y el Formulario
E-11 o ‘Registro General de Votantes’. Sin embargo, a juicio del juez, “[p]ese
a que dichos documentos reposan en el expediente (Cuaderno No. 2), es imposible
que el Despacho pueda entrara a constatar si los ciudadanos que supuestamente
se inscribieron irregularmente, efectivamente votaron, ya que como se anotó,
tanto el formulario E-10 como el Formulario E-11 se encuentra (sic) aportados
al expediente en copia simple sin autenticar, careciendo de validez probatoria,
toda vez que incumplen las formalidades establecidas por los artículos 253 y
254 del C.P.C.”. Por otra parte, hace valer que el formulario E-11 es
ilegible, razón por la cual no le resultaba posible proceder a cotejar cuáles
ciudadanos inscritos en efecto votaron.
(iii)
En su concepto,
tampoco está demostrada la tercera condición, porque el actor “no aportó ni
solicitó los elementos probatorios necesarios para determinar que personas se
inscribieron sin tener la condición de residentes del municipio y quienes
efectivamente votaron para elegir Alcalde del Municipio de Puerto Libertador”.
b. Cargo porque participaron como jurados de
votación personas que no fueron inscritas como tales o que lo fueron en mesas
diferentes: dice que éste cargo no puede analizarse y debe ser desestimado,
“en razón a que si bien existen copias debidamente autenticadas de las
resoluciones de nombramientos de jurados de votación expedidas por el
Registrador Municipal del Estado Civil de Puerto Libertador, no aparece
acreditado en debida forma las copias de los Formularios E-11, por cuanto éstos
se encuentran en el expediente en copia ilegible y simple carente de
autenticidad, lo que indica que a estos documentos no se les puede dar el valor
probatorio suficiente, tal como lo disponen los artículos 253 y 254 del C.P.C.,
que permita hacer el cotejo de los respectivos nombres, números de cédulas de
ciudadanía, mesas, puestos de votación y donde depositaron efectivamente su
voto”.
c. Cargo porque personas muertas y cédulas dadas de
baja figuran votando: en la opinión del Juez, no existen suficientes pruebas
en el expediente para analizar ésta acusación. Dice, al respecto, que “no se
encuentra aportada al expediente copia auténtica de las resoluciones donde se
les da de baja a las cédulas que pertenecen a personas muertas. Es más, en el
proceso se (sic) encuentra aportado el Formulario E-3 o Lista de
Inscritos. Si bien, aparece acreditado el Formulario E-10 o Lista de
Sufragantes y el Formulario E-11 o Lista de Registro de Votantes, éstos fueron
allegados en copia simple, sin autenticar, careciendo de autenticidad y validez
probatoria, por incumplir los requisitos de autenticidad y validez probatoria,
por incumplir los requisitos establecidos en los artículos 253 y 254 del
C.P.C.”.
d. Cargo porque personas inhabilitadas para votar
ejercieron ese derecho: en el sentir del Juzgado, éste cargo no puede
analizarse tampoco, con el material probatorio aportado al proceso. Dice el
Juez que “con el ánimo de verificar la existencia de la irregularidad
planteada, pese a la amplitud del planteamiento, el Despacho considera que tal
comprobación resulta imposible realizarla debido a la inexistencia en el
expediente del Formulario E-3 y a la ineficacia probatoria de los Formularios
E-10 y E-11 por cuanto dichos documentos se encuentran aportados en copia
simple e ilegible, incumpliendo los postulados contenidos en los artículos 253
y 254 del C. de P.C., tal como se lo ha venido expresando en este estrado
judicial”. Y agrega, en este punto: “[e]s oportuno aclarar que existe en
el proceso en medio magnético (CD) la Lista de Sufragantes o Formulario E-10,
pero éste fue aportado por el apoderado del accionante fuera del término
procesal para ello y como tampoco se solicitó oportunamente, no puede tenerse
como prueba válidamente obtenida en el proceso, por lo que resulta improcedente
su apreciación como tal”.
e. Cargo porque algunas cédulas fueron inscritas
por fuera del término: tampoco este cargo puede analizarse con el acervo
probatorio del proceso, según el juez. Dice que “se procede a la verificación
de los documentos electorales necesarios para comprobar la existencia de la
irregularidad planteada, pero resulta que la lista de inscritos o Formularios
E-3 no fueron aportados ni solicitados en el proceso, lo que (sic) resulta
imposible el análisis del cargo planteado”.
f. Cargo porque algunos formularios –E-3, E-10 y
E-14- aparecen con tachaduras, enmendaduras y errores: de acuerdo con la
opinión del Juez, el Formulario E-3 no fue aportado al proceso y por ese motivo
no procede analizar el cargo y el E-10 se encuentra en copia simple, lo que
impide también estudiar la acusación. En cuanto se refiere a los Formularios
E-14, si bien fueron aportados al proceso, dice el Juez que “carecen de
autenticidad, puesto que fueron aportados en copia sin autenticar, incumpliendo
los requisitos exigidos en el artículo 254 C.P.C”, porque aunque los
aportados “tienen una leyenda de ser ‘fiel copia del original’ y una firma
ilegible, no se tiene el nombre ni el cargo del funcionario que lo realiza,
conllevando a que dicho documento no cumpla las exigencias legales, contenidas
en la normatividad precitada”.
g. Cargo por no haber sido resueltas en el momento
las impugnaciones del peticionario y por haber sido resueltas luego sin
fundamento jurídico: el Juzgado estima que el cargo no está llamado a
prosperar, porque “revisado el expediente no se encontró prueba que
demostrara la existencia de la presunta irregularidad, ya que las reclamaciones
formuladas por el demandante y los testigos electorales fueron resueltas”.
h. Cargo porque personas cuya inscripción fue
anulada, votaron efectivamente: considera el Juez que para demostrar la
virtualidad de este cargo se requiere aportar una serie de documentos, pero los
que existen en el proceso –dice “no tienen el suficiente valor probatorio
dentro del proceso, lo que conlleva a que no se pueda establecer con certeza el
cargo imputado por el demandante”.
1.3. Impugnación
Espedito Manuel Duque Cuadrado interpuso recurso de
apelación, con fundamento en tres razones esenciales. En primer lugar, adujo
que el Juzgado Tercero Administrativo de Montería no notificó por edicto
el auto admisorio de la demanda del trece (13) de diciembre de dos mil siete
(2007), sino el auto del veintidós (22) de enero de dos mil ocho (2008),
mediante el cual admitió una corrección de la demanda. De ese modo, asegura que
el a quo impidió que la Registraduría Nacional del Estado Civil se enterara de
la existencia del proceso y le violó a esta entidad su derecho a la defensa. En
segundo lugar afirmó que la Sentencia le hace responsable de incumplir una
carga que no podía cumplir, porque le exigió aportar documentos “respecto de
los cuales en su criterio- existe reserva y que solo pueden ser
consultados sin la posibilidad de expedición de copia”. Esto lo sustenta,
por una parte, en una providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A –sin referencias ulteriores-, en la cual se
consideró que la Registraduría Nacional del Estado Civil obra conforme a
derecho “al negar la solicitud de expedición de los Formularios E-11 de las
zonas 01, 02, 03, 04 y 91 de la ciudad de Montería, Córdoba, de acuerdo con lo
determinado en el artículo 213 del decreto 2241 de 1986”; y, por otra
parte, en un concepto del Consejo Nacional Electoral, con radicado No. 6380 de
cuyo texto el demandante cita sólo lo siguiente: “[s]iendo el formulario
E-11 una consecuencia del formulario E-10 conocido como censo de mesa, no podrá
expedirse copia de las listas de sufragantes que reposan en aquel documento, ya
que existe disposición legal que lo prohíbe”. En tercer lugar, que el Juez
bien habría podido decretar pruebas oficiosamente al momento de admitir la
demanda, y solicitarle a la Registraduría Nacional del Estado Civil que
remitiera “los documentos electorales contentivos de censos electorales E-10
y E-11”. O, en todo caso, hubiera dado cumplimiento a lo prescrito en el
artículo 234 del Código Contencioso Administrativo, que a la letra dice: “[a]demás,
en la oportunidad procesal de decidir, la sala o sección también podrá disponer
que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o
dudosos de la contienda. Para practicarlas podrá señalar un término hasta de
diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra el cual no
procede recurso alguno”. Por esas razones, solicitó la revocatoria de la
providencia de primera instancia.
1.4. La providencia de segunda instancia en el proceso
electoral, expedida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Córdoba –actuación cuestionada en la tutela-
Mediante providencia del dieciséis (16) de octubre de
dos mil ocho (2008), la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Córdoba confirmó el fallo de primera instancia que había denegado las
pretensiones del demandante, Espedito Manuel Duque Cuadrado. Además, declaró
infundada la solicitud de nulidad del proceso, por indebida notificación.
En cuanto a la supuesta nulidad del proceso por
indebida notificación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Sala
Segunda del Tribunal Administrativo consideró que no estaba llamada a prosperar
porque si bien el proceso puede anularse cuando el auto admisorio de la demanda
no se notifica en debida forma al demandado, esta sólo puede ser alegada por el
afectado y si actúa en el proceso pero no lo hace oportunamente, queda saneada
la causal de nulidad. En el caso concreto, estimó el tribunal, “el demandado
compareció al proceso y contestó la demanda mediante apoderado y no hizo
ninguna objeción a la notificación, por lo que (…) se saneó cualquier causal de
nulidad por esa circunstancia”.
En cuanto a los cargos dirigidos contra el acto de
elección, la Sala Segunda del Tribunal considera que “[e]l documento idóneo”
para demostrar cuántos ciudadanos ejercieron su derecho al voto en las
elecciones cuestionadas es el Formulario E-11, “que contiene el registro
general de los votantes”. Pero como en este caso fue aportado en copia
simple, carece de valor probatorio, de conformidad con el artículo154 del
Código de Procedimiento Civil. Por último, afirma que en un caso como el
estudiado no había lugar para que el juez decretara pruebas de oficio, pues “[l]a
facultad otorgada al juez para decretar pruebas en forma oficiosa, consagrada
en los artículos 179 y 180 del C. de P.C. y 169 del C.C.A., no busca liberar a
las partes de la obligación que tienen de aportar y solicitar las pruebas para
demostrar los hechos en que fundamentan sus pretensiones”.
1.5. Acción de tutela contra las providencias judiciales
Espedito Manuel Duque Cuadrado interpuso acción de
tutela el veintiocho (28) de noviembre de dos mil ocho (2008) contra las
providencias expedidas  el veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008) por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Montería, y el dieciséis (16)
de octubre del mismo año por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba. En esencia, el tutelante cuestiona los actos
judiciales por haberle violado a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a
él mismo, el derecho al debido proceso.
En primer lugar, argumenta que el Juzgado Tercero
Administrativo de Montería incurrió en una violación del debido proceso por
defecto procedimental, que afecta a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
debido a que no notificó por edicto el auto admisorio de la demanda del trece
(13) de diciembre de dos mil siete (2007). Asegura que el Juzgado, si bien
notificó por medio de edicto el auto del veintidós (22) de enero de dos mil
ocho (2008), mediante el cual se admitió una corrección de la demanda, también
ha debido notificar el auto de admisión propiamente dicho. Por no haberlo
hecho, el Juzgado le impidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil
enterarse de la existencia del proceso y ejercer su derecho de defensa.
En segundo lugar, aduce que, tanto la providencia del
Juzgado Tercero Administrativo de Montería como la de la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, le violaron su derecho  a
acceder a la administración de justicia y al debido proceso por incurrir en un
defecto fáctico. De acuerdo con el criterio del tutelante, aunque su demanda
fue desestimada por diversas razones, el defecto cuestionado que hace
inconstitucionales las providencias, reside en haberle denegado sus
pretensiones básicamente porque los formularios E-10 y E-11 fueron aportados en
copia simple. En ese sentido, considera que él no podía aportar copia auténtica
de ellos, porque está vigente el artículo 213 del Código Nacional Electoral,
que dispone: “[c]ualquier persona podrá inspeccionar en todo tiempo los
censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir copia de los mismos”.
Asimismo, cita un concepto del Consejo Nacional Electoral, con radicado No.
6380, de cuyo texto el demandante transcribe sólo lo siguiente: “[s]iendo el
formulario E-11 una consecuencia del formulario E-10 conocido como censo de
mesa, no podrá expedirse copia de las listas de sufragantes que reposan en
aquel documento, ya que existe disposición legal que lo prohíbe”. Por
último, afirma que la posición del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de
expedir copia de estos formularios ha sido cambiante y, según en él, en su
jurisprudencia dice que “si bien actualmente en relación con el formulario
E-11 no existe dicha reserva, no es menos cierto que en relación con el
formulario E-10 no puede predicarse lo mismo, pues este documento mantiene
vigente su reserva y ningún Juez de la República le puede exigir a un
demandante en acción electoral el aporte de dicho documento y menos negarle las
pretensiones de demanda bajo el argumento de no haberle aportado dicho
documento”, pero no cita la fuente específica. Considera que, ciertamente,
como lo hacen valer los jueces en las providencias cuestionadas, en el
demandante pesa la carga de probar las afirmaciones en que se sustentan sus
pretensiones, pero su cumplimiento parcial no exime al juez de obedecer los
mandatos legales y constitucionales de decretar pruebas oficiosamente (art. 234
del Código Contencioso Administrativo).
Así las cosas, el tutelante solicita que se revoquen
las decisiones tomadas por las autoridades demandadas, en el curso del proceso
iniciado en ejercicio de  la acción electoral.
2. Respuesta de las entidades accionadas
Por reparto, la acción de tutela le correspondió a la
Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado. Mediante auto, la referida Subsección dispuso la
notificación del mismo a los integrantes del Tribunal Administrativo de
Montería, al Juzgado Tercero Administrativo de Montería, al señor Mario Elías
Carrascal Náder y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2.1. El Tribunal Administrativo de Córdoba y sus
miembros guardaron silencio.
2.2. El Juez Tercero Administrativo de Montería
contestó la tutela. Afirma que mediante el auto del trece (13) de diciembre de
dos mil siete (2007) admitió la demanda electoral y ordenó notificarlo por
edicto. Por ese motivo, la primera acusación del peticionario contra el proceso
es infundada. Por otra parte aduce, frente al cuestionamiento por una supuesta
falta de diligencia en el decreto de pruebas oficiosas, para solicitar la copia
de los Formularios E-10 y E-11, que “si bien la acción electoral es una
acción pública no quiere decir que se deba presentar como el demandante quiere,
para ello la normatividad especial contenida en el Código Contencioso
Administrativo exige unos requisitos que obligatoriamente toda persona al
momento de presentar la demanda debe cumplir. En la acción electoral
interpuesta por el señor ESPEDITO DUQUE CUADRADO si bien aportó unos elementos
probatorios en copia simple que carecen de validez probatoria, lo más lógico es
que los hubiese solicitado en la demanda como prueba para que el Despacho las
decretara y solicitara, como en efecto lo hizo pero lo solicitado fue denegado
por cuanto lo solicitado hace referencia al Municipio de Ciénaga de Oro y no al
Municipio de Puerto Libertador. Corresponde entonces la carga de la prueba a la
parte que alega los hechos (artículo 177 del C.P.C.). Adicionalmente la
facultad oficiosa contenida en el artículo 234 del C.C.A. solo es aplicable
para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda no para suplir
obligaciones de las partes procesales o cuando al demandante se le antoje”.
Por esas razones, solicita que sea denegado el amparo.
2.3. El señor Mario Elías Carrascal Náder, actual
Alcalde del Municipio Puerto Libertador, guardó silencio.
2.4. El Jefe de la Oficina Jurídica de la
Registraduría Nacional de la Nación contestó la acción de tutela. Su
intervención se contrae a destacar que el acto en virtud del cual se declara la
elección de un ciudadano para un cargo de elección popular, lo expide la
Comisión Escrutadora, que no hace parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, aunque está conformado parcialmente por personas designados por ella.
Dice, expresamente: “[d]entro del objeto propio de demanda incoada, el acto
declaratorio de la elección del Alcalde Municipal de Puerto Libertador, fue
expedido por la Comisión Escrutadora Municipal, la cual reconoce derechos de
carácter particular y concreto que no pueden ser modificados una vez estén en
firme por ninguna autoridad administrativa, incluida la Registraduría Nacional
del Estado Civil, precisamente como se ha mencionado de forma reiterativa, por
cuanto dicho acto fue expedido por una autoridad competente, de forma autónoma
y soberana.|| Nótese que los jurados de votación y los miembros de las
diferentes comisiones escrutadoras, desde ningún punto de vista legal son
funcionarios de la Registraduría Nacional del estado Civil. Situación
diferente, es que su labor represente una función pública, en este caso
calificada como electoral”.
3. Decisiones judiciales de tutela que se revisan
3.1. En primera instancia le correspondió conocer de
la acción de tutela a la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, autoridad que decidió
rechazar por improcedente el amparo. En su concepto, pese a que esa Subsección
había admitido en diversas oportunidades la tutela contra providencias
judiciales, “tras un estudio de fondo” advirtió que, en realidad, “no
existe norma constitucional ni legal que sustente la procedencia de la acción
pues la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que contempló tal
posibilidad”. De ese modo, la decisión de la Corte de declarar inexequible
la norma que facultaba al juez constitucional para conocer de las acciones de
tutela contra providencias judiciales, “constituye cosa juzgada aún para la
Corte Constitucional. Por ello es inadmisible y violatorio del orden jurídico
establecido que dicha Corporación haya paulatinamente abierto el compás para
erigirse en ‘órgano de cierre del sistema judicial de Colombia’, sin que norma
alguna sustente su pretensión. Las nuevas formulaciones de la Corte
Constitucional, además de violentar la jurisprudencia por incurrir en
intromisiones indebidas en los ámbitos propios de la autonomía e independencia
judiciales e invadir las competencias de las jurisdicciones ordinaria y de lo
contencioso administrativo, lesionan principios universales del derecho”.
Así las cosas –dice la Subsección B de la Sección Segunda- la tutela debe ser
rechazada no sólo porque es improcedente para cuestionar actuaciones
judiciales, sino también porque “las decisiones judiciales atacadas dieron
las razones de hecho y de derecho en las que se sustentan, no haberse probado
por el demandante las causales de nulidad invocadas en el proceso de nulidad
electoral, siendo esta su obligación, amén de que no es posible acudir a la
tutela como instancia superior de todas las acciones judiciales”.
3.2. La providencia de primera instancia en el proceso
de tutela fue impugnada por el peticionario. En segunda instancia le
correspondió conocer de ella a la Sección Cuarta de la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de primera
instancia. Para sustentar la decisión citó extensa y exclusivamente las
consideraciones de la Sentencia del 4 de marzo de 2009, con radicado 2008-01230,
M.P. Héctor J. Romero Díaz. De acuerdo con la cita, no es admisible “ni
lógica ni jurídicamente que por un procedimiento sumario como el de esta
acción, se invaliden actuaciones surtidas en un proceso diseñado precisamente
para garantizar los derechos constitucionales y legales de las partes, pues
ello implicaría que en aras de la protección de un derecho fundamental, se
vulneren otros de igual rango como del debido proceso”. Por otra parte, el
citado fallo señala que si se acepta la intromisión del juez de tutela
en asuntos que por competencia deben decidir otros jueces, se quebranta “el
principio democrático de autonomía e independencia del juzgador, que conduce a
la violación del trámite propio de los procesos judiciales, en desconocimiento
de postulados jurídicos como el de la cosa juzgada, el de la seguridad jurídica
y el de la desconcentración de la administración de justicia, consagrados en el
artículo 228 de la Carta Política”. Asimismo, en la cita el Consejo de
Estado expresa que si bien la acción de tutela procede contra cualquier
autoridad pública, y los jueces son autoridades públicas, fue la propia Corte
Constitucional la que declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del
Decreto 2591 de 1991, que contemplaba esa posibilidad. Y aunque -continúa- la
misma Corte Constitucional en el Sentencia C-590 de 2005 aceptó la tutela
contra sentencias en determinados eventos, para la Sección Cuarta esa “postura
no es aceptable, por cuanto rompe la estructura política del Estado, conforme a
la cual corresponde privativamente al legislador –no a los jueces- con sujeción
a la Constitución Política, establecer las normas que reglamente la procedencia
de la acción”. Por esas razones, declara improcedente el amparo.
4. Pruebas obrantes en el expediente
El Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Montería aportó al proceso copia de los siguientes actos:
·
Copia del auto del
trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007), mediante el cual admite la
demanda electoral presentada por Espedito Duque Cuadrado, y que ordena en su
numeral 1° notificarlo “por Edicto que permanecerá fijado en la Secretaría
del Juzgado por el término de cinco (5) días”.[1]
·
Copia del auto del
veintidós (22) de enero de dos mil ocho (2008), mediante el cual admite la
adición y corrección de la demanda electoral, presentada por Espedito Duque
Cuadrado, y que ordena en su numeral 1° notificarlo “por Edicto que
permanecerá fijado en la Secretaría del Juzgado por el término de cinco (5)
días”.[2]
·
Copia del edicto del
cuatro (4) de febrero, mediante el cual se notifica la providencia que se trascribe
a continuación:
“PROCESO:               2007-0042
NATURALEZA:        ACCIÓN DE NULIDAD
ELECTORAL
DEMANDANTE:       ESPEDITO MANUEL DUQUE
CUADRADO
DEMANDADO:         MARIO
CARRASCAL NÁDER (ALCALDE   MPIO DE PTO LIBERTADOR)
CLASE DE AUTO:    ADMISORIO
DE LA DEMANDA
FECHA:                      22
DE ENERO DE 2008”[3]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Asunto previo. Invocación del derecho al debido
proceso de la Registraduría Nacional del Estado Civil es impróspera
Espedito Manuel Duque Cuadrado interpone acción de
tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Montería, en parte, porque a
su juicio violó el derecho de defensa de la Registraduría Nacional del Estado
Civil al no haber notificado por edicto el auto admisorio de la demanda. Pero
esta invocación es impróspera, cuando menos por tres razones.
En primer lugar, porque de acuerdo con el artículo 86
de la Constitución, la acción de tutela puede ser interpuesta por sí mismo o a
nombre de otro. En su tutela, Espedito Manuel Duque Cuadrado dice estar
buscando la protección del derecho de defensa de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, razón por la cual, en lo que respecta a esa protección
específica, está actuando a nombre de otro. Sin embargo, no demuestra por
ningún medio que tenga las calidades para hacerlo, ya que no es, por ejemplo,
representante legal, apoderado o agente oficioso de dicha entidad, de modo que,
en principio, no tiene legitimidad para reclamar una protección del juez de
tutela.
Ahora bien, es posible que aún en casos de
ilegitimidad en la causa por activa, el juez de tutela actúe en defensa de la
dimensión objetiva de los derechos fundamentales.[4]
En esos eventos, se partiría de la base de que, con independencia de quien
interponga el amparo, si el juez constitucional avizora la posible violación de
derechos fundamentales, debe intervenir en el conflicto para garantizar la
vigencia del orden justo y del Estado constitucional.[5]
Pero en este caso, la propia Registraduría Nacional del Estado Civil ha
considerado que su derecho al debido proceso no ha quedado vulnerado por la
supuesta omisión del juez, por la sencilla razón de que en concepto de la entidad
no está llamada a ser parte en el proceso, ni le asiste interés en el desenlace
final del mismo. Según el concepto rendido por la Registraduría con motivo de
la tutela, en derecho no tenía por qué ser llamada al proceso, pues “[d]entro
del objeto propio de demanda incoada, el acto declaratorio de la elección del
Alcalde Municipal de Puerto Libertador, fue expedido por la Comisión
Escrutadora Municipal, la cual reconoce derechos de carácter particular y
concreto que no pueden ser modificados una vez estén en firme por ninguna
autoridad administrativa, incluida la Registraduría Nacional del Estado Civil,
precisamente como se ha mencionado de forma reiterativa, por cuanto dicho acto
fue expedido por una autoridad competente, de forma autónoma y soberana.||
Nótese que los jurados de votación y los miembros de las diferentes comisiones
escrutadoras, desde ningún punto de vista legal son funcionarios de la
Registraduría Nacional del Estado Civil”.
Pero podría pensarse, en gracia de discusión, que la
Registraduría no advierte la violación de su derecho fundamental a ser notificada
de la existencia del proceso. No obstante, si no lo advierte es porque, después
de todo, en este caso su presunto  derecho a ser notificada de la existencia
del proceso no ha sido violado, toda vez que con la notificación del auto
admisorio de las correcciones a la demanda pudo lograrse el cometido de
garantizar su derecho al debido proceso. De modo que no es procedente anular
las actuaciones desde el auto admisorio de la demanda bajo el entendido de que
no se notificó el auto admisorio de la demanda, pues a la Registraduría sí se
le notificó por edicto el auto que admitía correcciones a la demanda. Distinto
es el hecho, que no tiene incidencia en el proceso de tutela, de que la
Registraduría haya optado por guardar silencio.
3. Presentación del caso y problema jurídico
3.1. En el presente caso, Espedito Manuel Duque
Cuadrado interpuso acción de tutela contra dos providencias judiciales que
resolvían de manera adversa sus pretensiones en una demanda de nulidad
electoral. En concepto del peticionario, las referidas autoridades
fundamentaron su decisión, en parte, en que él aportó copia simple de los Formularios E-10 y
E-11, los cuales debían ser allegados en copia auténtica. Pero –agrega-
teniendo poderes para decretar de oficio el que se allegaran por la dependencia
competente los documentos auténticos, no lo hicieron, con lo cual  incurrieron
en un defecto que viola su derecho fundamental a acceder a la justicia y al
debido proceso, así como otros derechos fundamentales entre los cuales menciona
el derecho a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder
político y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.
Las decisiones de instancia niegan la tutela porque
consideran que no es procedente cuestionar una decisión judicial, a través de
tal medio.
3.2. En estas condiciones, la acción de tutela y las
decisiones de instancia en el presente proceso, le plantean a la Sala el
siguiente problema jurídico:
¿Violaron el derecho fundamental a acceder a la
administración de justicia de Espedito Manuel Duque Cuadrado, el Juzgado
Tercero Administrativo de Montería y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Córdoba, al haber expedido providencias mediante las cuales desestimaron las
pretensiones del actor bajo el argumento de que aportó copia simple de unos
formularios electorales (E-10 y E-11) que debían ser anexados en copia
auténtica, porque –en su criterio- así presentados no tienen valor probatorio y
porque el juez no puede de oficio satisfacer las cargas probatorias que el
demandante incumplió?
3.3. Para resolverlo, la Corte reiterará su doctrina
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial la relacionada con el defecto fáctico. Luego pasará a establecer si el
hecho de no decretar pruebas de oficio en un proceso electoral, constituye un
defecto fáctico con la virtualidad de violar derechos constitucionales
fundamentales. Finalmente, decidirá el caso concreto.
4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
4.1. El artículo 86 de la
Constitución dice que la acción de tutela es un medio de defensa judicial de
los derechos fundamentales cuando “resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los jueces son
autoridades públicas, y algunas de sus acciones toman la forma de
providencias. De ese modo, según el propio texto de la Carta, si con una
providencia se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es
procedente para solicitar la protección de los mismos.
Ahora bien, como lo ha resaltado esta Corte en
numerosas ocasiones, ciertamente en la Sentencia C-543 de 1992, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, la Corporación estudió la constitucionalidad de los
artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y las declaró
inexequibles, por considerar que, tal como estaban formuladas, desconocían las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el
principio de seguridad jurídica. Esto ha conducido a algunas autoridades
judiciales a interpretar –intermitentemente- que, en Colombia, ni la
Constitución ni las leyes o los reglamentos, autorizan a los jueces para emitir
un pronunciamiento de fondo sobre acciones de tutela dirigidas contra
providencias judiciales.
La Sala es consciente de que una sentencia, como
cualquier texto jurídico, está sujeta a diversas interpretaciones, algunas de
ellas posiblemente incompatibles entre sí. Eso puede estar ocurriendo,
efectivamente, con el sentido de la decisión adoptada por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992. Pero, asimismo, es necesario
resaltar que en un caso de discrepancias o pluralidad de sentidos de las
sentencias de la Corte Constitucional, quien tiene competencia institucional,
conferida por la Constitución y la Ley, para interpretarlas con autoridad,
es la propia Corte Constitucional; del mismo modo que quien interpreta con
autoridad las sentencias del Consejo de Estado es el propio Consejo de Estado
(artículo 237.1, C.P.).[6]
Nótese, al respecto, que la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, dispuso expresamente que a la Corte
Constitucional, es a quien le corresponde determinar los efectos de sus fallos
e interpretar con autoridad el sentido de sus decisiones, y que en esos
casos el pronunciamiento de la Corte tiene carácter “obligatorio general”.
En efecto, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prescribió que
en el control constitucional de las normas legales, por vía de acción, de
revisión previa o en ejercicio del control automático, la interpretación
autorizada que efectúe la Corte “tiene carácter obligatorio general” (art.
48). La obligatoriedad a que se refiere la Ley, se predica no sólo de la
interpretación del texto de la Constitución, sino también naturalmente de la de
sus propios pronunciamientos y de la interpretación que haga de las leyes,
cuando quebranten la Constitución.[7]
En consecuencia, la interpretación vinculante del
sentido de la Sentencia C-543 de 1992 es la que efectúa la Corte Constitucional
por vía de autoridad en el control de las leyes. De ese modo, debe señalarse
que en la referida Sentencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional no
adoptó una resolución en términos absolutos y categóricos. Por el
contrario, matizó sus alcances al prever casos en los cuales la acción de
tutela puede prosperar para cuestionar actuaciones cuya juridicidad es apenas
aparente, porque en realidad implican una ‘vía de hecho’. Al respecto, dijo la
Sala Plena en la referida Sentencia:
“(…) nada obsta para
que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).  En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
En
ese sentido, la tutela contra sentencias no quedó descartada, de hecho la Corte
Constitucional, en todos sus pronunciamientos, remotos y recientes, en Salas de
Revisión y en Sala Plena, ha interpretado la Sentencia C-543 de 1992 de una
forma distinta de como, en este proceso, lo han hecho una Subsección de la
Sección Segunda –que admite haber variado su interpretación al respecto- y la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado. En la jurisprudencia que a continuación aparece expuesta, se evidencia
que la Corte no le ha concedido en ningún momento intangibilidad absoluta y
categórica a las decisiones judiciales, cuando con ellas se desconozcan
derechos fundamentales de un modo irrazonable.
En
efecto, poco tiempo después de haber sido expedida la Sentencia C-543 de 1992, la
Corte en las Sentencias T-079[8] y T-158 de 1993[9]
consideró que por violación del derecho fundamental al debido proceso, debían
ser revocadas sendas providencias judiciales, que le ponían fin a procesos
jurisdiccionales ordinarios. En esa misma dirección, en la Sentencia T-173 de
1993, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la
Sentencia C-543 de 1992–, la Corte consideró que:
“la violación
flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda
cubrirse con el manto respe­table de la resolución judicial, puede ser atacada
mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al
alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Subrayas fuera del texto)
Esta doctrina constitucional fue posteriormente
precisada y reiterada en varias sentencias proferidas por la Sala Plena de la
Corte Constitucional. Por ejemplo, en las Sentencias C-037 de 1996,[10] C-038 de 2000,[11] SU-1184 de 2001,[12]
SU-159 de 2002[13] y, más adelante, en la
Sentencia C-590 de 2005.[14]
Y, aún más, recientemente las diversas Salas de
Revisión de la Corte Constitucional han expedido no pocas providencias que
reiteran este entendimiento de la Constitución, los Tratados Internacionales
que reconocen derechos humanos, la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y de sus propias decisiones precedentes. Entre muchas otras, en lo que
va del 2009, la Corporación se ha pronunciado al respecto en las Sentencias
T-093,[15] T-116,[16]
T-130,[17] T-156,[18]
T-186,[19] T-202,[20]
T-206,[21] T-264,[22]
T-266,[23] T-301,[24]
T-366.[25] Por último, esta Sala de
Revisión ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el punto, en la Sentencia
T-377 de 2009. En ella precisó que:
“si bien la sentencia C-543 de 1992 (M.P.
José Gregorio Hernández Galindo), estudió la constitucionalidad de los
artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 y declaró inexequibles las
disposiciones acusadas por considerar que desvirtuaban las reglas de competencia
fijadas por la Constitución Política, lo cierto es que la providencia que se
cita también matizó su decisión de inexequibilidad en su parte motiva, al
prever en la ratio decidendi de la sentencia, que la acción de tutela
podía llegar a ser procedente contra actuaciones judiciales en circunstancias
excepcionales, cuando ellas resultarán ser una vía de hecho”.
4.2. En síntesis, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido coherente en su doctrina en cuanto a que algunos actos
judiciales, en determinadas condiciones, pueden ser cuestionados por vía de
acción de tutela si violan derechos fundamentales. En cambio, debe anotarse que
la magnitud del defecto judicial, que amerita una intervención del juez de
tutela para proteger derechos fundamentales violados por autoridades
judiciales, no ha sido valorada durante todo el tiempo con rigidez monolítica.
Como lo expuso esta misma Sala en la Sentencia T-377 de 2009, al referirse a la
jurisprudencia sobre tutela contra sentencias: “[e]sta línea jurisprudencial
se conoció  inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta
Corporación recientemente, con el propósito de superar una percepción
restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre con el
capricho y la arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho
por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales”[26] que
responde mejor a su realidad constitucional.[27] La
sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se
está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado
hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de
hecho.[28]”[29]
4.3. Actualmente, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional exige la satisfacción de todo un haz de condiciones para
conceder la tutela contra sentencias.[30] En primer lugar, la
acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad –o de procedibilidad
general-, que le permitan al juez evaluar el fondo del asunto. Para verificar
si están dadas esas condiciones, el juez de tutela debe preguntarse, en
síntesis, si: (i) la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han
sido agotados todos los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios- de
defensa de los derechos, a menos que se trate de un perjuicio irremediable;[31]
(iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el
amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación);[32]
(iv) si se trata de irregularidades procesales y ellas tuvieron incidencia en
la decisión que se impugna, salvo que de suyo se atente gravemente contra los
derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que
originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido
posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o
contencioso; (vi) si la sentencia impugnada no es de tutela.[33]
Sólo después de superados los requisitos –generales-
de procedibilidad, el juez de tutela debe verificar si se configura
alguna de las condiciones de prosperidad del amparo. En este plano, el
juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los defectos
a que se ha referido la jurisprudencia constitucional como defectos sustantivo,
fáctico, orgánico, procedimental, o por error inducido.[34]
De estos defectos, merece un especial y detenido análisis en este caso el
defecto fáctico, debido a que materialmente las providencias cuestionadas
fueron acusadas de incurrir en él.
4.4. El defecto fáctico, según ha estipulado la
jurisprudencia de la Corte, es un error relacionado con asuntos probatorios,
que tiene dos dimensiones. Una dimensión negativa, que se produce por omisiones
del juez, como por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso;[35] (ii) por decidir
sin el “apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”;[36] (iii) por no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo.[37] Y una
dimensión positiva, que tiene lugar por actuaciones positivas del juez, en la
que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión;[38]
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no
conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.[39]
5. Una providencia judicial adolece de un defecto
fáctico, si el juez está obligado por la Constitución en el caso concreto a
decretar pruebas de oficio para garantizar el acceso a la justicia entendido
como derecho a obtener una decisión material de fondo, pero se abstiene de
hacerlo aduciendo motivos formales excesivos –énfasis en los deberes del juez electoral-
5.1. La Constitución consagra el derecho de toda
persona de “acceder a la administración de justicia” (art. 229). De
acuerdo con un entendimiento formal y estrecho, la Constitución en este
precepto contempla un derecho de mero acceso a la justicia, que se concreta en
el derecho a presentar una demanda y a que esta le sea admitida. Según esta
interpretación, el ámbito de protección del derecho de acceso a la
administración de justicia se agota tan pronto el juez admite la demanda. Sin
embargo, en virtud del principio de unidad de la Constitución, ninguna
disposición de las que aparecen en el texto de la Carta debe leerse
aisladamente. Cada norma constitucional debe ser interpretada en función del
todo, para evitar que algunas de sus partes se vean sacrificadas
injustificadamente.[40] Porque si bien en
ocasiones concretas puede haber un conflicto entre normas constitucionales
aplicables, un imperativo de transparencia y sinceridad en la aplicación del
Derecho obliga a las autoridades públicas y, en especial, al juez, a poner de
manifiesto todos los argumentos que concurren a favor o en contra de
determinada solución del problema de suerte que si ha de preferir algunos de
ellos en detrimento de los otros, lo haga argumentadamente.
En ese sentido, debe recordarse que entre
los fines esenciales del Estado están los de “garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” y de “asegurar
(…) la vigencia de un orden justo” (art. 2°, C.P.). Si esas son finalidades
esenciales del Estado, todos los derechos relacionados con el proceso
judicial deben ser leídos en función de la garantía eficaz de los derechos
sustanciales, porque de lo contrario esas aspiraciones serían letra muerta a
pesar de que, según la Carta, son esenciales. Ese entendimiento es concordante
con el artículo 229 de la Carta, que a la letra dispone que en las actuaciones
de la justicia “prevalecerá el derecho sustancial”.
En ese contexto, el derecho de acceso a la
administración de justicia aparece, ciertamente, como el derecho formal a
acceder a la justicia, pero además a acceder a una justicia que busque, en la
mayor medida posible, proveer una decisión de fondo para el asunto presentado.[41]
Así, una violación del derecho a acceder a la administración de justicia se
presenta no sólo cuando al actor se le dificulta o imposibilita tal acceso,
sino también cuando la administración de justicia le permite acceder, pero no
evalúa sus pretensiones o las evalúa tan sólo en apariencia, pues acaba tomando
en realidad una decisión con base en consideraciones superficiales o de carácter
excesivamente formal, que no tienen valor instrumental en la garantía de otros
derechos fundamentales, en un caso en que es posible adoptar una decisión
diferente con fundamento en una interpretación orientada a la protección
efectiva de los derechos fundamentales.[42]
5.2. Establecido lo anterior, el punto siguiente consiste
en determinar si un juez puede legítimamente negar las pretensiones en un
proceso electoral, bajo el argumento de que el demandante no aportó documentos
con el adecuado valor probatorio, pese a que con los documentos aportados al
proceso en copia simple podía avizorar la aparente violación de derechos
sustanciales, y a que podía protegerlos si ordenaba de oficio el aporte de los
documentos auténticos.  En caso de estimar que esa omisión es constitutiva de
un defecto fáctico, debe la Corte establecer si es violatorio de un derecho
fundamental y si éste puede ser protegido por el juez de tutela.
Para empezar, debe indicarse que, según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, una autoridad judicial incurre en
defecto fáctico cuando “a pesar de que la ley le confiere la facultad o el
deber de decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan
justificadas”.[43] Ahora bien, la
verificación de este defecto en una providencia judicial depende esencialmente
del contexto constitucional, legal y fáctico del proceso.
5.2.1. Es necesario tener en cuenta, por una parte, el
contexto constitucional. Porque debe resaltarse que no en toda clase de
procesos judiciales el juez está obligado, en virtud de un mandato
constitucional, a decretar pruebas de oficio. Por ejemplo, de acuerdo con la
actual configuración constitucional del proceso penal, en Colombia la Carta no
obliga al juez de conocimiento a decretar pruebas de oficio en ningún supuesto.[44]
En cambio, cuando la autoridad actúa como juez de tutela incluso en segunda
instancia, debe tener en cuenta que la Constitución le confiere una función
especial en la garantía activa de los derechos fundamentales.[45]
De modo que, en ese ámbito –ha dicho la Corte- “la práctica de pruebas para el juez constitucional no es sólo una
potestad judicial (art. 179 del Código de Procedimiento Civil y artículos 19,
21 y 32 del Decreto 2591 de 1991) sino que es un deber inherente a la función
judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una definición
jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto planteado”.[46]
5.2.2. Pero, para concretar el deber constitucional
del juez de decretar pruebas de oficio, no basta con verificar si hay o no una
disposición expresa de la Constitución en ese sentido. También es necesario
considerar el contexto legal, pues si bien la Constitución es a primera vista
indiferente ante ese asunto, no lo es cuando el legislador adopta una decisión
puntual a ese respecto. Así, retomando nuevamente el ejemplo del proceso penal,
cuando el legislador adopta la decisión de proscribir el decreto oficioso de
pruebas por el juez de conocimiento, la Constitución de inmediato proscribe una
actuación judicial expresamente orientada en ese sentido, ya que toda persona
tiene el derecho fundamental a ser procesada con observancia de la “plenitud
de las formas propias de cada juicio” (art. 29, C.P.).[47]
5.2.3. En este orden de consideraciones, quedaría por
analizar qué ocurre si en abstracto la Constitución no especifica puntual y detalladamente
un deber del juez de decretar pruebas de oficio, pero la ley le confiere a éste
la facultad de hacerlo cuando las considere útiles. En ese caso, la
jurisprudencia de la Corte ha establecido que, si bien el deber del juez de
decretar pruebas de oficio no está enunciado puntualmente y en abstracto en la
Constitución o en la ley, en determinados casos concretos es posible advertir
que la Constitución obliga al juez a decretar esas pruebas de oficio. La fuente
específica de ese deber sería, entonces, la fuerza normativa de los derechos
fundamentales, que en ocasiones demandan una participación activa del juez en
su defensa y protección efectiva. De allí que, además del contexto
constitucional y legal, es necesario evaluar el contexto fáctico para concretar
el deber del juez de decretar pruebas de oficio.
Para ilustrar este último punto, pueden referirse dos
decisiones recientes de la Corte Constitucional. Las dos se adoptaron en el
contexto de acciones de tutela instauradas contra providencias adoptadas en un
proceso judicial de carácter mixto, que faculta al juez a decretar
pruebas de oficio (arts. 179 y 180 del C.P.C). Las providencias eran
cuestionadas, entre otras razones, porque basaban su decisión, parcialmente, en
una falta de pruebas que podía ser colmada con el ejercicio de los poderes
probatorios oficiosos del juez. La Corte decidió que aun cuando no en todos los
casos la renuencia del juez a decretar pruebas de oficio era inconstitucional,
en algunos eventos tal renuencia era inconstitucional cuando de su
participación activa dependía el goce efectivo de los derechos fundamentales.
Así, en primer lugar, debe mencionarse la Sentencia T-417
de 2008.[48] En esa ocasión, la Corte
evaluaba la constitucionalidad de una providencia judicial que le ponía fin a
un proceso civil, en el cual habían negado las pretensiones de la demandante
bajo el entendido de que no estaban demostrados los hechos fundantes de la
demanda. La razón que llevó al juez ordinario a tomar esa decisión, fue que en
el curso del proceso se aportaron dos dictámenes técnicos contradictorios, y no
un dictamen pericial que permitiera llegar al convencimiento necesario para
decidir.  La Corporación advirtió que el juez pudo haber decretado de oficio la
orden para que se practicara un dictamen pericial, pero como no lo hizo
incurrió en un defecto fáctico  violatorio del derecho a la verdad material en
el proceso judicial. En palabras de la Corte, en un contexto como ese: “es deber del juez de primera o de segunda
instancia decretar un peritaje cuando exista contradicción entre experticias
emitidas por instituciones o profesionales especializados y si el juez no
cumple este deber incurre en vía de hecho por omisión por cuanto impide que se
establezca la verdad de los hechos materia del proceso”.
Y, en segundo lugar, debe mencionarse la decisión
adoptada por la Corte en la Sentencia T-264 de 2009.[49]
En esa oportunidad, la Corte concedió la tutela contra la providencia de un
juez civil, porque se abstuvo de decretar una prueba de oficio, debiendo
hacerlo. En un proceso por responsabilidad civil extracontractual, el juez les
negó a la demandante y a sus hijos, personería para demandar porque no
acreditaron con un medio de prueba conducente, sus calidades de cónyuge e hijos
de la persona por cuyo fallecimiento reclamaban reparación. La prueba aportada
por quienes integraban la parte activa, era una copia de la sentencia penal
condenatoria que las reconocía como víctimas.  La Corte Constitucional indicó
que, en efecto, la copia de una sentencia penal no era conducente para
acreditar la relación de parentesco exigida por la ley para demandar. Sin
embargo, agregó que la inconducencia, en las condiciones del caso concreto, no
era una razón suficiente para que el juez desestimara las pretensiones:
“si bien es cierto que las sentencias
mencionadas no eran conducentes para la prueba del registro civil, sí
acreditaban un hecho muy relevante para perseguir una decisión basada en el
acopio de las pruebas necesarias: la existencia de esas sentencias
demostraba que la peticionaria debió aportar  al proceso penal las pruebas que
hacían falta en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, por
lo que resultaba plausible suponer que tales pruebas podían ser fácilmente
incorporadas al proceso civil”.
En otras palabras, era el juez quien debía,
con fundamento en ese hecho, ordenar así hubiera sido de oficio, el aporte de
la prueba conducente.  Pero no lo hizo y, de paso, violó los derechos
fundamentales de la peticionaria y sus hijos menores a la verdad del proceso y
a la justicia material (a un fallo de fondo real), mientras que con la
desestimación de las pretensiones había logrado una espuria protección de la
imparcialidad del juez.  Dijo la Corte, entonces, que en un caso como ese,
omisión semejante constituye una violación del derecho de acceso a la
administración de justicia, pues éste supone el derecho a un fallo materialmente
de fondo:
“[l]a Corporación ha explicado que el
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la
garantía de la obtención de una respuesta de fondo por parte de los jueces,
quienes, a su vez, se hallan obligados a evitar a toda costa fallos que,
basados en obstáculos formales, impidan la vigencia del derecho material o de
los derechos subjetivos. Esto ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios
de forma manifiesta como en aquellos que lo son de forma implícita, es decir,
bajo la apariencia de un pronunciamiento de mérito”.
5.3. Ahora bien, debe señalarse que estas
últimas sentencias decidían una acción de tutela contra providencias de la
justicia civil. Por lo tanto, podría pensarse que tienen fuerza de precedente
vinculante sólo para las decisiones de tutela contra providencias civiles. Sin
embargo, esa interpretación no es adecuada, pues lo que en último término fundamenta
el deber del juez de decretar pruebas de oficio en un proceso jurisdiccional no
es la naturaleza civil, administrativa o laboral del proceso, sino el contexto
normativo y fáctico en el cual está inserto cada caso concreto.
Por lo demás, es necesario
indicar que, aún en abstracto, es posible afirmar que en determinados procesos
electorales, el juez electoral está obligado a decretar pruebas de manera
oficiosa. De una parte, debe recordarse que en el contexto constitucional, si
bien no hay un texto que puntual y directamente estatuya el deber de los jueces
electorales de decretar pruebas de oficio, sí hay un importante haz de
garantías relacionadas con el proceso electoral, que le corresponde hacer
efectivas justamente al juez contencioso administrativo en procesos de esa
índole. En efecto, en primer lugar, la Constitución establece como uno de los
fines esenciales del Estado el de “facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa
y cultural de la Nación” (art. 2°). Aunque la Carta le asigna ese fin
genéricamente al Estado, en específico es deber de todas las ramas del poder público
que lo integran el de propender porque sean los propios afectados por las
decisiones políticas, económicas, administrativas y culturales, los que decidan
quiénes habrán de tomarlas por ellos y para ellos. En segundo lugar, la
Constitución contempla el derecho de todo ciudadano a “[e]legir y ser
elegido” (art. 40, C.P.), como una forma de participar en la conformación y
ejercicio del poder político. Pero, además, en tercer lugar, dado que del goce
efectivo de ese derecho depende la vigencia de un Estado que se reputa
democrático, su defensa es al mismo tiempo una defensa de la Constitución. Por
lo mismo, la acción electoral que se endereza a cuestionar actos declarativos
de una elección democrática, es una acción en defensa de la Constitución y, en
ese sentido, el derecho a hacer uso de la acción electoral y a obtener una
activa protección de los derechos que con ella se garantizan, viene dispuesto
genéricamente por la Carta en el artículo 40 numeral 6°, que faculta a todo
ciudadano para “[i]nterponer acciones públicas en defensa de la Constitución
y de la ley”.[50] En suma, desde el punto
de vista constitucional, la actuación que adelante un juez en la protección
efectiva del derecho a elegir y ser elegido, no es indiferente. A él se le
demanda una participación activa en la protección de ese derecho. Una acción
electoral, cuando está encaminada a cuestionar la constitucionalidad o la
legalidad de un acto declarativo de elecciones, no es otra cosa que el
señalamiento de una presunta ilegitimidad, que recae sobre una práctica
esencial de la democracia: las elecciones. Si para la Constitución el
comportamiento del juez en el hallazgo de la verdad material en un proceso
electoral fuera indiferente, eso significaría ni más ni menos que la
legitimidad de las elecciones termina dependiendo en cualquier caso,
exclusivamente, de la acuciosidad del demandante en el aporte de todas y cada
una de las pruebas indispensables para decidir de fondo el asunto.
De otra parte, tampoco desde
una óptica legal es indiferente que el juez electoral desempeñe un papel activo
en el descubrimiento de la verdad material. Al respecto, cabe recordar que
ciertamente el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo exige anexar
a cualquier demanda las copias hábiles de los documentos que se pretendan hacer
valer en el proceso. La habilidad a que se refiere el Código, depende
esencialmente del medio empleado para su publicación, pues si el documento ha
sido publicado por medios oficiales no requiere autenticación, pero en caso
contrario sí debe ir autenticado por el funcionario correspondiente.[51]
Con todo, de acuerdo con el propio Código en el artículo 143, “[s]e
inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en
los artículos anteriores”, dentro de los cuales se encuentra el 139. Una
lectura preliminar de ambos artículos permite concluir, entonces, que si a la
demanda no se anexan las copias autenticadas de los documentos que pretenden
hacerse valer en el proceso, aquella debe ser inadmitida.
Pero, dado que la presentación
inadecuada de una demanda no interrumpe la caducidad de la acción, es
importante preguntarse si cualquier defecto que se advierta en la demanda, sin
importar su magnitud o su importancia, justifica la inadmisión de la demanda.
La respuesta es negativa, pues de hecho sólo puede inadmitirse la demanda que
no reúna uno o más de los requisitos sustantivos establecidos en el propio Código,
como ocurre en una acción electoral si, por ejemplo, el demandante no
identifica de manera adecuada el acto acusado de acuerdo con lo dispuesto por
la ley.[52] Pero si lo que se echa
de menos es el cumplimiento de requisitos pura y estrictamente formales, la
inadmisión de la demanda amenaza desproporcionadamente el derecho a acceder a
la administración de justicia, pues el término de caducidad de la acción sigue corriendo
inexorablemente. Para evitar esa consecuencia, el artículo 143 inciso segundo
del Código Contencioso, señaló que el deber del juez de inadmitir la demanda
cuando carece de los requisitos exigidos en los artículos 135 a 142, tiene como
excepción que esa deficiencia sea “simplemente formal”. En éste último
caso, dice el Código:
“[n]o obstante, si la demanda se presenta
dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de
reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante
los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará
la demanda”.
De acuerdo con este precepto, no le es dado
al juez inadmitir la demanda, si advierte en ella defectos “simplemente
formales”, pues en ese caso debe señalárselos al demandante y conferirle un
término de cinco días para corregirlos. Si no los corrige, rechazará la
demanda.
Pero si el juez advierte un defecto
simplemente formal y no se lo señala al actor para que lo corrija, no puede
luego descargar en él los efectos de la deficiencia. Si al momento de decidir
sobre la admisión de la demanda, el juez estima necesario, por ejemplo, que el
accionante aporte copia auténtica de determinados documentos para que sirvan
como medios de prueba dentro del proceso,  debe indicárselo así antes de la
admisión, y conferirle un término para que arregle ese defecto, si cree que
puede hacerlo, pues ese es un ejemplo claro de una deficiencia “simplemente
formal”. Si el juez no lo hace, está dada la primera condición para que se
active su deber de decretar pruebas de manera oficiosa.
Esta condición se suma a otra, y es que el
Código Contencioso Administrativo, en el artículo 234 preceptúa, singularmente
para el proceso electoral, que “[l]as pruebas que las partes soliciten se
decretarán junto con las que de oficio ordene el ponente mediante auto que se
debe proferir el día siguiente al del vencimiento del término de fijación en
lista”. De modo que la propia ley le confiere al juez el poder de decretar
pruebas de oficio. Pero, además, esta disposición está complementada por otra,
contenida en el inciso quinto del mismo artículo, que faculta al juez, en
cualquiera de las instancias, para disponer hasta antes de decidir, “que se
practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de
la contienda”. Por lo demás, en cualquier clase de proceso contencioso y en
cualquier instancia, de acuerdo con la Ley, el juez puede “decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad” (art. 169, C.C.A.).[53]
Estas normas, según la interpretación de la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, no expresan
una obligación judicial, sino una facultad  que el juez puede ejercer
libre y discrecionalmente “sólo cuando lo crea pertinente y a fin de
esclarecer puntos oscuros o dudosos”. Pero esa interpretación está
débilmente soportada. A lo sumo, podría deducirse de una lectura fragmentaria
del texto legal, pero apartada en todo caso de la Constitución. Pues es cierto
que el juez tiene una autonomía para decidir cuándo existen puntos oscuros o
dudosos. Sin embargo, si hay puntos oscuros o dudosos en un caso, él está
obligado a decretar pruebas de oficio. Pero, aún más, si está en duda que
determinado acto puede amenazar o violar derechos fundamentales, el juez está
obligado a decretarlas. En ese caso, no puede permanecer estático. Su libertad
se reduce a determinar cuáles y cuántas pruebas debe decretar; no a decidir si
debe decretarlas. Porque en definitiva no es en abstracto que puede hablarse de
los deberes del juez de decretar pruebas de forma oficiosa, sino sólo en el
contexto fáctico de cada caso concreto. Eso procede a hacer la Corte a
continuación.
6. Caso concreto
6.1. Espedito Manuel Duque Cuadrado instauró
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Montería y la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba. El argumento
central, es que las providencias expedidas por esas autoridades en primera y
segunda instancia de un proceso electoral, violaron su derecho fundamental a
acceder a la administración de justicia porque denegaron sus pretensiones,
entre otras razones, basándose en que sólo fue aportada copia simple de los
formularios electorales E-10 y E-11, y no copia auténtica de los mismos. En
defensa de sus derechos fundamentales, el demandante aduce, de un lado, que no
le era posible obtener copia auténtica de los formularios E-10 y E-11, ya que
son censos electorales y, en ese sentido, están amparados por el artículo 213
del Código Nacional Electoral que dispone: “[c]ualquier persona podrá inspeccionar
en todo tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir
copia de los mismos”. Y, de otro lado, aunque acepta no haberle pedido al
juez que ordenara el envío de una copia auténtica de los formularios E-10 y
E-11 correspondientes a las mesas de votación de Puerto Libertador, considera
que ello no es óbice para que el juez decretara esa prueba de oficio, de cara a
garantizar los derechos fundamentales del actor a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político y a acceder al desempeño
de funciones y cargos públicos. Así las cosas, la Corte pasa a verificar el
cumplimiento de los requisitos de procedencia generales y específicos (o de
prosperidad) de la acción de tutela contra las sentencias cuestionadas.
6.2. (i) La problemática planteada
por la acción de tutela tiene relevancia constitucional, pues con ella el
peticionario persigue obtener un pronunciamiento de fondo del juez electoral,
específicamente en lo que se refiere a los cargos relacionados con
trashumancia, participación en los comicios de personas que aparecen como
muertas o con cédulas dadas de baja. De una decisión de fondo sobre ese asunto,
podría depender no sólo la garantía de los derechos fundamentales a acceder a la
administración de justicia (art. 229) y al debido proceso (art. 29), sino
también el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político (art. 40), ya que el accionante era uno de los aspirantes a la
Alcaldía Municipal de Puerto Libertador. Pero, además, y especialmente, tiene
relevancia en la garantía del derecho de todos los habitantes de una localidad,
a autogobernarse; es decir, a decidir ellos mismos, sin la intromisión
ilegítima de personas residentes en otras localidades, quiénes habrán de
gobernarlos, lo que en la Constitución está dispuesto en el artículo 316 de la
siguiente manera: “[e]n las votaciones que se realicen para la
elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo
carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo
municipio”.
Por otra parte, (ii) han sido agotados
todos los recursos o medios ordinarios de defensa de los derechos, que el
tutelante tenía a su disposición, pues efectivamente interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo de Montería.
Con todo, el demandante no interpuso el recurso extraordinario de revisión,
pero esa omisión está justificada, ya que el cuestionamiento de la tutela no se
fundamenta en un hecho posterior a la ejecutoria de la última sentencia, razón
por la cual no podrían invocarse las causales 2°, 3°, 5° y 7° del Código
Contencioso Administrativo. Además, las providencias no aparecen censuradas por
haberse fundamentado en un documento falso o adulterado, y en consecuencia no
cabe aplicar la causal 1°. Tampoco se trata de una pensión, por lo que no hay
lugar a aplicar la causal 4°. Contra la Sentencia de primera instancia procedía
recurso de apelación, y por lo mismo no es aplicable el numeral 6°. No se
fundamenta la acusación en que haya habido una sentencia anterior sobre asunto
que haya hecho tránsito a cosa juzgada, de modo que no es aplicable el numeral
8°.  Por lo tanto, no le era exigible al tutelante haber instaurado recurso de
revisión.
Adicionalmente, (iii) el
peticionario interpuso el amparo en un término razonable, contado desde que se
expidió la Sentencia de segunda instancia en el proceso electoral, pues había
pasado poco más de un mes. En efecto, la providencia de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba fue expedida el dieciséis (16) de octubre de dos mil
ocho (2008) y la acción de tutela fue instaurada el veintiocho (28) de
noviembre del mismo año.
Asimismo,  (iv) aunque desde cierto punto de
vista las irregularidades que se cuestionan son de carácter procedimental, se
constitutyen desde cualquier perspectiva en determinantes para la decisión
finalmente adoptada. Por una parte pueden ser catalogadas como irregularidades
procedimentales, porque no se relacionan estricta e inmediatamente con la
aplicación de una norma sustantiva, declarativa de derechos o impositiva de
obligaciones a los particulares, sino con el uso de una norma que le confiere
poderes al juez en el curso del proceso para decretar pruebas de oficio.  Pero,
por otra parte, esas irregularidades son determinantes en la decisión final. Si
bien las providencias cuestionadas, para negar las pretensiones del demandante
se basaron no sólo en que éste hubiera aportado copia simple de los formularios
E-10 y E-11, pues también se apoyaron en que algunos cargos no tenían la
virtualidad de afectar la validez de la elección (como el relativo a la no
solución satisfactoria de las reclamaciones el día de los comicios), lo cierto
es que si se mantienen en pie los argumentos jurídicos que dependen de la
autenticidad de los formularios E-10 y E-11, el núcleo de la demanda de
Espedito Manuel Duque Cuadrado no se altera y esta sigue teniendo la suficiente
fuerza como provocar un pronunciamiento judicial de fondo, sobre un asunto
jurídico sustancial que puede  incidir en la garantía de derechos
fundamentales. En efecto, cuando menos cuatro (4) de los ocho (8) cargos
planteados por el peticionario en la acción electoral fueron desestimados por
el Juzgado y el Tribunal Administrativos, argumentando exclusivamente que su
prosperidad dependía de la autenticidad de los formularios E-10 y E-11: a.
Cargo por trashumancia electoral o trasteo de votos; b. Cargo porque
participaron como jurados de votación personas que no fueron inscritas como
tales o que lo fueron en mesas diferentes; c. Cargo porque personas
muertas y cédulas dadas de baja figuran votando; y d. Cargo porque
personas inhabilitadas para votar ejercieron ese derecho. De ese razonamiento es
posible concluir fundadamente que, de haber sido aportadas copias de los
formularios E-10 y E-11 con los atributos exigidos por el artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil, se habría podido decidir real y materialmente de
fondo las pretensiones del actor. Por consiguiente, la acción de tutela se
dirige a cuestionar una irregularidad determinante en la decisión adoptada.
(v) De otro lado, puede advertirse con la lectura del
recurso de apelación interpuesto por Espedito Manuel Duque Cuadrado contra la
Sentencia del Juzgado Tercero Administrativo de Montería, que el actor
identificó debidamente los hechos que, en su concepto, originan la violación,
pues en él adujo que el juez no decretó pruebas de oficio, estando facultado
para hacerlo de manera que garantizara la protección efectiva de los derechos
fundamentales suyos y, en definitiva, los de la comunidad a elegir, y el
derecho de él especialmente a ser elegido. Por último, (vi) las
sentencias cuestionadas no son de tutela.
6.3. Una vez superados los requisitos
generales de procedibilidad, la Sala pasa a verificar si, como lo sugiere el
tutelante, las decisiones del Juzgado Tercero Administrativo de Montería y de la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba incurrieron en
alguno de los defectos que ameritan la intervención del juez constitucional en
la defensa de derechos fundamentales del señor Espedito Manuel Duque Cuadrado.
Según el ciudadano, las providencias
referidas son en una parte esencial, resultado de un defecto fáctico, en el que
habrían incurrido las mencionadas autoridades judiciales por no decretar de
oficio el aporte de las copias auténticas, correspondientes a los formularios
E-10 y E-11 de las mesas de votación de Puerto Libertador. El peticionario no
niega que al demandante electoral le corresponde la satisfacción de una carga
probatoria, pero afirma que en el caso concreto la carga de aportar al proceso
una copia auténtica de los formularios E-10 y E-11, correspondientes a las
mesas de votación del Municipio Puerto Libertador, en la contienda electoral
que allí se llevó a cabo el veintiocho (28) de octubre de dos mil siete (2007)
para elegir alcalde, no podía cumplirla porque esos formularios, al ser censos
electorales, aunque podían ser consultados, no podía solicitarse copia
auténtica de los mismos de acuerdo con el artículo 213 del Código Nacional
Electoral.[54]
Pues bien, no interesa ahora
determinar si la interpretación del ciudadano Duque Cuadrado era la más
correcta, de acuerdo con la normatividad electoral. Tampoco interesa establecer
si, en caso de serlo, esa normatividad es conforme con la Constitución en
materia del derecho de acceso a documentos públicos. En últimas el punto
crucial que, en un primer momento, plantea la controversia en estudio, es si
aún en caso de que el demandante hubiera podido obtener copias auténticas de
los formularios E-10 y E-11 de las mesas de votación de Puerto Libertador, se
le debía exigir que los aportara. La respuesta es afirmativa. No cabe la menor
duda de que si el demandante pretendía hacer valer esos documentos como medios
de prueba dentro del proceso, ellos debían ser aportados en copia hábil, tal
como lo dispone el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo. [55]
Pero supuesto que no las haya
aportado como debía, la segunda pregunta es qué debe hacer el juez. Dado que
esa es una exigencia que debe satisfacer toda demanda, en principio el juez
tenía tres opciones. Por una parte podía  inadmitirla, porque no cumplió una de
las exigencias que cabe hacerle a cualquier demanda. Sin embargo, en un caso
como el que ahora se analiza, la inadmisión habría significado la
ininterrupción del término de caducidad. Y como el demandante presentó su
acción el último día hábil que tenía para hacerlo,[56]
la consecuencia inexorable habría sido la caducidad de la misma y el
impedimento para el ciudadano de acceder en el futuro a la administración de
justicia para ventilar ese conflicto en específico. Aunque por otra parte y
para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia del ciudadano, le habría
podido conceder el término que refiere la ley,[57] para subsanar
un defecto “simplemente formal” como es el aporte de la copia auténtica
de los formularios electorales que echaba de menos en la demanda. Y,
finalmente, habría podido admitir la demanda sin más. Pero, en esta última
hipótesis, la decisión del juez podría ser aún peor que la primera, si durante
el proceso no decreta absolutamente ninguna prueba de oficio y acaba tomando
una decisión basado en que no se aportó copia auténtica de los formularios E-10
y E-11 de las mesas de votación de Puerto Libertador, pues además de que
violaría el derecho de acceso a la administración de justicia, como lo hubiera
hecho en el caso de haber inadmitido la demanda de entrada, haría incurrir a
las partes y a la propia administración de justicia en una serie gastos
inútiles.
En este caso el juez optó por
la tercera alternativa: admitir sin más la demanda. E incurrió precisamente en
el exceso que acaba de señalarse, pues se abstuvo de decretar pruebas de
oficio.  Los argumentos centrales sobre los cuales justificó su negativa a
decretarlas, tienen que ver con que esa era una carga de la parte, insubsanable
por el juez. Sin embargo, y aceptando que el demandante hubiera incumplido
injustificadamente su carga, ¿es ese incumplimiento injustificado, una razón
suficiente para denegar sus pretensiones electorales, en el contexto en el cual
fueron presentadas? La respuesta es negativa.
En efecto, ya quedó establecido que la decisión de un
juez electoral de decretar o no pruebas de oficio, no es indiferente si se la
evalúa desde un plano constitucional y legal, pues hay ocasiones en las cuales
la fuerza normativa de los derechos fundamentales troca la facultad libre de
decretar pruebas de oficio, en una obligación constitucional.
De hecho, en un caso como el que ahora se analiza, la
renuencia del Juzgado Administrativo a decretar oficiosamente el envío de la
copia auténtica de los formularios E-10 y E-11 de las mesas de votación de
Puerto Libertador es inconstitucional. Y como ella termina incidiendo en el
resultado del proceso, pues en últimas se adopta una decisión materialmente
inhibitoria basada en la ausencia de un requisito de carácter simplemente
formal, viola el derecho que tiene el tutelante de acceder a la administración
de justicia, entendido como el derecho a obtener una decisión de fondo sobre el
conflicto proyectado mediante acción electoral. En primer lugar, porque admitió
la demanda sin señalarle al actor las deficiencias “simplemente formales” que
supuestamente tenía para que las corrigiera, y en cambio permitió que el
defecto se anquilosara. Y si bien allí no hay ninguna dificultad, pues el
defecto del demandante pudo ser corregido por el juez en ejercicio de los
poderes oficiosos, esto no ocurrió en la providencia que se cuestiona, sino al
contrario, ese defecto se hizo valer como excusa para evitar un pronunciamiento
material de fondo. En segundo lugar, y en comunión con la anterior deficiencia
judicial, el juez podía advertir en la argumentación del demandante que, posiblemente,
había habido algunas mesas de votación en el Municipio Puerto Libertador en las
cuales se había presentado una sospechosa participación de personas con cédulas
de otras personas muertas, o con documentos de identidad dados de baja, de
personas inscritas en otros municipios, que el actor se tomó el trabajo de
individualizar a lo largo de veinte (20) folios. El demandante Espedito Manuel
Duque Cuadrado no se limitó, pues, a formular acusaciones vagas, abstractas y
elusivas. Al contrario, de un modo determinado, concreto y directo, referenció
varios nombres con sus respectivas cédulas, e indicó la presunta irregularidad
que advertía en que esas personas estuvieran en la lista de personas que
efectivamente votaron. Puede ser que los formularios E-10 y E-11 no hubieran
sido aportados en copias hábiles, pero es indudable que ellas estaban llamadas
a cuestionar, así fuera mínimamente, la transparencia con que se llevó a cabo
la contienda electoral el veintiocho (28) de octubre de dos mil siete (2007) en
Puerto Libertador. Y ante la oscuridad sobre ese punto, el juez estaba obligado
a decretar pruebas de oficio, incluso hasta antes de dictar sentencia, como lo
dictamina el artículo 234, inciso quinto, del Código Contencioso
Administrativo: “en la oportunidad procesal de decidir, la Sala o sección
también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer
puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para practicarlas podrá señalar un
término hasta de diez (10) días, descontada la distancia, mediante auto contra
el cual no procede recurso alguno”. Dado que no lo hizo, incurrió en
un defecto fáctico. Ese defecto incidió de un modo determinante en la decisión
finalmente adoptada en la primera instancia, la cual tan sólo en apariencia
resuelve el fondo del asunto. Porque desde un punto de vista real, su decisión
se adoptó con fundamentó en argumentos de carácter simplemente formal, pudiendo
haberse fundamentado de un modo distinto. En ese sentido, el defecto en que
incurrió lo hizo violar el derecho de acceso a la administración de justicia de
Espedito Manuel Duque Cuadrado, que amerita una intervención del juez
constitucional. Por su parte, la Sala  Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba, incurrió en el  mismo defecto, pues confirmó la
decisión sin decretar pruebas de oficio que permitieran allegar al proceso la
copia auténtica de los formularios E-10 y E-11.
6.4. En consecuencia, la Corte procederá a revocar los
fallos proferidos, en primer instancia, por la Sección Segunda, Subsección B,
de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado el veintidós
(22) de enero de dos mil nueve (2009) y, en segunda instancia, por la Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado el
veintiséis (26) de marzo de dos mil nueve (2009), dentro del proceso de tutela
presentado por Espedito Manuel Duque Cuadrado contra el Juzgado Tercero
Administrativo de Montería y la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba. En su lugar, concederá la tutela del derecho
fundamental a acceder a la administración de justicia del señor Espedito Manuel
Duque Cuadrado. Por lo tanto, la orden con que debe concluir esta providencia
estará encaminada a dejar sin efecto las providencias cuestionadas por haber
sido tomadas en contravención de lo que dispone la Carta en materia de decreto
de pruebas de oficio. Asimismo, se dispondrá dejar sin efecto lo actuado desde
el auto admisorio de la demanda electoral –inclusive- y ordenará reanudar el
proceso electoral desde el comienzo, y tramitarlo de conformidad con lo
dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR los fallos proferidos, en primer instancia,
por la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado el veintidós (22) de enero de dos mil
nueve (2009) y, en segunda instancia, por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado el veintiséis (26) de marzo de
dos mil nueve (2009). En su lugar, CONCEDER la tutela del derecho
fundamental a acceder a la administración de justicia de Espedito Manuel Duque
Cuadrado, vulnerado por las providencias expedidas el veintiséis (26) de junio
de dos mil ocho (2008) por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Montería, y el dieciséis (16) de octubre de dos mil ocho (2008) por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Segundo.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS todos
los actos  procesales, desde el auto admisorio de la demanda, incluido,
expedidos dentro del proceso electoral adelantado por Espedito Manuel Duque
Cuadrado contra el acto que declaró la elección como alcalde municipal de
Puerto Libertador a Mario Elías Carrascal Náder, que está contenido en el
expediente No. 30-001-33-31-003-2007-00402-01.
Tercero.- DISPONER que el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Montería reinicie el trámite de la demanda presentada por
Espedito Manuel Duque Cuadrado, de conformidad con lo establecido en la parte
motiva de esta providencia.
Cuarto.-  Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 151.
[2]
Folio 152.
[3]
Folio 154.
[4]
En la Sentencia T-555 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte
Constitucional estudiaba si resultaba procedente estudiar el fondo de un
asunto, pese a que en principio el accionante carecía de la legitimidad para
interponer la tutela. La Corte señaló que el juez constitucional estaba en la
obligación de proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y,
en consecuencia, a estudiar el fondo del asunto: “[e]n aquellos casos en
que, como en el presente, se encuentra de por medio la efectividad de un
derecho fundamental con dimensiones de carácter objetivo y la violación a este
derecho es manifiesta y constatable prima facie, el agente oficioso –en razón
de la naturaleza del derecho fundamental cuya vulneración se debate- actúa,
adicionalmente, en nombre del interés general, que supera el interés individual
de la persona cuyos derechos agencia. En situaciones límite de este género se
impone la prevalencia del derecho sustancial (C.P. art. 228). (…) La inhibición
de la jurisdicción constitucional –cuando es ostensible la lesión de un derecho
en cuyo cumplimiento se cifra la paz pública-, sólo conduciría a que ésta,
impasible, se torne en espectadora de la violación y que el interés superior de
la guarda de la integridad de la Constitución Política ceda ante una finalidad
cuyo sentido y función verdaderos han dejado de comprenderse. Ciertamente, ésta
no puede ser su misión.”
[5]
También en la Sentencia T-197 de 2009, M.P. Clara Elena Reales, la Corporación
indicó que no obraba por fuera de su competencia el juez que actuaba en defensa
del orden objetivo de garantías fundamentales, ni siquiera en el caso de que no
se cumplieran las condiciones de legitimidad en la causa.
[6]
En la sentencia C-557 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda, se consideró al
respecto lo siguiente: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas
es un control abstracto porque no surge de su aplicación en un pro­ceso
particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse
sin tener en cuenta el contexto dentro del cual la norma fue creada (i.e.
su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha
vi­vido). En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jurídica depende
del contexto dentro del cual es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples
dimensiones de ese contexto –bien sea la lingüística, que permite fijar su
sentido natural, o bien la sociológica, que hace posible apreciar sus funciones
reales- se destaca la actividad de los expertos que han interpretado los
conceptos técnicos que ella contiene y que los han aplicado a casos concretos.
Obviamente, esos expertos son los jueces y los doctrinantes especializados en
la materia tratada en la norma; dentro de ellos, una posición preeminente la
ocupan los órganos judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una
jurisdicción. Así lo ha establecido la Constitución al definir al Consejo de
Estado como “tribunal supremo de lo contencioso administrativo” (art. 237- 1 de
la CP) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria” (art. 234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de
ambos órganos es un referente indispensable para apreciar el significado
viviente de las normas demandadas. Al prestarles la atención que su ubicación
institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor
hermenéutica dentro de un mismo sistema jurídico. Obviamente, cuando no exista
jurisprudencia sobre las normas objeto del control constitucional, la Corte
Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar
los artículos demandados.”
[7]
Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[8]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa ocasión, la Corte decidió confirmar el
fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
dentro del proceso de acción de tutela estudiado, mediante el cual confirmó la
decisión que había adoptado el juez de tutela de primera instancia (Sala Civil
del Tribunal Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil fue
evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del proceso acusado,
no podían ser fundamento de la decisión por haber sido rendidas como versiones
libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento, según las exigencias
de los artículos 175 C.P.C. y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema había
aducido, por lo demás, que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas
mediante auto del funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera
posible ejercer el derecho de contradicción.
[9]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. La Corte, en esta oportunidad, consideró
procedente confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de
Popayán, de conceder el amparo solicitado contra una providencia judicial, por
haber sido quebrantado el derecho fundamental al debido proceso al negar el
recurso de apelación bajo el entendimiento de que faltaba un requisito
inexistente en el Código de Procedimiento Civil. En la providencia, el Tribunal
Superior de Popayán invocó una doctrina sobre quebrantamiento del debido
proceso por providencias judiciales, que aceptaba la Corte Suprema de Justicia.
[10]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Al controlar el proyecto de ley estatutaria de
administración de justicia, la Corte evaluaba la constitucionalidad del
artículo 66, que contemplaba la posibilidad de condenar al Estado por ‘error
jurisdiccional’. La Corte señaló que no cabía predicar responsabilidad del
estado por cualquier error jurisdiccional, sino sólo por la que constituyera
una actuación subjetiva, arbitraria, caprichosa y violatoria del derecho al
debido proceso. Y que frente de las decisiones de las altas Cortes o de los
tribunales supremos de cada jurisdicción no cabría predicar el ‘error
jurisdiccional’. Pero hizo énfasis en que la Corte Constitucional, por ser el
intérprete máximo de los derechos constitucionales fundamentales, podía
controlar las decisiones judiciales que se apartaran groseramente del Derecho.
[11]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta providencia, la Corte evaluaba la validez
de una norma que prohibía categóricamente la procedencia de acciones ante los
jueces, contra los actos de las Superintendencias en ejercicio de sus
facultades jurisdiccionales. La Corporación estimó que una exclusión así de
categórica violaba el texto de la Carta, pues el artículo 86 contemplaba la
posibilidad de que un acto como el estudiado, cuando violara derechos
fundamentales, podía ser cuestionado por vía de la acción de tutela.
[12] M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta Sentencia, la
Corporación afirmó que “[l]a Corte Constitucional ha construido una nutrida
línea de precedentes en materia de tutela contra providencias judiciales, bajo
las condiciones particulares de lo que se ha denominado la vía de hecho. No es
de interés para este proceso en particular hacer un recuento de dicha línea de
precedentes. Baste considerar que sus elementos básicos fueron fijados en la
sentencia T-231 de 1994, en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se
observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y
procedimental.”
[13]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta ocasión, si bien la Corte
no revocó una sentencia adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, reiteró la doctrina sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en caso de que con ella se infringieran
derechos fundamentales, como consecuencia de una interpretación caprichosa y
arbitraria del Derecho objetivo aplicable.
[14]
M.P. Jaime Córdoba Triviño. En ella,  la Corte  estudiaba la
constitucionalidad de una norma del Código de Procedimiento Penal, que
aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por las
Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte consideró que esa
limitación contrariaba no sólo la Constitución, sino además los precedentes de
esta Corte, que nunca han desecho completamente la posibilidad de impetrar el
amparo contra actuaciones ilegítimas de las autoridades judiciales, así
revistan el nombre de providencias.
[15]
M.P. Mauricio González Cuervo. La Corte concedió una tutela
contra Sentencias, que le negaban al actor la sustitución de la prisión
intramuros por la detención domiciliaria, porque el recluso tenía un hijo menor
de edad que sufría de autismo, y su situación se había agravado a causa del
confinamiento de su padre. La Corte reiteró el criterio de que la tutela sí procede
contra providencias judiciales si se cumple “con unos
requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente desarrollados por la Corte
Constitucional, definidos como causales generales y especiales de
procedibilidad”.
[16]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. La Corte no concedió la tutela
contra Sentencias en procesos especiales de fuero sindical. Pero indicó que,
conforme a la Sentencia C-543 de 1992, el amparo sí es procedente “para
cuestionar y remover aquellas “decisiones” que formal y materialmente
contrarían, de manera evidente, grave y grosera, el orden constitucional, de
modo que no pueden en realidad reputarse como verdaderas providencias
judiciales, pues sólo son arbitrariedades con apariencia de tales”.
[17]
M.P. Humberto Sierra Porto. La Corte concedió la tutela de los
derechos fundamentales, contra sentencias que habían negado la pretensión del
actor, de obtener la indexación del valor de la primera mesada pensional.
[18]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte concedió una tutela
contra providencia judicial, que había declarado procedente una excepción de
caducidad de la acción contenciosa, no obstante que la tardanza en la
presentación de la demanda había tenido lugar debido a causas extrañas a  la
demandante.
[19]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En esta Sentencia, la Corte
tuteló los derechos de una ciudadana, violados por la providencia de un
tribunal administrativo, que consideraba que los actos administrativos que
declaraban la insubsistencia de servidores en provisionalidad eran de libre
nombramiento y remoción y no debían ser motivados. La violación de derechos
fundamentales radicaba en un desconocimiento de los precedentes
jurisprudenciales de la Corte Constitucional. En ella, al referirse a la
Sentencia C-543 de 1992, dijo que si bien había declarado inexequibles algunos
artículos que se relacionaban con la tutela contra Sentencias, no había
excluido tajantemente esa posibilidad.
[20]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. La Corte no concedió una
tutela contra sentencias, porque el peticionario no agotó todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial en el curso del proceso
ordinario, sino que lo asumió con actitud de abandono. Sin embargo, anotó que
en la Sentencia C-543 de 1992, “la Corte no estableció o
atribuyó un carácter absoluto a la intangibilidad de las providencias de los
jueces”.
[21]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En esta ocasión, la Corte no accedió a las
peticiones de una tutela dirigida contra una decisión judicial. Pero reparó en
que la acción de tutela sí procede contra decisiones judiciales, en ciertos
casos, tal como lo reconoció la Corte en la Sentencia C-543 de 1992.
[22]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corporación tuteló los derechos
fundamentales de una señora, violados por una providencia judicial que había
desconocido su legitimación por activa en el proceso civil extra-contractual,
pese a que en el proceso penal se le había permitido actuar como parte civil.
[23]
M.P. Humberto Sierra Porto. En esta ocasión, si bien la Corte negó una tutela
contra providencias penales, lo hizo porque no satisfacían los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela. Pero afirmó que “la acción de tutela
resulta procedente cuando se pretenda proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas que se hayan visto amenazados o vulnerados
mediante defectos que hagan procedente la acción de tutela por parte de las
autoridades públicas y, en particular, de las autoridades judiciales”.
[24]
M.P. Mauricio González Cuervo. En esta oportunidad, si bien la Corte no
concedió la tutela contra las sentencias cuestionadas, lo hizo por falta de
inmediatez. Con todo, señaló que la acción de tutela sí procede contra
providencias judiciales como “medio subsidiario, residual y excepcional de
restablecimiento de los derechos fundamentales”.
[25]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. La Corporación tuteló los
derechos fundamentales, violados por sentencias que negaban la pretensión de la
tutelante, que tenía derecho a la indexación del valor de la primera mesada
pensional según la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia.
[26] Ver entre otras, las sentencias T-774 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa) y  T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas). En la
sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo,  la
Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente
la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación,
constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el
requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.” En la sentencia
T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda), la Corte sostuvo lo siguiente: “(...)
la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el
cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la
jurisprudencia constitucional.  La Corte ha decantado los conceptos de capricho
y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía
de hecho”. Actualmente no “(...) sólo se trata de los casos en que el
juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino
que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad).  Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a
lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez),
ha de ceñirse a lo razonable.  Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución”.
[27] Un ejemplo de ello, es la vía de hecho por
consecuencia que se explica mejor más adelante. Ver al respecto las sentencias
SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar
Gil);  T-1180 de 2001. (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[28]
Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[29]
Sentencia T-377 de 2009.
[30]
Véase, al respecto, la Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, en la cual la Corte tipificó algunos de los defectos en que
pueden incurrir las providencias judiciales, con la virtualidad de afectar
derechos fundamentales. Más adelante la Corte, en la Sentencia C-590 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño, sistematizó la jurisprudencia en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias.
[31]
Sentencia T-202 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. La
Corte no concedió una tutela contra sentencias, porque el peticionario no agotó
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial en el curso
del proceso ordinario, sino que lo asumió con actitud de abandono.
[32]
Sentencia T-743 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte analizó
algunos de los argumentos que podrían justificar una relativa tardanza en la
interposición de la tutela.
[33]
Sentencia T-282 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra providencias de
tutela.
[34]
Sobre la caracterización de estos defectos, pueden verse,
entre muchas otras, las Sentencias T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-377 de 2009, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[35]
En la Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte
concedió la tutela contra una sentencia, porque en ella el juez “ignoró, sin
motivo serio alguno, la realidad probatoria objetiva que mostraba el proceso”,
siendo que, de haberla tenido en cuenta, razonablemente se habría tenido que
tomar una decisión diferente.
[36]
Véase la citada Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Se refiere
específicamente a fallar sin las pruebas suficientes.
[37]
La Corte en la Sentencia T-417 de 2008, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, tuteló los derechos fundamentales de la peticionaria, que habían
sido violados por providencias judiciales que omitieron decretar de oficio una
prueba pericial, en un supuesto en que estaban habilitados por la ley.
[38]
En la Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte no
concedió la tutela contra una sentencia penal, porque la prueba ilícitamente
obtenida no era la única muestra de culpabilidad del condenado. Pero consideró
que había un defecto fáctico cuando el juez “aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).”.
[39]
En la Sentencia T-1082 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto
prosperó una tutela contra providencia judicial, porque había declarado la
existencia de un contrato de arrendamiento partiendo de una prueba que no era
aceptada por la ley como conducente para esos efectos.
[40]
Cfr., Konrad Hesse: “La interpretación constitucional”, en Escritos de
Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983,
p. 48.
[41]
Sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[42]
Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ella al resolver
una tutela contra sentencia, la Corte manifestó que “el derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia comporta la garantía de la obtención
de una respuesta de fondo por parte de los jueces, quienes, a su vez, se hallan
obligados a evitar a toda costa fallos que, basados en obstáculos formales,
impidan la vigencia del derecho material o de los derechos subjetivos. Esto
ocurre tanto en los fallos que son inhibitorios de forma manifiesta como en
aquellos que lo son de forma implícita, es decir, bajo la apariencia de un
pronunciamiento de mérito”.
[43]
Sentencia T-417 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Dice
a la letra la Sentencia: “esta deficiencia probatoria no sólo se presenta
cuando el funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora
arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes,
sino también cuando, ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el
deber de decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan
justificadas”.  Cfr., además, la Sentencia  T-949 de 2003, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[44]
En este sentido, véase la Sentencia C-396 de 2007, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, en la cual la Corte encontró que el legislador no estaba
obligado por la Constitución a prohibir el decreto de pruebas de oficio o a
obligar a los jueces de conocimiento a decretarlas. Por lo tanto, concluyó que “si
bien en esta oportunidad se considera razonable y válido constitucionalmente
prohibir el decreto de pruebas de oficio en la audiencia preparatoria, bien
podría resultar también conforme a la Carta que, a partir de valoraciones de
política criminal, adopte una posición contraria y admita la actividad
probatoria del juez en la audiencia preparatoria”.
[45]
Sobre el deber de juez de tutela para decretar pruebas de oficio, aún en
segunda instancia, se pronunció la Corte en el Auto 206 de 2006, M.P. Jaime
Araújo Rentería.
[46]
Así lo expresó la Corte en la Sentencia T-864 de 1999, M.P. Alejandro Martínez
Caballero y lo reiteró en la Sentencia T-498 de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, al estudiar una tutela que había sido negada por el juez de
instancia, bajo el argumento de que no fue anexada la documentación que
acreditaba la necesidad de una menor de edad de recibir un tratamiento para su
tumor cerebral. Véase, además, la Sentencia T-197 de 2009,
M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez, en la cual la Corte revocó la providencia
de un juez de tutela, para el cual debía negarse o declararse improcedente la
acción de tutela, debido a que no estaba probada la condición de indefensión de
una mujer con setenta y un años, de lo cual derivó que no estaban dadas las condiciones
para la procedencia de la agencia oficiosa. La Corte advirtió que si el juez no
ejercía sus poderes probatorios de oficio, no podía descargar las consecuencias
desfavorables de la inactividad en el titular de derechos fundamentales.
[47]
Sentencia C-396 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[48]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[49]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50]
Al analizar una acción electoral, la Corte en la Sentencia T-510 de 2006, M.P.
Álvaro Tafur Galvis señaló que las acciones enderezadas a garantizar el derecho
a elegir y ser elegido eran acciones en defensa de la Constitución.
[51] Dice el artículo 139, C.C.A., en su parte pertinente:
“[a] la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con
las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y
los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y
que se encuentren en su poder. || Se reputan copias hábiles para los efectos de
este artículo, las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto
se requiera la autenticación. || Cuando la publicación se haya hecho por otros
medios, la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario
correspondiente. || Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o
la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo
juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la
indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico en que
se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el Ponente antes de la
admisión de la demanda”.
[52]
En el caso de la acción electoral, el Código Contencioso exige justamente que “[p]ara
obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de
escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la
elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el
vicio de nulidad afecte a éstos” (art. 229).
[53]
Según esta norma: “[e]n cualquiera de las instancias el Ponente podrá decretar
de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las
partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas al
vencimiento del término de fijación en lista”.
[54]
Que dice: “[c]ualquier persona podrá inspeccionar en todo
tiempo los censos electorales, pero en ningún caso se podrá expedir copia de
los mismos.”
[55] Ya citado, que dice a la letra: “[a] la demanda
deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su
publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos,
contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren
en su poder. || Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo,
las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la
autenticación. || Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la
copia tendrá que venir autenticada por el funcionario correspondiente. ||
Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación
sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se
considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la
oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere
publicado, a fin de que se solicite por el Ponente antes de la admisión de la
demanda”.
[56]
Folios 112 y 113.
[57]
Artículo 143 inciso segundo del Código Contencioso, que dice: “[n]o
obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el
ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente
formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si
así no lo hiciera, se rechazará la demanda”.