T-740-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-740/12
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por no entrega real, material y efectiva de
viviendas adjudicadas a beneficiarios de proyecto de vivienda de interés social
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Ambito internacional
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Carácter fundamental y prestacional
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Contenido, naturaleza, alcance y características
VIVIENDA
DIGNA-Requisitos
VIVIENDA-Debe darse
prioridad a los programas que la promuevan para hacer efectiva la asequibilidad
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Debe desarrollarse de manera programática y progresiva
para el seguro cumplimiento y goce efectivo
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Ambitos
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Está relacionado con el derecho a la vida en condiciones
de dignidad
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA PARA POBLACION VULNERABLE, PERSONAS EN ESTADO
DE DEBILIDAD MANIFIESTA O SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Importancia
PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD-Especiales
deberes sociales o acciones afirmativas en caso de población vulnerable o
personas en estado de debilidad manifiesta
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Protección por juez de tutela dadas las circunstancias
particulares de vulnerabilidad o debilidad manifiesta de quien reivindica este
derecho
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Carácter autónomo cuando se trata de población en condición
de vulnerabilidad, debilidad manifiesta o sujetos de especial protección
constitucional
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Fundamental
autónomo
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA DE VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Procedencia de
la acción de tutela
OBLIGACIONES
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DE ENTIDADES TERRITORIALES CON LA
POBLACION DESPLAZADA EN MATERIA DE VIVIENDA-Recaen tanto en
entidades del orden nacional como en autoridades regionales y locales a nivel
territorial
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA DE VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES Y PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD-Deber del Estado
y la sociedad dada la especial situación de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta
ACCION
DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia
sujeta a análisis en concreto de condiciones jurídico materiales del caso
INMINENCIA
DE PELIGRO Y DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Afectación y compromiso cuando habitabilidad se da en
situación de riesgo extraordinario
REUBICACION
DE HOGARES QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS DECLARADAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE-Procedencia de
la acción de tutela
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Protección aún tratándose de relaciones
contractuales entre particulares cuando por acción u omisión de quien abusando
de su posición dominante y vulnerando el principio de confianza legítima coloca
a quien se encuentra en estado de debilidad manifiesta en condiciones de
inferioridad frente al ejercicio efectivo
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia pese a la existencia de
otros mecanismos judiciales
DERECHO
A LA PROPIEDAD-Invasión de predios y viviendas y medidas de desalojo
forzado
PROTECCION
DEL DERECHO A LA PROPIEDAD-Procedencia de la acción de tutela dependiendo su connotación
fundamental
INVASION
U OCUPACION DE HECHO SOBRE TIERRAS O EDIFICACIONES URBANAS O RURALES-Causas socio
económicas de orden estructural
PROCEDIMIENTOS
DE DESALOJOS FORZADOS-Procedencia legal y legitimidad dentro
del marco constitucional con pleno respeto del debido proceso y derechos
humanos de los afectados
INVASION
U OCUPACION DE HECHO SOBRE TIERRAS O EDIFICACIONES URBANAS O RURALES-Acciones
jurídicas que tienen los propietarios para recuperar sus bienes inmuebles
ocupados
DESALOJO
FORZOSO FRENTE A POBLACION VULNERABLE, EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA,
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION O VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE HAN
UTILIZADO VIAS DE HECHO PARA OCUPACION DE BIEN INMUEBLE-Medidas de
protección
EFECTOS
NOCIVOS DE DESALOJOS FORZADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS DE POBLACION VULNERABLE-Ambito
internacional
DESALOJO
FORZOSO-Regulación legal
bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad
DESALOJO
FORZOSO-Autoridades
deben aplicar garantías del debido proceso en todos los trámites judiciales y
administrativos
DESALOJO
FORZOSO Y DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-No son medidas procedentes cuando se trata de
población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o sujetos de especial
protección constitucional
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA DE PERSONA DE ESTRATO SOCIO ECONOMICO MENOS FAVORECIDO,
POBLACION VULNERABLE, EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA O SUJETO DE ESPECIAL
PROTECCION CONSTITUCIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-Protección
VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL-Legislación
vigente
ACCIONES
POLICIVAS PARA ORDENAR DESOCUPACION DE PREDIOS Y LANZAMIENTO DE OCUPANTES DE
HECHO-Alcaldes e
Intendente podrán iniciar de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano cuando
propietario o tenedor no haya incoado la acción
VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL-Autonomía
de entidades territoriales para planeación de desarrollo económico, social,
urbano y ambiental en el marco de la
Constitución y la Ley
PLAN
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-Determinante en
los desarrollos urbanísticos
FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA-Creado por Decreto 555/03 para financiar
los precios de vivienda prioritaria, consolidar el sistema nacional de
información de vivienda y ejecutar políticas del Gobierno Nacional en materia
de vivienda de interés social urbana
FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA-Funciones
FONDO
NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA-Entrega de subsidios de vivienda
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de la acción de tutela por conexidad con el derecho
a la vida, protección de la familia y mínimo vital
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA DE INTERES SOCIAL-Evaluar
situación actual de viviendas y familias y suspender orden de desalojo y
lanzamiento por ocupación de hecho
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA-Realizar censo
de personas y familias que ocupan por vías de hecho urbanización de vivienda de
interés social
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA-Acuerdo conjunto
de plan de acción para entrega física, real y efectiva de viviendas de interés
social adjudicadas
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA-Reubicación
transitoria de ocupantes de hecho que constituyan población vulnerable y
otorgamiento de subsidios y créditos para vivienda de interés social
SENTENCIA
DE TUTELA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Modulación de efectos otorgando efectos inter comunis/EFECTOS
INTER COMUNIS-Se
adoptan con el fin de proteger derechos de todos los miembros de un grupo
afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de
igualdad
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL ADJUDICATARIOS
Y OCUPANTES DE HECHO DE UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-Efectos inter
comunis de sentencia T-740/12 para casos análogos o similares sobre solicitud
de restitución de unidades de vivienda
Ref.:
Expedientes T-3089989, T‑3090023, T-3090040, T-3091945, T‑3091946,
T-3091947, T-3178587, T‑3179024, T-3179794, T-3179929, T‑3177372,  T-3176968,
T-3176526,  T‑3372547,      T- 3176927 y   T-3389009.
Acciones
de tutela presentadas por Jorge Eliécer Méndez Jiménez (T-3089989), Concepción
Rua Ruiz (T-3090023), Susana Poloche De Palma (T-3090040), Liliana Martha
Guzmán Naranjo (T-3091945),  Bárbara Núñez (T-3091946)  Carolina Yusunguaira
Salas (T-3091947) María Elcy Mosquera Díaz (T-3178587), Bellanid
Murcia Ruiz (T-3179024), Alba Inés Hernández Camacho (T-3179794), José René
Garzón Retavizca (T-3179929), José Noel Ochoa Amado (T-3177372),  Marcia
Judith Hernández Amado (T-3176968), Luis Enrique Riaño Mayorga (T-3176526), José
Justiniano Cubillos Fino (T‑3372547), María Eugenia Gutiérrez  Valencia
(T-3176927), y María Adelayda Rodríguez (T-3389009)      contra la
Alcaldía Municipal y la Gestora Urbana de Ibagué.
Magistrado
Ponente:
LUÍS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre
de dos mil doce (2012).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luís Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite
de revisión de
los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los procesos de la
referencia:
1. La Sala de
Selección de tutelas Número Seis, por auto del 16 de junio de 2011, seleccionó
para su revisión y acumuló entre si los expedientes T-3089989,
T-3090023, T-3090040, T-3091945, T-3091946 y T-3091947, para que
fueran fallados en una sola sentencia por presentar unidad de materia. De la
misma manera, dispuso su reparto a este despacho
Expedientes
Fallos de tutela
T-3089989
Primera Instancia: Sentencia
del Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 22 de mayo de 2011.
T-3090023
Primera Instancia:
Sentencia del Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 29 de abril de
2011
T-3090040
Primera Instancia:
Sentencia del Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 2 de mayo de 2011.
T-3091945
Primera Instancia:
Sentencia del Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 27 de abril de
2011.
T-3091946
Primera Instancia:
Sentencia del Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 26 de abril de
2011.
T-3091947
Primera Instancia:
Sentencia del Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 28 de abril de
2011.
2. A los
anteriores procesos de tutela, la Sala Plena de esta Corporación decidió
acumular, mediante Auto del cinco (5) de marzo de 2012, en sesión del veintidós
(22) de febrero de 2010, los siguientes expedientes a los anteriormente
referidos, por considerar que se tratan de hechos análogos que ameritan una
misma decisión:
Expediente
Fallos de Tutela
T-3178587
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Doce Penal Municipal de Ibagué del 8 de junio de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué del 25 de julio de 2011.
T-3179024
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué del 17 de junio de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Sexto civil del circuito de Ibagué del 25 de julio de 2011.
T-3179794
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 30 de mayo de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 21 de julio de 2011.
T-3176526
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué del 7 de junio de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué del 18 de julio de 2011.
T-3176927
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Ibagué del 8 de junio de 2011.
T-3176968
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Once Penal Municipal de Ibagué del 20 de junio de 2011.
Segunda instancia: No hubo
impugnación.
T-3177372
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Décimo Penal del Circuito de Ibagué del 16 de mayo de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado  Décimo Penal Municipal de Ibagué del 8 de julio de 2011.
T-3372547
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué del 10 de noviembre de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Ibagué, del 12 de diciembre de 2011.
T-3179929
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Trece Penal Municipal de Ibagué del 9 de junio de 2011
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué del 18 de julio de 2011.
T-3389009
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Ibagué del 5 de diciembre de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito del 1º de febrero de 2012.
I.
ANTECEDENTES
1.
ANTECEDENTES DE LOS EXPEDIENTES T-3089989, T-3090023, T-3090040,
T-3091945, T-3091946 y T-3091947.
1.1
De los hechos de las demandas
Jorge
Eliécer Méndez Jiménez (T-3089989), Concepción Rua Ruiz (T-3090023), Susana
Poloche De Palma (T-3090040), Liliana Martha Guzmán Naranjo (T-3091945),
Bárbara Núñez (T-3091946) y Carolina Yusunguaira Salas (T-3091947),
interpusieron acción de tutela (ver tabla 1) contra la
Alcaldía Municipal y la Gestora Urbana de Ibagué[1], por
la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la vivienda
digna, la familia, el debido proceso y la igualdad, atendiendo los siguientes
hechos:
Tabla 1.
Expediente
Fecha de presentación
T-3089989
Abril 8 de 2011
T-3090023
Abril 8 de 2011
T-3090040
Abril 7 de 2011
T-3091945
Abril 5 de 2011
T-3091946
Abril 4 de 2011
T-3091947
Abril 6 de 2011
1.1.1 Indican los accionantes que entre
los años 2006 y 2007 se inscribieron para acceder a uno de los proyectos de
vivienda desarrollados en el Municipio de Ibagué, en el cual actuó como
promotor y oferente la Gestora Urbana de Ibagué.
1.1.2 A través de las resoluciones 211 y
379 de 2007 del Fondo Nacional de Vivienda, los actores fueron preseleccionados para el subsidio familiar
de vivienda.
1.1.3. Una vez cristalizado el proyecto
de vivienda, mediante sorteos de balotas, la
Alcaldía Municipal y la Gestora Urbana de Ibagué adjudicó viviendas en la
Urbanización “Nueva Castilla” de la siguiente forma:
Expediente
Accionante
Fecha del sorteo
Vivienda adjudicada
T-3089989
Jorge Eliécer Méndez Jiménez
Octubre 2 de 2007
Súper manzana 12, manzana 5, lote 8
T-3090023
Concepción Rua Ruiz
Abril 3 de 2009
Súper manzana 7, manzana 6, lote 6
T-3090040
Susana Poloche De Palma
Abril 3 de 2009
manzana 8, manzana 4, lote 9
T-3091945
Liliana Martha Guzmán Naranjo
Abril 30 de 2009
Súper manzana 1, manzana 4, lote 13
T-3091946
Bárbara Núñez
Abril 3 de 2009
Súper manzana 8, manzana 3, lote 12
T-3091947
Carolina Yusunguaira Salas
Abril 3 de 2009
Súper manzana 1, manzana 2, lote 9
1.1.4. Señalan los accionantes que han
pasado más de cuatro años de haber iniciado el proyecto “Nueva Castilla”, sin
que se le haya entregado las viviendas.
1.1.5. Adicionalmente, manifiestan los
actores que las casas del mencionado proyecto fueron invadidas por “personas
extrañas e inescrupulosas”  el  21 de enero de 2011.
1.1.6. Mencionan que las entidades
accionadas se han venido excusando en las invasiones del proyecto “Nueva
Castilla”, para no entregar las viviendas.
1.1.7. Pretenden los actores que se
ordene al Municipio de Ibagué que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia de tutela, las viviendas sean desalojadas por la
Policía Nacional y posteriormente, les sea entregada su casa por la
Gestora Urbana.
1.2. Respuestas de las entidades
accionadas
1.2.1. Gestora Urbana de Ibagué
La Gestora
Urbana
de Ibagué dio contestación a las siguientes acciones de tutela: (T-3091947), (T-3089989),
(T-3090040), (T-3091945), (T-3091946).
Para
ello, manifestó que si lo que pretenden los accionantes es la restitución de
los inmuebles ocupados de forma temeraria, clandestina y violenta por terceras
personas, la entidad no puede entregar algo que le fue arrebatado. En
consecuencia, señala que los actores cuentan con otros mecanismos judiciales
para la protección de sus derechos. De igual forma, indica que los accionantes
no demostraron vulneración al derecho a la vida, vivienda digna, igualdad y
debido proceso.
Considera
la entidad accionada que en ningún momento ha querido transgredir los derechos
de los actores, ya que existe una situación ajena a su voluntad que le
corresponde solucionar a las autoridades policivas.
Además
de los anteriores argumentos, aportó una serie de documentos en los que
solicita al Alcalde Municipal, al Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
de Ibagué, al igual que al Departamento de Policía del Tolima, tomar las
medidas necesarias para desalojar las personas que ocuparon las viviendas de la
Urbanización Nueva Castilla. Asimismo, requirió elaborar un plan de
contingencia para prevenir futuras invasiones, con la asistencia permanente e
indefinida de los miembros de la
Policía Nacional.
De
igual forma, anexó escrito del 3 de febrero de 2011 en el cual la
Gestora Urbana pone en conocimiento a la
Alcaldía Municipal de Ibagué, de cómo los invasores se encontraban
construyendo dentro de los predios pertenecientes a la entidad que aún no han
sido entregados a sus beneficiarios.
Asimismo,
aportó copia del 10 de febrero de 2011 en el que se informa a la
Gestora Urbana de Ibagué por parte de la
Unión Temporal VIS, sobre la suspensión de las obras de la
Urbanización Nueva Castilla debido a que la comunidad invasora ha
obstaculizado el curso normal de las actividades, al apagar las maquinas
mezcladoras, paralizar el descargue de materiales de construcción y derribar
algunos muros que se habían levantado.
En
igual sentido, constan unos escritos en los que se establece cómo el 22 de
enero de 2011, cerca de 400 viviendas de la
Urbanización Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué, fueron ocupadas por
personas que no acreditaron ningún título como propietarios. En dicho sitio se
hicieron presentes funcionarios de la Administración Municipal, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Nacional, SMAD y
miembros de la Gestora Urbana, en donde se intentó persuadir a los ocupantes de
hecho para que cesaran en su intención, sin embargo, la respuesta fue utilizar
niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos como escudos humanos para evitar
el accionar de la fuerza pública, impidiendo realizar el desalojo de dichas
personas.
Por
último, refiere que acudió a la jurisdicción ordinaria para dirimir el
conflicto de ocupación ilegal de los inmuebles de la
Urbanización Nueva Castilla y a la
Fiscalía General de la Nación para denunciar penalmente a invasores por el
presunto delito de invasión de tierras y edificaciones.
1.2.2.
Alcaldía Municipal de Ibagué
Mediante
escritos del 8 y 15 de abril de 2011 la
Alcaldía Municipal de Ibagué dio contestación a las siguientes acciones de
tutela: (T-3091946),
(T-3089989),
(T-3090040), (T-3091945), (T-3091947) (T-3090023).
Manifiesta
que las tutelas resultan improcedentes, ya que existen otros medios idóneos
para lograr sus pretensiones. Asimismo, sostiene que la
Gestora Urbana de Ibagué es quien está desarrollando el proyecto “Nueva
Castilla” y a quién le corresponde la custodia de los inmuebles hasta que se
haga la entrega efectiva de los mismos, por lo que se atiene a lo que indique
esa entidad.
1.3.
Decisión
judicial objeto de revisión
Mediante
sentencias del 2 de mayo de 2011, el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué,
decidió dentro de los expedientes T-3089989 y T-3090040, no amparar los
derechos fundamentales invocados por los accionantes, al considerar que éstos pueden
acudir a otros mecanismos de defensa judicial para la protección de sus
derechos, como la jurisdicción contenciosa administrativa, ordinaria civil o
policiva.
Ahora bien, en sentencias del 26, 27, 28
y 29 de abril de 2011 referidas a los expedientes T-3091946, T-3091945,
T-3091947, y T-3090040, respectivamente, el mismo Juzgado Décimo Penal
Municipal de Ibagué, decidió no amparar los derechos fundamentales de los
accionantes, al considerar que cuentan con otros mecanismos de defensa
judicial.
1.4. Las pruebas allegadas a los
procesos
1.4.1. Expediente T-3089989
El
señor Jorge Eliécer Méndez Jiménez allegó al
proceso las siguientes pruebas:
-
Copia del acta de adjudicación del lote 8 de la manzana 5 de la súper manzana
12 de fecha 2 de octubre de 2007 (folio 4, cuaderno 1).
-
Copia de la notificación de la selección de subsidio de calamidad pública,
afectados por desastres naturales (folio 6, cuaderno 1).
-
Copia de la tarjeta de identidad de Anderson Méndez Hernández (folio 7,
cuaderno 1).
-
Copia de la tarjeta de identidad de Chaira Méndez Hernández (folio 8, cuaderno
1).
- Fotocopia de la
Cédula de Ciudadanía del accionante (folio 9, cuaderno 1).
1.4.2.
Expediente T-3090023
La
señora Concepción Rua Ruiz  allegó al proceso las siguientes
pruebas:
- Fotocopia de
la cédula de ciudadanía de la actora (folio 4, cuaderno 1).
- Copia del
registro civil de nacimiento de Camila Andrea Perdomo Rua (folio 5, cuaderno
1).
- Copia del
registro civil de nacimiento de Tania Carolina Perdomo Rua (folio 6, cuaderno
1).
- Copia del
Certificado de Tradición del inmueble ubicado en el lote 6 de la manzana 6
súper manzana 7 de la urbanización Nueva castilla de la ciudad de Ibagué, expedido
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué (folios 7-8,
cuaderno 1).
- Escrito del 9
de mayo de 2007, en donde manifiesta la actora que es madre cabeza de familia
por reunir los requisitos del artículo 2 de la ley 82 de 1993 (folio 9,
cuaderno 1).
- Copia del
carnet del SISBEN de la accionante (folio 10, cuaderno 1).
- Copia
de la notificación de la selección del subsidio familiar de vivienda (folio 11,
cuaderno 1).
-
Copia del cierre financiero (folio 13, cuaderno 1)
-
Copia del certificado de cuenta de ahorro programado y capacidad de
endeudamiento del Banco Colmena (folio 14, cuaderno1).
- Copia
del acta de adjudicación del lote 6 de la manzana 6 súper manzana 7 de
fecha 3 de abril de 2009 (folio 16, cuaderno 1).
1.4.3.
Expediente T-3090040
La
señora Concepción Susana Poloche de Palma  allegó al
proceso las siguientes pruebas:
- Fotocopia de
la cédula de ciudadanía de la actora (folio 4, cuaderno 1).
- Fotocopia de
la contraseña de cédula de ciudadanía de Jhon Jairo Palma Poloche (folio 5,
cuaderno 1).
- Fotocopia de
la cédula de ciudadanía de Luis Carlos Palma Poloche (folio 6, cuaderno 1).
- Copia del
Registro civil de nacimiento de Waimer Arley Palma Poloche (folio 7, cuaderno
1).
- Copia del contrato
de promesa de compraventa de vivienda urbana sometida a régimen de propiedad
horizontal – vivienda de interés social – proyecto Nueva Castilla (folios 8-12,
cuaderno 1).
- Copia
de la notificación de la selección del subsidio familiar de vivienda (folio 13,
cuaderno 1).
- Copia
del acta de adjudicación del lote 9 de la manzana 4 súper manzana 8 de
fecha 3 de abril de 2009 (folio 17, cuaderno 1).
- Copia
del certificado de cuenta de ahorro programado y capacidad de endeudamiento del
Banco Colmena (folio 14, cuaderno1).
- Copia del
Certificado de Tradición del inmueble ubicado en el lote 9 de la manzana 4
súper manzana 8 de la urbanización Nueva castilla de la ciudad de Ibagué,
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué (folio
18, cuaderno 1).
1.4.4.
Expediente T-3091945
La
señora Concepción Martha Liliana Guzmán Naranjo  allegó al
proceso las siguientes pruebas:
- Copia del
Certificado de Tradición del inmueble ubicado en el lote 13 de la manzana 4
súper manzana 1 de la urbanización Nueva castilla de la ciudad de Ibagué,
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué (folio
4, cuaderno 1).
- Copia de la
Resolución 1021 del 24 de mayo de 2010. Por medio del cual se adjudica un
inmueble “lote de terrero y vivienda de interés social” en la urbanización
Nueva Castilla. (Folios 5-7, cuaderno 1).
- Copia de la
autorización de desmovilización del ahorro programado y giro al encargado
fiduciario constituido por el oferente Gestora Urbana de Ibagué (folio 10,
cuaderno 1).
-
Copia del acta de adjudicación del lote 13 de la manzana 4 súper manzana 1 de
fecha 30 de abril de 2009 (folio 17, cuaderno 1).
-
Copia de la notificación de la selección del subsidio familiar de vivienda
(folio 12, cuaderno 1).
-
Copia del certificado de la cuenta bancaria de la actora (folio 14, cuaderno
1).
-
Copia del acta de declaración extraproceso, en donde se establece que es madre
cabeza de familia (folio 16, cuaderno 1).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante (folio 17, cuaderno 2).
- Copia del
Registro civil de nacimiento de Brayan Stiven Gutiérrez Guzmán  (folio 18,
cuaderno 1).
1.4.5.
Expediente T-3091946
La
señora Concepción Bárbara Núñez allegó al proceso las siguientes
pruebas:
-
Copia del acta de adjudicación del lote 12 de la manzana 3 súper manzana 8 de
fecha 3 de abril de 2009 (folio 5, cuaderno 1).
-
Copia del certificado de la cuenta bancaria de la actora (folio 6, cuaderno 1).
-
Copia de la notificación de la selección del subsidio familiar de vivienda
(folio 8, cuaderno 1).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante (folio 9, cuaderno 1).
- Copia del contrato
de promesa de compraventa de vivienda urbana sometida a régimen de propiedad
horizontal – vivienda de interés social – proyecto Nueva Castilla (folios
10-14, cuaderno 1).
- Copia del
Registro civil de nacimiento de Geraldine Rojas Núñez (folio 15, cuaderno 1).
-
Copia de la declaración extrajuicio, en la que se establece que la accionante
es madre cabeza de familia (folio 16, cuaderno 1).
- Copia del
Certificado de Tradición del inmueble ubicado en el lote 12 de la manzana 3
súper manzana 8 de la urbanización Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué,
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué (folio
17, cuaderno 1).
- Copia de la cédula
de ciudadanía de la actora (folio 18, cuaderno 1).
1.4.6.
Expediente T-3091947
La
señora Concepción Carolina Yusunguaira Salas allegó al
proceso las siguientes pruebas:
- Copia de la
Resolución 988 del 24 de mayo de 2010. Por medio del cual se adjudica un
inmueble “lote de terrero y vivienda de interés social” en la urbanización
Nueva Castilla. (Folios 4-6, cuaderno 1).
- Copia de la
cedula de ciudadanía de la actora (folio 7, cuaderno 1).
-
Copia de la tarjeta de identidad de Andrés Felipe Escobar Yusunguaira (folio 8,
cuaderno 1).
-
Copia del Registro Civil de Nacimiento de Oscar Julio Escobar Yusunguaira
(folio 9, cuaderno 1).
-
Copia del acta de adjudicación del lote 9 de la manzana 2 súper manzana 1 de
fecha 3 de abril de 2009 (folio 10, cuaderno 1).
- Copia de la
autorización de desmovilización del ahorro programado y giro al encargado
fiduciario constituido por el oferente Gestora Urbana de Ibagué (folio 13,
cuaderno 1).
-
Copia del certificado de la cuenta bancaria de la actora (folio 14, cuaderno
1).
- Copia del contrato
de promesa de compraventa de vivienda urbana sometida a régimen de propiedad
horizontal – vivienda de interés social – proyecto Nueva Castilla (folios
15-19, cuaderno 1).
2. ANTECEDENTES
DE LOS EXPEDIENTES T- 3178587, T- 3179024, T- 3179794, T-3179929,  T-3177372,
T- 3176968,  T-3176526, y T‑3372547.
2.1
De los hechos de las demandas
María
Elcy Mosquera Díaz (T-3178587), Bellanid Murcia Ruiz (T-3179024), Alba Inés
Hernández Camacho (T-3179794), José René Garzón Retavizca (T-3179929), José Noel
Ochoa Amado (T-3177372),  Marcia Judith Hernández Amado (T-3176968), Luis Enrique
Riaño Mayorga (T-3176526) y José Justiniano Cubillos Fino (T‑3372547);
interpusieron acción de tutela (ver tabla) contra la
Gestora Urbana y la Alcaldía Municipal de Ibagué, por la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la familia, al
debido proceso y a la igualdad, atendiendo los siguientes hechos:
Expediente
Fallos de Tutela
T-3178587
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Doce Penal Municipal de Ibagué del 8 de junio de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué del 25 de julio de 2011.
T-3179024
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué del 17 de junio de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Sexto civil del circuito de Ibagué del 25 de julio de 2011.
T-3179794
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 30 de mayo de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 21 de julio de 2011.
T-3176526
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué del 7 de junio de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué del 18 de julio de 2011.
T-3176927
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Ibagué del 8 de junio de 2011.
T-3176968
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Once Penal Municipal de Ibagué del 20 de junio de 2011.
Segunda instancia: No hubo
impugnación.
T-3177372
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Décimo Penal del Circuito de Ibagué del 16 de mayo de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del Juzgado
Décimo Penal Municipal de Ibagué del 8 de julio de 2011.
T-3372547
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué del 10 de noviembre de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, del 12 de diciembre de 2011.
T-3179929
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado Trece Penal Municipal de Ibagué del 9 de junio de 2011
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué del 18 de julio de 2011.
T-3389009
Primera instancia: Sentencia del
Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Ibagué del 5 de diciembre de 2011.
Segunda instancia: Sentencia del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito del 1º de febrero de 2012.
2.1.1 Indican los accionantes que entre
los años 2006 y 2007 se inscribieron para acceder a uno de los proyectos de
vivienda desarrollados en el Municipio de Ibagué, en el cual actuó como
promotor y oferente la Gestora Urbana de Ibagué.
2.1.2 A través de resoluciones del Fondo
Nacional de Vivienda, los actores fueron preseleccionados para el subsidio
familiar de vivienda.
2.1.3. Una vez cristalizado el proyecto
de vivienda, mediante sorteo de balotas, la
Alcaldía Municipal y la Gestora Urbana de Ibagué adjudicaron viviendas en la
Urbanización “Nueva Castilla” de la siguiente forma:
Expediente
Accionante
Fecha del
sorteo
Vivienda
adjudicada
T- 3178587
María Elcy
Mosquera Díaz
abril 03 de
2009
Súper manzana
8, manzana 4, casa 14
T- 3179024
Bellaníd
Murcia Ruiz
Abril 03 de
2009
Súper manzana
8, manzana 1, lote 6
T-3179794
Alba Inés
Hernández Camacho
Abril 03 de
2009
Súper manzana
2, manzana 1, casa 11
T-3179929
José René
Garzón Retavizca
Abril 03 de
2009
Súper manzana
7, manzana 7, casa 12
T-3176526
Luis Enrique
Riaño Mayorga
Súper manzana
14, manzana 7, casa 5
T-3176968
Marcia Judith
Hernández Amado
Súper manzana
9, manzana 1, casa 7
T-3177372
José Noel
Ochoa Amado
Abril 30 de
2009
Súper manzana
8, manzana 4, casa 3
T-3372547
José
Justiniano Cubillos Fino
Supermanzana
8, manzana 3, lote 7
2.1.4. Señalan los accionantes que han
pasado más de cuatro años de haber iniciado el proyecto “Nueva Castilla”, sin
que se les haya entregado las viviendas.
2.1.5. Además, manifiestan los actores,
que las casas del mencionado proyecto fueron invadidas por “personas extrañas e
inescrupulosas”  el  21 de enero de 2011.
2.1.6. Mencionan que las entidades
accionadas se han venido excusando en las invasiones del proyecto “Nueva
Castilla”, para no entregar las viviendas.
2.1.7. Adicionalmente, la accionante
Bellanid Murcia Ruiz teme que deba pagar los servicios generados en el
inmueble, mientras que la accionante Alba Inés Hernández Camacho solicita,
además, que el juez a quien corresponda decidir la acción de tutela, declare
que los efectos de la sentencia sean "inter comunis”, en aras de
proteger los derechos de los demás ciudadanos que se encuentran en la misma
situación de hecho y de derecho.
2.1.8. Pretenden los actores que se
ordene al Municipio de Ibagué que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia de tutela, las viviendas sean desalojadas por la
Policía Nacional y posteriormente, les sea entregada su casa por la
Gestora Urbana.
2.1.9  La accionante Bellanid Murcia
Ruiz solo interpuso acción de tutela en contra de la
Gestora Urbana.
2.2. Respuestas de las entidades
accionadas
2.2.1. Gestora Urbana de Ibagué
La Gestora
Urbana
de Ibagué dio contestación a las acciones de tutela reseñadas, y para ello
manifestó que si lo que pretenden los accionantes es la restitución de los
inmuebles ocupados de forma temeraria, clandestina y violenta por terceras
personas, la entidad no puede entregar algo que le fue arrebatado. En
consecuencia, señala que los actores cuentan con otros mecanismos judiciales para
la protección de sus derechos. De igual forma, indica que los accionantes no
demostraron vulneración al derecho a la vida, a la vivienda digna, a la igualdad
y al debido proceso.
Considera
que la entidad en ningún momento ha querido transgredir los derechos de los
actores, ya que existe una situación ajena a su voluntad que le corresponde
solucionar a las autoridades policivas.
Además
de los anteriores argumentos, aportó una serie de documentos en los que
solicita al Alcalde Municipal, al Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana
de Ibagué, al igual que al Departamento de Policía del Tolima, tomar las
medidas necesarias para desalojar las personas que  ocuparon las viviendas de la
Urbanización Nueva Castilla. Asimismo, requirió elaborar un plan de
contingencia para prevenir futuras invasiones, con la asistencia permanente e
indefinida de los miembros de la
Policía Nacional.
De
igual forma, anexó escrito del 3 de febrero de 2011, mediante el cual la
Gestora Urbana pone en conocimiento a la
Alcaldía Municipal de Ibagué, de cómo los invasores se encontraban
construyendo dentro de los predios pertenecientes a la entidad que aún no han
sido entregados a sus beneficiarios.
Asimismo,
aportó copia del 10 de febrero de 2011 en el que la
Unión Temporal VIS le informa a la
Gestora Urbana de Ibagué, sobre la suspensión de las obras de la
Urbanización Nueva Castilla debido a que la comunidad invasora ha
obstaculizado el curso normal de las actividades, al apagar las maquinas mezcladoras,
paralizar el descargue de materiales de construcción y derribar algunos muros
que se habían levantado.
En
igual sentido, aporta unos escritos en los que se establece cómo el 22 de enero
de 2011, cerca de 400 viviendas de la
Urbanización Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué, fueron ocupadas por
personas que no acreditaron ningún título como propietarios. Afirman que en dicho
sitio se hicieron presentes funcionarios de la Administración Municipal, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Nacional, SMAD y
miembros de la Gestora Urbana, en donde se intentó persuadir a los ocupantes de
hecho para que cesaran en su intención, sin embargo, la respuesta fue utilizar
niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos como escudos humanos para evitar
el accionar de la fuerza pública, impidiendo realizar el desalojo de dichas
personas.
Por
último, refiere que acudió a la jurisdicción ordinaria para dirimir el
conflicto de ocupación ilegal de los inmuebles de la
Urbanización Nueva Castilla y a la
Fiscalía General de la Nación para denunciar penalmente a invasores por el
presunto delito de invasión de tierras y edificaciones.
2.2.2.
Alcaldía Municipal de Ibagué
Manifiesta
que las tutelas resultan improcedentes, ya que existen otros medios idóneos
para lograr sus pretensiones. Asimismo, manifiesta que la
Gestora Urbana de Ibagué es quien está desarrollando el proyecto Nueva
Castilla y a quién le corresponde la custodia de los inmuebles hasta que se
haga la entrega de los mismos, por lo que se atiene a lo que indique esa
entidad.
2.3.  Decisiones judiciales objeto de
revisión
2.3.1. T-3178587
2.3.1.1 En sentencia del
8 de junio de 2011, el Juzgado Doce penal Municipal de Ibagué, decidió en
primera instancia denegar la tutela impetrada por la accionante, la señora
María Elcy Mosquera Díaz.
Consideró el a-quo que (i) la
actora contaba con acciones administrativas y penales y (ii) no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable para que proceda proteger
transitoriamente a la afectada, ya que los presupuestos de necesidad, urgencia,
gravedad, impostergabilidad e inminencia, no se presentan en el caso de la
accionante, y no resultan suficientes para afirmar un perjuicio inminente.
2.3.1.2. La accionante
impugnó la decisión del Juzgado Doce Penal Municipal de Ibagué, peticionando se
revoque y se ajuste la decisión a los hechos que motivaron la tutela y al
derecho impetrado, y se tenga en cuenta su condición de madre cabeza de familia
y por tanto solicita se le restituya la vivienda.
2.3.1.3.  En segunda
instancia, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué, en sentencia del 25
de julio de 2011, decidió en el caso de la señora María Elcy Mosquera Díaz,
revocar en su integridad el fallo proferido por el Juzgado Doce Penal Municipal
de Ibagué del 8 de junio de 2011, declarando la procedencia de la acción de
tutela contra la Gestora Urbana y la
Alcaldía Municipal de Ibagué, por cuanto efectuaron hechos u omisiones
violatorios de los derechos fundamentales a la vivienda digna, en conexidad con
el derecho de los menores y al mínimo vital, en lo que fue objeto la
impugnación.
Ordenó al Alcalde Municipal de Ibagué en
su condición de primera autoridad policiva del Municipio, para que en el
término improrrogable de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la
sentencia, procediera a expedir los actos administrativos de su competencia y/o
inicie las acciones policivas a que hubiera lugar en orden a obtener la
restitución y el desalojo de las personas que se encuentran ocupando de manera
ilegal el inmueble de la señora Mosquera.
Ordenó a la
Gestora Urbana de Ibagué que una vez realizada la recuperación efectiva del
inmueble, procediera a levantar con presencia del Ministerio Público un acta
sobre el estado en que se encuentra el bien, en cada una de sus partes,
determinando si existe algún elemento que hubiere sido instalado por parte del invasor,
o por el contrario si hubiere sido retirado alguno del inmueble y proceder a su
adecuación en un término no mayor a quince días de ser necesario, con el fin de
dejarle habitable para ser entregado real y materialmente  incluyendo los
trámites legales de propiedad a la accionante y su familia dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento señalado.
Una vez recuperado el inmueble, ordenó
al Comandante de Policía del Tolima proceder a realizar la protección especial
sobre ése con el fin de evitar nuevas invasiones y daños en este predio,
protección que se debía extender a la actora y su grupo familiar, hasta tanto
se proceda al desalojo total de la urbanización por parte de los invasores y se
acredite completa seguridad al sector, todo lo anterior, con el fin de
garantizar de manera efectiva el cumplimiento de la decisión y el derecho a la
vida de la actora y la familia.
Previno al Agente del Ministerio Público
para que estuviera atento al desarrollo y cumplimiento inmediato de las órdenes
impartidas a cada una de las entidades accionadas, so pena, y en caso de no
darse estricto acatamiento, presentar la respectiva queja ante el Juez
Constitucional para el inicio del correspondiente incidente de desacato y de
cuenta de las acciones disciplinarias pertinentes al órgano de control
respectivo.
Ordenó, además, a la
Alcaldía Municipal y la Gestora Urbana de Ibagué realizar el censo de las
personas que viven allí ilegalmente y efectuar los trámites correspondientes
para postular a este grupo familiar de cumplir con los requisitos exigidos por
la ley, dentro de los programas de vivienda realizados por el Municipio de
Ibagué a través de Gestora Urbana, con el objetivo de acceder a un subsidio de
vivienda  y de esa manera acceder a una vivienda digna
Para decidir lo anterior, el despacho
realizó las siguientes consideraciones: (i) estimó que la actora se encuentra
en situación de debilidad manifiesta como madre cabeza de familia, al igual que
su grupo familiar; (ii) estimó que la
Curaduría Urbana y la Alcaldía de Ibagué tenían la obligación legal para
ejercer las acciones legales tendientes al restablecimiento de las viviendas; y
(iii) afirmó que la responsabilidad sobre las viviendas está en manos de La
Alcaldía Municipal de Ibagué y Gestora Urbana de Ibagué por cuanto los actores
no tenían posesión de los inmuebles en el momento de la invasión.
2.3.2. T-3179024
2.3.2.1  El Juzgado
Segundo Civil Municipal de Ibagué, en sentencia del 17 de junio de 2011, negó
el amparo de los derechos invocados por la accionante al considerar que la
reclamación incoada no procede por vía de tutela, ya que la tutela no es el
mecanismo para ello, y por cuanto además el actor cuenta con otros medios de
defensa que no se han agotado a través de la vía ordinaria para defender los
derechos presuntamente violentados por la entidad accionada.
2.3.2.2. Impugnación
La accionante dentro del término de ley
presentó escrito de impugnación al fallo de primera instancia pero sin hacer
ningún comentario ni alegato al respecto.
2.3.2.3. El Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué, en sentencia del 25 de julio de 2011 resolvió
confirmar la sentencia en primera instancia dentro de la acción de tutela
instaurada por la señora Bellanid Murcia Ruiz.
El juez de segunda instancia consideró
que: (i) La inconformidad de la accionante radica en la no entrega del inmueble
que le fue adjudicado; (ii) determinó que la invasión de que fuera objeto no
solo el inmueble del actor sino de otros más, no es imputable a la entidad
accionada sino a terceras personas que ocuparon los inmuebles; (iii) sostuvo
que corresponde a la entidad accionada adelantar las acciones pertinentes por
medio de la Policía, el Ejército y demás autoridades, para lograr que los
invasores desocupen la vivienda; (iv) afirmó que en este caso la acción de
tutela no es procedente, ya que existen otros medios de defensa judicial: primero
la acción policiva inicial, segundo la
Acción Administrativa ante las Inspecciones de Policía, posteriormente  tenían
las acciones posesorias, finalmente cuentan con la
Acción Reivindicatoria. Consideró que algunas de éstas estaban aún vigentes.
2.3.3. T-3179794
2.3.3.1. El Juzgado Décimo
Penal Municipal de Ibagué, en sentencia del 30 de mayo de 2011, negó el amparo
constitucional de los derechos fundamentales a la vivienda digna en conexidad con
la vida, con la igualdad y con la subsistencia de la señora Alba Inés Hernández
Camacho.
Al respecto sostuvo que es improcedente
el mecanismo de tutela por cuanto los derechos que la actora alega le han sido
vulnerados, no se encuentran dentro de los derechos fundamentales y por la
existencia de otros medios de defensa que puede ejercer la demandante.
2.3.3.2. Impugnación
La demandante impugna aduciendo que en
otras ocasiones el mismo despacho judicial ha concedido el amparo
constitucional deprecado bajo los mismos hechos, y como consecuencia, ha
ordenado el desalojo inmediato de las viviendas y su posterior entrega a los
verdaderos adjudicatarios.
2.3.3.3.  El Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, en sentencia del 15 de junio de 2011,
decretó (i) la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del 18 de mayo de
2011, por cuyo medio se avocó el conocimiento de la demanda de tutela, y (ii)
en consecuencia se retrotrae la actuación a ese momento procesal, para que el
juzgado de origen vincule a la acción de tutela a los poseedores del inmueble
en disputa y les surta el respectivo traslado de la demanda de tutela, a fin de
que se pronuncien sobre las pretensiones de la demanda, y con ello se les
garantice el derecho de contradicción, defensa y en general el debido proceso.
2.3.3.4  En sentencia
del 21 de julio de 2011, el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué, resolvió
negar las pretensiones incoadas dentro de la acción de tutela interpuesta por
Alba Inés Hernández Camacho.
Para adoptar esa decisión presentó las
siguientes consideraciones: (i) la demandante utiliza la acción de tutela con
el fin de acceder al cumplimiento un contrato o  entrega del inmueble; (ii) los
derechos vulnerados no fueron conculcados por la
Alcaldía Municipal y Gestora Urbana de Ibagué, además las pretensiones del
accionante deben debatirse de manera mancomunada con otros adjudicatarios ante
la jurisdicción Contenciosa Administrativa o la ordinaria o la policiva.
2.3.4. T-3179929
2.3.4.1. El Juzgado Cuarto
Trece Civil Municipal de Ibagué, en sentencia del 9 de junio de 2011, concedió
el amparo de los derechos invocados por el accionante José René Garzón
Retavizca y ordenó a la Gestora Urbana y a la
Alcaldía Municipal de Ibagué, que en el término de las 48 horas siguientes a
la notificación del fallo, se inicien las gestiones pertinentes y se expidan las
órdenes necesarias para realizar el desalojo de las personas que estaban
ocupando el inmueble en disputa, y que una vez recuperado el inmueble se
levante en presencia del Ministerio Público un acta sobre el estado en que se
encuentra el bien, se proceda a su adecuación y le sea entregada a su
adjudicatario, y se ordene al Comandante de Policía del Tolima, que proceda a
realizar la protección especial sobre dicho inmueble hasta tanto se concluya el
desalojo total de las personas que están invadiendo la urbanización “Nueva
Castilla”.
2.3.4.2. Impugnación.
La Gestora Urbana de Ibagué presentó
impugnación dentro del término de ley, al considerar que no es su competencia
ordenar los desalojos y que no cuenta con facultades de índole policivo de
recuperación y desalojo del inmueble.
La Alcaldía Municipal de Ibagué, presentó
igualmente impugnación, alegando que (i) esa entidad ha hecho gestiones para
lograr el desalojo de los inmuebles; (ii) hay ausencia de perjuicio
irremediable;  y (iii) solicitan que en caso de que prosperen las pretensiones,
se dé aplicación al principio "inter comunis" y se tenga en cuenta
que el municipio ha adelantado todas las actuaciones para recuperar las
viviendas invadidas.
2.3.4.3. El Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 18 de julio de 2011,
decidió revocar la sentencia de Junio 9 de 2011 proferida por el Juzgado Trece
Civil Municipal de Ibagué impetrada por el señor José René Garzón Retavizca. El
fallo fue fundamentado con base en las siguientes consideraciones:
i.  La inconformidad del peticionario
radica en la no entrega del inmueble que le fue adjudicado.
ii. Determinó el juez que la invasión de
que fuera objeto no solo el inmueble del actor sino de otros más, no es
imputable a la entidad accionada sino a terceras personas que ocuparon los
inmuebles.
iii. Corresponde a la entidad accionada
adelantar las acciones pertinentes por medio de Policía, Ejército y demás
autoridades para lograr que los invasores desocupen la vivienda.
iv. En este caso la acción de tutela no
es procedente, ya que existen otros medios de defensa judicial; primero la
acción policiva inicial; segundo la acción administrativa ante las Inspecciones
de Policía posteriormente  tenían las acciones posesorias, finalmente cuentan
con la Acción Reivindicatoria. Algunas de estas estaban aún vigentes.
2.3.5. T-3177372
2.3.5.1. En sentencia del
16 de mayo de 2011, el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué, resolvió negar
las pretensiones incoadas en la acción de tutela interpuesta por el accionante
José Noel Ochoa Amado. También previno a las entidades accionadas que en lo
pertinente puedan hacer uso de cualquiera de las acciones ordinarias y
policivas mencionadas u otras para hacer cesar la ocupación de hecho e
ilegítima que soporta la vivienda del demandante y que deben continuar con las
gestiones administrativas y/o policivas que vienen realizando para lograr este
propósito.
El A-quo consideró que  existían varios
dispositivos judiciales a los que se podía acudir en aras de obtener el
desalojo del inmueble afectado y todos ellos resultan idóneos  eficaces para
proteger los derechos del accionante.
2.3.5.2. Impugnación.
El accionante impugna el fallo ya que es
padre cabeza de familia, señala que él y su familia se encuentran en zona
reconocida de alto riesgo, por lo que fue preseleccionado por reubicación para
la solución de vivienda y además no ha presentado mora en los pagos requeridos.
2.3.5.3. El Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Ibagué, en sentencia del 2 de junio de 2011,
decretó la nulidad de la actuación a partir del auto admisorio de la demanda
sin afectar las pruebas aportadas a fin que se vincule al trámite de la acción
al "poseedor" de inmueble en disputa.
2.3.5.4. El Juzgado Décimo
Penal Municipal de Ibagué, en sentencia del 8 de julio de 2011, resolvió negar
las pretensiones incoadas dentro de la acción de tutela interpuesta por Luis
Enrique Riaño Mayorga.
Para adoptar esta decisión, el juez
consideró que (i) el demandante utiliza la acción de tutela con el fin de
acceder al cumplimiento un contrato o  entrega del inmueble; y (ii) que los derechos
vulnerados no fueron conculcados por la
Alcaldía Municipal y Gestora Urbana de Ibagué, además las pretensiones del
accionante deben debatirse de manera mancomunada con otros adjudicatarios ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa o la ordinaria o la policiva
inclusive.
2.3.6. T- 3176968
2.3.6.1. En sentencia del
20 de junio de 2011, el Juzgado Once Penal Municipal de Ibagué, declaró
improcedente y en consecuencia no tuteló el Derecho fundamental a la vivienda
Digna invocado por la tutelante Marcia Judith Hernández Amado, por no cumplirse
con los requisitos jurisprudenciales exigidos para amparar el Derecho a la
vivienda digna en conexidad con los derechos a la vida, a la igualdad y a la
subsistencia digna.
Según examinó el Juez, (i) no se cumple
el requisito de inminencia de un peligro exigido por cuanto no se hizo
referencia a un daño que va o que podría producirse por la invasión  y porque
no se indicó que la actora no tiene un lugar donde habitar con sus hijos o que
en el lugar que habita afecte la dignidad la salud o la vida misma; (ii) en
cuanto a los hijos menores, como se expone en el punto anterior  no existe la
inminencia de un perjuicio por lo que no se cumple el segundo requisito
requerido; (iii)  en cuanto al mínimo vital, la situación de hecho que viene
ocurriendo en la vivienda que adquirió no lo afecta, ya que en el folio uno de
las diligencias afirma que es una persona que depende económicamente de sus
actividades varias que le "generan ingresos diarios para mantener a sus
hijos de una manera digna y conseguir el sustento de nosotros"; (iv)
estimó que no obra prueba alguna que demuestre efectivamente un riesgo,
afectación o vulneración del derecho a la vida o salud de la actora y sus
hijos; (v) finalmente sostuvo que la actora tenía otros medios de defensa
judicial a saber; Derecho de petición, amparo policivo, Acción reivindicatoria
y por último una denuncia penal.
Esta providencia no fue Impugnada.
2.3.7. T-3176526
2.3.7.1. En sentencia del
7 de junio de 2011, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué negó el amparo
solicitado por el tutelante el señor Luis Enrique Riaño Mayorga.
Se consideró que la reclamación incoada
no procede por vía de tutela, ya que esta no es el mecanismo para ello y además
por contar el actor con otros medios de defensa que no se han agotado a través
de la vía ordinaria para defender los derechos presuntamente violentados por la
entidad accionada.
2.3.7.2. Impugnación, fue presentada
en el término de ley por el accionante ya que considera que el juzgado de
primera instancia carece de las condiciones necesarias para una sentencia
congruente por la errónea interpretación de sus principios, no comparte la base
en la que se produce la sentencia cuando alega que se tienen otros mecanismos
de defensa y que no existe peligro inminente  ni tener en cuenta las calidades
que ostenta.
2.3.7.3. En segunda instancia, el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué, en sentencia del 18 de julio de 2011, confirmó la
sentencia en primera instancia.
El juez de segunda instancia realizó las
siguientes consideraciones: (i) observó que la inconformidad del accionante
radica en la no entrega del inmueble que le fue adjudicado; (ii) determinó que la
invasión de que fuera objeto no solo el inmueble del actor sino de otros más,
no es imputable a la entidad accionada sino a terceras personas que ocuparon
los inmuebles; (iii) afirmó que corresponde a la entidad accionada adelantar
las acciones pertinentes por medio de Policía, Ejército y demás autoridades
para lograr que los invasores desocupen la vivienda; (iv) consideró que en este
caso la Acción de Tutela no es procedente, ya que existen otros medios de
defensa judicial. Primero la acción policiva inicial, segundo la
Acción Administrativa ante las Inspecciones de Policía, posteriormente tenían
las acciones posesorias, finalmente cuentan con la
Acción Reivindicatoria. Algunas de estas estaban aún vigentes.
2.3.8. T-3372547
2.3.8.1. El Juzgado
Tercero Civil Municipal de Ibagué en sentencia del 10 de noviembre de 2011
decidió “no tutelar los derechos cuya protección demanda a través de la
presente acción de tutela, el señor José Justiniano Cubillos Fino contra la
Gestora Urbana Banco Inmobiliario de Ibagué y la alcaldía de Ibagué,
representadas legalmente, por improcedente…”
Sostiene que “el derecho a la
vivienda digna ha sido entendido por la jurisprudencia como un derecho
económico y social, es decir que hace parte de aquellos clasificados como de
segunda generación , que por ser naturaleza prestacional no procede la acción
de tutela para ser protegido como derecho fundamental”.
Además, el actor cuenta con otros medios
de defensa que no se agotaron aún a través de la vía ordinaria para defender
los derechos presuntamente vulnerados por la entidad accionada.
2.3.8.2. Impugnación
El accionante presentó el escrito de
impugnación al fallo de primera instancia, dentro del término de ley, al no
estar de acuerdo con la decisión y no compartir la declaratoria de improcedente
ya que hay otros antecedentes de otras tutelas las cuales fueron falladas
favorablemente por el Juzgado 8º penal de Circuito y 12 Penal Municipal por lo
que solicita revocar dicha decisión y tener en cuenta el derecho a la igualdad
teniendo en cuenta otros fallos de tutela en los cuales se ampararon los
derechos fundamentales de los accionantes.
2.3.8.3. En segunda instancia, el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué, en sentencia del 12 de diciembre de 2011, se
decidió confirmar la sentencia del 10 de noviembre de 2011 proferida por el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué.
Para adoptar la anterior decisión, consideró
que (i) la
inconformidad del accionante radica en la no entrega del inmueble que le fue
adjudicado; (ii) que la invasión de que fuera objeto no solo el inmueble del
actor sino de otros más, no es imputable a la entidad accionada sino a terceras
personas que ocuparon los inmuebles; (iii) que corresponde a la entidad
accionada adelantar las acciones pertinentes por medio de Policía, Ejército y
demás autoridades para lograr que los invasores desocupen la vivienda; (iv) que
la Acción de Tutela no es procedente, ya que existen otros medios de defensa
judicial: primero la acción policiva inicial, segundo la
Acción Administrativa ante las Inspecciones de Policía, posteriormente  tenían
las acciones posesorias, finalmente cuentan con la
Acción Reivindicatoria. Algunas de estas estaban aún vigentes; (v) encontró
que no se agotaron la totalidad de medios de defensa con que cuentan las partes
para la restitución del inmueble por lo que no era procedente la protección
tutelar deprecada por lo que la decisión impugnada fue confirmada al estar
ajustada al derecho constitucional fundamental aplicable al caso
2.4. Las pruebas allegadas a los
procesos
2.4.1. Expediente T-3178587
La
señora María Elcy Mosquera Díaz  allegó al proceso las siguientes
pruebas:
- Copia consignación Bancolombia
(cuaderno 2, folio 9)
- Copia resolución de Adjudicación
Gestora Urbana resolución No 1346 del        24 de mayo de 2010 (cuaderno 2,
folios 10-12)
- Copia de subsidio de vivienda
FONVIVIENDA (cuaderno 2, folio 13)
- Copia matricula inmobiliaria No
350-191577 (cuaderno 2, folio 5)
- Copia acta de adjudicación (cuaderno
2, folio 6)
- Copia aportes Proyecto Nueva Castilla
(cuaderno 2, folio 7)
- Copia fallos Juzgados Doce penal
Municipal y Cuarto Penal del Circuito de Ibagué (cuaderno 2, folios 15-61)
-Copia Cédula (cuaderno 2, folio 8)
2.4.2. Expediente T-3179024
La
señora Bellanid Murcia Ruiz allegó al proceso las siguientes
pruebas:
- Fotocopia de una
consignación como auxilio de vivienda por Comfatolima (Cuaderno  1, folio 2).
- Copia de certificación de banco BBVA
(Cuaderno  1, folio 3).
- Copia de una
consignación hecha en Bancolombia (Cuaderno  1, folio 4).
- Copia de una
autorización de giro de un subsidio familiar de vivienda del accionante
(Cuaderno  1, folio 5).
- Copia del acta
de entrega de adjudicación hecha por GESTORA URBANA de Ibagué (Cuaderno  1,
folio 6).
- Copia de un
contrato de promesa de compraventa de vivienda urbana (Cuaderno  1, folios
7-11).
- Copia de una autorización de
desmovilización del ahorro programado y giro al encargo fiduciario construido
por el oferente Gestora Urbana de Ibagué (Cuaderno  1, folio 12).
- Copia de
certificado de tradición No 350-191521 (Cuaderno  1, folio15).
- Copia de la
resolución No 1290 de mayo 24 de 2010 de la
GESTORA URBANA de Ibagué con la diligencia de notificación (Cuaderno  1,
folios 16-19).
- Copia de
documentos de identidad de la accionante y su núcleo familiar (Cuaderno  1,
folios 20-23).
- Copia de los
fallos de tutela proferidos por el juzgado 12 civil municipal de Ibagué y el
juzgado cuarto penal del circuito de Ibagué (Cuaderno  1, folios 24- 70).
2.4.3. Expediente T-3179794
La
señora Alba
Inés Camacho allegó
al proceso las siguientes pruebas:
- Fotocopia cédula de ciudadanía (Cuaderno
1, folio 8)
- Copia de Registro civil de nacimiento
de Jenny Benavides (Cuaderno  1, folio 11)
- Copia Sisben de Jenny Esperanza
Benavides (Cuaderno
1, folio 10)
- Madre cabeza de familia, declaración
extra juicio (Cuaderno
1, folio 12)
- Copia de reconocimiento de la firma (Cuaderno
1, folio 13)
- Copia de certificado de preselección
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Cuaderno
1, folio 14)
- Copia de acta de adjudicación de lote
del 03 de abril de 2009 (Cuaderno  1, folio 15)
- Copia de datos de la adjudicataria
para el proyecto Nueva Castilla expedida por Comfatolima (Cuaderno
1, folio 16)
- Copia de consignaciones de Bancolombia
(Cuaderno
1, folio 17)
- Certificación de inmovilización de
saldo de cuenta de Bancolombia (Cuaderno  1, folio 18)
- Copia de resolución No 1111 del 24 de
mayo de 2010 (Cuaderno
1, folios 19-21)
- Certificado de tradición matrícula
inmobiliaria No 350-191327 (Cuaderno  1, folio 22)
- Copia fallos de tutela que concedieron
derechos en condiciones similares (Cuaderno  1, folios 23-29)
2.4.4. Expediente T‑3179929
El
señor
José Rene Garzón Retavizca allegó al proceso las siguientes pruebas:
- Fotocopia del
acta de adjudicación realizada por la
GESTORA URBANA de Ibagué  (Cuaderno 2, folio 1).
- Fotocopia del
folio de matrícula inmobiliaria No 350-191501 (Cuaderno 2, folio 9).
- Fotocopia de la
resolución No 1270 de mayo 24 de 2010 de la
Gestora urbana de Ibagué (Cuaderno 2, folios 10-12).
- Fotocopia de la
certificación expedida por el Banco Agrario sucursal Ibagué (Cuaderno 2, folio
13)
- Fotocopia de una
declaración extra juicio rendida ante el notario 7mo de Ibagué (Cuaderno 2,
folio 14).
- Fotocopia del
registro civil de uno de los menores hijos (Cuaderno 2, folio 70)
- Tarjeta de
identidad del otro menor (Cuaderno 2, folio 71).
- Fotocopias de
una sentencia proferida dentro de otra acción de tutela la cual cursó en el
juzgado 12 penal municipal de Ibagué (Cuaderno 2, folios 74-103)
- Copia de lo resuelto por el juzgado penal
del circuito en segunda instancia (Cuaderno 2, folios 104-120).
2.4.5. Expediente T‑3177372
El
señor José Noel Ochoa Amado allegó al
proceso las siguientes pruebas:
‑ Resolución No 068 de 2007 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (Cuaderno
1, folio
11)
‑ Acta de entrega de la
Gestora Urbana de Ibagué del 30 de agosto de 2010 (Cuaderno 1, folios 12-13)
‑ Derechos de petición con sus
respectivas respuestas presentados por el actor (Cuaderno 1, folios 14-28)
‑ Recibo impuesto predial
cancelado (Cuaderno
1, folio
29)
‑ Comprobantes de pago de la cuota
de vivienda  (Cuaderno
1, folios
30-31)
‑ Recibo cancelado del servicio de
agua (Cuaderno
1, folio
32)
‑ Recibo cancelado del servicio de
energía eléctrica (Cuaderno 1, folio 33)
‑ Fotocopia de cedula de
ciudadanía del accionante. (Cuaderno 1, folio 34)
‑ Declaración extra juicio (Cuaderno
1, folio
154)
‑ Copia
fallos de tutela que concedieron derechos en condiciones similares (Cuaderno
1, folios 155-202)
‑
Certificado de tradición matricula N0 350-189886 (Cuaderno 1, folio
262)
‑ Carta de
Clopad Ibagué del 5 de mayo de 2007 (Cuaderno 1, folio 263)
‑ Carta de
la junta de acción comunal del barrio el refugio II etapa de Ibagué de julio de
2006. (Cuaderno
1, folio 264)
2.4.6. Expediente T-3176968
La señora Marcia Judith Hernández Amado allegó
al proceso las siguientes pruebas:
‑ Copia de tarjeta de identidad de
la menor Laura Juliana Hernández Amado (Cuaderno 1, folio 4)
‑ Estado de cuenta de ahorro
tradicional del Banco Agrario de Colombia (Cuaderno 1, folio 3)
‑ Certificación de inmovilización
y saldo del Bancolombia. (Cuaderno 1, folio 6)
‑ Registro civil de nacimiento del
menor Juan José Arango Hernández (Cuaderno 1, folio 7)
‑ Fotocopia de la cedula de
ciudadanía de la accionante (Cuaderno 1, folio 8)
‑ Resolución 610 de diciembre 22
de 2008 del fondo nacional de vivienda. (Cuaderno 1, folio 9)
‑ Certificado Comfenalco Tolima (Cuaderno
1, folio
10)
‑ Certificado de tradición  No
350-189611 a nombre de María Judith Hernández Amado. (Cuaderno 1, Folio 174)
‑ Contrato de promesa de
compraventa de vivienda urbana (Cuaderno 1, folio 175‑180)
2.4.7.  Expediente T‑3176526
El
señor Luis Enrique Riaño Mayorga allegó al proceso las siguientes
pruebas:
‑ Registro Civil de nacimiento del
menor Luis Felipe Ochoa Cofles (Cuaderno 1, folio 1)
‑ Registro civil de nacimiento del
menor David Salomón Ochoa Pabón (Cuaderno 1, folio 3)
‑ Copia del registro civil de
nacimiento del menor Brajan Julián Ochoa Cofles (Cuaderno 1, folio 4)
‑ Copia del registro civil de
nacimiento del menor Johan Sebastián Ochoa Cofles (Cuaderno 1, folio 5)
‑ Copia del registro civil de
nacimiento del menor Cesar Andrés Ochoa Cofles (Cuaderno 1, folio 6)
‑ Certificado de tradición
Matricula No 350-191566 (Cuaderno 1, folios 7‑8)
‑ Resolución 1335 del 24 de mayo
de 2010 de gestora urbana (Cuaderno 1, folios 9‑11)
‑ Acta de adjudicación de vivienda
del 30 de abril de 2009 (Cuaderno 1, folio 12)
‑ Certificación de cuanta de
ahorro programado del Banco Caja Social. (Cuaderno 1, folio 13)
‑ Consignación Bancolombia (Cuaderno
1, folio
14)
‑ Fotocopia cedula de ciudadanía
del accionante (Cuaderno 1, folio 15)
‑ Copia
fallos de tutela que concedieron derechos en condiciones similares (Cuaderno
1, folios 16-66)
2.4.8.  Expediente T‑3372547
El
señor José Justiniano Cubillos Fino allegó al proceso las siguientes
pruebas:
‑
Copia de certificados de libertad y
tradición de la oficina de registro de instrumentos públicos, matricula
inmobiliaria No 350‑191555. (Cuaderno 1, folios 4‑5)
‑
Copia
de resolución No 1324 del 24 de mayo de 2010, adjudicación del bien inmueble.
(Cuaderno 1, folios 6‑8)
‑ Copia de derecho
de petición presentado el 29 de septiembre de 2011 que hace alusión a la
problemática presentada solicitando la entrega real y material del inmueble y
el desalojo de los invasores del mismo. (Cuaderno 1, folios 9‑10)
‑ Copia de
contestación al derecho de petición por parte de la
Gestora Urbana de Ibagué. (Cuaderno 1, folios 11‑12)
‑ Copia de la
cédula del accionante No 361860. (Cuaderno 1, folio 13)
3. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-3389009
María Adelayda Rodríguez (T-3389009)
interpuso acción de tutela contra la
Gestora Urbana y la Alcaldía Municipal de Ibagué, por la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales  a la vivienda digna, la propiedad privada, el
derecho a la vivienda de interés social e igualmente aquellos de protección
especial como el de su nieta que se encuentra a su cargo.
3.1 De los hechos de la demanda
3.1.1. Expresa la
accionante que el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, mediante fallo del
22 de junio de 2011 denegó el amparo por ella solicitado.
3.1.2. Aduce que se está vulnerando
con el fallo anterior el art 13 de la
Constitución Nacional, por cuanto en otros casos similares se falló a favor de
los demandantes los cuales aducían los mismos hechos y pretensiones que ella
demandó.
3.1.3. Sostiene que se encuentra en una
situación económica precaria, que vive en hacinamiento e infección extrema por
la falta de domicilio fijo y su avanzada edad.
3.1.4. Resume los hechos con relación a
los planes de vivienda de interés social que adelantaron las accionadas y las
posteriores vulneraciones a sus derechos fundamentales violentados.
3.1.5. Solicita la
recuperación de su vivienda por parte de la alcaldía y la
Policía de Ibagué y que se le entregue la casa adjudicada.
3.2. Respuesta de la entidad accionada
3.2.1. La oficina jurídica de la
alcaldía de Ibagué “nos informa sobre las pretensiones de la tutelante, como
consideraciones nos ilustra sobre el marco jurídico y constitucional de la
acción de tutela, la ausencia de perjuicio irremediable, sobre el carácter
subsidiario de la acción de tutela, sobre la problemática actual y de la
competencia en cabeza de la gestora urbana para pronunciarse al respecto, como
quiera que fue creada mediante el decreto con fuerza de acuerdo 0175 del 23 de
abril de 2002, como empresa industrial y comercial del estado del orden
municipal, con autonomía financiera y administrativas, la cual acuciosamente se
encuentra desarrollando el procedimiento y quien responde por el mismo y su
custodia, hasta la entrega de los inmuebles, que ante la eventualidad de
presentarse inconveniente alguno, esta llamada al saneamiento de dificultades,
para perfeccionar la entrega e iniciar las acciones pertinentes con el apoyo de
las autoridades y conforme a la competencia y jurisdicción de cada una de
ellas, nos enrostro todas las gestiones administrativas llevadas a cabo por la
gestora urbana”.
Asegura que se evidencia en el caso en
discusión que hay Cosa Juzgada por cuanto la actora había presentado otra
acción de tutela la cual fue fallada en su contra por la jurisdicción
ordinaria.
Señala el apoderado de la
Gestora Urbana que se opone a todas y cada una de las pretensiones de la accionante
puesto que la tutela no es el mecanismo idóneo para hacer valer sus
pretensiones, además que en ningún momento se ha vulnerado el derecho a la
vida, vivienda digna, igualdad, al debido proceso, o a la subsistencia digna.
Finalmente sostiene que la entidad en
ningún momento ha querido vulnerar derecho alguno de la accionante, solo se
esta frente a una situación ajena a su voluntad donde la solución la tienen las
autoridades policivas.
3.3.  Decisión judicial objeto de
revisión
3.3.1. El Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Ibagué, en sentencia del 5 de diciembre de 2011,
decidió “Declarar la improcedencia de la presente acción de tutela,
impetrada por la señora María Adelayda Rodríguez, con relación a los derechos
invocados como vulnerados por cuanto ya fue motivo de análisis por parte de
otro juez constitucional, operando en entonces el fenómeno de la
Cosa Juzgada Constitucional conforme a lo argumentado en la parte motiva de
esta providencia.”
(i) Analiza el despacho la acción de
tutela, en la que la actora utiliza nuevamente el mecanismo de tutela, contra
los accionados para que se le entregue formal o físicamente su casa de
habitación, y no evidencia una actuación temeraria de  la demandante en este
caso.
(ii) Aduce que el Juzgado Décimo Civil
Municipal, luego de realizar el análisis correspondiente a la acción instaurada
por la señora María Adelayda Rodríguez, denegó lo pretendido por la misma.
(iii) Asegura  que tras el fallo del
Juzgado Décimo Civil Municipal, la actora frente a su inconformidad por el
mismo, en ningún momento interpuso la impugnación para que fuera resuelta en
segunda instancia por el superior, con lo que se encontró frente a dos
premisas:
a) Frente a la autonomía o
interpretación del Juez que ya conoció del caso y
b) Frente a la
Cosa Juzgada Constitucional.
(iv) Sostiene que para ese despacho ha
operado el fenómeno de Cosa Juzgada Constitucional,  por cuanto la tutela no
fue impugnada y tampoco escogida para su eventual revisión por la
Corte Constitucional. Además no se puede insistir mediante la invocación de
nuevas tutelas para buscar que un nuevo juez coincida con lo pretendido por la
misma; la tutela no puede desembocar con una cadena de intentos hasta encontrar
una decisión favorable, acceder a esta tutela vulneraria el principio de Cosa
Juzgada Constitucional y por ende la seguridad jurídica.
(v) Señala que por lo anterior el
despacho declara la improcedencia de la acción de tutela por cuanto sus
pretensiones ya fueron analizadas en oportunidad anterior por parte de un juez
constitucional y tal decisión no fue impugnada por la actora para ser analizada
en segunda instancia.
3.3.2. Impugnación
La actora expresa su inconformidad bajo
el argumento de que ella no pretendió interponer una tutela contra el fallo
proferido por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, sino manifestar la
vulneración al derecho de la igualdad por cuanto no se explica “que la
administración de justicia falle en un mismo hecho, tutelado bajo las mismas
circunstancias de manera distinta", sustentando esa afirmación en que
el Juzgado Octavo Civil Municipal de esa ciudad fallo a favor de otra ciudadana
en una acción de tutela presentada por los mismos hechos y pretensiones.
Por lo tanto, la actora no comparte que
el juez de primera instancia haya argumentado para negar sus pretensiones que
haya operado el fenómeno de Cosa Juzgada, adicionalmente señala ser madre
cabeza de familia y que no conoce otro mecanismo de defensa judicial para hacer
valer sus derechos ya que interpuso una “demanda” en la fiscalía por el delito
de invasión de tierra en contra del invasor y señala que nada ha pasado con ese
caso, por lo tanto solicita que se “haga justicia, se respete el derecho
constitucional y se le proteja su estado de debilidad manifiesta.”
3.3.3. En segunda instancia, el Juzgado
Cuarto Penal del circuito, en sentencia del 1º de febrero de 2012, decidió “Confirmar
en su integridad la decisión de fecha de diciembre 5 de 2011, proferida por el
Juzgado Séptimo Penal con Función de Control de Garantías de esta ciudad dentro
de la acción de tutela instaurada por la señora María Adelayda rodríguez contra
la Alcaldía de Ibagué y la Gestora Urbana.”
El juez de segunda instancia realizó las
siguientes consideraciones:
(i) Encontró que hay en las acciones
presentadas por la demandante identidad entre los hechos y pretensiones, lo
cual torna improcedente la acción constitucional, además reúnen los requisitos
jurisprudenciales señalados por la
Corte Constitucional de identidad de partes, de hechos y de pretensiones.
(ii) Adujo, que en cuanto al derecho a
la igualdad que invoca la accionante, el despacho señala que los jueces se
orientan por el principio constitucional de autonomía judicial, lo cual les
permite interpretar las normas jurídicas en las que fundan sus decisiones,
siempre y cuando no violen derechos fundamentales que constituyan una vía de
hecho, lo cual seria la causa principal para dejar sin efectos una decisión
judicial que ha hecho transito a cosa juzgada.
(iii) Adicionalmente, sostuvo que el
haber interpuesto una acción constitucional anterior la cual fue fallada en
contra de sus pretensiones, se encuentra ejecutoriada por cuanto la actora no
hizo uso del recurso de la impugnación y la acción fue excluida de revisión,
con lo que el fenómeno de la Cosa Juzgada Constitucional esta mas que probada
para este caso.
(iv) Consideró que en este caso no se
constata la figura de la temeridad por parte de la actora ya que se aprecia que
debido a la ignorancia de la accionante, por ausencia de asesoramiento, decidió
interponer nuevamente la acción constitucional, y el despacho considera que no
hay lugar a imponer sanción de ninguna clase.
3.3.4.  Expediente T
‑3389009
La
señora María Adelaida Rodríguez  allegó al proceso las siguientes
pruebas:
‑ Copia declaración extrajuicio
como madre cabeza de familia de la accionante. (Cuaderno 1, folio 5)
‑
Copia registro civil de la niña Leydi Vanesa Homez Rincón, nieta de la
accionante. (Cuaderno 1, folio 6)
‑ Copia subsidio
de vivienda Fonvivienda.
(Cuaderno 1, folios 7‑8)
‑ Copia matricula
inmobiliaria No.
(Cuaderno 1, folio 9)
‑ Copia acta de
adjudicación de vivienda del 3 de abril de 2009. (Cuaderno 1, folio 10)
- Copia consignación Bancolombia
(cuaderno 1, folio 11)
‑
Copia
cedula de ciudadanía No
38215941 de la actora. (Cuaderno 1, folio12)
‑
Copia
de tarjeta de identidad de la niña Leydi Vanesa Homez Rincón. (Cuaderno 1,
folio 13)
‑
Copia
del Sisben III a nombre de la accionante. (Cuaderno 1, folio 14)
‑
Copia
acción de tutela y fallo, presentada por lo accionante ante el Juzgado Décimo
Civil Municipal, la cual fue denegada. (Cuaderno 1, folio 24‑34)
‑ Copia acción de
tutela el correspondiente fallo presentada por la señora Adela Rodríguez Viana,
la cual fue concedida.
(Cuaderno 1, folios 15‑23)
4. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-
3176927
María Eugenia Gutiérrez  Valencia
(T-3176927)  interpuso acción de tutela contra la
Gestora Urbana y la Alcaldía Municipal de Ibagué, por la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales a la vivienda digna en conexidad con el mínimo
vital y el derecho al debido proceso, atendiendo los siguientes hechos:
4.1 De los hechos de la demanda
4.1.1. Aduce la
accionante que el Juzgado Doce Penal de Ibagué tuteló los derechos de Yamile
García Viuche beneficiaria de una vivienda de interés social en la urbanización
"Nueva Castilla, decisión que fue ratificada por el Juzgado Doce Penal del
Circuito de Ibagué.
4.1.2. La accionante afirma que junto
a su familia estaban residiendo dentro de la vivienda que fue ordenada
desalojar.
4.1.3. Argumenta la actora, que por más
de seis meses ostenta la calidad de poseedora de la vivienda ubicada en la
Súper manzana 9, manzana 2 casa 5 del barrio Nueva Castilla, también señala
que le había realizado mejoras a dicho inmueble.
4.1.4. Adicionalmente, la actora
asegura ser madre de tres menores y está en condición de incapacidad, por lo
tanto está en una situación de extrema desprotección.
4.2.5. Por otra parte, asegura la
actora que los despachos al dar aplicación al efecto "inter comunis"
vulneraron su derecho al debido proceso toda vez que durante la acción
impetrada no se le vinculó en debida forma, violando su derecho de defensa.
4.2.6. Esgrime que el 19 de mayo  de
2011 fue desalojada de su vivienda por la
Policía, por lo tanto vulneraron su derecho a la vivienda digna y los derechos
de los menores que habitaban allí.
4.1.7. Pretende que la
Alcaldía de Ibagué suspenda  cualquier orden de entrega a Gestora Urbana del
bien inmueble del que fue desalojada.
4.2. Respuesta de la entidad accionada
4.2.1. A través de una apoderada, el
Municipio de Ibagué responde que estaban cumpliendo un fallo judicial y
protegiendo al verdadero propietario del inmueble, afirma que la accionante
reconoce que el inmueble que pretende tiene ya un dueño legal y que fue tomado
por vías de hecho.
4.2.2. El representante legal del Banco
Inmobiliario de la Gestora Urbana dice que la acción de tutela no es el medio
idóneo  para hacer valer los derechos supuestamente vulnerados, ya que la
accionante en calidad de poseedora puede ejercer las acciones civiles
pertinentes.
Afirman además, que pueden incurrir en
un incidente de desacato si desconocieran un fallo de tutela. Finalmente
adjuntaron copia de la denuncia penal instaurada en contra de los poseedores
actuales de los predios invadidos.
4.3.  Decisión judicial objeto de
revisión
En sentencia del 8 de junio de 2011  el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Ibagué, decidió (i) no tutelar los derechos
invocados por la Señora María Eugenia Gutiérrez Valencia, (ii) conminó al
Municipio de Ibagué, representado por el señor Alcalde, para que tenga en
cuenta a la accionante para futuros planes de vivienda de interés social, y se
le preste asesoría plena sobre los derechos que le asisten como discapacitada,
por lo que debía la autoridad municipal orientar a esta familia acerca de los
programas de vivienda existentes en el Municipio de Ibagué y a través de la
Gestora Urbana precisarles cuáles son los trámites y requisitos para que pueda
acceder a los mismos.
Para adoptar la anterior decisión, el
despacho realizó las siguientes consideraciones: (i)  la tutela es improcedente
para el caso "sub examine", ya que no es el mecanismo idóneo para
recuperar un bien inmueble y menos para recuperar su eventual posesión; (ii) la
actora pudo agotar previamente los recursos que el proceso policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho le permitía; (iii) así mismo que podía reivindicar
el derecho de propiedad por medio de la acción de pertenencia ante la
Jurisdicción ordinaria, con la finalidad que se le declare dueña absoluta del
inmueble, por configuración de la prescripción adquisitiva de dominio; (iv) determinó
que la accionante no se encuentra ante un perjuicio irremediable; (v) No se
puede acceder a las pretensiones de la tutela ya que esta no puede convalidar
la fuerza y la violencia, además hay un procedimiento legal para asignarles una
vivienda de manera justa y legal; (vi) Finalmente, el accionar del Municipio de
Ibagué en acatamiento de una orden judicial esta ajustado a legitimidad y de no
haberlo realizado  hubiera incurrido en desacato a resolución judicial la cual
tiene, en este caso,  la virtud del efecto "inter comunis".
4.4. Las pruebas allegadas al proceso
expediente T‑3176927
La señora María Eugenia Gutiérrez
Valencia allegó
al proceso las siguientes pruebas:
- Fotocopia del fallo de tutela de
segunda instancia proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué
en el que extiende por el efecto “inter comunis” los efectos del fallo de
primera instancia a 90 madres cabeza de familia, en el cual la actora no fue
vinculada. (Cuaderno
1, folios
5‑21)
- Fotocopia de la declaración extra
juicio del 17 de marzo de 2011 en la que consta el tiempo de residencia de la
actora. (Cuaderno
1, folios
40‑41)
- Fotocopia de declaración extra  juicio
del 17 de marzo de 2011 en la que consta la condición de madre cabeza de
familia de la actora. (Cuaderno 1, folio 38)
- Fotocopia del registro civil de la
menor Ana María Valencia Gutiérrez. (Cuaderno 1, folio 42)
- Fotocopia del registro civil de la
menor Nayeli Valencia Gutiérrez. (Cuaderno 1, folio 43)
- Fotocopia del registro civil del menor
Alexander Valencia Gutiérrez. (Cuaderno 1, folio 44)
- Fotocopia de cédula de ciudadanía de
la accionante. (Cuaderno 1, folio 39)
- Fotocopia del oficio del 4 de marzo de
2011, con el que prueba el abandono de las viviendas. (Cuaderno 1, folio 45-46)
5. PRUEBAS RECAUDADAS POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE REVISION
5.1 Mediante Auto
calendado el  cinco (5) de septiembre de 2011, esta Corporación considerando
que para
resolver el presente asunto de tutela la
Sala necesitaba contar con elementos de juicio suficientes y  pruebas
necesarias para evaluar y constatar (i) la actuación administrativa por parte
de la Alcaldía Municipal de Ibagué – Tolima; (ii) la actuación por parte de la
Gestora Urbana de Ibagué; (iii) la actuación de otras entidades públicas como
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade; así
como de la Inspección de Policía Número 8 de la
Ciudad de Ibagué, dentro de los procesos policivos que se iniciaron a raíz de
los hechos que dieron lugar a estas tutelas, y a la
Fiscalía General de la Nación dentro de los procesos penales que se iniciaron
por los mismos hechos; y (iii) en consecuencia poder dilucidar el estado actual
de cosas, así como la posible vulneración de derechos fundamentales de los
tutelantes. Que por lo anterior, la Sala ordenó:
5.1.1. A la
Alcaldía Municipal de Ibagué – Tolima, que (i) enviara a esta Corporación
copia simple de todo el expediente correspondiente al trámite administrativo
del proyecto de urbanización “Nueva Castilla”, proyecto que dió origen a las
presentes tutelas, y que adicionalmente afecta no solamente a los actores
dentro de los asuntos de tutela de la referencia, sino a un número
significativo de ciudadanos; y (ii) que se pronuncie en forma específica y
detallada en relación con los siguientes temas: (i) información detallada de
todos los aspectos, elementos, componentes, destinatarios y beneficiarios del
proyecto general de la Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué;
(ii) información respecto del tiempo inicialmente estipulado para adelantar el proyecto
Urbanización “Nueva Castilla”; (iii) información respecto de las fuentes y
montos de financiación del citado proyecto, especialmente sobre los recursos de
financiación de entidades y organismos públicos, así como de las entidades,
montos y beneficiarios que otorgaron o fueron beneficiarios de los subsidios de
vivienda para este proyecto, y acerca de la cantidad de subsidios otorgados y
efectivamente entregados; (iv) información sobre el aporte de suelos y lotes en
los cuales se adelanta o se adelantó el proyecto “Nueva Castilla” y sobre la
calidad, aptitud e idoneidad de los mismos para la construcción de vivienda;
(v) información sobre las empresas, uniones temporales o constructoras,
encargadas de desarrollar el proyecto de Urbanización “Nueva Castilla”, así
como respecto de los términos de contratación, las evaluaciones y conceptos de
las interventorías en dichos contratos; (vi) información sobre la cantidad de
personas beneficiadas por el proyecto y  sobre la calidad de las mismas,
aportando información de si se trata de población vulnerable o en estado de
debilidad manifiesta, y si dentro de los beneficiados hay población desplazada
por la violencia, y sobre cuántas personas se le ha hecho entrega real y
efectiva de los inmuebles y a cuántas personas no se le ha hecho todavía
entrega material de los inmuebles, así como de las razones que justifican la negativa
de la entrega real y efectiva de los inmuebles; (vii) información detallada
sobre el estado actual de las viviendas de la
Urbanización “Nueva Castilla”, en relación con los suelos, así como respecto
el estado de construcción de las viviendas, teniendo en cuenta aspectos tales
como el estado de bases, vigas, paredes, pisos, techos, tuberías, cuartos,
baños, cocinas, acabados, etc., entre otros aspectos relevantes; (viii) información
sobre los servicios públicos domiciliarios instalados y servicios con que
cuentan actualmente las viviendas de la
Urbanización “Nueva Castilla”; (ix) información sobre las medidas que se han
tomado para contrarrestar las invasiones u ocupaciones de las viviendas de la
Urbanización “Nueva Castilla”.
5.1.2 A la
Gestora Urbana de Ibagué que (i) enviara a esta Corporación copia simple de
todo el expediente relacionado con el proyecto de construcción “Nueva Castilla”
de la ciudad de Ibagué, que repose en esa entidad; y (ii) que entregara información
precisa y detallada, haciendo referencia general al proyecto y específica al
caso de los actores que interpusieron las acciones de tutelas de la referencia,
sobre la participación, funciones y responsabilidades jurídicas de la
Gestora Urbana de Ibagué dentro del proyecto de la
Urbanización “Nueva Castilla”, y sobre la evaluación, logros alcanzados y
resultados de dicho proyecto, así como respecto de las deficiencias constatadas
por dicha entidad en el desarrollo del mismo.
5.1.3 De otra parte, la
Corte encontró necesario vincular a este proceso al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, con fundamento en el artículo 13, inciso
final y 16 del Decreto 2591 de 1991, relativo a la intervención de terceros con
interés legítimo para que intervengan como coadyuvantes o como partes, y los
principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela, y por
tanto le ordenó que (i) enviara copia de todo el expediente que reposara en esa
entidad en relación con el proyecto de construcción “Nueva Castilla” de la
ciudad de Ibagué – Tolima, y que (ii) informara a esta Corporación de manera
detallada y precisa sobre el tema del Subsidio Familiar de Vivienda de la
Bolsa Nacional y sobre la cantidad, montos y tipo de subsidios de vivienda que
han sido otorgados y/o entregados efectivamente a beneficiarios del proyecto de
Urbanización “Nueva Castilla” en la ciudad de Ibagué y sobre las personas y la
calidad en que han sido otorgados y/o entregados efectivamente dichos subsidios.
5.1.4 Igualmente esta
Corte encontró necesario vincular al presente proceso de tutela al Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, con fundamento en el artículo
13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991, relativo a la intervención de
terceros con interés legítimo para que intervengan como coadyuvantes o como
partes, y los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de
tutela, y por tanto le ordenó que (i) enviara copia simple de todo el expediente que
obre en esa entidad sobre el proyecto de construcción “Nueva Castilla” de la
ciudad de Ibagué – Tolima, y que (ii) informara a esta Corte de manera
precisa y detallada las razones que motivaron el hecho de no recibir a
satisfacción el proyecto de vivienda de interés social, Urbanización “Nueva
Castilla” de la ciudad de Ibagué (Tolima).
5.1.5 Dada la información
que reposa en los expediente de tutela de la referencia sobre posibles
ocupaciones ilegales de las viviendas y procesos policivos iniciados a raíz de
ellas, esta Corte ordenó también a la
Inspección de Policía Número 8 de la Ciudad de Ibagué, que informara a esta
Corporación sobre el estado de los procesos policivos que se adelantaron o se adelantan en
contra de algunos de los actuales poseedores de la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué (Tolima), como
consecuencia de la
ocupación ilegal de las
viviendas -del
24 de octubre de 2010 y otras a que haya habido lugar-, y sobre las acciones
que se han adelantando hasta el momento dentro de dichos procesos policivos.
5.1.6 Igualmente, dada la
información que obra en los expedientes de tutela de la referencia, esta Corte
le solicitó a la Fiscalía General de la
Nación, que informara el estado de los procesos relacionados con la ocupación de las viviendas de la
Urbanización “Nueva Castilla” -del 24 de octubre de 2010 y otras a que haya
habido lugar-, en la ciudad de Ibagué (Tolima).
5.1.7 Mediante este mismo auto se suspendieron los
términos del presente proceso de tutela hasta que se hubieran allegado,
analizado y valorado las pruebas solicitadas por esta Sala, de conformidad con
el artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992.
5.2 Relación de pruebas allegadas a la
Corte:
(i) Escrito de la
Alcaldía Municipal de Ibagué, del 4 de noviembre de 2011, en donde envía informe
actualizado sobre la invasión ilegal y de hecho en la urbanización Nueva
Castilla de Ibagué.
(ii) Escrito de la
Alcaldía Municipal de Ibagué, de la oficina Jurídica del 21 de marzo de 2012, sobre
información del censo actualizado de los ocupantes y las condiciones de
vulnerabilidad de los ocupantes de las casas invadidas de la urbanización Nueva
Castilla de Ibagué, anexos:
(iii) Informe Gestora
Urbana RS-2012-717 de 15 de marzo de 2012.
(iv) Copia oficios
actuales recuperación viviendas Nueva Castilla.
(v) Oficio No 3.2 del 21 de Septiembre de 2011, firmado por la señora
Mercedes Calderón Martínez, Inspectora Octava Urbana Municipal de Policía de
Ibagué, recibido en esta Secretaria el pasado 26 de Septiembre. Consta
de 4 folios con 10 folios anexos.
Referencia que la jefe de la
oficina jurídica de la Alcaldía de Ibagué presentó ante ese despacho querella
de lanzamiento por ocupación de hecho a través de apoderada el 30 de Marzo de
2011 con No de radicación 0127, folio 202, tomo 20 con fecha 31 de Marzo de
2011.
Sostiene que, dando
aplicación al art. 106 del Código de Policía Manual de Convivencia del Tolima,
la querella no reunía los requisitos exigidos por la norma; además asegura que
si ésta se hubiera presentado dentro del término legal se hubiera inadmitido
para que se subsanara y así seguir con el trámite del proceso. Esto se indicó
en la resolución No 005 del 1 de Abril de 2011, en la que se resuelve sobre la
inadmisibilidad de la querella procediéndose a rechazarla por haber caducado la
acción de conformidad con el artículo 85 del C.P.C. y el 508 del Código de
Policía Manual de Convivencia Ciudadana del Tolima en la que se especifica que
esta acción se debe interponer dentro de “los 30 días siguientes a la
ejecución del primer acto perturbatorio o modificatorio de un estado de hecho
existente con anterioridad él, o contados desde el día en que tuvo conocimiento
del hecho el querellante”, en este caso estos 30 días se vencieron el 4 de
Marzo de 2011, puesto que la invasión se dio el 22 de Enero de 2011.
La resolución No 005 del 1
de Abril de 2011, fue notificada al Ministerio Público que es garante de este
tipo de procesos (art. 46 C. de policía del Tolima) y este no presentó ningún
recurso. El 26 de abril de 2011 se notificó a la apoderada querellante a través
de la Secretaria de la Inspección, para que interpusiera los recursos dentro de
los tres días siguientes, es decir se vencía el termino el 29 de abril a las 5
p.m. y no se presentó escrito alguno. Afirma, que días después se enteró que la
funcionaria de la Alcaldía se había presentado el 29 de Abril a las 5:10 p.m.
según consta en el libro de anotaciones del vigilante de la casa de justicia.
El 2 de Mayo de 2011 se
recibe correo Deprisa de Avianca un sobre sellado el cual contiene un escrito
por medio del cual se presenta recurso de reposición y apelación, los cuales
fueron rechazados por extemporáneos mediante resolución No 009 del 4 de Mayo de
2011, el cual se notifica al Ministerio Público quien no recurrió a la
providencia. Una nueva apoderada de la parte querellante interpone reposición a
la resolución No 009 y solicita copias para acudir en queja ante el superior,
lo cual fue respondido en Auto del 23 de Mayo de 2011, en el cual fue
notificado nuevamente al Ministerio Público y a la recurrente, y en él se
abstiene el despacho de pronunciarse por no proceder contra la resolución No
009 del 4 de Mayo de 2011 ningún recurso toda vez que se revivirían los
términos, y si es extemporáneo el recurso de reposición, también lo es el de
apelación  por cuanto el término legal es el mismo para los dos recursos. Afirma,
por último, que se está en espera de que se resuelva el recurso de queja que
debió presentar la apoderada de la parte querellante ante el superior.
Anexos.
1- Fotocopia de la
resolución No 005 del primero de Abril de 2011 mediante la cual se rechaza la
querella por caducidad de la acción. (Cuaderno 1, folios 29-33)
2- Fotocopia de la
resolución No 009 del 4 de Mayo de 2011 mediante la cual se rechazaron por
extemporáneos los recursos de reposición y apelación. (Cuaderno 1, folios
34-36)
3- fotocopia del auto de
Mayo 23 de 2011 por medio del cual se abstiene el despacho de pronunciarse por
no proceder recurso alguno contra la resolución 009 del 4 de Mayo de 201.
4- Fotocopia del folio 142
del libro del vigilante en donde aparece que se presentaron funcionarias de la
Alcaldía, Asesoras del Alcalde a las 5:10 del 29 de Abril de 2011, el término
se venció a las 5.pm. (Cuaderno 1, folio 38)
(vi) Oficio No 20111100218461  del 28 de Septiembre de 2011, firmado
por la doctora Adriana Vivas Montaño, apoderada judicial del Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo FONADE, recibido en esta secretaria el mismo 28 de
Septiembre. Consta de 76 folios con 2 folios anexos y cinco (5) carpetas de
210, 279, 161, 206 y 356 folios.
Afirma FONADE que “es fundamental
poner de presente cuales son las obligaciones a cargo de FONADE, con ocasión a
la ejecución de los convenios interadministrativos a que se ha hecho mención,
dentro de las cuales no obra ninguna que apunte a “recibir a satisfacción el
proyecto de vivienda de interés social, Urbanización Nueva Castilla, de la
ciudad de Ibagué (Tolima)”.”
Sostienen que las casas de
los beneficiarios que interpusieron la acción de tutela se encuentran ubicadas
en la Etapa III y Nueva Castilla 2007. El estado de la casa Jorge Eliécer
Méndez Jiménez ubicada en la
Urbanización Nueva Castilla III etapa se encuentra terminada y certificada por
FONADE el 15 de Septiembre  de 2010, las casas de Liliana Martha Guzmán Naranjo
y Carolina Yusunguaira se encuentran ubicadas en la
Urbanización Nueva Castilla 2007 están terminadas y certificadas por  FONADE
el 8 de febrero de 2011, y finalmente, las casas de Concepción Rúa Ruiz y
Susana Poloche de Palma ubicadas en la
Urbanización Nueva Castilla 2007 y en la visita del 18 de julio de 2011 no se
expidió el certificado de existencia porque aún no estaban totalmente
terminadas, tenían pendiente la conformación de las vías, la construcción de
los andenes y sobre todo, las instalación de los contadores eléctricos y los
medidores de agua.
Anota que en visita
realizada al proyecto el 17 de julio de 2007, la supervisión reporto lo
siguiente  “…Aunque todavía existe un alto número de viviendas invadidas en
el proyecto, el Arquitecto Javier Ángel, Representante Legal de la
Gestora Urbana de Ibagué informó a la supervisión que se encuentran en la
tarea de hacer un inventario de los daños sufridos en las viviendas recuperadas
para así subsanarlos y hacer entrega a los beneficiarios reales de las mismas.
El Ingeniero Hugo Ferro, Gerente de Proyectos de la
Gestora Urbana de Ibagué informó también, que continúan con los trámites
jurídicos para proceder a desalojar a los invasores de las viviendas. Sin
embargo, en la presente visita no se realizaron compromisos ni de entregas ni
de reparaciones ni de recuperación de viviendas”.
(vii) Oficio del 30 de Septiembre de 2011, firmada por Jesús María
Botero Gutiérrez, Alcalde Municipal; Javier Ricardo Ángel Villalba, Gerente
Gestora Urbana y Nora Cecilia Castro Arias, jefe de la oficina jurídica del
Municipio de Ibagué, recibido en esta secretaría el pasado 3 de Octubre. Consta
de 14 folios con diez (10) cuadernos anexos que suman 1.318 folios.
Dan respuesta a solicitud
de información mediante oficio OPT A552 y 553 de 2011, expedientes T-3089989,
T- 3090023, T-3090040, T-3091945, T-3091946, y T-3091747. Acciones de tutela
presentadas por Jorge Eliecer Méndez Jiménez (T-3089989), Concepción Rúa Ruiz
(T- 3090023), Susana Poloche de Palma (T-3090040), Liliana Martha Guzmán
Naranjo (T-3091945), Bárbara Núñez (T-3091946), y Carolina Yusunguaira Salas
(T-3091747) contra la Alcaldía Municipal y la
Gestora Urbana de Ibagué.
(a) Respuesta a la pregunta
de la Corte sobre “Información sobre la cantidad de personas beneficiadas
por el proyecto y sobre la calidad de las mismas, aportando información de si
se trata de población vulnerable o en estado de debilidad manifiesta, y si
dentro de los beneficiados hay población desplazada por la violencia, y sobre
cuántas personas no se le ha hecho todavía entrega material de los inmuebles,
así como de las razones que justifican la negativa de la entrega real y
efectiva de los inmuebles.”
Sostienen que el total de
familias beneficiadas fueron 1.182, de las cuales 691 son población reubicada
por desastres naturales, 4 desplazados y 487 familias carentes de vivienda
pertenecientes a los estratos 1 y 2. Sobre el proyecto afirman que se han
construido y escriturado 1.103 unidades de vivienda, se entregaron inicialmente
905 unidades, fueron invadidas 542, se han recuperado 332 unidades, y 210
unidades están aún invadidas. Afirman que algunas viviendas no están
construidas debido a razones de seguridad.
Aducen que, de las unidades
de vivienda invadidas, las que se han recuperado han sido a través de operativos
de desalojo con base en los fallos de tutela, con el apoyo de las autoridades
municipales, Defensoría, Bienestar Familiar, Personería y  Policía Nacional, y
que se ha desarrollado labor social casa por casa para que las desalojen por
voluntad propia, con lo que se ha podido recuperar el 50% de las viviendas
ocupadas ilegalmente. En las restantes se busca hacer lo mismo ofreciéndoles la
inclusión en la base de datos para que se incorporen a los planes de vivienda
de la administración municipal y/o Gestora Urbana y que salgan con seguridad de
la invasión ya que existen amenazas de los promotores de la invasión si se
retiran de las casas. Finalmente, la
Gestora Urbana y la administración central del municipio han instaurado
acciones penales y policivas con el fin de recuperar los inmuebles aún
invadidos.
(b) Respuesta a la pregunta
de la Corte sobre “Información detallada sobre el estado actual de las
viviendas de la Urbanización “Nueva Castilla”, en relación con los suelos, así
como respecto al estado de construcción de las viviendas, teniendo en cuenta
aspectos tales como estado de bases, vigas, paredes, pisos, techos, tuberías,
cuartos, baños, cocinas, acabados, etc., entre otros aspectos relevantes.”
Responden que el estado de
las viviendas es certificado por FONADE, que se encuentran muy bien, que presentan
una excelente posibilidad estructural de ampliaciones. Los acabados de los
inmuebles se han entregado en perfecto estado, solo las viviendas invadidas
presentan un deterioro por vandalismo. En este sentido, afirman que en la
actualidad se adelantan procesos de reparación de las mismas. Todos los
propietarios recibieron a satisfacción sus inmuebles, a excepción de la señora
Bárbara Núñez, cuya casa se encuentra invadida a la fecha.
(c) Respuesta al
cuestionamiento de la Corte respecto a “Información sobre las medidas que
se han tomado para contrarrestar las invasiones u ocupaciones de las viviendas
de la Urbanización “Nueva Castilla”.”
Presentan la siguiente
información ordenada de manera cronológica:
- Viernes 22 de Enero de
2011, se les informa de la invasión de 487 viviendas de la
Urbanización Nueva Castilla de Ibagué, ubicadas en la cuarta etapa, Súper
manzana D, de la comuna 8, por un grupo de personas que violentamente y haciendo
uso de la fuerza irrumpieron en cada unidad. Se llevó a cabo un operativo en
compañía del Director de Justicia y Orden Público, el Director de Espacio
Público, la Inspectora del tercer turno, el Capitán del Comandante de Distrito
Policía de Infancia y Adolescencia y el ESMAD de la
Policía para verificar la ocupación y desalojarlos, lo cual no se puedo hacer
por haber un escudo humano integrado por niños, niñas y ancianos.
- 24 de Enero de 2011, se
realizó nuevamente un operativo en compañía del Director de Justicia y Orden
Público, el Director de Espacio Público, el Capitán del Distrito Policía de
Infancia y Adolescencia y el ESMAD con el fin de verificar la ocupación y hacer
el respectivo desalojo. Se realizó un censo provisional de las viviendas
invadidas, además se hizo entrega de la posesión de los inmuebles a 513
beneficiarios del subsidio de vivienda con el fin de impedir que las viviendas
que aún no habían sido entregadas fueran invadidas.
- 26 de Enero de 2011 se
llevo a cabo una reunión con los funcionarios municipales e invasores de dichos
predios.
- 27‑28  de Enero, se
realizó un censo en el que se identificó plenamente a los ocupantes indebidos.
- 5 de febrero de 2011 se
realizó una reunión con funcionarios de la administración municipal para
revisar el censo y hasta qué punto se había avanzado.
- 3 de Marzo de 2011, el
Alcalde encargado requirió a los directores de justicia, y espacio público y
los inspectores de policía, corregidores y comisarios de familia para que
dieran inmediata aplicación a lo contemplado en el art. 69 de la
Ley 9ª de 1989.
- Marzo 4 de 2011, los
funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Ejército,
Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, ICBF y Gestora Urbana de Ibagué,
en operativo conjunto, verificaron que los invasores se rotaban de casa en
casa. Los funcionarios de Gestora Urbana realizaron un tercer censo de quienes
permanecen por las vías de hecho ocupando las viviendas y que rotaron de casa
en casa, quienes ingresaron recientemente a la invasión y quienes fueron
despojados por la fuerza.
- 7 de Marzo, se le solicitó
a la gerente de Gestora Urbana informar a las entidades prestadoras de
servicios públicos sobre la invasión ilegal masiva del sector Nueva Castilla
con el fin de realizar una ruptura en la solidaridad de pagos de servicios por
parte de la Gestora Urbana y los invasores. El alcalde suscribió oficios a los
gerentes de Alcanos de Colombia, Enertolima y el IBAL con el fin de que
verificaran los estados de conexión en la urbanización.
- 8 de Marzo, se solicitó a
la gerente de Gestora Urbana iniciar las denuncias penales ante la
Fiscalía General de la Nación en contra de los ocupantes ilegales que vulneran
el art. 263 del Código Penal.
- 9 de Marzo de 2011, se
realizo la denuncia penal, proceso que sigue su curso sin que se haya obtenido
respuesta efectiva, radicación 730016000444201180318.
- 15 de Abril, se llevo una
fallida audiencia de conciliación por cuanto no comparecieron los invasores y
se remitió el expediente a las fiscalías locales para que se iniciara la
correspondiente investigación.
- Por otra parte el 1 de
marzo de 2011, la señora Yamile García Viuche presentó acción de tutela en
contra del municipio de Ibagué y de la
Gestora Urbana con el fin de la protección de su derecho constitucional a la
vivienda digna, a la familia, al debido proceso, a la igualdad y la
subsistencia digna por la invasión a su vivienda, esta acción fue avocada por
el juzgado 12 penal municipal de esta ciudad. Sostiene que la oficina Jurídica
del municipio dio contestación de la misma dentro de los términos de defensa
del municipio y la Personería de Ibagué coadyuvo la acción de tutela de la
accionante, resaltando la calidad de madre cabeza de familia, e invoco se
aplicara el principio inter comunis  en razón de que además de la
demandante existen más de 534 viviendas en la misma situación.
- 14 de marzo, el Juzgado 12
Penal Municipal de Ibagué tuteló los derechos constitucionales invocados por la
actora por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores de edad
quienes requieren de una protección especial por su condición de debilidad y al
encontrar afectado su mínimo vital y móvil, ordenando a la
Alcaldía de Ibagué que dentro de las 48 horas realizara los trámites para
desalojar al invasor que ocupaba su vivienda y restituir la misma. Esto se
realizó dando cabal cumplimiento a la decisión.
Esta  fue impugnada por la
Personería de Ibagué con el fin de que se dé aplicación a los efectos inter
comunis,  la misma pasó a reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, el
cual modificó el fallo de primera instancia tutelando además de la accionante a
90 personas más que se encontraban en iguales circunstancias que la actora.
- 22 de marzo, la
Alcaldía suscribió el oficio No 4629 en el que se solicitó al Comandante
Departamental de Policía del Tolima, la ubicación permanente del personal de policía
necesario para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela.
Así mismo, la oficina
jurídica de Ibagué instauró querella policiva ante la inspección octava por
cuanto hicieron caso omiso al requerimiento del Alcalde del día 3 de marzo
para dar cumplimiento a lo contemplado en el art. 69 de la
Ley 9 de 1989. Afirman que la querella es procedente ya que los 30 días que
menciona la norma para iniciar la misma deben contarse desde el 8 de marzo de
2011 ya que con el censo se logró determinar la rotación de ocupantes indebidos
en las viviendas de la urbanización de Nueva Castilla, así como la ocupación de
nuevos predios, “presentándose de esta forma la modificación del estado de
hecho ha que hace referencia la ordenanza 021 de 2003”.
Con el cumplimiento a lo
ordenado dentro del fallo de tutela de segunda instancia proferido por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito que ordenó la aplicación al efecto inter
comunis, el 19 de Mayo del año en curso, se logró la recuperación de 110
viviendas de la Urbanización Nueva Castilla.
Afirman que todas las
actuaciones se han adelantado conjuntamente con la administración central y la
Gestora Urbana, con el fin de cesar la ocupación que por vías de hecho se
viene presentando en la Urbanización Nueva Castilla. Por último, precisa, “que
el Municipio de Ibagué, a través de la
Oficina Jurídica, elevó consulta ante la
Dirección Anticorrupción de la Presidencia de la
República, con el fin de establecer, si es procedente jurídicamente, dentro de
la ocupación indebida que hoy nos ocupa continuar con la diligencia de desalojo
en la Urbanización Nueva Castilla, teniendo en cuenta que a la misma se dio
inicio dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación, pero esta, tuvo que
ser suspendida por razones de orden público, así mismo, debe informarse, que la
referida dirección manifestó que realizaría dicha consulta ante el Honorable
Consejo de Estado”.
Anexos enviados por la
Gestora Urbana de Ibagué con relación directa de los expedientes:
- Copia de impugnación de
tutela de Yamile García Viuche contra la
Gestora Urbana y Alcaldía municipal de Ibagué del 14 de Mayo de 2011.
(Cuaderno 1, folios 804-818)
- Copia de precios promedios
del mercado para 350 Viviendas. (Cuaderno 1, folios 819-820)
- Copia de Acta  de
justificación técnica del Municipio de Ibagué, con fecha del 21 de Junio de
2011(Cuaderno 1, folios 821-824)
- Copia de Carta  urgente de
la Alcaldía municipal de Ibagué al Gerente general de gestora urbana, del 30
de Agosto de 2011, No 1-12 477(Cuaderno 1, folio 833)
- Copia de Listado de
beneficiarios Proyecto Urbanización Nueva Castilla-Gestora Urbana Ibagué.
(Cuaderno 1, folios 1070-1089)
- Copia de Acta  de posesión
de la Gestora Urbana a favor de Jorge Eliecer Jiménez del 18 de Julio de 2011.
(Cuaderno 1, folio 1306)
- Copia de Acta  de posesión
de la Gestora Urbana a favor de Martha L Guzmán del 19 de Mayo de 2011.
(Cuaderno 1, folio 1307)
- Copia de Acta  de posesión
de la Gestora Urbana a favor de Susana Poloche de Palma en 2011. (Cuaderno 1,
folio 1308)
- Copia de Acta  de posesión
de la Gestora Urbana a favor de Patricia Yusunguaira Salas del 24 de Enero de
2011. (Cuaderno 1, folio 1309)
- Copia de Acta  de posesión
de la Gestora Urbana a favor de Concepción Rúa Ruiz del 18 de Julio de 2011.
(Cuaderno 1, folio 1310)
- Copia del memorando de la
Alcaldía de Ibagué al Director de Justicia y Orden público y otros. En el cual
solicita para que de oficio se inicien las acciones policivas pertinentes por
motivo de la situación irregular en varios predios denominados El Sinaí, El
Limón, Nazareth y la Urbanización Nueva Castilla. (Cuaderno 1, folios
1322-1323)
- Copia de la
Querella por ocupación de hecho en la
Urbanización Nueva Castilla por parte de la
Alcaldía de Ibagué, en la cual se dan los hechos de la ocupación, se entrega
la lista completa de los invasores tras un censo que se realizó, exponen la
petición la cual es “que dentro del término legal se decrete y disponga la
práctica de la diligencia de lanzamiento por ocupación de los inmuebles que ya
fueron enumerados localizados en la
Urbanización Nueva Castilla de esta ciudad, procediendo a su restitución
mediante el desalojo de las personas que allí se encuentren.” con base en
fundamentos de derecho. (Cuaderno 1, folios 1324-1351)
- Copia del poder de la
Alcaldía de Ibagué a la abogada para la defensa del Municipio en el caso en
mención del 29 de Marzo de 2011. (Cuaderno 1, folio 1352)
- Copia de la
Querella por ocupación de hecho en la
Urbanización Nueva Castilla por parte de la
Gestora Urbana, del 8 de Marzo de 2011; en el misma dan los hechos de la
ocupación, se entrega la lista completa de los invasores tras un censo que se
realizo, exponen la petición en la cual solicitan “proceder penalmente de
conformidad, en contra de los invasores, teniendo en cuenta que se está
afectando el derecho de  propiedad sobre las Viviendas de Interés Social de
personas de muy escasos recursos económicos, con la disculpa de los infractores
de que tampoco tienen Vivienda personal y afectando el legitimo derecho  a
quienes se les ha otorgado.” (Cuaderno 1, folios 1353-1377)
- Copia del artículo
publicado on line en el Nuevo día del 5 de Marzo de 2011. (Cuaderno 1,
folios 1378-1383)
- Copia de la respuesta del
oficio al director de FONVIVIENDA con radicación interna RE-2011-1017 por parte
de Gestora Urbana. (Cuaderno 1, folios 1384-1385)
- Copia de la denuncia penal
por invasión de tierras por parte de la apoderada judicial del Municipio de
Ibagué. En la misma se citan los hechos de la denuncia, la lista de los
invasores y la petición a saber “proceder penalmente de conformidad, en
contra de los invasores, teniendo en cuenta que se está afectando el derecho
de  propiedad sobre las Viviendas de Interés Social de personas de muy escasos
recursos económicos, con la disculpa de los infractores de que tampoco tienen Vivienda
personal y afectando el legitimo derecho  a quienes se les ha otorgado.”
(Cuaderno 1, folios 1386-1406)
(viii) Copia del oficio No 21220 del 23 de Septiembre de 2011, remitido
por la doctora Martha Lucia Hernández Ulloa, Asesora de la
Dirección General de Fiscalías de Ibagué, al doctor Cesar Emilio Suárez
García, Director Seccional de Fiscalías de Ibagué, recibida en esta secretaria
el pasado 3 de Octubre. Consta de 1 folio. En este la fiscalía solicita “se
traslade el documento al fiscal que conoce de la investigación por los hechos
referidos en el documento adjunto y proporcione respuesta conforme a la
competencia que le asiste, como titular de las diligencias.” (Cuaderno 1,
folio 62)
(ix) Oficio firmado por el doctor Juan Gabriel Duran Sánchez,
apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, recibido en
esta Secretaria el pasado 4 de Octubre, consta de 9 folios con 77 folios
anexos.
Sostiene que el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio así como el extinto Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, no tienen injerencia alguna en los hechos
que motivaron las acciones de tutela por cuanto no son los encargados de
coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social,
estas funciones le corresponden a FONVIVIENDA, la cual es una entidad diferente
al Ministerio puesto que tiene personería jurídica propia, patrimonio propio,
total autonomía presupuestal y financiera. El Ministerio no tiene funciones de
inspección, vigilancia y control sobre la materia, por lo cual solicita que se
le desvincule totalmente de esta acción de tutela por configurarse la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Afirma que el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio así como el extinto Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial no son competentes para conocer las
pretensiones formuladas por los accionantes. Además esta entidad no ha
vulnerado, ni amenazado vulnerar los derechos fundamentales de aquellos, por
cuanto el Ministerio es el ente rector de las políticas en materia
habitacional, pero no las ejecuta ni ejerce funciones de inspección, vigilancia
y control sobre la materia.
Anexos con relación directa
de los expedientes:
- Copia de los antecedentes
administrativos correspondientes al Informe presentado por  FONADE. Oficio No
20111100218461  del 28 de Septiembre de 2011, firmado por la doctora Adriana
Vivas Montaño, apoderada judicial del Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo FONADE (Cuaderno 1, folios 73-79)
- Copia de correo con las
actas de visitas de campo de FONADE en la
Urbanización Nueva Castilla de Ibagué, en ellas se recomienda que se adecuen
las viviendas que han sido recuperadas de la invasión para ser entregadas a sus
dueños legítimos. (Cuaderno 1, folios 80-107)
- Copia de carta de la
Alcaldía de Ibagué a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, con una solicitud de prórroga del plazo de los subsidios de
vigencia 2008 y 2009 de Nueva Castilla. En la misma se informa de la entrega
de  viviendas en los meses de agosto octubre y noviembre de 2010 y quedando
para los meses de enero y marzo de 2011 la transferencia final de las unidades
habitacionales.
Notifican de la invasión
ocurrida en la Urbanización Nueva Castilla del 21 de enero de 2011, afirma que
se presentó acción policiva tramitada ante la inspección octava de esa ciudad y
denuncia ante la fiscalía por invasión ilegal de tierras y edificaciones.
Indican a el Ministerio que
la señora Yamile García Viuche instauró una acción de tutela, la cual fue
concedida y el Municipio la impugnó para que se aplicara el efecto inter
comunis con lo que se cobijó además de la demandante a 90 personas más. Con
lo anterior se recuperaron las viviendas, otras 60 fueron devueltas
voluntariamente, pero a la fecha seguían invadidas 333 viviendas.
Afirma en la carta que el
municipio inició la reconstrucción de las viviendas ya que los invasores las
dejaron saqueadas por lo que solicitan la prórroga y dan detalles más
específicos de lo que falta por hacer. (Cuaderno 1, folios 108-112)
- Copia de carta de la
Alcaldía de Ibagué a la Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en la cual se informa lo que ha ocurrido con la invasión de
viviendas haciendo un cronograma detallado de las acciones que tomó y sigue
tomando la Alcaldía para solucionar esa ocupación ilegal.(Cuaderno 1, folios
113-119)
- Copia de actas de visita
de FONADE, en las que se compromete la
Gestora Urbana a recuperar las viviendas que aún no se han recuperado.
(Cuaderno 1, folios 120-124)
- Copia de Acta del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, fecha del 22 de
febrero de 2011, en la cual la Alcaldía y Gestora Urbana de Ibagué se
comprometen a la recuperación de viviendas en la
Urbanización Nueva Castilla con fecha límite de cumplimiento del 28 de
febrero. (Cuaderno 1, folios 129-131)
- El 8 de Noviembre de 2011,
se allegó al expediente una carta del Departamento de la
Policía del Tolima al Secretario General y de Gobierno de la
Alcaldía de Ibagué con fecha del 4 de Noviembre de 2011, donde se dan informes
de un homicidio ocurrido en la
Urbanización Nueva Castilla.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro
del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86 y 241, numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico y esquema de resolución
2.1 Teniendo en
cuenta los hechos reseñados en las diferentes acciones de tutela, esta Sala
encuentra que el problema jurídico en común que debe resolver es si el derecho fundamental
a la vivienda digna de los accionantes, en conexidad con otros derechos
fundamentales, les han sido vulnerados por las entidades accionadas, al no
haberles sido entregados real, material y efectivamente las viviendas de
interés social que les fueron adjudicadas en la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué.
2.2 Con el
propósito de resolver estos interrogantes, en primer lugar, la
Sala se referirá (i) al alcance constitucional del derecho a la vivienda
digna, en general, y del derecho a la vivienda digna para población vulnerable,
en particular; (ii) a la procedencia de la acción de tutela para proteger el
derecho a la vivienda digna; (iii) se pronunciará en relación con la invasión u
ocupación de predios y las medidas de desalojo forzado; para finalmente (iv)
entrar a analizar y resolver los casos en concreto.
3. Derecho
fundamental a la vivienda en condiciones dignas. Naturaleza, alcance y
exigibilidad en sede de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
3.1 El artículo 51
de la Constitución política consagra que: “Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda”
De otro lado, el artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sostiene: “Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” (Negrillas
fuera de texto original).
Por su parte, el artículo 11,
numeral 1º, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2]
dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento.” (Negrillas fuera de texto).
De esta manera, es claro que
el derecho a la vivienda adecuada se encuentra consagrado en diferentes
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Colombia. De tal
manera, se concluye que entre las necesidades básicas que deben ser satisfechas
para permitir a un individuo desarrollar en condiciones dignas su proyecto de
vida, se encuentra proveerle de un lugar apropiado de habitación.
En desarrollo de los parámetros fijados
en el artículo 51 de la
Constitución Política y de los instrumentos internacionales, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho constitucional a la
vivienda digna es un derecho fundamental dado su aspecto de universalidad, ya
que es un derecho predicable de todos los colombianos y colombianas sin
excepción. De la misma manera, esta Corporación ha reconocido que el derecho a
la vivienda digna, no obstante su carácter de fundamental, en cuanto es un
derecho universal, es un derecho de carácter complejo, que no es susceptible de
protección en todos los casos a través del mecanismo de la tutela, ya que es
igualmente un derecho que tiene un carácter prestacional que está sujeto a la
maximización de su protección y cubrimiento, a su desarrollo progresivo a
partir de políticas públicas de carácter social y a la capacidad presupuestal
del Estado, y que igualmente es un derecho que se encuentra mediado por contratos
privados, cuyos conflictos, en muchos casos, pueden y deben dirimirse a través
de la jurisdicción ordinaria.[3]
Así
las cosas, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el doble carácter del
derecho a la vivienda digna, tanto como derecho prestacional, como también como
derecho fundamental. En consecuencia, constituye un derecho de naturaleza
prestacional, en la medida en que “requiere un desarrollo legal previo y
que debe ser prestado directamente por la administración o por las entidades
asociativas que sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación
exige cargas recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan
beneficiarse de los programas y subsidios”[4].”
[5]
(Resalta la Sala) De otra parte, no obstante la naturaleza prestacional del
derecho a la vivienda digna, la Corte ha reiterado que éste es un derecho
fundamental, y que puede y debe ser objeto de protección a través de la acción
de tutela cuando su desconocimiento directo o indirecto implica la vulneración
o la amenaza de derechos fundamentales per se, tales como la vida, la
dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros
derechos, o cuando adquiere carácter autónomo al tratarse de la protección de
personas en estado de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, o sujetos de
especial protección constitucional[6].
3.2 En cuanto al concepto,
naturaleza y características del derecho fundamental a la vivienda digna, esta
Corte, con fundamento en la normatividad constitucional e internacional ya expuesta,
ha desarrollado el alcance normativo de este derecho fundamental.
Al respecto, ha
reconocido que si bien el artículo 51 de la
Constitución establece la existencia del derecho a la vivienda digna y fija
algunos deberes estatales en relación con éste, no contiene los elementos que
permitan caracterizar de forma completa su contenido y alcance constitucional.
Por esta razón, ha sostenido que la interpretación del texto constitucional
debe complementarse con los estándares internacionales que en materia del
derecho a la vivienda digna o adecuada ha establecido la
Observación No. 4 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.[7]  Para el Comité, este derecho debe
ser concebido como el derecho a tener una vivienda digna o adecuada,
o el “derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”,
sin consideración exclusiva al status del título jurídico que se tenga frente
al bien o a los ingresos económicos.[8]
De esta manera, de conformidad con los estándares mínimos en
materia de vivienda digna o adecuada, se desprende que esta noción está compuesta
por una serie de requisitos, condiciones o elementos tales como (i) la
seguridad jurídica de la tenencia; (ii) la disponibilidad de servicios,
materiales, facilidades e infraestructura; (iii) los gastos soportables; (iv)
las condiciones de habitabilidad; (v) requisito de asequibilidad; (vi)
exigencias respecto del lugar; y (vii) adecuación cultural.
En desarrollo de estos requisitos, la
jurisprudencia constitucional ha señalado expresamente que (i) la condición de
seguridad en la tenencia, implica “que las distintas formas de tenencia
estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el
hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal.”;
(ii) la exigencia de habitabilidad conlleva que la “vivienda cumpla
con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para que
una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física
y su salud”; (iii) de la condición de disponibilidad de
servicios e infraestructura se desprende la “facilidad de acceso a los
servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición de sus ocupantes”; (iv) los requerimientos respecto del lugar de
la vivienda exigen que la ubicación “permita el fácil acceso a opciones de
empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y en
zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes.”; (v) la adecuación
cultural del entorno a sus habitantes es una exigencia importante e
indispensable; (vi) la condición de asequibilidad “consiste en la
existencia de una oferta suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a
los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre
otros. (…); (vii)  los gastos soportables significan que los
gastos de tenencia “deben ser de un nivel tal que no comprometan la
satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de
los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente, el Estado debe,
por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el costo de la
tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias acceder a la
vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a los
inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de arrendamiento y
facilitar el acceso a materiales de construcción.” [9]
De conformidad con estos requerimientos
y exigencias, esta Corporación ha expresado que la noción de
vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la
persona desarrollarse en unas condiciones mínimas de dignidad y seguridad, así como
posibilitarle el satisfacer su proyecto autónomo de vida[10].
En este sentido, una “vivienda digna” debe tener condiciones adecuadas
que no pongan en peligro la vida y la integridad física de sus ocupantes, pues
ella además de ser un refugio para las inclemencias externas, es el lugar donde
se desarrolla gran parte de la vida de las personas que la ocupan, por lo que “adquiere
importancia en la realización de la dignidad del ser humano”[11].
De esta manera, la Corte ha insistido en múltiples oportunidades
en que la vivienda apropiada registra máxima importancia para la
realización de la dignidad del ser humano.[12]
De otra parte, esta Corte ha sostenido
que, para hacer efectiva la asequibilidad a la vivienda, debe darse prioridad
en los programas que la promuevan “a los grupos desfavorecidos como las
personas de la tercera edad, los niños, los discapacitados, los enfermos
terminales, los portadores de VIH, las personas con problemas médicos
persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las
personas que viven en zonas de alto riesgo y los desplazados por la violencia”[13].
(Negrillas fuera de texto original).
En la misma línea jurisprudencial, esta
Corporación ha señalado que para el seguro cumplimiento y goce efectivo del
derecho fundamental a la vivienda digna, es necesario un amplio desarrollo
legal y la implementación de políticas públicas encaminadas a la obtención de los
recursos necesarios para su materialización, y que, por tanto, debe
desarrollarse de una manera programática y progresiva.
De conformidad con lo
anterior, este Tribunal ha entendido que la protección constitucional del
derecho a la vivienda digna comprende dos ámbitos. Uno relacionado con las
condiciones de la vivienda, que incluye los componentes de habitabilidad,
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, lugar
adecuado, y adecuación cultural. Y otro que tiene que ver con la seguridad del
goce de la vivienda, que incluye los requisitos de seguridad jurídica de la
tenencia, gastos soportables, y asequibilidad.[14]
Estos ámbitos pueden
generar obligaciones  que constituyen derechos programáticos de aplicación
progresiva, pues implican la obligación del Estado de desarrollar políticas
públicas para su realización, así como la prohibición de regresividad de los
niveles de protección alcanzados mediante dichos programas. Sin embargo, una
vez las autoridades han tomado la decisión de desarrollar una política en esta
materia, se concretan derechos subjetivos en cabeza de sus beneficiarios que
pueden protegerse tanto a través de las vías judiciales ordinarias, como en los
casos en los que la Corte lo ha especificado, mediante la acción de tutela.[15]
Es dable concluir
entonces que cada uno de los componentes del derecho a la vivienda cumple una
finalidad importante en términos de la garantía de la adecuación y dignidad de
la vivienda y, por tanto, el Estado debe garantizar que todo ciudadano tenga
acceso a una vivienda que cumpla con todos y cada uno de estos atributos. Una
vez se ha comprometido a ello mediante acciones concretas, las actuaciones u
omisiones que no conduzcan efectivamente a este resultado generan derechos
subjetivos susceptibles de protección constitucional.
En síntesis, para la jurisprudencia de
esta Corte el derecho a la vivienda digna está relacionado con el derecho a la
vida en condiciones de dignidad, por tanto debe procurarse que la
materialización del derecho no adolezca de a) la seguridad jurídica de la
tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) asequibilidad y g)
adecuación cultural; de conformidad con lo consignado en el articulo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que fue
desarrollado por la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, cuyo instrumento internacional se ha convertido por esta
vía en un referente interpretativo que permite dilucidar el contenido del
artículo 51 constitucional.[16]
3.3 De otra parte,
la jurisprudencia de esta Corte ha resaltado la importancia que reviste el derecho
fundamental a la vivienda digna  para población vulnerable, personas en estado
de debilidad manifiesta o sujetos de especial protección constitucional. Al
respecto, esta Corporación ha resaltado que las bases constitucionales que
otorgan fundamento a este derecho fundamental es el carácter de Estado Social
de Derecho, el principio de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la
prevalencia del interés general sobre el particular -artículo 1° CP-; los
deberes de las autoridades de la República de proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares -artículo 2° inciso 2º CP-; los fines esenciales del Estado,
como el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución Política -artículo 2° inciso 1º CP-; los
derechos a la vida -artículo 11 CP-; el derecho a la vivienda digna -artículo
51 CP-; y los especiales deberes frente a personas que se encuentran en condición
de vulnerabilidad,  debilidad manifiesta, o se constituyan en sujetos de
especial protección constitucional, respecto de los cuales el Estado tiene el deber
de protegerlas; especialmente de conformidad con el artículo 13 inciso 3°.[17]
De esta manera, la
Carta establece especiales deberes sociales o acciones afirmativas en casos de
población vulnerable o personas que se encuentren en estado de debilidad
manifiesta, como población en estado de pobreza, víctimas del conflicto interno
o víctimas de desastres naturales, frente a los cuales el Estado tiene claras y
expresas responsabilidades constitucionales y legales, como también el deber de
solidaridad.[18]
Este último principio se encuentra consagrado tanto en el Preámbulo como en el artículo 95 de la
Constitución Política, los cuales establecen como uno de los parámetros
fundamentales de nuestra sociedad la solidaridad, principio que constituye una pauta
de protección de las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad o
de debilidad manifiesta como consecuencia de situaciones socio-económicas, como
fenómenos sociales o naturales, lo cual ha sido resaltado por la jurisprudencia
de esta Corte.[19]
En armonía con estas disposiciones
constitucionales, este Tribunal[20]
ha dispuesto la protección del derecho a la vivienda digna cuando la persona
atraviesa especiales situaciones de disminución por razones de salud,
contingencias sociales y familiares, precariedades de tipo económico o de otra índole,
cuando se ve afectado su mínimo vital, situaciones en las que se restringe
grave y permanentemente el goce efectivo de ese derecho fundamental. A este
respecto la jurisprudencia constitucional ha sostenido la necesaria protección
del derecho a la vivienda digna por el juez de tutela dadas las circunstancias
particulares de vulnerabilidad o debilidad manifiesta de quien reivindica este
derecho.[21]
En este contexto, esta Corporación ha
puesto de relieve que el derecho fundamental a la vivienda digna adquiere claramente
el carácter de derecho autónomo, cuando se trata de la protección de población en
condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, o de sujetos de especial
protección constitucional, como mujeres, niños, personas de la tercera edad,
personas con discapacidad, víctimas del conflicto interno armado, como las
víctimas de desplazamiento forzado, o víctimas de desastres naturales,[22]
y que en estos casos adquiere especial relevancia la íntima conexidad del
derecho a la vivienda apropiada y adecuada con la realización de la dignidad
del ser humano[23].
3.3.1 Así por ejemplo, en relación con el derecho a la vivienda
digna de personas víctimas del desplazamiento forzado, esta Corporación ha insistido
en múltiples oportunidades, en que en estos casos, el derecho a la vivienda
digna, constituye por excelencia un derecho fundamental de carácter autónomo[24].
Lo anterior, en razón a que el delito del desplazamiento conlleva de suyo el
despojo, usurpación o abandono forzado del lugar de residencia y de la vivienda
que las víctimas habitaban, lo cual hace parte de la configuración de este
grave delito contra los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario. Por esta razón, el derecho a la vivienda digna es uno de los
derechos fundamentales que por excelencia resulta vulnerado por las situaciones
de desplazamiento forzado, lo cual exige el trato especial, preferente y
prioritario que merecen estas víctimas, especialmente, respecto del derecho fundamental
antes mencionado. En este sentido, en múltiples pronunciamientos, esta
Corporación se ha pronunciado respecto de los especiales deberes y
responsabilidades de las autoridades nacionales, regionales y locales frente a
la garantía de la vivienda digna para personas desplazadas que se encuentran en
una especial situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, deberes que se
deben enmarcar dentro de una política pública estructural de Estado, a partir
de la cual se dé una respuesta eficaz y oportuna tanto a la provisión de
vivienda transitoria para las víctimas, como a la garantía de soluciones
duraderas respecto de vivienda digna. Adicionalmente, la
Corte ha resaltado que en estos casos la tutela constituye el mecanismo
procedente por excelencia para hacer valer este derecho fundamental.[25]
Especial mención merece la
Sentencia T-025 de 2004, en donde la Corte encontró que el derecho a la
vivienda digna era uno de los múltiples derechos fundamentales que se
vulneraban a la población en situación de desplazamiento por éste solo hecho.
Así explicó los motivos:
“Entre
los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o
vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de
esta Corte ha señalado los siguientes:
“ (…)
“14.
El derecho a una vivienda digna(…), puesto que las personas en
condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares o
lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas de
alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas
y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este derecho, los
Principios 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser garantizados a la
población desplazada a fin de proveerles vivienda y alojamiento básicos.“(…)”. (Resalta la
Sala)
De lo anterior se colige que, la
condición de especial protección de que gozan los desplazados, le confiere a su
derecho a la vivienda digna, una naturaleza ius fundamental. Por
consiguiente, el desconocimiento del derecho a la vivienda digna de personas
víctimas del desplazamiento forzado, torna procedente el amparo de tutela para
proteger este derecho[26].
En relación con las obligaciones de la Administración Pública y de las entidades territoriales con la población desplazada en
materia de vivienda, esta Corporación se ha expresado en relación con las
obligaciones del Estado y la
Administración Pública dentro del contexto constitucional que consagra el Estado
Social de Derecho[27].
En este marco normativo ha resaltado que estas obligaciones recaen complementariamente
tanto en entidades del orden nacional como en las autoridades regionales y locales
a nivel territorial.
Acerca de este tema, la jurisprudencia ha
determinado por tanto, como mínimo, las siguientes obligaciones en materia de
vivienda para población desplazada, que radican en cabeza de las autoridades
responsables del manejo y atención de estas víctimas: (i) brindarle soluciones
de vivienda de carácter temporal en condiciones dignas; (ii) facilitarle el
acceso a soluciones de carácter permanente; (iii) proporcionarle asesoría sobre
los procedimientos que deben seguir para acceder a programas de vivienda; (iv) tomar
en consideración los subgrupos de la población, como niños, personas de la
tercera edad o madres cabeza de familia, en el diseño de planes y programas; y (v)
eliminar las barreras de acceso a los programas de asistencia social del Estado,
entre otras obligaciones.[28]
3.3.2 En igual sentido, esta
Corporación se ha referido al deber tanto del Estado como de la sociedad en
relación con la garantía del derecho fundamental a la vivienda digna para las
víctimas de desastres naturales, basado igualmente en la noción del Estado Social de Derecho, el Preámbulo, el principio de
solidaridad,[29], y dada la especial situación de
vulnerabilidad y debilidad manifiesta, así como atendiendo a“[l]a situación de desamparo a que se ven abocados
los damnificados ante la ocurrencia de un desastre, manifestada en un primer
momento en la urgencia por hallar un lugar donde refugiarse ante la
emergencia, es una cuestión de humanidad que debe ser afrontada solidariamente
por todas las personas, comenzando desde luego por el Estado.”[30]
(Resalta la Sala)
Por
otra parte, esta Corporación ha precisado que el impacto que pueden generar los
fenómenos naturales sobre las personas justifica el tratamiento especial y diferenciado
de las decisiones a adoptar en estos casos, toda vez que la atención de las
situaciones de vulnerabilidad,[31]
lo cual incluye la garantía de soluciones de vivienda digna transitorias y
definitivas para estas víctimas, constituyen medidas que son necesarias para la
recuperación y la reconstrucción luego de un desastre natural.[32]
3.4 Respecto de la procedencia
de la acción de tutela para la protección del derecho a la vivienda digna, esta
Corporación ha consolidado una pacífica línea jurisprudencial en donde no sólo se
reconoce el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna, sino
igualmente la procedencia del mecanismo de tutela para lograr la protección de
este derecho, cuando se cumplan los requisitos para ello, cuando la amenaza o
lesión de tal prerrogativa pueda igualmente afectar por conexidad otros
derechos fundamentales del peticionario, tales como la vida, la integridad
física, la seguridad personal, la igualdad, el debido proceso, entre otros; o
cuando proceda de manera autónoma por tratarse de población vulnerable, en
estado de debilidad o sujetos de especial protección constitucional.[33]
En
este sentido, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara al expresar que
el juez constitucional de instancia no puede declarar la improcedencia de la
tutela con base en el argumento de que se trata de un derecho prestacional,
sino que debe reconocer el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna
por conexidad o de manera autónoma.[34]
En consecuencia, el juez constitucional debe analizar si el caso
concreto involucra una amenaza o una vulneración que adquiera relevancia
iusfundamental, y en caso de ser así, debe entrar a estudiar el fondo del
asunto, y determinar si se configura la vulneración de alguno de los
componentes del derecho a la vivienda digna a los que se hizo mención en
apartado anterior.[35]
A este respecto, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que la prosperidad de la acción constitucional para
la protección del derecho a la vivienda digna está sujeta al análisis en
concreto de las condiciones jurídico-materiales del caso, debiendo el juez
determinar “(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos de
especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo
vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones
degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de
otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con
ello se concluirá si la protección tutelar procede.” [36]
En cuanto a situaciones de inminencia de
peligro para los tutelantes, este Tribunal ha expresado que los derechos
fundamentales que se encuentran en conexidad con el derecho a la vivienda
digna, suelen ser afectados y comprometidos cuando la habitabilidad de
la vivienda se da en circunstancias que someten a quienes en ella viven a una
situación de riesgo extraordinario. En estos casos, las normas constitucionales
y legales establecen un marco de responsabilidades de las autoridades
competentes, relativo al deber de reubicación de estas personas. De esta
manera, estos derechos pueden hacerse valer en sede de tutela, si las
autoridades administrativas han sido reticentes en su aplicación por los
caminos procesales administrativos ordinarios.[37]
En estos casos, esta Corte
ha reconocido la procedencia de la tutela para la reubicación de hogares que se
encuentran en zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable.[38] A este respecto ha sostenido que para
las autoridades administrativas es un imperativo (i) desarrollar herramientas
idóneas y eficientes que permitan la reubicación de la población asentada en
zonas catalogadas como de alto riesgo, ello con el fin de proteger
la vida de este grupo de personas[39],
y (ii) “efectuar los actos administrativos indispensables para que los
afectados encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a
las que antes disfrutaban”[40].
Sin embargo, estas competencias no se reducen a las zonas de alto riesgo, ni se
agotan con la reubicación de asentamientos, ya que, además de ello, deben “atender
las medidas que las autoridades de otros niveles territoriales les dirijan en
materia de prevención, entre ellas por supuesto la ejecución de las obras
recomendadas por éstas”[41].
Igualmente, el
derecho a la vivienda digna ha sido protegido por la
Corte, independientemente de la calidad de propietario que en estricto sentido
legal pueda tener el afectado sobre el inmueble. Lo que la
Corte ha dicho, a este respecto es que, “Por el contrario, la vivienda
digna se proyecta sobre la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda
sea propio o ajeno, que reviste las características para poder realizar de
manera digna el proyecto de vida.” En tal sentido, el derecho a la vivienda
digna ha sido protegido cuando la persona se encuentra gozando plenamente de
este derecho, pero lo que pretende es evitar una injusta privación o afectación
del mismo; no necesariamente para obtener la prestación tendiente a lograr su
disfrute o el derecho de propiedad.[42]
En estos casos, la Corte ha establecido unas condiciones que debe
verificar el juez para determinar si hay lugar o no a la procedencia del amparo,
tales como: (i) que el acto que se reputa lesivo del derecho debe ser injusto,
ilícito o ilegítimo; y, (ii) que si es un acto legítimo la ponderación de los
beneficios con el detrimento que ocasione debe resultar manifiestamente
desproporcionado.[43]
Con base en ello, la jurisprudencia ha protegido el derecho a la
vivienda digna, por ejemplo, cuando los habitantes de una urbanización se han
visto afectados en su tranquilidad o en su vida, ó por el contrario, ha
encontrado el amparo improcedente porque ha considerado que los actos que
supuestamente dan lugar a la vulneración del derecho son legítimos.[44]
Adicionalmente, este
Tribunal ha reconocido que es procedente la acción de tutela para proteger el
derecho a la vivienda digna cuando quien invoca su protección se encuentra en
estado de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, o constituye un sujeto de
especial protección constitucional, como una víctima de desplazamiento forzado
o víctimas de desastres naturales[45], o ve afectado su mínimo vital. Respecto
al mínimo vital, la jurisprudencia constitucional ha definido dicho
derecho como “el conjunto de elementos necesarios e insustituibles para que
una persona supla sus necesidades básicas en condiciones de dignidad”[46].
De otra parte, los lineamientos jurisprudenciales han determinado que
cuando el conflicto está referido a asuntos contractuales que impiden el goce
de la vivienda, la acción de tutela se torna improcedente, por cuanto se
refiere al debate sobre cláusulas contractuales y la determinación del alcance
de los derechos sustanciales derivados de ellas, debate que tiene como
escenario natural la jurisdicción ordinaria. No obstante lo anterior, también se
ha reconocido que la ausencia de protección oportuna de un derecho de rango
legal puede vulnerar o amenazar de manera ostensible un derecho fundamental,
casos en los cuales la protección a la vivienda digna a través de la tutela se
torna procedente.[47]
De
esta manera, la Corte ha expresado con claridad, que la consagración
constitucional del derecho a la vivienda digna, permite que la acción de tutela
sea uno de los mecanismos para hacerlo efectivo, bien cuando exista conexidad
con otros derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad
personal y los derechos de los niños, entre otros; como cuando su naturaleza se
torne autónoma, en casos de protección de población vulnerable, en estado de
debilidad manifiesta, sujetos de especial protección constitucional, en el caso
de víctimas, de amenaza del mínimo vital, etc. Lo anterior, por cuanto en estos
casos cobra mayor relevancia la garantía de la dignidad del ser humano
vulnerada o amenazada.[48]
En consonancia con lo expuesto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que a pesar de la existencia de
otros medios de defensa judicial para solicitar el amparo del derecho a la
vivienda en condiciones dignas, la procedencia deberá evaluarse a la luz de los
presupuestos constitucionales prevalentes en un Estado Social de Derecho, como
la dignidad humana, la especial protección de los sujetos en situación de vulnerabilidad
o debilidad manifiesta, o cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional, y cuando el ejercicio de los demás derechos se vean
posiblemente transgredidos con la no garantía del derecho a la vivienda digna,
como lo son, el derecho a la integridad física, a la vida, a la salud y a los
derechos de los niños. [49]
De esta manera, el derecho a la vivienda
digna puede ser protegido por el juez de tutela, cuando dadas las
circunstancias particulares de debilidad manifiesta en que se encuentra quien
la posee, es o puede ser injustamente despojado de ella y con ello se afecta su
mínimo vital o el de su familia, o cuando adquiere el rango de fundamental por
el factor de conexidad con otro derecho fundamental. Las anteriores
circunstancias pueden ser consideradas por el juez de tutela, para otorgar una
protección constitucional, bien definitivamente o de manera transitoria, aún
tratándose de relaciones contractuales entre particulares, cuando por la acción
o la omisión de quien abusando de su posición dominante y vulnerando el
principio de confianza legítima, coloca a quien se encuentra en estado de
debilidad manifiesta en condiciones de inferioridad frente al ejercicio efectivo
de su derecho a la vivienda digna.[50]
También ha
reconocido la jurisprudencia que procede la tutela para proteger el derecho a
la vivienda digna cuando existe insuficiencia de los mecanismos ordinarios
frente a la posibilidad de un daño inminente. Así ha sostenido que
en determinadas ocasiones, si bien existen mecanismos judiciales distintos a la
tutela que serían legalmente procedentes para solucionar la controversia
planteada, éstos podrían no ser suficientes ante una situación de urgencia
manifiesta o peligro inminente, donde el derecho amenazado se afectaría de
manera grave y definitiva. Es en esos casos en los se hace indispensable la
tutela, como mecanismo apropiado para amparar o restablecer el derecho, en el
menor tiempo posible.[51]
Es necesario, entonces, realizar una
ponderación concreta de los mecanismos judiciales ordinarios disponibles para
superar la situación que afecta o amenaza los derechos del demandante y su
grado de garantía, frente a la gravedad e inminencia del suceso que se pretende
solucionar, para a partir de ello decidir frente a su efectividad y
suficiencia. Claro está que en caso de no resultar adecuado el mecanismo
disponible, será necesario entender que la tutela resulta procedente, pese a la
existencia de dichos mecanismos.
En síntesis, esta Corporación ha
determinado no solo procedente la tutela, sino que ha expresado que ésta debe
prosperar, cuando se trate de situaciones de riesgo inminente para la vida o
integridad física de los tutelantes, cuando hay amenaza de ruina de la
vivienda, o de garantizar el goce efectivo de sus derechos a sujetos de
especial protección constitucional, como el caso de mujeres cabeza de familia,
menores de edad, personas en estado de discapacidad, población en estado de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta, cuando se afecta el mínimo vital, cuando
se trata de víctimas de fenómenos sociales o de desastres naturales, entre
otros.[52]
4. Invasión de predios y viviendas, y
medidas de desalojo forzado
4.1 El derecho a la
propiedad se encuentra consagrado en la
Constitución Política en su artículo 58, el cual consagra: “Se garantiza la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores”.
En concordancia con esta norma
fundamental, esta Corporación ha expresado que el invasor de predios o
edificaciones “atenta contra el derecho de propiedad, pues irrumpe
en tierras o edificaciones ajenas, haciendo imposible al propietario el goce y
uso del bien, la percepción de sus frutos y su disposición.” Y
que si bien el derecho a la propiedad es en sí mismo relativo y sometido a
restricciones de orden constitucional, en cuanto solo se reconoce y protege en
la medida en que revierte en favor de la sociedad y en beneficio del interés
colectivo, esto no puede ser óbice para desconocer los legítimos derechos e
intereses del propietario, ya que el propio sistema jurídico contempla los
mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de los deberes, cargas y
obligaciones del propietario, sin que se justifique por ello las vías de hecho.
[53]
En cuanto a la procedencia de la acción
de tutela para la protección del derecho a la propiedad, esta Corporación ha
advertido que para que “proceda la protección inmediata y efectiva del
derecho a la propiedad por vía de tutela, debe su desconocimiento afectar
derechos que por naturaleza son fundamentales, como la vida, la integridad
física, el trabajo, etc. En este contexto, sólo la conexidad entre el derecho a
la propiedad privada y alguno de los derechos fundamentales esenciales en el
desarrollo y ejercicio de las condiciones básicas de vida, permiten al juez de
tutela, resolver un asunto de esta índole. La
Corte ha entendido que la propiedad, por ser un derecho de naturaleza
económico y social, su connotación de “fundamental” dependerá del estudio que
el juez constitucional realice en el caso concreto.”[54]
(Resalta la Sala)
4.2 De
otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido las causas socio-económicas
de orden estructural que dan origen, en muchos casos, a las invasiones u
ocupaciones de hecho sobre tierras o edificaciones urbanas o rurales, asociadas
a estados de necesidad o fuerza mayor, a grados extremos de pobreza, a las
situaciones de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, o a contextos de
victimización, causas estructurales que el Estado tiene la obligación de
transformar, ya que constituyen las causas estructurales de las graves
violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. A
este respecto, en algunos pronunciamientos se ha sostenido que “[e]n
muchos casos las invasiones y ocupaciones de hecho sobre tierras urbanas o
rurales tienen por causa las circunstancias de extrema necesidad y aun de
indigencia de los invasores, elemento de naturaleza social que el Estado
colombiano debe atender, evaluar y ponderar, con miras a dar soluciones
globales que garanticen la realización de postulados constitucionales que
tienen por objeto el respeto a la dignidad humana y a los derechos elementales
de personas pobres.” [55]
Sobre el tema, este Tribunal ha sostenido que las situaciones
de invasión u ocupaciones de hecho, dentro del contexto al cual se ha hecho
mención, deben ser debidamente valoradas, sopesadas y tenidas en cuenta por las
autoridades competentes al momento de poner en marcha el andamiaje jurídico o
de aplicar los mecanismos y medidas administrativas, policivas o penales a que
haya lugar, ya que incluso las condiciones socio-económicas que actúan como
causas estructurales de los hechos, pueden constituir causales de justificación
o exculpación. Igualmente, ha afirmado que en el marco del Estado Social de
Derecho debe darse un tratamiento especial y afirmativo a personas que se
encuentren en situaciones de vulnerabilidad o debilidad manifiesta,
especialmente si se trata de sujetos de especial protección constitucional,
como madres cabeza de familia, niños, personas de la tercera edad, personas en
estado de discapacidad, o víctimas, que se ven avocados a utilizar vías de
hecho, y que por tanto no se puede equiparar su situación respecto de personas
que obran de mala fé. [56]
4.3 De otra parte,
sobre los procedimientos
de desalojos forzados esta Corte ha afirmado, de un lado, su procedencia legal
y legitimidad dentro del marco constitucional y legal, resaltando que para que
esta medida sea legítima, debe hacerse con pleno respeto del debido proceso y
de lo derechos de las personas desalojadas, de conformidad con la Observación No 7º del Comité de Seguimiento
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDECS),
que en el parágrafo 13 establece: “Antes de que se lleve a cabo cualquier
desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas,
los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados
todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la
necesidad de recurrir a la fuerza”. [57]
Así también, esta Corporación
ha afirmado que de conformidad con el  numeral 14 de la
Observación No 7º del comité DECS, cuando resulte necesario la medida de
desalojo, este procedimiento debe respetar todos los derechos humanos de los
afectados, de tal modo que “[c]uando se considere que el desalojo está
justificado, debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento de las
disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y
respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad”
(Resalta la Sala). De manera específica, el documento
señala en el numeral 16 que las autoridades encargadas de realizar los
procedimientos de desalojo deben hacer todo lo posible para que ninguno de los
afectados con la medida queden sin vivienda. Por tanto, para que la medida de
desalojo forzoso resulte legítima es imperioso que ésta: (i) atienda principios
constitucionales, (ii) sea necesaria, pues no es posible lograr el mismo fin
por medios diferentes y (iii) debe utilizarse el mínimo de fuerza necesario con
el objetivo de evitar vulneración de los derechos de los desalojados. [58]
4.4 Adicionalmente, son de mencionar
aquí las diferentes acciones jurídicas que tienen los propietarios para
recuperar sus bienes inmuebles ocupados, tales como la (i) acción
reivindicatoria consagrada en el artículo 946 del Código Civil, que tiene como
pretensión original que se requiera judicialmente al ocupante o poseedor, a
efectos de que se produzca la restitución del bien inmueble correspondiente;
(ii) las acciones posesorias, contenidas en el artículo 972 del Código Civil,
que tienen como objetivo conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o
de derechos reales constituidos en ellos, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 977 y 982 del Código Civil, según se trate, o bien de oponerse a
la turbación, afectación y despojo de la posesión, de una parte, o bien de recuperar
la posesión perdida, de otra; (iii) las acciones policivas reguladas inicialmente
en la Ley 57 de 1905, y subrogadas por el Decreto 1355 de 1970,
a través del cual se adoptó el Código Nacional de Policía; y en concordancia
con ello lo dispuesto por las Asambleas Departamentales, con fundamento en el
numeral 8 del artículo 300 de la
Constitución Política, que prevé a cargo de tales corporaciones
administrativas, la competencia para dictar normas de policía en todo
aquello que no sea materia de disposición legal[59],
de manera que estas acciones policivas sólo proceden para evitar que se perturbe
el derecho de posesión o mera tenencia que se tiene respecto de un bien y, en
el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la
situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación. Y (iv)
las medidas policivas previstas en el artículo 69 de la
Ley 9 de 1989, que señala que “Los alcaldes municipales, el
del Distrito Especial de Bogotá y el Intendente de San Andrés y Providencia, de
oficio, o a solicitud de cualquier ciudadano directamente o por conducto de la
Personería Municipal, podrán iniciar las acciones policivas tendientes a
ordenar la desocupación de predios y el lanzamiento de ocupantes de hecho
cuando el propietario o su tenedor no haya incoado la acción a que se refiere la
Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario 992 de 1930, siempre que la
ocupación o los asentamientos ilegales que se hayan efectuado, se estén
llevando a cabo o que sea previsible determinar que se efectuarán, a juicio del
Alcalde o Intendente, atenten o puedan presentar riesgo para la comunidad o
cualquier ciudadano o vayan contra las normas de urbanismo y planeación de la
localidad.
Los Alcaldes y el Intendente o quienes
hagan sus veces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la
Ley 11 de 1986, podrán iniciar de oficio la acción a que se refiere el
artículo anterior cuando se presenten ocupaciones de hecho o asentamientos
ilegales en las cuales, de conformidad con los reglamentos de usos del suelo o
las condiciones físicas del terreno, no esté permitido adelantar
construcciones, no sean aptas para ello o de alguna forma presenten riesgos
para la seguridad, la tranquilidad o la salubridad de la comunidad.  (…)”
(Resalta la Sala)
De
conformidad con este último artículo, los alcaldes municipales podrán (i)
subsidiariamente a lo establecido en la Ley 57 de 1905 y el Decreto 1355 de 1970,
a oficio o petición de cualquier ciudadano, directamente o por intermedio de
la personería, en los eventos en los cuales el propietario o el tenedor no han
ejercido la acción policiva prevista en el Código Nacional de Policía; (ii)
iniciar un trámite para ordenar la desocupación de los predios y el lanzamiento
de aquellos que ostenten la condición de ocupantes de hecho; (iii) cuando se
cumpla con la condición de que la ocupación o los asentamientos ilegales
atenten o puedan presentar riesgo para la comunidad o cualquier ciudadano o
vayan contra las normas de urbanismo y planeación de la localidad[60].
4.5 En cuanto a las
medidas de desalojos forzosos frente a población vulnerable, en estado de
debilidad manifiesta, sujetos de especial protección, o víctimas de
desplazamiento forzado, que han utilizado las vías de hecho para la ocupación
de bienes inmuebles, esta Corporación ha protegido en muchos casos los derechos
de esta población. En este sentido, en múltiples decisiones, la
Corte (i) ha reconocido el carácter de sujetos de especial protección
constitucional de estas personas; (ii) ha advertido las causas estructurales de
las vías de hecho, así como la negligencia de las autoridades competentes
en el cumplimiento de sus obligaciones de defensa, respeto y garantía de los
derechos fundamentales de estos grupos poblacionales;  y (iii) ha establecido
la procedencia por vía de tutela de la protección del derecho fundamental a la
vivienda digna.
En relación con este último punto, este Tribunal
ha consignado importantes consideraciones sobre los desalojos forzados a la luz
del artículo 51 Superior, respecto de las obligaciones del Estado para asegurar
el derecho a la vivienda digna de las personas en situación de vulnerabilidad o
debilidad manifiesta, o de los sujetos de especial protección constitucional,
la relación entre los desalojos forzosos y el derecho humano a la vivienda digna
y adecuada, el cual se encuentra consagrado en el artículo 11, párrafo 1, del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bajo las
directrices del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU vertidas en su Observación General No. 7 (En adelante, OG 7 del Comité
DESC).
En armonía con estos lineamientos
normativos y jurisprudenciales, esta Corporación ha decidido, dependiendo de
los elementos particulares de cada caso en concreto, o bien proteger a la
población, suspendiendo la orden de desalojo, o bien protegerlos reconociendo
la improcedencia de suspender la orden de desalojo, dada la necesidad del mismo,
en atención a situaciones especiales de riesgo para la población vulnerable, pero
ordenando simultáneamente a las autoridades competentes, la garantía del
derecho a la vivienda digna, a través de asegurar albergues transitorios
acordes con la dignidad humana que constituyan una solución temporal o
transitoria, mediante la reubicación de la población, con el fin de realizar y
consolidar el tránsito hacia soluciones duraderas y permanentes al problema de
la vivienda digna para esta población.[61]
Igualmente, la jurisprudencia de esta
Corte se ha encargado de recordar que en el ámbito del derecho internacional de
los derechos humanos se evidencia una intensa preocupación por los efectos
nocivos de los desalojos forzados sobre los derechos humanos, especialmente
cuando se trata de población vulnerable.[62] Así el
Comité DESC de la ONU, intérprete autorizado del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de la
ONU (instrumento que se encuentra incorporado al orden interno por remisión
del artículo 93, inciso 1º), se ocupó en su Observación General Número 7 (en
adelante, OG 7 del Comité DESC) del tema de los desalojos forzados, con el fin
de determinar su adecuado entendimiento bajo el manto normativo de las
obligaciones derivadas del PIDESC.
En relación con el concepto de desalojo
forzoso, explicó el Comité DESC que resulta en alguna medida problemático pues,
de una parte, la expresión sería redundante en tanto la idea de “desalojo”
hace referencia implícita al uso de la fuerza. De otra parte, expresiones
similares como desalojo ilegal y desalojo injusto tampoco
resultan satisfactorias ya que, la primera supone que todo desalojo legal es
legítimo en el marco del Pacto, lo que no es necesariamente cierto; y la
segunda remite a un componente de extrema subjetividad (OG 7, párrafo 3º).
Por ello, procedió el Comité a definir el sentido de la expresión en el
contexto del PIDESC:  “[Se entiende por desalojo forzoso] el hecho de hacer
salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que
ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de
protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Sin
embargo, la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los desalojos
forzosos efectuados legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos”.
En este orden de ideas, la
jurisprudencia de esta Corte ha encontrado que los desalojos que se realicen al
margen de una regulación legal precisa y con estricta observancia del respecto
por los derechos humanos son contrarios al Pacto y, por lo tanto, a la
Constitución. De esta forma, los desalojos legales pueden ajustarse al PIDESC
siempre que respeten determinados parámetros de razonabilidad y proporcionalidad;
pero puede haber también desalojos legales que sean abiertamente contrarios al
Pacto y a la Constitución Política, cuando no se ajusten a los límites de los
valores, principios y derechos que éstos consagran.
Así las cosas, la existencia de una
regulación legal precisa sobre los supuestos en que procede un desalojo
constituye una primera garantía frente a posibles violaciones de derechos
humanos ocurridas en este tipo de situaciones, en tanto el principio de
legalidad excluye las actuaciones caprichosas y arbitrarias de los operarios
jurídicos. Sin embargo, la regulación legal[63] debe ser
analizada bajo los parámetros de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, de manera que (i) debe considerarse incompatible con el Pacto
–y por lo tanto inconstitucional- una regulación que produzca (promueva o
agudice) un trato discriminatorio; (ii) los desalojos deben perseguir fines
constitucionalmente legítimos; y (iii) en ellos debe observarse que la
intensidad de la afectación de la persona desalojada no sea desproporcionada, a
la luz de los criterios (o subprincipios) de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto.
De otra parte, la regulación legislativa
debe prever la adopción de medidas para disminuir los efectos nocivos de un
desalojo forzado, tales como:  “a) la consulta y los acuerdos con las
personas objeto de desplazamiento, b) que se analice el contexto económico
social de la población afectada de modo que se matice su impacto tomando las
previsiones necesarias que garanticen que no se interrumpe su derecho a una
vivienda adecuada o digna (…), c) que la orden de ejecutarlos provenga siempre
de la autoridad competente y que su trámite se ajuste a una normatividad
previamente establecida y conocida por los desalojados”.[64]
En concordancia con lo hasta aquí
expuesto, en la OG 7 del Comité DESC se establece, así mismo, que los grupos
vulnerables como “(l)as mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los
pueblos indígenas, las minorías étnicas y de otro tipo, así como otros
individuos y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada
por la práctica de los desalojos forzosos” (Párrafo 10; OG 7), y que el
Estado debe adoptar medidas para evitar que fenómenos de discriminación
terminen por exacerbar esa intensa afectación. En conclusión, cuando
el desalojo afecte a colectivos vulnerables, los Estados deben (i) agotar todas
las vías de concertación previo el decreto de un desalojo y (ii) evitar al
máximo el uso de la fuerza.
Es de anotar, que el propio legislador
ha previsto eventos en los que esa desproporción es evidente, por ejemplo,
cuando hay involucradas personas gravemente enfermas o desahuciadas[65];
y que el Comité DESC ha precisado que los desalojos son desproporcionados en el
marco del PIDESC, cuando llevan a un completo desamparo de los afectados; o
cuando las condiciones climáticas son particularmente inclementes.
Por consiguiente, cuando se presenta un
desalojo forzoso, las autoridades deben aplicar las garantías del debido
proceso que deben garantizarse en todos los trámites judiciales y
administrativos[66],
de manera que como mínimo deben garantizar: “(…) a) una auténtica
oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y
razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la
fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un
plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso,
a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de
funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente
cuando éste afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las
personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal
tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g)
ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea
posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”. (Cfr.
OG 7; párrafo 15) (Resalta la Sala)
Para finalizar, resulta oportuno mencionar
que, de acuerdo con el párrafo 16 de la
Observación en mención “[l]os desalojos no deberían dar lugar a que haya
personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos
humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el
Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que
permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda,
reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”. (Resalta la
Sala)
En síntesis, la jurisprudencia de esta
Corporación ha aceptado, con base en los estándares internacionales,
principalmente aquellos contenidos en la OG 7 del Comité DESC (que estudia la
relación entre los desalojos forzosos y el derecho a la vivienda digna), que
los desalojos forzosos no son las medidas procedentes cuando se trata de
población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta, o sujetos de especial
protección constitucional.[67]
5. Vivienda de Interés Social
Finalmente, reviste una especial
relevancia para el caso bajo examen, la protección del derecho a la vivienda
digna para las personas de los estratos socio-económicos menos favorecidos, de
la población vulnerable o en estado de debilidad manifiesta, o de los sujetos
de especial protección constitucional, a través de la figura de la
Vivienda de Interés Social, como desarrollo de las obligaciones
y responsabilidades de las autoridades nacionales, regionales y locales, con el
fin de garantizar este derecho fundamental a estos grupos poblacionales.
En relación con el concepto de vivienda
de interés social y las competencias nacionales y territoriales a este
respecto, la Corte ha expuesto que en desarrollo del artículo 51 de la
Carta, se estableció la modalidad dirigida a que la población con menos
capacidad de pago tuviese acceso a una vivienda digna a partir del concepto de
“vivienda de interés social”, esto es, vivienda dirigida a los estratos
1 y 2 –principalmente-, a partir de un subsidio promovido por el Estado. A este
respecto, la Ley 338 de 1997 en su artículo 91 la define como “aquellas que
se desarrollen para garantizar  el derecho a la vivienda de los hogares de
menores ingresos”.[68]
Así mismo, en los Planes Nacionales de Desarrollo es donde se debe precisar los
tipos de vivienda a subsidiar y sus precios, teniendo en cuenta factores como
el déficit habitacional, la oferta, el acceso a crédito, los fondos estatales
destinados a vivienda y la atención a población más pobre, y es donde
precisamente las entidades territoriales deben concretar estas políticas
generales.[69]
5.1 Resulta conveniente para la
Sala hacer una breve referencia a la legislación vigente en materia de
vivienda de interés social. A este respecto, la
Sala resalta que la legislación en materia de vivienda de interés social se
encuentra contenida en la Ley 9 de 1989, en la
Ley 3 de 1991 “por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”, y
en la Ley 388 de 1997.
Para los efectos de esta sentencia, es de
resaltar que el Artículo 69 de
la Ley 9 de 1989 dispone que los
alcaldes municipales, el del Distrito Especial de Bogotá y el Intendente de San
Andrés y Providencia, de oficio, o a solicitud de cualquier ciudadano
directamente o por conducto de la
Personería Municipal, podrán iniciar las acciones policivas tendientes a
ordenar la desocupación de predios y el lanzamiento de ocupantes de hecho
cuando el propietario o su tenedor no haya incoado la acción a que se refiere la
Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario 992 de 1930, siempre que la
ocupación o los asentamientos ilegales que se hayan efectuado, se estén
llevando a cabo o que sea previsible determinar que se efectuarán, a juicio del
Alcalde o Intendente, atenten o puedan presentar riesgo para la comunidad o
cualquier ciudadano o vayan contra las normas de urbanismo y planeación de la
localidad.
Así mismo, dispone esa norma en su inciso
segundo que los Alcaldes y el Intendente o quienes hagan sus veces, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la
Ley 11 de 1986, podrán iniciar de oficio la acción a que se refiere el
artículo anterior cuando se presenten ocupaciones de hecho o asentamientos
ilegales en las cuales, de conformidad con los reglamentos de usos del suelo o
las condiciones físicas del terreno, no esté permitido adelantar
construcciones, no sean aptas para ello o de alguna forma presenten riesgos
para la seguridad, la tranquilidad o la salubridad de la comunidad.
En el inciso tercero consagra el mismo
precepto que las autoridades a que se refieren los artículos anteriores, al
expedir las órdenes de desocupación o lanzamiento, podrán ordenar la demolición
de los bienes que se hayan construido sin permiso de autoridad competente, así
como también la ejecución de las obras de conservación o restauración del bien
inmueble que se estimen necesarias. Las obras que se disponga realizar de
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo serán por cuenta del
propietario del predio, en el evento que éste no las ejecute en el plazo
otorgado por el Alcalde, Intendente o quien haga sus veces. La administración
podrá disponer su ejecución y el costo de las mismas, adicionado en un 10% por
concepto de administración, se incluirá en las respectivas facturas del
impuesto predial, pudiendo cobrarse por jurisdicción coactiva si es del caso.
Finalmente, determina el artículo 69 de la
Ley 9 de 1989 que lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de
imposición de las demás sanciones a que se refiere el presente capítulo, así
como también de las civiles y penales a que haya lugar.
De otra parte, la
Ley 388 de 1997 en su CAPÍTULO X regula el tema de la
Vivienda de Interés Social. A este respecto, el Artículo   91º  de la Ley 388 de 1997 contiene el Concepto de
vivienda de interés social. Al respecto dice que el artículo 44 de la
Ley 9 de 1989, queda así: "Se entiende por viviendas de interés social
aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los
hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno
Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características del
déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares,
las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por
parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los
programas de vivienda.
En todo caso, los recursos en dinero o en
especie que destinen el Gobierno Nacional, en desarrollo de obligaciones
legales, para promover la vivienda de interés social se dirigirá
prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los
indicadores de necesidades básicas, insatisfechas y los resultados de los
estudios de ingresos y gastos."
El Artículo 92º de la
Ley 388 de trata 1997 sobre los Planes de ordenamiento y programas de vivienda de interés social. Al respecto afirma que los municipios y
distritos determinarán sus necesidades en materia de vivienda de interés
social, tanto nueva como objeto de mejoramiento integral, y de acuerdo con las
mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las estrategias e instrumentos
para la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit
correspondiente.
Así mismo, consagra en el inciso segundo
que, en todo caso al incorporar suelo de expansión urbana, los planes de
ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen determinarán porcentajes
del nuevo suelo que deberán destinarse al desarrollo de programas de vivienda
de interés social. Igual previsión habrán de contener los planes parciales para
programas de renovación urbana, lo anterior, sin perjuicio de que este tipo de
programas se localicen en otras zonas de la ciudad, de acuerdo con las normas
generales sobre usos del suelo.
En el inciso tercero determina que los
planes parciales correspondientes determinarán la forma de definir las
localizaciones de los terrenos tendientes al cumplimiento de los porcentajes
expresados, así como los mecanismos para la compensación de las cargas
urbanísticas correspondientes, cuando a ello hubiere lugar.
En el inciso cuarto establece que en todo
caso las zonas o áreas destinadas para este tipo de viviendas deberán
desarrollarse de conformidad con este uso, por sus propietarios o por las
entidades públicas competentes en los casos en los que se hubiere
determinado la utilidad pública correspondiente.
El Artículo 93º de la misma normativa
consagra la Prestación de servicios públicos domiciliarios. El
Artículo   96º trata sobre los Otorgantes
del subsidio, a este respecto dispone que son otorgantes del
Subsidio Familiar de Vivienda, además de las entidades definidas en la
Ley 3 de 1991 y sus decretos reglamentarios, las instituciones públicas
constituidas en las entidades territoriales y sus institutos
descentralizados establecidos conforme a la ley, cuyo objetivo sea el apoyo a
la vivienda de interés social en todas sus formas, tanto para las zonas rurales
como urbanas. Finalmente el Artículo 97º se refiere a la
Limitación al subsidio familiar de vivienda en especie.
5.2 De otra parte,
respecto de las responsabilidades respecto de las viviendas de interés social,
es de recordar que las entidades territoriales tienen autonomía para la
planeación de su desarrollo económico, social, urbano y ambiental en el marco
de las responsabilidades y competencias que señala la
Constitución y la Ley. Así, de conformidad con la
Ley Orgánica 715 de 2001, a los municipios y distritos les corresponde en
materia de vivienda, según el artículo 76, entre otras, participar en el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social; promover y apoyar programas o
proyectos de Vivienda de Interés Social; otorgar subsidios de acuerdo con los
criterios de focalización nacional; cofinanciar con la
Nación y los departamentos la adecuación de áreas urbanas y rurales; evitar
asentamientos en zonas de alto riesgo; y planificar la reubicación de estos
asentamientos.[70]
Por ello, en términos del artículo 339 de la
Carta Política los planes de las entidades territoriales estarán conformados
por una parte estratégica y por un plan de inversiones a corto y mediano plazo,
en donde se deben señalar las formas, medios e instrumentos para vincular la
planeación nacional con la planeación municipal y, en el plan de inversiones,
se señala la proyección de los recursos financieros disponibles para su
ejecución (artículos 5 y 6 de la Ley orgánica 154 de 1994).[71]
De otra parte, el artículo 78 de la
Ley 1151 de 2007 establece que en los planes parciales con tratamiento
de desarrollo en suelo urbano y de expansión urbana o en las normas
urbanísticas que reglamenten la urbanización de suelos urbanos sin plan
parcial, salvo cuando se trate de uso industriales, dotacionales o
institucionales, se determinarán los porcentajes de suelos que deben destinarse
al desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social (VIS) o de Interés
Prioritario (VIP).[72]
Por su parte, en los planes de
ordenamiento territorial y municipal se definen los objetivos de corto y
mediano plazo y estrategias e instrumentos para solucionar el déficit de
habitación en el respectivo territorio, así como el porcentaje de suelos de
expansión y programas de renovación urbana destinados a viviendas de interés
social. Para efectos de los desarrollos urbanísticos, el plan de ordenamiento
territorial es determinante en cuanto a la posibilidad de obtener licencias de
construcción, urbanismo y ambientales que sean necesarias (artículo 9º de la
Ley 388 de 1997).[73]
5.3 Adicionalmente,
es de resaltar la existencia del Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-,
creado por el Decreto 555 de 2003, con base en la
Ley 790 de 2002, para efectos de financiar los precios de las viviendas de
interés social o prioritario, como un fondo con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, pero sin estructura
administrativa ni planta de personal propia; sometido a las normas
presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.[74]
El principal objetivo de creación del
Fondo fue el de consolidar el Sistema Nacional de
Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en
materia de Vivienda de Interés Social Urbana, en particular aquellas orientadas
a la descentralización territorial de la inversión de los recursos destinados a
Vivienda de Interés Social.[75]
Como parte de las funciones del Fondo,
de conformidad con el decreto de creación, adicionado por la
Ley 1151 de 2007, se encuentran las siguientes: (i) administrar sus recursos con
criterios de descentralización territorial y en función de las necesidades
habitacionales de la población; (ii) canalizar recursos provenientes del
subsidio familiar de vivienda en aquellos programas adelantados con
participación de las entidades territoriales o a través de alianzas
estratégicas y orientados a la provisión de soluciones de vivienda de interés
social urbana a las poblaciones definidas por la política del Gobierno
Nacional, en otras palabras, determinar los proyectos de vivienda “elegibles”;
(iii) coordinar acciones con las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, en especial, con el Banco Agrario, para adelantar planes de
vivienda rural o con entidades que ejercieran esta misma función; (iv)
coordinar sus actividades con las entidades del Sector Vivienda para la
consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda; (v) apoyar al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la formulación de
las políticas de vivienda a través del Sistema Nacional de Información de
Vivienda; (vi) recibir bienes inmuebles fiscales que deben transferirle las
entidades públicas del orden nacional; (vii) transferir bienes, directamente o
a través de entidades públicas o privadas, a título de subsidio en especie, o
por cualquier otro mecanismo de inversión social, de conformidad con las
diferentes modalidades que establezca y reglamente el Gobierno Nacional; (viii)
diseñar, administrar, mantener, actualizar y custodiar el Sistema Nacional de
Información de Vivienda; (ix) asignar subsidios de vivienda de interés social
bajo las diferentes modalidades, para cuyos efectos, presta la atención de la postulación
de hogares para el subsidio familiar de vivienda a través de contratos de
encargo de gestión u otros mecanismos, coordina a las entidades encargadas de
otorgar la elegibilidad de los proyectos de vivienda de interés de social,
realiza interventorías, supervisiones y auditorías para verificar la correcta
ejecución de los subsidios familiares de vivienda; (x) adelantar las
investigaciones e imponer las sanciones por incumplimiento de las condiciones
de inversión de recursos de vivienda de interés social, de conformidad con el
reglamento; entre otros.
Al Fondo Nacional
de Vivienda le corresponde la entrega de los  subsidios de vivienda, con cargo
al presupuesto nacional, a la población más pobre, dentro de la cual se
encuentran personas no vinculadas al sistema formal de trabajo[76].
La entrega de estos subsidios está atada a que exista disponibilidad de
proyectos de vivienda o a que la entidad territorial cuente con un lote
urbanizable y un proyecto de urbanización. No obstante, a este proceso
concurren también: (i) oferentes de planes de vivienda, que son personas
naturales o jurídicas, entidades territoriales, o patrimonios autónomos
administrados por una sociedad fiduciaria, legalmente habilitados para ofrecer
soluciones de vivienda; (ii) el esfuerzo territorial, cuando el
municipio o departamento aporte recursos complementarios para facilitar el
acceso a una solución habitacional para las familias de más bajos ingresos. Los
municipios o distritos de un mismo departamento compiten por la asignación de
los subsidios; (iii) otorgantes de crédito, que son entidades que proveen
recursos adicionales o complementarios al subsidio; (iv) Banco de Proyectos
Habitacionales, que es un registro a cargo de Findeter e integrado por los
municipios y departamentos o por sus gestores u operadores, como candidatos a
concursar por los recursos destinados al denominado "Concurso de
Esfuerzo Territorial"; (v) recursos complementarios al subsidio,
que son los recursos del hogar postulante que sumados al subsidio, permiten
darle viabilidad a la solución de vivienda, y que pueden estar representados en
ahorro, en crédito, aportes económicos solidarios en dinero y/o en trabajo
comunitario, aportes del orden departamental o municipal o en donaciones; (vi) organizaciones
populares de vivienda, que son aquellas que han sido constituidas y
reconocidas como entidades sin ánimo de lucro y que tienen por objeto el
desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de
autogestión o participación comunitaria.[77]
Para cumplir con
la distribución nacional de los recursos del Presupuesto Nacional destinados al
subsidio familiar de vivienda urbana, se requiere identificar las regiones con
mayor atraso relativo generado por hacinamiento habitacional y calidad de la vivienda,
al igual que aquellas que concentran la mayor cantidad de población. En
desarrollo de estos criterios técnicos se señalan los coeficientes porcentuales
para la distribución nacional de recursos del subsidio familiar de vivienda de
interés social. De estos recursos, se conforma la denominada Bolsa Ordinaria,
que a su turno se distribuye en cada departamento entre los hogares postulantes
de todos los municipios, independientemente de la categoría que les corresponda
según la ley. Los subsidios que se asignen con cargo a los recursos de la
Bolsa Ordinaria podrán destinarse a planes de vivienda presentados a través
del Concurso de Esfuerzo Territorial.[78]
Con fundamento en todas las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta Sentencia, entra la
Sala a analizar y resolver los casos en concreto objeto de revisión.
6.
ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS CASOS EN CONCRETO.
A continuación pasa la
Sala a aplicar las reglas jurisprudenciales y criterios de interpretación
establecidos en los fundamentos motivos y considerativos de esta providencia en
relación con el derecho a la vivienda digna, la procedencia de la tutela para
su protección, las invasiones u ocupaciones de hecho y aplicación de  medidas
de desalojo forzoso, a los hechos que componen los casos en concreto. Para
ello, establecerá, en primer lugar, los hechos materiales de los casos acumulados,
para posteriormente abordar el análisis de fondo.
6.1 En
la presente oportunidad la Sala Novena de Revisión debe resolver en instancia
de revisión los
fallos proferidos dentro de las acciones de tutela radicadas en los expedientes
T-3089989, T‑3090023, T-3090040, T-3091945, T‑3091946, T-3091947,
T-3178587, T‑3179024, T-3179794, T-3179929,  T‑3177372,
T-3176968,  T-3176526,  T‑3372547,   T- 3176927 y 3389009, promovidas
en contra de la Alcaldía Municipal de Ibagué y la
Gestora Urbana de esa misma municipalidad, por la vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, a la vivienda digna, a la familia, el debido proceso y
la igualdad, procesos de tutela que fueron seleccionados para su revisión y
acumulados para que fueran fallados en una sola sentencia por presentar unidad
de materia, y repartidos a la Sala Novena de Revisión de esta Corporación para su
decisión.
6.2 En las decisiones
judiciales de los jueces de instancia que ahora son objeto de revisión por esta
Sala, se adoptaron las siguientes decisiones:
6.2.1 En los expedientes T-3089989,
T-3090040, T-3091945, T-3091946 y T-3091947, el Juzgado Décimo Penal Municipal
de Ibagué, decidió negar las pretensiones de las acciones de tutela al
considerar que los actores tenían otros mecanismos de defensa judicial para
la protección de sus derechos, como la jurisdicción contenciosa administrativa,
ordinaria civil o  policiva.
6.2.2 En el
expediente T- 3178587 el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Ibagué, revocó el fallo de primera instancia y
concedió la acción de tutela contra la
Gestora Urbana y la Alcaldía Municipal de Ibagué, al considerar que se efectuaron
hechos u omisiones violatorios de los derechos fundamentales a la vivienda
digna en conexidad con el derecho de los menores y al mínimo vital, en lo que
fue objeto la impugnación, y decidió lo siguiente: (i) Ordenó al
Alcalde Municipal de Ibagué en su condición de primera autoridad policiva del
Municipio, para que en el término improrrogable de 48 horas, contadas a partir
de la notificación de la sentencia, procediera a expedir los actos
administrativos de su competencia y/o iniciara las acciones policivas a que
hubiera lugar, en orden a obtener la restitución y el desalojo de las personas
que se encuentran ocupando de manera ilegal el inmueble de la señora Mosquera. (ii) Ordenó a la
Gestora Urbana de Ibagué, que una vez realizada la recuperación efectiva del
inmueble, procediera a levantar con presencia del Ministerio Público un acta
sobre el estado en que se encontraba el bien, en cada una de sus partes,
determinando si existía algún elemento que hubiere sido instalado por parte del
invasor, o por el contrario si hubiere sido retirado alguno del inmueble, y
procediera a su adecuación en un término no mayor a quince días de ser
necesario, con el fin de dejarle habitable para ser entregado real y
materialmente  incluyendo los trámites legales de propiedad a la accionante y
su familia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento
señalado.
(iii)
Una vez recuperado el inmueble, ordenó al Comandante de Policía del Tolima
proceder a realizar una protección especial sobre el mismo, con el fin de
evitar nuevas invasiones y daños en este predio, protección que se debía
extender a la actora y su grupo familiar, hasta tanto se proceda al desalojo
total de la urbanización por parte de los invasores y se acredite completa
seguridad al sector, todo lo anterior, con el fin de garantizar de manera
efectiva el cumplimiento de la decisión y el derecho a la vida de la actora y
la familia.
(iv)
Previno al Agente del Ministerio Público para que estuviera atento al
desarrollo y cumplimiento inmediato de las órdenes impartidas a cada una de las
entidades accionadas, so pena, y en caso de no darse estricto acatamiento,
presentar la respectiva queja ante el Juez Constitucional para el inicio del
correspondiente incidente de desacato, y las acciones disciplinarias
pertinentes al órgano de control respectivo. (v) Ordenó, además, a la
Alcaldía Municipal y la Gestora Urbana de Ibagué realizar el censo de las
personas que viven allí ilegalmente y efectuar los trámites correspondientes
para postular a este grupo familiar de cumplir con los requisitos exigidos por
la ley, dentro de los programas de vivienda realizados por el Municipio de
Ibagué a través de Gestora Urbana, con el objetivo de acceder a un subsidio de
vivienda  y de esa manera acceder a una vivienda digna
6.2.3 En los
expedientes T- 3179024, T- 3179794, T-3179929,  T-3177372, T- 3176968,
T-3176526, y T‑3372547; los amparos fueron denegados por los jueces de
instancia quienes consideraron que (i) se utiliza la acción de tutela para
acceder al cumplimiento de un contrato o entrega de un bien inmueble; (ii) que
los actores contaban con otros mecanismos judiciales de defensa, que pueden
reivindicar sus derechos por la vía contenciosa administrativa, por la
ordinaria o por la policiva, (iii) que los derechos que se consideran
vulnerados no fueron conculcados por la
Alcaldía Municipal y Gestora Urbana de Ibagué, (iv) que la responsabilidad no
radica en las entidades accionadas, sino en terceras personas invasoras; y (v)
que corresponde a las accionadas adelantar las acciones pertinentes para que
los invasores desalojen las viviendas.
6.2.4 En el expediente
T-3389009, el fallo de segunda instancia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué
confirma el de primera instancia que declara improcedente la tutela al
evidenciar que existe cosa juzgada constitucional por cuanto ya había una decisión
de tutela en contra de la accionante, la cual no fue impugnada por la actora y sin
embargo ésta, volvió a presentar una  nueva acción de tutela por los mismos
hechos.
6.2.5 En
cuanto al Expediente T-
3176927,
el
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Ibagué decidió negar la pretensión de la
tutelante, en cuanto a que se suspenda cualquier orden de entrega a Gestora
Urbana del inmueble que habitaba, ya que la peticionaria afirma que el 9 de
mayo de 2011 fue desalojada de la vivienda por la policía, afirma ser poseedora
de la vivienda desde hacia varios meses y que le hizo mejoras, que es madre de
3 niños menores de edad y que se encuentra en condición de discapacidad, por lo
que se encuentra en una situación de extrema desprotección. De otra parte el
juez conminó
al Municipio de Ibagué, representado por el señor Alcalde, para que tenga en
cuenta a la accionante para futuros planes de vivienda de interés social, y se
le preste asesoría plena sobre los derechos que le asisten como discapacitada,
por lo que debía la autoridad municipal orientar a esta familia acerca de los
programas de vivienda existentes en el Municipio de Ibagué y a través de la
Gestora Urbana precisarles cuáles son los trámites y requisitos para que pueda
acceder a los mismos.
6.3 Con base en las pruebas que
obraban dentro del expediente y las allegadas a esta Corporación durante el
proceso de revisión, la Sala encuentra probados los siguientes hechos
relevantes:
(i) que los
accionantes dentro de los presentes procesos de tutela, se inscribieron entre
los años 2006 y 2007 para acceder a uno de los proyectos de vivienda
desarrollados por el municipio de Ibagué, cuyo promotor y
oferente fue el Banco Gestora Urbana del mismo municipio;
(ii) que los
accionantes fueron preseleccionados para la adquisición de subsidios de
vivienda
de interés social;
(iii) que al
cristalizarse el proyecto de urbanización, los actores salieron favorecidos por
sorteo, para acceder a una Vivienda de Interés Social en la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué, de manera que les fueron
adjudicadas las
unidades de vivienda que ahora se reclaman;
(iv)
que
tras cuatro años de iniciado el proyecto de Vivienda de Interés Social no se
les ha hecho entrega real, material y efectivamente las unidades de vivienda de
que tratan las acciones de tutela en cuestión;
(v) que,
adicionalmente, las unidades de vivienda de interés social fueron invadidas por
ocupantes ilegales o de hecho, y por consiguiente no se les ha podido hacer la entrega
efectiva de las mismas a los adjudicatarios accionantes dentro de los presentes
procesos de tutela;
(vi) que los accionantes
constituyen población vulnerable, pertenecientes a los estratos
socio-económicos más bajos, víctimas de desastres naturales, y algunos
población desplazada, los cuales son adjudicatarios de unidades de Vivienda de Interés
Social dentro del proyecto de Urbanización “Nueva Castilla” del Municipio de
Ibagué;
Que en este sentido, según información
recibida por esta Corporación, el proyecto de Urbanización “Nueva Castilla” de
la ciudad de Ibagué, promovido por la
Gestora Urbana de ese municipio, beneficia a 1.182.691 familias, de las cuales
691 son población reubicada por desastres naturales, 4 desplazados y 487
familias carentes de vivienda pertenecientes a los estratos 1 y 2;
(vii) que del proyecto
de Urbanización “Nueva Castilla” se construyeron y escrituraron 1.103 unidades
de vivienda, entregándose inicialmente 905 unidades. Que sin embargo, fueron
invadidas 542 unidades de vivienda, de las cuales se recuperaron 332 unidades,
y aún se encuentran invadidas 210 unidades de vivienda. Que las restantes
viviendas programadas en el proyecto no se han construido todavía debido a
razones de seguridad, de conformidad con la información entregada a la fecha en
que se allegaron las pruebas solicitadas por la
Corte;
(viii) que tras cuatro
años de espera, a los accionantes no se les ha entregado real y materialmente
las unidades de vivienda, las cuales fueron invadidas el día 21 de enero de
2011, y hasta la fecha de la solicitud de pruebas por parte de la
Corte, se informó que se había recuperado el 50% de las viviendas ocupadas
ilegalmente mediante operativos de desalojo con base en los fallos de tutela
proferidos, con el apoyo de las autoridades municipales, Defensoría del Pueblo,
Bienestar Familiar, Personería y Policía Nacional. Adicionalmente, se informó a
la Corte que con desarrollo de labor social, casa por casa, se pudo hacer que
las desocuparan voluntariamente, y que en las restantes las autoridades municipales
buscan hacer lo mismo, ofreciendo inclusión en la base de datos para que se
incorporen a los planes de vivienda de la administración municipal y/o Gestora
Urbana, con el fin de garantizar que desocupen las unidades de vivienda con seguridad,
ya que se informa a esta Corporación que han existido amenazas por parte de los
promotores de la invasión si los ocupantes se retiran de las casas;
(ix) que la
Alcaldía Municipal y la Gestora Urbana de Ibagué han instaurado acciones
penales y policivas con el fin de recuperar los inmuebles aún invadidos, y que
por esta razón la Gestora Urbana no ha hecho entrega material de las viviendas
en conflicto;
(x) que la construcción
de la Urbanización “Nueva Castilla” de Ibagué se realizó mediante dos convenios
asociativos. Uno, con un plazo inicial de construcción de 18 meses, los cuales
se prorrogaron y se realizó totalmente. El segundo con un plazo inicial de 24
meses, el cual se terminó del mismo modo que el anterior.
(xi) que las fuentes
de financiación del proyecto de vivienda de interés social fueron tres: (a)
Gobierno Nacional- Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial
con los subsidios de vivienda así: para las de Fondo de Calamidad Pública hasta
por $8.568.000.00 y para los de Bolsa Única Nacional, hasta por $9.107.700.00
cada uno; (b) Municipio de Ibagué: aportó recursos para la compra de los
predios por valor de $1.112.308.010.00 y parte de obras de urbanismo por valor
de $3.500.000.00; y (c) aportes de ahorro programado de los adjudicatarios por un
monto de $3.750.958.00.
(xii) que los terrenos
comprados por Gestora Urbana con recursos transferidos por el Municipio de
Ibagué, eran 5 predios que conformaron un globo mayor que se denominó
Urbanización “Nueva Castilla”, y que éstos eran aptos para el desarrollo de
viviendas, según lo avaló Planeación Municipal y lo confirmó en la autorización
emitida por FINDETER para la financiación del proyecto;
(xiii) que según
informa FONADE a la Corte, el estado de las viviendas es adecuado e idóneo para
habitar y las unidades de vivienda presentan una excelente posibilidad
estructural para ampliaciones. Que los acabados de los inmuebles se han
entregado en perfecto estado, y que solo las viviendas que han sido invadidas
presentan deterioro por vandalismo, razón por la cual se adelantan procesos de
reparación de las mismas. Así mismo, se informó que los propietarios que recibieron
sus inmuebles lo hicieron a satisfacción, y que la totalidad de las viviendas
cuentan con los servicios públicos básicos domiciliarios completos.
(xiv) que se informó
a esta Corporación que las medidas adoptadas por entidades demandadas para
contrarrestar las invasiones u ocupaciones de la urbanización “Nueva Castilla” han
sido las siguientes, presentadas en orden cronológico:
(a) El 22 de Enero de 2011 se llevó a
cabo un operativo en compañía del Director de Justicia y Orden Público, el
Director de Espacio Público, la Inspectora del tercer turno, el Capitán del
Distrito Policía de Infancia y Adolescencia y el ESMAD de la
Policía para verificar la ocupación y desalojarlos, lo cual no se pudo hacer
por haber un escudo humano integrado por niños, niñas y ancianos.
(b) El 24 de Enero de 2011, se realizó
nuevamente un operativo en compañía del Director de Justicia y Orden Público,
el Director de Espacio Público, el Capitán del Distrito Policía de Infancia y
Adolescencia y el ESMAD con el fin de verificar la ocupación y hacer el
respectivo desalojo, realizaron un censo provisional de las viviendas invadidas.
Por otra parte se hizo entrega de la posesión de inmuebles a 513 beneficiarios
del subsidio de vivienda con el fin de impedir que las viviendas que aun no
habían sido entregadas fueran invadidas.
(c) El 4 de marzo de 2011, los
funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, Ejército,
Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, ICBF y Gestora Urbana de Ibagué,
en operativo conjunto, verificaron que los invasores se rotaban de casa en
casa. Los funcionarios de Gestora Urbana realizaron un tercer censo de quienes
permanecen por las vías de hecho ocupando las viviendas y que rotaron de casa
en casa, quiénes ingresaron recientemente a la invasión y quiénes fueron
despojados por la fuerza.
(d) El 9 de Marzo de 2011, se realizó
denuncia penal, proceso que sigue su curso sin que se haya obtenido respuesta
efectiva.
(e) El 1 de marzo de 2011, la señora
Yamile García Viuche presentó acción de tutela en contra del municipio de
Ibagué y de la Gestora Urbana con el fin de la protección de su derecho
constitucional a la vivienda digna, a la familia, al debido proceso, a la
igualdad y la subsistencia digna por la invasión a su vivienda, esta acción fue
avocada por el Juzgado 12 Penal Municipal de la ciudad de Ibagué. La oficina
Jurídica del municipio dio contestación de la misma dentro de los términos de
defensa del municipio y la Personería de Ibagué coadyuvo la acción de tutela de
la accionante, resaltando la calidad de madre cabeza de familia, e invocó se
aplicara el principio inter comunis  en razón de que además de la
demandante existen más de 534 viviendas en la misma situación, el 14 de marzo,
el Juzgado 12 Penal Municipal de Ibagué tuteló los derechos constitucionales
invocados por la actora por su condición de madre cabeza de familia con hijos
menores de edad, quienes requieren de una protección especial por su condición
de debilidad y al encontrar afectado su mínimo vital, ordenando a la
Alcaldía de Ibagué que dentro de las 48 horas realizara los trámites para
desalojar al invasor que ocupaba su vivienda y restituir la misma. Esto se
realizó dando cabal cumplimiento a la decisión.
La tutela fue impugnada por la
Personería de Ibagué con el fin de que se dé aplicación al efecto inter
comunis,  la misma pasó a reparto al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, el
cual modificó el fallo de primera instancia tutelando, además de la accionante,
a 90 personas más que se encontraban en iguales circunstancias que la actora.
(f) El 22 de marzo, la
Alcaldía suscribió el oficio No 4629 en el que se solicitó al Comandante
Departamental de Policía del Tolima, la ubicación permanente del personal de
policía necesario para garantizar el cumplimiento del fallo de tutela.
La oficina jurídica de Ibagué instauró
querella policiva ante la inspección octava por cuanto hicieron caso omiso al
requerimiento del Alcalde del día 3 de marzo  para dar cumplimiento a lo
contemplado en el art. 69 de la Ley 9 de 1989.
(g) Con el cumplimiento a lo ordenado
dentro del fallo de tutela de segunda instancia, proferido por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito que ordenó la aplicación al efecto inter comunis,
el 19 de Mayo de 2011, se recuperaron  110 viviendas de la
Urbanización Nueva Castilla.
Las actuaciones se adelantaron
conjuntamente con la administración central y la
Gestora Urbana, con el fin de cesar la ocupación que por vías de hecho se
viene presentando en la Urbanización Nueva Castilla.
6.4 Para resolver la
compleja situación fáctica planteada en la
Urbanización de Vivienda de Interés Social “Nueva Castilla” de la ciudad de
Ibagué y determinar las consecuencias jurídicas y decisiones judiciales a
adoptar para la protección del derecho fundamental a la vivienda digna invocado
en las tutelas, la Sala Novena de Revisión debe resolver (i) en primer lugar y
como aspecto preliminar, si son procedentes las acciones de tutela presentadas con
el fin de solicitar la entrega real, efectiva y material de las viviendas de
interés social que se reivindican; (ii) si se configura una vulneración del
derecho a la vivienda digna por la falta de entrega real, material y efectiva
de las unidades de vivienda reclamadas por los tutelantes; (iii) qué medidas
deben adoptar las autoridades responsables para garantizar el derecho
fundamental a la vivienda digna; y (iv) la procedencia de otorgar efectos inter
comunis a los casos análogos o similares a los analizados en la presente
sentencia.
6.5 Procedencia de la tutela para
proteger el derecho a la vivienda digna en los casos bajo examen.
De
forma previa al análisis de fondo de los casos objeto de examen, la
Sala debe estudiar la declaratoria de improcedencia hecha por los jueces de
instancia encargados de resolver las solicitudes de tutela, puesto que la
mayoría de ellos, denegaron las acciones de tutela al considerar que esta
acción es improcedente para reivindicar en los casos sub examine el
derecho a la vivienda digna.
La
Sala
considera que este argumento esgrimido por los jueces de instancia no es de
recibo, y por el contrario, reitera el carácter fundamental del derecho a la
vivienda digna y la procedencia de su protección a través del mecanismo
tutelar, cuando se trata, como en los casos bajo estudio, de la conexidad del
derecho a la vivienda con otros derechos fundamentales, como el derecho a la
vida, la protección de la familia, y el mínimo vital. Adicionalmente, resalta la
Sala que en estos casos, el derecho a la vivienda digna adquiere carácter
autónomo como derecho fundamental, por tratarse de personas en situación de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta, o de sujetos de especial protección
constitucional, ya que los accionantes constituyen personas de escasos recursos
económicos, que pertenecen a los estratos socio-económicos más bajos, constituyen
víctimas de desastres naturales que han sido reubicadas en estas viviendas de
interés social que ahora se reclaman, y se trata en algunos casos de víctimas
de desplazamiento forzado. Finalmente, la
Sala encuentra que en estos casos, se trata igualmente de sujetos de especial
protección constitucional, como mujeres madres cabeza de familia, menores de
edad, personas de la tercera edad y personas en estado de discapacidad, casos
en los cuales es procedente por excelencia la acción de tutela para proteger el
derecho fundamental a la vivienda digna.
En
síntesis, la Corte concluye que en estos casos las acciones de tutela
interpuestas constituyen el mecanismo procedente para resolver el problema
jurídico planteado respecto de la vulneración del derecho fundamental a la
vivienda, por cuanto se cumple con los requisitos de (i) urgencia e inminencia
de daño; (ii) el asunto adquiere relevancia constitucional por tratarse de un
derecho fundamental; (iii) los beneficiarios de la urbanización de vivienda de
interés social de “Nueva Castilla” en la ciudad de Ibagué, son personas que
constituyen población vulnerable, pertenecen a los estratos socio-económicos más
bajos, se encuentran en estado de debilidad manifiesta, y en su gran mayoría son
víctimas de desastres naturales, y en algunos casos también víctimas de
desplazamiento forzado; y finalmente, (iv) los recursos ordinarios para la
protección del derecho fundamental a la vivienda digna, no constituyen para estos
casos, mecanismos idóneos, ni adecuados, para la protección constitucional
inmediata del derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes.
6.6 De otra parte,
al realizar el análisis de fondo, la Sala concluye que efectivamente sí existe
vulneración del derecho a la vivienda digna por la falta de entrega real,
material y efectiva de las viviendas de interés social adjudicadas a los
accionantes, y por tanto, la acción de tutela además de ser procedente, debe
prosperar para garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna de los
accionantes.
(i) En esta
oportunidad, la Sala reitera nuevamente los criterios constitucionales y
jurisprudenciales, en cuanto a la consagración normativa superior del derecho a
la vivienda digna como un derecho fundamental, los requisitos y
condicionamientos de una vivienda para que se cumpla con el contenido normativo
del concepto de vivienda digna y adecuada, fijado por los parámetros
constitucionales y los estándares internacionales en la materia, y la
procedencia y limitaciones constitucionales frente a la adopción de medidas de
desalojo forzoso.
(ii) En las tutelas bajo estudio, la
Sala encuentra verificado, en primer lugar, que los accionantes realizaron
todo el proceso o ruta para acceder a una unidad de vivienda de interés social
y son adjudicatarios de estas viviendas, habiendo cumplido con todos los
requisitos que la ley impone para acceder a una vivienda de interés social. En
segundo lugar, observa la Sala que se ha vulnerado el derecho a la vivienda
digna de estos adjudicatarios de vivienda de interés social, ya que no se ha
producido la entrega real, material y efectiva de las unidades de vivienda de
que tratan estas tutelas. Las razones por las que no se le ha dado
cumplimiento, se traducen en las ocupaciones por vía de hecho de estas unidades
de vivienda por otras personas o familias y a la imposibilidad de recuperación de
la totalidad de las mismas hasta el momento, por parte de las autoridades
competentes.
Por
tanto, la Corte colige que las presentes acciones de tutela deben prosperar,
por cuanto cumplen con todos los requisitos constitucionales y legales
desarrollados por la jurisprudencia constitucional para que se conceda la
protección del derecho a una vivienda digna, esto es (i) que no se ha hecho
entrega efectiva de las viviendas a los accionantes; (ii) que se trata de la
afectación o riesgo de sujetos de especial protección constitucional, cuyos
derechos tienen un rango superior; (iii) que se evidencia la vulneración de la vivienda
y dignidad humana, a través de situaciones que afectan estos derechos; (iv) que
no existe otro medio de defensa judicial de igual efectividad, u otra forma de
proteger el derecho a una vivienda digna; y (v) que se trata de la protección
del goce efectivo de derechos de sujetos de especial protección
constitucional, como víctimas, personas en estado de debilidad manifiesta, mujeres
cabeza de familia y menores de edad, cuyos derechos tienen un rango superior.[79]
Por consiguiente, frente a los hechos
probados en este proceso, y teniendo presentes las reglas jurisprudenciales en
relación con el derecho fundamental a la vivienda digna, es claro para la
Sala que: (i) se debe conceder el amparo al derecho fundamental a la vivienda
digna de los peticionarios, a la vez que adoptar medidas para proteger el
derecho a la vivienda digna de los ocupantes por vías de hecho de estas mismas
unidades de vivienda, en cuanto se trate de población vulnerable, en estado de
debilidad manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional; (ii)
activar el sistema de responsabilidades constitucionales y legales de las
autoridades municipales, regionales y nacionales para la garantía de la
vivienda digna de interés social en estos casos y análogos; y (iii) otorgar
efectos inter comunis para los casos similares o análogos a los actualmente
decididos mediante esta providencia judicial.
Finalmente, encuentra igualmente esta Corporación, que
por tratarse de un caso altamente complejo que implica o conlleva una situación
social delicada, en la cual se han dado lugar a invasiones o ocupaciones de
hecho, la Sala protegerá igualmente el derecho a la vivienda digna de los
ocupantes de hecho, en cuanto se determine que se trata de población
vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o sujetos de especial protección
constitucional, sin que ello implique la aprobación o refrendación por parte de
la Corte de la utilización de vías de hecho o actuaciones ilegales, sino con
el único fin de proteger los derechos fundamentales de estos ciudadanos teniendo
en cuenta sus condiciones especiales de vulnerabilidad. Por lo tanto, la
Sala adoptará unas órdenes estructurales y complejas, con el fin de proteger tanto
los derechos de los legítimos adjudicatarios, como igualmente, los derechos de
los ocupantes de hecho, en este último caso, en cuanto y en tanto la
administración y el Ministerio Público determinen que se trata de población
vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o constituyan sujetos de especial
protección constitucional.
En consecuencia, se ordenará que las entidades de la
administración municipal, con el acompañamiento y colaboración del Ministerio
Público y los organismos de control, adelanten una evaluación actual de la
situación, con el fin de determinar el número de viviendas que todavía se
encuentran ocupadas y que no han podido ser entregadas real, efectiva y
materialmente a sus legítimos adjudicatarios. Para lo anterior, realizarán el
censo de los ocupantes de hecho, y determinarán la calidad socio-económica de
esta última población, con el propósito de proceder a realizar la entrega
efectiva de las viviendas, pero igualmente con el objetivo, de que, en el caso
de que los ocupantes de hecho constituyan población vulnerable, la
Alcaldía Municipal proceda a encargarse de su reubicación transitoria y de la
garantía de soluciones duraderas y permanentes, a través de su inclusión en
otros proyectos de vivienda de interés social.
(iii) En este sentido,
esta Sala encuentra que en los casos bajo estudio se debe ponderar de manera estricta
y rigurosa, los derechos de la población vulnerable adjudicatarios de viviendas
de interés social, con los derechos de aquellos invasores u ocupantes de hecho que
constituyen igualmente población vulnerable, que se encuentran en estado de
debilidad manifiesta, o son sujetos de especial protección constitucional, con
el fin de armonizar los derechos en conflicto de estos dos sujetos de derechos
fundamentales, de manera que ninguno quede sin protección constitucional, y se
cumpla con la obligación de garantizar mínimos de bienestar a la población en
lo concerniente al derecho a la vivienda digna y adecuada.
En consecuencia, si bien es cierto que
la ocupación por vías de hecho carece de protección legal y puede, por lo tanto
dar lugar a un desalojo constitucionalmente legítimo, también es posible que en
algunos casos las disposiciones legales deban inaplicarse en atención del
carácter normativo de la Constitución y normas internacionales como el PIDESC,
lo que acontecerá siempre que la diligencia afecte de manera desproporcionada a
grupos vulnerables[80].
En este sentido, esta Corte ha
enfatizado que las circunstancias económicas, sociales y culturales del grupo
ocupante, el número de potenciales afectados por el desalojo, la presencia de
otras vulnerabilidades como la edad, la eventual afectación de personas con
discapacidad o de mujeres cabeza de familia o embarazadas; así como las
posibles consecuencias gravosas del desalojo; son aspectos relevantes a
considerar por parte del juez constitucional.
En ese orden de ideas es imprescindible
recordar que el Comité DESC encuentra los desalojos incompatibles, prima
facie, con el PIDESC y, por lo tanto con la
Constitución Política; acepta que existen desalojos justificados, recalcando
que estos deben estar regulados con precisión en la ley para evitar la
arbitrariedad de las autoridades; y aclara que no toda regulación es compatible
con el Pacto, sino que esta debe ser razonable y proporcionada, especialmente
frente a conjuntos que reúnan amplio número de sujetos vulnerables.
En este punto, se revela a la
Corte que en los casos bajo estudio se presenta una tensión constitucional,
por un lado, entre el derecho de los legítimos adjudicatarios de las viviendas
de interés social de la Urbanización “Nueva Castilla” de Ibagué, y los derechos
de los ocupantes por vías de hecho de estas unidades de vivienda, en cuanto se
determine que éstos constituyen población vulnerable, en estado de debilidad
manifiesta, o sean sujetos de especial protección constitucional.
Siendo esto así, la
Corte debe proceder a ordenar la adopción de medidas que permitan, de un lado,
la restitución de las unidades de vivienda de interés social, para los
adjudicatarios de las mismas; pero de otro lado, al mismo tiempo protejan los
derechos de los ocupantes de hecho, en cuanto constituyan grupos vulnerables.
Así las cosas, las órdenes de desalojo
inmediato dadas por los jueces de tutela de instancia, sin la adopción de
medidas alternativas para la reubicación transitoria o definitiva de las
personas que ocupan las unidades de vivienda de la
Urbanización “Nueva Castilla”, en cuanto se trate de población vulnerable, en
estado de debilidad manifiesta o personas que constituyen sujetos de especial
protección constitucional, implicaría la afectación directa de los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vivienda y vida digna, pues las familias desalojadas verían
una de sus necesidades básicas insatisfechas. Esta situación sería
especialmente lesiva en los casos en donde resulten afectadas con el
procedimiento de desalojo personas como mujeres, niños, mayores adultos,
personas en estado de discapacidad, o víctimas, quienes son sujetos de especial
protección constitucional.
Cabe reiterar sin embargo, que con estas
medidas que la Sala adoptará no se pretende avalar la ocupación ilegal de las
unidades de vivienda de interés social, la cual no puede ser protegida por el
derecho; sino que lo que la Corte salvaguarda constitucionalmente en estos
asuntos de tutela bajo revisión, es el derecho a la vivienda digna de personas
en estado de vulnerabilidad, de debilidad manifiesta o de sujetos de especial
protección constitucional, que pueden ostentar algunos de los ocupantes de
hecho de las unidades de vivienda de que tratan estas acciones tutelares, a los
cuales se les deben garantizar igualmente el goce efectivo sus derechos
fundamentales, especialmente el derecho a la vivienda digna.
(iv) En consecuencia,
en relación con la procedencia de las órdenes de desalojo se debe adelantar un examen
de razonabilidad y proporcionalidad de estas  medidas. En primer término, la
Sala encuentra que (a) si bien el desalojo persigue el fin legítimo de
proteger la restitución de las unidades de vivienda de interés social a sus
legítimos adjudicatarios; (b) que la medida de desalojo resulta apropiada para
lograr el fin que se persigue, pues permitiría a la
Gestora Urbana de Ibagué realizar la entrega real, material y efectiva de las
unidades de vivienda; (c) encuentra la Sala que esta medida no cumple con el criterio
de necesidad, pues existen otros mecanismos para lograr la protección de
los derechos constitucionales tanto de los adjudicatarios de las unidades de
vivienda de interés social, como de los ocupantes de hecho de estas unidades de
vivienda, en cuanto constituyan población vulnerable, en estado de debilidad
manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional; y (d) que
tampoco cumple con el criterio de proporcionalidad en sentido estricto.
Esto último, por cuanto la medida puede resultar desproporcionada, si en primer
lugar, no se agotan previamente etapas de acuerdo y consulta con los
peticionarios, destinadas a evaluar posibles alternativas al desalojo, pues
cualquier acuerdo sobre la restitución del inmueble lesionaría en menor medida
los derechos de los accionantes, en comparación con un desalojo forzoso; y en
segundo lugar, mientras no se aseguren albergues transitorios y soluciones
duraderas y permanentes de vivienda digna para los ocupantes de hecho que
constituyan sujetos en estado de vulnerabilidad. De esta manera, con la medida
del desalojo forzoso se afectarían gravemente derechos fundamentales de
población en estado de vulnerabilidad, debilidad o que constituyen sujetos de
especial protección constitucional.
(v) Por lo
anterior, en los presentes casos de tutela, la
Sala no puede impartir unas órdenes abstractas de desalojo y restitución de
las unidades de viviendas a los legítimos adjudicatarios, dada la complejidad
del caso y teniendo en cuenta la necesidad de que se pondere y logre proteger
de manera equilibrada los derechos fundamentales de las partes involucradas en
el conflicto de derechos, y teniendo en cuenta que es necesario que las autoridades
responsables adelanten una evaluación actual de la situación y determinen un
plan de acción, con unos requisitos mínimos que establecerá la
Corte.
(vi) Así las cosas, la
Sala procederá a emitirá unas órdenes estructurales y complejas, que vinculan
jurídicamente a la Alcaldía Municipal de Ibagué, como a la
Gestora Urbana de ese Municipio, e involucran al Ministerio Público y a organismos
de control, a Fonade, a Fonvivienda y a la
Comandancia de Policía de Ibagué.
La Sala concluye que la
solución para los casos de tutela bajo revisión, de conformidad con la
jurisprudencia de este alto tribunal y los estándares internacionales en la
materia, no es de manera necesaria ni imperiosa las medidas de desalojo forzoso
de los ocupantes de hecho. Lo anterior, ya que si bien en principio estas medidas
pueden proceder de conformidad con la ley, y siempre y cuando se garanticen el
debido proceso y los derechos fundamentales de las personas o familias a
desalojar; en estos casos bajo examen, a partir del
material probatorio y de la información recaudada durante el proceso de
revisión, se determinó que algunos de los  ocupantes de las unidades de
vivienda constituyen población en alto grado de vulnerabilidad, en estado de
debilidad manifiesta o son sujetos de especial protección constitucional.
Así, según la información recibida por
esta Corporación, y de conformidad con una de las tutelas interpuestas en esta
oportunidad, la Sala constata que la accionante es una de las ocupantes de
hecho de una de las unidades de vivienda de interés social, a la cual no le fue
concedida la protección tutelar, y por el contrario, fue desalojada junto con
su núcleo familiar, a pesar de que se trata de una mujer cabeza de familia, con
hijos menores de edad, y una persona en estado de discapacidad. La
Corte evidencia por tanto, que algunas de las personas y familias que ocupan de
hecho las unidades de vivienda de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué, constituyen población
vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o sujetos de especial protección
constitucional, frente a los cuales no debe proceder, en principio, las medidas
de desalojo forzoso. Al respecto, debe reiterar esta Sala que la jurisprudencia
constitucional ha definido, de manera clara y reiterada, la regla según la cual
las órdenes de desalojo dadas a los ocupantes de un predio, en cuanto se trate
de población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o en cuanto constituyan
sujetos de especial protección constitucional, no son procedentes, ya que
dichas ocupaciones de hecho se deben a causas socio-económicas de carácter
estructural, las medidas de fuerza no deben proceder en contra de este tipo de población,
y las autoridades, tanto de carácter nacional, regional y local, tienen la
obligación jurídica de garantizar a estos ciudadanos sus derechos
fundamentales, en este caso, el derecho a una vivienda digna.
En este orden de ideas, en el presente asunto, la
Sala advierte que con el fin de dar una solución definitiva a la compleja situación
que ahora se plantea en la urbanización “Nueva Castilla de la ciudad de Ibagué,
las autoridades municipales, conjuntamente con el Ministerio Público y los
organismos de control, deben evaluar nuevamente la situación actual de la
urbanización, en relación con las unidades de vivienda que se encuentran
actualmente ocupadas por vías de hecho, con el fin de determinar la condición y
el grado de vulnerabilidad de las personas que se encuentran ocupando
actualmente las viviendas, para con base en dicha información, coordinar y
consensuar un Plan de Acción, que se encuentre dirigido tanto a garantizar la
entrega real y efectiva de las unidades de vivienda a los adjudicatarios de las
mismas. Igualmente, con el propósito de garantizar los derechos de las personas
que se encuentran ocupando de hecho las unidades de vivienda en disputa, en
cuanto se trate de grupos vulnerables, como madres cabeza de familia, núcleos
familiares con menores de edad, personas de la tercera edad, personas con
discapacidad, víctimas de fenómenos sociales o naturales, población desplazada
o afectada por desastres naturales.
A este respecto, esta Sala reitera que
el derecho
a una vivienda digna es un derecho fundamental cuando se trata de personas en
estado de vulnerabilidad o debilidad manifiesta o sujetos de especial
protección constitucional. En consecuencia, la jurisprudencia ha indicado que
es un deber del Estado, en el marco de procesos de desalojo, garantizar el
derecho a la reubicación transitoria, y la garantía de soluciones duraderas de vivienda
digna para esta población[81],
dada su especial situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, lo cual
amerita la aplicación de criterios diferenciadores o acciones positivas en
favor de este grupo poblacional, de conformidad con el artículo 13 Superior, y
teniendo en cuenta las obligaciones y responsabilidades del Estado frente a
esta población. Así mismo, se insiste en que como lo ha reconocido esta
Corporación, en muchos de los casos de ocupaciones de hecho, éstas son el
resultado de causas socio-económicas estructurales como la pobreza endémica o
el conflicto armado, y del incumplimiento sistemático del Estado de
sus obligaciones de transformar positivamente estas causas estructurales, lo
cual coloca a esta población en unas condiciones de vulnerabilidad,
exclusión y marginalidad, y los hace igualmente sujetos de especial protección
constitucional, en desarrollo del mandato de atención prevalente y especial que
se desprende del inciso 3º del artículo 13 de la
Constitución, ya mencionado.
Así las cosas, en relación con los casos
en concreto que ahora se deciden, dado que se advierte el posible
desconocimiento de derechos fundamentales de población vulnerable, en estado de
debilidad manifiesta o que constituyen sujetos de especial protección constitucional,
la Corte ordenará a las autoridades competentes lograr la identificación plena
y satisfactoria de aquellas personas que deban ser consideradas como tales en
el presente asunto, con el fin de garantizar sus derechos a la vivienda digna.
(vii) Para lograr los
objetivos anteriormente expuestos, la Sala ordenará que en la evaluación y plan
de acción que se concerte por las autoridades responsables, se incluyan como
mínimo las siguientes obligaciones:
(a) Que la
Alcaldía Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana, si aún no lo han hecho, en el
término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, entreguen de manera definitiva a los actores, las unidades de
vivienda en la urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué.
(b) Que estas mismas entidades, con el
acompañamiento del Ministerio Público, en un plazo no superior a quince (15)
días hábiles contados a partir de la notificación de esta decisión, realicen un
censo y la determinación de la población que ocupa todavía por vías de hecho
las unidades de vivienda de la Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de
Ibagué, con
el fin de identificar quiénes ostentan la condición de población vulnerable, se
encuentran en estado de debilidad manifiesta, o son sujetos de especial
protección constitucional, tales como madres cabeza de familia, menores de
edad, personas de la tercera edad, personas en estado de discapacidad, personas
víctimas de desastres naturales, o personas víctimas del conflicto armado como desplazados
forzados por la violencia, entre otros.
(c)
Para el cumplimiento de la orden anterior, la
Corte solicitará al Personero Municipal de Ibagué, al Defensor regional, así
como a la Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo, el acompañamiento en esta labor de censo y
determinación de la condición de la población que actualmente ocupa por vías de
hecho las viviendas de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué.
(d)
Una vez se haya efectuado la evaluación e identificación descrita, el
amparo constitucional de los derechos fundamentales a la vivienda digna procederá
también en relación con aquellas personas y familias, respecto de quienes se
haya reconocido o se acredite, con base en el censo ordenado, su estado de vulnerabilidad,
debilidad manifiesta, o el constituir sujetos de especial protección
constitucional. Por tanto, respecto de cada una de las personas que, en
cumplimiento de este fallo, se haya reconocido o se acredite su condición de personas
o familias en estado de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, o que
constituyan sujetos de especial protección constitucional, la
Corte ordenará que las autoridades municipales les deberán suministrar, en un
plazo no superior a treinta días (30) días contados a partir
de la realización del censo, un albergue provisional compatible con
la dignidad de todo ser humano. Igualmente, la
Corte ordenará que esta población sea vinculada a los programas de vivienda,
subsidios y créditos para la consolidación de una solución duradera de vivienda
digna para esta población, en un plazo no superior a seis (6) meses contados a
partir de la notificación de este fallo.
(e) Mientras se desarrolla la evaluación
de la situación y se adopta el Plan de Acción que se ordenará en esta sentencia
a las autoridades municipales, la Sala ordenará  igualmente que se suspenda
cualquier orden de desalojo a las inspecciones de Policía de la ciudad de
Ibagué, y a las autoridades municipales accionadas.
(f) Adicionalmente, esta Corte solicitará
al
Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo que, conforme a sus
competencias constitucionales y legales, hagan seguimiento al cumplimiento de
las órdenes que se impartan en esta providencia judicial. Así mismo solicitará
a estas entidades, así como a la
Contraloría General y Regionales, y a la
Fiscalía General de la Nación que investiguen las posibles irregularidades de
tipo disciplinario, fiscal o penal en que hayan incurrido las entidades
accionadas y sus funcionarios, así como los ocupantes de hecho de mala fé.
(viii) Finalmente, en
la parte resolutiva, se advertirá a los peticionarios y a los ocupantes de las
unidades de vivienda de la urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de
Ibagué, sobre su deber de acatar las recomendaciones y observaciones de las
autoridades municipales, y de los organismos de control y del Ministerio
Público.
6.7 Efectos inter comunis
Como es bien sabido, las sentencias por
vía de tutela solo surten efectos en el caso o los casos en concreto, sin
embargo, en ocasiones excepcionales, estas decisiones pueden cubrir un grupo
mayor de personas aún cuando éstos no hayan interpuesto la acción de tutela
concediéndoles un efecto inter comunis. De esta manera y con el
fin de garantizar el derecho a la igualdad de los demás adjudicatarios de
vivienda de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla”, la Corte otorgará a esta decisión  efectos inter
comunis, con el fin de cobijar situaciones jurídicas similares que hayan
sido tramitadas ante los jueces de tutela, así como para garantizar una
respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad de población
vulnerable que se encuentran en la misma situación fáctica, en particular
cuando se trata de la asignación de recursos limitados.
Así, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, esta Corporación puede modular los efectos de
sus sentencias en materia de tutela otorgando efectos “inter comunis” a
las mismas, con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja los
derechos constitucionales y garantizar la integridad y supremacía de la
Constitución. En este sentido, esta Sala ha establecido que los efectos inter
comunis se adoptan con el fin de proteger los derechos de todos los
miembros de un grupo, afectados por la misma situación de hecho o de derecho,
en condiciones de igualdad.
Sobre este tema ha sostenido este Alto
Tribunal que “la Corte está facultada para dictar fallos con efectos inter
comunis, siempre que se observen rigurosamente los siguientes requisitos: (i)
que la protección de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o
amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes;
(ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los accionantes se
encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopción de
este tipo de  fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el
goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial
efectiva”[82].
En consecuencia, la
Corte ha sostenido que existen circunstancias en las cuales la protección de
los derechos fundamentales de los accionantes debe hacerse extensiva a otras
personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de tutela, o que habiendo
acudido no son demandantes dentro de los casos bajo estudio, pero que sin
embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de derecho similares o
análogas a las de los actores en los procesos de tutela estudiados por esta
Corporación. En estos casos, ha establecido este Tribunal que la acción de
tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes, y
que la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo debe suponer también la
fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de quienes no
han acudido directamente a este medio judicial, siempre que (i) estas personas
se encuentren en condiciones comunes, similares o análogas a las de quienes sí
hicieron uso de ella y (ii) cuando la orden de protección dada por el juez de
tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos
fundamentales de aquellos no tutelantes.
Por lo tanto, la
Sala en la parte resolutiva de esta sentencia otorgará efectos inter
comunis a la presente decisión, para todos aquellos casos de adjudicatarios
de las viviendas de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué, a quienes todavía no se
les haya entregado real y efectivamente la vivienda adjudicada.
V.
DECISIÓN
Con fundamento
en las consideraciones expuestas en precedencia, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos decretada por la
Sala Novena de Revisión, mediante Auto calendado el  cinco (5) de
septiembre de 2011.
SEGUNDO.-
REVOCAR TOTALMENTE
los fallos de tutela proferidos dentro de los siguientes expedientes, en
cuanto DENIEGAN los amparos tutelares impetrados para la
garantía del derecho fundamental a la vivienda digna, y en su lugar, CONCEDER,
por
las razones y en los términos expuestos en esta sentencia, la
protección del derecho fundamental a la vivienda digna de los accionantes y de
sus núcleos familiares:
1. T-3089989: Revocar
la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 22
de mayo de 2011, en cuanto decide denegar la tutela interpuesta por el señor Jorge
Eliecer Méndez Jiménez, y en su lugar, conceder la protección al
derecho a la vivienda digna.
2. T-3090023: Revocar la sentencia
proferida por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 29 de abril de
2011, en cuanto decide denegar la tutela interpuesta por la señora Concepción Rua Ruiz, y en su lugar, conceder
la protección al derecho a la vivienda digna.
3. T-3090040: Revocar la sentencia
proferida por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 2 de mayo de
2011, en cuanto decide denegar la tutela interpuesta por la señora Susana Poloche
De Palma, y
en su lugar, conceder la protección al derecho a la vivienda digna.
4. T-3091945: Revocar la sentencia
proferida por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué del 27 de abril de
2011, en cuanto decide denegar la tutela interpuesta por la señora Liliana Martha
Guzmán Naranjo, y
en su lugar, conceder la protección al derecho a la vivienda digna.
5.
T-3091946: Revocar la
sentencia proferida por Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué
del 26 de abril de 2011, en cuanto decide denegar la tutela interpuesta por la
señora  Bárbara Núñez, y en su lugar, conceder
la protección al derecho a la vivienda digna.
6. T-3091947: Revocar la sentencia
proferida por Juzgado
Décimo Penal Municipal de Ibagué del 28 de abril de 2011, en cuanto decide denegar
la tutela interpuesta por la señora Carolina Yusunguaira Salas, y en su lugar, conceder
la protección al derecho a la vivienda digna.
7. T-3179024: Revocar la
sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué del 25 de julio de 2011, en cuanto decide denegar
la tutela interpuesta por la señora Bellanid Murcia Ruiz, y en su lugar, conceder
la protección al derecho a la vivienda digna.
8. T-3179794: Revocar la
sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Décimo Penal Municipal de
Ibagué del 21 de julio de 2011.en cuanto decide denegar la tutela
interpuesta por la señora Alba Inés Hernández Camacho, y en su lugar, conceder
la protección al derecho a la vivienda digna.
9. T-3179929: Revocar la
sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ibagué, del 18 de julio de 2011, en cuanto
decide denegar la tutela interpuesta por el señor José René Garzón
Retavizca y
otros, y
en su lugar, conceder la protección al derecho a la vivienda digna.
10. T-3177372: Revocar la
sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Décimo Penal del Circuito
de Ibagué, del 8 de julio de 2011, en cuanto decide denegar la tutela
interpuesta por el señor José Noel Ochoa Amado, y en su lugar, conceder
la protección al derecho a la vivienda digna.
11. T- 3176968: Revocar la
sentencia proferida por el
Juzgado Once Penal Municipal de Ibagué, del 20 de junio de 2011, en cuanto
decide denegar la tutela interpuesta por la señora Marcia Judith
Hernández Amado, y
en su lugar, conceder la protección al derecho a la vivienda digna.
12. T-3176526: Revocar la
sentencia de segunda instancia del Juzgado Sexto  Civil del Circuito de Ibagué  del
18 de Junio de 2011, en cuanto decide denegar la tutela interpuesta por el
señor
Luis
Enrique Riaño Mayorga, y en su lugar, conceder la protección al
derecho a la vivienda digna.
13. T‑3372547: Revocar la
sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Ibagué, del 12 de diciembre de 2011, en cuanto decide denegar la tutela
interpuesta por el señor  José Justiniano Cubillos Fino, y en su lugar, conceder
la protección al derecho a la vivienda digna.
TERCERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de
segunda instancia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
de Ibagué, del 25 de julio de 2011, dentro del expediente T-3178587,
en cuando CONCEDE la acción de tutela interpuesta por la señora María Elcy
Mosquera Díaz,
al considerar
que existen hechos
u omisiones violatorios de los derechos fundamentales a la vivienda digna, en
conexidad con otros derechos fundamentales, de la actora y su núcleo familiar.
CUARTO.-
CONFIRMAR el
fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué del 1º de
febrero de 2012, dentro del expediente T-3389009, en donde el
juez de segunda instancia CONFIRMA la sentencia de primera instancia que
DECLARA IMPROCEDENTE la tutela, al evidenciar que ya existía una
decisión de tutela la cual no fue impugnada por la actora María Adelayda
Rodríguez, y
la actora volvió a presentar una  nueva acción de tutela por los mismos
hechos.
Sin
embargo, ADVERTIR a la Alcaldía de Ibagué y a la
Gestora Urbana de Ibagué que la accionante queda cobijada por los efectos inter
comunis respecto de las órdenes estructurales expedidas en la presente
sentencia.
QUINTO.- En lugar
de las sentencias revocadas o confirmadas parcialmente, esta Corte ADOPTARÁ
LAS SIGUIENTES DECISIONES:
5.1. ORDENAR
al
Alcalde Municipal de Ibagué y al Director de la
Gestora Urbana de ese Municipio, en coordinación con el Ministerio de Vivienda,
de FONADE, de FONVIVIENDA, y del Comandante de Policía de Ibagué, que en el
término máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, EVALUEN  (i) la situación actual de las
viviendas y de las familias a las cuales todavía no se les ha hecho entrega real,
material y efectiva de las unidades de vivienda en la
Urbanización “Nueva Castilla”, que son objeto de las presentes acciones de
tutela, así como de todas las demás viviendas y familias a las cuales no se les
ha hecho entrega de las viviendas adjudicadas; (ii) la realización de un
censo de las personas y familias que actualmente ocupan de hecho las unidades
de familia objeto de las presentes acciones de tutela, y del resto de personas
y familias que ocupan por vías de hecho las viviendas de la
Urbanización “Nueva Castilla”, con el fin de determinar cuáles de ellas tienen
la condición de población vulnerable, se encuentran en estado de debilidad
manifiesta, o constituyen sujetos de especial protección constitucional. Lo
anterior, con el fin de que ACUERDEN de manera
conjunta un PLAN DE ACCION para dar solución definitiva a la entrega
real, efectiva y material de las viviendas de la
Urbanización de vivienda de interés social “Nueva Castilla”, así como a la protección
de los derechos de las personas o familias ocupantes de hecho, en cuanto se
trate de personas o familias en estado de vulnerabilidad, debilidad manifiesta
o que constituyan sujetos de especial protección constitucional.
Para la
elaboración del Plan de Acción ordenado, las autoridades tendrán en
cuenta como mínimo las órdenes que se dan a continuación en esta sentencia, así
como todas las alternativas jurídicas y fácticas existentes para la protección
de los derechos fundamentales, tanto de los accionantes dentro de los presentes
procesos de tutela y aquellos análogos cobijados por los efectos inter
comunis de la misma; como también para la protección de los derechos fundamentales
de los actuales ocupantes de hecho de las unidades de viviendas, si se trata de
población vulnerable, población en estado de debilidad manifiesta, sujetos de
especial protección constitucional, tales como madres cabeza de familia,
núcleos familiares con menores de edad, personas de la tercera edad o adultos
mayores, personas en estado de discapacidad, víctimas del conflicto interno o
personas desplazadas por la violencia.
En consecuencia,
el Plan de Acción ordenado en esta sentencia deberá incluir como mínimos el
cumplimiento de las siguientes órdenes impartidas por la
Corte Constitucional:
5.2.
ORDENAR al
Alcalde Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana de Ibagué, que como parte del Plan de Acción que deben
elaborar, de conformidad con el mandato anterior, y como consecuencia de las
evaluaciones y decisiones adoptadas por las autoridades responsables
mencionadas, y dentro del término improrrogable de dos (2) meses, contados a
partir de la notificación de esta sentencia; procedan, si aún no lo han hecho, a realizar la
entrega física, real y efectiva de las viviendas adjudicadas en la
Urbanización “Nueva Castilla”, mediante los actos administrativos de su
competencia y/o las acciones policivas a que hubiera lugar, en orden a obtener
la restitución a los adjudicatarios y el desalojo de las personas que se
encuentran ocupando las unidades de vivienda, en cuanto éstas no constituyan
población vulnerable, no se encuentren en estado de debilidad manifiesta o no constituyan
sujetos de especial protección constitucional.
ORDENAR a la
Alcaldía Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana, que en caso, de que sea estrictamente necesario realizar el
desalojo forzado de las familias que aún permanezcan en las unidades de
vivienda de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué, en cuanto no hayan sido
reconocidas como población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta, o no
sean sujetos de especial protección constitucional, este procedimiento debe
adelantarse habiendo agotado previamente (i) procesos de acuerdo y
convencimiento de desalojo voluntario, (ii) respetando en todo
momento el debido proceso, y (iii) garantizando los derechos
fundamentales de los ocupantes de hecho de las unidades de
vivienda de la Urbanización “Nueva Castilla”.
5.3. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana de ese Municipio, que si aún no lo han hecho, y en el término
máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, realicen un censo y determinen la condición socio-económica de las
personas o familias que se encuentran ocupando actualmente por vías de hecho
las unidades de vivienda de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla”, con el fin de determinar, en qué casos se trata
personas o familias que constituyen población vulnerable, se encuentran en
estado de debilidad manifiesta, o constituyen sujetos de especial protección
constitucional, como
madres cabeza de familia, núcleos familiares con menores de edad, personas de
la tercera edad o adultos mayores, personas en estado de discapacidad, víctimas
de desastres naturales o del conflicto armado, como desplazados por la
violencia.
5.4. SOLICITAR al
Personero Municipal y al Defensor Regional, así como a la
Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo, que acompañen este proceso de censo, identificación y
determinación de la condición de personas y familias que ocupan ilegalmente las
unidades de vivienda de la Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de
Ibagué.
5.5. ORDENAR a la
Alcaldía Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana de ese Municipio, que en cuanto realicen el censo y determinen
la condición de los ocupantes de hecho, adelanten todas las gestiones administrativas,
presupuestales y técnicas para REUBICAR de manera transitoria en
condiciones de dignidad, en un plazo máximo de un (1) mes, contado a partir de
la notificación de esta sentencia, a los ocupantes de hecho que constituyan
población vulnerable, se encuentren en estado de debilidad manifiesta, o sean
sujetos de especial protección constitucional; y  que posteriormente, se les GARANTICE
en un término no mayor a seis (6) meses, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, en coordinación con el Ministerio de Vivienda,
FONADE y FONVIVIENDA, el tránsito hacia soluciones duraderas en materia de
vivienda, de manera que se les incluya en los programas de vivienda de interés
social, subsidios y créditos.
Para lo anterior, las entidades municipales, deberán igualmente coordinar
con la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Personero Municipal y el
Defensor Regional, la evaluación y determinación de la calidad de desplazados por
la violencia que ostentan quienes ocupan actualmente por vías de hecho las
viviendas adjudicadas de la Urbanización “Nueva Castilla”, así como el
otorgamiento de vivienda transitoria y soluciones definitivas de vivienda, con
el fin de que estas víctimas de desplazamiento, sean reubicadas temporalmente,
mientras se les otorga una solución definitiva para garantizarles el goce
efectivo a una vivienda digna, proceso que debe lograrse en un plazo máximo de
seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia.
5.6. ORDENAR a la
Alcaldía Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana de ese Municipio, que en un plazo no mayor a treinta (30) días
contados a partir de la notificación de este fallo, INFORMEN por
escrito, de manera clara y detallada, a cada una de las personas de las que
trata el numeral anterior, cuáles son las políticas públicas -municipales,
departamentales y/o nacionales, destinadas a garantizar el acceso a una unidad
de vivienda de interés social y los procedimientos y requisitos que deben
cumplir para ser incluidos en éstos programas, así como que les informen de manera
clara y detallada sobre los subsidios y créditos, y REALICEN el
acompañamiento legal para garantizar la ruta de acceso a estos beneficios.
5.7. ORDENAR a la Gestora Urbana de Ibagué, que ADOPTE todas las
medidas administrativas, presupuestales y técnicas necesarias con el fin de
que, en el término máximo de dos (2) meses siguientes a la notificación de esta
sentencia, se realicen las obras  urbanísticas, de reparación o
adecuación  requeridas en la Urbanización “Nueva Castilla”, para posibilitar la
entrega física, real y efectiva, en buen estado y en condiciones de dignidad,
de habitabilidad y de asequibilidad, de las viviendas adjudicadas en esa
Urbanización de Vivienda de Interés Social.
En
el evento de que los recursos o los términos bajo los cuales se contrató la
realización de las obras de urbanismo, no sean suficientes para cumplir a
cabalidad esta orden, el dinero y actividades faltantes estarán en su totalidad
a cargo del Municipio de Ibagué, quien posteriormente, si es del caso, podrá
repetir contra quien se determine responsable del daño causado.
5.8. ORDENAR  a la Alcaldía Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana de Ibagué que REALICEN todas las gestiones administrativas,
presupuestales y técnicas tendientes para que, si aún no lo han hecho, en el
término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la entrega
de las viviendas, todas las familias adjudicatarias incluidas en este fallo y
cobijadas por los efectos inter comunis del mismo, cuenten con la
escritura de compraventa de los bienes inmuebles que les fueron adjudicados
dentro del proyecto “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué.
5.9. ORDENAR a todas
las Inspecciones de Policía de la Ciudad de Ibagué que SUSPENDAN el
cumplimiento de cualquier orden de desalojo y el procedimiento de lanzamiento
por ocupación de hecho de las unidades de vivienda de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué, hasta tanto la
Alcaldía Municipal de la ciudad de Ibagué y la
Gestora Urbana de ese municipio, conjuntamente con Fonade y los Agentes del Ministerio
Público, no hayan determinado, de conformidad con el Plan de Acción que se
ordena mediante esta sentencia, la procedencia en algunos casos de la
aplicación de medidas de desalojo, en aplicación del artículo 69 de la
Ley 9 de 1989.
5.10. ORDENAR al Comandante
de Policía de Ibagué que ADELANTE una protección especial sobre la
Urbanización de interés social “Nueva Castilla” y sus habitantes, con el fin
de evitar violación de derechos fundamentales, desórdenes públicos, nuevas
invasiones u ocupaciones de hecho, o daños en este predio. Esta protección se
debe extender a los actores y a sus grupos familiares dentro de los presentes
procesos de tutela, así como a los demás habitantes de esta urbanización, hasta
tanto (i) se logre la entrega real, efectiva y material de las unidades de vivienda
ahora ocupadas por vías de hecho; (ii) se logre la reubicación transitoria y
soluciones permanentes de vivienda a los ocupantes por vía de hecho que
constituyen población vulnerable, sujetos de especial protección constitucional
o víctimas de desplazamiento; (iii) se proceda al desalojo de algunas unidades
de vivienda de la Urbanización “Nueva Castilla”, si a ello hubiere lugar, en
cuanto no se trate de población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o
no constituyan sujetos de especial protección constitucional, siempre y cuando
se haya agotado previamente procesos de acuerdo y convencimiento de desalojo
voluntario, y respetando en todo momento el debido proceso, así como los
derechos fundamentales de los ocupantes de hecho; y (iv) se acredite completa
seguridad en el sector. Todo lo anterior, con el fin de garantizar de manera
efectiva el cumplimiento de las decisiones impartidas por esta Corte.
5.11. ORDENAR al  Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE VERIFICAR Y CERTIFICAR la
existencia de las unidades de vivienda de interés social de la
Urbanización “Nueva Castilla”, respecto de las cuales todavía no ha adelantado
este proceso, confirmando para ello la terminación de las vías, la construcción
de los andenes, así como la instalación de los contadores eléctricos y los
medidores de agua.
Así mismo, SOLICITAR
al Ministerio de Vivienda y al Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA REALIZAR
todas las gestiones administrativas, presupuestales y técnicas para el
otorgamiento de subsidios y créditos a las personas y familias que ocupan
actualmente las viviendas de interés social de la
Urbanización de “Nueva Castilla”, en tanto se determine su condición de
población vulnerable, personas o familias en estado de debilidad manifiesta, o que
constituyan sujetos de especial protección constitucional.
5.12. ORDENAR  al Alcalde de
Ibagué y al Director de la Gestora Urbana de Ibagué, que el Plan
de Acción que se les ordena en esta sentencia, CONTENGA tanto la
evaluación de la situación actual, las estrategias y medidas  para el
cumplimiento de las órdenes dadas en esta sentencia, teniendo en cuenta la
totalidad de actividades que, en desarrollo de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias puedan ejercer las autoridades
municipales, departamentales y nacionales correspondientes, tanto para la
entrega física, real y efectiva de los inmuebles, como para la reparación de
las mismas; así como para la reubicación temporal y para la solución definitiva
de vivienda digna para las personas y familias que en este momento están
ocupando de hecho estas viviendas, en cuanto se trata de población vulnerable,
en estado de debilidad o sujetos de especial protección constitucional.
ORDENAR
a
la Alcaldía Municipal de Ibagué y a la
Gestora Urbana de ese Municipio, de que la evaluación y Plan de Acción concertado,
que se ordena mediante esta sentencia, se COMUNIQUE INMEDIATAMETE a los
accionantes, al Personero Municipal, al Defensor Regional, así como al
Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo. El Plan de Acción debe
incluir (i) una indicación detallada de las competencias relevantes de
cada entidad para la protección de los derechos fundamentales protegidos
mediante esta sentencia; (ii) la manera particular en que serán ejercidas y (iii)
un cronograma de ejecución, que no podrá exceder en ningún caso, el
término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta
providencia.
SEXTO.- REVOCAR el fallo
proferido dentro del Expediente T-3176927, por el Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Ibagué, mediante fallo del 8 de junio de 2011, en
cuanto decide DENEGAR la tutela interpuesta por la señora María
Eugenia Gutiérrez Valencia, en relación con la pretensión de que se
suspenda cualquier orden de entrega del bien inmueble que ocupó por vías de
hecho. Lo anterior, en cuanto no se concede la tutela y no se protege el
derecho de la accionante y su núcleo familiar a una vivienda digna, no se
garantiza su reubicación por parte de la
Alcaldía Municipal, y se desconoce su condición de sujeto de especial protección
constitucional, en su calidad de madre cabeza de hogar con un núcleo familiar
compuesto por tres hijos menores de edad, y su condición de persona en estado
de discapacidad, la cual se encuentra en una situación de extrema
desprotección. En lugar de la sentencia revocada, CONCEDER la protección
tutelar a la accionante y su núcleo familiar a una vivienda digna, y en
consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía de Ibagué y a la
Gestora Urbana de ese municipio, la
REUBICACIÓN transitoria de la señora María Eugenia Gutiérrez Valencia y
su núcleo familiar en una vivienda en condiciones de dignidad, en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de la
presente sentencia, así como la inclusión de la accionante en algún programa de
vivienda de interés social, de manera que se le GARANTICE el derecho a
una vivienda digna, en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de
la notificación de la presente sentencia.
SEPTIMO.- OTORGAR EFECTOS INTER COMUNIS a la presente decisión, para aquellos casos
análogos o similares de solicitudes de restitución de las unidades de vivienda
de interés social en la urbanización “Nueva Castilla” del Municipio de Ibagué,
y para los casos de ocupantes de hecho de esas unidades de vivienda que
constituyan población vulnerable, se encuentren en estado de debilidad
manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, con el fin de garantizar que de
conformidad con las órdenes contenidas en
esta sentencia, se proteja el derecho a la vivienda digna de población
vulnerable adjudicatarios y ocupantes de hecho de las unidades de vivienda de
interés social en la Urbanización “Nueva Castilla” del Municipio de Ibagué.
OCTAVO.- -A través de la
Secretaría General, REMITIR copia de la presente sentencia al
Personero Municipal de Ibagué, al Defensor del Pueblo de Ibagué, así como al
Señor Procurador General de la Nación y al Señor Defensor del Pueblo, con el
fin de SOLICITAR a esos organismos del Ministerio Público, que realicen la
supervisión y seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
sentencia a cada una de las entidades accionadas, so pena, y en caso de no
darse estricto acatamiento, de presentar la respectiva queja ante el Juez
Constitucional para el inicio del correspondiente incidente de desacato o de
iniciar las acciones disciplinarias pertinentes.
NOVENO.- A través de la
Secretaría General REMITIR copia de la presente sentencia a la
Contraloría Municipal de Ibagué, a la
Contraloría Departamental del Tolima, y a la
Contraloría General de la Nación, con el fin de SOLICITAR a esos
organismos de control que, dentro del ámbito de sus competencias
constitucionales y legales, y en ejercicio de las mismas, realicen el control y
la vigilancia fiscal de la ejecución presupuestal de los recursos públicos invertidos
en el proyecto de Urbanización de Vivienda de Interés Social “Nueva Castilla”
de la ciudad de Ibagué; así como de la ejecución presupuestal de los recursos
públicos necesarios para el cumplimiento de las órdenes impartidas en la
presente sentencia.
DECIMO. SOLICITAR a la
Contraloría, Procuraduría y a la
Fiscalía General de la Nación que en ejercicio de sus competencias investiguen
y, si es del caso, sancionen las posibles faltas fiscales, disciplinarias y
penales, en que pudieron incurrir las entidades y funcionarios que adquirieron
obligaciones en torno al proyecto de vivienda de interés social “Nueva
Castilla” de la ciudad de Ibagué, por el incumplimiento de la entrega real y
efectiva de las unidades de vivienda de esa urbanización; así como la
responsabilidad de los invasores u ocupantes de hecho de mala fe, de estas
unidades de vivienda de interés social.
DECIMO PRIMERO.- ADVERTIR a los
peticionarios y a los ocupantes de las unidades de vivienda de la urbanización
“Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué, sobre su deber de acatar las
recomendaciones, observaciones y decisiones de las autoridades municipales
competentes, y de los organismos de control y del Ministerio Público, de
conformidad con lo ordenado en la presente sentencia.
DECIMO SEGUNDO.- COMUNICAR esta
providencia al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, y al Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo FONADE, para que dentro del
ámbito de sus competencias concurran con la protección efectiva tanto de los
derechos de las personas adjudicatarias de las unidades de vivienda de interés
social de la Urbanización “Nueva Castilla” de la ciudad de Ibagué, como de las
personas que han ocupado por vías de hecho, en tanto éstas constituyan
población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta, o constituyan sujetos
de especial protección constitucional.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUÍS ERNESTO VARGAS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría General
[1]
En adelante también accionantes, demandantes, actores o peticionarios.
[2] Incorporado al ordenamiento interno
colombiano mediante la Ley 74 de 1968.
[3]
Ver Sentencias T‑088 de 2011 y T-109
de 2011.
[4] Sentencia T-363 de
2004.
[5]
Sentencia T-109 de 2011.
[6] Ver sentencias T-895 de 2008, T-894 de 2005, T-791 de 2004,
T-363 de 2004, T-756 de 2003, T-1073 de 2001, T-626 de 2000, T-190 de 1999 y
T-617 de 1995, entre otras.
[7] Ver sentencias C-936 de 2003 y T-088 de
2011, entre otras.
[8] Ver Sentencia T-088 de 2011.
[9]
Sentencia T-585 de 2006.
[10] Ver Sentencias T-079 de 2008, T-894
de 2005, T-585 de 2006, T-791 de 2004 y T-958
de 2001, entre otras.
[11] Sentencia T-079 de
2008.
[12] Sentencia T-373 de 2003, reiterado en Sentencia T-275 de
2008.
[13]
Sentencia T-585 de 2006.
[14] Ver sentencia  T-088 de 2001.
[15] Ver sentencias T-1318 de 2005 y T-403 de 2006.
[16]
El anterior criterio jurisprudencial es reiterado a partir
de la Sentencia C‑936 de 2003, ver también la
Sentencia T‑530 de 2011.
[17] Ver Sentencia T-743 de 2006.
[18]
Ibidem.
[19] Ver Sentencias T-1125 de 2003 y Sentencia T-743 de 2006.
[20] Sentencia T-275 de 2008.
[21] Ver Sentencias T-1091 de 2005 y T-333 de 2011, entre otras.
[22]
Consultar al respecto las Sentencias T-363 de 2004, T-756 de 2003, entre otras.
[23] Sentencia T-1165 de 2001.
[24]
Ver sentencia T-585 de 2008.
[25]
Al respecto se pueden consultar las Sentencias T-227 de 1997, SU-1150 de 2000,
T-958 de 2001, T-1346 de 2001, T-602 de 2003, T-025
de 2004, T-754 de 2006, T-268 de 2008, T-068 de
2010, entre muchas otras.
[26]
Acerca de la protección del derecho a la vivienda digna de la población desplazada
se pueden consultar también las siguientes sentencias: T-602 de 2003, T-585 de
2006, T-754 de 2006, T-704ª de 2007, T-966 de 2007, T-268 de 2008 y T-064 de
2009.
[27] Ver Sentencia SU-1150 de 2000.
[28] Ver la Sentencia T-585 de 2006.
[29]
Sentencia T-1125 de 2003.
[30] Ibidem.
[31]
Sentencia T-1075 de 2007.
[32]
Sentencia T-1125 de 2003.
[33] Sentencia T-530 de 2011.
[34] Ver Sentencia T‑088
de 2011.
[35]
Ibidem.
[36] Sentencia T-125 de de 2008, ver también las sentencias T-021
de 1995, T-569 de 2009.
[37] Sentencia T-065 de 2011.
[38]
Ver Sentencia T-109 de 2011.
[39]
Ver Sentencias  T-408 de 2008 y T-021 de 1995, entre otras.
[40]
Sentencia T-021 de 1995, ver también sentencias T-079 de 2008, T-894 de 2005 y
T-1094 de 2002, entre otras.
[41]
Sentencia T-041 de 2011.
[42]
Ver Sentencia T-573 de 2010.
[43]
Ibidem.
[44] Sentencia T-573 de 2010.
[45] Ibidem.
[46] Ver
Sentencia T-907 de 2001.
[47]
Consultar la Sentencia T-088 de 2011.
[48]
Ver Sentencias T-585 de 2008, T-079 de 2008, T-1075
de 2007, T- 363 de 2004 y T-756 de 2003, entre otras.
[49] Ver Sentencia T-657 de 2010.
[50] Consultar las Sentencias T-1091 de 2005 y T-275 de 2008.
[51]
Ver la Sentencias T-125 de 2008, T-626 de 2000 y T- 045 de 2009, entre otras.
[52] Ver al respecto Sentencia T-358 de 2010.
[53] Sentencia C-157 de 1997.
[54] Sentencia T-580 de 2011.
[55] Sentencia C-157 de 1997.
[56] Ibidem.
[57] Al respecto ver las Sentencias T-527 y 528
ambas de 2011.
[58]
Ver Sentencia T-528 de 2011,
M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo.
[59]
Ver Sentencia C-241 de 2010.
[60] En la sentencia C-241 de 2010 la
Corte Constitucional señaló que esta acción se diferencia de la prevista en el
artículo 125 del Decreto 1355 de 1970 en tanto podía iniciarse de oficio y
sin necesidad de querella por estar de por medio el interés público.
[61] Ver al respecto las sentencias T-078 de 2004, T-770 de 2004, T-967
de 2009, T-068 de 2010, entre otras.
[62] Consultar la
Sentencia T-068 de 2010.
[63] De acuerdo con la OG 7, las leyes que se promulguen en
relación con los desalojos forzosos deben: “a)
brind[ar] la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas
y tierras,  b) [ajustarse] al Pacto y  c) regulen estrictamente
las circunstancias en que se puedan llevar a cabo los desalojos”. (Comité DESC,
observación general 16; párrafo 9º).
[64] Cfr. T-068 de 2010; [fundamento 4.2.6.3 – (4)].
[65]
El artículo 16, Ley 57 de 1905, dispone a este respecto: “[c]uando el
funcionario de policía que deba ejecutar el desahucio de una habitación que
debe ser entregada encontrare en ella alguna persona padeciendo una enfermedad
grave, cuya vida peligre si fuere sacada de la habitación, recibirá información
jurada de dos médicos sobre el hecho; a falta de médicos nombrará dos peritos;
y si se comprobare que la vida de la persona enferma pueda comprometerse por
hacerla salir, suspenderá la práctica de la diligencia y señalará un término
prudencial, de acuerdo con el concepto pericial, siempre que dicha persona haya
habitado la finca antes de la notificación del desahucio, dando cuenta con
copia de su resolución al juez competente”. Ver al respecto la
Sentencia T-967 de 2009.
[66] Entre las que se cuentan, por lo menos, la observación de
las formas propias de cada juicio, y la garantía a los derechos de defensa y
contradicción.
[67]
Ver Sentencia T-068 de 2010.
[68]
Ver Sentencia C-244 de 2011.
[69]
Ibidem.
[70] Consultar la
Sentencia C-244 de 2011.
[71] Ibidem.
[72] Ver Sentencia C-244 de 2011.
[73] Ibidem.
[74] Ibidem.
[75]
Consultar la Sentencia C-244 de 2011.
[76]
Decreto Ley 975 de 2004, Ley 812 de 2003, Ley 789 de 2002, Ley 546 de 1999, Ley
388 de 1997.
[77] Ver Sentencia C-244 de 2011.
[78]
Ver Sentencia C-244 de 2011.
[79] Ver sentencia T-614 de 2007.
[80]
Esto significa, que si bien las excepciones legales deben considerarse
taxativas, ello no significa que sea imposible encontrar nuevas excepciones de
origen constitucional, especialmente si, como ocurre en el caso concreto, el
asunto bajo estudio se ubica en el plano de un estado de cosas
inconstitucional.
[81]
Ibíd. Ver también la sentencia T-770 de 2004.
[82] Sentencia T-088 de 2011.