T-344-15
Sentencia T-344/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Concebida como juicio de validez no como juicio de corrección del
fallo cuestionado
De acuerdo con el estado actual
de la jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias judiciales al ser
excepcional, está dirigida a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión
del juez incurre en graves falencias -de relevancia constitucional- las cuales
tornan la decisión incompatible con la Constitución. De ahí que, la tutela
contra providencias judiciales se concibe como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado. Esta premisa
se opone a que se use indebidamente el amparo como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron origen a la controversia, puesto que las partes cuentan
con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para
combatir las decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la
Carta Política. Sin embargo, no se desconoce que pueden subsistir casos en los
que agotados dichos medidos de defensa, persiste la arbitrariedad judicial; en
esos especiales eventos se habilita el amparo constitucional.
REGLAS JURISPRUDENCIALES EN MATERIA DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION
DE TUTELA
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CONCORDATO Y LIQUIDACION OBLIGATORIA-Ley
222 de 1995, artículo 148 parágrafo
CONCORDATO Y LIQUIDACION OBLIGATORIA-Sentencia
C-510/97 y SU1023/01
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por existir otro medio de defensa judicial en proceso
ejecutivo laboral
Referencia: Expediente T-3546142, T-3906643, T-4168198, T-4540904 y
T-4550774.
Acciones de tutela instauradas por la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia en contra de la Sala Laboral de Descongestión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otros.
Acciones de tutela promovidas por Luis Guillermo Sánchez
Quiroga y César Antonio Rojas Erazo en contra de la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y otros.
Magistrada (e)
Ponente:
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Bogotá, D.C.,
cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015).
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas
Myriam Ávila Roldán y María Victoria Calle Correa y el magistrado Mauricio
González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos adoptados por las correspondientes salas de casación de la Corte Suprema
de Justicia que resolvieron las acciones de tutela promovidas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Luis
Guillermo Sánchez Quiroga y César Antonio Rojas Erazo.
I. ANTECEDENTES
1.     Mediante
Auto de la Sala de Selección Número Siete del 26 de julio de 2012, fue
seleccionado para revisión el expediente T-3546142.
2.     Mediante
Auto de la Sala de Selección Número Cinco del 28 de mayo de 2013, se dispuso
acumular el expediente T-3906643 al expediente T-3546142.
3.     Mediante
Auto de la Sala de Selección Número Uno del 30 de enero de 2014, se dispuso
acumular el expediente T-4168198 al expediente T-3546142.
4.     Mediante
Auto de la Sala de Selección Número Diez del 20 de octubre de 2014, se dispuso
acumular los expedientes T-4540904 y T-4550774 al expediente T-3546142.
5.     Para efectos una mejor comprensión de la sentencia, se expondrán de
manera individual, los antecedentes de cada una de las acciones de tutela
acumuladas:
5.1   EXPEDIENTE
T-3546142.
Hechos
y acción de tutela interpuesta
5.1.1 El
representante legal de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en
adelante la Federación o la FNC), mediante apoderado judicial, interpuso acción
de tutela contra la providencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el catorce (14) de marzo
de dos mil doce (2012), por medio del cual se confirmó el auto de dieciséis
(16) de septiembre de dos mil once (2011) adoptado por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Bogotá que había ordenado librar mandamiento de pago de
forma subsidiaria en contra de su representada y la Compañía de Inversiones de
la Flota Mercante S.A. En Liquidación (en adelante CIFM).  La acción
interpuesta se fundamenta en los siguientes hechos[1]:
5.1.2 El
señor Arnulfo Insuasti Ramírez instauró demanda ejecutiva laboral en contra de
la CIFM y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con el propósito de
cobrar las sumas reconocidas en la sentencia de diez (10) de agosto de dos mil
nueve (2009) por medio de la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá condenó a la CIFM a pagar determinadas acreencias laborales en su favor.
5.1.3. El
dieciséis (16) de septiembre de dos mil once (2011), el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago contra CIFM, de forma
principal, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de manera
subsidiaria.
5.1.4 El
apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó  recurso
de apelación contra la providencia mencionada. Sin embargo, la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
confirmó la decisión, el catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012),
5.1.5 Los
argumentos de dicha decisión fueron sintetizados por el abogado de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, así:
“1.3.1 La
Federación Nacional de Cafeteros –Fondo Nacional del Café- es la matriz de la
CIFM.
1.3.2 De
acuerdo al artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y a la sentencia C-510 de 1997, la
matriz se presume subsidiariamente responsable por las actuaciones de la
controlada,
1.3.3 El
auto apelado libró mandamiento de pago subsidiariamente en contra de la Federación
Nacional de Cafeteros –Fondo Nacional del Café-, y no principalmente.”
5.1.6 El
apoderado de la Federación considera que dicha decisión presenta un defecto
material por aplicar normas inexistentes o inconstitucionales. En primer
término, evalúa la procedencia de la acción de tutela con el cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción, así:
“(…) el
presente asunto (i) muestra una gran relevancia constitucional, por tratarse
del derecho al debido proceso, tanto por aplicación o inaplicación indebida de
normas, como por el quebrantamiento den (sic) derecho de defensa; de
otro lado, (ii) se agotaría el requisito de inmediatez, pues la decisión
judicial que se analiza fue proferida el 14 de marzo de 2012: (iii) la decisión
atacada no se trata de una sentencia de tutela; (iv) por no tratarse de
irregularidades procesales, no es necesario mirar su incidencia en la decisión
de fondo y; se agotaron todos los mecanismos de defensa judicial estatuidos.”
Sobre este último requisito precisó que en un proceso ejecutivo cuyo
título es una sentencia judicial, las excepciones están limitadas por el
artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y que además no son aplicables
al caso las causales de nulidad establecidas en los numerales 7 y 9 del mismo
estatuto procesal.
5.1.7. En segundo lugar, en cuanto a la procedencia material de la
acción advierte que se desconocieron, de una parte,  el artículo 148 de la Ley
222 de 1995 y el artículo 29 de la Constitución Política, y de otra, el
artículo 4 de la Ley 169 de 1896 y el artículo 13 de la Carta.
5.1.8 La estructuración del defecto sustantivo relacionada con el
artículo 148 de la Ley 222 de 1995 es presentada como una errónea aplicación de
la presunción de responsabilidad subsidiaria de la controlante. En tal sentido,
aclaró que la presunción del artículo 148 se refiere a la insolvencia de la
subordinada como consecuencia del control de la matriz pero no a la
responsabilidad patrimonial de esta última. Y concluye:
“(…) el Tribunal, al permitir que la Federación Nacional de
Cafeteros se le vincule a un proceso ejecutivo en el que no podría
desvirtuar la supuesta presunción –esto, debido a la limitación traída por
el artículo 509 del C. de P.C. cercena de manera injustificada el derecho de
defensa lo que no puede ser tolerado por el ordenamiento jurídico”
(negrilla  original)
Y puntualiza, que el Tribunal partió del supuesto de que, a la luz
del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, la presunción allí establecida recae
sobre la responsabilidad de la matriz, cuando lo que realmente establece esta
disposición es que la causa de la situación concursal de la controlada son las
decisiones de la controlante.
5.1.9. En cuanto al artículo 4 de la Ley 169 de 1896 y el artículo
13 de la Carta, considera que se desconoce el precedente horizontal porque el
mismo Tribunal Superior de Bogotá ya había declarado improcedente librar
mandamiento de pago contra la Federación Nacional de Cafeteros en asuntos
idénticos que fueron fallados, así:
-
Auto del treinta (30) de abril de dos mil diez
(2010), en el proceso ejecutivo adelantado por Héctor Alfredo Gaitán Garzón en
contra de la CIFM y la Federación Nacional de Cafeteros.
-
Auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil
diez (2010), en el proceso ejecutivo adelantado por Cesar Antonio Rojas Herazo
en contra de la CIFM y la Federación Nacional de Cafeteros.
-
Auto del treinta (30) de agosto de dos mil diez
(2010), en el proceso ejecutivo adelantado por Cesar Augusto Rizo Díaz en
contra de la CIFM y la Federación Nacional de Cafeteros.
-
Auto del diecisiete (17) de septiembre de dos
mil diez (2010), en el proceso ejecutivo adelantado por Cesar Augusto Álvarez
Naranjo en contra de la CIFM y la Federación Nacional de Cafeteros.
5.1.10. En virtud de lo expuesto, el apoderado de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia solicita que se amparen los derechos al
debido proceso y a la defensa de su representada y se ordene, en consecuencia,
revocar el auto proferido el dieciséis (16) de septiembre de dos mil once
(2011) adoptado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito para que se
desvincule a la Federación del proceso ejecutivo laboral iniciado por Arnulfo
Eliécer Insuasti.
5.1.11 El representante judicial de la Federación Nacional de
Cafeteros aportó como pruebas los siguientes documentos:
-
Copia del auto proferido por la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el
catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012) (Folios 19 a 30 del cuaderno 1).
-
Copia de los autos proferidos por el Tribunal
Superior de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil
diez (2010), el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010), el treinta
(30) de agosto de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de septiembre de dos
mil diez (2010) (Folios 31 a 81 del cuaderno 1).
-
Poder para actuar otorgado por el señor Luis
Felipe Acero López, representante legal de la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia (Folio 12 del cuaderno 1).
-
Certificado de Existencia y Representación Legal
de la Federación Nacional de Cafeteros (Folios 13 a 18 del cuaderno 1).
5.1.12 La acción de tutela fue presentada el dieciocho (18) de abril
de dos mil doce (2012), ante Corte Suprema de Justicia.  La Sala Laboral de
Casación de esa corporación mediante providencia del diecinueve (19) de abril
de dos mil doce (2012) avocó el conocimiento de la acción de tutela instaurada
contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y dispuso la comunicación de la
misma a los accionados para que ejercieran su derecho de defensa.
Intervención de las accionadas
5.1.13 La Magistrada del Tribunal, Martha Ludmila Ávila Triana,
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela en tanto no se
vulneran derechos fundamentales. En su concepto, no se configuró ninguno de los
defectos alegados y de hecho la providencia atacada se ajustó a los
lineamientos legales que rigen la materia, así como a las pruebas allegadas al
proceso.  Para ello citó apartes de la providencia atacada en las cuales se
desvirtuaron los argumentos de la Federación.
5.1.14 Por su parte, la Secretaria del Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Bogotá, Johana Ximena Acosta Salamanca, informó que le proceso fue
remitido al Juzgado Primero Laboral de Descongestión el trece (13) de julio de
dos mil once (2011), pero actualmente se encuentra en la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá. Y señaló: “(…) esta judicatura
no efectúa pronunciamiento alguno respecto de la acción incoada, toda vez que
no se ha realizado intervención alguna frente al proceso que suscitó la
controversia.”
Decisión
de primera instancia
5.1.15 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia proferida el dos (02) de mayo de dos mil doce (2012), decidió
denegar la acción de tutela. A su juicio, la decisión cuestionada no aparece
caprichosa ni carente de bases jurídicas o fácticas, tampoco se evidencia un
yerro protuberante que amenace los derechos fundamentales del demandante. Por
el contrario fue motivada por la Sala, y en esa medida, no le corresponde al
juez constitucional so pretexto de tener una opinión diversa pronunciarse en
este caso.
Impugnación y decisión de segunda instancia
5.1.16 Luego de proferida la decisión de primera
instancia, el apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
presentó escrito de impugnación reiterando los argumentos de la acción de
tutela y resaltando que el juez de primera instancia no se pronunció sobre el
segundo defecto alegado relacionado con el desconocimiento del precedente
horizontal.
5.1.17 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante providencia del veintiuno (21) de junio de dos mil doce
(2012), confirmó la sentencia de primera instancia. La Sala reiteró la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y precisó
que la acción de tutela no está llamada a reabrir el debate de las pretensiones
del proceso ordinarios ni a retomar nuevas argumentaciones sin a determinar la
vulneración de derechos fundamentales. En particular, destacó: “(…) es
evidente que el apoderado de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA,
en esencia, pretende a través de esta acción  censurar las actuaciones
desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales
dispuestos por el legislador, lo cual torna improcedente el amparo solicitado
porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de
tercera instancia o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos
ordinarios de defensa judicial”.
En adición, consideró que no se desconoce el precedente
horizontal pues los jueces en sus providencias solo están obligados a acatar la
ley y la Constitución, la jurisprudencia es por mandato constitucional un
criterio auxiliar.
Actuación en sede de revisión
5.1.18 El 11 de septiembre de 2012, el apoderado de la
Federación solicitó  a la Sala de Revisión revocar los fallos de instancia. En
particular, insistió en la errónea interpretación el artículo 148 de la Ley 222
de 1995 a partir de la cual las autoridades judiciales demandas derivaron la
responsabilidad subsidiaria de su representada. Al respecto, destaca que se
vulneran los derechos fundamentales de la Federación pues con al librar
mandamiento se le conmina al pago de obligaciones originadas en un proceso
laboral en el que no fue llamada a intervenir.
Adicionalmente, propone a la Corte revisar la SU-1023 de
2001 pues a su juicio “dicha interpretación no consulta el tenor claro de
la Ley 222 de 1995, lo que ha traído para el fondo Nacional del Café
–cuenta parafiscal cuya cabeza está en cabeza de la Nación-, representado aquí
por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,  enormes erogaciones
que desangran poco a poco el patrimonio público.”
Finalmente, solicitó vincular a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica de la Nación dada la grave afectación de los intereses
patrimoniales de la Nación, para que la agencia decida si interviene en el
asunto.
El apoderado anexó copia de los siguientes documentos:
i) copia del Decreto Legislativo 2078 de 1940 por la cual se creó el Fondo
Nacional del Café, y que da cuenta de la naturaleza pública de este Fondo; ii)
copia del contrato de administración del Fondo Nacional del Café celebrado
entre la Nación y la Federación Nacional de Cafeteros, el 12 de julio de 2006;
iii) Certificación de 5 de septiembre de 2012que da cuenta de los pagos por
decisiones judiciales y iv) certificado de existencia y representación legal
CIFM en donde consta que la FNC, como Administradora del Fondo Nacional del
Café, es la controlante de aquella; y v) copia de diversos mandamientos de
pago.
5.1.19 EL 5 de octubre de 2012, el apoderado del señor
Arnulfo Eliécer Insuasti Ramírez solicito a la Corte denegar el amparo
solicitado. Relató el proceso de iliquidez de la CIFM y porque considera que es
la FNC la encargada de asumir las acreencias laborales y de seguridad social,
concluyó su argumento así: “Actualmente no existe otro mecanismo jurídico
para obtener el pago de los derechos pensionales reconocidos al ejecutante sino
el proceso ejecutivo contra la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE
S.A. –EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, como responsable principal y contra la FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA – Administradora Fondo Nacional del Café
como responsable subsidiaria, puesto que el Juzgado 48 Civil Municipal negó el
incidente de desacato, sin derecho a impugnación, según providencia que estamos
anexando”.
Reiteró la improcedencia de la acción de tutela ante la
existencia de otros medios de defensa judicial en el proceso ejecutivo y
enfatizó en la inexistencia de los defectos alegados en las providencias
judiciales atacadas.  Anexó una serie de documentos relacionados con el proceso
de liquidación de la CIFM, así como con los procesos laborales para el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales.
5.1.20 El 8 de octubre de 2012 el abogado Marcel Silva,
como apoderado de “terceros” a quienes representa como trabajadores en
diferentes procesos laborales en contra de la CIFM, remitió escrito a la Corte
Constitucional apoyando las decisiones de las autoridades judiciales demandadas
de librar mandamiento de pago subsidiario a la FNC.
El apoderado judicial enfatizó en que la presunción de
responsabilidad subsidiaria de la Federación con base en la interpretación del
artículo 148 de la Ley 222 de 1995. Sobre el particular, afirmó: i) es una presunción
juris tantum; ii) que debe ser desvirtuada por quien la alega, en este caso por
la FNC; y iii) la Federación ha tenido números procesos ordinarios en los
cuales ha podido desvirtuar la presunción pero no lo ha hecho.
5.1.21 El 11 de octubre de 2012 el abogado Israel
Oswaldo Cortés, apoderado del señor Arnulfo Eliécer Insuasti Ramírez informó a
la Corte: “coadyuvo el con el contenido del escrito presentado por el Doctor
MARCEL SILVA ROMERO por cuanto se encuentra totalmente ajustado a la
realidad jurídica y fáctica”
5.1.22 El 9 de noviembre de 2012, la Sala Novena de
Revisión solicitó al Juzgado Primero Laboral de Descongestión de Bogotá para
que remitiera el expediente No. 2011-0436, correspondiente al proceso ejecutivo
instaurado por Arnulfo Eliécer Insuasti contra la Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S.A. En Liquidación y la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia. En el mismo proveído se suspendieron los términos procesales.
5.1.23 El 7 de diciembre de 2012, el apoderado de la
FNC remitió escrito a la Sala de Revisión con el propósito de reiterar sus
argumentos y controvertir los expuestos por los abogados Marcel Silva e Israel
Oswaldo Cortés. Acompañó su escrito con los informes anuales de la CIFM entre
1990 y 1999, así como del “Estudio sobre la Viabilidad Económica y
Financiera de la Flota Mercante Grancolombiana y la Compañía de Inversiones de
la Flota Mercante Grancolombiana”, con el propósito de ilustrar a la Corte sobre
las razones que llevaron a la compañía al proceso concursal que culminó con su
liquidación y de cómo la matriz (FNC) no está vinculada con esas causas.
5.1.24 El 13 de diciembre de 2012, el Juzgado Primero
Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá remitió a la Corte el
expediente solicitado.
5.1.25 El 14 de diciembre de 2012, el abogado Israel
Oswaldo Cortés apoderado del señor Arnulfo Eliécer Insuasti Ramírez, remitió
copia de: i) contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pagos
celebrado entre la CIFM – en liquidación obligatoria y la sociedad fiduciaria
La Previsora S.A.; y ii) autos No. 400-010928 y 400-016211, proferidos por la
Superintendencia de Sociedades, el 28 de agosto y 22 de noviembre de 2012,
respectivamente.
5.1.26 El 19 de febrero de 2013, el abogado Israel
Oswaldo Cortés, apoderado del señor Arnulfo Eliécer Insuasti Ramírez, reiteró
el contenido de los autos No. 400-010928 y 400-016211 proferidos por la
Superintendencia de Sociedades y destacó que la Federación presentó acción de
tutela contra estas providencias, la cual fue denegada en ambas instancias.
5.1.27 El 1º de abril de 2013, el abogado Israel
Oswaldo Cortés apoderado del señor Arnulfo Eliécer Insuasti Ramírez, remitió
oficio DFT 001340 de 21 de febrero de 2013 dirigido por la Procuraduría General
de la Nación al representante legal de la Federación Nacional de Cafeteros,
mediante el cual se opone a la suspensión de los procesos ejecutivos laborales.
5.1.28 El 04 de julio de 2013, el abogado Marcel Silva,
como apoderado de “terceros” a quienes representa como trabajadores en
diferentes procesos laborales en contra de la CIFM, solicitó acceso al
expediente y la realización de una audiencia pública.
5.1.29 El 29 de enero de 2014, el abogado Marcel Silva,
como apoderado de “terceros” a quienes representa como trabajadores en
diferentes procesos laborales en contra de la CIFM, insistió en su solicitud de
audiencia pública.
5.1.30 El 4 de febrero de 2014, el Magistrado Ponente
informó al abogado Silva que se negaba su solicitud de audiencia pública.
5.1.31 El 14 de febrero de 2014, el abogado Israel
Oswaldo Cortés apoderado del señor Arnulfo Eliécer Insuasti Ramírez, solicitó
la devolución del expediente ejecutivo al Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Descongestión  de Bogotá, con el fin de continuar el trámite respectivo.
5.1.32 El 3 de diciembre de 2014 el abogado Jaime
Humberto Tobar Ordoñez, apoderado de la FNC solicitó a la Corte, teniendo en
cuenta que se acumularon a  este proceso los expedientes T-4540904 y T-4550774,
que se confirmen las decisiones de instancia que denegaron el amparo
solicitado.
5.2   EXPEDIENTE
T-3906643
Hechos
y acción de tutela interpuesta
5.2.1 El
representante legal de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la providencia
proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce
(2012), por medio del cual se confirmó el auto del treinta (30) de enero de dos
mil doce (2012) adoptado por el Juzgado Trece Laboral de Descongestión del
Circuito de Bogotá  que había ordenado librar mandamiento de pago de forma
subsidiaria en contra de su representada y la Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante S.A. En Liquidación. La acción interpuesta se fundamenta en los
siguientes hechos[2]:
5.2.2 El
señor Dago Ulises Lizarazo instauró demanda ejecutiva laboral en contra de la
CIFM y la FNC, con el propósito de cobrar las sumas reconocidas en la sentencia
del veinte (20) de septiembre de dos mil dos (2000) por medio de la cual el
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la CIFM a pagar
determinadas acreencias laborales en su favor.
5.2.3. El
treinta (30) de enero de dos mil doce (2012), el Juzgado Trece de Descongestión
Laboral del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago contra CIFM, de forma
principal, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de manera
subsidiaria.
5.2.4 El
apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó  recurso
de apelación contra la providencia mencionada. Sin embargo, la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
confirmó la decisión, el veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012),
5.2.5 Los
argumentos de dicha decisión fueron sintetizados por el abogado de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, así:
“1.3.1 La
Federación Nacional de Cafeteros –Fondo Nacional del Café- es la matriz de la
CIFM.
1.3.2 De
acuerdo al artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y a la sentencia C-510 de 1997,
la matriz se presume subsidiariamente responsable por las actuaciones de
la controlada,
1.3.3 En
el proceso no se acreditaron situaciones que permitan infirmar la presunción
legal referida.”
5.2.6 El
apoderado de la Federación evalúa la procedencia de la acción de tutela con el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción, así:
“(…) el
presente asunto (i) muestra una gran relevancia constitucional, por tratarse
del derecho al debido proceso, de otro lado, (ii) se cumpliría con el requisito
de la inmediatez; (iii) la decisión atacada no se trata de una sentencia de
tutela; (iv) por no tratarse de irregularidades procesales, no es necesario
mirar su incidencia en la decisión de fondo, y; v) no existen mecanismos de
defensa judicial alternativos.”
Sobre este último requisito precisó que en un proceso ejecutivo cuyo
título es una sentencia judicial, las excepciones están limitadas por el
artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y que además no son aplicables
al caso las causales de nulidad establecidas en los numerales 7 y 9 del mismo
estatuto procesal.
5.2.7. En segundo lugar, en cuanto a la procedencia material de la
acción advierte que se desconoció el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y el
artículo 29 de la Constitución Política.
5.2.8 La estructuración del defecto sustantivo relacionada con el
artículo 148 de la Ley 222 de 1995 es presentada como una errónea aplicación de
la presunción de responsabilidad subsidiaria de la controlante. En tal sentido,
aclaró que la presunción del artículo 148 se refiere a la insolvencia de la
subordinada como consecuencia del control de la matriz pero no a la
responsabilidad patrimonial de esta última. Y concluye:
“(…) de considerarse que la presunción hace ejecutable una
obligación, el Tribunal violó flagrantemente el derecho a la defensa de la
Federación – estatuido en el artículo 29 de la Carta-, pues olvidó
considerar que de acuerdo al texto del artículo 148, la presunción allí
contenida es susceptible de ser desvirtuada, lo que no puede hacerse en un
proceso ejecutivo seguido con base en una providencia judicial, dada la
limitación establecida por el artículo 509 del C. de P.C., en cuanto a las
excepciones que pueden proponerse, como el que se adelantó por el señor
Lizarazo.
(…)
el Tribunal, al permitir que la Federación Nacional de Cafeteros se
le vincule a un proceso ejecutivo en el que no podría desvirtuar la supuesta presunción
–esto, debido a la limitación traída por el artículo 509 del C. de P.C. cercena
de manera injustificada el derecho de defensa lo que no puede ser tolerado por
el ordenamiento jurídico” (negrilla  y subrayado original)
Y puntualiza, que el Tribunal partió del supuesto de que, a la luz
del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, la presunción allí establecida recae
sobre la responsabilidad de la matriz, cuando lo que realmente establece esta
disposición es que la causa de la situación concursal de la controlada son las
decisiones de la controlante.
5.2.9 En virtud de lo expuesto, el apoderado de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia solicita que se amparen los derechos al
debido proceso y a la defensa de su representada y se ordene, en consecuencia, proferir
una nueva decisión en la que revoque el mandamiento de pago librado en primera
instancia en contra de la Federación.
5.2.10 El representante judicial de la Federación Nacional de
Cafeteros aportó como pruebas los siguientes documentos:
-
Copia del auto proferido por la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el
veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012) (Folios 18 a 27 del
cuaderno 1).
-
Copia de los autos proferidos por el Tribunal
Superior de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil
diez (2010), el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010), el treinta
(30) de agosto de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de septiembre de dos
mil diez (2010) (Folios 31 a 81 del cuaderno 1).
-
Poder para actuar otorgado por el señor Luis
Felipe Acero López, representante legal de la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia (Folio 11 del cuaderno 1).
-
Certificado de Existencia y Representación Legal
de la Federación Nacional de Cafeteros (Folios 12 a 17 del cuaderno 1).
5.2.11 La acción de tutela fue presentada el ocho (8) de marzo de
dos mil trece (2013), ante Corte Suprema de Justicia.  La Sala Laboral de
Casación de esa corporación mediante providencia del once (11) de marzo de dos
mil trece (2013) avocó el conocimiento de la acción de tutela instaurada contra
la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado
Trece de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá y dispuso la comunicación
de la misma a los accionados para que ejercieran su derecho de defensa.
Igualmente dispuso poner en conocimiento de la acción al señor Dago Ulises
Lizarazo y a la CIFM, demandante y demandado respectivamente, en el proceso
ejecutivo laboral que originó la acción de tutela.
Intervención de las accionadas
5.2.12 La
Magistrada del Tribunal, Martha Ludmila Ávila Triana, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por cuanto no se cumple el requisito de
inmediatez y no se acredita la estructuración del defecto alegado. En su
concepto, se excedió el plazo razonable para la interposición de la acción de
tutela pues se instauró trascurridos 5 meses desde la decisión que se impugna.
De otra parte, a su juicio no se configuró el defecto alegado porque la
providencia atacada se ajustó a los lineamientos legales que rigen la materia,
así como a las pruebas allegadas al proceso.
5.2.13 Por su parte, el abogado Marcel Silva, apoderado del señor
Dago Ulises Lizarazo, remitió los autos No. 400-010928 y 400-016211 proferidos
por la Superintendencia de Sociedades.
Decisión
de primera instancia
5.2.14 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013), decidió
denegar la acción de tutela. A su juicio, la decisión cuestionada no aparece
caprichosa ni carente de bases jurídicas o fácticas, tampoco se evidencia un
yerro protuberante que amenace el derecho al debido proceso. Por el contrario
fue motivada por la Sala, y en esa medida, no le corresponde al juez
constitucional so pretexto de tener una opinión diversa pronunciarse en este
caso.
Impugnación y decisión de segunda instancia
5.2.15 Luego de proferida la decisión de primera
instancia, el apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
presentó escrito de impugnación reiterando los argumentos de la acción de
tutela sobre la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa de
su representada.
5.2.16 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante providencia del veinticinco (25) de abril de dos mil trece
(2013), confirmó la sentencia de primera instancia. La Sala reiteró la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y precisó
que no era cierta la vulneración de los derechos fundamentales alegada pues de
manera seria y razonada la autoridad judicial demandada argumentó los motivos
por los cuales libró el mandamiento de pago. Por último, resaltó que no se
trata de decisiones arbitrarias o caprichosas y que el principio de la
autonomía de la función jurisdiccional: “impide al juez de tutela inmiscuirse
en providencias como las cuestionadas, sólo porque el actor no las comparte o
tiene una comprensión diversa a la concretada en dichos pronunciamientos,
sustentados en la normatividad aplicable y en la valoración efectuada conforme
a las reglas de la sana crítica.”
5.3   EXPEDIENTE
T-4168198
Hechos
y acción de tutela interpuesta
5.3.1 El
representante legal de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la providencia
proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013),
por medio del cual se confirmó el auto del once (11) de julio de dos mil doce
(2012) adoptado por el Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de
Bogotá que había ordenado librar mandamiento de pago de forma subsidiaria en
contra de su representada y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante
S.A. En Liquidación. La acción interpuesta se fundamenta en los siguientes
hechos[3]:
5.3.2 La
señora María Esther Rincón de Borrero instauró demanda ejecutiva laboral en
contra de la CIFM y la FNC, con el propósito de cobrar las sumas reconocidas en
la sentencia del dieciséis (16) de noviembre de dos mil dos siete (2007) por
medio de la cual el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la
CIFM a pagar determinadas acreencias laborales en su favor.
5.3.3. El
once (11) de julio de dos mil doce (2012), el Juzgado Tercero de Descongestión
Laboral del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago contra CIFM, de forma
principal, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, de manera
subsidiaria.
5.3.4 El
apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó  recurso
de apelación contra la providencia mencionada. Sin embargo, la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
confirmó la decisión, el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013),
5.3.5 Los
argumentos de dicha decisión fueron sintetizados por el abogado de la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, así:
“1.3.1 La
Federación Nacional de Cafeteros –Fondo Nacional del Café- es la matriz de la
CIFM.
1.3.2 De
acuerdo al artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y a la sentencia C-510 de 1997,
la matriz se presume subsidiariamente responsable por las
actuaciones de la controlada,
1.3.3 En
el proceso no se acreditaron situaciones que permitan infirmar la presunción
legal referida.”
5.3.6 El
apoderado de la Federación evalúa la procedencia de la acción de tutela con el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción, así:
“(…) el
presente asunto (i) muestra una gran relevancia constitucional, por tratarse
del derecho al debido proceso, de otro lado, (ii) se cumpliría con el requisito
de la inmediatez; (iii) la decisión atacada no se trata de una sentencia de
tutela; (iv) por no tratarse de irregularidades procesales, no es necesario
mirar su incidencia en la decisión de fondo, y; v) no existen mecanismos de
defensa judicial alternativos.”
Sobre este último requisito precisó que en un proceso ejecutivo cuyo
título es una sentencia judicial, las excepciones están limitadas por el
artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y que además no son aplicables
al caso las causales de nulidad establecidas en los numerales 7 y 9 del mismo
estatuto procesal.
5.3.7. En segundo lugar, en cuanto a la procedencia material de la
acción advierte que se desconoció el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y el
artículo 29 de la Constitución Política.
5.3.8 La estructuración del defecto sustantivo relacionada con el
artículo 148 de la Ley 222 de 1995 es presentada como una errónea aplicación de
la presunción de responsabilidad subsidiaria de la controlante. En tal sentido,
aclaró que la presunción del artículo 148 se refiere a la insolvencia de la
subordinada como consecuencia del control de la matriz pero no a la
responsabilidad patrimonial de esta última. Y concluye:
“(…) de considerarse que la presunción hace ejecutable una
obligación, el Tribunal violó flagrantemente el derecho a la defensa de la
Federación – estatuido en el artículo 29 de la Carta-, pues olvidó
considerar que de acuerdo al texto del artículo 148, la presunción allí
contenida es susceptible de ser desvirtuada, lo que no puede hacerse en un
proceso ejecutivo seguido con base en una providencia judicial, dada la
limitación establecida por el artículo 509 del C. de P.C., en cuanto a las
excepciones que pueden proponerse, como el que se adelantó por la señora
Rincón de Borrero.
(…)
el Tribunal, al permitir que la Federación Nacional de Cafeteros se
le vincule a un proceso ejecutivo en el que no podría desvirtuar la supuesta presunción
–esto, debido a la limitación traída por el artículo 509 del C. de P.C. cercena
de manera injustificada el derecho de defensa lo que no puede ser tolerado por
el ordenamiento jurídico” (negrilla  y subrayado original)
Y puntualiza, que el Tribunal partió del supuesto de que, a la luz
del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, la presunción allí establecida recae
sobre la responsabilidad de la matriz, cuando lo que realmente establece esta
disposición es que la causa de la situación concursal de la controlada son las
decisiones de la controlante.
5.3.9 En virtud de lo expuesto, el apoderado de la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia solicita que se amparen los derechos al debido proceso
y a la defensa de su representada y se ordene, en consecuencia, proferir una
nueva decisión en la que revoque el mandamiento de pago librado en primera
instancia en contra de la Federación.
5.3.10 El representante judicial de la Federación Nacional de
Cafeteros aportó como pruebas los siguientes documentos:
-
Copia del auto proferido por la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el
treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) (Folios 19 a 28 del cuaderno 1).
-
Copia de los autos proferidos por el Tribunal
Superior de Bogotá el treinta (30) de abril de dos mil
diez (2010), el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010), el treinta
(30) de agosto de dos mil diez (2010) y el diecisiete (17) de septiembre de dos
mil diez (2010) (Folios 29 a 79 del cuaderno 1).
-
Poder para actuar otorgado por el señor Luis
Felipe Acero López, representante legal de la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia (Folio 12 del cuaderno 1).
-
Certificado de Existencia y Representación Legal
de la Federación Nacional de Cafeteros (Folios 13 a 18 del cuaderno 1).
5.3.11 La acción de tutela fue presentada el trece (13) de agosto de
dos mil trece (2013), ante Corte Suprema de Justicia.  La Sala Laboral de
Casación de esa corporación mediante providencia del catorce (14) de agosto de
dos mil trece (2013) avocó el conocimiento de la acción de tutela instaurada
contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Tercero de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá y dispuso la
comunicación de la misma a los accionados para que ejercieran su derecho de
defensa. Igualmente dispuso poner en conocimiento de la acción a la señora
Esther Rincón de Borrero y demás intervinientes en el proceso ejecutivo laboral
que originó la acción de tutela.
Intervención de las accionadas
5.3.12 La
juez Tercera Laboral de Descongestión de Bogotá, Gina Maritza Melo Abello, señaló:
“que la inconformidad del accionante gira sobre la presunta violación del
Derecho de Defensa por parte del Despacho. Sin embargo, ésta Sede Judicial
considera que los pronunciamientos judiciales emitidos en esta sede, lo han
sido para proveer precisamente por el cumplimiento de la ley, conducta que en
manera alguna puede ser considerada como violatoria del derecho fundamental de
las partes, ni puede constituir en momento alguno vía de hecho, por lo cual
solicito muy respetuosamente a la H, Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral,
denegar la acción de tutela impetrada.”
5.3.13 La
Magistrada del Tribunal, Martha Ludmila Ávila Triana, solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por cuanto no se cumple el requisito de
inmediatez y no se acredita la estructuración del defecto alegado que vulnere
los derechos invocados. En su concepto, se excedió el plazo razonable para la
interposición de la acción de tutela pues se instauró trascurridos 4 meses
desde la decisión que se impugna. De otra parte, a su juicio no se configuró el
defecto alegado porque la providencia atacada se ajustó a los lineamientos
legales que rigen la materia, así como a las pruebas allegadas al proceso.
Decisión
de primera instancia
5.3.14 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia proferida el veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013),
decidió denegar la acción de tutela. A su juicio, resulta “improcedente
fundamentar la solicitud de amparo constitucional en una simple discrepancia de
criterio sobre la apreciación de las pruebas y la aplicación de las normas
legales realizadas por los jueces naturales para tomar la decisión, como si se
tratara de una instancia más, donde el juez constitucional puede sustituir con
su propia apreciación, el análisis e interpretación que, ajustado a las normas
legales, hagan los jueces designados por el legislador para tomar la decisión
correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideración.”. En
consecuencia, encontró que la decisión censurada en esta oportunidad no aparece
caprichosa ni carente de bases jurídicas o fácticas que le permitan al juez
constitucional controvertirla.
Impugnación y decisión de segunda instancia
5.3.15 Luego de proferida la decisión de primera
instancia, el apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
presentó escrito de impugnación reiterando los argumentos de la acción de
tutela sobre la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa de
su representada. Insistió en que resulta irrazonable inventarse una presunción
legal de responsabilidad.
5.3.16 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante providencia del quince (15) de octubre de dos mil trece
(2013), confirmó la sentencia de primera instancia. La Sala reiteró la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales y precisó
que la configuración del defecto sustantivo exige una actuación arbitraria y
caprichosa del juez. Al respecto, luego de citar apartes de la providencia
atacada concluyó que su fundamentación y adecuada respuesta a los
planteamientos de la FNC impiden la intervención del juez constitucional
mediante la acción de tutela.
5.4   EXPEDIENTE
T-4540904
Hechos
y acción de tutela interpuesta
5.4.1 El
señor Luis Guillermo Sánchez Quiroga, mediante apoderado, Marcel Silva,
interpuso acción de tutela en contra de Sala Laboral de Descongestión del
Tribunal Superior de Bogotá por emitir el auto de treinta (30) de abril de dos
mil catorce (2014), por el cual se niega librar mandamiento de pago en contra
de la Federación Nacional de Cafeteros dentro del proceso ejecutivo adelantado
por el accionante contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Gran
Colombiana S.A. En Liquidación Obligatoria y la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia. La acción interpuesta se fundamenta en los siguientes
hechos[4]:
5.4.2 El
25 de noviembre de 2005, el señor Luis Guillermo Sánchez Quiroga instauró
demanda ejecutiva laboral en contra de la CIFM y solidariamente la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, con el propósito de cobrar las sumas
reconocidas en la sentencia del dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001), por
medio de la cual el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá condenó a la
CIFM a pagar determinadas acreencias laborales en su favor. Esta decisión había
sido confirmada por Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá mediante
providencia del treinta (30) de abril de dos mil dos (2002) y a su vez la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia se había abstenido de casar la decisión
impugnada mediante providencia del ocho (8) de abril de dos mil tres (2003).
5.4.3. El
veintiocho (28) de mayo de dos mil siete (2007), el Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago contra CIFM.
5.4.4 El
nueve (9) de agosto de dos mil diez (2010), el apoderado de la parte ejecutante
solicitó al Juzgado pronunciamiento sobre la vinculación al proceso de la FNC.
5.4.5 La
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia a través de los
autos 400-010928 de 28 de agosto de 2012, 400-016211 del 22 de noviembre de
2012 y 400-017782 del 18 de diciembre de 2012, declaró terminada la liquidación
de la CIFM y extinguida su personería jurídica.
5.4.6 El
veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013), el apoderado de la parte
demandante reiteró la solicitud de vinculación de la FNC presentada el 9 de
agosto de 2010 y requirió al Juzgado para que vinculara a la Federación, de
forma subsidiaria de conformidad con lo dispuesto de lo artículo 148 de la Ley
222 de 1995.
5.4.7 El trece
(13) de agosto de dos mil trece (2013), el Juzgado Primero Laboral de
Descongestión del Circuito de Bogotá negó la vinculación solicitada por considerar,
según el apoderado del accionante, que: “si bien es cierto en la sentencia
SU 1023 de 2001 proferida por la Corte Constitucional se estableció que
procedía la responsabilidad subsidiaria de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
DE COLOMBIA como sociedad matriz, solo en el caso de que la sociedad no pueda
asumir el pago de las acreencias, en dicha sentencia se advirtió que la
declaración de fondo sobre responsabilidad de la matriz competía tomarla al juez
ordinario, con valor de cosa juzgada, vinculando con carácter transitorio a la
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS hasta que la justicia ordinaria definiera la
controversia sobre su responsabilidad frente al pasivo de la subordinada.
Determinó que no podría ser la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA la
responsable subsidiaria de la COMPAÑÏA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE,
cuando esta ya no existe, aunado a que ya la Superintendencia de Sociedad des
Resolvió que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sería la encargada de responder
por dichas obligaciones”.
5.4.8
Previa impugnación de la anterior providencia, la Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión el
treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), al considerar que la Corte
Constitucional estableció únicamente y de forma transitoria una eventual
responsabilidad subsidiaria de la FNC frente al pago de mesadas pensionales y aportes
en salud. Por el contrario, la ejecución que pretende realizar el señor Sánchez
Quiroga se fundamenta FNC en la responsabilidad subsidiaria frente a acreencias
laborales y no en la sucesión procesal de la CIFM. Los argumentos de dicha
decisión fueron sintetizados por el abogado del señor Sánchez Quiroga, de la
siguiente forma: “mal haría la Sala en atribuirle a la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, una carga que no adquirió, pues no fue convocada al
proceso primigenio, ni vencida en juicio, no se le otorgó la oportunidad de
defenderse, ya que no intervino en las decisiones adoptadas. En conclusión,
determinó que la solicitud de la ejecutante de vincular a la Federación
Nacional de Cafeteros como responsable subsidiariamente de las obligaciones de
la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante no es procedente por cuanto a
la Federación le corresponde únicamente la transferencia de los recursos para
el pago de las obligaciones pensionales, obligación que se generó con la SU de
2001”.
5.4.9 El
apoderado del accionante señala que la providencia censurada presenta una
grosera y abierta vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
defensa y contradicción. Al respecto, destacó la errada comprensión del
Tribunal sobre la sentencia SU-1023 de 2001 al entender que solo se amparan los
derechos pensionales de los marinos y no los derechos laborales de los mismos.
Así, enfatizó que la responsabilidad de la FNC no se deriva de la sentencia de
unificación sino de la interpretación del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 que
crea una presunción de responsabilidad subsidiaria.
Además
advirtió lo siguiente: “(…) es un retroceso histórico exigir que para la
operancia de una presunción establecida por el legislador deba un juez
declararla primero previo juicio ordinario, cuando su esencia radica en que invierte
las cargas, surte efectos inmediatos y el afectado tiene derecho a
desvirtuarlas. Con el criterio de la Sala de Descongestión primero se debería
adelantar un juicio ordinario para que procediera la presunción de inocencia de
cualquier ciudadano
Es la
misma Ley la que establece que en virtud de la presunción de responsabilidad
subsidiaria de la matriz debe proceder a pagar la obligaciones adquiridas
insolutas adquiridas (sic) por la sociedad subordinada, es decir la
responsabilidad opera inmediatamente la Compañía de Inversiones no pueda pagar
las deudas contraídas con sus acreedores, entre ellos las laborales”.
En tal
sentido insistió en que es desproporcionado obligar los ejecutantes a realizar
procesos ordinarios en los que se pruebe la presunción de responsabilidad
solidaria que tienen a su favor en virtud del artículo 148 de la Ley 222 de
1995.
5.4.10 Por
consiguiente, el apoderado del señor Luis Guillermo Sánchez Quiroga, solicitó que
se amparen los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia de su representado, por tanto dejar sin efectos el
auto de treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014) proferido Sala Laboral
de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, y en su lugar, ordenar a la
Sala Laboral accionada a vincular a la proceso ejecutivo a la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia.
5.4.11 El
apoderado del señor Sánchez Quiroga aportó como pruebas:
-
Copia de la demanda ejecutiva presentada el 25 de noviembre de 2005.
-
Copia del Auto del 28 de mayo de 2007, mediante el cual el Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago.
-
Solicitud del 9 de agosto de 2010 para vincular a la FNC.
-
Copia de los autos 400-010928 de 28 de agosto de 2012, 400-016211 del 22
de noviembre de 2012 y 400-017782 del 18 de diciembre de 2012, emitidos por la
Superintendencia de Sociedades.
-
Copia  del escrito del veinticinco (25) de junio de dos mil trece
(2013), en el que el apoderado de la parte demandante reiteró la solicitud de
vinculación de la FNC presentada el 9 de agosto de 2010 y requirió al Juzgado
para que vinculara a la Federación, de forma subsidiaria de conformidad con lo
dispuesto de lo artículo 148 de la Ley 222 de 1995
-
Copia de la providencia del 13 de Agosto de 2013 proferida por el
Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá.
-
Copia del escrito de apelación presentado con el auto de 13 agosto de
2013.
-
Copia del Auto del 30 de abril de 2014 proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
5.4.12 La acción de tutela fue presentada el quince (15) de julio de
dos mil catorce (2014), ante Corte Suprema de Justicia.  La Sala Laboral de
Casación de esa corporación mediante providencia del dieciséis (16) de julio de
dos mil catorce (2014) avocó el conocimiento de la acción de tutela instaurada
contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá y dispuso la comunicación de la
misma a los accionados para que ejercieran su derecho de defensa. Igualmente
dispuso poner en conocimiento de la acción a la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia y a la Fiduciaria La Previsora S.A., así como a los demás
intervinientes en el proceso ejecutivo laboral que originó la acción de tutela.
Intervención de la accionada
5.4.13 El abogado Héctor Cortés Mancilla, apoderado de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del
Café se opone a las pretensiones del accionante. En particular, el apoderado
insistió en la falta de participación de la Federación Nacional de Cafeteros en
el proceso ordinario que sirve como título ejecutivo en el proceso adelantado
en la actualidad por el señor Sánchez Quiroga, es decir, que no fue condenado
en sentencia del dos (2) de noviembre de dos mil uno (2001) proferida por el
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá. Resaltó que el demandante nunca
tuvo una relación laboral con su representada sino que trabajó en la CIFM.
Adicionalmente, señaló que el accionante podría estar incurso en el
delito de fraude procesal comoquiera que ya se falló proceso ordinario contra
la FNC en el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá, por la misma causa que
la solicitada en el proceso ejecutivo, confirmada el 9 de febrero de 2012 por
la sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y se
encuentra en trámite el recurso de casación.
Decisión de instancia
5.4.14 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de dos mil catorce (2014),
decidió denegar la acción de tutela. La Sala reiteró el carácter excepcional de
la acción de tutela frente a providencias judiciales cuando estas resulten
caprichosas, arbitrarias o absurdas por ser el resultado de un juicio
abiertamente irracional. Por tanto, concluyó que la providencia atacada “se
fundó en premisa normativas y en la estimación que le dio el Tribunal al acervo
probatorio, sin que resulte admisible que el juez de tutela intervenga en la
libre valoración de las pruebas y en la formación del convencimiento que
compete a cada autoridad judicial, so pena de quebrantar el principio de
autonomía e independencia judicial”
5.5   EXPEDIENTE
T-4550774
Hechos
y acción de tutela interpuesta
5.5.1 El
señor César Antonio Rojas Erazo, mediante apoderado, Marcel Silva, interpuso
acción de tutela en contra de Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior de Bogotá por emitir el auto de treinta (30) de mayo de dos mil
catorce (2014), por el cual se niega librar mandamiento de pago en contra de la
Federación Nacional de Cafeteros dentro del proceso ejecutivo adelantado por el
accionante contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Gran
Colombiana S.A. En Liquidación Obligatoria y la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia. La acción interpuesta se fundamenta en los siguientes
hechos[5]:
5.5.2 El 26
de febrero de 2003, el señor César Antonio Rojas Erazo instauró demanda
ejecutiva laboral en contra de la CIFM y solidariamente la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia, con el propósito de cobrar las sumas reconocidas en
la sentencia del veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999),
por medio de la cual el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá condenó a
la CIFM a pagar determinadas acreencias laborales en su favor.
5.5.3. El
nueve (9) de mayo de dos mil siete (2007), el Juzgado Veinte Laboral del
Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago contra CIFM. A través de
providencia del doce (12) de julio de dos mil siete (2007), el mismo Juzgado
dispuso adicional el auto del nueve (9) de mayo y librar mandamiento de pago
contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de matriz
y controlante de la CIFM. Esta sentencia fue confirmada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia del trece
(13) de octubre de dos mil (2000).
5.5.4 El
apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó  recurso
de apelación contra la providencia mencionada. Por medio de providencia del
veintiséis (26) de febrero de dos mil ocho (2008), el Juzgado Veinte Laboral
del Circuito de Bogotá ordenó seguir con la ejecución solamente contra la CIFM.
En contra de esta última providencia el apoderado del accionante interpuso
recurso de reposición y el subsidio apelación, pero la decisión fue confirmada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante providencia
del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010).
5.5.5 La
Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia a través de los
autos 400-010928 de 28 de agosto de 2012, 400-016211 del 22 de noviembre de
2012 y 400-017782 del 18 de diciembre de 2012, declaró terminada la liquidación
de la CIFM y extinguida su personería jurídica.
5.5.6 El
nueve (9) de mayo de dos mil trece (2013) el apoderado del señor César Antonio
Rojas Erazo, solicitó la vinculación al proceso de la FNC como sucesora
procesal de la CIFM.
5.5.7 El
doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013), el Juzgado Veinte Laboral del
Circuito de Bogotá negó la vinculación solicitada por considerar que el asunto
ya había sido definido mediante providencia del 26 de febrero de 2008 que
ordenó seguir adelante con la ejecución por cuanto no se probó la solidaridad
de la FNC pues esta no fue demandada en el proceso laboral ordinario.
5.5.8
Previa impugnación de la anterior providencia, la Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión el treinta
(30) de mayo de dos mil catorce (2014), al considerar que la FNC no es sucesora
procesal de la CIFM. Los argumentos de dicha decisión fueron sintetizados por
el abogado del señor Rojas Erazo, de la siguiente forma: “le corresponde –a
la FNC- únicamente la transferencia de recursos para el pago de las
pensiones de conformidad con la sentencia SU 1023 de 2001, obligación que fue
reiterada por el auto proferido por la superintendencia de sociedades al
momento de declarar extinguida la persona jurídica de la COMPAÑÍA DE
INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA. Indicó que la
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA no es la persona jurídica llamada
a responder por las acreencias pensionales menos aún laborales provenientes de un
contrato de trabajo que se encuentra a cargo de la Compañía Flota Mercante hoy
liquidada, toda vez que su obligación se circunscribe a la transferencia de
recursos para el pago d pensiones y los aportes a salud, correspondiéndole a la
sociedad Fiduciaria Previsora S.A. como administradora del patrimonio autónomo
PANFLOTA su pago conforme al auto de la superintendencia de sociedades. Aduce que
en el asunto citado no se le puede imputar obligación patrimonial alguna a la
Federación, porque entre esta y el demandante no existió un vínculo laboral ni
contractual alguno, porque frente a las acreencias laborales adeudadas por la
Flota Mercante como las que se peticionan en este proceso no hizo
pronunciamiento alguno la sentencia de unificación de la Corte Constitucional y
porque si bien es cierto la Federación es la mayor accionista de la COMPAÑÍA DE
INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA lo es con
cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café los cuales tienen la
característica particular de parafiscales con una destinación específica y por
ende no pueden ser utilizados para el pago de obligaciones de índole laboral o
pensional. Se soporta en la providencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia el 22 de noviembre de 2011 radicado bajo el número 36927”.
5.5.9 El
apoderado del accionante señala que la providencia censurada presenta un
defecto fáctico y otro sustantivo que vulneran el debido proceso de su
representado. En cuanto el defecto fáctico advierte que en la providencia
censurada nada se dice sobre la condición de matriz de la FNC respecto de la
CIFM. Igualmente, destacó la errada comprensión del Tribunal sobre la sentencia
SU-1023 de 2001 al entender que solo se amparan los derechos pensionales de los
marinos y no los derechos laborales de los mismos. Así, enfatizó que la
responsabilidad de la FNC no se deriva de la sentencia de unificación sino de
la interpretación del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 que crea una
presunción de responsabilidad subsidiaria.
Además
advirtió que la providencia atacada se fundamenta en un concepto del Consejo de
Estado que avala el no pago de las pensiones por la FNC, emitido el 15 de
febrero de 2001, desconociendo la sentencia proferida por la Corte Constitucional
SU-1023 de 2001, 6 meses después del citado concepto y que ordenó a la
Federación responder por las acreencias pensionales.
5.5.10 En
lo relacionado con el defecto sustantivo puntualizó que la decisión de la Sala
de Descongestión Laboral tuvo en cuenta lo fallado por la Corte Suprema de
Justicia en un caso que no es análogo y en desconocimiento de lo señalado en la
sentencia SU-1023 de 2001 sobre la naturaleza del Fondo Nacional del Café
5.5.11 Por
consiguiente, el apoderado del señor Rojas Erazo, solicitó que se amparen los
derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de
justicia de su representado, por tanto dejar sin efectos el auto de treinta
(30) de mayo de dos mil catorce (2014) proferido Sala Laboral de Descongestión
del Tribunal Superior de Bogotá, y en su lugar, ordenar a la Sala Laboral
accionada a vincular a la proceso ejecutivo a la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia.
5.5.12 El
apoderado del señor Rojas Erazo aportó como pruebas:
-
Copia de la demanda ejecutiva presentada el 26 de febrero de 2003.
-
Certificado de Existencia y Representación Legal de la CIFM
-
Copia del Auto del 9 de mayo de 2007, mediante el cual el Juzgado Veinte
Laboral del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago.
-
Copia de la providencia del 12 de julio de 2007 proferida por el Juzgado
Veinte Laboral del Circuito de Bogotá.
-
Copia del escrito de excepciones presentado por la FNC.
-
Copia del escrito de oposición presentado en respuesta a lo solicitado
por la FNC
-
Copia del Auto del 31 de mayo de 2010 proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
-
Copia de los autos 400-010928 de 28 de agosto de 2012, 400-016211 del 22
de noviembre de 2012 y 400-017782 del 18 de diciembre de 2012, emitidos por la
Superintendencia de Sociedades.
-
Copia de la solicitud de sucesión procesal presentada el 9 de mayo de
2013.
-
Copia del Auto del 12 de noviembre de 2013 proferido por el Juzgado
Veinte Laboral del Circuito de Bogotá.
-
Copia del Auto del 30 de mayo de 2014 proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
5.5.13 La acción de tutela fue presentada el catorce (14) de julio
de dos mil catorce (2014), ante Corte Suprema de Justicia.  La Sala Laboral de
Casación de esa corporación mediante providencia del quince (15) de julio de
dos mil catorce (2014) avocó el conocimiento de la acción de tutela instaurada
contra la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y el
Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá y dispuso la comunicación de la
misma a los accionados para que ejercieran su derecho de defensa. Igualmente
dispuso poner en conocimiento de la acción al señor César Antonio Rojas Erazo y
demás intervinientes en el proceso ejecutivo laboral que originó la acción de
tutela.
Intervención de la accionada
5.5.14 El abogado Héctor Cortés Mancilla, apoderado de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del
Café se opone a las pretensiones del accionante. En particular, el apoderado
insistió en la falta de participación de la Federación Nacional de Cafeteros en
el proceso ordinario que sirve como título ejecutivo en el proceso adelantado
en la actualidad por el señor Rojas Erazo, es decir, que no fue condenado en la
sentencia de 20 de octubre de 1999 proferida por el Juzgado Veinte Laboral del
Circuito de Bogotá. Resaltó que el demandante nunca tuvo una relación laboral
con su representada sino que trabajó en la CIFM.
Adicionalmente, señaló que el accionante podría estar incurso en el
delito de fraude procesal comoquiera que inició proceso ordinario contra la FNC
en el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, por la misma causa que la
solicitada en el proceso ejecutivo.
Decisión de primera instancia
5.5.15 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014),
decidió denegar la acción de tutela. A su juicio, la decisión censurada no se
configura ninguno de los defectos alegados y los argumentos que allí se
consignaron son razonables dentro del criterio de la hermenéutica jurídica. En
concreto, transcribió apartes sobre por qué la FNC no es la sucesora procesal
de la CIFM, para concluir que al margen de compartir la decisión, esta se
encuentra debidamente fundamentada.
Impugnación y decisión de segunda
instancia
5.5.16 El
apoderado del accionante reiteró los argumentos propuestos en la acción de
tutela y enfatizó que en la responsabilidad subsidiaria de la FNC no se deriva
de la SU-1023 de 2001 sino de una norma, el parágrafo del artículo 148 de la
Ley 222 de 1995.
5.5.17 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, mediante providencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce
(2014), confirmó la sentencia de primera instancia. La Sala concluyó lo
siguiente: “(…) la providencia censurada se sustenta en motivos razonables
que eliminan cualquier viso de arbitrariedad que le haga perder la legitimidad,
pues los argumentos que esgrimió el Tribunal accionado para confirmar la
decisión de primera instancia que negó la sucesión procesal se advierte seria y
sensata, en cuanto resolvió el asunto de cara a la normatividad aplicable, las
pruebas allegadas al proceso y la jurisprudencia del máximo Tribunal Laboral,
sin que se perciba que la decisión esté fundada en conceptos irrazonables o
arbitrarios que tengan la trascendencia de edificar una vía de hecho- como lo
anuncia el apoderado del peticionario-, que deba ser conjurado mediante este excepcional
instrumento de amparo para los derechos fundamentales.”
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta
Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de
tutela seleccionados.
Problema jurídico
2. Corresponde a la Corte definir si cada una de las acciones de
tutela cumple con los requisitos de procedibilidad formales cuando el mecanismo
constitucional se promueve contra una providencia judicial. Una vez acreditado
el cumplimiento de esos requisitos la Corte deberá establecer si las
providencias proferidas por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal
Superior el Distrito Judicial de Bogotá, que libraron mandamiento de pago contra
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, vulneran los derechos
fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa de la FNC comoquiera
que se configura un defecto sustantivo por la interpretación del artículo 148
de la Ley 222 de 1995 o una violación directa de la Constitución toda vez que
la FNC no hizo parte del proceso laboral que ordenó el pago a la CIFM y que
ahora constituye el título ejecutivo en el proceso que se adelanta. Correlativamente,
la Corte deberá establecer si las providencias proferidas por la Sala de
Descongestión Laboral del Tribunal Superior el Distrito Judicial de Bogotá, que
negaron librar mandamiento de pago contra la Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia, vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho
de defensa y al acceso a  administración de justicia de los accionantes comoquiera
que se configura un defecto sustantivo por la interpretación del artículo 148
de la Ley 222 de 1995 y de la sentencia SU-1023 de 2001.
Para abordar el estudio del problema descrito, la Sala resumirá la
jurisprudencia de esta Corporación en relación con la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el
principio de subsidiariedad y el agotamiento de los recursos cuando el proceso
se encuentra en curso. En caso de encontrar acreditada la procedencia formal la
Sala se referirá brevemente a la causal genérica denominada defecto sustantivo.
En particular, al alcance del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995
estudiado en la sentencia C-510 de 1997, así como a la sentencia SU-1023 de
2001.
Reiteración de jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela
contra sentencias judiciales[6].
3. La Corte Constitucional, como intérprete autorizado de la
Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior ha
desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Esta  línea se basa en la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden
constitucional: la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los
principios de autonomía e independencia judicial[7].
4. Para lograr este adecuado equilibrio, la Corte ha partido de los
principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez,
haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda
controvertir una providencia judicial; por otra parte, ha ido determinando los
eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los
derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener
un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores
judiciales. Por último, ha recalcado constantemente que la acción sólo procede
cuando se encuentre acreditada la amenaza a un derecho fundamental.
Adicionalmente, de acuerdo con
el estado actual de la jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias
judiciales al ser excepcional, está dirigida a enfrentar aquellas situaciones
en que la decisión del juez incurre en graves falencias -de relevancia
constitucional- las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución.
De ahí que, la tutela contra providencias judiciales se concibe como un “juicio
de validez” y no como un “juicio de corrección” del
fallo cuestionado. Esta premisa se opone a que se use indebidamente el amparo
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria
o de interpretación del derecho legislado que dieron origen a la controversia,
puesto que las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios
como extraordinarios, para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o
que son incompatibles con la Carta Política. Sin embargo, no se desconoce que
pueden subsistir casos en los que agotados dichos medidos de defensa, persiste
la arbitrariedad judicial; en esos especiales eventos se habilita el amparo
constitucional.
5. A continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la
Corporación, sistematizada por la Sala Plena en la decisión de
constitucionalidad C-590 de 2005[8]:
5.1 La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto
desde un punto de vista literal e histórico[9],
como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[10] e, incluso, a partir de
la ratio decidendi[11]
de la sentencia C-543 de  1992[12],
siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
5.2 Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe
constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales[13], que no son más que los
requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la
especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[14]; (ii) que el actor haya
agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir
al juez de tutela[15];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[16].
5.3 Que se presente alguna de las causales genéricas de
procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto
orgánico[17]
sustantivo[18],
procedimental[19]
o fáctico[20];
error inducido[21];
decisión sin motivación[22];
desconocimiento del precedente constitucional[23];
y violación directa a la constitución[24].
5.4. Sobre la determinación de los defectos, es claro para la Corte
que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la
aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente
constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los
procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, puede producir
una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas
relevantes para la solución de un caso específico[25].
No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de
la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la
supremacía de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento
sustancial de los principios de seguridad jurídica e independencia judicial[26]. Por ello, el ámbito
material de procedencia de la acción es la vulneración grave a un derecho
fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los asuntos de
evidente relevancia constitucional.
5.5. De acuerdo con las consideraciones precedentes, lo esencial
para determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una
sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento
de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o
algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer
procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente
en la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental.[27].
En ese marco, corresponde al juez constitucional evaluar los presupuestos de
procedibilidad en cada caso concreto, la acreditación de una causal genérica y
la necesidad de evitar un perjuicio.
Reiteración de jurisprudencia[28].
El principio de subsidiariedad en el trámite de las acciones de tutela contra
providencias judiciales.
6. En general,
por mandato del artículo 86 de la Constitución Política, el análisis de
procedencia de la acción de tutela exige del juez constitucional la
verificación de la inexistencia de otro medio de defensa judicial. Ahora bien,
la jurisprudencia ha precisado que tratándose de tutelas contra providencias
judiciales la verificación del requisito de subsidiaridad implica un examen más
riguroso[29].
En efecto, al
estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden presentar dos
escenarios: i) que el proceso haya concluido[30];
o ii) que el proceso judicial se encuentre en curso[31]. Lo anterior constituye
un factor para diferenciar el papel del juez constitucional en cada caso, de
una parte, si se enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un proceso
concluido deberá asegurarse que la acción de amparo no se está utilizando para
revivir oportunidades procesales vencidas, que se agotaron todos los recursos
previstos por el proceso judicial para cuestionar las decisiones impugnadas y
que no se emplea la acción de amparo como una instancia adicional. De otra
parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela
no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales.
Bajo esta perspectiva,  la sentencia  T-211 de 2009[32] precisó
al menos cuatro razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad
es fundamental para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones
emanadas de un juez que recibió el encargo constitucional de poner fin a las
controversias en una jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de
autonomía e independencia. Cuando la acción de tutela se instaura como recurso
alternativo o como último recurso judicial para obtener una decisión favorable
en cualquier materia, se desconoce la división de competencias que la misma
Carta ha delineado, y se niega el principio de especialidad de la jurisdicción.
Adicionalmente, cuando se promueve el amparo de manera complementaria a los
procesos judiciales ordinarios, la decisión del juez constitucional –que por la
naturaleza de la acción de tutela tendrá que adoptar una decisión en menor
tiempo- puede terminar imponiendo interpretaciones de carácter legal al juez
que está encargado del proceso.
En uno y
otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo
con la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda
razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es
en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes”
(negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir
durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.
Como
tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de
la acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por
esto,  la Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias
judiciales no pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales
que ya han sido definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando
se desconoce el principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de
tutela como otra instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones
evidentes para advertir violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra
la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma
rigurosa la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias
judiciales teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros
medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. La
anterior  verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda
de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por el debido
proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la seguridad
jurídica y la cosa juzgada.
Reiteración
de jurisprudencia[33].
Reglas jurisprudenciales en materia de subsidiariedad de la acción de tutela.
8. En cuanto a las reglas generales basta con recordar que ante la
existencia de otros medios de defensa judicial la acción deberá declararse
improcedente, salvo que se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En este último evento resulta necesario establecer la
idoneidad y efectividad del otro medio de defensa judicial para la protección
de los derechos fundamentales alegados o la configuración de un perjuicio
irremediable que haga posible el amparo aunque sea de forma transitoria:
“En cuanto a la primera, la Corte ha sostenido que la sola
existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para
declarar la improcedencia de la acción[34].
El medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para
producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un
medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho.
Para determinar la concurrencia de estas dos características, deben
examinarse los planteamientos fácticos de cada caso y establecerse (i) si la
utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud
ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela[35]; (ii) si
es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no
haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[36]; (iii)
si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración[37].
En cuanto a la segunda situación excepcional en la cual puede
acudirse a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, la Corte ha señalado que corresponde a quien solicita el amparo
mostrar por qué la tutela es una medida necesaria para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable en contra del afectado[38].
Al respecto, la Corte ha establecido que un perjuicio tendrá
carácter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situación
concreta, pueda demostrarse que[39]: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que “su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir
de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o
deducciones especulativas”[40], de suerte que, de no frenarse la causa, el daño se generará prontamente[41]. (ii) El
perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con
gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta
significación para el afectado. (iii) Se requiere de la adopción de medidas
urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la
inminencia del daño ya que, de no tomarse, la generación del daño es
inevitable.”[42]
9. Por consiguiente, corresponde al juez constitucional evaluar la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales con los
parámetros generales que de idoneidad y eficacia del otro medio de defensa
judicial o de configuración de un perjuicio irremediable teniendo en cuenta las
reglas explicadas en el acápite anterior.
Reiteración de jurisprudencia. Breve caracterización del defecto
sustantivo[43].
10. En
diferentes pronunciamientos, esta Corporación ha delimitado el campo de
aplicación del defecto sustantivo en las providencias judiciales, al señalar
que se presenta, entre otras razones, (i) cuando la decisión judicial se basa
en una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[44], b) ha sido derogada y por
tanto perdió vigencia[45],
c) es inexistente[46],
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[47], e) a pesar de que la
norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación
fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan
efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador[48]; (ii) cuando a
pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable[49]
o  “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”[50] o
cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de
los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la
decisión judicial; (iii) cuando no se toman en cuenta sentencias que han
definido su alcance con efectos erga omnes[51], (iv) cuando la
disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva[52] o contraria a la
Constitución[53];
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para
un fin no previsto en la disposición”[54];
(vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso[55] o (vii) cuando
se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto[56]. Existe
defecto sustantivo igualmente cuando (viii) la decisión no está justificada en
forma suficiente[57]
de tal manera que se afectan derechos fundamentales[58]; (ix) cuando sin un mínimo
de argumentación se desconoce el precedente judicial[59] y, (x) cuando el juez no
aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación
de la Constitución[60].
11. Debe
reiterar la Corte que la competencia atribuida a las autoridades judiciales
para interpretar y aplicar las normas jurídicas, basada en los principios de
autonomía e independencia judicial, no es absoluta. En este axioma se edifica
la dogmática del defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela, pues la interpretación y aplicación de las disposiciones
constitucionales y legales es una labor reglada que se origina en la función
pública de administrar justicia, la cual  debe seguir los parámetros regulados
en el orden jurídico preestablecido, dentro de los que se encuentran los
valores, principios, derechos, deberes y demás garantías que identifican el
Estado Social de Derecho que nos rige. De tal manera que la autonomía judicial
para elegir las normas jurídicas aplicables al caso concreto, para establecer
su forma de aplicación y la manera de interpretar e integrar el ordenamiento
jurídico, no autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la
Constitución y de la ley, pues la justicia se administra siguiendo los
contenidos y postulados constitucionales de forzosa aplicación, tales como, la
dignidad humana, la eficacia de los principios, derechos y deberes, la
favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (arts.
1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)[61].
De esta
manera, la autonomía judicial no puede entenderse como libertad absoluta de los
jueces para interpretar el derecho, pues de la Constitución surgen
restricciones referidas principalmente al respeto por la corrección dentro del
sistema jurídico; a la realización de los principios, derechos y deberes
constitucionales y a la jurisprudencia de unificación emitida por las altas
Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es que según el
principio de ponderación, las decisiones que limitan los derechos de los
asociados, deben responder a razones  objetivas[62].
12. Reiteradamente
esta Corporación ha sostenido que el defecto sustantivo por interpretación,
puede configurarse por dos causales genéricas, totalmente independientes la una
de la otra, así: en primer lugar, cuando el funcionario judicial le
otorga a la norma un sentido y alcance que ésta no tiene, de tal suerte que la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) y, en
segundo lugar, porque la autoridad judicial le confiere a la norma una
interpretación posible dentro de las varias interpretaciones que ofrece la
disposición, pero con clara contravención de postulados constitucionales[63], debido a que
se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que han debido guiar el
proceso y condicionar su resultado. Es perfectamente posible que en algunas
oportunidades concurran las dos causales genéricas indicadas y que la
interpretación contraevidente de la ley –que de por sí pugna con la Carta-
comporte, así mismo, el quebrantamiento de ciertos contenidos de la
Constitución, que sean relevantes para el caso a decidir[64].
En este
orden, para que la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
constituya defecto sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en su
labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y arbitrariamente de los
lineamientos constitucionales y legales, de forma tal que vulnere o amenace
derechos fundamentales de las partes. Es decir, el juez en forma arbitraria y
caprichosa, con base únicamente en su voluntad, actúa franca y absolutamente en
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico[65].
En todo
caso, la interpretación resultante de la norma y su aplicación al asunto
sometido a consideración del juez, no puede ser plausible[66], constitucionalmente
admisible o razonable para que proceda efectivamente su enjuiciamiento mediante
acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar que podrían dejarse sin
efectos providencias judiciales contentivas de interpretaciones acertadas de
las normas jurídicas, porque el criterio del juez de tutela no coincide con el
del juez natural del caso[67],
lo que no puede permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría
funciones que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces de
la República y por demás, con total anulación de los principios de autonomía e
independencia judicial.
13. De esta
forma, no constituye violación del debido proceso como consecuencia del defecto
sustantivo atribuido a la actuación de un funcionario judicial que aplica una
norma o conjunto de normas, siguiendo una lectura que se encuentra dentro de un
margen razonable de interpretación y, de todas maneras, tal reclamo no
prosperará en sede de tutela, en caso de no haberse planteado en el proceso
ordinario, si era posible hacerlo[68].
Sin embargo, puede suceder que una interpretación aceptable desde el punto de
vista legal, no responda a las especiales exigencias dispuestas en la
Constitución, y a pesar de su plausibilidad como interpretación de la ley,
resulte contraria a la Norma Fundamental, debido a que el funcionario judicial
durante la actividad hermenéutica no establece la conexión indispensable con
los contenidos superiores y consigue como resultado un análisis de la norma
legal que no tiene coherencia con lo exigido constitucionalmente. En otros
términos, se hace una interpretación plausible de la norma aplicable, pero no
obstante, se aplican razonamientos incoherentes para llegar a la decisión,
porque, por ejemplo, el intérprete analiza aisladamente la disposición legal,
sin ninguna vinculación sistemática de los contenidos constitucionales
aplicables al caso concreto[69].
De tal
manera que en materia de interpretación judicial los criterios para determinar
la existencia de una irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la
actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria a derecho[70]. De allí que la simple
discrepancia o la no coincidencia respecto de la hermenéutica del operador
jurídico por parte de los sujetos procesales, los particulares y las distintas
autoridades judiciales, no invalida la actuación judicial, debido a que se
trata de una vía jurídica distinta para resolver el caso concreto, pero en todo
caso compatible con las garantías y derechos fundamentales y particularmente
deja a salvo la autonomía funcional del juez como fundamento de la aplicación
razonable de las normas jurídicas[71].
La ley
222 de 1995. Concordato y liquidación obligatoria. El parágrafo del artículo
148: sentencia C-510 de 1997 y sentencia SU 1023 de 2001.
14. En la
sentencia C-510 de 1997, la Corte declaró exequible el parágrafo del artículo
148 de la Ley 222 de 1995. En esa oportunidad, la Sala planteó que debía
resolver si la norma acusada establece la atribución
anticipada de responsabilidades a las compañías matrices, sin previo proceso y
bajo presunción de su culpabilidad, por causa o con ocasión de la existencia de
sociedades sobre las cuales ejercen control. Luego de realizar unas claridades
conceptuales sobre el contenido de la norma la Sala señaló:
“Son precisamente las decisiones de la compañía controlante las
que repercuten en la disminución o afectación del patrimonio de la subordinada
y son también las que, en los términos del precepto, generan su responsabilidad.
Además, no se trata de una responsabilidad principal sino
subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no está obligada al pago de las
acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser asumido por la
subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal de que las actuaciones
provenientes de aquélla tienen lugar en virtud de la subordinación y en interés
de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio
entre deudor y acreedores, impidiendo que éstos resulten defraudados.
La segunda parte del parágrafo acusado expresa que se presumirá la
situación concursal expuesta "por las actuaciones derivadas del
control", a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el
caso, demuestren que fue ocasionada por una causa diferente.
El actor cree encontrar en esta regla una inversión de la carga de
la prueba, que contradice la presunción constitucional de inocencia, pero la
Corte no acepta esa tesis, puesto que el objeto de la presunción no es la
responsabilidad en sí misma sino la situación concursal que da lugar a ella, es
decir, la vinculación entre las decisiones de la matriz y el efecto patrimonial
causado a la sociedad subordinada.
Se trata, entonces, de una presunción juris tantum, que
puede ser desvirtuada por la matriz o controlante, o por sus vinculadas,
demostrando que sus decisiones no han causado la desestabilización económica de
la filial o subsidiaria, sino que ésta procede de motivos distintos”
15. Por su
parte, en la SU-1023 de 2001[72],
este Tribunal encontró que la acción de tutela era procedente para reclamar las
mesadas pensionales pues la falta de pago afectaba, entre otros, los derechos
al mínimo vital, a la vida y a la salud de los accionantes, y en general, de
los pensionados de la CIFM.  Seguidamente, el pleno de la Corporación analizó
la procedencia de la acción de tutela contra la Federación Nacional de
Cafeteros[73],
y concluyó: “Los aspectos antes señalados, es decir la
calidad de matriz o controlante que admite tener la Federación sobre la CIFM,
la presunción de responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante que
consagra el parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 1995, el carácter de
persona jurídica de derecho privado encargada de la administración de los
recursos del Fondo Nacional del Café y el contenido específico del contrato de
administración, sirven de fundamento en esta oportunidad para afectar
transitoriamente los recursos de la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo
Nacional del Café, con el fin de evitar que se sigan vulnerando derechos
fundamentales de los pensionados a cargo de la Compañía de Inversiones de la
Flota Mercante.”
Lo anterior, con la precisión de que “(…) la declaración de fondo
sobre la responsabilidad de la matriz compete tomarla, con valor de cosa
juzgada, al juez ordinario y no al juez de tutela. En ese escenario
corresponderá establecer si la responsabilidad debe establecerse con cargo a
los recursos del Fondo Nacional del Café, de la firma administradora de los
recursos del Fondo, de la Nación o si existen otros responsables por las obligaciones
laborales de la compañía en liquidación obligatoria. De esta manera, la
decisión de la Corte tiene como finalidad la protección transitoria de los
derechos fundamentales involucrados, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, en aplicación del inciso tercero del artículo 86 de la
Constitución Política y basada en la imposibilidad para que el liquidador
atienda esta obligación principal, debido a la falta de liquidez para pagar a
corto y mediano plazo las mesadas de los pensionados de la CIFM.” En tal
sentido, estableció que la carga procesal radicaba en la Federación Nacional de
Cafeteros, en los siguientes términos: “(…)la Corte deja establecido que si
bien en este caso especial y por las razones expuestas se puede presumir transitoriamente
la responsabilidad subsidiaria de la matriz, en aplicación del parágrafo del
artículo 148 de la ley 222 de 1995, la decisión no constituye condena ni
exoneración definitiva de responsabilidad de ninguna entidad y, en
consecuencia, la Federación Nacional de Cafeteros queda en disposición de
demostrar que, eventualmente, la causa de liquidación de la CIFM fue por
motivos diferentes a las actuaciones derivadas del control, pero esa es una
carga que le corresponderá asumir a la Federación en el proceso
correspondiente.  En igual sentido debe procederse frente a la afectación de
los recursos del Fondo Nacional del Café.”
Estudio de
los casos concretos.
16. En general, la Corte observa 5 procesos ordinarios laborales contra
la CIFM que fueron favorables a las peticiones de los demandantes, quienes
luego adelantan el proceso ejecutivo laboral para que se les paguen las sumas
reconocidas. Ante la orden de librar mandamiento de pago, se profieren
decisiones contradictorias sobre el sujeto pasivo de la obligación por parte de
las Salas de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial, como se
aprecia en el siguiente cuadro:
Expediente  / Accionante
Fecha y
Fallo del proceso laboral
Fecha y autoridad que libró mandamiento de pago
Fecha y autoridad que confirmó el mandamiento de pago
Sujeto pasivo del mandamiento de pago
T-3456142
FNC
10/08/09 Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
16/09/11
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá.
14/03/12
Sala Laboral
de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
CIFM, en forma
principal y a la FNC, en forma subsidiaria
T-3906643
FNC
20/09/00
Juzgado Trece
Laboral del Circuito de Bogotá
30/01/12
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá
28/09/12
Sala Laboral
de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
CIFM, en forma
principal y a la FNC, en forma subsidiaria
T-4168198
FNC
16/11/07
Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá
11/07/12
Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá
30/04/13
Sala Laboral
de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
CIFM, en forma
principal y a la FNC, en forma subsidiaria
T-4540904
Luis Guillermo Sánchez Quiroga
02/11/01
Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Bogotá
28/05/07
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá
30/04/14
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
CIFM
T-4550774
César
Antonio Rojas Erazo
20/10/99
Juzgado Veinte
Laboral del Circuito de Bogotá
09/05/07
Juzgado Veinte
Laboral del Circuito de Bogotá
30/05/14
Sala Laboral
de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.
CIFM
Así en los tres primeros casos se libra mandamiento, en forma
subsidiaria contra la Federación Nacional de Cafeteros, y en consecuencia, el
representante legal de la FNC interpone la acción de tutela. En contraste, en
los casos de Luis Guillermo Sánchez Quiroga y César
Antonio Rojas Erazo se niega el mandamiento de pago contra la FNC, por lo que son
ellos quienes interponen la acción de tutela. En todos los procesos las
decisiones fueron adoptadas por Salas Laborales del Tribunal Superior de
Bogotá. Diferenciado el patrón fáctico en los casos acumulados corresponde a la
Sala verificar si las acciones de tutela cumplen con los requisitos de
procedibilidad formales cuando el mecanismo constitucional se promueve contra
una providencia judicial, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento 5.2 de
esta decisión.
Análisis de procedibilidad
Relevancia Constitucional.
El asunto planteado a esta Sala de Revisión tiene relevancia
constitucional porque hace referencia a la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa de la Federación
Nacional de Cafeteros, y correlativamente, al derecho al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia los ex trabajadores de la CIFM. De un
parte, porque de acuerdo con la FNC la orden de librar mandamiento de pago de
una acreencia laboral reconocida en un proceso laboral en el que no participó le
impide en el proceso ejecutivo desvirtuar la presunción sobre la causa que como
matriz pudo dar origen a la insolvencia de la controlada. Y de otra, los ex
trabajadores de la CIFM advierten que la negativa de librar mandamiento de pago
limita su acceso a la administración de justicia pues se quedan sin posibilidad
de cumplir las sentencias que fueron falladas a su favor. Estas consideraciones
son suficientes para dar por cumplido el requisito.
El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios.
En primer
lugar, reitera la Sala que el análisis del cumplimiento de este requisito es
más riguroso cuando se trata de procesos judiciales en curso. Esto, comoquiera
que la acción de tutela no puede emplearse como un medio alternativo para
resolver asuntos que deben ser resueltos por el juez natural, con el pleno de
las garantías al debido proceso, con el respeto a las etapas propias de cada
juicio y sin desconocer la protección de la seguridad jurídica
y a la cosa juzgada.
En segundo lugar, la Corte estudiará por separado los casos cuyo patrón
fáctico es similar. Así, primero, verificará el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad en los casos en que la acción de tutela fue promovida por la Federación
Nacional de Cafeteros, y luego, realizará el mismo análisis en los casos en que
los accionantes son los ex trabajadores de la CIFM.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad por parte de la FNC
Los hechos
por los cuales fueron promovidas las acciones de tutela que actualmente estudia
la Sala Novena tienen origen en procesos ejecutivos, en los cuales las Salas de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
decidieron librar mandamiento de pago en forma subsidiaria contra la FNC. La
Federación Nacional de Cafeteros señala que no debe ser vinculada al proceso
ejecutivo comoquiera que no hizo parte del proceso laboral en el que resultó
condenada únicamente la CIFM. En esa medida, considera que se vulnera su
derecho al debido proceso porque no ha tenido la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa pues el proceso ejecutivo únicamente le permite invocar las
excepciones previstas por el artículo 509 del Código de
Procedimiento Civil[74],
y que además no son aplicables al caso las causales de nulidad establecidas en
los numerales 7 y 9 del mismo estatuto procesal[75].
En este contexto, encuentra la Corte que en un caso similar en que se
discutió la no vinculación de las ejecutadas en el proceso cognoscitivo, se
estableció, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que
el recurso idóneo a agotar en estos eventos era el de nulidad[76].
En esa oportunidad la Corte se cuestionó:
“(…) como lo que se pretende frente a
las empresas demandantes, es la satisfacción de la condena impuesta en el
proceso ordinario laboral, a través del adelantamiento del proceso ejecutivo
subsiguiente ante el mismo juez de conocimiento, conforme lo reconoce el
artículo 335 del Código de Procedimiento Civil[77],
se pregunta esta Corporación: ¿Si existe algún medio de defensa judicial que le
permita al demandado en el proceso ejecutivo que sigue a continuación del
ordinario, alegar el defecto de la falta de notificación del auto admisorio de
la demanda del proceso cognoscitivo?
Al respecto, el inciso 3° del artículo 143 del Código
de Procedimiento Civil, el cual se aplica por analogía al procedimiento laboral[78], establece que: “La nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal
forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos
337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la
ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se
alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad
sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio
necesario”. En este orden de ideas, el mecanismo de defensa judicial que se
reconoce en el procedimiento laboral para corregir la deficiencia procesal
previamente señalada, consiste en alegar como excepción de fondo al mandamiento
de pago, la nulidad por falta de notificación del auto que admitió la demanda
en el proceso ordinario laboral[79].
(…)
De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que
efectivamente existe otro medio de defensa judicial previsto en el ordenamiento
jurídico para controvertir las irregularidades puestas de presente por las
empresas demandantes, las cuales, como previamente se demostró, se concretan en
un único vicio procesal consistente en vincular en calidad de parte demandada a
las sociedades que integran la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, sin
haberse practicado en legal forma frente a ellas la notificación del auto
admisorio de la demanda del proceso cognoscitivo.”[80].
En consecuencia, en la sentencia T-565 de 2006 la Sala concluyó, de forma
preliminar, que de conformidad con el artículo 143 del Código de Procedimiento
Civil, la empresa accionante, que no había sido demandada en el proceso laboral
en el que se reconocieron determinadas prestaciones a un ex trabajador, tenía
otro medio de defensa judicial que hacía improcedente el amparo a través de la
acción de tutela. Esto, comoquiera que la prosperidad de la nulidad genera que
la sentencia sea inejecutable contra quien la propuso. En ese caso la Corte
encontró que la empresa ejecutada alegó como excepción de fondo la falta de
notificación del auto admisorio del proceso laboral[81],
la cual fue calificada por las instancias en el proceso ejecutivo como
extemporánea. Si bien la Corte advirtió que la interpretación de las normas
para definir la oportunidad de la presentación de las excepciones corresponde
al juez natural, lo cierto es que para el caso se comprobó que la unión
temporal de la cual hacía parte la empresa accionante, se enteró oportunamente
de que había sido demandada como sujeto pasivo en el proceso ejecutivo, y por
tanto, avaló la extemporaneidad de la nulidad alegada:
“Por consiguiente, para esta Corporación la omisión
de las compañías demandantes, consistente en abstenerse de acudir al despacho
judicial para notificarse personalmente de la demanda, a pesar de tener
conocimiento del aviso citatorio en el cual se comprometía su responsabilidad
como integrantes de la Unión Temporal Nueva Cárcel de Valledupar, constituye no
sólo una conducta dilatoria contraria a los mandatos del principio
constitucional de buena fe (C.P. art. 83), sino también un comportamiento
lesivo del deber Superior de colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia (C.P. art. 95-7), no susceptible de amparo por vía
tutelar.
Por ello, en el presente caso, se considera que la
decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar de proceder a
notificar el mandamiento de pago por estado, y no personalmente, no
constituye una vía de hecho por defecto procedimental. Por lo que resulta claro
que el rechazo a la excepción de fondo propuesta, a través de la cual se
pretendía controvertir el resto de las irregularidades invocadas en la presente
demanda por vía de hecho, se ajustó a los requerimientos legales que rigen la
materia.
En esta medida, la presente acción de tutela resulta
improcedente, pues el accionante tuvo otro medio de defensa judicial para
controvertir las defectos procesales alegados, consistente en invocar como
excepción de fondo al mandamiento de pago, el hecho de no haberse practicado en
legal forma frente a ellas la notificación del auto admisorio de la demanda del
proceso cognoscitivo, el cual no se ejerció en su debido momento procesal.
23. En este orden de ideas, si la parte afectada no
ejerció las acciones o los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico
para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, el mecanismo de amparo
no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni se convierte en un
recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada
jurisdicción, como de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación[82].”[83]
Ahora bien, en los casos estudiados la Sala evidencia que a pesar de que
la FNC impugnó los mandamientos de pago que la vinculaban subsidiariamente con
el pago de la obligación, no invocó la nulidad como excepción dentro del proceso
ejecutivo bajo el argumento de que la nulidad solo era posible, por tratarse de
un proceso ejecutivo cuyo título es una sentencia, respecto de las causales
previstas en los numerales 7 y 9 del artículo 140 del CPC. No obstante, según
se expuso existía otro medio de defensa judicial que no fue agotado de
conformidad con el artículo 143 del CPC. En efecto, la FNC debió alegar como
excepción de fondo al mandamiento de pago, la nulidad por falta de notificación
del auto que admitió la demanda en el proceso ordinario laboral.
En consecuencia, la Corte reitera que ante la falta de agotamiento de la
nulidad prevista en el artículo 143 del CPC, la Federación Nacional de
Cafeteros no puede acudir a la acción de tutela para subsanar la inacción
dentro del proceso ejecutivo laboral. La Sala insiste en que con un proceso
judicial en curso la procedencia de la acción de tutela es excepcional y no
puede convertirse en una oportunidad para revivir oportunidades procesales
desaprovechadas por las partes.
Por consiguiente, comprobado el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, la Corte
confirmará las decisiones de instancia que negaron las acciones de tutela
promovidas por la FNC contra Sala Laboral de Descongestión del
Tribunal Superior de Bogotá.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad por parte de Luis Guillermo Sánchez Quiroga y César Antonio Rojas Erazo
En los casos de Luis Guillermo Sánchez Quiroga y César
Antonio Rojas Erazo la
Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de
Bogotá decidió no librar mandamiento de pago, en forma subsidiaria, contra la
Federación Nacional de Cafeteros. En concepto de los accionantes la decisión de
la autoridad judicial demandada desconoce sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
Por su parte, frente a la subsidiariedad, el apoderado
de la FNC alega que existe un proceso judicial en curso en que se pretende
declarar la responsabilidad de su representada como matriz de la CIFM. En tal
sentido, afirma que los accionantes podrían estar
incursos en el delito de fraude procesal comoquiera que tienen procesos en trámite
por la misma causa que la solicitada en el proceso ejecutivo: i) en el caso del
señor Sánchez Quiroga ya se falló proceso ordinario contra la FNC en el Juzgado
29 Laboral del Circuito de Bogotá, decisión confirmada el 9 de febrero de 2012
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y que
actualmente, se encuentra en trámite el recurso de casación; y ii) en el caso
del Rojas Erazo se inició proceso ordinario contra la
FNC en el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá.
Ciertamente, no le corresponde al juez constitucional determinar si los
accionantes, tal como lo indica el apoderado de la FNC, podrían estar incursos
en el delito de fraude procesal. En efecto, la acción de tutela no es el
escenario para determinar responsabilidades penales de los individuos. No
obstante, de la existencia de los mencionados procesos laborales, la Sala evidencia
que la declaración de responsabilidad subsidiaria pretendida por los
accionantes en el proceso ejecutivo es similar a la buscada en el proceso
declarativo.
Al respecto, la Corte no reprocha que los accionantes utilicen los medios
de defensa judicial que estén a su alcance para obtener una sentencia judicial
conforme con el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, cuestiona que se
emplee la acción de tutela como un mecanismo alternativo o paralelo a los
procesos ordinarios, máxime en el ámbito de la tutela contra providencias
judiciales. Los accionantes desconocen la subsidiariedad de la acción
constitucional cuando de forma simultánea solicitan: i) que se libre
mandamiento de pago de forma subsidiaria a la FNC, en un proceso ejecutivo; ii)
que se revoque el mandamiento de pago que negó acceder a la pretensión de
responsabilidad subsidiaria de la FNC, mediante acción de tutela; y iii) tramiten
un proceso declarativo para que se establezca la responsabilidad de la FNC en
la liquidación de la CIFM.
Así tanto, el proceso que se encuentra en casación adelantado por el
señor Sánchez Quiroga como el laboral que tramita el señor Rojas Erazo es un reconocimiento
de que existen otros medios de defensa judicial diferentes a la acción de
tutela para obtener la declaración de responsabilidad que se pretende en esta
oportunidad. De nuevo la Sala reitera que la subsidiariedad de la acción tutela
es examinada con mayor rigor cuando se trata de procesos judiciales en curso,
en estos casos, los procesos ejecutivos y los procesos ordinarios.
Por consiguiente, la Sala confirmará las decisiones de los jueces de
instancia que negaron el amparo invocado en el caso de Luis Guillermo Sánchez
Quiroga y César Antonio Rojas Erazo, puesto que no cumplen con el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En suma, en los procesos ejecutivos en trámite existen otros medios de
defensa judicial que ya están siendo empleados por los accionantes o recursos
que no fueron utilizados por la entidad demandante y que hacen improcedente la
acción de tutela contra las providencias judiciales atacadas. Nuevamente, la
acción de tutela no puede promoverse como un medio alternativo para controvertir
las decisiones adoptadas en los procesos judiciales en trámite. Lo anterior, significa,
de una parte, que la Sala comprobó el incumplimiento de la subsidiariedad como
requisito de procedibilidad formal de la tutela contra providencia judicial en
cada uno de los cinco casos estudiados, y de otra, que tal verificación le
impide continuar con el análisis de fondo sobre la configuración de alguno de
los defectos alegados.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR los términos
suspendidos.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012) proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó a su vez
la sentencia denegatoria de tutela promovida por la Federación Nacional
de Cafeteros contra la Sala de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bogotá, fallo proferido el dos (02) de
mayo de dos mil doce (2012) por la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación.
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013) proferida por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó a su
vez la sentencia denegatoria de tutela promovida por la Federación
Nacional de Cafeteros contra la Sala de Descongestión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Trece
Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá, fallo proferido el veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) por la Sala de
Casación Laboral de la misma corporación.
Cuarto.- CONFIRMAR la sentencia del quince (15) de octubre de
dos mil trece (2013) proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó a su vez la sentencia denegatoria de tutela
promovida por la Federación Nacional de Cafeteros contra la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de
Bogotá, fallo proferido el veintiuno (21) de agosto de
dos mil trece (2013) por la Sala de Casación Laboral de la misma corporación.
Quinto.- CONFIRMAR la sentencia del veintinueve (29) de julio de dos mil catorce (2014) proferida por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que denegó la
tutela promovida por Luis Guillermo Sánchez Quiroga contra
la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
Sexto.- CONFIRMAR la sentencia del cuatro (4) de septiembre
de dos mil catorce (2014), proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó a su vez la sentencia denegatoria de tutela
promovida por César Antonio Rojas Erazo contra la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, fallo proferido el veintitrés (23)
de julio de dos mil catorce (2014), por la Sala de Casación Laboral de la misma
corporación.
Séptimo.- Por Secretaría General
líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MYRIAM ÁVILA
ROLDÁN
Magistrada (e)
Ponente
María Victoria Calle Correa
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En este aparte se sigue la exposición del
apoderado de la sociedad accionante. La Sala igualmente complementará la
narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos
obrantes en el expediente.
[2] En este aparte se sigue la exposición del
apoderado de la sociedad accionante. La Sala igualmente complementará la
narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos
obrantes en el expediente.
[3] En este aparte se sigue la exposición del
apoderado de la sociedad accionante. La Sala igualmente complementará la
narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos
obrantes en el expediente.
[4] En este aparte se sigue la exposición del
apoderado de la sociedad accionante. La Sala igualmente complementará la
narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos
obrantes en el expediente.
[5] En este aparte se sigue la exposición del
apoderado de la sociedad accionante. La Sala igualmente complementará la
narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos
obrantes en el expediente.
[6] Cfr. Sentencia T-156 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en
al que la Corte concluyó que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar de forma simultánea presenta un defecto sustantivo y fáctico. En
efecto, de una parte, la interpretación exegética de la norma de caducidad de
la acción de reparación directa realizada por el Tribunal no es admisible
constitucionalmente, toda vez que circunscribir el análisis al ámbito legal sin
estudiar los efectos de la posición variable de la jurisprudencia del Consejo
de Estado frente a la jurisdicción competente para tramitar los procesos contra
el ISS devino en una flagrante denegación de justicia. Y de otra, se encuentra
acreditado el defecto fáctico por la falta de análisis del Tribunal
Administrativo de Bolívar de las providencias del Consejo de Estado sobre la
jurisdicción competente y las consecuencias sobre la caducidad de la acción de
reparación directa. Igualmente consultar la sentencia T-1112 de 2008. M.P.
Jaime Córdoba Triviño. En donde este Despacho estudió la configuración de una
vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial pues se había
desvinculado a un servidor público en provisionalidad sin motivación. En el
mismo sentido, se puede consultar la sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime
Córdoba Triviño, en la que la Corte dejó sin efectos una decisión de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negaba el reconocimiento de la
pensión de invalidez al aplicar una norma que había sido declarada inexequible
pero que al momento de la estructuración de la invalidez se encontraba vigente.
[7] Al respecto ver sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[8] Se trata de una exposición sintetizada de la sentencia C-590 de
2005.
[9] “En la citada norma superior (artículo
86 C.P.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los
distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o
algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los
derechos fundamentales.  Precisamente por ello en la norma superior indicada se
habla de  “cualquier”  autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela
procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder
inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra las decisiones
judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación
del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se
tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de
aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[10] “La procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino
también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid.
[11] Sobre los conceptos de ratio decidendi
y obiter dicta, consultar la sentencia SU-047 de 1999  (M.P. Carlos
Gaviria Díaz).
[12] “Al proferir la Sentencia C-593-92, la
decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”.
Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[13] Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[14] Ver sentencia T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-635 de 2010 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio), T-586 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
[15] Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su
relación con el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de
tutela para controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).
[16] Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte
Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión,
se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[17] Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte
del funcionario que dicta la sentencia.
[18] Cuando se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de
2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998 M.P. (Eduardo Cifuentes Muñoz) y
T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[19] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro
Tafur Galvis), T-996 de 2003 M.P. (Clara Inés Vargas Hernández), T-937 de 2001
(M.P. Manuel José Cepeda).
[20] Referido a la producción, validez o apreciación del material
probatorio. En razón a la independencia judicial, el campo de intervención del
juez de tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
[21] También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace
referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada
a derecho por parte del funcionario judicial, se produce una decisión
violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima
de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por
ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver,
principalmente, sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica
Hernández), T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000
(M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[22] En tanto la motivación es un deber de los funcionarios
judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático.
Ver T-114 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[23] “(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[24] Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa
abiertamente contrario a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de
2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[25] Ver Sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[26] Es decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de
justicia material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[27] Sentencia C-590 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En el
mismo sentido, sentencia T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[28] Cfr. Sentencia
T-113 de 2013. En esa oportunidad la Sala Novena de Revisión encontró que no se
acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad lo que impidió
continuar con el examen de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En efecto, el proceso penal en curso exigía al juez
constitucional una actuación más exigente frente al cumplimiento de los
requisitos de subsidiariedad de la acción de tutela. En tal sentido, concluyó “observa
la Corte que en uso del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, la defensa del
peticionario invocó una nulidad por las mismas causas que las pretendidas a
través de la acción de tutela. Lo anterior, confirma que la acción de amparo se
ha empleado en esta ocasión como un medio alternativo al proceso penal en curso.
(…) De nuevo, reitera la Corte que la acción de
tutela es un mecanismo residual y subsidiario que no puede invocarse forma
paralela o complementaria a los mecanismos ordinarios. Como quedó en evidencia
para este caso el juez natural de la causa es la Corte Suprema de Justicia y es
ese escenario el llamado a garantizar los derechos fundamentales de las partes.
En efecto, el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 era un recurso idóneo y eficaz
para resolver la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia invocada por el accionante.”
[29] Cfr. Sentencias T-108 de 2003, SU-622 de 2001, T-567 de 1998 y
C-543 de 1992.
[30] Sentencia T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[31] En la sentencia T-211 de 2009, la Sala
precisó: “(…) el
amparo constitucional no se ha constituido como una instancia adicional para
decidir conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar
las omisiones o los errores cometidos al interior de un proceso. En otras
palabras, la Corte ha
sostenido que la acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario,
ni puede ser estimado como último recurso de litigio.”
[32] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido, puede
consultarse la sentencia T-649 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la
cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de
tutela porque existía otro medio de defensa judicial.
[33] En este aparte se siguen las consideraciones de la sentencia
T-211 de 2009, mediante la cual la Corte estableció que la acción de tutela promovida
por los accionantes era improcedente. Esto, comoquiera que existía otro medio
de defensa judicial que se encontraba en curso. En efecto, en el proceso civil
adelantado ante la jurisdicción ordinaria se encontraba pendiente la resolución
de una solicitud de nulidad por indebida notificación, y la acción de amparo
había sido instaurada con ese mismo objetivo, es decir, que se declarara la
violación del debido proceso por indebida notificación.
[34] Ver,
entre otras, las sentencias T-580/06, T-972/05, T-068/06 y SU-961/99.
[35] T-068/06, T-822/02,  T-384/98, y T-414/92.
[36] Ibidem.
[37] Ver, entre otras, las
sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012
de 2003.
[38] T-043/07, T-1068/00.
[39] Cfr T-494/06, SU-544/01, T-142/98, T-225/93
[40] T-456/04
[41] Cfr T-234/94
[42] Sentencia T-211 de 2009.
[43] En este apartado se reproducen las consideraciones
que sobre este defecto fueron realizadas en el pronunciamiento de la Sala Plena
SU- 399 de 2012 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto).
[44] Sentencia T-189 de 2005.
[45] Sentencia T-205 de 2004.
[46] Sentencia T-800 de 2006.
[47] Sentencia T-522 de 2001.
[48] Sentencia SU-159 de 2002.
[49] Sentencias T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
[50] Sentencias T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
[51] Sentencia T-814 de 1999, T-462 de 2003, T-1244 de 2004, T-462 de
2003  y T-1060 de 2009.
[52] Sentencia T-018 de 2008.
[53] Sentencia T-086 de 2007.
[54] T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. Dijo la Corte: “La vía de hecho predicable de una determinada acción
u omisión de un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es
una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se
desliga por entero del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente
atribución de poder a los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación
del derecho a las situaciones concretas y a través de los cauces que la ley
determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra
ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con
abierta preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá
imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta
de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación
ultra o extra vires de su titular. // Si este comportamiento - abultadamente
deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de
un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto
en la disposición (defecto sustantivo)…”.
[55] Sentencia T-807 de 2004.
[56] Sentencia T-056 de 2005, T-1216 de 2005, T-298 de 2008 y T-066 de
2009.
[57] Sentencias T-114 de 2002 y  T- 1285 de 2005.
[58] Sentencia T-086 de 2007.
[59] Sentencias T-193 de 1995, T-949 de 2003, T-1285 de 2005 y T-086
de 2007.
[59] Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-292 de 2006 y T-086
de 2007.
[60] Sentencias T-1625 de 2000, T-522 de 2001,
SU-1184 de 2001 y  T-047 de 2005.
[61] Sentencias T-284 de 2006, T-441 de 2007 y T-064 de 2010.
[62] Sentencia T-086 de 2007.
[63] Sentencia T-551 de 2010.
[64] Sentencia T-1045 de 2008.
[65] Sentencias T-567 de 1998 y T-121 de 1999.
[66] En la sentencia T-064 de 2010, se recordó
que en la sentencia T-1222 de 2005, la Corte consideró “que no resultaba
arbitraria ni vulneraba los derechos fundamentales del peticionario la
interpretación dada por el juez ordinario sobre la aplicación del término de
caducidad consagrado en el artículo 29 del Convenio de Varsovia a la acción de
responsabilidad civil extracontractual por muerte del pasajero en accidente
aéreo internacional. En efecto, para este Tribunal se trataba de una
interpretación plausible adoptada por el juez natural, en este caso, la
jurisdicción ordinaria sobre la posibilidad de extender unas disposiciones
previstas inicialmente para relaciones contractuales a un evento de carácter
extracontractual”.
[67] Sentencias SU-087 de 1999, SU-962 de 1999,
T-359 de 2003 y T-131 de 2010.
[68] Sentencia T-131 de 2010.
[69] Sentencia T-1045 de 2008.
[70] A este respecto, en la sentencia T-086 de
2007, sostuvo esta corporación: “Recuerda la Corte que la procedencia de un
defecto sustantivo fundado en un grave error en la interpretación, es realmente
excepcional, en la medida en que se requiere demostrar de manera
incontrovertible, que la decisión judicial es manifiestamente irrazonable y
contraria al orden jurídico. No es suficiente entonces que se discrepe de la
posición de un tribunal en un aspecto, o que se piense que la norma tiene un
contenido distinto al que se valoró, o que se prefiera una interpretación
diferente a la acogida en la providencia cuestionada, sino que se requiere que
sea evidente la orientación arbitraria del juez en la causa, que se sale del
razonable margen de interpretación autónoma que la Constitución le ha
confiado”.
[71] Sentencias T-001 de 2001 y T-064 de 2010.
[72] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[73] Sentencia SU-1023 de 2001: “En consecuencia, existe
subordinación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, en
liquidación obligatoria, frente a la Federación Nacional de Cafeteros, la cual
se traduce, en las condiciones que señalan el artículo 27 y el parágrafo del artículo
148 de la Ley 222 de 1995, en la presunción de responsabilidad subsidiaria de
la Federación por las obligaciones de la CIFM. Se reitera, en los términos de
la sentencia C-510 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, que “no se
trata de una responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad
matriz no está obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que
él no pueda ser asumido por la subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal
de que las actuaciones provenientes de aquélla tienen lugar en virtud de la
subordinación y en interés de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca
restablecer el equilibrio entre deudor y acreedores, impidiendo que éstos
resulten defraudados”. // 16.  Desde otra óptica, la
Federación Nacional de Cafeteros se opone a la afectación de los recursos del
Fondo Nacional del Café y/o de la Federación para asumir el pago de las mesadas
a favor de los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante,
pues considera, frente a la afectación de los recursos del Fondo, que se trata
de recursos parafiscales, los cuales pueden destinarse únicamente a los fines
que señale la ley sin que en ellos se encuentre el pago de pasivos pensionales;
de otra parte, frente a la vinculación de la Federación, expresa que no existe
ningún vínculo laboral entre la Federación Nacional de Cafeteros y los
trabajadores o los pensionados de la Flota Mercante. //Sin embargo, la Corte no
admite este argumento pues existen dos presupuestos fácticos, acordes con la
naturaleza de las rentas parafiscales, que permiten la afectación de los
recursos de la Federación Nacional del Café - Fondo Nacional del Café en esta
oportunidad. En primer lugar, las inversiones efectuadas por la Federación
Nacional de Cafeteros en la Flota Mercante tuvieron como finalidad el
desarrollo de actividades inherentes al fomento y/o beneficio del sector
cafetero del país, en tanto se realizaron a su favor actividades de mercadeo,
transporte y comercialización del café colombiano, y las inversiones en la
Flota Mercante así lo evidenciaron en su momento. En segundo lugar, la teoría
de las rentas parafiscales referida a inversiones en las actividades que señale
la ley tiene una relación de doble vía, comprendida como la oportunidad que
tienen los destinatarios de beneficiarse de las rentas o utilidades que genere
su inversión y el derecho a la posterior destinación dentro de los amplios
parámetros que señala la ley, la cual genera a su vez, en sentido contrario, la
obligación de asumir las cargas que se surjan en el proceso.//Téngase en cuenta
además que los recursos del Fondo Nacional del Café son administrados por la
Federación Nacional de Cafeteros como persona jurídica y en virtud del contrato
de administración firmado periódicamente con el Gobierno Nacional. Así mismo,
la titularidad de las acciones de la Compañía de Inversiones de la Flota
Mercante están a nombre de la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional
del Café, en tanto es la Federación la persona jurídica, de derecho privado,
encargada de la administración de los recursos del Fondo Nacional del Café, en
virtud del señalado contrato de administración y debido a que el Fondo carece
de personalidad jurídica propia.// En aplicación
de los anteriores aspectos, las relaciones entre el Gobierno y la Federación
están señaladas en la ley y en el contrato de administración. Así por ejemplo,
en el contrato de administración celebrado el 12 de noviembre de 1997 se
aprecian los siguientes aspectos referentes a la administración de los recursos
del Fondo Nacional del Café:
a.
En la cláusula séptima consagra como obligaciones de la Federación Nacional de
Cafeteros las de invertir y administrar los recursos del Fondo Nacional del
Café.
b.
En la cláusula octava señala las actividades que podrá ejecutar la Federación
con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café, las cuales comprenden,
entre otras, las de efectuar inversiones permanentes.
c.
La cláusula undécima contempla entre los ingresos corrientes del Fondo Nacional
del Café, los provenientes de los rendimientos de las distintas inversiones,
incluyendo las financieras, y como otros egresos netos los correspondientes a
los programas de inversión que incluyan la capitalización o liquidación de las
empresas en las cuales el Fondo Nacional del Café sea accionista.”
[74] Código de Procedimiento Civil: “Artículo
509. EXCEPCIONES QUE PUEDEN PROPONERSE. En
el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones:
1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones
de mérito, expresando los hechos en que se funden. Al escrito deberá
acompañarse los documentos relacionados con aquéllas y solicitarse las demás
pruebas que se pretenda hacer valer.
2. Cuando el título ejecutivo consista en una
sentencia o un laudo de condena, o en otra providencia que conlleve ejecución,
sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos
posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que
contemplan los numerales 7 y 9 del artículo 140, y de la pérdida de la
cosa debida. En este evento no podrán proponerse excepciones previas ni aún por
la vía de reposición.”
[75] Código de Procedimiento Civil: “Artículo
140. CAUSALES DE NULIDAD.  El proceso es nulo en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos:
(…)
7. Cuando es indebida la representación de las
partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por
carencia total de poder para el respectivo proceso.
(…)
9. Cuando no se practica en legal forma la
notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se
ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el
defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a
quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.”
[76] Sentencia T-565 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[77] Al respecto, dispone el artículo 335 del
Código de Procedimiento Civil: “Cuando la sentencia haya condenado al
pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan
sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de
hacer, el acreedor deberá solicitar la ejecución, con base en dicha
sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso
ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. No
se requiere formular demanda, basta la petición para que se profiera el
mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de
aquella y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario,
para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.
(...)”. (Subrayado por fuera del texto original).
[78]             Dispone la norma en cita: “ A falta de
disposiciones especiales en el procedimiento de trabajo se aplicarán las normas
análogas de este decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial”.
[79]             Véase, al respecto, LÓPEZ. Hernán Fabio.
Procedimiento Civil. Tomo I. Parte General. 2005. Editorial Dupré. Novena
Edición. Págs. 924 y subsiguientes.
[80] Sentencia T-565 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[81] Sentencia T-565 de 2006: “(…) para
esta Corporación es innegable que cuando una persona no se vinculó en debida
forma al proceso ordinario laboral, sí resulta excesivo acudir a la
notificación por estado para dar a conocer el mandamiento de pago que da inicio
a la ejecución de las providencias judiciales ante el mismo juez
de conocimiento, pues mediante dicha forma de
publicidad no se garantiza que los demandados tengan -en realidad- conocimiento
acerca de la existencia del proceso. En estos casos, la interpretación que resulta
más acorde con la Constitución, es aquella que privilegia la forma de
notificación que en mayor medida asegura que el contenido de dicha providencia
sea realmente conocida por la parte demandada, lo que exigiría acudir a la
notificación personal del auto ejecutivo.”
[82] Véase, entre otras, las Sentencias C-543 de 1992, T-001 de 1992,
T-007 de 1992, SU-111 de 1997 y T-108 de 2003.
[83] Sentencia T-565 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.