T-006-06
Sentencia T-149/04
Sentencia
T-006/06
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Protección constitucional especial
CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO CON EMPRESA TEMPORAL-Protección a la maternidad
TERMINACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE MUJER EMBARAZADA-Se demostró la causa objetiva del reemplazo de
trabajadora en licencia de maternidad
Referencia: expediente T-1220094
Acción de tutela instaurada por la señora Ledys del Carmen
Pérez Chica contra la Sociedad Comercial Acción S.A.
Procedencia: Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería (Córdoba).
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D. C.,
diecinueve (19) de enero de dos mil seis (2006).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados, Alfredo
Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño,  en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela adoptado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería (Córdoba) el
dieciséis (16) de septiembre de 2005, mediante el cual se negó la acción de
tutela promovida por la señora, Ledys del Carmen Pérez Chica contra la Sociedad
Comercial ACCIÓN S.A.
El Expediente
llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Montería, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto
2591 de 1991. La Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de su
revisión, el expediente de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
La
señora Ledys del Carmen Pérez Chica, al considerar que su desvinculación de la
empresa ACCIÓN S.A., se produjo por su estado de embarazo, instaura acción de
Tutela el 17 de agosto de 2005, ante el juzgado Civil Municipal (reparto). Con
el fin de que se tutelen los derechos a la vida, al trabajo, al debido proceso,
y a los derechos fundamentales de los niños. Fundamenta la Acción de tutela en
los siguientes artículos de la Constitución Política: artículos 11, 25, 29, 44,
48, y 53.
A. LA ACCIÓN DE TUTELA
La Acción de Tutela tiene como fundamento los siguientes HECHOS:
1.
La señora Ledys del Carmen Pérez Chica suscribió
un contrato de trabajo con la Empresa Temporal, ACCIÓN S.A., como trabajadora
en misión, el 17 de mayo de 2005 día en que comenzó sus labores.
2.
La señora Ledys del Carmen Pérez Chica, laboró
desde el 17 de mayo de 2005 hasta el 25 de junio de 2005 día en que presentó la
renuncia.
3.
La señora Ledys del Carmen Pérez Chica, efectúo
su trabajo como empleada en misión, para el usuario de la empresa temporal
denominado: “Familia Sancela S.A.”
4.
La señora Ledys del Carmen Pérez Chica sostiene
que el 22 de junio de 2005, comunicó a la Jefe de la Empresa ACCIÓN S.A., de la
ciudad de Montería señora Diana Soto, su estado de embarazo. Señala que la
prueba de embarazo fue practicada por COOMEVA E.P.S.
5.
Asegura, que para ratificar el resultado la
empresa ACCIÓN S.A., le ordenó la práctica de una prueba de embarazo, el día 23
del mismo mes directamente con el laboratorio que tiene convenio con la citada
empresa. Sostiene que la prueba de embarazo nuevamente resultó positiva.
6.
La accionante precisa que ese mismo día (23 de
junio) le comunicó su situación al señor Arturo Caballero, Jefe de la empresa
usuaria “Familia Sancela” de la ciudad de Montería.
7.
La accionante sostiene que la señora Diana Soto
de la empresa ACCIÓN S.A., le explicó que su periodo de trabajo se extendía
hasta el día 25 de junio de 2005. De igual forma la citada funcionaria de ACCIÓN
S.A., le prometió realizar gestiones con la empresa usuaria a fin de que vuelva
a ser contratada.
8.
Asegura que el día 28 de junio de 2005, se
acercó a las oficinas ACCIÓN S.A., y la respuesta fue negativa. En tal sentido,
la señora Diana Soto de ACCIÓN S.A., le comentó que el cliente  “Familia
Sancela” había decidido que no podía seguir laborando para ellos ya que la
señora Yennys Lerech Fajardo se reincorporaba a su cargo después del disfrute
de una licencia de maternidad.
9.
La señora Ledys sostiene que la señora Diana
Soto de ACCIÓN S.A., la obligó a firmar la carta de renuncia como
contraprestación con la empresa para que ésta pudiera continuar pagando su
seguro de salud.
10.
La accionante asegura que el 30 de junio se
acercó nuevamente a las oficinas de ACCIÓN S.A., en ese momento nuevamente la
señora Diana Soto de ACCIÓN S.A., le volvió a insinuar que debía firmar la
carta de renuncia. La accionante sostiene que la carta de renuncia fue
elaborada por la señora Diana Soto, el día 30 de junio con fecha 25 de junio de
2005.
11.
El día 14 de julio la señora Ledys envió una
comunicación a ACCIÓN S.A., con autorización del Ministerio de trabajo donde
les solicitaba su reintegro.
12.
La señora Lenys fue citada para el día 15 de
julio, para llegar a un acuerdo. Finalmente sostiene la tutelante, que no se
llegó a ningún acuerdo respecto a su reintegro a la empresa ACCIÓN S.A.
B. RESPUESTA A LA ACCIÓN DE TUTELA POR PARTE DE LA EMPRESA ACCIÓN
S.A
La señora Astrid Salazar Lozada en su calidad de apoderada de la
Empresa ACCIÓN S.A., sostiene que la señora Ledys del Carmen Pérez Chica, fue
contratada por ACCIÓN S.A., el 17 de mayo de 2005, para laborar como
impulsadora en la empresa cliente “Familia Sancela”. La labor que llevó a cabo
como trabajadora en misión de la empresa “Familia Sancela” la señora Ledys se
dio por terminada el 25 de junio de 2005, tal como consta en el correo
electrónico enviado por la señora Claudia Rodriguez, de la empresa “Familia Sancela”.
Explica que el motivo para la contratación de la señora Ledys del
Carmen Pérez Chica, fue el reemplazo de una trabajadora de la empresa usuaria
“Familia Sancela” que se encontraba en licencia de maternidad, puesto que la
persona que inicialmente realizó el reemplazo, renunció faltando un mes para la
terminación de la misma. Explica que la accionate tenía conocimiento de la
duración temporal del contrato, pues tenía claro que al momento de reintegrarse
la trabajadora que estaba en licencia de maternidad, quedaría cesante.
La terminación del contrato por el  tiempo que dure la realización
de la labor se originó, porque la labor específica para la cual fue contratada
la señora Pérez terminó, tal como consta en el correo electrónico enviado por
la señora CLAUDIA RODRIGUEZ, en el que informa que la labor para la cual fue
contratada la accionante terminó el día 24 de junio de 2005, debido a que la
trabajadora que estaba reemplazando se reintegraría al cargo después de
disfrutar de su licencia de maternidad.
La relación laboral en la que se encontraba la señora Pérez, se
originó y desarrolló como consecuencia de la suscripción de un contrato de
trabajo temporal o contrato individual de trabajo por el tiempo que dure la
realización de la obra o la labor determinada con ACCIÓN S.A., contrato que no
implica estabilidad laboral, y puede terminar en cualquier momento dependiendo
de la duración del servicio  que la empresa cliente requiera, que pueden ser
por un tiempo menor o mayor al solicitado.
Adicionalmente a la finalización de la labor para la cual fue
contratada, la señora Ladys Pérez presentó de manera libre y voluntaria el 25
de junio de 2005 la carta de renuncia. Forma de terminación autorizada por la
ley tal como lo menciona el literal h) del artículo 5 de a ley 50 de 1990, y
como consta en la comunicación mencionada. Asegura no saber quien elaboró la
carta de renuncia, pero menciona que lo importante, es que aparece firmada por
la señora Ledys del Carmen Pérez.
Expresa que  ACCIÓN S.A no ha violado el derecho a la vida de la
señora Pérez ni del que está por nacer (art. 11C.P) teniendo en cuenta que
ACCIÓN S.A en un acto de mera liberalidad y con el fin de que la señora Pérez y
su hijo estuvieran protegidos, ha continuado pagando el servicio de salud, para
que la accionante pueda tener derecho a los servicios de hospitalización,
licencia médica y pago de prestaciones económicas y asistenciales.
II. FALLO QUE SE REVISA
El
Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería con fecha dieciséis (16) de
septiembre de 2005 emite el fallo de tutela negándola por improcedente con base
en los siguientes argumentos:
Se apoya en la subsidiariedad de la acción de tutela consagrada a
nivel constitucional y menciona:  “analizada la situación planteada por la
tutelante, ha de considerarse que no es viable su petición por medio de esta
acción, debido a que frente a esta circunstancia existe otro mecanismo judicial
idóneo para hacer vales su derechos cuales son, las acciones contenciosas
administrativas establecidas en al ley. Es decir, que existe un medio
alternativo de defensa judicial que es idóneo y eficaz para la defensa de los
derechos que la accionante estima conculcados. Es así como a través de aquella
acción era procedente que el actor demandara la nulidad del acto que considera
lesionado con motivo de su expedición”.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
3.
Competencia.
La Sala es competente para decidir sobre el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9°, de la
Constitución, y 33 y 34 del decreto-ley  2591 de 1991.
4.
Lo que se debate:
La Corte debe establecer si a la señora Ledys del Carmen Pérez
Chica, le fueron vulnerados sus derechos fundamentales por parte de la empresa
ACCIÓN S.A. La señora Leyds del Carmen se vinculó a la empresa de servicios
temporales ACCIÓN S.A., mediante contrato de trabajo a término fijo, en calidad
de trabajadora en misión. Encontrándose vinculada a la empresa la accionante
comunicó su estado de embarazo. Sin embargo, días después su contrato de
trabajo terminó por como consecuencia de la presentación de la renuncia por
parte de la accionante.  La señora Ledys del Carmen, asegura que la empresa
ACCIÓN S.A., le obligó a presentar dicha carta de renuncia.
Por su parte, la empresa accionada asegura que el contrato de
trabajo terminó por el cumplimiento de la labor para la cual fue contratada la
señora Ledys del Carmen Pérez. La labor para la cual fue contratada según
ACCIÓN S.A., fue para cumplir las funciones que dejó una funcionaria que salió
a disfrutar de una licencia de maternidad, plazo que ya se cumplió.
Con base en este problema planteado, y teniendo en cuenta estos
temas que propone el análisis del caso, se atenderá a cada uno de ellos para la
resolución de la tutela.
5.
Protección reforzada a la mujer
trabajadora y a la maternidad.
La Constitución Política ha otorgado al trabajo de la mujer
trabajadora y a la maternidad una protección reforzada[1]. En efecto, el artículo
43 constitucional establece que la mujer no puede ser sometida a ninguna clase
de discriminación. Esto es, durante su embarazo y después del parto la mujer
goza de una especial asistencia y protección del Estado. La Constitución
también prevé en los artículos 16 y 42 el derecho de la mujer a tener el número
de hijos que considere adecuado; a no ser discriminada por razón de su
estado de embarazo (C.P. art. 13, 43 y 53), a prestaciones especiales mientras
se encuentre en estado de gravidez (C.P. art. 43 y 53); y, al amparo de su
mínimo vital durante el embarazo y después del parto (C.P. art. 1, 11, 43). La
Constitución también protege al hijo que está por nacer con el fin de
salvaguardar su vida y su mínimo vital (C.P. art. 44)[2], entre otras
disposiciones[3].
La Corte ha expresado que este es un derecho fundamental[4]. La protección la
maternidad también se encuentra prevista en los Convenios Internacionales de la
OIT adoptados por Colombia. (Convenio 103).
De otra parte,
en el ordenamiento jurídico se ha determinado que el despido por motivo de
embarazo, sin tener el aval de la autoridad administrativa respectiva, no puede
surtir ningún efecto. (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo).
2. Condiciones para la protección de la mujer trabajadora en estado
de embarazo. Reiteración de Jurisprudencia.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en innumerables sentencias
sobre la protección que merece la mujer trabajadora en estado de embarazo. Así
en la sentencia T-848/04 se reiteró los muchos pronunciamientos al respecto[5]. “en los cuales la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que aún cuando exista la
protección laboral especial a la mujer embarazada este es un derecho de rango
constitucional, que puede ser protegido en ciertas circunstancias a través de la
acción de tutela”.
Aún más en la sentencia T-909/02[6],
esta Corporación reiteró: “Esta Corporación ha señalado en reiteradas
oportunidades[7]
que la mujer en embarazo conforma una categoría social que, por su
especial situación, resulta acreedora de una particular protección por parte
del Estado”[8].
Se enfatizó que la mujer en estado de embarazo “ocupa un lugar preferente en
la sociedad que debe ser garantizado por el Estado, como quiera que en ella se
integra la defensa de la vida del nasciturus, de la integridad familiar y del
derecho a ser madre, sin que por esta decisión pueda ser objeto de
discriminación de género”[9].
La Corte
Constitucional también tiene establecido en aras de la efectivización del
derecho que se acaba de relatar, que en los casos en que ocurra un despido a
una mujer trabajadora en estado de embarazo, y cuando el empleador se ha
enterado de dicha situación, hay lugar tanto al pago de la indemnización
correspondiente como al reintegro de la empleada. Esta medida en principio
corresponde adoptarla a un juez laboral ordinario. Sin embargo, un juez de
tutela puede adoptarlas como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, o “cuando, vistas las circunstancias del caso, el medio
judicial ordinario resulta ineficaz o se muestra tardío e inútil para la
protección efectiva del mínimo vital de la trabajadora y del niño, ya nacido o
por nacer”[10].
Para hacer
efectiva tal protección la jurisprudencia ha establecido algunos requisitos
para su viabilidad así: "(1) que el despido o la desvinculación se
ocasionó durante el embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto;
(2) que la desvinculación se produjo sin los requisitos  legales pertinentes
para cada caso; (3) que el empleador conocía o debía conocer el estado de
embarazo de la empleada o trabajadora; (4) que el despido amenaza el mínimo
vital de la actora o que la arbitrariedad resulta evidente y el daño que
apareja es devastador"[11]
Corresponde
entonces, al juez en cada caso evaluar en cada situación de manera específica,
y examinar las circunstancias en que se ha desarrollado la relación laboral de
la trabajadora, y las condiciones objetivas del despido. Esto es, como factor
garante máximo opera la presunción de despido por discriminación en razón del
embarazo, a favor de la empleada, siendo el empleador quien deba asumir la carga
de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su despido de
manera legal.
5.1
Contrato de Trabajo a término fijo con
una empresa de servicios temporales – protección a la maternidad.
Las empresas
temporales se encuentran obligadas a proteger la maternidad, cuando la mujer
trabajadora se encuentra vinculada a ellas para prestar sus servicios
temporales en empresas señaladas por aquellas. Al respecto en la Sentencia
T-472 de 2002[12],
se señaló: “(…) El artículo 71 de la Ley 50 de 1990 las define de la
siguiente forma: “Es empresa de servicios temporales aquella que
contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar
temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor
desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de
servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de
empleador”. Así, el trabajador presta servicio laboral a un tercero pero
mantiene relación de subordinación con la empresa de servicios temporales,
quien es su verdadero empleador”.
Ahora bien,
cuando se ha firmado un contrato de trabajo es claro que existan expectativas
de estabilidad y permanencia en el mismo. Pero, también es claro que si se
trata de un trabajo a término fijo dichas expectativas disminuyan[13]. Esta Corporación ha
mencionado igualmente, que a pesar de haberse concertado una terminación cierta
del contrato de trabajo, este acuerdo sobre el
término fijo del contrato puede no constituir justa causa para terminar el
contrato cuando se trata de la protección de la estabilidad de la mujer
embarazada, una estabilidad que como ya se dijo es de carácter reforzado “(…) el solo vencimiento del plazo inicialmente
pactado, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el
contrato, con fundamento en los principios de estabilidad y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral[14]. “En
esta perspectiva, siempre que al momento de la expiración del plazo
inicialmente pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo
originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste
se le deberá garantizar su renovación”[15].
De manera específica, la Corte ha enfatizado respecto a este tipo de contratos
y de forma concreta respecto a los contratos con empresas temporales:  “(…) respecto
de los contratos individuales de trabajo por el tiempo que dure la realización
de la obra o por la naturaleza de la labor contratada, los cuales son suscritos
generalmente con empresas de servicios temporales, debe advertirse que, en
principio, la labor o servicio que deben prestar estos trabajadores tiene un
límite, sea en el tiempo o al culminarse una actividad determinada, de tal
suerte que la relación de trabajo subsiste mientras el usuario requiera los servicios
del trabajador o se haya finalizado la obra para la cual fue contratado (art.
71 y s.s. Ley 50 de 1990)”[16].
De manera más enfática en Sentencia T-879/99 se dijo: “(…) Sin
embargo, y como muy claramente lo señaló esta Corporación en la sentencia T-426
de 1998, cuando existe un contrato de trabajo a término fijo y se produce el
despido de la mujer embarazada, el juez constitucional en sede de tutela,
deberá corroborar si subsisten las causas que dieron origen al contrato de
trabajo, pues de lo contrario, no se podrá obligar al empleador a mantener una
trabajadora sin labor a realizar, máxime cuando en este caso particular, la
obra o labor para la cual se contrató a la demandante, se consideró terminada
por la empresa usuaria (…)”
En tal sentido, en el estudio de cada
caso debe comprobarse si existió una razón objetiva para el despido “para
proceder a su despido se deberá configurar una justa causa o razón objetiva, y
conseguirse la autorización del funcionario competente pues, de lo contrario,
tendrá lugar la  aplicación de la presunción de despido en razón del embarazo,
con la consecuente ineficacia del mismo y la posibilidad de obtener el
reintegro”[17].
Y para comprobar esta causa objetiva debe, de conformidad con reiterada
jurisprudencia de la Corte, el empleador demostrarlo. “(…) Al empleador le
corresponde asumir la carga de la prueba de sustentar en qué consiste el factor
objetivo, que le permite desvirtuar la presunción de discriminación que pesa
sobre sí, en el caso de las trabajadoras que debido a su estado de gravidez, no
son nuevamente contratadas o son despedidas” [18].
3.
Análisis del caso concreto
Se demostró, según las pruebas aportadas al Expediente que la señora
Ledys del Carmen suscribió un contrato individual de trabajo con la empresa
temporal ACCIÓN S.A., el día 17 de mayo de 2005. La trabajadora se vinculó como
“trabajador en misión” por el tiempo que dure la labor a desempeñar. Más
exactamente en la cláusula primera se señaló: “la obra o labor determinada
son las especificadas en la orden de asesoría No. 700593 del usuario y que el
trabajador declara conocer”. Y en la Segunda se dijo: “duración del
contrato: la labor contratada durará por el tiempo estrictamente necesario
solicitado al empleador según la orden de asesoría ya mencionadas”.
Seguido, el Contrato menciona: “En consecuencia este contrato debe terminar
en el momento en que el usuario comunique al empleador que ha dejado de
requerir los servicios del trabajador, sin que el empleador tenga que reconocer
indemnización alguna”. Partiendo de este hecho y demostrado, que el
contrato fue a término fijo, y además por el tiempo que dure la labor,
corresponde verificar si se produjo un despido injustificado en tanto se trata
de una mujer en estado de embarazo. Se demostró que la señora Ledys del Carmen,
encontrándose aún como empleada de ACCIÓN S.A., comunicó el día 22 de junio de
2005 su estado de embarazo a la empresa ACCIÓN SA. Según consta a (folio 9). Esta
comunicación no ha sido desvirtuada por la empresa ACCIÓN S.A es más ha sido
corroborada por la misma según aparece en la respuesta a la acción de tutela.
Una
vez establecidos estos dos elementos corresponde verificar si se produjo un
despido de la trabajadora. Se comprobó que a la señora Ledys se le comunicó de
manera verbal que su contrato iría hasta el 25 de junio de 2005, según lo
menciona la misma accionante en su demanda de tutela. Hecho que no fue
desvirtuado por la empresa ACCIÓN S.A. También es claro que la señora Ledys del
Carmen presentó el día 25 de junio la carta de renuncia dirigida a la empresa
ACCIÓN S.A (folio 49). Según manifiesta la accionante, ésta se vio obligada a
presentar la renuncia a cambio de su continuidad en la seguridad social. Sobre
estos hechos no obra en el expediente elemento probatorio que asegure que algún
funcionario de la empresa coaccionó a la renuncia, en todo caso este es un
juicio que debe surtirse en la jurisdicción ordinaria. No es un juicio que deba
efectuar el juez de tutela.
En apoyo de lo anterior, también se debe anotar, que en el escrito
de respuesta la empresa ACCIÓN S.A., menciona que la señora fue contratada por
ACCIÓN S.A., el 17 de mayo de 2005, para desempeñar la labor de impulsadora en
la empresa cliente “Familia Sancela”, la cual se dio por terminada el 25 de
junio de 2005. Menciona que dicho contrato efectivamente se finiquitó por
cuanto la labor específica para la cual fue contratada la señora Pérez terminó,
tal como consta en el correo electrónico enviado por la Señora Claudia
Rodríguez funcionaria de la empresa usuaria, “Familia Sancela”, en el que
informa “….por medio de la presente informo que hasta el día de hoy terminó sus
labores en la ciudad de Montería la señora Laydis Pérez” quien estaba en
reemplazo durante la licencia de maternidad de la señora Jeni Lerech, esta
última ingresará a partir de mañana al haber culminado su licencia, favor tener
esto en cuenta”.
Se
concluye: el empleador ACCIÓN S.A., no despidió a la señora Ledys. De todas
formas el empleador logró demostrar que la terminación del contrato de trabajo
terminó por una causa objetiva cual fue el cumplimiento de la licencia de
maternidad de la persona a la cual la accionante se encontraba reemplazando.
Finalmente no se logró demostrar que la renuncia haya sido provocada. Por lo
anterior, la acción de tutela no prospera. La Corte confirmará la sentencia
proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería pero no por las
razones allí expuestas.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero:
CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Montería (Córdoba) el dieciséis
(16) de septiembre de 2005, mediante el cual se negó la acción de tutela
promovida por la señora, Ledys del Carmen Pérez Chica contra la Sociedad
Comercial ACCIÓN S.A.
Segundo: Por Secretaría General, LÍBRENSE la comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese, notifíquese,
cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Entre otras, T-472/02. M.P. Alfredo
Beltrán Sierra. Sobre la “estabilidad laboral reforzada” las sentencias:
T-470/97, T-174/99, T-362/99, T-764/00 y T-1456/00 entre otras.
[2]
Sentencia T-862 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería
[3]Sentencia
T-862 de 2003. Entre otras, las sentencias T-179/93 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), T-694-96 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-470/97
(M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[4]
Sentencia T-862 de 2003.M.P. Jaime Araujo Rentería.
[5]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Otras Sentencias: T-420 de 1992;
T-179, T-437, T-495  de 1993;  T-568 de 1996; T-662 de 1997; T-656 y T-792 de
1998; T-104, T-205,  T-339, T-347, T-362, T-380 y T-458 de 1999.  Y de
constitucionalidad. C-470 de 1997, C-401 de 1998 y C-199 de
1999.
[6]
Magistrado Ponente. Jaime Córdoba Triviño.
[7]
Sentencias C-470/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-800/98 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa, C-199/99 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-232/99 M.P. Alfredo
Beltrán Sierra, entre otras (notas del fallo).
[8]
T-909 de 2002. Sentencia C-373/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (notas del
Fallo).
[9]
T-909 de 2002.
[10] Sentencia T-005/00, Magistrado Ponente. José
Gregorio Hernández Galindo.
[11]Sentencia T-373 de 1998.
[12]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[13]
T-1002 de 1999.
[14]
Sentencia C -016 de 1998. M.P. Fabio Moron Díaz
[15] T-862 de 2003, remite a la Sentencia T-040A/01 M.P.
Fabio Morón Díaz
[16] T-862 de 2003. Sentencia T- 040ª de 2001. M.P. Fabio Morón Díaz. T- 909 de 2002. T-778 de 2000.
[17]
T-862 de 2003 y otras T- 1138 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil. T-1084
de 2002. T-1062/04 Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[18]
Sentencia T-1084/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.