T-949-04
II
Sentencia T-949/04
DERECHO A LA VIDA-No está limitado a la
idea de peligro de muerte/DERECHO A LA VIDA-Extensivo a dignidad y
decoro
Lo que pretende la jurisprudencia es entonces respetar un concepto
de vida no limitado a la restrictiva idea de peligro de muerte, ni a la simple
vida biológica, sino a consolidar un sentido más amplio de la existencia que se
ate a las dimensiones de dignidad y decoro. Lo que se busca con dicha noción es
preservar la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena
dignidad, ya que, al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida
saludable, en la medida de lo posible.
INAPLICACION DE NORMAS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Casos en que procede por exclusión de tratamientos y medicamentos
de alto coso
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA-Protección/DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA-Entrega de medicamentos por EPS
Referencia:
expediente T-962789
Acción de tutela presentada por Fabiola
Estrada Florez, contra Coomeva EPS Seccional Barranquilla.
Procedencia:
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla.
Magistrado
Ponente:
Dr. ALFREDO
BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D. C.,
siete (7) de octubre de dos mil cuatro (2004).
La Sala Segunda
(2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados,
Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Cuarto Civil  Municipal de Barranquilla, dentro de la
acción de tutela instaurada por la señora Fabiola Estrada Florez, contra
Coomeva EPS.
El expediente
llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la secretaría del
Juzgado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el
expediente de la referencia.
I.
ANTECEDENTES.
La señora
Fabiola Estrada Florez presentó acción de tutela el veinticuatro (24) de junio
de 2004, ante los Juzgados Civiles Municipales de Barranquilla, contra Coomeva
EPS, por los hechos que se resumen a continuación:
A. Hechos
1. La actora de 62 años de edad, se
encuentra afiliada a la EPS Coomeva  en calidad de cotizante.
2. En 1984 sufrió una isquemia cerebral que
le causó una hemipléjica del lado izquierdo, con graves secuelas
físicas. A pesar de haberse realizado múltiples tratamientos de rehabilitación
en Colombia y en Estados Unidos, su estado de salud cada día es más precario,
debido a la espasticidad o engarrotamiento de todos los miembros del
lado izquierdo de su cuerpo.
3. Expresa que para controlar su enfermedad
le recetaron diferentes medicamentos (Valin, Sirdalud, Liodesal, Clonasepan,
Triptanol), los cuales con el tiempo han perdido su efectividad debido al uso
prolongado que de estos ha tenido, y por el contrario, le han generado el
aumento de la espasticidad, al punto de tener deformidad en el lado
izquierdo de su cuerpo, obligándola a caminar con la ayuda de una persona o un
caminador. Además, le están produciendo efectos colaterales como insomnio,
ansiedad, depresión, degenerando aún mas su calidad de vida.
4. En enero de 2004, el médico especialista en el Instituto
Colombiano de Neuropedagogía (fl 6), le modificó el tratamiento médico que
venía utilizando y le ordenó un nuevo medicamento denominado Toxina
Butulimica MSI y MII. 8 muscular- Botox x 100 uds, tres ampollas[1]  para
el bloqueo de unión Mio-Neural y controlar la espasticidad. (fl
7-8), por lo que, acudió el 14 de enero de 2004 a Coomeva EPS, solicitando la
autorización y entrega del medicamento formulado por el especialista, pero la
entidad se negó a suministrarlo por estar excluido del POS.
5. Agrega
que no cuenta con los medios económicos suficientes, para  sufragar el costo
del medicamento formulado, ya que su valor asciende aproximadamente a un millón
de pesos ( $1.000.000) por ampolla, y ella vive con su señora madre de la
caridad de sus hermanas,  razón por la que pide se ordene el suministro de
esta.
B.  Pretensiones.
La actora
solicita la protección rápida y eficaz de sus derechos fundamentales a la salud
y vida, por medio de una orden al Gerente de Coomeva EPS, para que autorice la
entrega del medicamento.
C. Sentencia
de instancia.
Mediante
sentencia de catorce (14) de julio de dos mil cuatro (2004), el Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Barranquilla denegó la tutela solicitada, al considerar que
no se comprobó que la falta del medicamento le esté amenazando sus derechos
fundamentales, pese a que ella no puede movilizarse de una manera normal y le
está limitando tener un desarrollo adecuado de su vida y de sus actividades
normales, no se determinó que afecte su salud al punto de poner en peligro su
vida.
A juicio del
Juez Constitucional la accionante tampoco aporto prueba alguna, que demostrara
que su condición económica no le permite asumir los gastos del medicamento, ya
que está reside en una zona de estrato alto y que como ella misma lo manifestó
en los hechos, tuvo la oportunidad de ser tratada médicamente en otro país, por
lo que no se puede presumir que su situación económica no le permita cubrir el
tratamiento.
Agrega que como
lo afirma Coomeva EPS, el medicamento no se encuentra dentro del POS, y tampoco
ha manifestado que exista otro tratamiento que pueda suplir el ordenado por el
especialista.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.
Competencia.
La Sala es
competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241,
numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo
que se debate.
Corresponde a esta Sala de
Revisión establecer si la entidad acusada ha vulnerado los derechos a la salud
y a la vida de la señora Fabiola Estrada Florez, al no autorizarle Coomeva EPS
la entrega del medicamento prescrito por el especialista.  Por tanto, deberá
esta Sala decidir si en el caso en estudio procede la acción de tutela.
Tercera. Derecho a la salud en conexidad con la vida.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa al afirmar
que el ser humano necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y
desempeñarse, de modo que cuando la presencia de ciertas anomalías en la salud,
aun cuando no tenga el carácter de enfermedad afectan esos niveles, se pone en
peligro la dignidad personal. Resulta válido pensar que el paciente tiene
derecho a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar alivio a sus dolencias
y buscar la posibilidad de una vida que  pueda llevarse con dignidad.[2]
“Lo que pretende la jurisprudencia es entonces respetar un concepto
de vida no limitado a la restrictiva idea de peligro de muerte, ni a la simple
vida biológica, sino a consolidar un sentido más amplio de la existencia que se
ate a las dimensiones de dignidad y decoro. Lo que se busca con dicha noción es
preservar la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena
dignidad, ya que, al hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida
saludable, en la medida de lo posible.[3]
Cuarto. Reiteración de jurisprudencia -  Inaplicación de las normas
legales o reglamentarias que regulan las exclusiones del P.O.S.
Esta Corporación ha considerado que en
aquellos casos en los que la salud y la vida de un individuo se encuentren
seriamente comprometidas sino se efectúa un procedimiento quirúrgico o no se
suministra un medicamento, por ejemplo, con el argumento de que éstos se
encuentran excluidos del POS por así disponerlo una norma legal o
reglamentaria, el juez de tutela con fundamento en el artículo 4º de la
Constitución Política, deberá inaplicarla[4].
La Corte ha precisado que para inaplicar el
precepto legal o reglamentario se deben demostrar unos requisitos tales como:
a) que la falta del
medicamento o tratamiento excluido, vulnere o amenace los derechos
constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal de la
persona;
b) que el  fármaco o
procedimiento no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan
Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el
mismo nivel de efectividad que el excluido del Plan, siempre y cuando el nivel
de efectividad sea el necesario para proteger el mínimo vital del paciente;
c) que el paciente no pueda
sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, así como que el
enfermo no pueda acceder a ellos por ningún otro sistema o plan de salud; y
d) que el medicamento o
tratamiento haya sido formulado o dispuesto por un médico adscrito a la EPS a
la cual se encuentre afiliado el enfermo[5]. (Sentencia T- 704 de 2004 M.P Alfredo
Beltrán Sierra)
En caso de cumplirse los
requisitos anteriores, la EPS queda obligada a la prestación del servicio o
como lo sería en el caso en estudio, la entrega del medicamento.
Quinto.  Análisis del caso
concreto.
Atendiendo a los requisitos
señalados por la jurisprudencia de esta Corporación, y al material probatorio
obrante en el expediente, observa la Sala de Revisión lo siguiente:
a) La falta del medicamento prescrito por el médico tratante para
sobrellevar  las secuelas de la enfermedad (Isquemia Cerebral) padecida
por la actora, pone en riesgo su salud y la calidad de vida. Ello se evidencia
con claridad en la valoración emitida por el especialista. (fl.6)
b) De idéntica manera se
observa que Coomeva EPS no ha manifestado que  existe un medicamento
sustitutivo dentro del P.O.S.
c) Se advierte que en el
expediente la incapacidad económica de la  actora  para costear el medicamento
indicado, no fue controvertida por Coomeva EPS ni por el juez de instancia. En
efecto, este último, no hizo  uso de sus facultades legales para impulsar la
actividad probatoria, a fin de verificar el cumplimiento o incumplimiento de
este requisito y concluyó que la capacidad económica de la actora no es
precaria, porque reside en una zona de estrato alto y que como ella misma lo
manifestó en los hechos, tuvo la oportunidad de ser tratada médicamente en otro
país.
d) El especialista que le ordenó
el medicamento a la actora, se encuentra adscrito al Instituto Nacional de
Neurología, según remisión que Coomeva E.P.S, le hizo a la actora (fl 11),
debido a que su estado de salud no mejoraba.
De lo expuesto se deduce, que
en el presente caso se cumplen a cabalidad las condiciones exigidas en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para proteger el derecho a la salud
en conexidad con la vida de la actora.
Se concluye por lo tanto que la actora es
una persona de la tercera edad (62 años), afiliada al régimen contributivo, que
afirmó durante el trámite de esta acción que no cuenta con los medios
económicos suficientes para sufragar el costo del medicamento y que tal
afirmación no fue desvirtuada por la EPS demandada, entidad esta que no
desplegó ninguna actividad probatoria al respecto, razón por la que los jueces
de instancia debieron tener por probada la incapacidad económica alegada por la
actora y ordenar la entrega del medicamento para proteger el derecho a la salud
y vida, pues en estas circunstancias en el caso que ocupa ahora la atención de
la Corte y lo conforme a lo dispuesto en el decreto 2591 de 1991, los Jueces de
tutela dieron aplicación a la presunción de veracidad que ampara las
afirmaciones de la actora, no desvirtuadas por la entidad accionada.
La Sala reitera la posición
adoptada por esta Corporación en múltiples fallos (ver sentencias T-095 de 2004 M.P Jaime
Araujo Rentaría, T-036 de 2004  M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-538 de 2004. M.P.
Clara Inés Vargas), en los cuales frente a situaciones fácticas similares a la
que hoy se estudia, ordenó la entrega del medicamento. En consecuencia, habrá
de revocarse el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Barranquilla, y en su lugar, conceder el amparo solicitado, a fin
de proteger los derechos a la salud y vida de la señora Fabiola
Estrada Florez.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por  mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
REVÓCASE la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, dentro de la acción de tutela
instaurada por la señora Fabiola Estrada Florez contra Coomeva EPS seccional
Barranquilla. En su lugar, CONCEDASE  el amparo constitucional que se
reclama.
En consecuencia,
ORDÉNASE a Coomeva EPS Seccional Atlántico, que en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si no lo
hubiere hecho, proceda a entregar el medicamento requerido por la señora
Fabiola Estrada Florez, prescrito por el médico tratante.
Segundo: Se autoriza a la entidad demandada repetir contra el Fosyga en los
gastos en que incurra. Pago que deberá verificarse en el término de seis meses
(6) contados a partir de la respectiva solicitud.
Tercero: Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se
refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MONCALEANO
Secretaria General
[1] Botox - Toxina
Butulimica: se usa entre otros para mejorar la movilidad en caso de parálisis.
Ver concepto en internet pagina -
www.revistacambio.com/html/cambio_vida/articulos/2461/
[2]
Ver sentencia T- 224 de 1997, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, reiterada en T 099 de 1999 y T-722 de 2001.
[3]
T-395 de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[4]
Sentencia T-150 de 22 de febrero de 2000. M. P. José Gregorio Hernández
Galindo.   Sentencia T- 704 de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5]
Sentencias SU-111 de 1997;  SU-480 de 1997 ;  T-236 de 1998 ; T-283
de 1998, T-560 de 1998,  T-409 de 2000 y T-704 de 2004.