C-390-94
Sentencia No
Sentencia No.
C-390/94
TRATADO INTERNACIONAL-Control previo
Las competencias
de la Corte Constitucional en esta materia recaen sobre la ley sancionada por
el Presidente de la República, y por ello es posterior a la actividad del
Congreso y al procedimiento legislativo; pero además, este tipo de
procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes también es previo,
pues se verifica con anterioridad al perfeccionamiento del tratado o del
convenio que se aprueba por la ley.
TRATADO INTERNACIONAL/OBLIGACION
ECONOMICA/FONDO DE INVERSIONES/MINISTRO DE HACIENDA
Entre un tratado
o convenio en el que se aprueba una obligación económica de la índole de una
donación constitutiva de un organismo o de un fondo financiero o de inversiones
y de crédito, es apenas natural que, para cumplir con la donación prevista, se
autorice en la misma ley al funcionario administrativo correspondiente, que es
el Ministro de Hacienda, para que haga las apropiaciones necesarias en el
presupuesto ordinario de la Nación. Desde luego, y sólo bajo estos supuestos es
que la Corte encuentra ajustada a la Constitución la mencionada incorporación
de la autorización.
REF.:
Expediente No.  L.A.T. 027
Revisión de la
constitucionalidad de la Ley 111 de 1994 (17 de enero), "Por medio de la
cual se aprueba el CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES
y el CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES,
suscritos en Washington el 11 de febrero  de 1992."
Magistrado
Ponente:
Dr. FABIO MORON
DIAZ
Santafé de Bogotá,
D.C., Septiembre primero (1o.) de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
I.    ANTECEDENTES
Al día siguiente de
su sanción como ley de la República, y "..para su correspondiente
revisión", la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República envío
a esta Corporación copia auténtica del texto de la Ley 111 de 1994 (17 de
Enero), "Por medio de la cual se aprueba el  CONVENIO CONSTITUTIVO DEL
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES y el CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
MULTILATERAL DE INVERSIONES, suscritos en Washington el 11 de febrero  de
1992."
El día ventisiete
(27) de Enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se verificó el
correspondiente reparto del asunto y el magistrado sustanciador ordenó la
práctica de pruebas, consistente en la solicitud del envío de la copia
auténtica de los trámites legislativos del proyecto de ley correspondiente a la
Ley 111 de 1994; además, el día once (11) de Marzo se ordenó que una vez
cumplido lo anterior, se procediera a la fijación en  lista y a practicar el traslado
correspondiente al Despacho del señor Procurador General de la Nación, para
efectos de recibir el concepto fiscal.
Dentro del término
correspondiente a la fijación del asunto en lista,  y de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, no
se hizo presente en la Secretaría General de esta Corporación ningún
representante de las entidades públicas a las que se les comunicó la iniciación
del proceso, para sostener la constitucionalidad de la Ley 83 de 1993, sometida
al procedimiento judicial de revisión que, según lo advierte  el artículo 241
numeral 10 de la Carta Política, se debe adelantar por la Corte Constitucional
antes del perfeccionamiento del instrumento internacional que se aprueba en
aquella disposición legal; tampoco se hizo presente ningún ciudadano para
impugnar o sostener la constitucionalidad de las disposiciones bajo examen de
esta Corporación.
Una vez cumplidos
todos los trámites indicados para esta clase de actuaciones procesales de
control de constitucionalidad, procede la Corte a pronunciar su decisión.
II.   EL TEXTO DE LA LEY QUE SE REVISA
LEY 111 DE 1994
(Enero 17)
Por medio de la cual se aprueban el
"Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones" y el
"Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones",
suscritos en Washington el 11 de febrero de 1992.
el congreso de Colombia
Vistos los textos del "Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones" y el "Convenio de
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones", suscritos en
Washington el 11 de febrero de 1992.
"Convenio Constitutivo
del Fondo Multilateral de Inversiones"
Considerando que muchos dirigentes de América
Latina y el Caribe han llevado a cabo reformas de economía de mercado y han
reconocido la necesidad de reducir a niveles controlables la carga de la deuda
externa y de liberalizar los regímenes de inversión;
Considerando la necesidad imperiosa de atraer
capital privado para el desarrollo económico de los países de América Latina y
el Caribe y de reformar los regímenes de inversión para promover la inversión
extranjera y nacional en estos países;
Considerando que los probables donantes
miembros del Banco Interamericano de Desarrollo enumerados en el Anexo A de
este Convenio (cada uno de ellos considerado un "Donante" en cuanto
se adhiera a este Convenio y así denominado en adelante) han acordado crear un
fondo multilateral en el Banco como medida transitoria para ayudar con la
reforma de los regímenes de inversión;
Considerando que dicho fondo multilateral
podría proveer recursos esenciales para suplementar y complementar las
actividades del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Interamericana
de Inversiones y de otros bancos multilaterales de desarrollo, y prestarles
apoyo en sus políticas e iniciativas para promover la reforma de los regímenes
de inversión y, en particular, fomentar las actividades de la microempresa;
Considerando que el Banco Interamericano de
Desarrollo (en adelante denominado el "Banco"), para el cumplimiento
de su objetivo y la realización de sus funciones, ha acordado administrar dicho
fondo y, con fecha 11 de febrero de 1992, se ha comprometido a administrar dicho
fondo mediante la suscripción del Convenio de Administración del Fondo
Multilateral de Inversiones (en adelante denominado "Convenio de
Administración";
Por lo tanto, los donantes acuerdan
establecer el Fondo Multilateral de Inversiones (en adelante denominado el
"Fondo") conforme lo siguiente:
ARTICULO 1: Objetivos Generales.
Los objetivos generales del Fondo son los
siguientes:
a) Fomentar el desarrollo y la
implementación de la reforma de los regímenes de Inversión y facilitar el
incremento significativo de los niveles de inversión privada, tanto extranjera
como nacional, acelerando por ende el crecimiento y desarrollo económico y
social de los países en vías de desarrollo miembros regionales del Banco y los
países en vías de desarrollo miembros del Banco de Desarrollo del Caribe;
b) Alentar los esfuerzos de estos países en
la implementación de estrategias de desarrollo basadas en políticas económicas
sólidas que promuevan un incremento de inversión privada y el sector privado en
expansión, ya que dichas políticas aumentarán las oportunidades de empleo y
fomentarán las actividades de las pequeñas empresas y microempresas,
contribuyendo así a paliar la pobreza, a mejorar la distribución de ingresos y
a fortalecer el rol de la mujer en el proceso de desarrollo;
c) Fomentar las microempresas, las pequeñas
empresas y otras actividades empresariales en tales países miembros;
d) Otorgar a tales países miembros el
financiamiento que les permita lo siguiente: i) identificar e implementar
políticas de reforma a fin de aumentar la inversión, ii) sufragar ciertos
costos relacionados con tales reformas y con la expansión del sector privado y
iii) aumentar la participación de los pequeños empresarios en la economía
nacional; y
e) Promover, en todas las operaciones del
Fondo, un desarrollo económico que sea ambientalmente solvente y constante.
ARTICULO 2o. Contribuciones al Fondo
Sección 1. Documentación de las
Contribuciones.
a) A la mayor brevedad posible después de
depositar el documento de ratificación, aceptación o aprobación del presente
Convenio de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 1 del artículo 6o (en
adelante denominado el "Documento de Aceptación"), pero en ningún
caso después de sesenta días de haber depositado dicho documento, cada donante
depositará en el Banco un Documento de Contribución por el que se comprometa a
pagar al Fondo el monto correspondiente establecido en el Anexo A, en cinco
cuotas mensuales por la misma cantidad (en adelante tal contribución se
denomina "Contribución Incondicional"). Los Donantes que han
depositado un Documento de Contribución en la fecha de entrada en vigor del
presente Convenio o con posterioridad a dicha fecha, conforme lo dispuesto en
la Sección 1 del artículo 5o.  (fecha en adelante denominada "Fecha Efectiva")
podrá retrasar el pago de la primera cuota hasta el trigésimo día posterior a
tal fecha. Los Donantes que depositen un Documento de Contribución después de
la fecha Efectiva deberán efectuar el pago de la primera cuota dentro de los
treinta días siguientes a la fecha en que hagan dicho depósito del Documento de
Contribución, pero en ningún caso después del primer aniversario de la Fecha
Efectiva o en tal otra fecha que determine el comité creado por el artículo 4o.
(en adelante denominado el "Comité de Donantes"). Los Donantes
efectuarán cada pago de las cuotas subsiguientes en la fecha o con anterioridad
a la fecha correspondiente al aniversario de la primera cuota.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo a) de la presente Sección respecto de las contribuciones
Incondicionales, en caso excepcional cada Donante podrá depositar un Documento
de Contribución por el que se comprometa a condicionar el pago de todas las
cuotas, excepto la primera, a apropiaciones presupuestarias subsiguientes, y a
procurar la obtención de las apropiaciones necesarias para pagar el monto total
de cada cuota en las fechas de pago a que se refiere el párrafo a) (en adelante
tal contribución se denomina "Contribución Condicional"). El pago de
cualquier cuota con vencimiento después de cualquiera de tales fechas de pago
se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la obtención de las
apropiaciones solicitadas;
c) En el caso que un Donante que haya
efectuado una Contribución Condicional no hubiera obtenido las apropiaciones
presupuestarias para pagar en su totalidad cualquiera de las cuotas en las
fechas a que se refiere el párrafo a), cualquier otro donante que haya
satisfecho en plazo la totalidad del pago que le correspondiere podrá, luego de
consultar con el Comité de Donantes, indicar por escrito al Banco que limite
los compromisos con cargo a dicha cuota. Esa limitación no podrá exceder al
porcentaje que represente dicha cuota impaga respecto al monto total
comprometido por tal Donante como Contribución Condicional, y no permanecerá en
efecto sino por el período en que la cuota impaga esté pendiente de pago;
d) Cualquier país miembro del Banco
enumerado en el Anexo A que se convierta en un Donante, conforme lo dispuesto
en la Sección 1 del artículo 6o., efectuará una contribución al Fondo por medio
del depósito de un Documento de Contribución por el que se compromete a pagar
un monto en las fechas y las condiciones aprobadas por el Comité de Donantes
con arreglo al referido artículo;
e)El Fondo no excederá de la suma de los
montos totales que se indican en el Anexo A más los montos indicados en los
Documentos de Contribución depositados conforme lo dispone el párrafo d).
Sección 2. Pagos
a) Los pagos que corresponda efectuar
conforme lo dispuesto en este artículo se efectuarán en cualquier moneda
libremente convertible que determine el Comité de Donantes, o en pagarés no
negociables que no devenguen interés (u otros títulos valores similares)
denominados en la moneda y pagaderos a su presentación con arreglo a los
criterios y procedimientos que establecerá el Comité de Donantes para hacer
frente a los compromisos operacionales del Fondo.  Los pagos al Fondo en moneda
libremente convertible que se transfieran de un fondo fiduciario de un Donante
se reputarán efectuados en la fecha de su transferencia y se computarán a las
sumas debidas por dicho donante;
b) Tales pagos se efectuarán a una cuenta o
cuentas que el Banco abrirá especialmente al efecto; los pagos referidos se
depositarán en esa cuenta o en el Banco, según éste determine;
c) Para determinar los montos adeudados por
cada Donante que efectúe sus pagos en una moneda convertible que no sea en
dólares de los Estados Unidos de América, el monto en dólares de los Estados
Unidos de América que se indica al lado de su nombre en el Anexo A se
convertirá a la moneda de pago a la tasa representativa de cambio del Fondo
Monetario Internacional para dicha moneda, con base en el cálculo del promedio
de las tasas de cambio diarias durante el período de seis meses que concluyen
el 30 de noviembre de 1991.
ARTICULO 3o. Operaciones del Fondo.
Sección 1. Disposición General. Las
operaciones del Fondo se administrarán a través de tres facilidades, a saber:
La Facilidad de Cooperación Técnica, la Facilidad de Recursos Humanos y la
Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa. El Comité de Donantes tendrá la
responsabilidad de asegurar que todas las operaciones del Fondo sean
consistentes con los programas generales y las políticas aplicables del Grupo
del Banco, así como con la estrategia y el programa del Grupo del Banco para
los respectivos países resultantes del diálogo continuo y de las prioridades de
desarrollo del respectivo país conforme los mecanismos formales establecidos en
el Convenio de Administración.
Sección 2. La Facilidad de Cooperación
Técnica. En el marco de la Facilidad de Cooperación Técnica se otorgarán
recursos con fines de asistencia técnica, ya sea a los gobiernos, agencias
gubernamentales, entidades de privatización, bolsas de valores u otros organismos,
según sea apropiado, para lograr el cumplimiento de los objetivos del Fondo, y,
en particular, para financiar lo siguiente:
a) Estudios de diagnóstico de países para
identificar limitaciones a la inversión, incluidas las de carácter jurídico, financiero
y de reglamentación;
b) El desarrollo de planes nacionales para
la reforma global de las políticas y del medio ambiente jurídico para
inversiones, en conjunción y como complemento de los programas del Banco para
cada país;
c) Servicios de asesoría para implementar
los planes referidos en el párrafo b), los que podrán incluir asesoría respecto
de la reforma legislativa en materia de inversiones, de propiedad intelectual,
comercial, regímenes tributarios, laboral, protección del medio ambiente y procedimientos,
así como asesoría en la implementación de dicha legislación y respecto de las
entidades de reglamentación;
d) Asesoramiento en materia de diseño e
implementación de los programas de privatización, incluyendo asesoramiento
respecto de valuación y técnicas para la privatización de empresas específicas;
y
e) Apoyo en el desarrollo y fortalecimiento
de los sistemas financieros a fin de i) eliminar los obstáculos (tales como las
distorsiones de tasas de interés) y fomentar la sana competencia, ii)
desarrollar salvaguardias solventes y prudentes, incluyendo estándares de
contabilidad y de difusión de información, e instituciones que las supervisen,
iii) ampliar la capacidad del sector bancario y de los mercados de capital por
medio de sistemas de información más directos, transparentes y técnicamente
actualizados; y iv) adoptar otras medidas para el fortalecimiento del sector
financiero, tales como asesorar en la creación y desarrollo de mercados de
capitales o de productos básicos.
Sección 3. La Facilidad de Recursos Humanos. En el marco de la Facilidad de Recursos
Humanos se otorgarán recursos a gobiernos, agencias gubernamentales,
instituciones docentes u otros, según sea apropiado, a fin de desarrollar la
base de recursos humanos necesaria para incrementar los flujos de inversión y
ampliar el sector privado y, en particular, para financiar lo siguiente:
a) Capacitación de los trabajadores que
puedan verse desplazados como consecuencia de la implementación de las reformas
relativas a inversiones, a la reducción del gasto público y a la
reestructuración o privatización de empresas por los gobiernos;
b) Capacitación de trabajadores y de
cuadros directivos asegurando que satisfagan las necesidades de los inversores
y de un sector privado más amplio, y que los cuadros directivos estén
familiarizados con las prácticas internacionales en materia de finanzas,
contabilidad, planificación, comercialización y distribución, informática para
la administración y otros;
c) Capacitación de individuos que puedan
desempeñar las funciones de reglamentación esenciales para el funcionamiento de
un sistema de mercado, incluyendo capacitación en otras disciplinas tales como
protección al consumidor, protección de los trabajadores, administración de las
leyes sobre competencia desleal y protección del medio ambiente;
d) Capacitación de profesionales a los que
se considere importantes para el desarrollo de la economía local mediante el
fortalecimiento de la capacidad científica, técnica y de gestión de los
recursos humanos; y
e) Fortalecimiento del adiestramiento
vocacional y de otras instituciones que sirvan a los fines expuestos en los
apartados a), b), c) y d).
Sección 4. La Facilidad de Promoción de la
Pequeña Empresa.
a) Para la consecución de los objetivos del
Fondo, como se indica más adelante, se otorgará financiamiento a microempresas
y pequeñas empresas nacionales, ya sea directamente o a través de
intermediarios, y a las instituciones que las sirvan, en el marco de la
Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa.
b) A los efectos del párrafo a), se podrán
otorgar recursos para cooperación técnica a organizaciones no gubernamentales e
instituciones financieras nacionales (incluyendo intermediarios financieros)
para ampliar el volumen y la gama de servicios que éstos ofrecen a
microempresas o a pequeñas empresas. Dicho financiamiento para cooperación
técnica podrá emplearse para ayudar a esas organizaciones e instituciones a
alcanzar los siguientes objetivos:
i) Mejorar las prácticas financieras y
comerciales a fin de que sean económicamente independientes;
ii) Desarrollar facilidades innovativas,
como por ejemplo, mecanismo de arrendamiento financiero y de redescuento, y
participar en el mercado interbancario; y
iii) Desarrollar servicios para ayudar a
microempresas o a pequeñas empresas a  elaborar planes comerciales, identificar
oportunidades para efectuar operaciones rentables e identificar fuentes de
financiamiento, y resolver problemas específicos a la comercialización u otros;
c) Así mismo a fin de alcanzar los
objetivos referidos en el párrafo a9, se establecerá un Fondo de Inversiones
para la Pequeña Empresa, Fondo que, en todo momento y a todos los efectos, se
mantendrá, utilizará, comprometerá, invertirá y contabilizará separado del
resto de los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones. Los recursos del
Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa podrán emplearse para otorgar
préstamos, efectuar inversiones en el capital social e inversiones análogas a
las de participación en el capital social, en pequeñas empresas y microempresas
y a organizaciones no gubernamentales e instituciones financieras nacionales
que estén estableciendo o ampliando servicios para las microempresas o las
pequeñas empresas, o que estén otorgándoles préstamos o invirtiendo recursos en
ellas. El Comité de Donantes determinará los términos  y condiciones básicos de
dichos préstamos e inversiones. Todas las sumas que reciba el Banco
provenientes de las operaciones del Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa,
ya sean dividendos, intereses u otros, se depositarán  en la cuenta del Fondo
Multilateral de Inversiones para que el Comité de Donantes las asigne conforme
lo dispuesto en la Sección 3 del artículo 4.
a) El financiamiento con cargo al Fondo se
otorgará con arreglo a los términos y condiciones del presente Convenio, de
conformidad con las reglas establecidas en los artículos III, IV y VI del
Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante
denominado "Carta Orgánica"), con las políticas del Banco aplicables
a sus propias operaciones y con las reglas y políticas de la Corporación
Interamericana de Inversiones, si procediese. Además, si bien los países en
vías de desarrollo miembros del Banco son potenciales beneficiarios de financiamiento
con recursos del Fondo, dicho financiamiento sólo se otorgará a aquellos que
satisfagan las siguientes condiciones:
i) En el caso de asistencia concesional
cuando el beneficiario haya establecido que dicha asistencia probablemente
tendrá un efecto catalizador en los flujos de inversiones;
ii) Cuando el país en vías de desarrollo
miembro del Banco en cuyo territorio vayan a utilizarse los recursos:
a) Esté cumpliendo con los términos y
condiciones de un préstamos sectorial para inversiones existentes entre dicho
país y el Banco, o
b) 1) en el caso de financiamiento recibido
al amparo de la Sección 2 a), b) o c) de este artículo, se comprometa a aplicar
una política macroeconómica sólida y reformar el sector de inversiones, o
2) En el caso de cualquier otro tipo de
financiamiento recibido en el marco de este Convenio, esté implementando una
política macroeconómica sólida y medidas de política y otras prácticas que
hayan eliminado y sigan eliminando obstáculos al aumento del flujo de inversiones,
y que en su consecuencia se expanda significativamente el sector privado; y
iii) Cuando el país en vías de desarrollo
miembro del Banco, en cuyo territorio se utilizarán los recursos, esté
cumpliendo con sus obligaciones con las instituciones financieras relevantes;
b) Al decidir si debe o no conceder fondos,
el Comité de Donantes tendrá particularmente en cuenta el compromiso del país
correspondiente a la reducción de la pobreza y a la reforma del régimen de
inversiones, al costo social de las reformas económicas, a las necesidades
económicas de los probables beneficiarios y a los niveles relativos de pobreza
de los países miembros;
c) El financiamiento en el territorio de
los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, será otorgado en
consulta con el acuerdo de, y a través del Banco de Desarrollo del Caribe, en
condiciones consistentes con los principios de esta Sección, y tal como lo
decida el Comité de Donantes;
d) Los recursos del Fondo no se emplearán
para financiar o sufragar aquellos costos de proyectos incurridos con
anterioridad a la fecha en que los recursos del Fondo se encuentren
disponibles;
e) Los recursos de una Facilidad se podrán
conceder sujetos a recuperación contingente de fondos desembolsados, cuando
proceda. Todos los montos así recuperados se depositarán en la cuenta del Fondo
Multilateral de Inversiones para que el Comité de Donantes los asigne de
acuerdo con lo dispuesto en la Sección 3 del artículo 4.
f) Sólo las personas físicas o las empresas
de los Donantes, o de los países regionales en vías de desarrollo miembros del
Banco serán elegibles para las licitaciones con cargo a los recursos del Fondo,
excepto que los países en vías de desarrollo miembros del Banco de Desarrollo
del Caribe serán elegibles para las licitaciones con cargo al financiamiento a
que se refiere el párrafo c) de esta Sección;
g) Los recursos del Fondo no podrán
emplearse para financiar operación alguna en el territorio de un país regional
en vías de desarrollo miembro del Banco si el país en cuestión se opone a dicho
financiamiento.
ARTICULO 4o. El Comité de Donantes.
Sección 1. Composición Cada Donante podrá participar en las
reuniones del Comité de Donantes, y designar un representante para asistir a
las mismas, con base en el nombramiento efectuado por el Gobernador del Banco
por su país.
Sección 2. Funciones. Será competencia del Comité de Donantes la
aprobación definitiva de todas las propuestas de concesión de recursos de la
Facilidad de Cooperación Técnica, de la Facilidad de Recursos Humanos, de la
Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa, y de todas las propuestas de
préstamos, participaciones en el capital social y cualquier otro tipo de
financiamiento con cargo al Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa.
Sección 3. Asignación de Recursos entre las
Facilidades. El Comité de
Donantes podrá asignar recursos del Fondo en todo momento a cualquiera de las
Facilidades, incluyendo el Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa, y así
mismo, podrá determinar que un porcentaje específico de los activos totales
del Fondo se reserve para una Facilidad particular, siempre y cuando dicho
porcentaje no exceda del cuarenta por ciento (40%) de los recursos totales del
Fondo para cualquiera de las Facilidades.
Sección 4. Reuniones. El Comité de Donantes se reunirá en la
sede del Banco con la frecuencia que requieran las operaciones del Fondo. El
Secretario del Banco (que actuará como Secretario del Comité) o cualquiera de
los Donantes podrá convocar una reunión. Conforme sea necesario, el Comité de
Donantes determinará su organización, sus reglas de funcionamiento y de
procedimiento. El quórum en cualquiera de las reuniones del Comité de Donantes
será la mayoría de la totalidad de representantes que representen no menos de
las cuatro quintas partes de la totalidad de los votos de los Donantes.
Sección 5. Votación. A menos que se indique lo contrario en este
Convenio, el Comité de Donantes adoptará sus decisiones por una mayoría de tres
cuartas partes de la totalidad de los votos. La totalidad de los votos de cada
Donante será igual a la suma de sus votos proporcionales y de sus votos
básicos. Cada Donante tendrá un voto proporcional por cada cien mil dólares de
los Estados Unidos de América que haya contribuido en efectivo o en pagarés (o
en títulos valores semejantes) conforme lo dispuesto en la Sección 2 del
artículo 2o., o de su equivalente en efectivo o pagarés (o en títulos valores
similares) que haya contribuido en monedas libremente convertibles, conforme lo
dispuesto en la Sección 2 del artículo 2o. Cada Donante tendrá así mismo votos
básicos, los que equivaldrán al número de votos resultantes de la distribución
en partes iguales entre todos los Donantes del veinte por ciento (20%) de la
suma total de los votos básicos y de los votos proporcionales de todos los
Donantes.
Sección 6. Informes. Una vez aprobado por el Comité de
Donantes, el informe anual que se presenta en cumplimiento de la Sección 2 a)
del artículo 5o. del Convenio de Administración se remitirá al Directorio
Ejecutivo del Banco.
ARTICULO 5. Vigencia del Convenio.
Sección 1. Entrada en Vigor. El presente Convenio entrará en vigor en la
fecha en que al menos cinco de los probables donantes que se enumeran en el
Anexo A, cuyas contribuciones propuestas en dicho Anexo totalicen como mínimo
800.000.000 de dólares de los Estados Unidos de América, hayan depositado los
documentos a los que se refiere la Sección 1 del artículo 6o.
Sección 2. Vigencia de este Convenio. El presente Convenio tendrá vigencia por
un período de diez años contados a partir de la Fecha Efectiva y sólo podrá
renovarse por un período único adicional de cinco años. Antes de finalizar el
período inicial, el Comité de Donantes consultará con el Banco sobre la
conveniencia de prorrogar las operaciones del Fondo o de cualquiera de las
Facilidades durante el período de renovación. En ese momento el Comité de
Donantes, con una mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los
Donantes, que representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad
de votos de los Donantes, podrá prorrogar este Convenio o cualquiera de las
operaciones de cualquier Facilidad o Fondo por un período de renovación o plazo
inferior a dicho período.
Sección 3. Terminación por el Banco o el
Comité de Donantes. El
presente Convenio terminará en el caso de que el Banco suspenda o termine sus
propias operaciones conforme lo dispuesto en el Artículo X de la Carta
Orgánica. Así mismo, el presente Convenio terminará en el caso de que el Banco
termine el Convenio de Administración conforme la Sección 3 del artículo 6o. de
dicho Convenio.
El Comité de Donantes en cualquier momento
podrá decidir terminar el presente Convenio, cualquiera de las Facilidades o el
Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa con el voto de al menos las dos
terceras partes de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas
partes de la totalidad de votos de los Donantes.
Sección 4. Liquidación de las Operaciones
del Fondo.
a) Al terminar el presente Convenio, el
Comité de Donantes dará instrucciones al Banco para que éste efectué una
distribución entre los Donantes de los activos del Fondo una vez que todos los
pasivos sean cancelados o provisionados. Dicha distribución de los activos
restantes se realizará en proporción a las contribuciones en efectivo o
mediante el cobro de pagarés o títulos valores similares conforme lo dispone la
Sección 2 del artículo 2o. Todo saldo pendiente en tales pagarés u obligaciones
similares será cancelado;
b) Al terminarse cualquiera de las
Facilidades o el Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa, y una vez
liquidados o provisionados los pasivos respectivos, el Comité de Donantes por
mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los Donantes que
representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de votos de los
Donantes, podrá determinar la asignación o distribución de los fondos restantes
en la Facilidad. Toda distribución entre los Donantes se realizará en las
proporciones a las que se refiere el párrafo a) de esta Sección.
ARTICULO 6o. DISPOSICIONES GENERALES.
Sección 1. Adhesión al presente Convenio. El presente Convenio podrá ser firmado por
cualquier probable Donante. Todo signatario del mismo podrá convertirse en
Donante en el marco de este Convenio mediante el depósito en el Banco de un
documento de ratificación, aceptación o aprobación, en el que se especifique
que éste ha ratificado, aceptado o aprobado el Convenio. Cualquier país miembro
del Banco no enumerado en el Anexo A podrá adherirse a este Convenio mediante
el depósito de un Documento de Aceptación y un Documento de Contribución por el
monto y en las fechas y condiciones que apruebe el Comité de Donantes, el cual
tomará la decisión por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de
los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de la
totalidad de votos de los Donantes.
Sección 2. Enmienda.
a) El presente Convenio podrá ser enmendado
por el Comité de Donantes, el cual adoptará dicha decisión por mayoría de votos
de al menos las dos terceras partes de los Donantes que representen como mínimo
las tres cuartas partes de la totalidad de votos de los Donantes. Se requerirá
la aprobación de todos los Donantes para efectuar una enmienda a esta Sección,
a las disposiciones de la Sección 3 de este artículo que limitan la
responsabilidad de los Donantes, o una enmienda por la que se incrementen las obligaciones
financieras o de otro tipo de los Donantes, o una enmienda a la Sección 3 del
artículo 5;
b) Sin perjuicio de las disposiciones del
párrafo a) de esta Sección, toda enmienda por la que se incrementen las
obligaciones de los Donantes, existentes bajo este Convenio, o que presuponga
la imposición de nuevas obligaciones a los Donantes que haya notificado su
aceptación por escrito al Banco.
Sección 3. Limitaciones de la
Responsabilidad. En
relación con las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera de los
Donantes como tales se limitará a la porción impaga de sus respectivas
contribuciones que se encuentre vencida y pagadera.
Sección 4. Retiro.
Una vez efectuado el pago de la totalidad
de su Contribución Condicional o Incondicional, cualquier Donante podrá
retirarse del presente Convenio mediante notificación por escrito a tal efecto
a la sede del Banco. Esta separación será efectiva con carácter definitivo en
la fecha indicada en tal notificación, pero en ningún caso antes de los seis meses
siguientes a la fecha de entrega de dicha notificación al Banco. No obstante,
en cualquier momento antes de que la separación sea definitivamente efectiva,
el país miembro podrá notificar por escrito al Banco su decisión de revocar su
notificación de intención de retiro;
b) Un Donante que se haya retirado del
presente Convenio continuará siendo responsable por todas sus obligaciones bajo
el Convenio vigente antes de la fecha efectiva de notificación de retiro;
c) Todos los acuerdos suscritos entre el
Banco y un donante, conforme lo dispuesto por la Sección 7 del artículo 7o. del
Convenio de Administración, para la resolución de los respectivos reclamos y
obligaciones, estarán sujetos a la aprobación del Comité de Donantes.
En testimonio de lo cual, los probables
donantes, actuando cada uno de ellos a través de su representante autorizado,
han firmado el presente Convenio.
Otorgado en la ciudad de Washington,
Distrito de Columbia, el 11 de febrero de 1992, en un documento original único,
cuyas versiones en español, francés, inglés y portugués son igualmente
auténticas, que se depositará en los archivos del Banco, el cual  enviará un
ejemplar debidamente certificado a cada uno de los probables donantes
enumerados en el Anexo A del presente Convenio.
ANEXO A
CUOTAS DE CONTRIBUCION DE LOS DONANTES AL FONDO
MULTILATERAL DE INVERSIONES
País                                              Contribución
en el Equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América.
Alemania
$ 30.000.000
Argentina
20.000.000
Brasil
20.000.000
Canadá
30.701.754
Chile
5.000.000
Colombia
5.000.000
Costa Rica
600.000
El Salvador
600.000
España
50.000.000
Estados
Unidos de América
500.000.000
Francia
15.000.000
Guatemala
600.000
Honduras
600.000
Italia
30.000.000
Japón
500.000.000
México
20.000.000
Nicaragua
600.000
Perú
1.000.000
Portugal
4.000.000
Uruguay
3.000.000
Venezuela
20.000.000
Total:
$ 1.256.701.754
En el caso de un compromiso hecho en una
moneda que no sea dólares de los Estados Unidos de América, convertido a la
tasa de cambio representativa del FMI establecida con base en el promedio de
las tasas de cambio diarias calculadas durante el período de seis meses que
concluye el 30 de noviembre de 1991.
por Argentina
Carlos Ortíz de Rozas
Embajador de Argentina ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
pelo Brasil
Rubens Ricúpero
Embaixador do Brasil junto ao Governo dos EUA
11/Fev/92
For Canadá
Derek H. Burney
Ambassador of Canadá to the United States of America
11/Feb/92
por Chile
Patricio Silva Echeñique
Embajador de Chile ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Colombia
Jaime García Parra
Embajador de Colombia ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
por
Costa Rica
Gonzalo Facio S.
Embajador de Costa Rica ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
pour la France
Philippe Adhémar
Ministre Plénipotentiaire et conseiller financier
pour l'Amerique du Nord
11/Fev/92
for Germany
Fritjof Von Nordanskjold
Chargé d'Affairs
11/Feb/92
por Guatemala
Juan José Caso Fanjul
Embajador de Guatemala ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
por Honduras
Jorge Hernández A.
Embajador de Honduras ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
for Italy
Boris Biancheri
Ambassador of Italy to the United States of America
11/Feb/92
for Japan
Ryohei Murata
Ambassador of Japan to the United States of America
11/Feb/92
por México
Gustavo Petricioli I.
Embajador de México ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Nicaragua
Ernesto Palazio
Embajador de Nicaragua ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
por Perú
Roberto MacLean
Embajador de Perú ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Portugal
Manuel Fanca e Silva
Director-Geral do Tesouro
Ministério das Financas
11/Fev/92
por
El Salvador
Miguel A. Salaverria
Embajador de El Salvador ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
por España
José Aranzadi Martínez
Ministro de Industria, Comercio y Turismo de España
11/Feb/92
for the United
States of America
Nicalas Brady
Secretary of the Treasury of the United States of
America
11/Feb/92
por Uruguay
Eduardo MacGuillicuddy
Embajador de Uruguay ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Venezuela
Simón A. Consalvi
Embajador de Venezuela ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
LA SUSCRITA SUBSECRETARIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fotocopia
fiel e íntegra del texto certificado del "CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO
MULTILATERAL DE INVERSIONES", suscrito en Washington el 11 de febrero de
1992, que reposa en la Subsecretaría Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá a los diez (10)
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992).
Martha Esperanza Rueda Merchán
Subsecretaria Jurídica.
CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL FONDO MULTILATERAL DE
INVERSIONES
Consideramos que muchos dirigentes de
América Latina y el Caribe han llevado a cabo reformas de economía de mercado y
han reconocido la necesidad de reducir a niveles controlables la carga de deuda
externa y de liberalizar los regímenes de inversión;
Considerando la necesidad imperiosa de
atraer capital privado para el desarrollo económico de los países de América
Latina y el Caribe y de reformar los regímenes de inversión para promover la
inversión extranjera y nacional de estos países;
Considerando que un grupo de países
miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el
"Banco"), han acordado crear un fondo multilateral (en adelante
denominado el "Fondo") en el Banco como medida transitoria para
ayudar a los países en el proceso de reforma de los regímenes de inversiones,
conforme lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de
Inversiones (en adelante denominado el "Convenio del Fondo");
Considerando que esos países miembros, como
probables donantes enumerados en el Anexo A del Convenio del Fondo (cada uno de
ellos considerado un "Donante" en cuanto se adhiera al Convenio del
Fondo y así denominado en adelante) han adoptado el acuerdo del Fondo con fecha
11 de febrero de 1992;
Considerando que el Fondo podría proveer
recursos esenciales para suplementar y complementar las actividades del Banco
Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Interamericana de Inversiones y
de otros bancos multilaterales de desarrollo, y prestarles apoyo en sus
políticas e iniciativas para promover la reforma de los regímenes de inversión
y, en particular, fomentar las actividades de la microempresa;
Considerando que el Banco, para el
cumplimiento de su objetivo y la realización de sus funciones, se ha
comprometido a administrar el Fondo conforme lo dispuesto en el Convenio del
Fondo y con arreglo al mismo;
Por lo tanto, el Banco y los Donantes
acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1o. Disposiciones Generales.
El Banco administrará el Fondo de
conformidad con lo dispuesto en el Convenio del Fondo y prestará servicios de
depositario y otros relacionados con dicho Convenio.
ARTICULO 2o. Administración del Fondo.
Sección 1. Administración de las Tres
Facilidades y del Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa. El Banco administrará la Facilidad de
Cooperación Técnica, la Facilidad de Recursos Humanos y la Facilidad de Promoción
de la Pequeña Empresa, como así mismo administrará el Fondo de Inversiones para
la Pequeña Empresa, conforme lo dispuesto en el Convenio del Fondo.
Sección 2. Operaciones.
a) Respecto de la administración del Fondo,
el Banco tendrá las siguientes responsabilidades:
i) Desarrollar, preparar y proponer las
operaciones que se financiarán con cargo a los recursos disponibles en cada una
de las Facilidades del Fondo;
ii) Preparar memorandos sobre las
actividades propuestas para el Comité creado conforme al artículo 4o. del
Convenio del Fondo (en adelante denominado el "Comité de Donantes"),
los que deberá presentar al Directorio Ejecutivo para su información por lo
menos trimestralmente;
iii) Presentar propuestas para operaciones
específicas al Comité de Donantes para su aprobación definitiva;
iv) Ejecutar o disponer la ejecución de
todas las operaciones aprobadas por el Comité de Donantes, y
v) Administrar las cuentas del Fondo,
incluyendo la inversión de fondos, de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1 c)
del artículo 4o. del presente Convenio;
b) El Banco podrá solicitar a la
Corporación Interamericana de Desarrollo que administre o ejecute operaciones o
programas individuales cuando, por razones de capacidad o de pericia, dichos
programas y operaciones entren en el campo de actividades de la Corporación;
c) El Secretario del Banco actuará como
secretario del Comité de Donantes y prestará servicios de secretaría,
instalación y otros servicios de apoyo para facilitar el trabajo del Comité de
Donantes. En el desempeño de tales funciones, el Secretario convocará las
reuniones de dicho Comité y, con una antelación mínimo de catorce días a una
reunión, distribuirá entre los representantes de los Donantes designados
conforme lo dispuesto en la Sección 1 del artículo 4o. del Convenio del Fondo
los documentos principales relativos a la misma y el orden del día.
Sección 3. Limitaciones en materia de
Compromisos. El Banco
limitará los compromisos en la medida en que le indique un Donante, conforme lo
dispuesto en la Sección 1 c) del artículo 2o. del Convenio del Fondo.
ARTICULO 3o. Funciones de Depositario
Sección 1. Depositario de los Convenios y
Documentos. El Banco será
depositario del presente Convenio, del Convenio del Fondo, de los documentos de
ratificación. aceptación o aprobación depositados en cumplimiento de los
dispuesto en la Sección 1 del artículo 6o. del Convenio del Fondo, y de los
documentos correspondientes a las Contribuciones Condicionales e
Incondicionales depositados con arreglo a la Sección 1 del artículo 2o. de
dicho Convenio.
Sección 2. Apertura de Cuentas. El Banco abrirá una o más cuentas del
Banco en su carácter de administrador del Fondo, a fin de depositar en ellas
los pagos que efectúen los Donantes, conforme lo dispuesto en la Sección 2 del
artículo 2o. del Convenio del Fondo. El Banco administrará dichas cuentas con
arreglo a lo establecido en este Convenio.
ARTICULO 4o. Capacidad del Banco y otros
Asuntos
Sección 1. Capacidad Básica.
a) El Banco confirma que, conforme lo
dispuesto en la Sección 1 v) del artículo VIII del Convenio Constitutivo del
Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "Carta
Orgánica") goza de capacidad para llevar a cabo las disposiciones de este
Convenio, y que las actividades emprendidas en cumplimiento del presente
Convenio contribuirán al cumplimiento de los objetivos del Banco;
b) Salvo indicación en contrario en el
texto del presente Convenio, el Banco tendrá capacidad para ejercer cualquier
actividad y participar en todos los contratos que sean necesarios para
desempeñar sus funciones, conforme lo dispuesto en este Convenio;
c) El Banco invertirá los recursos del
Fondo que no sean necesarios para sus operaciones en el mismo tipo de valores
en que invierte sus propios recursos en el ejercicio de su capacidad en materia
de inversiones.
Sección 2. Estándar de Cuidado. En el desempeño de sus funciones,
conforme lo dispuesto en el  presente Convenio, el Banco actuará con el mismo
cuidado que ejerce en la administración y gestión de sus propios asuntos.
Sección 3. Gastos del Banco.
a) El Banco será reembolsado con cargo al
Fondo respecto de la totalidad de los costos directos e indirectos en los que
incurra en el ejercicio de las actividades relacionadas con dicho Fondo, y las
actividades de la Corporación Interamericana de Inversiones, incluyendo la
remuneración de los funcionarios del Banco por el tiempo dedicado efectivamente
a la administración del Fondo, gastos de viaje, per diem, gastos de
comunicación y cualquier otro gasto semejante directamente identificado,
calculado y contabilizado por separado como gastos de la administración del
Fondo;
b) El procedimiento para determinar y
calcular los gastos de los que el Banco será reembolsado, así como los
criterios que regirán el reembolso de los gastos descritos en el párrafo a), se
establecerá de mutuo acuerdo entre el Banco y el Comité de Donantes dentro de
un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor del Convenio del
Fondo. este procedimiento podrá revisarse de vez en cuando, a propuesta del
Banco o del Comité de Donantes, y todo cambio resultante de dicha revisión
requerirá el acuerdo del Banco y del Comité.
Sección 4. Cooperación con Organismos Nacionales
e Internacionales. En la
Administración del Fondo, el Banco podrá consultar y colaborar con organismos
nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, que operen en las
áreas de desarrollo social y económico, cuando ello contribuya a la consecución
de los propósitos del Fondo o a maximizar la eficiencia en el uso de los
recursos del Fondo.
Sección 5. Evaluación de Proyectos. Además de las evaluaciones solicitadas por
el Comité de Donantes, el Banco evaluará periódicamente las operaciones que
haya emprendido en el marco del Convenio y enviará un informe de dichas
evaluaciones al Comité de Donantes.
ARTICULO 5. Contabilidad e Informes
Sección 1. Separación de Cuentas. El Banco llevará cuentas y registros
contables separados de los recursos y operaciones del Fondo y de cada una de
las Facilidades que lo integran, de forma que se puedan identificar los
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos relativos al Fondo y a cada una de
sus facilidades, separada e independientemente del resto de las operaciones del
Banco. El sistema de contabilidad permitirá también identificar y registrar el
origen de los diversos recursos en virtud de este Convenio y los recursos
generados por dichos recursos, así como su aplicación a cada una de las Facilidades.
La contabilidad del Fondo se llevará en dólares de los Estado Unidos de
América, por lo cual se efectuarán conversiones de monedas al tipo de cambio
vigente que aplique el Banco en el momento de cada transacción.
Sección 2. Presentación de Informes.
a) Mientras el presente Convenio esté en
vigor, la Administración del Banco presentará anualmente, por medio de un
informe anual, al Comité de Donantes dentro  de los 90 días siguientes al
cierre de su ejercicio fiscal, la siguiente información:
i) Informe de los activos y pasivos del
Fondo y de cada una de las Facilidades, informe de ingresos y gastos
acumulativos correspondientes al Fondo y a cada una de las facilidades, y un
informe del origen y destino de los recursos, tanto del Fondo como de cada una
de las Facilidades, acompañados de las notas explicativas que proceda, y
ii) Informe sobre la marcha y resultados de
los proyectos, los programas y otras operaciones de cada Facilidad, y sobre la
situación de las solicitudes presentadas para cada Facilidad;
b) Los informes referidos en el párrafo a)
de esta Sección se prepararán con arreglo a los principios de contabilidad que
utiliza el Banco con sus propias operaciones y se presentarán acompañados de un
dictamen emitido por la misma firma independiente de contadores públicos que
designe la Asamblea de Gobernadores del Banco para la auditoría de sus propios
estados financieros. Los honorarios de dichos contadores independientes se
abonarán con cargo a los recursos del Fondo;
c) El Banco preparará un informe anual e
informes trimestrales sobre los ingresos, desembolsos y saldos del Fondo y a
cada una de sus Facilidades;
d) El Comité de Donantes podrá así mismo,
solicitar al Banco, o a la firma de contadores públicos referida en el párrafo
b), que le provean de cualquier otra información razonable respecto de las
operaciones del Fondo y del informe de auditoría presentado;
e) La contabilidad del Fondo de Inversiones
para la Pequeña Empresa se llevará separadamente de la de los demás recursos
del Fondo.
ARTICULO 6o. Período de Vigencia del
Convenio
Sección 1. Entrada en Vigor. El presente Convenio entrará en vigor en la
misma fecha en que entre en vigor el Convenio del Fondo.
Sección 2. Duración.
a) El presente Convenio permanecerá en
vigor durante todo el período de vigencia del Convenio del Fondo. A la
terminación de dicho Convenio, o del presente Convenio, con arreglo a lo
dispuesto en la Sección 3 de este artículo, el presente Convenio continuará en
vigor hasta que el Banco complete sus funciones relativas a la liquidación de
las operaciones del Fondo o al ajuste de cuentas, conforme lo dispuesto en la
Sección 4 a) del artículo 6o. del Convenio del Fondo;
b) Antes que concluye el período inicial de
diez años que contempla el Convenio del Fondo, el Banco consultará con el
Comité de Donantes si es o no aconsejable prorrogar las operaciones del Fondo o
de cualquiera de las Facilidades durante el período de renovación que se
especifica en dicho Convenio.
Sección 3. Terminación del Convenio por el
Banco. El Banco terminará
el presente Convenio en el caso en que suspenda sus propias operaciones, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo X de la Carta Orgánica, así cesará en
sus operaciones de conformidad con ese mismo artículo de la Carta Orgánica. El
Banco terminará el presente Convenio en caso de que una enmienda al Convenio
del Fondo requiera al Banco que en el desempeño de sus obligaciones bajo dicho
Convenio, actuar en contravención de la Carta Orgánica.
Sección 4. Liquidación de las Operaciones
del Fondo. A la
terminación del Convenio del Fondo o de cualquiera de las Facilidades, o el
Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa, el Banco cesará toda la actividad
que desarrolle en cumplimiento del presente Convenio o de la Facilidad
correspondiente, o del Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa, salvo
aquellas que fueran necesarias a efectos de la realización, conservación y
preservación ordenados de los activos, y para el ajuste de las obligaciones
pendientes. Una vez liquidados o provisionados todos los pasivos
correspondientes al Fondo, a una Facilidad, o al Fondo de Inversiones para la
Pequeña Empresa, el Banco distribuirá o asignará los activos remanentes
siguiendo las instrucciones del Comité de Donantes, conforme lo dispuesto en la
Sección 4 del artículo 5o. del Convenio del Fondo.
ARTICULO 7o. Disposiciones Generales
Sección 1. Contratos del Banco. En los contratos que firme como
administrador de los recursos del Fondo, el Banco habrá de indicar con claridad
que está actuando en tal carácter.
Sección 2. Responsabilidad del Banco y de
los Donantes. El Banco no
podrá beneficiarse en ningún caso de las utilidades, ganancias o beneficios
derivados del financiamiento, las inversiones y cualquier otro tipo de operación
efectuadas con cargo a los recursos del Fondo. Ninguna operación de
financiamiento, inversión u otra, que se efectúe con cargo a a los recursos del
Fondo, establecerá una obligación o responsabilidad financiera del Banco frente
a los Donantes; de la misma manera, los Donantes no tendrán derecho a exigir
indemnización alguna al Banco por cualquier pérdida o deficiencia que pueda
producirse como consecuencia de una operación, salvo en los casos en que el
Banco haya actuado al margen de las instrucciones escritas del Comité de
Donantes o no haya actuado con el mismo nivel de cuidado que utiliza en la
gestión de sus propios recursos.
Sección 3. Adhesión al Presente Convenio. Todo probable donante podrá adherirse al
presente Convenio mediante su firma. Cualquier país miembro del Banco no
enumerado en el Anexo A del Convenio del Fondo podrá adherirse a este Convenio
una vez que lo haga al Convenio del Fondo, conforme lo dispuesto en la Sección
1 del artículo 6o. de dicho Convenio. El Banco suscribirá el presente Convenio
mediante la firma de un representante debidamente autorizado.
Sección 4. Enmienda. El presente Convenio sólo podrá enmendarse
si así lo acordaren el Banco y el Comité de Donantes, el cual adoptará esta
decisión por una mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los
donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de
votos de los Donantes. Se requerirá la aprobación de todos los Donantes para
efectuar una enmienda a esta Sección, o una enmienda que afecte las
obligaciones financieras o de otro tipo de Donantes.
Sección 5. Solución de Controversias. Cualquier controversia que surja en el
marco del presente Convenio entre el Banco y el Comité de Donantes, y que no se
resuelva mediante consulta, se resolverá por arbitraje, conforme lo dispuesto
en el Anexo A del presente Convenio. Toda decisión arbitral tendrá carácter
definitivo y será implementada por un Donante, los Donantes o el Banco, de
conformidad con su procedimiento constitucional o con la Carta Orgánica,
respectivamente.
Sección 6. Limitaciones de Responsabilidad.
Respecto a las operaciones
del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a los recursos y
reservas (si las hubiere) del Fondo; la responsabilidad de los Donantes como
tales se limitará a la porción impaga de sus respectivas contribuciones que se
encuentre vencida y pagadera.
Sección 7. Retiro. En la fecha en que la notificación de su
intención de retirarse sea efectiva conforme lo dispuesto por la Sección 4 a)
del artículo 6o. del Convenio del Fondo, el donante que haya presentado dicha
notificación se reputará retirado a los efectos de este Convenio. Sin perjuicio
de lo establecido en la Sección 4 a) del artículo 6o. del Convenio del Fondo,
el Banco, previa aprobación del Comité de Donantes, celebrará un acuerdo con el
Donante en cuestión para liquidar sus respectivos reclamos y obligaciones.
En testimonio de lo cual, el Banco y cada
uno de los probables donantes, actuando cada uno de ellos a través de su
representante autorizado, han firmado el presente Convenio.
Otorgado en la ciudad de Washington,
Distrito de Columbia, el 11 de febrero de 1992, en un documento original único,
cuyas versiones en español, francés, inglés y portugués son igualmente
auténticas, que se depositará en los archivos del Banco, el cual enviará un
ejemplar debidamente certificado a cada uno de los probables donantes
enumerados en el Anexo A del Convenio del Fondo.
ANEXO A
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE
ARTICULO 1o. Composición del Tribunal
El Tribunal de arbitraje a fin de resolver
aquellas controversias mencionadas en la Sección 5, artículo 7o. del Convenio
de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones (en adelante denominado
el "Convenio") se compondrá de tres miembros que serán designados en
la siguiente forma: uno por el Banco, otro por el Comité de Donantes y un
tercero, en adelante denominado "El Dirimente", por acuerdo directo
entre las partes, o por intermedio de sus respectivos árbitros. Si las partes o
los árbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a la persona del
"Dirimente", o si una de las partes no designare su árbitro, el
Dirimente será designado a petición de cualquiera de las partes por el
Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Si una de las
partes no designare árbitro., éste será designado por el Dirimente. Si
cualquiera de los árbitros designados o el Dirimente no quisiere o no pudiere
actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma que para
la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones
que su antecesor.
ARTICULO 2o. Iniciación del
Procedimiento
Para someter la controversia al
procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una
comunicación escrita exponiendo la naturaleza de la reclamación, la
satisfacción o compensación que persigue y el nombre del árbitro que designa.
La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de
cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la
persona que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días,
contados a partir de la entrega de tal comunicación al reclamante, las partes
no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente,
cualquiera de ellas podrá acudir ante el Secretario General de la Organización
de Estados Americanos para que éste proceda a la designación.
ARTICULO 3o. Constitución del Tribunal
El Tribunal de Arbitraje se constituirá en
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el
Dirimente designe y, una vez constituido, se reunirá en las fechas que fije el
propio Tribunal.
ARTICULO 4o. Procedimiento
a) El Tribunal sólo tendrá competencia para
conocer los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento y
podrá, por propia iniciativa, designar los peritos que estime necesarios. En
todo caso, deberá dar a las partes la oportunidad de presentar exposiciones
orales en audiencia;
b) El Tribunal fallará ex aequo et bono,
basándose exclusivamente en los términos del Convenio y pronunciará su fallo
aún en el caso de que alguna de las partes actúe en rebeldía;
c) El fallo se hará constar por escrito y
se adoptará con el voto concurrente de por lo menos dos de los miembros del
Tribunal. Este deberá expedirse dentro del plazo aproximado de sesenta (60)
días contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que
el Tribunal determine que por circunstancias especiales e imprevistas dicho
plazo deberá ampliarse. El fallo será notificado a las partes mediante
comunicación suscrita al menos por dos miembros del Tribunal.
ARTICULO 5o. Gastos
Los honorarios de cada árbitro serán
sufragados por la parte que lo hubiere designado y los honorarios del Dirimente
serán sufragados en partes iguales por ambos contratantes. estos acordarán,
antes de constituirse el Tribunal, los honorarios de las demás personas que de
mutuo acuerdo convengan que deben intervenir en el procedimiento de arbitraje.
Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal, fijará la
compensación que sea razonable para dichas personas tomando en cuenta las
circunstancias. Cada parte sufragará sus propios costos en el procedimiento de
arbitraje, pero los gastos del Tribunal serán sufragados en partes iguales por
los contratantes. Toda duda respecto al reparto de los gastos o la forma en que
deban pagarse será resuelta por el Tribunal sin ulterior recurso. Cualquier
honorario o gasto pendientes de pago por el Comité de Donantes bajo este
artículo deberá pagarse con recursos del Fondo administrado bajo el Convenio.
por Argentina
Carlos Ortíz de Rozas
Embajador de Argentina ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
pelo Brasil
Rubens Ricúpero
Embaixador do Brasil junto ao Governo dos EUA
11/Fev/92
For Canadá
Derek H. Burney
Ambassador of Canadá to the United States of America
11/Feb/92
por Chile
Patricio Silva Echeñique
Embajador de Chile ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Colombia
Jaime García Parra
Embajador de Colombia ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
por
Costa Rica
Gonzalo Facio S.
Embajador de Costa Rica ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
pour
la France
Philippe Adhémar
Ministre Plénipotentiaire et conseiller financier
pour l'Amerique du Nord
11/Fev/92
for Germany
Fritjof Von Nordanskjold
Chargé d'Affairs
11/Feb/92
por Guatemala
Juan José Caso Fanjul
Embajador de Guatemala ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
por Honduras
Jorge Hernández A.
Embajador de Honduras ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
for Italy
Boris Biancheri
Ambassador of Italy to the United States of America
11/Feb/92
for Japan
Ryohei Murata
Ambassador of Japan to the United States of America
11/Feb/92
por México
Gustavo Petricioli I.
Embajador de México ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Nicaragua
Ernesto Palazio
Embajador de Nicaragua ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Perú
Roberto MacLean
Embajador de Perú ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Portugal
Manuel Fanca e Silva
Director-Geral do Tesouro
Ministério das Financas
11/Fev/92
por
El Salvador
Miguel A. Salaverria
Embajador de El Salvador ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
por España
José Aranzadi Martínez
Ministro de Industria, Comercio y Turismo de España
11/Feb/92
for the United
States of America
Nicalas Brady
Secretary of the Treasury of the United States of
America
11/Feb/92
por Uruguay
Eduardo MacGuillicuddy
Embajador de Uruguay ante el Gobierno de los Estados
Unidos de América
11/Feb/92
por Venezuela
Simón A. Consalvi
Embajador de Venezuela ante el Gobierno de los
Estados Unidos de América
11/Feb/92
Por el Banco Interamericano de Desarrollo
For the Inter-American Development Bank
Pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
Pour la Banque interaméricaine de développemen
Enrique V. Iglesias
Presidente
11/Feb/92
LA SUSCRITA SUBSECRETARIA JURIDICA DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fotocopia
fiel e íntegra del texto certificado del "CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES", suscrito en Washington el 11 de
febrero de 1992, que reposa en la Subsecretaría Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santafé de Bogotá a los diez (10)
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992).
Martha Esperanza Rueda Merchán
Subsecretaria Jurídica.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SANTAFE DE BOGOTA D.C.
APROBADO. SOMETANSE A LA CONSIDERACION DEL HONORABLE CONGRESO
NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES
(Fdo.) CESAR GAVIRIA TRUJILLO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
Encargada de las Funciones del Despacho de la Ministra
(Fdo.) WILMA ZAFRA TURBAY
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Apruébanse el
"Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones" y el
"Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones",
suscritos en Washington el 11 de febrero de 1992.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el "Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones" y el "Convenio de
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones", suscritos en
Washington el 11 de febrero de 1992, que por el artículo primero de esta ley se
aprueban, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de la misma.
ARTICULO TERCERO: El Ministerio de Hacienda
hará las apropiaciones necesarias en el presupuesto nacional para cumplir con
la donación prevista en el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de
Inversiones.
ARTICULO CUARTO: La presente Ley rige a
partir de la fecha de su publicación.
Dada en Santafé de Bogotá a los
Presentado al Honorable Congreso de la
República por los suscritos Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda y
Crédito Público.
Viceministra de Relaciones Exteriores,
Encargada de las Funciones del Despacho de la Ministra
Wilma Zafra Turbay
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Hommes R.
III.  EL MINISTERIO PUBLICO
A.)  El Señor
Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia
y solicita, previas las consideraciones que se resumen enseguida, que se
declare que las disposiciones examinadas son exequibles, salvo el artículo
tercero de la Ley 111 de 1994 para el que solicita la inhibición de la Corte en
este proceso, por tratarse de una disposición diferente a las que corresponden
al tratado mismo.
B.)  El Señor
Procurador General de la Nación manifiesta en la parte relacionada con la
"celebración del Tratado" que de acuerdo con lo establecido por la
jurisprudencia constitucional, el análisis de la forma de los instrumentos
internacionales debe recaer sobre el trámite en las etapas de celebración y negociación
de los mismos y sobre la competencia de las autoridades que actuaron a nombre
del Estado colombiano.
Manifiesta el Señor
Procurador General de la Nación que en el presente asunto obra dentro del
expediente remitido por la Corte a ese Despacho, la constancia de la
confirmación presidencial del texto del Acuerdo, efectuada el 15 de Diciembre
de 1992, es decir con anterioridad a su presentación al Congreso, lo cual, de
conformidad con el artículo 8o. de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados, subsana cualquier vicio en la representación del Estado.
En cuanto hace al
"trámite de la ley aprobatoria de los instrumentos internacionales",
el Despacho del Jefe del Ministerio Público manifiesta que el respectivo
proyecto cumplió completamente con los requisitos exigidos por la Carta
Política para este tipo de actuaciones del Congreso, y que no existe reparo
alguno por el aspecto formal en lo que corresponde al mencionado procedimiento;
en este sentido examina de modo detallado las diferentes etapas surtidas para
la aprobación del proyecto y destaca el cabal cumplimiento de las exigencias
establecidas en los artículos 157 y 160 de la Constitución según lo acreditan
los ejemplares de la Gaceta del Congreso que obran en el expediente.
C.)  El Señor Procurador
observa que por el aspecto material y de contenido, todas y cada una de las
disposiciones que hacen parte de los convenios internacionales que se revisan,
se ajustan a las previsiones de la Carta y que sobre ellos no cabe reparo
alguno de constitucionalidad; por el contrario, considera que los instrumentos
mencionados permiten desarrollar normas constitucionales como los artículos 9,
150-16, 226 y 227 de la Carta Política, que establecen los principios
reguladores de las relaciones internacionales entre el Estado colombiano y los
demás sujetos de derecho internacional público, pues en aquellos instrumentos
se promueven la internacionalización de las relaciones y la integración
económica, social y política del país con las demás naciones, y fundamentalmente,
con los países de América Latina y del Caribe.
Sostiene que se
trata de unos acuerdos internacionales celebrados para la constitución de un
fondo multilateral de inversiones con recursos provenientes de contribuciones
que hagan los países miembros y que acompaña a los procesos de la reducción de
la deuda externa y de la liberación de los regímenes de inversión para promover
la inversión privada extranjera y nacional.
En este mismo
sentido el Ministerio Público advierte que los convenios encuentran fundamento
constitucional en el artículo 333 de la Carta, puesto que en ellos se le
permite a Colombia beneficiarse de los recursos del fondo para realizar
diversos proyectos que, finalmente, redundan en favor de la comunidad, entre
los que se encuentran el apoyo y estímulo a la pequeña y mediana empresa, que
de acuerdo con la mencionada disposición  constitucional es una obligación del
Estado.
De igual modo
advierte que se permite desarrollar lo dispuesto en el artículo 344 de la Carta
Política, puesto que estos convenios son unos instrumentos para favorecer la
capacitación y la reubicación laboral de los trabajadores y la reactivación de
la economía.
D.)  El Ministerio
Público destaca la conveniencia práctica y la buena oportunidad histórica que
se configura para la aprobación del acuerdo internacional, por la existencia de
diversas y muy importantes razones que hacen recomendable la adopción de los
documentos internacionales como normatividad interna; en este orden de ideas
deja constancia de las razones que en aquel sentido y en su opinión deben
incidir en este juicio de constitucionalidad. Señala que el nuevo modelo de
desarrollo exige una participación más activa de los capitales privados dentro
de la economía.
Para incentivar la
inversión privada el Estado debe implementar diversos mecanismos encaminados a
fomentar nuevas industrias y negocios, formar una fuerza laboral más productiva
y consolidar las reformas económicas garantizando la igualdad de oportunidades
para las empresas de diversos tamaños, mediante un conjunto claro de normas y
el estímulo a la competencia. Los recursos del fondo resultan beneficiosos en
la medida en que pueden hacer más rápido el proceso de apoyo gubernamental
hacia la pequeña y mediana industria, y aseguran el fortalecimiento de
programas institucionales que mejoren la administración pública y le permiten
estimular la actividad empresarial.
V.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera.  La
Competencia y el Objeto del Control
De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 241 num. 10o. de la Constitución Política, y en
atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de su
competencia, se observa que corresponde a esta Corporación el examen de la
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados y convenios
internacionales, después de su sanción presidencial, y antes del
perfeccionamiento internacional del instrumento, como es el caso en el asunto
de la referencia.
Segunda:   El
Examen de forma.
A.    De la
"Celebración" del Tratado
1.  Sea lo primero
advertir que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241
de la Carta de 1991, corresponde a esta Corporación el examen de la
constitucionalidad de la Ley 83 de 1993, tanto por el aspecto formal, como por
lo que se relaciona con el contenido de la misma y con el texto del instrumento
que se aprueba y que se ordena incorporar al ordenamiento nacional.
2. También cabe señalar
que las competencias de la Corte Constitucional en esta materia recaen sobre la
ley sancionada por el Presidente de la República, y por ello es posterior a la
actividad del Congreso y al procedimiento legislativo; pero además, este tipo
de procedimientos de control de constitucionalidad de las leyes también es
previo, pues se verifica con anterioridad al perfeccionamiento del tratado o
del convenio que se aprueba por la ley.
Así, según lo
señalado en el mencionado artículo de la Carta, en que se establecen las reglas
constitucionales que rigen el procedimiento de control de constitucionalidad de
las leyes aprobatorias de tratados públicos, se observa que esta nueva vía
judicial tiene carácter  preventivo, puesto que, como se ha dicho,
al ser el control de constitucionalidad un procedimiento previo al
perfeccionamiento del instrumento internacional y posterior a la sanción de la
ley que lo aprueba,  debe concluirse que, sin el fallo de constitucionalidad de
la ley  y del tratado mismo proferido por la Corte Constitucional, el Jefe del
Estado no puede perfeccionar el instrumento por ninguno de los diversos
procedimientos previstos para este fin en la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados y en los tratados mismos, y aquel no tendría valor
alguno en el orden interno, no obstante haber sido aprobado por el Congreso y
sancionado por el Presidente de la República como ley.
También, debe
advertirse que la Constitución señala que, en caso de encontrarse que en un
tratado de carácter multilateral aprobado por el Congreso de la República y
sometido a este tipo de control preventivo existen disposiciones contrarias a
la Constitución, y así lo declara la Corte en su fallo, el Gobierno puede
perfeccionar el tratado, siempre que haga las reservas correspondientes
formuladas dentro de las reglas específicas que para dicho fin se prevén en el
derecho internacional de los tratados o en los tratados mismos.
3. En estos casos,
la función de la Corte Constitucional de ser guardiana de la supremacía de la
Constitución, se extiende a la determinación de la plena conformidad entre la
ley y el texto del mismo instrumento con la Constitución Política, lo que
significa, entre otros elementos, que en primer lugar se debe examinar si en el
trámite legislativo del proyecto de ley se cumplió con los requisitos
establecidos por la Carta para la aprobación de las leyes por el Congreso de la
República, y si el proceso de representación del Estado Colombiano, cuando ésta
haya sido necesaria, se cumplió cabalmente y sin desconocimiento de los fueros
del Jefe de Estado; claro está que, como lo ha advertido esta Corporación, en
caso de la presentación del proyecto de ley aprobatoria del instrumento, con la
expresa convalidación o aprobación previa por el Presidente de la República, se
entiende subsanada cualquier deficiencia legal y constitucional antecedente, en
punto a la representación en la negociación y en la celebración.
4. En este caso, se
trata de la aprobación de dos instrumentos internacionales que son producto de
la negociación o del acuerdo multilateral previo, en el que participó el Estado
Colombiano para efectos de establecer el contenido del mismo, por virtud de la
manifestación de la voluntad del Señor Embajador de Colombia ante el Gobierno
de los Estados Unidos de América, como representante del Presidente de la
República; en efecto, se trata de un instrumento internacional en el que
nuestro Estado, como las restantes entidades de derecho internacional que
acuerdan su celebración, se hace parte del mismo, participa en negociación del
texto, y en la cual aparece constancia de la firma previa de los documentos por
el mencionado agente diplomático.
5. En este sentido,
es necesario precisar que esta modalidad de vinculación a una organización internacional,
y de adopción de un instrumento internacional de derecho público, con
negociación o celebración previas, recoge una de las tendencias tradicionales
del derecho público internacional multilateral y de las organizaciones
internacionales y ecuménicas, y en especial el derecho de los tratados públicos
en los que se admite que la aprobación por los órganos legislativos de carácter
interno de los Estados, se cumple después de la firma y antes del
perfeccionamiento del tratado o del acuerdo, y que este sea posterior a la
incorporación del mismo instrumento al orden jurídico interno previa aprobación
del órgano legislativo correspondiente, y ahora,  en nuestro país, con la
previa revisión del máximo órgano de la justicia constitucional.
6. Por lo mismo, en
este tipo de asuntos no resulta extraño a las funciones de la Corte
Constitucional el examen judicial del cumplimiento de determinados requisitos
constitucionales en materia de representación del Jefe del Estado o de sus
agentes, cuando ésta se ha verificado, por el tipo de instrumento de que se
trata; empero, y asi lo ha advertido con suficiente claridad la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación, tampoco resulta extraña a las mismas
competencias de la Corte la afirmación según la cual la presentación del
proyecto de ley aprobatoria del tratado hecha por el Gobierno, con la previa y
expresa aprobación del Presidente de la República, convalida cualquier vicio
externo de representación que puede afectar la constitucionalidad de la ley,
como lo hace el Ministerio Público.
Así, de conformidad
con la jurisprudencia de esta Corporación para el caso de los tratados que
requieren celebración previa o negociación, o en los tratados o convenios en
los que ella se presenta, es claro que la aprobación expresa y previa a la
presentación del instrumento ante el órgano legislativo por parte del Jefe del
Estado, convalida cualquier vicio externo en materia de representación .
Pero además, y en
otro tipo de situaciones, también se debe tener en  cuenta que cuando se trata
del acceso o de la adhesión a tratados multilaterales abiertos a la vinculación
de nuevos Estados con invitación previa o sin ella, y en algunos casos de
tratados elaborados en el seno de organizaciones internacionales ecuménicas,
por principio no existe negociación ni celebración de tratado o firmas previas
del texto por parte de los representantes internacionales del Estado que se
vincula posteriormente, o de sus agentes diplomáticos; ocurre que en estos
casos en nuestro sistema jurídico, previa la aprobación del Presidente de la
República,  el Gobierno presenta el texto del instrumento para que sea
estudiado y aprobado por el Congreso como corresponde, según lo establece el
artículo 150 numeral 16 de la Constitución Nacional y, una vez verificado el
fallo de la Corte Constitucional, que ejerce el control preventivo que se ha
reseñado, se procede a la manifestación de la voluntad de hacer parte de la
organización y de acceder al acuerdo, previa la aceptación de los integrantes
de la misma, según lo exijan o no los términos del tratado mismo, como en este
caso, y la de adherir al texto del instrumentos para perfeccionarlo como
tratado que obliga al Estado Colombiano.
7. Cabe observar,
además, que en el presente asunto el Señor Procurador General de la Nación,
solicita un pronunciamiento inhibitorio de parte de la Corte en cuanto al
artículo 3o. de la ley bajo examen, al considerar que dicho artículo no tiene
la materialidad que corresponde a los instrumentos internacionales que se aprueban,
y porque la vía para el control de constitucionalidad de una disposición
jurídica que establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe
hacer las apropiaciones necesarias en el presupuesto nacional para cumplir con
la donación prevista en el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de
Inversiones, es la de la acción Pública de inconstitucionalidad y no este
control preventivo.
En este caso la
Corte encuentra que no asiste razón al Señor Procurador General de la Nación,
ya que en especiales situaciones como la que se presenta en el asunto bajo
examen, la competencia para aprobar la ley  que incorpora un Tratado o Convenio
Internacional que ordena una donación en dinero del Estado, habilita al
legislador para disponer lo que sea inmediata y necesariamente vinculado con el
cumplimiento del convenio, so pena de su ineficacia. Claro está, la Corte no
formula su jurisprudencia en el sentido de considerar que, en todo caso, el
legislador estaría habilitado para añadir o agregar a la ley aprobatoria del
instrumento internacional, otras regulaciones distintas de las relacionadas
necesaria, directa y estrechamente con el cumplimiento económico del mismo.
Deja en claro la
Corte que en este caso se dan los supuestos necesarios para que, en la ley aprobatoria
del tratado, se autorice al Ministro de Hacienda para hacer las apropiaciones
necesarias en el presupuesto nacional, para cumplir con la obligación económica
prevista en el Convenio, y por ello bien puede formar parte de la ley y,
además, ser objeto del control de constitucionalidad por la vía del artículo
241 numeral 10 de la Constitución, lo cual no significa que quede formulada una
orientación jurisprudencial que rompa con las reglas de la unidad de materia y
en especial que se aparte de la norma que corresponde a la unidad de materia,
que debe existir en el caso de la ley aprobatoria de un tratado o convenio
internacional, cuyo objeto es precisamente el de la aprobación de éstos y no
otro.  No es este, pues, el caso analizado en la sentencia C-359/94, en el que
se juzgó faltaba el elemento de la conexidad, y por tanto, no existe
contradicción con lo que se decide en esta providencia.
En verdad la ley
aprobatoria del instrumento internacional debe tener como materia únicamente la
aprobación del mismo, y por principio no puede ocuparse de otra materia, so
pena de pervertir el mencionado principio y de descomponer las funciones de
control de constitucionalidad de las leyes que se adelanta en esta Corporación.
Empero, lo que sucede es que entre un tratado o convenio en el que se aprueba
una obligación económica de la índole de una donación constitutiva de un
organismo o de un fondo financiero o de inversiones y de crédito, es apenas
natural que, para cumplir con la donación prevista, se autorice en la misma ley
al funcionario administrativo correspondiente, que es el Ministro de Hacienda,
para que haga las apropiaciones necesarias en el presupuesto ordinario de la
Nación. Desde luego, y sólo bajo estos supuestos es que la Corte encuentra
ajustada a la Constitución la mencionada incorporación de la autorización, y no
acoge la solicitud de pronunciamiento inhibitorio elevada por el Ministerio
Público.
B. El Trámite en
el Congreso de la República.
Esta Corporación
encuentra que el proyecto de ley que culminó su trámite en el Congreso de la
República y que fue sancionado como la Ley 111 de 1994, cumplió con todos y
cada uno de los requisitos que para dicho fin establece la Carta Política, en
especial con los previstos por los artículos 11, inciso 5o., 157 y 160 de la
misma; en efecto, tal y como lo advierte el Jefe del Ministerio Público en el
concepto que le corresponde, por tratarse de un proyecto de ley que se refería
a relaciones internacionales, fue presentado al Senado de la República por el
Gobierno Nacional, a través de la Señora Viceministra de Relaciones Exteriores
encargada del Despacho de la Ministra y por el Señor Ministro de Hacienda y
Crédito Público, el 16 de diciembre de 1992, publicado luego en la Gaceta del
Congreso No. 8 de 1993 y distinguido como el número 252 del Senado;
posteriormente, previa la presentación de la ponencia elaborada por el Senador
Carlos Espinosa Faccio Lince, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate
por unanimidad en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de
la República  el 9 de junio de  1993. Además, la correspondiente aprobación en
segundo debate en la misma Corporación se verificó en la Sesión Plenaria del
viernes 18 de junio del mismo año.
En la Cámara de
Representantes el proyecto fue distinguido con el número 338 de 1993, y el día
26 de octubre de 1993 se le dió primer debate en la Comisión Segunda, con base
en la ponencia favorable presentada por el representante Melquisiedec Marín
López; en dicho evento la aprobación impartida fue adoptada por unanimidad. El
segundo debate en la Cámara de Representantes se verificó el día martes 7 de
diciembre de 1993 y en aquella oportunidad se impartió la aprobación
correspondiente tal y como aparece acreditado en la Gaceta del Congreso del
miércoles 15 de diciembre de ese año, con lo cual se dio fin al trámite
legislativo en el Congreso de la República.
C. El Examen
Material del texto del Tratado.
1. Examinado el
contenido de los convenios aprobados por la Ley 111 de 1994, se encuentra que
en ellos se consignan las reglas de organización y funcionamiento y los fines y
objetivos programáticos del Fondo Multilateral de Inversiones y del Convenio de
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones, a los que se quiere
vincular al Estado Colombiano, y que ellos se ajustan a las disposiciones de la
Carta Política, pues, en todo caso facilitan el incremento de los niveles de
inversión privada, tanto extranjera como nacional, para acelerar el crecimiento
económico y social de los países en vía de desarrollo, fomentar las pequeñas
empresas y micro empresas y otras actividades empresariales, mejorar la
distribución de ingresos, y otorgar financiamiento a los países miembros del
Banco Internacional de Desarrollo entre otros, que son cometidos que hallan
pleno respaldo en disposiciones de la Constitución, en la parte de los fines
esenciales del Estado y en los derechos económicos y sociales de las personas,
y en esa misma condición, si se adelantan con la colaboración de organizaciones
internacionales, también encuentran suficiente fundamento constitucional.
En este sentido cabe
observar que, como corresponde a las atribuciones políticas del ejecutivo, la
exposición de motivos del proyecto elaborada por el Gobierno Nacional
manifiesta varias razones de conveniencia, oportunidad y provecho, que hacen
recomendable la adopción del mencionado instrumento como parte del ordenamiento
jurídico nacional y la vinculación del Estado al mencionado fondo multilateral
y a las actividades del mismo; empero, como se verá más adelante, este tipo de
reflexiones no hacen parte del juicio de constitucionalidad cuando se adelanta
por la vía del control abstracto de constitucionalidad de las leyes, ni en
general de las atribuciones judiciales de la Corte Constitucional.
2.   Se advierte que
en este tipo de juicios de carácter  preventivo y abstracto que se adelantan en
este estrado judicial,  y en los que se examina en su conjunto la
constitucionalidad de disposiciones jurídicas que tienen la naturaleza de los
tratados internacionales, la Corte no se ocupa de examinar específicas
situaciones de hecho, signadas por elementos como los de la utilidad, la
efectividad o la eficiencia de las actuaciones de las autoridades públicas;
tampoco se ocupa la Corte de adelantar evaluaciones de oportunidad práctica ni
de conveniencia política, pues estos elementos extranormativos deben ser
analizados por el Jefe del Estado y por el Congreso en su oportunidad, según
los términos de la Constitución Nacional.
Corresponde a esta
actuación de control judicial de la constitucionalidad de las leyes el examen
de aquellas especiales disposiciones jurídicas, que se originan en actuaciones
internacionales de los estados y de los organismos de derecho internacional
público, frente a la totalidad de los textos de la Carta Política nacional, con
criterios eminentemente jurídicos, no obstante que algunas disposiciones de la
misma sean de tal naturaleza que, por su carácter esquemático y abierto e
incompleto, den lugar a que en la oportunidad de su aplicación surjan equívocos
como los de considerar que esta labor habilitaría a la Corte para decidir, si
un tratado aprovecha económica, técnica o políticamente al Estado, o al
Gobierno o a  la población.
3.      En efecto, como
la parte dogmática de la Constitución esta compuesta, entre otros elementos por
el preámbulo, por los fines esenciales del Estado, por los objetivos y por
valores constitucionales, resulta propicia la materia y la oportunidad para
hacer creer, equivocadamente, que a la Corte Constitucional se le encomiendan
labores de control político o de las razones políticas de este tipo de
disposiciones jurídicas, lo cual como se ha visto, corresponde al ejecutivo o
al legislador en su oportunidad.  Así las cosas y como se ha señalado, en
ejercicio de esta competencia, no puede pues la Corte, so pena de invadir las
esferas de la competencia constitucional de los restantes órganos y poderes del
Estado, condicionar la constitucionalidad de una norma de la categoría de un
tratado internacional por las mencionadas razones, que son las típicas de un
juicio político o administrativo, derivado de las competencias constitucionales
que le corresponden al Congreso Nacional o al Presidente de la República.
4. En este sentido,
la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias de control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, por
el aspecto de la materia regulada en el texto del instrumento, encuentra que en
el caso de que se ocupa en esta oportunidad, la Carta es suficiente fundamento
para la adopción de los mismos, ya que ellos se enmarcan dentro de las
orientaciones de la carta Política en materia de libertad de empresa y de
promoción de la iniciativa privada, lo mismo que de la integración económica y
la promoción del desarrollo económico.
RESUELVE:
Primero.  Declarar EXEQUIBLES el CONVENIO
CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES y el CONVENIO DE
ADMINISTRACION DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES, suscritos en Washingthon
el 11 de febrero de 1992, y la Ley 111 de 1994 (17 de enero), que los aprueba.
Segundo. Comuníquese esta decisión al Gobierno
Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la
República, y envíesele copia auténtica de la misma para los efectos
constitucionales previstos en el numeral  10 del artículo 241 de la Carta
Política.
Cópiese, comuníquese, notifíquese,
cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
JORGE ARANGO MEJÍA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General