T-384-20
Sentencia T-384/20
Referencia: Expedientes T-7.771.999 y T-7.772.000
(acumulados)
Acciones de tutela instauradas por Maritza
Soto Sánchez y Rubiela Omaña Botello en contra de la Alcaldía Municipal de Sardinata (Norte de Santander)
Magistrado ponente (e):
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
1.
Síntesis del caso. El 13 de noviembre de 2019, Maritza
Soto Sánchez y Rubiela Omaña Botello interpusieron acciones de tutela en contra
de la Alcaldía Municipal de
Sardinata (Norte de Santander). A su juicio, esa entidad vulneró
sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido
proceso, al negarles la nivelación salarial que solicitaron.
I.
ANTECEDENTES
Expediente T-7.771.999
2.
Hechos. Maritza Soto Sánchez es funcionaria de
carrera administrativa de la Alcaldía Municipal de Sardinata, desde el 10 de
junio de 1990, cuando tomó posesión del cargo de “secretaria II”[1]. El 9 de
marzo del 2012, el alcalde municipal de Sardinata expidió el Decreto 016, que
ajustó el “manual específico de funciones y competencias laborales para los
empleos de la planta de personal de la administración central” de ese
municipio[2].
Con respecto al cargo de secretaria ejercido por la accionante, ese decreto
señaló, entre otras cosas, que estaba identificado con el código 440, grado 05,
y que le correspondía una asignación básica de $667.588[3]. El 14 de
junio de 2013, el alcalde municipal de Sardinata nombró en provisionalidad a la
señora Fanny Gómez Márquez, “en el cargo de Secretaria, Código 440,
Categoría 005” de la Secretaría de Planeación, y le asignó una remuneración
básica de $1.087.989[4].
Para esa fecha, la accionante devengaba una remuneración básica de $706.308[5].
3.
Solicitud de nivelación
salarial[6].
El 11 de junio de 2019,
la accionante presentó un derecho de petición ante la Alcaldía Municipal de
Sardinata, en el que solicitó que “se reconozca el pago de la nivelación
salarial con el cargo de secretaria, código 440, adscrito a la Secretaría de
Planeación, con una asignación básica mensual de ($1.087.989,00) desde el mes
de julio de 2013, hasta que se haga efectivo el pago”. En su petición, la
accionante alegó que dicho cargo “comporta igualdad de requisitos,
experiencia, propósito principal del empleo, conocimientos mínimos esenciales y
funciones [con el que ella desempeña], conforme lo establecido en el
decreto Nº 016 del 09 de marzo de 2012”.
4.
Respuesta a la
solicitud de nivelación salarial[7].
El 22 de octubre de
2019, la Alcaldía Municipal de Sardinata negó la solicitud de la accionante. La
entidad señaló que: (i) debido a inconsistencias en dos decretos relacionados
con la planta de personal del municipio, no era posible “definir con certeza
a cuál [grado] dentro de la escala salarial corresponde el de
secretaria, nivel asistencial, código 440”[8];
(ii) para cada vigencia fiscal, se han determinado las remuneraciones de
cada empleo, “existiendo la diferencia en cuanto al grado de remuneración”;
(iii) para las vigencias fiscales 2013 en adelante, la remuneración de los
empleos se basó en “actos administrativos [que] produjeron sus
efectos jurídicos en los tiempos establecidos en cada uno de ellos” y que
gozan de “presunción de legalidad”, por lo que no es posible “ordenar
gasto alguno diferente a los ya generados”; (iv) el Decreto 022 del 12 de
abril de 2018 ajustó el manual de funciones y competencias laborales para
algunos empleos de la administración municipal, “entre los que se encuentran
los correspondientes a los cargos de secretario, unificando la escala salarial
al menor grado [03] lo cual aplicaría a partir de la aprobación del
concurso por parte de los aspirantes seleccionados”, y (v) “[en]
estas condiciones, no existiría la diferencia salarial esgrimida”.
5.
Solicitud de tutela[9].
El 13 de noviembre de 2019, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, porque la Alcaldía
Municipal de Sardinata le negó la nivelación salarial solicitada. Según indicó,
desde que la señora Fanny Gómez Márquez asumió el cargo de secretaria, código
440, grado 05, en la administración municipal de Sardinata, “existe una
desigualdad salarial y prestacional”, pues “todas las secretarias de las
diferentes dependencias cumplen con las mismas funciones y responsabilidades”.
Por esa razón, solicitó que la entidad accionada (i) le “reconozca y
pague (…) las diferencias salariales desde el mes de junio del año 2013 (…)
debidamente indexadas” y (ii) le “reliquide las prestaciones
sociales (…), teniendo en cuenta la nivelación salarial para la vigencia de
cada año”.
6.
Respuesta de la entidad accionada[10].
La Alcaldía Municipal de Sardinata solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad.
Sobre la falta de inmediatez, advirtió que la accionante interpuso la acción de
tutela “casi seis años después de originado el acto administrativo que
generó la diferencia salarial”, sin que exista una “situación especial (…)
que amerite un análisis y tratamiento especial”. En cuanto a la falta de
subsidiariedad, señaló que “no se está causando un perjuicio irremediable a
la accionante (…) y existe otro mecanismo judicial idóneo diferente a la tutela
como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.
De otro lado, la alcaldía explicó que
el Decreto 022 del 12 abril de 2018 (al que se refirió en su respuesta a la
solicitud de nivelación salarial presentada por la accionante) se expidió “con
el fin de realizar el concurso de los empleos de carrera administrativa que se [encontraban]
vacantes o en provisionalidad”. Toda vez que “de los siete cargos de
secretario, dos [estaban] provistos en provisionalidad y se ofertarían
al concurso, se procedió a ajustarlos” en su denominación (secretario) y
grado de remuneración (03). Así, para el cargo de secretario adscrito a la
Secretaría de Planeación, “con quien se presenta la diferencia de
remuneración, se determinó y publicó como remuneración (…) la suma de
$1.022.861,00 para el año 2018, nivelándose los salarios al de menor valor
devengado por la accionante”. La entidad agregó que (i) mientras
termina el concurso de méritos, “no puede desmejorarse la remuneración de la
señora Fanny Gómez Márquez” y (ii) cuando dicho concurso finalice, “se
habrá nivelado el salario de los cargos de secretario existentes”.
7.
Sentencia de tutela[11].
El 26 de noviembre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sardinata
decidió tutelar los derechos a la igualdad y al trabajo de la accionante.
A su juicio, la Alcaldía Municipal de Sardinata incurrió en una “discriminación
salarial”, pues no justificó la “diferencia con la señora Fanny Gómez
Márquez (…) [ni] que el nivel salarial asignado a la señora Maritza Soto
Sánchez dentro del mismo cargo [obedeciera] a razones objetivas”. En
cambio, constató que las funciones desempeñadas por la accionante “corresponden
a las realizadas por la secretaria adscrita a la secretaría de hacienda (sic)
del municipio, señora Fanny Gómez Márquez, contempladas en el Decreto N° 016
del 9 de marzo de 2012”.
Expediente T-7.772.000
8.
Hechos. Rubiela Omaña Botello es funcionaria de
la Alcaldía Municipal de Sardinata, desde el 19 de diciembre de 1998, cuando
tomó posesión del cargo de “secretaria de la Oficina de la Secretaría de
Gobierno”[12].
El 9 de marzo del 2012, el alcalde municipal de Sardinata expidió el Decreto
016, que ajustó el “manual específico de funciones y competencias laborales
para los empleos de la planta de personal de la administración central” de
ese municipio[13].
Con respecto al cargo de secretaria ejercido por la accionante, ese decreto
señaló, entre otras cosas, que estaba identificado con el código 440, grado 05,
y que le correspondía una asignación básica de $667.588[14]. El 14 de
junio de 2013, el alcalde municipal de Sardinata nombró en provisionalidad a la
señora Fanny Gómez Márquez, “en el cargo de Secretaria, Código 440,
Categoría 005” de la Secretaría de Planeación, y le asignó una remuneración
básica de $1.087.989[15].
Para esa fecha, la accionante devengaba una remuneración básica de $706.308[16].
9.
Solicitud de
nivelación salarial[17].
El 11 de junio de 2019,
la accionante presentó un derecho de petición ante la Alcaldía Municipal de
Sardinata, en el que solicitó que “se reconozca el pago de la nivelación
salarial con el cargo de secretaria, código 440, adscrito a la Secretaría de
Planeación, con una asignación básica mensual de ($1.087.989,00) desde el mes
de julio de 2013, hasta que se haga efectivo el pago”. En su petición, la
accionante alegó que dicho cargo “comporta igualdad de requisitos,
experiencia, propósito principal del empleo, conocimientos mínimos esenciales y
funciones [con el que ella desempeña], conforme lo establecido en el
decreto Nº 016 del 09 de marzo de 2012”.
10.
Respuesta a la
solicitud de nivelación salarial[18].
El 22 de octubre de
2019, la Alcaldía Municipal de Sardinata negó la solicitud de la accionante. La
entidad señaló que: (i) debido a inconsistencias en dos decretos
relacionados con la planta de personal del municipio, no es posible “definir
con certeza a cuál [grado] dentro de la escala salarial corresponde el
de secretaria, nivel asistencial, código 440” [19];
(ii) para cada vigencia fiscal, se han determinado las asignaciones de
cada empleo, “existiendo la diferencia en cuanto al grado de remuneración”;
(iii) para las vigencias fiscales 2013 en adelante, la remuneración de los
empleos se basó en “actos administrativos [que] produjeron sus
efectos jurídicos en los tiempos establecidos en cada uno de ellos” y que
gozan de “presunción de legalidad”, por lo que no es posible “ordenar
gasto alguno diferente a los ya generados”; (iv) el Decreto 022 del 12 de
abril de 2018 ajustó el manual de funciones y competencias laborales para
algunos empleos de la administración municipal, “entre los que se encuentran
los correspondientes a los cargos de secretario, unificando la escala salarial
al menor grado [03] lo cual aplicaría a partir de la aprobación del
concurso por parte de los aspirantes seleccionados” y (v) “[en]
estas condiciones, no existiría la diferencia salarial esgrimida”.
11.
Solicitud de tutela[20].
El 13 de noviembre de 2019, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, porque la Alcaldía
Municipal de Sardinata le negó el reconocimiento de la nivelación salarial
solicitada. Según indicó, desde que la señora Fanny Gómez Márquez asumió el
cargo de secretaria, código 440, grado 05, en la administración municipal de
Sardinata, “existe una desigualdad salarial y prestacional”, pues “todas
las secretarias de las diferentes dependencias cumplen con las mismas funciones
y responsabilidades”. Por esa razón, solicitó que la entidad accionada (i)
le “reconozca y pague (…) las diferencias salariales desde el mes de junio
del año 2013 (…) debidamente indexadas” y (ii) le “reliquide las
prestaciones sociales (…), teniendo en cuenta la nivelación salarial para la
vigencia de cada año”.
12.
Respuesta de la entidad accionada[21].
La Alcaldía Municipal de Sardinata solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y de
subsidiariedad. Sobre la falta de inmediatez, advirtió que la accionante
interpuso la acción de tutela “casi seis años después de originado el acto
administrativo que generó la diferencia salarial”, sin que exista una “situación
especial (…) que amerite un análisis y tratamiento especial”. En cuanto a
la falta de subsidiariedad, señaló que “no se está causando un perjuicio
irremediable a la accionante (…) y existe otro mecanismo judicial idóneo
diferente a la tutela como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho”.
De otro lado, la entidad explicó que el Decreto 022 del 12 abril
de 2018 (al que se refirió en su respuesta a la solicitud de nivelación
salarial elevada por la accionante) se expidió “con el fin de realizar el
concurso de los empleos de carrera administrativa que se [encontraban]
vacantes o en provisionalidad”. Toda vez que “de los siete cargos de
secretario, dos [estaban] provistos en provisionalidad y se ofertarían
al concurso, se procedió a ajustarlos” en su denominación (secretario) y
grado de remuneración (03). Así, para el cargo de secretario adscrito a la
Secretaría de Planeación, “con quien se presenta la diferencia de
remuneración, se determinó y publicó como remuneración (…) la suma de
$1.022.861,00 para el año 2018, nivelándose los salarios al de menor valor
devengado por la accionante”. La entidad agregó que (i) mientras
termina el concurso de méritos, “no puede desmejorarse la remuneración de la
señora Fanny Gómez Márquez”, y (ii) cuando dicho concurso finalice, “se
habrá nivelado el salario de los cargos de secretario existentes”.
13.
Sentencia de tutela[22].
El 26 de noviembre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Sardinata decidió tutelar los derechos a la igualdad y al trabajo de la
accionante. A su juicio, la Alcaldía Municipal de Sardinata incurrió en una “discriminación
salarial”, pues no justificó la “diferencia con la señora Fanny Gómez
Márquez (…) [ni] que el nivel salarial asignado a la señora Rubiela
Omaña Botello dentro del mismo cargo [obedeciera] a razones objetivas”.
En cambio, constató que las funciones desempeñadas por la accionante “corresponden
a las realizadas por la secretaria adscrita a la secretaría de hacienda (sic)
del municipio, señora Fanny Gómez Márquez, contempladas en el Decreto N° 016
del 9 de marzo de 2012”.
14.
Actuaciones en sede de revisión. Mediante el
auto de 10 de marzo de 2020[23], el magistrado ponente decretó la
práctica de pruebas, con el
fin de allegar al proceso de revisión de tutela los elementos de juicio necesarios
para adoptar una decisión. En dicho auto, se le solicitó a la entidad accionada
informar:
(i) Si le dio cumplimiento a las sentencias que ordenaron la nivelación
salarial de las accionantes, a partir de qué fecha se hizo efectiva la
nivelación y el monto de la asignación básica que están recibiendo desde
entonces; (ii) si ha ordenado la nivelación salarial de otras personas
que ocupen el mismo cargo ejercido por las accionantes, la razón por la cual se
ordenó, a partir de qué fecha se hizo efectiva y el monto de la asignación
básica que están recibiendo desde entonces; (iii) el total de cargos de
secretario nivel asistencial que existen en la alcaldía, con especificación de
su código, grado, dependencia a la que pertenecen, funciones, asignación básica
y nombre del titular; en caso de que existan
diferencias en la asignación básica, indicar su razón o causa; (iv)
el estado de cumplimiento del Decreto 022 del 12 de abril de 2018, en
particular, si ya se llevó a cabo el concurso de méritos y se proveyeron los
cargos vacantes y en provisionalidad; si, en la práctica, los cargos de
secretario nivel asistencial fueron unificados al grado 03, y el monto de la
asignación básica correspondiente a dichos cargos.
15.
Pruebas aportadas en sede de revisión. Las pruebas solicitadas a la accionada fueron
aportadas mediante oficio de 14 de marzo de 2020[24]. Sobre los
interrogantes formulados, la accionada respondió que:
(i)
El municipio de Sardinata cumplió con lo ordenado en las
sentencias de 26 de noviembre de 2019, mediante los decretos 111 y 112 de 19 de
diciembre de 2019, en los que las asignaciones básicas de las accionantes fueron
niveladas a $1.765.854, a partir de diciembre de 2019.
(ii)
El municipio de Sardinata también niveló salarialmente a las
señoras Nelly Mantilla Rangel, Claudia Belén Buitrago Molina, María Belén
Mantilla Sepúlveda y Yanile Parada Gélvez, quienes ocupan el mismo cargo de las
accionantes, en cumplimiento de sentencias de tutela proferidas por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Sardinata. Estas nivelaciones se hicieron efectivas a
partir de diciembre de 2019, con una asignación básica mensual de $1.765.854.
(iii)
En total, existen siete cargos de secretario nivel asistencial en
la planta de personal del municipio de Sardinata, identificados con el código
440, grado 03, que son ejercidos por las señoras Nelly Mantilla Rangel, Claudia
Belén Buitrago Molina, María Belén Mantilla Sepúlveda, Yanile Parada Gélvez,
Fanny Gómez Márquez, Maritza Soto Sánchez y Rubiela Omaña Botello[25]. A la fecha, “no existe
diferencia salarial alguna entre las empleadas que ejercen este mismo cargo”.
(iv)
El concurso de méritos está en trámite, los cargos de secretario nivel
asistencial fueron nivelados salarialmente y les corresponde una asignación
básica de $1.765.854.
16.
Dentro del término de
traslado de las pruebas recaudadas, el alcalde municipal de Sardinata solicitó
acumular al asunto sub
examine los expedientes
correspondientes a las sentencias de tutela a las que se refiere el numeral (ii) del párrafo 15 supra. Según indicó, “se
trata de acciones de tutela, con las mismas pretensiones, mismo sujeto pasivo y
decisiones similares a las tomadas en los dos procesos que revisa la Corte en
esta actuación”[26].
II. Problema jurídico
17.
Esta Sala de Revisión debe valorar si las acciones de tutela sub examine cumplen con los requisitos de procedibilidad. En caso
de que los satisfagan, debe formular y resolver el problema jurídico sustancial
que se derive.
III. Caso concreto
18.
Planteamiento del caso. El 13 de noviembre de 2019, las
señoras Maritza Soto Sánchez y Rubiela Omaña Botello interpusieron acciones de
tutela, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad,
al trabajo y al debido proceso, que consideran vulnerados porque la Alcaldía
Municipal de Sardinata les negó la nivelación salarial que solicitaron el 11 de
junio de 2019. Según las accionantes, desde el 14 de junio de 2013, reciben una
asignación básica menor a la que devenga la señora Fanny Gómez Márquez, que
ejerce el cargo de secretaria, código 440, grado 05, en la Alcaldía Municipal
de Sardinata, el mismo que ellas ocupan y en el que, según afirman, cumplen las
mismas funciones. Por esa razón, piden (i) que sus salarios
sean nivelados al de mayor valor devengado por la señora Fanny Gómez Márquez; (ii) que se les
reconozcan y paguen las diferencias salariales correspondientes, desde junio de
2013, y (iii) que se les reliquiden sus prestaciones sociales, teniendo en
cuenta la nivelación salarial.
19.
La Alcaldía Municipal de Sardinata, por su parte, sostiene que no
es posible acceder a la solicitud de las accionantes, porque los actos
administrativos que determinaron la remuneración de los empleos de su planta de
personal a partir de la vigencia fiscal 2013 ya surtieron efectos jurídicos y
se presumen legales. Además, señala que mediante el Decreto 022 del 12 de abril
de 2018, dispuso unificar al grado 03 la escala salarial del cargo que ejercen
las accionantes y la señora Fanny Gómez Márquez, al que le corresponde una
asignación básica de $1.022.861. No obstante, advierte que esa nivelación solo
tendrá efectos una vez finalice el concurso de méritos al que convocó en ese
mismo decreto para proveer algunos cargos de su planta de personal que están
vacantes o en provisionalidad. A partir de ese momento, añade, “se habrá
nivelado el salario de los cargos de secretario existentes”. Con todo, la
entidad accionada considera que las acciones de tutela son improcedentes,
porque no cumplen con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, toda
vez que (i) fueron presentadas cerca de seis años después de la expedición del
acto administrativo que generó la supuesta diferencia salarial y (ii) las accionantes cuentan
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para formular
sus pretensiones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
20.
Con base en lo anterior, la Sala determinará si las acciones de
tutela sub examine satisfacen los requisitos de procedibilidad.
21.
Las acciones de tutela cumplen con los
requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva. La Sala constata que en el presente asunto se cumplen los
requisitos de legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva. En
efecto, las acciones de tutela fueron presentadas por Maritza Soto Sánchez y
Rubiela Omaña Botello, a quienes se les negó la nivelación salarial que
solicitaron como funcionarias de la Alcaldía Municipal de Sardinata, decisión
que habría vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al
debido proceso. Así mismo, la
tutela se presentó en contra de la Alcaldía Municipal de Sardinata, entidad empleadora
de las accionantes, que les negó la nivelación salarial solicitada y que es, por tanto, de quien se predica
la posible vulneración de derechos fundamentales.
22.
Las acciones de tutela no cumplen con el
requisito de inmediatez. La Sala constata que las
acciones de tutela sub examine no cumplen con el requisito de inmediatez,
porque no fueron ejercidas “de manera
oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración”[27]
de los derechos fundamentales de las accionantes.
23.
Esta Corte ha señalado
que si bien el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de
1991 no prevén un término de caducidad para el ejercicio de la acción de
tutela, es necesario que exista “una correspondencia entre la naturaleza
expedita de la tutela y su interposición oportuna”[28]. Esto
implica que el juez constitucional evalúe si es razonable el tiempo
transcurrido entre la supuesta vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales y la interposición de la acción de tutela, con el fin de evitar
que se desvirtúe su naturaleza expedita o que se convierta en un factor de
inseguridad que lesione los derechos de terceros. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha definido
algunos criterios para evaluar la satisfacción del requisito de inmediatez en
cada caso concreto, que permiten flexibilizar el análisis de la oportunidad en la
presentación de la acción de tutela[29].
24.
En el asunto sub examine, las accionantes
cuestionan la diferencia entre el salario que devengan como secretarias, código
440, grado 05, de la Alcaldía Municipal de Sardinata
y el salario que devenga la señora Fanny Gómez
Márquez, quien ejerce ese mismo cargo en esa entidad. Tal como consta en los
expedientes de la referencia, en la resolución de 14 de junio de 2013 mediante
la cual se nombró a la señora Fanny Gómez Márquez en el cargo de secretaria de
la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Sardinata, se le asignó
una remuneración básica de $1.087.989, suma superior al salario de $706.308 que
devengaban las accionantes[30].
25.
La Sala advierte que entre la expedición del acto
administrativo que generó la desigualdad salarial cuestionada y la presentación
de las acciones de tutela sub examine, el 13 de noviembre de 2019, pasaron
seis años y cinco meses. Por lo tanto, concluye que el lapso transcurrido entre
el acto que generó la presunta vulneración de derechos fundamentales y las solicitudes
de amparo constitucional es irrazonable, máxime si se tiene en cuenta que las
accionantes no advirtieron (i) circunstancia alguna que les hubiera
impedido conocer la diferencia salarial con la señora Fanny Gómez Márquez desde
que fue nombrada en el cargo de secretaria, código 440, grado 05 (por el
contrario, en las acciones de tutela, afirman que la diferencia salarial se
presenta desde entonces) ni (ii) encontrarse en una situación especial
que hiciera desproporcionado exigirles haber presentado las acciones de tutela
en un término menor[31].
26.
Las acciones de tutela no cumplen con el
requisito de subsidiariedad. La Sala también
constata que las acciones de tutela sub examine no cumplen con el
requisito de subsidiariedad, porque las accionantes no ejercieron el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, que es idóneo y eficaz para proteger los derechos fundamentales
que consideran vulnerados.
27.
De manera reiterada, esta Corte ha señalado que la acción de tutela tiene un carácter
subsidiario y residual, es decir, que solo procede cuando el accionante (i)
no cuenta con otro medio de defensa judicial; (ii) a pesar de contar con
otro medio de defensa judicial, este no es idóneo ni eficaz para garantizar la protección
de sus derechos fundamentales[32]
o (iii) ejerce la acción de tutela como mecanismo transitorio, con el
fin de evitar un perjuicio irremediable[33]. El cumplimiento del requisito
de subsidiariedad evita que la acción de tutela desplace innecesariamente al
medio ordinario de defensa como escenario natural de protección de los derechos
fundamentales y garantiza que la tutela solo proceda cuando dicho medio no
exista o cuando sea necesario suplir sus deficiencias en la protección de tales
derechos. Esto último ocurre, por ejemplo, cuando las circunstancias particulares
del accionante le impiden soportar las cargas y los tiempos procesales
característicos del medio ordinario de defensa judicial.
28.
En el caso específico de las solicitudes de
nivelación salarial, esta Corte ha advertido que, por regla general, la acción
de tutela es improcedente, ya que los mecanismos ordinarios de defensa judicial
ante las jurisdicciones laboral y de lo contencioso administrativo, según el caso,
son idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos
fundamentales de los interesados[34].
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en casos
excepcionales, es viable solicitar la nivelación salarial mediante la acción de
tutela, siempre y cuando se cumplan los requisitos generales de procedencia y,
además, se satisfagan “dos exigencias especiales: (i) que el asunto tenga
relevancia constitucional, y (ii) que haya elementos que conduzcan a hacer
evidente la discriminación laboral y que den cuenta de la necesidad de un
pronunciamiento de fondo, el cual, en todo caso, no dependerá de un análisis
normativo o de un debate probatorio que supere las capacidades, la
disponibilidad y las competencias del juez de tutela”[35].
29.
En el asunto sub examine, la
desigualdad salarial cuestionada por las accionantes tuvo origen en el
nombramiento de la señora Fanny Gómez Márquez como secretaria, código 440,
grado 05, de la Alcaldía Municipal de Sardinata, el 14 de junio de 2013. El
hecho de que la señora Gómez Márquez recibiera una remuneración básica superior
a la devengada por las accionantes solo fue cuestionado por estas cerca de seis
años después, el 11 de junio de 2019, cuando presentaron las respectivas
solicitudes de nivelación salarial ante la Alcaldía Municipal de Sardinata. La entidad
accionada negó el reconocimiento de dicha nivelación, mediante oficios del 22
de octubre de 2019, con base en las razones expuestas en los párrafos 4 y 10 supra.
30.
De acuerdo con el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011[36],
la legalidad de los actos administrativos particulares, como los proferidos por
la Alcaldía Municipal de Sardinata para negar la nivelación salarial solicitada
por las accionantes, puede ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por toda persona que se crea lesionada en sus derechos, con el
fin de que se declare su nulidad, se restablezcan tales derechos y se reparen los
daños causados[37].
Además, en el caso de las desigualdades salariales entre servidores públicos, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que “el medio de control
denominado ‘de nulidad y restablecimiento del derecho’ (…) es idóneo para [denunciarlas]”[38]. Concretamente,
ha advertido que “el juez competente para resolver esos asuntos es el
contencioso, más aún cuando entrañan un debate probatorio extenso y complejo,
que no puede llevarse a cabo en sede de tutela”[39].
31.
La Sala constata que a pesar de que el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo para reclamar la
nivelación salarial entre servidores públicos, las accionantes no lo ejercieron.
En cambio, acudieron directamente a la acción de tutela, para cuestionar las
decisiones de la alcaldía y solicitar dicha nivelación. La Sala también advierte
que las accionantes no alegaron ni aportaron prueba alguna de hallarse en una
situación especial que justificara haber acudido directamente a la acción de
tutela. Por lo tanto, no es posible concluir que, en su caso particular, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es ineficaz para
proteger los derechos que consideran vulnerados. De otro lado, la Sala no
observa que las acciones de tutela se hayan ejercido con el fin de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
32.
Las acciones de tutela sub examine son
improcedentes. Toda vez que no cumplen con los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad exigidos por el Decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia constitucional, la Sala concluye que las acciones de
tutela sub examine son improcedentes. En esa medida, no hay lugar a
analizar el cumplimiento de los requisitos especiales de procedencia de la
acción de tutela en casos de nivelación salarial a los que se refiere el
párrafo 28 supra.
33.
En consecuencia, la Sala ordenará revocar las
sentencias de 26 de noviembre de 2019 mediante las cuales el Juzgado Promiscuo
Municipal de Sardinata concedió el amparo de los derechos al trabajo y a la
igualdad de las accionantes Maritza Soto Sánchez y Rubiela Omaña Botello y, en
su lugar, declarará improcedentes las acciones de tutela de la referencia.
IV. Cuestión
final
34.
Con base en la información aportada por la
Alcaldía Municipal de Sardinata en sede de revisión, la Sala constata que las funcionarias
que ejercen los siete cargos de secretaria nivel asistencial en esa entidad,
entre ellas las accionantes y la señora Fanny Gómez Márquez, reciben
actualmente la misma asignación básica mensual. Así mismo, constata que el
hecho de que hoy por hoy no exista diferencia salarial entre dichas
funcionarias se debe al cumplimiento de las órdenes de nivelación salarial
impartidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sardinata en seis sentencias
de tutela.
35.
Cada una de estas sentencias de tutela fue
remitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sardinata
a la Corte Constitucional, para su eventual revisión[40]. De ellas,
solo las dos sentencias de la referencia fueron seleccionadas, mediante el auto
de 31 de enero de 2020 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Uno[41]. Las
demás, en consecuencia, fueron enviadas, junto con sus expedientes, al despacho
judicial de primera instancia, de conformidad con el numeral trigésimo segundo
de la parte resolutiva de dicho auto. En la medida que las sentencias no
seleccionadas para revisión hicieron tránsito a cosa juzgada y la decisión que
dispuso su envío al juzgado de instancia se encuentra ejecutoriada y en firme,
la Sala advierte que no es posible acceder a la solicitud de acumulación formulada
en sede de revisión por el alcalde municipal de Sardinata, a la que se refiere
el párrafo 16 supra.
36.
De otro lado, la información aportada en sede
de revisión por la Alcaldía Municipal de Sardinata también permite constatar
que los siete cargos de secretario nivel asistencial que existen en su planta
de personal están identificados con el código 440 y el grado 03, tienen las
mismas funciones y sus titulares deben cumplir con los mismos requisitos de
estudio y experiencia para ejercerlos[42].
37.
Sobre el particular, esta Corte ha señalado
que en virtud del principio “a trabajo igual,
salario igual”, derivado del mandato
constitucional según el cual “[t]oda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”[43], “quienes ocupan el mismo cargo, desarrollan
las mismas funciones y demuestran tener las mismas competencias o habilidades
para cumplir con la tarea que se les ha encomendado, deben percibir la misma
remuneración, toda vez que no existen, en principio, razones válidas para
tratarlos de forma distinta”[44].
38.
Por lo tanto, la Sala advierte que la
declaratoria de improcedencia de las acciones de tutela de la referencia y la
revocatoria de las sentencias correspondientes no obstan para que, en
aplicación del principio “a trabajo igual, salario
igual”, la Alcaldía Municipal de Sardinata garantice
la igualdad salarial entre las funcionarias que ocupan los siete cargos de
secretaria nivel asistencial que existen en su planta de personal.
IV. Decisión
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR las sentencias
proferidas el 26 de noviembre de 2019 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sardinata que concedieron el amparo
de los derechos al trabajo y a la igualdad de las accionantes Maritza Soto
Sánchez y Rubiela Omaña Botello. En su lugar, declarar IMPROCEDENTES las
acciones de tutela de la referencia.
Segundo.- LIBRAR, por la Secretaría
General de la Corte Constitucional, la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Comuníquese y
cúmplase,
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-384/20[45]
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Primera de Revisión, me permito aclarar el voto en relación con la
Sentencia T-384 de 2020, pues si bien comparto la decisión de declarar
improcedentes las demandas de amparo analizadas, discrepo que estas carecieran
del presupuesto de inmediatez.
La sentencia indica que la expedición del acto administrativo que generó la
desigualdad salarial cuestionada por las demandantes tuvo lugar el 14 de junio
de 2013. Así mismo, señala que las acciones de tutela fueron presentadas solo
hasta el 13 de noviembre de 2019, de manera que transcurrieron seis años y
cinco meses. Por esta razón, concluye que pasó un término irrazonable antes de
acudirse ante el juez constitucional. Esto, debido a que, además, las solicitantes no plantearon circunstancia alguna
que les hubiera impedido conocer su diferencia salarial con la persona nombrada
en el 2013 y, por el contrario, afirman que la desigualdad de trato se presenta
desde entonces.
En
mi criterio, la conclusión anterior es desacertada, pues del hecho de que las
accionantes argumenten que la desigualdad en las remuneraciones existe desde
cuando se nombró a una persona en el mismo cargo que ellas pero con mejor
salario, no se sigue que conocieran la desigualdad desde el instante en que se
llevó a cabo ese nombramiento. Como es obvio, es perfectamente posible que las
peticionarias solo se hayan enterado de las diferencias salariales años después
y ello no es contradictorio con la afirmación de que se introdujeron y vienen
desde que se produjo el citado nombramiento. En realidad, a partir de la
sentencia, de lo único que hay certeza es que las peticionarias sabían de la
desigualdad en los salarios comparados cuando presentaron las solicitudes de
nivelación ante la administración municipal, el 11 de junio de 2019.
Existe,
sin embargo, una razón fundamental por la cual no comparto el argumento de la
falta de inmediatez. Incluso si las accionantes conocieran de la desigualdad
salarial desde cuando se nombró a otra persona en igual cargo pero con mejor
asignación, la presunta vulneración se cometería cada vez que se producen los
pagos mensuales a las empleadas cuyos emolumentos se comparan. En otros
términos, la supuesta violación se verificaría de manera continua y permanente,
razón por la cual, se trataría en realidad de una vulneración actual del
derecho. En estos términos, considero que en la medida en que el menoscabo que
se alega toma como punto de referencia prestaciones periódicas y permanentes,
la demanda de amparo cumplía el requisito de inmediatez.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
[1] Cno. de tutela 1, fl.
16.
[2] Ibídem, fls. 19 al 24.
[3] Ibídem, fls. 19 y 22.
[4] Ibidem, fls.17 y 18.
[5] Ibidem, fls. 2 y 26.
[6] Ibídem, fls. 12 y 13.
[7] Ibídem, fls. 14 al 16.
[8] Se refiere a los decretos 016 de
2012 y 045 de 2017 expedidos por el alcalde municipal de Sardinata, que
modificaron la planta de personal de la administración central de ese
municipio. El primer decreto incluyó un cuadro con la información
correspondiente a la planta de personal de la alcaldía, en el que los seis
cargos de secretario nivel asistencial código 440 existentes fueron
identificados con el grado 05. No obstante, en el acápite de identificación de
empleos incluido en ese mismo decreto, se indicó que el grado correspondiente a
dichos cargos era 04. El segundo decreto creó una nueva plaza de secretario
nivel asistencial código 440, que fue identificada con el grado 05.
[9] Ibídem,
fls. 1 al 8.
[10] Ibidem,
fls. 63 al 70.
[11] Ibidem,
fls. 87 al 90.
[12] Cno. de tutela 2, fl.
15.
[13] Ibídem, fls. 19 al 24.
[14] Ibídem, fls. 19 y 22.
[15] Ibidem, fls.17 y 18.
[16] Ibídem, fls. 2 y 26.
[17] Ibídem, fls. 10 y 11.
[18] Ibídem, fls. 12 al 14.
[19] Al respecto, ver nota al pie 8.
[20] Ibídem,
fls. 1 al 8.
[21] Ibidem,
fls. 62 al 69.
[22] Ibidem,
fls. 86 al 89.
[23] Las
pruebas decretadas fueron solicitadas por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, mediante el oficio OPT-A-972/2020 de 12 de marzo de 2020.
[24] Las
pruebas solicitadas fueron aportadas por la entidad accionada mediante el
oficio AMS-SG-FRB-227 de 14 de marzo de 2020.
[25] En el oficio de respuesta, se señalan
las dependencias de la administración municipal a las que pertenecen los cargos
y las funciones que cumplen.
[26] La entidad accionada
presentó esta solicitud mediante el oficio AMS-SG-FRB-235 de 18 de marzo de 2020.
El 11 de agosto de 2020, la Secretaría General de la
Corte Constitucional libró los oficios OPT-A1188/2020 a OPT-A-1190/2020, con el
fin de dar cumplimiento al resolutivo cuarto del auto de 10 de marzo de 2020,
que ordenó poner a disposición de las partes y terceros con interés las pruebas
recolectadas por un término de tres días. Mediante el oficio AMS-SG-FRB-546,
recibido vía correo electrónico el 14 de agosto de 2020, la entidad accionada
reiteró lo solicitado en el oficio de 18 de marzo de 2020.
[27] Sentencia SU 442 de 2016.
[28] Sentencia T-369 de 2016.
[29] Según la Sentencia SU 391 de 2016, estos criterios
son: (i)
la “situación
personal del peticionario”, referida a si el estado del accionante “hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve”, (ii) el momento en
que se produce la vulneración, pues “pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales”, (iii) la naturaleza de la vulneración, ya que “existen casos donde se
presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y
la vulneración de los derechos de los interesados”, (iv) la
actuación contra la que se dirige la tutela, dado que “el análisis debe ser más
estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales”
y (v) los
efectos de la tutela, pues “el juez debe tener en cuenta los efectos que [la
tutela] tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”.
[30] Cno. de tutela 1,
fls. 17 y 18, y cno.
de tutela 2, fls. 17 y 18.
[31] Al
respecto, sentencia SU-391 de 2016. Véanse,
además, las sentencias T-299 de 2018 y T-738 de 2017.
[32] Para determinar la idoneidad y eficacia del medio de
defensa judicial, se debe valorar: “i) que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a
las consecuencias de la decisión (…); ii) que las exigencias procesales no sean
excesivas, dada la situación en que se encuentra el afectado (…); iii) que el
remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de
que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de
restablecimiento del derecho; y iv) [que] el otro mecanismo no permita
atender las particularidades de los sujetos, como cuando la resolución del
problema (…) dependa estrictamente de criterios legales ajenos a las
condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una
persona”.
Cfr., Sentencia SU-772 de 2014.
[33] El carácter irremediable del
perjuicio depende de que “(i) se esté ante un daño inminente o
próximo a suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los
hechos y la causa del daño; (ii) de ocurrir, no [existía] forma de repararlo (…); (iii) [sea] grave y que, por tanto, conlleve la afectación de
un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente
significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes para
superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben ser
adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar
las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas de
protección [sean] impostergables, lo que significa que
deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la
consumación del daño irreparable”. Cfr., entre otras, sentencias T-472 de 2018, T-030 de 2015 y T-956 de 2013.
[34] Al respecto, véanse, por ejemplo, las
sentencias T-833 de 2012 y T- 369 de 2016.
[35] Sentencia T-369 de
2016.
[36] Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[37] Este artículo dispone: “Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el
inciso segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la
nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación
del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
[38] Sentencia T-369 de 2016.
[39] Sentencia T-833 de
2012.
[40] A las sentencias correspondientes a
las acciones de tutela interpuestas por Claudia Belén Buitrago Medina, Yanile
Parada Gélvez, Nelly Mantilla Rangel y María Belén Mantilla Sepúlveda se les
asignaron, respectivamente, los radicados T-7.770.445, T-7.770.446, T-7.770.447
y T-7-770-448.
[41] Dicho auto fue notificado en el
estado número 02 de 14 de febrero de 2020. Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/estadost/ESTADO%20AUTO%20DEL%2031%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
[42] Esta información fue aportada por
la entidad accionada, mediante el oficio AMS-SG-FRB-227 de 14 de marzo de 2020.
[43] Constitución Política de Colombia, artículo 25: “El
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas”.
[44] Sentencia T-369 de
2016.
[45] M.P. (e) Richard S.
Ramírez Grisales.