SU454-19
Sentencia SU454/19
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad son más estrictos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-Procedencia más restrictiva, en la medida que solo tiene cabida cuando
se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención
del juez constitucional
DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-Alcance
DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-Garantía
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia
por cuanto no se configuraron los defectos alegados, ni hubo vulneración de
principio de la doble conformidad
Referencia: Expediente T-7.377.053 (AC)
Acción de tutela presentada Fernando Espitia
Manrique (T-7.377.053) y Rubi Yiceth Ayala Barrera (T-7.377.070) contra la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia y otros.
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241.9 de
la Constitución Política, los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de
1991, el auto de 14
de junio de 2019 de la Sala de Selección de Tutelas Número 6[1] y la
decisión de la Sala Plena tomada en la sala del 17 de julio de 2019[2], en la que
asumió la competencia del asunto, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente T-7.377.053. Acción de tutela presentada por Fernando Espitia Manrique
1.1.
Hechos
probados
1.
El señor Fernando
Espitia Manrique –hoy accionante– y su hermano, Ricardo Espitia, fueron procesados
penalmente como coautores de los delitos de falsedad en documento privado,
obtención de documento público falso y fraude procesal[3]. La investigación
recayó sobre las actuaciones que realizó el señor Ricardo para donar a su
hermano, Fernando, el patrimonio de sus hermanas Carolina Espitia y Mónica
Espitia por medio del uso de poderes no vigentes, que estas le habían otorgado
a aquel –Ricardo–[4].
Asimismo, en el proceso penal se juzgó el uso de los certificados de vigencia
de los precitados poderes generales[5].
Las donaciones investigadas correspondieron a las que se
realizaron por medio de las
escrituras públicas 581, 582, 583 y 584 de la Notaría 32 de Bogotá y las
actuaciones desplegadas para intentar la donación de los derechos que Carolina
tenía sobre el fideicomiso “Puerto Madero”[6].
2.
En primera instancia,
el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C., por una
parte, condenó al accionante y a su hermano como coautores del ilícito de
falsedad en documento privado, toda
vez que estimó que el documento de cesión de derechos sobre el fideicomiso “Puerto
Madero” no era un negocio real, sino que se había suscrito para simular mayor músculo
financiero en cabeza del accionante, Fernando. Por otra parte, fueron absueltos
del delito de obtención de
documento público falso y del ilícito de fraude procesal[7]. Consideró
el juzgado que si bien los dos investigados presentaron certificados de
vigencia de poderes que materialmente no estaban produciendo efectos[8], y con
ellos lograron la expedición y registro de las escrituras públicas de donación
581, 582, 583 y 584,
“no pudo probarse por la Fiscalía que
aquel [Ricardo] y su hermano [Fernando, el accionante] hayan utilizado esos
poderes vencidos y revocados conociendo dicha condición, es más, si se revisan
con detenimiento los anexos de las escrituras públicas de donación, con cada
una de ellas se protocolizó copia de las respectivas escrituras públicas de los
poderes, que en caso de CAROLINA no tiene nota de revocatoria y en el caso de MÓNICA
se lee claramente la vigencia, por lo que si está el deseo de RICARDO Y FERNANDO
ocultar aquellas situaciones, habrían aportado únicamente los certificados de
vigencia”[9].
3.
En razón de la
apelación presentada por la Fiscalía, en segunda instancia, mediante sentencia
de abril 8 de 2015[10],
la Sala Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá revocó parcialmente la absolución de los
dos investigados y, en consecuencia, los condenó penalmente como coautores “de
los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso
heterogéneo con obtención de documento público falso en concurso homogéneo y
sucesivo, y en concurso con falsedad en documento privado”[11].
4.
Como un dato
relevante de la condena, debe resaltarse que el Tribunal estructuró el tipo
penal de obtención de documento público falso en las actuaciones desplegadas
por el accionante y su hermano para la obtención de los certificados 490 de 9
de marzo de 2009 de la Notaría 34 y 146 del 9 de marzo de 2009 de la Notaría
16, que daban fe de la vigencia de los poderes generales mencionados. Es decir,
el delito no se refería a la obtención de las escrituras públicas de donación
mencionadas, sino a la obtención de los certificados, materialmente falsos.
5.
De otro lado, el
Tribunal adecuó el tipo de falsedad en documento privado a partir de los
siguientes dos hechos: (i) el negocio privado contenido en las
escrituras públicas de
donación 581, 582, 583 y 584 de la Notaría 32 de Bogotá porque estimó que estas
escrituras contenían un negocio privado fundado en un acto de representación
falso y (ii) en la suscripción del contrato de cesión de derechos
fiduciarios del 15 de diciembre de 2009 del fideicomiso “Puerto Madero”.
6.
También, el Tribunal
encontró tipificado el ilícito de fraude procesal en las actuaciones
desplegadas para registrar las escrituras de compraventa referidas.
7.
Respecto del dolo en
la conducta del accionante, el Tribunal consideró lo siguiente:
“en forma alguna p[odía]
ser calificada como de buena fe, lo obvio es que sus hermanas afectadas con las
maniobras que realizaba su otro hermano, lo habrían sabido, y lo hubieran sido
consultadas previamente [sic], puesto que ellas ya se encontraban domiciliadas
en Bogotá. No puede pasarse por alto que ellas le donarían a él sus patrimonios,
y le cedían otros derechos en su favor. ¿Tendrían ellas que conocer esa
situación? Indudablemente sí. […] tales negocios jurídicos no responden a una
administración cotidiana de los bienes y, en consecuencia, era preciso
verificar si en efecto las hermanas CAROLINA Y MARIA MONICA estaban dispuestas
a ceder sus derechos gratuitamente en favor de su hermano. […] Estas
consideraciones son suficientes para concluir que este otro procesado [Fernando,
el accionante], mediante acuerdo previo con su hermano decidió la obtención de
varios documentos espurios, que fueron utilizados para registrar una donación
inexistente, lo que le convierte en coautor de los diferentes ilícitos por los
cuales fueron procesados. No puede ser otra la conclusión, en relación con su
grado de participación, pues él suscribió los distintos contratos, con el
propósito de que los bienes se registraran a su nombre –que es el fin último perseguido
por esa cadena de actos delictivos–, de donde se extrae que su voluntad e
intención estaban también dirigidas, lo mismo que su hermano, para sustraer a
sus hermanas sus bienes, ejecutado los actos delictivos necesarios para ello”[12].
8.
En la sentencia de
segunda instancia, el Tribunal
señaló que contra esa decisión procedía el recurso extraordinario de casación[13]. Así mismo, como lo refirió
el accionante, el Tribunal no hizo ninguna mención a la eventual posibilidad de
interponer un recurso especial de impugnación respecto de aquellos delitos por
los que, presuntamente, habría sido condenado por primera vez[14].
9.
Los enjuiciados
interpusieron recurso de casación, en el que alegaron tres causales: (i)
violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho y falso juicio de
existencia por suposición, (ii) violación indirecta de la ley sustancial,
por error de hecho por falso raciocinio y (iii) nulidad por violación de
garantías fundamentales, en razón al desconocimiento del principio de
congruencia. En ningún momento, el accionante alegó la procedencia de un
eventual recurso especial de impugnación respecto de aquellos delitos por los que,
presuntamente, habría sido condenado por primera vez.
10.       (i) Respecto de la primera causal, señalaron que el Tribunal
incurrió en una violación indirecta de la ley sustancial porque asumió, sin que
fuere cierto, la existencia de una prueba que demostrara el dolo en los delitos
por los que fueron condenados, de conformidad con las siguientes tres razones:
11.       (a) En primer lugar, frente al delito de obtención de documento público falso, censuraron
que (1) se había supuesto la inducción a error sobre el funcionario público y
por ese motivo no se configuraban los elementos de ese tipo penal. (2) Reprocharon
que el Tribunal no hubiese evaluado el elemento de “inducción a error” de la
conducta sancionada[15]
y que, (3) por el contrario, existían elementos en el expediente de los que se podía
inferir la ausencia de engaño en la expedición del certificado notarial y que demostraban
que tales errores habían obedecido a desaciertos propios de los funcionarios
notariales, sin inducción alguna[16].
12.       (b) En segundo lugar, en relación con la coautoría del
accionante, censuraron que “el Tribunal nunca hizo referencia alguna a la
participación del señor FERNANDO ESPITIA MANIRQUE en la obtención de los
certificaos de vigencia, a pesar de que posteriormente lo concibe como coautor
del delito”[17].
13.       (c) En tercer lugar, en lo relativo al delito de falsedad
en documento privado y fraude procesal señalaron que “el Tribunal supuso
desde un principio la existencia de maniobras fraudulentas que lo llevaron a
concluir la responsabilidad penal”[18],
conjeturando “la existencia de pruebas sobre la tipicidad objetiva de las
conductas que en ningún momento se puede desprender de un verdadero análisis
del acervo probatorio”.
14.       (ii) En relación con la segunda causal de casación alegada
(falso raciocinio) estimaron que el Tribunal había efectuado una construcción
inadecuada de la inferencia lógica en el uso de los indicios para acreditar el
dolo[19].
En especial, censuraron que no era posible derivar el conocimiento de la
revocatoria del mandato como una mera consecuencia del deterioro de las
relaciones personales-familiares entre las poderdantes y el señor Ricardo
Espitia[20].
15.       (iii) Finalmente, adujeron que se había configurado una causal
de nulidad por falta de congruencia en la condena por obtención de documento
público falso, ya que la acusación de la Fiscalía se había estructurado a
partir de la expedición de las escrituras públicas 581, 582, 583 y 584 del 4 de
abril de 2009 de la Notaría 32 de Bogotá, y el Tribunal cambió los fundamentos
fácticos, señalando que ese delito se había configurado por la obtención de los
certificados de vigencia de poderes, número 146 y 490 de las notarías 16 y 34
de Bogotá[21].
16.       A partir de las siguientes seis
consideraciones, la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la sentencia “proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual
condenó a RICARDO ESPITIA MANRIQUE y FERNANDO ESPITIA MANRIQUE como coautores
de los delitos de Obtención de documento público falso, Falsedad en documento
privado y Fraude procesal, cometidos en concurso de conductas punibles”[22]:
17.       (i) Respecto de la presunta nulidad por falta de
congruencia (tercera causal de casación alegada), consideró que era “procedente
variar la calificación jurídica para condenar por una conducta punible distinta
a la definida en la acusación, incluso cuando no corresponda al mismo título,
capítulo y bien jurídico tutelado, a condición de que la nueva conducta
corresponda al mismo género, la modificación se oriente hacia un delito de
menor entidad, no se afecten los derechos de los sujetos intervinientes y la
tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación, siendo la
inmutabilidad de los hechos el presupuesto inamovible”[23]. En tal sentido, el
hecho de que el Tribunal hubiere variado la calificación del punible de
obtención de documento público falso a partir de la obtención de las
certificaciones de vigencia 146 y 490 de las notarías 16 y 34 y no de las
escrituras públicas 581, 582, 583 y 584 del 7 de abril de 2009, y que se hubiere
ampliado el objeto de la conducta punible a la de falsedad en documento privado[24], no desconoció la
congruencia, pues consideró que esos hechos hicieron parte del escrito de
acusación y correspondieron a conductas encadenadas las unas con las otras. Por
tanto, consideró la Corte Suprema de Justicia que el cambio no fue sorpresivo
para la defensa[25].
18.       (ii) Estimó que no hubo violación indirecta a la ley
sustancial por falso raciocinio. Respecto del delito de obtención de documento
público falso, consideró que este se producía, precisamente, cuando el
funcionario público no participaba deliberadamente en la expedición de un
documento falso sino cuando resultaba utilizado como un instrumento para la
obtención de aquel “documento espurio”[26].
19.       (iii) En el mismo sentido, estimó que no había violación
indirecta de la ley sustancial por el uso de expresiones tales como “probablemente”,
por parte del Tribunal. Entendió la Corte Suprema de Justicia que, en este
contexto, el Tribunal no se refirió a un juicio de probabilidad, toda vez que
quedó demostrado que la actuación de los enjuiciados estuvo desprovista de
buena fe, en especial, al no considerar la real voluntad de las representadas
en las donaciones efectuadas. Por ello, más que un hecho probabilístico, se
trató de una inferencia razonable[27].
Asimismo, indicó que el Tribunal había resaltado las circunstancias indicativas
de la mala fe, como el hecho de haber solicitado las certificaciones de
vigencia de poder, del que ya se sabía que se encontraba vencido, y que,
incluso, fue expresamente reemplazado por otros poderes generales posteriores
que sí tenían nota de revocación[28].
20.       (iv) Estimó que tampoco existía violación indirecta de la
ley sustancial por falso raciocinio respecto de los otros delitos, por motivos
similares, es decir, porque,
“toda la actuación de
los procesados estuvo ausente de buena fe, considerando que la donación de los
inmuebles no dependía exclusivamente de la vigencia de los poderes otorgados
por escrituras públicas, sino de la real voluntad de las donantes para adelantar
los negocios jurídicos. Por lo tanto, las deterioradas relaciones con sus hermanos
hacían impensable que Carolina y Mónica María consintieran en la celebración de
unos actos de donación de sus bienes, con todo y el perjuicio económico que tal
circunstancia les habría de representar”[29].
21.       (v) Respecto de la coautoría del accionante –Fernando– en
la comisión del delito de obtención de documento público falso estimó que su
dolo se demostraba a partir de la acreditada voluntad de sustraer los bienes
legados por el padre a sus hermanas, previo acuerdo con su hermano –Ricardo–, por
medio de la obtención de documentos “espurios” para registrar una donación
inexistente[30].
22.       (vi) Finalmente, consideró que no había ocurrido un falso
raciocinio respecto del dolo porque este no solo se probó en razón al presunto rompimiento
de relaciones entre las poderdantes y Ricardo, sino que ello se infirió de un
estudio general de las circunstancias del caso[31].
23.       El recurso de casación fue sustentado en
escrito radicado ante la Corte Suprema de Justicia el 12 de junio de 2015[32], es decir, antes de
que se cumpliera el plazo previsto en la Sentencia C-792
de 2014 para que procediera directamente la impugnación de toda primera sentencia condenatoria. La sentencia de casación fue proferida el
22 de agosto de 2018[33],
es decir, con posterioridad al 24 de abril de 2016, momento en que había empezado
a regir la posibilidad prevista en la Sentencia C-792 de 2014 e, incluso, con
posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018.
1.2.
Solicitud de tutela[34]
24.       El
14 de enero de 2019, por intermedio de apoderado judicial especial[35], el señor Fernando Espitia Manrique interpuso
acción de tutela en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, alegando
que había incurrido en tres causales específicas de procedibilidad de tutela
contra providencias judiciales: dos violaciones directas de la Constitución y
un defecto fáctico.
25.       (i)
Respecto de la primera violación directa de la Constitución, adujo
que la decisión le había sustraído de su derecho a impugnar la primera
sentencia condenatoria, desconociendo la Sentencia C-792 de 2014 y el Acto
Legislativo 01 de 2018. En concreto, refirió lo siguiente:
“la
Sentencia del Tribunal limitó en forma expresa e irregular la posibilidad de
acudir al recurso de apelación, habilitando de manera exclusiva, el recurso
extraordinario de casación, a pesar de lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política, en la Sentencia C-792 de 2014”[36] [y que] “la Sala
Penal se abstuvo de corregir el error en que incurrió la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, al negar de plano la posibilidad de interponer el
recurso de apelación contra la primera sentencia condenatoria que profirió
respecto de los delitos de FRAUDE PROCESAL y OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO
FALSO, al disponer en el numeral séptimo de la sentencia de segunda
instancia que contra la decisión sólo procedía el recurso extraordinario de
casación”[37].
26.       Para
corregir esa violación directa de la Constitución y la presunta violación a su
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, solicitó que se
decretara la nulidad de lo actuado, con el fin de dar la oportunidad al
accionante para que pudiera interponer el referido recurso[38]. En subsidio, solicitó que se dejara sin
efectos la sentencia de casación y se expidiera una nueva decisión que
respetara sus derechos fundamentales[39].
27.       Adujo
que la tutela resultaba adecuada como medio de defensa, toda vez que solo hasta
la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 se había establecido un
procedimiento para garantizar el derecho a la “doble conformidad”[40] y que en la Sentencia C-792 de 2014 la Corte
Constitucional había señalado que el recurso extraordinario de casación no
satisfacía adecuadamente ese derecho[41].
28.
(ii) Frente al defecto fáctico en que
habría incurrido la sentencia de casación, estimó que la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia había supuesto la existencia de pruebas que acreditaban los
elementos básicos de la responsabilidad penal del accionante[42]. En concreto,
estimó que no se había demostrado que el accionante conociera la falta de
vigencia de los poderes, que presuntamente había utilizado de forma
fraudulenta, ni que se hubiera inducido en error a ningún funcionario público.
Más bien, estimó que se había evidenciado que los errores de los funcionarios
públicos obedecieron a circunstancias imputables a ellos, como lo reconocieron
los funcionarios en cuestión[43], e, incluso, como lo reconoció la
Fiscalía en su acusación[44].
29.       Asimismo,
censuró que la Corte Suprema de Justicia terminó fundamentando la existencia de
dolo en elementos probabilísticos, no demostrados e, incluso, contrarios a los probados.
Al respecto, enfatizó en que en el expediente estuvo acreditado que los poderes
carecían de sello de revocación[45], pero que la falta de esa rúbrica no
se debió a una actuación del accionante, sino a un error admitido por los
funcionarios de las notarías[46]. Además, que de la eventual
desmejora de las relaciones personales entre las poderdantes y su hermano
–Ricardo Espitia– no se podía inferir la revocación de los poderes. Resaltó,
igualmente, que las poderdantes no hicieron ninguna actuación clara para
comunicar la pérdida de vigencia de los poderes, y que las actuaciones que se pretendieron
demostrar –el envío de un correo electrónico– resultaban documentos sin ningún
tipo de credibilidad[47]. En consecuencia, indicó que la
Corte Suprema de Justicia debió resolver la duda que se suscitaba en su favor.
30.       (iii)
Respecto de la segunda causal de violación directa de la
Constitución, alegó que existió una violación de la congruencia porque la
condena, en segunda instancia, por el delito de obtención de documento público
falso, cambió la imputación fáctica efectuada por la Fiscalía e hizo recaer la
condena en supuestos procesales nuevos[48], en la
medida en que se reprochó la obtención de los certificados de vigencia de los
poderes y no de las escrituras públicas de donación, como originalmente fue
propuesto.
31.       Finalmente,
el accionante justificó el cumplimiento de los requisitos genéricos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. (i) Señaló
que existía relevancia constitucional porque la acción recaía sobre violaciones
de garantías superiores como la presunción de inocencia, el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia. (ii) Adujo que se agotaron todos
los medios disponibles, que la casación no era un medio idóneo para garantizar
la “doble conformidad” y que no había otro escenario procesal para solicitar la
revisión de las irregularidades porque la sentencia en estudio se profirió en
sede de casación. (iii) Que la tutela se interpuso inmediatamente,
puesto que la sentencia de casación fue adoptada el 22 de agosto de 2018 y leída
el 29 del mismo mes. (iv) Señaló que se trataba de irregularidades procesales
relevantes puesto que si se corregían el resultado del fallo sería absolutorio.
(v) Además, que no existió oportunidad de alegarlas al interior del
proceso ordinario porque no se permitió acceder al recurso de impugnación
contra la primera sentencia condenatoria y (vi) que se trataba de una sentencia
de casación[49] y no de tutela.
1.3.
Respuesta de la entidad accionada y de las entidades vinculadas
32.       En auto del 18 de enero de 2019,
el magistrado sustanciador asumió el conocimiento de la acción y vinculó a
todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso penal
ordinario del accionante[50] y se libraron los oficios
correspondientes[51].
33.       En oficio radicado el 24 de enero de 2019[52], la
Procuraduría General de la Nación indicó que la tutela no tenía vocación de
prosperidad. En primer lugar, refirió que, según la postura de la Corte Suprema
de Justicia, el Acto Legislativo 01 de 2018 solo resultaba aplicable con
posterioridad a su reglamentación legal. En segundo lugar, adujo que la sentencia
cuestionada había sido proferida por el máximo órgano de la jurisdicción penal.
34.       En oficio radicado el 24 de enero de 2019[53], la Sala
Penal del Tribunal Superior de Distrito de Bogotá señaló que no era un error
haber indicado la procedencia del recurso de casación toda vez que, al momento
de proferirse la sentencia cuestionada, el Congreso aún no había cumplido el
exhorto a que hacía referencia la Sentencia C-792 de 2014. Igualmente, refirió
que el Acto Legislativo 01 de 2018 aún no se encuentra reglado
legislativamente. Respecto de las censuras de fondo, estimó que se trataban de
desacuerdos con el criterio del fallador, pero que en ellos no se evidenciaba
ninguna violación de los derechos fundamentales.
35.       En oficio fechado el 22 de enero de 2019[54], la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia contestó la acción y señaló que en este
caso la “doble conformidad” se había satisfecho por medio del estudio minucioso
que se realizó del recurso de casación. Asimismo, precisó que en la Sentencia
SU-215 de 2016 la Corte Constitucional había aclarado que la procedencia
directa del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria operaba a
partir del 25 de abril de 2016. Refirió, igualmente, que la Corte Suprema había
definido que la doble impugnación de las primeras sentencias condenatorias
requería de regulación legal. Además, que el Acto Legislativo 01 de 2018 aún no
había sido reglamentado y que este no había establecido un trámite específico
para su interposición. Finalmente, aclaró que el actor proponía su propia
valoración del caso, pretendiendo reabrir un debate cerrado y que ello
resultaba impertinente en sede de tutela.
36.       En
oficio radicado el 30 de enero de 2019[55], la
señora Mónica María Espitia Manrique, en su condición de víctima en el proceso
penal ordinario, y por intermedio de apoderado judicial, intervino y solicitó
que se denegara la acción de tutela, dado que no existía violación de ninguna
de las garantías fundamentales del actor. En primer lugar, señaló que en este
caso la sentencia del Tribunal se había proferido y ejecutoriado antes de que
venciera el término del exhorto previsto en la Sentencia C-792 de 2014 y, por
tal razón, no resultaba procedente la apelación directa de ese recurso. En
segundo lugar, resaltó que el accionante nunca intentó hacer uso de la
impugnación, que solicitó, al interior del proceso penal ordinario. Finalmente,
manifestó que el accionante estaba utilizando la tutela para reabrir un debate
ordinario ya cerrado, puesto que los presuntos cargos de violación de sus
derechos fundamentales correspondieron a las mismas censuras en las que fundamentó
el recurso de casación y que, además, fueron debidamente resueltas por la Corte
Suprema de Justicia.
1.4.
Sentencia de tutela de primera instancia[56]
37.       En
sentencia del 29 de enero de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia negó las pretensiones de la acción.
38.       En
primer lugar, consideró que el accionante no había sometido su petición de “doble
conformidad” ante las autoridades ordinarias, pese a que la sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá había sido dictada de forma
posterior a la expedición de la Sentencia C-792 de 2014.
39.       En
segundo lugar, señaló que la sentencia de casación atacada “no es el
resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviación del
ordenamiento jurídico y por ende tenga la aptitud para lesionar las garantías
superiores de quien promovió la queja constitucional”[57]. Para demostrarlo, transcribió, in
extenso, los apartes de la sentencia de casación en donde fueron resueltos
los reparos sustanciales del accionante, y halló debidamente motivada la
decisión. En razón de lo anterior, concluyó que la pretensión del actor se
circunscribía, exclusivamente, a un disenso jurídico, el cual, en sí mismo, no era
suficiente para habilitar la intervención del juez de tutela.
1.5.
Impugnación de la decisión[58]
40.       En oficio
radicado el 07 de febrero de 2019, el accionante impugnó la sentencia de
primera instancia, en razón a que se habría tratado de una decisión que no
respondió adecuadamente a las censuras formuladas.
41.       En
primer lugar, indicó que no era adecuado exigirle que hubiere solicitado la
impugnación ante el juez de segunda instancia, pues para la época en que se
dictó esa sentencia, y cuando se sustentó la casación, no era viable solicitar
lo dispuesto en la Sentencia C-792 de 2014. En cambio, indicó que al momento en
que se interpuso la presente acción, sí se encontraba surtiendo efectos el Acto
Legislativo 01 de 2018.
42.       En
segundo lugar, adujo que la decisión de tutela se apartó del ordenamiento
jurídico, pues no resultaba cierto que se tratara de una decisión
admisiblemente motivada. Reiteró que la sentencia de casación omitió construir
adecuadamente los razonamientos indiciarios para inferir el dolo en los delitos
y para evidenciar la inducción a error. Consideró que el juez de tutela siguió
suponiendo que existía una presunta prueba que demostraba que había conocido la
falta de vigencia de los poderes y que fue autor de una inducción a error a los
servidores públicos de las notarías en que se presentaron. Finalmente, censuró que
el juez de primera instancia se hubiese limitado a trascribir los apartes de la
sentencia de casación sin hacer ningún esfuerzo por confrontar la acusación con
la condena y así poder evidenciar la falta de congruencia.
1.6.
Decisión de segunda instancia[59]
43.       En
sentencia del 27 de marzo de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia. Estimó que la
tutela contra providencias judiciales resultaba improcedente, a menos que se
evidenciara una violación evidente de derechos constitucionales.
44.       Señaló
que la decisión judicial censurada resultaba razonable, puesto que la
existencia de diversos criterios jurídicos no constituía un supuesto de
desconocimiento de los derechos fundamentales.
45.       Respecto
de las censuras en concreto, estimó que en este caso se había garantizado la “doble
conformidad” porque en el recurso extraordinario de casación se había efectuado
un examen integral de la decisión, además porque para el momento en que se dictó
la sentencia de segunda instancia aún no había sido reglamento el Acto
Legislativo 01 de 2018.
46.       Finalmente,
transcribió, in extenso, las razones a partir de las cuales la autoridad
judicial accionada resolvió los tres cargos de casación, y halló que la
decisión no provino de un ejercicio arbitrario del juzgador, sino que se fundamentó
en las específicas circunstancias fácticas del caso, así como en las
disposiciones aplicables, amén de que se respetaron las reglas de la sana
lógica.
2.
Expediente T-7.377.070.
Acción de tutela presentada por Rubi Yiceth Ayala Barrera
2.1.
Hechos
probados
47.       Rubi Yiceth Ayala Barrera fue procesada
por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos
agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Lo anterior, por los hechos
relacionados con el aumento injustificado de su patrimonio, presuntamente
derivado de la administración y gerencia de, entre otros, la compañía Arbar
Ganadería E.U., y el establecimiento comercial “Matambre” o “Mojete Parrilla”[60], cuya
propiedad se le atribuyó a Daniel Barrera Barrera, conocido por el alias de “el
Loco Barrera”.
48.       En primera instancia, la accionante fue
absuelta de responsabilidad penal por el Juzgado Octavo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá, en sentencia de junio 17 de 2013[61]. Según se
indicó en la providencia,
“Para el A quo, los bienes que posee la
encausada son legítimos y no provienen de una fuente ilícita ni son producto de
actividades ligadas al narcotráfico. Al respecto refirió que la explicación ofrecida
por la señora RUBI YICETH respecto de su patrimonio es creíble, pues se
constata en el plenario que el mismo proviene de donaciones efectuadas por su
padre NEMECIO AYALA, recursos obtenidos a título de herencia e inversiones
realizadas, de manera mancomunada con su compañero sentimental OSCAR JEREZ.
Ahora, si bien se estableció que la procesada ejerció, en diferentes periodos
la administración de los establecimientos de comercio ‘expendio de Carnes
Cuernavaca’ y restaurante ‘matambre’, ello no es suficiente para afirmar que el
fin por ella perseguido haya sido el de lavar activos, pues es probable que su
vinculación laboral haya estado motivada por su relación marital con el señor
OSCAR ALBERTO, quien figura como propietario del primero, y en algún tiempo
gestionó el funcionamiento del segundo de tales negocios. En lo que respecta al
Enriquecimiento Ilícito de Particulares imputado por la Fiscalía, el a quo
concluyó que el mismo no fue demostrado, toda vez que la experticia patrimonial
practicada en el diligenciamiento tuvo serias inconsistencias, sumado al hecho
de que la enjuiciada explicó satisfactoriamente el origen de su peculio. Y
frente al Concierto para Delinquir Agravado señaló que no fue acreditado en el
plenario que la señora AYALA BARRERA se haya concertado con otros para cometer
delitos, como tampoco se probó que su vinculación en la administración de los
aludidos establecimientos comerciales haya estado motivada por fines
delictivos”[62].
49.       En atención a la apelación formulada por
la Fiscalía, en segunda instancia, en sentencia del 24 de marzo de 2015,
proferida por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la accionante fue hallada responsable
penalmente de los delitos de lavado de activos agravado y concierto para
delinquir agravado[63].
50.       El Tribunal estimó que la accionante
estuvo en contacto con Daniel Barrera (alias “el Loco Barrera”) como
consecuencia de la relación familiar que los unía y pese a la clandestinidad en
que él se mantenía. Así mismo, que ella obtuvo beneficio económico de los
bienes de su padre (Nemecio Ayala), cuya procedencia tenía visos de ilegalidad.
51.       El Tribunal también consideró que los
negocios jurídicos celebrados entre la familia “no eran más que actos
ficticios tendientes a distraer la atención de las autoridades respecto del
origen y titularidad de los bienes, pero sin que salgan de su esfera de dominio”[64]. Igualmente,
sostuvo que no se aportaron pruebas suficientes sobre la legitimidad de los
recursos con los que se compraron 2 locales comerciales ubicados en el centro
comercial Mazurén. Finalmente, estimó que se demostró la existencia de
relaciones comerciales estables con negocios vinculados con la organización
criminal del señor Barrera, tales como haber ejercido la subgerencia de Herjez
Ltda., quien efectuó numerosas transacciones con Arbar Ganadería E.U., Jergal S.
en C. y con Jaime Jeréz Galeano[65].
52.       El Tribunal estimó que los hechos descritos
fueron constitutivos de los delitos de lavado de activos agravado y concierto
para delinquir agravado. Con relación al primero, toda vez que la accionante había
ejecutado los verbos rectores de “administrar”, “adquirir” e “invertir”, que reprochaba
el primer tipo penal[66].
Con relación al segundo delito, estimó que se había evidenciado,
“la existencia de ‘una organización
criminal que ha operado en gran parte del país, durante un prolongado periodo
de tiempo, ejecutado delitos relacionados con el narcotráfico y conexos, y que
ha sido liderada por Daniel Barrera Barrera, quien con el propósito de ‘sanear’
la licitud de los recursos obtenidos en esa actividad, ha vinculado a su red de
personas naturales y jurídicas del gremio transportador y ganadero, con el fin
de introducir las regalías espurias al flujo comercial legal a través de la
constitución de empresas, adquisición de bienes y la celebración actos
jurídicos de diversa índole”[67].
53.       Asimismo, estimó que los actos de la
accionante que tipificaron tales delitos se concretaron en,
“la suscripción de un instrumento
notarial de constitución de una sociedad comercial ­–Herjez Ltda–, a través de
la cual, se realizaron operaciones de blanqueo de capitales, así como su
consentimiento para figurar como titular de varias propiedades inmuebles,
adquiridas con recursos, cuya legitimidad no fue demostrada, a lo cual se suman
sus actividades de administración y gestión de algunos negocios, que según la
prueba testimonial analizada,  pertenecen a Daniel Barrera, como el caso del
establecimiento de comercio ‘mojete parrilla’ o ‘matambre’”[68].
54.       Finalmente, resaltó que todas esas
actuaciones “perseguían como finalidad ‘legalizar’ recursos ilícitos
provenientes de actividades ligadas al narcotráfico”[69].
55.       Inconforme con la decisión, la accionante
interpuso recurso de casación, con fundamento en tres cargos: (i) violación
indirecta, por una serie de falencias derivadas del falso raciocinio y de
falsos juicios de identidad probatorios; (ii) nulidad por falta de
competencia y (iii) violación directa de la ley sustancial, por
interpretación errónea del artículo 61-3 del Código Penal.
56.       (i) El cargo por violación directa de la ley sustancial
lo fundamentó a partir de los siguientes cuatro argumentos:
57.       (a) Que el Tribunal incurrió en un error de hecho
derivado de efectuar inferencias fundadas en el mero parentesco con Daniel
Barrera, incurriendo así en atribución de responsabilidad objetiva. Si bien es
cierto, reconoció que era probable que tuviera encuentros con el señor Daniel,
de allí no se seguía como máxima de la experiencia que ella participara en su
organización criminal. Por la misma causa, censuró que el Tribunal hubiese desfigurado
las pruebas relacionadas con las donaciones y relaciones negociales con su
padre.
58.       (b) Como errores específicos en el raciocinio probatorio,
adujo que (1) el bien del barrio Modelia no implicó un acto ficticio, pues en
ese tiempo aún no conocía al señor Óscar Alberto Jerez. (2) Que el bien ubicado
en Tunjuelito gozaba de prueba de legalidad de su origen. (3) Que el depósito
adquirido en un condominio de la ciudad era de un valor pequeño y se omitieron
las explicaciones al respecto. (4) Que la literalidad de las pruebas descartaba
que entre las familias Jerez y Ayala hubiesen existido negocios simulados
tendientes a distraer la atención de las autoridades. (5) Que respecto de los
locales ubicados en Mazurén se invirtió la carga de la prueba y no se consideraron
los testimonios que evidenciaban su licitud.
59.       (c) Adujo un falso juicio de identidad cuando el Tribunal
adicionó las pruebas del expediente con la consideración de que la accionante había
sido socia de Herjez Ltda. Refirió, además, que la contabilidad de esa empresa
no había sido tenida en cuenta, pese a que había sido incautada en su
totalidad. Asimismo, que del análisis contable no podía deducirse que los
negocios de su padre (Nemecio Ayala) hubiesen tenido vicios de ilegalidad y,
por tanto, no era plausible obtener provecho ilícito de ellos.
60.       (d) Respecto del delito de concierto para delinquir
agravado, censuró un falso juicio de identidad porque se desconoció el
contenido literal de, al menos, tres testimonios respecto de su no pertenencia
a la organización criminal del señor Barrera y respecto de su relación con los restaurantes
Matambre y Cuernavaca. Asimismo, reparó que existió doble calificación de los
hechos, toda vez que en la calificación de la antijuridicidad de la conducta se
confundió el concierto para delinquir con el de lavado de activos. En el mismo
sentido, que se desconoció la naturaleza comercial, laboral y personal de las
relaciones con su padre[70].
61.       (ii) Respecto de la nulidad por falta de competencia,
señaló que en aplicación de la tesis de la razón objetiva de la Corte Suprema
de Justicia[71],
su caso debió haber sido juzgado con fundamento en la Ley 906 de 2004 y no a
partir de las disposiciones de la Ley 600 de 2000. En concreto, expuso que se
debió usar el referido proceso porque no existía un solo acto de investigación
que, en forma directa o indirecta, vinculara a la accionante con los procesos
iniciados bajo el amparo de la Ley 600 de 2000. Por el contrario, indicó que su
investigación se inició el 8 de mayo de 2009.
62.       (iii) Finalmente, adujo una presunta violación directa de la
ley sustancial, por interpretación errónea del artículo 61-3 del Código Penal.
Sostuvo que el fallador debió imponer la pena mínima, en el cuarto mínimo, pues
pese a la gravedad de las conductas, no hubo ninguna ponderación específica
para imponer la pena mayor de ese cuarto. Lo anterior, como consecuencia de
utilizar un racero común para todos los procesados, sin efectuar
individualizaciones derivadas de las condiciones particulares de, entre otras,
el dolo o las causales de atenuación[72].
63.       En sentencia del 1 de noviembre de 2017[73], la Corte
Suprema de Justicia casó parcialmente la sentencia.
64.       En primer lugar, accedió al tercer cargo
formulado y reconoció que el Tribunal había errado al no motivar la elección de
la pena mayor dentro del primer cuarto; en su lugar, disminuyó la sanción
respecto del delito de lavado de activos agravado[74].
65.       En segundo lugar, en relación con la
presunta nulidad por error en la elección de la ley procesal aplicable, la
Corte Suprema de Justicia aclaró que en este caso se había elegido bien el
procedimiento, conforme a la tesis de la razón objetiva, porque las conductas
de ejecución permanente que se investigaban habían iniciado en forma previa al
año 2000[75].
Así mismo, recordó, entre otras, que la elección del rito de la Ley 600 de 2000
resultaba adecuado siempre y cuando el procedimiento hubiese tenido vocación de
aplicabilidad para ese caso y se respetaran las garantías de ese trámite[76].
66.       Respecto de los otros cuestionamientos, la
Corte Suprema de Justicia consideró que los reproches eran infundados, a partir
de las siguientes cinco razones:
67.       (i) Precisó que la responsabilidad de la accionante no se había
fundamentado en los vínculos de sangre con el señor Daniel Barrera. Si bien la sentencia
del Tribunal hizo referencia a ellos, lo fue para contextualizar la situación,
ya que en este caso la organización criminal estuvo conformada por personas vinculadas
por nexos de familia o de amistad. En todo caso, resaltó que la responsabilidad
penal se atribuyó por conductas específicas[77].
68.       (ii) Aclaró que resultó probada la participación de la
accionante en la conformación societaria de la empresa Herjez Ltda., en razón
de la modificación efectuada por medio de la escritura pública 07231 del 24 de
diciembre de 2009, momento en el cual asumió su subgerencia. Señaló que dicha
empresa fue utilizada para desplegar relaciones comerciales con Arbar Ganadería
E.U., la que se demostró que era propiedad de Daniel Barrera. Pese a que se
trataba de dos empresas, jurídicamente independientes, se demostró que su
administración era común, que compartían domicilio, así como estrechos vínculos
comerciales, al igual que entre sus empleados. Así mismo, que la accionante administraba
otros negocios cuya propiedad se atribuyó al señor Barrera, como eran el restaurante
Matambre o la empresa Carnes Cuernavaca. Señaló, además, que todas estas
empresas propiciaron la introducción al curso regular de dineros ilícitos[78].
69.       (iii) Precisó que en este caso no se desconoció la
presunción de inocencia de la accionante por la presunta alteración de la carga
de la prueba. Indicó que aquello que aconteció fue que la Fiscalía logró probar
la hipótesis de la acusación y, por tanto, era deber de la enjuiciada aportar
alternativas plausibles para demostrar su inocencia, especialmente cuando se
trataba de escenarios respecto de los cuales tenía más fácil acceso a la
prueba, como sus propios documentos contables[79].
70.       (iv) Aclaró que la conducta de concierto para delinquir no
se fundamentó en sus relaciones familiares, sino en las relaciones voluntarias
y estables de cometer delitos indeterminados, pero determinables para el
blanqueo de capitales[80].
71.       (v) Finalmente, señaló que entre el delito de concierto
para delinquir agravado y el de lavado de activos existían entrecruzamientos
fácticos comunes, pues “la incorporación a la empresa criminal constitutiva
del Concierto para delinquir, se llevó a cabo para la realización de
comportamientos que tipifican el delito de Lavado de activos”[81]; no obstante,
de ello no se derivaba que no existieran diferencias entre las conductas
sancionadas[82].
72.       En
el expediente de tutela se acreditó que la accionante, en el año 2013, interpuso
una acción de tutela con el fin de que su proceso se adelantara con fundamento
en la Ley 906 de 2004, en lugar de la Ley 600 de 2000. La acción recayó sobre las
decisiones que denegaron la nulidad procesal del Juzgado Octavo Penal del
Circuito Especializado y de la Sala de Extinción del Derecho de Dominio,
Enriquecimiento Ilícito, y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogotá,
cuyo trámite se hizo extensivo a las diligencias adelantadas por la Fiscalía 17
UNAIM. La acción de tutela fue declarada improcedente mediante sentencia del 16
de enero de 2013, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[83].
2.2.
Solicitud de tutela[84]
73.       Inconforme
con la decisión de casación, el 30 de enero de 2019, la accionante solicitó que
se tutelaran sus derechos fundamentales, violados por lo que denominó “procedencia
vertical y horizontal de la tutela”. En cuanto a la “procedencia horizontal”,
alegó que la Corte Suprema de Justicia no respetó su precedente, relativo a la
tesis de la razón objetiva para elegir el sistema procesal y que no reconoció
la existencia de falsos juicios probatorios en la sentencia del Tribunal. Frente
a lo que denominó “procedencia vertical”, argumentó que en su proceso no se
debió dar validez a las pruebas irregularmente obtenidas, haciendo uso del
supuesto principio de la permanencia de la prueba. Además, indicó que se
satisfacían las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción
de tutela.
74.       Adujo
que su caso era de relevancia constitucional, por dos motivos: que existió una
violación a sus derechos fundamentales, toda vez que su condena se fundamentó
en su parentesco con Daniel Berrera Barrera, alias “el Loco Barrera”, y que se
le negó su derecho a ser juzgada con fundamento en las disposiciones de la Ley
906 de 2004, por lo que se impartió una condena injusta. También señaló que había
agotado todos los mecanismos nacionales disponibles.
75.       Respecto
de la inmediatez, justificó que su caso se trataba de un expediente muy voluminoso
(refirió que contenía más de 50 mil folios y muchas horas de audiencia). Que,
además, ella misma había debido estudiar personalmente ese expediente para
preparar su defensa técnica, pues ya no contaba con recursos económicos para
sufragarla. Asimismo, que solo pudo empezar a estudiar el expediente una vez
recuperó su libertad, máxime que había utilizado mucho tiempo solicitando ayuda
en consultorios jurídicos, en donde solían tomarse cerca de 3 meses para
evaluar su expediente. Finalmente, resaltó que en este caso la inmediatez debía
ceder ante la constatación de una condena derivada del vínculo de sangre. Igualmente
sostuvo que se identificaban, con claridad, los hechos que daban origen a la
violación, que no se trataba de una sentencia de tutela, y que hubo una serie
de irregularidades procesales con incidencia en su condena.
76.       Señaló
que en su caso se materializaron, al menos, cinco causales específicas de
procedencia: (i) defecto procedimental absoluto, porque se obró al
margen del procedimiento que aplicaba en su caso, conforme a la tesis de la
razón objetiva propugnada por la Corte Suprema de Justicia; (ii) defecto
fáctico, porque se le condenó con fundamento en pruebas inexistentes; (iii)
decisión sin motivación, porque, en sus palabras, la decisión del Tribunal se
circunscribió a copiar y pegar la acusación de la Fiscalía, sin tener en cuenta
en el debate probatorio los errores del dictamen pericial financiero, que
fueron aceptados por los mismos peritos; (iv) desconocimiento del
precedente y (v) violación directa de la Constitución porque se le
desconoció el derecho a la igualdad, a un trato digno y al debido proceso.
77.       Respecto
de la errada elección del procedimiento, describió la forma como se asignó el
radicado a su investigación. Estimó que su investigación había iniciado el 12
de mayo de 2009, por lo que era su derecho haber sido juzgada con fundamento en
las disposiciones de la Ley 906 de 2004. Asimismo, resaltó que los expedientes
abiertos en forma previa no guardaban ningún tipo de conexidad objetiva con su
caso. Describió que la tesis de la razón objetiva había sido desconocida desde que
el juez de primera instancia había conocido el asunto dado que utilizó, de
manera indebida, la apelación a la existencia de los delitos de ejecución
permanente, sin tener en cuenta el momento real en que se iniciaron las
investigaciones. Asimismo, señaló que era deber del juzgador acudir al nuevo
estatuto procesal como consecuencia del prolongado transcurso del tiempo de los
hechos objeto de investigación.
78.       De
otro lado, censuró la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal y señaló
que este había ignorado el juicio y el debate probatorio surtido.
79.       Finalmente,
en escrito radicado el 8 de febrero de 2019, la accionante complementó su
solicitud de tutela[85] y solicitó que se le garantizara su
derecho fundamental a apelar la primera sentencia condenatoria, esto es, la
sentencia que el Tribunal había proferido en segunda instancia[86].
2.3.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
80.       Mediante
auto del 1 de febrero de 2019[87], se admitió la acción de la
referencia y se vinculó a todos los intervinientes en el juicio penal
adelantado en contra de la accionante.
81.       En oficio radicado el 6 de febrero de
2019[88],
el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
contestó la acción e informó la situación procesal de la tutelante y solicitó que
se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.
82.       En oficio radicado el 6 de febrero de
2019[89],
el Fiscal 58 (e), en apoyo a la Fiscalía 42 de Extinción de Dominio, solicitó
que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la
tutela no tenía por objeto el trámite de extinción de dominio, sino el juicio
penal. No obstante, resaltó que, en esta oportunidad, no se cumplían los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela, ni existía un perjuicio
irremediable.
83.       En oficio del 6 de febrero de 2019[90], el Tribunal
Superior de Bogotá contestó la acción y solicitó que se denegara el amparo.
Resaltó que durante el trámite procesal se habían respetado los derechos
fundamentales porque todos los reclamos fueron atendidos en debida forma. Asimismo,
además de reiterar que no se había presentado algún tipo de violación de los
derechos fundamentales de la parte accionante, indicó que la tutela no era una
tercera instancia.
84.       En oficio del 6 de febrero de 2019[91], la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adujo que la acción resultaba
impertinente pues tenía por objeto reabrir debates ordinarios que habían sido decididos
en el proceso penal. Asimismo, adjuntó copia de la decisión de casación.
85.       En oficio radicado el 8 de febrero[92], la
Fiscalía 17 Especializada contra el Narcotráfico solicitó que se denegara y se
declarara temeraria la acción de tutela. Lo primero porque consideró que los
asuntos propuestos habían sido resueltos adecuadamente en el proceso ordinario.
Lo segundo porque la accionante ya había interpuesto tres acciones de tutela con
las mismas pretensiones[93].
2.4.
Sentencia de tutela de primera instancia[94]
86.       En
sentencia del 25 de febrero de 2019, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia denegó el amparo. En primer lugar, estimó que no se cumplió con el
requisito de inmediatez, ya que la tutela fue interpuesta luego de 6 meses de
que se hubiere proferido la decisión acusada.
87.       Estimó,
además, que no había violación al derecho a la igualdad, no solo porque la
accionante había omitido referir los casos respecto de los cuales había
recibido un tratamiento diferente sino, además, porque al momento en que se
profirió su primera decisión condenatoria aún no había transcurrido el plazo
previsto en el exhorto de la Sentencia C-729 de 2014, ni había entrado en
vigencia el Acto Legislativo 01 de 2018.
2.5.
Impugnación[95]
88.       Inconforme
con la decisión, el 11 de marzo de 2019, la accionante impugnó la sentencia de
tutela. Señaló que había reclamado sus derechos desde que había sido capturada
en el año 2010, momento a partir del cual eran desconocidos. Adujo que tenía derecho
a la “doble conformidad”. Se refirió, además, a las respuestas de cada uno de
los intervinientes e hizo referencia, en especial, a que en su caso sí se había
acreditado un supuesto de perjuicio irremediable, dada la existencia de una
condena injusta e injustificada, al considerar que los derechos fundamentales
no caducaban y que otros actores sí habían logrado que se reconociera dicho derecho
por vía de tutela. Finalmente, adujo que no le podían poner tiempo a la
vulneración de sus derechos fundamentales, máxime que, en su caso, la mora
estuvo justificada en las particularidades de su situación.
2.6.
Sentencia de tutela de segunda instancia[96]
89.       Mediante
sentencia del 10 de abril de 2019, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión de primera instancia. Coincidió con el Tribunal
en que no se había respetado la inmediatez porque había transcurrido más de un
año entre el presunto hecho generador del desconocimiento de sus garantías
fundamentales y el de la presentación de la solicitud de tutela. Además, estimó
que,
“estar
privada de la libertad por una orden judicial no es obstáculo para interponer
acciones constitucionales, como esta, pues las mismas carecen de formalidades
y, en tal virtud, le permiten a cualquier ciudadano elevar sus súplicas ante un
juez. Aunado a ello, es de resaltar, que en el plenario no hay prueba alguna
que soporte su dicho y permita concluir a esta Sala que se encontraba en
situación alguna que le impidiera interponer la presente queja”[97].
90.       Finalmente, consideró que el caso de la
accionante no era análogo a aquellos que habían sido decididos con
posterioridad al fenecimiento del plazo previsto en el exhorto de la Sentencia
C-729 de 2019 y a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018.
2.7.
Actuaciones en sede de revisión
91.       Los expedientes fueron seleccionados y
acumulados en el auto de la Sala de Selección de Tutelas Número 6, proferido el
14 de junio de 2019[98];
además, fueron seleccionados para su decisión por la Sala Plena, en sesión del
17 de julio de 2019[99].
II.
CASO CONCRETO
92.       Tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, la procedencia –y, por tanto, el amparo– de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes se encuentra
condicionada por tres exigencias: (i) que, en los términos del artículo 86
de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, se verifiquen los requisitos de
procedencia de la acción de tutela (legitimación en la causa, subsidiariedad e
inmediatez), algunos de los cuales se particularizan cuando el acto que se
cuestiona es una providencia judicial, tal como se deriva del precedente
reiterado de la Sentencia C-590 de 2005[100]; (ii) que se materialice alguna
violación de los derechos fundamentales de los accionantes, mediante la
configuración de algún específico defecto reconocido por la jurisprudencia
constitucional, en la sentencia que se censura[101], y (iii) que, en la valoración de
las dos exigencias anteriores, se acredite que se trata de un caso “definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de
tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”[102].
93.       Este tercer requisito, más que un
elemento adicional o puntual que deba verificarse, es una exigencia
interpretativa transversal, a partir de la cual se deben analizar tanto los requisitos
genéricos de procedibilidad –especialmente importante para el estudio de la
relevancia constitucional del caso[103]­– como de los defectos específicos que
se alegan. Lo anterior, porque las Altas Cortes tienen un papel de unificación
de la jurisprudencia ordinaria que les confiere el deber de zanjar las
diferencias interpretativas en la aplicación del ordenamiento jurídico[104], de allí el “valor vinculante”[105] de su jurisprudencia; por ello, un
escrutinio diferente invadiría su órbita de competencia.
94.       A partir de lo dicho, la Sala Plena
evaluará (i) si en las tutelas acumuladas se cumplen los requisitos
genéricos de procedibilidad para cuestionar una decisión de una Alta Corte (Título
1 infra) y, de ser procedentes (total o parcialmente), (ii) si
las sentencias de casación censuradas, en cada uno de los expedientes
acumulados, incurren en alguno de los defectos admisibles, alegados por los
accionantes (Título 2 infra).
1.
Estudio de procedibilidad
de las acciones de tutela acumuladas
95.       El estudio
de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
no es abstracto sino concreto, de allí que la valoración de cada uno de sus
elementos dependa de las razones que se plantean para cuestionar su adecuación
a la Constitución.
96.       En el presente asunto, para facilitar su
valoración, el estudio inicia con el de aquellas exigencias más formales y avanza hacia las más
sustanciales. En particular, se hace hincapié en la exigencia de fundamentación
(Título 1.3 infra), en la cual se plantean los cuestionamientos que realizan los
accionantes a las decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia y a partir de los cuales se valoran los requisitos más sustanciales
del estudio de procedibilidad de la acción, en particular, relativos a su
ejercicio subsidiario y a la relevancia constitucional de las presuntas
irregularidades.
1.1.
Legitimación
en la causa
97.       En los casos acumulados se acredita el requisito de
legitimación[106], pues los tutelantes son las personas que fueron procesadas
en el trámite penal que concluyó con las sentencias de casación que cuestionan
(legitimación por activa) y la
acción se interpuso en contra de la autoridad judicial que la profirió, esto
es, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (legitimación por pasiva).
1.2.
La providencia
cuya constitucionalidad se cuestiona no es una sentencia de tutela
98.
En
el asunto que se examina, es evidente que la acción de tutela no se dirige
contra una decisión de tutela, sino contra sentencias de casación, proferidas
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
1.3.
Fundamentación:
identificación de los derechos
vulnerados y de los hechos que generan tal afectación
99.       Esta exigencia se satisface si se tienen
en cuenta los siguientes cuestionamientos que plantean los accionantes en
contra de las decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
100.  Uno común a ambas acciones, relativo a si, en las condiciones
particulares de cada expediente, el recurso de casación garantizó o no el
derecho a la “doble conformidad”, dado que, presuntamente, fueron condenados
por primera vez en segunda instancia (en las sentencias proferidas por los
tribunales superiores). Este argumento lo enmarcan en un presunto defecto por violación
directa de la Constitución.
101.  Además de este, cada accionante propuso argumentos
particulares para fundamentar determinados defectos en las sentencias
cuestionadas:
102.  En relación con el caso del expediente T-7.377.053 (accionante: Fernando Espitia
Manrique), de un lado, si la sentencia de casación adolece de un presunto
defecto fáctico porque
el tribunal superior supuso la existencia de pruebas que acreditaban los elementos
básicos de su responsabilidad penal, por los delitos de “fraude
procesal en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con
obtención de documento público falso en concurso homogéneo y sucesivo, y en
concurso con falsedad en documento privado”. De otro lado, si la sentencia
de casación adolece de un presunto defecto por violación directa de la
Constitución, al haberse desconocido la congruencia en segunda instancia, pues
se cambió la imputación fáctica hecha por la Fiscalía.
103.  En relación con el caso del expediente T-7.377.070 (accionante: Rubi Yiceth
Ayala Barrera), de un lado, si la sentencia de casación adolece de un presunto
defecto procedimental absoluto y por desconocimiento del precedente al no
haberse tramitado el proceso penal por las reglas de la Ley 906 de 2004 y
haberse hecho por las reglas
de la Ley 600 de 2000. De
otro lado, si la sentencia
cuestionada adolece de un presunto defecto fáctico, pues el tribunal superior
no hizo referencia expresa
acerca de cuáles habían sido los elementos específicos en los que había
fundamentado la decisión condenatoria, y se habría limitado a “copiar y pegar”
la acusación de la Fiscalía. Además, si la sentencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia adolece de un presunto defecto
por violación directa de la Constitución, en especial, porque su condena presuntamente se habría
fundamentado en su relación familiar con Daniel Barrera, alias “El Loco
Barrera”.
1.4.
Ejercicio
subsidiario de la acción de tutela
104.      En el presente asunto se satisface el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela, pues se cuestionan sendas sentencias de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las cuales no son
susceptibles de recurso adicional alguno, como tampoco es posible subsumir
alguno de los razonamientos citados en el título precedente en alguna de las
causales de revisión de que tratan los artículos 220 de la Ley 600 de 2000,
norma aplicable en el caso de Rubi Yiceth Ayala Barrera, o 192 de la Ley 906 de 2004, norma aplicable en el caso de Fernando Espitia Manrique.
1.5.
Ejercicio
oportuno de la acción de tutela
105.  La
definición acerca de cuál es el término “razonable y proporcionado” que
debe mediar entre la fecha de ocurrencia de la presunta afectación de los
derechos fundamentales y su cuestionamiento en sede de tutela no ha sido
pacífica en la jurisprudencia. Según esta, cuando se controvierten decisiones
judiciales la exigencia debe interpretarse en un sentido más estricto[107] –más aún cuando se cuestionan decisiones
de Altas Cortes–; por ejemplo, en ciertas decisiones se ha considerado como
razonable prima facie un término de 6 meses[108].
106.  En especial, en la Sentencia C-590 de 2005[109], que sistematiza la jurisprudencia de la
Corte en materia de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se resalta la importancia de la doctrina de la
inmediatez para armonizar la garantía de los derechos fundamentales involucrados
en los procesos judiciales con el principio de seguridad jurídica, inherente al
Estado de Derecho[110]. Lo anterior es así dado que la
exigencia de un término razonable y proporcionado para la interposición de la
acción de tutela evita una afectación severa al principio de seguridad
jurídica, que asegura la confianza de los ciudadanos en la estabilidad de las
decisiones judiciales. La valoración concreta de esta exigencia, en todo caso,
está sujeta a las circunstancias específicas del caso[111], a las condiciones del tutelante (en
especial a su situación concreta de vulnerabilidad), a los intereses jurídicos
creados a favor de terceros por la actuación que se cuestiona y a la
jurisprudencia constitucional en casos análogos.
107.  En el caso de Fernando Espitia Manrique, dado que la acción de
tutela se interpuso el día 14 de enero de 2019, y la decisión que se cuestiona data del 22 de agosto de
2018, se satisface aquel
estándar jurisprudencial razonable de seis meses. Por tanto, se considera
satisfecha la exigencia de inmediatez.
108.  En el caso de Rubi Yiceth Ayala Barrera, si bien la acción de tutela se interpuso el día
30 de enero de 2019, contra una
decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia del 1 de noviembre
de 2017, también se considera satisfecha la exigencia de inmediatez. A pesar de
los fines que persigue una interpretación estricta de la exigencia de
inmediatez en supuestos como el presente, esta debe valorarse a partir de las
razones que motivan la presentación de la acción y de conformidad con la
jurisprudencia constitucional en casos semejantes. De conformidad con esta
última exigencia, en casos en los que se ha cuestionado el presunto
desconocimiento del derecho a la “doble conformidad” en materia penal (sentencias
SU-217 de 2019, SU-373 de 2019 y SU-397 de 2019), se ha considerado como
razonable un estándar menos estricto para su valoración. Por tanto, en
aplicación de la jurisprudencia contenida en las sentencias citadas
–precedentes aplicables en la materia objeto de estudio–, la Sala considera
que, dadas las razones propuestas en la presente acción, el término de 14
meses, que transcurrió entre la presentación de la acción y la decisión
presuntamente desconocedora de las garantías fundamentales, es razonable.
1.6.
Relevancia
constitucional de las irregularidades alegadas
109.  De manera uniforme, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que el asunto sometido a estudio tenga
evidente relevancia constitucional. Para verificarlo, debe contrastarse que
este,
“involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del
juez ordinario. En consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y
expresamente el fundamento por el cual el asunto objeto de examen es ‘una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes’”[112].
110.  Dicho requisito, de elaboración jurisprudencial, se
desprende normativamente del artículo 5 del Decreto 2591 y del artículo 86 de
la Constitución, en la medida en que tales disposiciones delimitan el objeto de
la acción: la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, la falta de acreditación
de una auténtica relación del caso con un derecho fundamental es una causal
implícita de improcedencia.
111.  Prima facie no resulta fácil caracterizar, en forma precisa,
cuando un asunto tiene o no relevancia constitucional, ya que discursivamente casi
cualquier evento jurídico podría tener una relación circunstancial con el
contenido de algún derecho fundamental, en especial si se tiene en cuenta que
estos suelen estar contenidos en disposiciones en la forma de principios.
112.  Por lo anterior, si la relevancia constitucional se
pudiera cumplir con una simple adecuación argumentativa del caso con cualquier
dimensión relacionada con un derecho fundamental, tal requisito jurisprudencial
y constitucional se vaciaría de contenido.
113.  De lo anterior se sigue que la auténtica carga de los
accionantes deba superar la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales; por tanto, en su lugar, se debe
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada
a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel.
114.  Lo anterior resulta especialmente relevante en los
eventos en los que se censura una sentencia proferida por una Alta Corte, pues en
estos casos la competencia interpretativa de cierre resulta sistémicamente más
relevante y, por ende, la evaluación debe ser más estricta que la que pudiera
hacerse en los demás eventos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
115.  En los casos objeto de estudio se
acredita esta exigencia jurisprudencial, tanto en relación con la censura
conjunta (presunta afectación del derecho a la “doble conformidad”) como en
relación con cada una de las censuras individuales que se plantean, descritas en
el Título 1.3 supra.
116.  Los accionantes lograron caracterizar una plausible afectación
prima facie al debido proceso[113], en relación con la censura conjunta y
en relación con las censuras particulares, de la que podría derivarse el
desconocimiento de garantías particulares de este: en el primer caso, al
presuntamente haberse pretermitido la garantía del derecho a la “doble
conformidad”[114]. En el segundo de los casos, en cuanto a
las razones del accionante Fernando Espitia Manrique, al presuntamente haberse supuesto
la existencia de medios de prueba, a partir de los cuales se habría declarado
su responsabilidad y penal, además de que presuntamente se habría desconocido el principio de congruencia
en segunda instancia. En
cuanto a las razones de la accionante Rubi Yaneth Ayala Barrera, al haberse
surtido el proceso por un trámite abiertamente improcedente, haberse omitido
las razones que habrían fundamentado su responsabilidad penal y tomarse como
elemento determinante sus vínculos de parentesco.
117.  Para la Sala, de un lado, de admitirse como
procedentes las censuras individuales formuladas habría lugar a amparar el
derecho fundamental al debido proceso de aquellos, mediante la orden al juez de
casación de valorar las razones propuestas para que profiera una sentencia
sustitutiva que no contenga los defectos advertidos. De otro lado, de admitirse
la censura conjunta, habría lugar a amparar el derecho fundamental a impugnar
la sentencia condenatoria. Dada esta inferencia plausible, debe la Sala
proceder a valorar, de fondo, si, efectivamente, las sentencias cuestionadas
adolecen de alguno de los vicios propuestos en su contra.
2.
Estudio de los
específicos defectos alegados en los casos acumulados
118.  Dado que las acciones acumuladas, por los defectos alegados,
cumplen las exigencias de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia
constitucional, es procedente su estudio de fondo. En primer lugar, se estudian
los defectos propuestos en el expediente T-7.377.053 (Título 2.1 infra); en segundo
lugar, los propuestos en el
expediente T-7.377.070
(Título 2.2 infra); finalmente, el presunto defecto común por
desconocimiento de la garantía a la “doble conformidad” (Título 2.3 infra).
2.1.
Defectos
propuestos en el caso del expediente T-7.377.053
119.  El accionante señala que la Corte Suprema de Justicia
habría incurrido en dos defectos específicos, además del que es objeto de
estudio común en el Título 2.3 infra: (i) defecto fáctico y (ii)
violación directa de la Constitución, en los términos referenciados en el
Título 1.3 supra. Para la Sala, estas censuras suponen un desacuerdo con
la interpretación admisible asumida por la Sala de Casación, razón por la cual
no constituyen verdaderos reparos de constitucionalidad. En efecto, como se
valora seguidamente, las
razones propuestas contra la sentencia censurada resultan análogas a las
causales de casación interpuestas contra la sentencia del Tribunal, sin que se
añadan elementos especiales que evidencien la inconstitucionalidad o desproporción
en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia.
2.1.1. El presunto defecto fáctico
120.  Estimó el
accionante que la sentencia de casación habría incurrido en un defecto fáctico al
haber supuesto la existencia de pruebas que acreditaban los elementos básicos
de su responsabilidad penal, por las siguientes razones: (i) se supuso,
de un lado, que el accionante conocía la falta de vigencia de los poderes que
presuntamente se le había otorgado y, de otro, que los habría utilizado de forma
fraudulenta, amén de que se habría fundamentado la existencia del dolo –respecto
de los delitos por los que fue condenado– en elementos probabilísticos no
demostrados, pues de la eventual desmejora de las relaciones personales entre
las poderdantes y su hermano Ricardo Espitia, así como respecto de él, no era
posible inferir la revocación de los poderes que le habían sido otorgados al
primero y (ii) se supuso que el accionante había inducido en error a funcionarios
públicos, a pesar de que los errores obedecieron a circunstancias imputables a
ellos. Por estas razones, consideró que debía aplicarse la duda en su favor.
121.  Al revisar la decisión de casación, resumida en sus
puntos principales en el acápite de hechos probados, se encuentra que la Corte
Suprema de Justicia hizo una interpretación razonable acerca de cada una de las
censuras.
122.  Respecto de la presunta suposición de pruebas, la
Corte Suprema de Justicia encontró que en la sentencia del Tribunal se había
hecho un estudio contextual completo, del que se había derivado la existencia
de conductas de mala fe frente al conocimiento de la vigencia de los poderes,
así como de su uso fraudulento. En particular, valoró como relevante, de un
lado, el hecho de que el señor Ricardo Espitia (hermano del accionante) hubiere
solicitado el certificado de vigencia respecto de un poder fenecido y
expresamente reemplazado por otros poderes generales, de los cuales tenía conocimiento
acerca de su revocatoria expresa. Y de otro, que el accionante hubiere participado
en tal proceder ilícito, pues su conducta había sido necesaria para llevar a
cabo las donaciones indebidas de las que habría recibido un provecho –como se
refirió en los fj 20 a 21–. También reprochó la conducta de los dos procesados,
en particular, al haber obrado de espaldas a la real voluntad de las
representadas –fj 19 a 22–. Por tanto, las censuras acerca de una
presunta suposición de dolo o de su fundamento en probabilidades resulta ser solo
un desacuerdo con una postura razonable, adoptada por el órgano de cierre de la
jurisdicción penal.
123.  En cuanto al
argumento según el cual la
presunta falta de configuración de los elementos del tipo de obtención de
documento público falso, por no haberse demostrado la inducción en error a un funcionario,
la Corte Suprema aclaró que el alcance del tipo penal no requería demostrar la
connivencia del funcionario público, pues el delito se configuraba cuando el
particular llevara al funcionario a cometer errores de los que no tenía conocimiento,
lo cual sí se había demostrado en el plenario –fj 17 y 18–. Dada la
razonabilidad de esta inferencia, el reproche propuesto no resulta suficiente.
2.1.2. El presunto defecto por violación directa
de la Constitución
124.  Frente a la eventual
violación de la Constitución por falta de congruencia, resulta igualmente
evidente que el accionante formula un alegato de instancia, antes que uno constitucionalmente
relevante para desconocer la cosa juzgada que ampara a la decisión.
125.  De una parte,
si bien el alegato del accionante se fundamenta en que el tribunal superior, en
segunda instancia, habría cambiado la imputación fáctica efectuada por la
Fiscalía, en la medida en que se había reprochado la obtención de los
certificados de vigencia de los poderes y no de las escrituras públicas de
donación, como originalmente fue propuesto, lo cierto es que en el expediente puede verificarse –como
consta en el fj 4–, que desde la primera instancia se discutió la
veracidad de los referidos certificados, más allá de que el resultado de tal
estudio hubiere derivado en un fallo absolutorio (en primera instancia, en sede
penal). En tal sentido, el cuestionamiento de esos documentos sí hizo parte de
la totalidad del debate fáctico del proceso.
126.  A partir de tal
constatación, de otra parte, la sentencia que se censura resolvió el cuestionamiento
del accionante a partir de las reglas jurisprudenciales decantadas por la Corte
Suprema de Justicia respecto de los límites de la congruencia, según las cuales
era dable que la sentencia, en algunos eventos, modificara la adecuación
típica, siempre y cuando se respetara el marco fáctico de la acusación. En
efecto, indicó que el hecho de
que el Tribunal hubiere variado la calificación del delito de obtención de
documento público falso a partir de la obtención de las certificaciones de
vigencia 146 y 490 de las notarías 16 y 34 y no de las escrituras públicas 581,
582, 583 y 584 del 7 de abril de 2009, y que se hubiere ampliado el objeto de
la conducta punible a la de falsedad en documento privado[115], no desconocía la
congruencia, pues tales hechos habían hecho parte del escrito de acusación y
correspondían a conductas encadenadas las unas con las otras. Para
la Sala, este alcance se encuentra
dentro del marco de definición jurisprudencial que le corresponde a la Corte
Suprema de Justicia, como órgano de cierre.
127.  Por todo lo anterior, los ataques efectuados corresponden
a desacuerdos con el criterio jurídico adoptado por la Corte Suprema de
Justicia, aspecto que supera el ámbito de competencia del juez de tutela.
2.2.
Defectos
propuestos en el caso del expediente T-7.377.070
128.  Al igual que ocurrió en el caso anterior, los ataques
corresponden, materialmente, a un alegato de instancia que desborda el objeto
de la tutela.
2.2.1. Los presuntos defectos procedimental
absoluto y por desconocimiento del precedente
129.  La primera
censura formulada corresponde a la presunta existencia de un defecto
procedimental absoluto, en la medida en que el juicio se habría adelantado de
conformidad con la Ley 600 de 2000 y no a partir de la Ley 906 de 2004. En el
mismo sentido, la accionante planteó una posible violación del precedente, en
la valoración de la tesis de la razón objetiva en la elección del procedimiento
judicial aplicable. Para la Sala, este alegato, más que plantear una censura de
índole constitucional, cuestiona el criterio de la Corte Suprema de Justicia
para absolver ese tipo de conflictos, aspecto insuficiente para estructurar un
defecto en una decisión judicial, por las siguientes dos razones:
130.  En primer
lugar, la Corte Suprema de Justicia expuso que la elección del sistema procesal
no podía ser producto de una elección discrecional, sino que debía fundarse en
elementos objetivos, al tiempo que señaló cuáles eran tales, en los que había fundamentado
la elección del trámite, –a estos se hizo referencia en el fj 65 supra­–:
“dado que las conductas permanentes atribuidas iniciaron su
ejecución en vigencia de la Ley 600 de 2000, con prescindencia de que las
mismas se hayan demostrado en el curso de la investigación y el juzgamiento,
por lo que carece de incidencia que los informes de policía judicial
relacionados con la información atinente a la organización criminal liderada
por Daniel Barrera Barrera hayan sido elaborados en el 2009 y la apertura de
investigación se haya ordenado el 8 de mayo de ese año, puesto que existía
evidencia concreta en el sentido de que las acciones relevantes para el derecho
penal se venían ejecutando con anterioridad a la vigencia de la Ley 906 de
2004”[116].
131.  Este razonamiento, para la Sala, lejos de consistir en
una fundamentación irrazonable, es coherente con los elementos del caso y
corresponde a una elección acorde con la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
132.  En segundo
lugar, la accionante no aportó ningún elemento de juicio que demostrara que las
razones utilizadas por la Corte Suprema de Justicia para aplicar la tesis de la
razón objetiva hubiesen resultado caprichosas o desproporcionadas, motivo por
el cual esta censura resulta solo en una inconformidad con lo debatido, pero no
una verdadera confrontación con la garantía de sus derechos fundamentales.
133.  Ahora
bien, a diferencia de la tesis propuesta por la Fiscalía, a que se hizo
referencia en el fj 85, aclara la Sala que en relación con este aspecto no
existe temeridad, pues para que esta se configure es necesario que las dos
acciones recaigan sobre el mismo hecho. Si bien es cierto existió otra acción
de tutela en la que se abordó el mismo tema, en ella se censuraron las
decisiones de nulidad respecto de la elección del procedimiento (resueltas por
el juez de primera y segunda instancia), mientras que en la presente acción se
censura la decisión de casación.
2.2.2. El presunto defecto fáctico
134.  La
Sala encuentra que los ataques englobados en el aparente defecto fáctico
tampoco logran llegar más allá del mero desacuerdo con la sentencia censurada. En
efecto, la accionante no demuestra cuáles fueron los errores en la valoración
probatoria que pudiesen desvirtuar la decisión contenida en la sentencia que
cuestiona. A diferencia de esta carencia, la Corte Suprema sí refirió
expresamente cuales habían sido los elementos específicos en los que fundamentó
la decisión condenatoria –como puede advertirse en los fj 66 a 71–.
135.  Tal como se indicó en el acápite citado, la Corte Suprema de Justicia consideró
que los reproches a la sentencia del tribunal eran infundados, a partir de
cinco razones, que en medida alguna pueden considerarse irrazonables o
desproporcionadas: (i) precisó que la responsabilidad penal de la
accionante no se había fundamentado en los vínculos de sangre con el señor
Daniel Barrera, sino que lo había sido a partir de la atribución de conductas
específicas[117].
(ii) Aclaró que se había demostrado la participación de la accionante en
la conformación societaria de la empresa Herjez Ltda., que dicha empresa y
otras mantenían relaciones comerciales estables con otras de propiedad de
Daniel Barrera, a partir de las cuales se habría propiciado la introducción al
curso regular de dineros ilícitos[118].
(iii) Precisó que la Fiscalía había logrado probar la hipótesis de la
acusación y, por tanto, era deber de la enjuiciada aportar alternativas
plausibles para demostrar su inocencia, especialmente cuando se trataba de
escenarios respecto de los cuales tenía más fácil acceso a la prueba, como sus
propios documentos contables[119].
(iv) Aclaró que la conducta de concierto para delinquir no se había
fundamentado en sus relaciones familiares, sino en relaciones voluntarias y
estables de cometer delitos indeterminados, pero determinables para el blanqueo
de capitales[120].
(v) Finalmente, señaló que a pesar de que entre el delito de concierto
para delinquir agravado y el de lavado de activos existían entrecruzamientos
fácticos comunes[121],
de ello no se derivaba que no existieran diferencias entre las conductas
sancionadas[122].
2.2.3. El presunto defecto por violación directa
de la Constitución
136.  En un sentido
análogo, la accionante planteó la existencia de un
defeco por una presunta violación directa de la Constitución porque consideró
que su condena se había fundamentado en su relación familiar con Daniel Barrera,
alias “El Loco Barrera”.
137.  Este ataque también
carece de la entidad suficiente para viciar la decisión de la Sala de Casación,
en la medida en que se trata de una apreciación personal, que no logra
desvirtuar los elementos probatorios en que se fundamentó la decisión, y que
evidenciaron su participación en los hechos reprochados; es decir, su
participación en la empresa de blanqueo de capitales y el correspondiente
aumento patrimonial derivado de allí.
138.  En relación
con este aspecto, la Corte
Suprema de Justicia fue categórica al demostrar que las referencias a las
relaciones familiares de la accionante consistieron en elementos contextuales,
pero no en el fundamento de la decisión cuestionada en sede de casación –tal como se indicó en los fj 67
y 69 a 70–. De un lado, precisó que la sentencia del tribunal había hecho referencia a tales
vínculos familiares para contextualizar la situación, ya que la organización
criminal había estado conformada por personas con vínculos de parentesco y
amistad[123].
Además, que había resultado probada la participación de la accionante en la
asociación criminal para propiciar la introducción al curso regular de dineros
ilícitos[124].
2.2.4. El presunto defecto por falta de
motivación
139.  Respecto de la censura consistente en que la sentencia del tribunal
habría carecido de motivación, al haberse circunscrito a reiterar los
argumentos propuestos por la Fiscalía, para la Sala no se configura tal
defecto. De un lado, no es un vicio que se pueda predicar de la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por el
otro, en gracia de que se admitiera que es un defecto que deba valorarse en
relación con la sentencia del Tribunal, tal conducta no es constitutiva, per
se, de un vicio por falta de motivación. Dado esto último, la accionante no
aportó otras razones para considerar que de la sentencia del tribunal se
pudiese predicar el defecto por falta de motivación, razón por la cual no es
posible que la Sala valore de manera oficiosa la presunta censura.
2.3.
Presunto
defecto común por desconocimiento de la garantía a la “doble conformidad”
140.  Dado que los accionantes, presuntamente, fueron
condenados por primera vez en segunda instancia (en las sentencias proferidas
por los tribunales superiores), le corresponde a la Sala valorar si, en las
condiciones particulares de cada expediente, el recurso de casación garantizó o
no el derecho a la “doble conformidad”. Este enfoque es congruente con la regla
unificada en la Sentencia
SU-397 de 2019, según la cual,
“Si bien, en principio, y de acuerdo
con la normativa que lo regula, el recurso extraordinario de casación no cumple
estas características [la providencia hace referencia a las siguientes: “garantizar
que la autoridad competente para resolver el recurso pueda realizar una
revisión completa del fallo, que abarque no solo la sentencia recurrida, sino
principalmente el problema jurídico central del caso, y que no esté sujeta a
causales que impidan el examen abierto de la misma”] , corresponde al
juez de tutela determinar si en el caso concreto el pronunciamiento de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación cumple materialmente
los requerimientos básicos establecidos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez constitucional deberá
examinar, esencialmente, si (i) más allá del examen de la sentencia impugnada y
del estudio de las causales de casación alegadas, la Sala de Casación Penal
analizó la controversia jurídica que subyace al fallo cuestionado, y (ii) si la
revisión del fallo la adelantó una autoridad judicial distinta de la que impuso
la condena”.
141.  En los dos casos acumulados, la Corte Suprema de
Justicia efectuó un estudio completo y suficiente de los reproches que se
formularon en esa oportunidad y no existió ningún argumento que quedara sin
resolver. Por ello, en esta oportunidad, no es posible considerar la existencia
de una violación al derecho a la “doble conformidad”, de acuerdo al
ordenamiento jurídico aplicable para ese momento. En efecto, en los casos
acumulados, el recurso de casación garantizó este derecho dado que, según el
precedente citado, de un lado, la
revisión del fallo de los tribunales superiores la realizó una autoridad judicial
distinta de la que impuso la primera condena, esto es, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. De otro lado, “la Sala de Casación
Penal analizó la controversia jurídica que subyace al fallo cuestionado”,
si se tienen en cuenta las razones señaladas en los títulos 2.1 y 2.2 supra,
así como la fundamentación de las providencias censuradas, de que dan cuenta los
hechos probados en cada expediente, de que tratan los títulos 1.1 y 2.1 supra
del acápite “I. Antecedentes”, en particular los fj 9 a 22 en
el caso de Fernando Espitia Manrique y 55 a 71 en el caso de Rubi
Yiceth Ayala Barrera.
2.3.1. Caso del accionante Fernando Espitia Manrique
142.      El
tutelante señala que se
desconoció su derecho a la “doble conformidad”, dado que la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia “se abstuvo de corregir el error en
que incurrió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al negar de plano
la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra la primera
sentencia condenatoria que profirió respecto de los delitos de FRAUDE PROCESAL
y OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO” [125]. Para la Sala, en el presente asunto, el recurso de casación garantizó el
derecho a la “doble conformidad” por las siguientes tres razones.
143.      En primer lugar, tal como se justificó en el Título 2.1.1
supra, la
Corte Suprema de Justicia realizó una interpretación admisible acerca de cada
una de las censuras relativas a haber dado por supuesta la
existencia de pruebas que acreditaban los elementos básicos de su
responsabilidad penal.
144.      En segundo lugar, tal como se precisó en el Título 2.1.2 supra,
la autoridad judicial
accionada resolvió razonablemente la censura propuesta por la presunta falta de
congruencia en la decisión del tribunal superior, en el sentido de
que era dable que la sentencia, en algunos eventos, modificara la adecuación
típica, siempre y cuando se respetara el marco fáctico de la acusación, lo que
había sucedido en el sub examine.
145.      En tercer lugar, la Sala de Casación hizo
explícitas las razones por las cuales consideró que no se había desconocido el
ordenamiento jurídico en cuanto a la condena por los delitos de fraude procesal
y obtención de documento público falso.
146.      De un lado, indicó que, “toda la
actuación de los procesados estuvo ausente de buena fe, considerando que la
donación de los inmuebles no dependía exclusivamente de la vigencia de los
poderes otorgados por escrituras públicas, sino de la real voluntad de las
donantes para adelantar los negocios jurídicos. Por lo tanto, las deterioradas
relaciones con sus hermanos hacían impensable que Carolina y Mónica María
consintieran en la celebración de unos actos de donación de sus bienes, con
todo y el perjuicio económico que tal circunstancia les habría de representar”[126].
147.      En relación con el segundo de los delitos
citados –obtención de documento público falso–, indicó que este se configuraba,
precisamente, cuando el funcionario público no participaba deliberadamente en
la expedición de un documento falso sino cuando resultaba utilizado como un
instrumento para la obtención de aquel “documento espurio”[127].
148.      Finalmente, en relación con tal conducta
típica, indicó que el dolo se demostraba a partir de la acreditada voluntad de
sustraer los bienes legados por el padre a sus hermanas, previo acuerdo con su
hermano –Ricardo Espitia–, por medio de la obtención de documentos “espurios”
para registrar una donación inexistente[128].
2.3.2. Caso de la accionante Rubi Yiceth Ayala Barrera
149.      En la impugnación de la sentencia de
tutela de primera instancia[129],
la accionante señaló que la Corte Suprema de Justicia había desconocido su
derecho a la “doble conformidad”. De esta es posible inferir que el
desconocimiento de la citada garantía habría tenido como causa el hecho de
haber sido absuelta por el
Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y haber sido
condenada por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por los delitos de lavado de
activos agravado y concierto para delinquir agravado. Para la Sala, en el presente asunto, el recurso de casación garantizó el
derecho a la “doble conformidad” por las siguientes tres razones.
150.
En primer lugar, en
la sentencia de casación acusada se accedió a uno de los cargos formulados y se
reconoció que el tribunal superior había errado al no motivar la elección de la
pena mayor dentro del primer cuarto. En consecuencia, disminuyó la sanción
respecto del delito de lavado de activos agravado[130].
151.
En segundo lugar, la Corte Suprema de
Justicia hizo referencia explícita a las razones por las cuales el trámite
procesal aplicado había sido adecuado, al considerar que las conductas
permanentes atribuidas habían iniciado su ejecución en vigencia de la Ley 600
de 2000.
152.  En tercer lugar,
la Corte Suprema de Justicia corroboró los elementos específicos
en los que se había fundamentado la decisión condenatoria del tribunal:
153.
(i) La responsabilidad penal de la accionante
no se fundamentó en vínculos de sangre con el señor Daniel Barrera, sino que lo
fue a partir de la atribución de conductas específicas[131]. En
particular, indicó que las
referencias a la relación familiar con el señor Barrera habían sido meramente contextuales y no
el fundamento de la decisión. Por tanto, precisó que la conducta de concierto para delinquir no se
había soportado en las relaciones familiares de la accionante, sino en las
relaciones voluntarias y estables de cometer delitos indeterminados, pero
determinables para el blanqueo de capitales[132].
154.  (ii) Aclaró que se había demostrado la participación de la
accionante en la empresa criminal que había propiciado la introducción al curso
regular de dineros ilícitos[133].
155.  (iii) Precisó que la Fiscalía había logrado probar la
hipótesis de la acusación[134].
156.  (iv) Finalmente, señaló que a pesar de que entre el delito
de concierto para delinquir agravado y el de lavado de activos existían
entrecruzamientos fácticos comunes[135],
de ello no se derivaba que no existieran diferencias entre las conductas
sancionadas[136].
A partir de este razonamiento, en relación con el caso en concreto, concluyó: “la
incorporación a la empresa criminal constitutiva del Concierto para delinquir,
se llevó a cabo para la realización de comportamientos que tipifican el delito
de Lavado de activos”[137].
157.  Por las razones expuestas en este Título 2, la Sala
confirmará la decisión proferida el 27 de marzo de 2019, por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la
sentencia del 29 de enero de 2019 de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en la acción de tutela iniciada por Fernando
Espitia Manrique (T-7.377.053).
De igual forma, confirmará la decisión proferida el 10 de abril
de 2019, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó la sentencia del 25 de febrero de 2019 de la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela iniciada por Rubi
Yiceth Ayala Barrera (T-7.377.070).
3.
Síntesis de la
decisión
158.  La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió dos
acciones de tutela interpuestas contra decisiones de casación proferidas por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta configuración de
los defectos de violación directa de la Constitución, fáctico, procedimental
absoluto y desconocimiento del precedente.
159.  Luego de considerar satisfechas las exigencias de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales de Altas
Cortes, propuso los siguientes problemas jurídicos:
160.  (i) Uno común a ambas acciones, relativo a si, en las
condiciones particulares de cada caso, el recurso de casación había garantizado
el derecho a la “doble conformidad” de los accionantes, presuntamente
condenados por primera vez en segunda instancia (en las sentencias proferidas
por los tribunales superiores).
161.  (ii) En relación con el caso del expediente T-7.377.053 (accionante: Fernando Espitia
Manrique), además, en particular, de un lado, si la sentencia de casación
adolecía de un presunto defecto fáctico porque el tribunal superior había supuesto la existencia de
pruebas que acreditaban los elementos básicos de su responsabilidad penal, por
los delitos de “fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, en
concurso heterogéneo con obtención de documento público falso en concurso
homogéneo y sucesivo, y en concurso con falsedad en documento privado”. De
otro lado, si la sentencia de casación adolecía de un presunto defecto por
violación directa de la Constitución, al haberse desconocido la congruencia en
segunda instancia, pues se cambió la imputación fáctica hecha por la Fiscalía.
162.  (iii) En relación con el caso del expediente T-7.377.070 (accionante: Rubi Yiceth
Ayala Barrera), además, en particular, de un lado, si la sentencia de casación
adolecía de un presunto defecto procedimental absoluto y por desconocimiento
del precedente al no haberse tramitado el proceso penal por las reglas de la
Ley 906 de 2004 y haberse hecho por las reglas de la Ley 600 de 2000. De otro lado, si la sentencia de casación adolecía de un presunto
defecto fáctico, pues el tribunal superior no hizo referencia expresa acerca de cuáles
habían sido los elementos específicos en los que había fundamentado la decisión
condenatoria. Además, si la sentencia de casación adolecía de un
presunto defecto por violación directa de la Constitución, en especial, porque consideró
que su condena se había fundamentado en su relación familiar con Daniel
Barrera, alias “El Loco Barrera”. Finalmente, si la sentencia de segunda
instancia, proferida por el tribunal superior, adolecía de un presunto defecto
por falta de motivación, al considerar que esta se había circunscrito a “copiar y pegar” la acusación de la Fiscalía.
163.  La Sala Plena consideró que ninguno de los presuntos
defectos se configuraba en las sentencias de casación cuestionadas en sede de
tutela.
164.  En relación con el primer problema jurídico común a
los casos acumulados, la
Sala Plena consideró que no se presentaba el presunto defecto por violación
directa de la Constitución dado que, en las condiciones particulares de cada
caso, el recurso de casación había garantizado el derecho a la “doble
conformidad” de los accionantes.
165.  En relación con los problemas jurídicos particulares del expediente T-7.377.053 (accionante: Fernando Espitia Manrique),
en primer lugar, consideró que no se configuraba el presunto defecto fáctico,
dado que la Corte Suprema de
Justicia había realizado una interpretación admisible acerca de cada una de las
censuras. En segundo lugar, en cuanto a la
presentación violación de la Constitución por falta de congruencia, consideró
tal aspecto había sido explícitamente resuelto por la Corte Suprema de
Justicia, a partir de las reglas jurisprudenciales que había decantado respecto
de los límites de la congruencia, es decir, en qué era dable que la sentencia,
en algunos eventos, modificara la adecuación típica, siempre y cuando se
respetara el marco fáctico de la acusación.
166.  En relación con los problemas jurídicos particulares del expediente T-7.377.070 (accionante: Rubi Yiceth Ayala Barrera),
en primer lugar, consideró que no se configuraban los presuntos defectos
procedimental absoluto y por desconocimiento del precedente, pues la interpretación de la Corte
Suprema de Justicia se había fundamentado en elementos objetivos, en
particular, al considerar que las conductas
permanentes atribuidas habían iniciado su ejecución en vigencia de la Ley 600
de 2000. En relación con el presunto defecto fáctico alegado, consideró que los
cuestionamientos daban cuenta de un mero desacuerdo con la sentencia, pues no
demostraban cuáles habían sido los errores en la valoración probatoria que
habrían podido desvirtuar la decisión contenida en la sentencia que
cuestionaba, máxime que la Corte Suprema de Justicia sí refirió expresamente
cuales habían sido los elementos específicos en los que se habría fundamentado
la decisión condenatoria. En relación con el presunto defecto por
desconocimiento de la Constitución, consideró la Sala que la Corte Suprema de Justicia había sido
categórica al demostrar que las referencias a la relación familiar con el señor
Daniel Barrera
habían consistido en elementos contextuales, pero no en el fundamento de la
decisión cuestionada. Finalmente, respecto de la censura
consistente en que la sentencia del Tribunal habría carecido de motivación,
consideró, por una parte, que esta no se dirigía contra la sentencia de
casación y, de otra, que tal presunta conducta no era constitutiva, per se,
de un defecto por falta de motivación.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de
términos en los expedientes acumulados T-7.377.053 y T-7.377.070.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia del
27 de marzo de 2019, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia del 29 de enero de 2019 de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó las
pretensiones de la acción de tutela presentada por Fernando Espitia Manrique contra la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia y otros, tramitada en el expediente de tutela T-7.377.053.
Tercero.- CONFIRMAR la sentencia del
10 de abril de 2019, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia del 25 de febrero de 2019 de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó las
pretensiones de la acción de tutela presentada por Rubi Yiceth Ayala Barrera contra la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia y otros, tramitada en el expediente de tutela T-7.377.070.
Cuarto.- LIBRAR, por la Secretaría
General de la Corte Constitucional, la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
Ausente en comisión
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con excusa
En incapacidad
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los casos del expediente de la
referencia fueron seleccionados y acumulados en el auto citado de la Sala de Selección
de Tutelas Número 6, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Alberto Rojas Ríos.
[2] Fls. 49-51, cuaderno 3,
expediente T-7.377.053.
[3] El señor Ricardo fue
investigado, además, como autor del punible de ocultamiento de documento
privado.
[4] En específico, se trató del uso
del poder otorgado por medio de la Escritura Pública 1247 del 17 de julio de
2004 de la Notaría 16 de Bogotá –otorgado por Carolina– y del concedido
mediante la Escritura Pública 3475 de 2 de diciembre de 2002 de la Notaría 34
de Bogotá –otorgado por Mónica–.
[5] En concreto, (i) el certificado
146 del 9 de marzo de 2009, expedido por la Notaría 16 de Bogotá, que daba fe
de la vigencia del poder general otorgado por Carolina a Ricardo, por medio de
la Escritura Pública 1247 de 16 de julio de 2004 y (ii) el certificado 490 de 9
de marzo de 2009, expedido por la Notaría 34 de la misma ciudad, en el que se
hacía constar la vigencia del poder general otorgado por Mónica a Ricardo,
mediante la Escritura Pública 3475 de 2 de diciembre de 2002.
[6] Pese a la expedición de los
referidos certificados de vigencia, los poderes respecto de los que se daba fe
ya no estaban materialmente vigentes. Por una parte, la Notaría 16 de Bogotá no
advirtió que el certificado del poder del cual daba fe había sido revocado por
medio de la Escritura 72 del 20 de enero de 2009 de esa misma notaría, porque
había omitido la correspondiente anotación marginal. En sentido similar, la
Notaría 34 pasó por alto que el poder del cual daba fe había expirado por el
paso del tiempo, toda vez que su duración era solo de 30 meses.
[7] Fl. 37, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[8] Cfr., párrafo 2. fl. 19, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[9] Fl. 26, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053. Además, el juzgado de primera instancia valoró que el
señor Ricardo tenía facultad para donar en los referidos poderes generales (Cfr., párrafo 2. fl.
26,
cuaderno 1, expediente T-7.377.053). En particular, en los ordinales primero y
tercero –relevantes para el caso de tutela– resolvió lo siguiente: “PRIMERO:
CONDENAR a RICARDO ESPITIA MANRIQUE, identificado con la cédula de ciudadanía […]
y a FERNANDO ESPITIA MANRIQUE identificado con la cédula de ciudadanía […],
de condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, a la pena
principal de DIECISÉIS (16) MESES DE PRISIÓN, como coautores responsables del
delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, previsto en el artículo 289 del Código
Penal en los términos y conforme a lo expuesto en las motivaciones que
anteceden. || […]  TERCERO: ABSOLVER a RICARDO ESPITIA MANRIQUE y
FERNANDO ESPITIA MANRIQUE, de los cargos que en su contra formuló la Fiscalía
como presuntos coautores de los delitos de OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO
y FRAUDE PROCESAL consagrados en los artículos 288 y 453 del Código Penal, y a
RICARDO ESPITIA MANRIQUE, además, por el punible de SUPRESIÓN, DESTRUCCIÓN Y
OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO previsto en el artículo 293 de la misma
normatividad” (fl. 37, cuaderno 1, expediente T-7.377.053).
[10] Fl. 40, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[11] Fl. 93, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053. En particular, en el ordinal primero de la parte resolutiva ordenó
lo siguiente: “PRIMERO.- Revocar parcialmente los numerales tercero y cuarto
de la sentencia de 24 de julio de 2014, proferida por el Juzgado 12 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento, para en su lugar declarar penalmente
responsables a RICARDO ESPITIA MARIQUE y FERNANDO ESPITIA MANRIQUE como coautores
de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso
heterogéneo con obtención de documento público falso en concurso homogéneo y
sucesivo, y en concurso con falsedad en documento privado”.
[12] Fls. 83-84, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[13] Fl. 94, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[14] Cfr., fls. 40-94, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
En todo
caso, resalta la Sala que para la fecha en que se profirió esa decisión el
legislador aún no había regulado la materia, de acuerdo a lo previsto en el
exhorto de la Sentencia C-792
de 2014,
ni tampoco había transcurrido el plazo de un año desde la notificación de esa
decisión y, por tal razón, no se había habilitado la procedencia directa de tal impugnación sin necesidad de
regulación legal. En efecto, la
Sentencia C-792 de 2014 fue notificada mediante el edicto 049, fijado el 22 de
abril de 2015 y desfijado el 24 de abril de 2015. Como consecuencia de lo
anterior, en las sentencias SU-215 de 2016 y SU-217 de 2019 la Sala Plena de la
Corte Constitucional determinó que solo con posterioridad al 24 de abril de
2016 las autoridades judiciales estaban en la obligación de dar trámite a la
impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o
funcional de quien impuso la condena, aunque el Congreso no hubiere legislado
sobre el asunto.
[15] Fls. 130-131, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[16] Fls. 132-135, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[17] Fl. 131, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[18] Fl. 138, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[19] Fls. 144-145, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[20] Fl. 161, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[21] Fls. 161-162 cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[22] Fl. 202, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[23] Fl. 172, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[24] Ya que ese tipo no solo recayó
sobre el contrato de cesión de derechos fiduciarios, sino además sobre el
contenido de las escrituras públicas 581, 582, 583 y 584 del 7 de abril de
2009.
[25] Cfr., fls. 172-182, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[26] Cfr., fls. 186-187, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[27] Cfr., fl. 187, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[28] Cfr., fls. 189-190, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[29] Fl. 188, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[30] Cfr., fls. 192-193, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[31] Cfr., fls. 193-199, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[32] Fl. 99, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[33] Fl. 153, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[34] Fls. 212-256, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[35] Poder obrante a folio 1 del
cuaderno 1, expediente T-7.377.053.
[36] Fl. 226, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[37] Fl. 219, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[38] Ibid.
[39] Cfr., fl. 256, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[40] Fl. 226, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[41] Fls. 228-230, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[42] Cfr., fl. 235, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[43] Fl. 237, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[44] Fl. 243, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[45] Fls. 240-241, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[46] Cfr., pie de página número 47
del escrito de tutela, fl. 242, cuaderno 1, expediente T-7.377.053
[47] Cfr., fls. 239-248, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[48] Cfr., fl. 253, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[49] Cfr., fl. 256, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[50] Fl. 259, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[51] Fls. 260-275, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[52] Fls. 283-285, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[53] Fls. 2865-289, cuaderno 2, expediente T-7.377.053.
[54] Fls. 310-318, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[55] Fls. 396-401, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[56] Fls. 371-379, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[57] Fl. 375, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[58] Fls. 402-415, cuaderno 2, expediente
T-7.377.053.
[59] Fls. 3-10, cuaderno 3, expediente
T-7.377.053.
[60] Fl. 7, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[61] Cfr., fls. 1-6, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[62] Fl. 11, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[63] Cfr., fls. 54-55, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[64] Fl. 48, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[65] Cfr., fl. 48, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[66] Cfr., ibid.
[67] Fls. 48-49, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[68] Ibid.
[69] Fl. 49, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[70] Cfr., fls. 68-669, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[71] Cfr., fl. 69, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[72] Cfr., fl. 70, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[73] Fl. 60, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[74] Cfr., fls. 126-129, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[75] En relación con este aspecto,
señaló la Corte Suprema de Justicia que era: “[…]razonable que el
sistema procesal elegido haya sido el de la Ley 600 de 2000, una vez se
advirtió que los hechos y circunstancias jurídicamente relevantes venían
ocurriendo con bastante antelación a la vigencia del más reciente ordenamiento
procesal [hace referencia a la Ley 906 de 2004] || […] Con lo anterior
se quiere significar que en este caso se cumplían los presupuestos para acudir
al referido criterio de la razón objetiva, dado que las conductas permanentes
atribuidas iniciaron su ejecución en vigencia de la Ley 600 de 2000, con
prescindencia de que las mismas se hayan demostrado en el curso de la
investigación y el juzgamiento, por lo que carece de incidencia que los informes
de policía judicial relacionados con la información atinente a la organización
criminal liderada por Daniel Barrera Barrera hayan sido elaborados en el 2009 y
la apertura de investigación se haya ordenado el 8 de mayo de ese año, puesto
que existía evidencia concreta en el sentido de que las acciones relevantes
para el derecho penal se venían ejecutando con anterioridad a la vigencia de la
Ley 906 de 2004”, fl.
77, cuaderno 1, expediente T-7.377.070.
[76] Cfr., fls. 76-78, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070. In extenso, en relación con este aspecto señaló
la Corte Suprema de Justicia: “Más allá de las anteriores consideraciones,
debe precisarse que la Corte también ha puntualizado que aún de incurrirse en
error al aplicar el criterio de la razón objetiva porque, por ejemplo, ya había
entrado en vigor el sistema procesal de la Ley 906 de 2004 cuando se surtieron
las indagaciones iniciales, ello no comporta necesariamente afectación del
debido proceso porque con su establecimiento no se fijaron pautas de legalidad,
siempre y cuando se verifique (i) que el procedimiento elegido haya tenido
vocación de aplicabilidad para el caso específico y (ii) que en la actuación
procesal surtida se hayan respetado las garantías fundamentales”. Ibid.
[77] Cfr., fls. 101-102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[78] Cfr., fl. 102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[79] Cfr., 103-104, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[80] Cfr., fl. 104, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[81] Fl. 104, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[82] Cfr., fl. 104-105, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[83] Cfr., archivo electrónico en CD
obrante a fl. 418,
cuaderno 1, expediente T-7.377.070.
[84] Fls. 130-180, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[85] Fls. 359-355, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[86] Resalta la Sala que las partes y
demás intervinientes no pudieron pronunciarse sobre la complementación, ya que
los informes requeridos fueron allegados con anterioridad o en esa misma fecha,
como se indica en el apartado siguiente.
[87] Fl. 182, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[88] Fls. 202-2014, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[89] Fls. 209-210, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[90] Fls. 220-224, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[91] Fls. 225-226, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[92] Fls. 357-362, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[93] La primera, fallada por el
Tribunal Superior de Bogotá, M.P. Luis Enrique Bustos, bajo el radicado
110012204000 2011 0128300. La segunda, con ponencia del magistrado Julio
Enrique Socha Salamanca, en el expediente con radicado de tutela 51963 y fallo
de 18 de enero de 2011. La tercera, conocida por el magistrado Luis Guillermo
Salazar Otero bajo el radicado 110010204000 2012 02800300, siendo denegada en
fallo de enero de 2013. Para sustentar su solicitud, la Fiscalía trascribió
parte de la respuesta que había dado a la acción de tutela decidida en enero de
2013, mostrando que su intervención había versado sobre la elección del
procedimiento penal adecuado. De otro lado, trascribió un aparte de la decisión
proferida por la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Julio
Enrique Socha Salamanca, a partir de la cual señaló que esa Corporación había
considerado que la acción era improcedente para cuestionar la negativa a
sustituir la detención intramural por domiciliaria. Además, señaló que en el
proceso penal se había decidido, de manera negativa, una solicitud de nulidad
procesal que tenía por objeto establecer si había existido un yerro al
desplegar el trámite con fundamento en la Ley 600 de 2000, decisión confirmada
en apelación. Finalmente, resaltó que la acción de tutela con radicado
110012204000 2011 0128300 tuvo por objeto, precisamente, la eventual violación
a derechos fundamentales derivados de la elección del procedimiento a partir
del cual se surtió el trámite penal.
[94] Fls. 366-370, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[95] Fls. 413-417, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[96] Fls. 3-11, cuaderno 2,
expediente T-7.377.070.
[97] Fl. 8, cuaderno 2, expediente
T-7.377.070.
[98] Fls. 16-46, cuaderno 3,
expediente T-7.377.053. La Sala de Selección de Tutelas Número 6 estuvo
integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas
Ríos.
[99] Fls. 49-51, cuaderno 3,
expediente T-7.377.053.
[100] “(i) Que el caso tenga
relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los
derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de
subsidiariedad, es decir, que al interior del proceso se hubiesen agotado todos
los medios de defensa judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de
evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de
inmediatez, esto es, que la tutela se hubiese interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la presunta
vulneración; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con un efecto
decisivo en la providencia que se impugna; (v) que el tutelante identifique, de
manera razonable, los hechos que generaron la vulneración y los derechos
vulnerados, así como, de haber sido posible, la etapa en que fueron alegados en
el proceso ordinario y, finalmente, (vi) que la decisión judicial que se
cuestione no sea de tutela”. Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2018.
[101] Esto es, si la providencia
adolece de un defecto “material o sustantivo, fáctico, procedimental,
decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, orgánico, error
inducido o violación directa de la Constitución”. Corte Constitucional, Sentencia
T-269 de 2018.
[102] Corte Constitucional, Sentencia
SU-050 de 2018, parafraseando lo dicho en las sentencias SU-573 de 2017, SU-050
de 2017 y SU-917 de 2010.
[103] Cfr., Corte Constitucional,
Sentencia SU-573 de 2017.
[104] Tal como lo reconoció la Sala
Plena al analizar varias disposiciones relativas al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en las sentencias C-816 de 2011, C-634 de 2011 y C-588 de 2012.
[105] Sentencia C-816 de 2011,
reiterada en la Sentencia C-588 de 2012.
[106] Este requisito se regula en el inciso 1º
del artículo 1 (de manera general) y en los artículos 5 e inciso 1º del 13 (en
cuanto a la legitimación por pasiva) y 10 (en cuanto a la legitimación por
activa) del Decreto 2591 de 1991.
[107] Entre otras, en tales términos se
pronunció la Corte en las sentencias T-016 y T-905 de 2006, T-594 y T-844 de
2008, T-187 de 2012 y T-137 de 2017. En la sentencia T-038 de 2017, respecto al
requisito de inmediatez, en aquellos eventos en que se estudian tutelas contra
providencias judiciales, señaló la Corte: “Particularmente, tratándose de
tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en
el respeto por los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. Tal y como
lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse
en un lapso razonable, pues de lo contrario, existiría incertidumbre sobre los
efectos de todas las decisiones judiciales. [...] Por consiguiente, la
Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales debe ser más exigente, pues su firmeza no
puede mantenerse en vilo indefinidamente”.
[108] La Sentencia SU-439 de 2017 reiteró el precedente
señalado en la Sentencia SU-961 de 1999 según el cual el término prudencial
para la presentación de una acción de tutela implica: “cierta proximidad y
consecuencia de los hechos que se dicen violatorios de derechos fundamentales,
pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser
como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo,
lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional”.
De manera reciente, también, en
la Sentencia SU-427 de 2016, al hacer
referencia, de manera general, al alcance que la jurisprudencia constitucional
le ha otorgado al requisito de inmediatez, indicó: “7.6. Ahora, si bien la Constitución y la
ley no establecen un término expreso de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la
protección concreta y actual de un derecho fundamental, este Tribunal, en varias providencias, ha sostenido que ante la
inexistencia de un término definido, en algunos casos se ha considerado que el
plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual podría declararse la
improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las particularidades del
caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que justifiquen la
inactividad del accionante107. En esas hipótesis, por ejemplo, se ha
llegado a considerar que, bajo ciertos supuestos, un término de dos años puede
llegar a ser considerado razonable108”. En el primer pie de página de la providencia en cita
se hace referencia, además, a lo señalado en las sentencias T-328 de 2010 y T-1063 de 2012.
[109] En esta sentencia se declaró inexequible
la expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de
2004. Esta expresión se refería a la imposibilidad de interponer cualquier
recurso o acción contra el fallo que decidiera sobre la casación en materia
penal.
[110] En la citada providencia se delimita el
contenido de la inmediatez en los siguientes términos: “c. Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos”.
[111] Cfr., entre otras, las
sentencias T-001 de 1992, C-543 de 1992, SU-961 de 1999, T-575 de 2002, T-526 de 2005, T-033 de 2010, T-060 de 2016 y SU-391 de 2016.
[112] Sentencia SU-573 de 2017, que
reitera la Sentencia C-590 de 2005.
[113] Este requisito, de conformidad
con la jurisprudencia constitucional persigue, por lo menos, las siguientes dos
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional (cfr., Sentencia
C-590 de 2005) y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad (Cfr., sentencias T-335 de 2000,
T-1044 de 2007 y T-406 de 2014) e (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces (cfr., Sentencia T-102 de 2006). Por tanto,
solo la evidencia prima facie de una afectación de derechos
fundamentales permite superar el requisito de relevancia constitucional
de la tutela en contra de providencias judiciales. Con relación a estas
razones, cfr., la Sentencia T-385 de 2018.
[114] Es pertinente aclarar que en el presente asunto la
censura es relativa a si la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia habría debido garantizar o no el presunto derecho a la “doble
conformidad” de los accionantes, al resolver los respectivos recursos de
casación, no tanto si para la fecha en que se profirieron las sentencias de
segunda instancia, por los respectivos tribunales superiores (que presuntamente
corresponden a las primeras sentencias condenatorias), era procedente o no el
reconocimiento de la citada garantía.
[115] Ya que ese tipo no solo recayó
sobre el contrato de cesión de derechos fiduciarios, sino además sobre el
contenido de las escrituras públicas 581, 582, 583 y 584 del 7 de abril de
2009.
[116] Fl. 77, cuaderno 1, expediente T-7.377.070.
[117] Cfr., fls. 101-102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[118] Cfr., fl. 102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[119] Cfr., 103-104, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[120] Cfr., fl. 104, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[121] Fl. 104, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[122] Cfr., fl. 104-105, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[123] Cfr., fls. 101-102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[124] Cfr., fl. 102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[125] Fl. 219, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[126] Fl. 188, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[127] Cfr., fls. 186-187, cuaderno 1,
expediente T-7.377.053.
[128] Cfr., fls. 192-193, cuaderno 1, expediente
T-7.377.053.
[129] Cfr., supra Título 2.5 del acápite “I.
Antecedentes”.
[130] Cfr., fls. 126-129, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[131] Cfr., fls. 101-102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[132] Cfr., fl. 104, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[133] Cfr., fl. 102, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[134] Cfr., 103-104, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[135] Fl. 104, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.
[136] Cfr., fl. 104-105, cuaderno 1,
expediente T-7.377.070.
[137] Fl. 104, cuaderno 1, expediente
T-7.377.070.