T-573-92
Sentencia No
Sentencia No.
T-573/92
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Indefensión
La acción de
tutela no procede contra todos o contra cualquier particular. Sólo procede
contra los particulares en aquellos casos en que expresa y taxativamente lo
autorice la ley para tutelar los derechos en ella previstos. Sólo procede para
proteger el derecho a la vida y a la integridad. Cuando se trate de la
vulneración de derechos distintos a éstos, el intérprete tendrá que estudiar si
los hechos encajan en los supuestos de algún otro numeral distinto al noveno.
De otro modo, no procederá la tutela. La situación de indefensión a que alude
el numeral noveno del artículo 42, significa que la persona que interpone la
tutela carezca de medios de defensa contra los ataques o agravios que, a sus
derechos constitucionales fundamentales, sean realizados por el particular
contra el cual se impetra. El estado de indefensión o impotencia se analizará
teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas
involucradas y de los hechos relevantes (condiciones económicas, sociales,
culturales, antecedentes personales, etc.). El concepto de indefensión es
relacional. Esto significa que el estado de indefensión en que se encuentra el
ciudadano en relación con otro particular habrá que determinarlo de acuerdo al
tipo de vínculo que exista entre ambos.
DERECHO A LA
INTEGRIDAD PERSONAL-Vulneración/DERECHO
A LA VIDA-Vulneración/PROCESO PENAL
En el caso
presente, no sólo era clara la vulneración del derecho a la integridad,
reflejada en las agresiones y lesiones personales que se presentaron contra el
peticionario, sino que las amenazas, hostigamientos y posibles tentativas de
homicidio que se hallan probadas en el expediente vulneran el derecho
fundamental a la vida.La existencia de un proceso penal por los mismos hechos
no hace improcedente la tutela, por cuanto el alcance de la protección
constitucional del derecho fundamental es distinto y diferente al de la
protección penal.
EXPEDIENTE:
T-3889
PETICIONARIO:
JUAN GUACANEME GARCIA
PROCEDENCIA:
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALBAN, CUNDINAMARCA
TEMAS:
-TUTELA CONTRA
PARTICULARES
CONCEPTO DE
"INDEFENSION".
MAGISTRADO
PONENTE:
CIRO ANGARITA
BARON
Aprobado mediante Acta  a los 28 días del
mes de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992) en Santafé de Bogotá.
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes
Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de acción de tutela
instaurado por Juan Guacaneme García en contra del particular Carlos Ulises
Cárdenas, y que fuera resuelto en primera y única instancia por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca.
1. ANTECEDENTES
Con base en los artículos 86 de la
Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección
correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión,
la acción de tutela de la referencia.
Por reparto le correspondió el presente
negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 29 de julio del
presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con
el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991.
A. La acción
El 12 de Junio de 1992, el ciudadano Juan
Guacaneme García -vecino de la población de Albán, Cundinamarca-, interpuso
acción de tutela en contra del particular Carlos Ulises Cárdenas, por
considerar que estaba en peligro su derecho fundamental a la vida y el de su
familia.
En la demanda, el peticionario relató que
se consideraba amenazado de obra y de palabra por el señor Carlos Ulises
Cárdenas, porque a comienzos del mes de mayo de 1992, dicho señor intentó
matarlo con un disparo de arma de fuego que no le ocasionó lesión alguna.
Cuando Guacaneme le hizo el reclamo correspondiente. Cárdenas le manifestó que
no descansaría hasta terminar con su vida o la de algún miembro de su familia.
Afirma el peticionario que el día 6 de
junio de 1992, el mismo señor Cárdenas, junto con otras personas, lo abordó en
el camino y le ocasionó heridas con armas cortopunzantes, mientras le decía que
"ahora sí lo iba a matar". Las consecuencias no fueron mayores
gracias a la intervención de un amigo. Los actos de hostigamiento y amenazas
por parte del señor Cárdenas han continuado desde entonces contra él y su
familia. Además, el peticionario debe cruzar un camino colindante con la
residencia del señor Cárdenas para llegar a su lugar de domicilio, lo cual lo
hace muy vulnerable a sus ataques físicos y verbales.
Interpone la tutela para que
"... el
despacho se sirva ordenar las medidas que considere necesarias para que cese
por parte del señor Carlos Ulises Cárdenas los atentados contra mi vida y la de
mi familia, igualmente, que cese las agresiones verbales y las amenazas que
profiere de muerte contra mi y mis familiares; que se le prohiba obstaculizar
la entrada a mi hogar mediante la utilización de armas; que se le prohiba el
porte de armas y la utilización de vehículos mediante los cuales atenta contra
mi vida. Al señor Carlos Ulises Cárdenas debe imponérsele una sanción ejemplar
por cuanto su conducta es condenada por todos los residentes de la vereda. El
despacho debe caucionar ejemplarmente al señor Ulises Cárdenas por su conducta
injusta y arbitraria..." (Fl. 3)
El mismo día en que se interpuso la acción
de tutela, el Juzgado decidió admitirla y en aplicación del artículo 7o. del
Decreto 2591 de 1991, decretó algunas medidas provisionales para la protección
del derecho, como oficiar al Comandante de Policía de Albán, Cundinamarca, a
fin de que se sirviera ordenar a quien correspondiera, prestarle la seguridad
adecuada y necesaria para evitar cualquier atentado contra la vida e integridad
física de Juan Guacaneme García y su familia, por parte del señor Carlos Ulises
Cárdenas.
B. Las pruebas
El Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca,
practicó las siguientes pruebas, que obran en el expediente.
a. Informe de la Secretaría del Juzgado, en
el que se da cuenta del proceso penal que adelanta ese mismo despacho contra
Carlos Ulises Cárdenas Ramírez, en el cual actúa como denunciante el
peticionario Juan Guacaneme García, por los delitos de tentativo de homicidio y
lesiones personales.
b. Declaración juramentada del señor
Domingo Guacaneme García quien afirmó que era cierto el relato de la tentativa
de homicidio y las lesiones personales y que teme por la vida de su hermano,
pues el señor Ulises se descontrola con el trago y ha manifestado
reiteradamente que quiere matarlo.
c. Declaración juramentada de la señora Luz
Marina Garzón, esposa del peticionario, quien ratificó lo dicho por éste, y
atribuyó el conflicto a un mal entendido por la muerte de un perro: Afirma en
su declaración que el señor Ulises permanece armado y amenaza constantemente a
su marido.
d. Declaración de Rafael Arévalo Tapia, en
la que confirma el relato del asalto con arma cortopunzante de que fuera
víctima el peticionario, pues fue él quien lo rescató cuando ya lo tenían
contra el suelo y le iban a pegar con una piedra en la cara.
e. Declaración juramentada de José Hugo
Cruz Rodríguez, quien manifestó que cree que el señor Ulises alguna vez hizo
unos disparos al aire en presencia de la esposa de Juan Guacaneme, que las
amenazas de Ulises contra éste son conocidas en la región, y que incluso, le
oyó decir a Ulises en su tienda que tenía que matar a Juan Guacaneme.
C. La sentencia de instancia
El diecinueve de junio de 1992, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca, profirió la sentencia de tutela en
la que consideró que el derecho fundamental involucrado en los hechos era la
vida consagrado en el Artículo 11 de la Carta.
Para el juzgado, el decreto 2591 es claro
en admitir la tutela contra particulares cuandoquiera que éstos vulneran o
amenazan derechos fundamentales, con el lleno de ciertos requisitos, por
ejemplo, que no exista otro mecanismo de defensa judicial.
En el caso concreto que se estudia, las
amenazas contra el derecho a la vida están claramente probadas en el
expediente, y el peticionario no tiene ningún otro mecanismo de defensa
judicial, razón por la cual es admisible la acción de tutela.
Por lo tanto, resolvió:
"PRIMERO:
Ordenar que el señor CARLOS ULISES CARDENAS RAMIREZ, identificado con la c.c.
No. 19.395.830 de Bogotá, se abstenga y cese en forma definitiva sus amenazas
de muerte, físicas y verbales contra el señor JUAN GUACANEME GARCIA,
identificado con la c.c. No. 11.428.509 de Facatativá (Cundinamarca).
"SEGUNDO:
Ordenar que el señor CARLOS ULISES CARDENAS RAMIREZ, suscriba diligencia de
compromiso, en el sentido de abstenerse de realizar actos que atenten contra la
vida de JUAN GUACANEME GARCIA y su familia; abstenerse de realizar amenazas
físicas y verbales contra los mismos; como el impedir el acceso a su propiedad
con dichos actos.
"TERCERO:
Notifíquese personal e inmediatamente el contenido de este fallo al señor
CARLOS ULISES CARDENAS RAMIREZ.
"CUARTO:
Ponerle en conocimiento al comprometido de las consecuencias que se derivan del
desacato o incumplimiento de esta resolución conforme al contenido del Art. 52
y 53 del Decreto 2591 de 1991" (Fl. 25)
..."
D. Actuaciones posteriores
Con posterioridad a la sentencia, el
Comandante de la Policía de Albán informó que se estaban realizando constantes
patrullajes por la zona donde residen el peticionario y el señor Cárdenas
Ramírez, pero que era imposible dada la escasez de personal, mantener una
vigilancia fija en la zona.
Igualmente, obra en el expediente la
diligencia de compromiso suscrita por Cárdenas Ramírez, quien, en cumplimiento
de la sentencia, se comprometió a abstenerse de realizar actos que atenten
contra la vida de Juan Guacaneme García y de su familia; y de hacer amenazas
verbales contra los mismos e impedir el acceso a la propiedad del peticionario.
Como se dijo arriba, en el expediente obra
prueba de que en el mismo Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca,
cursa un proceso penal en el que se investigan los mismos hechos que dieron
lugar a la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Constitución Nacional, en su afán de
establecer mecanismos adecuados de protección y aplicación de los derechos
fundamentales, estableció la posibilidad de que la acción de tutela procediera
también contra particulares, en el quinto inciso de su artículo 86:
"La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave
y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se
halle en estado de subordinación o indefensión".
En desarrollo de este mandato constitucional,
el decreto 2591 de 1991 dedicó el capítulo III de su articulado a regular lo
concerniente a la tutela contra particulares.
En el artículo 42 del decreto mencionado se
establecen nueve casos en los que procede la tutela contra particulares:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere
hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de
educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13(igualdad),
15(intimidad), 16(libre desarrollo de la personalidad), 18(libertad de
conciencia), 19(libertad de cultos), 20(libertad de expresión), 23(petición),
27(libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra), 29(debido
proceso), 37(reunión) y 38(libertad de asociación).
2. Cuando aquél contra quien se hubiere
hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de
salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a
la autonomía.
3. Cuando aquél contra quien se hubiere
hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos
domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida
contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere
el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre que el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización.
Cuando aquél contra quien se hubiere hecho
la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución que
prohibe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas.
6. Cuando la entidad privada sea aquella
contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. Esta norma
dispone que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
7. Cuando se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar
en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen
que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la
vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o
indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. La
norma agrega que se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.
Es claro que el caso que ocupa en esta
oportunidad a la Corte, es uno de los contemplados en el numeral noveno del
artículo 42, pues la tutela se impetra para tutelar la vida y la integridad del
peticionario y su familia, amenazados por la acción de un particular.
La procedencia de la tutela contra actos u
omisiones de los particulares, se discutió en la Asamblea Nacional
Constituyente. Una revisión de las diversas ponencias presentadas, revela que
hubo cuatro posiciones distintas, a saber:
a. Excluir de la acción de tutela los actos
u omisiones de los particulares;
b. Aceptar la procedencia de la acción de
tutela contra los actos y las omisiones de cualquier particular.
c. Excluir de la acción de tutela los actos
u omisiones de los particulares y aceptar su procedencia para actos u omisiones
de "organizaciones particulares".
d. Aceptar la procedencia de la acción de
tutela contra actos u omisiones de particulares, pero en casos excepcionales
previstos por la Constitución y regulados por la ley.
Esta última opción primó en la redacción
del artículo 86 y que se desarrolló en el artículo 42 y subsiguientes del
decreto 2591 de 1991.
A la luz de la normatividad vigente, pues,
la acción de tutela no procede contra todos o contra cualquier particular. Sólo
procede contra los particulares en aquellos casos en que expresa y
taxativamente lo autorice la ley para tutelar los derechos en ella previstos.
Estos límites de la tutela contra particulares, se encuentra en el texto del
inciso del artículo 86 de la Carta, arriba citado y explican el carácter
taxativo del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
El numeral 9o. de ese artículo 42 que es el
relevante para el presente caso en la medida en que admite la procedencia de la
tutela contra particulares cuando se trate de proteger la vida    o la
integridad de quien se encuentre en situación de sibordinación o indefensión
respecto del particular contra el cual se interpone la acción -consagra
requisitos específicos- que ameritan algún breve comentario.
En efecto, sólo procede para proteger el
derecho a la vida y a la integridad. Cuando se trate de la vulneración de
derechos distintos a éstos, el intérprete tendrá que estudiar si los hechos
encajan en los supuestos de algún otro numeral distinto al noveno. De otro
modo, no procederá la tutela.
En segundo lugar, debe existir una relación
de subordinación o de indefensión del petente, en relación con la persona
contra quien se dirige la acción. Salvo en los casos de menores, en los que esa
calificación de la relación se presume, deberá siempre probarse ese carácter
(indefensión o subordinación), para que prospere la tutela.
La situación de indefensión a que alude el
numeral noveno del artículo 42, significa que la persona que interpone la
tutela carezca de medios de defensa contra los ataques o agravios que, a sus
derechos constitucionales fundamentales, sean realizados por el particular
contra el cual se impetra.
El estado de indefensión o impotencia se
analizará teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las
personas involucradas y de los hechos relevantes (condiciones económicas,
sociales, culturales, antecedentes personales, etc.).
Evidentemente, el concepto de indefensión
es relacional. Esto significa que el estado de indefensión en que se encuentra
el ciudadano en relación con otro particular habrá que determinarlo de acuerdo
al tipo de vínculo que exista entre ambos. En el caso presente, por ejemplo, la
situación de indefensión se acrecienta por el hecho de que el peticionario
tiene, forzosamente, que transitar en forma permanente por un camino colindante
al de su agresor. Además, el peticionario no anda armado -y el juez de tutela
no tiene porque estimular que se arme-, y las condiciones sociales de la región
impiden que cuente con una protección institucional permanente. Todas estas
circunstancias, analizadas en el caso concreto, llevan a la conclusión de que
hay, en efecto, una situación de indefensión del peticionario frente a su
vecino.
Siendo relacional, hay que un plus
que el peticionario no puede afrontar por la naturaleza ilegítima de la ventaja
existente, ligada a la violación del derecho fundamental.
En casos como el presente, la labor del
juez, consiste, entonces, en evaluar si existe una amenaza de vulneración del
derecho a la vida y a la integridad. Una vez establecido esto, el juez deberá
considerar el carácter de la relación que existe entre el peticionario y la
persona contra la cual se formula la tutela: sólo cuando la relación se
caracterice por una subordinación o indefensión, procederá la tutela.
De acuerdo a estos criterios, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca, acertó en su decisión final. No
sólo era clara la vulneración del derecho a la integridad, reflejada en las
agresiones y lesiones personales que se presentaron contra el peticionario,
sino que las amenazas, hostigamientos y posibles tentativas de homicidio que se
hallan probadas en el expediente vulneran el derecho fundamental a la vida
consagrado en el artículo 11 de la constitución política de Colombia.
Por su parte, la indefensión del
peticionario frente a su agresor, es evidente y se halla plenamente demostrada
en el expediente. En efecto, dos factores permiten llegar a esa conclusión: en
primer lugar, todos los testimonios coinciden en afirmar que el señor Cárdenas
Gutiérrez permanece armado, lo cual pone a todas las demás personas que con él
se relacionen en un potencial estado de indefensión. En segundo lugar, la
particular circunstancia de que el peticionario y su familia deban utilizar
inevitablemente un camino que colinda con la finca en la cual reside el señor
Cárdenas, hace que el encuentro con él sea ineludible, lo cual acrecienta la
vulnerabilidad e indefensión del peticionario.
De otra parte, el proceso penal que ya
cursa en el mismo despacho, y en el cual se investiga la posible comisión de
delitos en el contexto de los hechos que ameritaron la interposición de la
tutela, no es un mecanismo eficaz para proteger el derecho fundamental a la
vida y a la integridad, toda vez que la decisión final que allí se tome -si
bien puede implicar una sanción penal y pecuniaria contra el presunto
responsable- no evitaría una vulneración del derecho, que puede ocurrir en
cualquier momento, dada la vecindad y cercanía de las partes en conflicto.
Una eventual medida de aseguramiento
privativa de la libertad, cuya procedencia será materia de estudio al interior
del proceso penal, de todas maneras, tendría que cumplir unos trámites y
respetar unos términos durante los cuales bien pudieran hacerse efectivas las
amenazas contra el derecho fundamental a la vida. Todo lo cual se confirma con
el hecho de que la misma juez que está conociendo del proceso penal, haya
decidido conceder la tutela: Tal era la inminencia de la vulneración del
derecho a la vida.
Ahora bien, de todas maneras, la existencia
de un proceso penal por los mismos hechos no hace improcedente la tutela, por
cuanto el alcance de la protección constitucional del derecho fundamental es
distinto y diferente al de la protección penal. Frente a un contexto fáctico
distinto, en el cual también se daba una amenaza de vulneración del derecho
constitucional fundamental a la vida, esta Corte dijo:
"Si se analiza
bajo la óptica constitucional el tema de las amenazas como resultado de
información falsa, el concepto de la violación del derecho fundamental a la
vida adquiere un sentido diferente, nunca percibido por los jueces de tutela
que resolvieron el caso. En efecto: mientras en derecho penal una amenaza
contra la vida sólo se configura con la iniciación de la etapa ejecutiva del
delito, en el derecho constitucional, la protección del derecho a la vida
incluye en su núcleo conceptual la protección contra todo acto que amenace
dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza
con tal de que ella sea cierta.
"Una amenaza
contra la vida puede tener niveles de gravedad diversos, que pueden ir desde la
realización de actos que determinen un peligro adicional mínimo para alguien,
hasta la realización de actos de los cuales se derive la inminencia de un atentado.
Con independencia de la responsabilidad penal que se deduzca de cada una de
estas situaciones, la constitución protege a las personas contra todos aquellos
actos que pongan en peligro de manera objetiva la vida de las personas; del
hecho de que el peligro sea menor no se puede concluir una falta de protección.
La constitución protege el derecho a la vida y dicha protección tiene lugar
cuando quiera que se afecte el goce del derecho no importa el grado de
afectación.
"Por lo demás,
así sucede con la protección de todos los derechos fundamentales: una vez
determinado el carácter fundamental del derecho y una vez establecida la
violación, con independencia de su gravedad, aparece el derecho a la
protección. Así por ejemplo, la violación del derecho a la participación
popular no depende del tamaño de la circunscripción electoral o de la
importancia del asunto; así como el derecho a la libertad de expresión no deja
de ser violado cuando se trata censura parcial de las ideas o cuando la censura
afecta ideas consideradas como banales o sin importancia.
"Así como el
ejercicio de los derechos no siempre tiene lugar de manera absoluta, para que
exista una violación al derecho no siempre se requiere de una violación
absoluta. El goce efectivo de los derechos conlleva limitaciones que provienen
de la contradicción o de la neutralización entre varios derechos. El famoso
adagio según el cual los derechos propios llegan hasta donde comienzan los
derechos ajenos, refleja bien esta imposibilidad de goce absoluto. Pues bien,
esta realidad que muestra un ejercicio limitado de los derechos se compadece
con el hecho de que no se requiera una violación absoluta del derecho para que
tenga lugar la protección del mismo"1
III. CONCLUSION
Así las cosas, la existencia de un proceso
penal por los mismos hechos cumple una función protectora de distinta
naturaleza y alcance a aquella que se otorga con la tutela, razón por la cual
ésta puede coexistir con aquél.
Frente a la existencia comprobada de
manifiesta indefensión por parte del peticionario, la tramitación simultánea de
un proceso penal por los mismos hechos no impide la concesión de la tutela,
comoquiera que ésta, en el caso concreto, resulta ser el instrumento más eficaz
para proteger el derecho.
IV. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del diecinueve de junio de
1992, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, departamento de
Cundinamarca, por medio de la cual se resolvió favorablemente la tutela
interpuesta por Juan Guacaneme García en contra del particular Carlos Ulises
Cárdenas.
SEGUNDO: En todos los casos similares al presente, por sus
hechos o circunstancias, siempre que se configure una indefensión frente a un
particular y de ella se derive vulneración o amenaza a la vida, la doctrina
constitucional establecida en esta providencia, tendrá carácter obligatorio
para las autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ordenar que por Secretaría se comunique esta
providencia al Juzgado Promiscuo de Albán, Cundinamarca, para los efectos del
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
CIRO ANGARITA BARON
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
1 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Tutela 525