T-647-17
Sentencia
T-647/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
El defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto es una de las modalidades de defecto
procedimental que la jurisprudencia constitucional ha reconocido, y se presenta
cuando una autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo para darle eficacia al derecho sustancial, generando una denegación
de justicia.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL
O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
El defecto sustantivo
se presenta excepcionalmente cuando existe un abuso de la autonomía en el marco
de la función de las autoridades judiciales de interpretar
el derecho.
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE
LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INCLUYENDO LA POBLACION DESPLAZADA POR LA
VIOLENCIA-Nuevo marco jurídico en la ley 1448
de 2011 y los decretos reglamentarios
RESTITUCION Y FORMALIZACION DE
TIERRAS COMO GARANTIA DE REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL MARCO DE LA
JUSTICIA TRANSICIONAL-Ley 1448 de 2011
La restitución y
formalización de tierras, por su parte, se configura como un derecho
fundamental, enmarcado en la garantía del derecho a la reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno. Así, el inciso 2° del artículo 27
señala que el derecho a la reparación integral incluye las medida de
restitución, junto con las de indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Por su parte, el artículo 28 de la citada Ley
advierte en el numeral 9° que las víctimas tienen derecho a la restitución de
la tierra cuando han sido despojadas de ella.
FORMALIZACION DE TIERRAS-Figura especial para garantizar el
restablecimiento de la relación jurídico formal de la víctima con el predio
respecto del cual solicita la restitución
La expresión formalización de tierras es
utilizada por el Legislador con el fin de darle una connotación diferente a la
usucapión ordinaria, partiendo de la necesidad de adoptar un proceso
excepcional frente a la situación de violencia en que se enmarca el
desplazamiento forzado.
PROCESO DE RESTITUCION Y
FORMALIZACION DE TIERRAS-Etapas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Se incurre en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto por imponerle a la víctima una carga excesiva y
desproporcionada en proceso de restitución y formalización de tierras
El Juzgado Segundo
Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta,
incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto derivado de
haber requerido a la parte actora el cumplimiento de una norma procesal
contenida en el Código General del Proceso, desconociendo que en su calidad de
víctima del desplazamiento forzado es beneficiaria de las medidas especiales de
la Ley 1448 de 2011, cuyo objetivo principal es la garantía y materialización
de los derechos de este grupo poblacional, y en ese sentido, priorizó el cumplimiento
de las normas procesales por encima del derecho sustantivo, por lo que afectó
el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
accionante.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por incurrir en defecto
sustantivo por cuanto juez de restitución de tierras dejó de aplicar la Ley
1448 de 2011 como norma especial, como parte del derecho de reparación integral
en cabeza de la actora, al ser víctima del conflicto armado
Incurrió en un defecto material o sustantivo porque consideró que la norma
aplicable en este caso era la del Código General del Proceso, desatendiendo las
circunstancias fácticas del caso concreto, y dejando de aplicar la Ley 1448 de
2011 como norma especial, al considerar que la pretensión de declaración de
pertenencia acumulada a la de restitución de tierras despojadas, debía
tramitarse de forma aislada con base en la regulación ordinaria, omitiendo que,
dicha declaración es la fase jurídica de la restitución de tierras, como parte
del derecho de reparación integral en cabeza de la actora, al ser víctima del
conflicto armado. Como se señaló previamente, la Corte Constitucional ha
establecido que la Ley 1448 de 2011 es una norma especial, que prevé la formalización
de la tierra como una medida para garantizar jurídicamente la restitución, y en
ese sentido es fundamental que los jueces de restitución se pronuncien no sólo
respecto de la entrega material de los bienes despojados, sino que además
resuelvan lo necesario para garantizar la formalización
Referencia: Expediente:
T-6.131.736
Acción de tutela
instaurada por María, representada por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en contra del Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito
Judicial de Cúcuta.
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá
DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por el Magistrado Carlos Bernal Pulido, el Magistrado
Luis Guillermo Guerrero Pérez y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 6 de abril de 2017, que confirmó la decisión de
primera instancia de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dictada el 28 de febrero de
2017, en la acción de tutela instaurada por María[1] por
intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas (en adelante Unidad de Restitución de Tierras), contra el
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del
Distrito Judicial de Cúcuta, invocando la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la
igualdad, la privacidad y la protección de datos personales.
I.
ANTECEDENTES
La
Corte Constitucional, mediante Auto del 30 de junio de 2017, proferido por la
Sala de Selección Número Seis[2],
seleccionó el expediente T-6.131.736 para revisión, con base en los criterios
de selección objetivos relativos a la necesidad de proteger un derecho
fundamental y de asunto novedoso. A continuación se exponen los hechos
relevantes y las decisiones de instancia.
1.
Recuento de hechos previos a la interposición de la tutela
1.1.
La señora María, recibió en 2001 un predio mediante donación realizada
por la Junta de Acción Comunal del Barrio Recuerdo de la ciudad de Cúcuta,
en la cual realizó mejoras consistentes en la construcción de una casa de
tabla, con techos de zinc, un baño con servicios sanitarios, un tanque de
reserva y la siembra de árboles frutales.
1.2.
El 7 de diciembre de 2012, la accionante presentó declaración ante la Dirección
Territorial Norte de Santander de la Unidad de Restitución de Tierras, con el
fin de ser inscrita en el Registro Único de Víctimas, en la cual afirmó que
durante 2004 y 2005 vendía tintos en el paradero de buses del Barrio Recuerdo,
donde fue testigo de cómo 5 hombres de un grupo paramilitar se llevaron por la
fuerza a otro vendedor de tintos. Dado que trató de interceder por su
compañero, recibió amenazas del grupo paramilitar y por ello, abandonó esta
actividad y continuó viviendo en el barrio.
1.3.
El 22 de febrero de 2010, según afirma la accionante, llegaron 5 hombres
armados a su casa, quienes sin identificarse, le exigieron desalojar el predio
que habitaba y le advirtieron que no podía regresar al Barrio Recuerdo.
1.4.
La señora María se desplazó hacia la ciudad de San Antonio del Táchira
en la República de Venezuela, donde permaneció hasta octubre de 2012, fecha en la
que tuvo la necesidad de regresar a Cúcuta por motivos de salud. De regreso en
Colombia, la accionante decidió visitar su casa y encontró que estaba siendo
habitado por el señor Pedro, quien a su vez le había vendido una parte
del predio al señor Alonso. Según afirma la actora, estas personas la
amenazaron cuando decidió iniciar los trámites para acceder a la restitución de
su propiedad.
1.5.
El 3 de abril de 2013, la Dirección Territorial Norte de Santander de la Unidad
de Restitución de Tierras, inició el estudio formal de la solicitud de
restitución de tierras despojadas presentada por la señora María el 7 de
diciembre de 2012, respecto del predio urbano ubicado en el Barrio Recuerdo
del corregimiento Vetusta en el municipio de Cúcuta, el cual se
encuentra inmerso en un predio de mayor extensión de propiedad de Eduardo.
Mediante Resolución RNR No. 0043 del 21 de junio de 2013, dicho trámite fue
excluido del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente porque
el predio objeto de la solicitud se encontraba en una zona no microfocalizada.
1.6.
La accionante presentó una nueva solicitud el 21 de marzo de 2014, la cual fue
adicionada a la anterior, mediante Resolución No. RN 0724 del 5 de agosto de
2015, acumulando el material probatorio recaudado en la primera diligencia, y
se llevaron a cabo las diligencias de comunicación de las resoluciones
correspondientes a las personas interesadas en el trámite. En consecuencia, el
señor Pedro alegó su calidad de poseedor del predio. Una vez analizados
los medios probatorios recaudados, la Dirección Territorial de la Unidad de
Restitución concluyó que, las pruebas aportadas por el tercero interviniente no
eran suficientes para desvirtuar el derecho alegado por la solicitante, ni los
hechos declarados por ella, por lo que estimó necesario acudir a la
Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras para que declarase por vía
judicial, en caso de hallarse probados los elementos necesarios, la restitución
impetrada por la señora María.
1.7.
Agotada la etapa administrativa, la Unidad de Restitución de Tierras presentó
la acción judicial de restitución y formalización de tierras ante los Jueces
Civiles Especializados en Restitución de Tierras de Cúcuta, el 18 de diciembre
de 2015. Según afirma la apoderada de la accionante, las principales
pretensiones de dicha acción fueron:
“PRIMERA: PROTEGER
el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras de la
solicitante  [María], identificada con la cédula de ciudadanía No. (…) en
calidad de poseedora al momento de los hechos victimizantes por el abandono y
despojo del predio urbano ubicado en (…), municipio de Cúcuta, Norte de
Santander, el cual hace parte de un predio de mayor extensión identificado con
cédula catastral (…) ligado al folio de matrícula inmobiliaria No. (…), en los
términos establecidos por la Corte Constitucional mediante sentencia T-821 de
2007 y auto de seguimiento 008 de 2007.
(…)
CUARTA: Que en los
términos del inciso del artículo 74 y el literal g) del artículo 91 de la ley
1448 de 2011, se restituya y formalice la relación jurídica de la víctima con
el predio urbano ubicado en (…) municipio de Cúcuta, Norte de Santander, el
cual hace parte de un predio de mayor extensión identificado con cédula
catastral (…) ligado al folio de matrícula inmobiliaria No. (…) del círculo de
Cúcuta, cuyos linderos y extensión indican en el Informe Técnico de Georreferenciación
anexado y presentando como prueba pericial.
Pretensión
adicionada a la solicitud mediante memorial presentado al Despacho Judicial el
día 22 de enero de 2016, que señala lo siguiente: // FORMALIZAR la
relación jurídico material de la reclamante con el predio y en consecuencia DECLARAR
la prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio sobre el predio
urbano ubicado en (…) municipio de Cúcuta, Norte de Santander, con un área
georreferenciada de 676 m² inmerso en un predio de mayor extensión identificado
con cédula catastral (…) y folio de matrícula inmobiliaria No. (…), a favor de
la señora [María], identificada con la cédula de ciudadanía (…).”[3]
1.8.
El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, el cual mediante Auto del 2
de febrero de 2016, admitió la solicitud de restitución de tierras y dispuso la
publicidad de la providencia para los fines señalados en el literal e) del
artículo 86 de la Ley 1448 de 2011[4].
Asimismo, se admitió la solicitud de declaración de pertenencia, y en
consecuencia, el mencionado juzgado ordenó fijar el edicto correspondiente por
el término de 20 días en un lugar visible en Secretaría y su publicación en un
diario de amplia circulación de la localidad, dos veces con intervalos no
menores de 5 días calendario dentro del mismo término, y por medio de una
radiodifusora de Cúcuta, en las horas comprendidas entre las 7 de la mañana y
las 10 de la noche.
1.9.
La apoderada de la accionante afirma que, en cumplimiento de lo ordenado por el
Juez de Restitución, allegó a su despacho judicial mediante oficio
URT-DTNC-2016-0435 del 31 de marzo de 2016, el edicto publicado en el diario El
Tiempo el 21 de febrero de 2016. No obstante, el juez mediante Auto del 19 de
abril de 2016, dispuso que debido a que no se allegaron las publicaciones
restantes del edicto del 10 de febrero de 2016, que comunica el proceso de
pertenencia, dio por no publicado el mismo y ordenó por Secretaría la
elaboración de un nuevo edicto para su respectiva publicación, el cual fue
expedido el 29 de abril del mismo año.
1.10.
El 29 de julio de 2016, la apoderada de la accionante, presentó memorial
URT-DTNC-2016-1126 con el fin de allegar los edictos publicados en los diarios
El Tiempo y La Opinión el 12 y 17 de julio de 2016, junto con las certificaciones
radiales emitidas por Radio Monumental, según la cual los días 3 y 10 de julio de
la misma anualidad se transmitió el edicto.
1.11.
El despacho por medio de Auto del 31 de agosto de 2016, requirió al extremo solicitante
para que acreditara el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7° del
artículo 375 del Código General del Proceso[5],
en relación con la instalación de una valla como parte del emplazamiento, cuyo
contenido incluyera el nombre del demandante y la identificación del predio,
entre otros datos[6].
En concreto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Cúcuta dispuso:
“Requiérase a la
apoderada judicial del solicitante para que dentro de los tres (3) días
siguientes al recibo de la comunicación, acredite el cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso.”[7]
1.12.
En respuesta, la accionante envió un oficio el 6 de septiembre de 2016, por
medio del cual informó que el emplazamiento del que trata el numeral 7° del
artículo 375 del Código General del Proceso, no se adelantó porque consideró
que la exigencia de cumplimiento de dicha norma desconoce los derechos de las
víctimas, como beneficiarias de la política de restitución de tierras,
especialmente en lo relacionado con la reserva y el manejo de la información.
Ello debido a que la valla exigida para el emplazamiento, según la citada
disposición, debe incluir los datos relativos al proceso de pertenencia y la
identificación del demandante, que en este caso es la víctima.
1.13.
El 11 de octubre de 2016, el Juez Segundo Civil Especializado en Restitución de
Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, emitió un auto en el cual advirtió que
el requerimiento del 31 de agosto se refiere al proceso de pertenencia que se
tramita en conjunto con la solicitud de restitución y que no ha incurrido en
vía de hecho con dicha providencia[8].
En este sentido, señaló:
“(…) este
Despacho advierte que el requerimiento efectuado en auto de 31 de agosto de la
anualidad que avanza, nada tiene que ver con la publicación del edicto que
comunica la admisión de la solicitud de restitución y formalización de tierras
que prevé la ley 1448 de 2011, toda vez, que lo allí ordenado es con relación
al proceso de pertenencia que se tramita conjuntamente con la referida
solicitud, trámite de pertenencia que se debe a unas disposiciones especiales
para su procedimiento (…); sin embargo cabe resaltar que la valla de que trata
el numeral 7 del artículo 375 del C.G.P. deberá elaborarse omitiéndose los
datos de la solicitante, precisamente en acatamiento de la obligación de la no
afectación de la reserva de la información en aras de garantizar los derechos
de las víctimas, en todo caso deberá insertarse en lugar de tales datos, que la
pertenencia se adelanta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Norte de Santander.
Por lo anterior REQUIÉRASE a la apoderada de la parte solicitante, para que
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente proveído,
dé cumplimiento lo ordenado en el inciso final del auto de 31 de agosto de la
anualidad que avanza.”[9]
1.14.
Posteriormente, el Juzgado accionado emitió un Auto del 1º de febrero de 2017
en el cual señaló[10]:
“REQUIÉRASE a la
apoderada de la parte solicitante, para que dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo ordenado
en el inciso final del auto de 31 de agosto de 2016, atendiendo los parámetros
establecidos en el auto de 11 de octubre de la anualidad que avanza.”[11]
1.15.
El 17 de febrero de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Cúcuta, emitió un Auto en el cual señaló[12]:
“REQUIÉRASE  a
la apoderada de la parte solicitante, para que dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo
ordenado en el inciso final del auto de 31 de agosto de 2016 reiterado mediante
el inciso final de la providencia de 1º de febrero de 2017.”[13]
2.
Acción de tutela
2.1.
El 16 de febrero de 2017, la Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de
la señora María, interpuso acción de tutela contra los autos del 31 de
agosto y 11 de octubre de 2016 emitidos por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, dentro del proceso
de restitución y formalización de tierras abandonadas forzosamente que
adelanta. La parte actora consideró que dichas providencias vulneraron los
derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad y
privacidad de la señora María como víctima del conflicto armado. En consecuencia,
solicitó dejar sin efecto dichos autos, y en su lugar ordenar la emisión de una
nueva providencia que se ajuste al trámite procesal contenido en la Ley 1448 de
2011.
2.2.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la apoderada de la accionante
consideró que resulta procedente, por las razones que se mencionan a
continuación:
(i)
El
presente caso tiene relevancia constitucional, en tanto las decisiones
cuestionadas por medio acción de tutela, no se ajustan a los lineamientos de la
Ley 1448 de 2011 en relación con la reserva de la identidad de las víctimas, que
se debe aplicar a las actuaciones administrativas y judiciales; y,
adicionalmente, es necesario que se definan los requisitos de publicidad en el
marco de un proceso de restitución y formalización de tierras.
(ii)
En
relación con el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, las
decisiones judiciales dieron pie a la consumación de un perjuicio irremediable
en relación con la protección de la integridad de la demandante y faltaron al
deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del
conflicto armado, por lo que esta situación le fue puesta de presente al juez
instructor por medio de dos escritos, en los que se señaló que la Ley 1448
contiene un procedimiento especial que subsume al proceso de pertenencia.
(iii)
Frente
al requisito de inmediatez, advierte que desde el pronunciamiento más reciente
del juez de restitución ha transcurrido “menos de un mes”[14], y
que la vulneración de los derechos de la víctima persisten hasta la actualidad.
(iv)
La
irregularidad procesal en que incurrió la autoridad judicial accionada,
consiste en la exigencia de una publicación que no está contenida en la Ley
1448 de 2011, lo cual está impidiendo la continuación del trámite dirigido a la
restitución y formalización de tierras.
(v)
En
el escrito de acción de tutela se identifican de forma clara los hechos que
generaron la vulneración, los cuales además, fueron advertidos previamente.
(vi) En este caso
las providencias reprochadas no son sentencias de tutela.
2.3.
En el escrito de tutela, se manifestó que las providencias cuestionadas
incurrieron en las siguientes causales específicas de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales: defecto procedimental, decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente. Sin embargo, la parte actora sólo
sustentó el defecto procedimental, como se señala a continuación.
La
Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de la señora María,
sostuvo que los pronunciamientos del juez adolecen de defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en tanto conforme ha señalado la jurisprudencia
constitucional, los jueces en materia de restitución de tierras, deben tomar
decisiones orientadas a evitar la identificación de la víctima con el fin de
evitar su revictimización. Así, advirtió que la víctima al acudir a la acción
de restitución lo hace bajo el convencimiento de que su participación se desarrollará
en el marco del ejercicio de los derechos consagrados en la Ley 1448 de 2011, que
como parte de la justicia transicional permite la flexibilización de las normas
de derecho civil tradicionales.
En
este sentido, la parte actora consideró que, la exigencia de una valla para
proceder con el proceso de pertenencia, va en contravía del propósito con que
se expidió la Ley 1448 de 2011, esto es la garantía de protección de los derechos
de la población víctima de abandono y despojo de tierras en Colombia. Advirtió
la apoderada:
“(…) el
requerimiento de una valla publicitaria en el proceso bajo estudio desconoce en
cierta medida que el proceso de Restitución y Formalización de Tierras tiene
una forma propia y un procedimiento ya reglamentado; toda vez que este derecho
fundamental debe observarse no en una forma sesgada o dividida como lo hace el
operador judicial sino en un sentido transformador que permita la posibilidad
de abarcar el derecho a la tierra (…).”[15]
Adicionalmente
mencionó que:
“(…) no se
encuentra el sentido de la utilización de una figura procedimental propia de
una jurisdicción rigurosa como lo es la civil dentro del proceso de Restitución
y Formalización de Tierras, toda vez que por ese mismo exceso de formalismo
entre otros aspectos fue que el Estado Colombiano creó un procedimiento
especial donde no se estipuló incluso la Segunda Instancia, buscando entre
otros aspectos, que en un tiempo prudencial la población víctima de abandono o
despojo viera materializado su derecho de manera célere y efectiva. De no ser
así se desnaturalizaría el proceso de restitución de tierras y podría llegarse
a confundirse con las acciones civiles que como es de conocimiento público, en
múltiples casos se perpetúan en el tiempo.”[16]
2.4.
En el mismo sentido, la Unidad de Restitución de Tierras consideró que proceder
como lo indica el juez puede inducir en error a los destinatarios de los
emplazamientos realizados cuando dicha entidad funge como mandataria de la
solicitante y no como promotora de la acción de restitución. Adicionalmente,
señaló en el escrito de tutela que los funcionarios de ésta entidad, desempeñan
su trabajo en terreno en complejas condiciones de seguridad, de forma que todas
las diligencias obligan a los funcionarios y reclamantes a contar con
acompañamiento de la Fuerza Pública.
2.5.
En el escrito de tutela se adjuntaron como pruebas, fotocopias de los
siguientes documentos:
-
Auto
del 31 de agosto de 2016 emitido por el Juez Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta[17].
-
Auto
del 11 de octubre de 2016 emitido por el Juez Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta[18].
-
Contestación
del requerimiento realizado mediante auto del 31 de agosto de 2016, emitido por
la Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Norte de Santander,
con fecha del 6 de septiembre de 2016[19].
3.
Contestación de la acción de tutela
3.1.
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Cúcuta. La autoridad judicial accionada afirmó mediante comunicación del
21 de febrero de 2017, que los derechos de la señora María no han sido
conculcados toda vez que el trámite de la solicitud de restitución y
formalización de tierras, y las pretensiones conexas, se han adelantado bajo la
normatividad vigente.
Adicionalmente,
advirtió que el derecho a la protección de datos personales no ha sido
amenazado, en tanto mediante Auto del 11 de octubre de 2016, se dispuso que en
la valla de que trata el numeral 7º del artículo 375 del Código General del
Proceso se omitiera el nombre de la solicitante como medida de prevención y
protección, según lo dispone el artículo 31 de la Ley 1448 de 2011, y en su
lugar se ordenó señalar que el proceso de pertenencia se adelanta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas –
Dirección Territorial Norte de Santander, teniendo en cuenta que conforme al
numeral 5º del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, una de sus funciones es
tramitar dichos procesos en nombre de los titulares de la acción.
En
este sentido, sostuvo que las decisiones contenidas en los autos del 31 de
agosto y 11 de octubre de 2016, y del 1º y 17 de febrero de 2017, no imponen
cargas a la víctima, pues la orden se dirigió hacia la apoderada judicial de la
solicitante y adscrita a la Unidad de Restitución de Tierras. Finalmente afirmó
que: “(…) las actuaciones surtidas se han rituado conforme a la normatividad
vigente aplicable al caso, brindando a los intervinientes las debidas garantías
procesales y constitucionales en aplicación de los principios generales del
derecho de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido
proceso, derecho de defensa e igualdad (…).”[20]
3.2.
El señor Eduardo allegó un escrito[21],
mediante apoderado judicial, el 21 de febrero de 2017, por medio del cual
señaló que las pretensiones de la accionante elevadas por medio de tutela no
resultan jurídicamente viables, toda vez que el Juzgado accionado actuó
conforme a la normatividad vigente y por lo tanto no se violaron los derechos
al debido proceso. Por el contrario, mencionó que ha acudido de forma oportuna
ante las autoridades competentes y que no es promotor ni ejecutor de
desplazamiento forzado.
4.
Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela
4.1.
Primera instancia. El 17 de febrero de 2017, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito
Judicial de Cúcuta, con el fin de que se pronunciara sobre los hechos que
dieron origen a la acción.
El
28 de febrero de 2017,  el a quo decidió tutelar el derecho al debido
proceso de la señora María, y dejó sin valor ni efecto parcial la
providencia que el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Cúcuta emitió el 11 de octubre de 2016, en relación
con la publicación de la valla, para lo cual le confirió a la autoridad
judicial 48 horas para proferir una nueva decisión.
En
primer lugar, respectó de la procedencia de la acción de tutela consideró que,
si bien la apoderada de la accionante no recurrió las decisiones del juez en el
término establecido, en casos similares la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia ha señalado que cuando del caso se desprenden aspectos de
trascendencia constitucional, se puede pasar por alto dicha omisión con el fin
de darle prevalencia al derecho fundamental en riesgo.
Una
vez agotado el análisis de procedencia, advirtió que el juzgado accionado
incurrió en yerros desde el inicio de las actuaciones, por lo que deberían
dejarse sin efecto las decisiones originadas desde su admisión, sin embargo al
tratarse de un trámite preferente y especialísimo, dispuso ajustar el
procedimiento ordenado frente a la declaratoria de pertenencia a lo establecido
en el artículo 375 del Código General del Proceso, garantizando los derechos de
las víctimas en los términos de la Ley 1448. Teniendo en cuenta además que, las
solicitudes de declaración de pertenencia que se tramitan simultáneamente con
el proceso de restitución de tierras, deben adelantarse con sujeción al
ordenamiento civil, conforme a lo señalado en el artículo 72 de la Ley 1448 de
2011.
Así,
indicó que el juez accionado no excedió las ritualidades con la exigencia de
que trata el numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso, ya que
la norma especial, esto es la Ley 1448 de 2011, advirtió que estos asuntos se
deben adelantar “(…) en los términos señalados en la ley.”[22], por lo
que todos los requisitos legales deben ser acatados en su integridad para
garantizar los derechos de terceros que puedan resultar afectados.
Agregó
que, la misma ley previó además, que las autoridades competentes pueden adoptar
medidas para garantizar la protección integral a las víctimas, lo cual implica
el carácter de reserva y confidencialidad de la información de quienes acuden a
este tipo de trámites. En este sentido, si bien el juez de instrucción adoptó
como medida de protección para la víctima, que la publicación indique como
parte demandante a la Unidad de Restitución de Tierras, ello no resulta viable
pues induciría en error a quienes pretendan intervenir en la actuación, por lo
que el Juez de tutela consideró que la publicación de la valla deberá hacerse
omitiendo los nombres de identificación de los ciudadanos atendiendo al
artículo 31 de la Ley 1448, y decidió dejar sin valor ni efecto la providencia
del 11 de octubre de 2016.
4.2.
Impugnación. El 6 de marzo de 2017, la parte actora impugnó la sentencia
de tutela de primera instancia. Consideró que la decisión proferida fue
desacertada toda vez que, igual que las providencias contra las cuales se
dirige la acción de tutela, desconoce el principio de legalidad porque en
materia de emplazamiento existe una norma especial regida por la Ley 1448 de
2011, y por ello no le son aplicables las disposiciones del Código General del
Proceso que rigen la acción de pertenencia en situaciones de normalidad.
En
este sentido, agregó que, las providencias del 31 de agosto y del 11 de octubre
de 2016 emitidas por el Juez Segundo Civil de Restitución de Tierras de Cúcuta,
no tuvieron en cuenta los principios de sostenibilidad fiscal y prevalencia del
derecho constitucional en el marco de la justicia transicional, en los términos
de los artículos 8, 9 y 73 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley
1448 de 2011). Señaló además, que la disposición que rige lo relativo al
emplazamiento, es la publicación de que trata el literal e) del artículo 86 de
la Ley 1448de 2001, ya que tienen la misma finalidad de enterar a los terceros
para que asistan a hacer valer sus derechos en el trámite.
Así,
concluyó que las providencias atacadas por medio de la acción de tutela,
padecen del defecto material o sustantivo por la ausencia de aplicación
de la norma jurídica pertinente, desconociendo que la norma especial prima
sobre la norma general. En este sentido, consideró que ello implica la creación
de nuevas erogaciones que atentan contra el principio de sostenibilidad fiscal;
y que se vulneraron los principios de celeridad y legalidad.
4.3.
Sentencia de segunda instancia. El 6 de abril de 2017, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del a quo,
con base en las siguientes consideraciones.
Primero,
respecto del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, advirtió que si bien en este
caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad porque no se interpusieron
los medios de impugnación respectivos contra las providencias del juez de
restitución, es evidente que el fallador incursionó en un defecto
procedimental que habilita la intervención del juez de tutela.
Ello
teniendo en cuenta que, al momento de la presentación de la solicitud de
restitución, la parte activa pidió que se omitieran los datos de identificación
de la accionante y de su núcleo familiar. No obstante, en las providencias en
cuestión no se dispuso nada sobre dicho aspecto de reserva y confidencialidad,
lo que dio lugar a ordenar la instalación de la valla incluyendo el nombre de
la actora, como lo dispone el artículo 375 del Código General del Proceso en su
numeral 7°, desconociendo el mandato contenido en el inciso 1° del artículo 31
de la Ley 1448 de 2011, según la cual las autoridades deben adoptar medidas de
protección integral a las víctimas, testigos y funcionarios que intervengan en
los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de
restitución de tierras. En consecuencia, el ad quem consideró que la
intervención del juez de tutela resulta imperativa para conjurar la
transgresión de las garantías superiores de la accionante en relación con la
medida de protección de reserva y confidencialidad de los datos de
identificación de la solicitante.
Por
otra parte, la Sala de Casación Civil agregó que, no le asiste razón a la
impugnante cuando señala que no es procedente la instalación de la valla en los
términos del numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 72 de la Ley 1448 en su inciso 4 advierte
que, en el caso del restablecimiento del derecho de posesión, este podrá ir
acompañado con la declaración de pertenencia “(…) en los términos señalados
en la ley.”[23].
Por ello, el exigir el cumplimiento del requisito de la instalación de la valla
emplazatoria, no resulta arbitraria o caprichosa, ni es el resultado de un
criterio subjetivo que implique la desviación del ordenamiento jurídico y por
ende lesione garantías superiores. Así, concluye que la protección de los
derechos de la accionante está dada en los términos de la decisión del a quo,
esto es, la instalación de la valla omitiendo los datos de la parte demandante.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer
esta acción de tutela, con fundamento en los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución Política, 31 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, y en
virtud del auto del 30 de junio de 2017 de la Sala de Selección de Tutelas
Número Seis, que seleccionó el expediente para su revisión.
2.
Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión
2.1.
Con base en los antecedentes mencionados, le corresponde a la Sala Novena de
Revisión determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y defecto material o sustantivo,
desconociendo los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y debido proceso de la señora María, al exigirle que aportara
constancia de la instalación de una valla en los términos del numeral 7º del
artículo 375 del Código General del Proceso, que es una norma general aplicable
a los procesos de pertenencia ordinarios, en el marco del proceso de restitución
y formalización de tierras en el cual actúa como demandante.
2.2.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se establecerá: (i) si
la acción presentada cumple con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; y, en caso afirmativo, (ii)
si los autos proferidos el 31 de agosto y 11 de octubre de 2016, por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta,
incurrieron en las causales específicas de procedencia que invocó la parte
actora, como causantes de la vulneración de su derecho al debido proceso.
2.3.
Así las cosas, la Sala considera necesario referirse a: (i) los
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales en la jurisprudencia constitucional; (ii) la
especialidad del procedimiento de restitución y formalización de tierras en el
contexto de la justicia transicional; y, finalmente (iii) abordará el
análisis del caso concreto.
3.
Reiteración de jurisprudencia: requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que conforme al artículo 86 de la
Constitución Política la tutela tiene como objeto la protección inmediata de
los derechos fundamentales cuando éstos resultan amenazados o vulnerados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública. Ello incluye en principio, los
actos de los jueces y tribunales. No obstante, esta Corporación ha advertido
que en general, la acción de tutela no es procedente contra decisiones
judiciales, debido a que resultaría incompatible con: (i) la vocación
que dichos actos tienen de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales, al ser proferidos por funcionarios formados para aplicar la
Constitución y la ley; (ii) el valor de cosa juzgada que tienen las
sentencias y el principio de seguridad jurídica; y, (iii) la autonomía e
independencia que caracteriza a los jueces en el marco de un régimen
democrático[24].
Sin
embargo, ha reconocido que en ocasiones muy excepcionales la acción de tutela
procede contra decisiones que amenazan o vulneran los derechos fundamentales,
sólo si se cumplen determinados requisitos de procedibilidad de forma rigurosa,
dentro de los cuales se distinguen unos generales y otros específicos.
La
Sentencia C-590 de 2005[25],
señaló que los requisitos generales de procedencia son los siguientes: (i)
que la cuestión resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios, ordinarios y extraordinarios, de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, excepto cuando se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de inmediatez, que se refiere a que la acción de tutela
se haya interpuesto en un término razonable  y proporcionado a partir del hecho
que originó la presunta vulneración, con el fin de no sacrificar los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo o determinante en la
sentencia impugnada y afectar los derechos fundamentales de la accionante; (v)
que la parte actora identifique razonablemente los hechos que generaron la
vulneración, los derechos afectados y que dicha vulneración se hubiere alegado
en el proceso judicial en tanto eso haya sido posible; y, (vi) que no se
trate de sentencias de tutela.
Ahora
bien, una vez superados los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, esta Corporación ha sostenido que es
necesario acreditar la existencia de los requisitos o causales especiales de
procedibilidad, es decir, que se requiere que se presente al menos uno de los
siguientes vicios o defectos: (i) defecto orgánico[26]; (ii) defecto procedimental[27]; (iii) defecto fáctico[28]; (iv) defecto material o
sustantivo[29]; (v) error inducido[30]; (vi) decisión sin motivación[31]; (vii) desconocimiento del
precedente[32]; y, (viii) violación
directa de la Constitución Política[33].
Breve
caracterización de los defectos invocados. Reiteración jurisprudencial
En
el asunto bajo estudio se alega la presunta ocurrencia de dos defectos: el
procedimental por exceso ritual manifiesto y el material o sustantivo. Para
ello, la Sala de Revisión entrará a hacer una breve caracterización de éstos
defectos, a partir de los pronunciamientos jurisprudenciales pertinentes.
(i) El defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto es una de las modalidades de
defecto procedimental que la jurisprudencia constitucional ha reconocido[34], y se
presenta cuando una autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como un obstáculo para darle eficacia al derecho sustancial, generando una
denegación de justicia[35],
ya sea por:
“(i) aplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias
puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas.”[36] (Negrita fuera
del texto original)
La
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto se configura cuando concurren los siguientes
elementos:
“(i) que
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela;
(ii) que
el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de
ser vulneratorio de los derechos fundamentales;
(iii)
que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico; y
(iv) que
como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”[37]
Adicionalmente,
la Corte Constitucional ha advertido que: “(…) no existen requisitos
sacramentales ni inamovibles en
materia probatoria o procesal, pues el juez debe valorar cual
es el mecanismo más efectivo para proteger los derechos fundamentales de las
partes, de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto[38].”[39]  Lo
contrario sucede cuando el juez incurre en el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto toda vez que, olvida que el derecho procesal es solo un medio
para la realización efectiva de los derechos fundamentales.[40]
(ii)
El
defecto material o sustantivo, se da cuando “la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.”[41]
En
la Sentencia SU-416 de 2015[42],
se advirtió que este defecto se puede dar en varios casos así:
“(i)
cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable, porque a)
no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es
inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de
que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecua a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo,
se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislador;
(ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de
la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable o  “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o
cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de
los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la
decisión judicial; (iii) cuando no se toman en cuenta sentencias que han
definido su alcance con efectos erga omnes, (iv) cuando la disposición aplicada
se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; (v) cuando
un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin
no previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras
disposiciones que regulan el caso o (vii) cuando se desconoce la norma
constitucional o legal aplicable al caso concreto. Existe defecto
sustantivo igualmente cuando (viii) la decisión no está justificada en forma
suficiente de tal manera que se afectan derechos fundamentales; (ix) cuando sin
un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial y, (x) cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución.” (Negrita por fuera del texto original)
Así,
el defecto sustantivo se presenta excepcionalmente cuando existe un abuso de la
autonomía en el marco de la función de las autoridades judiciales de interpretar
el derecho[43].
4.
La restitución y formalización de tierras como garantía de reparación integral
a las víctimas en el marco de la justicia transicional que fijó la Ley 1448 de
2011
La
Ley 1448 de 2011[44],
tiene como objeto establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y
económicas, tanto individuales como colectivas, en beneficio de las personas
que hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985
con ocasión del conflicto armado. Estas medidas se dan en el marco de la
justicia transicional, con el objetivo de hacer efectivo el goce de sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no
repetición, a partir de su reconocimiento como víctimas y la materialización de
sus derechos constitucionales en condiciones de dignidad[45].
Teniendo
en cuenta el contexto de conflicto armado en que se da el despojo y
desplazamiento de tierras, la Corte Constitucional ha indicado que: “(…)
la
Ley de víctimas y restitución de tierras hace parte de un conjunto de medidas
de transición, caracterizadas por su carácter temporal y un objetivo
específico; superar las consecuencias de la guerra, en un marco normativo
respetuoso de los derechos de las víctimas, y consciente de la necesidad de
medidas excepcionales para alcanzar los fines propuestos y principalmente, para
asegurar a los colombianos una paz estable.”[46]
La
restitución y formalización de tierras, por su parte, se configura como un
derecho fundamental, enmarcado en la garantía del derecho a la reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno. Así, el inciso 2° del
artículo 27 señala que el derecho a la reparación integral incluye las medida
de restitución, junto con las de indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición. Por su parte, el artículo 28 de la citada Ley
advierte en el numeral 9° que las víctimas tienen derecho a la restitución de
la tierra cuando han sido despojadas de ella.
Específicamente,
en los artículos 72 a 122 se presentan los elementos que desarrollan la
restitución como el conjunto de medidas para el restablecimiento de la
situación jurídica y material de las tierras de las personas que han sido
víctimas de despojo y desplazamiento forzado.
En
ese sentido, la Corte Constitucional[47]
ha señalado que la restitución de tierras implica la implementación y
articulación de un conjunto de medidas, tanto administrativas como judiciales,
cuyo objeto es el restablecimiento de la situación previa a las violaciones
sufridas como consecuencia del conflicto armado interno. Así, la acción de
restitución de tierras se desarrolla en un contexto de justicia transicional, y
por ello, está dirigida a la dignificación de las víctimas que han sufrido
múltiples violaciones de derechos humanos. En este sentido, la acción de
restitución va más allá del derecho de propiedad en sí mismo. Es decir que, “(…)
la
acción de restitución, además del restablecimiento de condiciones materiales
para la existencia digna de la persona, incide en una amplia gama de intereses,
que tienen que ver con la comprensión individual del sentido de la existencia y
con el concepto de sociedad construido colectivamente. Así las cosas, los
jueces no se ocupan únicamente de asuntos de tierras; dentro de una visión de
interdependencia e integralidad de los derechos de las víctimas, les
corresponde contribuir a la paz y a la equidad social y propiciar la
democratización del acceso a la tierra, elementos cardinales del orden
constitucional de 1991.”[48]
En
la Sentencia C-715 de 2012[49]
esta Corporación señaló que:
“De los
estándares internacionales, la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional sobre el derecho a la restitución de las víctimas como
componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral se
pueden concluir las siguientes reglas:
(i) La
restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la
reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la justicia
restitutiva.
(ii) La
restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que se (sic)
las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus
territorios retornen o no de manera efectiva.
(iii) El
Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada
para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o
cuando la víctima de manera consciente y voluntaria optare por ello.
(iv) Las
medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de
buena fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias.
(v) [L]a
restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la
devolución a su situación anterior a la violación en términos de garantía de
derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen
las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de
los bienes.
(vi) [E]n
caso de no se[a] posible la restitución plena, se deben adoptar medidas
compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se
pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de
indemnización como compensación por los daños ocasionados.
(vii) [E]l
derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en
el marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un
elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo
de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente.”
De
forma específica, en la Sentencia T-025 de 2004[50], la Corte
Constitucional estableció que la población víctima de desplazamiento forzado se
encuentra en una situación de grave y masiva vulneración de sus derechos
fundamentales, por lo que el proceso de restitución de tierras busca
materializar la protección de algunos de esos derechos, a saber:
“(i) el derecho
a la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a escoger el lugar del
domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que enfrentan las
víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su sitio
habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad
familiar y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de
circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio
escogido para vivir; (vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven
forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades
habituales; y (vii) el derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en
condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares y
someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde
se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la
intemperie.”[51]
Así
las cosas, esta Corporación ha señalado que el proceso de restitución de
tierras es un elemento para impulsar la construcción de la paz, al establecer
reglas de un procedimiento especial y con efectos diferentes a los del régimen
del derecho común, con el fin de restituir los bienes a las personas que han
sido víctimas del conflicto armado y proteger sus derechos.[52] Así, se ha
pronunciado en reiteradas ocasiones[53]
para resaltar el carácter especial que tiene este procedimiento, enfatizando en
que, si bien se trata de un proceso breve, en el que el Legislador buscó
armonizar los derechos de las víctimas con el derecho a la justicia. Para ello
se establecieron garantías suficientes para que quienes tengan interés en el
proceso, puedan intervenir, solicitar pruebas y controvertir las que se hayan
presentado.
Ahora
bien, la Sala encuentra que, en primera medida, la Ley 1448 de 2011 contiene un
procedimiento especial para la restitución de tierras de las víctimas de
desplazamiento y despojo en el marco del conflicto armado. Una muestra de ello
es que la duración prevista para el proceso es de 4 meses, es decir que se
trata de un mecanismo rápido que no pone en riesgo los derechos de las
víctimas, y que no perpetúa las vulneraciones que acompañan el desplazamiento.
La
tenencia de la tierra en Colombia es en su mayoría informal[54], lo cual
facilitó que los actores del conflicto armado, se apropiaran de tierras
ocupadas o poseídas por comunidades vulnerables. En consecuencia, muchas de las
solicitudes de restitución de tierras recaen sobre derechos informales,
respecto de los cuales no existen títulos que soporten la relación entre las víctimas
y la tierra. Así, en la Ley se incluyó la expresión formalización, como
una figura especial para garantizar el restablecimiento de la relación jurídico
formal de la víctima con el predio respecto del cual solicita la restitución,
es decir la titulación de la propiedad efectiva sobre la tierra. De esta forma,
en los literales f  y g del artículo 91, la Ley 1448 de 2011
señala que el juez de restitución de tierras puede pronunciarse sobre la
declaración de pertenencia, y está facultado para ordenar al Incoder (hoy
Agencia Nacional de Tierras) la adjudicación de baldíos a que haya lugar.
En
ese sentido, esta Corporación advierte que, la declaración de pertenencia
respecto de la cual el Juez de Restitución de Tierras está facultado para
pronunciarse en el fallo que pone fin al proceso de restitución, hace parte
también de este procedimiento especial, enmarcado en la justicia transicional.
Así las cosas, de acuerdo con lo señalado en el inciso 4 del artículo 72 de la
Ley 1448 de 2011, la restitución jurídica de los inmuebles despojados incluye
el restablecimiento de los derechos de propiedad o de posesión, según cada
caso. Agrega el Legislador que, en el evento del derecho de posesión, su
restablecimiento se puede acompañar con la declaración de pertenencia. Es decir
que, la declaración de pertenencia en el marco de un proceso de restitución
implica la garantía jurídica de formalización de la relación de la víctima con
el predio objeto de la solicitud, a partir de la titulación efectiva de la
propiedad sobre la tierra.
Como
se señaló ut supra, el proceso de restitución está enmarcado en la
justicia transicional, lo cual permite que se apliquen procedimientos
excepcionales para garantizar la protección y restablecimiento de los derechos
de las víctimas del conflicto armado, y además, impone a los funcionarios el
deber de aplicar una hermenéutica dirigida a garantizar la materialización de
sus derechos. Es por eso que el proceso ordinario de pertenencia no puede
equipararse con el proceso especial que se enmarca en la aplicación de la Ley
1448 de 2011.
La
jurisprudencia constitucional[55]
ha entendido que el proceso de restitución de tierras se compone de dos etapas:
(i)
Etapa
administrativa: su finalidad es que la Unidad de Restitución de Tierras incluya
en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, la solicitud
realizada por la víctima, siendo éste un requisito de procedibilidad para la
acción de restitución. En esta etapa, dicha entidad comunica la iniciación del
trámite al propietario, poseedor u ocupante que esté en el predio objeto de
registro, con el fin de que aporte las pruebas documentales que acrediten su
buena fe exenta de culpa. Ello, teniendo en cuenta que la Unidad de Restitución
de Tierras tiene además, la obligación de recaudar todo el acervo probatorio
para identificar el inmueble, la relación de la víctima con el predio y de
quienes en ese momento tengan el dominio, la posesión y/o la tenencia del
mismo, para tomar una decisión sobre la inscripción en el registro. Así, esta
etapa finaliza cuando la Unidad mediante un acto administrativo motivado emite
su decisión.
(ii)
Etapa
judicial. Esta fase es el proceso judicial de restitución en sí mismo e inicia
con la presentación de la demanda. Una vez se haya finalizado la etapa
administrativa con la inclusión del predio en el Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente, el solicitante está habilitado para ejercer la
acción de restitución que es de carácter real y prevalente, de acuerdo con el artículo
86 de la Ley 1448 de 2011. Adicionalmente, conforme al artículo 91 de la misma
ley, el Juez de Restitución de Tierras en la sentencia se pronunciará de forma
definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto
de la demanda, y decretará las compensaciones a que haya lugar; y, además,
deberá referirse a otros aspectos, entre ellos, la declaración de pertenencia.
Así,
en el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 se estableció que, el auto que admite
la solicitud de restitución debe disponer: (a) la inscripción de la
solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; (b) la
sustracción provisional del comercio del predio o de los predios cuya
restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia; (c) la
suspensión de los procesos declarativos de derechos reales, los procesos
sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de
servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia,
de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se
hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o
predio cuya restitución se solicita, así como los procesos ejecutivos,
judiciales, notariales y administrativos que afecten el predio, con excepción de
los procesos de expropiación; (d) la notificación del inicio del proceso
al representante legal del municipio a donde esté ubicado el predio, y al
Ministerio Público; y (e) la publicación de la admisión de la
solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con inclusión de la
identificación del predio y los nombres e identificación de la persona y
el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio cuya
restitución se solicita, para que las personas que tengan derechos legítimos
relacionados con el predio, los acreedores con garantía real y otros acreedores
de obligaciones relacionadas con el predio, así como las personas que se
consideren afectadas por la suspensión de procesos y procedimientos
administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus derechos.
En
el artículo 87 por su parte, se consagró la obligación de correr traslado de la
solicitud a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el
certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria respecto del bien
objeto de la solicitud; y, con la publicación del artículo 86 se entenderá
hecho el traslado a las personas indeterminadas que consideren que deben
comparecer para hacer valer los derechos que consideren afectados por el
proceso de restitución.
Al
respecto, en la Sentencia T-666 de 2015[56],
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, consideró que:
“(…) las
exigencias de publicidad que establece la ley para asegurar la presencia de
todos los interesados en la restitución, la posibilidad de que el juez solicite
las pruebas que considere necesarias, el nombramiento de un apoderado judicial
que represente a los terceros determinados que no se presenten al proceso para
hacer valer sus derechos, la intervención obligatoria del Ministerio Público
como garante de los derechos de los despojados y de los opositores, la
participación del representante legal del municipio o municipios donde se
ubique el predio, y en el caso de los procesos iniciados sin la intervención de
la Unidad de Tierras, la posibilidad de tomar parte como posible opositora; garantizan
un debate amplio de los derechos de todos los que tengan interés en la
restitución y de las pruebas que permitan llegar al convencimiento sobre su
procedencia.” (Negrillas
fuera del texto original)
Es
decir, las normas establecidas en la Ley 1448 de 2011 relativas a
emplazamientos y traslado de la solicitud de restitución y formalización,
implican una garantía suficiente para la participación de los terceros que
puedan resultar afectados en el trámite de dicha acción.
Recapitulación
Como
se expuso hasta ahora, a la Sala Novena de Revisión le corresponde determinar si
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la accionante fueron conculcados por la autoridad judicial
accionada, la cual le exigió, por medio de dos autos, la acreditación de la
instalación de la valla de que trata el numeral 7 del artículo 375 del Código
General del Proceso, como demandante en el proceso de restitución y
formalización de tierras que adelantaba. Para ello, la Sala debe entrar a
analizar si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos
generales y especiales que la jurisprudencia ha establecido para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En el marco de los
requisitos generales, se enfatizó en la caracterización de los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y material o sustantivo, los cuales
fueron alegados por la Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de la
accionante.
Adicionalmente,
la Sala encontró necesario referirse al carácter especial que tiene el proceso
de restitución y formalización de tierras, desarrollado normativamente por la
Ley 1448 de 2011, cuyo objeto principal es la adopción de medidas en beneficio
de las víctimas del conflicto armado en el marco de la justicia transicional y
con miras a garantizar sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no
repetición. En particular, el derecho a la reparación integral prevé la
restitución de tierras despojadas, acompañada de la formalización de las
mismas, en beneficio de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado, con
el fin de dignificarlas y contribuir a la cesación de la vulneración masiva de
derechos a la que se enfrentan. Por lo anterior, esta Corporación ha advertido
que la restitución y formalización de tierras es un procedimiento especial y
preferente, como herramienta de construcción de paz, en el marco del cual se
han establecido unas reglas que permiten que su desarrollo sea más flexible y
expedito, dadas las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentran sus
destinatarios, entre las cuales se previeron reglas para la publicidad de las
actuaciones que se desplieguen, de tal forma que se garantice también la
participación y el derecho de defensa y contradicción de los terceros que
puedan verse afectados.
Así
las cosas, a continuación la Sala presenta el análisis de las circunstancias
fácticas y jurídicas que caracterizan al caso concreto bajo estudio, con el fin
de definir si la acción de tutela cumple con los requisitos para su
procedencia, y determinar si el juez accionado incurrió en los defectos
alegados por la parte activa.
5.
Análisis del caso concreto
La
Sala concluye que en el caso objeto de pronunciamiento se encuentran cumplidos
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y adicionalmente que, el juez accionado incurrió en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en defecto material o
sustantivo, al exigirle a la accionante la acreditación de la instalación de la
valla que señala el numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso.
En consecuencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
señora María, por lo que la Corte Constitucional debe adoptar medidas
dirigidas a conculcar dicha vulneración. A continuación se detallan las razones
que fundamentan esta conclusión.
5.1.
Requisitos generales de procedencia
(i)
De
acuerdo con el artículo 86 superior y los artículos 1º, 10 y 13 del Decreto Ley
2591 de 1991, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar la protección
inmediata de sus derechos, por sí misma o por quien actúe en su nombre, cuando
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública. Así, la abogada
adscrita a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tiene legitimación
en la causa por activa para interponer la acción de tutela objeto de
análisis, a partir del poder otorgado para ello[57], como
representante de  la señora María, quien afirma haber sufrido la
vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada. Por su parte, el Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución
de Tierras de Cúcuta tiene legitimación en la causa por pasiva, en tanto
se trata de la autoridad pública que se señala de haber desconocido los
derechos invocados en la acción de tutela.
(ii)
El
asunto bajo revisión es de relevancia constitucional, en tanto se
encuentra en discusión la posible vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia de una mujer víctima
de desplazamiento forzado, que está pretendiendo acceder a la restitución de
sus tierras como parte de su derecho a la reparación integral. Adicionalmente,
es necesario que la Corte Constitucional determine si en lo relacionado con la
publicidad del proceso de restitución y formalización de tierras cuando se
invoca una pretensión de pertenencia, es aplicable la ley general que establece
el Código General del Proceso, o la especial que regula la materia en la Ley
1448 de 2011.
(iii)
En
relación con el requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia de esta
Corte ha advertido que se dan dos escenarios: que el proceso haya concluido o
que esté aún en curso. Por regla general, el juez de tutela tiene restringida
su intervención cuando el proceso se encuentra en curso, con el fin de evitar
que la acción de tutela se convierta en un mecanismo alternativo o paralelo a
los previstos en la jurisdicción ordinaria[58].
Al respecto, la Corte Constitucional[59]
ha señalado que la acción de tutela es improcedente contra providencias
judiciales que no pongan fin a un proceso, como sucede en el caso bajo estudio.
No obstante, ha reconocido también que, en casos excepcionales la intervención
del juez constitucional resulta imperativa para proteger los derechos
fundamentales en riesgo, así el proceso no haya llegado a su fin. En ese
sentido, la jurisprudencia constitucional[60]
ha advertido que el juez de tutela puede intervenir en la órbita de la justicia
ordinaria cuando se presenten circunstancias especialísimas, esto es,
cuando “(…) encuentre que los derechos fundamentales de las partes se pueden
vulnerar por la actuación del operador judicial.”[61]
En
la Sentencia T-034 de 2017[62]
la Sala de Revisión Quinta asumió el estudio de una tutela contra providencia
judicial, en la que de forma similar al presente caso, se estaban cuestionando
autos emitidos por autoridad judicial en el marco de un proceso de restitución
de tierras. En dicha oportunidad, en relación con el requisito de
subsidiariedad, se concluyó que se daban las condiciones excepcionales en los
términos jurisprudenciales, para considerar procedente la acción de tutela
aunque el proceso se encontrara en curso, debido a que:
(a)
El
proceso de restitución de tierras tiene un carácter especial y único porque una
de sus partes involucra personas que han sido reconocidas como víctimas del
conflicto armado, y que su contenido versa sobre los derechos a la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas, y no
sólo sobre la reclamación de predios despojados, lo cual implica que las
actuaciones de los jueces deben estar sostenidas en la finalidad de dicho
procedimiento.
(b)
Se
trata de un procedimiento novedoso cuyas actuaciones no siempre se derivan de
los procedimientos ordinarios. Así por ejemplo, indicó que la Ley 1448 de 2011
no plantea la posibilidad de interponer el recurso de reposición contra las
decisiones que toma el juez de restitución de tierras, y sólo contempla dos
tipos de recursos: el de reposición contra la decisión de la UAEGRTD que niega
la inscripción en el RUV (artículo 157) y el de revisión de la sentencia
(artículo 92).
(c)
Los
accionantes y el Ministerio Público, en ese caso, presentaron el recurso de
reposición correspondiente pensando que se encontraban en el término para ello.
(d)
La
Sala encontró que los accionantes no interpusieron la tutela con el fin de
encubrir una negligencia ni para lograr la reapertura de una oportunidad
procesal fenecida, sino por considerar que el Tribunal demandado vulneró su
derecho fundamental al debido proceso por incurrir en una demora injustificada.
Así
las cosas, aplicando lineamientos similares, esta Sala de Revisión encuentra
que en el presente caso la acción de tutela es procedente por cuanto se trata
de: (i) un proceso de restitución y formalización de tierras, que como
ya se señaló previamente, es de carácter especial y único; (ii) el
problema jurídico que se pretende resolver con la presente providencia,
evidencia precisamente que, se trata de un procedimiento sobre el cual no
existe claridad, esto es la norma que se debe aplicar a los emplazamientos para
las solicitudes de restitución que están acompañadas por una declaración de
pertenencia; (iii) teniendo en cuenta que, la Ley 1448 de 2011 no prevé
la posibilidad de interponer recurso de reposición contra las decisiones que
toma el juez de restitución y que por lo tanto no era necesario acudir a dicho
recurso, la apoderada de la accionante presentó un memorial[63] en el que
le expresó al juez las razones por las cuales no podía cumplir con su
requerimiento, enfatizando en que, la Ley 1448 de 2011 contiene en el literal
e) del artículo 86 una regulación específica en lo relacionado con el
emplazamiento y la publicidad de las actuaciones procesales de restitución y
formalización de tierras despojadas; y, (iv) derivado de lo anterior, la
Sala encuentra que la pretensión de la parte activa no es encubrir una
negligencia ni tampoco reabrir términos procesales, sino por el contrario,
reafirmar su argumentación respecto de la presunta vulneración de derechos
fundamentales cometida por el juez instructor del proceso de restitución.
En
conclusión, en el caso bajo revisión se cumple con el requisito de
subsidiariedad, en los términos específicos que la jurisprudencia ha señalado
para que de forma excepcional, un juez de tutela pueda pronunciarse respecto de
providencias judiciales que no ponen fin a un proceso ordinario. Asimismo, como
lo indicaron los jueces de primera y segunda instancia, dada la gravedad del
asunto bajo estudio y la calidad de sujeto de especial de protección
constitucional que recae en la accionante, es imperante que el juez de tutela
intervenga para proteger de forma inmediata los derechos de acceso a la
justicia y debido proceso de la señora María, aun cuando la Unidad de
Restitución de Tierras no haya presentado el correspondiente recurso de
reposición para controvertir los pronunciamientos judiciales señalados,
teniendo en cuenta además que no hubo negligencia por parte de la apoderada,
sino que acudió al juez para presentar una justificación debida frente a la
imposibilidad de cumplir con su requerimiento.
(iv)
La
acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, ya que fue
interpuesta en un término razonable, el cual no pone en riesgo los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada. Los autos que se controvierten por medio
de esta acción datan del 31 de agosto y 11 de octubre de 2016, y ésta fue
elevada el 17 de febrero de 2017, es decir que transcurrieron 4 meses y 6 días
después de que se dictó la última providencia censurada.
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que, el cumplimiento de este
requisito debe analizarse en el caso concreto[64];
y, cuando se trata de una acción de tutela contra providencia judicial, éste
análisis se debe hacer de forma más estricta, analizando: (a) las posibilidades
de defensa en el mismo proceso judicial; (b) la diligencia del accionante; (c)
los posibles derechos de terceros que se han generado por el paso del tiempo[65]; y, en
otras oportunidades se ha estudiado también, (d) si se está en presencia de un
sujeto de especial protección constitucional o de una persona que se encuentre
en una situación de especial indefensión[66].
En
este sentido, para el caso concreto, la Sala encuentra que: (a) las
posibilidades de defensa en el marco del proceso de restitución de tierras es
limitado, en tanto la Ley 1448 no prevé la posibilidad de hacer uso de recursos
contra los autos emitidos por el Juez de restitución; (b) la accionante intentó
diligentemente atacar los autos emitidos por el Juez accionado por medio de la
presentación de un memorial; (c) dado que el proceso de restitución no se
encuentra finalizado, no hay derechos de terceros que puedan llegar a
afectarse; y, (d) la parte activa de la acción de tutela es una víctima del
conflicto armado, y como tal es un sujeto de especial protección
constitucional.
De
forma especial, la jurisprudencia ha reconocido que las víctimas de
desplazamiento forzado no pueden soportar las cargas y los tiempos procesales
ordinarios de la misma forma que el resto de la sociedad, dada la grave y
masiva afectación de derechos fundamentales que han sufrido como consecuencia
del hecho victimizante[67].
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, la actora está actuando en
el marco de un proceso especial de restitución de tierras, cuyo objetivo
comprende además la satisfacción de su derecho a la reparación integral. Vistas
así las cosas, la Sala concluye que es razonable el tiempo transcurrido entre
la emisión de los autos controvertidos y la presentación de la acción de tutela
contra ellos.
(v)
La
accionante, por medio de su apoderada, identificó de forma razonable los
hechos que generaron la vulneración de sus derechos, haciendo referencia a
los autos del 31 de agosto y 11 de octubre de 2016, y justificó sus razones
para considerar que los re querimientos hechos por el juez instructor en dichas
providencias, implican una vulneración al derecho al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de su poderdante. Ello por cuanto, el juez de
restitución exigió a la parte solicitante la instalación de una valla prevista
para el emplazamiento de la declaración de pertenencia ordinaria, en aplicación
de la normativa prevista para ello en el Código General del Proceso,
desconociendo la norma especial que consagra la Ley 1448 de 2011.
(vi)
La
acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela, ya que como se mencionó
previamente, se están controvirtiendo autos emitidos por el juez de tierras en
el marco de un proceso de restitución de tierras.
Así,
la Sala encuentra que se cumplen con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que procederá a
analizar los requisitos específicos.
5.2.
Requisitos específicos de procedibilidad
5.2.1.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
El
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del
Distrito Judicial de Cúcuta, por medio de Auto del 31 de agosto de 2016,
requirió a la Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de la señora María,
que acreditara el cumplimiento de lo señalado en el numeral 7 del artículo 375
del Código General del Proceso, en el marco del proceso de restitución y
formalización de tierras que se adelantaba ante ese despacho. El mencionado
artículo señala que en las demandas sobre declaración de pertenencia la parte
solicitante debe, con el fin de realizar el correspondiente emplazamiento,
instalar una valla en un lugar visible del predio objeto del proceso, que
contenga entre otros, la identificación del predio y del proceso, y los datos
de las partes demandante y demandada.
La
Unidad de Restitución de Tierras por su parte, le comunicó por medio de
memorial a dicho juzgado que no podía dar cumplimiento a este requerimiento
teniendo en cuenta que dadas las circunstancias especiales en que se desarrollan
los procesos de restitución de tierras, esto es en el contexto de conflicto
armado, no resultaba viable instalar una valla que contenga la identificación
de la víctima. Adicionalmente, señaló que la Ley 1448 de 2011 como norma
especial aplicable a estos procesos, contiene en el literal e) del artículo 86
la regulación relativa a la publicidad y emplazamientos, que garantizan el
derecho a la defensa y contradicción de los terceros que puedan resultar
afectados. El 11 de octubre de 2016, la autoridad judicial accionada reiteró el
requerimiento, advirtiendo que en este caso, con el fin de proteger la
identidad de la víctima, se instalara la valla indicando que la parte
demandante es la Unidad de Restitución de Tierras; y mencionó además que, dado
que en el presente proceso existe una pretensión de restitución de tierras
acumulada con la pretensión de declaración de pertenencia, la norma aplicable era
el artículo 375 del Código General del Proceso.
La
expresión formalización de tierras es utilizada por el Legislador con el
fin de darle una connotación diferente a la usucapión ordinaria, partiendo de
la necesidad de adoptar un proceso excepcional frente a la situación de
violencia en que se enmarca el desplazamiento forzado. En ese sentido, el
artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 señala que, la reparación integral de los
despojados y desplazados se materializa mediante la restitución jurídica y
material del inmueble despojado, y cuando ello no sea posible procederá la
restitución por equivalente o el reconocimiento de una compensación. Por su
parte, la restitución jurídica, se realiza con el restablecimiento de los
derechos de propiedad o posesión según sea el caso. Cuando se busca el
restablecimiento del derecho de posesión, éste puede ir acompañado con la
declaración de pertenencia. Esto último es lo que se pretende en el caso objeto
de estudio, es decir, la accionante busca que como parte de la restitución
jurídica del bien que alega despojado, se declare la pertenencia. Encuentra la
Sala que, al hacer una interpretación orgánica de este artículo y del principio
de seguridad jurídica consagrado en el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, la
declaración de pertenencia hace parte integral del proceso de restitución de
tierras regulado en la citada ley.
Ahora
bien, la publicidad y la participación de los terceros en el proceso de
restitución y formalización están garantizadas por medio de la publicación que
se hace bajo lo señalado en el literal e) del artículo 86 de la Ley 1448 de
2011, que como se advirtió, esta misma Corte ha considerado que, dispone una regla
suficiente para garantizar que cualquier persona, determinada o indeterminada,
pueda ejercer sus derechos de contradicción e intervenir en el proceso de
restitución si considera que sus derechos están siendo vulnerados o amenazados,
con la restitución y formalización de un predio despojado.
En
este sentido, la Sala concluye que para el caso concreto, no es aplicable el
numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso porque no se trata de
un proceso de pertenencia ordinario, sino que está acumulado, es decir
enmarcado, en el proceso de restitución regulado por la Ley 1448 de 2011. Así,
el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
del Distrito Judicial de Cúcuta incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al poner el derecho procedimental por encima del derecho
sustantivo, que en este caso se fundamenta en la protección especial prevista
para las víctimas del conflicto armado y en específico, para quienes han sido
despojadas o desplazadas de sus tierras, ya que ello altera la naturaleza
especial y expedita de dicha normatividad. Ello teniendo en cuenta que, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que uno de los escenarios en que se presenta
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, es aquel en el cual la
autoridad judicial exige el cumplimiento de requisitos formales
irreflexivamente convirtiéndolas en cargas imposibles de cumplir para las
partes[68].
En
el caso bajo estudio, el juez de tierras, en la búsqueda de aplicar las reglas
procesales que consideró pertinentes para el asunto, terminó imponiendo a la víctima
una carga excesiva y desproporcionada, que en el contexto específico del
proceso de restitución de tierras no es posible cumplir, dado que por las
circunstancias en que se dio el hecho victimizante del desplazamiento, exponer
la identidad de la víctima puede implicar un riesgo para su integridad, y,
adicionalmente, implicaría la inversión de esfuerzos económicos y humanos que
no pueden ser asumidos en cabeza de la víctima, ni de la Unidad de Restitución
de Tierras como apoderada.
Así, el juez de restitución de tierras, debe
contemplar que un proceso de esta naturaleza se enmarca en un contexto
específico de conflicto armado que implica una serie de riesgos para las
víctimas, y que como funcionario judicial tiene el deber de tomar todas las
medidas necesarias para proteger a la víctima. En este caso, es claro que
exigir la instalación de una valla implica no sólo la exigencia de una
formalidad excesiva, sino que además va en contravía del sentido que tiene la
ley de restitución, como una herramienta sumaria y preferente para evitar que
la vulneración masiva de derechos fundamentales de la que son objeto las
personas víctimas de la violencia se perpetúe.
Por otra parte, la Corte Constitucional ha
considerado que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se
configura cuando concurren cuatro elementos[69]:
(i) Que no exista posibilidad de
corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela. Al respecto, como ya se mencionó
en el apartado relativo al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en este caso, la
apoderada de la accionante no acudió al recurso de reposición de los autos
emitidos por la autoridad judicial accionante, sin embargo, si presentó un
escrito en el que expuso las razones por las cuales no podía dar cumplimiento a
su requerimiento, ante el cual el juez insistió en que el numeral 7 del
artículo 375 del Código General del Proceso resultaba aplicable a este caso,
por tratarse de una pretensión de pertenencia. Es decir, la parte activa
intentó, acudiendo directamente a la autoridad judicial, advertir el posible
defecto en el que estaba incurriendo, pero no fue suficiente para que el juez
dejara de exigir la acreditación de la instalación de la valla, de forma que no
se pudo corregir la irregularidad.
(ii) Que el defecto tenga una incidencia
directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos
fundamentales. Como se ha señalado hasta ahora, el juez accionado
consideró que, al estar frente a una solicitud de restitución de tierras
acumulada con una pretensión de declaración de pertenencia, la norma aplicable
sería la contenida en el Código General del Proceso. A partir de dicha
consideración, exigió en los dos autos señalados, la instalación de una valla
como mecanismo de emplazamiento. Así, el defecto consistente en la exigencia
excesiva de una ritualidad procesal se refleja en los requerimientos contenidos
en dichos autos y ello termina afectando los derechos al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de la accionante.
(iii) Que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible.
Como se mencionó previamente, la Unidad de Restitución de Tierras como
apoderada de la accionante, se pronunció en el marco del proceso de restitución
y formalización, alegando la imposibilidad de cumplir con la exigencia hecha
por el juez de restitución, en relación con la instalación de la valla del
artículo 375 del Código General del Proceso.
(iv) Que como consecuencia de lo
anterior se presente una vulneración de los derechos fundamentales. En los
términos expuestos, la exigencia hecha por el juez de restitución en los autos
controvertidos, pone en riesgo la materialización y garantía de los derechos
que tiene la accionante como víctima del conflicto armado, y adicionalmente, se
constituye como un obstáculo para su acceso a la administración de justicia y
una violación del debido proceso.
Lo
anterior implica entonces que, cuando se trata de un proceso de restitución de
tierras en el cual se acumula una pretensión de declaración de pertenencia para
la correspondiente formalización, el juez de tierras no puede exigir la carga
adicional a la víctima, que implica la instalación de la valla que señala el
numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso, porque al hacerlo
incurre en  un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que
sacrifica los derechos constitucionales de las víctimas, entendiendo al
restitución y formalización de tierras despojadas como un componente
fundamental del derecho a la reparación integral.
5.2.2.
Defecto material o sustantivo
El
artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 indica que la restitución de tierras implica
una fase material y otra jurídica. La fase jurídica se ha entendido, como se
señaló previamente, como la formalización y se da por la adjudicación de
baldíos o por la declaración de pertenencia. Así, señala que en el caso del
derecho de posesión, su restablecimiento puede acompañarse con la declaración
de pertenencia “(…) en los términos señalados en la ley.”
Al
respecto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, consideró en los autos del 31 de
agosto y 11 de octubre de 2016, reiterado en la contestación de la tutela que,
la pretensión de pertenencia, a pesar de estar acumulada a la solicitud de
restitución de tierras despojadas, debe regularse por medio de lo contenido en
el Código General del Proceso. Es decir, entendió que cuando el artículo 72 de
la Ley 1448 de 2011 menciona que la declaración de pertenencia se realizará en
los términos señalados en la ley, se refiere a la norma general contenida en el
Código General del Proceso para el desarrollo de estos procesos ordinariamente.
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional, como se señaló previamente, ha
considerado que un defecto material o sustantivo se presenta cuando los jueces
aplican una norma inaplicable al caso o dejan de aplicar la que lo es, para lo
cual ha establecido unas causales que ya fueron descritas en el apartado 3 de
esta providencia. En el caso concreto, la Sala encuentra que el juez de
restitución incurrió en este defecto porque su actuación se enmarca en dos de
dichas causales, como se expone a continuación:
(i) “[C]uando la
decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable, porque a) no es
pertinente, (…) e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es
constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó (…).”[70] En
el caso objeto de estudio, el requerimiento contenido en los autos del 31 de
agosto y 11 de octubre se basó en una norma inaplicable al caso concreto porque
no es pertinente y a pesar de estar vigente, no se adecúa a la situación
fáctica a la cual se aplicó.
Es
decir, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, en los autos controvertidos por medio
de la acción de tutela objeto de estudio, incurrió en un defecto material o
sustantivo al exigirle a la parte solicitante de la restitución y formalización
de tierras despojadas, el cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del
artículo 375 del Código General del Proceso, la cual es una norma vigente que
regula la forma en que se debe realizar el emplazamiento en el marco de una
demanda de pertenencia ordinaria de bienes privados. Incluso, la misma norma
prevé que dichas reglas son aplicables salvo que exista una norma especial[71].
Es
importante señalar que, la autoridad judicial accionada,
insistió en que la valla debía instalarse con la omisión de los datos de la
víctima, y frente a ello, los jueces de primera y segunda instancia que
conocieron de la acción de tutela bajo análisis, consideraron que la
vulneración del debido proceso de la víctima estaba dada por el riesgo que
implicaba la inclusión de sus datos personales en la valla, y así concluyeron
que el artículo 375 del Código General del Proceso le era aplicable al caso, en
consideración a que se trata de una solicitud de pertenencia, y asumieron su
procedencia de forma aislada a la solicitud de restitución de tierras. No
obstante, como se ha venido señalando, la Sala encuentra que la vulneración no
está dada solamente por la inadvertencia de proteger los datos de la actora en
su calidad de víctima del conflicto armado, sino más bien por la aplicación de
una norma que no es pertinente ni se adecúa a la situación fáctica concreta,
enmarcada en un procedimiento especial, destinado a garantizar los derechos de
las víctimas de despojo y desplazamiento forzado, y que en consecuencia, genera
la vulneración al debido proceso de la actora, como efecto de la incursión del
Juez de Restitución en un defecto material o sustantivo.
En
este sentido, la declaración de pertenencia solicitada por la accionante no es
ordinaria, sino que se enmarca en el proceso de restitución y formalización de
tierras despojadas, como parte del derecho a la reparación integral de las
víctimas del conflicto armado, y en ese sentido, la norma procesal del Código
General del Proceso no se adecúa a la situación fáctica del caso concreto, ya
que en este caso no se trata de una controversia simplemente sobre el derecho
de posesión, sino que se enmarca en una serie de medidas que se han previsto
para la protección de un grupo específico caracterizado por la vulneración
masiva de sus derechos, y cuya finalidad es la reparación integral. Asimismo,
dicha norma no es pertinente, al existir una norma especial, diseñada para ser
aplicable en el contexto de la justicia transicional.
(ii)
“[C]uando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso
concreto.” [72]
En
el asunto que se analiza, el juez de tierras, al aplicar la norma contenida en
el Código General del Proceso, desconoció la especialidad y preferencia que
tiene la aplicación de la Ley 1448 de 2011, entendida como un conjunto de
medidas específicas cuyo objetivo es precisamente la garantía de los derechos
de las víctimas, y la dignificación de las mismas, frenando cualquier tipo de
obstáculo que pueda llegar a implicar una revictimización, impidiendo su acceso
a la justicia. Es decir, la autoridad judicial accionada, al insistir en el
requerimiento realizado a la Unidad de Restitución de Tierras en calidad de
apoderada de la accionante, en efecto, termina desconociendo que la Ley 1448 de
2011 es la norma especial y preferente que se debe aplicar a los procesos de
restitución de tierras, bajo el entendido de que la pretensión de declaración
de pertenencia corresponde a la restitución jurídica del bien despojado, en el
marco de la garantía del derecho a la reparación integral de las víctimas de
desplazamiento y despojo.
Adicionalmente,
al hacer una interpretación sistemática de la Ley 1448 de 2011, y en aplicación
del principio de seguridad jurídica que rige la restitución de tierras (numeral
5 artículo 73), las medidas enmarcadas en esta acción deben dirigirse a
garantizar la seguridad jurídica y propender por la titulación de la propiedad.
En el caso bajo estudio, se debe entender que la declaración de pertenencia se
constituye como la formalización de la restitución de tierras en su elemento
jurídico, que hace parte del mismo proceso de restitución de tierras, el cual
no se limita únicamente a la restitución material del bien, sino que busca la
estabilización jurídica del mismo.
Las
dos pretensiones no pueden verse de forma aislada, por el contrario se enmarcan
en el contexto de la Ley 1448 de 2011 como norma especial, en el plano de la
justicia transicional. Ello implica que las formalidades y exigencias de las
normas ordinarias se flexibilizan, toda vez que en este caso no está en
controversia únicamente el derecho de posesión, sino que se trata de una medida
de reparación integral, cuyo objetivo es dignificar a las víctimas del
conflicto armado, por lo que el procedimiento que se aplique no puede
convertirse en un obstáculo para la realización de los derechos de las
víctimas. Se trata de un proceso especial, expedito y de interés público.
En
este sentido, los jueces de restitución de tierras deben contemplar que cuando
se trata de un proceso de restitución acompañado de la solicitud de declaración
de pertenencia, éste sigue enmarcándose en las medidas especiales previstas en
la Ley 1448 de 2011, haciendo una interpretación sistemática de dicha ley.
Especialmente, en materia de emplazamientos y traslado de la solicitud, las
normas aplicables son los artículos 86 y 87 de dicha ley, por lo que no resulta
pertinente el contenido del artículo 375 del Código General del Proceso, que
desconoce los procedimientos que el legislador previó en la norma especial, con
el fin de garantizar la materialización de los derechos de las víctimas y la
construcción de la paz en general. De lo contrario, se estaría incurriendo en
la imposición de una carga adicional para las víctimas, ya sea que estén o no
representadas por la Unidad de Restitución de Tierras.
5.3.
Conclusión
Esta
Sala de Revisión encontró que la presente acción de tutela resulta procedente
al cumplir con los requisitos generales y especiales de procedibilidad
establecidos jurisprudencialmente para la acción de tutela contra providencias
judiciales. Quedó señalado entonces que, la autoridad judicial accionada
incurrió en dos defectos: por una parte el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y por otro, el defecto material o sustantivo.
Para
concluir lo anterior, la Sala halló que, el Juez Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cúcuta, por
medio de los autos del 31 de agosto y 11 de octubre de 2016 requirió a la
Unidad de Restitución de Tierras como apoderada de la señora María, la
acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 375
del Código General del Proceso, en el marco del proceso de restitución y
formalización de tierras que adelantaba, el cual exige realizar el
emplazamiento correspondiente a la demanda de pertenencia, por medio de la
instalación de una valla en un lugar visible del predio, con la identificación
de la parte demandante y del proceso, entre otros.
Bajo
los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia, en primer lugar,
el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras del Distrito
Judicial de Cúcuta, incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto derivado de haber requerido a la parte actora el cumplimiento de una
norma procesal contenida en el Código General del Proceso, desconociendo que en
su calidad de víctima del desplazamiento forzado es beneficiaria de las medidas
especiales de la Ley 1448 de 2011, cuyo objetivo principal es la garantía y
materialización de los derechos de este grupo poblacional, y en ese sentido,
priorizó el cumplimiento de las normas procesales por encima del derecho
sustantivo, por lo que afectó el derecho al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la accionante.
En
segundo lugar, incurrió en un defecto material o sustantivo porque consideró
que la norma aplicable en este caso era la del Código General del Proceso,
desatendiendo las circunstancias fácticas del caso concreto, y dejando de
aplicar la Ley 1448 de 2011 como norma especial, al considerar que la
pretensión de declaración de pertenencia acumulada a la de restitución de
tierras despojadas, debía tramitarse de forma aislada con base en la regulación
ordinaria, omitiendo que, dicha declaración es la fase jurídica de la
restitución de tierras, como parte del derecho de reparación integral en cabeza
de la actora, al ser víctima del conflicto armado. Como se señaló previamente,
la Corte Constitucional ha establecido que la Ley 1448 de 2011 es una norma especial,
que prevé la formalización de la tierra como una medida para garantizar
jurídicamente la restitución, y en ese sentido es fundamental que los jueces de
restitución se pronuncien no sólo respecto de la entrega material de los bienes
despojados, sino que además resuelvan lo necesario para garantizar la
formalización.
De
manera que, la Sala concluye que en el caso concreto el Juez Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de
Cúcuta vulneró los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la señora María, quien busca no solo la restitución de un
bien inmueble despojado como víctima de desplazamiento forzado, sino que además
pretende la formalización por medio de la declaración de pertenencia. Por lo
cual, resulta necesario tomar medidas para subsanar dicha vulneración y
garantizar que la accionante pueda continuar en el proceso de restitución y
formalización de tierras que ha dado inicio ante la señalada autoridad judicial,
con las garantías procesales y judiciales que requiere.
En
consecuencia, esta Sala de Revisión confirmará los fallos de primera y segunda
instancia en relación con el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia de la accionante, pero por
razones diferentes a las adoptadas por estas autoridades judiciales, quienes
consideraron que la vulneración se podía aplacar omitiendo los datos de la
solicitante, pero que no se debía omitir la exigencia de la valla en aplicación
del artículo 375 del Código General del Proceso, toda vez que el problema
jurídico evidenciado no está relacionado únicamente con la protección de los
datos personales de la actora en el caso concreto, sino que supone la aplicación
de una norma general por encima de la especial. Adicionalmente, se dejará sin
efectos parciales los Autos del 31 de agosto y 11 de octubre de 2016 emitidos
por la autoridad judicial accionada, y en su lugar, se ordenará que se dicte
una nueva providencia en la que se tenga en cuenta que la norma aplicable es la
Ley 1448 de 2011 y no el Código General del Proceso.
III.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
CONFIRMAR el
fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
el 6 de abril de 2017, que confirmó la decisión de primera instancia de la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, dictada el 28 de febrero de 2017, en la acción de
tutela instaurada por María por intermedio
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (en adelante Unidad de Restitución de Tierras), contra el Juzgado
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito
Judicial de Cúcuta, el cual TUTELÓ la protección de su derecho fundamental
al debido proceso. No obstante, el amparo se concederá por razones diferentes, en
los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.-
DEJAR SIN EFECTOS parcialmente,
los autos del 31 de agosto y 11 de octubre de 2016 emitidos por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito
Judicial de Cúcuta, en lo relativo a los requerimientos dirigidos a la Unidad
de Restitución de Tierras como apoderada de la señora María, para que
acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 375 del
Código General del Proceso.
TERCERO.- Líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente en uso de permiso
ROCÍO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e)
[1] En razón a que en la presente providencia
se analiza el caso de una víctima de desplazamiento forzado y que actualmente
actúa como reclamante de tierras, la Sala considera necesario cambiar los
nombres reales de las personas y los lugares involucrados por otros ficticios,
con el fin de proteger su identidad e integridad personal, los cuales estarán
escritos en letra cursiva.
[2] La Sala de Selección Número Seis
estuvo conformada por las magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado y Diana
Fajardo Rivera.
[3] Folio 1.
[4]“ e) La publicación de la
admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con
inclusión de la identificación del predio y los nombres e identificación de la
persona quien abandonó el predio cuya restitución se solicita, para que las
personas que tengan derechos legítimos relacionados con el predio, los
acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas
con el predio, así como las personas que se consideren afectadas por la
suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al proceso
y hagan valer sus derechos.”
[5] Artículo 375. “Declaración
de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia de
bienes privados, salvo norma especial, se aplicarán las siguientes reglas: (…)
// 7. El demandante procederá al emplazamiento en los términos previstos en
este código y deberá instalar una valla de dimensión no inferior a un metro
cuadrado, en lugar visible del predio objeto del proceso, junto a la vía pública
más importante sobre la cual tenga frente o límite. La valla deberá contener
los siguientes datos: // a) La denominación del juzgado que adelanta el
proceso; b) El nombre del demandante; c) El nombre del demandado; d) El número
de radicación del proceso; e) La indicación de que se trata de un proceso de
pertenencia; f) El emplazamiento de todas las personas que crean tener derechos
sobre el inmueble, para que concurran al proceso; g) La identificación del
predio. // Tales datos deberán estar escritos en letra de tamaño no inferior a
siete (7) centímetros de alto por cinco (5) centímetros de ancho. // Cuando se
trate de inmuebles sometidos a propiedad horizontal, a cambio de la valla se
fijará un aviso en lugar visible de la entrada al inmueble. // Instalada la
valla o el aviso, el demandante deberá aportar fotografías del inmueble en las
que se observe el contenido de ellos. // La valla o el aviso deberán permanecer
instalados hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. // Inscrita la
demanda y aportadas las fotografías por el demandante, el juez ordenará la
inclusión del contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de
Procesos de Pertenencia que llevará el Consejo Superior de la Judicatura, por
el término de un (1) mes, dentro del cual podrán contestar la demanda las
personas emplazadas; quienes concurran después tomarán el proceso en el estado
en que se encuentre. (…)”
[6] Por medio del Auto del 31 de
agosto de 2016, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Cúcuta, señaló además: “Requiérase a la Direcciòn
de la Administración Judicial de Cúcuta, para que dentro de los tres (3) días
siguientes al recibo de la comunicación, de cumplimiento a lo ordendo en auto
del 02 de junio de 2016 reiterado con providencia del de [sic] 21 de
junio de la anualidad que avanza, informando además, para los efectos legales a
que haya lugar, los motivos por los cuales no remitió la información allí
solicitada. // Del dictamen allegado por el Instituto Geográfico Agustin
Codazzi visible del folio 418 a 454 de este cuaderno, se corre traslado a los intervinientes
por el término de tres días. // Obre en autos las anteriores publicaciones
allegadas por parte de la solicitante, las cuales contienen el emplazamiento
ordenado en el numeral vigésimo sexto del auto de 2 de febrero de 2016, en
consecuencia por la secretaría de este despacho, incorpórese dichas
publicaciones en el registro de que trata el inciso 5º del artículo 108 del
Código General del Proceso.” Folio 11.
[7] Folio 11.
[8] El Juzgado Segundo Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras, requirió además, en el Auto
del 11 de octubre de 2016, a la Dirección de la Administración Judicial de
Cúcuta, para que dé cumplimiento a lo ordenado en los autos del 2 y 21 de
junio, y del 31 de agosto del 2016. Folio 14.
[9] Folio 14.
[10] Adicionalmente en dicho Auto, la
autoridad judicial accionada requirió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Cúcuta y al Jefe de la Oficina Judicial Dirección Ejecutiva Seccional
Administración de Cúcuta, para que alleguen información solicitada previamente
en relación con el proceso de restitución que se adelanta. Folio 75, Cuaderno
3, CD 1.
[11] Folio 475, Cuaderno 3, CD 1.
[12] En el Auto del 17 de febrero de
2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Cúcuta, requirió además al Jefe de la Oficina Judicial Dirección
Ejecutiva Seccional Administración de Cúcuta para que dé cumplimiento a lo
ordenado en el Auto del 1º de febrero de 2017.
[13] Folio 485, Cuaderno 3, CD 1.
[14] Folio 4.
[15] Folio 3.
[16] Folio 3.
[17] Folio 11.
[18] Folio 14.
[19] Folios 12 a 13.
[20] Folio 24.
[21] Folios 34 y 35.
[22] Inciso 4° del artículo 72 de la
Ley 1448 de 2011. “La restitución jurídica del inmueble despojado se
realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión,
según el caso. El restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el registro
de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del derecho de
posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de
pertenencia, en los términos señalados en la ley.”
[23] Inciso 4° del artículo 72 de la
Ley 1448 de 2011. “La restitución jurídica del inmueble despojado se
realizará con el restablecimiento de los derechos de propiedad o posesión, según
el caso. El restablecimiento del derecho de propiedad exigirá el registro de la
medida en el folio de matrícula inmobiliaria. En el caso del derecho de
posesión, su restablecimiento podrá acompañarse con la declaración de
pertenencia, en los términos señalados en la ley.”
[24] Sentencia C-590 de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[25] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Reiterada en la Sentencia T-453 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[26] Defecto
orgánico: “Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello”. Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Este defecto ha sido analizado
en las sentencias: SU-173 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-549
de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-548 de 2016. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-461 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-293 de 2016.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-488 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; entre otras.
[27] Defecto
procedimental: “Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.” Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
M.P. Jaime Córdoba Triviño. Esta Corporación se ha pronunciado sobre esta
causal en las sentencias: T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
T-450 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-386 de 2010. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla; T-443 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[28] Defecto fáctico: “Surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.” Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Esta
causal de procedencia ha sido abordado en las sentencias T-549 de 2016. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-548 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-461 de 2016.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-293 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-488 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio
Estrada; T-902 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; entre otras.
[29] Defectos
material y sustantivo: “Son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales [T-522 de 2001] o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.” Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Este
defecto ha sido caracterizado en las sentencias: T-549 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-031 de
2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-1045 de 2012. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SU-448 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo; entre otras.
[30] Error
inducido: “Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.” Corte Constitucional, Sentencia
C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Esta causal ha sido analizada
en las sentencias: SU-014 de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-844
de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-863 de 2013. M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-145 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; entre otras.
[31] Decisión sin
motivación: “Implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.” Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime
Córdoba Triviño. Esta Corporación ha caracterizado este defecto en la
sentencia: T-302 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño; entre otras.
[32] Desconocimiento
del precedente: “Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.” Corte
Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Al
respecto, ver las sentencias T-111 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-292
de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-047 de 1999. M.P. Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero; y, C-104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; entre otras.
[33] Violación directa de la
Constitución: “Estos eventos en que procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y
la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si
bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P.
Jaime Córdoba Triviño. Esta causal ha sido analizada en las sentencias T-145 de
2017. M.P. María Victoria Calle Correa; T-809 de 2010. M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; T-747 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-555 de 2009. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
entre otras.
[34] “(…) se han reconocidos dos
modalidades de defecto procedimental, uno absoluto, que se produce cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecidos para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un
trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación
del asunto, u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso. Y un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
que tiene lugar cuando el funcionario arguye razones formales a manera de
un impedimento, que sobrevienen en una denegación de justicia.” Sentencia
T-386 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[35] T-104 de 2014. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-747 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt y T-591 de 2011. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] Sentencia SU-636 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[37] Sentencia T-264 de 2009. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
En igual sentido consultar las sentencias C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba
Triviño y T-737 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[38] Sentencia T-926 de 2014. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[39] Sentencia T-034 de 2017, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[40] Sentencias T-429 de 2011. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SU-355 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
[41]  Sentencias SU-159
de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-043 de 2005. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-295 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-657 de 2006.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-686 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-743 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-033 de 2010. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-792 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-195 de
2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-399 de 2012. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; SU-949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; SU-416 de 2015.
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[42] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[43] Sentencias SU-949 de 2014. M.P. María Victoria
Calle Correa
y T-416 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[44] “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.”
[45] Artículos 1 y 3 de la Ley 1448
de 2011.
[46] Sentencia C-330 de 2016. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[47] Sentencia C-330 de 2016. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[48] Sentencia C-330 de 2016. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[49] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[51] Sentencia T-034 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52] Sentencias C-820 de 2012. M.P. Mauricio
González Cuervo; C-794 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-666 de 2015.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y T-034 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[53] Sentencias C-715 de 2012. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; C-099 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa;
T-679 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-034 de 2017. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[54] “[E]l índice municipal de
formalidad estimada por la UPRA con base en el ICARE, solo 71 municipios (6%)
tiene un grado de formalidad entre el 75 y 100%; 276 municipios (25%) alcanzan
entre el 50 y el 75% de formalidad. El grado de formalidad del resto de los
municipios, 506 (45%), oscila entre 0 y el 50%, 325 municipios (29%) entre el
25 y el 50%, y 181 (16%) entre el 0 y el 25%”. Departamento Nacional de
Planeación. El campo colombiano: Un camino hacia el bienestar y la Paz. Informe
detallado para la misión para la transformación del campo. 2015.
[55] Sentencia T-034 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[56] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
En este caso la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, asumió el conocimiento de una
acción de tutela contra providencia judicial, en el marco de la cual se
abordaron dos problemas jurídicos: (i) “¿puede un juez en el marco de un
proceso penal ordenar a un juez especializado de restitución de tierras, que
suspenda un proceso de dicha naturaleza como medida cautelar para proteger los
derechos de las víctimas de una conducta punible.”; y, (ii) “¿incurre en
alguna causal específica de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales un auto mediante el cual un juez de restitución de tierras dad
cumplimiento a la orden de un juez penal, consistente en suspender un proceso
de restitución de tierras, y no verifica que se cumplan los requisitos
previstos en las normas civiles para decretar la suspensión?”. Con el fin
de resolver estos interrogantes, la Corte Constitucional consideró primero, la
procedencia excepcional de las acciones de tutela contra providencias
judiciales; segundo, expuso la naturaleza y marco normativo de la acción de
restitución de tierras, donde analizó entre otros aspectos, que este proceso a
pesar de su brevedad contiene garantías suficientes para la intervención de los
terceros interesados, reiterando los pronunciamientos de la Sentencia C-099 de
2013 (M.P. María Victoria Calle Correa); tercero, analizó la naturaleza de
la acción penal y la adopción de medidas provisionales en audiencias de
restablecimiento de derechos; y, cuarto, se aproximó el caso concreto.
[57] Folio 22.
[58] Sentencia T-034 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[59] Sentencias T-425 de 2004. M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-083 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería; y, T-113 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Sentencias C-543 de 1992. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; T-394 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos; y,
T-034 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[61] Sentencia T-034 de 2017. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[62] En esta oportunidad, la
Corporación Jurídica Yira Castro, en representación de un grupo de solicitantes
de restitución de tierras despojadas, interpuso acción de tutela contra un auto
emitido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior de Antioquia, por medio del cual se negó a pronunciarse de fondo sobre
el asunto al considerar que hubo errores en la notificación de algunos
opositores determinados en el marco del proceso. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[63] Folios 12 y 13.
[64] Sentencias SU-961 de 1999. M.P.
Vladimiro Naranjo; T- 981 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-399-16,
M.P. Alejandro Linares Cantillo; y SU-499 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[65] Sentencia T-1140 de 2005. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra. Reiterada en la Sentencia T-265 de 2009. M.P.
[66] Sentencias T-322 de 2008. M.P. Jaime Córdoba
Triviño; T-265 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-069 de 2015. M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez; y SU-499 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[67] Sentencias T-743
de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-040 de 2015. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-332 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-305 de 2016. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y, T-404 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; entre
otras.
[68] Sentencia SU-636 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa.
[69] Sentencia T-264 de 2009. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
En igual sentido consultar las sentencias C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba
Triviño y T-737 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[70] Sentencia SU-416 de 2015. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[71] Artículo 375. “Declaración
de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia de
bienes privados, salvo norma especial, se aplicarán las siguientes
reglas: (…)” (Negrita fuera del texto original)
[72] Sentencia SU-416 de 2015. M.P.
Alberto Rojas Ríos.