T-451-18
Sentencia T-506/12
Sentencia
T-451/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que los jueces de instancia dentro de
un proceso ejecutivo declaran como no probadas las excepciones de prescripción
y contrato no cumplido
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
PROCESO DE EJECUCION-Naturaleza
PROCESO DE EJECUCION-Finalidad
PROCESO DE EJECUCION-Relación con el título ejecutivo
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION EN PROCESOS EJECUTIVOS-Importancia
Se activa el sistema de
garantías procesales con el que cuenta para el ejercicio de sus derechos de
defensa y de contradicción, a saber: i) una vez se libra el mandamiento de pago en contra del
ejecutado en primera instancia, la discusión sobre los requisitos formales del
título solo podrá hacerse mediante la presentación del recurso de reposición
contra esa providencia. Con posterioridad no se admitirá ninguna controversia
sobre el mencionado aspecto; ii) la formulación de excepciones
previas y la solicitud del beneficio de excusión se realiza a través de la
presentación de recurso de reposición contra la orden de pago; iii) el ejecutado también puede formular
excepciones de mérito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
del mandamiento ejecutivo
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION EN PROCESOS EJECUTIVOS-Naturaleza de la excepción de prescripción
extintiva/DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION EN PROCESOS EJECUTIVOS-Interrupción
de la prescripción extintiva
La prescripción que extingue las acciones y
derechos ajenos, exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se
hayan ejercido tales acciones, tiempo que se cuenta desde que la obligación se
haya hecho exigible. Dicho término es de 5 años para el caso de las acciones
ejecutivas, según lo dispuesto en el artículo 2536 del mismo cuerpo normativo,
disposición que, además, indica que una vez interrumpida o renunciada una
prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término. El
artículo 2539 de esa normatividad prevé dos formas de interrumpir la
prescripción extintiva, esto es, de manera natural y civil. La primera, por el
hecho de reconocer el deudor la obligación, sea expresa o tácitamente; la
segunda, por la demanda judicial.
EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO-Naturaleza
EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO-Facultad de solicitar la resolución o el cumplimiento del
contrato
EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO O EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS-Características
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto autoridades judiciales
incurrieron en defecto sustantivo por indebida interpretación de la excepción
de contrato no cumplido en contrato de transacción
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto autoridades judiciales
incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la
excepción de contrato no cumplido en contrato de transacción
Referencia: Expediente
T-6.754.751
Acción de
tutela instaurada por el señor Rafael Antonio Milla Comitre contra la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 46
Civil del Circuito de la misma ciudad.
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Octava de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal
Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los
fallos dictados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación en segunda
instancia, en la acción de tutela instaurada por el señor Rafael Antonio Milla
Comitre contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y el Juzgado 46 Civil del Circuito de la misma ciudad.
I.
ANTECEDENTES
Hechos[1]
1.   El señor Rafael Antonio Milla Comitre interpuso
acción de tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso, “en conexidad con los principios de seguridad jurídica
administrativa, transparencia administrativa, buena fe, non bis in ídem, cosa
juzgada y el código único disciplinario en sus artículos 30 y 38”, con la
decisión adoptada por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso
ejecutivo n.° 2011-00444 instaurado por Isabel García Barón en su contra.
2.   Señaló que las señoras Yezmín Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid
Name[2] tenían pendiente una obligación por
$50.000.000 con la señora Isabel García Barón, garantizados en el cheque n.°
4446223 del Banco de Bogotá.
3.   Sostuvo que el 3 de diciembre de 2007, Yezmín Nabulsi Abusaid, Isabel
García Barón y él, suscribieron un contrato de transacción con el fin de
cancelar la deuda, a través del cual Yezmín Nabulsi Abusaid se comprometió a
entregar a la acreedora un automóvil de propiedad del accionante[3] marca Citroen, modelo 2003 y placa
BNK817. A su vez, la señora García Barón devolvería a las obligadas el título
valor[4] que
permitió el inicio del proceso ejecutivo n.° 11001310300120070056200 ante el
Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá.
4.   Indicó que él como propietario del automotor[5], entregó el documento de traspaso,
quedando con la obligación de suscribirlo dentro de los 90 días siguientes a la
entrega del vehículo y una vez la señora Isabel García Barón devolviera el
cheque.
5.   Según el accionante la señora García Barón retiró la demanda que
cursaba en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, pero no devolvió el
cheque y, por el contrario, presentó otras demandas ejecutivas con el fin de
obtener el pago de dicho título valor. Tales procesos fueron: i) el
radicado con el n.° 11001310300420080005800 ante el Juzgado 4º Civil del
Circuito de Bogotá que finalizó con la sentencia proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá el 20 de septiembre de 2010, que declaró
probadas las excepciones de “pago total de la obligación” y “cobro de
lo no debido”; ii) el n.° 11001310301020110026500 en el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, demanda que fue inadmitida; y iii) y los radicados con n.° 1100131030192011002400 y
11001310301920110041300 ante el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá,
demandas que también fueron inadmitidas.
6.   Refirió que posteriormente[6] la
señora Isabel García Barón presentó una demanda ejecutiva en su contra, la cual
correspondió por reparto al Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá[7] y se identifica con el n.° 2011-00444.
En ese proceso la demandante solicitó se le pagaran las siguientes obligaciones
relacionadas con el carro Citroen, modelo 2003 y placa BNK817[8]: i) los impuestos desde el 2007
hasta la fecha, deuda que asciende a la suma de $23.236.000; ii) los
comparendos que figuran en el SIMIT; iii) la devaluación del vehículo
desde que se debió cumplir con la obligación de suscribir el traspaso; iv)
los impuestos y las multas incluidas en el RUNT; y v) la suma de
$50.000.000 por concepto de intereses sobre la deuda garantizada con el título
valor.
7.   Adujo que mediante providencia del 19 de enero de 2017, el Juzgado 46
Civil del Circuito de Bogotá ordenó seguir adelante con la ejecución. Para
ello, en primer lugar, el despacho abordó lo concerniente a la prescripción
alegada por el demandado señalando que en el testimonio que rindió el 3 de
abril de 2009 dentro del proceso ejecutivo que se surtió ante el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Bogotá (2008-0058), aquel manifestó que: “me urge
hacer el traspaso del carro por (sic) hace más de un año está en manos de un
tercero y eso me mortifica y es justo lo que yo no quería”, con lo cual
reconoció la existencia de la deuda e interrumpió de manera natural el término
prescriptivo que corría en su contra[9].
En cuanto a la excepción de contrato no cumplido propuesta por el señor
Milla Comitre[10],
el Juzgado expuso que los demandados se limitaron a decir que siempre
estuvieron dispuestos a suscribir el traspaso, pero no ofrecieron ningún
elemento de juicio que demostrara la veracidad de dicha intención o demostrara
que la acreedora fue reticente al recibo de la prestación contraída a su favor,
circunstancias que consideró suficientes para desestimar los argumentos[11].
8.   Esta decisión fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá con fundamento en los mismos argumentos del
juez de primera instancia, según fallo del 28 de junio de 2017[12].
9.   El actor mencionó que actualmente está vinculado en procesos de cobro
coactivo que cursan en la Secretaría Distrital de Hacienda y en la Secretaría
de Movilidad por el no pago de las obligaciones sobre el vehículo.
10.
De otro lado, adujo que la señora Isabel García
Barón, abogada de profesión, además de no contar con las pruebas que
demostraran que desplegó toda clase de acciones para entregar el título valor
como lo alegó en la demanda y de no utilizar las herramientas legales de
recisión o nulidad para dejar sin valor el contrato de transacción, faltó a la
verdad en cada una de las demandas interpuestas, tratando de cobrar por tercera
vez el título valor cancelado desde 2007.
11.   Con fundamento en lo anterior, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, “en conexidad con los principios de
seguridad jurídica administrativa, transparencia administrativa, buena fe, non
bis in ídem, cosa juzgada y el código único disciplinario en sus artículos 30 y
38” y, en consecuencia se ordene: i) dejar sin efectos la sentencia
del 19 de enero de 2017, proferida por el Juzgado 46 Civil del Circuito de
Bogotá dentro del proceso ejecutivo n.° 2011-00444; ii) a la señora
Isabel García Barón, cancelar los gravámenes que pesan sobre el vehículo y
condenarla en costas y agencias en derecho; y iii) compulsar copias a la
Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para que
investiguen la conducta de la señora García Barón.
Trámite procesal
12.
Mediante Auto del 17 de
noviembre de 2017[13],
la Sala Civil-Restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá admitió la
acción de tutela y le ordenó al Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá remitir
en calidad de préstamo el expediente del proceso ejecutivo n.° 2011-00444 y comunicar el inicio del proceso de tutela a
todas las partes e intervinientes de dicho trámite.
13.
No obstante, a través de Auto
del 23 de noviembre de 2017 dejó sin efectos el auto admisorio, sin perjuicio
de las respuestas recibidas y los medios de prueba allegados, y remitió el
expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por
competencia[14].
14.
En providencia del 28 de
noviembre de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
admitió la acción y ordenó notificar a las autoridades accionadas, así como
enterar a los peticionarios, a las partes y a los terceros intervinientes en el
proceso ejecutivo.
Contestaciones de las entidades accionadas
15.
El Juzgado 46 Civil del
Circuito de Bogotá informó sobre el trámite dado al proceso ejecutivo incoado
por la señora Isabel García Barón contra Rafael Antonio Milla Comitre, Yezmín
Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name, así: i) el 6 de marzo de
2012 se libró mandamiento de pago; ii) el 8 de abril de 2014 se
decretaron y practicaron las pruebas solicitadas por las partes; iii) el
19 de enero de 2017 se declaró probada la excepción de prescripción con relación
a la señora Yezmín Nabulsi Abusaid, se desvinculó de la demanda a la señora
María Victoria Abusaid Name por no estar legitimada en la causa y se ordenó
seguir adelante con la ejecución respecto del señor Rafael Milla Comitre; y iv)
este último interpuso recurso de apelación contra esa decisión, la cual fue
confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del
28 de junio de 2017[15].
16.
La Directora de Asuntos
Legales de la Secretaría Distrital de la Movilidad de Bogotá solicitó declarar
improcedente el amparo. Adujo que frente a esa entidad no existía legitimación
en la causa por pasiva, puesto que la acción se dirige contra el Juzgado 46
Civil del Circuito de Bogotá[16].
En todo caso, informó que existe un proceso de
cobro coactivo en contra del señor Rafael Antonio Milla Comitre como
propietario del vehículo de placas BNK817, por tres comparendos de los días 4
de marzo, 4 de abril y 13 de octubre de 2016. Puso de presente que el
accionante ha sido notificado personalmente de las órdenes de comparendo, por
lo que sabía del proceso en su contra y tenía la posibilidad, en audiencia
pública, de ejercer su derecho de defensa y contradicción, y explicar quién era
el infractor.
17.
El Juez Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá informó que en su despacho se impulsó un proceso ejecutivo
identificado con el número 2008-0058, donde el documento base de la acción fue
el cheque n.°
4446223. El proceso terminó con la sentencia proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual revocó la decisión de primera
instancia y declaró probada la prescripción de la acción cambiaria[17].
Sentencias objeto
de revisión
18.   Primera instancia. Mediante sentencia del 12
de diciembre de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
negó el amparo, al considerar que el fallo emitido por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso ejecutivo cuestionado no
presenta irregularidades que determinen la protección, es decir, la providencia
no se advierte “arbitraria o caprichosa”.
De ese modo, analizó los argumentos de la decisión censurada y concluyó
que “no está demostrada la causal específica por defecto fáctico y
procedimental, en tanto que, de la transcripción atrás reseñada,
independientemente que la Corte prohíje en su totalidad, por no ser este el
escenario idóneo para lo propio, dimana que las demostraciones obrantes en el
plenario fueron puntual y armónicamente observadas y apreciadas, según la sana
crítica, como así lo imponen las reglas probatorias, amen que la exposición de
los motivos decisorios al efecto manifestados se funda en tópicos que regulan
el preciso tema abordado en el litigio planteado”[18].
19.   Impugnación. El 18 de diciembre de 2017, el
señor Rafael Antonio Milla Comitre impugnó la decisión de primera instancia.
En el escrito hizo nuevamente un relato de los hechos y señaló que “se
trata de evitar un perjuicio irremediable, identificando de manera razonable
los hechos que generan la vulneración de los derechos de la parte accionada ya
que aún no se determina la obligación exacta que debe ejecutar dentro del
proceso el accionado, pues solo le hace falta firmar el documento de traspaso y
no como quiere hacerlo ver la parte actora”[19].
20.   Segunda instancia. La Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 14 de febrero de 2018,
confirmó la decisión de primera instancia.
La providencia resaltó los argumentos del Tribunal accionado y concluyó
que los mismos eran razonables, puesto que el análisis realizado por el
juzgador se fundamentó en la situación fáctica y la normatividad aplicable al
caso, sin que se configurara la vulneración alegada[20].
Pruebas
21.   Las pruebas que obran en el expediente son las que a continuación se
relacionan:
(i) Copia del
cheque n.° 4446223 del Banco de
Bogotá -Sucursal Bulevar-, por valor de $50.000.000, de la cuenta 086027430 a
nombre de Isabel García Barón y con fecha del 31 de agosto de 2006[21].
(ii) Copia de la
demanda ejecutiva interpuesta por la señora Isabel García Barón contra Yezmín
Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name, el 11 de febrero de 2008[22].
(iii) Copia del
contrato de transacción celebrado entre Isabel García Barón y Yezmín Nabulsi
Abusaid, a través del cual se da por terminada la obligación contenida en el
cheque n.° 4446223 del Banco de
Bogotá[23].
(iv) Copia de un
informe de obligaciones tributarias del vehículo con placas BNK817 al 25 de
julio de 2017, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá[24].
(v) Copia de tres
multas electrónicas -órdenes de comparendo- del 4 de marzo, 4 de abril y 13 de
octubre de 2016[25].
(vi) Copia del
estado de cuenta expedida por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá
respecto del vehículo con placas BNK817[26].
(vii) Copia de la
sentencia proferida el 20 de septiembre de 2010 por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá en el proceso ejecutivo instaurado por la señora Isabel
García Barón contra Yezmín Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name,
identificado con el n.° 2008-00058[27].
(viii) Copia de la
sentencia proferida el 28 de junio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá en el proceso ejecutivo instaurado por la señora Isabel
García Barón contra Yezmín Nabulsi Abusaid, María Victoria Abusaid Name y
Rafael Antonio Milla Comitre, identificado con el n.° 2011-00444[28].
Actuaciones en
sede de revisión
22.   El
asunto llegó a la Corte Constitucional por la remisión que hizo la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 31 de mayo de 2018, la Sala de
Selección de Tutelas número Cinco[29] de
esta Corporación lo escogió para revisión[30].
Auto del 27 de junio de 2018
23.   Revisado
el expediente, se observó que si bien se ordenó enterar de la acción de tutela
a la abogada Isabel García Barón, no fue vinculada a la actuación. En efecto, en el auto admisorio de la demanda la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia dispuso: “Enterar, por el mismo modo [el
medio más expedito, debiéndose enviar copia de la acción de tutela], a los peticionarios, a las partes y a los terceros intervinientes
en el proceso ejecutivo (radicado 11001310301020110044401) que cursa en el
juzgado accionado”[31],
sin que hiciera la respectiva vinculación al proceso siendo
que podría resultar afectada con la sentencia a emitirse por esta Corporación.
Igualmente, se advirtió la necesidad
de ordenar la práctica de varias pruebas, a fin de contar con mejores elementos
de juicio al momento de emitir la decisión. Con fundamento en ello, mediante
Auto del 27 de junio de 2018, el magistrado sustanciador dispuso[32]:
“Primero: VINCULAR a la
abogada Isabel García Barón y se le concede un término de tres (3) días
al recibo de la correspondiente comunicación, para que se pronuncie sobre los
hechos y pretensiones de la demanda, además, aporte las respectivas pruebas
dentro de esta acción de tutela. Para el efecto, remítase copia de la demanda y
de las decisiones de instancia.
Segundo:
Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:
i) Solicitar al Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá que remita, en
calidad de préstamo y a la mayor brevedad posible, el proceso
ejecutivo No. 2011-00444 (incluyendo todas las decisiones de fondo de
primera y segunda instancia), instaurado por la señora Isabel García Barón
contra Rafael Antonio Milla Cómitre, Yezmín Nabulsi Abusaid y María Victoria
Abusaid Name. Para cumplir con lo dispuesto, se le otorga un término de 3 días
hábiles.
ii) Pedir al Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá que remita copias
de la demanda, su admisión, la respuesta y fallo emitido dentro del proceso
ejecutivo singular, radicado con el No. 11001310300420080005800, interpuesta
por la señora Isabel García Barón contra Yezmín Nabulsi Abusaid y María
Victoria Abusaid Name. Para cumplir con lo dispuesto, se le otorga un término
de 3 días hábiles.
iii) Requerir al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá que remita
copias de las demandas, su admisión, respuestas y fallos, si los hubo, de los
procesos ejecutivos singulares, radicados con los Nos. 11001310301920110024000
y 11001310301920110041300, interpuestas por la señora Isabel García Barón
contra Yezmín Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name. Para cumplir con
lo dispuesto, se le otorga un término de 3 días hábiles.
iv) Solicitar al Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá que remita
copias de la demanda, su admisión, la respuesta y fallo emitido dentro del
proceso ejecutivo singular, radicado con el No. 11001310301020110026500,
interpuesta por la señora Isabel García Barón contra Yezmín Nabulsi Abusaid y
María Victoria Abusaid Name. Para cumplir con lo dispuesto, se le otorga un
término de 3 días hábiles.
v) Pedir al Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá que remita copias de la demanda, su admisión, la respuesta y decisión
de fondo emitida dentro del proceso ejecutivo singular, radicado con el No.
11001310300120070056200, interpuesta por la señora Isabel García Barón contra
Yezmín Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name. Para cumplir con lo
dispuesto, se le otorga un término de 3 días hábiles.
vi) Solicitar a la Oficina de Registro Nacional de Abogados del Consejo
Superior de la Judicatura que informe si allí aparece inscrita como abogada la
señora Isabel García Barón, indicando su dirección y teléfono. Para cumplir con lo dispuesto, se le otorga un término de 3 días
hábiles (…)”.
24.   El
18 de julio de 2018, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió
el informe de cumplimiento al Auto del 27 de junio de 2018, donde constató que
no se recibieron respuestas de la señora Isabel García Barón y del Juzgado
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá[33].
Los documentos allegados en respuesta a ese proveído fueron los siguientes:
(i) El Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá indicó que el expediente n.° 2008-0058 se envió al archivo
central el 26 de enero de 2018, por lo que se procedió a solicitar su
desarchivo para lo pertinente. No obstante, ese Despacho envió copia de los
documentos que obran en el Registro de Actuaciones del Sistema Judicial Siglo
XXI, esto es, del mandamiento de pago proferido el 15 de febrero de 2008 y de
la sentencia de primera instancia emitida el 7 de abril de 2010[34].
(ii) El Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Bogotá señaló que la demanda instaurada por la señora Isabel García
Barón e identificada con el n.° 2011-00265, fue inadmitida mediante Auto del 22
de junio de 2011 y retirada por el apoderado de la demandante el 8 de julio de
2011[35].
(iii) El Juzgado Primero Civil del
Circuito de Bogotá mencionó que la demanda interpuesta el 19 de noviembre de
2007 por Isabel García Barón e identificada con el n.° 2007-00562, fue retirada
por la demandante el 11 de diciembre de 2007[36].
(iv) La Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
informó que la señora Isabel García Barón se encuentra inscrita en calidad de
abogada[37].
(v) El señor Rafael Antonio Milla
Comitre allegó un escrito[38] en
el que reiteró los hechos de la tutela y mencionó que “en el Juzgado Décimo
Civil del Circuito de Bogotá, García Barón obtiene una declaración con la cual
me vincula de una forma audaz, pero perversa, buscando que se le pague lo ya
pagado”. Al respecto, explicó que el Juzgado 46 Civil del Circuito de
Bogotá tomó fuera de contexto una parte de su testimonio en el que dijo que le
urgía hacer el traspaso del carro, porque con base en ello concluyó que estaba
reconociendo la deuda e interrumpiendo de manera natural el término
prescriptivo.
Por otro lado, el accionante señaló
que la figura de la novación, que consiste en sustituir o reemplazar una
obligación por una nueva, no aplica en este caso porque “jamás se creó una
obligación, en cambio, tanto con el contrato de transacción como en las
sentencias en contra de García Barón, se concluye que la obligación fue
cancelada en su totalidad, salvo los gastos de traspaso en cabeza de la
señora Nabulsi Abusaid una vez García Barón presentara la liquidación de los
costos de dicho trámite”. (Resaltado por el accionante).
Más adelante, manifestó su intención
original de volver a firmar el traspaso y cubrir el costo que esto genere, una
vez la señora Isabel García Barón se ponga al día con las obligaciones
adquiridas con la firma del contrato de transacción, esto es, el pago de los
impuestos del vehículo de 2008 a la fecha y la devolución del pago de los
comparendos por las infracciones cometidas por ella, las cuales se ha visto en
la obligación de cancelar para evitar el embargo de un vehículo de su
propiedad.
Por último, calificó la actuación
desplegada por la señora García Barón como un fraude a resolución judicial,
según lo establecido en el artículo 454 del Código Penal.
El actor allegó junto con su escrito
la copia de los siguientes documentos: i) proceso identificado con el
n.° 2008-00058; ii) levantamiento del embargo de un vehículo de su
propiedad; iii) pago de los comparendos por las infracciones cometidas
en el vehículo con placas BNK-817; iv) solicitud de desarchivo del
proceso n.° 2008-00058; v) contrato de transacción firmado el 3 de
diciembre de 2007, entre otros que ya obran en el expediente.
(vi) Finalmente, el 6 de agosto de 2018 fueron allegados
en calidad de préstamo los expediente n.° 2008-0058 correspondiente al proceso
ejecutivo singular instaurado por Isabel García Barón contra María Victoria
Abusaid Name y Yezmín Nabulsi Abusaid, cuyo conocimiento correspondió al
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, y el n.º 2011-00444 instaurado por
la señora Isabel García Barón contra Rafael Antonio Milla Cómitre, Yezmín
Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name que correspondió al Juzgado 46
Civil del Circuito de Bogotá.
Auto del 28 de agosto de 2018
25.   El
31 de julio de 2018 la Secretaría General de esta Corporación remitió los
oficios devueltos por la oficina de correos 4-72[39], donde consta que no fue posible
notificar a la señora Isabel García Barón en ninguna de las direcciones que se
anotan en el expediente[40],
ni a las señoras María Victoria Abusaid Name y Yezmín Nabulsi Abusaid[41].
26.   Posteriormente,
el 3 de agosto de 2018 la Secretaría allegó un informe presentado por el
Citador de esta Corporación en el que explica que la notificación enviada a
Isabel García Barón a la Carrera 7 # 16 – 56, oficina 604, fue recibida sin
tener en cuenta que no labora en esa dirección[42].
Para el efecto anexó un escrito entregado el 18 de julio de 2018 por la señora
Adriana Botero Chaparro, quien manifestó: “en esta oficina no recibimos
documentos dirigidos a la Dra. Isabel García Barón; sin embargo, puede pasar y
ha pasado que estando en recepción personas que no conocen los nombres de los
abogados que aquí laboran, eventualmente pueden recibir correspondencia que no
corresponde. (…) Dejo constancia igualmente que no conocemos a dicha abogada
García”[43].
27.   Con
el fin de dar solución a la imposibilidad de notificar a las señoras Isabel
García Barón, María Victoria Abusaid Name y Yezmín Nabulsi Abusaid, el Despacho
del magistrado sustanciador entabló comunicación telefónica con el apoderado
del accionante[44],
quien dio las nuevas direcciones de notificación de María Victoria Abusaid Name
y Yezmín Nabulsi Abusaid. Así mismo, brindó el número de teléfono de la señora
Isabel García Barón, quien al ser contactada brindó su nueva dirección de
notificaciones y un correo electrónico[45].
28.
La Sala encontró que a pesar de los diferentes
esfuerzos[46],
la señora Isabel García Barón no había sido enterada del proceso de tutela
interpuesto por el señor Rafael Antonio Milla, pues las notificaciones en dos
direcciones fueron devueltas por la empresa de correos 4-72 y respecto de la
tercera dirección se recibió un informe del Citador de la Corte según el cual,
si bien se recibió el oficio en la recepción del edificio, se constató que en
ese lugar no trabaja y no conocen a la señora García Barón. De igual forma, se
acreditó que tampoco fue posible notificar a María
Victoria Abusaid Name y Yezmín Nabulsi Abusaid del trámite surtido en sede de
revisión[47].
En aras de garantizar el derecho al debido proceso de las partes y
de todos aquellos que pudieran verse afectados con la decisión que adopte esta
Corporación, la Sala dispuso mediante Auto del 28 de
agosto de 2018 informar a Isabel García Barón que la acción de tutela de la referencia se encontraba en esta
Corporación, para que se pronunciara sobre el particular.
Así mismo, ordenó notificar a María Victoria Abusaid Name y a
Yezmín Nabulsi Abusaid del Auto del 27 de junio de 2018. La Sala Octava de Revisión decretó la suspensión de los términos en
el expediente de la referencia por un lapso de 20 días hábiles, teniendo en
cuenta que era indispensable surtir el trámite de notificación a las nuevas
direcciones obtenidas y, de ser el caso, poner a disposición de las partes e
intervinientes las pruebas que eventualmente fueran allegadas por las señoras
Isabel García Barón, María Victoria Abusaid Name y a
Yezmín Nabulsi Abusaid.
29.   En respuesta al Auto del 27 de agosto de 2018 la señora Isabel
García Barón[48] indicó
que el señor Rafael Antonio Milla no había cumplido con lo ordenado por los
jueces en el proceso ejecutivo n.° 2011-0044[49].
Al respecto, mencionó que “los únicos derechos vulnerados son los míos y no
han tenido eco ante ninguna autoridad, pese a ver (sic) promovido una acción de
tutela, una acción penal y un disciplinario, no he recuperado mi dinero y no
tengo un vehículo como contraprestación, porque no solo se encuentra a nombre
del señor Rafael Antonio Milla Comitre sino pignorado a Bancolombia”. Posteriormente,
en otra intervención[50],
adujo que hasta el momento el señor Milla Comitre no ha presentado el documento
de traspaso del vehículo o la prueba de haber elaborado el formulario
correspondiente para el año 2007; además, que el carro se encuentra pignorado a
la Fiduciaria Bancolombia.
30.   La
señora Yezmín Nabulsi Abusaid[51] informó
que el accionante le entregó el vehículo de placa BNK-817, que para la fecha de
la transacción se encontraba libre de impuestos y gravámenes y fue utilizado
para que ella pudiera saldar una deuda de 50 millones de pesos. Aclaró que en
el contrato de transacción no existe ningún elemento que “demuestre que el
señor Antonio Milla tiene o ha quedado obligado económicamente, o que se haga
merecedor de alguna sanción en caso de no cumplimiento con GARCÍA”. Indicó
que, por el contrario, Isabel García Barón no cumplió con la entrega del
cheque, ha dejado de pagar los impuestos del vehículo y ha cometido varias
infracciones de tránsito, obligaciones que actualmente superan los 24 millones
de pesos. Así mismo, mencionó que la señora García Barón tuvo el documento de
traspaso todo el tiempo en su poder y fue el documento que utilizó para
accionar nuevamente en contra del señor Milla Comitre ante el Juzgado 46 Civil
del Circuito de Bogotá.
31.   El
señor Rafael Antonio Milla Comitre[52] reiteró
la mayoría de los argumentos expuestos tanto en el escrito de tutela como en
las diferentes intervenciones a lo largo del trámite. Adicionalmente, acotó que
pese a su calidad de extranjero, reside en Colombia desde 1992, desarrolla su
actividad como empresario dueño de una editorial legalmente registrada en
Colombia -Editorial Milla Ltda.- y como director del Instituto Latinoamericano
de Altos Estudios -ILAE-. Por esa razón, explicó, para la fecha de los hechos
que dieron origen a esta controversia se encontraba en Colombia sin que la
señora García Barón tenga pruebas que le permitan acreditar lo contrario o que
lo buscó para entregarle el cheque. En cuanto a la pignoración del vehículo,
aclaró que si bien está a nombre del Leasing Bancolombia, este banco le entregó
un documento de levantamiento de prenda.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
Esta Sala de Revisión es
competente para revisar los fallos de tutela mencionados, de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
Planteamiento del problema
jurídico
Cuestión preliminar. Delimitación
del asunto
1.
Según lo indicó el accionante, la señora
Isabel García Barón, además de no contar con las pruebas que demostraran haber
ejercido toda clase de acciones para entregar el título valor y de no utilizar
las herramientas legales de recisión o nulidad para dejar sin valor el contrato
de transacción, faltó a la verdad en cada una de las demandas interpuestas
tratando de cobrar por tercera vez el título valor cancelado desde 2007.
Posteriormente[53], mencionó que el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá tomó fuera de
contexto una parte de su testimonio en el que dijo que le urgía hacer el
traspaso del carro, toda vez que con base en ello concluyó que estaba
reconociendo la deuda e interrumpiendo de manera natural el término
prescriptivo. Por otro lado, señaló que la figura de la novación, que consiste
en sustituir o reemplazar una obligación por una nueva, no aplica en este caso
porque “jamás se creó una obligación, en cambio, tanto con el contrato de
transacción como en las sentencias en contra de García Barón, se concluye que
la obligación fue cancelada en su totalidad, salvo los gastos de
traspaso en cabeza de la señora Nabulsi Abusaid una vez García Barón presentara
la liquidación de los costos de dicho trámite”. (Negrilla del texto
original).
2.
Sin embargo, el actor no invocó las
causales que a su juicio se configuraron con el actuar de las autoridades
judiciales accionadas. Al respecto, es pertinente hacer alusión a las
consideraciones expuestas en la sentencia T-258 de 2017 sobre la pertinencia
argumental de la solicitud de amparo.
En esa oportunidad, la Corte recordó
que “si bien la acción de tutela tiene como rasgo distintivo su naturaleza
dúctil, cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales originadas en
decisiones judiciales, el principio constitucional de autonomía judicial
-previsto en el artículo 228 de la Carta- conlleva una exigencia particular
para el promotor de la demanda, consistente en lograr evidenciar, mediante
argumentos concretos, que la presunta infracción del juez accionado alcanza
magnitud constitucional, en la medida en que esté involucrada una afectación de
garantías superiores”. Bajo ese entendido, si el interesado demuestra a
través de su argumentación que el debate que plantea tiene una verdadera
relevancia constitucional, habilita al juez constitucional para adoptar las
medidas tendientes a garantizar los derechos fundamentales que se someten a su
consideración, de ser el caso. En palabras de esta Corporación:
“De modo que si el accionante, más allá de tecnicismos
o fórmulas rituales, es capaz de exponer de manera concreta la manera como se
estructura una vulneración iusfundamental a partir de la decisión judicial que
pretende enervar, se activa el deber derivado del principio iura novit curia,
que impone al juez realizar la calificación jurídica de los hechos y aplicar
las normas a que haya lugar en cada caso, independientemente de que las partes
no las hayan invocado de forma expresa[54]”[55].
En la sentencia T-258 de 2017,
la Corte también explicó que lo anterior debe armonizarse con el principio pro-actione,
“el cual -en el contexto de la tutela contra providencia judicial- faculta
al juzgador para encuadrar la censura formulada en las causales materiales de
procedencia fijadas por la jurisprudencia”. En este punto, hizo mención a
la sentencia SU-168 de 2017, oportunidad en que la Sala Plena de esta
Corporación acogió esta postura en los siguientes términos:
“En el caso objeto de
análisis, aunque el accionante no propuso alguna causal específica de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se puede inferir que
considera que las decisiones desconocen el precedente de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, sobre el carácter universal
de la indexación de la primera mesada pensional.
No obstante, a pesar de que
las afirmaciones del accionante parecen apuntar a la concurrencia de un defecto
por desconocimiento del precedente, en aplicación del principio pro actione que
rige las acciones constitucionales, cabe preguntarse en qué causal específica
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales se enmarca dicha
censura”.
3.
Entonces, si bien en esta oportunidad el
señor Rafael Antonio Milla no invocó las causales específicas de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial la Corte tiene la facultad de identificar,
con sustento en lo señalado por el actor en el escrito de tutela y en las demás
intervenciones, cuáles son esos defectos que podrían configurarse con las
decisiones proferidas dentro de ese proceso ordinario.
Bajo ese entendido la Sala
observa que la inconformidad del accionante surge principalmente de dos
aspectos: i) la indebida valoración probatoria que los jueces ordinarios
efectuaron respecto de las acciones desplegadas por la señora Isabel García
Barón para entregar el título valor; y ii) la interpretación errónea de
las normas concernientes a las excepciones de prescripción y de contrato no
cumplido, aspectos que fueron alegados no solo en la contestación de la demanda
sino en el recurso de apelación dentro del proceso ordinario. Por lo tanto, es sobre
los puntos mencionados que se procederá a plantear el problema jurídico.
Problema jurídico
4.
Con base en lo anterior, corresponde a la
Sala Octava de Revisión determinar, en primer lugar, si en el asunto bajo
estudio se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
En caso afirmativo, procederá
a resolver el siguiente problema jurídico: ¿La Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado 46 Civil del Circuito de
la misma ciudad vulneraron el derecho al debido
proceso del señor Rafael Antonio Milla Comitre por incurrir en los defectos
fáctico y sustantivo al declarar i) no probada la excepción de
prescripción de la acción con fundamento en que la misma se interrumpió de
manera natural con el testimonio rendido por el accionante en otro proceso
ejecutivo y ii) no probada la excepción de contrato
no cumplido porque el actor no demostró que la señora Isabel García Barón fue
reticente al recibo de la prestación contraída a su favor?
5.
Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Corte
abordará el análisis de i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Caracterización de los defectos sustantivo y fáctico como causales específicas;
ii) el proceso de ejecución y el título ejecutivo; iii) el derecho de defensa y contradicción en los procesos ejecutivos.
Mención particular a las excepciones de prescripción y de contrato no cumplido; y iv) con base en ello, analizará el caso concreto.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
6.
El artículo 86 de la Carta establece que a través
de la acción de tutela puede reclamarse la protección de los derechos
fundamentales cuando resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad
pública. Esta disposición no realizó distinción alguna respecto de los ámbitos
de la función pública en los cuales tales derechos podrían resultar vulnerados,
por lo que se entiende que este mecanismo procede contra los actos o las
decisiones proferidas en ejercicio de la función jurisdiccional[56].
7.
Mediante la sentencia C-543 de 1992 la Corte
declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto Estatutario 2591 de 1991
que, como regla general, permitían la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Determinó que si bien los funcionarios judiciales son
autoridades públicas, ante la importancia de principios como la seguridad
jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e independencia judicial, tal
procedencia debía ostentar un carácter excepcional frente a las “actuaciones
de hecho” que implicaran una grave vulneración a los derechos
fundamentales. Por eso, en los primeros pronunciamientos de esta Corporación se
sostuvo que tal procedencia era permitida únicamente cuando en las decisiones
judiciales se incurriera en una “vía de hecho”, esto es, cuando la
actuación fuera “arbitraria y caprichosa y, por lo tanto, abiertamente
violatoria del texto superior”[57].
8.
Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005[58] esta Corporación superó el
concepto de “vía de hecho” utilizado en el análisis de la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, para dar paso a la doctrina de
específicos supuestos de procedibilidad[59].
Así, partiendo de la excepcionalidad de este mecanismo,
acompasado con el propósito de asegurar el equilibro entre los principios de
seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía e independencia judicial, se
sistematizaron diferentes requisitos denominados “criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, dentro
de los cuales se distinguen unos de carácter general y otros de carácter
específico[60].
Los primeros son presupuestos indispensables para que el
juez de tutela aborde el análisis de fondo, es decir, aquellos que habilitan la
interposición de la acción, definidos por la Corte como “requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales”. La
clasificación fue realizada en la mencionada sentencia en los siguientes
términos:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto
por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
La sentencia C-590 de 2005 indicó que una vez acreditados
los presupuestos generales, se debe determinar si la decisión judicial
cuestionada configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa la
intervención del juez constitucional. Así, mediante las denominadas “causales
especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales” identificó
cuáles serían esos vicios:
“25. Ahora, además de los requisitos generales
mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. (…)
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución”.
9.
Con todo, para el análisis de la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es necesario tener en cuenta,
por un lado, que se trata de una posibilidad de carácter excepcional, sujeta al
cumplimiento de los parámetros formales y materiales establecidos por esta
Corporación. Deben encontrarse acreditados cada uno de los requisitos generales
permitiéndole al juez de tutela realizar un examen constitucional de las
decisiones judiciales, luego de lo cual habrá de demostrarse la existencia de,
por lo menos, una de las causales específicas o defectos enunciados.
Caracterización del defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[61]
10.
Este yerro encuentra su
fundamento en el principio de igualdad, en los derechos de acceso a la
administración de justicia y el debido proceso. Está asociado a la irregular
aplicación o interpretación de una norma por parte del juez al momento de
resolver el caso puesto a su consideración, porque si bien las autoridades judiciales
gozan de autonomía e independencia para emitir sus pronunciamientos, lo cierto
es que dicha prerrogativa no es absoluta porque, en todo caso, deben ajustarse
al marco de la Constitución[62].
En ese orden, la intervención excepcional del juez
de tutela ante un defecto sustantivo se justifica únicamente en la imperiosa
necesidad de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y el texto
superior, sin que ello suponga suplantar la labor de la autoridad judicial
competente[63].
En la sentencia T-543 de 2017, la Corte caracterizó los eventos en los que se
presenta este yerro, así:
“(i) la decisión judicial se basa en una norma que
no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto
perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la
Constitución, o e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es
constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados
expresamente por el legislador;
(ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra,
prima facie, dentro del margen de interpretación razonable o ‘la aplicación
final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes o cuando se aplica una norma jurídica
de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y
de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial;
(iii) no se toman en cuenta sentencias que han
definido su alcance con efectos erga omnes;
(iv) la disposición aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución;
(v) un poder concedido al juez por el ordenamiento
jurídico se utiliza ‘para un fin no previsto en la disposición’;
(vi) la decisión se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso; o
(vii) se desconoce la norma constitucional o legal
aplicable al caso concreto[64]”.
La Corte ha sostenido que cuando el
juez de tutela advierta que una providencia incurre en alguna de las
mencionadas situaciones deberá declarar la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso[65]. Así mismo, ha
establecido que para que la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto constituya defecto sustantivo, se debe estar frente a una
decisión judicial en la que el funcionario en su labor hermenéutica, desconozca
o se aparte de forma abierta de los parámetros constitucionales y legales, de
tal manera que vulnere o amenace derechos fundamentales de las partes[66].
11.
En suma, se configura un defecto sustantivo cuando el juez realiza
una interpretación irrazonable, desproporcionada, arbitraria y caprichosa de la
norma o la jurisprudencia aplicable al caso, generando una decisión que se
torna contraria a la efectividad de los derechos fundamentales[67].
Por el contrario, la mera inconformidad
con el análisis efectuado por la autoridad judicial no habilita la intervención
del juez constitucional[68]. En todo caso, el juez de
tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de
interpretación del derecho; sin embargo, en aquellos eventos en los que la
interpretación dada por el juez ordinario carezca de razonabilidad y cuando se
cumplen los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente la
intervención del juez constitucional
Caracterización del defecto fáctico. Reiteración
de jurisprudencia[69]
12.   La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto
fáctico se presenta cuando el funcionario judicial emite una providencia “(…) sin que los hechos del caso se
subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina[70], como consecuencia de una omisión
en el decreto[71] o valoración de las
pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios
probatorios”.
Se puede estructurar a partir
de una dimensión negativa y otra positiva, “La negativa surge de las
omisiones o descuido de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias,
verbi gratia, (i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de
convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso
objeto de análisis; (ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión[72]; y (iii) por no ejercer la
actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar oficiosamente la práctica
de pruebas, cuando las normas procesales y constitucionales así lo determinan”[73].
Será positiva la dimensión,
cuando se trata de acciones positivas del juez, por tanto, se incurre en ella “(i)
cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas, siempre que
estas sean el fundamento de la providencia[74]; y (ii) decidir con pruebas, que
por disposición de la ley, no es demostrativa del hecho objeto de la decisión”[75].
13.
La Corte ha precisado que la acción de tutela puede
fundamentarse en el defecto fáctico solo cuando se demuestra que el funcionario
judicial valoró la prueba de manera arbitraria. Ello significa que el yerro en
la valoración de los medios de convicción, “debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, en la medida que el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[76].
En
sentencia SU-768 de 2014 mantuvo esa línea al indicar: “entendiendo que la autonomía
judicial alcanza su máxima expresión en el análisis probatorio, el defecto
fáctico debe satisfacer los requisitos de
irrazonabilidad y trascendencia[77]: (i) El error
denunciado debe ser ‘ostensible, flagrante y manifiesto’[78],
y (ii) debe tener ‘incidencia directa’, ‘transcendencia fundamental’ o
’repercusión sustancia” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir
que, de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta”[79].
14.   En principio, la estimación que de las pruebas hace el juez natural es
libre y autónoma, y no puede ser desautorizada por un criterio distinto emitido
por el juez constitucional. Al respecto, en sentencia SU-489 de 2016 expresó la
Corte:
“La
intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de
autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de
tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente
a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El
juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo sino que
sus actuaciones están amparados por el principio de la buena fe, lo que le
impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos
que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquel
es razonable y legitima”[80].
Al
respecto, la intervención del juez de tutela frente al manejo dado por el juez
natural “es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido”[81]. Las diferencias de
valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos, en tanto el juez del proceso
“no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el
principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de
asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima”[82].
Bajo
ese entendido, para que se configure este defecto, el error valorativo “debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[83].
15.   Recapitulando,
el defecto fáctico se estructura cuando la decisión judicial es el producto de
un proceso en el cual (i) se omitió la práctica de pruebas esenciales para
definir el asunto; (ii) se practicaron pero no se valoraron bajo el tamiz de la
sana crítica; y (iii) los medios de convicción son ilegales o carecen de
idoneidad. El error debe ser palmario e incidir directamente en la decisión,
puesto que el juez de tutela no puede convertirse en una tercera instancia
El proceso de ejecución y el título ejecutivo
16.   De conformidad con lo establecido en el artículo 422 del Código General del Proceso “pueden demandarse ejecutivamente
las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o
las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias
que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios
de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La
confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero
sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”[84].
Según lo define la doctrina sobre la materia, la finalidad del proceso
ejecutivo es “asegurar que el titular de una relación jurídica que crea
obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el
cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su
cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los
perjuicios patrimoniales que su inobservancia ocasionó”[85]. Así mismo, que independientemente de
la modalidad del proceso de ejecución “debe existir como base necesaria para
su trámite un documento usualmente escrito, denominado título ejecutivo, que
supone la existencia de una obligación clara, expresa y exigible”[86].
En similares términos y acudiendo a la fuente doctrinal, esta
Corporación ha señalado que “el proceso
ejecutivo deviene de una pretensión de satisfacción de una obligación que
aparece clara y determinada en el título que se presenta con la demanda”[87]. De igual modo, ha
sostenido que su diseño se entiende desde el escenario de inobservancia de las
obligaciones pues “la situación ideal es el cumplimiento voluntario por
parte del deudor, quien pudo comprometerse a pagar una suma de dinero, dar otra
prestación, hacer o no hacer. Sin embargo, ante la renuencia del obligado, el
acreedor cuenta con el trámite de ejecución para obtener el cumplimiento
forzado”[88].
Sobre la finalidad de esta clase de procesos, este Tribunal se ha
referido en los siguientes términos:
“4.2. La existencia de esta clase de procesos tiene como soporte la
garantía de la propiedad privada y de los demás derechos adquiridos conforme a
las leyes civiles, y su finalidad consiste en satisfacer los derechos cuando
los obligados no cumplen libremente con sus obligaciones. La ejecución
pretende, entonces, la satisfacción del crédito reclamado por el ejecutante, es
decir, hacer efectivo el derecho del acreedor frente al deudor, quien de manera
libre ha contraído una obligación con aquél.
Los procesos ejecutivos no tienen por objeto declarar derechos dudosos
o controvertibles, sino llevar a efecto aquellos que ya se encuentran reconocidos
por actos o en títulos que contienen una obligación clara, expresa y exigible”[89].
17.
Ahora bien, para dar inicio a un proceso
ejecutivo es indispensable contar con instrumentos que demuestren la
existencia, claridad y exigibilidad de créditos a favor del demandante. La
Corte ha explicado que esta exigencia se justifica por el inusual desequilibrio
de las partes en el trámite, el cual se traduce en medidas dirigidas a tornar
más célere el proceso y reducir el alcance del debate. Lo anterior significa
que como el demandante cuenta con una prueba sólida sobre la existencia de la
obligación, el ordenamiento autoriza que se adopten acciones para asegurar el
cumplimiento forzado[90].
Por ejemplo, emitido el mandamiento de pago en el que el juez
reconoce la obligación, se presentan restricciones sobre la defensa del
demandado, a saber, a través de la adopción de medidas
cautelares (embargo y secuestro) o limitando la
oportunidad en la que se puede discutir la existencia del título ejecutivo,
pues según lo dispuesto en el artículo 430 del CGP los requisitos formales solo
pueden cuestionarse mediante el recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo, y se excluye de forma expresa el reconocimiento de defectos formales
del título en el auto que ordena seguir adelante la ejecución y la sentencia.
Así, el desarrollo del proceso ejecutivo tiene características
particulares en las que se rompe el habitual equilibrio procesal entre las
partes, como la apertura del proceso con una orden de pago y las restricciones
en el derecho de defensa, razón por la cual es necesario que el juez en la fase
de admisión determine con precisión la concurrencia del título ejecutivo como
fundamento de la pretensión de recaudo[91].
A continuación, la Sala hará referencia al derecho de defensa y
contradicción en los procesos ejecutivos, y de manera particular, a las
excepciones de prescripción y de contrato no cumplido, por ser los asuntos a
los cuales se circunscribe el caso que ocupa la atención de la Corte en esta
oportunidad.
El derecho de defensa y contradicción en los procesos ejecutivos.
Mención particular a las excepciones de prescripción y de contrato no cumplido
18.
El debido proceso es un derecho fundamental
consagrado en el artículo 29 de la Constitución, aplicable a toda clase de
actuaciones administrativas y judiciales. Su finalidad es procurar que toda
persona pueda acceder a mecanismos justos que permitan cumplir con los fines
esenciales del Estado, así como defender y preservar el
valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Política[92].
Este derecho se materializa a través de un conjunto de garantías
dentro de las cuales se encuentra el derecho de defensa y contradicción, cuya
importancia, según ha señalado esta Corporación, “es que durante el proceso judicial toda persona que pueda ver afectados
sus intereses tenga la oportunidad de expresar sus ideas, defender sus
posiciones, allegar pruebas, presentar razones y controvertir las razones de
quienes juegan en contra. Esta consideración básica es esencial para que la
función dialéctica del proceso tenga lugar y se desarrolle efectivamente, para
que el juez pueda decidir como tercero imparcial y ajeno al conflicto con los
elementos que solamente le puede otorgar la verdad procesal”[93].
19.
En el marco del proceso ejecutivo, cobra
especial relevancia el auto que libra mandamiento de pago, pues “no solo
tiene la característica de una providencia mediante la cual se admite la
demanda porque reúne los requisitos para tal fin y da inicio al proceso
respectivo, tal como ocurre en la mayoría de procedimientos y especialmente en
el de naturaleza cognitiva o declarativa, sino que además, establece la
competencia del juez que lo profiere para analizar los documentos que contienen
la obligación cuya ejecución se pretende”[94].
Esa providencia incide de manera directa en los actos procesales
de las partes que intervienen, especialmente del ejecutado, porque se activa el
sistema de garantías procesales con el que cuenta para el ejercicio de sus
derechos de defensa y de contradicción, a saber[95]: i)
una vez se libra el mandamiento de pago en contra del ejecutado en primera
instancia, la discusión sobre los requisitos formales del título solo podrá
hacerse mediante la presentación del recurso de reposición contra esa
providencia. Con posterioridad no se admitirá ninguna controversia sobre el
mencionado aspecto[96];
ii) la formulación de excepciones previas y la solicitud del beneficio
de excusión se realiza a través de la presentación de recurso de reposición
contra la orden de pago[97];
iii) el ejecutado
también puede formular excepciones de mérito dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo[98].
20.
Esta Corporación ha señalado que las
excepciones son “los medios que el demandado
utiliza para defenderse de las pretensiones del demandante y contiene las
razones para controvertir el derecho sustancial que se alega en el proceso o
para dar por terminado su trámite”[99], las cuales pueden ser previas o de
mérito. Sobre la naturaleza de cada una de ellas la Corte se ha pronunciado en
los siguientes términos:
“Las primeras están encaminadas a corregir el procedimiento y sanear
las fallas formales iniciales (de jurisdicción, competencia, confirmación sobre
la existencia y capacidad para actuar de demandante y demandado, lleno de los
requisitos legales de la demanda, citación y notificaciones del caso, cosa
juzgada, transacción y caducidad) de manera que, una vez subsanadas las
irregularidades, el proceso se pueda llevar a cabo de acuerdo con las normas
propias según la ley.
Las excepciones de mérito en cambio, no se dirigen a atacar aspectos
formales de la demanda; buscan desvirtuar las pretensiones del demandante, y el
Juez se pronuncia sobre ellas en la Sentencia”[100].
Concretamente, las excepciones de mérito, también llamadas perentorias
o de fondo, han sido definidas por la doctrina sobre la materia como aquellas
que se oponen a las pretensiones del demandante “bien porque el derecho
alegado en que se basan nunca ha existido, o porque habiendo existido en algún
momento se presentó una causa que determinó su extinción o, también, cuando no
obstante que sigue vigente el derecho, se pretende su exigibilidad en forma
prematura por estar pendiente un plazo o una condición”[101].
Por ser de interés para el caso que resolverá la Sala en esta
oportunidad, se hará una referencia particular a las excepciones de
prescripción y contrato no cumplido.
La excepción de prescripción
21.
Según lo dispuesto en el artículo 1625 del Código
Civil una de las formas de extinguir una obligación es a través de la
prescripción. Este fenómeno es descrito por ese cuerpo normativo como “un
modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos
ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y
derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos
legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la
prescripción”[102].
El artículo 2535 de ese código establece que la prescripción que
extingue las acciones y derechos ajenos, exige solamente cierto lapso de tiempo
durante el cual no se hayan ejercido tales acciones, tiempo que se cuenta desde
que la obligación se haya hecho exigible. Dicho término es de 5 años para el
caso de las acciones ejecutivas, según lo dispuesto en el artículo 2536 del
mismo cuerpo normativo, disposición que, además, indica que una vez
interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el
respectivo término.
El artículo 2539 de esa normatividad prevé dos formas de interrumpir la
prescripción extintiva, esto es, de manera natural y civil. La primera, por el
hecho de reconocer el deudor la obligación, sea expresa o tácitamente; la
segunda, por la demanda judicial.
22.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia en sentencia de tutela STC 17213 del 20 de octubre de 2017 sostuvo que
“Como la prescripción legalmente está concebida como un modo de adquirir las
cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos de los demás, de entrada
queda averiguada su finalidad, que no es otra que la de consolidar situaciones
jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo”[103]. En esa
oportunidad, la Corte Suprema adujo que la interrupción natural acaece cuando el deudor, en un acto voluntario e inequívoco, reconoce tácita o
expresamente la obligación.
En la sentencia SC130 del 12 de febrero de 2018, la Corte Suprema de
Justicia explicó que la interrupción natural de la
prescripción tiene que ser por una conducta inequívoca, de esas que “encajan
sin objeción en aquello que la doctrina considera el reconocimiento tácito de
obligaciones, para lo cual basta ‘que un hecho del deudor implique
inequívocamente la confesión de la existencia del derecho del acreedor: así, el
pago de una cantidad a cuenta o de los intereses de la deuda, la solicitud de
un plazo, la constitución de una garantía, las entrevistas preliminares con el
acreedor para tratar del importe de la obligación, un convenio celebrado entre
el deudor y un tercero con vista al pago del acreedor’[104]”.
Esa Corporación indicó además que la ley exige para la
interrupción natural que el deudor debe “reconocer”, es decir, asentir,
consentir o aceptar la obligación, en forma expresa o tácita.
La excepción de contrato no cumplido -exceptio non adimpleti
contractus-
23.   El artículo 1609 del Código Civil establece que “en los contratos
bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo
pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo
en la forma y el tiempo debidos”. Esto quiere decir que en los contratos
bilaterales no se estará en mora de cumplir lo pactado mientras la contraparte
no lo haya cumplido en la forma y el tiempo establecidos en los términos
contractuales o la ley[105].
Esta Corporación indicó
que con esa disposición se busca impedir “que una de las partes quiera
prevalerse del contrato y exigir a la otra su cumplimiento, mientras ella misma
no cumpla o no esté dispuesta a cumplir las obligaciones que le incumben”[106].
En la sentencia T-537 de 2009 se pronunció sobre la naturaleza de la excepción
de contrato no cumplido, en los siguientes términos:
“El contenido de esta cláusula refleja los más elementales parámetros
de equidad, simetría y buena fe que deben ser entendidos como elementos
connaturales a las obligaciones contractuales bilaterales[107],
prescribiendo lo que es el producto de un análisis basado en la justicia
material de las relaciones contractuales: si una de las partes de una relación
bilateral no está en posición de cumplir las obligaciones contractuales, cómo
puede exigirle a la otra el cumplimiento de la prestación debida? La idea de
esta figura es brindar una posibilidad de resolución de diferencias originadas
en contratos en donde se ha presentado un abandono recíproco de las
prestaciones a cargo de las partes contratantes, evitando que las mismas queden
en un estado de indefinición permanente. En este sentido ha manifestado la
Corte Suprema “es necesario asimismo hacer ver que por obra de aquella
circunstancia [el mutuo incumplimiento,] no siempre ha de quedar atascada la
relación derivada del negocio y sometida en consecuencia “…a la indefinida
expectativa de que -en algún tiempo- pueda ejecutarse o resolverse el contrato
no cumplido por iniciativa exclusiva de aquella de las dos que considere
derivar mayores ventajas del incumplimiento común, o de que la acción
implacable del tiempo le da vigencia definitiva a través de la prescripción…
(G. J. Tomo CXLVIII, pág. 246)[108]”[109].
24.   En reciente jurisprudencia -sentencia de casación SC2307-2018 del 25 de junio de 2018-[110] la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia explicó la
importancia de la cláusula contenida en el artículo 1609. Para ello, primero hizo
referencia a la figura de la condición resolutoria tácita contenida en el
artículo 1546 del Código Civil[111],
en virtud de la cual en los contratos bilaterales el
contratante cumplido tiene la facultad de pedir la resolución o el cumplimiento
del pacto, en uno y otro caso, con indemnización de perjuicios, frente al
extremo contrario del negocio que no respetó las obligaciones adquiridas.
Al respecto, expuso
que “cuando las partes deben acatar prestaciones simultáneas, para hallar
acierto a la pretensión judicial fincada en el canon 1546 citado, es menester
que el demandante haya asumido una conducta acatadora de sus débitos, porque de
lo contrario no podrá incoar la acción resolutoria o la de cumplimiento
prevista en el aludido precepto, en concordancia con la exceptio non adimpleti
contractus regulada en el canon 1609 de la misma obra, a cuyo tenor ninguno de
los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro
por su lado no cumpla, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”.
Más adelante,
mencionó que si la pretensión invocada no es la resolutoria sino la de cumplimiento
del acuerdo, la exigencia aumenta “porque quien así lo demanda requiere
haber honrado sus compromisos, aun en el supuesto de que su contraparte no lo
haya hecho previamente”. Luego recordó que la solución es distinta en el
evento de incumplimiento recíproco de las partes, según se trate de
obligaciones simultáneas o sucesivas.
Sobre este
punto[112],
señaló que “en ambas hipótesis, para demandar tanto la resolución como el
cumplimiento, es necesario que el promotor del proceso se haya allanado a
cumplir en el lugar y tiempo debidos, y en el de las segundas, además, que su
incumplimiento sea posterior al del otro extremo del contrato”[113], o en otras
palabras “el demandante incumplidor postrero de obligaciones sucesivas,
carece de legitimación para solicitar la ejecución de un contrato bilateral,
cuando no estuvo presto a cumplir en la forma y tiempo debidos, porque de una
actitud pasiva, como es apenas natural entenderlo, no puede surgir el derecho a
exigir de los demás que cumplan”[114].
Acto seguido,
la Sala Civil de ese Tribunal acotó que la razón de ser de dicha exigencia
adicional, en tratándose de la solicitud judicial de cumplimiento contractual, se
sustenta en que “el que pide el cumplimiento con indemnización de perjuicios
sí tiene necesariamente que allanarse a cumplir él mismo, puesto que, a
diferencia de lo que ocurre en aquel primer caso (demanda de resolución), en
que el contrato va a DESAPARECER por virtud de la resolución impetrada, y con
él las obligaciones que generó, en el segundo va a SOBREVIVIR con la plenitud
de sus efectos, entre ellos la exigibilidad de las obligaciones del demandante,
las que continuarán vivas y tendrán que ser cumplidas a cabalidad por éste”[115].
Con los elementos de juicio
explicados en los capítulos precedentes, entrará la Sala de Revisión a evaluar
el caso concreto.
Caso concreto
Breve presentación
del asunto
25.
El 3 de diciembre de 2007, Yezmín Nabulsi Abusaid, Isabel García Barón y Rafael Antonio Milla
Comitre suscribieron un contrato de transacción con el fin de cancelar una
deuda de $50.000.000 que Yezmín Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name
tenían pendiente con Isabel García Barón, la cual estaba garantizada en el
cheque n.° 4446223 del Banco de Bogotá. En ese contrato, Yezmín Nabulsi Abusaid
se comprometió a entregar a la acreedora un automóvil de propiedad de Rafael
Antonio Milla Comitre marca Citroen, modelo 2003 de placa BNK817. A su vez, la
señora García Barón devolvería a las obligadas el referido título valor que
permitió el inicio de un proceso ejecutivo.
El señor Milla Comitre entregó el documento de
traspaso quedando con la obligación de suscribirlo dentro de los 90 días
siguientes a la entrega del vehículo y una vez la señora Isabel García Barón
devolviera el cheque. Según el actor esta retiró la demanda ejecutiva que
cursaba para ese momento pero no devolvió el cheque y, por el contrario,
presentó cuatro demandas ejecutivas con el fin de obtener el pago del título
valor, de las cuales tres fueron inadmitidas y una finalizó con la sentencia
proferida en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá el 20 de septiembre de 2010, que declaró probadas las excepciones de “pago
total de la obligación” y “cobro de lo no debido” (rad. n.°
2008-00058).
El 1° de agosto de 2011, la señora Isabel
García Barón presentó una demanda ejecutiva en contra del accionante, la cual
correspondió por reparto al Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá (rad. n.°
2011-00444), oportunidad en la que solicitó se le pagaran las siguientes
obligaciones relacionadas con el carro Citroen, modelo 2003 y placa BNK817: i)
los impuestos desde el 2007 hasta la fecha, deuda que asciende a la suma de
$23.236.000; ii) los comparendos que figuran en el SIMIT; iii) la
devaluación del vehículo desde que se debió cumplir con la obligación de
suscribir el traspaso; iv) los impuestos y las multas incluidas en el
RUNT; y v) la suma de $50.000.000 por concepto de intereses sobre la
deuda garantizada con el título valor.
En providencia del 19 de enero de 2017, el Juzgado 46 Civil del
Circuito de Bogotá ordenó seguir adelante con la ejecución. Sobre la
prescripción señaló que en el testimonio que rindió el 3 de abril de 2009
dentro del proceso ejecutivo que se surtió ante el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá (2008-00058), el demandado reconoció la existencia de la
deuda e interrumpió de manera natural el término prescriptivo que corría en su
contra[116].
En cuanto a la excepción de contrato no cumplido, el Juzgado expuso que los
demandados se limitaron a decir que siempre estuvieron dispuestos a suscribir
el traspaso, pero no ofrecieron ningún elemento de juicio que demostrara la
veracidad de dicha intención o acreditara que la acreedora fue reticente al
recibo de la prestación contraída a su favor. Esta decisión fue confirmada por
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
sentencia del 28 de junio de 2017 con fundamento en los mismos argumentos del
juez de primera instancia.
26.
El señor Rafael Milla Comitre instauró acción de tutela
invocando la protección del derecho fundamental al debido proceso. Mediante
sentencia del 12 de diciembre de 2017, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo al considerar que el fallo emitido por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso ejecutivo
cuestionado no presenta irregularidades que determinen la protección. En
providencia del 14 de febrero de 2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia.
27.
En Auto del 27 de junio de 2018 el
magistrado sustanciador dispuso vincular a la abogada Isabel García Barón y
solicitó en calidad de préstamo el proceso ejecutivo n.° 2011-00444, así como
las copias de todas las actuaciones llevadas a cabo en el proceso n.° 2008-00058 y en los demás que fueron inadmitidos. Adicionalmente,
solicitó a la Oficina de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de
la Judicatura informar si la señora García Barón aparece inscrita como abogada,
indicando su dirección y teléfono.
28.
El 31 de julio de 2018 la Secretaría General de esta
Corporación informó que no había sido posible notificar a la señora Isabel
García Barón en ninguna de las direcciones que se anotan en el expediente, ni a
las señoras María Victoria Abusaid Name y Yezmín Nabulsi Abusaid. En aras de garantizar el derecho al debido proceso de
las partes y de todos aquellos que pudieran verse afectados con la decisión se
dispuso mediante Auto del 28 de agosto de 2018 informar a Isabel García Barón a
las nuevas direcciones de notificación suministradas que la acción de tutela de
la referencia se encuentra en esta Corporación. Así mismo, ordenó notificar a
María Victoria Abusaid Name y a Yezmín Nabulsi Abusaid del Auto del 27 de junio
de 2018.
29.
En respuesta a ese proveído, la señora
Isabel García Barón indicó que Rafael Antonio Milla
no había cumplido con lo ordenado por los jueces en el proceso ejecutivo n.°
2011-0044, y que hasta el momento Milla Comitre no ha presentado el documento
de traspaso del vehículo. Por su parte, Yezmín Nabulsi Abusaid aclaró
que en el contrato de transacción no existe ningún elemento que “demuestre
que el señor Antonio Milla tiene o ha quedado obligado económicamente, o que se
haga merecedor de alguna sanción en caso de no cumplimiento con GARCÍA”.
Indicó que, por el contrario, Isabel García Barón no cumplió con la entrega del
cheque, ha dejado de pagar los impuestos del vehículo y ha cometido varias
infracciones de tránsito.  Finalmente,
Rafael Antonio Milla agregó que pese a su calidad de extranjero, reside en
Colombia desde 1992 y desarrolla su actividad como empresario en este país, por
lo que para la fecha de los hechos que dieron origen a esta controversia se
encontraba en Colombia, sin que la señora García Barón tenga pruebas que le
permitan acreditar lo contrario o que lo buscó para entregarle el cheque.
Verificación del
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
30.
Con base en los hechos descritos, la Sala Octava de
Revisión debe determinar, en primer lugar, si en el presente asunto se cumplen
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De conformidad con la jurisprudencia expuesta en la
parte considerativa de esta sentencia, la acción de tutela, por regla general, no procede contra decisiones de autoridades judiciales, salvo cuando
sean acreditadas las causales generales que le permiten al
juez constitucional asumir su conocimiento.
En el caso que ahora se estudia, la Sala observa que la tutela cumple
con esos requisitos de procedibilidad, como se pasa a exponer:
(i) Relevancia
constitucional.
A juicio de la Sala, el asunto que se analiza
es de relevancia constitucional, por cuanto la discusión gira en torno a la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, al parecer,
porque las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta elementos
probatorios determinantes para definir el fondo del asunto en el marco del proceso
ejecutivo que ahora se cuestiona.
Además, porque aparentemente se dio una
indebida aplicación de la normatividad que rige dicho asunto, lo que trajo como
consecuencia que tanto el juzgado como el Tribunal demandados profirieran
decisiones, a juicio del accionante, contrarias a la Constitución y a la ley.
Estas circunstancias, en principio, ameritan la
intervención del juez constitucional.
(ii) Agotamiento de los recursos judiciales.
Al observar las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo n.°
2011-00444 contra el cual se instauró esta acción de tutela, se evidencia que
el accionante agotó los mecanismos a su alcance para obtener la protección de
sus garantías fundamentales, según pasa a explicarse:
-
El 1° de agosto de 2011, la señora Isabel García
Barón instauró demanda ejecutiva por obligación de hacer contra el señor Rafael
Antonio Milla Comitre y las señoras Yezmin Nabulsi Abusaid y María Victoria
Abusaid Name.
-
El 6 de marzo de 2012, el Juzgado 10 Civil del
Circuito de Bogotá profirió el mandamiento de pago[117]. Esta providencia fue notificada al
señor Rafael Antonio Milla el 25 de junio de 2013.
-
El 16 de julio de 2013, el apoderado del señor
Rafael Antonio Milla presentó la contestación de la demanda.
-
El 28 agosto de 2015, el apoderado del señor Rafael Antonio Milla presentó los alegatos de
conclusión ante el Juzgado 2 Civil del Circuito de
descongestión de Bogotá[118].
-
El 19 de enero de 2017, el Juzgado 46 Civil del
Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia.
-
Esta decisión fue apelada por el apoderado del
señor Rafael Antonio Milla el 25 de enero de 2017.
-
El 28 de junio de 2017, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá profirió sentencia de segunda instancia.
Visto lo anterior, se evidencia que el accionante contestó la demanda,
presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y allegó
los correspondientes alegatos de conclusión, luego de lo cual fue emitida la
sentencia de segunda instancia, decisión contra la cual no procede ningún
recurso, de modo que participó en cada una de las etapas del proceso acudiendo
a los medios de defensa a su alcance.
Ahora bien, contra el auto que libra mandamiento de pago procede el
recurso de reposición para cuestionar los requisitos formales del
título. Es necesario aclarar que el señor Rafael Antonio
Milla Comitre no presentó ningún recurso dirigido a debatir si el título era
claro, expreso y exigible; sin embargo, ese no es el objeto de estudio en esta
oportunidad, ni fueron los argumentos por los cuales el actor acudió a la
acción de tutela.
En
otras palabras, el análisis no se circunscribe a algún cuestionamiento sobre
las características formales del título, sino al análisis de fondo sobre la
extinción de la obligación, argumentos que sí se expusieron a través de los
medios establecidos para ello y en la etapa procesal correspondiente dentro del
proceso ejecutivo.
(iii) Requisito de inmediatez:
La Sala considera pertinente recordar que si bien
el Decreto Estatutario 2591 de 1991 señala que la acción de tutela puede ser
interpuesta en cualquier tiempo, ello debe suceder en un tiempo razonable,
contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que
la persona sienta amenazados sus derechos. La razonabilidad del plazo está
determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto[119].
La importancia de
esta exigencia radica en lo siguiente: i) garantiza una protección
urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados; ii)
evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de terceros; iii)
resguarda la seguridad jurídica; y iv) desestima las solicitudes
negligentes[120]. Bajo ese entendido, para
esta Corporación no existe un término de caducidad para acudir a este amparo
constitucional. Cada caso concreto debe ser analizado bajo sus propias
particularidades, teniendo en cuenta todos los matices y circunstancias que
puedan presentarse en el curso del acontecimiento de los hechos.
La última actuación
dentro del proceso ejecutivo que se cuestiona es la sentencia de segunda
instancia proferida el 28 de junio de 2017. La acción de tutela fue interpuesta
el 17 de noviembre de 2017, esto es, cuatro meses y medio aproximadamente
después de esa última actuación, término que a juicio de esta Corporación
resulta razonable para el ejercicio del amparo constitucional.
(iv) En caso de
tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
Este requisito no es aplicable al asunto bajo
estudio ya que las anomalías que se alegan son de carácter sustantivo.
(v) Identificación de los hechos que generaron la vulneración de
derechos.
El accionante
identificó cada uno de los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración de
los derechos fundamentales cuya protección se invoca. Los mismos fueron
alegados también en el trámite del proceso ejecutivo dentro de las etapas
procesales correspondientes, esto es, en la contestación de la demanda cuando
se alegaron como excepciones de fondo las de prescripción y contrato no
cumplido, y en el recurso de apelación el cual, como se verá más adelante, se
sustentó en esos mismos argumentos.
(vi) El fallo
controvertido no es una sentencia de tutela.
Como se ha
indicado, la providencia que se censura hizo parte de un proceso ejecutivo
singular.
Análisis
sobre la configuración de los defectos fáctico y sustantivo en el caso concreto
31.
Verificado el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
pasa la Sala a determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron
el derecho al debido proceso del señor Rafael Antonio Milla Comitre por
incurrir en los defectos fáctico y sustantivo al declarar i) no probada
la excepción de prescripción de la acción con fundamento en que la misma se
interrumpió de manera natural con el testimonio rendido por el accionante en
otro proceso ejecutivo y ii) no probada la excepción
de contrato no cumplido porque el actor no demostró que la señora Isabel García
Barón fue reticente al recibo de la prestación contraída a su favor.
32.
Para efectos de resolver cada uno de estos planteamientos,
se hará referencia a las actuaciones y a los argumentos expuestos por las
autoridades judiciales accionadas en las decisiones que adoptaron en el marco
del proceso ejecutivo, los cuales se citarán por separado para cada una de las
excepciones que ahora son objeto de censura. Primero se abordará lo
concerniente a la excepción de prescripción y, luego de ello, a la excepción de
contrato no cumplido.
Sobre la excepción de prescripción
33.
El contrato de transacción objeto de
debate fue suscrito el 3 de diciembre de 2007, por Yezmín
Nabulsi Abusaid, Isabel García Barón y Rafael Antonio Milla Comitre.
34.
El 1° de agosto de 2011, la señora Isabel García Barón
presentó una demanda ejecutiva en contra de Rafael Antonio Milla Comitre. Mediante
sentencia del 19 de enero de 2017, el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá
ordenó seguir adelante con la ejecución. Sobre la prescripción de la acción se
pronunció en los siguientes términos[121]:
“(…) 7.1 No obstante lo anterior, se observa que el demandado Rafael
Antonio Milla Comitre en declaración rendida ante el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Bogotá el 3 de abril de 2009 [proceso
n.° 2008-0058], reconoció el contrato de transacción aportado como pilar
de cobro y manifestó que ‘me urge hacer el traspaso del carro por (sic) hace
más de un año está en manos de un tercero y eso me mortifica y es justo lo que
yo no quería’, manifestación con la cual reconoce la existencia de la deuda e
interrumpe de manera natural el término prescriptivo que corría en su contra.
7.2 Así mismo, se advierte que la demanda fue presentada el 1° de
agosto de 2011; también se observa que el mandamiento de pago fue
notificado al demandante en estado de 13 de marzo de 2012; al tiempo que se
desprende que esta providencia fue enterada a los demandados en forma
personal en las siguientes oportunidades: a Rafael Antonio Milla Comitre el 25
de junio de 2013, a Yezbin Nabulzi (sic) Abusaid el 30 de septiembre de
2013 (…)
8. Lo anterior significa que la obligación prescribió para Yesbin
Nabulzi (sic) Abusaid (…) No ocurre lo mismo para Rafael Antonio Milla
Comitre, pues no debe perderse de vista que aquel interrumpió naturalmente la
prescripción de la obligación, pues la reconoció expresamente en testimonio que
rindió el 3 de abril de 2009. Y es palmario que desde el hecho interruptor
del término prescriptivo la notificación del mandamiento de pago a dicho
ejecutado, la cual se produjo el 25 de junio de 2013, apenas habían
transcurrido cuatro años, un mes y veintidós días, el cual es un lapso inferior
al quinquenio establecido para que opere la prescripción extintiva de la acción
ejecutiva (…)”. (Negrilla fuera del texto original).
En la sustentación del recurso
de apelación interpuesto contra esta decisión, el apoderado del señor Milla
Comitre indicó que este no pudo contraer una obligación en el testimonio
rendido en el proceso ejecutivo n.° 2008-0058, porque allí se limitó a decir la
verdad de lo acontecido, manifestando su molestia ante la imposibilidad de
hacer el traspaso, no por su culpa, sino por la de la parte demandante. A
juicio del apelante, eso condujo al a quo al error de concluir que se
interrumpió la prescripción[122].
La Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá confirmó en todas sus partes la decisión de primera
instancia, según fallo del 28 de junio de 2017. Sobre esta excepción se dijo lo
siguiente[123]:
“(…) Ciertamente, al absolver el testimonio
que recaudó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá el 3 de abril de
2009, el hoy opositor manifestó que ‘la señora Isabel le prestó un dinero a mi
suegra y mi suegra tiene problemas económicos y no pudo cumplirle con la
obligación’; que ‘yo tenía un carro que no usaba mucho (…) entonces contactamos
a la señora Isabel y le propusimos entregarle el carro como dación en pago por
la deuda’; que ‘el día 4 de diciembre firmamos el contrato de transacción y
le hicimos entrega material del automóvil’ y que ‘me urge hacer el
traspaso del carro porque hace más de un año que está en manos de un
tercero y eso me mortifica y es justo lo que yo no quería (…) en todo
caso, estoy en total condición de hacer el traspaso en cualquier momento que me
lo soliciten’.
Desde luego, ese reconocimiento expreso de
la obligación (de hacer el traspaso) redundó en que, para el señor Milla
Comitre, el término de la prescripción empezara a correr, de nuevo, desde el
día 3 de abril de 2009 (fecha en que rindió su versión testimonial)”. (Resaltado y subrayado por el Tribunal).
35.
Ahora bien, para resolver el cuestionamiento sobre
el análisis de la excepción de prescripción es relevante hacer mención al
contexto en que fueron rendidas las declaraciones de Rafael Milla Comitre
dentro del proceso ejecutivo 2008-0058.
Según se desprende del expediente de ese
trámite, el 11 de febrero de 2008 Isabel García Barón instauró demanda
ejecutiva singular contra Yezmin Nabulsi Abusaid y María Victoria Abusaid Name
con el fin de obtener el pago de la deuda de 50 millones de pesos soportada en
el cheque n.° 4446223. En la contestación, las demandadas alegaron como
excepciones el pago total de la obligación y cobro de lo no debido, y
solicitaron decretar como prueba el testimonio del señor Rafael Antonio Milla,
quien conocía todo lo relacionado con las excepciones propuestas[124].
Mediante Auto del 10 de febrero de 2009, el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá decretó, entre otras pruebas, el
testimonio solicitado por las demandadas[125],
diligencia que se llevó a cabo el 3 de abril de esa anualidad. El juzgado le
solicitó al testigo hacer un relato claro y conciso respecto de los hechos que
le constaran, indicando circunstancias de tiempo modo y lugar de los mismos,
ante lo cual el señor Milla Comitre señaló[126]:
“La señora Isabel le prestó un dinero a mi
suegra y mi suegra tiene problemas económicos y no pudo cumplirle con la
obligación ni con los intereses (…) yo tenía un carro que no utilizaba mucho
(…) contactamos a la señora Isabel y le propusimos entregarle el carro como
dación en pago (…) firmamos el contrato de transacción y le hicimos entrega
material del automóvil que recibió a satisfacción. Acordamos que tenía 90
días para indicarme a nombre de quién teníamos que hacer el traspaso o de lo
contrario lo haríamos a nombre de ella, porque yo no quería que el carro
estuviera a nombre mío en manos de terceros por mucho tiempo (…) Hasta el
día de hoy no hemos recibido el cheque que se le entregó en garantía. Me urge
hacer el traspaso del carro por (sic) hace más de un año está en manos de un
tercero y eso me mortifica y es justo lo que yo no quería, la tarjeta de
propiedad está con una prenda a favor del Leasing Colombia, por una obligación
que cancelé más o menos en junio de 2007, pero no hice el levantamiento de
prenda, esperando el nuevo propietario, en todo caso estoy en condición de
hacer el traspaso en cualquier momento que me lo soliciten (…)”.
36.
Como se indicó anteriormente (párrafos 21 y 22, supra),
el artículo 2539 del Código Civil prevé dos formas de interrumpir la
prescripción extintiva: de manera natural y civil. La primera, por el hecho de
reconocer el deudor la obligación, sea expresa o tácitamente; la segunda, por
la demanda judicial. Según la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, la interrupción natural acaece cuando el deudor, en un acto voluntario e inequívoco, reconoce
tácita o expresamente la obligación y que la ley
exige para esta clase de interrupción que el deudor debe “reconocer”, es
decir, asentir, consentir o aceptar la obligación, en forma expresa o
tácita[127].
37.
Sea lo primero señalar que no puede confundirse la
deuda de los 50 millones de pesos soportada en el cheque y que fue objeto de
debate en el proceso ejecutivo 2008-0058[128],
con la obligación contenida en el contrato de transacción de hacer el traspaso
del vehículo con el cual se saldó dicha deuda y que fue objeto de debate en el
proceso ejecutivo 2011-0444[129].
Es importante realizar esta precisión porque, a
juicio del accionante, el Juzgado 46 Civil del Circuito de
Bogotá tomó fuera de contexto una parte de su testimonio en el que dijo que le
urgía hacer el traspaso del carro, porque con base en ello “concluyó que
estaba reconociendo la deuda e interrumpiendo de manera natural el
término prescriptivo”. En realidad las autoridades judiciales accionadas,
en el análisis de la excepción de prescripción, no concluyeron que el señor
Milla Comitre estuviera reconociendo la deuda; lo que asumieron como aceptado
por el actor tanto el juzgado como el Tribunal, fue la obligación de hacer el
traspaso.
En el testimonio rendido que se citó
anteriormente, y que fue solicitado por las señoras Yezmin Nabulsi Abusaid y
María Victoria Abusaid, el señor Rafael Antonio Milla indicó que, en efecto, se
firmó un contrato de transacción, que no había hecho el traspaso del vehículo y
que estaba en condición de hacerlo en cualquier momento que se lo solicitaran.
Independientemente de la razón por la cual no se hubiere hecho el traspaso -pues
este es el debate que se surte en el análisis de la excepción de contrato no
cumplido como se verá más adelante-, para el estudio de la interrupción de la
prescripción extintiva bastaba para las autoridades accionadas esa
manifestación como reconocimiento de una obligación pendiente por ejecutar.
Tal conducta no puede calificarse
como una interpretación irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa de la norma, sino que
denota una confusión y una inconformidad con el análisis efectuado por las
autoridades accionadas, respecto de las cuales no puede predicarse la
configuración de un defecto sustantivo. Así mismo, las decisiones adoptadas por
el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá no pueden ser consideradas producto de un error palmario en
la interpretación de la prueba trasladada (el testimonio del proceso 2008-0058)
en tanto, como se expuso, el señor Milla Comitre aceptó de manera inequívoca
que existía una obligación pendiente por ejecutar, esto es, el traspaso del
vehículo.
Sobre la excepción de contrato no
cumplido
38.
En el contrato de transacción[130] suscrito con el fin de cancelar la
deuda de 50 millones de pesos, Yezmín Nabulsi Abusaid se comprometió a entregar
a la acreedora Isabel García Barón un automóvil de propiedad de Rafael Milla
Comitre. A su vez, la señora García Barón devolvería a las obligadas el título
valor que se hallaba inmerso en un proceso ejecutivo. En concreto, se pactó lo
siguiente[131]:
“Entre ISABEL GARCÍA BARÓN y YEZMÍN NABULSI ABUSAID (…), mediante el
presente escrito, dejamos constancia del siguiente acuerdo para dar por
terminada la obligación de YEZMÍN NABULSI ABUSAID y MARÍA VICTORIA ABUSAID NAME
contenido en el cheque n.° N4446223 del Banco de Bogotá (…)
1. La señora YEZMÍN NABULSI ABUSAID, entrega como única contraprestación
de la obligación y sus intereses y gastos, el vehículo propiedad de su esposo,
automóvil de placas BNK 817 marca Citroen, modelo C5 BNL2 año 2003 (…) El
mencionado vehículo, por ser de segunda mano, se entrega en el estado en que se
encuentra, libre de todo gravamen, pleito pendiente, créditos, etc., condiciones
resolutorias de dominio y el propietario señor RAFAEL ANTONIO MILLA COMITRE se
compromete a salir al saneamiento y a responder por las obligaciones hasta la
fecha de entrega, es decir, 3 de diciembre de 2007. Las obligaciones a
partir de la fecha 4 de diciembre de 2007, corresponderán a la señora ISABEL
GARCÍA BARÓN, quien recibe el vehículo mencionado, en dación en pago para la
cancelación total de la deuda, sus interés (sic) y gastos.
2. La señora ISABEL GARCÍA BARÓN recibe como única contraprestación de
la obligación y los intereses y gastos causados, contenida en el título valor
cheque n.° N4446223 del Banco de Bogotá, el vehículo automóvil (…). Se
compromete a efectuar la devolución del título valor dentro de los próximos
diez días a partir de la fecha, 3 de diciembre de 2007, en razón a que la
demanda ejecutiva fue presentada y de (sic) conocimiento del Juez Primero Civil
del Circuito de Bogotá y en la fecha se encuentra al Despacho, sin poder
efectuar el retiro físico del documento base de la ejecución. Se recibe el
traspaso del mencionado vehículo y se deja un plazo máximo de noventa (90) días
a partir de la fecha, a fin de registrarlo en la respectiva Secretaría de
Tránsito de Bogotá, en su defecto el señor RAFAEL ANTONIO MILLA COMITRE,
efectuará el traspaso a nombre de la adquirente señora ISABEL GARCÍA BARÓN, los
gastos que genere el respectivo traspaso serán por cuenta de la señora YEZMÍN
NABULSI ABUSAID.
El siguiente acuerdo se suscribe a fin de dar por terminado el proceso
de ejecución del Juzgado Primero Civil del Circuito, el pago del capital, los
intereses y los gastos procesales, quedando las partes a paz y salvo por todo
concepto, salvo el gasto de traspaso del vehículo.
En constancia de la entrega y recepción física del vehículo antes
descrito a entera satisfacción, firman las
partes, en Bogotá, el 3 de diciembre de 2007”.
El 1° de agosto de 2011, la señora Isabel García Barón presentó una
demanda ejecutiva (2011-00444) en contra de Rafael Antonio Milla Comitre
solicitando se le pagaran las siguientes obligaciones relacionadas con el carro
Citroen, modelo 2003 y placa BNK817[132]:
i) los impuestos desde el 2007 hasta la fecha, deuda que asciende a la
suma de $23.236.000; ii) los comparendos que figuran en el SIMIT; iii)
la devaluación del vehículo desde que se debió cumplir con la obligación de
suscribir el traspaso; iv) los impuestos y las multas incluidas en el
RUNT; y v) la suma de $50.000.000 por concepto de intereses sobre la
deuda garantizada con el título valor.
En Auto del 6 de marzo de 2012 el juzgado libró mandamiento de pago por
obligación de suscribir documento y ordenó al demandado suscribir el traspaso
del vehículo. Así mismo, libró mandamiento de pago por las siguientes sumas de
dinero: i) intereses causados sobre la suma de 50 millones de pesos
desde el 3 de diciembre de 2007[133] hasta
que se verifique el pago de la obligación; ii) el valor correspondiente
a la devaluación del vehículo; y iii) los gastos del traspaso.
En la contestación de la demanda, el señor Rafael Antonio Milla expuso,
en primer lugar, que era cierta la existencia del contrato de transacción,
más no que el incumplimiento fuera imputable a él “ya que la
imposibilidad de realizar el traspaso del vehículo sobre el que versa dicho
contrato, es imputable a la demandante, quien, inclusive, presentó la demanda
inicial antes de que se cumpliera el término límite para hacer el traspaso,
siempre se evadió”. Mencionó que, en consecuencia, se presentó la excepción
de contrato no cumplido, pues la demandante no se prestó a recibir el traspaso,
lo que lo liberaba de toda responsabilidad y de pagar las obligaciones
indemnizatorias.
En sentencia del 19 de enero de 2017, el Juzgado 46 Civil del Circuito
de Bogotá se pronunció en los siguientes términos en cuanto a la referida excepción[134]:
“9. (…) En desarrollo de este canon [art. 1609, Código Civil], la
ejecución de las obligaciones de los contratos bilaterales no puede ser
demandada, en aquellos eventos en que el demandante no ha satisfecho las
prestaciones a su cargo que debían honrarse de manera previa o concomitante a
la deuda que se le exige.
Empero, en la sustentación de la excepción, los demandados se
limitan a decir que siempre estuvieron dispuestos a suscribir el traspaso que
se les demanda, pero no ofrecen ningún elemento de juicio que demuestre la
veracidad de dicha intención o acredite que la acreedora fue reticente al
recibo de la prestación contraída a su favor, circunstancias que son
suficientes para desestimar ese medio defensivo. (…)”.
En la sustentación del recurso de
apelación contra esa decisión, el apoderado de Rafael Milla Comitre puso de
presente que el a quo no profundizó lo suficiente sobre la excepción de
contrato no cumplido. Expuso que la obligación de la demandante era clara y
puntual, debiendo devolver el cheque dentro de los 10 días siguientes a la
fecha del contrato de transacción, sin que acreditara haber cumplido esa
obligación para demandar el cumplimiento del traspaso. Además, destacó que el
testimonio rendido por el señor Milla Comitre[135] en el que se basó
el juzgado de primera instancia para tomar su decisión, al que se le dio el
alcance de prueba trasladada, debía ser analizado en contexto y aceptado en su
integridad, porque allí se dijo que el cheque no había sido devuelto por la
señora Isabel García. Al respecto, resaltó que incluso cuando la demandante
interrogó al testigo, implícitamente aceptó esa circunstancia, pues en ningún
momento contradijo lo afirmado por el señor Rafael Antonio sobre la falta de
entrega del cheque.
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
confirmó la decisión y sobre el particular indicó[136]:
“(…) Dicho ejecutado no acreditó, según le incumbía (art. 177 del CPC
que reprodujo el 167 del CGP) que en ese interregno de 90 días, que feneció el
3 de marzo de 2008, él atendió (o estuvo presto a atender), la obligación de
transferir el dominio sobre el prenombrado vehículo.
En efecto, las probanzas que acá se recogieron, ni por asomo dan cuenta
que el señor Milla Comitre hubiera acudido a registrar el traspaso en la
respectiva Secretaría de Tránsito de Bogotá, ni tampoco, que su contraparte
hubiera sido renuente a recibir el traspaso o que fuera por causa atribuible a
esta última que la tradición del artefacto este no se pudo realizar.
Así las cosas, afirmaciones según las cuales el ejecutado demostró ‘su
disposición de cumplir con la suscripción del traspaso, al paso que la
demandante no se prestó a suscribirlo’, se encuentran ayunas de toda prueba”.
39.   De acuerdo a lo señalado previamente (párrafos 23 y 24, supra),
la excepción de contrato no cumplido supone que en los contratos bilaterales no
se estará en mora de cumplir lo pactado mientras la contraparte no lo haya
cumplido en la forma y el tiempo establecidos en los términos contractuales o
la ley[137].
Según se reiteró, busca impedir “que una de las partes quiera prevalerse del
contrato y exigir a la otra su cumplimiento, mientras ella misma no cumpla o no
esté dispuesta a cumplir las obligaciones que le incumben”[138].
También se resaltó que el contenido de esta cláusula “refleja los
más elementales parámetros de equidad, simetría y buena fe que deben ser
entendidos como elementos connaturales a las obligaciones contractuales bilaterales[139], prescribiendo lo que es el
producto de un análisis basado en la justicia material de las relaciones
contractuales: si una de las partes de una relación bilateral no está en
posición de cumplir las obligaciones contractuales, cómo puede exigirle a la
otra el cumplimiento de la prestación debida?”[140].
Además, se reiteró lo señalado por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que es necesario que el demandante “haya asumido una conducta acatadora de sus débitos, porque de lo
contrario no podrá incoar la acción resolutoria o la de cumplimiento prevista
en el aludido precepto, en concordancia con la exceptio non adimpleti
contractus” y que quien demanda el cumplimiento de la obligación “requiere haber
honrado sus compromisos, aun en el supuesto de que su contraparte no lo haya
hecho previamente”, es decir, demostrar que se allanó a cumplir en el lugar
y tiempo debidos[141].
40.   Revisado lo anterior, la Sala observa, en primer lugar, que el análisis
efectuado tanto por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá como por la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá se limitó estrictamente a señalar que
había una ausencia de medios probatorios que permitieran acreditar que el señor
Rafael Antonio Milla estuvo presto a efectuar el traslado y que la señora
Isabel García Barón fue reticente a recibir el traspaso del vehículo. Pero
ambas autoridades omitieron evaluar los planteamientos del actor en cuanto al
incumplimiento de la señora Isabel García Barón respecto de la obligación que
tenía a su cargo, esto es, la entrega del cheque.
De lo pactado en el
contrato de transacción se desprende que la primera obligación a cumplir era la
que estaba a cargo de la señora García Barón, es decir, devolver el cheque
dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato. Luego, en los 90 días
posteriores a la suscripción de ese pacto, el señor Milla Comitre debía
efectuar el traspaso del carro. Sin embargo, a pesar de alegarlo en la
contestación de la demanda, en la sustentación del recurso de apelación y en
los alegatos de conclusión, ni el juzgado ni el Tribunal se pronunciaron al
respecto.
En otras palabras,
el análisis de la excepción de contrato no cumplido no podía limitarse a la
ausencia del traspaso, sino que debía incluir la valoración de las dos
obligaciones contenidas en el contrato de transacción, a saber, la entrega del
cheque (primera obligación en el tiempo) y el traspaso (segunda obligación).
Esa es precisamente la naturaleza de la excepción alegada por el accionante,
pues la parte que pretenda obtener no solo el cumplimiento de una obligación
sino los perjuicios causados por el incumplimiento, debe acreditar que ella sí cumplió
o estuvo dispuesta a hacerlo. Esto, en los términos de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, refleja los más elementales parámetros de equidad,
simetría y buena fe que deben ser entendidos como elementos connaturales a las
obligaciones contractuales bilaterales.
41.   En segundo lugar, ni el juzgado ni el Tribunal tuvieron en cuenta
circunstancias relevantes y determinantes para adoptar la decisión:
i)
En la contestación de la demanda el señor Milla
Comitre puso de presente que Isabel García Barón presentó la demanda del
proceso 2008-0058 antes de que se cumpliera el término límite para hacer el traspaso,
esto, con el fin de rebatir el hecho de que supuestamente aquella se allanó o
estuvo presta a cumplir con la devolución del cheque.
ii)
En la sustentación del recurso de apelación se destacó que el testimonio rendido por el señor Milla
Comitre[142],
en el que se basó el juzgado de primera instancia para tomar su decisión, al
que se le dio el alcance de prueba trasladada, debía ser analizado en contexto
y aceptado en su integridad, porque allí se dijo que el cheque no había sido
devuelto por la señora Isabel García.
iii)   Las autoridades accionadas tampoco verificaron las demás obligaciones
contenidas en el contrato de transacción, donde se plasmó que el vehículo se
entregaba libre de todo gravamen y que las obligaciones a partir del 4 de diciembre
de 2007 correspondían a la señora Isabel García Barón, quien recibió el
vehículo a satisfacción. A pesar de ello, siguieron adelante con la ejecución
que ordenó i) el pago de intereses causados “sobre la suma de 50
millones de pesos desde el 3 de diciembre de 2007[143] hasta que se verifique
el pago de la obligación” confundiendo la deuda de los 50 millones de pesos
con la obligación de entrega del vehículo; y ii) “el valor
correspondiente a la devaluación del vehículo”, siendo que este ha
sido usado y está en poder de la señora Isabel García Barón desde la fecha de
la firma del contrato de transacción.
Una cosa es tasar
los eventuales perjuicios que se causen con la falta del traspaso del vehículo
y otra muy diferente es ordenar el pago de una obligación, sin indicar a qué
clase de obligación se refiere o de dónde surge esa cifra de 50 millones de
pesos sobre los cuales se están tasando los intereses, cuando la demanda que se
presentó fue por una obligación de hacer y no por el pago de una deuda.
42.    Finalmente, el Tribunal reclamó del actor la falta de acreditación de
haber efectuado el traspaso en los 90 días pactados, carga que le correspondía
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, en virtud del cual “incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no
requieren prueba”.
Sin embargo, llama
la atención que esa exigencia no se predica respecto de la señora Isabel García
Barón quien no devolvió el cheque e indicó que estuvo presta a hacerlo,
circunstancia que no se acreditó con ningún otro medio probatorio más allá de
su dicho.
43.    A juicio de esta Corporación, tanto el Juzgado como el Tribunal vulneraron
el derecho fundamental al debido proceso del señor Rafael Antonio Milla Comitre
al incurrir:
i) En un defecto sustantivo, porque la interpretación que realizaron del
artículo 1609 (excepción de contrato no cumplido) fue parcial y limitada a la
obligación del demandado, omitiendo que también existía una obligación a cargo
de la demandante, que en ningún momento fue objeto de pronunciamiento. Además,
el Tribunal incurrió en este defecto, por aplicar indebida y parcialmente el
artículo 177 del C.P.C únicamente a favor de la demandante, cuando sobre èsta
también recaía la obligación de probar o indicar por qué el señor Milla Comitre
incumplió con el contrato de transacción, análisis que tampoco realizó ese
cuerpo colegiado. Lo anterior es un actuar que resulta arbitrario, irrazonable
y desproporcionado.
ii) En un defecto fáctico en su dimensión negativa, en tanto sin
justificación alguna omitieron valorar la totalidad de los medios de convicción
existentes en el proceso, esto es, el conjunto de las obligaciones pactadas en
el contrato de transacción y el testimonio del actor allegado como prueba
trasladada donde se evidencia que la señora Isabel García Barón tampoco había
devuelto el cheque. De haberlo hecho, la solución del caso hubiera variado sustancialmente,
dado que se trata de medios probatorios con incidencia directa en la decisión.
44.
En virtud de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión procederá a revocar las decisiones proferidas en sede de tutela por la
Corte Suprema de Justicia en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección invocada
y, en su lugar, concederá la tutela del derecho fundamental al debido proceso
del accionante. Acto seguido, dejará sin efecto la
decisión adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en segunda
instancia dentro del proceso ejecutivo singular n.º 2011-0444 instaurado por Isabel García Barón contra Rafael Antonio Milla Comitre.
45.
En consecuencia, le ordenará a ese Tribunal proferir una nueva decisión
en la que deberá tener en cuenta: i) que la primera obligación a cumplir
era la que estaba a cargo de la señora Isabel García Barón, esto es, devolver
el cheque dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato de
transacción, y después estaba la obligación del señor Rafael Antonio Milla
Comitre, quien debía efectuar el traspaso del vehículo, esto, de conformidad
con lo señalado en el numeral 40 de la parte considerativa de esta sentencia; y
ii) las circunstancias determinantes evidenciadas por esta Sala de
Revisión, según se expuso en el numeral 41 de la parte considerativa de esta
providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante Auto del
28 de agosto de 2018.
Segundo.- REVOCAR
la sentencia proferida el 14 de febrero de 2018 por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la emitida el 12 de
diciembre de 2017 por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación que
negó el amparo invocado. En su lugar, CONCEDER la protección del derecho
fundamental al debido proceso del señor Rafael Antonio Milla Comitre.
Tercero.-
DEJAR SIN EFECTO la decisión proferida en segunda instancia
el 28 de junio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que
confirmó la sentencia de primera instancia emitida el 19 de enero de 2017 por
el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo
singular n.º 2011-0444 instaurado por Isabel García Barón
contra Rafael Antonio Milla Comitre. En su lugar, ORDENAR a la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogorá que, en el término de treinta (30)
días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión siguiendo estrictamente los lineamientos fijados y el análisis
efectuado en esta providencia, según lo señalado en el numeral 45 de la parte
considerativa de esta sentencia.
Cuarto.- DEVOLVER
el expediente n.° 2008-0058 correspondiente al proceso
ejecutivo singular instaurado por Isabel García Barón contra María Victoria
Abusaid Name y Yezmín Nabulsi Abusaid, al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Bogotá, y el expediente n.º 2011-00444 instaurado por la señora Isabel García
Barón contra Rafael Antonio Milla Cómitre, Yezmín Nabulsi Abusaid y María
Victoria Abusaid Name al Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, allegados a
esta Corporación en calidad de préstamo.
Quinto.- LÍBRESE por Secretaría General las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-451/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió declarar la improcedencia por falta
del requisito de relevancia constitucional (Salvamento de voto)
EXCEPCION DE CONTRATO NO
CUMPLIDO-La decisión de los
jueces de instancia de desestimar la excepción de contrato no cumplido no es
irrazonable (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-6.754.751
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
En atención a la
decisión adoptada por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, referida
al Expediente No T-6.754.751, me
permito presentar salvamento de voto, con fundamento en las siguientes dos consideraciones.
Primero, el asunto sub
examine no tiene relevancia constitucional, pues no se afectó una faceta
constitucional del derecho fundamental del accionado[144].
Tal como lo ha
señalado esta Corte, la relevancia constitucional se refiere a que la disputa
transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa
con el contenido normativo superior[145]. Ello obedece a que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[146].
Sin embargo, la
posición mayoritaria de la Sala considera suficiente que hubiere habido una
afectación al debido proceso para acreditar la relevancia constitucional. A mi
juicio, (i) en este caso, no se desprende que con las providencias
judiciales cuestionadas se afecte principio constitucional alguno y (ii)
no se evidencia una afectación grave al debido proceso constitucional[147]. En consecuencia, este caso es un
asunto meramente legal y económico por lo que la acción de tutela no es
procedente.
Segundo, la
decisión de los jueces de instancia de desestimar la excepción de contrato no
cumplido no es irrazonable. La Sentencia de la cual me aparto estima que el análisis
de dicha excepción “fue parcial y limitada” (para. 43). Sin embargo, los
jueces estimaron que el accionante “no probó que en el término estipulado en
el contrato de transacción hubiera efectuado el traspaso del vehículo, ni
tampoco que estuvo presto a atender dicha obligación”. Al margen del
cumplimiento de su contraparte, tales exigencias son razonables y por ende, los
cargos no están llamados a prosperar.
Con el debido respeto,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Los hechos narrados por el accionante fueron complementados con
las pruebas que obran en el expediente.
[2] De las pruebas
que obran en el expediente se constata que la señora María Victoria Abusaid
Name es la esposa del accionante y la señora Yezmin Nabulsi Abusaid es la
suegra de este.
[3] Esto es, del señor Rafael Antonio Milla Comitre.
[4] Cheque n.° 4446223 del Banco de Bogotá.
[5] Es decir, el señor Rafael Antonio Milla Comitre
[6] El 1° de agosto de 2011.
[7] El
conocimiento del asunto correspondió inicialmente por reparto al Juzgado 10
Civil del Circuito de Bogotá. Posteriormente, en cumplimiento del Acuerdo
CSBTA-15-348 del 4 de febrero de 2015 expedido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, el proceso fue remitido al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Descongestión. Finalmente, el expediente fue remitido al Juzgado 46
Civil del Circuito de Bogotá que profirió la sentencia de primera instancia.
[8] Entregado para pagar la deuda contenida en cheque n.° 4446223 del
Banco de Bogotá.
[9] Expediente 11-2011-00444-00. Cuaderno principal. Folios 68 a
77.
[10] Artículo
1609 del Código Civil: “MORA EN LOS CONTRATOS BILATERALES. En los contratos
bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo
pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo
en la forma y tiempo debidos.”
[11] Expediente 11-2011-00444-00. Cuaderno principal. Folios 68 a
77.
[12] Expediente 11-2011-00444-00. Cuaderno principal. CD. Ver
también el cuaderno de primera instancia del proceso de tutela. Folios 145 a
149.
[13] Cuaderno de primera instancia. Folio 39.
[14] El Tribunal aclaró que el accionante no informó
en el escrito de tutela que la sentencia proferida por el juzgado accionado en
el proceso ejecutivo había sido confirmada por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, lo que le impedía continuar con el conocimiento del trámite
de tutela.
[15] Cuaderno de primera instancia. Folios 140 y 141.
[16] Cuaderno de primera instancia. Folios 155 a 169.
[17] Cuaderno
de primera instancia. Folio 207.
[18] Cuaderno de primera instancia. Folios 208 a 215.
[19] Cuaderno de primera instancia. Folios 228 a 235
[20] Cuaderno de segunda instancia. Folios 3 a 7.
[21] Cuaderno de primera instancia.
Folio l.
[22] Cuaderno
de primera instancia. Folios 3 a 5.
[23] Cuaderno de primera instancia.
Folio 10.
[24] Cuaderno de primera instancia.
Folios 11 a 22.
[25] Cuaderno de primera instancia.
Folios 23 a 25.
[26] Cuaderno de primera instancia.
Folios 26 y 27.
[27] Cuaderno de primera instancia. Folios 118 a 129.
[28] Cuaderno de primera instancia. Folios 145 a 149.
[29] Conformada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el Magistrado
Alberto Rojas Ríos.
[30] Cuaderno de la Corte. Folios 3 a 11.
[31] Cuaderno de primera instancia. Folio 62 vto.
[32] Cuaderno de la Corte. Folios 14 a 18.
[33] Cuaderno de la Corte. Folio 27.
[34] Cuaderno de la Corte. Folios 28 a 37.
[35] Cuaderno de la Corte. Folios 38 a 41.
[36] Cuaderno de la Corte. Folios 42 y 43.
[37] Cuaderno de la Corte. Folio 44.
[38] Cuaderno de la Corte. Folios 72 a 76.
[39] Cuaderno de la Corte. Folios 135 a 153.
[40] Las
direcciones a las cuales se enviaron las notificaciones fueron: i)
Carrera 11 # 92 – 20 con la causal “dirección errada” y la anotación “falta
número de oficina”; y ii) Transversal 43 # 99 – 80, apto 601, con la
causal “no reside”.
[41] Con la causal “no reside”.
[42] Cuaderno de la Corte. Folios 157 y 158.
[43] Cuaderno de la Corte. Folio 158.
[44] Cuaderno de la Corte. Folio 154
[45] Cuaderno de la Corte. Folio 155.
[46] Se enviaron
notificaciones a las siguientes direcciones: i) Carrera 11 # 92 –
20, devuelta con la causal “dirección errada” y la anotación “falta
número de oficina”; ii) Transversal 43 # 99 – 80, apto 601, devuelta
con la causal “no reside”; y iii) Carrera 7 # 16 –
56, oficina 604, que si bien fue recibida en la recepción del edificio, se
recibió la siguiente constancia: “en esta oficina no recibimos documentos
dirigidos a la Dra. Isabel García Barón; sin embargo, puede pasar y ha pasado
que estando en recepción personas que no conocen los nombres de los abogados
que aquí laboran, eventualmente pueden recibir correspondencia que no
corresponde. (…) Dejo constancia igualmente que no conocemos a dicha abogada
García”.
[47] La empresa de correos 4-72 devolvió las notificaciones bajo la
causal “no reside”.
[48] Mediante escrito radicado el 3 de septiembre de 2018.
[49] Contra el cual se interpone la presente acción de tutela.
[50] Allegada el 14 de septiembre de 2018.
[51] En escrito del 5 de septiembre de 2018.
[52] En documento del 11 de septiembre de 2018.
[53] Escrito del 13 de julio de 2018.
[54] Sentencia
T-549 de 2015.
[55] Sentencia T-258 de 2017.
[56] Sentencia SU-769 de 2014.
[57] Ver Sentencia
C-543 de 1992. Cfr. Sentencias SU-917 de 2010; SU-195
de 2012, SU-515 de 2013 y SU-769 de 2014
[58] En esa ocasión, la Corte declaró inexequible la expresión “ni acción”, contenida
en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía ejercer la acción de
tutela contra decisiones de casación en materia penal.
[59] Cfr. Sentencia SU-041 de 2018.
[60] Cfr. Sentencia SU-749 de 2014.
[61] La base
argumentativa y jurisprudencial de este acápite se sustenta en las consideraciones
expuestas en la sentencia SU-035 de 2018.
[62] Cfr.
Sentencia T-543 de 2017.
[63] Ibídem.
[64] Sentencias SU-399 de 2012,
fundamento jurídico nº 4; SU-400 de 2012, fundamento jurídico nº 6.1.; SU-416
de 2015, fundamento jurídico nº 5; y SU-050 de 2017, fundamento jurídico nº
4.2.
[65] Sentencia T-741 de 2017. Reiterada en la sentencia T-259 de 2018.
[66] Sentencia T-266 de 2012. Reiterada en la sentencia T-259 de 2018.
[67] Sentencias T-453
y SU-050 de 2017, SU-427 de 2016, SU-432 y SU-241 de 2015.
[68] Sentencia T-118A
de 2013.
[69] La base argumentativa y jurisprudencial de este acápite se
sustenta en las consideraciones expuestas en la sentencia SU-004 de 2018.
[70] Así,
por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del
supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[71] Cabe resaltar que si esta omisión obedece a
una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las
partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del
derecho de contradicción.
[72] Sentencia
C-590 de 2005.
[73] Sentencia SU-355 de 2017.
[74] Sentencia
SU-159 de 2000.
[75] Sentencia
SU-455 de 2017 y T-1082 de 2007, entre otras.
[76] Sentencias T-442
de 1994.
[77] Sentencia T-060 de 2012.
[78] Sentencias T-064, T-456, T-217, T-067 y T-009 de 2010. En similar
sentido, las sentencia T-505 de 2010 y T-014 de 2011.
[79] Sentencia T-067 de 2010. En igual sentido, sentencia T-009 de 2010 y
T-466 de 2012.
[80] Cfr. Sentencias T-314 de 2013 y T-214 de 2012.
[81] Sentencia T-590 de 2009.
[82] Ibídem.
[83] Sentencia T-590 de 2009
[84] El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece “Pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida
por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en
procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. La confesión hecha en
el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 294.””
[85] López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal
civil colombiano. Parte especial. Tomo II. Novena Edición, DUPRÉ Editores.
Bogotá, D.C. 2009. Pág. 426.
[86] López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal
civil colombiano. Parte especial. Tomo II. Novena Edición, DUPRÉ Editores.
Bogotá, D.C. 2009. Pág. 428.
[87] Devis Echandía, H. Compendio de derecho procesal, Teoría
general del proceso. Tomo I. Decimocuarta Edición, Editorial ABC, 1996 pág.
166. Citado en la sentencia SU-041 de 2018.
[88] Sentencia T-111 de 2018.
[89] Sentencia C-573 de 2003
[90] Sentencia T-111 de 2018.
[91] Ibídem.
[92] Cfr. Sentencia C-214 de 1994.
[93] Sentencia T-909 de 2006. Cfr. Sentencia T-778 de
2004.
[94] Sentencia SU-041 de 2018.
[95] Cfr. Sentencia SU-041 de 2018.
[96] Artículos 497 del CPC y 430 del CGP.
[97] Artículos 509 del CPC y 442 del CGP.
[98] Ibídem.
[99] Sentencia T-650 de 2008. Reiterada en la sentencia SU-041 de
2018.
[100] Sentencia C-1335 de 2000. Esta decisión ha sido reiterada en otras
oportunidades, como en las sentencias T-909 de 2006 y SU-041 de 2018.
[101] López
Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Parte
general. Tomo I. Décima Edición, DUPRÉ Editores. Bogotá, D.C. 2009. Pág. 555.
[102] Artículo 2512 del Código Civil.
[103] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. STC17213-2017.
Radicación: T-7600122030002017-00537-01.
[104] Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC130-2018. Radicación n°
11001-31-03-031-2002-01133-01 del 12 de febrero de 2018. Cfr. Planiol,
Marcelo y Ripert, Jorge, Tratado Práctico de Derecho Civil, T. VII, Cultural
S.A., 1945, pág. 703.
[105] Sentencia T-537 de 2009.
[106] Sentencia C-269
de 1999. La Corte citó a Ospina Fernández Guillermo y Ospina Acosta Eduardo,
Teoría General de los actos o negocios jurídicos, Editorial Temis S.A.
Bogotá-Colombia, 1987 Tercera Edición, pág. 62.
[107] Corte suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de octubre 11 de 1977.
[108] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación civil, sentencia de siete de marzo de 2000, exp.
5319.
[109] Sentencia T-537 de 2009.
[110] Radicado n.° 2003-00690-01.
[111] ARTICULO 1546. “CONDICION RESOLUTORIA TÁCITA. En
los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el
otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del
contrato con indemnización de perjuicios”.
[112] Reiteró la sentencia SC4420 de 8 abr. 2014,
rad. 2006-00138-01.
[113] Ibídem.
[114] Ibídem.
[115] Reiteró las
sentencias SC de 29 nov. 1978, reiterada en SC de 4
sep. 2000 rad. nº 5420, SC4420 de 2014, rad. nº 2006-00138, SC6906 de 2014,
rad. nº 2001-00307-01, entre otras.
[116] Expediente 11-2011-00444-00. Cuaderno principal. Folios 68 a
77.
[117] El
conocimiento del asunto correspondió por reparto inicialmente al Juzgado 10
Civil del Circuito de Bogotá. Posteriormente, en cumplimiento del Acuerdo
CSBTA-15-348 del 4 de febrero de 2015 expedido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, el proceso fue remitido al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Descongestión. Finalmente, el expediente fue remitido al Juzgado 46
Civil del Circuito de Bogotá que profirió la sentencia de primera instancia.
[118] Ibídem.
[119] Cfr.
Sentencias SU-961 de 1999 y SU-339 de 2011.
[120] Sentencia SU-515 de 2013.
[121] Expediente 11-2011-00444-00. Cuaderno principal. Folios 68 a
77.
[122] CD Audiencia de alegaciones y fallo. Proceso ejecutivo
2011-0444. Cuaderno principal.
[123] CD
Audiencia de alegaciones y fallo. Proceso ejecutivo 2011-0444. Cuaderno
principal. Ver además la copia de la sentencia que se allegó como prueba al
proceso de tutela. Cuaderno de primera instancia. Folios 145 a 149.
[124] Proceso ejecutivo n.° 2008-0058. Cuaderno principal. Folios 10 a 17.
[125] Proceso ejecutivo n.° 2008-0058. Cuaderno principal. Folio 21.
[126] Proceso ejecutivo n.° 2008-0058. Cuaderno 3. Folios 2 a 4.
[127] Sentencia SC130
del 12 de febrero de 2018. Radicación n° 11001-31-03-031-2002-01133-01.
[128] En el que se rindió el testimonio.
[129] Contra el cual se presentó esta acción de tutela.
[130] Celebrado entre Yezmín Nabulsi Abusaid, Isabel García Barón y Rafael
Antonio Milla Comitre.
[131] Cuaderno de primera instancia. Folio 10.
[132] Entregado para pagar la deuda contenida en cheque n.° 4446223 del
Banco de Bogotá.
[133] Fecha en que se suscribió el contrato de transacción.
[134] Expediente 11-2011-00444-00. Cuaderno principal. Folios 68 a
77.
[135] En el proceso n.° 2008-0058
[136] CD Audiencia de alegaciones y fallo. Proceso ejecutivo
2011-0444. Cuaderno principal. Ver además la copia de la sentencia que se
allegó como prueba al proceso de tutela. Cuaderno de primera instancia. Folios
145 a 149
[137] Sentencia T-537 de 2009.
[138] Sentencia C-269
de 1999. La Corte citó a Ospina Fernández Guillermo y Ospina Acosta Eduardo,
Teoría General de los actos o negocios jurídicos, Editorial Temis S.A.
Bogotá-Colombia, 1987 Tercera Edición, pág. 62.
[139] Corte suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de octubre 11 de 1977.
[140] Sentencia T-537 de 2009.
[141] Sentencia SC2307-2018. Radicado n.°
2003-00690-01 del 25 de junio de 2018.
[142] En el proceso n.° 2008-0058
[143] Fecha en que se suscribió el contrato de transacción.
[144] Todo derecho
fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los
debates acerca de las facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen,
por tanto, de la relevancia constitucional necesaria para habilitar la
excepcional intervención del juez de tutela en aras de controlar las decisiones
proferidas en los procesos de las jurisdicciones diferentes de la
constitucional.
[145] En la sentencia T-335 de 2000, la Corte destacó: “[L]a
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una
relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan
un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción
constitucional”.
[146] Sentencia C-590
de 2005. Ver también, Sentencia T-248 de 2018: el requisito de
relevancia constitucional persigue principalmente tres finalidades: “(i) preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir
el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”.
[147] De
conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política,
el debido proceso constitucional se integra por las siguientes
garantías: (i) el principio de legalidad; (ii) el
principio del juez natural; (iii) el derecho a la observancia
de las formas propias de cada juicio; (iv) el principio de
favorabilidad; (v) el derecho a la presunción de
inocencia; (vi) el derecho a la defensa; (vii) el
derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilación
injustificada de las mismas; (viii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas; (ix) el derecho a impugnar las
providencias judiciales; (ix) el principio de non bis
in idem; (x) el principio de non reformatio in
pejus; (xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o
contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; (xii) el
principio de independencia judicial; y (xiii) el derecho de
acceso a la administración de justicia. Ver Sentencia T-248 de 2018.