T-239-17
Sentencia T-239/17
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho
superado, daño consumado o situación sobreviniente
DERECHO A LA
SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTONOMO-Evolución jurisprudencial
PRINCIPIO DE IGUALDAD
ENTRE NACIONALES Y EXTRANJEROS-Jurisprudencia Constitucional
El artículo 13 de la Constitución
Política protege el derecho a la igualdad de los extranjeros frente a los
nacionales al afirmar que “todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley,
recib
irán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
DERECHO A LA
SALUD Y AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN
COLOMBIA
Los extranjeros que no sean residentes y no estén asegurados
o afiliados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se les
incentivará para adquirir un seguro médico o plan voluntario de salud o que
asuman con recursos propios los servicios de salud. En otras palabras, los
extranjeros no residentes no tienen la misma cobertura de aseguramiento que
tienen los residentes, puesto que solo los residentes podrán afiliarse al
sistema.
AFILIACION DE
EXTRANJEROS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Regulación
“[a] quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén
asegurados, se los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario de
Salud para su atención en el país de ser necesario”. El Ministerio de Salud ha
señalado, en esta misma línea, que si bien los extranjeros que se encuentren de
forma ilegal en el país no tienen una cobertura especial en el Sistema General
de Seguridad Social, al momento de ingresar deberán contar con una póliza de
salud que permita la cobertura ante cualquier contingencia.
SERVICIOS DE
SALUD PRESTADOS A EXTRANJEROS NO RESIDENTES-Costos
Los servicios de atención de
urgencias que hayan sido prestados por entidades privadas o públicas a
extranjeros no residentes que no tengan los medios para sufragar los costos de
aquellos y no cuenten con una póliza de seguros que los cubra, deberán
asumirlos las entidades territoriales (Departamentos) donde tenga lugar la prestación
del servicio, lo anterior  teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad,
concurrencia y coordinación.
PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE SALUD
La accesibilidad como uno de
los cuatro elementos esenciales para el desarrollo del derecho a la salud
comprende la posibilidad de que todas las personas puedan acceder, en
principio, a los servicios de salud sin ninguna discriminación.
PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE SALUD DE LOS EXTRANJEROS
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Fallecimiento de la persona en nombre
de quien se interpuso la tutela
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR FALLECIMIENTO DE TITULAR DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-No se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, por cuanto hospital prestó los servicios de atención de urgencias a
su disposición
El Hospital Universitario y el
Instituto Departamental de Salud no vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, bajo el entendimiento de que el hospital no contaba con una unidad
de cuidados intensivos ni con el tratamiento de soporte renal, pero a pesar de
lo anterior, prestó los servicios de atención de urgencias a su disposición.
Por su parte, el Instituto Departamental de Salud ordenó el traslado, pero la
insuficiencia de disponibilidad de unidad de cuidados intensivos impidió su
traslado
Referencia: Expediente T-5.890.880
Acción de tutela interpuesta por Flor de
María Gil Pérez, como agente oficioso de su hijo Hermócrates de Jesús Gil,
contra el Hospital Universitario Erasmo Meoz, el Instituto Departamental de
Salud del Norte de Santander y Nueva EPS S.A.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., veinticuatro
(24) de abril de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de la sentencia proferida en primera instancia por el
Juzgado Sexto Civil del Circuito del Distrito Judicial de Cúcuta, del 28 de
julio de 2016, que denegó por improcedente la acción de tutela interpuesta por
Flor de María Gil Pérez, actuando en calidad de agente oficioso de su hijo
Hermócrates de Jesús Gil, contra el Hospital Universitario Erasmo Meoz y el
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
La
accionante pretende que se ordene la remisión inmediata de su hijo a la Unidad
de Cuidados Intensivos (“UCI”) para que se le practique la hemodiálisis renal y
otros procedimientos necesarios para lograr su recuperación.
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
La
señora Flor de María Gil Pérez, actuando en calidad de agente oficioso de su
hijo Hermócrates de Jesús Gil, interpuso acción de tutela contra el Hospital
Universitario Erasmo Meoz y el Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, a la
vida, a la integridad física y a la seguridad social ante la negativa de
trasladar a su hijo a la UCI y practicarle los tratamientos renales necesarios
para su recuperación.
B.
HECHOS RELEVANTES
1. El 5 de julio de 2016, el señor
Hermócrates de Jesús Gil, ciudadano venezolano de 54 años de edad[1],
ingresó al Hospital Universitario Erasmo MEOZ (“HUEM”) donde fue hospitalizado
por enfermedad cerebrovascular con hemorragia, procesos infecciosos pulmonares
e insuficiencia renal.[2]
2. Hermócrates de Jesús Gil no estaba
afiliado al sistema general de seguridad social en salud[3], ni tampoco
tenía la calidad de extranjero residente en Colombia.[4]
3. La señora Flor
de María Gil Pérez, madre del señor Gil y agente oficiosa en este proceso de
tutela, afirma que ni ella ni su familia tienen los medios económicos para
asumir directamente los costos de los tratamientos médicos particulares y la
hospitalización.[5]
4. El 6 de julio de 2016, el HUEM solicitó
al Instituto Departamental de Salud, el CRUE y las IPS
de la ciudad de Cúcuta[6]  el traslado urgente del señor Gil a la UCI y reenvió dicha
solicitud diariamente hasta el 23 de julio de ese año.[7]
5. El Instituto Departamental de Salud,
el Centro de Regulador de Urgencias y Emergencia y las IPS de la ciudad de
Cúcuta negaron diariamente la solicitud de traslado argumentando que no había disponibilidad
de camas en las correspondientes UCI.[8]
6. El día 23 de julio de 2016, después
de quince días de hospitalización, murió el señor Hermocrátes de Jesús Gil.
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
7. Mediante Auto del 14 de julio de 2016, el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Cúcuta, Norte de Santander,
admitió la acción de tutela y ofició al HUEM y al Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander para que ejerciera el derecho a la defensa e informara
los motivos por los cuales el señor Hermócrates de Jesús Gil no ha sido
trasladado a la UCI y no le han prestado los servicios médico-asistenciales
ordenados por el médico tratante. Por último, el a quo decretó la medida
provisional y le ordenó al HUEM y al Instituto el traslado inmediato del
paciente a la UCI para que le brindaran todos los servicios de salud ordenados
por el médico tratante.
Instituto Departamental
de Salud de Norte de Santander
8. Considera que no es la entidad
llamada a garantizar los servicios de salud reclamados por el accionante, en la
medida que en el señor Hermócrates de Jesús Gil no está afiliado al sistema
general de seguridad social en salud.
9. Asimismo, afirma que, dada la
condición del accionante como extranjero no documentado en Colombia, no debe
responder por los servicios de salud que demanda. Por lo anterior, solicita la
declaración de improcedencia de la tutela.
Hospital Universitario
Erasmo MEOZ (HUEM)
10. Aseveró que desde el ingreso del
accionante, quien estaba en condiciones graves de salud, realizó los
procedimientos a su disposición para atender la insuficiencia respiratoria del
paciente, otorgarle los antibióticos y soportes médicos requeridos, así como
también solicitó su traslado inmediato a la UCI para que le hicieran la terapia
de soporte renal (diálisis)[9].
11. Aclaró que el HUEM no cuenta con la
UCI, ni tampoco con la terapia de soporte renal (hemodiálisis) para ofrecerle
esos servicios directamente, ni tampoco cuenta con la infraestructura médica suficiente
para atender el estado de salud del accionante[10].
12. Informó que el HUEM ha cumplido con
su objetivo misional de prestar los servicios de salud de calidad al
accionante, teniendo en cuenta los recursos técnicos-científicos disponibles. Y
señaló que ha solicitado oportunamente el traslado del paciente a la UCI e
insistido en la práctica de la diálisis para combatir su insuficiencia renal[11].
13. Finalmente, solicitó que, en caso de
concederse la protección al derecho de salud, el juez constitucional se
pronuncie sobre quién deberá cancelar los costos de la atención de los servicios
brindados[12].
Nueva EPS
14. Resaltó que el señor Hermócrates de
Jesús Gil no está afiliado a la Nueva EPS y es venezolano, por lo cual, a su
juicio, existe una falta de legitimación por pasiva. En consecuencia, solicitó
que se deniegue la acción de tutela y se desvincule de la acción a la Nueva EPS
S.A.
D.
RESPUESTA DEL TERCERO
INTERVINIENTE
15. Mediante el oficio No. 7404 del 22 de
julio de 2016, el juez de primera instancia vinculó a la Embajada de Venezuela
en Colombia al proceso de tutela. El 25 de julio de 2016, informa el a quo
que no logró enviar la notificación a través del correo oficial del juzgado,
por lo cual se procedió al envío mediante el correo electrónico personal de la
secretaria del juzgado. A pesar de lo anterior, no se obtuvo ninguna respuesta
en este trámite.
E.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Juzgado Sexto
Civil del Distrito Judicial de Cúcuta
16.  El 28 de julio de 2016, el juzgado de
primera instancia negó el amparo de los derechos a la salud, la vida y la
seguridad social por improcedencia. Concretamente, sostuvo que el HUEM y el
Instituto Departamental de Salud no vulneraron los derechos alegados, debido a
que el señor Hermócrates de Jesús Gil “es un ciudadano extranjero no residente
en Colombia, de nacionalidad venezolana que al no encontrarse afiliado al
Sistema de Seguridad Social en salud, ni acredita condición de pobre y
vulnerable clasificado en los niveles I y II del SISBEN (…)”[13].
17. El juez consideró que no existe
normatividad que regule la protección de los derechos a la salud de un
extranjero no residente en el territorio nacional, puesto que, a su entender, “la
Corte Constitucional ha definido que los extranjeros tienen los mismos derechos
que los nacionales, debe tenerse en cuenta que es muy clara al sintetizar que
se trata de los extranjeros residentes en el territorio nacional”[14].
Concluyó que el accionante, por su calidad de extranjero no residente, no puede
alegar la igualdad de derechos respecto de los nacionales colombianos, por lo
cual debe pagar los gastos que se generen por la prestación del servicio médico
asistencial prestado[15].
Impugnación
18. Mediante constancia secretarial del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta, se informa que las partes no
impugnaron el fallo de primera instancia dentro de la oportunidad procesal para
ello.
F.
ACTUACIONES ADELANTADAS
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
19.
Mediante auto del 14 de febrero de 2017, el Magistrado Sustanciador ordenó:
“PRIMERO. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE al Hospital
Universitario Erasmo Meoz, para que dentro del término de tres (3) días
siguiente al recibo de la notificación de esta providencia, informe:
(a) De manera
detallada los tratamientos que han sido suministrados al señor Hermócrates de
Jesús Gil, identificado con cédula de identidad No. V 7.633.355 de Venezuela,
desde el 5 de julio de 2016, fecha en la que ingresó a dicho hospital.
(b)
El estado actual de salud del señor Hermócrates de Jesús Gil,
identificado con cédula de identidad No. V 7.633.355 de Venezuela.
SEGUNDO. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE al Ministerio de Salud
y Protección Social, para que dentro del término de tres (3) días siguiente al
recibo de la notificación de esta providencia, explique:
(a) A qué tipo de
extranjeros se les presta el servicio de salud en Colombia y bajo qué
condiciones.
(b) Cuál es el
régimen de atención en salud para los extranjeros residentes y no residentes.
(c) Cuál es el
régimen de atención en salud y si existe algún tipo de diferencia en la
prestación del servicio de salud cuando se trata de personas que tiene asilo o
refugio.
(d) Quién debe
asumir los costos de los tratamientos de salud prestados a los extranjeros.
TERCERO. Por Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE
al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que dentro del término de tres (3)
días siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, explique:
(a) Cuál es la condición
migratoria del señor Hermócrates de Jesús Gil, identificado con cédula de
identidad No. V 7.633.355 de Venezuela.
(b)
Cuál es el tratamiento que reciben los nacionales venezolanos en materia de
salud en el territorio colombiano.
(c) Cómo procede la
Cancillería cuando tiene conocimiento que un extranjero que está en situación
de irregularidad migratoria está haciendo uso de los servicios de salud.
(d) Quién debe
asumir los costos de los tratamientos de salud prestados a los extranjeros.
(e) Si existe algún
procedimiento para remitir a los extranjeros que están en situación de
irregularidad migratoria y están siendo atendidos en Colombia, para que
continúen recibiendo el tratamiento en el país de origen”.
20. En
respuesta a las pruebas decretadas por el Magistrado Sustanciador se obtuvo la
siguiente información:
E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz (HUEM)
21. Dio
respuesta al oficio aportando los siguientes documentos: (i) informe de la
atención prestada a Hermocrátes de Jesus Gil, (ii) copia de los correos de la
gestión realizada por referencia a IDS, CRUE[16]
e IPS que cuentan con la Unidad de Cuidados Intensivos, (iii) copia del
registro especial de prestadores de servicios de salud (REPS) habilitados en el
Hospital Universitario Erasmo Meoz y (iv) copia del certificado de existencia y
representación legal de Dumian Medical S.A.S. Asimismo, informó que el señor
Hermócrates falleció el día 23 de julio de 2016.
22.
El HUEM explicó que el paciente fue remitido desde su ingreso como una urgencia
vital en condiciones de insuficiencia respiratoria, por lo cual se procedió a
realizar la intubación oro traqueal, así como el inicio de tratamiento
antibiótico y soporte vasopresor en la unidad de cuidado intermedio. El
hospital informa que debido a la ausencia de una UCI y del servicio de
reemplazo renal (diálisis) en el HUEM, se ordenó el traslado inmediato del
paciente al Instituto Departamental de Salud, al CRUE y todas las IPS de la
ciudad que tienen una UCI[17],
obteniendo una respuesta de no disponibilidad de camas en la UCI en todas
ellas.
23.
Aclara que la UCI que se encuentra ubicada en el segundo piso del HUEM
pertenece a la IPS Dumian Medical S.A.S. que es una entidad de carácter privado
que funciona dentro de la infraestructura física del HUEM pero que es
independiente de ésta.
24. Finalmente,
sostiene que prestó servicios de calidad al señor Hermócrates de Jesús Gil,
según los recursos técnicos y científicos a su disposición, e informando
oportunamente al Instituto Departamental de Salud y solicitando a las IPS de la
ciudad diariamente el traslado del señor a una UCI.
Ministerio de Salud y
Protección Social
25. Rindió
informe relacionado con la atención de salud de extranjeros en Colombia. Particularmente,
sostuvo que el sistema general de seguridad social en salud se encuentra
previsto para todas aquellas personas que residan en el territorio nacional,
entendiendo por residente en el caso del extranjero a aquel que se encuentre
domiciliado y cuente con un documento que lo acredite como tal”[18]. Sin embargo, especificó
que los extranjeros, independientemente de su condición, tienen “derecho a
recibir la atención inicial de urgencias”, en los términos del artículo 168 de
la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001.
26. Adicionalmente,
señaló que “no se ha previsto por parte del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, una cobertura especial para los extranjeros que se encuentren de
forma ilegal en el país, razón por la que al momento de ingresar deberán contar
con una póliza de salud que permita la cobertura ante cualquier contingencia
derivada por este tema, de lo contrario la prestación del servicio de salud
será sufragada por sus propios recursos. No obstante, cuando la atención de
urgencias haya sido prestada por instituciones públicas o privadas a ciudadanos
extranjeros sin capacidad económica debidamente demostrada para sufragar el
costo de la misma, su atención se asumirá como población pobre no cubierta con
subsidios a la demanda con cargo a los recursos de la oferta de la respectiva
entidad territorial donde tenga lugar la prestación”[19].
Ministerio de
Relaciones Exteriores
27. Informó
que el señor Hermócrates de Jesús Gil no ha presentado de manera oficial ningún
tipo de solicitud de visa. Asimismo, se refirió al Concepto 67938 del 3 de
abril de 2012, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, según el
cual las “personas no afiliadas a ningún régimen, denominados población pobre
no cubierta con subsidios a la demanda, su atención está a cargo del ente
territorial de la respectiva jurisdicción del prestador donde se le brinden los
servicios de salud, de acuerdo a lo establecido en los artículos 43, 44 y 45 de
la ley 715 de 2001”[20].
Concluyó que todo extranjero en Colombia, independientemente de su condición migratoria,
tiene derecho a recibir del Estado asistencia médica de urgencia a través de
sus instituciones públicas o privadas.
Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia
28. Informó
que el señor Hermócrates de Jesús Gil “no ha presentado de manera oficial
ningún tipo de solicitud de Visa.”[21]
También señaló que “todo extranjero en Colombia, independientemente de su
situación migratoria, tiene derecho a recibir del Estado asistencia médica de
urgencia, bien sea a través de instituciones públicas y privadas”[22]. Finalmente,
concluye que si el acceso a los servicios de salud está sujeto al trámite
previo de la documentación migratoria, el extranjero está en obligación de
presentarse ante las autoridades de control migratorio y regularizar su
situación”[23].
29.
Luego, por medio del Auto del 8 de marzo de 2017, el Magistrado Sustanciador
ordenó:
PRIMERO. En
cumplimiento del artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992, modificado por el Acuerdo
01 del 30 de abril de 2015, PÓNGASE a disposición de las partes o de los
terceros con interés, las pruebas recibidas, para que se pronuncien sobre las
mismas en un término no mayor a tres días.
En respuesta a lo
anterior, el HUEM se pronunció sobre las pruebas recibidas reiterando que
cumplió “a cabalidad con sus objetivos misionales por cuanto brind[ó]
asistencia médica requerida donde su capacidad técnica” y allegando el
resumen del líder de servicios ambulatorios del HUEM en el cual se especifican
los servicios médicos que le prestaron al señor Gil y que ya habían sido
aportados previamente.
30.
Finalmente, por medio del Auto del 16 de marzo de 2017, para obtener mayores
elementos de juicio en este proceso, el Magistrado Sustanciador ordenó:
PRIMERO. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE al E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz para que por su conducto se le oficie al doctor
Ronald Peñaloza Olivo y/o quien haya hecho las veces de médico tratante del
señor Hermócrates de Jesús Gil para que dentro del término de las veinticuatro
(24) horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, se le
informe a esta Corporación lo siguiente:
¿Estaba comprendido
el traslado del señor Gil a la unidad de cuidados intensivos como un servicio
de atención de urgencias en los términos del numeral 5 del artículo 8 de la Resolución
5592 de 2015 del Ministerio de Salud o era otro tipo de servicio?
¿Estaba comprendida
la terapia de soporte renal (diálisis) dentro de los servicios de atención de
urgencias en los términos del numeral 5 del artículo 8 de la Resolución 5592 de
2015 del Ministerio de Salud o era otro tipo de servicio?
SEGUNDO. Por
Secretaría General de esta Corporación, OFÍCIESE al Ministerio de Salud y
Protección Social, para que dentro del término de las veinticuatro (24) horas
siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, se le informe a
esta Corporación lo siguiente:
¿Está comprendido el
traslado a la unidad de cuidados intensivos como un servicio de atención de
urgencias en los términos del numeral 5 del artículo 8 de la Resolución 5592 de
2015 del Ministerio de Salud o era otro tipo de servicio?
¿Está comprendida la
terapia de soporte renal (diálisis) dentro de los servicios de atención de
urgencias en los términos del numeral 5 del artículo 8 de la Resolución 5592 de
2015 del Ministerio de Salud o era otro tipo de servicio?
TERCERO. En
cumplimiento del artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992, modificado por el Acuerdo
01 del 30 de abril de 2015, PÓNGASE a disposición de las partes o de los
terceros con interés, las pruebas recibidas, para que se pronuncien sobre las
mismas en un término no mayor a tres días”.
31.
A través del HUEM el médico tratante el señor Ronal Peñaloza Olivio contestó lo
siguiente: “Si (sic), el paciente necesitaba de forma urgente, ser trasladado a
una Unidad de Cuidados Intensivos donde se le suministrara la terapia dialítica
como fue ordenada por los médicos tratantes, servicios no habilitados, ni
ofertados por la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz por no tener la
capacidad técnica-científica para prestar los servicios requeridos por el
paciente.” Adicionalmente, el HUEM reiteró su aclaración de que el paciente era
venezolano a quien se le brindó una atención médica especializada oportuna y
pertinente y luego se ordenó su traslado a la unidad de cuidado intensivo para
que se le brindara el tratamiento de terapia dialítica.
32.
El Ministerio de Salud y Protección Social no se pronunció dentro de la
oportunidad procesal al cuestionario de esta Corporación.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
33. Esta Corte es competente para conocer
esta acción de tutela, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 14 de diciembre de 2016, expedido
por la Sala de Selección de Tutela Número Doce de esta Corte, que decidió
someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS
–PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Cuestión
previa. Carencia actual de objeto.
34. El pasado 6 de marzo de 2017, esta
Corporación conoció el hecho de que el señor Hermócrates de Jesús Gil falleció
el día 23 de julio de 2016[24].
Teniendo en cuenta que la acción de tutela en revisión solicitaba el amparo de sus
derechos a la salud, vida, integridad física y seguridad social, la Sala
advierte que en este caso se está ante un evento de carencia actual de objeto.
35. Esta Corte ha sostenido que la carencia
actual de objeto consiste en el evento en el cual la eventual orden del
juez de tutela respecto de lo solicitado por el accionante carece de efecto
alguno[25].
Este fenómeno se presenta en las siguientes situaciones: (i) hecho superado,
que se configura cuando entre la presentación de la acción de tutela y la
sentencia del juez constitucional, se ha eliminado la amenaza o se ha reparado
la vulneración del derecho fundamental cuya protección se ha solicitado[26],
(ii) daño consumado, que se configura cuando se ha producido el hecho o
la vulneración que pretendía evitar la acción de tutela por medio de la orden
del juez[27]
o (iii) por otros supuestos, como por ejemplo la sustracción de materia[28].
36. No obstante que en el caso sub
examine, el señor Hermócrates de Jesús Gil falleció luego de haberse
proferido el fallo de tutela de primera instancia, considera la Corte relevante
analizar la situación presentada.
Procedencia de la acción de tutela –Caso concreto
37. Legitimación por activa: La acción de
tutela fue interpuesta por la señora Flor de María Gil Pérez, actuando en
calidad de agente oficioso de su hijo Hermócrates de Jesús Gil, quien se
encontraba hospitalizado en el HUEM en grave estado de salud.
38. La facultad para interponer la tutela a
través de un agente oficioso encuentra su fundamento en
el artículo 86 de la Constitución Política, según el cual toda persona podrá,
por sí mismo o a través de un tercero que actúe a su nombre, reclamar ante los
jueces la protección de sus derechos fundamentales vulnerados o amenazados, y
en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que habilita agenciar los derechos
ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa”.
39. Adicionalmente, la Sala considera que por
tratarse de una actuación mediante un agente oficioso, es pertinente reiterar
las reglas jurisprudenciales que legitiman por activa este tipo de actuaciones.
Los requisitos para actuar por medio de agente oficioso en el trámite de tutela
son: (i) que el agente oficioso actúe como tal; (ii) que conste expresamente o
se infiera del escrito de tutela que el titular del derecho no está en
condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa, y (iii) que no
exista una relación formal entre el agente y el agenciado titular de los
derechos[29].
Los dos primeros son requisitos constitutivos y necesarios de la agencia
oficiosa, mientras que el tercero es meramente interpretativo[30].
40. En este caso, se cumplen los
anteriores requisitos toda vez que la agente interpuso
la tutela mientras el titular de los derechos estaba hospitalizado e imposibilitado
para ejercer la acción a nombre propio.
41. Legitimación
por pasiva: La acción de tutela se dirige contra el
Hospital Erasmo MEOZ[31]
y el Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander[32], ambas entidades
públicas[33].
42. Inmediatez: El médico
tratante ordenó, el 6 de julio de 2016, el traslado del señor Hermócrates de
Jesús Gil a la UCI y el tratamiento de diálisis, y la acción
de tutela se interpuso el 13 de julio de 2016. En consecuencia, la acción se
presentó dentro de un término razonable.
43. Subsidiariedad: En virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada
jurisprudencia constitucional dictada en la materia[34], y los artículos concordantes del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela tiene un
carácter residual y subsidiario, razón por la cual, sólo procede
excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando
existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias
del caso concreto. Asimismo, (iii) procederá como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a
un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, la
protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por
parte del juez ordinario[35].
44. En este caso, el señor Hermócrates de
Jesús Gil ingresó al hospital con insuficiencia renal
aguda, neumonía izquierda, deshidratación y con antecedentes de enfermedad
cerebrovascular hemorrágica con secuelas motoras aunado a la instrucción médica
de internarlo en una unidad de cuidados intensivos. Debido a esta condición de
vulnerabilidad del accionante, la Sala considera que en este caso no existe un
medio idóneo o eficaz para la protección de sus derechos, por lo tanto procede
la tutela. Sin embargo, es necesario aclarar que en materia de salud “el
ordenamiento jurídico colombiano cuenta con un mecanismo judicial, ordinario,
informal y sumario que se ejerce ante la Superintendencia de Salud para la
efectiva protección del derecho a la salud que, de acuerdo con esas
características, es prevalente y principal”[36]. Sin
embargo, tal como sucede en este caso, la tutela procede cuando sea necesaria
una protección inmediata del derecho, máxime si el accionante no está afiliado
al sistema de seguridad social.
C.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
45. Acorde con los fundamentos fácticos
expuestos en la Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la
Sala Tercera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulneraron
el Hospital Universitario Erasmo Meoz y el Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander el derecho a la salud y a la seguridad social del señor
Hermócrates de Jesús Gil, por no trasladarlo efectivamente a una Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) y no practicarle el tratamiento renal de diálisis?
46.  Con el fin de resolver el problema jurídico
planteado, procederá la Sala a analizar y determinar (i) el alcance del derecho
fundamental a la salud en Colombia; (ii) la igualdad de derechos entre
nacionales y extranjeros; (iii) las limitaciones o restricciones de los
derechos a la salud y seguridad social de los extranjeros no residentes en
Colombia; (iv) el principio de accesibilidad de la salud y su aplicación al
derecho a la salud de los extranjeros no residentes y, finalmente, (v) se
resolverá el caso concreto.
D.
DERECHO FUNDAMENTAL A
LA SALUD EN COLOMBIA
47. El derecho a la
salud está consagrado en los artículos 48[37] y 49[38]
de la Constitución Política. Según estas normas, la prestación de este
servicio es una obligación a cargo del Estado que debe garantizarse a todas las
personas.
48. Este derecho ha
tenido un desarrollo en la jurisprudencia de esta Corporación que puede resumirse en tres etapas. En la
primera de ellas, la Corte amparaba el derecho a la salud cuando existía
conexidad entre ese derecho y la vida digna e integridad personal.[39]
En la segunda etapa fue reconocido como derecho fundamental de las personas que
por su condición eran sujetos de protección constitucional.[40]
Finalmente, en la última etapa fue reconocido como un derecho fundamental
autónomo.[41] En esta última dirección, indicó la
Sentencia T-859 de 2003:
“La naturaleza de derecho fundamental que tiene el derecho
a la salud (…) implica que tratándose de la negación de un servicio,
medicamento o procedimiento establecido en el P.O.S., se estaría frente a la
violación de un derecho fundamental. No es necesario, en este escenario, que
exista amenaza a la vida u otro derecho fundamental, para satisfacer el primer
elemento de procedibilidad de tutela: violación o amenaza de un derecho
fundamental”[42].
49. En esta misma
línea argumentativa, la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reiteró que “el derecho
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y colectivo”[43],
que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y
con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud[44].
50. Según lo
expuesto, tanto en la jurisprudencia constitucional, como en la Ley Estatutaria 1751 de
2015[45],
la salud es un derecho fundamental autónomo que admite protección directa e
independiente de su conexidad con otros derechos fundamentales[46].
51. Esta
Corporación ha reiterado en su jurisprudencia que “todas las personas sin
distinción alguna, pueden hacer uso del mecanismo de amparo para obtener la
protección efectiva de su derecho fundamental a la salud ante cualquier amenaza
o violación, sin necesidad de encontrarse en una situación de vulnerabilidad
manifiesta o ver conculcado cualquier otro derecho constitucional”[47].
No obstante, en materia de salud y tal y como se indicó en el fundamento
jurídico 45, es importante tener en cuenta que el artículo 41 de la Ley 1122 de
2007 asignó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud
para pronunciarse sobre las siguientes materias: “(i) la denegación por parte
de las entidades promotoras de salud de servicios incluidos en el POS; (ii) el
reconocimiento de los gastos en los que el usuario haya incurrido por la
atención que recibió en una IPS no adscrita a la entidad promotora de salud o
por el incumplimiento injustificado de la EPS de las obligaciones a su cargo;
(iii) la multiafiliación dentro del sistema; y (iv) la libre elección de la
entidad promotora de salud y la movilidad de los afiliados”[48].
Posteriormente, el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 amplió esas facultades
para incluir, además, (i) la denegación de servicios excluidos del POS que no
sean pertinentes para atender las condiciones particulares del afiliado; (ii)
los recobros entre entidades del sistema y (iii) el pago de prestaciones
económicas por parte de las entidades promotoras de salud y el empleador”[49].
52. Según lo
expuesto, el uso de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental a
la salud debe ser contrastado y evaluado a la luz de estas competencias
jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud para darle el
verdadero alcance a la subsidiariedad.
E.
IGUALDAD DE DERECHOS
ENTRE EXTRANJEROS Y NACIONALES
53. El artículo 49
de la Constitución Política establece que “se garantiza a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” y no consagra, prima facie,
una distinción entre el acceso a los servicios de salud de colombianos,
extranjeros residentes o extranjeros no residentes.
54. El artículo 13
de la Constitución Política protege el derecho a la igualdad de los extranjeros frente
a los nacionales al afirmar que “todas las personas nacen libres e iguales ante
la Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica (énfasis añadido)”.
55. La igualdad de
protección de los derechos y garantías de los extranjeros, se ve reforzada por
el artículo 100 de la Constitución Política al establecer que:
“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los
mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la
ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o
negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio
de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las
limitaciones que establezcan la Constitución o la ley”.
56. Lo anterior
significa que los extranjeros, independientemente si son residentes o no,
tienen los mismos derechos civiles[50] y garantías concedidas a los
nacionales, salvo las limitaciones que establezca la Constitución o la ley.[51]
57. La jurisprudencia
de esta Corte ha armonizado hermenéuticamente estos artículos para indicar que
pueden existir diferencias en la regulación del ejercicio de algunos derechos
entre extranjeros y nacionales, siempre que exista una justificación razonable,
puesto que el artículo 100 Superior admite limitaciones de carácter legal o constitucional.
En este sentido, la Corte fijó la armonización del artículo 13 y 100 de la
Constitución Política en la sentencia C-768 de 1998 así:
“(…) debe aclararse que el artículo 100 de la
Constitución autoriza la limitación o supresión de algunos de sus derechos y
garantías. Es así como la mencionada norma permite la restricción o denegación
de algunos de sus derechos civiles, siempre y cuando medien razones de orden
público. Asimismo, el artículo señala que la Constitución y la ley podrán
limitar el ejercicio por parte de los extranjeros de las garantías concedidas a
los nacionales e, igualmente, precisa que los derechos políticos se reservan a
los nacionales, aun cuando se admite que la ley podrá autorizar la
participación de los extranjeros residentes en Colombia en las elecciones del
orden municipal o distrital. Es decir, el mismo artículo 100 de la
Constitución atenúa la fuerza de la expresión “origen nacional” contenida en el
artículo 13, cuando ella se aplica a las situaciones en que estén involucrados
los extranjeros”[52] (Negrillas no hacen parte del
texto original).
58. Según lo
anterior, una lectura armónica de los artículos 13 y 100 conlleva a aceptar
regulaciones que limiten el ejercicio de derechos y garantías concedidas a los
extranjeros cuando existan razones suficientes y justificadas para fijar esa
restricción.[53] En sentido contrario, no
existirán distinciones entre las garantías concedidas a nacionales y
extranjeros, salvo que esas distinciones estén fundadas en razones de orden
público[54]
o las limitaciones y supresiones de los derechos y garantías de los extranjeros
sean autorizadas por la ley por una justificación objetiva[55]
o trato razonable.[56] En otras palabras, la
interpretación armónica del artículo 13 y 100 de la Constitución Política,
exige determinar si la limitación o negación de derechos obedece a (i) razones
de orden público[57], tal como lo indica el artículo 100;
o (ii) a una distinción que corresponda a un trato razonable
constitucionalmente, en virtud del artículo 13 y la jurisprudencia
constitucional[58].
F.
DERECHO FUNDAMENTAL A
LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN COLOMBIA Y SUS
LIMITACIONES
59. Procede ahora
la Sala a analizar (i) si existe alguna restricción o limitación del derecho
fundamental a la salud tratándose de extranjeros no residentes. En caso de
existir, procederá a determinar (ii) cuáles son los servicios de salud a los
que tienen derecho todos los habitantes del territorio colombiano independientemente
de su condición migratoria.
60. De acuerdo con
el artículo 49 de la Constitución Política, le corresponde al Estado organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud y seguridad social a
los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad. Asimismo, este artículo habilita al legislador a fijar “los
términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será
gratuita y obligatoria”[59].
61. La doble
naturaleza de la salud, por un lado, como un derecho y, por otro, como un
servicio público[60] indica que en cuanto derecho debe
prestarse de conformidad con los principios de continuidad, integralidad e
igualdad[61]
y, en cuanto servicio debe atender a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad[62].
62. A partir de la
promulgación de la Ley 100 de 1993, el legislador dio origen al sistema general
de seguridad social en salud como un sistema de “servicios de cobertura
universal para todos los colombianos”.[63] El artículo 3 de esta ley reiteró
los mandatos constitucionales de garantizar el acceso a la seguridad social y a
la salud a todos los habitantes sin distinción entre extranjeros o colombianos,
así:
“El Estado garantiza a todos los habitantes del
territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social.
Este servicio será prestado por el sistema de
seguridad social integral, en orden a la ampliación progresiva de la cobertura
a todos los sectores de la población, en los términos establecidos por la
presente ley (énfasis añadido)”.
63. De acuerdo con
lo anterior, para acceder a la prestación de servicios de salud, como afiliado
del régimen contributivo o del régimen subsidiado, las personas que habitan en
el territorio colombiano pueden hacerlo por medio de un Plan Obligatorio de
Salud –POS- (ahora Plan de Beneficios en Salud). Los afiliados del régimen contributivo
son aquellos que tienen la capacidad de pago por tratarse, por ejemplo, de
servidores públicos, pensionados, jubilados, trabajadores vinculados o
independientes. Los afiliados del régimen subsidiado, en cambio, son aquellos
que no tienen la capacidad de pago suficiente para cubrir el monto de la
cotización y comprende a la población de las personas más pobres y vulnerables[64].
Lo cierto es que la afiliación a la seguridad social es una condición para
acceder a los servicios de salud[65].
64. Esta condición
se expresa dentro de las características básicas del sistema general de
seguridad social en salud en el artículo 156, el cual dispone:
“El sistema general de seguridad social en salud
tendrá las siguientes características:
b)  Todos los habitantes en Colombia deberán
estar afiliados al sistema general de seguridad social en salud, previo el
pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará
con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes
territoriales”.
65. No obstante, la
Ley 1438 de 2011[66] al referirse a la
universalización del aseguramiento en el sistema y no a las características
del mismo, hizo una distinción y mantuvo que el aseguramiento está referido a
los “residentes” del país y no a los “habitantes”. En los términos del artículo
32 de la mencionada ley:
“Artículo 32. Universalización de aseguramiento.
Todos los residentes en el país deberán ser afiliados del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional desarrollará mecanismos
para garantizar la afiliación (…)
Parágrafo 1°. A quienes ingresen al país, no sean residentes y no
estén asegurados, se los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan
Voluntario de Salud para su atención en el país de ser necesario (énfasis
añadido)”.
66. Esta norma
indica que los extranjeros que no sean residentes y no estén asegurados o
afiliados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se les
incentivará para adquirir un seguro médico o plan voluntario de salud o que
asuman con recursos propios los servicios de salud. En otras palabras, los
extranjeros no residentes no tienen la misma cobertura de aseguramiento que
tienen los residentes, puesto que solo los residentes podrán afiliarse al
sistema.
67. En la Ley
Estatutaria 1751 de 2015[67] se retoma la vinculación que
existe entre el derecho fundamental a la salud y el principio de universalidad
al indicar que:
[E]l derecho fundamental a la salud comporta los
siguientes principios:
a) Universalidad. Los residentes en el territorio
colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en
todas las etapas de la vida (énfasis añadido)…”.
68. A pesar de que
en esta norma la universalidad está referida a los “residentes” como aquellos
que gozan efectivamente del derecho en el territorio colombiano, de acuerdo con
el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67 de la
Ley 715 de 2001, toda persona, sea residente o no, tiene derecho al menos a
la atención inicial de urgencias, la cual debe ser prestada por todas las
entidades públicas y privadas prestadoras del servicio de salud a todas las
personas independiente de su capacidad de pago y condición migratoria[68].
69. Así, la Ley 715
de 2001 establece el derecho de que, independientemente del origen nacional o
de su calidad de residentes, todas las personas en Colombia tienen por lo menos
el derecho de recibir la atención de urgencias que sea requerida. En los
términos de los artículos 10 y 14 de la citada ley:
“Artículo 10. (…) Derechos y deberes de las personas,
relacionados con la prestación del servicio de salud. Las personas tienen
los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio de salud:
(…)
b) Recibir la atención de urgencias que sea
requerida con la oportunidad que su condición amerite sin que sea exigible
documento o cancelación de pago previo alguno;
Artículo 14. Prohibición de la negación de prestación
de servicios. Para acceder
a servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún tipo de
autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que
cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención
de urgencia (énfasis añadido)”.
70. En esta misma
línea argumentativa, la Corte Constitucional sostuvo que los extranjeros,
incluyendo los no residentes, tienen derecho a recibir por parte del Estado una
atención mínima de urgencias[69]. Así lo afirmó la Sentencia C-834
de 2007 al señalar que la atención mínima de urgencias es una prestación mínima
que no puede ser restringida por motivo del origen nacional o por la condición
migratoria:
“[L]a Corte ha sostenido,
incluyendo por tanto a los extranjeros que se encuentren en Colombia, tienen
derecho a un mínimo vital, en tanto que manifestación de su dignidad humana, es
decir, un derecho a recibir una atención mínima por parte del Estado en
casos de externa (sic) necesidad y urgencia, en aras a atender sus necesidades
más elementales y primarias. De tal suerte que, al legislador le está
vedado restringir el acceso de los extranjeros a esas prestaciones mínimas, en
especial, en materia de salud (…) (énfasis añadido)”[70].
71. En la Sentencia T-314 de 2016, se discutió el caso de
un extranjero no residente en Colombia, quien a pesar de requerir terapias
integrales y medicamentos, le fueron negados por el Fondo Financiero Distrital,
dado que el extranjero no se encontraba afiliado al sistema general de
seguridad social en salud. En esa oportunidad, la Sala Quinta de Revisión de
Tutelas sostuvo que los extranjeros “tienen derecho a recibir un mínimo de
atención por parte del Estado en casos de urgencia con el fin de atender sus
necesidades básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de salud”[71]. Con base en esa regla, negó el amparo con
el argumento de que las entidades demandadas sí garantizaron el cumplimiento de
la obligación de prestar los servicios básicos de salud y emergencias, pues le
realizaron intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos, pero dentro
de los servicios mínimos de atención de urgencia[72] no se incluía “la entrega de
medicamentos y continuidad de tratamientos”[73].
72. Recientemente,
esta Sala revisó en la Sentencia T-728 de 2016 el caso de un extranjero que
interpuso acción de tutela contra Cafesalud EPS, la Fundación Cardioinfantil y
el Instituto Nacional de Salud por la vulneración de sus derechos a la igualdad
y a salud debido a que estas entidades se negaron a incluirlo en la lista de
espera de trasplantes de órganos anatómicos por tratarse de un extranjero no
residente en Colombia. La Sala negó el amparo y sostuvo que los extranjeros no
residentes tienen “derecho a recibir un mínimo de atención en casos de
necesidad y urgencia con el fin de garantizar la protección de sus derechos
fundamentales en concordancia con los mandatos constitucionales y los
instrumentos internacionales que Colombia ha suscrito en la materia”[74].
73. La atención de
urgencias se encuentra definida por el Ministerio de Salud y Protección Social
en el numeral 5 del artículo 8 de la Resolución 6408 de 2016[75]
como una “modalidad de servicios de salud, que busca preservar la vida y
prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras, mediante el uso de
tecnologías en salud para la atención de usuarios que presenten alteración de
la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier
grado de severidad”.
74. De acuerdo con
lo anterior, esta Sala entiende que la atención de urgencias comprende (i)
emplear todos los medios necesarios y disponibles para estabilizar la situación
de salud del paciente, preservar su vida y atender las necesidades básicas del
paciente. Igualmente, en caso de que el medio necesario para lo anterior no
esté disponible en el hospital que presta la atención de urgencias inicial (ii)
remitir inmediatamente al paciente a una entidad prestadora del servicio que sí
disponga del medio necesario para estabilizarlo y preservar la vida del
paciente, lo cual debe evaluarse a la luz del caso concreto y verificar (a) si
se solicitó el traslado y (b) si había camas disponibles en la UCI. Lo
anterior, destaca la Corte, a fin de evitar imponer una obligación de imposible
ejecución.
75. Teniendo en
cuenta lo anterior y reiterando los criterios jurisprudenciales establecidos en
las sentencias arriba citadas, la garantía mínima del derecho a la salud para
extranjeros no residentes, que comprende el derecho a recibir un mínimo de
servicios de salud de atención de urgencias para atender sus necesidades
básicas con el fin de preservar la vida, solo aplicará cuando no haya capacidad
de pago de la persona o su familia, el ámbito prestacional se limite exclusivamente
a la atención de urgencias mínima y se trate de un caso grave y excepcional. Se
trata, de otra forma dicho, de atender las necesidades
más apremiantes de estos individuos a fin de respetar sus derechos a la vida
digna y a la integridad física
76. Sin embargo,
debe advertir la Sala que lo anterior no significa que los extranjeros no residentes
no deban afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud para obtener
un servicio integral y previo a ello aclarar el estatus migratorio. Igualmente,
no supone prescindir de la obligación que tienen de contratar un seguro médico
o un plan voluntario de salud, tal y como ello se encuentra previsto en el
parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011. Se trata de obligaciones
jurídicamente exigibles y, en esa medida, deben las autoridades públicas en el
ejercicio de sus competencias verificar su cumplimiento oportuno e integral.
La afiliación de extranjeros al Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Reiteración de jurisprudencia.
77. De acuerdo con
lo establecido en los artículos 2.1.3.2 y 2.1.3.4 del Decreto 780 de 2016
emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, la afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud es un acto que se realiza por una
sola vez, por medio del cual se adquieren los derechos y obligaciones que de
dicho sistema se derivan, mediante la suscripción del formulario físico o
electrónico que adopte el Ministerio de Salud y Protección Social.
78. Para la
afiliación y el reporte de novedades al sistema, los afiliados se identificarán
con uno de los siguientes documentos:
“1. Registro Civil Nacimiento o en su defecto, el
certificado de nacido vivo para menores de 3 meses.
2. Registro Civil Nacimiento para los de 3 meses y
menores de siete (7) años edad.
3. Tarjeta de identidad para los mayores (7) años y
menores de dieciocho (18) años de edad.
4. Cédula de ciudadanía para los mayores de edad.
5 Cédula de extranjería, pasaporte, carné
diplomático o salvoconducto de permanencia, según corresponda, para los
extranjeros.
6. Pasaporte de la Organización de las Naciones Unidas
para quienes tengan la calidad refugiados o asilados” (énfasis añadido).
79. En la Sentencia
T-314 de 2016, la Corte señaló que todos los ciudadanos, deben tener un
documento de identidad válido para poder ser afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de suerte que “si un extranjero se encuentra con
permanencia irregular en el territorio colombiano, no puede presentar el
pasaporte como documento de identificación válido para afiliarse al sistema, en
la medida en que la ley consagra la obligación de regularizar su situación a
través del salvoconducto de permanencia, el cual se admite como documento
válido para su afiliación”.
80. Sin perjuicio
de lo anterior, la Ley 1438 de 2011 establece en el parágrafo 1 del artículo 32
que “[a] quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén asegurados, se
los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario de Salud para su
atención en el país de ser necesario”. El Ministerio de Salud ha señalado, en
esta misma línea, que si bien los extranjeros que se encuentren de forma ilegal
en el país no tienen una cobertura especial en el Sistema General de Seguridad
Social, al momento de ingresar deberán contar con una póliza de salud que
permita la cobertura ante cualquier contingencia[76].
Los costos de los servicios de salud
prestados a extranjeros no residentes.
81. Ahora bien, es
necesario responder quién debe asumir los costos de los servicios de atención
de urgencia que son prestados a un extranjero no residente. Para ello, es necesario
remitirse al artículo 43 de la Ley 715 de 2011[77], que establece, en cabeza de los
departamentos, lo siguiente:
“Sin perjuicio de las competencias establecidas en
otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir,
coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en
Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones
nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes
funciones:
43.22. Financiar con los recursos propios, si lo
considera pertinente, con los recursos asignados por concepto de
participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de servicios de
salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y los
servicios de salud mental (énfasis añadido)”.
82. A su vez el
artículo 44.2.1 de dicha ley establece, en cabeza de los municipios, la
competencia de “[f]inanciar y cofinanciar la afiliación al Régimen
Subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los
recursos destinados a tal fin”.
83. Como se puede
observar, el departamento es la entidad territorial que tiene la competencia de
financiar la prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda. No obstante que dicha norma no se refiere expresamente
a si los extranjeros no residentes que no tengan recursos para costearse los
servicios de salud quedan cobijados como “población pobre”[78],
el Ministerio de Salud -autoridad a la que le corresponde dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir,
coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud
pública, y promoción social en salud[79]-,
aclaró que “cuando la
atención de urgencias, haya sido prestada por las instituciones públicas o
privadas a ciudadanos extranjeros sin capacidad económica debidamente
demostrada para sufragar el costo de la misma, su atención se asumirá como
población pobre no cubierta con subsidios a la demanda con cargo a los recursos
de la oferta de la respectiva entidad territorial donde tenga lugar la
prestación de la atención (…)”[80].
84. Los servicios de atención de urgencias que hayan sido
prestados por entidades privadas o públicas a extranjeros no residentes que no
tengan los medios para sufragar los costos de aquellos y no cuenten con una
póliza de seguros que los cubra, deberán asumirlos las entidades territoriales (Departamentos)
donde tenga lugar la prestación del servicio, lo anterior  teniendo en cuenta
los principios de subsidiariedad[81], concurrencia[82] y coordinación[83].
85. Incluso el
artículo 57 de la Ley 1815 de 2016[84] prevé, como parte de la
financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, unos recursos
destinados, entre otras cosas, a las atenciones de urgencias prestadas en el
territorio colombiano a los nacionales de los países fronterizos con Colombia.
Dicha disposición señala:
“Con el fin de financiar el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 48 de la Constitución Política y el artículo 9° de la Ley 1122
de 2007, para la vigencia 2017 se presupuestarán en el Presupuesto General de
la Nación los ingresos corrientes y excedentes de la Subcuenta de Eventos
Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) del Fondo de Solidaridad y
Garantía (Fosyga). Previa cobertura de los riesgos amparados con cargo a la
Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de
Solidaridad y Garantía (Fosyga), se financiará, con cargo a dicha subcuenta la
sostenibilidad y afiliación de la población pobre y vulnerable asegurada a
través del Régimen Subsidiado; una vez se tenga garantizado el aseguramiento,
se podrán destinar recursos a financiar otros programas de salud pública.
También podrán ser financiados con dichos recursos, en el marco de lo dispuesto
por el artículo 337 de la Constitución Política y los tratados e instrumentos
internacionales vigentes, los valores que se determinen en cabeza del Estado
colombiano por las atenciones iniciales de urgencia que sean prestadas a los
nacionales colombianos en el territorio extranjero de zonas de frontera con
Colombia, al igual que las atenciones iniciales de urgencia prestadas en el
territorio colombiano a los nacionales de los países fronterizos, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno
nacional” (énfasis añadido).
86. La reglamentación
que expida el Gobierno Nacional deberá fijar el mecanismo para poner a
disposición de las entidades territoriales, los recursos excedentes de la
Subcuenta ECAT del Fosyga para el pago de las atenciones iniciales de urgencia
que se presten en el territorio colombiano a los nacionales de países
fronterizos. Esta reglamentación deberá aclarar que para la utilización de los
recursos de la Subcuenta ECAT del Fosyga, se debe verificar lo siguiente: (i)
que el servicio prestado responda a una atención de urgencias en los términos
fijados por el Ministerio de Salud y Protección Social; (ii) que el
destinatario del servicio no tenga seguro de salud ni esté afiliado al Sistema
General de Seguridad Social; (iii) que el destinatario del servicio no tenga capacidad
de pago; (iv) que se trate de un extranjero no residente de país fronterizo; y
(v) que el servicio de salud haya sido brindado en la red pública hospitalaria.
87. En línea con lo
expuesto, la Sala aclara que, si bien los Departamentos son las entidades
llamadas a asumir los costos de los servicios de atención de urgencia que
válidamente sean requeridos, en virtud del principio de subsidiariedad y de la
subcuenta existente para atender algunas urgencias prestadas en el territorio
colombiano a los nacionales de países fronterizos, la Nación deberá apoyar a
las entidades territoriales cuando ello sea requerido para asumir los costos de
los servicios de atención de urgencias prestados a extranjeros no residentes.
88. En virtud de lo
anterior, puede concluirse que (i) los extranjeros no residentes tienen el
derecho a recibir atención de urgencias como contenido mínimo de su derecho a
la salud[85]
sin que les sea exigido documento alguno o pago previo, siempre y cuando no
cuenten con pólizas de seguros ni los medios económicos -propios o de sus
familias- para asumir los costos directamente; (ii) las entidades privadas o
públicas del sector salud no pueden abstenerse de prestar los servicios de
salud mínimos de atención de urgencias a extranjeros que no estén afiliados en
el sistema de seguridad social en salud o que estén indocumentados en el territorio
colombiano; y (iii) las entidades territoriales de salud donde fue prestado el
servicio al extranjero no residente, bajo el supuesto que no puede pagar
directamente los servicios ni cuenta con un seguro médico que los cubra, deben
asumir los costos de los servicios médicos de atención de urgencias. Lo
anterior, sin perjuicio de que el extranjero no residente legalice su estadía
en Colombia y cumpla con los requisitos establecidos para afiliarse al sistema
de seguridad social en salud, así como también sea incentivado e informado para
la adquisición de un seguro médico o un plan voluntario de salud.[86]
G.
EL PRINCIPIO DE
ACCESIBILIDAD DE LA SALUD Y EL DERECHO A LA SALUD DE LOS EXTRANJEROS
89. Ahora
la Sala se detiene a examinar si el hecho de que no exista disponibilidad en las UCI de las IPS, justifica
la no prestación efectiva del servicio de salud y, particularmente, el no
traslado efectivo a la UCI y la práctica del tratamiento de soporte renal
(diálisis).
90. El derecho a la
salud comprende, entre otras dimensiones, el acceso oportuno y eficaz a los
servicios para conservar la salud, la integridad personal y la dignidad. El
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales –norma integrada (PIDESC) al bloque de constitucionalidad- fue
interpretado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a
través de su Observación General No. 14 –doctrina relevante en la
interpretación de la norma mencionada-, en la cual sostuvo que el derecho a la
salud se compone de cuatro elementos que son necesarios para su desarrollo: disponibilidad[87],
accesibilidad[88], aceptabilidad[89]
y calidad[90]. No obstante, estos elementos
deben entenderse a la luz de la Ley Estatutaria de Salud y de la jurisprudencia
constitucional que ha desarrollado reglas que permiten determinar cuándo pueden
invocarse como elemento integrante del derecho a la salud. Para el caso
específico, la Sala se detendrá en la accesibilidad.
91.
La accesibilidad como uno de
los cuatro elementos esenciales para el desarrollo del derecho a la salud
comprende la posibilidad de que todas las personas puedan acceder, en
principio, a los servicios de salud sin ninguna discriminación[91].
92.
Cuando un médico tratante ha
ordenado un servicio de salud no significa que se ha garantizado el servicio.
Existe una distinción conceptual entre la autorización del servicio de salud y
la prestación efectiva del mismo, pues la primera no es suficiente para
garantizar el derecho a la salud.[92]
93.
Así lo dispuso la Sentencia T-700 de 2011 en la cual se examinó el caso de un
paciente que tenía virus VIH y requería ser hospitalizado, según el concepto
del médico tratante. No obstante, el servicio de salud no le fue prestado
porque, según informó el centro de salud, no había disponibilidad de camas. En
esa providencia la Corte afirmó:
“no puede prevalecer ante el derecho a la salud y a la vida en
condiciones dignas de una persona que se encuentra en estado de debilidad
manifiesta, por padecer una enfermedad catalogada como catastrófica o ruinosa y
que, para ese momento, se encontraba en estado terminal. En este sentido, no
autorizar la hospitalización de una persona que lo necesita urgentemente, por no
contar con camas de aislamiento, no puede ser un argumento de recibo en esta
oportunidad, puesto que, por una parte, desdibuja uno de los fines esenciales
del Estado Social de Derecho, el cual es la efectividad de los derechos
constitucionales y, por otra parte, los argumentos administrativos no sirven de
excusa para negar o dilatar un tratamiento (énfasis añadido)”[93].
94. En
esa misma línea, en la Sentencia T-520 de 2012, la Corte analizó el caso de una
persona a la que le ordenaron el traslado a la unidad de cuidados intensivos
para tratar su cáncer de esófago con metástasis en el cerebro y, a pesar de que
la EPS autorizó el traslado y la intervención quirúrgica en el Hospital
Universitario Santander, ésta no se pudo llevar a cabo, ya que el centro de
salud informó que no existía disponibilidad de cupos en la unidad de cuidados
intensivos. La Corte sostuvo en esta providencia:
“(…) la protección del acceso a los servicios de salud
no se agota en la garantía de que la EPS reconocerá la prestación requerida,
sino que también contempla la prerrogativa a exigir que se preste oportuna y
eficazmente. La demora de la puesta en marcha de un tratamiento deja en vilo el
derecho a la salud del interesado, aumentando el riesgo de que las
circunstancias se agraven, su dignidad humana o su vida se vean comprometidas.
En esta dirección, ha concluido la Corte, que no pueden interponerse barreras
administrativas de acceso al goce del derecho a la salud, tales como trasladar
a los usuarios los problemas o cargas administrativas ligadas a la prestación
del servicio”[94].
95. El
Ministerio de Salud se refirió a la responsabilidad de prestar la atención de
los servicios de salud a los extranjeros no residentes a cargo de las entidades
territoriales. En el concepto que allegó al acervo probatorio, el Ministerio
afirmó lo siguiente:
“no se ha previsto
por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una cobertura
especial para los extranjeros que se encuentren de forma ilegal en el país,
razón por la que al momento de ingresar deberán contar con una póliza de salud
que permita la cobertura ante cualquier contingencia derivada por este tema, de
lo contrario la prestación del servicio de salud, será sufragada por sus
propios recursos. No obstante, cuando la atención de urgencias, haya sido
prestada por las instituciones públicas o privadas a ciudadanos extranjeros sin
capacidad económica debidamente demostrada para sufragar el costo de la misma, su
atención se asumirá como población pobre no cubierta con subsidios a la demanda
con cargo a los recursos de la oferta de la respectiva entidad territorial
donde tenga lugar la prestación de la atención…”[95].
96.
Considera la Sala que le corresponde a las entidades territoriales ­particularmente
a los departamentos según se explicó en el fundamento jurídico 84-
de la jurisdicción donde se presten los servicios de salud a la persona no
afiliada, asumir la atención de la salud y garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud. Lo
anterior encuentra su justificación en el hecho de que los extranjeros no
residentes, que no cuentan con recursos propios o de sus familiares para asumir
los costos de su atención de urgencias de salud, se asimilan a la población
pobre no cubierta con subsidios a la demanda, ya que comparten una
característica común esencial: no están afiliados al sistema de seguridad
social en salud, existe un riesgo grave para su vida e integridad y carecen de
recursos económicos, propios o de sus familiares, para asumir directamente los
costos de los servicios ordenados. Lo anterior con la precisión de que
tratándose de extranjeros no residentes, el objeto de la prestación de salud está
conformada únicamente por los servicios de atención de urgencias mínima.
97.
Teniendo en cuenta que, de
acuerdo con los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 715 de 2001, es competencia de
las entidades territoriales asumir los costos de la prestación de servicios de
salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, en este
caso la atención básica y de urgencias debía asumirla el Instituto
Departamental de Salud del Norte de Santander, ya que el accionante solicitaba
los servicios en la ciudad de Cúcuta[96].
98.
No obstante lo anterior, es importante resaltar que son las IPS las encargadas
de garantizar la atención de urgencias de los extranjeros no residentes. Esta
obligación debe entenderse razonablemente como la obligación de efectuar los
mejores esfuerzos y adelantar labores de coordinación con otras IPS en caso de
ausencia de los servicios requeridos.
99. Por
lo anterior, la Sala considera
que la IPS deberá garantizar la prestación efectiva del servicio de atención de
urgencias a los extranjeros en coordinación, de ser necesario, con las
entidades municipales y departamentales y, en consecuencia, deberá realizar
todas las actuaciones que estén a su alcance para la prestación efectiva del
servicio de salud de urgencias a los extranjeros no residentes sin los recursos
para asumir los costos del servicio directamente.
H.
SOLUCIÓN DEL CASO
CONCRETO
100. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Sala resume la sub-reglas jurisprudenciales
aplicables:
(i)
No existirán
distinciones de las garantías concedidas a nacionales y extranjeros, salvo que
esas distinciones estén fundadas en razones de orden público y las limitaciones
o supresiones de los derechos y garantías de los extranjeros estén expresamente
establecidas en la ley o en la Constitución. En cualquier caso, lo anterior
debe entenderse dentro del margen nacional de apreciación, lo que admite que el
Estado colombiano tenga “cierto ámbito de acción en la interpretación de los
Derechos Fundamentales reconocidos tanto en su ordenamiento interno como en los
tratados internacionales de los que sea parte”[97].
(ii)
Los extranjeros no
residentes tienen el derecho a recibir atención de urgencias como contenido
mínimo de su derecho a la salud sin que le sea exigido documento alguno o pago
previo, siempre y cuando no cuente con pólizas de seguros ni los medios
económicos (propios o de su familia) para asumir directamente los costos de los
servicios de salud de urgencias.
(iii)
No se encuentran
comprendidos por el concepto de servicios de salud de urgencias medicamentos o
tratamientos posteriores a los servicios de urgencias ni aquellos servicios que
no buscan preservar la vida del paciente o prevenir las consecuencias críticas
de su integridad física, funcional o mental, ni tampoco aquellos tratamientos o
medicamentos fuera de la órbita de la atención de urgencias.
(iv)
Si el médico tratante de un extranjero no residente solicita un
servicio de salud comprendido dentro del concepto administrativo de atención de
urgencias definido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el numeral
5 del artículo 8 de la Resolución 6408 de 2016 (que modificó el numeral 5 del
artículo 8 de la Resolución 5592 de 2015), la IPS en coordinación, de ser
necesario, con las entidades departamentales y municipales, deberá garantizar
la prestación efectiva del servicio y, por tanto, realizará todas las
actuaciones que estén a su alcance para la prestación efectiva del servicio de
salud de urgencias.
101.
Como aclaración previa a la resolución del caso concreto es necesario decir que
no es posible determinar ex ante si algún servicio o medicamento hace
parte o no de la atención de urgencias. Para fijar lo anterior, es necesario
(i) partir de la definición de la expresión “administración de atención de
urgencias” formulada por el Ministerio de Salud y Protección Social en el
numeral 5 del artículo 8 de la Resolución 6408 de 2016 (que modificó la
Resolución 5592 de 2015); y (ii) tener en cuenta el concepto del médico
tratante del caso clínico concreto para que él determine, basándose en los
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, si un servicio o
tratamiento está comprendido o no dentro de la atención de urgencias mínima.
También deberá tenerse en cuenta el criterio negativo, desarrollado en la
Sentencia T-314 de 2016 y referido en el numeral 71
de esta providencia, según el cual los servicios mínimos de atención de
urgencia “no incluye[n] la entrega de medicamentos ni la autorización de
tratamientos posteriores a la atención en urgencias”[98]. Estos criterios no
impiden, sino todo lo contrario, advierten que el Ministerio de Salud y
Protección puede desarrollar, delimitar o determinar con mayor precisión el
alcance de los servicios de urgencias que deben prestarse a los extranjeros no
residentes.
102. Teniendo en cuenta los anteriores
criterios, en el caso concreto, la Sala encuentra que el HUEM no
vulneró los derechos fundamentales a la salud del señor
Hermócrates de Jesús Gil, toda vez que sí prestó la atención mínima de urgencia
requerida por el paciente y materializada en (i) la intubación oro
traqueal; (ii) el tratamiento antibiótico suministrado; (iii) la facilitación
del soporte vasopresor; y (iv) su cuidado en la unidad de cuidados intermedios.
La prestación de los anteriores servicios se enmarca dentro de la atención
mínima de urgencias que debe propiciarse a todos los habitantes del territorio
colombiano, incluyendo a los extranjeros no residentes. En consecuencia, el
HUEM prestó los servicios de salud de atención de urgencias que eran requeridos
por el accionante con la oportunidad que ameritaba la situación.
103. Aunado con lo anterior, el HUEM no vulneró los derechos
del señor Gil por no practicarle el tratamiento de diálisis y no remitirlo a la
unidad de cuidados intensivos,
ya que, por un lado, en el acervo probatorio se verificó que dicho hospital no
practica ese tratamiento médico ni cuenta con una UCI y, por otro lado, se
demostró que realizó todas las actuaciones a su alcance ­dentro del marco de la
coordinación con otras IPS y con la entidad departamental de salud– enviando diariamente
las solicitudes a las IPS de la ciudad y al Instituto de Salud Departamental
del Norte de Santander para que recibieran al señor Gil en sus respectivas unidades
de cuidados intensivos, a lo que todas ellas respondieron que no había
disponibilidad.
104. En cuanto a la Nueva EPS, esta Sala
encuentra que no vulneró los derechos del accionante, pues no se
encontraba afiliado a ella.
105. Por su parte, el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
es la entidad responsable, dentro del marco de la coordinación con las
entidades competentes, de gestionar y garantizar mediante
instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas, la prestación de la
atención de los servicios de salud requeridos por el accionante y solicitados
por el médico tratante como urgentes.  En todo caso, si bien los departamentos son, en principio, las
entidades llamadas a asumir los costos de los servicios de atención de urgencia
que válidamente sean requeridos, en virtud del principio de subsidiariedad y de
la subcuenta existente para atender algunas urgencias prestadas en el
territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos, la Nación deberá
apoyar a las entidades territoriales cuando ello sea requerido para asumir los
costos de los servicios de atención de urgencias prestados a extranjeros no
residentes.
106. Para identificar si el traslado a la UCI y la terapia de diálisis estaban
comprendidos dentro del concepto de la noción de “atención de urgencias
mínima”, la Sala precisa que se acogerá en esta decisión la definición
administrativa de atención de urgencias en los términos del numeral 5
del artículo 8 de la Resolución 6408 de 2016 del Ministerio de Salud y
Protección Social. En consecuencia, no le corresponde al juez constitucional en
éste caso la definición de este concepto, por tratarse de un criterio técnico
que ya se encuentra definido vía administrativa de manera amplia y flexible y
que puede, eventualmente, determinarse con más precisión.
107. De acuerdo con el numeral 5 del artículo 8 de la Resolución 6408 de 2016 del
Ministerio de Salud y Protección Social, la atención de urgencias consiste en
la “modalidad de prestación de servicios de salud, que busca preservar la
vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes o futuras,
mediante el uso de tecnologías en salud para la atención de usuarios que
presenten alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier
causa y con cualquier grado de severidad que comprometan su vida o
funcionalidad”. De esta definición se infiere que la atención de urgencias
tiene como finalidad la preservación de la vida y la prevención de
consecuencias críticas o futuras. Asimismo, la atención de urgencias se lleva a
cabo a través del uso de tecnologías en salud para atender cualquier alteración
independientemente de la causa o del grado de severidad, siempre y cuando se
comprometa su vida o funcionalidad.
108. De acuerdo con los informes
recibidos por esta Corporación provenientes del HUEM, una vez el paciente fue
valorado, se solicitó el traslado a la UCI y el requerimiento de terapia de
soporte renal[99]
por parte del médico tratante. Asimismo, esta Corporación al preguntarle al señor
Ronal Peñaloza –médico tratante del señor Gil– en el cual se indagaba si el
traslado a la UCI y la terapia de soporte renal estaba comprendida en el caso
concreto dentro del concepto de atención de urgencias definido por la
Resolución 5592 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social (modificada
aunque no en relación con la definición de atención de urgencias por la
Resolución 6408 de 2016), el galeno respondió: “Si, el paciente necesitaba
de forma urgente, ser trasladado a una Unidad de Cuidado intensivos donde se le
suministrara la terapia dialítica como fue ordenada por los médicos tratantes, servicios
no habilitados, ni ofertados por la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz por
no tener capacidad técnica científica para prestar los servicios requeridos por
el paciente”.
109. Cabe señalar que si bien las IPS respondieron
que no tenían disponibilidad en sus respectivas UCI, efectuaron todas las
actuaciones a su alcance -en el marco de la colaboración con otras IPS y con el
Instituto Departamental de Salud del Norte de Santander- para gestionar y garantizar la prestación de servicios de salud de
urgencias al accionante, sin obtener éxito por la ausencia de camas en las UCI
del departamento. Además, el Instituto Departamental de Salud apoyando el
esfuerzo del HUEM, emitió la autorización No. 167403 del 18 de julio de 2016
para que le practicaran la diálisis al señor Gil, realizando igualmente lo que
estaba a su alcance para garantizar la prestación efectiva y la accesibilidad
a los servicios de salud del accionante. De manera que tanto el HUEM como
el IDS actuando coordinadamente efectuaron las actuaciones a su alcance para
garantizar los servicios de atención de urgencias al señor Gil, lo cual no pudo
llevarse a buen término por la ausencia de camas disponibles en las UCI del
departamento del Norte de Santander.
110. La Sala advierte que el caso sub
examine la HUEM y el IDS actuaron coordinadamente para lograr la atención
de urgencias al accionante; sin embargo sus obligaciones no pueden conducirlos
al cumplimiento de lo imposible. Igualmente, se hace notar que este caso plantea,
adicionalmente, ciertas problemáticas relacionadas con (i) el alcance del
concepto de atención de urgencias definido por el Ministerio de Salud y Protección Social y
(ii) las obligaciones de las entidades que presten los servicios de atención de
urgencia mínima a extranjeros no residentes cuando éstos aún requieran
medicamentos o tratamientos posteriores. En el primer caso, existe un margen de
indeterminación que impide precisar el alcance, y en el segundo caso, si bien
existen obligaciones de las IPS de garantizar la atención de urgencias a la población
migrante, no hay claridad sobre su límite.
111. En su intervención en este proceso el
Ministerio de Salud y Protección Social sostuvo que “no se ha previsto por
parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una cobertura especial
para los extranjeros que se encuentren en forma ilegal en el país…”. Esta
Sala advierte que el Ministerio de Salud y Protección Social deberá tener en
cuenta los elementos arriba señalados para que, en lo posible, desarrolle y determine
lineamientos asociados con el alcance de la prestación de salud a extranjeros
no residentes que por su condición no hacen parte del Sistema de Seguridad
Social en Salud. Igualmente, la Corte considera relevante destacar que, dada
las circunstancias evidenciadas en este caso, resulta importante que en la
fijación de tales lineamientos sea tomada en consideración la opinión del
Ministerio de Relaciones Exteriores en aquello que sea de su competencia.
Considerando lo señalado, la Corte dispondrá que la presente disposición sea
puesta en conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social y del
Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de que, en caso de considerarlo
necesario, determinen o delimiten el alcance de los servicios comprendidos
dentro de la atención mínima de urgencias de cara a las necesidades actuales y
futuras.
112. Teniendo en cuenta que la prestación de
atención de urgencias mínima tiene límites negativos, como lo señaló la Sentencia
T-314 de 2016, la Sala enfatiza que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene
libertad de configuración -dentro del marco de la Ley Estatutaria de Salud, la
regulación de la materia y la jurisprudencia de este Tribunal- para fijar el
contenido de la atención de urgencias, para lo cual podrá tener en cuenta entre
otros criterios, los siguientes: (i) que no sustituya o reemplace totalmente los
servicios de salud al que tienen acceso los afiliados al Sistema de Seguridad
Social en Salud hasta el punto que deje sin sentido sus calificativos de
“urgencia” y “mínima”; (ii) que no sea un servicio de salud reiterado por las
mismas causas, pues de serlo podría convertirse ya no en una atención de urgencias
mínima, sino en un tratamiento prolongado; (iii) que no incluya el suministro
de medicamentos o tratamientos posteriores a la atención de urgencias, salvo
que el contexto normativo actual se modifique y así lo admita el Ministerio de
Salud y protección Social; (iv) que su prestación no exima al extranjero no
residente del deber de regularizar su condición migratoria, afiliarse al
Sistema General de Salud o celebrar un seguro médico o adoptar un plan
voluntario de salud, según corresponda; (v) que no se imputen los costos a las
entidades territoriales si el extranjero no residente o su familia cuentan con
los recursos económicos para costear total o parcialmente los gastos del
servicio o una póliza se salud; y (vi) que no ignore que el deber de
solidaridad del Estado colombiano para con los extranjeros no residentes en
cuanto a la prestación de atención de urgencias mínimo se hace efectivo solo en
situaciones extraordinarias, excepcionales y subsidiarias, según las urgencias
concretas[100].
Lo anterior, cabe reiterar, sin perjuicio de que el extranjero no residente
regularice su situación migratoria, obtenga una póliza de seguros quede
cubierto por un plan voluntario o, en caso de no tenerla, asuma, directamente o
por medio de sus familiares, los costos de la prestación de los servicios de su
salud. Solo en caso en que lo último sea imposible, se le prestará la atención
de urgencias mínima dentro de los parámetros fijados o que llegue a fijar el
Ministerio de Salud y Protección Social para conjurar la crisis por la
migración de extranjeros no residentes.
113. La Sala concluye que en el presente
caso existe una carencia actual de objeto por el fallecimiento del accionante,
pese a la atención que le prestó el HUEM y las actuaciones en el marco de sus
deberes de coordinación entre el Instituto Departamental de Salud del Norte de
Santander y la HUEM para remitirlo a una UCI, lo cual no fue posible – a pesar
de sus esfuerzos- por ausencia de camas en las UCI del departamento. Es
importante aclarar que, en todo caso, el Instituto Departamental de Salud del
Norte de Santander es la entidad responsable, bajo las condiciones establecidas
anteriormente, de asumir los costos derivados de la atención de urgencias que
recibió el accionante en el HUEM previo a su fallecimiento. Las consideraciones
presentadas en esta oportunidad no implican, en modo alguno, una definición
acerca de las causas de la muerte del Hermócrates de Jesús Gil ni de la existencia de responsabilidad de
ninguna naturaleza de una persona o entidad en particular. El presente
pronunciamiento se ha limitado a constatar la carencia actual de objeto por
fallecimiento del accionante.
I.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
114. Le correspondió a la Sala Tercera de Revisión determinar si el Hospital
Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, la Nueva EPS y/o el Instituto
Departamental de Salud del Norte de Santander vulneraron los derechos a la
salud, a la integridad, a la seguridad social y a la vida del señor Gil,
extranjero no residente, por no trasladarlo efectivamente a la unidad de cuidados
intensivos y no practicarle el tratamiento de soporte renal.
115. A pesar de que el accionante
falleció el 23 de julio de 2016, esta Sala procedió a analizar si hubo o no una
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, en la medida que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha subrayado que cuando exista una carencia actual
de objeto por el fallecimiento del accionante, puede entrar a analizar ese
punto.
116. En su análisis, la Sala retomó las
siguientes sub-reglas jurisprudenciales para la resolución del caso:
(i)
No existirán
distinciones de las garantías concedidas a nacionales y extranjeros, salvo que
esas distinciones estén fundadas en razones de orden público y las limitaciones
o supresiones de los derechos y garantías de los extranjeros estén expresamente
establecidas en la ley.
(ii)
Los extranjeros no
residentes tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias con cargo al
régimen subsidiado, en virtud de la protección de sus derechos a la vida digna
y a la integridad física  como garantía mínima de su derecho a la salud sin que
le sea exigido documento alguno o pago previo, siempre y cuando no cuenten con
pólizas de seguros ni los medios económicos para asumir los costos directamente
o por medio de sus familiares.
(iii)
Si el médico tratante de un extranjero no residente solicita un
servicio de salud comprendido dentro del concepto administrativo de atención de
urgencias definido por el Ministerio de Salud y Protección Social, la IPS en
coordinación con la entidad territorial de salud, deberá realizar todos los
esfuerzos para la prestación del servicio y, en esa medida, ejecutar las
actuaciones que estén a su alcance para la prestación de la atención básica y
de urgencias.
(iv)
Si bien los
Departamentos son las entidades llamadas a asumir los costos de los servicios
de atención de urgencia que válidamente sean requeridos, en virtud del
principio de subsidiariedad y de la existente para atender algunas urgencias
prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de países fronterizos,
la Nación deberá apoyar a las entidades territoriales cuando se desborden las
capacidades de las últimas para asumir los costos de los servicios de atención
de urgencias prestados a extranjeros no residentes.
Sobre
la base de lo anterior, la Sala concluye que el Hospital Universitario Erasmo Meoz
de Cúcuta y el Instituto Departamental de Salud no vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, bajo el entendimiento de que el hospital no
contaba con una unidad de cuidados intensivos ni con el tratamiento de soporte
renal, pero a pesar de lo anterior, prestó los servicios de atención de
urgencias a su disposición. Por su parte, el Instituto Departamental de Salud
ordenó el traslado, pero la insuficiencia de disponibilidad de unidad de
cuidados intensivos impidió su traslado.
En consecuencia, la Corte declarará la carencia actual de
objeto por fallecimiento del accionante, pues cualquier orden dirigida a
proteger sus derechos fundamentales sería inocua.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2016 por el Juzgado
Sexto Civil del Distrito Judicial de Cúcuta en la cual se declaró improcedente
la acción de tutela presentada a nombre del señor Hermócrates de Jesús Gil
contra el Hospital Universitario Erasmo Meoz, el Instituto Departamental de
Salud del Norte de Santander y la Nueva EPS y, en su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto.
Segundo.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la
Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes
–a través del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Cúcuta–, previstas
en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991
Tercero.- DISPONER que la presente decisión sea puesta en conocimiento
del Ministerio de Salud y Protección Social así como del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (E)
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-239/17
ELEMENTOS ESENCIALES DEL DERECHO A LA SALUD-Accesibilidad económica, disponibilidad,
aceptabilidad y calidad (Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD AL SERVICIO DE SALUD-Instituto Departamental de Salud incumplió obligaciones para
garantizar el derecho a la salud del ciudadano venezolano (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
T-5.890.880
Acción de tutela interpuesta por Flor de
María Gil Pérez, como agente oficioso de su hijo Hermócrates de Jesús Gil,
contra el Hospital Universitario Erasmo Meoz, el Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander y Nueva E.P.S.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
1.
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me conducen a salvar el voto en
la Sentencia T-239 de 2017, adoptada por la Sala Tercera de Revisión, en
sesión del 24 de abril de ese mismo año.
2.  La
providencia de la que me aparto analizó si el Hospital Universitario Erasmo
Meoz (HUEM) y el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
vulneraron los derechos a la salud y a la seguridad social del señor Hermócrates
de Jesús Gil (extranjero de nacionalidad venezolana no residente) por no
trasladarlo efectivamente a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y no
practicarle el tratamiento renal de diálisis.
La
decisión concluyó, en primer lugar, que el HUEM no vulneró el derecho
fundamental a la salud del señor Gil, porque se acreditó que dicha entidad le
prestó la atención mínima de urgencias requerida a la que tienen derecho los
extranjeros no residentes, que se materializó en la intubación oro traqueal,
el suministro de tratamiento antibiótico, la provisión del soporte vasopresor y
el cuidado en la unidad de cuidados intermedios.
En
segundo lugar, sostuvo que el HUEM no desconoció los derechos fundamentales del
tutelante al no practicarle el tratamiento de diálisis y no remitirlo a la
unidad de cuidados intensivos, pues se verificó que dicho hospital no practica
ese tratamiento médico ni cuenta con una UCI. Así mismo, concluyó que el HUEM
realizó las solicitudes a las IPS de Cúcuta y al Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander para que recibieran al señor Gil en sus
correspondientes UCI, pero obtuvieron como respuesta que no había
disponibilidad.
En
tercera medida, la providencia mayoritaria concluyó que el Instituto
Departamental de Salud tampoco vulneró los derechos fundamentales reclamados,
porque autorizó y ordenó el traslado del paciente a una UCI. Igualmente,
realizó las gestiones de coordinación con las demás IPS. En tal sentido,
cualquier violación al derecho a la salud no le era imputable, ya que el
tratamiento de diálisis y la internación en la UCI no se hizo efectiva por la
insuficiencia de disponibilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos
de Cúcuta. En particular, consideró que las obligaciones del Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander no pueden conducirlo al “cumplimiento
de lo imposible” (fundamento jurídico 110).
3.  En
consideración a lo expuesto, disiento de la decisión mayoritaria pues, en
contraposición a lo afirmado en la mencionada providencia, considero que la
insuficiencia de camas en las unidades de cuidados intensivos en la zona, es
una omisión imputable al Instituto Departamental de Salud. Una conducta omisiva
que condujo a la violación del derecho a la salud del señor Hermócrates de
Jesús Gil, como debió declararlo en su momento la Sentencia T-239 de 2017.
Para sustentar esta conclusión, expondré
a continuación las razones que justifican mi posición, tomando en consideración
los siguientes temas: (i) el contenido del derecho a la salud con especial
referencia a sus componentes de accesibilidad y disponibilidad; y (ii) las
obligaciones del Instituto Departamental de Salud en la garantía de este
componente del derecho a la salud en el caso concreto.
Contenido del derecho a la salud en sus elementos
de accesibilidad y disponibilidad
4.
Según el artículo 49
de la Constitución Política, el Estado colombiano tiene la obligación de
garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. En forma concurrente, la Observación General N°14 (2000) del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) establece
que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el
ejercicio de los demás derechos humanos”. El
Comité señaló que, a partir del concepto del “más alto nivel posible de salud” contemplado por el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el
Estado está obligado a garantizar “toda una gama de facilidades, bienes y
servicios” que aseguren el más alto nivel posible de salud[101].
De esta forma y conforme con la
jurisprudencia constitucional, el derecho a la salud abarca cuatro elementos
esenciales e interrelacionados, a saber: disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad[102].
Por su pertinencia en esta oportunidad, me referiré a los elementos de
disponibilidad y accesibilidad.
5.  La disponibilidad, como elemento del derecho a la
salud, consiste en que cada Estado debe tener disponibles “un número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así
como de programas”[103].
En cuanto a la accesibilidad, el Comité señala que los “establecimientos,
bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin
discriminación alguna”[104]
lo que incluye dimensiones de accesibilidad geográfica y económica.
En consonancia con lo
anterior, la jurisprudencia constitucional ha expresado que “[e]l derecho
fundamental a la salud, comprende, entre otros, el derecho a acceder a
servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad”[105]. Por ende, toda
persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso
efectivo a los servicios que requiera, esto es, servicios indispensables para conservar
su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad
personal, o su dignidad.
6.  En materia de accesibilidad, la Corte Constitucional[106] ha garantizado el
derecho a acceder a los servicios de salud, libre de obstáculos burocráticos y
administrativos, y ha considerado que no contar con disponibilidad de camas que
impiden el cumplimiento de una orden de hospitalización emitida, termina siendo
una barrera “a todas luces de tipo administrativo”[107], para la
protección del derecho.
Vale la pena destacar, además, que en ningún momento
la jurisprudencia constitucional de esta Corporación ha considerado que remover
los obstáculos burocráticos y administrativos que se le exige a las entidades
encargadas de garantizar el derecho a la salud sea una obligación de imposible
cumplimiento.
El Instituto Departamental de Salud
de Norte de Santander no cumplió sus obligaciones para garantizar el derecho a
la salud del accionante
7.  Al
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander (IDS) se le atribuyeron
importantes funciones para garantizar el derecho a la salud en su jurisdicción.
De ese modo, entre sus funciones se encuentra “gestionar la prestación de
los servicios de salud, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la
población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su
jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas
o privadas”[108]
y “organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud públicas en el departamento”[109].
En virtud de estas funciones, el IDS tiene la
obligación de organizar su red de prestadores de tal manera que se garantice el
acceso a los servicios de salud sin que las personas que requieran el servicio
deban soportar la carga de los trámites burocráticos y administrativos.
Respecto del tutelante, esta obligación no se agotó
con la expedición de la autorización para la práctica de la diálisis. El IDS estaba en el deber de garantizar en
forma efectiva el acceso a los bienes indispensables para proteger la vida de
una persona en grave riesgo de muerte, es decir, la diálisis y el internamiento
en la unidad de cuidados intensivos, como manifestaciones del derecho a la
salud en sus elementos de accesibilidad y disponibilidad.
Contrario a lo que expuso la mayoría de la Sala de
Revisión en la Sentencia T-239 de 2017, esta exigencia no comporta
obligar a lo imposible al IDS. Al
contrario, significa garantizar el goce efectivo del derecho a la salud al
brindar acceso a los procedimientos vitales, esto es, aquellos que se incluyen
dentro del concepto de atención de urgencias, a los cuales también tienen
derecho los extranjeros no residentes en Colombia.
En consecuencia, considero que la Sala
debió concluir que el IDS vulneró el derecho fundamental a la salud de
Hermócrates Gil Pérez, al no garantizarle la prestación efectiva de los
servicios de salud que requería, en forma urgente para no poner en riesgo su
vida.
8.  Así,
la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales exige el compromiso de
los jueces constitucionales. Un compromiso que parece olvidarse de plano la
Sentencia T-239 de 2017, en la que se aceptó que las obligaciones en materia de
accesibilidad y disponibilidad pueden reducirse a gestiones administrativas que
no repercuten necesariamente en la prestación efectiva de los servicios de
salud o cuya omisión no compromete ese derecho. Una postura final de la que
respetuosamente disiento, porque hace nugatoria la materialización y goce
efectivo del derecho a la salud.
De esta manera, expongo las razones que
me llevan a salvar el voto con respecto a las consideraciones expuestas en la Sentencia
T-239 de 2017.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Según la copia de la cédula de identidad de la República Bolivariana de
Venezuela en el folio 8 del cuaderno principal del expediente.
[2]
Según la copia de “la Evolución de la historia clínica” que obra en el folio 7
del cuaderno principal del expediente.
[3]
Pantallazo del “Registro Único de Afiliados a la Protección Social – RUAF” en
el folio 14 del cuaderno principal del expediente, “Comunicación Externa del
Instituto Departamental de Salud” en el folio 58 y “Pantallazo de información
de afiliados en la base de datos única de afiliación al Sistema de Seguridad
Social” en el folio 19 del cuaderno principal del expediente.
[4]
“Pantallazo Migración Colombia” en el folio 9 del cuaderno principal
expediente. El Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio Ciudadano
de la Cancillería respondió que el señor Hermócrates de Jesús Gil “no ha
presentado de manera oficial ningún tipo de solicitud de Visa”. (ver folio 27ª
del cuaderno dos del expediente).
[5]
“Tutela con medida provisional” en el folio 2 del cuaderno principal del
expediente.
[6]
Copia del “Formato estandarizado de referencia de pacientes” en el folio 32 y
“Correo electrónico de solicitud de UCI” en el folio 33 del cuaderno principal
del expediente.
[7]
Copia de los “Correos electrónicos de solicitud de UCI” enviados por el HUEM en
los folios 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 y folios 67 a 198
del cuaderno dos del expediente.
[8]
Respuesta de IPS Unipamplona en el folio 39 del cuaderno principal; respuesta
de Dumian Medical S.A.S. en el folio 35 del cuaderno principal; respuesta de la
Clínica Gestionar Bienestar en el folio 36 del cuaderno principal; respuesta de
la Clínica San José de Cúcuta S.A. en el folio 37 del cuaderno principal del
expediente.
[9]
Folio 22 en el cuaderno principal del expediente.
[10]
Ibíd.
[11]
Ibíd.
[12]
Ibíd.
[13]
Folio 71 del cuaderno principal del expediente.
[14]
“Sentencia de tutela de primera instancia del Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Cúcuta” en el folio 71 del cuaderno principal del expediente.
[15]
Ibíd. Folio 72 del cuaderno principal del expediente.
[16]
Centro de Regulador de Urgencias y Emergencias.
[17]
Según informa el Subgerente de Servicios de Salud del HUEM, se solicitó a las
siguientes IPS: Medical Duarte, Clínica Norte, Clínica San José, Clínica Santa
Ana, Dumian Medical S.A.S. y Unipamplona. Ver folios 67-198 del cuaderno
principal.
[18]
Oficio 0670 del Ministerio de Salud en el folio 21 del expediente.
[19]
Ibíd.
[20]
Cancillería. Respuesta al oficio No. OPTB-671/17. Folio 27ª del cuaderno dos
del expediente.
[21]
Oficio No. OPTB 671/17 de la Cancillería en el folio 27ª del cuaderno dos del
expediente.
[22]
Ibíd.
[23]
Ibíd.
[24]
Respuesta del Hospital Universitario Erasmo Meoz al oficio OPTB-669/17. Folio
36 en el cuaderno dos del expediente.
[25]
Corte Constitucional. Sentencia T-414A de 2014 y T-397 de 2013.
[26]
Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-170 de 2009.
[27]
Ibíd.
[28]
Corte Constitucional. Sentencia T-1020 de 2004.
[29]
Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2012 y Sentencia T-720 de 2016.
Por relación formal se refiere a que no existe un mandato jurídico o una
relación de representación.
[30]
Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 2013.
[31]
Mediante la Ordenanza 00060 del 29 de diciembre de 1995 emanada de la Asamblea
Departamental del Norte de Santander el hospital se transformó en empresa
social del Estado, entidad pública descentralizada del orden departamental con
personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, sometida al
régimen jurídico de los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993.
[32]
Creado por la Ordenanza 018 del 18 de julio de 2003 de la Asamblea
Departamental del Norte de Santander como un establecimiento público del orden
departamental, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía
administrativa y financiera.
[33]
Numeral 2, artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y Artículo 86 de la
Constitución Política de Colombia.
[34]
Ver, entre otras, las sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015,,
y T-317 de 2015.
[35]
Acerca del perjuicio
irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para
que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un
hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes;
(iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente
(iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.” Ver, sentencia
T-896/07, entre otras.
[36]
Corte Constitucional. Sentencia T-603 de 2015.
[37]
Artículo 48 de la Constitución Política de Colombia: “Se garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas
o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los
recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a
ella…”.
[38]
Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia: “La atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar
la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También,
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la
ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención
básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad.
[39]
Corte Constitucional. Sentencia C-671 de 2002. En esa oportunidad de la primera
fase del derecho a la salud, la Corte señaló que “la Constitución y los
tratados de derechos humanos señalan que si bien los derechos sociales
prestacionales no son de aplicación inmediata e integral, sin embargo los
Estados tienen no sólo el deber de tomar todas las medidas posibles para lograr
su realización progresiva integral sino que además deben asegurar el goce de
estos derechos a todos los habitantes, sin ninguna discriminación”. Ver también
sentencias T-753 de 2001; T-632 de 2002; T-492/04, y T-1069 de 2004.
[40]
Corte Constitucional. Sentencia T-1081 de 2001, en la cual sostuvo que “el
derecho a la salud de los adultos mayores es un derecho fundamental autónomo,
dadas las características de especial vulnerabilidad de este grupo poblacional
y su particular conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad humana.” Ver
también sentencias SU-819 de 1999, T-850 de 2002 y T-859 de 2003.
[41]
Corte Constitucional. Sentencia T-859 de 2003 y reiterada por las sentencias
T-060 de 2007, T-148 de 2007, T-760 de 2008, T-815 de 2012, T-931 de 2012 y
T-314 de 2016.
[42]
Corte Constitucional. Sentencia T-859 de 2003.
[43]
Artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
[44]
Ibíd.
[45]
La Sentencia C-313 de 2014 hizo el control previo de constitucionalidad de la
Ley 1751 de 2015.
[46]
En la Sentencia C-313 de 2014, la Corte declaró: “la constitucionalidad del
artículo 1º del Proyecto de Ley, en el entendido que la expresión “establecer
sus mecanismos de protección” no dará lugar a expedir normas o a efectuar
interpretaciones que menoscaben la acción de tutela”.
[47]
Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 2016.
[48]
Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 2016.
[49]
Ibíd.
[50] El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo
2.1. lo siguiente: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en
el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (negrillas
agregadas)”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales establece en el artículo 2.2. que “[l]os Estados Partes en el
presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en
él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” y en su artículo
12 establece que “[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental”.
[51]
Así también lo señaló la Sentencia T-321 de 2005 al sostener: “A los
extranjeros se les garantiza el trato igual y la protección a los derechos
fundamentales y garantías de que gozan los nacionales. Este reconocimiento
genera al mismo tiempo la responsabilidad en cabeza del extranjero de cumplir
los deberes y obligaciones que se consagran para todos los residentes del
territorio nacional.” Ver también: Corte Constitucional. Sentencia T-215-96.
[52]
Corte Constitucional. Sentencia C-768 de 1998.
[53]
La Corte Constitucional ha considerado constitucionalmente admisibles medidas
diferenciadoras entre nacionales y extranjeros o entre nacionales, extranjeros
residentes y extranjeros no residentes en relación con los siguientes temas:
(i) prelación de los nacionales y extranjeros residentes en las listas para
acceder al trasplante anatómico, de manera que la prestación de servicios de
trasplante a extranjeros no residentes en Colombia está sujeta a que no existan
receptores nacionales o extranjeros residentes en las listas regional y
nacional de espera (ver Sentencias T-1088 de 2012 y Sentencia T-728 de 2016);
(ii) creación del Sistema Nacional de Migraciones dirigido a elevar el nivel de
calidad de las comunidades colombianas en el exterior y no de los migrantes
extranjeros (ver Sentencia C-416 de 2014); (iii) hacer referencia a los
colombianos como destinatarios de un sistema de protección social, en los
términos de la Ley 789 de 2002, y no mencionar a los extranjeros no implica un
trato discriminatorio, por tratarse, entre otras cosas, de una norma
programática que no impide que los extranjeros ingresen y permanezcan
vinculados al sistema general de seguridad social (ver Sentencia C-834 de
2007); (iv) la aplicación de reglas migratorias diferenciadas se encuentran
justificadas, salvo que cedan a la protección de los menores y a la
conservación de la unidad familiar (ver Sentencia T-215 de 1996 y T-338 de
2015); (v) desempeñar cargos anexos a la autoridad civil y política, así como
la jurisdicción (ver art. 99 de la Constitución Política, Sentencia C-280 de
1995); (vi) las medidas dirigidas a proteger el trabajo nacional (ver Sentencia
C-1259 de 2012), entre otras. Por otra parte, la Corte Constitucional ha
considerado constitucionalmente inadmisibles las siguientes medidas
diferenciadoras entre nacionales y extranjeros: (i) no ocupar en el cargo
(flautista piccolo) a quien ganó el concurso para proveer el cargo por ser
extranjero (ver Sentencia T-380 de 1998); (ii) restricciones de los derechos
sindicales de los extranjeros, como por ejemplo entre otros, la imposibilidad
de que funcione un sindicato que no estuviese compuesto por las dos terceras
partes de ciudadanos colombianos, que ningún extranjero era elegible para los
cargos directivos del sindicato o que para ser miembro de la junta directiva de
una federación o confederación de sindicato había que ser colombiano (ver
Sentencia C-385 de 2000); (iii) desempeñar cargos en instituciones oficiales,
de seguridad social, privadas o de utilidad común relacionadas con la
anestesiología, salvo que exista la restricción para los colombianos (ver
Sentencia C-280 de 1995).
[54]
La Corte ha fijado una definición del orden público y ha constatado que debido
a su naturaleza evaluativa, no es posible definirlo ex ante. Así lo sostuvo
esta Corporación en la Sentencia C-179 de 1994: “Formular una definición
lógicamente satisfactoria de orden público es empresa desalentadora, pues el
ingrediente evaluativo que en ella va implícito, impide ganar una noción
objetiva, universalmente reconocible. De allí el peligro de usarla como
condición o límite del ejercicio de un derecho, pues cada vez que se procede de
ese modo, y en ocasiones resulta inevitable hacerlo, se libra su inmensa forma
vacía a la discreción de un funcionario que con su propio criterio ha de
llenarla. El único control de su evaluación, entonces, estará constituido por
el telos del Estado de derecho y éste, preciso es admitirlo, es también pasible
de más de una valoración. (…)”.
[55]
En la Sentencia T-1088 de 2012 la Corte discutió la prelación de los nacionales
y extranjeros residentes frente a los no residentes en relación con su posición
en las listas de trasplantes anatómicas. En esa oportunidad sostuvo la Corte
que “el deber de solidaridad del Estado Colombiano para con los extranjeros no
residentes en el territorio nacional en materia de salud se hace efectivo solo
en situaciones que sean imprevistas e irresistibles, pues, en principio,
corresponde al Estado del cual es nacional el extranjero garantizar su derecho
fundamental a la salud, lo anterior teniendo en cuenta que el paciente no puede
elegir el país al cual desea imponerle la carga de su enfermedad”. Y agregó que
“el tratamiento diferenciado consagrado en la normatividad del trasplante de
órganos anatómicos en extranjeros no residentes es
legítimo, en la medida en que busca garantizar los derechos fundamentales de
los pacientes nacionales y extranjeros residentes que se encuentran en las
listas de espera y, a su vez, pretende desincentivar el turismo de trasplante
en el país”.
[56]
Para el análisis de tratos diferenciados el juez constitucional debe precisar:
“si se trata de una limitación impuesta en alguno de aquellos ámbitos en los
que, por razones de orden público, pueden establecerse diferencias entre
nacionales y extranjeros, tal como lo señala el artículo 100. Si la disposición
acusada no se encuentra bajo una de las hipótesis anteriores, debe establecerse
si este es un trato razonable constitucionalmente, en virtud del artículo 13 y
lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional” (Sentencia C-1058 de 2003).
[57]
Toda razón por orden público debe cumplir los siguientes requisitos: “Las
razones de orden público para subordinar a condiciones especiales o negar el
ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros no se pueden
invocar en forma abstracta por el legislador, sino en forma concreta, pues las
restricciones a los derechos fundamentales deben ser  (i) expresas, (ii)
necesarias, (iii) mínimas e (iv) indispensables, y  (v) estar dirigidas a la realización
de finalidades constitucionales legítimas en una sociedad democrática”
(Sentencia C-1058 de 2003).
[58]
Ver nota al pie supra 59. En este sentido, la Sentencia C-1058 de 2003 sostuvo:
“Para efectos de preservar el derecho de igualdad debe precisarse si la
limitación impuesta se inscribe en alguno de aquellos ámbitos en los que, por
razones de orden público, pueden establecerse diferencias entre nacionales y
extranjeros, tal como lo señala el artículo 100. De lo contrario, debe
establecerse si la distinción establecida por el legislador es un trato
razonable constitucionalmente, en virtud del artículo 13 y lo dispuesto por la
jurisprudencia constitucional”. Más allá de la relación entre nacionales y
extranjeros, la Corte se refirió –en la sentencia C-671 de 2002- a la
posibilidad del legislador para establecer tratos diferentes al regular el
sistema de seguridad social indicando que “sin
perjuicio del deber del Estado de establecer un sistema de seguridad social y
de salud universal, esto es, que cubra a todos los colombianos, la ley tiene
una amplia libertad para determinar cuál es el grupo de beneficiarios de un
sistema especial de seguridad social y salud, como del que gozan los miembros
de la Fuerza Pública”.
[59]
Artículo 49 de la Ley 100 de 1993: “La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de
la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar
la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También,
establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las
competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la
ley.
Los servicios de salud se organizarán en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
La ley señalará los términos en los cuales la atención
básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado
integral de su salud y la de su comunidad.”
[60]
Corte Constitucional. Sentencia T-121 de 2015.
[61]
El artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 (Por medio de la cual se
regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones)
establece lo siguiente: “El derecho fundamental a la salud es autónomo e
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los
servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará
políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la
Constitución Política, su prestación como servicio público esencial
obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión,
organización, regulación, coordinación y control del Estado”.
[62]
Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-121 de 2015.
[63]
Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 2016.
[64]
Artículo 157 de la Ley 100 de 1993.
[65]
Corte Constitucional. Sentencia T-545 de 2013 y T-635 de 2007. En la última
sentencia, la Corte Constitucional sostuvo: “De los principios que inspiran el
sistema de seguridad social en Colombia, se desprende el derecho a estar
afiliado al sistema de seguridad social en salud, con el consecuente acceso
efectivo a las prestaciones que el derecho a la salud garantiza. A pesar de que
gran parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha dedicado a
determinar las reglas de protección de las mencionadas prestaciones, debe
tenerse en cuenta que un presupuesto esencial para que sea viable esta
protección consiste en procurar una garantía a priori, cual es la de
estar dentro del sistema. La estructura del sistema de seguridad social, en
general, y de salud, en particular, en nuestro país convierte lo anterior en
una condición necesaria para hacer posible el acceso a los servicios de salud,
pues el sistema está diseñado para ofrecer sus prestaciones a favor de aquellas
personas que lo conforman”.
[66]
Ley 1438 de 2011 (por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones).
[67]
Ley 1751 de 2015 (por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la
salud y se dictan otras disposiciones).
[68]
Artículo 168 de la Ley 100 de 1993: “168.-Atención inicial de urgencias. La
atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas
las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las
personas, independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere
contrato ni orden previa. El costo de estos servicios será pagado por el fondo
de solidaridad y garantía en los casos previstos en el artículo anterior, o por
la entidad promotora de salud al cual esté afiliado, en cualquier otro evento.”
Ver también: Artículo 67 de la Ley 715 de 2001: “Atención de urgencias. La
atención inicial de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas
las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las
personas. Para el pago de servicios prestados su prestación no requiere
contrato ni orden previa y el reconocimiento del costo de estos servicios se
efectuará mediante resolución motivada en caso de ser un ente público el
pagador. La atención de urgencias en estas condiciones no constituye hecho
cumplido para efectos presupuestales y deberá cancelarse máximo en los tres (3)
meses siguientes a la radicación de la factura de cobro.”
[69]
Sobre el alcance de la atención mínima en otros ámbitos, como
el de las personas afectadas por el desplazamiento, puede consultarse la
sentencia T-702 de 2012.
[70]
Corte Constitucional. Sentencia C-834 de 2007.
[71]
Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 2016.
[72]
Otra sentencia que si bien no se refiere a los extranjeros sino a los
desplazados, pero que resulta ser un pronunciamiento relevante es la Sentencia
T-702 de 2012 en la que la Corte afirmó que “la entrega de la ayuda humanitaria
hace parte del catálogo de derechos mínimos y básicos de la población
desplazada, puesto que su finalidad es la protección efectiva de derechos
esenciales, tales como la salud, alimentación, alojamiento, salubridad pública,
entre otros, dirigidos a garantizar el mínimo vital de esta población
vulnerable. Por consiguiente, ha sostenido que el derecho a la ayuda
humanitaria hace parte del derecho a una subsistencia mínima y comprende no
solo la ayuda inmediata de carácter urgente cuando ocurre el hecho del
desplazamiento, sino la ayuda en el periodo de transición hasta la
consolidación de la estabilización socio-económica de esta población”.
[73]
Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 2016.
[74]
Corte Constitucional. Sentencia T-728 de 2016. También consideró la Sala en esa
Sentencia que  “No se vulneran los derechos constitucionales fundamentales a la
igualdad, salud y vida digna de un extranjero no residente en Colombia, cuando
le es negada la inscripción en la lista de espera para acceder al trasplante de
un componente anatómico, con fundamento en que existen nacionales colombianos y
extranjeros residentes inscritos en esa misma lista y esperando por la
prestación de dicho servicio que, debido a la naturaleza de su objeto, es
escaso”.
[75]
Por la cual se modifica el Plan de Beneficios de Salud con cargo a la Unidad de
Pago por Capacitación.
[76]
Cf. Folio 25 del cuaderno tercero (Ministerio de Salud y Protección Social.
Concepto No. 201711300343781).
[77]
Por medio de esta ley “se dictan normas orgánicas
en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros”.
[78]
Es importante aclarar en este punto que no todo extranjero tiene insuficiencia
económica, sino únicamente aquellos que tengan su mínimo vital realmente
afectado por la falta total de recursos económicos.
[79]
Decreto 4107 de 2011. Art. 1.
[80]
Folio 25 en el cuaderno dos del expediente.
[81]
La Corte Constitucional sostuvo que “[c]on respecto al principio de
subsidiaridad, esta Corporación señaló la posibilidad de que las entidades
territoriales, y únicamente para el evento de no poder ejercer determinadas
funciones en forma independiente, pueden apelar a niveles superiores (el
departamento o la Nación), para que éstas le colaboren en el ejercicio de sus
competencias, pues, repárese que los intereses nacionales y los intereses de
las entidades territoriales, deben ser siempre articulables y complementarios y
no enfrentados, pues si ello fuese así se desmembraría la unidad de la
República en términos jurídicos, políticos, físicos o económicos, en virtud del
entrecruzamiento de competencias, pues, la Carta precisamente evita la
indefinición y la contradicción de poderes a través del diseño de un sistema
unitario pero descentralizado, en donde los principios de concurrencia,
subsidiaridad y coordinación, juegan un papel fundamental, para la
interpretación de leyes que se caracterizan por la interconexión de
atribuciones entre entidades territoriales con competencias propias” (C-1187 de
2000).
[82]
La Corte Constitucional ha dicho que el principio de coordinación supone “una
comunicación constante entre los distintos niveles para armonizar aquellos
aspectos relacionados, por ejemplo, con la garantía de protección de los
derechos constitucionales fundamentales así como aquellos asuntos vinculados
con el efectivo cumplimiento de las metas sociales del Estado” (C-983 de 2005).
[83]
La Corte Constitucional se refirió al principio de concurrencia en la Sentencia
C-149 de 2010 en los siguientes términos: “parte de la consideración de que, en
determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación
de los distintos niveles de la Administración. Ello implica, en primer lugar,
un criterio de distribución de competencias conforme al cual las mismas deben
atribuirse a distintos órganos, de manera que se garantice el objeto propio de
la acción estatal, sin que sea posible la exclusión de entidades que, en razón
de la materia estén llamadas a participar. De este principio, por otra parte,
se deriva también un mandato conforme al cual las distintas instancias del
Estado deben actuar allí donde su presencia sea necesaria para la adecuada
satisfacción de sus fines, sin que puedan sustraerse de esa responsabilidad”,
[84]
Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de
2017.
[85]
Según el numeral 5 del artículo 8 de la Resolución 6408  de 2016 del Ministerio
de Salud y Protección Social (que modificó la Resolución 5592 de 2015), la
atención de urgencias consiste en la “modalidad de prestación de servicios de
salud, que busca preservar la vida y prevenir las consecuencias críticas,
permanentes o futuras, mediante el uso de tecnologías en salud para la atención
de usuarios que presenten alteración de la integridad física, funcional o
mental, por cualquier causa y con cualquier grado de severidad que comprometan
su vida o funcionalidad.
[86]
De conformidad con el artículo 2.1.3.5. del Decreto 780 de 2016 emitido por el
Ministerio de Salud y Protección Social, para afiliarse al sistema de seguridad
social en salud, el extranjero debe presentar uno de los siguientes documentos:
1. Registro Civil Nacimiento o en su defecto, el certificado de nacido vivo
para menores de 3 meses. 2. Registro Civil Nacimiento para los de 3 meses y
menores de siete (7) años edad 3. Tarjeta de identidad para los mayores (7)
años y menores de dieciocho (18) años de edad. 4. Cédula de ciudadanía para los
mayores de edad. 5 Cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático o
salvoconducto de permanencia, según corresponda, para los extranjeros. 6.
Pasaporte de la Organización de las Naciones Unidas para quienes tengan la
calidad refugiados o asilados”.
[87]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
Observación General No. 14 de 2000. Parg. 12 –doctrina relevante sobre la
materia-: “Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número
suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros
de atención de la salud, así como de programas. La naturaleza precisa de los
establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores, en
particular el nivel de desarrollo del Estado Parte. Con todo, esos servicios
incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia
potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás
establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional
capacitado y bien remunerado habida cuenta de las condiciones que existen en el
país, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción
sobre medicamentos esenciales de la OMS.”
[88]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
Observación General No. 14 de 2000. Parg. 12: “Accesibilidad. Los
establecimientos, bienes y servicios de salud {§120} deben ser accesibles a
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.”
La accesibilidad presenta cuatro dimensiones: (i) no discriminación; (ii)
accesibilidad física; (iii) accesibilidad económica (asequibilidad) y (iv)
acceso a la información.
[89]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
Observación General No. 14 de 2000. Parg. 12: “Aceptabilidad. Todos los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la
ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de
las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que
sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar
concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de
las personas de que se trate”.
[90]
Cf. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, Observación General No. 14 de 2000. Parg. 12: “Calidad. Además de
aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista
científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas,
personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente
aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias
adecuadas”.
[91]
Corte Constitucional. Sentencia T-520 de 2012.
[92]
Ibíd.
[93]
Corte Constitucional. Sentencia T-700 de 2011.
[94]
Corte Constitucional. Sentencia T-520 de 2012.
[95]
Folio 25 en el cuaderno dos del expediente.
[96]
Ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1815 de 2016.
[97]
Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 2016.
[98]
Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 2016.
[99]
Folio 216 del cuaderno 2.
[100]
Cf. T-1088 de 2012.
[101] Sentencia
T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[102] El artículo
6° de la Ley 1751 de 2015 también se refiere a estos elementos del derecho a la
salud.
[103] Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud: 11/08/2000. E/C.12/2000/4, OBSERVACION GENERAL 14.
(General Comments).
[104] Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud: 11/08/2000. E/C.12/2000/4, OBSERVACION GENERAL 14.
(General Comments).
[105] Sentencias
T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-212 de 2011 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez, T-499 de 2014 M.P. Alberto Rojas Ríos, T-299 de 2015 M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, T-400 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[106] Sentencias
T-866 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-046 de 2012 M.P. Juan
Carlos Henao Pérez, T-339 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos, T-499 de 2014 M.P.
Alberto Rojas Ríos, T- 842 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
[107] Sentencias
T-700 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-520 de 2012 M.P. María
Victoria Calle Correa. En la primera de las providencias referidas, por
ejemplo, se analizó la situación de una paciente diagnosticada con VIH que
había sido tratada por CAPRECOM E.P.S.-S pero que, ante una recaída, la IPS
emitió una orden de hospitalización que no pudo hacerse efectiva porque la
clínica adujo no contar con disponibilidad de camas. La Sentencia, al respecto,
señaló que “no autorizar la hospitalización de una persona que lo necesita
urgentemente, por no contar con camas de aislamiento, no puede ser un argumento
de recibo en esta oportunidad, puesto que, por una parte, desdibuja uno de los
fines esenciales del Estado Social de Derecho, el cual es la efectividad de los
derechos constitucionales y, por otra parte, los argumentos administrativos no
sirven de excusa para negar o dilatar un tratamiento, pues este tipo de
problemas son de la esfera interna de la E.P.S. y no se pueden trasladar a los
pacientes”. Pese a que la sentencia declaró la carencia de objeto por el
fallecimiento de la accionante, la Corte concluyó que CAPRECOM no garantizó el
acceso efectivo y violó el derecho a la salud de la paciente.
[108] Artículo
tercero, numeral 2.1. de la Ordenanza No. 0018 del 2003 de la Asamblea
Departamental de Norte de Santander “por la cual se crea el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander. Y se conceden unas autorizaciones”.
[109] Artículo
tercero, numeral 2.4. de la Ordenanza No. 0018 del 2003 de la Asamblea
Departamental de Norte de Santander “por la cual se crea el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander. Y se conceden unas autorizaciones”.