C-830-07
SENTENCIA C- /04
Sentencia C-830/07
SENTENCIA EN OBJECION PRESIDENCIAL-Cumplimiento/PROYECTO DE LEY REHECHO EN
OBJECIONES PRESIDENCIALES-Declarado exequible porque Congreso cumplió lo
ordenado en sentencia de constitucionalidad/SENTENCIA DE OBJECION PRESIDENCIAL-Efectos
de cosa juzgada relativa.
Las consideraciones realizadas en esta
sentencia permiten a la Sala inferir válidamente que el texto rehecho del
Proyecto de Ley n.° 86/05 Senado - 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta
la Ley de Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones” se ajusta a las
previsiones contenidas en la sentencia C-856/06, reiteradas en el Auto 168/07.
Del mismo modo, la discusión y aprobación de dicho texto por parte de las
plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes
cumplieron con los requisitos de procedimiento legislativo exigidos por la
Constitución. Por lo tanto, la Corte declarará la exequibilidad del texto
rehecho del Proyecto de Ley, en relación exclusiva con los asuntos objeto de
examen en esta sentencia. La Sala reitera que esta decisión produce efectos de
cosa juzgada relativa a las objeciones presidenciales propuestas, por lo que no
cobija los textos no objetados.  En consecuencia, la presente declaratoria de
exequibilidad no es incompatible con la posibilidad que el futuro se formulen
acciones públicas de inconstitucionalidad en relación con lo no juzgado en este
fallo.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Necesidad
de analizar el contexto en el que se hizo el anuncio/REQUISITO DE ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento aunque en el anuncio
se utilice la expresión “leer”
Debe tenerse en cuenta que si bien la
Presidenta del Senado utilizó la expresión “leer” los proyectos para la próxima
sesión, para la Corte es claro que esta enumeración no tiene un propósito
distinto que dar cumplimiento al requisito de anuncio para la discusión y
votación. Así, como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación, “no
existe una fórmula sacramental o frase textual que deba utilizar el Congreso
para realizar el aviso, a condición que la expresión utilizada transmita
inequívocamente la intención de la mesa directiva de someter a votación un
determinado proyecto de ley en una sesión futura definida.  En ese sentido, la
Corte ha otorgado validez constitucional a expresiones como “considerar” o
“debatir” e, incluso, ha entendido que el simple término “anuncio”, utilizado
en el marco de los debates legislativos con la finalidad de mencionar los
proyectos que serán debatidos en una sesión futura, permite acreditar el
cumplimiento del trámite previsto en el inciso final del artículo 160 C.P. Esto
en la medida en que un procedimiento de esta naturaleza sólo es exigido durante
el trámite legislativo para los efectos previstos en la citada norma
constitucional
PROYECTO DE LEY-Prohibición de consideración en más de dos
legislaturas
PROYECTO DE LEY-Término máximo de dos legislaturas para consideración
no comprende el trámite en el Congreso de las objeciones presidenciales
OBJECION PRESIDENCIAL-Término del Congreso para pronunciarse
Referencia: expediente OP-091
Objeciones presidenciales al Proyecto de
Ley N° 86/05 Senado - 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley
de Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones”
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá D.C., diez (10) de
octubre de dos mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
previstas en los artículos 167 y 241, numeral 8 de la Constitución Política, y
cumplidos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
al decidir sobre las objeciones por
inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la República al Proyecto
de Ley n.° 86/05 Senado - 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la
Ley de Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones”
I. ANTECEDENTES
1. Mediante la sentencia C-856 de 2006, la Sala Plena
de la Corte Constitucional declaró parcialmente fundadas las objeciones
presentadas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley n.° 86/05 Senado - 205/04 Cámara, “por
medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo
Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.  En ese sentido, la
parte resolutiva del fallo en comento dispuso lo siguiente:
“Primero.-
Declarar FUNDADAS las objeciones presidenciales
formuladas al parágrafo 3º del artículo 4º, a las expresiones “en
coordinación con el Fondo Nacional del Teatro” contenida
en el artículo 6º, “créase” del artículo 10
y “su
estructura y “ del artículo 13, al igual que a
los artículos 14, 15, 16, 17 y los parágrafos 3º y 4º del artículo 18 del
proyecto de ley No. 86/05 Senado -205/04 Cámara, “por medio de la
cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro
y se dictan otras disposiciones”.
Segundo.-
En consecuencia, declarar INEXEQUIBLES las normas
mencionadas en el ordinal anterior, pertenecientes al proyecto de ley No. 86/05
Senado -205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de
Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras
disposiciones”.
Tercero.-
Declarar INFUNDADAS las objeciones presidenciales
formuladas a los artículos 4º, parágrafos 1º y 2º; 6º, salvo la expresión “en
coordinación con el Fondo Nacional del Teatro”; 7º,
8º, 10, salvo la expresión “créase”, 11,
inciso segundo del artículo 18, 19 y 20 del proyecto de ley No. 86/05 Senado -205/04
Cámara, “por
medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo
Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.
Cuarto.-
En consecuencia, declarar EXEQUIBLES las normas
mencionadas en el ordinal anterior, pertenecientes al proyecto de ley No. 86/05
Senado -205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de
Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”.
Quinto.-
DÉSE cumplimiento a lo previsto en el artículo 167 de la
Constitución Política.”
2. De acuerdo con el procedimiento descrito
en el artículo 167 C.P., la Cámara en que el Proyecto de Ley tuvo origen debía,
una vez oído el Ministro del ramo, rehacer e integrar las disposiciones
afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte.  En
cumplimiento de este trámite, el Secretario General de la Cámara de
Representantes, a través de comunicaciones enviadas el 1º de diciembre de 2006,
solicitó a las Ministras de Cultura y de Educación Nacional que se pronunciaran
sobre el Proyecto de Ley, a fin de cumplir con el procedimiento previsto en la
citada norma constitucional.[1]  Estas peticiones fueron
reiteradas por el mismo funcionario, mediante oficios remitidos el 5 de febrero
de 2007.[2]
Los Representantes Venus Albeiro Silva
Gómez, Pedro María Ramírez Ramírez y José Gerardo Piamba Castro pusieron a
consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes el texto rehecho
del Proyecto de Ley, “luego de revisar y suprimir los artículos y apartes
declarados inexequibles”[3]; texto que fue publicado
en la Gaceta del Congreso No. 662 del 13 de diciembre de 2006.  Así, de acuerdo
con lo certificado por el Secretario General de la Cámara, en sesión plenaria “fue
considerado y aprobado el informe de la Comisión Accidental al Texto Rehecho
del Proyecto de Ley (…). Según consta en el Acta de Sesión Plenaria No.
035 de diciembre 14 de 2006, según consta en el Acta de Sesión Plenaria No. 034.”[4]
En consecuencia, el 18 de diciembre de 2006 el expediente legislativo fue
remitido al Senado de la República, para que continuara con su trámite.
Asumido el conocimiento por el Senado, el
Jefe de la sección de Leyes de esa corporación, a través de oficio dirigido al
Secretario General de la Cámara de Representantes, devolvió a ese despacho el
expediente legislativo “toda vez, que dentro del mismo, no reposa
pronunciamiento alguno de los Ministros del Ramo acerca de la decisión adoptada
por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-856 de fecha Octubre 18 de 2006.”[5]
Verificada la omisión por parte de la
Cámara de Representantes, se volvió a cumplir con el procedimiento de discusión
y aprobación del Proyecto de Ley en esa célula congresional, esta vez anexadas
al expediente legislativo las observaciones enviadas el 27 de febrero de 2007
por la Ministra de Cultura. Por ende, como se establece en la constancia
secretarial del 18 de abril de 2007, en sesión plenaria de la Cámara de
Representantes de esa fecha “en cumplimiento de lo ordenado (…) en
Sentencia C-856 de 2006 y de conformidad al artículo 2º numeral 2º de la Ley 5ª
de 1992 “corrección formal de procedimientos”, se reabre nuevamente la
consideración y aprobación del informe de la Comisión Accidental al Texto
Rehecho del Proyecto de Ley (…). Según consta en el Acta de la Sesión
Plenaria No. 042 de abril 18 de 2007, previo su anuncio en Sesión Plenaria del
día 17 de abril de 2007, según consta en el Acta de Sesión Plenaria No. 041.”[6]
Sobre este particular, debe advertirse que los mismos Representantes que
prepararon el informe original, pusieron a consideración de la plenaria de la
Cámara de Representante uno nuevo, de fecha 11 de abril de 2007, con idéntico
contenido y publicado en la Gaceta del Congreso No. 121 del 18 de abril de
2007.
En lo que hace referencia al concepto del
Ministerio de Cultura antes señalado, dicha cartera consideró que (i) en
cuanto a los artículos declarados inexequibles, éstos debían suprimirse del
texto reformulado del Proyecto de Ley; (ii) resultaba necesario que la
tarea de reconfección del articulado asegurara la coherencia del mismo.  “Sobre
el particular es pertinente precisar que varias disposiciones del texto del
proyecto, que no fueron expresamente declaradas como inexequibles por la Corte
Constitucional, deben indiscutiblemente sustraerse del mismo, debido a su
íntima relación con los artículos declarados inexequibles.  Así por ejemplo,
parece obligatoria la modificación del Título de la Ley, de algunos subtítulos
y de varias disposiciones que carecerían de sentido lógico y jurídico al no
existir los artículos principales.”[7] y (iii) respecto
de las demás normas, el Ministerio mantenía los cuestionamientos sobre su
inconstitucionalidad e inconveniencia, expuestos al momento de objetar el
Proyecto de Ley.  En ese sentido, fueron anexados los documentos soportes
enviados en esa oportunidad al Secretario Jurídico de la Presidencia y al
Representante Venus Albeiro Silva, autor de la iniciativa.
Finalmente, reenviado el expediente
legislativo al Senado de la República, se le dio el trámite correspondiente.
Así, de conformidad con lo certificado por el Secretario General de esa
corporación el 16 de mayo de 2007,[8] en sesión plenaria del
Senado, celebrada el 15 de mayo de 2007, fue considerado el informe presentado
por los Representantes Venus Albeiro Silva, Pedro María Ramírez y José Gerardo
Piamba, miembros de la Comisión Accidental encargada de rehacer el Proyecto de
Ley de la referencia, informe publicado en la Gaceta del Congreso No. 141 del
25 de abril del mismo año.  En esta sesión, habiéndose verificado el quórum
requerido, “se leyó y aprobó el informe y el texto presentado en el mismo,
publicados en la Gaceta del Congreso No. 141/07”.  De la misma manera, se
certificó que el anuncio del trámite descrito “se llevó a cabo en Sesión Plenaria
del día 10 de mayo de 2007, según consta en el acta plenaria No. 57.”
Aprobado el Proyecto de Ley por cada una de
las plenarias, la Presidenta del Senado lo envió a la Presidencia de esta
Corporación, según consta en comunicación radicada el 31 de mayo de 2007.
3. La Corte asumió el estudio del texto
rehecho del Proyecto de Ley y concluyó que, en cuanto al procedimiento legislativo
surtido luego de la devolución ordenada en la sentencia C-856/06, no existía
reproche constitucional alguno, puesto que se habían cumplido a cabalidad los
requisitos de procedimiento previstos en el artículo 167 C.P.  No obstante, en
relación con el aspecto material, advirtió que el Congreso había cumplido
parcialmente con el deber de rehacer e integrar el Proyecto de Ley n° 86/05
Senado – 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro
Colombiano, se crea el Fondo Nacional del Teatro y se dictan otras
disposiciones”, debido a que fue acatado el dictamen contenido en la
sentencia C-856/06, con excepción de lo dispuesto en la denominación del título
general del proyecto y del Título II del articulado, al igual que el artículo
10 del Proyecto de Ley, textos que habían conservado expresiones incompatibles
con la razón de la decisión contenida en la sentencia C-856/06.  Para sustentar
estas conclusiones, esta Corporación realizó las consideraciones siguientes,
contenidas en el Auto 168 del 4 de julio de 2007:
“2.7. Analizado el texto rehecho del
Proyecto de Ley, la Corte advierte que la actividad del Congreso cumplió de
manera parcial con lo ordenado por la Corte.  En efecto, el texto rehecho del
proyecto de ley eliminó todas aquellos apartados normativos que fueron
declararon inexequibles en la sentencia C-856/06. Por lo tanto, la Corte
advierte que, de manera general, el Congreso dio cumplimiento al deber de
rehacer e integrar el proyecto de ley, de acuerdo con las condiciones previstas
en el artículo 167 Superior.
Empero, esta conclusión no resulta
predicable frente a dos aspectos particulares del texto rehecho, en los que,
como consecuencia del carácter eminentemente formal de la labor desarrollada
por el Congreso, el articulado resultante no resulta compatible con lo decidido
en la sentencia que resolvió las objeciones presidenciales en contra del Proyecto
de Ley.
Sobre este particular se advierte, en
primer término, que la Corte declaró inexequibles aquellas expresiones del
Proyecto que incorporaban modificaciones a la estructura de la administración
nacional, en razón del incumplimiento de los requisitos constitucionales
exigidos para el efecto.  No obstante, el texto rehecho de la iniciativa
conservó, tanto en su título general, como en la denominación del Título II del
articulado, referencias expresas al Fondo Nacional del Teatro, a pesar que el
fallo en comento declaró fundadas las objeciones respecto de las normas que
daban sustento a ese ente.  Por lo tanto, si la intención del legislativo fue
eliminar del Proyecto de Ley las alusiones sobre ese preciso particular, resultaba
imprescindible que se reformulara el texto de la iniciativa, de forma tal que
resultara armónico con lo decidido por la Corte.
Argumentos análogos deben exponerse, en
segundo lugar, respecto de la redacción del artículo 10 del Proyecto.  Como se
señaló en apartado anterior de esta providencia, la expresión “créase” contenida
en esa norma fue declarada inexequible, en consideración a que preveía, de la
misma manera que en el caso anterior, modificaciones a la estructura de la
administración nacional que no habían estado precedidas de los requisitos
constitucionales exigibles para iniciativas de esa naturaleza.  Igualmente, en
la sentencia C-856/06 se indicó que la supresión de dicho término, si bien
restaba coherencia gramatical al artículo, “su análisis integral, esto es,
incorporándose lo previsto en su parágrafo, permite comprender a la Escuela
Nacional de Arte Dramático como un programa estatal dirigido a la investigación
y la crítica relacionadas con el teatro y las artes escénicas.” Con base en
lo expuesto, es evidente que dentro del ejercicio de las competencias
legislativas previstas en el artículo 167 C.P., el Legislador debía reformular
la disposición, de manera tal que se ajustara a lo previsto por la Corte.
Para el caso concreto, la integración del
texto del artículo 10 del Proyecto de Ley obligaba al Legislador a rehacer la
norma de forma que estipulara a la Escuela Nacional de Arte Dramático como un
programa estatal, según lo señalado en la sentencia C-856/06. En
contrario, el Congreso se limitó a suprimir nominalmente la expresión declarada
inconstitucional, restándole todo sentido a la disposición.  Al respecto, debe
insistirse en que el carácter cualificado de la tarea de reformulación del
proyecto de ley declarado parcialmente exequible encuentra sustento en la
necesidad de conservar la eficacia reguladora de las normas resultantes de la
reconfección del articulado.  Esta conclusión es corolario lógico de la
preservación del principio democrático, el cual guía el diálogo
interinstitucional propio del trámite de las objeciones presidenciales.  Como
se indicó, las labores ejercidas por el Legislativo, el Gobierno y la Corte en
este marco están orientadas a garantizar que se promulgue una norma legal fruto
de la actividad deliberativa del Congreso y que, a su vez, se muestre acorde
con los postulados constitucionales.  Esta voluntad resulta frustrada cuando, a
partir de una labor estrictamente mecánica de reformulación del proyecto, se
aprueban disposiciones incoherentes y, por ello, incapaces de regular aspecto
alguno de la vida social.”
4.  Ante la comprobación del cumplimiento
parcial, esta Corporación se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo[9]
y, en su lugar, (i) remitió el Proyecto de Ley al Presidente de la Cámara
de Representantes, con el objeto que esta célula legislativa rehiciera e
integrara las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen
de la Corte, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la
Constitución y las razones expuestas en la sentencia C-856/06; y (ii) determinó
que una vez este procedimiento fuese surtido, el Congreso de la República debía
remitir nuevamente el Proyecto de Ley a la Corte, a fin de adoptar sentencia
definitiva sobre las objeciones propuestas.
5. Mediante comunicación recibida en esta
Corporación el 27 de septiembre de 2007, la Presidenta del Senado de la
República envió a la Corte el expediente contentivo del Proyecto de Ley, “debidamente
cumplido el trámite solicitado por la Corte Constitucional mediante sentencia
C-856 del 18 de octubre de 2006 y Auto A-168 del 4 de julio de 2007, y teniendo
en cuenta el artículo 167 de la Constitución Política.  (…) Lo anterior
por cuanto la comisión accidental creada para rehacer el texto rindió su
informe y fue aprobado en plenaria de Cámara el día 4 de septiembre de 2007 y
en plenaria del Senado el día 11 de septiembre del presente año”[10]
El texto del Proyecto de Ley remitido en
esta oportunidad es el siguiente:
TEXTO REHECHO AL PROYECTO DE LEY N° 205 de
2004 CÁMARA – 86 de 2005 SENADO
“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTA LA LEY DE
TEATRO COLOMBIANO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
DE CONFORMIDAD A LA SENTENCIA C-856 DE 2006
PROFERIDA POR LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
TITULO   I
DE LA ACTIVIDAD TEATRAL
Artículo 1º. Objeto de la ley. La
actividad teatral y escénica, por su contribución al afianzamiento de la
cultura nacional, será objeto de la promoción y apoyo del Estado colombiano.
Artículo 2º. Actividad teatral. Para
los fines de la presente ley se considerará como actividad teatral o escénica a
toda representación de un hecho dramático o cómico, manifestado artísticamente
a través de distintos géneros creativos e interpretativos según las siguientes
pautas:
a) Que constituya un espectáculo público y
sea llevado a cabo por trabajadores de teatro en forma directa, real, en tiempo
presente y no a través de sus imágenes;
b) Que refleje alguna de las modalidades
teatrales existentes o que fueren creadas tales como la tragedia, comedia,
sainete, musical, Infantil, sala, calle, títeres, marionetas, expresión
corporal, danza, improvisación, pantomima, narración oral, lecturas dramáticas,
infantil, monólogos, circo teatro y otras que posean carácter experimental
creativo y dinámico o sean susceptibles de adaptarse en el futuro escénico del
país;
c) Que conforme una obra artística o
escénica que implique la participación real y directa de uno o más actores
compartiendo un espacio común con sus espectadores. Asimismo forman parte de
las manifestaciones y actividad teatral las creaciones dramáticas, criticas,
investigaciones, documentaciones y enseñanzas afines al quehacer descrito en
los incisos anteriores.
Artículo 3º. Sujetos de la ley.
Serán considerados como sujetos de esta ley quienes se desempeñen dentro de
alguno de los siguientes roles:
a) Quienes tengan relación directa con el
público, en función de un hecho teatral o escénico en tiempo presente.
b) Quienes tengan relación directa con la
realización, producción, técnica y logística artística del hecho teatral,
aunque no con el público o con o sin relación directa con él.
c) Quienes indirectamente se vinculen con
el hecho teatral sean productores técnicos, investigadores, instructores,
críticos o docentes de teatro o artes escénicas.
Artículo 4º. Atención y apoyo
preferente. Gozarán de expresa y preferente apoyo y atención para el
desarrollo de sus actividades las salas teatrales integrantes del Programa de
Salas Concertadas del Ministerio de Cultura, que no superen las setecientas
(700) localidades o butacas y que tengan la infraestructura logística y técnica
necesaria para la presentación de las actividades teatrales o escénicas, como
asimismo, los grupos de conformación estable o eventual que actúen en dichas
salas o que presenten ante la autoridad competente una programación escénica
continua específica. Para ellos se mantendrán políticas y regímenes de
concertación permanente a salas teatrales concertadas a fin de propiciar y
favorecer el desarrollo de la actividad teatral estable e independiente en
todas sus formas, manifestaciones, tendrán un apoyo permanente para su
funcionamiento idóneo.
Parágrafo 1º. Apoyar presupuestalmente,
en infraestructura y equipos (luces, sonido, etc.), de acuerdo al Programa de
Salas Concertadas del Ministerio de Cultura, que se viene desarrollando desde
1990, el funcionamiento, la modernización técnica y locativas
a las Salas teatrales concertadas.
Parágrafo 2º. Apoyo de las entidades
territoriales a las Salas Concertadas que estén en el programa de Salas
Concertadas del Ministerio de Cultura que podrán contar con la cofinanciación de los Municipios, Departamentos y Distritos
Especiales.
Artículo 5º. Creación de Redes. Para
fortalecer, promulgar y promover las actividades teatrales o escénicas en sus
diferentes modalidades descritas en el literal b) del artículo 2º se crearán
las respectivas Redes que las integren y faciliten su labor por área o
modalidad escénica.
Artículo 6º. Festival Nacional de
Teatro. El Ministerio de Cultura impulsará y promoverá cada dos (2) años el
Festival Nacional de Teatro, el cual se realizará por modalidades escénicas, en
los Municipios, Distritos y Departamentos de acuerdo a las redes por
modalidades escénicas existentes -ejemplo teatro de sala, teatro de calle,
títeres, pantomima, narración oral, danza teatro, teatro infantil, etc.- para
terminar en un gran festival nacional de todas las modalidades o áreas
escénicas en una sola ciudad del país.
Parágrafo único. Las obras más destacadas
del Festival Nacional de Teatro, se promoverán en giras nacionales e
internacionales y a otros festivales de trayectoria, como reconocimiento a su
trabajo grupal y a su actividad teatral sobresaliente.
Artículo 7º. Estrenos de obras. Para
sostenimiento y actualización de la actividad teatral, los grupos teatrales
objeto de esta ley deberán estrenar y poner en escena nuevos montajes u obras
mínimo cada dos (2) años, para impulsar la producción teatral escénica nacional
y ser objeto de los apoyos, incentivos o subvenciones que esta ley disponga.
Artículo 8º. Se concederán los beneficios
de la presente ley a los montajes teatrales que promuevan los valores de la
cultura colombiana e impulsen la paz y convivencia dentro del ámbito universal,
así como aquellos emergentes de cooperación o convenios internacionales donde
participe la nación. Se prestará atención preferente a las obras teatrales de
autores nacionales y a los grupos teatrales que las monten, las pongan en las
"tablas" o escena.
Artículo 9º. Día Nacional del Teatro.
Celébrese el 27 de marzo el día del teatro como está establecido a nivel
mundial, desde hace muchos años.
Artículo 10. Programa Escuela Nacional
de Arte Dramático. Para el desarrollo del teatro y las artes escénicas,
inclúyase como programa estatal del Ministerio de Cultura el denominado
“Escuela Nacional de Arte Dramático”.
Parágrafo 1º. Dentro de los objetivos del
programa “Escuela Nacional de Arte Dramático” se promoverá la Investigación y
la crítica relacionado con el Teatro y las Artes Escénicas.
Artículo 11. Competencia. El
organismo competente reglamentará y efectivizará las contribuciones a los
montajes, estímulos y mantenimiento en escena de las actividades teatrales
objeto de la promoción, funcionamiento y apoyo que establece esta ley. Igual
criterio se adoptará para el mantenimiento y desarrollo de las salas teatrales
del programa de concertación Nacional.
Parágrafo. El Estado a través del organismo
competente u otras instituciones, apoyará las actividades de todos los actores
y grupos de teatro.
Artículo 12. Para el cumplimiento de los
fines de la presente ley, el gobierno podrá suministrar el presupuesto para
proveer sus recursos.
T I T U L O   II
INCENTIVOS Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TEATRAL
Y ESCENICA EN COLOMBIA
Artículo 13. Promoción y educación. El
Ministerio de Educación Nacional promocionará dentro de los programas
académicos de los estudios de enseñanza primaria y media la cátedra escolar de
Teatro y Artes Escénicas, orientada a que los niños y niñas y los jóvenes se
apropien de esta actividad, conserven la cultura nacional y adopten desde la
formación artística nuevas visiones de mundo y se formen como líderes sociales
y comunitarios para el futuro del teatro y las Artes escénicas colombianas.
De la misma manera el Ministerio de
Educación establecerá programas de presentaciones de obras de teatro en las
escuelas y colegios de manera permanente.
Las instituciones públicas cuyo objeto sea
el otorgamiento de créditos educativos, desarrollarán programas especiales para
el otorgamiento de becas a nivel nacional e internacional y créditos a actores
y actrices que hayan obtenido los reconocimientos definidos en el literal
anterior, los cuales se harán extensivos a los hijos, cónyuge o compañero(a)
permanente de los beneficiarios de esta ley.
Parágrafo 1º. Se otorga al Ministerio de
Educación el término de un (1) año para que implemente la cátedra definida en
el inciso uno de este artículo a partir de la vigencia de la presente ley.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Educación
promocionará, fortalecerá y promoverá en el sector público como en el privado
las escuelas de Formación teatral.
Artículo 14. Estímulos sociales. Las
personas pertenecientes a los grupos de teatro en sus diferentes modalidades,
que partir de la vigencia de la presente ley, reciban el reconocimiento en
festivales Nacionales, internacionales y mundiales, reconocidos por el
Ministerio de Cultura individualmente o por grupos, tendrán derecho a los
siguientes estímulos.
Seguro de Vida e Invalidez.
Seguridad Social en Salud.
Auxilio Funerario (a través de empresas de
economía solidaria).
Estos estímulos se harán efectivos a partir
del reconocimiento obtenido y durante el término que se mantenga como titular
del mismo. Para acceder a ellos el titular deberá demostrar ingresos laborales
inferiores a tres (3) salarios mínimos legales vigentes (SMLV) o ingresos familiares
inferiores a seis (6) salarios mínimos legales vigentes (SMLV).
Artículo 15. Reconocimiento a la labor.
Como reconocimiento a su labor reconózcase con un apoyo financiero permanente a
los festivales de teatro: Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales,
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Festival Artístico Nacional e
Internacional de Cultura Popular Invasión Cultural a Bosa,
Festival Internacional de Teatro del Caribe de Santa Marta, Semana de la
Cultura en Tunja, entre otros, con más de quince (15) años de permanencia y un
reconocido impacto Nacional e internacional en su programación.
Artículo 16. Vigencia. La presente
ley rige a partir de su aprobación, sanción y publicación
6. Finalmente, con el objeto de lograr
mayores elementos de juicio respecto del trámite de discusión y aprobación del
texto rehecho del Proyecto de Ley, el magistrado sustanciador solicitó a las
Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes que certificaran acerca de las fechas de las sesiones en que se
efectuó la discusión y votación del texto rehecho del Proyecto de Ley en cada
una de las plenarias, el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que el
cumplimiento del anuncio dispuesto en el inciso final del artículo 160 C.P.
En consecuencia, ambas secretarías
remitieron a la Corte las constancias y documentos requeridos en el decreto de
pruebas.  Es de anotar que para el caso de la Cámara de Representantes, las
actas correspondientes fueron enviadas en medio electrónico, debido a que al
momento en que se solicitaron aún no habían sido publicadas en la Gaceta del
Congreso.  De forma análoga, la Secretaría General del Senado de la República
adjuntó a su certificación las transcripciones de la grabación magnetofónica de
cada una de las sesiones pertinentes.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente
para conocer de las presentes objeciones presidenciales, de acuerdo con las
facultades que le adscriben los artículos 167 y 241-8 de la Carta Política.
Problema jurídico y metodología de la
decisión
2.  Conforme a los antecedentes de la
presente sentencia, corresponde a la Corte determinar si el Congreso de la
República rehizo e integró el Proyecto de Ley n° 86/05 Senado – 205/04 Cámara, “por
medio de la cual se dicta la Ley de Teatro Colombiano y se dictan otras
disposiciones” en los términos fijados por la sentencia C-856/06 y
reiterados en el Auto 168 de 2007.
Para cumplir con este objetivo la Sala
asumirá, en primer término, el estudio de la constitucionalidad del
procedimiento legislativo relacionado con la discusión y aprobación del texto
rehecho del Proyecto de Ley.  Luego, analizará la exequibilidad material de
dicha disposición, para lo cual (i) identificará las modificaciones
realizadas al Proyecto, respecto del texto estudiado por la Sala en el Auto 168
de 2007; y (ii) constatará si estos cambios se ajustan a las
consideraciones expresadas por esta Corporación en la sentencia C-856/06.
Análisis formal
3. Como se indicó en los antecedentes del
presente fallo, luego de proferida la sentencia C-856/06, el Congreso procedió
a dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte, en el sentido de rehacer e
integrar las disposiciones del Proyecto de Ley, a efecto de ajustar su texto al
contenido de la citada decisión.  En ese sentido, según lo previsto en el
artículo 167 C.P., el Secretario General de la Cámara de Representantes ofició
a las Ministras de Educación Nacional y de Cultura, a fin que presentaran su
concepto, allegándose escrito de esta última cartera, de fecha 5 de febrero de
2007.  Una vez cumplido ese trámite, se procedió a discutir y aprobar en cada
una de las cámaras legislativas el texto rehecho del Proyecto de Ley.  Este
procedimiento se ajustó a las disposiciones constitucionales aplicables sobre
la materia, según tuvo oportunidad de constatarlo la Sala en el Auto 168/07.[11]
Por lo tanto, en este apartado se hará
referencia a la constitucionalidad del procedimiento surtido luego de la
devolución del Proyecto de Ley, ordenada por la Corte en el Auto 168/07,
análisis que se asume a continuación:
3.1. El texto rehecho del Proyecto de Ley
n° 86/05 Senado – 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de
Teatro Colombiano y se dictan otras disposiciones” fue publicado en la
Gaceta del Congreso 419 del 30 de agosto de 2007.[12]
3.2. Según lo certificado a la Corte por
parte del Secretario General de la Cámara de Representantes, el texto rehecho
del Proyecto de Ley fue considerado y aprobado por la mayoría de los presentes,
en la sesión plenaria del 4 de septiembre de 2007, “según consta en el
registro electrónico y manual remitido por el Subsecretario General de la Corporación
mediante oficio SbSG.2.1.0725-07 y el Acta de Sesión Plenaria N° 68 de
septiembre 4 de 2004”.  En esta Acta, remitida a la Corte en medio
electrónico, se lee lo siguiente:
“El Secretario General,
doctor Angelino Lizcano Rivera, continúa con la lectura:
Informe sobre Comisiones Accidentales.
Informe texto rehecho, al Proyecto de Ley
No. 205 de 2004, 86 de 2005 Senado, “Por medio de la cual se expide la Ley de
Teatro y se dictan otras disposiciones
De conformidad con al auto A.168 de 2007,
del 4 de julio de 2007 y Sentencia C-856 de 2006 de la Corte Constitucional”.
Y firma el informe cumpliendo la
providencia de la Corte Constitucional Venus Albeiro Silva.
Presidente, esto es simplemente es
corrigiendo un vicio formal, que la Corte ha ordenado, puede someter el informe
Presidente.
Dirige la Sesión el
Vicepresidente, H.R. Berner León Zambrano Erazo:
En consideración el informe leído, continúa
su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, aprueba el informe
leído?
El Secretario General,
doctor Angelino Lizcano Rivera, informa:
Aprobado señor Presidente.”
En relación con el cumplimiento anuncio
previo a la discusión y votación, la constancia citada estipula que fue
realizado el 28 de agosto de 2007, según consta en el Acta de Plenaria 66 de la
misma fecha.  El apartado pertinente del Acta señala lo siguiente:
“DIRIGE LA SESION EL PRIMER VICEPRESIDENTE
DE LA CAMARA, DOCTOR BERNER ZAMBRANO ERAZO:
Señor Secretario, antes de someter a
discusión si se archiva o no, por favor enuncie los Proyectos que se van a
discutir próximamente. Señor Secretario, por favor.
EL SUBSECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA,
DOCTOR JESUS ALFONSO RODRIGUEZ CAMARGO, PROCEDE A LEER LOS PROYECTOS:
(…)
-
Informe texto rehecho
Proyecto de Ley 205 2004 Cámara, 85 de 2005 Senado.
-
Por medio de la cual se
expide la Ley de teatro y se dictan otras disposiciones.
(…)
Han sido anunciados los Proyectos de
acuerdo al Acto Legislativo que así lo ordena, para ser discutido y votados en la
Sesión del próximo martes.
DIRIGE LA SESION EL PRIMER VICEPRESIDENTE
DE LA CAMARA, DOCTOR BERNER ZAMBRANO ERAZO:
El próximo martes 4, a las 3 de la tarde.
Mañana habrá a las 3:00 de la tarde control político. Siempre los Proyectos los
hemos sometido a consideración Representante Julián Silva, cuando han estado
los Ponentes. Sin embargo, nosotros no estamos en defensa o criticando que se
archive o no el proyecto.”
De acuerdo con esta transcripción, la Corte
concluye que la discusión y aprobación del Proyecto de Ley fue anunciada para
la sesión plenaria del martes 4 de septiembre de 2007, fecha en la que
efectivamente acaeció dicho trámite.
3.3. Para el caso del Senado de la
República, su Secretario General certificó a esta Corporación que el texto
rehecho del Proyecto de Ley fue discutido y aprobado por la plenaria del Senado
el 11 de septiembre de 2007 “con el quórum constitucional requerido como consta
en el Acta de Plenaria No. 10 de 2007”.  En la transcripción del aparte
correspondiente de la grabación de la sesión, anexada en medio electrónico a la
citada constancia, se señala lo siguiente:
“PRESIDENTA.
Tiene la palabra el Representante Venus
Albeiro Silva, quien ya había estado en la Plenaria del Senado pendiente de
explicarle a la Plenaria las objeciones del proyecto 86 de 2006.
INT. REPRESENTANTE A LA CÁMARA – VENUS
ALBEIRO SILVA.
Gracias Presidenta y a todos los Senadores,
este texto ya había sido un texto rehecho, que era el proyecto de ley del
teatro, que se aprobó aquí en el Senado aproximadamente en el 2005, de la cual
muchos Senadores fueron ponente, fue a la Corte Constitucional después de que
negó el Presidente las objeciones volvimos a negarle las objeciones, fue a la
Corte Constitucional y nos quedo una palabrita que decía: Fondo de Teatro,
entonces la Corte lo ha vuelto a devolver el texto rehecho para que le
quitáramos esa palabra, ya ha sido aprobado en Cámara y pues lo que queremos es
justamente que el Senado lo apruebe ya sin esa palabra del Fondo del Teatro,
para que este texto rehecho se convierta en Ley de la República Presidenta,
entonces si usted quiere y los Senadores pues aprobar este texto que ya es el
que se le ha excluido de esa palabra, que la Corte consideró que no debería
estar en el articulado.
PRESIDENTA.
De acuerdo con el mandato de la Corte el
Representante ha venido a explicar que se ha rehecho el texto del proyecto,
esta en discusión, lo aprueba la Plenaria del Senado?
SECRETARIO.
Si lo aprueba señora Presidenta.
PRESIDENTA.
Siguiente punto señor Secretario?”
De igual modo, en lo que hace referencia al
anuncio previo de la discusión y aprobación del texto rehecho, la mencionada
certificación expresa que “en sesión plenaria del H.  Senado de la República
del día miércoles cinco (5) de septiembre de 2007, Acta de Plenaria No. 09 de
2007, en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003, fue
anunciado para ser discutido y votado en la siguiente sesión el texto rehecho
del Proyecto de Ley No. 86/05 Senado – 205/04 Cámara “POR MEDIO DE LA CUAL SE
EXPIDE LA LEY DE TEATRO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.”  En el apartado
final de las transcripciones de la mencionada sesión se lee lo siguiente:
PRESIDENTE.
Gracias, señor Secretario sírvase leer los
proyectos para la próxima Sesión.
SECRETARIO.
Señor Presidente los proyectos son los
siguientes: texto … según objeciones aceptadas por el Congreso Sentencia C –
856 – 06, auto 186 – 04 (sic), julio de 2007 Senado, Corte Constitucional
del Proyecto de ley 86 – 06 Senado, 205 – 04 Cámara, por medio de la cual se
expide la ley de teatro y se dictan otras disposiciones con informes de
objeciones, (…), todos los proyectos están debidamente publicados señor
Presidente.
PRESIDENTE.
Señor Secretario sírvase informar que
quórum tenemos? Señor Secretario?
SECRETARIO.
Señor Presidente me permito informarle que
no hay quórum deliberatorio.
PRESIDENTE.
En consecuencia se levanta la Sesión y se
cita para el próximo martes a las 2 de la tarde.”
Con base en este documento, la Corte
verifica que la discusión y votación del texto rehecho fueron anunciadas para
la sesión plenaria del martes 11 de septiembre de 2007, fecha en la que este
procedimiento fue cumplido.  Al respecto, debe resaltarse que las expresiones “próxima
sesión” y “se cita para el próximo martes a las 2 de la tarde” permiten
identificar claramente, a la luz del contexto de la sesión en que se efectuó el
anuncio, que la fecha en la que se discutiría y sometería a votación el texto
rehecho sería la del 11 de septiembre de 2007.
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que
si bien la Presidenta del Senado utilizó la expresión “leer” los
proyectos para la próxima sesión, para la Corte es claro que esta enumeración
no tiene un propósito distinto que dar cumplimiento al requisito de anuncio
para la discusión y votación.   Así, como lo ha expresado la jurisprudencia de
esta Corporación, “no existe una fórmula sacramental o frase textual que
deba utilizar el Congreso para realizar el aviso, a condición que la expresión
utilizada transmita inequívocamente la intención de la mesa directiva de
someter a votación un determinado proyecto de ley en una sesión futura
definida.  En ese sentido, la Corte ha otorgado validez constitucional a
expresiones como “considerar” o “debatir”[13] e,
incluso, ha entendido que el simple término “anuncio”, utilizado en el marco de
los debates legislativos con la finalidad de mencionar los proyectos que serán
debatidos en una sesión futura, permite acreditar el cumplimiento del trámite
previsto en el inciso final del artículo 160 C.P.  Esto en la medida en que
un procedimiento de esta naturaleza sólo es exigido durante el trámite
legislativo para los efectos previstos en la citada norma constitucional.[14]”[15]
(Subrayas fuera de texto).
4. De la secuencia descrita la Corte
concluye que el trámite de discusión y aprobación del texto rehecho del
Proyecto de Ley cumplió con los requisitos constitucionales exigibles a ese
procedimiento.  En efecto, (i) el texto fue publicado en la Gaceta del
Congreso, antes de iniciarse el debate en la Cámara de Representantes,
cumpliéndose con ello el requisito de publicidad previsto en el artículo 157-1
C.P.; (ii) en el debate y aprobación en cada una de las plenarias se cumplió
con el requisito de anuncio previo a la votación, dispuesto en el inciso final
del artículo 160 C.P.; y (iii) el texto rehecho fue discutido y aprobado
por las mayorías exigidas por la Constitución.
Del mismo modo, se dio cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 167 C.P., en tanto el Ministerio de Cultura presentó su
concepto con anterioridad a la discusión y aprobación del texto rehecho por
parte de las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.  Lo
anterior según se tuvo oportunidad de describir en el numeral 2 de los
antecedentes de esta decisión.
5. Finalmente, en lo que respecta a la prohibición
contenida en el artículo 162 C.P., en el sentido que ningún proyecto de ley
podrá ser considerado en más de dos legislaturas, debe tenerse en cuenta que,
de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el trámite de las
objeciones presidenciales no está comprendido dentro de dicho límite temporal.
Como lo reiteró la reciente sentencia C-623/07, en la cual la Corte estudió la
vigencia de dicha prohibición para el caso de las objeciones presidenciales al
Proyecto de Ley No. 024/04 Senado, 404/05 Cámara “por la cual se dicta
disposiciones en materia del talento humano en salud”, el plazo de dos
legislaturas resulta aplicable desde el momento en que se radicó el proyecto de
ley y hasta que se surtan los cuatro debates constitucionales a los que hace
referencia el artículo 157 C.P., junto con la posibilidad que los textos sean
sometidos a conciliación, en virtud de las discrepancias que surgieren entre
las cámaras.
Por ende, el término para la proposición,
estudio y revisión de constitucionalidad de las objeciones presidenciales no
está comprendido dentro del plazo citado.[16]  No obstante,
el precedente en comento también considera que el trámite de las objeciones no
puede extenderse ilimitadamente en el tiempo, puesto que aunque no existe una
norma que regule expresamente la materia, la jurisprudencia constitucional ha
entendido que a dicho trámite le es aplicable el plazo del artículo 162 C.P.,
esto es, el de dos legislaturas.[17]
Verificadas estas condiciones en el caso
materia de estudio, se tiene que el Proyecto de Ley fue radicado el 19 de
octubre de 2004 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, por
lo cual el término máximo para el debate del mismo culminaba el 20 de junio de
2006.  Así, en cumplimiento de ese plazo y luego de surtirse los debates en
comisiones y plenarias, el informe de la comisión accidental de conciliación
fue aprobado por las plenarias del Senado y de la Cámara en sendas sesiones,
celebradas el 9 de mayo de 2006, esto es, durante la vigencia del término
previsto en el artículo 162 C.P.
De igual manera, la Corte advierte que el
Presidente de la República formuló las objeciones por inconstitucionalidad al
Proyecto de Ley el 9 de junio de 2006.  El informe sobre las objeciones
presidenciales fue presentado por la comisión accidental el 16 de agosto de
2006, siendo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes en sesión
del 29 de agosto de 2006 y por la plenaria del Senado de la República en sesión
del 6 del septiembre del mismo año.  En vista que las cámaras desestimaron las
objeciones formuladas, el 4 de octubre de 2006, la Presidenta del Senado remitió
el Proyecto de Ley a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 167 C.P.
La Corte Constitucional adoptó la sentencia
C-856 del 18 de octubre de 2006, en la cual declaró parcialmente fundadas las
objeciones presidenciales.  De acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 167 C.P., la Cámara de Representantes integró una comisión accidental
para que, oído el ministro del ramo, rehiciera e integrara el texto del
Proyecto de Ley.  Este texto fue aprobado el 18 de abril de 2007 por la
plenaria de la Cámara de Representantes y el 15 de mayo del mismo año, por
parte de la plenaria del Senado de la República.
Asumido el conocimiento del texto rehecho
por parte de la Corte, se identificaron los defectos expuestos en el Auto
168/07, razón por la cual el Proyecto de Ley fue devuelto al Congreso, a fin
que subsanara tales falencias.  El nuevo texto rehecho fue aprobado por la
plenaria de la Cámara de Representantes el 4 de septiembre de 2007 y por la
plenaria del Senado el 5 de septiembre de 2007.  Por lo tanto, la Sala
comprueba que el trámite de las objeciones presidenciales no superó el plazo de
dos legislaturas, consagrado en el artículo 162 de la Carta Política.   Ello
habida cuenta que si bien el Gobierno Nacional presentó las objeciones el 9 de
junio de 2006, su estudio fue asumido por el Congreso sólo hasta el inicio de
la legislatura siguiente, esto es, el 20 de julio del mismo año.
Análisis material
6. Las modificaciones introducidas al
proyecto de ley luego de la sentencia C-856/06 consistieron en la supresión de
todos los apartados que habían sido declarados inexequibles, con lo cual se
cumplió parcialmente con lo decidido en ese fallo.  Ello en la medida en que,
como se advirtió en el Auto 168/07, a pesar de las correcciones realizadas, las
cámaras (i) conservaron referencias al “Fondo Nacional del Teatro” en el
título del proyecto de ley y en la denominación del título II del Proyecto de
Ley, a pesar que la estipulación legal de dicho ente había sido declarado
inexequible; (ii) rehicieron el artículo 10 del Proyecto de Ley de forma
tal que el texto resultante carecía de sentido y, por ende, no tenía capacidad
reguladora alguna.
Ante estos cuestionamientos, el Congreso de
la República introdujo las siguientes modificaciones y supresiones al proyecto
de ley:
6.1. Reformuló el título del proyecto,
excluyéndose del mismo la expresión “se crea el Fondo Nacional del Teatro”.
6.2. Suprimió el título II, contenido en el
primer texto rehecho, el cual estipulaba lo siguiente:
“T I T U L O   II
FONDO NACIONAL DEL TEATRO
Y LAS ARTES ESCENICAS
CAPITULO I
Creación y atribuciones
Artículo 12. Créase
la Red Nacional de apoyo a las actividades teatrales y de las artes escénicas.
Esta Red estará conformada por todas las entidades públicas y organizaciones
reconocidas dedicadas al Teatro y Artes Escénicas.
Artículo 13. Atribuciones. Para el
cumplimiento de los fines del artículo anterior de la presente ley el Gobierno
Nacional creará un Fondo y determinará las fuentes para proveer sus recursos.”
6.3. Rehizo el artículo 10 del Proyecto de Ley, de modo
tal que prevé la inclusión como programa estatal del Ministerio de Cultura el
denominado “Escuela Nacional de Arte Dramático”.  Este programa está dirigido,
en los términos del parágrafo del mismo artículo, a promover la investigación y
la crítica relacionadas con el teatro y las artes escénicas.
6.4. Agregó un nuevo artículo 12, según el cual “Para
el cumplimiento de los fines de la presente ley, el gobierno podrá suministrar
el presupuesto para proveer sus recursos.”
7. En cuanto a las dos primeras modificaciones, la
Corte encuentra que responden en su integridad a los requerimientos que
motivaron el Auto 168/07. En efecto, en aquella oportunidad la Corte insistió
en que el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia C-856/06 estaba referido
a la inclusión de referencias expresas al Fondo Nacional del Teatro, a pesar
que la previsión de dicho ente en el Proyecto de Ley era inexequible. Ello
habida cuenta que el Fondo constituía una modificación a la estructura de la
administración nacional, la cual no había cumplido los requisitos
constitucionales para el efecto, relacionados con la existencia de iniciativa o
aval gubernamental y la determinación de su estructura y objetivos.
Ante este cuestionamiento, el Congreso decidió excluir
las referencias que tenía el Proyecto de Ley al Fondo Nacional del Teatro.  En
criterio de la Sala, esta actividad se enmarca dentro de las competencias para
rehacer e integrar el texto parcialmente objetado, en los términos del artículo
167 C.P.  Estas facultades, en todo caso, incluyen la posibilidad de suprimir
apartados normativos del proyecto de ley, en tanto esta labor se muestre útil
para dar cumplimiento al dictamen emitido por la Corte.
8.  Similares consideraciones son aplicables a la
nueva formulación del artículo 10 del Proyecto de Ley.  Como se indicó en la
sentencia C-856/06, la constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con
la Escuela de Arte Dramático estaba supeditada a que ésta se considerara como
un programa adscrito al Ministerio de Cultura.  Por este motivo, fue declarada
inexequible la expresión “créase” contenida en el Proyecto de Ley
original, puesto que incorporaba una modificación a la estructura de la
administración nacional, que para el caso sujeto a análisis no cumplía con los
requisitos constitucionales anteriormente citados.
Sobre el particular, la sentencia en comento indicó:
“Conforme lo expuesto, resulta
factible que los fines que el legislador ha previsto para la Escuela Nacional
de Arte Dramático, (i) son una expresión de los fines estatales de
promoción de la educación, la cultura y las distintas manifestaciones
artísticas; y (ii) tales tareas puedan desarrollarse por el Ministerio
de Cultura o por otra entidad de la administración nacional ya existente, sin
que ello constituya una modificación orgánica.  Así, el artículo 10 del
proyecto de ley no es, en sí mismo considerado, contrario a la Constitución, en
tanto no afecta la estructura de la administración nacional, en los términos
del artículo 150-7 C.P.
No obstante, también advierte la
Corte que existen apartados de la norma objetada que ofrecen duda en cuanto al
alcance de la norma y su compatibilidad con la Carta Política.  En efecto, el
artículo 10 contiene la expresión “crease”, con base en la cual podría
inferirse la existencia de elementos orgánicos, relacionados con la
modificación a la estructura de la administración nacional, a través de la
creación de una nueva entidad que asuma las funciones de promoción a las artes
escénicas.  Por ende, la Corte declarará fundada la objeción gubernamental,
exclusivamente por esta expresión, en la medida en que su interpretación
incorpora el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 150-7 C.P y,
verificado el trámite legislativo, se observa que no se contó con la iniciativa
gubernamental necesaria, en los términos del inciso segundo del artículo 154
Superior.
Por último, la Corte advierte que si bien
el texto resultante del artículo objetado no tendría un claro sentido
gramatical; su análisis integral, esto es, incorporándose lo previsto en su
parágrafo, permite comprender a la Escuela Nacional de Arte Dramático como un
programa estatal dirigido a la investigación y la crítica relacionadas con el
teatro y las artes escénicas.”
De acuerdo con estos argumentos, la Sala concluye que
el nuevo texto del artículo 10 del Proyecto de Ley cumple a cabalidad con las
consideraciones realizadas por la Corte en la sentencia que declaró
parcialmente fundadas las objeciones presidenciales.  En efecto, del texto del
artículo se colige que la Escuela Nacional de Arte Dramático es un programa
estatal propio de la competencia del Ministerio de Cultura; alternativa
reconocida como válida por el dictamen de este Tribunal.  Del mismo modo, el
artículo en mención es coherente y proporciona, por ende, proposiciones
normativas discernibles.  Así, fueron debidamente subsanados los requerimientos
realizados por la Corte en el Auto 168/07.
9. Por último, en lo que tiene que ver con el artículo
12, adicionado en el texto rehecho del Proyecto de Ley, se tiene que el mismo
prevé una autorización al Ejecutivo para que, en caso que así lo determine,
provea los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Ley de
Teatro.  Sobre este particular debe advertirse que la validez constitucional de
la posibilidad que el Congreso otorgue autorizaciones al Gobierno para la
ejecución de gasto público, fue un asunto debatido en la sentencia C-856/06.
En esa oportunidad, la Corte reiteró las reglas siguientes, en relación con el
contenido y alcance del principio de legalidad del gasto público:
“Decisiones anteriores de esta Corporación
han fijado reglas jurisprudenciales definidas sobre el contenido del principio
de legalidad del gasto público, especialmente en lo que tiene que ver con las
atribuciones del Congreso y del Gobierno Nacional para la determinación del
gasto público.[18]  Los aspectos centrales
de esta doctrina son expuestos a continuación:
a.
En el proceso
presupuestal deben distinguirse dos momentos específicos, el decreto de un
gasto mediante ley y la apropiación específica en la ley de presupuesto,
instancias en las que participan tanto el Congreso como el Ejecutivo.  De esta
forma, la jurisprudencia constitucional ha previsto que el principio de
legalidad del gasto público “supone la existencia de competencias
concurrentes, aunque separadas, entre los órganos legislativo y ejecutivo,
correspondiéndole al primero la ordenación del gasto propiamente dicha y al
segundo la decisión libre y autónoma de su incorporación en el Presupuesto
General de la Nación, de manera que ninguna determinación que adopte el
Congreso en este sentido puede implicar una orden imperativa al Ejecutivo para
que incluya determinado gasto en la ley anual de presupuesto, so pena de ser
declarada inexequible”.[19]
b.
De conformidad con esta
separación de competencias, el Congreso tiene la facultad de tramitar proyectos
de ley que involucren gastos, sin que esa actuación constituya una modificación
o adición al presupuesto.  Ello en la medida que las normas legislativas que
prevén gastos toman la forma de títulos jurídicos, a partir de los cuales el
Gobierno Nacional, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 346
C.P., decide si incluye o no el gasto correspondiente en el proyecto de ley de
presupuesto.
c.
La concurrencia de competencias entre el
Congreso y el Ejecutivo en materia presupuestal incorpora, igualmente, un
sistema de balance entre los poderes públicos.  De esta forma, mientras el
Ejecutivo no puede incorporar en la ley de apropiaciones partida alguna que no
corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado
conforme a ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender
debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o el servicio de
deuda o un gasto destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo
(Art. 346 C.P.), el Congreso tiene vedado expedir normas que contengan mandatos
imperativos hacia el Ejecutivo para la ejecución de gasto público, pues éste
tiene la competencia privativa para la determinación del contenido concreto del
proyecto de ley de presupuesto. “Así las cosas ha dicho la Corte que el
Congreso tiene la facultad de decretar gastos públicos, pero su incorporación
en el presupuesto queda sujeta a la voluntad del Gobierno, en la medida en que
tiene la facultad de proponer o no su inclusión en la Ley.[20]
Desde esta perspectiva la Corte no ha encontrado reparo de constitucionalidad
en las normas que se limitan a “autorizar” al Gobierno para incluir un gasto,
pero de ninguna manera lo conminan a hacerlo.  En esos casos ha dicho la
Corporación que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Presupuesto[21]
no se vulnera, en tanto el Gobierno conserva la potestad para decidir si
incluye o no dentro de sus prioridades, y de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, los gastos autorizados en las disposiciones cuestionadas.”[22]”
Con base en estas consideraciones, la Corte
concluyó que las normas que habían sido objetadas por el Gobierno Nacional, en
razón a que en su criterio vulneraban el principio de legalidad del gasto, se
ajustaban a la Constitución.  Para adoptar esta decisión, la Sala sostuvo que “del
análisis gramatical de las disposiciones reseñadas no es posible inferir la
existencia de mandatos imperativos al Gobierno Nacional para la ejecución de
gasto público.  En contrario, los artículos objetados se restringen a hacer
alusiones genéricas al apoyo financiero estatal al teatro y a las artes
escénicas, sin que constituyan dispositivos que restrinjan las competencias del
Ejecutivo en la conformación del proyecto de ley de presupuesto.  Desde esta
perspectiva, es claro que la decisión sobre la incorporación de partidas
destinadas a la financiación de los objetivos y metas fijadas por el proyecto
de ley continúa sujeta a las normas constitucionales y orgánicas que regulan la
configuración de la ley de presupuesto.  Así, no es posible afirmar que los
artículos objetados por el Gobierno constituyan el desconocimiento del balance
entre poderes, propio del proceso presupuestal. || Inclusive, podría
argumentarse válidamente que las normas objeto de censura por parte del
Ejecutivo son apenas desarrollo legislativo de los artículos 70 y 71 de la
Carta Política, que imponen al Estado los deberes de promover y fomentar el
acceso a la cultura en todas sus formas; y crear incentivos para las personas e
instituciones que desarrollen y fomenten las distintas manifestaciones
culturales.  Por ende, en la medida en que las normas objetadas no contienen
mandatos imperativos al Gobierno para la ejecución de gasto público y, en
últimas, reafirman fines estatales previstos por el Constituyente, no es viable
afirmar su contradicción con las normas orgánicas en materia presupuestal.”.
No obstante, la Corte también señaló que
estas consideraciones no eran predicables respecto de la norma que obligaba a
reajustar los presupuestos de las salas concertadas del Ministerio de Cultura
en un porcentaje no inferior al Índice de Precios al Consumidor.  En esta caso,
se advirtió que una norma de este carácter configuraba “una limitación
concreta a la competencia en cabeza del Ejecutivo para la determinación del
proyecto de ley de presupuesto, prevista en el artículo 346 Superior,
configurándose con ello una extralimitación de la competencia del Congreso en
el proceso presupuestal.” En consecuencia, la norma citada fue declarada
inexequible.
Trasladados estos argumentos al análisis
del texto del artículo 12 incluido en el texto rehecho, la Corte advierte que
lo dispuesto en esa norma no contraviene el principio de legalidad del gasto
público.  Así, la norma consagra que al Gobierno Nacional “podrá”
proveer los recursos para garantizar la eficacia de la Ley de Teatro.  Esta
disposición, en todo caso, está formulada de modo facultativo, por lo que
constituye un título jurídico para que el Ejecutivo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y de acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto,
decida si incluye o no la partida correspondiente.
A juicio la Sala, las previsiones
contenidas en el artículo 12 del Proyecto de Ley en ningún caso configuran una
orden imperativa al Gobierno para que ejecute gasto público.  En ese sentido,
resulta compatible con el equilibrio entre poderes que la Constitución dispone
respecto de materias presupuestales. Por ende, la Corte considera que la
inclusión de dicha norma es una expresión legítima de la competencia del
Congreso para rehacer e integrar el proyecto de ley, en los términos del
artículo 167 Superior.
10.  Las consideraciones realizadas en esta
sentencia permiten a la Sala inferir válidamente que el texto rehecho del
Proyecto de Ley n.° 86/05 Senado - 205/04 Cámara, “por medio de la cual se
dicta la Ley de Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones” se
ajusta a las previsiones contenidas en la sentencia C-856/06, reiteradas en el
Auto 168/07.  Del mismo modo, la discusión y aprobación de dicho texto por
parte de las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes cumplieron con los requisitos de procedimiento legislativo
exigidos por la Constitución.
Por lo tanto, la Corte declarará la
exequibilidad del texto rehecho del Proyecto de Ley, en relación exclusiva con
los asuntos objeto de examen en esta sentencia.  Como lo ha realizado esta
Corporación en trámites análogos,[23] la Sala reitera que esta
decisión produce efectos de cosa juzgada relativa a las objeciones
presidenciales propuestas, por lo que no cobija los textos no objetados.  En
consecuencia, la presente declaratoria de exequibilidad no es incompatible con
la posibilidad que el futuro se formulen acciones públicas de
inconstitucionalidad en relación con lo no juzgado en este fallo.
III. DECISIÓN
En mérito a las consideraciones expuestas, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar cumplida la exigencia
constitucional del artículo 167 de la Constitución Política, en relación con la
sentencia C-856 de 2006.  En consecuencia, declarar EXEQUIBLE, respecto
de las cuestiones analizadas en esta decisión y materia de las objeciones
presidenciales estudiadas, el Proyecto de Ley n.° 86/05 Senado - 205/04
Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano y se dictan
otras disposiciones”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
AUSENTE CON EXCUSA
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EN COMISION
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
IMPEDIMENTO ACEPTADO
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-830 DE 2007
PROYECTO DE LEY REHECHO EN OBJECIONES
PRESIDENCIALES-Por
comprender un cumplimiento parcial no debió haber sido emitida sentencia de
exequibilidad de la totalidad de las disposiciones objetadas (Salvamento de
voto)
El pronunciamiento final acerca de la corrección
constitucional exige que de manera cierta el Congreso haya reelaborado las
disposiciones cuestionadas, lo cual, a su turno, supone la producción de
disposiciones coherentes, dotadas de significado jurídico que puedan ser
valoradas a la luz de la Carta
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Facultad para reelaborar textos
legislativos/PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO-Aplicación
(Salvamento de voto)
GOBIERNO-Instrumentos a través de los cuales concurre en la
formación de las leyes/OBJECION PRESIDENCIAL-Concepto (Salvamento de
voto)
Los argumentos que pueden ser empleados en la
oposición planteada por el Presidente deben inscribirse en una de dos razones:
motivos de inconveniencia o de inconstitucionalidad. En cualquier caso, según
fue señalado en sentencia C-849 de 2005, el Ejecutivo debe responder con
suficiencia la razonable carga de argumentación que sobre él recae en estos
eventos, la cual demanda un esfuerzo adicional a la indicación meramente
nominal de las disposiciones constitucionales que se consideran transgredidas,
en el caso particular de las objeciones por inconstitucionalidad, y en
consecuencia impone al Presidente el deber de ofrecer una argumentación que
resulte adecuada sobre la manera en que el texto constitucional es vulnerado
por el proyecto de ley, lo cual constituye un requisito indispensable para la
realización del examen de exequibilidad cuando quiera que el Congreso de la
República insista en su aprobación.
OBJECION POR INCONSTITUCIONALIDAD-Trámite/OBJECION POR
INCONSTITUCIONALIDAD-Fallo definitivo (Salvamento de voto)
Cuando se trata de objeciones por
inconstitucionalidad, una vez el proyecto que ha sido encontrado parcialmente
inexequible por la Corte es remitido por segunda vez a esta Corporación, luego
de haber atendido las observaciones realizadas por el Ministerio del ramo
competente y de haber compuesto e integrado las disposiciones afectadas; la
Corte Constitucional debe proferir fallo definitivo, con el cual finaliza la
discusión planteada a partir de la presentación de las objeciones
presidenciales.
SENTENCIA EN PROYECTO DE LEY REHECHO EN
OBJECION PRESIDENCIAL-Debió
proferirse fallo definitivo, no siendo admisible desde una óptica jurídica, la
remisión del proyecto al Congreso de la República por segunda vez (Salvamento
de voto)
La Sala Plena de esta Corporación debió proferir
sentencia definitiva una vez el Congreso remitió el proyecto de ley con las
modificaciones pertinentes, según las indicaciones contenidas en la sentencia
C-856 de 2006, pues así lo impone con claridad el articulado constitucional al
cual la Corte debe sujeción en su condición de autoridad judicial. La impronta
del principio del Estado de Derecho así lo exige y, al mismo tiempo,
desaconseja decisiones como las adoptadas dentro de este procedimiento por la
Plenaria de la Corte, pues bajo consideraciones deleznables que abogan por la
defensa de los postulados de la conservación del derecho y colaboración
armónica entre las diferentes Ramas del Poder Público se ha realizado una
inaceptable modificación por vía jurisprudencial del trámite que debe ser
agotado para decidir la prosperidad de las objeciones por inconstitucionalidad
Referencia: expediente OP-091
Objeciones presidenciales al Proyecto de
Ley número 086 de 2005 (Senado) 205 de 2004 (Cámara) “por medio de la cual
se dicta la Ley de Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones”.
Magistrado Ponente
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones
adoptadas por esta Corporación, presento a continuación las razones por las
cuales me aparto de las actuaciones desarrolladas en esta oportunidad por la
Sala Plena, encaminadas a emitir fallo de fondo a propósito de las objeciones
presentadas por el Presidente de la República al proyecto de ley número 086 de
2005 (Senado) 205 de 2004 (Cámara) “por medio de la cual se dicta la Ley de
Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones”, después de haber
remitido en dos ocasiones el proyecto al Congreso de la República para el
agotamiento del trámite descrito en el artículo 169 superior. Con el objetivo
de esclarecer la exposición de tales fundamentos, procedo a realizar una breve
presentación de los hechos que precedieron la sentencia de la cual ahora
suscribo el presente salvamento de voto.
Mediante sentencia C-856 de 2006 la Corte
Constitucional se pronunció por vez primera sobre las objeciones presidenciales
presentadas en contra del referido proyecto de ley. En dicha ocasión esta
Corporación estimó que buena parte de los reparos alegados por el Presidente de
la República respecto de la inconstitucionalidad de determinadas disposiciones
incluidas en el proyecto se encontraban fundados, razón por la cual declaró
inexequibles los artículos correspondientes. A su vez, en la misma providencia la
Sala declaró infundadas las objeciones de otro grupo de disposiciones que, a su
turno, habían sido cuestionadas por el Ejecutivo, sin que la Corte considerara
atendibles las razones de inexequibilidad invocadas, por lo cual en la parte
resolutiva del fallo fueron declaradas ajustadas al texto constitucional.
Al respecto, es preciso anotar que, de acuerdo a lo
establecido en el texto constitucional, la sentencia en comento ordenó dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 167 superior. Por su importancia
y, particularmente, por el carácter decisivo que ostenta el análisis de dicha
disposición para efectos de determinar la corrección de la actuación emprendida
por la Corte, a continuación se transcribe in extenso el artículo
referido:
Artículo 167. El proyecto de ley objetado
total o parcialmente por el Gobierno volverá a las cámaras a segundo debate.
El Presidente sancionará sin poder
presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la
mitad más uno de los miembros de una y otra cámara.
Exceptúase el caso en que el proyecto fuere
objetado por inconstitucional.
En tal evento, si las cámaras insistieren,
el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis
días siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al
Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el
proyecto.
Si la Corte considera que el proyecto es
parcialmente inexequible, así lo indicará a la cámara en que tuvo su origen
para que, oído el ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones
afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez
cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.
Una vez el proyecto fue devuelto con el objetivo de
que fuesen agotados los procedimientos descritos en el texto constitucional,
éste fue reenviado a la Corte para que la Corporación emitiera “fallo
definitivo” sobre la exequibilidad de las respectivas disposiciones.  En
esta oportunidad, luego de llevar a cabo un examen del trámite ofrecido por el
Congreso de la República, la Sala Plena concluyó que, en su mayoría, el
Legislador había cumplido el encargo consistente en componer y enmendar el
aludido proyecto de ley, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Nacional
y, adicionalmente, según los términos que habían sido establecidos por la Corte
en sentencia C-856 de 2006.
En tal sentido, la Corte anotó que dicho cumplimiento
sólo había sido llevado a cabo de manera parcial[24],
circunstancia que se oponía a la emisión de una sentencia de exequibilidad de
la totalidad de las disposiciones objetadas.
De tal manera, sin que resulte necesario detenerse
ampliamente ahora en el estudio sustancial de la cuestión, debido a que
desborda el objeto del presente salvamento de voto, es oportuno anotar que, a
juicio de la Sala, en el caso específico de dos asuntos esenciales del proyecto
el Congreso se había limitado a realizar una actuación meramente “formal”
a la hora de atender el llamado de recomposición del texto legislativo, con lo
cual se había apartado de forma sustancial de dar cumplimiento a la providencia
de la Corte. De manera puntual, en la citada sentencia C-856 de 2006 esta
Corporación había declarado inexequibles las disposiciones incluidas en el
proyecto de ley que suponían una modificación de la estructura de la
Administración Nacional debido al incumplimiento de los requisitos
constitucionales exigidos para tal efecto. A pesar de lo anterior, el proyecto
fue remitido con alusiones expresas, contenidas tanto en el articulado como en
el título de uno de sus acápites, al Fondo Nacional del Teatro. En consecuencia
advirtió que “si la intención del legislativo fue eliminar del Proyecto de
Ley las alusiones sobre ese preciso particular, resultaba imprescindible que se
reformulara el texto de la iniciativa, de forma tal que resultara armónico con
lo decidido por la Corte”. En idéntico sentido, había sido declarada
inexequible la expresión “créase” inscrita en el artículo 10 del texto
del proyecto debido a que suponía una modificación dentro de la estructura que
había sido llevada a cabo sin el lleno de los requisitos exigidos por el texto
constitucional.
Sobre este segmento normativo –esto es, el término créase-
la Corte indicó que si bien la redacción original de la disposición perdía
coherencia sin éste, en aras de dar cumplimiento a las normas superiores que no
habían sido consultadas al momento de elaborar el proyecto, resultaba forzoso
ofrecer al artículo una interpretación sistemática, guiada en el caso concreto
por lo dispuesto en el parágrafo del mismo artículo, cuya lectura permite
inferir que la Escuela Nacional de Arte Dramático es un programa estatal
orientado a la investigación a la crítica del teatro y las artes escénicas. En
consecuencia, el Congreso se encontraba llamado a reformular dicha disposición
de acuerdo a las consideraciones de la Corte con el doble objetivo de atender
las normas superiores y de expedir una disposición que guardara un sentido
cabal. Al contrario, la actuación del Legislador se limitó a eliminar el
segmento declarado inexequible, con lo cual la redacción de la disposición no
permitía un entendimiento adecuado de su significado jurídico.
En atención a las circunstancias descritas, la Sala
Plena profirió el auto 168 de 2007, mediante el cual se abstuvo de emitir
sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del proyecto de ley y ordenó
su remisión al Presidente de la Cámara de Representantes para que su
recomposición fuese realizada de acuerdo a lo establecido en el artículo 167
superior y a la sentencia C-856 de 2007.
Con el objetivo de ofrecer fundamentación a tal
decisión, la Corte explicó de manera escueta el sentido que inspira la facultad
de reelaboración de los textos legislativos que ha sido ofrecida por el
ordenamiento constitucional al Congreso de la República, la cual le permite
volver sobre aquellos para efectos de asegurar el respeto a la facultad
legislativa y, al mismo tiempo, encauzarla al impostergable deber de
consideración del texto superior. En tal sentido, indicó que dicha potestad se
explica, adicionalmente, al consultar el significado del principio de
conservación del derecho, el cual señala la necesidad de preservar las fuentes
de regulación normativa que debe ser atendida por la Corte Constitucional al
adelantar los juicios de exequibilidad de la Ley.
El postulado de conservación del derecho, según fue
anotado por la Sala Plena, a su vez encuentra sustento en el principio
democrático el cual asegura que la elaboración de las leyes de la República sea
realizada por el Congreso, institución en la cual encuentra representación la
voluntad popular. Estas máximas deben ser consideradas al ejercer el control de
constitucionalidad de la Ley confiado a la Corte Constitucional y , a juicio de
la plenaria, conducen a la decisión anotada consistente en remitir por segunda
vez el proyecto al Legislador.
Adicionalmente, la Sala señaló como argumento de la
decisión que el control de constitucionalidad establecido en el artículo 169
superior requiere como condición ineludible la efectiva composición de
los textos legislativos, lo cual supone que el juicio definitivo de
exequibilidad de aquellos proyectos de ley que han sido objetados por el
Ejecutivo debe estar precedido de manera forzosa por la adecuada reconfección
de los proyectos de ley según haya sido señalado por la Corte Constitucional.
Así las cosas, concluyó que el pronunciamiento final acerca de la corrección
constitucional exige que de manera cierta el Congreso haya reelaborado las disposiciones
cuestionadas, lo cual, a su turno, supone la producción de disposiciones
coherentes, dotadas de significado jurídico que puedan ser valoradas a la luz
de la Carta.
Como corolario de lo anterior y dando aplicación a los
principios de conservación del derecho y colaboración armónica entre las
diferentes ramas del poder público, la Corte estimó que no resultaba procedente
la realización del juicio definitivo de constitucionalidad prescrito en el
artículo 169, razón por la cual ordenó la remisión del proyecto a la Cámara de
Representantes y se abstuvo de emitir sentencia de fondo. Agotado el trámite
ordenado en el auto citado, el proyecto fue enviado por segunda vez a la Corte
y ésta ha decidido en esta ocasión proferir sentencia sobre la exequibilidad de
las disposiciones objetadas.
Expuesto el conjunto de actuaciones emprendidas por la
Corte para efectos de realizar el juicio de exequibilidad del proyecto de ley
número 086 de 2005 (Senado) 205 de 2004 (Cámara) “por medio de la cual se
dicta la Ley de Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones”, procedo
a reiterar las razones, ya expuestas en el salvamento de voto al auto 168 de
2007, mediante el cual la Sala Plena remitió por segunda vez el aludido
proyecto a la Cámara de Representantes, por las cuales considero que las
decisiones adoptadas por la Corporación dentro del juicio de exequibilidad de
las disposiciones objetadas no sólo se oponen a la evolución jurisprudencial y
normativa que hasta ahora ha avanzado hacia el fortalecimiento del control
judicial sobre las objeciones presidenciales, sino que contrarían de manera
frontal las disposiciones contenidas en el texto constitucional sobre la
materia.
Antes de iniciar el análisis de dichas afirmaciones es
preciso realizar un breve examen de la facultad concedida por el texto
constitucional al Presidente de la República, consistente en la posibilidad de
formular objeciones a los proyectos de ley elaborados por el Congreso. Sobre el
particular, la primera referencia normativa que debe ser consultada se
encuentra en el artículo 200 de la Constitución Nacional; disposición que se
ocupa parcialmente de la regulación de las relaciones entre el Ejecutivo y el
Congreso. De manera puntual, la norma señala que corresponde al Gobierno “Concurrir
a la formación de las leyes”. Para tal efecto, establece tres instrumentos
específicos de participación: se trata de las facultades de presentar proyectos
de ley –potestad que, según la Carta, deberá ser realizada por medio de los
ministros-, el derecho de presentar objeciones y, para terminar, el deber de
realizar la sanción presidencial al culminar el trámite legislativo.
Al respecto vale anotar, como fue señalado por esta
Corporación en sentencia C-036 de 1998, que la facultad de oponer objeciones
presidenciales a los mencionados proyectos de ley descansa, en último término,
en el origen democrático de la institución de la Presidencia de la República,
la cual lo autoriza de manera legítima a participar en el proceso de confección
de los textos legislativos. En tal sentido, se entiende que la figura de la
objeción presidencial promueve un fructífero debate democrático y jurídico que
permite ahondar en el nivel de reflexión y ponderación que en todo caso debe
orientar el procedimiento de creación legislativa. Así entendido, según fue
señalado en sentencia C-700 de 2004, este derecho en cabeza de la Rama
Ejecutiva no ofrece de manera alguna una facultad de veto que permita obstruir
la necesaria labor de promulgación de leyes, como tampoco promueve una eventual
colisión de competencias entre estos dos poderes del Estado. Al contrario
refleja el equilibrio armónico que nutre las relaciones entre éstos y permite
su orientación al alto objetivo de conseguir la salvaguarda de la Constitución
y de asegurar la más alta reflexión y análisis en la producción de los textos
legislativos.
Ahora bien, como ha sido ampliamente establecido por
la jurisprudencia de esta Corporación[25], los argumentos que
pueden ser empleados en la oposición planteada por el Presidente deben
inscribirse en una de dos razones: motivos de inconveniencia o de
inconstitucionalidad. En cualquier caso, según fue señalado en sentencia C-849
de 2005, el Ejecutivo debe responder con suficiencia la razonable carga de
argumentación que sobre él recae en estos eventos, la cual demanda un esfuerzo
adicional a la indicación meramente nominal de las disposiciones
constitucionales que se consideran transgredidas, en el caso particular de las
objeciones por inconstitucionalidad, y en consecuencia impone al Presidente el
deber de ofrecer una argumentación que resulte adecuada sobre la manera en que
el texto constitucional es vulnerado por el proyecto de ley, lo cual constituye
un requisito indispensable para la realización del examen de exequibilidad
cuando quiera que el Congreso de la República insista en su aprobación.
En este punto cabe resaltar la importancia de la
distinción entre los dos diferentes tipos de objeciones que pueden ser
presentadas por el Ejecutivo, pues su examen arroja las primeras luces sobre la
labor que se encuentra llamada a adelantar la Corte dentro del trámite de las
objeciones por inconstitucionalidad. En tal sentido, en el caso de las
objeciones por inconveniencia, su nítida enseña política recomienda, como en
efecto ha sido reflejado en el texto superior, que la decisión a propósito de
su procedencia recaiga en el Congreso de la República dado que en este caso el
objeto de valoración recae sobre el eventual provecho y la aptitud reguladora
del texto objetado. En consecuencia, en la medida en que en esta hipótesis
precisa el fundamento de la oposición desborda las fronteras estrictamente
jurídicas, por lo que demanda un examen de diferente naturaleza en el cual otro
tipo de criterios, como la utilidad, eficacia y eficiencia del proyecto, entre
otros, adquieren una relevancia por completo ajena al control de
constitucionalidad; la autoridad encargada de resolver finalmente su
procedencia es aquella en la cual convergen las diferentes voces políticas que
participan en el debate democrático.
Por el contrario, en el caso de las objeciones por
inconstitucionalidad el debate que se promueve por iniciativa del Ejecutivo
plantea una cuestión meramente jurídica cuyo trámite, si bien requiere la
insistencia del Congreso, supone una labor por completo diferente al examen
político encomendado por el texto constitucional al Legislador. Se trata de un
enfrentamiento normativo aparente entre el proyecto de ley y el texto
constitucional que debe ser enmendado para asegurar la supremacía de la Carta
(artículo 4° superior). De tal manera, los parámetros que antes debían ser
atendidos para establecer la procedencia de las objeciones por inconveniencia
se disuelven y abren paso a criterios propios de la actividad judicial en la
medida en que, desde una perspectiva puramente jurídica, es preciso definir si
a la luz de las disposiciones constitucionales el proyecto de ley resulta
adecuado o si, por el contrario, debe ser limitado su ingreso material al
ordenamiento jurídico.
De acuerdo a la consideración anterior, la entidad
que, según la naturaleza de la controversia planteada, debe resolver el asunto
es precisamente aquella que de acuerdo al diseño institucional descrito en la
Constitución Nacional se encarga de cumplir la labor de garantizar “la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, esto es, la Corte
Constitucional. Así las cosas, esta Corporación debe llevar a cabo un examen de
exequibilidad sobre las normas objetadas en el cual los distintos parámetros
que distinguen la actividad judicial deben ser aplicados de manera imperativa,
dentro de los cuales sobresale el deber de acatamiento a las normas que otorgan
competencia y regulan los procedimientos confiados a la Corte.
En tal sentido, en la medida en que esta Corporación
se encuentra llamada a realizar un ejercicio meramente judicial, de manera
forzosa debe ceñirse a las disposiciones que en el texto constitucional regulan
sus competencias, sin que sea dable omitir los procedimientos allí consignados
o, como ha ocurrido en esta ocasión, modificar por vía jurisprudencial el designio
contenido en la Constitución sobre la manera en que debe ser llevado a cabo el
control de constitucionalidad, lo cual resulta particularmente imperioso en
este caso, en el cual la regulación normativa resulta por completo clara y no
admite escamoteos jurisprudenciales.
Como se colige de manera concluyente a partir de la
lectura del artículo 167 superior, anteriormente trascrito, cuando se trata de
objeciones por inconstitucionalidad, una vez el proyecto que ha sido encontrado
parcialmente inexequible por la Corte es remitido por segunda vez a esta
Corporación, luego de haber atendido las observaciones realizadas por el
Ministerio del ramo competente y de haber compuesto e integrado las
disposiciones afectadas; la Corte Constitucional debe proferir “fallo
definitivo”, con el cual finaliza la discusión planteada a partir de la
presentación de las objeciones presidenciales.
Si bien el principio de conservación del derecho, el
cual garantiza en últimas amparo al postulado democrático, se encuentra
presente dentro del trámite de las objeciones y, de tal manera, motiva la
posibilidad de recomponer el texto legislativo por una única vez al Congreso,
ofreciendo a su vez al Ministerio que guarde un interés legítimo la posibilidad
de participar en dicho trámite; no resulta aceptable la conclusión a la cual ha
arribado la Plenaria de esta Corporación, según la cual bajo su influjo se
impone a la Corte el deber de remitir al Legislativo el proyecto cuando quiera
que éste no haya sido adecuadamente rehecho, pues tal conclusión desconoce
frontalmente lo dispuesto en el artículo 167 superior, con lo cual se crea un
nuevo procedimiento que carece por completo de respaldo en la Constitución
Nacional y tanto las fases como los términos de éste quedan sometidos a la
discreción de la Corte. Al respecto, resulta pertinente volver sobre la
siguiente consideración desarrollada en el salvamento de voto al auto 168 de
2007:
La anterior interpretación del artículo 167
Superior, [según la cual
es preciso remitir el proyecto al Congreso después de que éste ya lo ha enviado
a la Corte después de haber hecho las modificaciones pertinentes] no sólo
contraría la literalidad de la norma constitucional, sino que introduce un
elemento de inseguridad jurídica por cuanto, no queda claro cuántas veces puede
la Corte remitirle a la respectiva Cámara el proyecto de ley, a efectos de que
ésta lo rehaga. Se instaura, de esta manera, una perversa lógica de
error-corrección, entre el juez constitucional y el Congreso, sin que quede del
todo claro cuándo se va a tener un fallo realmente definitivo en la materia
Así las cosas, las decisiones adoptadas por la Corte
en el trámite de las objeciones presentadas a este proyecto de ley, no sólo han
contrariado lo dispuesto en el texto constitucional, sino que promueven una
desacertada comprensión de la labor legislativa dado que, bajo la égida de los
principios de conservación del derecho y de colaboración armónica entre las
diferentes ramas del poder público, se avala la idea según la cual el Congreso
cuenta con infinidad de oportunidades, tantas en número como el juez
constitucional estime necesarias, para rehacer y recomponer los proyectos de
ley sin importar que el texto nuevamente remitido guarde incoherencias
gramaticales, como ocurrió en este proceso, o se dejen de acatar los
lineamientos trazados por la Corte Constitucional; puesto que, según la opinión
mayoritaria de la Sala Plena, en éstos casos no se ha realizado una
recomposición efectiva del proyecto de ley, lo cual autoriza su remisión al
Legislador.
Expuesto este argumento, paso a describir las razones
por las cuales la posición acogida por esta Corporación resulta difícilmente
conciliable con la evolución normativa ocurrida en el constitucionalismo
colombiano, la cual se encuentra dirigida al fortalecimiento del control
judicial sobre las objeciones presidenciales. Sobre el particular, es preciso
volver sobre lo dispuesto en la materia en la Constitución de 1886, en la cual
la señalada distinción entre los dos tipos de objeciones que pueden ser
opuestas por el Presidente de la República, por motivos de inconveniencia y de
inconstitucionalidad, permitía figurar el carácter jurídico de la labor que se
encontraba llamada a cumplir entonces la Corte Suprema de Justicia en el
segundo evento. Al respecto, la redacción original del artículo 90 de la Carta
establecía lo siguiente “Exceptuase de lo dispuesto en el artículo 88 el
caso que el proyecto fuere objetado por inconstitucionalidad. En este caso, si
las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Suprema, para que ella,
dentro de los seis días, decida sobre su exequibilidad. El fallo afirmativo de la
Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si fuere negativo, se archivará
el proyecto”.
Como se puede leer, desde este antecedente normativo
se encuentra con claridad la intención de confiar a una autoridad judicial el
encargo de decidir de manera definitiva la legitimidad de las objeciones por
motivos de inconstitucionalidad. Según la regulación en comento, en el mismo
sentido en que ha sido orientado este procedimiento de acuerdo al texto
constitucional vigente, una vez el Ejecutivo manifestaba su inconformidad con
el proyecto de ley con fundamento en el supuesto enfrentamiento con la norma
superior, correspondía al Congreso de la República manifestar su intención de
perseverar en el proyecto por medio de su insistencia, lo cual abría las
puertas a la instancia judicial que ahora nos ocupa en la cual la Corte Suprema
de Justicia, dentro de un término preciso de seis días, debía pronunciarse
sobre la supuesta inexequibilidad del proyecto.
En el mismo sentido, el Acto Legislativo número 3 de
1910 confirmó la realización de un proceso judicial ante la Corte Suprema como
fase última dentro del trámite de las objeciones por inconstitucionalidad:
Artículo 41. A la Corte Suprema de Justicia
se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia,
además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá las
siguientes:
Decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los Actos Legislativos que hayan sido objetados como
inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados
ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del
Procurador General de la Nación
A su turno, el Acto Legislativo número 1 de 1945, en
su artículo 53, que habría de modificar el artículo 147 superior, estableció lo
siguiente:
Artículo 147. A la Corte Suprema de
Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En
consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes,
tendrá las siguientes: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los
proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como
inconstitucionales, o sobre todas las leyes o decretos dictados por el Gobierno
en ejercicio de las atribuciones de que tratan los artículos 11 y 12 del
artículo 69 y el artículo 117 de la Constitución Nacional, cuando fueren
acusados ante ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano.
En las acciones de inexequibilidad deberá
intervenir siempre el Procurador General de la Nación.
Para terminar este breve recuento normativo, se
encuentra el Acto Legislativo número 1 de 1968, cuyo artículo 71, por el cual
se modificó el artículo 214 de la Constitución Nacional, reiteró el carácter
estrictamente judicial del procedimiento mediante el cual debían ser resueltas
las objeciones presidenciales por motivos de inconstitucionalidad, confiando en
último término a la Corte Suprema de Justicia la solución de este asunto:
A la Corte Suprema de Justicia se le confía
la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las
facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá las siguientes:
1. Decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno
como inconstitucionales, tanto por su contenido material como por vicios
reprocedimiento en su formación.
Ahora bien, como cenit de la evolución normativa
anteriormente descrita, se encuentra la regulación contenida en el texto
constitucional de 1991, el cual ofrece, sin lugar a dudas, la mayor densidad
regulativa sobre la materia y, por tal motivo, exige del juez constitucional el
mayor apego a dichas normas pues la claridad y suficiencia normativa, en este
caso como en todos aquellos relacionados con la actividad judicial, se oponen a
la libertad que en este caso se ha atribuido por vía jurisprudencial la Sala
Plena de esta Corporación. Dicha regulación se encuentra en los artículos 165,
166, 167, 168 y 241.8 del texto constitucional; 79.4, 196 a 201 de la Ley 5ª de
1992 y en el Decreto 2057 de 1991. En primer lugar, cabe anotar que el sistema
ideado por el constituyente de 1991 conserva la distinción, cuya importancia
fue reseñada oportunamente en líneas anteriores, entre las dos clases de
objeciones que pueden ser alegadas por el Presidente de la República: por
motivos de inconveniencia, las cuales orientan la cuestión hacia un diálogo
eminentemente político con el Congreso de la República, y por motivos de inconstitucionalidad.
En cualquier caso, el Ejecutivo cuenta con términos precisos para manifestar su
oposición cuya inobservancia lo priva de tal posibilidad y, en tal sentido, lo
compele a realizar la sanción y promulgación por medio de las cuales se concluye
el procedimiento legislativo. De tal manera, el Gobierno dispone de un término
de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando quiera que
no conste de más de veinte artículos; de diez días en aquellos proyectos que
contengan un articulado de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte
días cuando los artículos sean más de cincuenta. En ambos casos se devuelve el
proyecto de ley a la Cámara en la cual tuvo origen su trámite legislativo con
el objetivo de que sea realizado un nuevo debate en la Plenaria. Cuando las dos
Cámaras insistan en la aprobación del proyecto, actuación que requiere el voto
afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, se abren dos caminos que no
difieren solo en el procedimiento que aparejan sino en los criterios que deben
ser atendidos durante éste: si el proyecto hubiese sido objetado por
inconveniente, es remitido de nuevo al Presidente de la República, quien deberá
sancionarlo sin poder formular nuevas objeciones. En cambio, si lo hubiese sido
por inconstitucionalidad, aquel deberá ser remitido a la Corte Constitucional,
la cual decidirá definitivamente, en el término de seis días, la exequibilidad
del mismo. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. En
caso contrario, esto es, de encontrar que efectivamente el proyecto no se
ajusta al texto constitucional, éste será archivado. Por último, si la Corte
considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así deberá indicarlo a la
Cámara en que tuvo origen su debate para que, oído el Ministro del ramo, rehaga
e integre las disposiciones afectadas de acuerdo a lo decidido por la
Corporación. Una vez ha sido cumplido dicho trámite, el proyecto deberá ser
remitido por última vez a la Corte “para fallo definitivo” (artículo 167
superior).
Como corolario de la totalidad de las consideraciones
precedentes, al llevar a cabo el examen de exequibilidad sobre las objeciones
presentadas por el Presidente de la República al proyecto de ley número 086 de
2005 (Senado) 205 de 2004 (Cámara) “por medio de la cual se dicta la Ley de
Teatro colombiano y se dictan otras disposiciones”, la Sala Plena de esta
Corporación debió proferir sentencia definitiva una vez el Congreso remitió el
proyecto de ley con las modificaciones pertinentes, según las indicaciones
contenidas en la sentencia C-856 de 2006, pues así lo impone con claridad el
articulado constitucional al cual la Corte debe sujeción en su condición de
autoridad judicial. La impronta del principio del Estado de Derecho así lo
exige y, al mismo tiempo, desaconseja decisiones como las adoptadas dentro de
este procedimiento por la Plenaria de la Corte, pues bajo consideraciones
deleznables que abogan por la defensa de los postulados de la conservación del
derecho y colaboración armónica entre las diferentes Ramas del Poder Público se
ha realizado una inaceptable modificación por vía jurisprudencial del trámite
que debe ser agotado para decidir la prosperidad de las objeciones por
inconstitucionalidad. De tal manera, como fue explicado, se controvierte el
claro tenor literal del texto constitucional y se desconoce la evolución
normativa que pretende el fortalecimiento de la labor del juez de
constitucionalidad en dicho trámite. En consecuencia, si a juicio de la Corte
las modificaciones realizadas por el Congreso no resultaban suficientes para la
aprobación del ingreso del proyecto de ley al ordenamiento por razones de
inconstitucionalidad, así debió declararlo mediante “fallo definitivo”,
por lo que no es admisible desde una óptica estrictamente jurídica, que es
precisamente aquella que debe ser empleada por la Corporación en su condición
de autoridad judicial, la remisión del proyecto al Congreso de la República por
segunda vez.
Fecha ut supra
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1] Cfr. Folios 297 y
298 del expediente.
[2]
Cfr. Folios 352 y 353 del expediente.
[3] Cfr. Folio 349 del
expediente.
[4] Cfr. Folio 350 del
expediente.
[5] Cfr. Folio 356 del
expediente.
[6] Cfr. Folio 384 del
expediente.
[7] Cfr. Folios 381 a
382 del expediente.
[8] Cfr. Folio 391 del
expediente.
[9]
La naturaleza de la orden a adoptar por parte de la Corte en
el Auto 168/07 fue uno de los asuntos analizados en detalle por parte de la
Sala.  En síntesis, la Corte consideró que a pesar que el artículo 167 C.P.
dispone que una vez el Congreso envíe el texto rehecho del Proyecto de Ley, corresponde
dictar un “fallo definitivo”, lo cierto es que en el caso presente
adoptar una posición formal al respecto llevaría a la declaratoria de
inexequibilidad del proyecto de ley.  Esta conclusión se mostraba problemática,
en “tanto desconocería que, a la luz de la misma norma constitucional, la
actividad de rehacer e integrar el proyecto de ley es una condición previa al
análisis de constitucionalidad, por lo que la existencia de una disposición
normativa dotada de significado es un presupuesto ineludible para la decisión
acerca de su armonía con el Texto Superior.  En otras palabras, el análisis de
constitucionalidad por parte de la Corte sólo puede efectuarse respecto de
expresiones legales coherentes y, por ende, aptas para predicar de ellas
proposiciones normativas válidas, susceptibles de comparación con las razones
que conforman el dictamen de la Corte respecto de las objeciones presidenciales
propuestas. || Cuando, como en el caso presente, la disposición
normativa resultante del proceso de reformulación del proyecto de ley, carece
de sentido alguno, no es dable emitir un pronunciamiento de fondo, en tanto no
existen los presupuestos mínimos para el diálogo interinstitucional propio de
las objeciones presidenciales.  De esta manera, ante la inexistencia de una
norma susceptible de control constitucional y en aras de garantizar la eficacia
de los principios de conservación del derecho y colaboración armónica de las
ramas del poder público, la solución que se impone es devolver el proyecto al
Congreso, para que rehaga el texto según las condiciones fijadas por la Corte
en la sentencia que declaró parcialmente fundadas las objeciones
presidenciales.”  Por lo tanto, a partir de estas reglas, la Sala decidió
devolver el proyecto de ley al Congreso, a fin que corrigiera los defectos
identificados.
[10] Cfr. Folio 1 del
cuaderno 1.
[11] Sobre
el particular, la providencia en comento señaló:
“2.6. En lo que tiene que ver con el trámite previo a la aprobación
del texto rehecho del Proyecto de Ley, la Corte encuentra que cumple con los
requisitos previstos en la Constitución para la aprobación de iniciativas por
parte de las plenarias de las cámaras que componen el Congreso.  En efecto, el
texto rehecho fue sometido a consideración del pleno del Senado de la República
y de la Cámara de Representantes y obtuvo las mayorías necesarias para su
aprobación. || Igualmente, se dio cumplimiento en cada una de las instancias
del requisito de anuncio previo a la votación, previsto en el inciso final del
artículo 160 C.P., adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de
2003. Para el caso de la Cámara de Representantes, la discusión y aprobación
del Proyecto fueron anunciadas en la sesión plenaria del 17 de abril de 2007.
Del mismo modo, en lo que respecta al Senado de la República, el mencionado
requisito fue cumplido en la sesión plenaria del 10 de mayo de 2007.”
[12] Vid., Gaceta del
Congreso 419 del 30 de agosto de 2007, páginas 30 a 32.
[13] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-473/05.
[14] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-1040/05
[15] Cfr. Corte
Constitucional, auto A-053/07.  Fundamento jurídico 2.3.1.
[16]
Para sustentar este aserto, la sentencia trae a colación las consideraciones
realizadas en el fallo C-068/04, de acuerdo con las cuales “Esta expresión
del artículo 162 superior hay que entenderla en el sentido de que las dos
legislaturas constituyen el plazo que tiene el Congreso para la formación de la
ley, de suerte tal que todo proyecto de ley que surta los debates
correspondientes dentro de dicho término, por este aspecto se ajusta al mandato
constitucional.  Siendo claro además que esas dos legislaturas no cobijan el
término de que dispone el Presidente para formular sus objeciones, pues, de no
ser así, el Ejecutivo podría alterarle o suprimirle al Congreso la oportunidad
que le asiste para pronunciarse sobre las objeciones.”
[17]
Al respecto, se citan las consideraciones realizadas por la Corte en la
sentencia C-433/04, en el sentido que “la jurisprudencia de la Corte ya ha
manifestado que si bien es cierto la Constitución no señala expresamente en los
artículos 166, 167 y 168, que se ocupan del tema de las objeciones, el plazo
dentro del cual las cámaras deben tramitar la insistencia frente a las
objeciones presidenciales, también lo es que ello no implica que aquéllas
tengan un plazo indefinido para tal fin, pues ante ese vacío debe acudirse a lo
dispuesto en el artículo 162 de la Carta Política, conforme al cual ningún
proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas. || Son varias las
razones que justifican la anterior afirmación y sobre las cuales esta
Corporación se basó para fijar su jurisprudencia al respecto, a saber: (1)
consideración literal, según la cual el artículo 162 de la Constitución no
distingue entre proyectos objetados y no objetados, sino que se refiere a los
proyectos en términos generales. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo
167 ibídem el proyecto objetado “volverá a segundo debate”, de donde se
concluye que la insistencia de las cámaras hace parte del procedimiento
legislativo. (2) Consideración lógica, en virtud de la cual no existe
contradicción entre los artículos 167 y 162 de la Carta en razón a que los
preceptos específicos sobre objeciones no establecen ningún plazo especial para
que las cámaras insistan, y ese silencio de regulación especial debe
interpretarse en el sentido que el legislador y el Constituyente quisieron que
ese punto se rigiera por la normatividad general. (3) Interpretación
sistemática, según la cual las discrepancias respecto a los proyectos de ley
entre la Ramas Legislativa y Ejecutiva deben realizarse de manera ágil, y si se
aceptara la tesis de que el Congreso puede tomarse todas las legislaturas que
estime convenientes para pronunciarse sobre las objeciones, se afecta el
sistema de frenos y contrapesos, en cuanto al Presidente de la República sí se
le establece un plazo perentorio para que pueda hacer uso de su facultad de
objetar. (4) Interpretación finalística, en atención a que se racionaliza el
trámite legislativo y se permite una más adecuada formación de la voluntad
democrática. Además, sería absurdo que el Congreso dispusiera de dos
legislaturas para aprobar integralmente un proyecto de ley, pero para terminar
de aprobarlo cuando es objetado, pueda dejar pasar indefinidas legislaturas. ||
Así las cosas, el término que tiene el Congreso para pronunciarse sobre las
objeciones presidenciales es de máximo dos legislaturas, dentro de las cuales
se cuenta la que esté cursando en el momento en que se devuelve el respectivo
proyecto.”
[18]
Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-488/92, C-057/93, C-490/94
C-343/95, C-685/96, C-581/97, C-197/01, C-1319/01, C-483/02 y C-399/03.   Para
el presente asunto, se reitera la metodología expuesta en la sentencia
C-1113/04, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[19] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-399/03, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[20] Sentencia
C-399/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] “Artículo 39. Los gastos
autorizados por leyes preexistentes a la presentación del Proyecto Anual del
Presupuesto General de la Nación, serán incorporados a éste, de acuerdo con la
disponibilidad de recursos y las prioridades del Gobierno, si corresponden a
funciones de órganos del nivel nacional y guardan concordancia con el Plan
Nacional de Inversiones, e igualmente las apropiaciones a las cuales se refiere
el parágrafo único del artículo 21 de la Ley 60 de 1993.
Los proyectos de ley mediante los
cuales se decreten gastos de funcionamiento solo podrán ser presentados,
dictados o reformados por iniciativa del Gobierno a través del Ministro de
Hacienda y Crédito Público y del Ministro del ramo, en forma conjunta (Ley 179
de 1994, art. 18).”
[22] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-1134/04, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[23] Cfr.
Corte Constitucional, sentencia C-623/07.
[24]
Auto 168 de 2007 “2.7. Analizado el texto rehecho del
Proyecto de Ley, la Corte advierte que la actividad del Congreso cumplió de
manera parcial con lo ordenado por la Corte.  En efecto, el texto rehecho del
proyecto de ley eliminó todos aquellos apartados normativos que fueron
declarados inexequibles en la sentencia C-856/06. Por lo tanto, la Corte
advierte que, de manera general, el Congreso dio cumplimiento al deber de
rehacer e integrar el proyecto de ley, de acuerdo con las condiciones previstas
en el artículo 167 Superior”
[25] Sentencias
C-470 de 2006, C-700 de 2004, C-072 de 2006, C-849 de 2005, entre otras.