T-074-16
Sentencia
T-074/16
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Procedencia excepcional cuando afecta
derechos fundamentales
La procedencia excepcional de la acción de
tutela como mecanismo definitivo o transitorio, según el caso, exige que la
autoridad judicial realice un análisis de la situación del actor, para
establecer si existe una violación o amenaza al derecho fundamental invocado,
como consecuencia de la ausencia de reconocimiento y pago de la prestación
referida, y su protección no admite dilación alguna, y su idónea protección
solo puede darse a través del amparo constitucional.
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA EN MATERIA PENSIONAL-Elementos para que se configure el perjuicio
irremediable
Para que obre la configuración del
perjuicio irremediable, es necesario que concurran los siguientes elementos:
(i) debe ser inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) debe ser grave, esto es,
susceptible de generar un daño trascendente en el haber jurídico de una
persona; y, (iv) exige una respuesta impostergabAAASle para asegurar la debida
protección de los derechos comprometidos.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL
EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Concepto, naturaleza y protección
constitucional
El derecho a la seguridad social es fundamental, y puede ser
protegido mediante acción de tutela, siempre y cuando se verifiquen los
requisitos de procedibilidad de este mecanismo procesal. De igual manera, este
derecho es inalienable, irrenunciable e imprescriptible.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Beneficiarios
PENSION DE SOBREVIVIENTES Y SU RELACION
CON LA FIGURA DE FAMILIAS DE CRIANZA
PROTECCION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
FAMILIA-Marco
constitucional y desarrollo jurisprudencial
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, con fundamento en la
normativa señalada en precedencia, ha sido consistente en proteger la unidad e
integridad del núcleo familiar que surge por diferentes vínculos, sean estos:
naturales, jurídicos, de hecho o crianza, afirmando que se entiende por
familia: “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos
naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga
íntimamente a sus integrantes más próximos”
HIJOS DE CRIANZA COMO BENEFICIARIOS DE LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES
FAMILIA DE CRIANZA-Definición
FAMILIA DE CRIANZA-Protección constitucional
La Corte Constitucional en reiteradas
ocasiones ha protegido a las familias que surgen por vínculos diferentes a los
naturales y jurídicos. Esta protección constitucional de la familia también se
proyecta a aquellas conformadas por madres, padres e hijos de crianza; es
decir, a las que no surgen por lazos de consanguineidad o vínculos jurídicos,
sino por relaciones de afecto, respecto, solidaridad, comprensión y protección. Lo anterior, puesto que el concepto de
familia se debe entender en sentido amplio, e incluye a aquellas conformadas
por vínculos biológicos, o las denominadas “de crianza”, las cuales se
sustentan en lazos de afecto y dependencia, y cuya perturbación afecta el
interés superior de los niños.
FAMILIA DE CRIANZA-Reconocimiento y
protección del vínculo que se forma entre las personas que componen la familia
de crianza como criterio para determinar la permanencia de los menores de edad
en hogares sustitutos
FAMILIA DE CRIANZA-Reconocimiento de
prestaciones y/o indemnizaciones
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
RESPECTO A FAMILIA DE CRIANZA-Acompañamiento compartido entre el padre
biológico y un miembro de la familia, quien asume las responsabilidades
económicas de un menor
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
RESPECTO A FAMILIA DE CRIANZA-Co-padre de crianza por asunción solidaria de la
paternidad del menor/FAMILIA AMPLIADA-Protección constitucional
En los casos en que no existe un reemplazo de los
vínculos con los ascendientes de un menor, sino que una persona de la familia
asume las responsabilidades económicas actuando en virtud del principio de
solidaridad, y las relaciones materiales, en principio, no nos encontraríamos
frente a la figura de familia de crianza como se ha reconocido tradicionalmente
en la jurisprudencia. No obstante, ello no impide que se protejan los derechos
fundamentales de un menor de edad, que adicionalmente se halla en situación de
discapacidad. En este
orden de ideas, la Corte Constitucional reconoce que si bien no existe una
sustitución total de la figura paterna/materna, la persona que asume como
propias las obligaciones que corresponden a los padres de los menores de edad
actúa según el principio de solidaridad, convirtiéndose en un co-padre de
crianza por asunción solidaria de la paternidad del menor. Esta figura lo que
busca es reconocer y brindar protección a los lazos formados dentro de la
familia, y comprende a los hijos de crianza que conviven y/o teniendo una
relación estable con sus padres biológicos, otra persona de la familia asume
las obligaciones que corresponden a estos últimos, en virtud del principio de
solidaridad, y con quien el menor de edad genera estrechos lazos de afecto,
respecto, protección, asistencia y ayuda para superar las carencias de
sostenibilidad vital. En este orden de ideas, la
Corte Constitucional reconoce que si bien no existe una sustitución total de la
figura paterna/materna, la persona que asume como propias las obligaciones que
corresponden a los padres de los menores de edad actúa según el principio de
solidaridad, convirtiéndose en un co-padre de crianza por asunción solidaria de
la paternidad del menor. La protección constitucional de la familia se
proyecta de igual forma a la familia ampliada.
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Hijos de crianza como
beneficiarios, por asunción solidaria de la paternidad
BENEFICIARIOS DE PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Hijos biológicos, adoptivos, de simple crianza y de crianza,
co-padre de crianza por asunción solidaria de la paternidad
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES A HIJO DE CRIANZA EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Procedencia excepcional por ser el mecanismo idóneo
DERECHO A LA PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Orden a FONCEP reconocer pensión a favor de menor en situación de
discapacidad, en calidad de hijo de crianza del causante
Referencia: expediente T-5.085.945
Acción de tutela
instaurada por Miguel Antonio Camargo Peña en representación de su menor hijo
Yocimar Stiben Camargo Talero en contra del Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones –FONCEP-
Magistrado Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintidós (22)
de febrero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Luis
Ernesto Vargas Silva,  la Magistrada María Victoria Calle Correa y el
Magistrado Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso
de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado
Séptimo laboral del Circuito de Bogotá, el veintidós (22) de junio de dos mil
quince (2015), y, en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintidós (22) de julio del mismo
año, dentro de la acción de tutela instaurada por el ciudadano Miguel Antonio
Camargo Peña en representación de su hijo menor de edad, Yocimar Stiben Camargo
Talero contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
–FONCEP-
I.
ANTECEDENTES
El ciudadano Miguel Antonio Camargo Peña, en representación de su
menor hijo Yocimar Stiben Camargo Talero, promovió acción de tutela el nueve
(9) de junio de dos mil quince (2015) en contra del Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP- para que a Yocimar Stiben Camargo
Talero le fueran protegidos los derechos fundamentales a la seguridad social,
el mínimo vital, la protección a la familia y la vida en condiciones dignas.
Hechos
1.- El ciudadano
Miguel Antonio Camargo Peña nació el veinte (20) de marzo de mil novecientos
sesenta y cuatro (1964) en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. A la fecha, cuenta
cincuenta y un (51) años de edad[1].
2.- Aduce el
petente que padece de una discapacidad en la mano izquierda, la cual no le ha
permitido obtener un trabajo estable, puesto que permanentemente entrega hojas
de vida y diligencia solicitudes de empleo en diferentes empresas sin lograr
ser vinculado. Por esto, carece de toda renta, salario y pensión que le permita
tener una vida en condiciones dignas.
3.- El actor,
Yocimar Stiben Camargo, tiene catorce (14) años de edad[2] y sufre de autismo, esquizofrenia y
retraso mental. Actualmente cursa el grado tercero en el Colegio Distrital
“República Bolivariana de Venezuela”. Así lo advierte en su representación, su
padre biológico.
4.- Señala el
ciudadano Miguel Camargo que la madre del menor de edad Yocimar Camargo, la
señora Nubia Aid Talero Roa, los abandonó hace once (11) años, al no soportar
las dificultades económicas y familiares que atravesaban, y las enfermedades
que padece su hijo.
5.- El abuelo de
Yocimar Camargo, el señor Luis María Camargo se hizo cargo del menor y de
Miguel Antonio Camargo, desde el año dos mil seis (2006), hasta el veintinueve
(29) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha en la que falleció[3].
6.- Luis María
Camargo era acreedor de una pensión vitalicia de jubilación, prestación
reconocida el cuatro (04) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993) por parte
de la Caja de Prevención Social de Bogotá, mediante resolución No. 00427[4].
7.- Señala el
peticionario que debido a el fallecimiento del señor Luis María Camargo, el
menor Yocimar Camargo “perdió a la única persona que realmente podía
ejercer, en materia económica, su congruo sostenimiento (…)”, toda vez que él
destinaba su pensión para sufragar los gastos médicos, alimenticios y demás
necesidades personales de Yocimar Camargo, por lo que se convirtió en su padre
de crianza.
8.- Debido a lo
anterior, el accionante, en representación del menor Yocimar Camargo, solicitó la
pensión de sobrevivientes ante el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones –FONCEP- , aduciendo la calidad de hijo de crianza del causante, Luis
María Camargo, petición que fue negada el catorce (14) de mayo de dos mil
quince (2015) mediante Resolución No. 000978, bajo el argumento que la
legislación colombiana no prevé que los hijos de crianza puedan ser
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes[5].
Material
probatorio obrante en el expediente
El accionante
acompañó la demanda de tutela con los siguientes documentos:
1.     Certificado de la Pensión de Jubilación de
Luis María Camargo, expedida por FONCEP el diez (10) de noviembre de dos mil
catorce (2014). (folios 6-7)
2.     Resolución No. 000978 del catorce (14) de
mayo de dos mil quince (2015) de FONCEP, mediante la cual se niega el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al menor de edad Yocimar Stiben
Camargo Talero, al considerar que “de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, los nietos no son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes”[6]. (folios 8-11)
3.
Certificado médico del
doce (12) de mayo de dos mil quince (2015), expedido por el médico psiquiatra
Paulo César Camacho Cáceres, quien certifica que el menor Yocimar Stiben
Camargo Talero recibe atención en el servicio de salud mental del Hospital de
Usaquén en el programa de atención médica especializada por psiquiatría, al
haber sido diagnosticado con autismo, esquizofrenia y retraso mental. (folio
12)
4.
Certificación del
médico Marco Acosta Torres del veinticuatro (24) de febrero de dos mil quince
(2015), conforme al cual el padre del menor Yocimar Stiben Camargo Talero, “·presenta
en la mano izquierda, amputación traumática del segundo y tercer metacarpianos
con los respectivos dedos y lesión de primer dedo, el cual quedó anquilosado;
discapacidad que genera limitación funcional con las correspondientes
restricciones que por ende no le permite encontrar aceptación laboral
fácilmente”[7]
(folio 13)
5.
Certificado de
estudios del menor de edad Yocimar Stiben Camargo Talero donde consta que se
encuentra matriculado en el Colegio Distrital “República Bolivariana de
Venezuela” y que pertenece al programa de inclusión que ofrece la institución
educativa para alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, autismo
y déficit cognitivo leve. (folios 14-16)
6.
Copia del Registro
Civil de Nacimiento del señor Miguel Antonio Camargo Peña. (folio 17)
7.
Copia del Registro
Civil de Nacimiento del menor Yocimar Stiben Camargo Talero conforme al cual
tiene catorce (14) años de edad. (folio 34)
8.
Fotocopia de la Cédula
de Ciudadanía de Miguel Antonio Camargo donde consta que tiene cincuenta y un
(51) años de edad. (folio 18)
9.
Tarjeta de identidad
de Yocimar Stiben Camargo Talero expedida bajo el No. 1.000.515.825. (folio 33)
10.
Declaración extrajuicio
de Olga Vega Bonilla del dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015)
donde manifiesta que conoce al menor Yocimar Stiben Camargo y a su padre el
señor Miguel Antonio Camargo. Igualmente señala que conoció durante veinte (20)
años al señor Luis María Camargo, quien falleció el veintinueve (29) de
diciembre de dos mil doce (2012). Así mismo afirma que Yocimar Camargo dependía
económicamente de su abuelo ya que su padre no trabaja actualmente puesto que
ha sido rechazado por varias empresas como consecuencia de la discapacidad que
presenta. Finalmente, la ciudadana Olga Vega Bonilla asevera que les colabora
económicamente “con lo que puede.” (folio 19)
11.
Declaración extrajuicio
de la ciudadana Mery López Rodríguez del veinticuatro (24) de febrero de dos
mil quince (2015) en la cual expresa que conoce desde hace quince (15) años al
señor Miguel Antonio Camargo Peña y a su hijo Yocimar Stiben Camargo Peña,
quien dependía económicamente de su abuelo, el señor Luis María Camargo, toda
vez que el padre del menor “por su condición de discapacidad física no tiene
un trabajo estable por lo tanto no tiene ingresos estables, pensión o renta
alguna, y su madre lo abandonó (…)” y son sus vecinos quienes les ayudan
económicamente. (folio 20)
12.
Declaración extrajuicio
de Mario Oswaldo Pito Gil del veintiséis (26) de febrero de dos mil quince
(2015) en la cual se consigna que el señor Luis María Camargo vivía bajo el
mismo techo con su hijo el señor Miguel Antonio Camargo Peña y su nieto Yocimar
Stiben Camargo Talero, quienes dependían económicamente de Luis María Camargo.
(folio 21)
13.
Certificado de
defunción del señor Luis María Camargo. (folio 22)
14.
Certificado de
defunción de la señora María Fidela Peña. (folio 24)
15.
Certificado de
negativa de empleo por parte de la empresa VISE LTDA. del dieciocho (18) de
julio de dos mil trece (2013) donde señalan que “la compañía no puede
contratarlo debido a que no existen vacantes”.(folio 29)
16.
Certificado de
negativa de empleo por parte de la empresa Industria de Mangueras Limitada del
diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014) en la cual le informan al
señor Miguel Antonio Camargo que “de acuerdo con las políticas internas de
la empresa no fue seleccionada su hoja de vida para el empleo (…)”. (folio
31)
17.
Certificado de
negativa de empleo por parte de la empresa APEL del catorce (14) de julio de
dos mil catorce (2014) donde señalan que se agotaron todas las vacantes, por lo
que no es posible vincular al señor Miguel Antonio Camargo.
18.
Certificado de
negativa de empleo de la empresa Electroinyection del cinco (5) de octubre de
dos mil catorce (2014) donde señalan: “Electroinyection certifica que el
señor Miguel Camargo Peña con cédula de ciudadana No 79.042.880 trajo una hoja
de vida, la cual fue rechazada por su discapacidad para laborar, de la mano
izquierda”
19.
Fotocopia de la cédula
de ciudadanía No. 79.042.880 de Luis María Camargo, padre de Miguel Antonio
Camargo, quien a su vez es el padre del accionante. (folio 23)
20.
Fotocopia de la cédula
de ciudadanía No. 20.334.961 de María Fidela Peña, madre de Miguel Antonio
Camargo. (folio 25)
21.  Certificado de negativa de empleo por
parte de SOCOVIG LTDA. del veintitrés (23) de abril de dos mil trece (2013)
donde señalan que la empresa decidió no contar con sus servicios.
Fundamentos
jurídicos de la solicitud de tutela
El señor Miguel
Antonio Camargo estima desconocidos los derechos fundamentales a la seguridad
social, mínimo vital, protección a la familia y vida en condiciones dignas, de
su hijo menor de edad, Yocimar Stiben Camargo en razón a la negativa del Fondo
de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP- de reconocer y pagar
la pensión de sobrevivientes en calidad de beneficiario, a Yocimar Stiben
Camargo, al ser hijo de crianza del causante, Luis María Camargo, toda vez que
éste era quien respondía económicamente por el menor de edad.
Al respecto,
destacó que la Corte Constitucional en su jurisprudencia[8] relacionada con la protección de la
familia, incluye la llamada familia de crianza, atendiendo a un criterio
sustancial y no formal en donde la convivencia continua, el afecto, la
protección, el auxilio, el respeto mutuo y la dependencia económica, consolidan
lazos familiares entre padres, abuelos e hijos, que fundamentan la sustitución
de pensiones para garantizar los derechos fundamentales de los hijos de
crianza.
Finalmente,
precisa el actor que el derecho a la seguridad social es amparable por vía de
tutela, cuando se concluye de los hechos del caso que el no reconocimiento de
un derecho pensional pone en peligro derechos fundamentales como la vida, la
dignidad humana, la integridad física, el libre desarrollo de la personalidad
y/o al mínimo vital, por cuanto su vulneración repercute directamente en la
insatisfacción del mínimo de condiciones materiales para una existencia digna.
Respuesta de
la entidad accionada
Antonio Acosta
Muñoz en su calidad de jefe de la oficina asesora jurídica del Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP- dio contestación a la
demanda de tutela en los siguientes términos:
1.     El accionante no hizo uso de los recursos
que contempla la ley, razón por la cual el acto administrativo mediante el cual
se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como
beneficiario al menor Yocimar Stiben Camargo se encuentra ejecutoriado y en
firme.
2.     El Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones –FONCEP- es un establecimiento público del orden
distrital, por lo que debe ceñirse a la ley en todas sus actuaciones.
3.
De acuerdo con lo
dispuesto por el legislador en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que
modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993, son acreedores de la pensión de
sobrevivientes los hijos menores de dieciocho (18) años y los mayores de
dieciocho (18) hasta los veinticinco (25), incapacitados para trabajar en razón
de sus estudios y únicamente si dependían económicamente del causante.
De esta manera, la ley no contempla a los
nietos como beneficiarios de dicha prestación, por lo que FONCEP no puede
reconocer la pensión de sobrevivientes a un familiar del causante que carece de
correspondencia con los sujetos reconocidos en la ley.
Sentencias
objeto de revisión
Fallo de primera instancia
Por medio de
sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), el Juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado, al considerar
que si bien es cierto que el abuelo del menor Yocimar Stiben Camargo, el señor
Luis María Camargo, colaboraba económicamente al menor, esto no quiere decir
que éste haya quedado completamente desamparado pues cuenta con la presencia de
su padre sobre quien recae la obligación de proveer lo necesario para su hijo.
Igualmente,
consideró el juez de primera instancia que los padres, por su calidad, adquieren
una serie de derechos y obligaciones frente a sus hijos, los cuales derivan de
la patria potestad, por esto, le corresponde al señor Miguel Antonio Camargo el
cuidado personal de la crianza de su hijo, situación que involucra la
obligación de mantenerlo y alimentarlo, de educarlo e instruirlo.
Finalmente
recuerda el juez que la patria potestad es irrenunciable, por lo que no le es
dado al padre del menor afirmar que éste último es hijo de crianza del señor
Luis María Camargo. Así mismo, asevera que del acervo probatorio no es posible
concluir el tipo de discapacidad y el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral del señor Miguel Antonio Camargo.
Impugnación
Mediante escrito
del veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015) el ciudadano Miguel
Antonio Camargo, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,  impugnó
la decisión adoptada por el a quo, en el cual afirmó que la negativa del
juez de primera instancia menoscaba los derechos fundamentales de su hijo Yocimar
Stiben Camargo Talero a la vivienda, salud, alimentación y educación.
Señaló que la
argumentación esbozada por el juez es extremadamente literal y no consulta los
valores constitucionales y la teleología de la sustitución pensional como
mecanismo de protección social para la familia.
Aduce que debido
a la situación económica en la que se encuentran ha sido imposible asumir los
costos de una evaluación de discapacidad laboral por el Comité Médico, el cual
tiene prevista una tarifa de honorarios inaccesible.
Para concluir,
precisa que el fallo de primera instancia no consulta la obligación del juez
constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.
Fallo de
segunda instancia
Mediante
sentencia del veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015), la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo
proferido por el a quo, que negó el amparo a los derechos fundamentales
a la seguridad social, el mínimo vital, la protección de la familia y la vida
en condiciones dignas del menor Yocimar Stiben Camargo Talero.
El juez de
alzada estimó que la solicitud, al centrarse en el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes al menor Yocimar Stiben Camargo Talero, era improcedente
puesto que corresponde a la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso
administrativo conocer dicha solicitud. De igual manera, el accionante no
demostró el perjuicio irremediable, con el fin de que la acción de tutela
procediera como mecanismo transitorio.
Solicitud de insistencia
El Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez mediante escrito del veinticinco (25) de septiembre de
dos mil quince (2015) insistió en la revisión del expediente T- 5.085.945 al
considerar que el caso de referencia permite que la Corte Constitucional se
pronuncie sobre la posibilidad de que los hijos de crianza de sus abuelos,
sean beneficiarios de la sustitución pensional de estos últimos[9].
Actuaciones
en sede de revisión
El
once (11) de diciembre de dos mil quince (2015) el Despacho del Magistrado
Ponente recibió escrito firmado por el doctor Antonio Acosta Muñoz jefe de la
oficina Asesora Jurídica del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones –FONCEP-, donde informa que mediante la Resolución No. 000978 del
catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015) , se negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes al menor Yocimar Stiben Camargo Talero, representado
legalmente por su padre el señor Miguel Antonio Camargo Peña, con ocasión del
fallecimiento del señor Luís María Camargo, por no cumplir con los requisitos
exigidos por la Ley. El día veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015), dicha
resolución fue notificada.
Señala
que el señor Miguel Antonio Camargo no hizo uso de los recursos de ley, razón
por la cual el acto administrativo se encuentra ejecutoriado y en firme, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
Finalmente,
reitera que los nietos no son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes,
por lo que no es posible reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de
Yocimar Stiben Camargo Talero.
Mediante
Auto del primero (1º) de diciembre de dos mil quince (2015), el Magistrado
Ponente decretó la práctica de las siguientes pruebas, por considerarlas
útiles, necesarias y pertinentes para resolver de fondo:
- Ofició
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá para que
practicara, a través de uno de sus trabajadores sociales especializados en
menores con autismo, esquizofrenia y retraso mental, una visita social
domiciliaria al señor Miguel Antonio Camargo Peña y a su hijo Yocimar Stiben
Camargo Talero, con el fin de determinar si efectivamente el menor de edad era
hijo de crianza del fallecido señor Luis María Camargo.
-
Ofició al Colegio “República Bolivariana de Venezuela” Institución Educativa Distrital,
Sede B, para que informara lo siguiente: (i) quién llevaba al Colegio al menor
Yocimar Stiben Camargo Talero, (ii) que persona figura en los registros como su
padre y/o acudiente, y, (iii) quién recibía las notas de sus evaluaciones. Todo
lo anterior, teniendo como fecha inicial el ingreso del menor a la institución
educativa y final el veintinueve (29) de diciembre de dos mil doce (2012).
-
Ofició al ciudadano Miguel Antonio Camargo Peña para que informara lo
siguiente: (i) si él y el menor de edad Yocimar Stiben Camargo Talero se
encuentran afiliados al sistema de seguridad social en salud, (ii) en que
calidad se encuentran afiliados y a qué régimen, (iii) quién realizó los
respectivos trámites, (iv) que persona llevaba al menor de edad Yocimar Stiben
Camargo Talero al colegio y a sus citas médicas, antes del veintinueve (29) de
diciembre de dos mil doce (2012) y, (v) lo que adicionalmente considerara
pertinente.
El
día dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015) el Despacho del Magistrado
Sustanciador recibió las siguientes comunicaciones:
-
Oficio firmado por el señor Hugo Edilberto Florido Mosquera, Rector del Colegio
“República Bolivariana de Venezuela”-Alcaldía Mayor de Bogotá, en respuesta a
la prueba solicitada, donde comunican que en la hoja de vida del alumno Yocimar
Stiben Camargo Talero se encuentran registrados como acudientes los señores Miguel
Antonio Camargo y Nubia Aid Talero Roa. Adicionalmente, como soporte de
afiliación médica aparece copia del carné de Caprecom, régimen subsidiado.
Finalmente afirma que “la persona que siempre le acompaña por lo general es
el señor padre de familia”.
-
Escrito firmado por el señor Miguel Antonio Camargo Peña en el cual señala que
el menor de edad se encuentra afiliado al SISBEN Nivel I en el régimen
subsidiado, puesto que él no tiene la capacidad económica para afiliarlo a una
EPS y su abuelo Luis María Camargo nunca pudo afiliarlo como beneficiario suyo.
Precisa el accionante que los trámites los realizó a nombre de su hijo menor de
edad. Adicionalmente afirma que él era quien llevaba al menor de edad al
colegio y a sus citas médicas puesto que el abuelo de Yocimar Stiben Camargo,
el señor Luis María Camargo, era una persona de mucha edad y sufría de
esquizofrenia y otros problemas mentales.
-
Oficio No. 11-11203 S-2015-501041-1112 firmado por la trabajadora social Carmen
E. Jiménez M., Centro Zonal Barrios Unidos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-Cecilia de la Fuente Lleras-Regional Bogotá-, en respuesta a
la prueba solicitada. En el mencionado oficio se señala que el día once (11) de
diciembre la trabajadora social se desplazó a la dirección reportada en la
acción de tutela, por el ciudadano Miguel Antonio Camargo Peña, en donde
preguntó tanto por el señor Luis María Camargo, como por el padre del accionante
y éste, o sea su hijo, a lo que el portero del edificio manifestó que no los
conoce. Por lo anterior, la visita social domiciliaria no se pudo llevar a
cabo.
En
comunicación recibida el dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)
en el despacho del Magistrado Ponente, el accionante comunicó que reside con su
hijo menor de edad en un inmueble ubicado en la calle 127C No. 95-60
Casa-Barrio San Cayetano en la localidad de Suba, por lo tanto, la dirección
que suministró en la demanda de tutela corresponde únicamente al lugar de
recepción de notificaciones para las providencias dictadas en el marco del
proceso de la referencia.
En virtud de
lo anterior, el Magistrado Ponente, mediante Auto del dieciocho (18) de
diciembre de dos mil quince (2015) ordenó nuevamente al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar realizar visita domiciliaria al accionante, al encontrar
necesario modificar la dirección del lugar de residencia del accionante, con el
fin de practicar efectivamente la prueba.
En cumplimiento
de los dispuesto por esta Sala, la Coordinadora del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –Suba- regional Bogotá Centro, mediante oficio No.
11-11400-103, recibido el veintisiete (27) de enero del presente año, remitió
informe de la visita social domiciliaria practicada por la Trabajadora Social
del Centro Zonal Suba, prueba que refiere: (i) el menor de edad Yocimar Stiben
Camargo Talero reconoce al señor Luis María Camargo como su abuelo, (ii) que ha
convivido toda la vida con su madre la señora Nubia Aid Talero, su padrastro y
hermanos en una casa localizada en Usme, (iii) que el señor Miguel Antonio
Camargo recoge al menor cada quince (15) días, el viernes y lo retorna a su
hogar el domingo, (iv) que el señor Miguel Antonio Camargo es quien asiste a
las reuniones del colegio de Yocimar Camargo puesto que la madre debe atender a
sus otros hijos, (v) que el grupo familiar del señor Luis Camargo, antes de su
fallecimiento, estaba compuesto por María Dolores Camargo, Rita Camargo y
Miguel Antonio Camargo, (vi) que el señor Luis María Camargo asumió las
obligaciones económicas de Miguel Antonio Camargo debido a su desempleo, y,
(vii) que la vivienda donde habita Miguel Antonio Caro está compuesta por
cuatro (4) pisos, en el primero vive una sobrina y su grupo familiar, en el
segundo las señoras Rita Camargo y maría Dolores Camargo y el señor Miguel
Antonio Camargo quien dispone de una habitación con una cama y en donde se
encontró únicamente el maletín del menor con sus útiles escolares.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente para
pronunciarse en sede de revisión en relación con el presente fallo de tutela,
de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591
de 1991.
2.
Planteamiento del caso y problema jurídico
El accionante solicita que se reconozca al menor de edad Yocimar
Stiben Camargo Talero como hijo de crianza del señor Luís María Camargo (ya
fallecido), y en consecuencia se ordene reconocerle y pagarle la pensión de
sobrevivientes.
De acuerdo con los hechos descritos por el accionante, le
correspondería  a esta Sala dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿es procedente la acción de tutela para reclamar prestaciones económicas,
tales como la pensión de sobrevivientes?, (ii) ¿el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP- vulneró los derechos fundamentales a
la seguridad social, mínimo vital, protección a la familia y dignidad humana
del menor Yocimar Stiben Camargo, al negar el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor del mismo, señalando que es el nieto del causante y no su
hijo de crianza?, (iii) ¿Es Yocimar Stiben Camargo Talero, hijo de crianza del
señor Luís María Camargo?. El anterior problema jurídico implica que la Sala
debe determinar  (iv) si la existencia de padres biológicos que tienen relación
con los menores de edad, excluye o no la existencia del vínculo de crianza
padre e hijo.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala
considera necesario pronunciarse sobre: (i) la procedibilidad de la acción de
tutela para reclamar pensión de sobrevivientes; (ii) el derecho a la seguridad
social, concepto, naturaleza y protección constitucional; (iii) el derecho a la
pensión de sobrevivientes, sus beneficiarios y relación con la figura de
familias de crianza; y, (iv) finalmente resolverá el caso concreto.
3.  La procedibilidad de la acción de tutela
para reclamar pensión de sobrevivientes. Reiteración de jurisprudencia
La acción de tutela de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política es un mecanismo jurisdiccional que propende por la
protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales de las personas.
Dicha acción constitucional es por regla general improcedente para obtener
derechos pensionales, a pesar de que el derecho a la seguridad social ha sido
reconocido como fundamental. Lo anterior, dado el carácter excepcional,
subsidiario y residual de la acción de tutela, con ocasión a la existencia de
mecanismos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses de
naturaleza fundamental.
El artículo 6 del decreto 2591 de 1991[10] y la jurisprudencia constitucional[11] han sido precisos en establecer que
la acción de amparo constitucional solo procede cuando el afectado no dispone
de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la jurisprudencia[12] ha identificado dos excepciones: (i)
cuando el amparo es promovido como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable o (ii) como mecanismo principal, para el caso en que,
existiendo otro medio de defensa judicial, este no es idóneo ni eficaz para la
defensa de los derechos fundamentales[13].
Con respecto a la primera excepción, para
que obre la configuración del perjuicio irremediable, es necesario que
concurran los siguientes elementos: (i) debe ser inminente, es decir,
que está por suceder; (ii) las medidas que se requieran para conjurarlo han de
ser urgentes; (iii) debe ser grave, esto es, susceptible de generar
un daño trascendente en el haber jurídico de una persona; y, (iv) exige una
respuesta impostergable para asegurar la debida protección de los
derechos comprometidos[14].
Por otro lado, en relación con la segunda
de las excepciones mencionadas, es decir la falta de idoneidad de los mecanismo
ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional ha
señalado que el medio no es idóneo, cuando, “por ejemplo, no permite resolver
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta,
por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la
Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad
a la realización de los derechos sobre las consideraciones de índole formal[15]. La aptitud del medio de defensa
ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, teniendo en cuenta, las
características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y
el derecho fundamental involucrado. Esto significa que un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera
eficaz el derecho fundamental invocado[16].
En relación con el reconocimiento del derecho a la pensión de
vejez, invalidez, sobrevivientes o la reliquidación de las mismas, la Corte
Constitucional ha manifestado que en principio la acción de tutela es
improcedente para obtener dichas prestaciones, en la medida en que necesitan el
lleno de unos requisitos definidos previamente en la ley[17].
Sin embargo, se ha aceptado de manera
excepcional la procedencia de la acción de amparo para obtener el
reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, “siempre
y cuando su desconocimiento comprometa el núcleo esencial de un derecho
fundamental”[18].
De esta manera, la Sentencia T-836 de 2006 expresó que:
El excepcional reconocimiento
del derecho pensional por vía de tutela se encuentra sometido, adicionalmente,
a una última condición de tipo probatorio, consistente en que en el
expediente esté acreditada la procedencia del derecho, a pesar de lo
cual la entidad encargada de responder no ha hecho el mencionado reconocimiento
o simplemente no ha ofrecido respuesta alguna a la solicitud. Ahora bien, en
aquellos casos en los cuales no se encuentre plenamente acreditado el
cumplimiento de los requisitos y los derechos fundamentales del solicitante se
encuentren amenazados por un perjuicio irremediable, el juez de tutela
podrá reconocer de manera transitoria el derecho pensional cuando
exista un considerable grado de certeza sobre la procedencia de la
solicitud.
El mencionado requisito
probatorio pretende garantizar dos objetivos: en primer lugar, busca asegurar
la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a pesar de encontrarse
en una grave situación originada en el no reconocimiento de su derecho
pensional, cuya procedencia está acreditada, no ha visto atendida su solicitud
de acuerdo a la normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que
apoya su petición. Y, en segundo lugar, este requisito traza un claro límite a
la actuación del juez de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación
excepcional en los precisos casos en los cuales esté demostrada la procedencia
del reconocimiento. (Negrillas y subrayas fuera de texto)[19]
De igual manera, la Corte Constitucional
ha concedido en forma definitiva la pensión de sobrevivientes en casos donde el
peticionario se encuentra en situación de vulnerabilidad o marginalidad. Por
ejemplo, en la Sentencia T-021 de 2010 se concedió la pensión de sobrevivientes
a una persona que padecía de VIH-SIDA, teniendo en cuenta que la enfermedad
“genera un detrimento
significativo en la salud de la actora. La circunstancia antedicha enmarca a la
accionante en el grupo sujetos considerados de especial protección
constitucional, para los cuales el Estado tiene el deber de protegerlos y de
sancionar cualquier abuso que se cometa en contra de ellos. Adicionalmente se
encuentra probado que la actora carece de otros medios para garantizarse su
propia subsistencia, pues la enfermedad que padece, le impide desarrollar
alguna actividad productiva y debido a esto la peticionaria no ha podido
sufragar los gastos que conlleva su enfermedad, ni satisfacer sus necesidades
básicas”.
Utilizando el mismo parámetro, en la sentencia T-197 de 2010 se
estudió el caso de una señora a quien le fue negada la pensión de
sobrevivientes de su esposo, argumentando que no cumplía con el requisito
establecido por la Ley 100 de 1993 de acreditar que convivió con el pensionado
hasta su muerte. La Corporación sostuvo que:
“(…) debe tenerse en cuenta que
la tutelante es una persona de la tercera edad, que está prácticamente sola en
la vida después de la muerte de su cónyuge, y que ha tenido que sobrellevar su
vida sin contar con la pensión que éste le dejara después de su muerte y sin
otros medios que le depararan la posibilidad de satisfacer autónomamente sus
necesidades básicas. A estas cargas, no sería justo sumarle una adicional, así
sea la de instar la justicia ordinaria. Hacerlo significaría someterla a un
período adicional de incertidumbre sobre los derechos que tiene, y a una
inversión de tiempo, esfuerzos y dinero que bien podrían evitarse pues en este
caso no hay dudas, determinantes y decisivas, de que a ella le asiste el
derecho a la pensión de sobrevivientes.”
Por otra parte, se ha afirmado
que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando es necesario evitar un
perjuicio irremediable derivado de la afectación del derecho fundamental al
mínimo vital[20].
En este caso, se debe comprobar que “(i) la prestación económica que
percibía el trabajador o pensionado fallecido constituye el sustento económico
de su grupo familiar dependiente; y (ii) los beneficiarios de la pensión
carecen, después de la muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para
garantizarse su subsistencia, por lo cual quedan expuestos a un perjuicio
irremediable derivado de la afectación a su derecho fundamental al mínimo
vital”[21].
En consecuencia, la procedencia
excepcional de la acción de tutela como mecanismo definitivo o transitorio,
según el caso, exige que la autoridad judicial realice un análisis de la
situación del actor, para establecer si existe una violación o amenaza al
derecho fundamental invocado, como consecuencia de la ausencia de
reconocimiento y pago de la prestación referida, y su protección no admite
dilación alguna, y su idónea protección solo puede darse a través del amparo
constitucional.
4.       El derecho a la seguridad social,
concepto, naturaleza y protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia[22]
Del contenido normativo del artículo 48 de la Constitución de 1991
se desprende una doble connotación de la seguridad social como bien jurídico.
Por un lado, es considerado un servicio público obligatorio, prestado bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, sujeto a los principios de
eficacia, universalidad y solidaridad. Por otro lado, es un derecho
irrenunciable, que debe ser garantizado a todos los habitantes del territorio
nacional, como parte de la función del Estado Social de Derecho, que cuenta con
la obligación de garantizar la eficacia de los principios y derechos
consagrados en la Carta Política.
En el ámbito internacional, la seguridad social encuentra
igualmente protección, toda vez que instrumentos como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos[23],
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[24],
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[25] y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”[26] han
reconocido dicho derecho, lo cual es muestra de la lucha de los Estados por asumir
el mismo como parte constitutiva de la dignidad humana, y de su propia
legitimidad.
La Corte Constitucional en su
jurisprudencia inicial sostenía que el derecho a la seguridad social solo podía
ser considerado como fundamental en tres casos: “(i) por la transmutación
del derecho, (ii) por su conexidad con otro derecho fundamental (teoría de la
conexidad) y (iii) cuando su titular fuese un sujeto de especial protección
constitucional”[27].
Sin embargo, en sentencia T-016 de 2007, la Corte reconoció el
carácter fundamental que reviste el derecho a la seguridad social, con
fundamento en la Carta Política y en los instrumentos internacionales. De esta
manera argumentó que no resulta razonable separar los derechos económicos,
sociales y culturales de los fundamentales como sucedía en un principio,
señalando que:
“Los derechos todos son fundamentales pues
se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes
quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente
protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas
con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales
no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria
(obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo
simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho, no todas
las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios
económicos y educativos indispensables que les permitan elegir con libertad
aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del
Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de
aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y
educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios
en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz
(obligaciones estatales de carácter positivo o de acción)”[28]
Finalmente, esta Corporación, en Sentencia T-200 de 2010 afirmó
que la importancia del derecho a la seguridad social radica en que “su
máxima realización posible es una condición ineludible de la posibilidad real
de goce del resto de libertades inscritas en el texto constitucional”,
constituyendo así un elemento esencial en la materialización del Estado Social
de Derecho[29].
En conclusión, el derecho a la seguridad
social es fundamental, y puede ser protegido mediante acción de tutela, siempre
y cuando se verifiquen los requisitos de procedibilidad de este mecanismo
procesal. De igual manera, este derecho es inalienable, irrenunciable e
imprescriptible[30].
5.
El derecho a la
pensión de sobrevivientes, sus beneficiarios y relación con la figura de
familias de crianza
En este acápite la Sala de revisión hará
un recuento del derecho a la pensión de sobrevivientes. Reglón seguido,
estudiará quienes son beneficiarios de ésta prestación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, como dentro del conjunto de
beneficiarios que pueden acceder a la pensión de sobrevivientes se encuentran
los hijos del causante, es necesario que la Corte se pronuncie sobre los
diferentes tipos de familia que existen en el ordenamiento jurídico colombiano,
para después precisar, con fundamento en los lineamientos jurisprudenciales y
constitucionales, quiénes tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes.
5.1.
La pensión de
sobrevivientes
La pensión de sobrevivientes hace parte del derecho a la seguridad
social y “tiene como propósito el de satisfacer la necesidad de subsistencia
económica que persiste para quien sustituye a la persona que disfrutaba de una
pensión o tenía derecho a su reconocimiento, una vez producido el fallecimiento
de ésta y mientras dure la condición que le impide proveerse de ingresos
propios, en razón a la desprotección que se genera por esa misma causa”[31].
La Corte Constitucional en su
jurisprudencia[32]
ha reconocido que la pensión de sobrevivientes adquiere la condición de derecho
fundamental toda vez que es un presupuesto para la efectiva materialización de
los demás derechos fundamentales, específicamente el derecho a la vida, a la
seguridad social, a la salud, al trabajo y a la educación[33]. Lo anterior dado que el fin de esta
prestación es proveer el soporte material necesario para la satisfacción del
mínimo vital de los beneficiarios[34].
En nuestra legislación, son los artículos 46 a 49 de la Ley 100 de
1993[35],
modificados por la Ley 797 de 2003, los que dan cuenta del primer fundamento
legal de la pensión de sobrevivientes. El artículo 46 de la citada normativa
prevé que los miembros del grupo familiar del pensionado que fallezca tienen
derecho a la pensión de sobrevivientes siempre y cuando el afiliado, al momento
de la muerte, se encontrara cotizando y hubiere cotizado al menos veintiséis
(26) semanas al momento de la muerte, o que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiese aportado durante veintiséis (26) semanas como mínimo durante
el año inmediatamente anterior al momento de la muerte[36].
Ahora bien, son beneficiarios de dicha prestación el cónyuge o
compañero (a) permanente supérstite, también los hijos menores de dieciocho
(18) años y hasta los (25), si se encuentran estudiando y dependían
económicamente del causante, los hijos en condición de discapacidad de manera
vitalicia, mientras ésta permanezca. Finalmente, a falta de los dos anteriores,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente del
causante y, a falta de padres, los hermanos inválidos[37].
Dicho lo anterior, es importante precisar
que, en esta oportunidad, la Sala de Revisión centrará su estudio en analizar
la calidad de hijo para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, para
lo cual deberá hacer referencia a los diferentes tipos de familia, a los hijos
de crianza y como se realiza la verificación del vínculo filial.
Adicionalmente, analizará la condición de invalidez como requisito para acceder
a la prestación. Esto,  por ser estos los supuestos de hecho del litigio que se
analiza en la presente providencia.
5.2.
De la condición
de hijo para acceder a la pensión de la sobrevivientes
Con el fin de dar solución a los problemas jurídicos planteados en
esta providencia, encuentra necesario la Sala de Revisión pronunciarse sobre
los diferentes tipos de familia que existen en el ordenamiento jurídico
colombiano, con el fin de establecer quienes tienen derecho a la pensión de
sobrevivientes.
5.2.1. Las diferentes clases de familia que existen en el
ordenamiento jurídico colombiano[38]
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 42
que la familia puede conformarse por matrimonio o por la voluntad responsable
de conformarla. Renglón seguido, afirma la normativa citada, que “los hijos
habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”, “proyectando
de esta forma el principio de igualdad al núcleo familiar”[39].
En el mismo sentido, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, prevé el derecho de la familia a la
protección de la sociedad y el estado[40].
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[41] consagra que “Los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el
elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y
asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable
del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe
contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges”.
De esta manera, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, con fundamento en la normativa señalada en precedencia,
ha sido consistente en proteger la unidad e integridad del núcleo familiar que
surge por diferentes vínculos, sean estos: naturales, jurídicos, de hecho o
crianza, afirmando que se entiende por familia: “aquella comunidad de
personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su
existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la
unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más
próximos”[42]
En la Sentencia T-278 de 1994[43], la Corte advirtió que con el fin de
proteger a la familia, “la Carta Fundamental de 1991 ha elevado a canon
constitucional su unidad como principio esencial. Esta consagración trasciende
luego en el derecho prevalente de los niños a tener una familia y no ser
separados de ella, ya que constituye el ambiente natural para su desarrollo
armónico y el pleno ejercicio de sus derechos”.
Posteriormente, en Sentencia T-199 de
1996, la Sala Novena de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta por
una ciudadana contra su compañero permanente. En dicha providencia la corte
expresó que la familia “merece los principales esfuerzos del Estado con el
fin de garantizar su protección integral y el respeto a su dignidad, honra e
intimidad intrínsecas”.
En el año 2009, en la Sentencia T-887 la
Sala Quinta de Revisión estudió una solicitud de amparo contra el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, en la que dicha entidad adelantó un
proceso administrativo que culminó con la decisión de declarar al hijo de la
peticionaria en situación de abandono. En esa oportunidad este Tribunal
Constitucional afirmó:
“La jurisprudencia constitucional se ha
referido en varias ocasiones a la importancia del vínculo familiar y ha hecho
énfasis en que desconocer la protección de la familia significa de modo
simultáneo amenazar seriamente los derechos constitucionales fundamentales de
la niñez.” Y recordó que “enfatiza la jurisprudencia constitucional que los
padres o miembros de familia que ocupen ese lugar –abuelos, parientes, padres
de crianza– son titulares de obligaciones muy importantes en relación con el mantenimiento
de los lazos familiares y deben velar, en especial, porque sus hijos e hijas
gocen de un ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos y puedan
contar con los cuidados y atenciones que su desarrollo integral exige.”[44]
Años después, la Corte Constitucional en Sentencia
C-577 de 2011 se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 113 del Código
Civil indicando:
“La doctrina ha puesto de relieve que “la
idea de la heterogeneidad de los modelos familiares permite pasar de una
percepción estática a una percepción dinámica y longitudinal de la familia,
donde el individuo, a lo largo de su vida, puede integrar distintas
configuraciones con funcionamientos propios. …El “carácter maleable de la
familia” se corresponde con un Estado multicultural y pluriétnico que justifica
el derecho de las personas a establecer una familia “de acuerdo a sus propias
opciones de vida, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales”, pues,
en razón de la variedad, “la familia puede tomar diversas formas según los
grupos culturalmente diferenciados”, por lo que “no es constitucionalmente
admisible el reproche y mucho menos el rechazo de las opciones que libremente
configuren las personas para establecer una familia”.
Específicamente, en relación con la
situación de los hijos como integrantes del núcleo familiar, la jurisprudencia
de la Corte ha sido clara en señalar que de conformidad con la Constitución
Política no es posible hacer distinciones entre los diferentes tipos de hijos, por
el contrario, existe igualdad entre todos los integrantes de la familia, toda
vez que este es un principio absoluto que no admite ningún tipo de distinción,
diferenciación o discriminación.
En Sentencia T-586 de 1999, la Corte al
conceder la protección de los derechos a la unidad familiar y a la igualdad,
los cuales fueron vulnerados por una caja de compensación familiar que negó el
subsidio al hijastro de la accionante por no estar casada con el padre del
niño, la Sala Novena de revisión indicó:
“La jurisprudencia ha reconocido que, a la
luz de la axiología constitucional, son igualmente dignas de respeto y
protección las familias originadas en el matrimonio y las conformadas por fuera
de éste, y que esta igualdad proscribe toda forma de discriminación basada en
el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de
cualquier grado…Si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del
matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos
dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo
de discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia.
Por lo tanto, establecer que son “hijastros” los hijos que aporta uno de los
cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una
unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no
puede tolerar.”[45]
En el mismo sentido, la Corte en Sentencia T-1502 de 2000 al
referirse a la cobertura familiar en el sistema de seguridad social argumentó
que éste es un derecho que le asiste todos los miembros de la familia sin
distinción alguna, toda vez que es indiferente como se constituye la misma. Por
lo tanto:
“Basta entonces que el afiliado pruebe que
esos hijos aportados a la nueva familia por su compañera permanente hacen parte
de la familia, son menores, discapacitados o estudian, para que el amparo
familiar de la seguridad social les cobije”[46]
En Sentencia C-577 de 2011, la Corte puntualizó que “el derecho de los niños a tener una familia se puede materializar
en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la Carta Política”[47] , habida cuenta de que “el primer espacio al cual el infante tiene
derecho a pertenecer es su núcleo familiar, en el cual ha de encontrar las
condiciones personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de
educación moral y formación ciudadana sea llevado a cabo cabalmente”[48].
Finalmente,
en sentencia T-403 de 2011, este Tribunal Constitucional tuteló los derechos
fundamentales de las hijas de la compañera permanente de un miembro de la
fuerza pública, a quienes se les había negado unos beneficios de índole
educativos, bajo el argumento de que no tenían filiación con el compañero
permanente de su progenitora. La Corte precisó que todos los miembros de las
distintas formas de familia son iguales ante el ordenamiento superior, por lo
cual está proscrita toda clase de discriminación entre ellos.
De
lo anterior, esta Sala de revisión concluye: (i) que en una sociedad plural no es aceptable un concepto
único y excluyente de familia, identificando a esta exclusivamente con aquella
surgida del vínculo matrimonial o sanguíneo[49]
y (ii) que la protección constitucional a la familia no se solo se predica a
favor de las familias conformadas en virtud de vínculos jurídicos o de
consanguineidad, sino también a las que surgen de hecho o a las denominadas
familias de crianza[50],
“donde conceptos como la convivencia, el afecto, la protección, el auxilio y
respeto consolidan el núcleo familiar por lo que el ordenamiento jurídico debe
reconocer y proteger a los integrantes de tales familias”[51]
5.1.2. Los hijos de crianza como
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
En materia de seguridad social no existe
precedente que reconozca a los hijos de crianza como beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes. Sin embargo, la Corte Constitucional en reiteradas
ocasiones ha protegido a las familias que surgen por vínculos diferentes a los
naturales y jurídicos.
Esta protección constitucional de la
familia también se proyecta a aquellas conformadas por madres, padres e hijos
de crianza; es decir, a las que no surgen por lazos de consanguineidad o
vínculos jurídicos, sino por relaciones de afecto, respecto, solidaridad,
comprensión y protección[52]. Lo anterior, puesto que el concepto de familia se debe entender
en sentido amplio, e incluye a aquellas conformadas por vínculos biológicos, o
las denominadas “de crianza”, las cuales se sustentan en lazos de afecto y dependencia,
y cuya perturbación afecta el interés superior de los niños[53].
La Corte ha señalado en su jurisprudencia,
que se vulnera la unidad familiar y el desarrollo integral y armónico de los
menores de edad cuando se desconocen las relaciones que surgen entre padres e
hijos de crianza, dado que la Constitución Política proscribe toda clase de
discriminación derivada de la clase de vínculo que da origen a la familia, como
proyección del principio de igualdad dentro del núcleo familiar.[54]
Empero, el concepto de familia de crianza no ha sido desarrollado
a fondo, por lo que la Sala de Revisión considera necesario profundizar en
dicha figura, toda vez que la misma tiene un contenido vago e indeterminado.
Para esto, la Sala expondrá la jurisprudencia existente sobre el particular,
dividiéndola en dos líneas o ejes temáticos que se evidencian en el precedente,
esto es: (i) reconocimiento y protección del vínculo que se forma entre las personas
que componen la familia de crianza como criterio para determinar la permanencia
de los menores de edad en hogares sustitutos y, (ii) la protección del vínculo
que se genera, y como consecuencia, el reconocimiento de prestaciones y/o
indemnizaciones.
En materia de reconocimiento y protección de los vínculos que
surgen entre las personas que componen las familias de crianza, en Sentencias
T-587 de 1998, T-893 de 2000 y T-497 de 2005, la Corte Constitucional estudio
casos en los cuales examinó la permanencia de menores de edad en hogares
sustitutos. En esas oportunidades concluyó que se vulnera la unidad familiar,
el desarrollo integral y armónico de los menores de edad, cuando se desconocen
las relaciones de afecto, respeto, solidaridad y protección que surgen entre
padres e hijos de crianza. Adicionalmente, la Corte señaló que en aquellos
casos en los que se han consolidado lazos de apego entre un niño y su familia
de hecho se considera que para todos los efectos legales, la familia de crianza
del menor es el grupo familiar digno de protección constitucional.
En el mismo sentido, la Corte en Sentencia
T-292 de 2004 revisó un caso en el cual una menor fue entregada voluntariamente
por sus padres biológicos a los accionantes, quienes educaron y cuidaron a la
menor como su hija, brindándole todo el apoyo y cariño necesario.
Posteriormente, la madre biológica de la menor inició actuaciones
administrativas tendientes a recuperarla, con la consecuencia de que la
Defensora de Familia del ICBF de Buga emitió un Auto en el cual ordenó que la
menor fuese ubicada en un hogar sustituto, diferente al de sus progenitores
biológicos. En esa oportunidad, éste Tribunal Constitucional concluyó que:
“El derecho de los niños a tener una
familia y no ser separados de ella tiene una especial importancia para los
menores de edad, puesto que por medio de su ejercicio se materializan numerosos
derechos constitucionales diferentes, que por lo tanto dependen de él para su efectividad:
es a través de la familia que los niños pueden tener acceso al cuidado, el
amor, la educación y las condiciones materiales mínimas para desarrollarse en
forma apta….Cuando un niño ha desarrollado vínculos afectivos con sus
cuidadores de hecho, cuya ruptura o perturbación afectaría su interés superior,
es contrario a sus derechos fundamentales separarlo de su familia de crianza,
incluso si se hace con mirar a restituirlo a su familia biológica”[55]
De esta manera, se ha reconocido que la intervención del Estado en
las relaciones de las familias de hecho es excepcional y se circunscribe a los
casos en los que está de por medio la permanencia de los menores de edad en el
seno de una familia y cuando existan razones poderosas que justifiquen dicha
intervención, resaltando que:
“[L]a familia biológica está plenamente
amparada por la Carta Política. Sin embargo, lo anterior no implica que la
familia que se constituye al margen de los vínculos biológicos no sea también
objeto de protección constitucional (…)
(…) En reiterada jurisprudencia[56],
la Corte ha considerado que el derecho a tener una familia constituye una
condición para la realización de los restantes derechos fundamentales del niño.
Lo anterior, no sólo porque los lazos de afecto y solidaridad que suelen
constituir dicha institución favorecen el desarrollo integral de una persona,
sino porque la propia Constitución y la ley le imponen a la mencionada
institución la obligación imperiosa de asistir y proteger al menor a fin de
garantizarle el ejercicio pleno de sus derechos.”[57] (Subrayado fuera del texto original)
Por otro lado, en materia de reconocimiento de indemnizaciones y/o
prestaciones, en Sentencia T-495 de 1997 la Sala Cuarta de Revisión en una
primera aproximación al tema reconoció el derecho al pago de la indemnización
que se generó con ocasión de la muerte de un soldado, a sus padres de crianza,
teniendo como fundamento la relación familiar que existía, puesto que los
accionante acogieron al causante en su hogar, a la edad de ocho años y siempre
se encargaron de su crianza y educación. De esta manera, la Corte reconoció que
el trato, afecto y la asistencia mutua que se presentaban dentro del núcleo
familiar, eran completamente análogos a los predicados de cualquier tipo de familia
formalmente constituida; por lo que se generaban las mismas consecuencias
jurídicas de protección, toda vez que el artículo 228 de la Carta Política
establece que el derecho sustantivo prevalece sobre las formalidades[58]. Al respecto, expresó:
“Surgió así de esa relación, una familia
que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o
incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la
solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres
miembros, realidad material de la que dan fe
los testimonios de las personas que les conocieron.” (Subrayado fuera del
texto original)
Así mismo, mediante las providencias T-606 de 2013, T-070 y T-519
de 2015, las Salas Cuarta y Octava de Revisión ampararon los derechos a la
igualdad y a la protección integral de la familia de varios menores de edad, a
cuyos padres de crianza se les habían negado auxilios económicos contemplados
en las convenciones colectivas de las empresas donde laboraban, al aducir, las
entidades accionadas, que los hijos de crianza y aportados no se encontraban
cobijados por dicho instrumento.
De esta manera, las Salas de Revisión ordenaron que se
reconocieran a favor de ellos las prerrogativas que consagran las convenciones
colectivas de los lugares en donde sus padres de crianza trabajaban. Las
anteriores decisiones tuvieron como fundamento el reconocimiento de la
existencia de “núcleos y relaciones en donde las personas no están unidas
única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino por situaciones
de facto, caracterizadas y conformadas a partir de la convivencia y en virtud
de los lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia, y
en las cuales pueden identificarse como padres o abuelos de crianza a los
cuidadores que ejercen la autoridad parental (…)”[59] (Subrayado fuera del texto
original)
Así las cosas, es correcto señalar que de la presentación de la
jurisprudencia existente sobre el tema, se deducen las siguientes conclusiones:
(i)
La protección
constitucional de la familia se proyecta tanto a las conformadas por lazos
biológicos y legales, como a las que surgen por las relaciones de afecto,
respeto, solidaridad, comprensión y protección.
(ii)
En todos los casos
estudiados, se presenta un reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas),
por los denominados padres y madres de crianza, es decir, se reemplazan los
vínculos sanguíneos por relaciones materiales. Esto, dado que los jueces
reconocen una realidad, que en virtud de los preceptos constitucionales debe
ser protegida.
(iii)
El juez
constitucional, con el fin de proteger la institución de la familia, verificó
en cada caso concreto, que efectivamente existieran vínculos de afecto,
respeto, solidaridad, comprensión y protección. Adicionalmente, que por parte
de los integrantes de la familia, hubiera un reconocimiento de la relación
padre y/o madre, e hijo.
(iv)
De conformidad con el
principio de igualdad, se derivan las mismas consecuencias jurídicas para las
familias de crianza, como para las biológicas y las legales en cuanto acceso a
beneficios prestacionales.
Fijadas las reglas, la Sala considera necesario analizar qué
sucede en los casos en que no existe una sustitución completa de la figura
paterna o de los vínculos con los ascendientes, sino un acompañamiento
compartido entre el padre biológico y un miembro de la familia, quien asume las
responsabilidades económicas que en principio corresponden a los ascendientes
próximos de un menor, actuando no solo según el lazo y amor que surge con la
crianza, sino en virtud del principio de solidaridad.
Para esto, estima la Corte que en la presente providencia resulta
imperativo conjugar la figura de familia de crianza con el precepto
constitucional de la solidaridad.
El principio de solidaridad
La Constitución de 1991 establece en su artículo 1º que Colombia
es un Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista, fundado
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad. Al
respecto, la Sentencia C-459 de 2004 precisó que el principio de solidaridad se
despliega como un deber que pesa sobre el Estado y de todos los habitantes del
país. En este sentido, la Corte en Sentencia C-287 de 1997 señaló:
“El deber de solidaridad del
Estado ha de ser entendido como derivación de su carácter social y de la
adopción de la dignidad humana como principio fundante del mismo. En virtud de
tal deber, al Estado le corresponde garantizar unas condiciones mínimas de vida
digna a todas las personas, y para ello debe prestar asistencia y protección a
quienes se encuentren en circunstancias de inferioridad, bien de manera
indirecta, a través de la inversión en el gasto social, o bien de manera
directa, adoptando medidas en favor de aquellas personas que por razones
económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta. Es claro que el Estado no tiene el carácter de benefactor, del cual
dependan las personas, pues su función no se concreta en la caridad, sino en la
promoción de las capacidades de los individuos, con el objeto de que cada quien
pueda lograr, por sí mismo, la satisfacción de sus propias aspiraciones. Pero,
el deber de solidaridad no se limita al Estado: corresponde también a los
particulares, de quienes dicho deber es exigible en los términos de la ley, y
de manera excepcional, sin mediación legislativa, cuando su desconocimiento
comporta la violación de un derecho fundamental. Entre los particulares,
dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada
miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo razones de
equidad”[60] (negrilla fuera del texto
original)
Por otro lado, la Corte Constitucional ha
sostenido que la solidaridad es un valor que en cuanto fundamento de la
organización política presenta una triple dimensión: (i) pauta de
comportamiento conforme a la cual las personas deben obrar; (ii) criterio de
interpretación en el análisis de las acciones y omisiones de los particulares
que vulneren o amenacen derechos fundamentales; y (iii) límite a los derechos
propios[61].
Así, la solidaridad ha pasado de ser únicamente
un precepto ético, para convertirse en un valor, cuya función es hermenéutica,
y asegura la eficacia de los derechos fundamentales, toda vez que permite a los
jueces de tutela determinar la conformidad de las acciones u omisiones de los
particulares según un referente objetivo, con miras a la protección de los
derechos fundamentales[62].
Ahora bien, el numeral 2 del artículo 95 de la Carta
Política prevé que todas las personas residentes en Colombia deben obrar según
el principio de solidaridad social. Este mandato constitucional permea todas
las instituciones sociales, principalmente a la familia.
Así las cosas, la Sala referenciará algunas manifestaciones de ese
principio. Por ejemplo, en materia penal encontramos la prohibición jurídica de
obligar a las personas a declarar en contra del cónyuge, compañero o pariente
próximo, la cual tiene como fundamento la protección de los lazos de amor,
afecto y solidaridad que se desarrollan al interior de la familia[63]. La Corte Constitucional en
Sentencia C-029 de 2009 sostuvo que la garantía de no incriminación de los
parientes próximos atiende a la necesidad de amparar las relaciones de afecto y
solidaridad, evitando que las personas sean obligadas a declarar en contra de
quienes hacen parte de este núcleo de individuos con los que se ha consolidado
tal vínculo.
De igual manera, el Sistema General de Seguridad Social consagra
como uno de sus principios la solidaridad, exigiendo ayuda mutua entre las
personas afiliadas, sin importar el estricto orden generacional en el cual se
encuentren[64].
En Sentencia T-867 de 2008, la Sala Cuarta de Revisión estableció en materia de
salud que las primeras personas llamadas a satisfacer las necesidades de
atención que requieran los enfermos son los miembros de su familia,
considerando los lazos de afecto, soporte y ayuda mutua, y que dicha
institución constituye el soporte fundamental que contribuye a la recuperación
o estabilización de las personas.
En conclusión, el principio de solidaridad se despliega como un
deber en cabeza del Estado, y de todos los habitantes del país, obligando en
primera medida a los miembros de la familia. Igualmente, este principio tiene
como fundamento la dignidad humana y como fin la consecución de justicia. Así,
la solidaridad comporta tres facetas, esto es, como valor, que impone al juez
interpretar las normas conforme a este; como principio, el cual es
indispensable en la aplicación de las cláusulas constitucionales; y como deber,
el cual es exigible a todas las personas que residen en Colombia.
Las familias de crianza por asunción solidaria de la
paternidad. La figura del co-padre de crianza y la pensión de sobrevivientes
En los casos en que no existe un reemplazo de los vínculos con los
ascendientes de un menor, sino que una persona de la familia asume las
responsabilidades económicas actuando en virtud del principio de solidaridad, y
las relaciones materiales, en principio, no nos encontraríamos frente a la
figura de familia de crianza como se ha reconocido tradicionalmente en la
jurisprudencia.
No obstante, ello no impide que se protejan los derechos
fundamentales de un menor de edad, que adicionalmente se halla en situación de
discapacidad. Igualmente, encuentra la Sala que los jueces constitucionales no
pueden ser ajenos a la realidad social, y que en casos como el que es objeto de
estudio se generan vínculos de afecto, respecto, solidaridad y apoyo que se
traduce en supervivencia y guarda de la dignidad, que también reclaman
reconocimiento y protección. Entonces, se debe realizar una interpretación
conforme de la Constitución, de la expresión hijos, contenida en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, específicamente de acuerdo con el valor constitucional
de la solidaridad.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional reconoce que si
bien no existe una sustitución total de la figura paterna/materna, la persona
que asume como propias las obligaciones que corresponden a los padres de los
menores de edad actúa según el principio de solidaridad, convirtiéndose en un co-padre
de crianza por asunción solidaria de la paternidad del menor.
Esta figura lo que busca es reconocer y brindar protección a los
lazos formados dentro de la familia, y comprende a los hijos de crianza que
conviven y/o teniendo una relación estable con sus padres biológicos, otra
persona de la familia asume las obligaciones que corresponden a estos últimos,
en virtud del principio de solidaridad, y con quien el menor de edad genera estrechos
lazos de afecto, respecto, protección, asistencia y ayuda para superar las
carencias de sostenibilidad vital.
Así las cosas, se concluye que la protección constitucional de la
familia se proyecta de igual forma a la familia ampliada[65]. Igualmente, el juez constitucional,
con el fin de proteger la institución de la familia, debe verificar que en cada
caso existan efectivamente lazos de afecto, respeto, solidaridad, protección y
comprensión, así como la asunción de obligaciones, de manera consistente y
periódica, debidamente probada, que corresponden a los padres biológicos, por
otra persona de la familia, en virtud del principio de solidaridad. Finalmente,
se derivan las mismas consecuencias jurídicas para las familias conformadas por
un co-padre de crianza por asunción solidaria de la paternidad, como
para las biológicas y las legales, en lo referente a acceso a beneficios
prestacionales.
De esta manera, el reconocimiento y protección de esa relación
material que surge dentro de la familia, se extiende a todos los ámbitos del
derecho, por lo que es claro que los hijos de crianza por asunción solidaria de
la paternidad, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que
los naturales y adoptados, toda vez que la Ley 100 establece como beneficiarios
a los hijos del causante.
Este reconocimiento encuentra fundamento en el principio de
solidaridad, y en la igualdad, ya que todos los hijos son iguales ante la ley,
y gozan de los mismos derechos y merecen una protección similar.
Adicionalmente, la naturaleza y finalidad de la prestación misma
permite la creación de esta regla puesto que el objetivo de la pensión de
sobrevivientes es amparar a los beneficiarios de un afiliado al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones al momento de su fallecimiento. Para así obtener
una suma económica que les facilite suplir el auxilio material con que les
protegía antes de su muerte[66].
En conclusión, resulta diáfano que en Colombia, como consecuencia
de la evolución de las relaciones humanas, y de la aplicación del principio de
solidaridad,  existen diferentes tipos de familia. Entonces, el derecho debe
ajustarse a las realidades sociales, de manera tal que reconozca y brinde la
protección necesaria a las relaciones familiares, donde las personas no están
unidas única y exclusivamente por vínculos jurídicos o naturales, sino en
virtud de los lazos de afecto, solidaridad, respeto, protección y asistencia.
De esta manera, la expresión “hijos”, contenida en el
literal b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 debe entenderse en sentido
amplio; es decir, incluye como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
los hijos naturales, adoptivos, de simple crianza y de crianza, por asunción
solidaria de la paternidad.
6.
Análisis del
caso concreto
El ciudadano Miguel Antonio Camargo Peña
instauró acción de tutela en representación de su hijo menor de edad Yocimar
Stiben Camargo Talero contra el Fondo de Pensiones Económicas, Cesantías y
Pensiones –FONCEP-, con el fin de que fueran tutelados sus derechos a la
seguridad social, mínimo vital, dignidad humana y protección de la familia y,
en consecuencia, se ordenara a la entidad accionada el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes a favor del niño Yocimar Stiben Camargo Talero.
6.1.
Procedibilidad
de la acción de tutela en el caso concreto
Procede la Sala a verificar en el caso
bajo revisión el cumplimiento de las reglas planteadas en la parte motiva de
esta providencia, sobre procedibilidad de la acción de tutela para ordenar el
reconocimiento de pensiones.
En primer lugar, la Sala considera que con
base en las circunstancias fácticas del caso, es decir, al tratarse de un menor
de edad en situación de discapacidad, la falta de reconocimiento y pago de la
prestación solicitada genera un alto grado de afectación de los derechos
fundamentales de Yocimar Stiben Camargo Talero, como quiera que es un sujeto de
especial protección constitucional[67].
De igual manera, esta Corte concluye que
se acreditan las razones por las cuales el medio judicial ordinario es inidóneo
para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente
afectados, en especial, por cuanto Yocimar Stiben Camargo es sujeto de especial
protección dado que es un menor de edad[68]
y adicionalmente, sufre de una discapacidad[69].
Igualmente, el padre del niño aduce que era el señor Luis María Camargo, quien
falleció en el año dos mil doce (2012)[70],
la persona que sufragaba los gastos médicos y necesidades personales del
infante. Por estas razones se hace desproporcionado exigirle que se agote la
vía judicial ordinaria con el fin de obtener la prestación solicitada.
En este sentido, se supera el requisito de
subsidiariedad porque la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo
para reclamar la pensión de sobrevivientes, prestación que hace parte del
derecho fundamental a la seguridad social.
Por consiguiente, en el asunto bajo
estudio resulta procedente la acción de tutela para solicitar la protección
inmediata de los derechos constitucionales del menor de edad Yocimar Stiben
Camargo Talero.
A continuación procede la Sala a verificar
si existió vulneración por parte de la entidad accionada de los derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, dignidad humana y protección
a la familia de Yocimar Stiben Camargo Talero.
6.2.
Estudio de
fondo sobre la vulneración del derecho fundamental
La Sala advierte que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del menor de edad Yocimar Stiben
Camargo Talero, surge como consecuencia de la ausencia de reconocimiento y pago
por parte del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP-
de la pensión de sobreviviente en calidad de hijo de crianza del causante,
señor Luis María Camargo.
Con el fin de determinar si hubo o no
vulneración de derechos fundamentales, le corresponde a la Sala de Revisión establecer
si el menor de edad Yocimar Stiben Camargo era hijo de crianza del causante.
Para esto el Despacho del Magistrado Sustanciador solicitó las siguientes
pruebas:
1.
Visita Social
domiciliaria al señor Miguel Antonio Camargo Peña y a su hijo Yocimar Stiben
Camargo talero.
2.
Información del
Colegio “República Bolivariana de Venezuela” Institución Educativa Distrital,
Sede B, sobre lo siguiente: (i) quién llevaba al Colegio al menor Yocimar Stiben Camargo
Talero, (ii) que persona figura en los registros como su padre y/o acudiente,
y, (iii) quién recibía las notas de sus evaluaciones.
3.
Información del
ciudadano Miguel Antonio Camargo Peña sobre lo siguiente: (i) si él y el menor de edad
Yocimar Stiben Camargo Talero se encuentran afiliados al sistema de seguridad
social en salud, (ii) en que calidad se encuentran afiliados y a qué régimen,
(iii) quién realizó los respectivos trámites, (iv) que persona llevaba al menor
de edad Yocimar Stiben Camargo Talero al colegio y a sus citas médicas, antes
del veintinueve (29) de diciembre de dos mil doce (2012) y, (v) lo que
adicionalmente considerara pertinente.
En ese orden de ideas, como producto de los Autos que ordenaron
las pruebas[71],
fueron allegados los documentos que se enunciaran a continuación:
1.
Informe firmado por la
Coordinadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Suba- Regional
Bogotá, Centro, donde refiere que (i) el menor de edad reconoce al señor Luis
María Camargo como su abuelo, (ii) que convive con su madre, la señora Nubia
Aid Talero, su padrastro y hermanos en una casa localizada en Usme, (iii) que
el señor Miguel Antonio Camargo recoge al menor cada quince (15) días, el
viernes y lo retorna a su hogar el domingo, (iv) que el señor Miguel Antonio
Camargo es quien asiste a todas las reuniones del colegio de Yocimar Camargo,
puesto que la madre debe atender a sus otros hijos, (v) que el grupo familiar
del señor Luis Camargo, antes de su fallecimiento, estaba compuesto por María
Dolores Camargo, Rita Camargo y Miguel Antonio Camargo y, (iv) que el señor
Luis María Camargo asumió las obligaciones económicas de Miguel Antonio Camargo
debido a su desempleo, supliendo así, las necesidades básicas del menor de
edad.
2.
Escrito de Hugo
Edilberto Florido Mosquera, en su calidad de Rector del Colegio “República
Bolivariana de Venezuela” comunicando al Despacho del Magistrado Sustanciador
que, en la hoja de vida del alumno Yocimar Stiben Camargo Talero se encuentran
registrados como acudientes la señora Nubia Aid Talero Roa y el señor Miguel
Antonio Camargo, quien siempre acompaña al menor de edad al colegio.
3.
Escrito de Miguel
Antonio Camargo, donde señala que su hijo Yocimar Stiben Camargo Talero se
encuentra afiliado al SISBEN Nivel I en el régimen subsidiado, porque él no
tiene la capacidad económica para afiliarlo a una EPS. Adicionalmente, afirmó
que él es quien lleva al menor de edad al colegio y a sus citas médicas puesto
que el señor Luis María Camargo, era una persona de mucha edad quien sufría de
esquizofrenia y otros problemas mentales.
Así las cosas, encuentra la Sala de Revisión que, en el caso sub
examine no existe una sustitución total de la figura paterna/materna del menor
Yocimar Stiben Camargo Talero, puesto que tanto su madre biológica Nubia Aid
Talero como su padre biológico Miguel Antonio Camargo mantienen relación natural
y social con el niño, si es posible determinar, de conformidad con las pruebas
recogidas en sede de revisión, y de las aportadas al expediente por el
accionante, que el señor Luis María Camargo, en vida, fungía como co-padre
de crianza de Yocimar Stiben Camargo, por asunción solidaria de la paternidad,
por las siguientes razones:
1.
De acuerdo con el
informe de la visita social domiciliaria practicada por la Trabajadora Social
del Centro Zonal Suba, Yocimar Camargo Talero, convive con su madre, la señora
Nubia Aid Talero, su padrastro y sus hermanos; sin embargo, pasaba los fines de
semana en compañía de su padre biológico, señor Miguel Antonio Camargo y su
abuelo, Luis María Camargo.
2.
Del informe de la
visita social domiciliaria practicada por la Trabajadora Social del Centro
Zonal Suba, se concluye que entre el menor de edad Yocimar Stiben Camargo y el
señor Luis María Camargo existían lazos de afecto, respeto, solidaridad,
protección y comprensión.
3.
De los testimonios
aportados como prueba por el accionante, se infiere que el señor Luis María
Camargo era la persona que asumía las responsabilidades económicas que le
corresponden al padre del menor de edad, actuando bajo el principio de
solidaridad. Asimismo, el informe del ICBF es claro al señalar que el padre
biológico de Yocimar recibía ayuda del señor Luis María Camargo, para poder
cumplir con sus obligaciones alimentarias legales.
4.
Igualmente, del
informe presentado por el ICBF, se constata que en el caso concreto no existe
un reemplazo total de los vínculos que el menor Yocimar tiene con sus padres
biológicos. Por ejemplo, el señor Miguel Antonio Camargo es quien lleva al
colegio y a sus citas médicas a Yocimar Stiben Camargo Talero. Adicionalmente,
en la hoja de vida que reposa en los archivos del colegio “República
Bolivariana de Venezuela” se encuentran registrados como acudientes del menor,
el señor Miguel Antonio Camargo y la señora Nubia Aid Talero.
De conformidad con lo anterior, se concluye que si bien los padres
biológicos del menor Yocimar Camargo Talero, mantienen su vínculo con él, la
Corte Constitucional no puede ser ajena a las realidades sociales que se
presentan al interior de las familias, y como consecuencia, debe reconocer y
proteger el lazo que surgió entre Yocimar y su co-padre de crianza por
asunción solidaria de la paternidad, el señor Luis María Camargo, quien de
manera consistente y periódica, mientras vivió, asumió las obligaciones que le
corresponden a Miguel Antonio Camargo, en virtud del principio de solidaridad,
y con quien el niño desarrolló vínculos de afecto, respeto, solidaridad,
protección y comprensión.
Dicho esto, corresponde entonces a la Sala de Revisión verificar
si el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP- vulneró
los derechos fundamentales del menor Yocimar Stiben Camargo Talero al no reconocer
y pagar la pensión de sobrevivientes, cuyo causante es co-padre de crianza
por asunción solidaria de la paternidad, señor Luis María Camargo.
Encuentra la Sala que la Ley 100 de 1993 establece que los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son los cónyuges o compañeros
permanentes, hijos, padres o hermanos del causante. Hijos que, de conformidad
con lo explicado en las consideraciones de esta providencia, comprende las
categorías de biológicos, adoptivos y de crianza simple, o por asunción solidaria
de la paternidad.
Al ser el causante, el co-padre de crianza por asunción solidaria
de la paternidad del menor de edad Yocimar Stiben Camargo, éste último tiene
derecho a que le sea reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes puesto
que se encuentra cobijado por las categorías de beneficiarios que establece la
Ley 100 de 1993[72]
y que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional[73]. En conclusión, la entidad accionada
vulneró los derechos fundamentales del menor, al ser este hijo de co-crianza
del causante.
7.
Síntesis
En el presente caso, correspondió a la Sala de Revisión determinar
si se vulneran los derechos fundamentales de un menor de edad en situación de
discapacidad, con ocasión de la negativa del Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones –FONCEP- de reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes solicitada por su padre biológico el señor Miguel Antonio
Camargo, quien aduce que el menor de edad era hijo de crianza del causante, el
señor Luis María Camargo.
La Corte concluyó que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece
como beneficiarios del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a
los hijos del causante hasta los dieciocho (18) años de edad y hasta los
veinticinco (25) si se encuentran estudiando. Para la Sala de revisión es claro
que éste artículo debe interpretarse a la luz del principio de solidaridad,
desarrollado en la jurisprudencia constitucional[74] que ha sido clara en reiterar que la
protección a la familia se extiende tanto a las familias conformadas en virtud
de vínculos jurídicos o de consanguinidad, como aquellas que surgen de facto,
atendiendo a razones en donde los lazos de afecto, protección, auxilio y
respeto son criterios que deben verificarse en la conformación del núcleo
familiar.
Asimismo, esta protección se debe extender a las familias
ampliadas, es decir, aquellas familias de crianza por asunción solidaria de la
paternidad, casos en los cuales si bien no existe un reemplazo de los vínculos
con los ascendientes de un menor, una persona de la familia, en virtud de los
lazos de afecto, respeto, solidaridad, protección y comprensión, asume las
responsabilidades económicas actuando en concordancia con el principio de
solidaridad.
Todo lo anterior va sistemáticamente acorde con lo previsto en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el pacto Internacional de
Derecho Económicos, Sociales y Culturales[75]
y la Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989, que prevé específicamente
la obligación por parte de los Estados Parte, de proteger la familia
ampliada.
En consecuencia, los hijos de crianza por asunción solidaria de la
paternidad son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, al igual que lo
son los hijos biológicos y adoptivos y de crianza simple, toda vez que el
derecho debe ajustarse a las realidades jurídicas, reconociendo y brindando
protección a aquellas relaciones en donde las personas no se encuentran unidas
únicamente por vínculos jurídicos o naturales.
En el caso objeto de estudio, después de valorar las pruebas, la
Corte ha establecido que el menor de edad Yocimar Stiben Camargo Talero  era
hijo de crianza por asunción solidaria de la paternidad, del causante, señor
Luis María Camargo.
Por las razones esbozadas en precedencia, la Sala revocará los
fallos proferidos en el trámite de la acción de tutela por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, que confirmó la decisión del
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en
esta providencia. En consecuencia concederá el amparo solicitado, y ordenará al
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP- reconocer y pagar
la pensión de sobrevivientes en favor del menor de edad Yocimar Stiben Camargo
Talero, como hijo de co-crianza del causante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR las sentencias proferidas el veinticinco
(25) de junio de dos mil quince (2015) por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Bogotá, en primera instancia, y el veintidós (22) de julio de dos mil quince
(2015) por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en segunda instancia, que negaron el amparo promovido por Miguel
Antonio Camargo en representación de su menor hijo Yocimar Stiben Camargo
Talero. En consecuencia CONCEDER el amparo deprecado por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones –FONCEP- el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes al menor de edad Yocimar Stiben Camargo Talero, en un término no
mayor a cuarenta y ocho (48) horas después de notificada esta providencia.
TERCERO: LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA
SENTENCIA T-074/16
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES A HIJO DE CRIANZA EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Procedencia por concurrir factores como situación de salud, familiar y
económica del niño, y de quienes quedaron a cargo de sus bienes fundamentales
tras la muerte del abuelo (Aclaración de voto)
Referencia: expediente T-5.085.945
Acción de
tutela instaurada por Miguel Antonio Camargo Peña en representación de su menor
hijo Yocimar Stiben Camargo Talero en contra del Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones –FONCEP-
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con
el debido respeto por las decisiones de la Corte aclaro el voto.
1.
Comparto el sentido del fallo y, en buena medida, sus consideraciones. No
obstante, en mi concepto, la Sala ha debido precisar mejor las características
que juzgó relevantes en el caso, con el fin de contribuir a delimitar con mayor
claridad los alcances de esta decisión. Como señalaba Arthur Goodhart, la ratio
decidendi de una providencia judicial ha de ser definida por los jueces
posteriores, a quienes les corresponda interpretarla en casos futuros, pero sin
desconocer los hechos que quien expidió el fallo consideró relevantes,
significativos o determinantes.[76]
El juez que interpreta la sentencia antecedente debe valorar desde luego otros
elementos, pero entre todos los que le corresponde considerar ocupan un lugar
importante los aspectos fácticos del fallo que fueron relevantes para quien
tomó la decisión. En vista de lo cual, en nuestras manos quedaba la potestad de
hacer explícitos los elementos que nos condujeron a conceder la tutela, con el
fin de hacer que la interpretación de este fallo sea una tarea más segura y
predecible, que es en parte lo que busca garantizar un sistema de precedentes.
A continuación dejo entonces fijados los hechos que, a mi juicio, fueron
determinantes en este asunto para conceder la tutela a favor del niño Yocimar Stiben Camargo Talero.
2. Este no era sencillamente un
asunto en el cual un niño pretende beneficiarse de la pensión de sobrevivientes
de su abuelo. Yocimar Stiben Camargo Talero tiene 14 años de edad, y se encuentra
clasificado dentro del SISBEN Nivel I. Fue diagnosticado con “autismo,
esquizofrenia y retraso mental”. Sus padres no viven juntos, y aunque
Yocimar convive con su madre, su padrastro y otros hermanos, el señor Miguel
Antonio Camargo Peña debe correr con los gastos necesarios para proveerle los
restantes bienes básicos a su hijo (alimentación, vestido, aseo, educación,
salud). No obstante, el señor Camargo Peña sufrió una pérdida relevante de
capacidad laboral, a causa de la “amputación traumática del segundo y tercer
metacarpianos con los respectivos dedos y lesión de primer dedo, el cual quedó
anquilosado”, y obran constancias en este proceso de que ha experimentado
obstáculos para acceder a ofertas de empleo, a causa precisamente de su discapacidad.[77] Al
momento de resolver este caso, el niño Yocimar Stiben se encontraba entonces en
una notoria situación de desprotección, originada en sus condiciones de salud,
en su situación familiar, en la falta de trabajo y de ingresos del señor
Camargo Peña, y en las barreras objetivas que ha experimentado este último para
acceder al mercado laboral.
3.
A lo cual se suma que, en vida, su abuelo hoy fallecido, el señor Luis María
Camargo, asumió solidariamente un rol fundamental -de padre de crianza- en el
desarrollo de Yocimar. La solidaridad supone asumir como propias cargas o
causas que en principio son de otros. Luis María Camargo se hizo cargo de la
causa, que en principio era de Miguel Antonio Camargo, de prestar apoyo a
Yocimar Stiben durante su infancia, lo cual suponía soportar los gastos
derivados de la satisfacción de sus necesidades básicas. En este contexto, la
solicitud pensional a nombre de Yocimar Stiben no podía resolverse
exclusivamente con fundamento en el grado de consanguinidad que tenía con su
abuelo, hoy fallecido, el señor Luis María Camargo. Pero tampoco era
irrelevante la situación de salud, familiar y económica del niño, y de quienes
quedaron a cargo de sus bienes fundamentales tras la muerte del señor Luis
María Camargo. Fueron todos estos factores en conjunto, y no solo algunos de
ellos individualmente y por separado, los que en mi concepto determinaron el
sentido de la decisión. Por lo cual, hacia futuro, deberá examinarse caso a
caso si la concurrencia de solo algunos de estos hechos, pero no de todos,
justifica considerar este fallo como precedente controlante de la decisión.
Fecha
ut supra
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A
LA SENTENCIA T-074/16
PENSION DE SOBREVIVIENTES
FRENTE A LAS FAMILIAS DE CRIANZA-Evolución legislativa y jurisprudencial
(Aclaración de voto)
FAMILIA DE CRIANZA-Protección que la
Constitución garantiza a la familia y, en especial, a sus miembros más frágiles
(Aclaración de voto)
Referencia. T-5.085.945
Acción de tutela instaurada por Miguel Antonio Camargo
Peña en representación de su menor hijo Yocimar Stiben Camargo Talero contra el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -Foncep-.
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala, me permito aclarar el
voto en la providencia de la referencia.
El
trámite de revisión y la sentencia T-074 de 2016
1.
En el presente asunto, el señor Miguel Antonio Camargo Peña manifestó que
padece una discapacidad en su mano izquierda, que junto con su edad (51 años),
le ha impedido alcanzar un empleo estable que le permita asegurar los medios de
vida necesarios para la digna subsistencia propia y de su hijo Yocimar Stiben,
de 14 años de edad y con diagnóstico de autismo, esquizofrenia y retraso
mental.
2.
El señor Miguel Antonio sostiene que el niño fue criado con el auxilio de Luis
María Camargo, abuelo paterno, desde el año 2006 hasta el 29 de diciembre de
2012, fecha en que este último falleció. Con su deceso, Yocimar perdió a la
única persona que estaba en capacidad de garantizar su manutención digna, pues
su abuelo destinaba parte de la pensión para sufragar su alimentación, gastos
médicos y demás necesidades. Ese apoyo y cercanía, en opinión del solicitante,
transformó a Luis María en padre de crianza de Yocimar.
3.
Con esa perspectiva, el actor le pidió al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones (en adelante Foncep) el reconocimiento de una pensión de
sobreviviente para el menor, alegando la calidad de hijo de crianza frente a
don Luis María. El Distrito, en decisión del 14 de mayo de 2015, negó la
pretensión por estimar que la legislación colombiana no prevé que esa categoría
de hijos pueda ser beneficiaria de la prestación familiar.
4.
Debido a la actuación de la administración, el señor Miguel Antonio, en
representación de su hijo, interpuso acción de tutela contra el Foncep por
considerar que esta lesionó los derechos fundamentales a la seguridad social,
mínimo vital y a tener una familia de Yocimar, al negarle la petición pensional
con argumentos contrarios al orden constitucional.
5.
En primera instancia, la autoridad judicial negó la protección constitucional
por estimar que la muerte del abuelo paterno no dejaba en condición de
desamparo al menor, pues su padre biológico tenía la obligación de procurar su
bienestar, cuidado, alimentación y educación. El juez de segunda instancia
entendió, por su parte, que el asunto debía ser resuelto en la jurisdicción
contenciosa administrativa y evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
6.
En auto del 27 de agosto de 2015[78], la Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de la
Corte Constitucional excluyó de selección el expediente T-5.085.945. Empero, el
magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez[79] insistió ante la Sala de Selección de Tutelas Número
Diez, que a la postre aceptó la escogencia del caso en providencia del 15 de
octubre de 2015[80] y lo repartió por sorteo al despacho del magistrado
Alberto Rojas Ríos.
7.
En sentencia T-074 de 2016 la Sala Octava de Revisión revocó los fallos de
instancia y, en su lugar, concedió la tutela de los derechos invocados en la
demanda. La providencia destacó que en el marco constitucional vigente los
hijos naturales, adoptivos y de crianza tienen los mismos derechos y
prerrogativas y, por ello, una ley que excluya a estos últimos del orden de beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes debe interpretarse conforme a la Constitución
para incluirlos dentro de su ámbito de aplicación.
8.
En el caso concreto, la sentencia determinó que “no existe una sustitución
total de la figura paterna/materna del menor Yocimar Stiben Camargo Talero,
puesto que tanto su madre biológica Nubia Aid Talero como su padre biológico
Miguel Antonio Camargo mantienen relación natural y social con el niño, sí es
posible determinar, de conformidad con las pruebas recogidas en sede de
revisión, y de las aportadas al expediente por el accionante, que el señor Luis
María Camargo, en vida, fungía como co-padre de crianza de Yocimar Stiben
Camargo, por asunción solidaria de la paternidad…”. En sede de revisión, el
informe técnico social rendido por el ICBF había señaló lo siguiente:
… en vida de su padre, señor Luis María Camargo, la
dinámica familiar al interior de grupo era buena, existía buen canal de
comunicación, vínculos afectivos cercanos. El señor Luis María era quien asumía
y respondía por las obligaciones del señor Miguel Antonio y de su nieto Yocimar
Stiben posterior a la generación de su incapacidad[81].
9.
A continuación, la Sala concluyó que “al ser el causante, el co-padre de
crianza por asunción solidaria de la paternidad del menor (…), éste último
tiene derecho a que le sea reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes
puesto que se encuentra cobijado por las categorías de beneficiarios que
establece la Ley 100 de 1993 y que ha desarrollado la jurisprudencia
constitucional. Con ese panorama, ordenó al Foncep el reconocimiento y pago
de la prestación, en un término no mayor a 48 horas.
10.
Pese a las bondades de la sentencia, aclaro mi voto por las razones que paso a
explicar.
Razones
de la aclaración
11.
Comparto el sentido de la sentencia T-074 de 2016 en tanto revocó los fallos de
instancia y otorgó, en su lugar, la tutela de los derechos fundamentales a la
seguridad social, mínimo vital y a la familia del joven Yocimar Stiben Camargo.
No obstante, considero que existen algunos aspectos de la motivación del fallo
que merecen alguna precisión. Me referiré, en concreto, al desarrollo legal y
judicial de la pensión de sobrevivientes para la familia de crianza y a la
carga de “reemplazo total” de los lazos consanguíneos que la mayoría
pretende implantar para la conformación de los enlaces filiales de hecho[82].
La
evolución legislativa y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes frente
a las familias de crianza.
12.
La sentencia T-074 de 2016 sostiene que “en materia de seguridad social no
existe precedente que reconozca a los hijos de crianza como beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes”. En mi opinión, esa afirmación no refleja el
estado real de la evolución legislativa y jurisprudencial de la protección a la
familia de crianza en el sistema de seguridad social en pensiones.
13.
Para comenzar, es preciso recordar que el artículo 47 original de la Ley 100 de
1993 establecía el orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes sin
discriminar entre los diferentes tipos de familia protegidos por la
Constitución.
14.
Bajo ese marco normativo, la jurisprudencia nacional entendió que la pensión de
sobrevivientes salvaguarda los vínculos filiales de hecho o crianza. Por manera
que, en sentencia del 06 de mayo de 2002, radicado 17607[83], la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia estudió el caso de una persona en condición de discapacidad que
solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de esta prestación
en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión primigenia,
en condición de hijastro del asegurado.
15.
En el expediente, la sentencia de segunda instancia había ordenado el
reconocimiento de la pensión al encontrar que el solicitante reunía los
requisitos dispuestos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 y cumplía
los presupuestos de configuración de la familia de crianza. El ISS interpuso recurso
de casación contra la sentencia de alzada, argumentando que la definición de
hijo dispuesta en el artículo 47 de la anotada ley no incluía a los hijastros.
16.
Al resolver la acusación, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de casar la
sentencia, pues entendió que i) al establecer el orden de beneficiarios de la
prestación, el artículo 47 original de la Ley 100 de 1993 no definió la noción
de hijo; ii) la ambigüedad del término hijo debía despejarse en arreglo
al artículo 46 de dicho estatuto, que otorgaba protección a los “miembros
del grupo familiar del pensionado” sin distinguir entre la clase de enlace
que originaba la relación filial; iii) la normatividad civil alusiva al
significado de hijo se mostraba restrictiva frente a los principios protectores
del derecho a la seguridad social y iv) como el aspecto relevante de la pensión
de sobrevivientes es el amparo de las personas que integran el núcleo familiar,
debía predominar un criterio de realidad sobre uno formal. De este modo, la
Sala de Casación Laboral señaló:
Pues bien, pudiera estimarse conforme lo entiende el
recurrente, con apoyo en los artículos 1 de la Ley 29 de 1982 y 42, inciso 5 de
la Constitución, que cuando la ley menciona a los hijos como beneficiarios,
alude exclusivamente a los engendrados o concebidos por el causante y a los
adoptados con los requisitos de ley (Código del Menor Art. 96). Sin embargo,
esta interpretación que puede ser válida en el derecho civil de familia,
resulta demasiado restrictiva para el de la seguridad social, cuyo objetivo y
filosofía está en proteger a las personas frente a las contingencias que
afecten su calidad de vida y las puedan colocar en situación indigna de un ser
humano. Fuera de que, conforme al principio de universalidad, el servicio de seguridad
social debe proteger a todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas
las etapas de la vida.
En efecto, es conocido que desde un enfoque
sociológico el grupo familiar puede estar integrado por hijos no carnales, como
adoptivos, hijastro y de crianza, es decir, aquellos que son acogidos y cumplen
en la realidad y en todo sentido un rol filial en la familia, pese a no tener
lazos directos de consanguinidad con los padres o con uno de ellos, de modo que
si llegasen éstos a faltar sufrirían los efectos del desamparo dada su
dependencia emocional y económica. No tendría, entonces, sentido que la ley de
seguridad social excluyera de su ámbito de protección por razones estrictamente
formales a sujetos que en modo ostensible la requieren y la merecen, máxime si
se trata de menores e inválidos, a quienes el Estado quiere esmerarse en
resguardar, conforme se deriva de los artículos 13, inciso 3, 44, 45 y 47 de la
Constitución.
Ahora bien, en lo rigurosamente textual, la Ley 100 de
1993, y particularmente su artículo 47, no define el concepto de hijo como el
engendrado o concebido por el padre o la madre o el adoptado formalmente, de
modo que corresponde entender, en concordancia con el artículo 48 de la
Constitución y 9 de la ley, entre otras disposiciones, que comprende a quien
como tal integre el grupo familiar por adopción o prohijamiento, no solo en
sentido estricto o judicial sino también en la realidad.
Es cierto que la adopción es una figura jurídica del
derecho civil de familia y para los efectos patrimoniales y herenciales que
éste regula puede justificarse el cumplimiento de los requisitos propios de
ella para que produzca los pertinentes efectos jurídicos, pero ya se observó
que, por principio, la seguridad social cobija a todas las personas sin ninguna
discriminación, de ahí que ante esta tendencia comprensiva, cuando el supuesto
de protección radica en el establecimiento de determinados lazos familiares que
generan relaciones de mutuo amparo personal y dependencia económica, debe
prevalecer el criterio de realidad frente al formal.
17.
Empero, en respuesta a la postura garantista de la Sala de Casación Laboral, la
Ley 797 de 2003 incluyó un parágrafo en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993
que estableció que “para efectos de este artículo se requerirá que el
vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el
Código Civil”, con lo que privó a la familia de hecho de esta prestación.
Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia varió su criterio para pasar a
excluir los enlaces de crianza de la protección de la seguridad social, cuando
la prestación se causa en vigor de la nueva legislación. En sentencia del 14 de
agosto de 2007, radicado 28786[84], indicó:
Es verdad que esta Sala de la Corte, en
pronunciamiento de 13 de diciembre de 1996, radicación 9125, admitió que a
propósito de la noción de hijo “no era extraño pensar que en ella puedan
incluso quedar comprendidos quienes no lo sean por razones biológicas, sino
porque han sido considerados y mantenidos como tales en el seno familiar”.
En el mismo sentido, en sentencia de 6 de mayo de
2002, radicado 17607, la Corte consintió que el “hijastro o integrante del
grupo familiar del causante…” debía estar protegido por el servicio de
seguridad social, sin ninguna discriminación, pero partiendo de la existencia
de pruebas que evidenciaron el vínculo de trato y lazos de familia (actividad
probatoria no desplegada en ese aspecto en el presente caso), por lo que “No
tendría, entonces, sentido que la ley de seguridad social excluyera de su
ámbito de protección por razones estrictamente formales a sujetos que en modo
ostensible la requieren y la merecen…”, y en ese orden no casó la sentencia
recurrida que había reconocido la pensión de sobrevivientes al hijo de crianza.
Sin embargo, como bien lo apunta la oposición, el
causante falleció el 26 de julio de 2003, fecha para la cual estaba vigente el
artículo 13 y su parágrafo de la Ley 797 de tal anualidad, que modificó los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, respecto a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, determinando que a falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente e hijos con derechos, serán beneficiarios los padres del
causante. A su vez, el parágrafo del indicado artículo determinó clara y
taxativamente que: || “Para efectos de este artículo se requerirá que el
vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el
Código Civil”.
Lo anterior indica frente a la indiscutible y
contundente claridad del parágrafo reproducido que, cuando los hijos pretendan
la pensión de sobrevivientes que percibían sus padres, o los padres aspiren a
la misma renta por el fallecimiento de sus hijos, deberán acreditar que
efectivamente tienen esa condición de padres o hijos conforme a lo establecido
en el Código Civil, Estatuto que en ninguna de sus disposiciones consagra
parentesco alguno con el hijo denominado de “crianza”.
18.
La jurisdicción constitucional en sede de instancia también se ha pronunciado
sobre la posibilidad de reconocer la pensión de sobreviviente a la familia de
crianza. Así, en sentencia de tutela del 25 de septiembre de 2008[85] la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó el
amparo constitucional que el Tribunal Administrativo del Cauca había concedido
a un padre de crianza que reclamaba al Ministerio de Defensa el reconocimiento
de una pensión de sobreviviente por la muerte en combate de su hijo, soldado
profesional del Ejército Nacional.
19.
En el caso, además de la condición de padre de crianza, el solicitante
ostentaba la calidad de abuelo materno del soldado fallecido. Este, había
velado por el joven desde los cuatro años de edad, tras la muerte de la madre
biológica. El Ministerio de Defensa, sin embargo, negó la prestación
argumentando que solo amparaba a los padres consanguíneos y adoptivos. El
Consejo de Estado, al desatar la impugnación, estimó que la Constitución
consagra un concepto amplio de familia que incluye en su ámbito de protección a
los miembros de crianza:
Aunque en principio, solamente la familia conformada
de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política es susceptible de
protección constitucional, tal como lo dispone el artículo 5° ibídem, la
jurisprudencia constitucional ha ampliado el margen de protección a las
familias no constituidas de esa manera, como sucede con la familia de hecho,
también denominada de crianza[86]. (…) || La familia de crianza es aquélla que se
conforma por una situación de hecho con la finalidad de formar o manutener los
hijos por unas personas diferentes de los padres consanguíneos o biológicos,
consolidándose como núcleo fundamental de la sociedad, voluntaria y
responsablemente constituida.
20.
Sobre ese supuesto, la Sección Cuarta estudió el artículo 11 del Decreto 4433
de 2004 aplicable al solicitante, y entendió que aunque este no contemplaba
expresamente a la familia de crianza en el orden de beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes, una interpretación ajustada a la Carta imponía su
salvaguarda. Luego, al analizar el asunto concreto, encontró acreditados los
elementos de solidaridad, trato, asistencia mutua y afecto entre el reclamante
y su hijo de crianza, por lo que confirmó la decisión impugnada:
De esta manera, si el trato, el afecto y la asistencia
mutua que se presentaron en el seno del círculo integrado por el peticionario y
el soldado profesional fallecido eran similares a las que se predican de
cualquier familia formalmente constituida, la muerte de Carlos Julio mientras
se encontraba vinculado al Ejército Nacional, debió generar para su “padre
de crianza”, las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro
soldado para sus padres formalmente reconocidos; porque no hay duda de que el
comportamiento mutuo de padres e hijo “de crianza” revelaba una voluntad
inequívoca de conformar una familia, como la que consagra el artículo 42 de la
Constitución Política. || El Ejército Nacional no lo reconoció así, pues hizo
prevalecer lo meramente formal sobre lo sustancial y desconoció el deber que
tiene el Estado de garantizar a los ciudadanos unas condiciones mínimas de
justicia material. Por el contrario, el Tribunal Administrativo del Cauca
accedió al amparo judicial reclamado y por tanto, en la parte resolutiva de
esta providencia se confirmará su decisión.
21.
Más adelante, en sentencia del 06 de mayo de 2009[87] el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo
reiteró su postura. En sede de instancia constitucional, revocó el fallo que
había negado la tutela solicitada por una persona que acogió en su hogar a un
joven cuyos padres biológicos habían fallecido cuando este aún era niño. El
joven, soldado regular del Ejército, murió en cumplimiento de sus funciones el
25 de junio de 2005, por lo que la accionante pidió el reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes en calidad de madre de crianza.
22.
Al igual que en el anterior asunto, el Ministerio de Defensa Nacional negó la
prestación por estimar que la familia de crianza no está protegida por el
sistema de seguridad social de las fuerzas militares. En su fallo, el Consejo
de Estado reiteró su precedente y otorgó el amparo al constatar que se cumplían
los presupuestos que habilitan el acceso a una pensión de sobrevivientes bajo
la categoría de madre de crianza y ordenó su reconocimiento:
Así mismo, esta Corporación, al resolver un caso
similar al planteado en la presente acción, señaló que la familia de crianza
está constituida “por una situación de hecho con la finalidad de formar o
mantener los hijos por unas personas diferentes de los padres consanguíneos o
biológicos, consolidándose como núcleo fundamental de la sociedad, voluntaria y
responsablemente constituida[88]. En consecuencia, siguiendo la jurisprudencia
constitucional y administrativa, el amparo constitucional a la familia de hecho
procede cuando se atentan o amenazan sus derechos fundamentales.
23.
Entonces, a partir del análisis legislativo y jurisprudencial antes reseñado se
advierte que el tema alusivo a la protección de la familia de crianza por vía
de la pensión de sobrevivientes dista de ser novedoso como erradamente lo
sugiere la Sentencia T-074 de 2016.
24.
Ese escenario arroja dos conclusiones importantes: la primera, que frente al
parágrafo del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 cabe aplicar la excepción de
inconstitucionalidad por violación de la prohibición de retroceso en tanto
correlato del principio de progresividad plasmado en el artículo 48 de la
Constitución y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales integrado al bloque de constitucionalidad (T-774/51, f.j. 160), así
como por infracción de los artículos 13 y 42 superiores. La segunda, que aunque
en la jurisprudencia de esta corporación no existía precedente sobre la
materia, la jurisdicción constitucional en sede de instancia sí se había
pronunciado en dos fallos de tutela del Consejo de Estado en sentido protector
de los vínculos filiales de crianza, en decisiones que hicieron tránsito a cosa
juzgada constitucional.
Para
la conformación de la familia de crianza no es necesario reemplazar los
vínculos de sangre o adopción por otros de hecho.
25.
En el aparte jurisprudencial denominado “Los hijos de crianza como
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes”, la sentencia T-074 de 2016
sostiene que el análisis de las providencias T-587 de 1998, T-898 de 2000,
T-497 de 2005, T-292 de 2004, T-495 de 1997, T-606 de 2013, T-070 de 2015 y
T-519 de 2015 permite concluir que en la conformación de una familia de crianza
“se presenta un reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas), por los
denominados padres y madres de crianza, es decir, se remplazan los vínculos
sanguíneos por relaciones materiales”.
26.
Más adelante, concluye que “en los casos en que no existe un remplazo de los
vínculos con los ascendientes de un menor, sino que una persona de la familia
asume las responsabilidades económicas actuando en virtud del principio de
solidaridad, y las relaciones materiales, en principio, no nos encontraríamos frente
a la figura de familia de crianza como se ha reconocido tradicionalmente en la
jurisprudencia”.
27.
Esa postura, en mi criterio, carece de sustentación y no refleja los
presupuestos que la jurisprudencia ha tomado en consideración para proteger los
enlaces de crianza frente al reconocimiento de prestaciones económicas. En
cuanto a lo primero, las sentencias citadas no hacen relación a la pensión de
sobreviviente del hijo de crianza, como equivocadamente sugiere el título de la
línea jurisprudencial. La mayoría de fallos abordan asuntos concernientes a la
unidad familiar frente a la situación de menores ubicados en hogares sustitutos
y solo las cuatro últimas sentencias guardan una incipiente cercanía con el
presente tema al tratarse del reconocimiento de prestaciones económicas. En
ninguna de ellas, en todo caso, se exige el “remplazo” de los vínculos
consanguíneos o adoptivos para la conformación de la familia de crianza.
28.
En contraste, las decisiones del Consejo de Estado antes reseñadas hacen énfasis
en la existencia de lazos de amparo mutuo, dependencia, solidaridad y afecto
recíproco para acreditar la calidad de familia de crianza. El abandono o
fallecimiento de los padres biológicos se presenta como un aspecto contextual o
accidental y no como un elemento relevante. De igual manera, en la citada
sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 06 de mayo de 2002, se hace
alusión al fallecimiento de la madre consanguínea del menor, pero no se indaga
por la existencia o paradero del padre biológico. El relato y estudio de la
Corte se centró, en cambio, en el parentesco de crianza entre el hijastro y el
titular de la pensión objeto de sustitución.
29.
En un sentido parecido, la sentencia T-070 de 2015, proferida por esta sala de
revisión, ordenó otorgar a un menor de edad los beneficios de la convención
colectiva de su padre de crianza, sin detenerse a analizar si había “remplazado”
al padre consanguíneo. La razón por la que en estos casos la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han privilegiado la
verificación de los presupuestos de confección de la familia de crianza es, en
mi criterio, el reconocimiento de la autonomía y dinamismo de esta clase de
enlaces, la aceptación de que pueden coexistir diferentes tipos de vínculos
filiales y la necesidad de responder adecuadamente a las demandas de protección
que la Constitución garantiza a la familia y, en especial, a sus miembros más
frágiles.
30.
Pese a una resistencia inicial, la sentencia T-074 de 2016 termina reconociendo
esta situación, en el caso concreto, al aclarar que para afianzar los vínculos
de crianza no es necesario probar un “remplazo” de roles consanguíneos
por otros de hecho. Por eso, expone que “si bien los padres biológicos del
menor Yocimar Camargo Talero, mantienen su vínculo con él, la Corte
Constitucional no puede ser ajena a las realidades sociales que se presentan al
interior de las familias, y como consecuencia, debe reconocer y proteger el
lazo que surgió entre Yocimar y su co-padre de crianza por asunción solidaria
de la paternidad, el señor Luis María Camargo, quien de manera consistente y
periódica, mientras vivió, asumió las obligaciones que le corresponden a Miguel
Antonio Camargo, en virtud del principio de solidaridad, y con quien el niño desarrolló
vínculos de afecto, respeto, solidaridad, protección y comprensión”.
La
sentencia T-074 de 2016 constituye un avance en la protección de la familia
extensa.
31.
Esta clase de interrelaciones son corrientes en familias colombianas de escasos
recursos o con necesidades especiales de protección de los miembros más
frágiles del grupo. En una investigación realizada en las ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga, un equipo liderado por la profesora
del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Bogotá,
Yolanda Puyana Villamizar, encontró que los hogares extensos (conformados por
abuelos, padres y nietos) responden a situaciones económicas y sociales
complejas que demandan un intenso apoyo mutuo:
Los hogares extensos constituyen una
modalidad de organización familiar que resuelve diversos problemas sociales a
la población como son “la sobrevivencia de los sectores de bajos ingresos
golpeados por la crisis económica, la falta de oportunidades para las nuevas
generaciones o las reducidas coberturas del sistema de seguridad social.”[89] De allí la asociación que existe
entre la modalidad extensa de familia con los bajos ingresos, como se demuestra
en un estudio realizado en Bogotá: “mientras que entre los estratos altos el
54.1% de los hogares eran nucleares y apenas el 13.8% tenían la modalidad de
familia extensa, en los estratos bajos, el 35.1% era extensa y el 34% nuclear”.[90] Esta relación entre estrato y
modalidad familiar demuestra cómo buena parte de la modalidad extensa obedece a
circunstancias económicas[91].
32.
El trabajo identificó cuatro categorías de familia extensa y las clasificó
según la función principal que cumplen respecto de sus miembros: a) los hogares
que amortiguan los efectos de la crisis económica y de los bajos ingresos; b)
los hogares refugio de madres solteras o jóvenes separadas; c) los hogares que
requieren de la forma extensa para generar ingresos y d) aquellos que se
constituyen en una opción de vida para proteger a los ancianos y ancianas. En
ese contexto, el papel de los integrantes filiales se confunde y configura
relaciones de hecho, diversas a las dispuestas consanguíneamente.
33.
Así, por ejemplo, la investigación explica que “Los hogares extensos se
convierten en refugio de madres solteras separadas jóvenes, quienes acuden a
sus madres y padres en busca de protección cuando cuentan con poco apoyo de su
pareja. Se albergan allí porque no están en posibilidad de conformar hogares
independientes, por la precaria situación económica, porque requieren del apoyo
emocional de su familia o por ambas razones. La tendencia cultural encontrada
en estos casos, es la matrilocalidad; es decir, que las hijas buscan apoyo
materno y son las abuelas quienes con frecuencia comienzan a jugar de nuevo el
papel de madres…”.
34.
La sentencia T-074 de 2016 consultó esa realidad y reconoció que entre Yocimar
y su abuelo paterno se fraguó una relación de hecho que transformó a este
último en un verdadero padre de crianza ante la comprobada imposibilidad del
padre biológico de proveer lo necesario para la digna subsistencia del menor.
Esa comprensión, el cariño mutuo y la dependencia del niño respecto de Luis
María fueron los factores determinantes para otorgar el amparo.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
Folio 18
[2]
Folios 33 y 34
[3]
Folio 22
[4]
Folios 6 y 7
[5]
Folios 8-11
[6]
Folio 10
[7]
Folio 13
[8]
El accionante hizo referencia a las sentencias T-606 de 2013,
T-104 de 2012 y t-483 de 2014. Así como al artículo 10 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[9]
Solicitud de insistencia Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. Folio 2.
[10]
ARTICULO 6-Causales de improcedencia de la tutela: La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el
derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
3. Cuando se pretenda
proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el
artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el
titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones
que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir
un perjuicio irremediable
4. Cuando sea evidente que
la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la
acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos
de carácter general, impersonal y abstracto.
[11]
Ver sentencias T-162 y 235 de 2010 y T-326 y 568 de 2013.
[12]
Ver Sentencias T-690 de 2014, T-915 de 2014 y T-330 de 2015,
entre otras.
[13]
Ver sentencias T-180 de 2009, T-162 de 2010 y T-326 y 568 de
2013.
[14]
Ver sentencias T-255 de 1993, T-808 de 2010 y T-063 de 2013.
[15]
Ver sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994, entre otras.
[16]
Ver sentencias T-441 de 1993 y T-594 de 2006, entre otras.
[17]
Ver sentencia T-300 de 2010.
[18]
Ver sentencia T-300 de 2010.
[19]
Ver sentencia T-836 de 2006.
[20]
Ver sentencias T-971 de 2005, T-692 de 2006 y T-129 de 2007.
[21]
Ver sentencia T-971 de 2005. En el mismo sentido ver las
sentencias T-692 de 2006 y T’129 de 2007.
[22]
Reiterado en las sentencias T-690 de 2014, T-915 de 2014,
T-009 de 2015, T-330 de 2015 y T-665 de 2015.
[23]
ARTÍCULO 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
[24]
ARTÍCULO 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.
Sobre el alcance de la
seguridad social, el Comité en su observación general número XX hizo las
siguientes precisiones: “26. El artículo 9 del Pacto
prevé de manera general que los Estados Partes "reconocen el derecho de
toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social", sin precisar
la índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse.  Sin embargo, en
el término "seguro social" quedan incluidos de forma implícita todos
los riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por
circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 27.De conformidad con el artículo 9 del Pacto y con las
disposiciones de aplicación de los Convenios de la OIT sobre seguridad
social ‑Convenio Nº 102, relativo a la norma mínima de la seguridad
social (1952) y Convenio Nº 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez
y sobrevivientes (1967)‑ los Estados Partes deben tomar las medidas
adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez
obligatorios, a percibir a partir de una edad determinada, prescrita por las
legislaciones nacionales” (…) 30. Finalmente, para dar pleno
cumplimiento al mandato del artículo 9 del Pacto, como ya se ha señalado en los
párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán establecer, dentro de los recursos
disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas, para todas
las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación
nacional, por no haber trabajado o no tener cubiertos los períodos mínimos de
cotización exigidos, no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de
otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra
fuente de ingresos”.
[25]
ARTÍCULO 16: Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
[26]
ARTÍCULO 9: Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho
a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la
vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus
dependientes.
2. Cuando se trate de
personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social
cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de
accidentes de trabajo o
de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida
por maternidad antes y después del parto.
[27]
Ver sentencias T-207 de 1995, T-042 de 1996, SU-819 de
1999 y T-227 de 2003, T-180 de 2011, T-207 de 1995,
T-042 de 1996, SU-819 de 1999 y T-227 de 2003, entre otras.
[28]
Ver Sentencia T-016 de 2007
[29]
Constitución Política de Colombia. Artículo 1.
[30]
Ver sentencia T-655 de 2015
[31]
Ver sentencia T-730 de 2012
[32]
Ver sentencias C-1094 de 2003, T-110 de 2011, T-228 de 2014, T-004 de 2015,
entre otras.
[33]
Ver sentencia T-173 de 1994
[34]
Ver sentencia T-129 de 2007
[35]
Reglamentada por el Decreto 1889 de 1993
[36]
Artículo 46.- Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes:
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1.
Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o
invalidez por riesgo común, que fallezca.
2.
Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca,
siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a.
Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b.
Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado
aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca la muerte.
Parágrafo.- Para efectos
del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en
cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.
[37]
Artículo 47.- Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a.
En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite. (…)
b.
Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y
hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si
dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez;
c.
A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con
derechos, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de éste, y
d.
A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e
hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si
dependían económicamente de éste.
e.
[38]
Ver sentencias T-606 de 2013, T-070 de 2015 y T-519 de 2015
[39]
Ver sentencia T-606 de 2013.
[40]
Artículo 16, ordinal 3
[41]
Artículo 10. adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre
de 1966, y en el derecho interno mediante la Ley  74 de 1968.
[42]
Ver sentencia C-577 de 2011. En el mismo sentido la
sentencia C-271 de 2003.
[43]
En el mismo sentido, ver la sentencia T-523 de 1992
[44]
Ver sentencia T-887 de 2009
[45]
En el mismo sentido, ver sentencias T-1502 de 2000 y T-1199
de 2011
[46]
Sentencia T-1502 de 2000
[47]
Cfr. Sentencia T-292 de 2004
[48]
Cfr. Sentencia C-857 de 2008
[49]
Ver sentencia T-572 de 2009
[50]
Ver sentencia T-606 de 2013
[51]
Ver sentencia T-070 de 2015
[52]
Ver sentencia T-606 de 2013
[53]
Ver sentencia T-497 de 2005
[54]
Ver sentencias  T-893 de 2000 y T-497 de 2005
[55]
Ver sentencia T-292 de 2004
[56]
Cfr, entre otras, las Sentencias
T-523/92 (M.P. Ciro Angarita Barón); T-531/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz);
T-429/92  (M.P. Ciro Angarita Barón); T-500/93 (M.P. Jorge Arango Mejía);
T178/93 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-274/94 (M.P: Fabio Morón Díaz); T-447/94
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-217/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero);
T-278/94 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-290/95 (M.P. Carlos Gaviria Díaz);
T-383/96 (M.P: Antonio Barrera Carbonell).
[57]
Ver sentencia T-587 de 1998
[58]
Ver sentencia T-495 de 1997
[59]
Ver sentencia T-606 de 2013
[60]
Sentencia C-237 de 1997.
[61]
Ver Sentencias T-520 de 2003 y C-459 de 2004
[62]
Ver Sentencias T-520 de 2003 y T-810 de 2011
[63]
Ver sentencia C-848 de 2014
[64]
Ver sentencia T-111 de 2006
[65]
Término acuñado en la Convención Sobre los Derechos del Niño
de 1989. Artículo 5: “Los Estados Partes respetarán las
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de
los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño
de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la
presente Convención.”
[66]
Ver sentencia T-203 de 2013
[67]
Al respecto, la Sentencia T-736 de 2013 señala que el Estado debe proteger a
los sujetos de especial protección como lo son los niños y las niñas, las madres
cabeza de familia, las personas en situación de discapacidad, la población
desplazada, los adultos mayores y todas aquellas personas que por su situación
de debilidad manifiesta se ubican en una situación de desigualdad material con
respecto al resto de la población.
[68]
Folio 33
[69]
Folio 12
[70]
Folio 22
[71]
Autos del primero (1º) y del dieciocho (18) de diciembre de
dos mil quince.
[72]
Artículo 47.
[73]
Ver sentencias T-941 de 2005, C-1141 de 2008, T-217 de 2012 y
T-002 de 2015, entre otras.
[74]
Ver sentencias C-287 de 1997, C-237 de 1997, T-520 de 2003,
C-459 de 2004 y T-810 de 2011, entre otras.
[75]
Artículo 10. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la
familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia
protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.
[76] Goodhart, Arthur L.: “Determining the ratio decidendi of a case”,
en 40 Yale Law Journal, 161, 1930 -1931, pp. 161-183. Este autor sostiene
que la ratio decidendi de un fallo se infiere de los hechos considerados
materiales por el juez, que en nuestro contexto corresponden esencialmente al
problema jurídico.
[77]
Ver
certificado de Electroinyection, acápite de pruebas, en el cual se dice:
“Electroinyection certifica que el señor Miguel Camargo Peña con cédula de
ciudadanía No 79.042.880 trajo una hoja de vida, la cual fue rechazada por su
discapacidad para laborar, de la mano izquierda”
[78]
M.P. Mauricio González Cuervo y Myriam Ávila Roldan.
[79]
Luego de efectuar una síntesis de los antecedentes del proceso, el magistrado
Guerrero pidió la selección del asunto para que la Corte estableciera “la
posibilidad de que los hijos de crianza de sus abuelos, sean beneficiarios de
la sustitución pensional de estos últimos”.
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/insistencias/Insistencias%20Auto%20Sala%20de%20Selecci%C3%B3n%20Agosto%2027%20de%202015-Notificado%20Septiembre%2010%20de%202015%20con%20vencimiento%20Septiembre%2025%20de%202015/T-5085945.pdf
[80]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Iván Palacio Palacio.
[81]
En un sentido semejante, tres declaraciones extra proceso
allegadas al expediente por el solicitante, manifestaban esa cercanía y
dependencia económica de Yocimar respecto de Luis María.
[82]
Al inicio, conviene señalar que estas imprecisiones podrían obedecer, en parte,
a los cambios que realizó el ponente en relación con el proyecto de fallo
original, el cual proponía negar la tutela. Producto de la discusión en Sala y
la oposición de la mayoría frente a la ponencia inicial, se realizaron los
ajusten consignados en la sentencia T-074 de 2016.
[83]
M.P. Francisco Escobar Henríquez.
[84]
M.P. Isaura Vargas Díaz.
[85]
M.P. Ligia López Díaz.
[86] Cfr. Sentencias T-495 de 1997, T-592 de 1997, T-292 de 2004 y C-1026
de 2004.
[87]
Martha Teresa Briceño de Valencia.
[88]
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia AC-2008 – 00244 de 25 de
septiembre de 2008 M.P Dra. Ligia López Díaz.
[89]
Misión Social. Op. Cit. P.90.
[90]
Departamento Administrativo de Bienestar Social. Familias
Estado del Arte Bogotá. 1990-2000. Colección Estados del arte Bogotá. P41.
[91]
Puyana, Y (2004). La familia extensa: una estrategia local
ante crisis sociales y económicas. En: Revista del
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de Colombia. Trabajo Social N° 6, p. 79.