T-365-18
Sentencia
T-365/18
ACCION DE TUTELA CONTRA DECISIONES DE
AUTORIDADES DE COMUNIDADES INDIGENAS-Procedencia
A través de reiterados pronunciamientos se ha
ratificado la procedencia del mecanismo constitucional de amparo en escenarios
en los que se pretende rebatir una decisión adoptada por autoridades
tradicionales indígenas, con sustento en dos premisas básicas: (i) la
preeminencia que las mismas ostentan frente a los individuos que integran la
comunidad, lo que coloca a los citados en una situación de desventaja, y (ii)
la ausencia de otros medios de defensa judicial que permitan a estos últimos
impugnar las determinaciones que les resulten adversas.
AUTONOMIA DE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Jurisprudencia constitucional
Una de las expresiones de la
diversidad y el pluralismo protegidos por el Constituyente es la autonomía de
la jurisdicción especial indígena, la cual se constituye, de un lado, en la
facultad de las autoridades tradicionales de impartir
justicia conforme a sus usos y costumbres, y de otro, en el derecho de los
integrantes de estas comunidades a ser juzgados según los parámetros de su
propia cultura. No obstante, no se trata de una prerrogativa absoluta y, por lo
tanto, debe armonizarse según las circunstancias de
cada caso con los principios y derechos consagrados en el Texto Superior,
respetando los mínimos que hacen viable el diálogo intercultural entre sistemas
jurídicos distintos.
JUSTICIA TRANSICIONAL COMO MECANISMO PARA ALCANZAR LA PAZ Y LA
RECONCILIACION
PAZ-Derecho, valor y principio
DERECHO A LA PAZ-Fundamento
constitucional/PAZ-Derecho, deber y fin
constitucional
JUSTICIA
TRANSICIONAL-Alcance del concepto/JUSTICIA
TRANSICIONAL-Propósitos
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES PARA MIEMBROS
DE LAS FARC EN EL MARCO DEL ACUERDO FINAL PARA LA
TERMINACION DEL CONFLICTO Y CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA-Criterios de valoración
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES  PARA
MIEMBROS DE LAS FARC EN EL MARCO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL
CONFLICTO Y CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA-Formas
principales de acceder a las amnistías e indultos
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES  PARA
MIEMBROS DE LAS FARC EN EL MARCO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL
CONFLICTO Y CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA-Amnistías
e indultos “de iure” y “de sala”
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES  PARA
MIEMBROS DE LAS FARC EN EL MARCO DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACION DEL
CONFLICTO Y CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA-Alcance
En virtud del Acuerdo de Paz, el legislador previó unos
tratamientos penales especiales para los miembros de las FARC-EP, en el marco
de las medidas de justicia transicional que se hallan a la base de la
negociación entre el Estado y dicha organización para la superación del
conflicto armado. Tales tratamientos especiales
pueden operar por ministerio de la ley o por la determinación que sobre cada
caso en particular adopte la justicia especial para la paz, teniendo en cuenta
variables como las calidades subjetivas de los procesados –en tanto integrantes
o colaboradores de las FARC-EP−, la etapa en que se encuentre el proceso
penal y la naturaleza de las conductas punibles y su relación con el conflicto.
RESOLUCION DE
CONFLICTOS ENTRE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA Y LA JURISDICCION ESPECIAL
PARA LA PAZ-Marco normativo
ACTO
LEGISLATIVO 2 DE 2015 SOBRE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL-Competencia
de la Corte constitucional para dirimir conflictos de competencia entre
distintas jurisdicciones
CONFLICTO DE
COMPETENCIA ENTRE DISTINTAS JURISDICCIONES-Competencia
del Consejo Superior de la Judicatura hasta el día en que cese definitivamente
en sus funciones
CONFLICTOS DE COMPETENCIA EN LOS QUE ESTE INVOLUCRADA LA JURISDICCION
ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia de la
Corte Constitucional
De acuerdo con el marco normativo
vigente, los conflictos de jurisdicción en los que
esté involucrada la jurisdicción especial para la paz son del conocimiento de
la Corte Constitucional, al paso que los demás conflictos que se presenten
entre las otras jurisdicciones deben ser dirimidos, por ahora, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, hasta el momento en que se integre la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE EX MIEMBRO DE LAS
FARC-EP-Orden a gobernadores
indígenas remitir a la JEP el expediente o
actuaciones que tengan a su disposición sobre proceso penal seguido contra
accionante por el homicidio de un sabio ancestral
Referencia: Expediente T-6.498.536
Acción de tutela formulada por Jhon Jairo
Mayorga Suárez en contra de la Presidencia de la República, los Gobernadores
indígenas de los resguardos San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló, el
Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, el Secretario Ejecutivo de la
Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el Alto Comisionado para la Paz, el
movimiento político FARC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca –ACIN–, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, el Consejo
Regional Indígena del Cauca –CRIC–, la Fiscalía General de la Nación y el
Ministerio de Justicia y del Derecho
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos –quien la preside–, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos del 25 de mayo y del 19 de octubre
de 2017, dictados por el Tribunal Administrativo del Cauca y el Consejo de
Estado –Sección Cuarta–, en primera y segunda instancias, respectivamente,
dentro de la acción de tutela promovida por el ciudadano Jhon Jairo Mayorga
Suárez en contra de la Presidencia de la República, los Gobernadores indígenas
de los resguardos San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló, el Mecanismo
Tripartito de Monitoreo y Verificación, el Secretario Ejecutivo de la
Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el Alto Comisionado para la Paz, el
movimiento político FARC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca –ACIN–, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, el Consejo
Regional Indígena del Cauca –CRIC–, la Fiscalía General de la Nación y el
Ministerio de Justicia y del Derecho.
El proceso de la referencia fue escogido por la Sala
de Selección de Tutelas Número Doce, mediante auto del 15 de diciembre de 2017.
Como criterios de selección se indicaron los siguientes: asunto novedoso
y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial
(criterios objetivos).
I. ANTECEDENTES
El señor Jhon Jairo Mayorga Suárez formuló acción de tutela en contra de la Presidencia
de la República, los Gobernadores indígenas de los resguardos San Francisco,
Toribío, Tacueyó y Jambaló, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y
Verificación, el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz,
el Alto Comisionado para la Paz, el movimiento político FARC, la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN–, la Organización Nacional
Indígena de Colombia –ONIC–, el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso. Pasan a reseñarse los aspectos centrales de su
solicitud:
1. Hechos
1.1. Mediante sentencia del 29 de abril de 2013, las autoridades tradicionales
indígenas de San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló condenaron al señor Jhon
Jairo Mayorga Suárez a la pena privativa de la libertad de 40 años, por el
homicidio del sabio ancestral Venancio Taquinas Dagua, ocurrido el 18 de abril
de 2013 en la vereda Barondillo, jurisdicción del territorio ancestral de
Jambaló. En el fallo, se dispuso “dejar en calidad de guardado” al procesado en
un establecimiento penitenciario del INPEC.
1.2. El actor afirma que era miembro de las FARC-EP cuando se le
impuso la condena en mención por parte de las autoridades indígenas, y que para
el momento de formular la acción de tutela (2 de mayo de 2017) había cumplido
48 meses de prisión.
1.3. Sostiene que el Acuerdo Final para la Paz firmado entre el
Gobierno Nacional y las FARC-EP y la Ley 1820 de 2016 –por medio de la cual se dictan
disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales–
establecen que el personal de dicha organización que lleve menos de 5 años de
privación de la libertad debe ser trasladado a las zonas veredales transitorias
de normalización para permanecer allí hasta la entrada en funcionamiento de la JEP,
momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de dicha
jurisdicción, previa suscripción del acta de compromiso respectiva.
2. Contenido de la petición de amparo
Según se desprende del libelo, el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez
estima que el hecho de no haber sido trasladado a las zonas veredales lesiona
su derecho fundamental al debido proceso, dado que, según aduce, es
beneficiario de los tratamientos penales especiales previstos por el legislador
en el marco del Acuerdo de Paz para los integrantes del mencionado grupo guerrillero.
Solicita, por lo tanto, que se ordene su traslado a dichas zonas, y
aduce que merece ser sometido a la jurisdicción especial para la paz.
Para sustentar su petición, el accionante acompañó el escrito
introductorio de una copia del oficio OFI17-00037064 del 3 de abril de 2017,
por medio del cual la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó al
accionante que, mediante Resolución 002 del 23 de marzo de 2017, dicha entidad
aceptó un listado que acredita a 276 miembros de las FARC-EP que se encuentran
privados de la libertad, y le señala que su nombre se encuentra allí incluido, lo
que lo acredita como miembro de dicha agrupación.
3. Traslado y contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 17 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo del
Cauca admitió la acción de tutela y ordenó la notificación del extremo pasivo.
Adicionalmente, dispuso que se oficiara al Ministerio del Interior
–Dirección de Asuntos Indígenas– para que certificara si el señor Jhon Jairo
Mayorga Suárez pertenece a algún resguardo indígena, y de ser así, indicara a
cuál comunidad específicamente; y al Centro de Servicios de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán para que informara por qué
delitos está condenado el accionante y cuál juzgado está vigilando actualmente
la pena impuesta.
Integrado el contradictorio, las accionadas se pronunciaron en los
siguientes términos:
3.1. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
Por oficio número DS-10-0607, radicado el 19 de mayo de 2017, el Director
Seccional Cauca afirmó que, tras realizar consulta en el sistema misional SPOA,
no encontró registro alguno que tenga relación con el accionante o con su
número de cédula, respecto de algún caso por homicidio por el cual estuviera
purgando una condena.
Añadió que por motores de búsqueda en internet se encontró que el actor
fue condenado a 40 años de prisión por la jurisdicción especial indígena, por
el homicidio del médico tradicional Venancio Taquinas del resguardo de Jambaló,
ocurrido el 18 de abril de 2013, hechos por los que fueron capturados 7
miembros de las FARC-EP.
Asimismo, manifestó que por comunicación telefónica con un Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán le indicaron que, luego de
verificar los datos del actor, el sistema arrojó resultados negativos de casos
para vigilancia de pena a cargo de alguno de esos juzgados; misma oportunidad
en la cual se consultó con el INPEC y se obtuvo información de que el señor
Jhon Mayorga se encuentra privado de la libertad por condena de la jurisdicción
indígena y que, en esos eventos, es esta misma jurisdicción especial la que
realiza la vigilancia de la pena, no los juzgados.
Por lo anterior, solicitó que se desvinculara a la entidad del trámite.
3.2. Respuesta de las autoridades indígenas de los
resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco
Mediante oficio allegado el 19 de mayo de 2017, los gobernadores y
representantes legales de los resguardos de Tacueyó, San Francisco y Toribío
aseguraron que, en el ejercicio del derecho a la jurisdicción propia reconocido
en el artículo 246 de la Constitución, la comunidad –en asamblea comunitaria–
tomó la decisión de guardar por 40 años en patio prestado al comunero Jhon
Jairo Mayorga, tras encontrarlo responsable del homicidio de Venancio Taquinas,
quien era The Wala “médico tradicional” y se desempeñaba como Kiwe The “guardia
indígena”.
Señalaron que el señor Jhon Jairo Mayorga en ningún momento fue
sancionado por ser miembro activo de la guerrilla de las FARC, sino por haber
generado un desorden en la comunidad con el asesinato del mayor Venancio
Taquinas, conducta que no es delito político y conexo al conflicto por los
siguientes motivos:
§  En ningún momento la asamblea comunitaria aceptó que
Jhon Jairo Mayorga fuera miembro de un grupo armado.
§  Según el artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no serán
objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, y a juicio de la
comunidad el crimen contra el sabio ancestral Venancio Taquinas es de lesa
humanidad, por cuanto la víctima era una persona indispensable para el
desarrollo en la medicina tradicional, sabiduría ancestral esencial para el
buen vivir de la comunidad en conjunto, y además era protector del territorio y
defensor de los derechos humanos, por lo cual su pérdida agravió a toda la
colectividad.
Esgrimió que la jurisdicción especial indígena es un derecho
fundamental que no debe ni puede ser desplazado por un mecanismo transitorio en
el marco de los Acuerdos de Paz, como lo es la JEP.
Además, sostuvo que como para esa fecha aún no sea había implementado dicha
jurisdicción especial, no existía instancia judicial para resolver este tipo de
solicitudes, toda vez que según el artículo 9, inciso 2º, del Acto Legislativo
01 de 2017, los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena y la
JEP deben ser dirimidos por una sala incidental conformada por dos magistrados
de cada una de las jurisdicciones, y esa sería la disposición aplicable al
caso.
En consecuencia, pidió que se negaran las pretensiones del actor.
Como pruebas, al memorial de contestación se adjuntaron las siguientes
pruebas:
§  Copia de la Resolución 002 del 29 de abril de 2013, fallo
mediante el cual las autoridades tradicionales indígenas impusieron la condena
de que se trata al accionante.
§  Oficio del 29 de marzo de 2017, suscrito por las
autoridades del cabildo indígena de San Francisco en respuesta a la petición
elevada por el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez, en el cual le señalan que “antes
y durante el juicio adelantado en el marco de la J.E.I. usted no había aceptado
ser miembro activo de las Farc como ahora lo manifiesta, por lo cual usted
siempre fue considerado y procesado como comunero indígena por el homicidio del
mayor Venancio Taquinas, mas no por rebelión”.
Además, le indican que ese hecho es
considerado como un delito de lesa humanidad, por lo cual, en virtud del
artículo 23 de la Ley 1820 de 2016, no es indultable por no ser conexo con el
delito de rebelión. Esto, debido a que “el mayor Venancio Taquinas no fue
asesinado en combate no estaba vinculado a ningún sector armado.”
Finalmente, le aclaran al peticionario que
“la jurisdicción especial para la paz es un mecanismo transitorio, mientras
que las funciones jurisdiccionales reconocidas a nuestras autoridades
tradicionales en el artículo 246 de la Constitución de 1991, son un derecho
fundamental e irrenunciable del cual son únicamente titulares los pueblos y
comunidades indígenas.”
3.3. Respuesta del Ministerio del Interior
Por oficio OFI17-18029-DAI-2200, remitido al Despacho de primera
instancia el 22 de mayo de 2017, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior informó que tras consultar los censos
sistematizados, el actor no registra como indígena del resguardo San Francisco,
Toribío, Cauca, en los años 2002, 2008, 2010 y 2011, aunque sí aparece como tal
en los censos de los años 2012, 2014, 2015 y 2017, lo cual resulta “extraño”,
dado que las personas adscritas a un censo lo deben ser por nacimiento.
Explicó que los auto-censos indígenas son un ejercicio autónomo de las
comunidades para identificar qué personas hacen parte del grupo, así como para
registrar el comportamiento sociodemográfico, pero que no necesariamente deben
coincidir con los censos realizados por el DANE.
Añadió que algunas veces se hace un mal uso de los censos indígenas
para propósitos instrumentales (cuestiones electorales, acceso a beneficios,
exoneración de servicio militar, etc.) lo cual desnaturaliza estos mecanismos y
genera una desviación de los derechos reconocidos a estas comunidades.
3.4. Respuesta del Ministerio de Justicia y del
Derecho
Por oficio OFI17-0014960-DJT-3100, radicado el 24 de mayo de 2017, la
Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho
expuso que la Ley 1820 de 2016 regula las amnistías e indultos por los delitos
políticos y los delitos conexos con estos, así como los tratamientos penales
especiales diferenciados para agentes del Estado que hayan sido condenados,
procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o
en relación directa o indirecta con el conflicto armado. La mencionada ley fue
reglamentada por el Decreto 277 de 2017.
Explicó que la amnistía de iure es un mecanismo de extinción de
la acción penal para los delitos considerados políticos, a saber: rebelión,
sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de
mando, la cual también se aplica a los delitos considerados conexos. Para su
concesión –afirmó– se requiere que el solicitante se encuentre en una de las
siguientes situaciones:
(i) que la providencia judicial condene, procese o investigue por
pertenencia o colaboración con las FARC-EP; o
(ii) integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo
Final para la Paz con el Gobierno Nacional, de conformidad con los listados
entregados por representantes designados por dicha organización, aunque la
providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las
FARC-EP; o
(iii) la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a
las FARC-EP, aunque no se condene por un delito político, siempre que el delito
por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad
establecidos en la ley; o
(iv) sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por
delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones
judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras
evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o
colaboración a las FARC-EP. En este supuesto el interesado, a partir del día siguiente
de la entrada en vigor de esta ley, solicitará al fiscal o juez de ejecución de
penas competente, la aplicación de la misma aportando o designando las
providencias o evidencias que acrediten lo anterior.
Manifestó también que existen tres escenarios para la aplicación de la
amnistía de iure, de acuerdo con la situación jurídica del solicitante, a
saber: (a) integrantes de las FARC-EP que permanezcan en las zonas veredales o
en los campamentos acordados en el proceso de dejación de armas y que no
cuenten con procesos en curso ni condenas, (b) quienes tengan procesos en curso
por los delitos políticos y conexos previstos en los artículos 15 y 16 de la
Ley 1820 de 2016, y (c) quienes tengan condenas por los delitos políticos y
conexos.
Explicó la forma en que opera el beneficio en cada una de dichas
hipótesis y respecto de la última –condena con privación de la libertad– señaló
que el numeral 3 del artículo 19 de la Ley 1820 de 2016 y el literal b del
artículo 8 del Decreto 277 de 2017 establecen que será el juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad el competente para resolver la concesión de la
amnistía de iure a solicitud del interesado, la defensa, el Ministerio Público
o de oficio, la cual tiene como efecto la libertad inmediata y definitiva, previa
verificación de los soportes necesarios así como de la existencia del acta de
compromiso y de los requisitos prescritos en los artículos 15 y 16 de la Ley
1820.
Asimismo, agregó que la libertad condicionada, prevista en el artículo
35 de la ley en mención, se aplica a las personas que sin ser beneficiarias de
las amnistía de iure hayan permanecido privadas de la libertad por un periodo
no menor a 5 años, siempre que hayan suscrito acta de compromiso y se encuentre
en alguna de las situaciones previstas en el artículo 17 ibídem sobre el ámbito
de aplicación personal.
Aclaró que “para la procedencia de la libertad condicionada no se
examinarán los requisitos establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley 1820.
Lo anterior quiere decir que no existe restricción alguna respecto de los tipos
penales frente a los cuales se puede aplicar el mencionado beneficio”.
Expresó, en relación con las personas con un tiempo de privación de
libertad inferior a 5 años, que serán trasladadas a las zonas veredales
transitorias de normalización en condición de privados de la libertad, en la cual
permanecerán hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el que
accederán a libertad condicionada –previa suscripción del acta formal de
compromiso ante el secretario ejecutivo de la JEP– quedando a disposición de
dicha jurisdicción especial.
La verificación del cumplimiento de los requisitos para la libertad
transitoria, anticipada y condicionada estará a cargo de la persona designada
por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, hasta tanto se nombre
de manera definitiva al secretario ejecutivo de la JEP. Esta libertad condicionada
será vigilada por la autoridad judicial que la haya concedido
A la vez, indicó que el traslado a las zonas veredales se realizará por
cuenta del INPEC y que el funcionario judicial que decida tanto la amnistía de
iure como la libertad condicionada deberá verificar de oficio la procedencia de
una u otra figura o, en caso de que no proceda ninguna, resolver sobre el
traslado a las zonas veredales.
Finalmente, afirmó que el Ministerio de Justicia y del Derecho carece
de competencia tanto para decidir sobre la concesión de los beneficios
jurídicos a que se ha hecho alusión, como sobre el traslado a las zonas
veredales. En consecuencia, solicitó que se declarara la falta de legitimación
en la causa respecto de esa cartera.
3.5. Respuesta de la Presidencia de la República –
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Actuando mediante apoderada, por memorial remitido el 24 de mayo de
2017, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz expuso que en su momento dio
respuesta a la petición elevada por el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez, en el
sentido de informarle que su nombre se encontraba incluido en el listado
aceptado por esa dependencia mediante Resolución 002 del 23 de marzo de 2017,
que lo acredita como miembro de las FARC-EP.
Añadió que la zona veredal transitoria de normalización de Buenavista
en el municipio de Mesetas era para ese momento la única habilitada para el
traslado, por parte del INPEC, de los privados de la libertad a quienes les
fuera aplicable el artículo 13 del Decreto 277 de 2017 (personas procesadas o
condenadas por delitos no amnistiables de iure con privación efectiva inferior
a 5 años).
Solicitó ser desvinculada de la actuación, pues adujo que no existe
hecho u omisión atribuible a la Presidencia en cabeza de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.
3.6. Respuesta de las autoridades indígenas del
resguardo de Jambaló
Mediante escrito allegado el 26 de mayo de 2017, con posterioridad al
pronunciamiento del fallo de primera instancia, las autoridades tradicionales del
cabildo indígena de Jambaló manifestaron que no existía vulneración alguna por
su parte ni por los resguardos de San Francisco, Tacueyó y Toribío, por cuanto
se limitaron a administrar justicia en el caso del señor Jhon Jairo Mayorga
Suárez en los términos en que autoriza la Constitución, sin que sus decisiones
tengan que ser evaluadas u homologadas por otra autoridad judicial.
Explicaron que bajos los usos y costumbres de los pueblos indígenas es
posible mantener acuerdos, como en este caso se hizo para juzgar al actor,
quien, si bien es comunero del resguardo de San Francisco, fue procesado en conjunto
con otros resguardos indígenas.
Esgrimieron que no hubo violación al debido proceso y reafirmaron que
la condena al accionante se fundó en la desarmonía causada a los resguardos
vecinos y al suyo propio por atentar contra la vida del médico tradicional
Venancio Taquinas, hecho calificado como homicidio, pero en ningún momento se contempló
lo referente a su supuesta calidad de guerrillero, ni se juzgó por el delito de
rebelión.
Adujeron que no había lugar al traslado del actor a las zonas veredales
ni a los tratamientos previstos en la Ley 1820 de 2016, porque el citado es
comunero indígena juzgado por homicidio, considerado como una desarmonía no
susceptible de dicha normativa.
Solicitaron, por lo anterior, que se declarara que los cabildos
indígenas no habían vulnerado los derechos fundamentales del actor, en respeto
a la seguridad jurídica intercultural de los resguardos y a su autoridad
tradicional.
4. Fallo de tutela de primera instancia
Mediante sentencia del 25 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo
del Cauca declaró improcedente la acción de tutela incoada por el señor Jhon
Jairo Mayorga Suárez.
El a quo basó la anterior determinación en que, a su juicio, la
solicitud de traslado del actor a una zona veredal transitoria de normalización
era un asunto que debía resolverse entre la justicia especial para la paz y la
jurisdicción especial indígena de acuerdo con lo previsto en el artículo
transitorio 9 del Acto Legislativo 01 de 2017, conforme al cual los conflictos
de competencia entre las mencionadas jurisdicciones deben dirimirse por una
sala incidental conformada por dos magistrados de la JEP no afectadas por dicho
conflicto y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena implicado. En ese
sentido, estimó que la acción de tutela no podía entrar a desplazar el
mecanismo adecuado para solucionar el conflicto.
5. Fallo de tutela de segunda instancia
Impugnada la decisión del juez constitucional de primera instancia, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado la revocó, por sentencia del 19 de octubre de
2017.
Como fundamento de dicha determinación, el ad quem sostuvo que
la acción de tutela era procedente debido a que el señor Jhon Jairo Mayorga no
contaba con otros mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos
fundamentales.
Discrepó de la postura asumida por el Tribunal Administrativo del Cauca
en cuanto a que el asunto debía ser resuelto mediante una sala incidental según
lo previsto en el artículo 9 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, pues
consideró que no era un medio idóneo en vista de que para ese momento (19 de
octubre de 2017) no había entrado en funcionamiento la JEP y estimaba
desproporcionado obligar al actor a esperar a que dicha justicia comenzara a
operar.
Al analizar el fondo de la controversia, refirió que las personas
procesadas o condenadas por delitos no amnistiables de iure que llevaran menos
de 5 años privados de la libertad debían ser trasladadas a las zonas veredales
transitorias de normalización, donde permanecerán en situación de privación de
la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el que
quedarán en libertad condicionada a disposición de dicha jurisdicción, previa
suscripción del acta de compromiso correspondiente.
Señaló que dicho tratamiento era aplicable al accionante porque no
reúne las condiciones para ser beneficiario de la amnistía de iure, en tanto el
homicidio cometido por él (i) no podía calificarse como delito político, y (ii)
tampoco entra en la categoría de delito conexo, por no reunir los siguientes
criterios: a) estar íntimamente vinculado con el desarrollo de la rebelión, b)
que el sujeto pasivo del delito sea el Estado y su régimen constitucional
vigente, y c) que se haya dirigido a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el
desarrollo de la rebelión.
Adicionalmente, indicó que aunque en el expediente no obrara prueba de
la fecha exacta en la que el accionante fue privado efectivamente de su
libertad, se infería que ello tuvo lugar en abril de 2013; de modo entonces que
al llevar menos de 5 años en reclusión cumplía los requisitos para acceder al
traslado a las zonas veredales.
Agregó que pese a que la jurisdicción especial indígena es una de las
manifestaciones del pluralismo presente en la Constitución, dicha autonomía
estaba supeditada a los límites trazados por la misma Carta, la ley, el Acuerdo
de Paz y su marco legal; y que JEP prevalecía sobre las demás jurisdicciones,
de conformidad con lo acordado en el proceso de paz.
Subrayó que la Ley 1820 de 2016 no exigía la autorización del juez de
ejecución de penas para efectos del traslado a las zonas veredales transitorias
de normalización, pues se limitaba a prescribir que “el procesado o
condenado sujeto de esta medida, será trasladado por el INPEC a la ZVTN, donde
permanecerá en situación de privación de la libertad hasta la entrada en
funcionamiento de la JEP”. En ese sentido, precisó que la jurisdicción
indígena no debía impedir el traslado del accionante, pues su autorización no
era una condición para que el mismo tuviera lugar.
Por lo expuesto, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad del actor y ordenó “a la Asociación de Cabildos Indígenas de
Toribío, Tacueyó y San Francisco –Proyecto Nasa– que se abstenga de impedir el
traslado de Jhon Jairo Mayorga Suárez, en condición de privado de la libertad,
a la zona veredal transitoria de normalización de Buenavista en el municipio de
Mesetas, o la que haya lugar.” Asimismo, dispuso que “dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, la
Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco –Proyecto
Nasa– envíe el expediente de Jhon Jairo Mayorga Suárez al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC–, con el fin de que este último actúe de
conformidad con su competencia y con lo dispuesto en esta providencia.” [1]
7. Actuaciones posteriores y en sede de revisión
7.1. Actuaciones posteriores a la sentencia de segunda
instancia
Luego de surtirse la notificación del fallo de tutela de segunda
instancia, el señor Jaime Díaz Noscue, en calidad de representante legal de la
Asociación de Cabildos Indígenas de Torbío, Tacueyó y San Francisco –Proyecto
Nasa–, con NIT 900.029.407-5, remitió al Consejo de Estado memorial adiado el
14 de noviembre de 2017, en el que manifestó lo siguiente:
“1. El comunero Jhon Jairo Mayorga quien fue
sancionado por las comunidades de los resguardos de Toribío, Tacueyó, San
Francisco y Jambaló en uso de la función jurisdiccional especiales (sic)
indígenas (sic) que reconoce (sic) los tratados internacionales, la
Constitución Política de Colombia, la ley de origen y los usos y costumbres;
quien fue sancionado el 29 de abril de 2013, dicha decisión fue ejercida en
pleno derecho.
“2. En el numeral tercero del fallo en cuestión se
ordena a la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San
Francisco, abstenerse de impedir el traslado de Jhon Jairo Mayorga Suárez, en
condición de privado de la libertad, a la zona veredal transitoria de
normalización de Buenavista en el municipio de Mesetas, o a la que haya lugar.
“De acuerdo a dicha orden me permito precisar que:
nuestra asociación de cabildos legalmente reconocida acatamos dicha orden, toda
vez que nuestra asociación no es el juez natural del caso, el juez natural es
la comunidad de los cuatro resguardos antes mencionados, los cuales tienen cada
uno su representación legal muy distinta a la que represento.
“3. En el segundo párrafo en el cual se ordena que
dentro de los quince días a la notificación de la providencia a la Asociación
de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco –Proyecto Nasa–,
envíe el expediente del comunero antes mencionado al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC– con el fin de que este último actúe de
conformidad con su competencia y con lo dispuesto en esta providencia.
“Me permito hacer la claridad que: en la persona
jurídica la cual represento, no reposa ningún expediente sobre el caso en
mención, toda vez que en ningún momento la persona jurídica Proyecto Nasa con
NIT 900.029.407-5 en ningún momento tomó decisión alguna en este caso, máxime
hacer la claridad quien tomó la decisión fue toda la comunidad de los cuatro
resguardos en su legítimo derecho jurisdiccional.
“En consecuencia, a lo anterior mencionado le
solicito remitirse directamente a las autoridades tradicionales indígenas
representantes de cada resguardo quienes fueron los que tomaron la decisión en
su integralidad.”
Dicho escrito fue agregado al expediente por parte de la Secretaría
General del Consejo de Estado y no hubo pronunciamiento judicial alguno sobre
el particular.
7.2. Actuaciones en sede de revisión
Con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios para proferir
sentencia, mediante auto del 27 de febrero de 2018, el magistrado sustanciador ordenó
a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que remitiera a esta Corporación
copia de la Resolución 002 del 23 de marzo de 2017, mediante la cual se aprobó
la lista de nombres de miembros de las FARC-EP privados de la libertad, en la
cual se encontraba incluido el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez, identificado
con la cédula de ciudadanía número 1.012.410.718.
En la misma providencia se vinculó al trámite a Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC– y a la Asociación de Cabildos Indígenas de
Toribío, Tacueyó y San Francisco –Proyecto Nasa–, para que se pronunciaran
sobre todo cuanto estimaran pertinente en relación con la presente controversia
y aportaran pruebas.
Igualmente, se ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC– que rindiera informe a la Corte Constitucional sobre los siguientes
puntos: (i) si el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez se encuentra privado de la
libertad en un centro de reclusión del sistema penitenciario administrado por
el INPEC; en caso afirmativo, (ii) por cuenta de qué autoridad judicial y en
cumplimiento a cuál sentencia, y (iii) en qué lugar se encuentra actualmente
purgando la condena impuesta. Finalmente, de ser el caso y de conformidad con
las respuestas a los anteriores interrogantes, precise (iv) cuánto tiempo de
condena había cumplido el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez al 9 de mayo de 2017
(fecha de formulación de la acción de tutela) desde el momento en que fue
puesto a disposición del INPEC por parte de las autoridades tradicionales
indígenas para la ejecución de la sentencia del 29 de abril de 2013.
En cumplimiento a dicha providencia, se allegaron las siguientes
intervenciones:
7.2.1. Respuesta de la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz
A través de sus asesoras, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz
remitió copia de la Resolución No. 002 del 23 de marzo de 2017, “por la cual
se acepta un listado entregado por el miembro representante autorizado por las
FARC-EP de personas que dicha organización reconoce como integrantes de la
misma”.
En efecto, en el referido acto se recibe y acepta un listado de 276
nombres de miembros de la organización privados de la libertad, entre los
cuales figura el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez, identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.012.410.718, procesado por el Resguardo Indígena de San
Francisco.
7.2.2. Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC–
En su memorial de defensa, el
INPEC manifestó, por intermedio de apoderado, que “JHON JAIRO MAYORGA
SUÁREZ NO SE ENCUENTRA RECLUIDO EN NINGÚN ESTABLECIMIENTO DEL INPEC,
NI A CARGO DEL MISMO, por cuanto desde el 03 de noviembre de 2017 le fue
concedida LIBERTAD INMEDIATA Y FUE ENTREGADO AL REPRESENTANTE DEL RESGUARDO
INDÍGENA DE SAN FRANCISCO” (mayúsculas, negrillas y subrayas del
texto original).
Adujo, por lo tanto, que respecto de ese instituto se configuraba una
falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que eran otras autoridades
las llamadas a satisfacer las pretensiones del accionante y no se alegó en
ningún momento vulneración alguna por parte de dicha entidad.
Para acreditar tales
afirmaciones, se aportó copia del formato de Cartilla Biográfica del Interno
generada el 5 de marzo de 2018, en la cual se registra que, efectivamente, Jhon
Jairo Mayorga Suárez, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.012.410.718, fue ingresado el 2 de mayo de 2013, que contra él pesa condena
impuesta por el Resguardo Indígena de San Francisco-Toribío-Cauca mediante
Resolución 002 del 29 de abril de 2013, y que el 3 de noviembre de 2017 se le
concedió libertad inmediata, con la observación “Retiro por parte de resguardo
indígena”.
Más tarde, en atención a la información suministrada por el INPEC, por
auto del 19 de abril 2018 la Sala Novena de Revisión ordenó a las autoridades
tradicionales indígenas de San Francisco, Tacueyó, Toribío y Jambaló que comunicaran
a esta Corporación (i) dónde estaba el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez,
específicamente, si se hallaba en territorio indígena a disposición de las
autoridades tradicionales, (ii) cuáles fueron los motivos que determinaron el
retiro del mencionado comunero de las instalaciones del complejo penitenciario
San Isidro de la ciudad de Popayán, (iii) qué autoridad se encontraba vigilando
la ejecución de la condena impuesta al accionante mediante Resolución 002 del
29 de abril de 2013, y (iv) qué actuaciones se habían adelantado desde el 3 de
noviembre de 2017 al interior de la causa penal seguida contra Jhon Jairo
Mayorga Suárez y cuál era su situación jurídica actual.
En el mismo auto, la Sala suspendió los términos para fallo dentro del
expediente de tutela T-6.498.536, en razón a la necesidad imperiosa de
averiguar la localización del actor y a la incidencia que ello podría tener
sobre la solicitud de amparo en cuestión.
En respuesta a dicho requerimiento, se aportó la siguiente información:
7.2.3. Respuesta de
la Asociación de Cabildos Indígenas de Torbío, Tacueyó y San Francisco
–Proyecto Nasa–
Los gobernadores y representantes legales de los resguardos de Tacueyó,
San Francisco, Toribío y Jambaló señalaron que el comunero Jhon Jairo Mayorga
Suárez se encontraba “en territorio indígena, específicamente en las
instalaciones dispuestas para la atención de comuneros desarmonizados de la
autoridad tradicional indígena del resguardo de San Francisco, bajo custodia y
vigilancia de la guardia indígena y la comunidad en condición de juez natural.”
Indicaron que el traslado del centro penitenciario del INPEC al centro
de armonización indígena se derivó de la necesidad de aplicar al comunero
procesos de armonización bajo los usos y costumbres de la comunidad ancestral
nasa y de acuerdo con el fallo que le impuso la condena.
Esgrimieron que el fallo de tutela de segunda instancia, por el cual el
Consejo de Estado ordenó el traslado del actor a las zonas veredales
transitorias de normalización, vulneró su derecho al ejercicio de la
jurisdicción indígena, desconociendo que (i) el comunero fue dejado en patio
prestado por decisión de la asamblea comunitaria, (ii) de acuerdo con el
mandato de la asamblea comunitaria, son las autoridades indígenas las
competentes para hacer cumplir la decisión, y (iii) el comunero Jhon Jairo
Mayorga Suárez no fue juzgado por delitos políticos sino por la grave
desarmonía comunitaria causada por el asesinato de un sabio ancestral.
Añadieron que la Ley 1820 de 2016 transgrede sus derechos al otorgarle
a la JEP un carácter prevalente sobre las demás jurisdicciones y que la misma
no fue objeto de consulta.
Informaron que las autoridades indígenas dispusieron la elaboración e
implementación de un protocolo de coordinación entre la JEP y la jurisdicción
indígena, que se construyó una ruta mediante la cual el juez natural (la
asamblea comunitaria) decidió implementar un sistema transicional propio
fundamentado en los usos y costumbres, el derecho consuetudinario y los
derechos reconocidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición –SIVJRNR− y el Decreto 4633 de 2011[2], y que en cumplimiento a dicha ruta se decide
conceder o no los beneficios a los comuneros indígenas privados de la libertad
en patios prestados.
Finalmente, afirmaron que el 20 de febrero de 2018 se realizó asamblea
comunitaria en la vereda de Barondillo del resguardo de Jambaló, en la cual “la
asamblea mandató conceder los beneficios al comunero Jhon Jairo Mayorga Suárez,
previo cumplimiento de los requisitos consagrados en la mencionada ruta”,
sin especificar a qué beneficios hace referencia.
Al informe en cuestión, los gobernadores adjuntaron las siguientes
pruebas documentales:
§  Protocolo de coordinación entre la jurisdicción
especial indígena y la JEP, remitido por el Consejo Regional Indígena del Cauca
a la Comisión Étnica de la JEP el 9 de abril de 2018.
§  Fallo del Tribunal Indígena (NASA ÜÜS YUTX PEHNXI)
publicado en el diario oficial del 11 de diciembre de 2017, el que se resuelve
“Declarar que la competencia sigue siendo la jurisdicción especial indígena,
en el caso del comunero JHON JAIRO MAYORGA SUAREZ; y demás casos similares que
se presentan en el ejercicio del derecho fundamental de jurisdicción especial
indígena y del Sistema de Justicia Propia.”
§  Ruta mediante la cual se decide conceder o no
beneficios a comuneros indígenas en patios prestados del INPEC.
§  Acta de la asamblea celebrada el 20 de febrero de 2018
en la vereda Barondillo del resguardo de Jambaló.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso
En el asunto bajo estudio, el señor Jhon Jairo Mayorga
Suárez reclama la protección de su derecho fundamental al debido proceso, en vista de que fue condenado por la jurisdicción
especial indígena por el delito de homicidio a 40 años de prisión, no obstante
lo cual, según aduce, como miembro de las FARC-EP es beneficiario de los
tratamientos penales especiales derivados del Acuerdo de Paz para los
excombatientes de esa organización.
Por consiguiente, solicita que se efectúe su traslado desde el centro
de reclusión donde se encuentra a las zonas veredales transitorias de
normalización, con el fin de seguir purgando allí su condena y ser sometido a
la jurisdicción especial para la paz.
Dentro del trámite de tutela, las autoridades
indígenas manifestaron su oposición a la prosperidad de la tutela, al paso que
algunas de las entidades demandadas solicitaron ser desvinculadas y otros integrantes
del extremo pasivo guardaron silencio.
La sentencia del juez constitucional de primera instancia
fue adversa a los intereses del actor; sin embargo, la de segunda instancia accedió
a las pretensiones.
3. Problema jurídico
Esbozados así los contornos del caso, como cuestión
previa es preciso determinar
si existe un vicio en la actuación que inhiba a esta Corte para pronunciarse
sobre la presente acción de tutela, tomando en consideración el hecho de
que uno de los accionados es un órgano de la jurisdicción especial para la paz (la
Secretaría Ejecutiva) y de conformidad con el artículo 8
transitorio de la Constitución, introducido a partir del Acto Legislativo 01 de
2017, “las peticiones de acción de
tutela [contra acciones u omisiones de la JEP]
deberán ser presentadas ante el
Tribunal para la Paz”.
Establecido lo anterior, corresponde
a la Sala Novena de Revisión examinar si en el asunto de la referencia se
reúnen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, a fin de
determinar si, dadas las circunstancias del caso, es
pertinente la intervención del juez constitucional a
través de este mecanismo excepcional de protección, en
procura de salvaguardar derechos fundamentales.
Una vez dilucidado lo anterior, esto es, si se supera el análisis de
procedencia, las preguntas jurídicas que deberá responder la Corte en esta
oportunidad son las siguientes: (i) ¿se vulnera el derecho fundamental al
debido proceso de que es titular Jhon Jairo Mayorga Suárez al no proceder con
su traslado a las zonas veredales transitorias de normalización, teniendo en
cuenta que la condena penal por homicidio que pesa sobre él fue impuesta por
las autoridades indígenas, y estas aducen que no resultan aplicables los tratamientos
penales especiales derivados del Acuerdo de Paz para miembros de las FARC-EP?; y, (ii) ¿el ejercicio
jurisdiccional previo por parte de las autoridades indígenas excluye que el
caso sea examinado a la luz de la justicia transicional, teniendo en cuenta que
el actor afirma ser parte de una agrupación que tomó parte en el conflicto
armado y suscribió un Acuerdo de Paz?
Para resolver este interrogante, la Sala de Revisión llevará a cabo el
estudio de los siguientes ejes temáticos: (i) Cuestión previa: sobre la validez
del trámite constitucional surtido; (ii) Procedencia de la acción de tutela
contra decisiones adoptadas por las autoridades indígenas; (iii) La
jurisprudencia constitucional en torno a la autonomía de la jurisdicción
especial indígena; (iv) La justicia transicional como mecanismo para alcanzar
la paz y la reconciliación; (v) La amnistía y los tratamientos penales
especiales para los miembros de las FARC-EP en el marco del Acuerdo de Paz; y (vi)
El marco normativo vigente para la resolución de conflictos entre la
jurisdicción especial indígena y la jurisdicción especial para la paz.
Agotado el estudio de los referidos aspectos, se procederá al examen
del caso concreto.
(i) Cuestión previa: sobre la validez del trámite
constitucional surtido
De acuerdo con el artículo transitorio 8 de la Constitución, introducido
a partir del Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, “las
peticiones de acción de tutela [contra acciones u omisiones de la JEP] deberán
ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de
ellas. La primera instancia será decidida por la Sección de Revisión. La
segunda por la Sección de Apelaciones”.
Según esta norma constitucional, de manera privativa el Tribunal para
la Paz está investido de competencia para resolver las acciones de tutela
dirigidas contra los órganos de la jurisdicción especial para la Paz, lo cual
excluiría, en principio, la posibilidad de que otros jueces de la República
resuelva este tipo de solicitudes de amparo.
En el caso bajo estudio, una de las entidades que integran el extremo
pasivo de la acción es la Secretaría Ejecutiva de la JEP, no obstante lo cual
la acción tuitiva fue conocida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Cauca y en segunda instancia por el Consejo de Estado
–Sección Cuarta−, en lugar de las autoridades de la jurisdicción especial
para la paz, conforme a lo previsto por el Acto Legislativo a que se alude.
Aunque pudiera parecer que esta circunstancia constituiría un vicio
procesal que afectaría la validez de la actuación surtida desde el momento mismo
de la admisión de la acción de tutela –por la presunta falta de competencia de
los jueces que instruyeron el proceso−, es necesario anotar que, aunque
el acto legislativo llevaba un mes de vigencia cuando se radicó la solicitud
−9 de mayo de 2017−, para ese momento aún no estaba en
funcionamiento el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición del cual forma parte la jurisdicción especial para la paz, la cual
sólo inició con la atención al público el 15 de marzo de 2018, de
acuerdo con el artículo 2 de la Resolución 001 del 15 de enero de 2018[3].
La ausencia de entrada en funcionamiento de la JEP para el momento en
que se invocó el amparo que nos ocupa, tornaba imposible que el actor
promoviera la solicitud ante las autoridades de dicha jurisdicción especial,
pues para ese entonces ni siquiera habían tomado posesión los magistrados que
integran el Tribunal para la Paz[4].
En ese orden de ideas, hubiese resultado irrazonable privar al
accionante del acceso a la administración de justicia, impidiéndole solicitar
la protección de sus derechos fundamentales en el momento en que los consideró
amenazados, o postergando el trámite de la acción de tutela instaurada hasta
que se integrara y comenzara a operar la jurisdicción especial para la paz.
Recuérdese que la jurisdicción, entendida como la
función pública de administrar justicia, es una sola[5], por lo cual debe considerarse válida la
actuación adelantada por los jueces de instancia en el sub júdice, dada
la entonces inexistencia material del órgano especial destinado a pronunciarse
sobre el resguardo constitucional de que se trata.
Además, de acuerdo con el artículo 86 superior, la acción de tutela es
un mecanismo que está al alcance de todas las personas “para para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.”
Por lo tanto, dado que la instrucción del presente trámite se realizó
por funcionarios plenamente investidos de jurisdicción y que la urgencia de salvaguarda
de los derechos fundamentales es inherente a la acción de tutela –y ello
implica que el pronunciamiento del juez constitucional no da espera−, aunado
al hecho de que el Tribunal para la Paz no estaba funcionando para el momento
en que surgió el debate iusfundamental, es forzoso concluir, conforme al
principio de tutela judicial efectiva, que no existe vicio alguno que inhiba a
esta Corporación de pronunciarse sobre el asunto.
La Sala concluye que sólo desde un formalismo exacerbado −opuesto
a la naturaleza de este mecanismo de protección de derechos− se podría
sostener que la vigencia del artículo 8 transitorio del Acto Legislativo al
momento de interponerse la acción tiene la virtualidad de viciar la actuación. Visto
que la jurisdicción especial para la paz no comenzó a operar sino hasta después
de que se agotó el trámite de las instancias, tal postura equivaldría a aceptar
algo semejante a una nulidad sobreviniente.
Por lo demás, valga subrayar que, de acuerdo con el control
constitucional efectuado por este Tribunal sobre el acto legislativo en
mención, la función constitucional encomendada a esta Corte de revisar las decisiones
relacionadas con la tutela de los derechos constitucionales[6] no sufrió alteración alguna[7], lo cual implica que independientemente de cuál sea
la autoridad judicial de la que emana el fallo en cuestión, todas las
sentencias de tutela, sin excepción, deben ser remitidas a esta Corporación
para su eventual revisión.
Precisado lo anterior, y ratificada la validez del trámite adelantado
–pues, se insiste, no puede reprochársele al actor ni a los jueces de instancia
el no haber deferido la controversia a una autoridad que no estaba
constituida−, procede la Sala a emprender el estudio del caso.
(ii) Procedencia de la acción de tutela contra
decisiones adoptadas por las autoridades indígenas
Como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia
constitucional, la acción de tutela es un mecanismo orientado a la protección
inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que los mismos se vean
amenazados o vulnerados por la acción u omisión de autoridades públicas o, en
determinados eventos, de particulares. Se trata de un recurso judicial de
naturaleza superior y de procedencia excepcional, en la medida en que sólo se
debe acudir a él cuando no se disponga de otro medio eficaz de defensa judicial
para salvaguardar los derechos invocados, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio para conjurar un perjuicio irremediable.
Este Tribunal ha admitido que en el ámbito del
ejercicio de la jurisdicción especial indígena las comunidades pueden ser
sujeto pasivo de la acción de tutela, considerando su naturaleza jurídica con
base en una interpretación sistemática del artículo 2 del Decreto 2001[8]:
“Las comunidades indígenas son
verdaderas organizaciones, sujetos de derechos y obligaciones que, por medio de
sus autoridades, ejercen poder sobre los miembros que las integran hasta el
extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y de ejercer control social.
Respecto de las decisiones de la comunidad que afectan a uno de sus
integrantes, no existen medios de defensa judicial. En consecuencia, el petente
se encuentra en situación de indefensión respecto de una organización privada,
la comunidad indígena, razón por la que está constitucional y legalmente
habilitado para ejercer la acción de tutela en defensa de sus derechos
fundamentales.”[9]
En línea con lo anterior, se ha reconocido que frente
a las determinaciones de las autoridades indígenas, en razón de su autonomía,
no existen en el ordenamiento jurídico otros mecanismos de defensa que permitan
a las personas enervar una decisión de esta naturaleza que les afecte. Ante esa
carencia de recursos o instancias judiciales, se ha dicho, existe una evidente
relación asimétrica entre la colectividad y el sujeto involucrado, quedando
este último en una posición desfavorable en tanto lo resuelto adquiere un carácter
definitivo:
“La Corte ha sostenido en jurisprudencia constante
y uniforme que la acción de tutela es procedente para la protección de derechos
fundamentales de los miembros de una comunidad indígena eventualmente afectados
por decisiones de las autoridades tradicionales de la comunidad, debido a que
no existen mecanismos de control judicial en el interior de las comunidades, ni
superiores jerárquicos de tales autoridades, por lo que los miembros de la
parcialidad, individualmente considerados, están en situación de subordinación
e indefensión frente a los órganos de poder del resguardo.”[10]
Así, a través de reiterados pronunciamientos se ha ratificado la
procedencia del mecanismo constitucional de amparo en escenarios en los que se
pretende rebatir una decisión adoptada por autoridades tradicionales indígenas[11], con sustento en dos premisas básicas: (i) la preeminencia
que las mismas ostentan frente a los individuos que integran la comunidad, lo
que coloca a los citados en una situación de desventaja, y (ii) la ausencia de
otros medios de defensa judicial que permitan a estos últimos impugnar las
determinaciones que les resulten adversas.
(iii) La jurisprudencia constitucional en torno a la
autonomía de la jurisdicción especial indígena
Como expresión del espíritu pluralista[12] que alentó el pacto político fundado en 1991, nuestro
Texto Constitucional reconoce y protege la diversidad étnica y cultural[13] y contempla el derecho de las autoridades de los
pueblos indígenas a administrar justicia dentro de su ámbito territorial y
conforme a sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios
a la Constitución y las leyes.[14]
Desde sus albores, la jurisprudencia de esta Corte ha
venido interpretando dichos mandatos superiores destacando que la supervivencia
de los pueblos étnicamente diferenciados está inescindiblemente vinculada al
respeto por su autonomía, pues en el menor grado de interferencia por
parte de la cultura mayoritaria es que radica la protección a la diversidad,
mediante la garantía de preservación de sus rasgos y valores distintivos:
“De acuerdo con la doctrina
especializada, para considerar que existe una ‘etnia’ deben identificarse en un
determinado grupo humano dos condiciones: una subjetiva y una objetiva. La
primera condición, se refiere a lo que se ha llamado la conciencia étnica y
puede explicarse de la siguiente manera:
“(...) [es] la conciencia que tienen los
miembros de su especificidad, es decir, de su propia individualidad a la vez
que de su diferenciación de otros grupos humanos, y el deseo consciente, en
mayor o menor grado, de pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son
y han sido hasta el presente.
“La segunda, por el contrario, se
refiere a los elementos materiales que distinguen al grupo, comúnmente reunidos
en el concepto de ‘cultura’. Este término hace relación básicamente al
‘conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo
humano (...) el sistema de valores que caracteriza a una colectividad humana.’
En este conjunto se entienden agrupadas, entonces, características como la
lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos
históricos, las creencias religiosas, las costumbres (folklore) y la mentalidad
o psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos compartidos.
“Teniendo en cuenta esta definición (que
no pretende ser sino una aproximación a lo que puede entenderse por ‘etnia’),
el desarrollo del principio de la diversidad cultural en las normas
constitucionales citadas, y considerando que sólo con un alto grado de
autonomía es posible la supervivencia cultural, puede concluirse como regla
para el intérprete la de la maximización de la autonomía de las
comunidades indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las
restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior
jerarquía.”[15](negrillas en el texto original)
Este Tribunal ha señalado, también, que la posibilidad
de ejercer la jurisdicción en sus territorios por parte las comunidades
indígenas no está supeditada a que se expida una ley que así lo determine[16], pues se trata de un derecho de expresa consagración
constitucional con efectos normativos directos y la intervención del legislador
sólo se precisa para efectos de definir los mecanismos de coordinación entre
esta justicia especial y el sistema judicial nacional.
Bajo esa óptica, se ha considerado que tampoco es
necesario el reconocimiento o convalidación externos de los valores y las
prácticas consuetudinarias de estos grupos para el ejercicio efectivo de la
jurisdicción y la operancia de un orden jurídico propio –el cual no se
circunscribe de forma exclusiva a las prácticas ancestrales sino que puede ir
mutando según las dinámicas de cada cultura[17]–, por lo que su conformidad con la Constitución
sólo podrá verificarse después de desplegada la función jurisdiccional y ante
la eventual afectación de un derecho fundamental:
“La Constitución reconoce el derecho a
la diversidad y, tratándose de comunidades indígenas, establecidos los
elementos que permiten tenerlas como tales, para determinar la procedencia de
la jurisdicción especial, prima la vocación comunitaria, expresada,
fundamentalmente por sus autoridades, y en ocasiones refrendada por la
comunidad, para asumir el manejo de sus asuntos, extender y reafirmar sus
prácticas de control social y avanzar en la definición de su propio sistema
jurídico, como manera de afirmación de su identidad.
“En ese contexto, resulta contrario al
principio de diversidad étnica y cultural y a la garantía constitucional de la
jurisdicción indígena, la pretensión de que la procedencia de ésta dependa del
reconocimiento externo en torno a la existencia y validez del orden jurídico
tradicional. Establecida la existencia de una comunidad indígena, que cuente
con autoridades propias que ejerzan su poder en un ámbito territorial
determinado, surge directamente de la Constitución, el derecho al ejercicio de
la jurisdicción. Las prácticas y usos tradicionales constituyen el marco de
referencia para el ejercicio de esa facultad, pero su determinación corresponde
de manera autónoma a la propia comunidad indígena, con la sola limitación según
la cual ese sistema normativo tradicional no puede contrariar la Constitución
ni las leyes. Esta última condición, de la manera como ha sido perfilada por la
Corte, solo sería objeto de una verificación ex post, para la garantía de los
derechos fundamentales de las personas que pudiesen verse afectadas por la
acción o la omisión de las autoridades indígenas.”[18]
Empero, se ha enfatizado que el Estado, a través de
sus instituciones –y, en particular, de la propia justicia ordinaria–, tiene el
compromiso de garantizar, mediante una colaboración activa y permanente, las
condiciones óptimas para el ejercicio pleno de este derecho de las comunidades
indígenas. Esta coordinación se ha materializado, por ejemplo, facilitando la
utilización de las instalaciones carcelarias cuando se precise de ellas para la
ejecución de una sentencia en el evento de que las autoridades tradicionales,
en desarrollo de su autonomía, impongan penas intramuros a sus miembros[19].
En lo que atañe al ámbito de competencia para el
ejercicio de la jurisdicción especial indígena, se ha distinguido un fuero
indígena fundado en la persona y en el territorio
involucrados en una determinada controversia; posteriormente, la jurisprudencia
incorporó también un elemento objetivo. En el primer evento se verifica
si el sujeto involucrado en el asunto (v.gr. quien comete la infracción)
pertenece o no a determinada comunidad étnica, en el segundo se observa dónde ocurren
los hechos o se despliega la conducta que da lugar al litigio, y en el tercero
se identifica la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la
conducta[20], “de manera que pueda determinarse si el
interés del proceso es de la comunidad indígena o de la cultura mayoritaria”[21]. Estos elementos están orientados a garantizar el
debido proceso en su dimensión del principio de juez natural y se
conjugan según el contexto de cada caso[22].
Adicional a los elementos mencionados, la Corte ha establecido
que a la hora de dilucidar cuándo la jurisdicción indígena desplaza a la
justicia nacional también es pertinente constatar si las autoridades tradicionales
reclaman para sí el enjuiciamiento de determinado conflicto, esto es, si han
manifestado su intención de asumir el conocimiento y activar su potestad de pronunciarse
con base en su Derecho autóctono respecto a un acontecimiento con significación
social que les concierne[23]. En estrecha relación con este aspecto se
ha identificado un elemento institucional, caracterizado por “la
existencia de instituciones, usos y costumbres, y procedimientos tradicionales
en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir: (i) cierto poder
de coerción social por parte de las autoridades tradicionales; y (ii) un
concepto genérico de nocividad social.”[24]
Cabe resaltar que la pretermisión de los presupuestos
que abren paso a la aplicación de la jurisdicción especial indígena puede acarrear
la nulidad los trámites que se adelanten ante la justicia ordinaria y dicho
vicio puede ser declarado por el juez constitucional[25], habida cuenta de que al usurparse esta
competencia de rango superior no sólo menoscaba el derecho de la comunidad a
juzgar según sus usos y costumbres, sino el derecho al debido proceso de los
comuneros cuyos pleitos son indebidamente sometidos al conocimiento de jueces
comunes[26].
Ahora bien: no puede pasarse por alto que en razón a la
organización política del Estado colombiano como República unitaria y,
especialmente, a la posición central que en ella ocupan los derechos humanos
–cuya inspiración universalista no puede desconocerse–, es predecible que
surjan tensiones de cara al reconocimiento de la autonomía política y jurídica
de los pueblos indígenas.
Esta ambivalencia, existente también en otros Estados
con presencia de comunidades originarias, fue objeto de reflexión por parte de
la Organización Internación del Trabajo, la cual, en el Convenio 169 sobre
pueblos indígenas y tribales, adoptado en Ginebra el 27 de junio de 1989 e
incorporado a nuestro ordenamiento mediante la Ley 21 de 1991, sostuvo que “[d]ichos
pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales
definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse
procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.”[27]
Para armonizar aquellos principios en tensión en lo
que a la administración de justicia concierne, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que en la solución de estos conflictos deben aplicarse criterios
de equidad conforme a las particularidades de cada caso en concreto[28]. No obstante, se han fijado unas reglas de
interpretación sobre los límites a la jurisdicción indígena encaminadas
a desarrollar la premisa prevista en la propia Carta, según la cual el
derecho de estas colectividades a ejercer funciones jurisdiccionales según sus
usos y costumbres está sujeto a la condición de que no se opongan a la
Constitución y las leyes, las que, dada su relevancia, se transcriben in
extenso:
“i) A mayor conservación de sus usos
y costumbres, mayor autonomía. La realidad colombiana muestra que las
numerosas comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han
sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento
al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley
89 de 1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades
de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco
normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social
dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos
que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio,
respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse
en mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden
constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los
extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación
de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones.
ii) Los derechos fundamentales
constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos
los particulares. Pese a que la sujeción a la Constitución y a la ley es un
deber de todos los nacionales en general (CP arts. 4, 6 y 95), dentro de los
que se incluyen los indígenas, no sobra subrayar que el sistema axiológico
contenido en la Carta de derechos y deberes, particularmente los derechos
fundamentales, constituyen un límite material al principio de diversidad étnica
y cultural y a los códigos de valores propios de las diversas comunidades
indígenas que habitan el territorio nacional, las que, dicho sea de paso,
estuvieron representadas en la Asamblea Nacional Constituyente.
iii) Las normas legales imperativas (de
orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las
comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional
superior al principio de diversidad étnica y cultural. La interpretación de
la ley como límite al reconocimiento de los usos y costumbres no puede llegar
hasta el extremo de hacer nugatorio el contenido de éstas por la simple
existencia de la norma legal. El carácter normativo de la Constitución impone
la necesidad de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos por
la norma constitucional - diversidad, pluralismo - y aquellos tutelados por las
normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible del pluralismo y de la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede ser objeto
de disposición por parte de la ley, pues se pondría en peligro su preservación
y se socavaría su riqueza, la que justamente reside en el mantenimiento de la
diferencia cultural. La jurisdicción especial (CP art. 246) y las funciones de
autogobierno encomendadas a los consejos indígenas (CP art. 330) deben
ejercerse, en consecuencia, según sus usos y costumbres, pero respetando las
leyes imperativas sobre la materia que protejan valores constitucionales
superiores.
iv) Los usos y costumbres de una
comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas. Esta regla es consecuente con los principios de
pluralismo y de diversidad, y no significa la aceptación de la costumbre contra
legem por tratarse de normas dispositivas. La naturaleza de las leyes civiles,
por ejemplo, otorga un amplio margen a la autonomía de la voluntad privada, lo
que, mutatis mutandis, fundamenta la prevalencia de los usos y costumbres en la
materia sobre normas que sólo deben tener aplicación en ausencia de una
autoregulación (sic) por
parte de las comunidades indígenas.”[29]
Para el caso que ocupa la atención de la Corte, cobran
especial relevancia la segunda y la tercera de las reglas enunciadas, relativas
a los derechos fundamentales y a las normas legales imperativas que defienden
un valor constitucional superior como límites legítimos al ejercicio de la
función jurisdiccional en cabeza de las autoridades indígenas.
Pues bien: los derechos fundamentales han sido
catalogados como los bienes más preciados del ser humano[30] y de vieja data la jurisprudencia
constitucional ha subrayado que deben ser contemplados como mínimos oponibles en
el plano de la jurisdicción especial indígena:
“La plena vigencia de los derechos
fundamentales constitucionales en los territorios indígenas como límite al
principio de diversidad étnica y constitucional es acogido en el plano del
derecho internacional, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos
humanos como código universal de convivencia y diálogo entre las culturas y
naciones, presupuesto de la paz, de la justicia, de la libertad y de la
prosperidad de todos los pueblos.”[31]
Bajo esta misma impronta, este Tribunal ha anotado que
“las comunidades indígenas reclaman la protección de su derecho colectivo a
mantener su singularidad cultural, derecho que puede ser limitado sólo cuando
se afecte un principio constitucional o un derecho individual de alguno de los
miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta, principio o derecho que
debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad”[32]. En concreto, se ha hecho especial énfasis en el
derecho a la vida, la prohibición de la tortura y de la esclavitud, y el derecho
al debido proceso como un mínimo intercultural[33] que resulta insoslayable. A la vez, se ha
precisado que los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad se
erigen como límites a la autonomía de los pueblos indígenas a la hora de evitar
la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen la dignidad
humana[34].
En todo caso, cabe resaltar que en el momento en que
surge la necesidad imperiosa de dar aplicación a las reglas de limitación a la
justicia indígena, el juez constitucional está llamado a actuar con templanza y
guiar su labor de acuerdo con el principio de maximización de la autonomía
a que se ha hecho alusión[35]. Esto implica que el remedio judicial a
ofrecer debe atender a un criterio de necesidad, según las particularidades de
cada controversia, con el fin de optar por la solución menos invasiva posible:
“[A]l ponderar los intereses que puedan
enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la diversidad
étnica de la nación, sólo serán admisibles las restricciones a la autonomía de
las comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
“a. Que se trate de una medida necesaria
para salvaguardar un interés de superior jerarquía (v.g. la seguridad interna).
“b. Que se trate de la medida menos
gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas.”[36]
En la misma línea, esta Corporación ha advertido que
en ciertos escenarios, el involucramiento de actores externos puede tornarse
contraproducente de cara a la autonomía indígena. En dichos casos, como cuando
se requiere resolver un asunto jurídico-político interno de la comunidad, se ha
dicho que la intervención del juez de tutela está condicionada a que se hayan
agotado todos los mecanismos vernáculos y “lo más indicado por parte del
juez constitucional es promover el diálogo interno de la comunidad para que los
conflictos sean resueltos en el marco de su cosmovisión, normas, usos y
costumbres.”[37]
De lo dicho hasta aquí se colige que una de las
expresiones de la diversidad y el pluralismo protegidos por el Constituyente es
la autonomía de la jurisdicción especial indígena, la cual se constituye, de un
lado, en la facultad de las autoridades tradicionales de impartir justicia
conforme a sus usos y costumbres, y de otro, en el derecho de los integrantes
de estas comunidades a ser juzgados según los parámetros de su propia cultura.
No obstante, no se trata de una prerrogativa absoluta y, por lo tanto, debe
armonizarse según las circunstancias de cada caso con los principios y derechos
consagrados en el Texto Superior, respetando los mínimos que hacen viable el
diálogo intercultural entre sistemas jurídicos distintos.
(iv) La justicia transicional como mecanismo para alcanzar
la paz y la reconciliación
La paz es un elemento esencial del pacto de
convivencia plasmado en la Carta de 1991, en la cual se le contempló con una
dimensión compleja: como valor, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.
Además, es presupuesto para la
vigencia del Estado social y democrático de derecho y para la efectividad de
los derechos fundamentales de todas las personas. El respeto por los derechos humanos es condición de
posibilidad para la viabilidad de una sociedad fundada en la dignidad humana,
el pluralismo y la democracia, por lo cual la búsqueda de la paz “es un
objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado
por la Constitución”[38].
El fenómeno de la violencia que ha sacudido al país
durante muchas décadas ha desencadenado violaciones masivas de derechos humanos
que han lesionado a varias generaciones de colombianos. La superación del
conflicto social y armado para lograr una convivencia pacífica y el
afianzamiento de los valores democráticos es un propósito de toda la
colectividad, pero en la consecución de este objetivo no puede olvidarse el
sufrimiento de las víctimas y dejarse de lado su derecho a que los responsables
de aquellas agresiones sean investigados y juzgados, y a que se reparen los
daños infligidos:
“Los Estados tienen el deber jurídico de
atender los derechos de las víctimas y con la misma intensidad, la obligación
de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado
por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación
se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como
producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional
de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado
como obligado a alcanzarla”[39]
De modo que, además de su deber de garantizar la paz frente
a los asociados, pesan sobre el Estado compromisos internacionales de cara a la
protección de los derechos humanos. Sobre el particular, esta Corte ha
sostenido:
“Dentro de este panorama de evolución
hacia la protección internacional de los derechos humanos, la comunidad de las
naciones ha puesto su atención sobre aquellos Estados en que se adelantan
procesos de transición hacia la democracia  o de restablecimiento de la paz
interna y consolidación de los principios del Estado de Derecho. La comunidad
internacional ha admitido la importancia de alcanzar estos objetivos sociales
de Paz, pero ha hecho énfasis en que estas circunstancias de transición no
pueden conducir a un relajamiento de las obligaciones internacionales de los
Estados en el compromiso universal de respeto a la dignidad y a los derechos
humanos. En este contexto, se ha entendido que la necesidad de celebrar
acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige cierta
flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la
función judicial. Se aceptan con ciertas restricciones amnistías, indultos,
rebajas de penas o mecanismos de administración judicial más rápidos que los
ordinarios, que propicien el pronto abandono de las armas o de los atropellos,
como mecanismos que facilitan la recuperación de la armonía social. La
comunidad internacional ha reconocido esta realidad, admitiendo una forma
especial de administración de justicia para estas situaciones de tránsito a la
paz, a la que ha llamado ‘justicia transicional’ o ‘justicia de transición’,
pero no ha cedido en su exigencia de que las violaciones a los derechos
fundamentales sean investigadas, enjuiciadas y reparadas, y los autores de las
mismas contribuyan a identificar la verdad de los delitos cometidos y reciban
algún tipo de sanción.”[40]
Así, las particularidades de un contexto de tránsito
hacia la paz, inherentes al ambiente político y social que rodea este proceso, hacen
necesaria una concepción de la justicia que concilie la tensión originada entre
la aspiración de dejar atrás un pasado convulsionado por la violencia y la reivindicación
de que los crímenes cometidos no queden en impunidad. Se trata de una noción singular
de justicia que propenda por la garantía efectiva de los derechos de las
víctimas a la vez que auspicie la reconciliación en la sociedad, “lo cual
exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el
ejercicio de la función judicial sin desconocer las obligaciones
internacionales de los Estados en el compromiso universal de respeto a la
dignidad y a los derechos humanos, sino permitiendo que se cumplan de manera
especial”[41].
Precisamente en este marco de justicia transicional se
inscribe la jurisdicción especial para la paz –JEP−, uno de los eslabones
más importantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición – SIVJRNR− que resultó del Acuerdo Final de Paz celebrado
entre el Gobierno y el movimiento FARC-EP; Acuerdo que ha sido considerado por
esta Corporación como un instrumento orientado a concretar el valor y el
derecho a la paz, irradiado desde la Constitución[42].
Según el Acuerdo Final, “los objetivos del
componente de justicia del SIVJRNR son satisfacer el derecho de las víctimas a
la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de
las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar
decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de
manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos
cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones
del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos
Humanos.”
Con la finalidad de dotar de plena eficacia lo pactado
en el Acuerdo, el Acto Legislativo 01 de 2017 incorporó a la Constitución un
título de disposiciones transitorias encaminadas a la terminación del conflicto
armado y la construcción de una paz estable y duradera, entre las que se
incluyeron las normas relativas a la jurisdicción especial para la paz
–JEP−, órgano de carácter judicial encargado de administrar justicia de
manera especial respecto de las conductas punibles cometidas en el contexto del
conflicto armado, con un enfoque de justicia restaurativa (centrada la dignidad
de las víctimas).
Es así que se elevó a rango constitucional la justicia
transicional, como instrumento derivado de la negociación entre los actores en
conflicto que conlleva la posibilidad de dispensar un tratamiento penal
diferenciado a los rebeldes que renuncian a las armas como medio de oposición
política, se someten a juzgamiento y se comprometen con los derechos de las
víctimas y a contribuir a la construcción de la paz.
La inclusión de estas cláusulas en el texto superior,
además de sus implicaciones políticas, tiene relevancia jurídica en el sentido
de que la normatividad sobre justicia transicional como mecanismo para alcanzar
la paz y la reconciliación en un momento histórico, resulta abrigada por la supremacía
de la Constitución, y se le reconoce un lugar privilegiado en el ordenamiento
jurídico.
(v) La amnistía y los tratamientos penales especiales
para los miembros de las FARC-EP en el marco del Acuerdo de Paz
La Ley 1820 de 2016 desarrolla el Acuerdo Final para la terminación
del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera, celebrado
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en lo relativo a los beneficios de amnistía,
indulto y tratamientos penales especiales para las personas condenadas,
procesadas o señaladas por cometer delitos con anterioridad a la entrada en
vigor del Acuerdo (1º de diciembre de 2016), siempre que aquellas conductas ilícitas
se realizaran por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el
conflicto armado, así como para las conductas cometidas en el marco de
disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social, y aquellos cometidos
durante el proceso de dejación de armas, estrechamente vinculados al mismo.
De acuerdo con dicha ley, la amnistía es “un mecanismo de
extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya
finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a
personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el
Gobierno nacional y la finalización de las hostilidades”[43], el cual se aplica a los delitos políticos –aquellos en
que el sujeto pasivo de la acción es el Estado y su régimen constitucional que
son ejecutados sin ánimo de lucro personal– y a los delitos conexos con el
delito político, entendiendo por tales a los que se encuentren asociados al
desarrollo de la rebelión y que hubiesen sido cometidos con ocasión del
conflicto, al igual que las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar
u ocultar el desarrollo de la rebelión.
Existen en la ley diferentes hipótesis relativas a los tratamientos
penales especiales que se debe otorgar a las personas que se sometan a la
misma, según la naturaleza de las conductas investigadas y la etapa en que se
hallaren los procesos que se hubiesen adelantado.
Así, por un lado, se consagra la amnistía de iure para los
individuos a quienes se les endilgaren en grado de tentativa o consumación los
delitos de “rebelión”, “sedición”, “asonada”, “conspiración” y “seducción”,
usurpación y retención ilegal de mando, agrupados bajo la categoría de delitos
políticos, así como respecto de los considerados delitos conexos
con estos, a saber: apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte
colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constreñimiento para delinquir;
violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones;
ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la
comunicación privada entre personas; violación ilícita de comunicaciones o
correspondencia de carácter oficial; utilización ilícita de redes de
comunicaciones; violación de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria
y calumnia indirectas; daño en bien ajeno; falsedad personal; falsedad material
de particular en documento público; obtención de documento público falso;
concierto para delinquir; utilización ilegal de uniformes e insignias;
amenazas; instigación a delinquir; incendios; perturbación en servicio de
transporte público colectivo u oficial; tenencia y fabricación de sustancias u
objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios,
partes o municiones; fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso
restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbación
de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante;
fraude en inscripción de cédulas; corrupción al sufragante; voto fraudulento;
contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor
público; fuga; y espionaje[44].
Se prevé, en todo caso, que la Sala de Amnistía e Indulto podrá
considerar como delitos conexos con el delito político otras conductas no
enlistadas, en aplicación de los criterios señalados en la ley.
Cabe resaltar que se excluyen de la aplicación de amnistía e indulto (i)
los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de
rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras
formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento
forzado, además del reclutamiento de menores[45]; (ii) los delitos comunes que no hubiesen sido
cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante conflicto armado, o
aquellos cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un
tercero.[46]
Los requisitos para la concesión de la amnistía son del siguiente tenor[47]:
1. Que la providencia judicial condene, procese o
investigue por pertenencia o colaboración con las FARC-EP.
2. Integrantes de las FARC-EP tras la entrada en
vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional, de conformidad con
los listados entregados por representantes designados por dicha organización
expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo
establecido en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior aplica aunque la
providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las
FARC-EP.
3. Que la sentencia condenatoria indique la
pertenencia del condenado a las FARC-EP, aunque no se condene por un delito
político, siempre que el delito por el que haya resultado condenado cumpla los
requisitos de conexidad establecidos en esta ley.
4. Quienes sean o hayan sido investigados, procesados
o condenados por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones
judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras
evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o
colaboración a las FARC-EP. En este supuesto el interesado, a partir del día
siguiente de la entrada en vigor de la ley, solicitará al Fiscal o Juez de
Ejecución de Penas competente, la aplicación de la misma aportando o designando
las providencias o evidencias que acrediten lo anterior.
El procedimiento para el otorgamiento de la amnistía de iure tiene, a
su vez, diferentes alternativas, dependiendo de la fase de la investigación o
el proceso seguido por las conductas punibles referidas:
(i) quienes no tengan procesos ni condenas y se encuentren en
las zonas veredales transitorias de normalización o en los campamentos para
dejación de armas, la amnistía aplicará, en virtud de la expedición de un acto
administrativo por parte del Presidente de la República, al momento de salir de
allí para su reincorporación a la vida civil;
(ii) quienes tengan un proceso en curso por delitos políticos y
conexos, la Fiscalía solicitará la preclusión de la investigación ante el juez
de conocimiento competente[48];
(iii) quienes tengan una condena por delitos políticos y
conexos, el juez de ejecución de penas procederá a aplicar la amnistía.
Como consecuencia de la concesión de la amnistía, no podrán iniciarse contra
sus beneficiarios investigaciones penales por aquellos delitos políticos y
conexos cometidos antes de la entrada en vigencia del Acuerdo que hayan dado
lugar al beneficio[49]. Si ello ocurriere, el implicado podrá
alegar su condición de amnistiado según la ley, como causal objetiva de
extinción de la acción penal.
Por otro lado, la Ley 1820 de 2016 prevé las amnistías o indultos otorgados
por la Sala de Amnistía o Indulto de la jurisdicción especial para la
paz, la cual se predica de las conductas respecto de las cuales no es aplicable
la amnistía de iure que se hubieren cometido antes del Acuerdo de Paz, siempre
y cuando el destinatario haya concluido el proceso de dejación de armas, así
como en relación con las conductas estrechamente vinculadas al cumplimiento del
proceso de dejación de armas.
Esta forma de amnistía se aplica por recomendación de la Sala de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y
Determinación de Hechos y Conductas, de oficio o a petición de parte[50], de conformidad con los mismos cuatro requisitos
enunciados anteriormente, relacionados con haber sido juzgado por la pertenencia
o colaboración con las FARC-EP, figurar en los listados remitidos al Gobierno, haber
sido condenado por delitos que cumplan requisitos de conexidad y se haya
señalado en la sentencia la pertenencia a la organización, y haber sido
investigado o juzgado por delitos políticos y conexos cuando de las
investigaciones se infiera la pertenencia o colaboración con dicho movimiento.
La Sala de Aministía o Indulto concederá amnistías, previa evaluación
caso a caso, por delitos políticos o aquellos que se ajusten a los siguientes criterios
de conexidad[51]:
a) Aquellos delitos relacionados específicamente con
el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como
las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y
la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares, o
b) Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de
la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente, o
c) Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar,
financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.
En todo caso, están expresamente excluidos de amnistía o indulto las
siguientes conductas: (i) los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los
crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la
tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso
carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores,
el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad
con lo establecido en el Estatuto de Roma[52]; y (ii) los delitos comunes que carezcan de relación
con el conflicto armado, o cuya motivación hubiese sido la obtención de un
provecho personal, propio o de un tercero[53].
Es pertinente resaltar que lo anterior “no obsta para que se
consideren delitos conexos con los delitos políticos aquellas conductas que
hayan sido calificadas de manera autónoma como delitos comunes, siempre y
cuando estas se hubieran cometido en función del delito político y de la
rebelión.”[54]
En
el evento en que se profiera resolución que otorgue amnistía o indulto, la
decisión se pondrá en conocimiento de la respectiva autoridad judicial que esté
conociendo de la causa penal, con el fin de que cumpla lo resuelto y
materialice los efectos de extinción de la acción penal, de la responsabilidad
penal y de la sanción penal según corresponda. Esta decisión hará tránsito a
cosa juzgada y solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz.
Por
el contrario, si la decisión de la Sala de Amnistía e Indulto fuera negativa,
las diligencias deberán ser remitidas a la Sala de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas o a la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas, para que de acuerdo con sus competencias adopten la
decisión correspondiente.
Ahora bien: las personas que estando privadas de la libertad hayan sido
beneficiadas con amnistía o renuncia a la persecución penal conforme a la Ley
1820 de 2016, deben ser liberadas de forma inmediata y definitiva[55].
A su vez, gozarán del beneficio de libertad condicionada los
miembros o colaboradores de las FARC-EP que se encuentren privados de la
libertad por la comisión de delitos políticos, conexos o que cumplan los
requisitos de conexidad previstos en la ley, previa suscripción ante el
secretario de la JEP de acta formal de compromiso en la que aceptan ponerse a
disposición de dicha jurisdicción y no salir del país sin autorización previa.
No obstante, los autores de conductas punibles que a la entrada en
vigencia de la ley no cumplieren los requisitos para recibir amnistía de iure
no podrán acceder a este beneficio de libertad condicionada, a menos que hayan
cumplido cuando menos 5 años privados de la libertad por los delitos de que se
trata; pero si el tiempo de privación de la libertad fuera menor al señalado,
aquellas personas será trasladadas a las zonas veredades transitorias de
normalización (ZVTN), para permanecer allí bajo vigilancia del INPEC hasta la
entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad
condicional a disposición de esta justicia especial, siempre y cuando hayan
suscrito el acta de compromiso antes mencionada.
Corresponde
a la autoridad judicial que esté conociendo el proceso penal dar cumplimiento a
las disposiciones enunciadas en lo que respecta a la excarcelación de los
procesados, dependiendo de la etapa en que se hallare el proceso y la ley penal
aplicable: se solicitará por la fiscalía ante el juez de control de garantías
cuando la privación tenga como base una medida de aseguramiento, y si ya
existiere una condena por delitos políticos o conexos, o por conductas
relacionadas con disturbios internos o el ejercicio del derecho a la protesta
social, la verificación de los requisitos para autorizar la libertad estará en
cabeza del juez de ejecución de penas.
Respecto
de los autores de delitos no amnistiables cometidos en el marco del conflicto
armado y con ocasión, causa o relación directa o indirecta con este, también se
aplicará lo señalado en cuanto al régimen de libertades y al sometimiento a la
JEP, hasta cuanto esta justicia especial imponga las sanciones
correspondientes.
En todo
caso, la JEP puede llegar a revocar, de conformidad con el principio de
proporcionalidad, la libertad de las personas que desatiendan las obligaciones asumidas
en el acta formal de compromiso, habida cuenta de que el reconocimiento de este
beneficio (la libertad condicionada) “indudablemente debe estar mediado por
un condicionamiento irrenunciable, concerniente a la garantía de los derechos
de las víctimas, mediante la contribución sustancial de los beneficiarios, en
materia de verdad, reparación y no repetición en el marco del Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.”[56]
Resulta
oportuno subrayar que la Corte encontró compatible con la Constitución el artículo
38 de la Ley 1820 de 2016, conforme al cual “[t]odo lo previsto en esta ley
será de aplicación para las personas, conductas, delitos y situaciones en ella
prevista, cualquiera que sea la jurisdicción ante la cual hayan sido
condenados, estén siendo investigados o procesados.”[57]
Adicionalmente,
la amnistía y la renuncia a la persecución penal producen como efectos la
extinción de la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción
de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible, y la
responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el beneficiario haya
cumplido funciones públicas, así como la extinción de las investigaciones
disciplinarias y fiscales. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de
satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia
con la Ley 1448 de 2011 y sin perjuicio de las obligaciones de reparación que
sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y no repetición.
Empero,
tratándose de la cesación de procedimiento, la suspensión de la ejecución de la
pena y demás decisiones encaminadas a definir la situación jurídica del
interesado, será la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la que resuelva
sobre la extinción de la acción penal, de la acción de indemnización de
perjuicios, y de la extinción de la responsabilidad disciplinaria y fiscal.
De
lo anterior se concluye que, en virtud del Acuerdo de Paz, el legislador previó
unos tratamientos penales especiales para los miembros de las FARC-EP, en el
marco de las medidas de justicia transicional que se hallan a la base de la
negociación entre el Estado y dicha organización para la superación del
conflicto armado.
Tales
tratamientos especiales pueden operar por ministerio de la ley o por la
determinación que sobre cada caso en particular adopte la justicia especial
para la paz, teniendo en cuenta variables como las calidades subjetivas de los procesados
–en tanto integrantes o colaboradores de las FARC-EP−, la etapa en que se
encuentre el proceso penal y la naturaleza de las conductas punibles y su
relación con el conflicto.
(vi) El marco normativo vigente para la resolución de
conflictos entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción especial para
la paz
El Acto Legislativo 01 de 2017, “por medio del cual
se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y
duradera”, prescribió originalmente en su artículo 1, artículo transitorio
9, que los conflictos de competencia entre cualquier jurisdicción y la JEP
serían dirimidos por mayoría simple a través de una sala incidental conformada
por tres magistrados de la Corte Constitucional elegidos por esta y tres
magistrados de las salas o secciones de la JEP no afectadas por dicho conflicto
jurisdiccional, elegidos por la plenaria de esta jurisdicción especial. En caso
de no alcanzarse la mayoría –preveía la norma– resolvería el presidente de la
JEP, en atención al carácter preferente de esta jurisdicción.
A renglón seguido, la mencionada disposición señalaba
que las colisiones de competencia entre la JEP y la jurisdicción especial
indígena serían decididas también por mayoría simple mediante una sala
incidental integrada por dos magistrados de la jurisdicción de paz pertenecientes
a las salas o secciones que no estuvieron afectadas por el conflicto y dos
autoridades tradicionales indígenas que estuvieran conociendo el caso concreto.
De igual forma, se disponía que en el evento de no lograrse la mayoría exigida
el presidente de la JEP definiera el asunto, dada su competencia prevalente.
Sin embargo, las referidas fórmulas para la resolución
de conflictos de competencia que involucran a la JEP fueron declaradas
inexequibles mediante sentencia C-674 de 2017[58], en razón a que dicho régimen –según lo
entendió esta Corte– sustituía la independencia judicial, en tanto suponía
dejar en manos de una de las jurisdicciones (refiriéndose a la JEP, en cabeza
de su presidente) la potestad última de resolver tales conflictos.
Estimó la Sala Plena que esta singular atribución
infringía la imparcialidad en la resolución de las controversias como principio
fundamental de la separación de poderes particularmente en materias de gran
relevancia para víctimas y procesados, por lo cual se imponía su exclusión del
ordenamiento.
En principio, los conflictos entre jurisdicciones
deben ser dirimidos por la Corte Constitucional, de conformidad con la reforma
al Texto Superior introducida por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de
2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y
reajuste institucional”, en virtud de la cual se relevó de dicha función a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria Consejo Superior de la Judicatura[59], cuya función jurisdiccional
disciplinaria fue trasladada
–además− a las recién creadas Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial,
conforme al artículo 19 de la citada reforma constitucional.
No obstante, la asunción por parte de este Tribunal
constitucional de la función genérica de dirimir conflictos de competencia
entre jurisdicciones ha quedado condicionada a la cesación definitiva en sus
labores de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, con el consecuente inicio de operaciones por parte de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, en atención al parágrafo transitorio 1º del
artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 que dispone que “los actuales magistrados
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial”. Así lo ha sostenido esta
Corporación a partir del Auto 278 de 2015[60], cuyas reglas fueron posteriormente
reiteradas en los Autos 309 de 2015[61], 504 de 2015[62] y 084 de 2016[63].
Cabe anotar que por sentencia 2016-00480 del 6 de
febrero de 2018[64] la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad por
inconstitucionalidad del Acuerdo mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura
reglamentó la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por desconocer los artículos
6º, 121, 126, 256 y 257 de la Carta[65], de lo cual se desprende que a la fecha no
se han elegido –y menos aún, posesionado− los miembros que integrarán
dicha corporación.
Ahora bien: aunque la función genérica de conocer los
conflictos entre jurisdicciones sigue estando hoy en día en cabeza de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –en tanto no
ha cesado en el ejercicio de sus funciones−, tratándose de los conflictos
que involucran a la jurisdicción especial para la paz existe una circunstancia
especial que habilita a la Corte Constitucional para dirimir tales colisiones
entre jurisdicciones.
En efecto, en la sentencia C-674 de 2017[66] citada en precedencia, al declarar la
inconstitucionalidad del esquema especial originalmente previsto en el Acto
Legislativo 01 de 2017 para la resolución de conflictos entre la JEP y otras
jurisdicciones, la Sala Plena de esta Corporación especificó que dichos asuntos
se deben sujetar al régimen general establecido en la Constitución y la ley, y
precisó que los mismos deberán ser resueltos por la Corte Constitucional[67].
En este sentido, al asumir esta Corte el conocimiento
de un conflicto de jurisdicción que involucraba a la JEP, en el auto A-345 de
2018, se señaló:
“[D]ebe tenerse en cuenta que en
atención a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz a través del
Acto Legislativo 01 de 2017, la función de dirimir los conflictos de
competencia suscitados entre cualquiera de las autoridades que administran
justicia y los órganos que conforman dicha jurisdicción especial, serán
solucionados por la Corte Constitucional, ya que la función de resolver los conflictos
de jurisdicciones que mantiene la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura únicamente opera para las controversias que en algún
momento fueron de su competencia, según lo explicó el Pleno de esta Corporación
en la Sentencia C-674 de 2017.”[68]
La misma postura fue reiterada recientemente por la
Sala Plena en el auto A-401 de 2018[69], al reafirmar la competencia de la Corte
Constitucional para resolver los conflictos de jurisdicción en los que la JEP
es una de las autoridades envueltas en la colisión:
“La creación de la Jurisdicción Especial
para la Paz tuvo lugar merced al A.L. 01/17 y fue diseñada como parte del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición (SIVJRNR); a
partir del Capítulo III, artículo transitorio 5º de la citada reforma, el
constituyente reguló la materia. Lo relacionado con el conflicto de
competencias entre esta jurisdicción y las demás hacía parte del artículo
transitorio 9º declarado inexequible (Sentencia C-674/17).
“La Corte Constitucional, al adoptar
esta decisión, determinó que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura seguirá conociendo de los conflictos de competencia
entre las distintas jurisdicciones, respecto de controversias que fueron de su
competencia, en los términos del Auto 278 de 2015, mas no de las suscitadas en
asuntos en los cuales sea parte la Jurisdicción Especial para la Paz, pues
respecto de éstas se aplicarían las previsiones del artículo 241-11 de la
Constitución Política.”
Así las cosas, se concluye que, de acuerdo con el
marco normativo vigente, los conflictos de jurisdicción en los que esté
involucrada la jurisdicción especial para la paz son del conocimiento de la
Corte Constitucional, al paso que los demás conflictos que se presenten entre
las otras jurisdicciones deben ser dirimidos, por ahora, por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hasta el
momento en que se integre la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
4. Caso concreto
4.1. Examen en torno a la procedencia de la acción
Como medida inicial, corresponde a la Corte establecer
si en el caso bajo estudio se encuentra debidamente demostrada la procedencia
de este mecanismo excepcional de protección que es la acción de tutela.
En el asunto que nos ocupa, el señor Jhon Jairo
Mayorga Suárez promovió a nombre propio demanda constitucional de amparo para
la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima
vulnerado por cuanto no se ha procedido a su traslado a las zonas veredales
transitorias de normalización para integrantes de las FARC-EP, con el fin de
luego ser sometido a la jurisdicción especial para la paz. Según el artículo 86
de la Carta, “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales…”, por lo cual se cumple con el
presupuesto de legitimación en la causa por activa.
Es de principal relevancia precisar en este momento que
el presunto hecho vulnerador tiene su génesis en la negativa de las autoridades
tradicionales indígenas a autorizar el traslado solicitado, bajo el argumento
de que el accionante fue juzgado y condenado como comunero indígena por el
homicidio del sabio ancestral Venancio Taquinas.
Así, aunque el peticionario dirigió su demanda contra
una serie de instituciones y organizaciones, a saber: la Presidencia de la
República, los Gobernadores indígenas de los resguardos San Francisco, Toribío,
Tacueyó y Jambaló, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, el
Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el Alto
Comisionado para la Paz, el movimiento político FARC, la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca –ACIN–, la Organización Nacional Indígena de
Colombia –ONIC–, el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, la Fiscalía
General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, se puede
identificar, sin ambages, que su descontento radica en la determinación de las
autoridades indígenas en relación con su traslado y puesta a disposición de la
JEP, pues ningún reproche se formula –ni se desprende del libelo− contra
las demás entidades que integran el extremo pasivo, por lo cual se impone su
desvinculación.
Aclarado este punto, cabe señalar que se encuentra
acreditada la legitimación en la causa por pasiva en relación con las
autoridades indígenas de los resguardos San Francisco, Toribío, Tacueyó y
Jambaló, en razón a la evidente desventaja en que se halla el actor en tanto miembro
de la colectividad respecto de la cual aquellas ejercen autoridad, además de su
situación de privación de la libertad por la condena impuesta por las mismas.
Por otro lado, se satisface también el requisito de inmediatez
que caracteriza a la acción de tutela, comoquiera que el Acuerdo Final de Paz
fue suscrito el 24 de noviembre de 2016, refrendado por el Congreso de la
República el 30 de los mismos mes y año, y de allí en adelante se dio paso a la
fase de ejecución de lo pactado, entre lo cual se incluye la expedición de la
Ley 1820 de 2016 publicada en el Diario Oficial No. 50.102 de 30 de diciembre
de 2016 y, más tarde, la concentración de los desmovilizados miembros de las
FARC-EP en las zonas veredales transitorias de normalización, durante el mes de
febrero de 2017[70]. El escrito de tutela fue radicado
alrededor de 3 meses después, el 9 de mayo de 2017[71], tiempo que no se aprecia desproporcionado
teniendo en cuenta las circunstancias de privación de la libertad del
accionante y que durante el lapso que transcurrió desplegó otras actuaciones
tendientes a conseguir su traslado, tales como la petición elevada ante las
autoridades indígenas el 26 de febrero de 2017, contestada por oficio del 29 de
marzo de 2017[72], y la solicitud ante la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, respondida por oficio del 3 de abril de 2017[73].
Adicionalmente, acogiendo la jurisprudencia
constitucional sobre la subsidiariedad en este ámbito particular, se
observa que el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez no cuenta con otros medios de defensa judicial para
impugnar las decisiones de las autoridades indígenas que les resulten desfavorables.
Reunidas entonces las condiciones mínimas de
procedencia, es viable acometer el estudio de fondo de la controversia.
4.2. Análisis de fondo:
sobre el derecho fundamental al debido proceso de que es titular el ciudadano
Jhon Jairo Mayorga Suárez y los límites constitucionales a la autonomía de la
jurisdicción especial indígena
La Sala se concentrará ahora en el estudio de mérito
de la solicitud de amparo. Con
el objetivo de fijar con claridad los contornos del presente asunto, no está
demás reiterar que la demanda de tutela que nos ocupa no reprocha la forma en
que al interior de las comunidades indígenas se surtió el proceso penal que
culminó con la condena del actor, ni se le endilga vicio alguno a la sentencia
misma. La censura constitucional se contrae al hecho de que no se ha efectuado el
traslado del accionante a las zonas veredales transitorias de normalización, al
que considera tener derecho por su alegada condición de excombatiente de las
FARC-EP, en donde podría continuar cumpliendo su pena hasta ser sometido a la
jurisdicción especial para la paz.
Conviene precisar, de entrada, que contrario a lo
sostenido por un sector de los intervinientes e incluso por el juez
constitucional de primera instancia, el asunto sub júdice no envuelve un
conflicto de competencia entre jurisdicciones, habida cuenta de que, como es
apenas lógico, la colisión de jurisdicciones lleva implícita una condición
básica consistente en el enfrentamiento o choque entre las autoridades involucradas
respecto de cuál de ellas es la llamada a resolver determinado asunto, lo cual
supone que ambas, a la vez, hayan reclamado para sí o hayan repelido el
conocimiento del mismo.
En el litigio bajo estudio, no cabe duda de que la
jurisdicción especial indígena ha fijado una postura frente al caso en el
sentido de reclamar para sí la competencia; sin embargo, se advierte que en
ningún momento ha habido un pronunciamiento por parte de la jurisdicción
especial para la paz sobre el particular. Ante tal ausencia de manifestación por
parte de una de las autoridades que, eventualmente, podría considerarse competente
frente al asunto, salta a la vista que no se ha suscitado conflicto
jurisdiccional alguno, por no existir criterios antagónicos entre las
autoridades concernidas como presupuesto clave de la colisión.
Precisado lo anterior, corresponde determinar entonces
si la negativa al traslado del accionante a las zonas veredales transitorias de
normalización junto con su consecuente sometimiento a la jurisdicción especial
para la paz, constituye una vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, y si el ejercicio jurisdiccional previo por parte de las autoridades
indígenas excluye que el caso sea examinado a la luz de la justicia
transicional, teniendo en cuenta que el actor afirma ser parte del grupo FARC-EP,
el cual tomó parte en el conflicto armado y suscribió un Acuerdo de Paz.
Primeramente, para la Sala está fuera de debate que el
reconocimiento que hace el Texto Superior de la autonomía de los pueblos
indígenas y su jurisdicción especial es la fuente directa de la facultad con
que estaban investidas las autoridades tradicionales de San Francisco, Tacueyó,
Toribío y Jambaló para enjuiciar a un miembro de la comunidad y reprenderlo,
conforme a sus usos y costumbres, por una conducta punible que tuvo lugar en su
territorio ancestral y que lesionó sensiblemente a la colectividad. Sin lugar a
dudas, los métodos propios para la instrucción del proceso, el reproche por el
daño infligido con el delito, los mecanismos para la toma de decisiones y la
imposición de un castigo acorde a sus tradiciones están cobijados por la
Constitución como plena manifestación de su derecho fundamental a impartir
justicia.
Ahora bien: la tensión entre la autonomía
jurisdiccional indígena, de un lado, con el derecho al debido proceso y la
justicia transicional, de otro, surge del hecho de que, además de ser miembro
de la comunidad indígena, el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez alega que concurre
en él una circunstancia subjetiva, la de ser integrante de las FARC-EP, que, según
aduce, lo haría acreedor de los tratamientos penales especiales derivados del
Acuerdo de Paz celebrado entre el Estado colombiano y dicho movimiento, frente
a lo cual las autoridades indígenas insisten en que el citado no fue sancionado
por ser miembro de la guerrilla, sino por haber generado desarmonía con el
asesinato del sabio ancestral, el cual no consideran que sea un delito político
o conexo.
Sobre este específico punto, es claro que el juez
constitucional no es la autoridad llamada a calificar la conducta delictiva y a
determinar si, en efecto, el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez reúne las
condiciones para recibir los tratamientos especiales otorgados por el
ordenamiento jurídico a los miembros de las FARC-EP, pues, como se describió en
precedencia, la valoración de los eventos en los que cabe la aplicación de lo
previsto en la Ley 1820 de 2016 es una atribución propia de la jurisdicción
especial para la paz.
En esa medida, las pruebas recaudadas durante el
trámite de tutela merecen ser evaluadas por la JEP en aras de dilucidar si las
mismas apuntan a que el actor pudo estar vinculado de alguna forma con la
organización a que se alude, y si los hechos por los que fue juzgado podrían
tener algún grado de relación con su presunta pertenencia a la misma.
En esa línea se encuentran, por ejemplo, (i) el oficio
remitido a la Corte por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
en el cual informó que “de conformidad con el principio de confianza
legítima aceptó el nombre de JHON JAIRO MAYORGA SUÁREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1012410718 como miembro integrante de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia –Ejército Popular- (FARC-EP)”[74], junto con la copia de la Resolución 002 del 23 de marzo de 2017, en la que el
Gobierno aceptó el listado de miembros entregado por el delegado de dicha
agrupación, donde efectivamente figura el accionante[75]; (ii) la sentencia del 29 de abril de 2013, mediante la cual
las autoridades indígenas condenaron al actor a 40 años de prisión por el
homicidio del sabio ancestral Venancio Taquinas; y, (iii) la Resolución del 4
de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Indígena Nasa −cuya copia
publicada en el diario oficial
del 11 de diciembre de 2017 fue aportada en sede de revisión−.
Sin entrar a hacer valoraciones sobre dichas pruebas,
la Sala destaca que en este caso particular concurren circunstancias
especialísimas consistentes en que, de forma posterior al ejercicio
jurisdiccional por parte de las autoridades indígenas, surgieron ciertas
condiciones originadas en la celebración de un acuerdo de paz, a partir de las
cuales se configuró un orden jurídico constitucional que da paso a que determinadas
conductas delictivas sean sometidas a la justicia de transición, como medio
para hacer efectivo el imperativo de la paz y lograr la reconciliación a través
de un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La jurisdicción especial para la paz es la llamada a
analizar entonces, en tanto nuevo juez natural respecto de las violaciones a la
ley enmarcadas en la negociación, si la causa penal a que se alude tiene algún
grado de relación con la participación del accionante en las FARC-EP, si el
acto punible sucedió en el contexto del conflicto armado, si hubo o no móviles
políticos que lo vinculen de alguna manera con las acciones de beligerancia
desarrolladas por la mencionada agrupación, etc.
En ese sentido, aunque no se refute la validez del
tratamiento dado por las autoridades indígenas al delito cometido por el actor
–quienes conforme a su derecho autóctono examinaron el suceso en clave de la
grave desarmonía ocasionada a la colectividad por la muerte violenta del sabio
ancestral–, no puede desconocerse que las circunstancias que circunscriben al
autor y al entorno en que tuvo lugar la conducta abren un margen de
interpretación sobre los hechos que hace pertinente a que la JEP examine si el
asunto está dentro de su ámbito de competencia, a fin de evaluar la aplicabilidad
de la justicia transicional derivada del Acuerdo de Paz y sus beneficios
correlativos para el reo. De lo contrario, se frustraría por completo el
propósito que inspira la justicia transicional como instrumento para lograr el
tránsito hacia la consolidación de la paz, consagrada en nuestro régimen
constitucional como valor, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.
Como se señaló en las consideraciones generales de
esta sentencia, los derechos fundamentales y las normas legales
imperativas que protegen un valor superior son límites constitucionalmente
válidos al ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades
indígenas.
En criterio de la Sala, en el caso bajo estudio tales
límites se proyectan, respectivamente, en el derecho fundamental al debido
proceso que le asiste al señor Jhon Jairo Mayorga Suárez para que se evalúe la
viabilidad de dispensarle el tratamiento jurídico-penal más favorable previsto
para miembros de las FARC-EP si se llega a comprobar que reúne los requisitos
para ello (artículo 29 inc. 3º C.P.), y en el marco normativo del Acuerdo Final
para la Paz elevado a rango constitucional, de acuerdo con la fundamentación
que enseguida pasa a desarrollarse:
La jurisprudencia de este Tribunal ha sido prolífica
en materia de protección al debido proceso de miembros de comunidades indígenas[76], bajo la premisa de que el respeto por esta garantía
fundamental es un límite insoslayable, dado su valor para todos los seres
humanos más allá de la cultura a la que pertenezcan:
“El derecho al debido proceso y el de
legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas hacen parte de los
límites que, según lo descrito por la jurisprudencia constitucional, son
susceptibles de ser impuestos a la autonomía normativa y jurisprudencial de las
comunidades indígenas, pues hacen parte de aquellos que se encuentren referidos
‘a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más
preciados del hombre’”[77]
En la misma dirección, se ha sostenido que, si bien la
autonomía en materia de normas y procedimientos es un eje axial de la
jurisdicción especial indígena, el ejercicio de la misma encuentra una frontera
legítima en los contenidos normativos del artículo 29 superior, que definen el
núcleo esencial del derecho al debido proceso:
“El derecho fundamental al debido
proceso constituye un límite jurídico-material de la jurisdicción especial que
ejercen las autoridades de los pueblos indígenas que la realizan según
"sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios
a la Constitución y a la ley" (CP art. 246). Cualquiera sea el
contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades indígenas,
estás deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial
del derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta. En efecto, el
derecho fundamental al debido proceso garantiza los principios de legalidad, de
imparcialidad, de juez competente, de publicidad, de presunción de inocencia y
de proporcionalidad de la conducta típica y de la sanción, así como los
derechos de defensa y contradicción. El desconocimiento del mínimo de garantías
constitucionales para el juzgamiento y sanción equivale a vulnerar el derecho
fundamental al debido proceso.”[78] (se subraya)
Así, en cuanto al debido proceso como límite a la
autonomía jurisdiccional indígena, la jurisprudencia constitucional ha
enunciado los siguientes referentes obligatorios: legalidad del procedimiento, de los delitos y de las penas, respeto por
la presunción de inocencia, garantía del derecho de defensa, proscripción de la
responsabilidad objetiva y principio de culpabilidad individual, garantía del
principio de non bis in idem, no obligatoriedad de la segunda instancia, y proporcionalidad
y razonabilidad de las penas. Sin embargo,
entendiendo el derecho al debido proceso como una norma tipo principio, su
estructura indeterminada impide agotar sus posibilidades de concreción en un
listado taxativo.
Al acudir al artículo 29 constitucional como fuente para analizar las garantías
que están comprendidas dentro del núcleo esencial del derecho fundamental al
debido proceso, el inciso 3º contempla
el principio de favorabilidad en los siguientes términos: “En materia penal,
la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
Esta dimensión del derecho al debido proceso en el
marco de las actuaciones seguidas ante la jurisdicción especial indígena fue puesta
de relieve, por ejemplo, en la sentencia T-1294 de 2005[79], en la cual se convalidó la condena de 40
años por homicidio agravado impuesta por las autoridades tradicionales a un
comunero paez, según los usos de la comunidad; empero, en dicha oportunidad se
moduló la sentencia indígena en el sentido de permitir beneficios durante la
condena como la rebaja de pena y la libertad antes del cumplimiento de la
sanción, pues se consideró que la exclusión de los mismos sí traspasaba el
límite fijado por el orden jurídico colombiano.
En el caso bajo estudio, si bien la calidad de
comunero indígena del accionante dio lugar a que su infracción fuera juzgada en
su momento conforme al derecho consuetudinario de la comunidad nasa, ocurre que
su presunta calidad de excombatiente de las FARC-EP, sumada al estatus
constitucional que por virtud del Acto Legislativo 01 de 2017 se les otorgó a
las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera, son factores determinantes para efectos de considerar,
con fundamento en el derecho al debido proceso y en la especial naturaleza de
la justicia transicional como instrumento de transición para la paz, la alternativa
de que su causa sea evaluada por la justicia especial para la paz, con la
eventual posibilidad de que allí se le apliquen los tratamientos penales más
favorables previstos en la Ley 1820 de 2016, si es que hay lugar a ello.
En este punto, es importante tener en cuenta que la
JEP, la cual inició con sus funciones desde el 15 de marzo de 2018[80], no está desprovista de un enfoque étnico. En efecto,
el Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2018, por medio del cual la plenaria de la
jurisdicción especial para la paz adoptó su reglamento general, incluyó
mecanismos de articulación y coordinación entre esa jurisdicción y las justicias
étnicas, con base en los principios de a) integralidad, complementariedad y
reciprocidad; b) no discriminación; c) no regresividad ni vulnerabilidad a los
derechos colectivos étnicos; d) garantía de libre determinación, la autonomía y
el gobierno propio; e) reconocimiento y respeto de las autoridades
tradicionales y prácticas de justicia propia; f) pluralismo jurídico; g)
respeto y fortalecimiento de la territorialidad; h) justicia restaurativa con
enfoque étnico-racial; i) garantías de participación efectiva y el
reconocimiento de un impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto
sobre los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales,
palenqueras y Rom[81].
Lo anterior se acompasa con la iniciativa de las
autoridades indígenas en cuanto al establecimiento de canales de diálogo
jurisdiccional intercultural, plasmada en la propuesta de Protocolo para la
coordinación entre la jurisdicción especial para la paz y la jurisdicción
especial indígena remitida a la JEP por el Consejo Regional Indígena del
Cauca –CRIC– y aportada al expediente en sede revisión, conforme a la cual se
prevé un procedimiento de estudio conjunto entre ambas jurisdicciones de los
procesos relativos a comuneros indígenas que aparezcan en los listados de
integrantes de las FARC-EP o que hayan cometido hechos victimizantes contra
miembros de la comunidad relacionados con el conflicto armado.
Desde esta perspectiva, se observa que propiciar la
valoración de la causa penal del actor por parte de la JEP, para que determine
si tiene o no competencia, no se revela como una intromisión desproporcionada
en la justicia indígena, comoquiera que “las garantías constitucionales al
debido proceso y de defensa hacen parte integrante tanto de los procesos que se
siguen por las autoridades nacionales como por aquellas autoridades que tienen
una jurisdicción especial”[82], a lo que se suma que la justicia de
transición está encaminada a la realización de principios superiores como la
paz y la garantía de los derechos de las víctimas, y atendiendo las reglas
jurisprudenciales que determinan las condiciones para restringir la autonomía
de las comunidades, la mencionada medida:
(a) es necesaria para salvaguardar intereses
de superior jerarquía, como son el derecho fundamental al debido proceso del
comunero en su dimensión de favorabilidad penal, y el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales dedicadas al Acuerdo Final para la Paz como
instrumento para la superación del conflicto, la reconciliación y la
reivindicación de la dignidad de las víctimas, y
(b) se aprecia como mínimamente gravosa de la
autonomía reconocida a las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que las
autoridades tradicionales de los resguardos de San Francisco, Tacueyó, Toribío
y Jambaló procesaron al comunero y lo sancionaron en pleno ejercicio de su
derecho a juzgar a sus miembros de acuerdo con sus usos y costumbres, al paso
que no se denuncia en momento alguno que en dicha labor hubiesen sufrido
intromisiones de personas o entidades ajenas a las comunidades afectadas por
los hechos. Tampoco se pretende en esta instancia –valga la salvedad– emitir un
juicio de valor o de corrección sobre la manera en que impartieron justicia, ni
cuestionar la legitimidad de la condena impuesta al accionante, y aún en la
hipótesis en que el caso resultare ser del resorte de la justicia especial de
paz, a las autoridades indígenas deberá garantizárseles un espacio de
participación en dicha instancia.
Se insiste: el derecho en cabeza de los pueblos
indígenas a administrar justicia de manera autónoma no es absoluto y, en este
caso, rehusar las garantías procesales que le asisten al reo y tornar nugatorio
el mandato encomendado a la justicia especial para la paz junto con los
principios superiores que la sustentan, sí se muestra como una postura opuesta
la Constitución.
Como lo ha subrayado esta Corporación, “[e]l derecho colectivo
de las comunidades indígenas, a mantener su singularidad, puede ser limitado
sólo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho individual de
alguno de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta, principio o derecho que debe ser de
mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad.”[83]
Es
oportuno recordar, asimismo, lo expuesto en precedencia en cuanto a que esta
Corte declaró exequible el artículo 38 de la Ley 1820 de 2016, conforme al cual
“[t]odo lo previsto en esta ley será de aplicación para las personas,
conductas, delitos y situaciones en ella prevista, cualquiera que sea la
jurisdicción ante la cual hayan sido condenados, estén siendo
investigados o procesados” (se subraya).
Trasladándolo a términos de ponderación entre
principios, se advierte que en el caso concreto el grado en que se podría
ver afectada la autonomía de la jurisdicción indígena al permitir que la
conducta de uno de sus comuneros sea valorada por la JEP –con el fin de
establecer si el delito cometido por él tuvo o no relación con el conflicto
armado−, encuentra justificación en el mayor grado con que ello satisface
la garantía fundamental del debido proceso (principio de favorabilidad penal)
del accionante y, simultáneamente, dicha opción viabiliza la potencial realización
de otros principios de jerarquía constitucional inherentes a la búsqueda de la
paz en un contexto de justicia transicional, tales como el reconocimiento de la
responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido, la
construcción de la memoria histórica, entre otros.
En definitiva, la Sala considera que, dadas las
particularísimas características del caso, poner a disposición de la
jurisdicción especial para la paz al señor Jhon Jairo Mayorga Suárez para que
se evalúe la viabilidad de someterlo a los tratamientos penales especiales para
miembros de las FARC-EP constituye una intervención menor, excepcional y
constitucionalmente admisible en la autonomía de la jurisdicción tradicional
indígena, la cual, de todas maneras, cuenta con la oportunidad para tomar parte
en dicha instancia, a través de los mecanismos de articulación y coordinación
correspondientes.
Cabe aclarar que esta conclusión se desprende de la relación
de precedencia establecida para el caso concreto entre el principio de
autonomía jurisdiccional indígena, de un lado, y de otro, el principio de
favorabilidad penal como expresión del derecho fundamental al debido proceso, y
de la paz como valor, derecho y deber de obligatorio cumplimiento, presupuesto
para la vigencia del Estado social y democrático de derecho y para la
efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas –y
especialmente, de las víctimas del conflicto−, en el marco excepcional de
la justicia transicional, lo cual implica que no en cualquier evento un
comunero indígena podrá invocar el principio de favorabilidad penal como
fundamento para sustraerse de la jurisdicción especial indígena con el fin de
obtener un trato más benévolo, por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria.
4.3. Conclusión y remedio judicial
Conforme a la panorámica que ofrecen las anteriores
consideraciones, una solución jurídica que no implica avasallar la autonomía
del pueblo indígena nasa ni invadir la competencia de la jurisdicción especial
para la paz, es la de disponer la valoración de la causa penal del señor Jhon
Jairo Mayorga Suárez por parte de la JEP, con la aclaración de que si se llegan
a encontrar reunidas las condiciones para su intervención, esta deberá recurrir
a todos los mecanismos de articulación y coordinación con la justicia especial
indígena para definir la situación jurídica del accionante– en el sentido de
determinar si son aplicables los tratamientos penales especiales para miembros
de las FARC-EP previstos en la Ley 1820 de 2016–, garantizando espacios de
diálogo jurisdiccional intercultural que permitan tomar en consideración los
planteamientos de la comunidad indígena, antes de promover un conflicto de
jurisdicciones.
Esta determinación se hace necesaria y pertinente en
razón a que, si bien las autoridades tradicionales manifestaron a la Corte que el
actor se encuentra actualmente en un centro de armonización indígena y que “el
20 de febrero de 2018 se realizó asamblea comunitaria en la vereda Barondillo
del resguardo de Jambaló en la cual la asamblea mandató conceder beneficios al
comunero Jhon Jairo Mayorga Suárez”, tras verificar la copia del acta de
dicha asamblea[84] se constata que en esa oportunidad, tras
las intervenciones del actor y de la familia del extinto Venancio Taquinas, se
ratificó la sanción y se negó la aplicación de la Ley 1820 de 2016 con el
argumento de privilegiar el derecho propio.
Vale aclarar, además, que la presencia del secretario
ejecutivo de la JEP en la referida audiencia no puede asimilarse sin más a una
convalidación de lo resuelto por parte de la justicia especial para la paz,
toda vez que el mismo estuvo allí como “invitado” para socializar la estructura
de la JEP y en ese momento no había comenzado el funcionamiento de esta
jurisdicción.
Entre tanto, y teniendo en cuenta las previsiones para
el desmonte de las zonas veredales de conformidad con el Decreto 580 del 28 de
marzo de 2018 –según el cual el 30 de junio de 2018 figura como la fecha límite
para el aprovisionamiento de los excombatientes allí concentrados a cargo del
Estado–, hasta que se adopte una decisión definitiva sobre su sometimiento o no
a la JEP, el actor permanecerá en custodia de las autoridades indígenas,
purgando la pena impuesta en el centro de armonización designado por ellas.
De esa manera, en el presente caso no se socava la
autonomía indígena en tanto no se sustrae al comunero de la aplicación de las
normas y procedimientos tradicionales de su comunidad, sino que se le garantiza
el derecho fundamental al debido proceso (en su dimensión del principio de
favorabilidad penal), a la vez que se traza un horizonte para la factibilidad
del Acuerdo de Paz bajo la articulación y coordinación entre las dos
jurisdicciones.
La Sala Novena de Revisión procederá, entonces, a revocar parcialmente
el fallo del 19 de octubre de
2017, por el cual el Consejo de Estado –Sección Cuarta– concedió el amparo
invocado y ordenó “a la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó
y San Francisco –Proyecto Nasa– que se abstenga de impedir el traslado de Jhon
Jairo Mayorga Suárez, en condición de privado de la libertad, a la zona veredal
transitoria de normalización de Buenavista en el municipio de Mesetas, o la que
haya lugar”, por cuanto semejante determinación significó una
extralimitación por parte del juez constitucional en el sentido de arrogarse la
atribución de determinar aspectos relativos a la situación jurídica del actor
cuya resolución corresponde a la jurisdicción especial para la paz, previa evaluación
del caso.
En su lugar, se ordenará la valoración de la causa penal del señor Jhon
Jairo Mayorga Suárez por parte de la JEP, teniendo en cuenta lo expuesto en
esta sentencia en referencia a la participación de la jurisdicción especial
indígena.
Adicionalmente, se dispondrá que el actor continúe ejecutando su
sentencia bajo vigilancia de las autoridades tradicionales indígenas, hasta el
momento en que se adopte una decisión definitiva sobre su situación jurídica,
es decir, hasta cuando se defina si su caso es susceptible de ser conocido por
la JEP, y en el evento de que así sea, hasta que se determine cuál es el
tratamiento que corresponde impartirle.
5. Síntesis de la decisión
En esta oportunidad la Corte examinó la solicitud de
amparo constitucional promovida por un comunero indígena para la protección de su derecho fundamental al debido proceso, en vista de que fue condenado por la jurisdicción
especial indígena por el delito de homicidio a 40 años de prisión, no obstante
lo cual adujo que, como miembro de las FARC-EP, es beneficiario de los
tratamientos penales especiales previstos en el Acuerdo de Paz para los
excombatientes de esa organización, por lo que solicitó que se efectuara su traslado desde el centro
de reclusión del INPEC donde se encontraba confinado a las zonas veredales
transitorias de normalización, con el fin de seguir purgando allí su condena y
ser sometido a la jurisdicción especial para la paz.
Por su parte, las autoridades tradicionales indígenas se opusieron a
las pretensiones del actor, bajo el argumento de que gozan de autonomía
jurisdiccional para procesar a un miembro de su comunidad, aunado a que el peticionario
fue juzgado por la grave desarmonía ocasionada con el homicidio de un sabio
ancestral, mas no por pertenencia o colaboración con las FARC-EP, ni por un
delito político o conexo.
Para abordar el estudio de la controversia,
la Sala estimó necesario referirse a los siguientes ejes temáticos: (i)
Cuestión previa: sobre la validez del trámite constitucional surtido; (ii)
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas por las
autoridades indígenas; (iii) La jurisprudencia constitucional en torno a la
autonomía de la jurisdicción especial indígena; (iv) La justicia transicional
como mecanismo para alcanzar la paz y la reconciliación; (v) La amnistía y los
tratamientos penales especiales para los miembros de las FARC-EP en el marco
del Acuerdo de Paz; y (vi) El marco normativo vigente para la resolución de
conflictos entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción especial
para la paz.
Como medida inicial, se verificó que la actuación
surtida tenía plena validez, pues la instrucción del trámite se realizó por
funcionarios investidos de jurisdicción para conocer acciones de tutela, la
urgencia de salvaguarda de los derechos fundamentales es inherente a este
mecanismo de protección y el Tribunal para la Paz no había comenzado su
funcionamiento para el momento en que surgió la controversia.
Enseguida, se constató que acción de tutela
es procedente en el caso concreto, en razón a que el peticionario se encuentra
en una situación de desventaja frente a las autoridades tradicionales de la
colectividad a la cual él pertenece. Además, el actor carece de otros medios de
defensa judicial para enervar las decisiones adoptadas por aquellas y la
solicitud de amparo fue formulada dentro de un término razonable.
Al emprender el estudio de mérito, la Sala evidenció, en primer lugar,
que el caso planteado no envuelve un conflicto de competencia entre la
jurisdicción especial indígena y la jurisdicción especial para la paz, habida
cuenta de que la colisión de jurisdicciones implica un enfrentamiento entre las
autoridades involucradas, en el sentido de que ambas reclamen para sí o
rechacen el conocimiento de un asunto, y en el sub júdice tal choque no
ha tenido lugar, en la medida en que la jurisdicción especial para la paz no se
ha pronunciado sobre el particular.
Seguidamente, se estableció que, si bien el
ordenamiento jurídico colombiano protege la autonomía de la jurisdicción
especial indígena, ella no es absoluta, pues encuentra francos límites en los
derechos fundamentales y en las normas imperativas de la Constitución; límites
que en el caso concreto se proyectan (i) en el derecho al debido proceso del
comunero para que se evalúe si el asunto es de competencia de la JEP y la posibilidad
de dispensarle el tratamiento jurídico-penal más favorable previsto para
miembros de las FARC-EP de llegarse a comprobar que reúne los requisitos para
ello (artículo 29 inc. 3º C.P.), y (ii) en el marco normativo del Acuerdo Final
para la Paz elevado a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 01 de
2017.
Con fundamento en lo anterior, se consideró que poner
a disposición de la jurisdicción especial para la paz al actor para que allí se
evalúe si se dan los presupuestos para su competencia y, de ser así, se analice
la viabilidad de someterlo a los tratamientos penales especiales para miembros
de las FARC-EP, constituye una intervención menor, excepcional y
constitucionalmente admisible en la autonomía de la jurisdicción tradicional
indígena, la cual, de todas maneras, cuenta con la oportunidad para tomar parte
en dicha instancia, a través de los mecanismos de articulación y coordinación que
existen para el efecto.
No obstante, se aclaró que esta conclusión se
desprende de la relación de precedencia establecida para el caso concreto entre
el principio de autonomía jurisdiccional indígena, de un lado, y de otro, el
principio de favorabilidad penal como expresión del derecho fundamental al debido
proceso, y de la paz como valor, derecho y deber de obligatorio cumplimiento,
presupuesto para la vigencia del Estado social y democrático de derecho y para
la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas –y
especialmente, de las víctimas del conflicto−, en el marco excepcional de
la justicia transicional, lo cual implica que no en cualquier evento un
comunero indígena podrá invocar el principio de favorabilidad penal como
fundamento para sustraerse de la jurisdicción especial indígena con el fin de
obtener un trato más benévolo, por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria.
A partir de las anteriores premisas, la Sala Novena de Revisión
concluyó que es procedente tutelar el derecho al debido proceso del demandante frente
a las autoridades tradicionales indígenas y, en consecuencia, adoptar las
medidas necesarias para propiciar la valoración de su causa penal por parte de
la jurisdicción especial para la paz, sin perjuicio de la aplicación de
mecanismos de articulación y coordinación jurisdiccional intercultural, con el
fin de garantizar la participación de las autoridades indígenas en dicha
instancia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el
expediente T-6.498.536. CONFIRMAR
la sentencia de tutela del
19 de octubre de 2017,
proferida por el Consejo de Estado –Sección Cuarta– en cuanto tuteló el derecho
al debido proceso invocado por el
ciudadano Jhon Jairo Mayorga Suárez.
Segundo.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de tutela del 19 de octubre de 2017, proferida por el Consejo de
Estado –Sección Cuarta–, mediante la cual se concedió el amparo invocado por el ciudadano Jhon
Jairo Mayorga Suárez, en cuanto ordenó “a la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío,
Tacueyó y San Francisco –Proyecto Nasa– que se abstenga de impedir el traslado
de Jhon Jairo Mayorga Suárez, en condición de privado de la libertad, a la zona
veredal transitoria de normalización de Buenavista en el municipio de Mesetas,
o la que haya lugar” y dispuso que “dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia, la Asociación de Cabildos
Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco –Proyecto Nasa– envíe el
expediente de Jhon Jairo Mayorga Suárez al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC–, con el fin de que este último actúe de conformidad con su
competencia y con lo dispuesto en esta providencia.”
Tercero.- ORDENAR a los gobernadores indígenas de los resguardos San Francisco, Toribío, Tacueyó
y Jambaló que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, procedan a remitir a la jurisdicción especial
para la paz –JEP− el expediente o actuaciones que tengan a su disposición
sobre el proceso penal seguido contra el señor Jhon Jairo Mayorga Suárez por el
homicidio del sabio ancestral Venancio Taquinas.
Cuarto.- ORDENAR a la Secretaría de la jurisdicción
especial para la paz –JEP− que, una vez se reciban las diligencias
remitidas por las autoridades tradicionales indígenas de los resguardos
San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló, proceda a impartirle el trámite interno
a que haya lugar con el fin de que se efectúe la valoración de la causa penal del señor Jhon Jairo
Mayorga Suárez por la Sala o
Sección que corresponda.
En caso de que se lleguen a encontrar
reunidas las condiciones para la intervención de la jurisdicción especial para
la paz en el proceso penal del
señor Jhon Jairo Mayorga Suárez por el homicidio del sabio ancestral Venancio
Taquinas, la JEP deberá
recurrir a todos los mecanismos de articulación y coordinación con la justicia
especial indígena para definir la situación jurídica del accionante– en el
sentido de determinar si son aplicables los tratamientos penales especiales
para miembros de las FARC-EP previstos en la Ley 1820 de 2016–, garantizando
espacios de diálogo jurisdiccional intercultural que permitan tomar en
consideración los planteamientos de la comunidad indígena, antes de promover un
conflicto de jurisdicciones.
Quinto.- DISPONER que hasta cuando se adopte una decisión definitiva sobre el
sometimiento o no del señor Jhon Jairo Mayorga Suárez a la jurisdicción
especial para la paz –JEP−, el actor permanecerá en custodia de las
autoridades indígenas de los resguardos San Francisco, Toribío, Tacueyó
y Jambaló, purgando la pena
impuesta en el centro de armonización designado por ellas, de conformidad con
sus usos y costumbres.
Sexto.- DESVINCULAR del trámite de tutela
identificado con el número de radicación T-6.498.536, a la Presidencia de la República, el
Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación, el Alto Comisionado para la
Paz, el movimiento político FARC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca –ACIN–, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, el
Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, la Fiscalía General de la Nación y
el Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con lo señalado en la parte
motiva.
Séptimo.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-365/18
CONFLICTOS DE COMPETENCIA EN LOS QUE ESTE
INVOLUCRADA LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Para
que la JEP analice un caso se deben satisfacer los objetivos generales del
Sistema Integral de Justicia, no la aplicación del principio de
favorabilidad (Aclaración de voto)
JUSTICIA TRANSICIONAL-Se debió
pronunciar de fondo y adoptar remedios constitucionales, dado que para el
momento de iniciarse la acción de tutela el sistema de Justicia a cargo de la
JEP no estaba funcionando (Aclaración de voto)
CONFLICTOS DE COMPETENCIA EN LOS QUE ESTE
INVOLUCRADA LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Es
constitucionalmente importante agotar mecanismos de articulación y coordinación
entre la JEP y la JEI (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-6.498.536
Acción de tutela formulada por Jhon Jairo Mayorga Suárez
contra los gobernadores indígenas de los resguardos
San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló, y otros[85]
Magistrado
Ponente
Alberto
Rojas Ríos
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, suscribí
la Sentencia T-365 de 2018 con aclaración de voto, pues, aunque considero (i)
acertada la decisión de proteger el derecho fundamental al debido proceso del
accionante y (ii) adecuados los remedios constitucionales acogidos por la Sala
Novena de Revisión, (iii) no comparto la línea
general y principal que expuso la sentencia para acceder al amparo, a partir de
la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal. Además de lo
anterior, mi voto particular tiene por objeto precisar la razón por la cual apoyé, en este caso, una decisión de fondo y el
sentido de las órdenes, en concreto, la incorporación de un llamado a la
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- para que promoviera mecanismos de
articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial
Indígena -JEI- antes de suscitar un conflicto de jurisdicciones, garantizando
espacios de diálogo intercultural.
1. La sentencia
T-365 de 2018 concluyó que las autoridades indígenas lesionaron el derecho al
debido proceso del señor Mayorga Suárez, en especial
el principio de favorabilidad, por no permitir que su causa -fallada por la
JEI- pasara al conocimiento de la JEP y, por lo tanto, se hiciera beneficiario
de los tratamientos penales especiales previstos en el proceso de justicia
transicional
1.1. La Sala Novena de Revisión estudió los
fallos de tutela[86]
proferidos dentro de la acción de tutela presentada por Jhon Jairo Mayorga
Suárez contra los gobernadores indígenas de los
resguardos San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló, y otros, por la presunta lesión de sus derechos al debido
proceso e igualdad. Esta lesión, en concepto del tutelante, se concretó en la
negativa de remitir su causa penal a la JEP y, con esto, en la imposibilidad de
obtener su traslado a las Zonas Veredales
Transitorias de Normalización (ZVTN)[87].
Adujo el accionante que, pese a haber sido condenado por la JEI a 40 años de
prisión -con traslado a patio prestado[88]-
por el homicidio del sabio ancestral Venancio Taquinas, era miembro de las
FARC-EP y, en consecuencia, debía recibir el mismo tratamiento dado a los demás
desmovilizados en el marco del Acuerdo de Paz y de lo dispuesto en la Ley 1820
de 2016.
1.2.
La Sala de Revisión consideró en su fallo que la JEI tenía límites en el
ejercicio de su función jurisdiccional, que se proyectan en el derecho al
debido proceso, por lo cual, el expediente penal del accionante debía remitirse
a la JEP para que se evaluara “la viabilidad de dispensarle el tratamiento
jurídico-penal más favorable previsto para los miembros de las FARC-EP si se
llega a comprobar que [el actor] reúne los requisitos para ello
(artículo 29 inc. 3º C.P.)” Además, sostuvo que esta garantía se derivaba
de las disposiciones que regulan el proceso de transición, con la finalidad de
favorecer la paz. A partir de lo anterior, argumentó que la intervención a la
autonomía de la JEI era menor, excepcional y constitucionalmente admisible,
dado que no se estaba poniendo en riesgo la decisión condenatoria penal que ya
había adoptado. Y, agregó que:
“…esta conclusión se desprende de la relación de precedencia
establecida para el caso concreto entre el principio de autonomía
jurisdiccional indígena, de un lado, y de otro, el principio de favorabilidad
penal como expresión del derecho fundamental al debido proceso, y de la paz
como valor, derecho y deber de obligatorio cumplimiento, presupuesto para la
vigencia del Estado social y democrático de derecho y para la efectividad de
los derechos fundamentales de todas las personas -y especialmente, de las
víctimas del conflicto-, en el marco excepcional de la justicia transicional,
lo cual implica que no en cualquier evento un comunero indígena podrá invocar
el principio de favorabilidad penal como fundamento para sustraerse de la
jurisdicción especial indígena con el fin de obtener un trato más benévolo, por
ejemplo, en la jurisdicción ordinaria.”
2. La razón constitucional principal para que la JEP
tenga la posibilidad de analizar si un caso es o no de su competencia es la
satisfacción de los objetivos generales del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición y la garantía del juez natural, no la
aplicación del principio de favorabilidad en materia penal
2.1.
La decisión de adelantar e implementar un proceso de justicia de transición,
tras un conflicto armado de varias décadas, exige de valoraciones,
ponderaciones y adecuaciones particulares entre varios de los objetivos que
todo Estado Constitucional y Democrático de Derecho persigue, en especial, la
paz y la justicia. Nuestra sociedad, a partir del Acuerdo Final de Paz y de los
actos legislativos 01[89] y 02[90] de 2017, adoptó mecanismos y medidas
que tienen por objeto la satisfacción de los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Como parte de esta
regulación, en el marco del sistema de justicia se prevén tratamientos
especiales para los actores del conflicto, entre ellos los ex miembros de las
FARC-EP, a los que acceden y permanecen en la medida en que reconozcan verdad y
responsabilidad, y siempre y cuando se cumplan los requerimientos del régimen
de condicionalidades, entre los que se encuentran garantizar la reparación de
las víctimas y la no repetición[91].
Al
respecto, establece el inciso 5 del artículo transitorio 1, artículo 1, del
Acto Legislativo 01 de 2017:
“Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia,
reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una
respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada.
Estarán interconectadas a través de relaciones de condicionalidad y de
incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia,
siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El
cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción
Especial para la Paz.”
2.2. En el anterior marco, estimo que la incorporación de
incentivos en el sistema de justicia de transición -como los tratamientos
penales especiales de libertades y sanciones propias- obedece a un objetivo
constitucional que se relaciona, en primer término, con las ventajas de su
aplicación para la satisfacción de los derechos de las víctimas, cuyo rol en el
SIVJRNR es central[92].
En esta línea, en segundo término, la idea de concentrar preferentemente en un
órgano judicial los casos relacionados con el conflicto, involucrándose de esta
manera la garantía del juez natural, repercute sin duda en la consecución de la
mayor y más amplia verdad posible, así como en la reparación y restauración de
los daños causados[93].
En tercer término, además, los incentivos y la seguridad jurídica que recae
sobre ellos, siempre que se cumpla el régimen de condicionalidades, tienen
efectos directos en la reincorporación exitosa de quienes dejan las armas[94], y, por
lo tanto, en últimas, en el logro de la paz estable y duradera.
2.3. Por lo anterior, en mi concepto, juzgar la viabilidad de
acceder a los referidos incentivos como un asunto que responde principalmente a
una garantía individual, como la aplicación del principio de favorabilidad en
materia penal, oculta la razón que subyace a la justicia de transición, radicando
en el individuo infractor de la ley penal la razón principal de su regulación.
No desconozco, por supuesto, que en los procedimientos a cargo de la JEP
prevalece este principio[95],
sin embargo, en el escenario que lo aplicó la decisión respecto de la cual
aclaro el voto no es aquél, sino uno previo, referido a la asunción o no de la
competencia sobre el caso por el sistema de justicia a cargo de la JEP.
2.4. Además de lo anterior, debe advertirse que la aplicación del
principio de favorabilidad en asuntos relacionados con el ejercicio de la
jurisdicción especial indígena exige un estudio detallado y una carga
argumentativa amplia, pues lo cierto es que las normas, sanciones, medidas y
procedimientos entre la JEI y la jurisdicción ordinaria, incluso la
transicional, son, en principio, inconmensurables.
2.5. En conclusión, estimo que la importancia de que un caso,
incluso proveniente de la JEI, pueda ser valorado por la JEP, para efectos de
establecer si se inscribe en el marco de sus competencias, es un asunto
relevante constitucionalmente, principalmente, por las implicaciones que tiene
para la garantía de los derechos de las víctimas y la consecución de los
objetivos que se propone el proceso de justicia transicional.
3. En este caso era necesario que la Corte Constitucional se
pronunciara de fondo y adoptara remedios constitucionales, dado que para el
momento de iniciarse la acción de tutela por el señor Mayorga Suárez el sistema
de Justicia a cargo de la JEP no había entrado en funcionamiento
3.1.  En la actualidad es indudable que las personas que se
encuentran en una situación similar a la expuesta en la acción de tutela por el
señor Mayorga Suárez cuentan con mecanismos para que la JEP valore si es de su
competencia el conocimiento de un asunto o no. En este sentido, entonces, la
acción de tutela no puede convertirse en el escenario adecuado para la remisión
de causas a dicha autoridad con miras al surgimiento, además, de un posible
conflicto de jurisdicción.
3.2. Con la anterior claridad, empero, el caso que analizó y
decidió la Sala Novena presentaba una particularidad, consistente en que al
momento de iniciarse la solicitud de protección constitucional -el 9 de mayo de
2017- la JEP no estaba en funcionamiento, lo que ocurrió hasta el 15 de marzo
de 2018 según lo expuesto en la Resolución 001 de 15 de enero de 2018[96]. Por lo
anterior, ante la presunta lesión de un derecho fundamental, era admisible la
activación de la garantía constitucional de la tutela.
4. Es constitucionalmente importante agotar mecanismos de
articulación y coordinación entre la JEP y la JEI
4.1.
En la Sentencia T-365 de 2018 la Sala Novena de Revisión dispuso que, en el
evento en el que la JEP concluyera que el caso del señor Mayorga Suárez cumple
los requisitos para su intervención, antes de promover un conflicto de
jurisdicciones, “la JEP deberá recurrir a todos los mecanismos de
articulación y coordinación con la justicia especial indígena para definir la situación
jurídica del accionante– en el sentido de determinar si
son aplicables los tratamientos penales especiales para miembros de las FARC-EP
previstos en la Ley 1820 de 2016–, garantizando espacios de diálogo
jurisdiccional intercultural que permitan tomar en consideración los
planteamientos de la comunidad indígena”.
4.2.
Respecto de la anterior orden, que comparto plenamente, quiero advertir que
presupone el mandato que sobre articulación prevé el artículo 146 de la C.P.[97] y tiene en cuenta, de otro lado, que,
tal como se ha evidenciado por esta Corporación[98], las comunidades indígenas han soportado de
manera diferencial el impacto del conflicto armado, por lo cual, su
participación, su cosmovisión y la valoración de todo aquello que los afecte
como pueblos originarios, debe ser tenido en cuenta con seriedad en el marco de
un sistema que, precisamente, tiene por objeto aportar en verdad, justicia,
reparación y no repetición.
5. De esta manera, expongo las razones que me llevan a
aclarar el voto respecto a las consideraciones expuestas en la Sentencia de la referencia.
Fecha ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Cfr. fol. 157 cuad. ppal.
[2] “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes
a los pueblos y comunidades indígenas”
[3] “Artículo 2. La JEP iniciará la atención al público el día
quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), una vez sus magistrados hayan
adoptado el reglamento de funcionamiento y organización de la JEP y hayan
elaborado las normas procesales de la JEP, que serán presentadas por el
Gobierno Nacional al Congreso de la República, incluido el régimen
disciplinario aplicable a sus funcionarios y empleados.”
[4] Esta posesión tuvo lugar sólo hasta el 15 de enero de 2018.
[5] Sobre la unicidad de la jurisdicción como función
pública de administrar justicia, la doctrina enseña:
“Nota
distintiva de la anterior noción de jurisdicción la constituye el carácter
único que ella presenta. En efecto, la función pública de administrar justicia
es una sola y, técnicamente hablando, no se puede dividir, pues todo
funcionario a quien la ley la asigna tiene idéntica aptitud para hacerlo. En
otras palabras es igual la jurisdicción que tiene el juez penal, el civil, el
de familia o el árbitro.
Sin
embargo, la práctica ha generalizado el empleo del vocablo jurisdicción para
referirse a cada una de las más importantes ramas del ordenamiento jurídico, a
través de las que realiza el Estado la actividad jurisdiccional y es así como se
habla de jurisdicción civil, penal, laboral, contencioso-administrativa, de
familia, constitucional, indígena, de paz, etc., terminología en la que vocablo
jurisdicción se emplea como sinónimo de competencia por ramas; lo técnico es
decir competencia penal, civil, laboral, etc., ya que jurisdicción no hay sino
una.” (LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código
General del Proceso, Parte General. Dupré Editores, Bogotá, 2016. p.
153-154)
[6] Artículo 241, numeral 9, de la Constitución.
[7] En la sentencia C-674 de 2017, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez,
esta Corte declaró inexequibles las expresiones de los incisos 3º, 4º y 5º del
artículo transitorio 8 del Acto Legislativo 01 de 2017, en virtud de las cuales
se introducían ciertas modificaciones al régimen de selección y revisión de
tutelas por parte de la Corte Constitucional, al encontrar que la intervención
de la JEP en estos mecanismos hacía nugatorio el control constitucional y,
además, establecía una suerte de intangibilidad de sus decisiones que resultaba
contraria a la imparcialidad y a la separación de poderes.
[8] ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Parcialidad o comunidad indígena.
Entiéndese por parcialidad o comunidad indígena al conjunto de familias de
ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su
pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura
tradicional, así como formas de gobierno y control social interno que los
distinguen de otras comunidades rurales.
Comunidades
civiles indígenas. Son comunidades o parcialidades
indígenas que han perdido los títulos de propiedad de sus tierras no pudiendo
acreditarlos legalmente o bien que son descendientes de comunidades cuyos
resguardos fueron disueltos y que la tierra que poseen es insuficiente para el
desarrollo de sus actividades socioeconómicas.//Territorio indígena. Se
entiende por territorio indígena aquellas áreas poseídas por una parcialidad,
comprendiendo en ellas no sólo las habitadas y explotadas sino también aquellas
que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas y
culturales.
Reserva
indígena. Es un globo de terreno baldío ocupado por
una o varias comunidades indígenas, delimitado y legalmente asignado por el
INCORA a aquella (s) para que ejerza en él los derechos de uso y usufructo con
exclusión de terceros.//Resguardo indígena. Es una institución legal y
sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad o parcialidad
indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se
rige para el manejo de éste y de su vida interna por una organización ajustada
al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales.//Cabildo
indígena. Entidad pública especial, cuyos miembros son indígenas elegidos y
reconocidos por una parcialidad localizada en un territorio determinado,
encargado de representar legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le
atribuye la ley y sus usos y costumbres. Los cabildantes deben ser miembros de
la comunidad que los elige y la elección se hará conforme a lo dispuesto en el
Artículo 3o. de la Ley 89 de 1890 o por sus propias formas de organización
tradicional.
[9] Sentencia T-254 de 1994, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz
[10] Sentencia T-514 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[11] Cons. sentencias T-266 de 1999, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-606 de
2001, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-048 de 2002, M.P.: Álvaro Tafur
Galvis, T-1294 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-514 de 2009, M.P.:
Luis Ernesto Vargas Silva, T-523 de 2012, M.P.: María Victoria Calle Correa,
T-300 de 2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez
[12] Artículo 1 C.P.
[13] Artículo 7, íb.
[14] Artículo 246, íb.
[15] Sentencia T-349 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, reiterada en
las sentencias T-523 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, SU-510 de 1998, M.P.:
Eduardo Cifuentes Muñoz, T-552 de 2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-1026 de
2008, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra
[16] Sentencia T-254 de 1994, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz
[17] Sentencia C-882 de 2011, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[18] Sentencia T-552 de 2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil
[19] “Es un hecho comprobado que la autonomía de la jurisdicción
indígena está en desarrollo, y, como tal, no cuenta con todos los instrumentos
físicos, educativos, divulgativos, instalaciones carcelarias, etc. para
completar su realización. Por ello, es obligación del Estado, a través de las
autoridades (Ministerio del Interior, de Justicia, Inpec) y de la jurisdicción
ordinaria, convertir en realidad tal autonomía, a través de la colaboración
permanente, con el fin de que la jurisdicción indígena, incipiente en ciertos
aspectos, pueda avanzar en su consolidación.” Sentencia T-239 de 2002,
M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
Esta
providencia fue reiterada en la sentencia T-1026 de 2008, M.P.: Marco Gerardo
Monroy Cabra
[20] Sentencias T-552 de 2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil
[21] Sentencia T-617 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[22] Sobre el particular, la sentencia T-496 de 1996, M.P.: Carlos
Gaviria Díaz, se señaló:
“[E]n
la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter
personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de
acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de
carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas
que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias
normas. La distinción es importante, porque algunas veces, se atiende al fuero
personal, o al fuero territorial, indistintamente, para determinar la
competencia. Debe reiterarse, entonces, que la coordinación entre este tipo de
fueros corresponde a las circunstancias particulares de cada caso.
“En
efecto, la solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros
de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si un indígena, de manera
individual, incurre en ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por
fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el primero caso, en virtud de
consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las
llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede
enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una
regla general de territorialidad.”
[23] Sentencias T-1238 de 2004, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-009 de
2007, M.P.: Manuel José Cepeda Espinisa, T-945 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar
Gil
[24] Sentencia T-617 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[25] Sentencias T-934 de 1999, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-266 de 1999,
M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-606 de 2001, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra,
T-728 de 2002, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-364 de 2011, M.P.: Nilson Pinilla
Pinilla
[26] Sentencia T-1026 de 2008, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra
[27] Artículo 8, numeral 2, Convenio 169/89 OIT
[28] Sentencias C-139 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-349 de 1996,
M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-496 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-552 de
2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-1238 de 2004, M.P.: Rodrigo Escobar Gil,
T-514 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[29] Sentencia T-254 de 1994, M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz
[30] Sentencia T-349 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz
[31] Sentencia T-254 de 1994, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz
[32] Sentencias C-139 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-496 de 1996,
M.P.: Carlos Gaviria Díaz
[33] sentencia T-523 de 2012, M.P.: María Victoria Calle Correa
[34] Sentencia SU-510 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada
en las sentencia C-882 de 2011, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-921 de
2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
[35] Sobre este punto, la sentencia T-523 de 2012, M.P.: María Victoria
Calle Correa:
“[L]os
jueces constitucionales deben obrar con prudencia y establecer un balance entre
los principios de unidad y autonomía indígena al analizar de fondo las
actuaciones y los procedimientos tradicionales en casos concretos a la luz de
la Constitución:
‘También
esta Corte ha dicho que el juez constitucional y los jueces ordinarios, en cada
caso concreto, con el fin de preservar los derechos de los integrantes de las
comunidades indígenas y de los terceros vinculados a las mismas, pueden
intervenir en asuntos relacionados con dichas comunidades, pero sopesando los
límites de su intervención, de manera que se logre restablecer el orden
jurídico quebrantado sin resquebrajar el derecho de los pueblos indígenas a su
autonomía e independencia.
Lo
anterior porque de una intervención de las autoridades ordinarias, sopesada,
mesurada y específica, en los asuntos relativos a los pueblos indígenas y a sus
integrantes, depende en gran medida que la protección a la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana, reconocida en el artículo 7º de la
Constitución Política, sea una realidad’.”
[36] Sentencias T-349 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-523 de 1997,
M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-454 de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla
[37] SentenciasT-1253 de 2008, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, T-514
de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva
[38] Sentencia C-630 de 2017, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Antonio José Lizarazo Ocampo
[39] Voto concurrente, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Masacre de El Mozote y lugares Aledaños vs.El Salvador (Sentencia de 25 de
octubre de 2012).
[40] Sentencia C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur
Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
[41] Sentencia C-579 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[42] Sentencia C-630 de 2017, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Antonio José Lizarazo Ocampo
[43] Artículo 7, Ley 1820 de 2016
[44] Artículos 15 y 16 de la Ley 1820 de 2016.
[45] En los
términos considerados en la sentencia C-007 de 2018, M.P.: Diana Fajardo Rivera
[46] Artículo 23 ibídem
[47] Artículo 17 ibídem
[48] Esto, dependiendo de la ley procesal penal aplicable al
caso, ya sea Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 2004.
[49] Sobre el particular, la sentencia C-007 de 2018, M.P.: Diana
Fajardo Rivera, precisó:
“Una adecuada
comprensión del ámbito aplicación de esta norma, empero, exige precisar dos
aspectos: (i) que los delitos cometidos a los que se refiere el inciso primero,
como conductas que, en caso de conocerse con posterioridad a la concesión de la
amnistía, no llevarán al inicio de un proceso penal, deben ser únicamente
aquellos que originaron la concesión del beneficio pues, de no ser así, se
trataría de una cláusula irrazonable, en tanto fuente de impunidad y una
justificación al incumplimiento de lo pactado, por parte de los beneficiarios;
y (ii) que los efectos de la amnistía no impiden el ejercicio de la acción
penal estatal, cuando quiera que se presenten supuestos en los que existe la
obligación de investigar, juzgar y sancionar, esto es, ante graves violaciones
a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, cuyo contenido se precisó en el eje respectivo.”
[50] Artículo 25 de la Ley 1820 de 2016.
[51] Artículo 23 de la Ley 1820 de 2016.
[52] De conformidad con la sentencia C-007 de 2018, M.P.: Diana Fajardo
Rivera, la expresión “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en
el Estatuto de Roma”, debe entenderse así: “el reclutamiento de menores de
15 años en el caso de conductas ocurridas hasta el 25 de junio de 2005, y el
reclutamiento de menores de 18 años en el caso de conductas ocurridas con
posterioridad a esa fecha”.
[53] Artículo
30 de la Ley 1820 de 2016.
[54] Inciso final del parágrafo del artículo 23 de la Ley 1820 de 2016.
[55] El artículo 34 de la Ley 1820 de 2016, relativo a la libertad por
efecto de la aplicación de la amnistía o de la renuncia a la persecución penal,
fue declarado condicionalmente exequible mediante sentencia C-007 de 2018,
M.P.: Diana Fajardo Rivera, “bajo el entendido de que la contribución a la
satisfacción de los derechos de las víctimas se enmarca dentro del régimen de
condicionalidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, con fundamento en los siguientes parámetros:
(i) El
compromiso de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas es
una condición de acceso y no exime a los beneficiarios de esta Ley del deber de
cumplir con las obligaciones contraídas con el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición.
(ii) El
cumplimiento de los deberes de contribución a la satisfacción de los derechos
de las víctimas se exigirá a los beneficiarios de esta Ley, por el término de
vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la condición
especial de acceso a las sanciones propias del sistema prevista en el inciso
segundo de los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016.
(iii)
Los incumplimientos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición deberán ser objeto de estudio y decisión por la Jurisdicción
Especial para la Paz, conforme a las reglas de procedimiento de que trata el
inciso 1º del artículo transitorio 12 del artículo 1º del Acto Legislativo 01
de 2017; lo que supone analizar, en cada caso, si existe justificación y la
gravedad del incumplimiento. Este análisis deberá regirse por el principio de
proporcionalidad y podrá dar lugar a la pérdida de beneficios previstos en esta
Ley.”
[56] Sentencia C-007 de 2018, M.P.: Diana Fajardo
Rivera
[57] Sentencia C-007 de 2018, M.P.: Diana Fajardo Rivera, ordinal 3º del
decisum.
[58] M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Comunicado de Prensa No. 55
del 14 de noviembre de 2017.
[59] En desarrollo del artículo 256, numeral 6,
de la Constitución (en su redacción original), el artículo 112, numeral 2, de
la Ley 270 de 1996, asignó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura la función de resolver conflictos de jurisdicción:
“2. Dirimir los conflictos de competencia que
ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades
administrativas a las cuales le ley les haya atribuido funciones
jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero,
de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo
Consejo Seccional.”
[60] M.S.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. En dicha providencia se
consideró lo siguiente:
“De
acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de
2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el
ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus
competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no
sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los
conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para
conocer de acciones de tutela.
En ese
orden de ideas, es claro que, por virtud de lo previsto en el artículo 14 del
Acto Legislativo 02 de 2015, la atribución para conocer de los conflictos de competencia
que ocurran entre las distintas jurisdicciones quedó radicada en cabeza de la
Corte Constitucional. No obstante, en obedecimiento a lo dispuesto en el
parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, en el
que se adoptaron medidas de transición que dieron continuidad a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dicha
atribución sólo podrá ser ejercida por la Corte Constitucional, una vez la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura haya cesado
de manera definitiva en el ejercicio de sus funciones, momento en el cual los
conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones deberán ser remitidos
a la Corte Constitucional en el estado en que se encuentren.”
[61] M.S.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[62] M.S.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[63] M.S.: Alberto Rojas Ríos
[64] C.P.: Stella Conto Díaz
[65] En dicha providencia, el Consejo de Estado concluyó: “La
convocatoria pública reglada de que trata el artículo 257A de la Constitución a
efectos de integrar la lista de candidatos que serán presentados por el Consejo
Superior de la Judicatura al Congreso de la República para la elección de los
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, no es un acto de
competencia directa del Consejo Superior de la Judicatura y, por el contrario,
resulta indispensable, acorde con lo dispuesto por los artículos 256, 257 y 126
C.P., que medie una ley que regule la convocatoria pública previa a la
integración de las ternas.
Con
fundamento en las consideraciones efectuadas, el Acuerdo PSAA16-10548 de 27 de
julio de 2016, ‘Por medio del cual se reglamenta la convocatoria pública para
integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial’, debe ser declarado nulo por inconstitucionalidad,
particularmente, porque al dictarlo sin competencia el Consejo Superior de la
Judicatura vulneró, entre otros, los artículos 6º, 121, 126, 256 y 257 de la
Constitución.”
[66] M.P.:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
[67] Cons.
considerando 6.4.4. de la sentencia C-674 de 2017
[68] Cons. A-345
de 2018, M.S.: Luis Guillermo Guerrero Pérez
[69] M.S.:
Alberto Rojas Ríos
[70] Cons. Informe del Alto Comisionado para la Paz “Así marcha el
Acuerdo de Paz”, 6 de junio de 2018 en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/asi-marcha-acuerdo-paz/index.html
[71] Cfr. fol. 4 cuad. ppal.
[72] Cfr. fols. 57-58 cuad. ppal.
[73] Cfr. fols. 5-6 cuad. ppal.
[74] Cfr. fol. 49 cuad. revisión
[75] Cfr. fol. 59 cuad. revisión
[76] Sentencias T-254 de 1994, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-523 de
1997, M.P.: Carlos Gaviria Díaz, T-048 de 2002, M.P.: Álvaro Tafur Galvis,
T-549 de 2007, M.P.: Jaime Araujo Rentería, C-882 de 2011, M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-523 de 2012, M.P.: María Victoria Calle Correa, T-469 de
2013, M.P.:  T-208 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-300 de 2015,
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez
[77] Sentencia T-811 de 2004, M.P.: Jaime Córdoba Triviño
[78] Sentencia T-254 de 1994, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz
[79] M.P.: Clara Inés Vargas Hernández
[80] Cons. Resolución 001 de 2018, “Por la cual se fija la fecha de
apertura al público de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
[81] Artículo 94 del Acuerdo 001 del 9 de marzo de 2018.
[82] Sentencia T-549 de 2007, M.P.: Jaime Araujo Rentería
[83] Sentencia T-496 de 1996, M.P.: Carlos Gaviria Díaz
[84] Cfr. fol. 160-170 cuad. revisión.
[85] Presidencia de la República, Mecanismo Tripartito de Monitoreo y
Verificación, Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz,
Movimiento político FARC, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
– ACIN, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, Consejo Regional
Indígena del Cauca – CRIC, Fiscalía General de la Nación y Ministerio de
Justicia y del Derecho.
[86] El Tribunal Administrativo del Cauca consideró que la acción era
improcedente, dado que la solicitud de traslado invocada por el señor Mayorga
Suárez debía ser resuelta por la JEP y la JEI, siguiendo lo dispuesto en el
artículo transitorio 9, artículo 1, del Acto Legislativo 01 de 2017 [esta norma
se declaró inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de
2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez]. En sede de impugnación, el Consejo
de Estado – Sección Cuarta revocó el anterior fallo y, en su lugar, (i) amparó
los derechos al debido proceso e igualdad del actor y (ii) ordenó a la
“Asociación de Cabildos de Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco -
Proyecto Nasa” abstenerse de impedir el traslado solicitado por el señor
Mayorga Suárez y remitir el expediente al INPEC.
[87] En Sede de Revisión se constató que el accionante se
encontraba en territorio indígena, bajo custodia y vigilancia
de la guardia indígena y la comunidad (información suministrada por la
Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco -Proyecto
Nasa-).
[88] Término usado por las autoridades indígenas.
[89] “Por medio del cual se crea un título de disposiciones
transitorias de la Constitución para la Terminación del conflicto armado y la
construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones.”
[90] “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a
la Constitución con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al
Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera”
[91] En los términos expuestos, en el marco de este proceso de
transición, en las sentencias C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
y C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[92] Parágrafo del Artículo 12 transitorio, artículo 1, del Acto
legislativo 01 de 2017.
[93] Conforme a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 1
transitorio, artículo 1, del Acto Legislativo 01 de 2017: “El
Sistema Integral hará especial énfasis en medidas restaurativas y
reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones
retributivas. Uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación
de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del
daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto,
especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya
provocado la victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente
las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque
integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo
ocurrido.” Negrilla fuera de texto.
[94] En este caso, de los ex miembros de las FARC-EP.
[95] Artículos 5, 12 y 22 transitorios, artículo 1, del Acto
Legislativo 01 de 2017.
[96] “
[97] “Las autoridades de los pueblos
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre
que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema
judicial nacional.” Negrilla fuera de texto.
[98] Ver, entre otras decisiones, los autos de seguimiento a la
Sentencia T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa (Autos 373 de 2016 y
266 de 2017, entre otros). Por este motivo, además, el marco normativo
del SIVJRNR ha incluido dentro de los enfoques diferenciales el étnico.