T-070-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-070/07
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Procedencia excepcional
CORTE CONSTITUCIONAL-Aplicación precedente atendiendo el efecto
erga omnes de los fallos de constitucionalidad
VIA DE HECHO-Defectos para calificar una sentencia como tal
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Es más adecuado utilizar el concepto de
“causales genéricas de procedibilidad” que el de “vía de hecho”
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Obligatoriedad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debe verificar en
cada caso concreto la procedencia
ACCION DE TUTELA-Procedencia por
vulneración o amenaza de derechos fundamentales por acción u omisión de
cualquier autoridad pública/JUEZ-Es autoridad pública y sus
providencias constituyen su principal forma de acción/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia cuando
constituyen vías de hecho/SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos erga
omnes
CORTE CONSTITUCIONAL-Interpretación con autoridad de sus mismas
sentencias
ACCION DE TUTELA PARA RELIQUIDACION DE
PENSIONES-Cumplimiento de
requisitos genéricos de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Decisión
de darle trámite se ajusta a lo establecido por la Corte Constitucional/CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Vulneración del derecho de acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial efectiva
REGIMEN DE TRANSICION SEGUN LEY 100 DE 1993-Pensionados cumplen requisitos previstos
en la Ley 33 de 1985
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Fórmula de cálculo
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reconocimiento en sentencias de instancia/INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Inconformidad con fórmula aplicada por los
jueces
SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No incurrió en vía de hecho pues aplicó la
fórmula y lo previsto en artículo 36 de la ley 100/93 para obtener la
indexación de la primera mesada pensional
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Actualización del promedio devengado
anualmente y no globalmente según artículo 36 de la Ley 100/93
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Improcedencia
por interpretación de la ley
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No
existe falta de motivación
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No
desconoció el precedente jurisprudencial
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expedientes acumulados
T-1424117 y T-1431017.[1]
Acciones de tutela instauradas por separado
por Jorge Rubio Ávila; y por Gustavo Patiño Carrillo y otros contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., primero (1) de
febrero de dos mil siete (2007).
La Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, dentro del expediente T-1424117 en el
proceso instaurado a través de apoderado judicial por Jorge Rubio Ávila y
dentro del expediente T-1431017 en el proceso instaurado por Gustavo Patiño
Carrillo, Antonio Gómez, Hugo Salvador Zambrano Acuña, Bernarda Alicia Garreta,
Leonel Rivas Minota, Héctor Jaime López Gil, José Antonio Macias Sopo y Esau
Andrade Obregón actuando en nombre propio y como agentes oficiosos de los
señores Salvador Triana, Luis Eduardo Silva Cortés, Carlos Alberto Arciniégas
Galindo, Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de Quintero, Álvaro León Martínez
Balcazar y Ramón Eugenio Duque Hincapié contra la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia.
I.  ANTECEDENTES
1. Demandas de tutela
-
Expediente T-1424117
Jorge Rubio Ávila a través de apoderado judicial
instauró el 10 de mayo de 2006, acción de tutela contra la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que ésta le vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social, al
mínimo vital y al debido proceso. Sostiene que la accionada incurrió en una vía
de hecho por defecto sustantivo al inaplicar normas constitucionales. Los
hechos que fundamentan la acción de tutela son los siguientes:
1. Afirma el accionante, que
estuvo vinculado al Banco Cafetero entre el 2 de noviembre de 1963 y el 31 de
julio de 1988, razón por la que mediante Resolución No.030 del 6 de marzo de
2000, la entidad bancaria le reconoció la pensión de jubilación oficial, en la
que no tuvo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y
desconoció que el promedio salarial para determinar el monto de la pensión
debería ser indexado.
2. Por lo anterior, instauró
demanda en proceso ordinario laboral contra el Banco Cafetero, para obtener la
reliquidación de la primera mesada pensional, de conformidad con el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, aplicando la variación del Índice de Precios al
Consumidor – IPC, que afectó la base de liquidación a partir de la fecha de
terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha en que empezó a disfrutar
de la pensión de jubilación.
3. Al contestar la demanda
el Banco Cafetero, aceptó la relación laboral y el salario devengado y
argumentó que la pensión que reconoció es la prevista en el régimen pensional
de la ley 100 de 1993 y por tanto la primera mesada pensional deberá indexarla
el ISS o la entidad administradora de pensiones, cuando asuma la pensión del
actor en la parte que corresponda.
4. En su sentencia del 13 de
mayo de 2003, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, D.C.
condenó a la demandada a reajustar el valor inicial de la pensión de jubilación
a la cantidad mensual de $1.120.170 y a pagar las diferencias que resulten al
realizar la reliquidación de la mesada y el reajuste de las mesadas
adicionales.
5. El Banco apeló la sentencia del Juzgado, la cual
fue modificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá D.C., en providencia del día 29 de octubre de 2004, al considerar que
la mesada inicial de la pensión de jubilación a que tiene derecho el actor
debía ser la cantidad de $942.474.17 a partir del 19 de enero de 2000.
6. El Banco Cafetero
interpuso recurso de casación, el cual fue resuelto mediante sentencia del día
14 de marzo de 2006, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en la que decidió casar la sentencia dictada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., y por tanto
modificó el fallo de primera instancia al ordenar al Banco Cafetero reajustar
la pensión en la suma de $388.705, con los incrementos legales.
Por lo anterior, considera
que el fallo proferido por el alto tribunal, ha vulnerado su derecho
fundamental a la igualdad por cuanto pese a encontrarse en circunstancias
similares a la de otros pensionados en los que la misma corporación ha
reconocido la indexación de la primera mesada pensional, se apartó de su propio
precedente y resolvió desfavorablemente las pretensiones del actor profiriendo
un fallo abiertamente discriminatorio. En su escrito de demanda, cita algunas
de las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia para señalar la
vulneración aludida y la vía de hecho en que se ha incurrido.
Así las cosas, solicita se
deje sin efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia y se libren las órdenes que el fallo contenga, directamente a la
entidad bancaria por ser la que debe reconocer, liquidar y pagar la pensión de
jubilación del accionante.
Trámite previo.
Previo a iniciar el trámite
de la presente acción de tutela, la misma fue instaurada a través de apoderado
judicial por el señor Jorge Rubio Ávila, contra la sentencia de casación
dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 14
de marzo de 2006.
Mediante providencia
proferida el 30 de mayo de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, rechazó la demanda de tutela, por cuanto estaba dirigida contra
una sentencia de casación de la Sala Laboral, la cual es “intangible e
inmutable”, y por tanto sus decisiones expedidas en su condición de órgano límite
pueden controvertirse por ninguna otra autoridad judicial, bajo ningún pretexto
por cuanto no existe corporación o entidad que tenga jerarquía superior en esa
área funcional.
En vista de lo anterior, y
con fundamento en el Auto 004 del 17 de febrero de 2004 de la Sala Plena de la
Corte Constitucional, que autoriza, como máximo órgano de la Jurisdicción
Constitucional, acudir ante cualquier juez para presentar las acciones de
tutela, en caso de rechazo del trámite de la acción de tutela contra providencias
judiciales, mediante auto del 20 de junio de 2006, la sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, admitió
el trámite de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Rubio Ávila.
- Expediente T-1431017
Gustavo Patiño Carrillo,
Antonio Gómez, Hugo Salvador Zambrano Acuña, Bernarda Alicia Carreta, Leones
Rivas Minota, Héctor Jaime López Gil, José Antonio Macias Sopo y Esas Andrade
Obregón actuando en nombre propio y como agentes oficiosos de los señores
Salvador Tirana, Luís Eduardo Silva Cortés, Carlos Alberto Arciniegas Galindo,
Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de Quintero, Álvaro León Martínez Balcazar
y Ramón Eugenio Duque Hincapié, instauraron acción de tutela contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Los hechos que
fundamentan la acción son los siguientes:
1. Los accionantes mediante
apoderado judicial demandaron laboralmente al Banco Popular S.A., con el
propósito de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con
la indexación de la primera mesada.
2. Mediante sentencia
proferida el 21 de febrero de 2003, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de
Bogotá D.C., condenó a la entidad bancaria a pagar la pensión de jubilación a
la mayoría de los demandantes excepto a José Antonio Macias Sopo, Esau Andrade
Obregón, Bernarda Garreta de Ortega, Carlos Arciniegas Galindo y Álvaro León
Martínez Balcazar.[2] Consideró el Juzgado que
para establecer el monto de la pensión de jubilación se debía actualizar el
ingreso base “tal como lo ha entendido la Corte, apoyada en el inciso 3º del
artículo 36 de la Ley 100/93”.
3. No obstante que el
despacho judicial accedió a indexar la primera mesada, con la fórmula
matemática que incluye el IPC, al momento de aplicar la fórmula, se cometieron
errores que antes de actualizar los salarios arrojaron guarismos por debajo del
salario mínimo. Por lo anterior, en el escrito de apelación de la sentencia de
primera instancia, los demandantes efectuaron de manera correcta la operación
matemática que el Juzgado había anunciado, arrojando ese ejercicio resultados
distintos a los liquidados por el Juzgado.
4. Pese a lo anterior,
mediante sentencia proferida el 16 de mayo de 2003, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., incurrió en el mismo
error respecto de la operación matemática y además tomó como bases salariales
sumas que no corresponden a la realidad.[3]
5. Los demandantes
interpusieron recurso extraordinario de casación, sustentado básicamente en los
errores cometidos por los falladores de instancia en la indexación de la
primera mesada pensional, el cual fue resuelto mediante sentencia del 2 de
febrero de 2005, por la Sala de Casación Laboral, en la que concluyó que el
sentenciador no incurrió en el error anunciado.
Por lo anterior, estiman los
accionantes que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha vulnerado el
derecho fundamental a la igualdad, toda vez que en casos similares, cuyos
radicados citan en el escrito, ha ordenado actualizar la base salarial para
liquidar el monto de las mesadas pensionales de los extrabajadores del Banco
Popular, con lo cual se ha dado en este caso un trato desigual y
discriminatorio alejado de toda razonabilidad. Adicionalmente consideran que el
alto Tribunal ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso al no haber
aplicado en debida forma las normas de la Constitución Política, la Ley 100 de
1993 y la propia jurisprudencia sobre indexación del salario base para liquidar
el moto de la primera mesada pensional.
Así las cosas, solicitan se
restablezca los derechos fundamentales que consideran vulnerados y se ordene a
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia modificar la Sentencia del 2 de
febrero de 2005, para aplicar de manera correcta la actualización de la base
salarial para liquidar el monto de las mesadas pensionales y se efectúen las
operaciones matemáticas del caso.
Trámite previo.
Previo a iniciar el trámite
de la presente acción de tutela, la misma fue instaurada a nombre propio por el
señor Gustavo Patiño Carrillo y otros, contra la sentencia de casación dictada
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de febrero
de 2005.
Mediante providencia
proferida el 9 de mayo de 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, rechazó la acción de tutela, por cuanto estaba dirigida contra una
sentencia de casación de la Sala Laboral, la cual es “intangible e inmutable”,
y por tanto sus decisiones, expedidas en su condición de órgano límite no
pueden ser controvertidas por ninguna otra autoridad judicial, bajo ningún
pretexto por cuanto no existe corporación o entidad que tenga jerarquía
superior en esa área funcional.
En vista de lo anterior, y
con fundamento en el Auto 004 del 17 de febrero de 2004 de la Sala Plena de la
Corte Constitucional, el 23 de junio de 2006, los accionantes a nombre propio
instauraron la demanda de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, la cual fue admitida mediante auto del 6 de julio de 2006.
2. Contestación de las entidades accionadas
-
Expediente
T-1424117.
Corte Suprema de
Justicia.
La Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, mediante memorial radicado el 30 de junio de 2006, dio
respuesta a la acción de tutela precisando que el Consejo Superior de la
Judicatura no puede asumir el conocimiento y el trámite de la presente acción
de tutela, toda vez que el asunto fue objeto de sentencia por parte de esa
corporación, a través de la sentencia que puso fin al recurso extraordinario de
casación interpuesto por Bancafé y en consecuencia no puede ser nuevamente
intentada ante una autoridad judicial diferente.
De otra parte, sostiene que
la Constitución Política no previó expresamente la tutela contra decisiones
judiciales y el conocimiento del recurso de casación es atribución exclusiva de
la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, ningún otro órgano ni corporación de
justicia puede producir decisiones en este campo. Como máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria es el órgano de límite y sus decisiones no pueden ser
modificadas, anuladas o desconocidas  por ninguna autoridad pues son
intangibles, últimas y definitivas.
Adicionalmente, considera
que el Decreto 1382 de 2000, revisado en su legalidad por el Consejo de Estado,
asigna a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las demandas que se
presenten contra sus propios actos y no al Consejo Superior de la Judicatura.
Así mismo considera que la
Corte Constitucional no se encuentra autorizada para atribuir competencias
judiciales toda vez que la misma esta reservada al legislador. Esa arbitraria
atribución de competencias induce en error al usuario del servicio y
congestiona los órganos judiciales, así lo ha sostenido la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en reciente fallo.
Por lo anterior, concluye
que no tiene ningún efecto jurídico la atribución de competencias efectuada por
la Corte Constitucional para conocer de esas acciones a otras autoridades
judiciales distintas de las señaladas en el ordenamiento legal y, en
consecuencia considera que la Corte Constitucional ha actuado por fuera de sus
funciones, con desconocimiento de los principios propios del estado de derecho,
razón por la cual debe declararse la nulidad de lo actuado y rechazarse la
presente acción de tutela.
Banco Cafetero.
Mediante escrito presentado
ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, la apoderada general del Banco Cafetero en
Liquidación dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:
En primer lugar, efectuó
algunas precisiones en relación con la naturaleza jurídica de la entidad
accionada y sobre las decisiones judiciales y su cumplimiento por parte del
Banco. Aseguró que, en acatamiento del fallo proferido por la Corte Suprema de
Justicia, procedió a realizar la reliquidación correcta mensual y
reconciliación de valores pagados a los pensionados, lo que arrojó la suma de
$10.095.922 a favor del accionante, que fue consignada en depósito judicial el
día 25 de mayo de 2006, correspondiente al reajuste de la mesadas pensionales
durante el periodo comprendido entre el 19 de enero de 2000 y el 18 de enero de
2005, fecha a partir de la cual fue extinguida la pensión de jubilación oficial
en virtud de las normas que regulan la compatibilidad de pensiones.
Así entonces, siendo claro
la forma como el Banco ha dado cumplimiento al fallo, es imperioso concluir la
improcedencia del amparo solicitado por estar conforme a lo dispuesto a las
sentencias judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada y además por cuanto
no se dan los presupuesto de hecho y de derecho para solicitar la protección de
los derechos fundamentales que considera vulnerados, en tanto que mediante
sentencia judicial ya se dispuso la actualización de la pensión y las sumas que
resultaron a favor del accionante ya fueron pagadas.
Concluye que al no
evidenciarse una trasgresión del ordenamiento en la Sentencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia, ni la existencia de una vía de hecho, ésta no puede
ser revocada por vía de tutela, pues se vulneraría el principio de la cosa
juzgada, seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces.
Por último, en relación con
la fórmula empleada para la liquidación, sostiene que es la más acertada y la
que ha sido reiterada en innumerables oportunidades por la Corte Suprema de
Justicia, en varios de sus fallos que cita en el escrito de respuesta. También
afirma que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ha concluido
la inexistencia de una vía de hecho en algunos de sus fallos en los que se
solicitó por vía de tutela que la actualización de la mesada pensional se
liquidara de diferente manera.
- Expediente
T-1431017.
Corte Suprema de
Justicia.
Mediante memorial del 12 de
julio de 2006 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a
la acción de tutela para indicar en primer lugar que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca carece de
competencia para conocer de la acción de tutela instaurada contra la Corte
Suprema de Justicia, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto 1382 de 2000, actualmente vigente, lo accionado contra la Corte Suprema
de Justicia será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de
Decisión que corresponda.
En segundo lugar, insiste en
que la acción de tutela debe ser rechazada pues la Constitución Política no
previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales y por cuanto el
conocimiento del recurso extraordinario de casación es atribución exclusiva de
la Corte Suprema de Justicia y, por tanto, ningún órgano ni corporación de
justicia puede producir decisiones en este campo.
Como máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria la Corte Suprema de Justicia es un órgano límite y por
tanto sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por
ninguna autoridad, son intangibles, últimas y definitivas dentro de la
respectiva especialidad.
En consecuencia, se deberá
declarar la falta de competencia para conocer la presente acción de tutela,
rechazarla, o en su defecto, declararla improcedente.
Banco Popular.
Mediante escrito presentado
el 12 de julio de 2006 la Asistente de Asuntos Laborales (E) del Banco Popular
intervino como entidad con interés jurídico en la presente acción de tutela
para solicitar el rechazo de la misma, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, considera
que la acción de tutela no procede contra sentencias debidamente ejecutoriadas
y, además por cuanto este mecanismo no fue creado como una instancia adicional
o paralela a las establecidas legalmente o como un mecanismo para lograr la
reapertura de procesos ya fallados y corregir las deficiencias en que incurrió
en su trámite.
Al declararse la
inexequibilidad de las normas que permitían la tutela contra decisiones
judiciales es claro que ninguna otra autoridad tiene la facultad legal o
constitucional de modificar o alterar las sentencias que han hecho transito de
cosa juzgada .
Sostiene que en virtud del
principio de la autonomía de los jueces las decisiones judiciales no pueden ser
interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del
proceso y, por tanto, un juez de tutela no puede invadir el ámbito de otras
jurisdicciones para resolver puntos, aspectos de derecho, cuyo conocimiento ha
reservado a la misma Constitución para éstas.
Con el proceder del
demandante al acudir a este mecanismo, se están violando principios
constitucionales como el de la cosa juzgada y el de la autonomía funcional de
los jueces a mas de que incurre en obstrucción del acceso a la administración
de justicia y al rompimiento de la estructura descentralizada y autónoma de las
distintas jurisdicciones, con lo cual se concluye que el amparo no procede
contra ninguna providencia judicial.
3. Decisiones de
Instancia
Expediente
T-1424117
Primera instancia.
Mediante Sentencia proferida
el 5 de julio de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó el amparo solicitado.
Precisa en primer lugar el
fallador, la competencia de la Sala de decisión para conocer de las acciones de
tutela formuladas por cualquier persona que reclama el amparo de sus derechos
fundamentales, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y el
carácter extraordinario, supletivo y subsidiario de ese mecanismo
constitucional ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial y su
utilización transitoria ante la presencia de un prejuicio irremediable.
Dados los anteriores
planteamientos, sostiene que en el presente caso, la competencia de la acción
fue asumida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en virtud del contenido
del auto del 3 de febrero de 2003, proferido por la Sala Plena de la Corte
Constitucional que autoriza a los accionantes para solicitar ante cualquier
juez la protección de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela
siempre que, como en este caso, el amparo haya sido rechazado por el órgano
competente para fallar de fondo.
Considera el fallador que no
se presenta la vía de hecho alegada por el tutelante, en tanto que se dispuso
la actualización de su primera mesada pensional, y además por que el fallo
cuestionado se encuentra sustentado en la Sentencia del 30 de noviembre de
2000, proferida por la misma corporación, que determina la manera como se
actualiza la pensión cuando el actor no ha devengado salario alguno ni cotizado
durante el periodo de tiempo previsto en la Ley. Otra cosa, es que sin
expresarlo en concreto pretenda el accionante atacar por vía de tutela la
aplicación de la fórmula que empleó la Sala de Casación para liquidar la
actualización de su pensión, que inclusive generó una reliquidación y un pago
por parte del Banco.
Por el hecho de no acoger la
fórmula usada por el Tribunal para determinar el monto de la indexación, no
puede tildarse la decisión de caprichosa o arbitraría, pues al contrario denota
una posición razonada ante el tema en cuestión y además, alcanzó el valor de
cosa juzgada. Tampoco se puede predicar del fallo cuestionado la incurrencia en
una vía de hecho, pues la interpretación dada al inciso 3º del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, ante las diversas posiciones interpretativas existentes al
interior de la corporación, ha sido sustentada en la jurisprudencia de manera
razonada y dentro de un marco jurídico que depende de la autonomía funcional y
la independencia propia de los jueces, lo que hace improcedente entonces la
acción de tutela.
De otra parte sostiene que
estando los funcionarios judiciales al dictar sus providencias sometidos al
imperio de la ley y siendo la jurisprudencia un criterio auxiliar, el
precedente judicial no es obligatorio y en consecuencia no puede tacharse tales
decisiones de irregulares máxime cuando en las mismas se ha observado el
principio de la equidad.
Por lo anterior concluye que
no es posible afirmar que la autoridad accionada, haya incurrido en una
arbitrariedad contraria al ordenamiento legal, toda vez que la decisión
cuestionada fue adoptada con un criterio jurisprudencial mayoritario, sometido
al imperio de la ley y no a su voluntad o capricho, dado que han sido tomadas
dentro del marco funcional que le asiste a la Sala accionada.
Segunda Instancia.
Impugnada la anterior
decisión el Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 2 de
agosto de 2006, resolvió confirmar el fallo, teniendo en cuenta las siguientes
razones:
Previo al estudio de fondo
del asunto precisó que el trámite y decisión de la presente acción de tutela,
se efectuará con base en la posición mayoritaria de la Sala de aplicar el
Decreto 1382 de 2000, acompasada con el criterio de la Corte Constitucional
plasmada en el auto de Sala Plena del 3 de febrero de 2004, que permite al
accionante escoger el juez ante el cual reclamará mediante la acción de tutela
la protección de sus derechos, ante el rechazo de las demandas de tutela contra
providencias judiciales por parte de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual
se agota la posibilidad de revisión de los fallos dictados en esa corporación.
En relación con la vía de
hecho alegada, concluye que en el caso bajo análisis la Sala de Casación
Laboral demandada, no incurrió en el yerro cuestionado al aplicar la fórmula
para calcular el valor de la pensión de los accionantes, ni avisora una interpretación
amañada o caprichosa.
Para sustentar su decisión,
cita apartes de una sentencia proferida por esa Corporación, en la que se
resolvió un caso similar en la que sostiene que cuando la fórmula a aplicar ha
sido fruto de análisis serio y ponderado o basada incluso en precedentes
jurisprudenciales, no es posible acceder al amparo solicitado, en tanto que sus
decisiones provienen de la prevalencia de determinadas interpretaciones frente
a otras. Así mismo advierte que en tal fallo no se evidencia una vía de hecho
en tanto que en la misma se explican claramente con argumentos razonables los
motivos por los cuales no se aplica para el caso el artículo 11 del Decreto
1748 de 1995 y además por cuanto la fórmula que se aplicó obedece a la misma
consagrada en fallo de la Corte Suprema de Justicia 1336 del 30 de noviembre de
2000, asumida bajo criterios mayoritarios ampliamente debatidos, y por tanto no
puede ser tachada de caprichosa o arbitraria.
Expediente
T-1431017
Primera instancia.
Mediante providencia proferida
el 18 de julio de julio de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca resolvió tutelar los
derechos fundamentales de los accionantes, baso las siguientes consideraciones:
Precisa previamente que la
Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, por mandato de
la máxima autoridad constitucional ante los eventos en que, como en el presente
caso, las acciones de tutela contra providencias judiciales sean rechazadas por
los despachos judiciales.
Agrega que en relación con
la legitimidad de los demandantes para actuar a nombre de otra persona de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 10 del Decreto 2591
de 1991, mediante declaraciones rendidas el día 6 de julio de 2006, (Fls. 67,
69 y 71 del cuaderno original) ante el despacho judicial por los agentes
oficiosos, señores Antonio Gómez, Bernarda Alicia Garreta de Ortega y Gustavo
Patiño Carrillo, no se logró determinar los presupuestos legales para su
procedencia puesto que no acreditaron tal calidad. Por lo anterior, mediante
auto proferido el 10 de julio de 2006, el  fallador rechazó la presente acción
de tutela respecto de los señores Salvador Triana, Luis Eduardo Silva Cortés,
Carlos Alberto Arciniegas Galindo, Nolasco Olaya Prieto, Nohora Herrera de
Quintero, Álvaro León Martínez Balcazar y Ramón Eugenio Duque Hincapié.
En desarrollo de los
principios de igualdad y de seguridad jurídica, considera la Sala que toda
decisión judicial en torno al tema de la indexación de la primera mesada
pensional, está regida por categorías conceptuales, tales como la no previsión
legal de la congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación, el
principio pro operario, el mantenimiento del poder adquisitivo en la liquidación
de las pensiones, los principios de equidad e igualdad y el respecto al
precedente judicial, que representan construcciones jurisprudenciales
efectuadas por el máximo intérprete de la Constitución, las cuales han sido
convalidadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura.
Frente al caso que ocupa la
atención de la Sala, encuentra que la corporación accionada incurrió en vía de
hecho pues al no casar y negar el reajuste de la indexación solicitada,
desconoció el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en materia de
derechos fundamentales obligatoria para todos los jueces y se apartó de los
dictados constitucionales de igualdad, equidad, favorabilidad y de conservación
del poder adquisitivo de las pensiones que constituyen el debido proceso en
materia laboral.
Por lo anterior, negó la
declaratoria de nulidad solicitada por la corporación demanda, amparó los
derechos fundamentales invocados por los accionantes ante la presencia de una
vía de hecho en la sentencia cuestionada y ordenó dejar sin efectos las
sentencias del 2 de febrero y 30 de junio de 2005 proferidas por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como las del 16 de mayo de 2003 y
21 de febrero de 2003, dictadas por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá y el Juzgado 16 Laboral de Circuito de Bogotá, respectivamente.
Adicionalmente, teniendo
presente “…la conocida posición de la Corte Suprema de Justicia en el
sentido de desacatar los fallos de tutela que le imponen la obligación de
emitir nuevas sentencias de casación…”, ordenó al Banco Popular S.A.,
liquidar y pagar la indexación desconocida utilizando la fórmula que la Corte
Constitucional ordenó en la sentencia T-098 de 2005, “…según la cual el
valor presente de la condena R se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el último
año de servicios, por el guarismo que resulte de dividir índice final de
precios al consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la
pensión, entre el índice inicial, que es el existente al 27 de enero de 1974.”
Impugnación.
1. Los Magistrados de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia impugnaron la decisión adoptada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y reiteraron la posición
expuesta en varias oportunidades en relación con la improsperidad de la acción.
Sostienen que ningún otro
órgano o corporación de justicia puede actuar como Tribunal de casación, en
virtud de la atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Como máximo
Tribunal de la jurisdicción ordinaria, es un órgano límite y por tanto sus
decisiones no pueden ser modificadas, a más de que no existe órgano judicial
superior según la Carta Política.
De otra parte, insisten en
que las sentencias de casación no tienen recurso alguno, por tanto hacen
tránsito a cosa juzgada y no admiten posteriores modificaciones, con lo cual se
desarrolla el debido proceso y se preserva el principio de la seguridad
jurídica y la fe en las instituciones por parte de la ciudadanía.
Cada una de las
jurisdicciones previstas en la Constitución son independientes, gozan de
autonomía sin otro límite que el estar sometidos al imperio de la ley y a su
recto juicio, sin que les esté permitido vulnerar el ámbito de las funciones
que se le han asignado constitucional o legalmente a las demás. Por tanto es
inadmisible que la Corte Constitucional pretenda afectar una decisión tomada
por las otras corporaciones, puesto que traspasa el marco de sus funciones, lo
cual es extraño a todo Estado Social de Derecho.
Concluye afirmando que, de
una parte la Constitución no previo expresamente la tutela contra decisiones
judiciales y de otra, el comportamiento de los Magistrados de la Sala, lejos de
ser arbitrario o infundado, se apoyó en sólidas razones constitucionales y
legales sobre la naturaleza de las decisiones que profiere y no se encuentra
fundamento jurídico alguno que amerite un juicio de reproche a la conducta
desplegada dentro del asunto judicial, pues procedieron en forma fundada y con
la razonable convicción de estar actuando conforme a derecho, por lo cual
afirman que debe revocarse el fallo y declarar la improsperidad de la acción
por su improcedencia.
2. Mediante escrito presentado por la
Asistente de Asuntos Laborales (E), el Banco Popular S.A., impugnó la sentencia
del 18 de junio de 2006, con el propósito de obtener que el Consejo Superior de
la Judicatura en segunda instancia revoque el fallo y deniegue la acción de
tutela por improcedente.
Consideró la representante
judicial que contrario a lo afirmado por el Consejo Seccional, las sentencias
que han sido dejadas sin efecto no han presentado ninguno de los defectos en
que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede incurrir una
sentencia, máxime cuando la indexación alegada fue reconocida y tiene efecto de
cosa juzgada. Tampoco considera viable que por medio de la acción de tutela, se
pretenda que un juez diferente al que conoció el proceso ordinario, so pretexto
de una vía de hecho, condene al Banco Popular a la reliquidación de la pensión
cuya indexación fue liquidada en los términos de un juicio ordinario.
Segunda Instancia.
El Consejo Superior de la
Judicatura, mediante providencia del 10 de agosto de 2006, resolvió revocar el
fallo impugnado con base en las siguientes razones:
Teniendo en cuenta el
alcance e importancia del precedente jurisprudencial para fundamentar las decisiones,
puesto que con ello se garantiza el respeto por la seguridad jurídica, la
libertad ciudadana, el desarrollo económico, la igualdad y el control de la
propia actividad judicial, la Sala decidió el caso siguiendo los lineamientos
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia T-440 del 1 de junio de
2006 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra, mediante la cual negó la protección
solicitada por el actor al considerar que la discrepancia surgida respecto de
la fórmula utilizada para hacerse el cálculo de la indexación de la primera
mesada pensional del demandante no es razón suficiente para alegar la
existencia de una vía de hecho que haga procedente la acción de tutela.
En dicha sentencia, la Corte
Constitucional afirmó que la decisión del Tribunal y de la Corte Suprema de
Justicia, fue debidamente sustentada y motivada en la necesidad de adoptar la
fórmula de cálculo contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no la
del Decreto 1748 de 1995, en tanto que de conformidad con providencias anteriores
de la Corporación accionada, se sostuvo que la primera norma resultaba más
apropiada para hacer la liquidación, toda vez que, el derecho a pensionarse fue
adquirido bajo las normas de la Ley 100 de 1993.
Del análisis de varias
sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo tema, que cita en la
providencia T-440 de 2006, la Corte Constitucional concluye que es evidente que
las decisiones cuestionadas se acogieron al precedente jurisprudencial tanto de
la propia Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional surgida de
la sentencia SU-120 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, relacionada con la
indexación de la primera mesada pensional, no encontrando por tanto,
inconsistencia alguna entre lo previamente decidido y la solución a la que se
llegó en el caso bajo estudio.
Así entonces, al considerar
el Consejo Superior de la Judicatura que la situación anteriormente descrita se
presenta en el presente asunto, con base en tales lineamientos
jurisprudenciales negó la tutela solicitada.
II. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
CONSIDERACIONES y
fundamentos
Competencia
1. Esta Sala es competente para revisar la
decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en el artículo 241 numeral 9 de la Constitución Política.
Problema jurídico
2. La Sala de revisión
deberá resolver la siguiente pregunta:
¿Incurrió la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en una vía de hecho en sus sentencias de
casación, al aplicar para la liquidación de la indexación de la primera mesada
pensional reconocida mediante las sentencias de instancia, la fórmula
establecida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con base en
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1994 y no la fórmula solicitada
por los actores que sería más benéfica para ellos?
Reiteración de jurisprudencia. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones judiciales
3. Vistos los antecedentes, la Sala de
Revisión considera que el caso plantea un problema jurídico que ya ha sido
abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la
acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia
judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales?
4. Como ya ha sido señalado por esta Sala
en otra ocasión,[4] la sentencia C-543 de
1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), citada como precedente aplicable
al presente caso por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del
Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela
contra sentencias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar
inexequibles las disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el
principio de seguridad jurídica.
5. No obstante, la decisión de la Sala
Plena de la Corte Constitucional no se adoptó en términos absolutos, pues
matizó sus efectos al prever casos en los cuales, de forma excepcional, la
acción de tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia
estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de
hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la mencionada sentencia C-543 de
1992:
“(…) nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable,
para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como
mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente
temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario
competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de
1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra  la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia.”
6. Atendiendo al efecto erga omnes
de los fallos de constitucionalidad, es decir, a su fuerza vinculante, las
distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional pasaron a aplicar e
interpretar en los casos concretos el precedente establecido por la Sala Plena.
Así se hizo, por ejemplo, en las sentencias T-079 de 1993[5]
y T-158 de 1993[6] - proferidas
inmediatamente después de la expedición de la sentencia C-543 de 1992. En esta
línea es importante citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia
del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –el mimo ponente de la sentencia
C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente:
"Las actuaciones judiciales cuya
ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte - pese a su forma
- en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter
de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de
tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo
que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía
funcional del juez.
“(..)
"De los párrafos transcritos aparece
claro que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha
establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son
invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio
autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del
respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el
ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una
providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad
los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política
reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las
personas.
"En ese orden de ideas, la violación
flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda
cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada
mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al
alcance del afectado para la defensa de su derecho.”
7. La evolución de la jurisprudencia
condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
se determinara cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como una vía de hecho. En la providencia  se indicaron los
casos excepcionales en que procede la acción de tutela, indicando que se
configura una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes
vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando
la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable
que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto
procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido
precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las
sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y SU-159 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
8. Ahora bien, en los últimos años se ha venido
presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las
situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias
judiciales. Este desarrollo ha conducido a la conclusión de que las sentencias
judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros
defectos adicionales, y de que, dado que esos nuevos defectos no implican que
la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la
Constitución”, es  más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de
procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de
2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de
la siguiente manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar
que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha
decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que
originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se
trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad
sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de
los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desbor­da en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’[7]
En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes
aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a
la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la
de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se
redefine en los siguientes términos,
‘Por lo anterior, todo pronunciamiento de
fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los
derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación
de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucional­mente
ad­mi­sible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la
configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya
constatado la existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente
reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o
procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) decisión sin
motivación,  (v) desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la
Constitución.’[8]
“Esta posición fue reiterada recientemente
en la sentencia T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas), caso en el que se
confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de conceder
una tutela por haberse incurrido en una ‘vía de hecho’.[9]
9. Por lo tanto, coincide parcialmente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en
reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las
sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992,
pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que
era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de
tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía
de hecho.
La Corte ha indicado que, en lugar de
descartar de manera absoluta la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, debe verificarse en cada caso concreto si ella es
procedente, observando si reúne los estrictos requisitos precisados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El artículo 86 de la Constitución dice que
la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los
jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal
forma de acción. Además, como se dijo, la Corte Constitucional en sus salas de
revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra
providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha
proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el
mismo sentido.[10]
No desconoce esta Sala de Revisión que una
sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, así como
esta Corporación ha reconocido que quien interpreta con autoridad las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte Suprema de
Justicia - en razón a que su doctrina relativa al alcance de las leyes en el
ámbito de su competencia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”
(artículo 234 C.P.), constituye un derecho viviente[11] -, es
obvio que quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte
Constitucional es la misma Corte Constitucional.
10. Finalmente, es importante señalar que
en la Sentencia C–590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte
Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión “ni acción”, que
hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento
Penal). Dicha expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el
principio de supremacía de la Constitución (art. 4º C.P.), al restringir el
alcance de un mecanismo constitucional que, como la acción de tutela, fue
diseñado para la protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier
autoridad pública” (artículo 86 C.P). La Corte distinguió en este fallo, que
tiene efectos erga omnes, que una cosa es que el legislador no permita
la utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso
extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de
configuración, y otra muy distinta que excluya la procedencia de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de los
derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad
pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades
judiciales.
De esta manera, en una sentencia que
produce efectos erga omnes, se reafirmó la posición que ha venido
adoptando la Corte Constitucional desde 1993, la cual reitera la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales en casos excepcionales y
estima contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la
interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidas
las proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.
11. En relación con el cumplimiento de los requisitos
genéricos de procedencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, cuando
se trate de conflictos jurídicos relacionado con el reconocimiento, reajuste o
reliquidación de las pensiones, se tiene que: i) las presentes acciones de
tutela involucran la posible vulneración un derecho fundamental, que se
incorpora en el mínimo vital de que son  titulares los actores, personas
pertenecientes a la tercera edad y que podría verse afectado por la decisión de
la justicia ordinaria de reducirles en más de la mitad el monto de la primera
mesada pensional; ii) los actores agotaron todos los mecanismos judiciales de
defensa requeridos para obtener el reconocimiento de su derecho pensional, por
lo que debe considerarse que no les queda opción distinta a la de la acción de
tutela; iii) los demandante ejercieron oportunamente la acción de tutela en
contra de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que en expediente
T-1424117, es del 14 de marzo de 2006 y en el expediente T-1431017, es del 2 de
febrero y 30 de junio de 2005. El hecho de que las demandas de tutela hubieran sido
presentadas ante el Consejo Seccional de la Judicatura el 16 de junio de 2006,
en el primero de los expedientes y el 27 de junio de 2006 en el segundo, no se
debe, con todo, a la desidia de los actores, como se verá enseguida, sino al
hecho de que las primeras acciones de tutela que presentaron ante la Corte
Suprema de Justicia fueron rechazadas, en el expediente T-1424117, mediante
providencia del 30 de mayo de 2006 y en expediente T-1431017, mediante
providencia del 9 de mayo de 2006, ambos con el argumento de que no procede la
tutela contra providencias judiciales, iv) finalmente, la irregularidad puesta
de presente por los actores constituye la pieza fundamental de la supuesta
vulneración de su derecho fundamental, pues es a partir de la equivocada aplicación
de una fórmula matemática que se reduce el monto de la primera mesada pensional
de cada uno de ellos y, por tanto, los recursos con que los accionantes cuentan
para proveerse su subsistencia.
Competencia de la jurisdicción disciplinaria para conocer
de las presentes acciones de tutela.
12. Los actores instauraron inicialmente la
acción de tutela ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la cual decidió rechazarlas, sin darle trámite. Por lo tanto, los
actores acudieron ante la Jurisdicción Disciplinaria para que ella conociera de
las acciones de tutela, razón por la que el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca admitió las demandas y avocó el conocimiento de las mismas.
Al respecto basta con manifestar que la decisión de
darle trámite a la acción de tutela se ajustó a lo establecido por la Corte
Constitucional en vista de la renuencia de las distintas Salas de la Corte
Suprema de Justicia para conocer sobre acciones de tutela presentadas contra
sentencias de esa Corporación, así como de su decisión de no enviar esos
procesos a la Corte Constitucional para su eventual revisión. En el Auto de
Sala Plena 004 del 3 de febrero de 2004, esta Corte determinó que la mencionada
actuación de las Salas de la Corte Suprema de Justicia constituía una
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y a obtener
la tutela judicial efectiva:
“... si la Constitución Política (art. 86),
el Decreto 2591 de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen
que la tutela procede contra cualquier autoridad pública y no solo en
contra de las autoridades administrativas, y así lo han reiterado la Corte
Constitucional en sus sentencias sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales por vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia
anteriormente citada, es evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de
Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones
de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por
una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional
fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a
obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad
con los Tratados Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos,
art. 25), y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (OC-11/90, OC-16/99).”
Y con el objeto de brindarle una solución a
la situación planteada, la Corte Constitucional dispuso:
“En estos casos entonces, con fundamento en
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para
conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud, y con el fin de que las personas
logren que se pueda disponer lo pertinente en relación con la revisión de
dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho de acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra Corporación de igual
jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran
violado. Es claro que el juez escogido por el actor o actores no podrá suscitar
conflicto de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad
que ya con anterioridad ha resuelto no admitir su trámite.
“Tampoco podrá negarse la tutela respectiva
con fundamento en la temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos
casos, al no existir una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del
derecho de acceso a la administración de justicia justifica la nueva
interposición de la acción de tutela.
“Finalmente, es necesario dar un
tratamiento igual a otros ciudadanos que puedan encontrarse en la misma
situación aquí advertida. Por ello, para los casos en que exista la misma
situación de vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los
ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de
Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho
fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de
la Corte Suprema de Justicia.”
Por lo tanto, esta Sala de Revisión
confirmará la decisión de los órganos de la Jurisdicción Disciplinaria de
declararse competentes para conocer sobre las presentes acciones de tutela,
contenidas en los expedientes bajo estudio.
La fórmula que aplicó la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia para obtener la indexación de la primera
mesada pensional reconocida a los accionantes.
13. En los expedientes que ocupan la atención de la
Sala, los accionantes interponen las acciones de tutela con el fin de que se
les amparen sus derechos fundamentales en especial el debido proceso y el de
igualdad, los cuales consideran vulnerados por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, al proferir las sentencias del 14 de marzo de
2006 (Expediente T-1424117) y del 2 de febrero y 30 de junio de 2005
(Expediente T-1431017), en las que se aplicó la fórmula allí señalada para
liquidar la actualización o indexación de la primera mesada pensional,
desconociendo en todo caso los precedentes existentes de la misma corporación
en casos similares al de ellos.
También acusan los demandantes a la Sala accionada de
incurrir en interpretación errónea de varias normas en especial del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la inaplicación de la fórmula
expresamente señalada en el artículo 11 del Decreto 1748 de 1995.
Los actores fueron pensionados como
consecuencia del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985,
de conformidad con las prerrogativas derivadas del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Las sentencias de instancia reconocen en
todos los casos el derecho a la indexación de la primera mesada pensional,
según la terminología utilizada por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional o a la actualización anual del ingreso base para liquidar la
pensión que incluya la variación del IPC certificado por el DANE, de
conformidad con la redacción del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.[12]
Sin embargo, el motivo de la inconformidad
de los actores radica básicamente en la fórmula que emplearon los jueces para
obtener la efectiva actualización del salario base en los términos indicados en
la norma.
En efecto, los fallos proferidos por la
Corte Suprema de Justicia objeto de las presentes acciones, en los que se
estudiaron los mismos cargos que ahora sustentan las tutelas, explicaron que en
el caso de las personas que adquirieron el derecho a pensionarse bajo la
vigencia de la Ley 100 de 1993, tenían garantizado por ley la indexación de la
primera mesada pensional, pues así lo dispone literalmente el inciso tercero
del artículo 36 de ese régimen.
En tales fallos se afirmó también que para
las personas que se pensionaron bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, pero
adquirieron el derecho a pensionarse de acuerdo con los requisitos exigidos por
la Ley 33 de 1985, la liquidación de la indexación de la primera mesada
pensional debe hacerse según la fórmula de la Ley 100 de 1993, pues la Ley 33
de 1985 únicamente opera para efectos de determinar el cumplimiento de los
requisitos de la pensión.
Adicionalmente la Sala Laboral precisó, que
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3ª del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, el ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional
corresponde al promedio de los salarios y primas de toda especie que hayan
devengado los actores en el último año de servicio, actualizada anualmente con
base en la variación del índice de precios del consumidor, según certificación
que expida el DANE.
Consideró el alto Tribunal que esta
interpretación, es la que más se ajusta al objetivo perseguido por el citado
inciso 3° del artículo 36, dada las particulares circunstancias de los actores,
quienes teniendo derecho a la pensión no devengaron suma alguna ni cotizaron
durante el tiempo que hacía falta para adquirir el derecho.
En cuanto a la fórmula establecida para
indexar la primera mesada pensional, la Sala Laboral consideró que de
conformidad con la norma citada, la indexación debe hacerse anualmente, y no,
como lo sugieren los tutelantes, de manera unificada para el periodo
comprendido entre el retiro de la entidad y la fecha en que se adquiere el
derecho.
Precisado lo anterior, corresponde a esta
Sala determinar si se ha configurado una de las causales de procedibilidad de
la acción de tutela contra las sentencias judiciales mencionadas, las cuales han
sido atacadas bien por causa de un defecto sustantivo al encontrar que las
decisiones controvertidas se fundan en una norma indiscutiblemente inaplicable
o bien por haberse apartado de los precedentes o sin argumentar debidamente la
decisión o bien, por que su discrecionalidad interpretativa se desbor­dó en
perjuicio de los derechos fundamentales de los accionantes.
14. Sea lo primero
determinar la situación particular de cada uno de los accionantes, y
posteriormente señalar los argumentos tenidos en cuenta por cada una de las
instancias judiciales:
Expediente T- 1424117
15. La situación particular del accionante es la
siguiente:
Nombre
Fecha de retiro
Fecha
cumplimiento edad
Ultimo salario
devengado
Pensión
asignada
Jorge Rubio
Ávila
Julio 31 de
1988
Enero 19 de
2000
$135.281.oo
$260.100 (Res.
No.030 de 2000)
16. Inconforme con el valor de la pensión asignada, el
señor Jorge Rubio Ávila demandó al Banco Cafetero para obtener la reliquidación
de la primera mesada pensional. Mediante sentencia del 13 de mayo de 2003, el
Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., condenó al Banco a reajustar el
valor inicial de la pensión de jubilación a la cantidad de $1.120.170.
17. Posteriormente, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en
providencia del día 29 de octubre de 2004, modificó el fallo de primera
instancia y determinó en $942.474.17 el valor de la pensión de jubilación del
actor.[13]
18. Mediante sentencia del
14 de marzo de 2006, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, decidió casar la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., y por tanto modificó el fallo de
primera instancia y ordenó al Banco Cafetero reajustar la pensión en la suma de
$388.705, con los incrementos legales.
19. En el recurso
extraordinario de casación, el recurrente acusa el fallo de incurrir en
interpretación errónea específicamente del inciso 3º del artículo 36 de la ley
100 de 1993, argumentando lo siguiente:
“…el Tribunal se equivocó al liquidar la
mesada pensional del demandante, como lo hizo en la sentencia impugnada, porque
lo pertinente era actualizar el salario base de liquidación con fundamento en
la fórmula expuesta en la sentencia 1336, y que arriba se transcribió, dado que
en el caso bajo estudio, no se trata de actualizar un ingreso nominal que ha
sufrido cambios periódicos sino un salario promedio que no tuvo modificación
con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, lo cual se reitera no se
discute máxime cuando esa base de liquidación se remonta al promedio devengado
en el último año de prestación  de servicios…”
20. Encontró la Corte
Suprema de Justicia, que efectivamente el Tribunal se equivocó en la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haber tomado como
referentes porcentuales el índice final sobre el índice inicial para aplicarlo
al promedio salarial que devengaba el actor al momento en que terminó la
relación laboral, con lo cual estima que hizo uso de una fórmula que no
corresponde a la prevista en la ley, que exige la actualización año por año y
no global.
Por tanto, en concordancia
con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con
base en los fallos de la Corte Suprema de Justicia No.13336 de 30 de noviembre
de 2000 y 22892 de agosto 23 de 2004, afirmó:
“Y para lo anterior, como ya se dijo en la
sentencia de casación, hay que tomar como punto de partida que la pensión a que
tiene derecho el demandante está reglada por el artículo 36 de la ley 100 de
1993, y por ello fue que en esa ocasión se expresó: “Lo anterior implica,
entonces, que la ley 33 de 1985 que regulada la pensión de jubilación del
actor, hay que aplicarla en cuanto a la edad, tiempo de servicios y al monto
del 75%, no así en lo que hace a la base salarial porque la misma es la
señalada por el inciso tercero del tantas veces citado el artículo 36 en los
términos en que ya se trajo a colación”.
(…)
Ahora bien, como el demandante no devengó
salario alguno ni cotizó durante el lapso al que se refiere la disposición
antes transcrita, o sea, al que le hacía falta para adquirir el derecho a la
pensión, que para su caso sería el transcurrido del 1º de abril de 1994 (fecha
en que empezó a regir la ley) y el 29 de diciembre de 1997 (fecha en que
cumplió la edad para la pensión), fue que se vislumbró la posibilidad que la
actualización anual que dispone esa norma se hiciera tomando ese tiempo: 3 años
8 meses y 29 días, pero con referencia a la remuneración efectivamente
devengaba, lo que imponía necesariamente acudir a la recibida entre el 14 de
abril de 1987 y el 13 de enero de 1991, y eso es lo que explica los términos en
que se ordenó la prueba para mejor proveer.
Empero, en esta oportunidad observa la Sala
que si bien es cierto que de acogerse la precitada solución, se estaría
aplicando, en parte, lo que literalmente establece el inciso 3º del tantas
veces citado artículo 36 para determinar el ingreso base de liquidación de la
pensión de las personas que se encuentren en el régimen de transición, también
es verdad que de procederse así se desconocería la finalidad perseguida por tal
norma,  como es la actualización hasta la fecha en que surja el derecho
pensional del salario a tener en cuenta para tasar el ingreso base con
referencia al cual fijar el valor de la  primera mesada.
Y fundada en esta última consideración es
por lo que estima y precisa la Corte que, en asuntos de las particulares
características del presente, en los que no se devengó ni cotizó suma alguna en
el tiempo que hacía falta para adquirir el derecho a la pensión, debe acogerse
como salario devengado para ser actualizado, en los términos previstos por el
inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, el que conforme al artículo 73
del decreto 1848 de 1969 sería al tener en cuenta para conocer la pensión al
demandante de no existir precepto que ordenara su actualización, es decir, el “promedio
de los salarios y primas de toda especie” que éste haya devengado en el
último año de servicios.
La precitada solución, para la Sala, es la
que más se ajusta al objetivo perseguido por el inciso 3º del artículo 36 de la
ley 100 de 1993 y a una realidad no prevista por esa norma, como es que quien
teniendo derecho a  pensión no hubiese devengado suma alguna ni cotizado
durante el lapso al que la misma se refiere..”
(…)
Y posteriormente en sentencia de agosto 23
de 2004, radicación 22892, en un  proceso seguido contra Bancafé esta
Corporación razonó:
“En lo atinente a la actualización del
salario es acertada la aseveración del recurrente porque así lo establece la
ley, en el sentido de que se debe considerar el promedio recibido durante “..el
tiempo que le hacía “falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si
éste fuere superior”...”, pero en esta oportunidad en la forma como lo dedujo
el Tribunal en coincidencia con lo sostenido por la mayoría de esta Sala, para
asuntos como el del sub litem en los cuales el titular de la pensión que le
faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho al entrar en vigencia la ley
100 de 1993, no devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo transcurrido entre
la fecha en que se produjo el retiro del servicio y el momento en que reunió
las exigencias o requisitos para acceder a ese derecho, lo razonable es tomar
el promedio de lo devengado en el último año de servicios, lo cual está a tono
con una sana hermenéutica de la norma de transición.
Al respecto se ha venido pronunciando esta
Corporación y en un caso seguido contra la misma entidad bancaria donde se
debatía una situación similar a la aquí analizada, en sentencia reciente del 17
de mayo de 2004 radicación 22617, se precisó:
“(….) En efecto, para los beneficiarios del
régimen de transición, se le aplica las disposiciones anteriores a la Ley 100
de 1993, respecto a la edad, tiempo de servicios y el monto de la pensión, más
no frente a lo que tiene que ver con la base salarial, por cuanto este aspecto
quedó regulado por el inciso 3° del artículo 36 de la nueva ley de seguridad
social, que en su parte pertinente prevé “El ingreso base para liquidar la
pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de
lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si éste fuera superior, actualizado anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE” (resalta la sala).
El cometido de la norma en cuestión es actualizar
anualmente la base salarial que ha de servir para tasar la mesada pensional,
con base en un “promedio”, que ha de entenderse referido al que resulte más
favorable a quien va a acceder al derecho.
La verdad es, que para que la aludida
disposición legal cumpla su finalidad, debe adecuarse a todos los casos
aparentemente difíciles, en especial aquellos que comportan características
especialísimas, que no encajan rigurosamente en las dos opciones contempladas
en el precepto; vale decir, “lo devengado en el tiempo que les hiciere falta”,
o “el cotizado durante todo el tiempo si fuere superior”, como cuando el tiempo
que le falta al pretenso pensionado fuere mínimo, por ejemplo de 1 o 2 meses en
los que el salario fue invariable o cuando se termina el contrato faltando un
lapso considerable pero inferior a 10 años, durante el que no se percibió
salario alguno ni se cotizó, que es lo que se presenta en el asunto de marras,
situación en la que el operador jurídico razonablemente debe acudir al promedio
del salario del último año laborado, a efectos de lograr la actualización
requerida por la norma y fijar la mesada inicial.
Acorde con lo anotado y acudiendo a lo
adoctrinado en pronunciamientos jurisprudenciales anteriores, si no se cotizó
ni se recibió salario entre la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la
fecha en que se cumplieron los requisitos para el derecho pensional, conforme
al alcance de la norma en transición, el salario base a actualizar debe
corresponder al promedio del devengado por el trabajador en el año anterior al
retiro, cumpliéndose así no sólo con el propósito del multicitado artículo 36
sino del postulado de la situación más favorable consagrada en el artículo 53
de la Constitución Política, posición que es la que más se ajusta a la realidad
social.”
21. En relación con la fórmula aplicada para efectos
de indexar la suma que sirvió de base para calcular el valor de la pensión,
afirma la corporación accionada haber tenido en cuenta el criterio adoptado por
la mayoría de la Sala en la sentencia del 30 de noviembre de 2000, radicada con
el No.13336, así:
“…se toma el salario promedio mensual
devengado por el trabajador en el último año y – dejándolo constante – se lo
actualiza, año por año, con la variación anual del I.P.C. del DANE (folios 49 a
57 cuaderno 1), para llevarlo al año de fecha pensión; luego se pondera dicho
resultado, multiplicándolo por el número de días que tuvo cada salario y
dividiéndolo por el total de días que se toman para el I.B.L.. A este resultado
se le calcula el 75%, obteniendo así el valor de la pensión.”
Expediente T-1431017
22. La situación particular
de los accionantes en esta tutela es la que sigue:
Nombre
Fecha de retiro
Fecha
cumplimiento edad
Ultimo salario
devengado
Pensión
asignada Sentencia C.S.J.
Feb. 2/05
Gustavo Patiño
Carrillo
Julio 15 de
1980
Octubre 4 de
1999
$29.943.oo
$296.806
Antonio Gómez
Junio 21 de
1993
Mayo 25 de 2001
$457.290.oo
$531.308.oo
Hugo Salvador
Zambrano Acuña
Mayo 30 de 1981
Marzo 25 de
1999
$38.000.oo
$406.761.oo
Bernarda Alicia
Garreta
Enero 11 de
1993
Febrero 6 de
2001
$197.910
$305.225.oo
Leonel Rivas
Minota
Noviembre 30 de
1988
Octubre 30 de
2000
$138.290.oo
$355.003.oo
Héctor Jaime
López Gil
Julio 13 de
1989
Diciembre 4 de
1997
$83.358.oo
$183.323.oo
José Antonio
Macias Sopo
Octubre 26 de
1992
Febrero 15 de
2001
$183.683.oo
$475.860.oo
Esau Andrade
Obregón
Septiembre 1 de
1993
Mayo 27 de 1999
$372.030.oo
$553.706.oo
23. Los actores demandaron
laboralmente al Banco Popular S.A., con el propósito de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación así como la indización de la
primera mesada pensional. Mediante sentencia proferida el 21 de febrero de
2003, el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., condenó a la entidad
bancaria a pagar la pensión de jubilación de los accionantes excepto, entre
otros, a José Antonio Macias Sopo, Esau Andrade Obregón y Bernarda Garreta de
Ortega, por considerar que cumplían con el requisito de la edad.
Adicionalmente de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y con base en
lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, les
reconoció el derecho a actualizar el ingreso base para establecer el monto de
la pensión de jubilación, tomando, de conformidad con lo previsto en el
artículo 73 del decreto 1848 de 1969,[14] “el promedio de los
salarios y primas de toda especie” al momento de liquidar las prestaciones,
el Índice de Precios al Consumidor - IPC y teniendo como punto de referencia
para la valorización, la fecha de retiro del trabajador.[15]
24. Mediante sentencia
proferida el 16 de mayo de 2003, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá D.C., reiteró la jurisprudencia mayoritaria de la
Corte Suprema de Justicia, contenida en el fallo 13336 de julio 6 de 2000, que admite
la indexación de la primera mesada o del ingreso base de liquidación de quienes
se pensionen bajo vigencia de la Ley 100 de 1993, pero de conformidad con el
cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio señalados en la ley
33 de 1985, en virtud de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 que
regula el régimen de transición.
Sostiene el fallo lo
siguiente:
“Y existe esa contradicción porque
efectivamente en el asunto subjudice debe tenerse en cuenta que cuando el
demandante cumplió los dos requisitos para que surgiera el derecho a la pensión
de jubilación, concretamente el de la edad pues el tiempo de servicio lo tenía
más que satisfecho al retirarse del Banco en enero 13 de 1991, ya regía la ley
100 de 1993 en razón a que cumplió los 55 años el 29 de diciembre de 1997. Por
lo tanto, es a la luz de ese ordenamiento que se debe estudiar y definir lo
referente a la cuantía y “actualización” reclamada, pues ella en su artículo 36
dispone:
“Régimen de
Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta
y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el
año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será
de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
“La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco ( 35 ) o más años de edad
si son mujeres o cuarenta ( 40 ) o más años de edad si son hombres, o quince (
15 ) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por
las disposiciones contenidas en la presente ley.
“El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez ( 10 ) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE(…)”
“Ahora bien, con relación al tema que se
trata es conveniente anotar que para la Sala, a partir de la fecha en que
empezó a regir la ley 100 de 1993, los criterios jurisprudenciales que se
exponían con respecto de lo que se denominó la indexación de la primera mesada
pensional, que en estricto rigor jurídico lo era de la base salarial para tasar
esa mesada, perdieron vigencia en cuanto hace a pensiones legales causadas
dentro de la misma. Y esto porque de acuerdo con el artículo 36 antes transcrito,
al igual que con el artículo 21 de tal normatividad, ya no hay que acudir a la
analogía ni a la equidad para ordenar esa indexación, ni tampoco puede
aseverarse, como lo pregona la orientación jurisprudencial a la que se viene
acudiendo para resolver esta clase de peticiones, que no existe en materia
laboral disposición legal que autorice la aplicación de aquella para el
reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez.
“Así se afirma porque los aludidos
artículos de la ley 100 ya consagran y ordenan expresamente la indexación
cuando mandan que el ingreso base para liquidar las pensiones a que ellos se
refieren, será “actualizado anualmente con base en la variación de Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. Lo que implica
que de no proceder el juzgador así incurre en infracción directa de esos
preceptos legales.
“De otro lado, en lo que hace a la
aplicación de la ley de seguridad social a asuntos como el que se trata, la
Corte se remite y acoge lo que en aclaraciones de voto ha venido exponiendo el
Magistrado José Roberto Herrera Vergara para sostener que. “(...) las diversas
situaciones que emergen de la temática de la corrección monetaria de mesadas
pensionales no pueden tratarse bajo el mismo rasero normativo, después de la
vigencia de la ley 100 de 1993(...)”, y que “(...)desde la entrada en vigor de
esa flamante normatividad no existe razón valedera para negar su aplicación a
las pensiones legales por ella regulada y con el alcance que la propia ley 100 otorga
en su clara normativa(...).” . Y al respecto expresa:
“(...) La Ley
100 de 1993, reguló las pensiones legales que se causaran a partir de su
vigencia, instituyó el Sistema General de Pensiones conformado por el régimen
solidario de prima media con beneficio definido y el de ahorro individual con
solidaridad, y previó para el primero un régimen de transición.
“Conforme a los
artículos 10 y 11 ibídem  - salvo para quienes quedaron expresamente
exceptuados por el artículo 279 de dicha Ley  y los regímenes especiales -,  el
sistema se aplica a todas las pensiones legales, mediante el reconocimiento de
pensiones en la forma y condiciones que se determinan en la citada Ley,
respetando, claro está, los derechos adquiridos con arreglo a cualquier fuente normativa
anterior y el régimen de transición para los beneficiarios determinados en el
artículo 36 de la misma.
“Lo anterior
implica que en el régimen de prima media con prestación definida, el ingreso de
base de liquidación de las pensiones legales de vejez o jubilación causadas a
partir de las respectivas vigencias de la Ley 100, según el caso, está
gobernado por el artículo 21 de la misma (régimen ordinario) o por el artículo
36 (régimen de transición).
“A) En la
primera hipótesis se determina según el promedio de los salarios o las rentas
sobre los cuales haya cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. No
obstante, cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación,
calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del afiliado, resulte
superior a lo dicho, el asegurado podrá optar por este sistema, siempre y
cuando haya cotizado un mínimo de 1250 semanas.
“B) En la
segunda hipótesis (régimen de transición), el ingreso base de liquidación de
los afiliados a quienes les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado
anualmente con base en el índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.
“De lo dicho
emerge con nitidez que aun cuando no es el salario del último año de servicios
lo que permite “indexar” la mal denominada “primera mesada” pensional, sí es el
promedio de esos años, con corrección monetaria, en la forma como se ha
explicado, lo que impone a los obligados a pagar pensiones legales de vejez y
jubilación causadas desde la entrada en vigor de la Ley 100, a liquidarla y
cancelarla en dicha forma, por tratarse de un mandato imperativo de la nueva
preceptiva que expresamente gobierna la materia.
“Pero aún si se
estimara que ello no está expresamente consagrado en la normativa, no puede
olvidarse que de conformidad con el artículo 288 de la misma Ley 100, en
armonía con el artículo 53 de la Constitución Política, toda persona con
pensión legal causada a partir de la vigencia de la referida Ley, tiene derecho
a que le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable
ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia,
siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones del nuevo
ordenamiento, lo que desde luego hace más contundente la aplicación de esta
novedosa y especial corrección monetaria, o actualización del ingreso de
liquidación por costo de vida, a las pensiones legales cuyo derecho haya nacido
o surja con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.” (Radicación No.
13066)
Planteada la situación así, entonces, como
en el caso en que se trata, el derecho a la pensión legal de jubilación del
demandante, que ya se precisó debe ser pagada por la demandada, se causó en
vigencia de la ley l00 de l993, pues ocurrió el 29 de diciembre de l997, tal
prestación social está regida por el régimen de transición previsto por el
artículo 36 ya transcrito, y  más concretamente por sus incisos segundo y
tercero.
Lo anterior implica, entonces, que  la ley
33 de l985 que regulaba la pensión de jubilación del actor, hay que aplicarla
en cuanto a la edad, tiempo de servicios y  al monto del 75%, no así en lo hace
a la base salarial porque la misma es la señalada por el inciso tercero del
tantas veces citado artículo 36 en los términos en que ya se trajo a colación.
En consecuencia, como de conformidad con el
artículo 151 de la ley de seguridad social, el Sistema General de Pensiones que
ella prevé, empezó a regir el primero de abril de 1994, el ingreso base para
liquidar la pensión del demandante será el promedio, actualizado con sujeción a
esa ley, de lo por él devengado en los últimos 3 años, 8 meses y 29 días de
servicios al Banco demandado, que es el tiempo que le faltaba para que se
causara el  derecho a tal prestación al entrar en vigencia aquélla, lo que
ocurrió el 29 de diciembre de 1997.”
En relación con la fórmula
empleada para la indexación, tuvo en cuenta, además de la jurisprudencia
anteriormente señalada, la consignada en el fallo 16392 de octubre 19 de 2001,
por tratarse de un asunto de similares características, en el que el recurrente
no devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que hacía falta para adquirir el
derecho a la pensión.
Sobre el particular sostuvo
el Tribunal:
“Y fundada en esta última consideración es por lo que
estima y precisa la Corte que, en asuntos de las particulares características
del presente, en los que no se devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que
hacía falta para adquirir el derecho a la pensión, debe acogerse como salario
devengado para ser actualizado, en los términos previstos por el inciso 3º del
artículo 36 de la ley 100 de 1993, el que conforme al artículo 73 del decreto
1848 de 1969 sería al tener en cuenta para conocer la pensión al demandante de
no existir precepto que ordenara su actualización, es decir, el ¿promedio de
los salarios y primas de toda especie¿ que éste haya devengado en el último
año de servicios.
"La precitada solución, para la Sala, es la que
más se ajusta al objetivo perseguido por el inciso 3º del artículo 36 de la ley
100 de 1993 y a una realidad no prevista por esa norma, como es que quien
teniendo derecho a pensión no hubiese devengado suma alguna ni cotizado durante
el lapso al que la misma se refiere."
(…)
Así las cosas, el ingreso base de liquidación
equivalente a $101.166.98, se actualizará anualmente desde el 1º de agosto de
1982, día siguiente al de su desvinculación, hasta el 5 de abril de 1997, fecha
a partir de la cual fue pensionado, de acuerdo a la fórmula que para estos
efectos ha venido acogiendo esta Sala y que a continuación se copia:
FORMULA: S.B.C. x IPC de 1982 a 1997 x número de días
a indexar por año, dividido por el número de días contados desde la fecha de la
desvinculación hasta la fecha a partir de la cual le fue concedida la pensión.”
25. Mediante fallo del 2 de
febrero de 2005, la Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia
casó parcialmente la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, D.C., para confirmar lo referente a la
liquidación de la indexación de la primera mesada pensional de los demandantes
y mediante fallo del 30 de junio de 2005, revocó la decisión de negar las
pretensiones de José Antonio Macías Sopo y Esau Andrade Obregón, y condenó al
Banco Popular S.A. a reconocer y pagar al primero, a partir del 15 de febrero
de 2001 una primera mesada pensional por valor mensual de $475.860.oo y al
segundo, a partir del 27 de mayo de 1999, en cuantía equivalente a $553.706.oo,
con base en la fórmula adoptada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia de radicación 13336 del 30 de noviembre de 2000, citada
por el Tribunal en su fallo.
En cuanto a los cargos
invocados por los casacionistas, que interesan al asunto objeto de debate en
las presentes acciones de tutela, se tiene lo siguiente:
En el recurso de casación
interpuesto por la parte demandada – Banco Popular S.A. - , el casacionista
sustenta uno de los cargos en la interpretación errónea del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en tanto que considera que la pensión reconocida a los
demandantes no se regula por el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993, sino en norma especial (artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y
artículos 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969), por tanto es improcedente la
indexación efectuada con base en el mencionado Sistema General de Pensiones,
por cuanto todos los demandantes se retiraron del banco con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993.
Al respecto, la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que en lo tocante al tema de la
indexación de la base salarial para liquidar la primera mesada pensional, para
aquellas personas que cumplieron con el requisito de la edad con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la posición de la Sala por mayoría, es que
la base salarial para tasar la mesada pensional dentro del régimen de transición,
es la señalada por el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, tal como lo
sostiene las sentencias 20044 del 8 de agosto de 2003, en la cual se reitera en
todas sus partes la sentencia del 6 de julio de 2000, radicado 13336, ya citada
en la sentencia del Tribunal. Por tanto, el fallador de segundo grado no
incurrió en el yerro reseñado.
Y en relación con uno de los
cargos invocados por la parte demandante, argumentan los casacionistas que la
sentencia del Tribunal, incurrió en interpretación errónea de la ley, en cuanto
a la fórmula utilizada para indexar la primera mesada pensional, ya que en su
criterio, no ha debido aplicar la de la Corte Suprema de Justicia invocada por
el Tribunal, sino ha debido aplicar la prevista en el artículo 11 del Decreto 1748
de 1995, según la cual para actualizar un valor monetario desde una fecha
cualquiera hasta otra, se lo multiplica por el IPC de la segunda fecha y se lo
divide por el IPC de la primera fecha.
La Sala accionada, considera que en
relación con este cargo que gira en torno  a la fórmula que se debe aplicar
para obtener la indexación de la primera mesada pensional de una persona a
quien se le aplique el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, será la
contenida en la jurisprudencia unificada y reiterada de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que las personas no cotizaron
ni prestaron servicios subordinados durante el tiempo que le faltaba para
obtener la prestación.
De acuerdo con la posición de la Sala
Laboral de la Corte, no se presenta vulneración de la fórmula prevista en el
Decreto 1748 de 1995,[16] ni el error de
hermenéutica denunciado por los actores, pues ésta era inaplicable al caso en
estudio, toda vez que la mencionada disposición regula aspectos relacionados
con los bonos pensionales.
Adicionalmente fundamenta sus afirmaciones
en los argumentos expuestos la sentencia No.21690 del 10 de diciembre de 2004
en la que reiteró la No.21907 del 27 de julio de 2004, así:
“El cometido del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 es actualizar anualmente la base salarial que ha de servir para tasar
la mesada pensional, valga decir, garantizar que los ingresos para establecer
esa base de liquidación mantengan su valor real, lo que se logra adecuando la
aludida disposición a todas las situaciones cuya actualización sea procedente,
entre ellas la que ocupa la atención de la Sala, que no es otra que en el
evento de no haberse cotizado ni recibido salario entre el retiro del servicio
o la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Social y la fecha en que
se cumplió la edad o requisitos para acceder al derecho pensional.
“De acuerdo con el inciso tercero de la
disposición en comento, la actualización debe hacerse año por año o por
fracción de año, tomando la variación del IPC de cada una de esas anualidades y
aplicándolo al salario promediado, sin que sea dable como lo sostiene el
censor, que para la casuística del examine se suponga que continuó el
demandante devengando un salario superior para cada lapso, pues aquí no se trata
de actualizar un ingreso nominal que ha sufrido cambios periódicos sino un
salario promedio que no tuvo modificación con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100, máxime cuando esa base de liquidación se remonta es al promedio
devengado en el último año de prestación de servicios.
“Y si se le diera la razón al recurrente,
lo que se estaría actualizando sería el salario del año anterior ya indexado,
lo cual iría en contravía del espíritu de la norma que no prevé que esos montos
se acumulen, conllevando una doble revaluación, siendo que lo pertinente es
tomar como punto de partida el mismo promedio y aplicarle el incremento del
índice respecto de cada una de las anualidades conforme a la ley, en la forma
reflejada en la fórmula que viene utilizando la Corte, que es igual a la
acogida por los sentenciadores…”
En conclusión, en éste fallo, la Corte
Suprema de Justicia advirtió a los demandantes que, por ser inaplicable la
disposición del artículo 11 del Decreto 1748 de 1995, procedía, en atención a
sus condiciones particulares, ordenar el cálculo de la indexación de la primera
mesada pensional según lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que
literal y expresamente ordena computar la indexación del promedio devengado
anualmente, no globalmente, ni a partir del salario percibido cada año, como
éste lo solicitaba. La Corte puso de manifiesto así que seguir la fórmula de
cálculo sugerida por el casacionista implicaría indexar el último salario
devengado, que ya se encontraba actualizado, y no el promedio de los salarios,
como lo ordena la ley.
De otra parte, en la decisión de instancia
de fecha 30 de junio de 2005, mediante la cual la Sala de Casación Laboral
ordenó la revocatoria de lo decidido por el Tribunal y el reconocimiento y pago
de la primera mesada pensional de los señores José Antonio Macias Sopo y Esau
Andrade, argumentó la Corte que los demandantes consolidaron legalmente los
requisitos exigidos para la pensión bajo el imperio de la ley 100 de 1993,
quedando por tanto cobijados por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 que también estipula la actualización del ingreso base.
Sostiene que en aplicación del mencionado
artículo, al no haber devengado ni cotizado suma alguna entre la fecha de
retiro y la del cumplimiento del requisito de la edad, el salario base de
liquidación a tomar es el promedio devengado en el último año de servicios.
Estimó la Corte procedente adoptar como fórmula para la actualización anual del
salario base de liquidación de la pensión, contenida en el fallo 13336 del 30
de noviembre de 2000, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que
fue la misma que acogió el Tribunal para calcular la pensión de los demás
accionantes.
26. De conformidad con el anterior
recuento, para esta Sala resulta claro que las providencias judiciales
cuestionadas por esta vía no incurren en el defecto alegado por los
accionantes, puesto que la Sala de Casación Laboral al aplicar la fórmula para
obtener la indexación de la primera mesada pensional ordenada por los jueces de
instancia, aplicó los criterios previstos en el inciso 3° del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993,[17] norma que la
jurisprudencia especializada ha decidido aplicar a casos como los presentes,
que expresamente ordenan liquidar la actualización monetaria, año por año, con
fundamento en el promedio de los salarios devengados.
27. De otra parte, es claro que las decisiones
cuestionadas no partieron del capricho y la arbitrariedad de los juzgadores,
sino de una fundamentada argumentación acerca del error que implicaría recurrir
al artículo 11 del Decreto 1748 de 1995 para liquidar la indexación de la
primera mesada pensional, o acerca de la equivocada interpretación de la norma,
con lo cual se descarta la existencia de otra de las causales de procedencia de
la acción de tutela.
En efecto, tal como se lee en la sentencias impugnada,
dentro del Expediente T-1431017, la Corte Suprema de Justicia sometió a
consideración el cargo del casacionista y decidió que resultaba equivocado
acudir a la metodología de cálculo del Decreto 1748 de 1995, toda vez que el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, exige que se haga año por año, no
anualmente. Adicionalmente señaló que la fórmula utilizada por el Tribunal de
apelación era la utilizada por esa Corporación en casos similares, fórmula que
a la sazón aplica los criterios resaltados por la jurisprudencia laboral y que
fueron reseñados previamente.
Por su parte en el Expediente T-1424117, la Corte hizo
el señalamiento expreso de la equivocación en que incurrió el Tribunal en la
interpretación del inciso 3° del artículo 36, al haber hecho uso de una fórmula
“…que no corresponde a la que dispone tal precepto y que exige la actualización
año por año y no global.” (folio 67 del expediente).
Lo anteriormente expuesto, evidencia que la discusión
jurídica descansa sobre un problema de interpretación de la ley, que por
presentarse dentro de los marcos de razonabilidad y motivación, no es
susceptible de ser corregido por vía de tutela.
Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte
Constitucional según la cual, la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir providencias judiciales cuando el sustrato del problema jurídico
es la interpretación objetiva y razonable de una disposición legal. En
Sentencia T-588 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, esta Corporación  señaló en
los siguientes términos que la preservación de los principios de autonomía e
independencia judiciales, y de respeto por las jurisdicciones naturales, impone
reconocer que, frente a una interpretación razonable de una disposición
jurídica, el juez de tutela debe abstenerse de adoptar medidas anulatorias.
“[N]o es posible cuestionar, por vía de
tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el juez constitucional
consideran que la valoración probatoria o la interpretación de las
disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es necesario
que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez ordinario sean
equivocadas en forma evidente y burda para que pueda  proceder el amparo
constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no sólo desconocer la
autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y valorar
las pruebas (CP art. 230) sino que además desconocería la separación funcional
entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.
Así, desde el punto de vista
interpretativo, es obviamente ‘contrario al principio de autonomía judicial, -
uno de los pilares y presupuestos del Estado de Derecho - que el juez de tutela
tenga la facultad de dejar sin efecto las decisiones válidamente producidas por
otros jueces, con el argumento de una disparidad de criterios en la lectura de
una norma’.[18]”
También en la Sentencia T-001 de 1999,  M.P. José
Gregorio Hernández Galindo,  en oportunidad pasada, la Corte reafirmó:
“La vía de hecho -excepcional, como se ha
dicho- no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible
y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la
que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones
pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no la
interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía
de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad.
Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo,
deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos
ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por regla
general, a través de la acción de tutela’.”
Por lo anterior, esta Sala de Revisión considera que
tampoco por falta de motivación pueden ser cuestionadas las decisiones
judiciales de los presentes asuntos de manera que constituyan razón suficiente
para estimar que existe una vía de hecho.
28. Finalmente, la Sala considera que las decisiones
judiciales impugnadas, tampoco incurren en el defecto de ignorar el precedente
jurisprudencial en la materia, sino por el contrario en sus argumentaciones se
comprueba la existencia de un criterio jurídico de la jurisprudencia de
casación en la materia.
Así entonces, es evidente que la decisión de adoptar
la fórmula para calcular la indexación de la primera mesada pensional fue
tomada por la Corte Suprema de Justicia, de providencias anteriores de la misma
Corporación, en las que expresamente se estableció que en casos similares a los
de los actores, el cálculo de la indexación debía respetar los parámetros del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto que el derecho a pensionarse fue
adquirido en vigencia de dicha normatividad.
En este sentido, varios pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia, que a continuación se citan, demuestran claramente la
existencia de un criterio jurídico de la jurisprudencia de casación en la
materia:
“En efecto, bajo los supuestos no
controvertidos referentes a que el tiempo de servicio lo tenía satisfecho el
actor al retirarse de la entidad en mayo 4 de 1988 y que la edad, 55 años, la
cumplió cuando ya regía la mencionada Ley 100 (en diciembre 2 de 1995), se
observa que es conforme a ese ordenamiento que se debió estudiar y definir
el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida al demandante.[19] (Subrayas fuera del original)
En otra de sus providencias, la Corte Suprema aseveró:
“Ahora bien, teniendo en cuenta los
supuestos fácticos y jurídicos demostrados  y aducidos en el proceso, y que no
son objeto de discusión en el recurso, esto es, que a la demandante le asiste
el derecho a acceder a la pensión de jubilación bajo el régimen de transición
que contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que los 50 años de edad
exigidos en la ley 33 de 1985 los cumplió en vigencia de la primera ley citada:
el 4 de diciembre de 1997, resulta procedente la aplicación de la indexación
del ingreso base de liquidación de las pensiones, que como la de la demandante,
se encuentran reguladas por dicha norma.
Así se afirma porque, como lo ha venido
sosteniendo la Sala desde la sentencia del 6 de julio de 2000, radicación
13336, a partir de la fecha en que empezó a regir la ley 100 de 1993, los
criterios jurisprudenciales que se exponían con respecto de lo que se denominó
la indexación de la primera mesada pensional, que en estricto rigor jurídico lo
era de la base salarial para tasar esa mesada, perdieron vigencia en cuanto
hace a pensiones legales causadas dentro de la misma. Y esto porque de acuerdo
con el artículo 36 antes trascrito, al igual que con el artículo 21 de tal
normatividad, ya no hay que acudir a la analogía ni a la equidad para ordenar
esa indexación, ni tampoco puede aseverarse, como lo pregona la orientación
jurisprudencial a la que se viene acudiendo para resolver esta clase de
peticiones, que no existe en materia laboral disposición legal que autorice la
aplicación de aquella para el reconocimiento de la pensión de jubilación o de
vejez.
En efecto, de conformidad con las
preceptivas legales citadas, se ordena expresamente la indexación cuando
dispone que el ingreso base para liquidar las pensiones será “actualizado
anualmente con base en la variación de Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE”.
El anterior es, entonces, el criterio de la
Salan frente al tema que se trata, el que, se repite, fue expuesto en  la
sentencia que ya rememorado, como también en las del 26 de septiembre de 2000,
radicación 13153, marzo 20 de 2002, radicación 17053 y febrero 21 de 2003, radicación
19371, entre otras.”[20] (Subrayas fuera del original)
En otro de los fallos, dijo:
“La única actualización de la base de
liquidación pensional, la introdujo la Ley 100 de 1993, que para estos efectos
rige desde el primero de abril de 1994, sin que pueda aplicarse en forma
retroactiva. Dicha Ley define con claridad y precisión la forma de liquidación,
para la cual es indispensable tener en cuenta, no el salario del último año de
servicios, sino el “Ingreso Base de Liquidación”, conformado por el “promedio
de salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión . . . actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE”. [21] (Subrayas fuera del
original)
De otra parte, en la sentencia correspondiente al
expediente T-1424117,  indica el actor que la decisión judicial que lo
perjudica se dictó en contra de lo establecido expresamente por la Corte
Suprema de Justicia en los expedientes de radicación N° 13153, 13293, 13426, 15654,
15836 y 17053. Sin embargo, hecha la verificación del contenido de dichas
providencias, esta Sala constata que precisamente en tales fallos los supuestos
de hecho coinciden con los resueltos por la Corte Suprema de Justicia en el
presente asunto, en tanto que los demandantes se pensionaron en vigencia de la
Ley 100 de 1993 y las decisiones se fundamentaron en la jurisprudencia de
casación aplicando la fórmula contenida en la sentencia 13336 de 2000 de la
Corte Suprema, tanta veces citada.
En cuanto a los radicados 15904, 17569 y 17739,
revisados los asuntos se constató que los hechos y condiciones en que se
resolvieron los mismos, no son comparables con los que hacen parte de la
presente tutela, en tanto que el primero de ellos se refiere a una reclamación
sobre el reconocimiento de una pensión de invalidez y en los otros dos, la
Corte precisó claramente que tales asuntos no se rigen por las previsiones de
la Ley 100 de 1993 al haberse reconocido las pensiones de jubilación antes de
su entrada en vigencia y por tanto la fórmula que su utilizó es diferente. Así,
no podía esperarse que, al resolver el recurso de casación, la Corte Suprema
haya debido acogerse a los precedentes que reiteró en el presente asunto.
Específicamente en la providencia radicada con el
No.17569, de la cual dice el demandante se aparta la Corte, la Corporación
establece lo siguiente:
“Por tal razón atendiendo lo registrado en
el certificado expedido por el DANE (folios 85 a 88 C.1) y las fechas
anteriormente anotadas, se procederá a liquidarla, aplicando la fórmula que
frente a asuntos similares para estos efectos ha venido adoptando la Sala,
precisando que los hechos de que da cuenta este proceso no estuvieron regulados
por normas de la Ley 100 de 1993 y, por ende no se les aplica la fórmula
utilizada para actualizar la base salarial de la pensión en vigencia de la
indicada normatividad.”
Adicionalmente en el radicado 13905, la citada
providencia no se adentró en la discusión de la fórmula por aplicar a la
indexación, pero casó la sentencia del Tribunal al reconocer la indexación de
la primera mesada pensional.
Por su parte, en el expediente T-1431017, indican los
actores que la providencia impugnada vulnera el derecho a la igualdad en tanto
que en los procesos radicados con los números 20950, 21135, 23426 y 22162, los
demandantes obtuvieron un mejor reconocimiento de la prestación. Frente a tales
fallos, encuentra esta Sala una situación similar a la anterior, que denota
claramente que las sentencias impugnadas no desconocieron el precedente
judicial.
En efecto, en las sentencias No.20950 y 21215, los
demandantes cumplieron requisitos para pensión en vigencia de la ley 100 de
1993 y por tanto se aplicó la jurisprudencia reiterada de la Sala Laboral de la
Corte. En la No. 23426, ni siquiera se cuestionó por vía de casación el método
utilizado por el ad quem para fijar el monto de la base salarial, el que de
todas forma se efectuó con base en la jurisprudencia reiterada de la Corte y en
la No.22162, se discutió un asunto que dista mucho de ser similar al que ocupa
la atención de esta Sala, pues se trata de un reintegro laboral por despido
injusto en el que además se solicitaba la indexación de la indemnización,
asunto en el cual la Corte no casó la sentencia recurrida.
En los fallos accionados, la Corte enfatizó hasta la
saciedad que aunque el pensionado adquirió los derechos a pensionarse según las
previsiones de la Ley 33 de 1985, la prestación le había sido reconocida de
conformidad con las exigencias de la Ley 100 de 1993, y además, reiteró
enfáticamente las particulares características del asunto, pues los demandantes
no devengaron salario ni cotizaron suma alguna en el tiempo que hacía falta
para adquirir el derecho a la pensión, por tanto fundada en tales
consideraciones se aplicó la fórmula para calcular la indexación que respeta
los imperativos legales contenidos en la ley 100 de 1993 y que obedece en todo
caso a una línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema.
Por lo anterior, siendo las condiciones de los asuntos
mencionados por los accionantes diferentes, la Sala no puede derivar una
obligación de sujeción de a su propio precedente.  Por lo que, en este aspecto,
tampoco considera que la decisión del la Corte Suprema de Justicia sea
susceptible de ser revocada por vía de tutela.
Sucede lo mismo con el precedente consignado en la
sentencia SU-120 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis,[22]
en la que la Corte Constitucional consignó la necesidad de unificar la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de indexación de la
primera mesada pensional con el fin de mantener el equilibrio en las relaciones
de trabajo y el poder adquisitivo de las pensiones, pues en dicha providencia
se discutía si la mesada debía indexarse, mientras que en este caso la
discrepancia radica en la fórmula para calcular el valor de la indexación de la
primera mesada pensional, la cual fue reconocida a todos los actores dentro de
los respectivos procesos.
Tampoco encuentra la Sala inconsistencias en los
fallos cuestionados, al haber ordenado por la vía de la interpretación de las
disposiciones de la Ley 100 de 1993 – inciso 3°, artículo 36 -, que la
indexación debía hacerse con base en  la variación del I.P.C. certificado por
el DANE, pues tal orientación guarda relación con los recientes
pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las sentencias C-862
de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto[23], y en la sentencia
C-891-A, M.P. Rodrigo Escobar Gil[24], en los que se declaró
la exequibilidad condicionada de los apartes de los preceptos acusados, en el
entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional allí estipuladas, deberá ser actualizado con base en la variación del
Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE.
Es así como, en la sentencia C-862 de 2006, la Corte
sostuvo lo siguiente en relación con la posición asumida por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia ante la ausencia de una regulación que permita
indexar el salario base para liquidar la pensión de jubilación:
“La Sala de Casación Laboral de la H. Corte
Suprema de Justicia, en algunas de sus providencias, también ha estimado que
las disposiciones de la Ley 100 de 1993 resultan suficientes para ordenar la
indexación de las pensiones causadas durante su vigencia[25]
y, al hacerlo así coincide con los resultados arrojados por el juicio de
constitucionalidad que esta Corte ha adelantado.”
Así entonces, de lo expuesto, es procedente concluir
que las providencias impugnadas no incurren en causal alguna de prosperidad de
la tutela, puesto que no se vislumbra en ellas los defectos sustantivos
denunciados por los actores, toda vez que la fórmula de cálculo de la
indexación empleada por la jurisdicción tiene base legal. Adicionalmente, la
adopción de la metodología de cálculo adoptada por la Sala de Casación Laboral
se fundamentó suficientemente, estuvo basada en razones de peso y no puede, por
ese hecho, catalogarse como arbitraria. Adicionalmente, las decisiones de la
Corte Suprema de Justicia, no contraviene el precedente adoptado por la propia
corporación, o sentencia alguna de la Corte Constitucional.
En suma, no considera esta
Sala de Revisión que las decisiones atacadas hayan incurrido en vías de hecho,
razón por la que las sentencias de tutela dictada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura serán confirmadas.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia del 2 de agosto de 2006,
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de le
Judicatura, dentro del expediente T-1424117, por la cual se confirmó en segunda
instancia la sentencia del 5 de julio de 2006 del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, bajo las mismas consideraciones por las que se
denegó la protección solicitada por Jorge Rubio Ávila.
Segundo.-
CONFIRMAR la sentencia del 10 de agosto de 2006,
proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, Jorge Rubio Ávila dentro del expediente T-1431017, por la cual se
revocó la sentencia proferida el 18 de julio de 2006 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que
concedió la acción de tutela a los señores Gustavo Patiño Carrillo, Antonio Gómez,
Hugo Salvador Zambrano Acuña, Bernarda Alicia Garreta, Leonel Rivas Minota,
Héctor Jaime López Gil, José Antonio Macias Sopó y Esau Andrade Obregón.
Tercero.- LIBRENSE, por la Secretaría General de esta
Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA  MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Mediante auto proferido el 29 de septiembre de 2006 por la Sala de
Selección N° 9, fueron elegidos, para efectos de su revisión, los expedientes
de la referencia y en el mismo auto se ordenó acumularlos entre sí por
presentar unidad de materia, para que sean fallados en una sola sentencia.
[2] De conformidad con las fotocopias
ajuntas a la presente demanda de tutela, se tiene que en la sentencia de fecha
21 de febrero de 2003, proferida por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de
Bogota. D.C., el juez resolvió inhibirse de conocer de la demanda presentada
por Carlos Alberto Arciniégas Galindo, (en razón a que al momento de presentar
la petición de reconocimiento de la pensión de jubilación no había cumplido con
el requisito de la edad) y por León Martínez Balcazar (por cuanto no acreditó
que previo a la demanda había presentado petición de reconocimiento de la
pensión ante la entidad bancaria demandada). De la misma forma, el Juzgado
resolvió absolver al Banco Popular S.A., de las pretensiones invocadas por José
Antonio Macias Sopo, Esau Andrade de Obregón y Bernarda Alicia Garreta de
Ortega por no reunir el requisito de haber laborado mínimo 15 años antes de la
entrada en vigencia de la ley 33 de 1985.
[3] De conformidad con las
fotocopias adjuntas al expediente, se tiene que la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, D.C., luego de concluir que en el caso
concreto era aplicable la Ley 100 de 1993, decidió liquidar la pensión de los
trabajadores excepto de la Antonio Macias Sopo y Esau Andrade Obregón,
atendiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. (Fl. 35 del anexo
1).
[4] Corte Constitucional, sentencia
C-800A/02 (M.P. Manuel José Cepeda). En este caso se reitera la jurisprudencia
constitucional sobre vía de hecho, en especial las sentencias T-231 de 1994 y
T-983 de 2001.
[5] En la sentencia T-079 de 1993
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional confirmó un fallo de tutela proferido por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el cual la Sala de Casación Civil
consideró que era evidente la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso de la accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del
proceso acusado, no podían ser fundamento de la decisión por haber sido
rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del
juramento, según las exigencias de los artículos 175 C.P.C. y 55 del Código del
Menor. La Corte Suprema agregó, además, que las pruebas testimoniales debían
ser ordenadas mediante auto del funcionario instructor, con el fin que contra
ellas fuera posible ejercer el derecho de contradicción. Manifestó la Sala
Tercera en aquella ocasión: “Una actuación de la autoridad pública se torna en
una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela
cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola
voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos
fundamentales de la persona. // Carece de fundamento objetivo la actuación
manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La legitimidad de las
decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El
principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (CP art.
121), es condición de existencia de los empleos públicos (CP art. 122) y su
desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores públicos (CP arts.
6, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el
hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar
la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que le imprime a la
actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite
sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el
desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente
las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar
simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que
les da su legitimidad. // La decisión revestida de las formalidades de un acto
jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o
al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para
proferirla.”
[6] En esta sentencia, con ponencia
del Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, la Sala Novena de Revisión de la Corte
decidió confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán
de conceder el amparo solicitado por el accionante en razón a que, según la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se quebrantó el derecho
fundamental del debido proceso al negar el recurso de apelación exigiéndose un
requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil. En la sentencia se
expresó: “Aunque esta Corte declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591
de 19912, la doctrina acogida por esta
misma Corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela cuando se
ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho
vulneren o amenacen derechos fundamentales. El caso que nos ocupa enmarca
cabalmente dentro de los parámetros de esta excepción, por cuanto existe en él
evidencia de una flagrante violación de la ley, constitutiva de una vía de
hecho, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso. (…) El proceso
es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y como es
evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para que un
proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la justicia;
Segunda, que proceda de la autoridad competente;  Tercera, que se profiera  de
acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se coteje
integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente el
derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas
que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales.
Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será
vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de
justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque
si el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley, estaría
extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de
la razón jurídica.”
[7] Corte Constitucional, sentencia
T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) En este caso se decidió que
“(…) el pretermitir
la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la
acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el
caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En
efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de
una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la
condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar
sobre lo sustancial (C.P. art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente
violación de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la
Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la
efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios
judiciales de defensa.”
[8] Corte Constitucional, sentencia
T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la Corte decidió
que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.”
[9] Dijo la Corte Suprema de
Justicia: “resulta evidente que la Superintendencia accionada incurrió en un
defecto procedimental constitutivo de vía de hecho, porque dejando de lado el
procedimiento que debe agotar cuando realiza actos de carácter jurisdiccional,
no sólo no resolvió sobre el recurso de apelación que se interpuso contra la
Resolución No. 04729, sino que ante el requerimiento de la interesada para que
realizara el respectivo pronunciamiento, decide hacerlo por medio de “oficio”,
situación que posteriormente utilizó para denegar el recurso de reposición y
las copias que de manera subsidiaria se habían solicitado para recurrir en
queja, argumentado, contrario a la realidad que muestra el proceso, que
mediante el mencionado oficio se había resuelto un derecho de petición, arbitrariedades
que remata con la decisión adoptada mediante la Resolución 30359 de 20 de
septiembre del año anterior, en cuanto se abstuvo de dar trámite al recurso de
queja propuesto en legal forma y ordenó la expedición de copias no con base en
lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 378 del Código de Procedimiento
Civil, conforme se le había solicitado, sino con estribo en lo dispuesto en el
C.C.A. relativo al derecho de petición”.
[10] Ver por ejemplo las sentencias
C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible de manera
condicionada el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y C-384 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en la que la Corte
condicionó la exequibilidad de las normas acusadas a que se admitiera la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
[11] En la sentencia C-557 de 2001
(M.P. Manuel José Cepeda) se consideró al respecto lo siguiente: “Si bien el
control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto porque no
surge de su aplicación en un pro­ceso particular, ello no significa que el
juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto dentro
del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y dentro del cual ha sido
interpretada (i.e. ha vi­vido). En fin: en buena medida, el sentido de toda
norma jurídica depende del contexto dentro del cual es aplicada. || Ahora,
dentro de las múltiples dimensiones de ese contexto –bien sea la lingüística,
que permite fijar su sentido natural, o bien la sociológica, que hace posible
apreciar sus funciones reales- se destaca la actividad de los expertos que han
interpretado los conceptos técnicos que ella contiene y que los han aplicado a
casos concretos. Obviamente, esos expertos son los jueces y los doctrinantes
especializados en la materia tratada en la norma; dentro de ellos, una posición
preeminente la ocupan los órganos judiciales colegiados que se encuentran en la
cima de una jurisdicción. Así lo ha establecido la Constitución al definir al
Consejo de Estado como “tribunal supremo de lo contencioso administrativo”
(art. 237- 1 de la CP) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal
de la jurisdicción ordinaria” (art. 234 de la CP). Por lo tanto, la
jurisprudencia de ambos órganos es un referente indispensable para apreciar el
significado viviente de las normas demandadas. Al prestarles la atención que su
ubicación institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor
hermenéutica dentro de un mismo sistema jurídico. Obviamente, cuando no exista
jurisprudencia sobre las normas objeto del control constitucional, la Corte
Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar
los artículos demandados.”
[12] El mencionado
inciso 3º del artículo 36 dispone: “El ingreso base para liquidar la pensión
de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos
de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en
el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo
si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expide el Dane”.
[13] El Tribunal se basó en el siguiente argumento:  “…el ingreso
base de liquidación de la mesada pensional del demandante, que en este caso
corresponde al promedio de lo percibido en el último año de servicios, debe ser
actualizada anualmente desde el 31 de junio de 1998 (fecha de terminación del
contrato) hasta el 19 de enero de 2000 (fecha de cumplimiento de la edad de
jubilación).
Para actualizar realmente la condena deberá encontrarse su valor por
el periodo indicado y de acuerdo  con el certificado expedido por el DANE,
teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado, que viene
utilizando la siguiente fórmula con base en los índices demostrados, según las
distintas hipótesis:
a)
Actualización de suma única.
Ind. f
Vp
= vh            ______
Ind.
I
De donde Vp= valor
presente actualizado – Vh= ó valor histórico, la cifra que se actualiza. Ind.
F. O índice final, el que certifique a la fecha de la actualización,
normalmente la de la ejecutoria del fallo; ind. I. O índice inicial, el
existente a la fecha en que se causó el perjuicio.
Realizadas las correspondientes
operaciones aritméticas, teniendo en cuenta que el último salario devengado fue
de $135.281.00 y el I.P.C: 110.369118/11.881663=9.289029 (fl.49 a 57), en el
tiempo anteriormente reseñado, da el ingreso base de liquidación de la mesada
pensional del actor en la suma de $942.474.17, que es el valor de la pensión a
la que tiene derecho el actor a partir del 19 de enero de 2000.”
[14] El artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario
del Decreto 3638 de 1968, determina en relación con la cuantía de la pensión lo
siguiente: “El valor de la pensión
mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie (percibidos) en el
último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status
jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal
fin.” El Consejo de Estado declaró
nula la expresión percibidos mediante sentencia del 7 de junio de 1980. C.P.
Jorge de Velasco Alvarez.
[15] Aplicó
el Juzgado de primera instancia la siguiente fórmula:
Índice
final
Valor
presente = valor histórico   ______­­­­____
Índice
Inicial
La aplicación de la anterior
fórmula, arrojó el siguiente resultado en el valor de las pensiones de jubilación
de los demandantes: Gustavo Patiño Carrillo $215.504.84; Antonio Gómez
$357.577.49; Hugo Salvador Zambrano $222.175.70; Leonel Rivas Minota
$217.553.73; Héctor Jaime López $197.887.05
[16] El artículo 11 del
Decreto 1748 de 1995, “Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo,
redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los
Decretos Leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y
concordantes de la Ley 100 de 1993”, estipula lo siguiente: “Actualización y
capitalización. Para actualizar un valor monetario desde una fecha cualquiera
hasta otra, se lo multiplica por el IPCP de la segunda fecha y se lo divide por
el IPCP de la primera fecha.”
[17] El inciso 3° del
artículo 36 de la  Ley 100 de 1993 dispone:
(…) El ingreso
base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. (Subrayado fuera del texto).
[18] Sentencia No. T-1009 de 2000.
M.P. Carlos Gaviria Díaz, Consideración 2.2. En el mismo sentido, ver, entre
otras, las sentencias SU-429/98, T-100/98 y T-350/98.
[19] M. P. Francisco Escobar
Henríquez, Radicación No. 16221 Acta N° 41, 24 de agosto de 2001.
[20] M.P. Fernando Vásquez Botero,
Radicación N°. 19442, Acta N°. 56 del 6 de agosto de 2003.
[21] M.P. José Roberto Herrera
Vergara, Expediente No.18915, Acta No.42 del 27 de septiembre de 2002.
[22] Esta posición ha
sido reafirmada en las sentencias T-663 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-1169 de 2003 y T-805 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández  y T-815 de
2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.[22]
[23] Que declaró la exequibilidad
condicionada de las expresiones demandadas contenidas en los numerales 1 y 2
del artículo 260 del C.S.T.
[24] En la que también la Corte
declaró la exequibilidad condicionada de la expresión demandada del artículo 8°
de la Ley 171 de 1961.
[25] Como lo ha constatado la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-120 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.