SU783-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU.783/03
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Definición de criterios y sistema de
calificación de estudiantes
Es la Universidad la que define los
criterios y elementos del sistema de calificación de los estudiantes. No podía
ser de otra manera porque la propia Universidad tiene la responsabilidad
institucional y de garantizar la idoneidad de sus alumnos y egresados. Además,
a la sociedad le interesa que el servicio público de la educación sea
eficiente, lo cual implica la necesidad de que no se  ponga en riesgo el
funcionamiento de la comunidad cuando los alumnos culminen sus estudios y
salgan a interactuar en el mundo profesional. Debe entenderse por riesgo, la
probabilidad de que en el ejercicio de la profesión se produzca un efecto
indeseado en  razón a la falta de idoneidad.
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Exigencia de requisitos que garanticen la
mejor calidad de educación
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Libertad de exigir pruebas de
conocimiento, preparatorios, cursos e idiomas
ABOGADO-Posibilidad de las universidades de exigir mayores
requisitos para obtener el grado
La Sala considera necesario indicar que
el hecho de que una norma señale una obligación a un sujeto no implica que
prohíba que otra norma señale más obligaciones  al mismo sujeto, a menos que la
competencia para establecer estas obligaciones esté radicada exclusivamente en
quien fijó la primera obligación. De la existencia de una norma que establece
mandato sólo se deriva la imposibilidad de existencia simultánea de una norma
que prohíba lo prescrito. En esa medida, del hecho de que el legislador haya
establecido que para obtener el título de abogado se requería terminar materias
y escoger entre la presentación de monografía o judicatura, no se sigue
necesariamente que esté prohibido que las universidades exijan exámenes
preparatorios para obtener el título de abogado. A eso se añade que en el Congreso
no radica  la competencia exclusiva para establecer requisitos de grado; el
artículo 26 de la Constitución le fija competencia expresa para exigir títulos
de idoneidad, pero no para fijar los requisitos de obtención de tales títulos.
Esto pueden hacerlo, dentro del límite de lo constitucionalmente razonable, las
universidades conjuntamente con el legislador.
UNIVERSIDAD-Fijación de exámenes preparatorios para obtener
título de abogado
DERECHO A LA EDUCACION-Implica el deber de cumplir los reglamentos
educativos
FALLO DE TUTELA-Competencia exclusiva de la Corte para fijar alcance/CORTE
CONSTITUCIONAL-Competencia para darle efectos Inter Pares a sus
providencias/SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Efecto Inter. Pares
Tratándose de una sentencia de revisión de
la Corte Constitucional, la situación es diferente porque la Corporación, como
guardiana de la Constitución, puede ir mas allá del simple efecto inter partes
y de los llamados a prevención por lo siguiente: a. El interés principal de la
revisión es el de unificar la jurisprudencia y dar pautas en la defensa de los
derechos fundamentales, por eso, cuando hay modificación de un criterio
jurisprudencial la determinación debe tomarse por Sala Plena. Por la misma
razón todos los jueces deben respetar la posición que la Corte adopte porque
sería un absurdo que la jurisprudencia sólo incidiera en las decisiones de la
propia Corte Constitucional y no de la totalidad de los integrantes de la
jurisdicción constitucional. En uno de los casos que motiva la presente
sentencia, se quiso, por el juez de segunda instancia, en un pronunciamiento
cuestionable, como ya se indicó antes, darle efectos inter comunis a su
decisión. La Corte advierte que no corresponde al ad-quem tomar esta clase de
decisiones. Puede ser atribución de la Corte, ya que ella puede señalar el
alcance de sus sentencias y lo hará para evitar proliferación de decisiones
encontradas, o equivocadas. Por consiguiente, determinar que la jurisprudencia
que sustenta el presente fallo y la decisión que se tomará, produce efecto
inter pares y, por tanto, debe ser aplicada a todos los casos que reúnan los
supuestos legales analizados en esta sentencia. Sólo la Corte Constitucional
puede decretar efectos Inter. Pares o Inter. Comunis a los fallos de tutela. En
esa medida el Juez mencionado extralimitó sus competencias y, por tanto, su
providencia deberá ser dejada sin efectos.
Referencia: expedientes T-732143, T-
731921, T-737573, T-744470 , T-744456 y 750748
Peticionarios: Manuel Antonio Dueñas
Narváez y otros
Accionado: Universidad Cooperativa de
Colombia, Seccional Pasto, Fundación Universitaria de Boyacá –Uniboyacá- y
Universidad Libre, Seccional Cali
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., once  (11) de septiembre de
dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de
las sentencias proferidas por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 28
de enero de 2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 17 de marzo
de 2003 (T-732143); el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 13 de febrero de
2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 17 de marzo de 2003,
(T-731921); el Juzgado 1º Civil Municipal de Tunja, el 26 de febrero de 2003, y
el Juzgado 4º Civil del Circuito de Tunja, el 20 de marzo de 2003 (T-737573);
el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 13 de febrero de 2003, y el Juzgado
3º Penal del Circuito de Pasto, el 28 de marzo de 2003  (T-744470); el Juzgado
3º Penal Municipal de Pasto, el 3 de marzo de 2003, y el Juzgado 3º Penal del
Circuito de Pasto, el 9 de abril de 2003 (T-744456); y el Juzgado 19 Penal
Municipal de Cali, el 17 de marzo de 2003, y el Juzgado 5º Penal del Circuito
de Cali, el 2 de mayo de 2003 (T-750748)
I. HECHOS
Por auto del 6 de junio de 2003, la Sala
Sexta de Selección decidió acumular al expediente T-732143 el expediente
T-731921, por auto del 13 de junio de 2003, la misma Sala de Selección acumuló
al T-731921 los expedientes T- 737573, T-744456 y T-744470. Finalmente, por
auto del 4 de julio de 2003 de la Sala Sexta de Revisión se acumuló el
expediente T-750748 al proceso T-731921
En virtud de que, no obstante las
semejanzas, entre los casos seleccionados existen particularidades necesarias
de señalar, los hechos y las pruebas de cada expediente serán relacionados de
manera separada
(T-731921)
1.  El señor Fernando
Albeiro Araujo Ordóñez manifiesta que aprobó el plan de estudios en la Facultad
de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el periodo académico
comprendido entre el 1º de febrero de 1995 y el 10 de diciembre de 1999.
2.  Indica que cursó y
aprobó la práctica de consultorio jurídico dentro de los años 1998 y 1999.
3.  Posteriormente, realizó
la judicatura como personero municipal de Génova del 1º de marzo de 2001 al 20
de marzo de 2002, con la correspondiente certificación del Consejo Superior de
la Judicatura.
4.  Señala que según el
artículo 2º de la Ley 552 de 1999, la cual fue declarada exequible por la Corte
Constitucional –salvo la expresión “antes de la entrada de la presente ley”,
que se declaró inexequible-, para optar por el grado de abogado el alumno
escogerá entre monografía jurídica y realización de judicatura.
5.  Agrega que el 6 de
diciembre de 2002, en ejercicio del derecho de petición, solicitó a la
Universidad Cooperativa de Colombia –sede Pasto- que se le concediera el título
de abogado sin necesidad de presentar los exámenes preparatorios, por haber
cumplido con los requisitos señalados en la Ley 552.
6.  No obstante, el 20 de
diciembre de 2002, la Universidad negó la solicitud argumentando que en
ejercicio de la autonomía universitaria se podía exigir la presentación de
preparatorios. Además, estos exámenes estaban contemplados como obligatorios
dentro de la normatividad de la Universidad desde 1993.
7.  El peticionario advierte
que si bien la ley 446 de 1998 establecía como requisito de grado los exámenes
preparatorios, la Ley 552 de 1999, artículo 2º, suprimió esta condición.
8.  Según el accionante, los
requisitos de grado sólo pueden ser establecidos por ley, y, en consecuencia,
la accionada no podía entrar a exigir los exámenes preparatorios para obtener
el título de abogado.
9.  Por tanto, con la
negativa de graduación se constituye una vía de hecho que vulnera sus derechos
fundamentales a la libertad de escoger profesión u oficio, puesto que no puede
ejercer la profesión por él escogida, el trabajo, puesto que sin título no
puede conseguir empleo,  y a la igualdad, en virtud de que hay dos
universidades a nivel nacional que no exigen preparatorios ni requisito
homólogo para graduarse (Universidad de Antioquia y Universidad de Caldas).
(T-732143)
1.  Manifiesta el señor
Manuel Antonio Dueñas Narváez que cursó y aprobó el plan de estudios de derecho
de la Universidad Cooperativa de Colombia en el periodo comprendido entre el 1º
de febrero de 1994 y el 10 de diciembre de 1998.
2.  Señala que cursó y
aprobó el Consultorio Jurídico, establecido como requisito académico de la
carrera de derecho durante 1997 y 1998.
3.  Posteriormente realizó
la práctica jurídica, como requisito de grado, la cual fue aprobada por el
Consejo Superior de la Judicatura por medio de Resolución No 0415 del 29 de
febrero de 2000.
4.  Indica que la Ley 552 de
1999 señala en  su artículo 2º que quienes hayan terminado las materias del pénsum
académico elegirán entre la elaboración y sustentación de monografía jurídica y
la realización de judicatura.  Tal ley fue reglamenta por el gobierno mediante
Decreto No 2802 de 2001 el cual señala en su artículo 5º que “de conformidad
con el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, el estudiante que haya terminado las
materias del pénsum académico, elegirá entre la elaboración y sustentación de
una monografía o la realización de la judicatura.
5.  Con base en las normas
anteriormente citadas, el 18 de marzo de 2002, elevó solicitud para que se le
otorgara el título de abogado, puesto que ya cumplía los requisitos para esto.
6.  El 9 de abril de 2002,
la Universidad Cooperativa de Colombia negó tal solicitud, mediante Circular No
138, en virtud de que aún no había realizado los exámenes preparatorios y
éstos, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en su
sentencia C-1053 de 2001 podían ser necesarios para obtener el título de
abogado si así se disponía en ejercicio de la autonomía universitaria.
7.  Indica el peticionario
que la negativa de la Universidad constituye una franca vía de hecho puesto que
si bien el Decreto 1221 de 1990 establecía en su artículo 21 la aprobación de
exámenes preparatorios como un requisito de grado, este Decreto fue derogado
por la Ley 446 de 1998 que agregó a estos requisitos la obligación de prestar
el servicio legal obligatorio.
8.  Posteriormente, señala
el accionante, la Ley 552 de 1999 derogó la Ley 446 de 1998 y por tanto abolió
las disposiciones relativas a los exámenes preparatorios dejando como únicos
requisitos la terminación y aprobación del pénsum académico y la realización de
monografía o judicatura.
9.  Agrega que si bien la
Corte señaló en su sentencia C-1053 de 2001 que las universidades podían fijar en
ejercicio de la autonomía universitaria la realización de preparatorios, esto
es inaplicable, puesto que según lo dicho por la misma Corporación en sentencia
C-606 de 1992, “el legislador es el único competente para establecer los
títulos de idoneidad que deben acompañar en cada caso el ejercicio de tareas
que exigen formación académica”. A esto se añade, comenta el peticionario, que
la Constitución en su artículo 26 establece que sólo el legislador puede
establecer requisitos para el ejercicio de una determinada profesión. Cuando
una actividad haya sido reglada de manera general, no se podrán exigir
permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
10.         En virtud de que
la accionada ha desatendido esa serie de limitaciones de la autonomía universitaria
se han vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad de escoger profesión
u oficio, el derecho al trabajo, puesto que sin título que acredite la
idoneidad no ha podido conseguir empleo alguno, el derecho a la educación
puesto que con la preparación profesional no sólo se pretende tener acceso al
conocimiento, sino también a un futuro desarrollo profesional y el derecho a la
igualdad en virtud de que otras universidades como la de Antioquia y la de
Caldas no exigen preparatorios para otorgar el grado de abogado. Además, la
igualdad se ha visto vulnerada puesto que dos alumnos de la misma universidad
han obtenido su título universitario en virtud de una orden de juez de tutela.
11.         Por tanto,
solicita se ordene al Rector de la Universidad Cooperativa de Colombia
otorgarle el título de abogado, sin la presentación de exámenes preparatorios.
(T-737573)
1. Señala Ángel Francisco Ramírez López que inició sus estudios el
primer semestre de 1994 y el 29 de mayo de 1999  terminó las materias del pénsum
académico de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Fundación
Universitaria de Boyacá.
2. Indica que realizó la judicatura en el periodo comprendido entre
el 22 de noviembre de 1999 y el 22 de agosto de 2001, en la Defensoría del
Pueblo, Regional Boyacá.
3. Aduce que mediante escrito del 22 de abril de 2002, solicitó a
Uniboyacá que se diera cumplimiento a la Ley 552 de 1999 la cual, según el
peticionario, había dejado como requisitos únicos de grado la terminación de
materias, y la presentación de monografía de grado o la realización de
judicatura. En aplicación de la mencionada Ley pedía se le otorgara el título
de abogado.
4. El 8 de mayo de 2002, la accionada negó la petición argumentando
que el requisito de presentación de preparatorios para obtener el título de
abogado estaba contenido en las normas internas de la Universidad, las  cuales
eran producto del ejercicio de la autonomía universitaria.
5. El 9 de mayo de 2002 –al día siguiente de resolver su solicitud-
la Universidad expidió el Acuerdo No 339 “por el cual se establece el Examen de
Grado para los estudiantes de carrera de Derecho y Ciencias Políticas y se
modifican los Acuerdos 048 de 1995 y 166 de 1998”. Según la Universidad, este
Acuerdo se hace extensivo y obligatorio paras todos los graduandos que hayan
terminado sus estudios, por lo que se vulnera el principio de irretroactividad
de la ley. Indica el accionante que esta disposición es contraria a la
Constitución, porque la Universidad no puede establecer requisitos adicionales
a los de ley para otorgar el título de abogado.
6. Agrega que el Reglamento Estudiantil de la Entidad señala que
“las carreras en las que existan normas de carácter obligatorio en la
legislación colombiana, se aplicarán dichas normas”. En esa medida, los únicos
requisitos exigibles son los señalados en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999,
lo cual se ve confirmado, de acuerdo al peticionario, en el oficio del ICFES
63859 del 3 de septiembre de 2002 según el cual “de acuerdo con la sentencia a
que se hace referencia [C-1053/01], los únicos requisitos que hoy en día se
encuentran vigentes, fijados expresamente por el legislador, son los previstos
en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999.”
7. Argumenta que si bien los requisitos pueden formar parte del plan
de estudios o “esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y
de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del
currículo de los establecimientos educativos” (definición establecida en el
artículo 79 de la Ley 115 de 1994), la entidad accionada tergiversa lo
establecido por la Corte Constitucional pues en la sentencia se señaló que las
Universidades “pueden exigir los exámenes preparatorios, u otros requisitos
distintos a los vigentes para otorgar el título de abogado de acuerdo con sus
planes de estudios”. Sin embargo, dentro del plan de estudios de la accionada
no se encontraban incluidos los exámenes preparatorios motivo por el cual no
podían ser exigidos por disposiciones ajenas a tales planes.
8. Agrega el peticionario que él cumplió con todos los requisitos
establecidos en el plan académico y, en esa medida, no se puede venir a imponer
exámenes preparatorios no incluidos en el plan ni en la ley.
9. Por tanto, considera vulnerados sus derechos al trabajo, la
educación, y la libertad de escoger profesión u oficio. En consecuencia,
solicita se ordene a Uniboyacá le expida el título de abogado e indique la
fecha clara en la que se realizará la ceremonia de graduación.
(T-744470)
1. Manifiesta Zuleny Marina Duarte Fajardo que cursó el plan de
estudios en la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia,
del 1º de febrero de 1994 al 10 de diciembre de 1998.
2. Aprobó su consultorio jurídico en 1997 y el 19 de octubre de 2000
el Consejo Superior de la Judicatura aprobó la práctica jurídica por ella
realizada.
3. Señala que a pesar de la solicitud de aplicación del artículo 2º
de la Ley 552 de 1999 para la obtención de grado por ya haber cumplido los
requisitos para tal fin, la Universidad le exige la presentación de
preparatorios para otorgarle el título de abogada.
4. Considera que al no acceder a su solicitud, la Universidad está
vulnerando su derecho a la educación, a la libertad a escoger profesión u
oficio y al trabajo.
5. Por tanto, solicita se ordene otorgar el grado de abogada sin
exigir preparatorios.
(T-744456)
1. María del Rosario Garzón de Barahona manifiesta que entró a
cursar la carrera de derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, en 1994
y terminó las materias del pénsum académico en 1998.
2. En 1997 y 1998 realizó la práctica de consultorio jurídico, la
cual fue aprobada.
3. Añade que en mayo 2 de 2000, el Consejo Superior de la Judicatura
aprobó la judicatura por ella realizada.
4. Indica que en virtud de lo señalado en la Ley 552 de 1999,
artículo 2º, solicitó a la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Pasto, que
le otorgara el grado de abogada.
5. No obstante, la universidad accionada negó la solicitud por
considerar que aún no ha cumplido con uno de los requisitos de grado; a saber,
los exámenes preparatorios.
6. Considera que con tal actitud se ven vulnerados su derechos a la
educación, la libertad de escoger profesión u oficio y el trabajo. En
consecuencia solicita se otorgue el grado con los requisitos señalados de
manera expresa en la Ley 552 de 1999.
(T-750748)
1. Manifiesta Luis Fernando García Hernández que cursó y aprobó
satisfactoriamente el plan de estudios del pénsum académico de la facultad de
derecho de la Universidad Libre de Cali. Los estudios fueron iniciados en
diciembre de 1996 y finalizados en agosto de 2002.
2. Indica que aprobó su tesis de grado según resolución No 0041 del
28 de marzo de 2001.
3. Señala que presentó un derecho de petición a la universidad
accionada para que se le expidieran las autorizaciones necesarias para optar
por el título de abogado y se le devolvieran los dineros cancelados para la
presentación de tres exámenes preparatorios.
4. La Universidad negó tal solicitud puesto que, según ésta, para
obtener el título de abogado debe cumplir con los requisitos señalados en la
normatividad interna de la institución, desarrollados en ejercicio del artículo
69 de la Constitución (acuerdos 014  de noviembre de 1997 y 015 del 4 de
diciembre de 2002). La devolución de los dineros pagados por los tres exámenes
preparatorios presentados fue negada puesto que en el reglamento sólo se
contempla la devolución de dineros de  matrículas.
5. Señala el accionante que la decisión de la Universidad olvida el
concepto de la pirámide de Kelsen y pretende que los acuerdos de la institución
primen sobre lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999.
Simultáneamente, vulnera sus derechos al trabajo y a la libertad de escoger
profesión u oficio.
6. Por tanto, solicita se le otorgue el grado de abogado sin
necesidad de presentar exámenes preparatorios y se devuelva el dinero de los ya
presentados.
Respuesta de la Universidad Cooperativa de Colombia –Sede
Pasto- en las tutelas T-731921, T-732143, T-744470 y T-744456
Señala la Universidad que el simple
cumplimiento del plan de estudios no implica la expedición del título de
profesional, sino que se deben agotar todos los requisitos exigidos por la
Universidad. En virtud de la aplicación del artículo 29 de la Ley 30 de 1992
–que desarrolla el alcance de la autonomía universitaria-, la Universidad puede
“darse y modificar sus estatutos (...) crear, desarrollar sus programas
académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.”
Indica que desde 1993 la Universidad Cooperativa
exige a nivel nacional la realización de preparatorios para obtener el grado de
abogado, entre otros, en su reglamento académico y en varias resoluciones
rectorales posteriores al reglamento. Esto se enmarca dentro de lo dispuesto en
el artículo 26 de la Constitución según el cual se establece la exigencia de
títulos de idoneidad para el ejercicio de algunas profesiones u oficios.
Cuando se expidió la Ley 552 de 1999 sólo
se derogó el requisito del servicio legal popular que había adicionado la Ley
446 de 1999. Esto lo corroboró la Corte Constitucional en su sentencia C-1053
de 2001 en la cual señaló que en vigencia de la Ley 552 las universidades
podían exigir los exámenes preparatorios, en ejercicio de la autonomía
universitaria.
Por último, argumenta que el Consejo de
Estado conoció de una acción de cumplimiento (AC-5200123310002002075201) a
través de las cual se pretendió exigir el grado sin preparatorios en virtud de
la aplicación de la Ley 552 de 1999, y ésta no prosperó por el alcance que le
fijó la Corte Constitucional a dicha Ley.
Respuesta de la Fundación Universitaria de
Boyacá en la tutela T-737573
Indica la accionada que, contrario a lo
señalado por el accionante, lo que hace obligatorio los exámenes preparatorios
es que estén contenidos en la estructura curricular –la cual incluye el plan de
estudios, el sistema de evaluación, los proyectos de extensión, el perfil
profesional y ocupacional y los requisitos de grado-, mas no en el plan de
estudios.
Los alumnos al matricularse aceptaron el
reglamento que, para todas las carreras que imparte la Fundación Universitaria
de Boyacá, contempla el examen de grado o preparatorio. Así se señala en el
artículo 96 del Acuerdo No 0016 de noviembre 16 de 1993: “para obtener
cualquier título en la Institución el candidato deberá cumplir con los
siguientes requisitos:  (...) presentar y aprobar los preparatorios en la
carrera que los requieran.” Esta norma fue reproducida en los acuerdos 048 del
3 de mayo de 1995, artículo 96; 0078 de 26 de  junio 1996, artículo 96; 0097
del 11 de  abril 1997, artículo 96, literal d.; 179 del 10 de diciembre de
1998, artículo 97, literal d; 215 del 30 de septiembre de 1999, literal d; 239
del 25 de mayo de 2000, artículo 97, literal d, 294 del 27 de abril de 2001, artículo
97, literal d. (actual reglamento estudiantil de la fundación Universitaria de
Boyacá), y el Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002.
Refuerza su argumento con lo contemplado
en el Decreto-ley 196 de 1971 “por el cual se dicta el estatuto del abogado”, artículo
3º, según el cual  “es abogado quien obtiene el correspondiente título
universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales.” Al ser
una de las exigencias académicas la presentación de preparatorios, se debe
cumplir ésta para graduarse de abogado.
La Universidad no ha vulnerado el derecho
a la educación toda vez que no ha impedido el ingreso del accionante a la
carrera, ni la permanencia en el plantel estudiantil. Tampoco se ha visto
afectado el derecho a escoger profesión u oficio puesto que el ejercicio de la
profesión de abogado implica el cumplimiento previo de requisitos como los
preparatorios. Finalmente, indica que no le ha sido vulnerado el derecho al
trabajo pues no se le ha prohibido, discriminado o imposibilitado la órbita de
acción de su actividad privada. Cosa distinta es que no haya podido trabajar
pues aún no ha demostrado la idoneidad para esto.
Por otro lado, indica que no se entiende
cómo el accionante pide que no se le exijan los preparatorios y al mismo tiempo
ha presentado dos de éstos.
Con respecto a la aplicación de la Ley
552, artículo 2º, indica que si bien ésta no contempla los preparatorios, su
aplicación debe ser con posterioridad a su promulgación es decir el 1º de enero
de 2000. A esto se añade que el entendimiento que la Corte Constitucional dio
a la norma en la sentencia C-1053 de 2001, el cual es definitivo, rige a partir
del 4 de octubre de 2001, fecha en que se profirió el fallo, pues las
providencias de esta Corporación sólo tienen efectos a futuro. Por tanto, tal
disposición legal no cobija al accionante toda vez que él terminó materias en
el año 1999, época en la cual se encontraban plenamente vigentes los
preparatorios.
Respuesta de la Universidad Libre
(T-750748)
Señala la Universidad que ésta sigue
fielmente los parámetros señalados por la Constitución, la ley y, en especial,
los indicados en su normatividad interna, fijada en virtud de la autonomía
universitaria. Existe dentro de la Universidad un reglamento de exámenes
preparatorios el cual se estableció mediante los acuerdos No 014 de noviembre
de 1997 y  No 015 del 4 de diciembre de 2002.
Considera que para una verdadera formación
integral de sus estudiantes se hace necesaria la presentación de exámenes
preparatorios. Sólo a través de los preparatorios se puede hacer una evaluación
total de los conocimientos de los futuros egresados.
Al accionante no se le han vulnerado sus
derechos al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio puesto que no
se están imponiendo requisitos ilegítimos para otorgar el título de abogado y
al abrírsele las puertas de la institución para que realizara sus estudios de
derecho se le garantizó el segundo derecho.
DECISIONES JUDICIALES
(T-731921)
A. Primera Instancia
El Juzgado 1º penal Municipal de Pasto
negó la tutela del señor Fernando Albeiro Araujo Ordoñez, mediante sentencia
del 13 de febrero de 2003, por considerar que con la decisión de la accionada
no se vulnera el derecho a la igualdad, puesto que el accionante no se puede
comparar con estudiantes de otras universidades; tampoco se transgrede el libre
desarrollo de la personalidad, ya que la Universidad no le impide desarrollar
sus aptitudes como persona. De igual manera, no se afecta el derecho al
trabajo, puesto que obtener un título no es garantía de conseguir trabajo.
Por otro lado, argumenta el juzgado que en
este caso la tutela no procede, ya  que existe otro mecanismo de protección de
los derechos fundamentales cual es la acción de cumplimiento.
Con respecto a la vigencia del requisito de
exámenes preparatorios, considera que se trata de una discusión de orden legal.
Si bien la Corte en su sentencia C-1053 de 2001 señala que las universidades sí
podrán exigir preparatorios, según el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, sólo
obliga la parte resolutiva de la sentencia, mientras que la parte motiva es un
mero criterio auxiliar. En esa medida se debe tener en cuenta que en la parte
resolutiva se dispuso declarar exequible el artículo 2º de la Ley 552 de 1999
salvo la expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente ley”. Así
las cosas, como señala el accionante, sólo serían exigibles como requisitos
para optar por el título de abogado la judicatura o la monografía.
No obstante, según lo indica la accionada,
el artículo 21 del Decreto 1221 de 1990 sigue vigente y por tanto continúan
siendo exigibles los preparatorios. Lo que no continúa vigente es la prestación
del servicio legal popular. Esta posición se apoya en que el Consejo de Estado
negó la prosperidad de los cargos presentados contra el artículo 21 del Decreto
1221 de 1990, el 29 de noviembre de 2001.
Al encontrarse dos posiciones jurídicas
enfrentadas y siendo éstas de orden legal y no constitucional, no le
corresponde al juez de tutela entrar a dirimir la diferencia. Aunque, personalmente,
el juez considera que según la parte resolutiva de la sentencia C-1053 de 2001,
los exámenes preparatorios no son exigibles.
B. Segunda Instancia
Mediante sentencia del 17 de marzo de
2003, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto revocó el fallo del a-quo y
concedió la tutela. Estima el Juzgado que la Ley 552 derogó en su integridad el
artículo 149 de la Ley 446 de 1998; no sólo en lo referente al servicio legal
popular.
Por otro lado, indica que si bien la Corte
señaló que las Universidades podrían introducir el requisito de preparatorios,
esta consideración es un obiter dictum al no ser necesaria para tomar la
decisión relativa a la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 552 de
1999. La decisión de la Corte se tomó teniendo en cuenta el derecho a la
igualdad en la medida en que a todos los alumnos se les debería exigir iguales
requisitos; por tanto la ley no debería tener su aplicación restringida a
futuro. Dentro de los requisitos exigidos por la Ley no se encontraban los
preparatorios. En esa medida, por más provechosos que sean, no pueden ser
exigidos por la Universidad. La ratio decidendi de la sentencia C-1053
de 2001 sólo indicaba que eran requisitos de grado la terminación y aprobación
de materias del pénsum académico y a elección del egresado, la elaboración y
sustentación de monografía jurídica o la judicatura.
En consecuencia, ordenó que en el término
de 20 días se otorgara el título de abogado al señor Fernando Albeiro Araujo
Ordóñez, sin establecer ninguna discriminación en el título so pena de incurrir
en desacato.
(T-732143)
A. Primera Instancia
El Juzgado 2º Penal Municipal de Pasto,
mediante sentencia del 28 de enero de 2003, denegó el amparo a Manuel Antonio
Dueñas Narváez por encontrar que lo solicitado era el cumplimiento de una ley.
En esa medida lo procedente no era la acción de tutela, sino la de cumplimiento
que por su naturaleza célere podría brindar protección efectiva a los derechos
fundamentales que se vieran envueltos en el cumplimiento de la Ley 552 de 1999.
Esta afirmación la sostiene en el hecho de que el Consejo de Estado ya ha
conocido de acciones de cumplimiento de la norma en cuestión.
A pesar de lo antes señalado, entra a
analizar el asunto de fondo y concluye que no se ha vulnerado el derecho al
libre desarrollo de la personalidad puesto que si el accionante pretende ser
abogado se debe esforzar para el logro de tal meta, esfuerzo ya realizado por
muchos otros.
No se vulnera el derecho al trabajo puesto
que el hecho de obtener un título de abogado no le garantiza asignación de
empleo en el mercado laboral. Por su lado, el derecho a la educación no se
menoscaba con la exigencia de preparatorios, pues con estos exámenes se
garantiza una mejor preparación académica que se proyectará en su futuro
laboral.
B. Segunda instancia.
Mediante sentencia del 17 de marzo de
2003, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto revocó el fallo del a-quo y
concedió la tutela con argumentos idénticos a los de la tutela T-731921.
En consecuencia, ordenó que en el término
de 20 días se otorgara el título de abogado al señor Manuel Antonio Dueñas
Narváez, sin establecer ninguna discriminación en el título, so pena de
incurrir en desacato.
(T-737573)
A. Primera instancia
El Juzgado 1º Civil Municipal de Tunja,
en sentencia del 26 de febrero de 2003 tuteló el derecho a la educación, y al
debido proceso del señor Ángel Francisco Ramírez López  y ordenó señalar fecha
para el grado del accionante “cuando reun[iera] los demás requisitos formales,
establecidos por el reglamento estudiantil para tal efecto.”
Considera el Juez que si bien al momento de
ingreso a la Universidad estaba establecido el requisito de los preparatorios,
con la entrada en vigencia de la Ley 552 de 1999 éstos habían dejado de ser
exigibles. No obstante, la Corte Constitucional había señalado en su sentencia
C-1053 de 2001 que las universidades en ejercicio de su autonomía podían
señalar los preparatorios como requisito de grado. Sin embargo, tal
señalamiento tenía efecto a futuro. En consecuencia, como el accionante había
terminado materias con anterioridad a la sentencia, no le cubría las
disposiciones de exámenes preparatorios que señalara la Universidad con
posterioridad al fallo (Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002). Al haberse
proferido la norma interna con posterioridad a la terminación por parte del
accionante de requisitos de grado señalados en el artículo 2º de la Ley 552 de
1999, no se podían menoscabar los derechos de grado adquiridos por el
peticionario, los cuales entraron a su patrimonio cuando coincidieron los
requisitos de Ley y las circunstancias fácticas; es decir, antes de la
sentencia de la Corte y el Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002.
No se puede aducir la aplicación de
reglamentos estudiantiles previos a la Ley 552 de 1999, porque estos fueron
derogados con  la restricción de requisitos de grado señalados en la Ley. Sólo
son válidos los reglamentos que exijan tal requisito después de la sentencia
que estudió la constitucionalidad de la norma demandada.  Las instituciones
universitarias no pueden dictar sentencias con efectos retroactivos.
B. Segunda instancia
El Juzgado 4º Civil de Circuito de Tunja,
mediante fallo del 20 de marzo de 2003, confirmó la sentencia del a quo y,
además, ordenó que se inaplicaran “por ser contrarios a la Constitución  y a la
ley, y para este caso en concreto (sic), el acuerdo 339 del 9 de mayo del 2002
y el ordinal d) del artículo 97 del acuerdo 294 del 27 de abril del 2001,
proferidos por la Fundación Universitaria de Boyacá (...)”
Considera el Juzgado que la Ley 552, en su
artículo 2º, estableció únicamente dos requisitos, alternativos, de grado:
monografía y judicatura. Si bien la Corte señaló en su sentencia C-1053 de 2001
que las universidades pueden seguir exigiendo exámenes preparatorios como
requisitos de grado, esta afirmación desborda y desconoce la facultad
legislativa de exigir requisitos para obtener títulos que comprueben la
idoneidad del estudiante.  Al permitirle a las universidades que de acuerdo con
su parecer establezcan los exámenes de grado se abre un camino para la
vulneración del derecho a la igualdad de los estudiantes de derecho a nivel
nacional.
La discrecionalidad permitida a las
universidades en materia de preparatorios es contraria a la Constitución. Si
bien se establece en la Carta la autonomía universitaria, ésta tiene como
límites la Constitución y la ley y dentro de tales límites está el no usurpar
funciones legislativas como lo es el imponer requisitos para obtener un título
profesional –tal como fue señalado en la sentencia C-606 de 2002-. Señala el
Juez que “solo el legislador puede exigir los requisitos que demuestren la
idoneidad para optar un título (sic) y ejercer una profesión, con los límites
que le señale la ley”.
Indica que la referencia hecha por la Corte
a la posibilidad de fijar preparatorios no es vinculante puesto que no fue
incluida en la parte resolutiva de la sentencia y tampoco se hace indispensable
para comprender el contenido y alcance de ésta. Por tanto, el requisito de
preparatorios no puede exigirse. Por otro lado, indicó que si hay unos
requisitos vigentes no se pueden exigir unos que no estén vigentes.
Las potestades universitarias se restringen
a desarrollar, según su parecer, los requisitos establecidos por la ley. Es así
como si existieran, por ley, exámenes preparatorios podrían regular el número
de ellos, el tiempo en que se presentan, la forma, y la nota aprobatoria, entre
otros factores.
Con respecto a los derechos fundamentales
que se invocaron como violados, considera que en efecto se vulneró el derecho a
la educación porque le impusieron requisitos no contemplados en la ley para
obtener su grado de abogado, lo que le ha impedido tener un título que le
permita avanzar y especializarse en su formación profesional. Después de
indicar que el proceso educativo requiere de regulación, la cual debe ser
respetuosa de lo establecido en la Constitución y en la ley, afirma que la
exigencia de preparatorios no respeta esos parámetros y, en consecuencia,
vulnera el debido proceso. Con respecto al derecho al trabajo, indica que éste
implicaba que no se exigieran más requisitos de los “estrictamente mínimos”
para optar por un cargo.
Al estudiar la normatividad interna de
Uniboyacá, el ad quem considera que los exámenes preparatorios no hacen parte
del plan de estudios o plan de asignaturas de la universidad, si bien está
consagrado fuera de dicho plan, argumento que, en su parecer, refuerza la
imposibilidad de su realización. A esto se añade que el Acuerdo 339 del 9 de
mayo de 2002, que establece los exámenes preparatorios, viola la Ley 552 de
1999, norma que en ejercicio de las competencias del legislador fijó cuáles eran
los requisitos para obtener el grado de abogado. Al usurpar competencias del
legislador, violó la Constitución y, en esa medida, se debe ordenar su
inaplicación en uso de la figura de la excepción de inconstitucionalidad.
Solicitud de adición de sentencia presentada por la parte
accionante
El accionante solicitó al Juez 4º Civil
del Circuito de Tunja que en aplicación del artículo 311 del Código de
Procedimiento Civil, adicionará la decisión en el sentido de prevenir a la
autoridad accionada con el fin de evitar la repetición de la misma vulneración.
La solicitud se fundamenta en que con tal
aclaración se aplicaría el principio de economía procesal y se evitaría la          presentación
de múltiples tutelas por parte de los alumnos de la accionada.
Oposición a la solicitud de adición de sentencia
La entidad accionada señaló que por no
tratarse de una “acción colectiva” no era posible extender los efectos de la
sentencia más allá de las partes del proceso.
Adición de sentencia
Señaló el juez en providencia del 28 de
marzo de 2003 que dentro del expediente se encuentran pruebas de que no sólo al
accionante se le está negando el grado so pretexto de no haber presentado
preparatorios.
Respaldándose en la sentencia T-500 de
2002 que indicó que “en efecto, cuando otras personas se encuentran en
condiciones jurídicas y fácticas comunes a las de quienes presentaron acción de
Tutela, la necesidad de protección efectiva de los derechos fundamentales, así
como el carácter preventivo de la acción, autorizan al Juez para que su orden
se extienda en beneficio de aquellos.”, el juez estimó necesario prevenir al
rector de la Fundación Universitaria de Boyacá para que “en casos similares en
sus aspectos de hecho y de derecho, como el del señor Ángel Francisco Ramírez
López, y en lo que tiene que ver con las exigencias para obtener el título de
abogado, que no son otros que los consagrados en el artículo 2 de la ley 552 de
1999, no v[olviera] a incurrir en la misma conducta y omisión, que motivaron la
presente acción de tutela, so pena de ser sancionado de acuerdo al artículo 52
y 53 del decreto 2591 de 1991”.
Solicitud de aclaración de sentencia
presentada por la parte accionada
La entidad accionada solicitó al Juzgado
se le informara en qué situación quedarían aquellos estudiantes a los cuales se
les había negado una tutela por los mismos hechos que la del señor Ángel
Francisco Ramírez.
Negativa de aclaración de sentencia
En providencia del 7 de abril de 2003, el
Juzgado indicó que si bien se había solicitado aclaración por parte de la
entidad accionada, no se había indicado frente a qué providencia (el fallo
inicial o el complementario).  No obstante, de lo dispuesto en el artículo 311
del Código de Procedimiento Civil se desprende que sólo se puede pedir aclaración
de la sentencia principal dentro del término de aclaratoria de la sentencia, lo
cual no aconteció en el presente caso. Por tanto, negó la adición de la
sentencia proferida por el despacho.
(T-744470)
A. Primera instancia
El Juzgado 1º Penal Municipal de San Juan
de Pasto, en sentencia del 13 de febrero de 2003, denegó la tutela a los
derechos a la educación, la libertad a escoger profesión u oficio y al trabajo
de Zuleny Marina Duarte Fajardo por los argumentos ya reseñados en el
expediente T-731921.
B. Segunda instancia
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto
revocó el fallo del a-quo mediante sentencia del 28 de marzo de 2003, por
juzgar que la exigencia de preparatorios como requisito para optar por el
título de abogado, fue suprimida por la Ley 552 de 1999, al derogar el artículo
149 de la Ley 446 de 1998. Tal requisito no puede ser establecido por
reglamentación interna de la accionada porque la autonomía universitaria sólo
se puede ejercer en el ámbito de la ley y la Constitución.
Estima que el derecho a la educación se
ve vulnerado en la medida en que al no obtener el grado, la accionante no ha
podido iniciar sus estudios de post grado. Igualmente, juzga afectado el
derecho a la libertad de escoger profesión u oficio toda vez que el no
otorgarle el título de abogado limita la realización de las expectativas
personales de la peticionaria.
Por último indica que no procede otro
mecanismo para proteger los derechos antes mencionados toda vez que la ley
limita la procedencia de la acción de cumplimiento cuando se trata de la guarda
de los derechos fundamentales.
En consecuencia, ordenó a la Universidad
Cooperativa de Colombia que en el término de  veinte días hábiles posteriores a
la notificación de la sentencia otorgara el título de abogada a Zuleny Marina
Daurte Fajardo.
(T-744456)
A. Primera instancia
El Juzgado 3º Penal Municipal de Pasto,
en fallo del 3 de marzo de 2003, denegó la tutela por considerar que a pesar de
que los exámenes preparatorios, como requisito de grado, habían sido derogados
por la Ley 552 de 1999, artículo 2º, la Corte Constitucional en sentencia
C-1053 de 2001 aclaró que dicha exigencia quedaba supeditada a lo dispuesto en
el ejercicio de la autonomía universitaria.
Además, para la fecha en que se matriculó
Maria del Rosario Garzón en la Universidad Cooperativa, los exámenes
preparatorios estaban debidamente estipulados como requisito para optar por el
título de abogada, y lo estaban desde 1993. Quienes ingresan a una institución
de educación superior aceptan libremente las normas internas de la Universidad.
De ese vínculo jurídico nace la obligación de cumplir las normas del
establecimiento educativo.
B. Segunda instancia
El Juzgado 3º Penal del Circuito de
Pasto, en sentencia del 9 de abril de 2003 revocó la decisión de primera
instancia por iguales consideraciones a las reseñadas en el expediente
T-744470.
En consecuencia ordenó a la Universidad
Cooperativa de Colombia que en el término de  veinte días hábiles posteriores a
la notificación de la sentencia otorgara el título de abogado a María del
Rosario Garzón Barahona.
(T-750748)
A. Primera instancia
El Juzgado 19 Penal Municipal de Cali,
mediante sentencia del 17 de marzo de 2003 concedió la tutela al señor Luis
Fernando García Fernández y ordenó iniciar los trámites para la graduación de
éste como abogado, previa presentación de los paz y salvo exigidos por la Ley
552 de 1999.
Señala el Juez que si bien las
universidades pueden fijar sus directivas, no pueden normar lo relativo a la
formación académica, porque en esta materia se debe acatar lo dispuesto por el
Congreso. La Ley 552 de 1999 en su artículo 2º eliminó la exigencia de exámenes
preparatorios y, en consecuencia, las universidades no pueden tenerlos como
requisitos de grado.
La determinación de la Universidad se
constituye en una “talanquera ´legal`” para el ejercicio profesional del
accionante como abogado.
Niega la petición de la devolución de
dineros pagados para la presentación de preparatorios por tratarse de una
discusión de tipo patrimonial.
B. Segunda instancia
El Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali,
por medio de sentencia del 2 de mayo de 2003, confirmó la sentencia del a quo
por considerar que la autonomía universitaria no es un derecho absoluto y que,
en esa medida, debe estar supeditado a la ley; en este caso la 552 de 1999.
A pesar de que la Corte Constitucional
señaló en su sentencia C-1053 de 2001 que las universidades podían exigir
exámenes preparatorios, sin contrariar lo señalado por la ley 552, el ad quem
estima que lo indicado en la sentencia contraría el artículo 84 de la
Constitución en la medida que el derecho a la educación ya había sido
reglamentado en este aspecto fijándose taxativos requisitos de grado y, en esas
circunstancias, los particulares no podían fijar obligaciones adicionales.
Si la Universidad desea comprobar el
grado de idoneidad de sus estudiantes, lo puede hacer a lo largo de la carrera.
Aún más, la institución debe tener en cuenta que ya se aproxima la instauración
de los exámenes oficiales  para comprobar niveles mínimos de aptitud en los
abogados.
PRUEBAS
(T-731921)
1.  Certificado de terminación de materias de
Fernando Albeiro Araujo Ordóñez de la carrera de derecho expedido el 20 de
enero de 2000 por la Universidad Cooperativa de Colombia, Unidad
Descentralizada de Pasto.
2.  Certificado de realización de judicatura
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura el 5 de julio de 2002.
3.  Derecho de petición presentado a la
Universidad Cooperativa de Colombia el 6 de diciembre de 2002 en el cual se
solicita obtener el grado sin la necesidad de presentar exámenes preparatorios.
4.  Respuesta al derecho de petición dada por
la Universidad Cooperativa de Colombia el 20 de diciembre de 2002. En ésta se
señala que los exámenes preparatorios son obligatorios para la obtención del
título de abogado y para la óptima preparación profesional. Además, éstos son
legítimamente fijados en virtud de la autonomía universitaria. Desde 1993 la
Universidad ha exigido este requisito para obtener el grado de abogado y esta
exigencia ha sido reiterada a través de circulares rectorales de 1994, 1998, y
2001.
5.  Reglamento de la Universidad Cooperativa de
Colombia (Resolución  No 028 de 1993) en el cual se señala en el artículo 107,
parágrafo, que para obtener el grado en la Universidad Cooperativa de Colombia
“el requisito final exigido puede ser: monografía de grado, tesis de grado,
taller de investigación, práctica profesional, seminarios taller, consultorio
profesional, investigación dirigida, curso de perfeccionamiento o preparatorio.
Cualquiera que sea el requisito adoptado, debe estar reglamentado por el
respectivo Consejo Académico al momento de adoptar el Plan de Estudios de cada
programa.”
6.  Acuerdo No 002 de 1994 según el cual (art.
1º) para obtener el título de profesional de abogado en la facultad de derecho
de la Universidad Cooperativa de Colombia, deberán, entre otros requisitos,
realizarse  los exámenes preparatorios.
7.  Resolución Rectoral No 266 del 28 de julio
de 1998 en la cual después de recordar que los examen preparatorios son un
requisito indispensable para obtener el título de abogado, se entra a
definirlos.
8.  Copia de la Resolución Rectoral No 285 del
28 de septiembre de 1998 en la cual después de recordar que los exámenes
preparatorios orales o escritos son un requisito indispensable para obtener el
título de abogado, se definen éstos.
9.  Resolución Rectoral No 517 del 27 de marzo
de 2001 en la cual después de recordar que los exámenes preparatorios son un
requisito indispensable para obtener el título de abogado, redefinen éstos.
(T-732143)
1.  Certificado de terminación de materias de
la carrera de derecho por parte de Manuel Antonio Dueñas Narváez expedido el 10
de diciembre de 1998 por la Universidad Cooperativa de Colombia, Unidad
Descentralizada de Pasto.
2.  Certificado de la realización de práctica
profesional en la Sección de Investigaciones Fiscales en la Contraloría General
de Nariño, del 11 de diciembre de 1998 al 14 de febrero de 2000, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura el 29 de febrero de 2000.
3.  Derecho de petición presentado por el
accionante el 18 de marzo de 2002 a la Universidad Cooperativa de Colombia, en
el cual solicita ser graduado sin tener que presentar los exámenes
preparatorios.
4.  Respuesta al derecho de petición dada por
la Universidad Cooperativa de Colombia el 2 de abril de 2002. En ésta se señala
que los exámenes preparatorios son obligatorios para la obtención del título de
abogado y para la óptima preparación profesional. Además, el Consejo de Estado
en sentencia del 29 de noviembre de 2001 desestimó los cargos de nulidad
presentados contra el Decreto 1221 de 1990 y, por tanto, sigue vigente.
5.  Acuerdo 010, del 5 de abril de 2002, de la
Universidad de Antioquia según el cual se suprimen los exámenes preparatorios
en el programa de Derecho.
6.  Sentencia del Juzgado 2º  Penal del
Circuito de Pasto del 10 de septiembre de 2002 en la cual se tutelan los
derechos al trabajo y a la educación de José Celimo Basante Muñoz y se ordena a
la Universidad de Nariño otorgarle a éste el título universitario de abogado,
sin presentar exámenes preparatorios.
7.  Sentencia del Juzgado 3º Penal del Circuito
de San Juan de Pasto del 3 de diciembre de 2002 en la cual se tutelan los derechos
al trabajo y a la educación del señor Mario Fernando Coral Caicedo y se ordena
a la Universidad Cooperativa de Colombia otorgar el título de abogado, sin
necesidad de presentar los exámenes preparatorios.
8.  Escrito enviado el 13 de enero de 2003 por
la Universidad Cooperativa de Colombia al accionante en el cual se informa que
el hecho de que se hayan proferido otras tutelas ordenando el grado sin
presentación de preparatorios no obliga a hacer lo mismo en su caso, puesto que
estas sentencias sólo tienen efectos inter partes.
9.  Sentencia del Consejo de Estado, Sección
Primera, del 10 de octubre de 2002, Consejero Ponente, Camilo Arciniegas
Andrade, radicación 52001-23-31-000-2002-0897-01, en la cual se niega el
cumplimiento del artículo 2º de la Ley 552 de 1999 en el sentido de no permitir
la exigencia de preparatorios como requisito de grado, en virtud de que el
imponer este requisito de grado es ejercicio de la autonomía universitaria de
la Universidad Cooperativa de Colombia . Además, puesto que la Corte en la
sentencia C-1053 de 2001  ya había fijado el alcance la Ley en el sentido de
permitir a las universidades exigir preparatorios, además de los requisitos
señalados en el artículo 2º de la mencionada norma.
Las normas internas de la Universidad
Cooperativa de Colombia son las señaladas en el expediente T-731921.
(T-737573)
1. Certificado de presentación de examen
preparatorio de laboral por parte del señor Ángel Francisco Ramírez, con una
calificación de tres cinco (3.5), del 13 de octubre de 2000.
2. Certificado de presentación de examen
preparatorio de laboral por parte del señor Ángel Francisco Ramírez, con una
calificación de dos siete (2.7), del 2 de marzo de 2001.
3. Certificado de terminación de estudios
reglamentarios del señor Ángel Francisco Ramírez López, incluyendo consultorio
jurídico, según el cual la fecha de terminación de estudios fue  el 29 de mayo
de 1999.
4. Certificados de matrícula del accionante de
1994 a 1998 en el cual está señalado que el firmante acepta cumplir y conocer
el reglamento estudiantil y demás normas de la institución.
5. Resolución No 1404 del 4 de junio de 2002
del Consejo Superior de la Judicatura por medio de la cual se acredita el
cumplimiento de la práctica jurídica del señor Ángel Francisco Ramírez López.
6. Acuerdo No 08 de 1993 el cual señala en su
artículo 8º que la Universidad otorgará el título de abogado a los estudiantes
que, entre otros requisitos, hayan presentado y aprobado los exámenes
preparatorios.
7. Acuerdo No 048 del 3 de mayo  de 1995
por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Fundación Universitaria
de Boyacá –Uniboyacá-. En el artículo 96, literal e, se señala que para obtener
cualquier título en la Institución el candidato debe presentar y aprobar los
preparatorios en las carreras que lo requieran.
8. Acuerdo No 078 del 26 de junio de 1996 en
el cual se modifica el Reglamento Estudiantil. En su  artículo 95, literal d,
indica que se deben presentar exámenes preparatorios, en las carreras que lo
requieran, para obtener el título universitario.
9. Acuerdo No 097 del 11 de abril de 1997 en
el cual se modifica el Reglamento Estudiantil. En su  artículo 95, literal d,
indica que se deben presentar exámenes preparatorios, en las carreras que lo
requieran, para obtener el título universitario.
10.Acuerdo No 186 del 17 de septiembre de 1998
en el cual se reglamentan los exámenes preparatorios de la carrera de derecho y
ciencias políticas de la Universidad, en desarrollo del reglamento estudiantil,
después de señalar que todos los estudiantes de la facultad de derecho para
optar por el título de abogados deben presentar y aprobar los exámenes
preparatorios.
11. Acuerdo No 194 del 24 de marzo de 1999 en
el cual se reforma el plan de estudios de la carrera de derecho y ciencias políticas.
En este se enlistan las materias que deben ser aprobadas de 1º a 10º semestre y
no se hace mención alguna de los preparatorios.
12.Acuerdo No 215 del 30 de septiembre de 1999
en el cual se modifica el Reglamento Estudiantil. En su  artículo 97, literal
d, indica que se deben presentar exámenes preparatorios, en las carreras que lo
requieran, para obtener el título universitario.
13.Acuerdo No 294 del 27 de abril de 2001 por
el cual se modifica el Reglamento Estudiantil, el cual indica en su artículo
97, literal d. que para obtener cualquier título en la institución se deben
presentar y aprobar los exámenes preparatorios en las carreras que lo
requieran.
14. Acuerdo No 339 del 9 de mayo de 2002 en el
cual se decide “mantener como requisito obligatorio de grado para optar por el
título de abogado la presentación y aprobación del examen de grado”, el cual
reúnen las características de exámenes preparatorios. Según el Acuerdo, su
ámbito de aplicación cubre a todos los estudiantes y graduandos de la carrera
de derecho.
15.Respuesta dada el 3 de septiembre de 2002
por el ICFES a estudiantes de derecho, según la cual después de la sentencia
C-1053 de 2001 las universidades podían continuar exigiendo exámenes
preparatorios y otros requisitos para otorgar el título de abogado. Indicó
además que “se considera oportuno señalar que uno es el plan de estudios, el
cual es el esquema estructurado de asignaturas con su respectiva intensidad
horaria y el otro el plan curricular, el cual además del primero, incluye (...)
inclusive los requisitos de grado, que se deben fijar según los propósitos de
formación.”
(T-744470)
1. Certificado de terminación de materias de
la carrera de derecho de Zuleny Marina Duarte Fajardo las cuales cursó de 1994
a 1998.
2. Certificado de terminación de consultorio
jurídico de la señora Zuley Marina Duarte.
3. Resolución No 2262 del Consejo Superior de
la Judicatura, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la práctica
jurídica, como requisito para optar por el título de abogado
4. Derecho de petición presentado por la
accionante el 18 de diciembre de 2002 en el cual solicita se otorgue el grado
de abogada sin necesidad de presentar preparatorios.
5. Respuesta de la Universidad Cooperativa del
13 de enero de 2003 en la cual se señala que a pesar de lo establecido por la
Ley 552 de 1999 en su artículo 2º, la Corte Constitucional había permitido en
su sentencia C-1053 de 2001 que las universidades en ejercicio de su autonomía
universitaria podían establecer los preparatorios como requisitos de grado, y
así lo había dispuesto la institución desde 1993.
Las disposiciones normativas que rigen lo
referente a preparatorios de la Universidad Cooperativa de Colombia son las
mismas indicadas en el expediente T-731921.
(T-744456)
1. Certificado de culminación del plan
de estudios de la carrera de derecho por parte de María del Rosario Garzón,
entre 1994 y 1998.
2. Resolución No 0880 del 15 de abril de
2002 mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura acredita la
realización de judicatura por parte de la accionante.
3. Derecho de petición presentado por la
accionante a la Universidad Cooperativa de Colombia en el cual indica que ya ha
cumplido los requisitos legales para la obtención del grado de abogada y pide
se le otorgue éste.
4. Respuesta del derecho de petición
dada por la Universidad Cooperativa el 7 de mayo de 2002. En esta se señala que
aún se encuentran vigentes los exámenes preparatorios como requisito de grado,
puesto que el Decreto 1221 de 1990 no ha perdido vigencia y, además, éstos
están consagrados en la normatividad interna de la universidad.
Las disposiciones normativas que rigen lo
referente a preparatorios de la Universidad Cooperativa de Colombia son las
mismas indicadas en el expediente T-731921.
(T-750748)
1. Certificado de terminación de los 6
años de derecho en la facultad de derecho de la Universidad Libre, Seccional
Cali, del señor Luis Fernando García Hernández los cuales fueron iniciados en
diciembre de 1996 y culminados en agosto de 2002.
2. Certificado de presentación de
trabajo de investigación por parte del accionante, expedido el 28 de marzo de
2001.
3. Derecho de petición presentado el 4
de febrero de 2003 ante la universidad accionada en la cual el peticionario
solicita expedir las autorizaciones necesarias para obtener el título de
abogado y la devolución de los dineros pagados en razón de los preparatorios
hasta ahora presentados.
4. Respuesta al derecho de petición del
10 de febrero de 2003 donde se señala que la Universidad dentro de su
normatividad interna tiene consagrada la exigencia de preparatorios para
otorgar el título de abogado. En esta se niega el reembolso de los dineros
pagados por preparatorios.
5. Acuerdo No 14 de noviembre de 1997 en
la cual se señala la exigencia de exámenes preparatorios como requisito de
grado, se definen y se señala que serán aplicados a estudiantes y egresados no
graduados.
6. Acuerdo No 15 de diciembre de 2002 en
el cual reitera la exigencia señalada en el Acuerdo No 14 de 1997 y redefine
algunos aspectos conceptuales.
Insistencia para la selección de los expedientes
T-731921, T-732143 y T-737573
La
Defensoría del Pueblo insistió en la selección de los casos señalados por
considerar que la Corte debería definir cuál era el alcance de la sentencia
C-1053 de 2001 con respecto a la obligatoriedad de los exámenes preparatorios,
puesto que aún no se había precisado si la referencia a la posibilidad de que
las universidades consagren exámenes preparatorios para otorgar el título de
abogado constituye ratio decidendi de la sentencia o únicamente es obiter
dicta.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
A. COMPETENCIA
La
Corte Constitucional es competente para revisar  los presentes fallos de
tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, el decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes. Además, se ha ordenado la acumulación de los respectivos
expedientes.
B.        TEMAS JURIDICOS A TRATAR
La Corte
Constitucional determinará (I) si el juez de tutela puede adicionar su
sentencia. Dilucidado lo anterior se analizará el tema central que motiva las
sentencias objeto de revisión: (II) si, en el estado actual de cosas, presentar
preparatorios cuando la respectiva Universidad tiene señalado este requisito en
su normatividad interna constituye una vulneración a los derechos fundamentales
a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, o es un
ejercicio legítimo de la autonomía universitaria. Por último, (III) se
determinará si un juez de tutela, diferente a la Corte Constitucional puede
determinar efectos inter comunis a su sentencia.
I.  El juez de tutela no puede adicionar su
propio fallo
El artículo 86 de la Constitución Política
determina que una vez promovida la acción de tutela el juez debe proferir fallo
de primera instancia en el plazo de diez días. Con posterioridad a dicha
sentencia, si hubiere impugnación, el juez debe remitir el expediente al
superior jerárquico correspondiente, quien dispone de veinte días para decidir.
Es un término improrrogable.
Vencido el plazo de los veinte días o
proferido el fallo, bien sea revocatorio o confirmatorio, “dentro de los
diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el Juez
remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”
(artículo 32 del decreto 2591 de 1991). Es decir que,  después de la
fecha del fallo de segunda instancia, no hay lugar a actuación alguna diferente
a la de notificación de la sentencia y remisión del expediente a la Corte
Constitucional. Por consiguiente, no hay lugar para la adición de sentencia.
El objetivo de la segunda instancia es confirmar la decisión
del a-quo, o modificarla o revocarla, si el fallo impugnado carece de
fundamento. Así lo determina el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. La
“adición” no se ha establecido en norma alguna del decreto en mención. Si se
incurrió en alguna omisión  por el juzgador de instancia, la vía adecuada para
subsanarla es la revisión ante la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional ha admitido que puede existir
corrección de sentencia, cuando se incurre en errores mecanográficos. Por
ejemplo, en la sentencia T-007 de 1995, la Sala corrigió la sentencia ordenando
el cambio de la página a fin de incluir lo omitido y lo hizo por medio de auto
de 26 de enero de 1995. Esta situación  es muy diferente a lo planteado
respecto de la sentencia T-238 de 1994, cuya complementación se
pidió por el solicitante de la tutela. La Sala de Revisión, mediante simple
auto de 30 de noviembre de 1995, con ponencia del Magistrado Jorge Arango
Mejía, negó tal solicitud.
Es importante resaltar que el Decreto 2591 de 1991  señala el
procedimiento de la tutela. La remisión al Código de Procedimiento Civil está
mencionada en el decreto 306 de 1992, pero únicamente respecto de “los
principios generales del Código de procedimiento Civil, en todo aquello en que
no sean contrarios a[l decreto 2591 de 1991]”, no respecto de todas las
normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 4° del Código de
Procedimiento Civil, dice en su parte final: “...Las dudas que surjan en la
interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se
cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de
defensa y se mantenga la igualdad de las partes”.  No puede considerarse
como  principio general del proceso la facultad de adición de fallos.
Lo anteriormente señalado no obsta para que el juez de tutela
pueda tomar decisiones con respecto al caso, con posterioridad a la sentencia,
si éstas son relativas a la garantía del cumplimiento de la sentencia. Lo
anterior en virtud de la competencia señalada en el Decreto 2591 de 2001,
artículo 27:
“Artículo 27.
Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior
del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras
cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere
procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para
el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia”.
El juez de tutela también es competente, con posterioridad a
la sentencia, de conocer del incidente de desacato. Con respecto a las
facultades del juez consagradas en el artículo 27 y a la competencia para el
mencionado incidente ha señalado la Corporación que:
“La parte
resolutiva de un fallo de  tutela expresamente contiene la orden que debe ser
cumplida.
La autoridad que brindó la protección tiene
competencia para la efectividad del amparo al derecho conculcado. Como
principio general,  es el Juez de primera instancia el encargado de hacer
cumplir la orden impartida, así provenga de fallo de segunda instancia o de
revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a
cabalidad. Como corolario de incumplimiento puede surgir el incidente de desacato.
Pero cumplimiento y desacato son dos instrumentos  jurídicos diferentes.
No siempre
coinciden el juez que tramita el desacato y quien hace efectivo el
cumplimiento. Un ejemplo es el trámite de desacato ante la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes cuando el remiso goce del beneficio
de fuero constitucional (magistrados de las Altas Cortes) mientras que el
trámite del cumplimiento se mantiene en el juez de tutela de primera instancia.
Otro caso ocurre si el incumplimiento proviene de las Corporaciones que son
superiores en la respectiva jurisdicción, y, en consecuencia, la Corte
Constitucional, como cabeza de la jurisdicción constitucional, defensora de la
integridad de la Constitución Política, hace cumplir la orden, siempre y cuando
haya sido la Corte Constitucional la que concedió la tutela. Esta competencia
se sustenta en el efecto útil de las sentencias y en el artículo 23 del decreto
2591 de 1991 al cual no   se le  puede dar una interpretación restrictiva.
Cuando hay incumplimiento  deliberado de
una orden de dar o de hacer o de no hacer,  el juez que tenga competencia hará
cumplir la orden con fundamento en los artículo 23 y 27 del decreto 2591 de
1991. Si adicionalmente  se  ha  propuesto el incidente de desacato, aplicará
la sanción teniendo en cuenta que en éste la responsabilidad subjetiva.
Cuando la obligación es de dar, el juez
competente hará de todas maneras cumplir la orden. Sin embargo, debe examinar
si hay o no responsabilidad subjetiva, para efectos del desacato.
Cuando
se trata de una obligación de hacer, por ejemplo proferir un acto
administrativo,  el incumplimiento acarrea no solo el incidente de desacato,
sino especialmente el ejercicio de todas las medidas que los artículos 23 y 27
del decreto 2591 de 1991 señalan.  El Juez debe apreciar que  la respuesta del
obligado no sea simplemente formal, porque aún con la expedición de un acto
administrativo se puede  mantener la violación del derecho fundamental, o se
puede incurrir  en la violación de otro u otros derechos fundamentales.
El
juez analizará, en el caso concreto, si la orden de tutela se cumplió o no.
Si
no se ha cumplido, no pierde la competencia hasta su cabal cumplimiento.
Si
considera que la orden ya se cumplió, cesa en su competencia y por consiguiente
también finaliza el incidente de desacato que estuviere en trámite.”[1].
Autonomía universitaria y posibilidad de
fijación de requisitos de grado
1. Riesgo social del ejercicio de
ciertas profesiones y papel de las universidades en su manejo
Es obligación del Estado y de las
instituciones educativas velar para que se dé una educación sujeta a los
parámetros de la Constitución y con una calidad que no ofrezca riesgos para la
sociedad. La exigencia de requisitos para optar un título implica para la
sociedad una garantía de que el titular del diploma es competente para laborar
en el área que cursó sus estudios universitarios. Buscar lo anterior es
obligación no sólo del Estado, sino del aspirante al título y de la entidad que
lo otorga.
En los incisos 5º y 6º del artículo 67 de
la C.P. se establece:
“Corresponde
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y
las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley”.
A su vez, el artículo 69 de la
Constitución consagra la autonomía universitaria:
“Se
garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley (...)”.
La Corte definió la autonomía universitaria
como la “(..) capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
administrativa y por ello al amparo del texto constitucional cada institución
universitaria ha de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y
regirse conforme a ellas; designar sus autoridades académicas y
administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas
y culturales; otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus
profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión
social y de su función institucional.”[2]
Como se aprecia, es la Universidad la que
define los criterios y elementos del sistema de calificación de los
estudiantes. No podía ser de otra manera porque la propia Universidad tiene la
responsabilidad institucional y de garantizar la idoneidad de sus alumnos y
egresados. Además, a la sociedad le interesa que el servicio público de la
educación sea eficiente, lo cual implica la necesidad de que no se  ponga en riesgo
el funcionamiento de la comunidad cuando los alumnos culminen sus estudios y
salgan a interactuar en el mundo profesional. Debe entenderse por riesgo, la
probabilidad de que en el ejercicio de la profesión se produzca un efecto
indeseado en  razón a la falta de idoneidad.
Por ejemplo,
en la sentencia C-505 de 2001, en la cual se estudiaba la exequibilidad de una
norma que exigía título profesional para el ejercicio de la biología, se dijo
que la aplicación de los conocimientos científicos  afectaba directamente la
realidad circundante, porque la interpreta y transforma, y por tanto los
resultados científicos tenían consecuencias en la noción social del entorno.
Dijo la sentencia que “se sabe que esa influencia, provechosa y útil en los
más de los casos, puede devenir en perjudicial para el ser humano.”
También se ha considerado que “[l]as
labores propias de los contadores implican un riesgo social dada su
trascendencia e importancia y por ello el legislador ha querido que sea una
profesión regulada con sumo cuidado”. Así lo señaló la sentencia C-670 de
2002. Por tanto esta carrera requería de título profesional para su ejercicio.
En la sentencia C-1213 de 2001 se consideró
que el ejercicio de la topografía implicaba un riesgo social y por tanto requería
de título profesional para que con este se acreditara la idoneidad de quien
pretendiera ejercer dicha profesión.
Ahora, para la Corte es claro que una vez
identificada la posibilidad de existencia de riesgo social para que el
legislador entre a regular el ejercicio de una determinada labor, se necesita
que  “la actividad gener[e] (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) que
es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica
específica.”[3]
2. Las universidades pueden exigir
requisitos que garanticen la mejor calidad de la educación de sus estudiantes
2.1. En conexión con lo anterior, la Corte
ha considerado que las entidades de educación superior, en desarrollo de su
autonomía universitaria, están facultadas para tomar medidas en su normatividad
interna que garanticen una mejor calidad de la educación. Eso en virtud del rol
que posteriormente el profesional va a jugar en la sociedad. Por ejemplo, en
una ocasión en la cual se analizaba la legitimidad de la fijación de un
determinado promedio de calificaciones para los estudiantes dijo la
Corporación:
“Los establecimientos de educación superior
mediante la  expedición de sus normas, en virtud de la garantía institucional
de la autonomía, deben procurar por la calidad de la educación. De ahí la
importancia de la autorregulación universitaria para que, en ejercicio de la
misma, se señalen unas pautas mínimas para que la enseñanza responda a las
expectativas y necesidades sociales, dicho en un concepto de calidad de la
educación que también tiene consagración constitucional. Por tanto, la conducta
de la Universidad de Sucre no lesiona el derecho a la educación, pues no está
impidiendo el acceso de los estudiantes a la Universidad, sino procurando el
respeto a la calidad académica, que es consustancial a la naturaleza y función
de la universidad”[4](subrayas ajenas al texto)
Posteriormente, se determinó este alcance
de la autonomía para obtener una mejor calidad de los estudiantes en los
siguientes términos:
“La
universidad hace suyo el poder propio del saber, pero sin menoscabo de los
valores consagrados constitucionalmente. Esto no obsta para que las universidades
en procura de formar individuos en la ciencia y el saber determinen los
mecanismos académicos capaces de comprobar la idoneidad del educando. En
efecto, la Universidad debe trasmitir al interior de la comunidad universitaria
los mayores niveles de exigencia, en razón de obtener una integral formación.
Razón por la cual los reglamentos académicos señalan las reglas de juegos a las
que se compromete el estudiante una vez éste por su propia voluntad decide
ingresar a la institución, previo proceso de selección efectuado por el
establecimiento universitario.”[5]
En procura de un mejoramiento académico de
los egresados, también se ha considerado legítima la exigencia del dominio de
un determinado idioma. La Corte ha considerado que “la decisión en cuestión
no transgrede desproporcionada e irrazonablemente los derechos fundamentales de
la accionante, como quiera que se fundamenta en una política loable de mayor
preparación para la práctica de la tecnología en administración financiera.”[6]
Dentro de las exigencias establecidas en
ejercicio de la autonomía universitaria también se encuentra la imposición de
un horario más estricto para los alumnos que cursan determinados estudios, en
búsqueda de una óptima formación de los profesionales. La Corte encontró
razonable ese tipo de exigencias para los estudiantes que se especializaban en
un área de la salud, en virtud de la responsabilidad social de  esta profesión.
Al respecto dijo:
“la exigencia a que se encuentran sometidos
los profesionales de la salud -no sólo de los médicos residentes que interponen
esta acción, sino de los demás estudiantes y los mismos facultativos- resulta
más intensa que la de otras profesiones liberales; pero también debe admitirse
que la responsabilidad que recae sobre ellos, es sin duda enorme: la
preservación de la salud y de la vida. Esto lo saben los estudiantes cuando
ingresan a las aulas y lo viven a lo largo de su carrera, como una realidad
impuesta por su vocación médica.
Pero además, en el caso particular, el
requisito de los horarios era una exigencia conocida por los aspirantes al
título de especialista de la Universidad del Valle, quienes voluntariamente
decidieron adelantar sus estudios allí y no en otra institución que pudiera
ofrecerles horarios más laxos.
En estas
condiciones, para la Sala resulta justificado y razonable que el programa
académico de especialización de la institución accionada contenga las
exigencias horarias aquí comentadas, pues además de hacer parte de los
puntos cuya regulación está sometida a la autonomía de la institución,
reflejan el interés de la misma por impulsar médicos de alta competencia
profesional.[7]”(subrayas
ajenas al texto)
2.2. En esa medida, la Corte considera que
las universidades, orientadas por el propósito de garantizar una óptima calidad
de formación de sus egresados, pueden exigir exámenes preparatorios, diferentes
tipos de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración satisfactoria del
dominio de un idioma, como requisito de grado, siempre y cuando sean razonables
y respeten la Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos erga
omnes desde la fecha en la que fue proferida.
Esta potestad encuentra su sustento directo
en la autonomía que la Constitución les reconoce y en el deber institucional
que la misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las instituciones
educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad profesionales de
óptimas calidades en virtud del riesgo social que implica el ejercicio de
profesiones como la abogacía.
Para el caso en estudio, es de
trascendental importancia señalar que la Corte ya había conocido de un caso en
el cual para la obtención del grado universitario se exigía la presentación de
un examen preparatorio una vez terminadas las materias del pénsum académico. En
la sentencia T-870 de 2000, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero se
estudiaba la situación de dos alumnas de  fisioterapia cuya institución
universitaria había establecido la presentación de un preparatorio.
Ellas alegaban que tal obligación no las
cubría porque para el momento en que habían ingresado a la carrera este
requisito no estaba vigente y ellas había empezado a desarrollar, con aval de
la universidad, el trabajo que anteriormente se tenía como único requisito de
grado.
La Corte señaló primero que “la
Universidad puede libremente colocar nuevos requisitos razonables dentro de sus
expectativas académicas, - como por ejemplo el preparatorio que se indica -,
pero sin desvirtuar los derechos ya consolidados de algunos estudiantes que se
acogieron de buena fe a las opciones establecidas  por la misma Universidad
durante mas de cuatro semestres, al cursar la materia denominada "Programa
Fin de carrera" para lograr el título académico. Otra cosa ocurriría
frente a los estudiantes que no hubiesen optado por la opción en mención, no
hubiesen cursado las materias correspondientes y no hubiesen pagado por los
derechos acreditados en la opción A.”(resaltado ajeno al texto);
posteriormente, en el análisis de los casos concretos encontró que una de las
estudiantes había solicitado reintegro a la universidad y para hacerlo la
institución había exigido acogerse a las normas vigentes, entre ellas la
exigencia de preparatorio. En esa medida a ella sí le eran exigibles tales
exámenes, mientras que a la otra alumna no, porque la cobijaba la normatividad
anterior. Es de resaltar que en esta ocasión la obligación había sido impuesta
directamente por la Universidad, sin que la ley previamente la hubiera señalado
como requisito de grado para fonoaudiología, tal y como ocurre en los casos
bajo estudio.
Se hace necesario reiterar que las
universidades, en ejercicio de su autonomía constitucionalmente garantizada no
sólo pueden imponer exámenes preparatorios, sino diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la profundización en
determinados temas, o –como ya lo  ha reconocido la jurisprudencia de la
Corporación antes citada- la demostración satisfactoria del dominio de un
idioma, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución Política.
Estos requisitos impuestos por las universidades para la obtención del grado
académico deben cobijar por igual a todos los estudiantes de la institución.
Ahora bien, las universidades puedan
establecer diversos requisitos de grado académico, sin perjuicio de los requisitos
para el ejercicio de la profesión que establezca la ley, conforme al artículo
26 de la Constitución. Los requisitos para el ejercicio de la profesión de
abogacía son iguales y derivan de la ley, conforme a la Constitución, artículo
26.
3. La sentencia C-1053 de 2001 avaló de manera clara y expresa la
posibilidad de que las universidades fijaran exámenes preparatorios como
requisito para obtener el título de abogado
En
consideración de la autonomía universitaria, la sentencia C-1053 de 2001,
Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis, dejó claro que si bien la Ley 552,
artículo 2º había derogado en su totalidad el artículo 19 de la Ley 446 de
1998, el cual fijaba de manera expresa los exámenes preparatorios como
requisito de grado, las universidades podían establecer dichas pruebas para
otorgar el título de abogado. Dijo la Corporación:
““No obstante, habiendo establecido la Corte que
dichos exámenes no se encuentran entre los requisitos impuestos por el
legislador para que las universidades puedan otorgar el título de abogado –aunque
pueden estar consignados en los planes de estudios diseñados y desarrollados
por las universidades con el [fin de otorgar el título de abogado]-
corresponde evaluar la constitucionalidad de la distinción existente, en cuanto
impone a algunos de los estudiantes que culminaron las materias del plan de
estudios de derecho, optar por la elaboración de una monografía jurídica o el
desempeño de la judicatura.”
(...)
No obstante cabe precisar que los establecimientos
educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de
abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros requisitos
distintos a los vigentes para otorgar el título de abogado de acuerdo
con sus planes de estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y
propósitos de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les
reconoce artículo 69 constitucional.”(subrayas ajenas al texto)
De lo trascrito se puede afirmar que las
universidades pueden incluir en sus planes de estudio los exámenes
preparatorios y de ser esto así estas pruebas se hacen obligatorias para
obtener el grado.
No obstante, para precisar lo determinado
por la Corte, la Sala considera necesario, primero, fijar el alcance de la
expresión planes de estudio y, segundo, clarificar si lo expuesto en la
sentencia con respecto a la facultad de incluir los preparatorios como
requisito de grado es o no vinculante.
La Ley 115 de 1994, o ley general de
educación, establece en su artículo 79 que el plan de estudios  “es el
esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas
optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de
los establecimientos educativos.
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por
niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los
criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo
Institucional y con las disposiciones legales vigentes.”
A su vez, el artículo 76 de la Ley general
de educación define currículo como “el conjunto de criterios, planes de
estudios, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.”
Es decir, dentro del currículo que es el
conjunto de elementos que contribuyen a la formación integral, a la
construcción de la identidad cultural, y demás aspectos señalados en el
artículo 76 se encuentra el plan de estudios que está compuesto por los campos
de conocimiento o áreas –símil que se puede establecer tomando en cuenta el
artículo 23 de la Ley en mención-. Si el concepto plan de estudios se toma en
sentido estricto (el señalado en la ley), se observa que dentro de éste no se
podrían incluir los exámenes preparatorios puesto que si bien estos evalúan
áreas, como conjunto de asignaturas vistas en la carrera de derecho, no
constituyen un área de la carrera de derecho. La conexión entre plan de
estudios y exámenes preparatorios se daría en la medida en que los segundos son
la evaluación posterior a la terminación del plan de estudios, en sentido
estricto, pero no en la inclusión expresa de los primeros dentro del plan.
Así las cosas, en aplicación del criterio
hermenéutico del efecto útil, se debe entender que si la Corte se refirió a la
posibilidad de inclusión de los exámenes preparatorios en el plan de estudios,
no utilizó esta expresión en el sentido estricto arriba señalado, sino que con
plan de estudios se refirió a la normatividad académica que rige la
institución. De otra manera hubiera sido en balde la preocupación por dejar en
claro que sí se podían exigir exámenes preparatorios como requisito de grado.
Una vez analizado el primer punto, se hace
necesario estudiar la segunda cuestión. A saber, si lo expuesto en la sentencia
con respecto a la facultad de incluir los exámenes preparatorios es o no
vinculante. Desde el planteamiento del problema jurídico de la sentencia C-1053
de 2001 se hizo expreso que  una de las finalidades del fallo era “dilucidar
qué requisitos para obtener el título de abogado están vigentes y a quién
corresponde cumplirlos”.  Dentro de tal problema jurídico, primero, la
Corte se puso en la tarea de establecer qué requisitos se habían exigido por
ley para obtener el grado de abogado en la historia legislativa colombiana.
Dentro de los requisitos de grado que había establecido la normatividad
colombiana, señaló en qué momentos fueron exigidos por ley los exámenes
preparatorios. Después de analizar que la Ley 552 de 1999 había derogado el
título I de la Ley 446 de 1998, estableció que, en la actualidad, los exámenes
preparatorios “no se encuentran entre los requisitos impuestos por el
legislador para que las universidades puedan otorgar el título de abogado”.
No obstante, acto seguido señaló que “pueden estar consignados en los planes
de estudio diseñados y desarrollados por las universidades con el [fin de
otorgar el título de abogado]”. Además, en el numeral 5º relativo a las
conclusiones de la sentencia reiteró la idea antes señalada.
Se podría argumentar que tales asuntos no
tienen relación con la parte resolutiva de la sentencia puesto que para
entender que la expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente
ley” –anteriormente contenida en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999- era
inexequible por vulnerar el derecho a la igualdad en la medida que los alumnos
que terminaron materias de la carrera de derecho antes del 30 de diciembre de
1999 tenían que cumplir o bien con una monografía o con la judicatura para poder
graduarse como abogados, mientras que quienes terminaron después de dicha fecha
no tenían tal obligación, no es necesario saber si las universidades pueden o
no fijar los exámenes preparatorios como requisitos de grado y que, en esa
medida, la referencia a estas pruebas, hecha en la sentencia, no es criterio
obligatorio.
No obstante, la Sala estima que lo
señalado por la Corte sí es vinculante  en la medida en que aclara que
el alcance de la norma bajo estudio que fija unos requisitos para obtener el
título de abogado no excluye la exigencia de otros requisitos para obtener tal
título. A este argumento se añade que la Corte, dentro del cumplimiento de sus
funciones, fija con criterio de autoridad el alcance de las disposiciones
constitucionales. Al señalar que las universidades pueden exigir preparatorios
en el ejercicio de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de
la Constitución, la Corte fijó la validez constitucional de esta forma de
ejercer tal facultad como doctrina constitucional que ante la inexistencia de
otra fuente aplicable, resulta vinculante. Esto limita cualquier otra
interpretación de su legitimidad.
Por otro lado, la Sala considera necesario
indicar que el hecho de que una norma señale una obligación a un sujeto no
implica que prohíba que otra norma señale más obligaciones  al mismo sujeto, a
menos que la competencia para establecer estas obligaciones esté radicada
exclusivamente en quien fijó la primera obligación. De la existencia de una
norma que establece mandato sólo se deriva la imposibilidad de existencia
simultánea de una norma que prohíba lo prescrito. En esa medida, del hecho de
que el legislador haya establecido que para obtener el título de abogado se
requería terminar materias y escoger entre la presentación de monografía o
judicatura, no se sigue necesariamente que esté prohibido que las universidades
exijan exámenes preparatorios para obtener el título de abogado. A eso se añade
que en el Congreso no radica  la competencia exclusiva para establecer
requisitos de grado; el artículo 26 de la Constitución le fija competencia
expresa para exigir títulos de idoneidad, pero no para fijar los requisitos de
obtención de tales títulos. Esto pueden hacerlo, dentro del límite de lo
constitucionalmente razonable, las universidades conjuntamente con el
legislador.
Por último, vale la pena señalar que el
entendimiento de la sentencia C-1053 de 2001 arriba señalado no es resultado
aislado de la lectura del fallo, sino producto de una interpretación sistemática
de la jurisprudencia de la Corte en la materia, la cual fue reseñada en el
numeral 2 de la presente sentencia.
4. Derecho a la educación implica el
deber de cumplir con los requisitos señalados en los reglamentos del
establecimiento educativo siempre que sean razonables y respeten la
Constitución Política
La educación es un derecho deber que
conlleva  el cumplimiento de las cargas que razonablemente haya impuesto la
institución. La Corte ha afirmado que no se puede considerar violado tal
derecho si no se ha cumplido con lo establecido en los reglamentos
universitarios. Ha dicho la Corporación:
“La Universidad, goza de autonomía para
determinar el nivel de exigencia de sus estudiantes y en razón a esto puede
determinar sobre cuáles parámetros, estarán diseñados los sistemas de
evaluación académica.
Si bien
existe el derecho a la educación como fundamental, dicho derecho comporta el
cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones para el estudiante, deberes y
obligaciones que cada centro universitario podrá, dentro de las órbita de su
autonomía y con respecto a la ley establecer en otras palabras, el goce de ese
derecho impone el cumplimiento de ciertos deberes como requisitos
indispensables para que pueda no solo acceder a un determinado establecimiento
educativo, sino pertenecer en él hasta la culminación de los estudios que
hubiere iniciado.[8]
La jurisprudencia ha entendido que
“Los reglamentos se instituyen, en
ese orden de ideas, con el objeto de establecer pautas obligatorias de
la estructura interna de los centros educativos, acorde con su misión y fines,
así como regulatorias de las relaciones entre las partes del proceso educativo,
para facilitar los logros del desarrollo de la formación académica de los
educandos, en particular, y del proceso educativo, en general, lo cual redunda
en la vigencia del derecho a la educación de todos los estudiantes.”[9]
Así, una vez el alumno se matricula en
determinada institución educativa de carácter universitario adquiere la
obligación de cumplir con lo indicado en los reglamentos[10] educativos dispuestos
en ejercicio de la autonomía universitaria, y la Universidad, en la medida en
que esto se cumpla, queda obligada a suministrar la educación en la forma
ofrecida en sus programas. Los reglamentos universitarios son normas
vinculantes para la comunidad educativa.
III. Efecto de los fallos de tutela
Según el artículo 1° del decreto 2591 de 1991 “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,.... la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales..”  El
artículo 10 del mismo decreto al hablar de la legitimidad para instaurar la
acción, la limita a “... cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará  por sí misma o a través de
representante”.  De lo anterior se deduce, a primera vista, que el efecto
del fallo de tutela proferidos en instancia es “inter partes”.
Sin embargo, el inciso final del artículo 24 del decreto 2591
de 1991 permite lo siguiente:
“El
juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere
adecuado para evitar la repetición de la misma acción y omisión”.
Es por eso que en ocasiones se hacen llamados a prevención.
Esta facultad puede ser utilizada por el juez de instancia y el juez de
revisión, pero no se puede confundir con un “efecto erga omnes”.
Empero, tratándose de una sentencia de revisión de la Corte
Constitucional, la situación es diferente porque la Corporación, como guardiana
de la Constitución, puede ir mas allá del simple efecto inter partes y de los
llamados a prevención por lo siguiente:
a.  El interés principal de la revisión es el de unificar la
jurisprudencia y dar pautas en la defensa de los derechos fundamentales, por
eso, cuando hay modificación de un criterio jurisprudencial la determinación
debe tomarse por Sala Plena. Por la misma razón todos los jueces deben respetar
la posición que la Corte adopte porque sería un absurdo que la jurisprudencia
sólo incidiera en las decisiones de la propia Corte Constitucional y no de la
totalidad de los integrantes de la jurisdicción constitucional.
Las salas de revisión
de la Corte Constitucional están llamadas a guardar fidelidad a la doctrina de
la Corporación, pues no de otro modo se explica que el artículo 34 del decreto
2591 de 1991 disponga que ‘Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos
por la Sala Plena de la Corte, previo el registro del proyecto de fallo
correspondiente’.
Los jueces de tutela,
deben  atenerse a las pautas doctrinales elaboradas por la Corte, como
resultado de la interpretación de las normas que consagran los derechos
constitucionales fundamentales. Esto tiene que ver con la unidad de la
jurisdicción constitucional, en su aspecto material. Adicionalmente, con la
certeza del derecho y la seguridad jurídica que, al realizarse, contribuyen a
la finalidad última de la unificación que es la real vigencia de los derechos
fundamentales de los asociados, en condiciones de igualdad.
b. No tiene sentido que se fallen  tutelas
de manera distinta para casos iguales al que ya haya sido fallado por la Corte
Constitucional. Si las ramas del poder público deben actuar armónica y
coordinadamente (artículo 113 C.P.), con mayor razón los jueces
constitucionales tratándose de la protección de los derechos fundamentales. No
tiene presentación que la Corte Constitucional tenga que estar revisando fallos
que no se ajustan a su jurisprudencia permanentemente, para reiterar lo que ha sido
determinado no solo en sentencias de tutela, sino en sentencia de
constitucionalidad, que produce efectos de cosa juzgada constitucional.
Ya, en ocasiones, se han dado  órdenes
generales para evitar la repetición de violaciones a los derechos fundamentales
(T-068/98, SU-225/98, SU-559/97, entre otras). Este proceder se ubica, también,
dentro de la búsqueda de la igualdad.
c. La Corte Constitucional, en auto 071 del
27 de febrero[11],
habló del efecto inter pares, es decir que una jurisprudencia  surte
efectos respecto de todos los procesos semejantes para asegurar la efectividad
del principio de supremacía constitucional. En los términos de la propia Corte
Constitucional:
“Los efectos
inter pares también aseguran que, ante la evidencia del profundo, grave,
generalizado y recurrente perjuicio que para el goce de los derechos
fundamentales ha tenido la aplicación de normas administrativas contrarias a la
Constitución, la Corte Constitucional como órgano del Estado al cual se le ha
confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, cumpla su
misión de asegurar la efectividad de los derechos y principios constitucionales,
como lo ordena el artículo 2 de la Carta a todas las autoridades del
Estado......
Es cierto
que los jueces son independientes, pero su independencia es para aplicar las
normas, no para dejar de aplicar la Constitución (artículo 230 de la C.P.). Un
juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y
mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la
Constitución...
Finalmente, no sobra recordar que dentro
del sistema Europeo Continental de control de constitucionalidad, precisamente
debido a sus elementos concentrados dominantes, la regla general cuando una
Corte Constitucional ejerce, no el control abstracto de normas, sino el control
concreto de constitucionalidad, es que sus providencias también tienen efectos
erga omnes. Esa es la regla general adoptada en los países europeos donde
existe un control concreto de constitucionalidad independientemente de las
características especificas de los diversos mecanismos para desencadenarlo. Hay
dos excepciones, la belga y la portuguesa. Sin embargo, en estos dos países
existen procedimientos para asegurar que los efectos del control concreto no
sean exclusivamente inter partes.”
Por otro lado, en la sentencia SU-1023 de
2001, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, se decretaron efectos inter
comunis con respecto a los pensionados de la Flota Mercante Gran Colombiana
a los cuales se les adeudaban varias mesadas pensionales, para que la orden de
la sentencia que pretendía proteger los derechos fundamentales de los accionantes
se extendieran también a todos los exfuncionarios de la entidad accionada que
se encontraran en la misma situación. Dijo la Corporación:
“En esta oportunidad la decisión de la
Corte señala efectos inter comunis frente al proceso de liquidación obligatoria
de la CIFM, en consideración a que todos los pensionados pertenecen a una
comunidad, en situaciones de igualdad de participación, y con el fin de evitar
entre ellos desequilibrios injustificados. Los beneficios de la decisión se
extienden a todos aquellos que ostentan la calidad de pensionados de la
Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria,
en forma independiente de su inclusión o no en el Auto de Calificación y
Graduación de Créditos proferido por la Superintendencia de Sociedades del 3 de
agosto de 2001. Así mismo, cobija a los futuros pensionados cuyo pago de
mesadas pensionales quede a cargo de la CIFM.”
En uno de los casos que motiva la presente
sentencia, se quiso, por el juez de segunda instancia, en un pronunciamiento
cuestionable, como ya se indicó antes, darle efectos inter comunis a su
decisión. La Corte advierte que no corresponde al ad-quem tomar esta clase de
decisiones. Puede ser atribución de la Corte, ya que ella puede señalar el
alcance de sus sentencias y lo hará para evitar proliferación de decisiones
encontradas, o equivocadas. Por consiguiente, determinar que la jurisprudencia
que sustenta el presente fallo y la decisión que se tomará, produce efecto
inter pares y, por tanto, debe ser aplicada a todos los casos que reúnan
los supuestos legales analizados en esta sentencia.
IV. Estudio de los casos concretos
En
la presente ocasión, la Corte Constitucional negará la tutela a los derechos a
la educación, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la igualdad, de
los señores Fernando Albeiro Araujo Ordóñez, Manuel Antonio Dueñas Narváez,
Ángel Francisco Ramírez López, Zuleny Marina Duarte Fajardo, y María del
Rosario Garzón de Barahona por considerar que (i) las universidades, en
ejercicio de la autonomía universitaria, tanto antes como después de la
sentencia C-1053 de 2001, podían y pueden fijar exámenes preparatorios, cursos,
otros exámenes de comprobación de conocimiento, exigencia de idiomas, u otros
requisitos, como requisito de grado para obtener el título de abogado , (ii) en
el momento de ingresar a cursar sus estudios de derecho, los accionantes
adquirieron la obligación de cumplir las normas de la universidad dentro de las
cuales estaba la presentación de preparatorios, y (iii) entrando al estudio
particular de los derechos fundamentales invocados no se encuentra que ninguno
de éstos se encuentre vulnerado con la exigencia de las universidades. Por otro
lado, la Corte estima necesario señalar que (iv) se hace indispensable dejar sin
efectos la aclaración de sentencia del Juez 4º Civil del Circuito de Tunja
proferida el 28 de marzo de 2003, y las actuaciones que se hayan surtido en su
cumplimiento, porque el funcionario judicial carecía de competencia para
aclarar su sentencia y, aún más, para fijar efectos inter comunis a un
fallo de tutela.
(i)
La sentencia C-1053 de 2001 no sólo autorizó a futuro la exigencia de exámenes
preparatorios como requisitos para obtener el título de abogado, así la ley ya
no los fijara como requisito, sino que avaló el establecimiento que de éstos
hubieran hecho, o fueran a hacer, las universidades en su normatividad interna.
La
Sala observa que todas  las universidades accionadas podían exigir exámenes
preparatorios en virtud de que dentro de su normatividad consagran desde
tiempos remotos la exigencia de exámenes preparatorios.
Por
ejemplo, la Universidad Cooperativa de Colombia ha fijado desde 1993 hasta la
actualidad la obligación de presentar exámenes preparatorios. En efecto, la
Resolución No 028 de 1993 –reglamento de la Universidad-, artículo 107, el
acuerdo No 02 de 1994, artículo 1º, la Resolución rectoral No 266 del 28 de
julio de 1998, la Resolución rectoral No 285 del 28 de septiembre de 1998 y la
reciente Resolución rectoral No 517 del 27 de marzo de 2001 fijan la exigencia
de exámenes preparatorios para obtener el título profesional.
Por su parte, la Fundación Universitaria
de Boyacá, ha fijado la exigencia de preparatorios, desde el año 93, en las
siguientes normas artículo 96 del Acuerdo No 0016 de noviembre 16 de 1993:
“para obtener cualquier título en la Institución el candidato deberá cumplir
con los siguientes requisitos:  (...) presentar y aprobar los preparatorios en
la carrera que los requiera.” Esta norma fue reproducida en los acuerdos 048
del 3 de mayo de 1995, artículo 96; 0078 de 26 de  junio 1996, artículo 96;
0097 del 11 de  abril 1997, artículo 96, literal d.; 179 del 10 de diciembre de
1998, artículo 97, literal d; 215 del 30 de septiembre de 1999, literal d; 239
del 25 de mayo de 2000, artículo 97, literal d, 294 del 27 de abril de 2001,
artículo 97, literal d. (actual reglamento estudiantil de la fundación
Universitaria de Boyacá), y el Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002.
Por otro lado, la Universidad Libre,
seccional Cali, si bien no consagra los exámenes preparatorios como requisito
de grado desde el año 93, sí lo ha hecho desde 1997, a través del Acuerdo No
14, cuyas obligaciones se reiteran en el Acuerdo No 15 de 2002.
Así,
es claro que las disposiciones arriba señaladas, como normas vinculantes dentro
de la instituciones accionadas, determinadas en ejercicio de la autonomía
universitaria, han contemplado y contemplan legítimamente la exigencia de
exámenes preparatorios para obtener el grado de abogado.
(ii)
Como se dijo en la parte considerativa, los estudiantes tienen la obligación de
cumplir con los reglamentos de la institución educativa a la cual se vinculan,
los cuales pueden cambiar o modificar a lo largo de la carrera siempre y cuando
se respeten los derechos de los estudiantes y el principio de  buena fe. Todos
los accionantes del presente proceso aceptaron al firmar sus matrículas
universitarias la obligación de presentar los exámenes preparatorios en la medida
en que ésta estaba señalada dentro de las normas de las diferentes
universidades accionadas. No consta en el expediente ninguna reserva realizada
por los peticionarios con respecto a la presentación de exámenes preparatorios.
Los
estudiantes tenían pleno conocimiento de las normas que regían en su
institución desde el momento de su ingreso. No se les está imponiendo
obligación alguna de manera retroactiva puesto que desde el primer semestre de
universidad de los peticionarios se exigía la presentación de exámenes
preparatorios, y en ningún momento tal exigencia fue derogada por las entidades
accionadas, como se deduce de la relación de normas anteriormente realizada.
El
señor Fernando Albeiro Araujo Ordóñez cursó sus estudios en la Universidad
Cooperativa de Colombia desde 1995 hasta 1999. Como se señaló con anterioridad,
esta Universidad ha señalado desde 1993, y de manera ininterrumpida, la
exigencia de preparatorios para optar por el título de abogado. Por tanto el
señor Araujo está en la obligación de cumplir con los mencionados requisitos
para poder graduarse.
El
señor Manuel Antonio Dueñas Narváez  ingresó a la Universidad Cooperativa de
Colombia el 1º de febrero de 1994 y terminó de cursar estudios en 1998. Al
igual que el accionante arriba mencionado, lo obliga la normatividad de la
institución universitaria, y para obtener su grado profesional debe primero
cumplir con la obligación de los exámenes.
El
señor Ángel Francisco Ramírez López inició sus estudios de derecho en la
Fundación Universitaria de Boyacá en el primer semestre de 1994 y  los culminó
en 1999; desde el inicio de sus estudios, según consta en los recibos de
matrícula anexados en el expediente, él se comprometió al cumplimiento de la
normatividad interna de la universidad. Ésta ha fijado desde 1993, y de manera
ininterrumpida hasta la fecha, la exigencia de exámenes preparatorios para la
obtención del título de abogado. Por tanto, tal exigencia debe ser cumplida a
cabalidad. En este caso hay prueba de que el accionante consideraba tan
vinculantes las normas, que ya había presentado en dos ocasiones exámenes
preparatorios. No puede entrar a desconocerlas en la actualidad, puesto que las
normas que lo vinculan no han variado hasta el momento.
Por
otro lado, Zuley Marina Duarte Fajardo ingresó a la Universidad Cooperativa el
1º de febrero de 1994 y terminó sus estudios en 1998, al igual que María del
Rosario Garzón Barahona. Al igual que los demás estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia accionantes en la presente tutela, ellas están
vinculadas por las normas que señalan, desde el 93, y tienen la obligación de
presentar preparatorios.
Por
último, el señor Luis Fernando García Hernández inició sus estudios en
diciembre de 1996; sólo un año después, en noviembre de 1997, la Universidad
impuso el requisito de la presentación de exámenes preparatorios. Desde ese
momento se hicieron exigibles para él tales pruebas.
(iii)
La Sala, después de encontrar plenamente legítima la exigencia de preparatorios
como requisitos de grado, considera necesario descartar la existencia de
vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de escoger profesión u
oficio, el trabajo –que se manifestaría en este caso en la libertad de ejercer
profesión u oficio- y la educación, para los casos en estudio.
En ningún momento se vio limitada la
libertad de escoger profesión u oficio de los accionantes. La jurisprudencia de
esta Corporación ha entendido que la libertad de escoger profesión u oficio
consiste en “un acto de voluntad, cuyo límite es la elección entre lo
legalmente factible”[12].
En los presentes casos, esta libertad no se vio siquiera limitada[13]. En efecto, cada uno
de ellos pudo ingresar y cursar a satisfacción todas las materias del pénsum
académico necesarias para la formación de un abogado, incluyendo consultorio
jurídico y judicatura -aspectos que mezclan lo laboral con lo académico-. Ni la
Universidad Cooperativa de Colombia ni Uniboyacá pusieron trabas al desarrollo
académico de los peticionarios. Por tanto, se negará la tutela de este derecho
por ausencia de violación o limitación.
El derecho al trabajo, como libertad de
ejercer profesión u oficio,-que en este caso se alega vulnerado por la
imposibilidad de ejercicio que implica el no tener título- es regulable en los
términos de la Constitución. Así, el artículo 26 señala que “la ley podrá
exigir títulos de idoneidad”. En consecuencia, toda persona que quiera ejercer una
profesión que exija título universitario debe obtener éste. Como ya se dijo,
las Universidades, en ejercicio legítimo de su autonomía, pueden establecer
requisitos para la obtención de títulos. Por tanto, si se quiere obtener el
título para poder ejercer una profesión de una manera válida, se debe, primero,
cumplir con los requisitos de grado. Esta exigencia no ha sido cumplida aún por
los accionantes. En el momento en que cumplan con la presentación y aprobación
de exámenes preparatorios, en virtud de que ya completaron los demás requisitos
de grado, podrán obtener su título de abogados. Solamente pueden ejercer como
abogado quienes hayan demostrado su capacidad para hacerlo mediante la
presentación de las pruebas en estudio.
Se alega vulnerado el derecho a la
educación en virtud de que no han podido acceder a estudios de especialización
por no tener el título profesional. Como se ha señalado, el derecho a la
educación implica también el cumplimiento de deberes. En este caso se
evidencian dos, íntimamente relacionados que se hacen indispensables para
acceder a los estudios de postgrado. El primero: para el ingreso a la
especialización es necesario haber cumplido los requisitos para ser
profesional; y el segundo: para la obtención del título universitario se deben
presentar exámenes preparatorios, motivo por el cual las universidades
accionadas, en respeto de su normatividad interna, deben exigir, como al resto
del alumnado, la presentación de tales pruebas. No se puede pretender pasar a
estudios de postgrado sin haber sido antes graduado, con las obligaciones que
esto requiera.
Por otro lado, es necesario señalar que
ninguno de los peticionario probó haberse presentado a una Universidad para
cursar estudios de post grado o estar haciendo averiguaciones o trámites para
tal fin, y haber obtenido una negativa rotunda de todas las instituciones de
educación superior para iniciar estudios de especialización antes de obtener el
título.
(iv) Como se indicó en la parte
considerativa de la presente sentencia, los jueces de tutela no tienen la
posibilidad de adicionar sus sentencias. En esa medida, la providencia judicial
proferida por el Juez 4º Civil del Circuito de Tunja carece de validez.
Por otro lado, como igualmente se indicó en
las consideraciones de la presente sentencia, sólo la Corte Constitucional
puede decretar efectos inter pares o inter comunis a los fallos de tutela. En
esa medida el Juez mencionado extralimitó sus competencias y, por tanto, su
providencia deberá ser dejada sin efectos.
Además, puesto que la nulidad no es
sobreviniente sino que el funcionario que la profirió carecía de competencia
desde el momento en que se dictó la providencia, en aplicación del artículo 7º
del Decreto 306 de 1992 que dispone que "cuando el juez que conozca de
la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el
fallo de tutela que haya ordenando realizar una conducta, quedarán sin efecto
dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa
en cumplimiento del fallo respectivo."  se retrotraerán los efectos
surtidos en virtud de tal providencia, como en anteriores casos ha ordenado la
Corte[14].
Es decir, que todos los grados que se hayan surtido en la Fundación
Universitaria de Boyacá, en cumplimiento de la mencionada providencia, quedarán
sin efectos.
En aplicación del artículo 7º del Decreto
306 de 1992 también se dejarán sin efectos los grados de los accionantes de las
presentes tutelas, en caso de que estos ya se hayan surtido en cumplimiento de
las órdenes de tutela reseñadas en el acápite de decisiones judiciales.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Penal del
Circuito de Pasto del 17 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la
tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio del señor Albeiro Araujo Ordóñez.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Albeiro
Araujo Ordóñez, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia
del 17 de marzo de 2003 del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto.
TERCERO: REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Penal del
Circuito de Pasto del 17 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la
tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio del señor Manuel Antonio Dueñas Narváez.
CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Manuel
Antonio Dueñas Narváez, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la
sentencia del 17 de marzo de 2003 del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto.
QUINTO: REVOCAR la sentencia del Juzgado 4º Civil del
Circuito de Tunja del 20 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la
tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio del señor Ángel Francisco Ramírez López.
SEXTO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Ángel
Francisco Ramírez López, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la
sentencia del 20 de marzo de 2003 del Juzgado 4º Civil del Circuito de Tunja.
SÉPTIMO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia del Juez 4º Civil del
Circuito de Tunja del 28 de marzo de 2003 y, en consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS los grados de los estudiantes de la facultad de derecho que se
hayan surtido en la Fundación Universitaria de Tunja en virtud del cumplimiento
de tal providencia.
OCTAVO: REVOCAR la sentencia del Juzgado 3º Penal del
Circuito de Pasto del 28 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la
tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio de la señora Zuleny Marina Duarte Fajardo.
NOVEMO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogada de la señora Zuleny
Marina Duarte Fajardo, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la
sentencia del 28 de marzo de 2003 del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto.
DÉCIMO: REVOCAR la sentencia del Juzgado 3º Penal del
Circuito de Pasto del 9 de abril de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela
a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u
oficio de la señora María del Rosario Garzón Barahona.
DECIMOPRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogada de la señora María del
Rosario Garzón Barahona, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la
sentencia del 9 de abril de 2003 del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto.
DECIMOSEGUNDO: REVOCAR la sentencia del Juzgado 5º Penal del
Circuito de Cali del 2 de mayo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela a
los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u
oficio del señor Luis Fernando García Hernández.
DECIMOTERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Luis Fernando
García Hernández, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la
sentencia del 2 de mayo de 2003 del Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali.
DECIMOCUARTO: Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia, esta decisión produce efectos inter pares.
DECIMOQUINTO: Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de
1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia SU.783/03
AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Establecimiento de requisitos (Salvamento
de voto)
Las excepciones, sólo puede imponerlas el legislador y
que en esta materia existe la reserva de ley; es entonces, “el legislador el único
competente para establecer los títulos de idoneidad que deben acompañar en cada
caso el ejercicio de tareas que exigen formación académica”. Existiendo reserva
de ley, se tiene que solo el legislador puede exigir requisitos para el grado,
contrario sensu, ni el gobierno mediante decretos, ni las universidades, bajo
el pretexto de la autonomía universitaria, pueden exigir requisitos para el
grado no contemplado en la ley. La autonomía universitaria que permite a las
universidades darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, a mi
juicio, no puede ser el fundamento para que dichas instituciones académicas,
exijan los preparatorios, toda vez que este es un requisito para ejercer una
profesión que sólo puede establecer el legislador. Con todo, si se permitiera
que cada universidad estableciese unos requisitos de grado, de tal manera que
unas no exigieran preparatorios, otras solo algunos y otras, todos, se estaría
violando el artículo 13 de la Constitución, pues los requisitos de grado serían
diversos respecto de una misma profesión, en este caso, la de abogado.
Referencia: expedientes T-732143, T-
731921, T-737573, T-744470 , T-744456 y 750748
Peticionarios: Manuel Antonio Dueñas
Narváez y otros
Accionado: Universidad Cooperativa de
Colombia, Seccional Pasto, Fundación Universitaria de Boyacá –Uniboyacá- y
Universidad Libre, Seccional Cali
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con el acostumbrado respeto hacia las
decisiones proferidas por el pleno de esta Corporación, me permito explicar las
razones que me llevaron a salvar mi voto en el asunto de la referencia, que son
coherentes con nuestra posición adoptada en el salvamento de voto a la
Sentencia C-1053 de 2001.
1. En esta ocasión, la Corte
Constitucional negó la tutela a los derechos a la educación, a la libertad de
escoger profesión u oficio y a la igualdad, de los señores Fernando Albeiro
Araujo Ordóñez, Manuel Antonio Dueñas Narváez, Angel Francisco Ramírez López,
Zuleny Marina Duarte Fajardo y María del Rosario Garzón de Barahona por
considerar, entre otros aspectos que : “(i) las universidades, en ejercicio
de la autonomía universitaria, tanto antes como después de la sentencia C-1053
de 2001, podían y pueden fijar exámenes preparatorios, cursos, otros exámenes
de comprobación de conocimiento, exigencia de idiomas, u otros requisitos, como
requisito de grado para obtener el título de abogado , (ii) en el momento de
ingresar a cursar sus estudios de derecho, los accionantes adquirieron la
obligación de cumplir las normas de la universidad dentro de las cuales estaba
la presentación de preparatorios, y (iii) entrando al estudio particular de los
derechos fundamentales invocados no se encuentra que ninguno de éstos se
encuentre vulnerado con la exigencia de las universidades.
2. Contrario a lo resuelto por la Corte,
considero que esta Corporación debió proceder a tutelar los derechos a la
educación, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la igualdad de los
accionantes, por las siguientes razones:
- El artículo 26 de la Constitución
Política, consagra como regla general: la libertad de profesiones u oficio y
ejercicio, y como excepción, que el legislador puede exigir requisitos para el
ejercicio de una determinada profesión.
-Como se trata de una manifestación
concreta de la libertad, -en este caso de ejercer profesiones u oficios-, no
puede ser regulada sino por el legislador, toda vez que en materia de libertad
existe la denominada reserva de ley.
Precisamente, la Corte Constitucional,
mediante sentencia C-606 de 1992, señaló que las limitaciones a la regla
general, o sea las excepciones, sólo puede imponerlas el legislador y que en
esta materia existe la reserva de ley; es entonces, “el legislador el único
competente para establecer los títulos de idoneidad que deben acompañar en cada
caso el ejercicio de tareas que exigen formación académica”. Existiendo reserva
de ley, se tiene que solo el legislador puede exigir requisitos para el grado,
contrario sensu, ni el gobierno mediante decretos, ni las universidades, bajo el
pretexto de la autonomía universitaria, pueden exigir requisitos para el grado
no contemplado en la ley.
- La autonomía universitaria que permite a las
universidades darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, a mi
juicio, no puede ser el fundamento para que dichas instituciones académicas,
exijan los preparatorios, toda vez que este es un requisito para ejercer una
profesión que sólo puede establecer el legislador. Con todo, si se permitiera
que cada universidad estableciese unos requisitos de grado, de tal manera que
unas no exigieran preparatorios, otras solo algunos y otras, todos, se estaría
violando el artículo 13 de la Constitución, pues los requisitos de grado serían
diversos respecto de una misma profesión, en este caso, la de abogado.
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia
SU.783/03
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Libertad del individuo/LIBERTAD DE
ESCOGER PROFESION U OFICIO-Reserva de ley (Salvamento de voto)
La regla general es la libertad de
profesiones u oficios y de su ejercicio; excepcionalmente el legislador puede
exigir requisitos para el ejercicio de una determinada profesión. Como la regla
general es la libertad, la excepción debe ser expresa, no puede ser implícita,
no pueden aplicarse en el Estado de derecho excepciones por analogía ni
interpretarse extensivamente y, en caso de duda entre la libertad y la
excepción (no libertad o prohibición ), hay que aplicar la regla general y no
la prohibición. Otro elemento fundamental que se debe tener en cuenta es el
hecho de que por tratarse de una manifestación concreta de la libertad (en este
caso de ejercer profesiones u oficios), no puede ser regulada sino por el
legislador, ya que en materia de libertad siempre existe reserva de ley y cuando
los constitucionalistas hablamos de reserva de ley, queremos decir que esta
excluida la regulación del ejecutivo en esa materia o, dicho de otro modo, que
solo puede tocarla el legislador.
LIBERTAD DE
ESCOGER PROFESION U OFICIO-Legislador es el competente
para exigir requisitos para el grado (Salvamento de voto)
La Constitución Política Colombiana
establece como regla general la libertad que tienen las personas para escoger
profesión u oficio; excepcionalmente, el legislador puede exigir títulos de
idoneidad. Las excepciones, sólo puede imponerlas el legislador y que en esta
materia existe la reserva de ley; es entonces “el legislador el único
competente para establecer los títulos de idoneidad que deben acompañar en cada
caso el ejercicio de tareas que exigen formación académica”. Existiendo reserva
de ley, es claro que sólo el legislador puede exigir requisitos para el grado;
contrario sensu, no pueden exigir requisitos ni el gobierno mediante decretos,
ni mucho menos las universidades, bajo el pretexto de la autonomía
universitaria.
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-No da fundamento para establecer
exámenes preparatorios/LEGISLADOR-Regulación de exámenes preparatorios
(Salvamento de voto)
La autonomía universitaria no da fundamento para
establecer preparatorios, ya que este es un requisito para ejercer una
profesión que sólo puede establecer el legislador. Se hace necesario referirse
a algo que se encuentra detrás de la persistencia de las universidades en
violar la ley, agregándole un requisito que ella no contempla, como son los
preparatorios: Estos son una de las fuentes de ingresos económicos importantes
para las universidades y que por lo mismo, no quieren perderla. No se puede,
bajo la fementida autonomía universitaria, seguir defendiendo los ingresos de
las universidades a costa de los alumnos. Que los preparatorios eran requisito
para optar el título de abogado y que por lo mismo sólo podía regularlos el
propio legislador y no las universidades bajo el pretexto de su autonomía,
quedó claramente establecido en la ley 446 de 1998, en su artículo 149, que
regulaba los requisitos para ser abogado; esta es la prueba mayor de que los
preparatorios los pone o los quita el legislador, pero no las universidades.
DERECHO A LA
IGUALDAD DE ESTUDIANTE DE DERECHO-Discriminación
por imponerse requisitos que no se exigen a otras profesiones (Salvamento de
voto)
El legislador a veces le impone,
injustamente, a los alumnos de derecho, una serie de requisitos para el grado
que no le impone a otras profesiones (lo que, digámoslo de paso es
inconstitucional, ya que rompe el principio y derecho fundamental a la igualdad
contemplado en el artículo 13 de nuestra Constitución Política), por ejemplo, a
ninguna de las profesiones de ingeniero, de contador, de administrador de
empresas, de economista, etc., donde basta la presentación de una monografía o
tesis, para que se pueda obtener el grado. Con este método se está
discriminando la profesión de abogado y, lo que es más grave, nos hemos
acostumbrado tanto a la discriminación que la justificamos y la vemos como un
bien, cuando deberíamos rechazarla y combatirla y pedir que se nos de el mismo
trato que a las otras profesiones. Lo que se comete con la profesión de abogado
es una injusticia, que afortunadamente la ley 552 vino a remediar, al colocar a
los abogados en igualdad de condiciones con los otros profesionales.
REF.:
Expediente T-732143, T-731921, T-737573, T-744470, T-744456 Y T-750748.
Magistrado Ponente:
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Con todo el respeto que me merece la mayoría de la
Corporación, me permito consignar las razones de mi salvamento de voto, por
cuanto esta sentencia no hace más que vulnerar la libertad de profesión u
oficio consagrado en la Constitución, tal como lo demostré en el salvamento de
voto que hice a la sentencia C-1053 de 2001 y que ahora reitero:
“DERECHO FUNDAMENTAL VIOLADO Art 26 C.P
El derecho fundamental que ha sido
conculcado ha sido el DERECHO FUNDAMENTAL AL LIBRE EJERCICIO DE La PROFESION DE
ABOGADO.
Este derecho se encuentra protegido por
el artículo 26 de la Constitución Política Colombiana y por las normas
concordantes con él.
El artículo 26, que no es del caso
reproducir, establece una regla general y una excepción: la regla general
es la libertad de profesiones u oficios y de su ejercicio; excepcionalmente
el legislador puede exigir requisitos para el ejercicio de una determinada
profesión.
Como la regla general es la libertad, la
excepción debe ser expresa, no puede ser implícita, no pueden aplicarse en el
Estado de derecho excepciones por analogía ni interpretarse extensivamente y,
en caso de duda entre la libertad y la excepción (no libertad o prohibición ),
hay que aplicar la regla general y no la prohibición.
Esta regla general no sorprende si se
tiene claro que en el Estado social de derecho, como el colombiano, la posición
del individuo es completamente opuesta a la de la autoridad, ya que el supuesto
fundamental es que el individuo goza de una libertad en principio ilimitada,
mientras las autoridades tienen unas competencias LIMITADAS. La única manera de
restringir la libertad de las personas es por medio de la ley (lo que excluye
que el gobierno o ejecutivo pueda limitar la libertad de las personas).
Desde Guillermo Federico Hegel, en su
filosofía del derecho, quedo claro que las libertades del hombre no son más que
una consecuencia de la libertad ilimitada que, en principio, tiene como ser
libre por naturaleza: yo tengo la libertad de locomoción como consecuencia de
ser un ser libre (valga la redundancia); o dicho de otra manera: mi
libertad de ejercer una profesión no es más que una manifestación concreta de
mi carácter de ser libre.
Al individuo, al ciudadano lo que no le
está expresamente prohibido le está permitido.  Al funcionario público lo que
no le está expresamente atribuido, le está prohibido.  Al particular le basta
con saber que su conducta no está prohibida para que pueda realizarla, en
cambio, al gobernante no le sirve este mismo argumento; para que él pueda
actuar, necesita mostrar la norma que lo faculte para actuar y, si no existe
esa norma, para él está prohibida esa actuación.  Este esquema fundamental de
relaciones entre gobernante y gobernado del Estado de derecho, es consecuencia
del principio de que la libertad del hombre es en principio ilimitada, y de que
el hombre era libre antes de entrar en relaciones políticas y debe continuar
siéndolo dentro de estas relaciones.
Otro elemento fundamental que se debe tener
en cuenta es el hecho de que por tratarse de una manifestación concreta de la
libertad (en este caso de ejercer profesiones u oficios), no puede ser regulada
sino por el legislador, ya que en materia de libertad siempre existe reserva de
ley y cuando los constitucionalistas hablamos de reserva de ley, queremos decir
que esta excluida la regulación del ejecutivo en esa materia o, dicho de otro
modo, que solo puede tocarla el legislador. En este sentido ya se ha
pronunciado nuestra honorable Corte Constitucional.
A.- LA LIBERTAD DE PROFESIONES U OFICIOS
La Constitución Política Colombiana, en
su artículo 26, establece como regla general la libertad que tienen las
personas para escoger profesión u oficio; excepcionalmente, el legislador puede
exigir títulos de idoneidad. Así lo dejó claramente establecido la Honorable
Corte Constitucional, mediante sentencia  C-606 de diciembre 14 de 1992 M.P.
Ciro Angarita. En esta providencia se señala que las limitaciones a la regla
general, o sea las excepciones, sólo puede imponerlas el legislador y que en
esta materia existe la reserva de ley; es entonces “el legislador el único
competente para establecer los títulos de idoneidad que deben acompañar en cada
caso el ejercicio de tareas que exigen formación académica”. Existiendo reserva
de ley, es claro que sólo el legislador puede exigir requisitos para el grado;
contrario sensu, no pueden exigir requisitos ni el gobierno mediante decretos,
ni mucho menos las universidades, bajo el pretexto de la autonomía universitaria
(que es para otra cosa y no para usurpar funciones del legislador).
Queremos dejar claro que las facultades
de inspección y vigilancia que tiene el gobierno o los órganos administrativos
no implican la de dictar requisitos para el grado, ya que las funciones de
inspección o vigilancia sólo se limitan a vigilar que la ley se cumpla y a
sancionar al infractor cuando la viola, pero nunca implican la facultad de
modificar la ley. Es claro entonces que por la vía de la inspección y
vigilancia, no se pueden establecer requisitos adicionales a los señalados por
el legislador.
B.- LOS REQUISITOS PARA EL GRADO DE ABOGADO
Estudiando la evolución de los
requisitos, los encontramos en diversas normas, de distinta jerarquía, aspecto
importantísimo, pues hemos demostrado que existe reserva de ley y que no puede
hacerlo el gobierno y, en caso de conflicto, debe primar la norma de mayor
jerarquía, en este caso la ley.
La primera norma relacionada con el tema
es el decreto ley 196 de 1971, que reglamento el ejercicio de la abogacía. Esta
ley, curiosamente, no estableció requisitos para el grado y sólo se limitó a
decir en su artículo tercero que “es abogado quien obtiene el correspondiente
título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales”. Es
claro entonces que el decreto ley 196 de 1971 no estableció requisitos para el
grado, y lo que hizo fue utilizar una técnica de remisión a otra norma (lo que
hizo fue remitir al legislador o a otra ley).
Con posterioridad se dictó el decreto
3200 de 1979, que en su artículo 1 dice señalar los requisitos para obtener el
título académico. Inmediatamente debemos observar que la Constitución no habla
de títulos académicos sino de títulos de idoneidad y que cualquiera que sea el
nombre que utilice el legislador (títulos académicos, idoneidad o cualquier
otro, sólo puede establecerlos la ley y no el gobierno, pues existe reserva de
ley). Este decreto, que no tiene fuerza de ley y es una norma de inferior
jerarquía a la ley, es en nuestro sentir inconstitucional, ya que sólo el
Congreso puede exigir requisitos en esta materia.
Después encontramos el decreto 1221 de
1990, el cual recoge y aprueba un acuerdo del ICFES, que en su capítulo V,
artículo 21 y siguientes, establece requisitos de grado. El ICFES es un órgano
administrativo, nunca legislativo y cumple funciones de inspección y vigilancia
del gobierno nacional. Y sabemos que la inspección y vigilancia permiten
verificar que se cumpla la ley pero no conllevan el poder para reformarla;
sabemos también que, siendo funciones del presidente o del gobierno, no puede
ir más lejos de lo que está atribuido al gobierno y si éste no puede establecer
requisitos, mucho menos puede hacerlo un acuerdo del ICFES.
Nuestro concepto es que tanto el decreto
3200 de 1979, como el decreto 1221 de 1990 son inconstitucionales, pues no son
leyes e invadieron una competencia exclusiva del Congreso y se les debe aplicar
la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la
Constitución, que pedimos expresamente sea aplicada en este caso.
Después del decreto ley 196 de 1971, la
primera ley que estableció, indirectamente, requisitos para obtener el título
de abogado fue la 446 de 1998, concretamente en el artículo 149 . Los
requisitos eran: el servicio legal popular; la terminación y aprobación de las
materias del pensum académico; la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios y la elaboración y sustentación de la monografía.
A su vez, el artículo 167 de la ley 446
de 1998, derogó todas las normas que le eran contrarias; esta derogatoria
cobijaba a todas las leyes anteriores y con mayor razón a otras normas de
inferior jerarquía, como son los decretos 3200 de 1979 y el decreto 1221 de
1990 que, como sabemos, son normas dictadas por el gobierno, cuando debían ser
dictadas por el legislador. Una ley puede derogar no sólo a leyes anteriores
sino también a normas de inferior jerarquía anteriores, mucho más cuando ellas
están usurpando funciones del Congreso.
El artículo 149 de la ley 446 de 1998, al
establecer todos los requisitos para el título de abogado, reguló íntegramente
la materia del título profesional de abogado y, en consecuencia de conformidad
con el artículo 3 de la ley 153 de 1887, derogó todas las normas anteriores,
legales o reglamentarias, ya que por mandato de ella, cuando exista una ley
nueva que regule íntegramente la materia ,la ley anterior queda derogada aunque
no se diga de manera expresa.
La ley actualmente vigente es la 552 de
1999, que en su artículo 1 derogó de manera expresa todo el título primero de
la parte V de la ley 446 de 1998, incluido el artículo 149, que había
establecido los requisitos para optar al título profesional de abogado. Al
derogar el artículo 149, derogo todos los requisitos que él establecía.
El artículo 2 de la ley 552, de manera
clara y expresa, reguló la situación de una categoría especial de estudiantes
de derecho los que habían terminado todas las materias del pensum académico
antes de la entrada en vigencia de esa ley, que ella misma estableció a partir
de su promulgación, hecho que se cumplió el día 31 de diciembre  de 1999, como
consta en el Diario Oficial número 43.839 de esa fecha; y que además debían
hacer la tesis o realizar la judicatura. Ningún otro requisito estableció el
legislador para esta categoría de estudiantes. No sobra recordar, como arriba
demostramos y lo tiene establecido la Corte Constitucional, que la regla
general en esta materia es la libertad de profesiones y oficios y que la
exigencia de requisitos para ejercer alguna profesión es la excepción; que toda
excepción debe ser expresa, pues no hay excepciones tácitas; que como
excepciones hay que interpretarlas restrictivamente y que, al no mencionarlas
el legislador, no se presumen; que al no establecer requisitos adicionales, lo
que hizo fue dejar la materia dentro de la regla general, la cual es, en este
caso, que no se necesitan más requisitos para ejercer las profesiones, pues
ellas son libres.
C. - LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA NO PERMITE REGULAR
PROFESIONES ( LOS PREPARATORIOS)
El artículo 69 de la Constitución
garantiza la autonomía universitaria y esta se aplica para darse sus directivas
y regirse por sus estatutos. Toda esta autonomía se ejercita, por mandato de la
Constitución, DENTRO DE LA LEY. Esto es lógico ya que la autonomía no supone
estar como el monarca absoluto en la edad media, Legibus solutus (suelto de la
ley, por encima de la ley); la autonomía, en cualquier caso, expresa un poder
limitado que se integra dentro de otro poder, que es un poder superior (el de
la soberanía, que sólo se predica del Estado y que no tiene ningún ente dentro
de él). Por esa razón, la autonomía sólo se predica de entidades integradas
dentro de la organización estatal y a cuya unidad no pueden oponerse, y
sometidas a la Constitución y leyes del Estado.
En este mismo orden de ideas es que
podemos afirmar que autonomía y control no son incompatibles pues, como
sabemos, la autonomía no implica soberanía, sino que predica la pertenencia a
un orden o todo superior, de ahí que para garantizar la unidad de ese todo, el
ordenamiento jurídico prevea especiales poderes de control sobre esas entidades
aunque sean autónomas y esos poderes de control pueden ser más o menos
intensos. Para citar un solo ejemplo, si las universidades tuvieran una
autonomía absoluta no existiría el ICFES, que es el órgano de control del
Estado sobre las universidades.
No pueden entonces las universidades, so
pretexto de la autonomía, no cumplir la Constitución  y las leyes de Colombia o
violar las que existen, modificarlas o agregarles requisitos.
La historia de la autonomía universitaria
fue una conquista de las universidades, sobre todo públicas, que buscaba
fundamentalmente darse sus propias directivas, sin la injerencia del gobierno y
con la sola participación de los estamentos universitarios: profesores, alumnos
y personal administrativo, para evitar que el gobernante de turno politizase la
universidad. Pero a nadie se le ha ocurrido, entonces ni ahora, que en las
universidades no se cumplan ni la Constitución ni las leyes del Estado.
La autonomía universitaria no da
fundamento para establecer preparatorios, ya que este es un requisito para
ejercer una profesión que sólo puede establecer el legislador. Se hace
necesario referirse a algo que se encuentra detrás de la persistencia de las
universidades en violar la ley, agregándole un requisito que ella no contempla,
como son los preparatorios: Estos son una de las fuentes de ingresos económicos
importantes para las universidades y que por lo mismo, no quieren perderla. No
se puede, bajo la fementida autonomía universitaria, seguir defendiendo los
ingresos de las universidades a costa de los alumnos.
Si se permitiera que cada universidad estableciese
unos requisitos de grado, de tal manera que unas no pidieran preparatorios,
otras solo algunos y otras todos, se estaría violando el artículo 13 de la
Constitución, ya que los requisitos de grado serían diversos respecto de una
misma profesión, en este caso la de abogado.
Que los preparatorios eran requisito para optar el título
de abogado y que por lo mismo sólo podía regularlos el propio legislador y no
las universidades bajo el pretexto de su autonomía, quedó claramente
establecido en la ley 446 de 1998, en su artículo 149, que regulaba los
requisitos para ser abogado; esta es la prueba mayor de que los preparatorios
los pone o los quita el legislador, pero no las universidades.
D. CONSIDERACIONES PSICOLOGICAS E INTERPRETATIVAS
1.- TUMBEMOS EL MURO DE BERLIN DE LOS
PREJUICIOS
Para que este asunto hubiera podido
resolverse de manera imparcial y justa, se requería que los Honorables
Magistrados se desprendiesen de una serie de prejuicios que obnubilan su recto
entendimiento y les impide fallar de una manera ajustada a la ley.
A)
LOS ABOGADOS YA
GRADUADOS, NO QUIEREN NUEVOS ABOGADOS
Esta afirmación es una verdad que no
queremos aceptar y que envuelve un prejuicio del que somos víctimas, consciente
o inconscientemente. El abogado ya graduado considera que con él ya existen
suficientes abogados y que la sociedad no necesita más; que otros abogados
perjudican a la sociedad y a él mismo; que aumenta la competencia dentro de la
profesión, lo que pone en peligro sus ingresos y sus oportunidades. La manera
más fácil que se le ocurre para mantener su status económico y social no es
aumentando su calidad de abogado, su excelencia profesional, sino impidiendo el
ingreso de nuevos competidores. Se les olvida, a los abogados ya graduados, que
el desprestigio de la profesión no es culpa de los jóvenes que quieren ser
abogados, sino de quienes ya lo son y que la renovación de la misma no puede
ser obra de quienes han faltado a su juramento profesional y a la ética, sino
precisamente de quienes inician sin contaminarse. Más de una vez hemos
escuchado la solicitud de que se cierren las facultades de derecho de manera
indefinida o por lo menos durante 20 años, como si los males de la sociedad
colombiana fueran ocasionados por los juristas y, en consecuencia, se
solucionaran con esta propuesta. En otras oportunidades se quiere lograr el mismo
objetivo, por una vía indirecta, consistente en impedir que quienes estudian
derecho se gradúen; se permite que la gente estudie derecho pero se obstaculiza
de una manera injusta su grado, estableciendo una cantidad ingente de
requisitos y exámenes que no existen en ninguna otra profesión, olvidándose que
los alumnos ya fueron examinados durante todos los semestres, no una, sino
muchas veces, y que si pasaron todos esos exámenes tiene derecho al título, ya
que es un absurdo que una persona haya pasado todos los exámenes de todos los
semestres y, sin embargo, se considere que no está preparado para iniciar su
ejercicio profesional; lo racional y lógico es que o no se hacen exámenes
durante la carrera y se hacen exámenes después, o se hacen exámenes durante la
carrera y no se hacen después, pero no las dos cosas a la vez, porque esto es
absurdo e injusto.
El legislador a veces le impone,
injustamente, a los alumnos de derecho, una serie de requisitos para el grado
que no le impone a otras profesiones (lo que, digámoslo de paso es
inconstitucional, ya que rompe el principio y derecho fundamental a la igualdad
contemplado en el artículo 13 de nuestra Constitución Política), por ejemplo, a
ninguna de las profesiones de ingeniero, de contador, de administrador de
empresas, de economista, etc., donde basta la presentación de una monografía o
tesis, para que se pueda obtener el grado. Con este método se está
discriminando la profesión de abogado y, lo que es más grave, nos hemos
acostumbrado tanto a la discriminación que la justificamos y la vemos como un
bien, cuando deberíamos rechazarla y combatirla y pedir que se nos de el mismo
trato que a las otras profesiones. Lo que se comete con la profesión de abogado
es una injusticia, que afortunadamente la ley 552 vino a remediar, al colocar a
los abogados en igualdad de condiciones con los otros profesionales. No es
injusto que el artículo 2 de la ley 552 sólo exija la tesis o la realización de
la judicatura; lo injusto es que durante años se haya obligado a otros estudiantes
de derecho a cumplir requisitos adicionales que no se exigen en la gran mayoría
de las otras profesiones; tampoco es de recibo el argumento que como yo tuve
que graduarme con muchos obstáculos, los que vienen detrás de mí deben tener
los mismos obstáculos o dificultades mayores para el grado, ya que la
injusticia que se cometió conmigo no se repara cometiendo otras injusticias con
los que vienen detrás; la justicia se restablece colocando a los abogados en
pie de igualdad con las otras profesiones que, por regla general, sólo exigen
una monografía para el grado.
Señores Magistrados, sólo abandonando los
prejuicios que tiene la sociedad contra los abogados y que, como todo
prejuicio, es irreal y no corresponde a la verdad, o los preconceptos que
tienen los abogados ya graduados contra los nuevos colegas, pueden ustedes
fallar en derecho y juzgar como debe juzgar un Magistrado, sin prejuicios y sin
arbitrariedad, pues sólo cuando el juez falla sin prejuicios tenemos los
ciudadanos garantizados nuestros derechos.
SINTESIS
De una manera sucinta, podemos  afirmar:
1.-  Que la única ley vigente en materia
de requisitos de la profesión de abogado es la ley 552 de 1999 y se  debe
aplicar el artículo 2 de esa ley.
2.- Que por tratarse del ejercicio de una
libertad, existe reserva de ley, como ya lo definió la H. Corte Constitucional
y, en consecuencia, sólo puede ser regulada por el legislador, de donde se
infiere que son inconstitucionales todos los decretos dictados por el gobierno
exigiendo requisitos que no establezca la ley.
3.- Que la autonomía universitaria o las
facultades de inspección o vigilancia que tenga el gobierno por conducto del
ICFES, no permiten establecer requisitos adicionales a los del legislador, como
son los preparatorios.
4.-  Que lo único que existen son
prejuicios, de los abogados ya existentes o de los “ presuntos creadores de la
ley” que impiden una decisión justa y ajustada a derecho.
5.- La ley 552 de 1999, reguló la
profesión de abogado, se encuentra vigente y no ha establecido ningún otro
requisito para optar el título profesional de abogado.”
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1]
Ver sentencia T-458/03, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (En esta ocasión la
Corte conoció de una sentencia en la cual se consideraba que había existido un
desacato de una sentencia de esta Corporación que el Tribunal competente para
conocer del incidente no había reconocido.)
[2]
Ver sentencia T-310/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero ( En esta ocasión la
Corte denegó la tutela a varios estudiantes de una institución universitaria en
la cual no se les había permitido la matrícula extemporánea, a pesar de que
antes la Universidad había accedido a esto. La Corte consideró que la actitud
de la universidad se acogía a lo dispuesto en los reglamentos de la
institución, establecidos en ejercicio de la autonomía universitaria, motivo
por el cual la conducta de la entidad accionada era legítima.) Este concepto de
autonomía universitaria fue reiterado en la sentencia C-1435/00, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger (La Corte encontró que la facultad de las universidades
estatales para regular lo referente a su seguridad social era contraria a la
Constitución, porque el campo de la autonomía universitaria no comprendía
aspectos que, como éste, estaban reservado al legislador.)
[3]
Ver sentencia C-964/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero (En esta ocasión se
determinó que para trabajar en el oficio conocido como “maestro de obra” se
requería el título de técnico en construcción, para cuya obtención se
necesitaba cumplir con los requisitos establecidos en la ley, por el riesgo
social que esto implicaba. Por tanto, declaró exequible la norma que así lo
disponía.)
[4]
Ver Sentencia T-61/95. M.P. Fabio Morón Díaz. (La Corte estudiaba si el hecho
de imponer la nota de 35 para aprobar una de las materias de la carrera
universitaria que cursaban los accionantes constituía una vulneración al
derecho a la educación. La tutela fue negada por estimar que más que una vulneración
era una garantía en el sentido de derecho-deber de la educación). En el mismo
sentido T-196/96, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (En esta ocasión la Corte denegó
la tutela a una estudiante de especialización que consideraba que la exigencia
de mantener un promedio superior a 3.5 impuesta por la universidad contrariaba
su derecho a la educación. La Corte, al contrario, encontró que esta era una
medida para garantizar la calidad de la educación.)
[5]
Ver sentencia T-515/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero (arriba reseñada)
[6]
Ver sentencia T-669/00, M.P. Alejandro Martínez Caballero (En esta ocasión se
negó la tutela a una estudiante que consideraba que la universidad no le podía
exigir el requisito del idioma inglés para la  obtención de su título
profesional puesto que para el momento de su ingreso a primer semestre de
universidad. La Corte, además de encontrar aceptable esta exigencia en el caso
concreto la encontró exigible puesto que tal obligación había sido impuesta
cuando la estudiante aún no tenía consolidados el resto de sus requisitos de
grado.)
[7]
Ver sentencia T-585/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[8]
Ver sentencia T-515/99, M. P. Alejandro Martínez Caballero (En esta ocasión la
Corte conoció de una tutela en la cual una estudiante de música había sido
excluida del establecimiento universitario por haber perdido una materia de su
“énfasis”, lo cual consideraba desproporcionado y violatorio del derecho a la
educación. La Corporación estimó que la medida tomada por la Universidad no
constituía una violación a este derecho puesto que la institución en ejercicio
de su autonomía universitaria había fijado en su reglamento como causal de
desvinculación del establecimiento el haber perdido esa materia. Recordó la
Corte que la educación era un derecho deber que imponía cumplir con lo
dispuesto en los reglamentos de las instituciones educativas.)
[9]
Ver sentencia T-974/99, M.P. Álvaro Tafur Galvis (La Corte conoció de una
tutela en la cual un alumno de una institución universitaria había pagado
extemporáneamente la matrícula, según lo señalado en el reglamento interno
–limitación que de manera abstracta se encontró legítima-. No obstante esto lo
había hecho con aval de una de las instancias de la Universidad, por tal motivo
se tuteló el derecho a la educación y se ordenó que se permitiera seguir
estudiando al accionante.) En el mismo sentido T-460/02, M.P. Álvaro Tafur
Galvis (En esta ocasión se negó la tutela a un estudiante que había intentado
formalizar extemporáneamente la matrícula lo cual no había sido permitido por
la Universidad, puesto que él había incumplido con las fechas indicadas dentro
del reglamento estudiantil.)
[10]
Ver sentencia T-672/98, M.P. Hernando Herrera Vergara (En esta ocasión la Corte
conoció de una tutela en la que sin justificación reglamentaria se había negado
la admisión de los accionantes a una universidad, luego –a manera de dádiva- se
había permitido la misma y después se había revocado tal decisión. La Corte
encontró que la no admisión de los accionantes no tenía sustento reglamentario
y además no se había respetado el debido proceso. En esa medida, concedió la
tutela y ordenó el ingreso de los demandantes a la universidad.)
[11]
En esta ocasión la Corte con ocasión del conocimiento de un conflicto de
competencia entre un juzgado civil del circuito y un juzgado civil municipal,
en virtud del alto número de casos que se habían presentado con aspectos de
fondo altamente similares, determinó que para todos los casos en los cuales se
presentara un conflicto de competencias en el cual uno de los jueces de tutela
alegara no tener competencia en virtud del Decreto 1382 de 2000, tal decreto
debía ser inaplicado por contrariar abiertamente la Constitución, en virtud de
la fijación de efectos inter pares de la providencia.
[12]
Ver sentencia C-670/02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-1213/01, M.P. Jaime
Córdoba Triviño,
[13]
Se ha considerado violada cuando, por ejemplo, por cuestiones de sexo no se
permitía a una mujer ingresar a la Escuela Naval para ser oficial de infantería
marina (T-624/95, M.P. José Gregorio Hernández). Hay entonces vulneración
cuando se impide el acceso.
[14]
En sentencia T-439/97, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la apoderada del accionante
solicitaba la protección de los derechos al debido proceso, a la libertad y a
la igualdad, presuntamente vulnerados por la fiscal 5ª delegada Seccional del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y la fiscal 17 seccional de
la Unidad de Delitos contra la Administración Publica ante el Circuito Penal de
Cartagena. La Corte consideró que la providencia de fecha 14 de febrero de 1997
proferida por la fiscal 5ª delegada Seccional del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena, no configura una vía de hecho. Con fundamento en el
artículo 7º del Decreto 306 de 1992, fueron revocados los fallos proferidos en
las dos instancias de la presente  tutela y se dejó sin efecto las órdenes
impartidas por el Juzgado 7º Penal Municipal de Cartagena de Indias el siete
(7) de marzo de 1997, las cuales fueron confirmadas por el Juzgado 4º Penal del
Circuito de Cartagena de Indias, el dieciocho (18) de abril del mismo año. En
consecuencia, la decisión adoptada por la fiscal 5ª delegada Seccional del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena quedó vigente. En la
sentencia T-930/02, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en segunda instancia se
había ordenado el pago de unas deudas de tipo contractual que tenía el distrito
de Barranquilla con la empresa Cizalla Ltda. con tal fin la alcaldía y la
empresa habían firmado un acuerdo de pago. Como la sentencia fue revocada por
la Corte en sede de revisión, se ordenó, en aplicación del articulo 7º del
Decreto 306 de 1992, dejar sin efectos el convenio de pago suscrito.