T-543-16
Sentencia T-543/16
ACCION DE
TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de
especial protección constitucional
Las personas que alcanzan la tercera
edad (más de 60 años de acuerdo con el artículo
7° de la Ley 1276 de 2009) o se encuentran en situación de discapacidad, son sujetos de especial protección constitucional, condición que
habilita la acción de tutela como mecanismo principal o transitorio para
reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez. Lo anterior por cuanto resultaría desproporcionado exigir a quienes se encuentran en dichas
circunstancias, que acudan a la jurisdicción ordinaria para reclamar el
reconocimiento y pago de una prestación pensional teniendo en cuenta que el
trámite que requiere esta clase de procesos podría conllevar a que la decisión
que se adopte de manera definitiva en sede judicial sea inocua.
ACCION DE
TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Reglas de procedencia
La jurisprudencia
constitucional ha establecido que cuando se promueve la acción de tutela
aduciendo que las herramientas de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria
laboral resultan ineficaces para reclamar el acceso al reconocimiento de una
prestación pensional, el juez de tutela debe verificar en cada caso, aspectos
que puedan evidenciar que aun existiendo otras vías judiciales aquellas no
garantizan de manera efectiva el derecho a la seguridad social del accionante o
amenazan la garantía de otros derechos constitucionales como el derecho al
mínimo vital. Tales circunstancias fueron consolidadas en la  sentencia T-021
de 2013 en los siguientes términos: “a.
Que se trate de sujetos de especial de protección constitucional. b. Que la
falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo
vital, c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y
judicial con el objetivo de que le sea reconocida la prestación reclamada. d.
Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio
judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente afectados”.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas jurisprudenciales sobre la
procedencia
Para determinar la procedencia de la acción de
tutela contra una providencia judicial el juez constitucional deberá verificar
la concurrencia de tres presupuestos: (i) el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad, (ii) la existencia de una o varias de las causales
genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo
material y, (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exige la
imperiosa intervención del juez constitucional.
DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
PRECEDENTE JUDICIAL-Jueces pueden apartarse si exponen razones que
justifiquen su decisión
PENSION DE
INVALIDEZ-Requisitos para
obtener reconocimiento y pago
PENSION DE
INVALIDEZ-Evolución normativa
en relación con los requisitos para su obtención
APLICACION
DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Jurisprudencia
constitucional
PENSION
DE INVALIDEZ-Inexistencia
de régimen de transición a favor de las personas que han cotizado durante la
vigencia de las modificaciones legales para el reconocimiento
PRINCIPIO DE LA CONDICION
MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Alcance
APLICACION
DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Colpensiones
reconocer pensión de invalidez
Referencia:
Expedientes T-5608726; T-5621754; T-5627326
Acciones de
tutela instauradas por Aldemar de Jesús Santamaría Calle contra Colpensiones; Jorge
David Quintero Bulla contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla y el Juzgado Octavo Adjunto Laboral del Circuito de Barranquilla; Jaime
Toro Arango contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., siete (7) de
octubre de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle
Correa y por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de
revisión de las sentencias proferidas en los asuntos de la referencia por el
Juzgado Catorce Penal del circuito con funciones de conocimiento de Medellín y
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín; la Sala de Casación Laboral
y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
I. ANTECEDENTES
La Sala de Selección
Número Siete mediante Auto del catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016),
decidió acumular entre sí los expedientes T-5608726; T-5621754; T-5627326 para
que fueran fallados en una misma providencia.
Los expedientes acumulados
presentan patrones fácticos similares, en el sentido que los actores persiguen
el reconocimiento de la pensión de invalidez. Admiten que no cumplen el
requisito de densidad en las cotizaciones establecido en el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Sin embargo,
manifiestan que cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993 habían alcanzado las
semanas cotizadas exigidas en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 para tal
efecto y por lo tanto habían forjado una expectativa legítima frente al acceso
al reconocimiento de esta prestación pensional que consideran debe protegerse. De
acuerdo con ello, solicitaron que en virtud del principio de condición más
beneficiosa se aplique el requisito de densidad en las cotizaciones conforme a
lo establecido en el artículo 6º de este Acuerdo.
1. Expediente T-5608726. Aldemar de Jesús
Santamaría Calle contra Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
1.1. El señor Aldemar de Jesús Santamaría
Calle tiene 60 años de edad y según dictamen de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia expedido el 15 de abril de 2015, presenta
una pérdida de la capacidad laboral del 58.31% con fecha de estructuración 14
de agosto de 2014, por causa de las siguientes patologías: “trastorno
afectivo bipolar; otros trastornos metabólicos y endocrinos; insuficiencia
venosa crónica, hipotiroidismo con compromiso de órgano blanco y neuropatía
periférico por temblor y dolor”.
1.2. El actor cotizó al régimen de seguridad
social en pensiones a través del ISS (hoy Colpensiones) un total de 353 semanas
entre los años 1974 y 1992. De acuerdo con ello, solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. No obstante, mediante
resolución GNR 384793 del 27 de noviembre de 2015 aquella entidad negó esta
petición bajo el argumento de que el afiliado no cumplía el requisito de
densidad en las cotizaciones (50 semanas dentro de los tres años anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez) establecido en la Ley 860 de 2003.
1.3. A través de apoderado judicial el
señor Aldemar de Jesús Santamaría Calle formuló acción de tutela contra
Colpensiones con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la seguridad
social que consideró vulnerados por la negativa del reconocimiento de la
pensión de invalidez. El accionante admitió que no cumple el requisito de
densidad en las cotizaciones establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para acceder al reconocimiento
de aquella prestación pensional. Sin embargo, a su juicio, en aplicación del
principio de condición más beneficiosa, Colpensiones debe analizar el
cumplimiento de aquel requisito pensional en el marco de lo dispuesto en el artículo
6º del Acuerdo 049 de 1990[1],
en consideración a que para el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993
ya cumplía con las semanas cotizadas que esa norma establecía para tal efecto,
pues para aquella época había cotizado 353 semanas.
1.4. La acción de tutela fue admitida por
el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Medellín mediante auto del 14 de
diciembre de 2015. En esta oportunidad dispuso el traslado por dos días, del
escrito de tutela a Colpensiones para que se pronunciara sobre el mismo.
Intervención de la entidad
accionada
1.5. Mediante oficio No
6.900 del 14 de diciembre de 2015 el Juzgado de primera instancia notificó a
Colpensiones de la admisión de la acción de tutela. Sin embargo esa entidad
guardó silencio.
De los fallos de tutela
1.6. Mediante sentencia
del 13 de enero de 2016, el Juzgado Catorce Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Medellín declaró improcedente la acción de tutela promovida por
el señor Santamaría Calle en consideración a que no se cumplió el requisito de
subsidiaridad por cuanto existe otro mecanismo de defensa judicial en la
jurisdicción ordinaria laboral para reclamar el reconocimiento de la pensión de
invalidez que no ha sido agotado.
1.7. Este fallo fue
impugnado por el apoderado del actor. Expresó, que en razón de su edad y grave
afectación del estado de salud el señor Santamaría Calle es un sujeto de
especial protección constitucional y por lo tanto, los mecanismos ordinarios de
defensa judicial resultan ineficaces para garantizar la efectiva protección del
derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital que se materializa
a través del reconocimiento del derecho a pensión de invalidez.
1.8. En segunda instancia,
mediante sentencia proferida el 25 de febrero de 2016 la Sala Penal del
Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión recurrida bajo los mismos
argumentos de la decisión inicial.
Pruebas que obran en el expediente
1.9. Dictamen de pérdida de capacidad
laboral expedido por la Junta Regional de Calificación de Antioquia.
1.10. Resolución GNR 384793 del 27 de noviembre
de 2015 expedida por Colpensiones.
2. Expediente T-5621754. Jorge David Quintero Bula
contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y
Colpensiones.
2.1. El señor Quintero Bula tiene 65 años
de edad y según dictamen expedido por el ISS el 9 de noviembre de 2007,
presenta una pérdida de la capacidad laboral del 69.40% con fecha de
estructuración 29 de octubre de 2003 por causa de las siguientes patologías: “meningioma
y edema cerebral”.
2.2. Refirió el actor que cotizó al
régimen de seguridad social en pensiones a través del ISS y de Protección S.A.
un total de 778 semanas dentro de los siguientes periodos de afiliación:
Periodo
Semanas cotizadas
11 de enero de 1972 hasta 1 de marzo de 1974
111.57
28 de agosto de 1974 hasta 1 de noviembre de 1979
270.29
1 de enero de 1980 hasta 31 de agosto de 1987
396.00
2.3. El 8 de enero de 2008, el señor
Quintero Bula solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de invalidez. No
obstante, a través de la resolución No 21573 del 2009 esa entidad negó aquella
petición, bajo el argumento de que esta prestación pensional estaba a cargo de
la administradora de pensiones Protección S.A. por causa del traslado de
régimen efectuado por el afiliado. Concretamente adujo que se había configurado
la multiafiliación en el sistema pensional.
2.4. De acuerdo con lo anterior, refirió
el accionante que solicitó a Protección S.A. el reconocimiento de la pensión de
invalidez, sin embargo esta entidad negó esta solicitud en razón a que, a su
juicio, el ISS es la entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de esta
prestación pensional.
Trámite
de la demanda ordinaria laboral
2.5. Por intermedio de apoderado
judicial, el actor promovió demanda ordinaria laboral contra el ISS (hoy
Colpensiones) y Protección S.A. con el objeto de que se dispusiera el
reconocimiento de la pensión de invalidez. Para tal efecto, solicitó que la
orden se dirigiera al ISS.
2.6. En primera instancia, mediante
providencia del 14 de julio de 2011 el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Barranquilla negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que el
señor Quintero Bula no cumplió con el requisito de densidad en las cotizaciones
establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39
de la Ley 100 de 1993, esto es, 50 semanas cotizadas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Ello, en razón a que
entre el 29 de octubre de 2003 y 29 de octubre del 2000 el afiliado no efectuó
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.
2.7. De la misma manera, el Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Bogotá estudió el cumplimiento de este requisito
en el marco de lo dispuesto en el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de
1993. No obstante, determinó que el actor no cumplía con los requisitos
establecidos en dicha norma ya que no había efectuado cotizaciones al sistema
pensional dentro del año anterior a la fecha en que se estructuró la invalidez.
2.8. Inconforme con la decisión adoptada
en primera instancia, el apoderado judicial del señor Quintero Bula la apeló.
Consideró que en virtud del principio de condición más beneficiosa debe
aplicarse lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 toda vez que al 1º de abril de
1994 aquél cumplía el requisito de densidad en las cotizaciones que exigía aquella
norma para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez (300 semanas en
cualquier época antes de que se estructuró la invalidez). Señaló, que la
jurisprudencia constitucional ha ampliado la aplicación del principio de
condición más beneficiosa en el sentido que admite que se estudien los
requisitos pensionales, establecidos en una norma más antigua a la vigente al
momento de estructurase sin necesidad que la misma corresponda a la
inmediatamente anterior.
2.9. Mediante sentencia del 22 de mayo de
2012 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó la decisión
de primera instancia. No obstante expresó para tal efecto otros argumentos:
2.9.1. El requisito de densidad en las
cotizaciones para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez debe
analizarse conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993
con las modificaciones efectuadas en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 y no
en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 pues para la época en que se estructuró
a invalidez -29 de octubre de 2003- este último precepto no había comenzado a
regir pues el mismo entró en vigencia el 26 de diciembre de 2003.
2.9.2. Señaló que no es posible aplicar
presupuestos pensionales establecidos en una norma derogada para el
reconocimiento de una pensión de invalidez.
Trámite de la acción de tutela
2.10. A través de apoderado judicial el
señor Jorge David Quintero Bula formuló acción de tutela contra el Juzgado
Octavo Laboral Adjunto de Barranquilla y de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad en consideración a que las sentencias proferidas
por aquellas autoridades judiciales adolecen de defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente constitucional relativo a la aplicación del
principio de condición más beneficiosa, que admite que en el reconocimiento de
la pensión de invalidez se aplique el requisito de densidad en las cotizaciones
establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 a pesar de que esta norma
se encuentra derogada y que no corresponde a la inmediatamente anterior al
régimen vigente para la época en que se estructuró la invalidez.
El accionante reconoció que no tiene las
semanas de cotización exigidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 como
tampoco en las modificaciones introducidas por el artículo 11 de la Ley 797 de
2003 y por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, para acceder al reconocimiento
de la pensión de invalidez. Sin embargo, consideró que en aplicación del
principio de condición más beneficiosa, Colpensiones debe aplicar lo dispuesto en
el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[2]
toda vez que para el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993 ya cumplía
con el requisito de densidad en las cotizaciones establecido en este por cuanto
para aquella época acreditaba 778 semanas cotizadas.
2.11. La acción de tutela fue admitida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante
providencia del 11 de marzo de 2016. En esta oportunidad dispuso el traslado
por un día del escrito de tutela al Juzgado Octavo Adjunto Laboral de
Barranquilla, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, a Protección
Pensiones y Cesantías S.A. y a Colpensiones para que se pronunciaran sobre el
mismo.
Intervención de las
entidades accionadas
Protección Pensiones y
Cesantías S.A.
2.12. El 18 de marzo de
2016, Juliana Montoya Escobar representante legal de Protección S.A. manifestó
que la acción de tutela en este caso se torna improcedente en consideración a
que las sentencias atacadas no adolecen de algún defecto. En todo caso,
consideró que de prosperar la acción de tutela la orden de reconocimiento
pensional debería dirigirse contra Colpensiones teniendo en cuenta que el
accionante se encuentra afiliado a dicha entidad.
Sala Laboral del Tribunal
Superior de Barranquilla
2.13. Mediante escrito del
18 de marzo de 2016, la Magistrada de la Sala Laboral de Tribunal Superior de
Barranquilla doctora María Olga Henao Delgado, adujo que la acción de tutela
promovida por el señor Quintero Bula resulta improcedente en consideración a
que no cumple con los presupuestos que habilitan la acción de tutela contra una
sentencia judicial. Para tal efecto, de manera general transcribió a partes de
sentencias proferidas por la Corte Constitucional respecto de las causales
específicas de procedibilidad, sin señalar específicamente cuál en su criterio
no se cumple.
Juzgado Octavo Laboral
Adjunto de Barranquilla y Colpensiones
2.14. Pese a que estas
entidades fueron notificadas de la admisión de la tutela mediante oficios 11559
y 11570 del 15 de marzo de 2016 las mismas guardaron silencio.
De los fallos de tutela
2.15. Mediante sentencia
del 30 de marzo de 2016, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Santamaría Calle en consideración a que no se cumplió el requisito de
subsidiaridad, en razón a que aunque el accionante promovió recurso extraordinario
de casación contra la sentencia que se acusa, el mismo fue declarado desierto
porque no fue sustentado. Tampoco, encontró superado el requisito de inmediatez en la medida que la acción fue promovida “tres años” después
de que culminó el trámite del proceso ordinario laboral.
2.16. Este fallo fue
impugnado por el apoderado del actor. Expresó que el señor Santamaría Calle es
un sujeto de especial protección constitucional en razón de su edad y grave
afectación del estado de salud, por lo tanto el recurso extraordinario de
casación resulta ineficaz para garantizar la efectiva protección del derecho
fundamental a la seguridad social y al mínimo vital que se materializa a través
del reconocimiento de la pensión de invalidez. Lo anterior, en razón al tiempo
en que tardan en resolverse esta clase de recursos y a la incapacidad económica
para pagar los honorarios de una profesional experto en la sustentación de los
mismos.
2.17. En segunda
instancia, a través de la sentencia proferida el 2 de junio de 2016 la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión recurrida
bajo los mismos argumentos de la decisión inicial
Pruebas que obran en el expediente
2.18. Sentencia proferida por el Juzgado
Octavo Laboral Adjunto del Distrito Judicial de Barranquilla el 14 de julio de
2011.
2.19. Sentencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el 22 de mayo de 2012.
2.20. Historia clínica expedida por la
Nueva EPS y fotografías del accionante en sus actividades básicas.
2.21. Reporte de semanas cotizadas
expedida por Colpensiones.
3. Expediente T-5627326. Jaime Toro
Arango contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira y Colpensiones.
3.1. El señor Jaime Toro Arango tiene 72
años de edad y según dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Risaralda presenta una pérdida de la capacidad laboral de 50.39%
con fecha de estructuración 4 de octubre de 2011, por causa de las siguientes
patologías que presenta: “hipertensión arterial esencial, diabetes mellitus
crónica, deficiencia cardíaca (angina), gastritis crónica y restricción de
movimiento del hombro izquierdo”.
3.2. Refirió el actor que cotizó al ISS
826 semanas entre el 10 de febrero de 1975 y el 30 de septiembre de 2008.
3.3. El accionante solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez. Sin embargo, esa
entidad negó dicha petición bajo el argumento de que el afiliado no cumplía el
requisito de semanas cotizadas establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 esto es, 50 semanas
dentro de los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la
invalidez.
Trámite
de la demanda ordinaria laboral
3.4. De acuerdo con lo anterior, el actor
promovió demanda ordinaria laboral contra Colpensiones con el objeto que se ordenara
a aquella entidad el reconocimiento de la pensión de invalidez. Para tal
efecto, solicitó que en aplicación del principio de condición más beneficiosa
se analizara el cumplimiento del requisito de densidad en las cotizaciones establecido
en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 (300 semanas en cualquier época antes
de que se estructuró la invalidez), teniendo en cuenta que cuando entró a regir
la Ley 100 de 1993 aquél ya cumplía dicho presupuesto y por lo tanto había
forjado una expectativa legítima frente al acceso al reconocimiento de la pensión
de invalidez.
3.5. En primera instancia, mediante
providencia del 3 de febrero de 2015 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Pereira concedió las pretensiones de la demanda y dispuso el reconocimiento de
la pensión de invalidez. Consideró, que en virtud del principio de condición
más beneficiosa debe analizarse el cumplimiento del requisito de densidad en
las cotizaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo 049 de
1990 en consideración a que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 el
accionante había cotizado 548 semanas y por lo tanto había cumplido el
requisito de semanas exigido en aquella norma para acceder a dicha prestación
pensional.
3.6. La sentencia no fue apelada y por lo
tanto el expediente fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Pereira para surtir el grado jurisdiccional de consulta que revocó la decisión
adoptada por el juez de primera instancia.
Consideró que la aplicación del Acuerdo
049 de 1990 implica, además de la verificación del requisito de densidad en las
cotizaciones, la constatación de que la invalidez impide al peticionario el
ejercicio de su “actividad habitual y permanente”, presupuesto que, en
criterio del Tribunal accionado, se desprende de lo establecido en el artículo
5º de este precepto cuyo texto es el siguiente:
“Inválido
permanente total, a quien “por enfermedad no profesional o por lesión
distinta de accidente de trabajo, haya perdido el 50% o más de su capacidad
laborativa para desempeñar el oficio o profesión para el cual está capacitado y
que constituye su actividad habitual y permanente.
“Invalido permanente
absoluto” a quien “por enfermedad no
profesional o por lesión distinta de accidente de trabajo, haya perdido su
capacidad laboral para realizar cualquier clase de trabajo remunerado.
“Gran invalidez” quien “haya perdido su capacidad laboral en grado tal que
necesite de la asistencia constante de otra persona para movilizarse,
conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia”.
Al respecto, expresó que este presupuesto
no se cumple, pues las patologías que originaron la pérdida de la capacidad
laboral obedecen a “achaques propios de la vejez” teniendo en cuenta que
la invalidez se estructuró cuando el actor tenía 68 años de edad y no ejercía
alguna actividad laboral, circunstancia que constató a partir de la inactividad
en las cotizaciones al régimen pensional. Esto, a su juicio, evidencia que el
demandante estaba por fuera de la “asegurabilidad del sistema pensional” y
que su sustento económico no derivaba de su actividad que aquél ejerciera en
forma “habitual y permanente”
Tramite de la acción de tutela
3.7. El 5 de abril de 2016, señor Jaime
Toro Arango formuló acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Pereira y Colpensiones. Consideró, que estas entidades vulneraron
sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido
proceso con la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez. Expresó,
que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente constitucional relativo a la aplicación del principio de condición
más beneficiosa al incluir en el análisis de los presupuestos para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez establecidos en el Acuerdo 049 de
1990, otro requisito relativo al ejercicio de una actividad laboral al momento
en que se estructuró la invalidez.
En todo caso, consideró que este
requisito sí lo cumplía pues ha dedicado su vida a la labor de agricultor la
cual en la mayor parte del tiempo la ha ejercido en la informalidad sin
efectuar cotizaciones al régimen de seguridad social que permitan acreditar
esta circunstancia.
3.8. La acción de tutela fue admitida por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante
providencia del 6 de abril de 2016. En esta oportunidad, dispuso el traslado
por dos días del escrito de tutela al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Pereira, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira y a Colpensiones
para que se pronunciaran sobre el mismo. Asimismo, dispuso que la Secretaria de
esa Corporación certificara si sobre este asunto se presentó recurso
extraordinario de casación.
Intervención de las
entidades accionadas
Colpensiones
3.9. El 15 de abril de
2016 el doctor Carlos Alberto Parra Satizabal vicepresidente jurídico y
secretario general de COLPENSIONES solicitó al juez constitucional declarar
improcedente la acción de tutela formulada por el señor Toro Arango, en
consideración a que el presente caso no se cumple los presupuestos que
habilitan este mecanismo de protección constitucional cuando se dirige contra
una sentencia judicial.
Juzgado Segundo Laboral de
Pereira y Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira.
3.10. Pese a que mediante
oficios 16198, 16200 del 8 de abril de 2010 la Secretaría de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia efectuó la notificación de la admisión
del trámite de tutela a las entidades accionadas, las mismas guardaron silencio.
De los fallos de tutela
3.11. Mediante sentencia
del 13 de abril de 2016 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Toro
Arango. Consideró que no se cumplió el requisito de subsidiaridad, en la medida
que no se agotó el recurso extraordinario de casación.
En todo caso, analizó los
argumentos expresados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira para
negar el reconocimiento de la pensión de invalidez reclamada por el señor Jaime
Toro Arango consistentes en que no se acreditó que la invalidez hubiese
afectado el ejercicio de una actividad “habitual y permanente” dado que
esta condición se estructuró cuando tenía 68 años de edad por causa de “achaques
propios de la vejez”. En concreto, frente a este argumento consideró que el
mismo “no se acompasa con los principios de la seguridad social y denota un
actuar arbitrario que también carece de respaldo normativo al introducir un
requisito no previsto en la legislación aplicable”.
Expresó, que de todas
maneras, la solicitud de reconocimiento pensional hubiese sido negada pues la
posición de la Corte Suprema de Justicia en torno a la normatividad aplicable
al reconocimiento de la pensión de invalidez no admite la aplicación del Acuerdo
049 de 1990 ya que esta norma se encuentra derogada.
3.12. Inconforme con esta
decisión el actor la apeló. Adujo que el recurso extraordinario de casación,
por el tiempo que tarda en resolverse, resulta ineficaz para garantizar la
protección efectiva de sus derechos fundamentales. Señaló que es que es un
sujeto de especial protección constitucional en razón de su edad -75 años- y la
grave afectación del estado de salud, condición que habilitan la acción de
tutela para controvertir la decisión adoptada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Pereira en torno a la negativa del reconocimiento de la pensión de
invalidez.
3.13. En segunda
instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó
la decisión recurrida por los mismos argumentos de la decisión inicial.
Pruebas que obran en el expediente
3.14. CD contentivo de la grabación de la
lectura de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Pereira el 3 de febrero de 2015.
3.15. Historia clínica expedida por el
Hospital Universitario San Jorge.
3.16. Reporte de semanas cotizadas
impreso el 18 de marzo de 2016.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de
la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2
y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del catorce (14)
de julio de dos mil dieciséis (2016), expedido por la Sala Número Siete de
Selección de esta Corporación, que escogió el presente asunto para revisión.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los
antecedentes expuestos, corresponde a la Sala Novena de Revisión resolver los
siguientes problemas jurídicos:
2.1. En el expediente
T-5608726, corresponde a la Corte determinar si Colpensiones vulneró el derecho
a la seguridad social y al mínimo vital del señor Aldemar de Jesús Santamaría Calle
con la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el argumento
de que no cumple con el requisito de densidad en las cotizaciones establecido
en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley
860 de 2003.
2.2. En los expedientes T-5621754 y T-5627326 le corresponde definir,
si en el presente caso la acción de tutela cumple los requisitos formales de
procedibilidad cuando el mecanismo constitucional se promueve contra una
providencia judicial.
Una vez acreditado el
cumplimiento de aquellos presupuestos, la Corte deberá establecer si las entidades
judiciales accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de
los actores al configurarse en las sentencias acusadas, un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente constitucional relativo a la aplicación del
principio de condición más beneficiosa en el estudio de la solicitud del
reconocimiento de la pensión de invalidez.
Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala reiterará las reglas jurisprudenciales
relativas a: (i) la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo
principal o transitorio, para reclamar el reconocimiento de una prestación
pensional cuando la protección es solicitada por un sujeto de especial
protección constitucional. (ii) La procedencia excepcional de la acción de
tutela contra decisiones judiciales. (iii) El desconocimiento del precedente
constitucional como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. (iv) Presupuestos para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y (v) el desarrollo
jurisprudencial del principio de condición más beneficiosa teniendo como
referente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de
Ley 860 de 2003 y el Acuerdo 049 de 1990.
3.  La procedibilidad de
la acción de tutela como mecanismo principal o transitorio, para reclamar el
reconocimiento de una prestación pensional cuando la protección es solicitada
por un sujeto de especial protección constitucional.
3.1. En armonía con
lo establecido en el artículo 86 Superior, esta Corporación[3] ha señalado que
por regla general la acción de tutela resulta improcedente para solicitar el
reconocimiento de prestaciones pensionales en consideración a que existen en la
jurisdicción ordinaria y en la administrativa, mecanismos idóneos para reclamar
la garantía de estos derechos.
3.2. No obstante,
esta Corporación ha establecido que de manera excepcional la acción de tutela
procede como mecanismo principal, cuando las herramientas de defensa judicial
ordinarias resultan ineficaces para lograr la garantía de los derechos
fundamentales que se reclaman o, como mecanismo transitorio para impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.3. En ese orden de ideas, en el evento en
que la acción de tutela se promueve como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable debe acreditarse los siguientes
requisitos: “ser inminente, es decir, que se
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que
el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de
gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de
medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es
decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo
expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales[4]”
3.4. La
jurisprudencia constitucional[5]
ha establecido que cuando se promueve la acción de tutela aduciendo que las
herramientas de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria laboral resultan
ineficaces para reclamar el acceso al reconocimiento de una prestación
pensional, el juez de tutela debe verificar en cada caso, aspectos que puedan
evidenciar que aun existiendo otras vías judiciales aquellas no garantizan de
manera efectiva el derecho a la seguridad social del accionante o amenazan la
garantía de otros derechos constitucionales como el derecho al mínimo vital. Tales
circunstancias fueron consolidadas en la  sentencia T-021 de 2013[6]
en los siguientes términos:
“a. Que se trate de sujetos de especial de protección
constitucional.
b.
Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo
vital,
c. Que el accionante haya desplegado
cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea
reconocida la prestación reclamada.
d. Que se
acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial
ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos
fundamentales presuntamente afectados”.
3.5. Frente a la protección que el Estado
debe brindar a los sujetos de especial protección constitucional, esta
Corporación ha señalado que esa condición “refuerza
la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y de
ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho[7]”. Es
por ello, que respecto de quienes se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, en razón de su edad, estado de salud, entre
otras condiciones, es posible “presumir que los
medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos[8]” para
reclamar el reconocimiento de una prestación pensional.
3.6. En el marco de lo expuesto, la Sala
concluye que las personas que alcanzan la tercera edad (más
de 60 años de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 1276 de 2009) o se
encuentran en situación de discapacidad, son sujetos de
especial protección constitucional, condición que habilita la acción de tutela como
mecanismo principal o transitorio para reclamar el reconocimiento de la pensión
de invalidez. Lo anterior por cuanto resultaría
desproporcionado exigir a quienes se encuentran en dichas circunstancias, que
acudan a la jurisdicción ordinaria para reclamar el reconocimiento y pago de
una prestación pensional teniendo en cuenta que el trámite que requiere esta
clase de procesos podría conllevar a que la decisión que se adopte de manera
definitiva en sede judicial sea inocua[9].
4. La procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
4.1. La Constitución
Política establece la posibilidad de acudir a la acción de tutela para obtener
la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública[10]”.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que cuando este mecanismo
de protección constitucional se dirige contra una autoridad judicial la
procedencia es excepcional, esto a fin de salvaguardar los principios de
autonomía judicial y seguridad jurídica que podrían verse afectados por la
revisión en sede de tutela de sentencias judiciales[11].
4.2. Para tal efecto, esta
Corporación ha previsto que la acción de tutela contra una sentencia o
providencia judicial solo procede cuando se reúnen estrictos requisitos que han
sido consolidados por la jurisprudencia constitucional, en especial en la sentencia C-590 de 2005[12]. En este
pronunciamiento, la Corte Constitucional efectuó
la sistematización de los siguientes requisitos generales de procedibilidad, a
través de los cuales el juez constitucional determina la viabilidad del examen
constitucional de la decisión que se ataca:
a. Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado
todos los medios-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.  c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.  f. Que no se trate de
sentencias de tutela”.
4.3. De acuerdo con la materia del caso que se examina, es
necesario referirse a la exigencia de promover el recurso extraordinario de
casación para superar el examen del requisito de subsidiaridad de la acción de
tutela cuando se promueve contra una sentencia. La Corte Constitucional ha
abordado este presupuesto a partir de la idoneidad de este recurso para
salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. Al respecto, ha
establecido que el juez constitucional no puede limitar este estudio a una
simple constatación de la existencia de otros mecanismos previstos por el
ordenamiento jurídico para controvertir la decisión judicial sino que debe
verificar de acuerdo con las circunstancias especiales del afectado, si tales
mecanismos resultan eficaces y oportunos para garantizar el ejercicio de tales
derechos[13].
Bajo esa línea, la Corte Constitucional ha determinado que el
recurso extraordinario de casación resulta inidóneo para reclamar el acceso a
una prestación pensional cuando se trata de personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad en la medida que el tiempo que tarda en resolverse este
recurso podría agravar esta circunstancia.
En este sentido, la Sala Quinta de Revisión[14] estableció la procedibilidad de la acción de
tutela dirigida contra una sentencia judicial que negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a la actora, en este caso, no se promovió recurso
extraordinario de casación. En concreto, expresó:
“La Sala observa, sin embargo, que el recurso de casación no
resulta ni idóneo ni eficaz para dar una respuesta oportuna y efectiva a la
vulneración de los derechos involucrados en el caso concreto. En efecto, la
resolución del recurso de casación es generalmente demorada, razón por la cual
para el momento de una futura resolución, la afectación a los derechos
fundamentales de la accionante ya se habría consolidado en forma grave. En este
sentido, ya que se solicita el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de una persona que supera la edad promedio para ingresar al
mercado laboral, que no cuenta con ningún tipo de sustento económico
actualmente, que nunca ha laborado, que se encuentra afiliada al régimen
subsidiado, cuya situación económica y social es precaria, y que presenta
problemas de salud es claro que un recurso extraordinario no resultaría idóneo
ni eficaz para la protección inmediata de sus derechos fundamentales”.
De la misma manera,
la Corte Constitucional en la sentencia T-886 de 2013[15] analizó otro factor
que puede determinar la ineficacia del recurso extraordinario de casación para
la salvaguarda de los derechos fundamentales del accionante, consistente en la
posición reiterada de la Corte Suprema de Justicia opuesta a la doctrina
constitucional. Al respecto expresó:
“Asimismo,
se advierte que el recurso de casación para solicitar el reconocimiento de la
pensión de invalidez o de sobreviviente cuando no se cumple el requisito de
fidelidad contenido en las Leyes 860 y 797 de 2003, respectivamente, era
ineficaz, por cuanto como se advierte en las sentencias de segunda instancia
que se censuran, la negativa a su reconocimiento se basa en sentencias
reiteradas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia”.
4.4. Una vez establecido
el cumplimiento de los anteriores presupuestos, puede el juez constitucional
entrar a analizar si en dicha decisión judicial se configura al menos uno de los
siguientes requisitos especiales de procedibilidad que fueron consolidados en
la mencionada sentencia C-590 de 2005 de la siguiente manera:
“a. Defecto orgánico,
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
f. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
g. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h. Violación directa de
la Constitución.”
4.5. Entonces, para
determinar la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial
el juez constitucional deberá verificar la concurrencia de tres presupuestos:
(i) el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la
existencia de una o varias de las causales genéricas establecidas por la
Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) la configuración
de una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional.
5. El desconocimiento del
precedente constitucional como causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
5.1. La
independencia y la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar una norma
jurídica en la solución del caso sometido a su estudio, no es absoluta, pues la
actividad judicial debe desarrollarse dentro del parámetro de la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución que pueden
afectarse con la indebida interpretación de una norma o con su inaplicación. Es
decir, que dicha actividad debe ceñirse al carácter normativo de la
Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º C.P.), de la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 C.P.)[16].
5.2. Otra
limitación a la autonomía e independencia de las autoridades judiciales en la
interpretación de las normas aplicables a un caso sujeto a su estudio, surge
del carácter vinculante del precedente jurisprudencial consolidado en la Corte
Constitucional, en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia. De
esta manera se asegura la coherencia del sistema judicial, pues “permite determinar de manera anticipada y con plena
certeza la solución aplicada a un determinado problema jurídico, de suerte que
los sujetos están llamados a ajustar su actuar a las normas y reglas que los
regulan, en concordancia con la interpretación que se ha determinado acorde y
compatible con el contenido de la Constitución Política[17]” y se garantiza de manera efectiva el derecho
a la igualdad en la aplicación de la ley, en la medida que un “mismo órgano
no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos
sustancialmente iguales[18]”.
5.3. De acuerdo con lo anterior los jueces no pueden apartarse del
precedente judicial sin que exista una razón
suficiente que justifique su inaplicación en un caso concreto. Ello, dado que de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación[19] el desconocimiento de
precedentes jurisprudenciales sin expresar una argumentación razonable puede
llevar a la existencia de un defecto sustantivo en una decisión judicial.
5.4. En este sentido, en la sentencia
T-688 de 2003[20] la Corte
Constitucional expreso que la vinculatoriedad del precedente jurisprudencial en
las decisiones judiciales se desarrolla en el marco de los siguientes objetivos:
(i) el control del superior funcional respecto de la interpretación del juez de
primer grado en el trámite de los recursos de apelación y consulta; (ii) la
unificación de la jurisprudencia nacional que permiten a las Altas Cortes fijar
la interpretación de determinadas
disposiciones normativas dada “la sujeción al precedente vertical, es
decir, al precedente dado por el juez superior en relación con la manera en que
se ha de interpretar y aplicar una norma; y al precedente horizontal que implica el acatamiento al
precedente fijado por el propio juez –individual o colegiado- en casos decididos con anterioridad”.
5.5. En torno a este tema, en la sentencia T-1092 de 2007[21] la Corte Constitucional identificó
cuatro escenarios en los que una providencia judicial desconoce la
jurisprudencia de esta Corporación, de la siguiente manera: “(i) Cuando se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de constitucionalidad; (ii) Cuando se
aplican disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado
contrario a la Constitución; (iii) Cuando se
contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) Cuando se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela”.
5.6. De acuerdo con lo anterior, la garantía del derecho a la igualdad
en el ámbito judicial se materializa a través de la coherencia de las
decisiones de los jueces al resolver casos que presentan un patrón fáctico
similar bajo los mismos parámetros de interpretación. De acuerdo con ello, los
jueces están sujetos al precedente propio –horizontal-, y al fijado por
sus superiores funcionales –vertical-.
En todo caso, de acuerdo con el principio de autonomía judicial, los
jueces pueden apartarse del precedente judicial aplicable al caso sometido a su
consideración, siempre y cuando exprese las razones que justifican el cambio de
jurisprudencia.
6. Los presupuestos para acceder
al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
6.1. A través de la Ley
100 de 1993 el legislador implementó el actual sistema general de seguridad
social conformado por los subsistemas de salud, pensión y riesgos
profesionales, con el objeto de brindar protección a los habitantes del
territorio nacional frente a las contingencias de enfermedad, vejez y muerte.
Para tal efecto, se
crearon prestaciones económicas que permiten a los trabajadores continuar
percibiendo los ingresos económicos necesarios para garantizar su subsistencia en
el momento en que llegan al final de su etapa productiva (pensión de vejez) o,
en caso de que se encuentren en situación de discapacidad (pensión de
invalidez) o proteger a sus familiares en caso de que se produzca su
fallecimiento (pensión de sobrevivientes).
6.2. De acuerdo con lo
anterior, la pensión de invalidez constituye una prestación económica que
permite a un trabajador que ha sufrido una limitación física, sensorial o
psíquica que le impide permanecer vinculado al ámbito laboral, continuar
percibiendo los recursos económicos necesarios para garantizar su subsistencia
y la de su núcleo familiar.
6.3. Para acceder al
reconocimiento de esta prestación pensional el legislador ha dispuesto el
cumplimiento de ciertos presupuestos que de manera general se pueden sintetizar
de la siguiente manera: (i) la pérdida de la capacidad laboral superior al 50%
y (ii) que se acredite un mínimo de semanas cotizadas antes de la
estructuración de la invalidez. Las características de estos requisitos han
variado entre la vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y de la Ley 100 de 1993.
6.4. De acuerdo con la
materia del caso que se examina la Sala se referirá a la evolución normativa
del requisito de densidad de cotizaciones.
6.4.1. El Acuerdo 049 de
1990 regulaba este requisito en el artículo 6º que establecía:
“Tendrán
derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan
las siguientes condiciones: a) Ser inválido permanente total o inválido
permanente absoluto o gran inválido, y b) Haber cotizado para el seguro de invalidez, vejez y
muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en
cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.
6.4.2. Este precepto fue
derogado por la Ley 100 de 1993 que en su artículo 39 establecía el requisito
de densidad en las cotizaciones para acceder al reconocimiento de la pensión de
invalidez en los siguientes términos:
“Tendrán derecho a la
pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes
requisitos: a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el
estado de invalidez, y b)Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere
efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
6.4.3. El artículo 39 de
la Ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 de
la siguiente manera:
“Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50
semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad
y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 50
semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de
la misma.
Parágrafo. Los menores de 20 años de edad solo deberán
acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
No obstante, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de esta norma mediante Sentencia C-1056 de 2003[22]. Ello, por no haberse cumplido con los debates exigidos en
el artículo 57 Superior.
6.4.4. Finalmente, el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 introdujo las siguientes modificaciones al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993:
(i) “Invalidez
causada por enfermedad y por accidente: “Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración”
(ii) En caso de los “menores
de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria”.
(iii) “Cuando el
afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25
semanas en los últimos tres (3) años”.
6.5. De acuerdo con lo
anterior, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad vigente que
regula el acceso a la pensión de invalidez: artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, una persona puede acceder al reconocimiento de
esta prestación cuando presenta una pérdida de la capacidad laboral superior al
50% y acredita una densidad en las cotizaciones correspondiente a 50 semanas
dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se estructuró la
invalidez.
No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha establecido la posibilidad de que la entidad
que tiene a su cargo el reconocimiento de la pensión de invalidez aplique los
presupuestos establecidos en una norma anterior ya derogada en virtud del
principio de condición más beneficiosa.
7. El desarrollo
jurisprudencial del principio de condición más beneficiosa teniendo como
referente la Ley 860 de 2003 y el Acuerdo 049 de 1990.
7.1. Desde la expedición del Acuerdo 049 de 1990[23]
y de la Ley 860 de 2003 la normatividad que ha regulado al requisito de densidad
en las cotizaciones que debe acreditar una persona para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez ha estado dirigida a imponer
condiciones más exigentes, tal como se puede observar en la siguiente tabla[24]:
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990
Artículo 39 de la Ley 100 de 1993
Artículo 11 de la Ley
797 de 2003
Artículo 1º de la Ley 860 de 2003
150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del
estado de invalidez o 300 semanas, en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez.
26 semanas, al momento
de producirse el estado de invalidez.
En el evento en que ha
dejado de cotizar al sistema, 26 semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produzca el estado de invalidez.
1. Invalidez causada por enfermedad: 50 semanas en los
últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo
transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la
primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: 50 semanas dentro de
los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Nota: Mediante la sentencia C-1056 de 2003 la Corte declaró inexequible esta norma por
vicios de procedimiento.
1. Invalidez causada por enfermedad: 50 semanas dentro de
los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez causada por accidente: 50 semanas dentro de
los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma
3. Los menores de 20 años de edad sólo deberán acreditar
que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez o su declaratoria.
7.2. Frente a los cambios normativos que se han presentado en
materia pensional el legislador ha protegido las expectativas legítimas que los
afiliados presentan en torno al acceso del reconocimiento de una prestación
pensional, a través del régimen de transición que busca “evitar que la
subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si
existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las
expectativas ciudadanas y los cambios legislativos[25]. No
obstante, este mecanismo no fue establecido para el reconocimiento de la
pensión de invalidez.
7.3. Así, quedaron desprotegidas las expectativas legítimas
de quienes, sin haber perdido su capacidad laboral, ya cumplían la densidad en
las cotizaciones exigida en el Acuerdo 049 de 1990 (300 semanas en cualquier
época) o en el texto original del artículo 39 Ley 100 de 1993 (26 semanas al
producirse el estado de invalidez) y que fueron sometidos a la modificación que
introdujo la Ley 860 de 2003 (50 semanas durante los tres años anteriores a la
fecha en que se estructuró la invalidez).
Al respecto la sentencia T-299 de 2010 expresó lo siguiente:
“A diferencia del reconocimiento de otras prestaciones sociales, como la
pensión de vejez, no existe un régimen de transición establecido para la
prestación económica de invalidez. Lo
anterior se explica en virtud de que el hecho que produce el estado de
discapacidad no es previsible, mientras que los factores para establecer si una
persona ha adquirido o no el derecho a la pensión de vejez es mayormente
determinable, entre otros factores, por el tiempo y la edad”.
7.4. Esta Corporación[26]
ha establecido que la ausencia de un régimen de transición para quienes tienen
una expectativa legítima frente al acceso al reconocimiento de la pensión de
invalidez no implica, que aquellos sujetos que no cumplan con los requisitos
establecidos en el régimen pensional vigente vean frustrado su derecho. En
estos casos, “se deben observar los
principios constitucionales de equidad, justicia, proporcionalidad y
razonabilidad, y conforme a ellos, aplicar el criterio de la condición más
beneficiosa para evaluar bajo cuáles parámetros podrían acceder a su derecho
pensional[27]”.
7.5. De acuerdo con ello, la Corte Constitucional ha
garantizado el acceso al reconocimiento de la pensión de invalidez de personas que
sufrieron una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y sus respectivos
fondos de pensiones negaron el reconocimiento de dicha prestación en
consideración a que no cumplían el requisito de densidad en las cotizaciones establecido
en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y ha aplicado el presupuesto de
densidad en las cotizaciones conforme a lo establecido en el texto inicial del
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y en el Acuerdo 049 de 1990 a pesar de que
estas normas se encuentran derogadas y en el caso de este último, no estaba vigente
al expedirse la Ley 860 de 2003.
7.6. Para tal efecto, las Salas de
Revisión de la Corte Constitucional[28] acudieron al principio de progresividad que gobierna el sistema
de seguridad social para inaplicar el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Sin
embargo, la Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia C-428 de 2009[29] declaró exequible el requisito de
semanas cotizadas establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 bajo los
siguientes argumentos: (i) la prohibición de regresividad de las leyes no es
absoluta pues “debe ser entendida
como una prohibición prima facie”, lo
cual significa que “un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero
puede ser justificable” y en ese marco, (ii) la
reforma no implica una regresión en el acceso al reconocimiento de la pensión
de invalidez, “pues si bien se aumentó el número de semanas mínimas de
cotización exigidas de 26 a 50, de igual manera aumentó el plazo para hacer
valer las semanas de uno a tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez”.
7.7. Pese a lo anterior, las Salas de
Revisión de la Corte Constitucional continuaron inaplicando el requisito de
semanas establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez, pero ya no bajo la tesis del
carácter regresivo de esta norma como se consideró inicialmente, sino bajo la
observancia del principio de condición más beneficiosa.
7.7.1. De esta manera, en la
sentencia T-668 de 2011[30] la Corte Constitucional concedió
el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital
de un afiliado del ISS a quien dicha entidad le había negado el reconocimiento
de la pensión de invalidez porque no cumplía con el requisito de semanas
cotizadas exigidas en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. En esta
oportunidad, dispuso que en virtud del principio de condición más beneficiosa confrontara
los requisitos establecidos en régimen pensional vigente con los señalados en
el Acuerdo 049 de 1990 para determinar la norma más ventajosa que debe
aplicarse en el estudio de su solicitud.
En concreto, expresó: “Las disposiciones que rigen el asunto y que le dan derecho al
actor a la pensión de invalidez, en aplicación del principio de la condición
más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, son
los artículos 5° y 6° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
del mismo año. Ello es así, porque la demandante acreditó la disminución de su
capacidad laboral en un porcentaje superior al 50 %, y cotizó más de 300
semanas antes del 1º de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100
de 1993”.
7.7.2. En
igual sentido, mediante la sentencia T-717 de 2014[31]
la Corte resolvió, entre otros casos, el de una persona que presentaba una pérdida
de la capacidad laboral de 74.50%, por causa de las siguientes patologías “VIH/SIDA,
toxoplasmosis y parálisis de la mitad de su cuerpo” con fecha de
estructuración de la invalidez del 12 de marzo de 2011. Aunque había acreditado
973.23 semanas de cotización, la última cotización se efectuó el 31 de enero de
2006 y por lo tanto, no cumplía con el requisito de densidad en cotizaciones que
exige la Ley 860 de 2003 (50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la
fecha en que se estructuró la invalidez), así como tampoco el establecido
en el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (26 semanas en el
último año antes a la fecha de estructuración). Sin embargo se evidenció
que sí acreditaba el cumplimiento del periodo de cotización exigido en el
artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 (300 semanas en cualquier época).
En este caso, Colpensiones
había negado la solicitud pensional del actor y por lo tanto aquél presentó
demanda ordinaria laboral contra esa entidad. En primera instancia, obtuvo un
fallo favorable bajo las siguientes consideraciones: (i) al momento de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 había cumplido con el requisito de
semanas cotizadas establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 para el
reconocimiento de la pensión de invalidez y (ii) se encontraba en una situación
especial de vulnerabilidad, en razón a su estado de salud. En consecuencia, ordenó
a la administradora de pensiones demandada reconocer la pensión de invalidez conforme
a lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990.
Sin embargo, en segunda
instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó esta decisión
y en su lugar, negó las pretensiones del demandante bajo el argumento de que el
Acuerdo 049 de 1990 no era el régimen inmediatamente anterior al vigente esto
es artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100
de 1993.
En esta oportunidad, la
Sala Primera de Revisión, encontró que la decisión de Tribunal desconocía el precedente
constitucional relativo a la posibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990 pese
a que la invalidez se hubiese estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003.
La Corte Constitución
plasmó una explicación a la razón por la cual la Corte Constitucional continuó
inaplicando el requisito de densidad en las cotizaciones establecido en el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 pese a que esta norma fue declarada exequible
a través de la sentencia C-428 de 2009[32].
Concretamente, expresó que esta sentencia hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional relativa y no absoluta, en razón a que
se analizó la constitucionalidad de la Ley 860 de 2003 frente a un cargo
específico: “desconocimiento del principio de progresividad
y prohibición de retroceso”. Adujo, que por lo tanto la declaratoria
de exequibilidad no impide que los jueces constitucionales puedan continuar
inaplicando esta norma por otros cargos no analizados en aquella oportunidad, como
“la equidad, la proporcionalidad o la condición más beneficiosa”.
7.8. De
lo anterior, la Sala concluye que Corte Constitucional ha confrontado una norma
vigente con una derogada para aplicar al estudio del caso concreto la que mayor
ventaja proporciona a quien reclama el acceso al reconocimiento de la pensión
de invalidez. Para tal efecto, ha tenido como referencia la Ley 860 de 2003 y
el Acuerdo 049 de 1990, aunque estas normas no sean sucesivas entre sí, cuando el
interesado no cumple con el requisito de densidad en las cotizaciones
establecido en el régimen vigente, pero satisface en su totalidad los
establecidos en la norma derogada. En todo caso, ha determinado la necesidad de
verificar las circunstancias especiales en las que se encuentre el afiliado[33].
7.9. No
obstante, la postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en torno al alcance del principio de condición más beneficiosa ha sido
opuesta a la de la Corte Constitucional, en la medida que ha limitado su
aplicación a la norma inmediatamente anterior.
Es decir,
para el alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, en los eventos en que la
invalidez se haya estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003 y el afiliado
no cumple el requisito de densidad en las cotizaciones establecido en aquella
norma, la entidad que tiene a su cargo el reconocimiento de la pensión de invalidez
puede aplicar únicamente el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de
1993 y no una norma más antigua como es el caso del Acuerdo 049 de 1990.
Estas
diferencias fueron abordadas recientemente por la Sala Plena de esta Corporación
en la sentencia SU-442 de 2016[34] con el fin de unificar los
criterios jurisprudenciales relativos a la aplicación de la condición más
beneficiosa en materia de pensión de invalidez.
En esta oportunidad, la
Corte Constitucional desarrolló los argumentos expresados por la Corte Suprema
de Justicia para rechazar la posibilidad de que en virtud del principio de
condición más beneficiosa, las administradoras de pensiones puedan aplicar en
el estudio de una solicitud de pensión de invalidez una norma que no
corresponde a la inmediatamente anterior.
(i) El primer argumento
consiste en la afectación a la sostenibilidad financiera del sistema pensional que
se garantiza a través de las cotizaciones regulares y efectivas de los
afiliados y del establecimiento de medidas dirigidas a evitar malas prácticas
tales como que una persona comience a cotizar luego de que ya se ha
estructurado su invalidez.
En contraste, la Corte
consideró que la aplicación de una norma más antigua al régimen pensional vigente
aun cuando no se trate de la inmediatamente anterior (como es el caso del
Acuerdo 049 de 1990 respecto de la Ley 860 de 2003) no altera la sostenibilidad
financiera del sistema pensional en la medida que en todo caso estos regímenes
pensionales establecen un requisito de densidad en las cotizaciones para
acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez.
(ii) La garantía del principio
de legalidad que se desconoce al otorgarle a una norma derogada efectos
“plusultractivos”. Al respecto, consideró que en virtud de este principio,
cuando en el transito normativo no se establecen regímenes de transición para
proteger expectativas legítimas de las personas frente al acceso a una
prestación pensional deben aplicarse aún más allá de su vigencia las normas
sobre las cuales se forjaron. En términos de la sentencia señalada:
“si se limita la
efectividad de este principio únicamente al periodo de vigencia de la norma
siguiente, para hacerla cesar una vez se expida una norma subsiguiente,
entonces bastaría una decisión del legislador de cambiar dos o más veces la
regulación de un mismo asunto, para que desapareciera la protección
constitucional relativa a la confianza legítima. Esta consecuencia es contraria
a la Constitución pues implica el que una decisión del legislador puede anular
una situación desprotegida pro el orden constitucional, como el la de contar
con una expectativa legítima de pensionarse, en un contexto jurídico marcado
por la supremacía constitucional”.
(iii) La afectación de la
seguridad jurídica. Frente a ello, consideró la Corte Constitucional que la
aplicación a un caso concreto de normas ya derogadas es compatible con la
seguridad jurídica. Expresó, que lo que sí la afecta es que “un principio
constitucional –como es el de la condición más beneficiosa- (CP arts. 48, 53 y
83) tenga dos interpretaciones opuestas e incompatibles, y que casos iguales se
resuelvan en sentidos irreconciliables, según el ramo de la jurisdicción en el
cuál se decidan”.
7.10. Bajo el marco de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que el principio
de condición más beneficiosa admite la aplicación de una norma anterior en la
cual una persona forjó una expectativa legítima en torno al acceso del
reconocimiento de la pensión de invalidez.
7.11. Entonces, teniendo
como referente el artículo 1º de Ley 860 de 2003 el principio de condición más
beneficiosa admite que en el análisis del requisito de densidad en las
cotizaciones se aplique el presupuesto establecido en el texto original del
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 o el establecido en el artículo 6º del Acuerdo
049 de 1990.
III. ANÁLISIS DE LOS CASOS
CONCRETOS.
Una vez analizada la
jurisprudencia constitucional en torno al alcance del principio de condición
más beneficiosa esta Sala resolverá el fondo del asunto de los expedientes
revisados. Para tal fin, reiterará brevemente las reglas aplicables a los casos
concretos.
Así, la aplicación del
principio de condición más beneficiosa persigue el respeto de las expectativas
legítimas que ha forjado una persona en torno al acceso al requisito de la
pensión de invalidez durante la vigencia de una norma derogada, aun cuando la
misma no corresponda a la inmediatamente anterior a la que deba emplearse en el
caso bajo análisis.
De acuerdo con ello, el
principio de condición más beneficiosa admite que en el reconocimiento de la
pensión de invalidez estructurada en vigencia del artículo 39 de la Ley 100 de
1993 con las modificaciones introducidas por el artículo 1 de la Ley 860 de
2003, se aplique el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 aun cuando esta norma se
encuentra derogada y no corresponde a la inmediatamente anterior al régimen
pensional vigente.
1. Expediente T-5608726. Aldemar de
Jesús Santamaría Calle contra Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES
1.1. El señor Aldemar de
Jesús Santamaría Calle tiene 60 años de edad y presenta una pérdida de la
capacidad laboral del 58.31% con fecha de estructuración 14 de agosto de 2014
por causa de las siguientes patologías: “trastorno
afectivo bipolar; otros trastornos metabólicos y endocrinos; insuficiencia
venosa crónica; hipotiroidismo con compromiso de órgano blanco y neuropatía
periférico por temblor y dolor”. Cotizó al sistema general de
seguridad social en pensiones entre 1974 y 1992 un total de 353 semanas.
Solicitó a la administradora
de pensiones accionada el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin
embargo dicha entidad negó su petición en razón a que no acreditaba el
cumplimiento del requisito de densidad en las cotizaciones establecido en el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 (que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de
1993) en el sentido que al momento en que se estructuró la invalidez no tenía
50 semanas cotizadas al régimen pensional.
Por lo anterior, en
aplicación del principio de condición más beneficiosa Colpensiones analizó el
cumplimiento del requisito de densidad en las cotizaciones conforme lo
establecido en el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (26
semanas al momento de producirse la invalidez y en caso de que estuviera
desafiliado 26 semanas dentro del año anterior a la estructuración de la
invalidez) no obstante, determinó que estos
requisitos tampoco los cumplía el peticionario.
El señor Santamaría Calle
formuló acción de tutela contra Colpensiones con el propósito de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital
que consideró vulnerados por esa entidad con la negativa del reconocimiento de
la pensión de invalidez. Solicitó al juez de tutela que analizará su solicitud
pensional bajo los parámetros establecidos en el artículo 6º del Acuerdo 049 de
1990 en consideración a que en la vigencia de esta norma cumplió el requisito
de densidad en las cotizaciones establecido para tal efecto y por lo tanto,
forjó una expectativa legítima que no puede desprotegerse.
Procedibilidad material de
la acción de tutela
1.2. Observa
la Sala, que en el presente caso se cumplen los presupuestos que habilitan la
acción de tutela para reclamar el amparo de los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital del señor Santamaría Calle. Ello, en razón a
que la acción de tutela fue interpuesta dentro del mes siguiente a la fecha en
que se expidió la resolución GNR 384793 por medio de la cual Colpensiones negó
el reconocimiento pensional (inmediatez).
1.3.
Frente al requisito de subsidiaridad los jueces de instancia consideraron que
este caso no supera este presupuesto en razón a que el accionante dispone de
otras herramientas de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria laboral
para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez.
En
contraste, advierte la Sala que si bien el actor dispone de otros mecanismos judiciales
para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, en este caso se
habilita la acción de tutela para reclamar el acceso a dicha prestación
pensional en consideración a la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra el señor Santamaría Calle, ya que por su avanzada edad -60 años- y su
condición de invalidez no puede ejercer alguna actividad que le permita
garantizar su subsistencia, lo que flexibiliza el análisis de este requisito.
En este
caso, el proceso ordinario laboral es una herramienta de defensa judicial que resulta
ineficaz para garantizar de manera efectiva el derecho a la seguridad social y
al mínimo vital del señor Santamaría Calle que se materializa a través del
reconocimiento de la pensión de invalidez. Ello, en consideración a que por el
tiempo que tarda en resolverse esta clase de procesos judiciales, la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentra el accionante puede agravarse teniendo
en cuenta que aquél no cuenta con los recursos económicos necesarios para garantizar
su subsistencia y las patologías que presenta le impiden ejercer alguna actividad
que le permita obtener tales recursos. La Sala evidenció esta circunstancia a
partir de la constatación efectuada por la Sala respecto de la vinculación del
accionante en el nivel uno del SISBEN[35].
Análisis de fondo de la
vulneración de los derechos fundamentales del señor Jesús Santamaría Calle.
1.4. Teniendo en cuenta
que en el caso bajo análisis la invalidez se estructuró el 14 de agosto de 2014,
el reconocimiento de la pensión de invalidez debe hacerse bajo los presupuestos
establecidos para el efecto en la el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 (50
semanas dentro de los tres años anteriores a la invalidez). Sin embargo, este requisito
no se cumple dado que el señor Santamaría Calle dejó de cotizar al sistema
desde el año 1992.
De acuerdo con lo
anterior, Colpensiones, en aplicación del principio de condición más
beneficiosa analizó el cumplimiento del requisito de densidad en las
cotizaciones conforme lo establecido en una norma anterior, esto es, el texto
original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (26 semanas al momento de la
estructuración de la invalidez o habiendo dejado de cotizar 26 semanas en el
año anterior). No obstante, este requisito tampoco lo cumple el actor pues como
se señaló anteriormente su último aporte lo efectuó en el año 1992.
1.5. Observa la Sala, que
Colpensiones no incluyó en dicho análisis lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo
049 de 1990 en torno al requisito de densidad en las cotizaciones para el
acceso al reconocimiento de la pensión de invalidez. Pese a que el juez de
primera instancia requirió un pronunciamiento al respecto la entidad no explicó
las razones en que se fundamentó esa omisión.
1.6. Bajo este escenario, corresponde
a la Corte determinar si en el caso bajo estudio es posible, conforme al
principio de condición más beneficiosa, aplicar el requisito de densidad en las
cotizaciones establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 para el
reconocimiento de la pensión de invalidez aun cuando esta norma se encuentra
derogada.
1.7. De acuerdo con las consideraciones
desarrolladas en esta providencia (supra fundamento jurídico 7) en
virtud del principio de condición más beneficiosa es posible aplicar en el
reconocimiento de la pensión de invalidez, el requisito de densidad en las
cotizaciones establecido en una norma ya derogada como es el caso del artículo
6º del Acuerdo 049 de 1990. Para tal efecto, debe constatarse que al entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993 el peticionario cumplía los requisitos establecidos
para acceder al reconocimiento de aquella prestación pensional y por lo tanto
forjó una expectativa legítima que no puede desconocerse.
1.8. En el caso bajo
análisis, observa la Corte que de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas
expedido por Colpensiones[36]
el señor Santamaría Calle se afilió al ISS el 14 de mayo de 1974, entre esta
fecha y la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 cotizó 343 semanas. Es decir,
que el actor sí había forjado una expectativa legítima en torno al
reconocimiento de la pensión de invalidez durante la vigencia del Acuerdo 049
de 1990 en la medida que había cumplido el requisito de densidad en las cotizaciones
establecido en esa norma para tal efecto (150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del
estado de invalidez o 300 semanas en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez).
1.9. Por lo tanto, en
virtud del principio de condición más beneficiosa la Sala deberá inaplicar en
este caso, lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que establece
como requisito para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez que el
peticionario hubiese cotizado al régimen pensional 50 semanas antes de la fecha
de estructuración de la enfermedad. En su lugar, admitirá como requisito de
densidad en las cotizaciones el establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049
de 1990 el cual, como se expuso en el numeral anterior, el actor cumple en la
medida que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 había completado más de
300 semanas cotizadas “en cualquier época” antes de la fecha de
estructuración de la invalidez.
1.10. Bajo este escenario,
la Sala revocará las sentencias proferidas por el Juzgado Catorce Penal del
Circuito con funciones de conocimiento de Medellín el 13 de enero de 2016 y por
la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el 25 de febrero de 2016, que declararon
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Aldemar de Jesús
Santamaría Calle. En su lugar, concederá el amparo de los derechos a la
seguridad social y al mínimo vital del accionante. En consecuencia, ordenará a
la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta sentencia efectúe el
reconocimiento de la pensión de invalidez en favor del señor Santamaría Calle
conforme a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Acuerdo 049 de
1990, a partir de la fecha en que se consolidó su derecho.
2. Expediente T-5621754.
Jorge David Quintero Bula contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito
de Barranquilla, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y
Colpensiones
2.1. El señor Jorge David Quintero Bula tiene 65 años de edad y
presenta una pérdida de la capacidad laboral del 69.40% con fecha de
estructuración 29 de octubre de 2003 por causa de las patologías que presenta:
“meningioma y edema cerebral”.
Cotizó 778 semanas al régimen pensional a través del ISS (entre el
11 de enero de 1972 y el 16 de junio de 1994) y estuvo afiliado al fondo
privado Protección S.A. entre el 16 de junio de 1994 hasta el 27 de enero de
2004, periodo en el cual no efectuó cotizaciones al sistema pensional. El 27 de
enero de 2004 el actor regresó al régimen de prima media con prestación
definida sin efectuar cotizaciones.
De acuerdo con ello, solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión
de invalidez, sin embargo esta entidad negó su solicitud en consideración a que
esta prestación pensional estaba a cargo de Protección S.A. En consecuencia, el
actor solicitó a dicho fondo privado el reconocimiento de la pensión de
invalidez, pero esta entidad también rechazó su petición bajo el argumento de
que a su juicio, corresponde al ISS el reconocimiento de la pensión reclamada[37].
2.2. Bajo este escenario, el señor Quintero Bula promovió demanda
ordinaria laboral contra el ISS y Protección S.A. con el fin de que ordenara al
ISS reconocer al demandante la pensión de invalidez desde la fecha de
estructuración,  esto es 30 de octubre de 2003.
2.2.1. En primera instancia, el Juzgado Octavo Laboral del
circuito de Barranquilla estableció la validez del cambio de regímenes
pensionales en la medida que el actor “se movió de un régimen a otro
cumpliendo con los requisitos legales para hacerlo” ya que su permanencia
superó los 9 años. Así mismo, declaró que con el traslado de regímenes
pensionales el actor no perdió los beneficios del régimen de transición pues al
1 de abril de 1994 tenía 15 de servicios y no se expidió bono pensional.
Con todo, señaló que a pesar de encontrar acreditado que el actor
no perdió los beneficios del régimen de transición, esa circunstancia no
influye en el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el señor
Quintero Bula en la medida que el mismo aplica únicamente en el acceso a la
pensión de vejez.
2.2.2. En torno al reconocimiento de la pensión de invalidez, el Juzgado
analizó el cumplimiento del requisito de densidad en las cotizaciones
establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 (50 semanas dentro de los
tres años anteriores a la fecha en que se estructuró la invalidez). Evidenció
que el actor no cumplía este presupuesto pues la invalidez se estructuró el 29
de octubre de 2003 y su último aporte al sistema pensional se efectuó en “septiembre
de 1987”.
Además, en aplicación del principio de condición más beneficiosa,
el Juzgado accionado analizó los presupuestos establecidos en el texto original
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (26 semanas al momento de producirse la
invalidez o en caso de no estar afiliado 26 semanas durante el año anterior a
la fecha de estructuración de la invalidez) y determinó el incumplimiento de que
estos requisitos por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior.
2.2.3. Inconforme con aquella decisión, el demandante la apeló.
Consideró que en virtud del principio de condición más beneficiosa debe
aplicarse el requisito de densidad en las cotizaciones establecido en el artículo
6º del Acuerdo 049 de 1990 pues para la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 aquél había cumplido este presupuesto dado que para aquella época tenía
778 semanas cotizadas.
2.2.4. En segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Barranquilla confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Laboral del
circuito de Barranquilla. Sin embargo, expresó otros argumentos:
(i) En torno a la norma aplicable al reconocimiento de la pensión
de invalidez, consideró que corresponde al artículo 39 de la Ley 100 de 1993
con las modificaciones introducidas por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 y
no las efectuadas por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Ello, en
consideración a que para la fecha en que se estructuró la invalidez (29 de
octubre de 2003) esta última no estaba vigente y la primera aún no había sido
declara inexequible por la Corte Constitucional.
En todo caso, concluyó que el actor no cumple los requisitos
establecidos en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez (50 semanas dentro de los tres
años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez) pues dentro
de dicho periodo no efectuó cotizaciones al sistema pensional.
Asimismo, el Tribunal rechazó la posibilidad de analizar el
cumplimiento de los presupuestos pensionales establecidos en el texto original
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 “como quiera que la norma que gobierna,
en caso de otorgar la pensión de invalidez, es la norma vigente al momento de
la estructuración de la invalidez”.
(ii) Expresó, que en caso de que el señor Quintero Bula hubiese
cumplido los presupuestos establecidos en la Ley 797 de 2003 para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez, dicha prestación pensional estaría a
cargo del ISS (hoy Colpensiones) en la medida que aquél regresó al régimen de
prima media con prestación definida el 27 de enero de 2004 sin haber efectuado
aportes en el régimen de ahorro individual con solidaridad-
2.3. El accionante promovió acción de tutela contra el Juzgado de
Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Barranquilla en lo pertinente a la negativa del reconocimiento de
la pensión de invalidez. Consideró que las sentencias proferidas por estas
autoridades judiciales adolecen de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional relativo al alcance de la aplicación del principio de condición
más beneficiosa en el reconocimiento de la pensión de invalidez, en el sentido
que el mismo permite analizar el cumplimiento del requisito de densidad en las
cotizaciones conforme a lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de
1990 aunque esta  norma se encuentre derogada y no corresponda a la inmediatamente
anterior al régimen pensional vigente.
2.4. En primera instancia, la Sala de Casación Laboral declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Quintero Bula bajo el
argumento de que no cumplió el requisito de inmediatez dado que la acción fue
promovida “tres años” después de que culminó el trámite del proceso
ordinario laboral.
Además, consideró que el caso bajo análisis no superó el examen
del requisito de subsidiaridad en la medida que si bien formuló recurso
extraordinario de casación el mismo fue declarado desierto porque no fue
sustentado.
2.5. Esta decisión fue impugnada por el apoderado del accionante.
Expresó que el señor Quintero Bula que no pudo promover el recurso
extraordinario de casación en razón que no contaba con el dinero suficiente
para pagar los honorarios profesionales a un abogado para la elaboración del
mismo. Además, consideró que este recurso resulta inidóneo para garantizar la
protección efectiva y oportuna de los derechos a la seguridad social y al
mínimo vital que se materializa a través del reconocimiento de la pensión de
invalidez. Expresó, que el actor en razón de su edad y situación de invalidez
no puede ejercer alguna actividad laboral que le genere los recursos económicos
necesarios para garantizar su subsistencia.
2.6. En segunda instancia, la Sala de Casación Penal confirmó la
sentencia recurrida por las mismas razones de la decisión inicial.
2.7.   Bajo este escenario, la Sala analizará el cumplimiento de
los requisitos generales de la acción de tutela contra sentencias judiciales en
el marco de las consideraciones desarrolladas en esta providencia. Superado
este estudio, determinará si las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales accionadas adolecen de defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional relativo al alcance del principio de condición más
beneficiosa en el reconocimiento de la pensión de invalidez que admite el
análisis del requisito de densidad en las cotizaciones conforme a lo dispuesto
en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 aun cuando esta norma se encuentra
derogada.
Verificación del cumplimiento de las causales genéricas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
2.8. Que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional.
Al respecto, observa la Sala que la posible violación de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital configuran una circunstancia de relevancia constitucional, en
consideración a que el afectado en razón de su edad -65 años- y la pérdida de
la capacidad laboral del 68.40% es un sujeto de especial protección
constitucional.
2.9. Que se hayan identificado plenamente los derechos
vulnerados y los hechos vulneratorios de los mismos.
El señor José David Quintero Bula señaló que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital con la negativa del reconocimiento de la
pensión de invalidez. Consideró, que si bien no cumple el requisito de densidad
en las cotizaciones establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 y por el artículo 1º de la Ley 860 de
2003) para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, las entidades
accionadas están obligadas a aplicar el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990
teniendo en cuenta que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 778
semanas cotizadas y por lo tanto había cumplido el requisito de densidad en las
cotizaciones establecido en el régimen anterior.
2.10. Que la actuación haya respetado el principio de inmediatez.
En este
punto, es indispensable analizar que la acción de tutela haya sido promovida
dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de los
hechos que se consideran vulneratorios de los derechos fundamentales, con el
fin de constatar que el transcurso del tiempo no desvirtúe la transgresión o
amenaza de tales derechos.
Los jueces de instancia declararon improcedente la acción de
tutela al considerar que este presupuesto no se cumplía, toda vez que la acción
de tutela se formuló “tres años” después de la culminación del proceso
ordinario laboral.
En efecto, la Sala constató que el trámite del proceso ordinario
laboral culminó el 22 de mayo de 2012 y que el señor Quintero Bula formuló la
acción de tutela el 10 de marzo de 2016, esto es, tres años y diez meses después.
Esta circunstancia, en principio podría conllevar a que el presente caso no
supere el examen de este requisito como lo sostuvieron los jueces de instancia.
No
obstante, la jurisprudencia constitucional ha señalado ciertas condiciones por
las cuales resulta admisible la demora en la interposición de la acción de
tutela, tales como: (i) que a pesar que el hecho que originó la vulneración sea
lejano en el tiempo, la situación desfavorable del tutelante sea actual y (ii)
la especial situación de la persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales[38].
De acuerdo con lo anterior, la Sala
considera que en el presente caso se cumplen los presupuestos jurisprudenciales
que flexibilizan el análisis del requisito de inmediatez en la medida que el
accionante no ha encontrado una fuente de ingresos que le permita garantizar su
subsistencia y el estado de invalidez permanece. Por lo tanto, la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra por la imposibilidad de acceder a la
pensión de invalidez es actual.
En consecuencia, la Corte considera que se
encuentra habilitada la acción de tutela para reclamar la garantía de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital del señor Quintero Bula.
2.11. Que no se trate de una sentencia de tutela.
Este requisito se cumple, pues la acción constitucional ataca las
decisiones adoptadas por los jueces laborales durante trámite del proceso
ordinario laboral promovido por el señor Quintero Bula contra el Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Barranquilla y la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Barranquilla, Colpensiones y Protección S.A.
2.12. Que se haya cumplido con el requisito de subsidiariedad,
y que la irregularidad procesal que se alegue tenga un efecto directo sobre la
decisión de fondo que se impugna.
Otro argumento expresado por los jueces de tutela para declarar
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Quintero Bula consistió
en que no encontraron superado el requisito de subsidiaridad toda vez que
aunque el actor formuló recurso extraordinario de casación contra la sentencia
atacada, el mismo fue declarado desierto porque no fue sustentado.
Como quedó
establecido en el marco teórico de esta providencia (fundamento jurídico
4.3.) el recurso extraordinario de casación no afecta el examen del
requisito de subsidiaridad cuando se verifica que el mismo no resulta idóneo ni
eficaz para la garantía de los derechos fundamentales que se reclama.
En el caso bajo
análisis, la Sala evidencia que el señor Quintero Bula se encuentra en
situación de vulnerabilidad por causa de las enfermedades que presenta “meningioma,
edema cerebral, epilepsia, incontinencia urinaria”, depende de un tercero
para realizar todas sus actividades básicas tales como bañarse, vestirse, cepillarse
los dientes, comer, usa pañales y para su traslado debe utilizar una silla de
ruedas. Estas circunstancias se pudieron constatar a partir de las fotografías
que obran en el expediente[39] y que dan cuenta de
su deteriorado estado de salud.
Además, advierte la
Sala que el actor tiene 65 años de edad y no percibe una pensión de jubilación,
ni cuenta con una fuente de ingresos que le permitan garantizar su subsistencia
y los costos de la prestación de servicios médicos excluidos del plan
obligatorio de salud que son indispensables para el manejo de las patologías
que presenta. Refirió en la tutela, que su esposa no cuenta con un ingreso fijo
y que dependen de la ayuda económica que puedan proporcionarles sus hijos, la
cual no es suficiente en la medida que ellos deben garantizar la subsistencia
de sus propios hogares.
En ese
contexto, el reconocimiento de la pensión de invalidez que persigue el señor
Quintero Bula representa su única alternativa de obtener un ingreso que le
permita satisfacer sus necesidades básicas en esa difícil condición de salud, por
lo tanto exigirle el agotamiento del recurso de casación resulta
desproporcionado. De acuerdo con ello, la Sala encuentra que el requisito de
subsidiariedad se encuentra satisfecho y que, por lo tanto, respecto a ese
punto, la acción de tutela es procedente.
Estudio de fondo de la acción de tutela
contra las sentencias acusadas
2.13. Superado el
estudio de la procedibilidad material de la acción de tutela, la Sala analizará
si las sentencias proferidas por el Juzgado Octavo Laboral del circuito de
Barranquilla y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad
adolecen de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional relativo al alcance del principio de condición más beneficiosa
que admite que en el reconocimiento de la pensión de invalidez se aplique el
requisito de densidad en las cotizaciones establecido en una norma derogada,
aun cuando la misma no corresponda a la inmediatamente anterior.
2.14. Concretamente,
los jueces laborales negaron las pretensiones de la demanda ordinaria promovida
por el señor Quintero Bula contra el ISS (hoy Colpensiones) bajo el argumento
de que no cumplía el requisito de densidad en las cotizaciones para el acceso
al reconocimiento de la pensión de invalidez establecido en el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por el artículo 11 de la
Ley 797 de 2003 (según la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla) y
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 (señaló el Juzgado Octavo Laboral del
Circuito de Barranquilla).
En todo caso, en
ambos pronunciamientos se abordó el análisis del principio de aplicación más beneficiosa
en los siguientes términos:
2.14.1. El Juzgado
Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla tomó como referente el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003 como norma aplicable a la solicitud del reconocimiento de
la pensión de invalidez y de acuerdo con ello, conforme al principio de
condición más beneficiosa, analizó el cumplimiento del requisito de densidad en
las cotizaciones establecido en la norma inmediatamente anterior esto es: el texto
original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993. No obstante, advirtió que el señor
Quintero Bula tampoco cumplía dicho presupuesto.
Frente a lo
anterior, advierte la Sala que el Juzgado accionado limitó el alcance de la
aplicación del principio de condición más beneficiosa a la norma inmediatamente
anterior y se abstuvo de incluir en el análisis del requisito de densidad en
las cotizaciones lo establecido en una norma más antigua, como es el caso del
artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aun cuando el señor Quintero Bula acreditó
que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 cumplía el presupuesto
pensional de aquella norma.
De esa manera, el
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla desconoció el precedente
constitucional en torno al alcance del principio de condición más beneficiosa
que admite que para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, se
aplique el requisito de densidad en las cotizaciones conforme a lo establecido
en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 (300 semanas en cualquier época antes
de la invalidez) aunque esta norma esté derogada y no corresponda a la inmediatamente
anterior tomando como referente la Ley 860 de 2003. Así, se desprotegió la
expectativa legítima que forjó el señor Quintero Bula antes de que entrara en
vigencia la Ley 100 de 1993 en torno al acceso al reconocimiento de la pensión
de invalidez pues para aquella época había cotizado 778 semanas al régimen
pensional a través del ISS.
2.14.2. Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal superior
de Barranquilla consideró que la norma aplicable a la solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez formulada por el señor Quintero Bula
corresponde al artículo 11 de la Ley 797 de 2003 en la medida que esta norma
estuvo vigente entre el 29 de enero y el 11 de noviembre de 2003 y la invalidez
se estructuró el 29 de octubre de ese mismo año.
El requisito de densidad en las cotizaciones establecido en
aquella norma para el caso de invalidez causada por enfermedad, consiste en la
acreditación de 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez. En ese marco, el Tribunal accionado
concluyó que el accionante no cumplió con los presupuestos para el
reconocimiento de la pensión de invalidez dado que dentro de los tres años
anteriores al 23 de octubre de 2003 no efectuó aportes al sistema pensional.
Asimismo, rechazó la posibilidad de analizar el cumplimiento
del requisito de densidad en las cotizaciones establecido en una norma ya
derogada. En concreto, expresó: “Para la Sala, el a quo cae en el equívoco
al darle aplicación al texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en
virtud del principio de condición más beneficiosa, como quiera que la norma que
gobierna en caso de otorgar la pensión de invalidez, lo es la norma vigente al
momento de la estructuración de la invalidez y como quiera que el sub-lite ello
aconteció el 29 de octubre de 2003 la norma vigente es el artículo 39 de la Ley
100 de 1993 modificado por la [Ley 797 de 2003]”.
Además, en relación con los argumentos expresados por el
apoderado del actor en el recurso de apelación en torno a la protección de la
expectativa legítima que forjó el señor Quintero Bula en vigencia del Acuerdo
049 de 1990 frente al acceso al reconocimiento de la pensión de invalidez, consideró
que “sería un yerro otorgarle al actor la pensión de invalidez deprecada,
pero también sería un error buscar la adecuación normativa de los hechos
esbozados en el plenario, en el Acuerdo 049 de 1990, cuando hemos visto que la
norma que gobierna es siempre la vigente al momento de la estructuración de la
invalidez”.
Frente a lo anterior, advierte la Corte que la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Barranquilla plantea un argumento que desconoce aún
más el alcance el principio de condición más beneficiosa en el reconocimiento
de la pensión de invalidez, pues en criterio de este órgano judicial este
principio no tiene aplicación alguna.
Entonces, considera la Sala que la sentencia proferida por el
Tribunal accionado desconoce el precedente constitucional consolidado en la
Corte Constitucional en torno a la aplicación del principio de condición más beneficiosa
en virtud del cual las entidades que tienen a su cargo el reconocimiento de la
pensión de invalidez de una persona que no cumple los presupuestos para acceder
a dicha prestación pensional conforme al régimen vigente en el momento en que
se estructuró la invalidez pero, que sí acredita los establecidos en otra norma
anterior ya derogada deben aplicar este último precepto. De esa manera, se
protege la expectativa legítima que ha forjado el afiliado en torno a la
posibilidad de obtener el reconocimiento de este derecho pensional y que
resulta afectada con el tránsito normativo.
2.15. A partir de
las anteriores consideraciones la Corte Constitucional concederá el amparo de
los derechos fundamentales solicitado por el señor Jorge David Quintero Bula.
En consecuencia, la Sala Novena de Revisión dejará sin valor y efecto la
sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla el
14 de julio de 2011 y la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de la misma ciudad el 22 de mayo de 2012 dentro del proceso ordinario
laboral promovido por el señor Quintero Bula contra el ISS (hoy Colpensiones),
así como las sentencias adoptadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el 30 de marzo de 2016 y por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia el 2 de junio de 2016. Asimismo, dictará las
órdenes que sean del caso para la protección efectiva de los derechos
fundamentales vulnerados.
2.16. Antes de establecer estas órdenes de protección, es
necesario señalar que cuando la vulneración deviene de una providencia judicial
el Tribunal Constitucional ha asumido las siguientes modalidades de protección:
(i) si en el proceso ordinario uno de los fallos de instancia ha sido conforme
a la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, el juez de tutela debe
dejar sin efecto la sentencia contraria al precedente y, en su lugar, confirmar
el fallo de instancia que se ajusta a la jurisprudencia constitucional y; (ii)
si ninguno de los fallos de instancia del proceso ordinario ha sido favorable a
las pretensiones, esta Corporación ha adoptado directamente las medidas
necesarias de protección, dictando sentencia sustitutiva o de remplazo
(SU-917/10 MP Jorge Iván Palacio Palacio).
2.17. La sentencia de reemplazo se justifica en este caso, por la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el señor Jorge David
Quintero la cual se ha evidenciado en el desarrollo de esta providencia a
partir de las siguientes circunstancias: (i) la grave afectación de su mínimo
vital dado que a su avanzada edad –65 años- no percibe una pensión de vejez que
le permita garantizar su subsistencia (ii) el deteriorado estado de salud que
lo mantiene postrado a una silla de ruedas, dependiendo de un tercero para
realizar todas sus actividades básicas, circunstancias que no solo le impiden
acceder a una fuente de ingresos económicos sino también le generan costos
adicionales de bienes y servicios que requiere para mejorar su condición de
vida. (ii) Su esposa no tiene ingresos económicos por lo que ambos dependen de
la ayuda que proporcionan sus hijos quienes también deben garantizar el
sostenimiento de sus propios hogares.
De acuerdo con lo
anterior y teniendo en cuenta que los jueces ordinarios adoptaron una decisión
uniforme al resolver desfavorablemente las pretensiones del demandante, la Sala
Novena de Revisión dictará una sentencia de reemplazo.
2.18. La Corte abordará el estudio de los presupuestos para
acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez. Para tal efecto, establecerá
en primer lugar cuál es la norma aplicable al caso bajo análisis y, luego
verificará si cumple o no los requisitos pensionales de la misma. En caso
contrario, verificará si se configuran los presupuestos jurisprudenciales para
aplicar el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990.
2.18.1. Teniendo en cuenta que la invalidez que presenta el señor
Jorge David Quintero Bula se estructuró el 29 de octubre de 2003 la norma
aplicable es la  vigente para ese momento, esto es el artículo 39 de la Ley 100
de 1993 con las modificaciones efectuadas por el artículo 11 de la Ley 797 de
2003. Este último precepto estuvo vigente desde el momento de su promulgación
(29 de enero de 2003) hasta el 11 de noviembre de 2003 cuando la Corte
Constitucional declaró su inexequibilidad[40].
2.18.2. Ahora, pasará la Corte a verificar el cumplimiento de los
requisitos pensionales conforme a la norma señalada, teniendo en cuenta que la
invalidez se originó en una enfermedad de origen común los requisitos que debe
acreditar el señor Quintero Bula son los siguientes:
(i) Estado de invalidez. Este requisito se encuentra regulado en
el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 que establece que “se considera
inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no
provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral”.
Al respecto, observa la Sala que de acuerdo con lo manifestado por
el accionante, el señor Quintero Bula presenta una pérdida de la capacidad
laboral equivalente al 69.40%. Este aspecto no ha sido objeto de controversia
ni en el trámite de la demanda ordinaria laboral ni en el de la acción de
tutela.
(ii) Requisito de densidad en las cotizaciones. De acuerdo con el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 797
de 2003 (vigente para el momento en que se estructuró la invalidez), el señor
Quintero Bula debe acreditar que efectuó como mínimo “50 semanas en los
últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
cotizaciones al sistema pensional”.
A partir del análisis del reporte de semanas cotizadas expedido
por Colpensiones que obra en el expediente[41] la Sala
constató que el actor cotizó un total de 778 semanas, en los siguientes
periodos:
Periodo
Semanas cotizadas
11 de enero de 1972 hasta 1 de marzo de 1974
111.57
28 de agosto de 1974 hasta 1 de noviembre de 1979
270.29
1 de enero de 1980 hasta 31 de agosto de 1987
396.00
De lo anterior, se concluye que el señor Jorge David Quintero Bula
cotizó al sistema pensional hasta el 31 de agosto de 1987. Por lo tanto, aquél no
cumple el requisito de densidad en las cotizaciones establecido en esta norma, como
quiera que dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de
la invalidez (29 de octubre de 2003) no efectuó aportes al sistema pensional.
2.19. No obstante, a partir del reporte de semanas cotizadas expedido
por Colpensiones la Sala observa que el actor en su vida laboral cotizó 778
semanas al régimen de pensión en el ISS. En ese marco, en aplicación del
principio de condición más beneficiosa analizará el cumplimiento del requisito
de densidad en las cotizaciones conforme a lo establecido en una norma anterior
al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por el
artículo 11 de la Ley 797 de 1993.
2.19.1. Para tal efecto, comenzará este estudio en la norma
inmediatamente anterior, esto es el texto original del artículo 39 de la Ley
100 de 1993 que exigía que el afiliado hubiese cotizado 26 semanas al momento
de la invalidez y en caso de no estar activa la afiliación, debía acreditar 26
semanas en el año anterior a la fecha en que se estructuró la invalidez.
Entonces, teniendo en cuenta que la invalidez se estructuró el 29
de octubre de 2003 el señor Quintero Bula cotizó al sistema pensional hasta el
31 de agosto de 1980, este requisito no se cumple.
2.19.2. De acuerdo con lo anterior, la Sala continuará el análisis
de este requisito conforme a una norma más antigua: artículo 6º del Acuerdo 049
de 1990 que exigía 150 semanas cotizadas dentro de los 6 anteriores a la fecha
en que se estructuró la invalidez o 300 semanas en cualquier época.
Al respecto, la Sala advierte que cuando entró en vigencia la Ley
100 de 1993 el señor Quintero Bula sí acreditaba los presupuestos establecidos
en esta norma, en la medida que para entonces había cotizado 778.57 semanas superando
así las 300 exigidas.
2.20. Por lo tanto, en
virtud del principio de condición más beneficiosa la Sala deberá inaplicar, en
este caso, lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 con las
modificaciones introducidas por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 que
señalaba como requisito para acceder al reconocimiento de la pensión de
invalidez 50 semanas cotizadas antes de la fecha de estructuración de la
enfermedad. En su lugar, admitirá como requisito de densidad en las
cotizaciones el establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 el cual,
como se expuso en el numeral anterior, el actor cumple pues además de que fue
calificado con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% cuenta con
más de 300 semanas cotizadas en “cualquier época” antes de estructurada
la invalidez.
2.21. Bajo este escenario,
la Sala ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que dentro
de los quince días siguientes a la notificación de esta sentencia reconozca la
pensión de invalidez a partir de la fecha en que se consolidó su derecho.
3.  Expediente T-5627326. Jaime Toro
Arango contra Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira y Colpensiones.
3.1. El señor Jaime Toro Arango tiene 72 años de edad y presenta
una pérdida de la capacidad laboral del 50.39%, con fecha de estructuración 4
de octubre de 2011 por causa de las siguientes enfermedades: “hipertensión
arterial esencial, diabetes mellitus crónica, deficiencia cardíaca (angina),
gastritis crónica y restricción de movimiento en el hombro izquierdo”.
3.2. Cotizó 826 semanas al régimen pensional a través del ISS, entre
el 10 de febrero de 1975 y el 30 de septiembre de 2008[42].
3.3. Solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de
invalidez, sin embargo esta entidad negó esta petición en consideración a que el
señor Toro Arango no cumplía con el requisito de densidad en las cotizaciones
establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 en la medida que en los
tres años anteriores a la fecha en que se estructuró la invalidez (4 de octubre
de 2011) no efectuó cotizaciones al régimen pensional.
3.4. Bajo este escenario, a través de apoderado judicial el señor Toro
Arango promovió demanda ordinaria laboral contra el Colpensiones con el fin de
que se ordenara el reconocimiento de la pensión de invalidez. Admitió, que no acredita
la densidad en las cotizaciones exigida en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003
y en razón a ello, solicitó que en virtud del principio de condición más
beneficiosa se aplicara lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990,
teniendo en cuenta que a la fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993
ya tenía las semanas cotizadas que exigía esta norma (300 semanas en cualquier
época antes de estructurada la invalidez) y por lo tanto había forjado una
expectativa legítima frente al acceso a esta prestación pensional.
3.5. En primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del circuito
de Pereira dispuso el reconocimiento de la pensión de invalidez. Para tal
efecto, en virtud del principio de condición más beneficiosa analizó el
cumplimiento del requisito de densidad en las cotizaciones conforme a lo establecido
en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 aunque este precepto se encuentra
derogado. Consideró, que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 el señor Toro
Arango había forjado una expectativa legítima en torno al acceso del
reconocimiento de la pensión de invalidez pues al 1 de abril de 1994 tenía 548 semanas
cotizadas al sistema pensional que no puede desconocerse.
3.6. Esta sentencia no fue apelada. Sin embargo, el expediente fue
remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira en el grado de
consulta. En esta instancia, la sentencia proferida por el Juez Segundo Laboral
fue revocada, bajo los siguientes argumentos:
3.6.1. El Tribunal accionado, admitió que en virtud del principio
de condición más beneficiosa debe analizarse la solicitud de reconocimiento de
la pensión de invalidez efectuada por el señor Toro Arango en el marco de lo
dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990.
3.6.2. De acuerdo con ello, el Tribunal constató los presupuestos
establecidos para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez en el
Acuerdo 049 de 1990.
Al respecto, determinó, que el señor Toro Arango cumplía el
requisito de densidad en las cotizaciones establecido en el artículo 6º de este
precepto pero que no acreditaba el presupuesto pensional señalado en el
artículo 5º del Acuerdo, toda vez que no se acreditó la perdida de “la capacidad
laborativa para desempeñar el oficio o profesión para el cual está capacitado y
que constituye su actividad habitual y permanente”, pues al momento en que
se estructuró la invalidez aquél ya no ejercía alguna actividad laboral.
Manifestó que el accionante tenía 68 años de edad al momento en que se
estructuró la invalidez y por lo tanto las enfermedades que presenta
corresponden a “achaques propios de la vejez”.
3.7. Bajo ese escenario, el señor Toro Arango formuló acción de
tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira. Consideró que
la sentencia proferida por dicha autoridad judicial adolece de defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente constitucional relativo a la aplicación del
principio de condición más beneficiosa en el análisis de la solicitud del
reconocimiento de la pensión de invalidez, al otorgarle un alcance diferente al
establecido por la Corte Constitucional.
3.8. En primera instancia, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos fundamentales solicitado por
el señor Jaime Toro Arango al no encontrar superado el requisito de
subsidiaridad, toda vez que no se agotó el recurso extraordinario de casación. En
el mismo sentido, se pronunció la Sala de Casación Penal en segunda instancia.
3.9. Bajo este escenario, la Sala analizará el cumplimiento de los
requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales
conforme a las consideraciones de esta providencia. Superado este estudio,
determinará si la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Pereira adolece de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional relativo al alcance del principio de condición más beneficiosa
en el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Verificación del cumplimiento de las causales genéricas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.10. Que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional.
Observa la Sala que la posible violación de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital configuran una
circunstancia de relevancia constitucional, teniendo en consideración que el afectado
en razón de su edad -72 años- y la pérdida de la capacidad laboral del 50.39%
es un sujeto de especial protección constitucional.
3.11. Que se hayan identificado plenamente los derechos
vulnerados y los hechos vulneratorios de los mismos.
El señor Jaime Toro Arango identificó la manera como las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales:
(i) Respecto de Colpensiones, adujo que esta entidad vulneró su
derecho a la seguridad social y al mínimo vital con la negativa de admitir la
aplicación del requisito de densidad en las cotizaciones establecido en el
artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 en la solicitud del reconocimiento de la
pensión de invalidez.
(ii) En relación con la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Pereira consideró que este órgano judicial desconoció el debido proceso con la
revocatoria de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Pereira
que había ordenado a Colpensiones reconocer la pensión de invalidez al actor.
En concreto, el actor acusa la sentencia proferida por el Tribunal
accionado de adolecer de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional al otorgarle un alcance diferente al principio de condición más
beneficiosa que admite la aplicación del requisito de densidad en las cotizaciones
establecido en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990.
3.12. Que la actuación haya respetado el principio de inmediatez.
En este
punto, es indispensable analizar que la acción de tutela haya sido promovida
dentro de un término razonable, prudencial y cercano a la ocurrencia de los
hechos que se consideran vulneratorios de los derechos fundamentales, con el
fin de evitar que el transcurso del tiempo desvirtúe la transgresión o amenaza
de tales derechos.
En la caso bajo estudio este requisito se cumple. En efecto, la
Sala constató que la sentencia contra la cual se dirige la acción de tutela se
profirió el 25 de febrero de 2016 y la demanda se promovió el 23 de mayo de
2016.
3.13. Que no se trate de una sentencia de tutela.
Este presupuesto se cumple, pues la acción de tutela se dirige
contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Pereira en el grado de consulta, dentro del proceso ordinario laboral promovido
por el señor Jaime Toro Arango contra Colpensiones.
3.14. Que se haya cumplido con el requisito de subsidiariedad,
y que la irregularidad procesal que se alegue tenga un efecto directo sobre la
decisión de fondo que se impugna.
Los jueces de instancia encontraron que el caso bajo análisis no
cumple el requisito de subsidiaridad en consideración que el señor Toro Arango
no promovió recurso extraordinario de casación.
Al respecto,
teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos desarrollados en esta providencia
(supra numeral 4.3.) la Sala encuentra que en este caso el recurso
extraordinario de casación no resulta idóneo ni eficaz para la garantía de los
derechos fundamentales del señor Toro Arango quien a sus 75 años de edad no
percibe una pensión de vejez, así como tampoco algún ingreso económico que le
permita garantizar su subsistencia y la de su esposa de 67 años de edad.
Circunstancia que se evidencia a partir de la constatación de la vinculación
del accionante en el nivel 2 del Sisben[43].
En ese
contexto, el reconocimiento de la pensión de invalidez que persigue el señor Toro
Arango representa su única alternativa para obtener un ingreso que le permita
satisfacer sus necesidades básicas en esa difícil condición de salud, por lo
tanto exigirle el agotamiento del recurso de casación resulta desproporcionado.
De acuerdo con ello, la Sala encuentra que el requisito de subsidiariedad se
encuentra satisfecho y que, por lo tanto, respecto a ese punto, la acción de
tutela es procedente.
Estudio de fondo de la acción de tutela
contra las sentencias acusadas
3.15. Superado el
estudio de la procedibilidad formal de la acción de tutela, la Sala analizará
si la sentencia proferida por la Sala Laboral de Tribunal Superior de Pereira
adolece de defecto sustantivo.
El Tribunal,
consideró que en virtud del principio de condición más beneficiosa debe
aplicarse en el estudio de la solicitud de reconocimiento de la pensión de
invalidez lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 pero de manera integral, es
decir, que el señor Toro Arango debe acreditar, además del requisito de
densidad en las cotizaciones establecido en el artículo 6º de esta norma, que
la invalidez le impide ejercer su actividad laboral “habitual y permanente”
de conformidad con el artículo 5º del Acuerdo.
Este requisito, en
criterio del órgano judicial accionado no se cumple pues para el momento en que
se estructuró la invalidez, el actor tenía 68 años de edad y no ejercía alguna
actividad laboral.
3.16. Al respecto, es
preciso considerar que la finalidad del principio de condición más beneficiosa
radica en la protección de una expectativa legítima que forjó una persona en
torno al acceso al reconocimiento de la pensión de invalidez que no puede verse
afectada por el tránsito normativo, teniendo en cuenta que para el acceso a
esta prestación pensional el legislador no previó un régimen de transición.
De acuerdo con lo
anterior, advierte la Sala que la aplicación de la norma respectiva deberá
limitarse en lo pertinente al requisito pensional en que se funda la expectativa
legítima que haya forjado el peticionario frente al acceso al reconocimiento de
la pensión de invalidez. En este caso, el requisito de densidad en las
cotizaciones.
Es decir, para
determinar el acceso al reconocimiento de la pensión de invalidez el señor
Jaime Toro Arango se deben verificar dos requisitos, conforme a lo establecido
en la Ley 100 de 1993:
(i) La pérdida de la
capacidad laboral superior al 50% conforme a lo establecido en el artículo 38
de la Ley 100 de 1993[44].
Este requisito se
cumple en este caso, pues según el dictamen de calificación de pérdida de la
capacidad laboral expedido por la Junta Regional de Risaralda, el señor Toro
Arango presenta una pérdida de la capacidad laboral del 50.39%[45].
(ii) Requisito de
densidad en las cotizaciones. Teniendo en cuenta la fecha en que se estructuró
la invalidez -4 de octubre de 2011- la norma aplicable es artículo 39 de la Ley
100 de 1993 que fue modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que
establece que para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez el
peticionario debe acreditar 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la
estructuración de la invalidez.
En este caso, este
presupuesto no se cumple, ya que como se constató en el reporte de semanas
cotizadas expedido por Colpensiones[46] entre el
4 de octubre de 2008 y el 4 de octubre de 2011 cotizó 27 días.
Entonces, en virtud
de la aplicación del principio de condición más beneficiosa la Sala advierte
que debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 en lo
pertinente al requisito de densidad en las cotizaciones en los siguientes
términos: “Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,
ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época,
con anterioridad al estado de invalidez”
Al respecto,
encuentra la Sala que este presupuesto pensional se cumple toda vez que al 1 de
abril de 1994 el actor acreditaba 543 semanas cotizadas.
3.17. De acuerdo con
lo expuesto, la sentencia acusada incurrió en un defecto sustantivo al
otorgarle al principio de condición más beneficiosa un alcance que no tiene y
que incluso lo contradice. Ello, en la medida que aplicó un precepto que
protege una expectativa legítima alcanzada con el cumplimiento del requisito de
densidad en las cotizaciones, pero al tiempo incluyó la exigencia de un
presupuesto pensional que no proporciona un beneficio para el señor Toro Arango
en el acceso al reconocimiento de la pensión de invalidez.
3.18. A partir de
las anteriores consideraciones la Corte Constitucional concederá el amparo de
los derechos fundamentales solicitado por el señor Jaime Toro Arango. En
consecuencia, la Sala Novena de Revisión dejará sin valor y efecto la sentencia
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira el 25 de febrero
de 2016, así como las sentencias adoptadas por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia el 13 de abril de 2016 y por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio de 2016 y confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Pereira el 3 de febrero de 2015.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias proferidas
por el Juzgado Catorce Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Medellín el 13 de enero de de 2016 y por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Medellín el 25 de febrero de 2016, que declararon improcedente la acción de
tutela promovida por el señor Aldemar de Jesús Santamaría Calle. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del
accionante.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones que dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta sentencia efectúe el reconocimiento de la
pensión de invalidez en favor del señor Santamaría Calle conforme a los
requisitos establecidos en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, a partir de
la fecha en que se consolidó su derecho.
TERCERO.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el 30 de marzo de 2016 y por la Sala de Casación
Penal de la misma Corporación el 2 de junio de 2016, que declararon
improcedente la presente acción constitucional. En su lugar, CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital del señor Jorge David Quintero Bula. En consecuencia,  DEJAR
SIN VALOR NI EFECTO la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral
del Circuito de Barranquilla el 14 de julio de 2011 y la sentencia proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el 22 de mayo de 2012
dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Quintero Bula
contra el ISS (hoy Colpensiones).
CUARTO.- ORDENAR a Colpensiones
que dentro de los (cinco) 5 días siguientes a la notificación de esta
providencia reconozca al señor Jorge David Quintero Bula la pensión de
invalidez desde la fecha en que se estructuró este derecho.
QUINTO.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el 13 de abril de 2016 y por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de junio de 2016 que declararon
improcedente la presente acción de tutela, en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y
al mínimo vital del señor Jaime Toro Arango. En consecuencia, DEJAR SIN
VALOR Y EFECTO la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Pereira el 25 de febrero de 2015.
SEXTO.- ORDENAR a Colpensiones que dentro de los (cinco) 5 días
siguientes a la notificación de esta providencia reconozca la pensión de
invalidez al señor Jaime Toro Arango desde la fecha en que se estructuró su
derecho pensional.
SÉPTIMO.- Por la Secretaría, líbrese
la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Este requisito consistía en 150 semanas
cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
300 semanas, en cualquier época.
[2] Este requisito consistía en 150 semanas
cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o
300 semanas, en cualquier época.
[3]Sentencias T-475 de 2015 MP (E) Myriam
Ávila Roldán, T-491 de 2015 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-030 de 2013 MP
Nilson Pinilla Pinilla, T-038 de 2013 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-063 de
2013 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-153 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas
Silva, T-715 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva T-010 de 2010 MP Nilson
Pinilla Pinilla, T-021 de 2010 MP Humberto Sierra Porto, T-414 de 2009 MP Luis
Ernesto Vargas Silva, T-038 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-660 de
1999 MP Álvaro Tafur Galvis. Entre muchas otras.
[4] Sentencia T-018 de 2014 MP Luis Guillermo
Guerrero.
[5] MP Luis Ernesto Vargas Silva. En este sentido
ver sentencias T-634-02 MP Eduardo Montealegre Lynett, T-597 de 2009 MP Juan
Carlos Henao, T-118 de 2001 MP Martha Victoria Sáchica Moncaleano, T-660 de
1999  M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-050-04 MP Jaime Córdoba Triviño, MP Humberto
Sierra Porto, T-159-05, T-740 de 2007 MP Gerardo Monroy Cabra, T-081 de 2010 MP
Luis Ernesto Vargas Silva, T-315 de 2011 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-043
de 2012 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-973 de 2012 MP Alexei Julio
Estrada, T-134 de 2013 MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[6] Reiterada en la sentencia T-639 de 2015 MP Alberto
Rojas Ríos.
[7] Sentencia T-414 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] T-651 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] Sentencia T-137 de 2016 MP Luis Ernesto
Vargas Silva. En igual sentido ver las sentencias T-344 de 2011 MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-159 de 2010 MP Humberto Antonio Sierra Porto, T-983
de 2007 MP Jaime Araujo Rentería, T-573 de 2002 MP Rodrigo Escobar Gil.
[10] Artículo 86 Superior.
[11]Sentencias T-565
de 2006 MP Rodrigo Escobar Gil, T-363 de 2006 MP Jaime Araujo Rentería, T-661
de 2007 MP Jaime Araujo Rentería, T-249 de 2008 MP Jaime Córdoba Triviño, T-027
de 2008 MP Nilson Pinilla Pinilla, T-381 de 2004 MP Jaime Araujo Rentería.
[12] MP Jaime Córdoba Triviño. Esta sentencia
ha sido reiterada en las siguientes sentencias: T-121 de 2016 MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-071 de 2016 MP Gloria Stella Ortiz Delgado, T-776 de
2015 MP María Victoria Calle Correa, T-739 de 2015 MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez, T-967 de 2014 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[13] T-713 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, T-629 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-273 de 2015 M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, T-546 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, T-143 de
2014 M.P. Alberto Rojas Ríos), T-240 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa,
T-136 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-259 de 2013 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva y T-888 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
[14] Sentencia T-401 de 2015 MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[15] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[16] Sentencias T-773 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas
Silva, T-1093 de 2014 MP Luis Ernesto Vargas Silva, Sentencia T-1048 de 2008 MP
Rodrigo Escobar Gil.
[17] Sentencia SU-556 de 2014 MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[18] Sentencia
C-104 de 1993 MP Alejandro Martínez Caballero.
[19]Sentencias T-292 de 2006 MP Manuel José Cepeda
Espinosa, SU-640 de 1998 MP Eduardo Cifuentes Muñoz, T-462 de 2003 MP Eduardo
Montealegre Lynett, T-086 de 2007 MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[20]
MP Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada en la sentencia T-918 de 2010 MP Luis
Ernesto Vargas Silva.
[21] MP Humberto Sierra Porto.
[22] MP Alfredo Beltrán
Sierra.
[23] Teniendo en cuenta la materia del caso que
se examina, la Sala abordará el desarrollo normativo de la regulación de la
pensión de invalidez, a partir del Acuerdo 049 de 1992.
[24] Sentencia T-137 de 2016 MP Luis Ernesto
Vargas Silva.
[25] Sentencia C-428 de 2009 M.P.
Mauricio González Cuervo.
[26] En este sentido se pueden consultar, entre
otras las siguientes sentencias T-576 de 2013 MP Alberto Rojas Ríos, T-549 de 2014 y T-974 de 2014 MP Luis
Ernesto Vargas Silva.
[27] Sentencia T-384 de 2015 MP Luis Ernesto
Vargas Silva.
[28] T-1291 de 2005 MP Clara Inés Vargas
Hernández. Reiterada en las Sentencias T-221 de 2006 MP Rodrigo Escobar Gil y
T-1064 de 2006 MP Clara Inés Vargas Hernández, T-628 de 2007 Clara Inés Vargas
Hernández.
[29] MP Mauricio González Cuervo.
[30] MP Nilson Pinilla Pinilla. Reiterada en
las sentencias T-298 de 2012, T-508 de 2013 y T-1042 de 2012 del mismo
magistrado, T-843 de 2012 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-051 de 2014 MP
Alberto Rojas Ríos, T-818 de 2014 MP (E) Martha Victoria Sáchica Méndez, T-320
de 2014 MP Nilson Pinilla Pinilla, T-128 de 2015 MP Jorge Iván Palacio Palacio.
[31] MP María Victoria Calle Correa.
[32] MP Mauricio González Cuervo.
[33] Esta postura fue reiterada por esta
Corporación recientemente en la sentencia T-774 de 2015 MP Luis Ernesto Vargas
Silva.
[34] MP María Victoria Calle Correa.
[35] Consulta efectuada el 19 de septiembre de
2016 a las 10:58 a.m. en el siguiente vínculo:
https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx.
[36] Folio 19 cuaderno de instancia.
[37] En la acción de tutela no se señalaron las
razones expresadas por las administradoras de pensiones y no se aportaron tales
respuestas.
[38] En este sentido se puede consultar las sentencias
T-590 de 2014 MP Martha Victoria Sáchica Méndez, T-942 de 2013 MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-072 de 2013 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Entre
muchas otras.
[39] Folios 82 a 84 del cuaderno de instancia.
[40] Conforme a lo establecido en el artículo
45 de la Ley 270 de 1996 “Las sentencias que profiera la Corte
Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a
menos que la Corte resuelva lo contrario”. En la sentencia C-1053 de 2003
que declaró la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 la corte
no moduló el alcance de esta decisión.
[41] Folio 46 del cuaderno de instancia.
[42] Folio 12 del cuaderno de instancia.
[43] Consulta efectuada en https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx el 23 de septiembre de 2016 a las 11:48
a.m. El reporte impreso obra a folio 13 del cuaderno de la Corte
Constitucional.
[44] ARTICULO.  38.-Estado de invalidez. Para
los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
[45] Folios 8 a 11 del cuaderno de instancia.
[46] Folio 12 del cuaderno de instancia.