T-772-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA DE RELATORIA: La presente sentencia fue objeto de aclaración
mediante Auto 108 del  30 de mayo de 2013, el cual se anexa en la parte final
de esta decisión.
Sentencia T-772/12
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO
DEL ESTADO DE SALUD-Casos
en que empresas despiden trabajadores que padecían diferentes enfermedades
encontrándose en situación de vulnerabilidad y sin previa autorización del
Ministerio de Trabajo
ACCION DE TUTELA DE SUJETOS DE ESPECIAL
PROTECCION-Procedencia
excepcional
En aquellos casos en los cuales se perciba la
afectación de los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad, adulta mayor, u otras poblaciones vulnerables, la acción de
tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no puede
exigírsele previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues el asunto
cobra relevancia constitucional ante la posibilidad de que se trate
de un acto discriminatorio.
ACCION DE TUTELA EN LOS CASOS DE
DESVINCULACION LABORAL DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional
En el caso específico de la solicitud de reintegro al
cargo a través de la acción de tutela, se ha manifestado su improcedencia como
regla general, toda vez que, existen otros mecanismos de defensa judicial a los
cuales se puede acudir; tales como la jurisdicción ordinaria laboral y la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la Corte ha
establecido una excepción: Que se trate de un trabajador que se encuentre en
situación de debilidad manifiesta o en una circunstancia que le otorgue el
derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de las personas con
discapacidad. En estos casos, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y
eficaz, para la protección laboral reforzada, cuya finalidad es expandir
el postulado de la igualdad real y efectiva, y de esta forma, garantizarles a las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad el ejercicio pleno de
sus derechos fundamentales.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO
DEL ESTADO DE SALUD-Protección constitucional
El derecho a la estabilidad laboral reforzada de los
trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, por causa
de una disminución de la capacidad física, síquica o sensorial-sin importar si
existe o no calificación de la pérdida de capacidad- conlleva el derecho a
mantenerse en el empleo o a ser reubicado conforme a unas funciones congruentes
con su estado de salud, lo cual debe incluir la capacitación para el adecuado
cumplimiento del nuevo cargo y, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar.
EXIGENCIA DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO
DEL TRABAJO PARA DESPEDIR O DAR POR TERMINADO EL CONTRATO DE UNA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
El
Ministerio de Trabajo tiene que pronunciarse respecto de la solicitud de
autorización que realiza el empleador acerca del despido de una persona en
situación de vulnerabilidad, esto debido a la especial protección
constitucional de la que gozan los mencionados. Además, esta obligación no
constituye una mera formalidad sin sentido, por lo cual no es dable que el
Ministerio incumpla con este deber absteniéndose de emitir pronunciamiento
alguno, pues éste tiene la obligación de analizar el caso y emitir su concepto
favorable o no respecto del tema cuestionado. De igual manera, en los casos en
los cuales se alegue una justa causa por parte del empleador, el Ministerio del
Trabajo debe verificar si existe o no la misma, ésto en razón a la especial
protección que tienen las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad por lo que, se debe verificar si en realidad el despido se debe
a la justa causa alegada o es en razón de la condición de vulnerabilidad del
trabajador.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Formas en
que puede ser desconocida la jurisprudencia
La Corte Constitucional ha considerado que una
sentencia judicial vulnera la Constitución cuando desconoce sentencias con
efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y cuando actúa como juez de
constitucionalidad de los actos administrativos, “cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
TRABAJADOR CON DICAPACIDAD-Reintegro
por despido sin autorización previa del Ministerio de Trabajo
Referencia: expedientes 3.417.175,
3.425.574, 3.487.801, 3.502.468, 3.502.790, 3.504.712, 3.505.288 y 3.506.355.
Derechos Invocados: Estabilidad Laboral
Reforzada, Trabajo, Salud, Mínimo Vital, Debido Proceso e Igualdad.
Acciones de Tutela instauradas por: Norva
Macana Hernández en contra de Muebles Calymad- Manuel Díaz; Rosalba Suescun
Cabrera en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá; José
Bernardo Ruiz Pérez en contra del Consorcio Vías de Colombia; Maria Auxiliadora
Vahos Puerta en contra de María Teresa Andersón Gómez; Norma del Pilar Torres
Vargas en contra de Visión Plástica LTDA.; Nancy Sánchez Hernández en contra de
Red Alma Mater; Mariluz Villafañe Semanate en contra de Pollos el Bucanero
S.A.;  Gustavo Antonio Borrero Cataño en contra de la
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca-Comfamiliar Andi (Comfandi).
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de  dos
mil doce (2012)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub -quien la preside-, Alexei Egor Julio Estrada y Luís Ernesto Vargas
Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos por: (i) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, en el
trámite de la acción de tutela incoada por Norva Macana Hernández en contra de
Muebles Calymad- Manuel Díaz; (ii)  la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela instaurada
por Rosalba Suescun Cabrera en contra de la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá; (iii) la
Sala II Civil- Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo, en el trámite de la acción de tutela impetrada por José Bernardo
Ruiz Pérez en contra del Consorcio Vías de Colombia; (iv) el Juzgado Octavo
Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, en el trámite de
la acción de tutela formulada por Maria Auxiliadora Vahos Puerta en contra de
María Teresa Andersón Gómez; (v) el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá,
en el trámite de la acción de tutela instaurada por Norma del Pilar Torres
Vargas en contra de Visión Plástica LTDA; (vi) el Juzgado Cincuenta y Ocho
Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en el trámite de la acción
de tutela iniciada por Nancy Sánchez Hernández en contra de Red Alma Mater;
(vii) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca, en el
trámite de la acción de tutela fundada por Mariluz Villafañe Semanate en contra
de Pollos el Bucanero S.A. y; (viii) el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de
Cali, en el trámite de la acción de tutela instituida por Gustavo Antonio
Borrero Cataño en contra de la Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca-Comfamiliar Andi, en adelante COMFANDI.
Los expedientes T-3.417.175, T-3.425.574 y
T-3.487.801 fueron seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia
relacionada con el reintegro laboral de personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, mediante auto del día catorce (14) de junio de dos mil doce
(2012), proferido por la Sala de Selección número Seis (6) de la
Corte Constitucional, para ser fallados en una sola sentencia.
Posteriormente, mediante auto del
veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012), proferido por la
Sala de Selección número Seis (6) fueron seleccionados y acumulados los
expedientes T-3.502.468, T-3.502.790, T-3.504.712, T-3.505.288 y T-3.506.355 al
expediente T-3.417.175, seleccionados por auto del  catorce (14) de junio de
dos mil doce (2012), por presentar unidad de materia, para ser fallados en una
sola sentencia.
En consecuencia, la
Sala procede a exponer los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales
adoptadas en cada uno de los expedientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE T-
3.417.175
1.1.1    Solicitud
Norva Macana Hernández, solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida y al
trabajo. En consecuencia, solicita se ordene a la empresa Muebles Calymad
que la reintegre al cargo que venía desempeñando, en iguales circunstancias a
las que tenía al momento de la terminación del contrato, según los hechos que a
continuación son resumidos:
1.1.2    Hechos y argumentos de derecho
1.1.2.1.  Señala la señora Norva Macana Hernández que ingresó a
laborar para el señor Manuel Díaz en el establecimiento de comercio Muebles
Calymad desde el día 23 de noviembre de 2010, mediante contrato de trabajo
verbal.
1.1.2.2.  De la historia clínica emitida por la
EPS Compensar (Folios 11-12, cuaderno No. 2) el 26 de marzo de 2009, se
evidencia que la accionante comenzó en dicha fecha con adormecimiento en las
manos lo que le desencadenó en “Síndrome del Túnel del Carpo.
1.1.2.3.  Manifiesta la accionante que sufre de “Síndrome del
Túnel del Carpo” y tiene pendiente una cirugía, sin embargo, la accionada
sin justa causa y encontrándose la accionante en las circunstancias anotadas,
terminó de manera unilateral el 16 de septiembre de 2011, su contrato de
trabajo.
1.1.2.4.  Expresa que se encuentra afiliada al sistema general
de salud administrado por la EPS Compensar.
1.1.3    Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Bogotá,  mediante oficio del día diecisiete (17) de
noviembre de dos mil once (2011), resolvió admitir la acción de tutela y ordenó
oficiar a la empresa Muebles Calymad para que en el término de dos (2) días
siguientes a la notificación remitiera un informe detallado sobre los hechos de
la demanda y ejerza su derecho de defensa.
De igual manera, ordenó vincular al
Ministerio de la Protección Social y a Compensar EPS.
1.1.3.1. El señor Manuel Díaz, Gerente de la
Empresa Muebles Calymad, mediante oficio del 24 de noviembre de 2011,
contestó la acción de tutela, y se opuso a las pretensiones elevadas por la
accionante, al respecto señaló:
“La actora fue desvinculada laboralmente de
Muebles Calymad el 16 de septiembre de 2011 con justa causa de conformidad con
lo establecido por el artículo 62-subrogado DL.235/65, ART. 7 causal 2.
recibiendo el pago de la liquidación a paz y salvo por todo concepto...
Le pido al señor Juez que no sean tutelados
los derechos demandados por la señora Norva Macana Hernández por cuanto no
existe fundamento jurídico alguno, ni argumentos probatorios ajustados a
derecho a la verdad de los hechos, que permitan concluir que la accionante haya
visto vulnerados los derechos que invoca.
Así mismo y con fundamento en
jurisprudencia de la Corte Constitucional le pido a su señoría que no conceda
la tutela, por considerar que la misma es improcedente, teniendo en cuenta que
esta acción de protección de los derechos es de carácter subsidiario y la
accionante podría acudir a otros mecanismos de defensa judicial o
administrativa que son las instancias correspondientes”.
1.1.3.2. El Ministerio de Trabajo, mediante oficio del 22 de
noviembre de 2011 señaló:
“Debe declararse la improcedencia de la
acción de tutela en referencia contra el Ministerio de la
Protección Social hoy Ministerio de Trabajo, por falta de legitimación por
pasiva, toda vez que esta entidad no es ni fue empleador de la accionante, sino
por el contrario, tal y como se menciona en el escrito de tutela, fue
trabajador de la empresa Muebles Calymad-Manuel Díaz, lo que implica que no
existe ni existió vinculo de carácter laboral entre el accionante y esta
entidad, y por lo mismo no existen obligaciones ni derechos recíprocos de
índole laboral entre los dos, lo que da lugar a que haya ausencia por parte de
este Ministerio, bien sea por acción o omisión, de vulneración o amenaza alguna
de los derechos fundamentales invocados por la accionante”.
1.1.3.3. Mediante oficio del 23 de noviembre de 2011, la
EPS Compensar, señaló:
“La señora Norva Macana Hernández
identificada con cedula de ciudadanía 39.749.639, se encuentra afiliada en el
plan obligatorio de salud, POS, en la EPS Compensar, por la empresa Manuel José
Díaz Jiménez, con NIT 19399262, en calidad de dependiente, según información
contenida en nuestra base de datos. Sin embargo, EL EMPLEADOR REALIZÓ LA
NOVEDAD DE RETIRO EN EL PERIODO201110 MEDIANTE PLANILLA 19399262”
1.1.4.  Decisiones Judiciales
1.1.4.1.
Sentencia de
Primera Instancia - Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá
En sentencia proferida el treinta (30) de
noviembre de dos mil once (2011), el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá negó
la solicitud de amparo de los derechos invocados por el tutelante, por
considerar que no puede tomar la correspondiente decisión de fondo y determinar
a ciencia cierta si a la demandante le asiste razón, toda vez que por la
orfandad probatoria del asunto no se cuenta con los suficientes elementos de
juicio, ya que no hay prueba fehaciente de que la actora haya sido retirada de
su trabajo por el padecimiento del síndrome del Túnel del Carpo que
supuestamente presenta, en tanto no aportó ninguna certificación médica de su
existencia, ni tampoco la EPS que la atiende hizo énfasis en ello. Además, para
abundar en razones no se allegaron incapacidades, lo cual no permite concluir
que el empleador tenía conocimiento de tal patología e inferirse que el despido
fue ocasionado por las razones expuestas en el libelo de tutela.
1.1.4.2.  Impugnación
La accionante impugnó el fallo proferido por el Juez
Constitucional de primera instancia con base en los siguientes argumentos:
“…de manera absurda su despacho argumenta
que no se aportaron las pruebas de que tengo una enfermedad en tratamiento o
las incapacidades, cosa que falta a la verdad pues en el capitulo de pruebas
del libelo base de este trámite constitucional no se aportaron copias de las
incapacidades sino de la propia historia clínica y en la que consta que tengo
una enfermedad en tratamiento, por ende eran de conocimiento del empleador.
Por haberse mencionado y extraviado los
documentos aportados, el juez de tutela tiene la potestad y obligación de
efectuar las diligencias de inspección judicial a las oficinas del empleador y
de la EPS para corroborar las afirmaciones de quien interpone la sanción, en
este caso no ocurrió, pues como lo reitero yo aporté no solo copia de la
historia clínica sino de las incapacidades que fueron entregadas al señor
Manuel Díaz.
Sin embargo, como prueba de que he actuado
ajustado a derecho, a la constitución y a la ley y que mis argumentos son
plenamente validos, allego copia de la historia clínica y de las nuevas ordenes
médicas expedidas por la EPS Compensar.
En mi caso no existe trámite alguno en el
Ministerio de la Protección social de parte de la empresa, para que allí se
autorizara mi despido, siendo éste según la norma citada, requisito previo sine
qua non para que mi desvinculación se ajustara a derecho...”.
1.1.4.3.
Sentencia de
Segunda Instancia - Juzgado Segundo Civil del  Circuito de Bogotá
En sentencia proferida el treinta (30) de
enero de dos mil doce (2012), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá
confirmó íntegramente la decisión del a-quo.
1.1.5.  Pruebas documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.1.5.1.  Fotocopia de la remisión de solicitud y autorización
de servicios, emitida por la EPS Compensar a la señora Norva Macana Hernández,
mediante la cual autoriza la cirugía de mano (Folio 1, cuaderno No. 2).
1.1.5.2.  Fotocopia de las órdenes médicas proferidas por el Dr.
Álvaro Ernesto Río Correa (Folios 2-3, cuaderno No. 2).
1.1.5.3.  Fotocopia del informe de electromiografía realizado a
la señora Norva Macana Hernández (Folios 4-6, cuaderno No. 2).
1.1.5.4.  Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante
(Folio 7, cuaderno No 2).
1.1.5.5.  Copia de la autorización y orden médica para que le
sea prestado a la señora Norva Macana Hernández el servicio de Valoración
Primera Vez Por Fisiatría (Folio 10, cuaderno No. 2).
1.1.5.6.  Copia de la historia clínica de la accionante expedida
por la EPS Compensar (Folios 11-12, cuaderno No. 2).
1.1.5.7.  Copia de las órdenes médicas emitidas por la Dra.
Liliana M. Parra Mantilla-Fisioterapeuta (Folio 13, cuaderno No. 2).
1.1.5.8.  Copia de la orden de valoración por medicina laboral,
emitida por la cirujana Sandra Muñoz Bonilla, adscrita a la EPS Compensar
(Folio 14, cuaderno No. 2).
1.1.5.9.  Copia del acta de no comparecencia a la citación ante
el Ministerio de la Protección Social de la parte accionada Muebles Calymad
(Folio 17, cuaderno No. 2).
1.2.
EXPEDIENTE T-
3.425.574
1.2.1.  Solicitud
Rosalba  Suescún Cabrera solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales al trabajo y el debido proceso. En consecuencia,
solicita se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá el 20 de octubre de 2011, y en su lugar, se
dicte sentencia atendiendo el precedente constitucional sobre la especial
protección de los trabajadores en situación de discapacidad, según los hechos
que a continuación son resumidos:
1.2.2.  Hechos y argumentos de derecho
1.2.2.1.  Manifiesta la accionante que laboró al servicio de la
empresa Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. desde el 18 de abril de 1994
hasta el 16 de abril de 2010, desarrollando actividades repetitivas que
llevaron a que se le practicaran una serie de cirugías por corrección del túnel
del carpo y gatillo en los dedos pulgares.
1.2.2.2.  Sostiene que el 25 de noviembre de 2009, la Comisión
Médico Laboral de la ARP Sura Regional Centro, informó a la Directora de
Gestión de Calidad de la empresa accionada, que el síndrome del túnel del carpo
bilateral, la epicondilitis lateral derecha y el primer dedo en gatillo derecho
que padece la accionante, cumplen con los requisitos para ser calificada como
enfermedad profesional, razón por la cual, emitió una serie de recomendaciones
de desempeño laboral con la finalidad de evitar la progresión de las
patologías.
1.2.2.3.  Advierte que su empleador tenía pleno conocimiento de
su padecimiento y, a pesar de ello, nunca fue reubicada, por el contrario se le
incrementaron las exigencias laborales, lo que le ocasionó mayor dolencia para
sus extremidades superiores. Sin embargo, a pesar de su padecimiento fue
desvinculada sin justa causa de la empresa demandada.
1.2.2.4.  Manifiesta que ante la falta de acuerdo con la empresa
Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., con quien intentó una conciliación a
la que no acudió su representante legal, instauró demanda ordinaria laboral, la
cual le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito
de Bogotá, despacho que mediante sentencia del 17 de agosto de 2011, ordenó a
la empresa demandada reintegrar a la hoy accionante a un cargo igual o
equivalente al que venía desempeñando, así como al pago de salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta que se produjera el reintegro.
1.2.2.5.  Añade que inconforme con la decisión anterior, la
empresa demandada interpuso contra ella recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, despacho que
mediante fallo del 20 de octubre de 2011 revocó en todas sus partes la decisión
de instancia, argumentando no encontrar que la pérdida de la capacidad laboral
de la demandante se encontrara dentro del grado de limitación moderada, así
como tampoco la demostración de los hechos y los presupuestos esenciales para
la configuración del daño cierto a resarcir, por concepto de perjuicios
materiales e inmateriales.
1.2.2.6.  Considera la accionante que la decisión proferida en
segunda instancia por el Tribunal accionado incurrió en una vía de hecho, pues
en ella se desconoció el precedente jurisprudencial establecido por la Corte
Constitucional en Sentencia T-025 de 2011, en la cual se consagra que dicho
precedente es vinculante, además de desconocer su derecho a la protección
laboral reforzada debido a su especial condición física y estado de debilidad
manifiesta.
1.2.2.7.  Con base en lo anterior, solicita la tutela de sus
derechos invocados y como consecuencia de ello, se deje sin efecto la decisión
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y en su lugar, se
ordene dictar nueva sentencia, atendiendo al precedente constitucional citado.
1.2.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del primero (1)
de febrero de dos mil doce (2012), resolvió admitir la acción y ordenó vincular
al Juzgado Treinta y Uno Laboral de Circuito de Bogotá.
De igual manera, ordenó correr traslado de
la acción al Tribunal accionado y a los terceros involucrados en el proceso
ordinario laboral instaurado por Rosalba Suescún Cabrera contra Laboratorios de
Cosméticos Vogue S.A., para que, en el término de un (1) día se pronuncien
sobre los hechos materia de petición.
1.2.3.1.  Dentro del término de traslado, el Juzgado 31 Laboral
del Circuito de Bogotá, remitió en calidad de préstamo el expediente contentivo
del proceso ordinario que motivó la interposición de la presente acción,
advirtiendo que en el trámite del mismo, ningún derecho fundamental se le
vulneró a las partes.
1.2.3.2.  De igual manera, la Magistrado Ponente de la sentencia
de segunda instancia, controvertida a través de la presente acción, manifestó
que respecto a los hechos y pretensiones de la acción, se remite en un todo a
lo decidido por esa Corporación (Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá)
el 20 de octubre de 2011.
1.2.3.3.  Por su parte, Laboratorios Cosméticos Vogue S.A., a
través de su apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de la acción ya que
el proceso ordinario laboral que la acciónate instauró en su contra, se tramitó
conforme a las normas procesales laborales y civiles, por lo tanto, la vía de
hecho y por ende la acción son totalmente improcedentes.
1.2.4.  Decisiones Judiciales
1.2.4.1.  Sentencia única de instancia – Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Mediante fallo del catorce (14) de febrero
de dos mil doce (2012), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, resolvió negar la solicitud de amparo, por considerar que no se
observa que el Tribunal accionado haya actuado de manera negligente, ni que su
decisión haya olvidado cumplir con el deber de análisis de las realidades
fácticas y jurídicas sometidas a su criterio, siempre dentro del marco de
autonomía y competencia que le es otorgada por la Constitución y la Ley.
Del mismo modo, señaló que la decisión
atacada se basa en argumentos que consultaron las reglas mínimas de
razonabilidad jurídica y que sin lugar a dudas, obedecieron a la labor
hermenéutica del juez, sin que le sea dable entonces a la accionante recurrir
al uso de este mecanismo preferente y sumario, como si se tratara de una
tercera instancia a la cual pueden acudir los administrados para efectos de debatir
de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en
su momento fue sometido a los ritos propios de una actuación judicial.
1.2.5.  Pruebas documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.2.5.1.  Acta auténtica de la audiencia celebrada el 17 de
junio de 2011 en el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá
(Folios 25-26, cuaderno No. 2).
1.2.5.2.  Copia del oficio emitido por la ARP Sura el 25 de
noviembre de 2009, mediante el cual se califica la enfermedad de la accionante
como Profesional (Folios 27-28, cuaderno No. 2).
1.2.5.3.  Copia de las recomendaciones dadas por la ARP Sura a
la empresa “Laboratorio Cosméticos Vogue S.A.” en lo concerniente al
desempeño laboral de la accionante (Folios 29-30, cuaderno No. 2).
1.2.5.4.  Copia del comunicado mediante el cual la Directora de
Gestión y Calidad de la empresa “Laboratorio Cosméticos Vogue S.A.”  informa
al Director de Recursos Humanos las recomendaciones de desempeño laboral
proferidas por la ARP Sura (Folio 31, cuaderno No. 2).
1.2.5.5.  Copia de la calificación del origen de la enfermedad
emitido por la Comisión Medica Laboral el 25 de marzo de 2010, donde consta que
la enfermedad de la accionante es de origen profesional (Folios 32 y 33,
cuaderno No. 2).
1.2.5.6.  Copia de la citación que realiza el Ministerio de la
Protección Social a la empresa “Laboratorio Cosméticos Vogue S.A.” con
la finalidad de realizar diligencia administrativa laboral con el representante
legal de la empresa, debido a la reclamación laboral de la accionante (Folio
34, cuaderno No. 2).
1.2.5.7.  Copia del certificado de incapacidad de la señora
Rosalba Suescún Cabrera emitido por el Instituto de ortopedia y
otorrinolaringología de la Clínica la Sabana S.A. (Folio 35, cuaderno No.2).
1.2.5.8.  Copia de la constancia de no asistencia de la empresa
“Laboratorio Cosméticos Vogue S.A.” a la diligencia de conciliación
administrativa laboral (Folio 36, cuaderno No. 2).
1.2.5.9.  Copia del informe de evaluación médica de la señora
Rosalba Suescún Cabrera emitido por la Unidad médica Diagnóstica Espinosa Gómez
(Folio 37, Cuaderno No. 2).
1.3.
EXPEDIENTE T-
3.487.801
1.3.1.  Solicitud
José Bernardo Ruiz Pérez solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales al trabajo, a la vida, a la igualdad, a la seguridad
social y al mínimo vital. En consecuencia, solicita se ordene a la empresa Consorcio
Vías de Colombia lo  reintegre al cargo que venía desempeñando y le cancele
lo dejado de percibir desde el momento de su desvinculación, según los hechos
que a continuación son resumidos:
1.3.2.  Hechos y argumentos de derecho
1.3.2.1.  Manifiesta el actor que ejerció el cargo de vigilante
en la empresa Consorcio Vías de Colombia desde febrero de 2007 hasta el 31 de
enero de 2011, fecha en la que fue despedido verbalmente.
1.3.2.2.  Afirma que dentro de las labores para las que fue
contratado, estaba la de atender la trituración de piedra en una fabrica que
tienen instalada en el caserío de Cieneguita municipio de Tolú Viejo.
1.3.2.3.       Sostiene que el día 23 de junio de 2007,
mientras se encontraba colocando piedras en la máquina trituradora, resbaló
quedando atrapada su mano derecha entre la banda y el rodillo, fracturándose
este miembro.
1.3.2.4.       Añade que mientras se encontraba
realizando dicha labor, se encontraba sin protección industrial como guantes,
tapabocas y uniformes adecuados, siendo esta una labor demasiado riesgosa. No
obstante, nunca se le suministró los elementos necesarios para prevenir
accidentes de cualquier naturaleza, lo que lo condujo a obtener los resultados
de la incapacidad permanente parcial.
1.3.2.5.       Indica que después de ocurrido el
accidente, se le diagnosticó por parte del Instituto de Seguros Sociales, su
administradora de riesgos profesionales, una incapacidad laboral del 20.03%,
originándole esto secuelas permanentes parciales.
1.3.2.6.       Informa el actor que antes de laborar con
la empresa accionada se dedicaba a los trabajos de cultivos típicos de la
región, así como a realizar trabajos de minería en las canteras que se
encuentran en el municipio de Tolú Viejo, por lo que a raíz de su incapacidad
le es imposible realizar dichas labores, obligándolo esto a padecer penurias
junto a su núcleo familiar, por no tener ingresos económicos que faciliten el
desarrollo normal de su familia.
1.3.2.7.  Con base en lo anterior, solicita el actor que se
tutelen sus derechos fundamentales y en consecuencia, se ordene a la accionada
que lo reintegre al cargo q venía desempeñando y cancele todo lo adeudado desde
la fecha de su desvinculación.
1.3.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Adjunto al Primero Laboral del Circuito II de Sincelejo, mediante auto del
treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011), resolvió admitir la acción
y oficiar al consorcio demandado para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas rindiera un informe detallado sobre los antecedentes que motivaron la
tutela.
Notificada debidamente la empresa demandada no se
manifestó al respecto.
1.3.4.  Decisiones Judiciales
1.3.4.1.  Sentencia de primera instancia – Juzgado
Adjunto Primero Laboral del Circuito II de Sincelejo
Mediante fallo del nueve (09) de septiembre
de dos mil once (2011), el Juzgado Adjunto Primero Laboral del Circuito II de
Sincelejo, resolvió negar por improcedente la solicitud de amparo por
considerar que desde la ocurrencia del despido hasta la presente acción, han
transcurrido más de seis meses, situación que no se encuentra a tono con el
requisito de inmediatez.
1.3.4.2.  Impugnación
Inconforme con la decisión de instancia, el
actor impugnó basándose en los siguientes argumentos:
“Que es un trabajador obrero, quien después
de estar vinculado a la empresa demandada, sufrió un accidente de trabajo que
lo convirtió en una persona mermada en su condición física, al producírsele una
lesión y consecuencialmente una deformidad en su miembro o brazo derecho
determinada como incapacidad permanente parcial, y en este estado desvincularlo
no es posible por cuanto la ley no lo prevé así…”
1.3.4.3.  Sentencia de segunda instancia – Sala II
Civil- Familia- Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo
Mediante fallo del quince (15) de noviembre
de dos mil once (2011), la Sala II Civil- Familia- Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, confirmó la decisión de instancia.
Señaló el Tribunal que el actor no puede
ser considerado como beneficiario de la estabilidad laboral reforzada, por
cuanto si bien, el demandante considera que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad, por no contar con el 100% de las capacidades de su mano
diestra, lo cual según su dicho no le permite realizar actividades que
desempeñaba con antelación a la incapacidad permanente parcial que le fue
calificada, continúo laborando para la empresa sin que su incapacidad le
impidiera ejercer las labores que le fueron encomendadas con posterioridad al
accidente de trabajo. Además, no se puede inferir que su despido fue por causa
de la disminución de su capacidad física, lo cual genera indefectiblemente que
no se predique que el accionante es un trabajador limitado sensiblemente en sus
capacidades laborales.
1.3.5.  Pruebas documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.3.5.1.  Copia del registro civil de nacimiento del señor José
Bernardo Ruiz Pérez y de los registros de sus hijos menores de edad, Yeison,
Yeniffer, Yelesca y Aníbal José Ruiz Barreto (Folios 7-11, cuaderno No. 2).
1.3.5.2.  Copia de la historia clínica del actor, emitida por la
Clínica Integral de Sincelejo (Folio 12, cuaderno No. 2).
1.3.5.3.  Copia del formato de informe por presunto accidente de
trabajo (Folio 13, cuaderno No. 2).
1.3.5.4.  Copia del informe de accidente de trabajo del señor
José Bernardo Ruiz Pérez, proferido por la ARP Seguro Social el 26 de marzo de
2007, donde consta que el origen de la enfermedad es profesional (Folio 14,
cuaderno No. 2).
1.3.5.5.  Copia del acta de notificación personal del dictamen
de calificación de capacidad laboral y determinación de invalidez del señor
José Bernardo Ruiz Pérez  (Folio 16, cuaderno No. 2).
1.3.5.6.      Copia de la información general del
dictamen emitido por el Instituto de Seguros Sociales (Folios 17, cuaderno No.
2).
1.4.
EXPEDIENTE T-
3.502.468
1.4.1.  Solicitud
María Auxiliadora Vahos Puerta solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, a la
igualdad y a la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, solicita se
ordene a la señora María Teresa Anderson Gómez, la  reintegre al cargo
que venía desempeñando para continuar con sus labores y con todas las garantías
que pueda percibir, según los hechos que a continuación son resumidos:
1.4.2.   Hechos y argumentos de derecho
1.4.2.1.  Manifiesta la accionante que tiene 39 años de edad,
que vive con su hija menor de edad y con su hermana, y es ella quien sustenta
todas las necesidades que se presentan en el hogar.
1.4.2.2.  Indica que inició sus labores con la accionada el 15
de enero de 2011, mediante contrato a término indefinido, para las labores de
aseo, limpieza y alimentación, al igual que el cuidado de unas personas de
avanzada edad en diversas ocasiones.
1.4.2.3.  Añade que el 19 de diciembre de 2011, mientras se
encontraba laborando sufrió una hemorragia muy fuerte, razón por la cual acudió
a la clínica para ser atendida de inmediato. En esta ocasión se le diagnosticó miomas
en la matriz, por lo que le dieron 8 días de incapacidad.
1.4.2.4.  Señala la accionante que informó a sus empleadores de
su situación médica y de su pronta cirugía. De igual manera, informó que dicha
cirugía traería como consecuencia un mes de incapacidad médica y la restricción
de no realizar muchos esfuerzos.
1.4.2.5.  Afirma  que el 15 de enero de 2012, sus empleadores
le informan que no continúa laborando con ellos, sin darle mayor explicación.
Ese mismo día le es realizado el pago de prestaciones sociales, indemnización y
la última quincena.
1.4.2.6.  Aduce la accionante que  en estos momentos se
encuentra en estado de zozobra puesto que con el despido se encuentra
totalmente desprotegida, ya que quedará desafiliada a la seguridad social y aún
no se le ha realizado la cirugía que necesita, razón por la cual también está
en peligro su salud, además de no contar con los recursos económicos
suficientes para cubrir las necesidades básicas de su hogar.
1.4.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín,
mediante auto del diez (10) de febrero de dos mil doce (2012), resolvió
solicitar la corrección de la tutela, en el sentido de indicar la dirección
exacta de la accionada y su número de identificación.
Una vez cumplidos los requisitos faltantes
dentro de la presente acción de tutela, mediante auto del catorce (14) de
febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Medellín resolvió admitir la acción y oficiar a la
accionada para que en el término de dos (2) días informe sobre los hechos que
motivaron la tutela.
Encontrándose dentro del término de ley otorgado, la
señora María Teresa Anderson Gómez dio respuesta a la acción de tutela. Al
respecto señaló:
“efectivamente si tenía conocimiento
que la accionante había sufrido una hemorragia vaginal en su sitio de trabajo y
la incapacidad que le otorgó la EPS fue por cinco días no por  ocho como
manifestó la accionante. De igual forma, no tenía conocimiento del procedimiento
quirúrgico programado a la accionante y, al momento del despido no se
encontraba discapacitada, por el contrario se encontraba laborando normalmente
y tampoco se encontraba en periodo de incapacidad médica otorgada por la EPS.
…al momento de dar por terminado el
contrato de trabajo de manera unilateral, la actora no informó de que estaba
pendiente una cirugía y, igualmente si así hubiera sido, no hubiera sido
obstáculo para proceder con dicha terminación de la relación laboral. La no
realización de la cirugía escapa al resorte de la accionada y recomienda a la
actora acudir a medios lícitos para la consecución de un nuevo empleo y no
iniciar acciones que distraen el aparto judicial, como la que nos ocupa, donde
no se observa vulneración alguna de derechos fundamentales por parte de ella
como empleadora.
1.4.4.  Decisiones Judiciales
1.4.4.1.  Sentencia de primera instancia – Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín
Mediante fallo del veintiocho (28) de febrero
de dos mil doce (2012), el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín, resolvió negar por improcedente la solicitud
de amparo por considerar que el conflicto suscitado pertenece a la Jurisdicción
Laboral y es ésta quien debe resolverlo, como mecanismo primigenio que en este
caso le asiste a la señora María Auxiliadora Vahos Puerta.
1.4.4.2.  Impugnación
Inconforme con la decisión de instancia, la
accionante impugnó el fallo, reiterando los mismos argumentos planteados en la
demanda.
1.4.4.2.1.   Sentencia de segunda instancia- Juzgado
Octavo Penal del    Circuito de Medellín
Mediante fallo del veintitrés (23) de abril
de dos mil doce (2012), el  Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín,
confirmó íntegramente el fallo de instancia.
1.4.5.  Pruebas Documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.4.5.1.  Copia de la cedula de ciudadanía de la señora María
Auxiliadora Vahos Puerta (Folio 8, cuaderno No. 2).
1.4.5.2.  Copia de la historia clínica de la accionante (Folio
9, cuaderno No. 2).
1.4.5.3.  Copia del certificado de incapacidad emitido por
Coomeva EPS el veinte (20) de diciembre de dos mil once(2011), a nombre de la
señora María Auxiliadora Vahos Puerta (Folio 10, cuaderno No. 2).
1.4.5.4.  Copia del procedimiento realizado en el Hospital
General de Medellín, donde consta que la señora Maria Auxiliadora Vahos Puerta
padece de Miomatosis Uterina (Folio 11, cuaderno No. 2).
1.4.5.5.  Copia de la liquidación de prestaciones sociales
realizada por la accionada el 15 de enero de 2012, a la señora María
Auxiliadora Vahos Puerta (Folio 14, cuaderno No. 2).
1.5.
EXPEDIENTE T-
3.502.790
1.5.1.  Solicitud
Norma del Pilar Torres Vargas solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, a la salud,
a la seguridad social y al mínimo vital. En consecuencia, solicita se ordene a
la empresa Visión Plástica LTDA. la  reintegre al cargo que venía
desempeñando de acuerdo a sus condiciones de salud y se reanude el tratamiento
médico originado por la enfermedad que padece, según los hechos que a
continuación son resumidos:
1.5.2.  Hechos y argumentos de derecho
1.5.2.1.  Señala la accionante que fue contratada a través de
contrato a término fijo inferior a un año, por la empresa Visión Plástica LTDA.
el 15 de marzo de 2011, para trabajar como auxiliar de facturación.
1.5.2.2.  Añade que en el transcurso del vínculo laboral con la
empresa fue ascendida al cargo de Coordinadora Logística, con una asignación
mensual de $650.000. lo cual no varió en los últimos tres meses.
1.5.2.3.  Indica que en el mes de octubre de 2011, se tronchó el
pie derecho subiendo las escaleras, por lo que informó lo sucedido a la
Coordinadoras de Recursos Humanos para que le comunicara a los jefes superiores
e hiciera el correspondiente reporte ante la ARP.
1.5.2.4.  Afirma la accionante que la empresa accionada no
realiza el reporte ante la ARP porque según ellos ya venía con ese problema
puesto que en el mes de agosto de 2005, tuvo una fractura. No obstante, al
incorporarse a la empresa nunca le realizaron los exámenes médicos de ingreso.
1.5.2.5.  Manifiesta que independientemente de lo sucedido hace
tantos años, la empresa estaba en obligación  de realizar el correspondiente
reporte de accidente laboral, el cual se negó a realizar argumentando “que
eran secuelas de lo ya mencionado”.
1.5.2.6.  Aduce que en vista de que la empresa no solucionaba
nada, solicitó permiso para asistir al médico ya que el dolor era insoportable,
petición que le fue negada por parte de su empleador.
1.5.2.7.  Afirma la accionante que al ser negada su solicitud,
acudió al médico sin la autorización de su empleador, donde le informaron que
debido a la fuerza de la tronchada, los clavos que tenía en el pie se movieron,
lo cual le genera el dolor y la molestia al caminar.
1.5.2.8.  Añade que le generan incapacidad por 1 día y le
informan que debe realizarle una cirugía, la cual le es programada para el 02
de marzo de 2012.
1.5.2.9.  Señala que la empresa siempre tuvo conocimiento de su
tratamiento, pues el día 8 de febrero de 2012, les envío un oficio informando
que tenía un procedimiento quirúrgico programado para el 2 de marzo de 2012.
1.5.2.10. Por último, indica que ese mismo día (8 de febrero de
2012) le fue entregada su carta de terminación de contrato, sin tener en cuenta
su situación y el procedimiento quirúrgico que tenía pendiente debido al
accidente laboral que había sufrido.
1.5.3.  Traslado y
contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Veinticinco Civil Municipal de Bogotá,  mediante oficio del veintiuno (21) de
febrero de dos mil doce (2012), resolvió admitir la acción de tutela  y ordenó
oficiar a la empresa Visión Plástica LTDA. para que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación, remitiera una contestación
puntual a cada uno de los cargos y pretensiones expuestos en la demanda. De
igual forma, solicita a la accionada anexar copia auténtica del acta de
posesión y del decreto de nombramiento de quien a la fecha sea el representante
legal de la entidad  e indique la naturaleza jurídica de la misma.
1.5.3.1. La Doctora Ana Guerrero de Carrero,
representante legal de la empresa accionada, mediante oficio del 27 de febrero
de 2012, contestó la acción de tutela, y se opuso a las pretensiones elevadas
por la accionante, al respecto señaló:
“…es cierto que la empresa Visión
Plástica LTDA. decidió de manera unilateral  y sin justa causa, reconociendo el
derecho de la trabajadora al pago de la indemnización correspondiente y
proceder a la terminación del contrato de trabajo de la señora Norma del Pilar.
Cabe aclarar señor Juez que la trabajadora no se encuentra catalogada como una
persona en estado de indefensión, incapacidad o minusvalía. Es cierto que tiene
una operación pendiente, pero laboralmente es una persona capacitada para
ejercer cualquier labora para la cual fue contratada.
Para la empresa visión plática la
terminación del contrato no se da por razón alguna que tenga conexión con la
operación o la enfermedad común que presenta esta. Toda vez que como lo dice la
trabajadora conocemos este procedimiento que está pendiente por realizar, desde
su inicio. Las razones que nos llevan a terminar el contrato, es que a pesar
que la señora Norma del Pilar realiza aceptablemente su trabajo, se ha convertido
en una persona disociadora dentro de la empresa que no aporta nada en bien de
la empresa, sino que por el contrario, se [ha] dedica hablar mal de ella y de
sus directivos. Por tal razón consideramos prudente dar por terminada la
relación laboral con el pago de su respectiva indemnización…”
1.5.4.  Decisiones Judiciales
1.5.4.1.  Sentencia de primera instancia- Juzgado
Veinticinco Civil   Municipal de Bogotá
Mediante fallo del cinco (5) de marzo de dos mil doce
(2012), el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá decidió negar por
improcedente el amparo solicitado, argumentando que existe otra vía de defensa
judicial a la cual puede acudir la accionante, puesto que resulta una verdadera
intromisión de la jurisdicción constitucional en asuntos que son de clara
competencia de la justicia ordinaria.
1.5.4.2.  Impugnación
La accionante impugnó el fallo proferido por el Juez
Constitucional de primera instancia con base en los siguientes argumentos:
“... se debe tener en cuenta que el
despido no es procedente como ellos lo argumentan en razón a que me despiden en
medio de un tratamiento médico como consta en los documentos que se anexaron a
la presente acción y a la empresa…
la reclamación hecha por mi es la seguridad
social, mínimo vital, reintegro laboral por parte del empleador, reclamación
que es procedente por tutela, pues las peticiones están en los alcances de la
presente acción.
Es importante mencionar señor juez que la
[accionada] argumenta que la [accionante] no ha sido despedida  pero la
[accionante] se ha presentado a laborar pero allí le niegan la entrada
argumentando que hasta que no pase la carta de renuncia voluntaria por lo
sucedido en días anteriores…”.
1.5.4.3.  Sentencia de segunda instancia- Juzgado
Doce Civil del Circuito de Bogotá
Mediante fallo del veinticinco (25) de
abril de dos mil doce (2012), el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá,
confirmó la decisión de instancia.
Argumentó el juzgado que no se encuentra
demostrado que la enfermedad que padece la accionante la limite para efectuar
otro tipo de actividad laboral o la incapacite de forma permanente para
realizar una labor similar a la que venía desempeñando en la empresa accionada.
Añadió que la acción de tutela no fue erigida para lograr el amparo de derechos
que por la naturaleza del asunto pierden su esencia, pues en el caso objeto de
estudio las pretensiones señaladas por la accionante, van encaminadas a lograr
el reintegro laboral, situación que se convierte en un tema eminentemente de la
jurisdicción laboral y que necesariamente debe ser ventilado a través de la
justicia ordinaria.
1.5.5.  Pruebas Documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.5.5.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la
señora Norma del Pilar Torres Vargas (Folio 1, cuaderno No. 2).
1.5.5.2. Copia del contrato individual de trabajo a
término fijo inferior a un año, celebrado entre la señora Norma del Pilar
Torres Vargas y la empresa Visión Plástica LTDA. (Folio 2, cuaderno No. 2).
1.5.5.3. Copia de la certificación proferida por la
empresa Visión Plástica LTDA, donde consta que la señora Norma del Pilar Torres
Vargas laboró para dicha entidad desde el 15 de marzo de 2011 hasta el 08 de
febrero de 2012. (Folio 3, cuaderno No. 2).
1.5.5.4. Copia de la historia de urgencias de la
señora Norma del Pilar Torres Vargas (Folios 4-5, cuaderno No. 2).
1.5.5.5. Copia de la historia clínica de la señora
Norma del Pilar Torres Vargas (Folios 6-11, cuaderno No. 2).
1.5.5.6. Copia de la evolución-consulta externa en
ortopedia de la señora Norma del Pilar Torres Vargas (Folios 12-13, cuaderno
No. 2).
1.5.5.7. Copia de las indicaciones previas a la
cirugía emitidas por la clínica Juan. N Corpas a la señora Norma del Pilar
Torres Vargas (Folio 16, cuaderno No. 2).
1.5.5.8. Copia de las fórmulas médicas proferidas
por la Corporación IPS Saludcoop a la señora Norma del Pilar Torres Vargas (Folio
15, cuaderno No. 2).
1.5.5.9. Copia de las consultas de incapacidades de
la cotizante Norma del Pilar Torres Vargas (Folio 16, cuaderno No. 2).
1.5.5.10. Copia de la orden de cirugía emitida por la
Clínica Juan N. Corpas a la señora Norma del Pilar Torres Vargas (Folio 17,
cuaderno No. 2).
1.5.5.11. Copia de la carta remitida el 08 de febrero
de 2012, por la señora Norma del Pilar Torres Vargas a la empresa accionada,
informándole acerca de la cirugía programada para el 2 de marzo de 2012. (Folio
18, cuaderno No. 2).
1.5.5.12. Copia de la carta de terminación de
contrato expedida por la empresa Visión Plástica LTDA el 8 de febrero de 2012
(Folio 19, cuaderno No. 2).
1.5.5.13. Copia del certificado de afiliación como
cotizante, proferido por la EPS Cruz Blanca a nombre de la señora Norma del
Pilar Torres Vargas, donde consta que es cotizante activa de dicha EPS (Folio
20, cuaderno No. 2).
1.5.5.14. Copia del carne que identifica a la señora
Norma del Pilar Torres Vargas, como trabajadora de la empresa Visión Plástica
LTDA. (Folio 21, cuaderno No. 2).
1.5.5.15. Copia de la Historia Laboral de la señora
Norma del Pilar Torres Vargas (Folios 21-23, cuaderno No. 2).
1.6.
EXPEDIENTE T-
3.504.712
1.6.1.  Solicitud
Nancy Sánchez Hernández solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a la dignidad humana, a la
igualdad, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. En
consecuencia, solicita se ordene a la empresa RED ALMA MATER que la reintegre
a un cargo igual o superior al que venía desempeñando de acuerdo a sus
condiciones de salud y se cancelen los salarios dejados de percibir y los
aportes a la seguridad social desde el momento de su desvinculación, según los
hechos que a continuación son resumidos:
1.6.2. Hechos y
argumentos de derecho
1.6.2.1. Manifiesta la accionante que desde el 1 de
julio de 2009, firmó contrato a término fijo con la empresa RED ALMA MATER,
donde desempeñaba el cargo de Asistente de Conciliaciones Bancarias.
1.6.2.2. Afirma que como consecuencia de la relación
laboral, la empresa la afilió a la EPS ALIANSALUD y SURA ARP.
1.6.2.3. Indica que el contrato a término fijo tenía
una duración de 6 meses y fue terminado en diciembre de 2009 con el
correspondiente comunicado de no renovación. No obstante, en enero de 2010
firmó un nuevo contrato por seis meses más y al liquidarse éste firmó uno nuevo
en julio de 2010, el cual se renovó automáticamente, pero fue liquidado en
abril de 2011, por presentarse un ascenso.
1.6.2.4. Señala que en abril de 2011, firmó con la
accionada un nuevo contrato a término fijo con fecha de terminación 31 de
diciembre de 2011.
1.6.2.5. Añade que en el mes de agosto de 2010,
cuando sintió molestias en la cadera izquierda solicitó cita por medicina
general de la EPS, donde le realizaron una radiografía, la cual demostraba Luxación
de tercer grado.
1.6.2.6. Aduce que a inicios del año 2011, le
ordenaron terapias para menguar el dolor, situación que conocía su jefe
inmediato, puesto que en varias ocasiones requería permiso de éste para acudir
a las citas médicas.
1.6.2.7. Sostiene la accionante que el 10 de agosto
de 2011, ortopedia generó la orden para que la EPS iniciara proceso para
autorizar cirugía de REEMPLAZO TOTAL DE CADERA IZQUIERDA, orden que fue
aprobada el 31 de agosto de 2011.
1.6.2.8. Argumenta que el 1 de noviembre de 2011, la
accionada le entrega comunicado de no renovación de contrato, por lo que
manifestó su condición de salud y le recordó a su empleador las condiciones de
vulnerabilidad en las que se encontraba; sin embargo, éste confirmó su despido.
1.6.2.9. Afirma que el 18 de noviembre de 2011, se
generó la orden para cirugía, la cual fue programada para el 21 del mismo mes,
razón por la cual le envió un correo electrónico a la accionada para que ésta
estuviera al tanto del procedimiento.
1.6.2.10. Añade que el 21 de noviembre de 2011 se
realiza la cirugía programada generándole una incapacidad de 30 días, la cual
se ha renovado en tres oportunidades, encontrándose actualmente en incapacidad.
1.6.2.11. Teniendo en cuenta lo anterior, señala la
demandante que su despido es ilegal, puesto que por su situación de
vulnerabilidad la empresa accionada requería autorización del Ministerio del
Trabajo para poder hacerlo efectivo. Actualmente se encuentra desempleada, no
tiene los recursos económicos para afiliarse al sistema de seguridad social y
requiere las citas de control, fisioterapias y los medicamentos ordenados.
1.6.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
mediante oficio del primero (01) de febrero de dos mil doce (2012), resolvió
admitir la acción de tutela  y ordenó oficiar a la empresa RED ALMA MATER, para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación,
remitiera una contestación puntual a cada uno de los cargos y pretensiones
expuestos en la demanda.
1.6.3.1. El Doctor José Germán Toro Zuluaga,
Director Ejecutivo y Representante Legal de la empresa RED ALMA MATER mediante
oficio del 09 de febrero de 2012, contestó la acción de tutela, y se opuso a
las pretensiones elevadas por la accionante, al respecto señaló:
“…Nos oponemos a todas y a cada una de
las pretensiones de la accionante, principalmente porque la terminación no
obedeció a la enfermedad o patología que pudiese sufrir la accionante,
correspondió a la simple finalización del plazo pactado entre las partes en el
contrato, en segundo término, porque con la aprobación de los empleados, la
entidad realizó la mayoría de las contrataciones para terminarlas [el 31] de
diciembre del año pasado sin lugar a prorrogas, porque evidente la baja venta
de servicios y por lo tanto económicamente resulta imposible sostener ciertos
cargos administrativos…”.
1.6.4.   Decisiones Judiciales
1.6.4.1.  Decisión única de instancia- Juzgado
Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
Mediante fallo del quince (15) de febrero
de dos mil doce (2012), el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá, resuelve negar por improcedente el amparo
solicitado, argumentando que la acción de tutela no es el escenario para
solucionar diferendos de carácter contractual-laboral, pues la accionante
cuenta con otros mecanismos ordinarios legales para la defensa judicial de sus
intereses.
1.6.5.  Pruebas Documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.6.5.1.  Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Nancy
Sánchez                                                  Hernández (Folio 8,
cuaderno No. 2).
1.6.5.2.  Copia del contrato individual de trabajo a término
fijo inferior a un año celebrado entre la señora Nancy Sánchez Hernández y la
empresa Red Alma Mater el 12 de abril de 2011 (Folios 9-12, cuaderno No.2).
1.6.5.3.  Copia del examen Rx Cadera realizado en MD
diagnósticos a la señora Nancy Sánchez Hernández (Folio 13, cuaderno No.
2).
1.6.5.4.  Copia de la historia clínica de la señora Nancy
Sánchez Hernández (Folios 14-15, cuaderno No. 2).
1.6.5.5.  Copia de la historia de ingreso de la señora Nancy
Sánchez Hernández a la Clínica Méderi el 17 de enero de 2012 (Folios 16-22,
cuaderno No. 2).
1.6.5.6.  Copia del certificado de incapacidad de la señora
Nancy Sánchez Hernández emitido por la EPS Aliansalud (Folios 23-25, cuaderno
No. 2).
1.6.5.7.  Copia de las órdenes de terapias físicas de las señora
Nancy Sánchez Hernández (Folios 26-29, cuaderno No.2).
1.6.5.8.  Copia de la carta de terminación de contrato enviada a
la señora Nancy Sánchez Hernández el 8 de noviembre de 2011 por la Dra. Liliana
Cardona Molina, Directora de Gestión y Ejecución de Proyectos de la empresa
accionada (Folio 30, cuaderno No. 2).
1.7.     EXPEDIENTE T-3.505.288
1.7.1.  Solicitud
Mariluz Villafañe Semanate, por medio de apoderado, solicita al juez
de tutela que ampare sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral reforzada. En consecuencia, solicita se ordene a la empresa Pollos
Bucanero S.A. que la reintegre a la empresa y le cancele todos los salarios
y prestaciones dejados de percibir desde el 1 de marzo de 2012, sin perjuicio
del pago de la indemnización prevista en el inciso 2 del artículo 26 de la Ley
361 de 1967, según los hechos que a continuación son resumidos:
1.7.2.  Hechos y
argumentos de derecho
1.7.2.1.  Manifiesta la accionante que se vinculó como operaria
a la empresa Pollos Bucanero S.A. mediante contrato individual de trabajo
inferior a un año con vencimiento el 1 de marzo de 2012.
1.7.2.2.  Afirma que el 14 de julio de 2011, sufrió un accidente
de trabajo, el cual fue diagnosticado como “esguince de rodilla con dolor
severo incapacitante y limitación para marcha”.
1.7.2.3.  Señala que como consecuencia del accidente, fue
incapacitada y posteriormente reubicada laboralmente con recomendaciones
médicas por un periodo de tres (3) meses, prorrogado por otros dos (2).
1.7.2.4.  Indica que el 26 de enero de 2012, le fue notificada
la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo, para lo cual le
pagarían las prestaciones sociales. Ante esta situación, la accionante mediante
carta dirigida a la Gerente de Gestión Humana de la empresa, el 6 de febrero de
2012, informó que se encontraba en tratamiento médico, que estaba pendiente de
una resonancia magnética y el concepto del médico ortopedista para definir su
situación de salud, razón por la cual consideraba injusta la decisión de
terminación de su contrato de trabajo.
1.7.2.5.  Añade que pese a lo anterior, la empresa accionada dio
por terminado su contrato de trabajo.
1.7.3.  Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria, Valle,  mediante oficio del
veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), resolvió admitir la acción de
tutela, correr traslado a la empresa accionada para que en el término de dos
(2) días se pronuncie sobre los hechos de la acción de tutela y en el mismo
término envíe copia de las pruebas que se relacionen con la reclamación
formulada por la accionante.
De igual forma, ordenó vincular a la
presente acción a la ARP Compañía Positiva de Seguros, con la finalidad de que
intervenga y manifieste lo que a bien tenga dentro del término de dos (2) días.
Así mismo, decretó la práctica de algunas
pruebas de oficio dentro de las cuales se encuentra “¿Indique si usted
realizó el trámite pertinente ante el Inspector de Trabajo de la ciudad de
Palmira, para realizar la terminación del contrato laboral que sostenía con la
señora Mariluz Villafañe Semanate?”.
1.7.3.1. Por conducto de apoderado, la ARP Positiva
Compañía de Seguros  S.A., mediante oficio del 23 de marzo de 2012 señaló:
“…la accionante sufrió accidente que fue
calificado por su comisión médica interdisciplinaria como de origen
profesional, con diagnóstico “CONTUSIÓN DE LA CADERA IZQ/EZGUINCE GI RODILLA
IZQ”, razón por la que asumió el reconocimiento de las prestaciones tanto
económicas como asistenciales pertinentes.
En ese orden Positiva, a través de la
gerencia de indemnizaciones, liquidó las incapacidades temporales reclamadas
por la trabajadora Mariluz Villafañe, para ante el empleador Pollos Bucanero
S.A. , de otra parte, a través de la gerencia médica, le ha brindado toda la
atención requerida por la accionante sin haberle negado en ningún momento la
asistencia médica, siendo la última autorización el 6 de marzo de 2012, por
consulta ambulatoria de medicina especializada.
[por lo anterior] solicita se declare
improcedente la acción de tutela respecto a  la ARP, teniendo en cuenta que esta
no ha vulnerado derecho fundamental alguno…”
1.7.3.2. Mediante oficio del 29 de marzo de 2012, el
representante legal de   Pollos Bucanero S.A. señaló:
“…es cierto que la accionante ingresó a
la empresa el 2 de noviembre de 2010, con contrato de trabajo a término fijo
inferior a un año, el que con sus prórrogas se extendió hasta el pasado 1 de
marzo; que el 15 de julio de 2011 sufrió accidente de trabajo que le generó
esguince de rodilla; que fue reubicada en un cargo acorde con la restricción de
labores y recomendaciones dadas por la ARP; que fue despedida el 1 de marzo del
año que avanza, pero de manera legal por vencimiento de contrato, previa
verificación de inexistencia de limitaciones físicas o restricciones médicas o
cualquier tratamiento en curso e incapacidades médicas.
Dicha verificación se realizó al momento de
la notificación de no prorroga del contrato de trabajo (26/01/2012), solo hasta
el 30 de enero de 2012, la empresa contratante conoció la existencia de
restricción que venció el 29 de enero del mismo año, es decir que hasta el
último día que laboró no presentó más restricciones, lo cual significa que a la
fecha de finalización del contrato de trabajo no había impedimento alguno...”
1.7.4.    Decisiones Judiciales
1.7.4.1.  Decisión de primera instancia- Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria, Valle
Mediante fallo del nueve (9) de abril de
dos mil doce (2012), el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria,
Valle, resolvió conceder el amparo solicitado, argumentando que la accionante
se encuentra dentro del grupo al que la Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia le ha reconocido especial protección a la estabilidad laboral
reforzada, en razón a su situación de debilidad manifiesta por su salud, razón
por la cual la entidad accionada debió antes de terminar el contrato de trabajo
a la accionante, ajustarse al procedimiento señalado en el artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, esto es, solicitar la intervención de la oficina de trabajo
para que fuera ella quien revisara de manera responsable el estado de salud de
la accionante y definiera si su contrato de trabajo podía ser terminado o no.
Con base en lo anterior, concluye que la
empresa Pollos Bucanero S.A. en efecto vulneró el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la accionante.
1.7.4.2.  Impugnación
La entidad accionada, por medio de su
apoderada, inconforme con la decisión de instancia impugnó el fallo proferido
por el Juez Constitucional con base en los siguientes argumentos:
“…procedo mediante este documento y
encontrándome en término para ello, a proponer impugnación al fallo de tutela
proferido por su despacho, el que sustento en los siguientes términos:
…como podemos ver, la sociedad que represento
no ha incurrido en ninguna violación de la ley, por el contrario se acogió a
ella de manera irrestricta.
Toda la condena proferida en la presente
acción se enfoca en sancionar al empleador, como si se tratara de un castigo
por haber dejado de renovar el contrato, notemos que la condena de 180
días proveniente de la Ley 361 de 1997 artículo 26 dice claramente e
inequívocamente que “ninguna persona limitada podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación” a este respecto hay que
hacer varios comentarios: 1. La señora accionante no es una persona limitada,
la misma normatividad en comento define quienes son personas limitadas. La
señora accionante nunca ha demostrado ser una persona con limitación, ni la EPS
a la que se encuentra afiliada lo ha hecho, por supuesto tampoco lo demostró al
despacho en la siguiente acción, sino que el a-quo lo supuso. 2. El motivo de
la terminación del contrato NADA TUVO QUE VER CON UN DESPIDO tal y como se
sustentó y se demostró de manera clara en la presente tutela, la terminación
obedeció a lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 46
numeral 1… pero el fallador de instancia también “supuso” el despido, pues la
accionante tampoco logró desvirtuar la forma de terminación del contrato…”
1.7.4.3.  Decisión de segunda instancia- Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Palmira, Valle del Cauca
Mediante providencia del dieciséis (16) de
mayo de dos mil doce (2012), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira,
Valle del Cauca, resolvió revocar la decisión de instancia, por
considerar que el asunto objeto de estudio es una controversia de carácter
laboral y es el Juez ordinario laboral el competente para resolver el asunto,
sin que  pueda hacerlo el juez de tutela por no haberse acreditado las
condiciones excepcionales previstas en el Decreto 2591 de 1991.
1.7.5.  Pruebas
Documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.7.5.1.  Copia de las recomendaciones médicas emitidas por el
Doctor José Antonio Avendaño Sinisterra a la accionante (Folios 2, 3 y 6,
cuaderno No. 2).
1.7.5.2.  Copia de la historia clínica de la señora Mariluz
Villafañe Semanate (Folios 4-5, cuaderno No. 2).
1.7.5.3.  Copia de las recomendaciones médico ocupacionales de
la señora Mariluz Villafañe Semanate, expedidas por la Comisión MD Laboral de
la ARP Positiva Compañía de Seguros a la empresa accionada (Folio 7, cuaderno
no. 2).
1.7.5.4.  Copia del informe del accidente de trabajo de la
accionante (Folio 8, cuaderno No. 2).
1.7.5.5.  Copia de la carta de terminación del contrato de
trabajo de la señora Mariluz Villafañe Semanate (Folio 9, cuaderno No. 2).
1.7.5.6.  Copia del derecho de petición presentado por la señora
Mariluz Villafañe Semanate a la empresa Pollos Bucanero S.A., solicitando de
manera respetuosa revocar la terminación de su contrato hasta tanto se recupere
definitivamente del accidente laboral que sufrió (Folio 10-11, cuaderno No. 2).
1.7.5.7.  Copia de la respuesta  proferida por la gerente de
gestión humana de la empresa Pollos Bucanero S.A. al derecho de petición de la
accionante (Folio 12, cuaderno No. 2).
1.7.5.8.  Copia del seguimiento al reintegro con restricción de
labores y recomendaciones complementarias emitido por la ARP Positiva a la
empresa accionada (Folio 13, cuaderno No. 2).
1.8.
EXPEDIENTE T-
3.506.355
1.8.1.   Solicitud
Gustavo Adolfo Borrero Cataño, solicita al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la salud, a la
seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia,
solicita se ordene de manera provisional a la Caja de Compensación Familiar
del Valle del Cauca-COMFANDI, que lo reintegre a la empresa y lo ubique en
un trabajo acorde a sus actitudes y limitaciones, hasta tanto quede definida su
incapacidad laboral (Pensión de Invalidez) y la indemnización a la que tiene
derecho, toda vez que fue despedido en estado de debilidad manifiesta, puesto
que se encontraba en incapacidad como producto de la enfermedad profesional que
padece, según los hechos que a continuación son resumidos:
1.8.2.   Hechos y
argumentos de derecho
1.8.2.1. Manifiesta el actor que laboró en la
empresa COMFANDI desde el 3 de enero de 1994 hasta el 26 de diciembre de 2011,
en el cargo de Asistente del Departamento de Auditoria.
1.8.2.2. Añade que al ingresar fue afiliado al
servicio occidental de salud S.O.S, al Fondo de Pensiones Porvenir y a la
empresa administradora de riesgos profesionales Colmena.
1.8.2.3. Argumentó el actor que fue seleccionado por
concurso,  para integrar el proyecto más importante de la empresa, el cual
consistía en transformarla y renovarla, lo cual exigía completa dedicación,
horarios largos y exigentes.
1.8.2.4. Afirma que a raíz de esa desbordante y
esclavizante obligación sufrió una crisis nerviosa, depresiva y de extrema
gravedad denominada “Estrés Laboral”, lo que le generó una enfermedad
profesional e incapacidad temporal, motivo por el cual deciden retirarlo del
proyecto y trasladarlo a su antiguo lugar de trabajo.
1.8.2.5. Indica que como consecuencia de lo
anterior, la empresa decide dar por terminado sin justa causa su contrato
laboral el 27 de diciembre de 2011, vulnerándole sus derechos como trabajador.
1.8.2.6. Sostiene que debido al despido recayó en su
enfermedad, a tal punto que estuvo hospitalizado desde la fecha del despido
hasta los primeros días de enero de 2012 y, actualmente se encuentra
incapacitado, en tratamiento psiquiátrico y psicológico.
1.8.2.7. Por último, indica que conforme a los
documentos aportados se demuestra que su enfermedad es catalogada como profesional,
razón por la cual solicita su reintegro al cargo que venía ejerciendo por haber
sido despedido sin la autorización del Ministerio de la Protección Social.
Además, solicita que el servicio occidental de salud S.O.S continúe prestando
el servicio médico hasta tanto se defina su pensión de invalidez.
1.8.3.   Traslado y contestación de la demanda
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado
Dieciséis Penal Municipal con función de Control de Garantías de Cali, mediante
oficio del treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012), resolvió admitir
la acción de tutela, correr traslado a la empresa accionada, al servicio occidental de salud S.O.S, a la
ARP Colmena S.A. y al Fondo de Pensiones Porvenir,  para que en el término de
dos (2) días se pronuncie sobre los hechos de la acción de tutela.
1.8.3.1. Mediante oficio del seis (6) de febrero de
dos mil doce (2012), COMFANDI, a través de su apoderado judicial,  se manifestó
al respecto:
“…el señor Borrero estuvo vinculado
laboralmente a esta entidad desde enero de 1994 hasta diciembre de 2011
desempeñando el cargo de asistente de auditoria y fue seleccionado para el
proyecto SMART y se exigía un alto compromiso, por ello los horarios eran
diferentes a los de la jornada laboral pero es falso que no se dieran descansos
o fines de semana, ni que se desconocieran sus derechos laborales como tampoco
es cierto que las personas que participaron del proyecto hubieran perdido su
vida familiar y social.  Así mismo la enfermedad de stress o ansiedad que
padece el accionante no ha sido calificada como de origen profesional, y por el
contrario se ha calificado como de origen común y no determinó su traslado a su
antiguo cargo ni tampoco su retiro de la empresa, dado que el mismo se debió a
una reestructuración de cargos al interior del departamento de auditoria…
En lo que tiene que ver con el permiso del
Ministerio del Trabajo, anota que para la fecha de terminación del contrato el
accionante no estaba incapacitado o en condiciones de salud de las que pudiera
derivarse una debilidad manifiesta por concepto médico que así lo determine,
así mismo cuenta con un periodo de protección laboral que oscila entre uno y
tres meses para tratamiento en curso, urgencias o cirugías programadas con
anterioridad a la terminación del vínculo laboral…”
1.8.3.2. Por otro lado, el Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A., al dar contestación a la acción de tutela informa que la misma
está dirigida en contra de COMFANDI y persigue un reintegro laboral  por lo que
no existe legitimación en la causa para su vinculación y cualquier vulneración
a derechos fundamentales del accionante solo es atribuible al empleador, quien
lo despidió encontrándose incapacitado, desatendiendo lo dispuesto en la Ley
361 de 1997 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Por último, añade que el 1 de febrero de 2012, el
accionante presentó ante esa entidad, una solicitud de calificación de pérdida
de capacidad laboral y una vez se proceda con dicha calificación se podrá
determinar si puede iniciar los trámites para su pensión de invalidez.
Por lo anterior, solicitó al despacho que declare la
improcedencia de la acción de tutela.
1.8.3.3. Por su parte, el Doctor Jorge Andrés Acevedo,
apoderado judicial de Servicio Occidental de Salud S.O.S EPS señaló:
“… el accionante estuvo vinculado a la
EPS  desde el 1 de enero de 1996 hasta el 26 de enero de 2012, en que es
retirado por su empleador y revisada su historia clínica se encuentra que se
trata de una persona con un diagnóstico de ansiedad y depresión, stress
laboral, recibiendo tratamiento por psiquiatría y psicología mas tratamiento
farmacológico y solicitud de reubicación laboral, siendo retirado de la empresa
para la cual laboraba por finalización del contrato.
…el accionante está recibiendo atención
médica, sin que a la fecha le haya sido negado ningún servicio y la misma se le
seguirá brindando hasta cuando termine su periodo de protección laboral el cual
va hasta el 26 de abril de 2012 y a partir de dicha fecha deberá afiliarse
nuevamente a través de otra empresa o como independiente…”
1.8.4.  Decisiones
Judiciales
1.8.4.1. Decisión de
primera instancia- Juzgado Dieciséis Penal     Municipal con Función de Control
de Garantías de Cali
Mediante fallo del trece (13) de febrero de
dos mil doce (2012), el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Cali, resolvió negar por improcedente el amparo
solicitado, argumentando que existe otro medio judicial en la Jurisdicción
Ordinaria al cual puede acudir el accionante.
1.8.4.2.  Impugnación
Inconforme con la decisión de instancia el
actor impugna el fallo de tutela, manifestando su inconformidad en los
siguientes términos:
“La entidad COMFAMILIAR ANDI (sic),
desconoce que la disponibilidad laboral al proyecto SMART era de disponibilidad
total tal y como se le hizo saber a las esposas de los trabajadores casados y a
los padres de familia cuando se trataba de personas solteras; así mismo es
temeraria su afirmación cuando niega la existencia de su patología, la cual
está demostrada con su Historia clínica y con la respuesta de la EPS en la cual
confirma su padecimiento, así mismo todos los especialistas que lo han tratado
han afirmado que su patología es de origen profesional y que su retiro de la
empresa se debió a su debilidad manifiesta y no a raíz de una estructuración de
cargos al interior de la misma.
…la acción de tutela si es la vía para
reclamar sus derechos, y la razón de instaurar la acción de tutela un mes
después del despido es porque precisamente el 26 de enero se suspende la
atención médica respecto de su enfermedad dejándolo desprotegido.
La empresa sabía que padece de una
enfermedad y recibe tratamiento psiquiátrico y psicológico más tratamiento
farmacológico… el señor juez en su fallo hace alusión a asuntos que nada tienen
que ver con la presente acción de tutela y desconoce los lineamientos de la
sentencia 139 de 2010. ”
1.8.4.3. Decisión de
segunda instancia- Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali
Mediante fallo del veintitrés (23) de marzo
de dos mil doce (2012), el Juzgado Dieciséis Penal de Circuito de Cali confirma
íntegramente la decisión de instancia.
Señala que la reclamación se enmarca dentro
de la órbita de la justicia laboral, que es a la que le correspondería estudiar
su demanda previo un debate procesal que le de tanto al acciónate como a la
entidad patronal la oportunidad de asumir la defensa de sus intereses y derechos.
1.8.5.  Pruebas Documentales
En el trámite de la acción de amparo se
aportaron como pruebas:
1.8.5.1. Copia de la carta de terminación del
contrato laboral entre el señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño y la entidad
accionada (Folio 1, cuaderno No. 2).
1.8.5.1.  Copia de la carta mediante la cual COMFANDI le informa
al actor que ha sido seleccionado para participar en el proyecto SMART (Folio
2, cuaderno No. 2).
1.8.5.2.  Copia de la liquidación definitiva del señor Gustavo
Adolfo Borrero Cataño (Folio 3, cuaderno No. 2).
1.8.5.3.  Copia de la historia clínica del actor, donde consta
que el día 19 de enero de 2011, se encontraba en situación de “stress” (Folios
4-5, cuaderno No. 2).
1.8.5.4.  Copia de la historia clínica- consulta externa que
realizó el actor en su EPS SOS, donde consta que el 26 de abril de 2011, ya
padecía de ansiedad y depresión (Folios 6-7, cuaderno No. 2).
1.8.5.5.  Copia de las recomendaciones laborales emitidas por la
EPS a la empresa accionada el 3 de mayo de 2011 (Folio 8, cuaderno No. 2).
1.8.5.6.  Copia del concepto de psiquiatría emitido el 18 de
mayo de 2011 por el Dr. Alejandro  Castillo, donde señala que el actor sufre de
trastorno depresivo debido al duelo por el cambio de trabajo y sugiere
continuar con el tratamiento psicológico. (Folios 9-12, cuaderno No. 2).
1.8.5.7.  Copia del Inventario Multifasico de la Personalidad de
Minnesota realizado el 20 de mayo de 2011, por la Dra. Arelis Maria Arévalo al
señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño (Folios 13-14, cuaderno No. 2).
1.8.5.8.  Copia de la historia clínica del actor en la Clínica
Basilia de Cuidado Mental (Folios 16-28, cuaderno No. 2).
1.8.5.9.      Copia de las órdenes de servicios médicos
emitidas por la Organización Mente Sana LTDA (Folios 29-32, cuaderno No. 2).
1.8.5.10. Copia de la carta de traslado al proyecto “Smart”
del 10 de marzo de 2011(Folio 53, cuaderno No.2).
1.8.5.11. Copia de las recomendaciones médico ocupacionales del
23 de marzo de 2011 (Folios 54-55, cuaderno No. 2).
1.8.5.12. Copia del memorando oficial de reconocimiento de labor
realizada en el proyecto SMART del 10 de marzo de 2011 (Folios 56-57, cuaderno
No. 2).
1.8.5.13. Copia del memorando de aplazamiento de las vacaciones
de año 2010 del actor (Folio 58, cuaderno No. 2).
1.8.5.14. Copia de la historia clínica de la enfermedad
profesional del señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño, desde el 19 de enero de
2011 hasta el 3 de enero de 2012 (Folios 60-65, cuaderno No. 2).
1.8.5.15. Copia de las incapacidades del año 2012, las cuales no
fueron autorizadas por la EPS SOS (Folios 66-68, cuaderno No. 2).
1.8.5.16. Copia de uno de los reconocimientos y premios
entregados al actor durante el proyecto SMART (Folio 69, cuaderno No. 2)
1.8.5.17. Copia de las órdenes de prestación de servicios médicos
y copia de la cita para el día 13 de febrero de 2012 (Folios 70-73, cuaderno
No. 2).
1.8.6. Informes recibidos
en sede de revisión
Mediante informe que remitió Secretaría
General al Despacho del Magistrado sustanciador el tres (3) de octubre de dos
mil doce (2012), comunicó que el señor Gustavo Adolfo Gómez Pino, apoderado de
la señora Mary Luz Villafañe Semanate, envió los siguientes documentos: (i)
Copia de las ordenes ambulatorias de servicios emitidas el 12 de abril de 2012
por el Dr. Raúl Benito Rodríguez Lora, (ii) Copia de la valoración de ortopedia
y traumatología realizada a la señora Mary Luz Villafañe Semanate el 12 de
abril de 2012, (iii) Copia de la evaluación realizada por la fisioterapeuta a
la señora Mary Luz Villafañe, donde certifica que la evolución de la accionante
ha sido poco satisfactoria puesto que el dolor persiste, (iv) Copia de las
ordenes médicas emitidas el 19 de diciembre de 2011, con fecha de vencimiento
agosto de 2012, por el Doctor José Antonio Avendaño Sinisterra, médico adscrito
a la Clínica Med, en las cuales consta que la accionante debía continuar con
las recomendaciones hasta el estudio de RMN y el concepto de ortopedia, (v)
Copia de la certificación emitida por la Doctora, Gloria Fernanda Ortiz, donde
consta que la acciónate acudió a consulta médica el día 13 de abril de 2012 y,
(vi) Copia de la historia clínica de la accionante, (vii) Copia de la
autorización de servicios emitida por la Compañía de Seguros Positiva el día 17
de abril de 2012, lo anterior con la finalidad de que fueran incorporados al
expediente T- 3.505.288.
2.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA
La Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela,
de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y con el
Decreto 2591 de 1991.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
Conforme a lo reseñado respecto de las
situaciones fácticas planteadas y de las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia en el trámite de las solicitudes de amparo objeto de revisión,
corresponde a la Sala Séptima de Revisión establecer si en los casos
expuestos procede la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales
a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital
y a la estabilidad laboral reforzada de los actores, los cuales han sido
vulnerados por las diferentes empresas accionadas, el despedirlos de sus empleos
sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban
debido a las diferentes enfermedades que padecen.
Para solucionar el problema jurídico
planteado, esta Sala examinará: primero, la procedencia excepcional de
la acción de tutela cuando se ponen en riesgo los derechos fundamentales de
sujetos de especial protección. Reiteración de jurisprudencia; segundo, la
estabilidad laboral reforzada de las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; tercero,
las obligaciones del Ministerio de Trabajo en cuanto a la autorización para
despedir aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; cuarto,
la jurisprudencia referente a las causales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia y; quinto,
el desconocimiento del precedente jurisprudencial.
2.3.
ASUNTO PREVIO:
LA PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO SE PONEN EN RIESGO LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La acción de tutela se
encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución, se caracteriza por
ser preferente, sumaria y subsidiaria, es decir, que tal y como lo ha expresado
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ésta puede ser utilizada
ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando: i) No exista
otro medio judicial a través del cual se pueda resolver un conflicto
relacionado con la vulneración de un derecho fundamental, ii) Existiendo otras
acciones, éstas no resultan eficaces o idóneas para la protección del derecho
de que se trate, o, iii) Existiendo acciones ordinarias, resulte necesaria la
intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio
irremediable.[1]
En este sentido, la
subsidiariedad y la excepcionalidad de la acción de tutela, permiten reconocer
la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los
derechos. Al existir tales mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente,
siempre que sean conducentes para conferir una eficaz protección constitucional
a los derechos fundamentales de los individuos. Razón por la cual, quien invoca
la transgresión de sus derechos fundamentales por esta vía, debe  agotar
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.[2]
Esta exigencia pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada
una instancia adicional en el trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos diseñados por el legislador[3].
Al respecto, la Corte
Constitucional en Sentencia T-262 de 1998[4],
señaló:
“…la acción de tutela no ha sido
concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa
judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones,
en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen
deficientemente. Aceptar
lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomará el lugar de las
otras jurisdicciones, resultado que iría en contra
del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e
integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las
competencias de las otras jurisdicciones. (...)”. (Subrayado
fuera del texto).
De esta forma, el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible para la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo extraordinario, salvo que por
razones extraordinarias, el Juez Constitucional compruebe que los otros medios
judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas.
Al respecto, siguiendo el mismo lineamiento de la
sentencia señalada anteriormente, esta Corporación en la Sentencia T- 742 de
2011[5]
manifestó:
“la sola existencia de un medio
alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la improcedencia de
la acción de tutela, porque como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y
eficaz para la defensa de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, si
el juez constitucional constata que el otro medio de defensa no resulta
conducente para la protección efectiva de los derechos invocados, - al no
asegurar, por ejemplo, la eficacia necesaria para su defensa real -, el
fallador puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de
los derechos fundamentales, admitiendo la procedencia en estas circunstancias,
de la acción de tutela”.
En la Sentencia T-161 de 2005[6],
una vez más esta Corporación enfatizó lo aludido sobre el tema estudiado, pues
sostuvo que:
“la tutela no fue creada para sustituir los
mecanismos de defensa ordinarios. Para el Tribunal, la acción del artículo
86 de la Carta tiene carácter excepcional en la medida en que únicamente
responde a las deficiencias de los medios de defensa judiciales, sin
desplazarlos ni sustituirlos. De allí que la Corte haya afirmado que dicha
acción constituye un instrumento democrático con que cuentan los ciudadanos
para reclamar ante los jueces dicha protección de sus derechos
constitucionales, pero de la cual, en razón a su excepcionalidad, no puede
abusarse ni hacerse uso cuando existan otros medios judiciales idóneos para la
definición del conflicto asignado a los jueces ordinarios con el propósito
reiterado de obtener, entre otras consideraciones, un pronunciamiento más ágil
y expedito”. (Subrayado
fuera del texto)
En efecto, la acción de tutela es improcedente como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, cuando lo que se busca es evadir el
proceso laboral, contemplado por el ordenamiento jurídico, como la herramienta
idónea para el conocimiento de un referido asunto.
En el caso específico de la solicitud de reintegro al
cargo a través de la acción de tutela, se ha manifestado su improcedencia como
regla general, toda vez que, existen otros mecanismos de defensa judicial a los
cuales se puede acudir; tales como la jurisdicción ordinaria laboral y la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la Corte ha
establecido una excepción: Que se trate de un trabajador que se encuentre en
situación de debilidad manifiesta o en una circunstancia que le otorgue el
derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de las personas con
discapacidad. [7]
En estos casos, la acción de tutela es el mecanismo
idóneo y eficaz, para la protección laboral reforzada, cuya finalidad es
expandir el postulado de la igualdad real y efectiva, y de esta forma,
garantizarles a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.[8] Es decir, que
aunque no existe un derecho a permanecer en el empleo, la desvinculación
laboral de estas personas sólo podrá efectuarse con la  previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
Por lo tanto, esta Corporación no sólo considera que
en estos eventos la acción de tutela es procedente, sino que además es el
mecanismo apropiado para solicitar el reintegro laboral. Además, su procedencia
también se predica frente a las personas que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, caso en el cual podrá concederse de manera transitoria
mientras las autoridades competentes deciden lo pertinente.[9] En este
último caso, la procedencia de la acción de tutela busca evitar la
configuración de un perjuicio irremediable y no releva al trabajador de acudir
a las vías ordinarias judiciales.
En resumen, en aquellos casos en los cuales se perciba
la afectación de los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad, adulta mayor, u otras poblaciones vulnerables, la acción de
tutela se torna en el mecanismo idóneo para invocar su amparo y no puede
exigírsele previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues el asunto
cobra relevancia constitucional ante la posibilidad de que se
trate de un acto discriminatorio.
2.4.
LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Es necesario señalar que el derecho al trabajo está
ligado a unos principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 23 de
la Constitución de 1991. Uno de estos, consiste en que, cuando el trabajador es
una persona en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a la estabilidad
laboral reforzada, es decir, que
luego de presentar una disminución o limitación sensorial, física o sicológica,
cuenta con la posibilidad de permanencia en el empleo como medida de protección
a su especial condición, lo que significa que goza de cierta seguridad en la
continuidad de la relación laboral.[10]
Lo anterior se evidencia en la imposibilidad de ser
despedido mientras que no se presente una de las causales que la ley ha
contemplado como justa causa de despido y con la previa autorización del
Ministerio de Trabajo.[11]
La garantía constitucional a la estabilidad laboral
reforzada, que constituye un derecho predicable de ciertos grupos sociales,
como las mujeres embarazadas, los minusválidos y los trabajadores aforados, ha
sido desarrollada por esta Corporación en varias ocasiones, al respecto ha
manifestado:
“En efecto, si bien, conforme al artículo
53 de la Carta, todos los trabajadores tienen un derecho general a la
estabilidad en el empleo, existen casos en que este derecho es aún más fuerte,
por lo cual en tales eventos cabe hablar de un derecho constitucional a una
estabilidad laboral reforzada. Esto sucede, por ejemplo, en relación con el
fuero sindical (…). Igualmente, en anteriores ocasiones, esta Corporación
también señaló que, debido al especial cuidado que la Carta ordena en favor de
los minusválidos (CP Art. 54), estas personas gozan de una estabilidad laboral
superior, la cual se proyecta incluso en los casos de funcionarios de libre
nombramiento y remoción (…)”[12].
Ha sido reiterativa la Corte en su posición de que las medidas de la
estabilidad laboral reforzada consagran la exigencia de obtener autorización de
parte del Ministerio de Trabajo para poder despedir al empleado que goce de
esta protección, aún cuando se esté ante una justa causa. Este planteamiento
fue desarrollado en  la Sentencia T-1040 de 2001[13], en la que
se conoció el caso de una trabajadora que en el desempeño de sus funciones
presentó encogimiento del músculo de su pierna derecha, evento que
comunicó a su jefe inmediato, sin ningún efecto respecto de la asignación de
funciones. Ésta fue sometida a una cirugía, por lo que su médico tratante
expidió una orden en la que afirmaba su capacidad para seguir trabajando, pero
formulaba quietud. La accionante presentó nuevamente esta orden a su jefe
inmediato, sin embargo, éste le continúo asignando funciones que deterioraban
su situación médica. Al reiterarle su petición, la trabajadora fue despedida
sin justa causa y con el pago de una indemnización. En este caso, la Corte
determinó que:
“El legislador ha dispuesto una garantía de
estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidades, disponiendo
que, para despedirlas, el empleador requiere un permiso previo del Ministerio
del Trabajo. Así se garantiza que el sistema jurídico no avale
indiscriminadamente el despido de una persona por su discapacidad, impidiéndole
a estas personas desarrollar el resto de sus facultades físicas y mentales.
Ahora bien, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación, la protección laboral reforzada no sólo se
aplica a las personas en situación de discapacidad, a las mujeres embarazadas o
a los trabajadores aforados. Por el contrario, el criterio de esta
Corporación ha evolucionado, al punto de concebir que la estabilidad laboral
reforzada se hace extensiva a todos los trabajadores que se encuentren en una
situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la grave afectación de
su estado de salud.
Así las cosas, esta Corte en sentencias
como la T-198 de 2006[14],
reiteró la extensión de la protección a las personas que en ejercicio de sus
funciones sufren un deterioro en su salud. En esta ocasión estudió el caso de
una persona que había sido desvinculada de la empresa en la que trabajaba, pese
a encontrarse en situación de debilidad
manifiesta y sin haber sido calificado su grado de invalidez, precisó:
(…) La jurisprudencia ha extendido el
beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997,
a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales,
sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de sus funciones
(…).
Aquellos trabajadores que sufren una
disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral,
deben ser consideradas como personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la
llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la
Constitución. La
protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la
categoría protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley.
Por su parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de
debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un
conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la
ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para
proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido
vulnerado. En materia laboral,la protección especial de quienes por su
condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende
también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados o de invalidez(…)”.(Negrilla fuera del texto)
En concordancia con lo anterior, esta
Corporación en la Sentencia T-554 de 2009[15],
indicó:
“(…) [E]n aplicación del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, todo trabajador que se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su estado de
salud, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure
una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, causal que, en todo
caso, deber ser  previamente verificada por el inspector de trabajo o la
autoridad que haga sus veces. En este sentido, se reitera que el derecho a la
estabilidad laboral reforzada es una consecuencia de la grave afectación del
estado de salud del trabajador, afectación que no necesariamente se deriva del
estado de invalidez o discapacidad declarado así por la autoridad
competente.
Siguiendo con la línea jurisprudencial, la
Corte Constitucional en Sentencia T- 415 de 2011[16], estudió el
caso de una persona a quien pese a habérsele dictaminado pérdida de capacidad
laboral parcial permanente inferior al 50%, fue desvinculada de su trabajo sin
la autorización previa del Ministerio de la Protección Social, sostuvo que los
trabajadores que tengan una afectación en la salud, están en circunstancia de
debilidad manifiesta, y por tanto, tienen derecho a la estabilidad laboral
reforzada.  En esta ocasión indicó:
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos,
(ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv)
en general todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud;
(b) esa circunstancia les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño
de sus labores en las condiciones regulares”, y (c) se tema que, en esas
condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en
circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la
“estabilidad laboral reforzada.
Pues bien, quienes sean titulares del
derecho a la estabilidad laboral reforzada se benefician de dos normas de
carácter fundamental, vinculadas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional a las garantías de la Carta: en primer lugar, de la
prohibición que pesa sobre el empleador de despedir o terminarle su contrato a
una “persona limitada, por razón de su limitación, salvo que medie autorización
de la oficina de Trabajo”; y, en segundo lugar, de la obligación
del juez de presumir el despido discriminatorio, cuando una persona en
circunstancias de debilidad manifiesta es desvinculada del empleo sin
autorización de la oficina del trabajo.
En consecuencia, cuando se comprueba que el
empleador (a) desvinculó a un sujeto titular del derecho a la estabilidad
laboral reforzada sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo, y
(b) que no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces
el juez que conoce del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor
del trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación del
despido laboral (con la consiguiente causación del derecho prima facie del
demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de
recibir en el interregno); (ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado
a un cargo que ofrezca condiciones iguales o similares que las del cargo
desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de
empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en
tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de
su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.); (iv) en cuarto lugar, el derecho
a recibir “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen,
adicionen, complementen o aclaren” (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997)”.
Por otro lado, es importante enfatizar que
la conservación o permanencia de un empleo por cierto periodo de tiempo no es
un derecho fundamental. No obstante, la Constitución de 1991 quiso garantizar a
algunos sujetos la especial protección de su derecho al trabajo mediante la
estabilidad laboral reforzada, la cual consiste, como ya se dijo, en que la
desvinculación de las mujeres embarazadas, los trabajadores aforados, las
personas en situación de discapacidad y, las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad como producto de un deterioro en su salud, no puede
presentarse sin la previa autorización de la autoridad competente.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano
distingue a los trabajadores en situación de discapacidad, de los trabajadores
que sufren una disminución en su condición física durante la ejecución del
contrato de trabajo, dándoles en cada caso un alcance y unos mecanismos legales
de protección distintos. En la Sentencia T- 125 de 2009[17], en la que
se estudió el caso de una persona que se desempeñó como maestro de obra
mediante contrato de trabajo a término indefinido celebrado con EJM Ingenieros
Arquitectos Sociedad Limitada, y que interpuso acción de tutela al considerar
que dicha empresa vulneró sus derechos fundamentales al dar por terminado el
contrato suscrito sin la previa autorización del Ministerio de la Protección
Social, desconociendo la incapacidad física causada por la enfermedad de “ESPOLON
CALCANEO”, sufrida durante la vigencia de su relación laboral, la
Corte señaló que:
“La protección laboral de los trabajadores
que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no depende de una
calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la
prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño
regular de sus labores”.
De igual manera, esta Corporación en Sentencia T-019
de 2011[18]
señaló:
“en algunos eventos, la reubicación
laboral como consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no
solamente el simple cambio de labores, sino que comporta la proporcionalidad
entre las tareas y los cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados,
así como el deber del empleador de brindar la capacitación necesaria para que
las nuevas funciones sean desarrolladas adecuadamente”
Conforme a lo anterior, la Sala concluye que el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que se
encuentren en situación de debilidad manifiesta, por causa de una disminución
de la capacidad física, síquica o sensorial-sin importar si existe o no
calificación de la pérdida de capacidad- conlleva el derecho a mantenerse en el
empleo o a ser reubicado conforme a unas funciones congruentes con su estado de
salud, lo cual debe incluir la capacitación para el adecuado cumplimiento del
nuevo cargo y, una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de
las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.
2.5.
LAS OBLIGACIONES
DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN CUANTO A LA AUTORIZACIÓN PARA DESPEDIR AQUELLAS
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Nuestro ordenamiento Constitucional ha introducido
normas mediante las cuales dispone un tratamiento preferencial para las
personas que se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad, como
manifestación del principio de igualdad material, una de las principales
innovaciones del modelo de Estado Social de Derecho, a saber:
El artículo 13, en los incisos 2 y 3, señala:
“El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados… El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
Siguiendo los mismos lineamientos, el artículo 47 de
la Carta establece que:
“… el Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
Por otro lado, esta Corporación en sentencias como la
T-467 de 2010[19] ha señalado la importancia de proteger a
las personas que se encuentran en circunstancias de indefensión debido a una
disminución en su estado de salud. Al respecto señaló:
“Las personas que han
sufrido un accidente de trabajo y como consecuencia tienen una mengua en su
estado de salud, tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, aún cuando
no tengan una calificación porcentual de invalidez. Este presupuesto es la base
para determinar que su despido no puede obedecer a argumentos netamente
legales, como el despido sin justa causa, pues su condición de salud los
convierte en sujetos de especial protección constitucional y, en consecuencia,
deben buscarse alternativas de inclusión y continuidad en el empleo, mediante
la reubicación y respectiva orientación y capacitación en el nuevo lugar de
trabajo y de no ser posible por factores objetivos es imperativo solicitar
previa autorización al Ministerio de la Protección Social y al pago de
indemnización.”
De igual forma, en la sentencia T-039 de 2010[20],
esta Corte reiteró que la estabilidad laboral
reforzada es predicable frente a personas que se encuentran en situación de
discapacidad, pero su aplicación se hace extensiva a las personas que no sólo
están calificadas como discapacitadas sino que sufren una disminución en su
salud, debido al desarrollo de sus labores. Al respecto, se señaló:
“La jurisprudencia ha
extendido el beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley
361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados
como tales, sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de
sus funciones. En efecto, en virtud de la
aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el
despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la
cual procede la tutela como mecanismo de protección. Para justificar tal
actuación no cabe invocar argumentos legales que soporten la desvinculación
como la posibilidad legal de despido sin justa causa. Nace el deber del
empleador de reubicar a los trabajadores que, durante el transcurso del
contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física.”
Ahora bien, debido a la situación de especial
protección constitucional que tienen las personas en situación de
vulnerabilidad, su desvinculación laboral debe ser autorizada por el Ministerio
de Trabajo, quien tiene la obligación de autorizar o no el despido, sin
que dicho requisito pueda ser omitido por el empleador. Lo anterior se
fundamenta en la Ley 361 de 1997, la cual en su artículo 26 señala lo
siguiente:
“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser
motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación
sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va
a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o
su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización
de la oficina de Trabajo.   (Negrilla y subrayado fuera del texto)
No obstante, quienes fueren despedidos o su
contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del
requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren.”
Lo expuesto no significa que el empleador pueda omitir
la autorización del Ministerio de Trabajo para la desvinculación de una persona
que se encuentra en situación de vulnerabilidad, pagando la indemnización,
puesto que el despido sin la previa autorización es considerado como ineficaz,
lo que significa que la indemnización no lo faculta para realizarlo, sino que
es una consecuencia de éste.
Así mismo, esta Corporación ha señalado que “la verdadera naturaleza de la indemnización que allí
se plantea enerva el argumento de la inconstitucionalidad de la disposición
legal, por cuanto dicha indemnización presenta un carácter sancionatorio y suplementario
pero que no otorga eficacia jurídica al despido o a la terminación del
contrato de la persona con limitación, sin previa autorización de la oficina de
Trabajo.”[21]
De manera que esta Corte estima que la posibilidad de despedir a una
persona en situación de vulnerabilidad, sin previa autorización de la Oficina
de Trabajo, debiendo el patrono asumir el pago de una indemnización por la suma
de “ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que modifiquen, adicionen, complementen o
aclaren”, no configura una salvaguarda de sus derechos y un desarrollo
del principio de protección especial de la cual son destinatarios, por razón de
su debilidad manifiesta, toda vez que la protección de esta forma establecida
es insuficiente respecto del principio de estabilidad laboral reforzada que se
impone para la garantía de su derecho al trabajo, de la igualdad y del respeto
a su dignidad humana.[22]
En resumen, el Ministerio de Trabajo tiene que
pronunciarse respecto de la solicitud de autorización que realiza el empleador
acerca del despido de una persona en situación de vulnerabilidad, esto debido a
la especial protección constitucional de la que gozan los mencionados.
Además, esta obligación no constituye una mera
formalidad sin sentido, por lo cual no es dable que el Ministerio incumpla con
este deber absteniéndose de emitir pronunciamiento alguno, pues éste tiene la
obligación de analizar el caso y emitir su concepto favorable o no respecto del
tema cuestionado. De igual manera, en los casos en los cuales se alegue una
justa causa por parte del empleador, el Ministerio del Trabajo debe verificar
si existe o no la misma, ésto en razón a la especial protección que tienen las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por lo que, se debe
verificar si en realidad el despido se debe a la justa causa alegada o es en
razón de la condición de vulnerabilidad del trabajador.
2.6.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia
En un principio es necesario reiterar que
el Decreto 2591 de 1991 en su articulo 5° establece que la acción de tutela procederá contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas o los particulares, que hayan violado,
violen o amenacen violar derechos constitucionales fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, esta
Corporación ha manifestado que la acción de tutela, en un principio, no procede
contra providencias judiciales, atendiendo a las siguientes razones:
“...La acción de tutela ha
sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que
implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental.
(la tutela) no puede
converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea
factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el
que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste
y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la
acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo,
ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que
su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera
ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de
sus derechos esenciales.”[23]
De igual manera, siguiendo con el mismo
lineamiento, esta Corte en sentencia C-590 de 2005[24] señaló:
“[e]n primer lugar, el hecho de que las sentencias judiciales
constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático”.
No obstante, excepcionalmente, la acción de tutela
procederá contra providencias judiciales en  aquellos casos en los que éstas
desconozcan los preceptos constitucionales y legales que deben seguir, y en
aquellas circunstancias en las que si bien, no hay un desconocimiento evidente
de las normas superiores, la decisión vulnera derechos fundamentales[25].
Siguiendo lo anterior, la Corte Constitucional ha
establecido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales está sujeta al cumplimiento de presupuestos generales de procedencia
que habilitarían al juez de tutela para revisar las decisiones judiciales
puestas a su consideración, cuando se presentan a plenitud[26]. Los
presupuestos generales aludidos fueron consagrados en las Sentencia C-590 de
2005[27]
y SU-913 de 2009[28],
los cuales se clasificaron de la siguiente manera:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[29].
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[30].
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[31].
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[32].
f. Que no se trate de sentencias de tutela[33]”[34]
(Negritas fuera del texto original).
En la sentencia referida anteriormente se estableció
que al verificar el cumplimiento de los requisitos generales señalados, el
accionante debe demostrar que tuvo lugar alguna de las causales específicas de
procedibilidad o vicios en que pudo incurrir la autoridad judicial al proferir
la decisión cuestionada.
Referirse
a las causales específicas de procedibilidad implica traer a colación la doctrina
constitucional relativa a aquellas actuaciones judiciales en las que el juez
que resuelve un conflicto jurídico asume una conducta que ostensiblemente
contraría el ordenamiento vigente y, por ende, vulnera derechos fundamentales.
Siguiendo lo anterior, al no contar
con un medio eficaz para solucionar dicha situación, la acción de
tutela aparece como el mecanismo idóneo para adoptar las medidas
necesarias para restablecer los derechos fundamentales conculcados por una
decisión judicial[35]. La
jurisprudencia constitucional ha establecido como causales específicas de
procedibilidad, las siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[36] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[37].
h.
Violación directa de la Constitución.”[38]
Finalmente es necesario advertir que tratándose de
tutelas contra decisiones judiciales la acción de tutela deviene en
improcedente.
2.7.     DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
El precedente
jurisprudencial según lo indicado por la Corte Constitucional, es aquel
antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico,
debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento
de dictar sentencia
Es de anotar, que dicho
precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y,
además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios
fácticos y normativos.  Al respecto la Corte señala que no podrá predicarse
la aplicación de un precedente en ausencia de alguno de estos elementos.[39]
Por otro lado, en lo
concerniente a la pertinencia de la aplicación del precedente, la misma Corte
en Sentencias como la T-1317 de 2001[40]. y la  T-292 de 2006[41], ha establecido que se predica de
una sentencia previa, cuando:
“(i) la ratio
decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla
judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente;
(ii) se trata de un  problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas
juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente.”
Con base en lo anterior, se establece que el
acatamiento del precedente judicial constituye un presupuesto esencial del
Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los
fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la
jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción
consagrado expresamente en los artículos 6, 121 y 123 CP; del debido proceso y
principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del
postulado de ceñimiento a la buena fe de las autoridades públicas –art.83 CP-;
de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza
vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así
como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el
artículo 241 de la Carta Política.
Sobre la temática se ha
pronunciado ésta Corte
aclarando que:
“… el precedente
constitucional sentado por la Corte Constitucional como guardiana de la
supremacía de la Carta tiene fuerza vinculante no sólo para la interpretación
de la Constitución, sino también para la interpretación de las leyes que
obviamente debe hacerse de conformidad con la Carta, por eso, las sentencias de
la Corte Constitucional constituyen para las autoridades administrativas una
fuente obligatoria de derecho…”
De conformidad con lo anterior,
esta Corporación estableció en Sentencias como la T-887 de 2007[42]
y en la T-949 de 2009[43],
los casos en los cuales es
desconocido el precedente jurisprudencial, en esta ocasión indicó:
“…La jurisprudencia de la
Corte Constitucional puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando
disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido
normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la
ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el
alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela. ..”
La anterior postura ha sido reiterada por esta Corte
en la Sentencia T-760A de
2011, en la cual se establece que la Constitución se vulnera al desconocer
sentencias erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues tales pronunciamientos de constitucionalidad vinculan a
todos los operadores jurídicos. También se vulnera, cuando los jueces de la
jurisdicción ordinaria en la aplicación de una norma legal, restringen sin
motivación suficiente, o en esas condiciones contrarían sustancialmente la
interpretación con carácter de precedente de un derecho fundamental que ha realizado
la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución, además
de desconocer el precedente vinculante, se viola de manera directa la
Constitución.
En la última hipótesis, la acción de tutela procede
como medio de defensa para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
No obstante, en la Sentencia T-656 de 2011[44],
esta Corporación ha precisado con particular énfasis, los requisitos estrictos para apartarse del
precedente jurisprudencial, al respecto manifestó:
“… Las autoridades judiciales pueden
apartarse del precedente en algunas circunstancias en virtud de la autonomía
que les reconoce la Constitución Política, empero tal alternativa siempre
estará sometida a requisitos estrictos, como: i) presentar de forma explícita
las razones con base en las cuales se apartan del precedente, y ii) demostrar
con suficiencia que la interpretación brindada aporta un mejor desarrollo a los
derechos y principios constitucionales.
Debe aclararse, sin
embargo, que lo anterior no habilita a las autoridades judiciales para el
ejercicio indiscriminado de su autonomía y, por ende, al desconocimiento
injustificado del precedente…”
En resumen, la Corte Constitucional ha
considerado que una sentencia judicial vulnera la Constitución cuando desconoce
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y cuando actúa como juez de
constitucionalidad de los actos administrativos, “cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”
3.
LOS CASOS
CONCRETOS
De acuerdo con las consideraciones
expuestas, la Sala reiterará la jurisprudencia  referente a que  la acción de
tutela es el mecanismo idóneo y eficaz, para la protección laboral reforzada,
cuando lo que se busca es garantizarles a las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.[45]
De esta manera y de acuerdo con lo preceptuado en la parte motiva, aunque no
existe un derecho absoluto a permanecer en el empleo, la desvinculación laboral
de estas personas sólo podrá efectuarse con la  previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
Así lo que se busca, es proteger a las
personas que como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad, han
sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de sus funciones.
Hecha esta aclaración, pasa la sala en un
primer lugar a realizar un análisis de la procedencia de la acción de tutela en
todos los casos objeto de estudio, exceptuando el expediente T-3.425.574, que
por ser tutela contra providencia judicial, se estudiará este punto al resolver
el caso concreto.
3.1.
PROCEDENCIA DE
LAS ACCIONES DE TUTELA
La Corte Constitucional ha
establecido en reiteradas ocasiones la improcedencia de la acción de tutela
para solicitar reintegros laborales, puesto que existen otros medios de defensa
judicial a los cuales el actor puede acudir para lograr lo pretendido; no
obstante, excepcionalmente es aceptada la viabilidad del amparo, cuando se
establece que aquellos mecanismos de defensa no son idóneos o  que se requiere
la urgente intervención del juez de tutela para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.
De igual manera, esta Corporación ha establecido como
excepción a la regla general de improcedencia, que se trate de un trabajador que
se encuentre en situación de debilidad manifiesta o en circunstancia que le
otorgue el derecho a permanecer en su empleo, es decir, en una circunstancia
que le otorgue el derecho a la estabilidad laboral reforzada como es el caso de
las personas que han sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de
sus funciones.
En  estos casos, la acción de tutela es el medio
idóneo y preferente, en razón a  la protección laboral reforzada que
consagra explícitamente el texto constitucional a favor de las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo anterior no significa que siempre
que las personas se encuentren en situación de vulnerabilidad deben permanecer
en su cargo, sino que su desvinculación laboral solo podrá efectuarse con
previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta las consideraciones
ya expuestas sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para
obtener el reintegro laboral, puede verificarse en todos los casos objeto de
estudio que: (i) los accionantes son sujetos de especial protección
constitucional, debido a que como consecuencia de un accidente de trabajo o una
enfermedad han sufrido un deterioro en su salud, razón por la cual se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, no cuentan con medios
económicos para procurarse su subsistencia ni la de su núcleo familiar pues su
crítico estado de salud les impide acceder por el momento al campo laboral y, (ii)
fueron retirados de sus cargos sin la previa autorización del Ministerio de
Trabajo, razón por la cual el despido carece de validez.
En lo concerniente al requisito de inmediatez, observa la Sala que
en las acciones objeto de estudio, se cumplen por cuanto fueron presentadas en
un término razonable desde el momento de su desvinculación. Sumado al hecho de
que el perjuicio persiste, toda vez que los accionantes se encuentran sin
empleo y en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, constituye una conducta legítima de los accionantes
ejercitar la acción de tutela, pues se trata de sujetos de especial protección
constitucional quienes, ante los diferentes despidos y terminación de sus
contratos laborales, no tienen otro mecanismo más eficaz para solicitar la
defensa de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al
mínimo vital y a la seguridad social.
3.2.
EXPEDIENTE
T-3.417.175
3.2.1. Estudio de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de la señora Norva Macana
Hernández.
Analizada la situación fáctica, le
corresponde a la Sala determinar si la empresa Muebles Calymad, vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida y al
trabajo de la señora Norva Macana Hernández, al despedirla de su cargo sin
tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y, sin la previa autorización
del Ministerio de Trabajo.
En el caso objeto de estudio se
encuentra acreditado que la señora Norva Macana Hernández padece de “Síndrome
del Túnel del Carpo” desde el 26 de marzo de 2009 y tiene pendiente una
cirugía, lo que le produce una disminución en su capacidad laboral y le impide
acceder a otro empleo, hasta tanto se le realice el procedimiento pendiente. La
empresa accionada la despidió sin previa autorización del Ministerio de
Trabajo, esto sin tener en cuenta que la accionante se encuentra en situación
de vulnerabilidad y por tanto es una persona de especial protección
constitucional.
De lo anterior se evidencia que
dicho despido carece de validez ya que no obra autorización del ente encargado
de ello. Además, su padecimiento la ha dejado en situación de vulnerabilidad,
razón por la cual necesita de su trabajo para poder vivir en condiciones
dignas, puesto que debido a su padecimiento y a la cirugía que tiene pendiente
le es más complicado en estos momentos, ser contratado por otra entidad.
3.2.1.1.  De igual forma, no consta dentro del
plenario que el empleador haya acudido al Ministerio de la Protección Social
para solicitar la autorización de despido de la accionante. Recuérdese que la
garantía de la estabilidad laboral reforzada implica para el empleador la
observancia de un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 que cobija a
los trabajadores en situación de vulnerabilidad, independientemente de la
existencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues la única
circunstancia que es relevante en estos eventos es que objetivamente se verifique
la situación de vulnerabilidad del trabajador durante o con ocasión de su
trabajo y lo sitúe en un estado de debilidad manifiesta.
Como se afirmó en líneas anteriores, el
empleador puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad pero
observando un debido proceso, esto es, debe acudir a la autoridad competente
para que verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación
del contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral reforzada
quedaría sin contenido. Lo anterior, busca evitar conductas reprochables como
aquella que pretende encubrir actos discriminatorios a través de argumentos que
prima facie se encuentran ajustados a derecho.
La consecuencia jurídica y constitucional
de la inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio de la Protección
Social, da lugar a presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo
como origen el deterioro en la salud del trabajador.
3.2.1.2. Esta situación no es acorde con los principios y
criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia de esta
Corporación, en virtud de los cuales las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional
y no pueden ser despedidos sin que obre autorización proferida por la oficina
de trabajo.
3.2.1.4. En resumen: (i) no procede el despido de una persona
en situación de vulnerabilidad sin que exista autorización del Ministerio de
Trabajo, (ii) cuando el empleador alega justa causa, el Ministerio debe
verificar si la causal alegada es justa o no, esto con la finalidad de proteger
al trabajador que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y (iii) aun
existiendo indemnización, no procede el despido sin previa autorización.
3.2.1.5.
Las ordenes en el caso de la señora Norva Macana Hernández
Por lo expuesto y teniendo en
cuenta que no existe autorización del Ministerio de Trabajo para despedir a la
señora Norva Macana Hernández quien se encuentra en situación de vulnerabilidad
debido a que padece de “Síndrome del Túnel del Carpo” y tiene pendiente
una cirugía, esta Sala de Revisión  revocará el fallo de tutela
proferido el treinta (30) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá, y en su lugar, protegerá los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral, al mínimo vital  y a la vida
en condiciones dignas de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la
empresa Muebles Calymad, reintegrar a la señora Norva Macana
Hernández a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la
enfermedad que padece, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculada sin que medie solución de continuidad. Además, debe
tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho
reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo
de su nueva actividad laboral.
Por último, se advierte al empleador que la
terminación del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con previa
autorización del Ministerio de Trabajo.
3.3.
EXPEDIENTE
T-3.425.574
3.3.1.  Resumen
La señora Rosalba Suescún Cabrera, solicita
el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, debido
a que el juzgado accionado desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional en lo concerniente al reintegro laboral de las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. En consecuencia, solicita se deje
sin efectos la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá el 20 de octubre de 2011, y en su lugar, se dicte sentencia
atendiendo el precedente constitucional sobre la especial protección de los
trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En el caso objeto de estudio, por tratarse
de una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial, debe la Sala
detenerse a realizar el análisis de los requisitos generales y especiales de
procedencia del amparo constitucional.
3.3.2.1.
El asunto
debatido reviste relevancia constitucional.
El problema jurídico puesto a consideración tiene
relación con la vulneración al derecho fundamental al debido proceso y al
trabajo de la accionante, específicamente al desconocer el precedente
jurisprudencial proferido por esta Corte acerca de la estabilidad laboral
reforzada de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
3.3.2.2.
La tutela no se
dirige contra una sentencia de tutela
La presente acción de tutela se dirige contra una
providencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en el curso de un
proceso ordinario laboral, y no contra un fallo de tutela.
3.3.2.3.   El tutelante agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance.
Observa la Sala que la señora Rosalba Suescún Cabrera
agotó los medios procesales a su alcance. Esto es, acudió a la jurisdicción
ordinaria para solicitar su reintegro laboral, correspondiéndole su
conocimiento al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, quien en
primera instancia, con base en la jurisprudencia proferida por esta Corporación
en lo concerniente al reintegro laboral de las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, ordenó su reintegro.
Posteriormente, la entidad accionada apeló dicha
decisión y en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá revocó la
providencia proferida por el a quo, cuya decisión es cuestionada por esta acción
tutelar y frente a la cual no procede ningún recurso judicial.
3.3.2.4.
Existió
inmediatez entre los hechos y el ejercicio de la acción de tutela.
En el asunto bajo estudio, encuentra la
Sala que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá se produjo el 20 de
octubre de 2011 y la acción de tutela fue presentada en el mes de enero de
2012, es decir, tres meses después. Por lo tanto, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional se cumple el requisito de la inmediatez.
3.3.3.
Análisis de los
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
A continuación, procede la Sala a examinar
el cargo formulado por la demandante, a la luz de las precisas reglas que ha
establecido la jurisprudencia para el efecto.
El Tribunal Superior del Distrito de Bogotá
SI incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por
esta Corte en lo referente a la estabilidad laboral reforzada de las personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues no tuvo en cuenta la
situación de debilidad manifiesta en la que se encontraba la accionante, ya que
padece de “síndrome del túnel del carpo bilateral, epicondilitis lateral
derecha y primer dedo en gatillo derecho” y fue despedida se su cargo sin
previa autorización del Ministerio de Trabajo.
Tal como se expuso en la parte
considerativa de esta providencia, el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional tiene efectos vinculantes, razón por la cual incurre en arbitrariedad por desconocimiento de una
disposición vinculante el funcionario judicial que toma una decisión por fuera
de esa preceptiva.[46]
En el caso sub examine, la
demandante considera que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en una causal
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, al
desconocer la protección constitucional que esta Corporación le ha otorgado a
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como
consecuencia de haber sufrido un deterioro en su salud durante el desarrollo de
sus funciones, lo que condujo a que adoptara una decisión desfavorable a sus
pretensiones.
En este contexto, considera la Sala que al
revocar la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Laboral del
Circuito de Bogotá y desconocer la protección constitucional que se le ha
otorgado aquellas personas que sufren un deterioro en su salud como
consecuencia del desarrollo de sus labores, el Tribunal Superior de Bogotá ha
incurrido en la causal específica de desconocimiento del precedente
constitucional desarrollado por esta Corte en reiterada jurisprudencia.
De esta manera, la Corte en sentencias como
las T-415 de 2011[47],
T- 467 de 2010[48]
y T-039 de 2010[49]
ha sostenido que:
“La jurisprudencia ha
extendido el beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley
361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados
como tales, sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de
sus funciones. En efecto, en virtud de la
aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el
despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la
cual procede la tutela como mecanismo de protección…”
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala concluye que el Tribunal Superior de Bogotá no tuvo en
cuenta para su fallo lo establecido por la Corte Constitucional acerca de la ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD COMO CONSECUENCIA DEL DETERIORO DE SU ESTADO DE SALUD.
Motivo por el cual,  puede alegarse que ha incurrido en una causal específica
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por
desconocer el precedente jurisprudencial establecido por esta Corte.
En virtud de lo expuesto, la Sala dejará
sin efectos la sentencia proferida el veinte (20) de octubre de dos mil once
(2011) por el Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto no siguió el mencionado
precedente establecido por esta Corte. En consecuencia, se ordenará al Tribunal
Superior de Bogotá que profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta la
protección otorgada por esta Corporación a las personas que han sufrido un
deterioro en su salud, durante el cumplimiento de sus labores,  por las razones
expuestas en esta providencia.
3.4.   EXPEDIENTE T- 3.487.801
3.4.1.  Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del señor José Bernardo Ruiz Pérez.
3.4.1.1. Se estudia la situación del señor José Bernardo Ruiz Pérez, quien a pesar de
haber sufrido secuelas parciales permanentes como consecuencia de un accidente
de trabajo, fue despedido sin la previa autorización del Ministerio de
Trabajo,
En el caso objeto de estudio se observa,
que el tutelante mientras se encontraba cumpliendo con una de sus labores en la
empresa Consorcio Vías de Colombia resbaló y sufrió una fractura en su mano
derecha, lo que le produjo un adelgazamiento de su brazo y una incapacidad
permanente parcial.
3.4.1.2. En el expediente se encuentra además
acreditado que el actor tiene una pérdida del 20.03% de capacidad laboral
dictaminada por en Instituto de Seguros Sociales, y con fecha de estructuración
del 7 de abril de 2008. Así mismo, asegura no tener ingresos y ser el único
sustento de su núcleo familiar, el cual está compuesto por tres menores de
edad, afirmación que no fue desvirtuada y, por tanto, debe ser tomada como
cierta.
De igual forma se evidencia que la empresa
accionada tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que
se encontraba el actor, ya que el accidente se produjo dentro de las
instalaciones de la accionada y, además ya existía calificación de perdida de
capacidad laboral. Razón por la cual, para poder efectuar el despido el 31 de
enero de 2011, la empresa accionada debía solicitar la previa autorización del
Ministerio de Trabajo, puesto que esta Corporación ha señalado reiteradamente
que para que se haga  efectivo el despedido de una persona que ha sufrido una
disminución en su capacidad laboral se requiere previa autorización de la
entidad correspondiente (Ministerio de Trabajo).
3.4.1.3. De otro lado, no consta dentro del
expediente que el empleador haya acudido al Ministerio del Trabajo para
solicitar la autorización de despido del actor, quien, además, durante el
trámite del presente proceso de tutela guardó absoluto silencio. Es importante
recordar, que la garantía de la estabilidad laboral reforzada implica para el
empleador la observancia de un procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997
que protege a todos los trabajadores que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, independientemente de la existencia del dictamen de pérdida de
capacidad laboral, pues la única circunstancia que es relevante en estos
eventos es que objetivamente se verifique la situación de vulnerabilidad del
trabajador durante o con ocasión de su trabajo y lo sitúe en un estado de
debilidad manifiesta.
3.4.1.4. Como se afirmó en líneas anteriores, el
empleador puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad, pero
observando un debido proceso, esto es, debe acudir a la autoridad competente
para que verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación
del contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral reforzada
quedaría sin contenido. Lo anterior, busca evitar conductas reprochables como
aquella que pretende encubrir actos discriminatorios a través de argumentos que
prima facie se encuentran ajustados a derecho.
La consecuencia jurídica y constitucional
de la inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio, da lugar a presumir
que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra el trabajador.
3.4.2. Las órdenes en el
caso del señor José Bernardo Ruiz Pérez.
En este caso se
encuentran acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de
los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social y al mínimo vital.
En consecuencia, la Sala ordenará al Consorcio
Vías de Colombia, reintegrar al señor José Bernardo Ruiz
Pérez a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la
discapacidad que presenta, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
Se advierte al empleador que la terminación
del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización
del Ministerio de Trabajo.
3.5.  EXPEDIENTE
T-3.502.468
3.5.1.  Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la señora María Auxiliadora Vahos Puerta.
3.5.1.1. Analizada la situación fáctica, le
corresponde a la Sala definir si la señora María Teresa Anderson Gómez vulneró
los derechos fundamentales invocados por  la accionante, al terminar
unilateralmente el contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre las
dos, pese a tener conocimiento de que: i) mientras la petente se encontraba
laborando sufrió una fuerte hemorragia y fue diagnosticada con “miomas en la
matriz[50]”
y,  ii) le fue programada cirugía para retirar los miomas y prescrita
incapacidad debido al fuerte sangrando que estaba presentando[51] .
La Sala observa que en este caso el
empleador tenía pleno conocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que
se encontraba la accionante, puesto que la hemorragia se produjo mientras
estaba realizando las labores de aseo en el hogar y,  pese a ello término su
contrato laboral sin solicitar la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
3.5.1.2. En un principio para emprender el estudio
de lo planteado, es necesario reiterar que esta Corporación ha indicado que
estabilidad laboral reforzada es un derecho fundamental de aplicación inmediata
del cual hacen parte integral una serie de garantías, como lo son la debida
protección y el restablecimiento de derechos e intereses de los individuos que
se encuentran en estado de debilidad manifiesta debidamente probada, tal como
ocurre en el presente caso, en el que la accionante pese a padecer una
enfermedad y estar próxima una cirugía, fue desvinculada de su trabajo sin
justa causa y, sin previa autoridad de la entidad competente para ello.
De igual forma la jurisprudencia constitucional ha indicado que esta
garantía, a su vez, implica (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser
despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el
empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva
que conlleve la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral
competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración
de la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del
trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena
que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz.
3.5.1.3. Ahora bien, el hecho de el empleador haya terminado
el contrato de trabajo sin justa causa el 15 de enero de 2012, a tan solo
veintisiete (27) días desde que se le diagnóstico “miomas en la matriz” y
desde que se le programara una cirugía para retirarlos, da lugar a presumir que
el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de
vulnerabilidad en la que se encontraba la accionante.
Como se menciono con anterioridad el
empleador puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad, pero
observando un debido proceso, esto es, acudiendo a la oficina de trabajo para
que sea esta quien verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o
terminación del contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad
laboral reforzada quedaría sin contenido y se desconocería lo dispuesto por
esta Corporación en reiteradas ocasiones sobre la especial protección
constitucional que tienen las personas que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta.
3.5.1.4. Siguiendo con la misma línea argumentativa, frente a
las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, esta
Corte  ha reiterado la obligación de protegerlas y de mantenerlas en el cargo
hasta tanto se configure una causal justa que amerite su despido, al respecto
en la sentencia T – 554 de 2009, indicó:
“(…) [E]n aplicación del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, todo trabajador que se encuentre en una situación de
debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su estado de
salud, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure
una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, causal que, en todo
caso, deber ser  previamente verificada por el inspector de trabajo o la
autoridad que haga sus veces. En este sentido, se reitera que el derecho a la
estabilidad laboral reforzada es una consecuencia de la grave afectación del
estado de salud del trabajador, afectación que no necesariamente se deriva del
estado de invalidez o discapacidad declarado así por la autoridad
competente.
Por lo expuesto, se puede concluir que en el
caso objeto de estudio el despido carece de eficacia jurídica ya que la
accionante es sujeto de especial protección constitucional debido a la
situación de vulnerabilidad en la que se encontraba al momento de su retiro y
por no existir autorización del Ministerio de Trabajo para que este se
efectuara. Razón por la cual esta Sala procederá a ordenar el reintegro de la
señora María Auxiliadora Vahos Puerta a su sitio de trabajo.
3.5.2. Las órdenes en el
caso de la señora María Auxiliadora Vahos Puerta.
En este caso en concreto la Sala encontró
acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, a la
salud, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la
empleadora María Teresa Anderson Gómez, reintegrar a la señora
María Auxiliadora Vahos Puerta al cargo que venía desempeñando en su hogar,
teniendo en cuenta las observaciones realizadas por su medico tratante y, a la
cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin
que medie solución de continuidad.
Se advierte al empleador que la terminación
del contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización
del Ministerio de Trabajo.
3.6.
EXPEDIENTE T-
3.502.790
3.6.1.  Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la señora Norma del Pilar Torres Vargas.
3.6.1.1.  Se estudia la situación de la señora Norma
del Pilar Torres Vargas, quien a pesar de haber sufrido un accidente laboral y
tener programada una intervención quirúrgica como consecuencia de dicho
accidente, fue despedida de la empresa Visión Plástica LTDA, sin tener en
cuenta su situación de vulnerabilidad  y, sin previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
Situación ésta que no se encuentra acorde con los
criterios establecidos por esta Corporación, toda vez que reiteradamente se ha
dicho que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque
han sufrido une merma en su salud como consecuencia del desarrollo de sus labores, son sujetos de especial
protección constitucional y no pueden ser despedidos sin que obre autorización proferida
por la oficina de trabajo.
En el caso objeto de estudio se encuentra
probado que el empleador tenía pleno conocimiento de la situación en la que se
encontraba la accionante, toda vez que al sufrir el accidente se le informó a
la Jefe de Recursos Humanos para que le comunicara a la ARP lo acontecido y, la
entidad accionada se niega a realizar el informe basándose en el hecho de que
la accionante en el año 2005 había tenido una fractura en el mismo pie. Además,
el 8 de febrero de 2012, la accionada envío oficio informando que se le iba a
realizar un procedimiento quirúrgico el 2 de marzo de la misma anualidad.[52]
De lo que se puede concluir que a sabiendas de la situación de vulnerabilidad
en la que se encontraba la accionante, la empresa demandada ese mismo día (8 de
febrero de 2012) despide a la tutelante sin solicitar la autorización del
Ministerio de Trabajo.
Conducta que constituye una falta al deber
de solidaridad y desconoce la estabilidad laboral reforzada que esta Corte ha
establecido para aquellos trabajadores que se encuentran en situación de
debilidad manifiesta como es el caso de la peticionaria.
Por lo mencionado con anterioridad, esta
Sala encuentra probado que el despido de la accionante quien se encuentra en
situación de debilidad manifiesta como producto del deterioro de su salud,
carece de eficacia jurídica por no existir autorización previa del Ministerio
de Trabajo.
3.6.2.  Las ordenes en el caso de la señora Norma
del Pilar Torres Vargas.
En el caso objeto de estudio la Sala
encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la
vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital
de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la
empresa Visión Plástica LTDA., reintegrar a la señora Norma del
Pilar Torres Vargas a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de
acuerdo con su situación de salud, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
Se advierte al empleador que la terminación
del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización
del Ministerio del Trabajo.
3.7.    EXPEDIENTE
T-3.504.712
3.7.1.  Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de la señora Nancy Sánchez Hernández.
3.7.1.1.  Le corresponde a la Sala definir si la empresa Red
Alma Mater, vulneró los derechos fundamentales invocados por  la accionante, al
terminar unilateralmente antes del vencimiento el contrato de trabajo a término
fijo suscrito entre las dos, pese a tener conocimiento de que: i) la petente
fue diagnosticada con “luxación de tercer grado” mientras se encontraba
ejecutando el contrato; ii) se le generó orden para cirugía de “reemplazo
total de cadera izquierda”, con orden aprobada para el 31 de agosto de 2011;
iii) le fue autorizado el procedimiento quirúrgico “reemplazo total de
cadera izquierda”, estando vigente el contrato de trabajo; iv) se le
realiza cirugía el 31 de noviembre de 2011, generándole incapacidad por 30
días, la cual se ha renovado en tres oportunidades, encontrándose actualmente
en incapacidad.
3.7.1.2.
La anterior
situación, no se encuentra acorde con los criterios establecidos por esta
Corporación, toda vez que reiteradamente se ha dicho que las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad porque han sufrido une merma en su
salud como consecuencia del desarrollo de sus
labores, son sujetos de especial protección constitucional y no pueden
ser despedidos sin que obre autorización proferida por la oficina de trabajo.
Siguiendo los parámetros antes descritos,
la jurisprudencia constitucional ha indicado que esta garantía, a su vez,
implica (i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser despedido en razón
de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el empleo hasta que se
requiera y siempre que no se configure una causal objetiva que conlleve la
desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral competente
autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración de la
causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del
trabajador, que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena
que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz.
3.7.1.3.
Al no cumplir el
empleador con dichos requisitos está contradiciendo los parámetros establecidos
por esta Corte y vulnerando los derechos fundamentales de un sujeto protegido
constitucionalmente, como es el caso que nos ocupa, puesto que para despedirlo
requiere de la autorización del Ministerio de Trabajo.
3.7.1.4.
Por lo dicho, esta
Corte protegerá los derechos fundamentales de la accionante y ordenará a la
empresa accionado el reintegro a sus labores.
3.7.2.  Las ordenes en el caso de la señora Nancy
Sánchez Hernández.
En el caso objeto de estudio la Sala
encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la
vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital
de la accionante.
En consecuencia, la Sala ordenará a la
empresa Red Alma Mater, reintegrar a la señora Nancy Sánchez
Hernández a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su
situación de salud, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculada sin que medie solución de continuidad. Además, debe
tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho
reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo
de su nueva actividad laboral.
Se advierte al empleador que la terminación
del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización
del Ministerio del Trabajo.
3.8.
EXPEDIENTE
T-3.505.288
3.8.1. Análisis de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales de la señora Mariluz Villafañe Semanate.
3.8.1.1. Se estudia la situación de la señora Mariluz
Villafañe Semanate, quien a pesar de encontrarse en tratamiento médico, como
consecuencia del accidente de trabajo sufrido el 14 de julio de 2011, el cual
fue diagnosticado como “esguince de rodilla condoler severo incapacitante y
limitación para marcha”, fue despedida de la empresa Pollos Bucanero, sin
la previa autorización del Ministerio de Trabajo.
3.8.1.2. En el presente caso la señora Mariluz Villafañe
Semanate es una persona en situación de vulnerabilidad en razón a la enfermedad
que padece y al tratamiento médico que se le está otorgando, lo cual se
encuentra acreditado conforme a las ordenes de servicios y a la valoración de
ortopedia y traumatología emitida por la Clinica versalles el  12 de abril de
2012, lo cual fue reiterado en el informe emitido por la Fundación el Amparo
IPS el 11 de agosto de 2012, en donde consta que la accionante durante la fecha
del despido ( 1 de marzo de 2012) y posterior a ella se encontraba en
tratamiento médico. En consecuencia, está amparada por la garantía del derecho
a la estabilidad laboral reforzada como sujeto de especial protección
constitucional de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
3.8.1.3. En efecto, según las pruebas que se
encuentran en el expediente la empresa Pollos Bucanero era el empleador de la
accionante. La actividad económica desarrollada por la empresa se especificó en
el informe para presunto accidente de trabajo así: “EMPRESA DEDICADA A LA
PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS CÁRNICOS,
INCLUYE EL EMPACADO DE CÁRNICOS Y LA PRODUCCIÓN”. En ese informe se puede
leer con claridad que el accidente que sufrió Mariluz Villafañe el 15 de
julio de 2011 es de carácter laboral, quien se encontraba “en un paral,
retirándole la grasa de las mollejas de los pollos, las estibas se aflojaron
cayendo de inmediato al piso en forma brusca”. Su diagnóstico fue “Esguince
de rodilla con dolo severo incapacitante y limitación para marcha”.  El
anterior suceso aconteció en las instalaciones de la empresa, razón por la cual
se puede concluir que su empleador tenía conocimiento del accidente. (Folio 8
cuaderno No.2).
3.8.1.4. Cabe anotar que si bien la actora no se
encontraba en ninguna circunstancia de vulnerabilidad al momento en que celebró
el contrato a término fijo con la empresa Pollos Bucanero, la disminución de su
capacidad laboral devino durante la ejecución de dicho contrato, por tanto es
evidente que se trata de una persona en estado de debilidad manifiesta y, en
consecuencia, tiene derecho a exigir la garantía de la protección laboral
reforzada que en este caso deviene directamente de la Constitución.
3.8.1.5. Por otro lado, no consta dentro del
plenario que el empleador haya acudido al Ministerio de Trabajo para solicitar
la autorización de despido de la accionante. Recuérdese que la garantía de la
estabilidad laboral reforzada implica para el empleador la observancia de un
procedimiento establecido en la Ley 361 de 1997 que cobija a los trabajadores
en situación de vulnerabilidad, independientemente de la existencia del
dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues la única circunstancia que es
relevante en estos eventos es que objetivamente se verifique la situación de
vulnerabilidad del trabajador durante o con ocasión de su trabajo y lo sitúe en
un estado de debilidad manifiesta.
3.8.1.6. Como se afirmó en líneas anteriores, el
empleador puede despedir a un trabajador en situación de discapacidad pero
observando un debido proceso, esto es, debe acudir a la autoridad competente
para que verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación
del contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral reforzada
quedaría sin contenido. Lo anterior, busca evitar conductas reprochables como
aquella que pretende encubrir actos discriminatorios a través de argumentos que
prima facie se encuentran ajustados a derecho.
La consecuencia jurídica y constitucional
de la inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio de Trabajo, da lugar a
presumir que el despido o la terminación del contrato tuvo como origen la
situación de vulnerabilidad del trabajador, lo cual sería para el presente
caso. El tratamiento médico en que se encontraba como producto del accidente
sufrido el 15 de julio de 2011.
3.8.1.7. Con base en lo anterior, la Sala concluye
que existe perjuicio irremediable en cabeza de la accionante, quien continúa en
tratamiento médico, como se puede evidenciar de las pruebas allegadas a este
despacho en sede de tutela, situación que la coloca en desventaja frente a
otras personas para acceder a un empleo. Razón por la cual, es preciso amparar
los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital,
a la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la
igualdad de la accionante.
3.8.2.  Las ordenes en el
caso de la señora MariLuz Villafañe Semanate.
En el caso objeto de estudio la Sala
encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a
la vida digna, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y a la
igualdad de la la señora MariLuz Villafañe Semanate.
En consecuencia, la Sala ordenará a la
empresa Pollos Bucanero S.A., reintegrar a la señora MariLuz
Villafañe Semanate a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de
acuerdo con su situación actual de salud, y a la cancelación de todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación
hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
Se advierte al empleador que la terminación
del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización
del Ministerio del Trabajo.
3.9.    EXPEDIENTE T-3.506.355
3.9.1.  Análisis de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño.
3.9.1.1.  Se estudia la situación del señor Gustavo Adolfo
Borrero quien a pesar de padecer una enfermedad catalogada como profesional,
fue despedido de su trabajo en la empresa COMFANDI, sin la previa autorización
del Ministerio de Trabajo.
3.9.1.2.  En esta ocasión el actor mientras ejercía sus labores
en la empresa accionada, sufrió una crisis nerviosa, depresiva y de extrema
gravedad diagnosticada “Stress Laboral”, lo que le generó enfermedad
laboral[53]
e incapacidad temporal y, sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad,
la empresa termina su contrato de trabajo, sin solicitar la autorización previa
del Ministerio de Trabajo.
3.9.1.3.  Para abordar el estudio de lo planteado, es necesario
reiterar que, tal como se expuso en las consideraciones, la estabilidad laboral
reforzada es un derecho fundamental de aplicación inmediata del cual hacen
parte integral una serie de garantías, como lo son la debida protección y el
restablecimiento de derechos e intereses de los individuos que se encuentran en
estado de debilidad manifiesta debidamente probada, tal como ocurre en el
presente caso, en el que la accionante pese a padecer una enfermedad
profesional y encontrándose en situación de debilidad manifiesta, fue desvinculado
de su trabajo sin causa que lo justificara y, sin previa autorización de la
entidad encargada para ello.
3.9.1.4. Partiendo de lo esgrimido anteriormente, y
adentrándonos al caso que en esta ocasión nos ocupa, la Sala encuentra probado
que el padecimiento del actor es consecuencia del stress manejado en el
ejercicio de sus funciones dentro de la empresa accionada y, mal hace esta
entidad al no dar apoyo a una persona que durante diecisiete años de su vida
laboró sin ningún inconveniente, además de ser conmemorado por su excelente
labor.
Lo anterior no quiere decir que el trabajador tenga
que permanecer en el empleo, como se afirmó en líneas anteriores, el empleador
puede despedir a un trabajador en situación de vulnerabilidad pero observando
un debido proceso, esto es, debe acudir a la autoridad competente para que
verifique la causal objetiva que dará lugar al despido o terminación del
contrato, pues en caso contrario la garantía de la estabilidad laboral
reforzada quedaría sin contenido. Lo anterior, busca evitar conductas
reprochables como aquella que pretende encubrir actos discriminatorios a través
de argumentos que prima facie se encuentran ajustados a derecho.
3.9.1.5. No consta dentro del plenario que la parte
accionada haya acudido al Ministerio del Trabajo para solicitar la autorización
de despido del accionante. La consecuencia jurídica y constitucional de la
inobservancia de dicho permiso ante el Ministerio, da lugar a presumir que el
despido o la terminación del contrato tuvo como origen la situación de
discapacidad del trabajador.
De lo manifestado con anterioridad se puede afirmar
que para que un empleador pueda despedir a un trabajador que se encuentra en
situación de discapacidad, el Ministerio de Trabajo debe proferir una
autorización de despido, sin dicha autorización el despido no tiene eficacia jurídica.
3.9.1.6. Por otro lado, puede inferirse que el
hecho de terminar la relación laboral cuando el trabajador seguía sufriendo las
secuelas del “stress laboral” que le fue diagnosticado, y, sin la
autorización del Ministerio de Trabajo, se convierten en razones suficientes
para presumir que la decisión de despido fue con ocasión del estado de salud
del accionante. Y, para casos como el presente, donde se comprueba que la razón
del despido es la situación de debilidad manifiesta del trabajador, la Corte
Constitucional  ha ordenado el reintegro laboral del trabajador.
Con base en lo anterior, la Sala concluye
que existe un perjuicio irremediable en cabeza del actor, puesto que continúa
en tratamiento psiquiátrico como se puede inferir de la contestación dada a la
acción de tutela por parte del apoderado judicial de la EPS S.O.S, situación
que lo coloca en desventaja frente a otras personas para acceder a un empleo. Y
es precisamente esta circunstancia, la que hace que en la actualidad el
accionante no se haya podido vincular laboralmente a ningún trabajo.
3.9.1.7.  Así las cosas, al confrontar las pruebas obrantes en
el expediente y las recaudadas en sede de revisión, estima la Sala que es
preciso amparar los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada,
al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la salud y a la seguridad social, en
aras de que la Empresa COMFANDI reintegre al peticionario.
3.9.2.  Las ordenes en el caso del señor Gustavo
Adolfo Borrero Cataño.
En el caso objeto de estudio la Sala
encontró acreditados todos los requisitos para que proceda la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la
vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital
del señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño.
En consecuencia, la Sala ordenará a la
empresa Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, COMFANDI, reintegrar
al señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño a un cargo en el que pueda desempeñar
sus funciones de acuerdo con su situación actual de salud, y a la cancelación
de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que
medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones
del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá
brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
Se advierte al empleador que la terminación
del contrato con el actor sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. En el expediente T-3.417.175
REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de enero de dos mil doce
(2012), por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, en el trámite de
la acción de tutela incoada por Norva Macana Hernández en contra de Muebles
Calymad- Manuel Díaz. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social, al trabajo, a la vida y al mínimo vital de Norva Macana Hernández,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR
la empresa Muebles Calymad- Manuel Díaz, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de esta providencia, reintegre a la
señora Norva Macana Hernández a un cargo en el que pueda desempeñar sus
funciones de acuerdo con la enfermedad que padece, y a la cancelación de todos
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin que
medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones
del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá
brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se
advierte al empleador que la terminación del contrato con la accionante sólo
podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de la Protección
Social.
TERCERO. En el Expediente T- 3.425.574, REVOCAR la sentencia de tutela
proferida el catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de
tutela interpuesta por Rosalba Suescun Cabrera contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá.
CUARTO. DEJAR sin efectos la sentencia proferida el veinte (20) de
octubre de dos mil once (2011) por el Tribunal Superior de Bogotá en el curso
de un proceso ordinario laboral, en cuanto no siguió el precedente establecido
por esta Corte en lo concerniente a la estabilidad laboral reforzada de
aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
QUINTO: ORDENAR  al Tribunal Superior de Bogotá que en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia teniendo en
cuenta la protección otorgada por esta Corporación a las personas que han
sufrido un deterioro en su salud, durante el cumplimiento de sus labores,  por
las razones expuestas en esta providencia.
SEXTO: En el expediente T-3.487.801, REVOCAR la sentencia proferida el quince (15) de noviembre de dos mil once
(2011), por la Sala II Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Sincelejo, en el trámite de la acción de tutela impetrada por José
Bernardo Ruiz Pérez en contra del Consorcio Vías de Colombia. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social, al
trabajo, a la vida y al mínimo vital de José Bernardo Ruiz Pérez, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: En consecuencia, ORDENAR al Consorcio Vías de Colombia,
que en el término máximo de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia,  reintegre  al señor José Bernardo Ruiz Pérez a un
cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con la discapacidad
que presenta, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad. Además, debe
tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho
reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo
de su nueva actividad laboral. Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con el accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del
Ministerio de Trabajo.
OCTAVO: En el expediente T-3.502.468, REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23) de abril de dos mil doce
(2012), por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Medellín con Funciones de
Conocimiento, en el trámite de la acción de tutela formulada por María
Auxiliadora Vahos Puerta en contra de María Teresa Andersón Gómez. En su lugar,
CONCEDER la protección
de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, a la seguridad social, a la salud, al trabajo, a la igualdad y al
mínimo vital de la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
NOVENO: En consecuencia, ORDENAR a la
empleadora María Teresa Anderson Gómez, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de esta providencia,  reintegre a la señora María Auxiliadora Vahos Puerta al cargo
que venía desempeñando en su hogar, teniendo en cuenta las observaciones
realizadas por su medico tratante y, a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con el
accionante sólo podrá efectuarse con previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
DÉCIMO: En el expediente T- 3.502.790, REVOCAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de abril de dos mil doce
(2012), por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, en el trámite de la
acción de tutela instaurada por Norma del Pilar Torres Vargas en contra de la
empresa Visión Plástica LTDA. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la
seguridad social y al mínimo vital de la accionante, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO PRIMERO: En consecuencia, ORDENAR a la empresa Visión
Plástica LTDA., que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia,  reintegre a la señora Norma del Pilar Torres Vargas a
un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación
de salud, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculada sin que medie solución de continuidad. Además, debe
tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho
reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo
de su nueva actividad laboral. Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
DÉCIMO SEGUNDO. En el expediente T-3.504.712, REVOCAR la sentencia proferida el quince (15) de
febrero de dos mil doce (2012), por el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal
con Función de Control de Garantías, en el trámite de la acción de tutela
iniciada por Nancy Sánchez Hernández en contra de la empresa Red Alma Mater. En
su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, a la
salud, a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante, por las
razones expuestas en esta sentencia.
DÉCIMO TERCERO. En consecuencia, ORDENAR a la empresa Red Alma
Mater, que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia, reintegre
a la señora Nancy Sánchez Hernández a un cargo en el que pueda desempeñar sus
funciones de acuerdo con su situación de salud, y a la cancelación de todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación
hasta el momento en que efectivamente sea vinculada sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se advierte al empleador
que la terminación del contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la
previa autorización del Ministerio del Trabajo.
DÉCIMO CUARTO. En el expediente T- 3.505.288, REVOCAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de
mayo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Pálmira, Valle del Cauca, en el trámite de la acción de tutela fundada por
Mariluz Villafañe Semanate en contra de la empresa Pollos el Bucanero S.A. En
su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida digna, al trabajo, a
la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad de la señora MariLuz
Villafañe Semanate, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
DÉCIMO QUINTO. En consecuencia, ORDENAR a la empresa Pollos
Bucanero S.A., que en el término
máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta providencia,  reintegre a la señora MariLuz Villafañe Semanate a
un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación
actual de salud, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que
efectivamente sea vinculado sin que medie solución de continuidad. Además, debe
tener en cuenta las observaciones del médico laboral para realizar dicho
reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo
de su nueva actividad laboral. Se advierte al empleador que la terminación del
contrato con la accionante sólo podrá efectuarse con la previa autorización del
Ministerio del Trabajo.
DÉCIMO SEXTO. En el expediente T- 3.505.355, REVOCAR la sentencia proferida el veintitrés (23)
de marzo de dos mil doce (2012), por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de
Cali, en el trámite de la acción de tutela instituida por Gustavo Antonio
Borrero Cataño en contra de la Caja de Compensación Familiar del Valle de
Cauca-Comfamiliar Andi. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la
vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital
del señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.
DÉCIMO SÉPTIMO. En consecuencia, ORDENAR a la empresa Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca, COMFANDI, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta providencia,  reintegre al señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño a un cargo en
el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo con su situación actual de
salud, y a la cancelación de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculado sin que medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta
las observaciones del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es
preciso deberá brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva
actividad laboral. Se advierte al empleador que la terminación del contrato con
el actor sólo podrá efectuarse con la previa autorización del Ministerio del
Trabajo.
DÉCIMO OCTAVO. Para los efectos del artículo 36 del
decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y
tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
DÉCIMO NOVENO. El desacato a lo aquí dispuesto se sancionará en la
forma prevista por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto 108/13
Referencia: solicitud de aclaración de la Sentencia T-772 de 2012
(Expediente 3.506.355).
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política,
profiere el siguiente auto, con base en las siguientes:
1.
ANTECEDENTES
1.1.    En escrito dirigido a esta Corporación el
siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), el Señor Gustavo Adolfo Borrero
Cataño, accionante en el proceso de la referencia, solicitó a la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional que aclarara lo siguiente: “ La
condena del pago de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997, y en la que se hace referencia en la página 45 de dicho fallo”
1.2.
En la Sentencia
T-772 de 2012 se resolvió conceder el amparo de los derechos  fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, a
la salud, a la seguridad social y al mínimo vital del actor y se ordenó a la
empresa Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, COMFANDI, reintegrar
al señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño a un cargo en el que pudiera desempeñar
sus funciones de acuerdo con su situación actual de salud, y a la cancelación
de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su
desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea vinculado sin que
medie solución de continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones
del médico laboral para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá
brindarle una inducción previa al desarrollo de su nueva actividad laboral.
1.3.
Expresa el
peticionario que se debe aclarar la citada providencia por cuanto, en la parte
considerativa del fallo en la página 45, se hace mención a la indemnización
establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el cual se indica que “quienes
fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.
2.
CONSIDERACIONES
2.1.
PROCEDENCIA DE
LA ACLARACIÓN Y/O ADICIÓN DE SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
2.1.1.  La Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-113 de 1993 declaró inexequible el inciso cuarto del artículo 21
del Decreto 2067 de 1991, que contemplaba la posibilidad de solicitar la
aclaración de las sentencias dictadas por este Alto Tribunal. Allí se expresó:
“La Corte Constitucional ha expresado de
manera reiterada que los fallos pronunciados en virtud de la facultad dispuesta
en el artículo 241, numeral 9 de la Constitución Política, en principio no son
susceptibles de aclaración, pues las decisiones adoptadas hacen tránsito a cosa
juzgada y, por lo tanto, no hay posibilidad para debatir aspectos considerados
en una sentencia o extender los efectos definidos en ella.
El principio de seguridad jurídica y el
derecho al debido proceso, considerados como pilares de la actividad judicial,
resultarían conculcados si la Corte Constitucional reabriera el debate sobre
asuntos decididos en forma definitiva. Los fallos pronunciados por las Salas de
Revisión deben ser acatados en los términos expresados por la Corporación”[54].
2.1.2.  No obstante lo anterior, de manera
excepcional esta Corporación ha admitido la procedencia de oficio o a solicitud
de parte de la aclaración de sus sentencias, cuando en ésta existan “conceptos
que ofrezcan verdaderos motivos de duda, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella”[55].
2.1.3.  Conforme a lo anterior, esta excepción va
dirigida específicamente a que “se aclare lo que ofrece duda, lo que es
ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y,
solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en
la parte motiva influye en aquella”[56].
Así, se procederá a aclarar cualquier expresión que pueda tornarse imprecisa,
siempre y cuando esté contenida únicamente en la parte resolutiva.
3.
CASO CONCRETO
3.1.
Expuesto lo
anterior, la Sala entrará a determinar si, en efecto, en la parte resolutiva de
la sentencia T-772 de 2012 se encuentran conceptos que son motivo de duda.
Mediante la sentencia T-772 de 2012, la
Corte Constitucional resolvió la solicitud de amparo presentada por el señor
Gustavo Adolfo Borrero Cataño, quien consideraba que la empresa Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca-COMFANDI, había vulnerado sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, al trabajo, a la salud, a la
seguridad social y a la estabilidad laboral. Lo anterior, debido a que fue
despedido sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y en esos
momentos se encontraba incapacitado como producto de la enfermedad profesional
que padece.
En
esa sentencia, luego de determinar que se había configurado una vulneración a
los derechos fundamentales del actor debido a que el hecho de que
la empresa accionada terminara la relación laboral cuando el trabajador seguía
sufriendo las secuelas del “stress laboral” que le fue diagnosticado, y,
sin la autorización del Ministerio de Trabajo, se concluye que la decisión de
despido fue con ocasión del estado de salud del accionante. Adicionalmente, se
reiteró que para casos como el presente, donde se comprueba que la razón del
despido es la situación de debilidad manifiesta del trabajador, la Corte
Constitucional  ha ordenado el reintegro laboral del trabajador. Como
consecuencia de lo anterior, esta Sala de Revisión ordenó:
“DÉCIMO SEXTO. En el expediente T-
3.505.355, REVOCAR la
sentencia proferida el veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012), por el
Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Cali, en el trámite de la acción de
tutela instituida por Gustavo Adolfo Borrero Cataño en contra de la Caja de
Compensación Familiar del Valle de Cauca-Comfamiliar Andi. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada,
al trabajo, a la vida digna, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social y
al mínimo vital del señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
DÉCIMO SÉPTIMO. En consecuencia, ORDENAR a la
empresa Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, COMFANDI, que en el
término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia,  reintegre al señor Gustavo Adolfo
Borrero Cataño a un cargo en el que pueda desempeñar sus funciones de acuerdo
con su situación actual de salud, y a la cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente sea vinculado sin que medie solución de
continuidad. Además, debe tener en cuenta las observaciones del médico laboral
para realizar dicho reintegro y si es preciso deberá brindarle una inducción
previa al desarrollo de su nueva actividad laboral. Se advierte al empleador
que la terminación del contrato con el actor sólo podrá efectuarse con la
previa autorización del Ministerio del Trabajo”.
3.1.2    Una vez analizada la petición de
aclaración que Gustavo Adolfo Borrero Cataño presentó, la Sala concluye que le
asiste razón al peticionario en tanto debe aclararse si procede el pago de la
indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, toda vez que
la indemnización equivalente a los 180 días de salario se presenta cuando la
persona es desvinculada de su cargo en razón de su limitación, es decir, por
discriminación, lo que sucedió en el caso objeto de estudio. Situación que no
se especificó dentro de la parte resolutiva, pues se presumió que se encontraba
implícita dentro de la orden de cancelación de todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación hasta el
momento en que efectivamente fuera vinculado.
En
este sentido, la parte resolutiva de la Sentencia T-772 de 2012 se refirió solo
a la cancelación de salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el
momento de su vinculación, sin hacer alusión al derecho que tenía el actor a
recibir la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
toda vez que su despido había sido en razón a su limitación, lo que convierte
tal situación en discriminatoria.
Por
todo lo anterior, la Sala procede a aclarar el fallo de la referencia. De modo
que, en pro de la efectiva tutela judicial de los derechos fundamentales del
señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño, el ordinal décimo séptimo de la sentencia
T-772 de 2012 deberá entenderse que también debe cancelarse la indemnización
contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es decir la equivalente a
ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones
e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Es
decir, que en el caso concreto, debería leerse: “… reintegre
al señor Gustavo Adolfo Borrero Cataño a un cargo en el que pueda desempeñar
sus funciones de acuerdo con su situación actual de salud, y a la
cancelación de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997 y todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculado sin que medie solución de continuidad.”
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO. ACLARAR el numeral décimo séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia T-772 de 2012, en el entendido de que se le debe cancelar al
accionante la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de
1997 y todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde su desvinculación hasta el momento en que efectivamente sea
vinculado sin que medie solución de continuidad.
Cúmplase,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia  T-1015 de 2008, MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[2] Sentencia T- 417 de 2010. MP, Dra. María Victoria Calle Correa
[3] Ibidem
[4] MP, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
[5] MP, Dr, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[6] M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7]  Sentencia T-777 de 2011, MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ver entre otras, Sentencias T-742 de 2011 y  T-677 de 2009.
[8] Ibidem
[9] Sentencia T-125 de 2009, MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
[10] Sentencia T- 742 de 2011, MP, Dr. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[11] Ibidem
[12] Sentencia C-531 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis. La norma
analizada prescribe que: “(…) Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de
la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso
anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
La norma demandada (artículo 26) fue declarada exequible de manera
condicionada toda vez que la Corte estimó que en todo despido por razón de
la  limitación de la persona deberían concurrir dos factores: la autorización
de la oficina del trabajo y el pago de ciento ochenta días de trabajo. Estas
dos cargas para el empleador son instrumentos previstos por el legislador para
evitar que se presente de manera arbitraria el despido de la persona limitada.
[13] MP, Dr. Rodrigo Escobar Gil.
[14]MP. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver entre otras las Sentencias
T-039 de 2010, MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T- 467 de 2010, MP, Dr.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[15] MP. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva
[16]M.P. María Victoria Calle Correa
[17] MP, Dr.  Humberto Antonio Sierra Porto.
[18] MP, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[19] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[20] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[21] Sentencia C-531 de 2000, MP, Dr. Álvaro
Tafur Galvis.
[22] Ibidem
[23] Sentencia C-543 de 1992, MP, Dr. José
Gregorio Hernández
[24]
MP, Dr.  Jaime Córdoba Triviño
[25]  Ver,
entre muchas otras, las Sentencias: Corte Constitucional. T-191 de 1999. MP, Dr.
Fabio Morón Díaz, T-1223 de 2001. MP, Dr. Álvaro Tafur Galvis, T-907 de 2006.
MP, Dr. Rodrigo Escobar Gil y T-092 de 2008. MP, Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[26] Corte Constitucional. Sentencia T-024 de
2010. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[27] MP, Dr.  Jaime Córdoba Triviño.
[28] MP, Dr. Juan Carlos Henao Pérez.
[29] “Corte
Constitucional. Sentencia T-504 del 08 de 2000. MP, Dr. Antonio Barrera
Carbonell.”
[30] “Corte
Constitucional. Sentencia T-315 de 2005. MP, Dr. Jaime
Córdoba Triviño.”
[31] “Corte
Constitucional. Sentencia T-008 de 1998. MP, Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.”
[32] “Corte
Constitucional. Sentencia T-658 de 1998. MP, Dr. Carlos Gaviria Díaz.”
[33] “Corte
Constitucional. Sentencias: T-088 del 17 de febrero de 1999. MP. José Gregorio
Hernández y SU-1219 del 21 de noviembre de 2001. MP. Manuel José Cepeda.”
[34] Cfr. Ibídem. Sentencia C-590 del 08 de
junio de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[35] Corte Constitucional. Sentencia
T-327 del 15 de julio de 1994. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[36] “Corte
Constitucional. Sentencia T-522 del 18 de mayo de 2001. MP. Manuel José
Cepeda.”
[37] “Corte Constitucional. Sentencias T-1625 del 23 de noviembre de 2000. MP (E).
Martha Victoria Sáchica Méndez, T-1031 del 27 de septiembre de 2001. MP.
Eduardo Montealegre Lynett,  SU-1184 del 13 de noviembre de 2001. MP. Eduardo
Montealegre Lynett, y T-462 del 05 de junio de 2003. MP. Eduardo Montealegre
Lynett.”
[38] Cfr. Ibídem. Sentencia C-590 del 08 de
junio de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
[39] Sentencia T-441 de 2010. MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[40] MP, Dr. Rodrigo Uprimny Yepes
[41] MP, Dr. Manuel
José Cepeda
[42] MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto
[43]
MP, Dr. Mauricio González Cuervo.
[44] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[45] Ibidem
[46] Sentencia T- 836 de 2004, MP, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[47] MP, Dra. María Victoria Calle.
[48] MP, Dr. Jorge Iván Palacio.
[49] MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50] Conforme a la Historia Clínica aportada al expediente (Folio 9,
cuaderno No. 2),  la Sala evidencia que la empleadora tenía pleno conocimiento
de la situación médica en que se encontraba la accionante.
[51]Ver folio 10 del cuaderno 2
[52] Ver folio 18 cuaderno No. 2.
[53] Ver Historia Clínica  de la enfermedad
labora, folios 60-65, cuaderno No. 2.
[54] Cfr. Corte Constitucional, Autos 053 de 1997, 019 de 1998
y 135 de 2000.
[55] Auto 004 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[56] Auto 004 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra