T-429-06
SENTENCIA T-/2005
Sentencia T-429/06
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Caso en que no existe vía de hecho por
cuanto el demandante tuvo oportunidad de interponer recursos
El trámite ha
sido surtido por el funcionario competente y observando las formas propias de
esta actuación, puesto que tras conocer la liquidación oficial de aforo el
demandante tuvo la oportunidad de interponer el recurso procedente, como
efectivamente lo hizo recibiendo respuesta en el término legalmente
establecido, por lo que no se presenta un defecto orgánico o procedimental
constitutivo de una vía de hecho.
CANCELACION
DE MATRICULA DE VEHICULO POR HURTO-Es competencia de la Secretaría
de Tránsito y Transportes
El demandante es
el actual propietario del automotor, pues a pesar de haber transferido su
posesión, nunca perfeccionó la transferencia del dominio mediante la inscripción
en el registro, por lo que es sujeto pasivo del impuesto sobre vehículos
automotores, en consecuencia la Unidad de Rentas Departamentales está facultada
legalmente para efectuar el cobro. En relación con la apreciación errónea de la
prueba del hurto, no es competencia de esta dependencia administrativa
pronunciarse acerca de la cancelación del registro de matrícula por hurto del
automotor, pues ésta radica en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte
del departamento y hasta tanto no se surta este trámite, el vehículo se
encuentra matriculado y por lo tanto sigue generando el cobro de impuestos.
IMPUESTO
DE VEHICULO AL QUE NO SE LE HIZO EL TRASPASO NI SE LE CANCELÓ MATRICULA-A
cargo de quien aparece como propietario
Ni la Unidad de
Rentas Departamentales de Caldas ni la Secretaría de Tránsito y Transporte del
mismo departamento, han vulnerado el derecho al debido proceso del accionante
puesto que sus respectivas actuaciones se encuentran ajustadas a las normas
legales y constitucionales y los hechos objeto de este debate son imputables a
sus propias omisiones, ya que debió haber surtido los trámites de traspaso del
vehículo o en su defecto haber realizado la cancelación de la matrícula
mediante el trámite establecido en la ley.
CANCELACION
DE MATRICULA DE VEHICULO-Tutela no procede para conseguir
nulidad de liquidación oficial de aforo
BASE
DE DATOS DE DEUDORES MOROSOS DE TRANSITO-No se vulnera
derecho al buen nombre por cuanto información es veraz y actualizada
Al no existir un
quebrantamiento al debido proceso del actor, no es posible determinar una
vulneración de su derecho al buen nombre, de acuerdo con la jurisprudencia que
ha proferido la Corte en este sentido ya que según esta Corporación, para que
exista una violación a esta garantía fundamental  la información consignada en
la base de datos debe reposar allí de “manera ilegal, sin el consentimiento del
titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer sobre aspectos íntimos de la
vida de su titular no susceptibles de ser conocidos públicamente (iii)”. La
base de datos de deudores morosos en la que se encuentra el accionante, está
consignando una información veraz y actualizada que no recae sobre aspectos
íntimos de su vida no susceptibles de ser conocidos públicamente por lo que el
núcleo esencial de su derecho al buen nombre se encuentra intacto y no hay
lugar a ampararlo por esta vía (no pude concluir)
Referencia: expediente
T-1318051
Acción
de tutela instaurada por Jaime Rodríguez Alfonso, contra la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Manizales y la Unidad de Rentas Departamentales de la
Secretaría de Hacienda de Caldas
Procedencia:
Tribunal Superior de Manizales-Caldas, Sala Penal
Magistrado
Ponente:
Dr.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá, primero
(1) de junio de dos mil seis (2006).
La Sala Segunda
(2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados,
Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión del fallo proferido por el Tribunal Superior de Manizales-Caldas, Sala
Penal, dentro de la acción de tutela instaurada por Jaime Rodríguez Alfonso,
contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales y la Unidad de
Rentas Departamentales de la Secretaría de Hacienda de Caldas.
El expediente
llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado, en virtud de
lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección
de la Corte eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la
referencia.
I. ANTECEDENTES.
El actor
instauró acción de tutela el día veintiocho (28) de noviembre de 2005 ante los
Juzgados Municipales de Manizales-Caldas (reparto) contra la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Manizales y la Unidad de Rentas Departamentales de la
Secretaría de Hacienda de Caldas, por considerar que la Liquidación Oficial de
Aforo proferida por esta última, está vulnerado sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso y buen nombre. Los hechos expuestos en el escrito de
tutela se resumen así:
A. Hechos
El día primero
(1) de agosto de 1989, se efectuó diligencia de traspaso del vehículo de placas
HA 6228 ante la Oficina de Tránsito y Transporte de Manizales, a favor del
accionante, señor Jaime Rodríguez Alfonso.
Posteriormente,
el ocho (8) de septiembre del mismo año, el actor suscribió contrato de
compraventa con el señor Benjamín García Ruiz enajenando el vehículo en
mención. El diecisiete (17) de noviembre siguiente, diligenció el formato No.
10044, con el fin de efectuar el traspaso del vehículo.
El dieciocho
(18) de noviembre de 1989, el señor Benjamín García Ruiz celebró promesa de
compraventa con Carlos Moreno Corredor, en virtud de la cual le hizo entrega
del vehículo.
Tres años
después, el treinta (30) de agosto de 1991, el automóvil le fue hurtado al
señor Moreno Corredor quien formuló la denuncia correspondiente ante la SIJIN
de la ciudad de Bogotá.
El veintiséis
(26) de octubre de 1995, el señor Carlos Moreno Corredor, último tenedor del
automotor, compareció en un proceso de jurisdicción coactiva adelantado en su
contra por la no cancelación de los impuestos de rodamiento del vehículo,
adjuntando copia de la denuncia por hurto interpuesta en el año de 1991, para
que como consecuencia determinaran que el vehículo se encontraba fuera de
circulación y procedieran de conformidad.
Al día
siguiente, octubre veintisiete (27) de 1995, el señor Morales remitió un
escrito al Secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, anexando copia
auténtica de la denuncia por hurto para efectos de terminar el procedimiento
coactivo adelantado en su contra.
Mediante
Liquidación Oficial de Aforo fechada el trece (13) de septiembre de 2004, la
Unidad de Rentas Departamentales de la Secretaría de Hacienda de Caldas, señala
que no se encuentran cancelados los impuestos correspondientes al vehículo de
placas HA 6228 para el año 1999 efectuando el cobro al accionante, señor Jaime
Rodríguez Alfonso, quien obra como titular en el Registro de matrícula del
automotor.
Frente a esta
Liquidación Oficial el señor Rodríguez presentó Recurso de Reconsideración, que
fue resuelto negativamente mediante Resolución No. 02852 del 28 de octubre de
2005, bajo el argumento de ser los vehículos automotores bienes sujetos a
registro y por lo tanto cualquier acto que se realice sobre los mismos tiene
que inscribirse, razón por la cual los impuestos generados deben ser cancelados
por quien ostente la titularidad de acuerdo al registro.
El dieciséis
(16) de noviembre del mismo año, la Unidad de Rentas Departamentales de Caldas,
en desarrollo del proceso de jurisdicción coactiva adelantado en contra del
señor Carlos Morales, tenedor del vehículo hurtado, al valorar la prueba
documental aportada consistente en la denuncia presentada ante la autoridad
competente emite la Resolución no. 0383 donde concluye que, conforme al artículo
cuarenta del Código Nacional de Tránsito, la cancelación sólo se efectúa
mediante el diligenciamiento del formulario oficial de tránsito por quien se
encuentra inscrito como titular del automotor, trámite que no se llevó a cabo
en el presente caso.
B. Pretensiones
y derechos presuntamente vulnerados
El actor
considera que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales y la Unidad
de Rentas Departamentales de la Secretaría de Hacienda de Caldas al no haber
efectuado la cancelación del registro de matrícula del automotor de placas HA
6228 y en consecuencia haber proferido la Liquidación Oficial de Aforo por los
impuestos correspondientes al año gravable 1999 están vulnerando sus derecho de
petición, debido proceso y buen nombre.
En consecuencia
solicita la anulación de la Liquidación Oficial de Aforo emitida el trece (13)
de septiembre de 2004 por la Unidad de Rentas Departamentales de Caldas y la
consecuente eliminación de su nombre de las listas de deudores morosos del
Estado.
C. Sentencia de
primera instancia.
Mediante sentencia proferida el quince
(15) de diciembre de dos mil cinco (2005), el Juzgado Quinto Penal del Circuito
de Manizales-Caldas, negó el amparo deprecado por considerar que de acuerdo con
la normatividad vigente en la materia los vehículos automotores son bienes
sujetos a registro por lo que la tradición de los mismos sólo se perfecciona
mediante la inscripción del acto en la Oficina de Tránsito correspondiente. De
acuerdo con esto, mientras no se haya surtido este trámite la persona obligada
a responder por las obligaciones tributarias generadas por la titularidad es
quien se encuentre inscrito como propietario. Así mismo, es este titular quien
debe realizar todas las gestiones relacionadas con el vehículo tales como la
cancelación de la matrícula.
Así las cosas,
considera el a-quo que el accionante debió haber surtido los trámites de
traspaso del vehículo o en su defecto haber realizado la cancelación de la
matrícula mediante el trámite establecido en la ley por lo que ni la Secretaría
de Hacienda del departamento ni la respectiva Unidad de Rentas violaron sus
derechos fundamentales ya que su actuación se ciñó a las normas procedimentales
y han dado respuesta a todas las peticiones presentadas por el actor.
D. Impugnación.
En escrito
presentado en tiempo, el accionante impugnó la anterior decisión por considerar
que en el Recurso de Reconsideración resuelto por la Unidad de Rentas
Departamentales se omitió la valoración de la prueba consistente en la denuncia
por hurto presentada por el último tenedor del vehículo ante los funcionarios
de policía judicial y la certificación emitida por estos, pues de haberla
tenido en cuenta debían proceder de forma oficiosa a cancelar la inscripción de
matrícula del vehículo, omisión que al generar el cobro de impuestos “a
todas luces ilegales” (folio 67) se constituye como una clara violación al
debido proceso. En consecuencia solicita se revoque la providencia de primera
instancia.
E. Sentencia de segunda instancia
Mediante
sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil seis (2006), la Sala
Penal del Tribunal Superior de Manizales-Caldas confirma la sentencia del a-quo
adicionándola en el sentido de exhortar al señor Jaime Rodríguez Alfonso a
iniciar las gestiones y aportar la documentación necesaria para ser
desvinculado como propietario del vehículo en cuestión y a la Secretaría de
Tránsito y Transporte para acompañarlo en dicho trámite ofreciéndole la
información y celeridad necesarias.
Evalúa la
actuación de cada una de las entidades individualmente y concluye, en primer
lugar, que la actuación de la Unidad de Rentas Departamentales se encuentra
ajustada a derecho puesto que su actividad consiste en efectuar el cobro de las
obligaciones tributarias causadas de acuerdo con la información que reposa en
la Secretaría de Tránsito y Transporte y no es la autoridad competente para
realizar alguna declaración acerca de la titularidad del vehículo automotor. En
cuanto al proceso de cobro coactivo, no encuentra el ad-quem  irregularidades
en el trámite que puedan ser constitutivas de una vía de hecho.
En segundo lugar
al estudiar el proceder de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales,
considera que existen unos requisitos establecidos en la ley para efectuar la
cancelación de la matrícula del automotor e igualmente para realizar el
traspaso de la propiedad, por lo que cualquier demora o irregularidad existente
en relación con el vehículo de placas HA 6228 es imputable al accionante.
Por estas
razones y ante la ausencia de un perjuicio irremediable que permita la
procedencia de la acción de manera transitoria, considera que no existe
vulneración a los derechos del accionante.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.
Competencia.
La Sala es
competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 241,
numeral 9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
Segunda. Lo que
se debate.
La Sala de
Revisión debe establecer si la Secretaría de Tránsito y Transporte está
vulnerando los derechos fundamentales del accionante al no haber efectuado la
cancelación de la matrícula del automotor del cual es titular y en consecuencia
es viable mediante acción de tutela proceder a anular la Liquidación Oficial de
Aforo emitida por la Unidad de Rentas Departamentales de Caldas.
Tercera.
Reiteración de jurisprudencia- Debido proceso administrativo. Procedencia
excepcional de la acción de tutela.
El debido
proceso se constituye en una garantía fundamental esencial en un estado de
derecho. Gracias a este carácter preponderante, es viable su protección por
medio de la acción de tutela pues su
desconocimiento en oposición manifiesta a las normas constitucionales o legales
aplicables al caso, puede devenir en la violación o amenaza de los derechos
fundamentales de los asociados.
Esta Corporación ha reconocido este carácter, pero así mismo ha
entendido que la procedencia de la acción de tutela en estos casos, en aras de
la preservación de principios tales como la seguridad jurídica y la legalidad,
también de suma importancia en un estado de derecho, debe ser subsidiaria y
excepcional[1].
Así, a través de su desarrollo jurisprudencial, ha entendido que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo cuando se presenta una vía de hecho por
parte de la autoridad, siempre y cuando el ordenamiento no prevea otro
mecanismo para cuestionar la decisión o el existente sea inadecuado o insuficiente para brindar la
protección requerida.
De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la vía de hecho se
presenta cuando el proceso llevado a cabo adolece de un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o
procedimental. La sentencia T-640 de 2005 con ponencia del Magistrado Rodrigo
Escobar Gil lo expone en estos términos:
“(i)
El defecto orgánico se presenta en los casos en que la decisión cuestionada ha
sido proferida por un operador jurídico que carecía de competencia para ello,
esto es, cuando el funcionario es incompetente para dictar la providencia.
(ii)
El defecto sustantivo tiene lugar cuando la decisión judicial se sustenta en
una disposición claramente inaplicable al caso concreto, bien porque se
encuentra derogada, porque estando vigente su aplicación resulta
inconstitucional frente al caso concreto, o porque estando vigente y siendo
constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de definición
judicial. Dentro del defecto sustantivo pueden enmarcarse también aquellas
providencias que desconocen el precedente judicial, en especial el que es
fijado por la Corte Constitucional respecto de la materia debatida o con
efectos erga omnes.
(iii) El defecto fáctico se
configura siempre que existan fallas estructurales en la decisión que sean
atribuibles a deficiencias probatorias del proceso, como puede ser la falta de
práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido -insuficiencia
probatoria-, la errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso
-interpretación errónea- o la valoración de pruebas que son nulas de pleno
derecho -ineptitud e ilegalidad de la prueba-.
(iv)
En lo que refiere a los defectos procedimentales, éstos son imputables al
fallador cuando se aparta o desvía del trámite procesal previamente estatuido
por la ley para iniciar y llevar hasta su culminación el asunto que se decide”.
Ahora bien,
estas actuaciones constitutivas de vía de hecho pueden ser producto no sólo del
proceder de las autoridades judiciales sino también de las autoridades
administrativas pues éstas se encuentran igualmente obligadas a observar el
debido proceso y a respetar los derechos fundamentales de las personas. Este
Tribunal ha aceptado la procedencia de la acción de tutela por violación del
debido proceso administrativo pero, como fue mencionado, con un carácter
sumamente restrictivo puesto que “en principio, el ámbito propio para
tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la
administración es la jurisdicción contencioso administrativa, por cuanto es en
ese ámbito en el cual los demandantes y demandados pueden desplegar una amplia
y exhaustiva controversia argumentativa y probatoria, y tienen a su disposición
diversos recursos que la normatividad contempla[2].
De esta forma,
el juez constitucional no debe concluir su estudio tras la verificación de la
existencia de una vía de hecho administrativa pues debe estar establecido
también que los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro
medio de defensa efectivo o que el interesado esté frente a un perjuicio irremediable,
caso en el cual el amparo procederá como mecanismo transitorio de protección[3].
Tras estas consideraciones, esta Sala
procederá a evaluar si en el sub iúdice se presentan las condiciones necesarias
para la procedencia de amparo.
1.     Actuación de la
Unidad de Rentas Departamentales de la Secretaría de Hacienda de Caldas.
En relación con la actuación surtida en la
expedición de la Liquidación Oficial de Aforo por concepto de impuestos sobre
el vehículo de placas HA 6228 para el año gravable de 1999 proferida el trece
de diciembre de 2004, y posterior Resolución No. 2852 del veintiocho (28) de
octubre de 2005 mediante la cual resolvió el Recurso de Reconsideración
interpuesto por el actor en la que confirmó la Liquidación Oficial de Aforo, el
accionante considera que se presentó violación al debido proceso por omisión de
la prueba del hurto, es decir por defecto fáctico.
La Liquidación Oficial de Aforo emitida por la Secretaría de
Hacienda del Departamento de Caldas fue proferida en virtud del artículo 691
del Estatuto Tributario que preceptúa que: “Corresponde al Jefe de la Unidad
de Liquidación, proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales; las
liquidaciones de revisión; corrección y aforo; la adición de impuestos y demás
actos de determinación oficial de impuestos, anticipos y retenciones.” La
legislación tributaria igualmente establece en su artículo 720 que “Sin
perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las
liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el
reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los
impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General
de Impuestos Nacionales, procede el Recurso de Reconsideración”, y
finalmente en su artículo 732 señala que “La Administración de Impuestos
tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición,
contado a partir de su interposición en debida forma”
De acuerdo con estos preceptos legales y con las pruebas que obran
en el expediente, encontramos que el trámite ha sido surtido por el funcionario
competente y observando las formas propias de esta actuación, puesto que tras
conocer la liquidación oficial de aforo el señor Jaime Rodríguez tuvo la
oportunidad de interponer el recurso procedente, como efectivamente lo hizo
recibiendo respuesta en el término legalmente establecido, por lo que no se
presenta un defecto orgánico o procedimental constitutivo de una vía de hecho.
Por otra parte,
el accionante arguye que la Unidad de Rentas Departamentales al tener
conocimiento del hurto del vehículo mediante la copia de la denuncia anexada
como prueba en su Recurso de Reconsideración y al conocer que él no se
encontraba en posesión del vehículo objeto del gravamen desde el año 1989,
debió exonerarlo del pago del tributo.
Considera la
Sala que no existe tampoco en este caso una valoración errónea del material
probatorio ni se evidencia un defecto sustantivo ya que, de acuerdo al artículo
142 del Estatuto Tributario, el sujeto pasivo del impuesto sobre vehículos
automotores, es decir, quien tiene el deber legal de declarar y pagar el
tributo es “es el propietario o poseedor de los vehículos
gravados” y de acuerdo al Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de
2002), en su artículo 47 “La tradición del dominio de los vehículos
automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el
organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro
Nacional Automotor en un término no superior a quince (15) días. La
inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta
(60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.”
Es decir, el señor Jaime Rodríguez
Alfonso es el actual propietario del automotor, pues a pesar de haber
transferido su posesión, nunca perfeccionó la transferencia del dominio
mediante la inscripción en el registro, por lo que es sujeto pasivo del
impuesto sobre vehículos automotores, en consecuencia la Unidad de Rentas
Departamentales está facultada legalmente para efectuar el cobro. En relación
con la apreciación errónea de la prueba del hurto, no es competencia de esta
dependencia administrativa pronunciarse acerca de la cancelación del registro
de matrícula por hurto del automotor, pues ésta radica en cabeza de la
Secretaría de Tránsito y Transporte del departamento y hasta tanto no se surta
este trámite, el vehículo se encuentra matriculado y por lo tanto sigue
generando el cobro de impuestos.
2.
Actuación de la Secretaría de Tránsito y
Transporte del Departamento de Caldas.
El actor considera que esta entidad al
recibir comunicación de la denuncia por hurto remitida por el tenedor del
vehículo, señor Carlos Morales Corredor, debió proceder de forma oficiosa a la
cancelación de la licencia de tránsito del automotor.
Al estudiar la
normatividad vigente en la materia encuentra la Sala que el Código Nacional de
Tránsito en su artículo 40 preceptúa que: “La
licencia de tránsito de un vehículo se cancelará a solicitud de su titular
por destrucción total del vehículo, pérdida definitiva, exportación o
reexportación, hurto o desaparición documentada sin que se conozca el
paradero final del vehículo, previa comprobación del hecho por parte de la
autoridad competente”. Esta norma está a su vez reglamentada por el Acuerdo
051 de 1993 expedido por el Ministerio de Transporte que establece
en su artículo 98 que: “La cancelación de la licencia de
tránsito de un vehículo automotor por destrucción total, pérdida,
exportación y reexportación debe ser solicitada por su propietario en el
formulario único nacional con reconocimiento en cuanto a contenido, firma
autenticada adjuntando según el caso, documento probatorio de tal hecho”.
El señor Jaime Rodríguez Alfonso es en la
actualidad el titular del la licencia de tránsito del vehículo de placas HA
6828, por lo que es él quien debe surtir el trámite pertinente ante la
Secretaría de Tránsito y Transporte para la cancelación de la respectiva
licencia, ante la cual no ha dirigido petición alguna en tal sentido, ni ha
diligenciado el formulario requerido para tal efecto de acuerdo al material
probatorio que obra en el expediente y a sus propias afirmaciones consignadas
en el escrito de tutela.
Así las cosas, es claro para esta Sala
que ni la Unidad de Rentas Departamentales de Caldas ni la Secretaría de
Tránsito y Transporte del mismo departamento, han vulnerado el derecho al
debido proceso del accionante puesto que sus respectivas actuaciones se
encuentran ajustadas a las normas legales y constitucionales y los hechos
objeto de este debate son imputables a sus propias omisiones, ya que debió
haber surtido los trámites de traspaso del vehículo o en su defecto haber
realizado la cancelación de la matrícula mediante el trámite establecido en la
ley.
En consecuencia,
al no existir un quebrantamiento al debido proceso del actor, no es posible
determinar una vulneración de su derecho al buen nombre, de acuerdo con la
jurisprudencia que ha proferido la Corte en este sentido ya que según esta
Corporación, para que exista una violación a esta garantía fundamental  la
información consignada en la base de datos debe reposar allí de “manera
ilegal, sin el consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o
recaer sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de ser
conocidos públicamente (iii)”[4]. La
base de datos de deudores morosos en la que se encuentra el accionante, está
consignando una información veraz y actualizada que no recae sobre aspectos
íntimos de su vida no susceptibles de ser conocidos públicamente por lo que el
núcleo esencial de su derecho al buen nombre se encuentra intacto y no hay
lugar a ampararlo por esta vía (no pude concluir)
Así las cosas,
los derechos fundamentales del accionante no fueron vulnerados por la actuación
de las entidades accionadas, por lo que esta Sala procederá a confirmar la
decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales-Caldas.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por  mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
CONFIRMAR la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de
Manizales-Caldas, Sala Penal que confirmó el fallo del Juzgado Quinto Penal del
Circuito de la misma ciudad, en la acción de tutela instaurada por el señor
Jaime Rodríguez Alfonso, en contra de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Manizales y la Unidad de Rentas Departamentales de la Secretaría de Hacienda de
Caldas.
Segundo: Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN
SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] En relación con este
tema las sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-008 de 1998,
T-1072 de 2000, T-025 de 2001, T-088 de 2003, T-203 de 2004, T-640 de 2005,
entre otras.
[2] Sentencia T-571 de 2005, Magistrado Ponente Jaime
Córdoba Triviño.
[3]En este sentido T-596 de
2001, T-754 de 2001, T-873 de 2001, T-418 de 2003 y T-514 de 2003, entre otras.
[4] Sentencia T-176 de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.