C-496-15
Sentencia C-764/09
Sentencia C-496/15
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Autenticidad de los elementos materiales
probatorios y la evidencia física sometidos a cadena de custodia
DEBER DE ASEGURAR ELEMENTOS MATERIALES
PROBATORIOS GARANTIZANDO LA CADENA DE CUSTODIA-No hay afectación por existir otros medios de
autenticación de las pruebas
AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES
PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA NO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA-No vulnera el debido proceso probatorio
AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES
PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA NO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA-No vulnera el principio de justicia
AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES
PROBATORIOS Y EVIDENCIA FISICA-Juez debe verificar el método a utilizar distinto a la cadena de
custodia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROCESAL-Alcance
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y FORMAS PROPIAS
DE CADA JUICIO-Amplia
potestad de configuración normativa
LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL
LEGISLADOR-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-No es absoluta
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Principios de proporcionalidad y
razonabilidad
NORMAS PROCESALES-Legitimidad está dada en función de su
proporcionalidad y razonabilidad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROBATORIA-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROBATORIA-Discrecionalidad/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA-Límites
LEGISLACION EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO Y
PROBATORIA-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROCESAL Y PROBATORIA-Amplia potestad discrecional
DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL-Alcance
DEBIDO PROCESO-Concepto y finalidad
DEBIDO PROCESO-Necesidad de racionalizar el ejercicio del poder
público y privado
DEBIDO PROCESO-Características
DEBIDO PROCESO-Aplicación a todo tipo de actuaciones judiciales y
administrativas
DEBIDO PROCESO-Aplicación inmediata
DEBIDO PROCESO-No puede suspenderse en estados de emergencia
DEBIDO PROCESO-Se predica respecto de todas las partes e intervinientes
y durante todas las etapas del proceso
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-No es absoluto
DEBIDO PROCESO-Regulación depende del legislador por tratarse de un
derecho de configuración legal
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Consagración internacional
DEBIDO PROCESO-Garantías esenciales
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Garantía del debido proceso
JUEZ NATURAL-Principios de especialidad y predeterminación legal
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Definición previa de jueces competentes
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Doble garantía
DERECHO A SER JUZGADO CON LA PLENITUD DE
LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Reglas mínimas
DERECHO A LA DEFENSA-Concepto
DERECHO A LA DEFENSA-Consagración constitucional e internacional
DERECHO A LA DEFENSA-Se proyecta con mayor intensidad y adquiere
mayor relevancia en el escenario del proceso penal desde el ámbito
internacional
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Implica la posibilidad de realizar una
efectiva defensa judicial
DERECHO A LA DEFENSA EN MATERIA PENAL-Modalidades/DERECHO
A LA DEFENSA MATERIAL-Definición/DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Definición
DERECHO A LA DEFENSA TECNICA-Carácter intemporal
DERECHO AL DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN
DILACIONES INJUSTIFICADAS-Garantía
esencial del debido proceso
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Fidelidad al
principio de celeridad y toma de decisiones eficaces
DERECHO A QUE DECISIONES SE ADOPTEN EN UN
TERMINO RAZONABLE SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Consagración internacional
DERECHO AL PLAZO RAZONABLE-Criterios de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para establecer la razonabilidad del plazo
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por la inobservancia de los
términos judiciales
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Imparcialidad del juez
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Relación con el debido proceso
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-Derecho a la
prueba
PRUEBAS-Importancia y práctica
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Desconocimiento genera una vía de hecho
DERECHO A LA PRUEBA-Anomalías que desconozcan de manera grave e
ilegítima constituyen un defecto fáctico
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Procedencia de la acción de tutela cuando
se vulnera el derecho a la prueba
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia de
vía de hecho por defecto fáctico en la actividad probatoria
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Garantías mínimas
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a presentar y solicitar pruebas/DERECHO
A PRESENTAR PRUEBAS-Carácter fundamental autónomo/DEBIDO PROCESO
PROBATORIO-Ambito internacional
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a controvertir las pruebas que se
presenten en contra
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a la publicidad de la prueba/DERECHO
A LA PUBLICIDAD DE LA PRUEBA-Esencial para asegurar el derecho de
contradicción
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a la regularidad de la prueba
PRUEBAS-Derecho a que se decreten y practiquen las necesarias
para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos
DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Derecho a que juzgador evalúe las pruebas
incorporadas al proceso/VIA DE HECHO-Falta de apreciación y evaluación
de las pruebas
CADENA DE CUSTODIA-Alcance
CADENA DE CUSTODIA-Concepto y naturaleza/CADENA DE
CUSTODIA-Finalidad
CADENA DE CUSTODIA-Consagración constitucional y legal
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Deber de asegurar elementos materiales
probatorios garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su
contradicción/DEBER DE ASEGURAR ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS
GARANTIZANDO LA CADENA DE CUSTODIA-Evita afectar el poder demostrativo de
pruebas recaudadas que puedan acreditar la inocencia o culpabilidad de una
persona/FISCALIA GENERAL DE LA NACION-No elimina ni limita deber de
asegurar la cadena de custodia de elementos materiales probatorios recaudados
Referencia: expediente D-10451
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º
del artículo 277 de la Ley 906 de 2004.
Actor:
Luz Amparo Vera López
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., cinco (5) de agosto de dos
mil quince (2015).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Myriam
Ávila Roldán, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio
Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
El cuatro (4)
de septiembre de 2014 en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
la ciudadana Luz Amparo Vera López demandó el artículo 277 de la Ley 906 de
2004, al considerar que vulnera el Preámbulo y los artículos 29 y 250 de la
Constitución Nacional.
Teniendo en
cuenta que la demanda presentada no cumplió con los requisitos establecidos en
el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, reiterados por medio de la
jurisprudencia de esta Corporación en la sentencia C-1052 de 2001, se inadmitió
por medio del Auto expedido en 7 de octubre de 2014, y se confirió el plazo de
tres (3) días hábiles para que corrigiera la demanda de conformidad con las
observaciones señaladas. El actor presentó escrito de
corrección y la acción fue admitida mediante Auto del dos (02) de febrero de
dos mil quince (2015).
1.1.
NORMAS DEMANDADAS
El
texto de la norma demandada es el siguiente (Se subraya lo acusado):
“LEY 906 DE 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
ARTÍCULO
277. AUTENTICIDAD. Los elementos materiales probatorios y la
evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos
y embalados técnicamente, y sometidos a las reglas de cadena de custodia.
La
demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y
evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte
que los presente”.
1.2.
LA DEMANDA
La actora
señala que la norma demandada vulnera el los artículos 29 y 250 y el Preámbulo de
la Constitución Nacional, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
1.2.1.  Violación del
artículo 250 de la Constitución
1.2.1.1.
Señala que la norma desconoce el numeral 3º del artículo 250 de la
Constitución que establece que corresponde a la Fiscalía General de la Nación: “Asegurar los elementos materiales
probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su
contradicción”, pues
permite
que el investigador pueda utilizar otro método para autenticarlos. En este
sentido, afirma que esta norma permite que la Fiscalía General de la Nación y
los demás sujetos procesales puedan demostrar la autenticidad de elementos
materiales probatorios y evidencia física, a través de medios distintos a la
cadena de custodia, vulnerando directamente lo señalado en el artículo 250 de
la Constitución.
1.2.1.2.
Manifiesta que debido a la
ambigüedad y falta de especificidad de la norma demandada, existe un margen
amplio para que se genere la vulneración del artículo 250 de la Constitución
Nacional, pues la disposición no establece si es la Fiscalía o la defensa,
quienes por prerrogativa legal, tienen la facultad de no someter a cadena de
custodia los elementos materiales probatorios y la evidencia física.
1.2.2.  Violación del
artículo 29 de la Constitución
1.2.2.1.
Expresa que el inciso demandado vulnera el artículo 29 de la
Constitución, pues permite que se presenten pruebas con violación del debido proceso,
pues los elementos probatorios y la evidencia física no sometidos a cadena de
custodia, contienen un valor persuasivo y probatorio insignificante.
1.2.2.2.
En este sentido, afirman que la propia Corte Suprema de Justicia
en sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007)[1] señaló
que los principios de inmediación, publicidad y contradicción se ven afectados
cuando se presentan elementos materiales probatorios o evidencia física con un
testigo de acreditación sin haber cumplido la cadena de custodia, por lo cual
contienen un valor “suasorio” y probatorio menguado.
1.2.2.3.
Señalan que el artículo 277 de la Ley 906 viola la Constitución
Política pues el Constituyente visó en la cadena de custodia un requisito de
legalidad, pues constituye un elemento esencial del debido proceso que no es un
simple método de investigación sin incidencia, sino que afecta el deber que
impone un mandato constitucional contemplado en el numeral 3º del artículo 250
de la Constitución en materia de recolección de los elementos materiales
probatorios y las evidencias físicas.
1.2.2.4.
Expresa que el legislador otorgó a la cadena de custodia la
calidad de elemento esencial del debido proceso, por lo tanto no es suficiente
utilizar un testigo de autenticación o acreditación para establecer que los
elementos probatorios son los mismos presentados si no se cuenta con una cadena
de custodia. Al respecto agrega que en la Sentencia C – 540 de 2012, la Corte
Constitucional ha señalado que la cadena de custodia es fundamental para
preservar el debido proceso.
1.2.3.  Violación del
preámbulo de la Constitución
1.2.3.1.
Aduce que existe una violación directa al Preámbulo de la
Constitución Nacional, teniendo en cuenta que la norma transgrede el principio
de justicia como valor dentro del ordenamiento jurídico, pues establece una
excepción no contemplada en los valores y principios rectores del procedimiento
penal, por lo tanto no debería incluirse como regla.
1.2.3.2.
Señala que el numeral en mención se debe observar en concordancias
en concordancia con las expresiones del Preámbulo Constitucional “asegurar a
sus integrantes la justicia… y un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo”, el párrafo final
del artículo 29 de la Constitución Política y el principio rector del
procedimiento penal sobre la exclusión de las pruebas obtenidas con violación
del debido proceso.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.  Ministerio
de Justicia y del Derecho.
El Ministerio de Justicia y del Derecho solicita que se declare la
exequibilidad de la norma acusada con base en las siguientes consideraciones:
1.3.1.1.   Señala
que el inciso demandado no vulnera los preceptos constitucionales señalados por
la accionante, pues no convalida la presentación en el proceso penal de pruebas
de carácter ilícito, sino que simplemente establece las condiciones básicas por
medio de las cuales los elementos materiales probatorios, que no han sido
sometidos a cadena de custodia, puedan ser allegados al proceso demostrando su
autenticidad.
1.3.1.2.   Manifiesta
que la cadena de custodia no es un fin en sí mismo dentro del proceso penal, sino
que se trata de un mecanismo que tiene por objeto asegurar la autenticidad del
material probatorio y la evidencia física allegada al proceso, y no tiende a
garantizar la legalidad y licitud de los mismos.
1.3.1.3.   Afirma
que la norma tenía como finalidad constituir el presupuesto que cuando no se
cumple en estricta forma los procedimientos y protocolos, establecidos de la
cadena de custodia sobre los elementos materiales probatorios y evidencias
físicas, quien los aporta tiene la carga de probar su veracidad.
1.3.1.4.   Expresa
que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido
reiterativa en señalar la validez de la carga procesal en cabeza de la parte
que presenta elementos probatorios y evidencia física, que no han sido
sometidos a cadena de custodia. Esta obligación consiste en asumir la
demostración de la autenticidad de tales elementos por medio de los diferentes
procedimientos establecidos por la ley para ello.
1.3.1.5.   Aduce
que con base en la jurisprudencia del Tribunal de cierre en materia penal, se
ha concluido que el hecho que no se cumpla con el procedimiento de cadena de
custodia, o no se lleva a cabo en la forma correcta, no implica que por este
solo motivo el elemento probatorio o la evidencia física se vea afectado de
ilegalidad.
1.3.1.6.   Respecto
a la vulneración del artículo 250 de la Carta Política, señala que la
obligación plasmada en el precepto constitucional,  consistente en que la
Fiscalía debe “asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando
la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”, no contraría la
validez del hecho que se permita el ingreso del material probatorio y evidencia
física en el proceso penal de aquel que no hayan sido objeto de la cadena de
custodia, con el fin que el juez competente realice su valoración siempre y
cuando el aportante demuestre la autenticidad de la misma.
1.3.2.
Fiscalía
General de la Nación.
El Director Nacional de Estrategia en
Asuntos Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación, solicita que se
declare la exequibilidad del aparte demandado a partir de los siguientes
argumentos:
1.3.2.1.
Considera que la
demandante parte de un supuesto errado según el cual considera que la cadena de
custodia es una forma de obtención de evidencia. Enfatiza en que el error
consiste en que la accionante intentó equiparar las formas de obtención de la
prueba, con los métodos de preservar la autenticidad de la misma.
1.3.2.2.
Expresa que con
base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la regla de exclusión
es aplicada a los medios probatorios ilícitos o ilegales, no ante aquellos
respecto de los que se discuta la cadena de custodia, acreditación o
autenticidad, por lo tanto la demanda presentada resulta
inconsistente.
1.3.2.3.
Asegura que no
puede llegarse a afirmar que exista un derecho fundamental de cadena de
custodia ya que este es solo uno de los métodos otorgados por el legislador
para salvaguardar la autenticidad de la evidencia más no su legalidad. Esta
distinción tiene gran relevancia en la medida en que las fallas que ocurren en
razón de la autenticidad de la prueba, no configura la nulidad de la misma o
eventualmente del proceso.
1.3.3.
Ministerio de
Defensa Nacional.
La representante del Ministerio de Defensa
Nacional, mediante escrito presentado ante esta Corporación, solicitó declarar
la exequibilidad de la norma acusada de inconstitucionalidad con base en las
siguientes consideraciones:
1.3.3.1.
Afirma que la
norma acusada no permite que se alleguen al proceso pruebas ilícitas o ilegales.
El precepto tiene como ultima finalidad dejar que las partes puedan llevar
evidencia física y material probatorio, que aunque no hayan sido sometidos a
cadena de custodia, sean auténticos.
1.3.3.2.
Manifiesta que en
varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía
General de la Nación, se ha establecido que la cadena de custodia no es un fin
en sí misma, sino uno de los mecanismos por medio del cual se asegura la
autenticidad del material probatorio, lo cual no influye dentro de la legalidad
o licitud de la misma.
1.3.3.3.
Establece que
existe una diferencia sustancial entre la autenticidad y la legalidad de la
prueba. La primera se refiere a la existencia misma de la prueba y su
veracidad, mientras que la segunda implica que la prueba se
ajuste a la ley y a la Constitución; por
lo tanto la prueba puede ser autentica pero ilegal. El control de legalidad de
la prueba es efectuado por el juez que adelanta el proceso, mientras que para
garantizar la autenticidad de la prueba existen varios mecanismos, dentro de
los que se encuentra la cadena de custodia. Lo anterior permite que la parte
interesada tenga la facultad de probar la autenticidad de la prueba, por un
mecanismo diferente a la cadena de custodia, siempre y cuando no exista la
obligación de que el material tenga que someterse a la misma.
1.3.3.4.
Finalmente,
asegura que la norma no contraría el artículo 250 de la Constitución, en cuanto
al hecho de que el precepto constitucional otorgue la obligación a la Fiscalía
General de la Nación de ser el garante del material probatorio por medio de la
cadena de custodia, no implica que exista una riña con que la parte interesada
lleve al juicio una prueba que no haya sometido a la cadena desde el principio,
sin quitar la obligación de demostrar la autenticidad del material probatorio.
1.3.4.
Ministerio de
Defensa Nacional. Policía Nacional.
Por medio de escrito presentado el 28 de
Febrero de 2015, la Policía Nacional a través de la Secretaria General de la
institución, solicita ante esta Corporación que se declare la exequibilidad de
la norma demandada con base en las siguientes afirmaciones:
1.3.4.1.
Realiza una línea
jurisprudencial de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, respecto de la cadena de custodia. Por medio de este análisis,
se pudo concluir que la Alta Corporación de cierre en materia penal, ha
otorgado al juez de la causa, la facultad de pronunciarse respecto de la
legalidad o ilegalidad de la prueba con base en el principio de inmediación.
1.3.4.2.
Aduce que en
virtud del principio de inmediación, debe declararse la constitucionalidad de
la norma atacada, pues la Constitución y la Ley desde siempre han conferido la
facultad al juez de decidir los casos que lleguen a su despacho, siempre y
cuando garantice el cumplimiento de la ley. Considera que la norma acusada da
lugar a que se efectué la libre apreciación del funcionario judicial, y como
consecuencia, se materialice el principio de inmediación judicial.
1.3.4.3.
Manifiesta que la
defensa cuenta con otros mecanismos para garantizar la autenticidad del
material probatorio o evidencia física allegada al proceso.
1.3.5.
Instituto Colombiano de
Derecho Procesal.
El doctor Juan David Riveros Barragán
actuando en calidad de representante del Instituto colombiano de Derecho
Procesal, solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida para emitir
pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la norma atacada por los
siguientes motivos:
1.3.5.1.
Afirma que la demanda no reúne los requisitos de especificidad y
suficiencia, pues, a pesar que la accionante hubiese realizado un análisis
legal de las normas que se ven transgredidas, no aduce de manera concreta la
razón por la que se conforma la violación a los preceptos constitucionales.
1.3.5.2.
Señala frente al cargo de vulneración de los artículos 29 y 250 de
la Carta Política, la accionante realizó una trascripción de las causales y la
forma de romper la cadena de custodia sin afectar el debido proceso. No
obstante lo anterior, considera que esto guarda relación con la norma acusada,
ya que esta última no tiene que ver con la cadena de custodia.
1.3.5.3.
Finalmente asevera que la falta de especificidad y precisión en
los argumentos, conlleva a que los mismos terminen siendo insuficientes para
desvirtuar la constitucionalidad de la norma acusada.
1.3.6.
Universidad
Libre: Facultad de Derecho, Observatorio de Intervención Ciudadana
Constitucional.
Los señores Jorge Kenneth Burbano Villamarín
y Nelson Enrique Rodríguez actuando en representación del Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre, solicitan a esta honorable Corporación declararse
inhibida de realizar el estudio de constitucionalidad de la norma acusada con
base en los siguientes argumentos:
1.3.6.1.
Afirman que la
demanda no contiene argumentos jurídicos suficientes por medio de los cuales se
pueda deducir el surgimiento de una vulneración a la Carta Política.
1.3.6.2.
Señalan que no se
cumple con el presupuesto de claridad en la presentación de la acción de
constitucionalidad, en la medida en que el lector no puede seguir el hilo
conductor de la demanda y la justificación de la misma.
1.3.6.3.
Manifiestan que los
argumentos esgrimidos dentro de la acción son vagos, indeterminados, indirectos
y abstractos por lo tanto por medio de los mismos no se puede definir con
claridad la manera como la disposición demandada vulnera la Constitución
Política.
1.3.6.4.
Consideran que la
demanda no cuenta con los elementos de juicio necesarios para que se cause una
duda razonable respecto de la inconstitucionalidad de la norma.
1.3.6.5.
Igualmente,
establecen que en los casos en que hay lugar a que proceda la cadena de
custodia, son obligatorios los procedimientos propios de la misma y si estos no
son cumplidos a cabalidad, terminaría siendo ineficaz. La norma se refiere a
los casos en los cuales es imposible recaudar el material probatorio en el
lugar de los hechos bajo la cadena de custodia, por lo que da la posibilidad a
las partes de aportar otro material probatorio con la obligación de
verificación de autenticidad, situación que protege el debido proceso y demás
principios que deben regir el proceso penal.
1.3.6.6.
Aducen que la
norma es exequible en cuanto permite que el material probatorio que
inicialmente no estuvo bajo la cadena de custodia, sea tenido en cuenta dentro
de proceso penal si se prueba la autenticidad del mimo, obligación que se
encuentra en cabeza de quien la aporta. Esta precisión no implica que aquellos
elementos probatorios que deban ser sometidos a cadena de custodia, no cumplan
con la totalidad de las previsiones determinadas para el caso concreto.
1.3.7.
Universidad de
la Sabana.
El doctor Luis Gonzalo Velásquez Posada,
actuando en calidad de profesor de planta de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de la Sabana, solicita a esta Honorable Corporación
declarar la exequibilidad de la norma acusada, con fundamento en las siguientes
afirmaciones:
1.3.7.1.
Realiza un análisis
sobre la jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia frente al tema de cadena de custodia. Al respecto concluyó
que la jurisprudencia no ha sido estática ni pacífica, pues existen dos (2) grupos
de sentencias: (i) las que consideran que las fallas en el proceso de cadena de
custodia de evidencias físicas inciden en la valoración de la prueba y no en su
legalidad, y (ii) las que estiman que las fallas contenidas en el proceso de
cadena de custodia inciden en la legalidad misma de la prueba.
1.3.7.2.
Considera que los
fallos que guardan relación con la segunda teoría, tienen correspondencia con
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que
considera que adelantar procesos sin las debidas garantías, conlleva a la
invalidez del proceso y de la sentencia emitida.
1.3.7.3.
No obstante lo
anterior, no todos los materiales probatorios y evidencias físicas son
susceptibles de ser regidos bajo la cadena de custodia, e igualmente existen
situaciones que no son previsibles. Estas situaciones conllevan a que la norma
resulte siendo acertada, en la medida en que abre la posibilidad a que
cualquiera de las partes, presente evidencia física y material probatorio
diferente a las referidas en el inciso primero del art 277 de la Ley 906 de
2004. Todo lo anterior, previo al cumplimiento de la demostración de la
legalidad y autenticidad de la prueba que se allega al proceso. El juez debe
pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma y posteriormente sobre su valor
probatorio.
2.
CONCEPTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría General de la Nación,
mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2015 solicitó declarar la
exequibilidad condicionada de la norma acusada, con base en los siguientes
argumentos:
2.1Señala que la cláusula de exclusión se refiere a que
toda prueba que haya sido obtenida con violación al debido proceso debe ser
excluida del proceso adelantado, por lo tanto si el legislador autorizara la
obtención de material probatorio con el desconocimiento de los elementos del
debido proceso, esta norma resultaría ampliamente inconstitucional.
2.2Manifiesta que el respeto de la cadena de custodia es
un mandato de carácter constitucional plasmado en el artículo 250 de la Carta
Política para garantizar la autenticidad de medios probatorios con el fin de
permitir la materialización del debido proceso. Igualmente la Constitución no
la prescribe como una exigencia para todo tipo de pruebas, sino que se limita a
los elementos materiales.
2.3Afirma que no existe una definición exhaustiva del
fenómeno referente a la cadena de custodia, por lo tanto, el legislador tiene
un amplio margen de configuración para establecer que es un elemento material y
cuáles son los componentes esenciales de la cadena de custodia. Igualmente, tiene
la libertad para determinar las obligaciones exigibles a los sujetos
procesales. Sin embargo, el legislador estableció unos lineamientos generales
que deben ser entendidos como una obligación para garantizar la autenticidad y
que además tienen su fuente en la Constitución Nacional.
2.4Señala que la aplicación de la cadena de custodia no
es uniforme en todos los casos, las particularidades de la estrategia
investigativa de la Fiscalía General de la Nación determinarán los
procedimientos a aplicar. En este mismo sentido, sería inconstitucional que se
sustrajera a la Fiscalía General de la Nación la obligación de garantizar la
cadena de custodia. También lo sería el hecho que el legislador hiciera
nugatoria la cadena de custodia a través de una definición restringida de lo
que es un elemento material probatorio.
2.5Afirma que no obstante lo anterior, la demanda de
inconstitucionalidad radica en que la accionante considera que la norma permite
que algunos medios probatorios se incluyan dentro del juicio sin que se haya
respetado la cadena de custodia, lo cual no tiene vocación de prosperidad ya
que la misma Constitución no decreta que todo tipo de material probatorio se
someta a la misma, ni la establece como obligación para todos los sujetos
procesales.
2.6Manifiesta que como la obtención de las pruebas en el
proceso acusatorio solo se hace efectiva ante el juez, lo cual supone que
resulta equivoco estimar que el rompimiento de la cadena de custodia o su
inobservancia sea irrelevante para la obtención de las pruebas, como elemento
del debido proceso.
2.7Por otro lado, considera que el legislador no puede
permitir el incumplimiento de la cadena de custodia, ni que  el ente acusador
utilice otros medios innominados o indeterminados de acreditación. Por lo
tanto, la posición que se tiene es distante de la establecida por la Corte
Suprema de Justicia, en la medida en que se cree que la disposición acusada
permite que se introduzcan al juicio elementos probatorios sobre los cuales se
debió respetar la cadena de custodia, pero no se hizo, acudiendo en este caso a
otros medios de identificación. Esta disposición sustrae a la Fiscalía General
de la Nación de su deber legal de salvaguardar la cadena de custodia, como
elemento estructural del debido proceso para la obtención de la prueba en el
juicio oral.
2.8Sin embargo, el Ministerio Público medita que la
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma resultaría vulneratoria de
principios fundantes del proceso penal ya que de no existir la norma, las partes
interesadas en practicar pruebas que no deban conservarse a través de la cadena
de custodia, estarían exentas de demostrar su autenticidad.
2.9Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio
Público considera que la Corporación debería emitir un fallo que precise que la
norma demandada debe ser entendida como una garantía del debido proceso  para
la demostración de la autenticidad de aquellas pruebas que no se encuentren
sometidas a la cadena de custodia, pero no puede ser concebida como una
excepción en los eventos en donde si exista la obligación de aplicarla.
3.
CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada.
3.2.
APTITUD DE LOS
CARGOS FORMULADOS EN LA DEMANDA
3.2.1. El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos
indispensables que debe contener la demanda en los procesos de control de
constitucionalidad[2].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe indicar con
precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la
razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
3.2.2. Por otro lado, en la Sentencia C-1052 de 2001, esta Corporación señaló
las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el
demandante, estableciendo que las razones presentadas por el actor deben ser claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[3], requisitos cumplidos por
los cargos formulados por la demandante:
3.2.2.1. El argumento central contemplado en la demanda es
cierto, pues efectivamente el inciso tercero del artículo 277 de la Ley 906 de
2004, permite que existan elementos materiales probatorios que no sean
autenticados a través del método de cadena de custodia, al señalar que “La demostración de la autenticidad de los
elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de
custodia, estará a cargo de la parte que los presente”. Por lo anterior corresponde a la Corte
Constitucional definir si esta situación vulnera los artículos 29 y 250 y el
Preámbulo de la Constitución.
3.2.2.2. En virtud de lo anterior, el accionante formula tres
(3) cargos específicos y pertinentes consistentes en: (i) el
desconocimiento del artículo 250 de la Constitución al permitirse que existan
elementos materiales probatorios que no sean autenticados a través de la cadena
de custodia, (ii) la vulneración del artículo 29 de la Constitución, al
permitirse que existan elementos materiales probatorios que vulneren el debido
proceso por no ser autenticados mediante la cadena de custodia y (iii) la
violación directa del principio de justicia consagrado en el Preámbulo de la
Constitución Política.
3.2.2.3. La argumentación es suficientes y clara, pues presenta
de manera coherente los fundamentos que sustentan cada uno de los cargos formulados
y expresa las razones por las cuales el inciso demandado puede vulnerar la
Constitución.
En
este sentido, la suficiencia hace referencia simplemente a que las razones de
las demanda “contengan todos los elementos fácticos y probatorios que son
necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que
exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del
precepto impugnado”[4].
Por lo anterior, la Corte Constitucional en una línea consolidada y
reiterada muy recientemente[5]
ha señalado que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de
constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso
y que debe preferirse una decisión de fondo para privilegiar la efectividad de
los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial
efectivo ante la Corte:
“3.3. No obstante, también ha resaltado,
con base en el principio pro actione que el examen de los requisitos adjetivos
de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio
excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que
una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de
participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[6].
Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de
carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige
acreditar la condición de abogado[7];
en tal medida,  “el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la
demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga
nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a
favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.”[8]
3.3.
PROBLEMA
JURÍDICO
La accionante señala que el inciso tercero del artículo
277 de la Ley 906 de 2004, permite que existan elementos materiales probatorios
que no sean autenticados a través del método de cadena de custodia, situación
que en su opinión vulnera los artículos 29 y 250 y el Preámbulo de la
Constitución.
En
virtud de lo anteriormente señalado, la Corte Constitucional analizará si la
posibilidad de que existan elementos materiales probatorios que no sean
autenticados a través de la cadena de custodia vulnera: (i) el artículo
29 de la Constitución por desconocimiento del debido proceso probatorio, (ii)
el artículo 250 de la Constitución, que consagra el deber de la Fiscalía de asegurar
los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia
mientras se ejerce su contradicción y (iii) el principio de justicia
contemplado en el Preámbulo de la Carta Política.
Para resolver estos problemas jurídicos es
necesario analizar los siguientes temas: (i) la libertad de
configuración del legislador en material procesal, (ii) el alcance del
debido proceso y en especial del debido proceso probatorio, (iii) la
naturaleza y el alcance de la cadena de custodia y (iv) la
constitucionalidad de las normas demandadas.
3.4.
LIBERTAD DE
CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA PROCESAL
3.4.1. Alcance general
Según el numeral segundo del artículo
150 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir
los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”.
Con fundamento en esta competencia y en la importancia que la ley posee como
fuente del Derecho, el legislador goza, por mandato constitucional de una amplia
libertad para definir “el procedimiento en los procesos, actuaciones y
acciones originadas en el derecho sustancial”[9].
Por lo anterior, le ha sido reconocida al
legislador una amplia potestad de configuración normativa en materia de la
definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada
juicio[10],
a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento
judicial”[11].
En virtud de esta facultad, el legislador es
autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, no
obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquel está obligado a respetar
los principios establecidos en la Carta Política.[12] De esta
manera, aunque la libertad de configuración normativa del legislador es amplia,
tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines
del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las
demás normas constitucionales.[13]
En este sentido, la discrecionalidad para la
determinación de una vía, forma o actuación procesal o administrativa no es
absoluta; es decir, debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de
nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad
y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como
el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P.,
arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio de la  primacía
del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en
armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable
y oportunamente el derecho sustancial[14]
en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se
tornaría arbitraria[15].
En ese orden de ideas, el legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes
jurídicos implicados que se ordenan[16], cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al
fin para el cual fueron concebidas[17], con el objeto de asegurar precisamente la  primacía del derecho
sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más completo posible del
derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), el debido
proceso (art. 29 C.P.)[18],
el cumplimiento del postulado
de la buena fe de las actuaciones de los particulares (C.P. art. 83)[19]
y el principio de imparcialidad[20].
Por lo anterior, la Corte ha señalado que la
legitimidad de las normas procesales está dada en función de su
proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del
engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y,
por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.[21]
Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto
de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma
para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el
evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que
se pretende obtener con su utilización[22].
Para los efectos de garantizar el respeto a tales
límites amplios de la potestad legislativa, la jurisprudencia ha decantado una
serie de criterios recogidos inicialmente en la sentencia C-227 de 2009:
(i)   Que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros
(ii) Que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos[23]
que en el caso procesal (…) puede implicar derechos como el debido proceso,
defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)[24]
(iii) Que obre conforme a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad en la definición de las formas[25] y
(iv) Que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo
228 C.P.)[26].
3.4.2.
La libertad de
configuración en materia probatoria
Una parte esencial del proceso lo constituye lo referente a
la estructura probatoria del mismo, por lo cual es de gran relevancia la
regulación de esta etapa teniendo en cuenta aspectos como los medios de prueba
admisibles, la oportunidad procesal que tienen las partes para la solicitud de
pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y practicarlas, la facultad
oficiosa de producir pruebas y las reglas atinentes a su valoración[27]. En este sentido, un medio de prueba solo
puede ser admisible en la medida en que por medio de este se persiga un fin
constitucional y las restricciones que entrañan son razonables y proporcionadas
en relación con el mismo y las consecuencias que de éste se derivan[28].
Como consecuencia, en amplia jurisprudencia de la Corte
Constitucional se ha manifestado la potestad discrecional que recae en cabeza
del legislador en materia de configuración legislativa en lo referente  a la
etapa probatoria del proceso. Así mismo, se ha desarrollado
jurisprudencialmente los límites existentes a esta facultad, los cuales tienen
como finalidad la protección del derecho sustancial y el cumplimiento de los
objetivos estatales.
En este sentido, los límites establecidos en la Constitución
para la legislación en materia de procedimiento y probatoria,  se ven desde una
perspectiva positiva y otra negativa: la necesidad de garantizar el
cumplimiento de determinados propósitos u objetivos constitucionales y la
prohibición de transgredir principios o derechos superiores[29]. Lo anterior implica que se deje a la
voluntad del legislador el señalamiento de: (i) los medios probatorios
dentro del proceso, (ii) los requisitos y ritualidades de su práctica, (iii)
las exigencias procesales para aportarlos y (iv) los principios a los
cuales se somete su valoración[30], lo que no implica
la concesión de un permiso para desconocer principios o normativa superior.
Igualmente se ha indicado que la valoración de
constitucionalidad de configuración legislativa en materia procesal y
probatoria, debe partir del entendido de la amplia potestad discrecional con la
que cuenta el legislador; además de tener conocimiento que la violación de la
Constitución puede generarse por el desconocimiento de límites negativos y
finalmente que el desconocimiento de estos últimos puede efectuarse por acción
u omisión del legislador[31].
En virtud de lo anterior, en materia probatoria esta
Corporación ha señalado en el cumplimiento de la obligación del legislador de
regular los medios de prueba debe garantizar: (i) el derecho para presentarlas y solicitarlas, (ii)
el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra, (iii)
el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el
derecho de contradicción, (iv) el derecho a la regularidad de la prueba,
esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho
la obtenida con violación de éste, (v) el derecho a que de oficio se
practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de
realización y efectividad de los derechos, y (vi) el derecho a que se
evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso[32].
3.5.
EL ALCANCE DEL
DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL
3.5.1.
Concepto y
finalidad
El debido proceso es un
derecho fundamental[33], que se ha definido como “una serie de garantías que tienen por fin
sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a
reglas específicas de orden sustantivo y procedimental, con el fin de proteger
los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados”[34].
En este sentido, constituye la
regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y
establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo
que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la
ley[35]. Por consiguiente, exige de las
autoridades públicas la sujeción de sus actuaciones a los procedimientos previamente
establecidos, ajenos a su propio arbitrio y destinados a preservar las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la
ley[36].
Este derecho tiene por finalidad
fundamental: “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P)”[37].
A su vez el debido proceso busca “asegurar
la objetividad en la confrontación de las pretensiones jurídicas”[38], procurando satisfacer
los requerimientos y condiciones que han de cumplirse indefectiblemente para
garantizar la efectividad del derecho material y la consecución de la justicia[39].
De esta manera, la importancia
del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo, por lo cual deben
respetarse los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre
apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo[40]. Al respecto, esta
Corporación ha señalado:
“El debido proceso
compendia la garantía de que todos los demás derechos reconocidos en la Carta
serán rigurosamente respetados por el juez al resolver asuntos sometidos a su
competencia, como única forma de asegurar la materialización de la justicia,
meta última y razón de ser del ordenamiento positivo”[41].
De esta manera, el derecho al
debido proceso, además de ser un derecho, constituye uno de los pilares de
nuestro Estado Social, en la medida en que opera no sólo como una garantía para
las libertades ciudadanas, sino como un
contrapeso al poder del Estado[42],
- en particular al ius puniendi -–[43]:
En ese orden de
ideas, la necesidad de racionalizar el ejercicio del poder público y
privado hace necesario un proceso que garantice: (i) la definición de
los elementos básicos que estructuran cualquier relación jurídica, señalando
tanto los supuestos relevantes para reconocer una conducta como jurídicamente
significativa, como los efectos (consecuencias o sanciones) que se siguen de su
incumplimiento, (ii) la identificación de la autoridad que es el tercero
imparcial competente para adoptar las decisiones relativas a los desacuerdos
que surjan en la relación jurídica, (iii) la existencia de medios
jurídicos (acciones o recursos) que se puedan emplear en los casos en los que
quienes hacen parte de una determinada relación jurídica estiman necesario la
intervención de un tercero (la autoridad competente) para resolver las posibles
diferencias que se originan en dicha relación jurídica, (iv) el
conocimiento por parte de todos los interesados, tanto de los elementos que
estructuran la relación jurídica que se establece y sus efectos concretos, como
de los remedios jurídicos de los que gozan las partes para proteger sus
intereses, y, finalmente, (v) el efectivo ejercicio de las herramientas
jurídicas con las que el interesado puede adelantar su defensa ante las
autoridades o terceros[44].
Finalmente, debe destacarse
que la tutela constitucional de este derecho no se dirige a proteger el
riguroso seguimiento de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de
reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente,
es decir, hay que ver el debido proceso desde el ámbito constitucional[45].
3.5.2.
Características
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha reconocido que el debido proceso tiene una serie de
características esenciales para su interpretación constitucional:
3.5.2.1.    Debe aplicarse a todo tipo de actuaciones
judiciales y administrativas.
Las garantías que integran el
debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto
cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas,
pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor
superior del ordenamiento jurídico.[46]
Ello es así por cuanto la concepción del proceso como un mecanismo para la
realización de la justicia, impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico
se sustraiga a su efecto vinculante pues a la conciencia jurídica de hoy le
repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce
a ella[47]:
“Por disposición expresa de la norma
Superior citada, el debido proceso está llamado a aplicarse en todas las
actuaciones judiciales y administrativas, constituyéndose de este modo en un
fundamento de la legalidad dirigido a controlar las posibles arbitrariedades en
que puedan incurrir las autoridades como consecuencia del ejercicio del poder
del Estado, privilegiando así el respeto por los derechos y obligaciones de los
ciudadanos o de quienes son parte en un proceso o en una actuación
administrativa”[48].
En todo caso, el cumplimiento
de las garantías mínimas del debido proceso contempladas en la Constitución,
tendrán diversos matices según el derecho de que se trate, dado que no todo
derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas y procedimientos”
de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo, el
correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son
comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan
decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser
contemplados en la regulación correspondiente[49].
Por lo anterior, frente a la exigencia de los elementos
integradores del debido proceso, esta Corporación ha precisado que es más
rigurosa en determinados campos del derecho, como en materia penal, en el que
la actuación puede llegar a comprometer derechos fundamentales como la libertad
de la persona; mientras que en el ámbito del derecho administrativo su
aplicación es más flexible, en la medida en que la naturaleza del proceso no
implica necesariamente la restricción de derechos fundamentales[50].
3.5.2.2.    Es de aplicación inmediata
El debido proceso como derecho
fundamental de aplicación inmediata (C.P. Art. 85), en concordancia con los
artículos 228 y 229 de la Constitución Política y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, se expresa a
través de principios que regulan el acceso a dicha función pública, entre otros,
se destacan los siguientes: la celeridad, publicidad, autonomía, independencia,
gratuidad y eficiencia[51].
3.5.2.3.    No puede suspenderse en estados de
emergencia
De acuerdo a la Constitución
Política y tal como ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación, el debido
proceso legal es un derecho que no puede suspenderse durante estados de
excepción[52].
3.5.2.4.
Se predica
respecto de todas las partes e intervinientes y durante todas las etapas del
proceso
El debido proceso no se
predica solo respecto de los derechos de acusado sino de todos los
intervinientes del proceso[53].
Adicionalmente, el este derecho es aplicable durante todas las etapas del proceso[54], si bien sus aplicación
concreta puede variar en cada fase.
3.5.2.5.
No es absoluto
El ejercicio del derecho al debido proceso,
puede ser objeto de limitaciones necesarias para realizar otros principios
superiores o para garantizar otros derechos fundamentales que en cierto momento
pueden verse confrontados con aquel[55].
Al respecto, la Corte ha precisado que en determinadas circunstancias
componentes esenciales del debido proceso como son los  derechos de defensa y
de contradicción, pueden verse limitados para garantizar intereses legítimos
alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte desconocido y las
limitaciones establecidas sean razonables y proporcionadas[56].
3.5.2.6.
Su regulación
depende del legislador
Por tratarse de un derecho de configuración
legal, compete al legislador definir, dentro del marco constitucional, la forma
como habrá de protegerse y garantizarse y los términos y condiciones bajo los
cuales las personas pueden exigir su cumplimiento. En todo caso, toda
regulación del legislador a este respecto debe obedecer a los imperativos
constitucionales que han sido descritos[57].
3.5.3.
Consagración
internacional
3.5.3.1
Los artículos 10
y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagran el derecho al debido
proceso legal al desarrollar los principios de igualdad, presunción de
inocencia, legalidad, doble instancia e independencia e imparcialidad judicial.
3.5.3.2
La Convención
Americana de Derechos Humanos, contempla en los artículos 8 y 25 el derecho al
debido proceso legal en el sentido de establecer las garantías judiciales
propias de este derecho y los principios de la protección judicial. Al igual
que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, se consagran el derecho a ser oído, la
presunción de inocencia, el principio de legalidad, y la independencia e
imparcialidad judicial, y además el derecho de defensa, el derecho a recurrir
el fallo ante juez o tribunal superior, el principio de non bis in ídem.
3.5.3.3
En virtud de lo
anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el debido
proceso como “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias
procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos,
adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o
judicial”[58]
3.5.3.4
En estos
términos, la Corte dispuso que el debido proceso es aplicable a todos los
procedimientos que signifiquen la toma de decisiones que afecten los derechos
de las personas vinculadas al mismo, por lo que consideró que en virtud del
mismo deben observarse determinadas garantías mínimas.[59]
3.5.3.5
Conforme a lo
anterior, toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un
órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea
imparcial y actúe conforme con el procedimiento legalmente previsto para el
conocimiento y la resolución del caso que se le somete.[60]
3.5.3.6
En este sentido,
diversas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
se han referido a la importancia y el alcance del debido proceso, dentro de las
cuales cabe destacar la OC-11 del 10 de agosto de 1990:
“23. La protección de la Ley la
constituyen, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de
los derechos garantizados por la Convención, los cuales, a la luz de la
obligación positiva que el artículo 1.1 contempla para los Estados Partes de
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera
tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de
los derecho humanos.
24. Ese deber de organizar el aparato
gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garantía de los
derechos está relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Convención. Este artículo distingue entre
acusación {es} penal{es} y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter. Aun cuando ordena que toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías… por un juez o tribunal en ambas
circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de delitos, unas
garantías mínimas. El concepto del debido proceso en casos penales incluye,
entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas la
Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales
pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal”.
3.5.3.7
Concretamente en
materia penal, se ha reconocido que en caso de la comisión de una conducta
punible es deber del Estado realizar una investigación seria, imparcial sujeta
a las exigencias del debido proceso para esclarecer los hechos.[61]
3.5.3.8
En este sentido,
la CADH contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius
puniendi del Estado y que pretenden asegurar que el imputado no sea
sometido a decisiones arbitrarias, dentro de las cuales se destacan las
siguientes:
3.5.3.8.1
El derecho a ser
oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido
con anterioridad a la ley[62].
3.5.3.8.2
El derecho a un
plazo razonable, es decir a que el proceso se tramite sin dilaciones
injustificadas, respecto de lo cual es necesario analizar tres (3) elementos[63]: (i) la
complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la
conducta de las autoridades nacionales. En relación con la conducta de las
autoridades nacionales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
que “(L)a investigación que deben emprender los Estados debe ser realizada con
la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva[64]. Esto
implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo, dentro de un plazo
razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar
obtener resultado”[65]
3.5.3.8.3
El derecho a la
presunción de inocencia[66],
con diversas consecuencias como que la carga probatoria corresponde a quien
acusa y no al acusado[67]
y que nadie puede ser privado de su libertad personal sino por las causas, los
casos o circunstancias expresamente tipificados en la ley y con sujeción a los
procedimientos contemplados en la misma[68].
3.5.3.8.4
El derecho a la
defensa, el cual implica una serie de garantías en el proceso penal dentro de
las cuales se destacan las siguientes: (i) el derecho a ser asistido
gratuitamente por un traductor o interprete si no se habla el idioma, (ii) el
derecho a ser informado de las acusaciones imputadas[69], (iii) la
concesión del tiempo y los medios para la protección de la defensa[70], (iv) el
derecho a defenderse o a ser asistido por un defensor[71] (v) el
derecho a ser defendido por un defensor proporcionado por el Estado si no se
tiene recursos para contratar un[72]o
(vi) el derecho a contra interrogar a los testigos y a obtener la comparecencia
de personas que puedan arrojar luz sobre los hechos[73], (vii) el
derecho a no ser obligado a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable[74] y (viii) el
derecho a impugnar el fallo condenatorio[75].
3.5.3.8.5
Así mismo
también se han reconocido otros derechos como la prohibición de un doble
enjuiciamiento por los mismos hechos (non bis in ídem)[76] y el derecho
a la publicidad del proceso[77].
3.5.4.
Garantías esenciales
3.5.4.1.
El derecho al
juez natural
El derecho al juez
natural es la garantía de ser juzgado por el juez legalmente competente para
adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva, el cual debe
ser funcionalmente independiente, imparcial y estar sometido solamente al
imperio de la ley (Arts. 228 y 230 C. Pol.)[78].
En este
sentido, el juez natural es
aquél a quien la Constitución o la Ley le han asignado el conocimiento de
ciertos asuntos para su definición, cuya determinación está regida por dos
principios: la especialidad, pues el legislador deberá consultar
como principio de razón suficiente la naturaleza del órgano al que atribuye las
funciones judiciales, y de otro lado, la predeterminación legal
del Juez que conocerá de determinados asuntos, lo cual supone: “i) que el
órgano judicial sea previamente creado por la ley; ii) que la competencia le
haya sido atribuida previamente al hecho sometido a su decisión; iii) que no se
trate de un juez por fuera de alguna estructura jurisdiccional (ex post) o
establecido únicamente para el conocimiento de algún asunto (ad hoc); y iv) que
no se someta un asunto a una jurisdicción especial cuando corresponde a la
ordinaria o se desconozca la competencia que por fuero ha sido asignada a
determinada autoridad judicial.”[79]
La
exigencia de que se haya asignado normativamente competencia no basta para
definir este concepto, pues el derecho en cuestión exige adicionalmente que no
se altere “la naturaleza de funcionario judicial” y que no se
establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello implica que previamente se definan
quiénes son los jueces competentes, “que estos tengan carácter institucional
y que una vez asignada –debidamente- competencia para conocer un caso
específico, no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate
de modificaciones de competencias al interior de una institución”[80].
En virtud de
lo anterior, el derecho al juez natural comprende una doble garantía en el
entendido de que asegura “al sindicado el derecho a no ser juzgado por un
juez distinto a los que integran la Jurisdicción, evitándose la posibilidad de
crear nuevas competencias distintas de las que comprende la organización de los
jueces; e igualmente una garantía para la Rama Judicial en cuanto impide la
violación de principios de independencia, unidad y "monopolio" de la
jurisdicción ante las modificaciones que podrían intentarse para alterar el
funcionamiento ordinario”[81].
3.5.4.2. Derecho a ser juzgado con las formas propias de cada
juicio
El
derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio
implica el establecimiento de esas reglas mínimas procesales[82],
entendidas como “(...) el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según
la naturaleza del juicio, determinan los procedimientos o trámites que deben
surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas.” [83].
De esta forma, dicho presupuesto se erige en garantía del principio de
legalidad que gobierna el debido proceso, el cual “(...) se ajusta al
principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por
consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem” [84].
En este sentido, el debido proceso es
precisamente el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por
la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o
administrativo.[85]
La Corte ha hecho énfasis, así mismo   en que el
cumplimiento de las formas propias del juicio no debe entenderse como una
simple sucesión de formas, requisitos y términos,  sino que se requiere comprender
su verdadero sentido vinculado  de manera inescindible con el respeto y
efectividad de los derechos fundamentales, por ello, su cumplimiento debe
revelar a cada paso el propósito de protección y realización del derecho
material de las personas[86].
3.5.4.3. Derecho a la defensa
El derecho a la defensa es entendido como
el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable[87].
En este sentido, implica la facultad de
pedir y allegar pruebas y controvertir las que se aporten en su contra,
formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten[88].
Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 29 la Constitución Política,
el cual destaca que: “[q]uien sea sindicado tiene derecho a la defensa”
y en el artículo 8° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o
Pacto de San José, el cual señala que toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías judiciales y dentro de un plazo razonable, y a contar
con la oportunidad y el tiempo para preparar su defensa[89].
Al respecto, cabe dar cuenta de que si bien el derecho
a la defensa debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de cualquier
proceso o actuación judicial o administrativa, éste se proyecta con mayor
intensidad y adquiere mayor relevancia en el escenario del proceso penal[90]; entendiéndose de tal
manera desde el ámbito internacional, donde los múltiples tratados de derechos
humanos “hacen un especial reconocimiento al derecho a la defensa en materia
penal, como ocurre, por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y con la Convención Americana de Derechos
Humanos, incorporados a nuestro ordenamiento interno a través de las Leyes
74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, los cuales a su vez forman parte del
Bloque de Constitucionalidad por mandato expreso del artículo 93 de la
Constitución Política.”[91]
El derecho al debido proceso implica de
suyo la posibilidad de realizar una efectiva defensa judicial con aplicación de
todos los instrumentos legítimos para hacerse oír en juicio y obtener una
decisión favorable. Asuntos tan neurálgicos como los relacionados con: (i)
el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa,
(ii) los derechos a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la
ley procesal, (iii) el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso[92]
y (iv) la exigencia según la cual los procesos deben ser públicos y han
de desenvolverse dentro de un lapso razonable sin dilaciones injustificadas o
inexplicables[93].
En materia penal, el derecho a la defensa
tiene dos (2) modalidades: (i) la defensa material, entendida como
aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado y; (ii) la
defensa técnica, vista como “la que ejerce en nombre de aquél un abogado
escogido por el sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de
la asignación de un defensor público proporcionado directamente por el Estado a
través del Sistema Nacional de Defensoría Pública”[94].
El derecho a la defensa técnica es intemporal, no
tiene límites en el tiempo, puesto que el ejercicio de este surge desde que se
tiene conocimiento que se cursa un proceso en contra de una persona y solo
culmina cuando finaliza el mismo; dando cabida para interpretar que este
derecho “implica que se puede ejercer desde antes de la imputación, en las
etapas pre y procesal, sin que resulte relevante para el ordenamiento
constitucional la denominación jurídica que se le asigne al individuo al
interior de todas y cada una de las actuaciones penales, pues lo importante y
trascendental es que se le garantice a lo largo de todas ellas el ejercicio del
derecho a la defensa sin limitaciones ni dilaciones injustificadas”[95].
3.5.4.4. El derecho a un proceso público
sin dilaciones injustificadas
Otra de las garantías esenciales del
debido proceso es el derecho a un proceso público, desarrollado con prevalencia
de las garantías sustantivas y procesales requeridas[96] y que
permita la publicidad de las actuaciones y decisiones[97] adoptadas en
esos procedimientos[98].
Parte fundamental del ejercicio del derecho
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, resulta de vital
importancia, que la administración de justicia, no se limite exclusivamente al
cumplimiento fiel de los procedimientos previamente establecidos por la ley,
para garantizar una adecuada administración de justicia, pues si bien con dicho
comportamiento se es fiel al principio de celeridad, es imprescindible tener en
cuenta otros elementos fundamentales en el proceso de impartir justicia, como
es que las decisiones que se tomen en ejercicio de esta deber  constitucional,
deben ser igualmente eficaces, es decir, que las mismas deben contener una
resolución clara, cierta, motivada y jurídica de los asuntos que generaron su
expedición, teniendo claro, que la  finalidad de toda la actuación es la de
maximizar el valor justicia contenido en el Preámbulo de la Constitución[99].
En este ámbito surge el derecho a que las
decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas ha
sido reconocido en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional[100] y está consagrado
expresamente en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
según el cual: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter”.
La relevancia del derecho al plazo razonable ha sido
reconocida en numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos[101],
la cual ha establecido tres criterios que deben ser tenidos en cuenta para
establecer la razonabilidad del plazo:“(i) la complejidad del asunto, (ii)
la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades
nacionales”[102].
En este aspecto, la Corte Constitucional ha precisado
que la inobservancia de los términos judiciales, constituye una vulneración del
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución: "La inobservancia de los términos judiciales -como lo ha
sostenido la Corte Constitucional en varias oportunidades-, constituye una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución. El principio de celeridad que es base fundamental
de la administración de justicia debe caracterizar los procesos penales. Ni el
procesado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el
Estado profiera una sentencia condenatoria o absolutoria, ni la sociedad puede
esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los
delitos que crean zozobra en la comunidad”.[103]
3.5.4.5. El derecho a la
imparcialidad del juez
El derecho al debido proceso exige la
presencia de un juez que se esfuerce por ser imparcial y decida "con
fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico,
sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas”[104].
3.5.5. EL DEBIDO PROCESO PROBATORIO
3.5.5.1. Relación con el
debido proceso
El derecho a la prueba constituye uno de
los principales ingredientes del debido proceso y del derecho al acceso a la
administración de justicia y el más importante vehículo para alcanzar la verdad
en una investigación judicial[105]. En este sentido, según el artículo 29 de
la Constitución, la persona que sea sindicada tiene derecho a la defensa y, por
lo tanto, de esa norma -que responde a un principio universal de justicia-
surge con nitidez el derecho, también garantizado constitucionalmente, a
controvertir las pruebas que se alleguen en contra del procesado y a presentar
y solicitar aquellas que se opongan a las pretensiones de quienes buscan
desvirtuar la presunción de su inocencia[106].
La importancia de las pruebas en todo
procedimiento es evidente, pues solo a través de una vigorosa actividad
probatoria, que incluye la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las
que obran en cada trámite, puede el funcionario administrativo o judicial alcanzar
un conocimiento mínimo de los hechos que dan lugar a la aplicación de las
normas jurídicas pertinentes, y dar respuesta a los asuntos de su competencia
ciñéndose al derecho sustancial.[107]
La práctica de las pruebas, oportunamente
solicitadas y decretadas dentro del debate probatorio, necesarias para ilustrar
el criterio del fallador y su pleno conocimiento sobre el asunto objeto del
litigio, así como las posibilidades de contradecirlas y complementarlas en el
curso del trámite procesal, son elementos inherentes al derecho de defensa y
constituyen garantía de la idoneidad del proceso para cumplir las finalidades
que le han sido señaladas en el Estado Social de Derecho[108].
3.5.5.2. Su
desconocimiento genera una vía de hecho
Los defectos del análisis probatorio, la
ausencia total del mismo y la falta de relación entre lo probado y lo decidido,
vulneran de manera ostensible el debido proceso y constituyen irregularidades
de tal magnitud que representan vías de hecho[109].
En este sentido, las anomalías que
desconozcan de manera grave e ilegítima el derecho a la prueba, constituyen un
defecto fáctico que, al vulnerar derechos fundamentales, pueden contrarrestarse
a través de la acción de tutela[110].  Se parte de la base de que el juez es libre para
apreciar y otorgar un valor a las pruebas que obran dentro del proceso, pero es
claro también que por vía de tutela se puede reparar -ante situaciones
abiertamente contrarias a las reglas constitucionales, al debido proceso y a la
ley- la lesión sufrida por la parte afectada que carece de otro medio de
defensa judicial o que afronta la inminencia de un perjuicio irremediable[111].
Es posible entonces interponer una la
tutela cuando no hay ningún examen probatorio, o cuando se ignoran algunas de
las pruebas aportadas, o cuando se niega a una de las partes el derecho a la
prueba, o también cuando, dentro del expediente, existen elementos de juicio
que con claridad conducen a determinada conclusión, eludida por el juez con
manifiesto error o descuido[112].
Los defectos que dan lugar a una vía de hecho, como lo
es el defecto fáctico, habilita la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se configura cuando existen fallas sustanciales en la
decisión de la autoridad competente, atribuibles a la actividad probatoria, que
comprende el decretarlas, practicarlas y valorarlas. Dichas deficiencias, en
efecto, pueden producirse como consecuencia de: (i) la falta de decreto
y práctica de pruebas conducentes a la solución del caso, (ii) la errada
valoración de las pruebas allegadas al proceso, esto es, una interpretación
errónea de las mismas y (iii) la valoración de pruebas que son nulas de
pleno derecho o totalmente inconducentes, es decir, ineptitud o ilegalidad de
la prueba. En todo caso, para que la acción proceda por defecto fáctico, el
error en el juicio valorativo de las pruebas debe ser ostensible, flagrante y
manifiesto, con incidencia directa en la decisión que se cuestiona[113].
3.5.5.3. Garantías del debido proceso
probatorio
Aun cuando el artículo 29 de
la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del
debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos,
dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías
mínimas en materia probatoria: (i) el derecho para presentarlas y
solicitarlas, (ii) el derecho para controvertir las pruebas que se
presenten en su contra, (iii) el derecho a la publicidad de la prueba,
pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción, (iv) el
derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del
debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste,
(v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten
necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los
derechos (arts. 2 y 228) y (vi) el derecho a que se evalúen por el
juzgador las pruebas incorporadas al proceso[114].
3.5.5.3.1. El derecho a presentar y solicitar pruebas
La Corte Constitucional ha reconocido que
el derecho a presentar pruebas tiene un carácter fundamental autónomo, a la vez
que una de las garantías del más amplio derecho al debido proceso[115]. En este sentido, resulta relevante recordar
que los más importantes tratados globales y hemisféricos sobre la materia,
incluyen entre las garantías mínimas del proceso, el derecho de la persona
acusada  a interrogar a los testigos llamados por los otros sujetos
procesales y a lograr la comparecencia de otras personas que puedan declarar a
su favor y ayudar a esclarecer los hechos[116].
Así, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, incorporado al derecho interno mediante Ley 74 de 1968,
expresa en su artículo 14:
"3. Durante el proceso, toda persona
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
(…)
e) A interrogar o hacer interrogar a los
testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y
que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de
cargo;"
De la misma manera, el artículo 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José (Ley 16 de 1972)
indica:
"2. Toda persona inculpada del delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad, a las siguientes garantías mínimas:
(…)
f) Derecho de la defensa de interrogar a
los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos".
3.5.5.3.2. El derecho
para controvertir las pruebas que se presenten en su contra
Dentro del debido proceso probatorio no se
incluye solamente el derecho a presentar o solicitar pruebas sino también a
controvertir las pruebas que se presenten en su contra[117], lo cual implica la
posibilidad de participar en su práctica y refutarlas a través de los medios
legales.
3.5.5.3.3. El derecho a
la publicidad de la prueba
El derecho a la publicidad de la prueba es
esencial para asegurar el derecho de contradicción[118]. Al respecto para
ejecutar una providencia que da lugar a la apertura de la etapa probatoria y
decretar pruebas antes de que haya sido efectivamente notificada constituye un
grave defecto procesal[119].
3.5.5.3.4. El derecho a la regularidad de la prueba
Este derecho implica que la prueba se
realice observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho
la obtenida con violación de éste[120].
En diversas sentencias esta Corporación, tanto en sede de tutela como de
constitucionalidad, se ha pronunciado sobre la importancia de que las pruebas
se practiquen de acuerdo a lo establecido por la ley, como una expresión más
del derecho de defensa, de contradicción, del debido proceso y del acceso a la
administración de justicia, de forma que “la vía de hecho por defecto
procedimental se ha relacionado con el recaudo de medios probatorios en el
proceso” [121].
3.5.5.3.5. El derecho a
que se decreten y practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar
el principio de realización y efectividad de los derechos
El juez debe definir si profiere o no el
decreto de las pruebas solicitadas[122], para lo cual deberá determinar si son
pertinentes, conducentes y procedentes para contribuir al esclarecimiento de
los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad del procesado[123]. En este sentido, debe decretar y
practicar aquellas pruebas que objetivamente resulten pertinentes y que puedan
ser obtenidas a través de un esfuerzo razonable[124].
Sin embargo, no existe un imperativo de que
se decreten todas las pruebas solicitadas por los sujetos procesales ni a
realizar pesquisas o averiguaciones desproporcionadas, innecesarias o inútiles[125]. Por lo anterior, le es posible negar
alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente que los requisitos
legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no tienen lugar[126], aunque cualquier decisión judicial en
este sentido debe ser motivada suficientemente, pues en este ámbito no existe
espacio ninguno para la arbitrariedad judicial[127].
Adicionalmente no es permitido al juez, a
la luz de los postulados constitucionales, decretar las pruebas y después, por
su capricho o para interrumpir términos legales que transcurren a favor del
procesado y de su libertad, abstenerse de continuar o culminar su práctica,
para proceder a tramitar etapas posteriores del juicio. En el evento en que así
ocurra, resulta palmaria la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso y ostensible la arbitrariedad judicial[128].
3.5.5.3.6. El derecho a
que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al
proceso
El derecho a la prueba incluye no solamente
la certidumbre de que, habiendo sido decretada, se practique, sino también de
que se evalúe y que tenga incidencia lógica y jurídica, proporcional a su
importancia dentro del conjunto probatorio, en la decisión que el juez adopte[129].
Por lo anteriormente dicho, una de las
formas -y de las más graves- de desconocer el debido proceso, atropellando los
derechos de las partes, radica precisamente en que el fallador, al sentenciar,
lo haga sin fundar la resolución que adopta en el completo y exhaustivo análisis
o sin la debida valoración del material probatorio aportado al proceso, o lo
que es peor, ignorando su existencia[130].
En este sentido, cuando un
juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su
decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía
de hecho[131].
En consecuencia, se puede producir también
una vía de hecho en el momento de evaluar la prueba, si la conclusión judicial
adoptada con base en ella es contraevidente, es decir, si el juez
infiere de ella hechos que, aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica
y las normas legales pertinentes, no podrían darse por acreditados, o si les
atribuye consecuencias ajenas a la razón, desproporcionadas o imposibles de
obtener dentro de tales postulados[132].
3.6.
ALCANCE
Y CONSAGRACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA
3.6.1.
Concepto y naturaleza
La cadena de custodia es un mecanismo que
tiene como finalidad demostrar la autenticidad de los materiales probatorios y la
evidencia física[133].
En este sentido, es concebida como un conjunto de medidas que tienen como fin
preservar la identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o
evidencia física y asegurar el poder demostrativo de la prueba[134]. La Corte Suprema de
Justicia ha definido la cadena de custodia como “un documento escrito en
donde se reflejan las incidencias de una prueba compuesta por los eslabones de
custodia, donde cada uno de estos debe incluir el momento de la custodia, de
quien se recibió la evidencia y a quien le paso, además de las medidas tomadas
para asegurar la integridad de la evidencia y evitar que esta se altere”[135].
De esta manera, el procedimiento a través
del cual se aplica la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino un
medio a través del cual se busca asegurar la autenticidad del elemento
probatorio o la evidencia física en el proceso penal, lo cual en ningún momento
descarta que existan otros mecanismos para lograr esa finalidad[136].
La
cadena de custodia, se refiere entonces a la acreditación o autenticidad de la
evidencia o elemento material probatorio, es decir, a su eficacia, credibilidad
o asignación de mérito probatorio[137],
por lo cual, lo que se cuestiona cuando no se cumple con los requisitos de la
cadena de custodia, no es la legalidad de elemento material probatorio sino su
eficacia probatoria[138].
Al respecto ha señalado la Corte Suprema de Justicia:
“Impera recordar
que los yerros en el curso y respeto de los protocolos derivados de la
denominada cadena de custodia no comportan la exclusión de la prueba, en cuanto
no se trata de un asunto de legalidad del medio de convicción, sino de
valoración y ponderación judicial del mismo, en cuanto puede verse afectado lo
genuino, fidedigno y auténtico del elemento probatorio, de modo que aún en
aquellos casos en los cuales se constate la ruptura efectiva de la cadena de
custodia, no por ello debe automáticamente marginarse la prueba del acervo
probatorio, sino que corresponde al juez verificar hasta qué punto y en qué
medida, ello compromete la acreditación o autenticidad de la evidencia o
elemento probatorio en punto de su credibilidad y potencial persuasivo”[139].
Por lo tanto, cuando no se cumplen
cabalmente los procedimientos de la cadena de custodia no se está afectando la
legalidad del decreto de la prueba ni de su incorporación en el juicio, sino su
mérito probatorio[140].
La cadena de custodia no puede ser tomada
como un requisito de legalidad, por lo tanto no condiciona la admisibilidad de
la prueba, su decreto o práctica. Por lo tanto cuando hay un incumplimiento de
los requisitos de la cadena de custodia la prueba no deviene ilegal, sino que
esta debe ser cuestionada en su mérito o fuerza de convicción[141].
En conclusión,
en caso de ruptura de la cadena de custodia el funcionario judicial les debe
otorgar un mérito menguado pero jamás su declaratoria de ilegalidad o ilicitud
con fundamento en la regla de exclusión[142]:
“el
demandante cuando presente una demanda de casación por este motivo, debe probar
no solo que el proceso de cadena de custodia no se cumplió, sino que la
autenticidad del elemento no se probó por otros medios y además que existen
motivos razonables para pensar que la prueba no es genuina o que pudo ser
alterada”[143].
3.6.2. Consagración constitucional
y legal
La cadena de custodia es medio de
autenticación de la prueba propio del sistema acusatorio cuya consagración
inicial en Colombia se realizó en el Acto legislativo 02 de 2003.  En este
sentido, el proyecto inicial
de acto legislativo presentado ante el Congreso de la República contempló el deber de la Fiscalía de
asegurar los elementos materiales
probatorios, garantizando la cadena de custodia:
“2. El Fiscal deberá, en el ejercicio de la función
investigativa, descubrir la prueba necesaria o suficiente, teniendo en cuenta y
aplicando la cadena de custodia de las evidencias materiales, para presentarlas
y practicarlas por ante el juez competente acusando al procesado para que se le
llame a juicio público y oral. Promueve, amparado y autorizado por la
Constitución, su función requirente de la acusación acorde a la prueba
necesaria, a la prueba útil, idónea, legal, pertinente y suficiente para que se
convoque a audiencia o causa eminentemente pública y necesariamente oral”[144].
Por lo anterior, desde el proyecto inicial
este deber consistía en “Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena
de custodia mientras se ejerce su contradicción”, redacción que se conservó durante todos los debates,
a lo cual simplemente se agregó en el Informe de Ponencia para Segundo Debate al
Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2002 Senado, 237 de 2002 Cámara la expresión:  “En caso de requerirse medidas adicionales
que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la
respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control
de garantías para poder proceder a ello”, con el objeto de permitir la práctica
de diligencias anticipadas[145].
En este sentido, la cadena de custodia
responde a la función investigativa del ente acusador, y entiende su
importancia dentro del proceso penal, ya que lo que pretende es permitirle al
fiscal custodiar la prueba necesaria, útil e idónea que considere que sea
conveniente llevar ante el juez en el juicio[146].
Posteriormente el legislador colombiano ha
regulado de manera especial lo relacionado con la cadena de custodia en el
Código de Procedimiento Penal y posteriormente la Fiscalía General de la Nación
la ha regulado mediante las resoluciones 1890 de 2000, 2869 de 2006, 06394 de
2004 y 02770 de 2005.
Adicionalmente el parágrafo del articulo
254 faculta al Fiscal General de la Nación para reglamentar lo relacionado con
el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo
con los avances científicos, técnicos y artísticos, en virtud de lo cual se han
expedido las resoluciones 1890 de 2000, 2869 de 2006, 06394 de 2004 y 02770 de
2005[147]
Así mismo, el Código de Procedimiento Penal
también se refiere a la cadena de custodia en el capítulo dedicado a los
elementos materiales probatorios, evidencia física e información[148], en el cual señala que
los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos
cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente, y
sometidos a las reglas de cadena de custodia, agregando que “la demostración de
la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no
sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente”[149]
3.7.    ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD
DE LA NORMA DEMANDADA
El inciso tercero del artículo
277 de la Ley 906 de 2004 permite la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios
y la evidencia física a través de medios distintos a la cadena de custodia. En
virtud de lo anterior, el accionante formula tres (3) cargos específicos y
pertinentes que se analizarán a continuación: (i) el desconocimiento del
artículo 250 de la Constitución al permitirse que existan elementos materiales
probatorios que no sean autenticados a través de la cadena de custodia, (ii)
la vulneración del artículo 29 de la Constitución, al permitirse que existan
elementos materiales probatorios que vulneren el debido proceso por no ser
autenticados mediante la cadena de custodia y (iii) la violación directa
del principio de justicia consagrado en el Preámbulo de la Constitución
Política.
3.7.1. No vulneración del numeral 3º del
artículo 250 de la Constitución
El numeral tercero del artículo
250 de la Constitución consagra el deber de la Fiscalía General de la
Nación de: “asegurar
los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia
mientras se ejerce su contradicción”, en virtud de lo cual se le exige a la Fiscalía
realizar todas las actuaciones necesarias para “custodiar la prueba necesaria, útil e
idónea que considere que sea conveniente llevar ante el juez en el juicio”, tal como se señaló en el Proyecto del
Acto Legislativo 03 de 2002.
En desarrollo de este deber, la
Fiscalía General de la Nación está obligada a aplicar una serie de medidas que
tienen por objeto  preservar la identidad o integridad de los elementos
materiales probatorios o evidencia física para establecer la verdad de los
hechos y determinar la responsabilidad del procesado. Por lo anterior, la
finalidad de esta norma no es impedir que existan otros medios de autenticación
de las pruebas, sino evitar que se afecte el poder demostrativo de aquellas que
sean recaudadas por la Fiscalía que pueden acreditar la inocencia o
culpabilidad de una persona.
En tal sentido, no todos los elementos
materiales probatorios están sometidos a cadena de custodia, sino que deben
diferenciarse dos supuestos diversos: (i) la autenticidad de los
elementos materiales probatorios o la evidencia física sometidos a la cadena de
custodia, para lo cual la Fiscalía cuenta con un Manual de Procedimiento de
Cadena de Custodia y   (ii) aquellos elementos o evidencia física con
los cuales cuentan las partes y por ende, su autenticidad se puede garantizar a
través de otros sistemas.
De esta manera, la posibilidad de
que existan otros medios de autenticación de las pruebas en ningún momento
afecta el numeral 3º del artículo 250 de la Constitución, sino que permite que
en casos en los cuales no se haya podido garantizar la cadena de custodia se
empleen otros medios de autenticación distintos aunque con un menor valor
probatorio debe ser acreditado en cada caso concreto[150].
En este sentido, el análisis de si se
aplicó la cadena de custodia u otro medio idóneo para la verificación de la
autenticidad de los elementos materiales probatorios o la evidencia física ha
ce parte del derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas
al proceso, en virtud del cual, el juez luego de un completo y exhaustivo
análisis, deberá decidir en cada caso en concreto el mérito probatorio que le
asigna a las mismas.
En consecuencia, el inciso 2º del
artículo 277 de la Ley 906 de 2004 en ningún momento elimina ni limita el deber
de la Fiscalía de asegurar la cadena de custodia de los elementos materiales
probatorios que recaude consagrado en el artículo 250 de la Constitución, el
cual sigue existiendo y su incumplimiento puede tener consecuencias penales y
disciplinarias.
3.7.2. No vulneración del debido proceso
La accionante expresa que
el inciso 3º del artículo 277 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 de
la Constitución, pues permite que se presenten pruebas con violación del debido
proceso, el cual tiene cinco (5) elementos en relación con las pruebas: (i) el derecho a presentarlas y solicitarlas, (ii) el
derecho a controvertir las pruebas que se presenten en su contra, (iii)
el derecho a la publicidad de la prueba, (iv) el derecho a la
regularidad de la prueba, (v) el derecho a que se decreten y practiquen
las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y
efectividad de los derechos y (vi) el derecho a que se evalúen por el
juzgador las pruebas incorporadas al proceso[151].
La cadena de custodia es uno de los medios
para acreditar la autenticidad
de la evidencia o elemento material probatorio, es decir, para asegurar su credibilidad
y mérito probatorio, por lo cual tiene relación con la valoración de las
pruebas[152]
y no con la legalidad de su presentación, decreto y práctica:
“La cadena de custodia no puede
ser tomada como un requisito de legalidad, por lo tanto no condiciona la
admisibilidad de la prueba, su decreto o práctica. Por lo tanto cuando hay un
incumplimiento de los requisitos de la cadena de custodia la prueba no deviene
ilegal, sino que esta debe ser cuestionada en su mérito o fuerza de convicción”[153].
En este sentido, la autenticidad implica el acatamiento de
los procedimientos normativos concernientes a la protección y conservación de
la prueba y su incumplimiento afecta su aptitud demostrativa pero no implica su
ilegalidad[154]. Por lo anterior, cuando no se aplica la
cadena de custodia no se está afectando el debido proceso, sino que se reduce el
mérito probatorio específico
del elemento material probatorio[155],
el cual podrá acreditarse a través de otros mecanismos, aunque en ese evento su
eficacia probatoria deberá evaluarse por el juez en cada caso concreto[156].
Por lo anterior, la posibilidad
contemplada en la norma de que existan otros medios diferentes a la cadena de
custodia en virtud de los cuales se demuestre la autenticidad de un medio
probatorio no vulnera el debido proceso probatorio, sino que simplemente
implicará que esos eventos la eficacia demostrativa de la prueba será menguada
y será el juez en cada caso concreto el encargado de definir su valor
probatorio específico, lo cual constituye igualmente un ejercicio de la
libertad de configuración del legislador en materia procesal.
3.7.3. No vulneración del principio de
justicia contemplado en el Preámbulo de la Constitución
El inciso demandada tampoco afecta
el principio de justicia contemplado en el Preámbulo de la Constitución, pues
por el contrario, permite que en casos en los cuales no se haya podido aplicar
la cadena de custodia puedan utilizarse otros métodos para poder llegar a la
verdad y garantizar el derecho a la justicia, lo cual constituye igualmente un ejercicio de la
libertad de configuración del legislador.
De esta manera, tal como ha
afirmado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el valor de la
cadena de custodia en el proceso penal es netamente instrumental, pues no tiene
un fin en sí mismo, sino que simplemente permite autenticar un elemento
material probatorio, lo cual no excluye que existan otros medios para poder
realizarlo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales ha aceptado en numerosos la autenticación de elementos
materiales probatorios con técnicas distintas a la cadena de custodia[157].
Lo anterior, en todo caso, no
implica un relajamiento del requisito de autenticación de los elementos
materiales probatorios, sino que si se utiliza un método distinto a la cadena
de custodia el juez deba ser muy estricto en verificar que éste permita
verificar la autenticidad del elemento material probatorio o la evidencia
física.
4. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
ÚNICO. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados,
el inciso 2º del artículo 277 de la Ley 906 de 2004.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
(e)
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 21 de febrero de
2007, Radicación: 25920, M.P.
Javier de Jesús Zapata Ortiz.
[2] Artículo 2º del Decreto 2067
de 1991.
[3] Sentencias de la Corte
Constitucional C – 480 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa;  C – 675 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva y C – 369 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[4] Sentencias de la Corte
Constitucional C-929 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil; C-149 de 2009,
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-646 de 2010,
M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-819 de 2011,
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-913 de 2011,
M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C- 055 de 2013,
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[5]
Sentencia de la Corte Constitucional C - 892 de 2012,
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[6]
Sentencia de la Corte Constitucional C- 012 de 2010,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[7]
Sentencia de la Corte Constitucional C- 814 de 2009,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[8]
Sentencias de la Corte Constitucional C- 413 de 2003,
M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-892 de 2012,
M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
[9] Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-680 de 1998, M.P.
Carlos Gaviria Díaz; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384
de 2000, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; C-1717 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1104 de 2001, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1104 de
2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-204 de 2003, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; C-318 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-798 de 2003, M.P.
Jaime Córdoba Triviño; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1091
de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[10] Sentencia
de la Corte Constitucional C-043 de
2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis
[11] Sentencias de la Corte Constitucional
C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-893 de 2001, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-309 de
2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-314 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; C-646 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-123 de 2003, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; C-234 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1146 de 2004, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; C-275 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-398
de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-718 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis;
C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sentencias de la Corte Constitucional C-316 de
2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-227 de 2009, M.P. Luis Eduardo Vargas
Silva.
[13] Sentencia de la Corte Constitucional C-012 de
2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[14] Sentencia
de la Corte Constitucional T-323 de
1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sentencias
de la Corte Constitucional C-204 de
2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-471 de 2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[16] Sentencias de la Corte Constitucional
C-296 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-736 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería y C-1075 de 2002,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[17] Por
ende, se decía en la sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, siguiendo el precedente  de las Sentencias C-925 de 1999, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur
Galvis: “‘la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto
de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma
para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el
evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que
se pretende obtener con su utilización’”.
[18] Sobre
el particular se observó en la sentencia C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra: “(…) Es así como la eliminación de una institución procesal puede
generar el desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento jurídico
no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo (…)”, escenario en el que el
control jurisdiccional de la Corte resulta definitivo. Pues, “excluida del
debate acerca de la pertinencia o impertinencia de los modelos procedimentales,
la Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si el legislador ha
hecho uso ilegítimo de la autonomía de configuración que le confiere el
constituyente. En esos términos, el Tribunal determina si la potestad
configurativa se ejerció respetando los principios constitucionales y las
garantías protegidas por el constituyente o si éstas han quedado desamparadas
por la decisión legislativa que se estudia”.
[19] Sentencia
de la Corte Constitucional C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[20] Sentencias
de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[21] Sentencia
de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa.
[22] Sentencia de la Corte Constitucional
C-1512 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[23] Sentencias de la Corte Constitucional
C-728 de 2000,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
[24] Sentencia
de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[25] Sentencias de la Corte
Constitucional C-1104 de 2001, M.P. Clara
Inés Vargas y  C-1512 de 2000, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[26] Sentencias
de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[27] Sentencias
de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell y
C-038 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[28] Sentencia
de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[29] Sentencia
de la Corte Constitucional C-632 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[30] Sentencia
de la Corte Constitucional C-1714 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas.
[31] Sentencia
de la Corte Constitucional C-632 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
[32] Sentencias
de la Corte Constitucional C-1270 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell;
C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-868 de 2010, M.P. María
Victoria Calle Correa; C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
[33] Sentencia de la Corte
Constitucional C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[34]
Sentencias de la Corte Constitucional T-458 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; C-339
de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez; C-1512 de 2000  M.P. Álvaro Tafur
Galvis; C-383 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis;  C-980 de 2010, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo y T-440
de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[35]
Sentencias de la Corte Constitucional T-467 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; T-238 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-061 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-039 de 1996, M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-467 de 1995, T-238 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa; T-061 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  C-641 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[36] Sentencia
de la Corte Constitucional C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[37]
Sentencias de la Corte Constitucional C-214 de 1994. M.P.
Antonio Barrera Carbonell; C-641 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-939 de
2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[38]
Sentencia de la Corte Constitucional T-140 de 1993, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[39]
Sentencia
de la Corte Constitucional C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[40]
Sentencia de la Corte Constitucional T-280 de 1998, M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[41] Sentencia
de la Corte Constitucional C-252 de 2001, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[42] Sentencias de la Corte Constitucional C-331 de 2012. M.P Luis Ernesto Vargas Silva y C-034 de 2014. M.P.
María Victoria Calle.
[43] Sentencias
de la Corte Constitucional T-416 de 1998, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle, y C-083
de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[44]
Sentencia de la Corte Constitucional T-945 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[45]
Sentencia de la Corte Constitucional T-280 de 1998, M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[46]
Sentencias de la Corte Constitucional T-359 de
1997, M.P. Jorge Arango Mejía; T-945 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-131 de
2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-386 de
2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil; A-147 de
2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T-1106 de
2005, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-893 de
2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-912 de
2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-954 de
2006; M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-957 de
2006, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-996 de
2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-258 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-762 de 2009,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-980 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; C-983 de 10, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-089 de 2011 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; C-012 de 2013 M.P. Mauricio González Cuervo; C-248 de
2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[47]
Sentencia de la Corte Constitucional
C-131 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[48] Sentencia
de la Corte Constitucional C-271 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[49]
Sentencia de la Corte Constitucional C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[50] Sentencias de la Corte Constitucional T- 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C-248 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo
[51]
Sentencias de la Corte Constitucional C-217
de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-641 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[52]
Sentencias de la Corte Constitucional
C-200 de 2002; C-592 de
2005, C-1001 de
2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-187 de
2006, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[53]
Sentencias de la Corte Constitucional C-998 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis y
C-047 de
2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[54]
Sentencia de la Corte Constitucional C-836 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[55]
Sentencias de la Corte Constitucional
C-648 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-154 de 2004, M.P. Álvaro
Tafur Galvis
[56]
Sentencia de la Corte Constitucional C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[57]
Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[58]
Sentencia del 25 de noviembre de 2013 (Caso de la Familia Pacheco Tineo Vs.
Estado Plurinacional de Bolivia).
[59]
Sentencia del 25 de noviembre de 2013 (Caso de la Familia Pacheco Tineo Vs.
Estado Plurinacional de Bolivia).
[60]
Corte IDH: Sentencia del 2 de julio de 2004 (Caso Herrera Ulloa contra Costa
Rica)
[61]
Corte IDH: Sentencia del 8 de julio de 2004 (caso Gómez Paquiyauri contra Perú)
[62]
Corte IDH: Sentencia del 2 de julio de 2004 (caso Herrera Ulloa contra Costa
Rica). Sentencia de 24 de septiembre de 1999 (caso Ivcher Bronstein contra
Perú), Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú),
Sentencia de 19 de septiembre de 1999 (Caso Cesti Hurtado contra el Perú),
Sentencia de 5 de julio de 2004 (caso 19 comerciantes contra Colombia),
Sentencia de 29 de enero de 1997 (Genie Lacayo contra Nicaragua), Sentencia de
17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra el Perú), Durand y Ugarte
contra el Perú (Sentencia del 16 de agosto de 2000).
[63]
Corte IDH: Sentencia de 1 de marzo de 2005 (Caso de las Hermanas Serrano Cruz
vs. El Salvador), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (Caso Tibi Vs.
Ecuador), Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese contra
Paraguay) y Sentencia de 5 de julio de 2004 (caso 19 Comerciantes).
[64]
Corte IDH: Sentencia de 22 de noviembre de 2004 (caso Carpio Nicolle y otros
Vs. Guatemala); Sentencia del 19 de noviembre de 2004 (Caso Masacre Plan de
Sánchez Vs. Guatemala) y Sentencia de 7 de septiembre de 2004 (Caso Tibi Vs.
Ecuador).
[65]
Corte IDH: Sentencia de 01 de marzo de 2005 (caso de las Hermanas Serrano Cruz
Vs. El Salvador).
[66]
Corte IDH: Sentencia de 31 de agosto de 2004 (caso Ricardo Canese), Sentencia
del 18 de septiembre de 2004 (Caso Tibi Vs. Ecuador), Sentencia del 17 de
septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra Perú), Sentencia de 18 de agosto
de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el Perú).
[67]
Corte IDH: Sentencia de 31 de agosto de 2004 (caso Ricardo Canese contra
Paraguay)
[68]
Corte IDH: Sentencia de 21 de enero de 1994 (caso Gangarm Panday contra
Suriname) y sentencia  de 16 de agosto de 2000 (caso Durand y Ugarte contra
Perú), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra Ecuador),
Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (caso Suarez Rosero contra Ecuador).
[69]
Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú), Sentencia del
7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra Ecuador).
[70]
Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (caso Suarez Rosero contra Ecuador).
[71]
Corte IDH: Opinión Consultiva OC-11/90. Sentencia de 17 de septiembre de 1997
(Caso Loayza Tamayo contra el Perú), Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo
Petruzzi contra Perú), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra
Ecuador).
[72]
Corte IDH: Opinión Consultiva OC-11/90.
[73]
Corte IDH: Sentencia de 31 de agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese contra
Paraguay), Sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra
Perú), Sentencia de 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el
Perú). Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú).
[74]
Corte IDH: Sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra
Perú), Sentencia de 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el
Perú), Sentencia del 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi contra Ecuador),
Sentencia de 12 de 12 de septiembre de 2005 (Caso Gutiérrez Soler contra
Colombia), Sentencia del 1 de febrero de 2006 (Caso López Álvarez contra
Honduras).
[75]
Corte IDH: Sentencia de 2 de julio de 2004 (Caso Ulloa Herrera contra Costa
Rica), sentencia de 30 de enero de 2014 (caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname).
[76]
Corte IDH: Sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Caso Loayza Tamayo contra
Perú).
[77]
Corte IDH: Sentencia de 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides contra el
Perú), Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Castillo Petruzzi contra Perú).
[78] Sentencias de la Corte
Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Triviño y C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[79] Sentencia de la Corte
Constitucional C-180 de 2014. M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[80] Sentencia de la Corte
Constitucional T-058 de 2006. M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[81] Sentencia de la Corte Constitucional C- 200 de 2002. M.P.
Dr. Álvaro Tafur Galvis.
[82] Sentencia de la Corte
Constitucional C-383 de 05, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver también las
Sentencias de la Corte Constitucional C-680 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz y
C-131 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño en la que se señaló “La sola
consagración del debido proceso como derecho fundamental, no puede derivarse,
en manera alguna, una idéntica regulación de sus distintos contenidos para los
procesos que se adelantan en las distintas materias jurídicas pues, en todo
aquello que no haya sido expresamente previsto por la Carta, debe advertirse un
espacio apto para el ejercicio del poder de configuración normativa que el
pueblo ejerce a través de sus representantes.  La distinta regulación del
debido proceso a que pueda haber lugar en las diferentes materias jurídicas,
siempre que se respeten los valores superiores, los principios constitucionales
y los derechos fundamentales, no es más que el fruto de un proceso deliberativo
en el que, si bien se promueve el consenso, también hay lugar para el disenso
pues ello es así ante la conciencia que se tiene de que, de cerrarse las
puertas a la diferencia, se desvirtuarían los fundamentos de legitimidad de una
democracia constitucional.”
[83] Sentencias de la Corte
Constitucional C-562 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-383 de 2005,  M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[84] Sentencia de la Corte
Constitucional T-001 de 1993 M.P. Jaime Sanín
Grafestein.
[85] La extensión del debido proceso a las
actuaciones administrativa constituye una de las notas características de la
Constitución Política de 1991. Al respecto, y en un escenario semejante al que
debe abordarse en esta decisión, ver la sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. En el mismo sentido la Sentencia T-073 de 1997 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa.  En esta oportunidad la Sala Octava de decisión no
encontró que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Neiva hubiese
incurrido en vía de hecho al declarar la preclusión de la investigación en el
proceso por hurto en el que estaba en juego la declaración de una presunta
sociedad de hecho conformada entre distintos sujetos (uno de ellos el
peticionario en sede de tutela). Ver también la Sentencia T-945 de 2001, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[86] Sentencias de la Corte
Constitucional T-1263 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-154 de 2004, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[87] Sentencia de la Corte Constitucional C-089 de 2011 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[88]
Sentencias de la Corte Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime
Araujo Renteria y T-954 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[89] Sentencia de la Corte Constitucional C-838 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[90] Sentencia de la Corte Constitucional C-838 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[91] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[92] Ibídem.
[93] Ibídem. Ver también la
Sentencia de la Corte Constitucional T-258 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[94] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[95] Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[96] Sentencia de la Corte Constitucional C-540 de 1997. M.P.
Hernando Herrera Vergara.
[97] Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P.
María Victoria Calle.
[98] Sentencias
de la Corte Constitucional C-540 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara; C-034
de 2014. M.P. María Victoria Calle y C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortíz
Delgado
[99] Sentencia
de la Corte Constitucional T-954 de
2006; M.P. Jaime Córdoba Triviño
[100] Sentencias
de la Corte Constitucional T-612 de
2003, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-1249 de
2004, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-366 de
2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T-527 de
2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y
T-647 de
2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[101]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, C-aso Salvador Chiriboga Vs.
Ecuador., Caso Myrna
Mack Chang Vs. Guatemala., Caso Genie
Lacayo Vs. Nicaragua., Caso
Forneron e Hija Vs. Argentina, Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, Caso Ibsen
Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, Caso Vélez
Loor Vs. Panamá, Caso Chitay Nech y
otros Vs. Guatemala., Caso López Mendoza Vs. Venezuela., Caso Fleury
y otros Vs. Haití., Caso Atala
Riffo y Niñas Vs. Chile., Caso Pacheco
Teruel y otros Vs. Honduras
[102] Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador: 67. Con respecto al
principio del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención
Americana, este Tribunal ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres
elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un
proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c)
conducta de las autoridades judiciales”. Cfr. Caso Tibi, supra nota 20, párr.
175; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111,
párr. 141; y Caso 19 Comerciantes, supra nota 15, párr. 190. En igual sentido
cfr. Wimmer v. Germany, no. 60534/00, §23, 24 February 2005; Panchenko v.
Russia, no. 45100/98, § 129, 08 February 2005; y Todorov v. Bulgaria, no.
39832/98, § 45, 18 January 2005.
[103]
Sentencias de la Corte Constitucional T-450 de 1993, M.P. Alejandro Martínez
Caballero y T-368 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[104]
Ibídem. Ver también las Sentencias de la Corte Constitucional C-731 de 2005,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-258 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández y C-083 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[105]
Sentencias de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[106]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[107]
Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
[108]
Sentencia de la Corte Constitucional T-970 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[109]
Sentencias de la Corte Constitucional T-100 de 1998, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y T-579 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[110]
Sentencia de la Corte Constitucional T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[111]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[112]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[113] Sentencia
de la Corte Constitucional SU842 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[114]
Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[115]
Sentencias de la Corte Constitucional C-598 de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. SPV. María Victoria Calle Correa y C-034 de 2014. M.P. María Victoria
Calle
[116]
Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[117]
Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[118]
Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[119]
Sentencia de la Corte Constitucional T-579 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[120]
Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[121] Sentencias de la Corte Constitucional T-920 de 2004. M.P.: Marco Gerardo Monroy
Cabra y T-579 de 2006, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[122]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[123]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[124]
Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[125]
Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[126]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[127]
Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[128]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[129]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[130]
Sentencia de la Corte Constitucional T-100 de 1998, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[131]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[132]
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[133] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 21 de febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús
Zapata Ortiz, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del
04 de abril de 2009, Radicación: 28628, M.P. José Leónidas Bustos Martínez.
[134] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 19 de febrero de 2009, Radicación: 30598, M.P. María del Rosario
González de Lemos.
[135] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 19 de febrero de 2009, Radicación: 30598, M.P. María del Rosario
González de Lemos.
[136]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 27 de junio de
2012, Radicación: 34867, M.P. José Leonidas Bustos Martínez; Sentencia de 18 de
agosto de 2010, Radicación: 33559, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; Sentencia
de 29 de abril de 2015, Radicación: 45469, .M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[137]
Corte Suprema de Justicia , Sala de Casación Penal: Sentencia de 23 de mayo de
2006, Radicación:25260, M.P. Sigilfredo Espinosa Pérez; Sentencia de 21 de
febrero de 2007, Radicación: 25920, M.P.  Javier de Jesús Zapata Ortiz;
Sentencia de 23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P. Yesid Ramirez
Bastidas; Sentencia de 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio
Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 09 de junio de 2010, Radicación: 33816,
M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 15 de septiembre de 2010,
Radicación: 32361, M.P. José Leonidas Bustos Martinez; Sentencia del 17 de
noviembre de 2010, Radicación: 34940, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés;
Sentencia de 21 de septiembre de 2011, Radicación: 32136, M.P. María del
Rosario González de Lemos; Sentencia de 5 de agosto de 2014, M.P. Fyder Patiño
Cabrera, Radicación: 43.691; Sentencia de 8 de agosto de 2012, Radicación:
38800, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 10 de diciembre de
2012, Radicación: 40101, M.P. María del Rosario González Muñoz; Sentencia de 29
de mayo de 2013, Radicación: 39835, M.P. José Luis Barcelo Camacho; Sentencia
de 09 de octubre de 2013, Radicación: 41915, M.P. María del Rosario Gonzalez
Muñoz; Sentencia del 11 de diciembre de 2013, Radicación: 40629, M.P. Eyder
Patiño Cabrera; Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P.
María del Rosario Gonzalez Muñoz; Sentencia de 11 de febrero de 2015,
Radicación: 45121, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[138]
Sentencia de 04 de abril de 2009, Radicación: 28628, M.P. José Leonidas Bustos
Martínez ; Sentencia de 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P. Julio
Enrique Soacha Salamanca; Sentencia de 21 de febrero de 2007, Radicación:
25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz ; Sentencia de 23 de mayo de 2006,
Radicación: 25260, M.P. Sigilfredo Espinosa Pérez; Sentencia de 23 de abril de
2008, Radicación: 29416, M.P. Yesid Ramírez Bastidas; Sentencia de 08 de
octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique Soacha Salamanca;
Sentencia de 09 de junio de 2010 Radicación: 33816, M.P. Julio Enrique Soacha
Salamanca; Sentencia de 15 de septiembre de 2010, Radicación: 32361, M.P. José
Leonidas Bustos Martinez ; Sentencia de 17 de noviembre de 2010, Radicación:
34940, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés; Sentencia de 23 de mayo de 2012,
Radicación: 35565, M.P. Luis Guillermo Salazar Olero; Sentencia de 10 de
diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P. María del Rosario González Muñoz ;
Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P. María del Rosario
González Muñoz ; Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P.
Eyder Patiño Cabrera.
[139] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique
Soacha Salamanca.
[140]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 21 de
septiembre de 2011, Radicación: 32136, M.P. María del R             osario
González de Lemos; Sentencia de 27 de febrero de 2013, Radicación: 4643, M.P.
Gustavo Enrique Malo Fernández; Sentencia de 04 de junio de 2013, Radicación:
41000, M.P. María del Rosario González Muñoz; Sentencia de 11 de febrero de
2015, Radicación: 45121, M.P. Eyder Patiño Cabrera.
[141]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 27 de febrero
de 2013, Radicación: 40643, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.
[142] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicación: 43691, M.P Eyder Patiño Cabrera.
[143] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 18 de agosto de 2010, Radicación: 33559, M.P Jorge Luis Quintero
Milanés.
[144] Proyecto de Acto Legislativo 237 de 2002 Cámara. por el cual se modifican los
artículos 234, 235, 250 y 251 de la Constitución Política. Gaceta del Congreso
134 del 26 de abril de 2002.
[145] En
cuanto al numeral 3, el honorable Senador Gómez Gallo presentó la siguiente
Proposición: ¿Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la
cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse
medidas adicionales que impliquen afectaciones de derechos fundamentales, deberá
obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las
funciones de control de garantías para poder proceder a ello tal proposición
fue sustentada diciendo que lo que se busca con esta proposición es la
posibilidad de poder practicar diligencias anticipadas, en tal caso se debe
pedir autorización al juez que ejerza control de garantías, dicha proposición
fue aprobada.
[146] f) Sobre la cadena de custodia
El Fiscal deberá, en el ejercicio de la
función investigativa, descubrir la prueba necesaria o suficiente, teniendo en
cuenta y aplicando la cadena de custodia de las evidencias materiales, es
decir, que el fiscal en su función investigativa, deberá recolectar el material
probatorio para presentarlas y practicarlas ante el juez competente acusando al
procesado para que se le llame a juicio público y oral. La cadena de custodia
responde a la función investigativa del ente acusador, y entiende su
importancia dentro del proceso penal, ya que lo que pretende es permitirle al
fiscal custodiar la prueba necesaria, útil e idónea que considere que sea
conveniente llevar ante el juez en el juicio.
[147]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 5  de agosto de
2009, Radicación: 31898, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.
[148]
Capitulo Único del título II del libro segundo de la Ley 906 de 2004.
[149]
Artículo 277 de la Ley 906 de 2004.
[150] Al respecto cabe recordar que el método de
cadena de custodia fue introducido por el sistema acusatorio, pero la
verificación de la autenticidad de las pruebas ya existía en nuestro
ordenamiento jurídico, por lo cual si bien este método es más eficaz no es el
único para acreditar la autenticidad de las pruebas.
[151]
Sentencia de la Corte Constitucional C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle
[152] CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, EYDER PATIÑO CABRERA. Magistrado
ponente SP10303-2014, Radicación N° 43.691. (Aprobado Acta N° 254), Bogotá
D.C., cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).
[153] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 27 de febrero de 2013, Radicación: 40643, M.P Gustavo Enrique
Malo Fernández.
[154] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia de 25 de febrero de 2015, Radicación: 43040, M.P Eugenio Fernández
Carlier.
[155] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 04 de abril de 2009, Radicación: 28628, M.P. José Leónidas Bustos
Martínez, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 09
de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P Julio Enrique Socha Salamanca; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de
2007, Radicación: 25920, M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz; Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de mayo de 2006, Radicación:
25260, M.P. Sigifredo Espinoza Pérez; Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Sentencia del 23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P.
Yesid Ramírez Bastidas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique
Soacha Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia
del 09 de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P Julio Enrique Socha Salamanca;
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 15 de
septiembre de 2010, Radicación: 32361, M.P José Leónidas Bustos Martínez; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de noviembre de
2010, Radicación: 34940, M.P Jorge Luis Quintero Milanés; Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de mayo de 2012, Radicación:
35565, M.P Luis Guillermo Salazar Otero; Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Sentencia del 10 de diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P
María del Rosario González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal. Sentencia del 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P María del
Rosario González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P Eyder Patiño
Cabrera.
[156] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 5 de agosto de 2014, Radicación: 43691, M.P Eyder Patiño Cabrera.
[157]
Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Sentencia del 23 de abril de 2008, Radicación: 29416, M.P.
Yesid Ramírez Bastidas; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia
del 08 de octubre de 2008, Radicación: 28195, M.P. Julio Enrique Soacha
Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 09
de junio de 2010, Radicación: 33816, M.P Julio Enrique Socha Salamanca; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 15 de septiembre de
2010, Radicación: 32361, M.P José Leónidas Bustos Martínez; Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de noviembre de 2010,
Radicación: 34940, M.P Jorge Luis Quintero Milanés; Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de mayo de 2012, Radicación: 35565,
M.P Luis Guillermo Salazar Otero; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal. Sentencia del 10 de diciembre de 2012, Radicación: 40101, M.P María del
Rosario González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Sentencia del 12 de noviembre de 2014, Radicación: 44376, M.P María del Rosario
González Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de
11 de febrero de 2015, Radicación: 45121, M.P Eyder Patiño Cabrera.