T-294-18
Sentencia T-780/10
Sentencia
T-294/18
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Identidad
de partes, hechos y pretensiones
Por medio de su jurisprudencia, esta
Corporación ha indicado que para que se configure la actuación temeraria deben
concurrir los tres elementos que constituyen la cosa juzgada constitucional, en
el contexto de control concreto de constitucionalidad, y otro adicional. Así,
debe presentarse: “(i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones;
y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda,
vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista”.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Casos
en los que se considera inexistencia de la temeridad
Se ha
establecido que hay situaciones en las que la actuación no es temeraria cuando
el ejercicio reiterado de acciones de tutela se funda:“(i) en la ignorancia del
accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o
(iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente
es la declaratoria de ‘improcedencia’ de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera ‘temeraria’ y, por lo mismo, no
conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante”.
TEMERIDAD-Inexistencia para el caso por cuanto pretensiones no son
idénticas
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia excepcional
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Características
DERECHO FUNDAMENTAL
DE PETICION-Reiteración de jurisprudencia
Ante la
solicitud respetuosa de cualquier ciudadano, las entidades administrativas
deben dar una respuesta que cumpla con los requisitos de: (i) oportunidad, (ii) resolución
clara, precisa y congruente con aquello que fue solicitado y (iii) notificación
al interesado de la respuesta a su solicitud. Se vulnera el derecho de
petición cuando se vence el término sin respuesta o, cuando se obtiene un
pronunciamiento oportuno por parte de la administración, pero el mismo no
satisface las exigencias antes enunciadas –oportunidad, respuesta clara y
comunicación de la respuesta a la solicitud-. Lo anterior, no implica la aceptación
de lo solicitado, ni tampoco se concreta con una respuesta escrita, sin
perjuicio de las consecuencias propias del silencio administrativo negativo.
REGIMEN DE CONTROL DE
DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO
ADMINISTRATIVO DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia
para resolver solicitud de residencia en el
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
DERECHO A LA UNIDAD
FAMILIAR FRENTE AL CONTROL DE DENSIDAD POBLACIONAL EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN
ANDRES-Orden a la OCCRE otorgar residencia permanente a
la accionante en la Isla de San Andrés
Referencia:
Expediente T-6.570.710
Acción de tutela instaurada por Vanessa Carolina Salazar Carbonell
contra la Oficina de Control de Circulación y Residencia -OCCRE.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio
de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes Cuartas y Cristina
Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las decisiones
judiciales proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal de
Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el once (11) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017) y, en segunda instancia, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de San  Andrés, Providencia y Santa Catalina, el treinta
y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), en el proceso de tutela
iniciado por Vanessa Carolina Salazar Carbonell contra la Oficina de Control de
Circulación y Residencia -OCCRE[1].
El proceso de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos de la Corte Constitucional[2],
mediante Auto proferido el dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
notificado por estado el dos (2) de marzo de la misma anualidad.
I.  ANTECEDENTES
Vanessa Carolina Salazar Carbonell formuló acción de
tutela contra la OCCRE para la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la libre circulación y residencia y a la educación.
1. La demanda
1.1. La accionante indicó que desde sus primeros
meses de nacida vive en el Archipiélago de San Andrés, que allí creció y cursó
sus estudios de preescolar, primaria, bachillerato y alcanzó a adelantar
estudios en el SENA[3].
1.2. Informó la actora que, por ser menor de edad, el
11 de febrero de 2014 su progenitora, la señora Claudia Patricia Carbonell
Arrieta, presentó ante la accionada solicitud de tarjeta de residencia a su
favor.
1.3. Manifestó que, al no recibir respuesta por parte
de la OCCRE sobre la petición anteriormente referida, en el mes de enero de 2017
impetró acción de tutela en contra de la referida entidad por la violación del
derecho de petición. Mediante sentencia del 9 de febrero de la misma anualidad,
el Juzgado Primero Promiscuo del Departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina decidió amparar el derecho fundamental deprecado y ordenó a la entidad
accionada expedir respuesta de fondo sobre la solicitud de residencia a favor
de la peticionaria.
1.4. La parte demandada profirió Resolución No. 3387
del 15 de agosto de 2017, mediante la cual negó la solicitud de residencia a
favor de la actora y le otorgó un plazo de 10 días para que abandonara
voluntariamente el departamento so pena de ser declarada en situación irregular
y ser devuelta a su último lugar de embarque. Notificada el 18 de agosto de
2017.
1.5. Adujo la actora que la OCCRE negó su solicitud
de residencia al argumentar el incumplimiento del
requisito establecido en el literal c) del artículo 2 del Decreto 2762 de 1991,
a saber:
“Tener domicilio en las islas, comprobado mediante prueba
documental, por más de tres años continuos e inmediatamente anteriores a la
expedición de este Decreto”.
Lo anterior, desconociendo que nació el 11 de
septiembre de 1997, circunstancia que hace imposible acreditar mediante
material probatorio recaudado entre 1988 y 1991 su permanencia en San Andrés
Isla, y sin tener en cuenta que aportó documentación y certificados de estudios
que corroboran su permanencia en el departamento desde los 6 años hasta que
cumplió la mayoría de edad.
1.6. Indicó que el 28 de agosto de 2017, interpuso
incidente de desacato contra la OCCRE por incumplimiento de lo ordenado en la sentencia
del 9 de febrero de la misma anualidad por el Juzgado Primero Promiscuo del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al considerar que la
respuesta dada no se ajustaba al requerimiento hecho por su progenitora. No
obstante, la autoridad judicial competente resolvió no sancionar por desacato y
ordenó el archivo definitivo de las diligencias ante la existencia de un hecho
superado.
1.7. Con fundamento en lo
anterior, el 29 de agosto de 2017, Vanessa Carolina Salazar Carbonell formuló
la acción de amparo de la referencia en defensa de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la libre circulación y residencia y a la educación, entre
otros, al considerar que la OCCRE no podía negar su solicitud de residencia por
incumplimiento de lo establecido en el literal c) del artículo 2 del Decreto 27
de 1991, pues se encuentra en “imposibilidad probatoria de demostrar que
estuvo domiciliada en este departamento archipiélago con anterioridad a la
expedición del decreto 2762 de 1991 tal como lo consagra su literal c),
artículo 2. Si nací en el año 1997”[4].
Aseguró que sus padres no tienen dinero para enviarla
a estudiar a una universidad por fuera del archipiélago, que su única
oportunidad de continuar con su capacitación profesional es en el SENA; sin
embargo, no cuenta con el permiso pertinente debido a la negativa de la parte
accionada. Solicitó se anule la Resolución No. 3387 del 15 de agosto de 2017, y
en su lugar, se ordene a la OCCRE expedir la tarjeta definitiva de residencia a
su nombre.
2. Contestación
de la demanda
2.1.
Respuesta de la Oficina de Control de Circulación y Residencia – OCCRE
El Director Administrativo de la OCCRE del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante escrito del cuatro (4) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017)[5], se refirió a
los hechos y pretensiones de la acción de tutela, e informó:
En enero de 2017 la accionante interpuso acción de amparo por los
mismos hechos que se relacionan en el escrito de tutela de la referencia.
El Juzgado Primero Promiscuo del Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia del 9 de febrero de 2017,
decidió amparar el derecho fundamental de petición y ordenó a la Oficina de
Control de Circulación y Residencia expedir respuesta de fondo sobre la
solicitud de residencia a favor de la peticionaria.
No obstante, la accionante impetró incidente de desacato al argumentar
que la respuesta obtenida mediante Resolución No. 3387 de 2017 no resolvía el
asunto de fondo. Ante las pruebas aportadas en el trámite de desacato, el
Juzgado Primero Promiscuo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina resolvió no sancionar y ordenó el archivo definitivo de las
diligencias.
Manifestó el Director de la OCCRE que la accionante actúa de mala fe al
formular la acción de tutela de la referencia, pues, como explicó, el asunto
que hoy se analiza ya fue resuelto por el juez competente, quien decidió
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado al conocer sobre un
incidente de desacato presentado el 28 de agosto de 2017.
Informó que Vanessa Carolina Salazar Carbonell, mediante apoderado
judicial, radicó ante la OCCRE recurso de reposición y en subsidio el de
apelación en contra de la Resolución No. 3387 de 2017 que resolvió de fondo su
situación de residencia en el Archipiélago, razón suficiente para declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
3. Sentencias objeto de revisión
3.1. Primera Instancia
Mediante providencia del once (11) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017), el Juzgado Primero Penal de Circuito de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, declaró improcedente la acción de tutela promovida por Vanessa
Carolina Salazar Carbonell contra la Oficina de Control de Circulación y
Residencia -OCCRE. Consideró que al encontrarse en trámite el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación, mecanismos idóneos y eficaces para la
defensa de los derechos e intereses de la accionante, y en atención al carácter
extraordinario y subsidiario de la acción de amparo, no resulta pertinente
entrar a analizar de fondo el asunto. Adicionalmente, aclaró que la
peticionaria puede impetrar acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir los actos
administrativos proferidos por la accionada y desfavorables a sus intereses.
3.2. Impugnación
La accionante presentó escrito de impugnación dentro del término
legalmente concedido[6]. Indicó que
no comparte la decisión del once (11) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017), toda vez que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta los
presupuestos ilegales e inconstitucionales que sirvieron de fundamento para
expedir la Resolución No. 3387 del 15 de agosto de 2017.
Manifestó que la entidad accionada resolvió la petición de residencia
permanente de manera apresurada y sin un análisis responsable del acervo
probatorio, circunstancia que le causó un perjuicio irremediable. En esa
medida, adujo, la acción de tutela es procedente para resolver el presente
caso, pues su situación particular le impide acudir a la vía ordinaria para que
se dirima sobre su permanencia en el Archipiélago.
3.3. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, mediante sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos
mil diecisiete (2017), resolvió confirmar el fallo recurrido. Argumentó que no
existe un perjuicio irremediable que justifique legalmente la procedencia de la
acción de tutela en el asunto de la referencia y se constata la existencia de
otros medios de defensa judicial idóneos (recursos de reposición y apelación)
para salvaguardar los derechos alegados por la señora Vanessa Carolina Salazar
Carbonell.
4. Pruebas aportadas por el accionante y valoradas por los jueces
de instancias
Se aportaron como pruebas a la acción de tutela los siguientes documentos:
(i) copia de la Resolución No. 3387 del 15 de agosto de 2017[7]; (ii) copia
de la respuesta del derecho de petición del 30 de enero de 2017, mediante la
cual se niega solicitud de certificado para estudio[8]; (iii) copia de la
cédula de ciudadanía de Claudia Patricia Carbonell, progenitora de la
accionante[9]; (iv) copia
de la cédula de ciudadanía de Vanessa
Carolina Salazar Carbonell[10]; (v) copia
del derecho de petición mediante el cual se solicitó a la OCCRE permiso para
estudio[11];
(vi) copia de constancias proferidas por el Director de la OCCRE para permiso
de estudio a nombre de la accionante[12]; (vii) copia
de solicitud de tarjeta de residencia elevada a la OCCRE del 11 de febrero de
2014[13]; y, (viii)
copias de certificados y diplomas de estudios de la accionante[14].
5. Actuaciones
surtidas en sede de revisión
5.1. Mediante Auto del cinco
(5) de abril de dos mil dieciocho (2018)[15],
se decretaron las siguientes pruebas con el fin de obtener información
adicional sobre la situación de permanencia de la señora Vanessa Carolina Salazar
Carbonell en el Departamento Archipiélago. Entre otros datos, se le ordenó a la OCCRE, informar detalladamente: (i) si contra la
Resolución  No. 3387 del 15 de agosto de 2017[16]
se interpuso el recurso de reposición y/o apelación; (ii)
cuál es la situación actual de permanencia de la accionante en el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y, (iii) si la OCCRE ha
proferido algún permiso transitorio o definitivo para estudio a nombre de la peticionaria,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.636.184, para el año 2018.
5.1.1. En la misma
providencia referida se solicitó a la señora Vanessa Carolina Salazar Carbonell
que informara a este Despacho: (i) cuál es su situación actual de
permanencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; (ii)
si contra la Resolución  No. 3387 de 2017 interpuso recurso de reposición y/o
apelación; (iii) si ha iniciado algún trámite o acción administrativa
adicional para obtener su tarjeta definitiva de residencia en San Andrés Isla; (iv)
quién o quiénes conforman actualmente su núcleo familiar; así mismo, indicara
si cuenta con una red de apoyo familiar por fuera del Departamento Archipiélago;
y, (v) que actividad laboral o académica desempeña actualmente en su
lugar de residencia.
5.2. Mediante
oficio del 7 de mayo de 2018[17], la OCCRE dio respuesta al Auto del cinco (5) de abril de dos
mil dieciocho (2018) en los siguientes términos:
Informó que Vanessa
Carolina Salazar Carbonell interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la Resolución No. 3387 de 2015. Mediante Acto Administrativo
No. 3379 del 18 de abril de 2018 la entidad accionada resolvió confirmar en
todas sus partes la resolución recurrida al realizar un análisis de los siguientes
hechos:
Que con
posterioridad a su nacimiento, la accionante ingresó a la Isla de San Andrés
junto a su madre y desde entonces ha permanecido en el Departamento
Archipiélago haciendo una vida junto a su familia.
En el año 2014,
dentro del trámite de renovación de residencia temporal adelantado por la
señora Claudia Patricia Carbonell en virtud de su convivencia con el señor
Jairo Ramiro Henry Carr, la progenitora de la accionante solicitó la expedición
de la tarjeta de residencia a favor de su hija Vanessa Carolina Salazar
Carbonell.
Que para la fecha
de la referida solicitud (11 de febrero de 2014), se encontraba en curso un
proceso de adquisición de residencia definitiva a nombre de la señora Claudia
Patricia Carbonell (presentado el 18 de febrero de 2011), en esa medida, no era
posible que solicitara la tarjeta de residencia a favor de la ahora
peticionaria.
Indica que, en
virtud de lo anterior, quien debía solicitar la residencia a favor de la
entonces menor de edad Vanessa Carolina Salazar Carbonell era el señor Jairo
Ramiro Henry Carr en su calidad de otorgante y compañero permanente de la madre
de la accionante.
Informa que mediante
Resolución No. 0791 de 2017 se concedió tarjeta de residencia definitiva a
Claudia Patricia Carbonell Arrieta, por lo que a partir de ese momento se
encuentra habilitada para transferir derechos y no antes como así lo pretendió en
el año 2014 al solicitar residencia en favor de su hija Vanessa Carolina
Salazar Carbonell.
Luego de analizar
la situación de la accionante a la luz de los artículos 2 y 3 del Decreto 2762
de 1991 resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No. 3387 del 15 de
agosto de 2017, mediante la cual se negó la solicitud de residencia impetrada
por Claudia Patricia Carbonell Arrieta en favor de su hija Vanessa Carolina
Salazar Carbonell.
En el numeral
tercero de la Resolución No. 3379 del 18 de abril de 2018 se concedió el
recurso de apelación y se ordenó la remisión del expediente al Despacho del
Gobernador del Departamento Archipiélago, para lo de su competencia.
Asimismo, en el oficio anteriormente referido, la OCCRE
manifestó que luego de revisada la base de datos y el archivo físico de
esa entidad no se encontró solicitud de residencia radicada a favor de Vanessa
Carolina Salazar Carbonell, en los términos del Decreto 2762 de 1991.
Que actualmente la accionante no cuenta con el estatus de residente y
por consiguiente se encuentra en situación irregular dentro del territorio
insular, en concordancia con lo descrito en el Decreto 2762 de 1991.
Finalmente, frente a los permisos para estudiar en las ínsulas, la
parte accionada indicó que el 13 de febrero de 2017 la Oficina de Control
Poblacional expidió permiso para que la accionante adelantará estudios durante
el año lectivo 2017.
5.3. En oficio
del 23 de abril de 2018, la Secretaría General de esta Corporación, mediante
oficio No. OPTB-885/18, remitió copia del Auto del cinco (5) de abril la misma
anualidad a la señora Vanessa Carolina Salazar Carbonell para que, en los dos
(2) días siguientes a su notificación, se pronunciara sobre lo ordenado en la
referida providencia. Sin embargo, vencido el término probatorio, se informó al
Despacho sustanciador que no se recibió comunicación alguna por parte de la
accionante.
5.4.  En Auto del veintinueve
(29) de mayo de dos mil dieciocho (2018)[18],
la Magistrada Sustanciadora ordenó al Gobernador del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, remitir
copia del acto administrativo mediante el cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la señora Vanessa Carolina Salazar Carbonell en
contra de la Resolución No. 3387 del 15 de agosto de 2017, concedido en la
Resolución No. 3379 de 2018.
5.4.1. Mediante
oficio del treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018) la Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, informó a este Despacho que “hasta la fecha no se ha resuelto el
recurso de apelación presentado por la señora CLAUDIA PATRICIA CARBONELL ARRIETA,
en contra de la resolución 003387 del 15 agosto de 2018 (sic), toda vez
que el expediente fue remitido a este despacho pro (sic) la Oficina de
Control de Circulación – OCCRE el día 25 de mayo de los corrientes”.
Asimismo,
indicó que “teniendo en cuenta que cursa trámite de tutela ante la Honorable
Corte Constitucional. Estaremos resolviendo en los próximos días el recurso
impetrado”.
Posteriormente,
en oficio del 28 de junio de 2018, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, remitió al Despacho
Sustanciador copia de la Resolución No. 5285 del 21 de junio de 2018, por medio
de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Vanessa Carolina
Salazar Carbonell. En el referido acto administrativo se decidió confirmar en
todas sus partes la Resolución No. 3387 del 15 de agosto de 2017.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela
proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa. Inexistencia
de temeridad en el caso concreto
El Decreto 2591 de 1991[19] define en su artículo 38 la temeridad en los siguientes términos:
“[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
Por medio de su jurisprudencia, esta Corporación ha
indicado que para que se configure la actuación temeraria deben concurrir los
tres elementos que constituyen la cosa juzgada constitucional, en el contexto
de control concreto de constitucionalidad, y otro adicional. Así, debe
presentarse: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii)
identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación
de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del
libelista”[20].
Aunado a lo anterior, se ha establecido que hay
situaciones en las que la actuación no es temeraria cuando el ejercicio
reiterado de acciones de tutela se funda:
“(i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento
errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor
a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de
‘improcedencia’ de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la
actuación no se considera ‘temeraria’ y, por lo mismo, no conduce a la imposición
de sanción alguna en contra del demandante”.[21]
En el asunto objeto de revisión, Vanessa
Carolina Salazar Carbonell formuló una primera solicitud de amparo. Esta fue admitida por el Juzgado Primero Promiscuo del
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y resuelta mediante sentencia del 9 de febrero de 2017,
en la referida providencia se decidió amparar el derecho fundamental de
petición y se ordenó a la OCCRE expedir respuesta de fondo sobre la solicitud
de residencia a favor de la peticionaria. Este proceso no fue seleccionado para
revisión por la Corte Constitucional[22].
Luego de lo anterior, se inició el trámite de tutela que ahora es objeto de
estudio. El asunto fue admitido por el Juzgado
Primero Penal del Circuito del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, quien mediante fallo del 11 de septiembre de 2017
declaró improcedente el amparo por estimar que la peticionaria no había agotado
todos los mecanismos idóneos y eficaces para la defensa de sus derechos. En segunda
instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina confirmó esta determinación. En
sus consideraciones, ninguno de los jueces de instancia estimó que la actora
hubiese actuado con temeridad pues al proceso se había aportado un nuevo
elemento de juicio -la aplicación del artículo 2, numeral c) del Decreto 2762 de 1991, que exige “Tener
domicilio en las islas, comprobado mediante prueba documental, por más de 3
años continuos e inmediatamente anteriores a la expedición de este Decreto”.- que variaba el contexto inicial sobre el cual debía realizarse el
análisis de los hechos.
En concepto de la Sala, los jueces de la causa
acertaron al no decretar la temeridad en el trámite de la referencia. Se
advierte, en primer lugar, que entre las dos (2) acciones de tutela se presenta
una identidad de sujetos pues ambas fueron incoadas por Vanessa Carolina
Salazar Carbonell y dirigidas contra la OCCRE. No obstante, no hay identidad de
pretensiones pues en el primer caso se solicitaba el amparo, únicamente, del
derecho de petición y en el asunto que ahora se revisa la reclamación se dirige
a obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
libre circulación y residencia, a la unidad familiar y a la educación. Así
como, a la suspensión de la orden dada a la actora de abandonar el Departamento
Archipiélago. De lo anterior, se concluye que no se presenta identidad fáctica,
pues surgió un hecho jurídico nuevo que varió el contexto en el cual fueron presentadas
las peticiones y que facultó a la ciudadana reclamante para acudir, dentro de
su buena fe, nuevamente a la jurisdicción.
En el presente caso no se vislumbra un actuar doloso
o de mala fe por parte de la actora ya que su obrar se enmarca en una situación
en la que se actúa por la necesidad extrema de defender un derecho. Lo anterior
se evidencia en la orden dada por la parte accionada en la Resolución No. 3387 del 15 de agosto de 2017, mediante la cual negó
la solicitud de residencia a favor de la accionante y le otorgó un plazo de 10
días para que abandonara voluntariamente el departamento, so pena de ser
declarada en situación irregular y ser devuelta a su último lugar de embarque. Así las cosas, concluye la Sala que la actuación de Vanessa Carolina
Salazar Carbonell no es temeraria.
3. Presentación del caso
3.1. Vanessa Carolina Salazar Carbonell formuló
acción de tutela contra la Oficina de Control de Circulación
y Residencia –OCCRE con el
propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libre circulación
y residencia y a la educación, entre otros. Sostuvo
que la afectación de las garantías invocadas se produjo como consecuencia de la
negativa de la accionada de expedir la tarjeta definitiva de residencia a su
nombre, mediante la cual se confiere la facultad de domiciliarse en una de las
islas que conforman el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina al argumentar que la actora no cumple con  el requisito establecido en el literal c) del artículo 2 del Decreto 27
de 1991, esto es: “Tener domicilio en las islas, comprobado mediante prueba
documental, por más de tres años continuos e inmediatamente anteriores a la
expedición de este Decreto”.
Para la accionante, la OCCRE
vulneró sus garantías constitucionales al exigir el cumplimiento de un
requisito que no le es aplicable, pues se encuentra en imposibilidad probatoria
de demostrar que estuvo domiciliada en este Departamento Archipiélago con anterioridad
a la expedición del Decreto 2762 de 1991 toda vez que nació en el año 1997 y
omitiendo las pruebas aportadas al proceso de tutela que certifican que llegó a
San Andrés Isla a los pocos meses de nacida, que desde los 6 años adelanta sus
estudios en la ínsula y que siempre ha vivido con su única familia, conformada
por su madre, el compañero permanente de su progenitora y sus hermanos.
3.2. La OCCRE sostuvo que la accionante actúa de mala fe al formular la
acción de tutela de la referencia, pues, el asunto que hoy se analiza ya fue resuelto
por el juez competente, quien decidió declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado al conocer sobre un incidente de desacato presentado el 28 de
agosto de 2017.
Informó que la señora Vanessa Carolina Salazar Carbonell, mediante
apoderado judicial, radicó ante la OCCRE recurso de reposición y en subsidio el
de apelación en contra de la Resolución No. 3387 de 2017 que resolvió de fondo
su situación de residencia en el archipiélago, razón suficiente para declarar
la improcedencia de la acción de tutela.
4. Problema jurídico
En
atención a lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si la Oficina de
Control de Circulación y Residencia -OCCRE- del Departamento del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, a la educación, a la libre circulación y residencia y a la unidad
familiar de Vanessa Carolina Salazar Carbonell, quien convive desde el año 1998
con su familia en el territorio insular, al negarle la residencia sin haberle
dado el trámite oportuno, y en un tiempo razonable, a la solicitud impetrada el
11 de febrero de 2014 a favor de la accionante y aplicando de forma estricta el
Decreto 2762 de 1991 desconociendo que, en ejercicio de sus competencias
administrativas, debía (i) tramitar esa solicitud de la manera que mejor
protegiera los derechos de la peticionaria y (ii) que incurrió en dilaciones injustificadas
que afectaron directamente las garantías constitucionales de la actora.
Con el fin de dar solución al problema
jurídico planteado, la Sala entrará a estudiar los siguientes temas: primero, la
procedencia de acción de tutela contra actos administrativos de contenido
particular y concreto, segundo, el derecho fundamental de petición, y tercero, el
régimen de control de densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para, seguidamente, analizar de fondo el caso
concreto.
5. Procedencia
de la acción de tutela contra actos administrativos de contenido particular y
concreto –Reiteración de Jurisprudencia-
El artículo 86 de la Constitución consagra la acción
de tutela como un mecanismo preferente y sumario, mediante el cual se busca
evitar, de manera inmediata, la amenaza o vulneración de un derecho
fundamental. Su procedencia está condicionada a que “el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”. Sin embargo, esta Corporación ha
señalado que no puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola
existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. En el marco
del caso concreto, el juez constitucional debe analizar si la acción dispuesta
por el ordenamiento jurídico es idónea y eficaz para proteger los
derechos fundamentales comprometidos.[23]
En el evento en que no lo sea, la acción de tutela procederá para provocar un
juicio sobre el fondo[24].
Por regla general, la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter particular es improcedente por cuanto es posible controvertir su contenido e incluso solicitar su
suspensión provisional a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. No obstante, el amparo procede en estos casos, de manera excepcional,
cuando la misma se invoque para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable[25].
En ese sentido, esta Corporación ha reiterado que,
conforme al carácter residual de la tutela, no es, en
principio, el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas,
pues para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Sin embargo, cuando los derechos fundamentales del
accionante resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición tardía
de actos administrativos propios de la referida jurisdicción, la acción de
tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de las garantías
constitucionales para evitar un daño irreparable:
“La
Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos
como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda
evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en
estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto
administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no
se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”[26]
No obstante, en los casos en
los que se compruebe que existe otro medio de defensa judicial, pero éste no
resulta idóneo ni eficaz para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable, el juez constitucional
debe verificar que el mismo sea: (i) inminente, es decir, que se
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) grave,
esto es, que el haber jurídico de la persona se encuentre amenazado por un daño
o menoscabo material o moral de gran intensidad; (iii) requiera
medidas urgentes con el fin de lograr su supresión y conjurar el perjuicio
irremediable; y (iv) demande la intervención del juez de tutela de
forma impostergable para garantizar el restablecimiento integral del orden
social justo”[27].
En Sentencia T-1316 de 2001, la Corte concluyó que “no
todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por
sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección
urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta
debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen
ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o
económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo,
en el caso de los niños (…)”.
En ese orden, cuando se
pretenda la suspensión de un acto administrativo de carácter particular por
medio de la acción de tutela el juez constitucional tiene la obligación de ponderar
en cada caso en particular el cumplimiento de los requisitos anteriormente
expuestos y verificar que se acredita la gravedad de la situación y la falta de
idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios para la real protección de los
derechos fundamentales alegados.
6.
El derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia
La
Constitución Política de Colombia en su artículo 23, dispone que toda persona
tiene el derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Esta garantía constitucional señala que la respuesta al mismo debe ser pronta y oportuna por
parte de la autoridad a la que se dirige la solicitud, pues perdería sentido si
el ciudadano no obtiene una respuesta o esta no se resuelve de manera idónea.[28]
Para la Corte Constitucional, el derecho de petición es un
medio para lograr la satisfacción de otros derechos como, por ejemplo, la
igualdad, el debido proceso o el acceso a la administración de justicia[29]. La jurisprudencia lo define como una garantía fundamental que está
estrechamente ligada con la libertad de recibir información veraz e imparcial en
los términos del artículo 20 superior, en la medida en que
confiere a la persona la oportunidad de exteriorizar una queja, reclamo,
manifestación, información y consulta a cualquier autoridad, de quien espera
una respuesta efectiva, la
cual puede ser favorable o no para el peticionario.
La obligación de dar una respuesta no supone el
compromiso de resolver en un determinado sentido la petición, es decir, a favor
o en contra de la solicitud del ciudadano, sino tan solo la exigencia de
contestar la solicitud presentada de manera completa y oportuna. En todo caso, siempre
deberá permitírsele al peticionario conocer cuál es la disposición o el
criterio del ente respectivo frente al asunto que le ha planteado. Para esta
Corporación, el goce efectivo del derecho fundamental de petición se materializa
cuando se emiten y reciben respuestas que forma sustancial resuelven, en lo
procedente, la materia objeto de solicitud independientemente del sentido de la
respuesta[30].
La Ley 1755 de 2015[31],
en su artículo 13, determina que toda actuación iniciada por cualquier persona
ante las autoridades supone el ejercicio del derecho de petición, sin que sea
necesario invocarlo. Por medio de éste se podrá solicitar (i) el reconocimiento
de un derecho, (ii) la intervención de una entidad, (iii) la definición de una
situación jurídica o (iv) el requerimiento de información.
Según la referida normativa, el término para
resolver las diferentes modalidades de petición es de 15 días siguientes a su
recepción, a menos que se trate de una solicitud de documentos e información
–término de 10 días siguientes a la recepción- o de consulta a autoridades
sobre materias a su cargo -30 días-.
Asimismo, estipula que de no ser posible dar
respuesta en los términos fijados en la referida ley, la autoridad deberá
informar al interesado antes del vencimiento del mismo, señalando los motivos
de la demora y dando un plazo razonable para su respuesta (art. 14).
La jurisprudencia constitucional ha entendido, de
manera general, que el derecho de petición involucra dos momentos diferentes:
(i) "el de la recepción y trámite de la solicitud, el cual implica el
debido acceso de la persona a la administración para que ésta considere el
asunto que se le plantea, y (ii) el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el
campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de
llevarlas al conocimiento del solicitante”.[32]
Para la Corte
Constitucional, en ningún caso, la resolución de las peticiones formuladas se
entenderá satisfecha con el silencio administrativo, pues el referido fenómeno
debe entenderse como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la
vía judicial. Pero de ninguna manera puede tomarse esa figura
como supletoria de la obligación de resolver que tiene a su cargo la autoridad,
y menos todavía entender que su ocurrencia excluye la defensa judicial del
derecho de petición considerado en sí mismo[33]. Razón por la cual, si bien el peticionario puede acudir
directamente ante el juez competente cuando se configura el silencio
administrativo, está, a su vez, legitimado para exigir la protección de sus
derechos fundamentales y obtener una respuesta suficiente y adecuada.
En resumen, ante la solicitud
respetuosa de cualquier ciudadano, las entidades administrativas deben dar una
respuesta que cumpla con los requisitos de: (i) oportunidad, (ii)
resolución clara, precisa y congruente con aquello que fue solicitado y (iii)
notificación al interesado de la respuesta a su solicitud. Se vulnera el derecho de petición cuando se vence el término sin
respuesta o, cuando se obtiene un pronunciamiento oportuno por parte de la
administración, pero el mismo no satisface las exigencias antes enunciadas
–oportunidad, respuesta clara y comunicación de la respuesta a la solicitud-.
Lo anterior, no implica la aceptación de lo solicitado, ni tampoco se concreta
con una respuesta escrita[34],
sin perjuicio de las consecuencias propias del silencio administrativo
negativo.
7.
El régimen de control de densidad poblacional en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Reiteración de jurisprudencia
7.1. La Constitución Política de 1991 ordenó
establecer un régimen especial para el territorio insular de la Nación con el
fin de proteger, entre otros aspectos, la identidad
cultural de las comunidades nativas, preservar el medio ambiente y los recursos
naturales, determinar controles para la densidad poblacional y regular el uso
del suelo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Específicamente, los artículos 310 y 42 transitorio Superiores desarrollan
estas materias. Así, la primera de estas disposiciones establece:
“ARTICULO
310. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
se regirán, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para
los otros departamentos, por las normas especiales que en materia
administrativa, de inmigración, fiscal, de comercio exterior, de cambios,
financiera y de fomento económico establezca el legislador.
Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada cámara
se podrá limitar el ejercicio de los derechos de circulación y residencia,
establecer controles a la densidad de la población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la
enajenación de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de
las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos naturales del
Archipiélago.
Mediante la creación de los municipios a que hubiere lugar, la
Asamblea Departamental garantizará la expresión institucional de las comunidades
raizales de San Andrés. El municipio de Providencia tendrá en las rentas
departamentales una participación no inferior del 20% del valor total de dichas
rentas.” (Subrayado fuera de texto)
7.2. Por su parte, el Presidente de la República en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 42 transitorio de la Carta Política expidió el
Decreto 2762 de 1991 con el objetivo de controlar la densidad poblacional en
las Islas, la citada norma preceptúa:
“ARTICULO TRANSITORIO 42. Mientras el Congreso
expide las leyes de que trata el artículo 310 de la Constitución, el Gobierno
adoptará por decreto, las reglamentaciones necesarias para controlar la
densidad de población del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, en procura de los fines expresados en el mismo artículo.”
7.3. La Corte Constitucional en
Sentencia C-530 de 1993 declaró la constitucionalidad del Decreto 2762 de 1991
al indicar que las limitaciones que consagra para ingresar, circular, residir,
trabajar, elegir y ser elegido en las Islas se adecuan a los postulados
constitucionales. Argumentó que los medios definidos en el referido decreto no
resultan gravosos o desproporcionados, por el contrario, desarrollan una
protección a la supervivencia humana, raizal y ambiental, circunstancia que se
ajusta a lo reglado en el artículo 310 de la
Constitución. De tal forma, la Corporación puntualizó:
“Estas ideas, caras a esta Corporación, se traducen en el caso
concreto en el hecho de que la dignidad humana de las personas que habitan
en las islas es amenazada por la densidad poblacional. En otras palabras, la
alta densidad vulnera primeramente, desde luego, la supervivencia, pero vulnera
también, y más flagrantemente, la vida digna. Así, es posible que
físicamente los habitantes de la generación presente del Archipiélago no mueran
a causa de la densidad -cosa indecible de las futuras generaciones-, pero es un
hecho que sus vidas ya no gozan de la misma calidad de vida que la generación
pasada. La vida es amenazada, deteriorada, alterada, reducida, empobrecida, en
fin, contaminada. La densidad pues vulnera la dignidad.”
7.4. El Decreto 2762 de 1991 establece que la residencia en el
territorio insular se puede obtener mediante el reconocimiento del derecho o a
través de la figura de la adquisición.
Sobre la residencia permanente la citada norma determina que la misma
se puede lograr mediante el reconocimiento del derecho al cumplir cualquiera de
las condiciones establecidas en el artículo 2 del Decreto 2762 de 1991, a saber:
“ARTÍCULO 2o.
Tendrá derecho a fijar su residencia en el Departamento Archipiélago quien se
encuentre en una de las siguientes situaciones:
a) Haber nacido
en territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, siempre que alguno de los padres tenga, para tal época, su domicilio
en el Archipiélago;
b) No habiendo
nacido en territorio del Departamento, tener padres nativos del Archipiélago;
c) Tener
domicilio en las islas, comprobado mediante prueba documental, por más de 3 años
continuos e inmediatamente anteriores a la expedición de este Decreto;
d) Haber
contraído matrimonio válido, o vivir en unión singular, permanente y continua
con persona residente en las islas siempre que hayan fijado por más de 3 años,
con anterioridad a la expedición de este Decreto, el domicilio común en
territorio del Departamento Archipiélago;
e) Haber
obtenido tal derecho en los términos previstos en el artículo siguiente.
PARÁGRAFO. Las
personas que por motivos de educación, hayan debido ausentarse de las islas por
un tiempo determinado, se les contará tal lapso a efectos de lograr el
cumplimiento de los términos señalados en los literales c) y d), siempre que en
el Departamento Archipiélago permanezcan como residentes su cónyuge o compañera
permanente, sus padres o hijos”.
Seguidamente, el artículo 3 de la norma referida define quiénes pueden
mediante la figura de la adquisición obtener su residencia permanente:
“ARTÍCULO 3o.
Podrá adquirir el derecho a residir en forma permanente en el Departamento
Archipiélago quien:
a) Con
posterioridad a la fecha de expedición de este Decreto, contraiga matrimonio o
establezca unión permanente con un residente, siempre que se fije el domicilio
común en el Departamento, a lo menos por 3 años continuos. Al momento de
solicitar la residencia permanente se deberá acreditar la convivencia de la
pareja;
b) Haya
permanecido en el Departamento en calidad de residente temporal por un término
no inferior a 3 años, haya observado buena conducta, demuestre solvencia
económica y, a juicio de la Junta Directiva de la Oficina de Control de
Circulación y Residencia, resulte conveniente su establecimiento definitivo en
el Archipiélago.
La Junta
decidirá sobre la conveniencia de que trata el literal anterior, tomando en
cuenta la oferta de mano de obra en el Departamento Archipiélago, la densidad
poblacional en el mismo y las condiciones personales del solicitante”.
El artículo 4 del citado decreto aclara que el derecho de residencia
confiere la facultad de domiciliarse en una de las islas que conforman el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No
obstante, quien desee un cambio de domicilio, dentro del Departamento, que
implique traslado de una isla a otra, requerirá de la autorización previa de la
Oficina de Control de Circulación y Residencia, para lo cual se tendrá en
cuenta: la densidad poblacional y la suficiencia de los servicios públicos en
la isla a la que se pretende el traslado.
El artículo 5 establece los derechos que adquieren quienes sean
residentes del Departamento Archipiélago: (i) trabajar en forma permanente;
(ii) estudiar en un establecimiento educativo del Archipiélago; (iii)
inscribirse en el Registro Mercantil y ejercer actividades de comercio de
manera permanente; y, (iv) ejercer el derecho al sufragio para las elecciones
departamentales y municipales.
7.5. El Decreto 2762 de 1991 también contempla la posibilidad de fijar
transitoriamente la residencia en el Archipiélago para las personas que
obtengan una tarjeta de residencia temporal, por una de las razones
establecidas en su artículo 7, a saber:
“a) La
realización, dentro del Departamento, de actividades académicas, científicas,
profesionales, de gestión pública o culturales, por un tiempo determinado; b)
El desarrollo de actividades laborales por un tiempo determinado hasta por un
año prorrogable por lapsos iguales, que en ningún caso sobrepasen los 3 años,
previo el cumplimiento de las disposiciones señaladas en este decreto; c)
Encontrarse en la situación prevista por el literal a) del artículo 3o. del
presente Decreto”[35].
La Oficina de Control de Circulación y Residencia a través de las
oficinas de turismo, agencias de viajes, despachos de las líneas aéreas o
empresas de transporte marítimo de pasajeros, es la encargada de expedir la
tarjeta de residencia a quienes cumplan con los requisitos del Decreto 2762 de
1991 y teniendo en cuenta la densidad poblacional en el Archipiélago, la
suficiencia de los servicios públicos y las condiciones personales del solicitante
(artículo 8). La calidad de residente temporal se extiende, en las mismas
circunstancias y por el mismo lapso, al cónyuge o compañero permanente, y a los
hijos de quien la ha obtenido, quienes podrán adelantar sus estudios en los
establecimientos educativos del Departamento Archipiélago, durante el tiempo
que les es permitido permanecer en el territorio insular (artículo 9).
7.6. El régimen especial en materia de libre circulación, residencia y
trabajo en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina busca garantizar la sobrevivencia cultural, ambiental y social de las
Islas. En esa medida, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea
jurisprudencial en torno a la especial protección del territorio insular por
encima de los intereses particulares de los residentes irregulares y temporales,
sin que con ello se restrinjan radicalmente los derechos fundamentales de
aquellos colombianos y extranjeros que cumplen con las condiciones para ser
residentes.
7.6.1. La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional en la Sentencia T-441 de 1995 resolvió el caso de una mujer que
llegó en calidad de turista a residir en el Archipiélago con sus dos hijas
menores, quienes iniciaron estudios y lograron permanecer en el Archipiélago
por un período superior al previsto en el Decreto 2762 de 1991, con el fin de
poder terminar el año escolar que adelantaban en la Isla.
En esa oportunidad, la Corte comprobó que una vez concluido ese
término, la madre había matriculado de nuevo a sus hijas en un colegio, y luego
las menores reclamaron mediante tutela que se les permitieran continuar en el
Archipiélago para culminar con su proceso formativo en la Isla al lado de su
progenitora.
Para la Sala el comportamiento ilegal e injustificado de la madre de
las menores, configuró un acto de mala fe que causó un perjuicio a sus hijas
con la interrupción abrupta de sus estudios. Por lo anterior, negó la
acción de tutela y ordenó que se respetara lo previsto en el Decreto 2762 de
1991 en cuanto se comprobó su permanencia irregular pues ingresaron a la Isla
en calidad de turistas
7.6.2. En la Sentencia T-650 de 2002 la Corte se ocupó de un asunto
que implicaba una tensión entre las reglas sobre control de la densidad
poblacional en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de
un lado, y la garantía de la unidad de los miembros de una familia, del otro.
En tal oportunidad, la acción de tutela fue interpuesta por la peticionaria en
representación de sus hijas menores de edad, ante la decisión de la Oficina de
Control, Circulación y Residencia del Archipiélago de negarle la tarjeta de
residencia definitiva en la Isla a su compañero permanente, a quien se le ordenó abandonar la Isla a pesar de (i) haber residido en ella cinco
(5) años antes de la entrada en vigencia del Decreto 2762 de 1991; (ii) tener
por compañera permanente una persona oriunda de San Andrés, y (iii) ser padre
de una menor nacida allí.
La Corporación constató que el compañero permanente de la accionante había formulado un recurso
de apelación contra la resolución que dispuso su expulsión, sin obtener
respuesta por parte del gobierno local por más de cuatro (4) meses. Teniendo en
cuenta lo anterior, la Corte concedió el amparo a su derecho fundamental de petición
y ordenó al Gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina resolver el recurso descrito.
7.6.3. La Sala Tercera de Revisión en Sentencia T-1117 de 2002 tuteló los derechos fundamentales a la
igualdad y a la libertad de circulación de 9 funcionarios de la Contraloría
General de la República a quienes, tras haber sido elegidos por concurso de
méritos para ocupar unas plazas en la Gerencia Departamental de dicha entidad
en el Departamento Archipiélago, la OCCRE les negó la tarjeta de residencia
temporal por no acreditar las condiciones establecidas en el Decreto 2762 de
1991.
En dicha oportunidad, la Corte
observó que la entidad accionada no había brindado el mismo tratamiento a otros
funcionarios públicos del nivel nacional, en donde en cumplimiento de lo
ordenado en la Sentencia C-530 de 1993, les había otorgado el derecho de
residencia temporal sin solicitar la acreditación de ningún otro requisito[36].
Al no existir justificación para desconocer el precedente judicial y brindar un
trato discriminatorio, esta Corporación tuteló los derechos de los accionantes
y le ordenó a la OCCRE expedir las respectivas tarjetas de residencia temporal.
7.6.4. La
Corte en la Sentencia T-725 de 2004, conoció el caso de un hombre, quien
convivía con su compañero permanente desde hacía más de 3 años en la Isla, por
lo que solicitó la residencia en virtud del literal a) del artículo 3º del
Decreto 2762 de 1991, que indica que podrá adquirir el derecho a residir en forma permanente en el
Departamento Archipiélago quien “…[c]on posterioridad a la fecha de
expedición de este Decreto, contraiga matrimonio o establezca unión permanente
con un residente, siempre que se fije  el domicilio común en el
Departamento, a lo menos por 3 años continuos.” .
En la
referida oportunidad, la OCCRE negó la solicitud de residencia al argumentar que (i) el derecho de residencia, en la hipótesis
planteada por el solicitante, se extiende al compañero o a la compañera
permanente de quien tenga la calidad de residente; (ii) que para todos los
efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente al hombre y a la
mujer que forman parte de la unión marital de hecho; (iii) que la Ley 54 de
1990 establece, en su artículo 1, que para todos los efectos civiles se
denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que
sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular.
La Corte concluyó que, pese a que el actor reunía las condiciones
establecidas en el literal b) del artículo 3º del Decreto en mención, se le
negó el derecho y se dispuso su salida del Archipiélago sólo por su orientación
sexual. Por lo anterior, revocó la decisión de la OCCRE y otorgó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al libre
desarrollo de la personalidad del accionante.
7.6.5. En la Sentencia T-701 de
2013 esta Corporación resolvió el caso de un trabajador que, después de haber
vivido por más de tres (3) años en el territorio insular con tarjeta de
residente temporal, no pudo acceder a la residencia permanente pues, a juicio
de la OCCRE, ya se le había renovado su licencia durante tres (3) ocasiones. El
actor alegaba que su estadía en la Isla era requerida por su empleador en la
medida en que no existía alguien más que pudiera realizar su labor. No
obstante, en sede de revisión, la Corte constató que la empresa respectiva
había contratado a un isleño debidamente capacitado para ocupar su cargo, razón
por la cual, concluyó que la decisión de la autoridad local fue acertada en
cuanto se adecuó a las normas de control de la densidad poblacional del
Departamento en los términos del artículo 310 Superior.
7.6.6. Mediante
la Sentencia T-214 de 2014 la Sala Primera de Revisión conoció del caso de una persona que estaba adelantando el
trámite pertinente para obtener la tarjeta de residencia por motivos de
convivencia y que fue expulsada de la Isla al no haber aportado todos los
documentos requeridos de manera oportuna.
La Corte tuteló su
derecho fundamental al debido proceso y el derecho de sus dos (2) hijos menores
a la unidad familiar por considerar que la OCCRE había omitido responder a una
petición que él había presentado con el ánimo de obtener un plazo adicional
para entregar los documentos faltantes y había dispuesto la expulsión del
accionante lo que le impedía reunirse con su familia y privaba a sus hijos de
su compañía en una importante etapa de su desarrollo. Debido a esto, la Corte
ordenó el regreso inmediato del actor en calidad de turista, dejó sin efecto la
multa impuesta e informó al gobierno departamental que debía permitirle al
ciudadano aportar los documentos faltantes para continuar con el trámite de
residencia.
7.6.7. En Sentencia
T-484 de 2014 esta Corporación revisó el caso de un hombre que habitó la Isla de San Andrés durante aproximadamente siete (7) años,
tiempo durante el cual convivió con su esposa, residente permanente del
archipiélago, y su hijo de tres (3) años de edad, nacido en el territorio
insular.
El peticionario solicitó por conducto de su esposa el reconocimiento
de la residencia, por lo cual la OCCRE le otorgó una tarjeta temporal.
No obstante, tiempo después fue declarado en situación irregular y expulsado de
la Isla, por cuanto había laborado sin cancelar una deuda de cuyo pago dependía
la expedición de su tarjeta de residente.
A juicio de
la Corte la autorización para trabajar es tácita y automática, razón por la
cual, no se requería de ninguna formalidad adicional al reconocimiento de la
residencia temporal. Por lo anterior, debía entenderse que el accionante había
sido autorizado para trabajar desde el momento mismo en que adquirió la
residencia por motivos de convivencia, en virtud del principio de equidad, de
razonabilidad a
fortiori y de “el que puede lo más, puede lo menos”. Así las
cosas, tuteló los derechos fundamentales invocados y ordenó permitir el ingreso
del actor al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
otorgándole la residencia temporal por un (1) año contado a partir de la fecha
de ingreso y prorrogable hasta dos (2) veces por el mismo periodo.
7.6.8. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en la providencia T-371 de 2015 resolvió el caso de una
mujer que convivía con su compañera permanente y a raíz de una denuncia anónima
fue citada por la OCCRE, citación que no pudo cumplir por hallarse en situación
de incapacidad médica y, en lugar de fijar una nueva fecha, la autoridad
accionada la declaró en situación irregular y dispuso su expulsión del
Archipiélago. La ciudadana presentó recursos en vía administrativa; en sede de
reposición se confirmó integralmente la decisión y la apelación se encontraba
pendiente de solución definitiva.
Para la Sala se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de petición de la accionante al (i) emitir un acto
administrativo que la declaró en situación irregular sin haberla oído
previamente; (ii) resolver el
recurso de reposición negando la solicitud de la actora, sin analizar de fondo
su situación y sin haber decretado pruebas o haber citado a la actora de nuevo
a rendir declaración libre; (iii) omitir el deber de tramitar este tipo de
solicitudes de la manera que mejor proteja los derechos de la peticionaria; y,
(iv) dilatar de forma injustificada la respuesta del recurso de apelación
durante tres años.
En consecuencia, confirmó
la decisión de instancia, que declaró la protección del derecho de petición y
adicionalmente amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad de la
demandante.
7.6.9. En la sentencia T-506 de 2016 la
Corte se pronunció en el caso de un hombre que afirmaba había convivido en San
Andrés por más de cinco años con su pareja, y que de esa unión nacieron dos
hijos. Indicaba que su compañera permanente fue citada por la OCCRE para
definir su situación jurídica en la Isla y que, después de oírla en versión
libre, la autoridad decidió declararla en situación irregular y ordenó su
“devolución” al último lugar de embarque.
Con posterioridad a la declaratoria de situación
irregular, su compañera tuvo que salir, por enfermedad de su hija y por
remisión de su EPS a Barranquilla para un tratamiento médico y a su regreso a
la Isla las autoridades de la OCCRE le impidieron el ingreso al Archipiélago.
El accionante presentó acción de tutela contra esa entidad, por violación del
derecho fundamental de sus hijos menores a tener una familia y no ser separados
de ella y solicitó que se le concediera a su compañera un término de 6 meses
para presentar los documentos necesarios para obtener su residencia.
La Corte Constitucional consideró que la decisión de
la OCCRE, en efecto, ocasionó la separación familiar y, especialmente, la de
una madre y sus hijos menores de edad; agregó que, a pesar de que no existía
certeza del tiempo convivido por los padres de los niños, la decisión de la
autoridad resultaba arbitraria, desproporcionada y violatoria de los derechos
de los niños. Por ese motivo concedió el amparo y ordenó a la demandada otorgar
residencia temporal a la compañera del accionante para que acreditara la
convivencia de 3 años de que trata el Decreto 2762 de 1991 y así adquirir la
residencia permanente.
7.6.10. La Sala Primera de Revisión
en Sentencia T-183 de 2017 conoció dos casos acumulados
que compartían como aspecto común la eventual afectación de los derechos
fundamentales a la unidad familiar, al debido proceso, a la libre circulación y
al trabajo de los peticionarios, derivada de la orden
de salida de la Isla de San Andrés de los accionantes emitida por la Oficina de
Control de Circulación y Residencia del Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia.
En el expediente T-5930872 la OCCRE decidió expulsar
de la Isla e imponer sanciones de multa y prohibición de ingreso al
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al señor José Gabriel
Ospino Cervante, argumentando que, con posterioridad a su ingreso a la Isla, fue
sorprendido trabajando y conducido a la Oficina de Control de Residencia,
trámite que culminó con la decisión de expulsarlo de la Isla.
Su compañera permanente presentó la acción de tutela
como agente oficiosa del afectado. Señaló que el agenciado ingresó a la Isla
únicamente para ayudarle unos días en el hogar, mientras ella se sometía a un
procedimiento quirúrgico. Añadió que el señor Ospino Cervante entró con su
tiquete de salida y no se hallaba trabajando, sino acompañando a algunos
familiares para no aburrirse en casa, cuando fue retenido por la OCCRE.
La autoridad accionada, a su turno, indicó que el
señor Ospino Cervante sí se hallaba trabajando, pues así lo reconoció en
diligencia de versión libre, que no cumplía ningún requisito de residencia, y
que no existía prueba alguna de convivencia con la accionante.
Al realizar el estudio del caso concreto la Sala
determinó que la acción de tutela era improcedente, pues no se cumplían los
requisitos para la agencia oficiosa de los derechos del accionante. Por lo
anterior, confirmó la providencia de primera instancia.
En el expediente T-5952403 la accionante fue
designada como Directora Seccional de la DIAN en la Isla, por el Director
Nacional de la misma entidad, ingresó a la Isla para el ejercicio del cargo. No
obstante, fue llamada por la OCCRE a rendir diligencia de versión libre pues,
de acuerdo con diversas denuncias de la comunidad, se hallaba en situación
irregular en la Isla.
La funcionaria le explicó a la autoridad de control
de circulación y residencia que la Armada había tramitado sus permisos; que se
desempeñaba como Directora Seccional de la DIAN, una  entidad del orden
nacional, con autoridad civil en la Isla, y exenta de cumplir los requisitos
especiales de residencia y trabajo en el Archipiélago; añadió que el cargo que
ocupaba no era de carrera, sino de libre nombramiento y remoción, que cumplía
con todos los requisitos legales para ejercerlo y que, en cualquier caso,
dominaba el idioma inglés.
La OCCRE manifestó que la peticionaria sí se hallaba
en situación irregular, pues ingresó a la Isla con permiso tramitado por la
Armada Nacional, pero nunca la DIAN o la Armada informaron a las autoridades
del archipiélago sobre su ingreso como Directora de la Seccional de esa entidad.
Adicionalmente, para la accionada no bastaba con que
la peticionaria tuviera un nivel alto del idioma inglés, pues debía hablar el
inglés comúnmente hablado por los nativos de la Isla, es decir, el creole.
La Sala concedió el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, petición y trabajo de la peticionaria al
constatar:
“(i) que no se trata de una ciudadana que pretende ocupar la Isla de
San Andrés con fines turísticos o recreativos; (ii) que presenta antecedentes
de permisos para permanecer en el archipiélago, en razón de su calidad de
oficial de la Fuerza Pública; (iii) que su instalación en la Isla se da en
virtud de su vinculación con una entidad del Estado (la DIAN) y por disposición
de una actuación administrativa del Ministerio de Defensa Nacional; y (iv) que
no es precisamente la accionada, debido a las anteriores condiciones, el
extremo obligado a reportar su permanencia en San Andrés, sino que de hecho,
como se dijo anteriormente, es una labor que esta Corte ha encomendado a la
entidad nominadora”[37].
Aunado a lo anterior, la Sala concluyó que, la
funcionaria debía responder peticiones y adelantar diversos procedimientos en
la Isla, en los que se podía ver comprometida la vigencia de diversos derechos
fundamentales, tanto de los nativos o raizales como de la población foránea, por
lo que era necesario que la actora acreditara el requisito de hablar el idioma
inglés mediante un examen de suficiencia, en los términos del artículo 45 de la
Ley 47 de 1993[38].
8. Examen de procedencia de la acción
de tutela
8.1. Legitimación por activa
En este caso la accionante, Vanessa
Carolina Salazar Carbonell, ejerció la acción de tutela por sí misma por considerar que la negativa
de la entidad accionada de expedir la tarjera de residencia para el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la
orden de declararla en situación irregular vulnera sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la educación, a la libre circulación y residencia y a la
unidad familiar, cumpliéndose con lo establecido en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991.
8.2. Legitimación por pasiva
La parte
accionada, en el presente caso, es la Oficina de Control de Circulación y
Residencia del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, autoridad estatal competente para otorgar la residencia en el
Departamento Archipiélago, según lo establece el Decreto 2762 de 1991. Por
ello, y teniendo en cuenta que la accionante solicita la expedición de su
tarjeta de residencia, la accionada es la legitimada por pasiva.
8.3. Inmediatez
En el presente caso, la Sala observa que se cumple con la
inmediatez, toda vez que, la resolución atacada, por medio de la cual se negó
la residencia a la actora, fue emitida el 15 de agosto de 2017, y el ejercicio
de la acción de tutela tuvo lugar el 29 de agosto de la misma anualidad, es
decir, 14 días después de que la entidad accionada le otorgará un término de 10
días para abandonar el territorio insular, so pena de ser declarada en
situación irregular y devuelta a su último lugar de embarque.
8.4. Subsidiariedad
Como se anotó en las consideraciones de esta
providencia, por regla general, la acción de tutela es improcedente contra
actos administrativos de contenido particular y concreto. Sin embargo, la Corte
Constitucional señala que tal acción procede en
estos casos, de manera excepcional, cuando la misma se invoque para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
Asimismo, se vio que dicho perjuicio debe ser “(i) inminente,
es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) grave,
esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona sea de gran intensidad; (iii) porque
se requieran medidas urgentes para conjurar el perjuicio irremediable; y (iv) por
la impostergabilidad de la tutela a fin de garantizar el restablecimiento
integral del orden social justo”.
En
el caso estudiado, la Sala observa que se encuentran acreditados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra los actos
administrativos de contenido concreto y particular establecidos por la
jurisprudencia constitucional.
En
primer lugar, en el asunto analizado, el perjuicio irremediable que
puede presentarse es, específicamente, que la accionante sea expulsada de la
Isla, separada de su familia, imposibilitada de continuar sus estudios y
consecuentemente, que le sea prohibido volver a ingresar al Departamento Archipiélago
luego de su salida del mismo, conforme a los artículos 14 y 15 del Decreto 2762
de 1991. Dicha amenaza es inminente, pues en sede de Revisión se
constató que la resolución en la cual se declaró que la situación de la
accionante en San Andrés es irregular fue confirmada al resolver el recurso de
reposición, la actora tiene la obligación, tal como fue ordenado por la OCCRE,
de abandonar la isla so pena de ser devuelta a su último lugar de embarque.
Lo
anterior implica que en cualquier momento la accionante puede ser obligada a
abandonar la ínsula en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 3387
de 2017.
En
segundo lugar, la actora se encuentra afrontando una amenaza grave, pues
al tratarse de una persona que puede ser separada de su progenitora con quien
ha convivido toda su vida y de quien depende cien por ciento para culminar sus
estudios, es claro el daño moral que le puede ser causado, el cual
evidentemente puede ser calificado como “de gran intensidad”, pues tendría
que abandonar la Isla en la que tiene su arraigo.
En tercer lugar,
teniendo en cuenta que la tutelante puede ser expulsada de la San Andrés en
cualquier momento, la Sala evidencia la necesidad de que se tomen medidas urgentes
para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Ello por cuanto, ante
la posibilidad de que la accionada haya resuelto expulsar a la actora,
violándole su derecho fundamental al debido proceso, tal como lo alega la
accionante, es forzoso tomar una decisión perentoria al respecto, y analizar la
legalidad de la resolución que le resultó adversa. Por lo anterior, la
situación descrita amerita una actuación lo más expedita posible que impida un
daño irreparable a la accionante, por lo cual la acción de tutela es, en este
caso, el medio eficaz e idóneo para responder a tal urgencia.
En cuarto
lugar, por lo explicado, es claro que la acción en mención es, en el asunto sub
júdice, impostergable, pues no puede permitirse que, mientras se
resuelve la situación mediante un mecanismo extraordinario de defensa como la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la accionante sea expulsada
de la Isla, sin posibilidad de retornar o de permanecer en el territorio
insular sin poder continuar sus estudios dada su situación de residente
irregular, todo con base en una resolución que presuntamente vulneró el derecho
al debido proceso de la actora, entre otros, y que ya fue confirmada en sede de
reposición.
Por lo
expuesto, la Sala concluye que debido a la inminencia del perjuicio que puede
ocasionarle el abandono forzado de la Isla, sin observarse las garantías
judiciales mínimas, la acción de tutela es el medio adecuado, eficaz e idóneo
para contrarrestar los efectos de la decisión del acto administrativo atacado y
ante la decisión del Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina de confirmar en todas sus partes la Resolución No.
3387 del 15 de agosto de 2017, mediante el acto administrativo No. 5285 de
2018, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación.
9. Análisis de fondo
9.1.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional debe pronunciarse acerca
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante al
debido proceso, a la educación, a la libre circulación y residencia y a la
unidad familiar, por parte de la Oficina de Control de Circulación y Residencia-
OCCRE, pues dicha entidad (i) tardó más de tres años en resolver la
solicitud de residencia impetrada a favor de la accionante; (ii) negó la
residencia de Vanessa Carolina Salazar Carbonell sin analizar de fondo su situación
en la Isla, basándose únicamente en la imposibilidad probatoria de demostrar
que estuvo domiciliada en el Departamento Archipiélago con anterioridad a la
expedición del Decreto 2762 de 1991, sin tener en cuenta que la peticionaria nació
el 11 de septiembre de 1997; (iii) no tramitó la solicitud a favor de la accionante
de la manera que mejor protegiera sus derechos; y, (iv) emitió la Resolución No. 3379 del 18 de abril de 2018[39],
en la cual se confirmó la decisión de declarar en situación irregular a la actora
en la Isla al realizar una aplicación estricta del Decreto 2762 de 1991.
9.2.
De los hechos del caso se observa que la OCCRE no respondió en el término legal
correspondiente el derecho de petición que elevó la señora Claudia Patricia
Carbonell Arrieta en calidad de representante legal de la accionante con el
objetivo de obtener la tarjeta de residencia a nombre de su hija. Como se
demostrará a continuación, esto se tradujo en una vulneración a la garantía
fundamental al debido proceso y a otros derechos de igual rango constitucional.
Según fue establecido en el
acápite de reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental de
petición de esta providencia, cuando una entidad pública omite su deber legal
de responder una solicitud respetuosa que le presenta un ciudadano dentro del
término estipulado para ello y se origina, por ende, lo que se ha denominado
como “silencio administrativo negativo”, se vulnera el derecho fundamental de
petición de esta persona puesto que la obtención de una respuesta oportuna y
sustancial al asunto planteado, independientemente de la naturaleza de la
solicitud o del sentido de la respuesta, es parte del núcleo esencial de este
derecho[40].
En esta medida, la OCCRE tenía el deber de responder adecuadamente al derecho
de petición impetrado el 11 de febrero de 2014 a favor de la ahora accionante dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación, esto es,
antes del 5 de marzo de 2014[41].
Sin embargo, la mencionada
solicitud fue contestada de forma tardía por la entidad departamental hasta el
15 de agosto de 2017, mediante Resolución No. 3387 de 2017, en cumplimiento de
una orden judicial proferida el 9 de febrero de la misma anualidad[42].
En el referido acto administrativo la entidad
accionada argumentó que la accionante no cumplía con el
requisito establecido en el literal c) del artículo 2
del Decreto 27 de 1991, esto es: “Tener domicilio en las islas, comprobado
mediante prueba documental, por más de tres años continuos e inmediatamente
anteriores a la expedición de este Decreto”.
Lo anterior, sin entrar a
analizar que la peticionaria nació el 11 de septiembre de 1997, por lo que le
era imposible aportar la prueba documental referida, que su lugar de residencia
siempre ha sido San Andrés Isla donde convive en el hogar conformado por su
progenitora, el compañero permanente de ésta y sus hermanos, allí cursó y
aprobó sus estudios de primaria y bachillerato e inició estudios técnicos en el
SENA, en calidad de residente temporal y con el aval de la OCCRE quien expidió
los permisos pertinentes.
9.3. De acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación[43], la anterior situación se tradujo en una vulneración al derecho de
petición de la accionante, pues el hecho de que la accionada haya proferido un acto
administrativo, no en cumplimento de su deber legal, sino por expreso mandato
judicial, mediante el cual negó la solicitud de residencia impetrada por la
señora Claudia Patricia Carbonell Arrieta a favor de su hija e informó que
debía abandonar el Departamento Archipiélago en un plazo improrrogable de 10 días,
no la exoneraba del deber que tenía de responder la solicitud dentro del
término legalmente determinado y de una manera clara, precisa y congruente.  Máxime,
si se tiene en cuenta que el derecho fundamental de petición es un medio para
lograr la satisfacción de otros derechos, como el debido proceso, la libertad
de circulación o residencia, la educación y la unidad familiar, entre otros.
9.4. Encuentra la Sala que en el
presente caso la OCCRE vulneró el derecho al debido proceso de Vanessa Carolina
Salazar Carbonell. Lo anterior, al entrar a analizar los argumentos esgrimidos
por esa entidad en la Resolución No. 3379 del 18 de abril de 2018 que confirmó
el acto administrativo mediante el cual se negó la solicitud de residencia de
la accionante.
9.4.1. En primer
lugar, sobre la solicitud hecha por la señora Claudia Patricia Carbonell
Arrieta el 11 de febrero de 2014, donde solicitó la expedición de la tarjeta de
residencia a favor de su hija Vanessa Carolina Salazar Carbonell, en la parte
considerativa de la Resolución No. 3379 de 2018 se indicó que, quien debía
solicitar la residencia a favor de la entonces menor de edad era el señor Jairo
Ramiro Henry Carr en su calidad de otorgante y compañero permanente de la madre
de la peticionaria.
Respecto de lo anterior, debe señalarse que
la OCCRE expidió de forma tardía la Resolución No. 3387 del 15 de agosto de
2017, mediante la cual negó la solicitud de residencia impetrada el 11 de
febrero de 2014 a favor de la accionante, es decir, 3 años, 6 meses y 4 días
después de haber elevado la petición sin ninguna justificación. Que durante ese
periodo no informó a la accionante o a su progenitora que era el señor Jairo
Ramiro Henry Carr quien, en su calidad de otorgante, debía solicitar la tarjeta
de residencia a favor de la hija de su compañera permanente.
A juicio de la
Sala, dicha argumentación, a la cual recurre la OCCRE para soportar su
decisión, no resulta válida para negar lo pretendido por la accionante, pues la
accionada, como autoridad administrativa, se encuentra obligada a respetar el
debido proceso en la toma de sus decisiones, lo cual implica, entre otras, que
el administrado pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción, a que la
actuación que define su situación jurídica se surta sin dilaciones
injustificadas y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico.
La
Corte Constitucional en Sentencia T-484 de 2014 se refirió a dicha garantía
procesal, e indicó que:
“Con el propósito de asegurar la defensa de los administrados, la
jurisprudencia ha señalado, en este sentido, que el debido proceso
administrativo comprende, entre otros, los derechos a (i) ser oído durante toda
la actuación; (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley;
(iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) a
que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación; (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico;
(vi) a gozar de la presunción de inocencia; (vii) al ejercicio del derecho
de defensa y contradicción; (viii) a solicitar, aportar y controvertir
pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación del debido proceso[44].”(Énfasis fuera del texto)
En
asuntos como el que ahora se analiza, encuentra la Corte que, en el régimen de
control de la densidad poblacional del Departamento Archipiélago existe un
margen de discrecionalidad para la Administración en atención a que el Decreto
2762 de 1991 si bien consagra las medidas a aplicar por la OCCRE a las personas
que se encuentran en situación irregular, no precisa el trámite o procedimiento
a seguir al imponer dichas disposiciones. Por lo anterior, el referido
procedimiento adelantado por la entidad accionada, en principio, se entiende
como un proceso policivo que no está expresamente reglado y que por lo tanto se
debe seguir por el procedimiento administrativo general previsto en la Ley 1437
de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. En tal virtud, la OCCRE como autoridad estatal, tiene la
obligación de aplicar los elementos esenciales del derecho fundamental al
debido proceso, y de defensa, con el fin de evitar el mayor grado de afectación
que una decisión adversa pueda causar a los derechos de los interesados.
Al
respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al realizar un análisis
de las garantías judiciales mínimas que deben contener los procesos
administrativos[45], estableció, en relación con el artículo 8 de la Convención
Americana[46],
que en cualquier actuación de los órganos estatales dentro de un proceso, debe
prevalecer el respeto del derecho al debido proceso. De tal manera, la Corte
Interamericana señaló:
“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula
“Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en
sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las
instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que
pueda afectarlos[47].
Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de
un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el
debido proceso legal. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas
establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los
órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación
de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo
tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y
8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.” (Énfasis fuera del texto).
Encuentra la Sala que, no obstante la
solicitud presentada ante la OCCRE el 11 de febrero de 2014, a favor de Vanessa
Carolina Salazar Carbonell para obtener el derecho de residencia al amparo de
lo dispuesto en el Decreto 2762 de 1991, no era procedente pues la progenitora
de la accionante no ostentaba la calidad de residente definitivo, las
circunstancias del caso hacían imperativo que la Administración adecuase el
trámite, y solicitara al señor Jairo Ramiro Henry Carr, compañero permanente de
la madre de la accionante, en su calidad de otorgante, que avalara la referida
petición de residencia, porque de lo contrario implicaría que, como en efecto
ocurrió, pese a que se reunían las condiciones que le habrían permitido a la
actora obtener la tarjeta de residente, se le negase el derecho y se dispusiese
su salida del Archipiélago, circunstancia que implica, además, perder su
condición de residente temporal.
La jurisprudencia constitucional indica
que en los eventos en que se puedan ver afectados derechos fundamentales como
la libertad de circulación o residencia o la unidad familiar de un habitante
del Departamento Archipiélago, la autoridad está obligada a la readecuación del
trámite, pues la protección de tales garantías por parte de la Administración
Pública es informal y no tiene carácter rogado sino oficioso, en atención al
deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en
Colombia, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2 de la Constitución
Política[48].
Como
quiera que en este asunto se elevó ante la autoridad competente del
Departamento Archipiélago una solicitud que, por su propia naturaleza, estaba
directamente referida al derecho de circulación y residencia, asociada además a
los derechos fundamentales a la unidad familiar y a la educación de una menor
de edad para ese entonces, la OCCRE tenía el deber de tramitar la solicitud de
la manera que mejor protegiera tales derechos y en observancia del debido
proceso de la accionante.
Para
ello, podía solicitar formalmente a los interesados la
adecuación del trámite indicándoles quién debía realizar la petición a favor de
Vanessa Carolina Salazar Carbonell, o incluso, en cumplimiento con su
obligación, habría cabido que, en el término legal establecido en la norma
vigente, expidiera una resolución mediante la cual se resolviera el derecho de
petición impetrado el 11 de febrero de 2014, negándose lo requerido, en razón a
no haber sido presentado por quien debía otorgar el derecho solicitado e
informara a la parte los pasos a seguir para lograr obtener la tarjeta de
residencia a nombre de la actora, concediendo la oportunidad pertinente para
ello.
Esa
omisión de la OCCRE de adecuar el trámite resultó lesiva, en este caso, del
derecho fundamental al debido proceso de Vanessa Carolina Salazar Carbonell,
vulneración que afecta de forma negativa las garantías a la libre circulación, a
tener una familia y de educación, pues al ser sometida a abandonar el
territorio insular, se obliga a separarse de su núcleo familiar y a no poder
continuar con sus compromisos académicos, pues no cuenta con una red de apoyo
por fuera del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
En segundo lugar, en la Resolución No. 3379
de 2018 el Director Administrativo de la Oficina de Control de Circulación y
Residencia indicó que el 18 de febrero de 2011 se presentó un trámite de
convivencia entre Claudia Patricia Carbonell Arrieta (madre de la accionante) y
su compañero permanente en calidad de otorgante. Que, en atención a lo
anterior, mediante Resolución No. 056 del 5 de enero de 2012, se reconoció a la
señora Claudia Patricia Carbonell Arrieta residencia temporal con vigencia a un
año, haciéndose extensiva a su hija Vanessa Carolina Salazar Carbonell.
Que
en virtud de dicho trámite, se concedieron a Vanessa Carolina Salazar Carbonell
los permisos respectivos para que adelantara sus estudios. Lo anterior, en
cumplimiento del artículo 9 del Decreto 2762 de 1991 que preceptúa: “se
extiende la calidad de residente temporal, en las mismas circunstancias y por
el mismo lapso, al cónyuge o compañero permanente, y a los hijos de quien la ha
obtenido”.
Adicionalmente,
en el acto administrativo que confirmó la decisión atacada en sede de tutela,
la OCCRE informó que mediante Resolución No. 791 de 2017 resolvió la situación
de residencia únicamente respecto de la progenitora de la accionante y se
concedió tarjeta definitiva por convivencia (en virtud de la petición
presentada el 18 de febrero de 2011). Aclarando que, sólo a partir de ese
momento la señora Claudia Patricia Carbonell Arrieta podía solicitar la
residencia a favor de la accionante. No obstante, tal petición ya no era
procedente por cuanto, para el momento en que se profirió el citado acto
administrativo, Vanessa Carolina Salazar Carbonell ya era mayor de edad.  Al
respecto, la Sala hará las siguientes observaciones:
Según el artículo
10 del Decreto 2762 de 1991, los residentes temporales podrán permanecer en el
territorio del Departamento Archipiélago durante el tiempo que se les ha
autorizado. En todos los casos, la residencia temporal será otorgada por
períodos máximos de un año, prorrogables hasta por el mismo tiempo, sin que
sumados sobrepasen los tres años.
Lo anterior,
resulta de gran importancia en el presente caso, toda vez que, luego de los 3
años de la residencia temporal de que trata la referida norma, se debe definir
la situación de permanencia en las Islas y otorgar la tarjeta definitiva a
quien cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2762 de 1991,
momento en el cual, el residente definitivo queda habilitado para retransferir
el derecho a sus hijos menores de edad.
Así las cosas,
mediante Resolución No. 056 del 5 de enero de 2012 se le otorgó residencia
temporal a la progenitora de la accionante por un año, cuya prorroga no podía
superar los 3 años continuos; es decir, que para el 5 de enero de 2015 debía la
entidad accionada haber resuelto de manera definitiva la situación de permanencia
de la madre de la peticionaria en el Departamento Archipiélago, fecha en la que
Venessa Carolina Salazar Carbonell contaba aún con 17 años de edad, y podía Claudia
Patricia Carbonell Arrieta transferirle el derecho de residencia definitiva a
su hija. No obstante, sin justificación alguna, la OCCRE resolvió el referido
trámite seis años después, mediante Resolución No. 791 de 2017, circunstancia
que truncó la posibilidad de la actora de obtener su tarjeta definitiva de
residencia por extensión, lo cual ocasionó que perdiera su estatus de residente
permanente y reiteró la vulneración de los ya referidos derechos fundamentales
de la peticionaria en sede de revisión.
Conclusiones y decisión a tomar en el presente caso
En el expediente
de tutela consta que Vanessa Carolina Salazar Carbonell reside en el
Departamento Archipiélago desde sus primeros meses de nacida, su núcleo
familiar está compuesto por su progenitora, el compañero permanente de ésta y
por sus hermanos. Que en ese territorio ha desarrollado su proyecto de vida con
la ayuda y sostenimiento de sus familiares. La accionante se encontraba
adelantando sus estudios en el SENA al momento en que la accionada decidió
negar su solicitud de residencia.
Es
evidente que no medió justificación alguna por parte de la OCCRE para que no se
readecuara el trámite de la solicitud de residencia presentada el 11 de febrero
de 2014 a favor de la accionante ni las razones para resolver dicha petición
tres años después. Como tampoco existe excusa para que la referida entidad
dilatara por más de seis años el proceso de reconocimiento de tarjeta
definitiva a nombre de la progenitora de la accionante, circunstancias que
efectivamente incidieron en la vulneración de los derechos fundamentales de
Vanessa Carolina Salazar Carbonell.
El
actuar poco diligente e inoportuno de la Oficina de Control de Residencia y
Circulación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina en los dos trámites iniciados para definir la situación de permanencia
de la actora en las Islas, provocó que la accionante, siendo menor de edad para
la fecha en que sucedieron los hechos, no pudiera obtener su residencia
definitiva, sometiéndola a una situación aún más vulnerable, en la medida en
que, al pasar los años y cumplir la mayoría de edad, podía ser forzada a
abandonar la Isla en cualquier momento.
Al
respecto, la Corte reitera que dentro de las garantías del debido proceso se encuentra
el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión por parte de las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, sin dilaciones injustificadas. En
ese sentido, en los casos en que la OCCRE deba aplicar el artículo 2º del
Decreto 2762 de 1991, que indica que, quien contraiga matrimonio o establezca
unión permanente con un residente y forme domicilio común en el Archipiélago al
menos por tres años tendrá derecho a fijar su residencia definitiva en algún de
las ínsulas, debe entenderse que la referida disposición se extiende a los
hijos de quien la ha obtenido. Lo anterior, en desarrollo de la protección
especial que las normas constitucionales otorgan a la familia. En ningún
evento, el régimen especial de control de densidad poblacional del archipiélago
puede desconocer a la familia ni impedir que se conforme o que se mantenga
unida en aplicación de una limitación al derecho de circulación y residencia en
las Islas.
En
el presente caso, la Sala encuentra probada la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso de Vanessa Carolina Salazar Carbonell. Adicionalmente, se
desconocieron sus garantías constitucionales a la libre circulación y
residencia, a la educación y a la unidad familiar, en la medida en que la orden
dada a la actora de abandonar inmediatamente el Archipiélago, obstaculiza su
decisión de continuar sus estudios en el Departamento Archipiélago, gracias a
la ayuda y apoyo que le brinda su familia, en tanto es en San Andrés donde
creció y ha desarrollado su proyecto de vida junto a su mamá y sus hermanos, lo
cual no puede ser ignorado por la OCCRE.
Así,
no es aceptable que la accionada aplique de forma estricta
el régimen de control poblacional del Departamento de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina sin realizar un análisis de los hechos y circunstancias que
rodearon el caso objeto de revisión, en su afán de negarle el derecho de
residencia a la accionante y omitiendo deliberadamente que su lesiva tardanza
en responder dentro del término pertinente la solicitud presentada a favor de
la peticionaria y de la manera que mejor protegiera sus derechos, ocasionó la
vulneración de sus garantías fundamentales.
Por ende, la medida adoptada por la OCCRE, en aplicación del Decreto 2762
de 1991, impide a Vanessa Carolina Salazar Carbonell continuar conviviendo con
su núcleo familiar que tiene la capacidad y la disposición para proporcionarle
el apoyo y la ayuda necesaria que requiere para continuar con sus estudios
superiores. Asimismo, resulta desproporcionada, en razón a que, si bien el
artículo 310 Superior estableció una garantía a las condiciones especiales del
Archipiélago que permite limitar el derecho a circular y a establecer la
residencia libremente en ese departamento, ello no implica que, cuando estas
medidas vulneren otras garantías constitucionales no sea imperioso determinar
su inaplicación.
La ponderación de intereses en
este caso entonces, debe conducir a conceder el amparo deprecado pues la
afectación a los derechos fundamentales de la accionante es de considerable intensidad,
mientras que no resulta claro cuál es el grado de afectación para la Isla derivado
de la permanencia de una persona que ha residido toda su vida en el
Departamento Archipiélago, y que, por acciones u omisiones únicamente
imputables a la accionada, debe abandonar a su familia, su proyecto de vida y
sus estudios.
Considera la
Corte que en el presente caso resulta razonable que el interés, reconocido
constitucionalmente, que persigue el control poblacional del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina regulado en el Decreto
2762 de 1991, ceda en este asunto con el fin de proteger los derechos
fundamentales de la joven Vanessa Carolina Salazar Carbonell.
Por las consideraciones expuestas la Corte empleará la figura de la excepción
de inconstitucionalidad consagrada en el art. 4 de la Constitución,[49] que faculta
a funcionarios judiciales, autoridades administrativas y particulares para
inaplicar una determinada norma del ordenamiento porque sus efectos en un caso
concreto resultan contrarios a los mandatos constitucionales.[50]
Así, la Sala dispondrá inaplicar para este caso
concreto el artículo 2, numeral c) del Decreto
2762 de 1991, que exige “Tener domicilio en las islas,
comprobado mediante prueba documental, por más de 3 años continuos e
inmediatamente anteriores a la expedición de este Decreto”.
En
esa medida, revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el
treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que confirmó el
fallo dictado por el Juzgado Primero Penal de Circuito de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017), que declaró improcedente la acción de tutela impetrada por Vanessa
Carolina Salazar Carbonell contra la Oficina de Control de Circulación y
Residencia -OCCRE. En su lugar, concederá el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la educación, a la libre
circulación y residencia y a la unidad familiar de
VANESSA CAROLINA SALAZAR CARBONELL.
En
consecuencia, ordenará a la Oficina de Control de Circulación y
Residencia -OCCRE, que profiera un acto administrativo mediante
el cual otorgue la tarjeta definitiva de residencia a Vanessa Carolina Salazar
Carbonell, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.636.184, válida para
el Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, observando las consideraciones realizadas en esta providencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Levantar la suspensión de
términos decretada en el presente proceso.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil
diecisiete (2017), que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Primero Penal
de Circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el once (11) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró improcedente la acción de
tutela impetrada por Vanessa Carolina Salazar Carbonell contra la Oficina de
Control de Circulación y Residencia -OCCRE. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de educación, a
la libre circulación y residencia y a la unidad familiar de VANESSA CAROLINA SALAZAR
CARBONELL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO.- INAPLICAR para este caso
concreto el  artículo
2, numeral c) del Decreto 2762 de 1991, que exige “Tener
domicilio en las islas, comprobado mediante prueba documental, por más de 3
años continuos e inmediatamente anteriores a la expedición de este Decreto”.
CUARTO.- Por lo anterior, DEJAR SIN
EFECTOS la Resolución No. 3379 del 18 de abril de 2018, que confirmó la
Resolución No. 3387 del 15 de agosto de 2017, que negó la solicitud de
residencia impetrada por la señora CLAUDIA PATRICIA CARBONELL ARRIETA en favor
de su hija VANESSA CAROLINA SALAZAR CARBONELL. En consecuencia, ORDENAR
a la Oficina de Control de Circulación y Residencia -OCCRE, que profiera un acto administrativo mediante la cual otorgue la
tarjeta definitiva de residencia a VANESSA CAROLINA SALAZAR CARBONELL,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.636.184, válida para el
Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, observando las consideraciones realizadas en esta providencia.
QUINTO.- ADVERTIR a la Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE- del Departamento del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en
acciones dilatorias injustificadas que atenten o restrinjan el derecho a la libre circulación y residencia de los
administrados.
SEXTO.- ORDENAR que, por intermedio de la Secretaría
General de esta Corporación, se compulsen copias del expediente y de este fallo
a la Procuraduría General de la Nación, para que dentro del ámbito de sus competencias
constitucionales y legales, investigue la gestión administrativa de la
Oficina de Control de Circulación y Residencia- OCCRE y sus
efectos en materia de permanencia, circulación y residencia en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, posiblemente causado
por la tardanza en responder las solicitudes formuladas por los administrados
en las ínsulas.
SÉPTIMO.- Por Secretaría General líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
En adelante OCCRE.
[2] Integrada por
los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[3] Servicio Nacional de Aprendizaje.
[4]
Folio 3 del cuaderno principal.
[5] Folios
35 y 36 del cuaderno principal. (En adelante se entenderá que todos los folios
a los que se haga referencia hacen parte del cuaderno principal a menos que se
indique expresamente lo contrario).
[6]
Folios 57 y siguientes.
[7] Folios
8 al 10.
[8]
Folios 11 al 13.
[9] Folio
14.
[10] Folio
15.
[11] Folio
17.
[12] Folio
19 y 20.
[13] Folio 21.
[14]
Folios 22 al 31.
[15] Folios
23 al 26 del cuaderno constitucional.
[16]
“Por medio de la cual se resuelve una solicitud de residencia y se
adoptan otras disposiciones”.
[17] Folios 42 al
50 del cuaderno constitucional.
[18] Folios 52 al 55 del cuaderno constitucional. En el numeral quinto
del Auto del 29 de mayo de 2018 se ordenó suspender los términos para fallar en
el proceso de la referencia de conformidad con lo previsto en el artículo 64
del Acuerdo 02 de 2015.
[19]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política”
[20] Sentencias T-568 de 2006, T-939 de 2006, T-556 de 2010, T-053 de 2012
y T-685 de 2015.
[21] Sentencias T-939 de 2006, T-518 de 2010, T-053 de 2012, T-180 de 2012
y T-229 de 2013.
[22] Mediante
Auto del 11 de agosto 2017, la Sala de Selección No. 8 de la Corte
Constitucional excluyó de revisión este primer proceso de tutela, el cual
estaba radicado con el número T-6.277.711
[23]
Al respecto la Sentencia T-222 del 2014, indicó que: “No puede predicarse
idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un análisis concreto. Ello
implica que el juez constitucional despliegue una carga argumentativa a fin de
determinar la procedencia de la tutela. No es dable en un Estado Social de
Derecho que un juez constitucional niegue por improcedente un amparo
constitucional sin si quiera analizar, paso a paso, el requisito de
subsidiariedad.”
[24]
En ciertos casos, además, este puede ser un argumento para proveer una solución
principal y definitiva. En ese sentido, la sentencia T-396 de 2009 señala: “[L]a
acción de tutela procederá como mecanismo principal y definitivo en el evento
en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no resulte
idóneo y/o eficaz en el caso concreto.” Esta posición ha sido reiterada por
las sentencias T-820 de 2009, T-354 de 2012, T-140 de 2013, T-491 de 2013,
T-327 de 2014, T-471 de 2014 y T-350 de 2016, entre muchas otras.
[25] Al respecto, ver
Sentencia T-094 de 2013.
[26] Sentencia T-514 de 2003, reiterado en sentencias T-451 de 2010 y
T- 956 de 2011
[27]
Al respecto, ver Sentencias T-789 de 2012, T-066 de 2009 y T-030 de 2015, entre
otras.
[28] Sentencias T-192 y T-149 de 2013.
[29] Ver sentencia T-183 de 2013.
[30] Ver sentencia T-761 de 2005, T-041 de 2012, T-183 de 2013 y T-214
de 2014, entre otras.
[31] “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”.
[32] Sentencia T-372 de 1995. Reiterada en la sentencia
C-951 de 2014, que estudió la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1755 de
2015.
[33] Sentencia T-242 de 1993.
[34] Sentencia
T-146 de 2012.
[35]
El interesado en obtener la residencia temporal, deberá demostrar que
tiene vivienda adecuada y capacidad económica para su sostenimiento en el
Archipiélago. Artículo 7 del Decreto 2762 de 1991.
[36]En la sentencia C-530 de 1993, la Corte Constitucional señaló que
los “servidores públicos del nivel nacional son ciertamente objeto de la
tarjeta de residente temporal, pero con fines de registro mas no de control,
de suerte que no les son aplicables las normas relativas a el cumplimiento de
los requisitos señalados en el inciso segundo del artículo 8°, ni el tiempo de
duración de la tarjeta (art. 10), ni las causales de pérdida de la tarjeta
(art. 11), ni tendrán que pagar por la tarjeta (art. 32)” (subrayado del
texto original).
[37] Sentencia T-183 de 2017, expediente T-5952403.
[38] Por
la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina.
[39]
Mediante dicho acto, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la
accionante, y se confirmó lo establecido en la Resolución No. 3387 de 2015, que
negó las pretensiones de la actora.
[40] Sentencias T-761 de 2005, T-041 de 2012, T-183 de 2013 y T-214 de
2014, el derecho de petición no solamente incluye la facultad de presentar una
solicitud respetuosa ante una autoridad pública, sino que, además, incorpora el
derecho a recibir de ella una respuesta oportuna y sobre el fondo del asunto que
se plantea. De esta manera, cuando la entidad no proporciona ninguna respuesta,
o cuando se pronuncia superficialmente, viola el derecho fundamental de
petición en la medida en que le impide al actor conocer su criterio o
determinación frente a la pregunta que le ha hecho.
[41]
Para el momento en que se solicitó tarjeta de residencia definitiva a nombre de
la accionante ante la OCCRE, la norma aplicable era el
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, por medio del cual se expidió el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establecía
que “salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción”. Cabe precisar que en la sentencia C-818 de 2011 la Corte Constitucional
se ocupó del estudio de una demanda que se formuló contra los artículos 10
(parcial), 13 al 33, y 309 (parcial) de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 “Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. En dicho proceso pese a que se declararon inexequibles los
artículos 13 al 33 de la Ley 1437 de 2011 por considerarse que corresponde a la
ley estatutaria desarrollar el contenido del núcleo esencial del derecho de
petición, se difirieron los efectos de la inexequibilidad por constatarse que
tal decisión generaría una situación constitucionalmente más grave en relación
con la vigencia de derechos constitucionales especialmente protegidos (diferido
hasta el 31 de diciembre de 2014).
[42] En proceso de acción de tutela el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina decidió amparar el derecho fundamental de petición y ordenó a la OCCRE
dar respuesta a la solicitud impetrada a favor de Vanessa Carolina Salazar
Carbonell el 11 de febrero de 2014.
[43]
Sentencia T-242 de 1993 y T-214 de 2014, entre otras.
[44]
Ver sentencia C-980 de 2010.
[45]
Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá.
[46]
El artículo 8 de la Convención, en sus incisos 1 y 2, señala que: 1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b.
comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c.
concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación
de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente
con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si
el 92 inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del
plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos
o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g.
derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable,
y h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[47]
“cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 69; y Garantías
judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 9/87 del 6 de octubre de 1987.
Serie A No. 9, párr. 27.”
[48] Sentencia T-725 de 2004.
[49] Constitución Política de
1991, art. 4 “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales.”
[50] Sentencia C-122 de 2011.