T-719-12
Sentencia T-719/12
Sentencia T-719/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales o formales de procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Caracterización
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Ocurre cuando juez de instancia se desvía
ostensiblemente de cumplir con las formas propias de cada juicio
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Conductas u omisiones que pueden conllevar a la
amenaza o violación de derechos fundamentales
VINCULACION DE PERSONA AUSENTE AL PROCESO PENAL-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA TECNICA-Vinculación de persona ausente al proceso penal
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Vinculación de persona ausente al proceso penal
VINCULACION DE PERSONA AUSENTE AL PROCESO PENAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
VINCULACION DE PERSONA AUSENTE AL PROCESO PENAL-Defecto procedimental por falta de notificación/ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental por falta de
notificación cuando se vincula a persona ausente al proceso penal
DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA TECNICA-Vulneración por falta de notificación al proceso penal
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE-Ultimo
recurso para vincular penalmente al sindicado/DECLARATORIA DE PERSONA
AUSENTE-Requisitos formales
ACCION DE TUTELA CONTRA FISCALIA SECCIONAL-Vulneración al debido proceso y derecho de defensa por
cuanto no se cumplieron los requisitos formales y materiales para notificación
de proceso penal a pesar de existir dirección de domicilio
Referencia:
expediente T- 3.385.654
Acción
de tutela instaurada por  Jorge contra la Fiscalía 232 Seccional de
Bogotá y otros.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,  dieciocho (18) de septiembre de dos mil
doce (2012).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados (a) Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y
Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos adoptados el dieciséis (16) de diciembre
de dos mil once (2011) por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en primera instancia y el nueve (09) de febrero de dos mil
doce (2012) por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
segunda instancia, que resolvieron la acción de tutela promovida por Jorge
contra la Fiscalía 232 Seccional de Bogotá, el Juzgado 23 Penal del Circuito de
Bogotá y el Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
I.       ANTECEDENTES
Anotación preliminar:
La Sala ha decidido suprimir de la providencia y de toda
futura publicación de la misma los nombres verdaderos del menor involucrado en
este trámite, así como los de sus familiares y demás intervinientes en el
proceso, como medida para proteger su intimidad.[1] En ese orden de ideas, el
niño cuya identidad se protege será llamado Pablo; su señora madre, Isabel;
su padre, Jorge; su hermana, Lina; su hermano, Gabriel;
y el grupo familiar compuesto por ellos, la familia Restrepo Díaz.
Adicionalmente se omiten datos que pudieran ser utilizados para identificar a
las partes como direcciones, teléfonos, entre otros.
De los hechos y la demanda[2].
El señor Jorge interpuso acción de tutela contra la
Fiscalía Seccional 232 de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y
Formación Sexuales (en adelante la Fiscalía 232) y el Juzgado 23 Penal del
Circuito de Bogotá (en adelante el Juzgado 23), por considerar que las
autoridades mencionadas vulneraron su derecho al debido proceso al condenarlo a
80 meses de prisión tras ser hallado penalmente responsable por los delitos de
Acceso Carnal Abusivo con Incapaz de Resistir Agravado, en concurso heterogéneo
y simultáneo con Incesto, sin haber sido notificado oportunamente del proceso
lo que impidió el ejercicio de su defensa técnica. Además, considera que los
defensores de oficio designados tampoco cumplieron su labor de defensa.  A
continuación se sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda:
1. Antecedentes fácticos que dieron origen a la
investigación penal:
1.1 Jorge e Isabel conformaron la
familia Restrepo Díaz, en la cual nacieron sus tres hijos, Lina,
Gabriel y  Pablo. Los padres se separaron en el año 1996.
1.2 El 7 de noviembre de 2003, Isabel acudió a la
Comisaría  Tercera de Familia con el ánimo de aclarar sus dudas respecto al
posible abuso sexual de su hijo autista Pablo, quien para entonces tenía
18 años de edad.
1.3 Mediante valoración realizada por el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, practicada a Pablo el 7 de noviembre de 2003,
se encontró: “(…) evidencia una hipotonía moderada, hecho que es compatible
con maniobras crónicas a ese nivel. No se observan lesiones recientes. //
EXAMEN SEXOLOGICO: // PRESENTA: Esfínter anal con tono moderadamente hipotónico
y forma normal. Hallazgos clínicos compatibles con maniobras repetidas a nivel
anal”.
1.4 Mediante oficio No 1608, la Comisaria Tercera de
Familia remitió, por competencia, a la Fiscalía General de la Nación: “dictamen
de Medicina Legal con Radicación (…) practicado a Pablo de 18 años de edad,
quien según información de su señora madre Isabel, es autista. // Aparentemente
el presunto abusador es el padre de Pablo, señor Jorge, cuya dirección dice la
precitada señora desconoce”[3].
2. De la investigación penal adelantada contra Jorge.
2.1. Con fundamento en la denuncia interpuesta por Isabel,
el 10 de diciembre de 2003, la Fiscalía Seccional 232 de la Unidad de
Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales se declara abierta
la etapa de investigación preliminar 725589 en contra de Jorge[4].
2.2. Posteriormente, el veinticuatro (24) de marzo de
dos mil cuatro (2004), la Fiscalía 232 ordenó la Apertura de instrucción en
contra de Jorge, a fin de establecer si ha venido abusando sexualmente
de su hijo.
2.3 El veintisiete (27) de abril de dos mil cuatro
(2004), Isabel remitió escrito en el que señaló una dirección (en
adelante la dirección A) para ubicar a Jorge.
2.4 Mediante Informe de Policía Judicial No. 3236, se
estableció que el actual domicilio temporal de Jorge es: “(…) la
calle … No…” (en adelante la dirección B), así como un número telefónico
282… (en adelante el teléfono B).
2.5 La Fiscalía 232, ordenó, por medio de providencia
del quince (15) de diciembre de dos mil cuatro (2004), vincular como persona
ausente al señor Jorge. En el mismo proveído se nombró defensor de
oficio y se le notificó a la dirección aportada por Isabel, es decir, a
la dirección A.
2.6 El veintiséis (26) de abril de dos mil cinco
(2005), Isabel informó a la Fiscalía que Jorge se podría ubicar
en el teléfono 493… (en adelante el teléfono A), pero que desconocía la
dirección de ese abonado.
2.7 El veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco
(2005), se corrió traslado a los sujetos procesales del informe del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicado el (7) de abril de dos mil
cinco (2005), en el cual se concluyó lo siguiente: “PABLO no se excluye como
el origen de las manchas de sangre, los espermatozoides en fragmentos de sábana
estampada con flores azules y fondo azul. Es 1 billón de veces más probable que
la sangre y los espermatozoides provengan de Pablo, a que provengan de otro
individuo al azar de la población de referencia.”. Esta providencia fue
notificada en forma personal al defensor de oficio y se envió telegrama de
comparecencia a Jorge a la dirección A.
2.8 El dieciocho de julio de dos mil cinco (2005), una
defensora pública asignada por la Defensoría del Pueblo, presentó demanda de
constitución de parte civil como representante de Lina y Gabriel,
en su condición de curadores provisionales de su hermano Pablo.
2.9 El dieciséis (16) de agosto de dos mil cinco, tras
subsanar las formalidades exigidas, la Fiscalía 232 admitió la demanda de parte
civil.
2.10 El dieciséis (16) de noviembre de dos mil seis
(2006) se declaró cerrada la investigación, por tanto, la Fiscalía 232 remitió
comunicación al procesado a la dirección A y al defensor de oficio.
2.11 El once (11) de diciembre de dos mil seis (2006),
la apoderada de la parte civil presentó alegatos de conclusión en los que
resumió lo hechos y solicitó tener en cuenta sus consideraciones al momento de
calificar el sumario.
2.12 El diecinueve (19) de enero de dos mil siete
(2007), la Fiscalía 232 profirió resolución de acusación contra Jorge
por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, decisión
notificada al defensor de oficio en forma personal y al peticionario mediante
comunicación a la dirección A y a la dirección calle … (en adelante dirección
C, la cual obraba como residencia del actor al momento de la expedición de la
cédula de ciudadanía, esto es el trece (13) de julio de mil novecientos setenta
y seis (1976), en la Dorada, Caldas).
3. De la etapa de juzgamiento
3.1 El Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá avocó
el conocimiento del proceso el nueve (9) de abril de dos mil siete (2007) y
remitió telegramas al accionante a la dirección A y a la dirección C, en los
cuales le informaba sobre el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000,
así como la fecha en la que tendría lugar la audiencia preparatoria, esto es,
el diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007). Igualmente, se envió
telegrama al abogado defensor.
3.2 El diecisiete (17) de mayo de dos mil siete (2007)
se inició la audiencia preparatoria con la participación del Fiscal Delegado de
la Unidad de Audiencias y de la apoderada de la parte civil, en la mismas se
dispuso: “La señora juez declara instalada la audiencia, haciendo constar
que una vez revisado el expediente, no se aprecia nulidad alguna que pueda
afectar la validez de la actuación. Durante el término de traslado del artículo
400 del Código de Procedimiento Penal, ninguna de las partes elevó solicitud de
pruebas, por lo que el despacho de manera oficiosa procede a ordenar la
siguientes: 1- Escuchar en declaración a Lina y Gabriel, hermanos de la víctima
en la presente causa, para que narren lo que les conste de los hechos materia
de investigación.”. Finalmente se notificó por estrados a los
intervinientes que la audiencia pública se llevaría a cabo el veinticinco (25)
de junio de dos mil siete (2007). Se notificó al actor a las direcciones A y C,
y al abogado de oficio.
3.3 El veinticinco (25) de junio de dos mil siete
(2007) la juez constata la ausencia del defensor de oficio con el fin de
adelantar la Audiencia Pública, y por lo tanto, cita para la continuación de la
diligencia el catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007). Se envía la
comunicación respectiva al defensor de oficio.
3.4 Nuevamente, el trece (13) de agosto de dos mil
siete (2007), la juez aplaza la audiencia pública ante a la ausencia del
abogado defensor, esta vez para el veintisiete (27) de agosto de dos mil siete
(2007).
3.5  De nuevo, el veintisiete (27) de agosto de dos
mil siete (2007), la juez aplaza la audiencia pública ante a la ausencia del
abogado defensor, esta vez para el veintisiete (26) de septiembre de dos mil
siete (2007), ordenando que un cambio en el defensor de oficio, ante la
reiterada ausencia del anterior.
3.6 El veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete
(2007), la juez aplaza la audiencia pública ante a la ausencia del abogado
defensor, porque el nombrado en la diligencia anterior no ha tomado posesión
del cargo. Se programó para el veintidós (22) de octubre de dos mil siete
(2007).
3.7 El veintidós (22) de octubre de dos mil siete
(2007) se celebró la Audiencia Pública, en la que fue designada como defensora
de oficio una tercera abogada pues no se había posesionado el nombrado por el
Despacho. La abogada defensora solicitó suspender la audiencia con el fin de
estudiar el proceso. La juez accedió a la petición y ordenó continuar la audiencia
el veintiséis (26) de octubre de dos mil siete (2007).
3.8 El veintiséis (26) de octubre de dos mil siete
(2007), se continuó la audiencia pública, en la cual se escucharon los alegatos
de la defensa de  Jorge.
3.9 El treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho
(2008) el Juzgado 23 profirió sentencia condenatoria en contra de Jorge
tras ser hallado penalmente responsable por los delitos de Acceso Carnal
Abusivo con Incapaz de Resistir Agravado, en concurso heterogéneo y simultáneo
con Incesto. Esta decisión fue notificada por edicto, de forma personal a la
abogada defensora y no se remitió comunicación a Jorge.
4. De la ejecución de la pena
4.1 El seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009), el
Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, observa que
ya se dictó la orden de captura contra Jorge, y por tanto, queda a la
espera de la materialización de la misma.
4.2 El nueve (9) de noviembre de dos mil once (2011)
fue puesto a disposición del Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, Jorge quien fue capturado por la Policía Nacional.
4.3 El diez (10) de noviembre de dos mil once (2011),
el Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad expidió boleta de
encarcelación dirigida al Director de la Penitenciaría Central La Picota, para
que mantuviera privado de la libertad a Jorge en virtud de la sentencia
condenatoria proferida por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá.
5. Solicitud de tutela
5.1 En síntesis, el accionante solicita lo siguiente:
“se me amparen los derechos fundamentales que me están siendo conculcados
por las autoridades accionadas, y como consecuencia del anterior
pronunciamiento se reconozca que existe nulidad de la sentencia condenatoria
proferida por el Juez 23 Penal del Circuito de Bogotá el 31 de octubre de 2008,
por las irregularidades procedimentales y constitucionales del Art. 29 de la
C.N. y ordenar se me de la oportunidad de ejercer mi defensa en debida forma
concediendo en consecuencia también la libertad inmediata del suscrito que me encuentro
preso en LA CARCEL LA PICOTA DE ESTA CIUDAD A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 15 DE
EJECUCCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Así mismo, tutelar los derechos
fundamentales a la defensa, el debido proceso y a la libertad y los demás derechos
que sin ser mencionados me fueron vulnerados a lo largo del proceso penal
objeto de esta tutela por la Fiscalía 232 Seccional de Bogotá Unidad de Delitos
Sexuales y por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá.”(mayúsculas y
subrayado originales).
5.2 El peticionario adjunto como pruebas: i) copia del
expediente penal; ii) certificación del FOPEP; iii) copias de internet sobre
causas de la hipotonía anal.
5.3
El cinco (05) de diciembre de dos mil once (2011),  la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá avocó conocimiento de la acción de tutela contra la Fiscalía 232 Seccional de Bogotá, el Juzgado 23
Penal del Circuito de Bogotá y el Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá y dispuso la
comunicación de la misma a las accionadas para que ejercieran su derecho de
defensa. Asimismo, ordenó la notificación de la tutela a Isabel como
tercera interesada.
6. Intervención
de las autoridades accionadas.
6.1. Del Juzgado 15 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
La juez advirtió que
tratándose de una tutela contra providencia judicial, ningún pronunciamiento le
compete pues no tramitó el proceso ni adoptó la decisión que se ataca, pues
simplemente mediante auto de seis (6) de agosto de dos mil nueve (2009) avocó
el conocimiento de la pena de 80 meses impuesta a Jorge por el Juzgado
23 Penal del Circuito de Bogotá por los delitos de Acceso Carnal Abusivo con
Incapaz de Resistir Agravado, en concurso heterogéneo y simultáneo con Incesto.
Agrega, que en la sentencia le fue negada la suspensión condicional de la
ejecución de la pena de prisión, así como el sustituto penal de la prisión
domiciliaria, y en consecuencia, se dispuso librar orden de captura en su
contra, la cual se materializó el nueve (9) de noviembre de dos mil once
(2011).
6.2 De la Dirección
Ejecutiva Seccional Bogotá de la Administración de Justicia
El representante legal de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial informó que: “El
grupo de archivo Central, dependencia adscrita a esta Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial , desplegó las gestiones administrativas
para la ubicación del expediente N° 2007-0145, conocido por el extinto Juzgado
Veintitrés (23) Penal del Circuito, ubicando el mismo en el paquete 62 de los
procesos que se encuentran en los juzgados de Ejecución de Penas y Medias de
Seguridad. // De igual manera, cabe resaltar que la vigilancia de la pena
impuesta al accionante se encuentra a cargo del Juzgado Quince (15) de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”.
7. Intervención de Lina
La hija del accionante remitió escrito en el que
afirmó: “(…) que nunca he sido escuchada ni notificada del proceso en contra
de mi padre, y que además ya habiendo revisado el proceso hace pocos días,
sabiendo que puedo dar fe y constancia de que lo contenido en el mismo está
plagado de falsedades, fantasías y mentiras, y que no conozco a la supuesta
apoderada que actúa por mí durante el proceso; teniendo en cuenta esto, pongo a
entera disposición mis datos actuales en donde pueden ubicarme para obtener la
información que la Sala y el Honorable Magistrado requieran.”
8. De los fallos
de instancia.
8.1 La Sala de Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en
providencia de dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011), decidió
denegar el amparo. Su decisión se basó en (i) el carácter excepcional de la
tutela contra providencias judiciales, en ese ámbito no se puede avalar un
juicio de corrección frente a una sentencia; (ii) que la defensa técnica no
puede calificarse como inoperante en este caso a partir de apreciaciones
personales; (iii) se intentó la ubicación y notificación del accionante por
diversos medios; (iv) no se desvirtúo porque las direcciones en que se le
notificó no correspondían a su domicilio ni cual era este para la época del
proceso; y v) no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales del
peticionario.
8.2 El peticionario impugnó la decisión de primera
instancia, insistió en que no conoció el proceso adelantado en su contra y eso
se debe fundamentalmente a que las notificaciones se hicieron a las direcciones
A y C, cuando su domicilio era la dirección B, aportada al expediente mediante
informe del Cuerpo Técnico de Investigación. En tal sentido, reiteró que nunca
fue buscado a través del FOPEP, entidad que paga su pensión, ni a través de la
entidad bancaria, su EPS o a partir de la declaración de supervivencia
trimestral que le correspondía realizar. Igualmente, reiteró que no contó con
una adecuada defensa técnica durante el proceso penal adelantado en su contra.
Adicionalmente, aportó copia de algunos folios del proceso
penal, así como certificado médico de Isabel, para demostrar sus
problemas mentales, de hecho allegó la resolución que le reconoce la pensión
por invalidez por enfermedad de origen no profesional. Asimismo, anexó
documento sobre hipotonía anal y copia de una carta dirigida por sus hijos Lina
y Gabriel al Defensor del Pueblo en la que abogan por su inocencia.
8.3 El nueve (09) de febrero de dos mil doce (2012), la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo
impugnado.  Al respecto, destacó que la vinculación como persona ausente es un
mecanismo residual pues las autoridades judiciales deben agotar todos los
medios para ubicar al sindicado. En tal sentido, la Sala concluyó: “(…)
contraría la realidad procesal el sostener que el procesado hoy accionante fue
privado de la oportunidad de ejercer materialmente su defensa, cuando es claro
que desde el inicio de la actuación se cumplió con la ritualidad que prevé la
ley para cumplir con su comparecencia a las diligencias y ante los infructuosos
resultados se acudió a los mecanismos que el ordenamiento procesal penal
autoriza, como son la vinculación en ausencia y la designación de un defensor
de oficio para el trámite del proceso, quien obró conforme las circunstancias
procesales se lo permitieron.”
En adición, advirtió que el accionante no demostró de qué
forma una estrategia de defensa diferente hubiere tenido un efecto determinante
en la sentencia condenatoria.
9. Insistencia presentada por el Procurador General de la
Nación
El Procurador General de la Nación solicitó la selección
del expediente por su relevancia constitucional en los siguientes aspectos: i)
el valor probatorio de la denuncia penal teniendo en cuenta los desordenes
siquiátricos de la denunciante (sentencia C-1177 de 2005); ii) defecto fáctico
por la valoración del dictamen de Medicina Legal (sentencia T-395 de 2010); y
iii) la idoneidad del recurso de revisión en un caso como el estudiado.
10. Documentos allegado en sede de revisión
10.1 El siete (07) de mayo de dos mil doce (2012), Gabriel
y  Lina remitieron a la Corte un documento en el que contextualizan
los hechos del caso objeto de decisión descalificando las actuaciones
judiciales adelantadas, así como la denuncia presentada por su señora madre
para lo cual remiten copia de una fórmula médica emitida el nueve (9) de junio
de dos mil cuatro (2004) por Servicios Psiquiátricos S.A sobre Isabel en
la que se advierte: “La Sra. Isabel presenta un episodio maniaco con
síntomas psicóticos. // Considero que en el momento requiere tratamiento intrahospotalario”.
Además, adjuntan una valoración médica realizada a Pablo
el veinte (20) de febrero de dos mil doce (2012) por el Dr. Rafael García
Duperly, médico de la Fundación Santa Fe en Cirugía y Endoscopia de Colón y
Recto, en que se afirma: “EXAMEN FÍSICO: al ef ano
parcialmente abierto con irritación perianal no se puede realizar tr por su
patología de base y falta colaboración del paciente no evidencia de trauma,
existe irritación de la piel perianal. // IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:
ESTREÑIMIENTO (64) // CONDUCTA: no se pude determinar por el hecho de
tener el ano parcialmente abierto que halla (sic) habido un trauma, el
simple estreñimiento puede causar que halla (sic) un ano parcialmente
abierto y en ptes con obesidad también se observa, en este momento no hay
evidencia de trauma a ese nivel”.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Corte es competente de conformidad con los artículos
86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar
los fallos de tutela seleccionados.
Problema jurídico
2. Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad formales cuando el mecanismo
constitucional se promueve contra una providencia judicial. Una vez acreditado
el cumplimiento de esos requisitos la Corte deberá definir si se configura
alguno de los defectos establecidos por la jurisprudencia constitucional en las
actuaciones judiciales adelantadas por la Fiscalía Seccional 232 de la Unidad
de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales y el Juzgado 23
Penal del Circuito de Bogotá en el proceso penal que terminó con sentencia
condenatoria en contra de Jorge por los delitos de Acceso Carnal Abusivo
con Incapaz de Resistir Agravado, en concurso heterogéneo y simultáneo con
Incesto. En particular, si se vulneró su derecho al debido proceso por no haber
sido notificado oportunamente del proceso lo que impidió el ejercicio de su
defensa técnica.
Para abordar el estudio del problema descrito, la Sala
resumirá la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, luego se
referirá brevemente a la causal genérica denominada defecto procedimental, y
por último, recordará la posición jurisprudencial relacionada con las
implicaciones en el derecho al debido proceso cuando ocurre la vinculación al
proceso penal como persona ausente.
Reiteración de jurisprudencia. Procedencia de la acción
de tutela contra sentencias judiciales[5].
3. La Corte  Constitucional, como intérprete autorizado de
la Constitución Política y guardiana de la integridad del texto superior ha
desarrollado una doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Esta  línea se basa en la
búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden
constitucional: la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los
principios de autonomía e independencia judicial[6].
4. Para lograr este adecuado equilibrio, la Corte ha
partido de los principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad
e inmediatez, haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se
pretenda controvertir una providencia judicial; por otra parte, ha ido
determinando los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial
vulnere los derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas
y mantener un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos
operadores judiciales. Por último, ha recalcado constantemente que la acción
sólo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza a un derecho
fundamental.
5. A continuación, se reiterará brevemente la
jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena en la
decisión de constitucionalidad C-590 de 2005[7]:
5.1 La tutela contra sentencias judiciales es procedente,
tanto desde un punto de vista literal e histórico[8], como desde una
interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[9] e, incluso, a partir de
la ratio decidendi[10]
de la sentencia C-543 de  1992[11],
siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
5.2 Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez
debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos formales[12], que no son
más que los requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la
especificidad de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional[13]; (ii) que el actor haya
agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir
al juez de tutela[14];
(iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique,
de forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta haya sido
alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi)
que el fallo impugnado no sea de tutela[15].
5.3 Que se presente alguna de las causales genéricas de
procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto
orgánico[16]
sustantivo[17],
procedimental[18]
o fáctico[19];
error inducido[20];
decisión sin motivación[21];
desconocimiento del precedente constitucional[22];
y violación directa a la constitución[23].
5.4. Sobre la determinación de los defectos, es claro para
la Corte que no existe un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente
que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento del
precedente constitucional, pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los
procedimientos legales o, que la falta de apreciación de una prueba, puede
producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones
normativas relevantes para la solución de un caso específico[24].
No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la
preservación de la supremacía de los derechos fundamentales, a través de un
entendimiento sustancial de los principios de seguridad jurídica e
independencia judicial[25].
Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración
grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe
a los asuntos de evidente relevancia constitucional.
Breve caracterización del defecto procedimental.
6. En uniforme jurisprudencia la Corte ha establecido que el
defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente
al margen del procedimiento establecido[26],
es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas
propias de cada  juicio”[27],
con la consiguiente vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de
las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto,
debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible
al afectado[28].
Ahora bien, a partir de la definición de defecto
procedimental, esta Corporación ha especificado diferentes conductas u omisiones
que pueden conllevar amenazas o violaciones de derechos fundamentales, las
cuales permiten la intervención de los jueces constitucionales, a saber: el
funcionario judicial pretermite una etapa propia del juicio[29], da un cauce que no
corresponde al asunto sometido a su competencia[30], ignora completamente el
procedimiento establecido[31],
escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables al caso concreto[32], incumple
términos procesales, por ejemplo cuando la autoridad judicial restringe el
término conferido por la ley a las partes para pronunciarse en ejercicio de su
derecho de defensa[33]
o desconoce el derecho de defensa de un sindicado en materia penal[34], omite
cumplir los principios mínimos del debido proceso señalados en la Constitución,
principalmente, en los artículos 29 y 228[35].
7. En este sentido, la Sentencia SU-159 de 2002 destacó a
manera de ejemplo de cuando se incurre en defecto procedimental, mencionando
que “está viciado todo proceso en el que se pretermiten eventos o etapas
señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le
reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan
ejercer el derecho a una defensa técnica[36], que supone la posibilidad
de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea
necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las
pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les
comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el
mismo[37] y (iii.) se les
notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la
ley, deben serles notificadas[38].”
8.
En la misma línea argumentativa[39], la Sentencia T-1246 de
2008,  frente a este defecto reiteró que se presenta cuando existe una decisión
judicial que desconoce abiertamente supuestos legales en materia procesal. Sin
embargo, destacó que para que este defecto se configure es necesario que (i) el
error sea trascendente, es decir, “que afecte de manera grave el derecho al
debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo
adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. Así por
ejemplo, se configura un defecto procedimental cuando se deja de notificar una
decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad
de controvertir dicha decisión[40]”
No
obstante lo anterior, en materia de notificación, la misma sentencia aclara que
pueden presentarse algunos eventos en los cuales la acción de tutela no es
procedente para controvertir las decisiones judiciales adoptadas cuando se ha
dejado de notificar una decisión. Esto ocurre cuando:
(i)
la falta de
notificación no tiene efectos procesales relevantes o de importancia,
(ii)
cuando este
se deriva “de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un
efecto real – por ejemplo porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el
acto por otros medios –,  no procederá la tutela[41].”
9.
Adicionalmente, la sentencia destaca que también puede estarse en presencia de
uno de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales por defecto procesal cuando:
(i)
Existe una
demora injustificada por parte del funcionario, tanto en la adopción de la
decisión como en el cumplimiento.[42]
(ii)
Ante la
omisión del juez de recibir y valorar pruebas que hayan sido previamente
ordenadas.[43]
(iii)
Se presenta
ausencia de defensa técnica, la cual deriva en una sentencia condenatoria en
materia penal, situación que le sea “absolutamente imputable al Estado”.[44]
Reiteración de jurisprudencia. La vinculación de la
persona ausente al proceso penal y sus implicaciones en el derecho al debido
proceso.
10. En la sentencia T-737 de 2007[45]
se resumieron los lineamientos constitucionales de la declaratoria de persona
ausente (Art. 29 y 31 de la C.P.), considerando para ello las garantías del
debido proceso incorporadas a través del bloque de constitucionalidad
contenidas en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[46].
En ese marco, se reiteró que si bien la vinculación como persona ausente al
proceso penal restringe el ejerció del derecho al debido proceso, en especial
la defensa técnica[47], su uso es
constitucional siempre que se garanticen ciertas condiciones formales y
procedimentales, a saber:
“a. La
declaratoria de ausencia constituye el último recurso, en cuanto a las formas
legales para vincular a una persona a un proceso penal. Al respecto, ha
señalado la Corte: “La declaración de persona ausente no puede ser la decisión
subsiguiente al primer fracaso en encontrar al procesado, pues tal como lo
consagra el mismo artículo 356, acusado, sólo es posible vincular penalmente a
una persona ausente "cuando no hubiere sido posible hacer comparecer a la
persona que debe rendir indagatoria (…) Actuar de manera distinta comporta la
nulidad de las actuaciones por violación del derecho de defensa” [48].
b.
El estado tiene (i) el
deber de ubicar al imputado[49]; (ii) esta
obligación consiste en utilizar todos los medios que razonablemente estén a su
alcance, de acuerdo con los elementos específicos del caso concreto, para
lograr la comparecencia del imputado; (iii) esta obligación no cesa en un
momento determinado, sino que persiste a lo largo de todo el proceso[50];
concretamente, la declaratoria de persona ausente, no extingue la obligación.
Por último, (iv) el funcionario judicial, sin perder su imparcialidad, por la
efectividad del derecho a la defensa, tiene la potestad de sustituir al
defensor que no cumpla adecuadamente con sus deberes profesionales[51].
c.
Puesto que uno de los
fundamentos constitucionales de la declaratoria en ausencia, es que de esta
forma se garantiza el ejercicio de la defensa técnica[52],
es esencial que el defensor de oficio sea nombrado al momento de producirse la
declaratoria de persona ausente.
d.
Son requisitos formales de
la declaratoria, el intento por vincular al investigado mediante indagatoria,
la emisión previa de una orden de captura, el emplazamiento mediante edicto, y
la vinculación mediante resolución motivada, que indique las diligencias
realizadas para lograr la comparecencia del imputado, así como el resultado de
las mismas[53].
e.
Los requisitos sustanciales, se
concretan en la identificación e individualización plena del procesado, y la
evidencia de su renuncia a comparecer en el proceso, medidas que no sólo buscan
garantizar los derechos fundamentales del imputado, sino de terceros que
pudieran verse involucrados en el hecho, por homonimia[54].”
11. Del mismo modo, en la
sentencia T-835 de 2007[55], la Corte encontró
acreditada la estructuración de un defecto procedimental porque se vulneró el
derecho al debido proceso de una persona que fue vinculada como persona ausente
en un proceso penal, cuando las autoridades judiciales tenían en el expediente
una dirección para ubicar a la accionante: “Esta Sala de Revisión considera
que las autoridades judiciales demandadas sí  vulneraron el derecho a la
defensa de la actora y, por lo tanto, su derecho al debido proceso, pues no la
notificaron del proceso penal que seguían en su contra, a pesar de que lo
podrían haber hecho, dadas las  circunstancias específicas del caso.
Ciertamente, los documentos que reposaban en el expediente permitían deducir
con claridad que la tutelante residía en Bogotá, e incluso aparecían dos
direcciones en esta ciudad en las que podrían haber intentado notificarla.// Lo primero que debe anotarse al respecto es que, como
se puede percibir al leer la reseñas de los expedientes remitidos al proceso,
contenidas en el acápite sobre las pruebas recopiladas, en todos los documentos
referidos a la actora y al vehículo aparecía con claridad que ella estaba
domiciliada en Bogotá. De esta forma, las distintas citaciones que se le
hicieron a través de la radio no podían tener éxito. Por eso, tal como se
deduce de las sentencias reseñadas, desde una perspectiva del respeto al debido
proceso era obligación del Fiscal 24 Seccional y del Juez 5° Penal del Circuito
de Santa Marta  tratar de vincular a la actora al proceso, notificándola sobre
el mismo a las direcciones que aparecían en los documentos arrimados al
legajo”.
12. En contraste, en la sentencia T-962 de 2007[56]
se descartó la configuración de un defecto procedimental en la vinculación como
persona ausente del procesado, en los siguientes términos: “A pesar de haber
enviado tres de las cinco citaciones de manera correcta, es decir a la Calle 60
No. 4B-48, el accionante no se hizo presente a fin de ejercer su derecho de
defensa a través de la respectiva diligencia de indagatoria, lo que obligó a la
Fiscalía, en el mes de septiembre de 2003, a proferir orden de captura en contra del implicado a fin de lograr su comparecencia dentro del proceso, la cual no
produjo ningún efecto.  Hecho éste que forzó al ente fiscal a emitir la
respectiva resolución de declaración de persona ausente, el 15 de abril de
2004, con el objetivo de vincular al procesado y de esta manera continuar con
el trámite procesal respectivo, cumpliendo de esta manera con la correcta,
pronta y eficiente prestación del servicio público esencial de administrar
justicia. // De lo expuesto, se extrae que la Fiscalía como demandado dentro de
la acción de tutela, actuó de manera diligente en procura de lograr la
vinculación del actor dentro del proceso, haciendo las respectivas citaciones,
en las que si bien cometió un error en un par de ocasiones, el mismo no se
presentó en el primer telegrama enviado al actor, al día siguiente de la
resolución de apertura de instrucción y fue corregido con posterioridad,
enviando las respectivas citaciones al lugar que figuraba como domicilio de
notificaciones para Importaciones González Ltda., persona jurídica representada
por el hoy demandante.” (Se omiten las notas al pié).
13.
Por su parte, en la sentencia T-517 de 2009[57]  la Corte reiteró los
parámetros establecidos en la sentencia T-737 de 2007, al decidir que no se
vulneró el derecho al debido proceso de un sindicado que había sido vinculado
como persona ausente, pues tanto la Fiscalía como el Juzgado que conocieron el
caso habían desplegado actividades tendientes a ubicarlo para que se presentará
al proceso, así como para notificar las decisiones correspondientes en su
domicilio. Por consiguiente, concluyó que no hubo defecto procedimental por las
autoridades judiciales accionadas, así: “Lo
anterior evidencia que contrario a las afirmaciones del señor Borrero Caviedes,
los demandados enviaron a San Luis las respectivas ordenes de captura y
citaciones, para garantizar su comparecencia al proceso con el objeto de
notificarle la existencia de la causa en su contra y garantizarle la defensa de
sus derechos de manera oportuna. //La Sala observa que en la etapa procesal de
declaración de persona ausente se cumplieron todos los requisitos formales y
sustanciales, en la medida que se emitió la orden de captura, se hizo el
emplazamiento, para posteriormente expedir la resolución con las actuaciones
hechas con el fin de lograr la comparecencia del imputado”.
14. Por el contrario en la sentencia T-508 de 2011[58],
la Corte encontró acreditada la configuración de un defecto procedimental cuando
las autoridades judiciales demandadas a pesar de conocer direcciones en donde
era factible ubicar al peticionario pues aquellas obraban en el expediente no
realizaron suficientes actividades para que se notificara del proceso penal en
su contra sino que procedieron a vincularlo como persona ausente: “(…)
teniendo en cuenta que durante el trámite del proceso adelantado por el señor
Nieto Roa no se realizaron todas las acciones tendientes a su notificación, aún
contando con los medios para este fin, lo cual derivó en una sentencia
condenatoria después de que fueron transgredidos derechos fundamentales del
demandante, la Sala considera que la presente acción es procedente contra la
sentencia proferida el 4 de febrero de 2008 por el Juzgado 17 Penal del
Circuito de Bogotá.”
15. En el mismo sentido, en la sentencia T-779A de
2011[59], se reiteró el deber de
los operadores judiciales de desplegar todas las actividades necesarias para
notificar al sindicado de un proceso penal en su contra: “Tal como se
desprende de la jurisprudencia citada, el requisito de un procedimiento previo
a la declaratoria de persona ausente, pasa por la ineludible exigencia del
funcionario judicial de agotar todos los medios para hacer comparecer al
imputado al proceso. El cumplimiento de la carga de la ubicación física del
acusado por parte de la autoridad, la ha considerado la Corte como un requisito
previo, e incluso verificable, para la validez del proceso en ausencia del
procesado.”
16. Análogamente, de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la vinculación de persona
ausente es preciso destacar:
““La Corte ha sido reiterativa en sostener que la
vinculación del imputado al proceso mediante declaración de persona ausente, no
es un procedimiento alternativo al de vinculación personal (mediante
indagatoria), sino residual o supletorio, al que solo puede llegarse cuando
no ha sido posible hacer comparecer al imputado para que asuma la defensa
material, acorde con lo establecido en el artículo 356 del Código de
Procedimiento Penal de 1991 (332 y 344 del actual).
También
ha dicho que en desarrollo de la actividad orientada a lograr que el sindicado
concurra a rendir indagatoria, el Estado está en el deber de agotar todas las
opciones razonablemente posibles para hacerlo, atendiendo la información de que
dispone, de manera que la
decisión de adelantar el proceso en ausencia suya, sea resultado de una
cualquiera de dos situaciones: (1) Que no fue posible su localización, no
obstante haberse agotado los medios disponibles para lograrlo; y (2) que
habiendo sido informado, ha asumido una actitud de rebeldía frente a los llamados
de la justicia, marginándose voluntariamente de la posibilidad de comparecer a
rendir indagatoria (Cfr. Casación de 18 de diciembre del 2000, Magistrado
Ponente Dr. Mejía Escobar, entre otras).
En
ambas hipótesis, la ley ordena cumplir ciertos pasos previos antes de proceder
a la vinculación en ausencia: (1) citación a indagatoria; (2) orden de captura;
y (3) emplazamiento, siendo cada uno de ellos presupuesto indispensable del
siguiente, aunque del primero puede prescindirse cuando el delito por el que se
procede permite librar directamente la captura, o no ha sido posible establecer
la dirección concreta del implicado (artículos 356, 375 y 376 del Código bajo
cuya vigencia se cumplió el trámite del proceso, y 336 del actual).
Lo
importante, sin embargo, para que el acto de vinculación en ausencia sea
legítimo, y pueda entenderse garantizado el derecho de defensa, no es
simplemente que se cumplan los pasos indicados, sino que el funcionario
instructor haya realizado las gestiones necesarias para establecer el lugar o
dirección donde puede ser localizado el imputado, y que los datos obtenidos
sean incluidos correctamente en las citaciones telegráficas, y en las
comunicaciones enviadas a los organismos de seguridad encargados de su
localización o captura. De nada sirve que en el expediente aparezca registrado
el lugar de residencia del implicado, si estos datos son ignorados por el
órgano judicial, o equivocadamente transmitidos a las entidades encargadas de
su búsqueda.
En
el presente caso, como lo sostiene la Delegada en su concepto, se incurrió en
doble falencia: (1) no se ordenaron las pruebas necesarias en procura de lograr
la ubicación de la implicada para que concurriera a rendir indagatoria,
existiendo en el proceso información que permitía hacerlo, y (2) no se incluyó
correctamente en las citaciones telegráficas remitidas a ella, ni en las
órdenes de captura enviadas a los órganos de seguridad, la dirección que de su
residencia aparecía registrada en el proceso.”[60]
17. En suma, si bien se
reconoce la constitucionalidad de vincular a la persona ausente al proceso
penal pese a las implicaciones que conlleva en el derecho de defensa, esta
medida debe estar precedida del despliegue de actividades por parte de las
autoridades judiciales tendientes a notificar de la existencia del proceso al
sindicado. Cuando se vincula como persona ausente a un proceso penal sin haber
agotado todos los mecanismos para que comparezca de forma personal se configura
un defecto procedimental que hace procedente la acción de tutela contra
providencia judicial.
Del caso concreto
18.
El apoderado de la sociedad accionante
considera que las actuaciones a adelantadas por la Fiscalía Seccional 232 de la
Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales y el
Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, que terminaron con una sentencia
condenatoria tras ser hallado penalmente responsable por los delitos de Acceso
Carnal Abusivo con Incapaz de Resistir Agravado, en concurso heterogéneo y
simultáneo con Incesto, vulneraron su debido proceso, puesto que la
investigación y el juicio se tramitaron sin haber sido notificado oportunamente
de su vinculación como sindicado lo que impidió el ejercicio de su defensa
técnica. Además, agrega que los defensores de oficio designados tampoco
cumplieron su labor de defensa.
Al
respecto, observa la Sala que si bien el peticionario no propuso un defecto
distinto a la vulneración directa de la Constitución por desconocimiento del
debido proceso, lo cierto es que tal como se expuso en las consideraciones la
presunta irregularidad alegada ha sido enmarcada por la jurisprudencia
constitucional como un defecto procedimental y así lo estudiará la Sala. Por lo
tanto, la Corte verificará, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales en el
presente caso, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento 5.2 de esta
decisión.
Análisis
de procedibilidad
19.1.
Relevancia Constitucional.
El
asunto planteado a esta Sala de Revisión tiene relevancia constitucional porque
hace referencia a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, en
particular la privación del ejercicio del derecho de defensa, por no haber sido
notificado oportunamente del proceso penal adelantado en su contra. Esta
consideración es suficiente para dar por cumplido el requisito.
19.2.
El agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
Los
hechos por los cuales fue interpuesta la acción de tutela que actualmente
estudia la Sala Novena tienen origen en un proceso penal, el cual terminó el
treinta y uno (31) de octubre de dos mil ocho (2008) con sentencia condenatoria
en contra de Jorge por los delitos de Acceso Carnal Abusivo con Incapaz
de Resistir Agravado, en concurso heterogéneo y simultáneo con Incesto.  Esta
providencia no fue impugnada por el defensor de oficio de Jorge, lo cual
hace parte de los reproches constitucionales frente a la labor de defensa
técnica.
En
este contexto, recuerda la Sala que el actor solo tuvo conocimiento de la
sentencia condenatoria cuando fue detenido en noviembre de 2011. En esa medida,
no se hace exigible el agotamiento de los recursos procedentes en este caso por
las circunstancias que mantuvieron al margen del proceso a Jorge y que
serán analizadas en el amparo material.
19.3.
El principio de inmediatez.
El
análisis de este requisito merece especial consideración en atención a las
circunstancias del caso. En efecto, el accionante conoció de la condena en su
contra cuando fue detenido en noviembre de 2011. Por lo tanto, si bien la
sentencia definitiva en el proceso penal es de treinta y uno (31) de octubre de
2008, esa fecha no puede tenerse en cuenta a efectos de determinar la
inmediatez en la actuación de Jorge.
En
este caso, la oportunidad en la actuación se valora considerando que el actor
interpuso la acción de tutela el once (11) de diciembre de dos mil once (2011),
es decir, transcurrido un mes y dos días desde su privación de la libertad, por
lo que la Sala considera que se cumple con el requisito de inmediatez.
19.4.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales.
El
requisito se encuentra acreditado en tanto las irregularidades procesales en
este caso sobre la notificación del proceso penal tienen incidencia directa en
los derechos fundamentales de Jorge al debido proceso y a la defensa.
19.5.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en
caso de haber sido posible.
Los
argumentos presentados por el accionante permiten a la Sala pronunciarse sobre
la eventual configuración de un defecto procedimental, los cuales por las
circunstancias específicas del caso no fueron puestas en conocimiento de los
operadores judiciales que adelantaron el proceso penal.
19.6.
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela.
Al
respecto, basta señalar que la providencia que se considera violatoria del
derecho fundamental al debido proceso se produjo en el curso de un proceso
penal.
20.
Acreditados todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala estudiará la procedencia material del amparo.
De
la procedencia material del amparo.
21. La configuración del
defecto procedimental por vinculación del sindicado al proceso penal como
persona ausente requiere un análisis exhaustivo de las actuaciones a
adelantadas por la Fiscalía 232 para ubicar al sindicado. En este contexto, es
preciso recordar que si bien esta
corporación reconoce la constitucionalidad de vincular a la persona ausente al
proceso penal pese a las implicaciones que conlleva en el derecho de defensa,
esta medida debe estar precedida del despliegue de actividades por parte de las
autoridades judiciales tendientes a notificar de la existencia del proceso al
sindicado.
22. En tal sentido se resumirán las actuaciones que
tuvieron lugar en la etapa   procesal previa a la declaración de persona
ausente de Jorge:
- Mediante
oficio No 1608, la Comisaria Tercera de Familia remitió, por competencia, a la
Fiscalía General de la Nación: “dictamen de Medicina Legal con Radicación
(…) practicado a Pablo de 18 años de edad, quien según información de su señora
madre Isabel, es autista. // Aparentemente el presunto abusador es el padre de
Pablo, señor Jorge, cuya dirección dice la precitada señora desconoce”.
- El diez (10) de diciembre de dos mil tres (2003) la
Fiscalía 232 recibió declaración de Isabel en la que narró los hechos
objeto de la investigación y señaló que desconocía el domicilio de Jorge
no obstante adjuntó recibo del FOPEP, señalando que a través de este Fondo le
pagan la pensión de jubilación a Jorge.
- El diez (10) de diciembre de dos mil tres (2003),
la Fiscalía Seccional 232 de la Unidad de Delitos contra la Libertad,
Integridad y Formación Sexuales declara abierta la etapa de investigación
preliminar 725589 en contra de Jorge. En esta providencia se ordenó
entre otros:
“2.- Solicitar al C.T.I: colaboración en el
esclarecimiento de los hechos y lograr su ubicación y, la plena identidad del
imputado JORGE, de quien debe aportarse su tarjeta decdactilar (sic).
(…)
7.- Una vez establecido el sitio de residencia del
imputado infórmesele acerca de la iniciación de esta averiguación con miras a
que ejerza su derecho de defensa.”
- El dieciséis (16) de diciembre de dos mil tres
(2003) se emitió, entre otros, oficio No 978 dirigido al Jefe del Cuerpo
Técnico de Investigación con el propósito de lograr la plena identidad del
imputado JORGE.
- Posteriormente, el veinticuatro (24) de marzo de dos
mil cuatro (2004), la Fiscalía 232 ordenó la Apertura de instrucción en contra
de Jorge, a fin de establecer si ha venido abusando sexualmente de su
hijo. En el mismo proveído, decidió:
“1.- Oír en injurada al sindicado JORGE, en
consideración que se desconoce su paradero se dispone librar orden de captura
en su contra.
(…)
Pedir al C.T.I respuesta al oficio No. 978 de
diciembre 16 de 2003”.
- El seis (06) de abril de dos mil cuatro (2004) a
través de diferentes oficios se ordenó al DAS remitir los antecedentes que
registre Jorge, al C.T.I dar respuesta a lo solicitado mediante oficio
No. 978 y a la Comisaría Tercera de Familia remitir los documentos originales
del reconocimiento médico practicado a Pablo.
- El veintisiete (27) de abril de dos mil cuatro
(2004), Isabel remitió escrito en el que señaló una dirección (en
adelante la dirección A) para ubicar a Jorge. Además, insistió en que la
única información sobre el sindicado es que la pensión de jubilación es pagada
por FOPEP-CAJANAL.
- El cinco (05) de mayo de dos mil cuatro (2004) se
ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil remitir la tarjeta
decadactilar de Jorge.
- El veintinueve (29) de julio de dos mil cuatro
(2004) el DAS respondió que Jorge no registra antecedentes judiciales,
aparece únicamente la orden de captura relaciona con el proceso que cursa en
ese Despacho.
- Mediante Informe de Policía Judicial No. 3236, se
estableció que el actual domicilio temporal de Jorge es la dirección B,
así como un número telefónico B.
- La
Fiscalía 232, ordenó, por medio de providencia del quince (15) de diciembre de
dos mil cuatro (2004), vincular como persona ausente al señor Jorge. En
el mismo proveído se nombró defensor de oficio y se le notificó a la dirección
aportada por Isabel, es decir, a la dirección A. En particular, se
determinó:
“JUSTIFICACIÓN
Con
el propósito de escucharlo EN INDAGATORIA, vencido el término de diez días
luego de haberse librado contra el implicado ORDEN DE APREHENSIÓN ha de darse
aplicación a cuanto consagra en el Artículo 344 del Código de Procedimiento
Penal, previa, la siguiente exposición de:
1.
LOS HECHOS INVESTIGADOS:
La
Comisaría Tercera de familia ha compulsado copias para que se investigue el
posible abuso sexual de que ha sido víctima el joven PABLO, por parte de su
padre.
2.
IMPUTACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL:
Contra
el denunciado, se imputa que desarrolló conductas, que encuentran adecuación
con aquellas actividades comportamentales señaladas en el Libro Segundo, Título
IV, capítulo Segundo del Código Penal, bajo de denominación jurídica de ACCESO
CARNAL ABUSIVO CON INCAPAZ DE RESISTIR (Art. 210), que señala para sus
transgresores pena de prisión de cuatro (4)  a ocho (8) años. En concurso
heterogéneo con INCESTO, descrito y sancionado por el Art. 237 Ibídem,
señalando pena de prisión  de uno (1) a cuatro años: toda vez que ha quedado
demostrado que se trata del padre biológico del afectado, estas conductas se
presentaron en concurso homogéneo y sucesivo ya que la conducta fue repetitiva.
Ante
la ausencia material del implicado encontrándose este plenamente identificado,
se hace necesario declararlo PERSONA AUSENTE, nombrándole Defensora de Oficio,
al doctor: (…)”
23.
Nuevamente, la Corte reitera que la declaratoria de persona ausente es el
último recurso para vincular penalmente al sindicado, pues el Estado tiene la
obligación de utilizar todos los medios razonablemente a su alcance para lograr
su comparecencia al proceso. En ese ámbito, recuerda que son requisitos formales de la declaratoria el intento
por vincular al investigado mediante indagatoria, la emisión previa de una
orden de captura, el emplazamiento mediante edicto, y la vinculación mediante
resolución motivada, que indique las diligencias realizadas para lograr la
comparecencia del imputado, así como el resultado de las mismas. Y son
requisitos sustanciales, la identificación e individualización plena del
procesado, y la evidencia de su renuncia a comparecer en el proceso, medidas
que no sólo buscan garantizar los derechos fundamentales del imputado, sino de
terceros que pudieran verse involucrados en el hecho, por homonimia.
24.
El actor circunscribió la solicitud de amparo a la falta de notificación del
proceso penal que se adelantó en su contra sin que las autoridades judiciales
que conocieron su caso observaran que obraba en el expediente la dirección B
donde era posible ubicarlo. Al respecto, puntualizó que la dirección A fue
aportada por la denunciante, quien no estaba en capacidad, como lo reconoció
desde el inicio del proceso de penal de suministrar su domicilio y a la dirección
C a la cual también fueron notificados diferentes actuaciones judiciales, la
cual correspondía a su lugar de residencia cuando tramitó la cédula de
ciudadanía hace más de treinta años en la Dorada, Caldas.
25.
En general, las autoridades judiciales que conocieron del proceso penal no agotaron
todos los recursos que tenían a su alcance para dar a conocer el proceso a  Jorge.
Esto, por cuanto de forma específica obraba en el expediente el informe del
CTI donde se establecía que el domicilio temporal de Jorge era la
dirección B y ninguna de las comunicaciones fue enviada a ese lugar. De hecho,
ese informe es anterior a la declaratoria de persona ausente y no se tuvo en
cuenta para su vinculación.
Adicionalmente,
no se intentó localizar al accionante a través del Fondo de Pensiones que paga
su pensión o averiguar por su EPS u otro domicilio si se tiene en cuenta que
era pensionado del DAS. Ninguna acción se observa en el expediente tendiente a
ubicar a Jorge a través del Sistema de Seguridad Social aunque se
conocía desde el comienzo del proceso su calidad de pensionado.
Al
respecto, reitera la Sala que la obligación de las autoridades judiciales para
que el sindicado comparezca al proceso no cesa con la vinculación como persona
ausente sino que debe intentarse durante todas las etapas procesales. En
contraste, en el expediente las notificaciones durante el transcurso del
proceso siempre fueron hechas a las direcciones A y C y no se intentó localizar
al imputado a través de cualquier otro medio con la información que de él
obraba en el sumario.
26.
Ahora bien, en cuanto a la declaratoria de persona ausente la Sala evidencia
que no se cumplió con los requisitos formales ni sustanciales que deben
precederla. Así, si bien se ordenó mediante
providencia del 24 de marzo de 2004 llamar a indagatoria a Jorge y emitir
la correspondiente orden de captura, no se realizó el emplazamiento mediante
edicto. De hecho ninguna comunicación se remitió al imputado antes de la
declaratoria de persona ausente, la cual se envió a la dirección A.
Además,
la resolución de vinculación como persona ausente carece de motivación, en
especial, sobre las diligencias realizadas para lograr la comparecencia del
procesado, así como el resultado de las mismas. Esto, refleja como se indicó
que la actividad de la Fiscalía fue nula respecto a comunicar al accionante el
inicio del proceso penal en su contra.
Por
otra parte, frente a los requisitos sustanciales, la vinculación como persona
ausente identificó e individualizó plenamente a Jorge, pero no evidenció
su renuencia a comparecer en el proceso.
27.
En suma, las irregularidades señaladas que llevaron a que el accionante fuera
vinculado como persona ausente, en perjuicio de sus derechos al debido proceso
y al derecho de defensa, configuran un defecto procedimental en tanto no se
cumplieron los requisitos formales y sustanciales para notificar a Jorge
del proceso penal que se adelantaba en su contra a pesar de que en el
expediente obraba una dirección (la dirección B), la cual afirma era su
domicilio para la época de los hechos y las
autoridades judiciales no desplegaron
actividades mínimas para ubicar al procesado con la información que del mismo
se tenía en el proceso.
En
virtud de lo expuesto, se revocará la sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó a su vez la
sentencia denegatoria de tutela promovida por Jorge contra la Fiscalía 232
Seccional de Bogotá, el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá y el Juzgado 15
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, fallo proferido por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Así mismo, se dejará sin efecto la sentencia
condenatoria y se ordenará que se surta
un nuevo proceso penal, sometido integralmente a las garantías constitucionales
y legales del debido proceso.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida el nueve (09) de febrero de dos mil doce (2012) por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó a su vez la sentencia denegatoria de tutela promovida
por Jorge contra la Fiscalía 232
Seccional de Bogotá, el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá y el Juzgado 15
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, fallo proferido el
dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011) por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso y defensa del accionante.
Segundo.- DECLARAR la NULIDAD de todas las actuaciones surtidas en el
proceso penal seguido en contra Jorge, a partir de la declaratoria de
ausencia proferida por la Fiscalía 232 de la Unidad de Delitos contra la
Libertad, Integridad y Formación Sexuales, el día quince (15) de diciembre de
dos mil cuatro (2004) por violación al artículo 29 de la Constitución Política
y, en consecuencia, ORDENAR que se surta un nuevo proceso penal,
sometido integralmente a las garantías constitucionales y legales del debido
proceso.
Tercero.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
María
Victoria Calle Correa
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Decisiones
similares han sido adoptadas por la Corte Constitucional en casos en los que se advierte que un menor puede resultar afectado por
la publicación de la información contenida en el expediente de tutela. Ver,
entre otras, las sentencias T-523 de 1992, T-442 de 1994, T-420 de 1996, SU-337
de 1999, T-941 de 1999, T-1390 de 2000, T-510 de 2003, T-639 de 2006, T-794 de
2007, T-900 de 2007, T-302 de 2008, T-912 de 2008, T-1015 de 2010.
[2] En este aparte
se sigue la exposición del accionante, la cual se complementará con los hechos
relevantes que se desprenden de los documentos obrantes en el expediente
[3] Folio 3 del
cuaderno 3.
[4] Folios 17 y 18
del cuaderno 3.
[5] Cfr. Sentencia
T-156 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en al que la Corte concluyó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar de forma simultánea
presenta un defecto sustantivo y fáctico. En efecto, de una parte, la
interpretación exegética de la norma de caducidad de la acción de reparación
directa realizada por el Tribunal no es admisible constitucionalmente, toda vez
que circunscribir el análisis al ámbito legal sin estudiar los efectos de la
posición variable de la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
jurisdicción competente para tramitar los procesos contra el ISS devino en una
flagrante denegación de justicia. Y de otra, se encuentra acreditado el defecto
fáctico por la falta de análisis del Tribunal Administrativo de Bolívar de las
providencias del Consejo de Estado sobre la jurisdicción competente y las
consecuencias sobre la caducidad de la acción de reparación directa. Igualmente
consultar la sentencia T-1112 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En donde este Despacho estudió la configuración de una vía de hecho por desconocimiento
del precedente jurisprudencial pues se había desvinculado a un servidor público
en provisionalidad sin motivación. En el mismo sentido, se puede consultar la
sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño, en la que la Corte dejó sin efectos una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negaba el reconocimiento de la pensión de invalidez al aplicar
una norma que había sido declarada inexequible pero que al momento de la
estructuración de la invalidez se encontraba vigente.
[6] Al respecto ver
sentencia T-018 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[7] Se trata de una
exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.
[8] “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la
función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la
procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de  “cualquier”
autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra
los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función
jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los
jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a
supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen
constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de
la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005
(M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[9] “La procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid.
[10] Sobre los
conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la
sentencia SU-047 de 1999  (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[11] “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones
judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
[12]
Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[13]
Ver sentencia T-173 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-590 de
2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[14]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño).
[15]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que
si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[16]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[17]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998 M.P. (Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[18] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-159 de 2002 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-996
de 2003 M.P. (Clara Inés Vargas Hernández), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda).
[19]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[20]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Hernández), T-1180 de 2001 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[21] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett).
[22]
“(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[23]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o
cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[24] Ver Sentencia T-701
de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[25] Es
decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia
material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[26]. Sentencia T-774 de 2004.
[27] Sentencia SU-1185 de 2001.
[28] Sentencia SU-158 de 2002.
[29] Ver sentencia T-996 de 2003.
[30] Ibídem.
[31] T-289 de 2005.
[32] Ibídem.
[33] Ver sentencia T-579 de 2006. En el fallo, esta
Corporación reiteró la sentencia T-1062 de 2002 e indicó: “no todo
incumplimiento de un término procesal o de una norma que establece una etapa es
suficiente para que se incurra en vía de hecho por defecto procedimental, pues
además del desconocimiento mismo se requiere que el ejercicio del derecho de
defensa se haya visto efectivamente afectado”.
[34] Ver T-731 de 2006, T-697 de 2006, T-196 de 2006,
entre otras.
[35] Sentencia T-289 de 2005 y T-996 de 2003. En este
pronunciamiento, la Corte se refirió a la configuración de un defecto
procedimental como consecuencia de la violación del derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales “al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los
derechos fundamentales”.
[36]
Cfr. sentencia T-984 de 2000. La Corte afirmó en aquella oportunidad que en
materia penal, el procedimiento “debe ser llevado a cabo, en principio, por
los jueces penales dentro de los procesos en los que se manifiesten
deficiencias en la defensa técnica de los sindicados, pues si mediante tales
procedimientos, en sede de tutela, lo que se pretende es restablecer derechos
conculcados, al aplicarlo dentro del proceso penal, se previenen eventuales
vulneraciones de sus derechos fundamentales”.
[37]Cfr. sentencia T-654 de 1998. Se concedió la tutela
porque se probó que, pese a que el indagado había manifestado claramente el
lugar en el que podía ser informado sobre cualquier decisión judicial y que,
por carencia de medios económicos, no contaba con un defensor de confianza ni
le había sido nombrado defensor de oficio, el juzgado no le informó sobre la
expedición del cierre de investigación ni le nombró un defensor de oficio. Lo
anterior, sumado a la casi absoluta falta de defensa técnica, y la no práctica
de las pruebas solicitas por el sindicado llevaron a la Corte a considerar que se constituía una verdadera vía de hecho.
[38]Cfr. sentencia T-639 de 1996. Se concedió la tutela por
encontrar que el juzgado decretó clausurada la investigación, sin
adelantar diligencia alguna tendiente a lograr la comparecencia del procesado,
a pesar de que tenía a su disposición la dirección donde podía ser localizado.
En ese caso, al accionante no se le notificó siquiera de la apertura de
investigación en su contra.
[39] Cfr. Sentencia T-508
de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[40]
Por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se configura defecto
procedimental por indebida notificación en el proceso penal cuando
se verifica: (i) denotada negligencia del juez en la realización de intentos de
notificación, (ii) consecuente falta de notificación de las diligencias en el
proceso pena, (iii)  como consecuencia de lo anterior se adelanta el proceso
penal contra persona ausente.
[41]
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994; SU-478 de 1997; T-654 de 1998.
[42] T-055 de 1994.
[43] La Sentencia T-1246 de 2008 en cita al pie referencia  la Sentencia T-996 de 2003, señalando que  en esa oportunidad la tutela había sido impetrada
contra un juzgado laboral el cual había ante la inasistencia de las partes y de
sus apoderados a la segunda audiencia de trámite en un proceso ordinario
laboral  había dado por concluido el período probatorio, sin que se practicaran
las pruebas decretadas en una audiencia anterior,  y ante la ausencia de
elementos que confirmaran la existencia de una relación laboral había absuelto
a la entidad estatal demandada.
[44]
Ver Sentencia T-654 de 1998.
[45] M.P. Jaime
Córdoba Triviño. En esa oportunidad se estudió un proceso penal en el cual el
accionante había sido condenado penalmente luego de ser vinculado como persona
ausente al proceso penal y alegaba la ocurrencia de un defecto fáctico y
procedimental, el primero, se desestimó por carecer de fundamento mientras el
segundo prosperó. Para la Corte no se cumplieron los requisitos establecidos
por la jurisprudencia para vincular a una persona como ausente en el proceso
penal, entre ellos, la no consignación de las diligencias adelantadas para
ubicar al sindicado en la Resolución que lo declaró persona ausente, no
nombrarle en dicha resolución a un defensor de oficio y no reemplazar el mismo
ante la falta de interés demostrada en ejercer la labor de defensa del
sindicado.
[46]
Como lo pone de presente la sentencia reseñada, un estudio más detallado del
bloque de constitucionalidad en estos casos puede consultarse en la sentencia
T-1110 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto. Así mismo, puede considerarse la
sentencia T-779A de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[47] Al respecto, se
identificó la tensión existente entre la administración de justicia, la
celeridad y continuidad del proceso penal y el derecho de las víctimas a
obtener verdad y justicia con el derecho la defensa del sindicado, quien puede
no saber del proceso o no querer acudir al mismo (contumacia). En tal sentido,
ver sentencias: C-488 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-248 de 2004,  M.P.
Rodrigo Escobar Gil y C-591 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-962 de
2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[48] Sentencia C-488
de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Consideración reiterada, entre otras, en
las sentencias C-320 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-100 de 2004
(M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-248 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[49]
Sentencias C-488 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-654 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[50] Sentencia C-488
de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[51]
Sentencia SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[52] Principalmente,
en las sentencias C-488/1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-248 de 2004 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil y C-591 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[53] Al respecto, la Corte se pronunció in extenso, en la sentencia C-248 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), de la siguiente manera: “En el orden
formal se destacan: (i) El adelantamiento de las
diligencias necesarias para lograr la práctica de la indagatoria como forma de
vinculación personal, ya sea en todos los casos mediante la orden de citación,
o eventualmente, cuando se trate de un delito frente al cual proceda la
detención preventiva, y el citado se niega a comparecer, mediante la expedición
de la orden de captura. De todas estas diligencias debe dejarse constancia
expresa en el expediente (C.P.P. art. 336). (ii) Solamente es procedente la
declaratoria de persona ausente, si el sindicado no comparece a rendir
indagatoria vencidos tres (3) días desde la fecha señalada en la orden citación
o diez (10) días desde que fue proferida la orden de captura. (iii) Dicha
declaratoria debe realizarse mediante “resolución de
sustanciación motivada” en la
que se designará defensor de oficio, “se establecerá de manera sucinta los
hechos por los cuales se lo vincula, se indicará la imputación jurídica
provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren
pendientes”. (iv) Esta resolución debe notificarse al defensor designado y
al Ministerio Público”.
[54] Ibid.
[55] M.P. Manuel José
Cepeda Espinoza.
[56] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[57] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chlajub.
[58] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
[59] M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto. En esa oportunidad, la Sala concluyó que una vez verificado que el imputado se encontraba fuera del país había cumplido con la labor de
diligencia para notificarle el proceso penal en su contra.
[60]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso Número 14722 de 6 de
junio de 2002. Citada, entre otras, en las sentencias T-799A de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-508 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.