T-770-15
Sentencia T-770/15
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E
INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES
FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia excepcional cuando prestan un
servicio público o actividad de interés público
Contra este tipo de compañías podrá
ejercerse de manera excepcional la acción de tutela cuando el juez
constitucional logre demostrar que: (i) los mecanismos ordinarios no son
idóneos o eficaces para proteger el derecho; (ii) el accionante está ante la amenaza de
un perjuicio grave e irremediable, cuya valoración deberá ser flexible en el
caso de sujetos con especial protección constitucional; y (iii) cuando
de la relación contractual se observe que el actor se encuentra en estado de
indefensión.
CONTRATO DE SEGURO-Elementos
esenciales
Es una figura jurídica concebida como un acuerdo de
voluntades por el cual una persona llamada tomador –en algunas ocasiones también
beneficiario- se obliga al pago de un prima a favor de otra llamada asegurador,
con el fin que esta última cubra los daños causados por la ocurrencia de riesgo
–siniestro- que afecta la integridad física o el patrimonio del primero.
CONTRATO DE
SEGUROS DE VIDA-Naturaleza
Esta modalidad contractual hace
referencia al acuerdo de voluntades que realizan el tomador de póliza y la
entidad aseguradora, donde el primero se obliga al pago de una prima destinada
a integrar un fondo que, en caso de invalidez o muerte, habrá de amparar los
perjuicios que sufran aquellos que estaban a su cargo, que serán llamados
beneficiarios de la póliza.
RETICENCIA O
INEXACTITUD EN EL CONTRATO DE SEGURO
Es una irregularidad en la manifestación de voluntad al
momento de suscribir el contrato de seguro. Se presenta cuando el adquirente,
al instante de tomar la póliza, rinde una declaración sobre su estado de riesgo
que no se encuentra ajustada a la realidad, con lo cual induce a la entidad
aseguradora a expedir una cobertura que no corresponde con su verdadera
condición.
PREEXISTENCIA-Concepto
Este fenómeno hace alusión a circunstancias que se
presentaban con anterioridad a la etapa contractual y constituyeron un factor
determinante en el acaecimiento del riesgo cubierto. En seguros de vida,
permite a la entidad aseguradora abstenerse de ejecutar el pago de la póliza una
vez haya verificado que el tomador sufría de padecimientos previos al momento
en que el contrato comenzó a surtir efectos, y que además tuvieron relación
directa con su fallecimiento.
ACCION DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA ASEGURADORA-Orden
de hacer efectiva póliza de Seguro de Vida
Referencia: expediente
T-5.089.723 AC.
Acciones de tutela instauradas por (i) María Fanny
Castaño contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. (Exp. T-5.089.723); y (ii)
Alba Luz Arenas Parada contra la Cooperativa Multiactiva de Educadores de
Casanare y MAPFRE Colombia Vida Seguros E.A. (Exp. T-5.119.171).
Derechos invocados: mínimo vital, salud, vivienda
digna, igualdad y debido proceso.
Problema jurídico: determinar si las entidades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados al negar la
ejecución de las pólizas de seguros adquiridas bajo el supuesto de
preexistencia.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil
quince (2015).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia del
diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Único
Penal del Circuito de Calarcá, Quindío, que confirmó la sentencia de primera
instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Calarcá, Quindío, el
día 06 de mayo de 2015, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada
por la señora María Fanny Castaño contra BBVA Seguros de Vida Colombia
S.A. Asimismo, de la sentencia del once (11) de mayo de dos mil quince (2015),
pronunciada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal, que decretó en
única instancia como improcedente la acción de tutela entablada por la señora
Alba Luz Arenas Parada contra la Cooperativa Multiactiva de Educadores del
Casanare y MAPFRE Seguros Colombia S.A.
Los expedientes T-5.089.723 y T-5.119.171 fueron seleccionados y acumulados por presentar unidad
de materia para ser fallados en una sola sentencia.
En consecuencia, la Sala procede a exponer
los antecedentes, pruebas y las decisiones judiciales de cada uno de los
expedientes:
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Nueve de la Corte Constitucional escogió, para efectos
de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo
34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la
Sentencia correspondiente.
1.1.
EXPEDIENTE T-5.089.723.
1.1.1.  Solicitud.
La señora María Fanny Castaño
interpone acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la igualdad, al debido
proceso y al mínimo vital, presuntamente conculcados por BBVA Seguros de Vida
Colombia S.A., al negar la ejecución de la póliza de seguro de vida que cubría
el riesgo en caso de enfermedad grave.
1.1.2.  Hechos.
1.1.2.1.
La accionante manifiesta que
en el mes de marzo del año 2014 adquirió un crédito con la entidad financiera
BANCAMÍA S.A., por un monto de $5.000.000, diferido a 36 meses, con cuotas
mensuales de $275.000, amparada con póliza de seguro de vida. Agrega que, sin
embargo, en estos momentos sufre problemas de salud, concretamente, cáncer de
útero y diabetes mellitus, los cuales no le permiten generar ingresos, de
manera que el día 30 de enero de 2015 solicitó el estudio de su condición para
hacer efectiva la póliza de seguro que había adquirido.
1.1.2.2.
Relata que el día 26 de
febrero de 2015, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. dio respuesta a su
petición, mediante escrito en el cual señaló que la póliza adquirida sólo
cubría riesgo en caso de: cáncer, accidente cerebrovascular, insuficiencia
renal, infarto al miocardio, intervención quirúrgica por enfermedad de las arterias
coronarias y esclerosis múltiple. Asimismo, menciona que la entidad financiera
indicó que luego de revisada su historia clínica, se había determinado que su
padecimiento consiste en litiasis renal, patología que no cumple las
condiciones requeridas por la póliza.
1.1.2.3.
En consecuencia, interpuso
acción de tutela el día 21 de abril de 2015, toda vez que asegura depender de
la venta de arepas y tener un estado de salud que no le permite generar
ingresos. Además, estima incomprensible que la entidad aseguradora no haya
advertido que en su historia clínica se encuentra expreso que ella sufre de
cáncer y diabetes mellitus.
1.1.3.
Traslado y
contestación de la demanda.
Recibida la acción de tutela,
el Juzgado Segundo Penal Municipal de Calarcá, Quindío, profirió auto mediante
el cual ordenó correr traslado a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., para que
se pronunciara sobre los hechos y pretensiones contenidas en el expediente.
1.1.3.1.
Respuesta de
BBVA Seguros de Vida S.A.
1.1.3.1.1. Mediante escrito presentado el día 29 de abril de
2015, esta entidad financiera dio respuesta  a la acción de tutela y se opuso a
los hechos y pretensiones contenidas en ella. Sobre el particular, manifestó
que se permitió objetar un seguro de carácter voluntario, no asociado con
obligación alguna, de manera que no puede existir violación a derecho
fundamentales por el no pago justificado del mismo.
1.1.3.1.2. De igual forma, expuso que los términos y condiciones
de la póliza adquirida, establecen claramente que se cubrirán aquellos
padecimientos determinados en el documento y que hayan sido descubiertos
medicamente por primera vez durante la vigencia del seguro. De esta manera,
afirmó que no era posible acceder a la petición de la señora María Fanny
Castaño, pues su historia clínica muestra que padece de cáncer con anterioridad
a junio de 2011, fecha en la que adquirió la póliza.
1.1.3.1.3. Por otra parte, sostuvo que la acción de tutela es
improcedente en esta ocasión, toda vez que la peticionaria no adelantó las
acciones ordinarias correspondientes para este tipo de reclamaciones por vía
judicial y, además, no se encuentra ante la ocurrencia inminente de un
perjuicio irremediable.
1.1.3.2.
Respuesta de la
entidad financiera BANCAMÍA S.A.
1.1.3.2.1. El día 08 de mayo de 2015, esta entidad presentó
escrito a través del cual se opuso a los hechos y pretensiones planteadas por
la actora en el expediente de tutela. Sostuvo que ha desembolsado dos créditos
a la peticionaria, aprobados el 10 de febrero y el 20 de junio de 2014; y
además, el 03 de febrero de 2015, recibieron la solicitud para hacer efectiva
la póliza de seguro adquirida, a lo cual dieron respuesta el 10 de febrero de
2015, mediante escrito por el que solicitaron allegar una serie de documentos.
1.1.3.2.2. Aseguró que BAMCAMÍA S.A. no ha violado los derechos
fundamentales invocados por la accionante, toda vez que esta compañía se
encuentra registrada en Cámara de Comercio como un entidad financiera que
presta servicios de microfinanzas, por lo cual no es una entidad aseguradora ni
se encuentra sometida a su régimen legal. En este sentido, agregó que no tiene
injerencia alguna en la procedencia de pagos por indemnizaciones relacionadas
con contratos de seguros.
1.1.3.2.3. Igualmente, señaló que la accionante no demostró haber
hecho uso de los mecanismos legales ordinarios con los cuales contaba para
presentar su reclamación; así como tampoco ha solicitado a BBVA Seguros de Vida
Colombia S.A. la reconsideración de la objeción al pago de los seguros que
reclama, hecho mínimo que no representa carga adicional alguna para ella.
1.1.4.
Decisiones judiciales.
1.1.4.1.
Decisión de primera
instancia.
1.1.4.1.1. El día 06 de mayo de 2015, el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Calarcá, Quindío, profirió sentencia por la cual declaró improcedente la acción
de tutela instaurada en relación con las pretensiones frente a BANCAMÍA S.A.,
al estimar que los informes presentados por ésta entidad financiera lograron
demostrar que los créditos adquiridos por la actora se encuentran al día y no
existe ejecución alguna por incumplimiento de pago. Asimismo, agregó que la
accionante no logró probar que, para efectos de continuar con el pago de sus
cuotas, tenga que dejar de satisfacer sus necesidades básicas.
1.1.4.1.2. Por otra parte, en relación con las pretensiones formuladas contra BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A., decretó su incumplimiento por no dar respuesta
oportuna al derecho de petición elevado por la actora el día 30 de enero de
2015, de manera que ordenó a ésta entidad, que en el término de 48 horas
contadas a partir de la notificación del fallo, procediera a realizar un
estudio minucioso sobre la historia clínica de la accionante y, con base en
éste, emitir respuesta de conformidad con los requisitos jurisprudenciales para
estos efectos.
1.1.4.2.
Impugnación
Inconforme con la decisión
de primera instancia, la parte actora interpuso impugnación del fallo, sin
presentar razones al respecto.
1.1.4.3.
Decisión de segunda
instancia.
1.1.4.3.1. Mediante sentencia proferida el día 17 de junio de 2015, el Juzgado
Único Penal del Circuito de Calarcá, Quindío, confirmó en todas sus partes la
decisión de primera instancia, al considerar que la accionante no agotó los
mecanismos judiciales que tenía a su disposición, como el proceso ordinario por
responsabilidad civil contractual, escenario propicio para este tipo de
reclamaciones. En este mismo sentido, indicó que tampoco se demostró la amenaza
de un perjuicio irremediable, ni una afectación al mínimo vital, pues la actora
genera ingresos con la venta de arepas, además, para el momento en que adquirió
la póliza de seguro, demostró tener ingresos para respaldar la obligación
contraída.
1.1.4.3.2. En relación con el silencio guardado por el BBVA Seguros de Vida
Colombia S.A. frente a la reclamación presentada por la actora ante BANCAMÍA
S.A., estimó que se presentó una vulneración al derecho fundamental de petición
de la accionante, pues si bien se había dado respuesta el día 26 de febrero de
2015, la misma había sido extemporánea y por fuera de los márgenes contemplados
en el artículo 23 de la Constitución Política. Explicó que la motivación del
escrito presentó dos contradicciones, toda vez que en el primer punto indicó “a
saber, cáncer”, mientras que el segundo punto expresó que la actora padece
de litiasis renal, sobre lo cual se redujo a sostener que no es una enfermedad
grave.
1.1.5.  Pruebas documentales obrantes dentro del
expediente.
Obran en el expediente, entre otras, las siguientes:
1.1.5.1.
Copia de respuesta
emitida por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. el día 26 de febrero de 2015,
por medio de la cual expresan a la accionante que se permiten objetar la
reclamación de la póliza adquirida, por cuanto la enfermedad que padece no se
encuentra dentro de las señaladas en el contrato (Cd. 1, fl. 6).
1.1.5.2.
Copia de derecho
de petición presentado por la señora María Fanny Castaño a la entidad
financiera BANCAMÍA S.A., a través del cual solicitó la ejecución de la póliza
de seguro adquirida con el propósito de cubrir el crédito en caso de enfermedad
grave (Cd. 1, fl. 7).
1.1.5.3.
Copia de la
historia clínica de la señora María Fanny Castaño, expedida por ESE Hospital La
Misericordia de Calarcá (Cd. 1, fl. 8-47).
1.2.
EXPEDIENTE T-5.119.171.
1.2.1.  Solicitud.
La señora Alba Luz Arenas Parada
interpone acción de tutela contra la Cooperativa Multiactiva de Educadores de
Casanare y MAPFRE Colombia Vida Seguros E.A., por considerar que la negativa en
la ejecución de las pólizas de seguro pactadas para amparar los créditos
adquiridos violan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la
vivienda digna y a tener una familia. En este sentido, expone los siguientes:
1.2.2.  Hechos.
1.2.2.1.
Señala que la
Cooperativa Multiactiva de Educadores del Casanare le otorgó tres créditos: (i)
No. 131000829 por valor de $20.500.000, con vencimiento en mayo de 2020; (ii)
No. 131002062 por $2.000.000, con vencimiento a octubre del 2015; y (iii)
No. 131003050 por monto de $28.100.000, con vencimiento a marzo de 2019, los
cuales se encontraban amparados con pólizas de seguros de vida: (i) No.
2106411300011, con vigencia del 01 de abril de 2012 al 01 de enero de 2013; (ii)
No. 2106410900005, con vigencia del 01 de enero de 2013 al 01 de enero de 2014;
y (iii) No. 2106411900011, con vigencia del 01 de abril de 2014 al 01 de
abril de 2015. Agrega que a raíz de ciertos problemas de salud, fue calificada
con una pérdida de capacidad laboral del 96%, por estrés laboral, según
dictamen de invalidez emitido el día 18 de octubre de 2012 por Medicol Salud UT
Casanare.
1.2.2.2.
Aduce que es madre
cabeza de familia a cargo de dos menores de edad y además depende de una
pensión de invalidez que le fue reconocida mediante Resolución No. 1409 de
2014, por un valor de $716.654.oo, que se convierte en su única fuente de
sustento. Asimismo, menciona que antes de dicho padecimiento, ella cumplía en
forma oportuna con las cuotas pactadas; no obstante, en la actualidad no cuenta
con otra fuente de ingresos y por su estado de salud no puede trabajar.
1.2.2.3.
Indica que
presentó derecho de petición ante la Cooperativa Multialtiva de Educadores de
Casanare, con el fin de obtener la ejecución de las pólizas adquiridas, en
virtud del estado de salud que padece; sin embargo, alega que la aseguradora
MAPFRE negó a dicha entidad financiera la aplicación del amparo, bajo el
argumento que ella padece de trastorno depresivo, cuando en realidad fue
pensionada por estrés laboral.
1.2.2.4.
Manifiesta que a
pesar del conocimiento que tienen las entidades financieras sobre su estado de
salud, constantemente es hostigada y asediada a través de llamadas telefónicas
y comunicaciones donde la amenazan con el despojo de su vivienda. Asegura que
esto agrava su estado de salud, pues le genera cuadros de estrés progresivo y
continuo.
1.2.2.5.
A raíz de lo
descrito, interpuso acción de tutela el día 20 de abril de 2015, pues arguye
que se encuentra en grave estado de salud y el necesita la ejecución de las pólizas
adquiridas con para con ello no afectar su mínimo vital ni el de su familia.
Además, reclama que en el momento de pactar las obligaciones, las entidades
accionadas no le preguntaron sobre enfermedades preexistentes o congénitas, así
como tampoco le informaron sobre las exclusiones que hacían nugatorias las
aplicaciones de amparo.
1.2.3.
Traslado y
contestación de la demanda.
Una vez sometido a reparto el
expediente correspondiente al asunto que se analiza en esta ocasión,
correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal avocar el conocimiento
de este proceso. Al respecto, mediante auto proferido el día 20 de abril de
2015, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado a la
contraparte para que ejerciera su derecho a la defensa.
1.2.3.1.
Respuesta de la
Cooperativa Multiactiva de Educadores de Casanare –COOMEC-.
1.2.3.1.1. Mediante escrito presentado el día 23 de abril de
2015, esta entidad financiera se opuso a los hechos y pretensiones contenidos
en el expediente, sobre los cuales adujo que la acción de tutela entablada por
la señora Alba Luz Arenas Parada es improcedente frente a la Cooperativa, toda
vez que no tiene competencia alguna para modificar o variar la situación
jurídica y económica de la accionante.
1.2.3.1.2. De igual forma, expuso que la inconformidad de la
señora Arenas radica en la negativa de MAPFRE Seguros en ejecutar sus pólizas
de seguro de vida, con ocasión a padecimientos preexistentes al momento de
contraer las obligaciones, lo cual no compete jurídica ni contractualmente a
COOMEC. En este sentido, explicó que el codeudor, al momento de asumir con su
firma el respaldo solidario de las obligaciones, es consciente del compromiso
que asume, de manera que también es ajeno a la Cooperativa la pretensión de la
parte actora dirigida a no cobrar a su codeudor, pues se encuentra legitimada
para adelantar esta actuación.
1.2.3.2.
Respuesta de
MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A.
1.2.3.2.1. El día 11 de mayo de 2015, esta entidad aseguradora
presentó escrito por medio del cual se opuso a los hechos y pretensiones
alegados por la señora Alba Luz Arenas Parada dentro del proceso. Sobre el
particular, expuso los siguientes argumentos:
1.2.3.2.2. En primer lugar, señaló que por virtud del artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela que se estudia es improcedente,
puesto que en este asunto se debate un tema de connotación exclusivamente
contractual privada y mercantil. En este sentido, indicó que la actora pretende
el pago de una sumas de dinero derivadas del contrato de Póliza de Vida Grupo
Deudores, de manera que debe ejercer las acciones civiles ordinarias dispuestas
para estos efectos, pues la acción de tutela no es medio judicial idóneo para
obtener la satisfacción de una pretensión de esta naturaleza.
1.2.3.2.3. En segundo lugar, adujo que existe una casual de
exoneración contractualmente establecida y debidamente acreditada, por lo cual,
la objeción presentada por MAPFRE Seguros frente a la reclamación de la
accionante se encuentra debidamente fundamentada y en este sentido no se
encuentra obligada al pago de suma de dinero alguna. Así, explica que la historia
clínica de la accionante muestra que sufre de trastorno depresivo, el cual se
encuentra por fuera de los eventos cubiertos por la póliza de seguro adquirida.
1.2.3.2.4. En tercer lugar, sostuvo que la causal de enfermedad
mental se encuentra expresamente excluida de amparo, de conformidad con el
inciso 4 del numeral 1.2.1. del contrato, el cual establece que no habrá lugar
a indemnización en estos eventos. Por esta razón, afirma que no existe
vulneración alguna los derechos fundamentales de la accionante, pues el
artículo 1056 del código Civil otorga plena autonomía a las entidades
aseguradoras para delimitar la cobertura del riesgo.
1.2.4.
Decisión judicial.
1.2.4.1.
Decisión de única
instancia.
Mediante sentencia proferida
el 11 de mayo de 2015, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal declaró
improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Alba Luz Arenas
Parada, en consideración a las siguientes razones:
1.2.4.1.1.
En primer lugar, señaló que el
asunto sometido a consideración se circunscribe dentro de la jurisdicción civil
y no constitucional, pues se trata de un tema de carácter contractual y
mercantil, cuya competencia corresponde al juez ordinario dilucidar. Además,
sostuvo que la accionante aún no ha agotado dichos mecanismos de reclamación
ordinaria, sino que acudió directamente a la acción de tutela, sin cumplir con
esto el requisito de subsidiariedad que enmarca la legislación.
1.2.4.1.2.
En segundo lugar, aseguró que
la peticionaria no demostró encontrarse ante la amenaza inminente de un
perjuicio irremediable para su vida y la de su familia, pues no fue suficiente
afirmar que es madre cabeza de familia y que su mesada pensional no le alcanza
para sostener el crédito y sus necesidades, sino que era necesario demostrar la
afectación material a su mínimo vital.
1.2.4.1.3.
En tercer lugar, expuso que la
Cooperativa COOMEC tiene la obligación legal de proceder a efectuar el cobro de
las sumas contenidas en los créditos adquiridos, sin tener posibilidad de
interrumpir la ejecución, toda vez que la aseguradora negó la condonación de la
deuda. De igual forma, estimó que MAPFRE Seguros Colombia explicó debidamente a
la accionante las razones por las cuales negaba el amparo solicitado.
1.2.5.  Pruebas documentales obrantes dentro del
expediente.
Obran en el expediente, entre otras, las siguientes:
1.2.5.1.
Copia de solicitud de seguros
de vida presentada el día 25 de abril de 2014 por la señora Alba Luz Arenas Parada
ante MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A., donde sólo se encuentran diligenciadas
las casillas respectivas a los datos personales de la peticionaria, pero las
otras se encuentran tachadas (Cd. 2, fl. 5).
1.2.5.2.
Copia del escrito presentado
por la señora Alba Luz Arenas Parada ante la compañía de seguros MAPFRE,
mediante el cual solicita el amparo de los créditos con ocasión de la invalidez
otorgada por el médico laboral (Cd. 2, fls. 6-7).
1.2.5.3.
Copia de escrito emitido el
29 de octubre de 2014, mediante el cual MAPFRE Colombina Vida Seguros S.A. dio
respuesta a la petición de cubrimiento de riesgo presentada por la señora Alba
Luz Arenas Parada, donde le informan que su padecimiento no se encuentra dentro
de las afectaciones cubiertas por la póliza (Cd. 2, fls. 8-9).
1.2.5.4.
Copia de escrito presentado
por la señora Alba Luz Arenas Parada ante COOMEC, a través del cual solicitó la
realización de un estudio sobre su condición para determinar la viabilidad en
la ejecución de la póliza (Cd. 2, fls. 12-15).
1.2.5.5.
Copia de escrito presentado
por la señora Alba Luz Arenas Parada ante COOMEC, por el cual solicitó la
prórroga de sus créditos y la suspensión de los cobros a sus codeudores, hasta
por lo menos tres meses mientras ella alcanzaba a solucionar el problema (Cd.
2, Fls. 20-21).
1.2.5.6.
Copia de respuesta emitida el
09 de febrero de 2015 por COOMEC a la señora Alba Luz Arenas Parada, por la
cual le informaron que no es posible suspender la ejecución del crédito por un
año, pues es imposible detener la gestión de cobro y el reporte a las centrales
de riesgo (Cd. 2, Fls. 16-20).
1.2.5.7.
Copia de oficio remitido a la
señora Alba Luz Arenas Parada por parte de COOMEC, mediante el cual le informan
que al no haberse acercado a cancelar la obligación, procederán a reportarla
junto a su codeudor ante la central de riesgo, con su respectivo cobro jurídico
(Cd. 2, fl. 22).
1.2.5.8.
Copia de formulario único
para determinación de pérdida de la capacidad laboral y dictamen de invalidez
de la señora Alba Luz Arenas Parada, emitido por Fiduprevisora S.A., donde
consta una pérdida de la capacidad laboral de un 96%, con fecha de estructuración
el día 31 de octubre de 2012, como consecuencia de antecedentes por estrés
laboral (Cd. 2, fls. 23-24).
1.2.5.9.
Copia de Resolución No. 1409
de 2014, proferida por la Gobernación de Casanare el día 11 de junio de 2014,
por la cual le reconocieron a la señora Alba Luz Arenas Parada una pensión de
invalidez por valor de $716.645.00, efectiva a partir del 1º de mayo de 2014
(Cd. 2, fls. 25-30).
2.       CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
Competencia y oportunidad.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela del proceso de esta
referencia. Además, procede la
revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del
reparto del once (11) de octubre de dos mil trece (2013), verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
Legitimación.
2.2.1.  Los artículos 86 de la Constitución, 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de
esta Corporación, han sostenido que es titular de la acción de tutela cualquier
persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o
amenazados, de forma que pueda presentarla por sí misma o por medio de un
tercero que actúe en su nombre. Por tanto, estas personas pueden invocar
directamente la protección constitucional o, pueden hacerlo a través de
terceros que sean sus apoderados, representantes o agentes oficiosos, para el
caso de las personas que no se encuentran en condiciones de interponer la
acción por sí mismas.
2.2.2.  Así las cosas, en la sentencia T-1259 de 2008, que a
su vez cita la sentencia T- 531 de 2002, la Corte  señaló cuatro situaciones en
las que se tiene legitimación en la causa por activa para el ejercicio de la
acción de la acción de tutela, las cuales son: (i) mediante su
ejercicio directo por parte del afectado; (ii) a través de
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas); (iii) por medio de apoderado
judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado
titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o
en su defecto el poder general respectivo); y (iv) por agente oficioso[1]. Sobre el
particular, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que:
“ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
2.2.3.  Bajo este entendido, encontramos que la ley autoriza a
los interesados en hacer defender sus derechos fundamentales para que puedan
ejercer la acción de tutela de manera directa o sean representados mediante
apoderados judiciales que sustenten las razones de su inconformidad. Así las
cosas, en el caso sub examine, es evidente que los escritos por los
cuales se invoca la protección constitucional, fueron presentados directamente
por las personas que alegan vulneración en sus derechos fundamentales.
3.
PROBLEMA
JURÍDICO
Dentro de los casos puestos a consideración de la Sala
Séptima de Revisión en esta ocasión, las accionantes alegan que sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, al debido proceso, a la vivienda
digna y a la unidad familiar, fueron vulnerados por las entidades accionadas,
en consideración  a una presunta preexistencia de afecciones sobre las cuales
no recaen los amparos de la pólizas adquiridas. Por esta razón, solicitan a
esta Corte estimar las condiciones que afrontan para cancelar las cuotas
correspondientes a la parte de los créditos insolutos, toda vez que no cuentan
con suficientes recursos económicos para mantener una estabilidad que les ayude
a cumplir íntegramente con la obligación sin verse ante la amenaza de un
perjuicio irremediable.
De conformidad con lo descrito, la Sala observa la
necesidad de determinar si en esta oportunidad, las entidades financieras y
aseguradoras demandadas vulneraron los derechos fundamentales de las señoras María
Fanny Castaño y Alba Luz Arenas Parada al negar las ejecución del
amparo contenido en las pólizas de seguro de vida adquiridas con el fin de
cubrir el pago de las obligaciones ante la ocurrencia de uno de los riesgo
estipulados en los contratos.
Para resolver la cuestión planteada, el análisis que
se desarrollará en esta ocasión, abordará los siguientes temas: (i) en primer
lugar, la procedencia de la acción de tutela, concretamente, cuando se
interpone contra entidades aseguradoras; (ii) en segundo lugar,
el contrato de seguro; (iii) en tercer lugar, el seguro de vida
como relación contractual vinculada con los derechos fundamentales; (iv)
en cuarto lugar, la preexistencia como elemento que excluye el
cubrimiento del riesgo; y, finalmente se solucionará el caso
concreto.
3.1.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA.
La acción de tutela
ha sido definida como un mecanismo constitucional subsidiario y expedito que
permite extender la protección judicial en aquellos eventos en los cuales
existe vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y se
requiriere de una intervención pronta e inmediata de la autoridad pública.
Puede ser ejercida por toda persona en defensa de sí misma o en representación
de un tercero cuando éste no se encuentre en condiciones físicas, mentales o
circunstanciales para la defensa de sus derechos fundamentales. A su vez, puede
interponerse contra personas naturales y jurídicas cuando exista violación o
amenaza a los derechos fundamentales de quien solicita la protección; no
obstante, el ejercicio de esta acción requiere, por regla general, que se
reúnan los siguientes elementos:
3.1.1.
Subsidiariedad.
Significa
que la acción de tutela es una herramienta residual del sistema jurídico, es
decir, que para valerse de la misma es necesario emplear previamente las demás
acciones que el ordenamiento ha previsto para cada situación jurídica concreta.
De esta forma, el desconocimiento de este requisito conlleva inexcusablemente,
por regla general, a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela
como consecuencia que emerge de haber desplazado las funciones de las otras
jurisdicciones del ordenamiento jurídico[2].
3.1.1.1.
A través de sentencia SU-599 de 1999[3], esta Corporación
declaró que la subsidiariedad implica la imposibilidad de ejercer la acción de
tutela cuando: (i) no se hizo uso de las herramientas jurídicas
dispuestas por la legislación para el reclamo de derechos en la situación
concreta; (ii) se ejercieron en forma extemporánea los mecanismos de
defensa o reclamo jurídico; o (iii) con el propósito de pretermitir las
instancias ordinarias en busca de una pronta respuesta de la justicia[4].
3.1.1.2.
De igual forma, mediante sentencia T-406 de 2005[5], esta Corte
expresó que el fundamento constitucional de este requisito consiste en evitar
que la naturaleza restrictiva de la acción de tutela se vea desnaturalizada por
un uso ordinario y común que la convierta en una herramienta principal de
protección de derechos, toda vez que la Constitución y la ley han estructurado
todo un amplio sistema de competencias para el empleo de la jurisdicción y la
defensa de los derechos, el cual se desarrolla en forma coherente con todo el
cuerpo constitucional y ofrece diversos mecanismos jurídicos deacuerdo a la
naturaliza de cada asunto[6].
3.1.1.3.
Sin embargo, el
artículo 86 Superior estableció una excepción a la regla de subsidiariedad y
residualidad de la acción de tutela, al permitir hacer uso de éste mecanismo
como herramienta transitoria para evitar la consolidación de un perjuicio grave
e irremediable para el actor[7].
Igualmente, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 adicionó otra excepción a
la regla de subsidiaridad, al considerar la procedencia de la acción de tutela
cuando el mecanismo de defensa ordinario no resulte idóneo para la protección
de los derechos fundamentales.
3.1.1.4.
En suma, la acción
de tutela es un mecanismo judicial efectivo que se encuentra orientado a la
protección de los derechos fundamentales y cuyo ejercicio requiere de la
utilización previa de todos los mecanismos ordinarios con los cuales se cuenta
para resolver cada caso concreto. No obstante, la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado dos eventos en los cuales es posible prescindir de este
requisito, a saber: (i) cuando el actor se encuentra en una situación
apremiante por la posible configuración de un perjuicio irremediable; y (ii)
porque los mecanismos de reclamo judicial con los que cuenta no alcanzan a ser
eficientes para lograr una protección constitucional oportuna[8].
3.1.2.  Inmediatez.
3.1.2.1.
A partir de la lectura del artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico a favor de los
ciudadanos para el reclamo inmediato de sus derechos fundamentales, por ello se
enmarca dentro de un procedimiento expedito y sumario que busca proteger
derechos cuya vulneración representa una grave afectación a la integridad
física o mental de una persona. En este sentido, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la acción de tutela debe presentarse en un
término razonable, valorado desde la ocurrencia del hecho generador de la
afectación y la presentación de la solicitud ante la justicia, por medio del
cual el juez constitucional pueda advertir la existencia de una situación
apremiante para el actor y su urgente necesidad de recibir medidas frente a
ello[9]. En otras
palabras, corresponde a cada juez observar las particularidades de cada caso y
determinar si la acción de tutela fue ejercida oportunamente para la defensa de
los derechos fundamentales[10].
3.1.2.2.
Sobre la razonabilidad del plazo, mediante sentencia SU-961 de 1999[11], que se constituye como
la primera providencia en desplegar un análisis concreto sobre el asunto, la Sala Plena manifestó que la
inexistencia de un término de caducidad para el ejercicio de la acción de
tutela no implica que ésta no deba presentarse en un plazo razonable, es decir,
dentro de un lapso que no afecte derechos de terceros y evite desnaturalizar la
acción. Este término se encuentra determinado por la finalidad misma que
persiga el escrito de tutela y será ponderado por el juez constitucional de
conformidad a las características de cada caso concreto[12].
De igual forma, la
Sala indicó que no es posible acceder a la admisión de una acción de tutela en
aquellos eventos en los que no se ejercieron oportunamente los mecanismos de
reclamo judicial ordinarios que ha contemplado la legislación para la
naturaleza jurídica de cada caso, por cuanto es procedente aplicar
analógicamente el principio establecido en la sentencia C-543 de 1992[13],
según el cual no puede alegarse en beneficio propio la omisión.
3.1.2.3.
Posteriormente,
la Sala Plena de esta Corte reiteró dicha tesis mediante sentencia C-590 de 2005[14], cuando definió los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela. Al respecto, sostuvo la Sala
que las acciones de tutela deben cumplir con un plazo inmediato, es decir, que
deben presentarse dentro de un término proporcionado desde el momento en que se
presentó la vulneración del derecho para evitar que se afecten los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada, ya que en sentido contrario se generaría
una confusión en las decisiones judiciales que opacaría la eficacia de las
herramientas institucionales para el reclamo y defensa de los derechos[15].
3.1.2.4.
En síntesis, la Constitución
Política y el precedente constitucional han establecido que la acción de tutela
se enmarca dentro de un procedimiento preferente y sumario, dirigido a evitar o
interrumpir la afectación que sufre un ciudadano respecto a sus derechos
fundamentales. De esta forma, el juez constitucional debe evaluar en cada caso
concreto la diligencia desplegada por el peticionario en relación con la
urgencia de la medida y establecer si el actor realmente se encuentra ante una
vulneración presente de sus derechos fundamentales[16].
3.1.3.  Procedencia de la acción de tutela contra entidades
aseguradoras.
3.1.3.1.
Las actividades financiera,
bursátil y aseguradora han sido calificadas por la Constitución Política como
un servicio público basado en la captación, manejo e inversión de grandes
cantidades de dinero procedentes de toda la población[17], razón por la cual, las
entidades y empresas que ejercen esta actividad comercial se encuentran sujetas
a una serie de responsabilidades particulares, que las someten a obligaciones
susceptibles de ser demandadas ante las autoridades judiciales de carácter
civil y comercial. Sin embargo, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 establece
la posibilidad que tienen las personas de ejercer la acción de tutela, en
aquellos eventos en los cuales consideren que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados por un particular que presta un servicio público[18], no obstante
el juez deberá valorar cada caso concreto.
3.1.3.2.
Lo anterior significa que el
ejercicio de la acción de tutela siempre deberá encausarse dentro de los
márgenes procesales dispuestos para ella, es decir, que siempre será necesario
agotar los mecanismos ordinarios que se tienen al alcance para el reclamo y
defensa de los derechos, especialmente en aquellos asuntos que tienen una
jurisdicción particular para resolver sus litigios, pues la protección
constitucional ha sido concebida por el legislador como un amparo que debe
extenderse en circunstancias donde efectivamente exista una violación a
derechos fundamentales.
3.1.3.3.
Ahora bien, como sucede en
todos los eventos relacionados con acciones de tutela que versan sobre asuntos
de carácter ordinario, la jurisprudencia constitucional ha admitido la
procedencia excepcional de las mismas cuando en ellas se encuentre demostrada: (i)
que el mecanismo judicial con el cual se cuenta no es eficaz o idóneo para
lograr la protección; y (ii) cuando sea para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable para el actor[19].
Además, la jurisprudencia ha reconocido que en los eventos en que se presentan
acciones de tutela por sujetos que gozan de especial protección constitucional,
la valoración sobre la ocurrencia del perjuicio irremediable debe ser más
comprensiva o flexibilizarse de acuerdo a las condiciones del peticionario[20].
3.1.3.4.
Así las cosas, si bien es
cierto que para problemas surgidos con entidades bursátiles, financieras o
aseguradoras se encuentra concebido un marco procesal civil y comercial
dirigido a canalizar el estudio de estos asuntos a través de la vía ordinaria,
no es menos cierto el hecho que los negocios pactados con dichas compañías
revisten la particularidad de recaer sobre una relación contractual en la cual
puede presentarse un desbalance que ubique a las mismas en una condición de
ventaja frente a la otra parte del acuerdo, casos en los que se configura un
estado de indefensión que permite prescindir de la vía ordinaria y admitir la acción
de tutela de manera excepcional.
3.1.3.5.
En ese sentido, para la
procedencia de este tipo de acciones de tutela, la jurisprudencia
constitucional ha agregado otro elemento, de acuerdo al cual, el juez deberá
examinar en cada caso concreto si existe un relación de desigualdad negocial
que ubique al actor en un plano de indefensión[21].
Adicionalmente, también ha determinado que el accionante debe demostrar que no
cuenta con recursos económicos suficientes para continuar con el pago de la
deuda[22].
3.1.3.6.
De igual forma, a través de
sentencia T-751 de 2012[23],
la Sala Primera de Revisión de esta Corte explicó que a partir de la lectura
del precedente constitucional, se logra desprender que en materia de acciones
de tutela contra compañías aseguradoras, el juez deberá considerar su
procedencia cuando en ellas logre advertir una amenaza o vulneración a los
derechos fundamentales a la vida, a la salud o al mínimo vital. De esta manera,
expuso que si el litigio involucra asuntos estrictamente económicos, el mismo
deberá ventilarse por medio de la vía ordinaria, aunque deberá avocarse el
conocimiento de la acción cuando sea con el propósito de proteger estos
derechos fundamentales, pues el proceso civil puede no ser idóneo[24].
3.1.3.7.
En este orden de ideas,
mediante sentencia T-136 de 2013[25],
esta Corporación conoció de una acción de tutela interpuesta por un
peticionario que había adquirido una póliza de seguro de vida para amparar un
crédito hipotecario, aunque su ejecución había sido negada por la entidad
aseguradora demandada pues había sobrepasado la edad de 69 años que debe
tenerse para este tipo de pólizas. En esta oportunidad, la Sala consideró que
el accionante era un sujeto de especial protección constitucional que se
hallaba en estado de indefensión frente a la entidad aseguradora, pues del
contrato se había demostrado que la entidad demandada nunca puso la edad de 70
años como límite para hacer efectiva esta póliza y esto lo estaba colocando
frente a un posible perjuicio irremediable porque amenazaba con perder su
casa.
3.1.3.8.
En el mismo sentido de lo
expuesto, por medio de sentencia T-865 de 2014[26], la Sala Sexta de
Revisión de esta Corporación explicó que frente a la procedencia de acciones de
tutela contra entidades aseguradoras, será necesario analizar si la reclamación
en la ejecución de la póliza puede generar una consecuencia que materialice un
perjuicio irremediable para el tomador, puesto que no cuenta con recursos
suficientes para garantizar su mínimo vital. En estos eventos, el Estado no
puede exigirle al individuo el agotamiento de vías judiciales que no serían
idóneas para resolver rápidamente el asunto, sino que se encuentra en la
obligación de tramitar de forma urgente la petición para con ello evitar la
afectación[27].
3.1.3.9.
En síntesis, la actividad
aseguradora en una labor de carácter financiero que debe resolver sus litigios
en el marco de la jurisdicción ordinaria. No obstante, contra este tipo de
compañías podrá ejercerse de manera excepcional la acción de tutela cuando el
juez constitucional logre demostrar que: (i) los mecanismos ordinarios
no son idóneos o eficaces para proteger el derecho; (ii) el accionante
está ante la amenaza de un perjuicio grave e irremediable, cuya valoración
deberá ser flexible en el caso de sujetos con especial protección
constitucional; y (iii) cuando de la relación contractual se observe que
el actor se encuentra en estado de indefensión.
3.2.
EL CONTRATO DE SEGURO.
3.2.1.
Es una figura jurídica
concebida como un acuerdo de voluntades por el cual una persona llamada tomador
–en algunas ocasiones también beneficiario- se obliga al pago de un prima a
favor de otra llamada asegurador, con el fin que esta última cubra los daños
causados por la ocurrencia de riesgo –siniestro- que afecta la integridad
física o el patrimonio del primero. Su creación ha sido el producto de la
evolución que han sufrido las costumbres mercantiles en occidente, las cuales
partieron de la misma necesidad que tiene el ser humano por desarrollar
mecanismos que le brinden condiciones de protección y seguridad en cada uno de
los aspectos de su vida, para con ello obtener el mayor grado de prevención
posible frente daños a su integridad física, salud, patrimonio, bienes y demás
factores que afectan su existencia.
3.2.2.
Las características de este
contrato hacen que se encuentre dentro de la esfera privada, en cuanto se
desarrolla sobre el plano de la voluntad de las partes. Así las cosas, este
acuerdo se caracteriza por perfeccionarse entre un asegurador y un tomador,
donde el primero es quien asume los riesgos previamente determinados por su
voluntad, mientras que el segundo se obliga por cuenta propia o ajena a
trasladar los riesgos, hecho que califica a este contrato como uberrimae
fidae, es decir, que para la validez de sus efectos se requiriere un
estricto apego a la buena fe de las partes y a la claridad a la hora de
manifestar las condiciones que permea la voluntad negocial.
3.2.3.  La jurisprudencia de esta Corporación se ha
pronunciado en relación con la naturaleza de este contrato. Mediante sentencia C-232
de 1997[28],
la Sala Plena examinó una demanda de inconstitucionalidad entablada contra el
artículo 1058 del decreto Ley 410 de 1971, “Por el cual se expide el Código
de Comercio”, en el que se enmarca la obligación a cargo del tomador de la
póliza en declarar su estado de riesgo de manera clara y precisa al momento de
perfeccionar el contrato[29].
Para esta ocasión, la Sala explicó que la captación masiva de dinero
proveniente de todos los sectores hacía que la actividad aseguradora fuera
definida como de interés público.
Igualmente, sostuvo que la infidelidad del tomador al
momento de presentar su estado de riesgo conlleva a que el seguro se encuentre
fundado en el error y, en consecuencia, exista un vicio ab initio del
contrato que lo saque del ordenamiento jurídico a través de la rescisión,
anulabilidad o nulidad relativa[30].
En este mismo sentido, expone que en estos eventos, la relación causal que debe
observarse en aquella que vincula el error o el dolo con el consentimiento del
asegurador, para lo cual cita las consideraciones del profesor J. Efrén
Ossa G. sobre este tema[31]:
“Debe, por tanto, existir una relación causal entre el vicio de la
declaración (llámese inexactitud o reticencia) y el consentimiento del
asegurador, cuyo error al celebrar el contrato o al celebrarlo en determinadas
condiciones sólo ha podido explicarse por la deformación del estado del riesgo
imputable a la infidelidad del tomador. Ello no significa, en ningún caso, como
algunos lo han pretendido, que la sanción sólo sea viable jurídicamente en la
medida en que el hecho o circunstancia falseados, omitidos o encubiertos se
identifiquen como causas determinantes del siniestro. Que, ocurrido o no,
proveniente de una u otra causa, de una magnitud u otra, es irrelevante desde
el punto de vista de la formación del contrato”.
3.2.3.1.
Conforme a
lo descrito, la Sala expresó que las nulidades relativas consagradas en el
artículo demandado, se encuentran dirigidas a restablecer el equilibrio roto
del contrato, pues responden al hecho que el error del tomador se supone “inculpable”
e irreprochable, de manera que esta solución es equitativa y razonable, porque
a pesar de ser una conducta que inspira la necesidad de ser sancionada en forma
distinta y más leve, “de todas maneras conduce a una tarifación menor e
inapropiada para el asegurador, que objetivamente introduce un factor de
desequilibrio entre los contratantes”.
3.2.3.2.
Por otra
parte, en relación con la determinación del riesgo y la verificación de las
condiciones de tomador por parte de la entidad aseguradora, la sentencia
menciona las ideas de Hernán Fabio López Blanco al respecto, en las cuales se
expresa que la compañía aseguradora no se encuentra obligada a realizar “inspecciones de los riesgos
para determinar si es cierto o no lo que el tomador asevera”, toda vez que, el contrato de
seguro, “como contrato de ubérrima buena fe, no puede partir de la base
errada de que es necesario verificar hasta la saciedad lo que el tomador afirma
antes de contratar, porque jamás puede suponerse que él miente”[32].
3.2.3.3.
Adicionalmente,
la Sala tomó los conceptos de J. Efrén Ossa, quien fue uno de los redactores
del Código de Comercio, para explicar la figura de la reticencia o inexactitud
en la declaración de riesgo. Sobre el particular, expuso que los contratos de
seguro hacen parte de un régimen especial, más rígido que el derecho común,
concebido con el propósito de proteger a la compañía aseguradora y a sus
asegurados, quienes desarrollan su relación contractual sobre un estricto apego
al principio de buena fe, por ello este ha sido un contrato definido como uberrimae
fidei[33]. En este sentido, señala que existen eventos en los
cuales el tomador de la póliza, sin culpa de su parte, incurre en inexactitudes
o reticencias al momento de exponer su estado de riesgo, casos para los cuales,
el inciso 3º del artículo 1058 del Código de Comercio otorga a la compañía
aseguradora la posibilidad de cancelar sólo un porcentaje de la prestación
asegurada[34].
3.2.3.4.
En esa misma
línea, la Sala sostiene que el tratamiento anterior obedece a la necesidad de
impartir una sanción más benigna sobre una conducta “inculpable” del
tomador, lo cual emerge como una solución razonable si se considera que “es
de menor entidad que la prevista para los eventos de la nulidad relativa del
contrato, pero que, técnicamente considerada, de todas maneras conduce a una
tarifación menor e inapropiada para el asegurador, que objetivamente introduce
un factor de desequilibrio entre los contratantes”. Asimismo, explica que
si bien la reducción proporcional de la prestación asegurada es una medida que
puede reducirse o suprimirse contractualmente, la misma se encuentra dirigida a
restablecer el equilibrio del contrato y en este sentido “no constituye
agravio al derecho fundamental a la igualdad y no tiene por qué depender de una
relación de causalidad entre lo inexacto u omitido y el siniestro efectivamente
causado. En consecuencia, tampoco viola la Constitución”.
3.2.4.  Asimismo, mediante sentencia C-269
de 1999[35],
la Sala Plena de esta Corporación resolvió una demanda de inconstitucionalidad
presentada contra el artículo 82 de la Ley 45 de 1990, “por
la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la
actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras
disposiciones”. En
esta providencia, la Sala declaró exequible el artículo demandado, el cual
dispone la terminación automática del contrato de seguro cuando el tomador
incurre en mora[36],
pero dentro del análisis desplegado por la Corte, se menciona que la actividad
aseguradora es un servicio público que habilita al legislador para determinar
requisitos y procedimientos más estrictos a los cuales deben ceñirse los
contratantes, donde se persigue la protección de la parte más débil, es decir,
del asegurado o beneficiario.
En esa misma línea, la providencia menciona que el contrato
de seguro se encuentra compuesto por los siguientes elementos: (i)
interés asegurable, (ii) el riesgo asegurable, (iii) la prima o
precio del seguro, y (iv) la obligación condicional del asegurador, de
manera que, a falta de uno de ellos, el contrato no desplegará efectos. Así
también, el fallo señala que la falta de compromiso del tomador en la
declaración de su estado de riesgo rompe el principio de la buena fe
contractual, por lo cual le asiste al tomador el deber de diligencia y cuidado
para no agredir la confianza del asegurador en el desarrollo del contrato.
3.2.5.  De igual forma, en materia de derecho
comparado, no es óbice hacer referencia al marco europeo para estos
contratos. En este sentido, cabe citar la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (Gran Sala), proferida el 1º de marzo de 2011, en el asunto
C-236 de 2009, Association belge des consommateurs Test-Achats y otros vs.
Conseil des ministres, en la que se resolvió la cuestión de si las empresas
aseguradoras podían tomar como referencia el sexo del asegurado como elemento
de diferenciación en la delimitación de la prima en estos contratos. Para esta
oportunidad, el Tribunal decretó de manera categórica que en las relaciones
contractuales en las cuales exista un vínculo dirigido a que se haga efectivo
un amparo en caso de acaecimiento de un riesgo, las entidades aseguradoras se
encuentran en libre determinación para precisar el monto de la prima objeto de
la prestación para el tomador.
3.2.5.1.
En este
orden de ideas, dentro de los Principios de Derecho Europeo sobre Contrato de
Seguros[37],
es posible observar que desarrollo de los mismos se enfoca en el derecho-deber
de información veraz que le asiste a las partes del contrato, de manera que
ambas se encuentran constreñidas a ofrecer unos datos íntegros, objetivos y
proporcionales acerca de los detalles que impulsan la voluntad negocial. Esta
consideración parte del hecho que, dentro de este tipo de relaciones
contractuales, uno de los mayores problemas que se presenta para su
perfeccionamiento se encuentra en la capacidad de entendimiento jurídico y
práctico del tomador, circunstancia que imprime complejidad a la etapa
pre-contractual de este tipo de negocios.
3.2.5.2.
Dentro de
los estudios del derecho alemán en esta materia, se ha llegado a la conclusión
que la fidelidad del tomador de la póliza al momento de declarar su estado de
riesgo, debe manifestarse de forma richtig, sorgfältig, verständlich,
vollständig y zeitnah (exacto, cuidadoso, comprensible, íntegro y actual)[38].
En este mismo sentido, según lo expone Abel B. Veiga Copo, si bien es cierto
que los Principios de Derecho Europeo sobre Contrato de Seguros, en su artículo
2:101, hablan únicamente de deber de información, no es menos cierto el hecho
que la  declaración del estado de riesgo “no procede sino se hace de un modo
completo, veraz, íntegro, claro, transparente”. Por esta razón, el contrato
de seguro “[e]s un contrato de buena fe en el que el asegurador y tomador
han de ser leales y honestos el uno para con el otro”.
3.2.5.3.
Así también,
dentro del derecho español, los artículos 7 y 1258 del CC y 57 del CdC
consagran que este tipo de contratos deben ejercerse, interpretarse y
ejecutarse de conformidad con la buena fe de las partes, por ser principio
rector del desarrollo de toda relación jurídica inter partes. En este
sentido, cabe precisar que el doctrinante VEIGA COPO sostiene que la
jurisprudencia española ha definido este contrato como uberrimae bonae fide (la
STS de 8 de febrero de 1989 (RJ 1989, 761), toda vez que a las partes les asiste
el máximo deber de colaboración y reciprocidad para perfeccionar el contrato y
para “solventar todas las vicisitudes a las que pueden verse compelidas las
partes en el devenir ulterior de las relación jurídica aseguraticia”.
3.2.6.  Ahora bien, en la etapa
precontractual de este tipo de negocios, las empresas aseguradoras acostumbran
solicitar la resolución de preguntas y formularios dirigidos a obtener una
visión del estado de riesgo del tomador. De esta manera, el principio de buena
fe obliga a estas compañías a formular cuestionamientos relevantes, serios,
precisos y que se enfoquen en advertir la información realmente necesaria para
determinar la selección o rechazo de los hechos que constituyen riesgo, por lo
cual, dichas compañías no podrán presentar ofertas ambiguas, incomprensibles o
lesivas para el tomador, pues cabe recordar que es la parte débil del contrato[39].
3.2.7.  En virtud de lo expuesto, es claro
que en materia de seguros, el principio de buena fe se eleva a su mayor
categoría como elemento que soporta la relación contractual, a diferencia de
otro tipo de acuerdos de voluntades, donde no se presenta esta realidad con
tanta intensidad. Así las cosas, el deber de fidelidad en la manifestación de
voluntades siempre será bidireccional, pues, de una parte, corresponde al
tomador de la póliza declarar las circunstancias que rodean su estado de
riesgo; mientras que, por otra, asiste al segurador el deber de exponer
preguntas claras y precisas para determinar el estado del solicitante.
3.2.8.
El contrato de seguro de
vida.
3.2.8.1.    Esta modalidad contractual hace referencia al acuerdo
de voluntades que realizan el tomador de póliza y la entidad aseguradora, donde
el primero se obliga al pago de una prima destinada a integrar un fondo que, en
caso de invalidez o muerte, habrá de amparar los perjuicios que sufran aquellos
que estaban a su cargo, que serán llamados beneficiarios de la póliza. El
desarrollo legal de este contrato se enmarca dentro del régimen establecido en
los artículos 1151 a 1162 del Código de Comercio. Igualmente, el artículo 1045
del mismo estatuto menciona los elementos que integran esta modalidad de
contrato, discriminados así: (i) el interés
asegurable; (ii) el riesgo asegurable; (iii) la prima o precio
del seguro, y (iv) la obligación condicional del asegurador.
3.2.8.2.    El interés asegurable hace referencia a
la disposición que presentan las partes al momento de manifestar las
condiciones y posibilidades del contrato. Por un lado, la entidad aseguradora,
una vez conocida la declaratoria de riesgo del interesado, valorará sus
condiciones y determinará si accede o no a cubrir el riesgo expuesto, o bajo
qué términos lo haría. Por otro lado, el interesado examinará la propuesta y
resolverá obligarse al monto que indique la aseguradora.
3.2.8.3.
El riesgo
asegurable es aquel siniestro posible o probable que se pretende cubrir con el
pago de la póliza. Su valoración se hará de conformidad a los hechos y
circunstancias declaradas por el interesado al momento de exponer su estado de
riesgo, por ello es importante que la manifestación que éste realice sea
ajustada a la verdad, pues de acuerdo a ella la entidad aseguradora podrá
precisar el monto a cubrir. Por su parte, la prima o precio del seguro hace
referencia a la suma o importe que deberá cancelar el asegurado para obtener la
cobertura del riesgo valor[40]. Resulta como producto de la
determinación que realiza la entidad aseguradora sobre los hechos y
circunstancias expuestas por el tomador de la póliza. En relación con este
concepto, el doctrinanate VEIGA COPO expone que:
“El riesgo constituye el elemento
esencial del contrato de seguro y, como tal, debe ser individualizado y
delimitado. Riesgo es, en suma, aquella eventualidad que hace nacer una
necesidad. A diferencia pues de otras relaciones contractuales en el que las
partes hasta cierto punto, controlan autónomamente los elementos del contrato
en el iter contractual, en el contrato de seguro, el asegurador en realidad no
es capaz de apreciar en su totalidad el contenido y la solicitud y
ulteriormente de la propuesta del tomador. Es decir, de todos los elementos y
circunstancias que permiten realmente valorar la entidad e intensidad del
riesgo, muchos de ellos están compuestos de datos referentes o bien a cosas, o
bien a personas cuyo exacto conocimiento tanto presente como pasado sólo puede
ser o estar en condiciones de ser conocido por el asegurado, pues en no pocas
ocasiones pertenecerá a su esfera íntima personal. La concreción de esa buena
fe jurídica entre las partes, no sólo impregna el contrato sino también toda la
legislación del contrato, siendo múltiples los artículos que bien directamente,
bien de un modo indirecto alude a la misma a lo largo del articulado”.
3.2.8.4.
El último de los
elementos que integran el contrato de seguro es la obligación condicional del
asegurador, la cual implica que dentro de este contrato el asegurador establece
un marco delimitado de acción sobre el cual se desarrolla la ejecución de la
póliza adquirida, de manera que únicamente serán cubiertos los daños
ocasionados por los siniestros determinados en el contrato, es decir, que la
obligación de hacer efectiva la póliza surgirá al momento en que acontezca
alguno de los riesgos que se estipularon en el contrato de seguro. En este
sentido, el asegurador no se encuentra obligado a pagar cualquier tipo de
perjuicio que acaece sobre el tomador de la póliza, sino sólo en aquellos
eventos discriminados y seleccionados por la entidad aseguradora dentro del contrato
estipulado.
3.2.8.5.
En este orden de
ideas, cabe precisar que los elementos descritos deben desenvolverse sobre el
plano que extiende el principio de buena fe en los contratos, pues en
todos ellos es esencial que la declaratoria de voluntad se encuentre libre de
vicios de voluntad para poder guardar el equilibrio de la relación. Así las
cosas, el contrato de seguros se rige por un estricto cumplimiento del
principio de buena fe entre las partes, toda vez que a partir de la declaración
de voluntad emitida por el adquirente, el asegurador puede identificar los
márgenes sobre los cuales se desplegarán los efectos de la póliza adquirida, y
a su vez establecer la modalidad y el monto que debe pagar el adquirente. Por
esta razón, la declaración que rinde el tomador del seguro al momento de
contratar con la entidad aseguradora debe ajustarse a los términos de la verdad
y mostrar la real condición de quien la obtiene, de lo contrario esto generaría
una nulidad dentro del contrato que haría inviable la ejecución de la póliza.
Sin embargo, al momento de presentarse la
declaratoria de estado de riesgo por parte del interesado en la póliza, es
posible que se presenten alteraciones en los hechos y circunstancias expuestas
que pueden dar lugar a un desequilibrio contractual. En este sentido, se ha
logrado identificar dos escenarios en los que puede ocurrir esta anomalía,
precisados en las figuras de reticencia y preexistencia.
3.2.9.
Reticencia o inexactitud.
3.2.9.1.
Es una irregularidad en la
manifestación de voluntad al momento de suscribir el contrato de seguro. Se
presenta cuando el adquirente, al instante de tomar la póliza, rinde una
declaración sobre su estado de riesgo que no se encuentra ajustada a la
realidad, con lo cual induce a la entidad aseguradora a expedir una cobertura
que no corresponde con su verdadera condición[41].
El artículo 1058 del Código de Comercio establece que la reticencia se
configura cuando el tomador del seguro expone u omite unos hechos que, de haber
sido conocidos por la entidad aseguradora, se habría emitido una póliza más
onerosa[42],
por ello se genera la nulidad relativa del seguro, a no ser que la inexactitud
provenga de un error inculpable o haya sido subsanada por la aceptación de la
entidad. En este sentido, la lectura de este artículo permite extraer las
siguientes anotaciones sobre las singularidades jurídicas de esta conducta:
3.2.9.2.
En primer lugar, el contrato
de seguro se rige por el principio de buena fe entre los contrayentes, el cual
impone a la parte adquirente la obligación de rendir una declaración sobre su
estado de riesgo que sea ajustada a la realidad, sin importar que haya sido a
través de cuestionario o exposición oral. De esta forma, la entidad aseguradora
podrá expedir una póliza conforme a las circunstancias y extensión de los
acontecimientos que se pretenden asumir.
3.2.9.3.
En segundo lugar, en caso que
la manifestación de voluntad haya incurrido en inexactitudes o reticencia (por
omisión de datos) que recaigan sobre aspectos esenciales para determinar la
disposición de la entidad aseguradora a contratar, o la onerosidad de la póliza
a expedir, se configurará un vicio en la voluntad que dará lugar a nulidad
relativa del contrato. En este evento la entidad aseguradora podrá adelantar el
respectivo reclamo judicial por nulidad contractual y retener, a título de
pena, el total de la prima.
No obstante lo anterior, el último párrafo
del artículo 1058 C.Co estipula que dichas sanciones no procederán cuando el
asegurador ha conocido o debido conocer las circunstancias que generaron vicio
en la declaración, o, en caso de haberlas conocido posteriormente, las subsane
mediante su aceptación expresa o tácita.
3.2.9.4.
En tercer lugar, en caso que
la reticencia o inexactitud provengan de un error inculpable del tomador de la
póliza (quien actuó de buena fe), el contrato será válido sólo en relación con
aquellos aspectos asegurados que mantienen el equilibrio contractual. En el
caso concreto de los seguros de vida, el artículo 1160 del Código de Comercio
indica que: “[t]ranscurridos dos años en vida del asegurado, desde la fecha
del perfeccionamiento del contrato, el valor del seguro de vida no podrá ser
reducido por causa de error en la declaración de asegurabilidad. Esto
quiere decir que, en el caso particular de aquellos adquirentes que omitieron
información relevante al momento de manifestar su estado de riesgo, pero sobre la
cual tenían desconocimiento, la compañía de seguros no podrá demandar la
nulidad del contrato, sino que deberá reducir el monto de la prestación
asegurada para garantizar el equilibrio del mismo, a excepción de los seguros
de vida, en los que una vez transcurridos dos años desde la expedición de la
póliza, no podrá reducirse el monto de la prestación.
En este orden de ideas, el artículo 1161 del
Código de Comercio establece que en caso de presentarse reticencia al momento
de adquirir un seguro de vida, será necesario tener en cuenta lo siguiente: (i)
si la edad del tomador supera los límites autorizados por la tarifa del
asegurador, el contrato se sancionará conforme a lo dispuesto anteriormente
(Art. 1058); (ii) si la edad del tomador supera la edad declarada, el
seguro se reducirá a una proporción que guarde relación matemática con la prima
anual que debe cancelar el adquirente; y (iii) si la edad del tomador es
menor que la declarada, el valor del seguro se reducirá igualmente a una
proporción que tenga relación matemática con la prima que deba cancelarse[43].
3.2.9.5.
Ahora bien, sobre
lo expuesto, la jurisprudencia constitucional no ha sido omisa, sino que se ha
pronunciado al respecto. Sobre el particular, en la misma sentencia C-232 de
1997[44],
la Sala Plena determinó
que el tomador tiene una carga precontractual, consistente en exponer unos
hechos y circunstancias ajustados a la verdad para lograr el equilibrio del
contrato, de lo contrario se comete un incumplimiento por inexactitud o
reticencia, es decir, por incurrir en falta de la debida puntualidad o
fidelidad en las respuestas o el relato, o por callar, total o parcialmente, lo
que debiera decirse[45].
En este mismo sentido, explicó
cómo, en materia de seguros, el Código de Comercio adoptó la recisión de los
contratos propia del derecho civil y estableció la posibilidad de acudir a esta
figura cuando el contrato se encuentra fundado sobre inexactitudes o errores
producidos por reticencias que, de no haberse presentado, habrían dado lugar a
estipular condiciones más onerosas para el tomador[46]. Asimismo,
la Sala sostuvo que es igualmente posible solicitar la nulidad del contrato
cuando se expidió una póliza de seguros de buena fe y los datos omitidos dentro
de la declaración guardan estrecha relación con el siniestro acontecido[47].
3.2.9.6.
Igualmente, a
través de sentencia T-086 de 2012[48], la Sala Octava de Revisión de esta
Corporación analizó una acción de tutela presentada por un ciudadano a quien le
habían diagnosticado invalidez total y permanente, pero la ejecución de su
póliza de seguro de vida había sido negada por la aseguradora demandada. En
esta ocasión, la Sala sostuvo que por virtud del principio de buena fe en los
contratos, las partes se encuentran obligadas a mostrar honradez al momento de
perfeccionar de pactar las condiciones del acuerdo, pues este elemento es
esencial para interpretar las cláusulas del contrato, más aún si se tiene en
cuenta que no sólo indica la manera como debe analizarse la conducta de las
partes frente al cumplimiento de sus obligaciones, sino también la eficacia del
mismo[49].
En este mismo sentido, en relación con la reticencia, citó las sentencias T-171 de 2003[50] y T-196
de 2007[51],
a partir de las cuales explicó que consiste en una inexactitud en la
declaración del estado de riesgo del tomador de la póliza, la cual vicia el
consentimiento y es sancionada con nulidad relativa del seguro.
3.2.9.7.
De esa misma forma, mediante
sentencia T-902 de 2013[52],
la Sala Primera de Revisión de esta Corte conoció de la acción de tutela
interpuesta por unas accionantes que reclamaban la ejecución de las pólizas de
seguros de vida adquiridas con la entidad aseguradora demandada, las cuales
garantizaban el pago del saldo insoluto de los créditos por muerte, enfermedad
grave o incapacidad total y permanente. En esta ocasión, la ejecución de las
pólizas había sido negada por cuanto: (i) el certificado de invalidez de
una de las accionantes había sido emitido por la Junta de Calificación de
Invalidez del Seguro Social; y (ii) frente a la otra peticionaria se
había configurado la prescripción, pues había trascurrido más de 4 años desde
la ocurrencia del siniestro.
En esta
sentencia, la Sala expuso que los contratos de seguros pueden contener
cláusulas vagas y ambiguas que llevan a una indeterminación de los conceptos
respecto de situaciones fácticas particulares, casos en los cuales, opera el
principio de interpretación favorable al consumidor por virtud del artículo
1624 del Código Civil, el cual establece que: “(…) las cláusulas ambiguas
que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o
deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la
falta de una explicación que haya debido darse por ella”. De esta misma
forma, indicó que el principio de buena fe rige las relaciones contractuales
sobre las cuales se desenvuelve este tipo de contratos.
Por
lo anterior, la Sala manifestó que las relaciones contractuales en temas de
seguros tienden a ubicar en una posición dominante a la empresa aseguradora
frente al adquirente, razón por la cual, la parte que redacta e impone las
condiciones del contrato debe cumplir, por lo menos, con los siguientes
requisitos: (i) no estipular condiciones indeterminadas,
ambiguas o vagas que actúen en contra de los intereses del asegurado; y si las
integran al contrato, (ii) deberán interpretarlas a favor del adquirente
por virtud del principio pro costumatore, el cual es una figura que
permite proteger a los usuarios de los contratos de seguro y propender por la
eliminación de todos los elementos que generan inseguridad en la ejecución del
contrato[53]. Además, la Sala sostuvo que la entidad accionada
había vulnerado los derechos fundamentales de las peticionarias, pues: (i)
eran sujetos de especial protección constitucional; (ii) ambas atravesaban
una difícil situación a raíz del acaecimiento del siniestro; (iii) ambas
se encontraban ante la amenazada de un perjuicio irremediable, pues como
consecuencia de sus afecciones físicas no podían continuar con el pago del
saldo insoluto.
3.2.10.
Preexistencia.
3.2.10.1.  Este fenómeno hace alusión a circunstancias que se
presentaban con anterioridad a la etapa contractual y constituyeron un factor
determinante en el acaecimiento del riesgo cubierto. En seguros de vida, permite
a la entidad aseguradora abstenerse de ejecutar el pago de la póliza una vez
haya verificado que el tomador sufría de padecimientos previos al momento en
que el contrato comenzó a surtir efectos, y que además tuvieron relación
directa con su fallecimiento.
3.2.10.2.  Mediante sentencia T-015 de 2012[54], la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional analizó una acción de tutela
interpuesta por una viuda que había sido amparada por una póliza de seguro de
vida adquirida por su esposo en vida. En esta ocasión, la Sala indicó que la
preexistencia se refiere a la posibilidad que
tiene la entidad aseguradora de establecer una exclusión sobre aquel asegurado
que padezca una enfermedad con anterioridad a la fecha en que la cobertura
empezó a desplegar sus efectos y, además, su muerte sea consecuencia de dicha
enfermedad[55].
3.2.10.3.  Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en un fallo del día 21 de abril de 2015[56], expuso que la
preexistencia es un fenómeno definido por la RAE como: “existencia anterior,
con alguna de las prioridades de naturaleza u origen”, que al ser aplicado
al concepto de contrato de seguro, se refiere a una situación previa al
perfeccionamiento del seguro que no encaja como un “hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda”. En este mismo sentido, explicó
que no basta la simple preexistencia del hecho para que la entidad aseguradora
pueda abstenerse de ejecutar la póliza, sino que resulta necesario establecer
el nexo causal entre la afección preexistente y la muerte del tomador.
3.2.10.4.
Ahora bien, los conceptos
mencionados anteriormente sobre reticencia y preexistencia guardan ciertas
diferencias que resulta necesario precisar en esta ocasión. Sobre el
particular, a través de sentencia T-222 de 2014[57], la Sala Novena de
Revisión de esta Corporación examinó varias tutelas acumuladas, en la que los
peticionarios alegaban que les habían sido negadas sus pólizas de seguro de
vida por preexistencia al momento de contraer las obligaciones. En esta
oportunidad, la Sala expuso varias consideraciones en relación con dichos
conceptos:
3.2.10.5. En primer lugar, explicó que la preexistencia es un
concepto objetivo, mientras que la reticencia es un concepto subjetivo. En
segundo lugar, mencionó que la reticencia se refiere a una inexactitud en la
información presentada por el tomador de la póliza al momento de celebrar el
contrato, la cual es castigada con nulidad relativa como sanción a la mala fe.
En tercer lugar, manifestó que en ciertos eventos la preexistencia puede
considerarse como una reticencia, como en aquellos en donde el tomador tiene
conocimiento de hechos que pueden hacer más onerosa la póliza y en este sentido
se abstiene de declararlos. En cuarto lugar, expuso que existen eventos en los
que el tomador de la póliza no declara hechos preexistentes por no tener
conocimiento de ellos, como aquellos relativos a enfermedades silenciosas o
progresivas, en los que el adquirente no tenía posibilidad de tener pleno
conocimiento de las circunstancias. En estos casos, la sentencia asegura que el
tomador no actuó de mala fe y por ello sería desproporcionado imponerle una
carga que no puede cumplir, como lo es informar sobre hechos desconocidos. En
quinto lugar, arguyó que en casos donde se presentó mala fe, la carga de la
prueba corresponde a la entidad aseguradora, pues es la única que puede
informar con certeza sobre: (i) el sobrecosto del contrato por los
hechos omitidos; y (ii) que se abstendrá de celebrar el contrato[58].
3.3.
En síntesis, el contrato de
seguro de vida es una modalidad de contrato por la cual el tomador de la póliza
se obliga al pago de una prima destinada a integrar un fondo que, en caso de
invalidez o muerte del adquirente, entrará a cubrir el daño sufrido por quienes
estaban a su cargo. Este contrato se desarrolla dentro del marco establecido
por el principio de buena fe de los contratantes, el cual, por un lado, obliga
a la entidad aseguradora a presentar cláusulas claras y expresas en el contrato
y, por otro, obliga al tomador a presentar una declaratoria sobre su estado de
riesgo ajustada a la verdad y a sus antecedentes médicos. No obstante, existen
eventos en los que el tomador de la póliza omite exponer hechos esenciales para
determinar el interés de la entidad aseguradora o el monto de la póliza a
expedir, los cuales, configuran una reticencia cuando el adquirente tenía
conocimiento de circunstancias anteriores al contrato y omitió declararlas en
su estado de riesgo, de manera que el contrato estará viciado de nulidad
relativa y la entidad aseguradora podrá, a título de sanción, retener el monto
que ya se había cancelado; mientras que, en otros eventos, a pesar de existir
hechos determinantes anteriores a la adquisición de la póliza, no se
constituirá mala fe del tomador por cuanto éste no tenía conocimiento de los
hechos, casos en los cuales corresponderá a la aseguradora demostrar lo
contrario.
3.
CASOS CONCRETOS
3.1.
BREVE RESUMEN DE LOS HECHOS
3.1.1.
Las accionantes solicitan la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la
vivienda digna, a la igualdad, al debido proceso y a la unidad familiar.
presuntamente conculcados por las distintas entidades aseguradoras demandadas,
las cuales negaron la ejecución de las pólizas de seguro de vida adquiridas
bajo el argumento que las afecciones que sufren las demandantes existían con
anterioridad a la perfección de los contratos suscritos. En este sentido,
aducen que las condiciones por las cuales atraviesan en estos momentos, las
colocan en condiciones difíciles para continuar con el pago de sus créditos sin
ver afectado su mínimo vital, de manera que solicitan la protección
constitucional con el fin de evitar que les sea adelantada una ejecución que
termine por agravar su situación.
3.1.2.
En este orden de ideas, como
quedó expuesto anteriormente, la Sala estima que los asuntos relacionados con
acuerdos de voluntades de carácter contractual, como es el caso de los
contratos de seguros de vida, se enmarcan dentro de los lineamientos dispuestos
por el derecho civiles y comercial para estos efectos, de manera que no es
órbita del juez constitucional entrar a pronunciarse sobre estos asuntos, en
especial, cuando no se han agotado los mecanismos de reclamación y defensa que
dispone la jurisdicción ordinaria para estos casos. Sin embargo, de lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia, se desprende que los litigios
que surjan en estos casos, podrán ser examinados por vía constitucional cuando
cumplan los siguientes requisitos:
3.1.2.1.
En primer lugar, cuando a
partir de los hechos y pretensiones expuestas por el accionante en su petición,
se logra desprender que no sólo persigue un interés económico, sino la
protección de derechos fundamentales que se vean amenazados. En este sentido,
cabe precisar que en materia crediticia puede observarse lo siguiente: (i)
por un lado, frente a créditos hipotecarios, la jurisprudencia constitucional
ha entendido que la voluntad del tomador se dirige a obtener una vivienda para
él y/o su familia; y (ii) por otro lado, en relación con créditos de
consumo, se ha entendido que el tomador adquiere el seguro con el fin de cubrir
el riesgo en caso de no poder trabajar, de manera que se presume un interés más
allá de lo patrimonial, por lo cual, “no es lo mismo tomar un crédito de
consumo para utilizarlo en bienes de menor trascendencia, que adquirirlo para
mantener a una familia”[59].
3.1.2.2.
En segundo lugar, si bien es
cierto que la condición como sujeto de especial protección constitucional hace
flexible el análisis de procedencia de la acción, la jurisprudencia ha
entendido que la misma no siempre se convierte en un elemento suficiente para que
el juez constitucional proceda a examinar estos asuntos, por lo cual, para
estos eventos se hace necesario que el accionante sufra un grado de invalidez
superior al 50%. Esta consideración parte del hecho según el cual, los
tomadores que sufren esta condición pierden sustancialmente sus capacidades
para continuar con el cumplimiento fiel del contrato.
3.1.2.3.
En tercer lugar, es necesario
que el accionante carezca de recursos económicos para continuar con el pago de
la cuota estipulada en el contrato, pues no en todos los eventos de invalidez
se configura una imposibilidad del tomador para cumplir fielmente la
obligación, ya que puede contar con otro tipo de ingresos le permiten cumplir
su deuda sin afectar su mínimo vital ni el de su familia.
3.1.2.4.
En cuarto lugar, se deberán
analizar de manera sistemática las particularidades que contiene cada caso
concreto y determinar si existen otros elementos o factores sobre los cuales
puedan verse afectados los derechos fundamentales del accionante.
3.1.3.
Igualmente, cabe señalar que
los contratos de seguros se perfeccionan y desarrollan sobre el principio de
buena fe de los contratantes, razón por la cual es esencial que de la
declaración de voluntad de las partes al momento de pactar el contrato se
encuentre libre de vicios y sea los más precisa posible. Sin embargo, ante la
existencia de expresiones y términos ambiguos en el acuerdo, la misma
naturaleza de este tipo de contratos y la forma como se desarrollan conduce al
juez constitucional a valorar las mismas a través del principio pro
costumatore, el cual permite brindar una interpretación favorable al
usuario para evitar que la entidad aseguradora recline sobre él todo su peso
empresarial e induzca la aparición de un estado en el que se vulneren derechos
fundamentales.
3.2.
Análisis y decisión frente
a cada expediente.
3.2.1.
Expediente T- 5.089.723.
3.2.1.1.
En este proceso, la señora
María Fanny Castaño asegura que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. vulneró sus
derechos fundamentales al negar la ejecución de la póliza de seguro de vida que
cubría el riesgo ante muerte o enfermedad grave y permanente. La peticionaria
alega que padece de cáncer de útero y diabetes mellitus, afecciones que no le
permiten generar ingresos y, al depender únicamente de la venta de arepas,
vería afectado su mínimo vital para continuar con el pago de la cuota pactada
en el contrato.
3.2.1.2.
Al resolver sobre la cuestión
planteada, en primer instancia, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Calarcá,
Quindío, declaró improcedente la acción de tutela al encontrar que los pagos de
la actora se encuentran al día y aún no es sujeto de ejecución judicial alguna.
Además, consideró que la peticionaria no logró demostrar carecer de recursos
económicos para continuar con el pago de lo obligación.
3.2.1.3.
Por su parte, mediante
sentencia de segunda instancia, el Juzgado Única Penal del Circuito de Calarcá,
Quindío, confirmó la decisión del a quo y consideró que la actora debía
agotar primeramente el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual,
por ser el escenario propicio para resolver este tipo de discusiones. Asimismo,
sostuvo que para el momento de perfeccionar el contrato de seguro de vida, la
peticionaria demostró contar con capacidad económica para respaldar la cuota.
3.2.1.4.
En este orden de ideas, para
este caso particular, la Sala procederá a conceder la protección de los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida en condiciones dignas
y al debido proceso, invocados por la señora María Fanny Castaño, en
consideración a las razones que se expondrán a continuación:
3.2.1.4.1.
En primer lugar, los requisitos
de legitimación por activa e inmediatez se encuentran consolidados en este
caso, toda vez que, por un lado, la acción de tutela fue interpuesta por la
misma persona quien considera sus derechos fundamentales vulnerados y
directamente frente a las compañías implicadas en su queja; y, por otro, la
acción de tutela fue impetrada dentro de un término que no alcanzó los seis
meses, pues la respuesta negativa de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. se
produjo el día 26 de febrero de 2015, mientras que la solicitud de protección
constitucional se radicó el día 21 de abril de 2015, constituyendo así un
término razonable para este caso.
3.2.1.4.2.
En segundo lugar, en relación
con el requisito de subsidiariedad que se exige en estos eventos, es necesario
precisar que se presentan los siguientes factores y elementos dentro del caso: (i)
la accionante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios con los cuales
contaba para el reclamo de su pretensión; (ii) la accionante no ha
obtenido una calificación de pérdida de la capacidad laboral superior al 50%
por parte de una junta médica; (iii) la peticionaria ha continuado con
el pago de las cuotas del crédito y aún no ha incurrido en mora, de manera que
no existe cobro o ejecución alguna en su contra.
No obstante lo anterior, por virtud de principio pro
costumatore, en los asuntos que involucran relaciones contractuales en
materia de seguros, el juez constitucional se encuentra en el deber de
desplegar un análisis a favor del cliente asegurado que se encuentra en estado
de indefensión ante la compañía que expidió la póliza objeto del reclamo. En
este sentido, la Sala observa que en caso sub judice, la peticionaria
puede ser considerada como sujeto de especial protección constitucional, en la medida
que sufre cáncer de útero (patología que afecta la vida cotidiana del paciente
y puede causar la muerte)[60]
y diabetes mellitus (enfermedad que puede ser crónica, degenerativa e
incurable).
Así las cosas, para esta ocasión, la Sala estima que
no puede considerarse únicamente aquellas personas calificadas con pérdida de
la capacidad laboral de un 50% dentro de acciones de tutela relacionadas con
reclamos de pólizas de seguros, sino que, en todo caso, el juez constitucional
deberá evaluar las características de cada caso concreto, para determinar si el
grado de indefensión en el que se encuentra la persona hace susceptible admitir
el examen de fondo sobre el asunto. En este sentido, dentro de la reclamación impetrada
por la señora María Fanny Castaño, el medio ordinario de reclamo judicial
(proceso declarativo) que tiene a su disposición, para hacer efectiva la póliza
adquirida, carece de eficacia para lograr este propósito, toda vez que la accionante
es sujeto de especial protección constitucional y su mínimo vital se ve
amenazado por las consecuenticas que traerá cancelar el crédito con su capital
o por el incumplimiento del mismo.
3.2.1.4.3.
En tercer lugar, si bien es
cierto que la señora Castaño ha podido continuar con el pago de sus cuotas sin
incurrir en mora y, además, aún no es sujeto de cobro o ejecución judicial
alguna, no es menos cierto el hecho que a través de la acción de tutela busca
la ejecución del amparo contenido en la póliza adquirida, para con ello, no
sólo cubrir los gastos propios del crédito obtenido, sino también, proteger su
núcleo de ingreso que garantiza su mínimo vital. De esta forma, se observa que
la solicitud de protección constitucional tiene un propósito que va más allá
del simple pago del crédito, pues se pretende mantener un margen de ingresos
producto de la venta de arepas, que ayuden a proteger los derechos
fundamentales de la accionante.
3.2.1.4.4.
En cuarto lugar, en la
respuesta emitida el día 26 de febrero de 2015 por parte de BBVA Seguros de
Vida Colombia S.A. a la señora Castaño, se menciona que una de las seis
patologías amparadas por la póliza adquirida es el cáncer; asimismo, dentro del
escrito de contestación en el proceso de tutela, esta compañía afirmó que
dentro de la historia clínica de la paciente, se observa que empezó a padecer
de cáncer con anterioridad a la toma de la póliza, es decir, al año 2011, por
lo cual se presentó preexistencia en la reclamación.
A pesar de lo anterior, para esta oportunidad,
correspondía a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. desplegar la carga de la
prueba para hacer oponible el argumento de preexistencia, de manera que debió
haber solicitado la práctica de una valoración médica o un análisis de la
historia clínica de la solicitante en el momento previo al perfeccionamiento del
contrato. En la sentencia T-222 de 2014 (que reitera lo dispuesto en sentencia
T-832 de 2010), se menciona que una de las pautas para determinar la
oponibilidad de preexistencia en la reclamación de pólizas de seguro de vida,
consiste en que “la carga de la prueba de la preexistencia radica en cabeza
de la aseguradora quien deberá solicitar exámenes médicos previos a la
celebración del contrato, so pena de no poderlos alegar en un futuro”. De
esta manera, para el caso sub judice, se encuentra que la entidad
demandada no desplegó un mínimo de diligencia al momento de verificar
médicamente las condiciones de la solicitante, especialmente frente a un
padecimiento como el cáncer, que puede ser una patología silenciosa y
progresiva.
3.2.1.5.
Por lo descrito, la Sala
encuentra que para esta ocasión, la señora María Fanny Castaño es acreedora del
amparo contenido en la póliza de seguro adquirida con la compañía BBVA Seguros
de Vida S.A., toda vez que, contrario sensu, se vería expuesta a una
condición apremio económico que podría afectar sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida digna, a la salud y al debido proceso.
3.2.2.
Expediente T-5.119.171.
3.2.2.1.
Dentro de este proceso la
señora Alba Luz Arenas Parada presentó acción de tutela contra la Cooperativa
Multiactiva de Educadores de Casanare y MAPFRE Colombina Vida Seguros S.A., por
considerar que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al negar
la ejecución de las pólizas de seguro adquiridas para respaldar los diferentes
créditos tomados con la Cooperativa.
3.2.2.2.
La accionante alega que a
raíz de ciertos problemas de salud, fue calificada con un 97% de pérdida de la
capacidad laboral, causado por estrés laboral, según dictamen de invalidez
emitido el día 18 de octubre de 2012 por Medicol Salud UT Casanare. Además,
agrega que es madre cabeza de familia a cargo de tres menores de edad y que
tanto ella como su núcleo familiar dependen de la pensión por invalidez que le
fue reconocida, la cual asciende a un monto de $716.654 y se convierte en su
única fuente de sustento.
3.2.2.3.
De igual forma, aduce que le
fue negada la ejecución de las pólizas bajo el argumento que ella padece de
trastorno depresivo, cuando lo cierto es que fue pensionada por estrés laboral.
Asimismo, reclama que antes de sufrir de dicho padecimiento cumplía fielmente
las cuotas pactadas en el contrato, sin haber incurrido en mora; no obstante,
afirma que a raíz de su estado de salud le ha sido difícil continuar con la
ejecución normal del contrato y, a pesar de ello, se ve hostigada
constantemente con llamadas de cobro mediante las cuales le amenazan con el
despojo de su vivienda, circunstancia que agrava su estado de salud.
3.2.2.4.
Mediante sentencia de única
instancia, el Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal declaró improcedente la
acción de tutela, en consideración a que: (i) la peticionaria debía
agotar primeramente la vía ordinaria para el reclamo de su pretensión; (ii)
en este sentido, no logró demonstrar encontrarse ante la amenaza de un
perjuicio grave e irremediable para su vida; y (iii) las entidades
accionadas tienen el derecho de efectuar el cobro de las sumas contenidas en os
créditos adquiridos.
3.2.2.5.
De conformidad con lo
expuesto, para el caso expuesto en este expediente, la Sala procederá a
conceder la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
salud y a la vivienda digna de la señora Alba Luz Arenas Parada y su familia,
en consideración a las razones que se expondrán a continuación:
3.2.2.5.1.
En primer lugar, para este
caso la acción de tutela se torna procedente, pues dentro de los alegatos
presentados por la peticionaria se logra desprender que no sólo busca la
ejecución de una suma de dinero, sino la protección de su derecho a la vivienda
digna. En este mismo sentido, se advierte que la accionante convive con sus
tres hijos menores de edad dentro de un inmueble del cual pueden ser despojados
como consecuencia del cobro ejecutivo del crédito.
De igual forma, es necesario
precisar que la señora Alba Luz Arenas Parada no sólo es madre cabeza de
familia a cargo de tres menores de edad, sino que además ha sido valorada y
calificada por una junta médica con un grado de pérdida de la capacidad laboral
de un 96%, por estrés laboral. A esta circunstancia se suma el hecho que en la
actualidad, la peticionaria no genera ingresos y depende de una pensión de
invalidez que sólo asciende a la suma de $716.654.00, la cual, por no haberse
demostrado lo contrario por parte de la entidad aseguradora, se convierte en el
único sustento del que depende su núcleo familiar.
3.2.2.5.2.
En segundo lugar, la Sala
observa que la señora Alba Luz Arenas Parada cumplió fielmente con el pago
mensual de cuota a la cual se encontraba obligada, pero incurrió en mora luego
de haber sido valorada con pérdida de la capacidad laboral. Esto demuestra que
la accionante siempre ha actuado de buena fe en el cumplimiento del contrato y
que  efectivamente el padecimiento devenido afectó sustancialmente su
generación de ingresos, de manera que en estos momentos la peticionaria se
encuentra en una posición de desventaja frente a la condición de la entidad
aseguradora dentro del contrato estipulado.
De misma manera, la Sala encuentra que la actora ha sido
sujeto de llamadas y cobros constantes por parte de la entidad financiera
accionada, las cuales, si bien se encuentran dentro de las facultades legales
que puede ejercer dicha entidad, las mismas pueden terminar potencializando el
nivel de estrés por el cual la actora ha sido declarada con estado de
invalidez. En este sentido, se observa que ella ha requerido la flexibilización
del cobro en atención a su condición, pues expresa tener la voluntad de cubrir
con la deuda adquirida.
3.2.2.5.3.
En tercer lugar, de
conformidad con lo expuesto, esta Sala advierte que MAPFRE Colombia Vida
Seguros S.A. alega que el padecimiento de la accionante no se encuentra dentro
de los eventos cubiertos por las pólizas adquiridas; sin embargo, esta
afirmación se realiza sin haber aportado las pruebas donde se lograra
determinar cuáles eran los riesgos que de manera concreta se encontraban
amparados por la póliza y aquellos que estaban excluidos. En este mismo
sentido, cabe resaltar que el juez constitucional se encuentra en el deber de
desplegar un análisis sistemático del contrato de seguros, para con ello
identificar si existen cláusulas abusivas o inválidas que excluyan enfermedades
que coloquen al tomador en imposibilidad de continuar generando ingresos y
cancelando el pago de la deuda, o si las particularidades del caso permiten que
se haga efectivo el amparo.
Así las cosas, para esta oportunidad, la Sala advierte
que el padecimiento de estrés laboral por el cual la señora Arenas Parada fue
calificada con una alta valoración de 96% de pérdida de la capacidad laboral,
no sólo emergió de manera posterior a la entrada en vigencia del contrato de
seguro, sino que además sitúa a la actora en una condición que le imposibilita volver
al mundo laboral y generar ingresos, por lo cual, al momento de quedar sujeto
el mínimo vital y el de su familia a una pensión de invalidez por valor de
$716.654.00, notoriamente la ejecución del crédito afectará el núcleo económico
que mantiene el goce del derecho fundamental a vida digna en su hogar.
En este orden de ideas, también cabe precisar que las
pólizas de seguro adquiridas por la peticionaria, tienen como propósito cubrir
el crédito adeudado como consecuencia de un padecimiento físico que ubique al
tomador en un estado de indefensión, que le imposibilite continuar con el pago
de las cuotas o lo ubique en un estado apremiante que afecte su mínimo vital,
siempre que acaezca alguno de los riesgos que fueron estipulados en el
contrato. No obstante, para esta oportunidad, al no haberse aportado por parte
de MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. el contrato que permitía verificar cuáles
eran los riesgos excluidos del mismo, se mantiene vigente la idea contenida en
el contrato, en cuanto medio para amparar el crédito en caso de invalidez.
3.2.2.5.4.
En virtud de lo expuesto, al
haberse comprobado que la señora Alba Luz Arenas Parada canceló fielmente sus
cuotas antes del padecimiento físico que sufre y, además, al haberse demostrado
que es madre cabeza de familia, con tres menores a cargo, con un grado de
invalidez del 96%, dependiente de una pensión de invalidez de $716.654.00 e
imposibilitada para continuar generando ingresos en el mundo laboral, esta Sala
advierte que se encuentra ante la amenaza de un perjuicio irremediable para
ella y su familia, en la medida que la cancelación de las cuotas adeudas
impactarán en su núcleo económico y con ello afectarán su mínimo vital. Por
esta razón, en cuanto las pólizas adquiridas se encuentran estructuradas bajo
la idea de cubrimiento de riesgo en caso de invalidez, esta Sala procederá a
ordenar a la compañía aseguradora MAPFRE Colombia Vida Seguros que, dentro del
proceso de cobro adelantado contra la peticionaria, adelante el trámite
requerido para hacer efectivas las pólizas que cubren los créditos adquiridos.
3.2.3.
Conclusiones.
3.2.3.1.
De conformidad con lo
descrito, dentro del expediente T-5.089.723, esta Sala procederá a revocar la
sentencia del diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015), proferida por
el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, Quindío, que confirmó la
sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal
de Calarcá, Quindío, el día 06 de mayo de 2015, que declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por la señora María Fanny Castaño contra BBVA
Seguros de Vida Colombia S.A. En su lugar, se concederá la protección a los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la
salud y al debido proceso, invocados por la señora María Fanny Castaño.
En ese sentido, se ordenará a la compañía de seguros
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. que proceda a la ejecución de la póliza de
seguro de vida adquirida por la señora María Fanny Castaño.
3.2.3.2.
En relación con el expediente
T-5.119.171, esta Sala procederá a revocar la sentencia del once (11) de mayo
de dos mil quince (2015), pronunciada por el Juzgado Primero Penal Municipal de
Yopal, que declaró improcedente la acción de tutela entablada por la señora
Alba Luz Arenas Parada contra la Cooperativa Multiactiva de Educadores del
Casanare y MAPFRE Seguros Colombia S.A. En su lugar, se concederá la protección
de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vivienda digna
invocados por la accionante.
4.  DECISIÓN
En mérito de la expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015),
proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, Quindío, que
confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Calarcá, Quindío, el día 06 de mayo de 2015, que declaró
improcedente la acción de tutela instaurada por la señora María Fanny Castaño
contra BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En su lugar, CONCEDER
la protección a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas, a la salud y al debido proceso, invocados por la señora
María Fanny Castaño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. ORDENAR a la compañía BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. que, una vez
notificada la decisión adoptada en esta providencia, proceda a hacer efectiva
la póliza de Seguro de Vida Grupo adquirida por la señora María Fanny Castaño, identificada
con certificado individual de seguro No. 1-00247384-1.
TERCERO. REVOCAR la sentencia del once (11) de mayo de dos mil quince (2015),
pronunciada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal, que declaró
improcedente la acción de tutela entablada por la señora Alba Luz Arenas Parada
contra la Cooperativa Multiactiva de Educadores del Casanare y MAPFRE Seguros
Colombia S.A. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vivienda digna, invocados por
la señora Alba Luz Arenas Parada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO. ORDENAR a la Cooperativa Multiactiva de Educadores del Casanare y MAPFRE
Colombia Vida Seguros S.A. que, una vez notificada la decisión contenida en
esta providencia, procedan a realizar los trámites para hacer efectivas las
pólizas de seguro que cubren las obligaciones contraídas por la señora Alba Luz
Arenas Parada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de estas providencia.
QUINTO. LIBRAR, por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
previstos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN Y
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
T-770 DE 2015[61]
CONTRATO DE SEGUROS MEDICOS-Carga de
preexistencias está en cabeza de entidad aseguradora (Aclaración y salvamento
de voto)
A la luz de la jurisprudencia constitucional, en términos
generales es cierto que la carga de verificar el estado de salud del asegurado
corresponde a la aseguradora, antes que al primero, de manera que a la empresa
no le es posible alegar preexistencias si no cumplió diligentemente ese deber.
Sin embargo, en la sentencia no quedó suficientemente claro si la empresa
conoció la historia clínica y, en consecuencia, la patología de la accionante
al momento de celebrar el contrato o con posterioridad, con ocasión de la
interposición de la acción de tutela. Si lo ocurrido corresponde a la primera
situación, la aseguradora habría cumplido con la obligación de verificar el
estado de salud de la asegurada, mediante la revisión de su historia clínica, y
podría predicarse la preexistencia. Si, en cambio, la historia clínica de la
accionante solo fue conocida por la accionada de forma ulterior, no podía
oponer la enfermedad ahora como preexistente para eximirse de pagar la póliza.
En la redacción de la sentencia, las dos interpretaciones son posibles. Mi aclaración
de voto consiste, entonces, en que si bien comparto la decisión de ordenar el
pago del seguro a favor de la peticionaria, lo hago solo bajo el supuesto de
que la demandada haya tomado conocimiento de la historia clínica de la afectada
con posterioridad a la celebración del contrato de seguro, dado que en estas
circunstancias estaría claro que omitió cerciorarse, antes de la venta de la
póliza, del estado de salud de la actora y, en consecuencia, no podía alegar
preexistencia alguna sino proceder con el pago correspondiente
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Séptima de Revisión de la Corte, me permito exponer las razones por las
cuales aclaro y salvo parcialmente el voto dentro de la Sentencia T-770 de
2015.
1. En el expediente T-5089723, la demandada se opuso
al pago del seguro de vida que cubría el riesgo de muerte o enfermedad grave o
permanente de la accionante, con el argumento de que, según la respectiva
historia clínica, el cáncer que aquella padece surgió antes de junio de 2011,
mes en que fue adquirida la póliza; en otros términos, porque la enfermedad
preexistía a la celebración del contrato de seguro. Uno de los problemas
principales del caso era, por lo tanto, determinar si efectivamente se
configuraba la circunstancia alegada por la accionada. En la decisión se
sostiene que, no obstante la afirmación de la aseguradora, esta debió haber
solicitado la práctica de una «valoración médica o análisis de la
historia clínica de la solicitante» antes del perfeccionamiento del contrato y, puesto que
así no procedió, no tiene lugar la supuesta preexistencia, oponible a la actora,
conforme las reglas fijadas en la Sentencia T-832 de 2010[62] (reiteradas en la Sentencia
T-222 de 2014[63]).
A la luz de la jurisprudencia constitucional, en términos
generales es cierto que la carga de verificar el estado de salud del asegurado
corresponde a la aseguradora, antes que al primero, de manera que a la empresa
no le es posible alegar preexistencias si no cumplió diligentemente ese deber.
Sin embargo, en la sentencia no quedó suficientemente claro si la empresa
conoció la historia clínica y, en consecuencia, la patología de la accionante
al momento de celebrar el contrato o con posterioridad, con ocasión de la
interposición de la acción de tutela. Si lo ocurrido corresponde a la primera
situación, la aseguradora habría cumplido con la obligación de verificar el
estado de salud de la asegurada, mediante la revisión de su historia clínica, y
podría predicarse la preexistencia. Si, en cambio, la historia clínica de la
accionante solo fue conocida por la accionada de forma ulterior, no podía
oponer la enfermedad ahora como preexistente para eximirse de pagar la póliza.
En la redacción de la sentencia, las dos interpretaciones son posibles.
Mi aclaración de voto consiste, entonces, en que si
bien comparto la decisión de ordenar el pago del seguro a favor de la
peticionaria, lo hago solo bajo el supuesto de que la demandada haya tomado
conocimiento de la historia clínica de la afectada con posterioridad a la celebración
del contrato de seguro, dado que en estas circunstancias estaría claro que
omitió cerciorarse, antes de la venta de la póliza, del estado de salud de la
actora y, en consecuencia, no podía alegar preexistencia alguna sino proceder
con el pago correspondiente.
2. Respecto del expediente
T-5119171, Mapire Colombia Vida Seguros S. A. se negó a hacer efectivo el
seguro a favor de la tomadora y afirmó que el trastorno depresivo que padece se
encuentra expresamente fuera de la cobertura de la póliza. Por su parte, la
accionante alegó en el trámite de la tutela que no fue informada sobre
supuestas exclusiones al instante de celebrar el contrato. Visto lo anterior,
durante la discusión del proyecto de fallo sugerí establecer si las
enfermedades exceptuadas de aseguramiento era un elemento susceptible de ser
comprendido por la peticionaria en este caso, a la luz de la doctrina
constitucional que protege la buena fe del tomador en lo relativo a los
alcances del riesgo asegurado y la cobertura real del contrato, para así
determinar si dichas exclusiones eran, o no, oponibles a la asegurada.
La sentencia, sin embargo, concluyó que, en tanto la
demandada no aportó copia del contrato para permitir verificar los riesgos
excluidos de la póliza, «se mantiene vigente la idea contenida en
el contrato, en cuanto medio para amparar el crédito en caso de invalidez», y ordenó hacer efectiva la
póliza adquirida por la actora. En otros términos, la falta de esa prueba se
resolvió con una suerte de presunción de que el seguro ampara la invalidez de
la asegurada proveniente de cualquier origen. A mi juicio, este razonamiento no
es jurídicamente acertado ni, tal como es presentado, se apoya en un criterio
de decisión probatorio establecido por la Corte. Lo procedente, me parece, era
haber decretado el correspondiente medio de convicción para tener certeza de la
aplicación de la regla jurisprudencial que favorecía a la accionante.
Estimo que fallar sin contar con los elementos
fácticos mínimos que conforman los supuestos de las reglas de decisión o sin
sustento en criterios probatorios acogidos expresamente por la jurisprudencia
constitucional es problemático y riesgoso para la legitimidad de las órdenes
que dicta la Corte en procura de amparar los derechos fundamentales. Por esta
razón, salvo parcialmente mi voto en la sentencia.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Véase las
Sentencias T- 1259 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T- 329 de 2010. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[2] Ver, entre otras
sentencias: T-290 de 1993 y T-482 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-513 de 1993, M.P. Hernando
Herrera Vergara; T-083 de 1994, M.P. Jorge
Arango Mejía; T-139 de 1994, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; T-232 de 1994, M.P. Fabio
Morón Díaz; T-340 de 1994, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-077 de 1995, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-164 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-100 de 1997, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; SU-111 y T-119
de 1997,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-331 de 1997, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-618 y T-619 de 1999, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-627 y T-628
de 1999,
M.P. Carlos Gaviria Díaz;  SU-646 de 1999, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; T-649 de 1999, M.P. Carlos
Gaviria Díaz; T-716 de 1999, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-728 de 1999, M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-731 de 1999, M.P. Carlos
Gaviria Díaz; T-736 de 1999, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-788 de 1999, M.P. Fabio
Morón Díaz; T-871 y T-981 de 1999, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; T-976 de 1999, M.P. Fabio
Morón Díaz; SU-913 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; SU-713 de 2006,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[4] “Ha
recalcado en su jurisprudencia esta Corporación que la acción de tutela no
puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio al cual se pueda
acudir cuando se dejaron de ejercer los medios ordinarios de defensa dentro de
la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma extemporánea, o para
tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las
instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción. Su naturaleza es la de ser
un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no
existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se
invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[5] M. P. Jaime
Córdoba Triviño.
[6] “El
fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, consiste
en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de
aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en
el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de
tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de
las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.
[7] La sentencia
T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, estableció ciertos elementos que
deben configurarse para estimar la existencia de un perjuicio irremediable, a
saber: (i) un perjuicio inminente, (ii) medidas que deben
adoptarse de manera urgente frente al mismo; y (iii) que el peligro
emergente sea grave; de ese modo la protección de los derechos fundamentales se
tornaría impostergable.
[8] Ver sentencia T-003 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero: “(…)
tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho
fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una
relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del
derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido
concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese
derecho”.
[9] Ver entre otras
sentencias: T-086, T-743 y T-825 de 2007, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-808 de 2007, M.P. Catalina
Botero Marino;  T-055 de 2008, M.P.
Rodrigo Escobar Gil;  T-766 y T-095 de 2008, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-189 de 2009, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-265 de 2009, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-301 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo; T-965 de 2009, M.P. María
Victoria Calle Correa; T-883 de 2009, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-1003 de 2012, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
[10] Existen variables metodológicas acerca de los términos de inmediatez,
como en acciones de tutela que se presentan por presuntos errores judiciales en
procesos ejecutivos hipotecarios, en los cuales se entiende que el peticionario
cuenta con la posibilidad de ejercer la acción de tutela hasta tanto el proceso
ejecutivo no haya culminado mediante sentencia. Ver entre otras
sentencias: T-282 y T-495 de 2005, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-294, T-444, T-918, T-909 y
T-700A de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1009 de 2006, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-178 de 2012, M.P. María
VictoriaCalle Correa; T-357 de 2014, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[11] M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[12] “Teniendo en cuenta este sentido de
proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de
manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se
ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción”.
[13] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[14] M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[15] En los términos
del Magistrado sustanciador: “Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos”.
[16] Con excepción
de aquellos eventos en que la jurisprudencia constitucional ha determinado
concretamente hasta cuándo caduca el plazo de inmediatez, como el descrito
anteriormente en relación con procesos ejecutivos hipotecarios.
[17] Constitución
Política de Colombia, artículo 335: “Las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley,
la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y
promoverá la democratización del crédito”.
[18] Decreto 2591 de 1991, artículo 42: “[p]rocedencia.
La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en
los siguientes casos:
1. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público
de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15,
16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
2.
Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida,
a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
3. Cuando aquel contra quien se
hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios
públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se
hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la
Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea
aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas
data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación
de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
8.. Cuando el particular actúe o
deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el
mismo régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para
tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
[19] En relación con
el perjuicio irremediable, la sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa,  estableció ciertos elementos que deben configurarse para estimar la
consolidación de esta afectación, a saber: (i) un perjuicio inminente; (ii)
medidas que deben adoptarse de manera urgente frente al mismo; y (iii)
que el peligro emergente sea grave; de ese modo la protección de los derechos
fundamentales se tornaría impostergable.
[20] Ver
sentencia T-738 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
[21] Ver
sentencia T-222 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[22] Ver sentencias
T-642 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-086 de 2012, Humberto Antonio
Sierra Porto; T-751 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; y otras.
[23] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[24] Ibíd.: “Ahora
bien, al referirse a las compañías de seguros, esta Corte ha destacado que, si
bien en principio las diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante
los jueces ordinarios dado su carácter contractual, cuando estén amenazados
derechos fundamentales como la vida, la salud o el mínimo vital, resulta
procedente el amparo constitucional. Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto
asegurado es puramente económica no tendría cabida la tutela, pues el conflicto
se dirimiría ante la  jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre
la vida o el mínimo vital de una persona puede ser viable la acción de tutela
para amparar tales derechos fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad
del medio ordinario de defensa judicial”.
[25] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[26] M.P. Gloria
Stella Ortíz Delgado.
[27] Ibíd.: “Ahora bien, la Corte ha
conocido casos en los que, en el marco del contrato de seguros, la discusión
jurídica sobre el eventual deber de la aseguradora de asumir el pago, se
presenta paralelamente a la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable,
por ejemplo, ante la imposibilidad de contar con los medios para asegurar el
mínimo vital.  Ante la existencia de un perjuicio irremediable, no puede el
Estado dejar de tramitar de forma urgente y preferente, una medida judicial que
pretende enfrentar la afectación a los derechos fundamentales, ni puede
exigirle a la persona que solicita la protección de sus derechos, que inicie un
proceso judicial que no tiene la capacidad de resolver su asunto con la rapidez
requerida. (…) La Corte ha evidenciado también, que se presenta un perjuicio
irremediable cuando a falta de pago del seguro, el accionante se ve obligado a
sufragar gastos, pero no cuenta con recursos para ello, ni está en capacidad de
trabajar, por eso pone en riesgo su mínimo vital, vida digna, salud o vivienda
digna. En esos casos, se hace urgente la protección del
mínimo vital, y por consiguiente, será posible revisar el problema jurídico de
fondo, pues si se exige que se tramite a través de la jurisdicción ordinaria,
la protección de los derechos puede resultar insuficiente al momento en que se
produzca el fallo”.
[28] M.P.
Jorge Arángo Mejía.
[29] Código de Comercio, artículo 1058.: “DECLARACIÓN
DEL ESTADO DEL RIESGO Y SANCIONES POR INEXACTITUD O RETICENCIA. El
tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro.
Si la declaración no se hace con sujeción a un
cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto
si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen
agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo
estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato
represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160.
Las sanciones consagradas en este artículo no se
aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido
conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la
declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los
acepta expresa o tácitamente”. (Las
expresiones subrayadas fueron demandas en esta sentencia).
[30] Ibíd.:
““Cuando, a pesar de
la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las
circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se
le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa está fundada en
el error y, por tanto, es justo que, tarde o temprano, por intermedio de la
rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto,
con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la
reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya
podido sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o
tutelar un equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el
contrato de seguro, y no al acaecer el siniestro. La relación causal que
importa y que, para estos efectos, debe existir, no es la que enlaza la
circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la
que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador”.
[31] J. Efrén Ossa G., Teoría General del Seguro - La
Institución, Temis, Bogotá, 1988.
[32] Hernán Fabio López Blanco, Comentarios al Contrato de
Seguro, 2a. edición, Dupré, Bogotá, 1993, pág. 118. De igual forma, cita
nuevamente al profesor J. Efrén Ossa, quien mencionó sobre este punto que: “El asegurador no está obligado
a verificar la exactitud de la declaración del estado del riesgo. Ni siquiera
por su aspecto objetivo, menos aún por su aspecto moral. No existe norma legal
que pueda invocarse para afirmar lo contrario”. (J. Efrén Ossa G.,
ob. cit. Teoría General del Seguro - El Contrato, pág. 349).
[33] “La inexactitud o la reticencia en la
medida en que, conforme a los criterios expuestos, sean relevantes“ producen
la nulidad relativa del seguro”. Generan vicio en el consentimiento del
asegurador, a quien inducen en error en su declaración de voluntad frente al
tomador. No importa que aquél no reúna las características que lo tipifican a
la luz de los arts. 1510, 1511 y 1512 del Código Civil. Se trata, como hemos
visto, de un régimen especial, más exigente que el del derecho común, concebido
para proteger los intereses de la entidad aseguradora y, con ellos los de la
misma comunidad asegurada, en un contrato que tiene como soporte la buena fe en
su más depurada expresión y que, por lo mismo, se define unánimemente como
contrato uberrimae fidei.(…) Se trata de un error que seguramente  no
puede asimilarse al  error obstáculo (C.C. art. 1510), porque no
“recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra”, ni “sobre
la identidad de la cosa específica de que se trata”, quizás tampoco al error
sustancial (id., art. 1511), en cuanto no atañe a “la sustancia o calidad
esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato”, ni siquiera, tal vez,
al error accidental acerca de otras calidades determinantes de la
voluntad contractual (id., inc.2o.), porque la del asegurador, en el contrato
de seguro, se inclina o suele inclinarse, en sentido favorable o adverso, al
conjuro de un complejo de factores de orden moral u objetivo que conforman el
riesgo y le permiten formarse juicio sobre su capacidad de asumirlo. Por eso es
por lo que todas las legislaciones regulan específicamente la declaración del
estado del riesgo a cargo del tomador y establecen, con uno u otro criterio,
más o menos severo, las sanciones a que da origen su infidelidad, enderezadas a
tutelar el equilibrio contractual. Así lo hacía nuestro Código de Comercio de
1887 (arts. 680 y 681) y así lo hace el actual, no obstante los preceptos
seculares de nuestro Código Civil. Y no obstante, igualmente, el art. 900 del
estatuto comercial vigente que, respecto de los actos mercantiles en general
consagra su anulabilidad cuando hayan sido consentidos por error, fuerza o dolo
conforme al Código Civil. (…) Ni siquiera la norma del derecho común (C.C. art.
1515) que consagra el dolo como vicio del consentimiento sería
suficiente para proteger al asegurador. Porque aquél sólo vicia el
consentimiento si, además de ser obra de una de las partes, “aparece claramente
que sin él no hubiera contratado”. Es el dolo principal. Es decir, está
desprotegido frente al dolo incidental que es, a juicio de ALESSANDRI
y SOMARRIVA, “el que no determina a una persona a celebrar el acto jurídico,
pero sí a concluirlo en distintas condiciones que en las que lo habría
concluido, generalmente menos onerosas, si las maniobras artificiosas no
hubieran existido”. (J. Efrén Ossa G., Teoría General del Seguro - El Contrato,
Temis, Bogotá, 1991, págs. 333 y 334)”.
[34] Código de Comercio, artículo
1058, inciso 3: “Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo
estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato
represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160”.
[35] M.P. (e) Martha Victoria Sáchica
de Moncaleano.
[36] Ley 45 de 1990, artículo 82: “TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO.
La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que
se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del
contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada
y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.
Lo
dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en
la carátula de la póliza, en caracteres destacados.
Lo
dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes".
[37] VEIGA COPO Abel B.: “Los
Principios de Derecho Europeo del Contrato de Seguro”. Primera Edición,
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas. Grupo
Editorial Ibáñez, 2011 (Colección prospectivas del derecho). En esta obra el
autor describe el proceso que se ha desarrollado en Europa con el propósito de
lograr unificar un marco comunitario en relación con el régimen de los
contratos de seguros.
[38] Ibíd. VEIGA COPO, cit., pág. 67:
REHBERG. Der Versicherungsabschluss als Informationsproblem, cit., p.
197 “quien postula además como tomador del seguro a ser informado de todos
los aspectos del seguro”.
[39] Ibíd.
VEIGA COPO, p. 75.: ““Afortunadamente la sensatez y la mesura se han impuesto,
debiendo ahora las aseguradoras ampliar sus formularios de preguntas,
perfeccionándose en la elección de preguntas relevantes, serias, precisas, que
ayuden verdaderamente a lo que tienen que ayudar que no es otra cosa que la
verdadera selección y antiselección del riesgo y no tachar a priori
prácticamente de fraudulento o arrojar sombras de luz sobre solicitantes y
tomadores de seguro. Buena fe también implica para la entidad seguradora
lealtad y profesionalidad a la hora de confeccionar su oferta, su póliza, el
condicionado, la realización de las prestaciones, etc., desterrando todo atisbo
de oscuridad, ambigüedades, incomprensibilidades, abusos y lesividades, etc., y
para el asegurado declarar lo que él cree modulaciones o alteraciones en el
riesgo original y tenido en cuenta para concretar el contrato, toda agravación
del mismo, disminución, las circunstancias que rodean al siniestro, la
comunicación del mismo etc. La buena fe preside en el seguro, como en todos los
contratos, la relación jurídica pero si cabe con un mayor énfasis en este
contrato”.
[40] Ibíd. VEIGA COPO, cit., p. 73:
ASÍ HÉMARD, I, Nº 44. [non vidi], cita de HALPERIN. Contrato, cit., p.
34, “la noción de eventualidad excluye la certidumbre y la imposibilidad;
mas comprende el caso fortuito y aún la voluntad de las partes, siempre que el
acontecimiento no dependa inevitable o exclusivamente de ella. Es suficiente
que la certidumbre sea económica”.
[41] El tratadista J. Efrén OSSA, en su libro Teoría
General del Seguro: El Contrato, expone que: “La inexactitud o la
reticencia en la medida en que, conforme a los criterios expuestos, sean
relevantes ‘producen la nulidad relativa del seguro’. Generan vicio en el
consentimiento del asegurador, a quien inducen en error en su declaración de
voluntad frente al tomador. No importa que aquél no reúna las características
que lo tipifican a la luz de los arts. 1510, 1511 y 1512 del Código Civil. Se
trata, como hemos visto, de un régimen especial, más exigente que el del
derecho común, concebido para proteger los intereses de la entidad aseguradora
y, con ellos los de la misma comunidad asegurada, en un contrato que tiene como
soporte la buena fe en su más depurada expresión y que, por lo mismo, se define
unánimemente como contrato de uberrimae fidei”. (Teoría General del
Seguro: El Contrato, Ensayo de Interpretación
Del Título V, Libro Cuarto, Del Código de Comercio de la República de Colombia, Volumen 2, Ed. Temis, 1984. Pg. 296).
[42] Código
de Comercio, artículo 1058: “El tomador
está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro.
Si
la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la
reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado
del riesgo.
Si
la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el
contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de
siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que
la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa
o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el
artículo 1160.
Las
sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de
celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o
circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya
celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o
tácitamente”.
[43] Código de Comercio, artículo 1162: “Si respecto a
la edad del asegurado se comprobare inexactitud en la declaración de
asegurabilidad, se aplicarán las siguientes normas:
1)
Si la edad verdadera está fuera de los límites autorizados por la tarifa del
asegurador, el contrato quedará sujeto a la sanción prevista en el Artículo 1058;
2)
Si es mayor que la declarada, el seguro se reducirá en la proporción necesaria
para que su valor guarde relación matemática con la prima anual percibida por
el asegurador, y
3)
Si es menor, el valor del seguro se aumentará en la misma proporción establecida
en el ordinal segundo”.
[44] M.P. Jorge
Arango Mejía.
[45] Sentencia C-232 de 1997: “Con base en la redacción de la norma y en
las actas números 12, 13, 14, 17, 18, 52, 73, 74, 90 y 91 del Subcomité de
Seguros del Comité Asesor para la Revisión del Código de Comercio (publicadas
en 1983 por la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros “Acoldese”, Bogotá,
Unión Gráfica Ltda., páginas 91 a 99), que al decir del profesor J. Efrén Ossa
G. (q.e.p.d.), “constituyen útil material informativo para el exégeta que desee
aproximarse a la raíz de las normas legales que, conforme al Título V del Libro
Cuarto del Código de Comercio, gobiernan el Contrato de Seguro”, es posible
afirmar que del artículo 1058 del Código de Comercio, surge un régimen
estructurado sobre las siguientes bases:
a) El tomador del seguro tiene la carga precontractual de declarar
sinceramente los hechos o circunstancias significativos que determinan el
estado del riesgo;
b) La declaración puede hacerse con o sin cuestionario preparado
por el asegurador;
c) La carga de declarar correctamente el estado del riesgo se
incumple por inexactitud o reticencia, es decir, por incurrir en falta de la
debida puntualidad o fidelidad en las respuestas o el relato, o por callar,
total o parcialmente, lo que debiera decirse;
d) Como protección del asegurador contra el error y el dolo y, por
ende, en defensa de la mutualidad de los asegurados, las inexactitudes o
reticencias frente al cuestionario, están sancionadas con la nulidad relativa
del contrato, siempre y cuando recaigan sobre hechos o circunstancias
relevantes o influyentes respecto del riesgo, o sea, de aquéllos que, de haber
sido conocidos por el asegurador, lo habrían retraído de contratar u obligado a
exigir condiciones más onerosas;
e) Como la norma, en tratándose de la absolución del cuestionario,
no contempla distinciones sobre el particular, la nulidad relativa se origina
en las inexactitudes o reticencias que graviten tanto sobre el riesgo moral o
subjetivo (referente a cualidades personales del tomador o asegurado), como
sobre el riesgo físico u objetivo del bien asegurado ( relativo a las
particularidades físicas o materiales del objeto del seguro);
f) Cuando media un cuestionario, la nulidad tiene lugar por el
solo acaecimiento de la inexactitud o reticencia, ya sea fruto de dolo o culpa
del tomador;
g) Si la declaración es libre o espontánea, esto es, no sujeta a
cuestionario alguno, las reticencias o inexactitudes dolosas o culposas
conducen también a la nulidad relativa, pero, por manifestación expresa de la
ley, sólo en lo que atañe al riesgo objetivo o físico del bien asegurado;
h) No habrá nulidad si las inexactitudes o reticencias relevantes
provienen de error inculpable del tomador. Pero el siniestro que en tales casos
se produzca, sólo obliga al asegurador a pagar una parte de la prestación
asegurada, directamente proporcional a lo que la tarifa o prima pactada
represente en relación con la tarifa o prima correspondiente al verdadero
estado del riesgo, con la excepción, claro está, del principio de incontestabilidad
que, en materia de seguros de vida, consagra el artículo 1160 del Código de
Comercio;
i) La nulidad relativa y la disminución de la prestación asegurada
no tienen aplicación si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha
conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración, o si, celebrado el contrato de seguro, los subsana o
acepta expresa o tácitamente;
j) Como se deduce del acta número 73, para que la nulidad relativa
pueda declararse “(...) no hay necesidad de establecer relación ninguna de
causalidad entre el error o la reticencia y el siniestro”.
[46] Ibíd. C-232/97:
“En el contrato de seguro, salvo lo
dispuesto para los errores inculpables, el legislador, en lo que se refiere a
la anulabilidad del negocio, consagró un tratamiento especial, más severo, de
los vicios del consentimiento del asegurador, causados por las reticencias o
inexactitudes culposas o dolosas del tomador en la declaración del estado del
riesgo. En materia de seguros, la ley comercial se separó de la reglamentación
común sobre nulidad relativa por error accidental en la calidad del objeto,
contemplada en el Código Civil. La posibilidad de rescindir el contrato según
el Código Civil, se amplió para los aseguradores, según las voces del Código de
Comercio, pues esta norma, a diferencia del derecho civil, incluyó también,
como causal de nulidad relativa, el error derivado de las reticencias o
inexactitudes que impidieron que el aseguramiento se estipulara en condiciones
más onerosas para el tomador. En lo tocante al derecho del asegurador de lograr
la rescisión del seguro por dolo del tomador en la declaración del estado del
riesgo, el Código de Comercio también ensanchó los límites previstos por el
Código Civil. Como la norma comercial permite la declaración de nulidad
relativa, aun en el evento en que las reticencias o inexactitudes habrían inducido
a la compañía aseguradora a estipular condiciones más onerosas, pero no a
abstenerse de celebrar el contrato, por fuerza hay que aceptar que la
regulación civil tiene un campo de acción más restringido”.
[47] Ibíd. C-232/97:
“Cuando, a pesar de la infidelidad del
tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes
que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza
de seguro, la obligación asegurativa está fundada en el error y, por tanto, es
justo que, tarde o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o
nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto, con prescindencia de
extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o
inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido
sobrevenir, justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un
equilibrio contractual roto ab initio, en el momento de celebrar el contrato de seguro, y no al acaecer el
siniestro. La relación causal que importa y que, para estos efectos, debe
existir, no es la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con
la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el
consentimiento del asegurador”.
[48] M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[49] Sentencia T-086
de 2012: “En aplicación del principio de la buena fe, se puede concluir que este
es un postulado de doble vía, que obliga a las partes a comportarse con
probidad en el desarrollo de la relación contractual siendo esta una
particularidad  fundamental para efectos de interpretación de las
cláusulas que lo rigen. Esta buena fe en el contrato de seguro, no sólo indica
la manera como debe analizarse la conducta de las partes frente al cumplimiento
de los deberes contractuales, sino también de algún modo la eficacia del mismo
contrato”.
[50] M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[51] M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[52] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[53] Ibíd.
“La relación de aseguramiento, se caracteriza principalmente por imponer
límites al poder de la parte dominante. En este sentido, la parte que redacta e
impone las condiciones del contrato debe cumplir, al menos, los siguientes
parámetros: (i) no estipular condiciones indeterminadas, ambiguas o vagas que
actúen en contra de los intereses del asegurado; y si las integran al contrato,
(ii) deben interpretarlas a favor del usuario, en virtud del principio pro costumatore o pro homine. La Constitución protege de esta
forma la posición de los usuarios de los contratos de seguros como
manifestación del principio de la buena fe (art. 83, CP), el cual propende por
el equilibrio de la relación de aseguramiento y la eliminación de todas aquellas condiciones que
generan inseguridad jurídica en la ejecución del contrato”.
[54] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[55] Sentencia
T-015 de 2012: “las preexistencias hacen alusión a las exclusiones al amparo
de un seguro de vida que las aseguradoras pueden establecer cuando el asegurado
padezca una enfermedad con anterioridad a la fecha de iniciación de la
cobertura y la muerte de éste se produzca como consecuencia de dicha
enfermedad”.
[56] M.P. Fernando
Giraldo Gutiérrez, Rad. 11001-31-03-023-2007-00600-02.
[57] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Sentencia T-222 de 2014: “En criterio de esta
Sala, la preexistencia puede ser eventualmente una manera de reticencia. Por
ejemplo, si una persona conoce un hecho anterior a la celebración del contrato
y sabiendo ésto no informa al asegurador dicha condición por evitar que su
contrato se haga más oneroso o sencillamente la otra parte decida no celebrar
el contrato, en este preciso evento la preexistencia sí será un caso de
reticencia. Lo mismo no sucede cuando una persona no conozca completamente la
información que abstendría a la aseguradora a celebrar el contrato, o hacerlo
más oneroso. Por ejemplo, enunciativamente, casos en los que existan
enfermedades silenciosas y/o progresivas. En aquellos eventos, el actuar del
asegurado no sería de mala fe. Sencillamente no tenía posibilidad de conocer
completamente la información y con ello, no es posible que se deje sin la
posibilidad de recibir el pago de la póliza. Esta situación sería imponerle una
carga al usuario que indiscutiblemente no puede cumplir. Es desproporcionado
exigirle al ciudadano informar un hecho que no conoce ni tiene la posibilidad
de conocerlo. Mucho menos, para el caso del seguro de vida grupo de deudores,
suministrar con preciso detalle su grado de discapacidad.
Ahora
bien, ¿quién debe probar la mala fe? En concepto de esta Corte, deberá ser la
aseguradora. Y es que no puede ser de otra manera, pues solo ella es la única
que puede decir con toda certeza (i) que por esos hechos el contrato se haría
más oneroso y (ii), que se abstendrá de celebrar el contrato. Precisamente, la
Corte Suprema también ha entendido que esta carga le corresponde a la
aseguradora. Por ejemplo, en Sentencia del once (11) de abril del 2002, sostuvo
que “las
inexactitudes u omisiones del asegurado en la declaración del estado de riesgo,
se deben sancionar con la nulidad relativa del contrato de seguro, salvo que, como ha dicho la
jurisprudencia, dichas circunstancias hubiesen sido conocidas del asegurador o
pudiesen haber sido conocidas por él de haber desplegado ese deber de
diligencia profesional inherente a su actividad” (subraya por
fuera del texto)[42]. Lo anterior significa que la reticencia solo existirá
siempre que la aseguradora en su deber de diligencia, no pueda conocer los
hechos debatidos. Si fuera de otra manera podría, en la práctica, firmar
el contrato de seguro y solo cuando el tomador o beneficiario presenten la
reclamación, alegar la reticencia. En criterio de esta Sala, no es posible
permitir esta interpretación pues sería aceptar prácticas, ahora sí, de mala
fe.
En síntesis,
la reticencia significa la inexactitud en la información entregada por el
tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada
con la nulidad relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el
comportamiento del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los
casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es
objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de
la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella
es la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del
contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el
asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta
reticencia”.
[59] Ver
sentencia T-662 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Sentencias
T-499 de 2014 y T-341 de 2012.
[61]
M. P.: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[62]
M. P.:
Nilson Pinilla Pinilla.
[63]
M. P.: Luis
Ernesto Vargas Silva.