C-006-18
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-006/18
NORMA QUE ESTABLECE EL REGIMEN
DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL-Inexistencia de prejudicialidad en trámite de
insolvencia, así como la prevalencia de normas que regulan esta figura en
proceso liquidatorio/NO PREJUDICIALIDAD EN TRAMITE DE INSOLVENCIA, ASI COMO
LA PREVALENCIA DE NORMAS QUE REGULAN ESTA FIGURA EN PROCESO LIQUIDATORIO-No
vulneran los derechos a la protección de bienes y derechos en condiciones de
igualdad de acreedores/NORMA QUE ESTABLECE EL REGIMEN DE INSOLVENCIA
EMPRESARIAL-Efectos de la apertura del proceso de liquidación
El problema jurídico que debe resolver
la Corte Constitucional en esta oportunidad es si: ¿el legislador vulneró los
derechos a la protección de los bienes y derechos en condiciones de igualdad
de los acreedores que habiendo adelantado un proceso judicial para lograr el
pago de los créditos o las garantías sobre los mismos, se ven sometidos a las
reglas del proceso de insolvencia de su deudor en idénticas condiciones que los
demás acreedores? Para resolver la cuestión, le corresponde a la Corte analizar
puntualmente (i) los antecedentes y contexto del régimen de insolvencia en
Colombia, (ii) los principios del trámite de insolvencia en la jurisprudencia
constitucional y (iii) el derecho a la igualdad, a partir de lo cual se
procedió a realizar el examen constitucional de las medidas atacadas. Para
la Corte el legislador, al establecer las reglas sobre no prejudicialidad y
preferencia de las normas sobre insolvencia, no atentó contra el principio de
igualdad en la protección de los bienes y derechos de los acreedores que
habiendo adelantado una acción patrimonial con anterioridad, se ven equiparados
a los demás acreedores, y sometidos a las reglas del proceso concursal de su
deudor. Esto por cuanto el trato paritario entre los acreedores de un deudor en
trámite de insolvencia, resulta adecuado a las exigencias de los artículos 2 y
13 de la Carta Política, y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
REGIMEN DE INSOLVENCIA EN
COLOMBIA-Doctrina/REGIMEN DE INSOLVENCIA EN COLOMBIA-Desarrollo
normativo/REGIMEN DE INSOLVENCIA-Finalidad/PRINCIPIOS DEL TRAMITE DE
INSOLVENCIA-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Dimensiones/IGUALDAD-Carácter
de valor, principio y derecho fundamental/DERECHO A LA IGUALDAD-Carácter
relacional
JUICIO DE IGUALDAD-Jurisprudencia
constitucional/JUICIO DE IGUALDAD-Presupuestos/JUICIO DE IGUALDAD-Intensidad/IGUALDAD-Instrumentos
internacionales
NO PREJUDICIALIDAD Y PREVALENCIA
NORMATIVA EN REGIMEN DE INSOLVENCIA-Juicio de igualdad/FUERO DE
ATRACCION Y CONDICION PARITARIA DE ACREEDORES “PAR CONDITIO CREDITORUM”-Jurisprudencia
constitucional/FUERO DE ATRACCION-Sentido y alcance
Referencia: Expediente D-12027
Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 7 y 50 (parcial) de la Ley 1116 de 2006, “Por la cual
se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia
y se dictan otras disposiciones”.
Actor: Pedro Vicente Parra Hende
Magistrada Sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil dieciocho
(2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
el ciudadano Pedro Vicente Parra Hende demanda la expresión “(…) cualquiera
sea su naturaleza” contenida en el Artículo 7 de la Ley 1116 de 2006 y el
numeral 13 del Artículo 50 de la misma norma, “Por la cual se establece el
Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan
otras disposiciones”.  La demanda fue radicada con el número D-12027.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se
transcribe el texto de la norma demandada, tal como fue publicado en el
Diario Oficial 46.494 del 27 de diciembre de 2006,  (se subraya el aparte
acusado):
“LEY 1116 DE 2006
Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia
Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULO I
DEL REGIMEN DE INSOLVENCIA
CAPITULO I
FINALIDAD, PRINCIPIOS Y ALCANCE DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA
ARTÍCULO 7o. NO
PREJUDICIALIDAD. El inicio, impulsión y finalización del proceso de insolvencia
y de los asuntos sometidos a él, no dependerán ni estarán condicionados o
supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera
sea su naturaleza. De la misma manera, la decisión del proceso de
insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad.
(…)
CAPITULO VIII.
PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL.
ARTÍCULO 50.
EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración
judicial del proceso de liquidación judicial produce: (…)
13. La
preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier
otra que le sea contraria”.
III. LA
DEMANDA
1.
El demandante sostiene que
las normas acusadas vulneran (i) el artículo 24 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos y (ii) los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la
Constitución Política. Según el escrito, dichas disposiciones atentan contra “los
fines del Estado, las jerarquía de la Constitución, la primacía de los derechos
fundamentales, el debido proceso judicial y el debido proceso legislativo, el
principio de legalidad y transgrede los principios de configuración
legislativa”[1]. Para
sustentar su demanda el ciudadano Pedro Vicente Parra Hende plantea los
siguientes cargos de inconstitucionalidad:
Primer
cargo: desconocimiento del artículo 2 Superior
Para el demandante las normas acusadas desconocen
la obligación consagrada en el artículo 2 de la Constitución Política, pues
contrarían el deber de protección de derechos y garantías en cabeza de aquellas
personas que hubieren accionado patrimonialmente contra el deudor y con
anterioridad al inicio del proceso de insolvencia o durante la primera etapa del
pleito judicial de liquidación empresarial. Lo anterior, por cuanto el legislador
no condicionó la admisibilidad y procedibilidad de los referidos procesos
(insolvencia y liquidación) a la previa terminación de asuntos judiciales en
los que se decidan controversias sobre los derechos y garantías de terceros
frente al patrimonio y sobre los activos o pasivos del insolvente, sujeto de
liquidación empresarial. Esto implicaría un desconocimiento de los derechos
adquiridos por ciertos acreedores para que el patrimonio del deudor constituya
garantía concreta sobre sus créditos, en contravía del deber estatal de
resguardar los bienes y derechos de los ciudadanos.
Segundo cargo: violación del derecho a la igualdad
Para el ciudadano Pedro Vicente Parra Hende las
disposiciones demandadas vulneran el Artículo
13 de la Constitución de 1991 y el Artículo 24 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, al proporcionar un trato que genera desprotección de derechos
sustanciales a quienes hubiesen perseguido el patrimonio en cabeza del sujeto
pasivo con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia o de liquidación,
respecto de los demás acreedores que participan en el trámite de insolvencia,
por cuanto la disposición privilegia las normas del trámite de insolvencia y
desatienden lo avanzado en otros procesos.
Específicamente adujo el demandante que “para
el caso del artículo 7 de la Ley 1116 de 2006, la no prejudicialidad en el
proceso de insolvencia genera inequidad y desfavorece a quien accionó en
defensa de sus derechos sustanciales con anterioridad al inicio del proceso de
insolvencia”. Respecto del numeral 13 del artículo 50 de la referida ley
indicó: “esta norma otorga primacía a las normas de procedimiento de
liquidación sobre cualquier otra norma que se le oponga, una vez más,
desconociendo que existen sujetos de derechos sustanciales que pudieron haber
accionado y obtenido el reconocimiento judicial de sus derechos, con
anterioridad al inicio de proceso de liquidación empresarial judicial”[2].
Tercer cargo: vulneración de los artículos 29,
228 y 229 de la Constitución Política
Manifestó el accionante que las normas atacadas
transgreden los principios de cosa juzgada, presunción de legalidad, y
prevalencia del derecho sustancial; así como el derecho al libre acceso a la
administración de justicia.
Respecto del artículo 50, numeral 13 de la Ley
atacada, argumentó que la vulneración del Artículo 29 superior se origina en
que el Legislador al “reconocer prevalencia de las normas del régimen de
liquidación, atentó contra los principios de cosa juzgada, la presunción de
legalidad, el acceso a la administración de justicia y la prevalencia de la ley
sustancial, las normas de procedimiento de liquidación deben subordinarse a las
normas sustanciales que protegen intereses de terceros que no hacen parte del
proceso de liquidación y que accionaron en defensa de sus derechos con
anterioridad al inicio del proceso de liquidación empresarial judicial”[3].
Resaltó que el numeral 13 del artículo 7 de la
Ley 1116 de 2006 vulnera el Artículo 228 de la Constitución, pues no subordina
las normas de procedimiento de liquidación empresarial judicial a los procesos
judiciales anteriores al inicio del proceso declarativo sobre el patrimonio de
quien va a ser sujeto pasivo de la liquidación, lo que desconocería “de
plano, la supremacía de las normas de derecho sustancial penal, laboral y
tributaria, normas que con anterioridad al inicio del proceso de liquidación
fueron aplicadas por un Juez de la república”[4].
IV.
INTERVENCIONES
A través del Auto del 3 de mayo de 2017
se admitió para su estudio la demanda de la referencia y se invitó a participar
en el debate a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Cámara de
Comercio de Bogotá, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia de
Sociedades y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; así como a
las facultades de Derecho de las universidades: Libre de Colombia, Nacional de
Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Sergio Arboleda, Pontificia
Javeriana, de Antioquia, de Medellín, Pontificia Bolivariana de Medellín, del
Norte, Santiago de Cali, Pontificia Javeriana de Cali, de Cartagena e Industrial
de Santander.
Según comunicación de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, se recibieron dentro del término
los escritos de intervención de: el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio de Bogotá, la
Academia Colombiana de Jurisprudencia; así como de las universidades Sergio
Arboleda, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Nacional de Colombia,
Santiago de Cali, de Antioquia, Industrial de Santander, de Cartagena y del
Norte. A continuación se resumen los aportes de cada uno de los intervinientes.
1. MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
En respuesta a la comunicación hecha por
la Corte Constitucional mediante Auto del 3 de mayo de 2017 y dentro del
término fijado, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Representante Judicial
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo envió escrito de intervención
en el cual solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad de las normas
demandadas, conforme a la siguiente argumentación:
Frente a la transgresión del artículo 2 de
la Constitución Política, por el desconocimiento de la obligación de garantizar
la protección de derechos y garantías de quienes persiguieron el patrimonio del
deudor con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia o al inicio del
proceso de liquidación empresarial judicial, el interviniente se opone a  lo
afirmado por el demandante y sostiene que existe una incongruencia en el
argumento puesto que si “previamente a la declaratoria de insolvencia o al
inicio del proceso de liquidación judicial empresarial el acreedor ya había
acudido a la vía jurisdiccional en procura de la satisfacción de sus derechos
crediticios, [entonces] ya tendría derechos de ley reconocidos por los
jueces del República, esto, en defensa de intereses de tipo económico
mercantil”[5].
Lo anterior, para concluir que al momento
de la declaratoria de insolvencia o al inicio del proceso de liquidación
judicial empresarial el acreedor cuenta con un título crediticio, contenido en
un fallo, que puede hacer efectivo en el proceso de insolvencia o al inicio del
proceso de liquidación judicial empresarial dentro del concurso de acreedores
pertinentes y de esta manera hacer valer sus derechos. Por lo tanto, para el
interviniente, el título reconocido anteriormente al acreedor no se desconoce
en el trámite de insolvencia, y en consecuencia, no se atenta contra el
artículo 2 superior.
Sobre el desconocimiento del derecho a la
igualdad alegado en la demanda, manifiesta que la ley otorga la garantía a
todos los acreedores de la empresa de concurrir, sin excepción alguna, al
concurso de acreedores, a la declaratoria de insolvencia o al inicio del
proceso de liquidación judicial empresarial; actuaciones que están revestidas
del principio de publicidad. En tal sentido, la norma acusada no violenta el
derecho fundamental a la igualdad, pues toda persona que alegue algún derecho
puede acudir en igualdad de condiciones para hacer exigible el pago de la deuda
a su favor.
Finalmente, en relación con la supuesta
vulneración de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, el Ministerio indica
que la obligación de acudir al proceso de insolvencia y liquidación judicial
empresarial recae en cabeza de los acreedores, quienes deben alegar sus
derechos en la oportunidad legal concedida.
Por todo lo anterior, concluye que no
existe fundamento legal o constitucional para declarar que las normas acusadas
son violatorias de la Constitución de 1991.
2. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Marco Antonio Castro Díaz, apoderado de
la Superintendencia de Sociedades, interviene en el proceso de la referencia
para solicitar a la Corte declararse inhibida para fallar de fondo la acción de
inconstitucionalidad D-12027 por el incumplimiento de los requisitos de
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia propios de una acción pública
de inconstitucionalidad.
Para sustentar su afirmación indica que
el contenido de los tres cargos formulados no guarda relación con la
perspectiva constitucional que se dice vulnerada, como tampoco se realiza un
verdadero contraste entre las normas demandadas y las que se presumen violadas,
que permita inferir lógicamente que la primera es inconstitucional.
Manifiesta que el demandante no
especifica concretamente por qué las normas acusadas vulneran el artículo 2 superior,
simplemente esboza unos comentarios en forma general, vaga, indeterminada y
abstracta, en el sentido de que las mismas desconocen los derechos y las
garantías de las personas que persiguieron el patrimonio del deudor con
anterioridad al inicio de proceso de insolvencia, sin establecer una oposición
objetiva con la norma constitucional.
Expone que en la demanda se omite la
confrontación del contenido de la norma superior con el de las disposiciones
demandadas, pues se limita a repetir que los derechos y garantías de las
personas que accionaron contra el deudor con anterioridad al inicio del proceso
liquidatario están siendo vulnerados, bajo una apreciación subjetiva, sin
realizar un análisis constitucional de la Ley 1116 de 2006.
Aunado a lo anterior, observa que en la
exposición de los cargos formulados, el accionante no aporta los elementos de
juicio necesarios con los cuales la Corte Constitucional pueda verificar si los
preceptos objeto de reproche son inconstitucionales o no, puesto que se limita
a afirmar que tales disposiciones son violatorias del artículo 2 de la
Constitución Política, porque desconocen, reitera, los derechos y garantías de
las personas que instauraron procesos contra el deudor, antes de la admisión del
proceso de insolvencia.
En conclusión, considera la
Superintendencia de Sociedades que los argumentos expuestos por el ciudadano Pedro
Vicente Parra Hende no despiertan una duda sobre la constitucionalidad de las
normas demandadas, que conduzca a esta Corporación a pronunciarse sobre la
presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal.
Sin perjuicio de lo anterior, el
apoderado interviniente se refiere de manera puntual a los planteamientos del
demandante, en los siguientes términos:
Sobre la transgresión del artículo 2 de
la Constitución Política de Colombia, por parte del artículo 7 y el numeral 13
del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, manifiesta que la no prejudicialidad
frente a los proceso de insolvencia no constituye una violación de los
principios y derechos de terceros que hubiesen accionado judicialmente con
anterioridad al inicio del proceso de insolvencia, toda vez que los procesos
iniciados contra el deudor antes de la fecha de iniciación del respectivo
proceso concursal continúan su curso normal hasta que haya sentencia
definitiva.
Indica que el numeral 13 del artículo 50
de la Ley 1116 de 2006 reivindica el carácter especial de los mecanismos concursales
y pretende que el mismo no sea desconocido por otras normas concebidas para
regular situaciones ordinarias, por lo que no le asiste razón al accionante al
sostener que la norma demandada genera preferencias de los preceptos
reguladores en materia de liquidación sobre otra ley que se le oponga.
El apoderado de la Superintendencia de
Sociedades aclara que en los casos en que exista sentencia favorable antes de
la apertura del proceso concursal, se estará frente a un crédito cierto, el
cual debe hacerse valer dentro del proceso; de lo contrario, al momento de
iniciarse el proceso de liquidación judicial, los titulares de los créditos
contingentes o litigiosos podrán hacerse parte dentro de la oportunidad
prevista para ello a fin de que en la liquidación se atiendan los asuntos
correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo
respectivo, cuyo pago se hará al acreedor cuando la obligación tenga el
carácter de exigible.
Sobre el presunto desconocimiento del
derecho a la igualdad en materia judicial, en concordancia con el
quebrantamiento del bloque de constitucionalidad por lo contemplado en el
artículo 24 “igualdad ante la ley” de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por no interrumpirse el trámite del proceso de insolvencia
cuando existan otros procesos judiciales, en los cuales se hayan decidido o
creado situaciones jurídicas que hubiesen afectado el patrimonio del deudor con
anterioridad al inicio del proceso, sostiene que los acreedores sociales, tanto
dentro del proceso de reorganización como en la liquidación judicial deben
presentar sus créditos, ya sean ciertos, contingentes o litigiosos, en las
oportunidades legales para que sean reconocidos como tales, garantizando así los
derechos reconocidos por otros jueces de la República.
Para el interviniente, la no
prejudicialidad consagrada en el régimen de insolvencia no atenta contra el
principio de igualdad; por el contrario, el proceso de insolvencia persigue un
tratamiento equitativo para los acreedores, y les reconoce y respeta sus
derechos, inclusive a aquellos que tienen un interés legítimo en otro proceso.
Señala que, en el asunto de la referencia, no puede entenderse vulnerado el derecho a la igualdad, pues el
numeral 13 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 se limita a consagrar la
preferencia de las normas del proceso concursal de liquidación sobre aquellas
que le sean contrarias.
Finalmente, sobre el tercer cargo
propuesto por el demandante por la vulneración de los artículos 29, 228 y 229
de la Constitución Política al no haber establecido el legislador un
condicionamiento o prevalencia del derecho sustancial de las normas acusadas
sobre las demás que integran el ordenamiento jurídico, la Superintendencia informa
que el Congreso de la República al expedir la Ley 1116 de 2006 no sometió el
proceso de insolvencia a condicionamiento alguno, pues la regla consagrada en
el artículo 7 de la citada norma pretende que haya celeridad en el desarrollo
de los procesos concursales, para así evitar, que éstos de dilaten
indefinidamente y evitar el detrimento de los intereses de la sociedad
accionada y de sus acreedores.
3. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
El apoderado general para asuntos
judiciales y administrativos de la Cámara de Comercio de Bogotá, Gustavo Andrés
Piedrahita Forero, informa que dada la naturaleza jurídica de las Cámaras de
Comercio, y  en atención a lo preceptuado en el artículo 4 del Decreto 2042 de
2014[6],
“la Cámara de Comercio de Bogotá se abstendrá de pronunciarse sobre la
demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 7 y el artículo
50 (parcial) de la Ley 1116 de 2006”. Lo anterior, al manifestar que, en
relación con la materia que regula la norma acusada, la función de las cámaras
de comercio se limita exclusivamente a inscribir: (i) el inicio de proceso de
reorganización, (ii) el acuerdo de reorganización o adjudicación, (iii) la
terminación del acuerdo de reorganización, (iv) el inicio del proceso de
liquidación judicial, y (v) los contratos de fiducia que consten en documento
privado, sin que sea jurídicamente viable realizar actividades más allá del
simple registro.
4. ACADEMIA COLOMBIANA DE
JURISPRUDENCIA
El académico Saúl Sotomonte Sotomonte
intervino en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, para rendir el
concepto que sobre el asunto de la referencia solicitó esta Corporación. En su
escrito manifiesta que las normas acusadas en esta oportunidad son compatibles
con la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para
argumentar su afirmación expuso las siguientes observaciones:
En relación con el alcance de los
intereses protegidos y la figura de la prejudicialidad, indica que el régimen
concursal previsto en la Ley 1116 de 2006 es un mecanismo de protección de la
organización empresarial y dentro de ella de todos los demás intereses que
aparecen en el proceso económico de un país.
Resalta que el artículo 1 de la ley
acusada dispone que: “El régimen de insolvencia regulado en la presente ley,
tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de
la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo,
a través de los procesos de reorganización y la liquidación judicial, siempre
bajo el criterio de agregación de valor”. Lo anterior, en desarrollo de lo
preceptuado en el artículo 333 de la Constitución de 1991 que señala “la
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará
el desarrollo empresarial”[7].
En atención a ello, afirma que para que
se pueda cumplir el mandato constitucional citado, se requiere no solamente que
se estimule la creación de empresas nuevas, sino que a través del mecanismo
concursal de la ley atacada, se evite el desaparecimiento de las mismas.
Manifiesta que del análisis de algunos
artículos de la Ley 1116 de 2006 se puede concluir que el proceso de
recuperación o de liquidación judicial no desconoce el derecho que determinados
interesados puedan tener frente a la empresa en trámite concursal, pues se debe
tener en cuenta que:
“i) El numeral 1
del artículo 4 de la Ley 1116 de 2006, consagra el principio de universalidad,
es decir que, dentro del proceso de concursal entra “la totalidad de los
bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de
insolvencia a partir de su iniciación”;
ii) Todos los
creedores se entienden vinculados al proceso;
iii) A todos los
interesados se les notifica sobre la apertura del trámite;
iv) Para atender
los derechos litigiosos se ordena una provisión; y,
v) El acreedor
insatisfecho con el tratamiento que se le está dando, puede objetar la
calificación y graduación de los créditos aportando la correspondiente prueba
sumaria si ello fuere necesario.” [8]
Para el interviniente, el artículo 48 de
la norma acusada prevé los instrumentos necesarios durante el trámite de
liquidación judicial para proteger el derecho de cada uno de los interesados,
pues ordena se notifique su apertura, otorga la oportunidad de impugnar lo que
se decida y la remisión hecha implica que en el proceso de reorganización, los
créditos litigiosos estén protegidos con una provisión.
Indica que lo previsto en el numeral 13
del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 sobre la primacía de las normas de la
liquidación judicial es entendible, en la medida en que se trata de un proceso
que implica la terminación de un patrimonio para cancelar lo debido.
Sobre el alcance de la prejudicialidad,
manifiesta que la supresión de la misma en el artículo 7 atacado no desconoce
los derechos de los interesados, pues los está protegiendo en cualquiera de las
hipótesis posibles. Para sustentar lo anterior indicó que “si se trata de un
proceso que cursa en otra instancia, se vería afectado en grado máximo si su
finalización depende de lo que suceda en el trámite concursal. Por eso se le da
la opción de presentarse al concurso como titular de un derecho litigioso, y
allí se le protege con una provisión” o “si el interesado está
reclamando ante el concurso su surte también se vería afectada esperando los
resultados de otro proceso”[9].
En conclusión, la Academia Colombiana de
Jurisprudencia considera que el régimen concursal tiene armónica coordinación
con el ordenamiento jurídico y constitucional vigente, en esa medida no
desconoce los derecho ni las competencias allí establecidas.
5. UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
El Decano de la Escuela de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda, Ernesto Lucena Barrero, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad de los artículos 7 y 50 (parcial) de la Ley 1116 de
2006 al encontrarlos compatibles con la Constitución de 1991 y el Bloque de
Constitucionalidad.
Luego de realizar una extensa exposición
sobre el régimen de insolvencia empresarial, el interviene concluye que en
relación con los procesos anteriores al inicio del proceso de insolvencia, el
artículo 7 de la Ley 1116 de 2006 dispone que no se suspenderán sino que
continuarán su trámite ante la jurisdicción del caso hasta su definición
mediante sentencia debidamente ejecutoriada.
Lo anterior por cuanto el legislador
permite mantener la ficción jurídica de existencia de la persona concursada
para todos los efectos procesales después de terminado su proceso, facultando
al juez de conocimiento para continuar el proceso de que se trate hasta su
finalización, evento en el cual continúa como representante del ente societario
el liquidador designado en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 del Código
General del Proceso.
Sostiene que en los casos en que exista
una sentencia ejecutoriada a favor de la sociedad concursada, después de
terminado el proceso liquidatario, se deberá realizar un adjudicación
adicional, en los términos del artículo 64 de la Ley 1116 de 2006.
Para el Decano de la Escuela de Derecho
de la Universidad Sergio Arboleda, la prejudicialidad no conculca ningún
derecho de las partes del proceso iniciado con anterioridad a la insolvencia,
pues una vez culminado el proceso se puede realizar la adjudicación adicional.
Resalta que la norma acusada no vulnera
la tutela judicial efectiva del deudor o del acreedor que en su momento
conformen la masa pasiva, pues “la masa no reviste personificación jurídica
alguna, no tiene derechos, tampoco obligaciones. Pero sí la necesaria amplitud
para absorber, canalizar y admitir a todo acreedor con derecho reconocido, o
pretensión patrimonial, en el procedimiento concursal”.[10]
Finalmente, concluye el interviniente que
la tutela efectiva y homogénea para todo acreedor se encuentra en la masa
pasiva de la liquidación judicial y por tanto no se puede obtener satisfacción
fuera de procedimiento de insolvencia, salvo que la ley lo excepcione.  En esa
medida, considera que la Ley 1116 de 2006 encuentra en pleno fundamento
constitucional en la promoción de un procedimiento universal, funcional y
sistemático de insolvencia.
6. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
En representación de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el doctor Francisco José Ternera
Barrios solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de los
artículos 7 y 50 (parcial) de la Ley 1116 de 2006, por las siguientes razones:
Expone que con el régimen de insolvencia
se persigue la protección del interés del acreedor –el crédito- y la
conservación misma de la unidad de explotación –la empresa-. En esa medida, la
ley demandada impone una fisonomía especial del proceso liquidatario al ser
tanto concursal como procesal, bajo el principio de la universalidad, es decir,
que todo el patrimonio se debe someter al proceso liquidatario.
Adujo que, en relación con la
universalidad que estatuye el referido proceso, también se debe tener en cuenta
la preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial, citando en
extenso un aparte de la Sentencia T-149 de 2016, de la Corte Constitucional,
según la cual, este fenómeno:
“implica no sólo que las
normas del proceso concursal tienen carácter especial y preferente frente a las
demás normas de carácter procesal general, sino también que por tener el
proceso liquidatario una vocación universal tiene preferencia sobre cualquier
otro proceso en el cual se traten de hacer efectivas las obligaciones en contra
del deudor. Por lo tanto, una vez iniciado el proceso concursal, no puede
admitirse demanda alguna en la cual se pretenda la apertura de otro proceso
concursal o de uno de reorganización, ni tampoco es posible que una vez
iniciada la liquidación judicial haya lugar a la ejecución extraconcursal
mediante proceso ejecutivos.”[11]
En atención a lo anterior, el
interviniente concluye que las normas demandadas tienen una directa
justificación tanto sustancial como procesal con el denominado principio de la
universalidad, circunstancia que otorga al legislador una amplia libertad de
configuración para regular los temas de liquidación e insolvencia empresarial.
7. UNIVERSIDAD NACIONAL
El Vicedecano de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Andrés
Abel Rodríguez Villabona, envió escrito de intervención en el cual solicita a
esta Corporación declarar la exequibilidad de las normas demandadas al
encontrarlas conforme a la Constitución Política.
Luego de exponer unas consideraciones
generales sobre el derecho concursal o de insolvencia de que trata la Ley 1116
de 2006, la Universidad Nacional se refirió a cada uno de los cargos expuestos
por el demandante, en los siguientes términos:
Indica que la prevalencia de las normas
concursales, contenida en los artículos 7 y 50 (numeral 13) de la ley
demandada, debe entenderse como una regla abiertamente constitucional, toda vez
que, articuladas con las demás provisiones de la cita ley, estas normas se
convierten en una herramienta legal para que el Estado cumpla los fines
esenciales establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política, tales
como la estabilidad económica, el fomento del empleo y la protección del bien
común.
Manifiesta que quienes iniciaron procesos
en contra del deudor con anterioridad a la insolvencia, pueden continuar con
sus procesos declarativos y obtener el reconocimiento de sus derechos y
aquellos que tengan obligaciones en firme, podrán hacerlas efectivas dentro del
proceso concursal, lo cual, si bien representa un cambio en el proceso
inicialmente propuesto por el deudor, no resulta violatorio del artículo 2
Superior, pues no le niega la posibilidad de obtener el pago de las
obligaciones a su favor.
Para la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, el proceso
concursal, en sí mismo, se sostiene sobre el principio de igualdad, pues las
normas atacadas equiparan a las personas que iniciaron acciones judiciales en
contra del deudor a los demás acreedores de acuerdo con la regulación
existente.
Lo anterior, por cuanto el proceso
concursal busca atender de manera ordenada la totalidad de las obligaciones a
cargos del deudor, tomando en consideración la prelación de pagos legalmente
establecida en el artículo 2488 y siguientes del Código Civil, sin contemplar
la fecha de inicio de las acciones judiciales como un factor diferenciador.
Resalta que las prelaciones de crédito
establecidas legalmente también le son oponibles al acreedor que intente una
acción ejecutiva individual, toda vez que aun habiendo iniciado un proceso y
materializado medidas cautelares con anterioridad, si otros acreedores tienen
mejor derecho, éste prevalecerá sobre aquel iniciado previamente, de tal manera
que los bienes afectados deben ponerse en primer lugar al servicio de las
obligaciones privilegiadas. Por ende, no puede concluirse que la aplicación del
proceso concursal sobre demandas ejecutivas previas a aquel conlleve la
violación del derecho a la igualdad de los accionantes de aquellos procesos
individuales.
Sostiene el interviniente que no debe
declararse la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 50 (numeral 13) de la
Ley 1116 de 2006, toda vez que ni la no aplicación de la prejudicialidad, ni la
prevalencia de las normas del concurso per se violan los elementos del
debido proceso establecidos en el artículo 29 Superior. Lo anterior, al afirmar
que los procesos declarativos no ven alterado el trámite ordinario, es decir,
ningún efecto se genera sobre ellos a partir de las normas atacadas, en
atención a los principios de universalidad e igualdad.
En cuanto al supuesto desconocimiento del
artículo 228 de la Constitución Política, señala que el derecho concursal y por
ende la liquidación judicial, son normas de carácter sustancial, las cuales
deben aplicarse de manera preferente dada su connotación especial.
Respecto de la negación al acceso a la
justicia (art. 229 de la C.P.), informa que el cambio de competencia de los
procesos iniciados con anterioridad al proceso concursal no impide o cierra el
mecanismo para solicitar la protección de los derechos del accionante,
simplemente, lo remite a un proceso de carácter universal que busca la
satisfacción de las obligaciones desde el interés colectivo, y en estricta
aplicación del principio de igualdad, frente a los demás acreedores que se
encuentran en las mismas condiciones, con apego a la Constitución y a la ley.
8. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
El Director del Departamento de Derecho
Privado, el Jefe del Área de Derecho Comercial y el Jefe del Área de Derecho
Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de
Cali remitieron a esta Corporación escrito de intervención en el cual se
manifiestan sobre los cargos de la acción de la referencia y solicitan declarar
la constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
Sostienen que la Ley 1116 de 2006
consagra los principios de universalidad, transparencia, buena fe y origen
internacional de la norma; en ese sentido,  para los intervinientes existe una
obligación expresa en cabeza de todo aquel que crea tener un derecho sobre los
bienes del deudor, de comparecer a los procesos de insolvencia y exponer las
pruebas de su crédito, al tiempo que el deudor, ante la declaratoria de
insolvencia, debe poner a disposición del proceso el total de su patrimonio.
Para los intervinientes de la Universidad
Santiago de Cali, las normas demandadas no generan un trato discriminatorio,
pues “de la redacción del art. 4 se puede colegir que no se está
discriminando a ningún tipo de acreedor, incluso, el llamado es también para
aquellas personas que no tienen vencidos los créditos en contra del deudor”[12].
Indican que es el promotor, la autoridad
judicial competente o el deudor y sus administrados quienes tienen la tarea de
realizar las provisiones de bienes y dineros pertinentes para cubrir todas las
obligaciones dentro del trámite concursal en el evento de que se profiera, por
parte de un juez de la República o alguna autoridad administrativa, un fallo
por fuera del referido proceso.
En relación con las garantías procesales
consagradas en la Ley 1116 de 2006, señalan que el contenido del artículo 70 de
la referida norma estipula que: “los proceso ejecutivos iniciados en donde
existen otros demandados diferentes al empresario en insolvencia continuarán su
curso si no hay manifestación contraria del ejecutante. Que los procesos
ejecutivos existentes en contra del empresario en insolvencia deben ser
remitidos ante el juez del concurso con las medidas cautelares si las hubiera”[13].
Por lo anterior, consideran que no existe violación del artículo 2 superior,
máxime, si se tiene en cuenta que los acreedores que comparecen al proceso
concursal se encuentran sujetos a la prelación de los créditos establecida en
los artículos 2488 y ss. del Código Civil.
Indican que no se configura la
trasgresión del derecho a la igualdad en materia judicial que alega el
demandante, pues los principios establecidos en los artículos 4 y 93 de la Ley
1116 de 2006 protegen al empresario deudor, pero también, al universo de
acreedores (principio de universalidad).
Afirman que la Ley 1116 de 2006 tiene
origen en una ley modelo[14] de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) sobre insolvencia transfronteriza, destinada a “resolver los casos
en que el deudor tiene bienes o negocios en más de un Estado, o cuando existen
acreedores del deudor que no se encuentran domiciliados o radicados en
Colombia, en el evento en que se decrete la apertura de un proceso concursal”.[15]
En esa medida, consideran que en el presente control de constitucionalidad, se
debe  tener en cuenta el origen internacional de la ley de insolvencia.
Para los intervinieres, el Código General
del Proceso no reglamenta la figura jurídica de la prejudicialidad; sino la
posibilidad de solicitar al juez de conocimiento la suspensión del proceso
antes de proferir sentencia, siempre y cuando el fallo “dependa necesariamente
de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea
imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de
reconvención o cuando las partes lo pidan de común acuerdo”.[16]
En cuanto a la prevalencia de la ley
sustancial y el libre acceso a la administración, argumentan que la Ley 1116 de
2006 debe ser interpretada de manera sistemática como lo establece el artículo
30 del Código Civil, que dispone: “el contexto de la ley servirá para
ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas
ellas la debida correspondencia y armonía”, en ese sentido, se entiende que
las normas de insolvencia deben prevalecer sobre cualquier otra norma de
carácter ordinario que le sea contraria, no contra otros preceptos de superior
jerarquía como lo afirma el demandante.
9. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
El decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Luquegi Gil Neira, remitió
escrito de intervención en la oportunidad concedida, mediante el cual solicita
a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad las normas
demandadas, al presentar los siguientes argumentos:
Argumenta que el proceso de insolvencia
no está basado en una contraposición entre controversias de tipo
económico-mercantil y las de otra naturaleza, sino que procura que todos los
intereses de los terceros acreedores del empresario confluyan bajo los
principios de universalidad e igualdad.
Para el interviniente, la norma demandada
busca “la protección del crédito y la recuperación y conservación de la
empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”,[17]
sin contraponerse a la salvaguarda de intereses de otra naturaleza.
Indica que la Ley de Insolvencia
Empresarial procura hacer efectivos los derechos de las personas acreedoras, y
permite que reclamen el reconocimiento de su derecho o incluso que  aquellas
que tengan un derecho cierto (acreencia),  puedan vincularse al proceso de
insolvencia desde su etapa inicial.
En relación con la no prejudicialidad y
la prevalencia de las normas procesales, manifestó que los preceptos acusados
no imposibilitan la efectividad de los derechos por parte de terceros con una
acreencia consolidada, pues, en el marco de las reglas de prelación de créditos
y en igualdad de condiciones, pueden obtener el pago de lo reclamado. Lo
anterior, explica, evidencia una primacía del principio de igualdad de acuerdo
con los mandatos que este comporta, siendo estos:
“(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en
circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a
destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se
encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en
cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”. (Sentencia
C-250 de 2000). [18]
Señala que, aceptar que hay prejudicialidad
respecto de las decisiones pendientes en procesos judiciales en contra del
empresario insolvente, imposibilitaría el inicio o continuidad del proceso de
insolvencia y acarrearía una grave vulneración del principio de igualdad, pues
se desconocerían los derechos de los acreedores vinculados de buena fe, por
proteger una mera expectativa en un proceso judicial de otra naturaleza.
Resalta que el demandante no distingue
entre el proceso de liquidación y el de reorganización, los cuales tienen
finalidades y consecuencias diferentes, por lo que no es posible afirmar que el
proceso de reorganización imposibilita cualquier acción futura para la
consecución del reconocimiento de los derechos de terceros con interés, pues su
finalidad es la preservación de las empresas económicamente viables.
Manifiesta que no se puede predicar una
prevalencia del derecho procesal sobre el derecho sustancial, pues “al
proceso de insolvencia concurren los diferentes acreedores del empresario
(obligaciones laborales, tributarias, mercantiles, entre otras) cuando ya
tienen un derecho cierto y no una expectativa, y en el marco del proceso,
teniendo en cuenta el cumplimiento de los mandatos del principio de igualdad
que pueden percibirse en las reglas de prelación de créditos de nuestro
ordenamiento jurídico, se gradúan y pagan”.[19]
Así las cosas, sostiene que es necesario que prevalezcan las reglas del proceso
de liquidación, para que haya una efectiva y coordinada satisfacción de las
obligaciones del empresario.
El decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia reitera que el régimen de
insolvencia se encuentra permeado por el principio de universalidad, en virtud
del cual “la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores
quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación”.[20]
Arguye que las normas acusadas regulan
situaciones de carácter estrictamente procesal, por lo que deben ser analizadas
en el marco procesal diseñado de manera integral por el legislador, el cual establece
las formalidades propias de cada juicio, así como “los deberes, obligaciones
y cargas procesales de las partes y aún de los terceros”.[21]
Todo esto incluye la posibilidad de establecer mecanismos orientados a la
celeridad de los procesos, por ejemplo restringiendo la aplicación de la
prejudicialidad (artículo 7 de la Ley 1116 de 2006), o caracterizando normas
como “especiales” con fines de mayor efectividad (numeral 13 del artículo 50 de
la Ley 1116 de 2006).
Indica que la Ley 1116 de 2006 configura
un proceso construido sobre la base de la celeridad como consecuencia de la
necesidad de proteger el interés público que caracteriza el proceso concursal. Por
lo anterior, el legislador estableció, razonablemente, que “el inicio,
impulso y finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos a
él, no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la decisión que haya
de adoptarse en otro proceso, cualquiera que sea su naturaleza”[22].
Sobre la especialidad del proceso de
liquidación judicial y la aplicación normativa preferente, señala que encuentra
justificación en el interés del legislador para que la norma del proceso
concursal no sea desconocida por otras reglas concebidas para regular
situaciones ordinarias. Por lo anterior, concluye que si  se accede a la
pretensión del demandante de declarar la inexequibilidad de las normas acusada
de la Ley 1116 de 2006, se haría nugatorio el proceso de insolvencia, y no se permitiría
el cumplimiento de sus finalidades, las cuales están orientadas en la
protección del interés general.
10. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER
La Directora del consultorio jurídico de
la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Industrial de
Santander,  Clara Inés Tapia Padilla, remitió escrito de intervención mediante
el cual solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de exequibilidad condicionada
del artículo 7  demandado al presentar los siguientes argumentos:
Manifiesta que la prejudicialidad se
formula cuando “existe una cuestión jurídica preliminar que sea
indispensable resolver para que en futuro no afecte el proceso principal donde
pudieran estar involucrados intereses o materias relevantes para la decisión
que se está debatiendo en este”.[23]
Teniendo en cuenta lo anterior, indica que el legislador al emitir la norma
acusada desconoció los derechos de los actores que no pudiendo constituirse
como acreedores al momento de iniciar un proceso de insolvencia por encontrase
en curso procesos penales o de responsabilidad civil, en el futuro sí pueden
llegar a obtener un fallo a su favor que ordene el pago de lo que se les
adeuda.
Asimismo, sostiene que la prejudicilidad
es una herramienta útil para evitar que procesos conexos entre sí pero que no
traten de materias sustantivas iguales, puedan manejarse con el fin de que
todas las partes puedan ejercer sus garantías y derechos para evitar que en el
proceso principal se dé la cosa juzgada y de esta manera las personas que se
encuentran resolviendo sus procesos por aparte no se queden sin el derecho de demandar
a su deudor porque este ya no cuenta con el patrimonio para responder por sus
obligaciones.
Indica que la Corte Constitucional
debería declarar la exequibilidad condicionada pues:
“se genera una vulneración a los derechos fundamentales de las personas
que están en espera de solución en otro proceso judicial que no se resuelve
modificando el orden de prelación de créditos que es la figura por la cual se
da un tratamiento privilegiado a quienes tienen acreencias con el deudor que
viene adelantando dicho proceso de insolvencia, sin embargo vale la pena
resaltar que esta prejudicialidad no afecta al acreedor que anterior a la
aprobación del proceso de insolvencia ya había establecido su interés de
reparación o indemnización, pues de haberse presentado argumentando su interés
en el desarrollo de la aprobación de la insolvencia, el juez a cargo del
proceso lo incluiría con los demás acreedores de la empresa”[24].
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO
El Procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible
la expresión “cualquiera sea su naturaleza” del artículo 7, así como el
numeral 13 del artículo 50, de la Ley 1116 de 2006, “por la cual se
establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y
se dictan otras disposiciones”, en cuanto las normas objeto de impugnación
no contradicen los preceptos superiores invocados por el demandante.
Luego de revisar la normatividad sobre el régimen de
insolvencia que incluye la norma acusada concluye que “contiene los
instrumentos necesarios para la protección y garantía de los derechos e
intereses de los acreedores del deudor que se acoge al régimen de insolvencia
empresarial, entre los que se encuentran la no prejudicialidad y la preferencia
de las normas de liquidación sobre cualesquiera otras que le sean contrarias,
lo que permite aplicar los principios de eficacia, igualdad y universalidad,
entre otros, y genera herramientas normativas claras y específicas para
reclamar acreencias”[25], razón por la
cual no encuentra que las normas objeto de impugnación contradigan la
Constitución Política.
El Jefe del Ministerio Público hace énfasis en que al
realizar una interpretación sistemática de la norma se puede concluir que, a
pesar de la cláusula de no prejudicialidad (artículo 7 de la Ley 1116 de 2006),
todos los acreedores, independientemente de sus calidades o naturaleza, podrán
concurrir al proceso y quedaran vinculados al mismo a partir de su iniciación.
Lo anterior, en atención al artículo 25 de la referida norma que dispone que al
iniciar el proceso se deben relacionar los créditos que se encuentren a cargo
del deudor “precisando quiénes son los acreedores titulares y su lugar de
notificación, discriminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las
tasas de interés, expresadas en términos efectivos anuales, correspondientes a
todas las acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de
inicio de proceso”[26].
Aunado a lo anterior, manifiesta que la preferencia de las
normas del proceso de liquidación judicial responde a la naturaleza universal
del proceso, característica que lo dota de efectividad y sin la cual sería
inoficioso acudir a él, pues una vez iniciado el proceso concursal, no puede
admitirse demanda alguna en la cual se pretenda la apertura de otro proceso
concursal o de reorganización.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada.
La Superintendencia de Sociedades interviene en el proceso
de la referencia para solicitar a la Corte que se declare inhibida para fallar
de fondo la acción de inconstitucionalidad del expediente D-12027 por el
incumplimiento de los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia propios de una acción pública de inconstitucionalidad.
Fundamentalmente, el interviniente sostiene que el
demandante no presenta argumentos que específicamente demuestren la supuesta
vulneración de las normas constitucionales, sino que se trata de afirmaciones
vagas y abstractas sobre la transgresión de derechos, que surgen únicamente de
la apreciación subjetiva del actor, sin que haya un análisis constitucional de
las disposiciones impugnadas.  Asimismo, sostiene que la no prejudicialidad y
la preminencia de las normas de insolvencia, permiten un proceso universal y
célere que, justamente en respeto por la igualdad de los acreedores, propenda
por la satisfacción de la mejor y más equitativa forma posible, los intereses
de la sociedad insolvente y de sus acreedores.
Por su parte, la Universidad Industrial de Santander es la
única interviniente en solicitar que se declare la exequibilidad condicionada
del artículo 7º de la Ley 1116 de 2006, por considerar que la norma atenta
contra los derechos de quienes no pudiendo constituirse como acreedores al
momento de iniciar un proceso de insolvencia por encontrase en curso procesos
penales o de responsabilidad civil, en el futuro sí pueden llegar a obtener un
fallo a su favor que ordene el pago de lo que se les adeuda. En esos casos, la
continuación del proceso liquidatario haría desaparecer la garantía sobre la
cual pudieran perseguir el pago de las acreencias.
Los demás intervinientes que participan en este debate,
incluyendo el concepto del Jefe del Ministerio Público, apoyan la exequibilidad
de los preceptos acusados, bajo el argumento principal de que hacen parte de un
contexto normativo sistemático, dirigido a proteger de forma universal e
igualitaria a los acreedores. Sostienen que las figuras de la prevalencia de
las normas de insolvencia y de la no prejudicialidad, buscan la celeridad y la
seguridad jurídica del proceso, en un régimen coherente y armónico que se enmarca
en el objetivo de proteger a la empresa sin desconocer los derechos de los
acreedores que deben participar en igualdad de condiciones, todo ello dentro
del marco constitucional vigente.
La Universidad Santiago de Cali advierte además, que la
norma impugnada tiene origen en una ley modelo de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
1.1.
Cuestión previa: cumplimiento de los requisitos de la demanda
Uno de los intervinientes en el debate, la Superintendencia
de Sociedades, se manifestó sobre el incumplimiento de los requisitos de
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, por parte de la presente
demanda de inconstitucionalidad.
En general, es la
etapa de admisibilidad la idónea para que la Corporación adelante el examen
sobre la aptitud de la demanda y la existencia de los cargos, sin embargo ello
no extingue la posibilidad de que en algunas ocasiones, en que no es evidente
el incumplimiento de las exigencias mínimas, la Corporación pueda adelantar el
estudio de admisibilidad en la etapa posterior, “pues es en esta etapa
procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las
acusaciones presentadas por los ciudadanos”.[27] Sobre el particular, esta Corte ha sostenido:
“Aun cuando en principio, es en el
auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos
mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas
sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado
ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del
pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir
de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (CP art.
241-4-5)”.[28]
La Corte Constitucional
ha reconocido jurisprudencialmente unos requisitos necesarios que deben cumplir
las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los ciudadanos, para que
sean admitidas por el alto Tribunal,  En la Sentencia C-1052 de 2001 se
puntualizó que las demandas de esta naturaleza deben contener tres elementos
esenciales: “(1) referir con precisión el objeto demandado, (2) el
concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es
competente para conocer del asunto (art. 2, Decreto 2067 de 1991 y
jurisprudencia constitucional)”. En cuanto al concepto de
la violación advierte que éste debe responder a mínimo tres exigencias
argumentativas: (1) “el señalamiento de las normas constitucionales que
consideren infringidas (art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (2) la
exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que
riñe con las normas demandadas” y (3) exponer “las razones por las
cuales los textos normativos demandados violan la Constitución”.[29]
De igual forma y a
partir de la citada decisión, la Corte Constitucional ha evidenciado la
necesidad de que las razones expuestas para sustentar la censura, sean al
menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
En cuanto a la claridad,
la Corporación indica que es indispensable “para establecer la conducencia
del concepto de la violación”, ya que aunque se trate de una acción pública,
es necesario seguir un hilo conductor que permita comprenderla.  La certeza,
por su parte exige que “la demanda recaiga sobre una proposición jurídica
real y existente” cuyo contenido sea verificable y no sobre deducciones,
supuestos o proposiciones hechos por el demandante mas no por el legislador. La
especificidad se predica de aquellas razones que “definen con
claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta
Política”, formulando por lo menos un “cargo constitucional concreto
contra la norma demandada”[30] para que sea posible
determinar si se presenta una confrontación real, objetiva y verificable,
dejando de lado argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y
globales”.[31] La pertinencia, como atributo
esencial de las razones expuestas al demandar una norma por inconstitucional,
indica que “el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza
constitucional”, esto es, basado en la evaluación del contenido de una
norma superior frente al de la disposición demandada, apartándose de sustentos “puramente
legales y doctrinarios”, [32]
o simples puntos de vista del actor buscando un análisis conveniente y parcial
de sus efectos. Finalmente, la suficiencia se refiere, por una parte, a “la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche”, y por otra, a la exposición de argumentos que logren
despertar “una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”
que haga necesario un pronunciamiento de la Corte.[33]
La demanda ahora estudiada, luego de su corrección, establece tres
cargos contra los artículos 7 y 50 (parciales) de la Ley 1116 de 2006 así:
1.1.1. Admisibilidad de
los cargos respecto del artículo 7 de la Ley 1116 de 2006, relativo a la “no
prejudicialidad”.
En primer lugar es necesario aclarar que aunque la demanda
inicialmente anuncia su impugnación sobre la expresión “cualquiera sea su
naturaleza”   del artículo 7 de la Ley 1116 de 2006, en su desarrollo
argumentativo, el accionante ataca toda la disposición, sin distinguir ni
señalar específicamente el sentido autónomo de la expresión inicialmente
señalada.
En ese sentido, además, la petición de la demanda es la
declaratoria de inexequiblidad el artículo 7 de la Ley 1116 de 2006, y no
únicamente de la expresión inicialmente señalada.
Por su parte, los cargos contra esa disposición sobre el desconocimiento
de los artículos 2 y 13 superiores se sostienen en el mismo argumento. Para el
accionante, la no prejudicialidad del proceso de insolvencia omite el deber de
protección de derechos y garantías en cabeza de aquellas personas que hubieren
accionado patrimonialmente y con anterioridad al inicio del proceso de
insolvencia o durante la primera etapa del pleito judicial de liquidación
empresarial, por cuanto al no condicionar la participación en el proceso de
insolvencia a la reclamación previa de sus acreencias, ni suspender la decisión
del proceso concursal mientras se deciden las otras reclamaciones patrimoniales,
se genera una inequidad que desfavorece “a quien accionó en defensa de sus
derechos sustanciales con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia”.
Pese a la simplicidad del cargo, resulta suficientemente claro y
cierto, pues sostiene que uno de los efectos de la regla de no
prejudicialidad contenida en la norma atacada es que el inicio del proceso
de insolvencia no queda sometido al resultado de otros procesos, y tampoco se
suspenda en espera de otras decisiones. En efecto, los procesos ejecutivos en
curso se deben incorporar al trámite de insolvencia,[34] y los
créditos reconocidos pasan al orden de prelación al que correspondan. En cuanto
a los procesos declarativos y las acreencias condicionales, estos no suspenden
el trámite de insolvencia, sino que requieren que el deudor constituya una
provisión contable para atender su pago mientras se resuelve el asunto, de tal forma
que de ser reconocido se pagará en condiciones iguales a los de su misma clase
y prelación legal.[35]
Los argumentos del actor se dirigen a impugnar la disposición planteando que la
misma genera un trato idéntico entre desiguales, pues hace perder a quienes
habían adelantado procesos judiciales anteriormente, las ventajas que dichos
procesos les darían sobre la garantía del pago de sus acreencias. Así
entendido, el cargo resulta admisible, por cuanto es pertinente, específico y
suficiente para convocar a la Corte a adelantar el control de la norma.
El tercer cargo contra el artículo 7 de la Ley 1116 de 2006 alega
la  vulneración de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política por
no subordinar el procedimiento de liquidación empresarial judicial a los
procesos judiciales anteriores, lo que implicaría desconocer “la supremacía
de las normas de derecho sustancial penal, laboral y tributaria, normas que con
anterioridad al inicio del proceso de liquidación fueron aplicadas por un Juez
de la república”.
Este cargo en cambio resulta carente de certeza, puesto que la
norma impugnada de ninguna forma establece el desconocimiento de las decisiones
judiciales, o resta valor a las mismas, mucho menos en materia penal, laboral o
tributaria, como lo alega el accionante.
Por el contrario, el efecto de la no prejudicialidad se reconoce
en doble vía, de tal manera que las decisiones que se adopten en el trámite de
insolvencia tampoco afectan los demás procesos en curso, que por lo tanto
continúan libremente su curso. La suposición de que la no prejudicialidad
implica el desconocimiento de las decisiones judiciales y las normas utilizadas
para ello, no surge del tenor ni del sentido de la norma impugnada, sino,
únicamente, de la interpretación subjetiva y aislada de la disposición, o de la
suposición de una hipotética aplicación indebida de la misma. Al respecto, la
mayor parte de intervinientes coinciden en señalar que no es cierto que la
norma implique desatender las decisiones judiciales en torno a la certeza del
crédito. Como señaló el Superintendente de Sociedades en su intervención, “los
acreedores sociales, tanto dentro del proceso de reorganización como en la
liquidación judicial deben presentar sus créditos, ya sean ciertos,
contingentes o litigiosos, en las oportunidades legales para que sean reconocidos
como tales y se atiendan sus resultados sobre el cumplimiento de la condición,
la sentencia o laudo  respectivo, garantizando los derechos reconocidos por
otros jueces de la República.” Por lo tanto, el cargo construido contra el
artículo 7 por supuesta violación  de los artículos 29, 228 y 229 Superiores,
no será objeto de la presente decisión, por carecer de certeza.
1.1.2. Admisibilidad de
los cargos respecto del numeral 13 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006,
sobre “preferencia” de las normas de liquidación.
Respecto de la norma impugnada la demanda presenta dos cargos. El
primero de ellos por la supuesta violación del derecho a la igualdad en
relación con la garantía de los bienes y derechos de las personas (artículos 2
y 13 de la Constitución Política). Indicó el accionante: “esta norma otorga
primacía a las normas de procedimiento de liquidación sobre cualquier otra
norma que se le oponga, una vez más, desconociendo que existen sujetos de
derechos sustanciales que pudieron haber accionado y obtenido el reconocimiento
judicial de sus derechos, con anterioridad al inicio de proceso de liquidación
empresarial judicial”.
El cargo se construye en igual sentido que el anterior como un
juicio de igualdad, en esta ocasión fundamentado en que al acreedor que había
actuado judicialmente contra el deudor, le serían aplicables las normas propias
de su proceso, pero, al incluirse en el proceso de insolvencia, entra a ser
cobijado por un régimen que lo trata en igualdad de condiciones que los demás
acreedores, incluso de aquellos que no habrían acudido a reclamar judicialmente
sus acreencias con anterioridad y que no fuesen beneficiaros de una sentencia
judicial que ordene su pago. Como se verá en el siguiente numeral, el cargo
cumple con las exigencias requeridas por la jurisprudencia para su
admisibilidad.
Respecto del cargo presentado por vulneración de los artículos 29,
228 y 229 de la Constitución Política por dar prevalencia de las normas del
régimen de liquidación, por encima de cualquier otra norma, inclusive – según
el accionante- de la Constitución, dicho cargo carece de certeza y pertinencia.
En primer lugar porque no es cierto que lo dispuesto en la norma signifique que
se prefiera el régimen de insolvencia sobre las normas de la Carta Política,
puesto que la Ley 1116 de 2006 se enmarca, prima facie, en los principios
constitucionales y expresamente hace remisión a la Constitución, con lo cual la
norma demandada no existe en el sentido en que se impugna. En segundo lugar,
porque es cierto que la norma impugnada da prevalencia al régimen de
insolvencia sobre otras normas procesales, y que en consecuencia los
acreedores, todos, son tratados en igualdad de condiciones sin consideración
con el momento en que demandaran. Pero el cargo está presentado bajo el
supuesto de que la Constitución establece una regla de debido proceso conforme
a la cual, quien primero demande el pago de un crédito tiene derecho a que se
pague primero, y dicha regla no existe en la Carta Política. Por lo tanto el
cargo también carece de certeza respecto de la norma constitucional que se
invoca como violada, pues esta no existe.
Por otra parte, la norma no dispone nada que pueda ser entendido
como contrario a la prevalencia del derecho sustancial, cuando justamente el
proceso de insolvencia trata de proteger los derechos de todas las partes en un
trámite ágil y desprovisto de formalidades, y finalmente, no es claro cómo
puede interpretarse que la disposición niegue el acceso a la administración de
justicia a alguna de las partes, por preferir las normas del régimen de
insolvencia en el trámite de la misma. Por lo tanto, por faltar la claridad,
certeza, pertinencia y especificidad requeridas, este cargo será rechazado.
1.1.3. Cargos admitidos
para el estudio de constitucionalidad de los artículos 7  y 50 (numeral 13) de
la Ley 1116 de 2006
Como consecuencia del examen sobre los cargos, el cargo que se
estudiará corresponde a la supuesta vulneración de los artículos 2 y 13
superiores, por parte de las normas impugnadas que para el accionante, como
efecto de la no prejudicialidad y de la preferencia de las normas sobre
insolvencia, ponen en condición de igualdad a acreedores que habían perseguido
el patrimonio del deudor en diferentes etapas y a aquellos que no lo habían
hecho, en detrimento de los derechos que habrían adquirido los primeros.
Si bien los cargos no
cuentan con una estructuración argumentativa profunda y compleja, resultan
suficientes para el presente examen. Esta Corte ha explicado que en aplicación
del principio pro actione, la exigencia de los presupuestos para la
presentación de una demanda, (i) no debe tener tal rigorismo que haga nugatorio
ese derecho ciudadano, (ii) debiendo propender el juez constitucional hacia un
fallo de fondo y no uno inhibitorio; por ende, (iii) la duda debe resolverse a
favor del actor. En el fallo C-978 de 2010, se reiteró la jurisprudencia en la
materia y se indicó que:
“No obstante, también ha resaltado, con base
en el principio de pro actione que el examen de los requisitos
adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un
escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo
antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos
de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la
Corte. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es
de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no
exige acreditar la condición de abogado; en tal medida, ‘el rigor en el
juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un
método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al
actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir,
admitiendo la demanda y fallando de fondo’.”
[36]
Así por lo tanto, y en consonancia con la mayoría de los
intervinientes en el presente proceso, la Corte reitera que, respecto del cargo
por vulneración del principio de igualdad, la demanda cumple con los requisitos
exigidos jurisprudencialmente para dar pie al examen de constitucionalidad de
las normas impugnadas y procede a definir el problema jurídico a resolver.
Antes de continuar con la formulación del problema jurídico, debe
aclarar la Corte que, aunque en apariencia la decisión podría afectar otras
disposiciones de la misma ley, en este caso no es procedente realizar una
integración oficiosa de la unidad normativa. Si bien es evidente la relación de
las normas impugnadas con los principios de universalidad e igualdad y con el fuero
de atracción, contenidos en los artículos 4 (numeral 1 y 2 ) y 50 (numeral
12) de la misma Ley 1116 de 2006, la Corte Constitucional ha determinado que la
integración oficiosa de la unidad normativa sólo será procedente cuando: i) se
demande una disposición cuyo contenido deóntico no sea claro, unívoco o
autónomo, ii) la disposición cuestionada se encuentre reproducida en otras
disposiciones que posean el mismo contenido deóntico de aquella[37] y finalmente,
iii) la norma se encuentre intrínsecamente relacionada con otra disposición que
pueda ser, presumiblemente, inconstitucional.
Frente al caso concreto, ni el contenido deóntico de las
disposiciones impugnadas carece de autonomía, ni las disposiciones acusadas se
encuentran reproducidas en otras disposiciones. Sobre el último punto,  pese a
la relación que existe entre las normas, es claro que no “resulta imposible,
estudiar la constitucionalidad de una norma sin analizar las otras
disposiciones, pues de lo contrario se produciría un fallo inocuo.”[38] La
declaratoria de inexequibilidad de las normas ahora demandadas, no generaría
una repercusión directa en la validez constitucional de otras disposiciones de
la ley, ni perdería efecto porque otras disposiciones siguieran vigentes.
Por lo tanto, el problema jurídico se circunscribirá únicamente a
las normas impugnadas por el actor y respecto de los cargos admitidos.
2. PROBLEMA JURÍDICO
Vista la demanda y los escritos de
intervención, el problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional en
esta oportunidad es si: ¿el legislador vulneró los derechos a la protección de
los bienes y derechos en condiciones de igualdad  de los acreedores que habiendo
adelantado un proceso judicial para lograr el pago de los créditos o las
garantías sobre los mismos, se ven sometidos a las reglas del proceso de
insolvencia de su deudor en idénticas condiciones que los demás acreedores?
Para resolver la cuestión, le corresponde
a la Corte analizar puntualmente (i) los antecedentes y contexto del régimen de
insolvencia en Colombia, (ii) los principios del trámite de insolvencia en la
jurisprudencia constitucional y (iii) el derecho a la igualdad, a partir de lo
cual se procederá al examen constitucional de las medidas atacadas.
3. ANTECEDENTES Y
CONTEXTO DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EN COLOMBIA
Según lo ha
interpretado parte de la doctrina especializada, en Colombia es posible agrupar
en cuatro etapas la regulación sobre los procesos de insolvencia.[39]
Una primera etapa, con
énfasis en la protección a los acreedores y la sanción al deudor, regida por el
Decreto 750 de 1940, en el que se establecía el régimen de quiebra con el fin
de dar seguridad al crédito, a través de la celeridad en la liquidación de los
patrimonios en bancarrota y de un régimen severo con el deudor que incluso
presume su culpa, lo inhabilita comercialmente y castiga penalmente todo acto
de negligencia o engaño.[40]
Según el decreto se
encontraba en quiebra “todo comerciante que sobresee en el pago corriente de
sus obligaciones” (art. 1). A partir de entonces, era deber del deudor
poner en conocimiento del juez su situación y demostrar que la quiebra no
provenía de su culpa. Para el quebrado inculpable, daba la posibilidad de
llegar a un acuerdo de pagos con sus acreedores, denominado concordato, que
debía ser aprobado en audiencia, por la mayoría simple de los acreedores
presentes siempre que representaran el 80% del pasivo; exigía la aprobación del
juez y sus términos eran de obligatorio cumplimiento para el deudor y los titulares
de los créditos, [41] permitiendo al acreedor
inculpable ser rehabilitado una vez hubiese cumplido con las obligaciones del
concordato.[42]
Una segunda etapa de
la normatividad, de transición hacía la protección de la empresa, bajo la égida
de los Decretos 2264 de 1969  y el Decreto 410 de 1971, que abandona la postura
severa contra el deudor y avanza en la protección la empresa. El 29 de Mayo de
1969, luego de 29 años de vigencia, la Corte Suprema de Justicia declaró la
inexequibilidad del Decreto 750 de 1940, argumentando que fue promulgado
excediendo las competencias que la Ley 54 de 1939 había dado al gobierno. El
Decreto 2264 de 1969 creó dos nuevos mecanismos para que el deudor, que veía
inminente el cesar el pago de sus obligaciones o que se encontrara en dicha
situación, pudiera establecer unas nuevas reglas en las relaciones con sus
acreedores que le permitieren, de ser posible, superar la situación. Dichas
figuras llevaban el nombre de concordato preventivo potestativo y concordato
preventivo obligatorio. Además, el decreto asumió el proceso de quiebra como un
fenómeno económico de trascendencia pública por lo que excluyó su declaratoria
en los casos de las empresas del Estado o de economía mixta en que el Estado
tenga la parte principal,[43] y limitó dicha
declaratoria al trámite de un concordato preventivo para las empresas de mayor
envergadura o que prestaran servicios públicos.[44]
El Decreto 2264 de 1969, tuvo una corta vigencia y fue derogado por el Decreto
410 de 1971 a través del cual se promulgó el Código del Comercio, que subsumió
en los artículos 1910 a 1936 las fórmulas del concordato preventivo potestativo
y obligatorio, con cambios en sus condiciones y requisitos, así como la
regulación del proceso de quiebra, en todo un título (Titulo II) comprendido
entre los artículo 1937 y 2010.
No obstante, y dadas
las dificultades económicas por las que atravesó el país en la década de los
años ochenta, ‟esta reglamentación presentó enormes deficiencias lo
que llevó a la elaboración de una diversidad de proyectos que buscaban su
reforma”[45] lo que generó la
expedición del nuevo régimen de los concordatos preventivos en el Decreto
350 de 1989, en el cual se hace evidente un giro hacía la protección del
empresario. Al respecto, el artículo 2 del Decreto señala “El concordato
preventivo tiene por objeto la conservación y recuperación de la empresa como
unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, cuando ello
fuere posible, así como la protección adecuada del crédito.”
La tercera etapa, de
protección a la empresa, se dio bajo los principios de la Constitución de 1991,
con las Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999. La Ley 222 de 1995 constituye, para
parte de la doctrina,[46] un paso fundamental en el
proceso de sustitución gradual de la figura de la quiebra por los procedimientos
concursales, incluyendo el trámite de liquidación obligatoria, que busca satisfacer
el pago de obligaciones con los bienes que estén en cabeza del deudor. En la
referida ley se consolida la finalidad de protección a la empresa como fuente
de empleo y explotación económica, generando posibilidades de recuperación al
deudor y abandonando el papel protagónico del crédito en los procesos
concursales.
Pese a la importancia
de la Ley 222 de 1995, la crisis económica de finales de los años noventa dejó
una gran cantidad de sociedades en insolvencia, ante lo cual se hizo
indispensable un régimen transitorio que permitiera un procedimiento más ágil.  Se
expidió entonces la Ley 550 de 1999 “Por la cual se establece un régimen que
promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los
entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el
régimen legal vigente con las normas de esta ley”, con una vigencia
transitoria inicial de 5 años, que se prorrogó luego por 2 años más hasta 2006.[47]
Esta norma hace uso de las disposiciones constitucionales de intervención
estatal en la economía con el fin de “promover la reactivación de la
economía y el empleo mediante la reestructuración de empresas pertenecientes a
los sectores productivos de la economía, tales como el agropecuario, el minero,
el manufacturero, el industrial, el comercial, el de la construcción, el de las
comunicaciones y el de los servicios” (artículo 2, numeral 1).
Para tal fin, la Ley
550 de 1999 suspendió las reglas del concordato y las reemplazó por el acuerdo
de reestructuración, planteado para aliviar la crisis económica,[48]
y que tenía como finalidad lograr un convenio con los acreedores, a fin de
mantener la empresa y adelantar los ajustes necesarios para que pudiera sortear
la crisis sin necesidad de ser liquidada. Para tal fin, las acreencias podían
ser convertidas en acciones de capital de la empresa, en bonos de riesgo, o en
ventajas en la participación, y se diseñó un sistema de intervención y
vigilancia que permitió trazar conjuntamente la solución a los problemas. Es
una norma a la que se atribuyó un importante éxito en la recuperación de
empresas en riesgo en medio de la crisis.[49]
La cuarta etapa, consistiría
en la consolidación normativa del régimen de insolvencia, con la protección de
la empresa como criterio prioritario y la par conditio creditorum como
principio estructural. Como resultado de
la pérdida de vigencia de la Ley 550 de 1999, de la necesidad de un régimen de
insolvencia y de las experiencias logradas con la normatividad que el país había
tenido en la materia, se expidió la Ley 1116 de 2006 con la finalidad de contar
con un régimen permanente y unificado para “la protección del crédito y la
recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica
y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de
Liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor”.[50]
Según lo explica el Gobierno Nacional en la exposición de
motivos del proyecto de ley, la anterior normatividad, - Ley 550 de 1999 - fue
concebida como “un mecanismo transitorio para atender una situación
coyuntural de crisis económica generalizada, en consideración a que los
mecanismos concursales diseñados para situaciones ordinarias resultaron
insuficientes e inadecuados, por eso el proceso concordatario fue suspendido
por cinco (5) años, para entrar en aplicación la citada ley, la cual fue
prorrogada por el término de dos (2) años a través de la Ley 922 de 2004”.[51]
El Gobierno Nacional sometió a consideración del Congreso
de la República, un proyecto que resultaba de las experiencias normativas
anteriores, sumadas a las preocupaciones e intereses de los partícipes de estos
procesos. El proyecto presentado establecía un régimen de insolvencia
unificado, con vocación de permanencia, en el que se diseña un proceso ágil y
acorde con los principios de la Constitución económica y con la normatividad
comercial colombiana e internacional. A este respecto,  la exposición de
motivos de la Ley 1116 de 2006 sostiene: “[a]dicionalmente, la propuesta
incorpora al ordenamiento jurídico colombiano, la Ley Modelo sobre Insolvencia
Transfronteriza de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional).”
Entre los problemas que se identificaron con la aplicación
de la legislación anterior y que se proponía superar con el proyecto, además de
aquellos relacionados con la ineficiencia y mala utilización de los acuerdos de
reestructuración, y la extrema complejidad y demora del proceso liquidatorio,
en la exposición de motivos del proyecto que daría lugar a la Ley 1116 de 2006
se identificaron problemas respecto de la igualdad de las partes, la dilación
del procedimiento y la proliferación de procesos.[52] Al respecto,
según la señalada exposición de motivos, se pretendían superar los siguientes
problemas:
“POSICION DOMINANTE ACREEDORES INTERNOS: El sistema de votación para el
acuerdo permite el manejo de las mayorías, imponiéndole condiciones
desfavorables a ciertos acreedores, al permitir alianzas entre accionistas,
como acreedores internos, con porciones pequeñas de acreedores o con posición
propia mediante la compra de créditos. Los acreedores internos no tienen
restricciones cuando cuentan con la mayoría absoluta para decidir sobre el
acuerdo, exponiéndose la negociación a abusos de su posición dominante. \\ Frente
al equilibrio de las partes en la negociación, que siempre debe existir en los
procesos de insolvencia, por las razones coyunturales expuestas, había sido
modificado a favor del deudor en la Ley 550 de 1999. Igualmente, la Ley 550
concede a la DIAN la facultad de oponerse a la venta de activos, por encima de
la operatividad y necesidades de la empresa, lo cual en algunos casos demora el
proceso de reestructuración empresarial innecesariamente y, en otros,
dificultaba la realización de arreglos que permitieran la recuperación de la
empresa (ej. permitírsele a la DIAN mantener medidas cautelares, a pesar de
haberse celebrado). \\ El proceso para resolver las objeciones establecido por
la Ley 550 de 1999, ocasionó largas e inútiles dilaciones, al tenerse que
decidir cada una de las objeciones propuestas en procesos diferentes y a través
de audiencias independientes según fuere el número de controversias. \\ La Ley
de Intervención económica no estableció por parte de los nominadores la
posibilidad de decretar medidas cautelares, tendientes a salvaguardar los
bienes de los empresarios, facilitando de esta forma la enajenación de los
mismos en perjuicio de los acreedores, quienes a pesar de contar con la posibilidad
de ejercer acciones judiciales, estos mecanismos no eran efectivos como lo son
las medidas precautelativas”.[53]
En vista de estos y otros problemas encontrados, la Ley
1116 de 2006 generó cambios que pueden resumirse de la siguiente forma:
(i) Establece como principio estructural del
proceso las condiciones de igualdad entre todos los acreedores. Para tal fin,
establece una serie de  principios rectores como el de universalidad por el
cual  “la totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan
vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación”, y la igualdad,
que implica un “tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran
al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre
prelación de créditos y preferencias”.  Además, para articular estos
principios establece, en el proceso liquidatario, el fuero de atracción para
que todos los procesos de ejecución adelantados contra el deudor queden
incorporados y se sometan a la suerte de la liquidación,[54] la no prejudicialidad
respecto del proceso de insolvencia y otros procesos en curso,[55] para evitar
que las dilaciones y desigualdades que pueda causar la suspensión en espera de otras
decisiones judiciales.
(ii) Dota de seguridad jurídica al proceso de
insolvencia. Para ello unifica, consolida y da carácter permanente a la
regulación sobre la materia, de tal manera que la reorganización (antigua
reestructuración) y la liquidación quedan organizadas bajo las mismas reglas.
De esta forma establece el carácter jurisdiccional del trámite de los acuerdos
de reorganización. Además fija con claridad las competencias, y señala, para el
trámite liquidatario, la preferencia de las normas del proceso de
liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea contraria. (Art. 50,
num.13)
(iii) Con el objeto de dotar de celeridad y
transparencia al proceso y velar por la protección del crédito, el proyecto otorga
al juez del concurso (Superintendencia de Sociedades y Juez Civil del
Circuito), poderes de instrucción, ordenación y disciplinarios, corrigiendo
esta aparente deficiencia de la Ley 550 de 1999.
Durante el trámite del proyecto de ley, en que hubo
participación de distintos sectores y expertos sobre el asunto,[56] los principios en que se
enmarca el régimen de insolvencia, las disposiciones sobre la no prejudicialidad
(art. 7), y la preferencia de las normas de insolvencia sobre cualquiera que le
sea contraria (Art. 50, numeral 13), se conservaron integralmente y sin
modificaciones a lo largo de los debates, quedando en la Ley 1116 de 2006 tal
como fueron establecidas en el proyecto inicial, - aunque originalmente la
disposición contenida en el artículo 50 ocupaba el lugar del artículo 53-.[57]
De este breve recuento normativo es posible concluir que la
Ley 1116 de 2006 es resultado de la evolución normativa tendiente a la
protección de la empresa por su importancia en el desarrollo económico nacional,
a la vez que mantiene la seguridad del crédito, con garantías de equidad entre
los acreedores. La ley pretende superar las dificultades y desventajas de los
regímenes anteriores gracias a una serie de principios y herramientas que
agilizan el trámite, y dan seguridad jurídica a los acuerdos.
4.   LOS
PRINCIPIOS DEL TRÁMITE DE INSOLVENCIA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
El régimen de insolvencia está construido como un proceso armónico
que procura salvaguardar a la empresa como unidad de producción y de empleo, y
al mismo tiempo, conservar las garantías para el pago de las deudas, tratando a
todos los acreedores en condiciones de igualdad y dando prelación al pago de
aquellos créditos cuyo cumplimiento afecta derechos fundamentales. El trato
paritario entre los acreedores es un principio fundamental que transversaliza
toda la normatividad en la materia y que responde a las necesidades y
finalidades concretas que rodean este proceso especial.  Al respecto, el
artículo 1 de la Ley 1116 de 2006 establece:
“ARTÍCULO 1o.
FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen judicial de
insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del
crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de
explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos
de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de
agregación de valor.
El proceso de reorganización pretende
a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones
comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional,
administrativa, de activos o pasivos.
El proceso de liquidación judicial
persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del
patrimonio del deudor.
El régimen de insolvencia, además,
propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en
general y sanciona las conductas que le sean contrarias”.
En ese ámbito, la protección de los derechos de los acreedores se
aplica a la luz de varios principios. El primero de ellos es la universalidad,
un principio general del derecho privado, consagrado en el artículo 2488 del
Código Civil, y según el cual “[t]oda obligación personal da al acreedor el
derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del
deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables
designados en el artículo 1677”.
En la ley 1116 de 2006, la universalidad se encuentra consagrada
como el primero de los principios del régimen de insolvencia, en el artículo 4,
numeral 1º que determina: “Universalidad: La totalidad de los bienes del
deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a
partir de su iniciación.”
Este principio, por el cual todas los bienes y débitos hacen parte
de una sola bolsa en el proceso de insolvencia, se compatibiliza con el
principio de igualdad, (artículo 4, numeral 2) por el cual se debe dar un “Tratamiento
equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia, sin
perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y
preferencias”.
De tal manera que en el caso de insolvencia son los principios más
importantes del proceso, el integrar en el mismo trámite a todos los bienes y
responder con ellos a todos los acreedores, en  un plano de igualdad –par
conditio creditorum- para procurar la mejor solución para la persona insolvente,
así como para todos los que concurren al pago de sus deudas.[58]
La igualdad entre acreedores frente a las diferencias que surgen cuando
algunos de ellos estuvieron o están adelantando procesos patrimoniales contra
el deudor,  solo es posible bajo tres condiciones: la primera es que todos los
procesos y acciones contra el deudor sean llevados al proceso de insolvencia;
la segunda es que no haya prejudicialidad respecto de dichos procesos y la
última, es que el trámite se rija para todos por las normas de insolvencia y no
se permitan tratos normativos excepcionales para algunos acreedores.
El primero de estos elementos hace parte del denominado principio
del fuero de atracción, cuyo significado ha sido entendido como que “todas
las acciones relacionadas con los bienes de naturaleza patrimonial del deudor,
iniciados contra el fallido, y posteriormente las que se deduzcan contra la
masa de acreedores sean atraídas por el juez que interviene el proceso
concursal”,[59]
puntualmente obliga a la remisión al proceso de insolvencia de los procesos ejecutivos
iniciados contra el deudor, sin importar su estado de avance, y sin esperar una
decisión.[60] En
Colombia, dicho principio está claramente contemplado en la legislación y
constituye uno de los pilares del régimen normativo de la insolvencia, que
resulta coherente además con los principios de la Carta Política.
Luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y sus
correspondientes principios constitucionales, muchas de las normas vigentes en
materia de insolvencia fueron replanteadas. Así sucedió con el régimen de los
procesos concursales, que fue modificado por la Ley 222 de 1995, en cuyo
artículo 151, inciso 5 se disponía:
“ARTICULO 151. EFECTOS DE LA APERTURA. La apertura del trámite
liquidatorio implica: (…) 5. La remisión e incorporación al trámite de la
liquidación de todos los procesos de ejecución que se sigan contra el deudor.
Con tal fin se oficiará a los jueces que puedan conocer de procesos ejecutivos
contra el deudor”.
Esta disposición, también hizo parte del Título II del Código de
Comercio, y luego fue derogada por el artículo 126 de la  Ley 1116 de 2006, a
partir del 28 de junio de 2007.
En la nueva ley, el legislador recalcó la importancia de la figura
y la enmarcó en una serie de principios que guían el proceso liquidatario
concursal. Así, en el artículo 4º la norma enumera entre otros principios del
régimen de insolvencia, los de universalidad e igualdad, por los que el
legislador plasmó la regla de que todos los bienes y deudas deben integrarse al
proceso, y estableció el trato equitativo a los acreedores- par conditio
creditorum.[61]
Más adelante, la ley regula concretamente la obligación resultante
del fuero de atracción de la siguiente forma.
“Artículo 50. Efectos de la Apertura
del proceso de liquidación judicial. La declaración judicial del proceso de
liquidación judicial produce: (…)
12. La remisión al Juez del concurso
de todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor,
hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que
sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos
de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los jueces de conocimiento
respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí
descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso.
Los procesos de ejecución
incorporados al proceso de liquidación judicial, estarán sujetos a la suerte de
este y deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos.
Cuando se remita un proceso de
ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como
tales”.
En el numeral 13 del mismo artículo 50, ahora demandado, la
disposición complementa la norma a través de una regla de preponderancia
normativa que permite solucionar las posibles contradicciones que surjan del
ejercicio del fuero de atracción, previendo la posible incompatibilidad de las
normas específicas de cada proceso con aquel de liquidación. Dice la
disposición señalada “13. La preferencia de las normas del proceso de
liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea contraria.”
A su vez, estas disposiciones se ven complementadas con los artículos
25, 70 y 77 de la misma ley, que regulan tres excepciones a la regla: (i) la
continuación de los procesos declarativos sobre créditos litigiosos en espera
de una decisión para incluir la deuda en el orden de pago que corresponda,
frente a los cuales el deudor constituirá una provisión contable; (ii) la
continuidad de los procesos ejecutivos en donde existen otros demandados, pero
solo frente a ellos, y (ii) la continuidad de los procesos ejecutivos
alimentarios en curso.[62]
4.1. El proceso de
insolvencia en la jurisprudencia constitucional
La Corte Constitucional ha tratado en
diversas oportunidades los principios que se derivan del régimen de
insolvencia, acogiendo en general la forma en que el derecho y principio de
igualdad se traduce en este régimen especial, a través de las distintas normas
que lo conforman.
Específicamente en cuanto al fuero de
atracción y su compatibilidad con el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia por parte de los acreedores, esta Corte tuvo
oportunidad de pronunciarse, respecto de las normas que regulan concretamente
el régimen para la liquidación de las entidades públicas, frente a las cuales
se presentaron diversas demandas procurando que se permitiera perseguir o
continuar con la persecución de bienes de empresas públicas en procesos
liquidatorios.
En la Sentencia C-140 de 2001, la Corte se pronunció sobre la
constitucionalidad de los artículos 2 y 6 (parciales) del Decreto 254 de 2000,
“por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades
públicas del orden nacional”. Respecto del cargo por violar el debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta, luego de afirmar que la
Constitución no ordena que las regulaciones procedimentales estén consagradas en
un Código específico, esta Corporación consideró que las normas buscan hacer
efectivo el principio de igualdad entre los acreedores, por lo cual resulta
idóneo frente al debido proceso. Sobre el punto efectuó el siguiente análisis:
“como lo destacan varios
intervinientes y la Vista Fiscal, las normas acusadas, lejos de desconocer el
debido proceso, buscan desarrollarlo, ya que pretenden garantizar a las
personas naturales y jurídicas involucradas en la liquidación el pago de sus
acreencias. En efecto, conviene recordar que una liquidación es un proceso
universal, que tiene como fundamento el principio de igualdad entre los
acreedores, salvo que exista una prelación o el privilegio entre las
acreencias. Por ello, con el fin de asegurar esa igualdad, es necesario
cancelar los embargos que en los procesos ejecutivos singulares hubieran podido
decretarse contra le entidad, para de esa manera poder formar la masa de
liquidación que sirva para cancelar a todos los acreedores, en igualdad de
condiciones”.[63]
En la Sentencia C-291 de 2002, la Corte Constitucional se
pronunció también sobre el artículo 2, literal d) y parágrafo 2º del Decreto
254 de 2000. En relación con el cargo según el cual se estaba dejando
desprotegidos a los acreedores, en esa oportunidad afirmó la Corte:
“resulta necesario recordar que tanto
el proceso ejecutivo singular con medidas cautelares como los procesos
liquidatorios tienen el mismo propósito: lograr el pago de las acreencias del
deudor. Si bien en el primero este propósito es individual de ejecutante, y puede
lograrlo sobre bienes determinados del deudor, el mismo objetivo puede ser
conseguido dentro de un proceso liquidatorio universal. En este último, la
prenda general constituida por el activo patrimonial del deudor responde ante
todos los acreedores en igualdad de condiciones, salvo las prelaciones legales,
de manera tal que la garantía de pago subsiste. No es pues cierto, como lo
afirma el demandante, que por el hecho de la apertura del proceso liquidatorio,
del llamamiento a todos los demandantes en procesos ejecutivos en curso y de la
cancelación de los embargos decretados, se eliminen las garantías de pago, pues
como queda dicho estas se conservan sobre la masa de la liquidación. Más aún si
se trata de obligaciones laborales, que es el caso que motiva la preocupación
del actor, pues como es sabido su pago con cargo a esta masa tiene prelación
según las normas legales vigentes que regulan la materia, a las que
expresamente remite el artículo 32 del Decreto sub examine”[64].
En la Sentencia C-382 de 2005, nuevamente la Corte se pronunció
sobre la constitucionalidad de los artículos 2 y 6 (parciales) del Decreto 254
de 2000, “por el cual se expide el régimen para la liquidación de las
entidades públicas del orden nacional”.  En aquella ocasión, el accionante
ataca las disposiciones por considerar que desconocen los derechos de los
asociados a acceder a la administración de justicia y obtener pronta resolución
de sus litigios (arts. 29 y 229, C.P.), “dejándoles obstruido el camino para
acudir libremente ante el juez con el fin de reclamar las obligaciones a cargo
de dichas entidades, situación que los coloca en un estado total de indefensión”.[65]
Al respecto la Corte Constitucional recordó los elementos del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,[66] a cuya luz concluye que el fuero de atracción
en los procesos liquidatorios resulta claramente compatible por lo que
desestima el cargo fundado en el artículo 229 superior. Sostiene la Corte como
sustento de su decisión:
“(…) resulta claro que la formulación
del cargo bajo estudio desconoce que el objetivo mismo del fuero de atracción
de los procesos liquidatorios, que se controvierte en esta oportunidad, es el
de garantizar que la totalidad de los acreedores de las entidades públicas que
se han visto afectas a procesos de liquidación puedan, efectivamente, acceder a
la protección de las autoridades encargadas de llevar a cabo tal proceso
liquidatorio, en condiciones de igualdad, sin que existan circunstancias
adicionales –tales como la existencia de procesos ejecutivos paralelos contra
bienes de propiedad de la entidad en liquidación- que obstruyan o restrinjan la
efectividad de sus derechos crediticios. \\ El legislador no consideró que el
haber iniciado el proceso ejecutivo y el haber logrado el decreto de embargo de
un bien específico perteneciente a la persona jurídica disuelta, fuera razón
suficiente para conceder un privilegio en el pago al acreedor respectivo, ni
para excluir de la masa de la liquidación el bien previamente embargado. Razones
que justamente tocan con la necesidad de no establecer privilegios
injustificados, y de hacer efectivo el principio “par conditio creditorum”
que busca hacer efectiva la igualdad entre acreedores en los procesos
liquidatorios, lo llevaron a la conclusión contraria: que el sólo hecho del
embargo ya decretado no podía constituirse en fundamento constitucional
suficiente para otorgar el privilegio mencionado. De lo contrario, la
circunstancia de haber logrado primero la medida cautelar sería argumento para hacer
prevalecer un crédito sin ninguna consideración distinta, como las relativas a
la situación de debilidad del acreedor, a la presencia de intereses públicos en
la satisfacción de los créditos, o simplemente a la existencia de garantías
especiales constitutivas de derechos adquiridos, que son razones, estas sí de
rango constitucional, para conceder privilegios, que son tenidas en cuenta por
el ordenamiento. \\ De allí que las disposiciones acusadas, lejos de restringir
el derecho de acceso a la administración de justicia de los acreedores de
entidades públicas nacionales en proceso de liquidación, constituyan un medio
para materializar tal derecho en igualdad de oportunidades. Las normas acusadas
no dejan a dichos acreedores en estado de indefensión, ni constituyen un
incumplimiento de los deberes del Estado de proteger a los asociados; lo que
disponen es un curso de acción procedimental específico diseñado para hacer
efectivos los derechos de quienes tienen a su favor créditos que deben ser
satisfechos por tales entidades públicas”.[67]
En la Sentencia T-316 de 2009 esta
Corporación se manifestó concretamente sobre la disposición ahora demandada,
para hacer mención a la primera excepción del fuero de atracción.  De forma muy
clara, expuso en dicha ocasión que el referido fuero es un efecto procesal de
la iniciación del proceso de liquidación judicial. Dijo la Corte en esa
ocasión:
“En relación con la apertura del
proceso liquidatorio y los efectos de la iniciación del proceso de
liquidación judicial, el artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 establece una serie
de consecuencias jurídicas de la mayor relevancia, que tienen que ver con
aspectos relacionados (i) con la persona del deudor y su actividad; (ii) con
las obligaciones a su cargo; (iii) con sus bienes; (iv) con cuestiones de orden
estrictamente procesal. \\  (…) \\ Uno de los efectos de naturaleza procesal
que a la Sala le interesa resaltar dentro del presente proceso de revisión, es
el atinente al fuero de atracción que es propio del proceso
concursal, en razón a que todos los procesos de ejecución que se adelanten
contra el deudor en liquidación obligatoria deben ser remitidos al juez del
concurso quien, en virtud de tal fuero, es el competente para su conocimiento.
Por tanto, en la legislación colombiana no está contemplada la ejecución
extraconcursal de las obligaciones a cargo del deudor que se somete a
liquidación judicial, ya que en aplicación del principio de universalidad, la
totalidad de los bienes del deudor quedan afectos a lo que suceda en el proceso
liquidatorio. Lo anterior no sería posible si a cualquier acreedor se le
permitiera sustraerse del trámite liquidatorio para buscar el pago por fuera de
dicho proceso. \\ Por consiguiente, en razón del fuero de atracción, no pueden
continuar los procesos ejecutivos que estuvieren en curso contra el deudor
cuando se inicie el proceso concursal. Los procesos ejecutivos que se sigan en
contra del deudor, si existen, deben ser remitidos al juez del concurso para
que sean incorporados, siempre y cuando sean recibidos por éste antes del
traslado para las objeciones sobre los créditos. Es por esta razón, que los
interesados en el proceso liquidatorio deben desarrollar una actitud vigilante
y diligente, con el fin de cerciorarse que los procesos ejecutivos sean
enviados de manera oportuna al juez que conoce del proceso liquidatorio, y no
se corra el riesgo de que tales créditos queden por fuera de la calificación,
graduación y de la asignación de voto”.[68]
La Corte remarcó la importancia de
que todos los acreedores y los procesos de cobro contra el deudor se integren
al trámite de insolvencia y recordó las excepciones a la regla: “pues no se
aplica (i) a otros procesos diferentes a los ejecutivos, (ii) a procesos de
ejecución relativos a obligaciones alimentarias que se adelanten contra
personas naturales que se sometan a procesos de insolvencia, y (iii) a los
procesos de ejecución en que sean demandados los deudores solidarios, procesos
que podrán continuar contra estos si el demandante en el proceso ejecutivo así
lo desea y lo expresa.” [69]
En la Sentencia
T-079 de 2010, la Corte Constitucional se pronunció sobre un alegato según el
cual la Superintendencia de Sociedades habría incurrido en una vía de hecho al
rechazar el crédito que la accionante presentaba frente a una empresa en
liquidación. En dicha oportunidad, la Corporación recordó la importancia de los
principios de universalidad e igualdad entre acreedores, señalando que “el
principio de igualdad entre acreedores (par conditio omnium creditorum) es el
nervio del debido proceso en un trámite concursal”, lo cual constituye también
una faceta del derecho principio general de igualdad ante la ley, previsto en
el artículo 13 de la Carta Política”. Al respecto, esta Corte explicó:
“Los principios más importantes de
los procesos concursales son el de universalidad e igualdad entre acreedores,
también conocido como par conditio omnium creditorum. De acuerdo con el primer
principio, todos los bienes del deudor conforman una masa patrimonial que se
constituye en prenda general de garantía de los acreedores; correlativamente,
los acreedores establecen una comunidad de pérdidas, lo que significa que sus
créditos serán cancelados a prorrata, o en proporción a las posibilidades
económicas, una vez realizada la venta de los bienes del deudor. El principio
de igualdad entre acreedores, por su parte, establece que todos los interesados
deben hacerse parte dentro del proceso concursal, respetando de forma rigurosa
los procedimientos, recursos y cargas previstas por el legislador para la
participación en el concurso. Es evidente que todos los procedimientos legales
deben ser respetados, en virtud del carácter general y abstracto de la ley; sin
embargo, en el caso de los concursos de acreedores, esta exigencia hace parte de
la naturaleza del proceso, pues si se toma en cuenta la limitación patrimonial
que se enfrenta al iniciarse una liquidación obligatoria, la posibilidad de que
algunos acreedores persigan sus intereses por vías privilegiadas, o la
flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los términos procesales, implicaría
una afectación del conjunto de acreedores, particularmente de los más
vulnerables, que suelen ser trabajadores y pensionados.” [70]
En la Sentencia C-527 de 2013, la Corte Constitucional analizó una
demanda contra el artículo 74, numeral 1, de la Ley 1116 de 2006,[71] bajo el
cargo de atentar contra el principio de presunción de buena fe. La Corte
declaró exequible la norma atacada, tomando en cuenta que ella resultaba acorde
con los fines y principios del proceso.[72]
En su análisis, recordó los principios en que se fundamenta el régimen de
insolvencia:
“3.5.- El régimen de insolvencia se inspira en los principios de
universalidad, igualdad, eficiencia, información, negociabilidad, reciprocidad
y gobernabilidad económica. En virtud de la universalidad, debe concurrir al
proceso la totalidad del patrimonio del deudor (dimensión objetiva) y de los
acreedores (dimensión subjetiva), porque de otro modo difícilmente podría
tenerse claridad acerca de la situación real de una empresa y de las
posibilidades de éxito ante un eventual proceso de reestructuración. \\ Este
principio guarda estrecha relación con el de igualdad, según el cual ha de
procurarse un tratamiento equitativo a los acreedores (par conditio creditorum),
sin perjuicio de la prelación de créditos prevista en la ley.”[73]
Más adelanta, la Corte Constitucional en la Sentencia T-734 de
2014 reiteró su jurisprudencia al explicar que el principio par conditio
creditorum goza de relevancia constitucional, porque implementa el derecho
constitucional de igualdad en esa concreta situación, puesto que:
“(i) persigue la vigencia de la
igualdad formal en el trámite concursal;
(ii) garantiza el debido proceso
sustancial, y el cumplimiento de los objetivos de los procesos concursales,
algunos de los cuales ostentan rango constitucional y;
(iii) además, una vez ha sido
desarrollado por el legislador, es una manifestación del principio democrático
respecto de las normas procedimentales del trámite concursal.”[74]
De este breve
recuento jurisprudencial, que denota claramente una posición pacífica y
uniforme de la Corte Constitucional, es posible concluir que para esta
Corporación, los principios de universalidad e igualdad que se ensamblan en el par
conditio creditorum en el proceso concursal, así como los efectos
procesales que implementan dicho principio como el fuero de atracción y
la unidad normativa, resultan coherentes con el principio y derecho
constitucional de igualdad, por cuanto permiten englobar todos los bienes y deudas
del deudor, y responder en igualdad de condiciones a todos los acreedores, sin
perjuicio de la prelación de créditos que establece la ley.
5. LA IGUALDAD EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO
La  Corte Constitucional ha explicado en su jurisprudencia
la triple dimensión que tiene la igualdad en el ordenamiento constitucional,
como valor,  principio y derecho fundamental. El preámbulo constitucional
contempla a la igualdad  como uno de los valores que pretende asegurar el nuevo
orden constitucional,   por su parte el artículo 13 de la Constitución Política
consagra el principio fundamental de igualdad y el derecho fundamental de
igualdad. Adicionalmente, otros mandatos de igualdad dispersos en el texto
constitucional actúan como normas que concretan la igualdad en ciertos ámbitos
definidos por el Constituyente[75].
Esas tres dimensiones de la igualdad, significan para
el Estado obligaciones diferentes. En tanto valor, su realización es exigible a
todas las autoridades públicas y en especial al legislador. En su rol de
principio, se ha considerado como un mandato de optimización que establece un
deber ser específico, que admite su incorporación en reglas
concretas derivadas del ejercicio de la función legislativa o que
habilita su uso como herramienta general en la resolución de controversias
sometidas a la decisión de los jueces. Finalmente, en tanto derecho, la
igualdad impone un trato que implica deberes de abstención como la prohibición
de la discriminación, al mismo tiempo que exige obligaciones puntuales de
acción, como ocurre con la consagración de medidas afirmativas.[76]
Una característica esencial del derecho y principio de
igualdad es su carácter relacional, lo que significa que a
diferencia de otros derechos la igualdad  carece de un contenido material
específico. La igualdad solo puede predicarse de la relación entre sujetos y
situaciones entre los que es válido hallar un término de comparación y por ende
puede aplicarse a múltiples ámbitos del quehacer humano, y no sólo a uno de
ellos. Esta circunstancia,  obliga a seguir la fórmula aristotélica de “tratar
igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Específicamente, conforme
al grado de semejanza o de identidad, se pueden precisar cuatro reglas
concretas: (i) la de dar el mismo trato a situaciones de hecho idénticas; (ii)
la de dar un trato diferente a situaciones de hecho que no tienen ningún
elemento en común; (iii) la de dar un trato paritario o semejante a situaciones
de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las primeras sean más
relevantes que las segundas; y (iv) la de dar un trato diferente a situaciones
de hecho que tengan similitudes y diferencias, cuando las segundas sean más
relevantes que las primeras.[77]
Este carácter relacional hace que el control de constitucionalidad
de normas legales no se reduzca a un juicio abstracto de adecuación entre la
norma impugnada y el precepto constitucional que le sirve de parámetro, sino
que debe incluir otro régimen jurídico que actúe como término de comparación.
En consecuencia se entabla una relación inter-normativa que debe ser abordada
utilizando herramientas metodológicas especiales tales como el test de
igualdad, empleado por la jurisprudencia de esta Corporación[78].
El
principio de igualdad en el sistema constitucional colombiano se traduce en el
derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos
individuos de lo que se concede a otros en idénticas  circunstancias, de
donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad consiste en diseñar
y aplicar la ley en cada caso según las diferencias constitutivas de los
hechos. Así lo ha sostenido esta Corporación desde su primera jurisprudencia,
al señalar que el principio de igualdad exige el reconocimiento de la
variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico,
social, cultural, etc., dimensiones todas ésas que en justicia deben ser
relevantes para el derecho.
En la Sentencia C-221 de 1992,[79]
esta Corporación se refirió al alcance del principio de la igualdad en la normatividad
con las siguientes palabras:
"Ese  principio de la igualdad es objetivo y
no formal; él se predica de la identidad de los iguales   y
de   la   diferencia   entre   los
desiguales.  Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir
de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que
concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de
supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos
distintos.  Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está
razonablemente justificado.  Se supera también, con la igualdad material,
el igualitarismo o simple igualdad matemática.”[80]
Esto significa que el respeto por la igualdad implica
para el Estado, en su tarea de configuración normativa, por un lado la
obligación de tener en cuenta las diferencias materiales y por el otro, cuando
se establezcan tratos diferenciados, evitar que de manera infundada,
irrazonable e inadmisible, se restrinja el acceso de una o un grupo de
personas, al ejercicio efectivo de sus derechos y libertades.[81]
El constituyente estableció una presunción en favor de
las condiciones igualitarias pero no prohibió la posibilidad de que, bajo una
justificación  adecuada y suficientemente, se pueda demostrar la necesidad de
incorporar una diferenciación. Al respecto esta Corte en su jurisprudencia ha
identificado algunos criterios de diferenciación que resultan contrarios a los
valores constitucionales. Entre otros, son discriminatorias las diferenciaciones
que se funden en el sexo, la raza, el origen social, familiar o nacional,
lengua, religión y opinión política o filosófica o, en términos generales,
cualquier motivo de discriminación que se funde en prejuicios o estereotipos
sociales cuya única finalidad sea la exclusión de un grupo de individuos de
algunos beneficios o del pleno disfrute de sus derechos.[82]
De esta forma, la Carta Política proscribe las
diferenciaciones cuya finalidad sea la exclusión de grupos de personas
históricamente discriminados, y la negación del ejercicio de sus derechos
fundamentales. Según lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte en
sentencias como T-098 de 1994[83], T-301 de 2004[84],
T-1326 de 2005[85] y T-577 de 2005,[86]
frente a aquellas actuaciones orientadas a la exclusión de ciertos grupos
poblacionales -históricamente ignorados-, la protección constitucional implica
una sospecha de discriminación, de tal forma que es la autoridad que aplica la
disposición jurídica en examen a quien corresponde la carga de probar que no ha
empleado razones discriminatorias para ello.[87]
5.1. El juicio de igualdad en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional colombiana, en concordancia
con la jurisprudencia comparada, desarrolló un conjunto de herramientas denominado
juicio o test de igualdad, cuyo objeto es verificar la existencia de una
violación al respectivo principio. El modelo colombiano hace uso de una mixtura
entre los modelos europeos y norte americano, a fin de garantizar, de la mejor
forma posible el respeto por la igualdad.[88] En primer lugar, el carácter relacional
del derecho a la igualdad  supone una comparación entre sujetos,
situaciones y medidas. Por ello, el uso del juicio o test implica la
identificación de tres presupuestos principalmente, a saber: (i) los
sujetos a comparar; (ii) el bien, beneficio o ventaja respecto del cual
se da el tratamiento desigual; y (iii) el criterio relevante que da
lugar al trato diferenciado.[89] Ha sido sostenido por la
jurisprudencia constitucional,[90] que el juicio integrado de
igualdad tiene tres etapas de análisis, distribuidas de la siguiente manera: (i)
establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium
comparationis, esto es, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles
de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir
si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre
iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de
trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto
de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.[91]
Además, en lo que concierne a la intensidad del juicio
o test en cuestión, el tribunal ha señalado, en sentencias como la C-227 de
2004[92]
que el test a emplear podrá ser: (i) leve, en tanto la medida
legislativa haga alusión a materias económicas, tributarias, de política
internacional o aquellas en las cuales el legislador disponga de un amplio
margen de configuración normativa, esto es, que el medio empleado sea idóneo
para la consecución del fin y que no existan prohibiciones constitucionales
respecto del fin buscado y de dicho medio; (ii) intermedio, siempre que
se esté ante una valoración de medidas legislativas en las cuales se pueda ver
afectado el goce de un derecho constitucional no fundamental. Este nivel del
juicio representa una exigencia mayor y comprende no únicamente la
consideración acerca de la conveniencia del medio, sino también el examen de la
conducencia para la materialización del fin perseguido por la norma examinada;
y (iii) estricto, para los casos en los que la medida tenga una mayor
proximidad a los principios, derechos y valores superiores, en cuyo caso, debe
llevarse a cabo un estudio íntegro de proporcionalidad.
En cuanto a la aplicación de estos grados de
intensidad, por regla general se ejerce el control de constitucionalidad con un
test leve.  Esta regla se formula a partir de dos importantes consideraciones,
por una parte, el respeto al  principio democrático, que obliga a darle un peso
importante a la labor de creación del legislador, pues debe permitirse un
margen considerable de valoración sobre los asuntos objeto de regulación, a
partir de la búsqueda de propósitos que se ajusten a los mandatos de la Carta;
y por la otra, la presunción de constitucionalidad que existe sobre las
decisiones legislativas, lo que se traduce en que no toda distinción de trato
involucra la existencia de un componente discriminatorio. Este test ha sido
aplicado en casos en que se estudian materias económicas, tributarias o de
política internacional, o en aquellos en que está de por medio una competencia
específica definida en cabeza de un órgano constitucional, o cuando, a partir
del contexto normativo del precepto demandado, no se aprecia prima
facie una amenaza frente al derecho sometido a
controversia.
Por otro lado, la jurisprudencia ha precisado que el
juicio estricto de igualdad procede, en principio: 1) cuando está de por medio
una clasificación sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en
las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en
el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida afecta
fundamentalmente a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta,
a grupos marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma
de decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece prima
facie que la medida que hace la diferenciación entre personas o
grupos afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4)
cuando la medida que es examinada es creadora de un privilegio.[93]
5.2. Las exigencias sobre igualdad en el contexto de
la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)
El actor en el presente caso, alega que las normas
impugnadas vulneran el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13
superior, al igual que la obligación internacional en la materia, que resulta
específicamente del artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
que en virtud del artículo 93 de la Carta Política, hace parte del Bloque de
Constitucionalidad y por lo tanto, es un parámetro de control de las Leyes en
Colombia.
En efecto, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante CADH),[94]
en sus artículos 1.1[95]
y 24,[96]
consagra el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Al respecto, la
Convención Americana realza el valor del derecho a la igualdad y no
discriminación cuando lo prevé no sólo en los artículos antes referidos, sino
también cuando hace referencia a los mismos dentro de normas que corresponden a
otros derechos.
Así por ejemplo, del artículo 8.2 de la CADH se desprende
el derecho de toda persona “en plena igualdad”, a contar con las
garantías judiciales mínimas durante un proceso judicial. Del mismo
modo, el artículo 17, referente a la protección de la familia, prevé la
obligación del Estado de disponer “la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio”, y
la de “reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”. Finalmente, el artículo 23
dispone el derecho al sufragio “universal e igual y por voto secreto”, y
prevé el derecho de “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
las funciones públicas del país”.[97]
Por su parte, el artículo 3 del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (también llamado “Protocolo de San
Salvador”),[98] expresamente prevé que: “Los
Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social”. El Protocolo de San Salvador, además de
la disposición general sobre la no discriminación expuesta, también enuncia la
prohibición de la discriminación y el derecho a la igualdad de forma específica
en su artículo 7, referido a garantías laborales, donde dispone la obligación
de los Estados parte de dicho tratado de garantizar “un salario equitativo e
igual por trabajo igual, sin ninguna distinción”.[99]
Respecto de las obligaciones que surgen para los
Estados en relación con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la protección de la ley
a nivel interno debe estar excluida de discriminaciones:
“[…] la
prohibición de discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto
de los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al
derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir
que, con base en esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la
Convención, a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones
discriminatorias referentes a la protección de la ley”.[100]
Según la reiterada doctrina de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) la convención “no
prohíbe todas las distinciones de trato”.[101] Cuando
la diferencia de trato es razonable y objetiva, equivale a una mera distinción
compatible con la CADH; cuando no lo es, valga decir, cuando resulta de la
arbitrariedad, equivale a una discriminación, que es incompatible con la CADH.
6. EXÁMEN DE IGUALDAD SOBRE LA NO
PREJUDICIALIDAD Y LA PREVALENCIA NORMATIVA EN EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA
En la demanda que
en esta ocasión la Corte estudia, se impugna la constitucionalidad de las
reglas sobre no prejudicialidad (art. 7) y preferencia de las normas sobre insolvencia
(art. 50 numeral 13), bajo el argumento de que atentan contra los derechos de
aquellos acreedores que hubiesen entablado procesos ejecutivos contra el deudor
y a quienes se desconocería el estado de avance de sus procesos y la decisión
por proferirse, en detrimento de las garantías judiciales sobre sus créditos,
poniéndolos en pie de igualdad con quienes negligentemente habrían dejado de
perseguir a su deudor o no tienen títulos ciertos contra aquel.
Para poder evaluar
la constitucionalidad de las normas, la Corte recapituló el contexto normativo
al que pertenecen y la jurisprudencia constitucional respecto de los principios
en los cuales se enmarcan las disposiciones, esto es, los principios de
universalidad e igualdad, que se traducen en las fórmulas del fuero de
atracción y la condición paritaria de los acreedores “par conditio
creditorum”. Dentro de este marco histórico y normativo, se estudiará por
lo tanto la validez constitucional de las medidas impugnadas.
6.1. Examen del
artículo 7 de la ley 1116 de 2016 por el cargo de violación del derecho a la
igualdad con relación a los derechos y garantías del acreedor que ha acudido separadamente
a la reclamación judicial
El actor plantea su impugnación a la
norma con dos argumentos: la norma acusada desconoce la obligación consagrada
en el artículo 2 de la Constitución pues omite el deber de protección de
derechos  y garantías en cabeza de aquellas personas que hubieren accionado
patrimonialmente y con anterioridad al inicio del proceso de insolvencia o
durante la primera etapa del pleito judicial de liquidación empresarial. Lo
anterior, por cuanto el legislador no condicionó la admisibilidad y
procedibilidad de los referidos procesos (insolvencia y liquidación) a la
previa definición de asuntos judiciales en los que se decida sobre el
patrimonio, los activos o pasivos del insolvente o sujeto de liquidación
empresarial. Luego en su cargo respecto del artículo 13 superior sostiene que
la no prejudicialidad en el proceso de insolvencia genera inequidad y
desfavorece a quien accionó en defensa de sus derechos sustanciales con
anterioridad al inicio del proceso de insolvencia.
El artículo 7 de la Ley 1116 de 2006,
establece que: “El inicio, impulsión y finalización del proceso de
insolvencia y de los asuntos sometidos a él, no dependerán ni estarán
condicionados o supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro
proceso, cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la decisión del
proceso de insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad.”
Este artículo hace manifiesto el
carácter independiente y autónomo del proceso de insolvencia, que inicia y
continúa por sus propias causas y no depende de ningún otro proceso. Esto evita
que sea necesario esperar a una decisión judicial para que, dadas las
dificultades del deudor, sea posible iniciar un trámite de insolvencia, y tratar
de superar la crisis, o recuperar la mayor parte del capital del deudor para el
pago a los acreedores. Así mismo, excluye la posibilidad de suspender el
proceso mientras se resuelven otros procesos judiciales, evitando las
dilaciones que puedan poner en riesgo los bienes del deudor, y retrasar
indefinidamente el trámite de liquidación, lo que según las experiencias con
las normas anteriores, se identificó como uno de los mayores problemas a
superar con la Ley 1116 de 2006.
Puntualmente, al señalar la no
prejudicialidad del proceso, el artículo 7 impugnado hace referencia a la causal
de suspensión del proceso contenida en el artículo 161 del Código General del
Proceso, por la cual el juez, a solicitud de parte, “decretará la suspensión del
proceso en los siguientes casos: 1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa
necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre
cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante
demanda de reconvención. (…)” De tal manera que, como resultado de la
prejudicialidad el proceso queda en suspenso mientras en el otro se resuelve
aquel punto que resulta necesario y directo sobre el sentido de lo que se debe
decidir.
Esto implica que para que exista prejudicialidad entre los dos
procesos debe existir una relación inescindible que haga imposible continuar
con la decisión sin antes tener un pronunciamiento, al tiempo que debe tratarse
de un asunto que escape completamente de la competencia del juez del proceso.
Como explica López Blanco:
“[p]ara que pueda hablarse de
prejudicialidad se requiere no la simple relación entre dos procesos, sino la
incidencia definitiva, necesaria y directa que la decisión que se tome en un
proceso tenga sobre la que se adopte en el otro, de modo tal que sea
condicionante total o parcialmente del sentido del fallo que deba proferirse,
criterio que es esencial para no desnaturalizar el concepto y evitar el abuso
que en alguna época y con fines claramente dilatorios de la actuación se dio.”[102]
Tal como lo establece la Ley 1116 en
su artículo 1, el proceso de reorganización se dirige a  preservar y normalizar
las relaciones comerciales y crediticias de empresas en cesación de pagos o en
riesgo inminente de ello, a través de un acuerdo con los acreedores dirigido a
su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. Por su
parte, el proceso de liquidación judicial persigue proteger los derechos de los
acreedores, a través de la liquidación pronta y ordenada, que saque el mejor
provecho del patrimonio del deudor, cuando haya incumplimiento de los acuerdos.
Se trata evidentemente de un régimen
de naturaleza comercial, en donde, especialmente en el proceso liquidatorio, la
agilidad resulta esencial para la eficiencia del mismo. Justamente, uno de los
problemas mayúsculos que, a través de décadas, se quiso superar con la
legislación, es la tardanza que genera la proliferación de procesos y por
supuesto, la suspensión del trámite por la prejudicialidad respecto de procesos
ejecutivos, tributarios o de otro orden.
El legislador claramente excluyó la posibilidad
de que un proceso que no tiene relación con el pago de una acreencia por parte
del deudor, pueda tener la relación directa y necesaria con el trámite de
insolvencia como para poder bloquear el trámite y suspender la decisión del
juez competente. Incluso estableció esta falta de conexidad como una relación
de doble vía, de tal forma que la decisión en el trámite de reorganización o de
insolvencia, tampoco sea tenida como prejudicialidad para suspender la decisión
de cualquier otro proceso.
Como se analizó en la exposición de
la premisa mayor de esta sentencia, el actual régimen de insolvencia plantea el
fuero de atracción para que los procesos que persiguen el pago de una
acreencia y por tanto resultan relevantes en el trámite de liquidación, se incluyan
como parte del mismo, bajo competencia del mismo Juez y en el marco del trámite
de insolvencia, a fin de dar un pie de igualdad a todos los acreedores que
persiguen el patrimonio del deudor.  De esta forma, en vez de generar la
suspensión y consecuente dilación del proceso de reorganización o liquidatario,
los demás procesos relevantes se unifican en pie de igualdad, permitiendo la
continuidad del trámite, beneficiando a todos los acreedores y facilitando las
finalidades del régimen de insolvencia.
6.1.1. Examen de
igualdad entre acreedores afectados por la no  prejudicialidad en el proceso de
insolvencia
Ahora bien, en lo
que atañe al juicio de igualdad, y según las reglas jurisprudenciales
establecidas anteriormente, le corresponde a la Corte (i) establecer el criterio de comparación: patrón de
igualdad o tertium comparationis, esto es, precisar si los supuestos de
hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma
naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico
existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii)
averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es
decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente
desde la Constitución.[103]
El criterio de comparación en este examen se da entre
dos grupos de acreedores de un deudor sometido a proceso de insolvencia bajo la
Ley 1116 de 2006. El primer grupo compuesto por quienes habían adelantado
procesos ejecutivos contra el deudor, y el segundo, por quienes no lo habían
hecho. Se trata de sujetos comparables.
El segundo paso a seguir al continuar con el juicio de
igualdad, es definir en qué plano se encuentran los sujetos comparados. El
argumento del accionante es que se encuentran en planos jurídicos diferentes,
por cuanto los del primer grupo, al haber acudido a las vías judiciales
tendrían el derecho a que se esperara esa decisión y se respetaran las
garantías sobre los bienes que en dicho proceso se hubieren concedido. Por otro
lado, la mayor parte de los intervinientes, y en particular la Vista Fiscal,
coinciden en establecer que en realidad, si bien existen algunas diferencias,
predominan las similitudes entre los dos grupos de sujetos, puesto que ambos
son acreedores del mismo deudor, persiguen el pago de sus créditos y tienen el
mismo derecho a que se les pague de forma equitativa. Así pues, según esta postura,
la igualdad predominante entre todos los acreedores exige de la Ley un trato
paritario, que justamente es lo que se garantiza con la medida que excluye la
prejudicialidad.
En realidad, la igualdad entre los acreedores es un
principio estructural del régimen de insolvencia (Artículo 4, numeral 2, Ley
1116), que en procura de lograr una solución beneficiosa para todos aquellos
que puedan ver en riesgo sus créditos, elimina las ventajas que puedan poner en
detrimento los derechos de unos frente a otros, con la sola diferencia que
surge de la naturaleza de los créditos y que se traduce en las reglas de
prevalencia en el orden de pago.[104]
Ahora bien, se debe recordar que en efecto, el hecho
de tener un crédito judicialmente reconocido, genera una garantía que no puede
ser desconocida en el trámite liquidatorio. Recordando lo sostenido por el
Superintendente de Sociedades en su intervención, es menester aclarar que en el
trámite de insolvencia “los acreedores sociales, tanto dentro del proceso de
reorganización como en la liquidación judicial deben presentar sus créditos, ya
sean ciertos, contingentes o litigiosos, en las oportunidades legales para que
sean reconocidos como tales y se atiendan las resultas correspondientes al
cumplimiento de la condición, la sentencia o laudo  respectivo, garantizando
los derechos reconocidos por otros jueces de la República.” Por lo tanto,
el trámite de insolvencia reconoce los derechos declarados por una autoridad
judicial y las integra de tal forma que se facilita el avance del proceso.
Respecto de la posición que estos acreedores tienen en
cuanto a la garantía patrimonial de su crédito, el trámite liquidatario extingue
las ventajas que tengan algunos por haber acudido a las vías judiciales y que
puedan poner en detrimento las garantías de los demás acreedores, y justamente
procura poner en pie de igualdad a todos los acreedores, dando prevalencia a la
igualdad de los derechos sustantivos sobre las diferencias formales y
procedimentales, que pueden existir entre los acreedores.
El trato igualitario entre acreedores o principio par
conditio creditorum resulta fundamental y necesario en un proceso concursal
en el que se pretende satisfacer, de forma ordenada y equitativa, las deudas
del deudor insolvente. Como se expuso en los considerandos de esta decisión,
esta Corte ha resaltado la importancia del principio y defendido su
constitucionalidad en diferentes ocasiones. Resalta entre ellas, lo dicho en la
sentencia  en que la Corte Constitucional expuso:
“La toma de posesión con fines liquidatorios,
entonces, es un proceso de carácter concursal y universal, en el que los
acreedores son llamados a hacerse parte demostrando su acreencia, a efectos que
la misma pueda ser cancelada a prorrata con los activos de la entidad.  Dentro
de este contexto, uno de los principios que rige este proceso, es el de la
igualdad entre acreedores -par conditio creditorum-, según el cual cada
acreedor tiene derecho a que se le pague el valor de su acreencia, en
proporción a los activos existentes, sin que pueda preferenciarse a un acreedor
sobre otro. La existencia de este principio, entonces, no admite la aplicación
de concesiones o de mecanismos que puedan redundar en beneficio de unos,  y en
desmedro de otros.”[105] (Subrayas
fuera del original)
Por lo tanto, las diferencias entre los grupos de
acreedores propuestos por el actor, no tienen relevancia para su participación
en el trámite de insolvencia, y particularmente para el proceso liquidatario,
que es a donde apunta la solicitud del actor. El criterio sustancial de
participación es el de contar con un crédito insoluto frente al deudor
insolvente y en esa calidad de acreedor, todos son tratados como iguales, a
efectos de lograr la más amplia cobertura posible con los bienes del deudor,
sin ventajas ni discriminaciones de ningún tipo.
Así entonces, concluye la Corte que el haber
adelantado un proceso judicial anterior al inicio del trámite de insolvencia,
no constituye sobre el acreedor una característica que reclame un trato
diferenciado frente a los demás acreedores durante su participación en el mismo
trámite. Haber demandado ejecutivamente al acreedor en liquidación no es un
criterio de diferenciación constitucionalmente válido como sí lo es la
afectación de un derecho fundamental, que es lo que tiene en cuenta la
normatividad sobre la prelación de créditos. Ello implica que la demanda no
logra superar el primero de los requisitos del test de igualdad, que para el
caso sería el demostrar que haya un trato igual entre desiguales.
En tanto la Constitución protege la empresa y procura
por principio un trato igual entre los iguales, el legislador dispone de un
margen suficiente de configuración de los procesos liquidatorios, y  de las
herramientas necesarias para proteger los bienes jurídicos que están en juego.
En consecuencia, la no prejudicialidad del trámite de
insolvencia, que permite la iniciación y continuación del proceso, con
independencia de cualquier otro proceso que se adelante en contra del deudor,
no constituye una violación del derecho a la igualdad, ni de la protección de
los bienes y derechos del acreedor que haya acudido a la reclamación judicial,
y que será tratado en términos de igualdad en el proceso concursal. Por lo
tanto, esta Corte declarará la exequibilidad del artículo 7 de la Ley 1116 de
2006 por los cargos estudiados en la presente demanda.
6.2. Examen del artículo 50, numeral 13 de la ley 1116 de 2016, por el
cargo de violación del derecho a la igualdad con relación a los derechos y
garantías del acreedor que ha acudido a la reclamación judicial
La Ley 1116 de 2006, a partir del
artículo 47, desarrolla el Capítulo VIII denominado Proceso de Liquidación
Judicial, que tiene lugar como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos
entre deudor y acreedores (acuerdos de reorganización o los concordatos), o de
forma inmediata en los casos regulados por el artículo 49 de la norma.[106] En ese
contexto se circunscribe la norma demandada que señala:
“ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA
APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del
proceso de liquidación judicial produce:
(…)
13. La preferencia de las normas del
proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea contraria.”
Es importante señalar que en el numeral 12 de la misma
disposición, se establece lo que la doctrina denomina el fuero de atracción,
sobre el cual se explicó su relevancia y sentido en el considerando 3 de
esta misma decisión. Por su importancia para interpretar el sentido de la
disposición impugnada, se transcribe a continuación el numeral en comento:
“[Artículo
50] 12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que
estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de
objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y
graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará
a los jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por
fuera de la actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá
al Juez del concurso. \\ Los procesos de ejecución incorporados al proceso de
liquidación judicial, estarán sujetos a la suerte de este y deberán
incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos. \\ Cuando se
remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma
definitiva las excepciones de mérito propuestas estas serán consideradas
objeciones y tramitadas como tales.”
Si bien la disposición impugnada tiene un sentido autónomo,
lo cierto es que su mayor importancia se da en relación con el fuero de
atracción pues es, justamente, en virtud de la inclusión al proceso
liquidatorio de los procesos ejecutivos en trámite, que se podrían presentar
discrepancias o dudas en la aplicación de las leyes propias de los procesos
ejecutivos, o de aquellas pertenecientes al régimen de insolvencia. Por
supuesto esta no es la única posibilidad, pero sí la que tiene más probabilidades
de presentarse, sobre todo si se tiene en cuenta la naturaleza y finalidad del
proceso liquidatorio.
Sobre el fuero de atracción y sus funciones, esta Corte se
ha pronunciado en el sentido de encontrarlo coherente con la finalidad de
tratar con igualdad a los acreedores. Al respecto sostuvo:
“(…)el
objetivo mismo del fuero de atracción de los procesos liquidatorios, que se
controvierte en esta oportunidad, es el de garantizar que la totalidad de los
acreedores de las entidades públicas que se han visto afectadas a procesos de
liquidación puedan, efectivamente, acceder a la protección de las autoridades
encargadas de llevar a cabo tal proceso liquidatorio, en condiciones de
igualdad, sin que existan circunstancias adicionales –tales como la existencia
de procesos ejecutivos paralelos contra bienes de propiedad de la entidad en
liquidación- que obstruyan o restrinjan la efectividad de sus derechos
crediticios”[107]
En el caso puntual el cargo presentado por el actor y que se
analiza en este examen, consiste en un juicio de igualdad, por cuanto, según el
accionante: “esta norma otorga primacía a las normas de procedimiento de
liquidación sobre cualquier otra norma que se le oponga, una vez más,
desconociendo que existen sujetos de derechos sustanciales que pudieron haber
accionado y obtenido el reconocimiento judicial de sus derechos, con
anterioridad al inicio de proceso de liquidación empresarial judicial”. Lo
que para el accionante vulneraría el artículo 13 y la protección de los bienes
y derechos de las personas contenido en el artículo 2 de la Carta Política.
6.2.1. Examen de igualdad entre acreedores
afectados por la prevalencia de las normas de insolvencia en el proceso
liquidatario
El examen de igualdad que debe realizarse en esta oportunidad
se plantea sobre los mismos grupos de acreedores que aquel que se realizó
respecto del artículo 7 de la Ley 1116 de 2006.
Con el ánimo de evitar la redundancia, la Corte advierte que
en virtud de la importancia de los principios de universalidad e igualdad del
trámite de insolvencia, particularmente relevantes en el proceso liquidatorio,
el trato paritario entre los acreedores se convierte en la piedra angular del
proceso concursal y constituye una regla acogida por la jurisprudencia constitucional.
Por otra parte, y en concordancia con lo sostenido por el
Ministerio Público, la preferencia de las normas del proceso de liquidación
judicial responde a la naturaleza universal del proceso, característica que lo
dota de efectividad y sin la cual sería inoficioso acudir a él, pues una vez
iniciado el proceso, no puede admitirse demanda alguna en la cual se pretenda
la apertura de otro proceso concursal o de reorganización. La naturaleza y
principios del trámite de insolvencia exigen evitar la dispersión procesal y
normativa, y unificar el trámite bajo un mismo régimen.
En ese sentido, la Corte Constitucional reitera que las
diferencias entre los grupos de acreedores propuestos por el actor, no tienen
relevancia para su participación en el proceso liquidatorio, y por lo tanto,
son sujetos con similitudes que exigen un trato igual por parte de la ley. El
carácter igualitario con que deben ser tratados todos los acreedores y que
excluye la aplicación de normas que favorezcan o discriminen a algunos entre
ellos, resulta acorde por lo tanto con los postulados constitucionales y
coherente con el contexto normativo, a efectos de lograr la más amplia
cobertura posible con los bienes del deudor, sin ventajas ni discriminaciones
de ningún tipo.
Por lo tanto, no resulta procedente continuar con el examen
de igualdad, y la Corte declarará la exequibilidad del artículo 50, numeral 13
de la Ley 1116 de 2006 por los cargos examinados en esta decisión.
6.3.
Conclusión
De todo lo analizado es
dado colegir que la no prejudicialidad en el trámite de insolvencia, así como
la prevalencia de las normas de insolvencia en el proceso liquidatorio,
responden a los principios de universalidad e igualdad que son transversales a
este régimen, y cuya función es lograr un trato equitativo entre los acreedores.
En ese sentido, las diferencias propuestas por el accionante, que surgirían de
la distinta posición jurídica entre los acreedores que adelantaron procesos
ejecutivos y aquellos que no lo han hecho, resultan  irrelevantes frente al derecho
sustancial que cobija a todos ellos de perseguir el pago de sus créditos
tomando como garantía los bienes del deudor. Así, para esta Corte es claro que
el haber acudido a un proceso ejecutivo no constituye un criterio de
diferenciación constitucionalmente válido entre los acreedores que participan
en el trámite de insolvencia, como sí lo es, la afectación de un derecho
fundamental, que es el sustento de la normatividad sobre prelación de créditos.
Por lo tanto, y
considerando que el derecho a la igualdad exige un trato igual entre iguales o
entre aquellos cuyas similitudes resultan más relevantes que sus diferencias,
las normas que disponen no suspender ni condicionar el inicio o continuación
del trámite de insolvencia al resultado de otros procesos, y aquella que
establece la preferencia de las normas de insolvencia en el proceso
liquidatorio, resultan acordes con los mandatos constitucionales que surgen del
artículo 13 Superior y de las normas del bloque de constitucionalidad
concordantes, así como frente al artículo 2 de la Carta Política.
IV. DECISIÓN
Para la Corte Constitucional el legislador, al establecer
las reglas sobre no prejudicialidad y preferencia de las normas sobre
insolvencia, no atentó contra el principio de igualdad en la protección de los
bienes y derechos de los acreedores que habiendo adelantado una acción
patrimonial con anterioridad, se ven equiparados a los demás acreedores, y
sometidos a las reglas del proceso concursal de su deudor. Esto por cuanto el
trato paritario entre los acreedores de un deudor en trámite de insolvencia,
resulta adecuado a las exigencias de los artículos 2 y 13 de la Carta Política,
y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de
términos ordenada por la Corte Constitucional en el Auto 305 del 21 de junio de
2017.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 7 y 50,
numeral 13, de la Ley 1116 de 2006, por los cargos examinados en la presente
sentencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 16, cuaderno 1, del expediente
D-12027.
[2] Folio 17, cuaderno 1, del expediente
D-12027.
[3]
Folio 18,
cuaderno 1 del expediente D-12027.
[4]
Ibídem.
[5]
Folio 107,
cuaderno 1 del expediente D-12027.
[6] “Por el cual se reglamenta la Ley
1727 de 2014, el Título VI del Libro Primero del Código de Comercio y se dictan
otras disposiciones”.
[7]
Folio
169, cuaderno 1, del expediente D-12027.
[8] Folio 170, cuaderno 1, del expediente
D-12027.
[9]
Folio
177, cuaderno 1 del expediente D-12027.
[10]
Folio 100,
cuaderno 1 del expediente D-12027.
[11] Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2016 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[12] Folio 153, cuaderno 1 del expediente
D-12027.
[13] Folio 154, cuaderno 1 del expediente
D12027.
[14] “Una ley modelo es un texto legislativo
que se recomienda  a los Estados para su incorporación al derecho interno. A
diferencia de lo que sucede con un convenio internacional, el Estado que adopte
su régimen no ésta obligado a dar aviso de ello a Naciones Unidas o a otros
Estados que lo hayan también adoptado su régimen. Folio 155, cuaderno del
expediente D-12027.
[15] Cfr. Isaza Upegui, A., Londoño
Restrepo, Á. (2008). Comentarios al Régimen de Insolvencia Empresarial, ley
1116 de 2006, Legis: Bogotá. Folio 155, cuaderno 1 del expediente D-12027.
[16]
Folio
156, cuaderno 1 del expediente D-12027.
[17]
Artículo
1 de la Ley 1116 de 2006. Folio 181, cuaderno 1 del expediente D-12027.
[18]
Folio
182, cuaderno 1 del expediente D-12027.
[19]
Folio
183, cuaderno 1 del expediente D-12027.
[20] Cfr. Ley 1116 de 2006, artículo 4.
[21] Cfr. Corte Constitucional,
Sentencia C-551 de 2016 (Jorge Iván Palacio Palacio). Folio 185, cuaderno 1 del
expediente D-12027.
[22] Folio 186, cuaderno 1 del expediente
D-12027.
[23] Folio 192, cuaderno 1 del expediente D-12027.
[24] Folios 193 y 194, del cuaderno 1 del expediente D-12027.
[25] Folio 212, del cuaderno 1 del
expediente D-12027.
[26] Folio 210, del cuaderno 1 del expediente D-12027.
[27] Corte Constitucional, Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo
Escobar Gil). En reiteración de esta sentencia y determinando la inhibición de
la Corte luego de revisar el incumplimiento de las exigencias para entrar al
estudio de fondo, pueden verse las siguientes las Sentencias C-954 de 2007
(Marco Gerardo Monroy Cabra, AV Jaime Araujo Rentería) C-623 de 2008 (MP
Rodrigo Escobar Gil), C-894 de 2009 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-055 de
2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) y C-247 de 2017 (MP Alejandro Linares
Cantillo)
[28] Corte Constitucional, Sentencia C-281
de 2013 (MP Mauricio González Cuervo). En esta decisión se expuso que: “Aun
cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda
cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis
responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo
únicamente por cuenta del magistrado ponente, razón por la cual, la misma no
compromete ni define la competencia del pleno de la Corte, que es en quien
reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los
decretos con fuerza de ley (CP art. 241-4-5).”
[29] Corte
Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Los
criterios señalados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones
posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo: Sentencia C-874 de
2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba
Triviño), Autos 033 y 128 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Sentencia C-980 de
2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales
Gutiérrez), Sentencia C-028 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-351
de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), Sentencia C-459 de 2010 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto
070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-128 de 2011 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto),
Sentencia C-333 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), Auto A71 de 2013 (MP
Alexei Egor Julio Estrada), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Auto
243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas
Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Sentencia C-081 de
2014 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y
Alberto Rojas Ríos), Auto 367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527
de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), Sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto
Rojas Ríos; SPV María Victoria Calle Correa), y Sentencia C-088 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio). En las anteriores providencias se citan y emplean
los criterios recogidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver los
asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos.
[30]
Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[31] Corte
Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[32] Corte
Constitucional Sentencia C-504 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos
Gaviria Díaz). La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto
100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual
dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo
y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento
jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes
modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la
limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y
valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible
antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un
juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”.  Así, la Corte
desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban
en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas
demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución”.
[33] Corte
Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Esta
sentencia fue reiterada en las siguientes providencias (entre otras) en las que
se analizó el caso específicamente frente al requisito de suficiencia: Sentencia
C-557 de 2001 (Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-803 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño), Sentencia C-802 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y
Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos).
[34]
Ley 1116 de
2006, artículo 20. “Nuevos procesos de ejecución y procesos de ejecución en
curso. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá
admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro
en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan
comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse
para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de
mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones,
para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a
disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la
medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del
proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su
urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.”
[35]Ley 1116 de 2006, artículo 25.
“Créditos. (…)Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán
sujetos a los términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de
su misma clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al
cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el
entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago.”
[36]
Corte
Constitucional, Sentencia C-978 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva;  AV
Humberto Antonio Sierra Porto). Reiterado en la sentencia C-042 de 2017 (MP
Aquiles Arrieta Gómez (e); Av Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo).
[37] Sobre este particular, véase: Corte
Constitucional, Sentencia C-595 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). la
Corte estableció que no resulta imperiosa la integración de la unidad normativa
pese a que algunas de las expresiones normativas demandadas se encuentren
reproducidas en otros preceptos, siempre que estas partan de un contenido
normativo diferente y se refieran a hipótesis distintas de la norma acusada.
Así, la mera similitud no hace imperiosa la integración, dado que la norma
cuestionada constituye un enunciado completo e independiente cuyo contenido
normativo puede determinarse por sí solo. Igualmente en la Sentencia C-410 de
2015 M.P. Alberto Rojas Ríos en la cual la Corte decidió integrar la unidad
normativa dado que existe otra norma que “posee el mismo contenido deóntico que
las dos disposiciones demandadas”
[38] Respecto de la existencia de una
relación intrínseca, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que esta
causal se refiere a casos en los cuales las normas tienen un sentido regulador
y autónomo pero resulta imposible, estudiar la constitucionalidad de una norma
sin analizar las otras disposiciones, pues de lo contrario se produciría un
fallo inocuo. Entre otras sentencias de la Corte Constitucional, se pueden ver:
C-349 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra);  C-538 de 2005 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra) y C-286 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[39] Al respecto Ver, Vélez Luis-Guillermo Régimen de
Insolvencia Empresarial Colombiano. Una breve historia del derecho concursal
moderno en Colombia. Superintendencia de Sociedades, 2011.
[40]
Decreto 750
de 1940. “Artículo 3º. Además de los actos que el Código Penal considera
culpables, la quiebra lo es, para los efectos penales y mercantiles, cuando el
comerciante ha alterado u ocultado sus libros y documentos; cuando no lleva
contabilidad o la lleva en la forma que no permita conocer las entradas y
salidas y la marcha o estado de los negocios; cuando ha empleado fondos ajenos
en sus propios negocios sin estar autorizado para ello; cuando no manifieste su
estado de quiebra de acuerdo con la ley; cuando se hace responsable de hechos
que la ley considera punibles, como girar cheques sin provisión de fondos ni
previa autorización del girado, estafa, u otros que hayan influido de algún modo
en la quiebra; cuando ha vendido a menosprecio mercancías compradas al fiado,
sin causa que lo justifique; cuando aparezca ejerciendo públicamente el
comercio sin estar inscrito en el Registro Público de Comercio de la Cámara de
jurisdicción, y cuando no haya cumplido con las obligaciones que la ley le
imponga en orden al registro de sus cuentas en la misma Cámara.”
[41] Decreto 750 de 1940. “Artículo 34. En cualquier estado
del juicio el Juez debe convocar reunión general de acreedores y del deudor
cuantas veces lo solicite el síndico o los acreedores presentes que tengan
créditos por no menos del cincuenta y uno por ciento del pasivo que aparezca
del proceso, con el objeto de tratar sobre convenios amigables. El Juez preside
las reuniones. Para resolver se requiere el voto favorable de la mitad más uno
de los acreedores presentes, y que los que voten favorablemente representen el
ochenta por ciento del pasivo arriba dicho. Las decisiones de esa mayoría
obligan al deudor y a todos los acreedores desde que las apruebe el Juez, quien
debe hacerlo siempre que ellas tengan carácter general y no impliquen exclusión
de ningún acreedor conocido por lo que resulte del expediente. Las sesiones
pueden prolongarse cuando lo determine la mayoría con asentimiento del Juez, y
de lo convenido en ellas se extiende acta auténtica. \\ Las actas que contengan
concordato deberán protocolizarse y registrarse en la Cámara de Comercio y, si
versaren sobre inmuebles, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
dejándose copia de ellas en el expediente.”
[42]Decreto 750 de 1940. “Artículo 48. Los
quebrados inculpables deben ser rehabilitados cuando prueben el cumplimiento
del concordato que hicieron con sus acreedores o, sino hubo concordato, que con
el haber de la quiebra o con entregas posteriores se cubren las deudas
reconocidas en el procedimiento de quiebra.”
[43] Artículo 17. No podrán ser declaradas
en quiebra las empresas industriales o comerciales del Estado, así como las
sociedades de economía mixta en las que aquél, directa o indirectamente, tenga
parte principal.
Si
dicha empresas o sociedades temen sobreseer o sobreseen en el pago corriente de
sus obligaciones mercantiles, salvo disposición en contrario, se tramitará el
concordato preventivo regulado en el Capítulo I de este Título, ante la
Superintendencia Bancaria o de Sociedades a que estuviere adscrita la
inspección o vigilancia y si no estuviere a ninguna, por la Superintendencia de
Sociedades. (…)
[44] Artículo 16. En ningún caso podrá procederse a la
declaratoria de quiebra de una persona que estando sometida a la inspección y
vigilancia del Estado, tenga un pasivo externo superior a la suma de cinco
millones de pesos, o más de cien trabajadores permanentes, o preste un servicio
público, sin que antes se haya agotado la tramitación del concordato preventivo
ante el organismo de la Rama Ejecutiva del Poder Público, al cual esté adscrita
a la inspección y vigilancia de la correspondiente persona. \\  El Juez ante
quien se presente una solicitud de declaración de quiebra contra persona
sometida al régimen previsto en este artículo, la enviará ante quien deba
tramitar el concordato preventivo. Sí éste no culmina o se incumple, dicho
organismo pasará lo actuado al Juez competente para abrir el proceso de
quiebra.
[45] Sotomonte David, Los presupuestos
del concurso en la legislación colombiana. REVIST@ e – Mercatoria, 4(1),
2005, P 21.  Citado por Garzón Diana, Los procesos de insolvencia en
Colombia: análisis comparado. De los requisitos y condiciones. Consultado
en:
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2645/1/ARTICULO%20REFLEXION%20KARINA%20GARZ%C3%92N.pdf
[46] Entre otros  Rodríguez Juan. Aproximación
al derecho concursal colombiano, REVIST@ e – Mercatoria, 2007; y  Vélez
Luís-Guillermo. Régimen de Insolvencia Empresarial Colombiano. Una
breve historia del derecho concursal moderno en Colombia. Superintendencia
de Sociedades, 2011.
[47] El proceso establecido por la ley 550
de 1999 sigue vigente para las entidades territoriales.
[48]Ley 550 de 1999, Artículo 5. “ACUERDO
DE REESTRUCTURACION. Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que,
en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas
con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de
operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas
puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto
en el mismo.\\ El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito,
tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos
especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del
que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral
previstos en esta ley. \\ Para la solicitud, promoción, negociación y celebración
de un acuerdo de reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar
directamente o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera
la intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo
simultáneamente de varios acreedores.” Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 66: PARAGRAFO 1. “Los procedimientos concursales de las personas
naturales continuarán tramitándose de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Ley 222 de 1995.”
[49] Vélez Luís-Guillermo (2011). Régimen
de Insolvencia Empresarial Colombiano. Una breve historia del derecho concursal
moderno en Colombia. Superintendencia de Sociedades.
[50] Congreso de la República de Colombia, Ley 116 de 2006, Artículo
1.
[51] Congreso de la República de Colombia, Gaceta del Congreso 432 de
2006.
[52] Al respecto, según la
señalada exposición de motivos, se pretendían superar los siguientes problemas:
[53] Senado de la República de Colombia, proyecto de Ley
207/05 Senado, Exposición de Motivos. Disponible en la Gaceta del Congreso 129
de 2006.
[54] Ley 1116 de 2006, Artículo 50, numeral 12. “La remisión
al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose
contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el
objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de
créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los jueces
de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la
actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del
concurso. Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación
judicial, estarán sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del
traslado para objeciones a los créditos. \\ Cuando se remita un proceso de
ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones
de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como
tales.”
[55] Ley 1116 de 2006, Artículo 7°. No prejudicialidad. El
inicio, impulsión y finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos
sometidos a él, no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la
decisión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza.
De la misma manera, la decisión del proceso de insolvencia tampoco constituirá
prejudicialidad.
[56] En la ponencia para segundo debate, consignada en la Gaceta del Congreso 622 del
5 de diciembre de 2016, se resume el trámite surtido de la siguiente forma: “El
Proyecto de ley número 154 de 2006 Cámara, autoría de los Ministerios de
Comercio, Industria y Turismo, Hacienda y Crédito Público y de la Protección
Social, fue radicado bajo el número 207 de 2005 en el Senado de la República el
día 16 de diciembre de 2005 y publicado en la Gaceta del Congreso número 943 de
2005.\\ La ponencia para primer debate en la Comisión Tercera Constitucional
del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso número 129
de 2006. El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en sesión de dicha
Comisión el 7 de junio del presente año.\\ Después de la realización de un foro
en la Comisión Tercera del Senado, con participación de representantes del
sector privado y el Gobierno Nacional, fue radicada y publicada ponencia para
segundo debate, en la Gaceta del Congreso número 432 de 2006. El proyecto se
sometió a consideración de la Plenaria del Senado de la República en sesión del
día 11 de octubre de 2006, fecha en la que fue aprobado por esa Corporación. \\
Después de surtido el término que establece la Constitución Política, y previa
radicación de la respectiva ponencia el 15 de noviembre de 2006, publicada en
la Gaceta del Congreso número 546, la Comisión Tercera de la Cámara de
Representantes inició, el 22 de noviembre de 2006, la discusión del Proyecto de
ley número 207 de 2005 Senado 154 de 2006 Cámara. \\ En su siguiente sesión, el
28 de noviembre de 2006, la Comisión Tercera de la Cámara continuó con el
estudio del proyecto en primer debate, el cuál fue aprobado en esa misma sesión
con algunas modificaciones realizadas durante la discusión, propuestas y
aceptadas por los Representantes. Los artículos modificados fueron los
siguientes: 2°, 3°, 5°, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 31, 34, 38, 49, 50, 55, 56, 66,
67, 81, 100, 101, 109, 117 y 119. De igual manera se introdujo un artículo
nuevo y se escindió el artículo de vigencias y derogatorias con el fin darle
mayor orden al texto del proyecto. \\ Frente el artículo 2° del texto propuesto
para primer debate por los ponentes, se presentaron tres (3) proposiciones: Una
de parte de los ponentes, otra del Representante Simón Gaviria Muñoz y una
tercera del Representante Wilson Borja. Con el fin de conciliar las diferentes
propuestas, la Presidencia de la Comisión nombró una Subcomisión compuesta por
los Representantes Simón Gaviria, Ángel Custodio Cabrera y Fernando Tamayo
quienes, en compañía del Viceministro de Desarrollo Empresarial, Sergio Díaz
Granados, discutieron el ámbito de aplicación de la ley y la conveniencia de
hacerlo extensivo a las personas naturales. La subcomisión concluyó que era
inconveniente imponer un Régimen de Insolvencia empresarial a personas
naturales no comerciantes, y decidió acoger la proposición presentada por el
Gobierno Nacional y los Ponentes, la cual fue votada y aprobada por la Comisión
Tercera. \\ Es importante anotar que a lo largo del trámite de este proyecto
han sido escuchados los Representantes de varias empresas tales como La
Alquería, Multiproyectos S. A., Colchones El Dorado y Colmáquinas y gremios
como la ANDI y Confecámaras. Las empresas y gremios antes mencionados
expusieron ante los miembros de la Comisión Tercera del Senado su experiencia
tras haberse acogido a lo dispuesto por la Ley 550 de 1999 y analizaron algunos
puntos que debían tenerse en cuenta para la reforma al Régimen de Insolvencia
en Colombia. Los gremios por su parte, expresaron su apoyo general al proyecto
y sugirieron algunas modificaciones de cara al segundo debate en Senado y al
primer debate de la iniciativa, en la Cámara de Representantes. \\ También
participaron activamente en el trámite de este Proyecto el Colegio de Abogados
de Medellín, la Asociación Bancaria de Colombia, el Instituto Colombiano de
Ahorro y Vivienda, ICAV, la Asociación de Fiduciarias, la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, Fedeleasing, el Instituto Iberoamericano de Derecho
Concursal, Fedelonjas, el profesional del derecho Dr. Juan Carlos Esguerra y
los abogados Álvaro Londoño y Álvaro Isaza, quienes expresaron su apoyo a la
iniciativa.
[57] Según consta en la gaceta del Congreso
943 del 23 de diciembre de 2005, el Proyecto de Ley 207 de 2005 Senado, contaba
con las siguientes disposiciones: “Artículo 7°. No prejudicialidad. El inicio,
impulsión y finalización del proceso de insolvencia y de los asuntos sometidos
a él no dependerán ni estarán condicionados o supeditados a la decisión que
haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza. De la misma
manera, la decisión del proceso de insolvencia tampoco constituirá
prejudicialidad.” Y “Artículo 53. Efectos de la apertura del proceso de pago y
extinción. La declaración judicial del proceso de pago y extinción produce:
(…)13. La preferencia de las normas del proceso de pago y extinción sobre
cualquier otra que le sea contraria.”.
[58] Sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de
2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) “La Superintendencia de Sociedades,
como órgano vinculado a la Administración Pública se encuentra regulado por la
normatividad que para estos efectos establece la Constitución Nacional y el
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual los
procesos que inicie la Superintendencia en uso de su función jurisdiccional se
encuentran encuadrados dentro de la regulación establecida para los procesos
que excepcionalmente conocerá en ejercicio de estas funciones y de las leyes
que rijan cada institución. Por lo anterior, además de los principios que rigen
los procesos administrativos, la jurisprudencia constitucional ha definido los
principios de universalidad e igualdad como principios imperantes que rigen los
procesos concursales, a los cuales se les denomina par conditio creditorum.”
[59] Argeri Saul, citado por Reyes
Villamizar Francisco, Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos. Temis,
1999  p.42
[60] Se debe señalar, que el fuero de atracción opera frente a
los procesos de cobro coactivo, esto es respecto de créditos ciertos y no
respecto de los procesos adelantados sobre créditos en litigio, frente a los
cuales, el deudor debe realizar una reserva de capital, y el pago queda supeditado
a la decisión judicial o al laudo arbitral. (Artículo 25, Ley 116 de 2006). En
cuanto a los procesos ejecutivos, la regla implica que no es posible adelantar
un proceso ejecutivo de forma paralela al trámite de insolvencia. Así, por
ejemplo, sostuvo la Superintendencia de Sociedades en el Auto Nº.
440-8745.2001/05/29. “Debe dejar sentado el juez del concurso que la regla de
la colectividad o plenitud que se ha expuesto, impide la intervención de la
justicia ordinaria en aquellos que son propios del proceso concursal, como
hacer valer las acreencias (procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva)”.
[61] Ley 1116 de 2006 “ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DE
INSOLVENCIA. El régimen de insolvencia está orientado por los siguientes
principios: 1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus
acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su
iniciación. 2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que
concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las
reglas sobre prelación de créditos y preferencias.”
[62] Ley 1116 de 2006, “ARTICULO 25. CRÉDITOS: (…) Los
créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los
términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma
clase y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al
cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el
entretanto, el deudor constituirá una provisión contable para atender su pago.
““ARTÍCULO 70. CONTINUACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS EN DONDE EXISTEN OTROS
DEMANDADOS. En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y los
garantes o deudores solidarios, o cualquier otra persona que deba cumplir la
obligación, el juez de la ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo de la comunicación que le informe del inicio del proceso de insolvencia,
mediante auto pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin
que en el término de su ejecutoria, manifieste si prescinde de cobrar su
crédito al garante o deudor solidario. Si guarda silencio, continuará la
ejecución contra los garantes o deudores solidarios. \\ Estando decretadas
medidas cautelares sobre bienes de los garantes, deudores solidarios o
cualquier persona que deba cumplir la obligación del deudor, serán liberadas si
el acreedor manifiesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos. \\
Satisfecha la acreencia total o parcialmente, quien efectúe el pago deberá
denunciar dicha circunstancia al promotor o liquidador y al juez del concurso
para que sea tenida en cuenta en la calificación y graduación de créditos y
derechos de voto. \\ De continuar el proceso ejecutivo, no habrá lugar a
practicar medidas cautelares sobre bienes del deudor en reorganización, y las practicadas
respecto de sus bienes quedarán a órdenes del juez del concurso, aplicando las
disposiciones sobre medidas cautelares contenidas en esta ley. \\ PARÁGRAFO. Si
al inicio del proceso de insolvencia un acreedor no hubiere iniciado proceso
ejecutivo en contra del deudor, ello no le impide hacer efectivo su derecho
contra los garantes o codeudores.” “ARTÍCULO 77. PROCESOS EJECUTIVOS
ALIMENTARIOS EN CURSO. En los procesos de insolvencia de las personas naturales
comerciantes o que desarrollen una actividad empresarial, los procesos
ejecutivos alimentarios continuarán su curso y no serán suspendidas ni
levantadas las medidas cautelares decretadas y practicadas en ellos. No
obstante, en caso de llegar a desembargarse bienes o de quedar un remanente del
producto de los embargados o subastados, serán puestos a disposición del Juez
que conoce del proceso de insolvencia. \\ No obstante lo anterior, en la
calificación y graduación de créditos y derechos de voto deben ser relacionados
todos los procesos alimentarios en curso contra el deudor.”
[63] Corte Constitucional, Sentencia C-140
de 2001 (MP Alejandro Martínez Caballero, AV Álvaro Tafur Galvis).
[64] Corte Constitucional, Sentencia C-291
de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[65] Corte Constitucional, Sentencia C-382
de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SPV Alfredo Beltrán Sierra; SV Clara
Inés Vargas Hernández).
[66] La Corte Constitucional recordó, en la Sentencia C-382 de
2005 ( MP Manuel José Cepeda Espinosa) que el derecho al acceso a la
administración de justicia: “se traduce en la posibilidad reconocida a todas
las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad
ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del
orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos
e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en las leyes”. El alcance de este derecho fundamental
fue sintetizado recientemente en las sentencias C-1195 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinoza, MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-426 de 2002 (Rodrigo
Escobar Gil), en las que se resumieron sus principales características, y se
indicó que el acceso a la justicia se manifiesta tanto en la posibilidad que
tiene cualquier persona de solicitar que los jueces competentes protejan sus
derechos -también denominado “derecho de acción”, como en la de acudir a
mecanismos como la conciliación o el arbitraje para resolver sus conflictos;
igualmente se precisó que este derecho faculta a sus titulares para contar con
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos
y las obligaciones, lo cual impone claras obligaciones positivas para el
Estado. Según se precisó en la sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil)
“el derecho que se le reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de
demandar justicia le impone a las autoridades públicas, como titulares del
poder coercitivo del Estado y garante de todos los derechos ciudadanos, la
obligación correlativa de promover e impulsar las condiciones para que el
acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo”. En el
mismo sentido, se dijo en dicha providencia que esta garantía abarca “el
derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una
decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas”.
[67] Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 2005 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa, SPV Alfredo Beltrán Sierra; SV Clara Inés Vargas
Hernández).
[68] Corte Constitucional, Sentencia T-316
de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esa oportunidad, la Corte analizó
un asunto en el que el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, por
intermedio de apoderada, instauró acción de tutela por considerar que al no
vincular el proceso ejecutivo que se llevaba adelantando contra uno de los
bienes de la entidad en proceso de liquidación, se estaban vulnerando sus
derechos. Al respecto la Corte recordó la excepción a la regla del fuero de
atracción, indicando que en caso de existir deudores solidarios, si
expresamente el acreedor no manifiesta su interés de participar en el proceso
liquidatario, el juez de ejecución debe continuar con el proceso ejecutivo en
contra de los deudores solidarios.
[69] Al respecto, de forma más amplia, la Corte Constitucional
sostuvo en la Sentencia T-316 de 2009: “Debe precisar la Sala que la regla
general anterior, relativa al fuero de atracción del proceso liquidatorio sobre
los procesos ejecutivos, encuentra algunas excepciones, pues no se aplica (i) a
otros procesos diferentes a los ejecutivos, (ii) a procesos de ejecución
relativos a obligaciones alimentarias que se adelanten contra personas
naturales que se sometan a procesos de insolvencia, y (iii) a los procesos de
ejecución en que sean demandados los deudores solidarios, procesos que podrán
continuar contra estos si el demandante en el proceso ejecutivo así lo desea y
lo expresa. \\ Así, respecto de la continuación de los procesos ejecutivos
donde existen otros demandados, el artículo 70 de la Ley 1116 de 2006 establece
que en los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y los
garantes o deudores solidarios, o cualquier otra persona que deba cumplir la
obligación, el juez de la ejecución dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo de la comunicación que le informe del inicio del proceso de insolvencia,
mediante auto, pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin
que en el término de su ejecutoria manifieste si prescinde de cobrar su crédito
al garante o deudor solidario. Igualmente dispone esta norma que si el
demandante “… guarda silencio, continuará la ejecución contra los garantes o
deudores solidarios”.\\ Este último tema, relativo a la continuación del
proceso ejecutivo contra los deudores solidarios o garantes, conjuntamente con
el asunto de la oportunidad procesal para hacerse parte dentro del proceso de
liquidación judicial, constituyen problemas jurídicos relevantes para la
resolución del caso bajo estudio. Así las cosas, como ya se anotó, de
conformidad con los artículos 48 y 70 de la Ley 1116 de 2006, una vez
presentada la demanda de liquidación y por el fuero de atracción, el juez de la
misma debe oficiar al juez que conoce del proceso ejecutivo, con el fin de que
este remita al juez del concurso todos los procesos de ejecución que estén
siguiéndose contra el deudor. Lo anterior, con el objeto que sean tenidos en
cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto, de
manera que la continuación de los mismos por fuera del proceso de liquidación
será nula y corresponde ser declarada por el juez del concurso. A su vez, el
juez que conoce del proceso ejecutivo, debe poner en conocimiento del acreedor
demandante, mediante auto, la apertura del proceso de liquidación judicial. Por
su parte, el actor demandante en el proceso ejecutivo, debe manifestar al juez
del ejecutivo dentro del término de ejecutoria del auto en mención, si
prescinde de cobrar su crédito al garante o deudor solidario, en caso que los
hubiere, o si desea continuar con dicho proceso persiguiendo a los codeudores o
avalistas del deudor principal. En caso que el acreedor guarde silencio sobre
la persecución a los codeudores o avalistas, el mismo artículo 70 de la Ley
1116 de 2006 dispone que continuará la ejecución contra los garantes o deudores
solidarios, esto es, que se seguirá adelante con el proceso ejecutivo en contra
de los garantes o deudores solidarios. \\ Del análisis sistemático de estas
disposiciones colige la Sala, que en caso de existir dentro del proceso
ejecutivo garantes o deudores solidarios del deudor principal, el acreedor
demandante debe pronunciarse expresamente sobre si prescinde o no de la
persecución ejecutiva contra estos, o en otras palabras, si continúa con el
proceso ejecutivo persiguiendo a los deudores solidarios o garantes o se hace
parte dentro del proceso de liquidación judicial. De no manifestarse
expresamente sobre esta elección, se entenderá entonces que el acreedor demandante
dentro del proceso ejecutivo continúa con ese proceso en contra de los
avalistas del deudor principal.”
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-079
de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esa oportunidad la Corte consideró
improcedente la acción de tutela, dado que no existía un perjuicio grave e
irremediable y se había dejado transcurrir un tiempo considerable entre la
decisión impugnada y la interposición de la acción. Entre los considerandos de
dicho fallo, resulta muy relevante la conclusión sobre la procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones del proceso concursal, que resulta de
analizar el recuento jurisprudencial: “Es posible, entonces, encontrar una
estructura decisional armónica en los fallos de la Corte, así: cuando solo se
discuta la protección al derecho a la propiedad, esta deberá adelantarse por
las vías legales, ante el juez de conocimiento del caso, que es precisamente la
Superintendencia de Sociedades; de igual forma, la tutela no procede, en
general, para discutir la interpretación de las normas que rigen el concurso, o
cuando se pretende hacer valer extemporáneamente un crédito en el trámite
concursal, aún tratándose de créditos originados en relaciones laborales, pues
la ley prevé el momento en el que deben presentarse derechos sujetos al
resultado de un litigio, así que si el peticionario no se presenta en tiempo,
los principios de subsidiariedad en la acción de tutela, y la prohibición de
beneficiarse de la propia negligencia truncan la prosperidad de la tutela.”
[71] Ley 1116 de 2006, “ARTÍCULO 74. ACCIÓN REVOCATORIA Y DE
SIMULACIÓN. Durante el trámite del proceso de insolvencia podrá demandarse ante
el Juez del concurso, la revocación o simulación de los siguientes actos o
negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a
cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación de los pagos y
cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para
cubrir el total de los créditos reconocidos: \\ 1. La extinción de las obligaciones,
las daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia,
disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o
desmembración del dominio de bienes del deudor, realizados en detrimento de su
patrimonio, o contratos de arrendamiento o comodato que impidan el objeto del
proceso, durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de
reorganización, o del proceso de liquidación judicial, cuando no aparezca que
el adquirente, arrendatario o comodatario, obró de buena fe.”
[72] Corte Constitucional, Sentencia C-527
de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) Sostuto la Corte: “Finalmente, esta es
una herramienta idónea para hacer efectivos los principios de universalidad e
igualdad tanto en el proceso de reorganización como en el de liquidación
judicial, porque por esta vía sea asegura que todo el patrimonio del deudor
haga parte del proceso concursal (universalidad objetiva), procurándose la
satisfacción de los derechos de los acreedores en condiciones de equidad.”
[73] Corte Constitucional, Sentencia C-527
de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-734
de 2014 (MP María Victoria Sáchica Méndez).
[75] Al respecto la Corte Constitucional, Sentencia C-250 de
2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), señala: “Por el ejemplo el artículo 42
el cual señala que las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco de sus integrantes,
el artículo 53 que consagra entre los principios mínimos del estatuto del
trabajo la igualdad de oportunidades de los trabajadores, el artículo 70 que
impone al Estado colombiano e deber de asegurar la igualdad de oportunidades en
el acceso a la cultura y reconoce la igualdad de las culturas que conviven en
el país, el artículo 75 dispone la igualdad de oportunidades en el acceso al
espectro electromagnético y  el artículo 209 consagra la igualdad como uno de
los principios que orienta la función administrativa.”
[76] Corte Constitucional, Sentencias T-406 de 1992 (MP Ciro
Angarita Barón), T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), C-818 de 2010
(MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV Nilson Pinilla Pinilla, Luis Ernesto
Vargas Silva), C-250 de 2012 (MP Humberto Sierra Porto); y C-104 de 2016 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto
Vargas Silva). El criterio de estas sentencias radica en el valor del derecho a
la igualdad, el cual a juicio de la Corte, carece de un contenido material
específico, es decir, “a diferencia de otros principios constitucionales o
derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la
actividad humana, sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado
injustificado”.
[77] Corte Constitucional, Sentencias C-862 de 2008 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), C-818 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; AV
Nilson Pinilla Pinilla, Luis Ernesto Vargas Silva), C-250 de 2012 2012 (MP
Humberto Sierra porto), C-015 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), C-239 de
2014 (MP Mauricio González Cuervo; AV Luis Ernesto Vargas Silva, Jorge Iván
Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla), C-240 de 2014 (MP Mauricio González
Cuervo; APV Luis Ernesto Vargas Silva), C-811 de 2014 (MP Mauricio González
Cuervo) y C-329 de 2015 (Mauricio González Cuervo; AV Gloria Stella Ortiz
Delgado). Reiterada en la C-104 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva). En estos casos, la
Corte reiteró el carácter relacional, en el contexto de la acción pública de inconstitucionalidad
pues la igualdad requiere de una comparación entre dos regímenes jurídicos. Al
respecto, esta comparación no se extiende a todo el contenido del régimen, sino
que se centra en los aspectos que son relevantes para analizar el trato diferente
y su finalidad. El análisis de la igualdad da lugar a un juicio tripartito,
pues involucra el examen del precepto demandado, la revisión del precepto
respecto del cual se alega el trato diferenciado injustificado y la
consideración del propio principio de igualdad.
[78] Corte Constitucional, ver sentencia C-093 de 2001 (MP
Alejandro Martínez Caballero) En este caso, la Corte utiliza el test de
igualdad para resolver el asunto en cuestión y prioriza el principio
democrático del cual se desprende el mismo. Por ende, consideró que “esa
metodología simplemente pretende racionalizar el examen constitucional a fin de
respetar la libertad de configuración de los órganos políticos, que es un
principio de raigambre constitucional. Y esas consideraciones son particularmente
importantes cuando se trata de examinar si una disposición  vulnera o no
el principio de igualdad”. Reiterada en sentencia C-818 de 2010 MP Humberto
Antonio Sierra Porto; AV Nilson Pinilla Pinilla, Luis Ernesto Vargas Silva).
[79] Corte Constitucional, Sentencia C 221 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero). En este caso, la Corte analizó la
constitucionalidad del artículo 6º del Decreto 119 de 1991, "por el cual
se fijan las escalas de remuneración de los empleados del Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA-, y se dictan otras disposiciones en materia salarial",
en el aparte que dice: "la naturaleza de los asuntos que le sean
confiados." Lo anterior, teniendo en cuenta que el SENA debe aplicar el
principio de igualdad material en forma racional, a fin de evitar la
arbitrariedad que se pudiere generar del mal uso de discrecionalidad de sus
funcionarios.
[80] Corte Constitucional, sentencia C-221 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[81] Corte Constitucional, Sentencias C-221 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero), reiterada entre otras en las siguientes
sentencias: T-430 de 1993 (MP Hernando Herrera Vergara); T-230 de 1994 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); C-445 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero);
C-022 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz); T-352 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz); C-563 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); C-112 de 2000 (MP Alejandro
Martínez Caballero; AV Alfredo Beltrán Sierra, José Gregorio Hernández
Galindo); y T-301 de 2004 (Eduardo Montealegre Lynett). En estas sentencias, la
Corte Constitucional reitera que el juicio de igualdad debe ser más estricto,
por lo cual, en principio sólo son admisibles aquellas regulaciones que
sean  necesarias para alcanzar objetivos imperiosos para la sociedad y
para el Estado. En cambio, frente a categorías neutrales, el escrutinio
judicial de la igualdad debe ser menos riguroso, por lo cual, en principio son
legítimas todas aquellas clasificaciones que puedan ser simplemente adecuadas
para alcanzar una finalidad permitida, esto es, no prohibida por el
ordenamiento constitucional. En ese sentido, debe procurarse que las normas que
rigen el ordenamiento jurídico interno, no impliquen cargas o permitan tratos
discriminatorios a los miembros de la sociedad.
[82] Sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En
este caso, la Corte tutela los derechos a la vida, al trabajo, a la familia y a
la seguridad social, los cuales a juicio de la peticionaria fueron vulnerados
por la Caja de Seguridad Social de Risaralda –Caseris-, al no permitirle afiliar
a su esposo en calidad de beneficiario a los servicios médicos asistenciales.
Al respecto, la Corte realiza su análisis en el derecho a la igualdad y la
prohibición de actos discriminatorios por parte de personas que se encuentran
en evidente estado de indefensión en razón a su sexo.
[83] Corte Constitucional, Sentencia T-098 de 1994 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[84] Corte Constitucional, Sentencia T-301 de 2004 (MP
Eduardo Montealegre Lynett). En este caso, la Corte tutelo los derechos a la
igualdad, a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra,
al buen nombre y a la libre circulación del peticionario. Lo anterior, por
considerar que la Policía Nacional de Santa Marta los vulneró al ejercer
acciones discriminatorias en contra del peticionario por su condición sexual al
prohibirle transitar libremente por la Bahía de Santa Marta.
[85] Corte Constitucional, Sentencia T-1326 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto). En este caso, la Corte tutelo los derechos a la
igualdad y al trabajo del peticionario, vulnerados por el Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, toda vez que se le negó el
pago de sus honorarios al laborar como auxiliar de la cafetería mientras dio
cumplimiento a una parte de su pena privativa de la libertad.
[86] Corte Constitucional, Sentencia T-577 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto). En este caso, la Corte tuteló los derechos del
peticionario a la igualdad y dignidad humana, y ordenó a la Cárcel del Distrito
Judicial la Modelo de Bogotá, permitir que el peticionario pueda acceder a las
capacitaciones y talleres para su redención de pena, a los cuales no lo dejaban
acceder por tratarse de una persona privada de la libertad con VIH.
[87] Corte Constitucional,  Sentencias T- 098 de 1994 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz); y T-301 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En
estas sentencias, la Corte tuteló los derechos de los peticionarios, entre
ellos el derecho a la igualdad y recalcó la importancia de la prohibición de
actos discriminatorios a las personas que se encuentran en situación de
indefensión.
[88] En el Tribunal Europeo de DDHH, el juez estudia, en un
primer momento, “la idoneidad de la medida; posteriormente analiza si el trato
diferenciado es necesario, es decir, si existe una medida menos lesiva que
logre alcanzar el fin propuesto; y, finalmente, el juez realiza un análisis de
proporcionalidad en estricto sentido con el fin de determinar si la medida
adoptada sacrifica valores y principios constitucionales de mayor envergadura
que los protegidos con el fin propuesto”. En la Corte Suprema de los Estados
Unidos, el control se realiza a través de distintos niveles de intensidad:
débil, intermedio y estricto. Dicha diferencia es importante, toda vez que
brinda al juez el espectro para el análisis de constitucionalidad. Así, “en
aquellos casos en que el test es estricto, el trato diferente debe ser
necesario para alcanzar un objetivo constitucionalmente aceptable. Por otro
lado, en los casos de test flexibles, la medida sólo debe ser potencialmente
adecuada para alcanzar un propósito que no riña con la Carta Política”.
Señalado en las Sentencias C-035 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; SVP
María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto
Rojas Ríos) y C-104 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV María
Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa,
Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, APV Gloria Stella Ortiz Delgado,
Luis Ernesto Vargas Silva).
[89] Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2004 (Manuel
José Cepeda Espinosa; AV Rodrigo Escobar Gil), criterio reiterado en la sentencia
C-793de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-335 de 2016 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[90] Corte Constitucional, Sentencias C-093 de 2001 (MP
Alejandro Martínez Caballero), C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa;
AV Jaime Araújo Rentería); C-862 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y
reiterada entre otras en la sentencia Corte Constitucional C-015 de 2014 (MP
Mauricio González Cuervo). En estos casos, la Corte estudio la
constitucionalidad de los preceptos demandados y revisó el test de igualdad
aplicado en cada caso, al respecto la Corte determinó que a juicio del test de
igualdad y en muchos casos, el trato discriminatorio se encuentra justificado y
no vulnera el derecho a la igualdad siempre y cuando sea realizado conforme a
las disposiciones dispuestas en la jurisprudencia constitucional y la
constitución.
[91] Corte Constitucional, Sentencia C-659 de 2016 (MP Aquiles
Arrieta Gómez (e); AV Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En este caso, la Corte analizó la
constitucionalidad del parágrafo 10 de la Ley 48 de 1993 basándose en la
aplicación del juicio integrado de igualdad, por consiguiente reiteró que el
mismo, “está constituido por tres elementos, que consisten en: (i)
determinar cuál es el criterio de comparación o tertium comparationis;
(ii) definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento
desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) establecer si el
tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, es decir, si las
situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato
diferente o deben ser tratadas de un modo similar”.
[92] Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2004 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa; SV Rodrigo Escobar Gil). En este caso, la Corte determinó
la importancia del juicio de igualdad conforme a su intensidad, siendo él mismo
leve, intermedio o estricto. A su vez, declaró la exequibilidad del inciso II
del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, contrario sensu, declaró
la inexequibilidad de la expresión “menor de 18 años”, contenida en el mismo
parágrafo.
[93] Corte Constitucional, Sentencia C-355 de 2006 (MP Jaime
Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis; AV Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Araújo Rentería). En este caso, la Corte declaró la constitucionalidad de
las tres causales válidas para permitir el aborto al interior del ordenamiento
jurídico. Respecto al tema de igualdad, hizo especial énfasis en el test que
realizó pata determinar la constitucionalidad de la normas y adicional a ello
en uno de los salvamentos de voto, se hizo alusión a la igualdad de las mujeres
para acceder al mismo.
[94] Organización de Estados Americanos
–OEA, Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa
Rica, el 22 de noviembre de 1969. Ratificada por Colombia el 31 de julio de
1973.  El 21 de julio de 1985 la República de Colombia deposito un instrumento
por el cual reconoce competencia a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido
bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta
aceptación, sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la
Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento
que lo considere oportuno.
[95] CADH, Artículo 1.1.: “Los Estados Partes en esta
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
[96] CADH, Artículo 24 “Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección
de la ley.”
[97] Pérez, E. La igualdad y no discriminación en el derecho
interamericano de los derechos humanos. 2016. Disponible en: http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/fas-CSIDH-Igualdad-No-Discriminacion.pdf
[98] Organización de los Estados Americanos
–OEA. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada en San Salvador
el 17 de noviembre de 1988. Ratificada por Colombia el 23 de diciembre de 1997.
[99]OEA, Protocolo de “San Salvador”,
Artículo 7. “Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo\\
Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al
que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: \\ a. una
remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de
subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo
e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción; (…)
[100] Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución
Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva
OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A Núm. 4.
[101] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia
reiterada, entre otras, en la Sentencia del 6 de agosto de 2008 en el Caso
Castañeda Gutman v. Estados Unidos Mexicanos, párrafo 211, y en la Sentencia
del 28 de noviembre de 2012 en el Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización
in vitro) v. Costa Rica, párrafos 285, 438, 439, 440 y 441.
[102] López Hernán. Código General del
Proceso, Parte General. Dupre, 2017. P 989
[103] Corte Constitucional, Sentencia C-659 de 2016 (MP Aquiles
Arrieta Gómez (e); AV Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En este caso, la Corte analizó la
constitucionalidad del parágrafo 10 de la Ley 48 de 1993 basándose en la
aplicación del juicio integrado de igualdad, por consiguiente reiteró que el
mismo, “está constituido por tres elementos, que consisten en: (i)
determinar cuál es el criterio de comparación o tertium comparationis; (ii)
definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual
entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) establecer si el tratamiento
distinto está constitucionalmente justificado, es decir, si las situaciones
objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o
deben ser tratadas de un modo similar”.
[104] Ley 116 de 2006,
“ARTÍCULO 5°. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL JUEZ DEL CONCURSO. Para los efectos
de la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo
siguiente de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin
perjuicio de lo establecido en otras disposiciones: (…) 7. Con base en la
información presentada por el deudor en la solicitud, reconocer y graduar las
acreencias objeto del proceso de insolvencia, de conformidad con lo establecido
sobre prelación de créditos en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y
demás normas legales que lo modifiquen o adicionen, y resolver las objeciones
presentadas, cuando haya lugar a ello.”
[105] Corte Constitucional, Sentencia T-065 de 2000 (MP Alfredo
Beltrán Sierra). En esta ocasión se negó la tutela al peticionario por
considerar que no estaba probado el perjuicio de derecho fundamental alguno que
ameritara que frente a él se hiciera la excepción de la prohibición de
compensación de obligaciones por parte de la empresa en liquidación,
debiéndose respetar por tanto el principio de la igualdad entre acreedores.
[106] Ley 1116 de 2006, “ARTÍCULO 49. APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL INMEDIATA. Procederá de manera inmediata en los siguientes
casos: 1. Cuando el deudor lo solicite directamente, o cuando incumpla su
obligación de entregar oportunamente la documentación requerida, como
consecuencia de la solicitud a un proceso de insolvencia por parte de un
acreedor. 2. Cuando el deudor abandone sus negocios. 3. Por solicitud de la
autoridad que vigile o controle a la respectiva empresa. 4. Por decisión
motivada de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio o como consecuencia
de la solicitud de apertura de un proceso de reorganización, o cuando el deudor
no actualice el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos
de voto requerida en la providencia de inicio del proceso de reorganización. 5.
A petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores titular de
no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo externo. 6. Solicitud
expresa de inicio del trámite del proceso de liquidación judicial por parte de
una autoridad o representante extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la
presente ley. 7. Tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas
pensionales, retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades
fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del
término indicado por el Juez del concurso, que en ningún caso será superior a
tres (3) meses.”
[107] Corte Constitucional, Sentencia C-382
de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinoza).