T-590-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-590/09
ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADO DE DESCONGESTION Y
SALA PENAL DE DESCONGESTION DE EXTINCION DE DOMINIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR-Procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DEFECTO FACTICO-Inadecuada valoración
de los medios de prueba
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Por valoración
de prueba ilícita
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DEFECTO “ERROR INDUCIDO” O “VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA”
ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO EN EL ORDENAMIENTO
COLOMBIANO
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE LA ACCION DE EXTINCION DE
DOMINIO CON RESPECTO A LA ACCION PENAL
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS EN PROCESO DE
EXTINCION DE DOMINIO-Caso en que se
presenta duda sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales, que el
debido proceso, y el fundamento probatorio, mínimo y necesario de la acción de
extinción de dominio, imponen al funcionario judicial/PROCESO DE EXTINCION
DE DOMINIO-Incidencia del dictamen pericial en los fallos judiciales
controvertidos
La
Corte Constitucional ha considerado que, en materia de extinción de dominio, el
Estado debe llegar a una inferencia razonable sobre el origen ilegal de los
bienes y que el eventual afectado debe proceder a ejercer su derecho de defensa
mediante la oposición acompañada de los documentos que desee hacer valer para
demostrar el origen lícito de sus bienes. La Corporación ha expresado, además,
que las garantías del proceso penal no son extensivas al trámite de extinción
de dominio, por lo que resulta aplicable el principio de carga dinámica de la
prueba, según el cual corresponde probar un hecho determinado, a quien se
encuentra en mejores condiciones para hacerlo. Pero este Tribunal también ha
establecido, sin ambigüedad alguna, que no puede declararse la extinción de
dominio en ausencia de prueba, y que la no aplicación de la presunción de
inocencia no implica la existencia de una presunción de origen ilícito de los
bienes ni una justificación a la inactividad estatal, o la derogación o
anulación de los principios de la sana crítica. Esta Sala no considera que esas
insuficiencias deban ser resueltas en favor del peticionario, precisamente
porque en el trámite de extinción de dominio no se aplica la presunción de
inocencia. Lo que sí resulta evidente es que el dictamen, por sí solo, no es
prueba suficiente para sostener, en todo su alcance, los fallos adoptados por
el Juzgado Primero (1º) Penal del
Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Bogotá. Lo que se echa de menos, en síntesis, es el
análisis y la motivación judicial en la valoración de la prueba. El dictamen
pericial es insuficiente para sostener la declaratoria de extinción de dominio
en su integridad.
PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Y PRINCIPIO DE LA
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA
PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-No puede declararse extinción de dominio en ausencia
de prueba
PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Caso en que se presentó un defecto fáctico que llevó
a los jueces a conclusiones que carecen de un sustento probatorio suficiente
De
las consideraciones precedentes se desprenden dos conclusiones: de un lado, los
testimonios recaudados en el proceso de extinción de dominio que afectó a
Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano de Arrieta tuvieron
origen en investigaciones desarrolladas por el DAS en las cuales el señor
Nelson Elías Celis Giraldo (en un primer momento funcionario de la Institución,
y en un segundo momento, particular que colaboraba con las investigaciones)
instruyó a los testigos para emitir declaraciones falsas. En segundo lugar, esa
falla es atribuible al DAS pues, bien sea por fallas internas o actuaciones de
algunos funcionarios, o por falta de cuidado en el ejercicio de sus funciones,
permitió que el señor Nelson Elías Celis Giraldo actuara aparentemente a nombre
de la institución; en ese sentido, se indujo a error a los jueces de instancia
que consideraron confiables los testimonios originados en investigaciones del
DAS pero que, en realidad, parecen haber sido predeterminados por el señor
Nelson Elías Celis Giraldo. Ese error afecta directamente la suficiencia de la
prueba y, en virtud de los lineamientos de la acción de extinción de dominio
esbozados por esta Corporación, un error como este puede dar origen a la
violación del derecho constitucional a la propiedad del peticionario en
conexidad con el debido proceso. Las sentencias mencionadas, entonces,
presentan insuficiencias en la subsunción de los hechos en el supuesto de hecho
que tiene por consecuencia jurídica, la extinción de dominio. Dicho de forma
más sencilla, se estructura de esta manera un defecto fáctico. Los fallos atacados por vía de tutela siempre
adolecieron de un defecto fáctico pues dieron credibilidad a declaraciones de
testigos que –como posteriormente ellos mismos confesaron-, mintieron en el
trámite de extinción de dominio adelantado contra Alejandro Manuel Arrieta
Barrera motivados por la promesa de remuneración y las presiones del señor
Nelson Elías Celis Giraldo. Sin embargo, en esa oportunidad ese defecto no era
de una entidad tal que pudiera desvirtuar la razonabilidad del examen
probatorio mencionado, por lo que el juez de tutela no podía pronunciarse sobre
el caso en ese momento. Actualmente, la situación es diferente pues los pronunciamientos
penales referidos afectan seriamente el conjunto de los testimonios recaudados
en el proceso (en efecto cabría preguntarse si la coincidencia entre los
testimonios, antes contundente, no es, con la información existe hoy en día,
una consecuencia de la preparación previa de los testigos), de manera que el
sustento probatorio se hace insuficiente para adoptar la decisión de extinción
de dominio, con respeto por los estándares fijados por esta Corporación en el
fallo de constitucionalidad C-740 de 2003.
PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO-Caso en que se condenó a testigo por falso testimonio
y soborno, por lo que podrían afectarse seriamente los derechos
constitucionales al debido proceso y la propiedad privada del peticionario
No
corresponde a la Sala evaluar los testimonios que permanecen en el proceso, ni
establecer cuáles pruebas deberían practicarse para resolver definitivamente el
litigio, aspectos que se ubican en el ámbito de competencia del juez penal. Lo
que se impone es permitir que se reabra el debate probatorio en su integridad,
pues tanto el juez penal como el peticionario deben efectuar un nuevo análisis
de conveniencia, pertinencia, conducencia y necesidad de la prueba, tomando en
consideración los nuevos hechos procesales aquí mencionados.
Referencia: expediente T-2.266.891
Acción de tutela de Alejandro Manuel Arrieta Barrera y
Magola Isabel Lozano Polo contra el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito
Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala Penal de Descongestión de
Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., el veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Mauricio González Cuervo y Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión del fallo dictado en el asunto de la referencia por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Primera y Única
Instancia el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009).
I.
ANTECEDENTES
De
los hechos y la demanda.
1.
Los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano de Arrieta[1],
actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela  contra
el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de
Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Descongestión de Extinción de Dominio, por considerar que las autoridades
judiciales mencionadas vulneraron sus derechos constitucionales al debido
proceso, la propiedad privada, la honra, el buen nombre, el mínimo vital y el
trabajo en el trámite de extinción de dominio adelantado en su contra. A
continuación se exponen los fundamentos fácticos de la demanda:[2]
1.1.
El dieciséis (16) de octubre de dos mil uno (2001), la Fiscalía 17 de la Unidad
Nacional de Extinción de Dominio de Bogotá decidió iniciar, de oficio, trámite
de extinción de dominio “contra los bienes que aparecen formalmente a nombre
de ALEJANDRO MANUEL ARRIETA BARRERA  y MAGOLA ISABEL LOZANO POLO”, con
fundamento en informes de la Unidad Especial de Investigación Financiera,
Coordinación Finanzas del DAS, Seccional Bogotá.
1.2.
Los informes mencionados, a su vez, tuvieron origen en las investigaciones 429
de 21 de julio de 1997 y 429A de 23 de
diciembre de 1997 adelantadas por la Unidad de Investigaciones Financieras del
DAS[3].
1.3.
Tales informes (i) presentan una relación de los bienes de los señores
Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Luis Felipe Simanca; (ii) se refieren a los
testimonios de los señores Nelson Elías Celis Giraldo, Domingo Ramón Bedoya
Córdoba y Edison Manuel González Soto, quienes implicaron a las personas
mencionadas con grupos guerrilleros; (iii) contienen un listado de bienes
inmuebles y establecimientos de comercio ubicados en Montería que,
presuntamente, tuvieron origen en actividades de la subversión, de forma
directa o indirecta.
1.4.
La Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá, mediante
resolución de veinticuatro (24) de julio de dos mil tres (2003),  decidió
declarar procedente la extinción del domino sobre los bienes cuya propiedad
ostentaban los peticionarios. La decisión del ente investigador se basó en los
informes de inteligencia mencionados y en las declaraciones rendidas ante la
Fiscalía 17, referida, por los señores Nelson Elías Celis Giraldo, Rigoberto
Miguel Martínez Peralta, Guillermo Alonso Martínez Peralta, Edison Manuel
González Soto, Domingo Ramón Bedoya Córdoba, entre otros.
1.5.
El Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de
Bogotá[4] declaró la extinción de
dominio sobre los bienes de los señores Alejandro Manuel  Arrieta Barrera  y
Magola Isabel  Lozano de Arrieta, mediante providencia de primero (1º) de junio
de 2004. El fallo contó con el mismo sustento probatorio que la decisión de la
Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá.
1.6.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal de
Descongestión, confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia, en
fallo de veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005).
1.7.
El treinta y uno (31) de mayo de dos mil cuatro (2004), el señor Alejandro
Manuel Arrieta Barrera denunció penalmente a los señores Domingo Ramón Bedoya
Córdoba, Rigoberto Martínez Peralta y Guillermo Martínez Peralta -testigos
dentro del proceso de extinción de dominio adelantado en su contra- por el
delito de falso testimonio.
1.8.
La Fiscalía 28 Seccional de Montería[5] decidió iniciar
investigación formal contra los señores Domingo Ramón Bedoya Córdoba, Rigoberto
Martínez Peralta y Guillermo Martínez Peralta por falso testimonio. En ese
proceso, las personas indicadas aceptaron haber mentido y emitido falsas
declaraciones en los trámites de extinción de dominio adelantados contra Luis
Felipe Simanca y Alejandro Manuel Arrieta Barrera, entre otros, debido a la
presión y/o a los ofrecimientos efectuados por el señor Nelson Elías Celis
Giraldo[6].
1.9.
Al resolver sobre la situación jurídica de los citados señores Martínez
Guerrero y Bedoya Córdoba, la Fiscalía 28 Seccional de Córdoba decidió precluir
la investigación en su contra. A juicio del Fiscal, si bien se comprobó que
los investigados mintieron en el proceso adelantado contra Alejandro Manuel
Arrieta Barrera, la conducta resultaba atípica pues no se dio el elemento
intencional exigido por el tipo, debido a que los testigos fueron presionados o
utilizados por el señor Nelson Elías Celis Giraldo:
“……..Si se
analiza la clase de personas que declararon se prueba con total claridad que
eran unos campesinos, analfabetas que por esa condición fueron manejados por el
tantas veces nombrado funcionario del D.A.S, quien en lugar de permitir una
buena labor investigativa lo que hizo fue desviar la investigación,
comportamiento altamente reprochable y que por haber ofrecido dinero a los aquí
implicados cometió el delito de SOBORNO, ante lo cual se expedirán las copias
con destino a la Fiscalía para que se investigue ese reprochable actuar”.
1.10
De otra parte, la Fiscalía Séptima (7ª)
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, Unidad de Delitos Contra la
Administración Pública y la Recta Impartición de Justicia de Montería, decidió abrir investigación contra Nelson Elías Celis
Giraldo y Clodomiro Guerrero Acosta por los delitos de falso testimonio y
soborno. En ese proceso, el primero relató la forma en que se planearon los
procesos contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera, Luis Felipe Simanca y otros;
señaló que estos trámites se “montaban” desde la Fiscalía 17 de la Unidad de
Extinción de Dominio de Bogotá, e involucró a otros funcionarios del DAS y la
Fuerza Pública. De acuerdo con su testimonio, él era el encargado de ubicar y
preparar testigos, gestión por la que le ofrecían dinero.
El
señor Clodomiro Guerrero Acosta no aceptó los cargos y expresó que sólo conoce
a Alejandro Manuel Arrieta Barrera como ganadero.
1.11
El veintiuno (21) de enero de dos mil nueve (2009), el Juzgado Primero (1º)
Penal del Circuito de Montería profirió sentencia anticipada contra Nelson
Elías Celis Giraldo  “como autor del delito de Falso Testimonio en
concurso Homogéneo y Sucesivo con el de Soborno” (se conservan las
negritas de la demanda). El señor Clodomiro Guerrero Acosta fue acusado por la
Fiscalía por los mismos delitos; su responsabilidad penal no ha sido definida
aún por el juez competente.
1.12.
La medida de extinción de dominio que afectó a los peticionarios se extendió a
todos sus bienes; in extenso, cobijó 21 bienes inmuebles, 2 vehículos
automotores, 343 semovientes; 2 cuentas bancarias, y dinero en efectivo. Esos
bienes, insiste el apoderado de los peticionarios, tuvieron origen en 30 años
de trabajo digno.
2.
La solicitud de amparo se basa en los siguientes argumentos jurídicos.
2.1.
El análisis probatorio fue inadecuado pues no se tuvo en cuenta que los
testigos eran sospechosos por ser desmovilizados y actuar motivados por una
recompensa económica.
2.2. En un trámite de
extinción de dominio iniciado contra el señor Luis Felipe Simanca, con base en
pruebas idénticas, las autoridades judiciales decidieron no declarar la
extinción del derecho de dominio. En ese proceso, los testigos que acusaron a
Alejandro Manuel Arrieta Barrera incurrieron en contradicciones y aceptaron que
las declaraciones habían sido preparadas.[7] En el proceso adelantado
contra el señor Arrieta Barrera, “el Juez 1º Especializado E.D. de Bogotá
obrando de buena fe,  se confió o  creyó demasiado en los informes  del DAS y
en el Fiscal 17 E.D. de Bogotá” y decidió declarar la extinción del derecho
de dominio sobre sus bienes, situación que se traduce en una violación del
derecho a la igualdad.
2.3
Los funcionarios del DAS Nelson Elías Celis Giraldo y Clodomiro Guerrero
Acosta, en connivencia con otros empleados del DAS y el Fiscal 17 Especializado
de la Unidad de Extinción de Dominio de Bogotá planearon un montaje para
inducir a error al Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de
Descongestión de Bogotá y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala de Descongestión Penal, al momento de decidir sobre la declaratoria de
extinción de dominio de los bienes adquiridos por los peticionarios.
2.4. Los peticionarios,
mediante apoderado, argumentaron que se violaron los derechos constitucionales
al trabajo, en conexidad con la propiedad privada, pues sus bienes tienen
origen en treinta años de labores dignas; a la honra, dado que se derrumbó el prestigio social del que gozaban en
Planeta Rica; al buen nombre, debido a
que los hechos narrados tuvieron amplia difusión en los medios; al debido
proceso, porque el juez valoró pruebas ilícitas; a la vida, dado que el señor
Alejandro Manuel Arrieta Barrera ha recibido amenazas de grupos armados que lo
consideran amigo o cómplice de la guerrilla; y el mínimo vital, ya que las
decisiones judiciales dejaron a su grupo familiar “en la ruina”.
2.5. Con base en los antecedentes expuestos, los
peticionarios solicitan al juez constitucional revocar la sentencia proferida
por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión
de Bogotá Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de
Descongestión de Bogotá y la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior
de Distrito Judicial en el proceso de extinción de dominio al que se ha hecho
referencia[8], y ordenar la devolución
de los bienes cuyo dominio les fue extinguido.
2.6.
Sobre la viabilidad de la tutela, el peticionario señaló que la acción reúne
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, así: (i) el asunto posee relevancia constitucional pues se plantea
la violación de derechos fundamentales a partir de conductas delictivas de
funcionarios públicos; (ii) se han agotado todos los medios de defensa
judicial, tales como el recurso de apelación, la acción de revisión contra los
fallos controvertidos, e incluso, se interpuso denuncia penal contra los
testigos “falsarios”; (iii) se cumplió el requisito de inmediatez pues
existe un motivo válido para justificar el tiempo transcurrido entre la alegada
vulneración de los derechos de los peticionarios y la interposición de la
tutela: primero, los peticionarios debían agotar los recursos judiciales y,
segundo, los funcionarios del DAS crearon un montaje en 1997 que vino a
develarse solo hasta la sentencia proferida contra el señor Nelson Elías Celis
Giraldo  el 21 de enero de 2009[9];
(iv) se discute una irregularidad procesal que tuvo incidencia en el sentido
del fallo pues “el fundamento probatorio de mayor importancia para
extinguirle los bienes a mis prohijados, fueron … las pruebas obtenidas
ILÍCITAMENTE por parte de los funcionarios del DAS y el Juez 17 E.D. de Bogotá
en complicidad con otras fuerzas del orden”; (v) la tutela no ha sido
interpuesta contra un fallo de tutela; y (vi), los hechos fueron identificados
correctamente y discutidos por el apoderado judicial de los peticionarios en el
trámite de extinción de dominio.
Por lo expuesto, las
decisiones judiciales controvertidas adolecen de defecto fáctico por inadecuada
valoración de la prueba; error inducido, puesto que los fallos
proferidos por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de
Descongestión de Bogotá y de la Sala de Descongestión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial  de Bogotá, se vieron influidos o determinados
por el montaje elaborado por funcionarios del DAS, la Fiscalía y algunos
testigos;[10] y se configura un
defecto procedimental porque los jueces valoraron “prueba ilícita”.
3.
Intervenciones.
3.1.
De la Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio.
El
señor William Castro Galeano, quien reemplazo a Luis Fernando Castellanos como
Fiscal 17 de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la
Nación, intervino en el trámite de instancia señalando que carece de elementos
de juicio para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional. A
pesar de ello, señaló que en ninguna investigación adelantada por la Fiscalía
General de la Nación se ofrecen recompensas o dinero a personas para que
declaren y que se resiste a creer que el señor Castellanos, quien antes ocupaba
el despacho, tomara decisiones contrarias
a la ley y la Constitución Nacional.
3.2.
Del Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de
Bogotá.
La
autoridad judicial intervino en el trámite de instancia solicitando denegar el
amparo con base en los siguientes argumentos: (i) la acción de tutela es temeraria pues los peticionarios
interpusieron una tutela por los mismos hechos en 2005; (ii) las decisiones
judiciales controvertidas se adoptaron ciñéndose a los parámetros fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 2003, de acuerdo con la cual
basta que se compruebe la existencia de un incremento patrimonial injustificado
para la procedencia de la declaratoria de extinción de dominio; (iii) los
peticionarios no aportaron los documentos que permitieran conocer y verificar
el origen de su  patrimonio; (iv) las decisiones judiciales atacadas por vía de
tutela no tuvieron como único fundamento la prueba testimonial y la
presuntamente indebida actuación de la Fiscalía como afirma el peticionario;
también se basaron en un dictamen pericial y en otros testimonios como el de
Edison Manuel González Soto, desmovilizado del EPL, quien señaló a Alejandro
Manuel Arrieta Barrera como auxiliador de la guerrilla[11],
testimonio que permanece “incólume”;  (vi) el demandante no asumió “la
demostración del origen lícito y evolución del patrimonio de los afectados”, la
que no puede efectuarse “solo con su dicho, [pues] … el actor debe aportar
las pruebas que acrediten la legítima procedencia de los bienes…”.
La
intervención finaliza recalcando que el objeto de la extinción de dominio no es
el de aplicar la ley penal, sino el de desvirtuar la legitimidad de los medios
por los que se adquirieron determinados bienes; manifestó que la tutela no es
tercera instancia, mecanismo alternativo de defensa, ni foro para argumentos ya
debatidos, y conceptuó que la acción no cumplió el requisito de inmediatez.
3.3.
Intervención del Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Bogotá, Sala Penal
de Descongestión de Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Enriquecimiento
Ilícito.
El
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá respondió la acción de tutela
a través de Magistrado Jorge Enrique Ortiz Gómez, en escrito de cinco (5) de
marzo de dos mil nueve (2009). Estos son los argumentos a partir de los cuales
solicitó denegar el amparo:
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial “resolvió la apelación de
conformidad con los medios probatorios recaudados”, los cuales fueron
valorados en su conjunto, conforme a la sana crítica, destacando que la prueba
documental allegada demostró un incremento patrimonial injustificado pues se
hicieron dos estudios por parte de peritos adscritos al Área Especializada de
Investigaciones Financieras del Departamento Administrativo de Seguridad DAS,
en los cuales se analizaron las declaraciones de renta de 1990 a 1999, lapso en
el cual se produjo el aumento patrimonial injustificado por falta de los
respectivos soportes contables, y señalaron que los documentos obrantes en
cuadernos (libros de contabilidad) no eran suficientemente legibles,
consistentes, objetivos y verificables. Además, las personas involucradas al
trámite de la acción de extinción de dominio nada hicieron para acreditar su
origen lícito, lo que les correspondía, de acuerdo con el principio de carga
dinámica de la prueba.
En
tal sentido, se valoraron los testimonios de ex subversivos que tildaron al
afectado como colaborador del Ejército Popular de Liberación, EPL, entre ellos
Nelson Elías Celis Giraldo, Edison Manuel González Soto, y José Nicolás
Casarrubias Sánchez, quienes informaron que Alejandro Manuel Arrieta Barrera
era una persona de escasos recursos y de un momento a otro empezó a comprar
tierras y a manejar mucho dinero.
Para
concluir, señaló el Magistrado:
“Merece
destacarse que a la fecha de proferir la sentencia de segundo grado, se
desconocía el falso testimonio, por el cual según el libelista, el “testigo
estrella de la fiscalía”, Nelson Elías Celis Giraldo, aceptó cargos y ya fue
condenado en primera instancia (el 21 de enero de 2009), y además, se insiste
en que las decisiones adoptadas tanto por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Descongestión de Bogotá, como por esta Colegiatura se
profirieron, luego de valorar en su conjunto los medios de convicción recogidos
en el proceso de extinción de dominio, y no únicamente con base en la prueba
testimonial que ahora cuestionan los demandantes por vía de tutela”.
3.4.
Intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
La
entidad solicitó al juez de primera instancia denegar el amparo invocado. A
pesar de que se mostró “ajena” a las pretensiones del actor, dado que su
función es la de administrar los bienes objeto de extinción de dominio y no
declarar la procedencia de la extinción del dominio, expuso los siguientes
argumentos:
“Debe
tenerse en cuenta por el fallador de tutela que la carga de la prueba dentro
del proceso de extinción del derecho de dominio es dinámica y por ende quien
esté en mejores condiciones de probar un hecho lo debe hacer, tal como lo
consagró la Corte Constitucional en la sentencia C-740/03, por lo tanto si los
accionantes, siendo propietarios de los bienes sobre los cuales se debatió la
extinción de dominio, aseguraban su procedencia lícita, por qué no utilizaron
en debida forma las etapas procesales para comprobar tal aseveración aportando
las pruebas pertinentes y conducentes que demostraran de manera inequívoca”.
Tras
mencionar algunas especificidades de la acción de extinción de dominio, precisó
que la tutela no es una tercera instancia para hacer valer argumentos cuando se
tuvo oportunidad de hacerlo durante el proceso, y resaltó el carácter
subsidiario de la acción de tutela.
4.
Del fallo de primera instancia.
La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de doce
(12) de marzo de dos mil nueve (2009) decidió denegar el amparo con base en los
siguientes argumentos.
4.1.
Como cuestión previa, la Sala consideró que la acción no es temeraria pues, si
bien es cierto que los peticionarios interpusieron una acción de tutela en 2005
basada en hechos similares, en esta oportunidad el cuestionamiento se extiende
a la Fiscalía 17 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de Bogotá y los peticionarios
exponen nuevos hechos y argumentos referentes a la inducción en error por un
supuesto montaje originado en el DAS.
4.2.
La acción no cumple el requisito de inmediatez pues fue interpuesta en 2009 con
el fin de controvertir fallos judiciales de 2004 y 2005.
4.3.
De acuerdo con la sentencia C-543 de 1992 la tutela contra sentencias solo
procede cuando se presente una vía de hecho que amenace derechos fundamentales;
en el caso concreto las sentencias controvertidas no fueron producto de
capricho o arbitrariedad sino de la apreciación razonable de los medios de
prueba aportados al proceso así que no es viable el amparo. Tales fallos no
tuvieron como único sustento las declaraciones cuestionadas por el apoderado de
los peticionarios, sino la “restante prueba testimonial, pericial y
documental que condujeron (sic) a acreditar el incremento patrimonial
injustificado”. El desacuerdo con las decisiones judiciales no permite
tacharlas como vías de hecho.[12]
5.
El fallo no fue impugnado.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991 y, en cumplimiento del auto de veintiocho (28) de mayo de dos mil nueve
(2009), expedido por la Sala de
Selección Número cinco de esta Corporación, que seleccionó este asunto para
revisión.
Problema
jurídico planteado.
De
acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala Tercera de
Revisión determinar si las sentencias proferidas en el trámite de extinción del
derecho de dominio sobre los bienes cuya propiedad (legal o aparente)
ostentaban los peticionarios desconocen sus derechos constitucionales, por
presentar los siguientes defectos: (i) fáctico, por inadecuada
valoración de los medios de prueba; (ii) procedimental, por valoración
de prueba ilícita; o (iii), error inducido, dado que la decisión estaría
determinada por un montaje estructurado desde organismos de inteligencia e
investigación del Estado.
Para
resolver ese interrogante, esta Sala reiterará su jurisprudencia en materia de:
(i) procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales; (ii) el
defecto fáctico y (iii) el defecto “error inducido” o “vía de hecho
por consecuencia”, como causales de procedencia de la tutela contra
sentencias; (iv) la extinción de dominio en el ordenamiento colombiano.
Finalmente, (v) abordará el estudio del caso concreto.
Antes
de exponer los fundamentos del caso, la Sala debe señalar que comparte la
posición del juez constitucional de instancia -Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia-, en cuanto a la inexistencia de temeridad pues si
bien se presentaron dos acciones de tutela con el fin de controvertir los
mismos fallos judiciales, los hechos y argumentos de las mismas no son
coincidentes.
Especialmente,
debe destacarse que actualmente uno de los fundamentos esenciales de la censura
es la existencia de pronunciamientos penales producidos con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia de extinción de dominio que podrían afectar la
credibilidad de determinados testimonios, hechos jurídicos desconocidos cuando
los peticionarios interpusieron la otra tutela referida, en el año 2005.
1.
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
1.1
La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha
desarrollado una sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, basada en la búsqueda de un
equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial –pilares de todo estado democrático de derecho- y la
prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales –razón de ser del
estado constitucional y democrático de derecho-. Este equilibrio se logra a
partir de la procedencia excepcional de la acción, dentro de supuestos
cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional[13].
1.2
Para esta Corporación, la acción de tutela contra providencias judiciales
constituye un mecanismo idóneo para garantizar la primacía y efectividad de los
derechos constitucionales, con fundamento normativo-constitucional en los
artículos 86 de la Carta, que prescribe que la acción se orienta a proteger los
derechos frente a cualquier autoridad pública, y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos -parte del Bloque de Constitucionalidad-que
establece la obligación estatal de proveer un recurso efectivo para la
protección de los derechos humanos[14].
1.3
Además de garantizar que los derechos constitucionales sean respetados en cada
proceso, la tutela contra sentencias cumple una función de la mayor
trascendencia en un estado constitucional, como es la de unificar la
jurisprudencia nacional sobre los derechos fundamentales[15]. Como se sabe, las cláusulas de derechos son
especialmente amplias e indeterminadas[16], así que la precisión de su contenido por parte del órgano de cierre
de la jurisdicción constitucional asegura la vigencia del principio de igualdad
en aplicación de las normas de derechos constitucionales, garantiza un nivel
adecuado de seguridad jurídica, y asegura que los jueces cumplan con la
obligación de propender por la justicia material, representada en la vigencia
de los derechos inalienables del hombre en el proceso de aplicación de la ley[17].
1.4
En el otro extremo de la balanza, la excepcionalidad de la acción garantiza que
las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa
juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus
competencias, autonomía e independencia, al decidir los casos que se ubican en
el marco de su competencia.
1.5
En la preservación de estos principios, además, los requisitos generales de
procedencia formal de la acción, subsidiariedad e inmediatez, adquieren un
papel protagónico. El primero, asegura la independencia y autonomía judicial,
pues el peticionario sólo puede acudir a la tutela una vez haya agotado los
mecanismos previstos por el sistema jurídico ante los jueces competentes en
cada caso; el segundo, evita que se produzca una erosión muy acentuada de la
seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues preserva la intangibilidad de las
sentencias ejecutoriadas transcurrido un tiempo razonable desde su emisión.
1.6
En cuanto a la autonomía e independencia judicial y los eventuales problemas
ocasionados por la intervención del juez constitucional en pronunciamientos de
otras jurisdicciones, una sencilla consideración sobre la composición de la
jurisdicción constitucional permite demostrar que se trata de temores
infundados.
Como
supuesto del análisis cabe mencionar que la Corte Constitucional ha distinguido
entre la jurisdicción constitucional en sentido orgánico y en sentido funcional[18]. Desde el primer punto de vista, el único órgano que
hace parte de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional; sin
embargo, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de la república,
individuales y colegiados, hacen parte de la jurisdicción constitucional cuando
conocen de acciones de tutela, o cuando ejercen el control de
constitucionalidad mediante la aplicación preferente de la Carta (excepción de
inconstitucionalidad), en virtud del artículo 4º Superior.
La
objeción según la cual la tutela contra sentencias afecta el orden jurídico por
desconocer la posición de los tribunales de cierre de las jurisdicciones
ordinaria y administrativa, y la independencia y autonomía del juez natural de
cada proceso, se desvanece una vez se repara en el sentido funcional de la
jurisdicción constitucional.
La
intervención de la Corte para la protección de los derechos constitucionales
eventualmente amenazados en procesos judiciales adquiere pleno sentido si, por
una parte, se asume su posición como órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional pero, por otra, se entiende que su competencia se restringe a
los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos mencionados y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal.
Por
ello, está vedada al juez de tutela cualquier intromisión en asuntos puramente
litigiosos; en la escogencia de interpretaciones legales constitucionalmente
válidas; o, finalmente, en las amplias atribuciones del juez para la valoración
del material probatorio, mientras su ejercicio garantice y propenda por  la
efectividad de los derechos constitucionales.
1.7
Dentro del marco expuesto, en sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de la
Corporación señaló los requisitos formales y materiales de procedencia de la
acción:
1.7.1
Requisitos formales (o de procedibilidad)[19]: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de
tutela tenga relevancia constitucional[20]; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[21]; (iii) que la petición cumpla con el requisito de
inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv)
en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales;
(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber
sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[22].
1.7.2
Requisitos sustanciales o de procedencia material del amparo: que se presente
alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente elaboradas por
la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[23] sustantivo[24], procedimental[25] o fáctico[26]; error inducido[27]; decisión sin motivación[28];  desconocimiento del precedente constitucional[29]; y violación directa a la constitución[30].
En
relación con las causales genéricas de procedencia, la Corte Constitucional ha
manifestado que no existe un límite indivisible entre estas, pues resulta
evidente que la aplicación de una norma inconstitucional o el desconocimiento
del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto por los
procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba puede
producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de disposiciones
normativas relevantes para la solución de un caso específico[31].
1.8
No sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la
sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía
de los derechos fundamentales a través de un entendimiento sustancial (es
decir, respetuoso de los derechos fundamentales) de los principios de seguridad
jurídica e independencia judicial[32].
De
acuerdo con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de
la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es preciso que
concurran tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos formales de
procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las causales
genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo
material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la necesidad
de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.[33]
2.
Breve caracterización del defecto fáctico.
2.1
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[34], este defecto se produce cuando el juez toma una
decisión sin que los hechos del caso se hallan subsumido adecuadamente en el
supuesto de hecho que legalmente la determina[35], como consecuencia de una omisión en el decreto[36] o valoración de las pruebas; de una valoración
irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento
de un alcance contraevidente a los medios probatorios.
2.2 Para la Corte, el defecto fáctico puede darse
tanto en una dimensión positiva[37], que comprende los supuestos de una valoración por
completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una
prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa[38], es decir, por la omisión en la valoración de una
prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial[39].
2.3. En cuanto a los fundamentos y al marco de
intervención que compete al juez de tutela en relación con la posible
ocurrencia de un defecto fáctico, este Tribunal ha sentado los siguientes
criterios:
2.3.1.
El fundamento de la intervención radica en que, a pesar de las amplias
facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del
material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana
crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. Así, en la
sentencia T-442 de 1994, la Corte señaló:
“(…) si
bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente”.[40]
2.3.2.
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y
el principio del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio; así, la Corte Constitucional, en sentencia
T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
En
segundo lugar, cuando se trata de pruebas testimoniales, el campo de acción del
juez de tutela es aún más restringido, pues el principio de inmediación indica
que quien está en mejor posición para determinar el alcance de este medio
probatorio, es el juez natural. Así, ha señalado la Corte que: “En estas
situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla
general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez
del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los
declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en
que responde al cuestionario judicial, etc”.[41]
2.4.
Por otra parte, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba
no constituyen errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y
razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los criterios
señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez, en su
labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe[42]. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar
que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural
es razonable. Sobre el particular, ha señalado la Corte:
“(…)
al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado,
el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial
impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por
una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías”[43].
2.5.
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[44].
3.
Breve caracterización de defecto “error inducido o vía de hecho por
consecuencia”.
3.1.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la vía de hecho por
consecuencia o el error inducido se configura cuando una decisión
judicial adoptada con respeto por el debido proceso; mediante una valoración
probatoria plausible y conforme con los principios de la sana crítica; y,
fundamentada en una interpretación razonable de la ley sustancial, tiene como
resultado la violación de derechos fundamentales al haber sido determinada o
influenciada por aspectos externos al proceso, consistentes en fallas
originadas en órganos estatales.
3.2.
Para una comprensión adecuada de esta causal de procedencia de la tutela contra
sentencias resulta pertinente hacer referencia al fallo SU-014 de 2001, en el
que la Corte Constitucional se refirió, por primera vez, a la vía de hecho
por consecuencia.
En
esa oportunidad, la Corporación revisó un caso en el que se planteaba la
vulneración a los derechos de defensa y contradicción y, de manera general, al
debido proceso, en un proceso penal en el que el afectado fue vinculado como
persona ausente a pesar de encontrarse internado en un establecimiento
carcelario.
Lo
interesante del caso es que la violación no podía imputarse al funcionario
judicial accionado, pues este cumplió con las ritualidades procesales previstas
por la ley como requisito de la declaratoria de persona ausente, antes de
adoptar tal determinación. Pero, a pesar de la diligencia del juez, el
peticionario nunca fue notificado de la existencia de un proceso en su contra y
solo se enteró de la condena tiempo después de haberse proferido, lo que
resulta inaceptable puesto que las personas privadas de la libertad se
encuentran en una situación de especial sujeción frente al Estado.
La
situación descrita evidenció la existencia de una falla estructural en aparatos
estatales (para el caso, las autoridades carcelarias, al DAS y la propia
administración de justicia). El juez penal accionado adoptó entonces una
decisión que lesionó los derechos de defensa y contradicción del procesado pues
la vinculación al proceso en calidad de persona ausente solo debe aplicarse
cuando es imposible ubicar al peticionario.
3.3.
En el marco expuesto, la Corte Constitucional se ha referido a los elementos
del defecto error inducido, así: “…el defecto en la providencia
judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la
causa. En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, la actuación judicial resulta equivocada”[45];
y, en otra oportunidad, “un
funcionario judicial incurre en una vía de hecho por consecuencia cuando: (i) la decisión judicial se base en la
apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los
órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii)
[tiene] como conse­cuencia un perjuicio iusfundamental.”[46]
3.4
En cuanto a la denominación inicial del defecto, “vía de hecho por
consecuencia”, puede constatarse que se trata casi de un oxímoron
(contradicción en sus términos) pues vía de hecho supone, en su acepción
tradicional, una actuación arbitraria y en los casos en los que se presenta
este defecto no se da esa arbitrariedad o capricho del funcionario judicial.
Por
ello, en la medida en que el lenguaje de la Corte fue modificándose y la
jurisprudencia pasó del concepto de vía de hecho como supuesto de
procedencia de la acción de tutela al de defectos o causales de
procedibilidad de la acción, se incorporó la expresión error inducido que
expresa con mayor claridad el hecho de que en este defecto la actuación del
funcionario accionado no es lo que ocasiona la vulneración de derechos
fundamentales. La autoridad judicial, en cambio, es inducida a error por
conductas, hechos o fallas atribuibles a otros órganos del Estado.[47]
4. Reseña constitucional
de la acción de extinción de dominio[48].
La
Corte Constitucional se ha referido a la acción de extinción de dominio en
diversos fallos[49], especialmente en sede
de control de constitucionalidad. Los principales interrogantes que se han
planteado a esta Corporación sobre la regulación que le ha dado el Congreso a
la acción de extinción de dominio se refieren a (i) la legitimidad del
legislador ordinario para regular una acción que podría afectar derechos
fundamentales; (ii) la relación con el derecho de propiedad, la expropiación, y
la prohibición constitucional a la imposición de la pena de confiscación; (iii)
su relación con las acciones penales y los tipos relativos a conductas
relacionadas con enriquecimiento ilícito, narcotráfico y corrupción y, en
consecuencia, (iv) la vigencia de las garantías del debido proceso penal en el
proceso de extinción de dominio. A continuación se presentan las principales
conclusiones de la Corte sobre tales materias.
4.1.
La acción de extinción de dominio encuentra fundamento constitucional en el
artículo 34 superior. Esta disposición puede dividirse en dos partes, de
acuerdo con su contenido normativo: de un lado, prohíbe las penas de destierro,
prisión perpetua y confiscación; de otra parte, prescribe la posibilidad de
declarar “extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro
de la moral social”[50]. Además, la
Corte ha constatado que la consagración de la acción en el texto constitucional
supuso una seria decisión del constituyente para avanzar en la lucha contra las
conductas asociadas a corrupción y narcotráfico mediante la declaración de la
inexistencia del derecho de propiedad sobre bienes que tengan origen en tales
actividades[51].
Las
características de la acción, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
son las siguientes: “la acción de extinción de dominio se dotó de una
particular naturaleza, pues se trata de una acción constitucional[52],
pública[53],
jurisdiccional[54],
autónoma[55], directa[56]
y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen
constitucional del derecho de propiedad”. (C-740 de 2003).
4.2.
La ubicación de esta disposición en el capítulo 1, Título II de la Carta
Política ha llevado a que algunos ciudadanos cuestionen la legitimidad del
legislador ordinario para su regulación pues, a su juicio, el artículo 34 es
una disposición de derecho fundamental cuya regulación debe seguir el exigente
trámite de las leyes estatutarias en el Congreso.
La
Corte Constitucional ha considerado[57] que esa posición no es
correcta pues si bien es cierto que el artículo 34 incorpora contenidos
normativos que tienen el carácter y estructura de las normas de derecho
fundamental como las prohibiciones de destierro, prisión perpetua y
confiscación, ello no ocurre con la acción de extinción de dominio pues esa
institución no tiene la estructura de un derecho fundamental ni puede
considerarse como un derecho subjetivo sino que se trata de un instrumento
atribuido a las autoridades públicas para desvirtuar el ejercicio aparente del
derecho de propiedad cuando se pretende ejercer sobre bienes adquiridos en
contravía de la Constitución y la Ley.
Además,
la Corte consideró que el derecho de propiedad, en principio, no tiene el
estatus de derecho fundamental, así que no goza de la prerrogativa de
regulación calificada de este tipo de derechos[58].
En
consecuencia, concluyó la Corte[59], el Legislador goza de
un amplio poder de configuración en materia de extinción de dominio pues las
garantías y protecciones propias de los derechos fundamentales no son
predicables de esta acción. En otros términos, dado que al desarrollar legalmente
la acción constitucional de extinción de dominio el Congreso no limita,
restringe o configura el ejercicio y contenido de un derecho fundamental no es
preciso que su regulación se lleve a cabo por ley estatutaria.[60]
4.3.
En ese marco, el Legislador ha definido la extinción de dominio como la “pérdida
del derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación
alguna para el titular”[61].  La Corte ha
precisado, empero, que la extinción de dominio no equivale en estricto sentido
a la pérdida del derecho de dominio o propiedad sino que se trata de la
declaración de la inexistencia del derecho debido a su origen irregular o
ilegal (sentencias C-374 de 1997 y C-740 de 2003).
4.4.
Relación con la propiedad privada. Ha sostenido esta Corporación que, si
bien la acción de extinción de dominio no restringe el derecho de propiedad,
pues este no logra consolidarse cuando se pretende ejercer dominio sobre bienes
adquiridos sin el respeto debido a la Constitución y la Ley, la regulación
histórica del derecho de propiedad sí permite conocer mejor el sentido de la
acción y contribuye a despejar los principales reparos de inconstitucionalidad
que se le han imputado.
Así,
en la Constitución de 1886, el derecho de propiedad no tenía entidad propia
sino que se trataba de una manifestación de los derechos adquiridos. En la
medida en que el respeto por estos derechos dependía de la existencia de un
justo título, resulta claro que el constituyente del 86 no establecía una
protección para derechos que tuvieran origen ilegal; posteriormente, en la
reforma constitucional de 1936[62][62],
se identificó la propiedad con una función social, de manera que el contenido
del derecho se modificó desde la perspectiva del dominio, en términos de
derecho civil, imponiéndole una condición social a su ejercicio desde el Texto
Superior.
La
Constitución de 1991 recogió estos aspectos que fueron incorporándose
históricamente en el contenido y alcance del derecho de propiedad; en la Carta
Política actual, el derecho de propiedad encuentra identidad propia debido a su
consagración expresa en el texto constitucional. Sin embargo, conserva una
estrecha relación con el respeto por los derechos adquiridos como lo evidencia
el hecho de que ambas prerrogativas se encuentran en el artículo 58
constitucional, por lo que solo puede ejercerse sobre bienes cuya procedencia
legítima pueda demostrarse mediante un justo título o con arreglo a la ley.
El
derecho constitucional de propiedad previsto en la Constitución Política de
1991 es especialmente amplio y complejo. La Carta protege, por una parte, la
propiedad privada, pero prevé que el derecho puede tener como titular no solo
al individuo sino a colectivos humanos; al igual que en 1936, lo define como
una función social pero le atribuye, además, una función ecológica
inherente; establece garantías constitucionales para su protección como la
prohibición de la pena de confiscación; y establece un límite constitucional al
derecho consistente en la posibilidad de expropiación por motivos de interés
público, condicionada a la garantía del pago de indemnización previa.[63]
A
partir de los elementos expuestos, la Corte Constitucional ha observado y
destacado que en ningún momento el orden legal ha previsto la protección de un
derecho a la propiedad con origen ilícito. En el marco de la Constitución de
1886 se protegían los derechos adquiridos con justo título y con arreglo a
las leyes civiles, tal como sucede en la Constitución de 1991 con los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, pues no puede invocarse el
derecho de propiedad cuando este se ejerce sobre bases ilegítimas.
Cuando
ello ocurre  no se configuran los supuestos del derecho de propiedad y, por lo
tanto, no cabe pensar que la extinción de dominio restringe el derecho de
propiedad porque el ordenamiento jurídico no lo reconoce en tales supuestos.
(Sentencia C-740 de 2003).
En
virtud de lo expuesto, ha señalado esta Corporación que la decisión judicial
que declara la extinción de dominio con el respeto por las formas y principios
del debido proceso constitucional y legal, y que es adoptada a partir de un
análisis razonable del material probatorio, no desconoce el derecho de
propiedad, sino que declara que este nunca llegó a constituirse;[64]
contrario sensu, si la acción de extinción de dominio se lleva a cabo
sin respeto por el  debido proceso y sin una base fáctico-probatoria adecuada
se produce una trasgresión del derecho constitucional de propiedad.
4.5.
La autonomía e independencia de la acción de extinción de dominio con respecto
a la acción penal.
La
extinción de dominio, como se expresó, tiene por objeto desestimular el
ejercicio de conductas relacionadas con el narcotráfico y la corrupción. Dado
que (i) varias normas de derecho penal tienen por objeto luchar contra tales
conductas y (ii) el legislador encargó del trámite de extinción a funcionarios
penales, se han generado dudas sobre la relación entre la extinción de dominio
y la acción penal.
La
Corte Constitucional ha expresado que, en la medida en que la acción de
extinción de dominio tiene rango constitucional, y es directa, en el sentido de
que procede dentro de los supuestos expresamente previstos por el
constituyente, no es constitucionalmente exigible que esta dependa en algún
sentido de la acción penal[65].
En
ese orden de ideas, el Legislador ha preferido establecer un régimen cada vez
más acentuado de independencia entre las acciones penales y de extinción de
dominio[66]. La Corte
Constitucional, en la citada sentencia C-740 de 2003 expresó que si el
Legislador decide que la autonomía es equivalente a la independencia absoluta
de la acción de extinción de dominio frente a la acción penal, no es posible
formular ningún reproche constitucional a esa decisión.
El
carácter autónomo e independiente de la acción de extinción de dominio
significa, en síntesis, que la existencia, curso y decisión del proceso penal
no influye, de ninguna manera, en la existencia, curso y decisión del trámite
de extinción de domino. Además, tanto la Ley[67] como la jurisprudencia
constitucional[68] han establecido que el
margen de aplicación de la extinción de dominio es más amplio que el marco del ius
puniendi del Estado en materia de narcotráfico y corrupción.
La autonomía de la acción de extinción de dominio
frente a la acción penal, el delito y la pena, tiene una consecuencia de la
mayor relevancia: a la acción de extinción de dominio no se extienden las
garantías propias del derecho penal[69]. Esta conclusión se refleja en aspectos centrales del
proceso, principalmente, (i) en materia de régimen probatorio y (ii) en cuanto
a la aplicación de la ley en el tiempo. A continuación, la Sala se referirá a
la jurisprudencia constitucional relativa a esos aspectos.
En relación con el primer punto, la Corte ha expresado
que si a la acción de extinción de dominio no se extienden las garantías de la
ley penal, tampoco cabe predicar la presunción de inocencia en la materia. Por
ello, el régimen probatorio de la extinción de dominio admite la aplicación del
principio de carga dinámica de la prueba que prescribe que los hechos
debe probarlos quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo.
Sin embargo, esto no significa que se pueda aplicar
una presunción de origen ilícito de los bienes (presunción que no existe en el
ordenamiento)[70]. En tal sentido, el
Estado tiene el deber de practicar las pruebas que den lugar a la declaratoria
de extinción pues solo con una base probatoria suficiente puede concluirse que
el dominio sobre los bienes no puede explicarse en el ejercicio de actividades
lícitas:
“Por otra parte, cuando el Estado ejerce la acción de extinción de
dominio, en manera alguna se exonera del deber de practicar las pruebas
orientadas a acreditar las causales que dan lugar a ella.  Por el contrario,
sigue vigente el deber de cumplir una intensa actividad probatoria pues sólo
con base en pruebas legalmente practicadas puede inferir que el dominio que se
ejerce sobre determinados bienes no encuentra una explicación razonable en el
ejercicio de actividades lícitas”.
Por lo expuesto, este Tribunal ha hecho énfasis en la
obligación del juez de dar aplicación a las subreglas y principios
mencionados en párrafos precedentes  sobre la necesidad de la prueba, la
posibilidad de oposición del afectado, la improcedencia de una presunción de
origen ilegal de los bienes, y el carácter compartido de la carga de la prueba.
En cuanto a esa distribución de la carga de la prueba,
la Corte ha considerado que, en primer término, el Estado tiene la obligación
de llegar a una inferencia razonada sobre el origen ilícito de los bienes; acto
seguido, el posible afectado debe efectuar su oposición que no puede consistir
en las “solas manifestaciones” entendidas como negaciones indefinidas
sobre la procedencia no-ilícita de los bienes, sino que debe aportar elementos
de convicción que desvirtúen la inferencia del Estado.[71]
“Es decir, el Estado debe acreditar que comparando un patrimonio
inicial y otro final, existe un incremento en principio injustificado.  Luego,
una vez iniciada la acción, la persona afectada tiene el derecho de oponerse a
la pretensión estatal y, para que esa oposición prospere, debe desvirtuar la
fundada inferencia estatal, valiéndose para ello de los elementos de juicio
idóneos para imputar el dominio ejercido sobre tales bienes al ejercicio de
actividades lícitas”.  (…)
“Nótese cómo no es que el Estado, en un acto autoritario, se exonere
del deber de practicar prueba alguna y que, sin más, traslade al afectado el
deber de acreditar la lícita procedencia de sus bienes. Por el contrario, aquél
se encuentra en el deber ineludible de practicar las pruebas necesarias para
concluir que el dominio ejercido sobre los bienes no tiene una explicación
razonable derivada del ejercicio de actividades lícitas. Satisfecha esa
exigencia, el afectado, en legítimo ejercicio de su derecho de defensa, puede
oponerse a esa pretensión y allegar los elementos probatorios que desvirtúen
esa fundada inferencia estatal… De acuerdo con esto, lejos de presumirse la ilícita
procedencia de los bienes objeto de la acción, hay lugar a una distribución de
la carga probatoria entre el Estado y quien aparece como titular de los bienes,
pues este puede oponerse a aquella”.
Además de lo expuesto, la Ley 793 de 2002 supuso una
modificación de la Ley 333 de 1996 que hizo más exigente la carga probatoria
para el eventual afectado con la decisión de extinción de dominio, al
establecer, en su artículo 2º, como causal de extinción del derecho, el
incremento injustificado del patrimonio, y al prescribir, en el parágrafo de la
misma disposición, que “El afectado deberá probar a través de los medios
idóneos, los fundamentos de su oposición”.
La Corte Constitucional, en el ampliamente citado
fallo C-740 de 2003, consideró que la causal citada hace referencia
precisamente a la definición de “enriquecimiento ilícito”, que siempre ha sido
el supuesto que da lugar a la declaratoria de extinción del derecho. En
relación con la obligación de aportar medios idóneos para fundamentar su
oposición, señaló la Corporación que si bien en un fallo anterior había
considerado aplicable la presunción de inocencia a la extinción de dominio,
dentro de la nueva regulación planteada por el legislador (L.793 de  2002) no
debía seguirse el mismo criterio:
“…, en el ámbito de la acción de extinción de dominio no puede
hablarse de la presunción de inocencia y, en consecuencia, de la prohibición de
inversión de la carga de la prueba pues estas garantías resultan contrarias a
la índole constitucional de la acción” puesto
que la nueva regulación se estructuró “en un contexto… distinto y con una
teleología… diversa” en la que se mantuvo una relación con la acción penal.” (C-740
de 2003, citada).
En relación con la aplicación de la ley en el tiempo,
en el caso de la extinción de dominio, la Corte ha considerado que su
aplicación retrospectiva, es decir, a situaciones anteriores a la expedición de
la Constitución de 1991 es legítima pues no pueden imponerse límites temporales
a la acción, ya que el transcurso del tiempo no tiene por qué legitimar un
título viciado en su origen, especialmente si se toma en cuenta que bajo el
régimen constitucional anterior la adquisición tampoco fue lícita.[72]
“El supuesto según el cual sólo se pueden adquirir y mantener
derechos procediendo de acuerdo con el ordenamiento jurídico y no contra él,
impone que el dominio ilícitamente adquirido no pueda convalidarse en ningún
tiempo pues, de lo contrario, de fijarse plazos para el ejercicio de la
extinción de dominio, para desvirtuar ese supuesto bastaría con mantener
ocultos los bienes ilícitamente adquiridos por el tiempo necesario para la
improcedencia de la acción, con lo que se legitimaría un título viciado en su
momento originario (…)” (C-740 de 2003).
A partir de las subreglas jurisprudenciales
expuestas, procede la Sala al estudio del caso concreto.
III.- DEL CASO CONCRETO.
Para
resolver el caso objeto de examen, la Sala se referirá, en primer término, a
los requisitos genéricos de procedencia de la acción o requisitos de procedibilidad;
posteriormente, estudiará los cargos concretos contra las sentencias
proferidas en el proceso de extinción de dominio que afectó a los
peticionarios; finalmente, decidirá sobre la procedencia y alcance del amparo.
1.
Examen formal o sobre los requisitos generales de procedibilidad. (supra.
Fundamentos; 1.7.1.)
1.1.
Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional.
El
problema jurídico planteado se refiere a la eventual vulneración de los
derechos constitucionales a la propiedad y el debido proceso de los
peticionarios por parte de las autoridades judiciales que decidieron declarar
la extinción del derecho de dominio sobre los bienes que (legal o
aparentemente) ostentaban pues, a juicio de los accionantes, las sentencias que
declararon la extinción del dominio fueron determinadas por actuaciones
irregulares o ilegales de los órganos de inteligencia e investigación del
Estado.
Esa
violación, además, se habría originado en el ejercicio de la acción de
extinción de dominio que tiene rango constitucional y persigue, a la vez, fines
constitucionales como la preservación de la paz y la seguridad, desincentivando
la comisión de ciertas conductas relacionadas con la corrupción y el
narcotráfico. Así, prima facie, el problema tiene raíces e implicaciones
constitucionales.
Sin
embargo, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional reiterada en esta
oportunidad, la sentencia que declara la extinción de dominio sobre
determinados bienes no constituye una restricción o limitación al derecho
constitucional a la propiedad, si se adopta con respeto por el debido
proceso y si tiene un fundamento probatorio adecuado. Y, como se expresó
también en los fundamentos de este fallo, a contrario sensu, si la
decisión de extinción de dominio no se ajusta a las exigencias del debido
proceso, o si se adopta sin un sólido sustento y análisis probatorio, entonces
puede configurarse una lesión del derecho constitucional a la propiedad.
La
Sala considera que, en virtud de los criterios expuestos, una censura por vía
de tutela a un trámite de extinción de dominio, solo se adquiere si es capaz de
generar una duda sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales que
el debido proceso, y el fundamento probatorio mínimo y necesario de la acción
de extinción de dominio, imponen al funcionario judicial, pues en caso de no
generarse esa duda la declaración judicial de extinción de dominio no podrá
reclamarse mediante la acción de su tutela.
En
el caso sub exámine, en la medida en que los cargos que se elevan contra
las sentencias controvertidas se basan en decisiones judiciales que afectan la
credibilidad de determinados testimonios se genera esa duda inicial y razonable
sobre el sustento probatorio del fallo. Si esa duda logra desvirtuar la
legitimidad constitucional del trámite ampliamente referido es un asunto que
solo puede abordar la Sala al momento de efectuar el examen de fondo de los
cargos, pero la duda mencionada es suficiente para tener el requisito por
satisfecho.
1.2.
Que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
antes de acudir al juez de tutela.
En
el presente caso, el apoderado de los peticionarios señala y acredita que en
contra de la decisión del Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado
de Descongestión de Bogotá que declaró la extinción de dominio sobre los bienes
que (legalmente o de forma aparente) se hallaban en poder del peticionario
interpuso recurso de apelación que fue resuelto de forma desfavorable a los
intereses del afectado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Decisión Penal.
Posteriormente,
intentó la acción de revisión contra los fallos adoptados en el trámite de
extinción de dominio ante la Corte Suprema de Justicia, con base en las
decisiones judiciales que lesionaron la credibilidad de ciertos testigos. La
acción fue rechazada porque, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, es
improcedente en casos de extinción de dominio, en virtud de la naturaleza real
y patrimonial de la acción, y porque el Legislador determinó que en contra de
la sentencia que declara la extinción de dominio solo proceden los recursos
expresamente señalador en la Ley 793 de 2002.[73] En jurisprudencia de la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha mantenido la misma posición en
relación con el recurso extraordinario de revisión[74].
Finalmente,
el peticionario acudió ante las autoridades penales para denunciar por falso
testimonio a los principales testigos del proceso, considerando que de esta
forma podría proteger sus derechos, presuntamente vulnerados en el trámite de
extinción de dominio.
Para
la Sala, es claro que actualmente no existe ningún otro recurso judicial idóneo
o eficaz para la discusión de la controversia, requisito indispensable para la
procedencia de la acción.
1.3.
Que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad.
En
concepto del juez constitucional de instancia, el actor no acreditó el
cumplimiento del requisito o principio de inmediatez pues interpuso en el año
2009 una acción de tutela contra fallos proferidos en 2004 y 2005,
respectivamente, así que no observó un plazo razonable para acudir al juez
constitucional.
Ahora
bien, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el principio de
inmediatez no puede analizarse exclusivamente con base en criterios objetivos
como lo hizo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En
primer lugar, el término debe contarse desde la última actuación judicial pues,
de no ser así, se le impediría al actor agotar los recursos judiciales
pertinentes y de esa forma cumplir con el principio de subsidiariedad y, como
se sabe, en los procesos no pueden exigirse cargas imposibles de cumplir; en
segundo lugar, el principio de inmediatez establece parámetros para que el
estudio del tiempo transcurrido entre el hecho generador de la vulneración y la
interposición de la acción de tutela sea considerado razonable y proporcional.
Así,
corresponde al juez indagar sobre (i) si el peticionario ha actuado en procura
de obtener una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) si en caso de otorgar el amparo se produce una
lesión desproporcionada a derechos de terceros, (iii) o se afecta
irrazonablemente la seguridad jurídica; y (iv), si la conducta del accionante
es –o no- negligente.
En
el caso bajo análisis, el apoderado de los peticionarios explicó que la acción
de tutela se interpuso en el año 2009 por dos razones: (i) porque antes de
interponerla debía agotar los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
para controvertir la decisión que, en su concepto, ocasionó la lesión de los derechos
constitucionales de los afectados; (ii) porque antes de proferidas las
decisiones judiciales que desvirtúa directamente la credibilidad de los
principales testigos en el proceso de extinción de dominio que dio origen a
esta controversia, la acción carecía de suficiente fundamento legal y estaba
condenada al fracaso, o bien a considerarse temeraria pues en 2005 se intentó
otra acción de tutela frente al trámite de extinción de dominio que fue
denegada con fundamento en las amplias facultades de valoración probatoria del
juez penal en el trámite de extinción de dominio. Por ello, argumenta el
abogado de los accionantes, que solo desde el 21 de enero de 2009, cuando se
produjo una condena penal contra Nelson Elías Celis Giraldo, el principal
testigo en el proceso adelantado contra los peticionarios, resultaba plausible
interponer la acción.
A
juicio de esta Sala, los peticionarios argumentan de forma suficientes las
razones por las que esta acción no se interpuso con anterioridad. Es claro,
además, que en este proceso no se encuentran en juego los derechos de terceros
por lo que el requisito se da por cumplido.
1.4.
En caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta debe tener incidencia
en la decisión judicial objeto de examen.
En
este proceso, el actor considera que hubo una irregularidad procesal
consistente en la valoración de pruebas ilícitamente recaudadas. Sin embargo,
esa acusación se sustenta en providencias proferidas con posterioridad a la
decisión judicial del proceso de extinción de dominio, así  que no es posible
determinar a priori su peso en el segundo proceso mencionado. Por esa
razón, la Sala considera que el examen sobre esa eventual irregularidad
procesal debe diferirse al estudio de fondo de la demanda, bajo la perspectiva
del defecto procedimental, como lo solicita el actor en la demanda.
Por
otra parte, existen otras irregularidades (no procesales) que se discuten en la
acción de tutela, cuyo estudio de fondo no está sujeto a este requisito de
procedibilidad.
1.5.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber
sido posible.
Como
se expuso ampliamente en los antecedentes del fallo, el peticionario considera
que la sentencia judicial que declaró la procedencia de la extinción de dominio
sobre los bienes que (en apariencia o legalmente) eran de su propiedad se
encuentra viciada porque (presuntamente) los funcionarios judiciales fueron
inducidos a error a partir de un (supuesto) montaje elaborado desde el
Departamento Administrativo de Seguridad y la Fiscalía 17 de la Unidad de
Lavado de Activos de Bogotá. El juez habría valorado incorrectamente los
testimonios y, por esa vía, habría arribado a conclusiones erróneas sobre el
origen de los bienes de los señores Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola
Isabel Lozano de Arrieta.
Los
peticionarios, o sus representantes judiciales, discutieron constantemente la
credibilidad de tales testimonios y las actuaciones del organismo de
inteligencia estatal (DAS) durante el proceso de extinción de dominio, pero sus
argumentos no fueron acogidos por los distintos funcionarios judiciales que
conocieron del caso. Actualmente, se agrega una nueva censura a los
testimonios, partiendo de la autoridad de pronunciamientos penales que dan por acreditado
que varios de los testigos mintieron en el proceso seguido contra Alejandro
Manuel Arrieta Barrera. Este asunto, por supuesto, no pudo ser discutido en el
proceso pues se trata de un hecho reciente.
En
los términos expuestos, el requisito se encuentra satisfecho.
1.6.
Que la sentencia controvertida no sea un fallo de tutela.
La
acción controvertida es una sentencia declaratoria de la extinción del derecho
de dominio por completo ajena a la acción de tutela. El requisito, entonces, se
cumple.
2.
Análisis de los cargos o del fondo del caso.
2.1.
Delimitación del objeto de estudio.
En
el texto de la demanda se presentan, en distintos apartes, diversos cargos
contra las sentencias impugnadas: se alega, en primer término, la configuración
de un defecto fáctico por inadecuada valoración del material probatorio; en
segundo término -y éste es el cargo más desarrollado- se alega que los fallos
proferidos en el proceso de extinción de dominio fueron consecuencia de un error
inducido en los funcionarios judiciales mediante una puesta en escena
estructurada desde la Fiscalía 17 de la Unidad de Extinción de Dominio y el
Departamento Administrativo de Seguridad; finalmente, se argumenta que las
sentencias adolecen de un defecto procedimental por valoración de pruebas
ilícitamente recaudadas. Para proceder al análisis de fondo, la Sala decantará
los cargos reuniendo en uno solo los dos primeros, y rechazando el tercero
desde un comienzo, como a continuación se expone:[75]
El
tercer cargo será rechazado porque la ilicitud de la prueba no se discutió en
el transcurso del proceso de extinción de dominio así que la actuación de las
autoridades accionadas no puede considerarse irregular pues se limitó a valorar
testimonios, informes y dictámenes periciales cuya legalidad no había sido
desvirtuada ni discutida, si bien se argumentó por los afectados la falta de
credibilidad de los testigos[76]. En esos términos estima
la Sala que la censura no puede dirigirse desde el punto de vista procedimental
por valoración de prueba ilícita. En efecto, los jueces no solo podían
sino que debían valorar testimonios aportados en forma regular al proceso.
Los
dos primeros cargos, por otro lado, hacen parte de una misma acusación
compleja: la sentencia judicial adolecería de un defecto fáctico derivado de
error inducido en los jueces por organismos de inteligencia estatal y por la
actuación de un particular.
De
acuerdo con las subreglas expuestas en los fundamentos del fallo, la
tutela contra providencia judicial por defecto fáctico solo procede si el
defecto es de tal entidad que el fallo controvertido no pueda sostenerse con
los demás elementos probatorios allegados al caso. En otras palabras, si, a
pesar de la ocurrencia de un defecto fáctico, la sentencia aún tiene sustento
probatorio suficiente, el juez de tutela no está facultado para intervenir en
la decisión judicial.
Por
lo tanto, para examinar el cargo, la Sala (i) hará una breve referencia a las
pruebas sobre las que se fundaron las sentencias del proceso de extinción de
dominio; posteriormente, (ii) evaluará la incidencia del dictamen pericial
financiero, y (iii) de los testimonios sobre el sentido del fallo; acto
seguido, (iv) verificará si, al perder credibilidad algunos testimonios el
fallo aún conserva un sustento probatorio suficiente, caso en el que el juez de
tutela debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo; (v) para
terminar, y solo en caso de que se concluya que sin tales testimonios el
fundamento probatorio de los fallos controvertidos es insuficiente, procederá la
Sala a analizar si se configura el defecto de error inducido en las
sentencias mencionadas.
2.2.
Las pruebas sobre las que se sustentaron los fallos de instancia.
Las
decisiones judiciales adoptadas en el trámite de extinción de dominio no se
refieren con idénticas expresiones al material probatorio; sin embargo, puede
señalarse que, en términos generales, se encuentran cimentadas en (i) las
declaraciones de los señores Nelson Elías Celis Giraldo, Edison Manuel González
Soto, Rigoberto Martínez Peralta, Guillermo Martínez Peralta, Domingo Ramón
Bedoya Córdoba José Nicolás Casarrubias y
Oswaldo Martínez Nisperuza; (ii) el
dictamen pericial de la Dirección de Investigaciones Financieras del DAS; y
(iii) los informes financieros 429 y 429 de 1997 del DAS, en virtud de los
cuales se dio inicio al trámite de extinción de dominio que, a su vez, se
estructuraron sobre las declaraciones referidas en el punto (i) (Ver, supra,
Antecedentes, 1.2).
Los
testimonios, por su parte, pueden dividirse en dos grupos: (i) declaraciones de
desmovilizados del EPL (Nelson Elías Celis Giraldo, Edison Manuel González
Soto, José Nicolás Casarrubias, Oswaldo
Martínez Nisperuza) que se refirieron a
la estructura y a algunos aspectos operativos del grupo subversivo; a la forma
en que obtenía ingresos de actividades delictivas, y a la calidad de
colaborador del señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera; (ii) declaraciones de
pobladores de la región (Rigoberto Martínez Peralta, Guillermo Martínez
Peralta, Domingo Ramón Bedoya Córdoba) que se refirieron al notable aumento del
patrimonio del señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera y lo sindicaron de
colaborar con grupos subversivos y recibir dinero de los mismos. Este grupo de
testigos, además, expuso información  sobre la forma en que Arrieta Barrera
adquirió sus primeros bienes, aduciendo que los obtuvo mediante un cuñado que
extorsionaba ganaderos y mineros.
2.3.
Del dictamen pericial.
Por
su relevancia se transcriben algunos apartes del estudio financiero efectuado
por la Dirección General Operativa, Área
Especializada de Investigaciones Financieras - Grupo de Análisis Financiero del
DAS, así como sus conclusiones:
“Como quiera que es de suma importancia, determinar el
incremento patrimonial, basados en las declaraciones de renta se presenta a
continuación cuadro resumen de los datos que se extraen de los cuadernos
revisados” (Presenta algunos cuadros
sobre el comportamiento del patrimonio de Alejandro Manuel Arrieta Barrera en
el tiempo).
“Con el fin de comparar las declaraciones de renta
presentadas entre 1982 y 1989 y lo afirmado por la D.I.A.N. …  se comisionó a
la seccional DAS – CORDOBA, para que reali[zara] inspección judicial en la dirección de impuestos y aduanas
nacionales de Montería, con el fin de recuperar fotocopias legibles de las
declaraciones de renta del señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera…”
De acuerdo con informe sobre la  inspección efectuada
en la DIAN de Montería Córdoba, “se consultaron la base de datos y el sistema
arroja copia … de las declaraciones de renta y corrientes desde el año 1989 a 2001
a nombre de ARRIETA BARRERA ALEJANDRO MANUEL, ya que para los años anteriores
para el 1989 hacia atrás (se conserva
la redacción original), debida a la nueva  normatividad relacionada con el
manejo de archivos, los mismos debieron ser depurados y por consiguiente a la
fecha solo existen los mencionados, por lo tanto se anexan (sic) copia
de declaraciones de renta correspondientes a los años 1989, 1990 y 1991”. (…)
“Como se indica en el oficio 103 de enero 7 de 2003,
el grupo de finanzas contra la subversión de la unidad Jurisdiccional de la
Dirección general de Operaciones del DAS, solo se hace referencia de
información tributaria, de la cual no figuran declaraciones de renta entre
1975  y 1989.” (…)
“En este caso se analiza la información declarada, es
decir manifestada por el contribuyente, con el propósito tributario, mas no con
un propósito financiero, que es determinar la real situación financiera del
señor Alejandro Manuel Arrieta, en cada uno de los periodos (sic) contables (…)”.
“CONCLUSIÓN(ES).
…
1. En lo referente a “comparar las declaraciones de
renta presentadas entre 1982 y 1989 y lo afirmado por la DIAN: No le figuran (al señor ARRIETA) declaraciones de renta entre
1975 y 1989” Se estableció que la DIAN  no posee archivos anteriores al año
1975 y 1989, en razón de la normatividad vigente para archivo general de la
nación, por lo tanto esta comparación no es procedente en la medida que no se
tienen los soportes de la fuente original.
2. Para determinar los posibles incrementos
patrimoniales de ALEJANDRO MANUEL ARRIETA BARRERA, tal como se expone en el
desarrollo de la metodología presentada, se deben tener los soportes de cada
período contable años 1975 a 1989, que permitan establecer la exactitud de las
declaraciones  de renta presentadas, las posibles diferencias con respecto a la
realidad financiera del mencionado señor Arrieta y su núcleo familiar.
De la información financiera encontrada en el proceso
vale decir, propiedades, inventario de semovientes, obligaciones bancarias,
soportes contables de contratos de ganado en participación NO DELCARDOS (sic), entre otros
Con base en las declaraciones tributarias se
determinan incrementos patrimoniales por justificar, por valor total de
$175.968.349, así (nuevamente, se
presentan cuadros explicativos).
Los incrementos patrimoniales han sido determinados
con base en la manifestación fiscal o declaración de renta del señor Arrieta,
más (sic) no de una determinación patrimonial real de la situación financiera
propia y de su núcleo familiar, primordial objeto de este experticio”.
Además, los peritos explicaron que “para
determinar un incremento patrimonial se requiere que en el proceso se alleguen
los soportes de información financiera principalmente” extractos bancarios,
certificados de entidades financieras, relación de inventarios, resoluciones de
las superintendencias sobre valores fiscales, avalúos o autoavalúo de predios y
del valor comercial de las propiedades, certificados de las obligaciones
financieras y con terceros, certificados de las secretarías de tránsito,
certificados de cámara de comercio sobre la actividad económica del señor
Arrieta, y expresaron: “En razón de lo anterior, nos abstenemos de cuantificar
o tener como soporte los documentos que se encuentran en los cuadernos de
actuaciones, de oposiciones y de anexos, pues si bien es cierto se presume su
legitimidad, estos no son lo  suficientemente legibles, consistentes, objetivos
y verificables para cada período contable.”
3. “Con base en la información que aparece en el
informativo, no se pueden determinar  los posibles incrementos patrimoniales de
Alejandro Manuel Arrieta Barrera desde mil novecientos setenta y nueve”.
De
los apartes transcritos del dictamen, puede señalarse, de forma sucinta, que
este tiene el siguiente alcance: (i) establece que existen incrementos
patrimoniales por justificar en diferentes períodos; (ii) los peritos se
abstuvieron de valorar los documentos aportados por el peticionario; (iii) se
conceptúa que hace falta información relevante para responder algunos
cuestionamientos de la Fiscalía; (iv) existen amplios períodos en los que se
carece de archivos y, por lo tanto, (iv) no fue posible encontrar en la DIAN
todas las declaraciones de renta del señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera.
2.4.
Incidencia del dictamen pericial en los fallos judiciales controvertidos.
En
síntesis, puede expresarse que los jueces de instancia consideraron que el
dictamen demostraba la existencia de incrementos patrimoniales que no pudieron
ser justificados por el peticionario debido a que este no aportó los elementos
probatorios idóneos para acreditar el origen lícito de los mismos.
La
Sala estima conveniente efectuar algunas consideraciones sobre el alcance dado
al dictamen pericial, a la luz de la jurisprudencia reiterada en los fundamentos
de esta providencia.
La
Corte Constitucional ha considerado que, en materia de extinción de dominio, el
Estado debe llegar a una inferencia razonable sobre el origen ilegal de los
bienes y que el eventual afectado debe proceder a ejercer su derecho de defensa
mediante la oposición acompañada de los documentos que desee hacer valer para
demostrar el origen lícito de sus bienes. La Corporación ha expresado, además,
que las garantías del proceso penal no son extensivas al trámite de extinción
de dominio, por lo que resulta aplicable el principio de carga dinámica de
la prueba, según el cual corresponde probar un hecho determinado, a quien
se encuentra en mejores condiciones para hacerlo.
Pero
este Tribunal también ha establecido, sin ambigüedad alguna, que no puede
declararse la extinción de dominio en ausencia de prueba, y que la no
aplicación de la presunción de inocencia no implica la existencia de una
presunción de origen ilícito de los bienes ni una justificación a la inactividad
estatal, o la derogación o anulación de los principios de la sana crítica.
La
Sala encuentra que, en los términos expuestos, el dictamen pericial es una
prueba de un incremento patrimonial que debe ser justificado. Sin embargo,
existen aspectos que no pueden razonablemente inferirse de la sola lectura del
dictamen, sin apoyo en otras pruebas. Algunas de las deficiencias mencionadas
afectan los aspectos generales del dictamen, en tanto que otras apuntan a
generar incertidumbre sobre determinados aspectos específicos del mismo.
A
manera de ilustración, en cuanto a los aspectos generales del dictamen, cabe
preguntarse ¿Si en un período determinado no era obligatorio presentar
declaraciones de renta, puede inferirse de su inexistencia que los
peticionarios no aportaron prueba sobre la legítima procedencia de sus bienes?
En el mismo sentido ¿De la decisión de los expertos de no tomar en cuenta los
documentos aportados como oposición por el señor Alejandro Manuel Arrieta
Barrera puede concluirse que este no aportó prueba alguna? ¿Debería el juez
explicar por qué resulta legítimo seguir el curso trazado por los peritos en un
tema tan importante como el rechazo de plano de las pruebas aportadas por el
peticionario? Además, en algunos períodos, la falta de documentación es
atribuida por los peritos a insuficiencias de las bases de datos de la DIAN,
¿Puede de ello derivarse responsabilidad para el particular?
Esas
fallas se proyectan en aspectos particulares del dictamen. Concretamente, se
constata que no existe un análisis detallado de cada uno de los períodos
estudiados por la Fiscalía sobre el enriquecimiento de Alejandro Manuel Arrieta
Barrera; en estrecha relación con lo expuesto, el análisis no se refiere a cada
uno de los bienes por separado[77]; finalmente, no se
motiva la exclusión de documentos específicos (certificados de retención), ni
se explica la razón por la que se consideran ilegítimos los certificados de
inscripción en el folio de matrícula de determinados bienes.
Esta
Sala no considera que esas insuficiencias deban ser resueltas en favor del
peticionario, precisamente porque en el trámite de extinción de dominio no se
aplica la presunción de inocencia. Lo que sí resulta evidente es que el
dictamen, por sí solo, no es prueba suficiente para sostener, en todo su
alcance, los fallos adoptados por el Juzgado
Primero (1º) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Bogotá. Lo que se echa de menos, en síntesis, es el
análisis y la motivación judicial en la valoración de la prueba.
Ahora
bien, si junto con el dictamen obraban pruebas testimoniales coincidentes en
cuanto al origen irregular o ilegítimo de los bienes, las insuficiencias
reseñadas podrían suplirse con algunos aspectos de las declaraciones
mencionadas.
Así,
por ejemplo, la conclusión de que los primeros bienes del peticionario tuvieron
origen ilegítimo y, por tanto, contaminaron sus frutos, encontraba respaldo en
las declaraciones de Rigoberto Martínez Peralta, Guillermo Martínez Peralta y
Domingo Ramón Bedoya Córdoba, quienes afirmaron que el señor Barrera recibió retribución
por colaborar con las actividades ilícitas de un familiar en los años 70, al
igual que -de acuerdo con los mismos testimonios- recibe actualmente dinero de
las Farc pues otro de sus familiares hace parte del grupo guerrillero. En
sentido similar, la ausencia de prueba frente a determinados aspectos fácticos
resultaba fácil de suplir con las declaraciones de los testigos pues apuntaban
al mismo objetivo: la colaboración del peticionario con el EPL.
Sin
embargo, actualmente la credibilidad de varios testigos se encuentra seriamente
cuestionada a partir de fallos judiciales en los que se acreditó que estos
profirieron declaraciones falsas en el proceso adelantado contra Alejandro
Manuel Arrieta Barrera  (y en otros procesos). Para dar un sustento probatorio
adecuado a la declaratoria de extinción de dominio, esos vacíos deberían ser
colmados mediante una actividad probatoria tanto del juez como de los
eventuales afectados por la decisión de extinción de dominio[78].
En
virtud de lo expuesto, concluye la Sala que el dictamen pericial es
insuficiente para sostener la declaratoria de extinción de dominio en su
integridad.
2.5.
Sobre los testimonios cuya credibilidad se ve afectada tras la sentencia
declaratoria de extinción del derecho de dominio.
Para
la Fiscalía, en apreciaciones compartidas por el Juzgado Primero (1º) Penal del
Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial  de Bogotá, Sala de Descongestión Penal, todos los testigos
que declararon en el proceso de extinción de dominio merecieron credibilidad.
En el mismo sentido, las autoridades judiciales rechazaron los argumentos del
peticionario sobre un eventual interés de los testigos y sobre su carácter de “sospechosos”
porque sus declaraciones tendrían por finalidad la obtención de una retribución
económica y otras prebendas ofrecidas por funcionarios estatales.
En
concepto de las autoridades accionadas, no se acreditó que los testimonios
persiguieran intereses personales así que debía darse credibilidad a los
testigos, dado su profundo conocimiento sobre el funcionamiento interno del
EPL.
Concretamente,
los testimonios que se han visto afectados por pronunciamientos judiciales son
los de Rigoberto Martínez Peralta, Guillermo Martínez Peralta y Domingo Ramón
Bedoya Córdoba, quienes fueron investigados por falso testimonio y fraude
procesal (ver, antecedentes, capítulo I de esta sentencia); y el
de Nelson Elías Celis Giraldo, quien fue condenado penalmente por haber
cometido los delitos de fraude procesal y soborno en el proceso de extinción de
dominio adelantado contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera.
El
juez de primera instancia del proceso de extinción de dominio, en intervención
ante el juez constitucional de instancia, afirmó que más allá de lo ocurrido
con esos testigos y sus declaraciones, aún existe un testimonio “incólume”,
el del señor Edison Manuel González Soto, que involucra al peticionario con el
EPL y permite, junto con el dictamen pericial ampliamente referido, sostener el
fallo. La aserción del juez puede llevarse aún más lejos pues en realidad no es
uno sino al menos dos testimonios los que sostendrían el fallo actualmente
(José Nicolas Casarrubias, Oswaldo Martínez Nisperuza)[79].
El
argumento del funcionario judicial resulta convincente a primera vista, pero
una vez se observa el alcance de las declaraciones de Nelson Elías Celis
Giraldo resulta claro que los testimonios “incólumes” deberían ser
analizados nuevamente para garantizar que no estuvieron preordenados o
influenciados por el señor Nelson Elías Celis Giraldo. Para sostener esta
afirmación, es preciso transcribir algunos apartes de esa declaración:
“Las fechas no las recuerdo directamente, quiero
aclarar que no preciso fechas pero todo arrancó cuando yo renuncié al DAS en el
año 1998, por la propuesta que me hicieron los señores del DAS y la Fiscalía 17
y 2 y los señores del ejercito (sic) del comité…
“… participe (sic) directamente en otro proceso,
fui testigo en el proceso contra ALEJANDRO MANUEL ARRIETA a quien llamaban
PECHO DE FIQUE. Este señor fue el que me denunció penalmente. En este proceso
yo declaré, escogí y preparé a los hermanos RIGOBERTO MIGUEL y ORLANDO MARTÍNEZ
PERALTA, DOMINGO RAMON BEDOYA, JOSE NICOLAS CASARRUBIA, OSWALDO MATINEZ
NISPERUSA (SIC) Y EDISON  MANUEL GONZÁLEZ SOTO”. Refiere que en el proceso
de Simanca los hermanos Martínez Peralta y Domingo Ramón Bedoya Córdoba se “echaron
para atrás y le contaron la verdad al juez de Montería”. “Pero es que el fiscal
CASTELLANOS cada rato decía que esperáramos a que expropiaran todos los bienes,
que todos íbamos a quedar ricos, pero nunca cumplió, por esto también he decidido
decir la verdad. Con él eso era como un carrusel, primero declare (sic) contra
SIMANCA y contra ARRIETA y lo único que siempre me daba era lo de los viajes a
Bogotá siempre por tierra. En cada caso hacia (sic) cuentas y me decía que nos
ganábamos entre el 1.5 y el 5% del valor de los bienes, pero nunca cumplió”[80].
Antes
de referirse a las implicaciones de esas declaraciones sobre la credibilidad de
los testimonios recaudados en el proceso de extinción de dominio que originó
esta controversia, es preciso aclarar que el
señor Nelson Elías Celis Giraldo involucra a muchos funcionarios públicos
(miembros de la Fuerza Pública y al Fiscal 17 de la Unidad de Extinción de
Dominio) en sus distintas intervenciones. Para esta Sala, se trata de
acusaciones que deben ser investigadas por las autoridades competentes; además,
dado que los funcionarios mencionados gozan de la presunción de inocencia,  no
emitirá ningún tipo de juicio al respecto[81].
Obviamente,
no sucede lo mismo con las declaraciones del señor Celis Giraldo en los apartes
que se refieren al rol desempeñado por él en diversas investigaciones, entre
ellas, la seguida contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera, pues se trata de su
propia confesión y de hechos sobre los que existe una sentencia penal en firme.
En
ese orden de ideas, las declaraciones efectuadas por el señor Nelson Elías
Celis Giraldo constituyen un elemento que debe tomarse en cuenta al momento de
determinar la suficiencia de los demás testimonios sobre el soporte
fáctico de la decisión de extinción de dominio, pues su papel parece ser
determinante en las investigaciones adelantadas por el DAS y en los testimonios
posteriormente rendidos por varios testigos ante la Fiscalía General de la
Nación.
Al
observar las afirmaciones del señor Celis Giraldo, sorprende el conocimiento
que tiene de cada testigo, cómo da cuenta de lo que cada uno declaró en el
proceso seguido contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera y en otros procesos
similares; en fin, cómo trazó un puente entre su condición de desmovilizado, su
ejercicio como agente del DAS, y su actual posición de colaborador de la
justicia para estructurar una empresa dedicada a “montar” procesos
judiciales para beneficio propio.
De
ahí que sus afirmaciones no solo afecten la credibilidad de su testimonio, sino
que imponen al juez la obligación de referirse a la forma en que pudo afectar,
manipular o predeterminar el sentido de los demás testimonios.
El
problema que se presenta en este caso es que se desdibujan las líneas que
separan al funcionario público del particular y se hacen tenues las que separan
al subversivo de uno y otro.[82]
Así,
el señor Nelson Elías Celis Giraldo combatía en las filas del EPL y, al momento
de su desmovilización, ingresó en el principal órgano de inteligencia del
Estado. Con base en su conocimiento sobre el funcionamiento de la organización
subversiva referida, participó en diversas investigaciones; en ese entonces, su
pasado de guerrillero resultaba de importancia para los órganos de seguridad
del Estado. Sin embargo, el peticionario se retiró de la inteligencia estatal
en 1999, y desde entonces comenzó a desempeñar un papel en el que de la participación
en investigaciones pasó a la colaboración con las autoridades.
En
el curso de las sucesivas transformaciones del señor Nelson Elías Celis Giraldo
los roles desempeñados por este comenzaron a confundirse: el señor Celis Giraldo
nunca interiorizó un respeto por los límites que establece la Ley, y tampoco
dejó de actuar como un funcionario del DAS una vez se retiró de la institución.
De hecho, en este trámite, el señor Nelson Elías Celis Giraldo fue referido en
los informes 429 y 429A de 1997, que dieron origen al procedimiento de
extinción de dominio discutido, como funcionario del DAS, en tanto que
al finalizar el proceso, es un particular que recibe una retribución económica
por su colaboración.
En
el momento del retiro del DAS del señor Nelson Elías Celis Giraldo se presenta
una falla atribuible a esa institución, pues permitió que este sujeto
continuara ejerciendo las funciones de un agente, en procesos en los que ya
había participado al interior de la institución, sin reparar en su condición de
ciudadano, sin atribuciones para el ejercicio de funciones públicas.
No
corresponde a esta Sala determinar responsabilidades en esa falla, ni
esclarecer si se debió a la voluntad de funcionarios del DAS o a una falta de
cuidado por parte de la institución. Lo cierto es que el DAS permitió que el
señor Nelson Elías Celis Giraldo, de acuerdo con toda la información expuesta,
actuara como un particular investido de las funciones propias de las
autoridades del DAS. Se trataba, en apariencia, de un agente del DAS que tenía
un margen de acción especialmente amplio pues no enfrentaba los controles que
pesan sobre los funcionarios públicos.
Conseguía
y preparaba los testigos; conocía del curso de un alto número de
investigaciones, y ofrecía dádivas a terceros a nombre de las autoridades. Sin
duda, el DAS no adoptó las medidas necesarias para evitar que el señor Nelson
Elías Celis Giraldo  abusara de su condición de desmovilizado y ex agente de la
entidad para perseguir intereses egoístas, en detrimento del nombre de la
institución y la transparencia de la función pública.
De
las consideraciones precedentes se desprenden dos conclusiones: de un lado, los
testimonios recaudados en el proceso de extinción de dominio que afectó a
Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano de Arrieta tuvieron
origen en investigaciones desarrolladas por el DAS en las cuales el señor
Nelson Elías Celis Giraldo (en un primer momento funcionario de la Institución,
y en un segundo momento, particular que colaboraba con las investigaciones)
instruyó a los testigos para emitir declaraciones falsas.
En
segundo lugar, esa falla es atribuible al DAS pues, bien sea por fallas
internas o actuaciones de algunos funcionarios, o por falta de cuidado en el
ejercicio de sus funciones, permitió que el señor Nelson Elías Celis Giraldo
actuara aparentemente a nombre de la institución; en ese sentido, se indujo a
error a los jueces de instancia que consideraron confiables los testimonios
originados en investigaciones del DAS pero que, en realidad, parecen haber sido
predeterminados por el señor Nelson Elías Celis Giraldo.
Ese
error afecta directamente la suficiencia de la prueba y, en virtud de
los lineamientos de la acción de extinción de dominio esbozados por esta
Corporación, un error como este puede dar origen a la violación del derecho
constitucional a la propiedad del peticionario en conexidad con el debido proceso.
Las sentencias mencionadas, entonces, presentan insuficiencias en la subsunción
de los hechos en el supuesto de hecho que tiene por consecuencia jurídica, la
extinción de dominio. Dicho de forma más sencilla, se estructura de esta manera
un defecto fáctico.
Para
explicar la existencia de este defecto fáctico es necesario, empero, comenzar
por referirse a un hecho procesal que podría generar alguna confusión o
perplejidad. En el año 2005, el peticionario presentó acción de tutela con el
fin de anular los fallos producidos en el proceso de extinción de dominio que
se controvirtieron en este pronunciamiento, alegando la existencia de defectos
fácticos derivados de la inadecuada valoración de la prueba y, particularmente,
del testimonio del señor Nelson Elías Celis Giraldo. La acción no prosperó
porque los jueces constitucionales en ese proceso[83]
estimaron que la valoración de la prueba era razonable, así que se encontraba
protegida por los principios de independencia y autonomía judicial. ¿Cómo se explica que esta Sala concluya actualmente
que sí existían defectos fácticos?
La
respuesta es la siguiente: los fallos atacados por vía de tutela siempre
adolecieron de un defecto fáctico pues dieron credibilidad a declaraciones de
testigos que –como posteriormente ellos mismos confesaron-, mintieron en el
trámite de extinción de dominio adelantado contra Alejandro Manuel Arrieta
Barrera motivados por la promesa de remuneración y las presiones del señor
Nelson Elías Celis Giraldo. Sin embargo, en esa oportunidad ese defecto no era
de una entidad tal que pudiera desvirtuar la razonabilidad del examen
probatorio mencionado, por lo que el juez de tutela no podía pronunciarse sobre
el caso en ese momento.
Actualmente,
la situación es diferente pues los pronunciamientos penales referidos afectan
seriamente el conjunto de los testimonios recaudados en el proceso (en efecto
cabría preguntarse si la coincidencia entre los testimonios, antes contundente,
no es, con la información existe hoy en día, una consecuencia de la preparación
previa de los testigos), de manera que el sustento probatorio se hace insuficiente
para adoptar la decisión de extinción de dominio, con respeto por los
estándares fijados por esta Corporación en el fallo de constitucionalidad C-740
de 2003.
¿Dónde
se encontraba entonces ese defecto fáctico, antes no muy notorio, pero
actualmente determinante? El defecto se configuró en un análisis de los
testimonios que no reparó en las condiciones de los testigos y los beneficios
que recibirían por su colaboración.
En
efecto, las autoridades accionadas consideraron que no podría predicarse
interés por parte de los testigos, y que su credibilidad era indiscutible, dado
su conocimiento del funcionamiento del EPL. Esa posición desconoció la existencia
de una normatividad que reconoce beneficios por colaboración en procesos de
extinción de dominio. Se trata, por supuesto, de beneficios legales, pero por
esa misma razón (son derecho positivo) su existencia es indiscutible.
Desconocer los condicionamientos que impone el derecho positivo a la
consecución y análisis del material probatorio negando la existencia de esos
estímulos no es aceptable a la luz de la sana crítica[84].
No
corresponde a esta Sala (de revisión de tutelas), por evidentes razones de
competencia funcional, y por el respeto debido al principio de división de
poderes, emitir juicios de ningún tipo sobre la política criminal adoptada por
las otras ramas del poder público. Pero sí es preciso que la Sala, como garante
de derechos fundamentales y de la supremacía e integridad de la Carta Política
(Artículo 241 de la C.P), advierta a los jueces que aplican esa política
criminal sobre su obligación de analizar con detenimiento los testimonios que
se originan en los estímulos ofrecidos por esa política.
A
partir del análisis efectuado, la Sala concluye que en el presente proceso se
presentó un defecto fáctico que llevó a los jueces a conclusiones que carecen
de un sustento probatorio suficiente por lo que podrían afectar seriamente los
derechos constitucionales al debido proceso y la propiedad privada del
peticionario.
Esos
errores tuvieron origen en la actuación del señor Nelson Elías Celis Giraldo,
pero son atribuibles además, a la falta de cuidado que se evidencia en el DAS
frente a las actuaciones del mencionado Celis, al punto que se permitió que con
base en el conocimiento obtenido en el DAS estableciera una empresa dedicada a
preparar y conseguir testigos para iniciar procesos de extinción de dominio,
con el fin de recibir beneficios personales.
No
solo el señor Nelson Elías Celis Giraldo  afirmó que tal era su papel en estos
procesos, sino que algunos de los testigos se refieren al señor Celis Giraldo
como funcionario del DAS, pues nunca fue claro en qué momento su actuación
correspondía a la colaboración con la justicia en calidad de particular, y
cuándo se trataba de un funcionario con participación directa en las
investigaciones.
En
virtud de lo expuesto, esta Sala estima que el peticionario tiene el derecho a
una nueva valoración integral de las pruebas que tenga en cuenta lo sucedido
con los diferentes testimonios y, particularmente, con el testigo Nelson Elías
Celis Giraldo.
Por
supuesto, no corresponde a la Sala evaluar los testimonios que permanecen en el
proceso, ni establecer cuáles pruebas deberían practicarse para resolver definitivamente
el litigio, aspectos que se ubican en el ámbito de competencia del juez penal.
Lo que se impone es permitir que se reabra el debate probatorio en su
integridad, pues tanto el juez penal como el peticionario deben efectuar un
nuevo análisis de conveniencia, pertinencia, conducencia y necesidad de la
prueba, tomando en consideración los nuevos hechos procesales aquí mencionados.
Es
imperativo señalar que la protección constitucional que la Sala otorgará al
señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera y a su cónyuge no implica de ninguna
manera un pronunciamiento de esta Corporación sobre la procedencia o
improcedencia de la extinción de dominio sobre sus bienes (legal o ilegalmente
adquirido).
2.6. Alcance de la protección: a juicio de esta
Sala de Revisión, la protección debe consistir en que se reabra el debate
probatorio y se efectúe una valoración de la prueba que comprenda, por lo
menos, los siguientes aspectos: (i) la posición del juez sobre las pruebas
testimoniales cuya credibilidad se ha visto seriamente afectada en procesos
penales; (ii) el examen minucioso de los demás testimonios teniendo presentes
las declaraciones del señor Nelson Elías Celis Giraldo; (iii) un análisis sobre
cada una de las etapas en las que el peticionario adquirió sus bienes, pues el
origen ilícito alegado sería diverso en cada etapa; (iv) un análisis explícito
sobre la oposición presentada por el peticionario con el fin de garantizar el
acceso a la segunda instancia; (v) un análisis sobre el origen de cada bien. En
otras palabras, la Sala considera que el peticionario, quien ha demostrado la
existencia de falsos testimonios involucrados en el proceso que tuvo como
resultado la extinción de dominio, merece que se produzca un análisis judicial
serio, completo, suficiente y basado en la sana crítica sobre el material
probatorio.
IV.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009).
SEGUNDO.-
CONCEDER al señor Alejandro Manuel
Arrieta Barrera y la señora Magola Isabel Lozano Polo la tutela al derecho
fundamental al debido proceso y, en consecuencia, REVOCAR las sentencias
proferidas en el trámite de extinción de dominio fallado en primera instancia
por Juzgado Primero (1º) Penal del
Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá el Primero (1º) de junio de dos
mil cuatro (2004) y, en segunda instancia, por la Sala de Descongestión Penal
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el veintiocho (28) de
febrero de dos mil cinco (2005) para que
se reabra el debate probatorio y los funcionarios judiciales decreten y
practiquen mas pruebas relacionadas con el asunto sub judice.
El
término del debate probatorio será definido por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado
de Descongestión de Bogotá, buscando que
sea razonable dada la complejidad y necesidades probatorias del proceso.
TERCERO.- LIBRESE, por Secretaría, la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento
de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO A LA SENTENCIA T-590 DE 2009
Referencia: expediente T-2.266.891
Acción de tutela instaurada por Alejandro Manuel
Arrieta Barrera y Magola Isabel Lozano Polo contra el Juzgado Primero Penal del
Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá y la Sala Penal de Descongestión
de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado Ponente
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Con
el respeto acostumbrado, en esta oportunidad salvo el voto por no compartir los
argumentos que llevaron a la mayoría a conceder la tutela en el asunto de la
referencia. Como motivo fundamental de la decisión se aduce que los testimonios
en los cuales se basaron los jueces para declarar la extinción del dominio
después perdieron credibilidad, porque en algunos casos los testigos fueron
enjuiciados penalmente como autores del delito de falso testimonio y ello,
según los colegas que defienden la posición mayoritaria, conduce a que la
prueba testimonial resulta insuficiente para sustentar la extinción del
dominio.
Esa
conclusión llevó a que se ordenara reabrir el debate probatorio y decretar y
practicar más pruebas relacionadas con el asunto debatido, lo que a mi juicio
no era indispensable, pues dentro del trámite que concluyó con la declaración
de extinción del dominio obraron pruebas diferentes de las testimoniales que,
en mi criterio, fueron evaluadas y sirvieron, junto con las declaraciones de
testigos, para fundamentar la decisión.
La
providencia de la cual me aparto le concede una importancia singular a la
prueba testimonial recaudada, al punto que, considerándola sustento basilar de
la extinción del dominio, se estima que la afectación de su credibilidad,
proveniente de cualquier factor, tiene la fuerza necesaria para dar al traste
no sólo con su capacidad para demostrar los hechos, sino también con las
decisiones adoptadas respecto de los bienes objeto de la extinción.
Al
centrarse en los testimonios cuestionados, la sentencia pierde de vista la
existencia de otros medios probatorios y el peso que, en virtud de la valoración
efectuada en su sede natural, a esos otros medios les corresponde en la
decisión sobre la extinción del dominio. En efecto, como lo puso de presente la
Corte Suprema de Justicia en el fallo objeto de revisión, fuera de los
testimonios afectados por las posteriores investigaciones de índole penal, el
expediente contiene testimonios distintos, un dictamen pericial y pruebas
documentales que le sirven de soporte a la decisión de extinguir el dominio.
Los
testimonios cuyo valor probatorio se cree insuficiente no fueron, entonces, los
únicos medios de prueba apreciados en el proceso de extinción de dominio y el
impacto de la duda que se cierne sobre ellos no es, a mi juicio, tan
determinante que permita desconocer las pruebas restantes y remover la decisión
final que también se basa en ellas.
Es
mi convicción que, aún descartando los testimonios cuestionados, la valoración
judicial del material probatorio no afectado por el motivo que origina la tutela
constituye suficiente sustento de la decisión adoptada y que, por lo tanto, esa
decisión ha debido mantenerse, pues no hay razón que justifique la reapertura
del debate probatorio y la reconsideración del asunto.
Sin
embargo, otra apreciación tuvo la mayoría y, por ello, dejo formulado mi
salvamento de voto en los términos expuestos.
Fecha
ut supra.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] En la demanda y
los documentos anexos al expediente se hace referencia indistintamente a la
señora Magola Isabel Lozano de Arrieta y María Isabel Lozano Polo. La Sala
conservará el uso que le han dado los peticionarios y autoridades en distintos
escenarios procesales.
[2] Nota de la
Sala: en este acápite se hace la presentación de los hechos de acuerdo con el
texto de la demanda. Las posiciones de los accionados y demás interesados se
reseñaran en el acápite relativo a “intervenciones”.
[3] Por brevedad,
se hará referencia a la Unidad de Investigaciones Financieras del DAS. La
denominación completa de la oficina es: Dirección General de Investigaciones.
Unidad de Investigaciones Financiera. Coordinación Finanzas contra la
subversión, del DAS.
[4] Proceso de
extinción de dominio. Radicado No. 2004-010-1.
[5] Proceso
adelantado bajo el radicado 62.718.
[6] Por su relevancia, se transcriben algunos apartes de
las declaraciones e indagatorias de los mencionados: a. Extractos de la declaración de Domingo Ramón Bedoya
Córdoba en  el proceso adelantado en la Fiscalía 25 Seccional de Planeta Rica a
partir de la denuncia del señor Alejandro Manuel Arrieta Barrera: “[Preguntado
sobre el conocimiento que tiene de Alejandro Manuel Arrieta Barrera, contestó]:
“Si lo conozco desde hace rato, hace unos 15 años, nuestras relaciones todo
el tiempo han sido buenas, y lo conocí porque él vive aquí en Planeta Rica y
tiene su hogar aquí y él tiene su finca para los lados de San Francisco del
Rayo. [Sobre el conocimiento que tiene de Nelson Elías Celis Giraldo,
respondió:] “Sí lo conocí cuando estaba  ahí  en   el  Das, de eso hace rato
… [como] yo era amigo de un jefe que estaba ahí … lo conocí ya que yo
iba mucho al Das … [Preguntado sobre eventuales ofrecimientos de dinero
efectuados por el señor NELSON ELÍAS CELIS GIRALDO para declarar que Alejandro
Manuel Arrieta Barrera tenía vínculos con el EPL, afirmó:] “Yo estuve en el
Das y … Celis y otro agente del Das me dijeron que les colaborara para que
hablara en contra del señor Alejandro Arrieta, ellos me engañaron, el señor
Celis cada rato iba a mi casa y donde … me encontraba me decía lo mismo… me
ofreció plata … dijo que era una suma elevada si yo decía que Alejandro era
testaferro del EPL, y eso es falso … [Sobre la razón por la que declaró en
contra de Alejandro Manuel Arrieta Barrera, señaló] “A mí me utilizaron, me
engañaron, sobre todo Celis”. [A la pregunta de si fue presionado para
declarar, indicó:] “Me mandaron a buscar para eso, yo creía que era para
otra (sic) y me llevaron presionado.”
Extractos
de la diligencia de indagatoria de Domingo Ramón Bedoya Córdoba rendida el 24
de Mayo de 2005 en el mismo proceso: [Preguntado sobre las declaraciones que
rindió contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera y Luis Felipe Simanca,
respondió: “En el proceso que me están llamando esa ahora (sic), pero antes
… las rendí en un  negocio de SIMANCA en el Palacio de Justicia y en el de
Bogotá fue en un negocio seguido contra PECHO DE FIQUE, cuyo apellido es
ARRIETA- [A la pregunta de si leyó y firmó sus declaraciones, respondió:]
“No me leyeron ni nada porque yo me fui, incluso yo quería que me dieran esos
papeles para yo romperlos….” [Sobre su conocimiento del señor Nelson Elías
Celis Giraldo alias El Paludismo señaló:] Lo conocí en Planeta Rica…[En
relación a sus declaraciones contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera, expresó]
“Esos señores me ofrecieron y me engañaron, a última hora yo no he dicho eso, a
mi me engañaron.- Yo firmé y mas (sic) nada, ellos llenaron el gusto de
ellos esa información, yo firmé pero yo no  he dicho eso.- Ellos acomodaron su
informe conforme a sus intereses…”
b.
Apartes de la declaración rendida por Rigoberto Martínez Peralta en el proceso
por falso testimonio adelantado por la Fiscalía 28 Seccional de Montería, a
partir de las denuncias de Alejandro Manuel Arrieta Barrera. “[Preguntado
sobre su conocimiento del señor Nelson Elías Celis Giraldo, alias ‘Paludismo’,
contestó:] … lo conocí cuando él trabajó en el Das de Montería, y como yo
trabajaba frente al Das en Montería, nosotros nos conocimos, cierto día me dijo
que rindiera una declaración en el Das contra el señor ALEJANDRO ARRIETA, me
ofreció la suma de TRES MILLONES DE PESOS para que yo dijera que el señor
ALEJANDRO ARRIETA  tenía nexos con la guerrilla, con el EPL. Como en esa época
yo estaba tan llevao (sic)  yo acepté la propuesta  y declaré lo que el me dijo
que dijera. Sin embargo nunca me dio un solo centavo… [Preguntado sobre la
veracidad de sus declaraciones en cuanto a la relación entre Alejandro Manuel
Arrieta Barrera y el EPL, contestó: “No era cierto y hoy en día me
arrepiento de haberlo dicho, y yo mismo busqué al señor Alejandro Arrieta para
manifestarle que estaba arrepentido y quería enmendar mi error”. [A la
pregunta de si leyó y firmó tales declaraciones afirmó:] “No me las leyeron
y las firmé porque me decían firme aquí…”
Apartes
de la diligencia de indagatoria del señor Rigoberto Martínez Peralta: [A la
pregunta sobre su posición frente a la denuncia interpuesta por Alejandro
Manuel Arrieta Barrera, respondió:] “… yo conocí al señor ALEJANDRO ARRIETA,
hacen (sic) unos muchos años… él … compraba terneros de año, la vaquita gorda
para ganarse la vida y siempre tomábamos tragos juntos ahí en ese pueblo y
nunca le oí fallas que haya tenido con el Gobierno … hasta hacen (sic) veinte
años que yo dejé de vivir en esa región, de ahí en adelante yo no sé de la vida
de él, lo que sí se es que consiguió dinero porque él recibió una herencia del
suegro de por ahí unas seis hectáreas y él fue un hombre muy valiente en el
negocio… Esa  época que nos conocimos  fue una persona muy trabajadora y
luchadora de la vida. De ahí en adelante no se si fue que Dios le dio una
bendición porque él tiene sus bienes.- De lo otro no tengo yo conocimiento. [Sobre
sus declaraciones sobre las relaciones de Alejandro Manuel Arrieta Barrera con
la insurgencia y la delincuencia común, como origen de su fortuna, expresó:] “Si,
porque yo me sentía remordido, me sentía caminando mal,  por esa declaración
falsa que había dado, para conseguir un futuro para mis hijos y para mi mujer y
por eso acepté esa proposición del señor CELIS, creyendo bajo mi brutalidad que
me iban a dar algo y nunca me dieron nada…”
c. Extractos de la declaración rendida
por Guillermo Alonso Martínez Peralta, en declaración bajo juramento
ante la Fiscalía 25 de Planeta Rica: “[Preguntado sobre la declaración que
rindió en la investigación adelantada contra Alejandro Manuel Arrieta Barrera
por extinción de dominio, explicó:] “Sí  hice una declaración en el DAS aquí
en Planeta Rica ante un fiscal de Bogotá, y lo hice porque el señor CLODOMIRO
GUERRERO que era funcionario del DAS de Montería, me ofreció un dinero allá en
Nueva Esperanza para que declarara en contra del señor ALEJANDRO ARRIETA…”
[Preguntado sobre los ofrecimientos que le hizo el citado funcionario del DAS,
respondió:] “El me llenó la cabeza de cuento y me ofreció cuatro millones de
pesos para que declarara en contra del señor Arrieta, ya que él era el
encargado de hacer los allanamientos a las personas que tuvieran dinero mal
habidos. Esta proposición me la hizo varias veces el señor Guerrero …”
[Preguntado sobre el contenido de la declaración que debía dar ante las
autoridades en contra de Alejandro Manuel Arrieta Barrera y por petición de
Clodomiro Guerrero Acosta, respondió] “El señor Clodomiro Guerrero me dijo
que debía decir que Alejandro era testaferro de la guerrilla y que la guerrilla
del EPL cuando estaba en su apogeo le había dado plata para adelantarla, total
que tenía que decir que la plata que él tenía era de la guerrilla, y que dijera
que Alejandro era un tipo pobre y machetero y que a poquito tiempo ya era un
millonario del alto kilate (Sic)… todo eso lo declaré ante el Fiscal de Bogotá
sabiendo que era mentira … es por eso que hoy desmiento lo que dije … los
centavos que [Alejandro Manuel Arrieta Barrera] tiene los ha conseguido con su
trabajo y también por una herencia  por parte de la señora llamada Magola y por
eso una finca lleva el nombre de Magolandia… “A la pregunta de si tiene
conocimiento sobre ofrecimientos similares efectuados por Clodomiro Guerrero a
otras personas, expresó:] “Mi hermano RIGOBERTO MIGUEL en esa época me dijo
a mí que un señor del Das de apellido CELIS GIRALDO a quien no conocí … hizo la
misma proposición  que me hizo a mí CLODOMIRO GUERRERO y mi hermano declaró
varias veces en Montería también engañado por ese señor Celis…”
[7] El Tribunal
Superior de Montería,  al fallar en segunda instancia en el proceso referido
Radicado 004-2004. remitió copia a las autoridades competentes para iniciar
investigación contra los señores Nelson Elías Celis Giraldo y Clodomiro
Guerrero Acosta, funcionarios del DAS, por los delitos de fraude procesal,
falso testimonio y soborno.
[8] Sentencia del
Tribunal: 28 de Febrero de 2005, Rad 100107040112004000 10 02.
[9] Si existe un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados.  Es indudable que existe un nexo causal entre el
ejercicio aparentemente  inoportuno  de la acción y la vulneración de sus
derechos, ya que  desde el mismo momento en que se empezó a violar la
constitución por parte de los señores funcionarios del DAS (año 1997), para
inducir en error  al juez de extinción de dominio y al H. Tribunal (sic), mis
clientes han estado atentos a defender sus derechos (propiedad y fundamentales
violados) solo que los operadores de justicia  en el trámite de extinción de
dominio  no le creyeron  a mis protegidos …tuvieron  que esperar hasta
el  21 de enero de  2009, cuando se produjo la condena de Nelson Elías Celis
Giraldo, principal testigo de la Fiscalía para intentar con éxito la acción de
amparo. De otra forma, un juez de amparo constitucional habría considerado que
las pruebas eran lícitas.
[10] En relación con la causal alegada, el accionante cita
como fundamento, las C-590 de 2005, SU-014 de 2001 y T-492 de 2003.
[11][11] Los funcionarios judiciales se refirieron a tres
etapas en las que Alejandro Manuel Arrieta Barrera habría adquirido sus bienes,
siempre gracias a su colaboración con personas y grupos al margen de la ley. En
la primera, de 1978 a 1979 recibió oro y plata de un cuñado que asaltaba minas
y extorsionaba; en la segunda, relacionada con el EPL “desde aquellos años
hasta 1991” Nelson Celis Giraldo y Edison Manuel González Soto manifestaron que
Arrieta recibió ganado y tierras producto de extorsiones, secuestros, abigeato,
etc.  González Soto expresó: “…ahí me enteré yo, que él (ARRIETA) le recibía
ganado a la organización al EPL”. Ahí lo guardaba en la finca de él. Que de ahí
lo llevaban a Medellín y lo vendía (sic)”; en la tercera etapa, Edison
González relacionó a Alejandro Arrieta con el frente 18 de las FARC, pues “[el
testigo] tiene entendido que el señor ARRIETA tiene un hermano en ese grupo y
de él recibe dinero, y explico (sic) que al desaparecer el ELN … ARRIETA              continuo
(sic) sus relaciones con las FARC a través de Robinson Lozano”.
[12][12] El apoderado de los peticionarios envió un escrito al
juez constitucional de instancia, expresando que los peticionarios nunca fueron
notificados de la decisión de tutela adoptada frente a la primera acción
interpuesta por su anterior apoderado y que solo hasta el 13 de marzo de 2009
en el sistema de la Corte Suprema fue posible confirmar la existencia de una
decisión de 2005. Sin embargo, destaca que se trata de acciones en las que los
hechos y las pretensiones son diferentes pues en la primera el cargo se basó en
una censura a la valoración dada a los testimonios, el desconocimiento de la
presunción de inocencia y de la carga de la prueba en cabeza del Estado; en
esta oportunidad se invoca la protección del derecho de propiedad “pero en
conexidad con el derecho al trabajo digno y el debido proceso pero por “DEFECTO
FACTICO (sic) POR APRECIACION DE PRUEBA ILÍCITA” y se invocó la protección
de otros derechos.
[13]
Ver sentencias T-006 de 1992, C-543 de 1992, T-079 de 1993 T-231 de 1994
relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las
sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error inducido) y
T-1180 de 2001 (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la
posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y
caprichosos llevaran a la vulneración de derechos fundamentales; finalmente, la
doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos
T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 de ­2003, T-701 de 2004,
doctrina que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005,
que en esta ocasión se reitera.
[14] Cfr.
C-590 de 2005.
[15]
Sobre la función de la Corte en el ejercicio de la revisión de fallos de
tutela, ver la sentencia C-018 de 1993. y los autos A-034 de 1996 y A-220 de
2001.
[16]
Sobre la estructura de los derechos fundamentales, resultan especialmente
ilustrativas las sentencias T-576 de 2008 y T-760 de 2008, relativas al
carácter fundamental del derecho a la salud.
[17]
Sobre la importancia de la unificación de la jurisprudencia constitucional y su
relación con el principio de igualdad, ver sentencias T-292 de 2006, C-836 de
2001 y  T-566 de 1998.
[18]
Ver, sentencias C-560 de 1999 y C-1290 de 2001.
[19]
Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005.
[20]
Ver sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[21]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008.
[22]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[23]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[24]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 y T-079 de 1993.
[25] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003, T-937
de 2001.
[26]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[27]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de
2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.
[28] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.
[29]
“(Se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[30]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001,
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001.
[31] Ver Sentencia
T-701 de 2004.
[32] Es
decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia
material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[33]
Sentencia C-590 de 2005 y T-701 de 2004.
[34] Ver,
especialmente, la sentencia SU-159 de 2002. Otros fallos
sobre el tema son: T-231 de 1994, T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-008 de 1998,
, T-025 de 2001, T-109 de 2005  y T-639  de 2006, T-737 de 2007 y T-264 de
2009.
[35] Así, por
ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del
supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[36] Cabe resaltar
que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una
prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental,
que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[37] Cfr. Sentencias
SU-159 de 2002, T-538 de 1994  y T-061 de 2007.
[38]
Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU–159 de 2002,
T-244 de 1997.
[39] Nuevamente,
remite la Sala a la sentencia SU-159 de 2002.
[40]
Sentencia T-442 de 1994.
[41] Ver sentencias
T-055 de 1997 y T-008 de 1998.
[42] “En
el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene
autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe” Sentencia T-336
de 1995, reiterada por la T-008 de 1998.
[43] Sentencia T-008
de 1998. Reiterada recientemente en la sentencia T-636 de 2006.
[44] Ibídem.
[45] Cfr. sentencias
C-590 de 2005, T-702 de 2005 y T-492 de 2003.
[46]
Sentencia T-702 de 2005.
[47] En
el fallo T-492 de 2003, la Corte consideró que el error inducido como producto
de un particular no hace procedente la acción de tutela.
[48] En
este aparte, la exposición sigue el análisis efectuado por la Sala Plena en la
sentencia C-740 de 2003 en la que se refirió in extenso a la regulación
establecida por el Legislador en la Ley 793 de 2003.
[49] Son antecedentes jurisprudenciales del alcance de la
extinción de dominio las sentencias C-006 de 1993 en la que se estudió la
constitucionalidad de una norma que ordenaba la extinción de títulos mineros
que no fueran escritos en un plazo determinado. El fallo estableció la relación
entre la extinción de dominio y el origen de la propiedad, expresó que la
extinción de dominio no tiene carácter sancionatorio; en la sentencia C-066 de
1993 relativa a una disposición del Decreto Legislativo 1874 del 20 de
noviembre de 1992 que ordenaba en una de sus disposición la extinción de
derechos que tenían relación con  la comisión de determinados delitos, la Corte
se refirió a los antecedentes de la extinción de dominio antes de la vigencia
de la Constitución de 1991; en el fallo C-216 de 1993 la Corte declaró
exequibles disposiciones del Código de Minas sobre extinción de derechos de
particulares sobre el suelo o subsuelo minero o minas por suspender la
explotación a partir de un análisis sobre la expropiación, la extinción de
dominio y la confiscación.”; en el fallo C-245 de 1993 la Corte declaró
exequible el artículo 61 del Decreto 2700 de 1991, que ordenaba la cancelación
de registros obtenidos fraudulentamente, en el curso de los procesos penales,
condicionando su constitucionalidad a que se entendiera que se trataba de un
procedimiento preventivo. En el pronunciamiento C-176 de1994 la Corte revisó la
constitucionalidad de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, aprobatoria de la
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias sicotrópicas  suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y
diferenció la confiscación  -pena impuesta hasta 1830 a delincuentes políticos,
por medio de la cual se los privaba de la totalidad o parte de sus bienes-  del
decomiso  -pena impuesta al responsable de un delito que implica la pérdida del
dominio de bienes vinculados a la comisión de un delito-. Declarando
inexequibles algunas reservas del Estado por considerar que no se basaban en la
prohibición de confiscación; en la sentencia C-389 de 1994 la Corporación
declaró la inexequibilidad del aparte final del parágrafo segundo del artículo
62 de la Ley 81 de 1993, que adicionó el artículo 60 del Código de
Procedimiento Penal.  De acuerdo con esta norma, cuando se trataba de bienes no
vinculados a un proceso penal, procedía la extinción de dominio si transcurrido
un año no eran reclamados.  En este fallo se consideró el régimen
constitucional del derecho de propiedad y se aludió la extinción de dominio
como una consecuencia del incumplimiento de la función social y ecológica de la
propiedad. En este fallo la Corte sostuvo una doctrina que fue posteriormente
abandonada según la cual la extinción de dominio tendría el carácter de  “una
pena accesoria a la que corresponde al delito que se juzgue”,  pena que  “el
legislador la puede instituir como una pena principal” y que  “se configura
como una sanción objetiva”.
Ahora
bien. En relación con la extinción de dominio desarrollada integralmente por el
legislador y, excepcionalmente, mediante decretos legislativos, los principales
pronunciamientos son las sentencias C-374 de 1997, C-409 de 1997, C-539 de
1997, C-1708 de 2000 y C-740 de 2003. Otros fallos relevantes son las
sentencias C-194 de 1998, C-677 de 1998, C-674 de 1999, C-194 de 1998, C-329 de
2000, C-674-99, C-1007 de 2002. En sede de revisión de tutela se pueden
consultar los fallos T-625 de 2005, T-001 de 2007, T-537 de 2003.
[50][50]
Cfr. Artículo 34 Constitución Política.
[51][51]
Sentencias C-374 de 1997 y C-740 de 2003.
[52] “Es una acción constitucional porque … ha sido
consagrada por el poder constituyente originario…”
[53] “Es una acción pública porque el ordenamiento
jurídico colombiano sólo protege el dominio que es fruto del trabajo honesto y
por ello el Estado, y la comunidad entera, alientan la expectativa de que se
extinga el dominio adquirido mediante títulos ilegítimos, pues a través de tal
extinción se tutelan intereses superiores del Estado como el patrimonio
público, el Tesoro público y la moral social”.
[54] “Es una acción judicial porque… corresponde a un
típico acto jurisdiccional del Estado y, por lo mismo, la declaración de
extinción del dominio está rodeada de garantías como la sujeción a la
Constitución y a la ley y la autonomía, independencia e imparcialidad de la
jurisdicción”.
[55] La
autonomía se establece en relación con la responsabilidad penal.
[56]
Puesto que procede una vez se cumplan los supuestos previstos por el
constituyente.
[57]
Cfr. Sentencias C-374 de 1997 y C-740 de 2003.
[58]
Ibídem.
[59]
Ibídem.
[60] Ibídem.
[61]
Cfr. Ley 740 de 2003, artículo 1º (Publicada en el Diario Oficial No 45.046 de
27 de diciembre de 2002).
[62] Sobre la regulación del derecho de propiedad en la
Constitución de 1936, expresó la Corte Constitucional  en sentencia C-740/03: “i)
En primer lugar, se hizo referencia expresa al derecho de propiedad privada. ||
ii) En segundo lugar, se incorporaron los motivos de interés social para
hacerlos prevalecer sobre el interés privado. || iii) En tercer lugar, se
estatuyó un mandato de acuerdo con el cual  “La propiedad es una función social
que implica obligaciones”. || iv) Y en cuarto lugar, se facultó al legislador
para ordenar, por razones de equidad, expropiación sin indemnización previa”.
[63] En la sentencia C-740 de 2003, la Corte se refirió
ampliamente a la regulación del derecho de propiedad en la Constitución de
1991. Al respecto, señaló: “La regulación del derecho de propiedad se
incardina en ese marco.  Ella está contenida en el Titulo II, “De los derechos,
las garantías y los deberes”.  En particular, en el capítulo II.  Éste regula
una serie de instituciones como la protección de la propiedad privada y los
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles  (Art.58), la procedencia
de la expropiación  (Arts. 58 y 59), la promoción estatal del acceso a la
propiedad  (Art.60),  la protección de la propiedad intelectual  (Art. 61), la imposibilidad
de variar el destino de las donaciones (Art. 62), la inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de uso público  (Art. 63)
y la promoción del acceso progresivo a la propiedad de la tierra (Art. 64)”.
|| “… De este modo, a partir de 1991, el régimen constitucional del derecho
de propiedad privada y de la acción de extinción de dominio, es el siguiente:
i) Reconocimiento expreso del derecho de propiedad privada.|| ii)
Reconocimiento expreso de los derechos adquiridos. || iii) Condicionamiento de
la adquisición de aquél y éstos con arreglo a las leyes civiles. iv) Un mandato
de no desconocimiento o vulneración de la propiedad y demás derechos
adquiridos.|| v) Un mandato de prevalencia del interés público y del interés
social sobre el interés privado.|| vi) Una concepción de la propiedad en cuanto
función social y ecológica.|| vii) Un mandato de promoción y protección de las
formas asociativas y solidarias de propiedad.|| viii) Una facultad de expropiar
por motivos de utilidad pública o interés social y mediante sentencia judicial
e indemnización previa.|| ix) La facultad legislativa de prescindir de tal
indemnización por razones de equidad - ésta última derogada por el Acto
Legislativo 01 de 1999-.|| x) Aparte de ello, el constituyente de 1991 consagró
una institución directamente relacionada con el derecho de propiedad:  la
acción pública de extinción de dominio sobre bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro
de la moral social”.
[64][
C-740 de 2003 y C-374 de 1997.
[65][65] “Es una
acción directa porque su procedencia está supeditada únicamente a la
demostración de uno de los supuestos consagrados por el constituyente:
enriquecimiento ilícito, perjuicio del Tesoro público o grave deterioro de la
moral social”.  C-740 de 2003.
[66][66].  En
efecto, ese fue el propósito esencial perseguido por la Ley 793 de 2002 como se
explicó ampliamente en la citada sentencia C-740 de 2003. “La autonomía de
la acción de extinción de dominio estaba ya consagrada en el artículo 10 de la
Ley 333 de 1996.  No obstante, la parte final de esa disposición  …
constituyeron límites a esa autonomía y de allí por qué se hayan presentado
muchas dificultades en la aplicación del instituto.|| En el nuevo régimen de
esa institución, en cambio, es mucho más evidente el propósito del legislador
de desvincularla totalmente de la acción penal….  la acción de extinción de
dominio constituye una institución en virtud del cual se le asigna un efecto a
la ilegitimidad del título del que se pretende derivar el dominio,
independientemente de que tal ilegitimidad genere o no un juicio de
responsabilidad penal (…) [El legislador puede] definir tal autonomía en
el sentido de independencia”.
[67][67]
Leyes 333 de 1996 y 793 de 2002.
[68][68]
Cfr. Sentencias C-374 de 1997 y C-740 de 2003.
[69] “ … se plantea la controversia de si se trata de una
pena que se ha de imponer con ocasión de la comisión de un delito o si se trata
de una institución independiente de la comisión de delito alguno y desprovista
de carácter punitivo.||…  si se
afirma que se trata de una pena, las consecuencias son claras:  Su ejercicio
queda supeditado a la demostración de la responsabilidad penal de una persona y
sin esta previa declaración de responsabilidad, no puede haber lugar a su
ejercicio en el proceso penal promovido, ni por fuera de él.  Además, la
institución queda supeditada al reconocimiento de las garantías penales.  Por
el contrario, si se afirma que la acción de extinción de dominio no constituye
una pena, su ejercicio no está condicionado a la demostración de la
responsabilidad penal, puede ejercerse independientemente de él y no hay lugar
al reconocimiento de esas garantías.
[70]
Sigue la Sala lo establecido por la Corte en la sentencia C-740 de 2003.
[71] “De allí que
al afectado con el ejercicio de la acción de extinción de dominio, le sea
aplicable la teoría de la carga dinámica de la prueba, de acuerdo con la cual
quien está en mejores condiciones de probar un hecho, es quien debe aportar la
prueba al proceso”… “ya que
el titular del dominio sobre los bienes es el que está en mejores condiciones
de probar su origen lícito, es él quien debe aportar las pruebas que acrediten
ese hecho y que desvirtúen el alcance de las pruebas practicadas por las
autoridades estatales en relación con la ilícita procedencia de esos bienes”. C-740 de 2003.
[72] “El fundamento para decidir el cargo presentado
contra la norma citada es el mismo que se tuvo en cuenta en esa ocasión (hace
referencia a la sentencia C-374 de 1997): Tratándose de una acción
constitucional orientada a excluir el dominio ilegítimamente adquirido de la
protección que suministra el ordenamiento jurídico, no pueden configurarse límites
temporales, pues el solo transcurso del tiempo no tiene por qué legitimar un
título viciado en su origen y no generador de derecho alguno.  Mucho más si aún
bajo el régimen constitucional anterior no fue lícita la adquisición del
dominio de los bienes”. (C-740 de 2003).
[73] Proceso No 27944. Corte Suprema De Justicia, Sala De
Casación Penal. Magistrada
Ponente: María del Rosario González de Lemos, fallo de primero (1º) de agosto
de dos mil siete (2007).
[74] Cfr. La decisión de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de queja, interpuesto en el
proceso No 22170, con el fin de controvertir la decisión del juez penal de
segunda instancia sobre el rechazo del recurso extraordinario de Casación en un
trámite de extinción de dominio (Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Gómez Quintero)
Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil cuatro (2.004), y el auto de 21
de agosto de 2003. (M.P. Dr. Herman Galán Castellanos) en los cuales se
establece: “(…) 4. No obstante ser viable el recurso de queja y entenderse
que se halla debidamente sustentado, es lo cierto que en este evento el recurso
extraordinario de casación deviene improcedente por cuanto, dada la naturaleza
jurídica de la acción de extinción de dominio, con su ejercicio “no se juzga
una conducta punible, por lo tanto, la sentencia no acarrea la imposición de
una pena privativa de la libertad o una medida de seguridad, razón por la cual
no es susceptible del recurso extraordinario de casación por vía ordinaria, ora
discrecional” . || “De otro lado -se dijo también en dicha decisión- “la
legislación procesal penal, no consagra ninguna disposición que refiera al
recurso extraordinario de casación contra sentencias de las características
inherentes a las proferidas con fundamento en la ley 793 de 2002; por el
contrario, esa normatividad de manera expresa señala la procedencia de los
recursos contra las decisiones que se adopten en su trámite, previendo tan sólo
el recurso de apelación y la consulta en los términos indicados en los
ordinales 10 y 11 del artículo 13, más no hizo mención a la modalidad que añora
el recurrente”.” “Es claro, entonces -dijo igualmente la Sala en providencia
del pasado 25 de febrero con ponencia del Magistrado Dr. Álvaro Orlando Pérez
Pinzón al interpretar el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal- que la
ley reservó la casación, en cualquiera de sus modalidades, exclusivamente para
procesos penales, adelantados por delitos, y formalmente culminados con
sentencia de segunda instancia. Por tanto, excluyó todo otro tipo de proceso o
trámite, los procesos por contravenciones y los juicios de única instancia”.
“Desde este punto de vista es nítido, así, que la acción de extinción del
derecho de dominio no se halla cobijada por el recurso extraordinario de
casación”.” El sentido de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia es claro: en la medida en que las sentencias de
extinción de dominio son independientes de la acción penal y no se pronuncian
sobre la responsabilidad penal de los investigados ni establecen penas, no está
prevista la procedencia de las acciones y recursos extraordinarios en la
materia.
[75] Para la Sala, este proceder se encuentra justificado
en que, si bien se encuentra establecido en jurisprudencia constante y
reiterada de la Corte Constitucional que cuando la acción de tutela se dirige
contra sentencias es exigible un mínimo de carga argumentativa al actor, ello
no significa que la acción pierda su naturaleza informal y basada en la
prevalencia del derecho sustancial y que, por lo tanto, se requiera una
precisión en los cargos similar a la que exige el recurso de casación. Además,
como se expresó en los fundamentos del fallo (ver, Supra 1.8), los
defectos o causales genéricas de procedencia de tutela contra providencias
judiciales suelen estar relacionados y pueden ser causa y consecuencia unos de
otros.
[76] En
efecto, el apoderado de los peticionarios sostuvo en su escrito de tutela que
la valoración de la prueba fue inadecuada porque las autoridades accionadas
habrían dado demasiada credibilidad a los testimonios, al parecer, en
aplicación del principio de buena fe, pero no hizo referencia a que se haya
adelantado discusión alguna sobre la validez de tales testimonios
[77] En
efecto, dado que las autoridades judiciales consideran que si el origen de los
primeros bienes es ilícito, lo mismo se predica de los demás, pues se
obtuvieron a partir de los frutos de los iniciales, resulta irrelevante el
análisis bien por bien. Pero entonces sería superfluo también el dictamen
pericial pues bastaría con los testimonios sobre la primera etapa de
enriquecimiento para afectar todo el patrimonio del peticionario. Pero el
problema consiste en que al desvirtuarse la credibilidad de algunos testimonios
(los que versan sobre los primeros bienes ilícitamente adquiridos por Arrieta
Barrera) se caería todo el análisis consecuencial efectuado por los
funcionarios judiciales, de donde se deduce que solo un análisis bien por bien
garantiza la suficiencia del análisis probatorio para sostener las decisiones
controvertidas en su integridad.
[78] Como se ha expresado ampliamente, en el proceso de
extinción de dominio, si bien se aplica el principio de carga dinámica de la
prueba, no se aplica la presunción de procedencia ilícita de los bienes.
Por ello, la prueba debe ser suficiente; la actividad probatoria se
distribuye entre la Fiscalía, el Juez y el eventual afectado (en este caso,
especialmente debía impulsarse la actividad probatoria dado que las oposiciones
presentadas por el accionante fueron rechazadas de plano); y, por último, rige
el principio de la sana crítica en la valoración de la prueba.
[79] Otros
testimonios, como el de Francisco Berrío Berrío, quien afirmó haber sido
secuestrado por el EPL, no parecen tener incidencia directa en lo que concierne
al enriquecimiento de Alejandro Manuel Arrieta Barrera.
[80] En otros apartes, el citado Nelson Elías Celis
Giraldo  declaró: “El Fiscal 17 Doctor LUIS FERNANDO CASTELLANOS NIETO, LA
fiscal 2 Doctora  ANA FERNEY OSPINA sí le ofrecieron dinero en el municipio de
Montería a los señores RIGOBERTO Y a su hermano y a DOMINGO BEDOYA para que
rindiera (sic) declaración en el proceso contra LUIS SIMANCA y el señor
ALEJANDRO MANUEL ARRIETA en la cual yo soy testigo del proceso de ALEJANDRO
MANUEL ARRIETA. Incluso el señor RIGOBERTO MARTINEZ le dijo al Fiscal 17 al
lapso del tiempo que por que no le habían cumplido con su paga dicha que
oscilaba entre los siete y ocho millones de pesos. Que iba a ser pagado por la
Fiscalía general, el DAS y el ejercito (sic) en cabeza del comité
interinstitucional en el ejercito participó el CORONEL SUAREZ, el SARGENTO
EMILIANO TAMAYO y un SARGENTO PALOMINO y el Capitán ROJAS, que también me
hicieron la propuesta para que declaráramos en los procesos contra LUIS SIMANCA
en la cual declararon los señores RIGOBERTO MARTINEZ, el hermano GUILLERMO
MARTINEZ y DOMINGO BEDOYA, y NELSON ELIAS CELIS que es mi persona eso
declaramos en el proceso de LUIS SIMANCA, declararon que el señor LUIS SIMANCA
era testaferro de la subversión, y en el cual los bienes que tenía pertenecían
al EPL lo cual es pura mentira. Y en el proceso de ALEJANDRO MANUEL ARRIETA
declaramos los señores RIGOBERTO MARTINEZ, GUILLERMO MARTINE (sic), NELSON
ELIAS CELIS y el señor DOMINGO BEDOYA y dijimos que el señor era testaferro del
EPL y en ese proceso también declaró el señor EDISON MANUEL GONZALEZ SOTO y un
señor CASARUBIA (sic) conocido con el alias de frijolito, declaramos que el
señor era testaferro del EPL en la cual es pura mentira. Lo hicimos porque nos
ofrecieron una suma de dinero entre los siete y ocho millones de pesos y nunca
hemos recibido ni un peso… Los señores RIGOBERTO MARTINEZ, DOMINGO BEDOYA, EL
SEÑOR CASARUBIA (sic), y GUILLERMO MARTINEZ  Y RIGOBERTO y mi persona
declaramos en los siguientes procesos: LUIS SIMANCA, ALEJANDRO MANUEL ARRIETA,
y posteriormente yo participé en otro proceso que es el del señor CARLOS SERPA
DIAZ, en ese proceso declaramos los señores mi persona, DAVID LUNA y PABLO
ALMANZA DE LA CRUZ… En los procesos del señor alias el fotógrafo también
declaró el señor CASASRUBIA (SIC) alias frijolito, la señora NATALI ALIAS
TIBISAIS, y un señor alias MARRALU desmovilizado del EPL, y también los preparé
yo personalmente… Contra el señor ALVAREZ declaró el señor CASARUBIA, el señor
NISPERUZA ALIAS MARRALU, la señora NATALI ALIAS TIBISAIAS” (y continúa en los mismos términos).
[81] Concretamente, Nelson Elías Celis Giraldo plantea una
acusación que tendría implicaciones para el caso, y consiste en señalar al
Fiscal 17 de la Unidad de Extinción de Dominio como la persona que planeaba
todos los testimonios y ofrecía dádivas a los testigos. Las acusaciones de Celis Giraldo plantean un serio
problema en cuanto a la aplicación de la política criminal: cuando afirma que
un Fiscal ofrecía dádivas y protección a quienes declararan, bien puede
tratarse de una acusación sobre soborno o bien puede ser una versión amañada o
no muy informada sobre la actuación de un Fiscal que, con apego a sus funciones
legales, informa a potenciales testigos sobre la existencia del programa de
protección de la Fiscalía y sobre los estímulos que la Ley reconoce por
colaboración eficaz, lo que demuestra la absoluta necesidad de que las
acusaciones sean conocidas por los jueces competentes.
[82][81] Como guerrillero, sus actuaciones se encontraban al
margen o por fuera del marco previsto por la ley; como particular, sus
actuaciones siguen el principio general de libertad, de forma que puede hacer
todo ello que no esté expresamente prohibido; y como funcionario, opera el
principio contrario, solo podía efectuar las funciones consagradas y reguladas
por la Ley.
[83] Cfr.
Fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, de trece (13) de julio de dos mil cinco
(2005). Fls. 293-298 en primera instancia, y fallo de segunda instancia,
proferido en el mismo trámite por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, de veintidós (22) de agosto de
dos mil cinco (2005).
[84]
Como prueba de esta aserción nótese que los funcionarios judiciales accionados reconocieron
un estímulo económico al dictar las sentencias declarativas de la extinción del
derecho de dominio sobre los bienes que se hallaban en posesión de Alejandro
Manuel Arrieta Barrera. Para adoptar esa decisión tenían que tener conocimiento
de la existencia de esos estímulos, de donde se deduce que negar de plano el
interés de los actores, cuando este se prevé en las normas que los mismos
jueces aplicaron desconoce el principio de no contradicción.